marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carreira de Martín, Elina Inés c/ Garay, Jorge Emiliano y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-26

Si bien el perjuicio o menoscabo nace con el hecho ilícito que destruyera parcialmente una cosa ajena -arts. 1067, 1068, 1094 C.

Civil-, es lo cierto que el mismo se satisface mediante la entrega de la suma de dinero que exigiera la reposición de la cosa a su estado anterior -art. 1083, 1094, C.C.-. Por lo tanto, la manera justa y equitativa de restaurar la plenitud de ese patrimonio es mediante la actualización de las sumas integradas desde la fecha de cada desembolso. De lo contrario, aquello que se quiso evitar y remediar con la desvalorización a saber: el empobrecimiento del patrimonio del damnificado a costa de una inflación que beneficiaba a su deudor, se trocaría en un indebido enriquecimiento del primero a expensas del segundo. Es que cual contracara del principio de reparación integral está aquél que impide lucrar con el daño sufrido.
Acción de amparo, telecomunicaciones, telefonía celular, facturación de servicios públicos, facturación excesiva, defensa del consumidor, cláusulas leoninas, contratos de consumo, contratos de adhesión, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DECOVI s/ Amparo Colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-01

En cuanto al argumento, esgrimido por la requerida, en lo referente a la concesión del uso del espectro radioeléctrico y el canon - precio - que por el mismo abona, como justificativo para trasladar al usuario el costo por uso de red (independientemente de concretar la comunicación con otro sujeto), así como el dictamen de la CNT., debo remarcar la irrelevancia de los mismos para la resolución del presente amparo.- En primer lugar porque tal como lo desarrollé in extenso nos encontramos ante una relación de consumo donde el plexo normativo específico que rige es otro y surge de las Constituciones Nacional y Provincial a las que el orden infraconstitucional debe someterse. Y en segundo lugar debo remarcar que:

1.- El Pliego que la requerida invoca, en sustento de su mejor derecho y de la competencia federal, es anterior a la vigencia del artículo 124 de la Constitución Nacional, por el que se estableció el dominio originario de los recursos naturales existentes en la provincia, y además por imperio del artículo 88 de la Constitución Provincial el espectro de frecuencia es un recurso natural de dominio público provincial.

2.-Aún así, y resultando ajeno a la discusión de autos tal extremo, si la accionada considera que solo lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones es la ley aplicable, dicho concepto es incompleto porque no es la única norma que rige entre las partes, máxime conforme la jurisprudencia que se cita de la CSJN., la relación entre prestador y usuario tiene su propio reglamento en la Ley Nro. 24240 y normas concordantes y la interpretación restrictiva de los privilegios.

Por ello la sola invocación del precio que por el uso del espectro radioeléctrico debe abonar y la facultad contractual de fijar la tarifa, son suficientes para mantener la situación denunciada como abusiva, corresponde a ella la carga de la prueba, que demuestre de qué manera tal situación incide en la tarifa para tener que trasladar dicho costo al usuario y cómo ello resulta una trato equitativo y equilibrado de la relación, más aún teniendo en cuenta que otras empresas prestadores del servicio de telefonía móvil no lo trasladan.
Cosa riesgosa, motocicleta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RIACHI, FEDERICO Y OTRA c/ JOSE E. BANEGAS Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-03

La motocicleta, al igual que el automotor, debe considerarse como cosa riesgosa, y en consecuencia, si se produce una colisión entre dos cosas de ese carácter, resulta plenamente operativa la responsabilidad objetiva prevista en el artículo 1.113, segundo párrafo, segundo apartado, del Código Civil.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: "López    Ruf   Pablo   Guillermo   -Inc.   Med. c/ E.N.   -AFIP(D.G.I.)-Resol. 168/02 s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-15

La medida cautelar no puede prosperar cuando dentro del limitado marco cognoscitivo y los límites del pronunciamiento resulta que para determinar las circunstancias que se señalan en el recurso para acreditar la verosimilitud del derecho, necesariamente habría que avanzar sobre los presupuestos sustanciales de la pretensión que, precisamente, constituyen el objeto de la acción, es decir, habría que adelantar un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, segunda instancia, competencia por el territorio, sucesiones, vocación hereditaria, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: SERAPIO, Simón Antonio s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-18

La competencia territorial en materia de juicios sucesorios corresponde a los jueces del último domicilio del difunto conforme lo dispone el art. 3284 del Código Civil.

Y, para su determinación debe estarse a lo dispuesto por el art. 89 y siguientes de dicho cuerpo normativo.

Para precisar el domicilio real, por un lado debe acudirse a la idea de permanencia, a fin de diferenciarlo de la residencia y de la simple habitación y, por otro lado, se debe considerar el elemento intencional o ánimo del causante de establecer en un determinado lugar el asiento de sus actividades.

Tratándose de una cuestión de hecho, a los fines de comprobar el domicilio puede acudirse a todos los medios y clases de prueba.

Y en este orden, la partida de defunción sólo prueba el hecho en sí del fallecimiento de una persona, pero no constituye por sí sola prueba suficiente a efectos de acreditar su último domicilio, y sólo sirve únicamente como antecedente susceptible de desvirtuarse por otros medios (C.N.Civ., Sala F, 29-5-79, Rep. E.D. 13-898, Nº 10).
Proceso penal, etapas del proceso, fallo plenario, secuela de juicio, leyes, interpretación sistemática
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V, M R s/ Doctor Javier Vigo Leguizamón, Defensor de M. R. V. S- Solicita   Formación de Tribunal Pleno (Prescripción de la acción penal Expte.   Nro. 19-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-14

Entendiéndose que por imperio de las reformas que la ley 24316 introdujo en el título penal "Del ejercicio de las acciones" ha sido expresamente admitida la diferenciación entre lo que constituye la "instrucción" y el "juicio" como etapas integrativas del total procedimiento penal, sostengo que dentro de nuestro Código Penal no puede ya seguirse manteniendo la idea de que la expresión "juicio" se ha utilizado en el sentido genérico al que apelara nuestra Constitución Nacional (si se insistiera en ello el nuevo artículo 64 Código Penal resultaría notablemente vaciado de contenido), sino que tiene un contenido propio y específico alusivo a aquel estadio regulado por los distintos ordenamientos procesales vigentes en nuestro país como ubicado tras la investigación o procedimiento preliminar y en el que las partes debaten entre si para ser resueltas sus pretensiones por el juez o tribunal imparcial. (Del Voto del Dr. De Olazábal). En la causa la cuestión a resolver es:

¨Qué debe entenderse por secuela del juicio a los fines del artículo 67, cuarto párrafo, del Código Penal?
Contrato de trabajo, empleo no registrado, responsabilidad del administrador de la sociedad
Materia: LABORAL
Carátula: Sosa, Gladys Ester c/ Fundación Científica de Vicente López y Otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-31

No puede considerarse sólo un mero incumplimiento legal, sino una actuación destinada a evadir la ley, la actitud del funcionario encargado de la contratación de personal que registró el vínculo laboral del trabajador luego de tres años y siete meses. Al incurrir en un accionar desviado resulta responsable en los términos de la teoría del disregard. Media un ardid que busca ocultar hechos y conductas con la finalidad de sustraer al empleador del cumplimiento de sus obligaciones legales y dado que la persona física demandada (presidente) no pudo desconocer los fines contrarios a la ley, cabe condenarlo en forma solidaria a pagar a la actora el monto de condena (art. 26 y concs. L.C.T., arts. 54, 59 y 274 de la ley 19.550 modificada por la 22.963 y arts. 144, 145 y concs. del C.C. y C.N.).
Estado Provincial, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CORREA, CARLOS CYRUS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 61-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-10-16

El Poder de Policía corresponde a las provincias, y la Nación lo ejerce dentro del territorio de las mismas sólo cuando le ha sido conferido o es una consecuencia necesaria de sus facultades constitucionales. Y ello es así por cuanto el gobierno federal es un gobierno de poderes delegados y, por consiguiente, no posee autoridad alguna que no le haya sido expresa o implicitamente conferida por el instrumento político que lo creó. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que "los poderes nacionales no pueden válidamente ensanchar, bajo pretexto alguno, la esfera limitada que la Constitución le ha trazado, no puede por interpretación hacerse lo que no podría hacerse por disposición expresa de la ley".
Competencia contencioso administrativa, ordenanzas municipales, fallos del Superior Tribunal, acción de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rocha, María Inés c/ Ejecutivo Municipal de Valle Viejo s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-07-12

Comparece la actora Dra. M.I.R, por derecho propio invocando el carácter de aspirante al cargo de Juez de Faltas Municipal para el departamento Valle Viejo, incoando acción de amparo en contra de la decisión del Intendente de designar Juez de Faltas, estimando que cercena su posibilidad de confrontar capacidades a través de concurso de antecedentes, cargo en el que se encuentra interesada.

Arguye que dicho acto de designación es arbitrario, dada la trascendencia del mismo por la responsabilidad que implica.

Asimismo que la Ordenanza Nº990/10, es nula por falta de publicación conforme Art.2 del Código Civil, lo que cercena sus derechos constitucionales sobre la igualdad de oportunidades.

Ofrece prueba documental. Hace reserva del caso federal por encontrarse en juego derechos y garantías constitucionales Arts.14 bis, 16, 17 y 18 de la CN.

En definitiva peticiona se haga lugar a la acción y se ordene al Ejecutivo Municipal que llame a concurso público para cubrir el cargo de Juez de Faltas Municipal.

Ab initio debe precisarse el objeto de la acción, para que este Cuerpo, en ejercicio de su jurisdicción originaria y en uso del principio iura novit curia, ejerza la iuris dictio conforme a la pretensión articulada por la parte.

De lo que resulta, que la accionante, por un lado persigue que se declare la nulidad de la Ordenanza Municipal Nº990/10, y por otro que se amparen sus derechos constitucionales que estima conculcados, en consecuencia, se le permita la posibilidad de "confrontar capacidades" a través de un concurso de antecedentes para acceder al cargo de Juez de Faltas en que se encuentra interesada.

Por razones de método, se tratara en primer orden el cuestionamiento dirigido a la validez de la Ordenanza Municipal. Esta Corte de Justicia a través de sus distintas integraciones ha sentado doctrina legal en el sentido de que las Ordenanzas no constituyen actos administrativos sino leyes en sentido formal y material, cuyo fundamento radica en que, es condición intrínseca de la autonomía municipal legislar, dar normas de carácter y alcance general, y locales en sentido territorial, y que el medio de impugnación de esta especie de ley local, es la acción de inconstitucionalidad. (Conf.:SD Nº32/05; SI Nº35/11, entre muchas otras).

En consecuencia, el Tribunal no se encuentra habilitado -en instancia originaria- para ejercer su jurisdicción exclusiva, excluyente y de interpretación restrictiva, de conformidad a lo normado por el Art.204 de la CP.
Títulos ejecutivos, acto administrativo, nulidad del acto administrativo, Administración Pública, omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva S.A.I.C.I. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Ejecutivo (Expte.: C.S.J. Nro. 35   Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

Si la Provincia ejecutada aduce -aunque con oposición de la ejecutante- que los actos causantes de la emisión de los documentos ejecutados (en el caso, pagarés) habrían sido invalidados por un decreto posterior, presentando una defensa frente a su acreedor directo con relación a la cual la Corte local -por la virtualidad e importancia que cabe reconocer a los actos de autoanulación en tanto expresión de nuestro sistema administrativo de control de legalidad, y por el notorio interés público comprometido- ha insistido en la necesidad de sopesar cuidadosamente las consecuencias de la respuesta para el caso, enfatizando por ello que los pagarés así ejecutados no pueden ser examinados sólo a la luz de los principios cambiarios de literalidad, autonomía y abstracción, cuyo rigor tiene por objeto facilitar la circulación de los papeles de comercio, asegurando el crédito y la confianza de los terceros. Por lo tanto resulta reprobable el razonamiento seguido por la Alzada en cuanto excluyó el tratamiento de la defensa planteada con sustento en un acto de esa naturaleza, cuya ponderación nunca podía desvirtuar la naturaleza del procedimiento, dando lugar de tal manera a una inadmisible omisión de considerar extremos conducentes para la solución de la causa, toda vez que en definitiva el examen del asidero sustancial de la defensa planteada se vinculaba con la verificación de la presencia de una de los presupuestos básicos de la acción ejecutiva, como lo es que sea una obligación existente y exigible. (Del Voto del Dr. Vigo)
Ejecución del contrato, vicios redhibitorios
Materia: CIVIL
Carátula: GUSTAVO FEDERICO CAU LOUREYRO c/ CAMMUSO AUTOMOTORES S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-03-21

Son vicios redhibitorios los defectos ocultos de la cosa, cuyo dominio, uso o goce se transmitió por título oneroso, existentes al tiempo de la adquisición, que la hagan impropia para su destino, si de tal modo disminuyen el uso de ella y que de haberlos conocido el adquirente, no la habría adquirido, o habría dado menos por ella. Es decir que los requisitos del vicio son cuatro. Primero, se trata de vicios de hecho y no de derecho, porque los vicios jurídicos tienen interés a los fines de la evicción y no de la acción redhibitoria. En segundo lugar, el vicio debe ser oculto, prescindiendo del concreto adquirente, pero teniendo en vista la cosa de que se trata y la práctica seguida en la vida de los negocios con referencia a las operaciones que sobre ella se verifican. Tercero, debe ser importante, es decir que debe ser de una entidad tal que haga la cosa impropia para su destino. La impropiedad debe ser entendida en el sentido de una supresión del uso de la cosa o en una disminución tal de ella que de haber conocido el defecto el adquirente no la habría adquirido o habría dado menos por ella. La génesis de la obligación redhibitoria se encuentra en el contrato celebrado entre las partes, como una cláusula natural de éste.
Propiedad horizontal, cobro de expensas comunes, intimación de pago
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO CALLE LAVALLE 120 c/ R. J. R. S.A s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

La exigencia formal del reglamento de copropiedad, de notificar telegráficamente al copropietario moroso antes de iniciar el juicio ejecutivo por cobro de expensas comunes, no constituye un requisito esencial, desde que el requerimiento quedará cumplido suficientemente con la intimación de pago y citación de remate que habrá de realizarse.-
Deuda ilíquida, deudor, mora, intereses moratorios
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez, Guillermo c/ Miadosqui, Rubén Daniel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-12-10

La sola circunstancia de que la deuda pueda considerarse ilíquida no es obstáculo para que el deudor se halle incurso en mora ni impide el curso de los intereses moratorios. Es decir, la iliquidez de la deuda no impide que ésta devengue intereses moratorios, siempre que sea cierta en cuanto a la existencia y legitimidad de la obligación, (Wayar, Ernesto Clemente, ob. cit., pág. 303, Belluscio, Augusto C.- Zannoni, Eduardo A., "Código Civil y Leyes complementarias" (Ed.

Astrea) pág. 127, entre otros autores.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Hugo CHRISTOV y otros c/ MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO s/ AMPARO  -  INEXISTENCIA  DE OTRAS VIAS - ZONA INDUSTRIAL - DEFENSA EN  JUICIO - ORDENANZA MUNICIPAL  - PROVINCIAS - FACULTADES NO DELEGADAS-  EXCESO RITUAL MANIFIESTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-20

Es improcedente el recurso extraordinario si, para fundar el rechazo de la acción de amparo, el tribunal a quo ha expresado razones no federales suficientes que no resultan susceptibles de revisión por la vía intentada, como, por ejemplo, las que se vinculan con la existencia de otras vías legales aptas para resguardar los derechos invocados y con la necesidad de un mayor debate y prueba, que colocan a la cuestión en el ámbito del derecho público provincial, máxime si no se observa que en la apreciación de los recaudos a los que se sujeta la procedencia de la acción de amparo, el tribunal inferior haya incurrido en arbitrariedad, sin que las discrepancias de los actores sobre los distintos aspectos en debate tengan entidad para abrir una instancia que tiene carácter excepcional y que no busca sustituir a los jueces naturales en la solución de los problemas que les son privativos.
Ejecución fiscal, medidas cautelares, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvear Palace Hotel c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de Actos Administrativos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-28

No existe norma alguna que impida aplicar el artículo 189 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las ejecuciones fiscales siempre que se encuentren reunidos los requisitos exigidos por él. Sostener que el artículo 189 mencionado no es aplicable cautelarmente a las ejecuciones fiscales es arbitrario porque la misma norma no hace ninguna distinción. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro)
Concurso preventivo, quiebra, verificación tardía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GRUPO GOLDARACENA HERMANOS s/ CONCURSO  PREVENTIVO  INCIDENTE  DE  VERIFICACION  PROMOVIDO  POR  LA  DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-24

Advirtiéndose una defectuosa integración de la litis, con la consiguiente afectación del derecho de defensa, debe el Tribunal pronunciarse de oficio al respecto. Promovida la insinuación el pasivo por la vía del incidente de verificación tardía, debió sustanciarse conforme a lo dispuesto por el art. 304 Ley de Concursos. El juez ordenó el traslado a la Sindicatura, pero omitió hacerlo con respecto al concursado, cuyo caracter de parte no resulta dudoso, por lo que corresponde decretar la nulidad de lo actuado.
Entidades financieras, plan de regularización y saneamiento, banco central, resoluciones
Materia: COMERCIAL ADMINISTRATIVO
Carátula: BANCO REGIONAL DEL NORTE ARGENTINO c/ B.C.R.A. s/ RESOLUCION N. 46/81
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-13

No puede el BCRA sin incurrir en un obrar irregular dictar un nuevo acto administrativo que se limite a resolver una propuesta de saneamiento mediante solo considerar la efectuada 4 años atrás bajo distintos presupuestos fácticos y jurídicos omitiendo permitir su reformulación adecuándole a la nueva situación y normativas dadas.

Al así hacerlo el BCRA quedó inmerso en la emisión de un acto administrativo con base en una causa inexistente pues no puede sostenerse que estuvo considerando una propuesta y al mismo tiempo negar a la entidad financiera la posibilidad de presentar un plan de saneamiento de acorde a la nueva situación fáctico-jurídica. Es decir que la Res. 580/85 además de dejar de lado el consentimiento del interesado (art. 20 LPA), omite cumplir los requisitos esenciales de causa y finalidad (art. 7, inc. b) y f)).
Excepciones procesales, inhabilidad de título, ejecución fiscal, certificado de deuda
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de la Capital La Rioja c/ Distribuidora de Gas del Centro S.A. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-04-21

La excepción de Inhabilidad Extrínseca de Título, art. 317 C.P.C., limita la discusión a las formas extrínsecas del título y si este reúne los requisitos indispensables que hacen a la vía ejecutiva, no puede discutirse la causa de la obligación. El certificado de deuda, junto al detalle de la deuda, son idóneos para fundar la presente ejecución fiscal. Por lo tanto, no cabe otra definición que desestimar la defensa en examen y mandar llevar adelante la misma hasta hacerse el acreedor íntegro pago del capital reclamado, mas lo presupuestado provisoriamente para intereses y costas, art. 292, 317 y concordantes del C.P.C.
Incapacidad laboral, reagravación, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Calla, Simón c/ Saieva Patagónica S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-03-26

Los límites objetivos de la cosa juzgada no impiden que con posterioridad a una sentencia o en el caso un acuerdo homologado se dicte en un nuevo proceso -continente de una acción independiente de la anterior- una sentencia que reconozca el derecho a ser indemnizado por la reagravación de la incapacidad originaria ya que no se trataría de valorar nuevos elementos sino de juzgar circunstancias sobrevinientes al primer fallo o acuerdo.
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Oviedo, Samuel Alejandro c/ Jaita, Stella Maris y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-31

La acción de desalojo no corresponde contra el poseedor, ni por la naturaleza u objeto es idónea para obtener la recuperación del inmueble poseído por otro, cualquiera sea el vicio que pudiere afectar dicha posesión. No interesa por tanto, en este juicio, si la posesión es legítima o ilegítima, de buena o de mala fe o, como también se ha afirmado en sentido concordante, "este proceso especial no procede contra quien ha expresado adecuadamente su ánimo de poseer la cosa para si, cualquiera sea el vicio de su posesión, ya que no cabe discutir dentro de su órbita el mejor derecho de poseer ni la posesión mismo, todo debate sobre el particular es extraño al juicio de desalojo (art. 676 del Cód. Procesal Civil).
Medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: MAYE JOAQUIN IRINEO c/ PEGE S.R.L. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ COBRO DE SUMA DE DINERO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-09-11

Ninguna prueba ofreció la solicitante ni surge de las actuaciones sobre la procedencia de la disminución de la garantía. De las mismas en forma alguna se infiere que los montos de las medidas cautelares sean excesivos como para determinar la reducción efectuada por el a -quo.