Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-20


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 20 días del mes de abril del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "U. M., C. E. c/ EMPRESA F. M. y/u Otros s/ DEMANDA LABORAL (Accidente de Trabajo - Ley 24.028)", Expte. nro. 10.582/98, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. nro. 3868/94), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 464), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 410/427 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo: En autos el Sr. C. E. U. M. en el carácter de empleado de la Empresa F. M., reclama a su empleadora y solidariamente a la Empresa C... D. A., indemnización con fundamento en el Art. 8 de la ley 24.028, con más la depreciación monetaria, e intereses desde que la suma es debida y hasta el efectivo pago, como consecuencia del accidente de trabajo que sufriera, dice, mientras cumplía sus tareas habituales, diagnosticándose, "Lumbalgia con irradiación de territorio L5-S 1, secundaria a una protusión discal con compromiso de la raíz".

La demandadas en su contestación niegan los hechos invocados por la actora, desconocen el infortunio.

A su vez C..., interpone excepción de prescripción, por las razones que alega y se opone a la solidaridad pretendida.

La demandada, F., desconoce la documentación, impugna la liquidación y el porcentaje de incapacidad.

Reconoce la fecha de ingreso y la afectación a un contrato de servicios con la empresa C... y el despido por la causa invocada.

A fs 410/ 427 vta, obra la sentencia, que no hace lugar a la excepción de prescripción, admite parcialmente la demanda y condena en forma solidaria a los sucesores de M. F. y C..., a abonar en el plazo diez días de quedar firme la presente al Sr. C. E. U. M. la suma de $26.500, suma que manda incrementar conforme el considerando respectivo. Impone la costas a los demandados vencidos y regula los honorarios.

A fs 429 y 437 el actor y demandado solidario apela la sentencia.

A fs 439 la Dra. G. por derecho propio apela los honorarios regulados por bajos.

A fs 441/443 se agregan los agravios de la actora los que se circunscriben a la edad que fijara el a quo para determinar el monto indemnizatorio.

Sostiene que al momento del accidente su mandante tenía 40 años y a la fecha de consolidación tenía 43, pues en el marco de la ley 24028, la consolidación del daño adquiere el carácter de permanente por el transcurso del plazo de un año, a cuyo vencimiento se produce ministerio legis (art. 8 inc.c) la consolidación jurídica de la incapacidad, o por haber sido dado de alta durante dicho año con incapacidad, es decir cuando la misma resulte irreversible.

Entiende que la fecha de la consolidación surge de la certificación de fecha 16 de octubre de 1996, de fs 39, en la que se certifica la discapacidad en el 20% de la total obrera, ratificada por el forense a fs 368/370.

Surge evidente, dice, el error de la sentenciante que toma como fecha de consolidación del daño el que surge del informe de fs 370.

Efectúa los cálculos que considera correctos, señalando que la diferencia entre el monto determinado en el considerando VII y el que corresponde es de $32.012.

A fs 444/458 el codemandado C..., expresa agravios.

El primero de ellos ataca la desestimación de la prescripción articulada, transcribe parte de la sentencia sobre el punto que viene en apelación y agrega que pareciera desprenderse de ello que la consolidación del daño, sólo puede entenderse establecido si la junta médica o la pericia se expide respecto del diagnóstico que padece la víctima y el grado de incapacidad, lo que deviene dogmático y carente de todo apoyo formativo.

Indica que si el actor reconoció el 30/7/92 en el expediente 4/92 de la Subsecretaría de Trabajo que padecía lumbociatalgia, y el 26 /8/93 fue intervenido quirúrgicamente, como lo destaca la sentencia, no existe margen de dudas que la consolidación acaeció en rigor de verdad a fines de julio de 1992, y la acción interpuesta el 26-8-94 se encontraba irremisiblemente prescripta.

Introducir como requisito del art.12 d) de la ley 24028, la previa determinación porcentual de la incapacidad, importa realizar interpretación extensiva de la norma.

El segundo agravio, se refiere a la inexistencia de responsabilidad solidaria, ya que lo decidido resulta claro quebrantamiento a la contundente línea jurisprudencial que la CSJN ha fijado.

Enumera los casos en que la misma se expidió y transcribe las partes pertinentes, los que considera marcan a fuego la suerte del fallo porque debe reivindicarse la "actividad normal y específica propia" de su mandante, y siendo ésta la actividad de explotación de áreas de petróleo, lo que es admitido por la juez, no debe caerse en el error de identificar aquélla con los servicios que se prestan para el desarrollo de la misma.

Agrega que el servicio de limpieza de cañerías y varillas de bombeo, que refiere el fallo como cumplido por la empresa M. F., es uno de los tantos servicios a los que toda empresa que explota el área recurre para el desarrollo de esa actividad propia, normal y específica, pero no por ello puede asimilárselo a la misma.

Analiza lo sostenido por la CS en "Benitez c/ Capesa" y agrega que el objeto social de su mandante no sirve a la postura de la sentenciante.

Refiere por último a lo decidido en la sentencia 125/96 de esta Cámara.

El tercer agravio está dirigido a la no pesificación del tope indemnizatorio establecido en el Art. 8 ley 24028.

Se sorprende que ante una simple multiplicación del tope legal u$s 11.000 diarios por el valor del dólar libre, dé por tierra con todo lo que el legislador previó con motivo de la caída de la convertibilidad. Se refiere a la Ley 25561 y al decreto 214/02 y entiende que no se pudo soslayar el Art. 11 de la ley de mención.

Señala que la a-quo debió dar las razones por las cuales el tope establecido en el art.8 ley 24028 no se encuentra pesificado. Cita doctrina y jurisprudencia que justificaban el por qué se fijó oportunamente el tope en moneda extranjera. Concluye con ello que tal decisión estuvo ligada a la paridad cambiaria establecida en la ley de convertibilidad, por lo que al haber sido modificada por la Ley de emergencia, aquel tope debe quedar invariablemente sujeto a los cambios establecidos por la ley 25561.

Luego de referirse a la jurisprudencia de la Corte y a la exposición de motivo, indica que "de la crisis de 2001 nadie ha salido indemne", caso Bustos. Pide en consecuencia que se establezca que la indemnización debe limitarse a $11.000 más CER (Art.8 decreto 214/02).

El cuarto agravio se relaciona con el cómputo de los intereses, los que peticiona se establezcan desde la fecha de la pericia médica de fs 368/360 vta, pues deben ser devengados desde el momento en que se estableció el monto adeudado.

Alega que es un contrasentido rechazar la excepción de prescripción argumentando que debe estarse a la fecha de determinación de la incapacidad y al mismo tiempo condenar intereses a partir de la fecha del accidente cuando se desconocía el grado de minusvalía.

La tasa de interés aplicada también es motivo de agravio.

Dice que si la corrección del valor de nuestra moneda está dada por esa matemática sujeción al dólar, resulta incontestable que sumar a ello intereses a la tasa activa conduce a un resultado irrazonable.

Ratifica reserva del caso federal.

Prescripción:

Al no cuestionarse en esta instancia la relación laboral existente entre la empleadora y el accionante, ni la existencia del accidente, no denunciado por la demandada y sí por parte de la actora en sede administrativa conforme obra a fs 295, he de introducirme en el primer agravio de la codemandada, cual es la prescripción de la acción interpuesta y que rechazara la sentenciante.

El apelante codemandado interpuso excepción de prescripción aludiendo que la fecha de consolidación del daño surge de las propias manifestaciones del actor volcadas en la denuncia administrativa efectuada el 30 de julio de 1992, dando razones para desechar la posibilidad que se pretenda argumentar que la consolidación queda supeditada a la determinación del porcentaje por comisión médica.

Tampoco admite, por los motivos que invoca, que ha existido interrupción de la prescripción por la actuación administrativa.

A fs 120/121 el actor contesta la excepción y sostiene que la prescripción se ha interrumpido por las actuaciones administrativas.

De la lectura de la sentencia, surge que la Sra Juez, más allá de dar pautas generales sobre la prescripción y consolidación, se introduce en el material probatorio, y sostiene que "no estando la incapacidad determinada por facultativo médico que pudiera dar certeza sobre la dolencia acusada por el operario y la incapacidad que en su consecuencia padeciera el paciente, siendo recién en esta instancia en la que dicho requisito ha de ser cumplido", rechaza la prescripción opuesta.

No resulta claro la fecha en que se determina la convalidación de la enfermedad ya que no la determina.

No obstante, al fijar la indemnización, señala que el actor tenía 52 años, de donde se infiere que la misma se produjo el 17 de diciembre de 2004, fecha del informe de fs 368/370, atento lo que dispone el Art.8 inc. d).

A su vez el apelante codemandado, critica la sentencia, subrayando que si el 30 de julio de 1992, en la subsecretaría de trabajo del Chubut, reconoció el actor, que padecía lumbociatalgia y el 26 de agosto de 1993, fue intervenido quirúrgicamente de esa misma afección, la consolidación acaeció en rigor a fines de julio de 1992.

Y he de adelantar que he de rechazar el agravio del quejoso, respecto de la prescripción, aunque por motivos diferentes de la sentenciante.

Ninguna duda existe al respecto que la ley aplicable al infortunio laboral, reitero que ha llegado firme a la Alzada, es la ley 24028.

Y he de dar respuesta sucintamente al quejoso, sobre la pretensión de tener por consolidada la afección al momento de la denuncia.

Entiendo que sin perjuicio de tener, el actor, conocimiento de su afección, tal como lo relata en la demanda y lo corrobora con las certificaciones acompañadas en fotocopias, y que las mismas sólo fueron desconocidas por el demandado F., respecto de quien la sentencia devino firme, dicho conocimiento sobre la incapacidad, no puede ser considerado con carácter de consolidado e irreversible, pues la actora se anotició que se encontraba enferma, pero sin saber a ciencia cierta cuál era su estado de minusvalía, o si la situación era definitiva o transitoria.

No obstante lo sostenido, y que será motivo de mayor análisis al referirme al momento de determinar la consolidación de la enfermedad, el rechazo del primer agravio tendrá fundamento distinto, reitero, al de la Sra Juez.

"Las acciones emergentes de la ley aplicable, prescriben en el plazo de dos años..., La ley pone en el tapete la subsistencia de la norma del Art.258 de la Ley de Contrato de Trabajo", pero no establece una única manera de computar dicho plazo", Maza..."Daños por Accidentes..., págs 109 y sgtes. Dicho plazo se contabiliza en la forma que lo determina en los incisos siguientes, así establece, en el inc.d) del Art. 12, que para la determinación por incapacidad permanente desde la fecha de consolidación del daño y en el inciso e) segundo párrafo. "Sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas del Código Civil, la denuncia ante la autoridad administrativa de trabajo en los términos previstos en el Art.15 interrumpirá el curso de la prescripción durante el trámite, pero en ningún caso por un término mayor de seis meses".

Es decir que, sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas del Código Civil, respecto de la interrupción y curso de la prescripción liberatoria, las actuaciones administrativas consistentes en la denuncia del hecho interrumpen la prescripción por el plazo de seis meses.

Queda claro entonces que la sola denuncia del hecho ante la autoridad administrativa, tal como resulta del Expte. del "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", Expte. 004/92/st/"U", fs 293/298, produjo la interrupción de la prescripción.

Interrumpida la prescripción, queda como no sucedida la posesión que le ha precedido; y la prescripción no puede adquirirse sino en virtud de una nueva posesión" (art. 3998 del código civil). Es decir, se aniquila el tiempo transcurrido hasta el acto interruptivo y comienza de nuevo a correr el nuevo plazo de prescripción, debiéndose computarse el mismo íntegramente; con la variante que tratándose de la ley de accidentes de trabajo de aplicación en el subexámine, el referido nuevo plazo recién comienza a correr a los seis meses desde el alta definitiva conformada por autoridad pública.

Atento que la sola denuncia del hecho interrumpe la prescripción, la acción entablada no se encontraba prescripta al momento de entablar la acción, 26 de agosto de 1994, toda vez que acaecido el hecho el 13 de julio de 1992, fue denunciado el 30 de julio de 1992, ante la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo, Expte 4/92, y no obstante que ninguna decisión se produjo, permitió que la prescripción se interrum-piera por el término de 6 meses.

Solidaridad:

En punto a la queja del codemandado, tampoco será admitida; surge insoslayable de la documentación acercada y analizada puntualmente por la Sra. Juez a-quo, la relación existente entre el demandado F. y C... S.A.

Cabe señalar que la LCT impone la solidaridad a las empresas que teniendo una actividad propia, normal y específica o habiéndose encargado de ella, estiman conveniente o pertinente no realizarla por sí en todo o en parte, sino encargar a otro u otros esa realización de bienes y servicios.

Ello debe determinarse en cada caso atendiendo al tipo de vinculación y a las circunstancias particulares que se hayan acreditado" CSJN, 14-3-95. En consecuencia pretender aplicar el criterio sustentado por el quejoso con fundamento en casos diferentes resueltos por la CSJN, no conduciría a lo que se pretende mantener, que es la seguridad jurídica.

El fallo de la CSJN sienta un principio riguroso con relación a la aplicación del artículo 30 LCT, pero no se debe olvidar que esa directiva no arbitra un principio inmutable para todos los casos parecidos, no iguales, donde las circunstancias en que se pueden haber desenvuelto las relaciones laborales no son las mismas. Revista de Derecho Laboral, 2001-1-Vazquez Vialard y otros, pág 480. Síntesis de Jurisprudencia.

Con tales consignas, analizaré los elementos probatorios junto con lo que requiere el art.30 de la LCT.

La actividad "normal y específica propia", situación fáctica del régimen de contrato de trabajo, art.30, no puede separarse como lo intenta la quejosa afirmando que el trabajo efectuado no integra aquélla, al ser una actividad esencial.

Las tareas accesorias o secundarias, son hasta tal punto necesarias que es imposible substraerse a su ejecución. Dicha necesidad se subsana mediante personal de la empresa o a través de terceras empresas, y que es lo que ha acontecido en autos. Basta para ello remitirse a las pruebas rendidas.

Así el testigo V. S. a fs 390, quien trabajaba como encargado de la quejosa, atestigua que el actor realizaba limpieza de varillas de bombeo, que retiraba las órdenes de trabajo de C... y le comunicaba a los empleados lo que tenían que hacer; que la empresa F. realizaba para C... limpieza de materiales y mantenimiento; a fs 391 Q., quien trabajó en la época que lo hizo el actor, aunque en distintos sectores, relata, que C... le entregaba botines, guantes, casco, que la Empresa F. tenía la contrata de limpieza de cañerías y de varillas de bombeo, que la actividad era la de limpiar cañerías, revisar los materiales, limpiar las varillas y después tenían un camión que llevaba cañerías al campo, que la actividad de C... era el mantenimiento de la producción y otros trabajos referidos al petróleo, y que la actividad habitual y normal es la explotación de petróleo.

Tales declaraciones no dejan dudas que la tarea que realizaba U. M., era tan necesaria que el incumplimiento tornaba imposible la ejecución de las tareas propias de la empresa, pues sabido es que sin dicha tarea de mantenimiento se afectaba la producción.

Pues sin descono Entablada la demanda contra Empresa F. y C... la condena debe ser extendida a esta última en virtud de lo prescripto por el art. 30 de la L.C.T.

En autos "Rodríguez, Juan R. c/ Compañía Embotelladora Argentina SA y otro" (DT 1993-A-753) se dijo que "Para que nazca la responsabilidad solidaria de una empresa por las obligaciones laborales de otra, en los términos del art.30 de la ley de contrato de trabajo, es menester que aquella contrate o subcontrate servicios que complementan o completen su actividad normal y específica.

Debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, de acuerdo a la implícita remisión que hace la norma en cuestión al art. 6ª de la ley de contrato de trabajo" (CNTrab., sala VIIII, febrero 19-1997 - "P., P. c/ D., A. M. y otro", DT. 1997 - A - 1126, destacando F. Madrid en "Tratado de Derecho del trabajo", t.I, pág. 929, que la solidaridad a que alude el art.30 LCT funciona cuando "...el trabajo del contratista se debe considerar coordinado o integrado con el del empresario, o cuando la prestación contratada tiende directamente a la obtención de los fines normales de la empresa de otro" siendo estos extremos dados en las citas, los que se cumplen en autos y reitero surge de la prueba valorada por la A-quo y que conducen a entender configurado el supuesto contenido en el art.30 LCT y por ende la solidaridad en la condena de la quejosa, aún cuando ésta no haya asumido responsabilidad laboral respecto a los trabajadores que empleara la mandataria.

Asimismo, no resultan de aplicación los fallos traídos por el quejoso, toda vez que en "Benítez" y en "Hernández", la Corte rechaza la solidaridad, argumentando que dichos elementos (se trataba de transporte de agua y cañerías) fueron suministrados sin intervención alguna de su proveedora en las tareas propias de explotación de petróleo y que hacen al proceso de industrialización de otro producto distinto al que fueron transportados, pero en autos se probó a través de las testimoniales ya analizadas, que C..., no sólo proveía de los elementos necesarios, sino que indicaba las tareas a realizar a fin de poder continuar con su tarea específica, no tratándose de suministro de materias.

He de agregar que el Superior Tribunal de Justicia en autos "A. S., M. y otro c/ R., G. M. y/u otros", Expte Nº 16.412-A-1998 estimó, además, la responsabilidad desde el supuesto del art. 30 de la LCT., porque interpretó a su juicio la tarea que desarrollaban las empresas subcontratistas, eran imprescindibles para que la primera pudiese desarrollar la explotación petrolera.

Ya en anterior pronunciamiento en SD 23/92, mediante voto del Dr. Torrejón este Superior Tribunal de Justicia emitió opinión en cuanto a la interpretación que cabe dar al Art. 30 de la LCT; en aquella oportunidad se sostuvo: la situación planteada, cae dentro del ámbito de aplicación del Art. 30 de Ley 21.297, teniendo en cuenta que para determinar dicho ámbito de aplicación, es necesario precisar que la actividad "normal" de una empresa nace y se desarrolla en función de la decisión tomada por el empresario, a efectos de alcanzar el fin económico perseguido; y actividad "específica" es aquella labor, que no atañe directamente al cumplimiento del fin perseguido, pero que es necesaria, de apoyo (aunque secundaria) para que se puedan llevar a cabo las otras tareas.

Se ha dicho también, sobre el tema, "El Art. 30 de la LCT supedita la solidaridad legal en las obligaciones, a que los trabajos y servicios que se contraten sean propios de la actividad normal y específica del establecimiento, comprendiendo todas aquellas actividades que hacen posible el cumplimiento de la finalidad de la empresa" (CNT -sala IV- junio 14--985 - D. de O. C. c/ B. C. y otro - DT - 985 B - 1298) (CNT -sala II -mayo 15-984 "G., J. c/ M. H. S.A." -DT 984-B-1256) "La solidaridad prevista por el art.30 LCT no se encuentra supeditada a la demostración de la realización de tareas específicas de terceros en forma exclusiva sino que es preciso acreditar la contratación o subcontratación de trabajos y/o servicios correspondientes a la actividad normal y específica del establecimiento principal y la Suprema Corte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires 19-10-1999, ED 7-6-2000, p.2; DT 2000-A-1269.

Y si como se desprende de las citas que efectuara, la responsabilidad solidaria nace cuando se contratan o subcontratan servicios que complementen su actividad normal y específica o sirvan de apoyo, cuanto más, cuando la empresa no podía desarrollar sus actividades normales y específicas, que surgen de fs 343 si no hubiese contado permanentemente con los servicios prestados por la Empresa demandada y el trabajo diario del actor, ya que el mismo se torna esencial para que la empresa codemandada pueda realizar su tarea y ello surge incuestionable de los testimonios ya merituados.

Vázquez Vialard afirma que "la actividad normal debe determinarse en función de la decisión que haya tomado el empresario a fin de encarar las tareas destinadas al cumplimiento de la finalidad económica perseguida. En cuanto al otro elemento que establece la ley: "específica, debe distinguirse, en el proceso de elaboración de un bien o servicio, aquello que es principal de lo que no lo es.

Al efecto, no sólo corresponden a la primera calificación aquellas labores que atañen directamente al cumplimiento del fin perseguido, sino también aquellas que resultan coadyuvantes y necesarias (aunque secundarias), de manera que no obstante ser auxiliares o de apoyo, resultan imprescindibles para que pueden cumplir las otras (ya que normalmente integran -como auxiliares- la actividad)" (Vazquez Vialard, Antonio, Tratado de Derecho del Trabajo, Astrea, Buenos Aires, 1982, t. 2, Cap. IV, Teoría general de Derecho del Trabajo, p. 358).

Y dando respuesta al quejoso en punto a que se haga aplicación en el caso de autos, la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia, concuerdo con lo sostenido por el Dr Capón Filas en fallo de diciembre de 1993, "S., E. E. c/ E... S. C. y otros", CNTrab., Sala VI, donde manifiesta que "Sin dejar de señalar que "R." ha despertado las críticas de C. Ghersi (en Fojas Cero, julio de 1993, p.14), bastaría una sentencia de la Corte Suprema, interpretando temas de derecho común, para disciplinar la jurisprudencia. se extendería al país entero, bastando para ello que el Alto Tribunal sostuviese que dicta un "quietus".

La ley 24028 en el Art. 4 se refiere concretamente a la solidaridad y los mismos autores a los que sigue el quejoso a fin de sostener sus agravios, b en pág. 31 y sgtes, si bien admiten que no toda cesión ni toda contratación, es susceptible de generar solidaridad entre los celebrantes por créditos nacidos de esta ley agrega que, debe admitirse, como actividad propia y específica aún la secundaria, accesoria o la apoyatura de la principal, siempre que se encuentre permanentemente integrada al establecimiento o empresa.

Por lo expuesto, sostengo la responsabilidad de la Empresa C..., propiciando se confirme la sentencia de grado en cuanto la condena a responder en forma solidaria.

Fecha de consolidación de la enfermedad:

Se agravia el actor pues la sentencia dispone como fecha de consolidación la de la pericia médica, y en consecuencia la edad a ese momento era de 52 años. Sostiene que si bien la consolidación fue al año del accidente, a fin de aventar cualquier duda pretende se tome como referencia la certificación obrante a fs 39 expedida por el Dr C. en fecha 16 de octubre de 1996.

Se ha de señalar que la consolidación de la enfermedad resulta un hito relevante con relación a la prescripción y a fin de fijar la indemnización. Y advierto que el actor apelante, consiente la fecha dispuesta por la sentenciante para rechazar la prescripción, para luego cuestionar la misma cuando, siendo la Sra Juez coherente con lo argumentado, establece la edad del trabajador.

Observo, que en la demanda no hace referencia concreta a la fecha de consolidación de la enfermedad, pero al efectuar la liquidación divide la edad de vida laboral por 40. Y atento que el inc. c) del Art.8 que remite al inc.b) y que éste en el 2do párrafo manda que "A los efectos de la aplicación del coeficiente de edad se tomará la edad del trabajador a la fecha de la consolidación del daño", entiendo que consideró tal fecha en el año 1992 ya que es en ese momento que tenía 40 años.

Asimismo, al expresar agravios introduce una nueva pretensión respecto a la consolidación del daño, requiere que se establezca el 16 de octubre de 1996, de acuerdo al certificado de fs 39 y en consecuencia la edad también se modifica.

A pesar de ello, al haber modificado los argumentos para rechazar la excepción de prescripción y que como lo señalara el capítulo sobre consolidación ha sido propuesto en la primera instancia, es que daré respuesta al agravio.

Tiene dicho la jurisprudencia que lo relevante entonces es el conocimiento certero de la minusvalía como irreversible, lo que supone una plena noción de su parte de que sufre un estado laborativo deficitario permanente (cf. SCBA., 8/9/92, T.S.S. 1992-1049: ídem 6/10/92, D.T. 1993-B-1005; ídem 10/8/93, DJBA, 145-6771; ídem, 7/9/93, DJBA. 145-5739; ídem, 29/6/93, DJBA., 145-4051, etc.).

El conocimiento que la accionante alude sobre su estado de enfermedad, no significó la toma de conciencia plena de su disminución de aptitud laboral, sino el entendimiento de la dolencia instalada en su organismo.

En los casos de accidente de trabajo, la fecha en que el trabajador toma conocimiento de su incapacidad coincide generalmente con el acaecimiento del infortunio cuando en esa oportunidad se produjo la minusvalía permanente de aquel, principio que cede cuando las lesiones originadas por el siniestro producen un daño que se consolida con el tiempo y que se torna irreversible con posterioridad" ("A. c. B. I. y otros. Accidente de Trabajo", SCJ, nov.1995).

De las constancias de autos surge que el Dr. B. con fecha 11 de mayo de 1992 asiste al Sr. U. por lumbocitalgia, con reposo, que el 18 de mayo indica reposo por una semana por igual diagnóstico, que el 26 de mayo de igual año, prescribe reposo y comienzo de tareas livianas, que el Dr. S. el día 1 de junio, ordena reposo por la misma causa hasta finalizar tratamiento, que el 7 de junio, se establece que es portador de una lumbalgia con irradiación de territorio L5-S1, secundaria, diagnóstico por radiografía, indicándose diez días de reposo; que el día 12, señala que está confirmada la causa mediante TC; que el resto de las certificaciones aluden a igual enfermedad, y que el 11 de agosto de 1993 se deja constancia que estuvo internado para tratamiento médico. La historia clínica agregada informa sobre ello y que fue intervenido quirúrgicamente el 26 de agosto de 1993. Partiendo de las premisas señaladas, toda la actividad detallada demuestra que el proceso incapacitante no se encontraba consolidado.

Las consecuencias del accidente se fueron prolongando en el tiempo, no existe alta médica, ni dictamen administrativo, lo que me lleva a la conclusión que en ningún momento se llegó a la consolidación del daño en los términos de la ley especial 24028.

Si bien es cierto que parece razonable tener por consolidada -en principio- cualquier incapacidad producida por un accidente de trabajo, inmediatamente de acaecido éste, no menos cierto es que existen casos -como el que me ocupa- en los que resulta difícil establecer el índice de incapacitación antes de obtener el alta médica, fecha en la que indefectiblemente se toma acabado conocimiento de la incapacidad como así también de la permanencia o no -en el tiempo- de la misma.

Pero, si la fecha de conocimiento de la incapacidad es posterior -por cualquier motivo- al año del día del accidente, se debe tener por consolidada la misma desde ésta última fecha (es decir el día en que se cumpliera un año a partir de aquel en que ocurriera el accidente), STJ, "S. N. c/ SIPROSALUD s/ Cobro Indem. Por Accidente de Trabajo", junio de 1994.

Ante ello entiendo que la consolidación del daño y nacimiento de la acción resarcitoria, debe considerarse perfeccionada al año del evento, fecha que dispusiera el Excmo Superior Tribunal de Justicia, en sentencia 31/94, atento que de los tres momentos en los cuales sostiene se puede estar en condiciones de conocer el estado incapacitante al momento del accidente, obtención de alta médica o transcurrido un año desde el infortunio (ley 9688, Art. 8 ídem a la ley 24028) sólo podemos ponderar el tercero.

No resulta hito relevante en orden a la consolidación de la incapacidad con carácter permanente, la determinación del grado efectuada por el médico forense, como lo dispusiera la sentencia, toda vez que la consolidación a la que refiere la ley 24028 no alude a la precisa graduación del déficit laborativo, sino la noción certera por parte del damnificado de la irreversibilidad de su minusvalía y por ende de su carácter permanente, total o parcial, que si lo requiere la ley.

"Al conocimiento del carácter permanente de la incapacidad no llega la víctima de la misma manera en todos los supuestos, pues mientras en algunos lo adquiere en forma inmediata a la ocurrencia del infortunio o revelación de la existencia del morbo, en otros queda enterada recién luego de transcurrido cierto tiempo, sea a través de un alta médica con incapacidad subsistente irreversible, sea mediante el dictamen de la Junta Médica administrativa que se celebrare y así lo estableciere, sea con el agotamiento del plazo anual al cabo del cual la incapacidad temporaria pasa a considerarse permanente por imperio legal, en una suerte de consolidación jurídica (art. 8 inc. "d" pár. 2º de la ley 24.028) "S., M. c/ A., A. s/ enf. accidente" (Expte. nº 17.137 - año: 2001).

Lo expuesto y complementado con lo que manifestara al tratar la prescripción, me persuaden que la fecha de la consolidación de la enfermedad debe fijarse el 13 de abril de 1993, toda vez que el accidente se produjo el 13 de abril de 1992.

Y cualquiera fuese la forma que se utilice para computar el plazo de prescripción, inc.c) o d) del Art. 12, la accción no se encontraba prescripta.

Pesificación:

Fijado lo anterior me introduciré al planteo sobre la pesificación que pretende el demandado con fundamento en lo que dispone el Art. 8 de la ley 24028 y las leyes 25561 y el decreto 214/02.

La a quo a fin de efectuar los cálculos indemnizatorios tuvo en cuenta un salario diario de $21,30 un coeficiente de edad de 1,16%; y la indemnización alcanzó la suma de $26500 (20% x 21,20 x 1000 x 1,25%).

La sentenciante de grado consideró que dicho crédito indemnizatorio ($ 26500) no superaba el tope legal de U$S 11000 (20% de U$S 55.000), según el tope proporcional al grado de incapacidad que establece el art. 8 inc. a ley 24028), pues al convertir los 11000 dólares equivalían a $33.000, no superando el tope legal que se encuentra estipulado en dólares estadounidenses.

Ante ello el codemandado, como ya lo he dicho, se agravia por los fundamentos que da y que fueran reseñados.

Siguiendo jurisprudencia que comparto(C. Nac. Trab., sala 6ª, 04/04/2003- D. B., A. E. v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), JA 2003-III-19, 2ª INSTANCIA, Buenos Aires, abril 4 de 2003 y, sin desconocer que la Sala (C. Nac. Trab., sala 3ª, 12/06/2002, sostiene postura diferente; concordando con el Sr. Procurador Fiscal, considero que al encontrarse plenamente vigente la ley 25561 y el decreto 214/2002, en el caso, el tope legal que establece el art. 8 ley 24028 de U$S 55.000 se encuentra transformado a $55.000.

Consecuentemente, como el crédito indemnizatorio, debe fijarse el monto de condena de la indemnización en dicho importe, en los casos que supere dicho límite. Igual decisión en autos: "Y. C. D. c/ S. S. C. S.A. s/ Accidente - Ley 9688", Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala: VI Fecha: 9/5/2005 Cita: MJJ5215). Máxime los fundamentos que surgen de "N. S.A. c/ I. C. S.A. s/ Ejecución hipotecaria" 2/SER/04. Por lo expuesto el monto indemnizatorio no podrá superar los $11.000.

Cómputo de los intereses.

La Sra juez de grado decide que la suma de $26500, debe abonarse desde que fue debida y hasta su efectivo pago.

Ante ello el apelante demandado considera que debe determinarse a partir de la fecha de la pericia médica.

Y he de concordar con el demandado en punto a que la sentencia omite desde cuándo la suma es debida y que no puede ser distinta la fecha de la consolidación de la enfermedad con el plazo para computar los intereses.

Sostengo que la fecha en que se consolida la enfermedad, marca el inicio del cómputo de los intereses. En consecuencia al haber determinado que ello aconteció al año del accidente, es a partir de esa fecha abril de 1993, que correrán los intereses. Es en esa fecha donde se configuró el reclamo indemnizatorio y por ende el inicio del cómputo de los intereses por la suma resarcitoria (STJ SD 31/94).

La Tasa de Interés: Fijada por la a-quo la tasa activa del Banco Nación de la República Argentina, se alza también en apelación el demandado.

Pero atento que el agravio se funda en que al ser condenado a pagar una indemnización en dólares, resulta incontestable sumar a ello intereses a la tasa activa, por conducir a un resultado manifiestamente irrazonable que no puede ser convalidado y, ante la admisión del reclamo del tercer agravio, éste resulta inconducente.

Máxime que esta Cámara viene en forma sostenida manteniendo la tasa que aplicara la Sra. sentenciante.

En punto a los honorarios apelados por bajos, a fs 439, de acuerdo a la manda del Art. 279, deberán adecuarse, al igual que los regulados a todos los profesionales, por lo que deviene irrelevante su trato.

En consecuencia se ha de rechazar la excepción de prescripción interpuesta por la demandada, así como el agravio sobre la solidaridad y el cómputo de los intereses, modificándose lo resuelto sobre el tope previsto en el Art. 8 de la ley 24028: la fecha de consolidación de la enfermedad que la determino el 13 de abril de 1993 y la fecha a partir de la que cual se computarán los intereses.

Por la secretaría del Juzgado Laboral, deberá efectuarse la liquidación manteniendo el grado de incapacidad, el salario diario, las pautas dadas en la presente y lo que dispone el Art. 8 de la Ley 24028.

Las costas y honorarios: He tenido oportunidad de expedirme en atención al éxito de las acciones y rubros reclamados, con fundamento en el art. 71 del CPCCh en concordancia con el art. 59 de la ley 69.

El Superior Tribunal de Justicia, estableció en principio "Aún en materia de indemnización la carga de las costas es cuestión que debe examinarse frente al caso en conflicto", en total concordancia con autos "F., B. G. c/ L. I." de fecha 3 de octubre del año 1997 y posteriormente, fijó tal doctrina en "C. de R. c/ C. C. y otro" (S.D. 3/93), donde se reitera y reafirma lo en su momento decidido en autos "C. L. c/ Prov. del Chubut" (S.D. 7/91).

Al decir que el Art. 59 de la ley ritual laboral establece un principio general, que no es de aplicación mecánica y automática, puesto que siempre remite a discernir la condición de derrotado o vencido, en un enfoque global del resultado del pleito, mediante un análisis de suma prudencia particularizado a la cuestión.

Que es seguir el criterio del STJ ya adoptado en "O. c/ O. E. A." (S.D. 40/88), también seguido en "C. c/ Cooperativa... de Pto. Madryn" (S.D. 47/92), reiterado en "V. T. c/ E. L. B." (S.D. 71/92), aceptando como regla el Art.59 de la Ley 69 pero no de un modo absoluto, sino admitiendo excepciones que lo relativizan, derivadas del análisis prudente de las circunstancias particulares del litigio, que puedan determinar con legalidad y razonabilidad la aplicación del 68 2da. parte y/o 71 CPCC. de conformidad con el Art. 76 de la Ley 69.

En atención a las pautas que marca el STJ, he de tener presente que la pretensión indemnizatoria en autos, prosperó, y en porcentual requerido.

Que las codemandadas resultaron vencidas, de allí que sea procedente la aplicación del Art. 68 CPCCCh, y 59 de la ley 69.

No olvido que el monto de la condena no coincide con lo solicitado, pero ello surge de la potestad de quien juzga y como consecuencia de una decisión controvertida sobre el límite de la indemnización. Tampoco dejo de valorar, para arribar a tal decisión que son los obligados al pago los que con su actitud obligaron al actor a requerir a la justicia, para lograr lo debido y que en la contestación de demanda negaron lo requerido, solicitando el rechazo de la demanda.

Y a decir de Reimundín, "La condena en costas", pág 107: "No son los argumentos los que acarrean las costas, sino el litigio en general de acuerdo a las concretas pretensiones deducidas".

Concluyo que las costas de la primera instancia estarán a cargo del vencido.

Las costas de esta instancia las impongo en el orden causado, de acuerdo al resultado al que arribo.

A fin de regular los honorarios de ambas instancias que los difiero para el momento del acuerdo, merituaré la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los artículos 6, 7, 9, 14 y 47 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Confirmar el punto 1 de la sentencia de fs 410/427 vta. en cuanto ha sido materia de apelación.

2) Modificar parcialmente el punto 2) de la sentencia, condenando en forma solidaria a los Sucesores de M. F. y a C..., a abonar en el término de diez días de firme la presente al Sr. C. E. U. M. la suma que resulte de la liquidación que se realizará por la Secretaría del Juzgado Laboral, de acuerdo a los considerandos respectivos.

3) Declarar abstracto el tratamiento de la apelación de fs 439.

4) Las costas de la primera instancia a los demandados vencido. Las costas de esta instancia en el orden causado.

5) Diferir la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

6) Tener presente la reserva del caso federal.

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento la presente causa por apelación deducida por la parte actora, demandada y por la Dra. R. E. G. letrada del actor por sus honorarios profesionales, contra la sentencia definitiva nro. 132/2005 del Juzgado Letrado en lo Laboral de la jurisdicción que no hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por C..., hizo lugar parcialmente a la demanda condenando a los Sucesores de M. F. y a C... a abonar al actor C. E. U. M. $26500 con más intereses y costas del proceso (fs.429, fs.437, fs.439).

La magistrada que me precedió en la emi-sión del voto efectuó la reseña de los agravios de las partes encontrándose cumplida la carga procesal, sin perjuicio de ello, a los fines ordenatorios para el desarrollo de la sentencia, efectuaré una escueta alusión a los mismos.

A fs. 441/3 luce el memorial de agravios de la parte actora quien se queja por el cálculo de la edad del actor pues según el Art.8 inc.d, último párrafo, la consolidación jurídica de la incapacidad se produce con la consolidación del daño o cuando adquiere carácter permanente irreversible, a partir de ese momento nació en cabeza del actor el derecho a reclamar la correspondiente indemnización por incapacidad parcial permanente.

Y a los fines del cálculo se toma en cuenta la edad del actor al momento de la consolidación que en el caso era de 43 años no de 52 como dice el Aquo, tiene en cuenta la certificación del daño de fs. 39 que dice que la incapacidad es del 20% total obrera el 16 de octubre de 1996.

Por su parte expresa agravios la demandada a fs. 444/58. El primer agravio se centra en el rechazo de la excepción de prescripción según el recurrente la Aquo dijo que el actor no podía saber su incapacidad definitiva sino hasta después de la intervención quirúrgica que se produjo el 26-08-93 lo que lleva a desestimar lo indicado al deducir la excepción en el sentido de que el plazo de 2 años del Art.12 inc.d) de la ley 24028 debe computarse desde la fecha de consolidación del daño, es decir, desde el reconocimiento expreso del actor en sede administrativa de fecha 30-7-92.

Reconoció el 30-7-92 su enfermedad accidente, al momento de iniciar la demanda 26-8-94. La consolidación del daño es el conocimiento efectivo de la afección y no cuando tiene el grado de incapacidad.

Inexistencia de responsabilidad solidaria, bajo este título inicia su segunda queja contra el fallo, citando jurisprudencia del máximo tribunal del país para respaldar su postura que no cabe aplicar la solidaridad al caso, que el servicio de limpieza de cañerías y varillas de bombeo actividad cumplida por M. F. no cuadra en el Art.6 de la ley 24028 ni el 30 LCT.

El tope indemnizatorio en moneda extranjera es su motivo de queja haciendo referencia a que en el momento de vigencia de la ley de accidentes de trabajo también estaba vigente la ley de convertibilidad 23928, lo que se modificó con la ley 25561.

El cuarto agravio lo constituye el cómputo de los intereses que la Aquo estimó desde que fue debida la indemnización, peticionando se establezcan desde la pericia medica. El quinto agravio es la tasa de interés, requiriendo la activa del Banco Nación Argentina para operaciones de descuento sin capitalización.

Análisis de las cuestiones:

Cuestión preliminar:

Es advertida, y no puede soslayarse, la circunstancia que el presente pleito se inició hace más de diez años (agosto/94) con la ampliación de la demanda dos años después del primer escrito, corriéndose traslado en el tercer año, quedando conformada la litis después de cuatro años. La parte actora no urgió el pleito con la celeridad esperada, que es sin mayor hesitación a quien, a mi modo de ver, interesa de una manera más importante y directa la solución del caso, no obstante dejó pasar lapsos prolongados sin instar.

Si bien a los demandados les preocupa el deber cívico del cumplimiento de la ley, como auxiliares de la justicia, y que no quede abierta sine die una posibilidad que el empleador deba reparar un daño atribuido a tareas realizadas para él, muy atrás en el tiempo; mayor trascendencia adquiere la función del juzgado laboral, tiene el peso legal de la instrucción de oficio, prevista en la legislación procesal en la materia.

Hay que tener presente además de la carga legal mencionada que debe prevalecer a la inacción del actor, porque de lo contrario se tornaría como imprescriptible (como se presentó este caso) una acción que quedó sujeta a la exclusiva libertad del interesado, violando así el principio de seguridad jurídica que tiene igual o si no superior jerarquía que los derechos del trabajador, los que si bien en principio son irrenunciables e indisponibles, lejos están de ser imprescriptibles. Por ello se recomienda a la Sra. Jueza Aquo la adopción de medidas tendientes a evitar situaciones como la presente, aplicando para tal objetivo la normativa vigente.

Iniciaré el tratamiento de las cuestiones a resolver por los agravios de la demandada C..., aclarando que coincido con lo decidido por quien me precedió, no obstante volcar mi decisión por imperativo constitucional.

En primer término, ataca la sentencia por cuanto la Aquo desestimó la excepción de prescripción opuesta (fs. 445/8). Tendré en consideración la fecha de iniciación de la demanda que luce a fs. 35, el 26-AGOSTO-94, la fecha del accidente que fue 13-ABRIL-92 el alta medica en el Htal. Regional 15-ABRIL-92 no conformada según fs. 30 y vta., la denuncia ante el Ministerio de Trabajo se efectuó el 30-JUL-92, interrumpiendo por 6 meses la prescripción con lo cual la demanda fue interpuesta en término en agosto de 1994, desestimando en consecuencia la excepción prescripción opuesta por la parte demandada y confirmando lo dispuesto por la Aquo.

El segundo agravio lo constituye la solidaridad laboral.

En relación a este punto, cabe recordar que esta Sala en anteriores pronunciamientos y siguiendo también doctrina del máximo Tribunal de país, dejó sentado que en cuanto a la solidaridad laboral había que estarse a las diversas circunstancias que vinculan a las empresas cocontratantes y los trabajadores.

La doctrina en la materia sostuvo que la norma actual (Art.4 de la ley 24028) mantiene la claridad de los términos del Art. 6 de la ley 9688 derogada cuando hace extensiva la responsabilidad del evento dañoso al patrón que utiliza los servicios de un contratista, pone de manifiesto como requisito que el segundo se desempeñe en tareas relacionadas con la explotación industrial de aquel (Álvarez Chávez, "Nueva ley de Accidentes de Trabajo", Ed. La Rocca-92, pág.76 com. art.4).

Conviene recordar, si bien es reiterati-vo de su precedente, lo dicho por la CSJ de la Nación en autos "Vuoto. Vicente y otro c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otros" del 25 de junio de 1996 (DJ 1997-2-802), que "la ley de contrato de trabajo impone la solidaridad a las empresas que teniendo una actividad propia, normal y específica o habiéndose encargado de ella, estiman conveniente o pertinente no realizarla por sí en todo o en parte, sino encargar a otra u otros esa realización de bienes o servicios. Ello debe determinarse en cada caso, ateniendo al tipo de vinculación y las circunstancias particulares que se hayan acreditado".

Lo que se desprende del mismo fallo es que debe considerarse la vinculación jurídica de ambas empresas codemandadas para no extender infundadamente el ámbito de aplicación del Art.30 de la LCT.

Dejo establecido en la sentencia atacada y fue corroborado por quien me precedió en orden al emitir voto que existía una vinculación entre las empresas al grado que C... daba órdenes en forma directa a los trabajadores contratados por F., y les proveía los elementos de seguridad según testimonio de fs. 390, fs. 391, los trabajadores realizaban además un trabajo esencial e indispensable para la actividad de la recurrente, lo que no se desacreditó en el memorial de agravios, es más, todo lo contrario, era parte de la actividad de explotación que realizaba habida cuenta que se efectuaba diariamente, en forma directa se indicaba la labor, el modo y forma de realizarse.

De la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso "Rodríguez .c/ embotelladora.") que de las gravísimas consecuencias que derivan de la extensión de la responsabilidad patrimonial a terceros ajenos, en principio a la relación sustancial, requiera la comprobación rigurosa de los presupuestos fácticos establecidos por el Art. 30 de la LCT, los que se dan en el caso subexámine, y han sido verificados en la instancia de grado sin que se descalifique con los argumentos que expusiera en el memorial, estos fundamentos me llevan a confirmar en este punto la sentencia venida en crisis.

Critica el recurrente la fecha de consolidación del daño afirmando que corresponde tomar la de fs. 39, certificado del Dr. C. de fecha octubre de 1996.

Según sentencia del STJ nro.31/94, al año del accidente por no tener otra fecha ni alta médica conformada, y siguiendo el criterio que desarrollaré respecto del cómputo de intereses, tengo por consolidado el daño al año del evento es decir el 13-abril-93.

Siguiendo lo dispuesto en el caso N. del STJ doctrina obligatoria por su reiteración, sin desconocer la jurisprudencia transcripta por quien voto en primer orden y compartiéndola, considero que el cálculo de la indemnización sufrirá el ajuste previsto en el Art. 8 de la 24028 que era de dólares estadounidenses y actualmente se convierten en Pesos 11.000 toda vez que la suma indemnizatoria supera dicho máximo legal.

Los intereses y cómputo constituye otra cuestión traída a esta Cámara, siguiendo vieja jurisprudencia en la materia que a mayor precisión transcribo "Dentro del marco de la ley de accidentes de Trabajo no hay obligación de pago del resarcimiento de la incapacidad definitiva hasta tanto no hubiera alta médica conformada o mediare el lapso de un año desde el día del infortunio" (CNTrab.sala VII abril-90 DJ1991-1-228 - DJRep. 1996, pág. 36 sum. 342).

Coincido con el análisis de la Dra.Reynoso y establezco los intereses a partir del momento de la consolidación del daño establecido un año después, abril de 1993, ni la pericia ni el accidente (Sent.31/94 STJ).

Adhiriendo a lo dispuesto por la prevotante, deberá practicarse liquidación conforme las pautas dadas en la Secretaria del Juzgado Laboral.

La tasa de interés a aplicar según criterio reiterado de este Tribunal, será la tasa activa del Banco Nación Argentina.

Las costas y honorarios deben readecuarse conforme las modificaciones efectuadas en la sentencia atacada, por ello carece de virtualidad jurídica expedirse sobre el agravio de la Dra. G..

Las costas de la instancia de grado se mantienen como fueran impuestas por la magistrada de primera instancia en atención al principio de la derrota que no se ve alterado (art.68 del CPCCCh), difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del acuerdo, en el que se tendrá en consideración para la valoración lo dicho al inicio del presente voto.

Las costas de la Alzada se imponen por el orden causado, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al acuerdo.

Por coincidir adhiero a la fórmula postulatoria de la Dra. Reynoso, con el agregado de la recomendación efectuada al inicio del presente.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Melero no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Confirmar el punto 1 de la sentencia de fs 410/427 vta. en cuanto ha sido materia de apelación.

2) Modificar parcialmente el punto 2) de la sentencia referida, condenando en forma solidaria a los Sucesores de M. F. y a C..., a abonar en el término de diez días de firme la presente al Sr. C. E. U. M. la suma que resulte de la liquidación que se realizará por la Secretaría del Juzgado Laboral, de acuerdo a los considerandos respectivos.

3) Declarar abstracto el tratamiento de la apelación de fs 439.

4) Las costas de la primera instancia a los demandados vencidos. Las costas de esta instancia en el orden causado.

5) Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en Primera Instancia a las Dras. M. B. G. y R. E. G., conjuntamente, en el CINCO POR CIENTO (5%), a los Dres. M. A. O., E. O. y M. C. M. C., conjuntamente, en el DIECISÉIS POR CIENTO (16%), a los Dres. E. J. M., y J. M. P., conjuntamente, en el ONCE POR CIENTO (11%) y a los Dres. I. F. d. l. C., L. P., S. A. C. d. J., L. F. M., M. A. F. A. y F. F. A., conjuntamente, en el ONCE POR CIENTO (11%), porcentajes a calcular sobre el monto total de condena del presente juicio.

Por los trabajos realizados en la Alzada se regulan los honorarios profesionales del Dr. M. A. O. en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) y de los Dres. I. F. d. l. C. e I. F. A., conjuntamente, en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%), porcentajes a calcular sobre lo regulado por sus respectivos trabajos en Primera Instancia.

6) Tener presente la reserva del caso federal.

7) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 20 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS