Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-04-09


AUTOS 111917 (C.C.Nº21495) DEL Quinto Juzgado Civil, CARATULADOS: "RUDATI Luciana Analía C/ Aguilar Olga Lidia y Otros - Escrituración".- PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2013- del Tº I -Fº109/113.- En la Ciudad de San Juan a 09 días del mes de abril de 2013, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Octavio Augusto Sánchez y el Sr. Vocal Dr. Oscar Roberto Otiñano, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs.86, contra la sentencia de fecha 22 de noviembre del año dos mil once, recaída en los presentes autos Nº111917 (C.C. Nº21495) caratulados: "RUDATI LUCIANA ANALIA C/ AGUILAR OLGA LIDIA Y OTROS - ESCRITURACION", dictada por el Sr. Juez titular del Quinto Juzgado Civil, obrante a fs. 72/75.- EL DR. OCTAVIO AUGUSTO SÁNCHEZ DIJO:

En la sentencia que obra a fs. 72-75, a cuyas consideraciones y constancias me remito en lo relativo a la relación de la causa, se resolvió "Hacer lugar parcialmente a la demanda en consecuencia declarar resuelto el contrato de cesión de derechos hereditarios de fecha 21 de septiembre del año 2000 celebrado por los demandados como cedentes y la actora como cesionaria, con costas.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.- La pretensión de daños y perjuicios que se determinarán en la etapa de ejecución de sentencia.- .................".- La sentencia fue apelada por la demandada quien la considera errada porque no ha rechazado en forma expresa la escrituración solicitada por la actora limitándose a admitir el reclamo subsidiario de resolución del contrato. En segundo lugar se queja porque el sentenciante difiere el tratamiento de los daños y perjuicios para la etapa de ejecución de sentencia, siendo que debió rechazarlos porque no fueron probados.

Los agravios fueron respondidos por la parte actora quien solicita el rechazo del recurso.- Tratamiento de los agravios Del análisis de las constancias de autos se advierte que, pese a la omisión en que incurrió el sentenciante al no señalar en la parte dispositiva de la sentencia que se rechazaba la demanda de escrituración, ese rechazo fue debidamente tratado y considerado por el sentenciante quien concretamente señaló en los considerandos que la falta de ratificación por parte de los cedentes y la disposición por parte de los coherederos de inscribir el bien en una forma distinta a la convenida en la cesión, sin lugar a dudas resulta una conducta reveladora de la intención de no llevar adelante la cesión de derechos hereditarios, por lo tanto no pueden pretenderse su cumplimiento con la escrituración.- Lo que sí corresponde, por resultar de aplicación lo dispuesto por los arts. 1197 y 1198 del Cód. Civil ya que las convenciones celebradas entre las partes constituyen ley para éstas y teniendo en cuenta que los contratos suscriptos y que son objeto de autos, se entienden celebrados de buena fe, se pretende por ello que su ejecución sea en tales términos "La buena fe en general se concibe como la convicción de obrar conforme al derecho, se define en este caso como buena fe probidad" o sea la recíproca lealtad que las partes se deben en todos los aspectos de la contratación, y esa lealtad debe apreciarse objetivamente, o sea, aplicando a cada situación el criterio de lo que hubieran hecho dos personas honorables y razonables." (cfr. MESSINEO, Doc. Gral.,II,p.110), así entonces se presume que las partes al contratar se han comprometido a cumplir con todas las cláusulas contractuales al suscribir los instrumentos aludidos y en el presente caso tal como se ha analizado las mismas no tiene intención de llevarlo adelante, por lo tanto y de conformidad a lo establecido por el art. 1204 del Código Civil, corresponde tener por resuelto el contrato de cesión de derechos hereditarios citados precedentemente...................................................." .

El defecto formal señalado no resulta de importancia fundamental en tanto no se advierte una violación a la garantía de la defensa en juicio y al principio de congruencia porque la función judicial se satisface en la medida en que el Juzgador se pronuncie sobre todas las cuestiones propuestas, pudiendo resolver en el punto en forma favorable o desfavorable a la pretensiones de ellas, pero siempre dentro de los límites del thema decidendum, los cuales no pueden ser excedidos, desde que son los justiciables los que precisan los hechos que deben ser materia de juzgamiento. Al decir de Guasp (Derecho Procesal Civil, Madrid, 1961 p. 533), el principio de congruencia consiste en "la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto". Lo contrario importaría conculcar lisa y llanamente la garantía de la defensa en juicio faltando a las reglas del debido proceso, que tienen raigambre constitucional (art. 18 C.N.) asegurado por el ordenamiento procesal al tratar sobre los deberes de los jueces (art. 35 inc. 5° ap. "c"), pues si bien compete calificar las relaciones jurídicas (iura novit curia), dicha facultad no se extiende a la admisión de defensas no esgrimidas, ni autoriza a apartarse de lo que tácitamente resulte de los términos de la litis (CSJN 19-9-78 Fallos : 300:1015; conf. L.A.-1980- T° III- F° 385/386; L.A. 1980-III- 464/465). Un pronunciamiento es arbitrario si al dictarlo los jueces han omitido decidir una cuestión oportunamente propuesta y conducente para la solución del litigio. No considerar el planteo de una circunstancia, hecho o defensa, significaría no escuchar a quien la expuso y esto evidentemente, quebranta la garantía de la defensa en juicio (P.R.E. S. 1º - 1990 - I - 39).

La garantía de la defensa en juicio no sólo resulta violada cuando a las partes no se les da la oportunidad de hacerse oír y ejercer sus derechos, sino también, cuando al justiciable se le niega la obtención de un pronunciamiento que defina su posición, esto es, cuando no se atiende en la resolución las cuestiones y argumentaciones expuestas, máxime cuando ellas son de entidad suficiente para influir en el decisorio. (P.R.E. S. 1º-1990-163; S.1º - 1991 - I -60; S.1º - 2000 - I- 151; P.R.E.- S.1º - 2000- II-351).- VOTO en consecuencia por el rechazo del primer agravio relativo al rechazo de la demanda en forma total como propicia el apelante en el memorial de agravios.

En relación al segundo agravio de la demandada estimo que le asiste razón pues el daño moral que se reclama en la demanda no ha sido debidamente justificado como corresponde. La doctrina mayoritaria ha dicho que en materia contractual no basta con invocar el daño moral, sino que debe acreditárselo pues dado que toda inejecución contractual provoca desilusiones, incertidumbres y otros padecimientos espirituales, para decidir si corresponde o no la indemnización por daño moral debe aplicarse un criterio restrictivo, exigiéndose la prueba concreta de la gravedad del daño sufrido (conf. Borda, G. ,"Tratado...........Tomo 1° -Obligaciones", pág. 203, edic. La Ley, año 2008). Ninguna probanza ha producido el actor en tal sentido por lo que VOTO para que el agravio de la demandada sea admitido disponiendo revocar la sentencia en la parte que dispone determinar el daño moral en la etapa de ejecución de sentencia y, en su, lugar disponer el rechazo del reclamo del mencionado daño moral.

Al respecto esta Sala 2da. ha señalado en casos anteriores que: "................. En lo atinente a la reparación del daño moral como consecuencia del incumplimiento contractual, el art. 522 del C.C. dice: "En los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso.".- De esta redacción legal se advierte, que mientras, refiriéndose a la responsabilidad extracontractual, la ley dice que la reparación "comprende" la indemnización del daño moral, en materia contractual el art. 522 dice que en los casos de responsabilidad contractual el juez "podrá" condenar al responsable a la reparación del daño moral que hubiere causado. Es decir, que mientras en el primer caso la ley le impone al juez la obligación de indemnizar ese daño, en el segundo simplemente lo faculta a hacerlo de acuerdo a las circunstancias del caso.-La doctrina y jurisprudencia han indicado que además de invocarlo, en los casos de responsabilidad contractual, el daño moral debe ser fehacientemente probado o acreditado pues dado que toda inejecución contractual provoca desilusión, incertidumbre, y otros padecimientos espirituales, para decidir si corresponde o no la indemnización por daño moral debe aplicarse un criterio restrictivo, exigiéndose la prueba concreta del daño sufrido ya que de lo contrario se estaría ante una reparación del daño moral en todo incumplimiento. Si bien el daño moral como consecuencia del incumplimiento contractual no es posible de prueba concreta, de lo que se trata es que el daño moral resulte evidente al criterio del juez que el padecimiento ocasionado por el incumplimiento tiene suficiente gravedad como para hacer justa la reparación. (Conf.: Borda, "Tratado............- Obligaciones", tomo 1, pág. 202 y ss. La Ley, año 2008).- En consonancia con lo que vengo señalando, esta Sala ha dicho que ".................La jurisprudencia se ha mostrado cauta al reconocer indemnización por daño moral contractual, tal como lo revelan los siguientes precedentes: La aplicación de la facultad otorgada por el art. 522 del C. Civil debe ser necesariamente restrictiva para que la reparación autorizada no se convierta en fuente de reclamos excesivos o que solo responden a una fingida susceptibilidad fuera de lo común, que refiere a un daño en realidad inexistente (E.D. 101, pág. 506, N°11; "La reparación del agravio moral, sobre todo en materia contractual, solo procede cuando se causa un daño particularmente grave, capaz de afectar hondamente los sentimientos del damnificado" (E.D. 101, pág. 567, N° 13); "El mero estado de incertidumbre o la eventual frustración del interés contractual no justifica la reparación del daño moral, ya que en el ámbito contractual lo que de ordinario resulta afectado es nada más que el interés económico que aparece suficientemente satisfecho con el cumplimiento por equivalente (idem cita anterior, N°14, etc.)......." L.S.- 1996- T° I - F° 186/189 .- También hemos indicado que Este tribunal siguiendo doctrina y jurisprudencia prácticamente unánime, ha dicho en forma reiterada que: "Para que prospere una demanda por daños y perjuicios por incumplimiento contractual no basta probar el incumplimiento ni que el mismo sea culposo o doloso, sino que hay que probar el daño. Sin prueba del daño no hay indemnización". (L.S. 1983 -I- 174/177; L. S. 1985 -I- 14/17; L. S. 1999 -I- 45/46; L.S. 2002 -III- 25/31, etc.). Esto es aplicable para todo tipo de daño, tanto material (patrimonial) como moral (lesión en los derechos extrapatrimoniales del sujeto, que afecten su honor, paz, dignidad, pudor, seguridad personal, afecciones legítimas, goce de sus derechos y bienes). Para ser indemnizable debe surgir un daño moral con entidad para ser indemnizado. En el sentido apuntado en Salas, Código Civil Anotado, T° 1, pág. 541, destaca que "...el daño moral supone la privación o disminución de aquellos bienes tienen una señalado valor en la vida del hombre, por lo que no cualquier inquietud o perturbación del ánimo lo configuran". L. de A. - 2003 - Tº II - F º 69/75- (Conf.: AUTOS 43.796 (C.C.Nº19.527) DEL PRIMER JUZGADO CIVIL, CARATULADOS: "GNOCATO RAUL OSCAR C/ PEREYRA REYES JUAN - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO".- PROTOCOLIZADO L.S.- 2010- T° I- F° 110/117.-) Costas de alzada Dado el éxito parcial obtenido por la demandada propongo que las costas de la alzada sean impuestas en un cincuenta por ciento a cargo de la actora y el restante cincuenta por ciento por el orden causado.

EL DR.OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

Admitir parcialmente el recurso de la demandada disponiendo confirmar el fallo apelado, salvo en lo atinente a lo resuelto respecto del daño moral, el cual se rechaza por los argumentos dados en los considerandos y revocando la parte de la sentencia que dispone la determinación de dicho daño en la etapa de ejecución.

Las costas de alzada se imponen en un cincuenta por ciento a cargo de la actora y el restante cincuenta por ciento por el orden causado.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

PROSECRETARIO AUXILIAR: DR. AGUSTIN RUGNA.