Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-23


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 23 de 2010.

Y Vistos: 1. Se alzan los actores contra el pronunciamiento de fs. 2576/2578, que rechazó la nulidad que plantearon respecto de las liquidaciones de intereses sobre los honorarios de los peritos contador y calígrafo y de los actos cumplidos en consecuencia.

Los fundamentos de los recurrentes lucen agregados a fs. 2679/2683 y fueron respondidos por el perito contador a fs. 2687/2688.

La experta calígrafa guardó silencio, pese a encontrarse debidamente notificada a fs. 2695.

2. a) Los recurrentes sostienen que al no haber sido correctamente notificados de los traslados conferidos a fs. 2331 y 2354 respecto de las liquidaciones de intereses, las resoluciones que las aprobaron resultan nulas; y, en el mismo sentido, afirman que como la intimación cursada a fs. 2364 tampoco fue debidamente notificada, no puede considerarse que incurrieron en mora en el pago de los honorarios de los expertos -por no ser los condenados en costas- y, por ende, todas las actuaciones posteriores también serían inválidas.

Postulan que las cédulas en cuestión debieron dirigirse a su domicilio real y no al constituido, en virtud de lo dispuesto por el art. 62 de la ley 21.839 y el art. 42 del Código Procesal.

El juez de grado consideró extemporáneo el planteo, teniendo en cuenta para ello que los nulidicentes habían tomado conocimiento de los actos impugnados mediante las notificaciones de fs. 2356 y 2358 (traslado de las liquidaciones) y con la traba del embargo anoticiada en fs. 2438.

b) En primer lugar, corresponde mencionar que el art. 62 de la ley arancelaria no resulta aplicable al sub-lite, pues la misma refiere al supuesto -que no se verifica en autos- en que el letrado opte por reclamar los honorarios a su propio cliente y, en esa situación, resultaría improcedente que pretenda notificarlo dirigiendo la cédula al domicilio constituido en su propio estudio jurídico.

No obstante ello, cabe mencionar que, en virtud de lo dispuesto por el CPr. 42, no solo la terminación del proceso produce la caducidad del domicilio legal, también su archivo.

Y en cuanto a esta última causal, la paralización del expediente durante varios años, o sea la inactividad del proceso por un período extenso, es razón suficiente para considerar extinguido el domicilio ad litem, equiparándose, pues la situación, a la del archivo a los efectos de su subsistencia. Lo contrario podría conducir a la afectación del derecho de defensa en juicio (v. Highton y Areán, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Hammurabi, Bs. As., 2004, Tomo I, pág. 694, y sus citas).

En autos, las cédulas que notificaron el traslado de las liquidaciones y los actos subsiguientes desde el año 2005, fueron dirigidas a un domicilio constituido por última vez en el año 1995 (v. fs. 2279).

El proceso no tuvo actividad de los actores ni de alguna otra parte desde la presentación aludida, de modo que, sea que haya estado archivado o no, no pueden considerarse subsistentes los domicilios que hasta entonces se habían fijado a los efectos procesales. Máxime cuando el letrado de los nulidicentes -en cuyo estudio presuntamente se habría constituido el domicilio ad litem- había renunciado al patrocinio el 14/5/99, es decir, más de seis años antes de que se cursaran las primeras notificaciones cuestionadas (v. fs. 2287).

En virtud de lo expuesto, la nulidad impetrada debe prosperar, en razón de que todas las notificaciones fueron cursadas a un domicilio que no subsistía como constituido a los efectos del proceso.

Destácase que el requisito de trascendencia exigido por el CPr. 172, 2º párrafo, también se encuentra satisfecho, pues los nulidicentes adujeron que se vieron privados de impugnar las liquidaciones de intereses cuyos traslados tildaron como inválidos y los motivos en los que se fundarían tales defensas.

3. Por las razones expuestas, se resuelve: hacer lugar al recurso, revocar el pronunciamiento atacado, y declarar la nulidad de todo lo actuado respecto de los honorarios de los peritos contador y calígrafo a partir de fs. 2331 y 2354, con costas de ambas instancias a los vencidos (CPr. 69).

Devuélvase sin más trámite encomendándose al juez de la primera instancia proveer las diligencias ulteriores (CPr. 36: 1) y las notificaciones pertinentes. - Miguel F. Bargalló. - Ángel O. Sala. - Bindo B. Caviglione Fraga.