Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-07-29


AUTOS N° 20.269 (N° 90.9067° CIVIL) "M. P. A. H. C /Fiorentino, NicolasDaños y PerjuiciosII Cpo." L. DE S. T° 108, F° 13/23 En la ciudad de San Juan, a 29 días del mes de julio del año dos mil diez, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. GILBERTO A. RIVEROS, y los señores Vocales DRES. ROBERTO BUSTAMANTE y DELFOR BENITEZ, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 20.269 (90.906 7° CIVIL) caratulados "M. P. A. H. C/FIORENTINO, NICOLASDAÑOS Y PERJUICIOSII CPO.", dictada en fecha 31 del mes de julio del año dos mil nueve, obrante a fs. 232/269, de estos autos originarios del 7° Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO A. RIVEROS dijo:

En la sentencia de primera instancia la juez dispone admitir parcialmente la demanda; y condenar al Dr. Nicolás Fiorentino para que en el plazo de diez días de quedar firme y consentida esta sentencia abone al actor Dr. A. H. M. P. la suma de Pesos cincuenta mil ($ 50.000), a esa fecha, en concepto de indemnización del daño moral; e impone las costas al demandado vencido.

La decisión extractada en el punto anterior es apelada por el actor a fs. 270, y por el demandado a fs. 273.

Respecto a los antecedentes del caso, considero que han sido bastamente relatados en la prolija relación que formula la Juez aquo, lo que hace innecesario cualquier reiteración y vale remitirse a ellos.

Abordando directamente la postulación de las partes resulta que el primero de los quejosos sostiene la impugnación con los siguientes agravios (que son expuestos a partir de a fs. 284).

Porque la juez fija el monto indemnizatorio al momento de la sentencia, y no al del hecho; no haciendo lugar a los intereses peticionados que se reclamaron desde que se produce el perjuicio.

Critica el razonamiento de la Juez cuando dijo " Sin embargo y teniendo en cuenta que a partir de que la Sentencia dictada por el Señor Juez Correccional N° 1 quedó firme y consentida, estuvo para el accionante expedita la vía a los fines de este reclamo y sin embargo lo impetró casi dos años después..." por lo cual fija la indemnización a favor del Dr. M. P. por la suma reclamada, pero a la fecha de la sentencia.

De ello que surge que para la indemnización fija el momento de la sentencia por la inactividad para impetrar el reclamo de daños, lo que es equivocado y carente de sustento legal; porque la demanda busca el resarcimiento del daño sufrido; y es a partir del momento en el cual se ha padecido que se genera la obligación de repararlo.

La sentencia lo único que hace es reconocerlo, y la obligación de indemnizar, pero ésta es preexistente.

No tiene asidero considerar la supuesta inactividad como fundamento del rechazo de intereses reclamados ya que la inactividad del ejercicio de un derecho tiene su límite en la prescripción; y el titular puede ejercerlo durante el plazo que estime conveniente.

El demandado ha producido una multiplicidad de actos ofensivos y agraviantes, generadores del daño; que se han sucedido y repetido en el tiempo, correspondiendo fijar, a los efectos de establecer el daño, la denuncia de juicio político efectuada el 310804, momento a partir del que se deben aplicar los intereses.

Estos agravios son contestados a fs. 302.

A su vez el demandado expresa agravios a fs. 288.

El motivo de disconformidad es la decisión adoptada por la juez; en la que incurre en deficiente apreciación de los hechos y de la prueba, como en la interpretación y aplicación de los principios y normas que rigen la materia, exhibiendo una fundamentación solo aparente afectando el debido proceso y garantía de defensa en juicio.

En general, se refiere a las consideraciones de la juez sobre "acusación calumniosa en el pedido de remoción de un Juez (punto II.a); a la "Acusación calumniosa ante la justicia Penal" (punto II.b); "Injurias"; "Daño..."; "Monto resarcitorio..", reiterando en este escrito los párrafos de la sentencia referido a estos tópicos, para arrancar a fs. 292 con la crítica que consiste en lo siguiente.

Estima equivocadas y carente de sustento las consideraciones por las que se lo condena a que abone la suma de $ 50.000 al actor, a la fecha de la sentencia en concepto de daño moral.

En particular, señala la subjetividad de la sentenciante al verse en la necesidad de remarcar "...., dejo establecido que el estudio y análisis de la pretensión como el pedido de su rechazo, han de ser encarados por la suscripta con la mayor imparcialidad a efectos de lograr el propósito de un fallo justo e independiente, tal como lo ha requerido la parte demandada ante la posición jerárquica del accionante respecto de esta Juez".

Lo que significa que ha sentido la necesidad de esforzarse en ser imparcial, reconociendo la posición jerárquica del accionante respecto de su persona y condición de juez, producto de su íntima convicción y honestidad con si misma.

No cree que ningún juez pueda tener objetividad.

Luego se ocupa de los considerandos por los que la juez aquo llega a concluir que se da el supuesto de "imputación falsa"; y califica el actuar del demandado diciendo "Considero fue imprudente, precipitada, ligera y negligente al tiempo de efectuar la acusación, lo cual demuestra en la especie los verdaderos elementos gravitantes de la antijuridicidad: la falsedad del hecho denunciado y con ello el daño producido".

Critica que la Juez se hace eco de las apreciaciones, interpretaciones y conclusiones de la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados, no obstante que han sido efectuadas con valoraciones políticas, y con la inmunidad de la que gozan los legisladores; como también, la interpretación y conclusiones del Dr. de la Torre, que importan, cambiar el contenido material propio y estricto de lo expresado en la mentada sentencia casatoria y que ha sido fijado como presupuesto base de la decisión, al sostener los Sres. Ministros de la Corte, que "El Doctor Alberto Marcelo Bustos, quien ejerció la representación legal del Juan José Cabañez, por un tiempo superior a los diecisiete años, resulta sorprendido cuando a estar a las constancias de autos es reemplazado por el doctor Nicolás Fiorentino, quien lo asiste, a los fines de que firme un convenio a través del cual se declara único responsable del accidente que sufriera a la edad de siete años..".

Este es el contenido jurídico de la sentencia, en su significación respecto del asunto litigioso; ello importa admitir el cambio del contenido de la mentada sentencia casatoria, mediante un nuevo juicio sobre el mismo asunto, por otras personas jueces e intérpretes políticos, que han impuesto este nuevo juicio y una decisión, sin otorgar derecho a la defensa; lo que significa, "una aberración jurídica, un dislate judicial", y deja claro que estamos en manos de personas poco serias, que nada les interesa el derecho y la justicia.

El sentido y/o contenido de la sentencia casatoria, ha sido cambiado y/o acomodado para justificar de algún modo a los Cortistas denunciados.

El contenido de una sentencia no puede quedar sujeto al capricho, la torpeza o la mala voluntad de terceros intérpretes.

Una vez la resolución judicial ha adquirido firmeza no cabe su modificación en forma alguna, ni siquiera de oficio y, en tal caso, su interpretación o aclaración, no cabe sino a los jueces que la han pronunciado.

La sentencia refleja una declaración clara que se supone efectuada con discernimiento e intención propia de parte de los sentenciantes, y no puede dar lugar a interpretaciones fuera del marco de aclaración previsto en los ordenamientos procesales.

La cosa Juzgada y la seguridad exigen certeza y/o positividad del contenido de la sentencia.

El carácter de verdad legal de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error.

Lo decidido en este caso es una falta de respeto que agudiza la deteriorada imagen del poder judicial.

En tal caso, en alusión al error de redacción sostenido por el Dr. De la torre , la existencia de error judicial debe ser verificada en el mismo proceso en que se habría cometido, debiéndose agotar para tratar de llegar a esa declaración, todos los recursos e instancias que hacen posible la reposición, la apelación, y excepcionalmente la nulidad y revisión.

De este modo, sostiene, se ha omitido considerar la exceptio veritatis, o excepción concerniente a la verdad o notoriedad del hecho atribuido por mi parte y que ha dado fundamento al pedido de juicio político, como a la respectiva denuncia penal.

Por eso mismo no se puede dejar de tener en cuenta que, en tal caso la denuncia o acusación ha obedecido, precisamente, al error de redacción que se menciona en la resolución del sumario n° 39.42604, caratulado.........".

Sostiene por ello, como fundamento del presente recurso, que por su parte no hay un obrar doloso al promover la acción penal y el juicio político, ni un proceder que evidencie culpa grave, toda vez que no puede afirmarse que la referida denuncia fuera deducida sin ningún fundamento, como arbitrariamente sostiene la sentencia recurrida; ello a partir que fue recepcionado el juicio político por la comisión Investigadora de la Sala acusadora de la C. Diputados.

No se trata de imputaciones falsas, es decir de hechos inexistentes en las que no se cuente justificación a la imputación.

Ha existido un claro antecedente que justifica moralmente la denuncia.

El juicio crítico de su parte se ciñe estrictamente a la sentencia en si misma considerada, al campo jurídico, al contenido y alcance, y no a la vida íntima de los Cortistas denunciados.

No puede ser considerado como un ataque sino un acto de legítima defensa, en resguardo de un interés público superior.

La responsabilidad que se le atribuye está enervada por la doctrina de la "real malicia".

Además que la responsabilidad civil requiere la producción de un daño cierto; de ahí que las injurias y calumnias no se castiguen como pura posibilidad de detrimento sino en la medida del efectivo resultado dañoso.

La honorabilidad de una persona no se logra ni se defiende con meras palabras sino con las acciones.

Sobre el daño afirma que el Código Civil no prevé la presunción iure et de iure del daño, y en el caso no se ha probado lesión alguna al honor del actor, a su prestigio profesional, condición humana o estado familiar o social.

Estos agravios fueron contestados a fs. 303.

Tratamiento de los agravios del demandado:

En cuanto a los comentarios que aluden a las expresiones de la juez, referidas al estudio y análisis imparcial de la pretensión, y a la producción de un fallo justo, independiente de la posición jerárquica del accionante, no llega de modo alguno a constituir agravio; tampoco afecta el acto jurisdiccional.

Igual, no puede extrañar al recurrente en tanto esas reflexiones no dejan de ser una respuesta a los comentarios que hizo cuando intentó la recusación generalizada de todo miembro del Poder Judicial, formulada al contestar demanda (fs. 160 y ss.), y que fuera rechazada por el anterior titular del Juzgado en fs. 177 y 179.

Sobre las considerandos de la juez aquo, y su conclusión, que se da el supuesto de "imputación falsa" objetó que se hiciera eco de las apreciaciones, interpretaciones y conclusiones de la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados.

Este agravio es inatendible.

Ello, porque así como no cabe a la juez aquo la revisión jurisdiccional de los actos cumplidos por el actor, en su función de Magistrado, o de aquellos que llevara a cabo la Comisión Investigadora, o los de la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados que merituó la denuncia; o del Juez Penal, tampoco le era posible que meritara el acierto de las consideraciones o conclusiones de esos organismos.

Entonces es correcto que partiera de esos presupuestos, que se encuentran firmes y, coincidiendo con el apelante, son irrevisables; por ende, inmodificables en un ámbito distinto a aquel en que fueron emitidos.

Tampoco cabe restarle mérito a las conclusiones de la Sala acusadora de la Cámara de Diputados porque realizara una "valoración política" y "con la inmunidad que gozan los legisladores".

Lo primero, porque justamente se trata de una valoración Política, desde que se realizó en el ámbito de un juicio político; que es un procedimiento político, con propósitos políticos, que está fundado en culpas políticas cuya consideración corresponde a un cuerpo político y subordinado a un juzgamiento político. (de ahí que su composición no sea exclusiva de juristas sino que está integrada por representantes del pueblo en sus diferentes estamentos).

Así lo entiende la doctrina y jurisprudencia en su inmensa mayoría, y así fue dicho por esta Sala en fallo registrado en L. de S. T° 72, f° 172196, autos "Podestá de Oro, Eduardo c/ Bustos, Alberto Marcelo Daños..", de fecha 150998.

"El juicio político es una institución específica acordada a la Cámara de Diputados por los art. 219 y sig. de la Constitución Provincial que tiene por finalidad puntual meritar la conducta de los magistrados de la Corte de Justicia y destituir al Juez acusado para el desempeño del cargo cuando, conforme su criterio de valoración, ha incurrido en alguna de las causales enumeradas en la norma de referencia.

En otras palabras, los diputados integrantes de la Cámara constituidos en jueces hacen una evaluación de la conducta del magistrado inculpado, pero se debe tener en cuenta ....esa evaluación es eminentemente política, es decir, en el sub lite es la opinión emitida por quienes rigen (diputados) los asuntos públicos del Estado sanjuanino".

Porque ha de distinguirse el juzgamiento que corresponde a los órganos jurisdiccionales sobre los casos sometidos a su decisión, del que tiene a su cargo un tribunal especial, como es el que prevé la Constitución Provincial para el supuesto de "Juicio Político", en cuyo ámbito no se analiza el caso controvertido, sino la actuación del Juez; con lo cual, la Resolución emitida por la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados es el instrumento del Organo competente, y sus consideraciones y conclusiones de modo alguno pueden verse modificada pues no ha de ser el Jurisdiccional quien haga tal valoración; que por ser "Política" no puede ser revisada sino por el Tribunal competente, y por casos de violación de las formas que hacen al resguardo de principios constitucionales como el de debido proceso y defensa.

La inmutabilidad de las sentencias y resoluciones, que pregona el apelante, es la que impide a la Juez volver, o inmiscuirse, sobre el juzgamiento que ya se hiciera en sede de la Cámara de Diputados.

De ello resulta que no se trata de un "nuevo juicio sobre el mismo asunto", o admitir que se cambió el contenido de la sentencia; de lo que se trata es enjuiciar políticamente al magistrado por la conducta asumida en el asunto que debía resolver, y no volver a enjuiciar al "asunto".

El diputado Alfredo Castillo así lo dice cuando se produce el "Dictamen" (copia de fs. 50 vta.) " ...no estamos juzgando ni analizando la sentencia, estamos analizando la conducta, la acción del funcionario público investido de poder entregado por el Estado para dar cumplimiento a su función..." La segunda imputación "inmunidad que gozan los integrantes de la Cámara de Diputados" aparece inapropiada.

El hecho que gocen, los integrantes de la Comisión Investigadora y Sala Acusadora, de inmunidad por ser legisladores, no implica presumir que su análisis será antojadizo, arbitrario, o apartado del recto proceder; ni ha de ser considerada sin siquiera un indicio cuando menos que lo demuestre que tal inmunidad sea un bill de indemnidad que les permita hacer lo que quieran, alejado de lo que corresponde, según las actuaciones que han analizado.

No es menos feliz decir que los "jueces e intérpretes políticos han impuesto un nuevo juicio y una decisión sin otorgar derecho de defensa... lo que significa una aberración jurídica, un dislate judicial, Y deja en claro que estamos en mano de personas poco serias, que nada les interesa el derecho y la justicia".

La apreciación y calificación vuelve a ser infundada, e inadmisible.

Lo que hoy califica de "nuevo juicio" no es otro que el promovido por el mismo demandado cuando hizo la denuncia; poniendo el comportamiento de los magistrados acusados a consideración de intérpretes políticos (Comisión Investigadora de la Sala Acusadora, contemplada por el art. 221 de la Constitución Provincial); que siguió el procedimiento contemplado en dicha Carta; y que emitió su Dictamen, según art. 222; la que goza de "....las más amplias facultades".

Entonces mal puede calificar de "dislate jurídico" el pronunciamiento del organismo competente; o quejarse del procedimiento cuando éste ha actuado según la previsión legal.

Más impropio, e injustificado aun, es calificar de "poco serias" a las personas que han participado; o a sus pensamientos.

O decir que la sentencia casatoria ha sido cambiada "acomodando para justificar de algún modo a los Cortistas denunciados".

En vista a ello para nada puede criticarse a la juez que inicie, y apoye sus argumentos y conclusiones, en lo resuelto por aquel organismo, que estuvo encargado de merituar si existieron los hechos que en la denuncia se atribuían a los Cortistas; si respondían al tipo legal; y en su caso la entidad, alcance y gravedad que revestían; es decir si había una acertada invocación de causales adecuadas al proceso que se había promovido.

Al respecto, si se lee el dictamen de la Comisión Investigadora, que es considerado en la Resolución N° 1, del 221004 de la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados, observamos que sobre la causal de "Mal Desempeño", considera que no se encuentra en las enumeradas en el art.

219 C.P.

por lo que no es causal de juicio político, abundando en consideraciones sobre el criterio restrictivo conque deben analizarse las previstas en la Constitución atendiendo al grave efecto que produce la destitución de un magistrado.

Además, que de los hechos denunciados, entiende que no tipifican la causal de "Falta de cumplimiento de los deberes a su cargo"; como así más adelante destaca, en vista de la querella promovida por el Dr. Nicolás Fiorentino c/ Alberto Marcelo Bustos, que se concluyó ".... sosteniendo que es posible que no se redactara un convenio documentado en un instrumento único con diversas cláusulas enumeradas, pero también es cierto que con la asistencia del letrado Fiorentino se "acordó", se "convino" desistir del proceso, reconocer documentadamente la responsabilidad de su "cliente" o "patrocinado" en el hecho que lo postrara, a cambio de diversas obligaciones a su favor..." Más adelante sostuvo que " En consecuencia la denuncia expresada en los siguientes términos "..Por haber incurrido en el delito de prevaricato..que interpretamos refiere a la causal prevista por el art. 219 de la Const. Prov. como "delitos en el ejercicio de sus funciones" no encuentra sustento porque los hechos interpretados conforme a derecho existen, según resulta de la prueba referida aun cuando tal interpretación haya sido contraria a la del denunciante y, no daría lugar, a criterio de esta Comisión, a la configuración de la figura prevista en el art. 269 del Cód. Penal, que tipifique para el caso el prevaricato....".

Sigue el apelante con la crítica porque la Juez omite considerar que no hay de su parte un obrar doloso, al promover la acción penal y el referido juicio político, ni un proceder que evidencie culpa grave, toda vez que no puede afirmarse que la denuncia fuera deducida sin ningún fundamento, como arbitrariamente sostiene la sentencia recurrida.

Agregó el apelante en su defensa que no se ha considerado la exceptio veritatis, o concerniente a la verdad o notoriedad del hecho atribuido; y en su caso que la denuncia ha obedecido al error de redacción que menciona el Juez Penal en la resolución del sumario n° 39.42604....".

Ante este ensayo observo una dualidad en el apelante al tiempo de ponderar la actuación basada en el error, o hecho confuso.

Pretende encontrar fundamento o explicación para su acusación ante el Organismo político, en la existencia de los hechos, o en el error que el Juez Penal advierte en la redacción de la sentencia casatoria cuando dice que es posible que no se redactara un convenio documentado en un instrumento único con diversas cláusulas enumeradas, pero también es cierto que con la asistencia del letrado Fiorentino se "acordó", se "convino" desistir del proceso, reconocer documentadamente la responsabilidad de su "cliente" o "patrocinado" en el hecho que lo postrara, a cambio de diversas obligaciones a su favor...".

Ahora bien, si pretende justificar su actitud acusadora en la existencia del hecho (sentencia de Corte que alude al "convenio") o el error de redacción, no analiza con igual tolerancia la sentencia casatoria; que también se pudo basar en la existencia del hecho (asesoramiento, patrocinamiento, o asistencia, brindada al Sr. Cabañez), o en la poca definición de esa actuación profesional del Dr. Fiorentino que igualmente pudo conducir a la Sala de la Corte de Justicia a interpretar o redactar erróneamente la sentencia.

Referente a la invocación de falta de dolo o culpa en la denuncia, entiendo que poco trasciende si hemos de valorarla como hecho generador de daño, desde que no es necesario indagar si estuvo en su ánimo el deseo de provocarlo, o si actuó con dolo o culpa grave porque tal como puede leerse en "Enciclopedia Jurídica Omeba (Tº XV, pág. 870/871): "En realidad, aún en el frondoso campo de los ánimos, cabe perfectamente admitir la injuria culposa.

Como ya indicamos, quien bromeando profiere palabras injuriosas no puede esperar siempre ser exculpado a causa de un ánimus jocandi absoluto que no existe, como no existe ningún otro.

Añádase que, como ya se indicó, dicho ánimo no excluye la concurrencia de otro, incluso el injuriandi.

En suma, nada se opone a una broma injuriosa, a un consejo injurioso o a una corrección injuriosa.

No hay exclusión en lo psicológico.

Una multiplicidad de ánimos, fines, tendencias y propósitos pueden coexistir siendo extremadamente difícil determinar cuál de todos ellos es el preponderante y como tal, el que debe tenerse en cuenta ".

La expresión injuriosa, de cualquier especie, sirve para admitir la indemnización de daños provocados por conductas lesivas que atacan al honor, desde que se desentiende del tipo penal y del dolo, dado que la protección civil del honor es más amplia que la penal, llegando incluso a comprender y ordenar su reparación por ataques producidos por culpa o negligencia.

De lo analizado hasta el presente resulta que se ha probado en la causa el actuar antijurídico en que incurriera el demandado formalizando una denuncia que, tal como se viera, carecía de razón y fundamentos para llegar al objetivo propuesto por el peticionante del juicio político.

Esa actitud antijurídica es la que ha generado en el denunciante la responsabilidad, conforme lo previsto por el art. 1.109 del Código Civil, y el consecuente deber de reparar el daño que ha ocasionado, porque como se dijera supra: "La petición de juicio político que tiene éxito causa daño, pero no es generadora de responsabilidad porque carece de antijuricidad.

En cambio, la que no es acogida y causa daño es generadora de responsabilidad, es un hecho antijurídico, ilícito porque contraría el principio de no dañar a otro, ergo le son aplicable los presupuestos generales del deber de reparar " (Conf. J.A. 1.993II, p. 67).

Más todavía si se trata de un profesional del derecho, que no puede dejar de ponderar si tiene una razonable expectativa de lograr el propósito fijado; por sobre todo si ha instado un procedimiento especial, que es excepcional, traumático por sí mismo, y que requiere de la existencia de hechos y circunstancias que, no solo deben ser criticables, sino además de extrema gravedad, configurativos de causales taxativas, que para más, son de interpretación restrictiva.

Lejos está de ser un justificativo afirmar que su denuncia se circunscribió al campo jurídico en lo que hace al contenido y alcance de la sentencia criticada; y que no puede ser considerado como un ataque, sino un acto de legítima defensa, en resguardo de un interés público superior que hace al interés general.

Vuelven a tomar importancia los conceptos respecto al ánimo que inspiró al demandado al tiempo de realizar la denuncia penal y pedido de juicio político.

Ciertamente, frente a una denuncia desestimada no cabe sino reconocer que faltó diligencia, prudencia y reflexión.

Ello, porque reforzando conceptos ya vertidos, no es decisiva para admitir la demanda la intención íntima del demandado al promover las denuncias, si ella fue de agraviar o injuriar, causar daño o molestar, o sólo el estricto ejercicio de un derecho; desde que el deber de reparar encuentra su génesis y sustento en la conducta del accionado que se ha traducido en un obrar contrario al orden jurídico (conf. L.L. t. 1.991E, p. 67), y que ha provocado el daño (art. 1.109 del C.Civil).

El rechazo del pedido de juicio político es clara demostración que no le asistía al solicitante derecho para hacerlo.

Al haber dicho la Comisión que la causal de "mal desempeño" no es de las previstas, y que los otros hechos imputados no son sino interpretaciones del Juez acusado, nos está reflejando no sólo la falta de gravedad extrema en las causas, sino también de la ausencia de causas adecuadas para pensar razonablemente en el éxito de la denuncia.

Constituye una carga, y obligación de todo ciudadano, saber frenar o contener la acusación injuriosa, desmedida, exagerada.

Injuria, desmesura y exageración que han de ser más patente y sancionables cuando quien cae en estos yerros es un profesional del derecho que, por su ciencia y experiencia, no puede sino ser un celoso auxiliar del sistema, y que ha de utilizar los medios legales disponibles, por los carriles y cauces previstos por las instituciones.

En tales consideraciones de la Comisión Investigadora queda plasmada la liviandad o ligereza de la denuncia.

Porque no cualquier causa, o cualquier equívoco del Juez constituirá motivos válidos para plantear un juicio político.

Y esas apreciaciones aparecen ineludibles en el denunciante al tiempo de valorar si se dan las condiciones necesarias para que su pedido tenga viabilidad.

Sobre el tema se ha dicho que "De manera que se requerirá un estudio previo del caso, la existencia de una probabilidad normal de éxito, una sólida base probatoria..." ( del fallo publicado en J.A. 1.993II, p. 70) "Nadie se levanta una mañana y decide solicitar un juicio político de un modo imprevisto; generalmente es un acto estudiado y motivo de asesoramiento; es cosa de abogados no de iletrados".

No haber invocado hechos reprochables, o haber acudido a aquellos que han sido calificados como carentes de eficacia y entidad, no modifica la situación; desde que siempre se está en ausencia de hechos criticables que justifiquen la promoción de un juicio de la excepcionalidad y gravedad que encierra uno como el solicitado, y que se dirigía a lograr la separación del cargo del denunciado.

Respecto a que el juicio crítico de su parte estuvo dirigido estrictamente a la sentencia en si misma considerada, y en modo alguno contra la vida íntima de los cortistas denunciados, es un argumento extraño a las constancias de autos, desde que se contradice con las precisas calificaciones proferidas a la persona del actor (junto a los otros integrantes de la Sala de la Corte) cuando los acusó por la comisión del delito de Prevaricato, que no puede sino producirlo una persona; otro tanto puede decirse cuando imputa "total falta de aptitud para el ejercicio, negligencia o falta de idoneidad moral"; igual, cuando sostiene que "la inconducta y accionar delictivo evidencian una actuación incompatible con la prudencia, imparcialidad y honestidad".

Con facilidad puede advertirse que no está refiriéndose in abstracto, o a la sentencia, sino a persona perfectamente determinada; no podría ser de otra manera cuando se le imputa que "En el desempeño de su función de Juzgar, se ha traspasado los límites de la discrecionalidad, alterando y trastocando la realidad de los hechos, con argumentos bien urdidos, bajo la apariencia de legítimo; más bien sutil, hábilmente pensados y disfrazados, con lo que han intentado esquivar la verdad; encontrándonos con verdaderos artistas del disfraz de la sentencia..."."como total falta de aptitud para el ejercicio, negligencia o falta de idoneidad moral" invocando igualmente "la inconducta y accionar delictivo que evidencian una actuación incompatible con la prudencia, imparcialidad y honestidad".

Ciertamente la imputación es agraviante en demasía; y mal puede decir ahora que se refería a la sentencia cuando de esa crítica no puede separarse a las personas que la producen.

La crítica al fallo involucra necesariamente a los sentenciadores.

Luego concluyo que por la denuncia el demandado desconoció, y puso en duda, la idoneidad del Dr. M. para el ejercicio de la función que desempeñaba, lo que resulta un hecho indiscutido si lo que pretendía el Dr. Fiorentino era que sea destituido, y para ello es que formula tan severa imputación que van a trascender el desempeño de su función.

Puso en duda su honestidad; su autoridad moral, y acusó habilidad para disfrazar, con lo que atribuye animosidad de ocultar o desconocer la verdad.

Pretender que esas expresiones se circunscribieron a la sentencia, o al ámbito jurídico, y no alcanzaran al sentenciante, es inaudible; por lo menos, inadmisible.

Del cúmulo de calificaciones, es inevitable el consecuente y natural desprestigio, que se potencia y sobredimensiona a medida que logra mayor difusión.

El pedido de juicio político adquiere divulgación por la propia trascendencia, por si mismo; apunta a miembros del más alto Tribunal de la Provincia, por tanto no es una noticia que pase desapercibida, menos si va acompañada de gruesas descalificaciones.

La publicidad y difusión se ha probado con los ejemplares de periódicos que se han acompañado al proceso.

En cuanto a la producción del daño, y su prueba, afirma que en ningún lado el C.C. establece un supuesto donde la existencia del daño se presume iure et de iure, y que el actor no ha probado lesión alguna a su nombre, a su prestigio profesional, a su condición humana o a su estado familiar o social; objeta la sentencia porque a la vez que la Sra. Juez aquo sostiene que el daño moral tiene que ser probado, por otro lado funda la decisión condenatoria en meras suposiciones.

Cuestiona que no ha dado pautas para conocer o apreciar objetivamente la trascendencia y adjetivación de la lesión en el medio familiar social o profesional del requirente del resarcimiento, la entidad del supuesto daño, o lesión no puede ser estimada en forma alguna.

Las supuestas malogradas intenciones de su parte al efectuar las denuncias de referencia no han logrado conmover calificación que pudiere ostentar el actor en su actividad como magistrado y estado familiar o social; no lo han echado del trabajo ni de la casa ni lo han apartado del medio social que suele frecuentar.

Sin duda que la imputación que hiciera el Dr. Fiorentino al Dr. M. no pueden menos que ser consideradas descalificantes de aptitudes y valores morales.

No es ésta una apreciación distinta a la que hiciera el peticionante de juicio político cuando, al alegar en el proceso penal que iniciara contra el Dr. Alberto M. Bustos dijo (fs. 94 del proceso penal de querella..), que se sentía afectado por las declaraciones de éste "de carácter imputativo, mediante la atribución de un delito que está determinado su calificación penal..."; a lo que agrega, como agravante "... la condición de letrado del imputado (Dr. Bustos) que ha llevado a que pueda determinar con la mayor amplitud y decisión".

Entonces, analizando el hecho agresivo observo, por un lado, el profundo efecto traumático que produce el pedido de juicio político en sí mismo; y por otro el de la imputación de hechos y conductas que, difundidas públicamente, desmerecen y desprestigian a cualquier persona que se le atribuyan, afectando el nombre, honor, generando sospecha sobre la idoneidad o aptitud para el cargo que ocupa.

De tal suerte que mal puede pedir que se acrediten los efectos de los agravios, si el hecho es por si mismo lesivo de un bien personalísimo del demandante.

Es que, a contrario de lo que entiende el demandado, la denuncia y pedido de destitución es en sí mismo, cuando menos, inquietante; por más tranquilidad de conciencia que se tenga, cuando, pedida la destitución ante el organismo competente se ponen en riesgo la fuente de trabajo, como así la estabilidad laboral del acusado en la especialidad que ha elegido ( carrera judicial) por la posibilidad cierta de la admisión del pedido; a lo que se suma el desprestigio que representa.

Habiéndose puesto en movimiento el mecanismo de juicio político, con el objeto de destitución, la sola posibilidad que se logre no puede resultar indiferente para el denunciado.

Si como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en Fallos 274:415, el pedido de juicio político, es excepcional, de extrema gravedad y "trae gran perturbación al servicio de justicia", no es dable pensar que el denunciado permanezca indiferente e imperturbable.

Entonces no cabe en el caso más que presumir la existencia de un sentimiento negativo, de una afectación y modificación disvaliosa del espíritu, que constituye una reacción natural, habitual y lógica de una persona frente a una denuncia en su contra.

Es el Dr. Fiorentino quien, al declarar en la querella en el fuero Penal, cuando se le pregunta porqué ha querellado al Dr. Bustos y no a los restantes profesionales, había dicho que " Porque las manifestaciones públicas han sido vertidas únicamente por el Dr. Bustos, concretamente en la grabación del video,....lo que me causó perjuicio fueron las manifestaciones públicas.." agregó luego que, " soy padre de familia y la imputación de un hecho delictivo no solo me afecta en forma particular, sino que afecta mi entorno familiar también...".

Con estas expresiones no está sino reconociendo la trascendencia y efecto que sus actos han producido con relación al Magistrado denunciado.

La publicidad que adquiere el pedido de separación del cargo, mediante juicio político, fundado en acusaciones que lesionan el prestigio del inculpado, ayuda a magnificar la lesión, pues al momento de ser desestimado la información no logra igual difusión; y aun cuando se hiciera en idéntica medida, bien es sabido que no llega a todos aquellos que tuvieron conocimiento de la promoción y acusaciones, con lo que se advierte una desigualdad y desequilibrio en eficacia de una y otra noticia que, en alguna medida, va a dejar un manto de dudas en la opinión.

Además, que no se da a conocer la merituación y conclusiones que sobre cada acusación hizo la Comisión de la Cámara de Diputados.

Sobre el agravio del actor, entiendo que tampoco va a prosperar: Ello así, ya que si bien le asiste razón al apelante en cuanto a que el transcurso del tiempo (argumento de la Juez aquo) no incide en la existencia del daño, ni en su reparación, ya tiene dicho esta Sala en antecedente Similar que " ..si bien ha sido aceptado como principio general por la jurisprudencia mayoritaria que en este tipo de procesos el interés legal se fije al momento de producirse el daño, el mismo reconoce excepciones, cuando por la singularidad del caso como ocurre en esta litis solo se ha reclamado indemnización por daño moral, cuya existencia, determinación y cuantificación se produjo al momento de dictar sentencia, en otras palabra, la existencia del monto indemnizatorio y su determinación objetiva constituía una suma ´incierta´, cuya certeza y liquidez se adquirió al momento de juzgar la causa.

Al respecto, Joaquín Llambías enseña que ´...lo que importa es la certeza de la obligación, es decir el conocimiento que tenga el deudor o deba tener de existencia y legitimidad de la obligación...(Trat. de Der. Civil obligaciones,T° II, pág. 221).

En el presente caso, tratándose de reparación de daño moral, la certeza para las partes se adquirió al momento de dictar sentencia considerando justo que los intereses rijan a partir de la fecha del fallo recurrido.

Así lo entendió en su voto el Dr. Alterini cuando juzgó que ´...si bien es admisible que conforme con el art. 1069 del Cód. Civil se apliquen intereses como derivación de la condena al pago de una suma indemnizatoria, correspondiente al perjuicio patrimonial, aunque no se le haya solicitado en concreto, tal aplicación no procede cuando la suma indemnizatoria corresponde al daño moral fijado prudencialmente al momento de la sentencia y respecto de cuya indemnización no cabe presumir haya habido una productividad frustrada de capital insatisfecho que constituye la razón de ser de la reclamación de los intereses en la cuenta indemnizatoria..." (Cám. Nac. Co. Sala B, Octubre 61976ED Disco Láser Albremática 1.994 Ref. 346023).

Entiendo que las costas generadas por el recurso de apelación del actor, pese al rechazo, deben soportarse por su orden.

Ello, porque tal como se indica al inicio del tratamiento de este agravio, le asiste razón al demandante cuando critica el razonamiento de la juez que fija el momento para calcular intereses atendiendo a la inactividad del actor para impetrar el reclamo de daños, con lo cual advierto que tuvo razón para apelar.

La improcedencia del recurso está apoyada en argumento propio de este Tribunal de Alzada.

Por otra parte, porque la aplicación de intereses a partir de la fecha de producción del hecho dañoso es el principio general aceptado por la mayoría de doctrina y jurisprudencia, y también por este Tribunal en casos anteriores (cuando se reclama indemnización por daño moral junto a otros rubros).

Entonces, la disparidad de soluciones, constituyen circunstancias que pudo razonablemente crear dudas, y en su caso persuadir al actor para pedir que se calculen de esa forma.

En mérito a ello voto por el rechazo del recurso del actor, con costas por su orden.

Voto por el rechazo del recurso del demandado, con costas a su cargo.

El DR. ROBERTO BUSTAMANTE dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. DELFOR BENITEZ, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde rechazar el recurso del actor, con costas por su orden.

Rechazar el recurso del demandado, con costas a su cargo.

Los DRES. ROBERTO BUSTAMANTE y DELFOR BENITEZ, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso interpuesto por el actor, con costas por su orden.

Rechazar el recurso del demandado, con costas a su cargo.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.