Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-24


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de noviembrede 2009, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó solidariamente a las demandadas a satisfacer determinados créditos de naturaleza laboral. El actor viene en apelación.

II.- El recurso es insuficiente. El apelante se agravia porque el señor Juez a quo calificó como improcedente el despido indirecto con el que puso fin a la relación de trabajo, por dos motivos: (a) porque en la intimación que cursara a la demandada para que lo registrara correctamente, omitió todo apercibimiento; (b) porque no acreditó la "negativa de tareas".

De las constancias de la causa no surge que el actor haya intimado correctamente a la demandada, ni que ésta lo haya emplazado a entregar los equipos de la sucursal a su cargo, para tener por acreditada la "negativa de tareas" (v. fs. 267 y 340 del sobre de prueba 1194). Los testigos de cargo son ineficaces para acreditar tal extremo, que el actor haya realizado trabajo suplementario, que haya percibido retribución por francos. Expresa su disconformidad contra la apreciación del señor Juez a quo, sin someter el proceso de evaluación a la crítica razonada y concreta, demostrativa que medió apartamiento de las reglas de la sana crítica, que el artículo 116 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18.345 exige como pauta de suficiencia de un escrito de expresión de agravios. Más aún, omite analizar los dichos de los declarantes mediante un discurso articulado del que se desprenda, no ya la certeza, sino la verosimilitud de la "negativa de tareas". Todo ello define la deserción recursiva, conforme a la norma procesal citada.

Lo resuelto, torna inoperativa la presunción prevista en el artículo 55 L.C.T.. La pericia contable informó que los libros contables fueron llevados en debida forma por la sociedad demandada. El dispositivo vigente no establece una presunción de veracidad de los hechos insertos en la demanda que hubieran debido contar con respaldo documental, sino una presunción simple, sujeta a la apreciación judicial de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

A mayor abundamiento, el empleador no está obligado a utilizar fichas-reloj u otros medios de control del ingreso y egreso de los trabajadores del establecimiento. Si decide libremente hacerlo, no está obligado a conservarlas, ni, por no existir norma que lo imponga, a exhibirlas. El horario que el empleador debe registrar en el libro del artículo 52 es el normal. Si en el establecimiento se cumple normalmente trabajo extraordinario, debe llevar el registro ordenado por el artículo 6º de la Ley 11544. Las finalidades de contralor externo de la carga documental que la ley impone al empleador, explican que se exija el asiento del horario normal asignado a cada trabajador, lo que permitirá a la inspección del trabajo constatar los eventuales excesos.

Lo expuesto, torna improcedente los agravios relacionados con las multas de los artículos 16 de la Ley 25.561 y 2º de la Ley 25.323. El actor, reiteró, no acreditó la injuria que provocó el despido indirecto y por lo tanto se confirma el rechazo de la demanda.

El actor se agravia porque el señor Juez a quo eximió a la demandada del pago de la multa del artículo 45 de la Ley 25.345.

El presupuesto de hecho de operatividad que prevé dicha norma es la falta de entrega de los certificados del artículo 80 de la L.C.T.. En la especie, las certificaciones fueron puestas a disposición (fs. 345 sobre Nº 1194 y fs. 272) y acompañadas en la contestación de demanda (fs. 53/54). El actor no invocó, ni acreditó haber concurrido a la sede de la empresa, lugar de cumplimiento de la obligación, a retirar las constancias. Su omisión lo coloca en la situación de mora accipiendi. Por lo que corresponde, se confirme lo referido sobre la multa del artículo 80.

A mayor abundamiento, el pretensor postula, implícitamente, la inobservancia del principio de congruencia. Aduce que la sentencia que juzgó improcedente su autodespido, admitió el reclamo de diferencias de salarios, que fue una de las causas que motivaron, justamente, su denuncia. El recurso es ineficaz. La imposibilidad legal de modificar la causa del despido -en el caso, indirecto- (artículo 243 L.C.T.) impide la consideración de todas aquellas cuestiones que no sean las referidas en su comunicación. En la especie, el actora invocó, entre otras, los premios, comisiones y salarios no pagos. Ciertamente, se trató de un hallazgo contable; no del incumplimiento invocado como justa causa. La revisión sugerida no podría ser acogida sino admitiendo la variación de la causa del distracto, lo que no se ajusta a las previsiones del artículo 243 citado.- Respecto a la forma en que fueron impuestas las costas. El actor resultó vencido en lo sustancial; no existe mérito para apartarse del principio del artículo 71 del C.P.C.C.N., que no exige un apego a una rigidez meramente aritmética. La cuestión debe ser analizada conceptualmente, y el sentenciante lo ha hecho razonablemente.

Las regulaciones de honorarios lucen razonables y no deben ser objeto de corrección (artículos 6º, 7º y 8º ley 21839, 3º D.L. 16638/57).

III.- Por lo expuesto y argumentos propios de la sentencia apelada, propongo se la confirme en todo lo que fue materia de agravios; con costas de alzada al actor; y se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior (artículos 68 C.P.C.C.N.; 14 de la ley 21.839).- EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.- LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ no vota (artículo 125 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18.345).- Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)Confirme la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios;

2)Imponer las costas de alzada al actor;

3)Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- lnp JUAN CARLOS E. MORANDO LUIS ALBERTO CATARDO JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA Ante mí:

ALICIA E. MESERI SECRETARIA