Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-08


RAWSON,8 de abril de 2.011.- --VISTOS: -- --Estos autos caratulados: "P., O. J. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Planteo de Nulidad" (Expte. Nº 22.154-P-2.010) --DE LOS QUE RESULTA: - --El Señor O. J. PAVÓN, por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. E. L. M., se presentó y requirió, por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Puerto Madryn, la declaración de nulidad de la Carta Orgánica Municipal, por haber sido dictada después de vencido el plazo para el cual fuera convocada la Convención que la redactó, y por ende, llevada a cabo sin legitimación por parte de quienes participaron en dicha tarea, al haber cesado sus mandatos para tal fin.

-- Indicó cuáles eran los artículos de la Carta Orgánica que estaban en juego que demostraban el transcurso en exceso del plazo con el cual contaba la Convención para realizar su tarea. Citó Jurisprudencia que consideró aplicable al caso. Relató cómo se sucedieron los hechos a los efectos de enfatizar cómo se vencieron los plazos que produjeron la nulidad de los actos realizados con posterioridad. Remarcó que la publicación de la Carta Orgánica Municipal fue llevada a cabo cuatrocientos cuarenta y dos días (442) después de la fecha de proclamación por la Convención, superando el máximo previsto por el art. 201 de la Carta Orgánica vigente.

--Solicitó como medida cautelar la suspensión de la vigencia de la nueva Carta Orgánica, toda vez que en la misma se incorporaban nuevos organismos no previstos en el presupuesto municipal, circunstancia que acarrearía la necesidad de incrementar los impuestos para cubrir dichos gastos, afectando a todos los ciudadanos de Puerto Madryn.- --A fs. 170 se expidió el Ministerio Público Fiscal respecto de la competencia para atender en autos, la cual la atribuyó "a la Cámara de Apelaciones de esta ciudad de Puerto Madryn por aplicación del art. 127 y siguientes de la Ley N° 3.098".- --La Juez de Refuerzo dictó sentencia a fs. 172/173 vta., donde se declaró incompetente para intervenir en autos, tras analizar el contenido de la acción, a la que consideró propia del contencioso administrativo municipal. Entendió aplicable el art. 127 de la Ley XVI N° 46.

--Rechazó la medida cautelar por considerar que su efecto erga omnes imponía el análisis restrictivo para ser admitida.- --Apelada la decisión de la instancia de origen, la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, a fs. 182/189 vta., entendió que el actor se encontraba legitimado para ejercer la acción, atento lo normado por el art. 12 de la Carta Orgánica Municipal de 1.994, y en virtud del vencimiento del plazo previsto por el art. 201 del mismo cuerpo normativo, al cual se limitó estrictamente, consideró desbordados los mismos al 06/09/10. Los Sres. Camaristas consideraron como existentes, razones de gravedad institucional en la gestación y desarrollo del proceso constituyente.-- --El peligro en la demora lo interpretaron vigente en función de la posibilidad que durante el transcurso del proceso, se pudiera implementar la disposición patrimonial del municipio y así, suscitar eventuales conflictos con relación a la política de recursos económicos de dicho organismo.- --También resolvieron que la Cámara de Apelaciones, no era competente para entender en la cuestión, y que la competencia residual, estaba atribuida a los Juzgados Letrados de Primera Instancia.

--Señalaron la existencia de un conflicto de competencia, y elevaron las actuaciones a este Superior Tribunal de Justicia, por ser común a ambos órganos jurisdiccionales (arts. 11 y 13 del C.P.C.C.).-- --A fs. 216/230, se presentaron como convencionales municipales constituyentes, un grupo de personas patrocinadas por el Dr. R. H. y requirieron la intervención de este Tribunal, al encuadrar la suspensión de la Carta Orgánica Municipal, dentro de los supuestos contemplados en el art. 179, 1.1., de la Constitución Provincial.- --A fs. 232/236 vta. obra una presentación de quienes se consideraron legitimados por las acciones de clase del art. 43 de la C.N., con el patrocinio del Dr. M. R. C., donde se solicitó la anulación de la resolución de la Alzada y el avocamiento de este Tribunal, por aplicación del art. 179, 1.1. de la Constitución local.- --Otra presentación similar se agregó a fs. 264/270 vta. con el patrocinio del Dr. J. A. R.

--Corrida vista al Sr. Procurador General, este dictaminó a fs. 272/278. Allí advirtió que se había planteado un conflicto de competencia negativa entre la Juez de Refuerzo de Primera Instancia y la Cámara de Apelaciones, ambas de la ciudad de Puerto Madryn, que debía ser resuelto por el Pleno de este Tribunal. Ello fue así, en el entendimiento que la Alzada actuó como instancia originaria y no en grado de control de la decisión jurisdiccional de la juez de grado.

--En virtud del planteo de autos, consideró que el asunto entraba en la interpretación del art. 132 de la Ley XVI N° 46; art. 179, 1.1. de la C.P. y del art. de la Ley V N° 3 referido a la organización de la justicia provincial.

--Anticipó que el caso no se encuadraba dentro del contencioso administrativo, de manera que no surgía la competencia de la Alzada para intervenir en forma originaria.

--En su análisis interpretó que debían darse dos factores para establecer si se estaba frente a una acción de carácter contencioso administrativo. El subjetivo, que se configuraba cuando una de las partes era un órgano municipal, y el objetivo, que derivaba de las normas aplicables al caso.- --Refirió que en autos el actor había elegido como contraparte al Municipio de Puerto Madryn, aunque el acto impugnado había emanado de la Convención Constituyente, que no integraba ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo municipal. Consideró aplicables las normas constitucionales y de Derecho Público que no revestían la condición de administrativas.-- --Concluyó que no correspondía la competencia del Pleno de este Superior Tribunal y sí, en cambio, la Civil de Primera Instancia. En cuanto a las presentaciones que se sucedieron después de articulada la acción, indicó que deberían ser resueltas en ese momento.- --CONSIDERANDO:

--I.- Vienen estos actuados a los efectos de establecer la competencia del órgano jurisdiccional que deberá intervenir en los mismos toda vez que, tanto la Juez de Grado como la Alzada, se han declarado incompetentes para seguir actuando como instancia de origen. El Sr. P. se presenta, en su carácter de ciudadano de la ciudad de Puerto Madryn, y peticiona la nulidad de la Carta Orgánica Municipal de dicha localidad y solicita, como medida cautelar, su inmediata suspensión hasta tanto se resuelva el conflicto que denuncia. Para la juez de grado se deben aplicar las normas propias del contencioso administrativo municipal y por ende, el art. 127 de la Ley XVI Nº 46, en tanto establece que corresponde entender a las Cámaras de Apelaciones y del Trabajo de manera originaria. Por su parte, la Alzada sostiene que son atinentes las normas de Derecho Público y dada la naturaleza de la acción, donde se discute la validez de una norma emanada de una Convención Constituyente, resuelve que deben intervenir los tribunales inferiores.- --Adelantamos nuestra opinión en considerar atinado el criterio desarrollado por los Sres. Camaristas. En efecto, para dilucidar la cuestión sub examine, deberemos tener en cuenta la correcta aplicación de las normas y principios de derecho público municipal. En oportunidad de dictar S.I. Nº 021/S.C.A./02, se expresó que el carácter contencioso administrativo de una causa judicial se hallaba determinado por la concurrencia de dos factores: el subjetivo, que está dado por la circunstancia de ser parte en el conflicto un órgano de la Administración Pública, y el objetivo, que deriva de la naturaleza o normas aplicables (Conf.: PALACIO, Derecho Procesal Civil, T° II, p. 524). Y en particular J. A. D. G. L., dice que si la cuestión debe resolverse por aplicación de normas de carácter administrativo corresponderá la competencia contencioso-administrativa, y siendo la legislación común: la civil y comercial. ("La competencia contencioso administrativa", Ed. ABELEDO-PERROT, Año 1.961, p. 132).

--En el pronunciamiento señalado en el párrafo anterior, se estableció que en el orden provincial, no es sólo pertinente discernir la materia para determinar la competencia para el conocimiento de causas contencioso administrativas, sino también "las personas" que intervienen en el pleito, ya que existen diferencias según que el contencioso sea Provincial o Municipal, en la medida en que están regulados por diferentes normas. Siguiendo este orden de ideas, la competencia establecida por la Ley V Nº 3, art. 32 inciso 3°, en forma originaria, se refiere a aquellos supuestos que tienen como parte a la Provincia, sus entidades descentralizadas y autárquicas. Asimismo, la materia contencioso administrativa de las Corporaciones Municipales, se encuadra dentro de los preceptos de la Ley XVI Nº 46.-- --Tratándose de una petición de nulidad de un acto emanado de la Convención Constituyente Municipal (que no integra el Poder Ejecutivo local de la ciudad de Puerto Madryn ni es un órgano autárquico derivado de aquél), no corresponde la intervención originaria de la Alzada ni habilita, tampoco, a establecer que tal competencia corresponda al Superior Tribunal, en la medida que la Ley V Nº 3 la ha acotado al proceso contencioso-provincial, sin que se le haya atribuido la denominada jurisdicción remanente.

--Así, y tal como se dijo en la interlocutoria referida, la capacidad residual reservada originariamente a este Tribunal, a las Cámaras y a los jueces que allí se citan, ha sido atribuida por el legislador a los Juzgados Letrados de Primera Instancia.-- --La competencia de este Tribunal está legalmente prevista en la Constitución Provincial (art. 179), y en la Ley XVI N° 46 (art. el 138 y ccs.), y solamente ha intervenido, con carácter excepcional, en supuestos donde la gravedad institucional y cuando lo dudoso en la atribución de la competencia, lo ha justificado, a fin de resguardar el principio de economía procesal, interpretando la normativa en juego (Conf.: S.I. N° 14/S.C.A./04).

--Tampoco corresponde a las incumbencias de la Cámara de Apelaciones, toda vez que el caso no encuadra dentro de los considerandos del art. 132 de la mencionada Ley XVI Nº 46, más allá de que el actor solicite que se corra traslado de su acción al Municipio, al no emanar de su ámbito la Carta Orgánica cuya nulidad se pretende y en virtud de lo normado por el art. 171 de dicha ley.

--En el marco de la Constitución Provincial -art. 179 inc. 1.4.- y de la Ley de Corporaciones Municipales, se aplican estas normas con restrictez interpretativa, evitando toda intervención en los casos en que ella no aparezca necesaria de un modo claro e indudable (Conf.: S.I. N° 111/90), teniendo en cuenta que desde antaño ha enfatizado el Alto Tribunal Nacional que: "la misión que incumbe a la Corte de mantener los diversos poderes, tanto nacionales como provinciales, en la esfera de facultades trazadas por la Constitución, la obliga a ella misma a absoluta estrictez para no extralimitar la suya, como la mayor garantía que puede ofrecer a los derechos individuales (Conf.: Fallos, 32:120 - "Eduardo SOJO").

--Por otra parte y en coincidencia con lo dictaminado por el Procurador General, tiene razón la Alzada cuando señala que la demanda, al no impugnar un acto emanado del Municipio ni de un organismo autárquico por él creado, inhibe la intervención de este Tribunal, en la medida que no se da ninguno de los supuestos que la habilitan.

--En cuanto a las presentaciones efectuadas a fs. 216/230, 232/236 vta. y 264/270 vta., resulta atinado que las mismas sean atendidas una vez asumida la competencia por la Juez de Primera Instancia.- --Por ello, el Superior Tribunal de Justicia en Pleno:

--R E S U E L V E: - --1°) DECLARAR competente al Letrado Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Puerto Madryn para intervenir en las presentes actuaciones.

--2º) REGÍSTRESE y devuélvase a la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Puerto Madryn, a sus efectos.

Fdo. Dres. Jorge PFLEGER -Alejandro Javier PANIZZI - Daniel A. REBAGLIATI RUSSELL - Daniel Luis CANEO - Fernando S.L. ROYER - José Luis PASUTTI-.

RECIBIDA EN SECRETARIA EL 8 DE ABRIL DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N° 08 S.R.O.E. CONSTE.