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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, facultades del juez, tipo penal, robo con armas, arma propia, idoneidad del arma
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: F., D. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -ROBO CON  ARMAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 74 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-28

No cabe hacer lugar a la arbitrariedad endilgada a la sentencia del Tribunal a quo en referencia a la calificación legal de hecho -el que a juicio del recurrente debía ser catalogado como "robo simple" - desde que la hermenéutica escogida por el Judicante se condice con el criterio de la Corte nacional según el cual "cuando se haya comprobado el empleo de un arma de fuego en el hecho enrostrado al imputado, no se podría exigirle a la parte acusadora -que probó su existencia- la demostración de la idoneidad del arma, pues imponérselo significaría que la agravante pudiese solamente ser aplicada en aquellos casos de flagrancia o cuando se hubiesen efectuado disparos, pero no en aquellos supuestos en que nada de ello hubiese ocurrido".

En el caso, del proceso intelectivo efectuado por el Juzgador en el examen de los elementos probatorios arrimados al proceso, se desprende sin hesitación la utilización de un arma de fuego en el hecho investigado, pese a que la misma ha sido ocultada por los ladrones, circunstancia que no puede jugar en beneficio de la situación del acusado.

Por lo demás, la interpretación de la norma comprometida en autos, de la manera en que la pretende el impugnante llevaría a una inconsecuencia lógica en el legislador -cuya imprevisión no cabe suponer- en el sentido de que sería pasible de mayor pena aquél sujeto que cometa un robo con un arma impropia (por el cual se ría aplicable el inciso 2 del artículo 166 C.P., de cinco a quince años de prisión) que la pena en expectativa por un hecho cometido con arma de fuego, pero que al no resultar secuestrada se lo intente catalogar como robo simple (art. 164 C.P., de un mes a seis años de prisión); o como robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo acreditada (art. 166 último párrafo C.P., de tres a diez años de prisión). (De la disidencia Parcial del Dr. Netri)
Acción, cuestión constitucional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: General Motors Interamérica Corporation c/ Pcia.de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22

La incorporación de cuestiones constitucionales en el juicio contencioso administrativo no introducidas oportunamente en la instancia ante el tribunal administrativo es admisible cuando las normas ya impugnadas ya han sido declaradas inconstitucionales en otros casos, evitando de ese modo la prolongación innecesaria de controversias cuyo resultado final es previsible.
Bancos, fondo de comercio, transferencia de fondo de comercio, causa de las obligaciones, causa del título, bienes litigiosos
Materia: COMERCIAL
Carátula: PADEC  PREVENCION  ASESORAMIENTO  Y  DEF.  DEL CONSUMIDOR c/ BANKBOSTON NA S/ s/ EDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-29

Resulta improcedente la oposición a la transferencia del fondo de comercio de una entidad bancaria efectuada por una asociación de defensa de consumidores, en los términos de la ley 11867: 4, si el crédito invocado por la peticionaria es un crédito litigioso con motivo de la explotación del fondo, pero no un crédito del fondo de comercio, pues demanda el reintegro a los usuarios de ciertos cargos impugnados con más los intereses. El hecho de que existan créditos nacidos con motivo de la explotación del fondo no implica que hayan de ser considerados como del establecimiento en los términos del art. 8 de la misma ley. Ésta sólo comprende los originados en la cobertura de las necesidades del fondo y han sido otorgados teniendo en cuenta el valor del mismo.
Derechos del consumidor, competencia, intervención fiscal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Israel Silicaro, Osvaldo Juan c/ Beaulien, Martín Oscar s/ Cobro sumario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-05-08

El contenido de la presentación efectuada por el Agente Fiscal que hace saber de la incompetencia del juez interviniente de acuerdo al domicilio del consumidor no puede ser inadvertido por la judicatura. Es la propia ley especial la que obliga la actuación del Ministerio Público a fin de que éste fiscalice su efectivo cumplimiento (arts. 27, ley 13.133 y 52, ley 24.240). El legislador tuvo en mira permitir la actuación coadyuvante del órgano estatal en el proceso para salvaguardar los derechos que la ley prevé para la parte débil de la relación jurídica. La sustancia de su actuación debe ser apreciada por el órgano jurisdiccional con el mismo sentido y alcance a la que realiza el sujeto vulnerable, debiendo proporcionarle los mismos efectos que aquél pretendiere sobre la disputa de la competencia.(doctor Genoud, sin disidencia)
Contrato de trabajo, tercerización
Materia: LABORAL
Carátula: Galo  Natalia  Elizabeth c/ Orbe  Proyect  SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-31

En la tercerización se contrata a una tercera empresa a los efectos de que lleve a cabo una parte (y sólo una) del proceso productivo, externalizando ese tramo de la producción de una compañía.

No puede concluirse que ello siempre implica existencia de fraude, pero sí que tal excepción a la continuidad de dicho proceso requiere atención en el análisis de la situación. En suma, se trata de un negocio jurídico aparentemente lícito por realizarse al amparo de una determinada ley vigente denominada ley de cobertura, pero que persigue la obtención de un resultado análogo o equivalente al prohibido por una norma imperativa que deviene en ley defraudada. La tensión entre estas dos normas en el seno del negocio jurídico, evidencia la existencia de fraude laboral, que no requiere prueba por parte del trabajador.
Subasta judicial, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Ltda. Eléctrica Colonia Seré c/ Riggi, Miguel y otra s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19

A fin de cumplir la obligación de evicción se debe proceder a la citación de evicción, cuyo régimen legal consiste en que el adquirente que es demandado por un tercero debe, por medio del Juez, hacer notificar al vendedor que existe esa demanda por la cual se le quiere privar de la posesión de la cosa a de alguna parte de ella o de algún derecho que debe ejercerse en forma exclusiva en razón del dominio de las cosas particulares.-
Contrato de trabajo, obligaciones solidarias, sentencia condenatoria, subcontratación laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barreiro  Oscar Leopoldo c/ Fundación Teatro Colón de la Ciudad deBuenos                       Aires s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-12

Toda vez que el actor se desempeñó como personal de sala en el ámbito del Teatro Colón, si bien en relación de dependencia con la Fundación Teatro Colón, éste debe responder solidariamente en los términos del art. 30 L.C.T., dado que por Resolución 3.460 del 30/12/91 emanada de la Subsecretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se facultó al Teatro Colón a arrendar su sala para la realización de eventos culturales por intermedio de la Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, lo que importó una delegación de una actividad por la cual el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debió garantizar el cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social. BN 323
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Reboredo, Rubén Omar c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-06-11

La obligación principal a prestar por los profesionales del arte de curar (salvo excepciones, que no son las del supuesto en examen) consiste en una actividad cualificada técnica y científicamente en pos de la curación, mejoría o alivio del paciente, pero sin prometer ni obligarse a tal curación o alivio. Lo prometido, el núcleo de su obligación, es desplegar sus buenos oficios profesionales, con toda la diligencia y esmero posible y de conformidad a lo que la ciencia y el arte médico indican, para lograr la cura o mejoría del enfermo.

Pero ésto, la cura o mejoría, si bien es la finalidad última y el resultado esperado de esos buenos oficios, no es el objeto de su obligación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestiones procesales, concurso preventivo, verificación de créditos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION SINDICAL DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (ASOEM) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-05-21

Sobre el artículo 27 de la ley 6767, esta Corte ha sostenido que autoriza a los profesionales a estimar sus honorarios, sin una incidencia previa con sustanciación de partes, quedando suficientemente resguardado el derecho constitucional de defensa con la posibilidad -y carga- de estimar el monto reclamado y de ser oída y producir pruebas sobre el particular al interponer revocatoria; expresando además que la estimación no tiene virtualidad para compeler al Juzgador a atenerse a ella. Sin embargo, en el caso el recurrente estimó sus honorarios y directamente -sin pronunciamiento jurisdiccional alguno y menos aun sin contemplarse el derecho de defensa del presunto obligado al pago- pretendió su verificación en el concurso; lo que no puede ser admitido, máxime cuando el impugnante no brinda argumentos sólidos que demuestren que la única solución constitucionalmente posible sea el reconocimiento del crédito en los términos planteados en su demanda (Del voto del Dr. Netri, que hizo mayoría).
Recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, aplicación de la ley, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Subelza, Marcelo Gustavo c/ GCBA s/ amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-04

Si bien en principio las cuestiones salariales -al requerir un sustancial debate sobre elementos de hecho y prueba- no son propias del cauce del amparo, resulta conveniente en este caso hacer excepción a dicha regla, en aras de brindar respuesta en tiempo oportuno frente a todos los planteos conducentes de las partes, y analizar esta cuestión en el marco de la presente causa. Ello así, porque el aspecto remunerativo se presenta inescindiblemente vinculado con la fijación de la jornada laboral correspondiente a la tarea de la actora. Dado que las partes sostienen pretensiones claramente encontradas, si se excluyera este tema del proceso -limitando el pronunciamiento judicial tan sólo a los puntos relacionadas con la protección del derecho a la salud de la amparista- la solución sería incompleta, dilatando en el tiempo la incertidumbre respecto de un elemento central de la vinculación jurídica. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Beneficios previsionales, denegatoria del beneficio, trabajo insalubre, regímenes jubilatorios especiales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Moyano, Juan Carlos c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ (Materia: Previsional) Dependientes otras Prestaciones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-08-05

Cabe dejar sin efecto por arbitraria, la sentencia que rechazó la demanda incoada por el actor -que prestaba tareas en el sector de impresiones calcográficas de la Casa de la Moneda- tendiente a anular el acto administrativo dictado por ANSES mediante el cual se le denegó el beneficio previsional diferencial por insalubridad, pues la ausencia de un pronunciamiento administrativo declarativo de la insalubridad dictado por autoridad competente no resulta óbice para la obtención del derecho al régimen jubilatorio diferencial y el a quo omitió considerar los elementos de convicción colectados a fin de acreditar los extremos fácticos invocados. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Falso testimonio, declaración testimonial, generales de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Miranda, David D. s/ Falso testimonio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-27

La mendacidad sobre las generales de la ley no pueden constituir falso testimonio dado su alcance subjetivo de individualización de la persona del deponente y cuya inhabilidad puede ser puesta en tela de juicio a través de los medios de la ley procesal (artículo 486 y ss. del C.P.M.P. ).
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL
Carátula: Sindicatura BID C.L. c/ Mottura s/ Ejecutivo - Quiebra (Expte Nro.  236-01, Resolución Nro.  23, Tomo 20,  Folio 81/84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-20

Para acceder al trámite del juicio ejecutivo, es menester contar ab initio con un título ejecutivo, cuyo examen de admisibilidad debe efectuar el juez de oficio. Es indispensable acompañar el título, pues no hay ejecución sin él.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, tareas de limpieza
Materia: LABORAL
Carátula: Monzón Cilveria c/ ABAPPRA (Asoc. de Bcos. Públicos y Privados de la Rep. Arg.) y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-15

No puede considerarse que ABAPPRA podía prescindir de los servicios de limpieza para lograr eficaz y legalmente su objeto social y si decidió delegar el cumplimiento de sus obligaciones en lo referente a su higiene en otra empresa (la empleadora), es dable concluir que ésta última debe ser admitida como integrante de la unidad técnica de la apelante dando lugar a que se aplique la solidaridad establecida por el art. 30 L.C.T.. Si bien a priori las tareas de la asociación codemandada se vislumbran como ajenas a las especificadas por su objeto social, resulta inconcebible sostener que las diversas labores desarrolladas para su cumplimiento puedan realizarse en un ámbito sin higiene.
Jubilación por invalidez, diagnóstico médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hournau, Héctor Adolfo c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24

La omisión en el ofrecimiento de prueba para acreditar en la vía contencioso administrativa la invalidez en que se sustenta el beneficio jubilatorio pretendido determina la total suerte adversa de la demanda, pues si los dictámenes médicos que sustentaron la denegación revelan irregularidades que los hacen desestimables, se ha desaprovechado el carácter pleno de la jurisdicción originaria que le permitía acreditar que tal invalidez era suficiente para configurar el derecho acordado por la ley bajo tal circunstancia.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, regulaciones parciales, rechazo de la demanda
Materia: COMERCIAL
Carátula: FIAT  AUTO  ARGENTINA SA c/ ITAL FUEGUINA SA Y OTROS s/ EJECUTIVO(INC. DE REGULACION DE HONORARIOS).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-30

La inconveniencia de practicar regulaciones parciales en el juicio ejecutivo, no debe reputarse criterio aplicable en el supuesto en que la demanda sea rechazada contra los codefendidos asistidos profesionalmente por los letrados, y ha finalizado su actuación.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, reconvención, prueba, relación de causalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Wicz SRL c/ Cooperativa de Productores Agropecuarios del Tucumán Ltda. s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-04-20

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación incoado por la actora, revocando la sentencia por lo cual en consecuencia, se hace lugar a la demanda instaurada por la misma; a su vez, se rechaza la reconvención deducida por la demandada. Para decidir así, se señala que las pruebas aportadas por la reconviniente -a los fines de acreditar el daño reclamado-, no logran acreditar el nexo de causalidad entre el daño que sufrieron las máquinas que utilizan para su labor y el servicio prestado por la actora. La relación de causalidad es un elemento necesario e imprescindible en todos los casos de responsabilidad civil, por lo que no existiendo o no habiéndose acreditado, le asiste razón a la recurrente y debe desestimarse el reclamo instaurado por la demandada.
Recurso de apelación (procesal), menor procesado, reformatio in pejus, defensa en juicio, designación de defensor
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: R., L. B. y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-16

Nunca una apelación, para salvaguardar derechos, puede colocar al imputado en peor condición que en la que venía, salvo que el tribunal apelante vea que la indefensión se tome en su contra debido que se piensa revocar lo resuelto.

Si bien la intención del agente fiscal (que sostiene que si en el acto de la indagatoria a las menores no se les designó defensor oficial ello resulta contrario a la C.N. y a la Convención del Niño), es respetuosa de la legalidad, resolver en el sentido formal de su apelación, en realidad, invertiría, como boomerang, el contenido material de las garantías implicadas, toda vez que aun cuando la violación del derecho de defensa en juicio haya existido, no ha causado ningún perjuicio procesal, a las imputadas, que están, en lo penal, sobreseídas.

No obstante, y como lo que sí puede suceder es que en el expediente tutelar, las imputadas, ahora sobreseídas, se encuentren en ese estado, sí debe darse un remedio jurídico urgente, motivo por el cual deberá nombrárseles defensor y darle vista de todo lo actuado en el expediente.

Con ello, debe confirmarse el auto que declara no punibles a las imputadas (art. 1 de la ley 22.803).
Lesiones agravadas, violencia de género, fallos de la Corte Suprema, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: K., F. H. c/  s/ Lesiones leves agravadas s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-04-25

Según fueron descriptos los hechos reprochados, nos encontramos ante una conducta que ha causado sufrimiento físico y psicológico a una mujer, en una relación desigual de poder, y que, por lo tanto, resulta constitutiva de violencia de género, extremo que ninguna de las partes ha puesto en cuestión en el caso. En virtud de ello, resultan plenamente vigentes y aplicables las disposiciones de la Convención de Belém do Pará, sin restricción alguna en el sentido alegado por la Defensa. En efecto, la postura adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Góngora" no hace distinciones entre diferentes supuestos del art. 76 bis del Código Penal, sino que, para todos los casos de violencia de género, niega expresamente la posibilidad de que se conceda la suspensión del juicio a prueba. Igual temperamento se ha adoptado en las instrucciones de la Procuración General y en la doctrina legal de este Cuerpo sentada en numerosos precedentes (cf STJRNS2 Se. 117/17, 187/17, 299/17). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)
Medidas cautelares, medida cautelar genérica, medida cautelar innovativa, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación de Taximetristas Unidos de Río Grande y otros c/ Municipalidad de Río Grande s/ Contencioso Administrativo - Medida Autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-09-12

Por lo excepcional de este tipo de procesos, cuya primera y única decisión lo concluye definitivamente, para que sea procedente la medida cautelar autosatisfactiva siempre es necesario que exista peligro en la demora, consistente en la necesidad impostergable de tutela judicial inmediata de manera que en caso contrario se frustre el derecho invocado.
Jubilación por invalidez, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Timberi, Hugo Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

A los fines del otorgamiento de la jubilación por incapacidad deben computarse la totalidad de los servicios remunerados desempeñados por el afiliado hasta el día de su cese, aún aquellos que no fueran de afiliación a la caja otorgante de la prestación (en el caso el Instituto de Previsión Social).
Agotamiento de la instancia administrativa, denegatoria del recurso
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Antunez Horacio Alberto c/ Administración General de Ingresos Públicos AFIP s/ Acción declarativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-03

Con la desestimación del recurso jerárquico se da por agotada la vía administrativa, resultando optativa la vía del recurso de reconsideración ante la empleadora que, de ese modo, no interrumpe el plazo de prescripción.
Recurso de apelación (procesal), adhesión al recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Resch, Guillermo F. y otro c/ Corbalán, Carlos M. P. y otros s/ Daños y perjuicios G., M. del C. c/ I., E. A. s/ Reclamación de estado de hijo extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17|1995-07-04

Las alegaciones o defensas propuestas en primera instancia por la parte vencedora que no ha apelado por haberle sido favorable el resultado del pleito, quedan sometidas al tribunal de alzada en el supuesto que en esa instancia sea revocado el pronunciamiento. En tal situación tiene operatividad la figura de la denominada adhesión -implícita- a la apelación.
Certificados de obra, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ediftar S.A.C.O.I.A.M. y M. c/ Cantello, Pedro y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

En orden a los intereses compensatorios el art. 46 de la O.G.165/73 remite al art. 45 inciso 2 señalando la norma últimamente citada que "se abonará sobre los saldos adeudados un interés no mayor que el autorizado por el Banco Central de la República para entidades financieras no bancarias ...", sin indicación si se trata de las tasas que cobran o que pagan dichas entidades. Es así como debe estarse a la norma que resulte más favorable al deudor o sea, a la aplicación de la tasa pasiva. (Cód. Civ., art. 16 y Cód. Com. art.

218 inc. 7)