Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-02-06


AUTOS N° 22.458 (38.084 - JUZG. DE JÁCHAL), CARATULADOS: "AGUILERA, Federico Luis Dante - Posesión Veinteañal" En la ciudad de San Juan, a 06 días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los señores Vocales, Dres. PASCUAL E. ALFERILLO y JUAN J. VICTORIA, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas 113, contra la sentencia definitiva, recaída en autos N° 22.458 (38.084 - JUZG. DE JÁCHAL), caratulados: "AGUILERA, FEDERICO LUIS DANTE - POSESIÓN VEINTEAÑAL", dictada en fecha veintinueve del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, obrante a fs. 109/111, de estos autos originarios del Juzgado letrado de Jáchal, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El iudex a quo en su sentencia dictada en fecha 29 de diciembre de 2016, cuya copia obra agregada a fs. 109/111, rechazó la demanda con costas y difiere la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad.

Contra este resolutorio a fs. 113, el abogado Abel Cortéz impetra recurso de apelación, el cual es concedido a fs. 117 en los términos del art. 250 inc. 1° del C.P.C.

A fs. 118 se presenta el señor Federico Luis Dante Aguilera, por su propio derecho con el patrocinio letrado del abogado Abel Cortez.

Previo a continuar se advierte que el profesional actuante realiza su tarea en el proceso como patrocinante, lo cual implica que para interponer el recurso de apelación debió hacerlo ineludiblemente con la firma de su patrocinado quien es el titular de la acción. En el caso, se verifica que a fs. 113 el abogado Abel Cortez suscribe el recurso sin la firma de su representado, el señor Federico Luis Dante Aguilera.

En función de ello y de la doctrina imperante, dicho acto es inexistente.

Así se expresó en la sentencia dictada en fecha 28 de diciembre de 2017, en autos N° 22442 caratulado "Cortez, Mercedes Lorenza - posesión veinteañal" (L. de S. T° 3 -2017 F° 69/71) 28/12/2017, donde se consideró que "esta anomalía ha sido examinada en la sentencia dictada en fecha 25 de abril de 2011 (entre otros antecedentes) en los autos N° 20.807 (103873 - 1° Civil) "Otarola Emilio Osvaldo - Prescripción adquisitiva" (L. de A. T° 177, F° 112/115), donde se especificó que "este tribunal, en reiteradas oportunidades ha considerado esta situación ante la falta de firma del patrocinado: "El acto es completamente ineficaz, ni siquiera puede declararse su nulidad ya que al faltarle un requisito esencial entra en la categoría de actos procesales inexistentes. Esta categoría denominada de actos procesales inexistentes, obsta a la instancia revisora porque carece de virtualidad jurídica para producir sus efectos. Todo acto procesal idóneo tiene por objeto producir un efecto jurídico directo e inmediato en el proceso y para eso la persona o sujeto procesal ha de tener aptitud conducente a lograr tal finalidad. Cuando a los actos procesales les falta la firma del sujeto que está legitimado para actuar, las peticiones no pueden encausarse hacia la plenitud del acto decisorio, porque sin ese requisito subjetivo esencial que denota la voluntad declarada de quien desea producir un efecto directo e inmediato en el proceso, la firma del peticionante, no habrá destinatario para la resolución jurisdiccional en la esfera del derecho privado. Lo dicho concuerda con los principios generales y la doctrina que informa al art. 1012 del Código Civil. Guillermo Borda, a propósito de lo prescrito en esta norma dice: "La firma de las partes es una condición esencial para la existencia y validez de un instrumento privado. Sólo desde el momento en que la firma está estampada, debe considerarse que el otorgante ha tenido la intención de hacer suya la declaración de voluntad contenida en el instrumento" (Tratado de Derecho Civil, Parte General II-166; ed. Perrot 1976).

Lino Enrique Palacio, recordando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 246:279), comenta: "Entre los requisitos mencionados, la firma del presentante es el que reviste mayor relevancia. De allí que se haya resuelto que el escrito carente de firma es un acto jurídicamente inexistente y ajeno, como tal, a cualquier posibilidad de convalidación posterior" (Derecho Procesal Civil, Tº IV-90; ed. Abeledo-Perrot 1988) La imposibilidad de sanear el acto inexistente es total. Sólo está permitido convalidar el acto o subsanar sus deficiencias en el supuesto de nulidad de actos procesales cuando no haya sido consentido siquiera tácitamente por la parte interesada en la declaración (art. 176 CPC); pero ambas situaciones difieren substancialmente por la naturaleza y los efectos que tiene una y otra clase de actos. El acto inexistente ni siquiera ha nacido como acto, por eso no puede decirse de él que está afectado por un vicio en sus elementos formales, sino más bien por carecer de los requisitos mínimos y esenciales para configurarlo, por tal razón, tiene nada más que la apariencia de un acto jurídico, pero en realidad no lo es. Ante la ausencia de uno de sus requisitos esenciales es imposible la ratificación de lo actuado con posterioridad con la finalidad de conferirle validez, según la doctrina que comparte el tribunal. Esta calificación lo convierte en un escollo insalvable para poder valorarlo jurídicamente".

En función de las razones fácticas y jurídicas antes expuestas corresponde declarar inexistente el acto de interposición del recurso de apelación ejecutado por el abogado Abel Cortez a fs. 114.

En cuanto a las costas generadas por la tramitación del recurso de apelación y atendiendo que la expresión de agravios con la firma de la parte resulta inoficiosa, ni tiene fuerza jurídica para convalidar la anomalía en la interposición del recurso, las mismas deben ser impuestas al abogado generador del acto inexistente. Esta resolución se avala en el contenido del art. 376 del Código Civil y Comercial de aplicación al caso.

Un párrafo especial merece el diferimiento de la regulación de los honorarios por parte del a quo, quién incumple con el expreso mandato legal impuesto en el art. 164 inc. 8) de la Ley 988-O. En función de ello se propone que los honorarios de la parte vencedora sean establecidos en el treinta por ciento (30%) de lo que se regule en la primera instancia.

El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: 1°) Declarar inexistente el acto de interposición del recurso de apelación deducido a fojas 113. 2°) Imponer las costas al abogado Abel Cortez. 3°) Regular los honorarios del letrado de la parte vencedora en el treinta por ciento (30%) de lo que se regule en primera instancia.

El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

1°) Declarar inexistente el acto de interposición del recurso de apelación deducido a fojas 113.

2°) Imponer las costas al abogado Abel Cortez.

3°) Regular los honorarios del letrado de la parte vencedora en el treinta por ciento (30%) de lo que se regule en primera instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de S . T° I-2017; F°1/3; FECHA:6 de febrero de 2018 DRES. ALFERILLO-VICTORIA