marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, amparo colectivo
Materia: CIVIL
Carátula: JUAREZ, CATALINA DEL TRANSITO Y OTROS. c/ GARAY, FELIPE Y OTROS. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-04

La cuestión analizada ha sido objeto de un adecuado tratamiento en el dictamen del Sr. Ministro Fiscal cuyos fundamentos esta Corte comparte y a los cuales se remite.

El citado dictamen, luego de reseñar la secuencia procesal en la que se emplaza el presente conflicto de competencia, destaca que conforme los términos de la demanda interpuesta en autos, los actores promueven una acción de amparo colectivo contra los demandados, en los términos del art. 50 del CPC.

Menciona el aludido dictamen que los amparistas alegan ser poseedores de un predio que se hallaba en estado de absoluto abandono y que al pretender regularizar la situación jurídica y "lograr un lote para cada familia", se presentó el demandado invocando ser propietario de parte del inmueble ocupado por los accionados, no obstante lo cual nunca exhibió el boleto de compraventa del que surgiría el derecho esgrimido por su parte.

Da cuenta asimismo de que en el marco de la "difusa situación fáctica relatada en el escrito de demanda" los actores denuncian que la presente acción procura "evitar lesiones en sus derechos y garantías constitucionales y así resguardar la tenencia del predio que ocupan".

A ello cabe añadir que en la demanda se alude a "la amenaza del supuesto dueño, más la probable aparición de algún otro particular o autoridad", lo que tornaría legítimo el reclamo de autos.

En consideración a los hechos alegados en sustento de la acción promovida por los accionantes y en mérito a las previsiones del art. 15 del CPC y 71 inc. 1 de la LOPJ, corresponde declarar la competencia del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la VIIª Nominación, a donde deberán remitirse las presentes actuaciones para que prosiga el trámite de la causa según su estado.
Recurso extraordinario, cuestión federal, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Gigena, Julio César y otros c/ Provincia de Mendoza. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07

Lo atinente a la declaración de inconstitucionalidad de leyes locales no constituye cuestión federal que sustente el recurso extraordinario, ya que no existe resolución favorable a la validez de la norma local cuestionada.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER Y OTROS c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

Los cuestionamientos traídos a consideración de esta Corte por la recurrente guardan sustancial conexión con los agravios que esgrimiera el representante del Ministerio Público de la Acusación contra el mismo fallo y que fueron motivo de análisis y pronunciamiento por la suscripta, por lo cual, en honor a la brevedad, cabe remitir a los fundamentos vertidos al tratar allí la segunda cuestión, considerando que corresponde adoptar idéntica solución, es decir, declarar improcedente el recurso interpuesto por la madre de la víctima -constituida en el proceso como parte Querellante-. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi) - Jurisprudencia vinculada: Rodríguez, AyS T 305, p 127/156, sumarios J0047771 al J0047776.
Audiencia de conciliación, incomparecencia del actor, llamamiento de autos
Materia: PROCESAL
Carátula: EDCADASSA c/ HUBERMANSA SA s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23

Corresponde revocar la resolución por la cual el juez a quo dispuso llamar autos para sentencia, en atención a que la parte actora no compareció a la audiencia señalada y la demandada manifestó que no tenía más medios de prueba que los obrantes en autos, en los términos del art. 362, Código Procesal. Ello es así por cuanto la citada norma (texto según ley 24.573) Prevé que podrá llamar autos para sentencia, en el caso de que exista conformidad de todas las partes de que no tienen ninguna prueba a producir, o que esta consiste únicamente en las constancias del expediente o en la documental ya agregada y no cuestionada. Adviértase además, que la parte actora ofreció sus pruebas dentro del plazo fijado por el a quo, es decir diez días posteriores a la celebración de la audiencia.
Derechos adquiridos, leyes, reglamentos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Dentone, Ricardo Hernán c/ Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército) s/ haber militar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

No existe un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones.
Juicio ejecutivo, abuso de firma en blanco
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fraga Jorge y Otro c/ Vigo Jose Alberto s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-23

Deviene improcedente que quien suscribe el documento en blanco se escandalice y pretenda desbordar el cauce que la legislación asigna al proceso de ejecución, sin asumir las conclusiones de su propia conducta. Los riesgos tomados por quien así se conduce, pueden colisionar posteriormente contra la estrechez cognoscitiva de este tipo de juicios, obligándolo a ventilar todas las cuestiones propuestas por los apelantes en el juicio ordinario previsto por el artículo 551 del CPCC.
Defensor particular, nombramiento
Materia: PENAL
Carátula: ESTADO PROVINCIAL c/ ADET JOSE RICARDO s/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS DE CAUDALES PUBLICOS DE CAUDALES PUBLICOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-06

La ley 6345 ningún pago o contribución exige al justiciable. No se le impide su presencia efectiva o participación personal en los actos que así lo requieran, sus posibilidades de actuar personalmente cuando legalmente posee la facultad de hacerlo, permanecen intactas. Tampoco las disposiciones concernientes a asistencia se encuentran afectadas. El imputado conserva intocadas sus facultades de designar su defensor técnico ya sea particular u oficial. La obligación que pesa sobre el profesional, afecta el derecho de defensa del justiciable en los casos en que el profesional, indebidamente, pretenda trasladarle a él el pago de la contribución, siendo de su elección asumir o no el traslado de la tasa, que eventualmente le proponga el profesional de la misma manera en que se aceptan o no los honorarios que pretende aquél, y dependerá de la situación económica del imputado, de su conveniencia o de su voluntad de pagarlos.
Obligaciones, incumplimiento de los deberes procesales, eximentes de responsabilidad, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Ruggiero, Gabriel Alberto y otros c/ Turismo Lealtad SRL y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-25

Sin embargo, para que puedan ser invocados como eximentes de responsabilidad deben ser: imprevisibles (imprevisibilidad razonable, de acuerdo a las circunstancias del caso); inevitables (amén de ello irresistible para el deudor); inimputables (ajeno a la culpa del deudor o de las personas por las que debe responder); actuales (en punto a afectar el cumplimiento de la obligación cuando esta es exigible); y volver imposible en forma definitiva el cumplimiento de la prestación (CNCom, Sala B in re "Hola Rental SA c/ Covimer SA s/ ordinario", del 31/05/21).
Alimentos, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LOPEZ CASANEGRA, SARA CAROLINA c/ RAMOS, OSCAR DANIEL s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-08

En el juicio de alimentos, el actor, si no puede aportar prueba directa, puede crear presunciones sobre la solvencia del alimentante. De manera que, ante ésta vía indiciaria de comprobación, que deriva en presunciones, el demandado cargará con la prueba tendiente a destruir tales criterios.
Locación, consignación de alquileres, compensación
Materia: CIVIL
Carátula: NUTRI NATURAL SRL c/ GONZALO RICARDO HUGO s/ CONSIGNACIÓN DE SUMAS DINERO, ALQ, ARRENDAM
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-22

Es improcedente el pedido de compensar los alquileres devengados con trabajos realizados por el locatario, puesto que no se acreditó fehacientemente no sólo la cuantía de las reparaciones a realizar en el inmueble, sino también, la efectiva y necesaria ejecución de tales reparaciones.
Seguro de vida, seguro colectivo, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: CARRIZO MANSILLA c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-28

La justicia nacional del trabajo es incompetente para resolver cuestiones que versen sobre las cláusulas del seguro de vida colectivo, toda vez que el carácter del mismo resulta ajeno al decreto 1564/74, marginando toda eventual vinculación de la póliza con la relación laboral.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, interpretación de normas y actos locales, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL
Carátula: Guillén, Daniel Esteban c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa de la Nación) s/ demanda contenciosoadministrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

El planteo que conduce al examen de normas de carácter local y de normas de derecho común, resulta ajeno a la competencia originaria de la Corte.
Ministerio Público Fiscal, instrucción
Materia: PROCESAL PENAL -PENAL
Carátula: CASINI PABLO HORACIO s/ LEGITIMA DEFENSA - EXCESO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-04-03

La ley adjetiva, en armon ia con el principio de inocencia consagrado en el art. 17 de la Constitución de la provincia, manda que en la instrucción se procuren comprobar no s olo los hechos que hacen a la existencia del delito, sino tambi en las circunstancias que lo califiquen, lo agraven, atenuen, justifiquen o influyan en la punibilidad (art. 202 incs. 1ro., 2do. y 3ro. del C.P.P.). Tal prueba, en nuestra ley de enjuiciamiento para los delitos de acción p ublica, en primer lugar corresponde al ministerio p ublico, titular de la acción penal (art. 5 del C.P.P.) dotado de todas las facultades de diligenciamiento, observación, reserva y ofrecimientos probatorios en los actos preliminares del juicio (arts. 207, 213, 366 y 368 del C.P.P.), al Juez de instrucción, conforme a la normativa sealada precedentemente (c.P.P., art. 202) y a la C amara de juicio, la que puede ordenar de oficio, actos por v ias de la instrucción suplementaria preliminar (art. 370 del C.P p.) o durante el debate (arts. 403 y 404 del C.P.P.). Todo este sistema, estructurado para que la garant ia del debido proceso penal, preserve y haga efectivo el principio de inocencia y para que, por otro lado, la sociedad no se encuentre indefensa en la tutela de bienes jur idicos que le son caros.-
Pena, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: BOTTAN, Julián José s/ Usurpación de propiedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-12

La intangibilidad del principio constitucional de la TIPICIDAD (arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional) no admite excepciones de ninguna clase, aún cuando pudieran resultar impunes hechos merecedores de pena desde el punto de vista de la política criminal, y aún cuando el imputado hubiera cometido otro delito más grave.

Cada delito sólo es punible con la pena que le corresponde, pues éstas no son intercambiables. Si el prevenido cometió un delito, sólo podrá ser condenado como autor de él y a la pena prevista para dicho ilícito; y si no es posible aplicarle tal pena por razones procesales -en este caso lo impide la regla de la "reformatio in pejus" (art. 314 del Cód. de Proc. Penal)- no se le podrá aplicar ninguna otra.- En este aspecto, también está en juego el principio constitucional de la LEGALIDAD DE LA PENA, que impide la imposición de una distinta de la fijada para el delito cometido, principio éste que no puede ser alterado por norma alguna de nivel inferior (art. 31 de la Constitución Nacional). Por otra parte la aplicación de una pena distinta de la legal, viola el principio de la separación de poderes, que impide a los jueces crear delitos o penas (art. 67 inc. 11 de la Constitución Nacional).- La regla contenida en el art. 314 del Cód. de Proc. Penal, sólo impone no agravar la pena, pero no determina la aplicación de una menor a la legal, a costa de principios constitucionales básicos.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Hipoteca, subasta, inscripción registral
Materia: CIVIL
Carátula: NIJAX S.A. c/ MINADEO, Roque Juan s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-26

Las ventas judiciales deben ordenarse una vez cumplidos todos los recaudos necesarios para asegurar la realización del remate, con el máximo de las garantías para los posibles adquirentes. En consecuencia, resulta ajustado a derecho desestimar el pedido de subasta del inmueble hipotecado, si el mismo se encuentra inscripto a nombre del demandado originario fallecido, ya que no se hizo la inscripción del inmueble a nombre de los herederos declarados.
Indemnización por accidente de trabajo, accidentes de trabajo, lesiones
Materia: LABORAL
Carátula: ALANOCA ESPINOSA, ELEUTERIO c/ SAN MILLAN ROBERTO Y/O CORRALON EL MILAGRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-04-06

El hecho de que la lesión sufrida no incapacite para el trabajo, tal como ocurre en las lesiones estéticas o provoquen inconvenientes para la vida de relación; impotencia sexual, secuelas psíquicas, etcétera, no impide que la víctima pueda reclamar la reparación del daño por la vía de la ley especial, sin perjuicio de que pueda accionar, en cuanto se den los presupuestos del caso, por la vía del derecho común,tanto laboral como civil, que permite obtener una indemnización por separado del daños material y del extrapatrimonial. El criterio de incapacidad de ganancia, por cuanto no se trata de una incapacidad total y permamente sino parcial, conservando, por ello capacidad residual ejercida con limitaciones por su daño psíquico.
Daños y perjuicios, indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Kaufman, Patricio y otro. c/ Bavio, Carlos Alberto. s/ Cobro de sumas de dinero.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-11

Ante el incumplimiento de prestaciones dinerarias o de cosas materiales que han soportado detrimento, el agravio moral puede ser directo si ellas tenían valor de afección, más allá de su valor económico, o indirecto si tal incumplimiento o deterioro de las cosas, han producido incomodidades, sufrimientos o alteraciones ponderables en el orden extrapatrimonial. Ante el simple menoscabo de no tener la disponibilidad del dinero debido o el haber sufrido detrimento en los bienes materiales en general, como cualquier cercenamiento en las prerrogativas que atañen al acreedor, sin que surjan ataques al orden afectivo o espiritual, no parece aceptable admitir la reparación del daño moral, que en rigor sería inexistente.
Entidades financieras, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Crédito Martínez S.C.L.. Quiebra s/ Incidente de pago de crédito por honorarios promovido por Ignacio R.  Peña
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

El art. 54 ley 22529 abarca en el que denomina "privilegio absoluto" -que sólo reconoce las excepciones que la propia norma consagra- a créditos del Banco Central que, del punto de vista de su naturaleza jurídica, son asimilables, en algunos casos, a deudas del concurso y, en otros, a deudas del fallido. Sin embargo todos los supuestos son homogeneizados por la ley a los fines de la preferencia de cobro instituida.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, incongruencia, tipo penal, calificación legal, responsabilidad penal, monto de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., J. E. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-APELACION DE SENTENCIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-23

Se observa que la resolución de la Alzada en cuanto al monto de la pena fijada, que erosiona el límite mínimo de la escala penal, refleja una fundamentación insuficiente y contradictoria, defectos que privan de lógica al fallo e impiden considerarlo como acto jurisdiccional válido, pues se advierte que lo decidido fue posible sólo merced a un análisis fragmentado y aislado de las pautas relevantes a tal efecto, lo que habilita la presente vía extraordinaria con sustento en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, desde que existe una discordancia entre la argumentación desarrollada al analizar la responsabilidad penal del imputado y la calificación legal del hecho; y los fundamentos para sustentar la reducción de la pena impuesta a la mitad y en modalidad condicional. (Del voto del Dr. Netri)
Acto administrativo, facultades discrecionales, revisión judicial de actos administrativos, división de poderes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALALCO  S.R.L. c/ D.G.I. s/ NULIDAD DE RESOLUCION Y MEDIDA DE NO INNOVAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

La Corte Suprema tiene dicho que la razonabilidad con que la Administración ejerce sus facultades discrecionales, constituye el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de cada exigencia, sin que ello importe la violación del principio de violación de poderes que consagra la Constitución Nacional.
Concursos, pedido de quiebra, sociedad de hecho, pagaré
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASA  BELLA  SOC.  DE HECHO DE JOSE MARIA BELLA Y SEBASTIAN BELLAS/ s/ ED. DE QUIEBRA POR DECA PIAZZA SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-26

Resulta improcedente el pedido de quiebra deducido contra una sociedad de hecho con base en que los socios con responsabilidad ilimitada suscribieron ciertos pagarés cuando, -como en el caso-, se verifica que el peticionante no se hace cargo de que en dichos títulos no se expresa que los firmantes los hayan suscripto en representación del ente societario. Máxime, si los cartulares tampoco mencionan que la causa de sus libramientos fuera el pago de operaciones propias del giro comercial de la sociedad de hecho. Por ende, las obligaciones cartulares en que se basa el pedido falencial, no son imputables al ente.
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Salvadores de Bedini Delia Elena c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-02

La circunstancia de que el causante no se encontraba en actividad a la fecha de su deceso no obsta al beneficio de pensión de la viuda siempre que al momento de cancelación de la matrícula tuviera cumplidas las condiciones de edad y antiguedad en ejercicio profesional legalmente exigidas para obtener la jubilación ordinaria. El art 5 -inc 'b'- de la ley 7014 al excluir a quienes no ejerzan la profesión no se refiere al cese de actividad sino al inicio de la misma; por eso prescribe tal exclusión 'hasta un año después del comienzo de su actividad'.Admitir lo contrario sería establecer una exclusión que de manera alguna surge del contexto legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acto administrativo, vicios del acto administrativo, medios de prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: C.I.R. Centro Integral de Rehabilitación S.A.C.I. c/ Municipalidad de San Miguel s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

Las leyes 11.551 y 11.752 separaron los asuntos pendientes del organismo extinguido de la nueva administración de sus sucesores, creando un organismo de aplicación a los fines de distribuir los recursos humanos, los bienes, los créditos y la participación de estos últimos en las deudas previamente verificadas que el primero deje pendientes (arts. 13, ley 11.551; 3, 8, 10, 12, 14 y 18, ley 11.752).(doctor Genoud, sin disidencia)
Representación procesal, muerte del mandante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Prestti Raimundo c/ Battista Jorge Emilio s/ Ejecución de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-08-31

La norma procesal que dispone que muerto el poderdante el apoderado continuará ejerciendo su personería (art. 50 inc. 5 CPCC) encuentra su fundamento en la norma de fondo en cuanto dispone que la muerte del mandante no pone fin al mandato cuando el negocio jurídico que forma el objeto del mandato debe ser continuado después de su muerte (art. 1980  C.C.).

Estas normas son aplicables a las procuraciones judiciales evitándose de ese modo la indefensión, así como la inmotivada paralización de los trámites del juicio.
Prueba, acción contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: MOYANO HUGO OMAR c/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-08-05

El criterio de este Alto Cuerpo, que el régimen probatorio aplicable a este tipo de procesos (donde este Tribunal Superior se erige como primera y única instancia), no puede ser restrictivo, salvo manifiesta improcedencia. Por lo que corresponde admitir como hechos nuevos los denunciado, con el objeto de arribar a la verdad real que origina el acto administrativo cuya justicia debe decidirse, es menester hacer operativo el principio de amplitud probatoria ya aplicado por este Tribunal en procedimientos afines.
Costas, costas al vencido, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Gutierrez, Mabel Rosario c/ Provincia de Tierra del Fuego Ant. e I. A Sur s/ Enfermedad - Accidente s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-11-07

Corresponde declarar la nulidad de la sentencia que dejó desatendido el principio establecido por el artículo 78.1 del del CPCCLRyM, conforme el cual corresponde a la parte perdidosa asumir las costas del proceso, sin explicar los motivos que lo condujeron a tomar esa decisión, en sintonía con la letra del artículo 78.2 del ordenamiento de forma
Ley de emergencia económica, declaración de inconstitucionalidad, equilibrio contractual, esfuerzo compartido
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CHALOUH, Salomón Alberto c/ VALIA, Marcelo Víctor s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-28

Frente a la declaración de inconstitucionalidad de la legislación sobre emergencia económica corresponde reformular el convenio a efectos de restablecer sus condiciones primigenias ya que de lo contrario con la alteración del significado económico de las prestaciones, tanto su mantenimiento a ultranza como la "pesificación" de los valores a la paridad existente con anterioridad, importaría un enriquecimiento sin causa que el ordenamiento jurídico prohíbe al obtener una de las partes del contrato un beneficio mayor al pactado en detrimento de la otra. Ello es así, porque las sentencias para ser válidas no sólo deben respetar la literalidad de las normas, es decir estar correctamente encuadradas en el ordenamiento jurídico, en función de los hechos que aparecen probados en el expediente, sino que además no deben desentenderse de la realidad de la economía y de los valores dinerarios que se discuten en el juicio, pues en caso contrario el decisorio aparece teñido de arbitrariedad.