Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-10-25


NEUQUEN, 25 de octubre de 2011 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "BANEK RAFAEL MARTIN C/ TEXEY SRL Y OTRO S/ D. Y P. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL PART." (EXP Nº 443891/11) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL Nº 5 a esta Sala I integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Federico GIGENA BASOMBRIO -Acuerdo N° 4689 del TSJ- con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO de GIORGETTI, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra.

Patricia CLERICI dijo:

I.- Vienen estas actuaciones por declinatoria de su competencia del señor Juez de Primera Instancia en lo Laboral Nº 3, no aceptada por la señora Jueza en lo Civil Nº 5.

A fs. 34 se pronuncia el Fiscal de Alzada en sentido favorable a la competencia civil.

II.- Se plantea en autos la cuestión referida a que fuero -si el civil o el laboral- resulta competente a efectos de intervenir en aquellos trámites donde se reclama la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por un accidente o una enfermedad de naturaleza laboral, cuando el trabajador opta por la vía de la reparación del derecho común, fuera del marco de la acción sistémica. Integrando la Sala II ya he resuelto la controversia de autos in re "GARCIA C/ PREVENCION ART" (EXPTE. 425.251/10), entre otros.

Se dijo en ese precedente: En la provincia del Neuquén, a partir de la sanción de la Ley 2142 se determinó que la justicia civil es la competente en todos los supuestos en que los trabajadores o sus derechohabientes accionen contra los empleadores por responsabilidad civil derivada de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ejerciendo las facultades que en tal sentido les confiere la legislación laboral vigente.

"Las normas jurídicas requieren ser interpretadas para su aplicación al caso concreto, y también para adecuarlas a circunstancias diferentes a las vigentes en el momento de su elaboración y sanción. De otro modo se obligaría al legislador a una permanente modificación de leyes, y dictado de nuevos cuerpos normativos que produciría una inflación legislativa que sólo ha de contribuir a la confusión general.

"Es facultad, entonces, de la magistratura adaptar normas vigentes, mediante la interpretación, a las nuevas circunstancias en que se deben aplicar.

"Esta interpretación no es absolutamente libre, sino que debe adecuarse a los parámetros de razonabilidad, armonización con todo el ordenamiento jurídico y respeto por los principios rectores superiores contenidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional.

"Enseña Rodolfo Vigo ("Interpretación Jurídica", Ed.

Rubinzal-Culzoni, 1999, pág. 101/102) que "la interpretación jurídica cuando tiene por objeto a una ley, se enfrenta a un texto aunque el entendimiento que de él realiza no es aisladamente de los hechos que motivan la interpretación, y además, su pauta orientadora e iluminadora es la justicia. Por eso resulta errónea la disputa de si el intérprete tiene que ser fiel a la voluntas legislatoris o a la voluntas legis, porque la fidelidad que se le pide al intérprete jurídico es a la justicia prudencialmente definida aquí y ahora; por eso también es estéril polemizar entre un monismo o sincretismo metódico, porque en su caso el silogismo se constituirá a tenor de lo que dice la ley, en otras de lo que quiso decir el legislador, o del fin de la ley, e incluso en algunas circunstancias puede sostenerse la inaplicabilidad de la ley Portu injusticia manifiesta y grave. Cuando se interpreta una ley no debe considerársela aisladamente sino como formando parte de un ordenamiento jurídico que procura el bien de esa comunidad en un tiempo y lugar precisos, de ahí que al atribuírsele un sentido a esa ley que funda tal determinación de un suyo, están presentes las normas jurídicas naturales, las normas constitucionales, otras leyes, normas consuetudinarias, etc.".

"La problemática que plantea la interpretación de la ley en el tiempo, cuya complejidad ha sido puesta de manifiesto por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza (Sala I, "Garis c/ La Segunda ART", 8/4/2011, LL on line AR/JUR/16248/2011), se acentúa aún más cuando se trata, como en el sub lite, de cuestiones que se relacionan con el derecho del trabajo, y sobre todo con la Ley de Riesgos del Trabajo, dada la sustancial modificación que, vía jurisprudencial, se ha introducido al sistema concebido por el legislador.

"Estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta a efectos de decidir la cuestión de competencia que nos ocupa.

"En efecto, la Ley 2142 fue sancionada el 12 de octubre de 1995. A esa época ya se encontraba en vigencia la Ley 24.557 (fue publicada el día 3 de octubre de 1995), pero aún no se conocían los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Gorosito", y sobre todo "Aquino") que censuraron e invalidaron la restricción del art. 39 inc. 1 de la LRT. En otras palabras, el legislador local pensó la Ley 2142 para el régimen cerrado plasmado en la Ley 24.557, quedando al juez, entonces, adaptar la primera a los nuevos perfiles que presenta la acción civil en el marco de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

"Adviértase que el texto de la norma alude expresamente al ejercicio de facultades conferidas al trabajador por la legislación laboral vigente. Esta alusión deja en claro que la intención del legislador neuquino ha sido sancionar una vía instrumental que se adecue plenamente a los derechos que para el trabajo consagra el ordenamiento jurídico. Y el concepto de ordenamiento jurídico es abarcativo de los fallos rectores emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que ellos han de ser acatados, aunque más no sea por la autoridad moral del tribunal, por los jueces inferiores, sin perjuicio de las razones de economía procedimental.

"En síntesis, la Ley 2142 debe ser releída de acuerdo con la senda marcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; senda que es el resultado de la aplicación de los principios emanados de los tratados internacionales sobre derechos humanos.

"III.- A tal fin no pueden ser soslayados algunos aspectos puntuales.

"En primer lugar, la legislación procesal no es más que el instrumento para hacer efectivos los derechos y garantías plasmados en el ordenamiento de fondo. La competencia forma parte de esa legislación procesal, y solamente apunta a la distribución y organización del trabajo entre los distintos tribunales.

"En materia procedimental, y concretamente en lo concerniente a la competencia, rige el principio de especialidad, que determina que las controversias que se llevan a los estrados judiciales deben ser resueltas por aquellos jueces que tengan un más específico conocimiento del tema que se trata, ya que ello asegura una acabada aplicación de los principios y normas propias de aquél y, en definitiva, la concreción plena de la justicia en el caso concreto.

" Indudablemente este principio es el que ha sido privilegiado por la Ley 2142, desde el momento que, teniendo en cuenta el régimen cerrado determinado por la Ley 24.557, que solamente habilitaba la vía del derecho civil contra el empleador y fundado en dolo o culpa grave de éste, era el juez civil el que se encontraba en mejores condiciones para dirimir estos litigios.

"Pero, conforme ya lo señalara, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vino a alterar sustancialmente este sistema cerrado, permitiendo, a partir del precedente "Aquino c/ Cargo Servicios Industriales" (sentencia del 21/9/2004, Fallos 372:3753) que el trabajador acudiera al derecho común para el supuesto de entender que la reparación sistémica no respetaba el principio de integralidad.

"A ello debemos agregar otra novedad, y es la posibilidad de demandar civilmente a la ART por incumplimiento de los deberes a su cargo, habilitación otorgada a partir del fallo "Torrillo c/ Gulf Oil" (sentencia del 5/3/2008).

"En base a estos antecedentes cabe analizar cuál es el juez competente para entender en aquellos procesos en que se demanda la reparación de daños y perjuicios derivados de infortunios del trabajo, cuando se acciona conjuntamente contra la ART y al empleador, o contra este último solamente pero con una atribución de responsabilidad distinta al dolo o la culpa grave. Jorge Rodríguez Mancini ("Riesgos del Trabajo", Ed. La Ley, 2008, pág. 697/698) señala, con relación a la LRT, que en el marco de las desarticulaciones que provocan las impugnaciones constitucionales, resultan necesarias interpretaciones especiales para este nuevo modelo en el que se altera la estructura original, y ello ocurre con la atribución de competencia judicial para el planteo de la acción resarcitoria basada en la ley civil, más allá de la apertura mínima contenida en el art. 39 inc. 1.

"Aún cuando en la jurisdicción federal no se cuente con una norma similar a nuestra Ley 2142, no puede soslayarse que la Corte Suprema ha establecido una directriz que determina que, salvo lo dispuesto específicamente en el ya citado art. 39 inc. 1, el resto de las acciones basadas en responsabilidad civil, contractual o extracontractual, es competencia de los jueces del trabajo (cfr. CSJN, "Munilla c/ Unity Oil", 6/10/1998, Fallos 321:2757; Guisado, Héctor, "Competencia judicial en materia de infortunios de trabajo según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", Revista de Derecho Laboral, 2002-I, pág. 97).

"A ello debe agregarse la plena vigencia del principio de progresividad, al que expresamente refiere la Corte Nacional en el fallo "Aquino", que determina la obligación de promover, proteger y fortalecer cada vez más el reconocimiento, la aplicación y el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Este principio fue introducido por Ricardo Cornaglia como uno más de los fundamentales para el derecho del trabajo, y para Julio Armando Grisolía ("Manual de Derecho Laboral", Ed. Abeledo-Perrot, 2009, pág. 70) apunta a que las garantías constitucionales de los trabajadores, en virtud de la protección establecida en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, no se vean condicionadas por eventuales normas regresivas que atenten contra el orden público laboral.

"Nuestro máximo tribunal federal claramente ha dicho, en el ya citado precedente "Aquino", que ".este retroceso legislativo en el marco de protección, puesto que así cuadra evaluar a la LRT según lo que ha venido siendo expresado, pone a ésta en grave conflicto con un principio arquitectónico de los derechos humanos en general y del PIDESC en particular.

En efecto, este último está plenamente informado por el principio de progresividad, según el cual todo Estado Parte se compromete a adoptar medidas.

para lograr progresivamente. la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos (art. 2.1). La norma, por lo pronto, debe interpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata.".

"Conforme lo expuesto, y aplicando los conceptos desarrollados al sub lite, si en cumplimiento de la manda del art. 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto otorga especial tutela a la persona trabajador, se ha organizado un fuero y un procedimiento específicos para las controversias del derecho del trabajo, regidos por principios propios, además de los comunes a todo proceso, que tienen por objeto otorgar una efectiva tutela judicial a quienes se encuentran en desigualdad de condiciones con su contrincante:

oficiosidad, justicia gratuita, in dubio pro operario, etc., resulta contrario al principio de progresividad retrotraer la situación, llevando al trabajador ante los estrados del fuero civil y comercial cuando la acción intentada, si bien persigue la reparación integral del derecho civil, tiene su origen en la relación de trabajo y reconoce como fundamento normas del ordenamiento laboral (Ley 24.557, art. 75 de la LCT, entre otras).

"Por ello, siendo deber de la judicatura armonizar las normas del ordenamiento jurídico que, prima facie, aparecen como contradictorias con otras de orden superior o de igual jerarquía y con principios generales, antes que fulminarlas por inconstitucionales -ultima ratio-, ha de propiciarse una interpretación integradora del art. 1 de la Ley 2142. Y, siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se determina que la justicia civil resulta competente para entender en todas aquellas acciones promovidas por trabajadores o sus derechohabientes, únicamente en el supuesto previsto por el art. 39 inc. 1) de la Ley 24.557. En los restantes casos, resulta siempre competente la justicia laboral.

"La pauta general sentada en el párrafo precedente no obsta a que en supuestos determinados pueda atribuirse competencia a la justicia civil si de las circunstancias concretas del caso surgieran elementos que así lo aconsejen.

IV.- Por lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar la competencia en estas actuaciones, del Juzgado Laboral N° 3. Sin costas en la Alzada atento tratarse de una cuestión suscitada con el Juzgado.

Tal mi voto.

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto:

SE RESUELVE:

I.- Declarar la competencia en estas actuaciones del Juzgado Laboral N° 3.

II.- Sin costas en la Alzada atento tratarse de una cuestión suscitada con el Juzgado.

III.- Regístrese y vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRÍO - Dra. Patricia M. CLERICI Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 381 - Tº IV - Fº 655 / 659 Protocolo de INTERLOCUTORIAS -S A L A I- Año 2011.