marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Remuneración, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Stella, Ana María c/ Mármora, Antonio s/ Haberes e indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-09-07

Ante el reclamo del trabajador por "sueldos adeudados" -que configura una controversia localizada en el "pago" de los haberes- incumbe a la demandada la carga de la prueba de su oportuna efectivización, en todo o en parte. En consecuencia, se trate del importe íntegro de cada remuneración mensual o de diferencias, en ningún caso, hay motivos para prescindir de la aplicación de la regla del art. 39, segundo párrafo, de la ley 11.653. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, convenio de honorarios, nulidad del convenio
Materia: CIVIL
Carátula: BULJEVICH LADISLAO P. s/ SUCESION - HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1973-05-29

La nulidad prevista en el art. 1 del decreto 30.439/44, ratificado por la ley 12.997 y modificado por la ley 14.170 no comprende los honorarios profesionales ya devengados.
Accidentes de trabajo, daño moral
Materia: Laboral
Carátula: Cárdenas Bahamonde, Sergio c/ Supercemento S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-04-12

En lo que se refiere al daño moral, su fijación no es de fácil concreción. Son obvias las dificultades para mensurar en dinero un detrimento de naturaleza no patrimonial, cuya reparación es de significación simbólica, como ocurre con las angustias preocupaciones y sufrimientos que han debido perturbar a una persona joven, ante el desgraciado resultado irreversible del infortunio; que ve afectada su integridad física; que ve cortada, siendo persona de trabajo, por razones que le son ajenas, su fuente de ingresos y modificado violentamente su "modus vivendi" y hasta su imagen ante su familia y la comunidad. La doctrina señala que la medición es posible en el daño patrimonial. En el moral "sólo es factible orientar con reglas muy latas y generales", por lo que, ponderando las circunstancias particulares del caso, la naturaleza de la minusvalía física sufrida y su influencia moral, se estima su valuación prudencial en Australes Noventa Millones - A 90.000.000,00- a la fecha de la sentencia, correspondiendo casar el fallo recurrido, también en este rubro.
Prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: QUINTANA, Bernardino s/ Tentativa de robo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-15

La realidad de una manifestación autoinculpatoria, aunque su texto no consiste en un documento oficial, puede ser acreditada -en tanto hecho- por medio de testigos y eventualmente integrada como indicio a una prueba compuesta. Las posibilidades de tal integración dependerán del juicio crítico a que necesariamente deben ser sometidas, en relación con el contenido del discurso y de las fuentes testimoniales a través de las cuales es conocido.
Locación, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez, Antonio c/ Villate, Mirta R. y/u otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-13

Habiéndose contratado la locación -por tiempo indeterminado- antes de la vigencia de la ley 23091 (16/X/84) y encontrándose vencido el plazo de un año y medio (art. 1507 Cód. Civil) a la fecha de promoción de la demanda, ésta implica suficiente requerimiento para acabar con la locación a esa fecha en los términos del art. 1604 inc. 2º C.Civil.-
Interpretación del contrato, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: R.T., C.S. y Otro c/ M.A. SA y/u Otro s/ Demanda Laboral -Diferencia de Haberes-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-09

Es exigible a las partes un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, debiéndose desestimar toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que merced a sus actos anteriores, se ha suscitado en la otra parte.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bavaud, José M. y otro c/ López, Sol y otra s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

La prueba de la existencia del daño es indispensable para que prospere la demanda por indemnización. En cambio la prueba de la cuantía del daño puede ser suplida por la prudente estimación judicial, conforme con los arts. 165, 500 y 501 del C.P.C.C., que admiten claramente que la sentencia condene al pago de una suma ilíquida.-
Facultades del juez, obligaciones de las partes
Materia: PROCESAL
Carátula: RIVEROS PATIÑO, MARIA TERESA c/ BERNINI Y VALENTINI PUBLICIDAD  S.R.L. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

No es función de los magistrados indicar a las partes como debieron haber actuado, sino juzgar sobre las consecuencias jurídicas de su conducta efectiva.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, prisión preventiva, duración del proceso, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, deserción del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-PENAL
Carátula: Mezzadra, Jorge Oscar c/ EN M° Justicia y DDHH s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-08

Cabe declarar desierto el recurso ordinario de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia que condenó al Estado Nacional a la reparación de daños y perjuicios que le provocó la privación de su libertad en virtud de la prisión preventiva dispuesta en su contra así como la duración irrazonable- más de veinte años- del juicio penal que se le siguió, pues el memorial de agravios ante la Corte presenta defectos de fundamentación pues no contiene -como es imprescindible- una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollados por el a quo, lo que se traduce en ausencia de tratamiento de algunos de los argumentos expuestos en el fallo, sin que la mera reedición de objeciones formuladas en instancias anteriores resulte suficiente para suplir las omisiones aludidas.

(En igual sentido: "Poggio, Oscar Roberto c/ EN-Mº de Justicia y Derechos Humanos s/ daños y perjuicios", y "Rizikow, Mauricio c/EN-Mº de Justicia y Derechos Humanos s/ daños y perjuicios", sentencias de la fecha).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, poder de policía, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MILTON ENRIQUE JUILLERAT c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-23

Las meras restricciones administrativas, en las que la propiedad no sufre una reducción en su carácter absoluto -en tanto sólo consisten en la fijación de límites al ejercicio normal u ordinario del derecho de propiedad- no dan lugar, en principio, a un derecho indemnizatorio.
Principio de progresividad, preclusión, seguridad jurídica, derecho a la sentencia
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C. J. L. c/ P. O. L. y otros c/  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-24

El principio de progresividad como el de preclusión reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida, evitándose de ese modo que los procesos se prolonguen indefinidamente, pero además obedecen al imperativo de satisfacer el derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca de una vez y para siempre su situación ante la ley penal. Dichos principios, que obstan a la posibilidad de retrogradación del proceso, son aplicables en la medida en que la nulidad declarada no sea consecuencia de una conducta atribuible al procesado.
Honorarios, regulación de honorarios, litisconsorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: CHAPARRO Edith Máxima c/ Rocco Juan Carlos s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-10-30

Tratándose de un litisconsorcio... "En la doctrina judicial de nuestra provincia encontramos fallos de la Sala II de la C.A.C., que disponen: "La jurisprudencia, interpretando el art. 3 de la Ley Nacional de Aranceles, similar a nuestro art. 186 de la ley 2150, ha dicho: "en caso de litisconsorcio de demandantes o demandados, los trabajos se considerarán como correspondientes a un solo patrocinio o mandato y la regulación se hace en proporción a la importancia jurídica y a la labor desarrollada por cada profesional, criterio que este Tribunal comparte"; "Cuando los profesionales actuaron en la incidencia en carácter litisconsorcial, corresponde distribuir el monto total de la regulación entre ellos"; "Habiendo los demandados formado un litisconsorcio pasivo, a los fines regulatorios se considera un único mandato o patrocinio.."
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Zubiarrain, Nélida. Bisogno, Horacio Jorge s/ Estafas reiteradas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-29

Habiéndose aplicado en el caso una pena de tres años de prisión, la circunstancia de que a la vez se aplique al condenado una multa no hace admisible el recurso de inaplicabilidad de ley, por no darse el supuesto previsto por el art. 341 -n.a.- del Código de Procedimiento Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, suspensión de obra pública, concesión errónea del recurso, derecho a un medio ambiente sano
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Goldin, Marcela Irene c/  GCBA y otros s/ amparo - suspensión de obras
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-15

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad porque más allá de la violación del derecho al ambiente, alegada por la actora, las cuestiones planteadas por la recurrente -destinadas a impugnar la disposición administrativa que autorizó la realización de una obra cuya altura excede la morfología urbana de la zona y privaría de luz al edificio donde habita- no remiten al análisis e interpretación de normas constitucionales sino al relevamiento de aspectos de hecho y prueba regidos por normas infraconstitucionales tales como la tipología de la edificación de un edificio, las normas aplicables a ella en el CPU y si estos elementos fueron suficientemente reflejados como causa y motivación de la disposición administrativa cuya nulidad se pretende. El análisis de estas cuestiones, por vía de principio, no corresponde a esta instancia sino a los jueces de mérito (conf. Doctrina de Fallos 330:4770; 330:3526; 330:2599 y 330:2498, entre otros) y la actora no logra evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Medidas cautelares, impuestos, seguro de caución
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "AFIP  DGI 30014 (AG43) c/ Victor Masson Transportes Cruz del SurS.A s/ Medida Cautelar Autónoma".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-16

La póliza de seguro de caución ofrecida por el contribuyente constituye suficiente garantía para resguardar el derecho del Fisco Nacional (Cons. V).
Honorarios del abogado, protección del honorario, apelación de honorarios, honorarios del perito
Materia: PROCESAL
Carátula: E.P.E.N. c/ Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-17

Desde antiguo se ha considerado que "La ley -art. 38 anterior Ordenam.- se aplica en la hipótesis de que los fondos depositados pertenezcan al deudor de los honorarios o a la parte contraria condenada en costas... De ahí que el profesional de la parte vencida carezca de acción para oponerse a la extracción de fondos que pretenda la vencedora...".
Recurso extraordinario, interés para recurrir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., M. del P. c/ A., M. R. s/ Divorcio, tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-17

El interés es la base de todas las acciones y a tal principio no están ajenos los recursos.
Contrabando, devolución de objetos secuestrados, AFIP DGA
Materia: PENAL
Carátula: D.H.L. S.A. s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

Ya sea que se trate de una investigación de ilícitos aduaneros desde el punto de vista delictual o infraccional, en ambos supuestos la atribución de disponer la entrega de mercadería se halla en manos de la Administración Nacional de Aduanas en uso de facultades que le son propias (arts. 876 y 1026 del Código Aduanero) por lo que es este organismo quien en definitiva corresponderá disponer la restitución o no de los bienes secuestrados, sin perjuicio de la revisión judicial de lo que se decida.
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia, Estado Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Abuin,  Alfredo  Angel  apoderado del "Partido Demócrata Progresista" s/ impugnación  de  listas  de  candidatos  de  la  "Alianza de Centro".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-03

Las decisiones que son aptas para ser resueltas por la vía del art. 14 de la ley 48 no pueden ser excluidas del previo pronunciamiento por el órgano judicial superior de la provincia.
Fundamentación de sentencias, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: D., C. c/ P., C. E. s/ Violencia Familiar, Expte. Nº 725/2023
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-11-16

Los jueces deben decidir colisiones efectivas de derechos, no hacer declaraciones generales o abstractas ni resolver cuestiones vinculadas a controversias extinguidas por el transcurso del tiempo, aun cuando su decisión pudiere prevenir pleitos potenciales.
Cesión de derechos hereditarios, inscripción registral, oponibilidad a terceros
Materia: CIVIL
Carátula: RUIZ DE REDONDO MARIA L. s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-28

En la actualidad no resulta posible concretar la inscripción de una cesión de derechos hereditarios en el Registro de la Propiedad Inmueble, de manera autónoma a un inmueble específico y antes de anotar la declaratoria de herederos o el testamento, pues aquel organismo carece de legajos personales, distintos al de las inhibiciones. Pero si bien la mencionada circunstancia quita virtualidad a la doctrina del fallo plenario, no es hábil sin embargo, para generar una nueva alternativa no prevista en él. Es que si la opción a los fines de la oponibilidad a terceros era por aquel entonces, la de presentar el acuerdo de voluntades en el expediente o inscribirlo en el registro respectivo, ahora suprimida la segunda alternativa, sólo puede quedar en pie la anterior.-
Trabajadores telefónicos, Telecom, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, NORBERTO c/ ENTEL s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-21

La ley 23696 de reformas del estado y en cuyo anexo I figura la empleadora encabezando la lista cuya privatización legitima el Parlamento, establece expresamente que el Poder Ejecutivo Nacional podrá fijar las condiciones y las políticas referidas a la empresa de marras, estableciendo en cada caso, las alternativas y condiciones, art. 11, en una expresa delegación no impugnada que implica a su vez, la posibilidad de que se tomen medidas por decreto disponiendo la asunción total o parcial de los pasivos, entre otros instrumentos para facilitar las condiciones de la contratación, art.

15 y en particular el inc. 12.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Julio Emilio; López, Roberto Arsovindo s/ Violación de domicilio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Es insuficiente el agravio mediante el que se cuestiona el indicio de cargo derivado de los dichos de un testigo si no se citan como violadas las normas relacionadas con la especie probatoria de que se trata incumpliendo con los requisitos del art. 355 del Código de Procedimiento Penal.
Derecho de registro e inspección, ejercicio profesional, contadores públicos, empresa
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: RIGHI, LUIS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 543 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

Las exenciones al Derecho de Registro e Inspección están impuestas en el artículo 89 del Código Tributario Municipal y, en lo pertinente, el inciso m) exime del pago de dicho tributo a "las actividades de graduados en profesiones liberales con títulos expedidos por las autoridades universitarias, en el ejercicio individual de su profesión". Para la interpretación del alcance de la expresión "ejercicio individual", el artículo 6 última parte autoriza a recurrir al Código Fiscal de la Provincia, que, en lo que es de interés, en el título relativo a los "Ingresos Brutos", dispone que por el ejercicio habitual de "...profesión" en el territorio o en la jurisdicción de la Provincia de Santa Fe, se pagará este impuesto (antiguo art. 117, actual art. 122), salvo que sea una "profesión liberal no organizada bajo la forma de empresa" (anterior 153, inc. "k", actual art. 160, inc. "l" del Código Fiscal actualizado).Por su parte, el art. 124 actual (119 anterior) establece cuándo se ejerce la profesión organizada bajo la forma de empresa. En el caso, corresponde que el actor sea eximido del pago del DReI, desde que el análisis de la prueba producida en la causa, revela que su ejercicio profesional no encuadra en los supuestos que el artículo 124 del Código Fiscal de la Provincia establece como presupuestos de "organización empresarial".Es más, el último párrafo de dicho artículo dispone que "No están comprendidos en el concepto de empresas aquellos profesionales, técnicos o científicos cuya actividad sea de carácter exclusivamente personal, aun con el concurso de prestaciones a las que hace referencia el párrafo anterior", y el párrafo anterior establece que "No resulta determinante de una empresa, la utilización del trabajo de personas que ejecuten tareas auxiliares de apoyo en tanto dichas tareas no importen la realización propiamente dicha de la prestación misma del servicio profesional, técnico o científico o una fase específica del desarrollo del mismo".
Medios de prueba, prueba prohibida, principio de libertad probatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

La regla de exclusión de la prueba cobra operatividad cuando la prueba que se pretenda excluir posee un origen irregular o ilícito sin cause de investigación independiente, pues las exclusiones probatorias son excepciones al principio general de libertad probatoria que rige en el proceso penal.
Escribanos públicos, responsabilidad del escribano, hipoteca, cláusula de actualización, principio de especialidad (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: Reydol  S.A. c/ Estado    Nacional    Argentina  (Ministerio  de  Educ.  y  Justicia) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

El escribano cumplió en forma defectuosa la exigencia de la Disposición Técnico Registral N. 8/76 ya que omitió toda referencia a la cláusula de estabilización en el rubro correspondiente a la especie de derecho a inscribir. Y aún considerando que la transcripción de la cláusula de reajuste efectuada en el rubro 17 hubiera satisfecho aquella exigencia, lo cierto es que el escribano incumplió el preciso y específico recaudo que se debía llenar en la descripción de la "especie de los derechos". Esa omisión - que se causa adecuada del daño - compromete la responsabilidad del escribano interviniente.
Competencia contencioso administrativa, acción contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Argerich, Claudia Luz y Bernardi, Isabel c/ Provincia de Catamarca y Tribunal de Cuentas s/ Acción    Contencioso   Administrativa  de  Ilegitimidad  o  Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-12-06

Si bien aparece como extemporánea la agregación de documentación en esta instancia contenciosa, tal extemporaneidad se relaciona con la atención debida en la gestión administrativa y justifica la sanción de multa impuesta a las actoras por el actuar negligente, pero constituyendo probanzas del legítimo destino de los fondos públicos que avientan la posibilidad de un desvío ilegal de los mismos y un perjuicio efectivo al erario público, no pueden obviarse en su existencia y compulsa para justificar reintegros obviamente privados de causa.

En efecto, tales devoluciones de fondos efectivamente gastados en ocasión y cumplimiento de tareas propias del desenvolvimiento de la administración, constituirían un enriquecimiento sin causa a favor del Estado en desmedro del patrimonio de las accionantes.

La propia ratio de este viejo instituto de derecho común es fundamento legítimo para su aplicación en materia administrativa, en la medida que nacido de la noción de equidad permite superar excesivos rigorismos formales para evitar la inequidad.

Así de ha expresado Guillermo Borda "el enriquecimiento sin causa es el enriquecimiento sin causa y nada más que eso. Y para fundarlo basta y sobra con recurrir a la equidad; resulta repugnante a la justicia conmutativa que alguien pueda enriquecerse a costa de otro sin motivo legítimo alguno; ello vulneraría el principio de dar a cada uno lo suyo" - concluyendo que- esta opinión fue sostenida por Vélez en la nota al art. 784 del Código Civil.

Pero si tales consideraciones legitiman al enriquecimiento sin causa para su aplicación en materia civil donde, precisamente la autonomía de la voluntad limita en cierto grado la intervención de una juris dictio de equidad, cuanto mas puede comprenderse su aplicación en el caso de autos donde el reclamo se hace al Estado y éste como institución debe su legitimidad y existencia a su deber primigenio de preservar los derechos del ciudadano cuya voluntad constituyente le ha impuesto.

En esa inteligencia, debe confirmarse la sanción de multa impuesta a las actoras por la conducta negligente observada en el cumplimiento de sus deberes funcionales y probada en autos, revocando parcialmente el acto administrativo- acordada del Tribunal de Cuentas- respecto de los reintegros monetarios a los que la resolución recurrida les obliga.
Empleados públicos, cobertura de vacantes, nombramiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Soskin Federico Gabriel c/ S.G.P.E.R. y C.J.P.E.R. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-03-14

El accionante ingresó como dependiente del Estado Provincial prestando servicios en la Dirección de Rentas el 21-05-03. Por Decreto Nº 2329/03 MH se dejó establecido que se trataba de una incorporación en un cargo vacante trasferido a la Caja de Jubilaciones, a la cual se le trasladó también la respectiva partida presupuestaria y, por Resolución Nº 119/03 CJPER del 05-12-03, se le concedió estabilidad en el cargo, de conformidad a lo establecido en el art. 3º de la Ley 3289. Es insusceptible de ser revocada por sí misma la Resolución 119, toda vez que, mediante ella, se atribuyó estabilidad al actor en el cargo público de acuerdo a los dispuesto en la ley y ese resolutivo a favor con que cuenta el amparista, goza de la presunción de legitimidad que se mantiene hasta ser judicialmente declarado nulo, salvo que se verificasen defectos graves que lo tornen inexistentes o inviables, lo cual no se comprueba en el caso; de ahí que la Resolución Nº 132 CJPER que revoca aquella disposición padece de ilegitimidad manifiesta, afectando derechos constitucionales insertos en la Carta Magna Nacional y en la Provincial, tales como la propiedad -arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional- y la estabilidad en el empleo público art. 21 de la Constitución Provincial-, tal como se resolvió frente a un caso similar in re "Colja", sentencia del 13-04-00.