Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-08-12


Paraná, agosto 12 de 1998.

Resulta: En la audiencia plenaria intervino como fiscal general, el titular ante este tribunal doctor Roberto M. López Arango, mientras que asistió a César H. Fabricius y Marcelo R. Beltrame en sus defensas técnicas, la defensora pública oficial doctora Amankay Martinelli de Quiroga, en tanto que Celso A. Meichtry y Carla E. Puertas fueron defendidos por los defensores particulares doctores A. D. B. E y H. H. B.

Se le imputa a Celso A. Meichtry y Carla E. Puertas -conforme al apart. II-A de la requisitoria de elevación a juicio de fs. 644/650- que el 22 de junio de 1997, aproximadamente a la hora 2:50, en oportunidad que personal dependiente de la Policía de Entre Ríos -Dptal. Villaguay- al allanar el domicilio ubicado en Hermelo ... de esta ciudad, lugar de residencia de ambos imputados, encontró en el dormitorio de la finca arriba de una cajonera, entre otros objetos, un cuchillo con mango negro y de hoja ancha con manchas claras y restos de una sustancia blanquecina, un caño de bolígrafo transparente con restos de sustancia blanca en su interior, un plato de vidrio con vestigios de un polvo blanco que resultaría cocaína, un canuto de papel con idénticas características, una hoja de Gillette Plus con restos de una sustancia blanca en el borde de sus filos y trozos de bolsas de nylon transparente de distintos colores. Hallaron además en una sala de estar y debajo de un sombrero de paja que se encontraba colgado en la pared de un hogar o estufa, dos envoltorios de nylon atados que poseían una sustancia blanca en forma de polvo que resultó ser clorhidrato de cocaína y pesar 36,25 gramos.

Más adelante la fiscal les imputa facilitación de un lugar para que se consuman estupefacientes y al procesado Meichtry el suministro de estupefacientes a título oneroso.

En ese marco, el primero de ellos fue procesado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, suministro de estupefacientes a título oneroso y la facilitación de un lugar para consumir estupefacientes, en concurso en tanto que Puertas fue acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso con facilitación de un lugar para el consumo de, estupefacientes, en calidad de partícipe.

Se le imputa a César H. Fabricius -según la misma requisitoria en el apartado II-B- la tenencia de estupefacientes, toda vez que cuando realizaba el allanamiento antes mencionado, y le efectuara requisa personal, hallara entre sus ropas un envoltorio de nylon atado que contenía una sustancia blanca en forma de polvo granulado que resultó ser cocaína y tener un peso de 9,94 gramos.

Por último, la misma requisitoria fiscal de elevación a juicio -apartado II-C- imputó a Marcelo Rubén Beltrame la tenencia simple de estupefacientes, a partir del procedimiento efectuado en la vía pública el 22 de junio de 1997, aproximadamente a la hora 00:10, cuando personal dependiente de la Policía de Entre Ríos -Dptal. Villaguay- detuvo la pick-up Jeep, dominio ..., encontró entre sus ropas cuatro envoltorios de papel de nylon atados y en el interior de un llavero de dos tapas que poseía, halló un envoltorio de nylon atado conteniendo una sustancia que resultó ser cocaína con un peso total de 4,61 gramos.

Al momento de centrar sus alegaciones críticas de mérito el fiscal general inicia su exposición analizando la situación de los procesados con arreglo a cuanto se les atribuyera mediante requisitoria elevatoria de juicio. Comienza basándose en el relato del oficial Lazzari que da cuenta que allá por marzo de 1997, se interesó por el movimiento relativo a la existencia de personas relacionadas con estupefacientes, llegando luego de una serie de averiguaciones, al domicilio de calle Hermelo, donde concurrían personas los fines de semana fundamentalmente que no serían ajenas a cuanto se investigaba. Se notifica -agrega- a la Fiscalía competente y se peticiona a la autoridad judicial para utilizar un medio novedoso, como la videofilmación a fin de concretar tomas con un zoom hacia el interior de la vivienda.

Concedida que fuera logra captar una serie de imágenes que dan cuenta de la presencia de un grupo importante de personas que asiduamente concurrían al domicilio. Se advierte el consumo y fraccionamiento del tóxico su manipulación, la presencia de un plato, de un velador de una carta o tarjeta para cortar la droga. Se solicita orden de allanamiento en abril de 1997 que no fue utilizada por razones de mejor oportunidad investigativa, aplazándose su ejecución. En el mes de junio, se decide realizar el operativo, con una nueva orden de allanamiento, lo que sucede con presencia de testigos y se requisa a los ocupantes de la vivienda, reseñando, sus detalles. Describe sucintamente de igual forma el otro procedimiento de requisa del automotor y personas efectuada ese día en otro lugar de la ciudad.También pudo advertirse el cómo fueron captadas las imágenes de vídeo, y con el relato preciso, absolutamente veraz de Lazzari en todas las innumerables ocasiones en que fue interrogado durante la proyección en el debate. Destaca el fiscal la espontaneidad, credibilidad y transparencia del testimonio de Lazzari. Habrá de responder no obstante, al planteo de nulidad formulado por la defensa oportunamente y cuyo tratamiento fuera aplazado para esta instancia por el tribunal. Que efectivamente -añade- era necesario que ello sucediera, para apreciarlos hechos correctamente una vez producida la prueba. En punto a las videofilmaciones, sostiene que lo que está en juego es el derecho a la intimidad ya la privacidad, y que el mismo tiene protección constitucional citando asimismo, normas civiles y penales protectorias. Sin embargo -sostiene- puede haber intromisiones que no sean abusivas o arbitrarias, caso en que aquellos derechos ceden ante otros intereses sociales, pudiendo elaborarse criterios generales para limitar el carácter de injerencia arbitraria o abusiva a una orden judicial que autorice a introducimos en la vida familiar mediante una videofilmación.

Considera que básicamente tres serían las condiciones elementales para que la garantía constitucional no se vea violada. El primer punto es que exista una orden judicial fundada. El segundo es que la orden contenga una finalidad específica y complementariamente que haya proporcionalidad y racionalidad entre lo que se quiere conseguir con la medida y el medio empleado. Finalmente que el resultado obtenido se mantenga en secreto, que no tenga divulgación general. Que existen normas del Código Procesal que permiten dar contención legal a tales requisitos. Fuera del objeto de la investigación, nada se filmó.

Dice, sobre la autenticidad de las videofilmaciones las que provienen, inicialmente, de su confronte explicativo con quien las condujera, el oficial Lazzari. Concluye que dichos elementos deben ser tenidos como principalísimos para la valoración de la conducta de los imputados, citando diversas normas.

Sobre Meichtry adujo que éste no reconoce que la droga que cayera del sombrero le perteneciera, pero es evidente que si había seis o siete personas en ese lugar reducido, los sombreros colgados de la pared, bien pudo ser que alguien, involuntariamente haya tocado y ese material cayera. Lo cierto es que Lazzari lo vio luego en el piso, y lo concreto es que cayó desde arriba y había droga en la casa, y es lógico, pues todos admiten luego que minutos antes habían consumido en la casa, inclusive Fabricius admite que había aportado su parte.

Continuó señalando el fiscal que a Meichtry se le imputan tres hechos: tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, suministro oneroso del mismo y facilitación del lugar para consumo. En orden al primero entendió que no está acreditado. Sí se halla, la tenencia dentro de su esfera de custodia, pero no la intencionalidad de fines de comercialización, pues así como puede servir como prueba de cargo el vídeo -puntualiza- en esta ocasión permite descargar a Meichtry de tal imputación. En cuanto al suministro oneroso de estupefacientes, en primer lugar -consigna- debe acreditarse que existió suministro. En este orden se lo ve a Meichtry entregando droga a otra persona pero no existen elementos que el mismo fuera oneroso. No se vio dinero ni objeto alguno de cambio.

En punto a la facilitación del lugar, con cita de doctrina explícita los alcances semánticos de la figura, concluyendo en que efectivamente ella permite subsumir cuanto fácticamente aconteció, en la casa de calle Hermelo. Allí, una serie de no menos de diez personas concurrían alternativa o conjuntamente a consumir estupefacientes. La imputación recae en forma central en Meichtry pues aunque Carla fuera arrendataria, la relación sentimental que luego les vinculara, convirtió al primero en dominante del hecho, los amigos que concurrían lo eran del mismo, incluso algunos de la infancia. Que el que permitía la facilitación era él, pues tenía el dominio del hecho.

Conforme a sus antecedentes personales, su estado detentivo, su afectación por el consumo de estupefacientes, además del peligro inherente a la propagación del hábito que facilitó el mismo, concluye peticionando la pena de tres años de prisión en suspenso en las condiciones que estime el tribunal, y una multa de $ 112,50 más las costas del proceso.

En relación a Carla Puertas consideró que no hay mérito para sostener la imputación de tenencia para comercialización, y que en alguna medida le corresponde la facilitación del lugar y en el grado participativo que correctamente le atribuyera la requisitoria fiscal. El dominio de la acción le correspondió a Meichtry como dijera, pero su participación es secundaria pues en alguna medida, al ser la titular locativa, pudo oponerse. Solicitó la pena de un año y cinco meses y multa de $ 50.

Respecto a Fabricius la cantidad de estupefaciente hallado era escasa y es evidente que ha tenido para consumo personal, y los informes señalan que tiene cierto grado de adicción y consumo habitual, Junto a la de Beltrame, puede encasillar sus conductas como consumidores de destino personal, encuadrando sus conductas en el art. 14 segunda parte de la ley 23.737 peticionando un mes de prisión en suspenso más las costas del proceso.

La defensora oficial principió su alegación manifestando que las tareas investigativas habían sindicado sus pupilos como participando de algún tipo relacionado con el tráfico de estupefacientes. Dicha cuestión -agrega- nunca se concretó a lo largo de todo lo que duró el procedimiento, fueron simples apreciaciones, pues a partir de las requisas personales de Beltrame y de Fabricius, se obtiene cantidad mínima de droga que permite cambiar la calificación. Respecto a Beltrame se concreta el hallazgo de cocaína y conforme a los informes previos su defendido no opuso resistencia y en su indagatoria se conforma con las actas. También lo reconoce así Mauro Beltrame, concluyendo que el hallazgo se produjo. El elemento objetivo a analizar está confirmado. Pero debe advertirse -añade- que la cantidad y calidad de ese estupefaciente merece una reflexión.

Lo importante en verdad es comprobar el grado de pureza: en relación a Beltrame tenía 2,66 gramos de droga y la pericia de Gendarmería habla de una concentración del 62 por ciento de pureza. En punto a Fabricius, los gramos, atento a la concentración según pericia federal, es del 46 por ciento de pureza, o sea 4,32 gramos -anotando- que la imputación real debe hacerse en esa cantidad de cocaína de dos gramos y fracción y cuatro y fracción, respectivamente.

Puntualiza que sus dos defendidos trabajaban, podían adquirir el material perjudicial y estaba reducido y fraccionado, en condiciones de ser consumido. El consumo personal -sostiene- es lo único que se advierte por lo que peticiona para sus defendidos, se deje sin efecto el pedido de condena y que realicen un tratamiento de recuperación, ya que así lo indican las pericias psiquiátricas que los tienen por adictos.

El defensor de los imputados Puertas y Meichtry reitera la nulidad que fuera postulada, pero ampliando conceptos mediante elementos que facilitó la audiencia. La prueba de vídeo -manifiesta- configura el fruto del árbol venenoso, porque es una prueba que es violatoria a la garantía constitucional que en doctrina se conoce como derecho a la privacidad, que surge del art. 19 de la Constitución Nacional y pactos internacionales agregados a la Constitución Nacional.

El oficial a cargo -anota- comenzó a violar el derecho a la privacidad de sus pupilos ya que la orden se pide para grabar imágenes de vídeo desde una mampara existente en la parte posterior de la casa. Esto quiere decir que si no había observado previamente los fondos, de la casa, si no hubiera espiado, no sabía que pasaba del otro lado de la casa, pues un tapial de casi dos metros de altura no permite una visión directa o llana. Se pregunta por el límite de la privacidad. Consigna que el límite de privacidad está en medio del tapial y nadie puede violar ese límite.

Lazzari -añadió- vio que podía grabar y pidió la orden luego, siendo esa prueba de vídeos nula, pues fue obtenida en forma ilegítima al igual que la orden que la posibilitó. Peticiona la nulidad de la prueba y por ende se declare nulo todo el procedimiento, por constituir la base de la causa. Además. postula la nulidad de la resolución que ordena los allanamientos en la casa de sus defendidos.

Señala que, la droga que supuestamente se menciona como caída nadie la reconoció, ni siquiera los testigos añadiendo que no hay precisión acerca de la cantidad de droga secuestrada y tampoco surgió claramente de la audiencia dónde estaban realmente los testigos, los que han sido mendaces.

Reseña, manifestando que la droga no cayó de ningún lado, apareció en ese lugar, que el procedimiento no fue transparente sino agresivo y que la orden no se leyó en el acceso sino adentro de la casa. Solicita, por tanto, la nulidad de la causa por violación a las garantías constitucionales de sus defendidos, pidiendo un especial pronunciamiento acerca de la prueba de vídeo, se los absuelva y se ordene la inmediata libertad de Meichtry.

1º ¿Existe nulidad en la orden de allanamiento y las videofilmaciones realizadas? 2º En su caso, ¿está acreditada la materialidad de los hechos y la autoría de los encartados? 3º Si así lo fuese, ¿son penalmente responsables y qué calificación legal corresponde? 4º En el supuesto afirmativo, ¿qué sanción debe imponérseles, qué destino se dar al material secuestrado reservado y cómo deberán aplicarse las costas? 1ºcuestión. -El tribunal dijo:

I. La defensa de los imputados Meichtry y Puertas articulan nulidad por falta de fundamentos de la resolución de fs. 2/4 del Juzgado de Instrucción Federal que ordena los allanamientos del domicilio de calle Hermelo ... y requisa personal como también del registro automotor conforme a que, de las investigaciones realizadas por la Policía de la provincia, se estarían en esos lugares, fraccionando y vendiendo estupefacientes.

A su vez, esta providencia tiene como antecedente el pedido formulado a fs. 1 por la autoridad policial a la agente fiscal para que requiera la misma, con basamento en tareas investigativas que guardan relación con estados de sospecha de quienes estarían infringiendo la ley 23.737 y de la que -señala- aparece informada periódicamente.

Ciertamente que la petición de nulidad -configurativo de una nulidad genérica- no luce con sesgos de viabilidad dado que, a poco de adentrarse en el análisis de las constancias del presente legajo, se puede advertir que el proveimiento de fs. 2/4 aparece -aunque mínimamente- señalando las razones o motivos que condujeron al juez, a expedirse habilitando el allanamiento y los registros.

Claro es que las circunstancias que signaron apoyatura al resolutivo de marras deben reconducirse a otras piezas del mismo expediente. Repárese que el propio juez de Instrucción Federal, a fs. 3 del incidente 3773 "Fiscalía Federal - solicita medidas", autoriza al personal policial a realizar filmaciones de vídeo sobre el domicilio allanado sobre la fachada exterior e inmediaciones, como también las que se logran captar desde el exterior hacia el interior de la vivienda, debiéndole informar en forma periódica los resultados obtenidos.

Surge entonces que el propio juez ha realizado un análisis de la situación descripta para permitir la actividad fílmica, obrando por otra parte, en el pedido de autorización de ésta que la policía señala, el 11/04/97, que de informes elevados, los mismos dan cuenta de supuestas infracciones a la ley 23.737 y a los fines de "... obtener mayores indicios ..." es que se solicita la filmación del lugar.

También obran a fs. 149/ 163 y 188/ 190 actuaciones informando sobre tareas de vigilancia e investigación llevadas a cabo por la Policía de Entre Ríos y los propios dichos del oficial Lazzari dando cuenta en su testimonial ante este tribunal acerca de los trabajos de observación realizados, con un Informe semanal a la fiscal, que preparó el estado objetivo de sospecha.

Entiende el tribunal, consecuentemente que la nulidad pregonada debe ser rechazada habida cuenta las explicitaciones anteriores que dan mínima fundamentación y andamiaje al decisorio de fs. 2/4.

II. Constituye presupuesto fundante para la valoración del elemento probatorio arrimado al proceso, interrogarse sobre la admisibilidad del medio fílmico que lo contiene.

En primer lugar corresponde señalar que documento es la verificación material de una manifestación abarcativa de hechos históricos receptando marcas, signos y escritos y dentro de este concepto, corresponde incluir la representación resultante de ciertos mecanismos registradores, tales como son los resultados de una filmación.

En este orden es dable sentar que la introducción de este medio probatorio documental, a través del cual se puede llegar a conocer el hecho fuente de prueba -no obstante que el Cód. Procesal Penal de la Nación admite (art. 193) la libertad respecto a los medios aparece reforzado en su admisión por el art. 3º de la ley 24.424, que incorpora como art. 26 bis a la ley 23.737, expresando que: "La prueba que consiste en fotografías, filmaciones o grabaciones, ser evaluada por el tribunal en la medida que sea comprobada su autenticidad".

Claro es, que la viabilidad de su evaluación. posee como presupuesto, la comprobación de la autenticidad de la misma y en donde los propios legisladores trazaron un marco conceptual en el debate parlamentario, producido en ocasión de su sanción.

En éste, hubieron voces que se alzaron exteriorizando las dificultades que pudiera traer el vocablo "autenticidad", postulando su supresión y aconsejando derechamente, por una evaluación de ésta, por parte del juez, conforme a las reglas de la sana crítica racional.

En este sentido las expresiones más contundentes provinieron del senador De La Rúa trasuntando su preocupación en orden a la exigencia de cierta formalidad a la obtención de una filmación, fotografía o grabación, tras lo cual el senador Alasino apuntó que "...Es auténtico según la inspiración de este proyecto de ley en la medida en que el dato fílmico que se aporte pueda ser corroborado por el juez con la realidad... y no sea fraguado. Por eso, en mi opinión esta autenticidad está referida -y dejémoslo como interpretación auténtica- a la evaluación que el juez haga sobre el elemento de prueba que introduzca el medio filmográfico, testimonial o de que se trate" (cf. "Antecedentes Parlamentarios", 1996-A, 1121) En este andarivel de ideas cabe señalar que no existen en autos elementos que contradigan la autenticidad de la filmación autorizada por el juez y realizada por el personal policial, sino que por el contrario existen datos ciertos que conllevan a tener por verificado realmente las circunstancias fácticas que lucen producidas fílmicamente. Consecuentemente, el preventor Lazzari solicitó la orden al juez y señaló el iter fílmico, con precisión y detalles, que aleja toda duda respecto a su falsedad material.

III. Sentado el supuesto, cuadra abocarse a la concreta solicitud de nulidad de las grabaciones de imágenes receptadas.

Prístinamente surge que los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional garantizan expresamente el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la privacidad. No obstante ello, una hermenéutica correcta de la ratio constitucional, nos conduce a sostener que no se erigen como garantías absolutas, como inmunidad total contra la injerencia estatal dado que es la propia norma cimera que señala que una ley, como prolongación virtual del sistema, describir los supuestos y justificativos que habilitarán a franquearla.

La intelección apropiada del ámbito de reserva del art. 19 y de la esfera de intimidad se halla enmarcada en virtud de lo sentado por la propia Corte Suprema de Justicia al sostener que: "La protección material del ámbito de privacidad resulta uno de los mayores valores del respeto a la dignidad de la persona y un rasgo diferencial entre el estado de derecho democrático y las formas políticas autoritarias y totalitarias" (Fallos 306:1898-La Ley, 1985-B, 120-).

En este cauce de ideas, el desarrollo pleno de un individuo debe explicitarse en un ámbito de intimidad marcado, precisamente por las exteriorizaciones sociales en un marco de autonomía y libertad de elección ajenos, en principio, a la injerencia estatal.

En el caso en examen, el judicante ha merituado la posible preponderancia del orden público y afectación de terceros en detrimento de la garantía constitucional por lo que, privilegiándolos, habilitó no sólo la filmación de lo que ocurría en el exterior de la vivienda sino también las tomas que se lograran captar desde el exterior hacia el interior, preferentemente desde el fondo de una contigua a través de una mampara de vidrio.

Si bien podría autorizarse una filmación de lo que acaezca en el exterior de una vivienda, corresponde señalar que en la especie, el acto judicial autorizante, trasuntado en imágenes captadas hacia el interior de una finca ocupada por sospechados, no puede serlo cuando para lograrlos se ha realizado desde los fondos de una vivienda lindera, por arriba de un tapial y encubierto detrás de una enredadera.

Sabido es que existen variadas formas de adquirir datos probatorios al proceso. Empero, ello aparece con la limitación de no ser infractorios a la intimidad de las personas y a las garantías constitucionales. Cuando ello ocurra, estamos persuadidos que los elementos de pruebas, tributados por una invasión a la intimidad que supone ingresar a la privacidad de un recinto cerrado de la vivienda a través del zoom de una Cámara de vídeo a través de un solo vidrio traslúcido de una mampara con los restantes opacos -aunque el órgano jurisdiccional haya habilitado la filmación- debe ser excluido en su receptación.

Cabrá tener presente que la filmación obtenida de lo que ocurría en el interior de Hermelo... no es la que pudo ser obtenida por cualquier transeúnte o el vecino contiguo con la simple observación horizontal, sino, que por el contrario, la presente se valió de un sobrepaso con la Cámara por un tapial de casi 2 metros para lo que se utilizaron -de parte de la policía- diversos ladrillos para trasponerlo y observar la vivienda allanada y además, escondida detrás del follaje.

Claro es que el ordenamiento jurídico procesal no podrá ser impermeable a la receptación de medios probatorios que incluyan los modernos avances de la técnica. No obstante ello, las garantías constitucionales que marcan una esfera de libertad del individuo sólo podrán, salvo aquellas absolutas que la vinculen con la profunda dignidad de las personas, ser traspuesta en la medida que la injerencia estatal no afecte indeterminadamente la intimidad y reserva de las personas que, por lo demás, encuentran asidero normativo -parificados constitucionalmente (art. 75 inc. 22, Constitución Nacional)- en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de O.N.U. (art. 17); Convención Americana de Derechos Humanos (art. 11, párr. 2º); Declaración Americana de los Derechos y Deberes de los Hombres (art. 5º) y Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 12).

Sostener lo contrario implicaría favorecer la obtención de prueba legal, lo cual, como el caso en examen, constituye producto de violación de garantías individuales, lo que atenta contra uno de los pilares básicos del Estado de Derecho por cuanto se estaría validando un acto transgresor a la propia Constitución, incurriéndose en una contradicción jurídica esencial.

Sentado lo expuesto, deberán merituarse sólo las videofilmaciones exteriores obtenidas en Hermelo ... y declararse la nulidad de las registradas en el interior de dicha vivienda en el período comprendido desde el 11 de abril al momento anterior al allanamiento, la que no apareja la exclusión de otros datos probatorios, provenientes de fuentes autónomas a la misma.

No empece a la presente conclusión, lo resuelto por la Cámara Federal a fs. 105 del incidente "Meichtry, Celso y otros -inf. Ley 23.737- (Apelación auto denegatorio de nulidad y cambio de calificación) ", por cuanto aquello debe entenderse como referido a la legalidad formal de la orden de allanamiento y con un grado de conocimiento acotado por el segmento instructorio.

En este sentido no cabe, sin más -como lo postula el defensor- la aplicación de la regla de exclusión probatoria y fruto del árbol venenoso dado que el vicio alojado en la filmación- que se anula parcialmente no contamina otros elementos probatorios que, paralela y autónomamente, se introdujeron al proceso.

Corresponde afirmar -como lo señalara este tribunal- ("in re": "Orona" L.S.T.O., 1995-II-87) "...que una actividad procesal que aparezca impregnada de tal vicio no expande su ineficiencia, sin más, a las consecuenciales que no emerjan sino como fuente independiente o carril autónomo de investigación a través del método de supresión mental hipotética. En su virtud, y con el análisis y contraste de todo el material probatorio, se puede llegar a colegir -mediante abstracción referencial- que, a pesar de la prescindencia de los actos cuestionados, se puede llegar, de igual modo, a acreditar la acción típicamente culpable.

Es la propia Corte Suprema en el caso "Ruiz" (Fallos: 310:1847; La Ley, 1988-B, 446) quien señalara que en la aplicación de la doctrina de la exclusión corresponde tener en cuenta el concurso de factores que puedan atenuar los efectos derivados de una aplicación automática e irracional de ella, alertando sobre la posibilidad de adquisición de evidencias por otras fuentes distintas a las que se tengan por ilegítima (Fallos: 310:847) ".

Es importante que la investigación policial -dice Fernando De la Rúa- se aleje de prácticas que a la vez que atentan contra la vigencia de principios permanentes de la sociedad civilizada consagrados en la Constitución Nacional subvierten el sentido de su misión. Es necesario que se entienda que adherir a este programa implica exaltar las garantías constitucionales que protegen la integridad física y moral... en una sociedad cuya cultura histórica, sus sistema de valores y creencias está resumida y expuesta en la Constitución Nacional y reposa, esencialmente, en la dignidad del hombre y la protección de sus derechos (cf. "Algo más sobre prohibiciones de valoración probatoria," en La Ley, 1983-B, 106).

2º cuestión. -El tribunal dijo:

I. Se impone consecuentemente, describir las fuentes probatorias admitidas e incorporadas al debate -portantes de datos- receptadas e introducidas conforme los arts. 355 y 382 del Cód. Procesal Penal de la Nación, con la finalidad de verificar, críticamente, la existencia de los hechos y la participación, en su caso, de los imputados.

Omissis...

II. Percibidos los datos, a través de las distintas fuentes arrimadas al proceso, permiten señalar que el procedimiento policial -allanamiento y requisas efectuados en Hermelo ... y en la intersección de las calles Ciapuscio y Santa Cruz y donde fuera hallado material estupefaciente, fue realizado con todas las formalidades legales.

Todos los medios de prueba -directos e indirectos- convergen a inferir la materialidad de la conducta atribuida a los imputados- Meichtry Puertas, Fabricius y Beltrame- consistente en el hallazgo de material estupefaciente que detentaban y sobre el cual ejercían dominio.

La verificación del suceso está constituido por una serie de evidencias. Los testigos de actuación Portela y García fueron contestes en el hallazgo del material en poder de Beltrame. Por su parte Lubo y Bentos, al deponer en la audiencia de debate y aclarar algunos aspectos al momento de la inspección judicial -salvo diferencias no esenciales- señalaron con detalles que el procedimiento y hallazgo del material en calle Hermelo y la entrega del que portaba Fabricius, a la Policía.

Corresponde además señalar que si bien los testigos no advirtieron el momento en que presuntamente cayera de un sombrero del paquete que fuera recogido por la prevención del piso; no cabe otra conclusión que atribuírsela al encartado Meichtry conforme lo propios dichos de los testigos que estuvieron presentes al momento del hallazgo y de la propia inspección ocular realizada por el tribunal donde se advirtieran las dimensiones estrechas del recinto y la ubicación que tomaran durante su desarrollo los deponentes de actuación.

Por su parte abunda prueba corroborante de la facilitación de lugar enrostrada.

Comenzando con las filmaciones exteriores -haciendo excepción de las realizadas al interior de la vivienda, a tenor de cuánto se dijera al concluir el tratamiento de la cuestión anterior- y las tareas de investigación realizadas por la Policía, dan cuenta de la existencia de reuniones, entrada y salida de personas en forma asidua -fundamentalmente de noche- a la casa de Hermelo ....

A este indicio debe sumársele el propio reconocimiento de Meichtry acerca de reuniones para consumir con otras persona inclusive el día mismo del allanamiento. También obra la declaración de Puertas aceptando que en algunas oportunidades concurrían a comer y luego consumían.

De igual manera, las testimoniales de Silva, quien manifestara las reuniones de consumo en el comedor de la casa ubicada en Hermelo ... y del coencartado Beltrame afirmando que solía consumir en la casa de Meichtry. A ello cabe adunar lo apuntado en la instrucción por Carrasco de Pozzi -aunque rectificada su declaración en el debate en el sentido que ella observó el consumo de estupefacientes.

Respecto al suministro de estupefacientes a título oneroso no existen pruebas que apuntalen este segmento de la pretensión punitiva -tal como lo señalara el fiscal general- por lo que una respuesta negativa se impone.

En definitiva, ninguna duda puede caber sobre la regularidad del procedimiento policial instrumentada en las actas de fs. 31 y vta., 44 y vta. y 47 y vta., así como en la obtención de los efectos secuestrados plasmados en ellas.

Consecuentemente corresponde entonces concluir sobre la pertenencia personal del material estupefaciente descripto en poder de los imputados Belgrame, Fabricius y Meichtry y sumada, respecto de este último la autoría del delito de facilitación de lugar para usar estupefacientes, evidenciado en que el aludido tenía el dominio del hecho y el conocimiento de los concurrentes a la vivienda en cuestión.

En orden a Puertas, la tenencia y facilitación de lugar para usar estupefaciente -como partícipe secundaria-, además de aportar un factor cooperativo -tal cual era el inmueble que ella había locado- su actividad dentro de dicho ámbito, trasunta un conocimiento coordinado de su voluntad en orden a ello. Cabe añadir que la intervención que caracterizara su aportación al injusto cuya autoría se atribuye a Meichtry conforme se expresara, no se ha mostrado como aquella naturalmente condicionante el éxito del proyecto acometido, propia de una participación primaria. Antes bien, es claro que aunque arrendataria del inmueble constitutivo del lugar de consumo facilitado, quien en verdad poseyó la conducción final de su ejecución fue su compañero Meichtry. Su contribución se define, pues, por exclusión, en cuanto nunca ejerció un señorío sobre la ejecución del hecho, ni su aporte de titular formal de la locación como inquilina puede ser mentado como de aquellos sin los cuales no habría podido cometerse, según define la ley penal a la complicidad primaria. Según ello, Puertas cooperó secundariamente al mantener su condición formal de locataria del bien en cuyo ámbito se desarrollaran las actividades ilícitas de consumo.

3º cuestión. - El tribunal dijo:

Los hechos que se juzgan probados al tratar la cuestión anterior resultan relevantes a la luz de los tipos penales de la ley 23.737 -denominada "ley de estupefacientes y psicotrópicos"-. Concerniente a la facilitación de lugar para que concurran personas con el objeto de usar estupefacientes respecto a Meichtry como autor y Puertas como partícipe, teniendo ambos, como se infiriera de la prueba colectada, conocimiento y posibilidad de comprender los actos llevados a cabo en el lugar por ellos habitado.

En punto a la tenencia con fines de comercialización, bien lo señaló el fiscal general en cuanto a que la finalidad específica no tuvo prueba alguna que la fundamentara por lo que recondujo su pregonada calificación a la tenencia simple, como figura residual.

Sobre el punto, no hay dudas que los imputados conocían la tenencia de tales elementos, como su ilegitimidad, por lo que se configura el dolo exigido en el tipo.

Cabe consecuentemente calificar la conducta descripta en los arts. 14 primera parte y 10 párr. 1º "in fine" de la ley 23.737, en concurso real, para el imputado Meichtry (art. 55, Cód. Penal), y a la imputada Puertas como partícipe secundaria (art. 46, Cód. Penal).

Tal como lo peticiona el fiscal general corresponder absolver al imputado Meichtry de la conducta consistente en el suministro de estupefacientes a título oneroso, como fuera requerido por la acusación obrante a fs. 644/650.

Respecto de la situación de los imputados Marcelo R. Beltrame y César H. Fabricius y en referencia a la tenencia de estupefacientes, ésta se estima probada, según lo expresado precedentemente, dado que la acción o conducta desplegada por ambos es penalmente relevante en tanto encuadra en la descripción realizada por el tipo descripto por la ley que reprime la mencionada tenencia.

En el aspecto subjetivo, tampoco existe duda alguna que los imputados Beltrame y Fabricius han obrado con pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta, configurándose pues el dolo requerido por el tipo.

Ahora bien, el encuadramiento de la acción que se les imputa debe hacerse en la figura de la tenencia para consumo prevista por el art. 14, párr. 2º de la ley 23.737. Ello es así toda vez que, tanto por la escasa cantidad de cocaína respecto de la que se tiene por probada la tenencia -4,61 gramos Beltrame y 9,94 gramos Fabricius- cuanto por la existencia de otras circunstancias en la que adquiere mayor relevancia los minuciosos informes periciales médico psiquiátricos efectuados en el Hospital Santa Rosa de Villaguay por la psiquiatra Asabeto y el doctor Lafourcade a Beltrame y a Fabricius en los que afirmaron que los imputados padecían de síndrome de dependencia las drogas --cocaína y marihuana y que la conducta de éstos podría ser peligrosa para sí o para terceros, informes contrapuestos al ligero informe efectuado por instrucción suplementaria por el médico de Cámara de fs. 699/702, conducen al tribunal a formar convicción que la tenencia en cuestión era para uso personal de los tenedores.

Este Cuerpo se ha pronunciado acerca de los elementos configurativos que enmarcan el segundo párrafo del art. 14 de la ley 23.737. En este orden se ha expedido sobre la adjetivación escasa, expresando que la misma deviene de una apreciación contextual y específica en cada caso concreto que supone apreciaciones puntuales en orden a un conjunto de coordenadas, que se erigen en máximas de experiencia. (L.S.T.O. II-11-1996, entre otros).

En mérito a lo expuesto cabe declarar a Marcelo R. Beltrame y César H. Fabricius, penalmente responsables en orden al delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal (art. 14, párr. 2º, ley 23.737).

4º cuestión. - El tribunal dijo:

A los fines de resolver la situación Beltrame y Fabricius, corresponder -a tenor de lo expresado en la cuestión que antecede- imponerles la medida de seguridad curativa prevista en el art. 17 de la ley 23.737, por el tiempo y bajo el régimen allí establecido, a cuyos fines habrán de girarse los antecedentes al juez de Ejecución del Tribunal para su instrumentación y contralor respectivos.

En relación a la cuantificación penal que habrá de merecer el injusto culpable de Meichtry, corresponder tener presente su juventud, su ocupación en la actividad apícola y la ausencia de antecedentes penales, cuya conjunción pone de manifiesto la inconveniencia de una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo, mostrándose, en lugar, como razonable, la imposición de tres años de ejecución condicional y el mínimo de multa de $ 112,50 -que deber abonar dentro de los diez días de quedar firme la presente- (art. 501, Cód. Procesal Penal), e igualmente la medida de seguridad curativa por el tiempo necesario a los fines previstos en el art. 17 de la ley 23.737, cuya ejecución y vigilancia se encomiendan, para su estado, al Juzgado de Ejecución del Tribunal.

En relación con la imputada Puertas, se tienen presentes como factores individualizadores, además de la carencia de antecedentes, su edad, la existencia de contención laboral que admite poseer, elementos éstos que habrían de resentirse sensiblemente con la modalidad efectiva de su condena. En razón de ello, se estima equitativo la imposición de la pena de un año y cinco meses de ejecución condicional y multa de cincuenta pesos, que deber abonar dentro de los diez días siguientes a la firmeza de la presente (art. 501, Cód. Procesal Penal).

Tanto Meichtry como Puertas habrán de cumplimentar, como modalidad inherente a la ejecución condicional de sus respectivas condenas, la obligación de no relacionarse con personas que consuman o trafiquen estupefacientes y de abstenerse de concurrir a lugares donde ello suceda (art. 26 y 27 bis inc. 3º, Cód. Penal).

Respecto al material estupefaciente secuestrado y reservado, corresponde ordenar su destrucción a través de Secretaría en la forma prevista en el art. 30 de la ley 23.737 la que se encomendar al Secretario para su efectivización quien deber adoptar los recaudos legales pertinentes.

Las costas ser n soportadas por los condenados en una proporción del 25% para cada uno de ellos (art. 531, Cód. Procesal Penal).

A tenor de lo solicitado por el fiscal general en orden a la presunta comisión del delito de falso testimonio, requiérase del mismo la individualización de las piezas correspondientes, a sus efectos.

Por lo expuesto, quedó acordada la siguiente sentencia:

1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por defensa respecto de la orden de allanamiento y hacer lugar parcialmente al que postulara en relación con las videofilmaciones que registraran el interior del inmueble sito en el Nº ... de calle Hermelo de la ciudad de Villaguay. 2. Declarar a Celso A. Meichtry, de las demás condiciones personales obrantes en autos, autor responsable del delito de facilitación de lugar para la concurrencia de personas para usar estupefacientes, previsto en el art. 10, párr. 1º "in fine" de la Ley 23.737, y tenencia simple de estupefacientes, prevista en el art. 14 de idéntico texto legal, en concurso real (art. 55, Cód. Penal), condenándolo en consecuencia a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y multa de $ 112,50 que deberá oblar dentro de los diez días subsiguientes a la firmeza de la presente (art. 501, Cód. Procesal Penal), disponiendo su inmediata libertad, imponiéndole igualmente la medida de seguridad curativa por el tiempo necesario a los fines previstos en el art. 17 de la ley 23.737, cuya ejecución y vigilancia se encomiendan, para su estado, al Juzgado de Ejecución del Tribunal. 3. Declarar a Carla E. Puertas, de las condiciones personales figurantes en autos, partícipe secundaria del delito de facilitación de lugar para la concurrencia de personas para usar estupefacientes, previsto en el art. 10, párr. 1º "in fine" de la ley 23.737, y autora del delito de tenencia simple de estupefacientes, prevista en el art. 14 de idéntico texto legal, en concurso real (art. 55, Cód. Penal), condenándola en consecuencia a la pena de un año y cinco meses de prisión de ejecución condicional y multa de $ 50 que deber oblar dentro de los diez días subsiguientes a la firmeza de la presente (art. 501, Cód. Procesal Penal). 4. Declarar a César H. Fabricius y Marcelo R. Beltrame, cuyas condiciones personales lucen en autos, autores responsables del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, previsto en el art. 14 párr. 2º de la ley 23.737, imponiéndoles la medida de seguridad curativa por el tiempo necesario a los fines previstos en el art. 17 del mismo texto legal, cuya ejecución y vigilancia se encomiendan, para su estado, al Juzgado de Ejecución del Tribunal. 5. Imponer a los condenados Celso A. Meichtry y Carla E. Puertas, y como modalidad inherente a la ejecución condicional de sus respectivas condenas la obligación de no relacionarse con personas que consuman o trafiquen estupefacientes y de abstenerse de concurrir a lugares donde ello suceda (art. 26 y 27 bis inc. 3º, Cód. Penal). 6. Disponer la destrucción del material estupefaciente secuestrado, art. 30 de la ley 23.737, texto según ley 24.112, art. 1º. 7. Imponer las costas a los condenados con una proporción del 25% para cada uno de ellos (art. 531, Cód. Procesal Penal). - Guillermo J. Enderle. - Lilia G. Carnero. David A. Chaulet.