Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-12-27


La Plata, diciembre 27 de 2005.

1º ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto? 2º ¿Qué decisión corresponde adoptar? 1º cuestión.- El doctor Mahiques dijo:

I) Que en la denunciada violación del art. 371 del ordenamiento ritual no se advierte la presencia de un agravio discernible, pues en modo alguno el impugnante ha explicado cuál es el perjuicio concreto que el pretendido defecto le ha provocado, o el interés que justifique descalificar el acto por tal motivo.

Ante el reparo que generó en el recurrente la estructura lógica adoptada por el tribunal de grado para justificar su decisión, debe señalarse que el citado art. 371 del Código Procesal Penal fija reglas -relativas al planteo y votación de las cuestiones allí mencionadas- de naturaleza meramente ordenatoria, que hacen a una mejor exposición de los fundamentos del fallo. Por tanto su anulación sólo procede cuando se verifique un defecto vinculado a dichos fundamentos, pero no si se refiere a la mera formalidad bajo la cual son expuestos los motivos de la sentencia (conf. esta sala, causa Nº 1347, "Nuñez, Luis Alejandro s/recurso de casación", rta. 20/5/04).

En efecto, la división en cuestiones del veredicto no implica en modo alguno que este último acto pierda su unidad, siendo dentro de ella donde debe analizarse su logicidad y razonabilidad.

Por ello, la circunstancia de que en el examen de la primera cuestión se incluya la autoría, no significa la presencia de vicio alguno, siempre y cuando en el veredicto dicho extremo se encuentre debidamente fundado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque ha establecido que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional no podría ser confirmada (Fallos: 183:173; 189:34; 317:2043 y 319:192), ha vedado la aplicación de esta sanción cuando no se encuentra dirigida a evitar la restricción de garantías esenciales de la defensa en juicio o de algún otro derecho (Fallos: 323:939), lo que constituye la esencia y finalidad del instituto en trato.

II) Que, por otra parte, y teniendo en cuenta que las cuestiones vinculadas a la valoración de las pruebas y la consecuente determinación de los hechos resultan en principio ajenas a la instancia casatoria, cabe destacar que el tribunal de grado, por mayoría, fundamentó su veredicto absolutorio en razón de que la prueba producida durante el debate oral y público, como así también de la incorporada por lectura, no le ha permitido tener por cierto que el imputado Rota, hubiese sido el autor del hecho bajo juzgamiento. Así, y al no advertir como probable la existencia de un tercer interviniente en el suceso, evaluó la hipótesis del suicidio, que tampoco pudo asegurar ni descartar. De ese modo, consideró no demostrado el presupuesto de la apertura de la instancia penal.

Que así, el a quo acreditó en autos, que el imputado Rota, a las 12:50 hs. dejó a su hija en el colegio; a las 13 hs. ayudó a Marta Calandra a llegar a su casa, luego de ser embestida por un colectivo en las cercanías del establecimiento educativo, y a las 13:13 hs. abordó un remis para regresar a su casa; refiriendo el conductor que el viaje duró aproximadamente ocho minutos, por lo que concluyó que el arribo se produjo a las 13:21 hs.

Que por otra parte, estableció que la ambulancia arribó al lugar del hecho a las 13:30 hs., habiendo tardado en su recorrido unos seis minutos; de lo que infirió, que si a ello se le agrega el tiempo ocupado en la llamada, y el de la llegada hasta el teléfono, nos acercamos retrospectivamente al minuto 22 ó 23 de las 13 hs.

Que de lo narrado, extrajo como conclusión que el imputado Rota habría contado con uno o dos minutos, para cubrir todas las secuencias del suceso, que necesariamente debieron contar con un hecho disparador, una reacción, la búsqueda del arma, el acto homicida y la posterior búsqueda de ayuda; lo que afirmó, aparecía como imposible en aquel escaso tiempo.

En esa misma línea de hipótesis, valoró el testimonio del remisero que trasladara a Rota a la escena del crimen, quien afirmó que se encontraba detenido en la puerta del domicilio de este último, no habiendo escuchado disparo alguno.

Que evaluó luego, la posibilidad de que el suceso investigado se hubiese producido antes de la retirada del imputado de su domicilio, para concluir que dicha hipótesis debía descartarse en todas sus posibilidades.

Y así dijo, que de haberse desencadenado antes de las 12:50 hs. en que dejó a su hija en la escuela, ésta hubiese sido testigo del hecho y nada dijo la menor. Agregó además, que entre esa hora y la del abordaje del remis (son 23 minutos), no hubo tiempo suficiente ya que de la escuela a su domicilio, hay diez cuadras y a ésta lo separan de la remisería aproximadamente quince cuadras, es decir que en ese tiempo de 23 minutos, debió recorrer caminando veinticinco cuadras, desencadenarse y producirse el hecho; no debiendo olvidarse que Calandra, a quien Rota, le prestara ayuda tras su accidente, refirió que ello sucedió a la una. Sostuvo también, que otra razón para descartar dicha hipótesis, resulta la imposibilidad manifestada en la audiencia por los peritos médicos, de una sobrevida tan prolongada, en consideración a las lesiones sufridas.

Que asimismo descartó que el encausado pudiese haber modificado la escena del crimen, y ello por cuanto sostuvo que Rota, junto al camillero, la médica, y su hija, se fueron en la ambulancia, para volver ya cuando el cerco policial impedía la entrada. A lo que agregó por último, el resultado negativo de la pericia de rastreo de pólvora en las manos de Rota.

Que finalmente, al evaluar la posibilidad del suicidio, el sentenciante esgrimió que existían circunstancias que hacían presumir un estado de inestabilidad psíquica. Entre las que mencionó, la distancia que ponía con sus amistades, la disconformidad con su cuerpo, unido ello a las exigencias deportivas que recibía de su padre, el hecho de que la menor no sobresaliera en su actividad.

Para ello, el a quo, tuvo especialmente en cuenta el acta de defunción de fs. 225, el informe de autopsia de fs. 16/18, el informe anatomopatológico de fs. 169, su análogo de fs. 343/346, la planilla de la remisería de fs. 21, el resultado negativo del dermotest practicada al imputado, las diligencias de reconstrucción del hecho obrantes a fs. 285/311; como así también, los testimonios prestados en la audiencia de debate por Marta Calandra, Alfredo Antonio Salvarezza, y por los médicos, Rodolfo Rufino López e Irene D'Amezola, además del resto del material probatorio, del que se da cuenta en las copias del acta de debate.

Que en base a las conclusiones a las que arribó, el tribual de grado luego de merituar el complejo probatorio citado, concluyó que dichos elementos, no producían la fuerza de convicción necesaria, para pronunciar un veredicto certero, siendo tales conclusiones suficientemente motivadas y fundadas en los diversos elementos convictivos colectados durante el proceso.

Sobre el punto, y habiendo sido cuestionada la selección y valoración de los diversos medios probatorios incorporados durante el juicio, debe destacarse que la ley no impone normas generales para comprobar algunos ilícitos, ni fija en abstracto el valor de cada prueba, dejando al arbitrio del sentenciante la libertad de admitir la que tenga por útil y conducente a los fines del proceso, asignándole, dentro de los límites fijados por la razonabilidad, el valor que poseen para la determinación de los hechos. Sobre el punto, el a quo trasuntó razonadamente cuál fue la prueba escogida y cuáles las conclusiones que de ella obtuvo. El intercambio fruto de la inmediación y de la oralidad, confiere a los magistrados la libertad de apreciación de la prueba a través de la libre convicción, en mérito a lo visto y oído en el debate, permitiéndole extraer conclusiones acerca de la veracidad y firmeza de los testigos que declaran en tal oportunidad procesal.

El límite de esta facultad radica precisamente en la arbitrariedad, cuya presencia no se advierte ni es tampoco suficientemente señalada por el recurrente.

Se impone entonces recordar, que la mera discrepancia personal de quien recurre, no habilita el reexamen del material probatorio, pues corresponde al tribunal de juicio la apreciación del valor convictivo de aquellos elementos recolectados durante dicha etapa y del grado de convencimiento que puedan producir, conforme las reglas de la sana crítica, quedando dicho examen excluido de la inspección casatoria, salvo la constatación de una situación de absurdo o arbitrariedad que lo deslegitimen (esta sala, causas Nº 1787, "Charras, Rubén Horacio", rta. 1/4/03, reg. 114/03 Nº 2022, "Medina, Jorge Alberto", rta. 6/5/03, reg. 187/03; Nº 2473, "Frezzini, Gustavo Ariel", rta. 10/7/03, reg. 446/03; Nº 2529, "Insaurralde, Carlos Ariel", rta. 15/7/03, reg. 472/03; Nº 523, "Bisgarra, Norbis Oscar", rta. 7/8/03, reg. 488/03; Nº 2324, "Rosales, Gustavo Alberto", rta. 26/8/03, reg. 557/03; entre otras).

En la especie, el recurso se limita a expresar su disconformidad con la selección de los elementos probatorios analizados y con las deducciones de ellos obtenidas, pero sin lograr demostrar la arbitrariedad del razonamiento seguido por el sentenciante. Cabe subrayar aquí que como lo señaló el Tribunal Supremo de España (sentencia Nº 258/2003, resuelta el 25/02/03), "La presunción de inocencia, constitucionalmente garantizada, impone a la acusación la carga de la prueba por encima de cualquier duda razonable. El control casacional del cumplimiento del referido principio constitucional permite la constatación de la concurrencia de una suficiente prueba de cargo, constitucionalmente obtenida, lícitamente practicada y racionalmente valorada, que fundamente cualquier sentencia condenatoria. Pero la Constitución no incluye un principio de presunción de inocencia invertida, que autorice al Tribunal casacional a suplantar la falta de convicción condenatoria del Tribunal de instancia que ha presenciado personalmente la prueba, revisando la credibilidad de declaraciones que no ha contemplado e introduciendo certeza condenatoria donde el Tribunal sentenciador sólo apreció dudas absolutorias" (recurso Nº 323, ponente Don Cándido Conde-Pumpido Tourón).

Se ha dicho igualmente que la duda se evidencia cuando los motivos que conducen a afirmar y a negar se presentan en paridad de volumen, representando la oscilación entre la certeza positiva y negativa (S. 456 -"Molaies, Rubén Orlando y otro s/daño intencional"- CSJ Tucumán -sala en lo Civil y Penal- 19/06/2003). Que en el caso, el a quo, ante este esta disyuntiva, hizo correcta aplicación del principio in dubio pro reo.

III) Que, además, el principio de progresividad impide que el juicio se retrotraiga a etapas ya superadas, porque los actos procesales se precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas que la ley establece, es decir, salvo supuesto de nulidad.

Que tanto el principio de progresividad como el de preclusión reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente. Pero, además, y esto es esencial, atento los valores que entran en juego en el juicio penal, obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez para siempre, su situación frente a la ley penal.

Que, en suma, debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener -luego de un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal (CSJN 29/11/1968 "Mattei, Angel s/contrabando de importación en Abasto).

Que por este motivo y porque, en definitiva, la garantía del debido proceso legal ha sido arbitrada fundamentalmente a favor del acusado, no cabe admitir el remedio como el intentado.

IV) En razón de lo expuesto, el recurso planteado resulta improcedente, al no concurrir los supuestos establecidos en los arts. 448 y 449 del Código Procesal Penal, por lo que a esta primera cuestión voto por la negativa.

El doctor Borinsky dijo:

Primero. El juicio implica resolver una serie de temas inseparables, las cuestiones de hecho y de derecho, lo que implica establecer cuáles son los hechos probados, qué reglas se les aplican y qué consecuencias se derivan para las partes.

Para las primeras existen una serie de juicios previos sobre la prueba de los hechos, condiciones de culpabilidad, y parte de la responsabilidad, entre otros temas, que el Código Procesal Penal manda tratar a través de un orden lógico, y entre los que sobresalen los relativos a la existencia del objeto y la intervención que le cupo al imputado, que, como los restantes, constituyen sus elementos estructurales.

Por ello, el orden de las cuestiones sometidas al veredicto constituye un escudo contra los actos de voluntad, y so pretexto de libre apreciación, no es factible dejar las primeras en la vaguedad, ya que de lo que se trata es de encerrar el caso, lo más posible, dentro de términos precisos, que limiten el modo de solución, por lo que no basta para basar un veredicto con preguntarse si el imputado debe ser considerado como culpable: hay que precisar previamente si existió el hecho de la vida en derredor del cual gira el objeto del juicio (conf. en detalle Francois Gorphe "Las resoluciones judiciales", Ed. Ejea, Buenos Aires, 1953, p. 88).

En consecuencia, convengo con el impugnante que, en el caso, la alteración de las cuestiones contempladas en el art. 371 del Código Procesal Penal, pone de manifiesto un defecto sobre la forma esencial de la sentencia que conduce inexorablemente a la nulidad de lo decidido, (arts. 1º, 5º y 18 de la Constitución Nacional, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia; 106, 201, 371, 373, 449 y 461 del Código Procesal Penal), cuando intenta abordar la primera cuestión del veredicto, a partir de la presencia o no del imputado en el lugar, antes de establecer si la víctima se mató o si fue muerta por otro -esto último resultaba de las pruebas valoradas en origen y menesterosas de una mejor y afinada ponderación-.

Claro que esto no es todo, ya que además luce afamado un absurdo valorativo cuando ante la duda sobre la posibilidad de que Carlos Irineo Rota hubiera ultimado a su hija V., y no advirtiendo como probable la posibilidad de que existiera un tercer interviniente, la mayoría analiza la posibilidad del suicidio de la menor, y a lo que no pone ni quita que en el voto de adhesión se exprese que la referencia a la persona del acusado tuviera la finalidad de evaluar hipotéticamente la presencia de una conducta ajena a la autodeterminación de la misma.

La duda debe provenir de un examen reflexivo de las pruebas, y que provoca esa vacilación concienzuda del espíritu mencionada por Francois Gorphe con cita del célebre juez irlandés Kendal Busche (obra citada, p. 121).

Por tanto no puede ser el resultado de un examen superficial que prescinda de prueba decisiva, y divida la computada, con quiebre de las reglas de la lógica y el correcto pensar, en grave desviación axiológica (conf. en lo pertinente Augusto Mario Morello con cita de Michele Tarufo ("Beneficio de la duda y adecuada evaluación de la prueba" en nota a fallo del suplemento de jurisprudencia penal del 30 de octubre de 2000, p. 1 Ed. La Ley, Buenos Aires).

La lectura del veredicto permite apreciar que la convicción del Tribunal no es razonable ni convincente.

El lugar y la posición en que quedó el cadáver; la posición del impacto y la trayectoria del proyectil; la imposibilidad de que la niña se hubiera disparado, según informaron los peritos al Tribunal; el sitio en el que se dijo se encontraba el revólver calibre 32 largo perteneciente al imputado; el retiro del arma del escenario del delito como el desplazamiento del mobiliario, y la inexistencia de motivos que pudieran conducir a la víctima a suicidarse, carecen de correspondencia con la segunda versión del imputado, quien inicialmente dijo que el hecho se produjo como consecuencia de un asalto, o lo que es igual, que la mató otro.

La prueba disponible en el veredicto muestra como una de sus fracturas lógicas más notorias, considerar que la niña de 14 años se suicidó, cuando los peritos médicos dicen que la posición en que se efectuó el disparo no es típica en los casos de suicidio y que resulta imposible -o cuanto menos difícil- que una menor de esa edad tuviera suficiente fuerza para gatillar el arma en simple acción, a lo que se suma que el lugar donde el imputado y su madre afirman que fue encontrada el arma -sobre el piso y entre las piernas de la víctima- resulta incompatible con la posición de disparo.

Además, y esto es esencial, si el cuerpo de la víctima apareció con una mano tomada del almohadón, no es factible que el arma estuviera donde se dijo que estaba y dejó de estar por decisión del imputado, ya que el espasmo cadavérico es tetaniforme.

Dicho de otro modo, implica una reacción muscular generalizada en todo el cuerpo, que toma la posición que tenía antes de morir, por lo que resulta irrazonable que se tenga por cierta aquella postura, y se estime posible que el revólver dejara de ser tenido por quien se dijo lo usara contra sí misma.

Por otro lado, si el espasmo cadavérico no hubiera existido, la prueba pericial llevada a cabo por Torres, tampoco conducía a la impugnada solución, ya que, entonces, el revólver debió haber estado en la mano de la supuesta suicida, en sus adyacencias, o bien sobre el sofá, y no entre sus piernas y en el piso.

Como si esto no bastaba para cambiar el rumbo del decisorio, los expertos López y Baldán fueron contundentes en señalar que el disparo se efectuó desde una distancia inferior a 50 centímetros pero superior a 20, debido a la ausencia en la anatomía craneana de signos de ahumamiento, quemadura o incrustación de pólvora, lo que también echa por tierra la hipótesis de suicidio construida por la mayoría del Tribunal, máxime si se tiene en cuenta que el galeno que efectuó la autopsia manifestó que el proyectil recorrió una trayectoria de adelante hacia el occipital izquierdo, de arriba hacia abajo, y no perpendicular al eje del cráneo, dirección esta que resulta la más natural y cómoda en los casos de suicidio.

Esta idea es compatible con la opinión generalizada de los expertos en la materia, quienes sostienen que en casos de suicidio causados por un arma de fuego, casi sin excepción, los disparos son hechos "a boca de jarro" y con frecuencia dirigidos de abajo hacia arriba, en oposición al homicidio, en que la dirección es de arriba hacia abajo (ver E.F.P. Bonnet, "Medicina Legal", Libreros Editores, Buenos Aires, 1980, p. 719 y siguientes).

Por supuesto que los jueces no se encuentran limitados por la labor de los peritos ya que no forman su opinión exclusivamente en base al dictamen de los segundos, y aquélla es producto de la valoración de la totalidad de la pruebas incorporadas al proceso, pero en casos como el presente, donde la prueba pericial reviste capital importancia, los dictámenes médicos producidos no pueden ser dejadas de lado sin fundamentación adecuada, en razón de la interdicción del absurdo (argumento de los arts. 210 y 371 del Código Procesal Penal).

Sentado ello, tengo para mí que desborda las reglas de la lógica concluir -a partir de la prueba inspeccionada- que el disparo fue producto de la voluntad suicida de la menor o, lo que es lo mismo, que resulta ilegítimo hacer prevalecer la hipótesis de la autoeliminación por sobre la del homicidio en base a un abstracto estado de duda.

Cuadra señalar, sobreabundando, que la prueba dispuesta permite apreciar que tampoco existían motivos de peso que pudieran conducir a la menor a tomar tan drástica decisión, ya que unos kilogramos de más o el discutible desempeño en una actividad, que la noche anterior la tuviera como ganadora de una medalla no aparecen como circunstancias desencadenantes de un suicidio, sobre todo si se tienen en cuenta las declaraciones de Graciela T. Soldano, Marta H. Chanquet y Nélida R. Guillermina, quienes señalaron que era una chica alegre, excelente alumna, de fuerte personalidad y buenos sentimientos hacia sus hermanos, una de las cuales -Paula Beatriz Rota- manifiesta que V. amaba la vida, llegando incluso a decir que se la debía defender luchando, y que resultaba impensable que se haya suicidado, máxime de la forma en que lo hizo, ya que detestaba las armas, circunstancia que incluso fue reconocida por el propio acusado.

Por lo dicho, cabe concluir que la hipótesis enarbolada por la mayoría no deriva de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso, sino de una arbitraria valoración de los elementos de juicio, evidenciada por el apartamiento liso y llano de las constancias antes mencionadas, lo que conduce a descalificar el pronunciamiento como un acto jurisdiccional válido, ya que el veredicto impugnado encierra un fundamento aparente que resiente la motivación lógica del fallo y desatiende el mandato de los arts. 18 de la Constitución Nacional y 106 del Código Procesal Penal, que exigen que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, en atención a las circunstancias comprobadas de la causa.

Más allá del momento en que se resolviera negativamente la intervención del imputado, considero que la conclusión a su respecto es producto de un análisis parcial y superficial de los materiales del juicio, no sólo por lo precedentemente expuesto, sino y además, porque en el caso afirmó inicialmente haber sido víctima de un robo, pretendiendo luego explicar que mintió por miedo o vergüenza; a lo que se suma el resultado de la pericia psicológica practicada por la licenciada Becce, reveladora de una personalidad violenta, psicopática, con facilidad de pasar a la acción cuando alguien no cumple una orden suya, con intolerancia a la frustración, vivida como una catástrofe que puede desencadenar una violencia sin límites.

En su mérito, propongo al Acuerdo se otorgue atendibilidad al recurso, anulando el veredicto, con reenvío a jueces hábiles a fin que renueven los actos necesarios para el dictado de un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, pues no es factible que la sala lo dicte, en atención a que el descalificado veredicto no brinda garantías acerca de que se encuentren presentes las comprobaciones necesarias y suficientes para ello, y el imputado no ha tenido oportunidad de proceder contra las comprobaciones de cargo (arts. 18 de la Constitución Nacional 106, 210, 373, 448, 451, 456, 459 y 461 del Código Procesal Penal; Claus Roxin "Derecho Procesal Penal", Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 485).

Estimo que esta propuesta en modo alguno pasa por encima del principio de progresividad, ni del derecho del imputado a obtener un pronunciamiento sobre el fondo en un plazo razonablemente rápido, y menos aún quebranta la prohibición del "non bis in ídem". Y voy a las razones.

Tanto en el derecho procesal europeo continental como en el nuestro, se concibe al recurso contra la sentencia de modo bilateral.

Se trata de remedios contra las resoluciones judiciales consideradas injustas por y para alguno de los protagonistas del procedimiento, legitimados para intervenir en él y a quienes la resolución alcanza, bajo la condición básica de que el pronunciamiento les provoque un agravio, esto es, decida en contra de sus intereses expresados en el procedimiento, concediéndoles algo menos de aquello que pretenden.

Frente a una sentencia emanada de un juicio público, tanto el acusador como el acusado tienen, en general, la facultad de impugnarla, cuando ella en su dispositivo perjudica el interés de quien recurre o de aquél en nombre de quien se recurre.

Por tanto, la posibilidad de que el acusador impugne la sentencia de un Tribunal no lesiona la garantía del "ne bis in ídem", pues dicha facultad encuentra fundamento en el principio de bilateralidad, en cuya virtud el Tribunal se encuentra facultado para anular un pronunciamiento como el dictado en origen, por quebrantamiento de sus formas esenciales, como es el caso (arts. 210, 373, 448, 451, 452 inciso 1º, 461, 456 y 461 del Código Procesal Penal además de los ya citados).

En su mérito, abro mi respetuosa disidencia y, a esta cuestión, voto por la afirmativa.

El doctor Domínguez dijo:

Adhiero al voto del Doctor Borinsky en relación a la nulidad que propicia por la alteración de las cuestiones contempladas en el art. 371 del Código Procesal Penal.

En mi opinión, concordante con la expresada por quien me precediera en el orden de votación, al abordar el juzgador en una única cuestión la temática sobre la probanza del hecho en su exteriorización material en conjunto con el acápite destinado a la autoría, en el caso, generó un defecto sobre la forma esencial de la sentencia que conduce a brindar favorable acogida al agravio y a declarar la nulidad de lo decidido.

Tengo dicho en causa 4086 caratulada: "Marín, Fernando Luis s/Recurso de Casación" de esta sala III, citando a Rivas Godio, que si bien resulta dificultoso escindir totalmente el cuerpo del delito de la imputación, ya que éste no se presenta como algo fijo, inmutable y estático, por aparecer como algo variable, en desarrollo dinámico al ser un concepto funcional modificable. Ahora, si el defecto apuntado importa una omisión de acontecimientos trascendentales que resulta inescindibles de tratar en la materialidad ilícita generan necesariamente la nulidad del veredicto por invertirse el orden lógico que debe primar en todo razonamiento.

Así, en base al análisis desarrollado en el voto al que adhiero, se alteró la secuencia lógica al no haber determinado en primer término, con la precisión exigible, el hecho objeto del juicio, y sí brindar tratamiento a la conducta desplegada por el acusado. En este sentido acierta el impugnante al sostener la violación del art. 371. inc. 1ro. y 2do. del Código Procesal Penal al llevar implícito un ilógico razonamiento como es dar por acreditado el suicidio a partir de la prueba de la autoría.

Con lo dicho hasta aquí alcanza para anular el veredicto con reenvío a jueces hábiles para que dicten nuevo pronunciamiento, renovando los actos procesales necesarios, sin que ello implique violación a las garantías del imputado por las mismas razones que brindara el doctor Borinsky.

En consecuencia a la cuestión planteada, voto por la afirmativa.

El doctor Mahiques dijo:

Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde declarar procedente el recurso interpuesto, sin costas, anular el pronunciamiento atacado en cuanto absuelve a Carlos Ireneo Rota en orden al delito de homicidio calificado, reenviando los autos a la Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, a fin que sortee los jueces hábiles que deberán renovar los actos necesarios para el dictado de un fallo conforme a derecho (arts. 1º, 5º y 18 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 106, 201, 210, 371, 373, 448, 449, 451, 452, inc. 1º, 456, 459, 461, 530 y 531 del Código Procesal Penal).

Así lo voto.

Los doctores Borinsky y Domínguez dijeron:

Que adhieren al voto del doctor Mahiques, en igual sentido y por sus fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente sentencia:

I. Declarar procedente el recurso interpuesto, sin costas. II. Anular el pronunciamiento atacado en cuanto absuelve a Carlos Ireneo Rota en orden al delito de homicidio calificado, y reenviar los autos a la Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, a fin que sortee los jueces hábiles que deberán renovar los actos necesarios para el dictado de un fallo conforme a derecho. Rigen los arts. 1º, 5º y 18 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 106, 201, 210, 371, 373, 448, 449, 451, 452, inc. 1º, 456, 459, 461, 530 y 531 del Código Procesal Penal. Regístrese y remítase a la Mesa Unica General de Entradas del Tribunal para su notificación y oportuno cumplimiento. - Federico G. J. Domínguez. - Ricardo Borinsky. - Carlos A. Mahiques.