Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-07


SENT Nº 497 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Siete (07) de Junio de dos mil seis, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Fernández, Rosa Margarita vs. Castro, David Roberto s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación planteado por el apoderado de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 17/6/2005 dictada por la Sala Ia. de la Cámara en lo Civil y Comercial Común que no hace lugar al recurso de apelación deducido por aquella confirmando la sentencia de fecha 19 de agosto de 2004.

II.- El recurrente expone que el fallo ha violado el art. 210 procesal en su arbitraria y parcializada interpretación. Que en ello se afecta igualmente los arts. 14 y 18 de la CN y 31 CPCCT.

Discrepa con lo mencionado en la sentencia puesto que en fecha 12/6/2003 indica que no sólo planteó revocatoria sino que mediante declaraciones juradas del art. 5 de la Ley 6134 pide el beneficio para litigar sin gastos, como así también la eximición de copias para traslado, lo que es ordenado por decreto del 11/9/2003 y que el art.

210 es claro en establecer que el cómputo comenzará a correr desde el último acto del órgano jurisdiccional que tenga por objeto activar el proceso entendiéndose en la duda que la diligencia es impulsoria. Que el decreto mentado que llama a despacho para resolver y la providencia del 12/3/2004 son actos jurisdiccionales con efecto impulsorio del proceso por lo que no ha transcurrido el plazo de caducidad.

Cita jurisprudencia y solicita se haga lugar al recurso tentado, con costas.

III.- El remedio articulado fue declarado inadmisible por la Sala a quo, conforme surge del auto de fecha 03/11/2005. Interpuesta la correspondiente queja, esta Corte Suprema hace lugar a la misma declarando admisible provisionalmente el recurso de casación, según resolución de fecha 02/02/2006, correspondiendo en esta instancia el examen de su admisibilidad definitiva y procedencia, en su caso.

IV.- La sentencia recurrida recorre los distintos actos procesales a partir de que la instancia quedó abierta en 21/3/2003, según cargo de la Mesa General de Entradas. En fecha 25/3/2003 se dispuso que la parte actora previamente adjunte bonos profesionales y aportes fiscales, firme la demanda, acompañe copias del art. 129.

Compatibilice datos identificatorios de la parte demandada y adjunte la documentación original. En fecha 12/6/2003 plantea la actora recurso de revocatoria en contra del decreto que manda a formar incidente para subsanar los defectos de la demanda y coetáneamente adjunta documentación. Atribuye a esta actuación eficacia impulsoria, pues se dio cumplimiento parcial a lo ordenado por el juzgado a excepción de las copias para traslado, requisito formal en relación al cual solicitó la interesada que se la exima de la obligación de presentar las copias del art. 129 CPCCT.

Que en fecha 30/7/2003 la letrada Juana del Valle Acosta presenta un escrito sin la firma de su patrocinada peticionando el traslado de la demanda -aún no ordenado- y la integración con la causa penal y proceso sucesorio allí indicados. Que dicha presentación carece de toda eficacia e idoneidad para impulsar el proceso y ello por cuanto, en primer lugar, la actora no solicito actuar con el beneficio para litigar sin gastos ni lo hizo en la presentación obrante a fs. 215 que en ella el petitorio expresa se tenga presente la designación de apoderada provisoria, mas no permite su lectura identificar a quién se designa en ese carácter ni en base a qué instrumento de mandato o instituto legal solicita tal designación. Que tampoco existe un decreto del juzgado que haya conferido intervención provisional a la letrada en representación de su cliente. Por ello concluye calificando a dicho escrito de acto inexistente por carecer de la firma de la parte actora. Cita jurisprudencia. Indica luego que recién en fecha 12/3/2004 el juez dictó la providencia que ordena citar a los demandados en los domicilios para apersonarse a la causa, es decir casi un año después de abierta la instancia. Que por ello, siendo el último acto impulsorio de fecha 12/6/2003 hasta el momento en que de oficio se ordenó el traslado de la demanda 12/3/2004 ha operado la caducidad conforme lo previsto en el art. 210 inc. 1° CPCCT. Por ello, confirma lo resuelto en la sentencia apelada e impone las costas a la actora vencida (art. 219 procesal).

V.- De la confrontación de los términos del memorial casatorio puestos en relación con los motivos sentenciales y constancias de autos, se concluye en que el recurso debe prosperar.

En efecto, asiste razón a la recurrente en cuanto atribuye eficacia impulsoria del procedimiento al decreto de fecha 11/9/2003. Así, a fs.

215 la actora plantea revocatoria del decreto que manda formar incidente, solicitando se agreguen al principal las copias que la suscripta presenta, para evitar mayor desgaste jurisdiccional. En el mismo escrito la accionante solicita se la exima de acompañar copias para traslado atento a su volumen. A este escrito el juzgado ordena la reserva en caja de seguridad del Juzgado de la documentación que da cuenta el cargo del mismo y dispone: "Vengan los autos a despacho para resolver". En fecha 11/9/2003 (fs. 218) se declara improcedente el pedido que hace la actora en fecha 30/7/2003 -fs. 217- respecto a la remisión de causas que solicita y se la exime de adjuntar copias de traslado atento al volumen del mismo de conformidad con el art. 130 procesal.

Si bien la Cámara ha considerado que el escrito de fs. 217 es inexistente en virtud de las razones que expone, lo cierto es que tanto el decreto de fecha 11/9/2003 que -atento a lo solicitado a fs.

215 (y no sólo a fs. 217)- dispone eximir a la actora de la presentación de copias para traslado (arg. art. 130 procesal) tienen eficacia impulsiva del procedimiento. Asimismo, se observa que la Cámara ha declarado inexistente el acto de fs. 217 pero ha omitido pronunciarse por los efectos del decreto de fs. 218 no advirtiéndose razones válidas para no merituarlo atento a su claro efecto impulsivo pues atañe a una cuestión referente al traslado de la demanda y la forma de efectuarlo, a la aplicación de una normativa procesal propia de esa etapa (art. 130 CPCCT). Cabe hacer notar que el decreto analizado da respuesta a lo solicitado oportunamente por la actora a través de un acto válido como lo es el de fs. 215.

Por lo considerado, desde el día 11/9/2003 hasta el día 12/3/2004 en que se cita a los demandados a fin de comparecer a juicio (fs. 220) no ha transcurrido el plazo del art. 210 inc. 1° procesal, correspondiendo casar la sentencia en crisis conforme a la siguiente doctrina legal: "No resulta arreglada a derecho la sentencia que tiene por operada la caducidad de la instancia del proceso principal, sin tomar en cuenta la existencia de actos jurisdiccionales idóneos para impulsar el proceso (decreto por el cual se exime a la actora de acompañar copias para el traslado de la demanda)", dictándose como sustitutiva: "I.- HACER LUGAR al recurso de apelación de la parte actora y en consecuencia, se REVOCA la sentencia de fecha 19/8/2004, rechazándose el incidente de caducidad de instancia. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (art. 106 y 219 procesal)".

VI.- Las costas de este recurso de casación se imponen al demandado vencido por ser ley expresa (art. 106 procesal).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Alberto José Brito, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación planteado por el apoderado de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 17/6/2005 dictada por la Sala Ia. de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, conforme a lo considerado, y en consecuencia se CASA la sentencia en virtud de la doctrina legal enunciada, dictándose como sustitutiva: "I.- HACER LUGAR al recurso de apelación de la parte actora y en consecuencia, se REVOCA la sentencia de fecha 19/8/2004, rechazándose el incidente de caducidad de instancia. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (art. 106 y 219 procesal). Devuélvase el depósito".

II.- COSTAS conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.