marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedencia parcial, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Klochko, Carlos Alberto c/ Laboratorio K-Dial S.R.L.  s/ Societario Contencioso
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-04-25

Cabe hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la demandada, modificando la distribución de costas de Primera Instancia -quedando el 65% a cargo de la demandada y el 35% a cargo del actor-. Es dable destacar que la pretensión del actor de obtener la imposición de la totalidad de las costas a la firma demandada resulta manifiestamente inadmisible, toda vez que no ha sido encauzada a través de la articulación del recurso de apelación pertinente -ni por vía directa, ni por vía adhesiva-. Ahora bien, vale decir que las costas están integradas por los gastos devengados por la tramitación del proceso judicial y que poseen una particular naturaleza resarcitoria de carácter procesal, en tanto que mediante ellas se persigue evitar que quien se ha valido de un litigio para reconocer su derecho, sufra una merma patrimonial. Sin embargo, también es dable ponderar que el accionante peticionó además que se condenara a la demandada a distribuir utilidades, lo cual fue rechazado; a mérito de las razones expuestas, resulta razonable modificar la distribución de las mismas.
Jurisdicción, competencia federal, entorpecimiento de los servicios públicos, falsificación de documentos, servicio telefónico, facturación excesiva
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Davaro, Saúl c/ Telecom  SA s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

En la Capital Federal es competente el fuero civil y comercial federal para conocer en la demanda contra una empresa telefónica, impugnando facturaciones.
Gas, distribución de gas, servicio público, prestación del servicio público, suministro de gas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Litoral Gas S.A. c/ ENARGAS resol. 29/94 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Las resoluciones anteriores a la vigencia de la ley 24.076, estimularon la participación, junto con la inversión privada, de entes públicos, provinciales o municipales, en los emprendimientos necesarios para la continuidad de los servicios de distribución de gas. Por ello, una vez en marcha la privatización del servicio público (art. 4° de la ley 24.076), la reglamentación de la ley debió prever el procedimiento para la sustitución de las personas jurídicas de derecho público por personas jurídicas de derecho privado.
Expropiación, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ EL BONETE S.C.A. s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-06-10

Cabe rechazar lo reclamado a título de ocupación temporal, toda vez que la accionada ninguna precisión formuló respecto de los perjuicios invocados y sabido es que no basta la mera invocación del perjuicio directo e inmediato para que éste se reconozca, sino que para ello es necesaria su concreta demostración. Por lo demás, siendo que -como regla- la indemnización expropiatoria debe determinarse a la fecha de la desposesión, en el caso concreto el lapso durante el cual la Provincia detentó la posesión del inmueble bajo el título de ocupación temporal, resultaría cubierto por la indemnización expropiatoria y los intereses correspondientes (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Comercialización, control de calidad, nafta, estación de servicio, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Shell Cía. Argentina de Petróleo S.A. y Cía. Rimidan S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 642-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-18

En orden a que en la determinación de las condiciones de la calidad de bienes destinados a la oferta pública, merece tanto resguardo el derecho del particular a defenderse y controlar el procedimiento como el interés público de resguardar a la comunidad del consumo de productos en condiciones inhábiles. De lo apuntado se deduce que si -en el caso- el dictamen de los expertos evidencia una comprobación específica de las deficiencias de la nafta, no pueden erigirse ciertos recaudos formales por encima de la finalidad que concurren a satisfacer, cuando del examen del trámite en sede administrativa se advierte que ello no afectó el ejercicio del derecho del administrado a ser oído y a conocer las objeciones que se formulaban.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, fundamentos insuficientes, acción penal, prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, proceso penal, elevación a juicio, defensa, leyes, interpretación hermenéutica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: S., C. E. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -INFRACCION ART. 173, INC. 7MO. DEL  C.P.- INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL (EXPTE.: C.S.J.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-07

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que las razones brindadas por el Tribunal para descartar la pretensión del Ministerio Público Fiscal -básicamente estructurada sobre la equiparación de la "citación a juicio" (art. 67, inc. d, Cód. Penal) con el proveído que dispone el "traslado para la defensa" (art. 378, C.P.P.)- no puede servir de adecuado sustento a lo decidido.

Ello así, por cuanto la Sala considera que la regulación procesal santafesina no prevé "la citación a juicio" ni otra actividad equivalente, lo cual implica atribuir dogmáticamente una inteligencia a los preceptos en juego que de manera alguna se hace cargo de los claros propósitos perseguidos con la modificación al artículo 67 del Código Penal, cual es -a fuerza de incurrir en reiteraciones-, consagrar una uniformidad interpretativa respecto de las causales de interrupción del curso de la prescripción de la acción penal tendente a garantizar la plena vigencia del artículo 16 de la Constitución Nacional.

En consecuencia, la hermenéutica efectuada por la Cámara no puede inscribirse en el rótulo de aquellas "erróneas", "posibles" u "opinables", sino que se endereza derechamente en las que cabe calificarlas como arbitrarias atento a que no consulta la voluntad del legislador, restándole, así, racionalidad al precepto.

Repárese, en tal sentido, que ese fin perseguido por el parlamentario se tornaría absolutamente inoperante -siguiendo la tesis del Tribunal- si cada operador de derecho, en e l marco de los distintos ordenamientos de rito, intentara encuadrar los supuestos contemplados por el artículo 67 del Código Penal en los códigos procesales mediante una interpretación estrictamente gramatical, en una suerte de búsqueda de identidad absoluta con el acto procesal tomado como interruptor, sin considerar las particularidades propias que presentan los cánones de forma locales.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, apremios ilegales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GARCILAZO, LEONARDO GABRIEL c/  s/ ROBO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25

Si bien el Juez de Sentencia ordenó investigar la presunta comisión de los hechos ilícitos atribuidos al personal policial, atento al tiempo transcurrido entre aquello y el actual pronunciamiento, no se verifica que tal mandamiento se haya ejecutado, resultando incumplida la exigencia de una investigación efectiva, diligente e inmediata conforme lo exige reiteradamente la jurisprudencia interamericana; por lo cual resulta inadecuado hacer uso de los dichos vertidos en sede policial, denunciados como hechos bajo apremios, como medio probatorio, no advirtiéndose la existencia de otros cauces o fuentes alternativos preponderantes para lograr convicción más allá de lo expuesto en aquella declaración, desde que el acta de procedimiento y los testimonios de los agentes que pondera el fallo aparecen como parte inescindible del mismo proceder cuestionado cuya integralidad debía ser investigada y cuyo contenido fue valorado en el marco de los dichos del prevenido. (Del voto de la Dra. Hernández. En disidencia: Dres. Netri y Spuler)
Prescripción adquisitiva, actos posesorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sanchez de Torres, María Josefa c/ Souto y Cereijo, José María y otros s/ Posesión Veinteañal Marchescri, Armando Adolfo s/ Usucapion
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08|1988-08-23

En el caso de usucapión, la ley exige actos posesorios y no una expresión de voluntad del titular de dominio, que se despoja de él mediante la forma del allanamiento a la demanda, pues esto constituiría un modo disimulado de transmisión del dominio y no la declaración estatal, de su otorgamiento a quien tuvo la posesión durante el tiempo requerido por la ley, pudiendo desestimarse la demanda no obstante la conformidad prestada por el Fiscal de Estado y el Defensor de Ausentes, ya que estos funcionarios no pueden realizar actos de disposición, y tal importa en definitiva, el virtual allanamiento a la demanda, sin tener poderes especiales para ello.-
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COZZI DE PESCUMA SABINA c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO Y OTROS s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-06-20

Todo acto procesal realizado en interés exclusivo de una de las partes no interrumpe la perención, puesto que no impulsan o activan la marcha del proceso.
Prueba, falta de firma, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MACCIO ALBERTO Y OTRO c/ PACEVI  S.A.I.C.I  Y F. s/ ORDINARIO - NULIDADES PROCESALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-16

Nunca puede declararse la nulidad de un acto o trámite procesal sino cuando el vicio haya podido influir realmente en contra de la defensa, restringiendo la audiencia o la prueba (365 bis a quater y 1271 C.P.C.).

La validez y consecuente idoneidad del acto procesal para producir los efectos que le son propios debe juzgarse intrísecamente, en base al acto mismo, y no en función del valor probatorio que pueda tener en orden a la admisión o rechazo de la demanda. Si una diligencia de prueba no es pasible de ser declarada nula conforme con los principios cardinales que gobiernan las nulidades procesales, poco importa la incidencia que pueda tener a la hora de resolverse el pleito.

En este caso la nulidad ha sido exclusivamente fincada en al falta de firmas de las actas por el juez y secretario, más en ningún momento se ha puesto en tela de juicio la presencia de las autoridades del Tribunal en las audiencias, cosa que la impugnante no podría hacer sin caer en palmaria contradicción, desde que su apoderado - y la actora -las suscribió, y el tenor de ellas surge expresa la presencia del titular del juzgado y de la actual.

Por consiguiente,sino está el entredicho que éstos estuvieron presentes en la recepción de las testimoniales, si también intervino en ellas el apoderado de la citada en garantía, si él controló internamente el desarrollo de las respectivas audiencias, si nadie le vedó la posibilidad de ejercer derecho alguno conferido por el procedimiento, si firmó de conformidad a las actas, si la omisión quedó convalidada con el transcurso del tiempo instituido para deducir la impugnación, y si, por último, el vicio formal no ha tenido ninguna entidad para perjudicar a la defensa de la aseguradora, parece ostensible que la queja debe desestimarse.-
Tasa de justicia, beneficio de litigar sin gastos, irretroactividad de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Almada Aníbal Roberto c/ Policía Federal s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07

El beneficio otorgado no puede hacerse extensivo al pago de la tasa, en virtud del principio de irretroactividad de aquél con respecto a impuestos y gastos devengados con anterioridad a su promoción -confr. esta Sala in re "Incidente de litigar sin gastos de Castro Diego en autos: "Banco de Berisso Coop.Ltdo. (en liquidación) s/ apel. Resol. 685/92", del 6/2/96).
Facultades del juez, pena
Materia: PENAL
Carátula: Comesaña, Teresa Martina s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-07

La aplicación racional de la fuerza estatal deriva como resultado de la vigencia del principio de ultima ratio del derecho penal, trasladable a las medidas de coerción conforme lo recepta expresamente el art. 2 del C.P.P.N. En base a ello, el juez se encuentra facultado en adoptar del catálogo de medidas -nominadas o innominadas- aquella que resulte menos gravosa. Que la aquí expresado, se deriva -además- de numerosas normas internacionales lo que demuestra que la posición adoptada por el tribunal resulta acertada y en consonancia con lo dispuesto en los arts. 9.3 del PIDCYP y 7.1 de la CADH. (Voto de la Dra.

Ledesma en disidencia).
Buscadores de Internet, responsabilidad por publicaciones en Internet, derechos personalísimos
Materia: CIVIL
Carátula: G. C. V. c/ Google Inc. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-12

El "efectivo conocimiento" constituye prima facie el punto de partida de la gestación de la obligación de responder por parte de los motores de búsqueda, ya que sólo habrá responsabilidad cuando ellos tomen efectivo conocimiento de que las vinculaciones a contenidos de terceros lesionan derechos personalísimos de un sujeto y no adopten medidas que, dentro de las posibilidades que ofrece el sistema, eliminen o bloqueen los enlaces pertinentes.
Competencia administrativa, jurisdicción administrativa, principios del procedimiento administrativo, debido proceso adjetivo, impulso procesal, impulso de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "PATIÑO, ALBERTO c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-29

El Tribunal reiteradamente ha sostenido que en virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conducente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada.

Aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, la impulsión de éste corresponde a la administración, en razón de que con él no tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés público: el administrativo (cfr. Hutchinson, Tomás, "Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549", pág. 29 y ss).

En consecuencia, ha de concluirse que el organismo no cumplió con la garantía del debido proceso adjetivo derivado del art. 18 de la C.N., si denegó por inconducente e improcedentes las pruebas testimonial e informativa solicitada por el recurrente con el propósito de acreditar que, pese a su cargo dentro de la firma, no tenía el manejo de los fondos sociales, y por lo tanto, no estaría alcanzado por la responsabilidad solidaria prevista por los arts. 6 y 8 de la ley 11.683.

Ello así, porque ante la existencia de hechos controvertidos, la administración debió extremar los medios a fin de lograr la elucidación de los mismos; máxime teniendo en cuenta que debatía la responsabilidad solidaria por una deuda ajena.
Inconstitucionalidad, ley provincial, afiliación a obras sociales, afiliación obligatoria, prestaciones de la obra social
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nowinski, Elsa  Alicia s/ inconstitucionalidad  art.  16  de  laley 6982.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Es inconstitucional el art. 16 de la ley 6982 de la Provincia de Buenos Aires (según el texto del art. 2E de la ley 10.595) en cuanto al no brindar la cobertura médica necesaria y adecuada para la atención de la actora, priva de razonabilidad a la afiliación obligatoria al IOMA., en la medida en que dicho medio no se adecua a los fines cuya realización procura (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Asociaciones profesionales de trabajadores, encuadramiento sindical
Materia: LABORAL
Carátula: MINISTERIO DE TRABAJO c/ SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR s/ LEY DE ASOC. SINDICALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-28

Mediante resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se efectuó el encuadramiento de los dependientes de la empresa dedicada a la venta de neumáticos, en el ámbito representativo de SMATA. Posteriormente, tomó conocimiento de dicha resolución el Sindicato Obrero del Caucho Anexos y Afines, entidad sindical que contaría con una personería gremial de primer grado, que agrupa a trabajadores que se desempeñan en las gomerías y talleres de recauchutaje y vulcanización, entre otros. Dicha entidad promueve la nulidad de la resolución ministerial. En el proceso por el cual se determinó el encuadramiento sindical de la empresa no fue oído el sindicato referido, que parecería atender más directamente la actividad en cuestión. Lo apuntado constituye un vicio trascendente previsto en los arts. 11 y 14 inc. b) de la ley 19.549 y por lo tanto, corresponde declarar la nulidad de la disposición del Ministerio de Trabajo a fin de que la entidad sindical nulidicente se integre al proceso y una vez oída con todos los datos, se resuelva. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría).
Contrato de obra, incumplimiento del contrato, prueba, indemnización
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: AET Sociedad Anónima  c/ Federación Argentina De Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-03

En el marco de un contrato de locación de obra, cabe hacer lugar al reclamo por daño a su valor arquitectónico. Es que se encuentra probado que los incumplimientos de la empresa constructora desvirtuaron la idea original de una construcción transparente y moderna. Desde una perspectiva meramente general y puramente estética, la existencia de una pileta de gran magnitud podría brindar cierta magnificencia al hotel, por lo que bien podría justificarse una indemnización por este rubro. En esa misma línea, puede extraerse de la peritación que, como consecuencia de las refacciones que siguieron a las pérdidas de la pileta vidriada, hubiera existido algún "daño estético" o "arquitectónico". Eso demuestra el daño y hace consecuentemente procedente el resarcimiento. Porque, en definitiva, el destino decorativo originalmente imaginado no habría sido alcanzado y aparecería postergado por reparaciones imprescindibles que aparentemente habrían desdibujado la estética planeada.
Recurso contencioso administrativo, leyes, interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Chiani, Leonor Elisa Traverso de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 92-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-09

La excepción de defecto legal tiene por cierto un contenido directamente constitucional, y se propone impedir que el demandado se encuentre en estado de incertidumbre que le impida contestar eficazmente la demanda. Ha sido atemperada por la jurisprudencia a sus justos límites, entendiéndose que procede sólo cuando la demanda, por su forma o contenido, no se ajusta a los requisitos o solemnidades que prescribe la ley. Asimismo, debe tenerse en cuenta que tal excepción no se refiere al fondo o justicia de la pretensión, y es de interpretación restrictiva. En la especie, si bien la demandada opone el artículo previo, contestó la demanda e incluso ofreció pruebas, en los aspectos que podían lesionar su derecho a la defensa, lo que torna insustancial el reclamo defensivo previo formulado.
Contratos, manifestación de la voluntad, silencio
Materia: CIVIL
Carátula: PEÑALOZA José Benjamín c/ Maturano Alejandro Ciro y Frias Sergio s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-09-17

El supuesto legal que comprende dicho acto y sus efectos es el art. 919 del C.C. de aplicación al caso y que dice: "el silencio opuesto a actos o a una interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación, sino en los casos en que haya una obligación de explicarse por la ley o por las relaciones de familia, o a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes".

"Hay silencio en el sentido jurídico, cuando una persona, en el curso de esta actividad permanente que es la vida, no manifiesta su voluntad con relación a un acto jurídico, ni por una acción especial destinada a este efecto (voluntad expresa) ni por una acción de la que puede inferirse su voluntad (voluntad tácita).

No obstante ello y ante alguna discusión doctrinaria al respecto es bueno señalar que siempre ha de primar el "prudente arbitrio del juez que caso por caso deberá indagar y decidir si el silencio de una de las partes puede ser considerado como declaración de su consentimiento".
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Henderson Jorge A. c/ Salum Raúl s/ Daños y Perjuicios Otero Víctor S. c/ Pierdomenico Héctor s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-27|1989-05-23

Es irrelevante, en principio, en orden a la indemnización del perjuicio significado por la imposibilidad de usar el automóvil siniestrado, el mayor o menor valor venal del rodado, puesto que aquella utilidad, significada por el uso del mismo, obstada por el ilícito y sus consecuencias, no es distinta cuando la cosa dañada o es una extremadamente valiosa o, en cambio, una de costo standard;

para el caso, no hay diferencia entre un BMW, último modelo y un Falcon de diez (10) años de antigüedad, ya que con el uno y con el otro se realizan diligencias cotidianas (trabajo, paseos, etc.)
Incapacidad parcial, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Bonnano, Vicente c/ Martín Güemes SA s/ Cobro de indemnización, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-01

La circunstancia de que el patrono no haya aumentado o modificado su plantel de trabajadores durante el año considerado, no satisface la exigencia del art. 212, párrafo segundo de la Ley de Contrato de Trabajo, que requiere algo más, esto es, el mínimo intento de procurar ocupación que sea realmente revelador de un inimputable impedimento, por ausencia de labores compatibles con la capacidad residual del trabajador.
Embargo preventivo, marcas
Materia: PROCESAL
Carátula: SIEMMENS AG c/ KVA ARGENTINA SA Y OTRO s/ INCIDENTE DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-06

El principio genérico en la materia esta dado porque la traba del embargo debe limitarse a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas (art. 213 del Cód. Procesal), no debiendo exceder la prudencia que cabe tener en cuenta en el resguardo de los intereses en juego (cfr. A. M. Morello-G. L.

Sosa-R. O. Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, comentados y anotados", 2da. ed., T. II-C. p. 728 y jurisprudencia allí citada).
Tribunal Fiscal de la Nación, regulación de honorarios, recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: BANCO DE VALORES  S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-06

La regulación de honorarios practicada por el tribunal Fiscal de la Nación integra la decisión sobre el fondo del asunto sometido a su consideración, el lapso para apelarlos es de 30 días previsto por el art. 174 de la ley 11688, para interponer el recurso de apelación contra la sentencia.