marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Hábeas corpus, pena privativa de la libertad, principio de progresividad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Barraza, José Eduardo; Brossio, Gastón Darío; Molina, Victor Manuel y Otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-19

Corresponde anular la sentencia que rechazó el habeas corpus y remitir las actuaciones a su origen a fin de que se le imprima el procedimiento de habeas corpus y se realicen las audiencias previstas en los arts. 14 y 15 de la ley 23.098, toda vez que el planteo vinculado con las condiciones en que se cumple la privación de la libertad de los recurrentes, fundado en la trasgresión al principio de progresividad de la ejecución penal, no se ha cumplido, especialmente ante la omisión de imprimir el trámite que prevé a ley 23.098 en atención a la naturaleza del planteo, el que luce necesario a fin de dilucidar la situación edilicia, el cumplimiento respecto a los internos del principio de progresividad del régimen penitenciario al que se encuentran sometidos, como así también la producción de pruebas. El voto concurrente agregó que se trata claramente de un proceso colectivo, cuyos objetivos son: proporcionar economía procesal, acceso a la justicia y efectividad del derecho y permiten que una multiplicidad de acciones individuales repetitivas sean sustituidas por una única acción colectiva.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, sentencia definitiva, litispendencia
Materia: Procesal
Carátula: PORCU, Rodolfo Mauricio c/ Banco de la Provincia del Chubut s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-04-21

La invocación de la regla que viola el sometimiento a un doble riesgo procesal como consecuencia de un mismo hecho, no determina que la resolución que rechazó la excepción de litispendencia irrogue al recurrente un agravio de insusceptible reparación ulterior que la equipare a sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario.
Incapacidad sobreviniente, suspensión del juicio a prueba, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: Barberio, Pablo Daniel s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Resulta acertado el proceder del tribunal que decidió una nueva suspensión trimestral del proceso conforme lo ordenado por el art. 77 CCPPN, hasta la nueva realización de informes médicos que evalúen si persiste la incapacidad sobreviniente que impide someterse al proceso. En tal sentido, también luce razonable la decisión del tribunal que ordenó el cese de la prisión preventiva del imputado y mantuvo la medida de seguridad dispuesta para asegurar el tratamiento de salud mental en torno a una mejora de sus facultades para estar el juicio. Sin perjuicio de ello, y atento a que ha intervenido la justicia civil en el caso, resulta pertinente ponerla en conocimiento de lo resuelto a los fines que estime corresponder (voto del juez Bruzzone al que adhirió la jueza Llerena)
Proceso penal, unificación de penas, método de unificación, concurso de delitos
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: SANCHEZ, Ricardo Damián s/ / infr. art. 189 bis C.P. - Apelación .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-10

Ante la unificación de condenas, a diferencia de la unificación de penas, la cosa juzgada cede, quedando en pie de la primer sentencia sólo la declaración de los hechos probados y su calificación legal, desapareciendo no sólo la pena, sino la condenación misma. El fundamento de ello radica en salvar el principio constitucional de igualdad ante la ley, que impide que la pena se agrave por meras cuestiones procesales que obsten a que un tribunal dicte una única sentencia.

Y, así como un tribunal que sentencia un concurso real elabora la pena total sin necesidad de cuantificar previamente las penas para cada uno de los delitos, tampoco el tribunal que unifica las condenas e impone la pena única en el concurso real con pluralidad de sentencias -siendo éste el que juzga el último delito-, tiene por qué establecer previamente la pena del delito del que conoce en esa sentencia (confr. Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia, Alejandro Slokar, Derecho Penal, Parte General, Ed. Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2000, págs. 973/974).
Transporte aéreo de pasajeros, pasaje aéreo, caducidad, plazo, aplicación analógica de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LIBERMAN, JOSE. c/ CIA. DE AVIACION ALITALIA. s/ RESOLUCION DE CONTRATO DE TRANSPORTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-22

No puede aplicarse a la vigencia del derecho del pasajero para reclamar su importe (si el viaje no se ha realizado por razones ajenas a su voluntad), el plazo de caducidad de un año fijado contractualmente para la validez de los billetes aéreos, pues se trata de dos derechos diferentes cuya extinción, por ser tales, no puede decidirse por analogía, requiriendo a tal efecto de una norma convencional o legal- que lo establezca.
Municipalidad, personal municipal, remuneración, adicional por subrogancia, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VITALI, HUGO ARMANDO Y ROLDAN, OLGA LIDIA CABIAL DE c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N° 649-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-25

El suplemento por subrogancia se halla contemplado en el artículo 56 del Anexo II de la ley 9286. La norma dispone que "cuando la subrogancia se efectúe sobre cargos vacantes, la misma caducará automáticamente, si no se hubiera llamado a concurso dentro del plazo de noventa días, computados desde la fecha de la resolución que la acuerda". De este modo, no puede alegarse la adquisición de mejores derechos sobre un cargo determinado, derivado del hecho de no haberse llamado a concurso ese cargo dentro de dicho lapso.
Igualdad ante la ley, matrimonio, concubinato
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: JUAN BAUTISTA SEJEAN c/ ANA MARIA ZAKS DE SEJEAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 2393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

La indisolubilidad no viola la garantía de igualdad ante la ley, que sólo impide el trato discriminatorio dado a iguales en las mismas circunstancias, pero no excluye la posibilidad de que el legislador contemple de manera distinta situaciones que considera diferentes, en tanto la discriminación no sea arbitraria ni impone ilegítima persecución de personas o grupos de ellas; lo que implica la legitimidad de la diferencia de tratamiento dado a la situación de las personas unidas en matrimonio de la de aquellas que conviven sin casarse.

De lo contrario, no se trataría de disolver o no disolver el vínculo matrimonial, sino de otorgar iguales efectos al concubinato que al matrimonio, lo cual podría hipotéticamente ser establecido por el legislador dentro del ejercicio de sus atribuciones, pero lo cual, evidentemente, la Constitución no lo obliga.
Divorcio, compensación económica
Materia: CIVIL
Carátula: D., M. L. D. L. A. c/ A., R. I.  s/ fijación de compensación económica - arts. 441 Y 442 CCCN
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-10

La compensación económica constituye una herramienta gran importancia para lograr una mayor igualdad real y no solo formal, con base en la protección al cónyuge más vulnerable, para que pueda lograr su independencia económica hacia el futuro y no se vea obligado a recurrir al pedido de alimentos.
Contrato de trabajo, técnico aeronáutico, despido, certificado habilitante, intimación a jubilarse, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Méndez Raúl Emilio c/ Aerolineas Argentinas SA s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-09

Toda vez que la empleadora negara al actor, técnico de vuelo, el entrenamiento en el simulador de vuelo ante el vencimiento de su licencia alegando que contaba con cincuenta y nueve años y que por encontrarse pronto a su jubilación los costos de dicho entrenamiento serían estériles, y dejando de lado su carácter de delegado gremial lo intimó a que iniciara los trámites jubilatorios en los términos del art. 252 de la LCT, estamos en presencia de actos discriminatorios, ilícitos, hostiles e injuriantes (ley 23.592 y art. 1072 del Código Civil). En el caso, tenemos una doble discriminación: por edad y por ejercicio de la actividad gremial, ya que el último supuesto el art. 252 no le puede ser aplicado.
Abuso sexual simple, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: López, A. A.  c/  s/ abuso sexual simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-02-24

El invocado latinismo in dubio pro reo es un principio jurídico que expresa la obligatoriedad de probar los hechos objeto de acusación y que, en el caso de que esta prueba sea insuficiente para demostrarlos, la decisión judicial deberá favorecer al acusado a la hora de valorar la culpabilidad o no de un acusado. Pero aquella duda debe ser razonable y no especulativa. (...) sólo es aplicable cuando el juzgador tiene dudas sobre la culpabilidad del acusado tras valorar las pruebas relevantes y conducentes.
Enfermedad profesional, indemnización por accidente de trabajo, indemnización insuficiente, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: PACHECO, Estela del Valle c/ CAMINO S.A. s/ Beneficios Laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-03-03

La causa reconoce su origen en un reclamo de pago de beneficios laborales derivados de una enfermedad profesional. La actora se agravia por considerar insuficiente el quantum de la condena de reparación por daños -lucro cesante y daño emergente-.

Esta Corte ya expresó en otras oportunidades que la aplicación de escalas matemáticas resultan más acorde para determinar una indemnización de carácter laboral y que no se recomienda su aplicación en un proceso de naturaleza civil, donde en definitiva será el prudente arbitrio judicial el que determine el monto de la misma.

En esa inteligencia, la indemnización establecida en la sentencia recurrida se encuentra dentro de ese marco discrecional, toda vez que el monto guarda relación con el daño que se quiere indemnizar y su determinación no se revela irrazonable ni absurda , condiciones que deben darse a fin de habilitar esta instancia revisora.

En consecuencia, en el caso, no se configura la arbitrariedad alegada, porque el fallo confirma lo resuelto en primera instancia, donde se parte del grado de incapacidad y, luego de ponderar distintas circunstancias obrantes en la causa, se establece el monto indemnizatorio, por lo que corresponde rechazar el recurso de casación respecto de este agravio.
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALVAREZ BERNARDO ANGEL c/ TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-22

El cargo solidario consiste en la determinación de las sumas que los administradores de fondos públicos deben reintegrar o devolver al tesoro público por conceptos mal gastados o no justificados debidamente y que no han sido aprobados por el Tribunal de Cuentas.
Actualización monetaria, indemnización tarifada
Materia: LABORAL
Carátula: Llamas, Antonio Alberto c/ S.A. Cía. de Seguros La Tandilense y otro s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

Sin perjuicio que no resultan de aplicación las normas de derecho laboral cuando se acciona por la vía civil, ello no obsta para que el tribunal a -quo aplique los parámetros del art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo para la repotenciación de los créditos en esos casos.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba crítica, pago, favor debitoris
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DEL FAVERO, ARMANDO c/ BAMBOSSI, HUGO BENJAMIN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-05-18

El magistrado omitió considerar que el hecho que el deudor tenga en su poder las boletas, con sus respectivos tickets que acreditan su abono, constituye el recibo que prueba el pago, y si ese recibo es el medio más idóneo para probar el pago de la obligación -si bien nuestro Código Civil y Comercial, en su artículo 895, establece que el pago puede ser probado por cualquier medio excepto que de la estipulación o de la ley resulte previsto el empleo de uno determinado, o revestido de cierta formalidades-, no puede exigírsele al deudor aún más prueba que aquél. Además, si, tal como sostiene el juzgador, las boletas referidas ya fueron acompañadas por el profesional apremiante en el trámite sucesorio, ese hecho, como máximo, podría haber generado dudas en el Tribunal, que deberían haber sido resueltas a favor de la liberación del demandado, por aplicación del principio favor debitoris, que implica que los casos dudosos deben interpretarse a favor de la liberación del deudor (u obligado). (Del voto del Dr. Gutiérrez) - DOCTRINA: Gagliardo, Mariano, "La interpretación en el Código Civil y Comercial", Ed. Zavalía, Buenos Aires, 2018, pág. 161.
Recurso de inconstitucionalidad, incongruencia, relación de dependencia, indemnización agravada
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ROLON, CARLOS LEONARDO c/ LIGRESTI, HECTOR OSCAR s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-09-09

En torno a la procedencia de las indemnizaciones de los artículos 8 y 15 de la ley 24013, se advierte una fractura lógica y argumental de la sentencia bajo análisis, por cuanto confirma lo decidido en baja instancia en punto a que la ruptura de la relación laboral se produjo con la comunicación del despido que cursara el empleador (por ser la primera misiva recibida) y sin embargo, otorga luego aquellas indemnizaciones en abierta contradicción con el recaudo contenido en el artículo 11 de la referida ley; es que la procedencia de los agravantes indemnizatorios que prevé la ley 24013 exigen que la intimación del trabajador a la registración de la relación laboral haya sido previa a la ruptura del vínculo, por cuanto la finalidad perseguida por la referida ley es el blanqueo de relaciones laborales no registradas y por ello, otorga al empleador un plazo de 30 días para registrar el vínculo y sólo una vez vencido éste o ante la negativa a ello del empleador se hace viable el reclamo de los agravantes indemnizatorios, sin que tampoco conste si se cumplimentó o no el segundo recaudo de procedencia del artículo 11 inciso b, que es remitir de inmediato a la AFIP copia del requerimiento de registración efectuado al empleador (Del voto del Dr. Netri).
Presunción de contrato de trabajo, testigo único, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Fierro, Paula Cecilia c/ Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura y Acción Social y Otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-12

La presunción de existencia de contrato de trabajo ante el hecho de la prestación de servicios -art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo- no resulta desvirtuada por el testimonio del dependiente de la demandada pues se trata de un testimonio único que no reúne las características requerida para ser la fuente de convicción que de sustento exclusivo a una decisión judicial, que debe exhibir un conocimiento directo y personal de los hechos, expresar lo que sabe con precisión, claridad y detalles, fundamentar sus aseveraciones explicando claramente las razones que permitan evaluar que su conocimiento y sus expresiones son veraces y exhibir absoluta objetividad y sinceridad, sin que sus dichos sean contradichos por ningún elemento de juicio en la causa que lleven al judicante a dudar.
Recurso contencioso administrativo, derechos subjetivos, interés legítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PUTERO, RAUL DOMINGO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD.     CSJ EXPTE NRO 90-84 OJEDA, JOSE MARIA c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 35-86 SUAREZ, PABLO JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 242-83 GALOTTO, MIGUEL ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 270-83 ROMAN, HECTOR RAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 243-83 ORGANIZACION RODRIGUEZ-SERVICIO DE SEGURIDAD c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-10-16|1987-09-02|1987-10-21|1987-12-10|1987-12-10|1990-12-27

El sistema contencioso administrativo nuestro se base en la existencia de un doble recurso (artículo 9 ley 4106); uno encaminado a la protección de un "derecho subjetivo", denominado de "plena jurisdicción" (artículo 10), y otro enderezado a la tutela de un interés legítimo, llamado de "ilegitimidad" (artículo 13).
Procedimiento laboral, prueba confesional
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Godoy c/ Puliszcuk s/ Laboral (Resolución Nro. 9, Tomo 20, Folio 28/31)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-15

En el procedimiento laboral, la confesión ficta , acarrea la consecuencia de tener por confeso al absolvente sobre los hechos expuestos en la demanda, salvo prueba en contrario (art. 66 C.P.L.).
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, autosuficiencia, propiedad intelectual, derechos de autor, responsabilidad del editor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SOLANO, JOSE RAUL c/ ROIZARENA, EDUARDO ALBERTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-05-26

Corresponde rechazar la queja por cuanto se advierte incumplido el requisito legal de autosuficiencia al no efectuar el compareciente una fundamentación mínima de sus agravios, quedando incólume el pensamiento sentencial expuesto por la Alzada en el sentido de que el marco probatorio obrante en la causa daba cuenta de la vinculación entre el actor y el demandado para el desenvolvimiento de las tareas de edición de libros para colorear y de una campaña solidaria en infracción de la ley 11723, y que -estando acreditada la condición de editor del accionado- correspondía inicialmente a aquél la obligación de inscripción, constituyendo el fundamento del reclamo de derechos patrimoniales el acuerdo celebrado por las partes de cuyo incumplimiento debía responder el editor aunque la obra no hubiera sido registrada.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, recurso contencioso administrativo, instrucción, derechos de incidencia colectiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PERALTA, HUGO D. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ACCION LEY 10000 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 538 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-24

Para que el remedio consagrado por la ley 10.000 proceda deben darse los siguientes supuestos: a) que se cuestione una decisión, acto u omisión de una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal o de entidades personales privadas en ejercicio de funciones públicas; b) que se impute la violación de disposiciones del orden administrativo local (quedando de suyo excluidas las eventuales violaciones de otras disposiciones); y c) que se denuncie la lesión de intereses simples o difusos de los habitantes de la Provincia. La no concurrencia de estos recaudos debe conllevar al rechazo "in limine" de la acción y por expresa disposición legal sabido es que ese análisis es inexcusable a los jueces de la causa conforme el artículo 1 de la ley 10000.
Robo seguido de homicidio, privación ilegal de la libertad, concurso aparente de leyes, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: TORTORA, E s/ ROBO - HOMICIDIO - PRIVACION ILEGAL LIBERTAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-05

1) La conducta atribuida al procesado es la de homicidio con ocasión del robo, sin que corresponda pronunciamiento por la privación ilegal de la libertad en perjuicio de la doméstica de la occisa, pues esta conducta sólo fue una separación de ella del lugar de los hechos 2) Para graduar la pena a imponer al encausado, tiénese en cuenta el mayor daño que cabe atribuir a su acción, no sólo en la persona de la víctima, sino también en sus bienes, los que nunca fueron recuperados, fijándose la pena en 16 años de prisión.
Aplicación de la ley penal, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: INDUSTRIAS DELTA S.A.I.C. Y OTROS. s/ LEY 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11

Si bien la correcta configuración de los tipos penales obliga a determinar en forma precisa los modos de conductas sujetas a punción, no existe obstáculo constitucional para que, cuando el contenido de los deberes o de las prohibiciones dependa de una valoración a realizar en vista de circunstancias concretas e insusceptibles de enumeración previa, sea la autoridad jurisdiccion al quien aplique esa valoración. Esta atribución encuentra límite a su vez en la necesidad de que el ordenamiento contenga una remisión suficientemente clara al contexto valorativo condicionante de la aplicación del precepto como para posibilitar el conocimiento de los deberes por quienes deben cumplirlo.
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Incidente de revisión en autos: Grasseti, Alfredo. Concurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-28

El art. 168 de la Constitución de la Provincia condena la preterición de una cuestión esencial, pero no la eventual falta de consideración o errónea apreciación de alguna o algunas de las pruebas producidas.
Confirmación de sentencia, medidas cautelares, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: INVERSIONES Y EMPRENDIMIENTOS SA S/ QUIEBRA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-21

Procede confirmar la resolución por la cual se apercibió al síndico por la demora en contestar el requerimiento del a quo a fin que proponga medidas para la finalización de esta quiebra -bajo apercibimiento de lo dispuesto por la LCQ 255- además de informar el estado de situación de medidas cautelares. Ello por cuanto, la sola demora en la contestación de dicho requerimiento basta para reprochar al recurrente un proceder que no se corresponde con la responsabilidad que es dable exigir al órgano concursal (LCQ 275 y concs.). Si bien es cierto que la pandemia de Covid-19 (coronavirus) ha ocasionado dificultades en el quehacer profesional, la mera invocación genérica de la pandemia como obstáculo para el cumplimiento de la función de la sindicatura no basta para excusar su responsabilidad funcional; a más, no se advierte que ello hubiese significado una causa de fuerza mayor que impactara en este trámite, ni tampoco se constata, por lo menos, alguna actuación de aquel haciendo saber al juzgado de inconvenientes -v. gr. de salud- para el avance de este procedimiento de quiebra. Por otro lado, la alegada falta de perjuicio para los acreedores -además de no estar acreditada por quien recurre- tampoco justifica el incumplimiento de las obligaciones legales a su cargo en esta quiebra, por lo que teniendo en cuenta los principios de gradualidad y proporcionalidad en la aplicación de las sanciones previstas por la LCQ 255, no se encuentran motivos para revocar el apercibimiento.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Llinas, Jorge Antonio c/ Amat, Jaime F. s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-06

Si bien el juez debe dictar sentencia con sujeción a las acciones deducidas en juicio, ello no obsta a que tome en consideración los hechos que extingan o consoliden el derecho acaecido en el proceso, por aconsejarlo así razones de economía procesal y jurídica.