Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-26


--- En la ciudad de Trelew, a los 26 días de setiembre del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Sergio Rubén Lucero y Raúl Adrián Vergara, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "L., M. F. c/ S., D. R. y/u otros s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 20.577 - año: 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Es procedente la apelación de honorarios de fs. 638/641 vta.? y TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden a los sorteos practicados a fs.754 y 757. A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó: I.- En lo que aquí interesa, dada la extensión de los agravios que delimitan la competencia revisora de la alzada, la sentencia de primera instancia decidió: -- A) Rechazar la pretensión indemnizatoria de los daños sufridos en el accidente de tránsito que M. F. L. incoara contra R. A. A. , conductor de la motocicleta Kawasaki 650 dominio *** XXX en que aquélla viajaba como acompañante, por haberse concluido que respecto de éste operaba, con alcance de total, la eximente de culpa de un tercero por quien él no debía responder. B) Hacer lugar a la acumulada pretensión resarcitoria deducida contra D. R. S., quien fue encontrado único responsable del hecho en los términos del art. 1113, párr. 2do, parte 2da. Cód. Civ., como propietario del vehículo Renault Kangoo dominio XXX-***, cuyo riesgo de circulación potenció aún con su maniobra antirreglamentaria y peligrosa de girar en "L" hacia su izquierda en mitad de cuadra, buscando estacionar en 45° junto a la acera contraria a la mano por la que se desplazaba. Pese a ello, el fallo limitó el resarcimiento al pago del 20 % del monto en que tasara los daños, en razón de la concausalidad aportada a su producción por la víctima, que omitiera usar el casco protector reglamentario para viajar en motocicleta. C) Extender la condena a "S. C. S.. Mut. de Seg. Grales.", aseguradora del codemandado S., en la medida del seguro contratado, desestimando el acuerdo transaccional que aquélla invocara por no haber sido acreditada la desconocida autenticidad del documento que lo instrumentara. D) Tasar los daños padecidos del siguiente modo: 1) La incapacidad laboral del 35,33 % de la t.o., por aplicación de la fórmula de matemática financiera conocida como de M. y B. y atendiendo a un ingreso mensual promedio de $ 1.500 -obtenido por la víctima en actividades de modelaje, promociones y "castings"-, así como a una expectativa el día del hecho de cuarenta y uno años de vida laboral útil hasta alcanzar la edad jubilatoria, en $ 105.594,44. --- - 2) La pérdida de la chance de dedicarse profesionalmente a la actividad del modelaje, en $ 8.000. 3) El daño psicológico, a título de perjuicio patrimonial generado por el costeo de un tratamiento de psicoterapia, en $ 2.000. 4) Los gastos médicos, farmacéuticos y de traslados , en $ 2.500. 5) El daño moral en $ 15.000. E) Imponer las costas generadas por el trámite de la pretensión deducida contra el codemandado A. a la actora, vencida en ese aspecto, y distribuir las originadas por la sustanciación de la pretensión incoada contra el codemandado S. cargándolas a éste y su aseguradora en un 20 % y a la actora en un 80 %, dado que de esa entidad fue el aporte concausal de ella a la producción de los daños. II.- Apelado tal decisorio por la actora, para fundar su recurso ella expuso, en apretada síntesis, los siguientes agravios: - A) No correspondía eximir integralmente de responsabilidad al codemandado A. , pues él con su conducta culposa también aportó causa adecuada a la producción del accidente, pues circulaba con su motocicleta a la excesiva velocidad de 44 km./h., en lugar de frenar invadió por doce metros el carril de tránsito contrario al que le correspondía según el sentido de su desplazamiento y fue el embestidor del otro vehículo. Añadió que la maniobra del codemandado S. fue previsible, porque lamentablemente es habitual, y evitable mediante el frenado de la máquina. B) Tampoco debió computarse como aporte causal de la víctima a la producción de los menoscabos la falta de utilización por ella del casco, pues, como la propia sentenciante de origen apuntara, no se aportó prueba directa de que el uso de tal elemento de protección hubiera evitado el traumatismo. Afirmó que la falta de la víctima debe ser computada en el momento en que se produce el hecho generador del daño y, en todo caso, los demandados que invocaran la agravación de los perjuicios por el no uso del casco tenían la carga de acreditar la relación de causalidad entre esa circunstancia y la gravedad de las lesiones mediante pruebas idóneas, no sustituible por presunción o estimación alguna. C) La indemnización por incapacidad sobreviniente ha sido mal estimada en punto a la dimensión del daño y erróneamente tasada al partir el cálculo de un ingreso exiguo. Lo primero porque no cabía limitarla, en cuanto a su extensión temporal, a una expectativa de vida laboral de la actora hasta los sesenta y dos años, en tanto lo reclamado en la demanda fue la reparación plena de dicho menoscabo, comprensivo de la afectación de la personalidad de la víctima íntegramente considerara, no sólo en lo laboral sino igualmente en su vida de relación, de manera que hubo de atenderse a la expectativa de supervivencia de ella, es decir hasta los setenta y cinco años de edad. Tampoco fue acertado ceñir el resarcimiento a un grado de incapacidad del 35,33 % de la total, visto que esa cuota corresponde solamente a la disminución física, a la que debía sumarse la minoración psicológica del 20 % de la total obrera. -	Lo segundo, porque el ingreso mensual de la actora al que se atendió es bajo. No tuvo en cuenta la juzgadora la paridad cambiaria vigente a la fecha del suceso, de acuerdo a la cual las entradas de la víctima, oscilantes entre $ 1.500 o $ 2.000 por mes, significaban entre U$S 1.500 y U$S 2.000. Agregó la recurrente que también fue incorrecto atenerse al ingreso obtenido en la etapa inicial de las labores de la damnificada, a sus veinte años de edad, sino que hubieron de ser apreciadas futuras mejoras, en un promedio abarcador de años de vida laboral plena. --- D) Tras poner de resalto que en su demanda agrupó en uno solo sus reclamos de incapacidad sobreviniente y pérdida de chances laborales de desempeñarse como modelo, por considerar que era esa la forma más adecuada de formular su planteo ante su corta edad al recibir el daño, la apelante destacó que el demandado S. y su aseguradora reconocieron, al ponerle la pos. 16ta. de fs. 453 y en los términos del art. 411 C.P.C.C., que ella era modelo profesional. Aseveró a continuación que la frustración ya se consumó, pues como indicaran los testigos no pudo desde el hecho desempeñarse en tal actividad del modelaje, de manera que los $ 1.500 o $ 2.000 mensuales que percibía por aquella época se redujeron a los $ 600 que hoy recibe como recepcionista-telefonista de una empresa pesquera. Ante tal cuadro, los $ 8.000 fijados por la juzgadora de la otra instancia no son suficientes para compensar la pérdida de chances durante los 55 años que al instante del accidente tenía como expectativa de vida. - E) Los $ 15.000 fijados para indemnizar el daño moral resultan suma harto exigua a ese fin, puesto que al establecerlos no se valoraron adecuadamente los padeceres que la victima atravesó -dolores, traslados en ambulancia, derivación en avión a un centro de alta complejidad, dos difíciles intervenciones quirúrgicas, controles médicos-, ni la secuela de cicatrices en el rostro, ni el grado de incapacidad física sobreviniente, ni los componentes de su daño psicológico que han alterado su personalidad limitando su capacidad para el goce social. F) Medió también error de la "a quo" al imponerle a la actora las costas motivadas por la pretensión rechazada contra el codemandado A. y distribuir como lo hizo las originadas por el trámite de la pretensión dirigida contra el litisconsorte pasivo S. y su aseguradora. Tras reseñar precedentes jurisprudenciales relativos al carácter constitucional del derecho al resarcimiento de daños y a que las costas forman parte de la reparación, la recurrente expuso que como el tercero víctima de un accidente de tránsito puede dirigir sus acciones contra todos los conductores protagonistas, sin investigar la responsabilidad de unos u otros, el damnificado no debe soportar las consecuencias del rechazo de la demanda respecto de alguno, eximido al concluirse la íntegra responsabilidad de otro u otros, de modo que las costas allí causadas ha de soportarlas quien debe indemnizar el daño. --- La apelante se explayó asimismo sobre su supuesta calidad de parcial vencida por haber prosperado la pretensión contra S. por importes menores a los reclamados, señalando que las sumas consignadas en la demanda fueron meras estimaciones, sujetas a lo que en más o en menos surgiera de la prueba a rendirse y a la apreciación judicial, lo que no autoriza a practicar la distribución proporcional de las costas. --- III.- Los reseñados agravios de la actora encontraron la réplica del codemandado S. y su aseguradora a fs. 712/715. IV.- Por su lado, también recurrieron en apelación los dos últimos nombrados, quienes expresaron sus agravios a fs. 706/709. Allí, en compendio, expusieron: --- A) Sin perjuicio de replantear la prueba pericial caligráfica en relación al instrumento de fs. 125, éste fue reconocido por la actora a fs. 136 vta., de manera que el documento ha sido idóneo para acreditar el acuerdo transaccional invocado. B) El codemandado A. no debió ser eximido de responsabilidad, pues se desplazaba en su motocicleta a velocidad excesiva, circunstancia esta que le privó del dominio sobre la máquina impidiéndole evitar la colisión mediante su frenado. Añadieron que el motociclista intentó sobrepasar al Renault Kangoo avanzando por el carril de la mano contraria a la de su circulación, espacio donde acaeció el choque, lo que demuestra que la maniobra de giro del utilitario ya había concluido. Por lo demás, señalaron, para liberar de responsabilidad al dueño o guardián es menester que el hecho culposo del tercero presente las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito. C) Ha sido arbitrario liquidar la indemnización por incapacidad laboral basándose en un ingreso mensual de la víctima de $ 1.500 mensuales en el año 2000, ya que, a tenor de la cotización actual de la moneda extranjera, esa suma equivaldría hoy a $ 4.500, monto superior a los salarios de las actividades similares a las efectivamente desarrolladas por la actora. --- D) El rubro "pérdida de chance - daños futuros" debe ser eliminado de la condena, porque no probó la demandante haberse desempeñado en tareas de modelaje y, además, la pericia médica vino a demostrar que no la afecta incapacidad para realizarlas. - -	E) A la luz de las reducciones antes peticionadas, el monto reconocido como resarcimiento del daño moral debe ser también disminuido. F) Puesto que para calcular la indemnización de la incapacidad sobreviniente fue empleada una fórmula matemática que contiene un coeficiente de interés, la sentencia no debió imponer intereses desde el día del evento pues ello duplica dichos accesorios, los que en todo caso han de correr sólo desde que el fallo quede firme. --- V.- Acogido favorablemente el replanteo de la prueba pericial caligráfica y ordenada la producción de ésta (fs. 711/vta.), finalmente se tuvo al codemandado S. y a su aseguradora por desistidos de esa probanza ante la falta de depósito por ellos del anticipo de gastos requerido por la perito designada (fs. 749). - VI.- Por elementales razones de método, trataré conjuntamente los agravios de ambas apelantes cuando ellos estén referidos a idénticos puntos del decisorio. -- VII.- Pese al esfuerzo argumental desplegado por los recurrentes por demostrar lo contrario, considero que el codemandado A. ha sido correctamente exonerado de toda responsabilidad, pues no fue su actuar el que dio causa adecuada al hecho dañoso. --- Ningún exceso de velocidad puede atribuírsele si circulaba a 44 km./h., pues tal ritmo de marcha se hallaba bien por debajo del límite máximo de 60 km./h. fijado para las avenidas por el art. 51, inc. "a", apdo. 2 de la ley 24.449 (a la que adhiriera la Municipalidad de Pto. Madryn mediante su ord. 1.177/95). Por cierto que lo adecuado o inadecuado de una velocidad dada no se determina por el número de kilómetros-hora a que se avanza, sino atendiendo a su compatibilidad con los avatares del tránsito (este cuerpo, c. 21.120 S.D.C. 56/06, entre otras), pero que a 44 km./h. un conductor intente superar por la izquierda a un vehículo que lo precede marchando a velocidad muy inferior no puede catalogarse como maniobra imprudente. Enfáticamente ha destacado el perito accidentólogo que en el caso "está claro que la causa determinante del siniestro no son las velocidades de los rodados involucrados" (fs. 478). En la especie la causa adecuada de los daños fue el brusco giro a la izquierda, a mitad de cuadra, del conductor del Renault Kangoo, quien intentó estacionar en 45° junto a la acera de enfrente a la mano por la que transitaba, quebrantando así diáfanamente la regla del art. 48 inc. "d" de la antes citada ley 24.449. -- Párrafo aparte merece le sea dedicado al argumento de los apelantes sobre la ausencia de una frenada eficiente por parte de A. . Bien indicó el perito dictaminante que circulando a 44 km./h. la motocicleta recorrió 12 metros en un segundo, precisamente el segundo que abarca habitualmente el tiempo de reacción del conductor desde que percibe la situación de peligro, de donde se sigue que quien la guiaba no contó con tiempo suficiente para frenar y apenas pudo hacerlo a lo largo de los setenta centímetros de la huella que los neumáticos de su rodado dejaran (fs. 477, 479). -	Tocante a la invasión por A. de la mano contraria, basta analizar el ilustrativo gráfico que el perito accidentólogo agregara (fs. 486) para advertir que el motociclista, hasta unos diez metros antes del lugar de la colisión, circulaba por su mano. Si luego invadió la otra fue al notar que el Renault modificaba su linea de avance paralela a la suya y se erigía en un muy próximo obstáculo para su propia marcha; ante ello, el clásico "volantazo" procurando alejarse del peligro es maniobra instintiva. De no haber actuado así A. , de haber mantenido impertérrito su dirección primitiva, la colisión hubiera ocurrido antes, pues su máquina habría recorrido una distancia menor hasta alcanzar un punto de colisión -en lugar de sobre la hipotenusa, hubiera avanzado sobre el cateto mayor del triángulo imaginario formado por la prolongación hipotética de la dirección original, la trayectoria real de la moto Kawasaki y la descripta por el otro vehículo-, con lo cual no habría tenido siquiera la posibilidad de atenuar la velocidad en algo, así fuera con la pequeña frenada de 70 cm. - A propósito de la calidad de embestidor, a base de la cual también los recurrentes endilgan culpa en el hecho al codemandado A. , basta con señalar que la culpabilidad del embistiente no configura un axioma indestructible, sino únicamente una presunción "iuris tantum", que queda desvirtuada cuando se acredita que el embestido, mediante maniobra antirreglamentaria -como aquí lo fue el inopinado giro a la izquierda-, interfirió indebidamente la línea de avance del otro conductor y provocó con ello el acometimiento (confr.: C.N. Civ., sala "M", J.A. 1994-II-389; C.N.. Esp. Civ. y Com., sala V, L.L. 1988-D-519, sum. 37.997-S; esta alzada, c. 12.145 S.D.C. 10/97, c. 17.780 S.D.C. 21/02, entre otras). - Es verdad que la circulación del motociclista a la izquierda y detrás del Renault y su intento de sobrepasar a éste fueron condiciones necesarias para la producción de las consecuencias perjudiciales, pero no es menos exacto que en la teoría de la causalidad adecuada a la que nuestro codificador civil adscribiera no todas las condiciones "sine qua non" del daño son equivalentes y únicamente a aquella que típicamente origina esa consecuencia cabe considerarla causa; causa adecuada de un cierto resultado es el antecedente que lo produce normalmente, según el curso natural y ordinario de las cosas (art. 901 Cód. Civ.; mis votos en c. 15.968 S.D.C. 30/01 y c. 20.449 S.D.C. 58/05, c. 20.620 S.D.C. 10/06 de este tribunal). Lo que en una prognosis póstuma ha de verificarse entonces es si el factor considerado puede ser retenido en la mente como elemento dotado de virtualidad suficiente para producir el efecto sobrevenido (confr.: S.C.B.A., D.J.B.A. 158-100). - -	- Y aquí el factor que la mente retiene al examinar retrospectivamente el suceso es el hecho del codemandado S. , quien con su automotor sesgó abruptamente su linea de avance levantando valla inesperada e insalvable al desplazamiento de la motocicleta. En cuanto a que el nombrado S. avisara con antelación su intención de girar haciendo funcionar la luz respectiva, diré que la circunstancia que el guiño izquierdo de su camioneta estuviera funcionando al arribar al lugar la autoridad policial no demuestra que se lo conectara con antelación suficiente, pues los testigos declarantes a fs. 53 y 54 de la causa penal agregada por cuerda niegan que se lo haya hecho funcionar y tampoco lo refirió el testigo deponente a fs. 100 del mismo expediente, pese a la detallada percepción que del hecho tuviera y narrara al atestiguar. Ahora bien, como es sabido, para lograr la exoneración total de responsabilidad es menester que el hecho del tercero haya presentado las características propias del caso fortuito (confr.: C.S.N., Fallos 310:2103 y L.L. 1993-E-470; K. de Carlucci, en Belluscio y otros, "Código Civil...", Astrea 1984, To. V, pág.-393, "e"; este cuerpo, c. 18.333 S.D.C. 7/03, c. 18.380 S.D.C. 11/03, c. 18.524 S.D.C. 15/03). Es que cada uno de los presupuestos de la responsabilidad civil tiene un lado negativo u obstativo y el "casus" es precisamente el flanco impeditivo de la relación de causalidad (confr.: Vázquez Ferreyra, "El caso fortuito o fuerza mayor y la relación de causalidad", en Revista de Derecho de Daños, n° 2003 - 2, Rubinzal - Culzoni 2003, págs. 367/368). - Considero que en la especie el hecho de S. reunió para A. esas características, porque fue imprevisible, inevitable y ajeno al riesgo propio de la cosa (art. 514 cód. cit., su doc.). Fue imprevisible porque constituyó un hecho que un hombre de mediana prudencia no tenía porqué suponer que ocurriría. La norma del art. 514 Cód. Civ., así como la también implicada de su igual n° 904, no consagran un deber ilimitado de prever, sino un criterio de previsibilidad en abstracto, tomando como parámetro la conducta de un hombre medio (confr.: Cazeaux - Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", 2da. ed., I-506, "a"; Goldenberg, "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Astrea 1984, pág. 85). Apuntaba el recordado maestro Busso que, como "todo es posible en este mundo", lo que el individuo está obligado a prevenir es lo razonable, añadiendo que un acontecimiento reviste el carácter de imprevisible cuando no hay ninguna razón especial para pensar que él se producirá, sin que la simple vaga posibilidad sea suficiente para excluir la imprevisibilidad ("Código Civil Anotado", EDIAR 1958, III-311, n° 74). Y en verdad no había razón para pensar que alguien, a mitad de la cuadra, giraría su móvil a la izquierda para cruzarse de mano y estacionar frente a la acera opuesta; así lo señaló también el perito accidentólogo a fs. 482, párr. 2°, últ. parte. En suma, si bien es dable reclamar a los conductores de automotores previsión y máxima prudencia, no puede exigírseles que prevean contingencias que van más allá de lo que normalmente ocurre y, en todo caso, si mediara alguna mínima culpa de uno de ellos, la misma quedaría absorbida por la gravedad mucho mayor de la falta del otro (confr.: Cám. Apel. C. y C. Paraná, sala 2da., cit. en Revista de Derecho de Daños, n° 2006 - 1, Rubinzal - Culzoni 2006, pág. 515; Cám. Apel. C. y C. Azul, L.L.B.A. 1996-791). Atinente a la inevitabilidad de la colisión para A. , el mismo dictamen pericial que acabo de citar lo demuestra: aquél no tuvo tiempo material para frenar ante la brusca maniobra del vehículo utilitario (fs. 479, párr. 1°). - A la par, el hecho fue extraño a la cosa riesgosa motocicleta , porque operó desde lo externo de ella, de modo anormal y extraordinario (confr.: G., "Derecho de daños en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires", R. - Culzoni 1999, pág. 85 y su cita jurisprudencial). --- -	- Tales son las razones que me llevan a concluir que en la especie la eximente de responsabilidad indicada debe funcionar con el alcance de total, pues el hecho del codemandado S. , revestido de las calidades del "casus", interrumpió -cortó íntegramente- el nexo causal entre el riesgo generado por la circulación de la motocicleta propiedad del codemandado A. y los daños. Cierto es que el moderno derecho de daños pone el centro de su mira en la víctima y no en el victimario y que su preocupación central es determinar los perjuicios sufridos y la mejor manera de repararlos, mas no debe perderse de vista que la legítima aspiración de proteger a la víctima no puede llevarse al extremo de condenar al resarcimiento del daño a quien fue ajeno a su generación (confr.: Castro Durán, "El hecho o 'culpa' de la víctima como eximente...", Revista de Derecho de Daños, n° 2006 - 2, Rubinzal - Culzoni 2006, pág. 2009). Este aspecto del fallo en crisis merece conformación. --- VIII.- Sin cuestionar ya a esta altura la circunstancia de que no usaba casco protector en ocasión de viajar como acompañante en la motocicleta, la actora embatió contra la decisión de limitar el resarcimiento al 20 % de los daños tasados, en función de ese aporte causal suyo. La recurrente trajo el ataque desde dos ángulos: de un lado, aseveró que la falta de la víctima debe ser computada en el momento en que se produce el hecho generador del daño; por el otro, sostuvo que sobre los demandados pesaba la carga de acreditar el nexo causal entre la omisión de uso del casco y la gravedad de las lesiones mediante pruebas idóneas, no sustituible por presunción alguna. No lleva razón la apelante en ninguna de esas dos afirmaciones. Me explicaré. - 1) Con precisión y acertada cita jurisprudencial (S.C.B.A., L.L.B.A. 2000-452) indicó la sentenciante de origen que tal infracción a una norma de tránsito -la del art. 40 inc. "j" de la ley 24.449- carece de repercusión directa en la causación del hecho, pero puede incidir sobre la magnitud de las lesiones; de allí la reducción del resarcimiento a la víctima que contribuyó con su conducta a la mayor dimensión de sus heridas y ello no es sino aplicación de la doctrina que informa a los arts. 903 y 1111 Cód. Civ. --- Lo que en este asunto subyace es una cuestión de causalidad, en sentido lato. Mas corresponde tener presente que dentro de la fenomenología de la causalidad son conocidos los conjuntos y las series de fenómenos, que dan lugar a las denominadas cocausalidad y concausalidad. Ambas las dos vinculan un resultado dañoso a la incidencia concurrente de una pluralidad de causas, mas ellas actúan en planos diversos. -- --- En la cocausación se da una actuación conjunta de una pluralidad de agentes causales en la producción un solo hecho (v. gr., dos o más personas, con sus acciones han provocado un daño). Este es precisamente el campo donde operan la eximente parcial de "culpa" de un tercero, que determinan la limitación de la responsabilidad del demandado en función del aporte causal del otro sujeto. En la concausación se da la interferencia de otro hecho en el curso causal desencadenado por la acción de aquel a quien se atribuye el daño. Aquí no hay distintos agentes causales concurriendo a la generación de un único hecho, sino pluralidad de hechos causales. En este ámbito actúa la disminución del resarcimiento, no porque el hecho de la víctima haya tenido repercusión directa en la causación del evento dañoso, sino porque la tuvo indirecta en la magnitud de las lesiones. Y hete aquí que la concausa, así como puede ser concomitante o sobreviniente al evento perjudicial, también puede ser preexistente a él, de donde se sigue que la falta de la víctima no necesariamente ha de computarse en el mismo momento en que se produce el hecho generador del daño, sino que también es lícito su cómputo cuando ella quedó configurada por un acto u omisión anterior (confr.: Zannoni, "Cocausación de daños", Rev. de Der. de Ds., 2003 - 2, Rubinzal - Culzoni 2003, págs. 7/9; Goldenberg, "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Astrea 1984, págs. 141/187). Tal el caso de la omisión de utilizar el casco reglamentario por parte de un motociclista. El hecho de no colocarse ese elemento de seguridad fue anterior al accidente, pero interfirió en el curso causal desatado por éste que produjera los daños, de forma que cabe atender a ese error de conducta a la hora de estimar la dimensión de los daños y tasar la reparación. - 2) No fue desatinada la conclusión de la juzgadora de la otra instancia en torno a la existencia de nexo causal entre el no uso del casco de marras y la extensión de las lesiones en la cabeza de la víctima. - Demostrar la relación de causalidad en muchas oportunidades es harto difícil y para establecerla, a falta de probanzas directas -siempre deseables pero en ocasiones ausentes o escasas- hemos de acudir a las presunciones, fundadas ellas en los indicios que el proceso ofrezca y en el conocimiento de lo que suele suceder "según el curso natural y ordinario de las cosas" (art. 901 Cód. Civ.). Por lo demás, ellas -las presunciones- son en nuestro derecho tan argumento de prueba como los suministrados por los restantes medios probatorios reglados por la ley procesal (art. 163 inc. 5 párr. 2° C.P.C.C.; confr.: C.N. Fed., sala I Civ. y Com., J.A. 1980-I-670; este tribunal, c. 19.014 S.D.C. 2/04, c. 20.449 S.D.C. 58/05, c. 21.503 S.D.C. 54/06, entre muchas otros). - - Cobra así importancia la llamada prueba "prima facie" o de primera impresión, esto es que acreditada una cierta situación de hecho cabe considerar que ella ha producido cierto resultado si, según la experiencia, éste responde a un curso causal típico y determinado, concepto que enmarca en el capítulo de la apreciación de la prueba -no en el de la carga de producirla- y que sólo significa una facilitación de ella (confr.: Santos Briz, "La responsabilidad civil", Montecorvo 1977, pág. 743). No siempre es imprescindible la prueba directa de la relación causal, pues en una prognosis póstuma, en un juicio lógico a la lumbre de las reglas de la experiencia, aquélla puede en ocasiones establecerse con altísimo grado de probabilidad o cuasi certeza. No es fortuito que en el art. 1620 del Proyecto de Código Civil de 1998 -sin valor normativo, pero que tiene interés como fórmula de análisis dogmático-, tras dejarse sentado que, como regla, la carga de probar la relación causal corresponde a quien la alega, se exceptuaran de tal principio aquellos supuestos en que "conforme las reglas de la experiencia, su existencia sea presumible". Tal modo de juzgamiento, a partir de indicios y según la experiencia de vida, hunde profundas raíces en la historia del pensamiento, pues el propio Aristóteles, en formulación sintética, señaló que el juez "no debe juzgar únicamente sobre la base de lo necesario, sino también de acuerdo con lo verosímil", es decir "aquello que más frecuentemente ocurre de una determinada manera" ("El arte de la retórica", trad. de E. Ignacio Granero, EUDEBA 1978, Lib. 2, Cap. 25, págs. 311/312). -- En la ya aludida prognosis póstuma de los sucesos de autos, acudiendo al ineludible método de la supresión mental de factores, considero que a la producción de las consecuencias dañosas concurrió la omisión de usar casco protector por parte de la víctima, que vino a agravar las consecuencias perjudiciales. --- En efecto, ese elemento distribuye sobre toda la cabeza la energía de los impactos y aunque su uso no habría evitado el golpe de la testa de la damnificada contra la carrocería del Renault ni la caída de la motocicleta, verosímilmente habría amortiguado el traumatismo de cráneo y con ello disminuido sus lógicas secuelas. -- -- No obstante, entiendo que la sentenciante de origen exageró la incidencia de esta concausa en la dimensión de las lesiones. Nótese que ellas se ubicaron en la región parieto-occipital derecha (zona cubierta sí por el caso), pero también se localizaron en torno al macizo facial, ocular y malar del mismo lado (fs. 843), área que muchos modelos de casco protegen más ligeramente. Fue sobre las primeras que la falta de casco incidió en mayor medida, pero la influencia de la omisión fue verosímilmente menor sobre las segundas y únicamente en parte la utilización de la protección las habría impedido y disminuido. Entiendo por ello que la reducción de las indemnizaciones no debe pasar del 30 %. - IX.- Desistidos el codemandado S. y su aseguradora de la prueba pericial caligráfica que ante la alzada replantearan (fs. 749), la autenticidad del instrumento de fs. 125 quedó finalmente sin comprobar y con ello también la existencia del acuerdo transaccional que dichos litigantes invocaran. Es que inhacedero resulta apreciar la idoneidad probatoria de tal documento, en tanto, como es bien sabido y hemos señalado reiteradamente, sólo cabe juzgar la atendibilidad o poder convictivo de un documento cuando previamente se haya establecido su carácter de auténtico (arts. 1026, 1033 Cód. Civ.; esta sala, c. 18.789 S.D.C. 35/03, c. 19.512 S.D.C. 22/04, c. 20.376 S.D.C. 42/05). --- Y no sostengan esos litisconsortes pasivos que el documento en cuestión fue reconocido por la actora con las expresiones que estampara a fs. 136 vta. Aunque allí haya aludido a que "lograron hacerme firmar un papel", los escritos judiciales no han de interpretarse por una expresión aislada, sino por el sentido que les corresponde conforme a su contexto general (doc. y arg. arts. 218 inc. 2° Cód. de Com. y 16 Cód. Civ.). No puede perderse así de vista que la demandante desconoció previamente en modo concreto y rotundo en su contenido y firma la documental, que tacho de falsa, así como haber celebrado el negocio jurídico alegado por sus adversarios (fs. 135 vta. "in fine" / 136), agregando más abajo que ignoraba cómo la aseguradora logró esa documental, si falsificando la firma y escritura o actuando solapadamente cuando ella se hallaba sin discernimiento (fs. 136 vta., párr. 2°). Claro resulta que la actora opuso como primera defensa ante la pretendida eficacia del instrumento mentado la falsedad del mismo y solo subsidiariamente, cumpliendo con el principio procesal de eventualidad, la nulidad del supuesto acuerdo por vicio de la voluntad, para precaverse de la contingencia de que llegara a fracasar su defensa primaria de la falsedad. En tal contexto no puede interpretarse una porción de la segunda defensa de la actora como reconocimiento de la autenticidad del instrumento y una suerte de desistimiento de su liminar oposición al mismo. --- --- X.- Los apelantes S. y S. C. Soc. Mut. de Seg. Grales. han peticionado que el rubro "pérdida de chance - daños futuros" sea eliminado de la condena, en razón de que en autos no fue demostrado que la actora se dedicara al modelaje ni que el accidente frustrara su plan de consagrarse profesionalmente en lo futuro a esa actividad. No pueden sostener con verdad esa circunstancia, toda vez que al ponerle a la demandante la 16ta. pos. del pliego de fs. 453 ellos mismos reconocieron, de acuerdo al art. 411 C.P.C.C., que se ocupaba de esas labores y tuvo incluso, tras el hecho, que resolver algún contrato de modelaje que la vinculaba con una empresa. Además, tal reconocimiento ha resultado adunado por la declaración testifical de A. C. D. , quien confirmó que la víctima era modelo, trabajaba en promociones tanto en Buenos Aires como en Puerto Madryn y que se vio impedida de volver a hacerlo luego del evento (fs. 461, resps. a las pregs. 8va. a 10ma.), y por el informe emitido por "Dotto Models School", que dejó constancia de que la damnificada completó su formación de modelo en esa institución en julio de 1999 y que a partir de allí participó en diferentes "castings" y desfiles (fs. 315, acompañada de diploma y fotografías de fs. 313/314, reconocidos todos a fs. 316). Acerca de la incapacidad sobreviniente para las mencionadas tareas, bien hizo la "a quo" en separarse del dictamen pericial médico, que indicara la inexistencia de alteraciones estéticas significativas en el rostro que lo perturben gestualmente para el ejercicio del modelaje (fs. 544, pto. 4°). Puesto que la eficacia probatoria del dictamen pericial debe estimarse atendiendo, entre otras pautas, a su concordancia con la reglas de la sana crítica y a los demás elementos de convicción que la causa ofrezca (art. 477 C.P.C.C.), no es lícito en esta especie perder de vista que las máximas de la experiencia -integrantes del concepto de la sana crítica (doc. del art. 386 ídem)- indican que en el especial ámbito laboral de las modelos las exigencias estéticas suelen ser muy altas y el menor defecto da lugar a la exclusión de las postulantes, de manera que las cuatro cicatrices en el rostro, así sean ellas de menor entidad, que el mismo perito médico informara a fs. 543 han podido vallar la actividad para la demandante y en efecto le impidieron su desempeño cual lo demuestra la recordada testificación de A. C. D. y el propio reconocimiento de la frustración de contratos de la especialidad formulado por el codemandado S. y su aseguradora al poner la también ya referida pos. 16ta. de fs. 453. --- Concuerdo sin embargo con estos últimos recurrentes en que el rubro "pérdida de chance - daño futuro" debe ser detraído de la condena, mas ello por fundamentos distintos a los ellos expusieran, como es facultad de la alzada realizar en tanto entra en los poderes del tribunal "ad quem" el modificar un fallo de la anterior instancia por razones diferentes a las apuntadas por el apelante, pues si bien aquél debe ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos le asisten facultades idénticas a las del órgano "a quo", siéndole dado utilizar fundamentos distintos a los invocados por las partes y por el juez de la anterior instancia (confr.: C.S.N., L. L. 149-411; este cuerpo, c. 16.462 S.D.L. 62/00, c. 20.939 S.D.C. 9/06, c. 21.470 S.D.C. 53/06, entre otras y sus citas). Los fundamentos que hallo para la supresión de este rubro indemnizatorio son dos. --- --- De un lado, si para estimar la incapacidad sobreviniente la sentenciante de origen atendió a que las secuelas del evento resintieron la actividad de la actora de realizar desfiles, promociones y castings (fs. 626 vta., párr. 3°) y luego, a fin de concluir la pérdida de chances, tuvo en cuenta la imposibilidad de que la víctima se dedicara en lo futuro al modelaje (fs.627, párr. 3°), es evidente que las indemnizaciones separadas de esos dos rubros se superponen y con ambas se estaría resarciendo doblemente un único daño, con el consiguiente enriquecimiento incausado de la demandante. De otra parte, si como sostuvo la actora en su pieza de agravios la frustración de la actividad laboral en cuestión ya ha sido consumada -la resolución de contratos de modelaje reconocida por el codemandado y su aseguradora lo demuestra-, no estamos entonces ante la pérdida de chances, sino ante un daño futuro pero ya cierto. - Considero entonces que dicha frustración de desempeños laborales debe ser reparadas a través de la indemnización de la incapacidad sobreviniente. - XI.- A propósito de la extensión del daño incapacidad sobreviniente se agravió la actora en primer término, lo he expresado ya, de que sólo se atendiera al influjo de tal minusvalía en el esfera laboral, cuando correspondía tener en cuenta también el menoscabo a su vida de relación, lo que repercutió en el lapso a considerar para cuantificar la indemnización. Cierto es que en numerosos fallos, cuya doctrina comparto, se ha declarado que para graduar en sede civil la indemnización de la pérdida de capacidad no cabe enfocar únicamente el desempeño laboral del damnificado, pues el menoscabo a la personalidad de la víctima, íntegramente considerada, no se agota en ese exclusivo campo, resultando afectados también aspectos de la vida de relación de aquélla; esto es, que una indemnización determinada contemplando sólo la faz laborativa no resultaría integral, en tanto dejaría sin resarcir los perjuicios habidos en las demás actividades de la vida humana. Mas esa insuficiencia de la reparación, producto de tener en cuenta ese único aspecto de la afectación al derecho subjetivo a la integridad corporal, no se da en la especie -al margen por ahora los montos resarcitorios fijados que luego hemos de analizar-, porque la juzgadora de la anterior instancia separó la incidencia de las lesiones en el ámbito del trabajo del influjo que ellas tendrían en otra órbita, incluyendo el reclamo por esta última en el rubro daño moral (véase la referencia a la limitación de la capacidad de goce social hecha al tratar este último ítem a fs. 630). Así escindidas las partidas resarcitorias, el reclamo por la incapacidad sobreviniente ha quedado limitado a lo estrictamente laboral, sin riesgo alguno para la integridad de la indemnización. Correcto es que ante una acción civil no nos limitemos los magistrados a disponer el resarcimiento de las repercusiones exclusivamente laborales del ilícito, pero si las restantes que tal hecho pueda tener son tratadas por separado -y corresponde hacerlo así, porque los detrimentos de la personalidad que afecten el goce social, la vida de relación, no configuran mermas patrimoniales, sino extrapatrimoniales, sufrimientos del espíritu-, en la consideración de las primeras hemos de atenernos a la exacta incidencia que el siniestro ha tenido en la capacidad de trabajo de la víctima (este cuerpo, c. 11.514 S.D.C. 39/95, c. 21.500 S.D.C. 55/06). Por ende, el haber ceñido el cálculo del resarcimiento al lapso de expectativa de vida laboral de la víctima no fue desacertado. -- Sin embargo, es menester hacer una distinción en cuanto a la influencia de las secuelas en las dos distintas actividades laborales desplegadas por la actora. En efecto, ella se desempeñaba como empleada de industrias y comercios -en una tienda, declaró el testigo V. M. B. (fs. 459, resp. a la preg. 8va.); en una purificadora de agua y luego en una casa de herrajes, informó la misma demandante a la perito psicóloga (fs. 493)- y paralelamente realizaba la recordada actividad de modelaje. En punto a la primera, las lesiones y sus secuelas no le han producido incapacidad alguna. Al respecto, el perito médico atestó en su dictamen que si bien "se describen los estigmas secuelares y se evalúan las respectivas incapacidades conforme al baremo pertinente, la actora se desempeña actualmente en su actividad administrativa de manera adecuada sin haber expresado perturbaciones limitantes de la misma" (fs. 545, pto. 5). Descartable es asimismo la existencia de una mengua de capacidad de origen psicológico, toda vez que, ciñéndonos aquí a la esfera del trabajo -de lado por ahora la proyección en otros campos, a considerar después-, la perito de la especialidad concluyó en su dictamen que no se evidenciaba disminución o pérdida de capacidad psicológica que afectara el área laboral (fs. 491, párr. 4°). Para la segunda actividad si existe una incapacidad sobreviniente y ella es total, porque, vengo de señalarlo, la actora ha quedado impedida, y no sólo disminuida, de desempeñarse como modelo. El período a tener en cuenta es inferior al lapso que transcurriría hasta que la damnificada alcanzara la edad necesaria para acceder al beneficio jubilatorio ordinario, pues es hecho público y notorio -dato del que pueden los jueces hacer mérito aun sin una probanza directa y específica, porque entra en el conocimiento, en la información fácilmente asequible para todos los individuos de la comunidad a poco que se lo investigue (confr.: D. E., "Teoría general de la prueba judicial", 5ta. ed., I-229 y sus citas)- que las carreras profesionales de las modelos resultan relativamente breves, finalizando al dejar atrás la juventud para ingresar a la madurez. Ello se acentúa en nuestra región donde, por la todavía escasa ocupación que las modelos encuentran -no abundan en exceso los eventos que las empleen, tema sobre el que volveré luego-, frente a la demanda relativamente pequeña de ellas se levanta una oferta bastante mayor, siendo entonces predecible una fuerte competencia donde las jóvenes muchachas hallan más oportunidades que las mujeres adultas. Prudente parece limitar el tiempo de cálculo a 14 años, esto es hasta que la actora cumpliera los treinta y cinco años de edad. --- XII.- Ambos recurrentes han impugnado la estimación de los ingresos mensuales de la actora que la Señora Jueza de origen realizara para montar en ella el cálculo de la indemnización por la incapacidad laboral sobreviniente. - No encuentro atinadas las argumentaciones, de signo contrario, que los apelantes apoyaran en la comparación de las cotizaciones de la moneda extrajera vigentes al día del hecho y en la actualidad. Es de todos conocido que, tras la drástica devaluación del peso argentino en enero de 2002, la evolución de los niveles salariales en nuestro país no se acompasó a la de los tipos de cambio. No tiene caso pues, cual sugiere la actora a fs. 695, párr. 4°, establecer en pesos nacionales las entradas mensuales de la víctima a la data del siniestro y, considerando la relación $ 1 = U$S 1 entonces en vigor, convertir luego su importe según el tipo cambiario de $ 3 = U$S 1 que hoy rige, porque ningún habitante de nuestro suelo vio incrementados sus ingresos del año 2000 en semejante proporción. Por el mismo motivo tampoco es razonable afirmar, como lo hacen el codemandado S. y su aseguradora (fs. 708 vta., párr. 2°), que aquellos pretéritos $ 1.500 estimados por la sentenciante como salarios mensuales de la demandante a la época del accidente importan al presente $ 4.500. --- Por lo demás, el subexamen no versa sobre una operación cambiaria ni sobre el incumplimiento de un contrato en moneda extranjera, sino que trata de la indemnización de un daño producido por un cuasidelito, e indemnizar no significa realizar un restablecimiento histórico del equilibrio patrimonial roto, sino una reposición del mismo a valores actualizados. Una vez definida la extensión del daño -la "aestimatio" de Ascarelli-, su valuación -la "taxatio" del mismo autor italiano- ha de hacerse con relación al momento actual, es decir a la fecha del pronunciamiento judicial y no a la de la producción del perjuicio (confr.: Trigo Represas, "Obligaciones de dinero...", L.E.P. 1978, págs. 84 y sgts.; Llambías, su voto en C.N. Civ., sala "A", E.D. 13-806; este cuerpo, c. 18.396 S.D.C. 10/03, c. 20.001 S.D.C. 20/07). Consecuentemente, no interesa el poder adquisitivo que las entradas económicas de la víctima tenían en la fecha del ilícito, sino el que corresponde atribuir a los ingresos futuros que ella habría obtenido con la porción de capacidad de que fue privada. Es que "lo que debe contar -explicaba De Cupis- es el valor del dinero en el momento de la sentencia, que es el más próximo a aquel en que se realiza el resarcimiento" ("El daño", trad. M. S., B. 1975, pág. 380, n° 51). -- Creo acertada en cambio la crítica que la actora enderezara contra la apreciación de sus ingresos mensuales en la época del siniestro, sin atender a ulteriores progresos remunerativos. Al producirse el accidente la demandante contaba con 21 años de edad, es decir que estaba en la f. de su existencia. La lógica y la experiencia -integrantes, lo reitero, de las reglas de la sana crítica (doc. del art. 386 C.P.C.C.)- indican que el correr del tiempo, que trae consigo aparejados maduración de la personalidad y acopio de experiencia en cualquier profesión u oficio, conduce, según el curso natural y ordinario de la vida y de las cosas, a incrementos de las posibilidades económicas (esta alzada, c. 21.500 S.D.C. 55/06). - No es tarea fácil predecir esos futuros ingresos a partir de los muy escasos datos aportados a los autos en tal sentido y resulta menester entonces poner a contribución la "prudencia judicial" como conocimiento de la realidad y percepción de las circunstancias particulares del caso y generales del país o de la región (art. 165 C.P.C.C., su doc.; confr.: Iribarne, "La prueba en el juicio de daños a la persona", Rev. Der. de Daños cit., n°4, cap. III, págs. 68/74). En nuestra zona geográfica la actividad de los desfiles de modelos es todavía incipiente, presentando esos eventos frecuencia apenas mensual o, a lo sumo, quincenal, hecho público y notorio cognoscible para cualquier habitante con solo leer los periódicos en que, de común, se los anuncia. A tenor de esta probabilidad de ocupación y aun computando expectativas de progreso, me inclino por estimarlos en unos $ 2.000 mensuales. Para establecer el ingreso anual cabrá multiplicarlos por doce meses -sin computar entonces s.a.c., en tanto lo habitual para las modelos no es la relación de dependencia típica del derecho laboral, sino la contratación para cada evento-, arribando así a un monto de $ 24.000. Con los datos desarrollados de extensión temporal de la actividad malograda (14 años) y suma de los ingresos anuales frustrados ($ 24.000), es posible el recálculo de la indemnización aplicando la fórmula de matemática financiera elabora por M. y B. que la "a quo" empleara. Reemplazando por valores sus conocidos símbolos algebraicos tendremos: C= $ 24.000 . [1-1/(1+0,06)14] . 1/0,06= $ 223.080. - XIII.- Tocante a la suma fijada en el previo grado para resarcir el daño moral, escasa a criterio de la actora, recordaré, cual en muchos casos anteriores me vi en la necesidad de hacer, que, dada la naturaleza reparadora que el rubro tiene, el "quantum" de la indemnización debe estar referido a la magnitud del daño espiritual sufrido, correspondiendo entonces para fijarlo atender al tipo de interés lesionado, a las consecuencias que el ilícito acarreó y a la índole del hecho generador de la responsabilidad. Es en este último aspecto donde juega la relación entre la cuantía de la reparación y la gravedad del ilícito, porque para establecer el grado de los sufrimientos a compensar importa tener en cuenta la clase de acción ofensiva ejecutada, en tanto hiere más el ánimo del damnificado el ataque cuanto más próximo a la intencionalidad se presenta (este cuerpo, c. 12.859 S.D.C. 25/98, c. 18.956 S.D.C. 44/03, c. 20.171 S.D.C. 20/05, c. 20.412 S.D.C. 41/05, entre varias otras). Entiendo así que en el caso cabe tener en cuenta: A) A propósito del interés herido, que se trata de un derecho de la personalidad, en concreto el derecho a la integridad física y psíquica. - B) Respecto de las consecuencias del hecho, que él provocó a la actora las angustias, los padeceres físicos y las incomodidades propias de graves heridas y numerosas fracturas, cuya atención requirió de traslados en ambulancias, derivación vía aérea a un centro especializado en Buenos Aires y dos intervenciones quirúrgicas complejas con sus correspondientes períodos de internación hospitalaria y tratamientos ambulatorios posteriores. Súmese a ello los sufrimientos espirituales derivados de las cuatro cicatrices faciales secuela de las lesiones y de la frustración de la carrera de modelo profesional que constituía el proyecto de vida de la damnificada. -	Y agréguese todavía la muy notable afectación de su psiquismo por un estrés postraumático que, cual revela el dictamen pericial psicológico de fs. 488/501, limita en un 20 % la capacidad de goce social de la víctima, aunque sin incidencia en las áreas familiar, creativo-intelectual, laboral ni recreativo-deportiva. Es éste un daño psíquico, pues supone una perturbación patológica de la personalidad de la víctima, que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente y debe valorarse como un factor de intensificación del daño moral, lo que lleva a dimensionar en un monto mayor el resarcimiento a acordarse por él (confr.: Zavala de González, "Resarcimientos de daños", 2da. edición, to. II-A, pág. 231 n° 56, y págs. 263, 265/266, 268/269, 274 y sgts., nros. 62 a 66). --- C) Atinente a la índole del ilícito, corresponde tener en cuenta que el factor de atribución de la responsabilidad fue el riesgo creado, fuente la más alejada de la intencionalidad dañosa y por ende, en principio, la menos hiriente para el ánimo de la víctima, pero que en el caso ese riesgo creado fue notoriamente potenciando por la gruesa imprudencia del codemandado S. , lo que lo aproxima a la culpa, incrementando así el efecto ofensivo para el ánimo de la dañada. - Para cuantificar la indemnización en la especie hemos de atender a estos parámetros y tener también en cuenta el valor relevante de los precedentes, porque permiten ellos trazar paralelos entre casos semejantes y reconocer montos resarcitorios que dejen a salvo los principios de justicia, igualdad y seguridad jurídica (confr.: H. - G. - Á., "Cuantificación de daños per-sonales ...", en Revista de Derecho Privado y Comunitario n° 21, Rubinzal-Culzoni 1999, págs. 127 y sgts. y en "Predictibilidad de las indemnizaciones..." en Revista de Derecho de Daños, n° 2004-3, Rubinzal-Culzoni 2004, págs. 9 y sgts.; esta alzada, c. 20.412 S.D.C. 41/05, c. 21.500 S.D.C. 55/06). Y hete aquí que en un caso muy similar al de estos autos, de una mujer de 25 años que padeció también heridas graves, intervenciones quirúrgicas, lesión estética y daño psíquico importante, y en el que el criterio de imputación era el subjetivo de la culpa, consideramos equitativo tasar el daño moral en $35.000 (c. 21.500 S.D.C. 55/06). - Propongo fijar aquí el resarcimiento en idéntica suma. -- XIV.- Cuestionaron el codemandado S. y la aseguradora que se los condenara a pagar intereses sobre la suma indemnizatoria de la incapacidad desde el día del evento, puesto que en la determinación de la misma fue empleada una fórmula de matemática financiera que ya incluye un coeficiente de interés, de modo que esos réditos resultan duplicados. - -	- Es exacto que el elemento interés fue tenido en cuenta a los fines de determinar la cuantía de la indemnización por incapacidad. Es que habiéndose tratado de resarcir la incidencia reductiva que sobre los ingresos laborales de la víctima la disminución de su capacidad aparejara, la reparación debía estar dada por un capital que colocado a interés según tasa compatible con una moneda de valor constante, permitiera retiros periódicos equivalentes a los ingresos perdidos en razón de la discapacidad, retiros que, al estar integrados por los intereses producidos y porciones de capital, irán amortizando este último hasta agotarlo al fin del lapso computable. - Pero esa pauta de cálculo no se superpone con los intereses que, como accesorio del capital, la sentenciante del otro grado dispuso deben abonarse. Estos último son intereses moratorios, debidos por los responsables desde el mismo día del hecho, puesto que la mora en el supuesto de los ilícitos tiene lugar "ex re", sin que a ello obste la falta de liquidez del crédito pues basta la certidumbre del mismo, según el cuerpo ha tenido ocasión de señalar en reiterados precedentes (nota de Vélez Sársfield al art. 509 Cód. Civ.; c. 10.599 S.D.C. 69/93, c. 10.598 S.D.C. 84/93, c. 10.710 S.D.C. 9/94, c. 11.020 S.D.C. 70/94, c. 12.023 S.D.C. 18/96). Con ello se apunta resarcir al acreedor los perjuicios que le acarreara el retardo en el pago de la indemnización (arts. 508, 511, 519, 1077, 1083, 1109 párr. 1° parte 2da., cód. cit., su doct.) y como presumiblemente al no contar con ella de inmediato hubo de recurrir al crédito para suplantarla, abonando bajo la forma de intereses el precio que en plaza tiene el uso del dinero ajeno, justo es que el deudor le compense esa erogación. Y aun si la actora no hubiera acudido a crédito alguno, tales réditos moratorios igualmente no se superpondrían con los estimados al solo fin del cálculo del capital, porque si éste no estuvo en poder de la actora a su debido tiempo tampoco pudo ella invertirlo de manera que le generara frutos civiles. -- XV.- Dos embates ha traído la actora contra la condenación en costas pronunciada en la instancia de origen: porque le fueron impuestas las motivadas por la pretensión rechazada contra el codemandado A. y porque las originadas por el trámite de la pretensión dirigida contra el litisconsorte pasivo S. y su aseguradora fueron distribuidas entre éstos y ella en función del progreso de los reclamos por sumas inferiores a las demandadas. 1) Lleva razón la apelante en la primera de esas dos quejas. Hemos tenido oportunidad de pronunciarnos sobre esa cuestión en la c. 20.449 S.D.C. 58/05, donde declaráramos que el tercero víctima de un accidente protagonizado por varias otras personas no debe correr con las costas derivadas de la pretensión que promoviera contra uno de esos sujetos materialmente participantes en la producción del daño que luego logra eximirse de responsabilidad, ya que al deducir la demanda también contra éste ignoraba aquél -y no tenía tampoco el deber de investigarlo- quién era el verdadero responsable (confr.: C.N. Civ., sala "B", Rep. E.D. 12-280, n° 36; Cám. Apel. C. y c. Morón, sala II, E.D. 144-444). -- En pleitos sobre responsabilidad aquiliana las costas, como regla, deben imponerse al responsable, aunque uno de los codemandados resulte absuelto, pues no puede imputarse ligereza al damnificado que demandó conjuntamente a todos los legitimados pasivos, conociendo sólo con posterioridad y durante la tramitación del juicio quién fue el verdadero responsable y, a la vez, la irresponsabilidad de los demás (confr.: C.N. Civ., sala "B", L.L. 156-876, 32.014 S; ídem, íd., L.L. 125-92). -	-- El auténtico vencido en el proceso, a quien debe imponérsele entonces las costas íntegras (art. 68 C.P.C.C.), es el responsable del hecho, máxime cuando su litisconsorte opuso como defensa la eximente de culpa de un tercero sindicándolo a aquél como causante del accidente y tal defensa fue acogida. -- 2) Respecto del segundo de los indicados ataques, advierto que la recurrente ha incurrido en una desinterpretación del decisorio. La distribución de costas practicada por la "a quo" no se apoyó en el vencimiento parcial que derivaría del acogimiento de los rubros resarcitorios por importes inferiores a los peticionados en la demanda. Tal distribución fue basada en cambio en que el triunfo fragmentario del reclamo obedecía a la concurrencia de aportes causales a la producción de los daños, vista la contribución concausal de la conducta de la actora a la generación de dichos perjuicios. --- El criterio utilizado es ajustado a derecho, porque si bien en los casos de daños y perjuicios las costas, como principio, deben cargarse a la parte responsable del hecho aun cuando la demanda no prospere íntegramente, hacen excepción a tal regla los casos de acogimiento parcial por concurrencia de causalidades, supuestos en que las costas han de distribuirse en la misma proporción que los aportes causales a la producción de los daños (doc. del art. 71 C.P.C.C.). - -	Ese es además el criterio sentado por nuestro Superior Tribunal de Justicia en sus precedentes S.D. 33/94, 28/95, 46/95 y 2/96, del que no cabe apartarse porque, reservada al Alto Cuerpo la función de velar por la recta y uniforme aplicación de la ley en el territorio provincial, dejar de lado una doctrina legal que él claramente fijara frustraría el objetivo perseguido por el legislador al instituir el recurso de casación como medio de control nomofiláctico y uniformador. No obstante, en atención a las cuotas de causación que he concluido precedentemente, propongo al acuerdo adecuar la condena en costas imponiéndolas a l codemandado S. y su aseguradora en un 70 % y a la actora en un 30 % (art. 279 C.P.C.C.). - XVI.- En conclusión, considero que debe revocarse parcialmente la sentencia apelada a fin de: a) fijar el monto total de los daños en la suma de $ 262.580, con lo que, deducido el 30 % por la concausalidad aportada por la actora, el capital de la condena debe elevarse a la suma de $ 183.806; b) imponer las costas originadas por la sustanciación de la pretensión incoada contra el codemandado A. íntegramente al codemandado S. y su aseguradora; c) imponer las costas causadas por la tramitación de la pretensión que prospera en un 70 % al codemandado S. y su aseguradora y en un 30 % a la actora; d) confirmar el fallo en todo lo demás que fuera materia de agravios. --- Visto el triunfo parcial alcanzado por los agravios de la demandante y la desestimación del grueso de los expresados por sus adversarios -sólo vencen ellos en cuanto al rechazo del rubro "pérdida de chance"-, las costas de segunda instancia han de distribuirse imponiéndolas al codemandado S. y su aseguradora S. C. Soc. Mut. de Seg. Grales. en dos tercios y a la actora en un tercio, alícuotas que representan las porciones de éxitos y fracasos recogidos por ellos (art. 71 C.P.C.C.). -- -	Ante la extensión, calidad y resultados logrados por la labores profesionales de alzada, propicio regular los honorarios de los Dres. N. O. M. , P. O. A. , M. M. P. de R. y J. G. en las sumas respectivas equivalentes al 3,30 %, al 3,30 %, al 2,20 % y al 2,20 % del monto total de proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución (arts.6, 7, 9, 10, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200). --- Me expido en esta cuestión entonces PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA. --- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora, Sra. M. F. L. (fs. 642) por el demandado Sr. D. R. S. y la aseguradora "S. C. Sociedad Mutual de Seguros Generales" (fs. 645), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 622/631) por la cual se rechaza la demanda incoada por la Sra. L. en contra el demandado R. A. A. , con costas a su cargo, admitiéndola parcialmente respecto al Sr. D. R. S. y la aseguradora "S. C. Sociedad Mutual de Seguras Generales", condenando a estos últimos a que abonen a la mencionada actora, en el plazo de fija, la suma de $ 26.618,88; todo ello con más sus accesorios a computar desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago. Impone las costas en un 80% a la parte actora y en el 20% restante a cargo del demandado y la mencionada aseguradora. A fs. 638/641 vta., la parte actora plantea recurso de apelación en relación a los honorarios regulados a los letrados de los demandados y de la citada en garantía, por estimarlos altos. --Los escritos de expresión de agravios lucen agregados a fs. 690/703 vta.. Corrido traslado de los mismos (fs. 705), el mismo es evacuado por S. y la Aseguradora (fs. 712/715). --- -	---A fs. 706/709, lucen los agravios del demandado S. y la aseguradora "S. C. Soc. Mutual de Seguros Generales". Ordenado el traslado de los mismos a la contraria (fs. 750), el mismo no fue evacuado. --A fs. 711 y vta., obra agregada la sentencia interlocutoria Nº 187/06 de este cuerpo por la cual se admite el replanteo de prueba pericial caligráfica solicitado por el co-demandado mencionado y la mencionada aseguradora citada en garantía. Dicha prueba se tuvo por desistida por proveído de fs. 749. I.- La relación de la causa y reseña de los motivos de agravios esgrimidos por los apelantes ha sido suficientemente realizada por el Dr. V., magistrado que me precede en la votación, por lo que a ella me atendré a efectos de evitar repeticiones estériles. -No obstante ello resultará útil individualizarlos a efectos de propiciar un orden en el desarrollo de las consideraciones que merezcan en mi voto. --- -	--A) Así, entonces, la parte actora formuló los siguientes agravios, a saber: 1) eximisión de responsabilidad del co-demandado R. A. A. -conductor de la moto-; 2) con-causalidad atribuida en la producción de los daños por falta del casco reglamentario; 3) indemnización por incapacidad -por exigua-; 4) falta de consideración autónoma de la pérdida de chances; 5) daño moral; 6) imposición de costas. B) A su vez, el demandado S. y la aseguradora citada en garantía, se agraviaron sobre los siguientes puntos, a saber: 7) acuerdo transaccional -su reconocimiento de fs. 136 vta.-; 8) eximisión de responsabilidad del co-demandado A. ; 9) base económica de cálculo de la incapacidad laboral -$ 1.500 por mes-; 10) pérdida de chances - daños futuros; 11) daño moral; 12) cálculo de los intereses desde la sentencia y no desde el accidente. II.- En el marco delimitado por los mencionados agravios ingresaré a su tratamiento particularizado siguiendo para ello la manera de individualizarlos precedentemente expuesta, como asimismo, la secuencia de su tratamiento responderá básicamente a la materia a la cual refiera la que impondrá la cronología lógica a seguir, salvo que puedan ser considerados en conjunto, independientemente de quien y en qué orden lo hubiera planteado, cuando su continencia, conexidad o identidad así lo permita. ---B).- 7).- Acuerdo transaccional -su reconocimiento de fs. 136-: Básicamente se sostiene respecto al presente agravio que dicho acuerdo transaccional agregado a fs. 125 fue reconocido por la actora a fs. 136 vta.. ---Pues bien, si se observa el escrito de fs. 135/142, por el cual se contesta el traslado de la documental acompañada por el co-demandado y la aseguradora "S. C. ", se advierte liminarmente de su solo titulado que la actora negó la autenticidad para explicitarlo con más puntualización luego en el apartado "a" al decir textualmente: "...Mi parte, desconoce íntegramente la documental..., en su contenido y firma, sosteniendo no tener conocimiento alguno de su existencia hasta este momento, no haber participado en discusión alguna y menos aún haber prestado su consentimiento para una transacción de derechos, como tampoco haber suscripto esa documental.(...)Planteo que la firma es falsa, no me pertenece, al igual que su "aclaración" e identificación de tipo y número de documento que se me atribuye en el escrito de contestación de demanda"(sic)(fs. 125 vta./126). A continuación, subsidiariamente plantea la nulidad de la transacción basándose en la eventualidad que hallándose sin discernimiento con motivo de las lesiones padecidas en el evento dañoso se hubiera "logrado" la firma de dicha instrumental o falsificado la firma. -En tal contexto, como es fácil de ver, no es viable compartir el supuesto reconocimiento postulado por el co-demandado y la citada en garantía ahora recurrentes, máxime cuando, antes, ni siquiera se acreditó la autenticidad de la firma puntualmente negada por la actora con la producción de la prueba pericial caligráfica, cuyo replanteo fuera admitido en esta instancia y que finalmente se la tuvo por desistida por no haber efectuado el depósito del anticipo de gastos ordenado en los términos previstos por el art. 463 del C.P.C.C. (vide: fs. 743 y 749). -- -	--Esto es, tengo para mi, que no puede ni siquiera ser ponderado lo dicho "ad eventum" por la actora al argumentar en relación al planteo de nulidad de la transacción que subsidiariamente formulara, cuando antes no se acreditó mediante la prueba pertinente (Conf. Art. 1033 y conc. del Código Civil), la autenticidad de la firma que fuera puntualmente negada por quien se le atribuye ser su autora. -A).- 1).-; B).- 8).- Eximisión de responsabilidad del co-demandado A. : Se sostiene de parte de la actora que no debió excluirse del deber de responder por los daños que sufriera y cuyo resarcimiento reclama, al co-demandado A. alegando que éste con su actuar culposo aportó a la causación del mismo. Cita para ello la velocidad que tilda de excesiva (44 km./h) el no haber frenado e invadido doce metros el carril de tránsito contrario al que le correspondía según el sentido de su circulación y su calidad de embistente. Por otro lado, predica que la maniobra del automotor conducido por el co-demandado S. era previsible y evitable. Por su lado, el co-demandado S. y la aseguradora "S. C. " sostienen igualmente que A. no debió ser eximido de responsabilidad aludiendo para ello en la excesiva velocidad con la que circulaba con su motocicleta que le impidió mantener el su dominio de tal manera de poder evitar la colisión mediante un frenado. Asimismo, indican que la maniobra de sobrepaso de la Renault Kangoo por la izquierda que intentara -avanzando por la mano contraria a su circulación donde acaeció el choque- demuestra que la maniobra de giro del utilitario ya había concluido. Indican que para tal eximición debe concurrir los presupuestos del caso fortuito. --Como puede advertirse liminarmente las partes recurrentes se alzan con similares términos en relación a la valoración que efectuara la juzgadora de grado sobre la incidencia causal que se le atribuye al actuar que le cupo en el evento dañoso al co-demandado A. . -	---Inicialmente estimo como un dato que resulta en extremo relevante en la consideración de este punto la circunstancia de que el utilitario Renault Kangoo realizó un giro a la izquierda alterando groseramente su sentido de dirección de marcha y a mitad de la cuadra por la que circulaba. Esto es, tal maniobra de por sí antirreglamentaria se vio cualificada, constituyéndose en causa adecuada y excluyente de las consecuencias dañosas sufridas por la actora, en tanto fue realizada en un sector donde de modo evidente e indudable no solo no era permitido hacerlo (Conf. art. 48, inc. "d" de la Ley 24.449, de aplic. al caso por vía de la Ord. Municipal N° 1.177/95) sino por que, además, tal maniobra tampoco resultaba posible que fuera prevista por el conductor de la motocicleta que transitada detrás de dicho automotor -recuérdese que existen varias rotondas en el Bulevar Brown que permiten regresar por el carril contrario-. Y digo de tal manera desde la perspectiva de considerar a la previsibilidad como un elemento subjetivo que debe ser considerado en abstracto, según la previsión de un hombre normal (Conf. Art. 901 del Código Civil). Y, en tal sentido, producido un resultado que en la especie fue el evento dañoso sucedido con motivo del choque que se produjo entre dicho vehículo y la motocicleta con la que circulaban A. y la actora L., no puedo más que avizorarlo de tal modo. Esto es, el conductor de la motocicleta no pudo representarse con antelación a su intención de sobrepaso la maniobra intempestiva y antirreglamentaria del rodado conducido por S. que lo precedía en la marcha, ni tampoco lo pudo prever "empleando la debida atención y conocimiento de la cosa" que patentiza la falta de adopción de las medias necesarias para evitar tales efectos nocivos derivados del accidente. Establecer si la concurrencia del daño era en abstracto previsible de acuerdo al curso natural y ordinario de los acontecimientos tomando como módulo la diligencia exigible a un conductor normal o corriente, da respuesta acerca de la existencia o no de una relación causal adecuada entre la acción del sujeto y el desenlace sobreviniente. Este operación intelectual que realizo se denomina en doctrina "prognosis póstuma" como procedimiento consistente en determinar ex post facto la posibilidad de un resultado en función de las condiciones precedentes. Es el criterio del pronóstico objetivo retrospectivo que aquilata la adecuación de una causa conforme a la regularidad en el acontecer de los sucesos y las reglas dictadas por la experiencia, prescindiendo de la concreta aptitud perceptiva del individuo -previsibilidad subjetiva-. ---Y, erigiéndose en la real y única causa adecuada del acaecimiento del accidente sucedido la maniobra ejecutada por S. lo coloca a éste como único autor -imputatio facti- del daño ocasionado tornando irrelevantes, a mi ver, todas las demás alegaciones tendientes a alterar tal juicio, como ser la supuesta excesiva velocidad que desarrollaba la motocicleta, lo cual no es cierto tratándose de una avenida (circulaba a 44 kms./h cuando el limite máximo permitido es de 60 Kms./h -art. 51, inc. "a", apart. 2 de la Ley 24.449), o bien, por su calidad de embistente. Respecto a esta última circunstancia puede aseverarse sin temor a equivocación que la misma es una consecuencia más de las provocadas exclusivamente por el actuar antirreglamentario y intempestivo del conductor de la Renault Kangoo, Sr. S., revistiendo ella la característica de inevitabilidad propia del casus tal como lo indicara el experto dictaminante en autos (ver: fs. 478/479, párrafo 1°) (Conf. Art. 514 del Código Civil). - -	-Por lo expuesto, entonces, propiciaré al acuerdo la desestimación de los agravios bajo examen, confirmando por ende, en tal porción el fallo apelado. Así lo voto. ---A).- 2).- Con-causalidad de L. en la producción de los daños: La actora centra su ataque en predicar que la falta de casco al momento del accidente no tornó en causa adecuada del accidente y que en todo caso los demandados son quienes debieron acreditar que por su no uso del casco existió relación de causalidad adecuada con las lesiones sufridas por su parte. A partir de ello cuestiona que se limitara el resarcimiento admitido a su favor de solo el 20% de los daños. ---Bien explicó el magistrado que me precede en la votación las diferentes maneras de operar la concurrencia de factores causales, distinguiendo las que denomina la doctrina como cocausalidad y concausalidad. Esto es, en el supuesto planteado no refiere a que se atribuya a la carencia del casco exigido reglamentariamente a quien transite en una motocicleta (conf. Arts.40, inc. "j" de la Ley 24.449) la aptitud genética respecto del perjuicio sobreviniente -cocausalidad-; sino que se trata de la interferencia de un curso causal independiente, es decir, aquel resultado que proviene de un curso causal cuya génesis es independiente de la condición puesta por el agente dañado -concausalidad-. Y en tal sentido, bien evaluó la juzgadora de grado que la incidencia de tal conducta omisiva en la especie -no llevar el casco reglamentario-, tuvo incidencia en la magnitud de los perjuicios derivados del hecho primitivo acoplándose como causa independiente que se agrega a la causa puesta por quien resultó el autor del hecho, comportando un hecho ordinario que actuó en la misma dirección del daño complicándolo o agravándolo (Ver: Mosset Iturraspe, Jorge, en "Responsabilidad por daños", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 1999, T. IV -eximentes-, págs. 180/181, n° 8; id. Pizarro-Vallespinos, en "Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones", Ed. Hammurabi, ed. año 1999, T. 3, pág. 115; id. Zavala de González, Matilde, en "Resarcimiento de Daños", Ed. Hammurabi, ed. año 1999, T. 4, págs.282/284). ---La distinción precedente es de fundamental importancia ya que cuando existe interrupción del nexo causal la responsabilidad del agente cesa -total o parcialmente-, mientras que en la hipótesis de la concausa la responsabilidad del agente subsiste, aunque atenuada por la presencia de otra causa concurrente. El daño sufrido por la Sra. L. se remonta en parte a la concausa y, por lo tanto, lo mismo ocurre en cuanto a la responsabilidad siendo, por ello, correcto atribuir porcentualmente el deber de soportar las consecuencias acaecidas según el grado de concausalidad que se determine según, también, el grado de previsibilidad que se avizore pudo tenerse de ellas. -- -	--En tal dirección no abrigo duda alguna que la carencia de la protección que provee el casco tuvo incidencia causal adecuada con la entidad de los daños padecidos por la Sra. L. con motivo del acaecimiento del accidente, lo cuales precisamente se focalizaron principalmente en su cabeza (fractura multifragmentaria de malar con maxilar superior a derecha, arbotante lateral y hundimiento de reborde orbitario con piso comprometido onminutado -igual astillado- con contenido orbitario en seno maxilar derecho). Y, si bien no existe prueba directa del grado de la real y concreta incidencia que pudo tener el casco en la mayor o menor magnitud de las lesiones sufridas en el evento, encuentro compartible la evaluación que efectúa el Dr. Velásquez respecto a que por la localización de los mismos y aún limitando su posible incidencia a la amortiguación del traumatismo, mas descartando de plano su evitación, igualmente no resultó indiferente que lo llevara puesto o no. Y en la visualización de tal circunstancia participo también de su propuesta de atenuación del deber de responder, aunque restringiéndola al 30%. De tal manera lo dejo propuesto al acuerdo. ---A).- 3).- Indemnización por incapacidad -por exigua-: Principio por dejar establecido que resulta, para mi, indiscutible que la reparación de los daños ha de ser integral merced a lo cual no ingresaré mayormente a discernir sobre si la reparación de la "incapacidad sobreviniente" solo comprende la faz laborativa o potencialidad de ganancia o si ha de comprender también su proyección a la vida en relación o su afectación al proyecto de vida. Ello así, para cerrar esta tesitura preliminar, en virtud de que no encuentro resquicio de duda que permita poner en discusión que este rubro resarcitorio entraña la reparación de toda pérdida o minoración de potencialidades de que gozaba el afectado tanto en sus posibilidades laborativas como en sus funciones vitales (Conf. Zavala de González, Matilde, en "Resarcimiento de Daños. Daños a las personas", Ed. Hammurabi, era. reimpresión año1996, T. 2-a, págs. 343 y sgtes. & 90). Y en tal marco, advierto que correctamente la juzgadora de grado advirtió tal integralidad del resarcimiento el que debía atender en la consideración de la incapacidad sobreviniente denunciada con motivo de las lesiones sufridas por la actora en el accidente lo cual surge no solo de la conceptualización que efectuara (vide: fs. 628), sino esencialmente por cuanto reparó apropiadamente sobre las distintas ámbitos en que ésta operaba en sus consecuencias nocivas, discriminando de tal manera la influencia proyectada tanto sobre la órbita patrimonial como la extrapatrimonial -daño moral-. -	-Descartado que fue, a partir de lo dictaminado por las pericias psicológica y médica (vide: fs. 488/491; 492/501 y 542/545), que existiera limitante laborativo en la faz administrativa que venía desempeñando y que, de hecho, desempeña en la actualidad la actora, ninguna incidencia perjudicial -discapacidad física o psicológica- corresponde computar respecto a este tipo de actividad laboral (ver punto 5to. de fs. 545 y párrafo 4° de fs. 491). -Sin embargo no acontece del mismo modo con respecto a la actividad de modelaje que, aunque en ciernes, ya antes venia realizando la Sra. L. según pudo acreditar con las fotografías y constancias obrantes a fs. 4, 6/9 y vta.. Es que tengo para mi que, allende de que no existen asimetrías en el rostro con motivo de las operaciones quirúrgicas que se le debieron realizar por las lesiones que sufriera, lo cierto es que se respondió en la pericia médica afirmativamente a la consulta consistente en la siguiente interrogación "..si a simple vista se puede ver algún tipo de lesión o cicatriz en el rostro de la actora"(sic)(ver fs. 545). Es que, razonablemente, es de convenir que en un mercado tan competitivo como lo es el del modelaje, en el cual existe una generosa oferta y variedad de postulantes, la existencia de tales registros sobre el rostro de quien pretende desempeñarse como modelo, obsta de modo total a que continuara desarrollándose en tal actividad. -No obstante, no es viable considerar como lapso a computar a los efectos de determinar el período a indemnizar por esta especie de incapacidad laboral sobreviniente la edad necesaria para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria toda vez que es un dato de publico y notorio que la actividad de modelaje, salvo contadísimas excepciones, se encuentra ligada a una edad de la mujer que no supere en el mejor de los casos los 35 años como máximo. -- -	--De otro lado, en relación al monto de los ingresos a computar resultan francamente inaudibles las alegaciones impugnaticias tendientes a que se vincule el "valor" de la moneda al tipo de cambio existente al tiempo de ocurrencia del evento dañoso. Ello por cuanto sabido es que desde el dictado de la ley 23.398 (B.O. 27/03/91), llamada Ley de Convertibilidad, se modificó el texto vigente en la actualidad de los arts. 617, 619 y 623 del Código Civil (vide: arts. 7° y 10), los que no merecieron modificación sustancial alguna por la Ley 25.561, llamada Ley de Emergencia pública y de reforma del régimen cambiario", aún cuando dejó sin efecto el régimen de convertibilidad que dispusiera la anteriormente citada (vide: art. 51 de la Ley 25.561). De la concatenación de las normas citadas, y aún cuando cabe destacar, por cuanto no tiene caso ni utilidad, que se omitió deliberadamente ingresar al análisis de las demás normas legales y reglamentarias vinculadas al tópico, lo dirimente para el caso es que no se adujo siquiera que la Sra. L. hubiera pactado y/o percibido en moneda que no fuera de curso legal en la República Argentina, de suerte tal que habilitara a ingresar a evaluar la factibilidad de computar valores o equivalencias, que repito, en el marco legal vigente desde la aludida ley de convertibilidad ya no es posible. Y no olvido tampoco advertir que no trata el supuesto bajo examen de obligación de dar sumas de dinero -en las que campea en la normativa vigente el nominalismo- sino que se trata de obligación que reconoce fuente extracontractual "el deber de no dañar u otro" (Conf. art. 19 de la Constitución Nacional y art. 1066 y conc. del Cód. Civil) que genera, ante la imposibilidad de reparación en especie, una obligación de reparar por un equivalente lo cual torna en un "valor" a determinar según sean los perjuicios sufridos (Conf. art. 1083 del Cód. Civ.). ---Lo dicho basta para tornar improponible tales alegaciones "ligadas" a ponderar cuantías nominales de ingresos habidos antes o después del suceso a los fines de fijar la cuantía del factor renta a obtener de la aplicación de la fórmula de matemática financiera a utilizar a efectos de estimar el "valor" del equivalente. Y en esta misma línea argumental, pero desde otra perspectiva, también es de hacer notar que, por fuera de la utilidad que ostenta en la especie contar con el dato de los ingresos económicos que la damnificada tenía antes del accidente exclusivamente a los efectos de cuantificar la incapacidad sobreviniente parcial que se propicia admitir en los términos antes expuestos, como herramienta de fijación de la renta que se ha de obtenerse con el monto indemnizatorio a calcular por intermedio de la fórmula matemática desarrollada por M. y B., la regla general introducida por la Ley 23.928 e inmodificada por la Ley 25.561, es aquella que prohíbe actualizar deudas, la cual conserva plena vigencia. Esto es, en ningún caso se admite la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la Ley (por ejemplo: obligaciones de dar sumas de dinero abarcadas por la previsión del art. 11 de la Ley 25.561 según texto del art. 3 de la Ley 25.820).--- -	--Participo, en cambio, de la porción de la queja centrada en cuestionar la cristalización que implícitamente se ha efectuado a través de no computar posibles mayores ingresos o progresos remuneratorios posibles de obtener por la actora en el desarrollo de su actividad como modelo y promotora. Es que cabe presumir que, como acontece con cualquier otra actividad, la misma mejoraría sus ingresos con el tiempo debido a que con la sumatoria de eventos en los que podía participar se harían más conocida facilitando el número de participaciones y, eventualmente, la cuantía de la contraprestación a obtener en ellos. En tal inteligencia, compartiré la estimación que efectuara el Dr. V. de $ 2.000 mensuales, toda vez que encuentra apoyo en los dichos de la testigo D. (ver respuesta a la 11ava. pregunta -fs. 461 "in fine"-); como también de que solo ha de comprender la renta la suma resultante de multiplicar por 12 y no por 13 (sin S.A.C.), a los efectos de anualizarla, por cuanto ciertamente la actividad de modelaje se realiza sin vinculo de carácter laborativo o subordinado, asemejándose de común a una locación de obra en la mayoría de los casos (se pacta el precio y cantidad de "pasadas" que como contraprestación habrá de realizarse). --Habida cuenta de todo lo expuesto, entonces, computándose los factores con los siguientes parámetros, a saber: "a" -renta anual- $ 24.000; "n" -lapso de vida útil de modelaje- 14 años, manteniéndose inalterado el valor "i" -interés puro anual- en el 6%, se arriba a la suma por la que deberá ajustarse el presente rubro indemnizatorio, de Pesos Doscientos Veintitrés Mil con Ochenta ($ 223,080). Así lo dejo propuesto al acuerdo. -	A).- 4).-; B).- 10).- Falta de consideración autónoma de la pérdida de chances-pérdida de chances y daños futuros (su eliminación de la condena): Principio por descartar que no se hubiera acreditado en autos que la actora se desempeñara en la actividad de modelaje y que no tuviera la intención de desarrollarla, tal como lo predican el co-demandado S. y la aseguradora citada en garantía a fin de postular en esta instancia revisora que lisa y llanamente sea eliminado el presente rubro indemnizatorio. Basta con rememorar lo dicho precedentemente al referirme a la admisión y cuantificación de la incapacidad sobreviniente derivada de la imposibilidad de continuar con la actividad de modelaje. He dicho y lo reitero ahora que se acreditó con las fotografías y constancias obrantes a fs. 4, 6, 7/9 y vta., ratificadas en su autenticidad por la informativa de fs. 316, y testimonial citada de la Sra. D. (fs. 461). -Se suma a ello corroborativamente la manera en que se formulara la posición décimo sexta del pliego de posiciones presentado por la representación letrada de S. y la aseguradora "S. C. ", la cual fue redactada textualmente del siguiente modo, a saber: "PARA QUE JURE Y DIGA COMO ES CIERTO...Que la actora haya tenido que resolver algún contrato de modelaje con la empresa "DOTTO MODEL SCHOOL".(sic)(fs. 453 "in fine"). Sabido es que debido al sistema impuesto por la norma contenida en el art. 411 del C.P.C.C., la parte ponente comienza por manifestar una oración afirmativa (lo transcripto en mayúscula) que significa para ella la confesión del hecho a que se refiere (lo transcripto en minúscula como posición 16ava.). Y de tal modo, cuando se interroga confesionalmente a la contraria, cada pregunta -por el principio de adquisición- importa el reconocimiento del hecho a que se refiere constituyendo una afirmación confesoria del ponente. Así la regla del art. 411, párrafo 2° del Código del rito, no es una norma de interpretación sino un precepto imperativo, que rige el modo de proceder en justicia y del cual emerge la carga de poner posiciones de un modo coherente con la propia volición jurídica y de aceptar el efecto de lo afirmado en ellas. De allí que corresponde asignar a esa confesión bilateral el efecto de plena prueba (Conf. art. 423 del C.P.C.C.). -	-Sin embargo bien señaló el magistrado que me precede en la votación la supresión de este rubro indemnizatorio procede por una razón distinta a la invocada como sustento de la impugnación, cual es que lo que se resarce en él ya ha sido motivo de contemplación en el rubro vinculado a la incapacidad sobreviniente reconocida antes en relación a la actividad de modelaje y promociones que realizaba antes del nocimiento la Sra. L. . -Es que, en tal punto, la pérdida de chances como también el lucro cesante derivado de la incapacidad sobreviniente que impidió -según se estableciera- seguir modelando a la actora surge inequívocamente contemplado ya con la indemnización fijada por dicho ítem de la cuenta liquidatoria del daño patrimonial sufrido por la damnificada. Comprendo al lucro cesante en sentido amplio en cuanto la pérdida de concreto menoscabo de potencialidades humanas que son fuente de futuras ventajas económicas; es decir, no únicamente la frustración de lo que verosímil y probablemente se esperaba lograr más adelante, sea con el grado de certeza relativa inherente al lucro cesante "stricto sensu" o bien, al menos, con el de mera probabilidad que caracteriza a una chance. --Habida cuenta entonces, que la incapacidad sobreviniente vino a indemnizar el malogrado espectro de aspiraciones productivas y de posibilidades de progreso económico en la actividad como modelo de la actora, mantener diferenciados dicho rubro del que se encuentra bajo análisis aparejaría una injustificada duplicidad indemnizatoria bajo un nomen distinto pero por el mismo título. -Por lo expuesto, propondré al acuerdo la admisión del presente agravio debiéndose deducir del capital de condena la suma fijada en concepto de "pérdida de chance-daño futuro" ($ 8.000). Así lo voto. ---A).- 5).-; B).- 11).- Daño moral: Se cuestiona, por exigua, la suma fijada por tal concepto ($ 15.000). Postula la actora que no se valoró adecuadamente sus padeceres -dolores, traslados en ambulancia, derivación vía aérea a un centro de alta complejidad en la ciudad de Buenos Aires, dos intervenciones quirúrgicas y controles médicos-, como tampoco las secuelas de cicatrices en su rostro ni el grado de incapacidad sobreviniente ni el daño psicológico que alteró su personalidad con proyecciones nocivas en su capacidad de goce social. --De su lado la parte demandada postula que a la luz de las reducciones que peticionara en los anteriores agravios el monto que se reconoce por daño moral también habría de ser reducido. -Pues bien, nuestro Código Civil declara resarcible el daño moral (art. 1078), y cabe entender que tal resarcimiento, aunque sea de modo pecuniario -a falta de otro mejor- no es materializar los intereses o sufrimientos morales, sino espiritualizar el derecho en cuanto éste no se limita a la protección de los bienes económicos y rodea también de seguridad aquellos otros bienes no económicos, que son inseparables de la persona humana (Conf. Orgaz, Alfredo, en "El daño resarcible", Ed. Omeba, ed. año 1960, págs. 224/225). --Es que al pretender establecer el monto de esta indemnización no procuramos los jueces sustituir el dolor del alma por su precio en dinero, pues la distinta naturaleza de ellos los hace inequivalentes, pero sí procuramos conceder a los damnificados medios para paliar los efectos del dolor (Conf. Aguiar, en "Hechos y actos jurídicos...", Ed. T.E.A., ed. año 1951, T. IV, pág. 232; id. Iribarne, Héctor Pedro, "De la conceptuación del daño moral como lesión a derechos extrapatrimoniales de la víctima a la mitigación del sus penurias concretas en el ámbito de la responsabilidad civil", en "La Responsabilidad, Homenaje al Profesor Doctor I. H. G.", Ed. Abeledo Perrot, año 1995, págs. 377/388). ---Partiendo del presupuesto conceptual de que el daño moral importa toda minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial, según definición lograda por destacada doctrina nacional, resulta evidente para mi, que la Sra. L. sufre un menoscabo extrapatrimonial que debe ser reparado plenamente (Conf. Pizarro, Ramón Daniel, en "Daño Moral", Ed. Hammurabi, ed. Año 1996, pág. 47 y 384/386). -	---Y la sentenciante evaluó lo concerniente a la curación y convalecencia, como lo vinculado a los menoscabos subsistentes luego del tratamiento quirúrgico (dos intervenciones) al que tuvo que someterse la actora, todo lo cual atañe a la gravedad objetiva del detrimento padecido, pauta ésta que es esencial en la mensura de la entidad del daño moral. -Destaco que correctamente se estableció que no cabe confundir la lesión o menoscabo con el interés afectado. Es decir el daño psíquico puede consistir tanto en un daño patrimonial o daño moral según sea la proyección a la órbita de intereses que afecte (Conf. Zavala de González, "Resarcimiento de daños", Ed. Hammurabi, 2da. ed., 3ra. reimpresión, año 1996, T. 2 a, pág. 39 y sgtes., & 6). ---Por lo demás, el daño moral puede derivar de otros tipos de menoscabos que lo produzcan. Y en tal dirección puedo intentar una simplificación diciendo que siempre las lesiones contra la intangibilidad psicofísica de un ser humano desencadenan un daño moral resarcible, con alguna posible salvedad relativa a los supuestos de víctimas que carecieren de aptitud de sentir con preexistencia al hecho dañoso. -Es que tratándose de un perjuicio que por su propia naturaleza, no resulta mensurable, se debe recurrir entonces a pautas de razonabilidad, que intenten acercar equitativamente la tasación a la realidad del perjuicio (Ver: sobre el tema Zavala de González, "¿Cuánto por daño moral?", en J.A. 1987-IV-1006; id, aut. cit. "¿Cuánto por daño moral?", L.L. 1998-E-1057; Jorge W. Peyrano, "De la tarifación judicial "juris tantum" del daño moral", en J.A. 1993-I-877; Pizarro, Ramón Daniel, "Daño moral. Prevención. Reparación. Punición", Ed. Hammurabi, año 1996, Cap. XII, págs. 333 y sgtes.; Iribarne, Héctor Pedro,"La cuantificación del daño moral", en Rev. de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal Culzoni, Nro. 6, año 1999, págs. 185 y sgtes.). -	En tal inteligencia no debe soslayarse en la valoración a efectuar la personalidad de la víctima y su receptividad particular conforme a su sexo, edad, nivel socio cultural y actividades que desarrollaba antes y después del evento dañoso. Todos estos aspectos constituyen factores objetivos que resultan, a mi ver, trascendentes para la estimación de la cuantía a reconocer por daño moral. Y en tal direccionamiento debe ponderarse que la Sra. L. contaba al tiempo de ocurrir el accidente (19/12/00), con solo 21 años de edad, que cuenta con instrucción media completa habiendo cursado parcialmente el período de ingreso en el nivel universitario -C.B.C. que estimo corresponde a la U.B.A.- (ver informe psicológico de fs. 492), que cumplía con una actividad laboral que no se restringía únicamente a su empleo en industrias y comercios (se desempeño en una tienda, en una purificadora de agua y en una casa de herrajes) sino que, en paralelo, se desempeño en su actividad de modelaje, en la cual, resulta obvio, su aspecto estético era relevante, más allá de que este es trascendente para el común de las mujeres, de cualquier edad que fueren, en tanto que su apariencia es un valor apreciable por ellas en una medida quizás mayor que para los hombres. Y por tal circunstancia particular, es parte del normal acontecer de las hechos, presumir que su menoscabo impactó no solo en su personalidad intrínseca sino también que afectó su vida social posterior, tal cual lo dictaminara la perito psicólogo a fs. 489. Asimismo, he dicho desde siempre y lo repito ahora, que la fijación de la cuantía de la indemnización del daño moral es un asunto librado indefectiblemente a la personal apreciación y decisión del magistrado la que sólo puede ser enmarcada en su ponderación por algunas de las reglas de cuantificación que son provistas por Jorge Mosset Iturraspe, entre las que encuentro de mayor relevancia aquella que indica la conveniencia de propender a la armonización de las reparaciones en casos semejantes como parámetro o guía de justipreciación. Ello, aún contemplando la relatividad del precedente, desde que no existen dos "casos iguales", no pudiendo, por ende, tomarse como prototipo para una situación similar un monto predeterminado como "compensatorio" en otro caso. Ello M., que como bien lo advierte el destacado doctrinario de cita la inflación y sus consecuencias, hace que la suma que otrora parecía razonable no lo sea tanto en la actualidad (Conf. "Responsabilidad por daños", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 1999, T. V -daño moral-, págs. 227 y ss.).-- -	--En tal entendimiento, y advirtiendo que en tiempo relativamente recientemente la Sala B, de la Cámara de Apelaciones, en la causa Nro. 20.282, en la cual se tramitó en caso análogo al de marras un reclamo indemnizatorio por daños a la integridad psicofísica derivados de la producción de un evento dañoso con participación de automotores, en donde se estableció la cuantía por daño moral en la suma de $ 35.000,. Es que compartiré la propuesta de dirimisión del presente agravio efectuada por el Dr. V. en cuanto corresponderá elevar el monto indemnizatorio por daño moral a la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000) (Conf. S.D.C., Sala B, Nro. 35/05, CANE). Así lo voto -B).- 12).- Fecha de cálculo de los intereses: Claramente explicitó el sufragante en primer término la distinta naturaleza que ostentan la tasa de interés pura con-templada en la formula matemático financiera que fuera utilizada exclusivamente a los fines de cuantificar la suma necesaria para producir la renta, que con motivo del menoscabo en su capacidad sufriera la actora, por el período ponderado como aquel en el que tendría vigencia la incapacidad sobreviviente para desempeñarse en la actividad de modelaje, con la tasa de interés fijada por el tiempo transcurrido desde el acaecimiento del daño y el efectivo pago del monto resarcitorio de condena. Es decir, tal tasa fue utilizada únicamente como componente de una fórmula matemática que sirve para cuantificar el monto resarcitorio de daño. Establecido el capital resarcitorio ninguna acumulación ni superposición ocurre con la fijación y cálculo del interés moratorio que se devenga por el transcurso del tiempo entre el acaecimiento del perjuicio y su efectivo pago. -- -	---Es por ello, que no abundaré respecto a tales precisos conceptos, remitiéndome sólo a señalar que la tasa de interés puro, que como uno de los factores que integran dicha fórmula, es compensatoria o retributiva por el uso del capital que liquida la entidad bancaria por ejercer su disposición. O, dicho de otro modo, es el precio que se debe pagar a quien efectúa su depósito por la indisponibilidad que del dinero tendrá que afrontar el acreedor durante el lapso previsto. En cambio, el interés moratorio son los que se deben abonar en concepto de perjuicio sufrido por el acreedor del capital indemnizatorio concedido por el retardo incurrido en el cumplimiento del deber de reparar los daños ocasionados (Conf. Orgaz, Alfredo, en "Los intereses en los daños y perjuicios", L.L. 69-763; id. Casiello, Juan José, en "Los intereses y las deudas de valor", L.L., 151-864). ---En este sentido se ha dicho, que el interés compensatorio traduce el precio de uso del capital y resulta ajeno a toda idea de responsabilidad, a diferencia del interés moratorio o punitorio (se diferencian estos solo en su fuente legal o convencional respectivamente) que se fija como sanción por el incumplimiento de una obligación (Conf. CNCiv. Sala A, 11-3-98, J.A., 2001-I, sínt.; id. CNCiv., Sala I, 18-8-98, J.A., 2000-I-215). Y que el interés moratorio constituye la forma específica de indemnización por el atraso en el pago de una obligación pecuniaria y reemplaza, en principio, a los daños y perjuicios que corresponden en el incumplimiento de otras obligaciones (Conf. CNCiv., Sala B, 27-10-81, E.D., 98-389). Por lo demás, es criterio sentado por esta Cámara desde antaño, que en débitos resarcitorios cuya fuente obedezca a delitos o cuasidelitos, esto es, aquellos que se devengan en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, se deben liquidar desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de reparación (Conf. CNApel.Civ., en pleno, 16/12/58, L.L. 93-667; id. CNApel.Civ., en pleno, 20/07/76, J.A. 1976-IV-379). ---Por tales razones, concluyo, que debe desestimarse el presente agravio dejándolo de tal manera propuesto al acuerdo. Así lo voto. -A).- 6).- Imposición de costas: Cuenta con razón el primer argumento esgrimido por la actora recurrente, por cuanto pone acertadamente a la luz en su impugnación que relación al co-demandado A. ella no pudo más que ejercer su facultad de demandar a todos quienes intervinieron en el accidente donde ella resultara damnificada y por cuyos perjuicios pretende en sede jurisdiccional ser resarcida. Es que ella no pudo saber ni conocer apriorísticamente quién era o iba a ser en declarado responsable del evento dañoso. Es por ello que comparto la tesitura que promueve que en tales supuestos las costas que devengue la intervención y participación de un litisconsorte pasivo facultativo o voluntario, quien a la postre es eximido de responsabilidad, sean motivo de la distribución general que se haga al tiempo de disponerse la atribución de quien deberá soportarlas; o bien, cuando se hubiere invocado por la parte co-demandada la eximente de "culpa de un tercero por quien no se debe responder" y ésta no prospera atribuyéndose a su conducta revestir el carácter de única causa del suceso, como en la especie, sean atribuidas en su totalidad a quien resulta de tal modo única parte vencida a su respecto. ---Descarto "ab initio" que las cuantías reclamadas y admitidas tengan incidencia en la atribución de las costas. Ello así, puesto que la calidad de vencedor en el proceso atiende a un visión global de las pretensiones activas y pasivas asumidas al momento de la traba de la litis, independientemente de los montos que pudieran involucrar cada una. En tal hermenéutica, del cotejo final que se observe de tal posicionamiento inicial en la traba de la litis, con los logros o éxitos obtenidos en el fallo, se obtendrá eventualmente las porciones de vencimientos mutuos, si los hay, que se pudieran pregonar (Conf. Sala B, S.D.C., N° 13/03; S.D.C., N° 21/03; S.D.C., 03/04, entre otras, CANE). -- -	--En cuanto a la manera de imputarse la carga de las costas en supuestos de concurrencias de causas en el acaecimiento de los perjuicios a resarcir (sea coacusa o concausa con la distinción que se realizara "supra"), la atribución de costas ha de seguir, a modo de espejo, los mismos porcentuales de responsabilidad imputada a cada una de las partes en litigio. En consecuencia, acompañaré en mi voto la propuesta de dirimisión que efectuara el Dr. V., debiéndose pues, ajustar la imposición de las devengadas en el anterior grado del siguiente modo, a saber: el 30% a la parte actora y el 70% restante a los litisconsortes pasivos, Sr. S. y su Aseguradora "S. C. ". --De tal manera lo dejo propuesto. -III.- Conclusión: ---Por todo lo expuesto, corresponderá revocar parcialmente el fallo venido en apelación para elevar el monto del capital de condena a la suma total de Pesos Ciento Ochenta y Tres Mil Ochocientos Seis ($ 183.806), imponiendo las costas en un 30% a la actora y el 70% restante al demandado S. y su aseguradora "S. C. Sociedad Mutual de Seguros Generales"; y, las devengadas por la intervención del co-demandado A. en su totalidad al mencionado demandado y su aseguradora; confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravios. -Habiendo prosperado (2) dos de los (6) seis agravios formulados por la parte actora (los relativos a la indemnización por incapacidad sobreviniente y la imposición de las costas); y solo (1) uno de los (6) que planteara la parte litisconsorcial pasiva (pérdida de chances y daños futuros), se delinea en esta segunda instancia un vencimiento parcial y mutuo que estimo llevan a distribuir las costas en un 33,33% a la parte actora y el 66,66% restante al co-demandado S. y su aseguradora, por responder tales alícuotas al resultado que obtuviera cada uno de ellos en esta segunda instancia (Conf. Art. 71 del C.P.C.C.). Los honorarios de los Dres. N. O. M. y P. O. A., letrados apoderados de la parte actora; y a los Dres. M. M. P. de R. y J. G., letrados apoderado y patrocinante, respectivamente del Sr. S. y la Aseguradora "S. C. Soc. Mutual de Seg. Grales", en las sumas respectivas resultantes de aplicar el 3,30%; el 3,30%; el 2,20% y el 2,20% del monto del pleito que se determine en la etapa de ejecución de la sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Conf. Arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871). -Termino el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. V. expuso: -	La actora a fs. 638/641 vta. atacó por excesivos los honorarios regulados a los letrados que patrocinaran y representaran a ambos codemandados y a la citada en garantía, manifestando que el ataque comprendía los importes, la base regulatoria y la imposición de los emolumentos en calidad de costas a su parte. -- Inicialmente haré constar que el tópico de la imposición de las costas debe aquí marginarse, pues ya ha sido tratado y decidido al ocuparnos de la anterior cuestión, de manera que en ésta sólo corresponde expedirnos acerca de los montos de los honorarios y la base de la regulación. -- Atinente a los honorarios de los letrados que asistieran al codemandado A. , la queja ha devenido abstracta por falta de actualidad. En efecto, modificada la condena en costas en relación a las motivadas por el trámite de la pretensión deducida contra el mentado litisconsorte pasivo, para imponer ellas en su integridad al codemandado S. y su aseguradora, el recurso de la actora se ve desprovisto de uno de los esenciales requisitos de admisibilidad: el interés jurídico nacido de un gravamen, que debe ser personal, objetivo, directo y actual del recurrente y no de un tercero (art. 242 C.P.C.C., su doc.; esta tribunal, c. 11.467 S.D.L. 12/95, c. 11.551 S.D.C. 17/95, c. 11.641 S.D.L. 77/95 y sus citas). --- Mantiene la actora por el contrario interés respecto del monto de los honorarios determinados en beneficio de los letrados del codemandado S. y su aseguradora, porque deberá soportarlos en un 30 %, a tenor de la distribución de las costas practicada. Pero no lleva la recurrente razón en su agravio relativo a la base de la regulación, pues en relación a dichos profesionales la Señora Magistrado "a quo" reguló los emolumentos, tal como establecen los arts. 6 inc. "a" y19 del dec.-ley 2.200 (textos de la ley 4.335), sobre el monto del capital de la condena, con más sus intereses que también la integran. Establecidas que fueron esas retribuciones en porcentajes, no ha sido tampoco menester adecuarlos al nuevo importe de la condena, puesto que el ajuste operará automático. - -	- Voto pues esta cuestión segunda por la NEGATIVA. ---A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: -Cuestionados por la parte actora los honorarios regulados a los letrados de los co-demandados y la citada en garantía, comenzaré liminarmente por excluir de la consideración que se realice de esta impugnación, los argumentos relativo al modo de imposición de las costas que fuera incluido entre los fundamentos por los cuales se intenta sostener el recurso incoado. Es que tal tópico fue motivo de concreto ataque y fue merecedor ya de su respectiva propuesta de resolución en la anterior cuestión. Igualmente, ha devenido vacío de contenido el cuestionamiento dirigido en contra de los honorarios regulados a los Dres. K. G. y S. A., letrados apoderados del co-demandado A. . Ello, toda vez que habiéndose atribuido en su totalidad la carga de las costas generadas por su representación en el proceso al co-demandado S. y su aseguradora, a restado totalmente del indispensable interés que de materia que provea de viabilidad a esta porción del recurso. Habida cuenta de ello, no habiendo gravamen o perjuicio subsistente que pudiere invocar la actora a su respecto, por una circunstancia sobreviniente -cual es la modificación que sobre la imposición de las costas lograra la misma parte en el tratamiento de la anterior cuestión- el recurso en esta porción a devenido en abstracto. Así lo voto. -Resta entonces un concreto y personal interés únicamente en lo que respecta a los honorarios regulados a los letrados representantes del Sr. S. y su aseguradora, en tanto que según se estableciera en la primera cuestión serán a su cargo en un 30%. Visualizado el argumento impugnaticio central ensayado en el tercer párrafo de fs. 638 vta., en cuanto se predica que la juzgadora del anterior grado habría aplicado la doctrina del caso "C. c/ O.", adelanto opinión en cuanto ello no fue así. Dicha doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia establece que debe entenderse, en supuestos donde la porción desestimada de la demanda ha sido significativamente mayor que la admitida, a los fines de la imposición de costas, como ganador y perdedor a quienes respectivamente ostentarían dicha calidad según sean las porciones desestimadas y admitidas. M. que he dicho y lo sigo pensando del mismo modo, es improcedente discriminar entre el capital pretendido y el capital de condena, para atribuir imposiciones de costas diferenciadas (en la especie -repito- no sucedió así), como así también a los efectos de computar bases económicas de regulaciones distintas, según la porción de demanda desestimada o admitida. Primero y principal por cuanto entiendo que tal pronunciamiento sería "contra legem", desde que se aparta de las previsiones que regulan la materia de costas y que se hallan contenidas en los arts. 68 y conc. del C.P.C.C. y otras leyes como por ej. el art. 59 de la Ley 69 o art. 17 de la Ley 4572. Asimismo, respecto de los honorarios para cuya regulación la ley del arancel prevé únicamente como base de cálculo a considerar el monto pretendido en demanda (supuesto de rechazo total de la demanda) o el monto de condena (en el supuesto de admisión, aunque ésta sea parcial) (Arts. 6, inc. "a" y 19 del la Ley 2.200). Y por último, viene a reafirmar tal postura lo dispuesto por el art. 505, párrafo 3ro. del Código Civil y el similar Art. 277, párrafo 3ro. de la L.C.T. (textos agregados por Ley 24.432), en virtud de los cuales el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales, no pueden exceder del 25% del monto de condena, sin computar en dicho porcentual los honorarios de los letrados de la parte que deba afrontar su pago. Basta con advertir que la regulación que se efectuara trasgrediendo lo antedicho, en muchos casos habilitaría a que la regulación de los emolumentos de los letrados de la parte que resultó condenada, aunque en mínima medida respecto a lo originalmente reclamado en demanda, puedan resultar de una cuantía mayor inclusive al importe admitido en sentencia a favor del accionante, lo cual, en mi opinión es absurdo. Si de lo que se trata es de una pluspetición inexcusable, tal circunstancia se encuentra regulada específicamente en la norma contenida en el art. 72 del C.P.C.C.. Por último, no soslayo que se registra doctrina y jurisprudencia que sostiene que en supuestos en los que la demanda ha sido admitida parcialmente no puede desatenderse el importe reclamado, tomando como base el importe admitido, puesto que así se olvida que la discusión ha versado sobre la totalidad y no sobre el importe admitido (ver voto de B., A., en "M. c. Consosrcio de Propietarios Bartolomé Mitre 2257", L.L. 1975-D-297; id. Ure-Finkelberg, en "Honorarios de los Profesionales del Derecho", Ed. LexisNexis, ed. año 2004, pág. 145). Empero, allende de tales disquisiciones que efectúo solo a título "obiter dicta", lo cierto es que la juzgadora no aplicó tal doctrina sino que expresó que "...Los honorarios de los abogados y peritos se fijaran sobre el monto global de los daños reclamados y liquidados toda vez que ese es el monto debatido en la causa o sea la suma de $ 133.094,33 con más sus intereses..."(sic)(fs. 630 vta.)(lo destacado me pertenece) -	. Allí es, donde considero que interpretó lo normado en el art. 19 de la ley del arancel, aunque solo en parte, tal como lo hiciera la Corte Suprema Nacional en precedentes en los que estableció que en supuestos donde prospera la demanda por un monto inferior al pretendido, el monto del proceso se encuentra integrado por la totalidad de la suma pretendida, involucrando tanto lo que prospera como lo que se rechaza (Conf. C.S.J.N., Fallos, 310:1545; 312:291 y 317:1378). -Lo dicho, sin perjuicio de los vaivenes que registra la jurisprudencia de la misma Corte Federal lo que impide tener por sentada o establecida una doctrina judicial respecto al punto, toda vez que en otros antecedentes similares tomó como monto del proceso, a los fines regulatorios, el monto de condena (véase: C.S.J.N., in re: "Hacendados de la Pampa S.A.", J.A., 1993-IV-74; id., "Romero", L.L. 2001-E-118). Ahora bien, en la hermenéutica seguida por el magistrado que me precede en la votación en cuanto entiende que la base de regulación adoptada fue el monto del capital de condena, con más sus intereses; como asimismo, atendiendo que las regulaciones fueron realizadas a través de porcentuales que se ajustarán automáticamente al nuevo importe del capital de condena que se propicia elevar en la cuestión anterior, no encuentro resquicio alguno para admitir el presente agravio. -De lo expuesto, me pronuncio en esta cuestión por la NEGATIVA. -- -	- A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez. respondió: --- -	-- Visto el acuerdo alcanzado al expedirnos sobre las cuestiones precedentes, corresponde: -- A) Revocar parcialmente la sentencia apelada a fin de elevar el monto del capital de la condena a la suma de $ 183.806, imponer las costas originadas por la sustanciación de la pretensión incoada contra el codemandado R. A. A. íntegramente al codemandado D. R. S. y su aseguradora S: C. Soc. Mut. de Seg. Grales., imponer las costas producidas por la tramitación de la pretensión deducida contra el codemandado D. R. S. en un 70 % al mismo y a su aseguradora S. C. Soc. Mut. de Seg. Grales. y en un 30 % a la actora M. F. L., y confirmar el fallo en todo lo demás que fuera materia de agravios. -- B) Imponer las costas de segunda instancia al codemandado D. R. S. y su aseguradora S. C. Soc. Mut. de Seg. Grales. en dos tercios y a la actora M. F. L. en un tercio. -- C) Regular los honorarios profesionales de los Dres. N. O. M., P. O. A., M. M. P. de R. y J. G., pos sus tareas de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 3,30 %, al 3,30 %, al 2,20 % y al 2,20 % del monto total de proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución. -- D) Confirmar los honorarios regulados en la anterior instancia en favor de los letrados que asistiera con su patrocinio y representaran al codemandado D. R. S. y a su aseguradora S. C. Soc. Mut. de Seg. Grales. -- -	- ASI LO VOTO. --- A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. V. por resulta fiel reflejo de los acuerdos antes alcanzados. ASI LO VOTO. --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la Ley 1130 y 271 del C.P.C.C., To. Ley 4550). - Trelew, 26 de setiembre de 2007. --- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A:

REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada a fin de elevar el monto del capital de la condena a la suma de $ 183.806, imponer las costas originadas por la sustanciación de la pretensión incoada contra el codemandado R. A. A. íntegramente al codemandado Daniel Rubén S. y su aseguradora S. C. Soc. Mut. de Seg. Grales., imponer las costas producidas por la tramitación de la pretensión deducida contra el codemandado D. R. S. en un 70 % al mismo y a su aseguradora S. C. Soc. Mut. de Seg. Grales. y en un 30 % a la actora M. F. L. , y confirmar el fallo en todo lo demás que fuera materia de agravios. -- IMPONER las costas de segunda instancia al codemandado D. R. S. y su aseguradora S. C. Soc. Mut. de Seg. Grales. en dos tercios y a la actora M. F. L. en un tercio. REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. N. O. M., P. O. A., M. M. Peña de R. y J. G., pos sus tareas de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 3,30 %, al 3,30 %, al 2,20 % y al 2,20 % del monto total de proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución. CONFIRMAR los honorarios regulados en la anterior instancia en favor de los letrados que asistiera con su patrocinio y representaran al codemandado D. R. S. y a su aseguradora S. C. Soc. Mut. de Seg. Grales. --- Regístrese, notifíquese y devuélvase. -- Fdo: CARLOS A. V. - SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL Nº 34 DE 2.007 - SDC.- Conste.- c.

PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIO DE CAMARA