marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, reconocimiento de firma, audiencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CHIAPERO  RAUL MARIA: INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA EN: HEMISFERIO CIA. DE SEGUROS S.A. S/LIQUIDACION s/ INCIDENTE  DE VERIFICACION TARDIA - RECONOCIMIENTO DE FIRMA - COSTAS   HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-08-26

Cuando se llama a una audiencia para el reconocimiento de firma y no de una documental, demuestra que una vez reconocida la firma, queda reconocido el documento, atento a la clara expresión que en ese sentido le otorga el art. 1028 del C.C. en concordancia con lo que dispone el 1026 del mismo cuerpo legal. La falta de asistencia a la audiencia determina como sanción la contenida en el art. 237 del C.P.C., que se refiere en este caso, a la falta de reconocimiento de la firma, de allí que la pretendida dualidad entre reconocimiento de documental y de firma que quiere efectuar, no tiene andamiento. El hecho de que no se encuentra copia en autos, no es óbice para que ese reconocimiento ficto tenga validez, y pueda ser solicitado su reconocimiento, máxime cuando en autos la única prueba ofrecida, a este respecto, ha sido la documental.
Recurso extraordinario federal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramírez, Juan Carlos c/ Celestino Hnos. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. Caramilla, Martín Alberto c/ Huayqui S.A. s/ ACCIDENTE  DE  TRABAJO  (ART.  1113  C.C.)  S/ INAPLICABILIDAD DE LEY Zabala, Estela c/ Famaba S.A. s/ DEMANDA LABORAL S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. RAGO, MIGUEL ANGEL c/ IAPS DE R.N. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY MOÑO AZUL SA. s/ QUEJA EN:'VEGA, ISABEL D. Y OTROS C/MOÑO AZUL SA. S/RECLAMO'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-07-10|1990-07-11|1990-08-24|1993-07-27|1993-08-06

Sentencia arbitraria no es aquella que contenga un error o equivocación cualquiera, sino la que padece de omisiones o desaciertos de gravedad extrema, que la invalidan como decisión judicial. Por ello, como el fallo de este cuerpo se apoya en argumentos adecuados y suficientemente amplios como para sustentarlo; juzgado a la luz del derecho vigente y de la prueba presentada por las partes adecuadamente merituada, se deniega el recurso extraordinario federal.
Homicidio calificado, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Gimenéz, Nicasio s/ Recurso de Casación interpuesto por agente fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-19

El aspecto subjetivo la figura del art.

80 inc. 6° del Código Penal requiere que exista un acuerdo para matar, y que sea un resultado de una deliberación más o menos prolongada, siendo suficiente que haya tenido lugar aun inmediatamente antes de cometer el homicidio. Es decir, que resulta necesario que los agentes hayan convenido matar en concurso, de modo tal que la convergencia de voluntades previamente establecida, donde la acción de cada uno de los partícipes en el hecho, se encuentre objetiva y subjetivamente vinculada a la de los otros partícipes, no bastando a los fines legales con la simple reunión ocasional, ni el acuerdo para matar.
Caducidad, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Campos, César c/ Municipalidad de Ceres s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Caducidad  de instancia (Expte. C.S.J. Nro. 274 Año 1987)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-27

Para que juegue la excepción al principio legal de impulso procesal por el actor -que el juicio se halle paralizado por fuerza mayor- es preciso que la fuerza mayor se trate de una causa insuperable o invencible para la parte obligada a instar el trámite. En el caso, no resiste el menor análisis la invocación efectuada por la accionante con sustento en el fracaso de los diligenciamientos de oficios de prueba, debiendo cargar con las consecuencias de su actuar negligente.
Plazos procesales, preclusión, etapas del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Fiscalía de Feria s/ Actuaciones (ref. B.Ch.S.A.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-13

Cuando vence un término para alguna de las partes, éstas ya no tienen derecho a realizar el acto que podían efectuar dentro de aquél. En tal sentido se dice que ha precluido el derecho de la parte. Es decir que la preclusión por vencimiento del término útil es la decadencia o caducidad de la facultad que no fue ejercitada dentro de aquél. De esta manera el proceso avanza sin dilaciones, pues la preclusión de las etapas procesales es el modo que la ley establece para que no se vuelva atrás en aquellas etapas agotadas.
Medidas cautelares, reinstalación en el puesto de trabajo, resolución denegatoria, delegado gremial, peligro en la demora
Materia: LABORAL
Carátula: Bravetti, Miguel Ángel c/ Interpack  S.A. s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-02

Debe ser confirmada la resolución que desestimó la medida cautelar solicitada por el trabajador a fin de que se deje sin efecto su despido y que se lo reinstale en su puesto, con sustento en carácter de delegado sindical que revestiría, habida cuenta que las expresiones del actor acerca de la existencia de un conflicto colectivo, de una supuesta crisis financiera de la empresa y del cierre de la planta en donde dijo desempeñarse desde el inicio de sus tareas, trascienden el escueto marco de la medida cautelar solicitada. Por otra parte, dado que la reinstalación pretendida es sobre un despido acaecido "medio año atrás", según la propia versión del accionante, no se advierte el requisito de peligro en la demora.
Intereses, tasa pasiva
Materia: LABORAL
Carátula: REYNOSO CARLOS c/ BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL  E.E.I.C. s/ RECURSO  DE  ACLARATORIA  -  RECURSO  DE CASACION - RECURSO DIRECTO -  CREDDITOS LABORALES - INTERESES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-10

La tasa "pasiva" en el momento actual no solamente es la más baja de las tasas de interés "compensatorio", sino que en la práctica no alcanza a brindar al dueño del capital una real compensación y a veces, ni siquiera a mantener incólume el valor de lo adeudado, como preconiza el decreto reglamentario de la Ley de Convertibilidad.

Buscando un justo punto de equilibrio, se acepta que en estos circunstancias al fijar los intereses moratorios judiciales no se aplique la tasa "activa", pero se preconiza que a la tasa "pasiva" que es la más baja de las compensatorias-se le adicione en carácter de sanción por la mora el plus del uno por ciento mensual. (Voto del Dr. Moisset de Espanés por sus fundamentos).-
Sentencia, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CARBALLO, JUAN JOSE s/ SENTENCIA - RECURSO DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1975-07-23

La ley, teniendo en cuenta los diversos aspectos que pudieron ser materia de la relación jurídico-procesal existente en el proceso, ha establecido la posibilidad de la independencia de las materias o"cuestiones" decididas por ella (piénsese en el caso de existir pronunciamiento simultáneo en los aspectos penales y civiles y dentro de los primeros,el hecho y las agravantes y aun la pena, que pueden ser objeto de impugnación y de resolución del tribunal ad quem, con absoluta independencia). Y así ha previsto el C.P.P., cuando legisla los recursos y en especial sobre las condiciones de interposición (C.P.P., art. 471, que quien interponga un recurso deberá determinar, con específica indicación, los puntos de la decisión que impugna. Cuando determina la competencia del tribunal de alzada (C.P.P., art. 478, expresamente prevé que"el recurso atribuirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la decisión a que se refieren los agravios";

cuando legisla el recurso de casación, en el art. 502 dispone que cuando el recurso ha sido deducido por el quebrantamiento de formas procesales, el Tribunal Superior anulará la resolución impugnada, el debate en que ella se hubiere basado o los actos cumplidos de modo irregular, pero "cuando no anule todas las disposiciones de la resolución, el Tribunal establecerá qué parte de ella queda firme por no depender ni estar esencialmente conexa la parte anulada" La sentencia definitiva, únicamente, no queda firme en todo cuanto no constituya materia de la impugnación.-
Suspensión del juicio a prueba, defensa
Materia: PROCESAL
Carátula: Q. L., L. F. s/revocación de la probation c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-23

Por ultimo resaltó que hubiera resultado razonable que un mismo letrado asumiera la defensa del imputado en las tres causas mencionadas, a fin de consolidar una estrategia única e inequívoca que impidiera las desprolijidades procesales ocurridas.
Honorarios, honorarios del abogado, cobro al cliente, embargo, suma líquida, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: VILTE VDA. DE ALFARO, DAMIANA E. c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

Es improcedente el pedido efectuado por la letrada del perito contador, en el sentido de que se embarguen fondos pertenecientes a la demandada que a su vez fueron embargados por la actora. Dicha profesional puede reclamar sus emolumentos del propio perito, o en su defecto, de la condenada en costas, pero no de fondos embargados y depositados a favor de la actora, y que únicamente pueden ser desafectados con la conformidad de dicha parte.
Recurso extraordinario de nulidad, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Mayer, Rita Beatriz. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-04-01

Si el recurso de nulidad extraordinario, simplemente se invoca pero no se fundamenta resulta improcedente.
Prueba, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: Pereyra, Hugo Rodolfo s/ Violaciones reiteradas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-04

Las normas vigentes al tiempo de producción de la prueba deben también regir su valoración.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, responsabilidad del asegurador, prueba, carga de la prueba, pericia médica, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OJEDA, ARGENTINO c/ JBS ARGENTINA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

El recurrente aduce sustancialmente que la decisión impugnada deviene arbitraria e irrazonable por cuanto exonera de responsabilidad a la aseguradora demandada; sin embargo, de lo resuelto surge que la Cámara para revocar el pronunciamiento del juez de grado consideró que el A quo sólo examinó la pericia médica practicada, determinando, sin más, que la actividad desarrollada por el actor era riesgosa y no realizó una valoración de las tareas que el actor adujo haber desempeñado, su prueba objetiva y el nexo causal de las mismas con las patologías que refirió el perito médico, señalando especialmente, que la carga probatoria se encontraba en cabeza del actor y que las circunstancias que narrara en relación a las tareas desarrolladas no fueron acreditadas en modo alguno durante el transcurso de las actuaciones; y asimismo, que la prueba testimonial rendida en la causa no logró demostrar los esfuerzos que dijo haber realizado el actor en el desempeño de sus funciones habituales, solo refirieron a la utilización de mangueras gruesas y carros o zorras de agua pero no justificaron en modo alguno que tuvieran un contenido o dimensión que dificultara su manipulación y pusiera en riesgo su salud.
Puertos, poder de policía, competencia federal, actividad portuaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Derrumbe Muelle Continental Puerto Ibicuy s/ av. de causas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-10

Teniendo en cuenta que no obstante la provincialización de los puertos el poder de policía de seguridad que ejerce la Prefectura Naval Argentina sobre terminales portuarias tiene su origen y fundamento en la salvaguarda del normal desarrollo de las funciones específicas de aquéllas, esto es el comercio marítimo y transporte interprovincial e internacional -ámbito específicamente federal- y que el Estado ha conservado, a este respecto, una potestad de control, es la justicia federal la que debe intervenir en la causa instruida a raíz del derrumbe del muelle continental del Puerto Ibicuy, atento que los hechos afectaron el normal desenvolvimiento de la actividad portuaria, que debió ser paralizada y suspendida, y la seguridad de la navegación. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Santi, Alfredo Américo y otros c/  s/ inf. ley 22.415 y arts. 210 y 303 del CP
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-02

Según la fecha de comisión de los distintos hechos, resultan aplicables el art. 278 con la redacción establecida por la ley 25.246 y el art. 303 del CP, introducido por ley 26.683 respecto de los hechos acaecidos con posterioridad al 29/6/2011. En efecto, el primer antecedente de este tipo penal en nuestra legislación fue el art. 25 conforme la redacción original de la ley 23.737 y que supeditaba el perfeccionamiento de la figura de lavado de activos a la verificación de uno de los tipos penales previstos en esa normativa como delito precedente. Luego, la ley 25.246, modificó el texto del Capítulo XIII Título XI del Código Penal, estableciendo la denominación de "Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo" y previendo en el art. 278 un tipo penal de legitimación de activos de origen ilícito como una modalidad de encubrimiento agravada y admitiendo como delito precedente a la totalidad de los contenidos en el Código. Finalmente, la ley 26.683 incorporó el Título XIII al Código Penal bajo la denominación "Delitos contra el orden económico y financiero" en el que tipificó el delito de lavado de activos, tal como se lo describe actualmente en el art. 303.
Tributos, tasa de justicia, pago de tributos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: INGEMA S.R.L. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-09-21

Conviene tener presente las prescripciones de los artículos 99 y 314 del CTP -vigentes al momento de suscitarse los hechos y actuaciones relevantes de esta causa- los que resultan similares, en lo que aquí interesa, a los actuales artículos 112 y 336 del texto consolidado del CTP. El primero de aquéllos, en su parte pertinente, disponía: "Los jueces, escribanos y agentes de retención de la administración pública no podrán dar curso a documentos, contratos, expedientes, escritos, libros, etc. que carezcan de los requisitos tributarios; inscribir, registrar, autorizar, celebrar o intervenir actos, sin que previamente se acredite el cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas a dichos actos y a los bienes objeto de los mismos. Los obligados anteriormente darán intervención inmediata a la autoridad de aplicación, reteniendo las actuaciones hasta tanto aquella informe que se ha regularizado la obligación impositiva...". Con respecto a esta norma, esta Corte en sentencia Nº 985, del 23-12-98, dijo que "El art. 99 de la ley 5.121 reformada (CTP), es claro y terminante en establecer que no corresponde dar curso a la presentación que no efectúa el pago del importe adeudado (...). En el orden local es reiterada la jurisprudencia que se ha pronunciado, de conformidad a lo dispuesto en el art. 99 del CTP, en el sentido de no dar curso a la presentación si no se paga la tasa de justicia (cfr. CCCCIa. Tuc., 'Nieva de Méndez, Blanca vs. Coop. de Trabajo Transporte Automotor Tucumán Ltda. s/ Daños y perjuicios', 21/12/90; ídem 'Apestey, J. R. vs. Miguel Seleme s/ Cumplimie nto de contrato', 27/3/89; ídem 'Berenguer vs. Ovejero s/ Daños', 29/10/87; ídem 'Herrero J. P. vs. José Minetti s/ Cumplimiento de contrato', 9/02/86; ídem 'Lizárraga vs. Lizárraga y otra s/ Cobro de pesos, 28/8/86)". A su turno, el artículo 314 prescribía: "Los jueces no dictarán sentencia mientras no estén abonadas las tasas judiciales correspondientes a las actuaciones producidas en los juicios, salvo que una de las partes intervinientes hubiese pagado las tasas a su cargo y la misma solicite el dictado de la sentencia". Queda establecida, de esta forma, la prohibición a los magistrados de emitir pronunciamiento hasta tanto no se hayan abonado las tasas de justicia adeudadas exceptuándose el caso en que, siendo obligadas al pago ambas partes, una de ellas las hubiera satisfecho y solicitare el dictado de la sentencia supuesto éste en que, con relación a la parte incumplidora, deben remitirse las actuaciones pertinentes a la DGR a los efectos de la formulación del correspondiente cargo tributario.
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ ANA MARIA DEL VALLE s.d DE USURPACION DE PROPIEDAD e.p DE BLANCA LUZ GUZMAN DE MATTAR s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-02-18

A los fines de la configuración del delito de Usurpación previsto en el Código Penal art. 181 inc 1, los medios comisivios allí contemplados (violencia, engaño, abuso de autoridad), deben utilizarse para cometer el despojo, resultando atipicos si se emplean para mantener la posesión o tenecia ya detentada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Notificación por cédula, cambio de domicilio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUIZ DE OVEJERO GRISELDA DEL JESUS c/ DIRECCION DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-02

Si bien es cierto debe notificarse por cédula el cambio de domicilio, caso contrario subsiste el anterior, no es menos cierto que al operarse el retiro del expediente el apoderado de la demandada se anoticia de todo lo en él actuado.
Jurisdicción y competencia, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Sanatorio Sta. Fe  S.R.L. c/ I.S.S.P.  Seg. y Reaseg. s/ cobro australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Toda vez que el Congreso de la Nación crea un ente destinado a cumplir finalidades de la política social o económica que el legislador federal está autorizado a trazar, se halla presupuesto el derecho de reservar para la justicia nacional el conocimiento de las causas que deriven de su funcionamiento.
Juicio ejecutivo, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Buenos  Aires  Building  Society  S.A.  de  Ahorro y Préstamo para la Vivienda c/ Ilu Hnos. S.R.L. y otro s/ EJECUTIVO    EXPTE.  NRO.  7954-CA-89  S/OFICIO  DIRECTO  S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-10-24

El art. 27 de la Ley Arancelaria solo se aplica cuando se trata de medidas precautorias intentadas en proceso autónomo y no cuando encuadra en los trámites propios del juicio ejecutivo.
Medidas cautelares, acción de amparo, interpretación de la ley, plazos procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Asociación del Personal Aeronáutico (APA) -Rqu- c/ E.N. (Mº de E. y O.S.P.) -ORSNA- y otro s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-30

Más allá de la conclusión que se deriva de la sola literalidad de la ley 16.986, no resulta irrazonable acordar a los términos "...que dispongan medidas cautelares de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado...", contenidos en el art. 15 de la ley 16.986 una interpretación amplia, abarcativa tanto de los supuestos en que se acuerdan medidas precautorias, como de aquellos en los que se las deniegan.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fundamentación suficiente, remuneración, diferencias salariales, decreto de necesidad y urgencia, convenios colectivos de trabajo, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: VIÑOLES, RICARDO JOSE c/ AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-02

Es inadmisible el recurso intentado desde que la recurrente insiste, en esencia, en sostener la arbitrariedad del fallo ante la incorrecta aplicación del DNU 392/03 que la condujo, sin más, a reclamar diferencias salariales aduciendo para ello y de modo contradictorio que la Sala omitió ponderar lo dictaminado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación para luego afirmar que "le restó importancia"; que el acta COPAR 24 no conformó la litis y sin embargo ambas instancias le atribuyen virtualidad para modificar la Convención Colectiva de Trabajo vigente, acta cuya autenticidad no fue acreditada por la demandada incurriendo a su vez, en apariencia de motivación y autocontradicción; y que se apartó de precedentes jurisprudenciales dictados en causas similares que resultaron favorable al sector obrero. Pero lo cierto es que tales argumentaciones no respaldan el matiz constitucional que la quejosa aspira otorgarle a sus planteos, pues es de observar acudiendo al empleo de un simple razonamiento que si la Alzada "hipotéticamente" restaría importancia al dictamen mencionado es porque, precisamente, lo ha ponderado y no soslayado como lo afirma aquélla y, además, nada impide que el acta COPAR 24, la que no conformó la litis, se tomara como "referente" ("ejemplificativa") para el atípico convenio (al no contar con categorías laborales), pues lo que verdaderamente se discute es la aplicación del D.N.U.. En realidad, la parte actora sólo discrepa con los judicantes al concluir que no existe nivel remuneratorio que pueda reclamarse, habiendo la empresa demandada cumplimentado con lo fijado por el decreto en el "básico del actor".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Stiep, Avelino Adán c/ La Emancipación Sociedad Cooperativa Mixta de Consumo, Transformación y Venta Ltda. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-10-31

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el recurrente mediante una mera discrepancia con lo decidido, y sin renovar el análisis de los criterios que viene sosteniendo la Suprema Corte en cuanto a la tasa de interés aplicable, intenta -sin éxito- habilitar la competencia de dicho Tribunal.
Concursos, remoción del síndico del concurso, cuestiones de hecho y prueba, recurso de casación
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: APODERADO DEL SINDICO s/ EN AUTOS CORTE Nro. 76/05 "JOSE HADDAD E HIJOS S.R.L. S/ CONCURSO PREVENTIVO"  - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-11-07

Las cuestiones de hecho y prueba escapan en principio al control que implica la casación, ya que este Alto Cuerpo no es un tribunal de tercera instancia con facultades para rever todas las cuestiones planteadas en las instancias de grado, en tanto que el recurso extraordinario de casación no consiste en otra impugnación por apelación, sino que es un remedio excepcional establecido por la Constitución de la Provincia para custodiar la aplicación de la ley y de la doctrina legal a los hechos definitivamente juzgados en las instancias de m'rito.

Tanto la decisión del juez del concurso de imponer la sanción de remoción al síndico, cuanto su confirmación por la Alzada, configuran materia privativa de los jueces de la causa, por ser de naturaleza procesal y fáctica y, por lo tanto, ajena a esta instancia extraordinaria, en tanto se puede comprobar que las facultades ejercidas por el magistrado al momento de graduar la sanción ha sido dentro de los límites impuestos por las leyes respectivas.

En efecto, bajo el título de errónea aplicación de la ley, el recurrente se limita a invocar argumentos que giran sobre la valoración de los hechos y pruebas, lo que pone de manifiesto una deficiente técnica recursiva, toda vez que efectúa la alegación y sustentación de los motivos casatorios de manera confusa, denotando así la pretendida queja tan sólo disconformidad con lo resuelto en la sentencia impugnada, sin lograr demostrar prima facie la errónea interpretación o aplicación, y menos aún, violación de las disposiciones legales en que se sustenta la solución cuestionada.