Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-03-13


Salta, 13 de marzo de 2014.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "TELECOM ARGENTINA S.A. c/ SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR -Recurso de Apelación Directa", Expte. CAM 376638/11 de la sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, y CONSIDERANDO:

I. Que vienen estos autos por recurso de apelación directa interpuesto a fs. 38/44 y vta. por la firma Telecom Personal S.A. en contra de la Resolución Nº 2137/11 de fs. 31/33 y vta., dictada por la Secretaría de Defensa del Consumidor en expediente nº 231-3139/10 solicitando sea dejada sin efecto. El recurso fue concedido a fs. 44, en relación y con efecto suspensivo.

Sostiene la apelante que el reclamo fue planteado por el Sr. Oller Escudero a raíz de un problema de cableado interno en su domicilio, por entender que se trata de una situación que está a su cargo como distribuidora y por ello debió rechazarse el reclamo formulado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 Res. 10059/99- RGCSBT y Resolución MIV 410/200. Expresa que de la lectura de la denuncia surge que no fue ella quien realizó el cableado ni tuvo acceso al domicilio del cliente y que, sin embargo se le imputa y sanciona por supuesta infracción del artículo 4 de la Ley de Defensa al Consumidor, por falta de información al usuario al momento de la contratación. Sostiene que las tareas de instalación y cableado están a cargo y costa del consumidor.

Manifiesta que cuando el denunciante quiso tener internet en otro cuarto de su casa, la empresa le informó que dicha actividad no es parte del servicio de Arnet ofrecido ya que se trata de una cuestión particular, al igual que las cañerías de su casa, y que el deber de informar costo del cableado, el que refiere la resolución impugnada, escapa al contrato de Arnet y es parte del servicio de telefonía básica, con el que el cliente contaba desde hace varios años antes de la solicitud de Internet. Aduce que todo ello se encuentra informado en el Reglamento de Clientes de Telefonía Básica al inicio de todas las guías telefónicas del país.

Afirma que el Sr. Oller Escudero fue informado de todo lo vinculado al cableado interno, dándose cumplimiento con lo dispuesto por dicho reglamento. Cita jurisprudencia.

Considera que la afirmación de la Secretaría acerca de que la falta de firma del denunciante en las condiciones del servicio donde se informa respecto del cableado interno no prueba que éste haya sido efectivamente informado resulta un despropósito y carece de sustento, ya que el servicio de Arnet de la apelante no implica una boca adicional.

Entiende que se la sanciona sin causa fáctica ni legal ya que se le endilgue la falta de información de algo ajeno al contrato considera que tal criterio se impone a las empresas el deber de informar todo lo que no realiza, por más descabellado que esto fuera sin límite alguno.

Manifiesta que en cuanto al carácter penal de la multa establecida son de aplicación los principios del Derecho Penal y Procesal Penal, y que la resolución impugnada a su criterio no constituye una derivación del derecho vigente y que configura la violación de sus derechos y garantías sustanciales y procesales más elementales. Entiende que afecta el principio del debido proceso toda vez que resuelve teniendo por cierto hechos no acreditados o directamente inexistentes.

Con respecto a la graduación de la multa, dice que realizada por la Secretaría en base a presunciones y entiende que resulta improcedente, ya que su conducta fue ajustada a derecho y por ello torna imposible la afectación del bien jurídico protegido por la ley de defensa del consumidor. Afirma que la multa ilegítima de $ 5.000 no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 49 de la ley 24240.

A fs. 51/57 obra la contestación de los agravios por parte de la Secretaría de Defensa del Consumidor, solicitando el rechazo de la pretensión deducida, no sólo por cuanto considera que el memorial de la contraria no reúne los requisitos del artículo 255 del Código Procesal Civil y Comercial al ser -según su apreciación- una reproducción de los expuestos al formular el descargo de fs. 17/18, sino que además la información al consumidor de los costos del cableado y de la necesidad de la instalación de una boca más para la habitación donde iba a ser colocada la computadora, fue dada en forma extemporánea, privándolo de datos indispensables para tomar una decisión e incluso induciéndolo al error y creándole falsas expectativas lo que se contradice con los parámetros del artículo 4 de la ley 24.240.

Manifiesta que la empresa no acreditó haber informado al consumidor, al momento de la venta del servicio, que además de los gastos del abono mensual debía asumir los costos del cableado y de una boca más si quería poner la computadora en otra habitación, omisión que hubiera modificado la voluntad del consumidor. Este deber de información -dice- tiene jerarquía constitucional al estar contenido en los artículos 31 y 42 de la Carta Magna Provincial, además de lo previsto por el artículo 4 de la ley 24240.

Con respecto al carácter penal de la ley de Defensa del Consumidor que sostiene la recurrente, entiende que resulta inaplicable al caso la cita jurisprudencial, ya que refiere a supuestos que trataron sanciones que privaban de la libertad a los imputados o se les aplicaba medida coercitivas, y que en el presente caso no ocupa ese lugar la apelante.

A fs. 665 obra el dictamen de la Sra. Fiscal Cámara quien considera que la empresa no ha brindado la información suficiente y veraz al momento de la contratación, ya que debió explicar con claridad en qué consistía o qué comprendía la instalación del servicio, por lo que entiende que debe confirmarse la sentencia recurrida.

Respecto a la aplicación de los principios del Derecho Penal, dada la naturaleza contravencional de la sanción, entiende que debe tenerse en cuenta que el derecho del consumidor, de rango constitucional (arts. 31 y 42 CPcial.), crea un sistema protectorio para la parte vulnerable en la relación comercial o negocial con principios que le son propios (art. 3 LDC) y normas interpretativas que prevalecen sobre el principio penal invocado, por lo que, en tanto se respete el derecho de defensa (art. 18 CN) de la empresa imputada, la garantía ha sido debidamente resguardada.

En cuanto al monto de la multa cuestionado por la apelante, considera que puede reducirse.

A fs. 67 pasan los autos a despacho.

II. Que el Tribunal de Alzada, como juez del recurso, tiene la facultad de revisarlo aún de oficio, tanto en su procedencia como en su forma y trámite, a los fines de verificar -entre otros aspectos- la regularidad y validez de los actos procesales cumplidos a su respecto en la primera instancia, sin estar obligado por la voluntad de las partes o por la concesión hecha por el juez de anterior instancia, aún cuando ésta se hallare consentida. (CSJN, Fallos 111:147; CACC Salta, Sala I, Tomo 2013 A.I., fº 551).

Analizadas las presentes actuaciones bajo tal premisa, se advierte que el recurso venido en trámite ha sido interpuesto fuera del plazo correspondiente.

En efecto, el recurso de apelación previsto en el artículo 19 de la ley 7402 debe ser interpuesto en el plazo perentorio de cinco días fijado por el artículo 244 del Código Procesal Civil y Comercial. Al ser deducido ante el organismo administrativo, debe computarse en días hábiles administrativos, de acuerdo al artículo 152 de la ley 5.348, aplicable al procedimiento administrativo (v. art. 45 ley 7402).

En este sentido, se tiene dicho que la ley 7.402 sólo regula el procedimiento a seguir en sede administrativa y la única disposición que establece la vía judicial es el artículo 19. En tal supuesto, las normas que rigen el recurso de apelación son las previstas en el Código Procesal Civil y Comercial porque la vía administrativa ya se encuentra finalizada. Se señaló también que el artículo 45 de la ley 7.402 sólo rige el procedimiento administrativo sumarial y que el plazo para interponer el recurso establecido en el citado artículo 19 es perentorio, de acuerdo al artículo 155 del Código Procesal Civil y Comercial (CACC Salta, Sala I, Fallos 2011:102; 2013- AI: 664/665; Sala IV, Expte. Nº 313.464/10, Julio/11). Cabe agregar, como consecuencia de lo dicho, que el citado Código es aplicable al iniciarse la instancia recursiva que de acuerdo al artículo 310 del código de rito (t.o. ley 7.566) se abre con la interposición del recurso respectivo.

Se verifica que, habiendo sido notificada la empresa Telecom Argentina S.A. el 18 de noviembre de 2011 de la Resolución Nº 2137/11 (cf. const. fs. 36), la interposición del recurso de fs. 38/43 el 06 de diciembre de 2.011 (fs. 43 vta.) tuvo lugar cuando el plazo se encontraba ya vencido, lo que determina su improcedencia en razón de tal extemporaneidad.

III. Que, por lo expuesto, corresponde declarar mal concedido el recurso bajo análisis. Costas por su orden, en razón de que la cuestión se resuelve por argumentos diferentes y sin que la parte apelada haya efectuado ninguna consideración en el sentido de la decisión del Tribunal.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, RESUELVE:

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso interpuesto a fs. 38/43. Costas por el orden causado.

II.- ORDENAR correr vista a la Dirección General de Rentas y a la Caja de Seguridad Social para Abogados.

III.- MANDAR se registre, notifique y oportunamente se devuelvan las presentes actuaciones al organismo remitente.