Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-01


Salta, 01 de Junio de 2010.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "MERCADO, Mary vs. Cooperativa de Viv. Créd. y Cons. POSTACCHINI LTDA. y/o VACA, Mirta Susana -Sumario -Escrituración", Expte. n° 189.728/07 del Juzgado de 1ª. Inst. en lo Civil y Comercial de 10ª Nominación, Expte. n° CAM - 306.049/10 de esta Sala III, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo:

I) La resolución de fs. 130, al tiempo de rechazar la revocatoria de fs. 129, concede la apelación subsidiaria. En sustento de la misma, la actora dice a fs. 131/132 que agravia a su parte el rechazo del pedido de inscripción de la sentencia en la Dirección General de Inmuebles, con el argumento de que el derecho a escriturar no se encuentra dentro de los actos registrables previstos en el artículo 2 de la Ley 17.801. Discrepando con tal conclusión señala que el inciso 1° de dicho artículo establece que procede la inscripción o anotación en el registro inmobiliario de los documentos que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre bienes inmuebles. La sentencia de escrituración dictada implica una declaración sobre la existencia y transmisión de derecho real de dominio y si ello no se le reconociera, no se podría ordenar su escrituración. Dice que fácticamente la escrituración es de cumplimiento económicamente imposible hasta tanto su mandante pueda encarar determinados trámites, como ser el plano de subdivisión, el que no es aprobado por la Dirección General de Inmuebles hasta tanto los lotes cuenten con los servicios de luz, agua y cloacas. Advierte que el predio se encuentra embargado por otros compradores con boleto, conforme surge de la cédula parcelaria de fs. 83/86.

II) La sentencia de autos (fs. 108/109), que acoge la pretensión de la apelante, condena a la Cooperativa demandada a otorgar la correspondiente escritura traslativa de dominio del inmueble cuyas especificaciones resultan del anexo del contrato de compraventa celebrado el día 22 de noviembre de 1997. Luego de quedar firme el pronunciamiento, la actora gestiona se oficie a la Dirección General de Inmuebles para que tome nota de la sentencia recaída (fs. 112), lo que así se ordena a fs. 121. Recepcionado el oficio por la Repartición (ver fs. 123), a fs. 124 hace saber la Jefa del Programa Registro Jurídico que no se toma nota de lo ordenado por cuanto se debe aclarar cual es la medida que se pretende inscribir y que, además, el registro de la transferencia de dominio debe instrumentarse por escritura pública.

Me anticipo a señalar que asiste razón a la Dirección General de Inmuebles al dictaminar como lo hizo toda vez que la sentencia dictada contiene una obligación de hacer, esto es ordena a la demandada a escriturar a la actora el inmueble enajenado. Y allí se agota el contenido de la misma. Lo que la actora intenta es que la jurisdicción de cumplimiento al fallo soslayando su naturaleza jurídica y la expresa normativa que rige la materia.

En efecto, el ordenamiento procesal expresamente prevé en el art. 523, que en los casos en que la sentencia contuviese condena a hacer alguna cosa, si la parte no cumpliese con lo que se le ordenó dentro del plazo señalado, se hará a su costa o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios proveniente de la inejecución. Es decir, frente al incumplimiento de la condena se produce una conversión de la misma en otra de daños y perjuicios, aunque no se la hubiera peticionado en la demanda al promover el juicio (CApel, Sala III, año 1991, f° 257).

Y la negativa se potencia, cuando se advierte que el predio enajenado carece de catastro, lo que se comprueba con la cédula parcelaria de fs. 71/75. En efecto, según boleto de compraventa que en copia rola a fs. 3, la actora adquirió los lotes 109 y 110 de la propiedad de mayor extensión catastro 368 y con una superficie de 260 metros cuadrados cada uno de ellos . Y es el caso que el catastro 368 del Departamento Capital, según informa la Dirección a fs. 57, se anuló derivándose de éste las matrículas 103.087 y 103.088, siendo esta última anulada surgiendo el catastro 115.222 que no es de propiedad de los demandados.

Cabe entonces preguntarse, teniendo en cuenta el sistema de identificación de los inmuebles en base a catastros individuales que nos rige, sobre qué matrícula pretende se inscriba la sentencia, cuando por falta de cumplimiento de los trámites registrales, no se ha aprobado el plano de subdivisión del loteo y, por ende, la decisión dictada, ante esta realidad, es en la actualidad de cumplimiento imposible.

En otras palabras, el fallo en grado ha reconocido el derecho de la actora al lograr la escrituración y es así que se condena a la demandada a otorgarla, en tanto ello sea jurídica y fácticamente posible. Pero no se puede soslayar la exigencia de la escritura pública como acto registral de transmisión del dominio, que, en todo caso, podría incluso ser firmada por el juez. Es decir que tomando como base la naturaleza de la pretensión que configura el objeto del proceso, la sentencia es declarativa en tanto reconoce el derecho del apelante; y de condena pues manda a la demandada a otorgar la escrituración Más, lo que no puede es por una parte desconocer la realidad registral del inmueble ni tampoco soslayar la exigencia de la escritura pública, so pretexto de la situación económica de la demandada, pues desorbita su naturaleza y caracteres.

Voto entonces por el rechazo del recurso de apelación concedido en subsidio.

El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:

Que adhiere al voto del Dr. Marcelo R. Domínguez.

En base al acuerdo que antecede, LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA _ I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación deducido en subsidio a fs. 129 y concedido a fs. 130.

II) CÓPIESE, notifíquese y oportunamente BAJE.