Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-21


P., E. V.

Reg.: A y S t 211 p 199-204.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "P., E. V. -Estafa-(Tent) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Concedido por la Cámara)" (Expte. C.S.J. nro. 309, año 2004). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Falistocco, Spuler y Vigo.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Surge de las constancias de autos que la Jueza de Primera Instancia de Instrucción Número Seis de Rosario, por auto 181 del 23.02.2001, sobreseyó a E. V. P. por los delitos de estafa en grado de tentativa y defraudación a un incapaz por aplicación del artículo 356, inciso 2) del Código Procesal Penal (fs. 2/4, Expte. 816/01).

Ante la ausencia de apelación por parte del representante del Ministerio Público, el representante del actor civil expresó su disconformidad y apeló subsidiariamente dicho sobreseimiento (fs. 5/11), a lo que la Magistrada resolvió no concediendo la apelación y elevando los autos al Fiscal de Cámaras frente a la disconformidad planteada.

Ante ello, el señor Fiscal de Cámaras interpuso recurso de apelación (f. 342), expresando agravios contra la decisión del Instructor, que fueran rechazados por la Sala a quo mediante auto 202 del 24.08.2001 (fs. 359/362, Expte. 1434/03).

Por su parte -y en lo que aquí concierne- frente a la denegatoria del recurso de apelación, el actor civil dedujo recurso de queja por apelación denegada, el que fuera rechazado por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario mediante auto 120 del 01.06.2001, por cuanto entendió que el artículo 358 del Código Procesal Penal es claro y terminante cuando afirma que la apelación sólo está reservada al titular del órgano requirente y que el actor civil sólo puede manifestar disconformidad con el decisorio, previendo la norma un singular mecanismo de instancia que en modo alguno se compadecía con el intentado (f. 1, Expte. C.S.J. nro. 309/04).

Contra dicho pronunciamiento interpuso el actor civil su recurso de inconstitucionalidad (fs. 4/30), invocando las siguientes razones: En primer lugar, expresó que el derecho de recurrir ante el Superior es un derecho constitucional y que se ha operado una mutación en el Derecho Procesal Penal, ya que la facultad de apelar no se encuentra ahora limitada, en casos como el de autos, sólo al Ministerio Fiscal, sino que también el denunciante de un delito de acción pública o el mero damnificado puede hacerlo. De allí que solicitó que se aplique en el caso la mutación producida en el año 1994 de la Constitución Nacional o de lo contrario, declare la inconstitucionalidad del artículo 358 del Código Procesal Penal por oponerse a los derechos humanos.

Adujo también que el Código de rito santafesino viola los derechos humanos, deviniendo inconstitucional. En tal sentido, puso de resalto que el artículo 24 de la ley 23054 establece la igualdad ante la ley, la que se encuentra violada en el pronunciamiento recurrido. Refirió que tanto en el orden federal como en algunas provincias existe la figura procesal del querellante, razón por la cual, postuló la inconstitucionalidad del artículo 358 del Código Procesal Penal que prohíbe al denunciante o actor civil, ejercer el derecho constitucional de la doble apelación.

Asimismo, amén de otras consideraciones, aludió a que el Instructor dictó el sobreseimiento de la imputada sin fundamentos suficientes, mediante la remisión al artículo 356 inciso inciso 2) del Código de rito, siendo que los plazos previstos en el artículo 208 del Código Procesal Penal no son de carácter perentorio sino ordenatorio y su cumplimiento no produce caducidad sino sanción disciplinaria al magistrado instructor.

La referida impugnación fue denegada por la Alzada mediante auto 234 del 28.09.2001 (f. 32), el que fue a su vez anulado por esta Corte, por haber sido dictado sin sustanciación, por resolución registrada en A. y S. T. 187, págs. 370/371 (fs. 72/73).

A su turno, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario por auto 192 del 6.07.2004 concedió la impugnación extraordinaria por entender planteada en el caso una hipótesis subsumible en el artículo 1 inciso 1) de la ley 7055 que autorizaba la apertura de esta instancia de excepción (fs. 98/100).

2. El examen que impone a este Cuerpo el artículo 11 de la ley 7055, me conduce a propiciar -de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 105/106- la inadmisibilidad del remedio intentado, conforme lo expondré a continuación.

Sin perjuicio de que, de acuerdo a inveterada doctrina de este Tribunal ("Martínez", A. y S. T. 33, pág. 43; "Cirignoli", A. y S. T. 82, pág. 371), reiterada en "Scaglione", "Campilongo" (A y S. T. 194, pág. 336 y pág. 355, respectivamente), y luego en "Ovalle" y "García Camacho" (A. y S. T. 198, pág. 220 y pág. 225, respectivamente) entre otros, le asiste razón al recurrente en cuanto a su legitimación para la interposición del recurso extraordinario local -no obstante lo propiciado por el señor Procurador-, lo cierto es que a distinta conclusión ha de llegarse acerca de los agravios constitucionales planteados por aquél.

En efecto: aun cuando el impugnante acusa la invalidez de la sentencia por presunta arbitrariedad y conculcación de garantías constitucionales, del cotejo de la pieza recursiva en su confrontación con la resolución atacada, surge tan sólo su mera disconformidad con la solución alcanzada por los jueces de la causa, en ejercicio de funciones propias, pero sin lograr demostrar que aquellos hubiesen excedido, en tal cometido, el marco propio de sus facultades, lo cual, independientemente de su acierto o error, no incumbe a este Cuerpo revisar.

Es que de la lectura de los reparos esgrimidos surge con toda claridad que los reproches de la recurrente conducen al examen de cuestiones de estricto contenido procesal -concretamente, de normas del Código Procesal Penal- materia que, por principio, resulta ajena a esta instancia extraordinaria, siendo que aquélla con su formulación, no consigue persuadir que en el sub lite se den los supuestos de excepción a tal regla, esto es, cuando en la inteligencia de preceptos instrumentales medie arbitrariedad o lesión a la garantía constitucional de la defensa en juicio.

Cabe destacar que el Tribunal al abordar la cuestión planteada, efectuó las transcripciones pertinentes del artículo 358 del Código Procesal Penal alegando que aquél era "claro y terminante", aludiendo ciertamente al derecho subjetivo de impugnación del sobreseimiento por parte del Ministerio Fiscal, y la falta de dicha potestad impugnativa por parte del actor civil, si bien legitimándolo para manifestar su disconformidad por escrito fundado.

Así las cosas, dejó debidamente en claro que la apelación sólo se encontraba reservada al titular del órgano requirente y que el actor civil sólo podía manifestar disconformidad con la decisión, habiendo previsto la norma un singular mecanismo de instancia que en modo alguno se compadecía con el intentado.

Dicha hermenéutica propiciada por el Tribunal no ha sido suficientemente cuestionada por el actor civil, y si bien aduce genéricamente violación a garantías constitucionales, tales, igualdad ante la ley, derecho a la doble instancia recursiva, lo cierto es que no logra trasladar tales reparos a la resolución objetada, en orden a comprobar el nexo con las normas constitucionales supuestamente vulneradas como así también su decisividad para la solución del sub judice, quedando claramente la cuestión ceñida al desacuerdo de la recurrente con el criterio con que el A quo interpretó y aplicó al sub caso la disposición contenida en el artículo 358 del Código de rito que no puede tildarse de grosera, absurda o irracional a punto tal de descalificar la sentencia como acto jurisdiccional válido.

En ese orden de ideas, con relación al menoscabo del derecho a la segunda instancia que se habría configurado en autos, tal planteo no ha de merecer favorable acogida por parte de este Tribunal, al no advertirse que la citada garantía guarde relación inmediata y directa con el caso, de suerte tal que la decisión del mismo dependa de aquélla.

En efecto, el ahora recurrente -vale recordar, constituido como actor civil dentro del proceso penal seguido contra P.- insiste en sostener que en autos se ha vulnerado el referido derecho a partir del rechazo de la apelación que dedujera contra el auto de sobreseimiento de la imputada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 358 del Código Procesal Penal de Santa Fe.

Empero, tales argumentaciones -ciertamente- no logran demostrar la existencia de una inequívoca conexión del caso con dicha garantía, respecto de la cual, cabe memorar que el más Alto Tribunal de la Nación ha precisado en distintas oportunidades "que en materia penal dicha garantía (que supone el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior) ha recibido consagración explícita e inequívoca en el artículo 8, inciso 2, apartado h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el artículo 14, inciso 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual obliga a concluir en que dicha garantía exhibe sin más jerarquía constitucional (vide Fallos 323:1787; 324:1878; 325:2711), dicho esto, en sintonía con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha considerado a la misma como "un aspecto esencial derivado del debido proceso" (caso "Abella y ots. v. Argentina", Caso 11, 137; Informe 55/97).

Y es que -trasladando tales pautas al caso de autos- si, como surge del digesto procesal penal santafesino, el actor civil carece en nuestro sistema procesal del derecho a plantear recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento -siendo que la "manifestación de disconformidad del actor civil" por su naturaleza resulta no vinculante para el Ministerio Fiscal, cuyos representantes conservan plenamente la facultad de no apelar a tenor del ya aludido artículo 358 del Código Procesal Penal-, tal circunstancia conduce inequívocamente a desestimar el postulado gravamen contra la "doble instancia".

Máxime ello cuando el recurrente no es la "persona inculpada de delito" a que se refiere el artículo 8, párrafo 2 , apartado h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cfr., "Giroldi", Fallos 318:514; "Martins", Fallos, 319:699) sino, como se apuntara precedentemente, quien pretende ser damnificado por el hecho delictivo imputado, y a quien el digesto procesal criminal le permite ejercer su pretensión civil resarcitoria dentro del proceso penal.

Por otra parte, la tesis de que el "derecho a la doble instancia" se habría violado por el rechazo de su apelación resulta igualmente inadmisible, por la falta de gravamen cierto y actual, condición necesaria para que prospere cualquier postulación constitucional, que se patentiza en el presente, en el que el Fiscal de Cámaras, no obstante conservar su facultad de no apelar, hizo ejercicio de su derecho a recurrir la decisión, haciendo suyos los reparos expresados por el actor civil en su escrito de disconformidad -alegando que la imputada, no siendo hermana de A. P. aparece como tal a través de una partida de nacimiento ideológicamente falsa y gozando de tal estado determinó a ésta a revocar el poder otorgado a favor de J. C. S. y el testamento a favor de los denunciantes, concluyendo su accionar una vez fallecida A. con la promoción de declaratoria de herederos- a los que la Sala a quo en su hora rechazó mediante la resolución 202 del 24.08.2001 (vid, fs. 359/362).

Por lo demás, frente a lo argumentado acerca de la ausencia de querellante en la legislación procesal penal santafesina, encaminado a demostrar un supuesto de violación de la garantía de igualdad ante la ley y de acceso a la jurisdicción motivo por el cual resultaba a juicio del actor civil inconstitucional el Código Procesal Penal de Santa Fe, no se advierte tampoco la relación directa e inmediata de dicha garantía con el caso concreto, habida cuenta que la presencia o no de la figura del querellante en los ordenamientos procesales penales se vincula con las facultades que la Constitución acuerda a las provincias de regular la oportunidad y el modo de ejercicio de las acciones, que puede diferir por ende dentro de las distintas órbitas provinciales, sin que ello por sí solo alcance para configurar la desigualdad constitucional que se alega.

A mayor abundamiento, en relación a la reprochada falta de fundamentación que, a juicio del actor civil, exhibiría el auto de sobreseimiento tampoco ha de ser acogida.

Ello así toda vez que la recurrente no ha aportado razones que demuestren la carencia decisiva de fundamentos o la falta de lógica de la decisión que sobreseyó a E. V. P. de los delitos de estafa en grado de tentativa y defraudación a un incapaz- al afirmar que "...los elementos probatorios incorporados con posterioridad al Auto de Falta de Mérito son insuficientes para variar la situación de la imputada de la que se derivará que habiendo vencido con exceso el plazo máximo instructorio contenido en el art. 208 del C.P.P. no corresponde admitir la petición del actor civil de paralizar la decisión en el 'sub examine' ni de incorporar pruebas posteriores a dicho vencimiento...." (f. 4). Lo dicho se robustece más aún, ante los motivos brindados por la Cámara al confirmar el sobreseimiento al no haberse logrado concretar, transcurrido el término del artículo 356 inciso 2 del Código Procesal Penal, al considerar que "nada prueba que A. P. estuviera incapacitada para revocar Antes bien, frente a ello, el impugnante se limita a presentar su propia visión de la causa, aunque sin lograr superar el plano de la discrepancia con la apreciación que de las circunstancias de hecho y de los elementos de prueba aportados al expediente efectuaron los jueces de la causa, materia ajena al recurso de inconstitucionalidad, que -como reiteradamente se ha sostenido-, no tiene por fin posibilitar la sustitución del criterio adoptado por los juzgadores en el ejercicio de funciones privativas (A. y S. T. 54, pág.

382; T. 55, pág. 212; T. 59, pág. 319; T. 62, pág. 386; T. 64, pág. 259; T. 95, pág. 341; T. 100, pág. 251, etc.); en sentido concordante, Fallos 297:29; 297:117; 297:291; 300:1039; 301:1062; 302:1030; 306:143; 307:234, entre muchos otros), ni tampoco tiende a la corrección en tercera instancia de sentencias equivocadas o que se estimen tales según las divergencias de los recurrentes (A. y S. T. 62, pág. 366; T.65, pág. 40; T. 83, pág. 112, entre otros), sino que sólo encuadra en aquellos casos en que media absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución prevista para los mismos, ya que lo contrario importaría exceder la jurisdicción de esta Corte, habilitándola a revisar todos los pronunciamientos con menoscabo de los límites funcionales e institucionales impuestos por la Constitución y las leyes (A. y S. T. 58, pág. 307; T. 59, pág. 319; T.

134, pág. 294; T. 141, pág. 330).

Las consideraciones precedentes me convencen de que el recurso extraordinario intentado, como ya lo anticipara, es inadmisible, toda vez que los juzgadores dieron razones suficientes que, al margen de su acierto o error, no resultan absurdas o irracionales y, por ende, la postulación de la compareciente deviene en mera discrepancia interpretativa, en tanto no consigue persuadir que lo decidido exceda lo meramente hermenéutico y, menos aún, que lesione las garantías constitucionales invocadas.

La conclusión podrá o no compartirse pero, en la medida que no importe desconocimiento del derecho a la jurisdicción que acuerda la Carta Magna provincial, no puede descalificarse por inconstitucional.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en idéntico sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)