marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jueces, intangibilidad de la remuneración, Poder Judicial, régimen disciplinario administrativo, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Zárate  de  Garriga,  Nelly  Rosa  y otros en J: 24.242 Garriga, José Alberto c/ Banco Regional de Cuyo S.A. s/ ordinario s/ incidente - casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

La irreductibilidad de los sueldos de los jueces establecida en el art. 110 de la Constitución Nacional no es óbice a las sanciones pecuniarias previstas por las leyes orgánicas y procesales que puedan aplicar los superiores jerárquicos del Poder Judicial en ejercicio de las facultades disciplinarias que los son propias, pero con la salvedad de que tales sanciones sean módicas y no excedan de cierto umbral.
Falsificación de instrumento privado, pasaporte extranjero
Materia: PENAL
Carátula: CASCALLAR, Vicente s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-29

Cuando no existen constancias en autos que un pasaporte haya sido extendido en las formas que las leyes de otra Nación determinan, para revestir carácter de instrumento público, debe ser tenido como instrumento privado al efecto de su encuadramiento típico.
Honorarios del abogado, citación en garantía, abogados
Materia: LABORAL
Carátula: FLEITAS, MARTIRE c/ TRANSPORTES 9 DE JULIO SA Y/U OTRO s/ HONORARIOS CITACION EN GARANTIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-14

Si bien es cierto que la labor profesional no solo debe evaluarse por las intervenciones concretas sino por su resultado, también lo es que desde el punto de vista del juzgador que debe fundar su decisión al regular los honorarios, debe priorizarse la evaluación de aquéllas en el contexto del éxito obtenido. Habiéndose limitado la actuación del letrado de la citada en garantía a la promoción de la revocatoria por el carácter de su citación, que no provocó controversia, a falta de previsión arancelaria expresa puede asimilarse el caso a la situación contemplada en el artículo 7, inciso 3ro in fine de la Ley 6767, señalando para reforzar tal interpretación que las medidas previas y precautorias gozan del mismo tratamiento arancelario que los incidentes, por lo cual como en el supuesto de incidencia que ponga fin al litigio, torna aplicable aquella disposición.
Excarcelación, falta de requisitoria, juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GASPAR, RENE JORGE s/ INC. DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-03

Siendo del caso que el proceso no arribó aún a la etapa de plenario, la exigencia de la previa requisitoria del Ministerio Público que servirá de parámetro para computar el tiempo agotado en prisión preventiva por el acusado no se da, y no es viable, que el Tribunal supla la ausencia de dicha condición legal efectuando conjeturas acerca del eventual requerimiento de pena que cabría en la especie, en tanto importaría sustituirse el órgano estatal en quien reside tal prerrogativa.
Regímenes jubilatorios especiales, cargos electivos, legisladores, beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mosca, Carlos Miguel Angel c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

Resulta ajustada derecho la resolución que, en consideración que el actor es beneficiario de una jubilación ordinaria en el ámbito nacional, denegó el otorgamiento del beneficio consagrado en la ley 8320 (conf. arts. 7 inc. "b" de la ley 8188 y 2 inc. "b" del convenio ratificado por el dec. ley 9820).
Medidas cautelares, acción meramente declarativa, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: NACCI, JOSE c/ Poder Ejecutivo Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-20

Las medidas cautelares son básicamente instrumentales y subsidiarias, dado que su finalidad consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia definitiva. En virtud de ello, resulta improcedente establecer medidas precautorias que coincidan con el objeto de la pretensión de fondo, pues con ello se desvirtúa la naturaleza meramente instrumental del instituto cautelar al convertirse en un medio para arribar precozmente a un resultado al que sólo podría accederse mediante el correspondiente dictado de una sentencia de mérito, por lo que adquiriría así un carácter autónomo, impropio de su naturaleza (en igual sentido, C.N.A.Com., Sala C, sent. del 30.09.97, TVA Canal Satelital c/ Cablevisión S.A., íd. Sala A, sent. del 21.08.97, Otaegui, Javier c/ Red Multilíneas;

C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala I, sent. del 29.02.96, Riesco, Hipólito A. c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro). En consecuencia, habiendo el actor iniciado una acción meramente declarativa -a fin de que se declare la inconstitucionalidad del Dec. 78/94 y la consecuente vigencia y aplicabilidad del régimen jubilatorio específico establecido por la ley 22.731-, corresponde revocar la sentencia del a quo que hizo lugar a la medida cautelar tendiente a que se ordene a las autoridades pertinentes abstenerse de modificar su status jurídico previsional hasta tanto se dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión. (Disidencia del Dr.

Fernández)
Marcas, marcas confundibles, vocablo de uso común
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEÑAFLOR SA c/ FINCA MORERA SRL s/ cese de uso de nombre.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-15

Gráficamente la coincidencia de la expresión FINCA -voz común, no monopolizable- aparece suficientemente caracterizada con los añadidos LAS MORAS y MORERA, desde que tales elementos cuentan con suficiente poder distintivo para absorber, en la totalidad del signo, el parecido que impone el elemento coparticipado. Esa diferencia gráfica se proyecta también al terreno fonético y al ideológico. En este último plano los signos si bien es cierto que las desinencias (MORAS y MORERA) aluden al fruto del moral (ver diccionario de la real academia española) lo cierto es que la asociación vertida esta circunscripta a un público reducido lo que atenúa severamente la razonabilidad de la oposición. Refuerza esta conclusión el hecho que en su gran mayoría el público consumidor, aunque estos sean exhibidos conjuntamente en góndolas de supermercado, no son niños sino éstos resultan ser un público calificado que pondrá un especial cuidado en su adquisición, y que por lo general el cliente de bebidas alcohólicas goza de sus preferencias en la materia.
Compraventa, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Goicochea, Andres c/ Morales, Rodolfo Omar s/ Accion de saneamiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

Si se accionara pidiendo la inscripción de dominio de un automotor con base en una prescripción adquisitiva, la contienda debería dirimirse ante la justicia federal. No así en el caso donde en realidad se acciona por cumplimiento de un contrato.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), embargo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HERNANDEZ, NILDA NORMA c/ TRAVERSO, HUMBERTO EMILIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-02-12

La impugnante no consigue persuadir acerca de que la Sala hubiera transgredido los márgenes de razonabilidad tolerados ni los límites de la congruencia, al confirmar el rechazo del pedido de levantamiento de embargo cautelar sobre el 20% de los haberes jubilatorios del demandado puesto que, para concluir como lo hizo, el Tribunal partió de señalar que correspondía desestimar el planteo relativo a la inembargabilidad de los haberes previsionales -en los términos del artículo 14 inciso c) de la ley 24241- para luego considerar que el crédito de la trabajadora tiene neto carácter alimentario, y sobre ello el recurrente no plantea en esta instancia ninguna crítica concreta y superadora que lleve a revisar el decisorio cuestionado. (Del voto del Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24241, artículo 14, inciso c)
Despido indirecto, prueba de informes, indemnización por despido
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Gómez, Miguel Agustín  c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Bartolomé Mitre 2612  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-12

La accionada cuestiona la forma de extinción del vínculo que existió con el actor. Destaca el apartamiento de las previsiones del art. 252 LCT. El vínculo que existió entre la partes finalizó por decisión unilateral del trabajador, quien se colocó en situación de despido indirecto ante el silencio de la accionada frente a sus intimaciones, lo cual torna aplicables las disposiciones del art. 57 LCT. De acuerdo con la prueba informativa remitida por ANSES el accionante había obtenido el alta en el beneficio previsional por lo que a los fines del cálculo de la indemnización por antigüedad, no cabe tomar en cuenta la fecha en que se inició el contrato, sino el día siguiente a aquel en que al actor le fue concedida la jubilación. El art. 253 LCT regula la situación del trabajador que después de jubilado, presta servicios a órdenes de la misma demandada. Nada obsta que un trabajador que obtenga un beneficio jubilatorio continúe en actividad aunque a partir de la reforma introducida por el art. 7 de la ley 24.347 se incorporó el segundo párrafo a la norma, que acota la antigüedad al periodo posterior al cese, como excepción a lo dispuesto en el art. 18 de la LCT (cfme. Plenario N° 321 del 05/06/2009 "Couto de Capa"). El hecho de que desde el momento que obtuvo el beneficio jubilatorio y la finalización del mismo, sólo transcurrieron 22 días, invalida la posibilidad del trabajador de acceder al pago de la indemnización por antigüedad, por haberse desempeñado por un lapso inferior a tres meses después de su jubilación (conf. art. 245 LCT y Fallo Plenario N° 218 "Sawady").
Apreciación de la prueba, aplicación errónea de la ley, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Aldana, Luis Horacio c/  s/ queja en causa N° 87.946 del Tribunal de Casación Penal, sala V
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-02-16

Si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial respecto de la subsunción legal, salvo un supuesto de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores facti invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, expresión de agravios
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Rosa María Juana MARTINEZ SUAREZ DE TINAYRE c/ ARGENTINA TELEVISORA COLOR L.S. 82 CANAL 7  S.A. s/ ADMINISTRACION  PUBLICA  -  SOCIEDAD ANONIMA - CONTRATO - RESCISION -  LOCACION DE OBRA Y SERVICIOS  -  CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL - RECURSO  ORDINARIO DE APELACION - DAÑOS - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-20

Si bien al contestar agravios la demandada no reiteró la cuestión referida al plazo de vigencia del contrato y fue objeto de rechazo en la alzada por dicha circunstancia, ello no constituye óbice decisivo para su consideración en esta instancia, pues es objeto del planteo expreso en el memorial pertinente (art. 280 del Código Procesal) y la Corte participa de un criterio amplio en la materia acorde con la debida tutela de la garantía de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional)- fundado en que, con excepción de las cuestiones expresa o implícitamente excluidas, el tribunal de apelación tiene con respecto a las pretensiones y oposiciones oportunamente interpuestas la misma competencia que corresponde al juez de primera instancia, conclusión particularmente válida en el sub lite puesto que no podía exigirse a la demandada, vencedora en primera instancia, que apelara de un pronunciamiento favorable.
Concursos, reglas procesales, deberes y facultades del juez, dirección del proceso, emergencia sanitaria, propuesta de acuerdo preventivo, período de exclusividad
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Bullrich, Jaime Rodolfo c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Corresponde confirmar la resolución de grado mediante la cual el Sr. Juez fijó nuevas fechas para que el deudor haga pública su propuesta de acuerdo, el vencimiento del período de exclusividad y la realización de la audiencia informativa. Ello así, pues si bien el concursado alega las dificultades que le ocasiona la pandemia decretada a raíz del COVID 19 y la necesidad de suspender los plazos, no puede soslayarse que en este estadio procesal el bien jurídico tutelable no recae únicamente sobre el concursado, sino también en los intereses de los acreedores. Empero ellos parecerían más afectados ante un eventual decreto de falencia, que ante una prórroga del procedimiento para negociar la obtención de las conformidades para la aprobación de la propuesta de acuerdo. En ese contexto, la decisión del anterior sentenciante de fijar nuevas fechas, se aprecia adecuada para proteger los intereses involucrados en este proceso, sin que sea procedente decretar la suspensión de la causa a resultas del cese de la pandemia declarada por la OMS, como lo pretende el recurrente, máxime cuando no existe norma legal que así lo disponga.
Cosa juzgada, fallo plenario, homologación del acuerdo laboral, SECLO
Materia: LABORAL
Carátula: Mugeri, Francisco c/ Coca Cola FEMSA de Bs. As. SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-30

El acuerdo celebrado entre las partes, en este caso, no fue homologado ante el SECLO, sino simplemente registrado ". por no existir elementos suficientes para concluir que se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes.".En tal convenio, la demandada se comprometió a abonar al actor una determinada suma de dinero por causa del despido ad nutum. No se pactó transacción, conciliación o un convenio asimilable a los descriptos en el art. 15 LCT. Pese a que el actor aceptó sin reservas el monto ofrecido, ello no constituye impedimento para que después reclame diferencias de obligaciones originadas en el contrato de trabajo que estime correspondientes, según autoriza el art. 260 LCT. Si bien es indiscutible la eficacia del acuerdo, en tanto instrumentó un pago a cuenta o parcial, lo cierto es que su aceptación por el trabajador no exterioriza una renuncia de su derecho a cobrar el saldo restante (art. 58 LCT).
Cosa juzgada, verdad jurídica objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: CANEPA JORGE Y OTRA s/ SEPARACION PERSONAL POR PRESENTACION CONJUNTA - CASACION CIVIL DE LA IGLESIA NAZAR BENITO ADOLFO c/ FILOSI OLINDA RUTH Y OTROS s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA - CASACIÓN CIVIL DE LA IGLESIA NAZAR BENITO ADOLFO c/ FILOSI OLINDA RUTH Y OTROS s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-07-07|2007-12-20

El Máximo Tribunal Federal ha descalificado aquellas sentencias que, so color de un supuesto respeto al principio de cosa juzgada, conducen a soluciones desproporcionadas que prescinden de la realidad económica, ya sea porque alteran la relación entre el monto originariamente reclamado y la cuantía de la condena, o porque se traducen en una fuente injustificada de enriquecimiento, o por otras circunstancias que quiebran toda norma de razonabilidad, violentan los principios establecidos en los artículos 953 y 1071 del Código Civil, y desnaturalizan la finalidad de la pretensión entablada en el entendimiento de que la cosa juzgada busca amparar más que el texto formal del fallo, la resolución real provista en él y que ante un hecho evidente y manifiesto que genera o lesiona un derecho que sólo reconocería como causal el error, no puede un magistrado prescindir del uso de los medios a su alcance para determinar la verdad jurídica objetiva y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos, puesto que de consolidar los mismos mediante un rigorismo extremo de la preclusión o la cosa juzgada, más que a consolidar la seguridad jurídica, sería el camino de innegable idoneidad para destruirla.-
Títulos ejecutivos, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/ Provincia de Jujuy s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-12

Los certificados de deuda se encuentran incluidos en la categoría de títulos ejecutivos autorizando a suscribir tales documentos a los jefes de los respectivos organismos y si bien la ley procesal no especifica los recaudos básicos que deben reunir tales instrumentos, resulta necesario que sean expedidos en forma que permitan identificar con nitidez las circunstancias que justifican el reclamo por la vía elegida sin que sea posible revisar en el juicio de ejecución, su proceso de formación.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, cuestiones procesales, desindexación, aplicación de la ley, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Hahn, Guillermo Federico s/ Sueldos impagos-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-06-25

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, ya que se refiere a cuestiones procesales, en cuanto pretende la aplicación de la ley 24283, que en principio resulta ajena a éste remedio extraordinario provincial. Empero ello, dicho principio cede, cuando el recurrente demuestra en qué consiste la denuncia de arbitrariedad que adolece el decisorio del Tribunal AD-QUEM, ya que jurisprudencialmente se ha dicho, que quien pretenda la aplicación de la ley de desindexación, debe probar el presupuesto de hecho que la justifique, es decir debe convencer al juez que el índice aplicado por la alzada no guarda relación con la economía real y el valor de los bienes involucrados, y no ha limitarse, como en el caso sucedió a invocar dicha normativa.
Daño moral, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rori de D'Amico, Edith c/ Rosales, Ofelia Petrona s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

Pocas dudas pueden suscitarse sobre la sensación de inseguridad y la afrenta, aunque pasajera, a su buen nombre y honor que ha debido sufrir la actora, cuando no sólo el auto (que adquiera) le fue secuestrado por la policía y supo que carecía de todo derecho al mismo, pues era un automotor de los llamados "dobles o gemelos", que había sido robado a su titular para llegar a sus manos después de una anterior compraventa a su luego vendedora, sino que, además, tuvo que verse momentáneamente involucrada en una situación de sospecha.
Intervención de terceros, intervención obligada, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Nacional c/ Municipalidad de San Martín de los Andes (Provincia del Neuquén) s/ interdicto de recobrar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-30

Debe desestimarse la solicitud de citación de un tercero si no se invoca concretamente la presencia de una comunidad de controversia que suscite la intervención obligada prevista en el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Sobre quien solicita la citación de un tercero, pesa la carga de demostrar que se trata de alguno de los supuestos que autorizan a disponerla.
Declaración indagatoria, derecho a la presencia del defensor, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, notificación, falta de notificación, nulidad procesal, garantías procesales
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, R. A. s/ NULIDAD - DEFENSA JUICIO - NOTIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-02-03

Si el procesado declaró, al ser indagado, que deseaba ser defendido por el Defensor Oficial; aunque ese pedido no se proveyera y no se individualizara entonces al funcionario de turno; dado que el aludido defensor fue notificado del auto de prisión preventiva, y, consecuentemente, pudo tener intervención en el resto del proceso; no advirtiéndose que el procesado se sienta vulnerado en sus derechos, y no dándose, tampoco, en el caso, una violación del art. 9 C.P.C.; no procede declarar una nulidad formal en virtud de una omisión respecto del Reglamento para la Jurisdicción (art. 66).-
Jubilaciones, pensiones, haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MOTTO, ROBERTO JOSE Y OTROS c/ A.N.Se.S s/ HABERES PREVISIONALES BROGGINI, EMILIO JORGE c/ A.N.Se.S s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-23|1998-04-24

El art. 4 de la ley 24.019 estableció "por excepción y por el lapso de cinco años a partir de la promulgación los montos móviles de las jubilaciones no podrían superar el setenta por ciento (70%) de la remuneración asignada a la categoría, cargo o función que se tuvo en cuenta para determinar el haber de la jubilación". En consecuencia, corresponde revocar la sentencia que no hizo lugar a la acción de amparo interpuesta y ordenar a la A.N.Se.S. que dentro del plazo de quince días de notificada adecue los pagos de los beneficios previsionales de los peticionantes al monto correspondiente según lo dispuesto por la ley 21.121 desde enero de 1997, y abone en igual plazo las diferencias descontadas desde esa fecha en base al art. 4 de la ley 24.019. Dicho criterio encuentra sustento en la doctrina sentada por el más Alto Tribunal que sostuvo que el art. 160 de la ley 24.241, al disponer que la movilidad de los haberes de las prestaciones otorgadas o a otorgar por aplicación de leyes anteriores que tengan una fórmula de movilidad distinta a la del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones continuará practicándose de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de entrar en vigor la presente ley, debe ser interpretado como únicamente dirigido a la prestaciones que no estaban comprendidas en el régimen general de jubilaciones y pensiones y, por ende, sujetas a estatutos especiales que implementaban un sistema especial y distinto para la movilidad de los haberes (cfr. "Chocobar, Sixto Celestino", sent. del 27.12.96).

Dicha conclusión fue reafirmada por el Dec. 2433/93 -dictado para reglamentar la ley 24.241- al prescribir con respecto al art. 160 que se mantienen en vigencia las movilidades establecidas por las leyes 21.121, 21.124, 22.731, 22.929, 22.940, 22.955, 22.682, 23.895, 24.016, 24.018 y 24.019 y "... cualquier otra ley anterior que contemplara una fórmula de movilidad distinta a la de la ley 18.037" (ver Considerados 31 y 32, Fallo citado).
Encubrimiento real con receptación, automotor sustraído, robo de automotor
Materia: PENAL
Carátula: AITA, HORACIO A. s/ ENCUBRIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-11

El conocimiento del origen delictivo del objeto que ubica las cosas en la previsión del art. 277, inc. 3 C.P., se extrae de la circunstancia que el procesado no ha podido justificar la tenencia del automóvil robado, al brindar una explicación no sólo infundada sino totalmente inaceptable en función de la persona que la daba y su oficio. Aún en casos de dolo eventual, la conducta encuadra en lo descripto por la norma citada.