Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-12


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 12 días del mes de octubre del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y asistencia de los señores Jueces de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca y Dr. Julio Antonio Alexandre, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"COOPERATIVA de AGUA POTABLE y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS RADA TILLY Ltda. c/ U., R. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. No. 15.460/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (Expte. No. 1178/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 235), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dr. Fernando Nahuelanca y Dr. Julio Antonio Alexandre.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 189/192? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo apelado y los agravios.

La sentencia de primera instancia fs. 189/192 rechazó la excepción opuesta por el demandado al progreso de la acción, no hizo lugar a la demanda, impuso las costas en el orden causado y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

La parte actora interpuso, a fs. 195, recurso de apelación; el mismo fue concedido a fs. 199 y fundado a fs. 213/229.

Al expresar agravios la actora, fs. 213/229, calificó la sentencia como arbitraria; sostuvo que los argumentos centrales del fallo (inexistencia de denuncia, cuestionamiento a los directivos y no a la cooperativa, falta de perjuicio real y concreto de ésta y criterio restrictivo del daño moral) no se compadecen con los hechos probados de la causa y el derecho a ella aplicable.

Señala que efectivamente ha existido denuncia, más allá que el escrito haya sido titulado "PONE EN CONOCIMIENTO". En este orden de ideas, destaca las afirmaciones contenidas en el capítulo II punto 6 del mencionado escrito; los alcances del requerimiento de la instrucción penal de fs. 7 y otras actuaciones puntuales fs. 36 y 82; todas con entidad suficiente para calificar la actuación del Sr. U. como denuncia. Cita doctrina.

Sostiene, luego, que hay sobrados elementos en la causa que indican que las agresiones y/o cuestionamientos que recibieron algunos integrantes de C. estaban dirigidos principalmente a la entidad cooperativa. Pretende demostrar este aserto con extensas transcripciones fs. 216 vta./223 vta. de las respuestas de los testigos J. Y., F. R. A., L. L., J. J. B.

Impugna la falta de perjuicio real y concreto, respecto a su representada. Alega que el juez incurre en confusión de conceptos y pide se acrediten perjuicios como si se tratara de un daño patrimonial. Invoca la calidad de la actora: sociedad cooperativa de servicios públicos sin fines de lucro. Critica, por último, el criterio de aplicación restrictiva del daño moral sostenido en la sentencia.

Manifiesta que en materia extracontractual, tal la de autos, ese criterio no existe; funda su conclusión en las previsiones del articulo 1078 del Código Civil. Se extiende, luego, en citas jurisprudenciales y doctrinarias. Hace reserva del caso federal.

2. Tratamiento del recurso.

He de adelantar que los agravios, en conjunto, no alcanzan a conmover la solución que se ha dado a las cuestiones debatidas en los presentes autos. Ello, más allá de que en alguna de ellas, individualmente introducidas en éstos, pudiere asistirle razón al recurrente.

Así, respecto del primer agravio, esto es, la existencia o no de denuncia, corresponde señalar que efectivamente el escrito de fs. 1/2vta, del expediente nº 4612 que tramitó por ante el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, agregado por cuerda al presente, es una denuncia. Repárese que la denuncia es definida como la mera participación de conocimientos efectuada por una persona, mediante la cual se trasmiten los datos sobre la comisión de un delito de acción pública.

Va de suyo que el mencionado escrito participa de tales características desde que su contenido sustancial es la "notitia criminis" y su efecto fue desencadenar la persecución penal.

Ahora bien, tal como lo he señalado en anterior voto (sentencia definitiva nº 31/06, autos "S. c/ Cooperativa", Expte. nro. 15.462/05) en el que la aquí actora era demandada; el derecho a denunciar no solo existe, sino que en algunos casos constituye un deber. Ahora bien, no puede considerarse que ese derecho es absoluto hasta el punto que comporte un "bill" de indemnidad para quien lo utiliza sin meditar, previamente, los alcances de la denuncia.

Partiendo de esta premisa básica, fácil es colegir que del mero rechazo de la denuncia no cabe, sin más inferir, responsabilidad civil; corresponde siempre el análisis de la razonabilidad de la denuncia.

En este orden de ideas, corresponde señalar que en el caso de autos, se ha puesto en conocimiento del Sr. Fiscal Federal "la existencia de hechos presumiblemente encuadrables en infracción a los artículos 55, 56, 57 de la ley 24.051".

Por lo tanto, la causa iniciada por la Fiscalía tuvo por objeto determinar si los efluentes provenientes de la planta de tratamiento, contienen sustancias que puedan considerarse "residuos peligrosos", en los términos del anexo II de la ley 24.051. Es decir que las actuaciones tuvieron su génesis en materia ambiental.

Residuo peligroso, tal como se establece en la ley citada, será considerado todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

Debe destacarse que los delitos reprimidos por la ley 24.051 integran la categoría de los delitos de peligro abstracto, bastando para su consumación el acto de arrojar residuos a los que pueda asignársele poder contaminante y deben ser sometidos a control, sin necesidad de acreditar puntualmente el efectivo poder contaminante que posea cada uno de ellos; se requiere sólo la posibilidad de envenenar, adulterar o contaminar de un modo peligroso para la salud, el suelo o el agua, la atmósfera y el ambiente en general (conf. Correccional, Sala I causa N° 29.184 "F., J. s/ procesamiento", reg. 1008).

Este contexto legal reconoce como norma preeminente el artículo 41 de la Constitución de la Nación que resulta inequívocamente operativa y consagra un amplio espectro de protección del ambiente, teniendo asimismo en mira los intereses de las generaciones futuras (art. 41, C.N.) en el que se inserta el principio de precaución.

La naturaleza del bien jurídico tutelado, el carácter del delito al que ya he hecho referencia, la existencia de efluentes cloacales y de aves muertas en sus alrededores dan sustento al contralor efectuado y, por lo tanto, en lo que aquí nos interesa dan razonabilidad a la denuncia.

Repárese, además, que en el considerando tercero de la sentencia, se ha apreciado una serie de circunstancias que avalan lo expuesto y que no ha sido materia de impugnación.

Por todo ello, la pretensión revisora de la Cooperativa no puede prosperar puesto que no se ha acreditado la antijuridicidad de la conducta del Sr. U..

El esquema de la responsabilidad civil exige, en todo reclamo resarcitorio, un análisis de sus presupuestos: antijuridicidad, factor de atribución, relación de causalidad y daño. Y, huelga destacarlo, la resarcibilidad de esos daños se gobierna por los principios generales (Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños", vol. 2c, "Daño a las personas", Ed. Hammurabbi, p. 520).

El juez de grado ha centrado su análisis en el daño; por supuesto que tal razonamiento es correcto porque sabido es que no hay responsabilidad sin daño. Pero, cabe agregar que el daño para generar responsabilidad debe haberse producido en razón de un acto antijurídico y, en el caso particular, el tratamiento del primer agravio permite concluir que no hay conducta antijurídica por parte de U., tal como ya he puesto de manifiesto.

Sentado ello, he de agregar que tampoco se ha acreditado la existencia de daño. Al respecto cabe señalar que las genéricas consideraciones del demandado no alcanzan para conmover las consideraciones del fallo en tal sentido.

Así, en la sentencia de primera instancia se dejó sentado que el daño para que sea indemnizable debe ser cierto y que tal presupuesto no ha quedado configurado en la especie. También remarcó que en el caso particular se debió diferenciar con precisión el daño de la institución y de las personas que lo integran.

Las impugnaciones agrupadas en el punto c) de los agravios capítulo II carecen de idoneidad técnica y sustancial para revertir el fundamento del fallo citado. Es que, en definitiva, el daño es, en efecto y primordialmente un acaecer fáctico: un suceso que provoca o provocará la privación efectiva de un bien jurídico.

Por ello, ha de constatarse también la naturaleza y entidad del interés lesionado. He aquí el déficit central del reclamo que el juez ha señalado; no logró la actora acreditar lesión a la Cooperativa.

La mera alegación del carácter de sociedad cooperativa que persigue el bien común de sus asociados en base a los principio de solidaridad y cooperativismo punto 40 de la memoria, fs. 224 es insuficiente para dar certeza al daño.

Continuando con el análisis de la cuestión, es dable señalar que no tengo dudas que las personas jurídicas gozan de honor que se puede ver afectado por una denuncia o calumnia. Es que si bien no tienen subjetividad espiritual, poseen honor en sentido objetivo. Es decir, gozan de subjetividad social y eventualmente también económica, susceptible de ser menoscabada en la faceta de la reputación (cfr. Zaval de González, Matilde, ob. cit., p. 515 y 518).

Pero, en el caso tal afectación no se ha probado; los testimonios colectados carecen de eficacia en tal sentido y por ello no cabe más que concluir en el modo que lo ha hecho el juez de grado: no hay daño.

Las cuestiones tratadas son dirimentes a los efectos de la resolución de la revisión propuesta; de modo tal que propongo la confirmación del fallo.

3. Costas y honorarios.

Las costas de esta instancia se imponen al actor vencido por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCCh). Los honorarios por la actuación ante esta Alzada han de ser fijados de conformidad con las pautas generales establecidas en el artículo 6 de la ley 4335 y por aplicación de la escala específica del artículo 14 del mismo ordenamiento.

En función de tales pautas propongo cuantificar los correspondientes a los Dres. H. J. F. de las C. y J. F. F. en la suma de pesos un mil cien.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

En función de lo expuesto corresponde la siguiente decisión:

1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 195 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 189/192.

2º) Costas de esta instancia al actor vencido. Regular los honorarios correspondientes a los Dres. H. J. F. de las C. y J. F. F., en forma conjunta, en la suma de pesos un mil cien ($1.100,00).

3º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 229 vta.

A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

La sentencia, dictada fs. 189/192, resuelve los siguientes puntos: 1) No hace lugar a la excepción procesal opuesta por la parte demandada R. U. en su oportunidad. 2) Rechaza la demanda por daños y perjuicios interpuesta por la parte actora Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos de Rada Tilly Ltda. 3) Impone las costas en el orden causado y regula los honorarios de los profesionales intervinientes.

Apela la parte actora a fs. 195 y el recurso se concede a fs. 199.

Los agravios se glosan a fs. 213/229 vta., que califica la demandada de inicio que el resultado de la sentencia no se ajusta al derecho vigente. Impugna el criterio judicial en cuanto conceptualiza que no ha existido denuncia por el demandado, con lo que opone la evidencia de la causa Nº 4612, caratulada "Requerimiento de instrucción penal p/ presentación de R. U. s/ Infrac. Ley 24.051".

Destaca los textos del escrito "Pone conocimiento", donde afirma el denunciante que se constatan con filmaciones y pruebas de laboratorio que la laguna contaminada posee aptitud dañosa y que ha causado daños al ambiente en general. Señala asimismo los términos del acta labrada por el Procurador Fiscal Federal, de donde claramente surge el carácter de denunciante de R. U.. Que éste reconoce en absolución de posiciones tal carácter.

Cita doctrina y en su comprensión que no es necesaria una imputación contra una persona determinada. Impugna asimismo en cuanto el fallo entiende que los agredidos fueron los integrantes de C. y no la persona jurídica y que en todo caso las agresiones a las personas estaban dirigidas contra la entidad cooperativa, sin perjuicio que se individualicen en las personas que las dirigen por ser las conocidas.

Transcribe el testimonio de J. J. J. (fs. 216/220 vta.), de A. O. C., E. P. y R. O. D.. Con los testimonios y publicaciones periodísticas, sostiene sobradamente probado que C., como entidad ideal, fue cuestionada y agredida por parte de la sociedad como consecuencia del accionar de R. U..

Impugna en punto c), de fs. 223 vta. y ss., en cuanto el Juez pretende que C. haya sufrido un perjuicio concreto y fehaciente, controvirtiendo el concepto jurisdiccional por confusión de conceptos, porque como ente cooperativo de su parte, sin fines de lucro, difícilmente puede hablarse de una repercusión patrimonial material.

Niega en el subsiguiente punto (fs. 224 vta.), que el daño moral sea de interpretación restrictiva, explicando los enfoques respecto a dicho daño desde la responsabilidad extracontractual y contractual, donde en este aspecto que corresponde al art.522 CC., resulta facultativa la apreciación judicial.

Opone por el contrario la norma del art. 1078 CC, que no le otorga al Juez, en caso de delitos o cuasidelitos, posibilidades de denegarlo ante su expreso reclamo. Cita jurisprudencia concordante.

Rechaza asimismo que debiera una denuncia penal a fin de salvaguardar sus derechos, desde que la responsabilidad que le atribuye su parte a la demandada se denomina cuasidelito civil de acusación y/o denuncia culposa, que no es acción tipificada por la normativa penal.

Cita jurisprudencia concordante en el sentido que nada impide al querellado demandar la reparación de perjuicios fundado en el art. 1109, en el caso de acusación culposa y otra, que la indemnización del daño moral no depende de la existencia de condena criminal.

Alude asimismo a la carga de la prueba, contando su parte a favor que la denuncia de U. Resultó desestimada, con lo que correspondía a U. probar que su comportamiento no produjo daño alguno; peticiona en definitiva la revocatoria del fallo, reiterando la repercusión de la denuncia por distintos medios. Reserva el caso federal.

Como se han examinado los agravios, por su orden, se impugna en principio lo expresado por el sentenciante en el punto 2.2. "Plataforma Fáctica", en el sentido que la presentación ante la Fiscalía Federal no importó denuncia por parte del demandado R. U., sino poner en conocimiento la probable o presumible existencia de infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos; que es el órgano fiscal el que formula el respectivo requerimiento de instrucción (fs. 7, Expte. Nº 4612 Juzgado Federal de 1ra. Instancia de C.Rivadavia Chubut), terminando a la postre el sumario con resolución de tal Tribunal, de fecha 13/10/1999, por la que se desestima la denuncia interpuesta, por no ser los hechos ilustrados constituyentes de delito art.180 CPPN.

Al margen de las connotaciones integrales que resultan y resuelven el caso planteado, se comparte el significado jurídico que otorga el fallo a la presentación del demandado R. U. ante la Justicia Federal, sin perjuicio que el concepto se integra con toda la conducta de U. respecto a la instrucción.

O puesta de conocimiento o denuncia, se integra con el grado intervención o no, en el curso de la instrucción v.gr. intervención como parte querellante o "tercero coadyuvante", para colaborar con la justicia en la consecución de la finalidad social de castigar al delincuente, como definen los autores Cazeaux y Represas, para determinar el grado de responsabilidad civil frente a la denuncia ("Derecho de las Obligaciones", T.III, pág.140, Ed. PlatenseAño 1970).

Adviértase, por otra parte, que U. concurre conjuntamente con otro presentante, S. M. M., ambos en propio derecho y quienes ratifican la denuncia (fs. 6 y 11), pero la condicionan: "...salvo el mejor criterio del Sr. Procurador Fiscal" (fs. 2) y luego, dirigiéndose al mismo funcionario: "De considerarlo procedente, solicitamos promueva denuncia penal ante el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia" (fs. 2vta. del petitorio).

Solo puede considerarse en consecuencia una simple denuncia y en tal sentido, explican los autores y ob. y pág. citada precedentemente: "...no puede existir dolo o culpa en la simple denuncia ante las autoridades, de un hecho que pudiere constituir un delito de acción pública;...".

No se desconoce el desistimiento del juicio respecto al segundo de los nombrados, pero ello no afecta los alcances de la prueba rendida y sus constancias, documental acompañada y circunstancias de la instrucción, que permiten advertir que ambos R. U. y S. M. M. ejercieron el derecho a denunciar la posible comisión del delito previsto en la Ley 24.051.

Cuenta en consecuencia asimismo la finalidad, de indudable protección del medio ambiente (art.41 C.N. y arts. 109 y 11l C.Prov.); destacó por otra parte la defensa de la demandada a fs. 32 vta., el carácter de la actora como prestataria de servicios públicos y el interés de todos en su prestación correcta, todos elementos por los que carece de asidero para considerarla en conducta culposa o negligente que irrogue en el caso la justificante de una acción por daños y perjuicios contra el demandado por responsabilidad civil.

En el mismo marco de evaluación debe considerarse la difusión periodística, ya que a partir de la denuncia ante la justicia federal, ocupó el indudable interés público de los medios por la cuestión implicada, donde se inscriben asimismo los términos destacados del fallo por la apelante, las diversas explicaciones públicas y privadas que debió efectuar la Cooperativa y Agua Potable y otros Servicios Públicos de Rada Tilly.

No se justifica la intemperancia de algunos terceros (testimonio de E. P. a fs. 142/142 vta.; Roberto Oscar Depietri, fs. 156/156 vta), pero tampoco se puede responsabilizar al accionado de tales excesos, en tanto era deber de la concesionaria como prestataria de servicios públicos suministrar las informaciones en razón de las mismas prestaciones.

Se rechaza en consecuencia que el demandado haya obrado con culpa o negligencia constituyente de un cuasidelito civil encuadrable en los arts. 1109, 1078 y concords. del Código Civil y se confirma en consecuencia el criterio jurisdiccional.

En cuanto se sostiene que los cuestionamientos y agresiones que recibieron algunos integrantes de C., estaban dirigidos a la entidad Cooperativa, pone en tela de juicio el propio daño moral invocado como persona jurídica y su factibilidad.

Sin perjuicio de la concepción generalizada que niega por su propia naturaleza subjetiva la invocación del daño moral por la persona ideal que más abajo se señala, aún la tesis que admite que las personas jurídicas pueden padecer lesiones al prestigio y su reputación, descartan que éstas puedan provenir de lo soportado por sus integrantes.

Así resulta del Cód. Civ. Anot., 4A., pág. 27 autores SalasTrigo Represas López Mesa: "No se los puede computar como daño moral que puedan padecer las personas jurídicas las molestias o disgustos que hacen a la subjetividad de las personas físicas que se desempeñan como directores gerentes o socios de una sociedad mercantil...".

Por otra parte, el sentenciante manifiesta que no advierte un perjuicio concreto pasible de ser mensurado pecuniariamente. La actora recurrente sostiene la existencia de un error conceptual, precisamente por la naturaleza del daño invocado y la carencia de fines de lucro de la sociedad cooperativa.

Si bien resultaba innecesario la determinación de un perjuicio patrimonial material en la institución actora, porque no se invocó, debe advertirse que era la única repercusión dañosa que pudo invocar la entidad cooperativa, sin perjuicio de la carencia de fines de lucro.

En el concepto de la ley vigente, debe recordarse que el art.1º de la Ley 19550, no define la sociedad por los fines de lucro, sino participar en beneficios y soportar las pérdidas, siendo que el beneficio tiene un significado más amplio que el lucro, con lo que la doctrina terminó por admitir en la clasificación de sociedades a las cooperativas, resultante de los contenidos de los arts. 1º y 3º de la Ley 19.550 citada.

Con ello, integran el ordenamiento legal argentino: "a) Las sociedades ordinarias en las cuales la causa consiste en la distribución del lucro derivado del ejercicio común de una actividad económica: b) Sociedades que tienen por objeto una actividad económica, de investigación, científica, de información, etc., en beneficio de los socios, en cuyo caso no se puede hablar de repartir el lucro, sino los beneficios que puedan obtenerse de tal actividad; c) Asociaciones de bien común que adoptan la forma de sociedad comercial en las que puede estar ausente toda idea de lucro e incluso toda finalidad de beneficio a favor de los socios (Conf. "Sociedades Comerciales", autor Juan A. Farina, 2ª.Edición, Ed. ZeusEditoraRosario, págs.48/50).

El cuestionamiento reporta en consecuencia establecer y anticipar criterios, que las cooperativas, como toda sociedad, si bien no integran el grupo destinado a repartir un lucro económico, no dejan de tener una actividad de valor económico por prestación de servicios en beneficio de los socios (grupo b. precedente), ingresando al mismo campo de las personas ideales carentes de derechos personalísimos extrapatrimoniales para invocar daños morales.

La impugnación del punto c) de fs. 223 vta., carece por lo expuesto de relevancia como determinante de otra conclusión, que modifique el resultado de la sentencia, ya que por otra parte, la misma tiene en claro cuál es el daño demandado y qué se analiza a continuación.

En la "plataforma fáctica" (fs. 190), expone que el resarcimiento pretendido es por daño moral y luego que su naturaleza es la minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial (fs. 190, 3er. párr.) y en cuanto evalúa que el criterio resulta restrictivo, lo esclarece que es por la condición de la reclamante, su carácter de persona jurídica (fs. 190 vta., anteúltimo párrafo).

La agraviada, sin referirse específicamente a la relación establecida al demandar daño moral y su carácter de persona jurídica ideal, contrapone que el criterio restrictivo solo corresponde a la reclamación del concepto en los casos de responsabilidad contractual y que en los casos de responsabilidad extracontractual, la existencia del hecho dañoso lleva a presumir la lesión a los sentimientos del damnificado. Cita a fs. 226 el fallo JA. 2005I402, autos "V. de P., A. M. v.Banco M. A.".

Sin perjuicio que el hecho antijurídico se ha rechazado, es evidente distinto el marco del que se vale la actora, ya que el fallo citado por la recurrente corresponde a la acción de una persona física lesión a los sentimientos, concepto de lógica asimilación pero no destruye el del fallo que opone el criterio restrictivo en razón de la persona jurídica actora, una Sociedad Cooperativa.

La concepción tiene el esclarecimiento preciso de los autores SalasTrigo RepresasLópez Mesa ("Cód. Civ. Anotado", T.4A, pág.27).

Refiere el punto "9.Personas Jurídicas: agravio moral. A) Las personas de existencia ideal, ya sean sociedades civiles y comerciales, asociaciones y fundaciones o establecimientos, carecen de bienes y derechos personalísimos extrapatrimoniales e innatos, ya sean los agrupados en la integridad física... como a la libertad y esfera espiritual (intimidad, imagen, honor, secreto) y por tanto no pueden sufrir un daño moral directo...

Esta idea, sin embargo, se ha visto controvertida solamente con respecto a uno de dichos bienes: el honor. La dirección jurisprudencial mayoritaria ha venido considerando que una persona de existencia ideal no puede en sí misma y abstracción hecha de los miembros que la componen, ser sujeto pasivo de delitos contra el honor...".

Existe en consecuencia un criterio mayoritario que niega toda alegación del daño moral por la persona ideal y una controversia comprendida solamente en uno de los bienes comprendidos, el honor.

Consecuentemente, el concepto de estrictez para determinar el daño moral demandado se ajusta a derecho y es el propio recurrente el que por la jurisprudencia citada trae el concepto concordante, al sostener la responsabilidad por la sola conducta culposa del denunciante y citar el fallo "B. S.A. v. Y....." J.A. 1984I421 (fs. 227, 2do. párr.). Dos puntos más abajo del extracto citado, el fallo de la CNac.Civ. y Com. Federal establece: "4 La reparación del daño moral es manifiestamente improcedente respecto de las personas ideales.

Expone la Cám.Nac.Civ. y Com. Federal: "Este Tribunal, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Sup. Nac. (Fallos 298223) tiene reiteradamente decidido que la reparación del daño moral es manifiestamente improcedente respecto de las personas ideales (esta sala, causas 6348 del 30/6/78; 3081 del 28/4/80; 575 de 7/4/82, sus citas y otras; sala 2ª., 8/10/71, JA 141972293, fallo 20.511; causas 7880 del 18/5/79 y 8494 del 8/2/80, entre otras)".

Finalmente debe señalarse, que rechazada toda conducta culposa de la parte demandada que funde un derecho al resarcimiento moral a favor de la accionante y como además se entiende en el presente voto, la imposibilidad fáctica y jurídica de invocarlo por parte de la Cooperativa de Agua Potable y Servicios Públicos de Rada Tilly Ltda., carece de virtualidad jurídica el examen sobre la carga de la prueba.

Por todo lo expuesto, propugno el rechazo de los agravios de fs. 213/229 vta., con costas a mérito del art.68 del CPCCCh y tener presente la reserva del caso federal.

Para regular honorarios, rige la Ley 2200 de Aranceles, con la ref. Ley 4335, los arts. 6, 7, 9, 14 y concords., el mérito del trabajo profesional y su resultado. En el marco señalado propongo de igual modo los honorarios de los profesionales actuantes, por el monto obrante en el 1er.voto del presente acuerdo.

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Corresponde el pronunciamiento expuesto en el voto de la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que el Dr. Alexandre no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 195 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 189/192.

2º) Costas de esta instancia al actor vencido. Regular los honorarios correspondientes a los Dres. H. J. F. de las C. y J. F. F., en forma conjunta, en la suma de PESOS UN MIL CIEN ($1.100).

3º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 229 vta.

4º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

SILVIA N. ALONSO de ARIET Presidente FERNANDO NAHUELANCA Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 74 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS