Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-20


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 20 de 2006.

La Dra. Pérez Pardo dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 376/380 que rechazó la demanda, recurre la parte actora por los argumentos expuestos a fs. 417/425, los que fueron contestados a fs. 432/439 y a fs. 441/444.

Se agravia el actor por el rechazo de demanda, por el alcance dado por el anterior sentenciante a la relación jurídica existente entre las partes, por la valoración de la prueba producida y por sus consideraciones, respecto del nexo causal.

II. En primer lugar, debo adelantar que no coincido con el marco jurídico brindado por el "a quo" al particular caso de autos. Así considero que, el vínculo que se establece entre el concesionario y el usuario de una autopista, es netamente contractual, subsumiéndose el presente caso en las previsiones de la ley 24.240 de defensa del consumidor, que torna operativa la protección otorgada por el art. 42 de la Constitución Nacional, por lo que toda disposición administrativa que se oponga al sistema previsto por dicha ley, resulta inoponible al usuario. Bajo esta concepción, el peaje es la contraprestación que paga el usuario; reviste la entidad de un precio, pues se encuentra gravado por el Impuesto al Valor Agregado (conf. el voto del Dr. Zaffaroni, en el reciente fallo "Ferreira, Víctor D. y otro c/ V.I.C.O.V. S. A.", del 21/03/2006, donde adoptó un criterio más riguroso que el establecido en precedentes anteriores, tal como el registrado en la causa "Colavita" - fallo 323:318).

Así, el usuario es un consumidor final y no un contribuyente. El contrato que une a las partes, genera dos obligaciones, por un lado debe habilitar, facilitar y permitir el tránsito en la ruta concesionada y por el otro existe el deber de seguridad respecto del usuario, asegurándole que no sufrirá daños durante su circulación por la misma. La concesionaria tiene a su cargo la realización, mantenimiento, reparación y conservación de las obras atinentes a la autopista, pesando sobre ella también el deber de seguridad respecto de los usuarios que transitan por la misma. Si bien en principio ello estaría referido a tomar aquellas medidas tendientes a evitar que se produzcan accidentes cuya causa radique en cosas inertes a la autopista, lo que parecería apuntar a anomalías relacionadas con el mal estado del pavimento, falta de señalización o iluminación; entiendo que la obligación que pesa sobre la concesionaria es la de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la adecuada fluidez del tránsito en todo momento, suprimiendo las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidades para los usuarios.

En este sentido se ha sostenido que el concesionario no sólo tiene a su cargo el mantenimiento del uso y goce de la ruta, sino que además debe brindar servicios relativos a la seguridad por cuanto, esta última obligación se desprende de lo establecido en el art. 42 de la Constitución Nacional (conf. voto del Dr. Lorenzetti, en el fallo "Ferreira, Víctor D. y otro c/ V.I. C. O. V. S. A." del 21/03/2006). Es así que pesa sobre la concesionaria una obligación tácita de seguridad, por la cual ésta asume el compromiso de hacer posible el tránsito en todo el recorrido del tramo concesionado en condiciones de seguridad, todo ello de acuerdo al principio de buena fe emanado del art. 1198 del Código Civil.

Aclarado ello, corresponde destacar que prácticamente la totalidad de los autores que se han referido al tema consideran que la responsabilidad de los concesionarios frente a los usuarios de rutas tiene fundamento objetivo. En esto están de acuerdo tanto quienes predican la responsabilidad contractual como la extracontractual. Quienes consideran que la responsabilidad del concesionario es extracontractual la fundan en el art. 1113, 2º párrafo, 2a. parte, en cuanto consagra la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de las cosas. En la tesis de la naturaleza contractual de la responsabilidad, el fundamento es el de la obligación de seguridad de resultado cuyo incumplimiento también genera responsabilidad objetiva, con factor de atribución basado en la garantía. Cualquiera sea el supuesto, el responsable sólo podrá eximirse acreditando la ruptura de la cadena causal a través del caso fortuito, la culpa de la víctima o la de un tercero por el que no debe responder (conf. C. N. Civ., Sala "J", 08/05/2006, "Ciccone, Víctor A. c. Coviares S. A.", publicado en La Ley Online).

Por todo lo precedentemente expuesto entiendo que corresponderá hacer lugar a los agravios planteados en relación al marco legal dado por el "a quo" al caso analizado.

III. A tenor de los restantes agravios planteados por el accionante, corresponde analizar las pruebas obrantes en autos, que serán evaluadas conforme las reglas de la sana crítica (art. 386 Código Procesal). Por otra parte, los jueces no están obligados a referirse a cada medida de prueba, sino solamente a aquellas que sean pertinentes según la forma en que ha quedado trabada la relación procesal (C. S. J. N. 20/9/1989, "Salamonte, Antonio c/ Dirección Vialidad Nacional A fs. 1/2 de la causa penal Nº 33.644, que tramitó por ante el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 6, y en original y al presente tengo a la vista, obra la denuncia efectuada por al accionante de donde se desprende que el 30/1/99, en horas de la medianoche, éste circulaba por la autopista Illia en dirección hacia la Costanera cuando "en forma imprevista impacta sobre el parabrisas un objeto contundente del lado del conductor, y al mismo tiempo otro impacta sobre la ventanilla del lado del acompañante... al volver en sí levanta la cabeza, escucha hablar y observa a un grupo de 4 o 5 muchachos que intentaban saltar el alambrado". Agregó que "...estuvo por un lapso de unos 30 minutos sin ser socorrido, hasta que llegaron personas de la remisería a ayudarlo...". Al ampliar su denuncia a fs. 36, sostuvo que "a la altura de la villa 31, me arrojaron una pedrada... recuerdo gente que saltaba el alambrado..." (sic.).

Asimismo a fs. 215/216 obra el testimonio del Sr. Lascano, que si bien no presenció el accidente, sostuvo que cuando llegó al lugar "... lo encontró a Ramón con una herida en el cráneo, en la parte derecha de la frente, con mucho sangrado y en pésimas condiciones... el parabrisas tenía un orificio bastante amplio. Eso lo había provocado una piedra, que quedó en el asiento trasero. Respecto de dónde provino la piedra, a esa hora son varios los transeúntes que cruzan... Cuando yo llegué, a los 20 minutos del hecho, no había nadie en representación de la autopista y tampoco un servicio de emergencia... Cuando llegó el servicio privado que solicité yo, se hicieron presentes las personas de la autopista, preguntando qué había pasado...". La valoración del testimonio está sujeta al prudente arbitrio judicial según las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de su contenido (art. 456 del C. P. C. C.), de tal suerte que debe ser apreciado en función de diversos elementos, tales como las condiciones individuales y genéricas del deponente, seguridad del conocimiento que manifiesta, coherencia del relato, razones de la convicción que declara y la confianza que inspira, de acuerdo a las reglas de la sana crítica (C. N. Civ., Sala "A", Expte. L. 367.060 del 15/8/03; L. 424.733 de noviembre de 2005)".

A fs. 25, obra una contestación de oficio emitido por la Comisaría Nº 46 de esta Ciudad, con fecha 20 de mayo de 2.000, en donde al solicitarle que informe la cantidad de denuncias que fueron presentadas por damnificados, en accidentes en la Autopista Arturo Illia, por agresiones provocadas por proyectiles arrojados desde la zona donde fue lesionado el Sr. Medina, contestó que se recibieron, seis denuncias en el año 1.996, quince denuncias en le año 1.997, ocho denuncias en el año 1.998 y cinco denuncias en el año 1.999; lo que totaliza la cantidad de treinta y cuatro denuncias por casos como el de autos -dentro de las cuales se encuentra la del accionante- en el plazo de cuatro años.

A ello debo agregar que en un reciente fallo de esta Sala, iniciado contra la misma firma demandada, donde los hechos controvertidos resultaban ser similares a los que se discuten en esta litis, tuve oportunidad de pronunciarme sobre el contrato de concesión de la firma Covimet S. A., cuya normativa aprobada por Decreto 2085/94 del Gobierno de la Ciudad de Bs. As., publicada en el Boletín Municipal de la Ciudad de Buenos Aires el 14/1/94 y el Decreto 3135-GCBA-98 que aprobó el proyecto de reordenamiento contractual de la Concesión de la Autopista 9 de Julio AV-1 "Arturo Humberto Illia" tramo norte, y la resolución del 13/1/99 de la Secretaría de Producción y Servicios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Precisamente en la cláusula III.1.4 del reordenamiento contractual se dispone que "...la policía de circulación está encomendada a la Policía Federal y/o a la que en el futuro sea competente en la Autopista...", aclarándose luego que "...El concesionario realizará a su costo el servicio normal de vigilancia de la seguridad vial, que garantice que en todo momento puede circularse con comodidad..." y "...facilitará la labor de la Policía Federal... mediante el mantenimiento de la colaboración necesaria...".

Asimismo, párrafo seguido, se hizo mención a "...los servicios de seguridad vial que en el futuro el concesionario pueda implementar por entenderlos necesarios..."A esto debo agregar que de la cláusula II.6.1 se desprende que "...EI concesionario debía tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y protección de bienes y personas. Proveerá y conservará todas las luces, protecciones, cercas, carteles y señales indicadoras y vigilancia cuando y donde fueren necesarios para la seguridad y conveniencia de personas y bienes..." (conf. "Goitia, Martín Damián c/ Covimet S. A. y otros s/ daños y perjuicios (acc. trans. c/les. o muerte)", Expte. Nº 60.776 de esta Sala).

De ello se deduce que si bien el poder de policía no se desprendió completamente del Estado ya que interviene la Policía Federal Argentina, y el concesionario no asume la obligación de prevención y represión de los posibles delitos, lo cierto es que sí se encuentra en cabeza de éste último facilitar la labor de la Policía Federal Argentina, manteniendo en todo momento la colaboración necesaria, situación ésta que no encuentro configurada plenamente en autos. Así, conforme surge de la contestación de oficio emitida a fs. 177 por la "División Policía Adicional y Contralor", durante el mes de enero de 1.999, la firma demandada contrató servicios bajo el régimen de policía adicional, entre los cuales se hallaba contemplado uno particular implementado en el lugar en donde ocurrió el hecho. A pesar de los recaudos mencionados, que a mi entender resultaron insuficientes, la accionada no evitó que casos como el de autos se produjeran, máxime si se tiene en cuenta el número de treinta y cuatro casos similares ocurridos en la zona y denunciados a la Comisaría Nº 46º (ver contestación de oficio de fs. 25) y que el demandado luego de recibir el golpe, permaneció en el lugar inconsciente sin ser socorrido por personal de la accionada, ni por el personal policial que ésta última habría contratado, y ello durante un tiempo prolongado hasta ser socorrido por el testigo Lascano.

En consecuencia, entiendo que la empresa demandada, no prestó la debida colaboración a la Policía Federal en la prevención de estos hechos, máxime si se tiene en cuenta que la firma codemandada debió proveer y conservar todas las protecciones y vigilancia necesaria, cuándo y dónde fueran requeridas para la seguridad y conveniencia de personas y bienes que utilizan la autopista, conforme fuera establecido en la cláusula II.6.1 de los antecedentes contractuales a los que hice referencia precedentemente. A ello debo sumar que ante el excesivo número de denuncias de casos como el de autos, por ante la Comisaría Nº 46º de esta Ciudad, la concesionaria debió tomar mayores recaudos, necesarios a fin de evitar que hechos vandálicos como el reclamado continuaran sucediendo, situación que no se configuró en el caso de autos. Atento ello, entiendo que la empresa concesionaria no acreditó en el caso haber cumplido con su obligación de asegurar la fluidez y seguridad del tránsito, de lo que se sigue que tampoco encuentro acreditado eximente alguno de responsabilidad que interrumpa el nexo causal existente en el caso de autos de acuerdo a lo expuesto precedentemente.

En consecuencia, si mi voto fuera compartido, entiendo que corresponde revocar lo decidido en la instancia anterior y hacer lugar a la demanda interpuesta contra la accionada Covimet S. A., haciendo extensiva la misma a "Provincia Seguros S. A.", en los términos del art. 118 de la Ley Nº 17.418.

IV. Efectuado el análisis de la responsabilidad en el caso, corresponde tratar los rubros reclamados por el accionante.

Reclama el actor se lo indemnice por la incapacidad sobreviniente producida como consecuencia del siniestro. Cabe destacar al respecto que la procedencia de la incapacidad sobreviviente está determinada por el reconocimiento de la disminución en las aptitudes tanto físicas como psíquicas de la víctima. Esta disminución repercute en lo orgánico como en lo funcional, menoscabando la posibilidad de desarrollo pleno de su vida en todos los aspectos de la misma, como lo son el conjunto de actividades de las que se ve privada de ejercer con la debida amplitud y libertad, y que se proyectan sobre su personalidad integral y afectan su patrimonio, constituyen inescindiblemente los presupuestos para determinar la cuantificación del resarcimiento, y encuentra su sustento jurídico en disposiciones como las contenidas en los arts. 1068 y 1109 del Código Civil. Es claro que las secuelas tanto físicas como psíquicas y los tratamientos de las mismas quedan comprendidos en la indemnización por dicha incapacidad. De acuerdo a lo expuesto, entiendo que tanto la incapacidad física como la psíquica y los tratamientos reclamados deberán analizarse conjuntamente. Ello se debe a que como ya fue sostenido por esta Sala, la capacidad de la víctima es una sóla, por lo que su tratamiento deberá efectuarse en ese sentido.

Asimismo, debo recordar que el daño psíquico configura un detrimento a la integridad corporal, y que para que éste sea indemnizado independientemente del moral, debe configurarse como consecuencia del siniestro objeto de autos y por causas que no sean preexistentes al mismo. Bajo este concepto esta Sala ha sostenido que ello se da en una persona que presente luego de producido el hecho, una disfunción, un disturbio de carácter psíquico permanente.

En conclusión, se exige que muestre una modificación definitiva en la personalidad que la diferenciaba de las demás personas antes del hecho; una patología psíquica originada en éste que permita que se la reconozca como un efectivo daño a la integridad corporal y no simplemente una sintomatología que sólo aparezca como una modificación disvaliosa del espíritu, de los sentimientos, que lo haría encuadrable tan sólo en el concepto de daño moral. En consecuencia, sólo será resarcible el daño psíquico en forma independiente del moral, cuando sea consecuencia del accidente, sea coherente con éste y se configure en forma permanente. En este sentido, a fs. 275/279 obra el dictamen elaborado por el perito médico de donde surge que el actor padece una incapacidad psicofísica parcial y permanente, como consecuencia de las lesiones óseas fructuarias y los elementos parciales del Síndrome Post Conmocional expresados por síntomas parciales -que fueron evaluados por el perito en el 8% de incapacidad-. Asimismo, el perito diagnosticó un Desarrollo Reactivo Post Traumático de tipo Neurótico, con vivencias de ansiedad, depresivas, fóbicas de grado leve, con encuadre al evento sufrido y a sus lesiones, con sentimientos de la pérdida de su integridad psicofísica, apareciendo algún síntoma que conforma un Síndrome Elemental Post Conmocional con el antecedente además de la pérdida de conocimiento -evaluados por el experto en un 15% -.

Estimó necesaria la realización de un tratamiento mediante una psicoterapia de tipo individual, durante un año a razón de una sesión semanal de pesos treinta y cinco ($ 35). Al respecto entiendo que el dictamen elaborado por la perito se encuentra fundado razonablemente en principios y procedimientos técnicos, y resulta congruente con el resto de la prueba obrantes en autos. Dicha circunstancia conduce a aceptar las conclusiones a las que arriba en el mismo, ello al ponderarlo conforme a lo prescripto por los arts. 386 y 477 del Código Procesal. En este sentido, he dicho que el Juez sólo puede apartarse del asesoramiento pericial cuando contenga deficiencias significativas, sea por errores en la apreciación de circunstancias de hecho o por fallas lógicas del desarrollo de los razonamientos empleados, que conduzcan a descartar la idoneidad probatoria de la peritación (conf. Expte. Nº 63.483). El dictamen precitado fue impugnado por la parte actora y por la citada en garantía a fs. 286 y a fs. 289. Dichas impugnaciones fueron contestadas por un segundo perito designado en autos, quien a fs. 329/331 sostuvo que el porcentaje asignado por el experto anterior resultó ser bajo, y asignó una incapacidad de tipo física, parcial y permanente cuyo grado es de 12 % y estimó adecuado el porcentaje de incapacidad psíquico asignado por el anterior perito, aunque sostuvo que una sesión psicoterapéutica en ámbito privado, se puede establecer en pesos sesenta ($ 60).

Ahora bien, entiendo oportuno aclarar que los porcentajes de incapacidad que determinan los informes periciales no implican una pauta estricta a la cual deben atenerse las indemnizaciones. (conf. C. N. Civ., Sala "H", 27/8/97, "Agrese de Di Cosntanzo, Elizabeth c/ Orrijola, José G. y otro s/ daños y perjuicios"). En cuanto al monto a considerar por sesión de tratamiento, atento a los valores actuales del medio, me parece equitativo la suma de pesos cincuenta ($ 50) por sesión, suma que se incluirá dentro del monto que se fije por incapacidad sobreviniente.

Ahora bien, probado el daño en relación causal directa con el accidente, corresponde establecer la indemnización en concepto de resarcimiento por la lesión padecida. A fin de establecer el quantum indemnizatorio, debo resaltar que la indemnización no implica la determinación de cálculos, porcentajes o pautas rígidas. Para supuestos como el caso de autos, entiendo que la determinación del monto indemnizatorio por el rubro bajo estudio, queda librado al prudente arbitrio judicial. Al respecto, no existen pautas fijas para determinar la suma resarcitoria, ello debido a que se trata de situaciones en que varían diferentes elementos a considerar, tales como las características de las lesiones padecidas, la aptitud para trabajos futuros, su edad, condición social, situación económica y social del grupo familiar, etc., siendo variables los parámetros que harán arribar al Juzgador a establecer la reparación. En consecuencia encontrándose acreditado el desmedro invocado, teniendo en cuenta que al momento de realizar la pericia médica el Sr. Medina tenía 56 años de edad, de estado civil casado, refiriendo como ocupación habitual la de técnico en telefonía, y en uso de las facultades conferidas por el art. 165 C.P.C.C. entiendo prudente otorgar en concepto de incapacidad sobreviviente -que reúne las incapacidades física y psíquica y el tratamiento mencionado-, la suma de pesos veinte mil quinientos ($ 20.500) a la fecha del hecho dañoso, con más sus correspondientes intereses.

Reclama asimismo se lo indemnice por el daño estético padecido como consecuencia del accidente. Al respecto entiendo que la lesión estética no configura un daño autónomo; ella puede dar lugar a daño patrimonial o daño moral. El rubro analizado sólo se considerará dentro de la incapacidad sobreviviente, si se aprecia que la apariencia física resulta como relevante para el plano laboral, o disminuya el normal desenvolvimiento de la vida en relación. Asimismo del dictamen médico obrante a fs. 275/279, surge que en relación a la lesión estética, se trata de una alteración donde lo más observable es un leve descenso palpebral derecho a nivel de la bolsa, cejas poco pobladas especialmente casi alopecia de la mitad externa de la ceja derecha. Agrega el experto que se trata de una alteración en donde lo más observable es la ceja derecha y un área limitada por el surco entre la nariz y el ojo; aumentando de volumen y el párpado superior con un repliegue que no hay a la izquierda donde asentó una herida que fue suturada, agregando que no había trazos puntuales de cicatriz de herida incisa dermo epidérmica; esa área es de unos 6 cm. de superficie y del mismo color que el resto de la piel, por lo que la visibilidad es muy baja, no es disarmónica y no hay interferencia en la función del área. En consecuencia, conforme lo dictaminado por el perito médico en su pericia, y teniendo en cuenta la profesión del actor -técnico en telefonía- y que lo dicho no afecta el plano laboral del mismo, ni disminuye su normal desenvolvimiento de la vida en relación, debo adelantar que lo dictaminado será tenido en cuenta al tratar el rubro de daño moral.

En cuanto al daño biológico reclamado, entiendo oportuno aclarar que en la doctrina: y jurisprudencia italiana se ha generalizado la expresión "daño biológico" para calificar la situación lesiva que debe entenderse como un perjuicio inferido a la normalidad y plenitud de la existencia del sujeto (conf. Zavala de González, "Responsabilidad de daños", Tomo 2 "a", pág. 55); pero en nuestra doctrina se prefiere hablar de lesión a la integridad psicofísica, como presupuesto de los daños resarcibles, sean ellos morales o patrimoniales. Atento lo expuesto, entiendo que el rubro bajo estudio se encuentra desmembrado en los restantes rubros indemnizatorios, razón por la cual nada cabe admitir por este concepto.

En relación a los gastos médicos y de farmacia reclamados, entiendo que no es necesaria la acreditación de los mismos a través de recibos o facturas, siendo únicamente necesario que éstos guarden relación con las lesiones acreditadas por la víctima, quedando su monto resarcitorio librado al prudente arbitrio judicial. En virtud de ello, y teniendo en cuenta el peritaje médico precedentemente mencionado, considero equitativo otorgar por este rubro la suma de pesos cuatrocientos ($ 400) -conf. art. 165 C. P. C. C.- a la fecha del hecho dañoso, con más sus correspondientes intereses.

En cuanto a los gastos de traslado, de manera análoga a lo resuelto en relación a los gastos de asistencia médica y de farmacia, entiendo que no necesitan ser acreditados cuando la naturaleza de las lesiones producidas a la víctima hacen presuponer su existencia. En virtud de ello entiendo prudente otorgar el resarcimiento de este rubro en la suma de pesos doscientos cincuenta ($ 250) -conf. art. 165 C. P. C. C.- a la fecha del hecho dañoso, con más sus intereses.

Por último reclama el accionante se lo indemnice por el daño moral padecido. En este sentido entiendo al mismo como el menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales provocados por el evento dañoso, es decir, por el hecho o acto antijurídico. El daño moral comprende los padecimientos y angustias que lesionan las afecciones legítimas de la víctima. Es un daño no patrimonial, es decir, todo perjuicio que no puede comprenderse como daño patrimonial por tener por objeto un interés puramente no patrimonial. Asimismo se ha definido como "...una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar la persona diferente al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente prejudicial. Se trata de todo menoscabo a los atributos o presupuestos de la personalidad jurídica, con independencia de su repercusión en la esfera económica..." (conf. C. N. Civ., Sala "M", "Segura Godoy, Sergio A. c/ Hagelin, Alex I. s/ daños y perjuicios", 19/03/96). La determinación del monto indemnizatorio se encuentra librada al prudente arbitrio judicial, con amplias facultades para computar las particularidades de cada caso. En virtud de las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta las circunstancias personales de la víctima reseñadas precedentemente y lo dicho en relación al daño estético, en uso de las facultades que confiere el art. 165 del C. P. C. C. N., considero prudente otorgar como indemnización por el rubro bajo estudio, la suma de pesos veinte mil ($ 20.000) a la fecha del hecho dañoso, con más sus intereses.

V. En cuanto a los intereses, cabe destacar que atento el fallo Plenario dictado por el Tribunal con fecha 23 de marzo de 2.004 en la causa "Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 S. A. C. L, Interno 200 s/ daños y perjuicios", que ratifica el plenario "Vázquez, Claudia c/ Bilbao, Walter y otros", del 3 de agosto de 1.993, corresponde aplicar en el presente caso la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde el hecho dañoso y hasta su efectivo pago.

VI. En consecuencia, si mi voto fuera compartido, corresponde revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda entablada por el Sr. Medina contra la firma "Covimet S. A.", haciendo extensiva la misma a la firma "Provincia Seguros S. A.", en los términos del art. 118 de la Ley Nº 17.418; condenando a pagar a la parte actora, dentro de los diez días de quedar firme el presente, la suma de pesos cuarenta y un mil ciento cincuenta ($ 41.150), con más sus intereses que se calcularán conforme fue establecido en el punto V, imponiéndole las costas de la instancia anterior y las de la Alzada a la vencida (conf. art. 68 C. P. C. C.) por no encontrar razones para apartarme del principio objetivo de derrota.

Los Dres. Pascual y Rebaudi Basavilbaso por razones análogas votan en el mismo sentido.

y Daniel Paz Eynard. Es copia fiel del original que obra en el Libro de Acuerdos de esta Sala.

Buenos Aires, de Octubre de 2006.

Y VISTO: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos el Tribunal decide: Revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda entablada por el Sr. Medina contra la firma "Covimet S. A.", hacer extensiva la misma a la firma "Provincia Seguros S. A.", en los términos del art. 118 de la Ley Nº 17.418; condenando a pagar a la parte actora, dentro de los diez días de quedar firme el presente, la suma de pesos cuarenta y un mil ciento cincuenta ($ 41.150), con más sus intereses que se calcularán conforme fuera establecido en el punto V. Costas de la instancia anterior y las de la Alzada se imponen a la vencida (conf. art. 68 C. P. C. C.) por no encontrar razones para apartarme del principio objetivo de derrota.

Difiérense las regulaciones de honorarios por ambas instancias para cuando exista liquidación aprobada en los términos del art. 1º de la ley 24.432.

El juzgado actuante deberá arbitrar los medios a fin de que los condenados en costas integren la tasa de justicia pertinente de conformidad con los arts. 10, 11, 12 y 14 de la ley 23.898. - Marcela Pérez Pardo. - Emilio M.Pascual, O. Hilario Rebaudi Basavilbaso.