Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-30


2a Instancia.áBuenos Aires, a 30/10/09.

El Doctor Guibourg dijo:

Contra la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda en todas sus partes, se alza la actora mediante el memorial de fs. 435/441.

La accionante se queja porque la juez de grado entiende que no logró acreditar la relación de trabajo invocada.

La actora sostiene en la demanda que ingresó a trabajar a las órdenes de la accionada, titular del sanatorio Santa Rosa de Lima, en septiembre de 1998, como enfermera profesional.

La demandada, por su parte, manifiesta que hizo una compra de activos por la cual Metropolitano Sanatorio Privado S.A. le cedió la explotación de todas las cápitas que el Instituto de Servicios Sociales para Pensionados y Jubilados le concediera, con lo que ocupó a partir del 1º de diciembre de 2001 el lugar de la cedente, respecto solo de dichas cápitas. Niega la relación laboral invocada por la actora (fs. 39 vta.).

Adelanto mi opinión desfavorable al progreso de la queja deducida por la demandante.

En efecto, la actora no produjo ninguna prueba tendiente a demostrar los hechos alegados en la demanda.

En la lectura de los recibos, cuyas copias certificadas lucen a fs. 315/355, se advierte que como empleadora figura la demandada en autos, pero en el responde esta documental fue desconocida (fs. 140) y la actora no desvirtuó tal desconocimiento con prueba en contrario. Resulta insuficiente la presunción del artículo 55 de la LCT (fs. 273) para acreditar la relación de trabajo, ya que la existencia del vínculo en el presupuesto de tal presunción.

Si bien la demandada sostiene que Metropolitano Sanatorio Privado S.A. cedió les cápitas que el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados le concediera, lo cierto es que la actora no menciona siquiera a la cedente en su escrito de inicio, por lo que no se puede analizar este hecho a la luz de lo normado por los artículos 30 o 225 de la LCT.

Esta Sala, como medida para mejor proveer, solicita al Juzgado en lo Comercial Nº25, Secretaría Nº 49, copias certificadas del convenio celebrado entre Medical Power SA y Metropolitano Sanatorio Privado SA (fs. 449).

En la lectura del mencionado convenio se advierte que Metropolitano Sanatorio Privado SA cede a Medical Power SA las cápitas que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados le ha concedido dentro de la Unión Transitoria de empresas "Metropolitano Sanatorio Privado SA y otros Unión Transitoria de Empresas" (fs, 456).

Del convenio de cesión aludido tampoco surge que la actora haya pasado a trabajar a las órdenes de la demandada, pues en ningún momento se indica que todo el personal de Sanatorio Metropolitano haya pasado a la accionada.

Tampoco puede prosperar la queja por la resolución de fs. 411: lo solicitado a fs. 410 y vta. resulta extemporáneo, ya que el artículo 429 del CPCCN (artículo 155 de la LO) prevé claramente que, si por las circunstancias del caso, fuera imposible a la parte conocer alguno de los datos de los testigos, bastará que indique los necesarios para que pueda ser individualizado sin dilaciones y sea posible su citación.

La parte actora también mantiene la apelación deducida a fs. 313/314 contra la resolución de fs. 309.

Sin embargo, según constancias de fs. 409 se observa que la juez de grado desestimó el recurso de apelación, según lo normado por el artículo 96 de la LO. En consecuencia, la recurrente debió deducir un recurso de hecho con la simple manifestación en el expediente (artículo 111 de la LO), cosa que no hizo y que termina por definir este aspecto de la queja.

Ahora bien, la actora introduce como hecho nuevo (fs. 475/477) "el SIJIP emitido por Anses a la Sra. Trombetta, quien lo demandó cuando comenzó su trámite jubilatorio", donde figura el recibo de sueldo Nº 0847/1 de diciembre de 2004 y el importe de $ 52,89 deducido como aporte jubilatorio. El Nº de CUIL que figura en la sábana es el perteneciente a la demandada, quien cumplió con la obligación previsional que le marca la ley. Aclara que la actora obtuvo el beneficio de la jubilación ordinaria por parte de Anses y encontró dicho documento entre los que había conservado desde cuando inició el trámite.

El hecho denunciado por la actora no reviste el carácter de hecho nuevo en los términos del artículo 78 de la LO.

En efecto, el recibo de sueldo mencionado por la recurrente no es un hecho que haya sido nuevo para ella ni del que haya tenido conocimiento con posterioridad al dictado de la sentencia de grado (artículo 122 de la LO), ya que en el momento de iniciar los trámites conocía el hecho que ahora pretende introducir. La referida norma no autoriza su denuncia sino en tanto los hechos sean posteriores a los invocables en la instancia previa.

Por lo expuesto, corresponde mantener lo decidido en la anterior instancia.

Las costas de alzada serán soportadas en el orden causado, ante la falta de réplica (artículo 68, 2do. párrafo del CPCCN). Corresponde regular los honorarios del presentante de fs. 435/441 en 25 % de lo que le corresponda por su actuación en la anterior instancia.

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la sentencia 65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos "Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993), al sostener "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

Voto, en consecuencia, para que se confirmen la resolución de fs. 411 y la sentencia en todo lo que deciden y han sido materia de agravios. Propongo imponer las costas de alzada en el orden causado y regular los honorarios del presentante de fs. 435/441 en 25 % de lo que le corresponda por su actuación en la anterior instancia. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

La Doctora Porta dijo:

Que por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar la resolución y la sentencia recurridas en todo lo que fue materia de agravios. II.- Imponer las costas de alzada en el orden causado y regular los honorarios del presentante de fs. 435/441 en 25 % de lo que le corresponda por su actuación en la anterior instancia. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. Elsa Porta. Ricardo A. Guibourg á smn Secretartio