Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-02


SENT Nro. 972 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 02 DE DICIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el apoderado del Complejo Agroindustrial San Juan S.A. en autos: "Complejo Agroindustrial San Juan S.A. s/Concurso preventivo. (Inc. de revisión promov. por la DGI)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 220/228 por el apoderado del Complejo Agroindustrial San Juan S.A., concursado en autos, en contra de la sentencia de fecha 3/6/2002 dictada por la Sala Ia. de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común.

El pronunciamiento mencionado (fs. 209/211) revocó parcialmente la sentencia de Iª instancia, declarando verificado el crédito cuyo importe consolidado asciende a la suma de $6.758.700,76 (decreto 314/95) con privilegio general y la suma de $1.507.190,27 como quirografaria.

A fs. 236, el apoderado de la Administración Federal de Ingresos Públicos- D.G.I. contesta el traslado del recurso de casación interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo. El síndico del concurso contesta asimismo a fs. 244/245, solicitando se conceda el recurso interpuesto, para su tratamiento por esta Corte Suprema de Justicia.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 18/3/2003 que glosa a fs. 247, por lo que corresponde a este Tribunal en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al recaudo formal del art. 813 del CPCC, puede considerarse satisfecho en la especie. Se trata de una sentencia emanada del tribunal de alzada, que resuelve la cuestión propuesta, de modo definitivo para las partes.

III.- Desde la perspectiva del art. 815 procesal, invoca el recurrente la infracción al art. 32 de la ley concursal, la doctrina y jurisprudencia concordante. Considera que el pronunciamiento impugnado permite la verificación de un crédito sin que se haya acreditado fehacientemente la causa de la acreencia pretendida y sin una correcta discriminación de los rubros (capital y accesorios) que hacen a su composición. Entiende que siendo ésta la finalidad del incidente de revisión incoado en autos, el déficit del decisorio no puede soslayarse.

Se agravia de que la Sala a quo haya considerado acreditada la causa del crédito invocado en base a los formularios presentados por su parte (F. 818; F. 541/1; F.542/2; F. 542/3; F. 542/4 y F. 542/6), al organismo fiscal. Alega que si bien su parte intentó acogerse al plan de facilidades de pago oportunamente ofrecido a los contribuyentes (conf. dcto. 415/95), el ente recaudador rechazó tal petición; circunstancia que impide asignar a los formularios oportunamente presentados por su parte, eficacia suficiente para justificar la existencia de la acreencia, su naturaleza y su cuantía.

Expresa además, que la Sala a quo omite señalar las razones por las que reconoce al crédito de $6.758.700,76, el carácter de privilegiado y considera quirografario, al crédito de $1.507.190,27. Destaca que la omisión no es menor, más aún cuando se advierte que ello impacta directamente en las quitas y formas de pago obtenidas por la concursada en el proceso de cramdown; lo que le permitiría tales ventajas respecto de los créditos quirografarios pero no respecto de los que gozan de privilegios.

Alega que el pronunciamiento recurrido infringe lo dispuesto por el art. 246 inc. 2 de la ley concursal, conforme al cual el privilegio general queda restringido al capital adeudado mientras que los accesorios (intereses, recargos, multas) tienen carácter quirografario.

Sostiene que en autos se resolvió declarar la verificación de los créditos en cuestión, en base a los formularios presentados por su parte (F. 818; F. 541/1, F. 542/2; F. 542/3; F.542/4 y F. 542/6) al momento de solicitar el acogimiento al plan de facilidades de pago conf. al dcto. 415/95; y destaca que los montos consignados en dichos instrumentos, no discriminan las sumas que corresponden al capital de aquellas que derivan de intereses, recargos y multas. Afirma que los montos resultantes de los formularios mencionados consignan los saldos consolidados (con capital y accesorios en una única suma) que acumulados, se vuelcan finalmente en el F. 818 en base al cual se admite la existencia y la cuantía del crédito aquí impugnado.

Señala que en estas condiciones no resulta ajustado a derecho reconocer el carácter de crédito con privilegio general, a sumas que incluyen capital y accesorios, en clara contradicción a lo dispuesto por el art. 246 inc. 2 de la ley 24.522.

IV.- Visto el recurso interpuesto, se advierte que el mismo debe ser acogido parcialmente.

De un lado, y pese al modo en que se presentan los agravios, la argumentación resulta insuficiente para revertir el criterio adoptado por la Sala a quo en orden a la eficacia probatoria de los títulos justificativos del crédito cuya verificación se admite en autos.

En efecto, la presentación de los formularios ante la A.F.I.P. por parte del concursado, a fin de peticionar el acogimiento al plan de facilidades de pago (dcto. 415/95) importa el reconocimiento del crédito invocado por la incidentista; instrumentos que suscriptos por los representantes legales del concursado, consignaban la causa de la acreencia y su composición (cfr. formularios presentados a fs. 10/19).

El recurrente se desentiende del argumento según el cual la manifestación de voluntad expresada por su parte constituye una declaración jurada eficaz para justificar la existencia del crédito cuya verificación se persigue en autos. Tal como surge de la instrumental mencionada, media por parte del propio concursado, un expreso reconocimiento de la deuda con el organismo fiscal, su causa y los rubros que la integran.

No parece que pueda existir otra prueba más concluyente de la existencia y cuantía de una acreencia que un reconocimiento explícito y circunstanciado y no meramente abstracto, firmado por el propio obligado -respecto del cual no existen sospechas de contubernio- en el que se mencionan puntualmente los extremos que configuran la acreencia pretendida. Desde esta perspectiva, imponer al acreedor la carga de producir una prueba complementaria de la existencia de esa causa ya declarada y reconocida por el propio deudor, constituye un exceso que no se compadece con la télesis legal, dejando traslucir una errónea apreciación sobre los alcances de la carga impuesta al verificante de declarar y probar la causa de la obligación en materia concursal (cfr. CNCom., Sala C, 23/5/90, "De Tommaso, Jorge V. s/inc. de rev. por Ghiringhelli de Margaroli, Josefina", LL 1991-B, 82, con nota de Hernán Racciatti (h) y Alberto Antonio Romano).

De otro lado, y en relación a la naturaleza de los créditos reconocidos por el pronunciamiento impugnado y su cuantía, el recurso interpuesto por el concursado debe ser acogido.

El régimen de la ley de concursos en materia de privilegios es expreso y la normativa específica dispone que en los supuestos de prestaciones correspondientes a organismos de los sistemas nacionales, provinciales y municipales de seguridad social, el privilegio se extiende exclusivamente al capital adeudado (art. 246, ley 24.522); lo que excluye de dicho privilegio a los importes que resulten de los accesorios del crédito principal, tales como intereses, gastos y multas (cfr. arg. CSJN, 30/4/85, "Balassanian Hnos. S.A. s/Concurso. Inc. de verificación de crédito promovido por Fiscalía de Estado de la Prov. de Buenos Aires", LL 1985-C,444; CSJ de Mendoza: 13/9/82, ED 104-250; CNCom., Sala B, 11/11/83, Cigaif S.A. s/Quiebra. Inc. de verificación de crédito promovido por Fiscalía de Estado de la Prov. de Buenos Aires"; LL 1984-A, 452; CNCiv., Sala E, 4/8/81, "Administración Nacional de Aduanas c/Petrossino, Roberto", LL 1981-D, 195; entre otros).

Tal como surge de los instrumentos aceptados como títulos respaldatorios de las acreencias pretendidas (cfr. documentación de fs. 10/19), los montos totales que se admiten como crédito con privilegio general, resultan de la sumatoria de rubros que se agregan al capital reconocido como deuda principal ante el organismo fiscal. Siendo así, la Sala a quo debía discriminar los montos correspondientes al capital adeudado de los que resultan de calcular los intereses, multas y otros cargos; y una vez realizada tal clasificación, recién asignar la naturaleza privilegiada o quirografaria a las sumas resultantes.

Corresponde por tanto dejar sin efecto el punto 2 de la resolutiva impugnada y disponer el reenvío a fin de que la Excma. Cámara por intermedio de quien proceda, discrimine el capital adeudado (que a tenor del art. 246 inc. 2 de la ley concursal, gozará de un privilegio general), de las sumas que resulten de calcular intereses, multas y otros cargos (que por carácter residual, tendrán carácter quirografario).

V.- Atento al resultado al que se arriba y a las razones por las que el recurso prospera -parcialmente-, las costas se impondrán del siguiente modo: al recurrente, el 100% de las propias y el 50% de las costas del incidentista; a este último, el 50% de las costas propias.

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por el apoderado del Complejo Agroindustrial San Juan S.A., concursado en autos, en contra de la sentencia de fecha 3/6/2002 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común. Todo ello, conforme lo considerado precedentemente. En consecuencia, dejar sin efecto el punto 2 de la resolutiva impugnada y disponer el reenvío a fin de que la Excma. Cámara por intermedio de quien proceda, discrimine el capital adeudado (que a tenor del art. 246 inc. 2 de la ley concursal, gozará de un privilegio general) de las sumas que resulten de calcular intereses, multas y otros cargos (que por carácter residual, tendrán carácter quirografario).

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA