marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Simulación, precio vil, honorarios, base
Materia: PROCESAL
Carátula: CISMONDI ETULAIN MARIO J. c/ ANIBAL RICARDO DREIDEMIE Y OTROS s/ SIMULACION - RECURSO DE REVISION - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-04-05

El monto por el cual se realizó una transferencia inmobiliaria, que luego fuera juzgada como simulada, no puede ser tenido como referencia adecuada a los fines de la regulación de honorarios en razón de que dicha suma fue uno de los aspectos básicos que ayudaron a formar la convicción del sentenciante, acerca de la procedencia misma de la acción de simulación intentada.

El precio del negocio jurídico atacado es apto o no lo es: si ha sido elemento configurativo para la declaración de simulación, el tribunal no puede luego, sin contrariedad, otorgarle entidad en otro ámbito del mismo pleito -aunque sea accesorio -esto es como base regulatoria.

De tal manera la base regulatoria para el caso de que la acción de simulación sea acogida, es el valor real de los bienes cuya transferencia se cuestionó.

La presente interpretación es la que mejor se adecua a las prescripciones del art. 101 de la ley 7269 en tanto que asegura una retribución digna y equitativa por las tareas cumplidas. (Del voto del Dr. Petitto).-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, culpa de la víctima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Meza, María Teófilo c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y otros s/ Indemnización de daños y perjuicios Montesino, Atilio c/ Ailan, Hector Alfredo y otros s/ Daños y perjuicios Bevacqua, Guillermo y otra c/ Castra, Gilberto Hugo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24|1986-05-27|1986-11-04

Determinar si la conducta de la víctima o de un tercero eximió total o parcialmente de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa, constituye una cuestión de hecho.
Medicamentos, remisión del expediente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LABORATORIO ELEA PHOENIX SA c/ EN. M DESARROLLO PRODUCTIVO (EXP. 34794426/20) s/ RECURSO DIRECTO LEY 24.240 - ART 45
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-09

Se declara la nulidad de la disposición de la DNCYAC -que aplicó una sanción de multa por infracción a los artículos 4, 5, 6 y 8 bis de la ley 24.240 y ordenó la publicación de la parte dispositiva de la referida disposición- en función de la incompetencia del organismo para realizar el control de la actividad publicitaria vinculada con productos medicinales de venta libre (art. 7, inciso a, de la ley 19.549) y se ordena la devolución de las actuaciones a esa dirección para que las remita a la ANMAT a fin de que, en ejercicio de su específica competencia, tome la intervención que pueda corresponder en el expediente administrativo.
Locación de obra, responsabilidad del empresario, responsabilidad extracontractual, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL
Carátula: CEDRON, NARCISO GUSTAVO c/ DAVI, JOSE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-07

El art. 1647 del C. Civil se refiere a la responsabilidad del constructor por los daños causados a terceros como consecuencia de la inobservancia de las disposiciones municipales o policiales, pero respecto al dueño de la obra no es aplicable, ya que a él lo vincula una relación de orden contractual y en consecuencia el régimen es diferente y en alguna medida puede ser modificado por acuerdo de los interesados en orden a lo previsto por el art. 953 del mismo cuerpo legal.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bonini y Cía. Construcciones S.C. c/ Municipalidad de San Pedro s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

En materia de flexibilidad salarial el régimen se estableció en torno al sistema de la ley 6021, por lo cual si la mecánica contractual acordó el reconocimiento de los mayores costos mediante la variación del índice del costo de la construcción suministrado por el INDEC, no resulta posible remitirse al método de liquidación de la Ley de Obras Públicas.
Procedimiento administrativo, allanamiento domiciliario, obra antirreglamentaria, demolición de obra, derecho a ser oído, nulidad procesal, facultades del juez, facultades de la administración, presunción de legitimidad, reglamentación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA c/ PADILLA ALBERTO LORENZO s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-05

En el caso, corresponde declarar la nulidad de la orden de allanamiento decretada en autos para ingresar a una vivienda y demoler las construcciones que no estuvieren autorizadas por el correspondiente permiso de obra, sin que el particular tuviera oportunidad alguna de hacer valer sus argumentos ante el tribunal.

El derecho a ser oído puede ser reglamentado por la ley -sin alterarlo o desnaturalizarlo y dentro de los límites constitucionales- para hacerlo compatible con el derecho de los demás litigantes y con el interés público de asegurar una justicia recta y eficiente.

En tal sentido, la índole de ciertos procesos lleva al legislador a postergar el efectivo ejercicio de tal derecho, como sucede, por ejemplo, al acordarse el dictado de una medida cautelar. Pero tal opción legislativa, a la que se admite como razonable reglamentación de la garantía, en ningún momento ha sido prevista en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, norma que no establece que, al recurrir al poder judicial para ejecutar un acto que afecte los bienes de una persona, la cuestión deba ser decidida inaudita parte.
Prescripción adquisitiva, pago de tributos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ANTONIO, CRISTINA c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (I.P.V.U.) s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VEINTEANAL - CASACION -
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-06-27

El pago de impuestos como prueba documental, es un elemento importantísimo de la prescripción adquisitiva veinteañal y es conveniente que sea efectuada a través del tiempo y no de una sola vez, justo antes de iniciar la demanda, pues ello evidencia una situación que se actúa como lo haría un propietario y no una intención de cubrir un recaudo legal para iniciar la demanda de usurpasión.
Competencia laboral, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Peñalva, Néstor c/ Propulsora Siderúrgica s/ indemnización enfermedad accidente (ley 9688).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-13

Cabe descartar aquellas interpretaciones que sólo conducen a atribuir más importancia a los medios que se instrumentan para proteger los derechos de los trabajadores asegurándoles la mayor eficiencia y celeridad de las decisiones judiciales, que a ésta finalidad en sí misma.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, costas, cuestión abstracta, desistimiento de la acción, modificación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Taxi Metro S.R.L. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Impugnación Actos Administrativos Impugnación Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-11

Es criterio corriente que procede distribuir las costas en el orden causado en los casos en que las actuaciones concluyan como consecuencia de haberse tornado abstracta la cuestión litigiosa. Ello es así, dado que el Tribunal no ha llegado a decidir en lo concerniente al derecho de fondo y, por ende carece de elementos de juicio para ponderar cabalmente la responsabilidad que le toca a cada una de las partes en lo atinente a los gastos causídicos. De esta manera, cuando la ley exime de costas a quien desiste por haberse operado un cambio legislativo, sólo establece una excepción a la regla del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, pero no implica que libere a aquél del pago de las propias y de la mitad de las comunes. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Ejecución de la pena, salidas transitorias, leyes, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: OBREGON, NICOLAS ALEJANDRO s/ RECURSO APELACION (SALIDAS TRANSITORIAS) (SALIDAS TRANSITORIAS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-07-28

El recurso articulado debe merecer favorable acogida en esta instancia, toda vez que la norma del artículo 56 bis de la ley 24660 en cuanto inviabiliza la posibilidad de obtención de los derechos del período de prueba a los condenados por los delitos que enumera resulta contraria a normas superiores y esenciales de nuestro sistema constitucional, por lo que corresponde su declaración de inconstitucionalidad en el caso concreto, debiendo resolverse la petición de las salidas transitorias del recurrente atendiendo exclusivamente a las restantes exigencias reguladas en la ley 24660. (De la disidencia del Dr. Erbetta)
Recurso de inconstitucionalidad, relación de consumo, obligaciones, obligación de seguridad, delitos informáticos, cosa riesgosa
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Batistuta, María Delia c/ Nuevo Banco de Santa Fe S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-12-05

La modalidad de otorgamiento de un préstamo por cajero automático ha incrementado innecesariamente un riesgo que no tiene por qué trasladarse al consumidor y menos aun cuando se presenta frente a circunstancias que denotan la inadecuación a las características del perfil y patrón transaccional de la consumidora, lo cual requería que el Banco actúe en protección de su clienta realizando una verificación positiva de su identidad por otros canales, incluso, ampliando el argumento, es un dato que no puede desconocerse por quienes operan estos servicios que, durante la pandemia de COVID-19 (situación en la que aconteció el hecho de autos) hubo un vuelco masivo en la utilización de redes y sistemas digitales y, paralelamente, un incremento sostenido de actos ilícitos mediante maniobras y ardides, con técnicas diversificadas de distinto grado de complejidad y sofisticación que captaban (y captan) los datos de los clientes o acceden a ellos mediante técnicas de piratería informática, verificandose esto en autos en donde, conforme surge de las constancias de la causa, la actora acudió para generar por primera vez su clave de homebanking para proceder luego a su apertura y habilitación a través de internet, y este escenario, además de agravar la situación de vulnerabilidad de los usuarios y consumidores por la tecnología empleada y lo novedoso de estos sistemas (con mayor incidencia en personas en condiciones de vulnerabilidad específicas como la actora de autos), puso en evidencia las fallas de seguridad, la ausencia de previsiones y protocolos sobre delitos informáticos como, asimismo, el relieve y la dimensión riesgosa del medio empleado para operar.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Rojas, Mario s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-03

Por el carril excepcional del recurso de casación no sólo no pueden suplirse ni obviarse las debidas instancias procesales y/o jurisdiccionales, sino que tampoco por el mismo será constitucionalmente admisible modificar, desplazar, , remover o reemplazar resoluciones, o efectos de éstas, salvo que se exteriorizara de una manera procesalmente válida el efectivo interés en recurrir o impugnar, que es la forma y condición de la adquisición de ese derecho subjetivo.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Becerra,  Juan  Carlos;  Vazquez, Juan José; Garrido, Oscar Alfredo y Rosas, Ricardo Manuel s/ RESIST.  A  LA  AUTORIDAD  EN CONC. IDEAL CON LESIONES LEVES Y GRAVES  (BECERRA);S/  RESIST. A LA AUTORIDAD  EN  CONC.  IDEAL  CON LESIONES  LEVES Y GRAVES  ,  TODO  EN  CONC.  REAL  CON  ROBO SIMPLE (VAZQUEZ Y GARRIDO) Y S/ ENCUBRIMIENTO (ROSAS) S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-12-14

Si en autos, existió apoderamiento del arma, con violencia, pero dicho apoderamiento fue realizado sin armas, faltaría uno de los términos de la ecuación requerida por la figura penal del art. 166 inc. 2do.) -robo con armas-. Y el empleo posterior del arma que acababa de ser sustraída, aún cuando fuere para lograr el fin propuesto, en nada puede incidir, quedando incólume la figura simple robo -art. 164-, ello pues, el modo de comisión es lo que exige la ley para sustentar la agravante.
Bonos de consolidación, moneda extranjera
Materia: FINANZAS
Carátula: Baro, Angel c/ EFA. s/ ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Si puede inferirse que el actor eligió que su crédito se cancelara en Bonos de Consolidación emitidos en dólares estadounidenses porque entendió que ante una eventual crisis del plan económico que acompañó a la sanción de la ley 23.982, sería mas conveniente poseer los títulos que los análogos emitidos en moneda nacional, es obvio que el criterio judicial no puede subrogar al del interesado en tal apreciación como tampoco subsanar los decretos de apreciación en que el interesado pudiera incurrir sobre el particular (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Seguros, régimen de contralor, Superintendencia de Seguros de la Nación, sanciones pecuniarias, procedencia del recurso, apercibimiento, auditores, asegurador, estados contables, honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Suarez, Jorge Raúl c/ Suarez, Pedro Héctor y otros s/ ordinario s/ incidente de honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-03

Procede confirmar la resolución dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación en donde se le aplicó al contador apelante un apercibimiento en los términos de la ley 20091: 59-b).- Ello por cuanto, la sanción aquí analizada fue impuesta por el organismo de contralor dentro de las facultades expresamente otorgadas a la Superintendencia, y dentro del régimen al que se sometió el propio recurrente al inscribirse como auditor externo ante el organismo, sin que quepa en esta instancia que dicho profesional pretenda, apartarse de las reglas y normativa que conocía o debiera haber conocido y aceptó al momento de inscribirse ante el Registro de Auditores externos. Es que es sabido que el voluntario sometimiento, sin reservas expresas, a un régimen jurídico, a una decisión judicial o a una determinada jurisdicción, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior (arg. CSJN, Fallos: 299: 105 373; 300: 51,entre muchos otros, esta CNCom, esta Sala A, 6/12/96, "Círculo de Inversores SA de Ahorro p/f Determinados c/ Cabral Eduardo s/ ejec. prendaria").
Juicio de desalojo, extensión de los efectos de la sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mona Raul Alberto c/ Gonzalez Gladys Noemi s/ Interdictos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-20

La ejecución de la sentencia que condena a la desocupación de un inmueble no puede extenderse a otros sujetos distintos de aquellos contra los cuales fue trabada la litis, aún cuando en la demanda se incluyó la leyenda "y/o contra cualquier otro ocupante", pues el actor no diligenció una cédula al domicilio que se habría ocupado ilegítimamente, ni realizó una adecuada diligencia preliminar a efectos de individualizar a las demás personas que ocupan el lote, por lo que, de hacerlo, se estaría violentando ostensiblemente el derecho de defensa en juicio.
Impuesto a las ganancias, contadores públicos, sociedades civiles, interpretación de la ley, categorización de contribuyentes
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Paracha, Jorge Daniel c/ DGI s/ recurso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-02

Cabe confirmar la decisión que dejó sin efecto la resolución por medio de la cual la AFIP determinó de oficio la obligación tributaria del actor -contador público- en el impuesto a las ganancias, liquidó intereses resarcitorios y y le aplicó una multa en los términos del art. 45 de la ley 11.683, pues habida cuenta de que las sociedades civiles no son un responsable incluido en el art. 69 de la ley 20.628, de la legislación aplicable -art.79 de la ley de impuesto a las ganancias, art. 8° del decreto reglamentario N° 1344/98- surge que los ingresos de esa clase de sociedades deben tributar de acuerdo con las previsiones del art. 2°, apartado 2, y sus rentas computarse dentro de la tercera categoría, principio que encuentra excepción en el supuesto en que tales rentas se originen en el ejercicio de profesiones liberales u oficios y de funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, director de sociedades anónimas y fideicomiso (inc. f del art. 79 ley 20.268), y en tanto esas actividades no se complementen con una explotación comercial (art. 49, último párrafo del citado ordenamiento).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Aguilar Gladis B. c/ Diagnóstico Médico S.R.L. y O. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-13

No cabe concluir, en los términos de la responsabilidad contemplada en el art. 30 L.C.T., que exista una "identidad" de actividades o de objetos sociales de dos empresas, simplemente porque funcionan en un mismo edificio o porque los pacientes de una realizan los estudios médicos en la otra (se trata, en el caso, de una codemandada dedicada a la realización de estudios médicos: radiología, tomografía, análisis clínicos, etc.; y otra constituyendo una clínica con internación). De modo que, en nada incide que por razones de comodidad o para prestar un mejor servicio empresario, la demandada funcionara dentro de la clínica de la codemandada. (En igual sentido: SD. 31384 del 18/7/2004 in re "Rebaza Domínguez Luis Alberto c/Sociedad Española de Beneficiencia -Hospital Español y otro s/despido").
Proceso judicial, prueba, alegato
Materia: PROCESAL
Carátula: "Banco Coronel Pringles SA c/ BCRA resol. 417/87".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-21

Los alegatos sólo pueden basarse en los elementos de prueba que hubiesen sido incorporados a la causa hasta el momento en que se ponen los autos para alegar, siendo por lo tanto improcedente que las partes incorporen cualquier prueba al momento de presentar la pieza procesal (Cons. 4°).
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: GIUDICE DE ANITUA, NELLY c/ TRANSPORTES VILLA ADELINA  S.A. s/ SUMARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-19

En un accidente de tránsito cabe la indemnización por la depreciación del valor del rodado. Si bien como principio sólo cuadra el resarcimiento por este concepto cuando se han afectado partes vitales del automotor, ello no obsta a su admisión cuando, por la naturaleza de los desperfectos, pueden resultar secuelas de importancia, fácilmente detectables no obstante una correcta reparación, y que se traducen en una disminución de su valor.
Cosa juzgada, sentencia firme, acuerdo de partes
Materia: LABORAL
Carátula: Gaudio, Hernán Gustavo c/ Mak S.R.L. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

La sentencia definitiva firme (en la medida en que las partes la han consentido se han agotado los medios de impugnación) hace cosa juzgada para las partes sobre el objeto del litigio, es decir, produce la irrevocabilidad e imnutabilidad de la decisión por razones de seguridad jurídica y estabilidad de las relaciones de derecho. Además, provoca la preclusión de la instancia que impide a las partes acordar otra forma de extinción del proceso. De allí que resulte acertada la decisión de la magistrado de grado de no homologar el acuerdo acompañado con posterioridad a quedar firme la sentencia definitiva, teniéndolo presente como acuerdo de pago. Ello así, dado que la instancia se encontraba precluida y, con ella, la oportunidad para que las partes arribaran a un acuerdo conciliatorio. En cambio, nada impedía a las partes llegar a un acuerdo de pago donde convinieran una financiación. Toq. 1191.
Juicio oral, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Román, Edgardo Omar; Soto, Justo Emiliano s/ Homicidio calificado, robo calificado en concurso real Tesure, Joaquín s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18|1995-11-14

Debe anularse lo actuado en la audiencia oral si la sentencia luego de describir el modo en que ocurrieron los hechos expresa que ellos se acreditan con una serie de elementos incorporados en las etapas escritas y oral y sólo se los menciona sin agregarles -ni siquiera implícitamente- la menor referencia que autorizara a considerar haberse cumplido con lo establecido en la segunda parte del art. 286 del Código de Procedimiento Penal.
Tasa de justicia, intimación de pago, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: CERQUETTI, VILI ALFREDO; ASPITARTE, NELSON A.; DOMINGUEZ, PEDRO s/ Averiguación de contrabando, incidente de apelación Causa Nro.  35668.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-29

La intimación del pago de la tasa judicial que correspondiere debe efectuarse en ocasión de dictarse la resolución definitiva.
Competencia federal, competencia excepcional
Materia: PROCESAL
Carátula: Televisora Belgrano  S.A. c/ Municipalidad de Quilmes s/ amparo (sumarísimo - art- 321).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

La intervención del fuero federal en las provincias es de excepción, ya que se encuentra circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia, las cuales son de interpretación restrictiva.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giorgio José Vicente s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

El tope del ocho por ciento del pasivo verificado, que no podrá exceder la totalidad de las regulaciones (art. 289 Ley 19551, modificado por Ley 22917) queda conformado con la totalidad de los créditos verificados, ya sea temporánea o extemporáneamente la medida en que haya recaído pronunciamiento que así lo admita.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución prendaria, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Petraglia Automotores S.A. c/ Tonel de Lobaty, Mónica Patricia s/ Ejecución prendaria actuación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-20

La defensa de pago debe bastarse a sí misma y la ausencia de documentación para justificarla, no puede suplirse con el ofrecimiento de pruebas que desborde los límites del juicio ejecutivo. En efecto, si de conformidad a lo dispuesto expresamente en el art. 30 del decreto ley 15.348/48, ratificado por ley 12.962, texto ordenado según decreto 897/95, la excepción de pago ha de ser probada por documentos emanados del propio acreedor, los cuales han de ser presentados con el escrito en que se articula la excepción, resulta evidente que no puede ser suplida la carga de acompañar la prueba documental mediante la prueba de testigos.
Régimen penal cambiario, prescripción, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: MANHATTAN BANK N.A. s/ Régimen penal cambiario Causa 29527-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-13

Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la resolución del vice-presidente del Banco Central (en ejercicio de la presidencia) que no hizo lugar al pedido de prescripción de la acción para imponer sanciones del régimen penal cambiario.
Nulidad procesal, agravio concreto
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Meiriño, Julio Alejandro s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-14

La imposibilidad con contar con la cédula -o en su caso el "cedulón" - que permita tomar conocimiento del acto de notificación cuya nulidad se ha solicitado, impide emitir un pronunciamiento válido sobre la cuestión, que, bajo tales circunstancias, deviene abstracta y por lo tanto extraña al quehacer jurisdiccional.