Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-31


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 88063 CAUSA NRO. 45.690/09 AUTOS: "LONGO LUIS ALFREDO C/ BATEL INTERNACIONAL S.R.L. Y OTROS S/ DESPIDO"" JUZGADO NRO. 55	SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

El Doctor Vilela dijo:

I)- Contra la sentencia de fs.651/660 apelan la parte actora y las demandadas Telecom Argentina SA y Nokia Siemens Networks Argentina SA, presentando sus memoriales a fs.668/670, fs.661/665 y fs.672/675 respectivamente. El perito contador apela sus honorarios a fs.666.

II)- La codemandada Telecom Argentina SA se queja porque se la declaró solidariamente responsable en los términos del art.30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Apela la distribución de las costas en el orden causado, y los honorarios regulados a la representación letrada del actor y al perito contador por estimarlos elevados.

El actor, a su turno, cuestiona que se hubiera considerado que la actividad de instalación de líneas telefónicas nuevas encuadra en el ámbito de aplicación de la ley 22.250 y no en el CCT 567/2003. Insiste en esta última normativa y subsidiariamente, solicita las multas de los arts.15, 18 y 33 incs.a, b y c de la ley 22.250 bajo la invocación de que no se habría dado cumplimiento a dicho régimen especial. Apela el rechazo de la sanción del art.132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que se hubiera omitido fijar astreintes y la distribución de las costas. Su representación letrada apela los honorarios que le fueran regulados, por estimarlos reducidos.	La codemandada Nokia Siemens Networks Argentina SA también apela la condena, en forma solidaria y en virtud del art.30 de la Ley de Contrato de Trabajo, al pago de los créditos que se declararan procedentes. Sostiene que, a pesar de no hallarse comprendida en las prescripciones de dicha normativa, dio cumplimiento a la obligación de control que ella impone. Se queja por la extensión de la condena al pago de la sanción sustentada en el art.80 de la LCT, la distribución de las costas, y por considerar elevados la totalidad de los honorarios regulados a los profesionales intervinientes en autos.

III)- En primer lugar, es preciso señalar que el actor fue empleado de las firmas Mabrinet SRL hasta diciembre de 2007, y luego de Batel Internacional SRL y Nucon SA, entre febrero y agosto de 2008, que realizó tareas de instalador de líneas telefónicas a las órdenes de las empresas de referencia, quienes actuaron como contratistas de las demandadas Telecom Argentina SA y Nokia Siemens Networks Argentina SA, firmas que tercerizaron la instalación de las líneas y que insisten en que ello no forma parte de su actividad normal y específica propia. El sentenciante de grado fundó su conclusión relativa a que la actividad que cumplían las empleadoras del actor era inherente a la industria de la construcción tanto en función de lo informado por la Inspección General de Justicia a fs.423/531, como por el IERIC (fs.354), y el análisis de las declaraciones testimoniales de Escudero (fs.331/322), Artacho (fs.336/337) y Jaime (fs.572/573), quienes coincidieron en señalar que se dedicaban a la instalación de líneas telefónicas nuevas. El actor soslayó estos elementos, que conforman el sustento de la decisión del Juez "a quo", y se limita en su memorial a transcribir el art.1 de la ley 22.250 y a citar jurisprudencia en apoyo de su tesitura. Considero que el recurso se encuentra desierto sobre el punto, toda vez que no constituye una crítica concreta y razonada a los fundamentos expuestos, por lo que no cumple con lo normado por el art.116 de la LO. Por otra parte, el tendido de cables para líneas telefónicas nuevas se encuentra regido por las disposiciones de la ley 22.250, pues el inciso a) del artículo 1° de dicha ley contempla expresamente al "empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura", lo que incluye el montaje o instalación de partes ya fabricadas, tales como el cableado que es indispensable para el funcionamiento de la línea telefónica (en el mismo sentido, Sala III, S.D. 87.209 del 19/10/2005 in re"Costello, Ernesto Rafael c/Microwave de Naimogin Fany y otros s/despido"). En el mismo sentido, es menester precisar que la aplicación de la ley 22250 está sujeta a que se verifique en el caso concreto alguno de los supuestos contemplados en su art. 1° y a que no resulte aplicable alguno de los supuestos de exclusión establecidos en el art. 2°.

Con relación a las multas que solicita el demandante, su pretensión luce extemporánea puesto que no fue introducida en el escrito inicial (art.277, CPCCN). Es pacífica jurisprudencia que la sentencia sólo puede considerar los hechos oportunamente alegados por las partes (art.163 inc.3,4,5 y 6 CPCC), ya que sólo de esta manera se ve satisfecho el principio de congruencia y adecuadamente protegida la garantía de defensa en juicio. Además, los límites de los poderes del Tribunal de Alzada están dados por los capítulos propuestos a la decisión del Juez de primera instancia (art.277 CPCC). Tampoco puede argüirse que se trata de excesivo rigorismo formal ya que no pueden vulnerarse derechos que, aunque originados en razones procesales, son tan respetables y dignos de protección como los que fluyen de resoluciones que deciden cuestiones de fondo (art.163 inc.6 y 277 CPCC).

En mérito a lo expuesto, propongo desestimar este primer segmento del recurso.

IV)- Con respecto a la sanción conminatoria sustentada en el art.132 bis de la LCT, el sentenciante de grado explicitó que el accionante no dio cumplimiento con la intimación que requiere el art.1 del dec.146/01, en tanto no requirió de manera fehaciente el ingreso de los aportes y contribuciones supuestamente retenidos, en el plazo de 30 días (ver sentencia a fs.654 in fine). El apelante sostiene que Batel SRL se encuentra rebelde (art.71, LO), mas la rebeldía se proyecta sobre los hechos expuestos en la demanda -en el sub-lite, en el mejor de los casos para el actor, no se explicitó que se hubiera dado cumplimiento con la carga que exige la norma- y no subsana un defecto de intimación como el que se verifica en el presente. Tampoco fue planteada la inconstitucionalidad de la exigencia impuesta por el decreto reglamentario en forma oportuna (art.277, CPCCN) ni se brinda razón concreta alguna en el memorial recursivo para requerir la declaración de inconstitucionalidad. Cabe recordar que el análisis de la validez constitucional de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, y es sólo practicable, en consecuencia, como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere, entendiéndose que por la gravedad de tales exámenes, debe estimárselos como la última ratio del orden jurídico, de tal manera que no debe recurrirse a ellos sino cuando una estricta necesidad lo requiera (doctrina de la CSJN, en Fallos 260:153).

Propongo pues desestimar también este aspecto del recurso del actor.

V)- Las demandadas apelantes se quejan por la condena en los términos del art.30 de la Ley de Contrato de Trabajo e insisten en que la construcción no forma parte de su actividad normal y específica propia, consistente en la prestación del servicio público de telefonía -en el caso de Telecom- y la fabricación, montaje, patentamiento, consultoría y comercialización de equipos y dispositivos para redes de telecomunicación y prestación de servicios vinculadas a éstas (fs.135), en el caso de Nokia Siemens.

He de señalar que tuve oportunidad de explicar al votar en la causa "Insaurralde Enrique Ramón c/Líneas y Redes S.R.L. y otro s/despido" (S.D. 84360 del 21/5/07) que ".el art. 30 de la LCT comprende la hipótesis en que un empresario encomienda a un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma que desarrolla en su establecimiento y según tiene dicho la CSJN en el precedente citado ut supra, por las gravísimas consecuencias que se derivan de la extensión de la responsabilidad patrimonial a terceros ajenos en principio a la relación sustancial que motivó la reclamación de autos, es necesario la comprobación rigurosa de los presupuestos fácticos establecidos por la norma efectuando un escrutinio estricto de los recaudos legales que condicionan la obligación de garantía de un tercero, estrictez que tiene su fundamento en la presunción de inconstitucionalidad que brota de toda norma que obliga al pago de una deuda en principio ajena, solución que se aparta de la regla general consagrada por los arts. 1.195 y 1.733 del C. Civil y 56 de a ley 19.550, vinculados, en este aspecto a la intangibilidad del patrimonio establecido por el art. 17 de la Constitución Nacional". Por ello y por lo dicho en el precedente "Avila, Antonio H. c/Montajes Romano S.A. y otro" del registro de esta Sala (D.T. 1980, pág. 221), así como "Navarro Agustín c/incosur SRL y otro s/Ley 22.250" (S.D. 78.833 del 13.11.01) (íd. Sala II re re "Bouzas, Basilio y otro c/Tel 3 S.A. y otro s/despido", S.D. 90.328 del 11.4.02 y Sala X in re "Masumeci, Roque c/Tecsalco SA s/despido", S.D. 3.271 del 20.2.98), concluyo que el tendido de redes y líneas telefónicas nuevas no hace a la actividad normal y específica propia de las empresas codemandadas, que suministran el servicio.

En mérito a lo expuesto propongo hacer lugar a los respectivos recursos de Telecom Argentina S.A. y de Nokia Siemens Networks Argentina SA, por lo que he de proponer se rechace la demanda contra ellas interpuesta, con costas en ambas instancias por su orden en atención a las particularidades de la temática debatida y diversidad de opiniones jurisprudenciales al respecto (art.68 segundo párrafo CPCC).

Resulta abstracto, en atención a lo propuesto, expedirse en torno a la sanción por la falta de entrega del certificado de trabajo, cuestionada por ambas apelantes.

VI)- La parte actora solicita la fijación de astreintes, mas es preciso recordar que el fundamento de la aplicación de aquéllas radica en la posibilidad de coaccionar al deudor a fin de que cumpla con una obligación de hacer, motivo por el cual se sostiene que son sanciones conminatorias. Teniendo en cuenta que en autos se intenta que la demandada cumpla con el requerimiento de pago, y dado que aún no se ha verificado el incumplimiento por no haber mediado intimación a tal efecto, cesada la resistencia o cumplida la obligación corresponderá evaluar -si fuera adecuado a derecho- su aplicación o reducción en los términos del art.666 bis del Código Civil, por lo que la petición del actor no resulta temporánea por anticipada.

VII)- En lo que respecta a la distribución de costas apelada por la parte actora, es jurisprudencia de esta Sala que en su distribución no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico, atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y los rubros que resultaron procedentes (cfr. esta Sala in re "Salaberry Yatchino Juan c/Piso Uno SA s/despido", SD 58448 del 19/5/90). En el sub-examine, el monto por el que prospera la demanda es bastante inferior al reclamado, y la mayor parte de los rubros fueron desestimados, por lo que considero prudente la distribución de las costas fijada por el Juez "a quo" respecto de las demandadas condenadas que no apelaron. Quienes sí lo hicieron y obtuvieron favorable acogida a través de este voto -Telecom Argentina SA y Nokia Siemens Networks Argentina SA-, toda vez que reitero es materia de continuo debate el alcance de su eventual responsabilidad, propongo distribuir las costas en ambas instancias a su respecto en el orden causado (art.68, segundo párrafo, CPCCN).

VIII)- En cuanto a los honorarios regulados en el decisorio recurrido a la representación y patrocino del actor y al perito contador, apelados por altos y por bajos, atendiendo al mérito y extensión de los trabajos realizados, facultades conferidas por el art.38 LO y normativa legal aplicable, estimo que los primeros lucen adecuados y deben ser confirmados, y que los regulados al contador son elevados, por lo que propongo reducirlos a la suma de $3.000 (art. 38 LO; ley 21839 y ley 24432; dec.16.638/57).

IX)- En definitiva, propicio: a)- Revocar parcialmente la sentencia y desestimar la acción contra Telecom Argentina SA y Nokia Siemens Networks Argentina SA, con costas en el orden causado en ambas instancias (art.68, segundo párrafo, CPCCN); b)- Reducir los honorarios del perito contador en la forma establecida en el considerando VIII; c)- Declarar las costas de Alzada en el orden causado y regular los honorarios, por la actuación en esta etapa, para la representación y patrocinio del actor y de las demandadas en el 25% respectivamente de lo que a cada uno le corresponda percibir por sus trabajos de primera instancia (art.38, LO; leyes 21.839 y 24.432).

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I.- Disiento respetuosamente con el voto de mi colega preopinante el doctor Vilela en relación a la extensión de condena a las codemandadas Telecom Argentina SA y Nokia Siemens Networks Argentina SA. Considero que la actividad desplegada por la empleadora (Batel International SRL) constituye una actividad normal y específica de las codemandadas. En efecto, la actividad de Telecom Argentina SA consiste en la prestación del servicio público de telefonía, y la de Nokia Siemens, en la fabricación, montaje, patentamiento, consultoría y comercialización de equipos y dispositivos para redes de telecomunicación y prestación de servicios vinculadas a éstas. Dichas empresas se relacionaron comercialmente con la empleadora Batel Internacional SRL a fin de efectuar la instalación de líneas telefónicas. Desde esta perspectiva, considero que los servicios encargados por Telecom y Nokia a la codemandada Batel Internacional SA encuadran en su actividad "normal y específica", determinada según el criterio de unidad técnica o de ejecución (art. 6º LCT), y ello sin perjuicio del objeto social de las primeras en virtud de que las mismas completan o complementan la actividad normal y específica de Telecom y Nokia (conforme la doctrina sentada por el alto Tribunal en autos "Preiti Pantaleón y otro c/ Elemac SA y otro", sentencia del 20.08.08, CSJN. P 1897. Lº XL) en tanto no puede entenderse que empresas de la magnitud de Telecom Argentina SA y Nokia Siemens Networks Argentina SA funcionen sin poder realizar el cableado de redes y del servicio de telefonía a efectos de brindar el servicio de telecomunicación. En consecuencia, corresponde confirmar la extensión de condena a dichas codemandadas en los términos del art. 30 LCT.

Por todo lo demás, adhiero al voto que antecede.

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Adhiero al voto de la Dra. Vázquez, por compartir sus fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE:1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, excepto lo resuelto en relación a la regulación de honorarios del perito contador; 2) Imponer las costas del proceso a las demandadas vencidas en lo principal (art. 68 CPCCN); 3) Reducir los honorarios del perito contador en la forma establecida en el considerando VIII; 4) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25%, 25% y 25% de lo que le fue asignado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (art. 38 LO; arts 6º y 14 Ley 21839 y Decreto Ley 16638/57) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Julio Vilela	Gabriela Alejandra Vaázquez	Gloria M. Pasten de Ishihara Juez de Cámara	Jueza de Cámara	Jueza de Cámara	Ante mí:

Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara En de de , se dispone el libramiento de cédulas. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara En de de se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara