marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, desapoderamiento, legitimación procesal, fallido, incidente de oposición, resolución del contrato
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Frigorifico SAGA SAIC y Agropecuaria c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-22

Corresponde revocar la resolución de grado en cuanto desestimó la oposición de la fallida a la resolución de un contrato de locación y su consecuente desalojo de planta, por considerarla carente de legitimación a tal fin. Ello así, pues si bien la LCQ 110 dispone la pérdida de legitimación procesal del fallido, esa restricción puede ceder cuando se torna necesaria para la mejor defensa de la masa o cuando el fallido debe defender su interés subjetivo o bien -en general- cuando su actuación no enerva la efectividad de la liquidación concursal (CNCom, Sala B in re "Negro, Celia s/ quiebra s/ incidente de revisión promovido por la fallida al crédito de Asltschuller de Strauch, Ana", del 15/10/01; entre otros).
Policía Provincial, adicionales de remuneración, adicional por conducción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: V.M.E c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-06-05

El suplemento salarial por conducción, no tengo dudas, estaba dirigido a un reconocimiento del esfuerzo que realizaban determinados jefes policiales, en aras de brindar seguridad a la población de la provincia; por la envergadura de la tarea que asumían. Entonces, si lo que se retribuía es la función específica de conducción, como su nombre lo indica, se trata de un adicional particular que reconoce una situación especial, que implica mayor responsabilidad para quien está al frente de determinadas unidades operativas que resultaron alcanzadas con ese incentivo salarial. Entre ellos, al Jefe de Comisaría. Conforme una interpretación armónica de ambas normas (ley y decreto), en ninguna de ellas se pretendió distinguir entre los distintos Jefes de Comisarías, pues no surge que algunos percibirían el adicional y otros no. Entiendo, que se estipuló su pago para los empleados policiales que ostentasen ese cargo en todo el territorio provincial y estuvieran en el ejercicio efectivo de su función.
Cese de uso de nombre comercial, razón social
Materia: COMERCIAL
Carátula: FIDELITAS SRL c/ FIDELITAS SA SOCIEDAD DE BOLSA s/ CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

La falta de observación por la I. G. J., respecto del nombre de la sociedad demandada y la ausencia de impugnación, mientras se cumplía la publicación en el Boletín Oficial, no afecta en absoluto el derecho a solicitar el cese de uso del nombre comercial, pues este tiene su fuente en los artículos 27 a 29 de la Ley 22.362.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Barrionuevo, Víctor Hugo s/ Robo - Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia transgresión al art. 122 del C.P., si no logra demostrar que el prevenido no cometió la acción descripta en dicha figura.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Stella, Fernando Luis; Stella, Osvaldo Luis s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se cuestiona el monto de la pena impuesta sin acompañar de fundamento alguno las citas legales efectuadas (art. 355, C.P.P.).
Recurso de inaplicabilidad de ley, interposición del recurso, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Federación Agraria Argentina Sociedad Cooperativa de Seguros Limitada s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-07-06

Las quejas que ahora se merecen los fundamentos del juez de Primera Instancia y los del a - quo, no fueron expuestos por el recurrente cuando la relación procesal lo hacía exigible. Siendo así el planteamiento que ahora se realiza no es más que una simple reflexión tardía, particularidad que resta o menoscaba la necesaria "autosuficiencia que debe caracterizar a esa impugnación", y además, que la simple reserva o mera disconformidad carecían de entidad suficiente para exitar la jurisdicción extraordinaria. (Bertolini según su voto).
Prescripción, cómputo del plazo, toma de conocimiento de la incapacidad, accidente en acto de servicio
Materia: PROCESAL
Carátula: GAMARRA ROBERTO DANIEL c/ ESTADO NACIONAL ESTADO MAYOR GRAL DEL EJERCITO ARG s/ ACCIDENTE EN EL AMBITO MILITAR Y F SEGURIDAD. CAUSA 27.193/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

El plazo de prescripción debe iniciar su curso a partir del momento en que el afectado tiene conocimiento cierto de su situación de incapacidad. De este modo, si el afectado tomó noticia directa y personal de la resolución que determinó el grado de invalidez y su relación con los actos del servicio, es desde ese momento que se debe computar el plazo.
Alimentos, alimentos atrasados
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cavuoto, Inés Manuela c/ Toledo, Antonio s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-20

Si bien el art. 641 del Código Procesal Civil y Comercial establece que los alimentos se deben desde la demanda que lo requiere, si el alimentante consintió la fijación de una fecha anterior, debe estarse a ella.
Inmunidades parlamentarias, inmunidad de arresto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sala, Milagro Amalia Angela Y Otros c/  s/ P.S.A. asociación ilícita, fraude a la administración publica y extorsión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-05

De las normas comunitarias aplicables surge que cuando el Mercosur quiso asignarle "inmunidad de arresto" a sus legisladores así lo hizo, bajo la categoría de "prerrogativas" y como variante de "inviolabilidad personal", al dotarlos de ella en el ámbito natural donde sesionarían, esto es, la República Oriental del Uruguay (Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur para el funcionamiento del Paralmento del Mercosur, aprobado por Decisión CMC N° 34/07, art. 10.1, y art. 11.a, por remisión del art. 10.3).
Inspección ocular, costas, crédito por honorarios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Moyano, Orlando y otros c/ Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-08

El reconocimiento judicial de un crédito por la retribución profesional habida opera con la definición de la acción y la fijación de costas, que impone el deber de afrontar los gastos derivados de la sustanciación del litigio, entre ellos, el pago del emolumento de la dirección letrada de la vencedora. No obsta a esta conclusión el circunstancial diferimiento del auto regulatorio que determine su cuantía, por cuanto éste importa la cuantificación monetaria de la gestión letrada desarrollada en función de la causa origen de la pretensión, cuya procedencia fuera previamente admitida por el órgano jurisdiccional (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 09.09.08, "Bonetto, Pedro y otros").
Impuesto sobre el patrimonio neto, contribuyentes, inmuebles situados en el país
Materia: CONSTITUCIONAL - ADUANERO
Carátula: PHILLIPS ARGENTINA  S.A.  DE LAMPARAS ELECTRICAS Y RADIO c/ EN  D.G.I. s/ RTARDO DE REPETICION, ORDINARIO LEY 11683
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

No advierto arbitrariedad en la norma contenida en el art. 14 de la ley 21282 pues además de que el hecho allí presumido, segundo parágrafo, tiene en el mundo de las relaciones económicas empresariales suficiente verosimilitud de existencia, en las sociedades anónimas la acción represente el derecho del tenedor del título, que pueden ser personas físicas o sucesores, el derecho a una parte alícuota del patrimonio social, el legislador ha querido proteger la eficacia de la tributación frente a la razonable posibilidad genérica de que la sociedad comercial no sea efectivamente una entidad con vida económica propia, sino una creación ficticia sin otra función que la de distraer la atribución del hecho imponible al verdadero contribuyente.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, automotores, inscripción registral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CARRIZO, JUAN ANGEL c/ JUAREZ, VICTOR HUGO Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-07-31

Desde la vigencia de la reforma introducida por la ley 22.977 al art. 27 del decreto-ley 6583/58, hasta tanto no se inscriba la transferencia, el transmitente, en su carácter de dueño, será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, salvo que, con anterioridad al hecho que motiva su responsabilidad, hubiese comunicado al Registro de la Propiedad Automotor, que hizo la tradición, en cuyo caso se refutará que el adquirente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión del automotor, revisten el carácter de terceros por quien no debe responder el transmitente y que el vehículo fue usado en contra de su voluntad.
Contrato de remolque, transporte fluvial
Materia: COMERCIAL
Carátula: BALLESTER COMPAGNUCCI Y CIA. S.R.L. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BALSA AUTOMOVIL 14 Y OTROS s/ COBRO DE REMOLQUE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-17

Tratándose de navegación fluvial, el patrón a su cargo de la operación de remolque debe conocer las anormalidades de actuar con cautela y tomar las precauciones necesarias para hacer frente a la posibilidad de un evento riesgoso.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, excepción de incompetencia
Materia: LABORAL
Carátula: Barrionuevo, Delia E. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Enfermedad accidente. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

El pronunciamiento del Tribunal del Trabajo que rechaza la excepción de incompetencia formulada por la demanda, sin resolver el planteo de inconstitucionalidad de la ley 24.557 por considerar que el mismo requerirá de un proceso de conocimiento en el que definitivamente pueda acreditarse la lesión de alguna garantía constitucional, no reviste carácter de definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Marcela C. s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

No corresponde resolver si la noción del llamado "trastorno mental transitorio" estaría comprendida en la causal de atenuación del homicidio calificado contenida en el art. 80 "in fine" del Código Penal, si el recurrente no intenta demostrar la existencia de tal hecho con el correspondiente apoyo legal.
Moneda extranjera, pesificación, mora del deudor, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sosa Carlos Enrique c/ Pons María Eugenia s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-03

La pretensión de la actora que se excluya de la pesificación al deudor moroso, aún cuando se aceptara la postura que sostiene la inaplicabilidad de lo dispuesto en el Decreto 214/02, resulta contraria a derecho en cuanto se trata de reparar un daño que no es consecuencia inmediata de su incumplimiento." Las desvastadoras consecuencias de la crisis actual y la devaluación de la moneda, son circunstancias que exceden la mora del deudor y no guardan relación con la misma". El recurrente confunde lo que fue una recta aplicación del principio del esfuerzo compartido por las partes, con el indebido favorecimiento del deudor.
Prescripción, plazo, cómputo del plazo, interrupción del plazo, banco central
Materia: PROCESAL
Carátula: "De    Pablo    Gloria  Mercedes c/ BCRA  RESOL  396/02 (Expte105.708/88Sum FIN (818)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-17

La prescripción de la acción que nace de las infracciones previstas en el art. 42 de la ley 21.526 operará a los (6) años de la comisión del hecho que la configure. Este plazo se interrumpe por la comisión de otra infracción y por los actos y diligencias de procedimientos inherentes a la sustanciación del sumario, una vez abierto por resolución del presidente del Banco Central de la República Argentina (conf. artículo citado, texto vigente según ley 24.144; esta Sala "Bunge Guerrico" , 3/5/84; "Banco Patagónico S.A. (en liquidación) c/ B.C.R.A. s/ apel. resol. 562/91", 17/10/94 y "FOINCO Compañía Financiera S.A. c/ B.C.R.A. s/ apelación (Resolución 559/91 del 17/08/95; Sala I, con integración de los Dres Buján y Grecco; "Banco del Buen Ayre S.A. c/ B.C.R.A. (sumario 100480/86) 27/12/94 y Sala II, "Banco Alas Cooperativo Limitado (en liquidación) y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ Resol. 154/94" 19/2/98) (Cons.III).
Empresas del Estado, SOMISA, deuda pública, deuda interna
Materia: LABORAL
Carátula: LADVOCAT, OSCAR c/ SOMISA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-15

El dec. 1923/92 fue dictado con el ánimo de brindar un tratamiento igualitario a todos los acreedores de SOMISA, y consideró necesario establecer la modalidad de asunción, por parte del Estado Nacional, de ciertos pasivos y la aplicación de los correspondientes mecanismos de pago tendientes a satisfacer las deudas contraídas por SOMISA con sujetos o entes privados no contemplados por el dec. 1144/92. En tal sentido, el art. 1 del dec.

1923/92 determina que las comprendidas en los incisos a, b, y c del mismo, consignadas antes del 1.1.92 serán canceladas por el Estado Nacional en la forma y plazo que resulten adecuadas a las posibilidades presupuestarias y funancieras del tesoro nacional, facultándose al Señor Secretario de Hacienda a ofrecer a quienes resultaren acreedores, títulos de la deuda pública a la par, en cancelación de sus creencias.
Empleados públicos, Municipalidad, intendente, facultades del intendente, personal municipal, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saba, Mónica Alicia c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 187 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

Si bien es razonable que las concretas tareas a realizar por los dependientes de la Administración Pública sean otorgadas por los funcionarios que se encuentran más próximos al interés público que se pretende satisfacer, ello, en manera alguna implica reconocer a estos facultades para modificar el nivel escalafonario y remuneratorio del agente a través de la asignación de una función remunerada con una categoría superior a la que ostente el empleado, pues esta competencia -como lo señala la demandada- corresponde al Intendente municipal conforme al artículo 41 inc. 8 de la ley 2756.

Y, en nada varía tal solución, el supuesto "consentimiento tácito" que alega la recurrente por parte del Departamento Ejecutivo, porque al respecto ninguna prueba se ha producido acerca del efectivo conocimiento por parte del órgano superior; pero, además, el reconocimiento de la situación del agente requiere conductas positivas inequívocas de dicho órgano que permitan deducir la voluntad dirigida a ello, lo que no puede extraerse de actos que no tengan esas características, o de comportamientos simplemente omisivos. De lo contrario podrían convalidarse sistemáticas violaciones por parte de órganos y entes públicos menores, de las normas que regulan la creación de los cargos públicos, atribuyendo competencias y exigiendo las correlativas previsiones presupuestarias.
Prueba, declaración testimonial, apreciación del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: M., N. c/ I.I. SRL y Otros s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-21

El testigo no opina sino que declara sobre lo que vio, presenció o donde intervino; de cuyas manifestaciones el juzgador extrae la posible prueba de lo que se intenta probar o desechar como prueba del contrato entre las partes, lo que pueda haber opinado un testigo.
Marcas, marcas confundibles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Milkland S.A. c/ Milkaut S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-11

La circunstancia de que la demandada haya aceptado en el pasado la coexistencia de marcas parecidas a la suya no implica su renunciamiento a la protección que le confiere la ley ante futuras aproximaciones, pues el comportamiento de las partes no tiene -por si solo- virtualidad suficiente para legitimar concurrencia de marcas confundibles. Por otro lado, los derechos de los consumidores (frente a la confusión directa o indirecta), no pueden quedar librados a la conducta discrecional del titular de la marca (conf. Sala II, causas 20.520/96 del 22/08/96, 1201/97 del 16/09/97 y causa 2.545/99 del 13/08/02).
Cuestiones de competencia, demanda, exposición de los hechos, fundamentación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: FERROCARRILES ARGENTINOS (G.F.A.). c/ PAPADOPULOS, JORGE. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-26

Para la determinación de la competencia corresponde tener en cuenta la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y el derecho que invoca como fundamento de su pretensión (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Menores, tenencia simple
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: N. N. s/ DENUNCIA, SITUACION, TENENCIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-09-14

En materia de menores y su régimen legal, no hay nada definitivo, todo es fluyente y de acuerdo a las circunstancias de hecho, que puedan variar la actual en que se encuentran. El cambio de tenencia no es definitivo, ni causa estado, por tratarse de una medida precautoria, destinada a salvaguardar la salud moral y física de los menores.
Acceso a la información pública, planes sociales
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CIPPEC c/ EN - Ministerio de Desarrollo Social - Dto. 1172/03 s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-30

Corresponde desestimar el amparo tendiente a que se ordene al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entregar la información relativa a los padrones de beneficiarios de ayudas sociales a su cargo, pues conforme surge de las constancias obrantes en la causa, la demandada respondió debidamente a lo solicitado, por lo que la cuestión se ha tornado abstracta.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, actos y diligencias procesales, mandamientos, falta de diligenciamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G.C.B.A. c/ Supermercados Disco S.A. s/ Ejecución fiscal fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-16

A los fines de considerar si una diligencia tiene por objeto impulsar el proceso, cabe prescindir del resultado o eficacia.

Ese es el principio; sin embargo, cabe interrogarse con relación a si puede mantenerse su vigencia en la especie, donde para librar un mandamiento de intimación de pago, la apoderada de la ejecutante habría demorado casi cerca de un año, habiendo presentado sucesivos proyectos para su confronte.

Decididamente la respuesta es negativa. Ello así, pues esa conducta no trasunta sino la voluntad de no instar el curso del proceso, pues quien quiere llevarlo a su fin debe ser diligente en la realización de los actos procesales. Y justamente en autos, la ejecutante parece no haber desplegado la pericia mínima que se puede requerir a un profesional del derecho.

Por otro lado, no debe olvidarse que la finalidad de la caducidad excede el mero interés de los litigantes ocasionalmente favorecidos con su declaración, propendiendo a la agilización del reparto de justicia, tendiendo a liberar a los órganos jurisdiccionales de la carga que implica la sustanciación y resolución de los procesos, cuando las partes presumiblemente abandonan el ejercicio de sus pretensiones.

Esa ratio justifica la decisión adoptada de no considerar, ante las particulares circunstancias de autos, los actos procesales señalados como interruptivos del proceso, al no haber quedado acreditada su realización.
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba pericial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Boess y Robín, Ana N. s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-07

Es absurda la conclusión de la Cámara que contraría las constancias del dictamen pericial.
Ejecución fiscal, títulos ejecutivos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S.A.M.E.E.P. (Servicio de Agua, Mantenimiento y Energía del Estado Provincial) c/ Propietario inmueble 9 de Julio 459 y/o Oettinger, Carlos Emilio y/o quien resulte obligado s/ Ejecución Fiscal. S.A.M.E.E.P. (Servicio de Agua, Mantenimiento y Energía del Estado Provincial) c/ Propietario inmueble 9 de Julio 459 y/o Oettinger, Carlos Emilio y/o quien resulte obligado s/ Ejecución Fiscal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-11-30|1993-11-30

Si bien el órgano encargado de llevar adelante las acciones judiciales es el Directorio de la Empresa estatal (art. 11 de la Ley 2499 -inc.m-), nada obsta que la tarea de expedir los certificados sea suscrita por el Gerente de la Empresa -Gerente administrativo-, en tanto tal delegación se halla prevista en el mismo texto de la ley (inc.o art.11), para facilitar el ágil funcionamiento de la empresa prestataria de un servicio público; así la firma del gerente lo es en representación de la Empresa provincial, no teniendo la mentada empresa, la obligación de publicar el Reglamento Interno -ley 2499, dec. 2353/87-.
Ahorro obligatorio, restitución de sumas de dinero, empréstito forzoso
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Horvath, Pablo c/ Fisco Nacional (DGI.) s/ ordinario (repetición).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Teniendo en cuenta que la ley 23.256 estableció un sistema en el que, a valores constantes, las sumas a restituir representaban una mínima parte de las depositadas, aún cuando se negara en un plano teórico la naturaleza tributaria de los "empréstitos forzosos", debe concluirse que el régimen que se examina constituyó una específica modalidad impositiva.
Recurso de apelación (procesal), pedido de quiebra
Materia: PROCESAL -COMERCIAL
Carátula: VILLAGRA FEDERICO s/ QUIEBRA  PEDIDA  -  RECURSO  DE  APELACION  -  RECURSO  DE  NULIDAD -  REGULACION DE HONORARIOS - RECURSO DE ACLARATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-08-25

La inapelabilidad que establece el art. 296 inc. 3ro.de la ley 19551, es una limitación que no rige para el trámite de los pedidos de quiebra, en tanto esta no haya sido decretada, es decir, que se aplica durante la sustanciación de aquella, una vez declarada. En conclusión: la apelación es formalmente procedente en lo que se refiere a esto, y no se puede decir, al sostener lo contrario, que la denegatoria no causa gravamen irreparable, porque existe la posibilidad de reiterar el pedido, porque esto representa solo un falso analgésico, ante los gastos, demoras y desgaste jurisdiccional inútil que resultaran impuestos.