marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, trabajador autónomo, contrato de servicios
Materia: PENAL
Carátula: Ferder Alejo c/ Villaroel Ignacio s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-14

No explota un establecimiento comercial una persona que, como el demandado, ejerce, con fines de lucro, una profesión liberal, ya sea que lo haga individualmente o en conjunto con otros individuos que cuentan con idéntico título habilitante. Los abogados no realizan actos de comercio sino locaciones de servicios, en tanto la obligación comprometida en el ejercicio de su profesión es de medios y no de resultados, ello, claro está, a excepción de que se demuestre que complementan su actividad profesional con otra de tipo comercial, lo que no sucede en la lid. Por ende, y dado que no es posible catalogar como mercantil la actividad que desarrollan los profesionales del derecho, es evidente que quienes desempeñen funciones dependientes en sus establecimientos no resultan encuadrables en el C.C.T. 130/75. Incluso cuando pudiera decirse, por hipótesis, que los abogados sí llevan a cabo actos de comercio, la realidad es que tampoco a sus empleados les resultaría de aplicación la convención colectiva en cuestión, pues los estudios jurídicos -incluidos los unipersonales- no estuvieron representados en el pacto colectivo. No debe, pues, hacerse lugar al reclamo actor.
Cambio de tareas, derechos del empleador, facultad de dirección, ius variandi, subsistencia del contrato, igual remuneración por igual tarea
Materia: LABORAL
Carátula: D., R. B. c/ ENTRETENIMIENTO PATAGONIA S.A. s/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-04-06

El hecho de que la actora pueda haber cumplido ocasionalmente tareas propias de una categoría superior (supervisora), no genera de por sí ninguna situación distorsionadora del contrato de trabajo en su génesis ni en su cumplimiento (arts. 62, 63 de la LCT), ni tampoco se puede considerar ello como discriminatorio ya que precisamente son funciones normalmente desempeñadas por hombres. En concreto, la realización de esas tareas jerárquicas cumplidas ocasionalmente por razones de servicio encuadran perfectamente dentro de las facultades conocidas como poder de dirección del empleador, en tanto y en cuanto sean aceptadas por el trabajador y sean remuneradas idénticamente que para el resto de los supervisores. Esto no es lo mismo que considerar un derecho automático a la adquisición de un cargo de la jerarquía superior ni habilita la ruptura del contrato de trabajo toda vez que el principio rector es para ambas partes el de conservación del contrato y no el de la ruptura.
Contratos, cláusula penal, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: ARCOS CARLOS JOSE c/ JULIA  S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - CLAUSULA PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-22

La cláusula penal inserta en la oferta, representada por la totalidad de las sumas entregadas por el oferente, representa casi un 21% del precio total ofertado, lo que torna la pena desproporcionada y produce un enriquecimiento sin causa. Además no existe gravedad en la falta, pues el oferente ejerció el derecho de retractarse que le confiere la ley. Si a ello se agrega que las circunstancias del caso demuestran que la oferta firmada por el actor, lo fue en un formulario impreso en donde las condiciones las imponía la intermediaria, se llega a la conclusión , conforme las reglas de la sana crítica, que la multa pactada constituye una cláusula vejatoria que debe ser revisada. Resultan de aplicación al caso lo que prescriben los arts. 656 segunda parte y 1071 del Código civil. Es decir que el ejercicio abusivo del derecho de imponer y cobrar una cláusula penal surge: a) importe de ella totalmente desproporcionado con el precio total fijado en la oferta;

b) ausencia de la gravedad que determina el mencionado art. 656 in fine; c) que las condiciones de la propuesta fueron predispuestas por la intermediaria; d) que de mandarse a pagar la cláusula penal impuesta por la intermediaria, se produciría un enriquecimiento sin causa a favor de esta, lo que solo violaría las reglas de la buena fe sino que se vulnerarían los fines de la ley que permite establecer multas proporcionadas. Pero, al firmar la oferta, que luego retractó, no puede liberarse de pagar la pena, no por el monto excesivo convenido, sino por el que, conforme la ley se estima justo de acuerdo a la equidad, pues si bien suscribió la propuesta en un formulario redactado por la intermediaria, lo hizo con discernimiento, voluntad y libertad.

Una cosa es la reducción equitativa de la cláusula penal abusiva y otra es pretender liberarse totalmente de ella.

En atención a todas las circunstancias enunciadas, sería equitativo fijar la pena o multa en una cantidad que no llega al 6% del precio propuesto el día de la oferta.
Formación y sanción de la ley, facultades del Poder Ejecutivo, veto parcial, facultades del Poder Legislativo, promulgación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Famyl S.A. c/ Estado Nacional s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

Si el Poder Ejecutivo observó válidamente una disposición que, por lo tanto, no se convirtió en ley, la discrepancia entre las cámaras del Congreso en cuanto a la insistencia sobre el punto obsta a que tal efecto se produzca del modo previsto en el art.

83 de la Constitución Nacional, y resulta inválida la promulgación de una norma inescindiblemente vinculada a ella.
Contrato de obra pública, mayores costos, pliego de bases y condiciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Industriales y Civiles S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 372 Año 1986 y acumulado C.S.J. Nro. 567 Año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-07-08

No resulta ajustada a los hechos de la causa la afirmación consistente en que fue la repartición "la que no permitió" la inclusión del gasto financiero de modo desagregado , desde que la fórmula de reconocimiento de variación de costos figura en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Y aún cuando el caso ofrece la particularidad de que la Administración, durante la ejecución del contrato, adoptó un nuevo sistema de variación de costos -la fórmula polinómica aprobada por la resolución 1241/83 de la DIPOS-, se trata de un elemento que no altera lo considerado, por cuanto tampoco en esta nueva fórmula el factor financiero se encontraba desagregado. En tales condiciones, no es posible con posterioridad a la firma del contrato pretender el reconocimiento de cualquier modificación en las tasas como si se tratase de cualquier otro costo, puesto que en relación a éste en particular las partes se sujetaron a una modalidad que, en principio, no reconocería variaciones.
Emergencia sanitaria, coronavirus, decretos nacionales, libertad de circulación, Estado Provincial, protocolo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Habeas corpus plurindividual c/  s/ habeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Formosa
Fecha: 2021-03-19

Corresponde ordenar a la Provincia de Formosa que, a través de las autoridades competentes, debe dictar en el plazo de 72 horas un nuevo protocolo que se adecue al Decreto Nacional 168/2021 y a los derechos allí resguardados, como así también que disponga los aislamientos sólo para los casos que la propia norma ejecutiva autoriza, lo contrario significaría una vulneración de garantías constitucionales y convencionales.
Locación de inmuebles, fianza, fiador, obligaciones del fiador, principal pagador liso y llano
Materia: CIVIL
Carátula: RIGESTI, MYRNA GLORIA c/ VENIER DE RUMI, JUANA MERCEDES s/ SUMARIO - LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-27

Las convenciones en las que se establece que la fiadora se obliga en forma solidaria como "lisa y llana pagadora" por todas las obligaciones contraidas por el locatario, hasta tanto la locadora recuperara la tenencia del inmueble desocupado y a su entera satisfacción, han sido interpretadas en el sentido de que la garantía cubriría más allá del término pactado por el tiempo que el locador necesitara para lograr la vía judicial la desocupación del inmueble. Esa solución, equitativa, a tenor de lo pactado, pierde virtualidad cuando no media la resistencia del locatario, máxime si el locatario se vio obligado a consignar judicialmente las llaves, y lo hizo en el marco de un proceso en el que la locadora había demandado anticipadamente el desalojo, luego de haberse allanado expresamente y en tiempo propio de esa acción, el día preciso en que concluía el tiempo pactado para la locación, previa intimación que cursara días antes del vencimiento, y sin que posteriormente mediara objeción alguna de aquélla en torno a las condiciones de la entrega y desocupación.-
Retiro militar, jubilación por invalidez, haber de retiro
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ORDENES, ROBERTO C. c/ ESTADO NACIONAL (ARMADA ARGENTINA) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-13

La razonable interpretación que procede atribuir al régimen de la ley 14.777 (art. 76, inc. 3, ap. a), lleva a aceptar que el monto del haber por invalidez plena que establece no puede, en el momento hacerse efectivo, ser groseramente inferior al haber mínimo que en la legislación previsional general se reconoce en favor de quienes se encuentran en la misma situación.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pereyra, Jorge Raúl c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

La deficiencia de motivación de un acto administrativo, en violación incluso de la norma positiva aplicable, torna irrazonable el acto e invalida la sanción aplicada.
Fuerzas Armadas, daños y perjuicios, derechos y garantías constitucionales, fallos de la Corte Suprema, conscriptos, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCHEZ, FRANCISCA LUJAN (EN REPRESENTACION DE SU HIJO MENOR WALTER RAMON) c/ ESTADO NACIONAL -MINIST. DEF.- ESTADO MAYOR GRAL. DEL EJERCITO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-04

En la inteligencia de la Corte Suprema, la garantía del art. 16 de la ley fundamental no impide que se contemplen en forma distinta situaciones diferentes "... Con tal que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas, aunque el fundamento sea opinable ..." (Fallos: 305:823), siendo que, además la carta magna "...No consagra derechos absolutos, insusceptibles de razonable reglamentación, dependiendo la racionalidad de esta de su adecuación al fin perseguido, no siendo pasible de tacha constitucional en tanto no tenga base en una iniquidad manifiesta ..." (Fallos: 305:831). Así, en la reforma de la ley 22.511, en mi criterio, la desigualdad de trato deviene evidente con la significativa diferencia de apoyo económico entre el personal disminuido en las del 66% -sea o no voluntario- y solo los conscriptos de menor incapacidad. Esta situación hubiera exigido una causa objetiva o razón sustancial de inequívoca existencia, la cual no puede ser referenciada en obtener "... Una sensible disminución del costo de la pasividad militar ..." Como se consigna en la nota de elevación al poder ejecutivo nacional. La distinción así operada carece de razonabilidad, y vulnera la garantía de igualdad y se aparta del derecho a una justa compensación al no resultar de carácter integral, violando expresas disposiciones constitucionales -art. 14 Bis, 16 y 28 de la constitución nacional-.
Recurso extraordinario, jurisdicción y competencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MARTA ELENA FELCHLEIN DE PERDIGUERO s/ PROCEDENCIA  DEL RECURSO EXTRAORDINARIO- JURISDICCION Y COMPETENCIA-  COMPETENCIA FEDERAL- CAUSAS EN QUE LA NACION ES PARTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

Si bien, como regla, las resoluciones que deciden cuestiones de competencia no son apelables por la vía del art. 14 de la ley 48, en el caso el recurso es procedente en virtud de la denegación del fuero federal.
Acto administrativo, nulidad del acto jurídico, empleados públicos, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sánchez, Francisco Jesús c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 282-79)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-05-10

El dictado de un nuevo decreto de cese que no sólo estableció nuevas motivaciones a las del anterior, sino que se pronunció expresamente sobre la baja "ratificándola" por "razones de servicio", al margen de si -en rigor- constituye una "anulación", "ratificación", "modificación", etc., es claro que afectó al contenido total del anterior (no sólo a sus motivaciones), importando el dictado de un nuevo cese, esta vez con fundamentos en la ley 7859 y con efectos retroactivos a la fecha del primero.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba, absurdo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: AYALA GILES PATRICIA LILIANA Y OTRO c/ MESTRE RAUL JOSE Y OTRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-12-14

La prueba no es -en principio- examinable en casación; pero ello cede de manera excepcional en el caso del absurdo que presenta dos facetas, la formal cuando se han violado las leyes de la lógica y la material cuando se ha errado en la valoración de la prueba. Para que cualquiera de éstos defectos se cristalicen en la realidad, el vicio debe ser intolerable, inadmisible, disparatado pues no cualquier decisión injusta o equivocada puede ser considerada absurda.
Justicia municipal de faltas, recurso de nulidad, apelación en subsidio, aplicación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: T, O. H. s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-10

En materia de faltas, conforme la legislación vigente, resulta procedente el recurso de nulidad, no como planteo o instancia previa, sino que se interpone directamente contra las resoluciones en que procede el recurso de apelación y se deduce conjuntamente con éste (artículos 25 y 28 de la Ley de Procedimiento de Faltas Nro. 19.690). (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable, horas extra, jornada de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PRITULUK, JORGE RICARDO c/ AVIPAR S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2022-12-20

La sentencia impugnada merece ser descalificada como acto jurisdiccional válido desde que, para confirmar la sentencia de Primera Instancia en relación al rechazo de las horas extraordinarias reclamadas, el A quo consideró lo sentenciado por esta Corte en "Ogolma" en el entendimiento de que se trataba de un precedente de similares aristas al presente, sin embargo se advierte que en aquél, lo reclamado consistía en las horas extraordinarias no remuneradas a un vigilador en la modalidad de horarios rotativos, mientras que en el caso bajo estudio tanto en la demanda como en el recurso de apelación, la recurrente efectuó una distinción en relación a su segundo período de trabajo, en el cual su jornada laboral se había desarrollado en turnos fijos. - CITAS: CSJStaFe: Ogolma, AyS T 304, p 300/312.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, incapacidad, acción, prescripción
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: DELGADO PEDRO MARCOLINO c/ E.P.E.C. s/ INDEMNIZACION  - RECURSO  DIRECTO  - CASACION LABORAL - ACCIDENTE DE  TRABAJO - ENFERMEDAD ACCIDENTE - INCAPACIDAD  - ACCION - PRESCRIPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-05-11

El dictamen en que se apoya la resolución de la caja de jubilaciones,en virtud de la cual se otorga el beneficio en forma provisoria, es hábil al efecto, si admite la imposibilidad de sustituir tareas o actividades habituales, por generar una expectativa razonable sobre el carácter permanente de la incapacidad, corroborado en el pleito con la demostración de la transformación en definitiva del beneficio otorgado de modo provisorio. En tal caso, el conocimiento efectivo por parte del trabajador de su grado de incapacidad se produce en la fecha de notificación de la resolución por la que se concediera el beneficio jubilatorio, dictada en base a la junta médica, cuyo dictamen no le había sido notificado con anterioridad.
Vicios redhibitorios, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Casa Niccolini S.A. c/ Martín, Orlando s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-16

Las acciones reguladas a las resultas de los vicios internos de la cosa vendida, que no pudieran haberse percibido por el reconocimiento que se hiciera al momento de la tradición, prescriben sin remedio al vencer el plazo de seis meses contados desde el día siguiente al de la entrega de la cosa, contemplado en el art. 473 del Cód. de Comercio.-
Jueces, control de constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ACIBIS S.A. s/ Incidente de -cuestión de competencia art. 6º C.C.A.- Veraquel S.A. c/ Municipalidad de Mercedes s/ Demanda contencioso administrativa Lago, Jorge c/ Prov. de Bs.As. s/ Expropiación inversa. Cuestión de competencia art. 6¦ C.P.C.A. Lago, Jorge c/ Prov. de Bs.As. s/ Expropiación inversa. Cuestión de competencia art. 6¦ C.P.C.A. Lago, Jorge c/ Prov. de Bs.As. s/ Expropiación inversa. Cuestión de competencia art. 6¦ C.P.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-25|2002-03-20|2001-09-12

La competencia originaria que la Constitución de la Provincia atribuye a este Tribunal para resolver demandas de inconstitucionalidad no se ve afectada, dado el sistema de control difuso de constitucionalidad que impera en nuestra organización institucional, cuando el planteo de inconstitucionalidad es realizado por vía de excepción o defensa en el ámbito de cualquier proceso judicial, terreno en el cual -por virtud del señalado sistema- resultan competentes los jueces ante quienes el cuestionamiento se hubiere efectuado (arts. 57, 161 inc. 1º y concs.

de la Const. provincial). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Deberes procesales, inconducta procesal, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: Paz, Néstor Rubén c/ Koser, Guillermo Horacio s/ Escrituración -Sumario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-04

Para la eventual aplicación de la multa por temeridad y malicia no basta el elemento objetivo de la pretensión o defensa que a la postre no prosperan, sino la acreditación cabal del elemento subjetivo de la deliberada actitud que la normativa sanciona.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL. PROCESAL
Carátula: SAN GABRIEL SRL c/ COLGATE PALMOLIVE SA s/ DEMANDA ORDINARIA-DAÑOS Y PERJUICIOS.RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD  (CSJ EXPTE Nº 174-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-10-01

El pronunciamiento recurrido, en tanto hizo reposar su decisión de no acoger los agravios de la demandada referidos a la pericial contable, en la ausencia de mantenimiento del recurso de nulidad y de solicitud por parte de aquélla de apertura de la causa a prueba, rehusándose -con tal excusa- a adentrarse en las objeciones formuladas por la demandada, es reprochable por cuanto ha marginado la exigencia de que las sentencias deben tener motivación suficiente; y esa carencia de fundamento genera una transgresión constitucional que ha de ser reparada por la vía constitucional.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, obligaciones de las partes, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: BAYUGAR GRACIELA B. Y OTRO c/ AGENCIA DE TURISMO Y/U OTRO s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC. -  CASACION LABORAL -
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-10-30

La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) contiene a lo largo de su articulado diferentes sistemas tuitivos de los derechos del trabajador, que buscan equilibrar la natural desigualdad existente entre obreros y empleadores, procurando también evitar situaciones fraudulentas o abusivas en perjuicio del trabajador.

Uno de dichos sistemas está constituido por la solidaridad que impone el régimen laboral a determinados sujetos respecto de las obligaciones laborales que, en principio se encuentran en cabeza del empleador, así los arts. 29 a 31, 225, 228 y 229 de la L.C.T.. Se produce, de esta forma, una relación triangular compuesta por una parte por el trabajador (acreedor), por la otra el empleador (o deudor directo) resultando el tercer componente el deudor solidario (o vicario).
Accidente ferroviario, contrato de transporte, responsabilidad de la empresa ferroviaria, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: IBARRA, Elsa Noemí c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-03

La obligación de la empresa respecto a transportar ileso al usuario reclama en contrapartida que éste no vulnere, a conciencia y temerariamente, las disposiciones dictadas precisamente para su seguridad, pues el alzamiento contra este deber material y jurídico no suscita derechos para el infractor.

La presencia y funciones del personal de guardia o vigilancia, lo es fundamentalmente a efectos del servicio, sin extenderse al cuidado subjetivo y obligatorio de personas capaces que, a sabiendas, desnaturalizan o niegan las condiciones del transporte.

Las trágicas consecuencias de la imprudencia de la víctima al viajar en el techo de los vagones no pueden serle imputables siquiera parcialmente al riesgo creado por la actividad a la empresa de ferrocarriles, pues esa gravísima imprudencia se revela como la única causa eficiente del evento dañoso.
Acción de amparo, plazo de gracia, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRANZA, ANALIA SUSANA c/ ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL BANCO OFICIALES NACIONALES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-06-29

El "día de gracia" de manera alguna atenta contra el trámite del proceso de amparo, por el contrario se "adapta" sin forzamiento alguno al procedimiento estatuido por la ley 10456. Proponer la tesis contraria importa cercenar un instituto que ha sido consagrado para apuntar la regla de economía procesal y, lo que es más importante, para asegurar el derecho de defensa.
Astreintes, muerte, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COFONE, EMILIO c/ A.N.Se.S. s/ Interrupción de prescripción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-10

Corresponde dejar sin efecto la imposición de astreintes decretada en autos cuando, conforme lo informado por el organismo -que no fue cuestionado por la contraparte-, el beneficio fue dado de baja por deceso del actor, sin que existieran titulares con de-recho a pensión derivada. (Del voto del Dr. Laclau al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Santillán, Omar Emilio c/ Banco Local Cooperativo Ltdo. s/ Daños y perjuicios Ponce, María Liliana c/ Cudicio, Héctor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-20|1993-11-23

Es posible la sentencia civil condenatoria, pese a la absolución penal ya que esta última hace cosa juzgada en lo civil cuando excluye completamente la existencia del hecho, o declara probado que el acusado no fue su autor ni participó en él; en cambio, si la sentencia lo absuelve por razones diversas de éstas, no hay obstáculo a la acción civil de daños.