marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario federal, cuestión no federal, excesos u omisiones en el pronunciamiento, remuneración, principio de congruencia, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Rossia, Italo Antonio y otros c/ E.N.T.E.L. Empresa Nacional de Telecomunicaciones s/ diferencias de salarios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda de diferencias en el pago tardío de algunos rubros, horas extras, viáticos, comidas y la incorrecta liquidación de las vacaciones si se advierte en el pronunciamiento defectos invalidantes que atañen a excesos en el decisorio y a la vulneración del principio de congruencia.
Delito continuo, agravio extemporáneo, doctrina de los actos propios, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C., C.A. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano A. Rojas en causa Nº 32/08 caratulada: C., C.A. - Abuso Sexual con Acceso Carnal por cualquier vía en forma continuada
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-07-13

La Cámara en lo Criminal, en lo que aquí concierne, por unanimidad, resolvió declarar culpable a C.A.C. como autor penalmente responsable del delito de Abuso Sexual con acceso carnal por cualquier vía en forma continuada, condenándolo a sufrir la pena de catorce años de prisión, ordenándose, en consecuencia, su inmediata detención.

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado, e interpone recurso de casación.

El recurrente cuestiona, como atentatorio al derecho de defensa, que el a quo haya considerado, en contra de su asistido, cuestiones relatadas en el debate por los padres del menor.

De este modo, argumenta que aquellos manifestaron que la víctima tenía problemas de incontinencia anal y que tuvo un retroceso y volvió a tomar la mamadera. Asevera que tales supuestos daños de orden físico no tienen un respaldo científico, que no han podido ser controlados por la defensa.

Estas críticas tampoco pueden tener acogida favorable, si se tiene en cuenta que lo expresado por los progenitores del menor víctima, lo ha sido en el curso del debate oral, en presencia del imputado y de su asistencia técnica, quienes no se opusieron ni formularon protesta de recurrir en casación consintiendo, de esta manera, tales expresiones.

Tampoco se advierte que quien recurre haya explicitado en el curso del debate que las señaladas circunstancias no debían considerarse a tal fin.

De allí que, si la defensa consintió lo atestiguado por los padres del menor sexualmente abusado, resulte incompatible que luego se agravie por ello, ya que conforme al principio derivado de la denominada teoría de los actos propios, nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (C.S.J.N., Fallos 7:139; 275:235, 256 y 459; 294:220).

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Sociedades comerciales, administrador de la sociedad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BERTONI HNOS.S.R.L.CONCURSO PREVENTIVO-HOY QUIEBRA c/ BERTONI, DOMINGO H. Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-22

Autorizada doctrina participa del criterio que la responsabilidad del administrador societario no es de naturaleza contractual, sino extracontractual. En ambos casos está presente la necesidad del probar la culpa del administrador- Gobiernan las reglas comunes que deciden la distribución de las cargas probatorias. Según ellas el actor soporta la suma de probar los hechos a los cuales atribuye la producción de un efecto jurídico determinado.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

Los cuatro primeros párrafos del artículo 76 bis Código Penal indican y precisan los requisitos y los distintos pasos a seguir respecto de un solo régimen que la ley ha instaurado, surgiendo ello del propio análisis del texto y de la relación entre uno y otro párrafo, y así, la norma da el marco de referencia inicial de su aplicación, al definir la clase de acción a que deba dar lugar el delito imputado, el tipo de pena (privativa de libertad) y el tope punitivo que la escala, en abstracto, prevé en cada caso. (Del Voto del Dr. Crippa García). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Interrupción de la caducidad, impulso procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAGNOLI, ALFREDO C/ RENAULT ARGENTINA SA Y OTROS S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-10

Ello así por cuanto de conformidad con el CPR 315 la perención queda purgada cuando se consiente una actuación útil para impulsar el proceso posterior al vencimiento del plazo de caducidad (Fallos 325:1759; 324: 1784, entre otros). En razón de ello, si bien la carga del impulso de la causa le corresponde a la actora, ella no obsta a considerar que, en el caso, ello fue asumido tanto por sus contrarias como por la perito interviniente, purgándose así el plazo de caducidad, toda vez que el acto interruptivo puede emanar de cualquiera de las partes (Highton - Arean, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. 5, pág. 715, Ed. Hammurabi, Bs. As. 2006).
Beneficios previsionales, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Deluca, Ilda Edith c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa Ibañez, Ricardo Héctor c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09|1999-06-15

En materia previsional las leyes que sustituyen a aquélla que rigió al tiempo del otorgamiento de la jubilación son de aplicación inmediata a las consecuencias posteriores a su concesión, entre las que se encuentran la forma en que debe determinarse el incremento de los haberes resultante del cómputo de servicios prestados con posterioridad al cese.
Reinstalación en el puesto de trabajo, derechos del trabajador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sánchez Liliana Elisabet c/ Consejo Provincial De Educación De La Provincia De Santa Cruz Y Estado Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-12-17

Frente a las claras directrices internacionales, receptadas por la jurisprudencia local, que dispensan al trabajador una "tutela preferente" (en razón de la especificidad de la relación laboral -en cuanto tiene por objeto el esfuerzo humano y, en tal esquema, la dignidad de la persona- y por resultar ésta la parte más débil del vínculo contractual), cobran a su respecto fuerza los principios pro homine y de progresividad, que se imponen en el campo del derecho internacional de los derechos humanos, a los cuales el Estado no puede ignorar, en tanto se ha comprometido a respetar como miembro de la comunidad internacional (del voto en disidencia del Dr. Peretti).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, honorarios del abogado
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Gabriel Héctor c/ San Patricio S.A. y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por enfermedad profesional, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-31

Es inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la regulación de honorarios en presencia del texto expreso del art. 57 "in fine" de la ley 8904, a lo que no obsta la invocación de normas constitucionales porque tales supuestas violaciones se refieren al fondo de la cuestión y no suplen la falta de recurso provincial para traer el tema a la Suprema Corte (arts.

149 inc. 4 ap. "a" "in fine" de la Constitución de la Provincia y 57 "in fine" de la ley 8904). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Doble instancia, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Arce, Jorge Daniel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

La doble instancia no reviste jerarquía constitucional.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, sentencia, inconstitucionalidad, gravedad institucional, deuda pública, régimen de consolidación de deudas, emergencia económica
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Lavandera de Rizzi, Silvia c/ Instituto Provincial de la Vivienda.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Es admisible el recurso extraordinario si lo decidido inconstitucionalidad de la ley 5812 de consolidación de Mendoza reviste gravedad institucional, la que resulta manifiesta en razón de que el diferimiento de los plazos de atención de la deuda pública fue previsto para permitir una administración racional de los recursos y asegurar la continuidad de la prestación de los servicios a cargo de la provincia.
Conadep, instrumentos públicos
Materia: PENAL
Carátula: VON WERNICH, Christian Federico c/  s/ Rec. de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-27

Los relatos efectuados ante la CONADEP constituyen instrumentos públicos, pues la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas fue un ente de carácter público y sus miembros revistieron la calidad de funcionarios públicos, por lo que las actuaciones labradas por ellos constituyen instrumentos de igual carácter, conforme ha entendido la Cámara Federal de Apelaciones en la sentencia de la Causa 13/84.
Estupefacientes, suspensión del juicio a prueba, medidas de seguridad curativas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ITURRI, Carlos s/ inf. ley 23.737 Causa nro. 13.396
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

Entiende esta Cámara que si no se dan los supuestos previstos en el artículo 18 de la ley 23.737 y sí en cambio concurren en la especie aquellos que habilitan la procedencia del instituto instaurado por la ley 24.316, resulta de aplicación este último. Ello por cuanto dicho criterio, sin alterar el régimen terapéutico estatuido por la ley de estupefacientes, permite dar cabida al mecanismo genérico de suspensión del juicio a prueba, asegurando la consecución de los fines de política criminal que inspiran la incorporación del instituto.
Denunciante, sala especial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rabufetti, Elvira María I. s/ Rec. ley 9671. Colegio de Odontólogos de la Prov. de Bs. As.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-18

Si quien ejerce el poder de policía no encuentra motivos -sea por la causa que fuere- para aplicar o disponer alguna medida de conformidad a sus facultades, el particular denunciante carece de legitimación para recurrir, es que de lo contrario y por vía recursiva, se estaría imponiendo que este Tribunal de Alzada ejerciera un poder de policía que por naturaleza no le corresponde Dec. Ley 9398/79 mod. por Dec. Ley 9671/81). Esta Sala Especial participa como último recurso de apelación y al solo efecto de ejercer un necesario Control de Legalidad, de las sanciones disciplinarias "impuestas".
Empresas del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, elección de directores, delitos contra la Administración Pública, competencia federal, competencia de instrucción
Materia: PROCESAL-PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Y.P.F. S.A. s/ adm. fraudulenta-competencia Causa 14.761
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-03

Si bien el Estado Nacional, en su calidad de titular de acciones clase "A", elige a través del Poder Ejecutivo Nacional dos directores para integrar el órgano de administración y dirección de Y.P.F. S.A., el cual se conforma de siete miembros, que seleccionarán entre sí al presidente y vicepresidente de ella, tal circunstancia se torna irrelevante a los fines de determinar la competencia federal, pues no se advierte que el resultado de la acción típica del hecho que motiva la causa afecte en forma directa el patrimonio público estatal. Corresponde intervenir a la Justicia Nacional de Instrucción.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: BUTILER, RAMON c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-10-24

Ante la violacion de un derecho constitucional, se debe buscar la tutela a través de los procedimientos legales preestablecidos, pues lo contrario seria traer por la via del amparo la inseguridad jurídica y se rompería con el orden procesal permanente. Por lo que, si se trata de un traslado y no de la pérdida del trabajo, para resolver esta situación es menester un análisis mas amplio y pormenorizado que el que permite la via restrictiva del amparo, por lo que corresponde el rechazo de la apelación deducida.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Extinción del contrato de trabajo, despido con causa, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Dutra, Victor Hugo c/ Frigorífico  Alem  S.A. y/o quien resulte en definitiva responsable s/ Laboral por cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-03-06

La imposición de una forma (en el caso de extinción del contrato de trabajo por justa causa) hace simplemente, a la validez misma del acto, o de su prueba, no implica una obligación, ni un deber de conducta; en términos técnicos se trata de una carga de validez. Su omisión o incumplimiento por la patronal, no excluye la existencia del acto extintivo, pero sí le priva de determinado efecto: el de que pueda valer como un despido con causa. "El denunciante del contrato, sea el trabajador o el empleador, corre pues, con la carga contractual de exteriorizar el motivo fundante (justa causa) del acto extintivo, cuyo incumplimiento enerva el efecto útil del pretendido acto motivado".
Daños y perjuicios, acción reivindicatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rocca de Hermida, Silvia Amalia c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-09

De las circunstancias fácticas del caso y de las actuaciones con efectos jurídicos en sede administrativa y en sede judicial surge que el inmueble objeto de reivindicación es propiedad de la actora, tal como fue varias veces admitido por el Gobierno de la Ciudad; y resulta asimismo que el bien reivindicado fue ilegítimamente afectado al uso público por el demandado, y que no concurre ningún atenuante que mande o permita sustituir la restitución debida con una condena al pago de daños y perjuicios. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Derecho a la intimidad, grabaciones, medios de prueba, proceso penal, querella, recurso de casación penal, valor probatorio
Materia: CIVIL-CULTURA-EDUCACION-PROCESAL-PENAL
Carátula: Querella formulada por Daniel Gervasoni por injurias  c/ Luis Meritello y Ricardo Meritello s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-02-28

En términos generales, las grabaciones "de tipo caseras", al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no pueden considerarse genéricamente ilegales o inadmisibles, ya que su valor probatorio debe ser ponderado junto a los restantes elementos de cargo y su incorporación no puede ser tachada de ilegítima toda vez que se trata de elementos de prueba aportados por particulares a los fines de acreditar el hecho que se investiga. Es más, las grabaciones efectuadas por los particulares, según los casos, pueden quedar incluso abarcadas en el ejercicio de un legítimo derecho de parte de quien las obtiene.
Código procesal penal, falta de acción, excepciones procesales, tipo penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Turano, F. H. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-09

Si bien el Código Procesal Penal de la Nación admite plantear excepciones no interpuestas con anterioridad conforme los términos del inciso 1° del artículo 349 y según las contempladas en su par 339, no cabe interpretar que dentro de las mencionadas se encuentra la de falta de acción por atipicidad, excepto que surja con total evidencia y que la continuidad del proceso represente dispendio jurisdiccional en aras de un pronunciamiento anunciado al inicio.
Derechos del trabajador, autonomía de la voluntad
Materia: LABORAL
Carátula: Livieri, Jaquelina Alexis s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Livieri, Jaquelina Alexis  c/ GCBA s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

El principio protectorio garantiza para el trabajador un mínimo de normatividad que es inderogable tanto por voluntad del legislador como por la apelación a la autonomía de la voluntad (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz, por remisión a su voto en "Alberti, Gabriela Solange c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 4749/06, sentencia del 15-11-2006).
Homicidio culposo, responsabilidad médica, mala praxis, responsabilidad penal, médico anestesista, prueba, falta de prueba, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: POLLACK, MARCELO s/ HOMICIDIO CULPOSO. ANESTESISTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-03-16

Por aplicación de la norma beneficiante contenida en el art. 13 C.P C. debe ser absuelto el médico anestesista del delito de homicidio culposo, si no existe plena prueba respecto a que obró con negligencia o con algún tipo de culpa y que esta conducta haya sido la determinante y causa de la muerte del menor.

No se pueden retrotraer los sucesos, ni reconstruirlos, para estar cierto de cuál fue la conducta que debió observarse frente al estado del post-operatorio -el que no se habría observado- máxime que no existe autopsia que permita determinar cuál fue la causa determinante del fallecimiento.

De haberse podido establecer cuál fue la conducta que se debió observar, tendría o no valor de excusa, la necesidad que tuvo el anestesista de ausentarse hacia otra sala para atender otra operación, si cuando ya se retiraba al operado del quirófano, recién se le observaron los síntomas alarmantes.
Daños y perjuicios, daño emergente, fondo de comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: D'ANDREA DE SASSONE, OLGA c/ SHELL  CAPSA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-28

Produce un daño patrimonial emergente quien provoca y causa a otro la pérdida o extinción de una "cosa" o hacienda comercial lucrativa.

Es irrelevante analizar si las bocas de expendio de combustibles eran de titularidad de las demandantes o de la secretaría de energía; lo cierto es que eran las accionistas las que gozaban de su explotación comercial lo que incluye arrendar tales bocas de expendio, o el fondo de comercio que las comprende, a terceros.

El empobrecimiento moral o daño emergente está constituido, precisamente, por la imposibilidad de continuar esa explotación comercial y consecuente extinción de la "cosa" lucrativa.
Simulación, causa simulandi, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: OTTO GARDE Y CIA.  S.A.I.C.F.E.I. c/ BERATZ, JOSE Y OTRO s/ SIMULACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-14

A falta de un contradocumento, uno de los elementos básicos para apoyar las presunciones es la "causa simulandi", la cual es el interés que mueve a las partes a hacer un contrato simulado la razón que induce a hacer aparecer un negocio que no existe o a revestir un negocio bajo forma diversa o sea el porqué del engaño.

Hay casos en que la "causa simulandi" aparece con nitidez; por ejemplo, cuando la constituye el interés de favorecer a la concubina en perjuicio de la cónyuge legítima, o la finalidad de beneficiar a un hijo en desmedro de otros; pero en otros casos, ese interés no se advierte o, por lo menos, no se advierte con claridad.
Juicio por delitos de acción privada, citación a juicio, competencia correccional, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GRAFFIGNA LATINO, CARLOS s/ RECURSO DE CASACION Causa 568
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-18

A partir de la citación a juicio prevista en el artículo 428 del código de rito el juez correccional adquiere las atribuciones propias del presidente y del tribunal de juicio.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, registro de la propiedad inmueble, bienes inmuebles, embargo, terceros, compraventa, medidas cautelares, certificado de dominio
Materia: CIVIL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: AMPARO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS ANONIMA c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ INMUEBLES - COMPRAVENTA.    CERTIFICADO DE DOMINIO - REGISTRO DE LA PROPIEDAD.    EMBARGO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-25

Corresponde rechazar la demanda deducida contra la Provincia de Buenos Aires por entender que un inmueble embargado legalmente y con los recaudos necesarios, resultó ser enajenado a un tercero sin comunicación alguna al juzgado interviniente y sin que éste dispusiera el levantamiento del embargo. Ello es así, pues de las constancias de la causa surge que la escritura de compraventa celebrada el 12 de abril de 1982, sobre la base del certificado de dominio emitido el 23 de marzo de ese año, fue ingresada al registro el 20 de mayo de 1982, dentro del plazo del artículo 5to. de la ley 17.801 y en virtud del principio de prioridad recogido en los artículos 17, 18, 19 de ese texto legal, se produjo el desplazamiento de la medida cautelar anotada, por lo que, la conducta observada por el Registro de la Propiedad resultó ajustada a derecho y no puede generar responsabilidad alguna para dicha Provincia.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: García Monteavaro, Julio Efrain c/ Amoroso y Pagano s/ Bonificación Estatuto del Periodista
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1957-06-14

La determinación del regimen procesal para la presentación del memorial de agravios, es materia propia del tribunal de la causa y extraña a la garantía constitucional de la defensa en juicio, que no compromete la resolución apelada referente a la deserción de la instancia. Tampoco se vincula con dicha garantía el ejercicio de la facultad de disponer medidas para mejor proveer.