marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Robo con perforación o fractura, violación de domicilio, puerta del inmueble
Materia: PENAL
Carátula: PARRAVICHINE, VICTOR H. s/ ROBO - CONCURSO DE DELITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-31

La acción del procesado que intentó fracturar la puerta del departamento, configura el delito de robo agravado en grado de tentativa (art. 167, inc. 3 C.P.), que incluye la violación de domicilio.

Resulta irrelevante para el encuadre legal que intentara fracturar la puerta de la terraza, dado que tratándose de un hecho único el número de resultados no altera la unidad de acción.
Aborto, prostitución, prueba, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: González Lagos, Paola Carolina c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-14

Una de las disidencias parciales consideró que correspondía adoptar una decisión liberatoria respecto del médico que realizó el aborto, teniendo en cuenta que la víctima decidió recurrir a sus servicios del médico en virtud de que era probable que su embarazo haya sido producto de la violación que sufrió por parte de un cliente, mientras era sometida a ejercer la prostitución, y la otra disidencia parcial sostuvo que en el caso se encuentra acreditado el acogimiento al que refiere el art. 145 bis CP, resultando además de aplicación al caso las agravantes previstas en el art. 145 ter., incs. 1), 4), 5) y penúltimo párrafo de esta norma, respecto de víctimas que pertenecían a un grupo vulnerable en tanto se trataba de mujeres con necesidades económicas y en varios casos apremios familiares. (Dres. Gemignani, Ledesma -disidencia parcial-, Riggi -disidencia parcial-).
Cuestiones de competencia, recusación con causa, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Riquelme, Lidia Guillermina s/ Incidente de Recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-13

La recusación tiene por finalidad asegurar la garantía de imparcialidad inherente al ejercicio de la función judicial. Por ello para apreciar la procedencia del planteo, se debe atender tanto al interés particular como al general, que puede verse afectado por un uso inadecuado de los medios de desplazamiento de la competencia de los jueces. En consecuencia, la interpretación de las causales debe ser restrictiva.
Recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente, fundamentación del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García Docampo, Diego - Loiacono, Héctor Alberto s/ Incidente de Consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-03-11

Si bien este Cuerpo ha señalado en múltiples ocasiones que corresponde aplicar un criterio amplio para valorar la suficiencia de una expresión de agravios por ser lo que mejor se aviene con un escrupuloso respeto por el derecho de defensa en juicio y con el mantenimiento de la doble instancia adoptada por el legislador, dicha amplitud no puede llevar a un extremo tal que en los hechos se traduzca en la negación lisa y llana de las exigencias establecidas en el artículo 265 del CPCC, ante la sola presentación de un simple escrito de sustancia.
Derecho procesal, competencia, tribunales arbitrales, recursos, acción de nulidad, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Genneia SA c/ Integración Energética Argentina SA  s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-11

El planteo de nulidad del laudo arbitral no tiene por objeto habilitar la revisión del contenido del laudo en cuanto al fondo de lo resuelto por los árbitros sino a aspectos que afectan la validez del procedimiento. De ser ello así, todo defecto de fundamentación atribuido al laudo con esa base bastaría para hacerlo intrínsecamente objetable por la vía recursiva intentada (conf. CNCom, Sala E, in re "PMA c/ Ciffoni, Ricardo", del 07/11/03 y jurisprudencia allí citada; entre otros).

En efecto, en lo sustancial, el planteo de nulidad debe atacar la ilegalidad del decisorio por la existencia de un vicio que lo nulifique, sin que corresponda analizar la justicia o injusticia del pronunciamiento ni su contenido en cuanto al fondo de lo resuelto por los árbitros (Rojas, Jorge, "La renuncia a la impugnación del laudo arbitral", RCCyC 2015 -agosto-, 63; CNCom, Sala E, in re "Alicia Rosemberg SA y otro c/ Allergan Productos Farmacéuticos SA", del 13/10/16); asunto que corresponderá hacerlo con el de apelación.
Recurso de casación, fuerza mayor
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Sunuigual, María Inés. c/ Lahusen y CompaÑía Limitada. s/ Cobro   de  Pesos.  Inaplicabilidad  de  Ley.  Recurso  de  Casación.  Cuestiones de Hecho.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-03-27

Determinar si los trabajadores formularon o no en tiempo oportuno, las impugnaciones a la suspensión del contrato de trabajo dispuesta por razones econ omicas, es una cuestión de hecho, propia del mérito y ajena -en principio- al recurso de inaplicabilidad de ley, salvo demostración de absurdo.
Prescripción, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, Obra Social para la Actividad Docente, empleados públicos, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARRAZAN, S. B. Y OTRO c/ O.S.P.L.A.D. s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-30

Los empleados dependientes de la Obra Social para la Actividad Docente se encuentran regidos por la ley 22.140 (régimen jurídico básico de la función pública). En consecuencia, son de aplicación al caso las normas del derecho público en tanto las situaciones traídas a juzgamiento se hallen por ellas previstas, siendo adecuado atender a los prescripto por normas de derecho privado sólo de modo supletorio. Por estricta aplicación de este principio, ante la carencia de una norma de derecho público que establezca el plazo prescriptivo para el pago de deudas como las de autos, se torna aplicable lo previsto al respecto por el Código Civil.
Prueba documental, documentos en poder de las partes, agregación de la prueba documental, oportunidad procesal, planteo en segunda instancia, obligaciones de las partes
Materia: PROCESAL
Carátula: SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA c/ INSTIT. AUTARQUICO PCIAL. DE OBRAS SOCIALES s/ INCUMPLIM. PRESTACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-07

Resulta insuficiente la mera afirmación de no haber tenido conocimiento de la existencia de los documentos que se pretenden agregar en esta oportunidad, a cuyo fin es necesario invocar razones suficientes y verosímiles que sustenten el pedido (cfr. Enrique Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial, anotado, concordado y comentado", ed. Abeledo-Perrot, 1988, T. II, pág. 417; esta Cámara, Sala 3, Causas 4892 del 18.8.87 y 9377/92 del 7.4.93). La petición del apoderado de la demandada debe ser denegada; máxime si se tiene en cuenta que la documentación en cuestión emana de su propia representada, constituyendo una carga de los justiciables y sus letrados imbuirse de las circunstancias fácticas en que se desenvuelve la disputa y aducir en el momento procesal oportuno la totalidad de los derechos y defensas que le asisten, como asimismo, ofrecer y producir las probanzas que así lo avalen (Sala 3, Causas 5552 del 8.7.88 y 8483 del 17.3.93).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, concurso de delitos, non bis in ídem, recurso de casación penal, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Mainhard, Edgar Walter s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Carece de fundamentación el recurso extraordinario que no explicitó cómo se podría compatibilizar la pretensión de perseguir por hechos autónomos en el sentido del art. 55 del Código Penal con el derecho al non bis in idem del imputado, lo que resulta relevante, en la medida en que el recurso de casación estuvo orientado a lograr la nulidad de la sentencia y, de ese modo, la admisión del derecho invocado, significaría la realización de un nuevo debate (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Convenios colectivos de trabajo, empleados públicos, personal excluido del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: BEHERAN, FLORENCIA c/ ADM. FEDERAL DE INGRESOS PéBLICOS AFIP s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-09

Que un determinado sector de la Administración Pública suscribiera un convenio colectivo no conduce de modo automático a excluir a todos los trabajadores de tal organismo, del régimen de empleo público. Podría pensarse, por ejemplo, el diseño de alguna categoría de empleados o funcionarios que se encontraran fuera de convenio y respecto de quienes no operara la inclusión en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. En este sentido debe ponerse de resalto que la excepción contenida en el art. 2 de la LCT está destinada a los dependientes antes que a los organismos, lo que justifica esta interpretación.
Despido por falta o disminución de trabajo, empleador fallido, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Santillán,  Roger  Antonio c/ San  Sebastian  S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-26

Si la demanda comunicó al actor en el mismo telegrama donde hacía saber el despido en los términos del art. 247 LCT, que se había presentado en concurso preventivo y dicho extremo no ha sido impugando, resulta exonerada del pago del agravamiento indemnizatorio del art. 2  de la ley 25323 en virtud de su imposibilidad material- o jurídica- de satisfacer el crédito.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Samuel Gutnisky S.A. y otro c/ E.N. -Flota Fluvial del Estado Argentino s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-20

El plazo de caducidad comienza a correr a la medianoche en que termina el día de la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez, que tenga por efecto impulsar el procedimiento y fenece a la medianoche del mismo número de días del mes correspondiente, salvo los que corresponden a las ferias judiciales o aquellos en los que por una circunstancia de hecho o de derecho las partes se hallan impedidas de activar el procedimiento (esta Sala, 16/12/94, "EMIC -Empresa de Montaje y Construcciones- c/Tandanor s/ contrato de obra pública").
Transporte de pasajeros, transporte terrestre, transporte combinado, responsabilidad solidaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA Y CIA. S.A. Y OTROS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

En los términos del art. 171 del código de comercio, el acarreador responde por los acarreadores subsiguientes encargados de terminar el transporte. Cuando el transporte se realiza por varias empresas combinadas, como transporte único y con la misma carta de porte, se considera que existe una sola y única responsabilidad, principio que ha sido adoptado por casi todas las legislaciones y cuenta con la conformidad de la doctrina. Esta responsabilidad única es directa y no derivada. Dentro de nuestro derecho positivo el perjudicado puede seguir su acción resarcitoria contra el primitivo acarreador o contra el ultimo.
Deuda previsional, procedimiento de impugnación de deuda previsional, procedimiento administrativo, nulidad procesal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: MALAMUD, NESTOR c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

La desestimación de la impugnación, sin analizar ni considerar los elementos aportados por la recurrente, y la estimación general de la deuda que se le imputa sin aportar elementos definidos en torno a su procedencia y legitimidad, llevan a propiciar la nulidad del procedimiento administrativo, y a ordenar la devolución del expediente al organismo de origen, a efecto de que se sustancie nuevamente, considerando la impugnación deducida y, oportunamente, se dicte la pertinente resolución.
Materia: LABORAL
Carátula: Ferrari Martín José c/ Asociart A.R.T. S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-04-03

La apelación fue incoada en subsidio de una revocatoria, planteo este último que el juez de grado rechazó por improcedente en el proceso laboral, y concedió el recurso de apelación. Si bien asiste razón al juez de grado en el rechazo de la revocatoria decidido, no resulta ajustada su resolución en cuanto concede la apelación subsidiaria. La revocatoria no está prevista en nuestro Código Procesal, por ello, no puede admitirse la apelación "subsidiaria", cuya característica es la de estar indisolublemente ligada al recurso de reposición o revocatoria, tal como ocurre en el proceso civil. En efecto, no es una figura autónoma sino dependiente de otra -subsidiaria- por lo que, si la principal no existe -caso de autos- no puede pretenderse la aplicación de la accesoria (Voto Romero-Welp-Ronconi).
Certificado de depósito a plazo fijo, títulos de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: MONTEAGUDO, ERMINDA c/ BANCO DE CORONEL PRINGLES  S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-08

El certificado de depósito no pertenece a la categoría de los llamados papeles de comercio, y no goza -por tanto- de los caracteres de estos. Trátase en cambio de títulos de crédito causados, que poseen los caracteres de necesidad, literalidad y autonomía.
Coautoría, instigación
Materia: PENAL
Carátula: Canevaro, Ignacio R. y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Son coautores de homicidio (arts. 45 y 79 del C.P.) todos los que movidos por una comunidad subjetiva, han cumplido acciones simultáneas sobre la víctima, pues entonces todas han tomado parte en la ejecución del hecho, que es lo que la ley requiere para encuadrarlo en la categoría de coautores, concurso de atribuciones de los que toman parte en la ejecución del hecho común, y a mayor abundamiento, también se ajusta a las presentes la máxima "Lex consumens derogat legi consumtae", pues aplicando las reglas de consunción si en un mismo contexto delictivo, el autor realiza tipos imperfectos y perfectos: el que realiza actos de instigación y, además, actos de autor, es un autor.
Principio de congruencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: Vittori, Verónica C.-Díaz, Marcelo s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-03-26

En el auto de procesamiento como en la Requisitoria Fiscal de Elevación a Juicio, se realizan relatos fácticos del suceso atribuido a los encausados que en nada se compadecen con el tipo de Estafa con que se lo calificó, toda vez que, en definitiva, no se describió en ellos cuál fue la maniobra ardidosa tendiente a engañar al sujeto pasivo en forma tal que, con su voluntad viciada, haya entregado el valor luego destruido. Ello es así, toda vez que de la lectura de esos iter criminis, parecería correcto seleccionar otro tipo absolutamente diferente al elegido en el caso. De tal manera, ambas documentales resultan insanablemente nulas como lo determinan los artículos 304 y 451 inciso 2 del Cód. Procesal Penal que exigen, el primero, una breve pero clara enunciación de los hechos atribuidos y el segundo, una relación clara, precisa, circunstanciada y específica de ellos, por lo que han de ser calificados acorde con ese facto, lo que justamente no aparece congruentemente cumplido en el caso. La falta de cumplimiento correcto de las puntualizadas exigencias rituales impiden arribar a un acto sentencial válido y legítimo y menoscaba el principio constitucional de defensa, por lo que debe declararse la nulidad de los mismos y de todos los demás actos que de las mismas dependan directamente.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles
Materia: PROCESAL - CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: De Gandía, Beatriz Isabel c/ Buenos Aires, Provicia de s/ Indemnización por daño moral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Causa civil es la que surge de estipulación o contrato y no aquella en que a pesar de demandarse restituciones, compensaciones o indemnización de carácter civil, tiende al examen y revisión de los actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias en los que éstas procedieron dentro de las facultades propias reconocidas por los artículos 104 y siguientes de la Constitución Nacional.
Empleador, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Robles, Ramón Antonio c/ Sussex S.A.C.A.G. y M. y/o Tomás A. Alvarez Saavedra y/o otros Q.R.R. s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-02-24

La figura del ius variandi está justificada por el carácter dinámico de la comunidad laboral que los requerimientos del mercado consumidor, las modificaciones impuestas por el avance tecnológico y otros factores relevantes de la actividad productiva puede obligar al empleador a realizar ciertos cambios en su organización empresaria, los que pueden repercutir sobre la relación de trabajo.

En mérito a ello se ha reconocido a la patronal la potestad de variar determinados aspectos de la relación de trabajo, pero subordinada tal facultad a tres condiciones concretas: 1) que la modificación encuentre su justificativo en razones objetivas, es decir, funcionales; 2) se preserven las modalidades fundamentales de la relación laboral y 3) el cambio impuesto no ocasione perjuicio material o moral al dependiente.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), socio gerente, LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ORDASSO, HUGO FABIAN c/ VILLAR, F. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-02-12

El presente recurso deviene inadmisible, toda vez que el planteo de la quejosa queda reducido a una mera discrepancia interpretativa con el criterio sustentado por la Alzada que, habiendo corroborado en autos la falta de integración de los aportes destinados a la seguridad social en relación a la actora, consideró que correspondía extender los efectos de la condena al socio gerente de la sociedad por cuanto su conducta en perjuicio del trabajador y terceros al sustraerse del cumplimiento de obligaciones legales importaba la violación de los deberes a su cargo, en su carácter de responsable de la administración, dirección y representación conjunta del ente; pues, no existiendo normas laborales expresas de atribución de responsabilidad personal de los directores, administradores, gerentes o socios de sociedades comerciales, el sustento normativo utilizado a los fines de extender dicha responsabilidad proviene exclusivamente del derecho societario. (Del voto de los Dres. Erbetta y Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 19550, artículos 54, 59 y 274
Funcionarios públicos, nombramiento, Poder Judicial, jueces, acuerdo legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

De conformidad con las normas constitucionales, el nombramiento de los funcionarios enumerados requiere para su validez el consentimiento del Senado, esto es la manifestación de voluntad de un órgano colegiado. Sin esta voluntad afirmativa, que debe ser siempre expresa y por escrito, la atribución de nombramiento del órgano presidencial no puede ser ejercida. Así, pues, el acuerdo senatorial -manifestación de voluntad- es la "conditio" sine qua non para dichos nombramientos. Esa "conditio" es previa al nombramiento.

Dos voluntades concurren a esta clase de designaciones; ninguna de ellas por sí sola puede producir efectos jurídicos; ni la voluntad del órgano presidencial ni la voluntad del órgano senatorial.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad civil, responsabilidad del funcionario público, relación de causalidad
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Morada, Lilian Edith c/ Estado Nacional (Servicio Penitenciario Federal) s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-30

La responsabilidad del Estado y de sus funcionarios, está en el actual momento evolutivo, indisolublemente unida a punto tal que ya no es posible entender la una sin la otra y viceversa; y en el caso de autos ella surge a través de los artículos 43 y 1113 del Código de fondo, por aplicación de la culpa in eligiendo e in vigilando.

Por tanto, siempre que el acto ilícito obrado por el agente que desempeÑó una función subordinada para el Estado, ha sido realizado en ejercicio o con motivo de su función - falta de servicio -, el Estado queda comprometido como principal y aún si el funcionario puede ser identificado como dirigente o administrador del Estado.

Este concepto de falta de servicio hace que el Estado deba responder siempre que exista una relación de causalidad suficiente entre el daño y esa falta determinada y que ésta sea imputable a la Administración Pública por no cumplir de una manera regular los deberes u obligaciones impuestas a sus órganos, por la Constitución, las leyes, los reglamentos o simplemente por el funcionamiento irregular del servicio. Lo demás expuesto desde luego, sin perjuicio de que a la Administración le queda siempre abierta la acción recursiva de responsabilidad contra sus dependientes.
Recurso de casación, denuncia, suspensión del trabajador, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Avellaneda, David Edgardo c/ Paya, Ernesto Carlos s/ Beneficios Laborales - s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-03-23

El caso Galleguillo, José c/ José María Lala Mobiliarios S.A., T.S.S. V-347, CNAT, sala IV, 31-.3-77, y (ERJ c/A SA, T y S S XII-47) citados por el recurrente, contienen la interpretación que a mi juicio garantiza el fin último tenido por la norma y adquiere especial relevancia en este caso particular en que la investigación de los hechos denunciados ha concluido con el sobreseimiento por vencimiento de los plazos de investigación -, y de ningún modo puede calificarse de infundada, maliciosa o irrazonable la decisión de suspender preventivamente al trabajador, cuando fue justificado su despido por los mismos hechos que motivaron la suspensión. Por ello, entendiendo justificada la suspensión preventiva, corresponde que se haga lugar al recurso de casación, eximiendo de responsabilidad al demandado en torno al pago de los haberes caídos reclamados, con aplicación de las costas por el orden causado.