marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento laboral, declaración testimonial, facultades del Superior Tribunal
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: de Lorenzo, Edgardo Raúl c/ Smits, Gaidis y otros s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-09-28

En virtud de las características del proceso laboral, la Suprema Corte no puede revisar el contenido de las declaraciones, máxime cuando el interesado omitió acudir a la facultad contemplada en la última parte del art. 46 de la ley 11.653
Declaración indagatoria, nulidad procesal, acta de secuestro, ilegalidad del secuestro
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GOMEZ, Gilberto Abel s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-31

No pueden valorarse procesalmente las declaraciones indagatorias vertidas por el procesado pues ellas dimanan de una diligencia reputada ilegal. En efecto, sin el secuestro ilícito el acusado no hubiese sido interrogado sobre la presunta falsedad documental que en este proceso se le atribuye.

Esta relación de causalidad que media entre el procedimiento espurio, secuestro del documento objeto del ilícito e indagatoria sobre éste hace que se dé la necesaria proyección de la prueba obtenida ilícitamente sobre otras a que aludió el tribunal, o que sea de aplicación la aseveración de la Corte Suprema de que otorgar valor al resultado de un hecho ilícito y apoyar sobre él una sentencia judicial compromete la buena administración de justicia al pretender constituirse en beneficiaria de aquel.

Corresponde declarar la ineficacia procesal de la prueba cuya aparición u obtención depende directa y necesariamente de la violación constitucional o sea consecuencia inmediata, de modo que no se hubiera accedido al dato sin la infracción de la garantía.
Delito penal, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: J., C.A. s/ infracción art. 77 inc. 2 ley 11.430
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

La distinción entre delitos y contravenciones o faltas no tiene una base cierta que pueda fundarse en la distinta naturaleza jurídica de cada orden de infracciones para establecer un criterio seguro que permita distinguirlos. Entre el delito y la contravención no hay una diferencia ontológica. La distinción entre uno y otro tipo de infracciones ha de buscarse en los contingentes elementos dogmáticos que suministre cada ordenamiento y que están condicionados por la circunstancial valoración que sustente el legislador en un momento histórico determinado.
Pesificación, depósito judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PEDRO P. CABRERA S.R.L. c/ MEGA CENTRO INTEGRAL DE CONSUMO S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-15

Los depósitos judiciales en dólares por cuenta y orden del juzgado actuante, escapan a todo criterio de libre contratación (art. 2185 CC) y respecto de dichos depósitos, la entidad bancaria actúa como un simple custodio del órgano judicial y por esta razón, como auxiliar externo del juez, no es parte en las decisiones que éste pueda adoptar respecto de los bienes cuya custodia le confió el magistrado.-
Exenciones impositivas, exenciones subjetivas, empresas del Estado, regímenes de promoción
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, Provincia del. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

La ley 22.016 derogatoria de disposiciones eximentes del pago de tributos nacionales, provinciales y municipales, constituye un ordenamiento de carácter subjetivo, pues sus normas tienden a privar de beneficios a ciertas categorías de personas jurídicas, con prescindencia de la actividad desarrollada.
Persona jurídica pública no estatal, Colegio Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hernando, Vicente Isaac c/ Colegio Profesional de Ingenieria, Arquitectura y Agrimensura de la Provincia del Chubut s/ Recurso previsto art.55 Ley 532
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-15

El Colegio Profesional en su carácter de persona pública debe acatar los principios esenciales del procedimiento administrativo de carácter objetivo, que tiendan no sólo a la protección del interesado sino también a la defensa de la norma jurídica objetiva con el fin de mantener el imperio de la legalidad y la justicia en el funcionamiento administrativo.

...de entre estos principios posee relevancia el de la legalidad, que impone a los órganos proceder y decidir conforme a la ley y a las disposiciones fundadas en ella; los trámites que integran el procedimiento administrativo adquieren sentido en tanto suponen un conjunto de actos que contribuyen a formar adecuadamente la voluntad del órgano decisor.
Trata de personas, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Albarracín, María Cristina y Beltrame, José Eduardo s/ Inf. a la ley 26.364
Jurisdicción: Federal — Provincia: Catamarca
Fecha: 2015-03-02

Los diversos tipos de vulnerabilidades pueden existir previamente o ser creadas por el tratante. La vulnerabilidad ya existente puede deberse, entre otras cosas, a la pobreza, la discapacidad física o psíquica, la juventud o la avanzada edad, el género, un embarazo, la cultura, las creencias, la situación familiar o la condición de irregularidad. Se puede crear vulnerabilidad, entre otras cosas, mediante el aislamiento social, cultural o lingüístico, la situación irregular o una dependencia cultivada mediante una drogadicción o un apego romántico o emocional, o bien recurriendo a rituales o prácticas culturales o religiosos.
Recurso contencioso administrativo, demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Peirano, Patricia Silvia c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   No. 17-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-06-17

La naturaleza revisora de la instancia contencioso administrativa exige que en sede jurisdiccional no se planteen "pretensiones" distintas de las invocadas en sede administrativa; pero en modo alguno prohíbe que se aduzcan nuevos argumentos jurídicos.
Cámara Federal de Casación Penal, competencia, doble instancia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Gimenez, Rodolfo Ricardo s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-21

A la CFCP compete la intervención en cuestiones como la aquí planteada, incluso en aquellos casos en que se ha observado la garantía de la doble instancia. (Dr Hornos -en disidencia-).
Divorcio, adulterio
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ Divorcio Vincular, Tenencia, Alimentos y Administracion de  patrimonio de la Sociedad Conyugal y Administracion de  patrimonio de la Sociedad Conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-06-07

El adulterio es la primera de las causas de divorcio que enumera el art. 202 del Código Civil, en términos generales se entiende por tal, el ayuntamiento o unión sexual ilegítima, en cuanto vulnera fundamentalmente el deber de fidelidad recíproco que se deben los esposos. Como todo acto ilícito, el adulterio requiere no sólo el elemento material constituido por la unión sexual fuera del lecho conyugal, sino la imputabilidad del cónyuge, que determina la atribución de culpabilidad. Asimismo, el adulterio se configura con el simple acto sexual fuera del matrimonio, sea ocasional o permanentemente, ya que desde "el momento en que cualquiera de los cónyuges tiene relaciones íntimas con un extraño, aunque fueran ocasionales, viola el deber de fidelidad". Fundamento del Dr. Eidler.
Consumidores, derechos del usuario, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ARANDA CAMPOSTRINI, BELÉN JANET Y OTROS c/ AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. Y OTROS s/ SUMARÍSIMO (CIVIL) (LEY DEF CONSUMIDOR)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-03-21

La responsabilidad solidaria consagrada en el art. 40 LDC se inspira en una concepción más solidarista centrada en la atención en el daño injustamente sufrido por sobre la conducta del dañador. La imputación que efectúa la norma no puede ser automática por cuanto se requiere de un mínimo de acreditación sin la cual la imputación causal, aun atendiendo a razones de justicia, podría tornarse arbitraria. Por ello, para que se vea comprometida la responsabilidad civil de un sujeto, es menester que exista conexión causal -nexo adecuado de causalidad- entre el hecho de su autoría y el daño sufrido.
Caducidad de instancia, citación en garantía, suspensión de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS ARQUITECTOS AGRIMENSORES Y GEOLOGOS c/ COMENCO  S.A. s/ Ordinario (LIBRO: A132 - 181)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-09-30

Resulta evidente que a partir del vencimiento de dicho emplazamiento el proceso experimentó un cambio, pues si la suspensión del proceso se dispuso en aras de notificar la demanda a la citada en garantía Latindata S.A. resulta claro que al desistir COMECO S.A. de aquella citación, se produjo ipso iure el levantamiento de suspensión, pues esta ya no tenía razón de ser, si la causa que le había dado origen a la citación en garantía de un tercero había quedado sin efecto. Así las cosas, se debe señalar que, si durante la suspensión del proceso el actor estuvo relevado de la carga de impulsarlo, tal situación cesó al desaparecer la causa que le impedía activarlo, por el desistimiento de la citación, produciéndose a partir de allí la reanudación del plazo de perención. De ese modo, le asiste razón al apelante cuando sostiene que desde la fecha en que cesó la suspensión de procesamiento,....hasta el momento en que plantea el incidente de caducidad, el ... no se ha producido ningún acto útil, transcurriendo en exceso el plazo que establece el art. 78 del CPC, operándose la caducidad.
Proceso penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., N. s/ Suspensión juicio a prueba (Expte Nº192-97, Resolución Nº145, Tomo  3, Folio 494)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-29

Uno de los límites que establece la ley para posibilitar la suspensión del juicio, es precisamente que aun nos hallemos frente a un juicio en marcha, lo que supone que no haya sentencia firme, toda vez que ella precisamente pondría fin a la sustanciación del juicio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, expropiación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sucesion de Emilio Garavano c/ Fisco de la Pcia de Buenos Aires s/ Expropiacion inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

El juicio expropiatorio, directo e indirecto, constituye un proceso de valor determinado, o cuanto menos, determinable; y no indeterminado.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, vehículo embistente, giros
Materia: CIVIL
Carátula: Cabaña, Lorena Noemí c/ Kopriva, José Adolfo s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-07

El conductor de un automóvil, que embistiera a una motocicleta en ocasión de realizar un giro a la izquierda, es responsable por los daños producidos como consecuencia del accidente, dado que el art. 43, inc. b. y c. de la ley nacional 24.449, concerniente a giros y rotondas, prescribe que para realizar un giro se debe circular desde treinta metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar, además de reducir la velocidad paulatinamente, girando a una marcha moderada, cosa que el conductor del rodado no hizo, infringiendo de ese modo las reglas de tránsito.
Participación criminal, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: H., R.R. s/ Lesiones Leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-15

La coautoría supone haber cometido el hecho conjuntamente. Si el autor es quien ejecuta la acción típica, el coautor habrá cometido el hecho con, junto o en compañía de aquél, si ejecutó alguna circunstancia objetiva que, como elemento del tipo, el delito contenga.
Policía federal, retiro policial, cesantía
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Lord Favio Rolando c/ Estado Nacional - Ministerio de Seguridad - Policía Federal Argentina s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-30

El artículo 435 del Decreto 1866/83 expresamente dispone que "El retiro es definitivo no pudiendo ser revocado por causa alguna cuando el mismo haya sido dispuesto salvo los casos de baja, cesantía o exoneración posteriores", lo cual se encuentra en armonía con lo dispuesto en el artículo 60 del referido texto legal en cuanto prevé que la baja se produce para el personal en retiro por haberse declarado la cesantía. No hay dudas que la "Institución" tiene la facultad de determinar la cesantía del agente, aún después del retiro.
Competencia contencioso administrativa, derecho a ofrecer y producir prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tenorio, Hugo S. c/ Consejo Provincial de Educación s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-06-25

La competencia revisora en materia contencioso administrativa no se extiende a procedimientos cumplidos en el ámbito administrativo, salvo circunstancias excepcionales en los que se ha atentado al derecho de defensa en el debido proceso, deficiencias insusceptibles de corregirse en la oportunidad que el actor tiene de defenderse en juicio pleno y que habilitarían una declaración de nulidad.
Allanamiento domiciliario, habitación de hotel, nulidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Florez Martínez, M. s/ Allanamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-03

Corresponde absolver al procesado como consecuencia de la declaración de nulidad de todo lo actuado, pues la "notitia criminis" fue obtenida ilegítimamente, ya que si bien no cabe duda de que el encargado de limpieza estaba autorizado a ingresar a la habitación del hotel, tal autorización no comprende el registro de los bienes que se encuentren en su interior, y no cabe presumir que en el caso el nombrado "se topó" con un ilícito, sino que el hallazgo efectuado obedeció a una búsqueda en tal sentido.
Violencia familiar, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: L. de G., I.R. c/ G., H.A. s/ DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-10

La presentación que da inicio al proceso de violencia familiar tiene como finalidad esencial la petición de medidas cautelares a fin de lograr el cese de una conducta perjudicial y el acceso a un tratamiento terapéutico, siendo necesario, para adoptar dichas medidas cautelares, demostrar la verosimilitud de los hechos, que le dan sustento y la urgencia de su adopción.
Regulación de honorarios, embargo preventivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: V.W. Compañía Financiera SA c/ Romero, Albino y Otra s/ Medida Cautelar -Secuestro Prendario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-13

"Hallándose instalado el crédito por honorarios respecto de quien ha sido condenado en costas, dentro de las previsiones del inciso, 3º del ordenamiento procesal, procede el embargo preventivo que tiende a asegurar su percepción".
Banco Nacional de Desarrollo, cesión de créditos, acción de amparo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BULLO PEREA, JORGE I. Y OTRO c/ BANADE s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-13

Procede el amparo contra una resolución del Interventor del Banco Nacional de Desarrollo que negó el pedido efectuado para evacuar una consulta profesional de un grupo de accionistas de Celulosa Arg. s a. relativa a la cesión de créditos que el BANADE tenía contra Celulosa ya que no se trata de operaciones o informaciones privadas o reservadas que la demandada llevó a cabo con sus clientes, sino de una gestión encomendada por el PEN , la que goza de la publicidad propia de los actos de gobierno, requisito esencial del sistema republicano que nos rige-, toda vez que en el dec. 1243/89 PEN no se previó que esa gestión tuviese aquél carácter, y que además no era el BANADE el encargado de tomar la resolución final del caso sino que, según lo previsto en los arts. 4 y 6, esa resolución era privativa del PEN, art. 8 de la ley 23187 y 39 de la ley 21526.
Bolsa de comercio, mercado de valores, agente de bolsa, responsabilidad del agente de bolsa
Materia: COMERCIAL
Carátula: RIBOLDI, OSCAR c/ ARENA, ORLANDO s/ BOLSA Y MERCADO DE VALORES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-13

La confluencia de distintas entidades en la autorregulación del mercado de valores no excluye el control e intervención del estado.

Pero, la comisión nacional de valores la bolsa de comercio de buenos aires y mercado de valores de buenos aires tienen entidad jurídica distinta y propia regulación normativa en la ley 17.811 que no es dable confundir, como tampoco aquellas propias funciones específicas que la ley y su regulación institucional asigna a estos dos últimos, y su responsabilidad. Así, la bolsa de comercio de buenos aires por su propio estatuto, queda excluida de la actividad operativa, quedando la suya circunscripta, de tener mercados adheridos, a autorizar, suspender o cancelar la cotización de títulos valores, fijar los requisitos a cumplir de las empresas cotizantes y dictar normas para asegurar la veracidad de los balances, como así también la publicidad y transparencia de las operaciones.

Los mercados de valores tienen objeto propio (art. 3 del Estatuto social del mercado de valores de buenos aires, ley 17.811 art. 39 y ss.), estableciendo un régimen para las operaciones y controlando su concertación, disponiendo las condiciones para el ejercicio de la actividad de los agentes de bolsa, mandatarios y otros representantes, para operar en la rueda y establecer recaudos para que la documentación de tales operaciones puedan refutarse auténticas (ley 17.811 art. 49). Pero su régimen se establece a efecto del desenvolvimiento de los agentes dentro de la corporación, nótese al respecto que es el agente que interviene en la negociación incumplida quien tiene el derecho de exigir el pertinente certificado (título ejecutivo), de no ser operación garantizada, cuando la misma no hubiere sido cumplida.

De tal manera el agente de bolsa en nuestro país, en el estado actual del sistema jurídico responde personalmente frente a su comitente.
Tratados internacionales, Yacyretá, Entidad Binacional Yacyretá, jurisdicción internacional, aplicación de la ley, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SIDEMA  S.A. c/ ENTE BINACIONAL YACIRETA s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-01

El art. XIX, cláusula 1, del tratado de Yaciretá (ley 20.646) distribuye la jurisdicción internacional y la legislación aplicable según que las personas físicas o jurídicas con las que el Ente Binacional se vincule se domicilien en Argentina o en Paraguay; cuestión que no debe confundirse con la determinación del Juez de cada país que resulte competente por razón de la materia o lugar, regida por la lex fori (art. 1 del Trat. de Derecho Procesal Internacional de Montevideo, 1940, y parte final del art. XIX, cláusula 1, del Tratado de Yaciretá).
Beneficios previsionales, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ORDOÑEZ Etel Eulogia c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL s/ demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-04-09

Por otra parte, no es ajeno al tema lo atinente al interés público, al derecho de propiedad y de retribución justa. Tampoco resulta ajeno el principio "in dubio pro justitia socialis" al que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha reconocido rango constitucional (Fallos 289:430) y que también es aplicable a la interpretación de las leyes procesales.-
Recurso de casación, autosuficiencia
Materia: CIVIL
Carátula: SGUARIO ACURZIO, RAMON HORACIO c/ ESPINDOLA DE GIMENEZ, OLGA MERCEDES s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1992-02-19

Si el recurrente invoca en un escrito postulatorio el voto en disidencia de un magistrado, sin tener en cuenta que los argumentos esgrimidos contra la sentencia no pueden fundarse sólo en reproducciones parciales de las opiniones de un juez disidente, los que no constituyen fundamento válido para el recurso de inaplicabilidad de la ley, se agrega otro impedimento para la acogibilidad del recurso.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación suficiente, daños y perjuicios, indemnización, lesiones
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOCHI, AGUILES HECTOR. c/ UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE LA PLATA Y MOLLA VILLANUEVA, JULIOESTEBAN. s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-21

Si bien las pautas sentadas por el a quo para determinar el monto de la indemnización por los daños y perjuicios derivados de las lesiones sufridas por un menor de edad en una clase de educación física no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, su sola enunciación no se muestra suficiente para sustentar lo decidido, si de dichas pautas no se desprende necesariamente el monto de la condena y tampoco se precisan las circunstancias concretas en virtud de las cuales la aplicación de aquéllas conduce al resultado obtenido. Siendo así, la sentencia impugnada sólo satisface en forma aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a los hechos concretos de la causa, particularidad que impone su descalificación como acto jurisdiccional.
Gastos del proceso, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: P., S.J. c/ T., S.E. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-30

Son las costas un instituto de neto carácter procesal y en su imposición se prescinde de conceptos civilistas como el de culpa, atendiéndose en cambio al fenómeno de la "soccombenza", determinado a través de la comparación de las posturas asumidas por las partes en el pleito y el resultado de éste.
Defensa del consumidor, in dubio pro consumidor, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: ABN AMRO BANK N.V. c/ E., A. y Otra. s/ EJECUCION HIPOTECARIA s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-10-09

El art. 50 LDC [ley 24240] no distingue la posición que el consumidor asume como parte en un proceso judicial (actor o demandado), ni tampoco determina una aplicación limitada a las acciones propias de la ley.

En rigor, toda vez que exista una relación de consumo se debe aplicar el estatuto propio, y se desplazan las normas del derecho privado con la única excepción que fueran más favorables para el consumidor.

Confluye a dicha conclusión lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 24240 reformado por la Ley 26361, conforme al cual: "Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley 25156 de Defensa de la Competencia y la Ley 22802 de Lealtad Comercial o las que en futuro las reemplacen.

En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor.

Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica".

Estamos pues ante un microsistema legal de protección con base en el Derecho Constitucional, que gira dentro del sistema de Derecho Privado.

Por lo tanto, las soluciones deben buscarse - en primer lugar - dentro del sistema y no por recurrencia a la analogía, ya que lo propio de un microsistema es precisamente su carácter autónomo, y aún derogatorio de normas generales.

(Voto del Dr. Apcarián por la mayoría)