marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, facultades del juez, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA S.A. c/ GIMENEZ, CATALINA ISABEL Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-30

"en materia de costas el art. 74 del C.P.C. Adopta la teoría objetiva de la derrota, como principio general, pero atenuando sus consecuencias ya que permite al juez apreciar aspectos subjetivos para eximir al vencido del pago de las costas. En el juicio ejecutivo la solución es distinta, porque el art. 543 del C.P.C.

Dispone imperativamente que las costas serán a cargo de la parte vencida. Las excepciones incluidas en la ley siguen el principio objetivo, sin que el juez pueda considerar otros aspectos para eximir del pago de las costas a quien resulto perdedor. Si la sentencia manda llevar adelante la ejecución, la parte vencida es el ejecutado, si la rechaza, el vencido es el ejecutante".
Declaración de rebeldía, contrato de trabajo, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Leguizamón, Carlos Raúl y otros c/ JU.PE.SA. y/u otros s/ Reclamo laboral s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-08-04

La rebeldía declarada no reviste el carácter de una sanción y por si sola es insuficiente para determinar la existencia de un contrato de trabajo, debiendo siempre la parte actora aportar otras pruebas pertinentes y útiles sobre la prestación de servicio, la que, a falta de prueba en contrario o cuando las circunstancias, relaciones o causas que lo motiven no demostrasen lo contrario, si hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rossi, Lucio c/ Robles, Vicente s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

Es opinión común en los autores y jurisprudencia invariable, que el interés a fijarse por los jueces se determina, en el orden Nacional, por el que cobra el Banco de la Nación en los descuentos que hace a sus clientes, y en las Provincias, el de los respectivos establecimientos oficiales, motivo por el cual, se torna inaudible pretender, como procura el quejoso que los intereses a liquidarse se fijen en la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina con motivo de lo previsto en el art. 10 del decreto 941 /91.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, censura previa, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramos, Juan José c/ LR3 Radio Belgrano y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

La limitación al derecho de publicar las ideas por medio de la prensa sin censura previa surge de la forma implícita - pero no por ello de modo menos directo e inmediato - de la propia Carta Fundamental por la necesidad de preservar otros derechos o bienes también jurídicamente protegidos mediante ella, y por su parte, resulta de manera expresa del texto de algunas de las convenciones internacionales mencionadas en el art. 75, inc. 22 de la Ley Suprema, que cuentan con jerarquía constitucional (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Crédito laboral, empleo público
Materia: LABORAL
Carátula: BARRERA RODOLFO A. c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ DEMANDA - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-05-19

Lo relativo al nacimiento de la obligción no está regulado por la ley de emergencia, cuya aplicación se pretende sino por la de infortunio laborales (en este caso, ley 9688 con la reforma introducida por la ley 23.643). La normativa de excepción se limita a fijar en su art. 2 una fecha de corte de las obligaciones (1/4/91), con el fin de establecer el régimen de las obligaciones consolidadas.

En el caso, la a quo consideró que la obligación reclamada a través de la demanda del 15/10/91, quedaba excluída de las disposiciones de la ley de consolidación de la deuda pública.

Se trata de una relación de empleo público municipal que continuaba al tiempo de inciarse esta acción, y no existen posteriores constancias de que hubiera finalizado.

Si bien el actor, señala en su libela incial que "en los últimos meses a comenzado a sentir grandes molestias en la columna...." y agrega: "a consultado con un especialista de medicina del trabajo", cuyo certificado acompaña que constató la existencia de diversa patología calificada, como enfermedad del trabajo, recién en el momento que contó con la certificación médica el actor tomó conocimiento real de su incapacidad, grado y vinculación con el trabajo, naciendo para él la acción respectiva. De allí que la a quo aluda a la fecha de demanda en la que se acompañó el referido certificado, considerando que entonces se consolidó jurídicamente el daño frente a una enfermedad de carácter evolutivo en la que el hecho dañoso se prolonga en el tiempo.

La circunstancia de que el actor hubiese tenido alguna licencia anterior con motivo de las patologías que hoy determinan su enfermedad del trabajo, no modifica esta conclusión porque no estaban reunidas las condiciones para solicitar su reparación indemnizatoria.

La obligación de la demandada nació, pues, con posterioridad a la fecha de corte,por lo que se halla excluída de la consolidación de deudas del Estado.(Voto de la Dra. Kaller de Orchansky y Dr. Ayán).
Ley de accidentes de trabajo, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Jiménez, Luis Roberto c/ Provincia del Chubut y/u Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-07

La Facultad del Congreso Nacional para dictar normas procesales como la contenida en el artículo 17 de la Ley de Accidentes de Trabajo, sólo se admite en el orden nacional, y para que sea aplicable en el ámbito de esta Provincia se requiere un pronunciamiento de la Legislatura Provincial.
Seguros, seguro colectivo, principios generales del Derecho, riesgos del trabajo, accidentes de trabajo, indemnización, acción de repetición, empleador
Materia: COMERCIAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Asociart SA Aseguradora de Riesgos de Trabajo c/ Corpuey SRL y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-14

Procede confirmar la resolución que consideró acreditado que el empleador inscribió al trabajador después de producido el siniestro que le costara la vida, por lo que condenó a la sociedad a reintegrar a la aseguradora la totalidad de lo abonado en virtud del siniestro producido. Ello así, procede extender la condena a los socios gerentes por cuanto fue demostrado que actuaron en violación a la ley y en perjuicio de terceros al realizar el alta del trabajador de forma tardía, pues el empleado fallecido había comenzado a trabajar cinco días antes de su deceso, teniendo ese tiempo antes para realizar la inscripción. A más, los demandados no ofrecieron prueba alguna que les permita eximirse de esa responsabilidad. Pero además provocaron un daño a la sociedad a la que pertenecen y administran, pues su falta de diligencia le provocó enfrentar un proceso judicial y una sentencia contraria a los intereses societarios. Entonces no sólo actuaron en fraude a la ley y perjudicando a terceros, sino también lo hicieron en detrimento del ente societario, sin perjuicio de que, se encontraba sin actividad por el desalojo del local en el que ésta se desarrollaba. Y si bien, no podría decirse que la registración post mortem de un trabajador encubre la consecución de fines extrasocietarios, puesto que el principal fin de una sociedad comercial es el lucro, sí podemos sostener que se utilizó a la sociedad como un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe y para frustrar derechos de terceros, en este caso, los de la aseguradora de riesgos del trabajo. Sostener lo contrario implicaría convalidar el accionar fraudulento de los socios, que quedaría amparado por la limitación de responsabilidad del tipo social elegido. Recordemos que si bien la sociedad tiene personalidad jurídica propia, distinta de sus miembros, las decisiones que se toman en su seno y el camino que trazan, son fruto de la voluntad de sus integrantes, personas humanas que le dan vida al ente ideal.
Leyes, constitucionalidad, Poder Legislativo, facultades legislativas, Superior Tribunal de Justicia, competencia, apelación directa a la Corte, Estado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RUIZ, CESAR GABRIEL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ APELACION LEY 12036 - COBRO DE PESOS LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO.  347 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-24

No puede acogerse el planteo de inconstitucionalidad del artículo 10 de la ley 12.036 que plantea la actora, desde que dicho remedio constituye un mecanismo procesal, y como tal -en principio- encuadrable en el marco de las competencias asignadas al Poder Legislativo de la Provincia por el artículo 55 inc. 4 de la Constitución Provincial, en orden al dictado de las leyes de procedimientos judiciales. Desde esta perspectiva, no se habrían sobrepasado los ámbitos de validez que como, competencia constitucional, corresponden al legislador provincial. Además, las motivaciones de su dictado se consignaron en el mensaje de elevación y en el pertinente debate parlamentario. Según todo ello, la ley 12.036 habría tenido en miras, primordialmente, evitar el riesgo de colapso financiero del Estado ante la extraordinaria situación imperante y la necesidad de prever una atención ordenada de las sentencias judiciales y servicios esenciales. (De La Ampliación De Fundamentos De La Dra. Gastaldi)
Recurso extraordinario, resoluciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Martín & Cía. Ltda. SA c/ Nación s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1963-09-06

Lo atinente al alcance de un tratado internacional, como a las leyes que lo modifican y a su respectiva validez y prelación, que ambas partes consideran compatibles con sus pretensiones encontradas, importa cuestión federal y, en el caso, se cumple el requisito de la resolución contraria a los fines del art. 14 de la ley 48.
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, sentencia condenatoria, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa López, Ricardo Francisco Julio c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

La exégesis que le asigna carácter interruptivo de la prescripción a los decisorios confirmatorios de la sentencia condenatoria excede con holgura las posibilidades interpretativas de la cláusula legal del art. 67, inc. e, del Código Penal, en cuanto enumera como último acto de interrupción de la prescripción al dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: De Felippi, Héctor Pedro y otro s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-27

No toda sentencia definitiva civil o penal es recurrible por inaplicabilidad de ley sino que deben cumplirse los demás requisitos que establece la ley, creando restricciones para con este recurso.

Así en materia penal, además de tratarse de sentencia definitiva, se requiere la concurrencia de las demás condiciones que establecen distintos preceptos (arts. 350 y 351, C.P.P.).
Concursos, declaración de quiebra, fallido, desapoderamiento, administración y disposición de los bienes, actos perjudiciales a los acreedores, cesión de derechos hereditarios, declaración de ineficacia, actos ineficaces de pleno derecho
Materia: COMERCIAL
Carátula: VILLA ECHAGUE s/ INC. INEFICACIA POR LA SINDICATURA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-11

Resulta procedente la resolución que declaró ineficaz una cesión de derechos hereditarios realizada por el fallido respecto de bienes susceptibles de desapoderamiento previsto en la ley 19551: 111, toda vez que el dispositivo legal que rige -en el caso- no es la declaración de ineficacia de pleno derecho contemplado en el art. 122, Ley 19551, ni la acción revocatoria concursal prevista en el art. 123 de la misma ley, sino la ineficacia del art. 113, que se vincula con el desapoderamiento regulado en el art. 111, puesto que el acto cuestionado fue realizado con posterioridad a la fecha de la sentencia de quiebra del fallido y tales actos son ineficaces de pleno derecho, a punto tal que la ley 19551 establecía que lo eran respecto de los acreedores "sin necesidad de declaración judicial"; motivo por el cual no se requiere el ejercicio de una "acción" susceptible de prescribir, sino que el acto "es reputado, por lo menos bajo determinados aspectos, como si no hubiera existido" (conf. Tonon, A., "Derecho Concursal", Instituciones Generales I, pág. 129, Ed. Depalma 1988). Por otra parte, el argumento de que los bienes o derechos cedidos no ingresaron al patrimonio del fallido, es endeble (conf. Cciv 3410 y 3417), atento que el deudor fue titular de los derechos hereditarios desde la muerte del causante y hallándose en situación de falencia, le esta vedado disponer o administrar esos bienes (ley 19551: 111), siendo evidente que el fallido debió concurrir para acordar con sus coherederos al acto de partición privada, para que existiera partición judicialmente aprobada.
Derechos y garantías constitucionales, renuncia de derechos, libertad corporal
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

No puede renunciarse a garantías constitucionales instituidas en resguardo de derechos ligados al régimen personal de la libertad.
Comodato, convenio de desocupación, homologación judicial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: DESIATO, Juan Segundo c/ VAZQUEZ, Saturnino s/ HOMOLOGACION DE ACUERDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-29

La circunstancia de que se haya celebrado el convenio de desocupación en la misma oportunidad que el contrato de comodato, no impide su homologación.-
Proceso penal, plazo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SANCHEZ, DARIO RENE  - MONTEROS, ALEJANDRA ELIZABETH. s/ ESTAFA Y ADMINISTRACION FRAUDULENTA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-12

Cabe colegir que los términos procesales, de conformidad a las previsiones del art. 122 CPCC de aplicación supletoria art. 4 CPPT, tienen carácter perentorio e improrrogables; en consecuencia a su vencimiento caduca-ministerio legis-el derecho que posee la defensa o el acusado de esgrimir planteos en contra de aquellos actos que han adquirido firmeza procesal, pues se trata de una obligación de respetar los términos establecidos por la ley, los que no se encuentran supeditados a la voluntad de las partes del proceso.

DRAS.: PRIETO - KASSAR - BALCAZAR.
Cheque sin fondos, concurso de delitos, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: SOSA, ALBERTO JULIO s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

La mera multiplicidad de cheques entregados, aún cuando hayan sido dados a una misma persona, o representen cumplimientos parciales de una única obligación, o se haya intimado su pago mediante un único telegrama interpelatorio, es constitutiva de tantos hechos independientes-en concurso real-como títulos se hayan librado.
Recurso extraordinario, juicios en que es parte una provincia, procurador general, pase a disponibilidad, daños y perjuicios, acumulación de acciones, cuestiones contradictorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Sosa, Eduardo Emilio s/ acción de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-02

El hecho de que, en otro proceso, el recurrente haya demandado al Estado provincial el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el cese que cuestiona, no se opone a su restitución como Procurador General si, más álla de cierta ambigüedad en sus peticiones, condicionó el alcance de la reparación pecuniaria a lo que en definitiva se resolviera en la causa acerca de su restitución.
Recurso contencioso administrativo, acto administrativo, personal municipal, cesantía, licencia por enfermedad, ausencias injustificadas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rojas, Griselda Analía c/ Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 195 año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-26

El actuar de la Administración soslayando la posible vinculación de las inasistencias imputadas con algún proceso emocional que era razonable presumir que se podía presentar en la agente, en el caso resultó ilegítimo por cuanto, al ejercer una potestad disciplinaria ante tan especiales circunstancias, omitió toda consideración de los efectos que la enfermedad del recién nacido pudo tener sobre la conducta de la agente, en lo relativo al cumplimiento tanto de sus deberes de asistencia y puntualidad como de las formalidades reglamentarias para la justificación de las inasistencias. Y la brevedad de los plazos en que se desarrollaron los sucesos que culminaron en la cesantía y la gravedad de la sanción impuesta lleva a concluir que la actividad administrativa -al disponer la cesantía del artículo 61, inciso c), con base en la configuración de la causal contemplada en el artículo 63, inciso a), ambos de la ley 9286- es ilegítima, por lo que corresponde declarar procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto y anular los actos administrativos impugnados.
Hurto, automotor en vía pública, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Moreira, César Ariel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-30

No corresponde tener por probado el uso de fuerza sobre las cosas ni el ejercicio de violencia sobre alguna persona si, más allá de que el a quo no estaba habilitado por la acusación fiscal para examinar el empleo de fuerza sobre el candado, la sentencia no es asertiva ya que pasa de una conjetura de uso de la fuerza a partir de que el dueño de la moto había declarado que estaba asegurada con candado -que no fue encontrado como tampoco elemento alguno para forzarlo- a una hipótesis de violencia en las personas, sustentada en el forcejeo que mantuvo el imputado con la policía, a fin de lograr su impunidad. (Dres. García, Yacobucci, Mitchell).
Acción, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: La Ideal c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrtiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

Si la sanción de apercibimiento aplicada al accionante en los términos del art. 98 inc. a, ap.2 del Reglamento de Contrataciones se encuentra perfectamente ajustada a derecho y en su demanda no ha suministrado razones valederas que permitan concluir lo contrario, deben serle impuestas las costas del juicio pues se configura a su respecto la situación prevista en el art. 17 del Código de lo Contencioso Administrativo a tal fin.
Tribunal de Cuentas Provincial, Constitución Provincial, normas operativas, normas programáticas, recurso contencioso administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernando Vicente Urdapilleta e Ignacio Ramón Peña c/ Est.Pcial s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdiccion Est.Pcial s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdiccion
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1994-11-28

El art. 199 de la Constitución Provincial, al mencionar que el Tribunal de Cuentas se organizará por ley, estaba supeditando la integración del mismo, al dictado de su ley orgánica.

Las normas constitucionales-sobre todo las referidas a los derechos y garantías de la parte dogmática del texto constitucional- se presumen operativas; pero ello es así en tanto sea posible que esa presunción quepa sin violencia; de lo contrario, como lo es en el caso de autos, deben reputarse programáticas, conforme al análisis gramatical o lexicográfico que nos lleva a la certeza de cómo está enunciado el derecho o la garantía de que se trate, entonces las normas sub examen debieron precisar de la legislación que las reglamente y viabilicen.

Resulta menester realizar una interpretación razonable de las leyes (y en su caso de la Ley de leyes), la que debe estar armonizada con los fines primordiales del Estado.

Interpretar de otra manera el texto constitucional sería tanto como paralizar la actividad de órganos jurisdiccionales con el pretexto de la falta de requisitos formales, en tanto y en cuanto de cualquier manera siempre queda el Poder Judicial, o sea ésta Corte como guardián de la Constitución local.

Las resoluciones cuestionadas no son resoluciones definitivas que autoricen la procedencia del recurso contencioso administrativo.Así surge de lo dispuesto por el art. 2º del Código en la materia.Esa es, la solución prevista en el art. 103 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, nº 4376.Y es la doctrina sentada por este Tribunal en el caso "Daher c/ Estado Provincial y Tribunal de Cuentas (L.A. 43 fº 186/193, nº 90-15/ 7/94).No obsta a lo señalado el hecho que no se opusiera la excepción prevista en el art. 39 inc. b) del mismo código, pues ello no impide que el Tribunal, en esta oportunidad, no pueda analizar la procedencia formal del recurso tentado.
Alimentos, costas
Materia: CIVIL
Carátula: G., M. c/ M., O. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-09

Constituye ya un principio general afianzado en la jurisprudencia de nuestros tribunales, incluso la de este Cuerpo, que cuando se acoge el reclamo de alimentos, las costas deben imponerse al alimentante, pues lo contrario significaría hacer recaer el importe de los gastos causídicos sobre las cuotas fijadas, quedando así desvirtuada la finalidad de la obligación. Tal conclusión no se altera por la circunstancia que la pretensión de los alimentados prospere en medida menor que su reclamo, pues este no puede en la especie calificarse de exorbitante y la fijación dependió, en definitiva, del prudente criterio judicial.
Determinación del haber jubilatorio, solidaridad previsional, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ZAGARI, JOSÉ MARÍA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-22

A fin de corregir la distorsión provocada por la violación a la naturaleza sustitutiva que deben tener las prestaciones previsionales, y en tanto el Congreso de la Nación no asuma su competencia en la materia, los haberes de pasividad deberán ser objeto de reajustes semestrales -en cuanto el incremento de salarios según el índice de salarios básicos de la industria y la construcción, personal no calificado (ISBIC confeccionado en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-, base mayo 2003 - 226.742,3 = 100) exceda el 15%- a partir de lo cual se considera que existe confiscación-, desde el 1° de enero del año 2004, incrementándose en la misma proporción en que lo haga el referido índice. Todo ello sin perjuicio de que los haberes así reajustados no deberán exceder las limitaciones consignadas en autos "Villanustre, Raúl Félix" (CSJN, V 30 XXII), circunstancia esta que estará a cargo de la A.N.Se.S. acreditar.
Recurso de casación, queja por recurso denegado, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Becher Maria Elena -Becher Doucan - Gonzalez De Becher s/ Recurso de Casación s/Recurso de Queja por Apelación Denegada s/Av. Defraudación; Ret. Indebida.; Desbaratamiento de Derechos Acordados.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-06-04

El recurso de casación interpuesto contra la sentencia que rechaza in límine la queja por haberse omitido acompañar las piezas procesales pertinentes, a los efectos de que el recurso de apelación se baste a sí mismo, es improcedente, pues los fundamentos del recurso escapan del ámbito de la vía elegida, ya que conforme lo dispuesto por el art. 429 del Código Procesal Criminal de la Provincia de San Luis, no son susceptibles de ser atacadas por este recurso.