marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley sobre riesgos del trabajo, accidentes de trabajo, indemnización, inconstitucionalidad, enfermedades
Materia: LABORAL
Carátula: Litvak, Alejandro c/ Mapfre Argentina ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-19

Si bien en el precedente de la CSJN "Ascua c/ Somisa" (Fallos: 331: 1361 del 10/8/2010) se encontraba en tela de juicio el tope establecido en el régimen de la ley 9688, anterior al actual (ley 24.557), las consideraciones vertidas por el Alto Tribunal, en cuanto se refieren a "la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades laborales bajo un régimen tarifado" trascienden aquel marco normativo y se proyectan sobre cualquier otro que contemple la reparación tarifada de los infortunios laborales. Así, por aplicación de esa doctrina (que corresponde lealmente acatar, en tanto se funda en la interpretación efectuada por el Máximo Tribunal de normas de carácter federal), cabe declarar en el caso la inconstitucionalidad del art. 14.2, apartado "a" in fine de la ley 24.557.
Pena, detención, prisión preventiva, reincidencia, reincidencia real
Materia: PENAL
Carátula: SALAS, José Claudio s/ REINCIDENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-06

1)En los casos en los que el tiempo de detención abarcó la totalidad de la pena, ésta no puede ser ejecutada, ni parcial ni totalmente.

Si bien resulta acertada la observación del Fiscal de Cámara, quien señala que en el caso no se ha declarado reincidente al procesado, en virtud de haberse compurgado la pena anterior con el tiempo de prisión preventiva (art. 24 C. P.), lo que resulta incompatible con el cumplimiento efectivo de la condena, aunque sea parcial, requerido por el actual art. 50 del Cód. Penal; el fundamento de tal contradicción no se encuentra en la sentencia sino en la reforma que la ley 23.057 introdujo al régimen de reincidencia. Es que al haberse sustituído el sistema ficto por una modalidad híbrida del sistema real, se han generado tanto dificultades en la aplicación de tal disposición legal como efectos jurídicos.

2)Por aplicación del art. 24 C. P. la condena anterior no puede ser tenida en cuenta a los fines de juzgar reincidente al procesado por el delito posterior, que es objeto de investigación en la presente causa, conclusión que se infiere del inexcusable requisito exigido en el art. 50.
Ministerio de Menores, conflictos interadministrativos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cabiche Roberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

La intervención judicial en las desinteligencias suscitadas entre la cabeza del Ministerio Pupilar y un subordinado importa una intromisión injustificada, claramente inconveniente para el adecuado respeto de las jerarquías que estructuran el órgano, en un área de actuación que el diseño del sistema constitucional y de la normativa de él derivada atribuye al responsable del área.
Representación procesal, gestor judicial, acreditación de la personería, ratificación del mandato, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: LOZANO LUCIA AMERICA c/ PARRY DE CORNEJO COSTAS MARIA CRISTINA Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-10-19

La invocación de la calidad de gesto procesal no basta para admitir la comparencia sin acreditar personería. Para ello resulta indispensable invocar con precisión las razones de urgencia que justifiquen la aplicación del beneficio. Asimismo, una vez aceptada la personería de urgencia debe cumplimentarse, en debido tiempo el requisito de ratificación.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Arias,   Alejo  Fernando c/ Instituto  Nacional  de  ReasegurosSociedad del Estado en liquidación Dto. 171/322 s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-29

El art. 13 de la ley 25.344 consolidó, "con los alcances y en la forma dispuesta por la ley 23.982 las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 1 de enero de 2000". Aunque el segundo párrafo de aquél excluyó al INDER, con posterioridad, el art. 62 de la ley 25.565 dispuso expresamente la consolidación de sus obligaciones "en los términos y con los alcances de las leyes 23.982 y 25.344, y normas reglamentarias y complementarias...". Por su parte el art. 58 de la ley 25.725 prorrogó "al 31 de diciembre de 2001, la fecha de consolidación de obligaciones de carácter no previsional, vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1991, a que se refiere el art. 13 de la ley 25.344...". De tales previsiones surge con claridad, que si bien el ente demandado estuvo en un principio excluido del régimen de consolidación, luego el legislador optó por incluirlo con todos los efectos que esa decisión implica, entre los cuales se encuentra la extensión de la "fecha de corte" que se estableció mediante el art. 58 de la ley 25.725. La aplicación de la ley 25.725, es insoslayable por participar del mismo carácter de orden público que la ley de consolidación a la que modifica.
Derecho a la información, deber de información, consentimiento del paciente, derechos del paciente
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Babich Daniel Efraín  c/ Sanatorio 9 De Julio S.A. s/ Sumarísimo (Residual)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-06-21

No cualquier información cumple con el requisito del deber de suministrarla a cargo de quienes prestan servicios de salud, ésta debe veraz, detallada, suficiente, eficaz, cierta, objetiva, absoluta, transparente, y oportuna, puesto que si la información llega tarde o a destiempo puede generar perjuicios muchas veces insalvables, como así también proporcionada en soporte físico, salvo que el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición.
Caducidad de instancia, llamamiento de autos, integración del tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero, Cecilia Rosa s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-09-30

El juez de mérito, al no hacer lugar a la perención de instancia solicitada, incurre en violación a lo normado por el Art. 154 del C.P.C.(Perención de Instancia, Plazo), que culmina con la caducidad de la instancia las actuaciones procesales en las que no se insta el proceso durante el término de seis meses.

Habiendo permanecido paralizado el expediente por un tiempo muy superior al requerido por la norma procesal de cita (16 meses), el fundamento utilizado por el a quo para rechazar la perención, sustentado en que la causa se encontraba en estado de resolver, resulta totalmente desacertado; ya que el reenvío que dispuso el Tribunal Superior de Justicia, con basamento en el Art. 249 inc. 4º del C.P.C., implicaba que a los fines del dictado de una nueva resolución debía integrarse necesariamente un nuevo tribunal, el que, una vez constituido y consentido por las partes, debía celebrar nueva audiencia de vista de la causa, y recién dictar la resolución atacada por el presente. En consecuencia surge que el expte. no se encontraba, como lo sostiene el a quo en estado de sentencia.
Beneficio de litigar sin gastos, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: P.A c/ P.H s/ Div.Vinc.Contradictorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

El beneficio para litigar sin gastos debe tramitar ante el Juez que entienda o deba entender en el principal, razón por la cual, si se tiene en cuenta además, que en la especie la causa por alimentos seguida entre las, mismas partes,en la cual el demandado obtuvo beneficio para litigar sin gastos, quedó definitivamente radicada ante el Juzgado donde tramitan estos actuados, la competencia de este último para entender en el pedido la extensión del beneficio, formulada por el demandado, deviene inobjetable (art. 6 inc. 3 Cód.Procesal)
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, impugnación del acuerdo preventivo, parentesco, junta de acreedores
Materia: COMERCIAL
Carátula: TEXBA  S.A. s/ CONCURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-21

Debe rechazarse la impugnación contra el acuerdo aprobado en junta de acreedores, aún siendo exacto que uno de los acreedores que votó en la junta se encontraba alcanzado por la prohibición contemplada en el LC : 51 por ser pariente -dentro del grado previsto en la normativa- de los administradores de la concursada, si aún en el supuesto de ser excluido del cómputo el acreedor objetado, el acuerdo habría sido igualmente alcanzado.
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Menta  María c/ PEN  Ley 25.561 Dtos. 1.570/01 y 214/02 s/ amparoley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-20

Cuando la conducta del amparista se desarrolló dentro de las "opciones" que ofrecía el régimen normativo del denominado corralito financiero declarado inconstitucional por vulnerar, cualquiera fuese la "elección" que hiciera el ahorrista, su derecho de propiedad, no puede considerarse que su consentimiento haya sido libre y mediare aceptación voluntaria de las condiciones establecidas por la normativa impugnada. (Del voto en disidencia de la Dra. Herrera).
Responsabilidad indirecta, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes
Materia: CIVIL
Carátula: ALVAREZ RODRIGUEZ, LUIS Y OTRA c/ VUELTA DE ROCHA S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Habiéndose probado la relación de dependencia, la antijuricidad del hecho, la existencia de un factor de atribución con relación al dependiente, el daño provocado a un tercero y el nexo entre las funciones del dependiente y el hecho dañoso, el principal deberá responder por el hecho de su dependiente (conf. art. 1113 del Código Civil), acarreando todas las consecuencias jurídicas en el ámbito de la responsabilidad civil, que la conducta reprochable del empleado implica.
Recurso extraordinario, caducidad de instancia, declaración de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Díaz, Gabriel c/ Jorge, Moises s/ Diferencia de haberes-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-02-08

Corresponde declarar de oficio la caducidad de instancia en el incidente de recurso extraordinario sin otro trámite que la comprobación del vencimiento del plazo señalado en el código de ritos, toda vez que el lapso por el cual ha estado paralizada la causa sin impulso procesal de parte, excede los tres meses establecidos en el dispositivo legal.
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "FERNÁNDEZ, PAULINO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-15

La falta de ajuste de las remuneraciones con posterioridad al 31.03.91 también incidió en aquellos beneficios obtenidos al amparo de la ley 18.037, con cese posterior al 01.04.91. En esos casos, el Alto Tribunal, ante la inacción administrativa, en la causa "Baudou, Osvaldo Jorge" (sent. del 31.08.99) introdujo modificaciones de importancia, al ordenar el ajuste de los salarios activos mediante parámetros similares al caso "Chocobar, Sixto Celestino" (sent. del 27.12.96). Ante ello, la C.F.S.S. consideró equitativo seguir los mismos lineamientos del Tribunal cimero para actualizar las remuneraciones tenidas en cuenta para la determinación de las prestaciones de la ley 24.241. (Del voto del Dr. Fernández).
Honorarios del perito, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL
Carátula: PAPASIDERO DE JUAREZ, Ana M. c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-14

La circunstancia de que el crédito por honorarios del perito se encuentre alcanzado por las disposiciones de la ley 23.982 no lo autoriza a reclamarlos a la parte vencedora en el pleito cuando la indemnización obtenida por ésta última reviste naturaleza alimentaria y consagración legal de su inembargabilidad.
Acto administrativo, validez del acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: CN  NAVEGACION  SRL c/ NATE NAVEGACION Y TECNOLOGIA MARITIMA S.A.S/ s/ SCRITURACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

Las constancias del expediente administrativo gozan de fe pública y que el error de la Administración Pública debe ser probado, siendo insuficiente la mera negativa de los hechos que se le imputan, en este caso, la deuda previsional que obstaba a la extensión del certificado. En este sentido, la jurisprudencia ha asignado especial eficacia probatoria a las actuaciones labradas en sede administrativa, con base en la presunción de validez y regularidad que acompaña a los actos de los funcionarios públicos (conf. CS.; Fallos: 253:406; 259:398;

268:475, etc.; esta Sala, causa 1791/99 del 27.02.03, causa 22.204/96 del 17.06.08, entre otras). Si bien las actuaciones administrativas pueden ser contestadas, no basta para ello una mera impugnación genérica, sino que se requiere prueba de la existencia del error (conf. Corte Suprema, Fallos 312:367; etc.).
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, impugnación insuficiente, impuestos, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Leroux, Sandra Eleonora y ot. s/ Apremio. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-03-29

El recurso extraordinario de inconstitucionalidad resulta insuficiente si la recurrente se ha limitado a mencionar determinadas mandas de la carta local (más precisamente, sus arts. 1, 10 y 31), pero en ningún momento ha expuesto razones tendientes a explicar concretamente cómo es que la regulación de la prescripción de las obligaciones impositivas locales vulnera la Constitución provincial.(doctor Soria, sin disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Río de La Plata S.A. c/ Menna, Hector Rodolfo y Chivilo, Antonia Dominga s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Cobro de  pesos (Expte.: C.S.J. Nro. 12 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-29

No puede prosperar la queja interpuesta por el banco actor desde que la impugnación planteada agraviándose porque consideró como un "acto de voluntarismo puro" que la Alzada -a la hora de determinar si la codemandada había denunciado telefónicamente a Visa y/o entidad emisora la sustracción de su tarjeta de crédito en el mismo momento en el que se dio aviso de la sustracción de la del otro demandado o después-, consideró que se lo había hecho en el mismo momento, desde que dicho planteo no traduce sino la intención de que se reanude un debate ya agotado en la instancia ordinaria, lo cual no se compadece con la naturaleza propia del recurso de inconstitucionalidad que -como reiteradamente se ha sostenido- no tiene por objeto corregir en tercera instancia sentencias equivocadas o que se estimen tales según las divergencias de los recurrentes, sino que sólo encuadra en aquellos casos en que media absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución prevista para los mismos, ya que lo contrario importaría exceder la jurisdicción de la Corte habilitándola a revisar todos los pronunciamientos con menoscabo de los límites funciones e institucionales impuestos por la Constitución y las leyes. (De la Disidencia de los Dres. Gutiérrez, Spuler y Vigo)
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Berri, Carlos c/ Marquez, Alberto s/ Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

La desvalorización del rodado existe, cuando no obstante su reparación el arreglo puede razonablemente evidenciarse a los ojos de un experto o un buen adquirente, sin que sea admisible un criterio de amortización - más o menos matemático - a partir de la fecha de fabricación, para la inclusión o exclusión en el item.
Derecho penal, recursos
Materia: PENAL
Carátula: COSTILLA, JUAN MANUEL c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-25

Debe rechazarse el planteo efectuado por la defensa, tendiente a obtener el sobreseimiento de su asistido por entender prescripta la acción penal por la extinción del plazo de duración máxima del procedimiento (cfr. art. 87, CPP), toda vez que si bien la instrucción del presente proceso de transición ha insumido más de tres años, el legislador previó que en estos casos el mismo debía readecuarse a la nueva normativa en el término de dos años (cfr. art. 56, LOPJ), computándose tales plazos desde la entrada en vigencia de la ley 2784 y el previsto en el art. 87, además, una vez concretada la 'apertura de la investigación penal preparatoria'. Criterio, el del modo de computar los plazos, plasmado por el Máximo Tribunal de Justicia local in re "Comisaría Segunda s/ investigación homicidio (...)", Acuerdo N° 6/14 (del voto en disidencia de la Dra. Deiub).
Defensa del consumidor, información al consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: G.M. y Otra c/ B. SA y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-08-07

"La desinformación es la que coloca al consumidor como parte `débil`, tanto en el contrato o negocio que nos ocupa como en tanto otros, víctima fácil de las conductas agresivas y aprovechadoras, así como de las cláusulas abusivas. No es el `soberano del mercado`, sino el `súbdito encadenado` de las empresas que brindas bienes y servicios".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Jaime. Aranda, Ramón s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Es infundado el agravio relativo a que la sentencia carecería de motivación y que estribaría en un planteo conjetural si el tribunal explica claramente cómo formó su convicción, con alusión a los hechos debatidos en la causa y con apoyo en las constancias obrantes en la misma, expresamente citadas.
Carta documento, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sobrón, Pedro c/ Piñel, Armando s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-14

No puede tenerse por acreditado que la interpelación ha sido realizada en forma auténtica si el aviso de recibo de la carta documento remitida no cumple con los recaudos exigidos por la reglamentación, esto es: haber sido firmado por el destinatorio o persona autorizada por éste y que el empleado que efectuó la entrega -además de asentar dicha autorización- certifique la recepción bajo su firma. Tal déficit probatorio debe jugar en contra y a favor de quien teniendo la carga de probar incumplió con la misma (art. 375 C.P.C.C.).-
Abuso deshonesto, violación, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: PIACENZI, Hugo A. s/ Causa 2.680
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

La norma del art. 127 del C.P. se integra con los supuestos previstos por el art. 119 del mismo ordenamiento y por ello en el caso de autos en donde se imputa al procesado haber efectuado tocamientos impúdicos a la denunciante, en el interior de un ascensor, el hecho resultaría típico a consecuencia de lo prescripto por el inc. 2°, pues la víctima no habría podido resistir a la agresión sexual como consecuencia del estupor que podría haber causado en su ánimo lo súbito de aquélla, toda vez que, lo imprevisto de la conducta, por otra parte, veda cualquier tipo de oposición. (Del voto del Dr. Piombo
Convenios colectivos de trabajo, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: GALINDEZ DE CUELLO, ROSA BLANCA c/ SIERRAS HOTEL Y OTRO s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-04-30

La accionante no tenía vocación de permanencia, sabía de antemano que sus contratos -fuera de temporada -eran transitorios, más allá de las causas que motivaron cada una de sus contrataciones y terminaban una vez desaparecidas las circunstancias que la originaron. Y es por ello que en mérito a la especial actividad de que se trata, el convenio colectivo de trabajo n. 174/75 aplicable al caso, incluyó la figura del "extra común", que conforme al art.

38 del convenio citado, son aquellos trabajadores que sean contratados por un aumento circunstancial de trabajo, en cuyo caso, su remuneración ser a la correspondiente a la categoría en que se desempeñe con más un adicional del 50% sobre el sueldo fijo, precisamente por la discontinuidad de la prestación y a diferencia de los trabajadores permanentes o por tiempo indeterminado, no tienen la llamada estabilidad que prevé el art. 36 del citado ordenamiento y del art. 37 de los "extras reemplazantes", estos limitados solamente al lapso de la ausencia del trabajador que reemplazan. El citado convenio no contiene norma alguna que establezca la obligatoriedad del empleador de preferir a los trabajadores de temporada para cubrir las plazas como "extras comunes"y el hecho de haberlo así realizado con cierta regularidad no impida el compromiso ni la obligación de llamar siempre al mismo personal. Cam. 1 sent. 53 -30/4/85 Galíndez de Cuello Rosa Blanca c/ Sierras Hotel y otro -dda. "Mendizabal -Ferreyra -Podestá".
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: BRAGA, CARLOS Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-06

La procedencia de la acción de amparo requiere, de modo esencial, la existencia de un "acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley" (art 43 de la C.N.). Tal acto u omisión no comprende las publicaciones periodísticas , así como las informaciones transmitidas por medios masivos de comunicación, las que no tienen entidad suficiente para producir perjuicios, actuales o inminentes, en la situación jurídica de los accionantes.
Competencia, actuaciones administrativas, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARIAS LUIS DEL VALLE Y GERBINO OSCAR ANTONIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-16

La pretensión procesal administrativa está constituida por el hecho de que la actuación que se pide al órgano jurisdiccional está fundada en el derecho administrativo en forma exclusiva o predominante.