marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de obra pública, Comisión Municipal de la Vivienda, competencia por la materia, competencia civil
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMACO S.A.C.I.F.I. c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-18

El contrato de obra pública no siempre es de carácter administrativo, ya que a dicho efecto su objeto debe estar relacionado en forma directa e inmediata al cumplimiento de alguna de las funciones esenciales o específicas del Estado, en tanto que, caso contrario, se tratará de un contrato de derecho común, y como tal regido por las disposiciones del derecho privado (conf.

Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", t. III-B,p.521 y ss ).

Al contrato celebrado entre la accionante y la Comisión Municipal de la Vivienda por medio del cual aquélla se había comprometido a construir un complejo habitacional por encargo de la segunda, representa un "contrato de obra pública", puesto que éste se configura siempre que el Estado conviene con un tercero la realización de una obra (conf. Marienhoff op. cit. t.III-B, p.521, Nro 1114). Dicho convenio formó parte de la órbita administrativa, habida cuenta que su objeto la construcción de viviendas económicas en forma masiva, tiende al logro de una función que, si bien no integra las que tradicionalmente se encontraban a cargo del Estado, en los últimos tiempos ha pasado a formar parte -al menos en nuestro país-de las asumidas por aquél en calidad de fin público, razón por la cual la pretensión deducida en razón de ese contrato no puede considerarse comprendida en los términos del art. 46, inc. a), del decreto ley 1285-58, dado que esta norma contempla los procesos derivados de contratos de locación de obra, entendidos éstos como contratos de derecho común, siendo de competencia de la Justicia Nacional en lo Civil.-
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Alberto Luis Lucchini  S.A.C.I.C. c/ Macrosa Crothers Maquinarias  S.A.C.I.F.I.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Las sentencias definitivas de la Corte pueden ser recurridas y eventualmente revocadas por ella, en supuestos estrictamente excepcionales.
Indemnización tarifada, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: FONTAL, ALBERTO c/ CAP. LISANDRO DE LA TORRE Y/U OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-04-14

Si bien la indemnización tasada es consagrada como regla en la legislación laboral, lo es en cuanto abarca en principio el daño patrimonial, pero no llega su alcance a cubrir el daño extra patrimonial o moral cuando éste se produce.
Inhabilidad de título, autenticidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: OBRA SOCIAL DE PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ ALOI, DANIEL Y OTRO s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

No procede la excepción de inhabilidad de título cuando existe un defecto puramente formal o una omisión menor, no habiéndose negado la autenticidad de los documentos (cfr. C.N.A.Com. Sala "A", L.L. 123-999, sum 14143, citado por Falcón, Enrique en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado, Concordado y Comentado", T. III, pág. 686), ni tampoco cuando consiste en la alegación de que median diferencias entre los nombres de las partes y los que figuran en el título, si aquéllas son pequeñas y puede inferirse, sin lugar a dudas, la identidad de la persona y del ejecutante (cfr. C.N.A.Com. en pleno, 27.02.75, L.L. 1975-B-136, citada por Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. II, pág. 768).
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad del banco, cierre de cuenta corriente, falta de aviso
Materia: COMERCIAL-BANCARIO
Carátula: LURASCHI, OSVALDO ENRIQUE c/ CITIBANK NA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-27

Cabe hacer lugar al reclamo de indemnización por daño moral impetrado por el cliente de un banco contra éste, en razón de haberle cerrado su cuenta corriente en forma sorpresiva, pues resultan innegables las perturbaciones sufridas al verse sin la posibilidad de disponer de su cuenta, lo que debió ocasionarle, además, cierto descrédito, dadas las implicancias que habitualmente se suscitan cuando una entidad dispone el cierre de una cuenta sin previo aviso, pues seguramente se atribuirá el cierre a algún incumplimiento o insolvencia del cliente, máxime considerando que debió recurrir a un préstamo para afrontar sus obligaciones, debiendo asimismo cancelar cheques, lo que resulta suficiente para tener por configurado el daño moral en los términos del  CCIV art. 522, por lo que cabe confirmar la suma de $10000, a la fecha de la sentencia, con más sus intereses en caso de incumplimiento de la condena, fijada por tal concepto por el juez de grado.
Representación procesal, matrimonio, acta de matrimonio
Materia: PROCESAL
Carátula: Di Pasquo, Domingo c/ Casas, Oscar s/ Nulidad de Acto Jurídico
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-26

Derogado el art. 3ro., inc. 2do., de la ley 11.357 por la ley 17 711 ha perdido virtualidad la representación que reconoce el marido el art. 46 del Código Procesal, pues de lo único que se los exime en la última disposición señalada es de presentar la partida de matrimonio, pero no de acompañar el pertinente poder.
Cosa juzgada, tasas de interés
Materia: LABORAL
Carátula: Correa, Carlos c/ Ventre, Graciela s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-16

La cosa juzgada busca fijar definitivamente, no tanto el texto formal del fallo, cuanto la solución real prevista por el juez a través de la sentencia (CSJN Fallos 294:434). Por ello, si bien la sentencia que fijaba cierto tipo de interés sobre el capital de condena se encontraba firme, a posteriori se produjo un cambio en las variables económicas y financieras que perjudicó al acreedor laboral y sumado a ello el incumplimiento por parte del deudor quien no abonó debidamente la suma, dan como resultado la procedencia de la pretensión del accionante a que se le aplique a su crédito pendiente de pago, la tasa de interés expresada en el acta 2357 de la CNAT aun cuando su dictado ha sido posterior al fallo recaído y durante la etapa de ejecución. (Del voto del Dr. Zas. La Dra. García Margalejo adhiere por cuanto existe, en el caso, una situación de mora con intimación de pago y petición y decreto de embargo).
Reforma de la justicia, amparo colectivo, rechazo in límine
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gil Domínguez, Andrés c/ EN-PEN-Ley 26.854 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-16

Debe rechazarse in límine la acción de amparo colectivo interpuesta con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 2.1, 3.4, 4, 5, 9, 10, 13.3, 16, 17 y 19 de la ley 26.854 -que regula las medidas cautelares dictadas en los procesos en los que el Estado Nacional o sus entes descentralizados sean parte- habida cuenta que la admisión del tipo de acción intentada no puede importar el olvido de la exigencia de un caso o controversia, requisito que no se da cuando se procura la declaración de inconstitucional de una norma con efectos "erga omnes".
Incidente de verificación, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Industrias Electrónicas Radio Serra  S.A. s/ quiebra - incidente de verificación por Fisco Nacional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-19

En los incidentes de verificación la base regulatoria resulta del monto del crédito verificado (art. 31, inc. c), de la ley 21.839).
Derechos de incidencia colectiva, servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Defensor  del  Pueblo de la Nación c/ EN-Ley 25.790-Dtos 1460/051462/05 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-08

En el escrito de inicio se sostuvo que iniciaba la presente acción en tutela de los derechos de incidencia colectiva del conjunto de usuarios de los servicios públicos involucrados, por cuanto ".dichos aumentos repercutirán, sin dudas, en las tarifas de los servicios de electricidad que deben abonar los usuarios". En esos términos, que son reiterados en la expresión de agravios acerca de la posibilidad de que existan aumentos que "repercutirán en las tarifas", se advierte que la pretensión ha sido estructurada en torno a un perjuicio patrimonial eventual e incierto, en orden a un incremento de la remuneración de los demandados que podría implicar una suba en las tarifas de los servicios, cuando -por ende- el actor sólo detentaba, en rigor, un mero interés en perseguir el control de la legalidad de las disposiciones cuestionadas, dado que no resultaba posible determinar -en ese estado- representación alguna. La legitimación de las personas indicadas en la norma constitucional, entre las que se menciona a las asociaciones que propendan a la protección de los consumidores y al Defensor del Pueblo, se halla limitada a los supuestos en que se encuentren comprometidos derechos de incidencia colectiva. Empero, también en este caso, la existencia de "lesión" a esos derechos resulta una condición inexcusable de la impugnación judicial, que debe quedar determinada a fin de establecer la existencia de "causa" o "caso". Más allá de la calificación que pudiese merecer el derecho invocado, lo cierto es que ni siquiera ha quedado probada la existencia de una lesión, para conferir a la presente el necesario carácter de "causa" o "caso", cuya comprobación -como se dijo- se impone en todo supuesto, aún para la categoría de incidencia colectiva (conf. C.S., "Halabi", Fallos: 332:111). En tales condiciones, no resulta posible considerar que -en la especie- se encuentre configurada la existencia de un "caso" que permita ejercer la jurisdicción con el alcance que ha sido atribuida (conf. art. 116 C.N.).
Divorcio, separación personal, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: T.A., D.M. c/ F., F.M. s/ Separación personal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22

La prueba testimonial, analizada a la luz de la sana crítica -arts.

384 y 456, 2ª parte del C.P.C.C.-, no logra formar la convicción necesaria sobre el acaecimiento de hechos que configuren injurias graves, bien entendidas como "Toda especie de actos, intencionales o no, ejecutados de palabra, por escrito o por hechos que constituyen una ofensa para el cónyuge, ataque a su honor, su reputación o su dignidad, hiriendo sus justas susceptibilidades".-
Daños y perjuicios, indemnización, daño estético, piezas dentales
Materia: CIVIL
Carátula: VERDINA, Pablo S. c/ IGLESIAS, Carlos A. y Otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-08

Si bien es cierto que la pérdida de piezas dentales no implica secuelas incapacitantes que traigan aparejado un deterioro económico o patrimonial, no lo es menos que la pérdida experimentada por el reclamante repercute en el equilibrio físico llamado salud. Al respecto la justicia italiana ha sostenido en numerosos pronunciamientos, que si el hecho ilícito determina una lesión a la persona, está afectando a ese equilibrio, por lo que causa un daño al bien de la salud o daño biológico. Este es resarcible autónomamente, cualesquiera fueran las consecuencias patrimoniales o no patrimoniales del mismo.
Empleados de banco, ascenso automático
Materia: LABORAL
Carátula: STURLA, LUIS MARIA c/ BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA LIMITADA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-30

Las modificaciones establecidas por el decreto 3858/77 -con base en lo dispuesto por la ley 21476- sólo permiten reconocer como derecho adquirido, el haber ascendido automáticamente con anterioridad a la reforma mencionada; mas de modo alguno, que desde su vigencia, se siga invocando la antigüuedad para obtener nuevos ascensos automáticos (Conforme Sala IV, sentencia 45776, 27 de febrero de 1981, "Trouchot, Amado y otros c/ Banco Popular").
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, IVA
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Artcasas  SRL. s/ recurso de apelación -  IVA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

Son de naturaleza federal las disposiciones contenidas en el art.

11 de la ley 23.029 y 20 de la ley 20.631.
Derecho de registro e inspección, código tributario municipal, interpretación de la ley, trámites judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COMUNA DE HERSILIA c/ RESTELLI DISTRIBUCIONES S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-05-31

En razón de que el contribuyente había ingresado pagos en concepto de Derecho de Registro e Inspección cumpliendo los plazos de vencimiento propios, cabía al Fisco comunal iniciar un procedimiento de determinación de oficio a fin de esclarecer la deuda real que la ahora recurrente mantenía, por dicho concepto, con la Comuna; desde que la normativa aplicable establece que el cobro judicial por apremio de los gravámenes y multas procede una vez transcurridos los plazos generales o especiales de pago o luego de cumplidos los 15 días de efectuada la notificación de la resolución que resuelve la reconsideración si no se ingresó lo adeudado.
Acto administrativo, acción de nulidad, prescripción
Materia: Administrativo
Carátula: FERRE de GARCIA, María Angélica c/ CORFO-CHUBUT y-u otro s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-06-04

Igual criterio desestimatorio debe tener la cuestión fundada en el transcurso de"más de cuatro años para reclamar la tutela de sus derechos". Es que mientras no haya transcurrido el término de prescripción decenal, los reclamos y cuestiones debatidas en autos, son materia de decisión jurisdiccional.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Ríos, Héctor Rubén s/ Infracción al art. 302 del C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

No es aplicable la segunda parte del art. 156 de la Constitución de la Pcia. a los fines anulatorios si la invocada por el recurrente no es cuestión esencial en sí misma sino que integra cuestiones esenciales que fueron sometidas a la votación de la Cámara. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Amnistía, causas políticas y gremiales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROOGER, RICARDO OSCAR c/ ESTADO NACIONAL (COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AEREA) s/ ORDINARIO - CONSTITUCION NACIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

Los beneficios de la amnistía alcanza a los actos y los hechos realizados con propósitos políticos o gremiales, o también cuando se determine que, bajo la forma de un proceso por delito común, se encubrió una situación de índole político o gremial.
Acción de amparo, existencia de otras vías, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUSZKAT DE KUSSI, Elena Isabel c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

De acuerdo a la regla consagrada en el artículo 43 de la Constitución Nacional, existe una primera apreciación que debe ejercer el magistrado, referida a la admisibilidad del amparo.

Cumplida ella, y sólo de resultar así, se estará en condiciones de pasar a la segunda etapa, donde se analizará su procedencia.

En ese marco y utilizada esa vía para cuestionar el revalúo de un inmueble, es claro que se está ante un supuesto en que el amparo es inadmisible, al existir una vía judicial más idónea a fin de dar respuesta al planteo realizado por el accionante. Es que la dimensión de la prueba que habrá de producirse a fin de dilucidar el caso -en donde no se desconoce el deber de pagar la obligación, sino que se cuestiona el "quantum" y la temporaneidad del requerimiento-, excede con creces el limitado marco cognoscitivo de la acción de amparo.-
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, licencia de conducir, derecho de trabajar, libertad de comercio e industria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gagnotti, Santiago Juan c/ G.C.B.A. Dirección General de Educación Vial y Licencias s/ Amparo de Educación Vial y Licencias s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-22

Teniendo en cuenta que en el presente caso el actor ha cuestionado la denegación, por parte del Gobierno de la Ciudad, de una licencia de conductor profesional, invocando la vulneración de su derecho constitucional a trabajar y ejercer industria lícita, corresponde concluir que la acción de amparo resulta el cauce procesal idóneo para solicitar la protección jurisdiccional perseguida.
Adopción, deberes del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G., V. s/ Adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

El juez tiene impuesta en el juicio de adopción reglado por la ley 24.779 una regla de oro, es decir no una mera facultad sino un imperativo categórico: en todos los casos deberá valorar el interés superior del menor (art. 321 inc. f) Cód. Civ.). Este mandato campea en todo el juicio de adopción y supedita cualquier interés individual al del niño. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisprudencia, cámaras de casación, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramires Ramón c/ Consorcio Urugua-i Sideco-Gade Iecsa Grupo Constructor Ute e Instituto Provincial del Seguro s/ Laboral por Accidente de Trabajo Santa Cruz de Insfrán c/ Federación de Cooperativas Agrícolas de Mnes. Ltda. y/o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-05|1994-11-30

El mensaje de elevación del proyecto de reformas al Código de Procedimiento Civil y Comercial, luego convertido en la ley 2.335 suprimió los art. 288 a 303 inclusive, referidos al recurso de inaplicabilidad de ley, siendo el art. 303 el que establecía la obligatoriedad de la doctrina legal. Esto es, que si el proyecto no adopta el art. 303 del modelo, resulta evidente que en nuestro sistema judicial no se ha receptado el principio de la obligatoriedad de la jurisprudencia establecida con motivo de los recursos de casación. Son entonces razones de economía procesal las que inducirían a los tribunales de grado receptar la opinión del procedente, esto es, que seguir la opinión del Superior evitaría el desgaste jurisdiccional que supone el acceso a la instancia del recurso extraordinario. (Dr. Diblasi en disidencia parcial).
Facultades del Poder Ejecutivo, salario mínimo, vital y móvil, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: Bichute de Larsen, Silvia María y otros c/ Tintas Letta SAIC s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Si bien la determinación del monto que debe alcanzar el salario mínimo, vital y móvil se encuentra comprendida en el ejercicio de facultades conferidas al Poder Ejecutivo para determinar la política económica y social, queda a salvo la posibilidad de su revisión en la medida en que se demuestre en cada caso que la remuneración mínima fijada configure la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar o que tal importe hubiese sido establecido en forma absurda y arbitraria.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, accidente de tránsito, motocicleta, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Blanco, Victor Manuel y otra c/ Municipalidad de Reconquista y/o quien resulte jurídicamente responsable s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad - Juicio   Ordinario por resarcimiento de daños (Expte.: C.S.J. Nro. 3 año   2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-27

Debe rechazarse la presente queja por cuanto no se advierte que el Tribunal a quo se apartara de lo normado por el artículo 1113 del Código Civil (segundo y tercer párrafo) sino que, muy por el contrario, a la luz de dicha normativa, puso en cabeza de la Municipalidad la obligación de indemnizar a los padres de la víctima de un accidente de tránsito por juzgarla generadora de una situación riesgosa -montículo de tierra no señalizado-, no como causa única, sino como concausa que gravitó en un cincuenta por ciento en la producción del daño -velocidad del motociclista- , tal como lo decidió el Inferior, lo que no fue objeto de apelación por los actores. En definitiva, el agravio así planteado queda reducido al mero disenso de la compareciente, quien insiste en sostener que operan en el caso las exenciones de responsabilidad previstas en el artículo 1113 del Código Civil, postura disímil a la sustentada por los juzgadores de grado, quienes entendieron que las mismas no funcionaba en el supuesto de autos. (Del los Fundamentos del Dr.

Spuler)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hiebaum, Guillermo y ots. c/ Bruna, Salvador E. y ot. s/ Ejec. hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

El valor económico del litigio está representado para el demandado por el importe que da fundamento a la excepción de pago parcial que dedujera. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G., H. A. c/ T., L. G. s/ Div. Vinc. Contradictorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-07

Resulta inadmisible justificar un juicio de divorcio vincular posterior a la sentencia de separación personal, en consideración al interés del cónyuge que acciona fundado en atribuir la culpabilidad del otro, y a fin de privarle de los derechos alimentarios de que goza en función del art. 207 y sigts. del Código Civil, pues si el cónyuge alimentante pretende privar al inocente de esos derechos alimentarios no requiere deducir acción de divorcio vincular tras la separación personal sino invocar la caducidad del derecho alimentario con sustento en los artículos 210 y 218 del Código citado.
Partidos políticos, nombre partidario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Partido Alternativa Progresista de Corrientes s/ reconocimiento de personería jurídico - política como partido de  distrito.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

El art. 16 de la ley 23.298, impone que el nombre de los partidos políticos se distinga del de otros razonable y claramente y, en caso de una escisión partidaria, establece que el grupo desprendido carece del derecho a emplear total o parcialmente el nombre originario del partido o agregarle aditamentos.