marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, demanda de verificación, constitucionalidad, Ley de Procedimiento Tributario
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHAUSOVSKY,  EDGARDO  ARIEL s/ QUIEBRA  S/ INC. DE REVISION POR AFIP.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-06

Dictamen fiscal 92941:

Resulta improcedente declarar la inconstitucionalidad de la Ley 11683 art.37 y 52 (t.o. 1998), normas sobre las cuales el organismo recaudador baso su pretensión al momento de solicitar la verificación de los intereses, toda vez que las declaraciones que excluyen la validez de normas legales en virtud de planteos de inconstitucionalidad, constituyen la última ratio del orden jurídico y requieren no sólo la aserción de existir un agravio, sino su comprobación en el caso concreto. En tal sentido cabe destacar, que la mentada ley ha implementado un sistema para el cálculo de los intereses al momento de ocurrir a la vía judicial. En este contexto, ha facultado a la secretaría de ingresos públicos a fijar una tasa y el mecanismo de aplicación, que no debe exceder en mas de la mitad la tasa que deba aplicarse conforme a las previsiones del art. 42. En el marco de esas expresas atribuciones administrativas, la mentada institución dictó la resolución que fija el interés punitorio, que no puede tacharse de inconstitucional, toda vez que no transgrede los lindes establecidos por la norma fundamental. La Corte Suprema ha establecido a partir del caso "A.M. Delfino y CIA.", que existe un distingo fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al poder ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para su ejecución, sosteniendo que lo primero no puede hacerse, pero lo segundo es admitido. Asimismo, las normas de derecho privado y público fiscal actúan, frecuentemente, en ámbitos diferentes y persiguen objetivos distintos; de esto se deriva que el estado, con fines impositivos, tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se vean afectadas en la esfera que les es propia (fallos 314:458).
Despojo, usurpación de inmueble, cambio de cerradura
Materia: PENAL
Carátula: LOMBARDERO NIEVES c/ DAVILA, Humberto s/ INTERDICTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-25

Si se ha acreditado la calidad de tenedora de la actora, como así también la existencia del despojo, en tanto el demandado reconoció haber procedido a cambiar la cerradura del inmueble objeto de la litis a fin de impedir el ingreso de la accionante, resulta irrelevante determinar si medió violencia o clandestinidad, ya que por vías de hecho, no se le ha permitido a esta última ingresar en la finca, privándola de la relación fáctica que hasta ese momento había detentado con la cosa.
Menor impúber, incapacidad absoluta, partes del proceso, calidad de parte
Materia: CIVIL
Carátula: M., G. c/ P., C. A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-26

Cabe confirmar la sentencia que rechazó el pedido formulado por una menor de once años a fin de ser tenida por parte- por derecho propio y con el patrocinio de un letrado de su confianza- en el juicio de tenencia entablado entre los progenitores, pues ponderando las particulares circunstancias de autos- de las que surge que no se trata de una persona institucionalizada, dado que vive con su madre con quien desearía permanecer y ésta no ha sido privada de la patria potestad- , la solución aportada por el a quo no aparece como irrazonable ni incurre en una restricción relevante del derecho de defensa.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Ley sobre riesgos del trabajo, accidente in itinere, muerte natural, muerte del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Martinez, Teodora c/ La Holando Sudamericana Cía. de Seguros SA s/ Accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-27

El actor falleció por causas naturales, sobre el cual no hay prueba alguna que lo vincule en absoluto con la condición de trabajador ni tampoco con el viaje que necesariamente debía realizar para concurrir a su trabajo. Ello excluye la aplicación de la ley 24.557 que se refiere exclusivamente a accidentes del trabajo, es decir acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, o enfermedades profesionales contraídas con motivo de la prestación de servicios, o bien afecciones o influidas específicamente por las labores cumplidas. Por lo tanto, sufrir un paro cardiorespiratorio "rumbo al trabajo" no se encuentra dentro de las prescripciones de la LRT.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, garantías procesales, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Reynot Blanco, Salvador Carlos c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-12

Frente a la significativa extensión del tiempo transcurrido desde el llamamiento de autos para sentencia, evidentes razones de economía procesal como las señaladas por el Tribunal en los precedentes "Punte" y "Cohen", así como la adecuada preservación de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del debido proceso que asisten a las partes, en cuanto comprenden la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin a la controversia, llevan a dejar de lado el nuevo contorno del concepto de causa civil definido en la causa "Barreto" , entre otros, y en consecuencia, a mantener su competencia originaria para dictar sentencia definitiva en el asunto en que se demanda a una provincia por responsabilidad a raíz del cumplimeinto irregular de su función registral.
Concubinato, sociedad de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: Sucesores de A.U. c/ M.B., C. s/ Sumario -Desalojo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-27

A los fines de acreditar la existencia de una sociedad de hecho en la relación concubinaria, no es suficiente acreditar la existencia de aportes, sino que los mismos están destinados a desarrollar una gestión económica con miras a obtener una utilidad traducible en dinero, participando ambas partes en las ganancias y en las perdidas, que la empresa común pueda producir.
Cláusula penal, actualización monetaria, mora del vendedor, abuso del derecho
Materia: CIVIL
Carátula: VALERIANO BUENAVENTURA MARGARITA. c/ SPAGNOLLO LEONARDO. s/ ESCRITURACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

La depreciación continua de la moneda, que padece nuestro país desde hace cuarenta años, se ha convertido en una enfermedad socio económica crónica que altera, profundamente, el equilibrio de las prestaciones en los contratos y, en cuanto a las cláusulas penales ha llegado a afectar a tal punto sus funciones compulsiva y resarcitoria que, en muchos casos aquéllas han quedado reducidas a ser "espantapájaros", como gráficamente expresa Cazeaux glosando a los Mazeaud.

Esa circunstancia ha desvirtuado de hecho la inmutabilidad de esas cláusulas que establece el art. 655 del Código Civil e imponía el art. 522 en su texto anterior a su reforma por la ley 17.711 y, por ello, la Corte Suprema ha resuelto que corresponde revalorizarlas en función de la depreciación monetaria, cuando media mora del deudor, y se ha vulnerado la plenitud resarcitoria que aquéllas tienen.

La revalorización no es aplicable a cualquier situación influida en alguna medida por la inflación, sino cuando la equidad y las circunstancias del caso lo justifiquen.

Habiendo transcurrido 35 meses desde la mora de los vendedores, la revalorización de la pena por la depreciación monetaria configura un abuso del derecho, que los Jueces no pueden admitir en virtud de lo dispuesto en el art. 1071 del Código Civil, porque insumiría un monto desmesurado en comparación con el precio convenido.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Herrera de Odino, Rosa y otros c/ Eustaquio Apolinar Sayago s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-23

Quien conduce una motocicleta, dada su escasa estabilidad y su mayor peligrosidad (para el conductor, acompañantes y terceros), está obligado a adoptar precauciones mayores que las de los automovilistas.
Competencia, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Flor de Lis S.A. s/ Medida Preliminar
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-03-13

El criterio doctrinario y jurisprudencial más generalizado señala que si la medida fue decretada por un juez incompetente, aunque sea válida, no prorrogará su competencia; es juez competente el del proceso principal en atención a la accesoriedad de las medidas preliminares.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, empresas de servicios eventuales
Materia: LABORAL
Carátula: VARGAS, LUCIANO c/ KRONEX Y OTRA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-15

Para que las tareas desempeñadas por el actor resulten encuadradas en la excepción del último párrafo del art. 29 de la LCT no basta con que la empresa de servicios eventuales sea una empresa reconocida al efecto por la autoridad de aplicación, sino que es necesario que los servicios prestados por el trabajador encuadren en las hipótesis contempladas en el art. 99 LCT.
Acción contencioso administrativa, rechazo de la demanda, responsabilidad objetiva
Materia: PENAL
Carátula: MINERA DEL ALTIPLANO SA c/ PCIA. DE CATAMARCA - PODER EJECUTIVO, SECRETARÍA DEL ESTADO DEL AMBIENTE y DESARROLLO SUSTENTABLE s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2016-08-17

Debe rechazarse la acción contencioso administrativa interpuesta por Minera del Altiplano S.A., toda vez que la pretensión de que se analice el elemento subjetivo o la culpabilidad del agente como paso previo a una sanción no tendrá una respuesta favorable, ya que en principio, en materia ambiental, la responsabilidad objetiva que es aquella que surge sin que sea necesaria la culpa o la negligencia del causante, se impone, pues la idea de culpa ha sido sustituida por la de riesgo. (Del voto del Dr. Cáceres).
Recurso extraordinario, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: PUERTA JORGE ORLANDO c/ RODAR S.R.L. s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-08

El planteo de la cuestión constitucional si bien no exige de formulas sacramentales, requiere un planteo; inequívoco, concreto, expreso, poniendo de relieve de que manera la sentencia recurrida violenta derechos de raigambre constitucional, mencionando concretamente cuales son tales derechos, y la relación concreta con el caso. No haciéndolo así, debe concluirse en el cumplimiento de la exigencia prevista en el art. 12 de la ley 2275 y con ello, en la inadmisión formal del recurso intentado.
Cohecho, cohecho activo, delito experimental, delito de pura actividad
Materia: PENAL
Carátula: Navarro, Sandra y otro. s/ Tentativa de Cohecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-15

Resulta completamente extraña a la figura del art. 258 del Código Penal el comportamiento que a continuación puede adoptar el funcionario a quien se le hace el ofrecimiento.

Así, se ha sostenido que se trata de un delito de pura actividad; que no requiere de complemento externo o resultado material que, simulado por un tercero con fines de aprehensión, pudiera conducir al denominado delito experimental. La actitud del destinatario de la dádiva no pertenece al tipo objetivo de este delito al punto que el rechazo del dinero en nada afecta la integridad del injusto ya cometido del autor con la simple propuesta venal.
Responsabilidad del Estado, asistencia sanitaria, derecho a la salud, derecho a la vida, jerarquía constitucional, subsidiaridad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

Los derechos a la vida y a la preservación de la salud reconocidos por los arts. 14, 14 bis, 18, 19 y 33 de la Ley Fundamental y los tratados internacionales de jerarquía constitucional, conllevan deberes correlativos que el Estado debe asumir en la organización del servicio sanitario. El principio de actuación subsidiaria que rige en esta materia se articula con la regla de solidaridad social, pues el Estado debe garantizar una cobertura asistencial a todos los ciudadanos, sin discriminación social, económica, cultural o geográfica (art. 1, ley 23.661), y ello impone su intervención cuando se encuentra superada la capacidad de previsión de los individuos o pequeñas comunidades.

(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, universidades
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MAGDALENA MARIA ROSA WILDE DE PARRAVICINI c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO" s/ JUICIO ORDINARIO.    UNIVERSIDAD.    ESTABILIDAD DEL EMPLEADO PUBLICO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

Procede el recurso extraordinario cuando se ha puesto en cuestión los alcances de una cláusula constitucional y la inteligencia de otras normas federales.
Sustracción internacional de menores, restitución internacional de menores, derechos del niño
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

Las palabras escogidas por el art. 13, párrafo primero, inc. "b" de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (ley 23.857), para describir los supuestos de excepción (grave riesgo de exposición a peligro físico o psíquico, o situación intolerable), revelan el carácter riguroso con que se debe ponderar el material fáctico de la causa a efectos de no frustrar la efectividad de la convención.
Instrumentos públicos, plena fe, simulación, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: B., M.L. c/ E., S. s/ SIMULACIÓN O FRAUDE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-21

Si bien un instrumento público goza de plena fe, no ampara la sinceridad de lo manifestado por los intervinientes del acto, pero quien pretende calificarlo de simulado carga con la prueba.

Las constancias de una declaración fiscal anual correspondiente al impuesto a las ganancias que daría cuenta del ejercicio fiscal con patrimonio negativo de quien dona a otro una importante suma de dinero, es una prueba insuficiente para demostrar la ausencia de recursos, si hay otras pruebas que informan -directa o indirectamente- del importante patrimonio del donante.

(Sumario N°19045 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Requerimiento de elevación a juicio, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

El tribunal se encuentra sólo habilitado a juzgar dentro del marco establecido en el requerimiento de elevación a juicio, pues es su deber respetar el principio de congruencia.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sainz, Rodolfo c/ Gaitan, Nilda s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-24

El título o instrumento ejecutivo debe bastarse a sí mismo, resultando indispensable que el documento que le sirve de base contenga todos los elementos necesarios para que el proceso de ejecución resulte viable, siendo ajeno a su esencia la completividad con elemento alguno.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, fuga del enfermo
Materia: CIVIL
Carátula: GIMENEZ, URBANO I. c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y ACCION SOCIAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-02

La fuga de un enfermo psiquiátrico del hospital especializado es sólo atribuible a la falta de servicio del nosocomio estatal, haciendo responsable al Estado por los daños que pudo haberse ocasionado al enfermo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley penal más benigna, leyes, interpretación de la ley, proceso penal, imputado, prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad
Materia: PENAL
Carátula: G, M L  Y  E, A M V DE s/ La cuestión a resolver: ¿El cómputo que establece el artículo 7 de  la ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al  tiempo de la vigencia de la ley, que continuan privados de su libertad? (Expte. Nro. 29-95; Expte. Nro. 28-95) (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-11

El legislador argentino que dispone sobre una problemática que atañe a los principios generales, sustanciales del derecho penal, sabe que se inserta en un contexto donde impera el principio de benignidad del artículo 2 del Código Penal. Por ende, si se quiere restringir -para los casos que ahora legisla- dicho principio, y puede hacerlo ya que se lo faculta expresamente el artículo 4 del mismo digesto, debe hacerlo expresamente. No existe en la ley 24390 tal restricción expresa, y tenerla por voluntad de la ley por vía de la interpretación sería un supuesto de ésta in malam partem: por ejemplo la que devendría de querer ver tal restricción en las palabras "...casos comprendidos en esta ley...", ya que la voluntas legis, en tal sentido no admite otra forma lógica e irrefutable que la de legislar expresamente "no se aplica el principio de benignidad para los casos comprendidos en esta ley". (Voto del Dr. Mestres).

En el caso la cuestión a resolver es ¿El cómputo que establece el artículo 7 de la Ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al tiempo de la vigencia de la ley, que continúan privados de su libertad?
Remuneración, salarios adeudados
Materia: LABORAL
Carátula: Etchegoyen, Facundo Esteban c/ Remises Urquiza y/u otros s/ Despido y rubros adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-05-12

La incidencia del momento en que se formula un reclamo por salarios o diferencias en los mismos adeudados, se ha tenido en cuenta a los fines de evaluar tal incumplimiento patronal como configurativo de injuria que autorice al trabajador a darse por despedido, pero no para determinar la procedencia del derecho a percibir las sumas correspondientes a los mismos.Constituyendo cuestión firme que medió la relación laboral invocada en la demanda y que el fallo nada expresa sobre una fecha de extinción distinta a la afirmada en la misma, deviene indiscutible el derecho del trabajador a percibir la contraprestación que por ella correspondía le abonara el empleador artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo- en el período por el que formulara el reclamo.Ante ello, la única razón que habilitaría el rechazo de los salarios reclamados sería la acreditación por parte de la patronal de haber efectivizado su pago, lo que debía haber realizado por el medio idóneo de instrumentación, tal la presentación de los recibos correspondientes-artículo 138 de la citada norma-. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal General de Investigaciones Administrativas del Chubut s/ Presentación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-23

Si bien es cierto que el plazo razonable debe de ponderarse siguiendo las particularidades del supuesto en que ha sido invocado, no menos cierto es que: "... La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia puede servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales, consideró que el concepto de plazo razonable al que se hace referencia en el art. 8 º, inc. 1º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe medirse en relación a una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competente en la conducción del proceso...".

La pertinencia de la cita finca en que, si acaso se pretendiera que el plazo del art. 294 inc. 6° del adjetivo es ordenatorio, la palmaria defección del Estado en la preparación del caso- casi cuatro años han mediado desde la declaración del imputado hasta la iniciativa fiscal- no atribuible al perseguido ni a dificultades propias de la complejidad en la investigación, sería operativa la garantía que resguarda el derecho que la Corte Suprema, con pertinacia, ha reivindicado.
Nulidad procesal, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: "B. M. PRODUCCIONES" s/ Régimen Penal Tributario Causa 34630
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-31

Si la instrucción del proceso fue iniciada sin que mediara ningún requerimiento o prevención que autorizase el Juez a disponerla, tal omisión de la forma establecida en el art. 195 del Código Procesal Penal (Ley 23984) conduce a la anulación de todo lo actuado, aún no habiendo sido requerida, puesto que la iniciación oficiosa en franca transgresión de la ley vigente, implica una violación del resguardo de la defensa en juicio establecido en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Infracciones relacionadas con los derechos del consumidor, información al consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: Victorina María Vargas c/ Firmat Planauto S.A. s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. Nº B-174.984/07 (Sala III - Cámara Civil y Comercial) Sumarísimo por cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2016-03-07

Corresponde hacer lugar a la indemnización integral reclamada por quien suscribió un Título de Capitalización y Ahorro para la entrega de un automotor por sorteo y al presentarse a requerir su premio, conforme el número sorteado en la Lotería Nacional, se anotició en ese acto del cambio de modalidad del mismo, toda vez que el daño moral reclamado se encuentra configurado por las expectativas que asumió la actora al detentar el número ganador, conforme sorteo de la Lotería Nacional, generadas por la falta de información y la frustración que experimentó ante la modificación de la modalidad oportunamente fijada y que derivó de la falta de información adecuada y oportuna imputable a la accionada.
Confirmación de sentencia, procesamiento, abuso de autoridad, lesiones, concurso ideal, procedimiento policial
Materia: PENAL
Carátula: P, R. R. s/abuso de autoridad y lesiones c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-13

El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "P, R. R. s/abuso de autoridad y lesiones" (causa Nº 27.116/13) resuelta el 13/8/2019 donde los vocales Hernán López, Magdalena Laiño e Ignacio Rodriguez Varela, confirmaron el auto del juez de la instancia de origen que dispuso el procesamiento de R. R. P. en calidad de coautor del delito de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves -treinta y dos damnificados-.