Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-22


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de septiembre de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS Motiva la intervención de esta Alzada el recurso de apelación promovido a fs. 70/72vta. por el Alejandro J. Levy Guido, apoderado de "Supermercados Ekono S.A.", contra la resolución de fs. 67 y vta. suscripta por el Alfredo L. Durante -titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 1- que declara el desistimiento del pedido de pase del legajo a sede judicial y, consecuentemente, la firmeza de la resolución administrativa que luce a fs. 43/46 (art. 42, ley 1.217).

Para así expedirse, el Magistrado consideró que, si bien la firma había comparecido por escrito y dentro del plazo legalmente estipulado, ofreció -a los efectos del juzgamiento de las faltas que conforman el objeto de la presente causa- idéntica prueba que la propuesta en sede administrativa y que fuerarechazada -según reseña el proveyente- por el Sr. Controlador en razón de su inconducencia, criterio que manifiestó compartir y que por consiguiente reduciría el escrito de presentación de la imputada a un "mero descargo" -cons. III de fs. 67-. Estimó por ello que concurrían las condiciones de operatividad del "desistimiento tácito" normado por el art. 42 del cuerpo procedimental -cons. IV-.

Integró la motivación del decisorio afirmando que, en orden a la presunción iuris tantum incluida en el art. 5º de la L.P.F., el encartado debió haberse valido de pruebas suficientes para conmover las actas de comprobación que dieron inicio al proceso, actividad que a su entender no se verifica cuando, como ocurriría en el caso, se han vertido sólo "simples manifestaciones en contrario de quien resulta, a su tenor, el presunto responsable" -cons. V-.

Sostiene el apelante que, si bien en estas actuaciones su mandante ha ofrecido la aportación de idénticos elementos de convicción en ambas etapas del procedimiento, el Controlador no se ha expedido en sede administrativa en el sentido denegatorio invocado por el Magistrado, sino que, por el contrario, omitió expedirse sobre aquella oportuna propuesta. Ello conduciría a negar en el particular la verificación de alguno de los dos supuestos de inadmisibilidad de prueba contenidos en el art. 44 del citado ceremonial -fs. 71-.

Agrega que no se ha constatado en la especie ninguna de las causales que hubieran habilitado al Magistrado a decidir del modo en que lo hizo -en razón de lo estipulado en el art. 42 de la Ley 1.217-, toda vez que su representada se presentó por escrito dentro del plazo indicado por el sentenciante y no se abstuvo injustificadamente de comparecer a la audiencia de juzgamiento -pues ésta no fue fijada-.

Se agravia, por último, de la omisión en que habría incurrido el proveyente al no tratar en la pieza recurrida el planteo de irrazonabilidad vertido en relación a la condena impuesta por el Controlador -fs. 72-.

Cumplidos los plazos y pasos procesales correspondientes, la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO 1.

El recurso fue presentado dentro de los cinco días de notificada la pieza impugnada -que constituye una sentencia definitiva en tanto pone fin al proceso-, por escrito y por quien tenía derecho a hacerlo. Las críticas propuestas a estudio encuentran adecuación con las causales de inobservancia de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa y arbitrariedad, por lo que deben reputarse cumplidos los recaudos formales y sustanciales del remedio en tratamiento -arts. 56 y 57 de la L.P.F.-.

Corresponde, en consecuencia, expedirse acerca de los concretos embates inferidos contra la decisión de fs. 67 y vta.

Causa Nº 17107-00/CC/2006. Sala II.

2.

Como surge de la reseña anterior, la controversia se ha trabado en torno de las condiciones de operatividad del desistimiento ficto normado en el art. 42 de la Ley 1.217; especialmente en relación a si es posible considerar estatuida -por via interpretativa- una causal que tornaría aplicable el instituto en los casos en que, como el de autos, la prueba que intenta arrimar el peticionante al legajo que se sustanciará en sede judicial coincide con la ya ofrecida y producida o impugnada durante la tramitación administrativa.

El análisis tendiente a resolverla tendrá en mira, como principio rector, tanto el carácter materialmente jurisdiccional del proceso en que están inmersas las presentes actuaciones como su individualidad diferencial respecto del expediente sustanciado ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas. En efecto, hemos tenido oportunidad de sentar que el mencionado ordenamiento ritual diseña dos instancias independientes, lo cual equivale a decir que lo resuelto por el Controlador en sede administrativa no obliga al juez de la causa, quien tiene a su cargo como primera cuestión controlar la legalidad del proceso (causas nº 270-00-CC/2004, rta. el 14/03/2005 y nº 176-00-CC/2005, rta. el 01/07/2005).

En esta dirección, habida cuenta de las implicancias sancionatorias del derecho infraccional, reglamentario de la garantía constitucional que establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso -art. 18 de la Constitución Nacional, y arts. 10 y 13 inc. 3 de la C.C.A.B.A.- el legislador local ha delineado una estructura compleja que adosa a la "instancia administrativa única, obligatoria y previa" desempeñada ante la U.A.C.F. -art. 13 de la L.P.F.- y activada por simple petición del interesado, una etapa formalmente judicial de conocimiento que concreta en el ámbito procesal aquella exigencia.

No conjuga con este esquema garantizador la sola instrumentación legal de pautas adjetivas formales vinculadas con el andamiento material del proceso; antes bien, éste debe adecuarse a ciertas bases de desempeño que tornen válida la decisión adoptada, independientemente del carácter legítimo de las manifestaciones de autoridad que lo desenvuelven y construyen. Por tal razón, nuestras máximas leyes prevén la proyección y observación de sus principios aun durante las etapas de sustanciación en que se encuentra pendiente de concreta determinación el derecho sustantivo aplicable, la cual, por lo demás, adquiere particular relevancia en el proceso penal.

Es así que el mismo artículo 18 de nuestra Ley Suprema agrega a la necesidad de que la condena provenga de su discusión en el marco de un juicio la de que en éste la defensa de la persona y de los derechos de los justiciables haya permanecido incólume; de esta manda hace eco el art. 13, inc. 3º, de la constitución porteña. Con ello queda definitivamente aseverado que el proceso que corona en una legítima y válida actuación del derecho es el que se sustancia de conformidad con el mismo espectro garantista que ampara a todos los habitantes de la Nación. No se trata sólo del formal cumplimiento de la regulación procesal, sino, más estrictamente, de la observación de un proceso que resulte el debido.

En relación con las precedentes consideraciones, enseña Bidart Campos que "el debido proceso significa que: a) ningún justiciable puede ser privado de un derecho sin que se cumpla un procedimiento regular fijado por la ley"; pero ésa no constituye la única nota que conduce a meritar válidamente adoptada la decisión que así lo determina, pues "b) ese procedimiento no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser el 'debido'; c) para que sea el 'debido', tiene que dar suficiente oportunidad al justiciable de participar con utilidad en el proceso; d) esa oportunidad requiere tener noticia fehaciente (o conocimiento) del proceso y de cada uno de sus actos y etapas, poder ofrecer y producir prueba, gozar de audiencia (ser oído) (...) De este esquema se desprende que si hubiera que describir en síntesis la esencia del debido proceso, habría de decirse que consiste en la ya aludida oportunidad o posibilidad suficientes de participar (o tomar parte) con utilidad en el proceso. De ahí que el debido proceso nos deje la idea de un proceso regular y razonable" (Bidart Campos, Germán J.: Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino. Buenos Air es, Ed. Ediar, 1986. Tomo I, pág. 465).

Específicamente en torno a la gravitación del precepto en el campo del proceso penal, con extrema claridad expone Maier que "el derecho de defensa del imputado comprende la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción penal contra él y la de llevar a cabo en él todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del Estado o cualquier circunstancia que la excluya o atenúe"; y a continuación resume que "esas actividades pueden sintetizarse en: la facultad Causa Nº 17107-00/CC/2006. Sala II.

de ser oído, la de controlar la prueba de cargo que podrá utilizarse válidamente en la sentencia, la de probar los hechos que él mismo invoca para excluir o atenuar la reacción penal, la de valorar la prueba producida y exponer las razones, fácticas y jurídicas, para obtener del tribunal una sentencia favorable según su posición, que excluya o atenúe la aplicación del poder penal estatal" (Maier, Julio B. J.:Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2004, pág. 547).

Tales disertaciones doctrinarias guardan pacífica armonía con la precisión que desde antiguo ha formulado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación a que "en materia criminal la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales" (Fallos: 116:23; 119:284; 125:10 y 268; 127:36 y 352; 189:34; 238:76; 240:160; 272:188; 280:135; 308:1557 y 324:425, entre muchos otros).

Nítido se perfila el criterio hermenéutico que debe presidir la lectura de todo sistema orientado a la aplicación de una pena en sentido material, el cual no puede ser otro que aquel que contemple, ineludiblemente, las demandas de adecuación a las elaboraciones precedentes. Ello implica que ninguna regla procedimental admite -sin riesgo para su coherencia e invulnerabilidad- una interpretación que desconozca aquello que por otra parte se garantiza; lo que se manifiesta -en el campo decisional- en la proscripción de toda versión exegética traducible, precisamente, en una violación de la defensa en juicio de la persona y de los derechos.

Frente a este panorama, la solución adoptada por el a quo aparece palmariamente improcedente.

En primer lugar, la mentada independencia que guarda la "etapa" judicial de juzgamiento en modo alguno implica para el encartado un acotamiento o condicionalidad de sus facultades procesales, sino, antes bien, la dotación de un espacio jurisdiccional de debate tendiente a determinar la real virtualidad de la imputación administrativa y el mérito de la concreta pretensión desincriminante como resultado de una actividad formalmente judicial, tutelada con carácter inescindible por los principios derivados de aquella garantía constitucional. Tal conclusión se abona no sólo a través de los fundamentos que condujeron a decidir del modo descripto en nuestros ya citados precedentes, sino, más drástica e indiscutiblemente, por obra de la propia ley de procedimientos, en cuanto la jurisdicción en la materia es ejercida por el Fuero Contravencional y de Faltas -art. 27-, excitada la cual se produce el inicio del juicio respectivo -art. 40-, en el que las actuaciones sustanciadas ante el Controlador tienen el valor de antecedente administrativo -art. 26- y, por tanto, en modo alguno suponen cercenamiento o limitación tanto del ejercicio de la actividad judicante como del carácter de sujeto procesal del peticionante. El criterio contrario conduciría inaceptablemente a afirmar que el proceso de juzgamiento constituye un mero estadio de "control" sujeto al eventual cerco de producción discursiva circunscripto por el funcionario ejecutivo, limitado por su interpretación de los hechos y el valor deductivo por él asignado a los elementos de convicción acercados por el imputado.

En segundo término, el canal de entendimiento arriba descripto impide cualquier intelección normativa que implique la prescindencia de alguna de las etapas del proceso "debido", pues, por inferencia, su inobservancia tornará "violada" la defensa en juicio. En este sentido, resulta insalvablemente írrito asignar al art. 44 del ceremonial la virtualidad de enervar el intento del encausado de revertir la acusación; esto es, de impedirle desplegar su actividad probatoria. Más allá de su deficiente redacción -que parece asimilar los "medios" con las fuentes de prueba y que daría lugar al "salteo" criticado en casos como el de autos- lo cierto es que de estarse al tenor de la resolución apelada vendría a convalidarse -también por vía interpretativa- una evidente privación de justicia, toda vez que quedaría legitimada la adopción de una decisión condenatoria con prescindencia del derecho del encartado a ser oído. Todo ello, por lo demás, con grave riesgo para la seguridad jurídica, pues devendría suficiente en todos los casos el rechazo de la totalidad de las medidas propuestas por el presunto infractor para que quedara expedita la vía sancionatoria, lo que sustraería la suerte del proceso de la labor de justiprecio exigible al órgano judicial y la reduciría a la producción de un mero juicio de oportunidad o conducencia.

Es más: a este respecto, consideramos que la audiencia prevista en el art. 52 del régimen procesal de faltas debiera celebrarse aun en la hipótesis de que el presunto infractor, habiéndose presentado en tiempo y forma, no haya ofrecido ninguna prueba, pues aquélla constituye el único acto idóneo para efectuar formalmente su descargo.

Causa Nº 17107-00/CC/2006. Sala II.

Sin perjuicio de que tales consideraciones evidencian que se han vulnerado en estos obrados garantías constitucionales expresamente estatuidas, existe otra nota de orden lógico que abona esta ineptitud, y es que el abrupto desenlace que ha querido imponer el Magistrado al trámite de la causa no encuentra justificación en una "verdad procesal" suficientemente incorporada. En efecto, si la audiencia de juzgamiento constituye el ámbito específico de materialización de aquellas reseñadas etapas de tramitación, y ésta no ha sido fijada, no hay en sentido formal "constancias" de la causa de las que pueda valerse el sentenciante para arribar regularmente a su decisión. Estrictamente, no es posible afirmar siquiera que se haya perfeccionado la acusación -mucho más cuando el carácter otorgado por el Durante a la presentación del peticionante lo condujo a omitir la vista al Ministerio Público Fiscal a que lo obligaba el art. 41 de la L.P.F.-. A esto no obsta la vigencia eventual del "desistimiento ficto" en el procedimiento, pues su fundamento es precisamente la adecuación de las pautas en estudio a la presunción de legitimidad de los actos administrativos y al carácter voluntario de la excitación de la competencia mediante la solicitud de pase de las actuaciones a juzgamiento, todo ello en función de los principios de celeridad y economía pro cesal asignados al proceso por el art. 28 del mismo cuerpo.

Finalmente cabe consignar que, aun si la audaz determinación de rechazar la totalidad del ofrecimiento probatorio y ocluir la vía pudiera encontrar alguna viabilidad, tampoco resultaría aceptable en la especie la confirmación del auto recurrido. Obsérvese que en el punto III de la pieza en crisis manifiesta el judicante que la prueba obrante en el escrito de descargo "...fue rechazada por inconducente -criterio que comparto- en sede administrativa". Ahora bien, de la lectura de la resolución allí recaída no surge tal rechazo, sino más bien un juicio lógico-valorativo en relación a los elementos de convicción arrimados al legajo en aquella oportunidad (ver fs. 44). Ello torna también nula la decisión de marras, esta vez, por encontrarse fundada tan sólo en apariencia.

3.

Lo sentado en último término conducirá, además, a disponer el apartamiento del sentenciante para continuar conociendo en la presente causa. Tal decisión habrá de tomarse en virtud de que, habiendo integrado el juicio de admisibilidad de la prueba con verdaderas razones de mérito que importan una valoración anticipada de aquélla -es decir, una directa explicitación de motivaciones decisorias que implican un adelantamiento indebido del temperamento a adoptar- ha quedado comprometida la imparcialidad del Durante para decidir la especie.

Esta tesitura concuerda con la elaboración de nuestro Máximo Tribunal nacional, en tanto "constituye prejuzgamiento la revelación anticipada de una declaración en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso (CSJN, "Pcia. de Neuquén v. Nación Argentina", rta. 29/11/90, Fallos 313:1277) que permita deducir la actuación futura, de manera que las partes alcancen el conocimiento de la decisión por una vía que no es la prevista por ley ("Embajada de Israel", rta. 17/07/97, Fallos 320:1630); ambas citadas en el precedente de esta Sala nº 060-00-CC/2004, rto. el 01/04/2004.

En orden a las circunstancias descriptas, no cabe sino evitar otra nueva vía de impugnación constitucional del trámite, objetivo que, por lo dicho, sin dudas no se alcanzaría de disponerse el reenvío del legajo al Tribunal de grado.

En virtud de lo hasta aquí expuesto, y finalizado el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE I.- DECLARAR LA NULIDAD del auto de fs. 67/67vta. en cuanto resuelve declarar el desistimiento del pedido de fs. 48 y consecuentemente, la firmeza de la resolución administrativa que luce a fs. 43/46 (art. 42, ley 1217).

II.- APARTAR al Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 1 -Alfredo L. Durante- del conocimiento de la presente causa, debiéndose remitir las actuaciones a la Secretaría General del Tribunal a efectos de que mediante el sorteo de práctica se determine el nuevo Magistrado que habrá de conocer.

Tómese razón, cúmplase con lo aquí ordenado y devuélvase, debiendo el Sr. Magistrado a quo practicar las notificaciones que correspondan.

Causa Nº 17107-00/CC/2006. Sala II.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.