Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-10


ODONE, Luis Alberto contra ESTADO PCIA. SANTA FE Reg.: A y S t 194 p 125-130.Santa Fe, 10 de diciembre del año 2.003. VISTOS: Los autos "ODONE, Luis Alberto contra ESTADO PCIA. SANTA FE -Cobro de Pesos- Daño Moral- sobre Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad" (Expte.C.S.J. nro. 509, año 1998), venidos para resolver acerca de la concesión del recursoextraordinario interpuesto por el actor para ante la Corte Suprema de Justicia de laNación contra la sentencia de fojas 78/81; y, CONSIDERANDO: 1. Mediante la sentencia impugnada, este Cuerpo resolvió rechazar la queja pordenegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra elpronunciamiento de la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario que, a su turno, había confirmado el decisorio de baja instancia,excepto en cuanto al monto de la condena, estableciéndolo en la suma de $ 120.000.-, eimponiendo las costas de segunda instancia en un 80% a la demandada y en un 20% a suparte. En su presentación, el recurrente alega la existencia de un caso federal configuradopor la arbitrariedad del fallo recurrido, proveniente de: a) falta de fundamentación suficiente; b) apartamiento de las constancias de la causa; y c) exceso ritual manifiesto.

Señala, además, que la decisión atacada mantiene una posición contraria a la tutelade sus derechos de propiedad, debido proceso y defensa en juicio.Al desarrollar sus agravios, comienza por la cuestión de los intereses.A ese respecto, refiere a los planteos de autocontradicción y resolver "ultrapetita" formulados contra la sentencia de Alzada, explicando que el primer vicio radicabaen que no obstante haber sostenido el A quo que no podía modificar el criterio de la juezade primera instancia de otorgar una suma en concepto de indemnización que incluía capitalmás intereses sin discriminarlos, por no haber sido objeto de agravio de ninguna de laspartes, sí lo había hecho por cuanto había calculado dicha indemnización sólo por elcapital y no lo había integrado con los intereses (como debía hacerlo).

Aclara que si la Cámara había entendido que no había sido objeto de agravio la fórmula utilizada para esecálculo, no podía apartarse de la misma, y debía establecer el monto que considerabaadecuado, pero siempre utilizando ese criterio, pues de lo contrario se conculcaba elderecho de defensa de su parte. De tal modo, también había fallado "ultra petita", puespese a haber reconocido que le estaba vedado revisar cuestiones no sometidas a suconocimiento, había modificado el temperamento de baja instancia que había sido aceptadopor el apelante, quien se había agraviado del monto fijado pero no del método de cálculo utilizado.

Sostiene que esta Corte hizo un estudio superficial del caso, brindando razones queson sólo fundamentos aparentes, por cuanto si bien la Cámara había señalado textualmenteque se había cuidado de no incurrir en ese vicio, la tarea de este Tribunal no era recogertal afirmación y darla por cumplida sino, justamente, verificar si en el caso el agraviotenía fundamento. Aduce que se yerra en el enfoque que se realiza, puesto que la cuestión a analizarno era la disconformidad con el monto asignado, sino las pautas utilizadas para ello, yaque pese a haber sido consentido el criterio de la jueza de primera instancia de calcularen forma integral capital más intereses, había sido modificado en el fallo de Cámara, laque, además, había advertido que la solución adoptada terminaba siendo perjudicial parasu parte, pues ya no podía pedir que se calcularan intereses a partir de la fecha delreclamo.

Enfatiza que al tratar tal agravio, este Cuerpo se queda en el umbral de lacuestión, pues no hace más que reiterar una afirmación dogmática de la Sala sin entrar aconsiderar que en el desarrollo de sus argumentos el A quo había incurrido en los viciosapuntados y sin atender en definitiva a que la solución adoptada había sido finalmentecontraria a los "... valores acordados por la jurisprudencia en casos análogos ...",invocados como fundamento de la modificación del fallo.

En otro orden, en cuanto a la cuestión del daño moral, señala que también se incurreen afirmaciones dogmáticas que no se sustentan ni en las constancias de la causa ni en losargumentos vertidos en el recurso de queja. Memora que su parte había centrado su postulación en que la Cámara, para reducirlo,no había tenido en cuenta todos los sufrimientos y padecimientos derivados no sólo del hecho en sí sino también de las operaciones posteriores y de las secuelas que loacompañarían el resto de su vida.

Además, había hecho hincapié en que la sentenciaostentaba un gravísimo juicio discriminatorio al haber atendido a su condición de agentede policía, que voluntariamente había elegido una profesión riesgosa, colocándolo en gradode inferioridad con cualquier otra persona-civil.

Se agravia de que este Tribunal no analizó ninguno de tales planteos reduciéndolosa una mera cuestión de conformidad o disconformidad con el monto, e incurrió en un excesoritual manifiesto, puesto que al referir a los adecimientos sufridos consideró que nosurgían del escrito de queja, que debe autoabastecerse, cuando existían elementos más quesuficientes para ponderar el daño moral, conforme al relato de los hechos y al resumen delrecurso de inconstitucionalidad.

Y en lo concerniente al daño material, sostiene que el agravio que este Cuerpo debíaapreciar -y no lo hizo- era la fundamentación aparente del fallo de Cámara que habíatomado en consideración cálculos inexistentes, por cuanto no tenía posibilidad de conocerni conocía cuál era la indemnización que le hubiera correspondido percibir a su parte porley 8.231 y tampoco si en definitiva la había cobrado. Alega que este Tribunal se sustentóen afirmaciones que no constituyen una motivación suficiente como para demostrar que losargumentos expuestos no alcanzaban a persuadir de la existencia de tales vicios, cayendonuevamente en un exceso ritual al señalar que no se había demostrado que la suma acordadaviolara el principio de reparación integral que rige en la materia.

Corrido el traslado que prescribe el artículo 257 del Código Procesal Civil yComercial de la Nación, la Provincia de Santa Fe, en su contestación, se opone a suadmisibilidad y procedencia.

2. En el examen que debe efectuar este Cuerpo a fin de conceder o no -segúncorresponda- el remedio intentado, corresponde realizar, en primer lugar, algunasconsideraciones respecto a la inobservancia del recaudo de introducción oportuna ymantenimiento de la cuestión federal objetada por la contraparte.

Cierto es que no obstante lo manifestado por el impugnante a foja 87, ni en elmemorial del recurso regulado por la ley 7.055 (copia a fs. 23/35) ni en el supresentación directa (fs. 53/65) se advierte la formulación de dicho planteo. Sin embargo, dicha omisión no se erige en óbice formal a la viabilidad del recursoextraordinario interpuesto, pues el fundamento del mismo estribó en la supuestaarbitrariedad de la sentencia de esta Corte que desestimó el recurso de hecho deducidoante la denegación por el A quo del recurso de inconstitucionalidad articulado por elrecurrente, y si bien mediante ella se ha confirmado, en definitiva, la decisión de no admitir dicho remedio extraordinario local, podría entenderse que no fueron totalmente idénticos los motivos en que este Cuerpo se sustentó.

Por ello, y a fin de evitar incurrir en una apreciación excesivamente formalista dela concurrencia del requisito en cuestión incompatible con el debido proceso, cabe aplicaren el sub judice la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de queno cabe exigir el cumplimiento del oportuno planteo a la cuestión constitucional que surgecon motivo de una sentencia que se tacha de arbitraria.

A ese respecto, dable es consignar que in re "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Baca, Laura Mercedes c/ Baca, Osvaldo Marcelo", el señor ProcuradorFiscal, en su dictamen -a cuyos fundamentos remitió brevitatis causa el Alto Tribunal ensu sentencia del 6.03.2001-, señaló que "el requisito de la introducción oportuna sólorige respecto de las cuestiones federales previstas en el artículo 14 de la ley 48 (v.doctrina de Fallos: 308:568), que deben ser resueltas de modo previo por los jueces de lacausa a fin de dar lugar a la intervención del Tribunal, último intérprete de las mismas.

Mas la arbitrariedad (...) no es una cuestión federal de las efectivamente aludidas en lareglamentación del recurso extraordinario, sino, en rigor, la causal de nulidad del fallo,por no constituir, a raíz de sus defectos de fundamentación o de formas esenciales, 'lasentencia fundada en ley' a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Nacional. Deallí que las partes no tienen por qué admitir de antemano que el juzgador podría incurriren ese fundamental defecto.

Y por eso es que (la Corte) ha sido muy amplia al respecto,y sólo ha exigido el planteo previo en el supuesto en que la cámara confirma por igualesfundamentos la sentencia del juez de grado y ante ésta no se hubiera invocado la tacha,desde que ello importa un consentimiento de validez que luego no permite introducirla tardíamente.

Porque, de lo contrario, habría que reservarla siempre, como un mecanismo indispensable, respecto de la eventual desatención de la totalidad de las propuestas dederecho o de hecho y prueba debatidas en la causa, desde que cualquiera de ellas, esprevisible, podrían ser decididas de modo arbitrario" (Fallos: 324:547; también doctrinade Fallos: 324:1884; 325:1014, 2262).

No obstante, del cotejo de los agravios constitucionales articulados con el falloimpugnado, es forzoso concluir en que carecen de entidad suficiente para operar laapertura de la instancia extraordinaria federal, en razón de que sólo traducen la meradiscrepancia del compareciente con la solución a la que se arribó en autos, circunstanciaajena al remedio previsto por el artículo 14 de la ley 48.

En efecto, el impugnante no logra aportar razones valederas demostrativas de queeste Tribunal se haya pronunciado en el sub lite sin fundamentación bastante, condogmatismo o en contradicción con las constancias de autos, o con un injustificado rigorismo, de tal modo que el pronunciamiento no se sustente como acto jurisdiccionalválido. La respuesta brindada por este Cuerpo respecto a los reparos esgrimidos en torno a los intereses no se apoya en aseveraciones sin sustento objetivo. Por el contrario, la conclusión de que la Sala no había violado el principio de congruencia derivó de la confrontación de los propios planteos del quejoso con las consideraciones que expusiera el A quo en la oportunidad del artículo 6 de la ley 7.055, entendiendo que aquél no había alcanzado a desvirtuarlas.

Y si en ese análisis se reiteraron ciertos argumentos del autodenegatorio, ello no supuso -como aduce el impugnante- hacer "un estudio superficial delcaso" omitiendo verificar si sus agravios tenían fundamento, sino una convalidación de los fundamentos vertidos por el A quo por haberlos juzgado acertados. Además, ha de consignarse que esta Corte valoró especialmente la inactividad delrecurrente al no haber cuestionado ante la Alzada el criterio sustentado por la jueza inferior en la aplicación de los intereses, lo cual había impedido a dicho Tribunal revisar la condena en ese aspecto.

Ante tal circunstancia, entendió que no podía seracogida la acusación de que lo resuelto había vulnerado el artículo 622 del Código Civil,toda vez que los agravios que eran producto de la falta de oportuna utilización por elimpugnante de los remedios legales a su alcance no autorizaban la apertura de la instancia extraordinaria.

Por lo dicho, no tiene cabida la imputación de yerro en el enfoque con que este Cuerpo examinó la cuestión, como tampoco que haya desatendido la realidad de la causa y la injusticia de la solución adoptada, pues el perjuicio invocado al interponer el recursode inconstitucionalidad local devino de la propia actitud recursiva omisiva de aquél. En otro orden, en lo que concierne al daño moral, este Tribunal sostuvo que elrecurrente no alcanzaba a persuadir de que el monto acordado por la Sala resultaraverdaderamente insuficiente para reparar, "en las particulares circunstancias del caso",el daño padecido, destacando que se trataba de una cuestión propia de los jueces de lacausa y que la fundamentación dada por el A quo -aunque "opinable"- no merecía reprocheconstitucional.

Lo reseñado "ut supra" sirve para descartar el dogmatismo y la falta de motivación endilgados. Ello es así, por cuanto, pese a la apariencia de generalidad en las consideraciones vertidas, las mismas son reveladoras del previo análisis efectuado por esta Corte en el test de validez del pronunciamiento de la Cámara respecto al tópico encuestión, y dicha labor necesariamente comprendió el examen de las imputaciones articuladas en su contra, las cuales fueron debidamente ponderadas aunque luego este Organo no diera una respuesta pormenorizada acerca de cada una de ellas. Por lo demás, latacha de exceso ritual también pierde andamiaje, toda vez que fue dirigida contra unargumento que no resultó decisivo por haber sido expuesto a mayor abundamiento por partede este Tribunal.

Por último, el compareciente cuestiona -bajo los vicios de afirmaciones dogmáticasy excesivo rigor formal- que este Cuerpo no habría atendido la acusación de fundamentaciónaparente de lo decidido por la Sala al fijar la suma por daño material, por haber tomadoen consideración -para reducir la indemnización- cálculos inexistentes, por cuanto notenía posibilidad de conocer ni conocía cuál era la indemnización por la ley 8.231 que le habría correspondido percibir a su parte y tampoco sabía si en definitiva la habíapercibido.

Pero tal postulación -conforme ha sido presentada- tampoco ostenta la decisividadque el impugnante aspira a otorgarle, toda vez que de acuerdo a lo Las razones expresadas precedentemente evidencian, pues, la existencia de una meradisconformidad con la decisión de este Tribunal de rechazar el recurso directo interpuesto-y de no abrir, en consecuencia, la instancia extraordinaria local- en el ejercicio de unafunción indudablemente propia, lo cual no depara caso federal con aptitud para la habilitación de la instancia regulada por el artículo 14 de la ley 48, al no haber alcanzado a demostrar que haya mediado arbitrariedad por traducir la solución dada al caso sólo la voluntad de los jueces apartada de las constancias comprobadas de la causa,habiéndose omitido dar un adecuado tratamiento a la controversia con reprochabledespreocupación por la verdad jurídica objetiva y la justicia del caso.

En suma, se revela el intento del impugnante de conseguir un nuevo análisis de lalitis por encontrarse en desacuerdo con la reducción del monto indemnizatorio, materia quepor remitir al examen de cuestiones de hecho, de prueba, de derecho común y también, enel caso, de derecho público local, se encuentra reservada a los jueces de la causa y, porlo tanto, ajena a la órbita del remedio intentado.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justiciade la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)