Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-27


En la ciudad de Trelew, a los 27 días de mayo del año dos mil nueve, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. C. Dante Ferrari y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Marcelo J. López Mesa y C. A. Velázquez , para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "M., M. B. c/ L.A. S.A. s/ Accidente de Trabajo" (Expte. 188 - Año 2009 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 251.------------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: ------------------------------------------- I. La actora promovió demanda contra la aseguradora de riesgos de trabajo contratada por su empleadora con motivo de las consecuencias dañosas sufridas por un accidente de trabajo y su posterior agravamiento, solicitando la indemnización de la incapacidad laboral, las prestaciones dinerarias impagas y la compensación por el daño moral ocasionado. Planteó además la inconstitucionalidad de los arts. 1°, inc. 1, 6° inc. 2, 21° inc. 2 y 5, 22°, 39° inc. 1, 46° inc. 1 y 2, y 49° de la ley 24.557, así como de la norma que contempla la instancia administrativa previa - art. 49°, disposición adicional 3era. del mismo cuerpo legal.-------------------------------------------------------------------------- --- II. Al contestar la demanda, L. ART S.A. solicitó el rechazo de la demanda, con costas. Argumentó que principal incongruencia de la actora consistió en haberse sometido voluntariamente al trámite administrativo regulado por la ley 24.557 y su decreto reglamentario 717/96 por ante la Comisión N° 19 de la ciudad de Comodoro Rivadavia a raíz del infortunio y posterior reagravamiento; que consintió el dictamen que le otorgó un 4,42% de incapacidad, demostrando la plena sumisión al régimen legal aquí cuestionado. Opuso como defensas la cosa juzgada administrativa, la excepción de pago total y la aplicación de la teoría de los actos propios. Afirmó asimismo que el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la demandante es extemporáneo y jurídicamente ineficaz, solicitando su rechazo. Expresó que la responsabilidad que se le pretende endilgar a su parte con sustento en el art. 1074 del Código Civil requeriría probar que su parte actuó con dolo y con los presupuestos establecidos en dicho código. Opuso asimismo la falta de legitimación pasiva para el hipotético supuesto de que el tribunal entendiere que se le imputa responsabilidad a su parte con fundamento en los arts. 1109 y 1113 del C. Civil, señalando asimismo que no reviste la calidad de empleadora ni tampoco es dueña ni guardiana de las cosas. Agregó que su defensa se fundamenta en la no existencia de seguro alguno respecto de los reclamos efectuados. Solicitó la aplicación de las leyes 24.307 y 24.432 y del decreto 1813/92, requiriendo, en suma, el rechazo de la demanda entablada, con costas.------------------------------------------- III. Tramitado el proceso, a fs. 224/231 obra el dictado del fallo definitivo de primera instancia. En breve síntesis, los fundamentos del mismo son los siguientes: 1) La declaración de inconstitucionalidad debe darse en un caso concreto, y en la especie la actora centra su pretensión en el régimen establecido en la Ley de Riesgos de Trabajo a la que, incongruentemente, luego impugna de inconstitucional. Resulta improcedente declara la inconstitucionalidad del inc. 1° del art. 39 de la LRT, pues el control por excepción o por vía indirecta es un control concreto, que se ejerce cuando en una causa se está discutiendo una relación jurídica determinada y es la necesaria la aplicación de la norma cuestionada para decidir el caso. Al no presentarse esta situación corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad efectuado. 2) En cuanto a los reclamos efectuados, se trata de un caso típico de accidente de trabajo que produjo las secuelas constatadas tanto en la Comisión Médica como a través de la pericia médica practicada en autos a fs. 126/127 vta. 3) Tras reseñar los antecedentes glosados en la causa referidos a la dolencia laboral de la actora, la a quo señala que: a) el art. 7 de la ley 24.577 define la situación de la Incapacidad Laboral Temporaria ILT como aquella en la cual el daño sufrido por el trabajador le impida en forma temporaria la realización de sus tareas habituales y que cesa por el alta médica, por declaración de Incapacidad Laboral Temporaria ILT, por transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante o por muerte del damnificado. b) En caso de presentarse esta incapacidad, el trabajador percibirá a partir del día siguiente a la primera manifestación de la misma y mientras dure dicha minusvalía una prestación de pago mensual igual al valor del ingreso mensual básico (art. 13 de la ley, reformado por decreto 1278/2000). Dicha prestación dineraria estará a cargo del empleador por los primeros diez días y los siguientes serán a cargo de la ART. c) Ninguna prueba ha aportado la demandada sobre el cumplimiento de estas prestaciones a las que estaba obligada legalmente y dado que según la pericia contable producida a fs. 169/172 surge que durante el período comprendido entre enero y abril de 2006 la actora no percibió remuneración alguna, corresponde acceder a esta pretensión y condenar a L. ART al pago de las prestaciones dinerarias debidas. d) Para su determinación cuantitativa cabe atenerse al dictamen de la experta contable producida a fs. 181/184, hallando correcto que no se incluyan los conceptos no remunerativos y declarando procedente este rubro por la suma de $ 13.857,53 con más sus intereses. e) Analiza luego el procedimiento que debió observar la ART con posterioridad al alta médica de la actora conforme a la resolución SRT 432/99, señalando que no se han aportado a la causa elementos que prueben que el mismo fuera cumplido, por lo que debe considerarse que omitió determinar la incapacidad de la trabajadora luego de otorgarle dicha alta médica. f) Considera que la determinación mediante pericia médica de que la actora padece una incapacidad parcial y permanente del 4,42%, conforme a los fundamentos allí brindados, aparece correcta y ajustada a derecho, por lo que debe otorgársele plena eficacia a dicho dictamen y estar a las conclusiones del mismo. En base a ello el rubro ha de prosperar por la suma de $ 12.977,61 según el recálculo matemático efectuado a fs. 183, también con adición de sus respectivos intereses. g) En cuanto al daño moral, habiéndose desestimado el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora, este rubro es una contingencia resarcitoria que no se encuentra prevista dentro del esquema de la Ley de Riesgos de Trabajo, por lo que dicha pretensión debe ser desestimada. h) Atento al modo en que se ha resuelto el presente litigio, deben desestimarse la excepción de pago total y la defensa de cosa juzgada administrativa opuestas por la demandada. Y en cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada a fs. 92 vta., ap. VII, devino abstracto el tratamiento de la misma desde que la presente causa se resolvió dentro del marco de la LRT, considerando que la demandada no asume la responsabilidad civil dentro del esquema de la ley 24.557. i) Habiendo triunfado la actora en dos de sus pretensiones ha promediado un vencimiento parcial y mutuo (art. 71 C.P.C.C.), por lo que corresponde imponer las costas en un 90% a la demandada y en el 10% restante a la actora.--------------- IV. A fs. 239/245 obra la expresión de agravios de la parte actora, que contiene los siguientes motivos de crítica. 1) Se ha fallado extra petita al decidirse una cuestión no planteada, con afectación del principio de congruencia, la garantía constitucional de propiedad y la defensa en juicio. En efecto -afirma- la sentenciante ha incurrido en incongruencia y arbitrariedad al considerar que se produjo un nuevo accidente de trabajo con mecanismo lesional, el cual no ha sido siquiera mencionado o imputado por la actora en su demanda, quien sólo se refirió a una "reagravación su dolencia", o sea que ella nunca ha imputado a su parte responsabilidad por un nuevo accidente de trabajo distinto al que sufriera el 29/08/04 y por el cual la ART le otorgara la totalidad de las prestaciones dinerarias y en especie determinadas en la ley 24.557. Cita en abono de su argumentación lo expresado por el médico forense Dr. N. con fecha 20/04/07, donde el nombrado concluye que la patología y sus consecuencias actuales guardan relación con el evento denunciado en el expediente, por lo que no puede condenarse a su parte indemnizar un accidente de trabajo que nunca le fue imputado. Ha sido el juez quien, asumiendo el rol de parte, ha reprochado a la demandada la responsabilidad por un supuesto infortunio no denunciado en autos, sin advertir que las conclusiones arribadas por la CMJ N° 19 se refieren a la preexistencia de la incapacidad laboral ya determinada con anterioridad. La actora sufrió un único accidente y tiene un único porcentaje de incapacidad emergente: el 4,42%. Ese mismo porcentaje determinado en la pericia no es un nueva incapacidad, y no puede duplicarse una misma incapacidad y un mismo hecho como consecuencia del único siniestro denunciado, que ya fueron determinados en sede administrativa y debidamente indemnizados. Por todo ello solicita la revocación del fallo en este aspecto. 2) El segundo agravio está planteado como la omisión de una cuestión esencial e incongruencia del fallo atacado. Expresa el recurrente que es agraviante la llana omisión de tratamiento de la defensa de pago total y cosa juzgada administrativa por el sometimiento voluntario de la Sra. M. respecto del trámite de Comisiones Médicas dispuesto por la LRT, específicamente lo dispuesto por el Dec. PEN 717/96 y los arts. 21, 22 46 y conc. de la ley 24.557. Afirma que tal como lo señalara al oponer sus defensas, la parte actora, previo a cualquier acción judicial, si consideraba que la aseguradora de riesgos de trabajo inejecutaba la norma legal o existía disconformidad con la prestación, debió cumplir a su vez con lo prescripto en el art. 21 de la LRT y por el Dec. 717/96. Alude a la doctrina de los actos propios por sumisión voluntaria al régimen administrativo. Si el juez entiende aplicable el régimen de la ley 24.557 debió hacer lugar a la defensa opuesta, inhibirse de conocer en las presentes actuaciones y ordenar la tramitación del procedimiento que la norma dispone, que cuenta con una ulterior etapa de revisión judicial. 3) El tercer agravio se refiere a la decisión de fijar intereses sobre el monto de la prestación dineraria a la que se la condena, pues la mora -afirma- no puede producirse sino a partir de al determinación por parte de las comisiones médicas de la ley de la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad y la asignación de un porcentaje de incapacidad invalidante, como también la notificación de este dictamen a la ART para que proceda a liquidar la prestación dineraria correspondiente. La resolución SRT 104/98 establece un plazo no superior a quince días para el pago de dichas prestaciones. Hasta el dictado de la sentencia, L. ART S.A. abonó en forma total y oportuna el 4,42% de ILPPD dictaminado por la CMJ N° 19, el cual fue aceptado de plena conformidad por la actora, porcentaje ratificado en autos por el Cuerpo Médico Forense. Por lo tanto no se configura el supuesto de mora del deudor que habilitaría el reclamo de intereses. 4) Objeta por último la imposición de costas a su parte, que a todo evento deberían ser impuestas en el orden causado y cuestiona la determinación de la tasa activa seleccionada por la juzgadora, que en su opinión es elevada y configura un enriquecimiento incausado para la actora. Pide la revocación de fallo, con costas a la demandante y hace reserva del caso federal.---------------------- V. A fs. 247/248 vta. obra la contestación de la parte apelada en la que solicita el rechazo de la apelación incoada y la confirmación del decisorio en todas sus partes, con costas.------------------------------------------------------------------------- ------------ VI. Una cuestión elemental de método indica la necesidad de resolver en primer término el agravio referido a la omisión de tratamiento de las defensas de pago total y cosa juzgada administrativa opuestas por la demandada.------------------------- Al abordar estos tópicos, la señora jueza a quo, según la reseña precedente, consideró: 1) que la defensa de pago debía desestimarse por cuanto de acuerdo a la documentación obrante en la causa la actora había sufrido un nuevo accidente con mecanismo lesional distinto en oportunidad de realizar otra tarea, lo cual conformaba otro infortunio (fallo, fs. 228 vta.); que a partir del día siguiente a la primera manifestación invalidante y mientras dure el período de incapacidad temporaria el trabajador debía percibir una prestación mensual, la cual después de los primeros diez días, estaba a cargo de la ART (fallo, fs. 229); que ninguna prueba había aportado L. ART S.A. sobre el cumplimiento de tales prestaciones durante el período comprendido entre enero de 2006 a abril de 2006, por lo que el reclamo debía prosperar por la suma de $ 13.857,13 con más sus intereses (fallo, fs. 229/vta.). 2) Que conforme a lo resuelto acerca del punto anterior, la defensa de cosa juzgada administrativa debía recibir resultado adverso (fallo, fs. 230/vta.).----------------------------------------------------------- Para pronunciarme acerca de lo resuelto en punto a la defensa de pago total debo ingresar por fuerza en lo que es materia del primer agravio expuesto por la demandada -fallo extra petita del sentenciante por haber decidido sobre un tema que no integró la litis, consistente en la producción de un nuevo accidente de trabajo- ya que ello fue materia de fundamentación por parte de la juzgadora al resolver este punto litigioso, de manera que habré de tratar ambos aspectos en forma conjunta.-------------------------------- El relato efectuado en la demanda acerca de este hecho es el siguiente: "El día 02/12/05 la actora que se encontraba picando hielo en la bodega del buque sufre una reagravación de su dolencia, padeciendo un intenso dolor en la zona quirúrgica (en el lugar donde la habían operado por el accidente sufrido el 29/08/04) que le hizo interrumpir sus tareas. Es asistida ese mismo día por el médico de L. ART, quien le diagnostica un trauma codo derecho, con derivación a centro de mayor complejidad. En virtud de ello es atendida en la ciudad de Trelew por el Dr. C. A. P. quien prescribe 10 días de reposo con diagnóstico de epicondilitis derecha" (conf. demanda, fs. 41/vta).--------- Según puede apreciarse a la luz de los elementos probatorios glosados al proceso, la existencia del episodio en cuestión -al margen, por el momento, de cómo se lo califique- no puede ponerse en duda, ya que la propia demandada no solo reconoció en forma expresa "que la actora sufrió un accidente de trabajo supuestamente acaecido con fecha 29/08/2004 y un posterior reagravamiento..." (conf. contestación, fs. 95, infra), sino que entre la documental aportada por su parte acompañó el dictamen de la comisión médica administrativa N° 19 que, en su sesión ordinaria del 08/03/2006, registrada en el Libro de Actas N° 4, arriba a las siguientes conclusiones: "La trabajadora si bien sufrió la misma (Epicondilitis de codo derecho, dictaminada por esta Comisión Médica, donde se le otorgara 4,42% de incapacidad laboral, apelado a Comisión Médica Central) y que de acuerdo a la documentación obrante en el expediente se ha producido un nuevo accidente, con mecanismo lesional distinto, en oportunidad de realizar otra tarea, lo que conforma otro infortunio"... para concluir más adelante que en virtud de ello "... la Aseguradora de Riesgos del Trabajo está obligada a cumplir con las prestaciones en especie determinadas por la Comisión Médica y una vez concluidas ellas deberá dar el ALTA de corresponder, notificarla al damnificado y proceder a ponderar la incapacidad)..." (conf. documental copiada a fs. 67/70).----------------------------------- Estos elementos permiten extraer varias conclusiones ligadas al planteo que aquí se debate. 1) En primer lugar, el segundo episodio, sea que se lo califique como "reagravación" o "nuevo accidente", en verdad existió y se produjo en ocasión de las tareas que prestaba la actora en un buque pesquero al servicio de su empleadora. 2) Dicho episodio tuvo una consecuencia dañosa, al producir una dolencia incapacitante parcial que fue cuantificada en idéntico porcentaje a la ocasionada por el primer infortunio (4,42%). 3) La calificación del hecho como "nuevo accidente" no responde entonces a una creación pretoriana ni a un capricho de la magistrado interviniente, sino que se basa en una transcripción casi textual de las expresiones y calificaciones utilizadas por los integrantes de la Comisión Médica, ya transcriptas. 4) En los casos de incapacidad laboral temporaria, la Ley de Riesgos de Trabajo impone a las aseguradoras la obligación de abonar al trabajador afectado las prestaciones dinerarias correspondientes cuando se produzca alguna de las contingencias previstas en dicho cuerpo legal (arts. 6, 7, 11, 12, 13 y conc., ley 24.557). 5) A los fines de tipificar al "accidente de trabajo" generador del derecho a cobertura, la propia ley lo describe como "todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo" (art. 6, inc. 1, ley 24.557). 6) El hecho ocurrido en el año 2005 fue nuevo y distinto del acaecido el 29/08/2004 y reunía las características ya descriptas en el precepto citado, ya que se produjo mientras la trabajadora picaba hielo en el buque, lo cual le produjo un episodio doloroso y traumático, calificado por los profesionales médicos como "epicondilitis derecha".------------------ Ahora bien: la demandada pretende que, al haber cubierto las prestaciones por el primer episodio dañoso otorgándole el alta médica con una incapacidad del 4,42% en fecha 14/08/2005 y habiéndole abonado por tal concepto la suma de $ 7.956.- el 12/09/2005, dio con ello cumplimiento a todas sus obligaciones legales, sin aceptar la nueva responsabilidad que se le asigna con base en el nuevo hecho incapacitante.------- Así, pues, a la luz de los antecedentes ya referidos, resulta claro que, con independencia de su calificación como "reagravación" o "nuevo accidente", se ha podido constatar en autos la producción de un nuevo episodio perjudicial para la salud de la trabajadora, de aquellos que la ley describe como "acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo" (art. 6, inc. 1, LRT), acaecido con posterioridad al que motivara el pago de las prestaciones de la aseguradora aquí demandada, por lo que tales pagos, así como lo resuelto al respecto en sede administrativa, resultan ajenos a este nuevo hecho generador. En nada afecta esta conclusión la circunstancia de que la incapacidad sobreviniente al segundo suceso haya sido estimada en idéntico porcentaje al accidente primigenio (4,42%) por cuanto se trata en todo caso de una mera coincidencia, sin que ello implique una "duplicación" de responsabilidad por el mismo hecho, como pretende presentarlo la apelante.----------------- Por la misma razón, debe desestimarse el planteo efectuado por la demandada con sustento en la doctrina de los actos propios. Sabido es que esta doctrina constituye una derivación inmediata y directa del principio de la buena fe, el cual no consiente el cambio de actitud en perjuicio de terceros cuando la conducta anterior ha generado en ellos expectativas de comportamiento futuro, constituyendo una limitación al ejercicio de un derecho, que reconoce como fundamento una razón de política jurídica: la protección de la confianza suscitada por el comportamiento antecedente, que luego se pretende desconocer (conf. Marcelo J. López Mesa, - "La doctrina de los actos propios en el derecho argentino y comparado (sus caracteres, sus requisitos de utilización y su correcta comprensión)" - elDial - DC1010 - conf. mi voto en Expte. 60/2009 - S.D.L. 24/09). En la especie puede apreciarse en forma diáfana que el sometimiento voluntario de la actora al procedimiento administrativo y la percepción de la sumas allí fijadas en base al porcentaje de incapacidad determinado por la Comisión Médica (que -cabe asimismo señalarlo- oportunamente fue cuestionado y recurrido por la trabajadora) siempre estuvo referido al primer infortunio, mientras lo aquí discutido, en cambio, son las secuelas perjudiciales del segundo acontecimiento traumático y el reclamo de los créditos emergentes a su respecto, devengados en un período posterior, de manera que no puede existir contradicción posible entre las conductas observadas por la actora respecto de esos hechos separados y distintos entre sí, por más que ambos hayan tenido gran similitud en el plano fáctico e identidad porcentual en sus consecuencias dañosas.--------------------- A mérito de ello, opino que debe confirmarse el fallo en cuanto rechazó las defensas de pago total y cosa juzgada administrativa, lo que así dejo votado.-------- VII. En virtud de los mismos fundamentos ya expuestos, opino que también corresponde desestimar el agravio planteado acerca de la alegada violación del principio de congruencia, ya que más allá de la calificación médica o jurídica que merezca el nuevo hecho generador ("reagravación" o "nuevo accidente") ocurrido en ocasión de la prestación laboral, su existencia y características dañosas han sido debidamente comprobadas en la causa, dando con ello legítimo abono al reclamo incoado por la actora de conformidad con lo establecido en el art. 6, inc. 1 de la ley 24.557.--------------------------------------------- El ingreso a esta cuestión lleva forzosamente a recordar uno de los principios pilares en todo lo que es materia de decisión judicial, consistente en el primordial deber y facultad del juzgador de calificar los hechos expuestos por las partes conforme a derecho, con independencia del encuadre o calificación que hayan efectuado los litigantes. Acuñado en la clásica expresión iura novit curia, nuestro derecho positivo local lo incorpora en las reglas procesales contenidas en los arts. 34, inc. 4º y 163, inc. 6º del Rito y se erige en requisito imprescindible para brindar fundamentación legal a las resoluciones judiciales. La norma reconoce como límite natural al principio de congruencia, en tanto no puede el sentenciante alterar por esta vía los términos de la relación procesal trabada, sea acordando pretensiones no articuladas ni acogiendo defensas no opuestas (conf. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Proc. en lo Civil y Comercial...", t. II-C, pag. 33 y sig. Ed. Platense- Ab. Perrot, 1986).---------------------------- En este sentido, cabe recordar que una cosa es la alegación de los hechos que las partes invocan como sustento de sus derechos y otra es su subsunción normativa y su calificación jurídica. Como bien lo expresara un colega de sala, "dentro de la teoría de la sustanciación o del hecho natural a la que nuestro sistema procesal adhiere, y a diferencia de la teoría de la individualización o del hecho jurídico, no basta con que el pretendiente invoque los datos que individualicen su pretensión dentro de las categorías jurídicas generales, sino que es preciso que aporte todos los elementos fácticos, históricos, que efectivamente jueguen el papel delimitador, esto es, la suma de acaecimientos concretos de la vida que particularizan su pretensión (conf. Guasp, Derecho Procesal Civil", 3era. edi., I-227 - voto del Dr. Velázquez en Expte. 15202 - S.D.L. 61/99). En el caso que nos ocupa, el actor relató los hechos acontecidos en el marco de la relación laboral y su resultado dañoso, introduciendo así los datos fácticos que constituían su causa petendi. Así las cosas, al calificar la juzgadora el hecho acaecido en el año 2005 como "nuevo accidente" (recuérdese que la actora lo había designado como "reagravación") no alteró el cuadro fáctico que informaba la pretensión, sino que lo encuadró jurídicamente con una designación diferente, mas siempre dentro del marco legal que consideraba aplicable al caso (ley 24.557). Viene al caso recordar aquí la enseñanza del maestro Alsina al expresar que "la acción se individualiza por los hechos y son los hechos en realidad los que determinan la norma" (autor cit., "Tratado....", 2da .ed., II-249, "c"; en el mismo sentido, Expte. 13833 - S.D.L. 142 - voto del Dr. Velázquez). En consecuencia, la a quo se atuvo al relato de la actora y a lo alegado en contrario a su mismo respecto por la demandada. Luego, en base a tales datos fácticos y a la prueba correspondiente, realizó la correcta subsunción normativa en la ley de riesgos de trabajo, que en su art. 6, inc. 1 tipifica como accidente al episodio traumático súbito y violento con secuelas dañosas ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, aquí consistente en el trauma doloroso sufrido por la actora en su codo derecho mientras picaba hielo a bordo de un buque pesquero.--------------------------- Como puede apreciarse, no hubo transgresión al principio de congruencia ni afectación del derecho de defensa de la demandada, por lo que considero que este agravio también debe ser desestimado.-------- VIII. Objeta la recurrente que se le haya impuesto la obligación accesoria de abonar intereses sobre las sumas de condena. Afirma al respecto que su parte no se hallaba en estado de mora, por lo que no corresponde aplicar dichos accesorios. ------------------------ A título preliminar, estimo conveniente señalar que en el fallo no se ha establecido la fecha concreta de inicio del cómputo de los intereses respectivos, ya que nada se especifica sobre el punto al fijar el monto de las prestaciones dinerarias impagas por $ 13.857,53, y en cuanto al resarcimiento por incapacidad parcial y permanente ($ 12.977,61) la a quo expresa que dichos intereses correrán desde que dicho importe "fue adeudado", de manera que resulta conveniente esclarecer su cómputo a fin de evitar eventuales discusiones interpretativas en la etapa de ejecución de sentencia.-------------- Sobre el punto y conforme a las reglas generales en la materia, recordaremos que la mora automática se produce con el vencimiento del plazo respectivo para el pago de las obligaciones (art. 509, C.P.C.C.). Y si bien la ley 24.557 establece distinto tipo de obligaciones según las contingencias de que se trate, también determina los plazos que corresponden para sus respectivos cumplimientos. Por otra parte, cabe recordar que, como principio general, el art. 44 de la misma ley establece como punto inicial para el cómputo de la prescripción "la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada", por lo que cabe aplicar el mismo criterio para el inicio del cómputo de la mora.------------------------------------------------------------ Con las nociones precedentes, ninguna duda cabe acerca de que la ART debía hacerse cargo de las prestaciones dinerarias periódicas correspondientes al infortunio ocurrido en noviembre de 2005 a partir del undécimo día posterior a la manifestación invalidante debidamente notificada (arts. 7 y 13, ley 24.557), es decir, a partir del 13/12/05 (conf. pericia, fs. 170 y fs. 183). Dicho accidente fue notificado a la demandada el 07/12/2005 (conf. CD 75289535 7 y acuse de recibo glosados a fs. 13/14), mas la ART rechazó el pedido, tal como le informó -también mediante carta documentada- la empleadora a la dependiente (CD 718637812 - fs. 15), de manera que quedó incursa en mora por aplicación de dichas normas legales. En consecuencia, opino que respecto de estas prestaciones impagas a las que la aseguradora ha sido condenada por el período comprendido entre enero y abril de 2006 (conf. pericia, fs. 183) los intereses respectivos deben correr desde que cada suma mensual fue debida, es decir, a partir del cuarto día hábil siguiente a cada suma mensual devengada (art. 128, L.C.T.) y hasta su efectivo pago.------- En cuanto a la indemnización fijada en concepto de incapacidad laboral parcial y permanente definitiva ($ 12.977,61), cabe hacer las siguientes consideraciones: 1) La resolución S.R.T. 432/99 establece el procedimiento a seguir una vez otorgada el alta médica con incapacidad, el cual -según lo señalara con acierto la a quo- no fue cumplimentado por la ART, ya que no existe en la causa ninguna probanza al respecto. 2) La resolución S.R.T. 104/98 estableció en su art. 2° que el pago de dichas prestaciones "...deberá realizarse dentro de un plazo no superior a quince (15) días contados desde la fecha en que la ART fue notificada de la homologación o dictamen donde se determina el porcentaje de incapacidad..."- Así las cosas, puede observarse que el infortunio padecido el 28/11/2005 fue sometido a dictamen de la Comisión Médica correspondiente, la que en sesión ordinaria del 08/03/2006 determinó -como ya lo he expresado con anterioridad- que se trató de un nuevo accidente y que la aseguradora de riesgos de Trabajo estaba obligada a cumplir con las respectivas prestaciones de ley (conf. documental de fs. 18/23). Notificada la ART acerca de este dictamen a través de la intimación de la actora cursada el 29/03/2006, recibida por la destinataria el 31/03/2006 (conf. carta doc. CD 705914914 y aviso de recepción - fs. 24/25) sin haber dado cumplimiento a esa obligación dentro del plazo máximo de quince días, opino que incurrió en mora a partir del 16/04/2006 (art. 509, C. Civil), esto es, desde que dicha suma fue exigible.------------- Como síntesis de las consideraciones ya efectuadas, opino que debe confirmarse el decisorio en cuanto a la imposición de intereses moratorios sobre las respectivas sumas de condena, debiendo rechazarse el agravio planteado.------ IX. Se queja la apelante de la tasa seleccionada por la juzgadora, que a su decir provoca un enriquecimiento incausado de la actora.---------------------------------- En esta materia, conforme lo estableciera este Cuerpo en reiteradas oportunidades, la tasa activa ha sido seleccionada con el propósito de mantener incólume el contenido económico de la sentencia y en ejercicio de la facultad judicial dispuesta en el art. 622, regla 3° del C.C. de determinar el interés que debe abonarse en defecto de habérselo convenido por las partes o existir disposiciones de leyes especiales. El objeto de este accesorio está dirigido a resarcir al acreedor el daño moratorio sufrido por la indisponibilidad del crédito judicialmente reclamado, a cuyo efecto, se parte de la razonable presunción de que el actor se ha visto necesitado de suplir tal indisponibilidad mediante el recurso a fuentes de financiación en el mercado de dinero. Aquí es cuando corresponde mensurar cuantitativamente este perjuicio, sirviendo entonces de parámetro las tasas activas que perciben los bancos, que marcan una razonable pauta acerca del costo del dinero. No fue ajena esta Alzada a la doctrina del más alto Tribunal de Justicia del país en los casos "YPF c/ Pcia. de Corrientes" y "López c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.", donde efectivamente se aplicaban las tasas pasivas y así tuvo ocasión este Cuerpo de aplicarlas en sus pronunciamientos (SDL 15/92; 30/93; 34/93, entre otros). Mas dicha doctrina sufrió un giro total en autos "Banco Sudameris c/Belcam S.A." (T.yS.S. 1994-565), en la que se resolvió que la cuestión de la tasa de interés a aplicar no era de naturaleza federal, quedando sujeto a la prudencia judicial y no generando contienda federal salvo que por aplicación de la tasa en cuestión se suscitare el caso de sentencia arbitraria, modificando en consecuencia el criterio de la Sala a partir de la SDL 194/94, donde se estableció la procedencia de fijar como tasa de interés aquella que percibe el B. D. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento (SDC.3/98).-------------------------------------------------------- Las escuetas argumentaciones vertidas en la pieza recursiva no aportan razones convincentes que indiquen la necesidad o conveniencia de dejar de lado este criterio de la sala, por lo que propongo asimismo la desestimación de la queja propuesta por la apelante.--------------------------------------------------- X. En cuanto a la distribución de las costas de primera instancia, contra lo sostenido por la recurrente, opino que la sentenciante exhibió un criterio razonable conforme a las circunstancias del caso, ya que sopesó debidamente las pretensiones acogidas y las rechazadas, en un cuadro global que, tanto sea desde el punto de vista económico cuanto de la relevancia jurídica de los respectivos triunfos y derrotas, demuestra un claro vencimiento mayoritario de la parte actora, por lo que la imposición del 90% de esta carga a la demandada y del 10% por cuenta de la postulante representa una aplicación prudente y adecuada de la facultad prevista en el art. 71 C.P.C.C., aplicable por remisión del art. 76, ley N° 69, de manera que propondré la confirmación del decisorio también en este aspecto.------------------------------------- XI. Conclusiones: -------------------------------------------------------------------------------- De compartirse las posturas expuestas precedentemente, corresponderá confirmar el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas en la alzada a la apelante vencida (art. 59, ley N° 69). En tal supuesto, propongo fijar los honorarios porcentuales de los letrados actuantes en esta sede -a calcular sobre el monto del proceso debidamente liquidado- en base a la extensión, calidad, eficacia de sus respectivas tareas y resultados obtenidos en cada caso, como sigue: a) para el Dr. G. L. C., en el 3%; b) para el Dr. E. M. C., en el 4,9% (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec. Ley 2.200).------------------------ Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.---------------------------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Marcelo López Mesa expresó:------------------ Que las cuestiones fácticas han sido suficientemente referidas por el distinguido colega de primer voto, motivo por el cual no abundaré en ellas, dando por reproducidos aquí los desarrollos efectuados al respecto por el Dr. Ferrari. Me concretaré, para el sustento individual de mi voto, a analizar los aspectos traídos a revisión de esta Sala.---- Abordaré en primer lugar el embate recursivo primigenio de la apelante, relativo a la violación del principio de congruencia por parte de la a quo, lo que se habría producido -según la apelante- al fallar ella extra petita, por cambiar los hechos base de la demanda -existencia de una reagravación en una dolencia preexistente- incorporando a autos un hecho no alegado por la actora en su demanda: la existencia de un segundo accidente.---------------------------------------------------------------------- ------------------- Es cierto que repasando las comunicaciones fehacientes glosadas en autos surge una actuación dual de la actora, afirmando por un lado la reagravación de una dolencia anterior -en sus primeras comunicaciones -como la de fs. 25-, y aduciendo en otras la existencia de un nuevo accidente de fecha 28/11/05 -cfr. Fs. 27-. Esta dualidad no solo se mantiene en la demanda, sino que se acentúa, ya que en ella, se afirman ambos extremos, primero la reagravación, para luego -a fs. 42- transcribir la cartadocumento de fs. 27 e introducir a través de ella la existencia de un nuevo accidente a esta litis.----- Pero, verdaderamente llama la atención que la apelante pretenda plantear la violación del principio de congruencia y el dictado de una sentencia extra petita por parte de la a quo, cuando la afirmación de la existencia de un segundo accidente, ocurrido en el año 2005, surge tanto de la comunicación fehaciente glosada a fs. 27, como de la demanda, habiendo sido inequívocamente tal hecho introducido a la litis por la actora a fs. 42, primer párrafo. ---------------------------------------------------------------------- La actora podría haberse defendido con más éxito alegando la contradicción de alegaciones de la actora, su falta de coherencia, incluso la oscuridad de su escrito liminar. Podría o no haber tenido éxito con ello. Pero pretender revertir una condena contra su parte sobre la base de negar lo evidente, de pretender esconder a la vista un hecho que una lectura rápida de la demanda desmiente, no parece el mejor camino para lograr revertir una sentencia desfavorable.--------------------------------------------------- Correcta o no la sentencia de grado en lo sustancial -ello no ha sido motivo de agravio- lo cierto es que ella no es incongruente. Podrá ser acertada o no en el encuadramiento de la pretensión de la actora, pero la sentencia de grado en modo alguno es incongruente y solo como recurso desesperado puede decirse que ella ha introducido un hecho no invocado por la actora, ya que la existencia de un nuevo accidente en el año 2005, surge tanto de la cartadocumento de fs. 27 como de la transcripción de ella en la demanda, que basta al efecto para dar cabida dentro de la pretensión actora a la alegación de tal accidente y habilitar que el juez se pronuncie válidamente y sobre la base de la prueba colectada en la causa sobre él.------------------- Contradiciendo otra alegación suya; aún, si se quiere, de modo no muy delicado, lo cierto es que la actora a fs. 42 primer párrafo introdujo en esta litis, con el mínimo de técnica necesaria para que el juez se pronuncie válidamente, la afirmación de la existencia de un nuevo accidente en el año 2005. Con ello basta para rechazar el descaminado primer agravio de la apelante.------------------------------------------------- Me llama a sorpresa, por tanto, la enfática afirmación obrante a fs. 240 de autos en la expresión de agravios, donde se aduce que ".la actora al demandar jamás ha imputado a la ART que represento responsabilidad por un nuevo accidente de trabajo distinto al que sufriera con fecha 29/08/04 y por el cual mi mandante le otorgara la totalidad de las prestaciones dinerarias y en especie que determina la Ley 24557" (sic).- No sé como interpretar esta airada afirmación de los agravios -que va de la mano de otras igual de rotundas- a la luz de una escueta mención que leo sin dificultad a fs. 42 primer párrafo (demanda de la actora, base de autos): ".2) con fecha 28/11/2005 padecí un nuevo accidente de trabajo realizando las mismas tareas en el mismo buque.".------------------------------------------------------------------------ ------------------ El apelante podría haber cuestionado algunas incoherencias de la actora, podría haber ahondado en la falta de procedencia de su reclamo. Pero, en el idioma castellano la escueta mención que transcribí en el in fine del párrafo anterior tiene una y solo una significación. Y ella es, lisa y llanamente, que la cuestión de la existencia de un nuevo accidente fue introducida a la litis en tiempo y -mínimamente- en forma debida.-------- Ergo, las afirmaciones contundentes de la apelante sobre la violación del principio de congruencia por parte de la a quo, de la existencia de un fallo extra petita, de la incorporación por la juez de un hecho no invocado por la actora en la litis, etc, se hallan dramáticamente desmentidas por la realidad de lo acontecido en esta litis.---------------- Bien se ha decidido que aquellas cuestiones que no fueran objeto de reclamo no corresponde deducirlas del ofrecimiento de prueba, pues de aceptarse la tesitura contraria, ello representaría la violación del principio de congruencia, según el cual la sentencia sólo puede pronunciarse sobre aquellas materias planteadas en los escritos constitutivos del proceso (C. Nac. Civ., sala C, 19/7/02, "D. L., M. S. v. M., M.", JA 2003-I-598).-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- Este criterio hace cierta una sutil distinción: en el fuero civil no se trabaja con hechos, sino con afirmaciones procesales respecto de esos hechos. Ello pues si los hechos no son introducidos al proceso bajo la forma de afirmaciones de parte en tiempo y forma, no ingresan al ámbito de conocimiento de la magistratura.------------------------------------- Ergo, para que el juez se pronuncie válidamente sobre él, el hecho tiene que haber sido afirmado por alguna de las partes en la faz postulatoria del proceso. En autos esa exigencia está cumplida, con la afirmación de fs. 42 primer párrafo. Ello habilita a la juez a encuadrar tal afirmación.-------------------------- Y afirmado -mejor o peor- el hecho del nuevo accidente en la demanda, ello coloca la cuestión bajo el ámbito de vigente del principio iura novit curia, que reviste particular interés en el marco de referencia de la labor decisoria de los jueces, en cuanto éstos, en razón de ese principio técnico, no pueden incurrir por exceso, defecto o incongruencia mixta, en un déficit de correspondencia con las pretensiones y oposiciones de las partes. Es decir, el sentenciante debe ejercer su función jurisdiccional sin exceder los límites con que las partes han circunscripto el contenido del litigio, importando la violación de los mismos romper con los claustros normativos del juez (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 23/6/98, "Cheves, OsvA. v. Banco Río de la Plata S.A.", JA 1999-III-709).-----------------------------------------------------------------< #LINE> Las afirmaciones enfáticas del apelante en su primer agravio quedan deshechas, como la arboladura de un barco frágil al colisionar contra un escollo visible -aunque escondido por momentos por la marea- bajo su línea de flotación.------------------------------ La desestimación de este primer agravio se impone, por tanto, al carecer verdaderamente de la base fáctica en que pretende apoyarse.------------------------------- Luego debe uno pronunciarse sobre el segundo cuestionamiento traído a revisión, concerniente a la omisión de tratamiento de las defensas de pago total y cosa juzgada administrativa opuestas por la demandada.------------------------------------------------------------ La apelante vuelve a caer en énfasis innecesarios que, para peor, no se ven acompañados de argumentos atendibles. Para dar un ejemplo de la deficiente técnica recursiva del recurso que analizo, baste decir que el mismo, luego de esgrimir la omisión de tratamiento por la a quo de una cuestión que se le planteara, ni siquiera la menciona, remitiendo a anteriores presentaciones suyas (cfr. Fs. 242vta, segundo agravio), lo que constituye un déficit inocultable de su recurso. ------------------------------ De la lectura del segundo agravio encuentro que él vulnera las exigencias que el art. 265 CPCyC establece para la admisibilidad de un cuestionamiento contra una sentencia.------------------------------------ El pretenso segundo agravio del recurso de apelación en estudio no es tal, ya que constituye un cuestionamiento subjetivo, difuso, carente de precisión y solidez, que no conmueve las afirmaciones basales de la sentencia que pretende poner en crisis, sin lograrlo.----------------------------------------------------- Frente a él, no me queda más que recordar al apelante que para que un recurso sea idóneo como tal, no bastan las palabras o frases enfáticas, sino que debe realizarse en él una ponderación razonada de la sentencia cuestionada, atacando la misma con fundamentos distintos a los expuestos en el fallo y no solamente con meras palabras que, en definitiva, no constituyen una exposición jurídica y lógica que demuestre que la sentencia es injusta y agraviante y no debe mantenerse (cfr. mi voto, de fecha 22/10/08, in re "G., N. y otro c/ T. S.A. s/ Cobro de haberes e indem. de ley" (Expte. Nº 27- año 2008).-------------------------------------------------------------------------- --------- Es que, recurrir no es hacer gala de un verbalismo huero ni sustituir argumentos por adjetivos ni confundir en lugar de convencer. Recurrir, si lo que se busca es la procedencia del ataque recursivo, requiere inexcusablemente demostrar con argumentos claros, patentes, el desacierto de la resolución recurrida, poniendo en crisis sus fundamentos, privándola de su misma apoyatura, para así hacerla caer. La recurrente no ha atacado idóneamente la sentencia dictada en el caso de autos por la Sra. Juez de grado (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 18/6/08, in re "V., L. N. y otro c/ L. ** d. J. S.C.T.T.L. s/ dif. de haberes e indem. de ley", (Expte. Nº 22.389, Año 2007, registrada bajo el Nº 36 DE 2.008 - SDL; ídem, 12/11/08, "L., A. c/ S., R. s/ Cobro de pesos"expte. 117, año 2008).------ Y como no basta disentir con la interpretación dada por el juzgador sin fundar pormenorizadamente los errores u omisiones en que éste habría incurrido respecto de la valoración de los elementos traídos a juicio, en función de la significación de las normas que rigen en la materia (Morello - Passi Lanza- Sosa - Berizonce, Cód. Proc. Civil y Comercial comentado, T. III, p. 358), fuerza es concluir que el agravio en análisis carece de la mínima técnica jurídica que lo respalde, no logrando él acreditar siquiera mínimamente los presuntos errores que imputa al acto sentencial impugnado.-------------- El art. 265 CPCyC exige que "el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores...", exigencia que no satisface en especial este agravio, que se remite a presentaciones anteriores, hasta para identificar la cuestión alegadamente omitida por la a quo.-------------- Tampoco el apelante se hace cargo de las manifestaciones de la a quo destinadas a refutar sus defensas para desestimarlas, prefiriendo obviar sus aseveraciones, esgrimiendo luego que sus defensas no fueron tratadas. No se trata de un proceder admisible para un recursista.------------------------------------- Ello al margen, el agravio es inatendible, también desde el hontanar sustancial, conforme se verá seguidamente.------------------------------------------------------------------- --- Contrariamente a lo afirmado por el apelante en su segundo agravio, la magistrada inferior en su decisorio manifestó respecto de la defensa de pago, que ésta debía desestimarse por cuánto de acuerdo a la documentación obrante en la causa la actora había sufrido un nuevo accidente, en oportunidad de realizar otra tarea, lo cual conformaba otro infortunio (cfr. fs. 228vta.).--------------------------------------------- Sostuvo la a quo asimismo que a partir del día siguiente a la primera manifestación invalidante -dentro del período de incapacidad temporaria- el trabajador debía percibir una prestación mensual, la cual después de los primeros diez días, estaba a cargo de la ART (cfr. fs. 229).------------------------------------------ Siguió diciendo que ninguna prueba había aportado L. ART S.A. sobre el cumplimiento de tales prestaciones durante el período comprendido entre enero de 2006 a abril de 2006, por lo que el reclamo debía prosperar por la suma de $ 13.857, 13 con más sus intereses (cfr. fs. 229/vta.). En virtud de ello, la defensa de cosa juzgada administrativa debía recibir resultado adverso (fallo, fs. 230/vta.).----------------- Nuevamente nos encontramos ante una frustrada tentativa de cuestionar la validez del fallo, por imputarlo de violatorio de la congruencia. A esta altura, dudo de cuál será el significado que a ese concepto jurídico asigna la recurrente, por cuanto por dos veces seguidas imputa a una sentencia un vicio que ni remotamente contiene, fundado en ese concepto y, esta vez, aduciendo que no se han tratado sus defensas.------------------------- El caso es que, mal que le pese a la recurrente, sus defensas han sido tratadas por la quo. Podrá estar de acuerdo o no con lo expuesto; podría en todo caso haber cuestionado la falta de fundamentación de la resolución de tales defensas por la a quo -si entendía que tal era la situación-. Pero no cuestionar el fondo y pretender valerse de un supuesto de ineficacia que la sentencia de grado en modo alguno porta, no constituye el desiderátum de la buena técnica recursiva, precisamente.-------------------- Las defensas de pago total y cosa juzgada administrativa y las alusiones a la doctrina de los actos propios que la accionada introdujo a autos fueron analizadas suficientemente por la a quo, quien las rechazó correctamente. No dio una lección magistral sobre cada una de ellas, pero lo dicho por ella en su decisorio alcanza para tener por suficientemente fundados sus asertos -además de que la apelante no cuestionó este aspecto debidamente-. De tal modo afirmar que la magistrada de grado violó el deber de congruencia, por omitir tratar cuestiones debidamente llevadas a su imperio, implica una aseveración que no se compadece con lo ocurrido en autos y que resulta imposible de aceptar, dado lo expuesto en la sentencia de fs. 224/231vta.--------- Por último, en cuanto a la defensa de pago total, la pretensión de la accionada resulta inacogible, dado que en todo caso ella pudo haber cubierto las prestaciones por el primer accidente de la actora, del que salió con una incapacidad del 4,42% con alta médica de fecha 14/8/05, por lo que se le pagó la suma de $7.956 con fecha 12/9/05. En todo caso las obligaciones legales que la demandada dice haber cumplido son las correspondientes al accidente ocurrido en el año 2004, pero lo que se ventilaba en autos era un nuevo accidente ocurrido en el año 2005 (28/11/2005), respecto del cual no se encuentra acreditado que la accionada haya pagado prestaciones por las cuales la defensa de pago pudiera prosperar.-------------- De ello, sin más, resulta que la defensa de pago total no podía prosperar. Y esta alzada se ve imposibilitada de manifestar otros conceptos sobre tal defensa, dadas las deficiencias técnicas apuntadas respecto del segundo agravio del recurso de fs. 239/245vta., dado que lo contrario implicaría vulnerar el principio de congruencia, al enderezar el recurso de la apelante, ignorando sus yerros.----------------------- Lo anteriormente expuesto, milita en pro del rechazo del segundo agravio de la apelante.--------------- Impugna también la apelante que la a quo haya cargado a su parte con la obligación accesoria de abonar intereses sobre el capital de condena. Aduce que su parte no se hallaba en estado de mora, dado lo cual no procede la aplicación de tales accesorios.

Como ya dijera en una obra mía, el Código Civil utiliza en diversas normas la expresión "daños e intereses" o "pérdidas e intereses" (arts. 506, 508, 511, 1078 C.C.); esa expresión indica que el resarcimiento debido por responsabilidad contractual o extracontractual comprende, además del capital, los intereses correspondientes, porque éstos integran la indemnización, la que no estaría completa o no sería plena, si no se pagase una renta por el tiempo de la indisponibilidad del capital, pendiente el pago o durante el juicio. Los intereses son los frutos civiles del capital (art. 2424 C.C.) y, como tal, son de carácter accesorio (art. 2330 C.C.). El interés es la renta del capital o la remuneración que percibe el acreedor por la indisponibilidad temporaria del capital (LÓPEZ MESA, Marcelo, "Curso de derecho de las obligaciones", Ed. Depalma, Bs. As., 2001, T. II, p. 67). Lo propio ocurre en el régimen de la ley 24557: una indemnización sin intereses no está completa y, por tanto, no satisface el derecho constitucional del damnificado a una indemnización justa (art. 19 Const. Nacional).------------------------------- Es que una indemnización sin intereses, ni siquiera mantendría intangible al capital, al no preservarlo de los efectos de la inflación dado que en nuestro país desde 1991 está prohibida la indexación.------------- Por tanto objetar la procedencia de la imposición de intereses, cuando se ha sido condenado aparece como una afirmación muy difícil de sustentar, no lográndolo en absoluto la apelante en esta litis.---------- También es insostenible su afirmación sobre la inexistencia de mora en su cabeza. Cabe recordar que el art. 4 de la Ley 24557 establece que "1. Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así como las ART están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo.

A tal fin y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmente, dichas partes deberán asumir compromisos concretos de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo".------ Es decir que ante el incumplimiento de tales obligaciones -en el caso del empleador, la de mantener indemne al operario, adoptando las medidas eficaces para prevenir los riesgos del trabajo- que patentiza la existencia del daño, cuando éste no se debe a culpa de la víctima o de un tercero o alguna otra causa ajena al patrono, la mora del empleador surge ex re, de la sola constatación de una obligación indemnizatoria en cabeza suya.--------------------------------------------------------------------------- -------------------- Además, la mora en la ley 24557 se produce de pleno derecho, por conducto de lo dispuesto en el art. 14, núm. 2, que dispone que ":2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial (IPP), el damnificado percibirá las siguientes prestaciones.". --------------------------------------------- Es decir que la falta de percepción de las prestaciones a que tenía derecho el actor y que luego le fueron reconocidas en sentencia, lo hace beneficiario a los intereses correspondientes al capital del que no dispusiera desde que tuvo derecho a hacerlo, lo que configura un supuesto de mora ex re, desde que la obligación declarada en la sentencia de grado era debida.--------------------------------------------------------- Coincido con el Dr. Ferrari sobre que la ART demandada debió hacerse cargo de las prestaciones dinerarias periódicas correspondientes al infortunio ocurrido en noviembre de 2005 a partir del undécimo día posterior a la manifestación invalidante debidamente notificada (arts. 7 y 13, ley 24.557). ----------------- Dado que el accidente base de autos fue notificado a la accionada con fecha 7/12/05 (conf. fs. 13/14), la mora en este caso se produjo el día 13/12/05 (cfr. fs. 170 y 183).----- De tal suerte, respecto de las prestaciones impagas a cuyo pago la aseguradora ha sido condenada por el período comprendido entre enero y abril de 2006 -cfr. pericia de fs. 183- los intereses correspondientes deben computarse desde que se adeudara cada suma mensual; lo que implica que los intereses deben correr, respecto de cada suma adeudada, a partir del cuarto día hábil siguiente a la suma mensual devengada (art. 128, L.C. T.) y hasta su íntegro y efectivo pago.------------------------------------------- Esta Cámara salva así la parcial omisión de la instancia anterior que no determinó correcta y detalladamente las fechas de inicio del cómputo de intereses, en aplicación de lo dispuesto por el art. 278 CPOCyC.------------------------------------------------------------- En lo concerniente a la reparación debida en concepto de incapacidad laboral parcial y permanente definitiva, la apelante quedó incursa en estado de mora el día 16/4/06. A esta conclusión se arriba, conforme los siguientes desarrollos:------------------------------- --- a) el infortunio base de autos fue padecido por el accidentado el día 28/11/05, siendo puesto a dictamen de la Comisión Médica, la que en sesión del 8/3/06 determinó que se trataba de un nuevo accidente y que la aseguradora de riesgos del trabajo quedaba obligada a cumplir con las respectivas prestaciones de ley (cfr. fs. 18/23). ------ --- b) Puesta en conocimiento la ART de este dictamen con fecha 29/3/06 -vía intimación fehaciente remitida por la actora y recibida por la demandada con fecha 31/3/06 (cfr. fs. 24/25), al no haber cumplido la accionada dicha obligación dentro del plazo máximo de quince días, que establece la resolución S.R.T. 104/98 -art. 2°-, ella quedó en mora el 16/4/06, al tornarse exigible dicha prestación (art. 14, núm. 2, Ley 24557).------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- Lo anteriormente expuesto, con las consideraciones dadas, convence de la pertinencia del rechazo del agravio analizado.----------------------------------------------------- Cuestiona asimismo la recurrente la tasa de interés aplicada al capital de condena por la a quo, la que en su opinión produce un enriquecimiento sin causa de la actora.- El enriquecimiento sin causa es una borrosa figura, que se emplea en la doctrina, jurisprudencia y el foro argentinos sin tener conciencia cabal de su alcance y de sus límites.----------------------------------------- En nuestro país se habla diariamente de enriquecimiento sin causa. Pero, generalmente, se menciona el punto para marcar el límite de la reparación aceptable en materia de responsabilidad civil: existen cientos de fallos que indican que el daño causado y probado es el tope de la reparación y que, allende ese límite, la pretensión -de concederse- implicaría un enriquecimiento incausado. Algo similar ocurre en España, donde agudos profesores han dicho que "Son abundantes las decisiones jurisprudenciales que, ante la invocación de algunas de las partes, estudian esta figura, en muchas ocasiones para negar que en el caso concreto concurran sus presupuestos" (cfr. MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C. - DE PABLO CONTRERAS, Pedro - PÉREZ ÁLVAREZ, Miguel Angel - PARRA LUCÁN, María Ángeles, "Curso de Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones", Edit. Colex, Madrid, 2000, p. 777, § 354).------------- También suele esgrimirse el fantasma del enriquecimiento sin causa en materia de intereses, justamente para intentar obtener de los jueces una tasa menor a la que procedería normalmente. Últimamente se ha decidido en un conocido plenario que "la tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido" (CNCiv., en pleno, 20/4/09, "Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta S.A.", publicado en el-Dial).----------------------------- Pero, contrariamente a esta vigencia negativa del concepto -se lo utiliza como límite, para demostrar la conveniencia de la solución propuesta-, pocos son los fallos, artículos doctrinarios o escritos judiciales que salen de las declaraciones genéricas y los trazos gruesos, para dar alguna pauta concreta o avanzar sobre la sustancia de por qué en el caso -de adoptarse una solución contraria a la propuesta- se configuraría un supuesto de enriquecimiento sin causa.---------------------------------------------------------------- En el caso que nos ocupa ocurre algo parecido. La recurrente esgrime el enriquecimiento sin causa de su contraparte para buscar una tasa menor de interés, pero no precisa en qué radicaría ese enriquecimiento ni cómo se produciría.------------ Además, se trata de una alegación poco feliz, dado que lo que debiera cuestionar es la tasa de interés seleccionada y no el enriquecimiento incausado, que no es tal, dado que el mismo tiene causa y esa causa no es otra que la mora de la contraria en el cumplimiento de su obligación en un segmento de los intereses y el mantenimiento del valor de la moneda en la restante porción.-------------------------------------- En una obra de mi autoría indiqué respecto de las funciones que cumple la tasa de interés, que ella puede cumplir una doble función, o una única, según sea la realidad económica en que se halle inserta. Para contestar qué función tiene una tasa de interés determinada, previamente debe deslindarse si en esa economía y en ese momento se halla autorizada o prohibida la repotenciación, actualización o indexación de las obligaciones dinerarias (LÓPEZ MESA, Marcelo, "Curso de derecho de las obligaciones", Ed. Depalma, Bs. As., 2001, T. II, pp. 68/69).----------------------------------- Y agregué después que según sea una u otra respuesta, diferente será la función de la tasa de interés: a) si la indexación se halla prohibida, la tasa de interés tiene una doble función: en parte opera como factor de actualización y en parte como compensación por el uso del capital; b) en cambio, cuando la indexación no está prohibida, la tasa de interés actúa solamente como beneficio por el no uso del capital, no poseyendo ese componente actualizador. En épocas de baja inflación, del total de la tasa de interés sólo una mínima porción de ésta opera como mecanismo de actualización, siendo su función preponderante la compensatoria (LÓPEZ MESA, Marcelo, "Curso de derecho de las obligaciones", cit, T. II, p. 69).---------------------------- Esta doctrina de mi autoría ya había sido volcada con anterioridad a la aparición de mi Curso de Obligaciones, en mis clases como Profesor Titular de esa materia y en una resolución interlocutoria que proyecté cuando era funcionario del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y que fue adoptada de modo unánime por los Vocales que entonces lo integraban.----------------------------------------------------------- Resolvió el TSJ de Neuquén en esa interlocutoria que "la tasa de interés puede cumplir una doble función, o solamente una, según sea la realidad económica en que se halle inserta ésta. Debe deslindarse primero si se halla autorizada o prohibida la repotenciación, actualización o indexación de las obligaciones dinerarias, puesto que según sea una u otra respuesta, diferente será la función de la tasa de interés. Si la indexación se halla prohibida, medida de política económica que han seguido numerosas economías estables del primer mundo, y que ha seguido desde 1991 nuestro país ante la comprobación de que el proceder inverso retroalimenta la inflación al estimular su causa principal, la circulación monetaria, la tasa de interés tiene una doble función: en parte opera como factor de actualización y en parte como compensación por el uso del capital. En cambio, cuando la indexación no está prohibida, la tasa de interés actúa solamente como beneficio por el no uso del capital, no poseyendo ese componente actualizador. Constituye un error conceptual asignar entidad a la función de repotenciación del principal que tendrían los intereses, en épocas de estabilidad. Ello constituye una función accesoria de la tasa de interés que opera sólo en épocas de alta inflación en que, además, se hallara prohibido el mecanismo indexatorio, que realimenta cíclicamente la desvalorización. En tanto, en épocas de baja inflación, del total de la tasa de interés sólo una mínima porción de ésta opera como mecanismo de actualización, siendo su función preponderante la compensatoria. Cabe extraer de ello una primera apreciación: en épocas de estabilidad o baja inflación la tasa de interés debe ser lo más baja posible, puesto que ello restringe el circulante en el mercado financiero, encorsetando a su vez a la inflación" (TSJ Neuquén, 10/10/97, Sent. Interl. 1764/97, publicada en Juba, base Neuquén, sum. Q0005001).------------------------- A contrario sensu, en una economía en que la inflación no solo no es baja, si no que ni siquiera se sabe oficialmente a cuánto asciende, pero se la percibe todos los días en las góndolas y en los servicios, y en la cual la repotenciación dineraria o indexación se halla vedada, la tasa de interés cumple una importante función reconstituyente del valor de la moneda, el que de otro modo la inflación iría carcomiendo.------------------------------- Cómo hablar entonces genéricamente de enriquecimiento sin causa respecto de la imposición de intereses, cuando una buena parte de esa tasa tiene por única función restañar el valor perdido por la moneda durante el pleito. Para que se pudiese hacer lugar a la pretensión actora y fijar una tasa más baja de accesorios, la apelante debiera en sus agravios haber traído una demostración no discursiva sino matemática de cómo incide la tasa de interés en el caso concreto y en qué porcentaje redunda en un enriquecimiento sin causa. -------------------------------------------------------------------------------- - Al no haber actuado así, echar mano a la figura del enriquecimiento sin causa no es más que una muletilla o slogan abierto, que tras sí solo esconde la falta de fundamento real para atacar la determinación de accesorios por el juzgador de grado, en seguimiento de la doctrina de esta Sala.---------- Y bueno es recordar que constituyen presupuestos para la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa a un caso judicial, los siguientes:-------------------------------------- 1) Que se produzca el enriquecimiento de alguien;-------------------------------------------- 2) Que haya empobrecimiento correlativo de otro;--------------------------------------------- 3) Que haya relación de causalidad entre enriquecimiento y empobrecimiento; es decir que exista "correlación" entre el enriquecimiento y el empobrecimiento (cfr. MESTRE, Jacques, "L'action de in rem verso ne peut être exercée lorsque l'appauvrissement résulte de la faute de l'appauvri", comentario al fallo de la Corte de Casación francesa, Sala 1ª Civil, del 15/12/98, en " Revue trimestrielle de droit civil ", t. 1999, p. 400; HAUSER, Jean, "La collaboration sans rétribution de la concubine à l'exploitation du fonds de commerce de son concubin, qui se distingue d'une participation aux dépenses communes, implique par elle-même l'appauvrissement de la concubine et l'enrichissement du concubin", comentario al fallo de la Corte de Casación francesa, 1ª Sala Civil, del 15/10/96, en " Revue trimestrielle de droit civil ", t. 1997, p. 102);--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 4) Que se compruebe una falta de causa lícita que genere o legitime el enriquecimiento;------------------------ 5) La ausencia de interés personal en el empobrecido;--------------------------------------- 6) Que quien acciona por enriquecimiento sin causa de su contradictor no haya actuado con dolo (MESTRE, Jacques, "Le dol prive l'appauvri de l'action de in rem verso", nota al fallo de la Corte de Casación francesa, 1ª Sala Civil del 19/5/98, en "Revue trimestrielle de droit civil", t. 1999, p. 106), culpa o negligencia; --------------------- 7) Que no exista otra herramienta jurídica para abordar el problema, pues la teoría del enriquecimiento sin causa constituye una herramienta subsidiaria (LÓPEZ MESA, Marcelo J., "El enriquecimiento sin causa en el derecho actual", en revista "Ley, Razón y Justicia", Año 3, Nº 5, Alveroni Edit., Córdoba, 2001, p. 27; TERRÉ, François - SIMLER, Philippe - LEQUETTE, Yves, "Droit Civil. Les Obligations", Edit. Dalloz, París, 1996, p. 794, Nº 976; PORCHY-SIMON, Stéphanie, "Droit civil. Les obligations", Edit. Dalloz, 5ª edic., París, 2008, p. 425, Nº 902; MODERNE, Franck, "Les quasi-contrats administratifs", Ed. Sirey, París, 1995, pp. 115 à 125; BILLIAU, Marc, "Nature du recours du solvens qui a pay' par erreur la dette d'autrui contre le débiteur", en Recueil Dalloz, t. 2001, sec. Jurisprudence, p. 1824; SUESCÚN MELO, Jorge, "Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo", 2ª edic., Legis, Bogotá, 2003, T. I, p. 14; RIBEYROL-SUBRENAT, Monique, "Le dol de l'appauvri, obstacle à l'exercice de l'action de in rem verso. Une possibilité d'articulation de la jurisprudence des 1re Chambre civile et Chambre commerciale de la Cour de cassation", en Recueil Dalloz, t. 1999, sec. Jurisprudence, pp. 406 y ss.; PIGNARRE, Geneviève, "De quelques difficultés liées aux restitutions consécutives à la résolution d'un contrat de vente", Recueil Dalloz 2002, sec. Sommaires comentes, p. 1006; DE SALVO VENOSA, Silvio, "Direito Civil", vol. 4º "Responsabilidade civil", 5ª edic., Editora Atlas, São Paulo, 2005, pp. 250/251; TERNEYRE, Philippe - BON, Pierre, "Enrichissement sans cause: caractère subsidiaire de l'action de in rem verso", en Recueil Dalloz 1996, sec. Sommaires commentés, p. 51, etc). Incluso más; este requisito quedaría mejor formulado si se dijese que la herramienta del enriquecimiento sin causa, antes que subsidiaria, es residual, dado que ella no viene en auxilio de otras acciones o herramientas, sino que justamente está disponible sólo cuando éstas no han sido previstas por el legislador; y----------- 8) La inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa (LETE DEL RÍO, José M., "Derecho de Obligaciones", 3ª edic., Edit. Tecnos, Madrid, 1995, vol. II, p. 176).--------- Es indudable que todos estos requisitos deben concurrir necesariamente para la aplicación a un caso de la figura del enriquecimiento sin causa. Es decir, que si faltara alguno de ellos, la acción intentada carecería de procedencia.-------------------------------- Y no es dudoso tampoco que por encima de slogans o cartabones abstractos, el juez debe analizar las particularidades del caso y apreciar en conjunto el cumplimiento de estos requisitos. En palabras de LIBCHABER, el juez no debe poner en juego en la apreciación de los requisitos del enriquecimiento sin causa una "severidad acrítica" (LIBCHABER, Rémy, "Condamnation, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, d'un concubin à dédommager sa concubine qui a collaboré à l'exploitation de son fonds de comerse", en Recueil Dalloz, t. 1997, sec. Sommaires comentes, p. 177). Claro que tampoco, a fuerza de bonificarlos, puede convertir a esta herramienta en un instrumento ordinario o corriente.---------------------------------------------------------------------- ---------------- Y analizando lo expuesto en el recurso en tratamiento, no surge del mismo que se den estos requisitos en el caso de autos. Por el contrario, surge claro que al menos uno de ellos -la falta de causa de la tasa de interés impuesta a la demandada- se encuentra ausente en autos, lo que basta para el rechazo de la alegación.----------------------------- Y por qué decimos que existe causa para el enriquecimiento alegado: sencillamente porque es la mora de la demandada el correlato jurídico o causa obligacional de la imposición de intereses, siendo la determinación de la tasa de accesorios una facultad del juez. Ello así, a mérito de la jurisprudencia de la CSJN a partir del caso "Banco Sudameris c/Belcam S.A." (T.yS.S. 1994-565), que declaró que la cuestión de la tasa de interés a aplicar no era de naturaleza federal, quedando sujeto a la prudencia judicial y no generando contienda federal salvo que por aplicación de la tasa en cuestión se suscitare el caso de sentencia arbitraria.---------------------------------------------------------------<#LINE > Si la mora del deudor de intereses es la causa jurídica de su obligación de pago de los mismos y si la tasa seleccionada queda dentro de las facultades judiciales, no suscitando ella cuestión federal, el intento de apelar a la doctrina del enriquecimiento sin causa a su respecto debe verse como una alegación ajena a la cuestión, la que debe rechazarse.--------------------------------------------------------------------- --------------------- Y en cuanto al fondo de la cuestión de los accesorios, es dable destacar que las módicas argumentaciones obrantes en el recurso en análisis no suministran razones atendibles que demuestren la conveniencia de reducir la tasa aplicada por la a quo, en seguimiento de la doctrina de esta Sala, por lo que procede el rechazo del agravio.------- Sin embargo y pese a la precariedad de los argumentos dados, a fin de demostrar la procedencia de la tasa aplicada al caso, recordaré que esta Sala a partir de su fallo en la SDL 194/94, viene declarando aplicable la utilizada por el Banco de la Provincia del Chubut en sus operaciones de descuento (C. Apels. Trelew, Sala A, 31/5/96, "O., H. R. v. Á., L. y otra", en AbeledoPerrot online). Y el mismo criterio se ha mantenido en sentencias de la nueva integración de la Sala, contando con mi voto explícito a favor de esta tasa (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 26/11/08, in re "V., F. M. en representación de Sucesores de H. A. I. c/ P. S.A. s/ cobro de pesos - Laboral" (Expte. 45 - año 2008).------------------------- Ello así, entiendo que la tasa activa percibida por el B. D. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento, compensa de modo más equitativo la morosidad y consiguiente indisponibilidad de los créditos emergentes de sentencias judiciales (C. Apels. Trelew, Sala A, 16/8/96, "G., C., J. v. S. P. S.A. y otra", en AbeledoPerrot online).--------------------------------------- También se ha dicho, en posteriores fallo que las razones que han llevado a este Cuerpo a preferir, a partir de la causa "M. v. F. S.A.." la citada tasa percibida por el B. D. C. S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento, fincan en que dicha tasa es -por lo dicho- la que más justamente retribuye la "mora debitoris", puesto que refleja el costo del dinero en la banca local, siendo presumible que ante la obligación insatisfecha por la demandada, la accionante pueda haberse visto en la necesidad eventual de acudir al auxilio financiero para paliar tal situación; se trata, pues, de compensar adecuadamente este menoscabo económico haciendo prudente uso de la facultad judicial prevista en el art. 622 C.C. (C. Apels. Trelew, Sala A, 4/2/97, "D., A. M. v. S. S.A.", en AbeledoPerrot online).--------------------- A dichas razones cabría agregar varias más, que verteré a continuación:-------------- 1) que si lo que se intenta es desalentar el litigio, en aras de evitar la multiplicación de los procesos judiciales en busca de la conciliación de intereses entre las partes, la tasa activa es el disuasivo más eficaz para evitar que los pleitos se alarguen. Y si quien luego es declarado responsable de una deuda no carga con consecuencias proporcionadas a su indebida reticencia al pago, entonces ello favorecería aún más el alargamiento de los pleitos y la querulancia, lo que no es una dirección conveniente.---- 2) Que si los intereses judiciales son bajos, litigar indefinidamente es la mejor manera de obtener financiamiento a bajo costo, lo que produce que las empresas y los empleadores dejen de pagar sus acreencias o inventen mil y una excusas para no hacerlo en tiempo y forma, especulando con que vayan quedando por el camino sus acreedores y que aquellos que finalmente obtengan sentencia favorable contra ellos, vean licuadas sus acreencias por efecto de la inflación. ----------------------------------------- 3) Que en épocas de alta inflación o inflación disimulada, como la que transitamos, la tasa de interés lleva implícita una función reconstitutiva o estabilizadora del valor de la moneda. De reducirse la tasa fijada, el peso de la inflación sería soportado por los acreedores, que verían degradarse el valor cancelatorio de sus acreencias, licuadas en parte por la inflación, conforme avanzan los litigios.----------- 4) En contrapartida, sería un excelente negocio para los deudores no abonar sus obligaciones mientras ello sea posible, utilizando cuanta argucia tuvieran a mano, dado que si la tasa de interés que se les impusiera fuera baja, ellos no pagarían el costo de la inflación y obtendrían un financiamiento muy barato, dedicándose a trabajar y desarrollarse con dinero ajeno, hasta tanto les sea impuesta su devolución. Y, entonces, el ciclo comenzaría de nuevo. No puede permitirse que el financiamiento más barato que los deudores puedan obtener sea el interés impuesto en sede judicial pues ello fomenta hasta extremos disfuncionales la litigiosidad, en directa contradicción a los objetivos que se dice sostener.-------- 5) Recientemente la Excma. Cámara Nacional Civil en un acuerdo plenario ha dejado de lado su tradicional postura y ha adoptado una muy similar a la que sigue esta Sala desde antiguo, al decidir como doctrina obligatoria, por mayoría, dicho Plenario que corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (CNCiv., en pleno, 20/4/09, "Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta S.A.", publicada en el-Dial).-- En dicho plenario se indicó en el voto de la mayoría varios argumentos que merecen citarse y que comparto:----------------------------------------------------------------------- ------------------ a) Para que la reparación otorgada a las víctimas de un daño injusto sea realmente retributiva, los intereses tienen que compensar la indisponibilidad del capital durante el transcurso de la mora, además de cubrir la pérdida de su valor adquisitivo.------------------ --- b) La tasa de interés moratorio debe ser suficientemente resarcitoria en la especificidad del retardo imputable que corresponde al cumplimiento de la obligación dineraria con la finalidad, entre otras, de no prolongar la ejecución de la condena indemnizatoria en detrimento del patrimonio de la persona damnificado.------------------- --- c) Con el objeto de mantener incólume la cuantía de la obligación deben fijarse tasas de interés positivas en procura de evitar que, debido a la demora en el pago imputable al obligado, el acreedor reciba una suma nominal depreciada, en lugar de la justa indemnización que le corresponde para enjugar el daño padecido (conf. además del plenario, CNCiv., Sala G, in re "Velázquez Mamani, A. c/ José M. Alladio e Hijos S.A. y otros" del 14/11/06, LA LEY, 2007-B, 147).------------------------------------------- --- d) Los factores micro y macro económicos que dieron lugar a los plenarios "Vázquez" y "Alaniz" son diferentes a los que se dan en el momento actual. Los cambios de las circunstancias económico-financieras operados, de los que dan cuenta los índices inflacionarios -aún aquéllos que plantean serios reparos sobre su transparencia-son elementos que dan fundamento a la decisión de dejar sin efecto esa doctrina porque ya no cumple la satisfacción de "la debida indemnización de los daños sufridos".

--- e) De ahí que, en una economía donde la inflación es igual a cero cualquier tasa, aún la pasiva, es una tasa positiva. Pero frente a la creciente desvalorización monetaria, la tasa pasiva no repara ni siquiera mínimamente el daño que implica al acreedor no recibir su crédito en el tiempo oportuno, a la par que provoca un beneficio para el deudor moroso. --------------------------------------------------------------------------<#LINE > --- f) Se agrega a ello que hoy nadie puede desconocer la desvalorización monetaria, reconocida inclusive por los propios índices que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (conf. Castillejo de Arias, Olga, "En Mendoza la mora premia, no apremia. A propósito de la sanción de la ley de intereses 7198 de la Provincia de Mendoza"; LL Gran Cuyo, junio 2004, 413).-------------------------------------- --- g) En razón de las circunstancias económicas puestas de relieve y dado que la modificación introducida por la ley 25.561 mantuvo la redacción del art. 7 de la ley 23.928, prohibiendo toda actualización monetaria, indexación de costos y repotenciación de deudas cualquiera fuera su causa, se hace necesario que la tasa de interés moratorio guarde relación con los cambios operados. De tal manera, al encontrarse la tasa actualmente obligatoria por debajo de los parámetros inflacionarios no es retributiva y se aleja de la finalidad resarcitoria de este tipo de interés.---------------- --- h) El análisis acerca de si el interés que se fija es adecuadamente resarcitorio debe efectuarse desde la óptica jurídica y no puramente economicista, focalizándose en el perjuicio que sufre el acreedor por los efectos de la mora. Una tasa -como la pasiva-, que se encuentra por debajo de los índices inflacionarios, no sólo no repara al acreedor sino que beneficia al deudor que dilata el pago de la deuda.-- --- i) Es por ello que la tasa de interés debe cumplir, además, una función moralizadora evitando que el deudor se vea premiado o compensado con una tasa mínima, porque implica un premio indebido a una conducta socialmente reprochable. Al tratarse de deudas reclamadas judicialmente debe existir un plus por mínimo que sea que desaliente el aumento de la litigiosidad (conf. Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, in re "A., O. D. c/ B., M." del 12/9/05; LL Gran Cuyo, 2005 -octubre-, 911-TySS2005, 747-IMP 2005-B, 2809).--------------------------------------------------- --- j) Las razones apuntadas permiten concluir que es conveniente dejar sin efecto la obligatoriedad de computar la tasa pasiva como interés moratorio cuando no hay fijado un interés convencional o legal y establecer una que efectivamente sea retributiva y cubra el valor de la moneda. Ante el mantenimiento de la prohibición de actualización monetaria y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda la tasa pasiva -adoptada como obligatoria en los plenarios aludidos- no recompone el capital de condena y es un estímulo para que el deudor continúe en mora (CNCiv., en pleno, 20/4/09, "Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta S.A.", publicada en el-Dial).-------- Lo visto hasta aquí permite comprobar, -como esta Sala viene resolviendo desde mucho antes del citado plenario- que la tasa activa es así la que mejor se compadece con la justicia material y con el objetivo de evitar la prolongación indefinida de los pleitos y la multiplicación de los procesos, al menos mientras la economía transite por estas coordenadas. Ello así, no habiéndose suministrado razones que desbaraten estos importantes y sólidos argumentos, el agravio de la apelante luce descaminado en este punto y debe rechazarse.--------------------------------------------------------------------- ----------- Por último, en lo tocante a las costas, tampoco asiste razón a la apelante, dado que surge de la lectura de la causa y de la sentencia que la a quo con su resolución distributoria de las costas de grado plasmó un criterio proporcionado a lo ocurrido en la causa, al evaluar correctamente las pretensiones acogidas y las rechazadas en esta litis.-------------------------------------------------------------------------- --------------------------- Lo acontecido en la causa patentiza un vencimiento amplio de la accionante, que hace que la imposición del 90% de costas a la demandada se compadezca con ese resultado, mientras que el 10% restante a cargo de la actora es la justa medida de sus reveses. Tal distribución se corresponde con lo dispuesto por los arts. 71 C.P.C.C. y 76 de la Ley N° 69, por lo que procede confirmar el decisorio apelado en este aspecto también.------------------------------------------------------------------------ ------------------------ Corresponde por tanto la confirmación de la sentencia apelada en cuanto ha sido ella materia de recurso y de agravios, imponiendo las costas de esta instancia a la apelante vencida en ella, a mérito de lo dispuesto por el art. 59 de la Ley N° 69. ----------------------- En cuanto a los emolumentos curiales de alzada, corresponde determinarlos en los siguientes porcentajes: para el Dr. G. L. C., en el 3% del monto de condena debidamente liquidado en etapa de ejecución y para el Dr. E. M. C., en el 4,9% de idéntico monto (arts. 6, 7, 10, 14 y 47, Ley 2.200). Dichas determinaciones se corresponden con la extensión, calidad, eficacia y resultados de las correspectivas labores de cada letrado.------------------------------------------------------------------------ ---- Por lo anteriormente expuesto a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: ------------------------------------------ En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios. II) Con costas en la alzada a la apelante vencida, fijándose los honorarios porcentuales de los letrados actuantes en esta sede -a calcular sobre el monto del proceso debidamente liquidado-como sigue: a) para el Dr. G. L. C., en el 3%; b) para el Dr. E. M. C., en el 4,9%.----------------------------------------------------------------------- Así lo voto.---- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Marcelo López Mesa expresó: ------------------- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el Dr. Ferrari en su voto a esta cuestión. ------------------------------ Tal mi voto.--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, Textos ley 4550).------------------------------------------------ Trelew, de mayo de 2.009.--------------------------------------------------------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:---------------------------------------------------------------------- ----- S E N T E N C I A: ---------------------------------------- CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios.--------------- IMPONER las costas en la alzada a la apelante vencida.-------------------------------------- FIJAR los honorarios porcentuales de los letrados actuantes en esta sede ...-------------------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---------------------------------------------- REGISTRADA BAJO EL Nº 31 DE 2.009 - SDL.- Conste PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIO DE CAMARA