marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Leyes, Poder Legislativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

Otra teoría sobre la naturaleza jurídica de la promulgación cree que la actividad desplegada por el Gobernador es declaración externa de la ley, elemento necesario y constitutivo para que éste exista validamente, pues, de lo contrario, sólo existirían dos decisiones concordantes de las Cámaras Legislativas de valor puramente interno ("teoría legislativa"). En este supuesto la promulgación nada tiene que hacer con la eficacia de la ley y si ella se perfecciona con la aprobación de las dos Cámaras, no se advierte la necesidad de por qué de la presencia de un acto de otro órgano distinto deba surgir como elemento constitutivo de aquél que ya es completo en sí mismo, es decir, perfecto, terminado, con la sanción producida por los cuerpos legislativos.

Esta solución se apoya, según algunos, en un sólo argumento, es decir, en el hecho que la ley asume generalmente, la fecha de la promulgación, con lo que se demostraría que la etapa de la perfección se completa con ésta y que, en consecuencia, la fase de la integración de la eficacia, solamente comienza con la publicación.
Colegio Público de Abogados, ejercicio profesional, sanciones disciplinarias administrativas, ética profesional
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL  D.G.I. c/ Norberto Néstor GARBUS s/ ABOGADO    -  PROFESIONES  LIBERALES  -  SANCIONES  DISCIPLINARIAS  -  COLEGIOS PROFESIONALES - DEROGACION DE LA LEY
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-27

Corresponde confirmar la sentencia que, fundándose en lo dispuesto en los arts. 11 y 25, última parte, de la ley 22.192, texto según art. 1, ley 22.340, estableció que los efectos de las sanciones disciplinarias impuestas a los abogados sometidos obligatoriamente a sus colegios por leyes provinciales, en el caso la ley 5.177 de la Provincia de Buenos Aires, alcanzan a la matrícula federal. Ello es así, pues tal inteligencia guarda correspondencia con la doble finalidad perseguida por el legislador mediante la reforma, tendiente a evitar conflictos de competencia entre órganos disciplinarios con jurisdicción compartida sobre un mismo distrito y afianzar, a la vez, la seguridad jurídica evitando que coexistan interpretaciones disímiles en materia de ética profesional.
Universidades, facultades universitarias, superintendencia, establecimientos educacionales, reglamentos, acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos, razones de oportunidad, mérito o conveniencia, control de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González de Delgado, Cristina y otros c/ Universidad Nacional deCórdoba.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

Sentada la competencia del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba para dictar la Ordenanza 2/97, por la que se transformó al Colegio Nacional de Monserrat en un establecimiento de educación mixta, no cabe a los tribunales examinar la oportunidad, mérito o conveniencia de los actos administrativos que hacen al gobierno y autonomía universitaria, sino que sólo pueden revisarse cuestiones atinentes a su legalidad.
Defensa en juicio, morosidad del proceso, duración del proceso, imputado
Materia: PENAL
Carátula: BARRA, OSCAR JOSE s/ Incidente de apelación de Sobreseimiento Parcial y definitivo Causa  35634
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

EL derecho a obtener un pronunciamiento definitorio en el más breve lapso posible es inherente a la garantía de la defensa en juicio.
Confirmación del acto jurídico, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Atuel Fideicomisos SA c/ López, José Francisco s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-11

A consecuencia del principio de convalidación, se impone la deducción del incidente de nulidad por el agraviado ante la misma instancia en el que haya tenido lugar el acto irregular. No haciéndolo así queda subsanada la deficiencia y el procedimiento resulta inobjetable. Se trata de lo que se llama la autodepuración de los actos que integran el proceso y, por tanto, la exigencia de la reparación de los vicios, debe provocarse y obtenerse en el período en que se produjeron.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Ficco Guzzo de Panzeri, Silvia Noemí y ot. c/ Transportadora Latinoamericana Limitada y ot. s/ Daños y perjuicios Barnes, Eduardo Rafael c/ S.U.T.I.A.G.A. y otro s/ Cobro de australes Colombo, Angel Ramón c/ Sandaza, Sixto Alfredo s/ Daños y perjuicios ICSASI S.A. c/ Camuzzi Gas Pampeana S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25|1993-11-23|2002-02-19|2006-03-15

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a reiterar las argumentaciones vertidas en los escritos de expresión de agravios y contestación de agravios de la contraparte, sin impugnar eficazmente las conclusiones esenciales del fallo.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: José Persiani e Hijos c/ Atencio, Sergio s/ Cobro de pesos sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

Si el demandado niega los hechos y circunstancias relatados en la demanda, le corresponde al actor demostrar los supuestos de hecho de las normas jurídicas invocadas en la misma (art. 375, CPCC.).
Inconducta procesal, multa, nulidad de la subasta, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Canellada, Juan Carlos c/ Brunello, Raúl Angel s/ Embargo preventivo - Ejecución de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-05-31

El art. 594 del C.P.C. dispone que: "si el ejecutado hubiere provocado dilación innecesaria en el cumplimiento de la sentencia de remate, el Juez impondrá una multa en los términos del art. 551 sobre la base del importe de la liquidación aprobada". Dicha sanción no es de aplicación automática en todos los supuestos en que se desestima la pretensión del ejecutado, porque de ser así, se comprometería el derecho de defensa en juicio, sino cuando se configura a criterio del Tribunal alguna de las hipótesis que contempla la norma.

Ahora bien, en el caso bajo examen, resulta de recibo el pedido formulado por la ejecutante respecto a imponer una multa al ejecutado. En efecto, si bien éste plantea la nulidad de la subasta, no sólo la articula fuera de término sino que se basa en manifestaciones que a la postre resultan infundadas, originando así una dilación innecesaria en el cumplimiento de la Sentencia de Trance y Remate.

En consecuencia, se impone una multa al ejecutado del 10% sobre el capital reclamado que se condena a pagar en la sentencia de remate, con exclusión de intereses y costas.
Cosa juzgada, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kotlar, Ernesto c/ Quintana, Ramón Emilio s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

El principio de la cosa juzgada es superior al de preclusión de los actos procesales, a tal punto que la observancia de éste no autoriza a admitir errores que, en definitiva, alteren los términos de la decisión firme.-
Falsa denuncia, calumnias, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: DEBENEY Enrique. s/ Inc. de Apel. Causa 15.525
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-13

El delito de falsa denuncia requiere como presupuesto típico que no se trate de una atribución de un hecho delictivo a persona determinada. Si ello ocurre de esa manera, estaríamos en presencia del delito de calumnias que por su naturaleza no puede ser oficiosamente perseguido, y que queda incluido en el art. 109 del C. P.

Desechada la calificación como de falsa denuncia del hecho denunciado, corresponde anular lo actuado respecto de la falsa imputación. Esto es la nulidad parcial de las declaraciones indagatorias prestadas en autos y de la resolución de mérito recurrido, por resultar una violación a las reglas esenciales del proceso.
Nulidad procesal, incidente de nulidad, rechazo in límine
Materia: PROCESAL
Carátula: LOUREIRO, MARIA MERCEDES POGGI DE c/ MERCADO NACIONAL DE HACIENDA s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-05

La nulidad omite indicar concretamente la fecha en que habría tomado efectivo conocimiento de la diligencia que impugna, impidiendo, de tal modo, toda verificación acerca de la oportunidad del planteamiento. En consecuencia, toda vez que el pedido no cumple con los requisitos propios del principio de convalidación, que relativamente al incidente de nulidad juegan como verdaderos presupuestos de su admisibilidad, corresponde desestimar sin más trámite el impetrado.
Marcas, marcas confundibles, cotejo de marcas, oposición al registro de marca
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Anne Klein International  LTD. c/ Heffesse, José e Hijos s/ Ret. Opos. Reg. Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-21

Las marcas deben cotejarse en su conjunto, sin someterlas a caprichosas desmenbraciones.

De manera tal, que aún suponiendo que ANNIE y ANNE, resultaran confundibles, es la segunda palabra que conforma la marca que pretende registrarse, la que adquiere un relieve preponderante.

Porque cuando dos signos incluyen un elemento común - en el caso semejante -, su posibilidad de coexistencia depende de la incorporación de otros con aptitudes de asignar al conjunto creado, carácter diferente respecto del anterior. Ello sucede con el agregado del apellido KLEIN, que resulta suficientemente distintivo, desde el punto de vista ortográfico como también del fonético.
Recurso extraordinario, cuestión federal, ley federal, régimen de consolidación de deudas, modificación de la ley, coparticipación federal, beneficios previsionales
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Antedoro, Antonio Domingo c/ Instituto Nacional de Previsión Social s/ ejecución previsional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

El art. 4. de la ley 24.130 es una norma federal, pues al modificar parcialmente la ley 23.982 participa de su misma naturaleza.
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, decreto reglamentario, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: SEGURA, CARLOSALBERTO y otro c/ OSTRILION S.A. y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-08

Si bien la parte actora no ha planteado la inconstitucionalidad del art. 3 del dec. 146/01 en la demanda, corresponde declararla de oficio dado que la requisitoria que impone al trabajador respecto de la intimación del certificado de trabajo antes de cumplido los treinta días corridos de extinguido el contrato, excede claramente lo que establece la norma superior que reglamenta, esto es el art. 45 de la ley 25.345. Ello, por cuanto la función del juez que se enuncia con el adagio latino "iura novit curia", es suplir el derecho que las partes no le invocan o que le invocan mal. Es necesario señalar que, si bien los hechos del proceso deben ser invocados y probados por las partes, en lo atinente al derecho aplicable el juez debe fallar, conforme a lo que él considera y razona como conducente a la decisión del proceso. Tal como lo ha dicho Bidart Campos "el juez depende de las partes en lo que tiene que fallar, pero no en cómo debe fallar". Consecuentemente, el control de constitucionalidad no depende de las partes porque la supremacía de la Constitución es de orden público, lo que justifica la declaración de inconstitucionalidad de oficio de la norma enunciada.
Violación, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Salemi, Roberto c/ Rivero, Silvino s/ Interdicto de recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-07-07

La acumulación de procesos de Desalojo e Interdicto dispuesto por el a-quo y consentida por las partes estableció una situación procesal definitiva, que fue quebrada por Cámara al disponer su desagregación, actitud ésta que además de ser extemporánea alteró las demás relaciones procesales y derechos de fondo en discusión, produciendo de tal forma violaciones a los derechos de defensa en juicio y de propiedad.
Contratos administrativos, pliego de bases y condiciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Delco S.A. c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28

La presentación en el procedimiento licitatorio y su posterior adjudicación supone el acuerdo del adjudicatario con todos los términos de las condiciones establecidas en el pliego por lo que, reconocer en su favor los mayores costos, provocaría no sólo la ruptura de la igualdad de los postulantes sino, además, el reconocimiento de que su oferta -que resultó en definitiva, la más conveniente- fue presentada y aceptada bajo una condición de reserva no expresada en su momento, infringiendo uno de los principios basales de la licitación pública, cual es el de la inmutabilidad de la oferta.
Juicio de apremio, costas, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de General Pueyrredón c/ Kalksma S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-07

Si bien el exceso de interés no le resta ejecutabilidad al título, ello no empece para que en el supuesto de que el juez decida limitar los requeridos por el actor, se libere al deudor de un porcentaje de las costas adecuado a la medida de su logro. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad internacional del Estado, GUATEMALA, centro clandestino de detención, Pacto de San José de Costa Rica, privación ilegal de la libertad, secuestro de personas, actuación de oficio, violación de derechos humanos, deber de esclarecimiento, investigación del hecho, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala c/  s/ Sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2003-11-27

Resultan violados por Guatemala los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y las obligaciones previstas en el artículo 8 de su par Interamericana contra la Tortura, en perjuicio de la activista política que fue secuestrada y llevada a un centro clandestino de detención por agentes estatales, pues transcurridos más de once años, el Estado no ha investigado los hechos de violaciones a los derechos humanos sufridos por la víctima y, consecuentemente, no ha identificado a los responsables, manteniéndolos en la impunidad violando su deber de combatir esa situación por todos los medios legales disponibles, incluso mediante procedimiento de oficio, tal como expresamente lo exige la Norma Internacional contra la Tortura.
Recurso de inconstitucionalidad, bienes del Estado
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda	 c/ Fernández, Martha Isabel y otros s/ Desalojo s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido Isabel y otros s/ Desalojo s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-29

Los fundamentos tomados a partir de lo dispuesto por la ley nro. 17091 son incorrectos. El sistema diseñado por esta ley difiere del elegido por la Legislación de la Ciudad. En la ley nacional la autotutela especial que ella confiere se basa en la naturaleza de las relaciones jurídicas, fundamentalmente en la forma de otorgar el uso de los bienes (públicos o privados) del Estado. Por eso la ley comprende a todas la concesiones otorgadas sobre esos bienes. Las normas locales regulan de manera diferente el ejercicio de la autotutela en función de la naturaleza de los bienes. El art. 12 de la ley de procedimientos faculta el uso de la fuerza cuando deba protegerse el dominio público o desalojar o demoler edificios que amenacen ruina. El art. 463 del CCAyT regula los alcances de la facultad de autotutela necesarias para la protección de los bienes del dominio privado del estado. Consecuentemente ni la descalificación constitucional del art. 463 ni su justificación pueden derivarse en la mecánica remisión a la ley nro. 17.091, ni de la naturaleza de los bienes protegidos. (Del voto de los Dres. Casás y Muñoz).
Propiedad horizontal, intereses, tasas de interés, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: DELUCCHI,    Guillermo   Carlos   y   otros c/ CONSORCIO   DECOPROPIETARIOS    BORGES    2488/98    ESQ.    SANTA   FE   4102/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-30

Corresponde que los intereses en un reclamo por daño moral originado en la inejecución de las reparaciones de un inmueble por parte del consorcio se computen desde el día de notificación de la demanda hasta el día del efectivo pago, conforme a la tasa activa cartera general (préstamos)nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. plenario "Samudio").

(Sumario N°18688 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Sistema acusatorio, facultades del fiscal, Ministerio Público Fiscal, portación de armas, armas de uso civil
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Franco David c/  s/ 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Las distintas esferas de competencia funcional de fiscales y jueces, deben conjugarse en un marco en el que prevalezca la autonomía de criterio de los primeros en el modo de impulsar o hacer cesar la acción, sin perjuicio de los controles de las garantías constitucionales que a su cargo tienen los segundos, de acuerdo con los diferentes cometidos constitucionales confiados a cada uno. De este modo, a los fiscales les compete la de promoción de la actuación de la justicia, mediante la investigación y el ejercicio la acción penal, y a los magistrados se les atribuye el juzgamiento y decisión de las causas (planteos), a partir del conocimiento otorgado -art. 106 de la CCABA-, atendiendo siempre a la consolidación de la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio y del debido proceso (art. 18 de la CN).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Beiró, Carlos José s/ causa n° 11.234
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-13

El recurso extraordinario, cuya denegación motiva la queja, resulta inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: ACEVEDO, EDUARDO s/ Sucesión.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-03

No puede impedirse la determinación del honorario en virtud, incluso, de afirmarse haberlo ya saldado, toda vez que el auto regulatorio sólo produce efectos de cosa juzgada sobre la retribución que corresponde a la actuación profesional de que se trata, pero no acerca del monto adeudado (conf. C.N.Civ. sala C, E D. 96-630; íd. sala D, R. 277.447 del 14-12-81).
Responsabilidad civil, daño causado por animales
Materia: CIVIL
Carátula: Corvalán, Maricel Andrea c/ Bustos Fierro, Octavio y Otro s/ Ordinario - Daños y Perj. - Otras Formas de Respons. Extracontractual - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-02-27

El demandado debe responder por los daños que sufrió la actora al ser atacada por perros de su propiedad, pues las personas que sindica como posibles responsables del evento por revestir la calidad de guardián, en rigor, no lo son por la sencilla circunstancia que no acreditó que se sirvieran de los animales, es que, no muestra que lo hubieran suplantado en la custodia o cuidado de los canes.
Alimentos, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: N. J. J. c/ F. S. E. s/ Incidente reducción cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-22

Peticionada la reducción de la cuota alimentaria fijada mediante la tramitación del debido proceso por ante la Justicia de Paz y promovido a posteriori el juicio por divorcio vincular por ante la justicia de primera instancia, ello importa un desplazamiento de la competencia hacia la justicia ordinaria, que ha absorvido a la anterior (arts. 6to. inc. 1ro. Código Procesal Civil y Comercial y 231 del Código Civil).- (Minoría u opinión personal)
Facultades de la autoridad de prevención, detención sin orden
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Corituma Malache, José Luis s/ procesamiento y embargo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

Comparto la solución propiciada por mi distinguido colega, en cuanto a la invalidación del procedimiento policial que motivó la formación de las presentes actuaciones, toda vez que el criterio allí expuesto se condice con los argumentos oportunamente desarrollados por el suscripto en la causa "Amaya, Jose Roberto s/ inf. ley 23.737"." (Del voto del Dr. Eduardo R. Freiler).
Excusación, excusación por deuda o fianza
Materia: PROCESAL
Carátula: Mauriño, Eduardo Alberto c/ Banco de Formosa SA y/o quien resulte responsable s/ reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-09-10

Es improcedente la excusación fundada en ser el magistrado deudor del banco demandado, pues se trata del Banco de Formosa, agente financiero de la Provincia, y se aplica por tanto la excepción que contempla la normativa prevista para el caso.
Falsificación de documentos, certificado de defunción, instrumentos públicos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Casella, Miguel Angel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-14

El uso de un certificado de defunción apócrifo debe ser considerado pasible de la protección del artículo 296 del Código Penal, en función del artículo 292 del mismo texto legal. Ello así por cuanto el mismo contaba con la intervención del Consulado General de la República Argentina con sede en la ciudad de Asunción, República de Paraguay, quedando de esta forma dotado de los signos de autenticidad oficial del Estado argentino. Es precisamente tal intervención simulada del Estado lo que caracterizó al documento en cuestión, pues habiéndose aparentado la actuación del oficial público el instrumento resultaba idóneo para ser entendido como producto de la actividad estatal. Y en nada obsta a tal conclusión las alegaciones de la defensa en punto a la falta de inscripción de dicho certificado en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, pues lo cierto y evidente es que aun mediando tal omisión el instrumento poseía ya las características propias de un documento oficial y la consecuente aptitud para inducir a error en orden al destino probatorio que ostentaba. (Voto del Dr. Riggi).
Medidas cautelares, bienes inembargables, ventilador, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL
Carátula: FRANCHINO c/ FERNANDEZ s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-22

Dentro del nivel de vida que impera en la actualidad se considera un bien de uso indispensable el ventilador, cabiendo agregar que satisface necesidades primarias de un hogar y no una mera comodidad pues su finalidad específica es preservar al organismo de temperaturas no convenientes. En consecuencia corresponde levantar el embargo trabado sobre un ventilador.