marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Principio precautorio, derechos de incidencia colectiva, daño ambiental, daño irreparable, rechazo de la demanda, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE-PROCESAL
Carátula: LACUSTRE DEL SUD S.A. c/ CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL - PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2012-05-15

La precaución en materia ambiental implica que la duda, por mínima que sea, de producción de un daño conlleva la prohibición. Precisamente, basándose en la precaución y en los intereses colectivos en juego, ante la eventualidad de acciones que pudieran tener efectos dañosos e irreparables es deber del Estado impedir su realización.

En el caso de autos, es claro que las actividades pretendidas por la actora en un lugar ambientalmente sensible generan dudas, aunque sean mínimas, sobre la posible producción de un daño irreversible al ecosistema. Ante este panorama, no puede considerarse arbitrario que el Poder Ejecutivo Provincial haya hecho aplicación del principio precautorio, en cumplimiento de la manda constitucional que le obliga tomar las medidas protectorias ambientales que el caso requiera, en resguardo del bien colectivo ambiental.

Como asimismo, valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo tanto personas públicas como privadas pueden afectar el fin perseguido, debiendo, en su caso, prevenir las consecuencias o efectos que acciones o proyectos públicos o privados puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los recursos naturales existentes.

Dentro de este marco mal pueden tacharse de nulos los actos administrativos objeto de autos, toda vez que mediante ellos se ha procurado evitar la posible producción de un daño ambiental, lo cual no solo era una facultad sino un deber ineludible de la autoridad, a la luz de la expresa manda de los arts. 41 y 73 de las Constituciones Nacional y Provincial, respectivamente.

En materia de tutela ambiental, el interés individual cede ante el interés colectivo, ello, en el concreto caso de autos, implica para los titulares de dominio una sensible limitación al ejercicio pleno de su derecho de propiedad.

Puede ocurrir que el grado de afectación al dominio particular sea de tal magnitud que prive al titular del uso y goce de su propiedad, situación que podría dar lugar a que, eventualmente, aquellos propietarios alcanzados por tales restricciones puedan accionar por las vías que entiendan conducentes para la eventual reparación de los supuestos daños patrimoniales que puedan invocar, situación ajena a ésta litis, ya que no logra conmover el fin superior tutelado -la protección del ambiente- en la actuación administrativa atacada, y que impregna la presente sentencia.

Corresponde rechazar demanda contencioso administrativa interpuesta, sin perjuicio de los reclamos que, por la vía procesal pertinente, pudiera entablar la actora, en el hipotético caso que el obrar de la administración le hubiera ocasionado algún perjuicio.-
Contratos civiles, permuta, compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: Q., F. c/ L., M. A. s/ Escrituración (sumario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-23

La similitud entre el contrato de permuta y el de compraventa es innegable, lo que justifica plenamente la norma del art. 1492, según la cual la permuta se rige por las disposiciones concernientes a la compraventa en todo lo que no tenga una regulación especial.
Hurto, tentativa, prueba, presunciones, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: BRAVO, JOSE L s/ HURTO - PRUEBA - DUDA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

Corresponde absolver al procesado del delito de tentativa de hurto, pues si bien su presencia junto al automóvil objeto de apoderamiento, computado con la versión coincidente de los policías constituye seria sospecha, esos elementos carecen de entidad suficiente para fundar un pronunciamiento condenatorio, máxime ante las lesiones soportadas por el encausado y la queja no desvirtuada del procesado de ser centro de cierta animosidad por parte de determinada seccional.
Personal municipal, emergencia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sorrentino, Onofre c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-07

El cese dispuesto en la persona del accionante que se hallaba jubilado de las Fuerzas Armasdas y había reingresado a la función administrativa no puede llevar a inferir que se debe otorgar la indemnización por el cese como prestación sustitutiva desde que ya gozaba de un beneficio de esa naturaleza.
Recurso de inaplicabilidad de ley, derechos y garantías constitucionales, impugnación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Blanco, Andrés José c/ Municipalidad de Presidente Perón s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-11-04

La expresión genérica de que se habrían quebrantado preceptos constitucionales no tiene eficacia si no se indica claramente de qué manera el tribunal incurrió en tal supuesta violación.(doctor Hitters, mayoría)
Terceros, intervención obligada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Algas S.A. c/ Ramallo, Fermín s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-16

Cuando el demandado sostiene haber obrado como representante de un tercero, y aunque la ley conceda la posibilidad de citar al actor y al demandado, la facultad de citar a un tercero en término de intervención obligada es propia del demandado: para el actor normalmente, el caso plantea una hipótesis de extensión de la demanda. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido indirecto, multa
Materia: LABORAL
Carátula: Reinhold, Alejandro Federico c/ La Cordillerana S.A. y Otro s/ Despido por causales genéricas
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-12-11

En torno a la -multa- del art. 2° de la ley 25323, he tenido oportunidad de votar en primer lugar en autos "PEREZ GABRIELA ADRIANA C/ SU MAYORISTA SA S/ INDEMNIZACION" (Expte N 37639/2014) (en Acuerdo N° 35 - Año 2015, del Registro de la OAPyG de trámite), donde he sentado postura en relación a este tema, esto es, también la procedencia en caso de despido indirecto.
Comunicaciones, licencia de televisión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo. (S. 303- S. 292).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Los titulares de las licencias de televisión deberán mantener la infraestructura técnica en condiciones satisfactorias de funcionamiento a fin de prestar un servicio eficiente.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, tratados internacionales, soberanía, jerarquía constitucional
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

En base al art. 27 de la Constitución Nacional corresponde al Poder Judicial, mediante el control de constitucionalidad, evaluar, en su caso, si un tratado internacional -cualquiera sea su categoría- guarda "conformidad con los principios de derecho público establecidos en [la] Constitución", pues debe asegurarse la supremacía constitucional (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal, caducidad de instancia, fundamentación de sentencias, resoluciones inapelables, debido proceso, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: O., J. C. y Otra c/ R., R. y Otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ MEDIDA CAUTELAR s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-11-04

No obstante la clara previsión del mencionado art. 317 del Código Procesal Civ. y Com. de la Provincia, que establece que:

"La resolución sobre la caducidad sólo será apelable cuando ésta fuere declarada procedente.", el Tribunal de grado resolvió en flagrante violación de lo así dispuesto, primero, cuando, hizo lugar al recurso de queja deducido por el co - demandado, declarando mal denegado el recurso de apelación y ordenó su trámite; y luego de fundado y sustanciado éste, cuando hizo lugar al recurso de apelación, declarando la perención de la instancia solicitada.

Ante el grosero soslayamiento de las circunstancias comprobadas de la causa, esto es de la sentencia de primera instancia que había declarado improcedente la caducidad de la instancia planteada por el co - demandado, y la consecuente violación de la norma específica que regula la materia (art. 317 del CPCyC.) que imponía - en el caso - la inapelabilidad de la decisión del juez de origen, que conlleva también la violación del debido proceso legal, resulta ahora inexorable revocar la sentencia impugnada.
Caducidad de instancia, remisión del expediente, deberes del secretario
Materia: PROCESAL
Carátula: AMARFIL Rosa del Carmen c/ Armand Enrique s/ Resolución de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-10-31

La redacción del actual art 256 del CPC no admite lugar a dudas cuando indica que ". . . El expediente o las actuaciones se remitirán al superior dentro del quinto día de sustanciada la apelación bajo la responsabilidad del Secretario o quien legalmente lo reemplazare, sin instancia alguna de parte...". Este nuevo criterio adoptado por la ley procesal es diferente al dispositivo parecido que existía en la anterior ley 3738 en donde, vía jurisprudencial, se había admitido que a pesar de la responsabilidad del Secretario del Tribunal para elevar los autos apelados a la alzada no era excusa para que el interesado no se preocupara en urgir la elevación del expediente en la forma más rápida posible. La nueva ley procesal taxativamente indica que la elevación del expediente al superior dentro del quinto día de sustanciada la apelación es responsabilidad exclusiva y única del actuario (Secretario o quien legalmente lo reemplace) sin instancia alguna de parte.
Cómputo de la pena, detención, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Carlos Saúl s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-27

Resulta aplicable al caso la regla general prevista en el art. 58 del CP para la unificación de condenas, en virtud de la cual se deben considerar en el cómputo de la pena los tiempos de detención cumplidos en las causas en las que recayeron condenas objeto de unificación. La disidencia sostuvo que resultando ambos procesos de trámite paralelo, y registrando el condenado -en aquélla causa en que fuera absuelto- un tiempo de detención cuyo cómputo debe ahora ser integrado junto al de estas actuaciones, corresponde hacer lugar al recurso.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kotlar, Ernesto c/ Carril, Dominga y otros s/ C. ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

Constituyen actos interruptivos de la prescripción, la confección de liquidación de deuda actualizada.
Prueba, contratos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ANDRADA VDA. DE GUAJARDO A. c/ IRENEO BERGARECHE s/ Escrituración (LIBRO: S076 - 365)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-03-02

"... Si bien es cierto que el art. 1193 del CCI establece que los contratos que tengan por objeto una cantidad de mas de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000,00) deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos, tambien lo es que una interpretacion armonica de todo los preceptos contenidos en el capitulo induce a la doctrina a concluir que, aun excediendo de la tasa legal, puede recurrirse a la prueba testimonial y de presunciones cuando se dan los supuestos de los arts. 1191 y 1192, esto es, entre otros casos, en aquellos que media principio de prueba por escrito.- Principio de prueba por escrito es cualquier medio probatorio que sin demostrar directamente el hecho discutido, lo hace verosimil.-
Derecho colectivo del trabajo, negociación colectiva, convenios colectivos de trabajo, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: Villagomez, Alex Julio c/ Jiménez, Juan José y/o; La Esperanza Transporte Automotor de Pasajeros para el Turismo y/o y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-08

Corresponde rechazar el recurso de apelación de la demandada contra la sentencia que afirma que el convenio 610 es aplicable donde tenga vigencia la personería gremial de U.T.A.

Aún cuando la demandada desconociera la representatividad de la Cámara de Empresarios de Transporte para Turismo y Oferta Libre C.E.T.T.O.L., lo hizo luego de haber reconocido en su contestación que su actividad principal es el Turismo y contar con vehículos - si bien dice que 'de pequeño porte' con los que se cubren los circuitos turísticos destinados a turistas nacionales y extranjeros. En autos no se discutió la actividad principal de la empresa empleadora.

En consecuencia, para determinar el convenio colectivo aplicable, se debe considerar el ámbito personal de aplicación de convenio y la actividad principal que desarrolla el empleador.

En ese entendimiento, no resulta acertada la defensa que pretende el apelante, en punto a que el C.C.T. 610/10 no se encontraba vigente al inicio de la relación laboral. Es dable recordar que el Código Civil consagra el principio de aplicación inmediata de las leyes a partir de su entrada en vigencia; salvo excepciones provenientes de la misma ley, debe aplicarse de inmediato a las relaciones jurídicas preexistentes, con la mayor extensión posible. El art. 1º de la Ley 23.126 reestableció la vigencia de los Convenios Colectivos de Trabajo; en consecuencia, comienzan de inmediato a regir las relaciones laborales de las partes.
Cese de uso de marca, grupo económico, contenido de sitios de Internet, libertad de expresión
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. c/ Castaneda, Matías s/ Cese de uso de marcas / daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-11

Debe desestimarse la demanda deducida por el grupo Clarín a fin de que el creador del blog "quetepasaclarín" cese en el uso de la marca, pues no queda claro que exista por parte del demandado una actitud denigratoria de la marca "Clarín", dado que la inclusión del término en el nombre no es antojadiza, sino que constituye una parte inescindible de la frase a la que se intenta hacer referencia y representa el perfil que el creador del blog pretende dar a ese espacio de discusión y en modo alguno induce a error acerca de su origen o de la vinculación que este blog pudiera tener con el grupo titular de la marca "Clarín".
Competencia, Estado Nacional, sociedad anónima
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: González, Juan Luis c/ ENCOTESA s/ Diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-04-13

Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del a-quo que hace lugar a la excepción de incompetencia planteada por ENCOTESA. Ello así, ya que el Poder Ejecutivo está facultado por la ley 23696 a privatizar en forma total o parcial los servicios o prestaciones de su propiedad. Disponiendo el Decreto 2074/90, la concesión de los Servicios de Correo y Telégrafo prestado por ENCOTEL. Por decreto 214/92 creó la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima (ENCOTESA), hoy en liquidación, en la que el Estado es propietario de acciones que representan el 51% del capital social de la empresa demandada.

Siendo precisamente esta circunstancia la que lleva a considerar que por ser el Estado Nacional el accionista mayoritario detenta la titularidad de la empresa demandada, en orden a su conducción y correspondiente responsabilidad. A los fines de la competencia del fuero federal en razón de la persona, es razonable extender el concepto de Sociedad del Estado Nacional a las Sociedades Anónimas, en las que el Estado tiene la mayoría de las acciones, por existir la posibilidad que la Nación pueda resultar patrimonialmente afectada, aunque más no sea en forma indirecta.
Daño psíquico, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ermaliuk, Héctor Gustavo c/ Cía. de Seguros La Tandilense S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-12

El daño psíquico es la modificación o alteración de la personalidad que se expresa a través de síntomas, inhibiciones, depresiones, bloqueos, etc. y cuya forma más acabada de acreditación es el informe psicopatológico.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Magallanes, Enrique Honorio c/ El Libertador S.R.L. s/ Diferencia, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-14

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que sólo exhibe la discrepancia del quejoso con el juzgador en lo que atañe a la interpretación de los hechos, sin denunciar infracción del precepto legal que rige la apreciación de la prueba sin tener en cuenta que en el proceso laboral el examen y valoración del material probatorio es una cuestión privativa de los jueces de grado, de manera que tales temas se encuentran excluidos del ámbito de la casación, salvo la existencia de absurdo, excepcional anomalía invalidante que debe ser objeto de invocación eficaz y acabada demostración.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, admisibilidad del recurso, recurso extraordinario federal, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Ganadero Argentino c/ Medicina Técnica s/ ejec. hipot.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-09

Toda vez que la declaración de admisibilidad del recurso ordinario de apelación determinaría, en su caso, la improcedencia formal del remedio federal interpuesto por la misma parte, corresponde diferir el tratamiento de éste y del deducido por la contraria hasta tanto se conceda o rechace aquél.
Emergencia económica, interpretación de la ley, ley derogada, bancos, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Spinnato, Salvador s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

Al haber derogado la ley 25.585 (conf. art. 7°) el art. 195 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y de acuerdo a lo previsto en su art. 8° -en cuanto a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá remitir a las cámaras de apelaciones las causas que se encontraran pendientes de decisión- corresponde a la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de Misiones, seguir entendiendo en el recurso interpuesto por un banco contra la resolución que le ordenó reintegrar los fondos depositados por el actor.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, bebidas alcohólicas, multa contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público- Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-12

Corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por la defensa, pues la alusión genérica a la garantía de la doble instancia reconocida en la Constitución local (art. 13.3) no puede interpretarse como una argumentación suficiente para demostrar que ésta comprenda la exigencia de la observancia del "doble conforme" en los procesos contravencionales que tramitan ante la jurisdicción local y que, entonces, su desconocimiento provoque un menoscabo actual y concreto a la defensa en juicio. (Voto disidente del Dr. José O. Casás).
Revocación del acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

La limitación impuesta a la potestad revocatoria de la Administración es una excepción establecida en protección de los derechos subjetivos generados por el propio acto irregular, por consiguiente, el facultado para solicitar la declaración de nulidad de un acto revocatorio de un beneficio es, exclusivamente, el destinatario del acto revocado.

Fuente del sumario: SAIJ
Domicilio, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: REHACE EXPEDIENTE EN F.O. c/ E.P. DE F. s/ DIVORCIO - DOMICILIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-04-13

Cabe aplicar lisa y llanamente el art. 26 C.P.C. (domicilio legal constituido), cuando la parte a pesar de que tuvo el expediente durante un prolongado tiempo no procedió a constituir nuevo domicilio, máxime si la contraparte actuó siempre conforme a la ley dándole nueva oportunidad para constituir nuevo domicilio.
Recurso extraordinario, concesión errónea del recurso, procedencia del recurso, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Pereira, Miguel Angel y otro c/ Epysi S.A. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Es nula la decisión si los jueces que suscriben el auto de concesión del recurso extraordinario, salvo la referencia a un breve párrafo a un voto disidente, no indican cuál es la razón por la que habilitan la instancia.
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad formal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CHANTIRI, ORLANDO s/ CONCURSO CIVIL (HOY QUIEBRA)      EXPTE NRO 27-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-03-03

Esta Sala con el voto de la mayoría ha sostenido basándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que para conceder el recurso de inconstitucionalidad no se trata de que el Tribunal a quo esclarezca si la sentencia fue o no arbitraria; solamente se requiere que estime si el planteo del recurrente, tal como lo formula, encuadra en una "hipótesis abstracta de arbitrariedad" que no resulta manifiestamente ajena a la litis.

El tipo doctrinario jurisprudencial abstracto de arbitrariedad, consistiría en la no aplicación de una norma expresamente citada por el recurrente, que de haberse aplicado, hubiese conducido a un resultado diametralmente opuesto al que se llegó en la sentencia.
Ley penal tributaria, política criminal
Materia: PENAL
Carátula: Griguoli, Nazario Ariel c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-27

La modificación operada en los montos dinerarios de los artículos de la ley penal tributaria vía sanción de la 27.430 que en su art. 279 aprueba el nuevo Régimen Penal Tributario, el que presenta modificaciones en los montos dinerarios previstos en los delitos tributarios, no comporta una ley penal más benigna en los términos del art. 2° CP. Las alteraciones monetarias son cuestiones de política criminal que fomentan la persecución de grandes evasiones, que solo limitan la punibilidad y no desincriminan el comportamiento delictivo.
Recurso de apelación (procesal), Administración Nacional de la Seguridad Social, Seguridad social, recurso de queja (procesal)
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Quintero, Gregorio Magno c/ ANSeS. s/ seguridad social
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

Si se cuestiona la aplicación, en el ámbito previsional, de la limitación -en razón del monto de la condena- a que se refiere el art. 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación frente a lo dispuesto por el art. 19 de la ley 24.463, el recurso ordinario planteado por la ANSeS resulta formalmente admisible y corresponde admitir la queja.