Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-10-07


En la Ciudad de San Juan, a siete(7) días del mes de octubre del año dos mil ocho, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y Carlos Eduardo Balaguer, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal ante la inexistencia de cuestiones incidentales se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos?. En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?.

EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO: Contra la resolución dictada por la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional, en fecha dieciocho de Febrero de dos mil ocho, interponen recurso de casación las defensas de los imputados Alejandro del Castillo, Luis Angel Alonso, Eduardo Rubén Oro, Luis Héctor Moyano, Jorge Alfredo Ruiz, Delfín Lozano Roberto David Pérez y Salvador Daniel Gregory.

El auto recurrido resolvió decretar la nulidad del auto dictado por el Primer Juzgado de Instrucción en lo Penal de fecha veintidós de Febrero de dos mil siete por el que se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de Alejandro del Castillo, Luis Angel Alonso, Eduardo Rubén Oro y Luis Héctor Moyano por el delito de "Administración Fraudulenta" (art. 173 inciso 7º del C.P.) en perjuicio de la Mutual del Personal de la Universidad Nacional de San Juan, y a Jorge Alfredo Ruiz, Delfín Lozano, Roberto David Pérez y Salvador Daniel Gregory por el mismo delito en grado de participación secundaria (arts. 46/173 inc. 7º del C.P.), sobreseyendo a todos los imputados por el delito de "Estafa" (art. 172 del C.P.).

La queja de los doctores César Oro y Damián Villavicencio está dirigida a impugnar la parte de la resolución de fs. 708/729 vta. sólo y en cuanto declara la nulidad del sobreseimiento decretado en primera instancia, respecto de lo que expresan que el sobreseimiento decretado, consentido por su parte y no recurrido por el Ministerio Público ha cerrado definitiva e irrevocablemente el proceso respecto de quienes se ha dictado, produciendo la extinción de la acción penal, por lo que no puede continuarse la persecución penal so pena de violación del principio non bis in idem en caso que el nuevo tribunal interviniente amplíe el contenido de un nuevo auto de procesamiento, incluyendo además de la Defraudación el delito de Estafa.

Expresan que en el presente caso, el tribunal declaró de oficio la nulidad del auto dictado por el Juzgado de Instrucción, cuando ésta no había sido impetrada por ninguna de las parte legítimamente habilitadas para hacerlo, expidiéndose en un asunto ajeno a su jurisdicción, señalando que el tribunal de apelación desconoció la norma contenida en el artículo 561 del C.P.P. que ". atribuye al Tribunal de Alzada el conocimiento del proceso, sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los agravios.", norma que es correlativa a la del artículo 554 ibíd. que dispone, bajo pena de inadmisibilidad la obligación de las partes de indicar específicamente los puntos de la decisión que impugnan.

Expresan que en el presente caso, su parte indicó con absoluta precisión que sólo se impugnaban los puntos de la resolución referidos al dictado del auto de procesamiento sin prisión preventiva, por lo que queda claro que la Sala I de la Cámara únicamente tenía jurisdicción para revisar los puntos expresamente determinados, careciendo de aptitud para revisar el sobreseimiento por el delito de Estafa, y menos de anularlo en perjuicio de los recurrentes, sin expreso pedido de parte interesada, razones que hacen que haya incurrido en una nulidad de orden general referida a la capacidad del tribunal, prevista por el artículo 205 inciso 1º del C.P.P.

Manifiestan que la circunstancia invocada de que el auto de procesamiento no reunía los recaudos de validez exigidos por la ley procesal, no lo habilita para extender la anulación al sobreseimiento firme y consentido, y si bien ambas decisiones están contenidas en un mismo resolutorio se trata de dos pronunciamientos diferenciados y sostenidos por argumentos distintos, resultando contradictorio la afirmación que ". el sobreseimiento decretado en relación al delito de Estafa resulta abarcativo tanto de la Estafa como de la Administración fraudulenta, lo que resulta impeditivo de cualquier persecución penal contra los imputados por el mismo hecho.", cuando en realidad en la resolución anulatoria se expresa que no se ha podido establecer cuáles son los hechos en que se pretendía fundar la imputación de Administración fraudulenta.

Ponen de manifiesto que el órgano fiscal con competencia, esto es, el Agente Fiscal, no impetró la nulidad, consintiendo la resolución de sobreseimiento, sin que pueda ser suplido el pedido nulificante por la actuación del Ministerio Público en la Alzada.

Afirman que el Tribunal violó las garantías constitucionales del debido proceso, la defensa en juicio, la jurisdicción del tribunal de grado en apelación, la prohibición del non bis in idem y la de la reformatio in pejus al evitar resolver separadamente las nulidades que declaraba y haciendo uso de una injustificada simplificación, afectó de nulidad resoluciones diferentes y enteramente independientes.

Por su parte, la defensa de Salvador Daniel Gregory reitera los agravios expresados por los señores defensores del resto de los co-procesados peticionando la anulación parcial del auto impugnado en cuanto declara la nulidad del sobreseimiento parcial y definitivo dictado en la instrucción, y la remisión a otro tribunal para que se expida nuevamente con relación al auto de procesamiento.

Habiendo presentado informes las partes recurrentes, tomó la debida intervención el señor Fiscal de Cámara nº 3, convocado a esos fines por el señor Fiscal General de la Corte, a tenor de lo previsto por el artículo 11 inciso 21 de la Ley 7014, quien peticionó la desestimación de los recursos interpuestos por considerar -entre otras cosas que los recurrentes han equivocado el planteo al entender que se ha violado la norma contenida en el artículo 561 del C.P.P. cuando sostienen que el tribunal de Alzada carecía de aptitud y competencia para resolver la nulidad, ya que su actuación estuvo referida a declarar la misma ante la existencia de un acto procesal irregular toda vez que sobre un mismo hecho o conducta imputada se les sobreseía y a la vez se les procesaba.

La finalidad perseguida por la Alzada fue la de evitar el ingreso de un acto procesal irregular, considerando que el remedio adecuado fue precisamente decretar su nulidad, la que al ser de carácter absoluto por afectar el orden público podía ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso.

Precisados los agravios de las partes y habiéndose completado la tramitación de los recursos, corresponde su análisis, debiendo anticipar que voy a tratar en primer término la cuestión referida al planteo nulificante efectuado, para lo cual debo necesariamente remitirme a la norma procesal que regula la declaración de oficio de las nulidades, prevista en nuestro ordenamiento procesal por el artículo 203.

La citada disposición establece que deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso las nulidades de orden general que impliquen violación de normas constitucionales, y ante la claridad de la norma que no sólo autoriza sino que impone al tribunal la obligación de la declaración de nulidad, más allá de los límites que el propio recurso de apelación autoriza, considero que debe analizarse si el dictado del auto atacado, ha importado la conculcación de la garantía constitucional de ne bis in idem.

De la lectura del auto de procesamiento dictado en autos, surge que por razones de conexidad objetiva fueron acumulados a los autos nº 38481/04 caratulados "c/ Tellechea, Raúl Félix Defraudación y Adulteración de documento en perjuicio de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan, los autos nº 39747/04 caratulados "c/ del Castillo, Miguel Alejandro y otros Estafa y Defraudación en perjuicio de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan, en atención ". a la íntima relación de los hechos de uno y otro sumario." y que la damnificada era la misma institución.

Al momento de resolver la situación de los imputados, el juez de primera instancia decide procesar a los nombrados por el delito de Administración fraudulenta, en grado de autoría y Participación secundaria, y sobreseerlos por el delito de Estafa, resultando así que los hechos tenidos en cuenta para el dictado de ambas resoluciones han sido los denunciados por un grupo de asociadas referidos al pago de sobresueldos, al manejo de las cuentas bancarias en las que se advierte una gran cantidad de cheques rechazados por falta de fondos suficientes acreditados en cuenta y a la circunstancia que en la Memoria y Balance general correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2004 se consigna en un renglón "otras deudas" sin que exista un cuadro explicativo que refleje con claridad su origen, la circunstancia de haberse pagado sobresueldos, y los contenidos en la denuncia interpuesta por la Comisión que presidía la Asociación mutual referido al manejo de órdenes de compra expedidas a nombre de determinados asociados cuando el descuento pertinente era efectuado a otros.

Esta es la plataforma fáctica tenida en cuenta por el instructor para arribar al dictado de la resolución que fue impugnada primero por vía de apelación, y que motivara que el tribunal de alzada la anulara en su totalidad y que la defensa de los imputados ataca por vía de la casación, a efectos de que se mantenga el sobreseimiento decretado en orden al delito de Estafa.

Para que se pueda comprobar la existencia de una doble persecución penal y por ende el riesgo de la transgresión a la garantía del ne bis in idem, resulta indispensable verificar que exista la identidad del hecho, es decir que se trate del mismo comportamiento histórico atribuido a una persona, identidad de la persona e identidad de la pretensión.

En el caso traído a estudio se advierte que el a quo resolvió anular el auto de procesamiento y sobreseimiento al advertir que había considerado los mismos hechos objeto de la persecución penal para su dictado, más allá que la calificación legal atribuida fuera nominalmente distinta. En tal sentido, la Cámara Nacional de Casación Penal ha expresado que ". La garantía constitucional de la inadmisibilidad de persecución penal múltiple impide el nuevo proceso por el mismo hecho como acontecimiento histórico sin importar la subsunción legal o dicho de otro modo los diferentes encuadramientos que se pueden efectuar o simplemente los títulos delictivos." (Sala I "Tejerina, Jorge R." 7/ 11/ 1997; Sala III "Angeloz de Murillo, Norma M." 16/12/1997).

Los delitos que les fueron imputados en las respectivas declaraciones indagatorias fueron los de Administración fraudulenta y Estafa, pero más allá del nomen juris empleado, los hechos integrantes de una administración fraudulenta podrían haber constituido actuaciones estafatorias típicas, que deben ser investigados en su conjunto a fin de resguardar el principio ne bis in idem.

"Se considera que el comportamiento disvalioso del administrador infiel imputado por la comisión de este delito debe ser analizado en conjunto, teniendo en cuenta la totalidad de la gestión desarrollada y debe ser examinada como una conducta única e inescindible. Los distintos episodios infieles no implican reiteración, no multiplican el delito, por lo cual, en esta inteligencia en caso de reiteración de conductas, se debe evitar su desdoblamiento para no vulnerar el principio del non bis in idem." (Código Procesal Penal de la Nación anotado y comentado Miguel Angel Almeyra La Ley p.139).

Por las consideraciones expuestas entiendo que el a quo, al decretar la nulidad de las resoluciones incluídas en el auto de procesamiento, ha perseguido preservar la vigencia de las garantías fundamentales de los imputados referidas al debido proceso, evitando que produzcan el efecto para el que fueron dictadas y a la vez privándolas de eficacia por un defecto que las descalifica procesalmente y por resultar violatorias del principio mencionado.

". La nulidad se demuestra así como un medio práctico para retomar el curso normal del proceso, cuando por causa de la actividad procesal irregularmente cumplida se ha desviado de sus fines o ha alterado algún principio fundamental para su inicio, desarrollo o finalización." (TS Córdoba, sentencia nº 2 3/3/1989 Maldonado, José Alberto y otro).

La circunstancia puesta de relieve por los recurrentes en el sentido que el tribunal extralimitó su actuación al resolver sobre una cuestión no impugnada por el Ministerio Fiscal de la instancia de mérito no puede tener cabida, toda vez que como se expresara la propia ley procesal ordena la declaración de oficio cuando como en el caso se advierten violaciones a garantías constitucionales.

Por lo expuesto, y atento a las conclusiones a las que he arribado precedentemente, voto por la desestimación de los recursos interpuestos y la confirmación del resolutorio impugnado.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJERON: Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: Desestimar los recursos de casación interpuestos y confirmar el resolutorio impugnado. Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos.

Fdo. Dres. Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y Carlos Eduardo Balaguer. Ante mí: María Graciela Aguilar de Fornés-Secretaria Letrada.

NIL Cp-4416 P.R.E. S.2. 2008-III-478