Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-02-16


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil cinco, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "G., D. C. c/ D... A. L. -S. A.- s/ DEMANDA LABORAL (Indemnizaciones de ley)", Expte. No. 14.655/04, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. No. 2152/03), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 449), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Son justas las sentencias recurridas de fs. 361/386 y su aclaratoria de fs. 391/393 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación de la sentencia de fs 361/386 que rechaza el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte actora respecto de los arts 7 y 10 de la ley 23928, modificada por el art. 5 del decreto 214/2002, no hace lugar al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte demandada respecto de los decretos 264 y 265 ambos del año 2002, así como los decretos que prorrogan el plazo establecido por el art.16 de la ley 25561, hace lugar a la demanda parcialmente y condena a D.. A. L. S. A., a abonar en el plazo de diez días de quedar firme la presente al Sr D. C. G., la suma de $50.100,50 (cincuenta mil cien pesos con cincuenta centavos), suma que manda incrementar de acuerdo al considerando respectivo, condena a la demandada a entregar en el plazo de diez días el certificado de trabajo, impone las costas al vencido y regula los honorarios.

A fs 416 el actor apela los honorarios por bajos.

A fs 418/422 se agrega la expresión de agravios del actor la que se circunscribe a la decisión de la sentenciante de eximir al demandado del recargo establecido en el art. 2 de la ley 25323 de las indemnizaciones por preaviso y antigüedad, luego de transcribir los fundamentos de la sentencia, señala que se vertieron argumentos promiscuos y contradictorios, pues determina que no se está en el supuesto de aplicación del art.2º de la el 25323 para luego sostener, aún de ser aplicable la norma.

Se refiere a los fundamentos por los autores del proyecto que luego sería la ley 25323, de donde surge que el legislador no habla de que es procedente el agravamiento o recargo cuando no pague nada, sino que la télesis de la ley en orden al art. 2º, no es otra que imponer un recargo a la indemnización cuando ésta no es satisfecha en tiempo y forma. Sostiene la procedencia de las indemnizaciones y la inexistencia de causa justificativa eximente.

A fs 425/441 vta el demandado se agravia por el rechazo de la inconstitucionalidad del decreto 883/02 con fundamento en fallos jurisprudenciales nacionales y de la Pcia del Chubut y doctrina.

El segundo agravio y subsidiario, es con relación a la limitación en la indemnización agravada, por entender que la misma se refiere sólo a la indemnización prevista por el art. 245 LCT. Cita Doctrina.

El tercer agravio está relacionado con la indemnización del art. 80 LCT, sostiene que éste prevé dos tipos de certificaciones, uno que es el certificado de trabajo propiamente dicho y el otro es la certificación de servicios y remuneraciones, donde se consignan las retribuciones percibidas durante la relación laboral, que tiene valor probatorio para acreditar ante el ANSES.

Luego de transcribir el art. 80, considera que la empleadora ha cumplido con sus obligaciones laborales, pues el reclamante acompaña un certificado de trabajo a fs 15 y otro a fs 18/19, destacando que la norma prevé sanciones cuando no se hiciera entrega de constancia o del certificado previsto, de allí que alguna deficiencia no constituye causa suficiente para la aplicación de la sanción.

Entiende que la multa aplicada es excesiva y que el sentenciante tiene facultades para morigerarla.

El cuarto agravio, se relaciona con los montos reconocidos por la sentenciante, por indemnización por antigüedad, considerando que el actor tiene una antigüedad de 13 años.

Aclara que no tenía dicha antigüedad sino 11 años y nueve meses, por lo que para el cálculo de la antigüedad debió multiplicarse por 12 años.

Da razones por las que entiende que se ha probado lo que sostiene.

Señala que el rechazo de la indemnización del art. 2º de la ley 25323, debe confirmarse. Hace mención a la teoría de los actos propios. Solicita la modificación de costas y honorarios y hace reserva del Caso Federal.

Atento los agravios planteados, es que he de dar respuesta en principio a los que presentara el demandado en autos.

Adelanto que he de concordar con el demandado apelante sobre la inconstitucionalidad del artículo del decreto ley 883/02, que prorroga lo establecido por el artículo 16 de la ley 25561, inconstitucionalidad que rechazara la Sra. Juez de la Instancia anterior admitiendo la pretensión del cobro de la indemnización que prevé el artículo de mención.

El artículo 16 de la Ley 25561 ordena abonar el doble de las indemnizaciones derivadas del despido en aquellos casos en que la ley indica. Por su parte el Decreto 883/02, prorrogó por ciento ochenta días la suspensión de los despidos sin causa justificada.

Y digo que tal decreto emanado del Poder Ejecutivo Nacional, deviene inconstitucional, toda vez que ha sido dictado arrogándose facultades propias del Congreso Nacional.

Pues si bien es cierto que las facultades del ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia surgen del artículo 99, inc. 3ª de la Constitución Nacional, no es menos cierto que dispone también que "El Poder Ejecutivo, no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insalvable, emitir disposiciones de carácter legislativo". y sólo cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites por esta Constitución..

Cabe entonces preguntarse, cuál ha sido en principio la "circunstancia excepcional" que existía y aún más qué circunstancia impedía que se siguieran con los trámites que la Carta Magna establece, para el dictada de una ley. Y la repuesta es obvia, ya que nada se argumentó, y aún más, no habiéndose vencido el plazo establecido por el artículo 16 de la ley 25561, sin justificativo alguno, se firma el decreto cuestionado.

"El ejercicio de funciones legislativas por el Presidente de la República, fundado en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional -dispositivo que, tras la enfática afirmación de que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, los admite bajo ciertas condiciones- resulta válido a través del dictado de decretos de necesidad y urgencia. El ejercicio regular de esta prerrogativa, se encuentra a su vez limitado a la concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta constitución para la sanción de las leyes y se procure atender con ellos razones de necesidad y urgencia. El Decreto 883/2002 ha sido dictado durante el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, que como lo establece el artículo 63 de la Constitución Nacional, se extiende anualmente desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre, sin que existieran en esa época situaciones de fuerza mayor que impidan a alguna de las Cámaras a sesionar normalmente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha delimitado en la causa "Verrocchi, Ezio Daniel c. Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción de Amparo" (Fallos: 322:1726)) las condiciones para el ejercicio válido de funciones legislativas por el Poder Ejecutivo Nacional, que hace modular sobre la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 1º) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, o 2º) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes". Ya fue explicada la inconcurrencia de la primera circunstancia legitimante. La fecha del dictado del decreto (27/05/02 -antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo 16 de la Ley 25561) demuestra la inexistencia de la segunda. Desde esta perspectiva, el decisorio apelado se encuentra al abrigo de revisión" Voto del Dr JUAN CARLOS E. MORANDO Expte. 28179/2003 S. 32166 - "A., J. M. c / C. G. D. A. SA s/ Despido" - CNTRAB - SALA VIII - 25/10/2004, conceptos todos que por compartir he transcripto.

Asimismo en Columna de Opinión, y bajo el título "Inconstitucionalidad de los decretos que prorrogan el plazo de la doble indemnización", Guillermo Brown, Revista La Ley de fecha 19 de octubre de 2004, hace un conciso pero profundo análisis sobre los motivos por los que considera que los decretos que prorrogan el plazo de la doble indemnización por despido incausado son inconstitucionales.

Y así luego de referirse a la ley 25561 que en su art. 1º declaró la emergencia económica en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, hasta el diez de diciembre de 2003, y que en su artículo 16 estableció la suspensión de los despidos por 180 días desde su entrada en vigencia, advierte que estos 180 días se cumplían el 15 de julio de 2002, atento que la ley fue publicada el 7 de enero de 2002 y entró en vigencia el día 15 de julio de 2002, destacando que no incluyó la materia laboral, materia que tampoco fue tratada por el Congreso Nacional, en ocasión de hacerlo con relación a la ley 25561 y 25620 .

Enumera, también las facultades que se delegaron al ejecutivo como consecuencia de la emergencia económica las que surgen de los primeros seis títulos de la ley, mientras que el título VII, ninguna facultad le confiere.

Destaca que no obstante ello el Poder Ejecutivo Nacional, prorroga la suspensión del art.16 de la ley 25561 por decreto, es por ello concluye que las prórrogas efectuadas, y en lo que aquí interesa por el decreto 883/02 del PEN, son inconstitucionales por violar los artículos 75 y 99 inc.3ª de la Constitución Nacional, siendo en consecuencia nulas por constituir disposiciones de carácter legislativo emanadas del PEN y así he de concluir.

En consecuencia, habiéndose producido el despido sin causa justificada, con posterioridad a la fecha de vencimiento fijado por el art. 16 de la ley 25561, la indemnización no está sujeta a la indemnización duplicada.

En igual sentido se ha expedido la doctrina, ver "La persistencia en el dictado de pretendidos decretos de necesidad y urgencia" claramente inconstitucionales. A propósito de los decretos 883/02.DT 2003-A-,493/500 y Ricardo Foglia T y SS, 2002, pág 564 y sgtes. Todo ello sin desconocer los antecedentes jurisprudenciales que entienden que dicho decreto es constitucional. "DOBLE INDEMNIZACION POR DESPIDO INCAUSADO: Algunas cuestiones controvertidas del art. 16 de la Ley 25561. Criterios jurisprudenciales de la Cámara Nacional del Trabajo". El Dial del día de la fecha, 17 de diciembre de 2004.

Mucho se ha escrito y decidido en punto a la indemnización prevista en el art. 45 de la ley 25345 y que va desde la admisión de la indemnización ante el sólo hecho de no haber entregado el certificado al extinguirse la relación laboral, o que es suficiente la exigencia del mismo junto a la demanda, hasta quienes requieren la intimación fehaciente dentro del plazo que determina el art. 3 del decreto 146/2001, norma que habilita al trabajador a efectuar la intimación luego de transcurrido 30 días de extinguida la relación laboral, o quienes han declarado la inconstitucionalidad de dicha norma.

Y he de confirmar el fallo de grado en cuanto admite la indemnización prevista en el artículo 80 in fine de la L.C.T. (párrafo incorporado por el art. 45 de la ley 25.345) pues, el actor intimó fehacientemente la entrega del certificado el 21-4-03, a lo que como bien lo señala la sentenciante tampoco cumplió no obstante la interposición y notificación de la demanda.

Y en autos si bien se otorga la certificación, la misma no reúne los requisitos que la ley requiere, de allí que la indemnización que determina la ley es de aplicación en autos.

Asimismo no otorga la norma facultades para morigerar la indemnización, la cual no puede equiparase a una multa, toda vez que la ley no la denomina así y son distintas las acepciones de la real Academia Española.

El nuevo texto de la citada norma legal (modificado por la ley 25345) establece en su último párrafo que "si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuera menor".

El artículo 3 del dto. 146/01, reglamentario de la norma invocada y cuya constitucionalidad no ha sido planteada, dispone que "el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (...) dentro de los treinta días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo". "La norma inferior, de cualquier modo, debe ser leída con los límites de la norma superior que reglamenta. Esta última otorga al empleador un plazo de dos días hábiles para cumplir el requerimiento del trabajador relativo a la entrega del certificado o cargar con la indemnización que se regula; la brevedad de ese plazo puede así explicar la interposición de otro plazo antes de que aquel requerimiento quede habilitado ya que, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación del art. 80 de la LCT puede incluir la necesidad de regularizar el vínculo (recuérdese que para estos fines un plazo idéntico es otorgado por la Ley de Empleo). La extensión del plazo encuentra su justificación en facilitar el cumplimiento del empleador antes que en obstruir la habilitación del trabajador para intimar, aunque la redacción de la norma pueda tolerar también esta última interpretación.

De tal modo, considero que la intimación fehaciente a que hacen referencia tanto la norma originaria como su reglamentación sólo puede surtir sus efectos (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización) una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa (ver, en igual sentido, SD 84.039 del 24/09/02 en autos "B., G. C. c/ V., G. R. y otro s/ despido", del registro de esta Sala) (elDial.com AA2225CAUSA 17527/02 S. 85785 - "C., L. R. c/ L. I. SA y otro s/ despido" - CNTRAB - SALA III - 27/04/2004).

En punto al agravio relacionado con los años de antigüedad que considera la Sra. Juez, a fin de fijar la indemnización, sin perjuicio de lo que se resolviera sobre la inconstitucionalidad, he de dar respuesta al mismo, entendiendo que no le asiste razón al quejoso.

El inc.K del artículo 140 de la LCT, impone entre las determinaciones que debe contener el recibo el de la fecha de ingreso, y ello a decir de Etala en "Contrato de trabajo", pág. 341, permite verificar al trabajador si ha sido correctamente consignada, dado que muchos derechos que le corresponden (tanto laborales como de seguridad social) se conceden en función de su antigüedad.

En los recibos agregados, consta que el trabajador ingresó a trabajar par a la empresa R.C. el 20 de mayo de 1991 y con la empresa D.. A. L. S. A., con fecha 1 de mayo de 1997, fecha de ingreso sostenida por el actor, pero tampoco se duda que sólo debe privarse de la idoneidad de lo que allí se consigna sólo cuando no exista correlación con otros elementos, elementos que en autos no existen.

El actor ha presentado recibos de sueldos reconocidos por el empleador que reúnen los recaudos legales de los artículos 138, 139, 140 y 141 de la ley de contrato de contrato.

Asimismo, el recibo, como es conteste la jurisprudencia, conforme lo dispone el art. 138 de la LCT, es el único medio idóneo para instrumentar los requisitos del art. 142, y el art. 142 faculta a los jueces a apreciar su eficacia probatoria, de allí que sólo se puede privar a los mismos de los efectos que emanan cuando en correlación con otros elementos, cree dudas sobre los mismos.

Como lo señala Luis Mántaras, la doctrina legal sobre la validez del recibo de pago puede resumirse en la siguiente forma: a) recibos que guarden los recaudos de los arts. 140 y 141: tienen plena validez, y sólo pueden ser argüidos de falsedad..b)recibos que no guardan los requisitos aludidos: en principio no carecen de validez, pero están sujetos a la apreciación judicial, que analizará su contenido en relación a otros elementos de prueba con que pudiera contar o lo someterá a la sana crítica, "Ley de Contrato de Trabajo-comentada, anotada y concordada", pág.82. "Sin embargo, la falta de alguna de estas especificaciones no afecta automáticamente su validez probatoria, que queda sujeta a la prudente apreciación judicial. El art. 142 de la LCT desdeña parámetros legales rígidos y abstractos y remite a la apreciación de los jueces, quienes, para otorgar o no eficacia probatoria a los recibos de pago en relación con una controversia concreta, habrán de ponderar las circunstancias particulares de la cuestión debatida en la causa (Etala, Carlos Alberto, "Contrato de Trabajo", 2da. Edición, Ed. Astrea, Buenos Aires 1999, págs. 323 y sgtes.

A tales principios he de agregar que de acuerdo a las pruebas agregadas, tampoco se discute la fecha de desvinculación laboral, 28 de febrero de 2003, y ha llegado firme a esta instancia lo que resolviera la a-quo a fs 375 última parte, 375 vta., 376 y vta, ya que el apelante no ha expresado agravios sobre este punto, limitándose a sostener a fs 437 vta que "En la contestación de demanda, se expresó que la C. de P. R.C. S.A. y D. A. L. S. A., son dos empresas completamente independientes y no guardan ninguna relación".

Asimismo ninguna incidencia ha de tener la documentación reservada bajo el número 178/04, de esta sala, ante lo dicho precedentemente y los datos que surgen del recibo de fs 177, presentado por la demandada, no aventando dudas sobre la confirmación de lo resuelto por la sentenciante.

Con relación a la indemnización del artículo 2º de la ley 25323, considero que no han existido causas que justifiquen la conducta del empleador, y que permitan eximirlo del incremento que establece el artículo, por el contrario, entiendo que es procedente la indemnización del artículo 2º de la ley 25323, pues el actor cursó oportunamente la intimación fehaciente exigida por la norma de acuerdo a la comunicación agregada a fs 17 y la contestación de fs 16, en donde se desestiman las pretensiones, no cancelando en tiempo y forma las indemnizaciones que le correspondían.

De lo expuesto se extrae que se encuentran configurados los supuestos de procedencia de la norma ya que, la actora intimó fehacientemente, la demandada estando en mora no dio cumplimiento al requerimiento, y a su vez rechazó la eventual procedencia del mismo, obligando así a la accionante a reclamar judicialmente el pago de la indemnización por despido directo.

El artículo 2° de la misma ley dispone un recargo del 50% de las indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245 L.C.T., cuando no sean abonadas y el trabajador haya intimado su pago, requisito cumplido en la especie. El actor percibió la indemnización por un monto inferior por lo que entiendo que la misma debe ser aplicada sólo sobre la suma impaga.

En consecuencia por la Secretaría del Juzgado laboral, deberán adecuarse los montos indemnizatorios, teniendo presente lo dispuesto en autos.

Advierto que la Sra. Juez rechaza la indemnización del artículo 2º de la ley 25323 tal como surge de los considerandos, no obstante tal decisión no surge del fallo.

Las costas y honorarios por orden del artículo 279 del CPCCCh, deben adecuarse.

Las costas de la primera instancia las impondré en un 40% al actor y en un 60% al demandado, pues si bien la demanda prosperó por algunos rubros, no existe duda que el actor debió litigar con la consabida pérdida que ello acarrea, para lograr las indemnizaciones que el demandado sabía o debió conocer que le correspondía.

Las de esta instancia, las impongo por su orden, atento lo controvertido y falta de uniformidad en la resolución de iguales conflicto.

A fin de regular los honorarios, que los difiero para el momento del acuerdo, deben fijarse porcentualmente, para lo cual valoraré la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los artículos 6, 7, 9, 19, 14 y 47 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Hacer lugar parcialmente a los agravios de la parte demandada y revocar el punto 2 de la sentencia de fs 361/386 y, en consecuencia, declaro la inconstitucionalidad del decreto 883/02 e inaplicable las disposiciones del artículo 16 de la ley 25561.

2) Hacer lugar al agravio de la parte actora y, en consecuencia, admitir la indemnización que prevé el artículo 2 de la ley 25323.

3) Declarar carente de virtualidad expedirse sobre los agravios subsidiarios del demandado y de la apelación sobre honorarios.

4) Confirmar el punto 4) de la sentencia de la instancia anterior.

5) Condenar en consecuencia a D... A. L. S. A., a abonar en el plazo de diez días de firme la presente, al Sr D. G., la suma que resulte de la liquidación que deberá efectuarse por la secretaría del juzgado de acuerdo a los considerandos respectivos, más la tasa de interés que fijara la aquo.

6) Costas de la primera instancia en un 40% a la actora y 60% a la demandada.

7) Costas de la Alzada por su orden.

8) Diferir la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

9) Advertir a la Sra. Juez el cumplimiento irrestricto del artículo 163 del CPCCCh.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que, a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut, es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien vota precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a las misma me remito.

I.A) Teniendo en cuenta la incidencia que la decisión a tomar ha de tener sobre los agravios vertidos por las partes apelantes, he de tratarlos en distinto orden a los planteados por los mismos.

I.A-1) En lo atinente a los agravios expuestos por el apelante a fs. 425/430 vta. sobre la inconstitucionalidad del Dto. 883/02, cabe decir que nuestro Más Alto Tribunal tiene dicho que corresponde al Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad excepcional, que constituyen las actuales exigencias constitucionales para su ejercicio. Por ello, es atribución de la justicia evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia (conf., con anterioridad a la vigencia de la reforma constitucional de 1994, Fallos: 318:1153).

En cuanto a la temática planteada, el Dto. 883/02 (B.O. 29/05/02), prorrogó por ciento ochenta (180) días la suspensión de los despidos sin causa justificada, plazo que vencía el día 21 de marzo del 2003. En caso de producirse despidos en contravención a lo dispuesto, el art. 16 de la Ley 25.561 ordena abonar el doble de las indemnizaciones derivadas del despido.

Respecto de dicha normativa, comparto plenamente el criterio jurisprudencial que recientemente ha determinado que no parece irrazonable que en el estado de emergencia que vive el país, el legislador tienda a preservar la fuente de trabajo de los trabajadores (art. 10 de la LCT), si lo hizo en relación al estado de emergencia ocupacional. Si bien no ha logrado impedir los despidos, su objetivo ha sido brindar una herramienta legislativa protectoria para que disminuyan (los despidos sin causa justificadas o falsa invocación de causa) y también para que, si ellos se producen la contrapartida económica sea importante (en igual sentido Sala VII, CNAT, in re "P., J. c/ H. y D. SA s/ despido", SD 37300 del 26/2/04).

Es más, con relación a la prórroga del plazo de vigencia del art. 16 de la ley 25561 a través del 883/02, se ha de señalar que la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria ha sido declarada por el Poder Legislativo (cfr. art. 1 de la ley 25561) y la CSJN ha admitido la validez de la afectación de derechos de aquella situación extrema, en tanto no se vulneren garantías esenciales, y ha afirmado que las situaciones de gravedad obligan a intervenir en el orden patrimonial, limitando los derechos en el tiempo para asegurar la autodefensa de la comunidad y restableciendo de la normalidad social que el sistema político requiere (Fallos 136:16; 172:21, entre otros).

Es decir que teniendo en cuenta que el decreto 883/02 se limita a prorrogar la suspensión de los despidos sin causa justificada y demás disposiciones contenidas en la última parte del art. 16 de la ley 25561 y siendo la declaración de inconstitucionalidad de una norma un acto de extrema gravedad institucional, que sólo puede ser llevado a cabo con suma prudencia y siempre y cuando la afectación de las garantías surja de manera clara e irreconciliable, situación ésta última que no se aprecia en el caso concreto de acuerdo a la entelequia citada en los párrafos precedente (en igual sentido Sala X, SD 12850 del 13/7/2004 en autos "P., J. c/ C. B. E. Asoc. Civil s/despido" y esta sala VII in re "T., N. D. c /H.... A. SA y otro s/despido", S. 38048 del 10/11/04.)", elDial - AA2628; causa 1103/04 S. 38124 - "M. O., L. W. c/ N. C. SRL s/ despido" - CNTRAB - SALA VII - 10/12/2004), no corresponde la declaración de inconstitucionalidad solicitada por la apelante demandada. En virtud de lo expuesto, observando que los criterios expuestos han sido correctamente aplicados por la a-quo (considerando III ptos. 1 y 2, fs. 375//382vta.) corresponde rechazar los agravios expuestos por la apelante demandada a fs. 425/430 vta. y confirmar lo decidido en este aspecto.

I.A-2) En cuanto al agravio (fs. 430vta./434) donde la apelante demandada considera que la indemnización prevista en la ley 25.561 y del Dto. 264/02, se limita a la indemnización por antigüedad, he de decidir conforme los criterios jurisprudenciales que determinan que el despido efectivizado durante el lapso de protección previsto en el art. 16 de la ley 25561, y acreditado que careció de causa justificada -no está discutido ni la fecha de egreso de la actora 28/02/03 ni que la misma se debió a un despido sin causa, circunstancias éstas ameritadas por la a-quo (considerando III. párr 1ero. -fs. 375) y que han quedado firme en esta instancia-, torna operativa la parte final del artículo citado, debiendo abonarse duplicados los rubros correspondientes a la indemnización del art. 245 LCT, la integración del mes de despido y su SAC proporcional y la indemnización sustitutiva del preaviso y su SAC correspondiente" (conf. crit. expte. 28556/2002 S. 31423 - "R. A. c/ C. G. D. C. e I. s/ Despido" - CNTRAB - SALA VIII - 29/08/2003, elDial - AA263B; íd. "P. F. A. c/ E.... E. S.A. y otro s/ Despido" - CNTRAB - SALA VIII - 30/06/2004 elDial - AA2639).

En sentido análogo se ha expresado que: "La legislación laboral vigente, a la que se remite el art. 16 de la ley 25561 que fija la doble indemnización, por la ruptura unilateral e incausada del contrato de trabajo, no sólo comprende la regulada en el art. 245 LCT (o 7º de la ley 25013), que toma como parámetro la antigüedad, sino también la del preaviso (art. 231 LCT), reconociéndole la ley idéntico carácter indemnizatorio al período de descanso proporcional a la fracción del año trabajada (art. 156 LCT -Ley 20744), resultando accesorio a ambos rubros la incidencia del SAC proporcional, y por ende, sujeto a la misma suerte de aquéllos (conf. art. 525 del C. Civil) (expdte. 164/03 S. 11631 - "B., C. A. c/ N. A. SA s/ despido" - CNTRAB - SALA IX - 30/06/2004, elDial - AA2659).

Analizando los conceptos dados por la a-quo conforme su análisis (considerando III ptos. 1, apartados a), b) y c) (fs. 375/(381) (pto.2 fs. 381vta./382) (sent. aclaratoria nro. 127 del 08/09/04- fs. 319/393), los mismos se ajustan con lo expuesto precedentemente, razones todas éstas por las cuales corresponde el rechazo de los agravios planteados por la apelante demandada a fs. 430vta./4324 y confirmare la sentencia en este sentido.

I.A-3) La apelante actora se agravia (fs. 418/422) ya que la a-quo (pto.3-fs. 382/382) no incluyó en la condena la multa prevista por el art. 2do. de la ley 25.323 mientras la demandada considera acertado el entendimiento de la a-quo (pto. IV. fs. 438/vta.).

Estimo que asiste razón al accionante en cuanto pretende la inclusión en la base de duplicación del incremento establecido por el art. 2 de la ley 25.323. Ello así por cuanto el mismo configura un incremento de las indemnizaciones derivadas del despido, por lo que goza de la misma naturaleza indemnizatoria que éstos, y debe por lo tanto incluirse en la duplicación del art. 16 de la ley 25.561 (CNTrab, sala X, SD 11.623 del 11/4/03 in re "A. H. c/ A.G. L. I. S.A. y otro s/Despido", "F. A. P. c/ H. M. SA y otro s/ despido" SD 12379 del 31/5/04, "F. c/ B. H. y otro s/ despido" SD 12449 del 27/02/04; expdte. 6325/03, S.12.845, "E., R. S. c/ R. O. A. s/ despido", 12/07/04), 28976/02 S. 66864 - "M. L. A. c/ E. D. F. s/ despido" - CNTRAB - SALA V - 29/12/2003) sin que la estimación de la aquo expuesta en el considerando III pto. 3 (fs. 382/vta. párr. 5to. y 6to.) en cuanto a que exonera a la demandada porque el pago en menos sea atendible ya que lo que importa es que ese pago sea íntegro, lo cual y en virtud de lo decidido en el presente voto, no ha ocurrido en autos.

Son entendimientos estos por los cuales cabe acoger los agravios expuesto por el apelante actor (fs. 418/422) y revocar la sentencia en este sentido debiendo en la etapa de ejecución computar sobre los conceptos adeudados como diferencia lo prescripto por el art. 2 de la Ley 25.323.

I.A-4) La apelante demandada a fs. 434/437 se agravia sobre la condena en concepto de indemnización prevista en el art. 80 de la LCT.

Siendo que la agraviada aduce que la sanción dispuesta por la normativa legal (fs. 434 vta. últ. parte) es una multa, en principio he de determinar la calificación jurídica de la obligación dispuesta en la misma.

Por un lado, la naturaleza jurídica en cuanto al tipo de obligación que nace del artículo 80, segunda parte de la L.C.T. se trata de una típica obligación de hacer, vale decir, aquella cuyo objeto consiste en una actividad del deudor, en un hecho de conducta que, en la especie, se configura con la entrega de una certificación de trabajo conteniendo los datos que impone la ley, cuando la relación contractual de empleo privado se ha extinguido (conf. crit. Sentencia nro. 318 - "F. J. H. c/ C. S. J. S.A. s/ Certificación de Servicios y remuneraciones" - Casación -Corte Suprema de Justicia- 11/09/1992; elDial - BBDF1).

Desde otro aspecto, la ley 25.345 establece una indemnización a favor del trabajador y no una multa, nadie puede apartarse del texto legal y llamar "multa" a lo que la norma denomina "indemnización".

Aclarado el tema, el decreto 146/2001 en su art. 3, reglamentando el art. 45 de la ley 25.345, dice "que el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los pts. 2 y 3 del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo". El art. 80 del LCT señala que el empleador está obligado a entregar los certificados de trabajo cuando éste lo requiriese a la época de la extinción de la relación, y durante el tiempo de la relación cuando medien causas razonables. Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor.

Tiene establecido la jurisprudencia que: "La entrega al dependiente de los certificados previstos en el art. 80 de la L.C.T. en oportunidad de la extinción de la relación laboral, es una obligación del empleador que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación (esto es, en el tiempo que razonablemente puede demorar su confección). No hay razones pues, para considerar que el cumplimiento de esta obligación dependa -en lo que se refiere a su aspecto temporal- de que el trabajador concurra a la sede de la empresa o establecimiento a retirar los certificados" (causa 27754/02 S. 86026 - "S. B. A. c/ C. A. A. s/ despido" - CNTRAB - SALA III - 16/07/2004).

De las constancias de autos emerge a fs. 14 (conf. doc. reservada por Secretaría de esta Cámara de Apelaciones bajo el nro. 178/94 del 18/10/04) obra el certificado de trabajo expedido por la demandada el 11/03/03 donde le reconoce que prestó servicios desde el 01/05/97 hasta el 28/02/03; con fecha 21-04-03 (fs. 14 y 47) el obrero remitió TCL nro. 55448273 a la demandada requiriendo la entrega del certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la LCT aduciendo que sólo se le entregó el certificado de aportes y servicios por junio de 1997 y hasta su egreso el 28- 02-03, cuando, en virtud de la transferencia de firma no se respetó su antigüedad que detentaba como fecha de ingreso el mes de mayo de 1991, procediendo a efectuar la intimación por el término de dos (2) días hábiles; a fs. 48 (reconocida por el actor en la absolución de posiciones a FS. 184) obra agregado el certificado de servicios y remuneraciones correspondiente al período de mayo de 1991 hasta abril de 1997 el que le fuera entregado el 06/06/03 por la empresa Cía. de P. R.C. SA quien había transferido a dicho actor a la demanda.

De lo analizado se advierte que la demandada incumplió en tiempo oportuno la entrega de la certificación de servicios y de trabajo, no reuniendo éste último los requisitos que exigen tanto la formativa analizada como la Ley 24.241 en su art. 12 inc. g) en cuanto a los aportes retenidos, circunstancias todas ellas que, sumado a la razonabilidad del monto determinado en el párr. 6to últ. parte (fs. 384vta.) está dentro de los parámetros legales, me llevan a la convicción que corresponde rechazar los agravios expuestos por la demandada a fs. 434/437 y confirmar en este sentido lo decidido por la a-quo en el pto.4 (fs. 383/384 vta.).

I.A-5) La apelante demandada se agravia en cuanto a los montos indemnizatorios efectuados por la a-quo (pto.III fs.437/438).

De la lectura efectuada en la sentencia aclaratoria dictada por la a-quo bajo el nro. 127 del 08/09/04 advierto que la misma reitera acertadamente la fijación de la antigüedad del operario en 13 años basada en la documental tanto aportada por la actora (fs. 6 y 7) como en la agregada por la demandada (fs. 159/171 y 177), esto es la efectuada conscientemente y contablemente por ella, y es así en este caso que corresponde la aplicación de la llamada teoría de los actos propios, atento que no le es lícito intentar a la demandada -bajo la excusa de incurrir en un error (fs.438, pto.III, párr 17mo)- hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, es decir que el hecho de haber consignado la agraviada en la documental citada una antigüedad de 12 años y 10 meses, torna extemporánea y, por ende, injustificada la ulterior defensa que en sede judicial quiere introducir.

Por las consideraciones vertidas cabe rechazar los agravios expuestos por la apelante demandada y confirmar la sentencia en este sentido.

I.A-6) La apelante se agravia por la valoración que de los actos propios efectúa la magistrada (pto-.V -fs.438vta./441).

En cuanto a la temática planteada, entiendo que en materia laboral la teoría de los actos propios pretendida por el apelante debe ser considerada con criterio restrictivo atento las circunstancias de desigualdad que caracteriza a las partes unidas por un vínculo laboral.

Considero de aplicación en el caso en examen lo prescripto por el art. 12 de la LCT en cuanto a que todos los derechos adquiridos por el trabajador son irrenunciables, a excepción de lo dispuesto por el art.15 de la LCT (Justo López- Norberto O. Centeno - J.C. Fernández Madrid, "ley de Contrato de Trabajo Comentada", T.I, pág. 457) que no se da en los presentes- sea que los mismos provengan de normas imperativas o no imperativas, más aún cuando esa alteración -como ha quedado acreditado en autos- causó un perjuicio al trabajador ya que entonces este estaría renunciando a derechos de los cuales no puede disponer.

Dicho en otros términos, "el consentimiento posterior del trabajador sea expreso o tácito, no produce efectos jurídicos, en tanto no se puede sanear o confirmar un acto pasible de nulidad absoluta" (causa "V., H. c/ C. J. SA, publicada en DT, 1999, A-506)".

Son todas ellas razones por las cuales corresponde rechazar los agravios de la apelante demandada y confirmar la sentencia en este sentido.

En cuanto al art. 58 de la LCT, la doctrina es categórica respecto a que la renuncia a derechos es incompatible con el orden público.

I.A-7) En cuanto a la apelación por costas y honorarios (actora fs. 416 y demandada, pto. VI - fs- 441), atento a cómo se ha decidido carece de virtualidad jurídica expedirse sobre los mismos en virtud que es de aplicación en los presente lo prescripto por el art. 279 del CPCCH.

I.B) Atento lo decidido corresponde la aplicación de lo dispuesto por el art. 279 del CPCCCH manteniendo las costas de primera instancia a la demandada vencida e imponiendo también a dicha parte las costas de esta Alzada (art. 68 del CPCCCH). Difiero para el momento del acuerdo la regulación los honorarios de los profesionales intervinientes la que se efectuará de conformidad a la labor desarrollada, el mérito y extensión de la misma, la trascendencia para las partes según las pautas de los art. 6, 7, 9, 14, 47 y ccdtes. Dto. Ley Pcial Nro. 2000 y su modificatoria Ley Pcial 4335 art.14 y ccdtes.).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

1) Rechazar los agravios expuestos por la apelante demandada y, en consecuencia, confirmar el pto. 2do y 4to. del fallo venido en crisis.

2) Hacer lugar a los agravios expuestos por el apelante actor 418/422, modificando parcialmente el pto. 3ero. del fallo de fs. 361/386, a cuya monto de condena se le sumará la suma resultante de la liquidación a practicar por Secretaría de 1era. instancia de la indemnización dispuesta por el art. 2 de la Ley 25.323, manteniendo el incremento dispuesto en el considerando III de la sentencia.

3) Téngase presente la reserva del caso federal planteada por la apelante demandada a fs. 441/vta.

4) Costas de primera y segunda instancia a la demandada vencida (art. 68 y 279 del CPCCH). Difiero para el momento del acuerdo la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes (arts. 6, 7, 9, 14, 47 y ccdtes. Dto. Ley Pcial Nro. 2000 y su modificatoria Ley Pcial 4335 art.14 y ccdtes.).

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por ambas partes contra la sentencia definitiva nro.118/2004 del Juzgado Letrado en lo laboral de la jurisdicción que receptó parcialmente la demanda incoada por D. C. G., conforme los considerandos y fundamentos extensamente expuesto por la juez de grado, condenando a D... A. L. -S.A.- a pagar al accionante la suma de $50.100,50 e impuso las costas a la demandada, los letrados de la parte actora atacan el decisorio en cuanto consideran que la regulación de honorarios por la labor profesional resultan inferiores a lo establecido por el ordenamiento legal en la especie (fs. 361/86, fs.389, fs.394, fs. 413., fs.416).

Como cuestión preliminar he de señalar que la sentencia venida en apelación adolece de deficiencias en su confección, por lo que se advierte a la sentenciante de grado que en lo sucesivo deberá ajustarse a lo establecido en el art.163 particularmente el inc.6 del código de procedimientos civil y comercial de la provincia.

Existiendo coincidencia amplia entre las magistradas prevotantes, limitaré mi decisión al embate del demandado contra la decisión de la Aquo de desestimar el planteo de inconstitucionalidad de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, única cuestión sobre la que existe discordia entre quienes emitieron su decisión (conforme ley 4550).

Toma el magistrado de grado entre otros fundamentos para rechazar el pedido de inconstitucionalidad el espíritu del legislador, sostenido en jurisprudencia nacional adhiriendo ideológicamente, no obstante la pulcritud expositiva no comparto sus conclusiones.

Propicio la solución contraria, receptando los agravios del apelante demandado y coincidiendo con la Dra. Reynoso, estimo que en un estado de derecho ha de prevalecer el orden jurídico, por más loables que hayan sido las intenciones del PEN al emitir los decretos cuestionados.

Analizando el tema a partir de la constitucionalidad del Dto.883/02, se hace necesario recordar que el sistema constitucional argentino siguiendo el adoptado por EEUU establece deberes y facultades para cada uno de los poderes u órganos del Estado (sistema de frenos y contrapesos, ver Agustín De Vedia "Derechos Constitucional y Administrativo, instituciones de derecho público", Capítulo III, Ed. Macchi, en el mismo sentido Gordillo, Agustín "Tratado de Derecho Administrativo" t.1 Cap.VII ed.Macchi-84). Los constitucionalistas del año 1994 no eliminaron el sistema de separación de poderes o funciones del gobierno que es la esencia de la forma republicana establecida en el art. 1ro. de la Constitución Nacional.

Los arts. 23, 76 y 99 de la CN revelan la preocupación por mantener intangible como principio un esquema que si bien completado con la doctrina de los controles recíprocos que los diversos órganos ejercen, constituye uno de los pilares de la organización de la Nación, previniendo los abusos gestados por la concentración del poder, atenuando, esta reforma del año 1994, el sistema presidencialista y fortaleciendo el rol del congreso y la mayor independencia del poder judicial (ver comentario de Maccchi de Alonso y Romero en "Derecho del Trabajo...", año LXIV-número XI nov. 2004, pág.1510).

Como he dicho precedentemente comparto lo decidido por la magistrada que emitió su voto primero en orden, y hago propias sus valoraciones que omito transcribir ya que arribo a idénticas conclusiones pues parto de las mismas premisas, he de agregar que revisando los fundamentos dados en el decreto 883/02, se citan Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresando que se dan los requisitos para configurar una situación de emergencia.

Los fallos de la Corte Suprema de Justicia citados por el PEN, datan del año 1957-9, el cuestionamiento a la constitucionalidad de leyes y prórrogas que se referían a la legislación en materia de emergencia locativa por la crisis habitacional, dictada originariamente por el Congreso en el ejercicio regular de sus funciones, y no producto de un decreto ley dictado por el Ejecutivo durante el funcionamiento regular del Poder Legislativo. Esta realidad se contrapone al contexto fáctico y jurídico del Decreto 883/02.

En síntesis el decreto atacado fue dictado previo al vencimiento del plazo de 180 días contemplado en el art.16 de la ley 25561; encontrándose vedadas al Poder Ejecutivo facultades legislativas, calificando un estado de emergencia y urgencia mientras se encontraba en funciones el Poder Legislativo, con los argumentos expuestos y a los que adherí, decreto la inconstitucionalidad del decreto que prorroga el plazo del art.16 de la ley 25561 y las indemnizaciones que se establecen, no resultando aplicable en la especie al actor el pago de las mismas por haberse producido el despido incausado vencido el término de dicha ley.

Como fue resuelta la cuestión fundamental carece de virtualidad jurídica expedirse sobre los rubros indemnizatorios que comprende.

Por imposición del art. 279 del ritual, las costas y honorarios se readecuan; coincido con lo dispuesto por la Dra. Reynoso de Roberts y los argumentos expuestos, impongo las costas de grado en un 60% al demandado y en un 40% al actor. Las costas de Alzada serán soportadas por el orden causado. Diferir la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo, que se efectuará conforme las normas arancelarias.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

En lo que fue materia de decisión esta vocalía propone:

1) Hacer lugar al agravio de la parte demandada y declarar la inconstitucionalidad del Dto.883/02 e inaplicables las disposiciones del art.16 de la ley 25561 y declarar que carece de virtualidad jurídica expedirse sobre los rubros que comprenden las indemnizaciones consecuentes.

2) Advertir a la sentenciante de grado que en lo sucesivo deberá ajustarse a lo establecido en el art.163 particularmente el inc.6 del CPCCCh.

3) Costas de Primera Instancia en forma proporcional en un 60% al demandado y en un 40% al actor. Las costas de Alzada por su orden. Diferir la regulación de honorarios para el momento del Acuerdo.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia parcial de la Dra. Nélida Susana Melero, la siguiente SENTENCIA:

1) Hacer lugar parcialmente a los agravios de la parte demandada y revocar el punto 2 de la sentencia de fs 361/386 y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del decreto 883/02 e inaplicable las disposiciones del artículo 16 de la ley 25561.

2) Hacer lugar al agravio de la parte actora y, en consecuencia, admitir la indemnización que prevé el artículo 2 de la ley 25323.

3) Declarar carente de virtualidad expedirse sobre los agravios subsidiarios del demandado y de la apelación sobre honorarios.

4) Confirmar el punto 4) de la sentencia de la instancia anterior.

5) Condenar en consecuencia a D... A. L. S. A., a abonar en el plazo de diez (10) días de firme la presente, al Sr D. G., la suma que resulte de la liquidación que deberá efectuarse por la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia de acuerdo a los considerandos respectivos, más la tasa de interés que fijara la aquo.

6) Costas de la primera instancia en un CUARENTA POR CIENTO (40%) a la actora y en un SESENTA POR CIENTO (60%) a la demandada. Regular los honorarios profesionales de los Dres. E. J. M., J. M. P. y V. D. R., conjuntamente, en el DIECINUEVE POR CIENTO (19%), y de los Dres. E. V., G. B. S. y E. J. de V., conjuntamente, en el DIECISIETE POR CIENTO (17%), porcentajes a calcular sobre el monto total de condena del presente juicio.

7) Costas de la Alzada por su orden. Regular los honorarios profesionales de los Dres. J. M. P., E. J. M. y V. D. R., conjuntamente, en el TREINTA POR CIENTO (30%) y del Dr. E. V. en el TREINTA POR CIENTO (30%), porcentajes a calcular sobre lo regulado por sus respectivos trabajos en Primera Instancia.

8) Advertir a la Sra. Juez el cumplimiento irrestricto del artículo 163 del CPCCCh.

9) Tener presente la reserva del caso federal de fs. 441/vta.

10) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS (Presidente) NÉLIDA SUSANA MELERO (Juez de Cámara) GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO (Juez de Cámara) REGISTRADA BAJO EL nro. 07 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS