marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, grupo económico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Milano José Enrique y Mayer Nélida Esther s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

La vigente ley de concursos y quiebras, a diferencia de la anterior que guardaba silencio al respecto, prevé en el art. 65 la posibilidad que dos o más personas físicas puedan solicitar en conjunto su concurso preventivo, siempre que integren en forma permanente una unidad económica. Dicha solicitud puede ser desestimada por el juez si no se acredita la existencia del agrupamiento. El objetivo del legislador fue la unificación del trámite desde su inicio y el único requisito claramente establecido es la acreditación de la existencia de un vínculo que tenga visos de permanencia. (Minoría u opinión personal)
Contrato de obra, obligaciones del locador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Satti, Adelfo Imerio c/ Alvarez, Jacinto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-30

Desde el punto de vista de la "ruina total o parcial de la obra, por vicio de la construcción o vicio del suelo, o mala calidad de los materiales, el locador es responsable hasta 10 años de recibida la obra (arts. 1646 cit.).-
Recurso contencioso administrativo, sentencia, prueba, apreciación del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: KREIG, RAFAEL ADOLFO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 327-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-02-17

No habiendo el actor demostrado que las funciones por él desempeñadas coincidieran substancialmente con las atribuidas al cargo presupuestado con la categoría que reclame, condición exigida constantemente por el Tribunal para el reconocimiento del reajuste en base a la mayor categoría, no corresponde hacer lugar al reclamo pretendido.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, duración del proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos Haedo, Nicolás Matías s/infr. art. 149 bis CP Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos Haedo, Nicolás Matías s/infr. art. 149 bis CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-04

La garantía que tutela la duración razonable del proceso protege a toda persona frente a los retrasos o dilaciones injustificadas que pueda sufrir el proceso durante su sustanciación integral, es decir, desde que el proceso comienza y hasta que se dicta una resolución definitiva que pone fin a la situación de incertidumbre que pesa sobre dicha persona. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Derecho laboral, contrato de trabajo, subcontratación laboral, obligaciones solidarias, encuadre legal, despido
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Rayson, Lilian Lorena c/ Asociación Mutual UTA de la Unión Tranviario Automotor de la República Argentina y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-01

Las tareas de asesoramiento en materia legal a los asociados de una mutual, no hacen al objeto benéfico de la misma, es decir no es una actividad propia y específica de la mutual por lo que se torna improcedente la responsabilidad solidaria de la misma en los términos del art. 30 LCT
Honorarios del abogado, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Solcoff, Edgardo Hugo s/ Incidente Ejecución de Honorarios en autos Stipetich c. Cabieri s.  Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

En lo que a intereses por honorarios actualizados se refiere, la ley 8904 en su art. 54 inc. a) los establece en el ocho (8) por ciento anual, tasa a la que en autos ha de estarse, por cuanto dicha norma es la específica en la materia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Finalidad de la pena, pena privativa de la libertad, libertad condicional, principios del derecho internacional de los derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Vinter y otros c/ El Reino Unido - Condena a cadena perpetua permanente - Función de la pena y criterio aplicable s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Bajo Rin
Fecha: 2013-05-29

Debe existir la posibilidad de conceder la libertad condicional a todos los reclusos excepto quienes cumplen condenas muy cortas, principio aplicable a las personas condenadas a cadena perpetua, debiendo resaltarse que lo recomendado por los organismos internacionales, es que exista la posibilidad real de conceder aquélla libertad a las personas condenadas a la máxima pena, no que necesariamente deba concedérseles.
Principio de congruencia, defensa
Materia: PENAL
Carátula: Canevaro, Ignacio R. y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

La correlación debe versar sobre elementos materiales del delito, o sea, sobre la acción u omisión y el resultado imputados. Las condiciones de lugar y tiempo, lo mismo que el elemento subjetivo, pueden variar siempre que el cambio no importe privación de la defensa.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, revocación del sobreseimiento, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BERRUTI, CARLOS ALBERTO s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

La revocación del auto de sobreseimiento no constituye sentencia definitiva y no es susceptible de ser recurrida mediante la vía casatoria.
Recursos, autoridad de aplicación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco Provincia S.A. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-03-24

En el caso de las multas previstas por el art. 64 de la Ley 24.452, los únicos que pueden aplicarlas son los bancos, porque contra ellas son las aplicaciones; no pueden hacerlo ni los Jueces ni el Banco Central, sino los bancos privados. Y contra una resolución propia de este derecho administrativo especial que estarían ejerciendo los bancos, es que se establece la posibilidad de interponer un recurso ante la justicia.
Sindicatos, representación sindical, libertad sindical, Estado Provincial, negociación colectiva
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Asoc. Pers. Munic. las Colonias c/ Fed. Sind. Trab. Munic. Festram y otros s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-29

La exclusividad que la ley 9286 de la Provincia de Santa Fe establece en favor de una entidad de segundo grado para representar a los trabajadores municipales de la provincia en la unidad de negociación -cuyas decisiones se aplican a todos los municipios de la provincia - se encuentra en tensión con dos cláusulas constitucionales; por un lado, afecta la unidad normativa reglada por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional al oponerse a la prioridad que el art. 35 de la ley nacional 23.551 otorga al sindicato de primer grado; por otro, y esto es relevante en términos de la organización federal del país, menoscaba el principio de autonomía municipal establecido por los arts. 5 y 123 de la Carta Magna.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, daño, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ELECTROQUIMICA NICROM SRL c/ ROGIANI, JOSE MARIA s/ ORDINARIO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 57-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-08-29

Es inconsistente el planteo de insuficiente motivación del fallo al que se achaca no establecer ni fundamentar el vínculo causal que debe existir entre el hecho imputado y el daño a indemnizar, si no encuentra el más mínimo apoyo en las constancias de la causa, pues la liminar lectura del decisorio evidencia que el tribunal no omitió tal cuestión.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial, derivación no razonada del derecho vigente, ley arancelaria, honorarios, jus, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL (BID) COOPERATIVO LTDO. c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ QUIEBRA c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13

En lo tocante a los honorarios regulados por la actuación profesional posterior a la modificación normativa, la descalificación constitucional del artículo 32 de la ley 6767 (texto según ley 12851) no resulta una derivación razonada del derecho vigente, desde que los fundamentos brindados por el A quo no son suficientes para persuadir de que el método de recomposición instituido en la citada disposición arancelaria local constituya sin más una invasión de competencias reservadas a la Nación ni un mecanismo indexatorio prohibido por la legislación nacional; y, conforme al criterio sustentado en "Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna" (que guarda sustancial analogía con la cuestión debatida en autos), el legislador provincial ostenta competencia constitucional -por tratarse de una potestad no delegada al Estado nacional- para dictar normas relativas a honorarios profesionales y, en dicha faena, el sistema por el cual se instituye el módulo o unidad jus constituye un mecanismo indirecto de recomposición del capital enmarcable en la categoría de creación pretoriana de obligaciones de valor, quedando como tal al margen del principio nominalista de la ley 23928 (y modificatorias) hasta su conversión en deuda de dinero, hecho que ocurrirá cuando el pago de la obligación por honorarios resulte exigible, es decir al quedar firme la regulación respectiva, momento a partir del cual la integridad de la remuneración pasará a ser resguardada por la tasa de interés moratorio. (Del voto del Dr. Netri) - CITAS: CSJStaFe: Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna, AyS T 276, p 294/326. - Jurisprudencia vinculada: Oddo, AyS T 280, p 16/22.
Declaración testimonial, declaración policial, testigo prohibido, padres, valor probatorio, apreciación de la prueba, nulidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Yegros, Jorge A. s/ Prueba - Testigo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-07

No es inválida la declaración del padre del procesado detenido, que espontáneamente se presentó en sede policial entregando los efectos que fueran sustraídos, ocasión en la que adujo que tales bienes habían sido llevados a su domicilio por un menor amigo de su hijo, tratando así de desviar las sospechas hacia un tercero.

La prohibición contenida por el art. 280 del C.P.M.P., no impone que el aporte efectuado por el testigo sea efectivamente provechoso para aquél sobre quien declara, bastando que así lo "considere", ya que la finalidad de la ley es la protección de la estructura familiar, pero no al precio de suplantar autoritariamente al testigo en su valoración de lo que quiere hacer y cómo hacerlo en favor del integrante del grupo.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, jueces, recusación, integración del tribunal, tribunal plenario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: G., R. O. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HOMICIDIO CULPOSO (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 217 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-12

Sabido es que los institutos regulados por los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial constituyen un medio de búsqueda de la uniformidad de la jurisprudencia en la interpretación de la ley o del derecho objetivo. En el caso, se ha convocado a un tribunal pleno y decidido posteriormente por ese conducto la no separación de uno de los Vocales en la causa y en cualquier otra en que pudieran intervenir los dos restantes, lo que importa desconocer y desnaturalizar este instituto.

Ello así, por cuanto no se trata de fijar un criterio hermenéutico único sobre una norma sin o de juzgar una situación de estricto contenido subjetivo, que no aprehende el ámbito cognoscitivo de los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pero debe tenerse en cuenta que aún si el ordenamiento jurídico no brinda soluciones posibles y razonables tendentes a evitar la coexistencia de decisiones contradictorias acerca de la separación de un Juez de Cámara, ello no habilita "per se" al uso de una herramienta vedada a las cuestiones de hecho, configurándose, así, lo decidido en un supuesto de arbitrariedad que autoriza a esta Corte a descalificar lo resuelto por no ser derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa.
Competencia, contienda negativa de competencia, incompetencia, consentimiento, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: DEL RIO AYALA, ALEJANDRA c/ BARCELO, MARCOS s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-12-06

Deberá continuar entendiendo en la causa el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia, desde que la causa que aquí nos ocupa ha transitado por distintos estados procesales sin que el juez penal haya declarado oportunamente su incompetencia teniendo la oportunidad para hacerlo, ni que aquélla haya sido peticionada por las partes, y en este sentido, el artículo 2 in fine de la ley 10160 reza que salvo el caso de competencia por conexidad, la respectiva cuestión de incompetencia sólo puede promoverse por la vía que corresponda antes de haberse consentido la competencia que se reclama; después de ello, la incompetencia ya no es declarable de oficio, por lo que, en virtud de ello, la inteligencia de la norma requiere -como regla- que el magistrado analice su competencia en la primera oportunidad procesal que tenga para ello, y una vez superada la misma, ya no puede invocar su incompetencia de oficio, máxime cuando la causa ya ha avanzado en su tramitación, tal como ha sucedido en la especie, obedeciendo esta regla a un claro mandato de economía y optimización de los procesos y recursos de la administración de justicia, en procura de evitar que una causa ya iniciada se vea interrumpida abruptamente por una tardía declaración de incompetencia que conducirá a un derrotero del expediente por distintos fueros -como ha ocurrido en la presente- hasta que se determine finalmente el magistrado al que le corresponda intervenir. - CITAS: CSJStaFe: AyS, T 306, pg. 256; T 311, p 482. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 2 in fine.
Concursos, resoluciones judiciales, derechos del acreedor, competencia desleal, prohibición de votar
Materia: COMERCIAL
Carátula: EQUIPOS  Y  CONTROLES  SA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/  INC.  DEAPELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-27

Cabe confirmar la resolución del juez del concurso, pues en el examen de la cuestión planteada es preciso tomar en consideración otras normas que convergen aquí con la problemática concursal, y desde esa perspectiva cabe recordar las disposiciones que al respecto contienen la C.N. art.42 y la Ley 25156, cuya incidencia no puede ignorarse so pretexto de hallarse en una norma distinta de la concursal, así como la reforma introducida por la Ley 25589, incorporando un nuevo inciso (inc. 10) a la Ley 24522 art.39, con lo cual se pone de manifiesto la necesaria vinculación entre los dos regímenes legales; por eso, más allá de la eventual aplicabilidad de las sanciones contempladas en la Ley 25156 art.46 a 50, dentro del marco del procedimiento administrativo y por el órgano que ella prevé, las prohibiciones de ciertos actos, procedimientos u omisiones, contenidas en ellas proyectan sus efectos en todo el orden jurídico; y cuando esas acciones o conductas prohibidas se plasman en actos o negocios jurídicos, se encuentran alcanzados por la invalidez que estatuye el CCIV art. 18, 953 y 1044, y dentro de tal contexto debe entenderse la decisión del a quo de excluir del cómputo de las mayorías previstas por la Ley 24522 art. 45, ciertas manifestaciones de voluntad que, a su juicio, aparecen comprendidas en las referidas normas prohibitivas, con fundamento en los antecedentes del caso -la incidencia que sobre el desequilibrio económico de la concursada tuvo el conflictivo desencuentro que, tras varios años de una relación comercial ructífera se suscitó entre ésta y el grupo acreedor en cuestión, al limitarle el crédito, y los plazos de pago, suspenderle y restringirle la entrega de productos, revocación de contratos de licencia y representación, instalación directa de dicha firma en el país- suficientes para sustentar su convicción en punto a una virtual actitud hostil del grupo acreedor cuyo voto fue excluido del computo para la formación de las mayorías prevista por la norma en cuestión; a lo que cabe agregar en punto a la justificación de tal decisión, la incidencia fundamental de ese voto para obtener o frustrar el acuerdo, considerando que la ratio legis que domina toda esta materia se halla indudablemente orientada a propiciar y facilitar la solución preventiva para superar la crisis de la empresa. Disidencia del Dr. Monti.
Competencia, excusación, violencia moral, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: J. M. A. c/ G. A. J. s/ INC. DE COMPETENCIA (E/A 84.270/17)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-31

Debe rechazarse la excusación formulada por la jueza interviniente, toda vez que las causales invocadas -razones morales de decoro o delicadeza- se vinculan a una denuncia penal, conductas y manifestaciones de la actora vinculadas con resoluciones que adoptara la juez de grado, es decir, posterior al originario conocimiento de la causa. Por lo tanto si bien los motivos de excusación son mucho más amplios que los de recusación y cubren ciertos casos de violencia moral en los que sólo al Juez le es dable saber en que medida pesan sobre su conciencia, también lo es que, en principio, los fundamentos del derecho de abstención que consagra el art. 30 del C.Proc, deben apreciarse con estrictez y prudencia, y en el caso no se comprueba que las circunstancias invocadas por la excusada puedan subsumirse en dicha regla, con el efecto de impedir que siga interviniendo.
Jubilaciones, jubilación por invalidez, competencia federal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "FONTÁN,  MARÍA  PAZ c/ A.N.Se.S. s/ Jubilación  y  retiro  porinvalidez".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-07

El "a quo" al ordenar al organismo previsional la concesión del beneficio, ha ido más allá de la competencia que le ha sido asignada por ley. En tal sentido, cumple destacar que el art. 15 de la ley 24.463 establece que los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social serán competentes respecto a las impugnaciones de las resoluciones de la A.N.Se.S. y, por consiguiente, les está vedado entrar a considerar aspectos no tratados en ellas. En consecuencia, siendo que en autos la jubilación por invalidez fue denegada en sede administrativa en razón de no reunir quien la peticiona el porcentaje de invalidez que la ley exige a tal efecto, sin que se hayan considerado los restantes requisitos necesarios para la obtención de ese beneficio, corresponde dejar sin efecto la sentencia declarando que la actora se encuentra incapacitada en los términos del art. 33 de la ley 18.037, devolver el expediente al juzgado de origen a fin de que este remita las actuaciones administrativas al organismo previsional, quien deberá expedirse nuevamente acerca de la procedencia del beneficio de jubilación peticionado. (Disidencia del Dr. Laclau).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, seguros, seguro de vida, ley de seguros, prescripción
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Cano  de Méndez, Ladislada c/ Municipalidad de Fontana s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, al admitir la defensa del municipio, declaró prescripta la acción por aplicación de la Ley de Seguros, sin tener en cuenta que no se discutía el cumplimiento o incumplimiento de un contrato regido por dicha norma sino la existencia de responsabilidad de la comuna por no pagar los seguros, pese a haber efectuado los descuentos pertinentes, circunstancia que requería verificar la concurrencia de los presupuestos de tal instituto y examinar las disposiciones que regulaban la relación entre las partes, inclusive las relativas a la prescripción.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Medianería, prescripción decenal
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO FITZ ROY 2486/92 c/ CONSORCIO SANTA FE 4910 s/ MEDIANERIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-18

Tratándose de un caso de edificación en terreno ajeno resulta aplicable el plazo de prescripción previsto por el art. 4023 del C.

Civil.
Entidades financieras, depósito a plazo fijo, restitución de sumas de dinero, régimen de garantía de los depósitos
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: GHISLERI, Angel c/ B.C.R.A. s/ VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-20

La C.S.J.N. inveteradamente ha sostenido -con criterio que comparte esta Alzada-, que "el art. 56 de la ley 21.526 establece que los depósitos constituidos en las entidades adheridas al régimen de garantías de depósitos a nombre de personas físicas, en las condiciones y hasta el monto que por vía reglamentaria establezca el Banco Central de la República Arg., serán reintegrados en su totalidad. A ese fin, podrá disponerse que los depositantes formulen una declaración jurada referente a los depósitos que mantengan en la entidad de liquidación...", y que es requisito esencial para tener acreditado el derecho invocado por el pretendiente la prueba de la autenticidad del instrumento que acredita la imposición. En este sentido, resultan inoponibles a los depositantes los defectos u omisiones en que pudieren incurrir los depositarios (confr.C.S.J.N.

in re "Ferreira" y "Galárraga", del 17/5/89 y 22/12/88, respectivamente; este Tribunal "Vega Olmos", "Maleh" y "Koch", del 4 de febrero de 1993, 9 de sep. de 1993 y 29 de junio de 1993). (Idem , esta Sala, "Arguis", del 22 de dic. de 1994).
Contrato de trabajo, transferencia del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: PASCUAL DELFIN Y OTROS c/ TRANSPORTES DAPELLO s/ SUELDOS IMPAGOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-12-11

Estando vigente un contrato de trabajo todas las obligaciones que de él emergen se transfieren a los cesionarios sin desobligar a los cedentes.
Buque de bandera extranjera, muerte, jurisdicción, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Longno, Reich Alvarado c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-09

Si bien las muertes ocurrieron en aguas internacionales, el barco extranjero se dirigió a puerto argentino, atravesando su mar territorial e ingresó a sus aguas interiores, habiendo requerido la propia Agencia Marítima que se tomaran las medidas pertinentes tras el arribo del buque. Esta petición aunada al ingreso al puerto de esta ciudad habilitó la jurisdicción del magistrado federal en los términos del art. 27, incisos 1 y 5 de la citada Convención, por lo que no se advierte una errónea aplicación de la ley sustantiva por parte del nombrado para proceder del modo que lo hizo, antes bien el déficit se avizora en la argumentación desarrollada por la Cámara al conocer la apelación deducida. (Dres. Ledesma, Gemignani y Riggi).