Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28


Causa Nº 10827-00-CC/2006 "Verdiel, Francisco Horacio s/Infr. art. 111 ley 1472- Apelación" En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de febrero del año 2007, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial, Marcela María Paz, a fs. 49/52 vta. de la presente, de la que:

RESULTA I.- Que a fs. 3 obra el acta contravencional labrada a Fabián Horacio Verdier, por la presunta comisión de la contravención prevista en el art. 111 de la Ley Nº 1472 el día 26 de marzo de 2006.

II.- Que a fs. 29, obra el telegrama cursado a Policia Federal, donde la Fiscalía Contravencional y de Faltas nº 7 solicita que se notifique a Fabián Horacio Verdiel, domiciliado en Barrio Piedrabuena, escalera 40 A PB B, de esta ciudad, respecto de la realización de la audiencia prevista en el art. 41 de la LPC, el día 8 de junio de 2006 a las 11:30 hs.

III.- Que a fs. 32 vta., luce el acta de audiencia fiscal, donde Fabián Horacio Verdier constituye domicilio en Barrio Piedrabuena, escalera 40 A PB B, de esta ciudad y hace uso de su derecho de negarse a declarar.

IV.- Que a fs. 33 vta., la Defensora Oficial, Marcela Maria Paz, solicita la suspensión del proceso a prueba proponiendo las siguientes reglas de conducta: fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de esta, cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere y cumplir instrucciones especiales consistentes en asistir al curso sobre alcohol y su influencia en la conducción que dicta el Departamento y Capacitación de la Dirección General de Educación Vial y Licencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El encartado ratifica lo requerido.

V.- Que a fs. 38, la Sra. Fiscal de Grado, Daniela Dupuy, presta su conformidad para que se proceda a la suspensión del juicio a prueba efectuada por la Defensa, toda vez que el imputado no posee antecedentes contravencionales.

VI.- Que a fs. 40, el Juez de grado, Javier Alejandro Buján, cita al encartado a la sede del Juzgado, a los fines de que preste conformidad a la suspensión de juicio solicitada. A tal fin, notifica a la Defensa Oficial.

VIII.- Que a fs. 42, el a quo -ante la incomparencia del imputado- corre vista a la Fiscalía y a la Defensoría.

IX.- Que a fs. 43/vta., la Fiscal de grado, contesta vista solicitando al Magistrado de grado que -ante la incomparencia del imputado- tenga por no formulada la solicitud de suspensión de juicio a prueba y devuelva las actuaciones a la Fiscalía a los fines de continuar con el proceso.

X.- Que a fs. 45/vta., el Sr. Defensor Oficial contesta vista sosteniendo que la petición de la Fiscalía es apresurada e infundada, puesto que su defendido no fue citado debidamente y no obra en el expediente constancia alguna por la que se haya citado al requerido a la sede del Juzgado. Por ende, solicita que se cite adecuadamente al encartado.

XI.- Que a fs. 46/48, el Magistrado de grado, resuelve tener por no pronunciado el pedido de suspensión del proceso a prueba y dispone la continuidad del proceso. Sostiene que conforme lo estipula el art. 45 CC, es función jurisdiccional aprobar o desaprobar tal acuerdo si tuviere motivos fundados para estimar que alguno de los intervinientes no se encontró en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza, por ende, resulta necesario conocer si el encartado conoce o pudo conocer el significado de la suspensión del proceso a prueba y si tuvo conocimiento que al solicitar la aplicación del instituto en cuestión está renunciando al derecho constitucional de la celebración de un debate oral público que ponga fin al estado de incertidumbre generado por la sospecha de su intervención en un hecho ilícito. En relación a esto, es que cita al encartado por intermedio de su defensa oficial, y al no haberse presentado ni justificado su inasistencia, es que entiende que el imputado no se conforma con lo acordado, máxime cuando es éste quien junto a su defensa solicita la aplicación del instituto. Por otra parte, entiende que la Defensora Oficial -al representar al imputado-, toda notificación que sea cursada a dicha dependencia oficial tiene el efecto de co nsiderar notificado al imputado, conforme lo prescriben los arts. 146 y 148 CPPN, en consecuencia, la Defensa Oficial será quien tenga el compromiso de comunicar lo resuelto a su defendido, en idéntico sentido que un defensor particular.

XII.- Que a fs. 49/52 vta., la Sra. Defensora Oficial interpone recurso de apelación contra lo resuelto por el a quo a fs. 46/48, por entender que se produjo un gravamen irreparable en perjuicio de su defendido, toda vez que la resolución recurrida torna virtual al derecho a obtener una sentencia definitiva en un plazo razonable y vulnera el principio de legalidad. También sostiene que el rechazo de la aplicación del instituto en cuestión se sustentó en una fundamentación errónea y arbitraria, violando de esta forma no solo la garantía de debido proceso, sino también el principio acusatorio, al desoír a las partes. Entiende además que el instituto es un derecho del imputado, por lo que una interpretación restrictiva del mismo debe ser taxativa. Por tanto, sostiene que de la lectura del art. 45 CC surge que el juzgador puede no aprobar la suspensión de juicio, pero solo en el caso en que considere que alguna de las partes no estuvo en igualdad de condiciones o bajo coacción, por lo que al rechazar la concesión del instituto por una razón diferente a la establecida por la ley, el Magistrado de grado se excedió en sus facultades, violando de esta forma el principio de legalidad. Así, manifiesta que es la ley la que indica cuando se puede conceder una suspensión de juicio a prueba, y no deja ello a criterio del Fiscal o del Juez. Por otra parte, en cuanto a la notificación efectuada en la sede de la defensoría, entiende que el Juez de grado realizó un errónea interpretación del último párrafo del art. 148 CPPN, puesto que se debió notificar al imputado personalmente al tratarse de una cuestión que afecta su libertad o patrimonio. Por último, entiende que la audiencia pretendida por el a quo no resulta indispensable, puesto que el imputado ha ratificado, con su firma, el escri to en el que se solicitó la concesión de la suspensión del juicio a prueba, así como de las pautas de conducta a las que se someterá. Finalmente, hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

XIII.- Que a fs. 57/60 vta., la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, dictamina que se declare mal concedido el recurso de apelación interpuesto. En primer lugar, sostiene que el recurso no fue interpuesto dentro del plazo legal, puesto que entiende que dicho plazo es de tres días y no de cinco. Manifiesta que dicho plazo debe regir en los casos que se impugnan actos distintos de la sentencia definitiva. Indica además, que si bien el Plenario Nº 6 de la Cámara, interpretó flexiblemente las normas vigentes en materia de recursos y de cómputo de plazos, habiendo uniformado el plazo en cinco días, el criterio general de actuación que demarca la Resolución FG Nº 98/06, impone plantear la extemporaneidad de los recursos que interpongan las otras partes fuera del termino de tres días. También, aduce que la apelación contra el auto que resuelve tener por no pronunciado un pedido de suspensión del proceso a prueba no esta expresamente prevista en la Ley de Procedimiento Contravencional. Por otra parte, entiende que existen otras etapas idóneas para obtener el amparo del supuesto "derecho a la suspensión del proceso" invocado por la Defensa. Manifiesta que bastaría con que el imputado compareciera a estar a derecho y se perfeccionara el trámite de rigor para decidir su concesión, puesto nada impide a las partes acordar nuevamente el beneficio y al juez resolver positivamente. Además, sostiene que al sustraerse el encartado voluntariamente del proceso, carece de facultad alguna de peticionar en la causa, en forma personal o por intermedio de su letrado defensor. Finalmente hace mención sobre el actuar de la Fiscal de Grado, en cuanto entiende que la misma debió acordar con el imputado la suspensión del juicio a prueba y no efectuar un mero consentimiento.

XIV.- Que a fs. 62/64 vta., el Sr. Defensor Oficial contesta la vista conferida, sosteniendo y ampliando los argumentos del recurso de apelación. En este punto, refiere que se equivoca la Sra. Fiscal de Cámara en cuanto el plazo para apelar actos diferentes a la sentencia definitiva sea de tres días, citando el Plenario Nº 6 de esta Cámara para sostener tal afirmación. Por otra parte, sostiene que la decisión de desconocer la existencia de la solicitud de la suspensión del proceso a prueba es equivalente a su rechazo.

XV.- Que a fs. 67 pasan los autos a resolver.

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación interpuesto lo ha sido en las condiciones y plazos establecidos por la Ley Nº 12, y por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo.

Asimismo, resulta necesario resaltar que si bien la Fiscal de Cámara sostuvo en su dictamen que el plazo para interponer recursos contra actos distintos de la sentencia definitiva es de tres días en lugar de cinco (basando tal postura en el criterio general de actuación que exige al Ministerio Público Fiscal la resolución FG Nº 98/06), en el Plenario Nº 6 de esta Cámara, llevado a cabo el día 12 de octubre de 2006, se estableció que el plazo para recurrir es de cinco días, por tanto no cabe apartarse de lo allí resuelto.

Aclarado ello, es dable recordar que esta Sala tiene dicho que la norma antes citada prevé expresamente la apelación de la sentencia, pero es de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 449 in fine CPPN -art. 6 LPC- que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen un gravamen irreparable al imputado. El que según se ha afirmado "...no se presta a una definición genérica y debe por lo tanto verificarse su concurrencia en cada caso concreto, puede decirse que aquél se presenta, fundamentalmente, cuando no existe otra oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que irroga la resolución..." (Palacio, Lino Enrique, "Los recursos en el proceso penal", Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As. 2001, págs. 60/61).

En este sentido, siendo que la resolución impugnada no se trata de una sentencia definitiva, cabe analizar si causa gravamen de imposible o difícil reparación ulterior, en los términos expresados, que habilite su procedencia. Al respecto, y del análisis del caso traído a examen, se desprende que el decisorio impugnado al tener como no pronunciada la suspensión del proceso a prueba generaría un gravamen irreparable al recurrente, puesto que en el supuesto de que la resolución adquiriera firmeza, la causa continuaría su trámite y el imputado podría ser sometido al juicio oral.

Por tanto, corresponde declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Oficial, obrante a fs. 49/52 vta.

SEGUNDA CUESTION Ahora bien, en lo relativo a la cuestión de fondo traída a estudio de esta Alzada, es dable analizar si tal como plantea la defensa, el decisorio impugnado que resuelve tener por no pronunciado el pedido de la suspensión de juicio resulta violatorio de los derechos constitucionales alegados, y por tanto contrario a derecho, o corresponde su confirmación.

En primer término, cabe afirmar que, tal como expresa la Defensa, la solicitud de la suspensión del juicio a prueba resulta un derecho del imputado y por tanto se requiere su petición para la procedencia. Al respecto, la doctrina sostiene que "...significa que sólo el imputado puede desencadenar la discusión acerca de la posible interrupción de la persecución penal y del sometimiento a prueba. Ningún otro sujeto del procedimiento puede provocar la suspensión del proceso penal contra la voluntad del propio imputado..." (Bovino, Alberto "La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal argentino", Bs. As. 2006, pág. 94). Sin embargo, en forma alguna este derecho significa que el pedido sea suficiente para suspender el juicio a prueba en materia contravencional.

Aclarado ello, de lo resuelto por el a quo a fs. 46/48 se desprende que el fundamento brindado para tener por no pronunciado el pedido de suspensión del proceso a prueba, se basó en la incomparencia del imputado a las audiencias fijadas a fs. 40 y 41, de las que surge que las citaciones efectuadas al encartado fueron notificadas sólo a la Defensora Oficial, pese a que no había constituido domicilio en dicha sede.

Ingresando al análisis de la cuestión, cabe mencionar que el art. 12 de la ley de procedimiento contravencional señala claramente que el imputado en su primera presentación elige donde constituir su domicilio a los efectos legales, "...donde se consideran válidas todas las citaciones y notificaciones" y solo en caso de que no haga uso de esta opción se lo tiene por constituido en el domicilio de su abogado particular, o en su caso, en el de su defensor oficial (cfr. 2do párr. art. 12, LPC).

En el presente caso, Fabián Horacio Verdier, al momento de celebrarse la audiencia prevista en el art. 41 LPC cuya acta obra a fs. 32/vta, constituyó domicilio a los efectos legales en Barrio Piedrabuena, escalera 40 A PB B, de esta Ciudad, que es el que diera como propio. Por tanto, y siendo que según se desprende de la presente, la notificación fue cursada solo a la Sra. Defensora Oficial a su despacho, es dable afirmar que el encartado no se encuentra debidamente notificado.

Teniendo en cuenta ello, y dado que el Judicante resolvió tener por no pronunciada la solicitud de probation requerida por la Defensa por no haber comparecido el imputado, pese a que no había sido legalmente notificado, corresponde declarar la nulidad del procedimiento a partir del decisorio cuestionado (art. 166 y sgtes. CPPN).

A mayor abundamiento, y si bien esta Sala ya ha dicho que "...la notificación a la defensa en la oficina, conforme las disposiciones del art. 148 CPPN, ella resulta válida por tratarse del domicilio constituido en autos por el imputado, pues el cumplimiento de aquella en dicho lugar, implica el anoticiamiento de ambos -defensor y asistido- del decreto que fijó la audiencia de juicio."(Causa 205-00-CC/2004, Morales, Norberto Francisco s/arts. 41 y 42, rta. el 17/08/04), en el supuesto de autos, a diferencia de la causa citada, el imputado constituyó domicilio en un lugar distinto al de su defensor, por lo cual, la notificación a la Defensa en su oficina no puede suplir la notificación al domicilio efectivamente constituido por el encartado, lo contrario implicaría interpretar analógicamente y in malam partem, lo dispuesto en el art. 12 de la LPC, que tal como se afirmó, prevé expresamente que las citaciones y notificaciones deben cursarse al domicilio constituido por el imputado.

Por último, resta agregar que respecto de la facultad del a quo para realizar una audiencia con el encartado, previo a la decisión sobre la suspensión del juicio a prueba, tampoco asiste razón a la Defensa en cuanto esta es indispensable, por resultar un medio idóneo para que el Magistrado pueda conocer si las partes estuvieron en igualdad de condiciones al momento de acordar el beneficio o actuaron bajo coacción o amenaza, tal como lo exige el art. 45 CC (Causa N° 11217-01-CC/2006 (75/06) "Recurso de queja en autos Ali, Oscar Néstor s/ infr. art. 83 Ley 1472", rta. el 28/11/06).

En razón de todo lo expuesto, este Tribunal, RESUELVE Declarar la NULIDAD del procedimiento a partir del decisorio de fecha 15 de noviembre de 2006, obrante a fs. 46/48 y todo lo obrante a consecuencia, en cuanto resuelve tener por no pronunciado el pedido de suspensión del proceso a prueba y dispone la continuidad del proceso (arts. 123, 166 y cdtes. del CPPN, art. 6 LPC).

Regístrese, recaratúlese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente devuélvase al juzgado de origen a sus efectos.

Ante mi