Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-01


Trelew, 01 de Agosto de 2.005.- VISTO:

El recurso de queja por apelación denegada interpuesto y fundado a fs. 23/24 por la parte demandada en los autos principales.- Y CONSIDERANDO:- El recurso de queja intentado debe ser rechazado. En efecto, para que pueda prosperar el recurso de hecho por apelación denegada, resulta necesario que el recurrente exprese concretamente los fundamentos que sustentan la ilegitimidad de la denegatoria del judex y las razones por las cuales considera que tiene derecho a apelar, con el objeto de demostrar que la apelación ha sido mal denegada (C.A.N.E., S.I.C. Nº 38/91, 155/91, entre otros).

El escrito por medio del cual se interpone la queja debe ser claro y preciso a fin de facilitar al Tribunal "ad quem" su conocimiento, debiendo contener el fundamento de su disenso con el juez a través de la crítica razonada al error atribuido al negar la impugnación (Conf.: Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", T. 1, pág. 859 y 862, esta Sala S.I.C. 141/99).

En ese orden de ideas y de la lectura de las piezas acompañadas se desprende que el Juez "a quo" rechazó el recurso de apelación interpuesto en virtud de lo normado por el art. 242 del C.P.C.C. (ver fs. 22).

Justamente hacia dicho rechazo de la apelación debió haber encaminado sus agravios y no a lo resuelto por el Juez de la instancia antecedente en el trámite del proceso y al dictar la sentencia definitiva, circunstancia que no se compadece con las exigencias legales y que marca la suerte de la queja incoada (doctrina de los arts. 275, 276 y 280 del C.P.C.C.; Conf. Colombo, "Código Procesal .", V. II, pág. 588/589).

Por otra parte, este Tribunal entendió al discernir si es aplicable por vía supletoria el tope recursivo por monto (art. 76, Ley 69), atento la derogación por el art. 14 de la Ley 2.057 del art. 63 de la Ley 69, el que regulaba de modo específico la materia de inapelabilidad de sentencias, que en la integración de las disposiciones normativas de la Ley Provincial 69 con su remisión genérica a las del Código de Procedimiento Civil y Comercial, legitimada se encuentra la aplicación del artículo 242 de éste, que establece un tope de apelabilidad por el monto de $ 2.000 (esta Sala SDL N° 14/01).- Y es que en el análisis a emprender, la propia Ley 69 provee la condición bajo la cual procede adoptar la vía supletoria que indica en su art. 76, cual es la condición que precisa al señalar: ".debiéndose cuidar especialmente el objeto perseguido por esta Ley, que es el de abreviar y simplificar la substanciación de los juicios", correspondiendo en caso de duda "adoptarse el procedimiento que importe menor dilación" (esta Sala SDL N° 14/01).

Ello así, artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial -con la modificación introducida por la ley número 4.404 (B.O. del 21/9/98)- dispone que "serán inapelables las sentencias definitivas y las demás resoluciones cualquiera fuera su naturaleza, que se dicten en procesos en los que el valor cuestionado no exceda de la suma de pesos dos mil ($ 2.000)".

Es consecuencia del principio dispositivo que el tribunal de segunda instancia carezca de facultades para modificar la sentencia en perjuicio del litigante que apeló, si su contrario no lo hizo (reformatio in peius) (Lino Enrique Palacio, "Manual de Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2.000, pág. 648).- El tribunal "ad quem" debe respetar la "prohibición de reforma en perjuicio", habiéndose decidido reiteradamente que el tribunal de alzada no puede empeorar la situación en que la sentencia ha colocado al apelante, si el adversario no dedujo recurso reformatio in peius, lo que deviene en el conocido principio tantum devolutum quantum appellatum (Víctor De Santo, "Tratado de Los Recursos", Editorial Universidad, Buenos Aires, 1.999, T. I, pág. 308).

Autorizada doctrina ha puntualizado la existencia de un paralelismo entre la demanda y la expresión de agravios, consideradas ambas como los actos cuyo contenido determina la competencia del tribunal de primera y segunda instancia, respectivamente (Lino Enrique Palacio, Ob. Cit., pág. 648).

En tal sentido, no superando la condena recaída respecto del quejoso el límite de apelabilidad establecido por el art. 242 de la ley de rito -alcanzando la misma la suma de $ 1.682,00-, no habiendo apelado el decisorio en crisis la parte actora en los autos principales, limitado este Cuerpo por la prohibición de reforma en perjuicio, una interpretación sistemática del precepto precedentemente citado, cuya "ratio legis" consiste en limitar las intervenciones de los tribunales de alzada en consideración a la importancia económica, el pronunciamiento dictado resulta alcanzado por el principio de la inapelabilidad por el monto consagrado por el apartado segundo del art. 242 del C.P.C.C. (actualizado por la ley 4.400).- Por ello, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, RESUELVE:- Rechazar el recurso de queja por apelación denegada interpuesto a fs. 23/24.

La presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por encontrarse vacante una vocalía de Cámara (art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550).

Regístrese, notifíquese y remítase a la instancia originaria a los efectos de su agregación a los autos principales.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - RAUL ADRIAN VERGARA REGISTRADA BAJO EL Nº 28 DE 2005.- SIL - CONSTE.- c.

CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA