marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad médica, muerte, daño material, pérdida de la chance, aplicación de la ley, víctima menor de edad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: IBARRA  ZULEMA BEATRIZ Y OTRO c/ O.S.P.E.D. Y C. Y OTROS s/ DAÑOSY PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-05

Cuando se trata del fallecimiento de un niño de corta edad, se presume el daño material que ello representa para su madre, pues de ordinario los hijos devuelven esfuerzos y los cariños que los progenitores les brindan en la minoridad, con una positiva ayuda y sostén a la hora de la vejez de aquéllos. No se trata entonces de eventuales, sino de concretos sostenes, tanto en el orden económico como personal, asistencial, de cuidados y de consejos en el futuro de los padres. Si quienes reclaman son gente de humilde condición social, con mayor razón debe aplicarse el art.

1085 del Código Civil (conf. C.N. Civ. Sala C, "R.M. c/ B.de A., G.C. y/o Municipalidad de la Capital", E.D., 105-256). Y es que no debe perderse de vista que la procedencia de la indemnización por la pérdida de chance pretendida, encuentra sustento normativo en los arts. 277, 367 y 372 del Código Civil.
Policía, capacitación del personal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER Y OTROS c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

No cabe soslayar aquí la preocupación manifestada por los Magistrados -tanto de primera instancia como de Cámara- en torno a la evidenciada ausencia de capacitación y profesionalismo de la policía de Santa Fe en el manejo de protocolos de actuación respecto al cumplimiento de sus funciones de seguridad e investigación, lo que no sólo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que además puede obstaculizar la consecución de investigaciones serias, eficientes y eficaces, cuestionándose que a los reclamos sociales de seguridad se les dé respuesta poniendo en la calle a policías sin la debida provisión de conocimientos, medios y recursos; y en tal sentido, corresponde recordar lo señalado por el doctor Zaffaroni en orden a que al policía, dada su profesionalidad, se le exige una más ajustada valoración ante de la necesidad de la defensa pues se supone que dispone de conocimientos, entrenamiento y medios técnicos para hacer una aplicación más fina y precisa de la violencia, presunción que no puede más que ceder en casos como el de autos donde se advierte la constitución de cuerpos de elite con jóvenes a los que se los provee de armamento luego de escasos meses de capacitación y con tan sólo un par de prácticas en el polígono. (Del voto de la Dra. Gastaldi) - DOCTRINA: Zaffaroni, E.; Alagia, A. y Slokar, A.; Derecho Penal. Parte General, Ediar, 2008, pág. 616.
Notificación, citación judicial, citación por edictos
Materia: PROCESAL
Carátula: MAUAS, Elías O. c/ FERRADA, Iván G. y otro s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

La citación por edictos para que el demandado con domicilio desconocido comparezca a estar a derecho, no implica emplazarlo para contestar la demanda, desde que, si comparece en el juicio con motivo de la citación, se le correrá traslado de aquélla por el término de ley, el que se notificará personalmente o por cédula en el domicilio constituido o, en su defecto, se le dará intervención al Defensor Oficial quien deberá contestarla.-
Excusación, violencia moral
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Aranda, Elio Ramón s/ Inhibición
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-09-28

Manteniendo el criterio restrictivo con que esta Excma. Cámara ha interpretado, tanto las causales de inhibición como de recusación, debe apuntarse, que la causal de violencia moral no aparece en la enumeración del art. 48 del Código Procesal Penal, y agrega que la razón de su inexistencia, a diferencia de los estatuido en materia civil, es justamente la diferente naturaleza jurídica de las acciones civiles y penales. Lo dicho no implica el rechazo de plano de todo motivo no mencionado en la citada norma procesal, sino que reduce la admisibilidad a aquellas circunstancias, que dentro de los límites marcados por la lógica y la prudencia, y sin apartarse de los principios característicos del tipo de acción que motiva la intervención judicial, justifican el apartamiento del Magistrado cuya mantención implicaría un riesgo cierto o probable de parcialidad que puede afectar, no solo a la parte o al interesado, sino al interés público que la acción penal tutela.
Plan de parentalidad, interés superior del niño
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: N. N. y N. N. c/  s/ Guarda con fines de Adopción - Copias por Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-02-01

"Las visitas, o régimen comunicacional paterno filial, constituyen un derecho familiar de doble titularidad, pertenece por lo tanto a los padres y a los hijos e importa la realización mediante el trato y la comunicación de importantes funciones, educativas, formativas y asistenciales.

Pero no obstante que el derecho de visitas debe contemplar el interés de los progenitores y de los niños, el régimen debe atender, mas en el caso de fijación judicial, en forma primordial el mejor interés de los niños".
Concursos, demanda de verificación, crédito laboral, despido con causa, pérdida de confianza, injuria laboral
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: LINEA  EXPRESO  LINIERS  SA s/ CONC. PREV. S/ INC. DE VERIF. POR OJEDA, OSVALDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-06

Cabe rechazar la verificación de un crédito laboral, toda vez que de las constancias de la causa surge acreditada la causal de despido esgrimida por la empresa -perdida de la confianza derivada de la entrega a la empleadora de sumas menores a las percibidas por la venta de boletos-, ello así aun cuando no se haya promovido acción penal contra el trabajador a raíz del hecho; pues, la falta de imputación de un obrar en sede penal o de condena en la misma no es inconveniente para que en el plano de las relaciones entre el empleador y el empleado se juzgue que ha habido injuria grave (cfr. CNTRAB, sala III, 27.7.76, citado por Sardegna, "Ley de Contrato de Trabajo - comentada y anotada", ed. 1991, p. 594; ídem, 20.5.94, "Senzannona, Esteban c/ Gas Natural Ban S.A., s/ despido", citado por la jueza);

además, el CCT 460/73: 27, no exige imperativamente la iniciación de un sumario administrativo de modo previo a la adopción de la medida, solo requiere la comunicación al trabajador de la decisión, lo que -en el caso- fue cumplido.
Seguros, seguro de caución
Materia: COMERCIAL
Carátula: Estado  Nacional  (Mrio.  de  Economía - Sec. de Intereses Marítimos) c/ Prudencia Cía. Arg. de Seguros Generales  SA s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

El objeto principal del seguro de caución es el de garantizar en favor de un tercero, el beneficiario, las consecuencias de los posibles incumplimientos del tomador, vinculado con el beneficiario por un contrato anterior a la caución y del cual ésta resulta accesoria.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, acción de amparo, impuestos, poder de policía, percepción de impuestos, agentes de percepción
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Compañía de Perforaciones Río Colorado  S.A. c/ Dirección General Impositiva. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

Procede el recurso extraordinario si, no obstante existir óbices decisivos a la procedencia de la demanda de amparo - incisos a) y c) del art. 2, de la ley 16.986 -, la Cámara ha ordenado conductas que constituyen una evidente intromisión en las facultades de fiscalización y percepción de los tributos que la ley ha otorgado al organismo recaudador, con evidente perturbación de los intereses de la comunidad.
Daño resarcible, daño moral, mobbing, monto de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: L., I. I. c/ Instituto de Investigaciones Metabólicas SA y otro s/ Accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-31

Habiéndose acreditado que existió un supuesto de acoso laboral configurado por una conducta persecutoria, discriminatoria, abusiva e injuriosa a la que fue sometida la actora en los últimos años de la relación laboral y que la empresa accionada permitió y toleró semejante clima de trabajo sin invocar ni acreditar que hubiese tomado al respecto medida preventiva o sancionatoria alguna, menos aún que hubiera prestado atención a los signos y síntomas que la propia demandante presentaba, indicadores bastante elocuentes de patologías vinculadas al entorno laboral, corresponde reparar el daño moral por los padecimientos y mortificaciones ocasionadas (arts.1071,1072 y 1078 del Código Civil) y a los efectos de establecer su cuantía, deben tenerse en cuenta las vicisitudes por las que atravesó la trabajadora, su edad, su condición de mujer y demás circunstancias particulares que surgen de la causa, por lo que en virtud de lo normado por el art.165 del CPCCN, resulta justo y equitativo fijar dicha indemnización en la suma total de $ 15.000.-
Accidente de tránsito, responsabilidad del transportador, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ DOMINGO c/ FF.CC s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-18

La complementación que del art. 184 del cód. Com. Debe hacerse con el art. 1113 Párrafo 2, parte 2da. del cód. Civil, implica necesariamente, que la liberación de la responsabilidad de la empresa de transportes solo procediera en los supuestos que se pruebe la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no se debe responder. El art. 1113 del Cód. Civ., al normar sobre el riesgo de la cosa, ha creado una presunción de culpa que produce, por implicancia, la inversión del "onus probandi". No hay duda, por otra parte, que debe surgir de la causa la culpa exclusiva de la víctima, de modo concreto y preciso, para exonerar al porteador.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, sentencia, fundamentación de sentencias, juicio ejecutivo, inhabilidad de título, honorarios, regulación de honorarios, acuerdo de partes, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. c/ SALVA, RAUL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - INCIDENTE  DE APREMIO POR COBRO DE HONORARIOS PROMOVIDO POR EL DR. STALKER  -ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 500 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-14

Corresponde rechazar la queja desde que los cuestionamientos del compareciente no superan el ámbito de la mera discrepancia interpretativa con lo resuelto por los jueces de la causa en torno a cuestiones de índole procesal.

En efecto, en lo atinente a la inhabilidad de título y rechazo de la ejecución, la Sala se enroló en la corriente doctrinaria y jurisprudencial sostenedora que cuando en un proceso de ejecución la litis está trabada exclusivamente entre los sujetos originarios de la relación sustancial, por razones de economía procesal, resulta procedente admitir que se discutan algunos aspectos relacionados con la causa de la obligación, como en autos, en que la demandada planteó la inexistencia de la obligación de pagar honorarios fundándose en la relación contractual previa emergente de la documental en la que se pactara una retribución especial, que no es la aquí elegida por el profesional y cuya existencia no fue controvertida.

No valorar tal instrumento, dijo, importaría lesionar el derecho de defensa (artículo 475 inciso 2, C.P.C.C.), por cuanto dejaría librado a la discrecionalidad y buena fe del presunto acreedor la suerte del litigio sin posibilidad de discutir y probar en este proceso la postura del ejecutado y, menos aún, la posibilidad de hacerlo en una vía posterior (artículo 483 C.P.C. y C.), ya que una errada ejecución actual sin analizar la verdad sustancial puede ocasionar un perjuicio irreparable.

Así, con invocación de antecedentes de la propia Sala, afirmó que no se cuestionó la validez del pacto por el cual se convino que el letrado renuncia a percibir honorarios de su mandante, señalando que a partir de la ley provincial 11.089 (artículo 6), la normativa arancelaria local perdió el carácter de orden público y por ello, tal clase de acuerdos -por regla- resultan invocables entre quienes lo suscriben.
Poder de policía, explotaciones forestales, guías forestales
Materia: CIVIL
Carátula: Irizar, José Manuel c/ Misiones, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Las guías forestales tienen como propósito legitimar la circulación de productos de esa naturaleza (arts. 56 y 57 de la ley 854 de la Provincia de Misiones) y su expedición y tenencia está impuesta por razones de policía, de higiene y de seguridad en el tráfico de los bienes.
Terminación del proceso, allanamiento
Materia: PENAL
Carátula: TOP TOYS  S.A. c/ FERRUCIO CARLONI E HIJOS  S.R.L. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-15

El allanamiento es el acto jurídico procesal del demandado del que resulta su sometimiento a la demanda, conformándose con que el pros=ceso se falle total o parcialmente de acuerdo a ella. Es así el acto por el cual el accionado admite, más que la exactitud de los hechos, la legitimidad de las pretensiones del actor. Si bien se acepta que puede ser condicionado, debe mediar la expresa conformidad del actor.
Contrato de trabajo, reescalafonamiento, reducción salarial, consentimiento
Materia: LABORAL
Carátula: BEHN FERNANDO c/ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-03-28

Cuando el reencasillamiento se produjo y el actor dejó de percibir la bonificación que no correspondía a sus nuevas tareas y horarios, no presentó reclamo inmediato alguno, percibió su nuevo sueldo desde el 1 de abril de 1.992 hasta el 30 de junio en que se acogió al retiro voluntario y recién el 27 de octubre del mismo año solicitó una reliquidación. Surge clara entonces, la voluntad del actor de consentir la modificación del contrato de trabajo, debiéndosela tener por producida de modo consensual.
Mandato, ratificación del mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fine SCA c/ Buso, Ruben Osvaldo y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

Cuando no existe ningún acto inequívoco del cliente que demuestre en el expediente la convalidación de la gestión y su temporaneidad, resulta ineludible la expresa ratificación o la prestación del poder, debiendo descartarse la simple firma puesta al pie del escrito en el que el abogado se presentó como gestor, no tanto por la insuficiencia de la firma como acto ratificatorio, sino más bien por la imposibilidad de demostrar que ella ha sido puesta dentro del plazo del art. 48 del CPC.
Estado Nacional, democracia, soberanía, sistema representativo, estado de derecho
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ponce,  Carlos  Alberto c/ San  Luis,  Provincia  de s/ acción declarativa de certeza.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

La soberanía popular es un principio de raigambre constitucional que en el sistema democrático se integra con el reconocimiento del pueblo como último titular del poder político pero, al mismo tiempo, y para cumplir con tal objetivo, pone su acento en los procedimientos habilitados para hacer explícita aquella voluntad, origen del principio de representación. Por ello, el Estado de Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una Nación con instituciones maduras.
Tasa de justicia, ejecuciones especiales, ejecución hipotecaria, monto de la demanda, monto indeterminado
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: META, Diana A. y otros c/ MUSERI, Salomón O s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-15

La presentación efectuada en los términos del art. 54 de la ley 24.441 persigue la intervención del juez a los fines de la verificación del estado de ocupación del inmueble hipotecado, y del traslado al deudor de tal presentación para que oponga las defensas del art. 64 de esa ley tendientes a interrumpir el lanzamiento previsto en el art.

54 o la subasta, de modo que, tratándose de una ejecución extrajudicial, resulta irrelevante el monto del crédito, circunstancia que conduce a sostener que debe considerarse el trámite como "no susceptible de apreciación pecuniaria" en los términos del art. 6 de la ley 23.898 (CNCiv. Sala B, 24/04/97 LL 1997-F-175). Y en estas ejecuciones extrajudiciales no se ordena judicialmente la subasta, sino que la misma se lleva a cabo en la forma que prevén los arts. 57 y siguientes de la ley 24.441, con la actuación del deudor que allí se contempla, y en especial la que surge de los arts. 65 a 67.
Revocación de sentencia, oportunidad procesal, sentencia condenatoria, quiebra, cancelación de deudas
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Automotores Leone SA c/  s/ quiebra c/ford argentina sca y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

Procede revocar la decisión del magistrado de grado que difirió la consideración de la liquidación presentada por la demandante para "el momento procesal oportuno" sin indicar cuándo sería tal ocasión. Ello por cuanto, como en el caso, la recurrente explicó que el pedido lo hacía en el marco de lo previsto en el CPR 502. De modo que, estando firme la sentencia condenatoria dictada en autos, nada obsta la posibilidad en esta etapa procesal de practicar la liquidación del crédito líquido o liquidable para avanzar con su ejecución.
Acción de inconstitucionalidad, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pérez Demarchi, Félix Carlos s/ Inconstitucionalidad art. 12 ley 11.184
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-31

Si frente al principio general de que "la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria" el juez puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al vencido siempre que encontrare mérito para ello (art. 68, C.P.C.C.), con mayor razón se impone que cada litigante se haga cargo - por el orden causado- de las costas del juicio cuando -como ocurre en el caso-, no puede entenderse que ninguno de ellos ha resultado derrotado (arts. 161, 68 - segunda parte- y 73, C.P.C.C.).
Reconocimiento en rueda de personas, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: ALMEDIA, HECTOR RAUL s/ ESTAFAS REITERADAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-04-12

El reconocimiento en rueda de personas efectuado por la denunciante, evaluado de conformidad a las reglas de la sana crítica, no obstante su regularidad, se ve disminuído considerablemente en su valor probatorio por cuanto la descripción que realiza el reconociente en instantes previos a la diligencia, es excesivamente general "no puede dar una precisa identificación, que lo vió a través de un vidrio en la casa de comercio y diría que es un masculino más bien alto de unos 35 años de edad". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Graduación de la pena, víctima menor de edad, agravantes de la pena, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, José Alexis s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-05

A los fines de mensurar la pena, resulta acertada la valoración de la calidad de la víctima, pues es una de las pautas previstas en el art. 41 CP, para medir la pena, en tanto señala ".la calidad de las personas.". Por ende, la consideración de la cuestión de género como agravante, no implica solamente una diferencia corporal o una especial relación de sometimiento; se trata de un concepto más amplio, que abarca la misma estructura social, reflejada en las características de cada caso . (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Morin).

Cita de "Verde Alva", Sala 2, Reg. nro. 399/2017, resuelta el 22 de mayo de 2017.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, acción meramente declarativa, sentencia, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/ RAPPI ARG. SAS (RAPPI) Y OTROS S/ SUMARISIMO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-08

La vía prevista por el CPR 322 no tiene carácter simplemente consultivo, ni importa una indagación meramente especulativa (Fallos: 307:1379, 325:474; 326:4774, entre otros) y su admisibilidad depende de la existencia de un "caso" apto para la intervención de un tribunal de justicia (Fallos: 337:1540).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, Corte Suprema de Justicia de la Nación, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, cuestión de derecho común, condominio, escritura pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juárez,   Manuel   Alberto  y  otra c/ Catamarca, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

Corresponde atribuir a la causa el carácter de naturaleza civil, si la materia debatida en el litigio es de derecho común, en tanto versa sobre el derecho real de condominio y su respectiva transmisión mediante escritura pública, la cual se rige por normas del Código Civil.
Recurso extraordinario, participación criminal, participación secundaria
Materia: PENAL
Carátula: Ameri, José Rodolfo; Gundic, David Joel; Vallejos Humberto José; Andrade Roberto Enrique; Castillo Bruquetas Sergio; Frongia, Lidia Raquel o Lidia Ricarda; Harispe, Enrique C. s/ Robo calificado por uso de armas, lesiones en agravante;  participación necesaria en lesiones en agravante privación ilegítima  de la libertad; calificativo por violación calificada con armas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-04-12

Debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la sentencia que condena al imputado como cómplice secundario en el delito de privación ilegítima de la libertad -art.142 inc.1 y art.46 del Código Penal-. Ello así, ya que, la conducta desplegada por el mismo ha sido la de apoyar mediante insultos la actitud de los autores. Consecuentemente se afirma y estimula la decisión de éstos. Resulta claro que el apoyo de los ejecutores no ha sido esencial, es decir, que el hecho que llevaban a cabo no resultaba condicionado al respaldo moral e insultos aludidos, pero revela una afirmación de una genérica complicidad, no calificada ni calificable de esencial, pero sí secundaria. Delinquir y asistiéndolo moralmente al infundirle por simple acción de presencia,confianza y seguridad para cumplir el común designio criminoso. Su auxilio no fue físico pero sí moral, y por ello debe responder como cómplice secundario, pues esa es una de las formas de cooperación "de cualquier modo" (excluida la indispensable que contempla el art.45) a que alude el art. 46, ambos del Código Penal.
Domicilio constituido, notificación personal, notificación por cédula, cambio de domicilio
Materia: COMERCIAL
Carátula: NEW  YETEM  SA c/ CLAXSON  INTERACTIVE  GROUP  INC.  Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-30

Resulta improcedente disponer la notificación personal o por cedula del domicilio constituido por la defendida en su contestación de demanda, en tanto el C.P.C.C. art. 42 sólo prevé la notificación del cambio de domicilio, por lo que al no hallarse dentro de los supuestos del C.P.C.C. art. 135, su comunicación debe efectuarse en los términos del C.P.C.C. art. 133