marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Relación de dependencia, telegrama
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández Toribia c/ P.A.F.I.C. S.A.I.C.F.A.I. y/o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-02-28

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo, alegando que el telegrama de renuncia, no fue remitido personalmente por el actor por lo que se encuentra viciada su voluntad. Ello así, ya que la renuncia cuestionada existió como tal, siendo plenamente eficaz para producir sus efectos jurídicos derogatorios que de por sí conlleva; sin embargo, aún cuando hipotéticamente admitiera que el citado telegrama no hubiera sido remitido personalmente por el causante, surge de toda evidencia de los elementos de juicios la existencia de la renuncia inequívocamente traducida, mas allá de la inexistencia de ése recaudo inherente a un aspecto formal del despacho telegráfico, que por cierto, no fue objeto de cuestionamiento alguno en el escrito de demanda.
Fiscal de Cámara, notificación
Materia: PENAL
Carátula: Boco, Roque Domingo s/ Robo agravado de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

La notificación a los Fiscales de Cámara se produce en la fecha en que se efectúa la recepción del expediente.
Contrato de obra pública, obligaciones del contratista, presupuesto de obra pública, culpa civil
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dos Arroyos  SCA c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ nulidad de acto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

La magnitud de toda obra pública y de los intereses en ellas en juego, imponen a los contratistas actuar de modo de prever cualquier eventualidad que pudiese incidir negativamente sobre sus derechos, adoptando a ese efecto las diligencias apropiadas que exigían las circunstancias de persona, tiempo y lugar (art. 512 del Código Civil).
Torturas, picana eléctrica, condiciones de detención
Materia: PENAL
Carátula: Olivera Rovere, Jorge Carlos y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-13

El delito de tormentos se ve configurado por los malos tratos a los que la víctima de privación ilegal de la libertad fue sometida, en especial, el pasaje de corriente eléctrica, los golpes reiterados y las condiciones inhumanas que fue obligado a soportar en cautiverio.
Seguros, dictámenes, prescripción, cómputo del plazo, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Rotbard, Ailen y otro c/ Hdi Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-27

Dado que las partes se encuentran unidas mediante un contrato de seguro, resultando encuadrado el mismo en el marco de una relación de consumo, corresponde aplicar las normas tuitivas de orden público que hacen a dicha materia, en pos de asegurar las garantías de raigambre constitucional surgidas de la CN 42. Es por ello que corresponde aplicar al caso la LDC 50 que fija un plazo mínimo de tres años, a pesar de cualquier plazo menor de prescripción que otras leyes fijaren para la situación en juzgamiento. Ello surge del régimen protectorio informado por la LDC 3 que establece que todo contrato de consumo deba regirse por los preceptos que en el caso resulten más favorables a la parte más débil de la relación negocial. En consecuencia, y resultando aplicable el plazo de prescripción trienal es que la presente acción no se habría encontrado prescripta al momento de la interposición de este recurso. Del Dictamen Fiscal N° 578/21
Sucesiones, honorarios, abogados, obligaciones, coherederos
Materia: PROCESAL
Carátula: HERNANDEZ Oscar Miguel s/ Sucesorio - Inc. de Redición de Cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-06-09

La obligación de pagar honorarios al abogado de la sucesión es una obligación simplemente mancomunada (arts. 3491, 3495, 3496, 3497 y conc. del Código Civil), por lo cual existiendo varios herederos se divide entre ellos en proporción a sus partes dado que no existen solidaridad impuesta por la ley.

Por ello, cuando existen varios sucesores cada uno asume su responsabilidad como debitoris en los honorarios comunes o, expresado en otros términos, que remuneran las actividades procesales que beneficiaron a todos, en la proporción que le corresponde en la herencia (alícuota), es decir, en función del beneficio recibido por cada uno, de conformidad al mandato legal determinado en el art. 3492 del Código Civil.

Las obligaciones de los coherederos deudores, si bien mancomunados, no tienen por fuente causas distintas.

En orden al principio de unidad de la sucesión, los coherederos se encuentran frente a los terceros como parte única y todos juntamente expresan la titularidad de la herencia y no su simple cuota, es decir, que juntamente expresan la titularidad de la herencia y no su simple cuota, es decir, que tienen identidad de intereses por cargas de la sucesión.

Por consiguiente, se puede promover la ejecución de honorarios sin haberse efectuado la partición; los herederos deben cumplir con las obligaciones que nacen de la transmisión misma del patrimonio del causante (art. 3431 del C.C.).
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis
Materia: PROCESAL
Carátula: BONFIGLI  ALBERTO  JORGE  Y  OTROS c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-26

La petición central de los apelantes de que se declare la invalidez total del pacto excluyendo al letrado de la participación acordada implica desatender la conveniencia objetiva del menor que justificó su celebración y se traduce en un enriquecimiento sin causa de su parte. No puede dejarse de lado que los abogados que conciertan con sus clientes este tipo de convenios se hacen partícipes del resultado del pleito; la relación jurídica entablada entre ambos -locación de obra intelectual para gran parte de la doctrina y jurisprudencia determina que la contraprestación a cargo del particular beneficiado consista, precisamente, en hacer efectiva esa participación (esta Sala, causa nº 6873/98 del 17/5/07). En atención a ello, a las circunstancias de la causa, a la situación patrimonial originaria de los actores y a la condena obtenida por el profesional interviniente, corresponde anular el porcentaje del 30% establecido como remuneración de los profesionales intervinientes fijando el 20% tal como solicitó en subsidio la representante del Ministerio Pupilar el cual se condice con la obligación contenida en la cláusula quinta (arg del artículo 4 de la ley 21.839).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Logoluso de Grimalt, Clara c/ Bernini, Mario s/ Reajuste de saldo de precio Peris, Gustavo Juan y Peris, Rafael s/ Quiebra Martínez, Jesús Marcelino c/ (COPOBA) Cooperativa de Consumo, Vivienda y Crédito entre el Personal de Policía de la Provincia s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07|1995-08-15|1996-03-05

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que omite efectuar una réplica idónea a las conclusiones que fundamentan el pronunciamiento, o que no denuncia como infringidas las normas en que el tribunal basó su decisión desde que esta Corte está impedida de suplir de oficio, por inferencia o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse para sustentar el recurso.
Honorarios, juicio, demandado, muerte, legitimación procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: DEFAGOT, VICENTE ALFONSO c/ COMUNA DE SAN BERNARDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-  INCIDENTE DE APREMIO POR HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 192 AÑO  1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-11-21

El procedimiento que cabe acordar al incidente de apremio ante al fallecimiento del demandado con posterioridad a su iniciación , es el previsto por el artículo 597 del Código de rito civil y comercial provincial.

Ello, en razón de que no se trata del defensor de ausentes del rebelde cuyo domicilio no fuere conocido (art. 78 C.P.C. y C.), sino del "curador" cuya función -en lo que aquí respecta- es la de "defensor de los herederos rebeldes" (art. 597 cit.) y con quien se entabla la demanda o el procedimiento cuando la misma se dirige contra una persona fallecida o que muriese durante el trámite.

Amerita también señalar que este precepto no hace distingos sobre juicios declarativos o ejecutivos, tratándose, por lo tanto, de una norma específica y aplicable sólo a los supuestos indicados.
Estabilidad del delegado gremial, indemnización por despido, aumento salarial
Materia: LABORAL
Carátula: VIDAL, RAFAEL Y OTROS c/ LA CANTABRICA SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-26

La indemnización por violación de la garantía de estabilidad sindical debe incluir los previsibles aumentos de salarios que se van a producir durante el tiempo de duración del mandato gremial; el monto así calculado debe ser actualizado desde su exigibilidad en base a lo normado por el artículo 276 TORCT.
Asociación ilícita, delitos cometidos durante actividades antisubversivas, personal militar
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

La figura de asociación ilícita resulta aplicable a los hechos delictivos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados ocurridos durante la última dictadura militar pues ha existido la actuación de una pluralidad de integrantes y un grado de organización interna de la asociación, máxime considerando que la posición de privilegio que ocuparon los militares justiciables en la cadena de mando de la Subzona Militar donde se registraron los hechos indica los distintos roles y funciones que le cupo a cada uno dentro de la estructura jerárquica de poder organizada ideada y utilizada para llevar adelante el plan criminal instaurado durante el gobierno de facto so pretexto de combatir a la subversión. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, encuadramiento legal de los hechos
Materia: LABORAL
Carátula: Arregui, Francisco F. c/ Clínica I.M.A. S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-05-04

Es función propia de la judicatura y con independencia de la denominación que las partes puedan darle a la relación que las uniera, determinar el encuadre jurídico del caso.
Declaración de inconstitucionalidad, iura novit curia, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario
Materia: PROCESAL
Carátula: Passamani, Oscar c/ El Id, Roberto s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-16

Los jueces están facultados para ejercer de oficio el control de constitucionalidad, más aun cuando en el presente la sentenciante de grado no declara la inconstitucionalidad del art.- 4 de la ley 25561  que prohibe la actualización de créditos. Sostengo que la declaración de inconstitucionalidad de oficio no importa un avasallamiento de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pues dicha tarea hace a la esencia del Poder Judicial, una de cuyas funciones específicas consiste en controlar la constitucionalidad de la actividad estatal, para mantener la supremacía de la Constitución Nacional (art. 31). Además, tal declaración es una cuestión de derecho ínsita en el adagio "iura novit curia", que incluye el deber de mantener la supremacía constitucional y no lesiona el derecho de defensa en juicio. (Del voto del DR. Capon Filas, en minoría. Los Dres. De la Fuente y Fernandez Madrid no declaran la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25561, de oficio).
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, privación de justicia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Zayas, Francisco A. s/ inf. art. 266 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-22

La deficiencia en el planteamiento de la contienda de competencia no obsta al pronunciamiento de la Corte cuando razones de economía procesal autorizan a prescindir de los reparos procedimentales relativos a la forma en que se trabó la contienda, máxime cuando la demora en la resolución podría importar una virtual denegación de justicia.
Proceso judicial, recurso de apelación (procesal), providencia simple, procedencia del recurso, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Almonacid Ernesto y otros c/ E.N. -Mº de Defensa s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-15

Una providencia simple causa gravamen irreparable y es susceptible de apelación cuando, una vez consentida, sus efectos son insusceptibles de subsanarse o enmendarse en el curso ulterior del procedimiento (conf. Fassi-Yañez, "C.P.C.C.N., comentado, anotado y concordado", T.2, Ed. Astrea, pág. 281).
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ballester, Amanda B. c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

La denuncia tardía de la actividad en relación de dependencia cumplida con posterioridad al cese, no da derecho al jubilado al reajuste de su haber, ni siquiera por el período posterior a la denuncia, toda vez que quien no denuncia una nueva relación de empleo incurre en una irregularidad que causa perjuicio, porque cobra una jubilación a la que no tiene derecho. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de revisión, recurso de inaplicabilidad de ley, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Taboada, Miguel Jesús c/ Carpin Cruz S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-25

Ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria (art. 278, C.P.C.C., conf. art. 1, ley 11.593) la revisión del pronunciamiento de grado sólo podrá intentarse por vía de la excepción prevista en la norma del art. 55, primer párrafo, in fine, de la ley 11.653, y con este marco, la hipótesis -violación de la doctrina legal- se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia, y el fallo apelado, la transgrede, precisamente en un caso similar (doctor NEGRI, sin disidencia).
Recurso extraordinario, cuestión federal, reserva de la cuestión federal, información sumaria, nulidad del acto administrativo, corredor, matrícula profesional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS. s/ INCIDENTE DE NULIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-22

Para el correcto planteamiento de las cuestiones federales, resulta indispensable la mención concreta del derecho de ese carácter invocado y de su conexión con la materia del pleito, lo que supone un mínimo de demostración de la inconstitucionalidad alegada y su atinencia al caso, extremos éstos que no concurren en la especie - en que se declaro la nulidad de la información sumaria tendiente a la obtención de la matrícula de corredor público-, no bastando la sola mención de lo dispuesto en el art. 7 de la Constitución Nacional, sin que se acredite el agravio irreparable que se deriva de tal situación.
Contratos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Azar, Juan Carlos c/ Verela, Angel Eduardo y otro s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-04

Debe diferirse hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva, la resolución de la cuestión impositiva que manda cumplir con el sellado de la cláusula adicional del contrato conforme al art. 38 inc. 2º del Código Fiscal. Ello ante un eventual planteo que las partes pudieran realizar respecto a la validez de la misma, dado que dicha cláusula adicional está firmada solo por el accionado. En consecuencia, el pronunciamiento sobre el carácter o naturaleza jurídica de la cláusula -aclaratoria o modificatoria del contrato- y su validez, resulta imprescindible a efectos de calificarla como hecho imponible del impuesto de sellos, y siendo ello materia de fondo corresponde que previamente el Juez de la causa se expida sobre dichas cuestiones.
Honorarios del abogado, cuerpo de abogados del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zuleta, Hugo Ricardo c/ Pcia. de Bs. As. (Poder Ejecutivo) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-12-05

Ningún funcionario público que goce de un sueldo establecido por la ley puede devengar honorarios como consecuencia de los servicios prestados en el ejercicio de su cargo.
Fuerzas de seguridad, policía federal, beneficios previsionales, adicionales de remuneración, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GONZÁLEZ,  ADELA  DORA c/ Estado  Nacional  -  Ministerio  delInterior". s/ PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS F.F.A.A. Y DE SEGURIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-12

El análisis de razonabilidad de las leyes en punto a su constitucionalidad, no puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las previsiones contenidas en las mismas y de modo alguno sobre la base de los resultados obtenidos en su aplicación, pues ello importaría valorarlas en mérito a factores extraños a ellas (cfr. Fallos 288:325; C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 26.03.91, "Ojea, Ana Rosa"). Desde esa perspectiva, no se puede soslayar que, aunque figuren entre los plexos normativos citados en la sentencia que se recurre, no fue específicamente considerada la incidencia que tiene en el caso el art. 34 del Dec. 1669/93 -que sustituye el art. 51 del Anexo I del Dec. 993/91- y que expresamente invoca la accionante. Frente a ello, la invalidez constitucional declarada por el "a quo" (en el caso, art. 24 de la ley 24.061, art. 7 del Dec. 2807/92, art. 7 del Dec. 994/91 y art. 36 del Dec. 1812/93) se ve incompleta y con un efecto realmente parcial, puesto que no se comprende cómo podría llevarse a cabo la inclusión del suplemento por "función ejecutiva" ordenada, sin condicionamiento alguno. Evidentemente, la no exclusión de la prescripción reglamentaria mencionada -a la que tampoco se estimó inaplicable- afecta de modo determinante el andamiaje normativo transitoriamente aquí descartado, y consecuentemente, torna insostenible la aludida invalidez constitucional.
Contrato de edición, obligaciones de las partes, resoluciones, derechos de las partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGUIRRE  OBREDOR FELIX ALBERTO c/ WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINASAIC S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-03

La resolución es "una defensa destinada a tutelar la condición de respectiva paridad entre las partes" en el "desarrollo de la vinculación contractual", "una exigencia de la buena fe para liberar al obligado", en tanto mediante ella se busca "la liberación de la parte no incumpliente" a fin de "restituirle la posibilidad de obtener por otro medio una prestación idéntica o equivalente" (Isaac Halperín, "Resolución de los Contratos Comerciales", Ediciones Depalma, p. 13). La insatisfacción de las obligaciones del contratante respecto del cual se pretende la resolución, es el primer recaudo para que pueda optarse por esta vía. Consiste en "cualquier desajuste entre la conducta debida y el comportamiento del obligado", y, "debe alcanzar cierta magnitud" y "ser capaz de dejar insatisfecho el interés del acreedor, habida cuenta de la interdependencia funcional de las prestaciones correlativas" (Anteo Ramella, "La Resolución por Incumplimiento", Editorial Astrea, p. 51 in fine/52 y p 57).
Seguro de responsabilidad civil, recurso de apelación (procesal), asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Medina, María Ramona c/ Passini, Ermida Leonor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-17

La particular y limitada actuación procesal que cumple la aseguradora derivada de su situación contractual (obligación de indemnidad; art. 109 ley 17418), no la faculta a discutir aspectos que hacen a la responsabilidad civil en el hecho ilícito (relación entre los sujetos intervinientes en él), sino sólo aquellos que hagan específicamente a su legitimación pasiva, esto es, defensas anteriores al siniestro y resultantes del contrato de seguro que demuestren que en ese momento no existía cobertura o, en su caso, la limitación que éste tenía (art. 118, ordenamiento precitado), de ahí que la citada en garantía carece de legitimación para agraviarse respecto de lo decidido en la sentencia sobre los aspectos relativos al "quantum debeatur" y los intereses.
Prescripción, actos interruptivos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Belliofiore, Lucio y Otro c/ Cudina, Antonio Natalio y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-11

Para interrumpir la prescripción basta toda gestión judicial que ponga de manifiesto la actividad del acreedor con intención de mantener vivo el derecho y no dejarlo perder.
Instrumentos privados, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Chavez, Luis Alberto c/ Gallegos, Antonio Rosario s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-03-04

Carecen de valor probatorio los instrumentos privados en tanto no sean reconocidos. (Minoría u opinión personal)
Medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: Russo, Julio César y otro c/ Celsa Correa s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-01-27

Es criterio de la sala que no ha sido demostrado el peligro en la demora que se alega, si no se probó que haya habido ocultación de bienes, disminución de la garantía u otro tipo de circunstancias que permitan inferir tal peligro.
Defensa del consumidor, venta a crédito
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Taraborelli Automotores S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones - Disp. DNCI 626/97.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

El art. 36 de la ley 24.240 dispone que "(e)n las operaciones de crédito para la adquisición de cosas o servicios deberá consignarse bajo pena de nulidad: el precio de contado, el saldo de la deuda, el total de los intereses a pagar, la tasa de interés efectiva anual, la forma de amortización de los intereses, otros gastos si los hubiere, cantidad de pagos a realizar y su periodicidad, gastos extras o adicionales si los hubiera y monto total financiado a pagar". (cons. II).
Limitación de recursos económicos, diferimiento del pedido
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DE ROSA, SUSANA BEATRIZ c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-19

La excepción de limitación de recursos (art. 16, ley 24.463) se trata de una defensa en la cual el demandado alega una circunstancia extintiva relacionada con el fundamento de la pretensión del actor, y que en la medida en que ella sea probada, quedaría en claro la validez jurídica de las normas legales atacadas y, consiguientemente, la inexistencia del derecho en el cual el demandante fundamenta su pretensión. Por consiguiente, corresponde dejar sin efecto la sentencia que difirió el tratamiento de la defensa de referencia para la etapa de ejecución de sentencia, declarar procedente la excepción esgrimida por la A.N.Se.S. y devolver los actuados al a quo para la prosecución de su trámite. La solución a que se arriba exime de tratamiento los restantes puntos materia de recurso, así como el examen de los agravios presentados por la actora. (Disidencia del Dr. Laclau)