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Sentencia arbitraria, recurso extraordinario federal, falta de fundamentación autónoma
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Corte Nº 21/10 en Expte. Corte Nº 17/08 AFIP-DGI en autos Nº 533/03 El Nene S.R.L. s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Revisión de Sentencia - Recurso de Casación - Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-03

No puede invocarse la aplicación de una reforma legislativa que al tiempo de resolución de esta causa no estaba en vigencia. En relación a ello, es dable señalar que nuestro Código de Procedimiento-reformado- en el Título II Disposiciones Transitorias. Art. 812 estatuye que: "Las disposiciones de este Código entrarán en vigor a los seis meses de publicado el mismo en el Boletín Oficial y serán aplicables a todos los juicios que se iniciaren a partir de esa fecha". Esta clara disposición, por un lado, vino a consagrar la excepción al principio general de que las leyes procesales son de aplicación inmediata, y por otro lado, previó expresamente que su ámbito de aplicación comprenderá los juicios que se inicien a partir de su entrada en vigencia.

El art. 311 del CPC, en su anterior redacción, establecía que el plazo de caducidad se computará desde la fecha de la última actuación del Tribunal que tuviere por efecto impulsar el procedimiento y correrá durante los días inhábiles.

De allí que la feria judicial, cuya inclusión el recurrente cuestiona, está compuesta, como se sabe, por días inhábiles (Art. 152, Cód. Procesal) y los plazos de caducidad corren durante estos últimos (art. 311 del Cód. citado). La claridad de los textos legales impide que se produzcan dudas en su interpretación, resultando imposible contradecir la ley. Y, si bien los plazos podrán resultar exiguos por la imposibilidad de impulsar el procedimiento durante los días de feria, la hermenéutica no puede reemplazar a la política legislativa ya que ello no es atribución propia del tribunal. Con lo expuesto queda en evidencia que no existe arbitrariedad en la forma en que resolvió este Tribunal en el caso, y que además constituye doctrina legal sentada en otros fallos, por lo que la crítica del recurrente es claramente inviable por no ajustarse a ninguna hipótesis de arbitrariedad dentro de la casuística aceptada como tal por la CSJN, con lo que queda el recurso sin cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria.

A más de lo señalado precedentemente, el recurso carece de otros requisitos propios de este medio de impugnación, tales como fundamentación autónoma, por cuanto no rebate adecuadamente los fundamentos del fallo que se pretende impugnar, expresando agravios que transitan por carriles completamente diferente a las motivaciones del fallo, ni ha establecido ninguna relación de la cuestión debatida con las garantías constitucionales invocadas.

Tampoco se basta a si mismo por cuanto carece de un relato claro, preciso y circunstanciado que permita conocer acabadamente las actuaciones labradas en la causa y su relación con la cuestión que se desea someter a consideración del tribunal.
Sumario administrativo, instrucción del sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gutiérrez, Amelia Petrona c/ Municipalidad del Partido de General Rodríguez s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-12

La legitimidad con que la autoridad administrativa dictó el acto sancionatorio, integrándolo con los antecedentes reunidos por la instrucción sumarial y subsumiéndolo en la norma legal que tipifica la falta, permite concluir que el acto se halla suficientemente motivado, que no observa infracción alguna a la legislación aplicable, ni que hayan desnaturalizado los antecedentes de hecho y de derecho que dieron origen a la sanción aplicada.
Accidente de tránsito, seguros, seguro de responsabilidad civil, obligaciones concurrentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castellon vda. de Gil, María c/ Quiroga Sergio Armando y Ot. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S139 - 052)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-28

La obligación del asegurador sería conexa e "in solidum" y no solidaria, destacando algunas de sus diferencias relevantes para el "sub-lite", tales como: sería conexa porque a diferencia de la solidaridad en donde la concentración de la obligación en cada sujeto se produce en virtud de una misma fuente obli gacional, si bien varios deudores están obligados con respecto a un acreedor por una misma prestación, es en virtud de distintas fuentes jurídicas. La citada responde por su contrato de seguros y el asegurado o chofer autorizado por la comisión de un hecho ilícito. "In solidum", porque si bien también cada deudor está obligado por el todo, si quien paga es el responsable indirecto (p.ej. la aseguradora), tiene acción recursoria contra el responsable directo (chofer) para reclamarle el todo, mientras que si quien paga es éste último, carece de acción contra aquel; en cambio en las obligaciones solidarias siempre existe la acción recursoria en la medida del interés de los obligados. Pero como se advierte frente a la víctima - léase acreedor- tanto el obligado solidariamente, como el "in solidum" responde por el todo; luego en la relación interna entre los obligados, adquirirá importancia la diferencia. Y con referencia expresa a la aseguradora, su obligación de mantener indemne el patrimonio del asegurado y/o conductor a consecuencia de la deuda de responsabilidad que nace en su cabeza a raíz del accidente, tiene por fuerza la misma extensión cuantitativa que la de esta deuda, al menos que exista alguna limitación en el contrato -que en el caso de autos, como lo resaltan los actores supera con exceso el monto de la indemnización-.
Automotores, falsificación de documentos, documentación del automotor, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: ASSALINI, Luis Marcelo s/ Falsif. doc. propiedad automotor, Causa nro. 13.525
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-19

Este Tribunal ha sostenido que "..siendo el primer párrafo del artículo. 293 del Código Penal anterior a la ley 23.077, que restableció la vigencia del artículo 35 del decreto ley 6582/58, corresponde la aplicación de esta última norma. Por su parte el segundo párrafo del artículo 293 del Código Penal fue incorporado por la ley 20.642, que también agregó al artículo 292 del mismo cuerpo legal su segundo párrafo...cabe reiterar aquí la conclusión arribada en la causa "BARRAZA", en cuanto a que corresponde aplicar el artículo 35 del decreto ley 6582/58, dado que la ley 23.077 que restableció su vigencia es posterior a la ley 20.642...".
Despojo, apoderamiento
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos NN, NN sobre 181 inc. 1 - usurpación (despojo) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-12

Las presentes actuaciones deben continuar tramitando ante la justicia local, dado que del relato de los hechos descriptos en la denuncia, surge claramente que el suceso principal se refiere al despojo del inmueble de su propiedad que habría sufrido la denunciante, acción que encuadraría en el delito de usurpación, previsto en el art. 181 del Código Penal. Si bien el referido despojo implicó la imposibilidad de acceder a los bienes muebles que se hallaban en su interior, nada impide que en relación con el supuesto apoderamiento indebido de dichos bienes muebles continúe interviniendo el juzgado local. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg, por remisión a los fundamentos del dictamen fiscal. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Fuerzas Armadas, servicio militar, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Fernando Raúl GUNTHER c/ ESTADO NACIONAL (EJERCITO ARGENTINO) s/ SERVICIO  MILITAR  -  DAÑOS Y PERJUICIOS - TRABAJO - RETIRO MILITAR -  DERECHO ADMINISTRATIVO  -  RESPONSABILIDAD  EXTRACONTRACTUAL - ESTADO  NACIONAL - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

Si se sostuviese la insuficiencia de las reparaciones previstas en la ley 19.101, para aplicar disposiciones del derecho común no se tendría en cuenta el plexo normativo aplicable, en el que ocupa un lugar capital el art. 21 de la Constitución Nacional, que impone a los ciudadanos de armarse en defensa de la Patria.
Entes autárquicos, personas con discapacidad, Bienestar social, asistencia social
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: CAMARATA JULIO c/ IOSE Y OTRO s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07

El IOSE es una entidad autárquica del Estado Nacional, cuya finalidad es atender al bienestar social de sus afiliados (art. 1, in fine, de la ley 18.683), por lo que cabe concluir -en este estado del proceso y sin perjuicio del análisis que se efectúe en la sentencia definitiva de las normas que indica la accionada, a la luz de los derechos constitucionales y de los Tratados Internacionales invocados por el accionante- que no resulta razonable que el accionado -situado, en definitiva, en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional- se coloque al margen del sistema de atención y asistencia integral de la discapacidad, expresada tanto en la normativa que rige la materia (ley 24.901), como en la jurisprudencia del Alto Tribunal (doctr. Fallos 323:1339 y 3229, 324:3569), que pone énfasis en los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en cuestiones concernientes a la salud (cfr. dictamen del Procurador General de la Nación, en la causa "Martín Sergio Gustavo y otros c/ Fuerza Aérea Arg. Direc. Gral. Bienestar Pers. Fuerza Aérea s/ amparo", M.3226.XXXVIII, al que remite la Corte Suprema, voto de la mayoría, en la sentencia del 8.6.2004; esta Cámara, Sala de Feria, causa 3922/03 del 27.7.2003; Sala 1, causas 2228/02 del 1.4.2004 y 4108/04 del 19.8.2004; Sala 2, causa 2837/03 del 8.8.2003; esta Sala, causas 10.529/01 del 2.11.2004, 11.469/01 del 9.12.2004, 3092/04 del 29.12.2004, 538/05 del 10.5.2004, 541/05 del 28.7.2005 y 10.437/06 del 13.2.2007).
Obligaciones del concesionario (administrativo), daños y perjuicios, daño causado por animales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Regis, Laura Elizabeth c/ Alem, Raúl Oscar y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-28

No puede considerarse que resulta suficiente la remodelación, conservación y explotación del corredor vial con la finalidad de mantener y señalizar las calzadas y banquinas complementado con la oferta de servicios auxiliares, para dar por cumplida la obligación mas abarcadora que asumen las concesionarias: la de suprimir las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Estas obligaciones derivadas del contrato de concesión importan un complejo haz de prestaciones respecto de las cuales la concesionaria asume en algunos casos una obligación de resultado y en otros una obligación de medios. Si de suprimir las causas que puedan generar peligro para la circulación de los usuarios se trata, evidentemente la obligación persigue un resultado, por lo que no puede afirmarse que se trate de una obligación de medios. Esta obligación derivada del contrato de concesión importa para la concesionaria asumir una obligación de seguridad, esto es, de indemnidad, con relación a la circulación en la red vial a su cargo.

Tiene por finalidad asegurar la circulación de los automovilistas, tratando de impedir irregularidades. Importa ello una estipulación contractual emergente de la relación entre concedente y concesionario, en beneficio de quien resulta tercero respecto de tal relación, el usuario que se individualiza al circular por el carril vial. Esta estipulación a favor del usuario persigue salvaguardar su seguridad en el uso de los caminos objeto de la concesión, y la obligación de seguridad pesa en forma directa sobre el concesionario, quien debe articular todos los mecanismos legales pertinentes para evitar, entre otras cosas, la invasión de animales en la ruta, que no deviene un hecho imprevisible en nuestro país.

Quien transita una ruta dada en concesión lo hace a sabiendas que su estado de conservación es bueno, con la confianza que tal circunstancia merece. Es mas, el buen estado de conservación de los corredores viales ha justificado el aumento de la velocidad máxima en muchos casos.
Extradición, archivo del expediente, delitos contra la humanidad, non bis in ídem
Materia: PENAL-PROCESAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Concha Rodríguez, Carlos Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-18

Corresponde casar la sentencia que, ante la concesión del Poder Ejecutivo de un pedido de extradición del imputado por parte de Francia -art. 23, Ley 23.767-, dispuso archivar las actuaciones respecto de los hechos ejecutados por aquél en la Argentina, toda vez que no existe en el caso identidad de causa en la persecución y que la garantía del non bis in ídem funciona sólo en caso de identidad total del hecho, es decir, triple identidad: de persona, de objeto y de causa de persecución. (Voto del Dr. Bisordi, adhieren Dres. Hornos y Berraz de Vidal).
Medidas autosatisfactivas, obras sociales, prueba, situación de vulnerabilidad, Constitución Provincial, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: G. F. R.  c/ I.S.S.N.  s/ medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-08-24

Corresponde ordenar a la Obra Social provincial a que provea a la actora de una silla de ruedas con las especificaciones que cuenta sus médico neurólogo, traumatólogo y ortopedista tratantes, teniendo en cuenta asimismo la prueba efectivamente rendida a lo largo del proceso, mediante la cual se ha acreditado que la paciente no se encuentra capacitada para manipular por sí sola una silla motorizada, cierto es que en modo alguno se demostró que el dispositivo que ésta peticiona -silla de ruedas motorizada con joystick para asistente, sistema stop, lo cual significa que la misma cuente con un mando para que un tercero (asistente) sea quien controle los desplazamientos (cfr. https://xn--daocerebral- 2db.es/publicacion/que-silla-de-ruedas-motorizada-necesito/)- resulte inadecuado o desaconsejado para la dolencia que padece la joven. Máxime si se tiene presente que la demandada solo se limitó a poner de resalto que la discapacidad de la peticionante no le permitiría poder contar con la misma sin reparar que una silla de ruedas de esas características, cual sin duda alguna va a ser manipulada por un tercero y en especial por la madre de la joven quien cumple la función de apoyo, traería aparejado no solo un beneficio para ambas en su vida de relación sino también el logro de una mayor inclusión social en estado de igualdad. En virtud a lo hasta aquí expuesto -teniendo presente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra tanto la actora como su madre, la cual resulta su apoyo; lo normado por la Constitución Nacional (art. 75 inciso 22 y 23), la Constitución Provincial (art. 50), Convenciones Internacionales aprobadas por Leyes 24632 y 26378 y la Ley Provincial de Protección Integral de las Personas con Discapacidad; que la silla de ruedas para una persona con discapacidad que requiera de su uso es un dispositivo de asistencia que le permite ejercer sus derechos humanos, lograr la inclusión y la participación igualitaria (cfr. OMS) y que como Poder del Estado le corresponde a la Justicia remover los obstáculos que colocan a las personas vulnerables en situaciones que atentan contra su dignidad.
Procesos de ejecución, juicio ejecutivo, nulidad de la ejecución, pagaré falso
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORLANDINI,   ROBERTO c/ HUERGO,   CARLOS s/ EJECUTIVO  S/RECONSTRUCCION. (JA 15.9.04).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-04

Cabe admitir el planteo de nulidad de una ejecución deducida por el ejecutado con fundamento en la falsedad del documento que se ejecuta, toda vez que de la causa penal aportada por el nulidicente surge que el no es el suscriptor del documento, lo que no resultó controvertido por el ejecutante que admitió haber sido sorprendido en su buena fe al haber otorgado un préstamo a quien dijo llamarse como el ejecutado, acreditando identidad con un documento falso; con lo cual, continuar con la prosecución de la ejecución, implicaría un ilegítimo empobrecimiento del accionado, que no es el sujeto pasivo de la obligación que habría sido instrumentada en el pagaré que se ejecuta.
Daños y perjuicios, concesión comercial, servicio público, recurso de apelación (procesal), sentencia condenatoria
Materia: CIVIL
Carátula: F., E. O. en representación de su hijo menor F.E.L.; F., E. N.; F., J. E. c/ EDESA S.A.; Municipalidad de la Ciudad de Salta; LUSAL U.T.E.; MANTELECTRIC C.I.S.A.; ILUBAIRES S.A.; Unión Transitoria de Empresas s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-09-25

Carecen de significación para decidir la solución de la causa las eximentes que la Empresa Concesionaria del Servicio Público, EDESA S.A. pretende extraer de las disposiciones del contrato de concesión que lo vinculaba a la Provincia, no sólo por resultar inoponible a los actores, sino porque además el art. 44 del que hace mérito no excluye en modo alguno la supervisión, vigilancia y diligencia propias de su actividad. La cuestión relativa a la vigencia o suspensión del contrato resulta igualmente intrascedente para la solución del caso, por cuanto lo que se imputa a la empresa es el incumplimiento de las obligaciones allí asumidas relativas a la provisión y montaje de los soportes (columnas de acero, de hormigón armado, postes, brazos, etc.) y demás elementos de conexión en el lugar del hecho, cuestión esta no desvirtuada por la recurrente, y que fue adecuadamente valorada por la señora jueza "a quo" para determinar la responsabilidad de Edesa S.A. La U.T.E. codemandada se encontraba obligada a adoptar obvias medidas de vigilancia y seguridad para impedir que se produjera la falla que dio origen al siniestro. Esta conducta, omisiva de la diligencia y prudencia propias de la actividad, exhibe entidad suficiente para constituirse en factor concurrente en la producción del daño causado.
Accidentes de trabajo, incapacidad permanente, monto de la indemnización
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Marin, Gustavo Javier c/ Productores de Frutas Argentinas Coop. de Seguros LTDA s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-29

Respecto al factor de tipo de actividad cuando se asigna incapacidad permanente, para la evaluación del grado de dificultad en el trabajador en el desempeño su tarea habitual, la ley fija cuatro categorías: Ninguna: 0%, Leve 0-10%, Intermedia 0-15% y Alta 0-20%. Que cotejando las consecuencias que la incapacidad fijada en base a una menisectomía de rodilla con la limitación funcional en la flexión hasta 130° y tumefacción, no se advierte cuál sería la correlación entre la mera descripción de las tareas habituales de un peón y cosechador y la aplicación de la más alta categoría y porcentaje -20%-, por lo que aún admitiendo su incidencia, no procede otorgar más que la "leve", con el máximo del 10%. Aplicando entonces el citado porcentual a la limitación física - incapacidad del 15%- se obtiene 1,5% (10% de 15%), llevando el total de la incapacidad a 19,50%.
Jubilaciones, pensiones, interpretación de la ley, aplicación de la ley previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Campos Uriburu, Carlos María c/ Res. N. 1646 del Mx del Interior s/ jubilación extraordinaria.jubilación ordinaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

La exigencia de un tiempo mínimo de servicios es uno de los requisitos generales en que se sustenta la procedencia de todo beneficio jubilatorio dentro de los regímenes previsionales vigentes, y se vincula con los principios básicos que hacen al equilibrio económico-financiero de todo sistema de este tipo. La ley puede reconocer excepciones a dichos principios, debiendo surgir en forma inequívoca de los textos específicos -como sucede con los arts. 1, de la ley 20.572, 15, de la ley 21.221, y 1, del decreto 170/75 y de no ocurrir así, se debe presumir que la intención del legislador -que no puede ser obviada por posibles imperfecciones técnicas en su instrumentación legal- está enderezada a imponer iguales exigencias a quienes defiere iguales beneficios.
Daños y perjuicios, daño psíquico, daño moral, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: M., V.L. c/ SIPROSALUD y Otro s/ Juicio Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-04

Nuestra Corte ha señalado en diversas oportunidades que el daño psíquico no es autónomo respecto del patrimonial o moral, sino que incidirá en uno u otro o en ambos; causará una disminución laboral subsumible en el daño patrimonial, o un padecimiento moral típicamente constitutivo del daño calificado. El daño moral comprende y alcanza al producido por las afecciones psicológicas patológicas sufridas por la víctima del accidente.
Denegatoria del recurso, homologación del acuerdo, pacto de cuota litis, ley arancelaria, sucesiones
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Arce Rodríguez, Carmen Dora  c/  s/ juicios sucesorios (ab-intestato) inc. de varios (homologación de convenio) (Dallosso, Florencia)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-02-15

Teniendo en cuenta las tareas realizadas por la letrada y el porcentaje fijado por las partes en el convenio objeto de la litis -7%-, tal porcentual ni siquiera llegó al mínimo de la escala del art. 9 primer párr. -11 a 20% del monto del proceso- y del art. 25 -11 a 20% del monto del acervo- estipulados por la Ley Arancelaria, motivo por el cual no se vislumbra una exorbitancia en el monto pactado. Tampoco existió un desequilibrio en las prestaciones, pues de la lectura del convenio no se desprende indubitablemente que el monto fijado lo haya sido por la tramitación completa del proceso sucesorio, sino que se hizo mención al momento en el cual se estipuló el pago. Entonces, no existiendo abuso del derecho ni lesión que amerite una reducción del monto acordado, ni que se contraríen la buena fe, la moral o las buenas costumbres, o que exista un vicio en la voluntad del obligado al pago, resulta improcedente la moderación del porcentaje pactado en el convenio y es plenamente admisible la homologación dictada por el a quo.
Derecho a la integridad física, derechos personalísimos
Materia: CIVIL
Carátula: DE SANTO, BEATRIZ EMILIA c/ TRANSPORTES 25 DE MAYO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-03

Las lesiones a la integridad física o psicofísica no constituyen, por sí mismas y separadas de sus consecuencias, un daño autónomo, tal como tiene entendido la Suprema Corte provincial, atento el derecho a la integridad psicofísica es un derecho personal que no está en el comercio.
Intervención partidaria, elecciones partidarias, cuestión abstracta
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de Molina, Miguel Angel en autos PRO - Propuesta Republicana y otro s/reconocimiento de partido de distrito c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-20

Toda vez que el partido de autos celebró elecciones internas y designó nuevas autoridades, la cuestión planteada -con respecto a la intervención partidaria dispuesta por el orden nacional respecto del distrito La Rioja- ha devenido abstracta, por lo que carece de interés jurídico actual pronunciarse respecto de la apelación subsidiaria planteada por el actor.