Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-30


AS1C129I.05W Comodoro Rivadavia, treinta de agosto de 2005.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "H., J. J. c/ L. R. S.R.L. y Otro s/ DEMANDA LABORAL (Dif. Haberes e indem. de ley)", Expte. N° 14.741/2004, venido del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. N° 1730/2002).

Que a fs. 1221/1242 la parte actora, interpone recurso de casación por la causal de violación de la ley o doctrina legal (art. 288 incs. a) y e) del CPr.) contra el decisorio de esta Cámara, de fs. 1137/1154, que revocó parcialmente el fallo de primera instancia, limitando la condena en relación a la codemandada A. A. 2000 e impuso las costas al . Hace reserva del caso federal a fs. 1242. Asimismo, a fs. 1160/1220, la demandada interpone recurso de casación contra el fallo de la Cámara, sentencia definitiva n° 37/2005, por la causal prevista en el art. 288 inc. e) del CPCCCH.

Por razones de método, en primer lugar, se analizarán los aspectos formales y sustanciales del recurso de casación de la parte actora.

En cuanto a los requisitos formales, cabe señalar que el recurso ha sido interpuesto en término de ley, con copia, el escrito resulta autosuficiente, se han especificado las causales de casación y, se ha constituido domicilio ante el Superior Tribunal de Justicia. Respecto a la sentencia impugnada, la misma es definitiva dado que al resolver sobre la cuestión de fondo, ha puesto fin al litigio impidiendo su continuación.

En el punto III de su memoria, se agravia la recurrente por considerar que se ha incurrido en la causal de violación de la ley o doctrina legal incs. b) y e) del art. 288 del CPr., en cuanto la sentencia en crisis limita los alcances de la solidaridad en los términos del art. 30 de la LCT de la firma A. A. 2000 S.A., excluyendo de la condena la sanción prevista por el art. 2 de la ley 25323, art. 132 bis de LCT y limita la imposición de las costas contra la misma en un 55,10%. Insiste que dicha decisión deviene arbitraria, por pronunciarse sobre cuestiones que no fueron objeto de juicio. Entiende que la arbitrariedad se configura cuando el magistrado desconoce la existencia de una norma jurídica o yerra en su interpretación o aplica a los hechos de la causa una norma distinta a la que corresponde. Sostiene que la codemandada A. A. 2000, no opuso defensa alguna sobre la aplicación del art. 2 de la ley 25323. Manifiesta que el fallo es incongruente, por fundar la decisión en razones diversas de las alegadas por las partes. Entiende que efectuada la intimación respecto de uno de los obligados al pago, sus efectos alcanzan a todos los deudores. Manifiesta que se ha realizado una errónea interpretación del art. 132 bis LCT. Continúa diciendo que no se respeta la aplicación de las normas de derecho común respecto a la solidaridad. Se agravia también en cuanto al porcentaje de imposición de las costas.	En relación a la causal invocada, corresponde señalar que esta Alzada ha sostenido, siguiendo el criterio dominante del STJCH sobre la admisibilidad del recurso de casación, que en materia de cuestiones laborales vinculadas con las obligaciones emergentes de las relaciones entre empleados y empleadores, corresponde adoptar un criterio sumamente restrictivo. Ello, en razón de tratarse mayoritariamente de cuestiones de hecho y prueba ajenas al remedio extraordinario. No obstante, se ha procurado en algunos casos de morigerar la rigurosidad de tal criterio y habilitar la vía de excepción, fundándose para ello en la posible concurrencia de un error en la subsunción de las referidas cuestiones de hecho, en los preceptos legales aplicables, relacionándose así el punto, además con la causal de violación de la ley.	Este supuesto excepcional, se configura en autos desde que las observaciones de la actora respecto de los aspectos probatorios desestimados, posibilitan superar la mera discrepancia con la evaluación probatoria ante el decidido cotejo de los hechos con el derecho vulnerado, en cuanto hace referencia concreta a la normativa afectada por el pronunciamiento, en particular, la consideración de las defensas opuestas al contestar la demanda por la firma A. A. 2000 (fs. 71), el cotejo de las pruebas aportadas y su relación con la aplicación de las normas del art. 2 de la ley 25323, arts. 30 y 132 bis LCT, y las consecuencias de adoptarse uno u otro criterio. Por ello es posible tener por configurada en abstracto, la causal de arbitrariedad invocada.

Por lo expuesto, corresponde declarar procedente el recurso de casación interpuesto por la actora por la causal de violación de la ley o doctrina legal prevista en el art. 288 inc. e) del CPr.

Con relación a la causal casatoria invocada por el actor, prevista por el inc. b) del art. 288 citado, se adelanta que la misma no puede prosperar. Esto es así, pues la causal invocada se configura en el supuesto que la sentencia recayera sobre cosas no demandadas o contra distinta persona de aquella contra la cual se interpuso la demanda y no ha podido demostrar el impugnante como tales supuestos habrían quedado confirmados en autos. Así, los agravios de la casacionista evidencian una mera opinión contraria de la parte. En virtud de lo expuesto, se declara improcedente el recurso de casación interpuesto por la parte actora por la causal prevista en el art. 288 inc. b) del CPr.

Ahora bien, entrando al análisis del recurso de casación interpuesto por la demandada A. A. 2000 SA,( fs. 1160), en cuanto a los requisitos formales del mismo, surge que ha sido presentado en término, con copias de ley, se han individualizado las causales casatorias, se ha abonado la tasa de justicia y se ha constituido domicilio ante el Superior Tribunal de Justicia. Ahora bien, al analizar la causal casatoria, se advierte que al desarrollar la crítica del fallo recurrido, (fs. 1211/1212 y ss.), la parte se refiere a los votos de las Sras. jueces Dras. Nélida Susana Melero García Blanco y Marta Susana Reynoso de Roberts, quienes no se han expedido en la sentencia de fecha 12 de mayo de 2005, de fs. 1137/1154. En virtud de l expuesto, es dable concluir que de acuerdo a las previsiones del art. 290 del CPr. el memorial carece de suficiencia técnica.

Por ello, corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la co-demandada A. A. 2000 SA de fs. 1160/1220.	La Sra. Juez de Cámara, Dra. Graciela Mercedes García Blanco dijo:

Cabe señalar que el Excmo. Superior Tribunal de Justicia en autos: "L. SA y otros c/ B. y Cía. Soc. Anónima Ind. y Com. Y Agro. Ganadería s/ sumario" (Expte. Nº 18524-L-2001), se pronunció acerca de las cuestiones de hecho y dijo: ".la valoración de la prueba efectuada por los jueces de grado, es de naturaleza notoriamente ajena a la instancia extraordinaria de este Tribunal. Conf. "la apreciación de la prueba es función privativa de los jueces de instancia ordinaria, ajena en principio a la Corte, toda vez que el recurso de inaplicabilidad de la ley no da acceso a una tercera instancia ordinaria" (SCBA, julio 3-979, "O. S. P. SA c/ F. H. Soc. Anon. Com.por Acc.") y teniendo en cuenta que la tacha de arbitrariedad no comprende las discrepancias del recurrente con la valoración y selección de la prueba efectuada por los jueces de la causa (Fallos 278:135; 279:140; y otros) resulta improcedente respecto de sentencias que al margen de su acierto o error, están suficientemente fundadas aún cuando se alegue error en la solución del litigio (Fallos 259:20; 262:302; 269:413)".

No se evidencian en el sub-lite razones suficientes que permitan apartarse de este principio, toda vez que se advierte de lo manifestado por la actora y de las constancias de autos, que la cuestión que se pretende resuelva el Tribunal es de hecho y prueba, reservada a los jueces de grado.

Asimismo, es jurisprudencia constante que "los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, ni a valorar toda la prueba, sino solo a tomar en cuenta lo que razonablemente estimen conducente para la solución del litigio" (CS, 8-II-72; JA 21-1974)" (SER 04/02).

Por lo que corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la actora toda vez que arguye cuestionamientos atinentes a cuestiones de hecho y prueba.

Por otra parte, en cuanto a la causal de arbitrariedad esgrimida es dable recordar lo expresado por el Dr. Augusto Morello en su obra: "Los recursos extraordinarios y la eficacia en el proceso", Tº 2, p. 435, que la doctrina de la arbitrariedad solo cobra procedencia si esta suficientemente demostrado el apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una decisiva carencia de fundamentación.

En el caso, las expresiones vertidas por el recurrente no constituyen una réplica objetiva capaz de desvirtuar los conceptos de la sentencia por arbitrariedad; no evidencian el sustento necesario para conmover la estructura lógico jurídica de la sentencia en vinculación con las constancias de autos y el derecho aplicable, desde que aquellas solo traducen una discrepancia personal tanto con relación a la valoración de los antecedentes de autos como respecto del alcance que el Tribunal decide dar a la norma aplicable.

"Reiteradamente este Superior Tribunal ha manifestado que "la procedencia de la tacha de arbitrariedad requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación" (SI 72/89, 58, 96, 101/90, 176, 223/92). "... es de carácter estrictamente excepcional y no autoriza la sustitución del criterio de los jueces de la causa en la interpretación de las normas y preceptos comunes, ni en la apreciación y valoración de los hechos y pruebas del proceso ...", "aún cuando se pudiera extraer otra conclusión con fundamento igualmente razonable, no es ello suficiente para impugnar de arbitraria una sentencia, cuando la misma cuenta con fundamentos bastantes que obstan a su descalificación como acto jurisdiccional ..." (SI 124, 187, 200, 211/91, 137/93)" ("P., C. A. c/ P. D. C. of S. A. Suc. Argentina s/ ordinario", Expte. Nº 16545-P-1998, sentencia Nº 85/98).

El libelo recursivo se limita a transcribir los votos volcados en la sentencia, no verificándose en el caso una critica al fallo ni la demostración de la causal alegada.

Por todo lo expuesto es que propugno declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 1221/1242 por las causales de violación de la ley o doctrina legal por arbitrariedad (arts. 288 inc. e), contra la sentencia definitiva Nº 37/05 de fs. 1137, concordando en todo lo demás con mis colegas preopinantes.

Por ello, con la disidencia parcial de la Sra. Juez de Cámara, Dra. Graciela Mercedes García Blanco la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia,	R E S U E L V E:

1º).- Declarar la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la actora a fs 1221, contra la sentencia de fs. 1137. Téngase por constituido domicilio ante el Superior Tribunal de Justicia.

2º).- Declarar procedente el recurso de casación de fs 1221,por la causal de violación a la ley o doctrina legal por arbitrariedad, contra la sentencia definitiva n° 37/2005 de fs. 1137.

3º).- Declarar improcedente el recurso de casación interpuesto por la actora de fs. 1221, contra la sentencia de fs. 1137, por la causal prevista en el art. 288 inc. b) del CPr.

4º).- Declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la codemandada a fs 1160, en virtud de lo dispuesto por el art. 290 CPr. Téngase presente el domicilio constituido ante el Superior Tribunal de Justicia.

5º).- Téngase presente la reserva del caso federal efectuada por la actora a fs. 1242.

6º).- Elévense las actuaciones al Excmo. Superior Tribunal de Justicia. Constituya la demandada domicilio ante el Superior en el término de dos (2) días de notificada la presente.

7°).- Regístrese y notifíquese. Fdo: Silvia N. Alonso de Ariet -Presidente-; Fernando Nahuelanca -Juez de Cámara-; Graciela Mercedes García Blanco -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 129 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS