Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-07-02


SENT Nº 441 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dos (02) de Julio de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Mancuso Cristian Antonio vs. Sauma Graciela Verónica s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y la doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- Cristian Antonio Mancuso, parte actora en autos, plantea recurso de casación (fs. 241/250) contra la sentencia N° 228 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 29/5/2012 (fs. 228/233 y vta.), que fue concedido mediante resolución del 12/9/2012 (fs. 252 y vta.). De acuerdo al informe actuarial de fs. 260, ninguna de las partes presentó la memoria facultativa que autoriza el art. 137 del Código Procesal Laboral (en adelante, CPL).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo como Tribunal de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el a quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto dentro del plazo que consagra el artículo 132 del CPL (cfr. cédula de fs. 240 y cargo actuarial de fs. 250 vta.); se dirige contra una sentencia definitiva con el alcance del artículo 130 del CPL; el afianzamiento previsto en el artículo 133 del CPL no resulta exigible al no mediar condena a la parte recurrente -actor en autos- (cfr. artículo 133 del CPL, a contrario sensu); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos; y la impugnación se motiva en la infracción a normas de derecho sustantivo y arbitrariedad en la valoración de las pruebas obrantes en la causa.

Respecto de esto último, es del caso aclarar que la ponderación por parte de esta Corte de aquella valoración efectuada por el Tribunal de grado, la cual constituye cuestión de derecho pues consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de la causa, resulta objeto propio del recurso extraordinario local por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por lo señalado, el recurso en examen es admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia jurisdiccional de este Tribunal Cimero local para ingresar al análisis de procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

III.- La parte recurrente -actora en autos- afirma que la Cámara valoró erróneamente los dichos de los testigos que depusieron en este juicio sobre la fecha de ingreso del actor. Afirma que, por la naturaleza de los hechos a demostrar, la prueba testifical aportada al proceso revistió singular importancia, por lo que el tribunal debió analizarla con el mayor rigor. Sostiene que la testigo Valdez fue clara al expresar que vio al actor trabajando antes de la fecha de ingreso que la demandada denuncia como cierta y que el testigo Cura también afirmó que el actor empezó a trabajar "en enero o en febrero" y que la falta de credibilidad que el Tribunal le endilga no luce fundada en las razones dadas por la Cámara, razón por la cual entiende que la procedencia de la tacha adolece de un déficit de motivación que compromete la validez de la sentencia impugnada.

Afirma que la supuesta existencia de antecedentes disciplinarios no justifica por sí sola la separación del trabajador de la empresa, si no se configura un incumplimiento contemporáneo a la decisión de ruptura que, unido a aquellos, alcance el grado de injuria que no admita el mantenimiento del vínculo. Estima que no existe prueba de la existencia de esta supuesta razón, ya que la conclusión de la Cámara se funda en las planillas de control de asistencia de la demandada, instrumento éste carente de formalidad alguna, por lo que la omisión de la accionada de llevar la planilla horaria debidamente rubricada por la autoridad de aplicación, faculta a aplicar la presunción prevista en el artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante, LCT) y a tener por ciertas las afirmaciones del trabajador sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos.

En cuanto al rechazo del pago de la multa establecida en el artículo 80 de la LCT, sostiene que la actora no reconoció haber recibido de la empleadora el certificado de trabajo, sino que solamente recepcionó un formulario provisto por ANSeS. Por ello, considera que la sentencia atacada tiene por cumplida una obligación sin ningún tipo de prueba que avale su conclusión.

Finalmente, cuestiona la imposición de costas, invocando la violación de derechos constitucionales del trabajador.

IV.- ¿Asiste razón a la recurrente, parte actora en autos? IV.1.- Con relación a la ponderación del valor de convicción de las declaraciones de los testigos que depusieron en autos y de las tachas opuestas por la demandada, cabe advertir en forma preliminar, que -conforme ya lo señalara esta Corte en reiteradas oportunidades- la valoración de la prueba testimonial y de las tachas constituye una facultad propia y privativa de los jueces de grado, quienes pueden inclinarse hacia declaraciones que les merecen mayor credibilidad para dilucidar los hechos de que se trate; y tal tarea debe efectuarse respetando las reglas de la sana crítica y observando lo establecido por el artículo 40 del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCyC) que prescribe: "Al dictar sentencia, apreciarán las pruebas de acuerdo a su prudente criterio, ajustándose a los principios de la sana crítica. Podrán inferir conclusiones de las respuestas que les den las partes, de sus negativas injustificadas y, en general, de su conducta en el proceso"; y por el artículo 387 de igual digesto de forma que establece, con relación a la prueba testimonial, que "no habrá resolución previa sobre las tachas, cuyo mérito se apreciará conjuntamente con la prueba principal, según los principios generales del derecho y las reglas de la sana crítica". De allí que el juzgador esté facultado, en el caso de los testigos, a seleccionar de sus dichos aquellos que, en concordancia con otros elementos probatorios, lo lleven al convencimiento de la exactitud de sus manifestaciones. Ello implica que debe realizar una tarea deductiva con la prudencia necesaria, sobre todo al apreciar la prueba testimonial, ya que debe desentrañar lo que es verdadero. De acuerdo a ello, los jueces deben motivar las conclusiones sobre la sinceridad y credibilidad de los testimonios, explicando las razones por las que las infieren, para que tales conclusiones no sean puros actos de su voluntad o fruto de sus meras impresiones, sino un resultado de la consideración racional de los dichos del testigo, exteriorizada mediante una explicación sobre por qué concluyó de esa manera (cfr. CSJT, sentencia Nº 1045 del 08/11/2007, "Medinca, Victor Emilio vs. Villagra, Carlos Sergio s/ Cobro de pesos". En igual sentido, sentencia Nº 1049 del 23/11/2012, "Sanchez, Javier Oscar vs. Brunet de Largentiere Jorge Eduardo s/ Cobro de pesos").

Respecto de las declaraciones rendidas en autos, el a quo resolvió admitir las tachas opuestas contra los dichos de los testigos Valdez y Cura fundando su decisión en "las contradicciones incurridas y la falta de precisión de sus respuestas" y considerando que "los testimonios brindados en autos por los deponentes de referencia respecto de la fecha de ingreso del actor, son imprecisos, ambiguos y contradictorios con lo expresado por éste en la demanda" (fs. 229 vta.).

Confrontado el discurso del fallo en embate con las constancias de autos, considero que yerra la recurrente en sus apreciaciones respecto de la valoración de la prueba testimonial efectuada por la Cámara.

Los testigos ofrecidos por la actora fueron interrogados -entre otras cosas- respecto de "cuánto tiempo trabajó" para el demandado y sobre "en qué días y en qué horarios trabajaba" (preguntas cuatro y cinco del interrogatorio propuesto a fs. 138 vta.). La testigo Patricia Valdez respondió que "lo he visto desde el 2004, los primeros meses" agregando que "yo iba con mi hijo que era chiquito había nacido en enero de ese año" y que "yo iba a veces a la mañana o a la tarde y lo veía" (fs. 142); mientras que Sergio Cura declaró que "entró en enero o febrero de 2004", que "no sabía cuánto tiempo estuvo" el actor a las órdenes del demandado y que "los horarios no me acuerdo.pero yo se que él trabajaba también a la mañana" (fs. 143).

Como puede verse en la transcripción precedente, ninguno de los testigos aludió con precisión a la la fecha de inicio de la relación laboral que unió a las partes, ya que la testigo Valdez refirió ambiguamente a "los primeros meses" del año 2004, agregando como única forma de identificar un mes específico al mes en que nació su hijo (enero), que es anterior a la fecha de ingreso que el propio actor denuncia como real fecha de ingreso en su demanda. Por su parte, Cura refiere imprecisamente a "enero o febrero", sin agregar ninguna explicación que permita justificar la vacilación relativa al tiempo en que fueron compañeros de trabajo ni brindar ninguna otra referencia temporal que permita identificar la época en que el actor comenzó su relación laboral con la demandada.

Teniendo en cuenta la imprecisión y generalidad con la que la testigo Valdez refirió a la época en que recordaba haber visto al actor trabajando en el bar de la demandada y a la vaguedad y falta de aclaraciones adicionales del testigo Cura, no es en absoluto irrazonable que el Tribunal entendiera que tales explicaciones no resultaban convincentes para tener por probado que el actor ingresó a trabajar para el demandado en febrero de 2004. Repárese que la exigencia de alguna exactitud en cuanto a en qué época del año la testigo vio al actor trabajando para el demandado resulta plenamente justificada en atención a que la diferencia entre la fecha de ingreso invocada por el actor en su demanda y la que la Cámara tuvo por probada a partir de la documentación presentada en autos es de apenas dos meses. En ese contexto, no resulta desacertado descartar el valor de convicción de una testigo que refiere promiscuamente a "los primeros meses" del año, sin especificar nada más que el recuerdo del nacimiento de su hijo en el mes de enero que, como se dijo, se opone a la afirmación del propio actor relativa a que empezó a trabajar en el mes de febrero.

A lo dicho cabe agregar que la Cámara tuvo en cuenta para restar valor de convicción a las declaraciones testimoniales la existencia de referencias en sus deposiciones a hechos que contradecían las afirmaciones realizadas por el actor en su demanda, señalando expresamente que "ambos testigos coinciden en que Mancuso cumplía jornadas de trabajo matutinas y vespertinas, lo que resulta contradictorio con lo manifestado por el actor en su demanda, quien expresó claramente que su horario de trabajo fue sólo en el turno tarde" (fs. 229 vta.).

En atención a las imprecisiones y contradicciones señaladas precedentemente, la ponderación efectuada por la Cámara de las declaraciones de estos dos testigos resulta ajustada a derecho y al amplio margen de valoración de la prueba testimonial de la que se encuentran investidos los jueces de mérito para merituar los dichos de los testigos y su valor de convicción en orden a acreditar los hechos respecto de los cuales declaran, por lo que ningún reproche cabe a la sentencia en este aspecto.

IV.2- Con relación a la valoración de la prueba referida a la inasistencia del 14/8/2006 que detonó la ruptura del vínculo laboral ente las partes, cabe señalar, en primer lugar, que el Convenio Colectivo de Trabajo (en adelante, CCT) que la Cámara consideró aplicable al caso no establece, para el empleador, la obligación de llevar planillas de horarios o cronogramas de trabajo del personal bajo su dependencia ni, por ende, prescribe la realización de determinadas formalidades a las que se subordine su validez y eficacia probatoria.

Siendo ello así, es indudable que no puede admitirse el planteo del actor referido a que la falta de intervención del Ministerio de Trabajo o de la autoridad de aplicación en las planillas presentadas en autos imponía al Tribunal la aplicación de la presunción prevista en el artículo 55 de la LCT, dado que la demandada no tenía la obligación legal de sujetar las planillas de control de asistencia a ninguna formalidad esencial. Sobre una cuestión similar, esta Corte tiene ya establecido que "el Tribunal de grado no se encontraba legalmente constreñido a tener por ciertas las afirmaciones de la actora ante la falta de exhibición por parte de la demandada de las planillas de horarios y cronogramas de labor correspondientes al período señalado, ni por imperio de la legislación de fondo, ni en virtud de disposiciones de forma" (cfr. CSJT, sentencia Nº 579 del 24/7/2012, "Rodriguez, Dolores del Carmen vs. Cortes, Hugo Alfredo s/ Cobro de pesos"). Si -como señala el precedente antes transcripto- la falta de presentación de planillas de asistencia que el empleador no se encontraba obligado a llevar no autoriza a los jueces a tener por ciertas las afirmaciones insertas por el trabajador en la demanda; con mucha mayor razón no puede admitirse que, habiéndose efectivamente presentado las planillas de asistencia, se pretenda subordinar su validez a exigencias formales no obligatorias y que, como consecuencia de ello, se aspire a prescindir de prueba concreta rendida en autos.

Admitida la validez probatoria de las planillas de asistencia, la decisión del Tribunal de considerar que la relación laboral entre las partes se extinguió por una justa causa no resulta en absoluto arbitraria ni implica una errada valoración del cuadro probatorio producido en autos. Cabe señalar, además, que la Cámara consideró que las constancias de dichas planillas resultaban concordantes con otros elementos de juicio incorporados al expediente y que daban cuenta que el actor "fue advertido oportunamente (conforme documental adjuntada a la contestación de demanda reconocida en cuaderno de pruebas n° 3 del demandado, fs. 176/179), y cartas documentos de fechas 25/8/2005 y 30/9/2005". La valoración efectuada por el Tribunal de tales constancias que acreditaron la existencia de antecedentes laborales desfavorables para el actor encuentra suficiente respaldo en las constancias de autos mencionadas por la Cámara y justifica de manera acabada su conclusión, por lo que debe descartarse la existencia de arbitrariedad en la valoración de tales elementos probatorios.

Por otra parte, viene al caso señalar que este Tribunal ha establecido que "los antecedentes laborales del actor adquieren particular relevancia al momento de analizar la proporcionalidad de la sanción que dispone el empleador en relación a la falta que se aplica al trabajador; sin que quepa confundir la contemporaneidad que otrora debió haber existido entre anteriores incumplimientos del trabajador y las sanciones entonces aplicadas por tales motivos. En otras palabras,...el análisis de la existencia de contemporaneidad entre falta y sanción debe efectuarse centrando la atención en las conductas atribuidas al actor en la misiva por la cual se le notificó su despido y la decisión del empleador de despedir al trabajador; mientras que las faltas anteriores del trabajador y las sanciones que se le aplicaron como consecuencia de aquellas constituyen antecedentes a tener presentes al momento de analizar la proporcionalidad -y no la contemporaneidad- entre la sanción aplicada y el incumplimiento atribuido al trabajador" (cfr. CSJT, sentencia N° 913 del 17/10/2012, "Schweigel, Gustavo Daniel vs. R.G.A. S.R.L. s/ Cobro de pesos"). En doctrina, asimismo, se ha dicho que "los antecedentes desfavorables de un operario pueden servir de apoyo a un despido si existe un último hecho injurioso que pueda ser utilizado como causa inmediata y directa de la decisión. Recién en este supuesto los antecedentes se agregan al hecho último para determinar la 'injuria' de la causa del despido que no tendría justificativo si se tomara el último hecho con prescindencia de sus antecedentes" (Ackerman, Mario E. (dir.) - Sudera, Alejandro (coord.), "Extinción de la relación laboral", Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, pág. 404.

Tal el sentido que corresponde atribuir a la consideración efectuada por el Tribunal, relativa a que "el actor incurrió en reiteradas faltas injustificadas a su trabajo y que por ello fue objeto de numerosas sanciones disciplinarias, la que le fueron debidamente notificadas por escrito" (fs. 231) y que la demandada "ha logrado justificar la existencia de la causal que originara el despido del actor, esto es, la nueva inasistencia injustificada del actor acaecida el 14/8/2006 así como su gravedad, por ser corolario de otros antecedentes de sanciones disciplinarias por la misma causal que justificó el despido con causa" (fs. 231 vta.).

Habiéndose acreditado que el actor incurrió en un incumplimiento puntual que, sumado a los antecedentes disciplinarios, alcanzaba para configurar una injuria que, por su gravedad y reiteración en el tiempo, no consentía la continuación de la relación laboral, la decisión del Tribunal a quo de tener por configurada una justa causa de despido no se presenta en absoluto como arbitraria sino, por el contrario, se advierte que la misma descansa sobre la adecuada valoración de los elementos de prueba obrantes en autos.

IV.3- Tampoco puede progresar el agravio relativo al rechazo de la demanda de pago de la multa establecida en el artículo 80 de la LCT que el recurrente funda en que "la sentencia tiene por cumplida una obligación sin ningún tipo de prueba que avale dicha afirmación".

De acuerdo a los términos de la sentencia impugnada, la Cámara consideró que se encontraba probado que el demandado extendió una certificación de servicios que entregó al actor y que, sin perjuicio de la disconformidad manifestada por el recurrente respecto del contenido de dicho instrumento, ello no justificaba la condena al pago de la multa establecida en el artículo 80, LCT. Concretamente, la Cámara entendió que "no existió incumplimento de la patronal respecto de su obligación de extender la certificación de servicios correspondiente ya que el actor la tuvo en su poder y por ello es que pudo verificar e impugnar dicha certificación en su TCL".

Estas consideraciones del Tribunal sentenciante se apoyan de manera suficiente en las constancias obrantes en autos y justifican la inferencia realizada para arribar a la conclusión de que la obligación impuesta al empleador de entregar una certificación de los servicios prestados por el trabajador fue cumplida oportunamente. En efecto, el a quo se remitió a los términos de las comunicaciones epistolares que sostuvieron las partes con anterioridad a que se entablara este pleito, de las que consideró que surgía que el actor "reconoce que la patronal ha puesto a su disposición [la certificación de servicios] y no está conforme con el mismo". De acuerdo a las constancias de autos, el 23 de agosto de 2006 la demandada informó al actor que la "liquidación final y certificado de servicios y remuneraciones" se encontraba "a su disposición" en el domicilio del apoderado de la demandada, emplazándolo a retirarlo hasta el 4 de septiembre, bajo apercibimiento de consignarlo a su costa (fs. 23). Siete meses despues, el 23 de marzo de 2004, el actor sostuvo que el "certificado de servicios...ofrecido por Ud. no corresponde con mi verdadero salario, ni categoría" (fs. 27).

Como se advierte, no surge de la comunicación postal remitida por el actor en marzo de 2004 (fs. 27) que el actor haya recibido un formulario de aportes previsionales instrumentado mediante un formulario determinado (PS62), como sostiene en su recurso (fs. 248 vta.) y que, por ello, reclamara mediante ese despacho telegráfico la entrega de un certificado de servicios donde constaran las tareas desempeñadas y su calificación profesional. Al contrario, de acuerdo a los términos de las comunicaciones mantenidas por las partes antes de la interposición de esta demanda, no resulta desacertado colegir -como hizo el Tribunal sentenciante- que el actor tuvo en su poder el certificado de servicios y que, disconforme con el contenido de ese certificado, reclamara la que, a su modo de ver, era la correcta consignación de la fecha de ingreso, de su categoría profesional y del sueldo correspondiente a dicha categoría. Esa fue, entre otras cuestiones, la materia de discusión entre las partes en este pleito y respecto de la cual la Cámara consideró que asistía razón al demandado.

Cabe señalar, a mayor abundamiento, que tampoco fue ofrecido como prueba ni fue incorporado a este proceso el formulario previsional que, según surge del discurso recursivo del demandante, habría recibido el actor y cuyo contenido resulta diferente del que corresponde extender a tenor de lo dispuesto en el artículo 80 de la LCT.

Teniendo en cuenta la ausencia de actividad probatoria del actor encaminada a diferenciar el certificado previsional que reconoce que le ha sido entregado del certificado de calificación profesional que afirmó no haber recibido, la inferencia realizada por la Cámara al concluir que el actor tuvo en su poder el certificado de servicios -más allá de su disconformidad con el contenido del mismo y del resultado final del pleito- encuentra sustento bastante en los elementos de juicio obrantes en autos y en las manifestaciones de las propias partes, sin que se advierta en ello violación a la regla de valoración prevista en el artículo 40 del CPCyC.

IV.4- Finalmente, tampoco se advierte error alguno en la imposición de costas.

En primer lugar, porque -como señaló con acierto el Tribunal sentenciante- la medida en la que progresa la demanda (pago de trece días del sueldo y vacaciones proporcionales del año 2006) no alcanza a configurar un vencimiento recíproco de los litigantes, dado que ese éxito del actor es insignificante -cuantitativa y cualitativamente- con relación al rechazo de todos los demás rubros reclamados en la demanda. Esta circunstancia justifica sobradamente la aplicación del artículo 108, última parte, del CPCyC que prescribe que "si el éxito del uno fuera insignificante con relación al del otro, las costas se impondrán en su totalidad", tal como hizo la Cámara en la decisión impugnada. En segundo lugar, porque el recurrente no invocó ninguna circunstancia de hecho que imponga una modificación del criterio de distribución de costas, en atención a que los agravios planteados hacen referencia a situaciones fácticas ajenas a este caso (tal, por ejemplo, la mención a una co demandada que no es parte en este juicio).

V.- En suma, la crítica efectuada por la recurrente resulta infundada y en su libelo recursivo no llegó a demostrar que el razonamiento argumentativo de la Cámara se hubiera apartado de las reglas de la sana crítica racional o que hubiera hecho primar una solución manifiestamente contraria a las reglas de la lógica y de la experiencia, tornando arbitraria la sentencia que cuestiona. Por el contrario, no se observa en el caso un quebrantamiento de las normas que regulan la apreciación y carga de la prueba, como así tampoco la denunciada carencia de motivación por lo que también el agravio debe ser desestimado.

En mérito a las razones expresadas precedentemente, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia N° 228 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 29/5/2008 (fs. 228/233).

VI.- Atento a la conclusión a la que se arriba, y por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen a la parte recurrente vencida (cfr. arts. 49, CPL y 105, primera parte, CPCyC)..

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, puntos I, III, IV, V y VI, como también la parte dispositiva.

El recurso de casación queda aprehendido entre los recursos extraordinarios, aquellos cuya admisibilidad se halla supeditada a la concurrencia de motivos o causales específicamente establecidas por la ley, y en los cuales, consecuentemente, las facultades del órgano competente para resolverlos están limitadas al conocimiento de determinados aspectos de la resolución impugnada. En la legislación argentina son recursos extraordinarios, en el orden nacional, el federal previsto por el art. 14 de la Ley Nº 48 y el de inaplicabilidad de la ley, y en el orden provincial, los de inconstitucionalidad y casación (este último en sus dos aspectos referidos a los errores de juicio y a los defectos procesales) (cfr. Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", Tomo V, pág. 36).

En el marco del alcance y finalidad de la vía extraordinaria local de la casación precedentemente recordada, la ley procesal laboral local dispone en su art. 131 que "el recurso de casación sólo podrá ser interpuesto por los siguientes motivos: 1. Por violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo o adjetivo. 2. Cuando la interpretación de la ley, realizada por la sentencia, resultara contradictoria con anteriores pronunciamientos de las Salas de las Cámaras de Trabajo dictadas en los cinco (5) años precedentes". Asimismo, consolidada jurisprudencia de esta Corte (de sus dos Salas) desde hace varias décadas admite de modo excepcional, como fundamento del recurso de casación, arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, supuesto que afecta las garantías constitucionales de los arts. 18 CN y 30 CP y que remite ineludiblemente a los hechos y pruebas que integran la referida plataforma fáctica (confr. recientes fallos de este Tribunal, "G.N.C. Alberdi S.R.L. vs. García Miguel Rubén s/ Pago por consignación", sentencia Nº 05 del 14/02/2011; "Platas Robles Miguel Ángel vs. Marino Menéndez Ana Carolina s/ Acciones posesorias", sentencia Nº 253 del 11/05/2011 y "Orellana Vda. de Caña Ana María vs. Raskovsky Luis Raúl s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 824 del 28/10/2010, entre muchas otras). En efecto, no es posible para el tribunal que resuelve el recurso de casación, pronunciarse positiva o negativamente sobre el planteo de arbitrariedad en la valoración de la prueba si, a modo de ejemplo, se basa en que el fallo impugnado ha prescindido de una prueba relevante o, contrariamente, en que se funda en prueba irrelevante o bien, que valora irrazonablemente una prueba, y no examinara -en los dos primeros ejemplos- si la omitida o la considerada se trató o no, de una prueba relevante para la decisión del caso y -en el último- si las declaraciones de partes, o de terceros, o los términos del dictamen pericial, o de un documento han sido, o no, razonablemente interpretados por la Cámara.

Tanto cuando el recurso de casación se funda en violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo o adjetivo como el motivo jurisprudencialmente admitido de arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, debe cumplir las exigencias de oportunidad, definitividad del pronunciamiento, suficiencia de la impugnación y afianzamiento, establecidas en los arts. 132 y 133 del CPL. Todos los mencionados requisitos de admisibilidad son primero juzgados por la misma Cámara que dictó la sentencia impugnada (art. 136 del CPL) y, definitivamente por esta Corte en las actuaciones del recurso directo de queja por casación denegada deducido contra el pronunciamiento de la Cámara que declaró inadmisible el recurso de casación (art. 139 del CPL) o bien, cuando los autos principales son elevados porque el recurso ha sido concedido por el Tribunal de grado (art. 136 del CPL).

Efectuadas las precisiones precedentes, (en igual sentido, sentencias Nº 930 del 06/12/2011, "Calderó, Leonor vs. Clínica Casa Grande SRL s/ Cobro de pesos"; Nº 932 del 06/12/2011, "Catalán Juan Héctor vs. S.E.T.I.A. s/ Cobro de pesos"; Nº 974 del 14/12/2011, "Rubí, Carlos vs. Erogas SRL s/ Cobro de pesos"; Nº 993 del 16/12/2011, "Rodríguez, Mónica vs. Rivadeneira, Juan René s/ Cobro de pesos"; Nº 1021 del 21/12/2011; "Tevez, Victoria vs. Barros Marta s/ Indemnización por despido"; Nº 1035 del 28/12/2011, "Roldán, Gloria Elena vs. GNC Plus SRL s/ Despido"; Nº 74 del 29/02/2012, "Jiménez Vanina vs. Sanatorio 9 de Julio SA s/ Cobro de pesos"; Nº 167 del 21/03/2012; "Acuña, Gladys Graciela vs. Empresa de Distribución de Energía de Tucumán SA -EDET SA- s/ Indemnización"), cabe señalar que esta Corte coincide con el juicio positivo de admisibilidad del recurso efectuado por la Cámara. Ello así por cuanto fue interpuesto en término, contra una sentencia definitiva, denuncia infracciones normativas y el vicio de arbitrariedad en la valoración de las pruebas de la causa, se basta a sí mismo, y no es exigible el afianzamiento por ser la parte actora la que recurre (arts. 130/133 CPL). Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia del recurso interpuesto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia N° 228 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 29/5/2012.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.