Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14


SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 28353 . SALA V. AUTOS: ""CARBALLEDA ANABELLA LUCIA C/ MET AFJP S.A. S/INTERRUPCIÒN PRESCRIPCIÒN" (JUZGADO Nº 79 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 14 días del mes de febrero de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT dijo:

La parte actora apela a fs. 16 contra la resolución de fs. 4.

El señor Juez de primera instancia resolvió intimar a la accionante para que de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 de la L.O., bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica.

Al apelar, la actora expresa que por ser una acción declarativa tales recaudos se encuentran cumplidos con el escrito de inicio, conforme los alcances del artículo 3986 del Código Civil primer párrafo, por el hecho de haber identificado a las partes y los rubros	En primer término corresponde analizar si la resolución judicial es apelable. A criterio de esta sala la resolución es apelable por cuanto, de resultar inapelable, el acto que intima al cumplimiento de determinadas diligencias bajo apercibimiento de considerar no presentada la demanda quedaría firme. Esto acarrea un serio peligro para el derecho de defensa en juicio y el principio de tutela judicial efectiva reconocido por el Pacto de San José de Costa Rica. En efecto, la apelación interpuesta contra el acto jurisdiccional que hace efectivo el apercibimiento debería tener en cuenta que ello no fue más que la ejecución de una manda judicial firme y, por tanto, si bien apelable como acto resulta inexpugnable por la firmeza del acto jurisdiccional que la precede. Por tanto, por causar gravamen irreparable (más allá de la legitimidad que éste pudiera tener), el acto jurisdiccional que dispone una intimación bajo apercibimiento de considerar no presentada la demanda es apelable.

La segunda cuestión consiste en determinar si la resolución es apelable de modo inmediato o con efecto diferido en los términos del artículo 110 LO. No obstante ser una resolución dictada con anterioridad a la sentencia definitiva, lo cierto es que el letrado del actor intimado por el tribunal, sin posibilidad de controversia debe atender a un dilema de hierro. Consentir una intimación que reputa ilegítima y que puede afectar su estrategia procesal lícita o cargar con el riesgo de incumplir la intimación y soportar las consecuencias gravosas que impone la intimación. Esta solución pone en riesgo justamente el ejercicio regular de la defensa en juicio depositada por el justiciable en manos de su patrocinio letrado y colisiona directamente con el principio de tutela judicial efectiva. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 3 de la ley 27, el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y, fundamentalmente, lo normado por el artículo 8 apartada 1 de la Convención Interamericana de DD. HH., resulta obvio que admitida la apelabilidad de la resolución, ella debe realizarse de modo inmediato para así dar cumplimiento por lo exigido por la última de ellas:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Esta Cámara es el tribunal competente para la apelación en la que quien tiene derecho a apelar debe ser oído con la debida garantía (no hay garantía eficaz si el abogado -defensor de los intereses particulares - debió agachar la cerviz por la amenaza de la pérdida grave de un derecho) y dentro de un plazo razonable, que no es sólo el tiempo cronológico sino también el tiempo lógico para la defensa del derecho. Por esta causa entiendo que el recurso debe ser concedido de modo inmediato por la prelación del principio de tutela judicial efectiva por sobre el principio de diferimiento del recurso de apelación.

Establecido ello, corresponde analizar el recurso planteado por el actor respecto de la intimación cursada. Queda fuera del ámbito del recurso por conformidad de partes que la demanda contiene defectos que -en el supuesto que se corriera traslado - provocarían la excepción de libelo oscuro que las intimaciones previas vinculadas al impulso procesal de oficio intentan evitar.

El planteo del actor consiste en afirmar que existe un error en el juzgador por cuanto el objeto de la acción era la interrupción de la prescripción y no el reclamo de los créditos. En el punto se manifiesta una clara confusión entre el objeto de la demanda (las pretensiones) y los efectos de su interposición (la interrupción del plazo de prescripción). Es que la prescripción es la privación de la acción a una obligación por la concurrencia del transcurso del tiempo y la inacción del acreedor. Por ello la demanda, en tanto acto serio destinado a obtener la ejecución de la obligación, descarta la inacción y pone fin al plazo de prescripción aunque fuera interpuesta ante juez incompetente o fuera defectuosa. La demanda interrumpe el plazo de prescripción que afecta a las obligaciones cuyo cumplimiento fueron el objeto de la demanda. Por eso la interrupción del plazo de prescripción es efecto y no objeto de la demanda. Es más, una demanda que tuviera por objeto interrumpir la prescripción en rigor de verdad no interrumpiría el plazo de prescripción de las obligaciones ya que su cumplimiento no fue el objeto de la demanda.

En este orden de ideas la intimación del juzgador que tiene por objeto sanear los defectos que podrían dar lugar a la excepción de libelo oscuro expurgada de nuestro procedimiento se ajusta al orden normativo y debe ser convalidada.

Confirmada la resolución judicial que intima a subsanar defectos, el actor puede cumplir la intimación en el lapso propuesto por el juez de grado o no cumplir la misma con el efecto del archivo de la demanda. En este último supuesto la CSJN y la doctrina de la CNAT (a instancias del entonces Procurador General del Trabajo Guillermo Bermúdez), han entendido que no se trata de un supuesto de caducidad sino de demanda defectuosa por lo que la demanda tenida por no presentada produciría el efecto de interrupción de la prescripción.

Por supuesto, este juicio no corresponde hacerlo ahora sino en la eventualidad de que el actor elija no cumplir la intimación y reinicie con posterioridad una nueva demanda frente a la cual se oponga -respecto de las obligaciones que constituyen su objeto - la excepción de prescripción. Las costas de alzada correrán por el orden causado atento no mediar oposición (artículo 68 del C.P.C.C.N.).

EL DOCTOR OSCAR ZAS manifestó:

I) El recurso interpuesto a fs. 16 resulta mal concedido, pues resoluciones como la atacada no son apelables ya que las intimaciones en los términos del art. 67, L.O. y en función de los requisitos del art. 65 del ordenamiento legal precitado no están contempladas en el art. 105, L.O., ni ponen fin al pleito.

Sin perjuicio de lo expuesto, y sólo a mayor abundamiento, cabe destacar que en el "sub-lite" el actor carece en este caso de interés recursivo, pues el objetivo perseguido por el apelante a través de la demanda de fs. 3/vta. fue logrado, en tanto el juez de grado, sin perjuicio de la intimación ahora cuestionada tuvo "por interrumpida la prescripción" (ver fs. 4).

II) Costas de alzada en el orden causado.

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO manifestó:

Por compartir los fundamentos expuestos en el segundo voto, adhiero a lo allí propuesto En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1) Declarar mal concedido el recurso interpuesto a fs. 16. 2) Costas en el orden causado. Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

MMV	Enrique Néstor Arias Gibert Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara María C. García Margalejo Juez de Cámara