Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-22


Expte. nº 3564/04 "American Data SA c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica) s/ conflicto de competencia"	Buenos Aires, 22 de diciembre de 2004	Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Llegan estos autos a decisión del Tribunal ante la contienda negativa de competencia trabada entre los titulares del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 6 y del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 10, quienes se declararon sucesivamente incompetentes para conocer en la acción iniciada por American Data SA contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2. El Fiscal General Adjunto, en su dictamen, postula la competencia de la justicia Contenciosa Administrativa y Tributaria (fs. 54/6).

Fundamentos:

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. La sociedad accionante demanda al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para obtener la restitución de unas máquinas de juego que fueron decomisadas en un proceso contravencional en el que ella manifiesta no haber sido parte; o para que se condene a la Ciudad a abonarle una indemnización sustitutiva que incluya daño material, moral y costas.

El art. 2°, CCAyT, exige para que se presente una causa contencioso administrativa que una autoridad administrativa sea parte; a su vez, el art. 1° de ese código define como tal autoridad a "los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de la función administrativa". Es claro que esa situación no se presenta en el caso, pues el reclamo contra el Estado tiene por causa la actuación de un órgano judicial en ejercicio de su función jurisdiccional. Esta situación fue advertida por la actora al señalar "no hallo previsiones legales específicas en punto a la responsabilidad del mismo (del Estado local) por los actos de su Poder Judicial" (fs. 3 vuelta).

2. Sin embargo, el art. 48 de la ley n° 7, con un criterio subjetivo más amplio, establece que los juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario "entienden en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado." Además de esa norma, tres cuestiones me parecen relevantes para decidir mi voto:

a) que la actora se presente ante el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, b) que en su escrito inicial afirma que "el objeto del presente no es hacer la defensa frente al supuesto hecho contravencional" (fs. 3), sino responsabilizar al Gobierno local "por los actos de su Poder Judicial (aquí el contravencional)" al haber sido condenado "sin juicio previo ni defensa alguna" (fs. 3 vuelta), y que agregase "se trata del derecho de propiedad de mi mandante".

c) que la responsabilidad del Estado por la actuación del Poder Judicial sea uno de los capítulos de la ciencia del Derecho Administrativo, que encuentra en los jueces del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario magistrados formados en esa especialidad.

3. Por esas razones voto por atribuir el conocimiento del caso al juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 6.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Adhiero al voto del doctor Julio B. J. Maier.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto del Dr. Maier.

En esta causa, "American Data S.A." demanda al Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la restitución de las máquinas electrónicas de juegos de azar de resolución inmediata que le fueron decomisadas en las causas contravencionales que detalla en el punto II) (v. fs. 1 vta.) y, para el caso de que ello no sea posible, reclama el pago del valor de reposición de esos elementos, así como el daño moral sufrido. Argumenta que dicha persona jurídica fue alcanzada en esas causas contravencionales por la pena de decomiso, sin siquiera ser oída lo que le impidió demostrar que alquilaba esas máquinas a la firma "Hippo S.R.L".

Ahora bien, como lo pone de manifiesto con acierto el juez preopinante de acuerdo al art. 48 de la ley n° 7, es a la justicia de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario, a quien le corresponde intervenir en esta causa, por ser la Ciudad parte.

Por consiguiente, así voto.

El juez Luis F. Lozano dijo:

1. American Data S.A inició ante el fuero CAyT una demanda para obtener la restitución de máquinas tragamonedas que fueron decomisadas en un proceso contravencional o, para que se condenase a la Ciudad a abonarle una indemnización sustitutiva que incluyese la de los daños materiales, moral y costas.

El objeto del juicio, según lo enunció la parte actora es responsabilizar al Gobierno local para obtener una reparación pecuniaria. La competencia para intervenir en causas que involucran la responsabilidad del poder público corresponde al fuero contencioso administrativo y tributario.

2. Por lo demás, el pedido dirigido a lograr la restitución de máquinas decomisadas implica cuestionar un acto procesal dispuesto en una causa contravencional, y cualquiera sea el alcance que pudiera atribuirse a la resolución de fs. 36, es evidente que para modificar aquella decisión (comiso) es necesario ejercer idéntica competencia que la utilizada para disponerlo. No está sometido, en cambio a decisión de esta instancia, la disputa entre los titulares de los juzgados contravencionales 4 y 10, el último de los cuales, en definitiva, traba la contienda negativa con el fuero CAyT.

La naturaleza de las pretensiones no permite que ellas sean acumuladas por la parte. El juicio por responsabilidad del estado deberá tramitar en el fuero especializado en materia contencioso administrativa, mientras que la parte actora podrá ejercer, mediante remedios procesales aptos, los derechos vinculados con el decomiso ante el fuero contravencional.

Por las razones dadas y las de índole práctica fundadas en la forma del reclamo, coincido con la propuesta de mi colega el juez Maier de remitir estas actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Cont. Adm. y Tributario n° 6 a fin de que asuma su competencia en cuanto al reclamo pecuniario.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. En virtud de los términos de la demanda -en lo que se refiere a la naturaleza de la pretensión, sus fundamentos y la exposición de las circunstancias relevantes de la causa-, y sin que corresponda al Tribunal en esta etapa del proceso adentrarse en consideraciones elementales que hacen al fondo de la cuestión, se debe atribuir la competencia para conocer en el presente juicio al fuero contencioso administrativo y tributario, tal como lo propicia el señor juez de trámite, doctor Julio B.J. Maier.

2. Bien o mal, la actora ha elegido iniciar un juicio para responsabilizar al gobierno local por un acto de su Poder Judicial. Como condena ha solicitado una restitución de bienes o, en su defecto, una indemnización en dinero. La parte interesada se ha presentado ante el fuero competente para decidir si corresponde dictar una condena que haga responsable al Estado-Juez y lo afirma de manera expresa en su escrito de inicio: "No parece haber duda sobre la competencia de V.S. en esta demanda por tratarse de una dirigida al estado local; pero no hallo previsiones legales específicas en punto a la responsabilidad del mismo por los actos de su Poder Judicial..." (fs. 3 vuelta).

3. Si el juez contencioso administrativo y tributario considera que la acumulación de pretensiones en punto a la forma de efectivizar la condena es improcedente, o que, en definitiva, no están dadas las condiciones para hacer responsable al Estado, ello no debiera conducir a una declaración de incompetencia sino, eventualmente, a otro tipo de decisiones.

Así lo voto.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 6 para intervenir en el caso.

2. Mandar que se registre, se notifique al Sr. Fiscal General Adjunto, se ponga en conocimiento del titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 10 y se remita el proceso al juzgado declarado competente.