Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-26


LEITE, Andrea contra MARELLI, René A.

Reg.: A y S t 193 p 351-354.

Santa Fe, 26 de noviembre del año 2.003.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia 114 del 13 de junio de 2002 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto en autos "LEITE, Andrea contra MARELLI, René A. -Demanda Laboral- (Expte. 122/01)" (Expte. C.S.J. nro. 120, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que la actora promovió demanda persiguiendo el pago de la indemnización prevista en los artículos 178 y 182 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El Sentenciante en primer grado de conocimiento acogió su pretensión y, apelado el decisorio por la accionada, la Sala lo revocó desestimando, consecuentemente, la reparación.

Es contra este pronunciamiento que la perdidosa endereza su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por lesionar derechos y garantías constitucionales como lo son el debido proceso, el acceso a la justicia, la igualdad y la propiedad.

La impugnante achaca al fallo arbitrariedad normativa y fáctica, relacionadas -concretamente- con las consideraciones del Tribunal referidas a la notificación del embarazo a la empleadora y con la ponderación de las presunciones que realiza.

En relación al primer tópico, sostiene la quejosa que tanto doctrina como jurisprudencia entienden que la notificación del embarazo al empleador puede probarse por cualquier medio fehaciente, incluso la testimonial, por lo que no es exigible el telegrama u otro medio similar a fin de acreditarla; por ello exigir a la trabajadora un recaudo que la ley no impone implica incurrir en arbitrariedad normativa, violatoria del derecho de defensa, de igualdad y del debido proceso.

Concretamente, asevera que en la causa se ha acreditado que la accionante presentó el certificado médico legalmente exigido, cumpliendo así con su carga de notificar y acreditar el embarazo; que dicha certificación fue recibida por Miriam Maño -empleada de la demandada que, de acuerdo a sus propias declaraciones, manejaba y tenía a su cargo todo lo relativo al personal del estudio contable-; y que la circunstancia de que Maño le comunicara o no a Marelli el contenido del certificado, resulta ajeno a la cuestión en debate pues la accionante cumplió con su carga de notificar.

Por ello -dice- resulta arbitraria la conclusión del A quo respecto a que Marelli no tomó conocimiento del embarazo de la actora a pesar de reputar acreditado que la empleada Maño recibió el certificado médico.

En relación a las presunciones, aduce la impugnante que la Alzada no tiene en cuenta que en la causa existen numerosos indicios que por su importancia, número y contundencia hacen que se constituyan en elementos fundamentales de la condena de primera instancia y que pese a no haber sido desvirtuadas por el accionado son marginadas por la Alzada.

Así -dice- la Sala cae en arbitrariedad fáctica por resolver sin analizar pruebas que fueron incorporadas validamente al proceso y decidir en oposición a ellas.

En tal sentido, destaca que el testimonio de Maño no se contradice con las presunciones y que tampoco son desvirtuadas la informativa de Osecac y del círculo de Bioquímicos.

Respecto a la primera informativa, entiende que la Sala la analiza parcializadamente pues soslaya ponderar que junto con la documentación, la informante también remite la copia que obra en el legajo del certificado en que consta el embarazo; que de dicha informativa surge que la esposa del accionado era quien a la fecha auditaba los análisis de dicha obra social y que la accionante había iniciado trámites del plan materno infantil el día 21.8.1997 y que los análisis que se realizó son los que suelen hacerse las embarazadas y por ello es inexacto concluir -como lo hace la Sala- que la esposa del accionado no podía conocer el estado de embarazo de Leite.

También critica a la Sala por concluir, ligeramente, que carece de trascendencia que el telegrama de despido haya sido entregado en el lugar de trabajo de la actora imputándolo sólo al correo que lo repartió; así como por omitir ponderar que se ha acreditado en autos que en los años de servicio la trabajadora jamás recibió sanciones, que veinte días antes del despido la instruyeron en un nuevo sistema de computación a instalarse en el estudio y que ella debería usar lo cual da por tierra con el argumento de que fuera mala empleada o que tuviera pensado despedirla.

La Sala denegó la concesión del remedio extraordinario intentado por lo que la quejosa ocurrió en forma directa por ante esta sede.

2. Aun de reputarse superado el óbice formal acusado en la denegatoria del recurso, relativo a la ausencia de oportuno planteamiento de la cuestión constitucional, la presente queja no puede de todos modos admitirse, toda vez que al penetrar mínimamente en el ámbito de lo sustancial, se advierte claramente que no obstante los planteos reseñados precedentemente tienden a imputar arbitrariedad al A quo y violación de derechos de raigambre constitucional, del desarrollo del escrito recursivo surge que el agravio de la recurrente se basa, en esencia, en su disconformidad con el criterio con que la Alzada -en ejercicio de funciones propias- analizó la situación fáctica de la litis conforme la traducían las constancias de autos, y con el que valoró las pruebas, y en función de unas y otras interpretó y aplicó las normas de derecho común pertinentes, ámbito que, como regla, resulta ajeno a esta instancia extraordinaria.

En efecto, del memorial introductorio se deriva sin dificultad que la recurrente, en esencia, discrepa con el criterio adoptado por la Alzada en la solución dada al sub judice, intentando hacer prevalecer su propio enfoque de la que, a su juicio, le hubiera correspondido -y opuesta a la de la Cámara-; asentado todo ello en su particular apreciación de los hechos y del plexo probatorio reunido en la causa y valor asignado a éste en cuanto que debió haberse hecho lugar a la demanda instaurada y por ende a la indemnización prevista en el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Es que -a su entender- la empleadora, antes de proceder al despido conocía el estado de embarazo de la actora, por lo que cabía presumir que el motivo real del distracto había sido el referido estado de Leite.

Sin embargo, con ello no logra persuadir a este Cuerpo acerca de que el A quo en tal labor -más allá de su grado de acierto o error- se hubiese apartado de los parámetros fácticos, probatorios y jurídicos con que contaba.

Antes bien, de la simple lectura del pronunciamiento criticado se advierte sin esfuerzo que en modo alguno pueden entenderse configurados los reproches de arbitrariedad esgrimidos, a poco que se repare en que fueron explicitadas suficientemente las razones que guiaron al Tribunal a revocar el pronunciamiento de grado al concluir que "...la carencia de los requisitos del art. 177 L.C.T. afecta la aplicación en la especie de la presunción prevista en la L.C.T. (Art. 178) de que el despido se produjo por causa del embarazo, invirtiéndose el ´onus probandi´que ahora vuelve en cabeza de la trabajadora colocando sobre ella la carga de la prueba sobre la existencia del estado de embarazo a la época del despido con conocimiento de su empleador y el nexo causal entre ambos...

Y en tal aspecto, la actora no ha demostrado acabadamente los extremos que invocara en su demanda, relacionados con que el empleador tenía conocimiento al momento del distracto de su embarazo" (f. 13/13vto.).

Así, en tren de apreciar si había mediado -o no- la notificación fehaciente exigida por la norma, el Tribunal tomó en consideración que al demandar, la actora había afirmado que el día 20.8.1997 entregó certificado médico en que constaba su embarazo y fecha probable de parto a su empleadora, entregándolo a la señora Maño que era la encargada de liquidar sueldos, licencias, vacaciones, etc.; pero, pese a que con el testimonio de esta última -no cuestionado ni tachado- resultaba corroborado el hecho de que la actora le presentó el certificado, también surgía que Maño lo leyó y se lo devolvió, que no hubo comunicación a Marelli porque no estaba, que la actora nunca más volvió a presentar la certificación y que ni Maño ni la actora le informaron a Marelli sino hasta el día en que la actora fue a cobrar la indemnización y lo hizo en disconformidad.

Tuvo en consideración, además, que la actora no requirió a la empleadora reconocimiento médico para la comprobación del embarazo y que las presunciones a las que el A quo había otorgado trascendencia -que la esposa del demandado era quien por entonces auditaba las prestaciones en la obra social de la accionante y por ello pudo informar a su cónyuge; que el despido se produjo a los quince días de presentado el certificado; que la comunicación telegráfica fue recibida en el lugar de trabajo lo que no es normal; que durante la relación de trabajo la demandada no recibió sanciones y que el despido se produjo luego de acreditado el embarazo- resultaban desvirtuadas por prueba en contrario -informes producidos por el círculo de bioquímicos y por OSECAC que daban por tierra con la posibilidad del conocimiento a través de su cónyuge; que el correo es quien dispone la entrega del telegrama; y que el despido sin causa no se encuentra legalmente prohibido-.

Como puede verse, sin abrir juicio respecto del acierto o error de la decisión la Sala escogió un temperamento que, en el caso, no se advierte pueda ser tildado de inconstitucional, esgrimiendo razones en orden a no reputar acreditado que se hubiera cumplido en la especie con la notificación fehaciente del embarazo a la empleadora en orden a tornar operable la presunción establecida en el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que la postulación de la recurrente en tal sentido queda, a la sazón, reducida a una mera disconformidad con la estimativa probatoria que, por regla, no puede dar cabida a la apertura de esta instancia excepcional.

En definitiva, corresponde desestimar la queja interpuesta, en tanto las alegaciones de la recurrente carecen de sustancia constitucional en orden a demostrar la configuración de los pretendidos vicios imputados a la decisión de Alzada; de allí que no depare caso constitucional idóneo que permita operar la apertura de la instancia extraordinaria ante esta Corte, cuya misión, como reiteradamente se ha dicho, no consiste en sustituir a los jueces ordinarios en su labor jurisdiccional, sino en el control de adecuación de los pronunciamientos judiciales al ordenamiento jurídico fundamental.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)