marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido sin causa, indemnización por despido, salarios adeudados
Materia: LABORAL
Carátula: Álvarez, Yesica Natalia c/ A.M.O Florida SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-14

La accionante se agravia porque el Magistrado de la sede de origen rechazó la pretensión sobre la base de lo dispuesto en los arts. 48 y 52 de la ley 23.551. Señala que la normativa fue invocada en el escrito de inicio con fundamento en el instituto de la analogía, previsto en el art. 11 de la LCT, en tanto que fue víctima de un despido incausado, por el cual debió ser indemnizada. Agrega que la normativa dictada por Poder Ejecutivo Nacional -DNU Nro. 761/2020- prohibió los despidos sin invocación de causa. Ello no resolvió la situación de los trabajadores despedidos cuya reincorporación resulta fácticamente imposible. La Ley de Asociaciones Sindicales es la única del ordenamiento jurídico laboral que regula relaciones con estabilidad propia. La actora fundó su reclamo indemnizatorio en la falta de pago por parte de su empleadora de los salarios adeudados, pese a las intimaciones cursadas. En el caso no se han aportado constancias ni elementos de juicio que permitan inferir que la actora hubiese tenido derecho a reclamar el pago de los salarios que indicó en sus emplazamientos ni que se haya colocado en situación de despido indirecto de un modo justificado. La actora reconoció que no prestó servicios para la demandada ya que a partir de la Resolución Nro. 207/2020 del MTEySS pasó a integrar el grupo de trabajadores denominados "personal esencial" debido a la actividad de la empresa empleadora, vinculada a la salud. De su demanda no se desprende que la trabajadora siquiera haya manifestado que dirigió a la demandada requerimiento alguno tendiente a obtener la dispensa de trabajar en forma presencial, ni aportó documentación en tal sentido, ni que haya prestado servicios de manera remota, tampoco se desprende que hubiese procedido conforme lo estableció el Ministerio de Trabajo mediante la Resolución Nro. 219. No obra evidencia alguna que demuestre que la abstención de prestar tareas por parte de la actora se encontró justificada. Cabe revocar el pronunciamiento decidido en la instancia anterior.
Confirmación de sentencia, medidas cautelares, salarios adeudados
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Zobele, David Hugo Alejandro  c/ Ternium Argentina SA  s/ cobro de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-25

El Juez de primera instancia, hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por el actor y ordenó a la demandada que abone los salarios que había dejado de abonar o había pagado insuficientemente al accionante desde el momento en que se iniciara la licencia psiquiátrica. Se alza la accionada. El Juzgador destacó que se desprendía verosímilmente que el actor venía padeciendo una dolencia psíquica, que su médica psiquiatra caracterizó como un trastorno de ansiedad generalizada con episodios de despersonalización e insomnio de conciliación, por lo cual se encontraba bajo tratamiento hasta la actualidad. Sin embargo, el servicio médico designado por el empleador no respaldó la licencia indicada y la accionada luego, se negó a participar de la Junta Médica en el ámbito administrativo promovida por el actor con la finalidad de obtener una tercera opinión imparcial sobre su estado de salud, lo que impidió resolver la discrepancia de criterios médicos. La accionada no había dejado de abonar salarios al actor, pero no abonaba los importes conforme a lo establecido por el art. 208 de la LCT, lo que exhibía cierta contradicción y justificaba la verosimilitud del derecho invocado. La empresa prima facie no habría cumplido con el pago del salario de forma íntegra, pese a encontrarse el actor con licencia psiquiátrica, y las consecuencias de la merma salarial que repercute en el mismo y en su grupo familiar (cese de actividades recreativas, deudas y avisos de corte de los servicios básicos), da cuenta del grave peligro de la demora que el accionado pretende desconocer. En consecuencia, cabe otorgarle precautoriamente al trabajador el pago del salario en los términos del art. 208 LCT a fin de evitar la producción de situaciones que podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación, haciéndose lugar a la cautelar, y así confirmar lo resuelto en el anterior grado. ( Del voto de la Dra. Cañal, en mayoría)
Daño moral, indemnización, maltrato laboral, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Fazzano Roldán, Lorena  c/ Seeber, Carlos Ignacio y otros s/ pedido de reincorporación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-31

La actora reclama la indemnización que estima le corresponde por daño moral, debido al hostigamiento laboral que sufrió a partir de su reingreso luego de cumplir la licencia por maternidad, y a la cual la Jueza de grado no hizo lugar y por lo cual se agravia. No reclama por un supuesto daño psicológico, sino por una afección a la esfera íntima de su persona, atribuida a una conducta de tinte discriminatorio por su condición de madre y trabajadora. Del análisis de las pruebas producidas -en particular la testimonial-, no es posible concluir que se hubieren configurado los indicios requeridos por el art 163 inc. 5° del CPCCN como para pensar en la existencia de un despido atentatorio del derecho fundamental que tiene toda persona a no sufrir discriminación por ser madre. La actora no produjo prueba que vislumbre la situación de hostigamiento durante el lapso posterior a su reingreso y la nueva licencia otorgada, por estrés adaptativo vinculada al ambiente laboral, no demuestra un supuesto hostigamiento o acoso a la trabajadora. Asimismo, la prueba pericial producida da cuenta que la actora atravesaba una situación traumática - con las consecuencias que ello impone en su vida laboral y de relación- y no apunta en ningún momento a una situación de hostigamiento desencadenado a partir de su estado de gravidez. No puede sostenerse la existencia de conductas u omisiones por parte de la empleadora que revelen la comisión de actos ilícitos y prohibidos que hubieran lesionado la dignidad e integridad moral de la trabajadora. El despido constituyó un acto injustificado y por ende punible, pero no un acto con un móvil discriminatorio. La arbitrariedad de la decisión adoptada por la demandada determinó la injuria que derivó en las indemnizaciones debidas. Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Indemnización por muerte del trabajador, legitimación activa, sucesores
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Casanelli, Cecilia Inés c/ Cleanguard SA s/ indemnización por fallecimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-28

Se agravia la actora, hija del trabajador fallecido, por el porcentaje por el que se encuentra legitimada a reclamar. El Sr. Juez de grado tuvo por acreditado el fallecimiento del trabajador y la cantidad de derechohabientes (cuatro) por lo que concluyó que la única demandante estaba legitimada para reclamar el 25% de la indemnización del art. 248 LCT. La accionante remarca que es la única que efectuó el reclamo para percibir la indemnización por fallecimiento de su padre, sus hermanos se presentaron en cumplimiento de la intimación que le fuera practicada por el Tribunal, a efectos de acreditar el vínculo con el trabajador y su calidad de derechohabientes, pero no formularon petición alguna al respecto y con pleno conocimiento que la única reclamante es la accionante. El empleador, ante el fallecimiento del trabajador, está obligado al pago de la indemnización correspondiente y en caso de tener alguna duda acerca de quién es la persona legitimada debe acudir al procedimiento de consignación judicial, lo que no ocurrió en el caso, pues el derecho a la percepción de la indemnización nace al momento del fallecimiento. La norma del art. 248 LCT supedita el cumplimiento de la obligación a la verificación de los legitimados activos para cobro. De hecho, esta indemnización se adquiere iure propio, es decir que no se requiere la demostración del carácter de heredero o la apertura del trámite sucesorio, sino que basta con acreditar el vínculo o las circunstancias de hecho que prevé la norma. La accionante se encuentra legitimada para ejercer los derechos previstos por el art. 248 de al LCT, de manera incuestionable el empleador debe abonar la totalidad de su obligación, pues de seguir la postura asumida por el sentenciante de grado, se vería exonerado de cumplir con su obligación limitando su pago a una porción cuando el crédito debido no se ve afectado ni por eventuales disposiciones del causante ni por la falta de acción de los restantes derechohabientes, máxime cuando en el caso los hermanos de la actora se presentaron a estar a derecho sin haber reclamado la partición del crédito. Cabe modificar la sentencia de origen y condenar a la demandada al pago total de la indemnización prevista en el art. 248 LCT y demás rubros salariales debidos.
Indemnización por muerte del trabajador, sucesores
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Rodríguez Basualdo, María de los Ángeles c/ Trade SA Sucursal Argentina y otro s/ indemnización por fallecimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-06

Se agravian los coaccionantes -padres del causante- toda vez que la Jueza de grado dispuso que la indemnización prevista en el art. 248 de la LCT debe ser recibida por la actora en su carácter de conviviente del trabajador. Ello así, toda vez que la remisión que efectúa el art. 248 LCT y el fallo plenario n° 280 "Kaufmann" al diseño del art. 38 de la ley 18.037 es al solo efecto de establecer quienes son los beneficiarios excluyéndose los demás requisitos establecidos en el ámbito previsional. Es decir, lo expresado en el plenario "Kaufmann" se dirige a los alcances de acreditación del vínculo pero no se extiende al orden de prelación estipulado en la ley previsional posterior 24.241. Por lo tanto, corresponde aplicar al caso el orden de prelación contemplado en el art. 37 de la ley 18.037 siendo la conviviente la única destinataria de la indemnización, quedando desplazados al efecto los ascendientes del causante. Toda vez que la prueba documental agregada permitió la acreditación de la convivencia entre el causante y la accionante y por aplicación del plenario referido y lo dispuesto por el art. 38 de la ley 18.037, cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Salarios adeudados, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Paz, Leonor Magdalena c/ Experta ART S.A. y otro s/ accidente- ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-26

El rechazo improcedente por parte de la empleadora de la misiva mediante la cual la trabajadora intimó debidamente al pago del mes adeudado, configura un hecho harto reprochable en el marco de la relación laboral, en la cual los principios del derecho del trabajo colocan en un lugar fundamental las reglas de la buena fe y de la colaboración. Fue la empleadora quien obstaculizó la continuidad del contrato de trabajo, por cuanto ni siquiera se avino a recibir la misiva mediante la cual la trabajadora efectuaba un reclamo válido. (Del voto del Dr. Catani, en mayoría).
Confirmación de sentencia, sustitución de medidas cautelares, seguro de caución
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Incidente N° 1 Actor: Benítez, Pedro Ricardo Demandado: Alimentos Orgánicos Argentinos S.A. (Ex Haus Brot S.A)  c/  s/ incidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-18

La Magistrada de grado admitió el pedido de sustitución del embargo preventivo por ella dispuesto sobre los fondos bancarios de la accionada, por el seguro de caución ofrecido, toda vez que la aseguradora figura autorizada en el sitio web de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Así, el Sr. Fiscal General Interino, y la Sra. Juez "a quo", estimaron que no resulta difícil imaginar el perjuicio que puede ocasionarle la inmovilización a la accionada de las sumas de dinero que hacen al giro comercial de la firma hasta el resultado final del pelito, y entendieron que la sustitución que solicitara la accionada cumple las pautas de garantía suficiente para responder al eventual crédito del accionante en similares condiciones que el dinero inmovilizado en las cuentas bancarias. Tal como lo prescribe el 2° párrafo del art. 203 del CPCCN "El deudor podrá requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que resulte menos perjudicial, siempre que esta garantice suficientemente el derecho del acreedor." Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Phishing, responsabilidad objetiva
Materia: INFORMATICO-CIVIL
Carátula: Delux SA c/ Banco BBVA Argentina SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-28

En el marco de una acción donde la sociedad actora persigue obtener del banco accionado la suma que, a través de phishing, le fuera sustraída de sus cuentas bancarias, cabe considerar configurado un supuesto de "concurrencia" de culpas o de factores de atribución de responsabilidad, concurrencia que autoriza a distribuir entre los copartícipes las consecuencias perjudiciales del evento dañoso. Ello así, siendo que no es posible cargar con mayor intensidad a una de ellas sobre la otra, no cabe otra solución más que disponer que la reparación de dicho perjuicio debe ser soportada en la proporción del cincuenta por ciento (50%) por el accionante debido a su contribución concausal a la producción del daño a través de un comportamiento que cabe calificar como "culpa de la víctima" y en el cincuenta por ciento (50%) restante por el banco demandado, por su responsabilidad objetiva "por riesgo o vicio de la cosa".
Despido, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Arsabuk Horacio Gerardo c/ Radio y Televisión Argentina SE s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-25

La entrega de la tarjeta CENCOSUD en forma semestral, para comprar cualquier producto en diversos supermercados a todos los trabajadores sin distinción, como motivo y por ocasión del contrato de trabajo, claramente importó una ventaja patrimonial para el reclamante en los términos el art. 103 LCT y del art. 1° del Convenio N° 95 de la OIT, y no un beneficio social. Por ello cabe otorgarle naturaleza salarial al pago en especie efectuado mediante el uso de la tarjeta referida a la luz de la doctrina de nuestro Máximo Tribunal en el precedente "Pérez c. Disco S.A."
Despido, reinstalación en el puesto de trabajo, tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Borda Sergio Hernán c/ Secretaria de Bioeconomía (ex Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca) y otro s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-01

El actor, trabajador que solicita su reinstalación al puesto de trabajo alegando haber sido despedido gozando de tutela sindical, efectúa un reclamo que tiene raigambre eminentemente laboral, en el cual rigen presunciones y modos de análisis propios de la temática laboral, que teniendo en cuenta el art. 14 bis de la C.N. con su carácter eminentemente protectorio, sumado a que el art. 20 de la L.O. determina la competencia primando la materia, más allá de tratarse de una relación laboral de empleo público, por lo cual el reclamo debe ser atendido por este fuero especializado en demandas laborales. (Del voto de la Dra. Cañal).
Despido discriminatorio, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Maciel, Jesús Antonio c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Juncal 945 s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-18

El Juez de grado consideró que de acuerdo a las afecciones de salud acreditadas por el trabajador, el despido dispuesto por la demandada respondía a un supuesto de discriminación peyorativa, en los términos de la ley 23.592. La accionada se alza contra esta decisión. Se hace preciso valorar las circunstancias de hecho para entender si el despido responde a una discriminación peyorativa, como consecuencia de su estado de salud. Al momento en el que la empleadora decidió el despido del actor, éste contaba con una indicación de "reposo por 48 horas", debido a un cuadro de "gastroenteritis". Si bien la decisión extintiva adoptada por la demandada resultó injustificada ello no permite per se entender que respondiese a un supuesto de discriminación peyorativa y, menos aún, motivado por razones de salud, cuando, conforme a los elementos acompañados por el propio actor, se trataba de un "reposo" por un cuadro médico menor. Si bien el despido se decidió cuando el actor se encontraba bajo licencia médica, dicha circunstancia conduciría -en grado de hipótesis- al reclamo de las indemnizaciones contempladas en el artículo 213 LCT, pero, por sí solo, no permite ser considerado discriminatorio. Ello es así, porque analizada la situación fáctica a la luz de la doctrina del Alto Tribunal aplicable a esta materia (precedentes Pellicori", "Varela" y "Caminos"), en materia de distribución de la carga probatoria en los casos en que se invoca un despido discriminatorio, lo cierto es que, aun desde la tesis más favorable al actor, no se encuentran cumplidos los presupuestos fácticos que justifiquen enmarcar la decisión extintiva adoptada por la empleadora en un supuesto de discriminación peyorativa como el previsto en la ley N° 23.592. Cabe revocar el fallo de grado y dejar sin efecto la condena al pago de la suma en concepto de "despido discriminatorio".
Maltrato laboral, injuria laboral, prueba, despido
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: López, Emanuel Maximiliano c/ Sepyn S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-11

Toda vez que el actor reconoció el hecho que se le imputara en cuanto al hostigamiento, maltrato e intimidación proferidos a una compañera de trabajo que fue calificado conforme la contravención prevista en el art. 52 del Código Contravencional, por lo cual debía responder en calidad de autor y a título de dolo, y que fue condenado por ello -entre otras sanciones- a abstenerse de contactar a la víctima -su compañera de trabajo- por el plazo de seis meses, resultó acreditada la causal imputada al demandante por propia confesión del mismo efectuada en sede judicial, lo cual constituye plena prueba de la causal rupturista invocada por la demandada. Por ello, la decisión de la accionada de despedir al actor resultó ajustada a derecho pues la actitud del demandante importó injuria de tal entidad que impedía la prosecución del vínculo laboral, máxime si se atiende a lo normado por la ley 26.485, conforme lo expresara la jueza de grado.
Despido, salarios adeudados
Materia: LABORAL
Carátula: Lapajufker, Marcelo c/ Prudencial Seguros SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-21

La demandada se agravia por cuanto la judicante de grado declaró ajustado a derecho el despido en que se colocó el trabajador al considerar ilegales los descuentos efectuados en su remuneración para el pago de un ayudante que asistía al actor en sus tareas para la empresa; considera que dicho "pasante" tuvo carácter de "voluntario" y le fue impuesto de modo de evitarse la realización de tareas que le eran propias al actor y que él mismo había autorizado expresamente a la accionada a deducir de su sueldo los gastos derivados de dicha contratación. Entiende la demandada que el gasto en el que incurrió fue "en su propio beneficio y provecho", invocando la teoría de los actos propios, y aduce que no se produjo violación al art. 131 ni del art. 55 LCT, y que por ende fue injustificado el despido indirecto. El silencio mantenido por el trabajador mientras duró el contrato ningún papel relevante juega, pues rige lo dispuesto por los arts. 12 y 58 de la LCT, no pudiendo el consentimiento del trabajador destruir lo dispuesto por las normas legales que lo amparan, concretamente las que protegen el salario y plasman el principio de irrenunciabilidad. Resulta inhábil el argumento de la accionada para justificar los descuentos efectuados y a fin de no vulnerar el principio de congruencia, se confirma el pronunciamiento de grado y se considera ajustado a derecho el despido en el que se colocó el demandante ante la negativa de la demandada al pago de las sumas reclamadas (arts 242 y 246 LCT).
Acción de amparo, despido, reinstalación en el puesto de trabajo, astreintes
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Pavicic, Rubén Daniel c/ Administración Nacional de Seguridad Social s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-11

La contratación del trabajador se dio en el marco de la ley 22.431 y la relación se extinguió por despido incausado dispuesto por la empleadora. El actor inició acción de amparo con fundamento en normas de carácter constitucional y la ley N° 23.592, con la que persigue la reparación en concepto de daños y perjuicios, pago de salarios adeudados hasta la efectiva reincorporación en su puesto de trabajo en la Administración Nacional de la Seguridad Social. La controversia planteada respecto del carácter discriminatorio de la decisión extintiva -toda vez que el actor es discapacitado- y acerca de las facultades de organización de la administración, exceden el prieto marco de una medida cautelar. Es decir, se controvierte la facultad de la demandada, en cuanto acto de la administración, para disponer la extinción de relaciones laborales iniciadas en el marco de la ley 22.341, las sucesivas licencias médicas otorgadas al actor, la discrepancia médica con respecto al alta para poder realizar sus labores diarias, que exceden el marco de conocimiento de una medida cautelar como la incoada por el trabajador y ello obsta a la configuración de la verosimilitud del derecho, más aún cuando la finalización del contrato se dio en el marco de un despido de más de un millar de trabajadores. No existen elementos que acrediten suficiente humo de buen derecho y peligro en la demora que permitan disponer la reinstalación del trabajador. En función de las facultades otorgadas por el art. 204 CPCCN y toda vez que se ventilan cuestiones vinculadas al derecho a la salud, protegido constitucionalmente y por tratados internacionales, debe dictarse una medida cautelar ante el inevitable peligro en la demora que puede poner en riesgo la salud del trabajador en un contexto en el cual no debe soslayarse la eventual verosimilitud del derecho. Es por ello que, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo la demandada debe mantener la cobertura de la prestación de obra social en idénticos términos y condiciones a los existentes durante la vigencia de la relación laboral bajo apercibimiento de aplicar astreintes.