Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-11-19


AUTOS N° 6150/07 (Juz. Comercial Especial) (N° 10.190SALA III) "PLANAGRO S.R.L. C/ Consorcio De Exportación Productores De San Juan S.A. Y Otros S/ Responsabilidad Social Inoponibilidad De La Persona Jurídica" III Cpo.

///Juan, a 19 días del mes de Noviembre de dos mil diez.VISTO: Para resolver los recursos de apelación concedidos, a la parte actora fs. 397, a la codemandada Laura Patricia Gallardo a fs. 398, la demandada Consorcio de Exportadores y codemandados Bruno Perín, José Figueroa Suc.Tomás Sánchez a 407 y Gerardo Joaquín Sánchez a fs. 414, contra la resolución de fecha 31 de julio de 2009, obrante a fs. 392/396.

CONSIDERANDO: El Sr. Juez aquo en la sentencia recurrida resolvió: "I. Rechazar la excepción de incompetencia.

II. Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por los codemandados, por entender que al momento del inicio de la presente acción de inoponibilidad de la personalidad jurídica societaria, había vencido el término fijado por el art. 4037 del Código Civil para el ejercicio de la misma.

III. Imponer las costas en un cincuenta por ciento a la demandada y en un cincuenta a la actora, atento el resultado de la presente, y de conformidad a lo dispuesto por el art. 77 del CPC.

Contra esta resolución se alzan la parte actora a fs. 396 vta.

Los demandados: Laura Patricia Gallardo, a fs.397 vta.; Suc. Tomás Sánchez, Antonio Oscar Sánchez, José Alfredo Figueroa, Bruno Perín, y Cons.de Exportación Productores de San Juan, a fs.402, 404 y 406, respectivamente; Juan José Carracedo a fs.409, y Gerardo Joaquín Sánchez a fs. 411.Los que fueron concedidos a fs. 397, 398, 407 y a fs. 414, respectivamente.

La parte actora funda el recurso a fs. 415/426, los agravios fueron contestados a fs. 444 a fs. 491, por la demandada y codemandados según decreto de fs. 492.La codemandada Laura Gallardo funda el recurso a fs.412/413.

La actora no contestó el traslado (fs. 504).

La demandada y codemandados expresan agravios a fs.428 a 442, según decreto de fs.443, los que fueron contestados por la parte actora a fs. 493/496.

A fs. 509 se declaran desiertos los recursos de apelación interpuestos a fs. 409 y 411 por los codemandados Juan José Carracedo y Gerardo Joaquín Sánchez, respectivamente.

A fs. 527 se encuentra agregado el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara.

Sin perjuicio de la relación de la causa que efectuara el Sr. Juez aquo diremos que: La actora promueve demanda por daños y perjuicios a fin de obtener el cobro de la suma de $77.787,72, sin perjuicio de posteriores ampliaciones, originada en un crédito reconocido por sentencia de fecha 06/10/06, dictada en Autos N° 51.894 "Planagro S.R.L. c/ Cons.de Exportadores Productores de San Juan S.A.Cobro de Pesos", tramitados por ante el 9° Juzgado del Fuero.

Asímismo pide se declare la responsabilidad personal, directa y solidaria de los socios mayoritarios de la Sociedad demandada y como litisconsortes pasivos voluntarios; se les condene al pago de la suma reclamada.

Previo a todo, solicita se declare la inoponibilidad de la persona jurídica "Consorcio de Exportadores productores de San Juan S.A.".

Los coaccionados José Gabri, Juan José Carracedo y Gerardo Carracedo, al responder la demanda, oponen las excepciones de falta de legitimación pasiva, beneficio de excusión (art.56 de la ley 19550); y prescripción (fs. 81/87; fs.107/113; y fs.133/139, respectivamente).

Los demandados Bruno A. Perín y Consorcio de Exportación, interponen en primer término la excepción de incompetencia , dado que el proceso original, en donde surge el reclamo es el 9° Juzgado Civil, en dónde se tramitó la acción de daños y perjuicios; con una petición anexa, la declaración de inoponibilidad del art.54 de la L.S.C., la Sra. Juez a su cargo dictó la sentencia que se pretende ejecutar.

También, oponen las defensas de falta de legitimación activa y pasiva y de prescripción (fs.188/207).

La Suc. de Tomás Sánchez al responder la demanda deduce las mismas excepciones (fs.258/278); al igual que José Figueroa (fs. 327/347).

A fs. 354/382 Laura Gallardo contesta la demanda e interpone las defensas de incompetencia, prescripción (art.848, inc.1° del Cgo de Com.) y cosa juzgada.

La sentencia recurrida les causa a los apelantes los siguientes agravios: Agravios de la parte actora: Planagro S.R.L a 415/ 426, se agravia contra la admisión de la excepción de prescripción (punto2°) y la imposición de costas en un 50% a los codemandados (punto 3°).

Los que subsumiremos de la siguiente forma: 1) Declara la desestimación de la Personalidad Jurídica de la actora sin petición de parte.

De oficio, violando el derecho de defensa no sólo de la sociedad actora, sino también de los socios de la misma, que no han sido demandados (reconvenidos) ni objeto de la litis.

Tampoco se respeta el principio de congruencia procesal.

2) La declaración de prescripción de su crédito, ha sido consecuencia de la desestimación de oficio de la personalidad jurídica de la Sociedad.

Es decir, que el aquo hizo lugar a la prescripción en virtud de haber declarado inoponible la personalidad jurídica de la actora.

3) Por consiguiente, el plazo de prescripción, no se analiza correctamente, respecto al crédito de la actora, desde la fecha de la sentencia de Cámara, en autos N° 51894, que le reconociera a la accionante dicho crédito contra la codemandada (06/10/06).

4) Sobre la forma en que se imponen las costas.

El apelante desarrolla los agravios y expresa entre sus fundamentos: Primero: Se destima la personalidad jurídica de la Sociedad actora de oficio, violando el derecho de defensa en juicio, no sólo de la misma, sino también el de los socios que la integran, al imputarles actos y conductas sobre las cuales no han sido demandados, ni ello fue objeto de esta litis.

Para declarar la inoponibilidad de la persona jurídica e imputar responsabilidad a los socios y/o controladores, se deben cumplir una serie de requisitos, determinados en el art. 54, 3° párr. de la L.S.C., que no lo han sido en este caso.

La correspondiente petición se debió tramitar por un proceso sumario (art. 15) y no es posible deducirla ni siquiera, como una excepción previa.

Ninguno de los codemandados ha interpuesto reconvención planteando, respecto de la Sociedad y sus socios, la aplicación del artículo mencionado.

Agrega, que la sentencia ni siquiera individualiza quienes son los socios de la actora, en forma genérica señala "Los Srs. Plana" (fs. 395).

A los socios se los debe individualizar y además probar, que lo eran a la época del ilícito, el grado de su culpa o dolo en el hecho, la relación de causalidad y el grado de participación de ellos en la Sociedad.Segundo: Agrega, sobre la declaración de prescripción, que el aquo comienza a contar el plazo teniendo en cuenta la actuación de los socios y no de la Sociedad actora.

Los codemandados han debido de reconvenir a la misma y a sus integrantes, solicitando la aplicación respecto de ellos de la norma del art. 54, párr. 3° L.S.C.; y de ese modo imputar las consecuencias del accionar de los socios.Tercero:

El cómputo correcto del inicio de la prescripción, es desde la fecha en que el crédito de la actora ha sido reconocido por sentencia firme y consentida de fecha 06/10/06, en los autos "Planagro S.R.L.c/ Consorcio de Exportadores Productores de San Juan S.A.", tramitados por ante el 9°Juzgado del Fuero.

Mientras el derecho u obligación no sea exigible, no existe inacción del acreedor y por lo tanto el plazo de prescripción no corre.

El sentenciante sostiene que el daño se ha producido con el cese de actividades de la Sociedad codemandada, en el año 2003. Lo que es un absurdo, la prescripción empieza a correr desde que la acción pudo ser ejercida, mientras no es exigible no existe inacción del acreedor.

Estamos ante un caso de daño continuado, el acto ilícito causante del daño perdura en el tiempo (trasvasamiento societario; paralización de la producción y comercialización de bienes y servicios) e impide generar patrimonio para pagar a los acreedores.

Ante el daño continuado la prescripción se interrumpe mientras dure el ilícito, en este caso el cese de actividades.

Conforme a todo lo manifestado en este agravio la prescripción se debe interpretar en forma restrictiva. Cuarto: Referente a la imposición de las costas, en caso de aceptarse la apelación, corresponde sean a cargo de los codemandados en su totalidad.

En subsidio, de confirmarse la sentencia de grado, se deben imponer por el orden causado, por cuanto, si bien los demandados perdieron la excepción de incompetencia y la actora la de prescripción, ello se debió a que el aquo introdujo de oficio la desestimación de la personería jurídica de la accionante.Pide en definitiva se admita la apelación con costas.

Mantiene el caso constitucional.

Agravios de la codemandada Laura Gallardo (fs. 412/413): Se agravia en cuanto a la imposición de costas que considera el aquo distribuye erróneamente, pues no ha existido vencimiento parcial y mutuo.

Conforme a la incidencia, que las excepciones de incompetencia y prescripción, han tenido en el resultado de la causa.

La primera no influye en el resultado del pleito; la segunda conlleva la conclusión de la causa, con la desestimación de las pretensiones de la actora, por lo tanto corresponde modificar la imposición de costas.

La actora vencida en la defensa de prescripción, debe cargar con las costas. Relativo a la de incompetencia corresponde su imposición por el orden causado.

El sentenciante omite pronunciarse sobre las costas de la instancia (demanda y contestación), deben estar a cargo de la actora que al interponer la acción obligó a presentarse en el proceso en defensas de los derechos.

Hace reserva de la cuestión constitucional federal y provincial.

Agravios de los codemandadosSuc. Tomás Sánchez; Antonio O. Sánchez; José A. Figueroa; Bruno Perín; y Consorcio de Exportación Productores de San Juan S.A. (fs.420/462): Se agravian en cuanto a la imposición de las costas (50% a los demandados y 50% a la actora).

Es cierto, que se desestima la excepción de incompetencia, pero se admite la de prescripción, que dá por finalizado el proceso, en beneficio de los demandados con el consecuente rechazo de la pretensión de la actora.

Por lo tanto no resulta de aplicación el art. 77 del C.P.C.

Los codemandados, indicados supra, al responder a los agravios de la actora señalan, que el memorial ha sido presentado fuera del plazo legal, que vencía el 14/08/09.

El recurso fue concedido el 04/08/09 (fs. 444/487), por lo que piden sea declarado desierto.

Del informe de la Prosecretaria del Juzgado de origen, obrante a fs.499 surge que el apoderado de la actora dejó nota en el Libro pertinente los días, 04,07 y 11 de agosto de 2009, notificándose recién el día 14 de agosto, en consecuencia presentó el memorial en término el 21/08/09.

Entrando al tratamiento de los agravios, en primer lugar serán analizados por razones de metodología los de la parte actora.

Después en forma conjunta los de los demandados.

Agravios de la actora: En cuanto el aquo admite la excepción de prescripción de la acción.

La suma de dinero que la actora reclama en esta causa, surge de un crédito reconocido a su favor, por sentencia firme en autos "Planagro S.R.L.c/ Consorcio de Exportación Productores de San Juan S.A.", tramitados por ante el 9° Juzgado del Fuero.

Por consiguiente, la acreedora de dicho crédito es la Sociedad demandante y no los socios que la integran.

En dicha causa al contestar la demanda, la accionada manifiesta que la Sociedad actora no es socia del Consorcio de Exportación.

Respecto al alcance de la personalidad jurídica de la accionante diremos que: No puede confundirse la figura del socio con la sociedad, pues ésta es un sujeto de derecho con alcance fijado por la ley.

Los actos particulares realizados por sus integrantes no se los puede imputar, dado la diferencia de personalidades que surgen de las normas jurídicas (art. 2° de la ley 19.550 y art. 30 del Código Civil).Una cosa es el conocimiento personal que hubieran podido tener los Sres. Plana, aludidos en la resolución apelada, respecto a los negocios de la S.A. demandada y otra es el crédito, cuyo cobro es reclamado por la sociedad actora, cuya exigibilidad surge de la sentencia dictada en los autos antes mencionados.

Lo primero excede el marco de la acción instaurada, implicaría levantar el velo de la persona jurídica, lo que no es posible en razón de que las partes no invocaron la teoría de la personalidad, referente a la sociedad actora; procediendo el aquo de oficio.

La aplicación generalizada de la misma (art. 54, párraf. 3° L.S.C.) no corresponde, pues desnaturaliza las reglas legales relacionadas con la personalidad jurídica de las sociedades.

Más aún, cuando no se han dado los extremos exigidos para ello.

Al respecto se ha resuelto que: "La doctrina de la desestimación de la personalidad jurídica debe emplearse en forma restrictiva y su aplicación requiere la insolvencia de la sociedad, pues ante la inexistencia de un perjuicio concreto a un interés público o privado no se advierten razones que justifiquen su aplicación, siendo necesario acreditar el uso abusivo de la personalidad, pues no cabe descartar que la impotencia patrimonial haya obedecido al riesgo propio de la actividad empresaria (FT°. 331, P. 2812008; T°33024452007).

Además que: "...La aplicación de la teoría de la penetración de las sociedades procede de los supuestos excepcionales en que se abusó de la personalidad moral en perjuicio de terceros o de la ley, y para descorrer el velo de la sociedad con el fin de captar la realidad que se oculta tras ella para evitar el fraude.2Los tribunales carecen de la facultad de prescindir de la forma de la persona jurídica y de las consecuencias que de ella resulten, excepto cuando ha sido empleada para fines reprobables.

Es decir que la desestimación de la forma de la persona jurídica debe quedar limitada a casos concretos verdaderamente excepcionales, pues cuando el derecho ofrece los cuadros de una institución y les atribuye determinadas consecuencias jurídicas, el daño que resulta de no respetar aquéllas, salvo casos excepcionales, puede ser mayor que el que provenga del mal uso que de ellas se haga(C.Nac.Com.Sala E "Nizzo Daniel Augusto c/ Schafer Juan Tomás y otros s/ Simulación" Nº Sent.:20790718/02/1997).

Según la jurisprudencia que compartimos: "La llamada teoría de la penetración o de prescindencia de la personalidad jurídica, constituye un recurso excepcional que debe aplicarse con sumo cuidado y solo cuando de las circunstancias particulares del caso puede inferirse, con total certeza, que se ha abusado del esquema societario para alcanzar fines contrarios a la sociedad o los designios de la ley.

Debe tenerse muy en cuenta, por tanto, y fijando los limites de esta teoría, que por lo general los tribunales carecerán de la facultad de prescindir de la forma de la persona jurídica y de las consecuencias que de ella resulten, excepto cuando ha sido empleada para fines reprobables.

Es decir que la desestimación de la forma de la persona jurídica debe quedar limitada a casos concretos verdaderamente excepcionales, pues cuando el derecho ofrece los cuadros de una institución y les atribuye determinadas consecuencias jurídicas, el daño que resulta de no respetar aquellas, salvo casos excepcionales, puede ser mayor que el que provenga del mal uso que de ellas se haga. (C.Nac.A.sala e, 4.4.95, "Grasselli Hnos. SRL c/ Frigorifico Moreno SA"; sala e, 21.04.97).

Cabe agregar que: "El tema del abuso de la personalidad jurídica y su consecuente sanción de inoponibilidad constituye uno de los puntos más complejos del derecho privado patrimonial y del derecho societario.

Es que la cuestión se entronca, justamente, con la noción que se tenga de la personalidad jurídica y, por ende, con el alcance que se confiera a este instituto.

En ese marco, es dable apuntar que la persona jurídica es un 'recurso técnico' que permite establecer una organización autónoma con patrimonio propio y capacidad de gestión que se distingue de sus instituyentes, estructurando un esquema de simplificación de relaciones y de impermeabilidad patrimonial (C.Nac. A.Com.Sala A"Trialmet SA c/Feuer Constructora SRL s/ ordinario"09/12/08.".

"La sociedad es un sujeto de derecho y como tal una unidad jurídica diversa y distinta de toda otra persona, inclusive de los socios que la integran.

Tal principio admite excepciones que se justifican para los supuestos en que la forma societaria ha sido utilizada para violentar derechos de terceros, o para la consecución de fines extrasocietarios o constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, recurriéndose en tales supuestos a la llamada doctrina de la desestimación de la personalidad que de alguna manera parece recoger la reforma de la ley de sociedades en el artículo 54, segunda parte.

Dicha desestimación, y las teorías elaboradas sobre la base de la misma, deben ser aplicadas con sumo cuidado, valorando las circunstancias particulares de cada supuesto sometido a decisión y observando no echar por tierra en forma definitiva el principio de la personalidad societaria: una aplicación irrestricta de las teorías mencionadas podría llevar a consagrar la excepción como regla, circunstancia que no fue la que inspiró el nacimiento de tal remedio jurídico (CN.A.Com.Sala B"Jabif Ricardo c/ Bonina y Tomasini S.A. s/ Ordinario" 20/05/1987).

"En tanto la sociedad exista, el crédito de la actora, no es con relación al socio, sino contra la persona de existencia ideal y no en relación a uno de los socios mientras no se denuncie y acredite la existencia de un fraude que torne aplicable la doctrina de la penetración de la personalidad jurídica que justifique la condena de uno de los socios del ente social (Salta, C.A. Trab. Sala 2"Chocobar Julia c/ Inmobiliaria S.R.L.Ordinario"08/04/99).

Según los fundamentos jurisprudenciales expuestos y queinsistimos este Tribunal comparte plenamente, es improcedente la desestimación de oficio de la personalidad de la actora en esta causa, tal como fue resuelta por el aquo y su consecuencia, la admisión de la excepción de prescripción de la acción.

La prescripción liberatoria es una figura jurídica, cuya finalidad consiste en perseguir el interés social de que luego de un cierto tiempo, se quite toda incertidumbre en las relaciones jurídicas y se aleje toda posibilidad de controversia y litigio.

Por sus consecuencias, es que toda interpretación ha de ser restrictiva y por ende, en caso de duda, debe estarse siempre a la solución más favorable a la subsistencia de la acción.Es decir, que por constituir un medio de liberación del deudor por el transcurso del tiempo fijado por la ley, sirve a la seguridad jurídica, en cuanto determina la estabilidad de los derechos.

El supuesto de hecho de la prescripción lo constituye la inacción del titular del derecho a extinguirse por no uso; la misma no se suspende ni interrumpe sinó por las causas previstas en el Código Civil.

Admitido que el crédito reclamado en autos, le ha sido reconocido a la Sociedad actora por sentencia firme en los autos referidos precedentemente, corresponde tratar en particular la prescripción de esta acción.

El plazo a aplicar es el dispuesto por el art.4037 del Código Civil, aceptado por las partes.

Su cómputo comienza a correr desde que el crédito puede ser exigido, es decir, cuando el acreedor tiene expedita la acción.

Lo que determina su comienzo es la existencia del derecho a su exigibilidad.

Se ha dicho que: "El término para prescribir comienza a correr cuando el acreedor estuvo en posibilidad jurídica de ejercer su potestad, o sea cuando cuenta con acción expedita y además con la posibilidad de ejercerla, de hacerla efectiva" ( Fallo de ésta Sala, "Ameglio Cesar c/ O.A.S.I.S.S.R.L.s/ Cobro de PesosOrdinario" 21/11/2002).

La S.C.J.N. ha resuelto que:

"La prescripción liberatoria no puede separarse de la pretensión jurídicamente demandable, y el plazo respectivo sólo comienza a computarse a partir del momento en que ella puede ser ejercida.(Videla Cuello, Marcelo Suc. c/ Provincia de La Rioja. T. 308, p. 1101).

"La prescripción comienza a correr a partir del momento en que el derecho pueda ser ejercido."(García, Leandro, y otros c/ Prov. de Buenos Aires. 01/01/47 T. 209, p. 420) El plazo de la prescripción liberatoria comienza a computarse a partir del momento en que la pretensión jurídicamente demandable puede ser ejercida, es decir, coincide necesariamente con el momento del nacimiento de la acción.(Autos: Cinturón Ecológico S.E. c/ Libertador S.A. Tomo: 318 Folio: 879 Magistrados:

Moliné, Belluscio, Boggiano, López, Bossert.

Disidencia: Nazareno, Fayt, Petracchi, Levene.

Abstención: Exp.: C 85 XXVII Fecha: 04/05/1995).

"El punto de partida de la prescripción debe ubicarse en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer o, en otros términos, desde que la acción quedó expedita.

(Autos: Santa María Estancias Saltalamacchia y Compañia S.C.A. c/ Buenos Aires Provincia de s/ resarcimiento de daños y lucro cesante.

Tomo: 325 Folio: 2949 Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Belluscio, Petracchi, Boggiano, López, Vázquez.

Disidencia: Abstención: Fayt.

Exp.: S. 365. XX. Fecha: 05/11/2002).

Parafraseando a Planiol: "La prescripción no puede comenzar antes, porque el tiempo dado para la prescripción debe ser un tiempo útil para el ejercicio de la acción y no puede reprocharse al acreedor, no haber accionado en una época en que su derecho, no estaba expedito.

Si así no fuera, podría suceder que el derecho quedara perdido antes de poder ser reclamado: lo que sería tan injusto como absurdo" (Tratado Elemental de Derecho Civil, T° IIpág. 210).

En esta causa, en que se reclama el pago de un crédito, reconocido por sentencia firme, originado en una compraventa mercantil (ajos), celebrada entre las sociedades, partes de este proceso, la prescripción, en razón de lo manifestado precedentemente, comienza a correr desde la fecha en que la sentencia que la reconoció quedó firme.

Es decir, desde la fecha de la Resolución de Segunda Instancia, el 2 de agosto de 2006 (Sala II de esta Cámara de Apelaciones, L.de S.

de 2006T° IIF°131/136 ).

La doctrina y jurisprudencia dominantes establecen que:

"Cualquiera haya sido el término de prescripción de una acción deducida en juicio, si se obtiene una sentencia de condena, desde este pronunciamiento emerge una pretensión que prescribe en el término ordinario de diez años.

Empero para el comienzo del cómputo, es necesario que la sentencia pueda ejecutarse o sea que la misma haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

En consecuencia el plazo por el cual prescribe la acción, tendiente a obtener el cumplimiento de una sentencia, corre desde que ésta quedó firme.

En el caso de autos se coincide con el criterio del Tribunal aquo, estableciéndose que la parte accionante no podría ejecutar el fallo, lo que le impide el inicio del cómputo de prescripción, al no estar firme el pronunciamiento por la apelación (1°C.A.CivCirc.:1 de Mza. "Oniduka, Eduardo C/ Sergio Muñoz S/ Cumplimiento Contrato" Nº Fallo: 92190053 Ubicación: A154464 Nº Expediente: 4000120/10/1992).

Por lo tanto, desde la fecha de la sentencia indicada 2 de agosto de 2006, (fs.1143/1148) hasta la interposición de esta demanda 20 de febrero de 2007, no ha transcurrido el plazo de dos años establecido por el art.4037 del Cgo. Civil, no encontrándose prescripta la acción.

Por lo que corresponde rechazar la excepción opuesta.

Lo que así se resuelve en esta instancia, admitiendo así el recurso de la actora.

Agravios de la demandada, codemandados y de la actora sobre la imposición de costas.: Al desestimarse en la resolución apelada la excepción de incompetencia y revocarse el fallo en cuanto admite la excepción de prescripción que también se rechaza; las costas en ambas instancias en esta incidencia, de acuerdo a lo establecido por los arts.74 y 75 del C.P.C., corresponde que sean impuestas a la demandada y codemandados vencidos.

Por todo ello, normas legales, jurisprudencia y doctrina citadas, SE RESUELVE: Rechazar los recursos de apelación concedidos a la co demandada Laura Patricia Gallardo a fs.398, a la demandada Consorcio de Exportadores y codemandados Bruno Perín, José Figueroa Suc.Tomás Sánchez a 407 y Gerardo Joaquín Sánchez a fs. 414 y admitir el recurso concedido a la parte actora a fs. 397, contra la resolución de fecha 31 de julio de 2009, obrante a fs. 392/396, la que se revoca en los puntos II y III.

En su lugar se rechaza la excepción de prescripción opuesta por la demandada y codemandados, con costas en ambas instancias a su cargo. (arts. 74, 75 y conc.del C.P.C.).

Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.FDO:DR. MOISES MOYA, HUMBERTO CABALLERO, DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA .

ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI SECRETARIA PROT. DE SENT. T° IVF° 643/650 2010