Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-12-01


Nº___288__/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los un días del mes de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y ALBERTO MARIO MODI, asistidos por el Secretario Autorizante, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: "Cuellar, Miguel Alejandro C/ Medina, Melchor Gaspar Y Otros S/ Daños Y Perjuicios", Nº 144/08-2-L, año 2014, venido en apelación extraordinaria en virtud de los recursos: a) de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido a fs. 898/907 vta., por la parte co-demandada Sra. Mirta Miryam Ortega; b) de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal formulado a fs. 910/919 vta., por el co-demandado Sr. Alberto Mario Levit; c) de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 920/934 vta., por el actor; todos contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que obra a fs. 859/870.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? 1º) Relato de la causa. Los remedios anunciados se tuvieron por interpuestos a fs. 935 y fs. 936, corriéndose el pertinente traslado a las contrarias, glosándose a fs. 956/958 vta., contestación de la parte co-demandada Sra. Mirta Miryam Ortega. Seguidamente fueron concedidos a fs. 964/965 y fs. 966 y vta., respectivamente. Luego a fs. 981 se radicó el expediente ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia y se llamó autos, quedando la cuestión en estado de resolver.

2º) Por razones de buen orden procesal, comenzaremos por el tratamiento del recurso incoado por la parte actora, para continuar después con los deducidos por los co-demandados Sra. Mirta Miryam Ortega y Sr. Alberto Mario Levit.

3º) Recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora. Recaudos de admisibilidad. En el estudio de la concurrencia de los extremos que hacen a la viabilidad formal del presente remedio, advertimos que se encuentran reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, sentencia definitiva y oportuno planteo de la cuestión constitucional, por lo que cabe ingresar a su faz sustancial.

4º) El caso. El Sr. Miguel Alejandro Cuellar promovió demanda por daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo acaecido el 20/03/2007, en ocasión de realizar sus tareas habituales del albañil, en el inmueble ubicado en Comandante Fernández Nº 448 (en calle 12, entre 11 y 9 Ensanche Sur). Por tal motivo, reclamó haberes adeudados, incumplimiento contractual, entrega de certificaciones, reparación del infortunio laboral y además solicitó indemnización por lucro cesante, pérdida de chance, daño moral y emergente, conforme las disposiciones del Código Civil, contra los demandados Melchor Gaspar Medina, Sergio Darío Codutti, Diego Javier Cancelarich, Mirta Myriam Ortega y Alberto Mario Levit.

5º) La sentencia de primera instancia. El juez a-quo resolvió: 1) hacer lugar a la demanda por incumplimiento contractual derivado del contrato de trabajo por la suma de $36.492, con más intereses y condenó solidariamente a Melchor Gaspar Medina, en carácter de sub-contratista y al Sr. Sergio Darío Codutti, como contratista de obra; 2) asimismo condenó solidariamente por el accidente de trabajo, en los términos del art. 1109 y 1113 del Código Civil a los demandados Melchor Gaspar Medina, Sergio Darío Codutti, Diego Javier Cancelarich y Mirta Myriam Ortega; 3) hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el Sr. Alberto Mario Levit y por ende, rechazar la demanda incoada en su contra.

6º) Puntualmente en lo que aquí interesa, este fallo fue apelado por la parte co-demandada Mirta Myriam Ortega, insistiendo en que no puede responder por no ser propietaria del inmueble, conforme prueba rendida.

La Cámara resolvió hacer lugar a recurso de apelación y, en consecuencia, admitió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la co-accionada, rechazando la demanda interpuesta a su respecto.

Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso el recurso de inconstitucionalidad en trato.

7º) Los agravios extraordinarios. Básicamente la impugnante centra sus protestas en la omisión incurrida por las magistradas de segundo grado, en cuanto prescinden valorar de que la Sra. Ortega, en su carácter de locadora del inmueble donde ocurrió el hecho dañoso, es responsable como guardián, en virtud de la teoría del riesgo provecho, en los términos del art. 1113, 2do. párrafo del Código Civil y no limitarse a aplicar el primer supuesto contemplado para el dueño de la cosa.

8º) La solución propiciada. Así planteada la cuestión sometida a conocimiento de esta Sala, el examen del presente remedio permite visualizar que no concurre el supuesto de excepción a la regla general, que autorice la apertura de la instancia extraordinaria, toda vez que en realidad sólo evidencia la personal tesitura de la quejosa, respecto a la interpretación de la norma, la calidad que reviste la co-accionada y su incidencia a los efectos de otorgar responsabilidad, sin demostrar el desacierto, ni el vicio de arbitrariedad que invoca.

9º) Los fundamentos de la sentencia de Alzada. En efecto, mediante un examen detallado de las constancias de la causa y del cotejo de los elementos probatorios colectados, la Cámara señaló que: a) del contrato de locación de fecha 07/11/2005 emerge que la Sra. Ortega celebra el mismo en representación del propietario del inmueble (v. sobre Nº 523); b) dicho extremo también se corrobora con el Convenio Anexo de Contrato de Locación (reservado en el mismo sobre); c) no existe en la causa elemento alguno que permita determinar que la co-demandada fuera propietaria del inmueble donde ocurrió el siniestro, ya que ello no surge -como lo infirió el juez de grado anterior- de la informativa de fs. 160 vta. del Expte. Nº 184/07, habida cuenta que tal bien no se corresponde con el identificado como el del lugar del accidente. En este sentido el Tribunal observó que en el informe del Registro de la Propiedad Inmueble se alude a un inmueble rural, que resulta diferente al consignado como lugar del siniestro (calle Comandante Fernández Nº 448, Ensanche Sur).

De esta manera, concluyó que la valoración de la prueba efectuada por inferior fue defectuosa y apartada de las reglas de la sana crítica, siendo absurdo atribuir responsabilidad como propietaria a quien no reviste dicho carácter.

10º) La no arbitrariedad. Desde esta perspectiva claramente perfilada por la Alzada, lucen superfluos los agravios expuestos por la recurrente, pues los fundamentos sentenciales denotan un análisis razonado y prudencial que deriva de las concretas constancias de la causa bajo estudio, en correlato con el material probatorio incorporado al proceso, contando con suficiente y acabada motivación en orden al carácter de locadora y "representante del propietario" detentado por la Sra. Ortega y la interpretación asignada respecto a su falta de responsabilidad por el hecho que provocó el infortunio laboral, el que más allá de ser compartido o no, resulta justificado en la especie.

Precisamente este extremo no logra ser destruido por la parte impugnante, pues sólo insiste en su criterio interpretativo que no supera un mero desacuerdo, sin demostrar la arbitrariedad que endilga, ya que la apreciación de la prueba producida a fin de acreditar la responsabilidad de la co-demandada en el sub-lite, amén de ser una cuestión que pertenece a la esfera privativa de los jueces de la causa, no luce absurda ni antojadiza, sino que por el contrario, aparece seleccionada y valorada razonablemente conforme las reglas de la sana crítica, estimándose conducente para la mejor solución del litigio (confr. criterio de Sala en Sentencia Nº 59/12; Nº 74/13 y Nº 391/13).

Desde este ángulo, el Máximo Tribunal Nacional destacó: "No procede el recurso extraordinario que intenta someter a la Corte Suprema la mera discrepancia del apelante con el criterio empleado por los jueces de la causa en orden a la selección y valoración de la prueba producida en el proceso, extremo que no configura causal atendible de arbitrariedad cuando, como sucede en el caso, la decisión impugnada cuenta en tal sentido con suficientes argumentos que bastan para sustentarla como acto judicial" (C.S., 1983/10/03, "Barca, Jorge R.", La Ley 1984-B, 484, Jurisp. Agrup., caso 5217; C.S., 1985/03/19, "De Luca, Osvaldo E. y otros", La Ley, 1985-C, 543 - DJ, 985-50-609). 11º) Por otra parte, tampoco pueden prosperar las alegaciones vertidas en torno a la responsabilidad que le cabría a la Sra. Ortega en función de la calidad de guardián imputada, pues amén de señalar que en el sub-discussio ya se encuentra condenado el Sr. Diego Javier Cancelarich bajo ese carácter (v. fs. 748 vta.), en tanto el mismo al momento del hecho le alquilaba el inmueble a la locadora, siendo que además éste contrató los servicios del Sr. Sergio Darío Codutti para la demolición, refacción y construcción del edificio; lo cierto es que la co-demandada carecía sobre el bien del poder de hecho independiente, sin encontrarse habilitada para vigilar y dirigir, y de esa manera poder controlar que no causen daños, por cuanto -tal como se probó- no era propietaria y como locadora acreditó con el contrato de locación (agregado al sobre Nº 523), que transfirió la responsabilidad en el locatario, el que efectivamente y en los hechos ejerció la calidad de guardián.

En tal sentido, se ha remarcado que "Como consecuencia del contrato de locación de cosas la guarda se transfiere regularmente al locatario" (jurisprudencia citada en "Código Civil y Leyes Complementarias Anotados", Salas - Trigo Represas, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1979, tomo 1, pág. 607).

Corrobora lo expuesto, la prueba referenciada ut supra, en el sentido que tampoco puede atribuirse responsabilidad a la Sra. Ortega por el accidente, habida cuenta que las obras de reparación que se estaban llevando a cabo lo eran sin la autorización de la misma, en contraposición a lo pactado entre las partes conforme lo dispuesto en la cláusula séptima, ya que allí expresamente se convino la prohibición de realizar mejoras o modificaciones en el inmueble sin que previamente sean aprobadas por escrito por la locadora o su representante legal. Y lo cierto y concreto es que de las constancias de la causa no surge elemento probatorio alguno que acredite dicho permiso.

Por el contrario, repárese que el Sr. Cancelarich al contratar al constructor Codutti (v. fs. 32/33 del Expte. Nº 183/07, caratulado "Cuellar, Miguel Alejandro c/ Medina, Melchor Gaspar y otros s/ Medidas Preparatorias"), no verificó que éste diera cumplimiento con las exigencias y requisitos propios de la construcción al sub-contratar al Sr. Medina respecto de las habilitaciones municipales y del personal bajo su dependencia, ni menos aún -tal como se señaló- contara con la autorización escrita de la locadora para tal efecto, circunstancia que evidencia la falta obligación a su respecto.

12º) Lo expuesto, destruye la pretensión esbozada por la quejosa en tanto considera aplicable la teoría del riesgo provecho, desde que -amén de ser ello una cuestión ajena a esta instancia extraordinaria-, al no ostentar la Sra. Ortega la calidad de propietaria, ni de guardián del bien, mal puede endilgársele una responsabilidad por el supuesto provecho que recibió a título de canon locativo, pues el beneficio de la obra se trasladaría a los fines perseguidos por el locatario, Sr. Cancelarich, de conformidad a la aplicación de la teoría que invoca.

En efecto, para esta concepción "guardián" es la persona que aprovecha, usa y obtiene de la cosa un beneficio económico o personal, de placer o salvaguarda de sus intereses, encontrando su epicentro en la idea del aprovechamiento. Así, se vale de una cosa, quien se sirve de ella, empleándola útilmente para su comodidad, utilidad de cualquier índole, pudiendo usarse subsidiariamente como directiva la circunstancia de tener poder autónomo de dirección y control sobre la cosa; extremo que tal como se vio, no surge acreditado de las constancias y probanzas de autos, respecto de la co-accionada (confrontar "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Alberto J. Bueres - Elena I. Highton, Edición Hammurabi, Buenos Aires, 199, tomo 3-A, pág. 625).

13º) En definitiva, lo decidido por la Cámara no contiene un vicio de gravedad tal que lo haga descalificable como acto jurisdiccional válido, por lo que deberá desestimarse el recurso extraordinario en trato.

14º) Recursos de los co-demandados Sra. Mirta Miryam Ortega y Sr. Alberto Mario Levit. Orden metodológico. A los fines de la consideración de los recursos incoados por estos impugnantes, comenzaremos en orden a su jerarquía y efectos, por el de inconstitucionalidad. Asimismo y siendo que los remedios formulados por ambos co-accionados son idénticos en cuanto a la materia objetada, procederemos a analizarlos en forma conjunta, siguiendo el orden pautado.

15º) Recursos de inconstitucionalidad deducidos por los co-demandados Sra. Mirta Miryam Ortega y Sr. Alberto Mario Levit. Recaudos de admisibilidad. En el examen de la concurrencia de los extremos que hacen a la viabilidad formal, constatamos que se encuentran reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, sentencia definitiva y oportuno planteo de la cuestión constitucional, cumplimiento que habilita ingresar a la faz sustancial de los mismos.

16º) El caso. En lo que aquí interesa y respecto de ambos recurrentes, la cuestión atacada refiere a la imposición de costas en el orden causado, que fuera dispuesta en primera instancia y en Alzada por haberse admitido la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta respectivamente por los Sres. Levit y Ortega.

17º) Los agravios extraordinarios. Básicamente, en términos similares, los impugnantes atacan de arbitraria la decisión de imponer las costas por su orden, por cuanto revisten la calidad de vencedores y no existen motivos que justifiquen eximir total o parcialmente al vencido, atento a la interpretación restrictiva y excepcional que rige al respecto. Indican que no es suficiente invocar que el actor tuvo razón para litigar, ya que no existen circunstancias fácticas o jurídicas que demuestren la razonabilidad de lo resuelto por la Cámara, tanto al confirmar lo decidido en origen en orden al Sr. Levit, como lo relativo a la Sra. Ortega. 18º) La solución propiciada. Siendo que el punto central versa sobre la materia causídica, la que por su naturaleza procesal es ajena al recurso extraordinario (Fallos 293:226, citado en Sentencia Nº 119/13 de esta Sala, entre otras), dable es advertir que del cotejo del fallo cuestionado no surge configurado el supuesto de excepción que permita apartarnos de la regla expuesta, desde que los recurrentes no logran demostrar -en ninguno de los dos casos-, la existencia de vicios de naturaleza tal que tornen descalificable la interpretación y fundamentación expresada por el fallo de Cámara, con base en la doctrina de la arbitrariedad, pues luce apoyado en las constancias fácticas, jurídicas y procesales que resultan aplicables al caso y las que se verifican como suficientes para sostenerlo como acto jurisdiccional válido.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puntualizado "Lo decidido en materia de costas configura una cuestión de naturaleza procesal reservada a los jueces de la causa y ajena a la instancia extraordinaria" (C.S.J.N., 04/08/1983 "Galarraga, Delia c. Establecimiento Textiles San Andrés, S.A.", La Ley 1984-B, p- 484, Jurispr. Agrup. Caso 5219; en idéntico sentido C.S.J.N., 16/11/1982 "Rybnyk, Ignacio c. Canevaro de Frino, María y otro", Fallos: 304-1661). 19º) Bajo ese lineamiento, se repara que en orden al Sr. Levit, el Tribunal de Apelaciones -coincidiendo con lo decidido en origen- precisó que la norma procesal acuerda a los magistrados la facultad de interpretación con un grado de flexibilidad librado a su prudente arbitrio, para eximir la imposición de costas.

En virtud de ello, precisó que: a) ciertamente este demandado, al prestar declaraciones en sede penal (v. fs. 8 del Expte. Nº 2622/07, caratulado "Cuellar s/ Lesiones Culposas", agregado por cuerda) pudo inducir al accionante a creerse con derecho a entablar la acción, máxime frente a la pluralidad de personas que habían tenido vinculación de algún modo con el infortunio; b) se valoró la postura asumida por cada una de las partes en el proceso en conjunto para eximir de responsabilidad; c) frente al escrito agregado al Expte. Nº 183/07, por el cual el actor solicitó al Sr. Levit que acompañe título de propiedad o documento que acredite calidad de locador o poseedor del inmueble ubicado en Comandante Fernández Nº 448 del Ensanche Sur, éste se limitó a contestar que no revestía ninguna de las mencionadas calidades, en contraposición a lo declarado en sede penal; d) también pudo conducir a error la prueba informativa glosada a fs. 106 y vta. del Expte. Nº 183/07, brindada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Municipalidad local, de donde emergen varias actuaciones a nombre del Sr. "Levit, Alberto y/o resp.".

Por dichos motivos, entendió que en la especie concurrían las especiales circunstancias que autorizan la dispensa.

20º) A su vez y respecto de la co-demandada Sra. Ortega, la Alzada desde la perspectiva expuesta, señaló que si bien no surge de la prueba que ésta sea propietaria del inmueble donde ocurriera el accidente, lo cierto es que dada la conducta desplegada por esta parte con anterioridad a la demanda incoada en su contra, contribuyó a que el accionante se considerara con algún derecho a demandarla. Ello así, pues en las actuaciones preliminares (Expte. Nº 183/07), no efectuó manifestación alguna para identificar al propietario, ni aclaró bajo qué circunstancias celebró el contrato de locación con el Sr. Cancelarich, ya que se limitó a realizar una negativa genérica, todo lo cual pudo hacer caer al actor en el error o la creencia de que era legitimada pasiva en su carácter de propietaria y/o locadora del bien inmueble donde ocurrió el accidente de trabajo (v. fs. 867).

21º) La no arbitrariedad. Estas motivaciones justifican y avalan lo resuelto por la Cámara en orden a la materia causídica, habida cuenta que los recurrentes sólo efectúan una mera formulación de tipo genérico consistente en una apreciación subjetiva inidónea a los fines de demostrar el yerro del Tribunal ad-quem -y por ende del juzgador de origen respecto del co-demandado Sr. Levit-; por cuanto de las constancias de la causa surge que existen razones suficientes para imponer las costas en el orden causado, de consuno con el art. 68, 2da. parte del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco, extremos que autorizan a desestimar estas quejas. En tal sentido se ha dicho "Incluso la configuración de incertidumbre sobre un supuesto de hecho susceptible de inducir en error, al que no es ajena la conducta de la contraparte, torna procedente la exoneración de costas" (Cám. 1ra., sala II, La Plata, causa 143.715, registro interno 381/70) (jurisprudencia citada por Augusto Mario Morello, Gualberto Lucas Sosa y Roberto Omar Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Comentados y Anotados", Editorial Platense - Abeledo - Perrot, Buenos Aires 1995, tomo II-B, pág. 73).

En consonancia con lo expuesto, corresponde desestimar los recursos de inconstitucionalidad en trato.

22º) Recursos de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuestos por los co-demandados Sra. Mirta Miryam Ortega y Sr. Alberto Mario Levit. Los remedios formulados por ambos recurrentes (v. fs. 901/902 y fs. 913 y vta.), tienen como objetivo obtener la declaración de inaplicabilidad del art. 140º de la ley 2383 (actual art. 312º del nuevo Código Procesal Laboral de la Provincia) a fin de acceder a esta instancia extraordinaria.

Ahora bien, siendo que el Tribunal de Apelaciones concedió los recursos -por entender que dicho recaudo económico no resulta exigible toda vez que la materia involucrada (costas) no se vincula con el monto de condena a favor del actor (v. fs. 964/965)- y que además, es criterio de esta Sala Primera -con la integración de los suscriptos-, en el sentido que no deviene exigible la carga económica prevista en el ritual laboral, en cuanto requiere a la patronal el depósito del monto de la condena conjuntamente con la interposición del recurso extraordinario ante este Tribunal (confrontar Resoluciones Nº 239/14 y 248/14, entre otras), corresponde desestimar su tratamiento, por haberse tornado abstracta la cuestión sometida a revisión.

23º) Costas. Las correspondientes a esta instancia extraordinaria, dado el resultado que se propicia y lo normado por el art. 281º del Código Procesal Laboral del Chaco (Ley Nº 7434), deberán imponerse: a) por el recurso del actor: al recurrente-vencido; b) por los recursos de la co-demandada Sra. Ortega: a su parte, en calidad de vencida; c) por los recursos del co-accionado Sr. Levín: al recurrente-vencido.

24º) Honorarios. Los emolumentos de los profesionales intervinientes, deberán regularse, por cada remedio extraordinario, teniendo en consideración el monto condenado (firme y no cuestionado), aplicando las pautas previstas en los arts. 3º, 5º, 6º, 7º y 11º de la ley Nº 2011 (t.o.) y modifatoria ley Nº 5532, operaciones que arrojan las sumas que se consignan en la parte dispositiva.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA Nº__288_ I.- DESESTIMAR los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos a fs. 898/907 vta., por la parte co-demandada Sra. Mirta Miryam Ortega y a fs. 910/919 vta., por el co-demandado Sr. Alberto Mario Levit; y el de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 920/934 vta., por el actor; todos contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que obra a fs. 859/870.

II.- IMPONER las costas de esta instancia extraordinaria a las partes recurrentes, en calidad de vencidas, respecto de cada recurso.

III.- REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes como sigue: a) por el recurso del actor: al abogado Wenceslao Michlovsky (M.P. Nº 2339), por su presentación de fs. 956/958 vta., en el carácter de patrocinante de la Sra. Ortega en la suma de . y como apoderado en la suma de . y para el abogado Oscar Exequiel Olivieri (M.P. Nº 1916) en el carácter de patrocinante en la suma de .. y como apoderado en la suma de ..; b) por los recursos de la co-demandada Sra. Ortega: al abogado Wenceslao Michlovsky (M.P. Nº 2339), en el carácter de patrocinante en la suma de . y como apoderado en la suma de ..; c) por los recursos del co-accionado Sr. Levit: al abogado Wenceslao Michlovsky (M.P. Nº 2339), en el carácter de patrocinante en la suma de .y como apoderado en la suma IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico, a la señora Presidente de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, y al señor Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.

ALBERTO MARIO MODI-RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, sec FERNANDO ADRIÁN HEÑIN