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Fuero de atracción, verificación de créditos, crédito laboral
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/ Garbarino SA c/  s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-03

El fuero de atracción sólo rige respecto de créditos de causa o título anterior al concurso, pero no respecto de los posconcursales, cuya ejecución debe continuar en sede laboral. Una discreta interpretación del art. 135 de la ley 18.345 en concordancia con las normas de la ley concursal, lleva a circunscribir la aplicación de aquel precepto a los créditos anteriores a la presentación en concurso (o a la sentencia de quiebra), ya que sólo éstos resultan alcanzados por el fuero de atracción que establecen los artículos 21 y 32 (para el concurso) y 200 (para la quiebra) de la ley 24.522. Los créditos posteriores a la presentación en concurso (o a la declaración de quiebra) son ajenos al proceso universal y, por ende, pueden ser reclamados mediante las pertinentes acciones individuales que competen a los respectivos acreedores, como si el concurso (o la quiebra) no existiera. Una correcta interpretación de las normas en juego conduce a restringir los alcances del art. 135 de la ley 18.345, circunscribiendo su aplicación a aquellos créditos que, según los arts. 21, 32 y 200 de la ley 24.522, son susceptibles de verificación en el concurso o en la quiebra. En cambio, los créditos ajenos al proceso universal (como son los postconcursales) sólo pueden ser motivo de reclamo y de ejecución mediante la acción individual por ante el tribunal (en su caso: laboral) que resulte competente.
Prescripción, prescripción decenal, pérdida del expediente, impulso procesal, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Antonio Lovaglio S.A.C.A.I.  c/ Provincia de Salta s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2025-02-17

Cabe revocar la sentencia que rechazó la ejecución de la sentencia que había ordenado a la provincia restituir bienes a una empresa por haber transcurrido el plazo decenal de prescripción establecido por el art. 4023 del Código Civil, dado que, al haberse extraviado el expediente, la actora pidió su reconstrucción en dos oportunidades, exteriorizando la voluntad del titular mantener viva la causa, concretando actos que impidieron el cumplimiento del plazo de prescripción estipulado en la norma de fondo
Revocación de sentencia, viajantes de comercio, falta de prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Rivera, Darío Gastón c/ Correo Andreani S.A.  c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-05

La Magistrada de grado tuvo por no acreditado el carácter de viajante de comercio del accionante, que por ello se agravia. Si bien es cierto que al inicio de la relación laboral el actor no realizaba venta, con el transcurrir del tiempo y toda vez que su gestión permitió recuperar el 50% de las deudas que tenía la empresa, le fue asignada una cartera de clientes que transformaron su actividad en la de un viajante de comercio no obstante lo cual mantuvo su categoría inicial de "comercial". La prueba testimonial producida da cuenta que el actor tenía que contactar captar, visitar empresas, realizar ventas de la compañía conseguir nuevos clientes, que se encontraba un tiempo en la oficina y mucho ms en la calle. Ofrecía la cartera de productos y servicios sin limitación ni condicionamiento alguno, tareas que coinciden con la descripción legal a que refieren los arts. 1 y 2 de la ley 14.546 que definen al viajante de comercio. En este marco, se encuentra acreditado el carácter de viajante de comercio que el actor invocó en la demanda, toda vez que su tarea principal consistía en realizar gestiones para concertar operaciones de venta de los productos de la demandada, a favor y bajo las condiciones establecidas por ella, haciendo de ellas su actividad habitual, por lo que no cabe duda que la actividad estuvo regida por la ley 14.546 (conf. arts. 1 y 2 de dicha ley). La afirmación de la accionada respecto a que el actor solo se dedicaba a vender siguiendo planes comerciales solo refuerza la categoría pretendida, toda vez que eso es lo que hacen los viajantes de comercio, atender a clientes de una zona, lista o cartera determinada para conseguir ventas e incrementar la facturación del empleador. En todo caso la accionada debió probar que las actividades coetáneas a la venta fueron de una mayor entidad que e stas últimas para sostener su postura de falta de habitualidad. Asimismo, la falta de registro de los pedidos que permitieran al trabajador tener constancias documentadas de las operaciones concertadas, eximen al dependiente de dar cumplimiento a la obligación de detallar las ventas, bastando que indique el listado de clientes, incluyéndolo en su declaración jurada (conf. art.11 Ley 14.546). Por ello, cabe revocar el decisorio de la anterior instancia.
Confirmación de sentencia, despido, jornada de trabajo, carga de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Espíndola, Jorge Ignacio c/Correo Oficial de la República Argentina SA c/  s/ Diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-09

La accionante se agravia porque en la instancia anterior se desestimó el reclamo incoado sobre la base del registro irregular de su jornada laboral. La empleadora que pretende apartarse del régimen general de jornada de trabajo previsto en el art. 197 y concs LCT y en la ley 14.544, tiene la carga de demostrar la veracidad de sus asertos y al tratarse de una defensa, la prueba respectiva se encuentra a cargo de quien la opone conforme la distribución de la carga de la prueba que deviene del art. 377 CPCCN. La accionada no aportó prueba alguna que demuestre que la actora se desempeñó bajo la modalidad de media jornada, sin siquiera precisar el concreto horario que había cumplido. Ello conduce a considerar incumplidas las cargas impuestas en el art. 356 del CPCCN, conforme al cual las imprecisiones autorizan a estimar como verídicos los hechos expuestos en el escrito de inicio como consecuencia de la teoría de la substanciación (cfr. arts. 65 LO y 163, 356, 360 y 364 CPCCN) por la cual la demandada debe especificar con claridad los hechos que alegue como fundamento de su defensa. Tampoco la accionada ha exhibido al perito contador los registros horarios de la accionante. Dicha información resulta de vital importancia (art. 5 del art. 163 del CPCCN). En este caso ha quedado desvirtuada la existencia de un contrato de trabajo a tiempo parcial o jornada reducida. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Confirmación de sentencia, inapelabilidad en razón del monto, regulación de honorarios, despido, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ríos, Eduardo Matías c/ Tech Security SRL  c/  s/ Certificado de trabajo art. 80 LCT
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-04

La demandada y la perito contadora apelan la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda por despido. Es criterio mayoritario de la Sala que los recursos contra las decisiones que versen sobre obligaciones de dar sumas de dinero y de hacer deben ser desglosadas y tratadas de manera independiente. Así, dado que el capital de condena actualizado de conformidad con la Res. CNAT 19/2024, no alcanza el límite mínimo de apelabilidad previsto en el art. 106 LO, cabe declarar mal concedido el recurso respecto de la condena pecuniaria. En cambio, toda vez que el certificado de trabajo adjuntado por la accionada (obligación de hacer) se ajusta a la realidad de la relación laboral cabe admitir el agravio y rechazar el reclamo de dicho certificado. Respecto de los honorarios del patrocinio del actor y de la perito contadora, la demandada los apeló por altos (las regulaciones de honorarios son siempre apelables con independencia del monto según lo establecido por el art. 56 de la ley 27.423). Sin embargo, teniendo en cuenta el mérito e importancia de los trabajos realizados por el patrocinio del actor no resultan excesivos por lo que cabe confirmarlos. Los honorarios del perito contador lucen altos. Por todo ello, cabe declarar mal concedida la apelación de la demandada respecto de la condena pecuniaria, rechazar el reclamo de certificado de trabajo y confirmar los honorarios del patrocinio del actor y reducir los de la perito contadora.
Tarjeta de crédito, seguros
Materia: BANCARIO-COMERCIAL
Carátula: Vizcarra, Rita Josefa  c/ Cencosud SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-23

En el marco de un contrato de tarjeta de crédito, resulta ilegítimo el cobro de los cargos en concepto de (1) seguros por robo, de bolso protegido y de asistencia personal; (2) seguro de asistencia de garantía de electrodomésticos usados y (3) seguro colectivo de vida y por incapacidad permanente. Ello por cuanto la demandada incumplió con su deber de informar en forma adecuada y veraz en su carácter de agente institorio (LS 54) en relación con los seguros detallados en (1) y (3); e intermediario en la comercialización del seguro identificado precedentemente en (2). Para más actuó como emisora y administradora de la tarjeta de crédito a través de la que se realizaron los cargos cuestionados. En este marco, la demandada es la encargada de confeccionar el resumen de cuenta (LTC 22 y 23) y de brindar información cierta, clara y detallada respecto de los consumos allí incluidos.
Medidas cautelares, reincorporación, acción de amparo
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Millares, Gonzalo Ignacio c/ Bridgestone Argentina SA  c/  s/ Juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-08

El actor dedujo medida cautelar persiguiendo la reinstalación cautelar con fundamento en las disposiciones de las leyes 23.551 y 23.592. La Jueza de grado rechazó la vía sumarísima pretendida. La acción de amparo deducida se funda por un lado, en la alegada existencia de discriminación (conf. art. 47 de la ley 23.551 y ley 23.592) y, asimismo, se agravia achacando a la firma comercial accionada una conducta contraria a la ética de las relaciones colectivas del trabajo (conf. art. 53 y conc. de la ley 23.551), circunstancia que torna admisible la pretensión de la vía sumarísima perseguida. El art. 47 de la ley 23.551 establece una vía particular para la tutela de los derechos derivados de la libertad sindical, con el objeto de cuestionar todo acto que obstaculice su ejercicio. Así, el proceso sumarísimo es particularmente aconsejable en los casos en que se invocan tratos discriminatorios y la vía propuesta no es excluyente per se de aquellas cuestiones que necesitan algún grado de demostración. Por lo tanto, cabe con relación a la alegada existencia de discriminación ordenar la tramitación de la causa en los términos del art. 498 del CPCCN. En cambio, es improcedente la medida cautelar para perseguir la reinstalación en el puesto de trabajo con fundamento en la ley 23.592. Ello así, toda vez que los elementos incorporados a la causa no demuestran el "fumus bonis iuris" y el peligro en la demora. Ello no obsta a que la medida pueda ser revisada de adjuntarse nuevos elementos, en una decisión que no causa estado.
Confirmación de sentencia, rechazo de la demanda, falta de entrega del automotor, redargución de falsedad
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Battigane, Gustavo Atilio  c/ Volkswagen Argentina SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-07

Cabe confirmar el rechazo de la demanda iniciada contra una concesionaria y la fabricante, a fin de que entreguen la unidad adquirida. Ello por cuanto, en el caso, surge que el actor aseveró haber celebrado con la concesionaria un contrato de compraventa de un rodado que preveía que la unidad sería entregada luego de "la cancelación total" de un precio tomado "en parte de pago" y de la cesión de seis contratos de ahorro previo. Más, en el caso, se infiere que ese documento era insuficiente por sí sólo para tener por perfeccionada la operación y efectuado el pago, siendo menester adjuntar, además, un recibo emitido por caja que no se encuentra en la causa. Tampoco se indica allí si las cesiones en cuestión se habían o no perfeccionado a la época de su otorgamiento. En los formularios de cesión la persona indicada como cedente era el aquí actor, no habiéndose establecido quién sería el cesionario. Las certificaciones de las firmas insertas en los demás formularios de cesión, al igual que ocurre con esos mismos documentos, fueron acompañados en copia simple y no en su versión original, de modo que no se trata de documentos públicos a los que quepa atribuirle una presunción de veracidad en los términos del CCCN 312 ni contra los cuales hubiera sido menester iniciar un incidente de redargución de falsedad. Los efectos de la decisión de la concesionaria de no presentarse en la litis no alteran la solución que ya se viene perfilando. Es que, entre los instrumentos adjuntados por el actor a su demanda, el único en el que supuestamente intervino a través de uno de sus empleados es uno que resulta insuficiente para tener por celebrado el contrato de compraventa entre el actor y la concesionaria.
Factura, contrato de servicios
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Otis (Argentina) SA c/ Consorco de Propietarios Santa Fe 1970  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-23

Corresponde reconocer el derecho del actor a cobrar la factura de cierto período por los servicios prestados en cumplimiento del contrato de mantenimiento "semi-integral" de cuatro ascensores. Ello por cuanto, sin perjuicio de que no haya efectuado el mantenimiento en ese momento, ese no era el único contratado, encontrándose acreditada la prestación del servicio de guardia pasiva de 24 hs los 365 días del año.
Accidentes de trabajo, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Rivero, Rubén Humberto c/ Salas, Ángel Roberto s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2025-08-21

Resulta arbitraria la sentencia que no consideró acreditado que el accidente laboral denunciado se produjo en ocasión, en el lugar o, por el hecho del trabajo, tal como lo define el art. 6 de la Ley 24557, porque carece de fundamentación suficiente, dado que valoró parcialmente las pruebas, sin realizar un análisis integral de las circunstancias del caso, dado que la conclusión a la que arribó en relación a la falta de acreditación de la relación de causalidad entre el siniestro y la labor desempeñada por el actor, se basó en afirmaciones dogmáticas que omitieron considerar las tareas que se encontraba llevando a cabo y la actitud asumida por la empleadora.
Aportes previsionales, despido
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Maciel, Rodrigo c/ Gate Gourmet Argentina SRL  c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-06

Según lo dispuesto en el art. 132 bis LCT, la intención del legislador ha sido sancionar la inconducta del empleador por haber retenido aportes del empleado con destino a los organismos de la seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa no los hubiere ingresado a los organismos a los que estaban destinados. Asimismo, el decreto reglamentario 146/2001 del art.132 bis LCT dispone que "Para que sea procedente la sanción conminatoria el trabajador deberá previamente intimar al empleador para que dentro del término de treinta (30) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquel deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados más los intereses y multas que pudiere corresponder, a lo respectivos organismos recaudadores". Si bien, el actor sostiene que cumplió con el emplazamiento previsto en la normativa reseñada, de la lectura de los despachos telegráficos que el reclamante reivindica en apoyo de su tesitura se desprende que se limitó a intimar a que en el término de 48 horas le sean abonados, entre otros conceptos, los aportes previsionales de ley, lo que revela que el requerimiento efectuado no se ajusta a los recaudos exigidos por la normativa, tanto en lo que atañe al plazo como a los términos en que ha sido formulado. Ello es así, habida cuenta de que la omisión de depositar total o parcialmente las sumas retenidas al trabajador con destino a las entidades detalladas en el art. 132 bis LCT, conlleva, en sí misma, la comisión de un hecho ilícito; razón por la cual la sanción debe ser examinada de modo restrictivo y por ello, para que se configure el tipo legal sancionable, el requerimiento que se formule al empleador debe ser concreto y positivo para que "ingresen los importes retenidos y no depositados" con más los accesorios que pudieren haberse devengado y multas que pudieren corresponder, es decir, deberán precisarse los períodos en los que se habría producido la supuesta irregularidad, los conceptos retenidos y no depositados y el plazo otorgado a tal fin, extremos que en el caso no se advierten en el emplazamiento cursado, así como tampoco en la demanda. No resultan aplicables las previsiones del art. 132 bis LCT pues sobre las sumas que la demandada pagó bajo los conceptos "Asig. No Rem. Art. 223 bis LCT" y "Aj Asig. No Rem art. 223 bis LCT-COVID" y sobre la parte de los salarios que no abonó en virtud de una reducción impuesta por un acuerdo reputado inválido, no hubo retención de aportes, y por lo tanto no se configuró uno de los recaudos exigidos para la procedencia de la sanción.
Factura, contrato de servicios, incumplimiento del contrato
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Otis (Argentina) SA c/ Consorco de Propietarios Santa Fe 1970  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-23

En el marco de una acción iniciada a fin de cobrar las facturas pendientes de pago por los servicios prestados en cumplimiento de un contrato de mantenimiento "semi-integral" de cuatro ascensores, corresponde hacer lugar a la reconvención por los incumplimientos contractuales que produjeron los daños cuya reparación reclama en estas actuaciones. Ello por cuanto, se encuentra acreditada la existencia de los numerosos incumplimientos de la actora reconvenida respecto de su obligación de mantener en buen estado los ascensores del edificio, que debieron ser reparados por una nueva empresa, lo cual le generó gastos adicionales.
Confirmación de sentencia, embargo preventivo, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Medina, José Armando c/Telefónica Móviles Argentina SA -continuadora de Telefónica de Argentina SA y otros  c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-02

La parte actora cuestiona la desestimación de la medida cautelar de embargo preventivo solicitado en los términos del art 62 inc. b) de la LO, contra la codemandada persona física incursa en la situación de rebeldía del art 71 LO. La Sra. Jueza a quo rechazó la petición dado que de los términos de la demanda surgía que la acción se encontraba dirigida contra la coaccionada en función de su responsabilidad solidaria con la empleadora principal y, en tal sentido, de hacer lugar a la medida requerida, hubiese implicado un adelanto de la jurisdicción de su parte que hubiese consistido en resolver si se corría el velo societario establecido por la normativa de la ley 19.550, lo cual implicaba avanzar sobre el fondo de la cuestión. La persona humana declarada incursa en rebeldía sobre la que se requería la cautela fue accionada solidariamente con sustento esencial en los arts. 54 y cdtes. de la ley 19.550 y en dicho contexto, se advirtió que la imputación indicada, resultaba merecedora de mayor hondura probatoria, en un contexto en el que las restantes codemandadas han comparecido a estar a derecho. Una de ellas, asumió el rol de empleadora formal reconociendo el error registral, todo lo cual desalentaba la admisibilidad automática de la medida precautoria requerida. Ello, en tanto los efectos de la rebeldía decretada podrían ser enervados por las pruebas ofrecidas por las empresas coaccionadas y por ende, se impondría un mayor abono en la verosimilitud del derecho, que no se verifica, como así tampoco el peligro en la demora ni el riesgo de una insolvencia de la coaccionada respecto de la que se solicita la cautelar. Se confirma la sentencia de grado.
Denegatoria del recurso, sociedad constituida en el extranjero
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: "Ramírez Cañizares, Santos Egidio c/ Helmerich & Payne Argentina Drilling Co. y otros  c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-19

La circunstancia de que una sociedad no se encuentre inscripta no obsta a la viabilidad de practicar la notificación en la forma prevista en el art. 122 de la ley 19.550. Las normas de la Ley de Sociedades tienen una redacción lo suficientemente amplia como para que se entiendan comprendidas numerosas situaciones y, por ello, no es necesario que la notificación a la sociedad se haga ineludiblemente en la persona del representante previsto por el art. 118 3° párrafo LGS. Además, el continuo avance tecnológico en materia de comunicaciones, permite sostener, como principio de base, que cualquier notificación recibida en esta República bien puede ser inmediatamente comunicada a la sociedad extranjera por innúmeras vías y, por ende, el emplazamiento así efectuado cumple con los fines perseguidos por la ley procesal, no vulnerándose de ningún modo la garantía constitucional del art. 18 CN. El art. 122 de la Ley General de Sociedades- n° 19.550-, en su inciso b, establece que una sociedad constituida en el extranjero puede ser emplazada en juicio en la República si existiere sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación, en la persona del representante. El emplazamiento a que hace mención, importa la citación judicial de la sociedad extranjera para que comparezca ante este tribunal y dé razón de los hechos que se le imputan en la demanda. De esta forma se evita que haya que realizar costosos trámites para notificar el traslado de la demanda a la sociedad en su domicilio en el exterior. La ratio de la regulación del régimen de las sociedades extranjeras al permitir que su emplazamiento se realice en la persona del apoderado o representante en el país, ha sido efectivizar la citación en juicio de las sociedades extranjeras que de cualquier forma ejercen actividad en la Argentina y de esa manera evitar elusiones o dilaciones formales o procesales basadas en la dificultad práctica y mayores costos de notificar a la sociedad extranjera fuera del país. En este sentido, resulta idónea la cédula cursada al apoderado de la sociedad extranjera emplazada, en un domicilio sito en Buenos Aires, al cumplir el fin para el cual fue enviado (toma de conocimiento de la controversia de la sociedad extranjera) incluso si se trata de un apoderado designado para fines distintos de los de la Litis, si está investido de mandato. Cabe desestimar la nulidad deducida.