Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-30


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 30 de 2009.

El doctor Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicia contra Plastelec S.A. y Carlos Enrique Fernández; y, en cambio, rechazó la demanda promovida contra Federico Rodolfo Bar.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte actora, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios (451/456). A su vez, el perito médico y el perito contador cuestionaron la regulación de honorarios profesionales efectuada en su favor, por considerarla reducida (fs. 444 y fs. 447) Al fundamentar el recurso, la apelante se agravia porque la a quo consideró que el codemandado Federico Rodolfo Bar no resultaba solidariamente responsable por los hechos debatidos en autos. Critica los fundamentos que llevaron a la sentenciante a tomar esa decisión y dice que, a su juicio, el carácter de Director Suplente, no lo exime de responsabilidad alguna. También se queja porque la judicante concluyó que el codemandado Fernández sólo debe responder por la suma de $ 9.900.- cuando, a su modo de ver, la solidaridad decidida debe abarcar todos los rubros por los cuales prosperó la acción. Por las razones que -sucintamente- se han reseñado, solicita se revoque en tal aspecto la sentencia recurrida y se haga lugar a lo peticionado.

Seguidamente, me he de abocar al análisis de cada uno de los agravios expresados por la recurrente.

Se agravia la parte actora porque la sentenciante eximió de responsabilidad al codemandado Bar por el hecho de tener el cargo de Director Suplente de la sociedad codemandada mientras estuvo vigente el contrato de trabajo que motiva esta causa.

La Sra. juez a quo hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva y fundó su decisión en que, no solo no existía ninguna prueba que acredite la participación de Bar en las maniobras denunciadas en el inicio en fraude a la ley, ni la asignación estatutaria de funciones en forma personal, sino que, al contrario, del informe de la Inspección General de Justicia se desprendía lo sostenido en el responde en cuanto a la presentación formulada ante ese organismo a fin de lograr la convocatoria a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y la pertinente resolución a favor (ver fs. 206/217, 304/343 y fs. 348/370 -en especial fs. 349 a 364).

El codemandado Federico Rodolfo Bar al contestar la acción (fs. 65/70) señaló que, a la fecha de promoción de la presente demanda, ya no era socio de Plastelec S.A. pues había vendido las acciones al Sr. Enrique Fernández y Araceli Fernández el 26/9/00. Asimismo señaló que, nunca había sido Director de la sociedad apuntada, sino que -en realidad- su cargo siempre había sido el de Director Suplente, figura ésta que -entendía- totalmente distinta y sobre la base de la cual dejaba interpuesta la excepción de falta de legitimación pasiva. Agregó que, como Director Suplente, no actuó, ni intervino en ninguna decisión de la sociedad por lo que, considera, que de ningún modo se puede pretender responsabilizarlo por lo actuado por la sociedad codemandada. A su vez, al momento de formular el alegato (ver fs. 414 pto. V) manifestó que, como Director Suplente, nunca tuvo intervención alguna en los manejos de la sociedad y que, en el año 2000, había efectuado una presentación ante Inspección General de Justicia en el cual surgía acreditado que quien había estado al frente de la administración y gestión de los negocios de la sociedad era su presidente y socio mayoritario, el Sr. Carlos Enrique Fernández.

Valorados los elementos de juicio aportados a esta causa, estimo que corresponde confirmar esta aspecto de la decisión cuestionada, aunque por un fundamento que difiere del explicitado por la sentenciante. En efecto, a mi juicio, el instrumento obrante a fs. 57/58 tiene significativo valor para la resolución del litigio; y, la circunstancia de que no haya sido reconocido por el accionante, no obsta a su eficacia probatoria en tanto las firmas se encuentran certificadas por escribana pública y contiene una asentación de la notaria que permite tener certeza acerca de la fecha de su confección.

Como puede apreciarse, de tal instrumento, surge evidenciado que el 26-9-00 el codemandado Bar cedió sus acciones con derecho a voto de Plastelec S.A. a Carlos Enrique Fernández y Araceli Adriana Fernández, es decir, con bastante anterioridad al inicio de la relación laboral que motiva esta litis (28-5-03, ver fs. 16 vta.). La parte actora a fs. 132 desconoció en forma genérica la documental aportada por Bar, pero no cuestionó específicamente la autenticidad de la firma y sello de la escribana actuante, ni redarguyó de falsedad su contenido, por lo que cabe reconocer que el instrumento de fs. 57/58 posee plena eficacia probatoria (cfr. arts. 979 inc. 2, 993 y 994 Código Civil). Por otra parte, el accionante no probó que el Sr. Bar haya tenido asignado cargo de administración alguno en la sociedad durante la vigencia del vínculo; y, tampoco, demostró que haya participado en forma efectiva en las decisiones del directorio de la sociedad mientras estuvo vigente el contrato de trabajo que motivara esta causa.

De acuerdo a las argumentaciones anteriormente expuestas, es evidente, que el codemandado Bar, durante la vigencia del vínculo, no tenía acciones con derecho a voto; y aunque se hubiera mantenido formalmente su calificación como director "suplente", no está probado que haya tenido participación alguna en la toma de decisiones adoptadas por el directorio.

No se me escapa que existen ciertos casos en los cuales los directivos de una sociedad incurren en maniobras delictuales o cuasidelictuales que pueden llegar a determinar su responsabilidad personal solidaria (conf.art. 59 y 274 LS); y así lo he admitido en diversas causas y también lo ha admitido la a-quo con relación al presidente del directorio Sr. Carlos E. Fernández. Pero estimo que esa responsabilidad no puede hacerse extensiva a quien no integró en forma efectiva el direcotrio o a quien -como el caso- carecía de posibilidad de participar en la adopción de las decisiones societarias. En efecto, tal como lo expuse en mi trabajo "Aspectos procesales de la responsabilidad solidaria" (en Rev. de Derecho Laboral 2001-1, Ed.Rubinzal-Culzoni), los casos en los que la Ley de Sociedades Comerciales prevé la responsabilidad directa y personal de los directores o gerentes, no tienen relación directa con la doctrina del "disregard", sino con la comisión de ciertos ilícitos que van más allá del incumplimiento de obligaciones legales o contractuales y para cuya concreción se aprovecha la estructura societaria. En estos casos, el fin para el que fue constituída la sociedad es lícito pues su existencia ideal no fue planeada para encubrir una responsabilidad personal (de allí que no resulte viable descorrer el velo); pero, sus directivos, no sólo hacen que la entidad incumpla sus obligaciones sino que, además, incurren en actos o maniobras dirigidas a defraudar a terceros (trabajadores, sistema de seguridad social, etc.) o a burlar la ley. Cuando esto último ocurre, quienes ocupan efectivamente cargos de administración y dirección resultan directamente responsables, más allá de que también comprometen económicamente al ente. No es lo mismo omitir el pago del salario o no efectuar el depósito de los aportes y contribuciones en tiempo oportuno (que son típicos incumplimientos de índole contractual) que urdir maniobras tendientes a encubrir la relación laboral, o a disminuír la antigüedad real, o bien a ocultar toda o una parte de la remuneración porque, independientemente del incumplimiento que estos últimos actos suponen, configuran maniobras defraudatorias de las que resultan inmediata y directamente responsables las personas físicas que las pergeñan porque sus actos, más allá de constituír un ilícito delictual o cuasidelictual en el ámbito civil (conf.art.1.072 y subs.del Código Civil), podrían llegar a encuadrar, incluso, en tipificaciones propias del derecho punitorio (arg.arts.172 y 173 y conc. del C.P. y ley 23.771). Como ha señalado la doctrina especializada en la materia al analizar el contenido del art. 274 de la ley 19.550, "la violación genérica de la ley, o los daños producidos por dolo, abuso de facultades o culpa grave y, en general, cualquier responsabilidad que cupiere frente a terceros, es siempre de tipo delictual o cuasidelictual" (Zaldívar, Enrique y otros en "Cuadernos de Derecho Societario", Vol.III, pág.526). Por tal razón, cuando una sociedad anónima realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo o articula maniobras para desconocer una parte de la antigüedad o para ocultar una parte del salario, resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad a los directores por vía de lo dispuesto en los arts. 59 y 274 de la LS. En el caso de autos, estimo que con respecto al codemandado Bar no se configura uno de los supuestos analizados porque, como se ha visto, no está acreditado que dicho demandado durante la vigencia de la relación laboral haya participado en forma efectiva en la toma de decisiones del órgano de dirección y está demostrado que carecía de acciones con derecho a voto (ver fs. 57/58). Desde esa perspectiva, estimo que no están reunidos los recaudos para descorrer el velo societario ni para establecer la responsabilidad contemplada en el art. 274 LS con relación a Rodolfo F. Bar.

En consecuencia, considero que no existe razón que justifique establecer en estos autos su responsabilidad solidaria por las obligaciones contraídas por la sociedad; por lo que propicio desestimar este aspecto del recurso y confirmar lo decidido por la sentencia de grado en cuanto no hizo lugar a la demanda promovida contra Rodolfo Federico Bar. (art.499 Código Civil).

Se agravia la parte actora porque la sentenciante limitó la condena solidaria al socio codemandado, Carlos Enrique Fernández, a los rubros indemnizatorios y sancionatorios, por entender que en los restantes no se advertía la necesaria relación de causalidad entre la inconducta y el daño. Critica la conclusión de la Sra. juez de grado y, considera, que la solidaridad establecida debe abarcar la totalidad de los rubros por los cuales prosperó el reclamo deducido.

Asiste razón al recurrente de manera parcial.

Los arts. 59 y 274 L.S.C -aplicables al sub lite en razón rol desempeñado por el codemandado Carlos Enrique Fernández permiten establecer su responsabilidad solidaria e ilimitada en su carácter de presidente del directorio de la sociedad anónima en la medida que ésta ha violado la ley para perjudicar intereses de terceros. Como puede observarse, la propia norma regulatoria de las sociedades comerciales, impone en forma integral e ilimitada la responsabilidad de sus administradores y directores por aquellas maniobras o actos fraudulentos que afecten los intereses del trabajador y de terceros, sin que exista, en el particular, ninguna otra norma que la limite en forma expresa. En las presentes actuaciones, la clandestinidad en la que la sociedad demandada mantuvo la relación laboral con Gómez, indefectiblemente, incide en todos los aspectos esenciales del contrato de trabajo, por lo que las consecuencias del ocultamiento de la relación no sólo se relacionan con aquellas que derivaron de la mera ausencia de registro. El obrar defraudatorio de la sociedad y el presidente de su directorio no sólo se relaciona con los deberes registrales (cuya omisión da lugar a las indemnizaciones y sanciones a las cuales limitó la a-quo la solidaridad) sino que el ocultamiento del contrato implicó una sustracción total de la sociedad empleadora a todas las obligaciones emergentes de ese vínculo, por lo que es evidente que dicha maniobra de fraude, determina la responsabilidad del presidente de su directorio -en los términos de los arts. 59 y 274 LSC- respecto de todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que se intentó ocultar, en perjuicio del propio actor y de terceros.

Mi distinguida colega, la Dra. Graciela A. González, en una causa similiar a la presente, al votar como integrante de la Sala I de este Fuero, señaló que "tratándose de una relación de trabajo que no ha sido registrada, la totalidad de las obligaciones derivadas de la misma se encuentran alcanzadas por la solidaridad impuesta por tales disposiciones de la ley de sociedades, puesto que, si bien el art. 274 de la ley 19.550 en su segundo párrafo establece que la imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual del director o gerente, tal consideración no permite apartarse de lo dispuesto en el primer párrafo de dicha norma en cuanto al alcance de la responsabilidad solidaria impuesta. Aún cuando el análisis para viabilizar la extensión de responsabilidad requiera tener en cuenta si medió culpa o dolo del director en el manejo de las cuestiones a su cargo, lo cierto es que verificada tal circunstancia, su responsabilidad frente a la sociedad, los accionistas y los terceros se extiende a la totalidad de las obligaciones", por lo que propuso extender la condena a la persona física codemandada por la totalidad del monto de condena. En dicha ocasión adherí a tales conclusiones por lo que, con remisión a lo antes expuesto y al citado criterio jurisprudencial, estimo que debe acogerse el agravio sub-examine, salvo en cuanto concierne a la responsabilidad establecida sobre la base del derecho común. (Cfr. Sala I, S.D. 85249, del 27/8/08, en "Retamozo L. C/Hard Bar S.A. y otro s/despido"; y, "Costa Nuñez Analía V. c/ G&C Salud S.A. y otros s/despido", S.D. 94.244 del 29/5/06, del registro de esta Sala).

En virtud de las consideraciones y normas anteriormente expuestas, considero que Carlos Enrique Fernández debe responder solidaria e ilimitadamente por la totalidad de los rubros diferidos a condena, con excepción de la indemnización por accidente viabilizada en base al derecho común, pues las normas que regulan la responsabilidad ilimitada y solidaria que aquí se establece, están dirigidas a sancionar aquellos ilícitos derivados del actuar fraudulento de los integrantes del órgano que administra y dirige una sociedad; lo cual se diferencia claramente de la responsabilidad objetiva que deriva del art. 1113 del Código Civil (norma ésta en la cual el actor fundó la pretensión resarcitoria: ver fs. 20).

Por ello propicio receptar parcialmente el agravio, modificar lo decidido en la sentencia de grado y extender la condena solidaria en forma integral a Carlos Enrique Fernández con respecto a la totalidad de los créditos emergentes de la relación laboral, con excepción de la indemnización admitida con base en el derecho común.

Por otra parte y de acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, estimo que las costas de alzada deben ser impuestas en el orden causado (cfr. art. 68 2da. pte. CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo los honorarios correspondientes al perito contador resultan bajos por lo que propongo elevarlos al 6% del monto total de condena, con más los intereses establecidos en la sentencia de grado anterior, no cuestionados en esta Alzada. Por otra parte, a la luz de lo establecido en el art. 38 LO, considero que los honorarios correspondientes al perito médico no resultan bajos, por lo que propongo confirmarlos. A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y del codemandado Bar, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 25% de lo que corresponde a cada uno de ellos por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal resuelve: 1) Modificar parcialmente la sentencia de grado y extender la condena en forma solidaria a Carlos Enrique Fernández hasta la suma total de $ 23.570.- con más los intereses establecidos en la sentencia de grado.; 2) Imponer las costas de la Alzada, en el orden causado; 3) Elevar los honorarios del perito contador en el 4% sobre el monto total de condena con más los intereses establecidos en la anterior instancia; y, confirmar los honorarios regulados al perito médico; 4) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y del codemandado Bar, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el 25%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior. - Miguel Ángel Maza. - Miguel Ángel Pirolo