Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-05-24


(Libro de Acuerdos Nº47, Fº 685/690, Nº305). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil cuatro, los Sres. Jueces Titulares del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, Dres. Héctor Fernando Arnedo, Héctor Eduardo Tizón y José Manuel del Campo, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. nº 1791/2003, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. nº 80/02 (Sala II Cámara Penal): Walter Fernando Sagredo y José Antonio Armijo, robo en grado de tentativa -Ciudad- y su acumulado nº 151/02: Walter Fernando Sagredo, tentativa de robo -Ciudad-.".

El Dr. Arnedo dijo:

A fs. 7/12vta., comparece la Sra. Fiscal -habilitada- ante la Sala II de la Cámara Penal, Dra. Liliana Beatriz Fernández de Montiel, interponiendo recurso de inconstitucionalidad en contra del decisorio emitido por el mencionado órgano jurisdiccional, el día veintidos de abril de dos mil tres.

A fs. 19/vta.,la Dra. Marta Liliana Snopek en ejercicio de la defensa técnica del condenado Walter Fernando Sagredo, contesta el traslado que le fuera conferido.

Luego de que se hubo expedido el Sr. Representante del Ministerio Público habilitado, la causa se encuentra en estado de ser resuelta, por lo que corresponde expedirme sobre la materia en debate.

Como primera medida he de circunscribir los agravios de quien propicia la impugnación sometida a estudio de este Superior Tribunal, a efectos de poder de ese modo dar una respuesta suficiente a la cuestión planteada.

La Sra. Fiscal habilitada ante la Sala II de la Cámara penal sostiene que la sentencia atacada es arbitraria pues se han violentado los principios esenciales de legalidad, congruencia y de estricta observancia de los pronunciamientos pasados en autoridad de cosa juzgada, "apartándose de los mismos con un antojadizo sustento en interpretaciones distorsionadas de la normativa vigente".

Que aquella arbitrariedad se advierte por cuanto el "Tribunal soslaya la legitimidad de la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara en lo Penal en el expte. Nº 170/00 y su acumulado 273/00", haciendo caso omiso de dicho decisorio al desconocer la declaración de múltiple reincidencia dictada en aquel respecto de Walter Fernando Sagredo, tomando en cuenta solo en forma parcial los antecedentes que llevaran a la Sala Juzgadora en aquella oportunidad a expedirse del modo aludido, para limitarse en este caso a declarar al condenado reincidente por tercera vez.

Que el a-aquo se transforma en órgano revisor de lo dispuesto por la Sala III, cuestión esta que se torna inadmisible, máxime cuando se trata de la revisión por parte de la Sala sentenciante de los fundamentos y decisiones adoptados por otro órgano jurisdiccional de idéntica jerarquía y competencia, respecto del mismo imputado, en un fallo dictado con antelación al impugnado.

Que la sala juzgadora nunca pudo desconocer la declaración de "reincidente múltiple" dispuesta por otra sala con anterioridad y menos aún la aplicación de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, suspendida por aquella por única vez conforme la previsión facultativa del artículo 52 del Código Penal de la Nación.

Que la solicitud de la Fiscalía en ese sentido en los alegatos, no respondió a jurisprudencia anterior a la vigencia de la Ley 23.057 como lo asevera el inferior en grado, sino que por el contrario, que la declaración de múltiple reincidencia, la imposición de la referida pena accesoria y el reclamo del Ministerio Público encontraron sostén justamente en la normativa vigente.

Avocado así, al estudio de la cuestión sometida a decisión de este Tribunal, y luego de una detenida lectura de la presentación recursiva y la totalidad de las constancias que acompañan las presentes actuaciones, he de manifestarme favorablemente por el progreso de la impugnación tentada.

Digo ello, pues advierto en la solución alcanzada por el a-quo, notables desaciertos, los cuales sin duda deben ser corregidos en esta instancia.

Surge así, como una realidad insostenible, la violación al principio de cosa juzgada. La Sala II desconoce los alcances y efectos de la sentencia emitida con anterioridad por la Sala III, en tanto descarta la declaración de múltiple reincidencia y la suspensión de la aplicación accesoria de reclusión por tiempo indeterminado dictadas en aquella, resolviendo la situación de Sagredo en el nuevo decisorio con total prescindencia del citado precedente, el cual se hallaba firme y consentido. Cabe recordar que la cosa Juzgada, en sustancia, significa decisión inmutable e irrevocable; importa la inmutabilidad del mandato que nace de la sentencia. En tanto la sentencia es inmutable o inmodificable, esa inmutabilidad, conforme lo sostiene Couture, consiste en que, en ningún caso, de oficio o a petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos de una sentencia pasada en cosa juzgada, a excepción de la vía del recurso de revisión, para cuya resolución el único órgano jurisdiccional competente es la "Corte de Casación", función esta que conforme la normativa vigente la ejerce este Superior Tribunal de Justicia y su intervención está limitada exclusivamente a las circunstancias específicamente previstas en la ley de rito provincial -artículos 485 y sgtes. del C.P.P.-.

Es de destacar que la inmutabilidad del fallo constituye una característica que afecta a la misma eficacia política de la ley penal, ya que toda inseguridad acerca de la definitividad de una sentencia se presenta como razón de desconfianza en la función estatal de la persecución del delito, sustitutiva de la venganza privada y satisfactoria del sentido de justicia de la sociedad.

Este solo argumento resulta suficiente para hacer lugar a la impugnación promovida.

No obstante ello y de igual modo, debo poner de resalto que resulta inadmisible el argumento esgrimido por el sentenciante, en tanto pretende restarle importancia a la declaración de reincidencia múltiple que respecto del imputado Sagredo dictara la Sala III de la Cámara Penal, al sostener que dicha condena no fue comunicada al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal.

La simple lectura de la constancia de fs. 168 del expediente principal, a la cual hace referencia el a-quo y de la cual se nutre para fundar su postura desechando la resolución del Tribunal mencionado en el párrafo anterior, declarando en consecuencia a Sagredo reincidente por tercera vez, permite advertir que aquel antecedente era perfectamente conocido por el Juzgador al tomar la decisión sometida hoy al estudio de este Tribunal. Por otro lado, la aceptación por parte de la sala interviniente de que la causa de mención -170/00 de los registros de la Sala III de la Cámara Penal- fue tenida a la vista al momento de emitir la resolución atacada -fs. 180 principal-, no hace más que corroborar el conocimiento que el Juzgador tenía de la existencia de dicho antecedente.

Resulta asi inexplicable el motivo por el cual hizo caso omiso de lo resuelto en la oportunidad, máxime tratándose de una decisión firme y consentida, y por tanto irrevocable en lo términos de la cosa juzgada.

Cabe poner énfasis al señalar que la inscripción de las sentencias en un único registro de carácter nacional es a los efectos de concentrar la información y de ese modo facilitar el acceso a los antecedentes de quienes fueron objeto de condenas, pero la no incorporación de una resolución judicial al mismo, no puede restarle virtualidad jurídica como decisión emanada de un órgano jurisdiccional.

Sin perjuicio de lo sostenido hasta ahora, debo hacer referencia a la forma en que el a-quo analizó los antecedentes del condenado Sagredo para arribar a la absurda determinación de condenas prescriptas a los efectos de la declaración de reincidencia múltiple, por un lado y por el otro a la errónea aplicación al caso que el sentenciante hace de la prescripción del artículo 50 del Código Penal de la Nación en consonancia con la reforma instituída por la ley 23.057. En cuanto a la reincidencia múltiple a que se refiere el artículo 52 del Código Penal, aquella tiene lugar cuando una nueva condena sucede a las cuatro o cinco penas privativas de la libertad indicadas en los puntos 1º y 2º del primer párrafo del mencionado precepto legal, ello siempre que no hubiesen transcurrido los plazos del párrafo cuarto del artículo 50.

Al respecto, y tal como lo ha manifestado la Sala III de la Cámara Nacional de Casación penal "en el sistema del Código -en su redacción según ley 23.057- hay reincidencia cuando un condenado que hubiera cumplido, total o parcialmente pena privativa de libertad cometiere un nuevo delito punible también con esa clase de pena. Tal concepto requiere la preexistencia de una condena firme a pena privativa de la libertad que el condenado haya cumplido 'total o parcialmente'. Adopta asimismo nuestra ley vigente, el sistema de la reincidencia real o efectiva, también llamada verdadera o propia, la cual parte de la base de una condenación efectivamente sufrida, que supone por parte del reo un desprecio por el castigo padecido. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señala que 'Lo que interesa a los fines de la reincidencia, es que el autor haya experimentado el encierro que importa la condena, no obstante lo cual reincide demostrando su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza, cuyo alcance ya conoce'; y que 'A los fines de la reincidencia, es suficiente contar con el antecedente objetivo de que se haya cumplido una condena anterior a pena privativa de la libertad, independientemente de su duración, ya que el tratamiento penitenciario es sólo un aspecto del fin de prevención especial de la pena' (CSJN T° 308, p. 1938)" (en igual sentido, causas "Pajón, Armando s/rec. de casación" 136/94 del 13/10/94; N° 1066 "Grimaldi, Oscar s/recurso de inconstitucionalidad", reg. 262/97 del 26/06/97; N° 1434 "Correa, Jorge Alberto s/recurso de casación", reg. 52/98 del 26/02/98; N° 1824 "Aguirre, Juan C. s/rec. de casación", reg. 413/99 del 08/09/99, entre otras). Allí también se afirmó que "la eventual declaración de reincidencia en la condena por el nuevo delito, exige un transcurso de tiempo entre el momento que dejara de cumplirse la primera condena y la comisión del nuevo delito, que no supere el tiempo impuesto en la condena precedente, que nunca excederá de 10 ni será inferior a 5 años. Con este último establece en término mínimo (5 años) y una máxima (10 años) desde el cumplimiento, dentro del cual tendrá que haberse cometido el nuevo delito para que proceda la declaración".(C.N.C.P. Sala III, 21/9/2001, La Ley 2002-C, 432).

Resulta entonces que quien reincide en un delito, efectivamente, es aquel que que repite la infracción a la ley penal dentro de un término que no le permite excepción alguna de prescripción; pero luego de cometido este nuevo delito, da lugar al estado de reincidencia que mal puede desparecer: subsistirá por siempre como tal.

En el caso de la reincidencia múltiple, los términos referidos no pueden pasar inadvertidos, lo cierto es que aquellos plazos deben ser considerados a partir del vencimiento de cada una de las sentencias de condena por nuevos hechos que conducen a que un sujeto objeto de condena sea considerado nuevamente reincidente, o sea la comisión de un nuevo delito con posterioridad a la última condena y dentro de los plazos establecidos por ley.

Debe tenerse en cuenta que lo único prescriptible son los efectos de la condena precedente. No resulta correcto hablar de "prescripción de una reincidencia". Ello es una contradicción: si ha habido reincidencia, esta ya no puede prescribir porque ya se ha ocasionado o producido o generado un estado jurídico que como tal no puede desvanecerse o consumirse. La reincidencia ya operada -declarada o no como tal- es imprescriptible.

Así se ha afirmado que "la fórmula del cuarto apartado del art. 50 del Cód. Penal en su actual redacción, sólo establece ciertas circunstancias en las cuales no puede efectuarse la declaración de reincidencia, o no puede declararse reincidente a quien no lo era, o bien, efectuar una sucesiva declaración de ese carácter" [...] "Las disposiciones en análisis no establecen que en mérito al transcurso del tiempo deje de ser reincidente quien ya lo era, sino que sólo se restringe y alude a la pena sufrida con motivo de la condena anterior, exceptuándola en condiciones específicas de su legitimidad para habilitar o viabilizar que pueda considerarse a alguien reincidente [...]. Consecuentemente "ello en modo alguno puede tener carácter prescriptivo con relación al estado de reincidencia anterior que pudiera haberse operado. La reincidencia una vez producida constituye un aditamento que acompaña de por vida a la persona que la ha generado, calidad que no es susceptible de extinguirse mediante prescripción" [...] "toda vez que ello es sustancialmente diferente a su exclusivo sentido de suprimir los efectos de la condena anterior para actuar como precedente generante de la reincidencia " (conf. "Esponda" y "Aguirre" -ya citadas- y causa N° 2542 "Chaile, Hugo Orlando s/rec. de casación" reg. 255/2000 del 15/05/00).

En efecto, la reincidencia una vez que se ha producido en un caso dado, es un estado o situación que en nuestro derecho no es susceptible de desaparecer por vía de prescripción. Lo que el artículo 50 último apartado del Código Penal prevé, no es la prescripción de la reincidencia, sino solo la prescripción del antecedente que representa la condena anterior; no se trata de prescripción sino de caducidad de la condena anterior, a los efectos de una eventual declaración. La reincidencia es una calidad, no una mera circunstancia cambiante y variable, que una vez adquirida por un sujeto se hace indeleble y no prescribe.

Con tales premisas habremos de valorar los elementos de juicio obrantes en autos.

Así es insoslayable hacer referencia al informe elaborado por el actuario interviniente a fs. 168 del principal. Al respecto, debo destacar que me llama la atención lo escueto de su contenido, máxime cuando son numerosos los antecedentes que registra el penado Sagredo.

Dicha sorpresa queda dilucidada al profundizar el análisis de la pieza de referencia puesto que la misma responde a lo ordenado por presidencia de trámite a fs. 168 supra por cuanto se manda a "efectuar computo e informe de las causas en que ha sido condenado el imputado Walter Fernando Sagredo que no se hayan extinguido conforme el art. 50 último parrafo del C.P.".

Evidentemente aquella orden era dirigida a elaboración de una certificación de antecedentes en forma parcializada, que sin duda dista largamente de la que debió ser tenida en cuenta a los efectos de dictar la condena a la que arribara el Tribunal. Sin duda los plazos contados a partir del vencimiento de las primeras sentencias valorados por separado y sin solución de continuidad, conducen inexorablemente a tener por caducadas las referidas condenas en orden a la aplicación del instituto de la reincidencia.

En el caso de autos, la actitud desaprensiva de Walter Fernando Sagredo a lo largo de su carrera delictiva, con la sucesiva comisión de hechos ilícitos que sin duda importan un desprecio y desapego por las reglas de convivencia social y una evidente desaprensión por las condenas que le fueran impuestas y que le sirvieran de advertencias para evitar la recaída en su accionar delictual, impone indefectiblemente la aplicación de la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado como consecuencia obligada de la calidad de reincidente múltiple que reviste a raíz de la sucesión de hechos ilícitos en los que se vio incurso. (arts. 50 y 52 C.P.N.). Aquí, conviene recordar que la Sala III al dictar condena en la causa Nº 170/00, dispuso la suspensión por única vez de la imposición de la accesoria aludida, motivo por el cual la misma en este caso deberá ser de aplicación efectiva. Sin duda, las constancias obrantes en la causa ponen de manifiesto que Walter Fernando Sagredo es justo merecedor de la declaración de múltiple reincidente. La comisión de nuevos hechos en forma sucesiva y con posterioridad al dictado de condenas que fueran cumplidas por el nombrado en calidad de penado, dentro de los plazos del artículo 50 del Código Penal y de conformidad con las previsiones del artículo 52 del citado plexo legal, me conducen a esa conclusión.

Los fundamentos desarrollado en los párrafos precedentes conducen inexorablemente a que la sentencia impugnada debe ser revocada en forma parcial.

Así las cosas, y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, concluyo que el remedio procesal tentado debe prosperar, debiendo revocarse parcialmente el decisorio atacado, únicamente en cuanto se declara a Walter Fernando Sagredo, reincidente por tercera vez, debiendo imponerse al nombrado la condición de "múltiple reincidente" y aplicarle la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado de conformidad a lo establecido en el artículo 52 del Código Penal de la Nación.

Las costas emergentes de la presente instancia recursiva deberán ser impuestas al recurrido en su calidad de vencido, en conformidad con lo preceptuado por el art. 102 del Código Procesal Civil.

Teniendo en cuenta la calidad de Defensora Oficial de Pobres y Ausentes que inviste la Dra. Marta Liliana Snopek, no corresponde que le sean regulados honorarios profesionales a mérito de lo establecido en el art. 107 inciso 6 de la ley 4055.

Para finalizar, teniendo presente particularmente las cuestiones motivo de recurso y las distintas situaciones advertidas por este Superior Tribunal en anteriores oportunidades; entiendo que resulta necesario establecer pautas para unificar el criterio respecto de los elementos de juicio con los que deberán contar tanto los Tribunales como el Ministerio Público, para facilitar la unificación de penas, la aplicación o no de condenas de ejecución condicional, la concesión o no del beneficio de la libertad condicional, la declaración de reincidencia, etc., y con ello eficientizar el funcionamiento del fuero penal.

Para lograr dicho objetivo, sin perjuicio de la certificación de antecedentes necesaria durante el período instructorio, una vez radicadas las causas en la Sala Penal para el juicio correspondiente, se deberá elaborar por Secretaría, en forma previa a la iniciación de la audiencia del debate oral y público, un certificado final de antecedentes.

En ese certificado deberán constar los antecedentes penales de las personas imputadas en las distintas causas.

Alli se certificarán, todos y cada uno de los antecedentes surgidos del registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, de las planillas prontuariales, de los informes de los distintos órganos judiciales consultados, constancias o actuaciones policiales y todos otra información que sea de utilidad en tal sentido.

Las certificaciones deberán quedar registradas por escrito en el expediente principal. En caso de que el dato del antecedente con que se cuente responda a una causa que se haya iniciado en sede prevencional o judicial y luego su tramitación haya transcurrido en distintos órganos jurisdiccionales, se deberá hacer el seguimiento correspondiente hasta contar con la resolución final recaída en el expediente, si la hubiere o la última actuación en su caso.

Entonces, en base a la información colectada, el certificado final deberá contener en forma clara, pormenorizada y omnicomprensiva todos los antecedentes de las personas sujetas a enjuiciamiento.

A saber, deberá hacerse dejarse constancia de:

1)Fecha de inicio de la causa; número de sumario policial;

2)Fecha de registro en sede de instrucción originaria y toda otra posterior anotación de haber sido remitido el expediente a otra sede judicial;

3)Fecha de vencimiento de la condena;

4)Fecha de detención y excarcelación;

5)Tiempo de detención sufrido.

Este contenido establece el piso mínimo con que el certificado deberá contar, pudiendo agregarse otros que el informante considere de interés para la causa.

Con respecto a las causas en trámite, las mismas deberán incluirse de igual modo en la certificación, dejándose constancia de todas las referencias antes señaladas, debiendo volcarse también el estado procesal del expediente y la última resolución recaída en el mismo.

El cumplimiento de lo dispuesto en la presente como doctrina legal respecto de las certificaciones deberá ser observado por los distintos órganos jurisdiccionales y sus funcionarios. En función de lo expuesto, propicio que, por Superintendencia se labren las actuaciones administrativas correspondientes, a fin de que en lo sucesivo los órganos jurisdiccionales competentes y sus funcionarios procedan a certificar los antecedentes de los imputados en causas radicadas en las distintas sedes judiciales a su cargo, de conformidad a las indicaciones volcadas en el presente decisorio.

Los Dres. Tizón y del Campo adhieren al voto que antecede.

Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo, el Superior Tribunal de la Provincia de Jujuy RESUELVE:

1º) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Sra. Fiscal habilitada en la Sala II de la Cámara Penal, Dra. Liliana Beatriz Fernandez de Montiel, en contra de la sentencia emitida por la Sala II de la Cámara Penal, el veintidós de Abril de dos mil tres.

2º) En consecuencia, revocar parcialmente el decisorio recurrido solo en cuanto declara a Walter Fernando Sagredo reincidente por tercera vez, imponiéndose al nombrado la condición de múltiple reincidente y aplicándole la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, debiendo el Tribunal a-quo disponer las medidas que con motivo de lo aquí decidido, correspondan.

3º) Imponer las costas al recurrido vencido (art. 102 del Código Procesal Civil).

4º) Ordenar que, por Superintendencia se labren las actuaciones administrativas correspondientes a fin de que en lo sucesivo, los órganos jurisdiccionales competentes y sus funcionarios procedan a certificar los antecedentes de los imputados en causas radicadas en las distintas sedes judiciales a su cargo, de conformidad a las indicaciones volcadas en el presente decisorio.

5º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

El acuerdo que antecede ha sido pronunciado en conformidad con lo dispuesto en Acordada del Superior Tribunal de Justicia, registrada en L.A. Nº 7, Fº 42, Nº 37 de fecha 18 de mayo del año 2.004.

Secretaría, 24 de mayo de 2.004.