Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-10-13


Libro de Acuerdos nº 44 Fº 1033/1036 Nº 459 En San Salvador de Jujuy, a los tres	días del mes de octubre del año dos mil uno, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia, doctores Héctor Eduardo Tizón, José Manuel del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo, y la doctora María Rosa Caballero de Aguiar, vocal de la Sala primera de la Cámara Civil y Comercial, convocada a integrar el Cuerpo, vieron el Expte. nº 635/2001, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en expte. nº 41/97 -Sala IVª de la Cámara Civil y Comercial-Ordinario por daños y perjuicios Jaime Argentino Jerez y otros c/ Miguel Angel Amato", y	El Dr. Tizón dijo:

1.- Los señores Jaime Argentino Jerez, Norma Cristina Samman de Sanchez Riera, Silvia Elena Yécora de Mengual, Juan Domingo Guzmán, Adriana Patricia García de Capobianco, Federico Francisco Otaola, Víctor Manuel Valdez, Vilma Fortunato de Fernandez, Claudia Elizabeth Samman, Jose Ruben Alberto, Daniela Virginia Rojas de Cocha, Rafael Oscar Cocha y Desiderio Héctor Da Rold, promovieron demanda ordinaria por daños y perjuicios en contra de Miguel Angel Amato.

Los actores demandaron el pago de una indemnización -dejando librado al arbitrio prudente del tribunal de grado, fijar la cuantía- en concepto de reparación por daño moral que les habría aparejado una falsa denuncia penal por supuestas lesiones leves que el demandado les imputara con anterioridad y que al afectar el buen nombre y honor de los actores les provocara un daño, debido a la divulgación en la comunidad de la cual los actores eran vecinos.

2.- En contra de la sentencia dictada en el juicio ordinario, el doctor Miguel Angel Miguez Agras, en nombre y representación de Miguel Angel Amato, interpone recurso de inconstitucionalidad, por calificar de arbitraria dicha sentencia.

Dos son, principalmente, los agravios del recurrente: primero, que los actores en el juicio ordinario no reclamaron monto alguno como indemnización del daño moral reclamado, o, dicho de otro modo, destaca la inexistencia de ese monto o de las pautas para su determinación, dejándose tal cometido al sólo arbitrio del juez, y -agrega sobre este punto- que no puede soslayarse sin más dicho agravio, ya que de haberse determinado un monto -dice- podría el recurrente haber merituado un allanamiento a la demanda o esbozar defensas tendientes a disminuir el monto reclamado. Y que ello ha vulnerado su derecho de defensa en juicio.

El segundo de los agravios señalado por el recurrente, consiste en que, por haber merituado la prueba en manera insuficiente o absurda, el a quo ha dado por cierta en el recurrente una imputación falsa de delito.

3.- Del escrito recursivo se corrió traslado a la contraria, y el recurso es contestado en tiempo, según consta a fs. 33 y siguientes de estos autos, y en el mismo se pide su rechazo en virtud de las razones que en el mismo se exponen, a las cuales nos remitimos en homenaje a la brevedad.

Oído el Ministerio Público, que se expide a fs. 38 a 39, a los fines de lo dispuesto en el art. 9 inc. 4º de la ley 4346, se llama autos para sentencia, providencia que se encuentra firme y consentida, razón por la cual procedo a emitir voto.

4.- En primer lugar, considero que en el caso de autos, estamos ante un recurso que no vá más allá de una mera disconformidad con el fallo en cuanto al mérito de la prueba y a la aplicación del derecho por el tribunal del grado, razón por lo cual, en principio, el recurso no puede ser acogido, puesto que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia fallos presuntamente equivocados, sino cubrir defectos graves del pronunciamiento, por apartamiento inequívoco de la normativa vigente o carencia de fundamentos.

Lo dicho es considerando el segundo de los agravios, conforme al escrito recursivo.

En cuanto al primero de ellos -o sea el que se relaciona con la falta de reclamo concretamente cuantificado del monto de indemnización de daño moral reclamado- a mi juicio no implica un reproche que pueda ser atendido, teniendo en cuenta que, de haber existido tal voluntad, el recurrente pudo haber estudiado o considerado la posibilidad de haberse allanado a la demanda, o plantear, en la pertinente audiencia conciliatoria, su morigeración. Tal paso pudo haberlo dado en cualquier momento antes de dictarse la sentencia, con sólo solicitarlo al tribunal de grado, en virtud del principio procesal de conciliación.

En lo que respecta a la falsa imputación de un delito, como forma de dañar, me parece que lo que el tribunal de grado ha merituado es la conducta del recurrente no como un mero proceder desconsiderado o falto de delicadeza, sino la ofensa inferida y la repercusión que provocó a los afectados al mansillar de alguna manera sus derechos extrapatrimoniales y una lesión a sus sentimientos, adecuado ello al criterio de moral media aceptada en el ámbito social en que ocurrieron los hechos.

5.- En cuanto al monto propiamente dicho, del resarcimiento fijado en el fallo que estamos compulsando, no me parece insólito, inusual o reprochable que el tribunal lo haya fijado, puesto que no existe una regla normativa que obligue sobre la fijación líquida al juzgador, y así se ha resuelto que, a los efectos de establecer el resarcimiento por daño moral, las facultades de los jueces son amplias por no haber normas expresas sobre el particular (cfr. La Ley, 1982-A-111; ED, 93-181).

Por otra parte, a los efectos de que se configure el ilícito por acusación calumniosa, no es necesario que el autor haya obrado con conocimiento de la falsedad y con intención de dañar, sino que es suficiente con que haya procedido con culpa o negligencia, y siendo que la denuncia penal incoada -que el recurrente en su momento ratificó ante el agente fiscal- ha debido producir una lesión a los derechos extrapatrimoniales de los afectados, resulta procedente la reparación del agravio moral.

Pero, no obstante todo lo expuesto, y teniendo siempre en cuenta que el juez no podrá desentenderse de las consecuencias efectivas de sus decisiones, pues ellas constituyen un índice seguro del acierto de la hermenéutica, y nada excusa la indiferencia de los jueces de la misión de dar a cada uno lo suyo, creo que el monto fijado por el a quo resulta excesivo, ya que, de acuerdo a constancias de autos, las víctimas no han sido del todo ajenas al hecho determinante de la denuncia, siendo así, el monto del resarcimiento debe morigerarse (La Ley, 1981-A-353), en un cincuenta por ciento, es decir, debe alcanzar la suma de Un mil seiscientos pesos, determinados a la fecha de la presente sentencia.

En cuanto a las costas de esta instancia -como así también las del tribunal de grado- teniendo en cuenta la particularidad de este pronunciamiento, deben ser impuestas por su orden.

6.- Los doctores del Campo, Valdecantos y Arnedo adhieren al voto del Dr. Tizón.

La Dra. María Rosa Caballero de Aguiar, dijo:

Tal como me pronunciara en reiteradas causas en la que como integrante de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial, debí expedirme sobre cuestiones similares a las planteadas en este recurso (Expte. Nº 2760/82, Eloy Soruco c/ Antonio Gutierrez; Expte. Nº A-57227/92 Tinte Facundo Pedro c/ Romero Marcos Antonio; Expte. Nº B-08.077/96, Nicolás Eudal Coro c/ Comisión Municipal de Pampa Blanca; Expte. Nº B-28.560/98 Raúl Manuel Burgos Prieto c/ Municipalidad de La Quiaca) entiendo que para la procedencia de la reparación del daño ocasionado por los delitos civiles tipificados por los arts. 1089, 1090 y ccs. del C. Civil, se requiere que por la acusación calumniosa se impute falsamente la comisión de un delito de acción pública, con conocimiento de la falsedad por parte del acusador, quien debe actuar en la especie con dolo (conf. Llambías, Obligaciones, T. IV-A pág. 142).

Es decir entonces, que para que la acción de indemnización de daños y perjuicios prospere por esta causa, debe acreditarse no sólo la falsedad de la imputación, sino que el denunciante ha obrado sin razón ni fundamento alguno y con pleno conocimiento de la inocencia del acusado.

Por lo expuesto, y demás fundamentos sostenidos por el dictamen fiscal de fs. 38/39, que hago míos, a los fines de evitar reiteraciones inútiles, voto para que se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad, y se revoque la sentencia impugnada, rechazando la demanda, con costas a la parte vencida, en ambas instancias.

Tal, mi voto.

Por ello el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,	Resuelve:

I) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos por Miguel Angel Amato.

II) Morigerar el monto de indemnización por daño moral y fijarlo en la suma de Un mil seiscientos pesos, a la fecha de esta sentencia.

III) Imponer las costas de la presente instancia por el orden causado y regular los honorarios profesionales del Dr. Miguel Angel Miguez Agras en la suma de Cuatrocientos cincuenta pesos, y el de los Dres. Federico Francisco Otaola y Héctor David Zamar en la suma de Trescientos pesos, para cada uno de ellos.

IV) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.