Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-12-04


Autos 22.079 (83417 - 9°CIVIL) caratulados "HEREDEROS DE BARRIENTOS, Juan Antonio C/ Herederos de Riveros de Davila Aubone, Amanda S/ Prescripción Adquisitiva Veinteañal (II Cpo.)".

En la ciudad de San Juan, a 04 días del mes de diciembre del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. PASCUAL E. ALFERILLO y el señor Vocal, Dr. GILBERTO A. RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre los recursos de apelación que se interpusieran a fojas 394 y 396, contra la sentencia definitiva, recaída en autos Nº 22.079 (83417 - 9°CIVIL) caratulados "HEREDEROS DE BARRIENTOS, JUAN ANTONIO C/ HEREDEROS DE RIVEROS DE DAVILA AUBONE, AMANDA S/ Prescripción Adquisitiva Veinteañal", dictada en fecha treinta del mes de junio del año dos mil quince, obrante a fs. 383/392, de estos autos originarios del Noveno Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recursos que una vez concedidos tuvieran debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Vienen los autos a estudio por recurso que interpuso la actora contra el fallo del 30-06-15 que resuelve su pedido de adquisición de dominio por prescripción adquisitiva del inmueble ubicado en calle Tomás Edison nº 1.477 -este- del Departamento Santa Lucía, inscripto por ante el Registro General de la Propiedad Inmobiliaria bajo el nº 3.263, tº 5, fº 239, año 1.920 Concepción, a nombre de Amanda Riveros de Dávila Aubone, N.C. nº 03-20-350280 (parcial).- Dijo que por el terremoto ocurrido en el año 1.977 el Ejército Argentino demolió una vivienda precaria que estaba desocupada; y al quedar el lote sin cerramiento, lo ocupa el Sr. Juan Antonio Barrientos quien lo cerca, plantando árboles, construyendo un galpón, un salón para comercio, y una vivienda; teniendo la posesión desde principios del año 1.978 en forma pública, pacífica e ininterrumpida, cuyo animus domini que se exterioriza a través de los actos que señala, que luego amplía a fs. 61.- En la sentencia la Juez rechazó la demanda; con costas a la actora; y regula honorarios a los profesionales intervinientes, asignando al Dr. Guido Ernesto Romero, en doble carácter, por tres etapas del proceso y como vencedor, en el 11% y los del Dr. Julio Daroni Moral, en idéntico carácter y etapas, en el 11 % de la base que se determine.- Para así concluir consideró que no es claro la causa por la que ingresan los pretendientes al inmueble; que la prueba documental no tiene certificación ni fue reconocida, carece de fecha, además de no estar determinado que la adquisición de materiales fue para la construcción en el predio; la prueba testimonial por si sola no es suficiente.- Solo valora las misivas cursadas en el año 1.999.- Al expresar agravios dijo la recurrente (fs. 408) que la Juez arriba a una conclusión errónea al entender que los actos posesorios con ánimo de dueño son a partir del 1.999, por lo que no se cumplió el plazo legal.

Entiende que esto es errado e incoherente por valorar la prueba de forma individual y no compuesta, cuando debió hacerlo en conjunto. Violó las reglas de la sana crítica.

Afirma que con las fotos y recibos acredita que la construcción se inicia a partir del año 1.978; que es corroborado y ratificado por testimoniales e inspección ocular.- Que su familia poseyó con ánimo de dueño, en forma pública, pacífica e ininterrumpida más de 20 años.- Que por lógica y sentido común, nadie construiría en un inmueble si no está seguro de considerarse dueño, y en el caso, como sostuvieron los testigos, primero se construyó el negocio y luego los departamentos.

Debía probar que inició la posesión en el año 1.978; y si se compulsan las fotos se advierte, por el crecimiento de los árboles, que su data es superior al año 1.999 que caprichosamente determina la sentenciante.

El yerro de la sentenciante fue no advertir que si plantó árboles, cercó, cambió alambrados, para posteriormente construir salón y vivienda, es una conducta que ha persistido a lo largo de mucho tiempo, demostrando que no solo se detenta la cosa sino también la intención de someterla al ejercicio del derecho de propiedad.

Sobre la consideración de la juez de la prueba testimonial, si bien reconoce la limitación cuando es única, es la más directa para acreditar los hechos materiales, y está corroborada por otras pruebas. Entiende que es un desacierto de la a-quo descalificar la documental por no contar con fecha cierta las fotos familiares, ni reconocida la firma de recibos de albañiles, cuando fueron avaladas por testimoniales.

El segundo agravio: es porque la sentenciante consideró que no surge claro cuál fue la causa de ingreso al inmueble; y refiere, a renglón seguido, al cruce de misivas entre las partes, coligiendo que en mayo de 1.999 su esposo rechaza la intimación de la sucesión invocando su posesión con ánimo de dueño por lo que considera que a esa fecha puede tener por acreditado que el actor ocupa el inmueble invocando esa calidad. Insiste en que la juez interpretó la prueba individualmente cuando surge del contexto que los árboles fueron plantados en 1.978, y las construcciones en el año 1.987 (conforme las fotos, testigos, inspección, etc.) El hecho que se remitieran las misivas no prueba el inicio de la posesión, sino por los otros actos posesorios. Que la contraria no ha demostrado nada. Una de las co-demandadas solo niega, e impugna.

Destaca como otro yerro de la sentenciante que no advierte que la posesión se efectuó parcialmente sobre el inmueble de la sucesión demandada, y que el resto del terreno está ocupado "casualmente" por un co-heredero Sra Zulma Fernández de García. En consecuencia tampoco merituó correctamente la variante del número de cuenta del Departamento de Hidráulica; que la demandada venía consintiendo desde el año 1.978 su posesión sobre la fracción mensurada, y que la misiva del año 1.999 solo fue un mero intento de interrumpir la prescripción cuando ya se contaba prácticamente con los 20 años.- El tercer agravio: Es por la imposición de costas en razón de las constancias de autos.- El cuarto agravio: es por la regulación de honorarios a su patrocinante Dra. Susana Gómez de Aguilar, por cuanto es ajena a las prescripciones legales y no se condice con el trabajo y etapas efectivamente realizadas ni los incidentes obrantes en autos resueltos a su favor, lesionando derechos adquiridos.

Estos agravios son contestados por la Defensora Oficial a fs. 413; por la Sra. Mercedes Evez Edith Dávila, a fs. 418; por Julio Daroni Moral a fs. 424.- A fs. 394 el Dr. Julio Daroni Moral recurrió la sentencia cuando fijó sus honorarios por considerarlos bajos y no ajustados a derecho.- Tratamiento de los agravios:

Las críticas que formulan los apelantes no alcanzan para desmerecer la forma en que la juez valoró las pruebas producidas, sea puntualmente o en su conjunto; o para mostrar error en el juzgamiento cuando desestima la demanda.- Es que la más autorizada doctrina y jurisprudencia, de modo reiterado e invariable, ha marcado la contundencia que debe resultar de la prueba que acredite la posesión, y el tiempo por el cual se ha ejercido; como así la severidad al tiempo de valorarla, exigiendo que sea completa, íntegra, y que no deje lugar a dudas de esa relación de poder de hecho del sujeto sobre la cosa, que implique el comportamiento como titular de un derecho real, " lo sea o no", como con mayor claridad lo dice el actual art. 1.908 del C.Civil.- Es que tratándose de una cosa inmueble, cuyo titular de dominio es conocido, la sentencia por la que se otorgue a otra persona un título supletorio traerá como consecuencia dar de baja el anterior, por el carácter de exclusivo que emana de art. 2.508 del Código Civil ley 340, y 1.943 ley 26.994.- Ello, ya justifica la estricta merituación de aquellos medios que proponen los actores en pos de acreditar el supuesto de hecho que invocan.- Otro tanto en cuanto al inicio de la posesión, puesto que será el medio necesario para poder reconocer el lapso de tiempo exigido por la ley.- Analizando la sentencia, en orden al primero y segundo de los agravios, advierto que los apelantes no critican suficientemente, y en esta ocasión tampoco dan respuesta, a la observación de la juez a-quo cuando dijo que no está clara la forma en que llegaron al inmueble.- Las invocaciones fueron, por parte de los demandados, que el Sr. Enrique Florentino Dávila Aubone da el uso del inmueble a don Juan Antonio Barrientos para que deje estacionado un vehículo; mientras que los actores afirman haber ingresado cuando el Ejército demuele una construcción precaria, y que al quedar sin cerramiento lo hacen como ocupantes y comienzan a ejecutar obras en el año 1.978.- Pero el caso es que no existe en el proceso ninguna prueba que permita tener por acreditado la causa por la que los pretendientes inician la supuesta posesión.- Ahora bien, la causa - o título - en virtud del cual ingresan al inmueble adquiere real trascendencia porque la ley presume, conforme lo prescripto por el 2.790 del C.C..- que es la Sra. Riveros de Dávila Aubone, o sus sucesores universales, que ostenta título de propiedad anterior al ingreso del Sr. Barrientos (año 1.920, fs. 15) tienen la posesión .- En esa circunstancias cabe concluir que poseedor es el titular registral pues lo era de un derecho que se ejerce por la posesión, y siendo el título anterior al momento en que dicen los actores comienzan la posesión, se presume que la tiene el titular del derecho real.- Siendo así, existiendo un titular de dominio, la Sra. Amanda Riveros de Dávila Aubone, registrado, conserva tal calidad sin que la pierda por el no uso que hiciera de él porque ese derecho real es perpetuo (art. 2510, y 1942 -Código anterior y actual respectivamente).- A lo cual puede agregarse que según el relato de la demanda, y lo confirma al testimonio del Sr. Pedro Fortunato González, de fs. 178, antes del terremoto del año 1.977 ocupaba la vivienda la familia del demandado; ocurrido ese evento, el Ejército demuele la construcción.- Pero es el caso que por más que haya habido un alejamiento, o que la vivienda haya sido demolida, esos hechos no permiten deducir que el titular ha perdido la propiedad, en tanto el abandono no se presume; tampoco la posesión, que se conserva aun cuando no se tenga la cosa (art. 2.445 ibid. Cód. Velez Sarfield, 1.914, 1.929, 1939, ley 26.994)- De ello, que si otro sujeto dice ejercer esa posesión, debe aportar prueba con entidad suficiente para desvirtuar las presunciones legales que favorece al titular registral (tanto del ejercicio del dominio, su carácter perpetuo, la detentación de la posesión, y la conservación de ésta).- Dicha carga probatoria se hace más pesada si se tiene en cuenta que, como lo ha reconocido al tiempo de expresar agravios, parte del inmueble es ocupado por una co-heredera de la titular, la Sra. Zulma Fernández de García, con lo cual, y según lo ratifica el plano de mensura de fs. 1, la pretensión de los usucapientes es relativa a un parte del inmueble por lo cual, y conforme lo exigía el art. 2.410, era "indispensable" que esa parte haya sido materialmente determinada, al tiempo en que inicia la posesión. Y para el caso no es válido el plano de mensura referido, en tanto fue confeccionado en el año 2.005, por lo que queda sin respuesta la determinación que debió efectuarse al tiempo en que dicen los actores comenzaron a ejercerla.- No acreditada la causa por la que inicia la posesión, cabe analizar si de parte de los actores hubieron conducta que manifiesten "una voluntad contraria " o "actos exteriores" que desplacen la calidad de poseedor del titular de dominio (art. 2.445 y 2.458; o que tengan la calidad de "ostensibles", del modo que lo requiere el art. 1.900 del nuevo Código), es decir mediante actos que evidencien la existencia de los elementos indispensables de la posesión (el cuerpo y el ánimo).- En cuanto a la prueba documental, consistente en fotografías, y facturas o boletas de compra de materiales, fueron negadas e impugnadas por las demandadas (fs. 105 y 99) por lo cual la carencia de fecha cierta, de certificación o reconocimiento en juicio, es un obstáculo para ser tenida en cuenta con efectos acreditativos de los hechos que expone la parte actora.- Es que la autenticidad del instrumento privado y correlativa eficacia y oponibilidad a personas distintas de los intervinientes en él, tiene como presupuesto indispensable el reconocimiento de las firmas; y además requiere de fecha cierta que será válida para poder apreciar la antigüedad necesaria.- No pueden pretender los actores que se deduzca la fecha en que ocurrieron los hechos por el tamaño de los árboles que exhiben las placas fotográficas, en tanto se trata de una tarea más propia de peritos conocedores de especies arbóreas; más allá que no hay pruebas que indiquen que lo mostrado en las fotos pertenezca al inmueble.- Sobre la inspección ocular, si bien se acredita las mejoras no son indicativas de antigüedad de ellas.

Y sobre las otras pruebas documentales consistente en pagos de tributos, no tienen la antigüedad suficiente, y algunas no pertenecen al inmueble objeto de juicio.- En este orden ni siquiera los testigos son claros en decir qué existía en el inmueble ubicado en calle Tomás Edison 1.477 Santa Lucía ya que dijo el Sr. Pedro Fortunato González (fs. 178) que un heredero de la Sra. Rivero de Dávila vivía ahí, antes del terremoto, y cuando contesta la tercera dijo que eso antes era una casa vieja. Cuando hubo el terremoto el ejército bajó todo (refiere al terremoto del año 1.977) y " a partir del terremoto, a unos meses empezaron a arreglar esa casa la familia Barrientos".- Pero al demandar no dijeron que en el año 1.978 empezaron a arreglar la casa, sino que " ...cerca, planta Árboles, construye un galpón para guardar su auto .." (fs. 3 vta.), y cuando expresa agravios a fs. 410 vta, precisa que " ... surge incuestionablemente que los Árboles (álamos) fueron plantados en el año 1.978 y que las construcciones comenzaron en el año 1.987 ..." con lo cual no se entiende qué casa es la que vió el testigo González que empezaron a arreglar a unos meses del terremoto del año 1.977.- Pero cuando declara otra vecina, la Sra. Martha Concepción Chiaramonte (fs. 180) dijo llega al barrio en el año "76" y la Sra. Barrientos vivía ya ahí ... "; cuando el testigo anterior dijo que comienzan a arreglar la casa unos meses después del terremoto.- Si bien luego aclara que se ha explicado mal, y corrige sus dichos afirmando que el Sr. Barrientos vivía enfrente del inmueble objeto de juicio; con lo cual no dice cuándo comienzan los actores a ocupar en el inmueble que pretenden usucapir.- Dijo la Sra. Chiaramonte que eso era un " paredón " que era un peligro por el terremoto, no había nada, era como un baldío "; pero el testigo anterior dijo que ahí vivía un heredero de la Sra. Rivero de Dávila, que era una casa vieja; con lo cual no era un baldío, sino una vivienda, que tal vez era precaria; y que podría ser la que, según el testigo anterior comienzan a arreglar los actores (aunque éstos no dicen nunca haber arreglado ninguna casa).- Por su parte, otro testigo, Sr. Francisco Porras cuando contesta a la primer repregunta dijo que la Sra. Vda. de Barrientos vive realmente frente al inmueble ubicado en calle Tomás Edison 1477, que es el que denuncia como domicilio real en el escrito de demanda.

En vista de ello es que considero no probado suficientemente el inicio de la posesión, por lo que voto por la confirmación de la sentencia venida en recurso.- En cuanto al tercero de los agravios, por la imposición de costas, atendiendo al resultado al que se arriba en el punto anterior, corresponde rechazarlo.- Sobre el agravio cuarto, por los honorarios de la Dra. Susana Gómez de Aguilar, diré que esta Sala tiene reiteradamente establecido, siguiendo en ello la doctrina y jurisprudencia, que el recurso de honorarios debe indicar los agravios que le ocasiona la regulación en el escrito de apelación, es decir que el recurrente debe indicar si estima altos o bajos los emolumentos fijados.

Si bien el art. 228 de la ley 2150, modificado por el art. 800, inc. 11 establece que en la apelación de honorarios el apelante podrá fundar su recurso como una facultad y no una carga; no acontece lo mismo con la indicación al menos de que se apelan por altos o bajos indispensable para que el Tribunal pueda pronunciarse sobre la procedencia del recurso.

En este orden de ideas se advierte que la ejecutante, en la apelación deducida a fs. 100 vta., no ha expresado el perjuicio que le causa la sentencia atacada pues no apela los emolumentos fijados en ella en el pto. I, ni por altos ni por bajos.

Por ello, teniendo en cuenta que los límites de la jurisdicción abierta con el recurso, está dada por la extensión de los agravios propuestos, no existiendo ninguno en autos no puede ser objeto de estudio al respecto, por lo que debe ser rechazado.

Sobre la apelación que introduce a fs. 394 el Dr. Julio Daroni Moral cuando cuestiona los honorarios que se le fijan por considerarlos bajos y no ajustados a derecho, tampoco va a prosperar en vista a que se le reguló atendiendo a que otro profesional también actuó por otro heredero demandado, por lo cual la estimación aparece razonable sin exhibir insuficiencia alguna.- En mérito a ello, voto por la confirmación de la sentencia en todas sus partes, con costas a la actora apelante vencida.- El DR. PASCUAL ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde confirmar la sentencia en todas sus partes, con costas a la actora apelante vencida.- El DR. PASCUAL ALFERILLO, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Confirmar la sentencia de primera instancia en todas sus partes, con costas a la actora apelante vencida.- Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de S; T° II-2015; F°144/149; FECHA:4 de diciembre de 2015 DRES.ALFERILLO-RIVEROS