Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-28


000551/2010 --- En la ciudad de Trelew, a los días de febrero del año dos mil diez, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y la presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C. J. P. y Otros c/ I. S.A. y Otra s/ Cobro de haberes e Indemnización de Ley" (Expte. N º 267 - año 2010), venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 369.--- --- A LA PRIMERA CUESTION, el Dr. Velázquez dijo:I.- La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por los actores contra la ex-empleadora I. S.A. por las diferencias habidas en las indemnizaciones derivadas de los despidos directos injustificados y en los rubros de las liquidaciones finales, así como por los agravamientos resarcitorios previstos en los arts. 16 de la Ley 25561 y 2 de la Ley 25.323. El fallo extendió la condena a I. de A. S.A. a quien consideró deudora solidaria en virtud de haber formado con la litisconsorte pasiva una unidad técnica de ejecución.- Las codemandadas apelaron ese decisorio y fundaron su recurso con la pieza de fs. 356/361, informe donde expresaron los agravios que a continuación trataré.- II.- Como primera impugnación postularon los recurrentes que es inaplicable al caso la solidaridad prevista en el Art. 30 L. C. T., porque ninguna de las empresas demandadas delega en la otra su actividad principal y el hecho que una de ellas provea a la restante de materia prima no genera vínculo de solidaridad.- Tal argumentación no constituye la crítica concreta y razonada que los arts. 60 de la Ley XIV n ° 1 y 268 C. P. C. C. ponen a cargo de los apelantes para la suficiencia técnica de su recurso, pues con aquélla no se hicieron ellos cargo de las extensas motivaciones volcadas por el Señor Juez "a quo" a fs. 333, donde el sentenciante sostuvo su conclusión de que ambas empresas formaban una unidad técnica de ejecución apoyándose en: a) la confesión expresa del representante legal de I. de A. S.A. acerca de que esa empresa controlaba a I. S.A.; b) la coincidencia de objetos societarios surgida de los estatutos, según informe de la Inspección General de Justicia; y c) la circunstancia de que I. de A. S.A. es titular de permisos de pesca sin ser propietaria de planta procesadora alguna, que sí posee I. S.A., de modo que la primera, como controlante de la segunda, completaba su actividad normal de comercialización de frutos de mar por cuenta de un tercero a través del procesamiento de esos frutos cumplido por I. S.A. para su posterior comercialización por aquélla; d) tal esquema de organización, de acuerdo al Art. 10 de la Ley IX n ° 75, configura una unidad técnica de ejecución.- En este punto ha existido una deserción parcial del recurso, pues, como es sabido, para que la carga de criticar concreta y razonadamente el fallo quede satisfecha es menester que los fundamentos del sentenciante sean objeto de efectivo ataque en su integridad, ya que de lo contrario aquellos de los cuales no se haya hecho cargo el recurrente con argumentos específicos y que por sí solos sirven para sustentar en derecho la decisión, provocan la firmeza de ésta. En suma, de no ser expresados los agravios del indicado modo acerca de cada uno de los puntos que fueron considerados separadamente por el "a quo", quedan consentidos aquellos sobre los que no medió precisa y fundada impugnación (confr.: C. S. N., L. L. 137-538; esta alzada, c. 452/09 S.D.L. 67/09, c. 14/10 S.D.L. 4/10, c. 208/10 S.D.L. 32/10, c. 34/10 S.D.L. 10/10, entre muchas otras).- III.- El segundo de los agravios de las apelantes fue dirigido contra la base de cálculo adoptada por el juzgador para determinar el monto de la indemnización prevista en el Art. 245 L. C. T., criticando que haya tenido a ese efecto en cuenta el s. a. c. proporcional de cada mensualidad.- Llevan razón las recurrentes en esta impugnación. Ha sido doctrina jurisprudencial pacífica en nuestro ámbito provincial que la proporción del s. a. c. está excluida de la base de cálculo de la indemnización reglada en el Art. 245 L. C. T. en razón de no responder al requisito de ser una remuneración mensual exigido a ese fin exigido por el precepto, pues aunque ese adicional es devengado en cada momento, es pagado semestralmente. Así lo tiene declarado el Excmo. Superior Tribunal de esta Provincia (S. D. 29/97) y reiteradamente esta alzada (c. 13.693 S. D. L. 113/98, c. 22.222 S. D. L. 47/07, c. 22.335 S. D. L. 67/07, c. 22.921 S. D. L. 63/08, entre otras).- Tal inteligencia de la norma no es alterada, en mi concepto, por la modificación que le introdujera el Art. 5 de la ley 25.877 al aludir a "la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año...", en lugar de mencionar la "percibida" como lo hacía el texto original. El cambio de expresión legal obedeció a la necesidad de poner fin a las discrepancias habidas en aquellos supuestos en que se registraban cobros de salarios inferiores a los realmente devengados por el trabajador y no hizo sino recoger el criterio jurisprudencial de acuerdo al cual el enunciado "remuneración...percibida" debía interpretarse como "remuneración ...que debió percibir" (C. S. N., Fallos 314:1445).- Mas esa reforma no veo que resulte determinante a los fines de integrar la base de cálculo de la indemnización del Art. 245 L. C. T. con el s. a. c. (confr. C. N. Trab., sala III, 27/9/07, en autos "Niwa, B. G. c/ Obra Social Bancaria Argentina", La Ley Online). Lo dirimente en la cuestión no es la frecuencia con que este concepto se devengue o se perciba, sino la periodicidad de su liquidación.- Excluidas de las bases de cálculo dichas partes proporcionales de s. a. c., tenemos que las mejores remuneraciones mensuales, normales y habituales de los actores fueron las identificadas en el dictamen pericial contable como "mejor sueldo" (fs. 263/267, pto. 7), con lo cual las indemnizaciones por antigüedad respectivas deben alcanzar:

J. L. V.C.: $ 22.205,15 M. N. H.: $ 30.838,06 J. P. C.: $ 20.225,10 A. H. M.: $ 25.696,85 V. G. M.: $ 24.333,90 IV.- El tercer agravio fue apuntado contra la condena a abonar a los ex-trabajadores s. a. c. y vacaciones proporcionales, rubros ya pagados al momento de la desvinculación y calculados conforme las remuneraciones devengadas.- Errada es esta crítica al fallo. Por cierto que la ex-empleadora pagó a los actores al momento de sus despidos los s. a. c. y vacaciones proporcionales, cual surge del informe pericial de fs. 268/272, pero no es menos exacto que lo hizo por montos insuficientes, como se desprende de la comparación de esos importes con los correctos resultantes del dictamen pericial de fs. 263/267.- Los montos de la condena correspondientes a cada demandante por estos ítemes receptan las diferencias insolutas de los mismos.- V.- La crítica siguiente la dirigieron las recurrentes contra el agravamiento indemnizatorio del Art. 16 de la Ley 25.561, con las modificaciones de del Art. 2 de la Ley 25.972, que consideraron inaplicable a estos despidos ocurridos el 30/5/07, toda vez que el tal incremento cesó el 28/2/07, fecha en que fue dado a conocer el informe del I.N.D.E.C. conforme al cual el índice de desocupación cayó por debajo del 10 %, condición resolutoria para la vigencia del tal agravamiento.- Añadieron las apelantes, en subsidio de lo anterior, que en todo caso el incremento habría de ser aplicado únicamente a la indemnización del Art. 245 L. C. T. y no, como fue hecho, también sobre las indemnizaciones sustitutiva de preaviso omitido y vacaciones proporcionales.- No asiste razón a las apelantes en el agravio principal de este capítulo. Hemos tenido ya ocasión de expedirnos sobre esta cuestión en muy numerosas causas, declarando que el agravamiento indemnizatorio del Art. 16 de la Ley 25.561 -con sus prórrogas y la modificación introducida por la Ley 25.972- sólo cesó de ser aplicable a partir del 19/9/07, al entrar en vigencia el Dec. 1.224/07 P. E. N. que declarara cumplida la condición resolutoria establecida por la ya citada norma del Art. 4 de la última ley citada (esta sala, c. 22.811 S. D. L. 48/08, c. 22.848 S. D. L. 53/08, c. 22.902 S. D. L. 67/08, 57/08 S. D. L. 77/08, c. 95/08 S. D. L. 74/08, c. 70/09 S. D. L. 21/09, c. 104/09 S.D.L. 20/09. c. 513/10 S. D. L. 47/10). Desde que los despidos de autos tuvieron lugar el 30/5/07 y para entonces el agravamiento indemnizatorio regía, los demandantes resultan acreedores del mismo.- Mas como fundar en derecho una decisión no consiste en solamente acopiar citas de precedentes, expondré, así sea sintéticamente, las razones que personalmente me conducen a tal conclusión, argumentos estos avalados por la doctrina (confr.: Ramírez, "Una ley argentina para el Libro Guiness...", D. T. 2007-B-1070):

A) Si bien el Art. 4 de la Ley 25.972 erigió en condición resolutoria del sistema de suspensión de despidos sin causa justificada y recargos indemnizatorios la circunstancia "que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10 %)", el precepto no estableció en cambio que el solo cumplimiento de ese hecho condicional tornara operativa de pleno derecho la abrogación. Con ello dicha norma legal se separó nítidamente del modelo anterior -establecido además por disposición de inferior jerarquía- diagramado por el Art. 3 del Dec. 823/04, que sí lo determinaba expresamente de ese modo. El cambio de esquema respondió sin duda a la voluntad del legislador, que no quiso reiterar el sistema de la derogación automática "ipso facto" en razón de la inseguridad que el mismo acarreaba.

B) El cumplimiento de dicha "condictio iuris" no puede quedar expuesto a los avatares de la difusión, mayor o menor, que los datos estadísticos tengan en los medios periodísticos -el INDEC con la información que suministra no produce un acto administrativo, sino un comunicado de presa-, pues ello conspiraría contra la seguridad jurídica.- C) Aunque la norma del Art. 4 de la Ley 25.972 remite a la tasa de desocupación elaborada por el instituto nacional, tiénese que este último da a conocer tres indicadores del desempleo distintos -el uno considerando a las personas incluidas en el Plan Jefas y Jefes de Hogar como ocupadas, el otro conceptuando a éstas como empleadas siempre y cuando cumplan contraprestaciones y el tercero contemplándolas como desempleadas-, que han mostrado diferencias importantes en varios períodos, pues mientras algunos indicaban tasas de desocupación inferiores al 10 %, otros las enseñaban superiores. Y así aconteció precisamente con los datos del cuarto trimestre de 2006, lapso para el cual el último de los indicadores mencionados todavía alcanzaba los dos dígitos. También esta circunstancia conspira contra la seguridad jurídica.- D) La señalada imprecisión del precepto legal, en punto nada menos que a su plazo de vigencia, reclamaba una reglamentación por el Poder Ejecutivo Nacional (Art. 99 inc. 2 de la Const. Nac.) y como tal operó el Dec. 1.224/07 al declarar cumplida la condición resolutoria prevista. Desde que, lo reitero, es esa una norma reglamentaria, su data de entrada en vigencia es determinada por aplicación del Art. 2 Cód. Civ., de modo que publicado el decreto en el Boletín Oficial del 10/9/07, él comenzó a regir el 19/9/07. Sólo allí cesó el régimen del incremento resarcitorio del Art. 16 de la Ley 25.561, sus prórrogas y modificaciones.- E) Cualquier hesitación que, pese a los razonamientos anteriores, la interpretación de la norma de marras suscite deben solventarla los jueces a través de la pauta del Art. 9 Párr. 2° L. C. T., esto es inclinándose por el sentido de la disposición más favorable a los intereses del trabajador, que en este supuesto consiste en la vigencia del régimen de la suspensión de los despidos sin causa justificada y el agravamiento de la indemnización en caso de violación de aquélla.- Por tales motivos este agravio no puede prosperar.- Por lo contrario, sí debe ser acogida la queja vertida en subsidio sobre este ítem. Es que este incremento resarcitorio sólo debe alcanzar a la indemnización por antigüedad mentada, por así haberlo dispuesto expresamente los arts. 4, Párr. 2° de la ley 25.972 y 1° del dec. 1.433/05, normas que con ello se separaron del anterior modelo del Art. 2° del dec. 2.014/04, derogado expresamente por el Art. 2° del dec. 1.433/05 (este tribunal, c. 209/09 S. D. L. 29/09).- Así pues, el tal incremento debe ser fijado para cada uno de los actores de la siguiente forma:

J. L. V. C.: $ 11.102,57 M. N. H.: $ 15.419,03 J. P. C.: $ 10.112,55 A. H. M.: $ 12.848,42 V. G. M.: $ 12.166,95 VI.- La siguiente queja la volcaron las demandadas contra el acogimiento de la petición del incremento resarcitorio reglado en el Art. 2 de la ley 25.323, señalando que los actores percibieron sus indemnizaciones en tiempo y aun cuando se entienda que existieron diferencias en los cálculos, cabe tener presente que es esta una sanción de naturaleza restrictiva, apuntada contra los empleadores que demoran el pago de los resarcimientos, lo que en la especie no ocurrió.- La indicada norma no distingue entre pagos totales y parciales y, sabido es, "ubi lex non distinguit, nec non distinguere debemus". Y tampoco habría correspondido técnicamente que el legislador distinguiera, eximiendo de la consecuencia de aquella norma a quien pagara parcialmente. Paga quien cumple la prestación que hace el objeto de la obligación y para ello debe entregar al acreedor lo adeudado en su integridad y no parcialmente, de manera que si lo entregado es algo incompleto habrá incumplimiento (arts. 725, 742 Cód. Civ., su doc.); la inejecución relativa, parcial, de la obligación no por ello deja de ser inejecución (confr.: Cazeaux - Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", 2da. ed., I-198). Ello se vigoriza si cabe en la esfera del derecho laboral, en la que la integridad de los montos a abonar es especialmente considerada (arts. 130 a 135, 260 L. C. T.), disposiciones para las remuneraciones aplicables por analogía a las indemnizaciones (Art. 16 Cód. Civ.) y que tienen carácter imperativo por ser de orden público y, en consecuencia, resultan irrenunciables por el trabajador y no discrecionales para el empleador (confr.: López - Centeno - Fernández Madrid, "Ley de Contrato de Trabajo", Ed. Contabilidad Moderna 1978, II-448; esta sala, c. 335/09 S. D. L. 44/09).- Tal interpretación de la ley halla sustento no sólo en su clara letra, que no hace distingos entre incumplimiento total y parcial, sino asimismo en su espíritu, en la razón que condujo a su sanción, segundo de los elementos a los que alude el Art. 16 Cód. Civ. al fijar pautas para la hermenéutica legal.- En efecto, lo que llevó al legislador a sancionar el Art. 2 de la ley 25.323 fue el frecuente caso de empleadores que omiten el pago temporáneo de las indemnizaciones debidas al trabajador despedido, conducta que fuerza a éste, para lograr la percepción de su acreencia, a recurrir a la justicia con el consiguiente desmedro para él, ya que afrontar esos trámites importa para el ex-dependiente el sufrir pérdidas de tiempo y trastornos no compensados suficientemente con el cobro posterior de intereses moratorios (confr.: Posse, "Presupuestos para la aplicación del artículo 2° de la ley 25.323", D. T. 2004-A-645). Esos perjuicios los padecerá el trabajador por igual si se ve en la necesidad de litigar por el total de las indemnizaciones o por porciones insolutas de ellas, de modo que el resarcimiento consagrado en el precepto de marras le debe ser reconocido en ambos supuestos.- VII.- Tras recordar que el fallo desestimó los reclamos fundados en los arts. 9 de la Ley 25.013, 80 "in fine" y 132 bis L. C. T., las recurrentes cuestionaron la imposición de las costas íntegramente a su cargo, pues aquellos rechazos importaron un vencimiento parcial.- Tal como surge del escrito de demanda, nueve reclamos acumularon objetivamente los actores: los fundados en los arts. 80 "in fine", 123, 132 bis, 156, 232 y 245 L. C. T. y los apoyados en los arts. 2 de la Ley 25.323, 16 de la Ley 25.561 y 9 de la Ley 25.013. El contenido económico de la demanda alcanzó a un total de $ 262.598,46.- Tres de esas pretensiones fueron a la postre desestimadas, las fundadas en los arts. 80 últ. Párr. y 132 bis L. C. T. y en el Art. 9 de la Ley 25.013, mientras que las seis restantes prosperan, bien que por montos inferiores a los solicitados. La condena llega así a la suma de $ 195.382, 73, lo que implica una reducción respecto de lo reclamado en la demanda del 25,60 %.- Existe ya en esta materia de las costas en los procesos laborales doctrina afianzada del Superior Tribunal, sentada, entre otras, en sus S. D. 7/91, 47/92, 57/92. Interpretando el Art. 59 de la Ley 69 (hoy Art. 57 de la Ley XIV n ° 1), ha sostenido el Alto Cuerpo Provincial que la norma establece un principio general insusceptible de aplicación mecánica, admitiendo en cambio las cautas excepciones a que pueda conducir, sobre la base de los arts. 69, parte 2da. y sgts. C. P. C. C., aplicables por remisión del Art. 73 de la Ley de Procedimiento Laboral, el prudente análisis particularizado de la cuestión en cada caso. No empece a ello el principio de gratuidad establecido en el Art. 12 de la citada ley en consonancia con el Art. 20 de la L. C. T., disposiciones estas que no pueden ser entendidas como consagratorias de la total irresponsabilidad del empleado que encara una litigiosidad artificial, aún sin llegar a la pluspetición. En la especie los actores resultan derrotados en punto a sus reclamos de las indemnizaciones de los Art. 80 y 132 bis L. C. T., así como la del Art. 9 de la Ley 25.013 y ven notablemente reducidos los importes de sus restantes pretensiones. Las codemandadas hubieron de defenderse de esos planteos y con razón de derecho por la improcedencia de tres de ellos y lo exagerado de los otros. Entiendo por todo ello que se justifica en el caso la aplicación del Art. 72 C. P. C. C. y la consecuente distribución de las costas. La cuestión versa, en rigor, sobre cómo efectuar dicha distribución.- Verdad es que desde hace ya varios años este tribunal viene declarando que ante el vencimiento parcial y mutuo resultante de un progreso muy fragmentario de la demanda, corresponde la distribución prudencial de las costas, siendo equitativo imponerlas al actor en las porciones de la demanda que se desestiman y al demandado en las fracciones de ella que son acogidas (precedente "Peralta vs. Pesquera Rigel", c. 16.434 S..D..L. 66/00, doctrina reiterada luego en c. 19.751 S..D..L. 51/04, c. 20.514 S..D..L. 43/05, c. 21.588 S..D..L. 47/06, c. 22.043 S..D..L. 24/07, c. 366/09 S..D..L. 70/09, entre otras). Mas es esa una solución de excepción, reservada para aquellos supuestos en que la diferencia entre los reclamos que progresan y los que son rechazados resulta mayúscula, con ítemes que prosperan casi nimios y el rechazo del grueso de los otros demandados.- No es ese el caso de autos, porque si bien es cierto que la diferencia entre el monto de la demanda y de la condena resulta notable, la gran mayoría de los rubros reclamados fueron acogidos y sus importes no son insignificantes, sino también altos. En tal supuesto procede usar la modalidad clásica de aplicación del Art. 72 C. P. C. C., esto es distribuir la costas en alícuotas porcentuales según el resultado del pleito.- Examinado el resultado del litigio según el número de pretensiones acumuladas notamos que los actores triunfaron en el 66,66 % de ellas (seis de nueve), siendo derrotados en el 33,33 % restante. Si el análisis lo realizamos conforme el monto de las sumas dinerarias tenemos que vencieron en el 74,40 % de sus reclamos ($ 195.382,73 sobre $ 262.598,46) y fueron batidos en el 25,60 % remanente. Promediados los resultados de ambas formas de cálculo arribamos a que los demandantes resultaron victoriosos en un 70,53 % del contenido del pleito y sometidos en un 29,46 % del mismo.- En la prudencial repartición de las costas a que da lugar el vencimiento parcial y mutuo no debe imperar, desde luego -y menos en el ámbito de los procesos laborales, en los que influye el principio protectorio del trabajador característico de esta rama del derecho-, un criterio puramente aritmético, aherrojado por la suma dineraria reclamada en la demanda y el monto de la condena. Ha de resolverse por el contrario esa cuestión con un enfoque global del resultado del litigio y valorar las costas con criterio jurídico, en el que pesa tanto la entidad económica de cada una las pretensiones acumuladas como el número de ellas que progresan o son rechazadas, cual en varias oportunidades decidiera esta sala (v. gr., c. 22.902 S. D. L. 67/08, c. 57/08 S. D. L. 77/08, c. 204/08 S.D.L. 10/09, c. 417/09 S. D. L. 55/09, entre innumerables otras anteriores). Computado también que las actoras se vieron en la necesidad de acudir a los estrados judiciales para obtener la protección de indisputables derechos, opino que el balance final del litigio conduce a imponer las costas de primera instancia a las demandadas en un 70 % y a los demandantes en el restante 30 %.- VIII.- Inadmisible es al ataque contra la regulación de honorarios practicada en la anterior instancia. Basta recordar que, cual muy reiteradamente y desde antiguo declaráramos, la apelación de honorarios de abogados posee una autonomía normativa, con especiales previsiones en cuanto al plazo y ocasión de fundamentarla, que impiden considerarla implícita en el recurso deducido contra la sentencia definitiva, aunque ese acto decisorio contenga la regulación (Art. 48 de la Ley XIII n ° 4, antes Art. 49 del Dec.-ley 2.200, su doc.; c. 9.831 S. D. C. 34/92, c. 10.083 S. D. L. 104/92, c. 11.278 S. D. C. 19/95, entre innumerables otras posteriores). Inaudible resulta pues la queja traída por las recurrentes, quienes apelaron sólo la sentencia definitiva (fs. 351, pto. II) pero no esos honorarios en la oportunidad y forma prevista en el Art. 48 de la Ley XIII n ° 4, cuestionándolos recién en ocasión de expresar agravios contra el fallo definitivo en el mérito.- IX.- Por las apuntadas razones considero que la sentencia apelada debe ser parcialmente revocada a fin de: a) reducir el monto del capital de la condena a la suma de $ 195.382,73, de los que corresponden $ 30.711,75 a J. L. V. C., $ 51.655,26 a M. N. H., $ 33.326,44 a J. P. C., $ 38.967,79 a A. H. M. y $ 40.721,49 a V. G. M., en todos los casos con más los intereses dispuestos en la anterior instancia que no motivaron impugnación alguna; b) imponer las costas de primera instancia en un 70 % a las codemandadas y en un 30 % a los actores. El decisorio en cambio merece ser confirmado en todo lo demás que fuera materia de quejas.- Visto el progreso muy fragmentario de los agravios, que diagrama un vencimiento parcial y mutuo, corresponderá imponer las costas de alzada en un 65 % a las codemandadas apelantes y en el restante 35 % a los actores (Art. 72 C. P. C. C., ex Art. 71).- Atento la calidad, extensión y resultado de las tareas profesionales de alzada, propongo regular los honorarios del Dr. L. B. en la suma equivalente al 5,50 % del monto del proceso que surja de la liquidación a ser practicada (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46 de la Ley XIII n ° 4, antes arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del Dec.-ley 2.200).- Consecuentemente, me pronuncio aquí PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.- --- A ESTA MISMA CUESTIÓN, el Dr. Carlos D. Ferrari dijo: - --- I. En el voto precedente el Dr. Velázquez ha hecho una reseña ilustrativa de los antecedentes del caso, de los fundamentos del fallo apelado y de los motivos de agravios expresados por las apelantes, de manera que no resultará necesario abundar acerca de dichos aspectos. En consecuencia abordaré directamente las cuestiones planteadas, anticipando desde ya mi total coincidencia con las conclusiones expuestas por el colega preopinante.

--II. En rigor, nada novedoso podría agregar a los sólidos fundamentos ya vertidos por el colega que me precedió en el uso de la palabra, mas en cumplimiento de la manda establecida en el Art. 169 de la Constitución Provincial, sintetizaré los fundamentos que me llevan a compartir la solución propiciada por el Dr. Velázquez, aun cuando para ello deba incurrir en una inevitable reiteración de conceptos.

-- III. La solidaridad - Art. 30 L. C. T.: En plena coincidencia con las apreciaciones del colega preopinante, debo decir que las objeciones ensayadas acerca de este tópico no llegan a constituir una crítica concreta y razonada con el grado de suficiencia técnica exigido por el ordenamiento procesal, al no rebatir los puntos esenciales que, a través de un extenso y sólido desarrollo argumental, tal como lo reseñara mi predecesor en el uso de la palabra, llevaron al sentenciante a concluir que I. de A. S.A. e I. S.A. conformaban una unidad técnica de ejecución, por lo que existía responsabilidad solidaria por parte de I. de A. S.A. respecto de las obligaciones laborales de I. S. A en los términos de la norma del título. De tal manera, puede comprobarse que la pieza de agravios no satisface las exigencias establecidas en el rito, incurriendo así en una deserción parcial del recurso acerca de este punto (Art. 60, Ley XIV N ° 1 - arts. 268 y 269, Ley XIII N ° 5; su doctrina), lo que así corresponderá declarar.

---IV. La base de cálculo para la indemnización del Art. 245 L. C. T.: Aciertan los apelantes al objetar la base salarial adoptada para la liquidación de la indemnización por antigüedad correspondiente a los coactores. En efecto, puede observarse que el a quo computó a tal fin el S. A. C. proporcional, ítem que según lo hemos sostenido de manera invariable, no integra la base de cálculo, teniendo en cuenta la periodicidad de su percepción en dos cuotas semestrales, ya que el claro texto del Art. 245 L. C. T. alude a la remuneración "mensual" y no a otros rubros con distinta percepción periódica. Como bien lo ha señalado la jurisprudencia nacional, cuando el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo dispone tomar como módulo "la mejor remuneración mensual, normal y habitual" se refiere a los rubros que componen el salario, para excluir gratificaciones extraordinarias, sueldo anual complementario u otras prestaciones que por su naturaleza no sean susceptibles de ser ganadas todos los meses, en tanto el adjetivo "mejor" se refiere al monto (Conf. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala III o 18/09/2007 o Silva, Ernesto Guillermo c. Museo Social Argentino Instituto de Información Estudio y Acción Sociales o LA LEY 21/02/2008, 4, con nota de Liliana H. Litterio - LA LEY 2008-B, 22, con nota de Liliana H. Litterio -), precisamente por interpretar que el texto de dicha norma alude -tanto sea hoy en alusión a la remuneración "devengada" o, en el texto anterior, designada como "percibida"- al salario mensual, por lo que ello no puede considerarse extensivo al aguinaldo, de percepción diferida en dos cuotas anuales. Así lo hemos resuelto en numerosos precedentes tales como los que cita el Dr. Velázquez -en el caso del suscripto, en igual sentido, mis votos en Exptes. 22222; 22397; 22625; entre otros).

-A mérito de ello, comparto las reliquidaciones del este rubro propuestas por el colega prevotante, en base a las remuneraciones y guarismos indicados en la pericia contable de fs. 246/283 vta., los que doy aquí por reproducidos en homenaje a la deseable brevedad, ya que he constatado la exactitud de los montos consignados en el sufragio del Dr. Velázquez.

---V. La condena al pago de S. A. C. y vacaciones proporcionales: --Como lo ha señalado con acierto el magistrado preopinante, esta queja es errónea, ya que el fallo ha condenado a abonar las sumas insuficientemente abonadas a los demandantes, por lo que el agravio debe ser desestimarse, y así lo dejo votado.

-VI. La indemnización del Art. 16, Ley 25561: ---1) El agravio referido a la fecha del cese de este plus indemnizatorio no puede prosperar. Bien ha señalado el magistrado prevotante que la sala tuvo ya ocasión de decidir este tópico en varios casos análogos, sosteniendo que la norma dejó de ser aplicable desde el 19/09/2007, con la entrada en vigencia del Decreto 1224/07, que en su Art. 1° declaró cumplida la condición prevista por el primer párrafo del artículo 4º de la Ley N º 25.972. Así es que, teniendo en cuenta la fecha de los despidos de los coactores -30/05/2007- ninguna duda puede caber acerca de la aplicabilidad de dicha norma a la especie.

-2) En cuanto al alcance de este plus resarcitorio, también es clara la legislación (Art. 4°, 2do. párrafo, Ley 25.972 - Art. 1°, Decreto 1433/05) en cuanto a que el mismo se aplica solo respecto de la indemnización por antigüedad, conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N ° 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias.

----Por tal motivo, debe modificarse al fallo en este aspecto conforme a los montos que correctamente propone el Dr. Velázquez, los que también doy aquí por reproducidos, brevitatis causae.

---VII. La indemnización del Art. 2 - Ley 25.323: --Las alegaciones de las apelantes no consiguen desvirtuar el criterio adoptado por el sentenciante. En sentido concordante, bien se ha sostenido que si ante el pago insuficiente de las indemnizaciones, el trabajador intimó a la empleadora a abonar la diferencia adeudada y se vio obligado a iniciar la acción judicial para percibirla -tal como ha sucedido en el caso-, resulta acreedor al recargo del Art. 2 de la ley 25.323 (Conf. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala III o 15/04/2010 o Ruiz, Elizabeth Elida c. Jumbo Retail Argentina S.A. o , La Ley Online; o AR/JUR/17004/2010; id. sala IV o 15/04/2008 o Blanco, Ricardo Daniel c. Ilva S.A. o IMP 2008-13 (Julio), 1152 - DT 2008 (julio), 780 o AR/JUR/2443/2008 entre otros).Por consiguiente, coincido en que este agravio debe ser desestimado.

--VIII. La carga en costas de primera instancia: -Al abordar este tópico, el Dr. Velázquez ha efectuada una extensa consideración acerca de las circunstancias del caso, a fin de describir las distintas pretensiones acumuladas en la causa y el resultado recaído en definitiva respecto de las mismas, con el objeto de pronunciarse por una distribución de las costas en la instancia de origen adecuada a dicho resultado. Ninguna reflexión podría agregar al pormenorizado análisis efectuado por el colega de primer voto sin caer en lo sobreabundante, pues está claro que existieron vencimientos parciales y mutuos, de manera que al momento de tomar una decisión al respecto, debe tenerse en cuenta, esencialmente, que los actores se vieron en la necesidad de entablar la presente demanda para obtener el reconocimiento de sus derechos y que, además, consiguieron ser mayoritariamente vendedores en sus reclamos. En consecuencia, opino que la distribución propuesta aquí por el magistrado preopinante -70% a cargo de las perdidosas, 30% por cuenta de los vencedores- se concilia con la suerte verificada en esta contienda, aplicando un criterio prudencial y adecuado a derecho (Conf. Art. 72 -antes 71- del C. P. C. C. - texto seg. Ley XIII N ° 5; su doctrina - Art. 73, Ley XIV N ° 1).

---A mérito de ello, sumaré mi voto en igual sentido al del proponente.

IX. Honorarios de primera instancia: --Reiterada y monocorde es la jurisprudencia de esta sala al sostener que, tratándose de un régimen específico con autonomía recursiva, no procede ingresar al tratamiento de los honorarios si la parte interesada no dedujo el recurso respectivo dentro del plazo legal (Art. 48 - Ley XIII N ° 4- antes Art. 49, Dec. Ley 2.200). Así es que, como lo tiene resuelto esta sala en numerosos precedentes análogos, el recurso respecto de la cuestión de fondo no habilita la instancia para que la Cámara se pronuncie sobre dicho accesorio, si no se articuló y concedió dicha apelación en debido tiempo y forma. En consecuencia, no corresponderá pronunciarse sobre este tópico.

---X. Conclusiones: -----Como síntesis de todo lo expresado y en plena concordancia con el Dr. Velázquez, opino que debe revocarse parcialmente el fallo en los términos por él propuestos -dándolos aquí por reproducidos a fin de evitar innecesarias repeticiones-, con costas de alzada en un 65% a cargo de las apelantes y en el 35% a cargo de los coactores (Art. 72 -antes 71- del C. P. C. C. - texto seg. Ley XIII N ° 5; su doctrina - Art. 73, Ley XIV N ° 1). Comparto asimismo la propuesta de fijar los honorarios del Dr. L. B. en el 5,5% del monto del proceso debidamente liquidado, atendiendo a la extensión, calidad, eficacia de sus tareas y al resultado obtenido (arts. 5, 18, 46 y Conc., Ley XIII N ° 4).

-- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.

-----A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:

--- Visto el acuerdo alcanzado, corresponde:

--- 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada a fin de: a) reducir el monto del capital de la condena a la suma de $ 195.382,73, de los que corresponden $ 30.711,75 a J. L. V. C., $ 51.655,26 a M. N. H., $ 33.326,44 a J. P. C., $ 38.967,79 a A. H. M. y $ 40.721,49 a V. G. M.; y b) imponer las costas de primera instancia en un 70 % a las codemandadas y en un 30 % a los actores.- --- 2) Confirmar el decisorio en lo demás que fuera materia de agravios.- --- 3) Imponer las costas de segunda instancia en un 65 % a las codemandadas apelantes y en el restante 35 % a los actores.- --- 4) Regular los honorarios del Dr. Dr. L. B., por sus labores de alzada, en la suma equivalente al 5,50 % del monto del proceso que surja de la liquidación a ser practicada.- --- ASÍ LO VOTO.- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Carlos D. Ferrari expresó: --Tal como ya lo adelanté, comparto la resolución propuesta por el Dr. Velázquez en todos sus términos, votando en sentido idéntico.

--- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Marcelo J. López Mesa (Art. 7º Ley V N º 17),- --- Trelew, de febrero de 2.011.

-En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:S E N T E N C I A: -- --- 1) REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada a fin de: a) reducir el monto del capital de la condena a la suma de $ 195.382,73, de los que corresponden $ 30.711,75 a J. L. V. C., $ 51.655,26 a M. N. H., $ 33.326,44 a J. P. C., $ 38.967,79 a A. H. M. y $ 40.721,49 a V. G. M.; y b) imponer las costas de primera instancia en un 70 % a las codemandadas y en un 30 % a los actores.- --- 2) CONFIRMAR el decisorio en lo demás que fuera materia de agravios.- --- 3) IMPONER las costas de segunda instancia en un 65 % a las codemandadas apelantes y en el restante 35 % a los actores.- --- 4) REGULAR los honorarios del Dr. L. B., por sus labores de alzada, en la suma equivalente al 5,50 % del monto del proceso que surja de la liquidación a ser practicada.---- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- --- REGISTRADA BAJO EL N º DE 2.011 - SDL.- Conste.- JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA.