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Cuestiones de competencia, exacciones ilegales, corrupción del funcionario público, AFIP, competencia federal, competencia en lo penal económico
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "AFIP. s/ exacciones ilegales".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-09

Es competente el Juez Federal y no el Penal Económico para investigar las exacciones ilegales cometidas por funcionarios de la A.F.I.P. no obstante que la orden de allanamiento, en cumplimiento de la cual se habría incurrido en delito, haya sido ordenada por un Juez en lo Penal Económico en el marco de un proceso por infracción a la Ley 24.769. Ello así desde que la eventual relevancia que podría tener dada la vinculación entre ambas hipótesis, no implican que deba intervenir este último.

Al respecto, cabe tener en cuenta que el juez en lo penal económico carece de competencia amplia y solo puede conocer de ciertas infracciones especificamente prevista.
Hipoteca, privilegios (comercial), crédito hipotecario, crédito por impuestos y tasas, expensas comunes
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE CREDITO RURAL ARGENTINO  S.A. c/ GALMARINI, JOSE  A.R. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-25

El acreedor hipotecario goza de preferencia respecto del privilegio que corresponde a impuestos posteriores a la fecha de constitución de la hipoteca. Por consiguiente, asiste al acreedor hipotecario el derecho de percibir su crédito sin efectuar previas retenciones por los impuestos que se hayan originado con posterioridad a la constitución del gravamen.

El acreedor hipotecario es también preferente respecto de los créditos por expensas.
Impugnación del acto administrativo, plazos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CANOSA EFREN c/ CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS. s/ ACTO  ADMINISTRATIVO-  RESARCIMIENTO- NULIDAD- DAÑO MORAL Y MATERIAL-  PRUEBA-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-14

Respecto de las sanciones individualizadas en los incs. 1ro., 2do. y 3ro. del artículo 16 de la ley 20.476 no rige el plazo de caducidad establecido por el art. 25 de la ley 19.549, a fin de impugnarlos judicialmente.- La apreciación por parte del sentenciante de los hechos que fueron motivo de prueba no constituye un exceso del ámbito de conocimiento al que se circunscribe el control del ejercicio disciplinario cumplido en la especie y porque ella implica, a esta altura del proceso, una contradicción con los propios actos procesales cumplidos por la objetante, desde que no opuso obstáculo alguno al desenvolvimiento del procedimiento de conformidad con las etapas previstas para el juicio ordinario en el que se incluye, obviamente, la correspondiente la producción de prueba y la consiguiente apreciación de ella por parte del juez.-
Base indemnizatoria del despido, salario bruto, aportes sindicales, Seguridad social, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: FIGUEROA, María c/ SANATORIO ANCHORENA S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-16

A los fines del cálculo de los créditos salariales, debe computarse la retribución bruta devengada a favor del trabajador, con independencia de que haya sido percibida por éste. Esto comprende los aportes que los empleados realizan a los órganos de la seguridad social o a organizaciones sindicales pues los mismos también constituyen remuneración (en igual sentido sent. 74272 del 27/6/97 en autos: "Almirón, Nicanor C/ Policlínico San Luis SA s/ despido" del registro de esta Sala).
Convenio de partición de bienes, prueba, simulación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: C., C. A. C/ L., X. D. S/ ORDINARIO (LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BIENES. Remitido Juzg 1.)" - Expt. N° 7054/F c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-08

Si el conviviente al expresar la causa por la cual la inscripción registral del inmueble en cuestión no reflejaba la realidad económica, invocó una razón ilícita, esto es, no exhibir una situación patrimonial incompatible con la pensión no contributiva percibida por él, debe tenerse presente que el art. 335 CCC prohibe como regla la acción entre las partes si la simulación fue ilícita, salvo que el interesado invoque y pruebe que intenta hacer valer uno de los supuestos de excepción contemplado por dicha norma, esto es: que su objetivo es dejar sin efecto el acto sin obtener ningún beneficio de la anulación. La ilicitud de la simulación alegada es materia que debe ser calificada de oficio por cuanto se trata de un presupuesto de la acción y de aplicación del derecho a la hipótesis de hecho traída, y en el caso, desde el acto procesal inaugural del juicio, existía una clara confesión sobre la ilicitud de la simulación ahora invocada como tal, explicada en relación a la intención de violar la normativa del sistema previsional para obtener un beneficio asistencial que, a tenor de lo sostenido por el propio reclamante, por su situación patrimonial no le hubiera correspondido. No puede obtener beneficio quien invoca una maniobra ilícita y a la par, pretende consagrar una gravísima inmoralidad, y un verdadero y aliciente para pergeñar beneficios sin derecho, siendo que, la regla general requiere, por claras razones de moralidad, que la justicia no intervenga de ningún modo en la simulación fraudulenta, salvo que el ilícito se remedie y se cure, sin que se beneficie quien obró ilícitamente.
Cuestiones de competencia, responsabilidad de los establecimientos educacionales, discriminación, privación ilegal de la libertad, salida de escuela, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VIDAL de TRIMARCO, Clodomira y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-05

La conducta desplegada por las autoridades de un instituto escolar de separar del aula a un grupo de alumnos por adeudar el pago de las cuotas escolares y obligarlos a permanecer en el interior de la biblioteca e impedirles su ingreso a clase así como salir al recreo y llamar a sus padres, constituye "prima facie" el delito de privación de la libertad (art. 141 del C.P.) en función del art. 1º de la ley 23.592, cuya competencia corresponde a la justicia de excepción.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL
Carátula: Fábrica Americana  de  Plásticos  S.A.  (T.F.  12595-I) c/ DGI. s/ apela resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

La inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen, por lo que la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptar como verdadero el criterio que las concilie y deje a todas con valor y efecto.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Carcamo, Guillermo Luis c/ Empresa Clear S.R.L. y Otro s/ Sumario -Daños y Perjuicios p-Acc. Laboral-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-08-31

En los supuestos de enfermedad-accidente es de vital importancia determinar el grado de gravitación o incidencia de la labor realizada en la estructuración o agravación de la enfermedad. Se trata de un problema que debe ser resuelto primero por la medicina, para que luego el derecho pueda preparar en función del resultado arrojado por ella y en conjunción con el resto de los elementos aportados por la prueba, su criterio definitivo.
Archivo del expediente, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mogliatti, Adrián s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-08

Resulta prematura la decisión que ordenó el archivo de las actuaciones, pues a tales efectos lo relevante no consiste en poder afirmar la existencia de un delito, sino estar en condiciones de negarlo con certeza, y ello no ocurre si se advierte que la constatación de maniobras compatibles con el comercio de estupefacientes en un inmueble, la identificación de un sujeto como el presunto autor de dicha conducta ilícita, sumado al desalojo del inmueble dispuesto por el juez civil, lejos de dar sustento a una certeza negativa sobre la configuración de la hipótesis delictiva denunciada, revela la necesidad de profundizar la investigación a efectos de confirmarla o descartarla definitivamente. (Dres. Borinsky, Riggi y Catucci).
Aplicación de la ley laboral, prueba, certificado de trabajo, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: Utrera Paula Elizabeth c/ Romero Mónica María Teresa s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-03

Si bien no existe impedimento alguno para que se tenga acreditado un contrato de trabajo por vía de prueba testimonial, las declaraciones deben transmitir la convicción de que son sinceras para lo que se requiere, que los recuerdos sean circunstanciados, libres de sospechas, los dichos coincidentes entre sí y avalar las características de la prestación denunciadas por el accionante, al tiempo de provenir de personas que relaten causas de su conocimiento que hagan aparecer verosímil el mismo (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Recurso extraordinario, regulación de honorarios, defectos en la fundamentación normativa, apartamiento de las constancias de la causa, derecho a la justa retribución, derechos adquiridos
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Mutual  del  Personal de Sociedades de Autores y Afines c/ Sociedad  Argentina de Autores y Compositores de Música Entidad Civil, Cultural y Mutualista. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Si bien lo atinente a la determinación de las bases computables para la regulación de honorarios y la aplicación de los aranceles constituye una materia ajena al recurso extraordinario, corresponde hacer excepción a tal principio cuando lo resuelto no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, especialmente si la solución adoptada afecta el derecho a la justa retribución de los profesionales y los priva de derechos definitivamente incorporados a su patrimonio como consecuencia de las tareas realizadas (arts.

14 y 17 de la Constitución Nacional) (Disidencia de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor, Augusto César Belluscio, Guillermo A.F.

López y Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso extraordinario federal, caducidad de instancia, declaración de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Manzur, Luis A. c/ Banco del Noroeste Cooperativa Limitada, Suc. Catamarca s/ Ejcución de Honorarios (Sentencia Corte Nº 30 y 31- 2010) s/ Recurso de Casación - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-06

La parte ejecutante interpone Recurso Extraordinario en contra de la Sentencia Interlocutoria dictada por esta Corte de Justicia que declaró inoficiosa la presentación del recurso de casación precedente.

Según surge de las constancias de los presentes autos la última actuación de la parte tendiente a impulsar el procedimiento corresponde al memorial de agravios que dio inicio al presente recurso extraordinario federal interpuesto con fecha 15 de Mayo de 2.012, por el cual se dictó el proveído de igual fecha, que ordenó el traslado a la contraria de la presentación del recurso, sin que hasta el presente la parte haya efectuado ningún acto procesal.- Atento la facultad de este Tribunal para declarar de oficio la caducidad de la instancia conferida por el Art. 316 del Código Procesal Civil de la Nación, y atento la jurisprudencia de la CSJN que ha dicho: si el Tribunal de la causa no se ha expedido sobre el recurso extraordinario federal, concediéndolo o denegándolo, no se ha desprendido de la jurisdicción ni habilitado la instancia extraordinaria, por lo que le compete el conocimiento de la caducidad de ese recurso (CSJN 4/8/84 fallos 310:536), corresponde analizar las actuaciones en ese orden.

habiéndose comprobado en la causa el cumplimiento del plazo señalado por el Art. 310 del ordenamiento legal de cita, sin que la parte diera ningún impulso procesal, operándose con ello la caducidad de la instancia por haber excedido los tres meses establecidos como límite por el dispositivo legal vigente, corresponde que la caducidad sea declarada de oficio. "Cabe aclarar que corresponde aplicar el término fijado por el Código de Procedimiento de la Nación, aunque el expediente se encuentre radicado en los tribunales provinciales" (Trib. Sup. de Just. 24/3/86, en Sem. Jur. 6/11/86).

Por todo ello corresponde declarar de oficio la perención de la instancia en el presente Recurso Extraordinario.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ JORGE LUIS c/ CARVALLO ERNESTO ALFREDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-08-23

El prudente arbitrio de los jueces ha devenido en discrecionalidad judicial tiñendo el pronunciamiento recurrido de insanable arbitrariedad, en virtud de la inadecuada ponderación e irrazonable ejercicio de las facultades de justiprecio en orden a los elementos de juicio aportados en la causa relacionados con la extensión y consecuente resarcimiento del daño efectivamente causado, afectándose con ello el derecho de defensa en juicio así como las reglas del debido proceso garantizados por el art. 18 de la Constitución Nacional; apartándose de tal manera de la verdad objetiva.
Recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, falta de expresión de agravios
Materia: LABORAL
Carátula: CIPRIANI NIDIA A. c/ BORRE DANTE O. s/ INCIDENTE NULIDAD EJECUCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-10-30

Debe declararse mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, puesto que la misma quedó notificada de la resolución recurrida con motivo de retirar el expediente, a tenor del informe de Secretaría y del criterio de este Tribunal, por lo que el plazo para expresar agravios venció a las 9 horas (artículos 124 del Código Procesal Laboral y 121 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable por artículo 33 del primero), ejecutándose extemporáneamente tal acto.
Jubilación de magistrados, funcionarios judiciales, determinación del haber jubilatorio, remuneración del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fabris, Marcelo H. c/ Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-22

Todo ingreso sujeto a aportes que perciba un magistrado o funcionario judicial, en razón de sus funciones - cualquiera que sea el nombre que el legislador le asigne - integra su remuneración, y como tal, debe servir de base para fijar su haber de jubilación o retiro.
Propiedad horizontal, partes comunes, expensas comunes, cobro de expensas comunes, consignación judicial
Materia: CIVIL
Carátula: SICOS S.R.L c/ CONS. DE COPROP. H. YRIGOYEN 3254/66 s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

En un edificio sujeto al régimen de P.H. la falta de uso de algunos servicios da lugar frecuentemente a controversias. Es muy común que ello ocurra con los locales de negocios que se resisten a abonar los gastos de electricidad, petróleo, portería, reparaciones de terrazas o azoteas, etc., en virtud de la utilización o falta de provecho directo del agua caliente, calefacción, ascensor, portero eléctrico u otros servicios generales. Si bien, en ciertas hipótesis choca al sentido de la equidad la carga de tales expensas a quien no se beneficia con ellas, la consignación judicial de la expensas no resulta ser la solución adecuada, si por esta vía se pretende que el sentenciante decida que gastos se deben abonar y cuales no.
Acumulación de procesos, nulidad de sentencia, remisión del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Peacán Nazar, Rafael c/ Martínez Zuviría, María Helena s/ Fijación de Plazo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

Corresponde declarar la nulidad de un fallo si a raíz de un pronunciamiento que se estima extemporáneo, debido a la falta de acumulación de procesos, se ha dado una situación de prejuzgamiento que impide a la Cámara conocer de los recursos, sin correr el riesgo de crear cosa juzgada en el otro litigio, máxime si la sentencia ha decidido las cuestiones involucradas sin exponer un análisis de las pruebas que "prima facie" aparecen como insoslayables; rendidas en el expediente sobre fijación de plazo y en el otro que se debió haber acumulado. Corresponde remitir los autos sobre fijación de plazo y entrega de bienes muebles que le fueron adjudicados al cónyuge en el convenio de distribución en el expediente sobre divorcio y el proceso de daños y perjuicios, entre otras causas, por falta de cumplimiento de dicho convenio y la retención de dichos bienes, al Centro de Informática para la determinación del juez que habrá de acumular los procesos para el dictado de una única sentencia.
Obligaciones del empleador, certificado de trabajo, intimación al empleador, traslado de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Celis, Luis Alberto c/ Benítez, Hugo S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-29

"El traslado de la demanda, en el cual se reclama la entrega de un certificado de trabajo, constituye en mora al patrono en cuanto a esa obligación se refiere".
Acción, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Presidente S.R.L. (s/q) c/ Rivera, Rafael y otros s/ Restitución de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

No deben confundirse entre sí los conceptos legitimación activa con titularidad del derecho procurado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pago, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carlos Alberto paredes S.R.L. c/ Moccio, Olga s/ Juicio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-03

El pago no sólo puede ser acreditado mediante recibo sino también debe considerárselo realizado cuando aparece probado por otro medio fehaciente.
Derecho administrativo, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JORDÁ José Luis c/ Provincia de San Juan s/ Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-06-11

La administración está obligada a resolver, tiene el deber jurídico de resolver expresamente las cuestiones que frente a ella se susciten, y tiene que hacerlo conforme ciertas pautas que le son legalmente impuestas. Tiene a su cargo la impulsión e instrucción de oficio, (art. 1 de la Ley 3784), debe actuar con celeridad, economía, sencillez y eficacia, mediante decisiones fundadas, respetando los requisitos establecidos en el art. 7.

Además no tiene que resolver en cualquier momento, sino dentro de los plazos y límites temporales que en cada caso se le fijen para hacerlo, pues los plazos son obligatorios para los interesados y para la administración y los particulares tienen derecho a una decisión fundada y por escrito.

El silencio de la administración es la típica violación de un deber de acción, es que el silencio de la administración consiste en la duración de una situación que debe cambiar, la demora en resolver se convierte en silencio cuando vencen los plazos que la administración tiene para resolver. A partir de ese momento queda configurado el incumplimiento
Docentes, remuneración, educación primaria, educación secundaria, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pazos, Eliana Beatriz c/ Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-20

Ante la ausencia de norma de rango legal que asegurara inexorablemente el mantenimiento de la relación entre los índices del maestro de enseñanza primaria y del profesor de enseñanza media, la autoridad administrativa podía - en ejercicio de sus propias atribuciones - dictar normas en la materia.
Contrato de trabajo, despido, enfermedades inculpables, protección contra el despido arbitrario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mouro  Manuel  Angel c/ Artes  Gráficas  Rioplatenses  S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-29

En el caso, el trabajador fue despedido mientras se hallaba en reposo, por recomendación médica, a raíz de una gastroenterocolitis, por lo que entiende que le correspondería el crédito establecido en el art. 213 L.C.T.. Sin embargo, una vez producida la desvinculación del trabajador éste ya no se encuentra sujeto al control del patrono y el art. 213 in fine L.C.T. pone a su cargo la prueba de que continúa enfermo e imposibilitado de trabajar cosa que en el caso no sucedió. Al respecto , la CSJN ha dicho que la finalidad del art. 213 L.C.T. es proteger al dependiente contra el despido arbitrario durante el período de enfermedad, pero no penalizar al empleador imponiéndole una carga que se prolongue más allá del lapso de duración de esa misma protección (conf. CSJN, 23/12/86, "López c/Kenia S.A.", fallos 308:2630).
Contratos, boleto de compraventa, domicilio, demanda, notificación
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: LUCERO EDGARDO c/ MARTINEZ RITO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-03-08

El domicilio de elección (art. 101 del C.C.), constituye una cláusula del contrato, de manera que como todo el contexto general, para que pueda ser opuesto es necesario el reconocimiento previo del firmante. El domicilio contractual o de elección puede coincidir con el domicilio real y en tal caso este valdrá como tal aún cuando hubiera sido cambiado o no hubiera sido constituido en instrumento privado ni reconocido en juicio. Es que la obligación de notificar en el domicilio real el comparendo a juicio conforme lo establece la ley procesal (art. 63 inc.1 CPC) queda satisfecha con la sóla denuncia del mismo por parte del accionante, que no tiene en ese momento la obligación de probar o confirmar que el denunciado es efectivamente el domicilio real del demandado, en los términos del art. 89 del C.C.; por el contrario, el demandado para invalidar tal notificación , tendrá que demostrar que el domicilio real es otro, para lo cual es necesario un trámite incidental. Del voto de la Dra. Santiago de Ayrolo.
Jubilación por invalidez, carácter alimentario, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, Administración Nacional de la Seguridad Social, denegatoria del beneficio, impugnación del acto administrativo, solidaridad previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: AQUINO, JUAN IGNACIO c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-14

La inseguridad que suscitó la sanción de las leyes 24.241 y 24.463 -sobre todo en materia de jubilaciones por invalidez- y atendiendo a la naturaleza alimentaria del beneficio previsional tutelado por la Constitución Nacional (art. 14 bis y 17) y, especialmente, en resguardo de la garantía de defensa en juicio del titular, resulta razonable computar los plazos para impugnar la resolución de la A.N.Se.S. denegatoria del beneficio desde la entrada en vigencia de la ley de Solidaridad Previsional. (Disidencia del Dr. Herrero).