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Actos jurídicos, litisconsorcio necesario
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Portillo, Tomás c/ Belen Coriozola de Portillo y/o Actuales Poseedores s/ Nulidad de Venta
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-16

La nulidad de un acto jurídico bilateral o plurilateral es un claro supuesto de litisconsorcio pasivo necesario, pues la sentencia no puede dictarse útilmente sino frente a todas las partes del acto (art. 89 1er. párrafo del Cód. Procesal) que mal podría este anularse por uno de ellos y ser válidos para los otros.
Elecciones, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: EXPTE. N° 99.439 FRENTE CÍVICO Y FEDERAL UCR-CONFE EN J° 607 NAMAN MARÍA ALEJANDRA S/ FORMULA DE RESERVA S/ INC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-05-20

Los arts. 56 y 87 de la Constitución Provincial, interpretados literalmente descartan toda injerencia judicial una vez producida la aprobación de los títulos de los legisladores por la Cámara Respectiva.

Pero debe tenerse presente, que la constitución Provincial no puede apartarse de normas superiores establecidas por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de rango constitucional - art. 75 inc. 22 y art. 31 C.N.- Estas disposiciones obligan a admitir la necesidad de una vía judicial para que el afectado pueda ser oído, para acudir en cualquier caso a un órgano judicial en procura de Justicia.

El derecho a la tutela jurisdiccional implica que las violaciones puedan ser juzgadas por los órganos naturales establecidos por la Constitución para ejercer la jurisdicción - jueces - cumpliéndose las garantías del debido proceso y que las sentencias sean ejecutables. (Voto Preopinante Dra. Graciela Mastrascusa)
Costas, carácter accesorio, honorarios del abogado, régimen de consolidación de deudas
Materia: LABORAL
Carátula: Aguado, Oscar y otros c/ Jockey Club de La Plata y otro s/ Demanda interruptiva de prescripción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-06

Los honorarios regulados al letrado apoderado de la parte actora como parte de la condena en costas participan de la condición de accesoriedad de la obligación principal. Y por ello, no habiendo sido consolidada la obligación principal, tales honorarios deben correr igual suerte (art. 1º inc. "c", ley 11.192).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Cañon, Carlos L. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

Del art. 350 del Código de Procedimiento Penal se deriva que el presupuesto legal para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley radica en la existencia de una sentencia definitiva que, además, sea absolutoria o imponga pena privativa de libertad superior a tres años. El mismo Código, en el primer párrafo del art. 357, definió con carácter aclaratorio o ilustrativo, y fundamentalmente complementario, que ha de entenderse por sentencia definitiva a los efectos de la procedencia de los recursos. El segundo párrafo del artículo citado incorpora supuestos especiales que han de ser considerados sentencia definitiva. De lo precedente se concluye que hay un andarivel estatuido para la admisibilidad, el que gira en torno de las sentencias definitivas absolutorias o condenatorias a penas de prisión superiores a tres años; y hay una segunda órbita independiente, autónoma, que funciona paralelamente, que es la de las resoluciones que, aunque recaen sobre artículo, terminan la causa o hacen imposible su continuación, así como también las que versan sobre falta de jurisdicción, cosa juzgada, amnistía, indulto, prescripción y exención de pena. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción, cómputo del plazo, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: S., R.L. y P. de S., A.L. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-22

La ley 21.859 no previó ninguna solución en materia de prescripción de la obligación de oblar la tasa de justicia. Y si bien es cierto que, de conformidad con la remisión formulada por el art. 18, corresponde integrar sus disposiciones con las contenidas en la ley 11.683, debido a la naturaleza y caracteres del tributo en cuestión, el sujeto pasivo no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por este último cuerpo legal. En consecuencia, ante la ausencia de una norma especial, corresponde atenerse a la previsión general del Código Civil en materia de prescripción de acciones personales por deudas exigibles, lo cual conduce a concluir en que resulta aplicable el plazo decenal establecido por su art. 4023.-
Suprema Corte de Buenos Aires, competencia, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maccari, Luis A. c/ Municipalidad de Azul s/ Indemnización ley 11.685 Administración Punta Mogotes c/ Cofiba S.A.C.I.C.F. s/ Apremio Franco, Vilma G. c/ Municipalidad de Pellegrini s/ Acción de amparo Giménez, Pedro c/ Municipalidad de San Miguel s/ Acción de amparo. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24|1993-11-16|1996-12-27|1997-06-24

Cuestionándose ante los tribunales ordinarios la competencia originaria de esta Suprema Corte como Tribunal de los contencioso administrativo, le corresponde avocarse a la cuestión con abstracción de la procedencia formal de los recursos extraordinarios interpuestos, para pronunciarse en decisión exclusiva y definitiva sobre el conflicto (conf. arts. 149, inc. 3. Constitución de la Provincia; 6 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, acción civil, culpa grave del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Rinaudo, Hugo Alberto c/ Maderera El Misionero s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-05-31

La culpa del trabajador debe considerarse según las circunstancias del momento, sin que tengan importancia hechos anteriores o lejanos;

como la sanción que sin duda justificadamente se le impuso en su momento por incumplir obligaciones de seguridad.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Videla Cuello, Marcelo sucesión de c/ La Rioja, Pcia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Para que haya denegación de la igualdad ante la ley no sólo ha de existir discriminación, sino que, además, ella deberá ser arbitra ria. No sucede así cuando el distingo se basa en la consideración de una diversidad de circunstancias que fundan el distinto trata miento legislativo.
Caducidad de instancia, feria judicial, segunda instancia
Materia: CIVIL
Carátula: LEIVA ESTELA GLADYS c/ VERON WILLIAM ORLANDO s/ DESALOJO-CASACION CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-09

Al resolver en un incidente de caducidad contra un recurso de revocatoria in extremis, que a su vez se interpone por ante el Superior Tribunal, por la declaración de éste órgano superior de la caducidad de instancia casatoria, el plazo aplicable es el de seis meses -debiéndose descontar el período de paralización por feria judicial- por tratarse de la apertura de una instancia casatoria incidental y por ante el máximo órgano jurisdiccional provincial, conforme lo previsto en el inc.2º del art.4º del C.P.C.y C.
Honorarios, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DEL CENTRO COOP. LTDA. c/ MANUEL SHCOLER s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-11-29

Corresponde diferenciar los casos en que la medida cautelar es ordenada fuera del proceso principal y hacen necesaria una actividad independiente, de aquellos otros en que dicha medida es dictada dentro de un proceso principal del cual forma parte. En los primeros casos, tanto el requerimiento como la cancelación de la medida cautelar, devengan los honorarios previstos en el art. 81 de la ley 7269. En los segundos supuestos no corresponde regulación de honorarios, ya que la medida cautelar solicitada no genera una actividad distinta de la que reinara a través de los honorarios del juicio.

Si al haberse iniciado la demanda ejecutiva, el Tribunal a quo, en su primer decreto,ordenó librar mandamiento de ejecución y embargo y luego, la parte actora, solicitó embargo sobre un bien determinado, no existe ninguna duda que dicha medida cautelar es accesoria de la demanda, razón por la cual no se justifica la regulación independiente de honorarios que se pretende.

Si bien es cierto que la demanda fue firmada por un letrado y el pedido de embargo por otro, cabe recordar que "cuando en un proceso o gestión interviene más de un profesional por la misma parte, se considera como un solo patrocinio o representación" (art. 23 Ley 7269).
Proceso contravencional, medidas cautelares, clausura preventiva, juegos de azar, habilitación del establecimiento
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G, J. s/ Ley N° 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-21

Lo resuelto por el juez a quo, en cuanto al mantenimiento de la clausura hasta la obtención de la "autorización" administrativa que habilite el funcionamiento en el inmueble de la actividad de agencia de loterías, desvirtúa el carácter excepcional y limitado con que el artículo 18 inciso b) de la Ley de Procedimiento Contravencional regula la adopción de toda clausura preventiva. (Del voto de los Dres. Robledo y Lucangioli)
Aduanas, manifiesto de carga, descarga
Materia: NAVEGACION
Carátula: "Wave Agencia Marítima S.A. (T.F. 13.403-A) c/ D.G.A.". s/ aduana
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-11

La declaración de diferencia de cantidad de mercadería en el manifiesto de carga constituye un acto propio consistente en declara erróneamente la mercadería que habrá de ser descargada, sin que lo pueda eximir el posible error en que pudo haber incurrido el cargador, por cuanto con su declaración el documentante hace suya la información suministrada por su cocontratante.
Personal embarcado, buque de bandera extranjera, remuneración, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ASTRA C.A.P.S.A. c/ D.G.I. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-27

El Dec. 1772/91 tiene por objetivo fundamental reglamentar lo concerniente a la suspensión de inscripción de buques en la matrícula nacional, al denominado pabellón de conveniencia y a la legislación laboral aplicable, y por ello mal puede enfatizarse el sentido de una palabra inserta en un artículo referido a la temática muy subsidiaria. En consecuencia, es correcto considerar al vocablo "contribuciones (art. 12 del decreto referido) en un sentido omnicomprensivo de las cotizaciones previsionales y confirmar la resolución que determinó el cargo por aportes omitidos del personal embarcado bajo bandera extranjera.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, defensa en juicio, denuncias contrapuestas, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FIGUEROA, Alberto Emanuel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-02

Si la defensora oficial asistió a ambos imputados en sus respectivas declaraciones indagatorias, en conocimiento de los cargos que el primero había enarbolado sobre el segundo, se encuentran reunidas las condiciones a que alude el art. 109 del C.P.P.N. Ante tal incompatibilidad, que se viera confirmada por el hecho de que el otro imputado se haya negado a declarar en el proceso, permite sostener que el derecho de defensa de éste último se ha visto menoscabado, máxime cuando la defensa no controvirtió la conducta ilícita atribuida, sino que sólo se limitó a propugnar un cambio de calificación que sólo podría atemperar la escala penal.

Sólo si al momento de la indagatoria y de los careos, existían intereses contrapuestos y los imputados tenían el mismo defensor, podría verse afectada la garantía de defensa en juicio.

Por ello, corresponde declarar la nulidad de la declaración indagatoria prestada y de los actos procesales consecuentes.
Revocación de sentencia, indemnización reducida, sentencia arbitraria, reparación integral, relación de causalidad, falta de fundamentación, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Grippo, Guillermo Oscar; Claudia P. Acuña y otros c/ Campos, Enrique Oscar y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

Es arbitraria la sentencia que redujo que el resarcimiento por incapacidad sobreviniente sufrido los actores como consecuencia de un accidente de tránsito, toda vez que no se advierten en los fundamentos de la cámara razones suficientes para justificar una reducción mayor al cincuenta por ciento del monto otorgado, de acuerdo con las circunstancias valoradas en ambas instancias, en tanto el tribunal ha utilizado pautas excesivamente genéricas que no permiten verificar cuál fue el criterio seguido para fijar dicho importe (Voto del juez Rosenkrantz).
Contrato de trabajo, fletero, relación de dependencia, propietario del vehículo
Materia: LABORAL
Carátula: ARGUELLES, JOSE REMIGIO c/ CUNNIGTON  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-26

Carece de relevancia la circunstancia de que el transportista sea dueño o no del vehículo que utiliza al efecto de determinar si hubo o no relación subordinada, ya que esto depende de la manera en la que el operario se haya desempeñado (conforme Sala II, sentencia número 40386, 12 de diciembre de 1973, 'Marín, Jose c/ Márque, Jorge H.').
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Kipperband,  Benjamín s/ estafas reiteradas por falsificación dedocumentos  -  incidente de  excepción previa de prescripción de laacción penal -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Las decisiones cuya consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso criminal no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de la ley 48 (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Pacto de San José de Costa Rica, amnistía, derechos de la víctima, obligaciones del Estado miembro, deber de esclarecimiento
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Barrios Altos c/ Perú s/ Sentencia de Fondo Perú s/ Sentencia de Fondo Perú s/ Sentencia de Fondo
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2001-03-14

La manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, convierte a aquéllas en carentes de todo efecto jurídico conduciendo a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad al impedir la investigación de los hechos, la identificación y el castigo de los responsables, e incumpliendo, asimismo, la obligación de los Estados Parte de adecuación de su derecho interno consagrada en el artículo 2 de la norma internacional.
Acta de secuestro, nulidad procesal, robo de automotor
Materia: PENAL
Carátula: GALZUSTA, CARLOS. s/ ACTA    SECUESTRO.  NULIDAD.  PRUEBA.  ROBO.  FUERZA  EN  LAS  COSAS.  AUTOMOTOR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-09

1) Si bien el ACTA DE SECUESTRO no ha sido suscripta por el encausado y ostenta sólo la firma de un testigo, la realidad del procedimiento de incautación que documenta es admitida por el encausado y no existe motivo alguno para sospechar que las declaraciones de los policías aprehensores, respecto de un acto propio de su actividad específica y que no los afecta personalmente, estuviera teñido de interés, afecto u odio (art.277 C.P.C.);

debiendo rechazarse la nulidad de aquél instrumento, al no ser una diligencia esencial del sumario, sino un elemento probatorio más, que debe ser valorado en conjunción con las demás pruebas.

2) Los dichos de los policías acerca de la existencia de un "puente", la falta de la llave del vehículo y la constancia de la rotura del encendido del automóvil permiten determinar la existencia de fuerza en las cosas, debiendo encuadrarse el hecho en la figura de robo de automotor (art. 164 C.P.E. y 38 decreto-ley 6582-58).
Impuestos, procedimiento tributario, actualización monetaria, índices de actualización, Secretaría de Hacienda, facultades de la administración, índice de precios mayoristas, banco central, tasas de interés
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Veroli, Hilario (TF 9864-I) c/ DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-29

La ley 23.549 introdujo el 2do. párrafo al artículo 115, mediante el cual se delega en la Secretaría de Hacienda la facultad de disponer los plazos, forma de cómputo e índices aplicables a los efectos del sistema de actualización contenido en la Ley de Procedimientos Tributarios, derogando el artículo 118 de dicha ley que preveía la actualización sobre la base de la variación del índice de precios al por mayor nivel general. En ejercicio de dichas facultades conferidas por la ley, la Secretaría de Hacienda dictó la Resolución 10/88 cuyo artículo 5º creó un índice diario de actualización de créditos impositivos a favor del Estado sobre la base de la tasa de interés aplicada por el Banco de la Nación Argentina a sus operaciones de descubierto en cuenta corriente no autorizadas. Es decir que la facultad de dicha Secretaría para crear tal índice surge del artículo 115, y en consecuencia fue ejercida dentro de los límites previstos en dicha ley por lo que el agravio esgrimido al respecto deviene insustancial. Por lo demás, en relación a la pauta elegida como índice para dicha resolución, ella resulta ser una más entre las distintas pautas o índices que pudieron tenerse en cuenta y su cuestionamiento resulta también insustancial frente a la falta de prueba de los perjuicios que ocasiona en el caso en concreto. Lo mismo cabe sostener respecto de los argumentos referidos a la violación de los principios de confiscatoriedad, de igualdad y de propiedad cuyos perjuicios tampoco han sido acreditados en el sublite pues no resultan suficientes las meras referencias a casos hipotéticos (de conformidad con lo resuelto por la Sala II del fuero in re "Cadema S.A. c/ D.G.I. del 7-11-96 y S. III in re "Katye c/ D.G.I." del 5/12/95). (Cons. 5º).
Derecho ambiental, protección del medio ambiente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sociedad de Fomento Cariló c/ Municipalidad de Pinamar s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-05-29

La inmediata protección de un bien fundamental que debe ser preservado aún para las generaciones futuras (conf. arts. 28 Const.

Prov. y 41 de la Const. Nac.) no puede depender de la sanción de una norma (ordenanza municipal) de rango inferior a la Constitución y ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguro de responsabilidad civil, cobertura, honorarios del abogado, pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz Héctor A. c/ Debenedetti Amilcar E. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-16

La cláusula que excluye de la cobertura la regulación de honorarios del letrado particular cuando no se hace saber a la aseguradora en debido tiempo de la existencia del juicio no puede aplicarse, en efecto, pese a las formas en que habitualmente se encuentran redactadas estas cláusulas, es válida la notificación de la citación en garantía para impedir la aplicación de las mismas ya que a partir de dicho acto conoce el pleito y puede comparecer para ejercer la dirección del juicio. (Minoría u opinión personal)
Ministros de la Corte Suprema, nombramiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANSO, GERONIMO. c/ ESTADO NACIONAL. s/ NULIDAD DE DECRETOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-03

La propia designación de los integrantes de la Corte por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Honorable Senado, implica la ratificación de las remociones de los jueces que desempeñaban sus cargos el 24 de marzo de 1976.
Beneficio de litigar sin gastos, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Astorri Angela Susana c/ José Angel Orellano Ramirez y Ots. s/ Beneficio de Litigar sin Gastos (LIBRO: A136 - 078)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-05-06

El beneficio de litigar sin gastos tiene como único objeto el de actuar en papel simple, de no abonar impuesto de justicia, de que se publiquen y difundan los edictos, sin previo pago, de otorgar poderes ante el Secretario y de ser defendido por Defensor Oficial (art. 97 inc. I del C.P.C.), por lo que no debe tomarse en cuenta el monto del juicio principal
Recurso de casación, errónea apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: E., J.G. c/ I.A. SA s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-05

No basta, para el recurso de casación, con invocar normas de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial y de la LCT, ni señalar circunstancias que a criterio del impugnante implicarían la existencia del vicio que se invoca; se requiere, en cambio, la expresa denuncia de infracción a alguna concreta norma de las que rigen la apreciación de la prueba, por ser ésta la tarea axiológica que ha sido cuestionada.
Sentencia arbitraria, prisión preventiva, arresto domiciliario, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Fiorini, Cayetano José c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-29

La disidencia sostuvo que no se advierte que la resolución recurrida resulte arbitraria, ya que el encartado cuenta con 85 años y padece una disminución visual del 90% que en el ámbito carcelario lo colocaría en situación de riesgo físico, asimismo, recordó que el hecho de que un imputado cumpla prisión cautelar en su domicilio no se presenta incompatible con el deber estatal de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. (Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos -en disidencia-).
Juicio por rendición de cuentas, competencia en razón del monto, justicia de paz letrada, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: BASSI, ALCIRA Y OTROS c/ MARTINELLI, RUBENS s/ RENDICION    DE   CUENTAS.  CONFLICTO  NEGATIVO  DE  COMPETENCIA.    CSJ EXPTE NRO 43-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-06-06

De acuerdo a la distribución de la competencia por razón del valor que prevé nuestra ley procesal, es competente para entender en la impugnación que el cuentahabiente hiciera de la rendición de cuentas por el cuentadante, el juez de paz letrado si al momento de cuestionarse las cuentas de la rendición, la cuantía de la pretensión (conforme al artículo 528 del código procesal civil y comercial) no excede el tope fijado para los asuntos civiles y comerciales en que debe entender la justicia de paz letrada.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B, S y A, V.P s/ Su situación Velázquez de Socol, Silvia M. c/ Bello, Héctor R. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09|1996-09-24

Es infundado el recurso de nulidad extraordinario si de la sola lectura de la sentencia se advierte que el fallo está fundado en expresas disposiciones legales, no correspondiendo juzgar por esta vía el acierto con que han sido invocadas.
Inadmisibilidad del recurso, excarcelación, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: López Londoño, Henry de Jesús c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-14

Es inadmisible el RE deducido contra el rechazo del recurso de casación contra la denegatoria de excarcelación en tanto no constituye sentencia definitiva ni puede considerarse equiparable a tal, la sustancia del planteo no implica debate de una cuestión federal y no se ha demostrado la existencia de arbitrariedad. (Dres. Borinsky, Hornos).