marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Régimen de consolidación de deudas, facultades del juez, facultades conminatorias, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Maraya S.A. c/ E.N. (Min. del Interior- Policía Federal) s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-02

Sostuvo en su momento esta Sala que la norma contenida en el art. 4to. del decreto 1639/93 -que fue dictado con la expresa finalidad de "instaurar procedimientos que garanticen el cumplimiento de los pronunciamientos judiciales, sin vulnerar pautas mínimas de control de la Administración respecto del obrar de sus funcionarios y de los pasivos consolidados" (confr. sus considerandos)- traducía, para el particular supuesto de cumplimiento de las sentencias judiciales relativas a créditos consolidados en los términos de la ley 23.982, una disposición reglamentaria de las normas generales contenidas en el Código Procesal, por lo que debía ser entendido como que sólo facultaba a los jueces a ejercer -en estos casos- la prerrogativa que el art.

512 de él les confiere para supuestos de condena a escriturar, sin recorte alguno de los restantes poderes que por los arts. 511 y 513 se les acuerda en relación a las condenas de hacer en general -entre ellas- la de imponer las sanciones conminatorias del art. 37 de la ley adjetiva, tendientes a obtener el cumplimiento de sus mandatos (confr. "Gutiérrez, Ricardo D. y otros", del 16/2/95).
Defensa, declaración de la víctima menor, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ RÍOS, Pablo c/  s/ abandono de persona
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-19

No se configura la ineficacia de la defensa alegada si no surge que su desempeño durante el debate oral haya sido ineficaz ni que se hubiera verificado un perjuicio a la parte a raíz de su actividad.

Debe rechazarse el agravio relativo al derecho al control de la prueba si, en oportunidad de rechazar la citación de la damnificada, el a quo sostuvo que el segundo párrafo del art. 250 quater CPPN -según ley 26.842- prevé específicamente que, existiendo el soporte audiovisual de la declaración de la víctima, debe procurarse que no se repita su celebración en sucesivas instancias judiciales, ello a efectos de evitar su revictimización.
Expendio de medicamentos, Estado Provincial, facultades concurrentes, farmacias, ley provincial, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

La invocación de la actora en relación a que ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires impone mayores restricciones que la ley nacional -ley 17.565 y los decretos 2284/91- con relación a los sujetos que pueden poseer la propiedad de los establecimientos farmacéuticos no alcanza para determinar su invalidez, pues el simple hecho de que ambas jurisdicciones regulen el asunto de maneras diferentes no es suficiente para invalidar la norma local, sino que es necesario que haya una repugnancia efectiva, un conflicto irreparable, lo que ocurre cuando la aplicación de la legislación provincial provoca un óbice al imperio y a los objetivos de la ley nacional de protección, de modo tal que el único camino a transitar por la Corte sea el de restar validez a las normas locales en orden a restablecer la precedencia del derecho federal (Voto de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti).
Seguro de responsabilidad civil, tercero damnificado, citación en garantía
Materia: LABORAL
Carátula: Cardozo, Florentín c/ Spell S.A. y otros s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

La citación en garantía incoada por el tercero implica el ejercicio de un derecho propio del damnificado que cierra el circuito tripartito de vínculos, derecho que se apoya en dos presupuestos: a) un contrato de seguro y b) una deuda de responsabilidad. Ello permite colegir que la obligación del ente asegurador frente a terceros viene a ser la misma que frente al asegurado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pensiones, conviviente, prueba, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: CORREA, Celestina c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-18

La concubina que solicita el beneficio de pensión derivado del fallecimiento del causante con quien alega haber mantenido relación en los términos de la ley 23.570, debe aportar argumentos de suficiente valor convictivo, no siendo justificativo de la ausencia de ellos invocar el largo plazo transcurrido desde el deceso ni el nacimiento de un hijo de ambos, ya que ésta última circunstancia no permite inferir la convivencia hasta el fallecimiento de aquél.
Competencia, constitucionalidad, comisión médica central
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DELGADO, LUIS ALBERTO c/ Prevención A.R.T
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-17

La sola invocación de ser la norma objetada violatoria de la Constitución Nacional, resulta insuficiente para obtener la declaración de inconstitucionalidad que se pretende, siendo menester invocar y demostrar en caso concreto el perjuicio que ella apareja (cfr. C.N.A.S.S., sent. del 01.11.90, Cabado, Raúl).

Asimismo, ha sostenido la C.S.J.N. que el voluntario sometimiento a un régimen jurídico sin reserva expresa, determina la improcedencia de su impugnación posterior con base constitucional (cfr. sent. del 06.02.90, Colombo Murúa, Marcelo). Por ello, corresponde revocar la sentencia del a quo que, acogiendo los argumentos del actor, resolvió que la justicia federal era absolutamente impropia para el tratamiento de la cuestión, y declaró la inconstitucionalidad del art. 46, ap. 1, de la ley 24.557 y la incompetencia del Juzgado Federal (en el caso, de General Roca)
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, expresión de agravios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pucheta, Mario Alfredo c/ Friar SA s/ Laboral. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad   (Expte CSJ Nº 699-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-08

La cuestión constitucional debe plantearse en la primera oportunidad o en la primera ocasión que le brinda al litigante el procedimiento. En el caso, el vicio de arbitrariedad aparecía anidado en las etapas procesales anteriores al dictado de la sentencia de baja instancia, por lo que su mención recién, en el escrito de expresión de agravios no merece ser reputado oportuno.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, bocacalle, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Vivares, Antonio Luis c/ Forte De Curi, Mirta Raquel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

Existe culpa concurrente si uno de los conductores introduce su automotor en la bocacalle más de lo necesario para observar el movimiento del tránsito, deteniéndose imprudentemente en la línea de marcha de los vehículos que circulaban a su derecha, mientras que el otro avanzó por ese cruce con excesiva velocidad, excediendo largamente la reglamentaria, y sin haberla disminuido, o al menos demostrado esta circunstancia a pesar de haber observado con suficiente anticipación el vehículo que aparecía a su izquierda, cuyo conductor parecía observar una dubitativa actitud.
Adopción, diferencia de edad entre adoptante y adoptado, adopción por el cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: C., G.V. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

La diferencia de edad que la ley exige reviste singular importancia cuando la relación entre adoptante y adoptado comienza a partir de la adopción o del inicio de la guarda (art. 6º de la ley 19.134), pero, sin duda, el caso es diferente cuando esa relación ha sido precedida por un trato familiar de muchos años, como consecuencia del casamiento entre el adoptante y la madre del adoptado, que ha dado lugar a una relación afectiva fundada en el respeto y el cariño, que se pretende consolidar con la adopción.
Daño estético, indemnización, daño moral, daño material, lucro cesante
Materia: PENAL -CIVIL
Carátula: CANELO MIGUEL ANGEL s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-05

Si el a-quo, por un lado, estableció que al margen del sufrimiento ocasionado por el accidente y sus secuelas, que al alterar su ritmo normal de vida y tranquilidad anímica, le causó a la la víctima un daño espiritual que debe ser resarcido a título de daño moral y entendió, además, que la cicatriz del brazo y de la mano han producido una nota de alteración estética que si bien no lo afecta patrimonialmente despierta por su apariencia distinta o de semejanza, una curiosidad, extrañeza o indiscreción que va a repercutir en la convivencia del menor y en su vida de relación, debe mantenerse el resarcimiento del daño estético a título de daño moral sin que ello implique un enriquecimiento indebido por una doble valoración de una misma circunstancia fáctica.

En efecto, por un lado el daño moral fácticamente descansa en la alteración del ritmo normal de vida y tranquilidad anímica que el accidente y sus secuelas causales;por el otro, el afeamiento de su cuerpo le produce al menor un sufrimiento espiritual pero involucrándolo dentro del daño moral (C.C.1078).-
Nombre, cambio de nombre
Materia: CIVIL
Carátula: M., R.D. s/ INFORMACION SUMARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-17

Aunque el simple uso de un nombre distinto al propio no autoriza, por sí sólo, su alteración, tal hecho, prolongado en el tiempo, de modo que la persona sea públicamente conocida de esa manera, posee, en cambio, idoneidad para reforzar la causa en que se sustenta el pedido de modificación.-
Procedimiento judicial de la seguridad social, limitación de recursos económicos, organismos del Estado, prueba pericial, igualdad ante la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: CIAMPAGNA, RODOLFO NICOLAS c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-11

Los arts. 16 y 17 de la ley 24.463 atentan contra el principio de igualdad en la medida en que establecen una disparidad entre ambas partes del proceso: actor y demandado -en el caso, la A.N.Se.S.-; no gozando de las mismas defensas y, asimismo, estableciendo un trato discriminatorio en relación con otros actores -ajenos al ámbito previsional- que no ven limitados sus derechos por esta excepción. (Del voto del Dr. Fernández).
IVA, honorarios, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, María Agustina c/ Espasa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

El impuesto al valor agregado (IVA), fue concebido como un impuesto que grava al consumo, y por tal motivo indirecto y trasladable al consumidor final, por lo que no puede considerarse incluido dentro de los honorarios, y, por ende, en el cómputo de la limitación del CCCN 730. En el caso que la condición fiscal de los letrados así lo requiera, el monto para el pago del mismo debe adicionarse al prorrateo aplicado ya que el impuesto se encuentra a cargo de quien debe abonar los emolumentos. Ello no implica violentar lo dispuesto en la norma aquí analizada, porque una cosa es el límite máximo impuesto a la participación en el resultado del proceso y sus costas y otra muy diferente son las cargas impositivas que de la misma se deriven, aspecto sobre el que el artículo nada dice. De otro modo y en definitiva, el impuesto debería ser soportado por quien ha prestado su servicio lo que, además de no condecirse con la norma legal, importaría la afectación de derechos alimentarios.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de enseñar y aprender
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Estructuras y Servicios S.A. c/ GCBA s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-05

No surge de los arts. 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni de las la leyes n° 898 -Obligatoriedad de la educación hasta la finalización del nivel medio, en todas sus modalidades y orientaciones- y n° 114 -Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes- que exista un derecho a requerirle a la Administración el mantenimiento de los programas pedagógicos complementarios. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano)
Defensa en juicio, astreintes, extensión de la responsabilidad
Materia: COMERCIAL-CONTRAVENCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Guilford Argentina S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-12

Asiste razón al recurrente al plantear que el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones CAyT vulnera su derecho de defensa al extender el alcance de una sanción fijada en contra del Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos en forma personal hasta hacerla llegar al GCBA cuando este Gobierno nunca había sido apercibido ni se había fijado sanción alguna en su contra. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhieren las Sras. Juezas Ana María Conde y Alicia E. C. Ruiz).
Juicios contra el Estado, competencia contencioso administrativa, nulidad del acto administrativo, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GRILLO, ANTONIO ATILIO S. Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DEL INTERIOR) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

La demanda está dirigida al Estado Nacional, es decir a persona aforada, y tiene por objeto la nulidad de actos administrativos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y la reparación de los daños causados por la retrogradación escalafonaria dispuesta por la autoridad local. En tales condiciones y toda vez que la responsabilidad que concretamente se demanda es la del Estado Nacional -quien había asignado originariamente el ente local las potestades cuyo ejercicio configuraría el daño invocado- cabe encuadrar la acción intentada en las demandas contenciosas administrativas a que se refiere el art. 45, inc. a) de la ley 13 998.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, acceso a la información pública
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en defensoría 1° instancia cayt n° 1 contra gcba sobre acceso a la información (incluye ley 104 y ambiental)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

Corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar, en último término, la sentencia que declaró desierta la apelación contra la resolución de grado que ordenó al GCBA proporcionar la información requerida por la defensora oficial, relativa a los convenios firmados entre el Poder Ejecutivo de la Nación y de la Ciudad, en el marco de la ley n° 24049 de Transferencia de Servicios Educativos para llevar a cabo la transferencia del inmueble conocido como "Palacio Ceci". Ello así, porque no contiene una crítica suficiente de la resolución interlocutoria que denegó su recurso de inconstitucionalidad, en los términos que exige el art. 33 de la ley n° 402. En efecto, la Cámara señaló que lo atinente a establecer la insuficiencia de los escritos de expresión de agravios y la consiguiente deserción del recurso, remitía al estudio de una cuestión de hecho y de derecho procesal propia de los jueces de la causa, y ajena, como regla, al recurso de inconstitucionalidad. Asimismo, descartó la invocada arbitrariedad de sentencia. Los agravios expuestos por el GCBA constituyen una mera discrepancia con la valoración que la Cámara realizó al declarar desierto su recurso de apelación. En este sentido, y más allá del acierto o error de la decisión adoptada, el recurrente no logra poner en evidencia que lo decidido por la alzada haya excedido el límite de las facultades que le son propias. Se advierte así, que las objeciones formuladas por el GCBA remiten a cuestiones de hecho, de derecho infraconstitucional y de índole procesal que, por regla, resultan ajenas a esta instancia recursiva extraordinaria. (Del voto del juez Santiago Otamendi. Voto en igual sentido del juez Luis Francisco Lozano).
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), acto administrativo, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAMANTE DE MURAD, ANA MERCEDES c/ DIRECCION GENERAL DE NIVEL TERCIARIO Y/O CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ AMPARO. APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-09-27

Si como resultado del acto eleccionario para cubrir el cargo vacante producido en la Junta de Calificaciones y Clasificaciones se proclama en 1° término precisamente a la actora, la Resolución que deja sin efecto dicha designación, y nombra a quien resultó electa en tercer término, evidencia la manifiesta arbitrariedad de la misma que lesiona derechos de raigambre constitucional. De esta manera quedan configurados los presupuestos idóneos que evidencian la ineficacia de cualquier otra vía legal, tornando apto el amparo deducido.-
Violación calificada, violación calificada por el concurso de personas
Materia: PENAL
Carátula: HERRERA, Humberto - GENUA, Angel Felipe - GENUA, Benito Justo s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1979-08-07

Para que se configure la agravante se requiere que a la acción concurran dos o más personas, participando en su ejecución, prestando ayuda o asistencia durante el hecho. Es indispensable -como dice Soler-, buscar un fundamento especial, que se hallará en que la concurrencia de varios tenga por finalidad facilitar "de modo notable" la ejecución del delito. La razón de la agravante radica en que el hecho es facilitado para el autor, al par que las posibilidades de resistencia o defensa de la víctima, se reducen o se anulan. No se requiere que los concurrentes hayan mantenido acceso carnal, ni que hubieran abrigado ese propósito. Lo que cobra entidad es la acción de presencia de un número de personas que activa o pasivamente, inspiran en la víctima temor suficiente o imposibilidad de resistirse, facilitando la acción de uno o más de los partícipes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas autosatisfactivas, recurso contencioso administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Leuful, Víctor José c/ Provincia del Chubut s/ Medida Autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-07-01

A la falta suficiente de asentamiento de los criterios en la materia en análisis (cautelares en el proceso contencioso administrativo), al menos hay coincidencia en que el dictado de este tipo de medidas en el orden contencioso-administrativo, ha tenido en los casos en que se ha dictado- un objeto distintivo insoslayable: salvar -con la tutela autónoma o autosatisfactiva- la valla procesal de la exigencia del agotamiento de la vía administrativa para acceder a la jurisdicción, al proceso, permitiendo que la previa decisión jurisdiccional garantice la eficacia del juicio posterior, si procediera. O bien la de exigir de la Administración, se respeten los principio esenciales del procedimiento si fueron negados, vg. la que ordena conceder vista al particular de las actuaciones administrativas, ante un caso de silencio o una denegatoria arbitraria. Tutela que no es instrumental o accesoria respecto de proceso principal alguno y, por tanto, tiene carácter autónomo, casos estos en que el objeto no consiste en la suspensión de un acto administrativo.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA contra sobre incidente de queja por apelación denegada - queja por apelación denegada c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-15

La sentencia de Cámara que resolvió declarar abstracta la queja por apelación denegada no es la "definitiva" a la que refiere el art. 26 de la ley n° 402, sino una posterior, y la parte recurrente no muestra que resulte un apartamiento palmario de aquella (mutatis mutandis Fallos: 187:628; 147:379; 190:139; y 194:40; entre otros). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Despido por maternidad, denuncia del embarazo, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: RIOS, MARCELA c/ DICRIS  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-26

Cuando el art. 178 de la LCT supedita el nacimiento de la presunción "iuris tantum" a que la dependiente haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo, está exigiendo a la interesada la prueba de que ha notificado su estado al patrono antes de que tome la decisión de despedirla. Si no hay conocimiento del estado de embarazo no surge la circunstancia de hecho que el legislador tuvo en cuenta para crear la presunción.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, puertos
Materia: CONSTITUCIONAL - NAVEGACION
Carátula: Astilleros  Alianza    S.A.    de Construcciones Navales, Industrial, Comercial y Financiera c/ Estado Nacional (PEN.) s/ daños y perjuicios -(incidente).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

La ley 22.080 de política portuaria nacional es de preeminente carácter federal.
Recurso de inconstitucionalidad, validez del acto administrativo, Ministerio de Menores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-12

Corresponde hacer lugar a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, desde que el juez dispuso constatar de manera oficiosa no ya la personería del asesor tutelar llamado a intervenir lo que el juez dispuso constatar de manera oficiosa, sino la validez constitucional del acto administrativo que lo había designado interinamente como tal.

Así rebasó largamente las atribuciones ordenatorias del proceso que la ley adjetiva le confiere, pues no existe ninguna norma jurídica vigente que le permita indagar de oficio acerca de la validez del título que ostenta un integrante del ministerio público que interviene en una causa que tramita ante su juzgado como representante promiscuo de un menor de edad. (Voto del Dr. José O. Casás).