marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empresas del Estado, actuaciones administrativas, constancias administrativas, apreciación de la prueba, plena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Organización Loyal S.R.L. c/ D.G.I. s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-15

Los expedientes administrativos, incluso de las empresas estatales, tiene valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando pruebas en ellas. Con mayor rigor, llegó a establecerse en algunos casos que las constancias administrativas tienen el valor probatorio de instrumentos públicos con fundamento en la presunción de validez y regularidad de los actos de los funcionarios públicos, y ello aún tratándose de las empresas estatales (Sala II del fuero in re: "Dar S.A.", del 13/7/95; Sala III in re: "Distribuidora de Gas del Sur", del 21/9/93; Sala IV, in re: "Romera, Marcos", del 21/9/93; esta Sala in re, "Y.P.F. c/ Cía. de Obras y Servicios Públicos (C.O.P.Y.C.) S.A.C.I. s( contrato de obra pública", del 28/4/97; "C.S.J.N. Fallos:259:398; 2670:189; 263:425; 281:173). (Del voto del juez Gallegos Fedriani, consid. III).
Desistimiento del derecho, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: SUAREZ BENITO Y OTROS c/ SANATORIO MODELO Y OTROS S/COBRO DE PESOS s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-08

Despúes de haberse notificado la demanda corresponde hacer lugar al desistimiento si la otra parte manifiesta su conformidad en tal sentido.
Lesiones leves, delito dependiente de instancia privada, interés público
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Mariana Solange s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

La instancia penal forma parte de los presupuestos procesales, es decir, es una de las condiciones necesarias para que el Estado pueda ejercer válidamente la persecución penal. Su contracara son los impedimentos procesales. La falta de un presupuesto se transforma en un obstáculo para el inicio o la continuación del proceso y, normalmente, su forma de hacerla valer es a través del planteo de excepciones. Nuestro derecho conoce una clase de delitos cuya persecución depende de la instancia privada. Producirla es una facultad disponible para quien goza de ella, pero sólo en cierta medida: una vez que se produjo en el mundo ese presupuesto hasta entonces inexistente, libera la persecución penal estatal, sin distinción alguna, como si se tratara de un delito común, perseguible de oficio. El art. 72, CP establece cuáles son los delitos que ingresan en esta categoría, entre ellos las lesiones leves, culposas o dolosas, distinción que desaparece cuando median razones de seguridad o interés público (voto del juez Sarrabayrouse)
Acusación fiscal, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: MORAN, HUGO c/ CORREA, JORGE OMAR s/ LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-08-03

La ausencia de acusación o la deficiencia de la formulada vicia de nulidad todos los actos posteriores... Esa nulidad es de carácter absoluto, porque afecta la intervención del imputado, con alteración de la garantía constitucional de defensa en juicio.
Propiedad intelectual, fraude a la propiedad intelectual, responsabilidad civil, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL
Carátula: Argüello de Carrizo, María R.E. c/ Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-08-26

Cuando se lesiona la propiedad intelectual mediante un supuesto acto ilícito, corresponde al ámbito aquiliano y, la misma únicamente puede ser viable por el conducto de la responsabilidad civil extracontractual.
Regulación de honorarios, actualización monetaria, desagio
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL  D.G.I. c/ J. ATLAS Y  S.C.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-31

La regulación de honorarios sólo puede basarse en una liquidación efectuada en un momento determinado y actualizada posteriormente, para mantener incólume el valor, pero siempre a "posteriori" y conforme a las pautas de los índices de meses vencidos; de tal manera no alcanza a los montos resultantes el "desagio" establecido en el Decreto 1096/85.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, prescripción adquisitiva, animus domini
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: MASCO, ANALIA c/ CENTRO UNION LECHEROS MINORISTAS ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -PRESCRIPCION ADQUISITIVA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 334 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-29

Corresponde rechazar la queja desde que, si bien el compareciente esgrime preterición de elementos probatorios que resultarían decisivos para otorgarle la prescripción adquisitiva sobre el inmueble que pretende usucapir (léase, la declaración de su padre ante la Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Afines), estos vicios no se encuentran configurados, toda vez que la razón por la cual la Cámara no hizo lugar a la demanda consistió en la ausencia de corpus posesorio por el término de veinte años (artículo 4015 del Código Civil).

Es así que la aludida declaración del padre de la usucapiente reconociendo haber habitado el inmueble primero como locatario y luego a título gratuito fue evaluada por la Sala pero en el contexto dentro de un examen general con los restantes hechos y pruebas, concluyendo "...no se advierte en razón de qué potestad jurídica pudo la actora como ocupante pretender la posesión ánimus domini superpuesta a la admitida tenencia de su progenitor...". Es decir, considera desde esta valoración no justificado el animus domini de la actora.
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, revocación del auto de procesamiento, falta de mérito
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: HERNANDEZ, Alejandro Javier. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-14

Si dentro del período que comprende la imputación de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar existiría un lapso indeterminado en el cual el imputado pudo verse privado de la posibilidad real y efectiva de cumplir con su obligación -el imputado habría desconocido por completo el paradero de su hijo y el de su ex pareja-, procede revocar el procesamiento dispuesto hasta tanto se determine debidamente tal extremo y adoptar, en consecuencia, el temperamento expectante previsto en el art. 309 del C.P.P.N.
Reordenamiento del sistema financiero, competencia por el territorio, prórroga de la competencia, ejecución de sentencia, indisponibilidad de los depósitos
Materia: PROCESAL
Carátula: Zipilivan, David c/ Banco Credicoop Cooperativo Limitado -Sucursal Santa Fe- s/ Conflicto negativo de competencia - Medida cautelar innovativa   (Expte.: C.S.J. Nro. 129 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

Ante la cuestión planteada -extracción de fondos de una entidad crediticia de la ciudad de Santa Fe, en el ámbito del denominado "corralito financiero", por parte de un ahorrista local por oficio de un juez de la Provincia de Chaco- no puede considerarse operada una prórroga de la competencia porque, evidentemente, si la misma hubiere sido expresa, lo hubiese destacado el oficiante al momento de formular las consideraciones que efectuó sobre su competencia, y -menos aún- puede considerarse operada una prórroga tácita, desde que al adoptarse una medida que, con el rótulo de cautelar e "inaudita alter parts", anticipa el resultado de la sentencia de mérito de una forma prácticamente irreversible. Si puede resultar inútil el proceso principal, tanto más, cualquier discusión sobre la competencia. Ello impone, también y aunque se trate de una actuación delegada, poner en práctica las facultades que ostenta todo tribunal -y en cualquier estado de la causa- para mantener la igualdad de las partes, tópico sin el cual no existe debido proceso legal.
Personal militar, sanciones militares, desobediencia
Materia: MILITAR
Carátula: Gabrielli, Mario Carlos c/ Estado Nacional s/ contencioso administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

Si la falta sancionada por la superioridad - calificada como grave - ha sido la de desobediencia, la sanción deriva del ejercicio de una potestad disciplinaria inherente a la estructura misma de las fuerzas armadas, e independiente del origen o entidad causal (Voto del Dr. Julio Víctor Reboredo).
Resoluciones equiparables a definitiva, amparo colectivo, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Asesoría General Tutelar de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros c/ GCBA y otros s/ amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Si bien la decisión que dispuso la continuación del trámite de la acción de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires e hizo lugar a la tutela cautelar solicitada -inscripción de los niños y niñas nacidos/as por técnicas de reproducción humana asistida realizada en el país, denominada gestación solidaria- no constituye sentencia definitiva porque no se expide sobre la cuestión de fondo, pone en juego la garantía constitucional del juez natural de la causa estrechamente relacionada en el caso con la garantía del debido proceso -art. 18 de la CN y 13 y cc de la CCABA-. Pronunciamientos de este tenor constituyen sentencia equiparable a definitiva cuando la decisión configure un supuesto de privación de justicia incompatible con la naturaleza de los derechos en juego de imposible o tardía reparación ulterior. (Del voto en disidencia parcial de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR, partidos políticos, libertad de expresión, manifestación popular, pena privativa de la libertad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Humanos - Alí Benhadj Vs. Argelia -  Derecho a la libertad de expresión - Derecho a las garantías del debido proceso c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2007-07-20

Ante la proximidad de una reforma electoral en el marco de elecciones presidenciales, el vicepresidente del Frente Islámico de Salvación (FIS), partido político argelino autorizado por el Estado Parte, convocó a huelga general y sentadas pacíficas en plazas públicas. Transcurridos unos días de aquellas manifestaciones, el gobierno dimitió y los espacios públicos fueron tomados por las fuerzas armadas del país. Posteriormente, el líder de aquél partido fue detenido por miembros de la seguridad nacional en la sede de la televisión pública cuando se encontraba explicando su posición política. Acusado de atentar contra la seguridad del Estado, fue condenado en ausencia por un tribunal militar, a una pena privativa de la libertad.
Estado, división de poderes, Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

Cada poder del Estado, dentro de los límites de su competencia, obra con independencia de los otros dos en cuanto a la oportunidad y extensión de las medidas que adopta y los hechos y circunstancias que la determinan. Siendo deber de los jueces asegurar a cada poder el goce de la competencia constitucional que le concierne en el ámbito de su específica actividad.
Sociedad anónima, asamblea de accionistas, derecho de receso
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARIN,   ELIDA c/ CCI   CONCESIONES   Y   CONSTRUCCIONES   DEINFRAESTRUCTURA SA S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-03

Si la actora ingreso a la sociedad demandada como accionista ocupando la misma posición que tenia quien la precediera en la titularidad de las acciones, y por consiguiente conociendo -o debiendo conocer- un proyecto financiero aprobado unánimemente por los accionistas, lo que implicaba saber también que la demandada debía necesariamente emitir obligaciones negociables convertibles en cumplimiento de contratos ya celebrados y aprobados con anterioridad, la decisión de receder una vez celebrada la pertinente asamblea, se muestra cuanto menos como "sorpresiva", por no decir "abusiva", en el sentido de aparecer en contradicción con la conducta observada por el anterior titular de las acciones en orden a la aprobación del proyecto financiero en curso, con la plena conciencia de que las ahora cuestionadas obligaciones negociables convertibles debían ser imperativamente emitidas para dar cumplimiento a esos compromisos.
Juicios contra el Estado, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Goldaraz, Jorge A. c/ E.N. (Mº de Defensa) s/ Personal Mil. y Civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-02

Los motivos políticos que pudo haber tenido en cuenta el legislador para la sanción de la ley 24.043, carecen de relevancia para calificar los eventuales derechos de contenido patrimonial que de sus disposiciones puedan emerger.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, automotores, seguros, siniestro, destrucción total del automotor, multa
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PENAL
Carátula: D'onofrio, Gabriel Edgardo c/ Aback SA y otro s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-11

1. Corresponde aplicar una sanción de multa en concepto de daño punitivo a una aseguradora por haber incumplido el contrato de seguro automotor que la vinculara con el actor, toda vez que la aseguradora constató la destrucción total del vehículo, más se negó injustificadamente a pagar la suma asegurada. 2. En ese marco, la conducta aludida no puede ser convalidada, máxime a la luz de la función que cumple el llamado daño punitivo, en cuanto sirve para desalentar el abuso en el que puede incurrir quien, desde una posición de privilegio, advierte la debilidad del usuario y el largo, tedioso y riesgoso camino que éste habrá de verse obligado a seguir para finalmente, tras la incertidumbre propia de todo juicio, lograr el reconocimiento de su derecho. 3. A estos efectos, se estima conducente dictar la condena "extra" que persigue el actor, destinada no sólo a resarcir a la víctima sino también sancionar al responsable, generando un efecto ejemplificador que prevenga su reiteración (CNCom, Sala C in re "Andres, Patricia Beatriz c/ Caja de Seguros SA s/ sumarísimo", del 13-9-16; ídem "Gallay, Norma Ester c/ Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SA s/ ordinario", del 4/12/18.
Prisión perpetua, proporcionalidad de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Gallone, Carlos Enrique y otros s/ recurso de casación (Masacre de Fátima)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-30

La exigencia constitucional referida a que la medida de la pena debe guardar proporcionalidad con la magnitud del injusto y de la culpabilidad del autor, no basta para declarar la inconstitucionalidad de la norma que establece la prisión perpetua, pues para ello deben esgrimirse las razones de por qué, en el caso concreto, luce desproporcionada la sanción recibida.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R.E. c/ M.J.O. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

El tema alimentario o la distribución de los bienes componentes de la sociedad conyugal no es una materia enteramente disponible, ya que el juzgador puede observarlas cuando afectaren gravemente los intereses de una de las partes o el bienestar de los hijos (art.236 t.o.ley 23.515- Cód.Civil). Mientras no esté homologado el acuerdo respectivo, no puede ninguno de los esposos considerar que tiene derechos adquiridos en razón de que la ley le permite formularlo ya que queda sujeto a la doble condición de que se decrete el divorcio y que el juez homologue tales convenios. Podrá esgrimirlo como prueba de la composición del patrimonio de la sociedad conyugal y de la voluntad de las partes, pero no vale como acuerdo definido.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: STAGNARO, LUCILA MARTA c/ PANULLO, JUAN ALBERTO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

La restricción incorporada por la Ley 24432 al artículo 505 del Código Civil sólo alcanza a los supuestos en que mediare "incumplimiento de la obligación" por parte del deudor, presupuesto que no concurre si se ha rechazado la demanda (CSJN, in re "Exolgan SA c/ Distribuidora Química SA s/ daños y perjuicios", del 16/08/05).
Entrega del certificado de trabajo, multa laboral
Materia: LABORAL-PENAL
Carátula: Almiron, Alejandra Noemí c/ Los Soles Internacional SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-11

La intimación efectuada por el actor en forma fehaciente a su empleador requiriendo la entrega de los certificados de trabajo respectivos, una vez extinguido el vínculo, resulta suficiente para receptar dicho rubro y por ello la iniciación de las actuaciones administrativas ante el SECLO no resulta correcto, puesto que se ha sostenido que el principio de buena fe, que debe ser respetado por las partes del contrato de trabajo incluso al momento de su extinción (art. 63 LCT) impone al trabajador el deber de requerir a su empleador -antes de iniciar una acción judicial- el cumplimiento de las obligaciones que estén a su cargo (la entrega de certificados en cuestión entre ellas) de modo de facilitar a éste la satisfacción de dichas pretensiones fuera del ámbito de un proceso judicial ya iniciado con el mismo objeto. En ese contexto ha de entenderse que la demanda judicial (como su antecedente procesal, el trámite de mediación obligatoria) contiene el planteo de un estado de cosas pretérito y no constituye en sí misma una instancia más de las relaciones bilaterales contenidas en el contrato de trabajo o derivadas de él. (Del voto de la Dra. Ferdman al cual adhiere el Dr. Brunengo)
Responsabilidad del Estado, responsabilidad extracontractual del Estado, Estado Provincial, error registral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Reynot Blanco, Salvador Carlos c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-12

Corresponde hacer lugar a la pretensión indemnizatoria por responsabilidad de una provincia en razón del cumplimiento irregular de su función registral, si la demandada incurrió en el ejercicio defectuoso de las funciones encomendadas al registro, que atienden- sustancialmente- a otorgar un conocimiento cabal de las condiciones de dominio de los inmuebles, si media suficiente nexo causal entre la indebida registración y el resultado dañoso, que resulta imputable al estado local en calidad de consecuencia mediata previsible de su accionar irregular ( art. 901 y 904 del Código Civil).
Juicio ejecutivo, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Bs. As. c/ Baldini, Néstor Mario s/ C. ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-09

Reparando en los hechos expuestos en el escrito de demanda, como así también en el fundamento normativo de tutela allí invocado, resulta incontrovertible que la entidad actora persigue el cobro de saldo deudor en cuenta corriente, acudiendo para ello a la vía rápida del juicio ejecutivo (arts. 793, 795 del Código Comercio; 520 y 521 inc. 5° del Código Procesal). Se trata entonces de una acción personal, propia de la esfera privada del banco ejecutante y, por lo tanto, deviene competente para entender en ella el juez del lugar en que deba cumplirse la obligación, y en su derecho, a elección del actor el del domicilio del demandado o el lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él (art. 5° inc. 3° CPCC).
Transporte de carga, averías
Materia: AERONAUTICO
Carátula: BOSTON CIA. ARG. DE SEGS.  S.A. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS Y/O RESPONSABLE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-16

En Fallos: 306:1861, la Corte Suprema de Justicia ha distinguido entre la "avería", que se refiere tanto al daño de la mercadería como a la falta de algunos objetos contenidos dentro de una unidad de carga, "porque -en definitiva- esa situación supone avería o violación del bulto en el cual fue transportada" y la falta de entrega parcial, consistiendo ésta en una pérdida que se da cuando "no ha habido entrega de una o más unidades o bultos en una carga constituida por una pluralidad de ellos". En la especie se trata de uno de los supuestos de "avería", toda vez que de los nueve bultos en que consistía el cargamento, cuatro presentaban roturas de embalaje y uno solo de éstos una disminución del número de rollos fotográficos que debería haber contenido de acuerdo con la documentación de origen. En consecuencia, no tratándose de una situación de "falta de entrega parcial" en los términos definidos por la Corte Suprema, para conservar sus acciones contra el transportador el consignatario debe realizar la correspondiente protesta.
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Claudio Alfredo y otros c/  s/ infracción ley 23.737 (art. 5 inc. c), infracción ley 23.737 (art. 11 inc. c), infracción ley 23.737 (art. 11 inc. e), infracción ley 23.737 (art. 7), infracción art. 303, tenen.arma guerra (art. 189 bis-4°par) mod. Ley 25886 y acopio de armas (art. 189 bis 5° par) mod. Ley 25886" y su acumulada n° FLP 35808/2015/to2 caratulada "Torres Pablo Eliseo s/ inf Ley 23737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-11-09

En punto a la circunstancia agravante prevista en el art. 303, inciso 2° "a" del CP, esto es, la habitualidad, cabe destacar en primer lugar y de modo genérico, que se trata, objetivamente, de una reiteración de hechos de la misma naturaleza, con su consecuente subjetividad de ánimo de hacer de determinada conducta, un hábito.
Ley de desindexación, interpretación de la ley, obligaciones de dar sumas de dinero, pago, principio de integridad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Czernizer, Sergio Abel c/ Spatafora y Betattis S.R.L. y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

La ley 24.283 no deroga, como regla, el principio de integridad del pago de las deudas dinerarias: arts. 673 y 742 del Código Civil (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Extradición, facultades del juez, entrega de la documentación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FERNANDEZ ESTIGARRIBIA, A.M. s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-17

Debe darse estricto cumplimiento al art. 19 inc. 3 del Tratado de Montevideo de 1889, en cuanto requiere la presentación de documento que según las leyes autoricen la prisión y enjuiciamiento del reo, toda vez que es facultad de los tribunales del estado requerido verificar la observancia de las formalidades que hacen presumir la perpetración del delito, realizando una apreciación de los documentos aportados con su propio criterio, pudiendo modificar la calificación de los jueces del país requirente, sin olvidar las características del proceso de extradición.