Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-10


Salta, 10 de Febrero de 2011.

Y VISTOS: estos autos caratulados: "GUZMAN Gerardo Moisés; GUEMES Humberto Leonardo; GONZALEZ Diego Emanuel y VARGAS José Luis por el delito de ROBO CON ARMA DE FUEGO, AMENAZAS Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD en perjuicio de LAIME Doris", Expte. Nº 115852/11 del Juzgado de Instrucción Formal de Primera Nominación (en Feria) del Distrito Judicial del Centro. Causa Nº CAM 28876/11 de la Sala III de la Cámara de Acusación y, CONSIDERANDO El Dr. Adolfo A. Figueroa dijo:

I.- En estos obrados, habiéndose procesado a Gerardo Moisés Guzmán, Humberto Leonardo Güemes, Diego Emanuel González y José Luis Vargas, como coautores responsables del delito de Robo Calificado por el Uso de Armas y en Poblado y en Banda, de acuerdo a lo estatuido en los arts. 166 inc.2do. y 3er.párr., 167 inc.2do.del C.P., conforme auto resolutivo de fs. 103/107, la defensa técnica a cargo de la Sra. Defensora Oficial Penal Nº 1 en Feria, Dra. Hortencia María Salas, interpuso recurso de apelación a fs. 177/182 y vta.

Del considerando de la resolución apelada surge, que el hecho denunciado esta corroborado en su producción y en su autoría material por lo dicho a fs. 5 por la denunciante, en el sentido de que encontrándose en el interior de su vivienda y su pareja afuera de ella, ante llamados a la puerta de ingreso sufrió la injusta agresión física y moral por parte de su conocido "Chato Vargas", quien junto al apodado "Cudo" y dos mas desconocidos, portando el primero un arma de fuego, lesionaron seriamente a su pareja y amenazaron a su hijo, para luego despojarla de un celular, versión que tal como se adelantara, de cierto modo fue corroborada con el informe policial de fs. 1 y su posterior ratificación en sede judicial prestada a fs. 66 por el Oficial Guillermo Roldán, quien concretamente y en forma puntillosa se encargó de especificar las distintas circunstancias de lugar y tiempo en que fueron detenidos Guzmán, Güemes y González.

En base a esto último se encargó el a-quo en aclarar, que si bien los detenidos no fueron reconocidos a fs. 61 y 62, criterio que en rigor de verdad no es tan terminante porque sí lo hizo con respecto a González, no es obstáculo para el procesamiento dictado atendiendo la inmediatez existente entre la relación del hecho y su respectivas aprehensiones, elemento este último más que suficiente para afirmar de modo provisional sus autorías.

En lo que hace a las prisiones preventivas dictadas en especial con respecto a González, dice que el delito es excarcelable, de modo tal que no registrando condena, sería procedente su libertad, aunque la deniega por contar con pedidos de capturas y comparendos que importan demostraciones de un eventual peligro procesal. En referencia a Güemes y a Vargas, por contar con antecedentes condenatorios, impide su eventual libertad provisoria.

Por último, dictó la libertad provisoria de Guzmán por la escala penal de los delitos por los que resultó procesado y por gozar de buenos antecedentes personales, aspectos que en definitiva al no haber sido materia de observación por parte del Ministerio Público Fiscal, esta decisión se encuentra firme.

II.- A su turno conforme ya se adelantara, la defensa técnica interpuso recurso de apelación a fs. 177/182 y vta., aunque en rigor de verdad conforme ella misma se encarga en aclarar, tales acciones fueron ejercitadas por derecho propio por cada uno de los procesados a fs. 114; 115 y 117 de autos, limitándose en consecuencia a formular en legal tiempo y forma los agravios que corresponden al derecho recursivo de cada uno de ellos. Vale aclarar en consecuencia a la Sra. Fiscal actuante aunque más no sea al pasar, que no es materia de discusión la titularidad en el imputado del derecho de apelar y sí su ejercicio, el que como todo derecho, lo debe ser conforme a las normas que lo regulan, normas que para el caso del recurso de apelación, debe ser interpuesto en tiempo y forma dentro de los cinco días mediante escrito en el que se formulen los agravios.

Dado a que esto último por lógica hace al aspecto técnico, ellos sólo pueden ser formulados por medio de un profesional en la materia, de modo tal que cuenta con cinco días para hacerlo a partir del momento en que se notifica del auto que pretende observar, conceptos que si los aplicamos en estos obrados, la Sra. Defensora Oficial Penal se notificó de lo resuelto con posterioridad a que lo hicieron cada uno de los procesados, lo que evidencia que para el supuesto es indiferente más allá de una simple expresión de voluntad y deseo de apelar, que cada uno de ellos así lo hiciera conocer en acta de notificación.

Más allá de lo expuesto, los agravios a los que me remito en honor a la brevedad a lo consignado a fs. 177/182 y vta., pueden ser extractados en lo siguiente:

a) En términos generales no obra prueba alguna que indique que sus defendidos son los autores del hecho, agravio que en rigor de verdad no tiene correspondencia con lo que peticiona -Falta de Mérito, y con el cambio de calificación que desde un comienzo pide, aceptando en este sentido de que deben ser procesados por Robo Simple;

b) En tal sentido afirma que la denunciante a fs. 61 y 62 no reconoció a ninguno de los imputados;

c) Los vecinos no dijeron a los policías que accedieron al sitio de los hechos y al lugar desde donde fueron detenidos -casas vecinas, que ellos fueron los autores del hecho y sí que se estaban escapando por los techos;

d) Cuestiona la calificante de Robo con Arma, ya que tal aseveración sólo es de la denunciante, no habiéndosela secuestrado ;

e) Restan pruebas a producir tal como acontece con eventuales careos que en su momento fueron solicitados por sus defendidos;

f) Observa las prisiones preventivas dictadas porque se violan principios constitucionales que exigen el dictado de una condena, ni existe peligro procesal de fuga en el supuesto de González, porque si éste como dice el Juez por el quantum de la pena le corresponde libertad provisoria, no obra razón lógica para pensar que luego se fugará.

III.- Que puesto a resolver la apelación incoada a mérito de los fundamentos dados por el Inferior en grado y sus consecuentes agravios de la defensa, no otra puede ser la solución a arribarse que confirmar en todas sus partes el auto observado, ya que los agravios formulados no son de una entidad suficiente que obliguen a revertir el resultado al que arribó el Juez.

En efecto, alega la apelante que no obra prueba alguna que indique que sus defendidos son los autores del hecho ya que la denunciante a fs. 61 y 62 no reconoció a ninguno de ellos, ni los vecinos que requirieron el auxilio policial manifestaron que los que ingresaron al domicilio de Vargas fueron los autores materiales del delito denunciado, cuestión que si se analiza teniendo en cuenta las circunstancias atinentes a la detención de cada uno de los procesados, los términos de la denuncia, los informes policiales presentados y lo depuesto por los testigos, se advierte sin esfuerzo alguno que obran elementos positivos más que suficientes para que en grado de probabilidad se les atribuya su autoría material.

A tal fin es menester recordar que del contenido de la denuncia y su posterior ratificación en sede judicial, se desprende que existieron acciones violentas desplegadas por cuatro personas en el domicilio de la denunciante, hecho que por haber acontecido en pleno día y sin disimulo alguno, fue advertido por los vecinos, quienes de inmediato requirieron el auxilio de la fuerza pública. De esto último se infiere como cierto, que los vecinos no fueron testigos directos de lo que aconteció en el interior de la vivienda de la denunciante, pero sí divisaron y por ello indicaron a la preventora, las personas que salieron de tal lugar, a dónde se dirigieron y a qué inmueble próximo ingresaron, dato fundamental que por su importancia posibilitó la detención de Vargas, González y Güemes.

Así pues, advertida la policía que estos sospechosos accedieron a la casa vecina perteneciente a la familia Vargas, obraron en consecuencia con los resultados que dan cuenta los distintos informes, sobre todo aquel suscripto por el Oficial Roldán de que por una ranura de la puerta de acceso se divisó al apodado "Chato Vargas" portando un arma de fuego y que los restantes ante la presencia de la fuerza policial, huyeron del sitio haciéndolo por los techos de las propiedades vecinas, circunstancia esta última corroborada por las testigos Margarita Meregaglia de Reynoso a fs. 64 y vta. y María Luisa Gutiérrez a fs. 65 y vta., a más de lo consignado en idéntico sentido por los restantes informes policiales y testimonial prestada por el Oficial Guillermo Roldán y Marcos Andrés Singh a fs. 66 y vta. y 67.

Como se advierte, todos ellos son contestes en afirmar que desde el domicilio de Vargas, los tres primeros tendieron a fugarse y fueron detenidos en propiedades vecinas, aspecto este digno de destacar porque desmerece en forma evidente y muestra lo falaz de las indagatorias de Guzmán y González, quienes es digno recordar, negaron esa circunstancia pese a que Güemes aceptó que efectivamente "andaba por los techos".

En consecuencia, afirmar como lo hace la apelante que no obra prueba alguna sobre la autoría material de sus defendidos, importa una apreciación subjetiva que los hechos por sí mismo muestran todo lo contrario, ya que existe un nexo causal vinculante entre lo afirmado por la denunciante de que el autor principal y quien portaba un arma de fuego se trataba de "Chato Vargas" auxiliado por "Cudo González" y dos desconocidos, con lo vertido por el Oficial Roldán de haberlo divisado al primero en el interior de su vivienda portando un arma de fuego y a los restantes pretendiendo huir por los techos, con lo declarado por los testigos en referencia al sitio desde donde fueron detenidos.

De este modo se advierte sin esfuerzo alguno que obran elementos positivos más que suficientes para confirmar el procesamiento dictado y su consecuente calificación de conducta, atento a que el arma fue observada por el Oficial Roldán, situación procesal que por otra parte, la propia apelante la admite más allá de su pretensión a que se cambie su calificación, pretensión que como se vio no resulta procedente lo sea por la de Robo Simple porque el arma en cuestión fue observada por el tan mentado Oficial Roldán, aspecto que por sí mismo sustenta tal calificación más allá de la crítica que se pueda formular a la labor policial por el hecho de no haber detenido de inmediato al apodado "Chato Vargas".

En lo que respecta a las prisiones preventivas dictadas en contra de Güemes, González y Vargas, los dos últimos por contar con antecedentes condenatorios sustenta la decisión tomada, aspecto que en definitiva es acorde a lo expuesto por la Corte de Justicia de Salta en Causa Nº CJS32.156/09 - "Incidente de Excarcelación presentado por el Dr. Diego Rodríguez Pipino a favor de Roberto Genaro Plaza en Expte.Nº 3177/08, Cám. Crim.3ra. Nom.-Recurso de Casación"; en ella se consideró constitucional todas aquellas disposiciones procesales que restringen preventivamente la libertad de una persona cuando obran elementos que hacen presumir una eventual fuga, elementos que en el caso de González se encargó el a-quo en señalar se presume, por registrar en su planilla prontuarial capturas y pedidos de detención.

Pero más allá de lo expuesto, que por sí mismo basta para rechazar la apelación incoada, es menester recordar que en virtud a lo consignado en el artículo 26 del C.P., todas las sentencias condenatorias cualquiera sea su monto, en principio son de cumplimiento efectivo salvo aquellas que importando un tiempo inferior a tres años, el Juez valore conforme pautas allí establecidas, que es conveniente dejar en suspenso su cumplimiento.

Pues bien, en autos y con respecto a González, el a-quo justificó perfectamente el por qué entendió como conveniente que permanezca detenido, razones perfectamente válidas si se tiene en cuenta que el mínimo de la conducta reprochable es de tres años, tiempo en sí que bien puede superarse atento las circunstancias calificantes de la conducta básica que por tales evidencian un hecho de suma gravedad si se tiene en cuenta el número de participantes, las lesiones ocasionadas y la exhibición de un arma de fuego, todo lo cual bien hace pensar que ante tal riesgo de futuro que la pena a imponerse sea superior a tres años, tenderá a huir; en otras palabras, no porque el mínimo del reproche penal contemple una pena de tres años, necesariamente ella será la que el Tribunal de juicio en su momento le imponga, previsión que con seguridad superará con creces tal mínimo si se evalúan las circunstancias en que aconteció el hecho objeto de sentencia y la peligrosidad que importa el obrar conjunto de cuatro personas, las lesiones ocasionadas a la víctima y sobre todo, la utilización de un arma de fuego como medio amedrentatorios.

En lo que respecta a los dos restantes, registrando cada uno de ellos condenas anteriores, es obvio que por aplicación del art.26 la eventual condena será de cumplimiento efectivo cualquiera sea su monto, criterio que al igual a lo que acontece con el supuesto anterior, fue considerado constitucional por nuestro más Alto Tribunal en el fallo anteriormente referenciado. En consecuencia, no se hace lugar a la apelación incoada. Así voto.

El Dr. Edgardo Francisco Albarracín dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, LA SALA III DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 177/182 y vta. y en su mérito CONFIRMAR el auto resolutivo dictado a fs. 103/107.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.