marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, costas, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROCONSUMER c/ AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-30

Respecto al agravio relativo a las costas -aun de entenderse que la postulación reviste autonomía- no muestra entidad suficiente como para franquear el acceso a esta instancia excepcional, desde que en una aproximación a lo sustancial se aprecia que su imposición a la accionante luce acorde a lo debatido en el pleito y a lo resuelto, a tenor del sistema objetivo que rige en nuestro ordenamiento procesal; sin que el presentante, con los argumentos que expone, logre persuadir sobre la irrazonabilidad del resultado al que se arribó en el pronunciamiento atacado, máxime cuando se advierte que en el antecedente de esta Corte -mencionado por el recurrente para sustentar la revocación de la imposición causídica- se resolvió un supuesto distinto al presente, a saber, la improcedencia del instituto del arraigo con fundamento en el beneficio de gratuidad contemplado en la ley consumeril. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 44, p 349; T 47, p 355; T 49, p 296; T 81, p 273; T 60, p 472; T 63, p 267; T 115, p 391. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 251
Contrato de trabajo, prueba, relaciones de familia, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Cabrera, Amadeo Raúl c/ Diego, Jesús Fabián y otros s/ despido, rubros adeudados, certificaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-03-14

La relación familiar no obsta a la existencia del contrato de trabajo, sino que tal circunstancia hace extremar el rigor en la evaluación de la prueba para su acreditación.
Pensiones, prestación básica universal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Camos, Mirta Susana c/ A.N.Se.S. s/ pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-18

El alto tribunal en el precedente caratulado "Pinto, Ángela Amanda c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones" (sentencia de fecha 06 de abril de 2010), y refiriéndose en forma expresa al Decreto 460/99 sostuvo que el mismo "no fue dictado para restringir el acceso de los asalariados a las prestaciones de la seguridad social, sino para subsanar situaciones de injusticia ocasionadas por las anteriores reglamentaciones -decretos 1120/94 y 136/97- y contemplar las de aquellos afiliados que para el tiempo de la invalidez o fallecimiento se encontraran con dificultades de empleo." (conforme considerando 4°). A dichos fines, determinó que la regul aridad del afiliado para obtener la prestación básica universal, debe establecerse en forma proporcional con su historia laboral y en comparación con el requisito de treinta años de servicios exigidos por el artículo 19 de la ley 24.241, postura que fue ratificada en los fallos "García Cancino, María Angélica c/ Máxima AFJP s/ prestaciones varias" (sentencia de fecha 16 de febrero de 2020) y "Anconetani, Mirta Haydee c/ A.N.Se.S s/ pensiones" (sentencia de fecha 30 de noviembre de 2010).
Resoluciones, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, Estado Nacional, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, derechos del usuario, derechos del consumidor, competencia desleal, Constitución Nacional, falta de fundamentación, gravamen irreparable, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Cencosud S.A. s/ apela resolución Comisión Nacional Defensa de la Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-14

Corresponde revocar la sentencia recurrida por el Estado Nacional, en la causa en la que el a quo dispuso la nulidad de la Resolución 131/2009, dictada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en el marco de un procedimiento iniciado para investigar la posible realización de conductas anticompetitivas, pues la Cámara no sólo omitió valorar constancias relevantes para la correcta solución del litigio - que fueron invocadas por la recurrente-, sino que tampoco atendió los planteos estatales relacionados a la existencia de una situación que podía lesionar en forma irreparable los derechos de los usuarios y consumidores. (Del voto en disidencia de la Doctora doña Elena Highton de Nolasco).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa
Materia: PROCESAL
Carátula: CORTEZ, Marcelina Haydee s/ Amparo - Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-03-02

De conformidad a lo dispuesto por los arts. 9 y 10 de la ley 24.901 y art. 3 de la ley 22.431, la discapacidad de una persona debe ser evaluada y, en su caso, declarada por las autoridades competentes.

La declaración implícita de discapacidad que parece haber efectuado el Tribunal, sobre la base de un certificado médico que aconseja el implante de la prótesis total de cadera de la actora, se aparta de las constancias de la causa y, además, invade un ámbito de competencia evidentemente ajeno.

La argumentación del a quo se basa en la aplicación al caso de la ley 24.901, norma que, cabe recordar, establece un "Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad". El Tribunal parece justificar la aplicación de la norma en la consideración según la cual el estado de salud de la amparista (que necesitaba un reemplazo de cadera) se asimilaría al de discapacidad. Pues bien, tal asimilación resulta patentemente arbitraria. En primer lugar, porque refiere a un hecho no invocado por la amparista, quien ni en la demanda ni en las actuaciones posteriores invocó discapacidad alguna. Segundo, porque implica un notorio apartamiento de las constancias de la causa, pues, de hecho, la amparista no es discapacitada.
Leyes, constitucionalidad, gravedad institucional, Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CELULOSA ARGENTINA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO. INCONSTITUCIONALIDAD LEY 24549. RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 790-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indubitable. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley.
Transporte de carga por agua, responsabilidad del transportador, peso total del bulto afectado, Convención de Bruselas, fallo plenario
Materia: PROCESAL - NAVEGACION
Carátula: Columbia  S.A.  de Seguros c/ Cap. y/o Prop. y/o Arm. Buque "Nedlloyd Linge" s/ Procesal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-08

En lo atinente al modo de calcular el límite de responsabilidad cabe señalar que en los autos "Antártida, Cía. Arg. de Seguros S.A c/buque "Paola C'" se trató también de una demanda por el total de una máquina y no sólo por el demérito experimentado en una de las partes contenidas en uno de los cajones que componían el cargamento, de tal modo que aunque no se denunciaron averías en los restantes cajones se dio la particularidad de que dicho perjuicio comprometió la utilidad y el valor de los bultos sanos. Frente a tales circunstancias de hecho, similares a las que se configuran en este caso, la Cámara, en decisión plenaria de 13/9/88 resolvió que el límite de responsabilidad del artículo 4, apartado 5 de la Convención de Bruselas y del Artículo 278 de la Ley de la Navegación se debe calcular sólo sobre el bulto dañado.

Corresponde, por consiguiente, modificar el fallo apelado en esta parte, toda vez que no se ha declarado en el conocimiento de embarque el valor de la mercadería.
Convertibilidad, actuación de oficio, ley de orden público
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: ROMERO, JORGE ALBERTO c/ PROPIETARIO FORD FALCON S 474 500 s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 593 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-07-06

La aplicación oficiosa de la ley de convertibilidad al rubro intereses, aparece justificada por imperio de lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 23.928, que tras enunciar el carácter de orden público de su normativa, declara que ninguna persona podrá alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos. (De la Disidencia del Dr. Vigo)
Transporte de estupefacientes, prófugo, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Delgado, Gustavo Adrián c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-08

El tribunal a quo para acreditar que el imputado conocía la existencia del estupefaciente oculto en los dos hechos y que junto con sus socios establecieron una estrategia en común a fin de concretar ambos sucesos delictivos, tuvieron por cierto que todos ellos conformaron una asociación delictiva, la cual se encontraba dividida en dos estamentos. El primero de ellos -el gerencial- estaba conformado por los ya condenados, mientras que el segundo -el operativo- se encontraba a cargo del ya condenado, el prófugo y el imputado, quienes se encargaban de lo concerniente a la logística, es decir desde la adquisición del pescado congelado, pasando por el acondicionamiento del estupefaciente en la mercadería ictícola, hasta la llegada al Depósito Fiscal para su consolidación en el contenedor y su exportación. A partir de la valoración exhaustiva de los elementos de prueba realizados mediante una razonamiento adecuado y lógico permite tener por acreditado la intervención del encausado en el intercalado del estupefaciente en las cajas de pescado y por ende su conocimiento sobre el destino que se le iba a dar a esa mercadería, siendo que la defensa no se hizo cargo de evidenciar la arbitrariedad en la fundamentación efectuada por los sentenciantes en este tramo.
Indemnización por despido, base indemnizatoria del despido, premio por producción
Materia: LABORAL
Carátula: SOBOTTA, PABLO c/ TELECOM ARGENTINA STTET FRANCE TELECOM SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-22

El "código 078" reviste carácter extraordinario, no regular ni habitual, y aunque su forma de cálculo fuera sobre la "bonificación por productividad" , no corresponde sea tomado en cuenta a los fines de calcular la base indemnizatoria.
Inspección General de Justicia, inscripción de sociedades, sociedad constituida en el extranjero, participación de una sociedad en otra
Materia: COMERCIAL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ Veritran Holding Ltd. s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-29

Corresponde hacer lugar al recurso deducido por una sociedad constituida en Islas Vírgenes contra la resolución de la Inspección General de Justicia que rechazó su inscripción en los términos del art. 123 de la Ley de Sociedades, a los efectos de participar en una sociedad local, puesto que el referido organismo no tiene facultades para impedir que las personas utilicen los instrumentos que consideren más adecuados para su planificación económica, instrumentos que son ampliamente aceptados en el mundo para canalizar los más diversos propósitos lícitos, utilizándose como herramientas fundamentales para canalizar reorganizaciones empresarias y como mecanismos idóneos para aislar riesgos vinculados con inversiones y proyectos, todo lo cual es también lícito en nuestro país.
Emoción violenta, elemento normativo
Materia: PENAL
Carátula: Alvarez, Hugo s/ Defensa   Material  -  Declaración  Informativa  -  Emoción  Violenta
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-31

Para determinar si las circunstancias hacen excusable la emoción, debe realizarse un análisis del elemento normativo. Así, "el estado de emoción violenta en que se actúa, resulta comprensible, y si cualquier otra persona, en las mismas circunstancias, caería en tal estado emocional.
Divorcio, liquidación de la sociedad conyugal, convenio de partición de bienes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pascual Andrea y Domingo Faustino Sarmiento s/ Divorcio Vincular (LIBRO: A077 - 118)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-02-23

La eficacia de los convenios de liquidación de la sociedad conyugal en los juicios por presentación conjunta, no depende de que obren en el expediente antes del dictado de la sentencia. Cualquier convenio de liquidación de los bienes conyugales, celebrado como acto previo e independiente a la disolución de la sociead conyugal es nulo. La situación cambia radicalmente, cuando ese acto es parte de un todo constituído por la presentación de la demanda de divorcio en el mismo acto, o cuando un convenio anterior es ratificado durante la tramitación del proceso, cumpliéndose lo pactado.- La ulterior manifestación de voluntad de los conyuges, despúes de promovida la demanda, respecto del convenio, reviste el carácter de convenio de liquidación concertado durante la sustanciación del proceso, cuya válidez es evidentemente incuestionable.-
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, Superior Tribunal de Justicia, acción meramente declarativa, reclamo administrativo previo, leyes, leyes contradictorias
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández, Daniel Ramón c/ Municipalidad de la Capital y Jefe de Policía. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Corresponde dejar sin efecto la sentencia del superior tribunal provincial que declaró formalmente admisible la demanda meramente declarativa destinada a hacer cesar el estado de incertidumbre sobre el alcance y validez de dos normas reputadas contradictorias (ordenanza 2871/88 y ley 3052 de la provincia de Mendoza) ya que se debió exigir al apelante que agotara la vía administrativa (art. 144, inc. 5 de la Constitución provincial) ante el Jefe de Policía.
Recurso de inconstitucionalidad, apercibimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ALONSO, MARCELO HERNAN c/ TREVI S.R.L. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-26

El recurso excepcional merece favorable acogida, desde que el Tribunal ha conferido un tratamiento irrazonable al caso, adoptando una solución que connota arbitrariedad al apartarse de los cánones de motivación y fundamentación exigibles, toda vez que, habiendo interpuesto el actor apelación parcial omitiendo indicar los rubros recurridos, la Alzada no cumplió con la exigencia legal de intimar al apelante para que subsane la insuficiencia incurrida, aplicando sin más el apercibimiento previsto en la norma de tener por no interpuesto el recurso; lo que produce una lesión insalvable al derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable.
Escritos judiciales, abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: ESCUDERO, RAMON Y OTROS c/ SUCESION JUAN LATORRE Y OTROS s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-12-07

Corresponde sancionar al letrado que en ocasión de la defensa de los intereses que se le confiaron, menoscabe o agravie al magistrado autor de la resolución o al contrincante, ello por cuanto el amplio derecho de impugnación no puede ejercerse abusivamente, ni ser causa para el desborde de antipatías personales, y menos para tender temerariamente un manto de sospechas sobre la imparcialidad y objetividad del magistrado, a no ser, claro está, que se asuma responsablemente el rol de acusador de una conducta reprochable mediante las vías pertinentes.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, responsabilidad penal, graduación de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., C. S.Y C., J. C. c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO (APELACION SENTENCIA CONDENATORIA)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-08

En el caso resultaba imperioso explicar por qué a pesar de la situación actual de los imputados correspondía no sólo imponerles una sanción, sino una de cumplimiento efectivo, lo cual provocaría ineludiblemente el riesgo de que su prisionización genere un efecto contraproducente en relación a la finalidad que según las normas superiores tiene la pena privativa de libertad, toda vez que de los informes agregados a la causa surge que los justiciables no sólo no cuentan con antecedentes penales luego del hecho que motivara la presente, sino que además ambos están incorporados formalmente al mercado laboral y han formado una familia, circunstancias que fueron tenidas en cuenta para concluir tan sólo que no correspondía aplicar la escala penal prevista para el delito atribuido en el caso de mayores, haciéndolos acreedores de la reducción del artículo 4 de la ley 22278 y, luego dentro de esta escala reducida, perforar su mínimo. (Del voto del Dr. Erbetta, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Falistocco, Netri y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 22278, artículo 4
Derechos del consumidor, carga probatoria dinámica, daño moral, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Bullon Daniel c/ Cetrogar S.A. y/o Q.R.R. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2023-04-26

Las molestias y dificultades que sufrió por los defectos de diversa naturaleza e índole que se presentaron en la motocicleta que compró, que debió llevarse en distintas ocasiones al servicio técnico -y permanecer allí-, aconsejan admitir una indemnización por el rubro. No solo el tiempo y desgaste insumido para la atención de los problemas del rodado, que en general no deben suceder según el curso normal y natural de las cosas, dado que era una motocicleta 0 km, sino la preocupación que ello sin duda ocasionó en la esfera emocional del damnificado por no encontrar solución adecuada a su problemática, dada la reiteración de defectos durante meses, conllevan a considerar afectada la parte anímica del actor. (Del voto de la Dra. Benítez de Ríos Brisco) La privación de uso y los gastos de traslado compensan, en el caso, tanto el impedimento de uso y goce, como así también las erogaciones que el damnificado debió afrontar al verse forzado a utilizar otros medios de transporte. Estas erogaciones, son indemnizables aunque -como en el caso- no exista prueba acabada de ellas, en tanto guarden proporcionalidad con el lapso de indisponibilidad, y si bien estoy convencida de que corresponde indemnizar al actor por estos gastos, considero que la suma reclamada y acordada por este rubro es excesiva ($ 26.000), superando incluso al valor de compra del rodado ($21.934,01), adquirido poco meses antes. (Del voto de la Dra. Benítez de Ríos Brisco)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), copias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gerbaudo, José Luis c/ Banco Provincial de Santa Fe s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Juicio   ordinario de indemnización de daños y perjuicios. Revocatoria (Expte.   CSJ No. 150-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-09-02

Las constancias certificadas de notificaciones, recurso de inconstitucionalidad y contestación de traslado exigidas por el artículo 4 de la ley 7055, con un requisito de admisibilidad del recurso directo, por ende se encuentra a cargo del recurrente el cumplimiento de tal imperativo. La hipótesis de excepción contenida en el artículo 357 del Código Procesal Civil y Comercial como toda excepción, debe ser interpretada restrictivamente y por ende, no se cumple el requisito de admisibilidad manifestando simplemente, que la intimación corresponde hacérsela al Tribunal a quo, sino dando cuenta de la falta del actuario que hubiere negado tales copias.
Corrupción de menores, promoción de la corrupción
Materia: PENAL
Carátula: RODRÍGUEZ, LUIS MARIA P.S.A. s/ CORRUPCION DE MENORES REITERADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-03-10

Corresponde declarar a Luis María Rodríguez autor responsable de los delitos de Promoción a la Corrupción de menores agravado y suministro de material pornográfico a menores de catorce años en concurso ideal (arts. 45, 125 inc. 2do. según ley 11.179, 128 últ. párr., y 54 C.P.). Con respecto a la pena a imponer, cabe efectuar las siguientes consideraciones:	La escala a tener en cuenta será la de la pena mayor, o sea, en nuestro caso, la del art. 125 inc. 2do. del C.P., esto es, de cuatro a quince años de prisión o reclusión (art. 54 C.P.). En cuanto a las circunstancias individualizadoras de la pena, en su contra, cuentan las siguientes:

* las condiciones personales del imputado, especialmente, su edad (un hombre ya maduro), su instrucción terciaria, su buena condición social y económica, circunstancia ésta utilizada como medio para ejecutar su accionar frente a una víctima de humilde condición económica y;

* la extensión del daño producido en la psiquis de la menor, cuya gravedad está claramente detallada en la pericia psicológica.

* la persistencia delictiva, toda vez que los actos corruptores se prolongaron durante un período de tres años.

Como circunstancia atenuante, sólo tendré en cuenta al igual que el tribunal de mérito su carencia de antecedentes penales.	En atención a las circunstancias recién mencionadas, considero adecuado dado la multiplicidad y mayor gravitación de las circunstancias agravantes, imponerle la pena de seis años y cuatro meses de prisión, con adicionales de ley y costas (arts. 9, 12, 40, 41, 29 inc. 3ro. C.P.; y 550 y 551 C.P.P.).
Recurso de apelación (procesal), deserción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martín, Carlos c/ Agesilao, Néstor s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

La autorización conferida por el art. 246 del Código Procesal al juez de primera instancia para declarar la deserción del recurso de apelación concedido en relación, cuando el recurrente no presentare el memorial o lo hiciere fuera del término establecido, tiene el propósito de evitar que, en tales supuestos, el expediente deba pasar al tribunal de alzada al solo efecto de hacer esa declaración de rutina.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Majiña, Sara Noemí c/ Marcos, Maira Liliana s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

Si el demandado fue absuelto en sede penal por la ausencia de vínculo causal entre su conducta y las lesiones producidas, tal fallo se ha pronunciado acerca de la inexistencia de delito típico a su respecto, por lo que resulta plenamente aplicable al caso la prohibición contenida en el art. 1103 del C. Civil.
Despido, falta de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rivas, Ricardo c/ Atahualpa S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-10-13

Debe desestimarse el argumento formulado respecto a que el actor consintió la causal de despido a no oponerse ni rechazar la carta documento que lo efectivizaba, pues es la patronal quien debe justificar la razón del distracto por falta o disminución de trabajo, demostrando que la situación financiera negativa a la que alude no le es imputable.