Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 172/178.

Santa Fe, 8 de mayo del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal contra la decisión del 8 de agosto de 2016 dictada por los Jueces del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial doctores Alfredo Ivaldi Artacho, Carina Lurati, y Georgina Depetris, en autos "SÁNCHEZ, MATÍAS REINALDO -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN AUTOS: 'SÁNCHEZ, MATÍAS REINALDO S/ ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD DE DISPARO NO HA PODIDO SER ACREDITADA EN GRADO DE TENTATIVA (ART. 166, INC. 2, EN FUNCIÓN DEL 42 Y 45 DEL CODIGO PENAL)'- (CUIJ 21-06257442-8)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00510918-0); y,	CONSIDERANDO:	1. En fecha 8 de agosto de 2016, los Jueces del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial doctores Alfredo Ivaldi Artacho, Carina Lurati y Georgina Depetris, resolvieron -en cuanto aquí interesa- invalidar de modo absoluto el acuerdo celebrado entre la Defensa y la Fiscalía en el marco de un procedimiento abreviado seguido en el caso así como la respectiva audiencia pública y sentencia apelada por la Defensa, dictada el 01.04.2016 -arts. 248, 250, 342 a contrario sensu y ccs. del C.P.P.- (fs. 2/7v.).

2. Contra dicho decisorio, el señor Defensor Regional, doctor Gustavo Franceschetti, interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 9/33v.).

Como antecedente a sus agravios, efectúa el recurrente una reseña de lo acontecido en la causa seguida a su defendido, el señor Matías Reinaldo Sánchez, relatando que encontrándose éste acusado del delito de robo calificado en grado de tentativa y en calidad de autor, en el marco de un procedimiento abreviado suscribió un acuerdo, por el cual aceptó la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión, que debía unificarse con una pena anterior. Y que se dejó a discusión ante el Juez la eventual declaración de reincidencia y el método de aplicar para unificar ambas penas.

Relata que finalizada la audiencia en la cual se dictó sentencia admitiendo el acuerdo, su defendido expresó por escrito y al suscribir el acta, su intención de apelar. Por lo que su Defensor, el doctor Daniel Kantor, fundó el recurso así interpuesto. Y que al hacerlo, entendió que su mandato implicaba agotar todas las posibilidades defensivas, agraviándose sobre la declaración de reincidencia dispuesta por el Juez, sobre el método aplicado para unificar las penas, sobre la calificación legal asignada (y consecuentemente con la pena) y sobre la competencia de aquél para llevar a cabo dicha unificación.

Señala, por fin, que, llegado el caso al Tribunal de Alzada a fin de tramitarse el recurso de apelación, al momento de resolver dispuso invalidar el procedimiento abreviado, la audiencia y la sentencia condenatoria, fundando dicho decisorio en un supuesto de negligencia en el asesoramiento del abogado -lo cual motivó, por otro lado, imponerle una sanción y apartarlo de la defensa- (fs. 9/v.).

Contra dicho decisorio endereza sus agravios el recurrente.

Cuestiona -en primer término- que a través de la decisión impugnada se haya invalidado de oficio el acuerdo fundándose en un probable estado de indefensión del acusado. Y que se hubiera entendido que el doctor Daniel Kantor había orientado a su defendido a la materialización de un acuerdo abreviado con una calificación más grave de la que luego evocó, lo que demostraría un actuación negligente de su parte (f. 29v.).

Rechaza las afirmaciones de la Alzada al calificar de "dilatoria pretensión defensista" la objeción sobre la competencia del Juez que debía unificar (f. 29v.). Y que se hubiera afirmado que, de la audiencia de conocimiento personal, se advertía la absoluta imposibilidad de que el imputado, por sí mismo, y por su propia voluntad, interpusiera un recurso "in pauperis", extensivo a cuestiones de derecho (f. 30).

En tal sentido, entiende el recurrente que el Tribunal, para así decidir, soslayó que el titular del derecho de defensa es el imputado y que su Defensor se limita a informar y asesorar; pero que siempre, al final de cuentas, debe respetar la voluntad de su defendido. Y que en el puntual supuesto, el doctor Daniel Kantor tuvo que acompañar decisiones diferentes del imputado a lo largo del proceso: Hasta el momento de la sentencia, el señor Matías Sánchez expresó una voluntad determinada, la de aceptar el acuerdo en todos sus términos. Y luego de la misma, expresó otra distinta, la de apelar (f. 30).

Explica que, toda vez que los defensores deben respetar la voluntad de sus defendidos aún cuando ésta sea contraria al consejo suministrado, dicha situación es expresada en un "consentimiento informado" que forma parte del secreto profesional y rige las relaciones entre el Defensor y el defendido. Y que en el caso, el Tribunal desconocía los términos de dichos "consentimiento informado". En consecuencia, cuestiona que el Tribunal pudiera evaluar el asesoramiento del doctor Daniel Kantor en el modo en que lo hizo al suscribir el acuerdo (f. 30v.).

En sustento de sus alegaciones defensivas, reflexiona que si por hipótesis, el doctor Daniel Kantor, hubiera aconsejado no suscribir un acuerdo con determinada calificación legal, pero su defendido igualmente hubiera querido concretarlo, tampoco podría haberlo contradicho, en el transcurso de la audiencia. Señalando seguidamente que, en el caso, ante la apelación del mismo, el doctor Daniel Kantor, se encontró nuevamente ante la obligación de informar y asesorar, debiendo en todo momento respetar la voluntad de su defendido. Y que entonces -una vez más- el Tribunal no contaba con elementos para saber si se apartó de su voluntad -y si, consecuentemente, actuó con negligencia- (f. 30v.).

Agrega que si el Defensor incluyó en sus agravios apelatorios más cuestiones que las sometidas a discusión en el abreviado, podría hablarse de una defensa excesiva, pero nunca de indefensión. Y que ésta no existió porque hubo información y asesoramiento, excluyéndose cualquier vicio en la voluntad de su defendido, quien no expresó disconformidad alguna con su Defensor ni alegó haber sido deficientemente informado o asesorado (f. 31).

Señala que es evidente que el señor Matías Sánchez pretendía una pena inferior a la que él mismo había aceptado antes y su defensor tenía la obligación funcional de encontrar los argumentos necesarios para canalizarlo (f. 31).

Concluye, en punto a dicha cuestión, en que el Defensor respetó la voluntad de su defendido luego de haberlo informado por lo cual no podría calificarse de negligente su actuación, y en que el Tribunal, para así concluir, se apoyó en conjeturas, resultando por ello arbitraria la resolución (f. 31v.).

En segundo lugar, alega que la decisión adoptada afecta el derecho de defensa, al recurso y más aún la prohibición de "reformatio in pejus", en tanto la deducción de un recurso a su favor, acaba por generarle un perjuicio, desde que la anulación del procedimiento abreviado lo somete al riesgo de imposición de una pena mayor a la que estuvo dispuesto a aceptar (f. 31v.).

Expresa que la nulidad como sanción procesal es excepcional y que el recurso es la medida de la jurisdicción. Siendo que en el caso, los mismos versaban sobre la calificación legal, declaración de reincidencia, método utilizado para unificar la penas y competencia del Juez que la realizó, a los que se podría haber dado tratamiento, evitando el exceso que importó, por parte de la Alzada, la anulación dispuesta. Y que lo decidido implica la posibilidad de que la Fiscalía pretenda mantener su acusación originaria de cinco años, sometiéndolo al riesgo de ser condenado a una pena mayor (f. 32).

Por último, invoca afectación al debido proceso, por cuanto se habría inobservado una regla de garantía establecida a favor del imputado pero para perjudicarlo, retrotrayendo el procedimiento a etapas anteriores. Puesto que, en definitiva y trastocando su voluntad, lo somete al riesgo de ser condenado a una pena superior (fs. 32/v.).

Peticiona se declare la procedencia del recurso y en virtud de ello se anule la decisión que dispuso invalidar la sentencia dictada en el procedimiento abreviado y la audiencia pública, remitiéndose la causa a otro Tribunal para que dicte resolución respecto de los agravios deducidos (f. 33).

3. Los Jueces del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción, doctores Ivaldi Artacho, Depetris y Lurati, por resolución del 26 de setiembre de 2016, resolvieron denegar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 39/45v.) lo que motiva la presentación directa ante esta Corte (fs. 48/71v.).

4. Se adelanta que la presente queja debe rechazarse.

En efecto, el artículo 1 de la ley 7055 establece que el recurso de inconstitucionalidad procederá -siempre que también se configure al menos uno de los casos enunciados en los tres incisos del artículo- contra sentencias definitivas dictadas en juicio que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación.

También se atribuye tal carácter -en una posición pacíficamente aceptada tanto por esta Corte como por el más Alto Tribunal de la Nación- a las decisiones que, si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (cfr. A. y S., T. 70, pág. 136; T. 142, pág. 33; T. 201, pág. 85; Fallos:308:1832, entre otros).

Atento a su naturaleza, es dable señalar que el pronunciamiento sometido a control de constitucionalidad, -por el cual la Alzada declaró la invalidez del acuerdo de procedimiento abreviado arribado por las partes-, tal como esta Corte ha sostenido in re "Pujato" (A. y S. T. 276 pág. 41, del 21.06.2017), no es, en principio, sentencia definitiva, ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación.

Al respecto, cabe destacar que este Tribunal en sus diversas integraciones ha sostenido -dentro del ámbito del recurso previsto en la ley 7055 y siguiendo en ello los lineamientos trazados por el más Alto Tribunal de la Nación- que, en principio, las resoluciones cuya consecuencia es la obligación de seguir sometido a proceso criminal no constituyen sentencia definitiva, pues no ponen fin al juicio ni impiden su continuación (A. y S. T. 159, pág. 28, por todos; Fallos:308:1667; 310:1486; 312:573, 575, 577 y 1503; 314:657; 316:341 y 2063). Sin perjuicio de reconocer excepción a tal regla cuando con dicho sometimiento pudiere provocarse un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior (A. y S., T. 100, pág. 453; T. 110, pág. 83; T. 129, pág. 382; T. 175, pág. 61, entre otros; Fallos:314:377; 316:1943 y 2063).

En punto a ello, en el "sub judice" el recurrente invoca -para fundar la existencia de un perjuicio irreparable que permita tener por cumplido el recaudo de admisibilidad referido- que lo resuelto implica un "mayor riesgo de pena" y que "se reabra un proceso penal en el que la fiscalía podría renovar una acusación con petición de pena superior y justificar una medida cautelar en su función" (fs. 11 y 70); mas tales alegaciones no resultan suficientes en orden a demostrar que la decisión atacada le irrogue un gravamen efectivo y de imposible o insuficiente reparación ulterior que pudiera conducir al apartamiento de las pautas expuestas "ut supra", toda vez que el propio recurrente se expresa en términos de potencialidad de ocurrencia, circunscribiendo en un terreno conjetural la línea argumental de sus reproches.

En suma, frente a la ausencia del requisito de definitividad de la decisión cuestionada que se deriva del artículo 1 de la ley 7055 más arriba aludido, y sin que el impugnante hubiese acreditado la presencia de las situaciones de excepción que este Tribunal tiene admitidas, el franqueamiento del recurso de inconstitucionalidad no encuentra apoyatura suficiente, correspondiendo en consecuencia rechazar el remedio deducido.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia -integrada- RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA(EN DISIDENCIA)-FALISTOCCO(EN DISIDENCIA)-GASTALDI (EN DISIDENCIA)-NETRI-PRIEU MANTARAS-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES ERBETTA Y FALISTOCCO:

4. En primer lugar, cabe señalar que si bien la resolución atacada no es -atento a su naturaleza- sentencia definitiva, ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, podría equipararse a tal en caso de causar un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior, constituyéndose excepcionalmente en objeto procesal de la impugnación extraordinaria (conforme criterio de A. y S., T. 190, pág. 415; T. 191, pág. 12; T. 216, págs. 158 y 306; T. 220, págs. 156 y 170; T. 222, págs. 212 y 350; en el mismo sentido C.S.J.N., Fallos:307:549; 314:791; 328:1108; 330:1465, entre otros).

De este modo, las alegaciones ensayadas por el impugnante respecto a que lo resuelto podría eventualmente irrogar al imputado un gravamen irreparable, así como la circunstancia de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal se encuentra en los albores de su implementación plena y que se impone, por tanto, que esta Corte -por su rol institucional y de intérprete final de las garantías constitucionales- se pronuncie sobre el instituto del procedimiento abreviado en el marco de un sistema adversarial y acusatorio, determinan la configuración en el caso de un supuesto que habilita a sortear la ausencia del requisito de admisibilidad aludido.

5. Sentado ello, se advierte que las postulaciones del compareciente cuentan -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importan articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

6. Por lo expuesto, entiendo corresponde admitir la queja y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

FDO.: ERBETTA-FALISTOCCO-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI:

4. Adelanto que las alegaciones sustentadas por el señor Defensor Regional, invocando arbitariedad en el decisorio de la Alzada por falta de motivación suficiente para anular el acuerdo abreviado, alegando extralimitación, con afectación del debido proceso, cuentan, a primera vista, desde una apreciación mínima y provisoria, con suficiente asidero en los antecedentes de la causa, conforme los registros de audiencia.

En sustancia, se agravia el recurrente de que se tuviera por cierta la negligencia en el ejercicio de la Defensa por parte del doctor Daniel Kantor, al punto de invalidar la Alzada el acuerdo celebrado en el marco de un proceso abreviado, alegando falta de motivación en el decisorio, en tanto carecía de todo elemento probatorio que sostuviera sus conjeturas (f. 66) sin anclaje en el desarrollo de la relación entre le defensor y su defendido (f. 67v.). Señalando que lo decidido importaba afectación al derecho de defensa, derecho al recurso y violación de la prohibición de "reformatio in pejus"(fs. 67v./68).

Argumentaciones que suponen articular con seriedad un planteo que exige examinar, con los respectivos antecedentes a la vista, si lo decidido y venido en recurso reúne o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial.

Máxime cuando, además, se invoca la afectación al debido proceso y a la retrogradación a etapas del proceso que se dicen válidamente concluidas. Y no pudiendo soslayarse, al respecto, que el Ministerio Público de la Acusación, al responder los agravios apelatorios, peticionó la confirmación del fallo del señor Juez de Primera Instancia en todos sus términos (f. 4).

En las circunstancias del caso, entiendo corresponde admitir la queja y conceder el recurso de inconstitucionalidad, sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

FDO.: GASTALDI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial, doctores Alfredo Ivaldi Artacho, Carina Lurati, y Georgina Depetris.