marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pensiones, cónyuge supérstite, prueba, prueba insuficiente, otorgamiento del beneficio, rectificación de partida
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: KAES, AMALIA c/ A.N.Se.S. s/ PENSION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Si la peticionante no acreditó debidamente su carácter de viuda del causante -atento la disparidad de apellidos exhibidos por la documentación acompañada- sólo cabe, como trámite previo a la solicitud de pensión, y a fin de cumplir con el requisito establecido por el art. 26 de la ley 18.038, proceder a la rectificación de la partida de matrimonio ante autoridad judicial. En consecuencia, corresponde revocar la sentencia que otorgó el beneficio de pensión reclamado. (Del voto del Dr. Laclau).
Jurisdicción y competencia, prórroga de la competencia, acuerdo de partes
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: MERCEDEZ - BENZ ARGENTINA S.A.C.I.F.I.M c/ EDUARDO PASTOR DOMINI s/ JURISDICCION    Y  COMPETENCIA  -  COMPETENCIA  ORDINARIA  -  POR  EL  TERRITORIO - LEYES  NACIONALES  -  DOMICILIO  - PRORROGA - DESALOJO -  CONTRATO DE TRABAJO - CONVENIO DE PARTES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

Si bien el art. 19 de la ley 18.345 prohibe la prórroga de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, incluso la territorial, guarda silencio respecto de la de los tribunales laborales de una provincia en favor de dicho fuero, con lo que recobra aplicación supletoria el art. 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que la admite en los asuntos exclusivamente patrimoniales (art. 155, segundo párrafo, ley 18.345). Por lo tanto, nada obsta para admitir la validez de la prórroga pactada entre las partes.
Privación ilegal de la libertad con abuso de funciones, personal policial, detención, extraña jurisdicción, detención sin orden
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO, RAUL s/ PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD    POLICIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-13

1) Constituye el delito de privación ilegal de la libertad, la acción del Comisario que dispuso que una comisión policial se trasladara a la Capital para detener a un procesado, abusando de sus funciones, y omitiendo cumplir con las formalidades de la ley 20 771, pues carecía de orden de detención emanada del tribunal competente (art. 1) y no proporcionó tampoco la documentación requerida (art. 2).

2) También debe responsabilizarse al ejecutor de la orden, que aceptó voluntariamente cumplirla.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aumann, Verónica Susana c/ E.N. Estado Mayor Gral. de la Armada Dir. de Bienestar de la Armada s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

Para que la resonsabilidad del Estado se haga efectiva, es requisito inexcusable la existencia de un daño o perjuicio que debe ser reparado, indemnizado o resarcido. Sin la existencia de ese menoscabo o ese deterioro la responsabilidad no se pone en movimiento. El perjuicio es un elemento esencial de la responsabilidad. Sin la existencia de perjuicio no existe responsabilidad, ya sea que esta derive del ejercio de la actividad o comportamiento lícito o ilícito del Estado (vid Marienhoff "Responsabilidad del Estado por sus acto lícitos". E.D. Tº 127, Pág.

711 (Del voto de la juez Herrera, cons. VII).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, sociedad prestadora de servicios médicos, células madre, acción de responsabilidad
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Bruno, Marcela Paola y otro  c/ Matercell SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

Consecuentemente, habiendo la defendida impuesto contractualmente que el requerimiento del servicio de "urgencia" habría de ser canalizado por el prestatario a números de telefonía celular por ella indicados, los riesgos correspondientes a una eventual falta de comunicación no pueden ser asumidos por el consumidor, sino que debe correr a cargo de quien como proveedora -obligada en los términos de la ley 24240 así lo determinó eligiendo tal medio de comunicación (arg. CCCN 1095).
Concurso preventivo, incidente de revisión, contratos de préstamo garantizados
Materia: PROCESAL
Carátula: Iacomuzzi, Raimundo y otro c/ Martín, Yolanda Isabel s/ incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-04-27

Corresponde rechazar un incidente de revisión que pretende endilgarle una deuda a la concursada, toda vez que pese a figurar como mutuaria en el segmento inicial del contrato de préstamo que se examina, aquella no estampó su firma al pie de dicho documento y sí lo hizo su hijo, de modo tal que, no es factible atribuirle a dicha concursada la autoría ni expresión de voluntad en orden a las cláusulas contractuales allí incluidas.
Derecho procesal, medidas cautelares, inhibición general de bienes, embargo, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Canese, Carina Alejandra  c/ Wainer, Daniel Alejandro  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-25

Procede confirmar la resolución que ordenó el embargo de un inmueble de titularidad del accionado, pese a encontrarse trabada con anterioridad la inhibición general de bienes. Ello por cuanto, dicha medida constituye una cautelar sucedánea del embargo, decretable cuando éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado (arg. CPR 228). Y si bien en el caso, no se ha practicado liquidación alguna de la deuda, no puede pasarse por alto que la suma por la que prosperó la ejecución con más un interes del 7% anual desde la mora aparece de una envergadura que justifica mantener el temperamento adoptado en la anterior instancia, máxime ponderando que la propiedad a embargar cuenta con varios embargos anteriores anotados; con lo cual su eventual venta podría aparecer insuficiente para cubrir la totalidad de la acreencia.
Recurso de inconstitucionalidad, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LARRAMBEBERE, MARCELA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-31

Obsta a la consideración de los argumentos vertidos en el escrito de queja en relación a los agentes que se habrían jubilado durante el transcurso del proceso, el consolidado criterio según el cual la presentación directa, conforme la mecánica establecida en la ley 7055, no puede mejorar el recurso de inconstitucionalidad antes deducido. De ser así se violaría el derecho de defensa de la contraria, impidiéndosele su contralor en virtud de que en esta instancia no es parte, como también al Tribunal a quo efectuar el examen de admisibilidad que tiene a su cargo a fin de conceder o denegar el mismo CITAS: A. y S. T. 237, págs. 110/112; T. 232, págs. 410/424; T. 197, págs. 333/336; T. 174, págs. 391/394; T. 165, págs. 422/426; T. 162, págs. 170/180; T. 158, págs. 198/202; T. 152, págs. 320/325
Asistencia en asuntos penales, competencia contravencional y de faltas, régimen de faltas, transporte de pasajeros, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Oscar Aníbal c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ López, Oscar Aníbal s/ 4.1.7 - Taxis, transportes escolares y remises sin autorización
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Si los magistrados intervinientes entendieron que la actividad que desempeñaba el recurrente a través de la aplicación UBER al momento del labrado del acta de comprobación era constitutiva de la infracción tipificada en el art. 6.1.49, segundo párrafo, de la ley n° 451 y dieron razones para justificar su punto de vista; el planteo del recurrente relacionado con que dicha actividad, por no estar prevista expresamente, quedaría exenta de la prohibición legal aunque se realizara sin habilitación, resulta insustancial para cuestionar, y sobre todo con base constitucional, las reflexiones de los jueces en tanto puede desprenderse del razonamiento del a quo que cualquier actividad relativa a transporte de pasajeros - esto es, aquella contemplada en la prohibición del Régimen de Faltas- requiere de habilitación o permiso de la ciudad para ejercerla. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Daños y perjuicios, locación de cosas, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: Ferrando de Gerbasi, Ruth Jacinta c/ Layro Díaz de Nogués, Susana M. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-14

Ante la acción deducida por los perjuicios sufridos por el locatario en razón de la deficiente instalación de un conducto de evacuación de los gases producidos por un calefón, surge la responsabilidad del locador. Cuando el vicio de la cosa que causó daños al locatario es un vicio de construcción o instalación, no puede imponerse a la víctima que dirija su acción contra el culpable por cuanto, frente a aquél, el dueño siempre es responsable.

Es ineficaz la cláusula de exención de responsabilidad del locador que contiene el contrato de locación, si los daños sufridos por el locatario se generan en vicios o defectos de la cosa locada. Hay responsabilidad, no obstante cualquier estipulación en contrario, en los casos de dolo y culpa grave; cuando se está frente a una obligación de seguridad que concierne a la persona humana, se trata de una materia de orden público, no susceptible de pacto de exclusión de responsabilidad.
Delitos contra el honor, injurias, injurias recíprocas (penal)
Materia: PENAL
Carátula: Aranibar, José Martín s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-03-30

Siguiendo lo dicho por este Estrado en los autos "Martinelli, Roque Luis s/ Querella" -expte. nº 377/00 SR del 27.09.2000, Libro VI, fº 654/681-, puede señalarse que el art. 116 del Cód. Penal faculta al juzgador a prescindir de aplicar la sanción penal prevista por el art. 110 en situaciones en que ha habido una equivalencia entre las recíprocas ofensas que las partes se infirieron y por las cuales accionaron. Como correctamente señala Vázquez Rossi, "a contrario de lo que por regla acontece en otras situaciones en materia penal, acá se prevé una compensación de ilícitos cuyo efecto punitivo se anula por la concurrencia" (Jorge E. Vázquez Rossi, "La protección jurídica del honor", Rubinzal-Culzoni, 1995, pág. 135).
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, propiedad horizontal, consorcio de propietarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Propietarios c/ Villar José Antonio s/ Cobro ejecutivo de expensas Sgardoy Elida Ester c/ Policlínica Del Niño y la Flía. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-15|1999-08-23

Para hacer uso de la potestad recursiva, en primer término se erige como requisito subjetivo esencial de admisibilidad poseer la legitimación procesal suficiente por lo que configurando la parte actora un consorcio de propietarios de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal -dado su carácter eminentemente deliberativo- el ejercicio de las acciones que le competan, debe ser actuado a través de su administrador designado con las formalidades establecidas en el Reglamento de Copropiedad (Arts.9, 10, 11 y ccts. ley 13512). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C. de R.A. c/ R. S. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Si bien no es imprescindible la habitualidad o frecuencia para que la actitud insultante configure la causal, lo menos que puede exigirse es que sea grave (arts. 202 inc. 4° y 214 inc. 1° del Cód.

Civil).
Facultades del juez, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Morrone, Roque A. y otros s/ infr. ley 23.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente, sin que en esa tarea exista óbice alguno para que el juez pueda apartarse de las palabras de la ley, cuando su interpretación sistemática así lo requiera.
Multa procesal, abogados, facultades del juez, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Furque, José Alberto c/ Rafael J. Pérez S.A.C.I.F.I.A. s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-08-05

Corresponde confirmar la multa impuesta por el A-quo al apoderado de la parte demandada, ya que teniendo las partes en todo proceso judicial el deber de observar un comportamiento basado en la lealtad, buena fe y probidad, resulta imperioso en este orden de cosas que el juez ejerza la facultad reconocida por la ley adjetiva y sancione toda conducta contraria. Por ello, cuando la conducta de una de las partes deja de ser la propia manifestación de la habilidad o capacidad de defensa e incluso de su astucia, y a través de añagoza artera o la tecniquería o chicana, coloca a la contraria en la necesidad de sufrir una pérdida inútil de tiempo, se pierde el sentido de la cooperación por las conductas asumidas y tales actividades se encuadran en la temeridad o malicia. En esa inteligencia, resulta ajustado a derecho imponer la multa, puesto que de autos surge que la conducta asumida por el profesional actuante a lo largo de todo el proceso ha sido claramente obstruccionante y hasta improcedente, sin perjuicio de entender que para calificar a una conducta como temeraria debe concurrir el elemento objetivo con el factor subjetivo que se exterioriza a través de la certidumbre de que los planteos formulados carecen de apoyo fáctico o jurídico, como sucedió en el caso de autos que luego de efectivizarse el remate y participar de él, convalidando la orden, la ataca de nula por falta de formalidades.
Entidades financieras, operaciones financieras, depósito bancario, banco central, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: DE SETA, JUAN CARLOS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-07

La forma subrepticia en que se realizaron las operaciones las que no se canalizaban por las cajas normales de la entidad, muestran claramente que tras el velo de un depósito regulado por las normas del Banco Central se pactaban en ellos intereses superiores a los regulados, incluyendo operaciones realizadas al margen de las prescripciones reglamentarias dentro de la garantía de la ley 21 526.
Suspensión del proceso judicial, acto administrativo, gravedad institucional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Monsegur, Raul Luis c/ En-M Justicia Y DDHH (Ex S04 21180/22 - Resol 1258/22) s/ indemnizaciones - ley 24043 - art 3
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-28

La sala ordenó la suspensión del proceso en virtud del dictado de la resolución 135/24 y requirió a la demandada que informe trimestralmente el avance del procedimiento iniciado por medio de la RESOL-2024-135-APN- MJ., bajo apercibimiento de resolver de conformidad con las constancias de la causa. A tales efectos, señaló que el dictado del referido acto importaba una modificación sustancial de las circunstancias fácticas del caso susceptible de condicionar la decisión respecto del acierto de la resolución 1258/22, dictada en el marco del expediente administrativo n° S04:0021180/2012, por la que se denegó al señor Raúl Luis Monsegur el beneficio previsto en la ley 24.043 y sus ampliatorias. Agregó, en igual sentido, que la gravedad institucional y potencial incidencia de los hechos objeto de la auditoría integral ordenada -cuyos alcances no se limitan a los procesos penales individualizados en el acto en cuestión; v. párrafos 9 a 14 de sus considerandos-, imponen al tribunal que adopte las medidas necesarias para evitar pronunciamientos no ajustados a derecho, en debido resguardo de los bienes jurídicos en juego.
Caducidad del registro de marca, uso de marca, uso efectivo de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROEMMERS S.A c/ CHEMOTECNICA SINTYAL s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-18

Sobre la base de considerar que la primera regla en la materia que es la efectiva producción, utilización y/o comercialización del producto, con excepción de la obtención del certificado de autorización de salud pública en el año 1991 y la reinscripción - pero- luego de la oposición, la evaluación de los demás actos que se pretenden hacer valer como preparatorios no se corresponden con un interés efectivo medido a la luz de un probable lanzamiento real y concreto en un tiempo breve razonable, cuando ya se había verificado un exceso del tiempo prescripto en el art. 26, que permitan aplicar el criterio amplio de apreciación, y por ende, la declaración de caducidad de la marca no resulta un ritualismo excesivo frente al conjunto de circunstancias de la causa.
Ejecución fiscal, recurso de apelación (procesal), tribunal fiscal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Panificadora La Nona S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos -D.G.I. s/  Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-18

El recurso de apelación que autoriza el art. 174 de la ley 11.683 (de Procedimiento Tributario) contra la sentencia del Tribunal Fiscal debe concederse "en ambos efectos", dejando expedita la vía judicial al Fisco para ejecutar la deuda impositiva determinada, si el impugnante no acredita haber efectuado el depósito previo dentro de los treinta (30) días de notificada la sentencia o la resolución que aprueba la liquidación.
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Lozada, Salvador María c/ Editorial Amfin  S.A. s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

Es particularmente rigurosa la exigencia del cumplimiento del requisito de la debida fundamentación del recurso extraordinario, en materia de imposición de las costas.
Concursos, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Chmidt, Orlando c/ Monteros, Miguel Angel s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

La demanda de usucapión en la cual se cita de evicción a quien tiene abierto su concurso civil preventivo ante el juez de otro departamento judicial, debe ser remitida a éste para su radicación.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Motivación del acto administrativo, principio de legalidad, razonabilidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lenger Sebastián Javier c/ Prefectura Naval Argentina-Disp. DPSJ.JS1 399/97
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-18

La motivación del acto administrativo es la explicitación de la causa; esto es la declaración de cuáles son las expresiones de las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto, y se halla contenida dentro de los "Considerandos". Aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad de la actuación de los órganos estatales. Desde el punto de vista del particular responde a una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales. Constituye un requisito referido a la razonabilidad (conf. T. Hutchinson "Régimen de Procedimientos Administrativos", Editorial Astrea, página 77). (Cons. VI).
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria, auto de prisión preventiva, acusación fiscal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Tarcetti, Rubén D. y otros s/ Estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-18

Constituyen actos interruptores de la acción penal por constituir secuela de juicio, la declaración indagatoria, el auto de prisión preventiva, la acusación fiscal, el auto de apertura a prueba, el llamado de autos para sentencia y el fallo de primera instancia.
Concurso preventivo, incidente de verificación, honorarios, honorarios del perito, perito contador, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: FOMENTO  FORESTAL    S.A.   SOBRE QUIEBRA SOBRE INCIDENTE DE REVISION POR PROMOTORA DE FINANZAS  S.A.  CIA. FINANCIERA s/ INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-31

El honorario del perito contador en incidentes de verificación debe regularse en base al monto nominal verificado, sin perjuicio de su posterior ampliación en función del incremento por depreciación monetaria que corresponda -según ley 21.488- al crédito principal (Dec. Ley 16.638/57: 12; Ley 21.839: 47, último párr.).
Declaración indagatoria, abstención de declarar, valor probatorio, responsabilidad penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GARCAA, Martín Oscar s/ procesamiento".  Causa nro. 11.491
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07

Los dichos del procesado en su declaración indagatoria, o su silencio, no pueden ser utilizados en su contra. Podrán ser objeto de una mayor o menor credibilidad, extremos que habrán de analizarse a la luz de las demás evidencias acumuladas, más nunca su "prima facie" mendacidad, ser indicio de su responsabilidad.
Arrepentido, reserva de identidad, narcotráfico, crimen organizado
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Rafael Gustavo y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-26

Con relación a la cuestionada reserva de identidad del "arrepentido", fue el juez de primera instancia quien dispuso mantener su anonimato y la reserva de sus declaraciones en la secretaría del juzgado, y la propia ley 23.737 prevé que las personas que denuncian cualquier delito de los allí reprimidos se mantendrán en el anonimato (art. 34 bis). La finalidad perseguida por el legislador es la de garantizar la seguridad de quien denuncia un hecho de narcotráfico como testigo o "arrepentido", frente a las posibles represalias que pudiera tomar la organización criminal denunciada.No es óbice para que las declaraciones realizadas de acuerdo a las previsiones del art. 29 ter de la ley 23.737, y bajo la reserva de identidad que establece el art. 34 ibídem, sean documentadas mediante certificación en la causa, porque el legislador no especificó ninguna formalidad o solemnidad específica.
Competencia, orden público
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ JUAN FELIPE S.D. HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO EN CONCURSO IDEAL E.P. LEGUIZAMON HUGO Y ALLOSA DIEGO MARCELO s/ CASACION CRIMINAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-06-27

La competencia es un asunto de orden público que no queda al arbitrio del órgano jurisdiccional, pues éste, cuando advierte su incompetencia no debe seguir conociendo en la causa y la debe declinar.