Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-08-28


La Plata, agosto 28 de 2003.

1º ¿Resulta admisible el recurso planteado? 2º De contestarse afirmativamente el interrogante transcripto, ¿es procedente? 3º En la hipótesis de responderse también afirmativamente el segundo interrogante, ¿es fundado? 4º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Piombo dijo:

El decisorio atacado fue notificado el 27/12/02 (fs. 4 vta.), efectuándose la condigna manifestación de ocurrir en casación dentro de los tres días inmediatos posteriores, toda vez que el 30 del mismo mes el tribunal a quo dictó una providencia teniendo presente la misma. Por último, la impugnatoria fue depositada en esta sede el 3 de enero del año en curso. O sea que el remedio se presenta como impecable desde el mirador temporal.

A su vez, el soporte documental hace referencia concreta al motivo de Casación, lo funda en derecho y peticiona el pronunciamiento que estima adecuado a derecho, por lo que la admisibilidad formal es incontestable.

Voto por la afirmativa.

El doctor Natiello dijo:

Adhiero al voto del doctor Piombo en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

El doctor Sal Llargués dijo:

Adhiero al voto de los colegas preopinantes en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

2º cuestión. - El doctor Piombo dijo:

Si bien la jurisprudencia plenaria descarta del ámbito de las sentencias definitivas las recaídas en un incidente de excarcelación, salvo supuestos de gravedad institucional, en el caso se tipifica este último, toda vez que la doctrina plenaria del tribunal ha sido descartada por peregrinas afirmaciones.

La primera es que ella carece de obligatoriedad, o sea echando al trasto de los desperdicios jurídicos el criterio sentado por el art. 4º de la ley 11.982, que hace "ratio essendi" -es decir: motivo de existencia de este tribunal- la tarea de mantener la uniformidad interpretativa del Código de forma.

La segunda al alegar la falta de firmeza del plenario en que este Cuerpo determinó, con mi disidencia, el alcance de la ley 24.390, olvida que los fallos plenarios, como elementos institucionales no referidos a causa determinada, no son susceptibles de recursos extraordinarios. Así, por otra parte, lo ha establecido la Suprema Corte provincial (Ac. 85.319 del 16/10/02).

A todo evento, el decisorio atacado es claramente definitivo, toda vez que la misma pretensión no podrá ser repetida en ningún otro procedimiento, habida cuenta que el tiempo para gozar de la libertad será distinto, mucho más breve o, simplemente, habrá acabado por consunción de los plazos. Y en todos los supuestos el daño será irreparable, la pérdida de la libertad podrá ser indemnizada, pero nunca restituida en su goce originario (sala I, sent. del 29/6/99 en causa 499, "Abrigo"; ídem del 18/8/99 en causa 487, "Nieva"; ídem del 7/2/00 en causa 157, "Castillo"; ídem del 22/3/00 en causa 712, "Burgos"; ídem del 4/12/00 en causa 2556, "Kot").

Por último, la causa pertenece al nuevo procedimiento, por lo que la intervención de este tribunal resulta conducente.

Voto por la afirmativa.

El doctor Natiello dijo:

Voy a disentir respetuosamente con mi distinguido colega preopinante.

La materia excarcelatoria resulta ajena a la competencia de este tribunal (art. 450, C.P.P. y acuerdo Plenario 5627) y, en el caso, en modo alguno se advierten circunstancias de excepción o gravedad institucional que autoricen a soslayar las limitaciones legales a la procedencia del recurso.

Frente a lo que sostiene el doctor Piombo, considero que los Plenarios del Tribunal de Casación, aunque obligatorios para todos los miembros de esta alzada, no resultan vinculantes para los inferiores.

A diferencia de lo que sucede en el ámbito nacional por imperio del art. 10 de la ley 24.050 y en nuestro propio medio respecto de los Plenarios de las Cámaras Departamentales (art. 37 inc. f, ley 5827), no existe, respecto de la jurisprudencia de nuestra sede, soporte Constitucional o legal que vincule a los inferiores restringiendo su potestad decisoria.

Como órgano integrante del Poder Judicial, el Tribunal de Casación no tiene potestad para dictar normas de contenido general y abstracto y sus decisiones sólo resultan vinculantes para los casos concretos en que se adoptan.

Lo contrario importaría aceptar que su interpretación de la ley, equivale a la ley misma y la de la Constitución, a la propia Constitución.

"...Pero el Poder Judicial no puede ejercer poderes legislativos ni constituyentes. Y no se advierte una zona intermedia: ni bien la sentencia judicial fuese dotada de imperatividad general, impersonal y objetiva, resultaría provista, por ese solo hecho, de los caracteres que nuestro sistema republicano reserva a la Constitución y a la ley. La diferencia entre las normas constitucionales, las legales y las sentencias judiciales es cualitativa; y, en consecuencia, no puede obviarse, por alta que sea la jerarquía institucional, moral o científica de un tribunal de justicia..." (S.C.J.B.A., en P. 39.149, del 29/9/92).

Por lo demás -en mi humilde criterio- no cabe hablar de alzamiento ni de gravedad institucional por la sola circunstancia de que, en el marco de un sistema democrático, un órgano jurisdiccional sostenga un parecer discrepante con la doctrina de este tribunal.

Y en cuanto a la uniformidad interpretativa, considero que la misma debe garantizarse a través de la interposición del recurso casatorio, para cuya viabilidad -precisamente- resulta presupuesto que el a quo haya inobservado la doctrina jurisprudencial.Voto por la negativa.

El doctor Sal Llargués dijo:

Adhiero al voto del doctor Piombo en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

3º cuestión. - El doctor Piombo dijo:

Conforme la exposición fáctica realizada por la Cámara, la aplicación de la doctrina plenaria sobre la ley 24.390, resulta insoslayable. Y así debe declararse.

En lo demás, adhiero al doctor Natiello, de cuyo voto tomo conocimiento durante el breve intercambio de opiniones que precede al acuerdo.

Voto por la afirmativa.

El doctor Natiello dijo:

El auto de excarcelación fue revocado sobre la base de un doble orden de motivos.

Por un lado, por entenderse inaplicable el cómputo privilegiado de la ley 24.390.

En este punto, como bien señala el doctor Piombo, se inobservó la doctrina Plenaria de esta sede. El argumento debe ceder.

Y también debe hacerlo el referido a la exigencia de readaptación a fin de conceder la excarcelación en los términos de la libertad condicional.

En el punto, sostuvo este tribunal (vgr., causa 9840 "Muñoz", sent. del 9/2/03), que los reglamentos carcelarios son las pautas que determina la ley de ejecución para la disciplina carcelaria (conf. Zaffaroni, "Derecho Penal", p. 917) reguladas en nuestro medio en los arts. 49 y sigtes. de la ley 12.256.

Y que cuando el art. 13 del Cód. Penal exige el cumplimiento de los reglamentos carcelarios se refiere a una relación de carácter objetivo que toma en cuenta la conformidad de la conducta del interno con los reglamentos que rigen la vida de encierro (conf. Creus, p. 503) resultando irrelevantes todos aquellos aspectos relacionados con la personalidad moral o la peligrosidad del condenado.

A diferencia de lo que sucedía con el Código Tejedor y con el de 1886 que, inspirados en el Código Bávaro de 1813, exigían para la concesión de la "gracia" que el condenado diese muestras de una reforma positiva (aplicación al trabajo, no incursión en actos de maldad); los Proyectos de 1891, 1906, 1916 y 1917 y nuestro actual Código Penal se inclinaron por un criterio predominantemente objetivo que para, la concesión de lo que ahora se estima un derecho (conf. De la Rúa, p. 222) excluye cualquier valoración de tipo psicológico o moral (conf. Soler, II, 387; Núñez, II, 402).

Estimo entonces que corresponde hacer lugar al planteo traído y, en consecuencia, casar el resolutorio atacado por inobservancia de la doctrina Plenaria de esta sede y del art. 13 del Cód. Penal, ordenando el mantenimiento del beneficio oportunamente concedido por el Tribunal Oral interviniente (conf. acuerdo Plenario 8746 y arts. 2º, 3º, 13, 24 y sigtes., Cód. Penal y arts. 448, 459, 460 y concs., C.P.P.).

Voto por la afirmativa.

El doctor Sal Llargués dijo:

Adhiero al voto del doctor Natiello en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

4º cuestión. - El doctor Piombo dijo:

Atento como han quedado resueltas las cuestiones precedentes, propongo al acuerdo 1. declarar admisible y procedente el recurso impetrado por la titular de la U.F.D. Nº 2 del Departamento Judicial Mercedes, abogada M. T. B., en favor de E. J. G.; 2. por los fundamentos dados, casar el auto impugnado dictado con fecha 26 de diciembre de 2002 por la sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental en causa 6050 de su registro; 3. disponer que el órgano jurisdiccional a quo mantenga el beneficio oportunamente concedido por el Tribunal Oral interviniente teniendo presente el cómputo establecido por la ley 24.390, conforme la doctrina sentada por el plenario de este tribunal, sin costas (arts. 2º, 3º, 133, 24 y sigtes., Cód. Penal y 421, 448, 450, 451, 460, 531, 532 y concs., C.P.P.; acuerdo Plenario dictado en causa 8746 de fecha 16 de mayo de 2002 -y doctrina emergente-) y 4. tener presente la reserva del caso federal interpuesta por el entonces defensor adjunto ante esta sede, doctor G. A. H., a tenor de lo que dispone el art. 14 de la ley 48.

Así lo voto.

El doctor Natiello dijo:

Adhiero al voto del doctor Piombo en igual sentido y por los mismos fundamentos, dejando a salvo la opinión vertida al dar respuesta a la segunda cuestión.

Así lo voto.

El doctor Sal Llargués dijo:

Adhiero al voto de los colegas preopinantes en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, el tribunal resuelve: I. Declarar admisible y, por mayoría, procedente el recurso de Casación impetrado por la Defensora Oficial titular de la U.F.D. Nº 2 del Departamento Judicial Mercedes, abogada M. T. B., en favor de E. J. G. II. Por los fundamentos dados, casar el auto impugnado dictado con fecha 26 de diciembre de 2002 por la sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental en causa 6050 de su registro. III. Disponer que el órgano jurisdiccional a quo mantenga el beneficio oportunamente concedido por el Tribunal Oral interviniente teniendo presente el cómputo establecido por la ley 24.390, conforme la doctrina sentada por el plenario de este tribunal, sin costas. Arts. 2º, 3º, 133, 24 y sigtes del Cód. Penal y 421, 448, 450, 451, 460, 531, 532 y concs. del C.P.P.; acuerdo Plenario dictado en causa 8746 de fecha 16 de mayo de 2002 -y doctrina emergente-. IV. Tener presente la reserva del caso federal interpuesta por el entonces Defensor Adjunto ante esta sede, doctor G. A. H., a tenor del art. 14 de la ley 48. - Horacio D. Piombo. - Carlos A. Natiello. - Benjamín R. Sal Llargués.