marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente ferroviario, obligaciones del transportador, obligación de seguridad, responsabilidad del transportador
Materia: CIVIL
Carátula: TACA, DORA ESTHER c/ F.F.A.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

Las empresas transportadoras no pueden ampararse en la crisis del transporte para disminuir o excusar su responsabilidad, cuando se trata de la seguridad de los pasajeros y están obligadas a organizar el orden, vigilar los actos e impedir los desmanes y los hechos ilícitos en los lugares en donde cumplen jurisdiccionalmente sus funciones monopólicas.

La ley de ferrocarriles de 1891, no sólo estatuye en el art. 65, último apartado, que en casos de accidentes incumbe a las empresas probar que el daño resulta de caso fortuito o fuerza mayor estableciendo la inversión de la carga de la prueba, sino que en el art. 11 estatuye la siguiente obligación: "toda empresa deberá tener en las estaciones, en los trenes y en todo el trayecto del camino, de día y de noche, desde que empiece hasta que termine el movimiento diario, el número de empleados que fuese necesario para que el servicio se haga con regularidad, y sin tropiezos ni peligros de accidentes".

De manera que la obligación de seguridad resalta especialmente esa necesaria vigilancia para evitar las patotas, merodeadores, rateros y personas que siendo pasajeros o no, se conviertan en elementos del accidente. Hay un rigorismo de responsabilidad y control establecido en la ley aplicable. Se extiende, por cierto, a los andenes de las estaciones, como surge de su letra para prevenir en ellos de esa forma el "peligro de accidente".

Esa obligación se complementa con el derecho y obligación que surge también de la segunda parte del art. 35, que dice: "Las empresas tendrán el deber de no aceptar en los trenes y estaciones o expulsar de ellos a las personas que por su estado molesten al público, que llevasen armas de fuego cargadas o no quieran sujetarse a los reglamentos...". Esta especie de policía ferroviaria del orden y seguridad, naturalmente que comprende una vigilancia activa, para evitar que personas y delincuentes cometan cualquier tipo de delitos.
Sentencia penal, sentencia condenatoria, proceso penal, acción civil, jueces, facultades del juez
Materia: PENAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: A., H. c/ M., C. F. s/ FIJACION MONTO LIQUIDACION     CONFLICTO NEGATIVO DE COMPENTENCIA      EXPTE NRO 493-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-05

Mientras el derogado artículo 571 del Código Procesal Penal no ponía coto alguno a la aptitud del Juez Penal para la efectivización de la condena civil, es precisamente el espíritu opuesto el que inspira la actual regulación, ya que el artículo 575 introducido por ley 9181 (publicada en el Boletín Oficial del 24 de marzo de 1983), limita la intervención excepcional del fuero criminal, ordenando la concurrencia del particular al fuero común, para que allí se haga efectiva la condena y se diriman las contiendas que sobre su ejecución puedan suscitarse entre condenado y actor civil.
Honorarios, juicio ejecutivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: MONTES    CARLOS  MARIA  EN:  "ZAYA  AGUSTIN  -CONCURSO PREVENTIVO-" s/ INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-07-29

La circunstancia de que conforme a la jurisprudencia imperante, se haya rechazado la verificación del crédito principal que se intentara ejecutar en un proceso ejecutivo, al no haberse acreditado la causa de la obligación, no impide al juez del concurso analizar independientemente la procedencia del crédito por honorarios devengados en ese proceso, siendo que tiene una causa distinta y claramente establecida emanada del trabajo profesional. Cabe señalar que los trabajos profesionales que se invocan como título del crédito fueron cumplidos, antes de la apertura del concurso.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Conforti, Ignacio y ots. c/ Escaffit de Cavalleti, Dora s/ Usucapión Castro, José c/ Ochoa, Luis s/ Daños y perjuicios Fraisman, Pacual c/ Dávila, Claudio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24|1996-06-20|1996-07-02

Si el proceso está pendiente del cumplimiento de una medida para mejor proveer ordenada en forma previa al llamamiento de autos para dictar sentencia, el impulso de aquél hacia su fin natural depende de la actividad de las partes, situación a la que debe asimilarse la de suspensión del "llamamiento de autos para dictar sentencia" para el cumplimiento de una medida para mejor proveer.
Delitos contra la humanidad, procesamiento, prisión preventiva
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Milani, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús - N.N. - Santacroce, Alfredo Solano - Ganem, Roberto Reynaldo c/  s/ Imposición de tortura agravada (art. 144 ter. inc. 2)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2017-07-31

Corresponde confirmar el procesamiento y prisión preventiva, en orden a los delitos de privación ilegal de la libertad, allanamiento ilegal, imposición de tormentos y asociación ilícita cometidos durante la última dictadura militar, impuestos al imputado dado que la prueba reunida ha permitido tener por acreditado que los hechos denunciados habrían sucedido en las circunstancias descriptas por el Juez Federal a quo siendo el encartado, en principio, responsable de los delitos atribuidos.
Sentencia condenatoria, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORTI J. H. c/ SINDICATO UNIDO TRABAJADORES DE LA EDUCACION s/ Ordinario (LIBRO: S073 - 194)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1984-12-19

"... ya sea de responsabilidad contractual o extracontractual, para que haya condenacion no basta acreditar la violacion del contrato o de la ley si no se prueba ademas la existencia de un dano cierto, prueba que incumbe a quien dice haberlo sufrido, no pudiendo presumirse su existencia. Por lo mismo tanto doctrina como jurisprudencia se han expedido sosteniendo que el reclamo del rubro danos y perjuicios debe hacerse sobre una base cierta, real y no sobre una perdida probable o hipotetica. El dano no se presume, la posibilidad abstracta de un perjuicio...".-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Val, Jorge Armando c/Santos Héctor c/ Santos, Inés de Santos y ot. s/ Colación de bienes. Incidente de ejecución de honorarios Mosca, Angel R. y otro c/ Ferro, Hipólito y otra s/ Daños y perjuicios Murúa, Angélica Yolanda c/ Persa Bahía S.A. s/ Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30|1994-08-23|1995-05-03

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que discute la procedencia de un agravio que no fue considerado por la alzada en base al art. 272 del Código Procesal Civil, y no cuestiona esa conclusión.
Remisero, Comisión Nacional del Transporte Automotor, acción de amparo
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE REMISES c/ COMISION NACIONAL- TRANSPORTE AUTOMOTOR s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-06

La CONTA es la autoridad de aplicación del decreto 656/94 (Confr. lo establece el art 5 y decreto 104/93), por lo que se impone concluir que actúa en el concreto ámbito de su competencia y de acuerdo a las prescripciones que emanan de aquella normativa. La tesitura relativa a que ésta sólo regula el quehacer de los remiseros asentados en las estaciones portuarias y aéreas carece de sustento puesto que al tratar de los servicios de oferta libre expresamente contempla el caso de servicios contratados, entre los cuales se encuentran los prestados por aquellos transportistas y una persona jurídica o física mediante la concreción de un contrato de traslado fijándose el origen y destino. Pero tales cuestiones, si se quiere opinables, necesitan una amplitud de debate que excede el ámbito de la acción de amparo (art 2 de la ley 16986).(Del voto de la Dra. Porta, en mayoría).
Recurso de casación, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: Recalde, Eduardo y otro en j: Recalde, Eduardo y otro en j: Giannoni, Mario O. y otro s/ Título supletorio - Regulación - Casación (Libro: S062-234)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-09-07

Si bien entre los efectos de la caducidad está el de que la acción pueda ejercerse nuevamente (ap. V, art. 80 cód. cit.), ello se refiere al motivo del pleito en sí, a la cuestión en litigio o acción ejercitada, el que pueda renovarse nuevamente, pero no con respecto a la perención cuando se admite, la que asume carácter de irrevisible y por lo tanto asiste a la parte que se considera perjudicada el derecho de obtener su reexamen mediante la acción del recurso de casación.
Carga de la prueba, accidente de tránsito, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: NAZAR EMILSE SALOME c/ VILLAFAÑE ANTONIO ANGEL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-06-29

La regla general a fin de establecer la carga del onusprobandi, ésto es, de la demostración de los hechos constitutivos, incumbe a quien afirma la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico, probando el presupuesto de hecho de la norma que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Así, en los casos de responsabilidad objetiva -como ocurre en el caso-, por aplicación del precepto legal establecido en el art. 1757 del CCyCN se aplica una presunción de causalidad determinada por el factor de imputación objetiva pero que puede ser enervado en los supuestos de hecho de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.
Acción de amparo, admisibilidad formal, caducidad
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Salerno, Osvaldo Domingo c/ Banco del Chubut SA y Otro s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-02

El amparo, como cualquier otra demanda propuesta a consideración judicial, puede y debe ser sometida "ab initio" al examen de admisibilidad y procedencia formal independientemente de la pretensión contenida, pudiendo por ende ser desestimada cuando se ha producido la caducidad de su posibilidad de ejercicio.
Lealtad comercial, contrato de publicidad, multa administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Nordeste Construcciones SA (TF 16604-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-04

La Dirección Nacional de Comercio Interior puede imponer a una razón social una multa por infracción al art. 8 en concordancia con el art. 2 de resolución 7/2002 reglamentaria de la ley 22.802 de Lealtad Comercial si en un aviso publicado en un diario omite indicar el precio total de contado en dinero en efectivo, la razón social del oferente junto con su domicilio en el país y expresar el precio en moneda de curso legal y forzoso de la República Argentina.
Rechazo del reclamo, continuación del proceso judicial, recurso de inconstitucionalidad, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Rodríguez González, Miguel Ángel s/ 14 1° párr. - tenencia de estupefacientes CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-19

El recurso de queja no puede prosperar pues no cumple con uno de los requisitos propios de esta instancia de excepción como lo es la acreditación de un caso constitucional (art. 26, ley 402). Las normas constitucionales que enuncia para sustentar su pretensión ante este Tribunal para que revise el rechazo del acuerdo de avenimiento dispuesto por la Cámara de Apelaciones no fueron debidamente conectadas con lo decidido en el caso ni explica por qué aquellas exigen interpretar de una manera distinta las prescripciones del código procesal que reglamentan el instituto del juicio abreviado y el control que le cabe al juez frente a la presentación de un acuerdo. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Gestor judicial, ratificación de actos procesales, aplicación supletoria de la ley, falta de ratificación, nulidad procesal, vencimiento del plazo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Valdez, Miguel Alejandro s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-12

El ordenamiento procesal civil y comercial resulta aplicable en forma supletoria al proceso penal siempre que sus normas no contradigan la específica materia procesal penal, por lo que corresponde admitir la figura del gestor judicial -tanto para los delitos de acción pública como de acción de ejercicio privado- para salvaguardar el derecho que poseen las partes de recurrir los decisorios contrarios a sus intereses y las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio. El recurso de hecho deducido por el letrado patrocinante del querellante, no ha recibido la ratificación de este último dentro del plazo perentorio de cuarenta días hábiles establecido en el artículo 48 del C.P.C.C., condición resolutoria a la que se encontraba sujeta la gestión efectuada por el abogado en nombre del querellante. Por ello, lo actuado por el letrado patrocinante resulta manifiestamente nulo y dicha sanción opera ipso iure, puesto que el referido art. 48 no requiere de intimación previa para que se produzca dicha consecuencia procesal. (Voto de los Dres. Mitchell, Fégoli y David).
Medidas cautelares, embargo preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: HECTOR VERA c/ ENRIQUE TAPIA REYES s/ PREPARA  VIA EJECUTIVA POR COBRO DE ALQUILERES  EXPTE. N. V-11901-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-05-31

Al no haber recurrido el afectado en oportunidad de la ejecución del secuestro del rodado, han quedado consentidas todas las medidas decretadas por imperio del principio de preclusión procesal, vedando entonces a la parte embargada reclamar por vía incidental el levantamiento de las medidas cautelares trabadas sin acreditar que haya variado la situación fáctica existente al momento de decretarse la misma.
Condominio, valor locativo, canon locativo
Materia: CIVIL
Carátula: RUD LUZ MONICA c/ YUFIT DE RUD ROSA s/ FIJACION DE VALOR LOCATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-17

El canon en concepto de valor locativo es exigible desde el momento en que fue reclamado, ya que por el tiempo anterior debe considerarse que existe consentimiento tácito a la ocupación gratuita (conf. CNCiv. Sala E, c.272.349 del 24-7-81 y doctrina allí citada). Pero esa exigencia, para que produzca los efectos queridos, ha de ser recepticia, y hasta tanto no sea fehacientemente conocida por sus destinatarios no puede dar lugar al nacimiento de ningún derecho para quien la realiza. El condómino o coheredero que ocupa la cosa común ejerce sobre toda ella un derecho que le es propio y, mientras no conozca la voluntad de los demás comuneros de ejercer el igual derecho que éstos tienen, nada les debe.
Derecho procesal, costas, allanamiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BANCO  ITAU  ARGENTINA  SA c/ BEARZI  JORGE  OSVALDO Y OTROS s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29

Procede imponer las costas en el orden causado cuando -como en el caso- la actora se allanó a la defensa de incompetencia en forma real, incondicionada, oportuna, total y efectiva en los términos del Cpr: 70. Ello al configurarse la situación excepcional acontecida durante el transcurso de la litis con el dictado de un fallo plenario ("Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores" (expte. S. 2093/09) del día 29.06.11), que impidió la prosecución del pleito y ante un allanamiento incondicionado respecto de la competencia de esta jurisdicción por el nuevo criterio en materia de competencia del mentado plenario, asimilable el caso a una cuestión dudosa de derecho.

(En el caso, la actora se allanó a la defensa de incompetencia y requirió la eximición de costas con base en que la jurisprudencia plenaria sobre competencia del fuero comercial en supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores, fue dictada encontrándose en trámite el mandamiento de intimación de pago librado en el expediente).
Publicidad de los actos de gobierno, secreto de Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur -Proconsumer- c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar de No Innovar. L.A. N 53 F 305/320 N 94 del Sur -Proconsumer- c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar de No Innovar. L.A. N 53 F 305/320 N 94
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-10-29

La publicidad de los actos de gobierno es la regla y el secreto la excepción, el que -como tal- deberá siempre ser aplicado con carácter restrictivo, a fin de preservar el principio republicano de gobierno. Reserva que, además, deberá establecerse y fundamentarse en cada caso concreto, en que así se establezca.

En ése sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha establecido que "la forma republicana de gobierno que adoptó la Nación Argentina a través del texto constitucional requiere de la publicidad de sus actos, sin perjuicio de aquellos que resulten de necesaria reserva o secreto, situación que corresponde evaluar, en cada caso concreto, al organismo oficiado, sin descartar el posterior control judicial" (Fallos 322:2139).
Registro de marca, marcas confundibles, cotejo de marcas, finalidad de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Laboratorios Bagó  S.A. c/ F. Hoffmamn - La Roche Co. s/ Opos. reg. marc
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-02

Conviene puntualizar que las marcas deben ser claramente distinguibles, procurando determinar, mediante un examen razonable, si la percepción de una marca trae el recuerdo de la otra y posibilita de ese modo eventuales confusiones; cuando coparticipan de diversos elementos las partes disímiles deben tener una fuerza tal que contagie a los conjuntos característicos peculiares de fácil diferenciación no siempre la disimilitud de las raíces se eleva al rango de factor decisivo del conflicto ni tampoco alcanza ese rango el hecho - en el caso, de cierta duda - de que un signo posea un sentido evocativo, aunque éste sea por lo común un elemento importante. En esta materia es regla - impuesta por el buen sentido - que conviene, por consultar mejor los fines de la Ley de Marcas, estar más a las semejanzas que a las diferencias. Dos principios que no por repetidos es superfluo recordar; a) que basta la posibilidad de confusión en uno de los campos del cotejo para que se justifique cohibir la coexistencia marcaria y b) que, en caso de reflexiva duda sobre la solución, debe preferirse la marca registrada.
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: D'Amico, Juan Carlos o D'Amico, Domingo Julio César o Llanes, Julio César s/ Robo automotor agravado por el uso de arma en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

El art. 38 del decreto ley 6.582/58, ratificado por la ley 14.467, no transgrede los arts. 14, 18, 28 ni 31 de la Constitución nacional. Las reglas de los arts. 28 y 31 actuarían en la especie en función de otras normas constitucionales de manera tal que autorizara resolver que la ley altera los "principios, garantías y derechos" custodiados por el art. 28 dañando, en consecuencia, la supremacía constitucional a que se refiere el art. 31, pero no se advierten tales transgresiones, ni se percibe relación entre los arts. 14 y 18 y el tema de autos.
Juicio abreviado, deber de imparcialidad, apartamiento del juez
Materia: PENAL
Carátula: Castro, Martín Miguel s/ condena c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-18

En los casos en los que no se convalida un acuerdo de juicio abreviado, la regla general es el rechazo y apartamiento del tribunal o juez que así resuelve en atención a la imparcialidad con la que debe obrar frente al caso, la que se ve comprometida si, previamente, tuvo que evaluar un acuerdo de juicio abreviado a punto de considerar que debía rechazarse. Ello solo puede ocurrir en caso de que el tribunal considere que el asunto requiere, para ser resuelto de tal modo, un mayor conocimiento o que se discrepe fundadamente con la calificación asignada (inc. 3°, art. 431 bis, CPPN). Sin embargo, no es lo ocurrido cuando se resuelve la invalidez del acuerdo presentado si ello se debió exclusivamente a la voluntad del acusado por considerarse inocente de la imputación, de modo que al no haber sido ratificado por el propio imputado, lo presentado carece de toda clase de efectividad como acto procesal válido con algún efecto remanente para apartar a la jueza que estaba interviniendo o para que la fiscalía mantenga el mismo monto de pena ofrecido (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Días)
Falta de personería, mandato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marangoni, Eduardo Daniel c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos y Estado Provincial s/ Demanda Contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-28

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1936 del Código Civil, la ratificación del mandante purga la carencia o insuficiencia defectuosa de representación al comparecer el actor por derecho propio, bajo patrocinio de letrados y ratificado lo actuado por los profesionales que carecían de mandato para promover la demanda respecto del I.O.S.P.E.R., ha subsanado, si bien con posterioridad al planteamiento de la excepción en tratamiento, el defecto que sirviera de fundamento a la misma.
Compraventa inmobiliaria, oferta, retractación de la oferta, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: RINALDI, Norberto c/ MAMMANO DE CORNILLON, Grazia s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-13

En los supuestos en que deben resarcirse los daños y perjuicios como consecuencia de una compraventa frustrada la indemnización tiende a colocar al acreedor en condiciones de adquirir el inmueble cuya compra se frustró por razones que no le fueron imputable. Este cumplimiento por equivalente al que se condena a la vendedora consistirá en el pago del "mayor valor" del inmueble en relación con el precio fijado en el boleto que representa el valor al tiempo del contrato. Es decir, la diferencia entre el valor actual y el precio de compra originarios actualizados, ambos referidos al momento de la sentencia que fija los daños. Este criterio otorga satisfacción al principio de la reparación plena, pues coloca al comprador en la misma situación en que se habría encontrado de haberse llevado a cabo la escrituración prometida, asignándole la suma de dinero necesaria para que pueda adquirir un bien similar del cual fue privado (conf. CNCiv. Sala G.R.268.312 del 23/12/80; id.id. E.D. 92 792; id. Sala lB, E.D. 73-724;id. Sala C; E.D. 66-525; Morello, "El boleto de compraventa inmobiliaria", págs. 581 y sigts. y 586/90;

Llambías, "Tratado de Derecho Civil Obligaciones", t. I nro. 242 pág. 296/7).-
Tasas de interés, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañía Naviera Perez Companc S.A. C.I.F.I.M.A. s/ Recurso de inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-10-10

La tasa de interés del 15% sobre la suma actualizada desde el 31 de octubre de 1988 hasta el 31 de marzo de 1991, está dentro de las facultades discrecionales de los jueces de grado, sobre todo durante el período de inestabilidad económica en que vivió el país en gran parte de dicho lapso. Dicha tasa no excede el marco de lo normal para dicho período, teniendo en cuenta la naturaleza de la causa, no siendo una arbitrariedad de la Cámara la fijación de los mismos.