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Cuestiones de competencia, competencia por la materia, competencia federal, acción de amparo, medicina prepaga, cobertura médica, personas con discapacidad, interpretación de leyes federales
Materia: PROCESAL
Carátula: C., G. A. y otro c/ Swiss Medical SA s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-12

Es competente la justicia federal para entender en la acción de amparo iniciada contra una empresa de medicina prepaga con el fin de que se brinde a la afectada -quien cuenta con certificado de discapacidad- diversas prestaciones para su tratamiento, pues el objeto del litigio conduce, prima facie, al estudio de las obligaciones asignadas a las empresas de la medicina prepaga (Ley 26.682, entre otras) y los procesos que versan, en último término, sobre situaciones alcanzadas por normas federales, deben tramitar ante ese fuero por razón de la materia. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Ley de servicios de comunicación audiovisual, prórroga de la medida cautelar, recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S. A. y otros s/ medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-18

El recurso extraordinario interpuesto contra la resolución que prorrogó la suspensión cautelar de los arts. 41 y 161 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -n° 26.522-, hasta el dictado de una sentencia definitiva, es formalmente admisible, habida cuenta que, más allá de los aspectos procesales involucrados en la fijación de un plazo, el conflicto versa sobre la interpretación de una norma federal.
Recurso de inconstitucionalidad, jurisprudencia vinculante, subrogancia del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BARTOLOTTA, JOSE ANTONIO c/ SADAIC -ROSARIO- s/ NULIDAD DE DESPIDO -   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  402-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-11

Debe destacarse como principio rector, el indudable carácter vinculatorio de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia Provincial, para quiénes conforman el ■rgano Subrogante al que se remite la causa "para que sea nuevamente juzgada en base a los parámetros establecidos por esta Corte".
Empleados públicos, intangibilidad de la remuneración, reducción salarial, derechos en expectativa
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Raña, Luis Ángel c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-09-15

Asiste razón al Sr. Fiscal de Estado cuando, con abundante cita de doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresa que los salarios de los empleados públicos no son intangibles y que el Estado empleador puede reducirlos, con la condición de que no se altere su sustancia y si alcanza por igual y en general a todos los agentes del Poder Ejecutivo Provincial. No existe un derechoadquirido a mantener el nivel de remuneración futura sin variantes y ent todas las circunstancias.
Concursos, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Grasso, Felix c/ Libertad S.A.C.I.F. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-13

Si bien -como principio general- los juicio de contenido patrimonial deducidos contra el deudor se deberán radicar ante el juzgado en el que se tramita su concurso preventivo, dicha regla no se aplica en el supuesto de las ejecuciones prendarias e hipotecarias, pues la ley concursal las excluye del fuero de atracción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SANTA IVONNE S.A. c/ OFICINA NACIONAL DE CONTRO COMERCIAL AGROPECUARIO-ONCA- Y OTROS s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-13

Puede definirse a la competencia como la medida o alcance de la jurisdicción judicial, o sea, el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los distintos órganos judiciales. Uno de los aspectos a tener en cuenta para su determinación es la materia en debate, y para ello, es menester señalar que es doctrina de la C.S.J.N. que la competencia ha de determinarse de conformidad a la naturaleza de la pretensión y a la exposición de los hechos que el actor concrete en su demanda (cfr. "Sosa, Juan Francisco y otro c/ Servicios Públicos del Estado de la Provincia de Santa Cruz", sent. del 10.09.92, Fallos 315:2658).
Declaración indagatoria, derecho a la presencia del defensor, entrevista previa con el defensor, renuncia a la asistencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Castelli, Gustavo F. s/ Nulidad. Causa 25791
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-10

Tratándose de una materia de relieve constitucional, (Art., 18 C.N.) la renuncia ala asistencia técnica y el derecho de entrevista previa a la declaración indagatoria debe interpretarse restrictivamente.

Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la renuncia a la asistencia letrada en materia criminal no puede presumirse, sino que debe resultar de un acto inequívoco de voluntad, de modo que los Tribunales deben suplir el silencio del imputado para evitar su indefensión.

Por ello, no puede inferirse la inequivocidad de la supuesta prescindencia voluntaria del oportuno consejo legal por la circunstancia de haber comenzado a declarar, tanto mas si se atiende al hecho de que el imputado manifestó no tener más que agregar con posterioridad a la entrevista mantenida con su defensor.
Competencia previsional, ejecución de honorarios, jubilaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: YACONIS,  Woelflin  Eduardo  Arturo c/ FERREYRA DE SOTO, ÁngelaRudecinda s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-09

El cobro de honorarios profesionales que persigue el cesionario de los convenios entre un profesional y su cliente por la tramitación administrativa y/o judicial ante una Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones debe tramitar ante los tribunales de la Seguridad Social. En el caso es de aplicación lo normado por el art. 6, inc. l° del Código Procesal que dispone que el juez del principal es competente para entender en la regulación y ejecución de honorarios, ya sea que se refieran a los regulados en juicio como a los convenidos extrajudicialmente, en razón del principio de la "perpetuatio jurisdictionis", conexidad y porque la evaluación de la tarea profesional realizada debe efectuarla aquel juez que ya tuvo oportunidad de ponderarla al dictar sentencia.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: LUQUE, ERMINIO. c/ MELLER S.A.I.C.I.C.A. s/ ENFERMEDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-07

Corresponde rechazar el agravio fundado en que la sentencia que condenó al pago de la indemnización prevista en la ley 9688 contiene la orden de reajustar el crédito desde la notificación de la demanda, sin tener en cuenta la fecha de denuncia del infortunio ante el Ministerio de Trabajo. Ello así, pues el apelante no ha demostrado el quebrantamiento del marco jurídico ni el perjuicio concreto que la decisión le ocasiona y, además, su argumentación se apoya sobre una base falsa al pretender que el salario promedio diario ponderado para fijar la indemnización es el correspondiente al momento de la exteriorización de la dolencia, cuando de sus propias manifestaciones surge que se trata del estimado a la fecha de la demanda.
Medidas cautelares, cuestiones procesales, interpretación de la ley, terminación del proceso
Materia: COMERCIAL
Carátula: IAB COMPAÑIA DE SEGUROS SA c/  s/ LIQUIDACION FORZADA S/INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO POR D'ANDREA ARNALDO HECTOR Y OTRO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-14

El carácter autónomo -y previo- de la perención de instancia está dado por la misma petición de que dicho planteo sea resuelto, sin más trámite, que el de su debida sustanciación. Sentado ello, en el caso, considérese que la circunstancia de que la demandada, después de acusar la perención, contestase la acción no es obstáculo para admitir la caducidad, ya que, por el principio de eventualidad, estaba obligada a ello para el supuesto de no prosperar la caducidad acusada (CNCiv, Sala B, 27.10.76, "Alpha Electro SCA c/ Casal Eduardi y otra"; CNCom, Sala A, 7.6.73, "Cooperativa Unida Fraterna de Acumulación y Préstamo Ltda. c/ Grosso Romelindo J."; y arg. CNCiv, Sala A, 21.2.74, "Nanni José c/Pasquino Cristofano" y CNCiv., Sala F. 11.10.73, "Demicheli Carlos c/Devoto Alfonso suc. y otros").
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P.P.J. c/ P.P. s/ Alimentos Ferreira, Carlos s/ Sucesión - Incidente de rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-25|1984-10-25

El tribunal de alzada es inhábil para tratar un capítulo o cuestión de hecho que no haya sido propuesta a la decisión del inferior, porque ello importaría resolver cuestiones en desorden de las garantías de la defensa en juicio y del derecho de propiedad (arts.

16 y 17 C.N.).-
Administración Pública, contrato de trabajo, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: BAYUGAR GRACIELA B. Y OTRO c/ AGENCIA DE TURISMO Y/U OTRO s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC. -  CASACION LABORAL -
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-10-30

La Administración Pública resulta, en principio, ajena a la solidaridad prevista por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo salvo que, con anterioridad al acto en virtud del cual se formula el reclamo, hubiera habido expresa sujeción de aquélla a las normas laborales. El art. 33 del Cód. Civil después de la reforma de 1968 ley 17.711) enumera a las entidades autárquicas como personas jurídicas de carácter público (inc. 2), por lo tanto no pueden ser alcanzadas por una responsabilidad solidaria que sólo es inherente a sujetos del contrato de trabajo cuya regulación es incompatible con el régimen de derecho público al cual se encuentran sujeto el personal que allí se desempeña; es decir que desde la óptica del derecho del trabajo, la prestación de servicios subordinados a favor de un ente público estatal -nacional, provincial o municipal- sólo puede considerarse regida por éste y "sustraída" del ámbito de regulación del derecho público, si media un acto expreso de la administración en el sentido indicado o en el de la inclusión de un convenio colectivo de trabajo.
Ministerio Público Fiscal, mediación
Materia: PENAL
Carátula: "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:  'legajo de nulidad en autos: 'Núñez, Eduardo Irineo y otros s/ infr. art. 181 inc. 1, CP'".
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-15

El artículo 204 (2) del CPP establece como una facultad del órgano fiscal la aplicación del instituto de la mediación, por cuanto una literalidad en los términos del articulado así lo dispone, de modo que ello indica el sentido de una "posibilidad" que no la anticipa ni como una obligación para el órgano fiscal ni tampoco la fija como un derecho para el/la imputado/a u ofendido/a, pero no debe considerarse discrecional el fundamento que utilice el órgano acusador para rechazar su aplicación. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, prófugo
Materia: PROCESAL - PENAL - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: ENRIQUE GARDA ORTIZ c/ ESTADO NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-04

No es admisible, como base del recurso ordinario de apelación, el argumento de que la medida tendiente a su alojamiento en una colonia penal trasunta un ánimo vejatorio que habría llevado al actor a preferir la condición de prófugo, que le impidió asumir su defensa en sede judicial, ya que no cabe suponer que quien ejercía funciones de Fiscal Federal pudiera sentirse seriamente amenazado por tal alojamiento, y sin poder arbitrar precaución efectiva alguna, máxime el conocimiento previo de la medida dispuesta por el Juez que se evidencia que debió tener, y que le habría permitido advertir el supuesto peligro a las autoridades administrativas y judiciales. De ello resulta que al convertirse en prófugo no lo hizo ante una amenaza ilegítima cierta, sino de modo libre, lo que obsta a que se valga ahora de la nulidad declarada de uno de los actos del proceso al que él mismo negó su necesaria presencia, y en el que hubiera podido hacer valer los derechos que le asistieran y remediar posibles defectos a través de los recursos que la ley establece, precisamente con miras a asegurar una correcta administración de justicia.
Prueba testimonial, declaración de la víctima, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Patti, Luis Abelardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-07

La valoración de la prueba testimonial prestada por quien además aparece como víctima de un delito, requiere dos juicios, uno sobre el hablante y otro sobre lo hablado, que comprenderá el examen del discurso para evaluar su grado de consistencia interna y de la información que contenga, que ha de ponerse en relación con la obtenida a partir de otros medios probatorios.
Juicios contra el Estado, medidas cautelares, embargo ejecutivo
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Napal, Dionisio R. y Pedroso, Ana María c/ Estado  Nacional - Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación - s/ Escrituración - Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-14

En el art. 5 del Decreto 34/91 se suspende el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas en juicios contra el Estado Nacional y demás entes enunciados en el art. 1 de dicha normativa, cabiendo considerar que no comprende, como en el caso, a los embargos ejecutivos, ya que no tienen por finalidad asegurar o garantizar el cumplimiento de la obligación que se reclama, sino, la de satisfacerla.

De lo contrario, y dado que el art. 5 aludido no contiene distinción alguna acerca del objeto de los procesos a los que se aplica, se llegaría a la conclusión de que, al margen de lo previsto en el art.

1 (con arreglo al cual sólo se suspende la tramitación de los juicios que tuvieren por objeto el cobro de una suma de dinero), todos los procesos verían paralizados sus procedimientos por virtud de lo previsto en aquella norma; máxime en los casos en los que el embargo constituye precisamente un requisito previo para la continuación de los trámites de ejecución.
Concursos, informe final y distribución, proyecto de distribución, tareas de mantenimiento, fondos del concurso, acreedor laboral
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Ilarent SA c/  s/ quiebra s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-04

Procede confirmar la resolución mediante la cual se le ordenó al síndico reformular el proyecto de distribución manteniendo los fondos asignados a los acreedores laborales con derecho al pronto pago, según proyecto de distribución elaborado a ese único fin hace varios años. Ello tratándose de fondos ya asignados para atender exclusivamente esos créditos, se convirtieron en derechos adquiridos en favor de sus beneficiarios, máxime cuando dichos créditos revisten naturaleza laboral. Dicho derecho adquirido, no puede desconocerse ni postergarse luego de transcurridos tres años desde que se autorizó su pago. Es que, como dijo nuestro Supremo Tribunal, el principio protectorio hacia el trabajador que establece la Ley Fundamental y el plexo de derechos que de él derivan, así como los enunciados de las declaraciones y tratados de jerarquía constitucional, han hecho del trabajador un sujeto de "preferente tutela", por lo que reviste especial trascendencia verificar la compatibilidad de las normas concursales con la Constitución Nacional (cfr. C.S.J.N., "Clínica Marini SA s/ quiebra", del 1/8/13; "Dolce Pasti SA s/ quiebra", del 1/8/13). En efecto, de lo que se trata es de colocar al acreedor laboral en la posición de poder ejercer eficazmente su derecho de propiedad y no quedarse en el marco teórico y formal del mero reconocimiento respetando el debido proceso; derechos éstos de raigambre constitucional cuya efectiva vigencia debe ser preservada también en la quiebra, adoptando al efecto los temperamentos que sean necesarios para que el proceso concursal pueda servir a esos fines (esta Sala, "Case SA s/ quiebra" del 19/06/14).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, pensiones, caja otorgante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NELLI, MIGUEL RODOLFO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-09

Los agravios del recurrente no lucen acreditados en la especie y quedan como una mera expresión de la disconformidad del compareciente con el Tribunal a quo, que -poniendo de resalto la amplitud interpretativa a la luz de la cual deben analizarse las peticiones atinentes a la materia previsional a los fines de resguardar el mandato constitucional y no frustrar las normas sobre seguridad social contenidas en el artículo 14 bis de la Carta Magna- consideró que la pretensión del recurrente no podía prosperar, en tanto estimó que el planteo del accionante soslayó el hecho de que la pensión de la causante era derivada de la jubilación de su esposo fallecido, quien solicitó tal beneficio ante la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado, computando a ese fin los aportes realizados en el régimen provincial, y ejerciendo su derecho a opción en el marco del convenio de reciprocidad previsional vigente; y en tal entendimiento, sostuvo que la opción oportunamente ejercida por el causante generó la correspondiente transferencia de aportes de un régimen a otro, y consolidó el estatus del beneficio de jubilación, del cual luego derivó la pensión de su cónyuge; así sostuvo que la Caja otorgante de la prestación es invariable y que en el régimen de reciprocidad previsto por el decreto ley 9316/46 no está previsto el cambio de elección y por ende tampoco lo necesario para recomponer los fondos de la Caja provincial, a lo que agregó que al no haberse acreditado, ni siquiera invocado, algún vicio de la voluntad que pudiera haber afectado la referida opción, resulta aplicable al caso la doctrina de los actos propios. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículo 14 bis; Decreto Ley 9316/46
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mendez, Jorge c/ Seeber, David s/ Daños y perjuicios Abafattori, Ricardo Francisco c/ González, Norberto Rafael s/ Rendición de cuentas Flores, Héctor Rolando c/ Colace, Orlando Héctor s/ Cobro de australes por servicios profesionales Estevez Poggi, José M. c/ Empresa de Transporte Rabbione S.A. s/ Daños y perjuicios servicios profesionales Estevez Poggi, José M. c/ Empresa de Transporte Rabbione S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06|1998-03-10|1993-03-30|2002-02-19

La valoración de la prueba en general constituye una típica cuestión de hecho y, como tal, reservada a los jueces de las instancias ordinarias y exenta de censura en casación, salvo absurdo.
Entidades financieras, objeto social, plan de regularización y saneamiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: Saiegh, Rafael Héctor y Conjunción  S.A c/ Banco  Central  de la República Argentina y Ministerio de Economía de la Nación. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

El plan de regularización y saneamiento tiene como presupuesto "determinadas deficiencias" técnicas, pero siempre y cuando la entidad financiera conserve la posibilidad de operar conforme a su objetivo, extremo sin el cual carece de sentido hablar de regularización.
Derecho a la salud, derecho a la vida, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VENTICINQUE EDGARDO NORBERTO c/ OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-01-08

La protección de la salud es uno de los principios fundamentales en cualquier Estado social, principio que se plasma en la actualidad como un derecho de toda persona a exigir prestaciones sanitarias conforme a la dignidad humana. (art. 12 inc. c del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inc. 1 arts. 4 y 5 de la Convención sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- e inc. 1 del art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -que tiene rango constitucional por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional-).
Competencia, contratos innominados, locación de obra, locación de servicios, comerciante matriculado
Materia: COMERCIAL
Carátula: DEL CAMPO, OSVALDO c/ WASZCZUK, NICOLAS s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-05

Es competente el fuero comercial en los juicios derivados de contrato de locación de obra y servicios y los contratos atípicos a los que resulten aplicables las normas relativas a aquellos, cuando el locador sea un comerciante matriculado o una sociedad mercantil.
Revocación de sentencia, falta de acción, abuso sexual, violencia de género
Materia: PROCESAL-PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: C., R. c/  s/ falta de acción (Causa Nº 54.742/2022)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-12-14

Excepción de falta de acción. Rechazada.

Abuso sexual. Acción penal que no fue debidamente instada. Víctima que expresamente se reservó el derecho. Hecho que no habría tenido lugar en un contexto de violencia de género ni en un ciclo de indefensión aprendida por parte de la víctima o de agresión sistemática. Actuaciones en las que no se advierte que exista un interés público superior al de la víctima como para suplirlo.

Revocación. Hacer lugar al planteo de falta de acción.
Estado Provincial, facultades no delegadas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Tordillo c/ Varas, Elbio Dugan s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-08-07

La autoridad delegada en la Constitución por el pueblo argentino ha sido confiada a dos gobiernos enteramente distintos : el nacional y el provincial. Como el gobierno nacional ha sido formado para responder a grandes necesidades generales y atender a ciertos intereses comunes, sus poderes han sido definidos y son en pequeño número. Como el gobierno provincial, por el contrario, penetra en todos los detalles de la sociedad, sus poderes son indefinidos y en gran número... las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal. El gobierno de las provincias viene a ser la regla y forma de derecho común. El gobierno federal es la excepción
Competencia ordinaria, competencia por la materia, quiebra, fuero de atracción
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Yacarino, Eduardo Héctor c/ Jaime, Domingo y otro. s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 136 de la ley 19.551, la declaración de quiebra atrae al magistrado del concurso "todas las acciones judiciales contra el fallido por las que se reclaman derechos patrimoniales", desde que dicho trámite se dirige a convertir los bienes del deudor en una masa única constituida en vista de una liquidación colectiva, rígida e igualitaria - considerando los privilegios de los acreedores - del patrimonio del deudor.