Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2005-04-07


Resistencia, abril 7 de 2005.

1º ¿Son procedentes los recursos de Inaplicabilidad de Ley e Inconstitucionalidad de fs. 423/436 vta.; de Inaplicabilidad de Ley de fs. 437/443 vta.; de Inconstitucionalidad de fs. 444/450 y de Casación de fs. 451/452? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Modi dijo:

I. Que el Juzgado Correccional de la Primera Nominación de esta ciudad, en sentencia Nº 30, glosada a fs. 386/409 vta., pto. II, hizo lugar a la acción civil instaurada por las querellantes y fijó un monto indemnizatorio por Daño Moral, en la suma de Pesos Ocho Mil ($ 8.000) para la Sra. Blanca Beatriz Brignardello y de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) para la Sra. Susana Beatriz Molina, que deberán sufragar los demandados, incluido el Centro de Empleados de Comercio, en forma conjunta (art. 1109 y 1113 del Código Civil).

Contra dicho pronunciamiento se alzó la Defensa de los demandados civiles Ireneo Verón, Mario Jorge López, Ramón Alberto Barrios, Francisco Nestor Obregón, Hector Alfredo Fernández, Anibal Leandro Coronel, Pedro Ramón Cardozo, Roberto Luis Godoy, Marta Lola Corrales y Miguel Angel Gallardo y en representación del Centro de Empleados de Comercio de Resistencia, Dr. Fernando Enrique Guirado (fs. 423/436 vta.); el Defensor de Maria Alicia Godoy, Dr. Ernesto Luis Ghidini (fs. 437/443 vta.); la Defensa de Ermo Ruiz Díaz y Carlos Lisandro Ifran, Dr. Carlos Guillermo Varas (fs. 444/450) y el Defensor de Marta Benítez, Dr. Gustavo Adolfo Vargas (fs. 451/452), interponiendo los recursos que se mencionaran, los cuales fueron concedidos, elevándose la causa a esta sala, donde quedara radicada, encontrándose actualmente en condiciones de dictarse pronunciamiento.

II a) El recurso de inaplicabilidad de ley articulado a fs. 423/436vta. contiene ambos motivos casatorios, aludiendo el agravio formal a la inobservancia de las reglas de la sana crítica, invocándose específicamente, entre otras razones, a la violación al principio lógico de razón suficiente, sosteniendo el recurrente que todo juicio, para ser verdadero, necesita de una razón suficiente que justifique lo que se afirma o niega con pretensión de verdad, considerando que en el fallo se efectuaron afirmaciones sin fundamento fáctico ni jurídico, no encontrándose documentación respaldatoria de la que surja que sus defendidos hayan ordenado la publicación, ni elementos sólidos para sostener que "...los aquí traídos a juicio han actuado con un completo y desaprensivo 'dejar hacer' al entonces Secretario General del Gremio, Roque Desmarás...".

Señala que en autos se invirtieron los principios lógicos para llegar a una conclusión, ya que se sustituyó la actividad valorativa por un determinado convencimiento previo del Tribunal, basado, en cuanto a la apreciación de los hechos, en lo peticionado en la acción civil, lo que escapa a un análisis sustentado en la sana crítica y el debido proceso y torna arbitraria a la sentencia, ya que el poder de decisión del jugador se concreta mediante el deber de motivación, impuesto como garantía de los individuos para el ejercicio de los controles de legalidad y legitimidad del acto jurisdiccional.

En cuanto al motivo sustancial, el mismo se relaciona con la incorrecta aplicación del art. 1113 del Código Civil respecto al Centro de Empleados de Comercio, argumentando que no fue demostrada la subordinación exigida por esa norma y que a la fecha del hecho el mismo se encontraba acéfalo.

También se agravia por las lesiones constitucionales que a su juicio presenta el fallo, mencionando la existencia de causales de arbitrariedad en el mismo, y finalmente refiere a la falta de aplicación en el caso de la Ley Provincial Nº 1296 como consecuencia de la actividad sindical de sus defendidos.

b) El recurso de Inaplicabilidad de Ley de fs. 437/443 vta. es interpuesto por ambos motivos previstos por el art. 434 del CP, agraviándose la Defensa, desde el punto de vista formal, por entender que se inobservaron las reglas de la sana crítica racional y es insuficiente la fundamentación de la autoría de María Alicia Godoy y su responsabilidad civil, en su carácter de miembro suplente de la Comisión Directiva del Centro de Empleados del Comercio, ya que ella no concurrió, por no tener la obligación de hacerlo, a ninguna reunión de la misma ni tuvo participación en la confección y firma de la publicación de la supuesta memoria de la entidad, cuestión que fuera oportunamente propuesta y se omitiera considerar para la resolución del caso, por lo cual es descalificable como acto jurisdiccional.

Respecto al motivo sustancial, entiende que no existió violación al deber de cuidado por parte de su defendida y por ello no corresponde hacer lugar a la acción civil en su contra.

c) El recurso de Inconstitucionalidad de fs. 444/450 se basa en la supuesta falta de explicitación del raciocinio del juzgador, considerando que el fallo resulta antojadizo y sin más fundamento que la voluntad del tribunal.

d) El recurso de casación fs. 451/452 es introducido por agraviarse la Defensa de Marta Benítez ante la afirmación que ésta resultaba, en su carácter de Revisora de Cuentas del Sindicato de Empleados de Comercio, integrante de la Comisión Directiva, lo cual considera una manifiesta negación de la verdadera participación que le correspondió en el período en cuestión, ya que del estatuto social no surge que los revisores de cuentas integren dicho órgano, no siendo asimilables ambas funciones.

II. Planteados los recursos articulados en autos de la manera en que fueran reseñados precedentemente y, sin perjuicio que ello por sí mismo provoca la apertura de la vía casatoria, considerando que en el primero de éstos fue puesta en tela de juicio la motivación que sustenta al pronunciamiento, alegándose la vulneración de las reglas lógicas y la falta de fundamentos fácticos, lo cual se halla conminado con la sanción de nulidad, corresponde a esta sala efectuar un detenido análisis de la sentencia a efectos de establecer si la misma satisface los recaudos procesales y constitucionales imprescindibles para constituir un pronunciamiento válido (conf. esta sala "in re": "Hang", sent. 96/04).

Al respecto, el art. 112 de la rituaria prescribe claramente que "Las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad", mientras que el art. 387, inc. 3º, sanciona con nulidad la sentencia "Cuando se base en elementos probatorios no incorporados legalmente al debate, salvo que carezcan de valor decisivo".

Además, la motivación de los fallos judiciales presenta un sólido fundamento constitucional, habida cuenta que se trata de una exigencia de imprescindible observancia que enraíza en las normas de los arts. 18, 28 y 33 de la CN, especialmente de esta última, fluyendo de ellas una garantía innominada a la no arbitrariedad, que se traduce para los justiciables en una exigencia de razonabilidad (conf. Vanossi, "La sentencia arbitraria, un acto de lesión constitucional", ED, t. 91, p. 105).

Su ausencia se verifica tanto en los casos de concreta inexistencia o cuando existe materialmente pero no es legítima, tanto en referencia a la validez intrínseca de las pruebas valoradas como a la circunstancia de que provengan del debate, es decir que el pronunciamiento debe basarse exclusivamente en prueba válidamente incorporada al contradictorio (conf. esta sala "in re": "Ríos de Gómez", sent. Nº 23/01).

Al respecto, esta sala tiene dicho que "Sabido es que lo único que tiene eficacia o significación jurídica a los fines de la convicción del sentenciante son los actos del debate y para que la motivación del fallo sea legítima, las pruebas deben provenir exclusivamente de él" (conf. "in re": "Ojeda", sent. 53/92).

En ese sentido, solamente tiene eficacia o significación jurídica a los fines de la convicción del sentenciante los actos del debate -etapa en la que el Ministerio Fiscal ( querellante en este caso) y las partes actúan en paridad de situación jurídica-, quedando descartado el conocimiento privado del Juez adquirido fuera del proceso (Vélez Mariconde, "Estudios de Dcho. Proc. Penal", t. II, p. 126; F. De la Rúa, "La Casación Penal", p. 137; Ricardo Núñez, "Temas de Dcho. Penal y Dcho. Proc. Penal", p. 87).

Por ello, los actos cumplidos, aunque hayan sido "... dispuestos por el propio Tribunal y controlados por las partes carecen de relevancia probatoria si no se introducen por su lectura. Sólo así podrán ser tenidos en cuenta en la sentencia, ya que de otra forma no existen como material computable en ella" (F. De la Rúa, ob. cit., ps. 137/138).

Estos postulados no fueron observados en el sub examen, toda vez que, según se advierte, la magistrada correccional utilizó de manera esencial y decisiva para la conformación de su convicción un elemento probatorio no introducido legalmente al proceso ni al debate en sí mismo, tal el caso de la publicación de la Memoria y Balance del Centro de Empleados de Comercio, ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002, en cuya página 4 se habrían insertados las menciones cuestionadas.

En efecto, la juzgadora consideró que "...la materialidad de la imputación contenida en el escrito de querella y ratificada en audiencia de debate ha quedado debidamente acreditada con la publicación de la Memoria y Balance del Centro de Empleados de Comercio, sobre el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2002, precisamente en lo consignado en la p. 4 de dicha publicación..." (fs. 403), por lo cual, al tratar la cuestión civil, entiende que "... habiendo quedado meridianamente probado en la causa penal... que los integrantes de la Comisión Directiva a la fecha de la mentada publicación del gremio, han actuado con una notoria liviandad..." (fs. 106), concluyendo, a raíz de ello, que corresponde asignarles la responsabilidad civil por el hecho que entiende acreditado.

Sin embargo, tal elemento probatorio esencial y decisivo para convencer a la a quo no fue ofrecido por el querellante en su escrito inicial de fs. 1/3, en cuyo pto. VI) se limitó a proponer pruebas testimoniales e informativa, incumpliendo con la específica obligación impuesta por el art. 397 del CPP, por lo cual, lógicamente, tampoco fue admitido en la resolución de fs. 173/174 vta. ni incorporado al debate junto con las agregadas en el acta de fs. 363 y vta.

En tales condiciones, resulta evidente la existencia de un vicio nulificante del pronunciamiento, al haber sido considerada una pieza probatoria, con efecto trascendente en la conclusión del caso, no ofrecida ni incorporada legalmente al debate, y que fuera ingresada irregularmente al proceso (conf. cargo de fs. 4). Estas circunstancias la descalifican como prueba del juicio penal, y, por ende, del accesorio juicio civil, por lo que mal puede ser valorada idóneamente como pieza de cargo o descargo decisiva. Al respecto, Ricardo Núñez sostiene que "El Tribunal de juicio tiene la obligación de motivar sus sentencias sin fundarse en prueba no introducida al debate. El Tribunal de casación tiene el contralor de todos esos aspectos de la legalidad de la motivación de hecho de la sentencia" ("Temas de Dcho. Penal y Proc. Penal", p. 84 y sigtes.).

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sostuvo que el acta de debate es el documento necesario para comprobar la prueba introducida en él, única que puede ser valorada, para que el control de legalidad y logicidad por parte del Tribunal de casación sea posible (conf. "Proceso Oral", Barberá de Riso, T. II, p. 320).

Por otra parte, la obligación constitucional y legal de fundar la sentencia consiste en el deber de consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ella contiene, con base en la prueba reunida y de acuerdo al sistema de valoración admitido por la ley ritual, porque éste es el modo de posibilitar el contralor de las partes y del Tribunal de casación. En este marco, la valoración de todo elemento de juicio que resultare decisivo para la solución de las cuestiones propuestas que no surja de las pruebas producidas, es decir, de las que fueron legalmente introducidas al proceso, ofrecidas y admitidas por el juzgador, priva al fallo de su imprescindible sostén legal y lo descalifica como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, doctrina de Fallos 311:1656, 2547, etc.).

En tales condiciones, corresponde hacer lugar al recurso referido al abordar el tratamiento de la cuestión y declarar la nulidad del aspecto censurado del fallo, sin ingresar, por inoficioso, a los agravios y recursos restantes, ya que las consecuencias nulificatorias del pronunciamiento resultan extensivas a la totalidad de los demandados. Es mi voto.

El doctor Franco dijo:

Compartiendo los fundamentos expuestos y las conclusiones del voto precedente, adhiero específicamente al mismo y me expido en idéntico sentido. Es mi voto.

2º cuestión.- El doctor Modi dijo:

En consideración al resultado de la anterior cuestión, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 423/436 vta., declarando la nulidad total del pto. II de la sentencia Nº 30, glosada a fs. 386/409 vta., en cuanto hiciera lugar a la acción civil instaurada por las querellantes, y de los actos del debate relacionados con la misma, como derivación de los fundamentos expuestos en los considerandos. Sin reenvío, dada la modalidad del caso, debiendo el tribunal de origen adecuar los honorarios regulados en esa instancia a lo aquí resuelto. Sin costas, salvo los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en esta sede, regulándose, para el Dr. F. E. G., la suma de Pesos Quinientos ($ 500.) y para los Dres. E. L. G., C. G. V. y G. A. V. en la suma de Pesos Trescientos ($ 300) cada uno, de conformidad con las disposiciones arancelarias vigentes. Así voto.

El doctor Franco dijo:

Adhiero integramente a lo propiciado precedentemente por el Sr. Ministro preopinante. Así voto.

Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo precedente.

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, la sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, resuelve:I. Hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 423/436 vta., declarando la nulidad total del pto. II de la sentencia Nº 30, glosada a fs. 386/409 vta., en cuanto hiciera lugar a la acción civil instaurada por las querellantes, y de los actos del debate relacionados con la misma, como derivación de los fundamentos expuestos en los considerandos. Sin reenvío, dada la modalidad del caso, debiendo el tribunal de origen adecuar los honorarios regulados en esa instancia a lo aquí resuelto. Sin costas, salvo los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en esta sede.II- Regular los honorarios profesionales del Dr. F. E. G. en la suma de Pesos Quinientos ($ 500.) y de los Dres. E. L. G., C. G. V. y G. A. V. en la suma de Pesos Trescientos ($300) cada uno, de conformidad con las disposiciones arancelarias vigentes.III. Regístrese. - Alberto M. Modi. - Ricardo F. Franco.