marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tarjeta de crédito, seguros
Materia: BANCARIO-COMERCIAL
Carátula: Vizcarra, Rita Josefa  c/ Cencosud SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-23

Por su lado incluso cuando la falta de impugnación del resumen pudiera implicar una presunción iuris tantum del cargo cobrado a través del sistema de tarjeta de crédito, nada dice en relación a si el asegurador dio su consentimiento libre, reflexivo e informado para contratar diversos seguros, en los que la demandada intervino en su contratación.
Restitución de sumas de dinero, seguros, pago indebido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lee, Seong Ye  c/ Banco Santander Rio SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-09

Corresponde hacer lugar a la acción iniciada a fin de que se le restituya la suma de dinero que se le cobró indebidamente durante más de dos años por el rubro correspondiente a aseguramiento de un vehículo que nunca le fue entregado. En este contexto es dable señalar que si bien es cierto que los pagos efectuados por la actora fueron transferidos a la aseguradora, el cobro de dicho monto no posee un origen legal. El mismo se engloba dentro de los denominados pagos sin causa o pago indebido (CCCN 1796-a), en tanto al no existir un vehículo asegurable el cobro en tal concepto carece de origen.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, defensa en juicio, debido proceso, doctrina de la arbitrariedad, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Rivero, Rubén Humberto c/ Salas, Ángel Roberto s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2025-08-21

El recurso extraordinario es el remedio adecuado para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso, porque la doctrina de la arbitrariedad exige que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Excepción de incompetencia, accidentes de trabajo, comisiones médicas, denegatoria del recurso
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ríos, Roberto Carlos c/ Experta ART SA c/  s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-30

Cabe desestimar las excepciones de incompetencia material y territorial que interpusiera la demandada ART. Ello así, ya que teniendo en cuenta los términos del escrito de demanda si bien todas las facetas a que hace referencia el art. 1 de la ley 27.348 se habrían configurado en la Provincia de Santa Cruz, lo cierto es que a la fecha de interposición de la acción por accidente de trabajo, la provincia no había emitido la adhesión que establece el art 4 de la ley 27.348. Por lo tanto, no encontrándose habilitadas las comisiones médicas jurisdiccionales no podría imponérsele al actor un diseño de acceso a la jurisdicción con una competencia que presupone la vigencia de las referidas comisiones. Por otra parte, el procedimiento llevado a cabo ante la Comisión Médica de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz concluyó con un dictamen que no habilitó las vías recursivas de la ley 27.348 y la Res. 298/17, sino la del art. 46 LRT. Cabe concluir que en este caso, es inaplicable el art. 2 de la ley 27.348 ya que la norma presupone la vigencia de comisiones médicas locales, las que no existían al tiempo de impetrarse la acción judicial. Ello obsta encauzar el reclamo en el nuevo diseño de acceso a la jurisdicción y, teniendo en cuenta que la demandada tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, corresponde desestimar la queja de la aseguradora. (Del voto del Dr. Ambesi, en mayoría).
Confirmación de sentencia, rescisión del contrato
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Locopix SA c/ Pcda SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-03

Cabe confirmar el rechazo de la acción iniciada a fin de obtener un resarcimiento de los daños derivados de la presunta rescisión intempestiva de los contratos que vinculaban al accionante a la demandada para la gestión de la plataforma de venta online de dos marcas de indumentaria. Ello así, cabe señalar que, respecto a la duración, fue celebrado por tiempo indeterminado; y que, conforme el CCCN 1492, el plazo de preaviso debía ser de un mes por cada año de vigencia del contrato. Y si bien respecto de una de las marcas no otorgó el preaviso correspondiente, a tenor de lo dispuesto por el CCCN 1493, la pericia contable reflejó que la actora no tuvo ganancias en el último ejercicio contable; y en ese marco, no se encuentra obligada a resarcirla por haber omitido preavisar la extinción del vínculo, respecto de dicha marca. Tampoco corresponde condenar a la demandada al pago de una indemnización complementaria porque el Código Civil y Comercial de la Nación no establece nada al respecto;Tampoco corresponde la indemnización por clientela, en tanto el accionante no acreditó su aumento ni que ello fuera la consecuencia de su actividad.
Tarjeta de crédito, seguros
Materia: BANCARIO-COMERCIAL
Carátula: Vizcarra, Rita Josefa  c/ Cencosud SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-23

En el marco de un contrato de tarjeta de crédito, resulta ilegítimo el cobro de los cargos en concepto de seguros por robo, de bolso protegido y de asistencia personal; seguro de asistencia de garantía de electrodomésticos usados y seguro colectivo de vida y por incapacidad permanente. Ello por cuanto si bien la actora no impugnó en tiempo y forma los resúmenes de cuenta generando una aceptación tácita, esa aceptación tácita sólo genera una presunción "iuris tantum" susceptible de ser destruida con prueba en contrario.
Indemnización por despido, prueba testimonial
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ducovsky, Horacio Miguel c/Nextel Comunications Argentina SRL y otro c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-05

La actora recurre la sentencia de grado por considerar que se ha omitido considerar el bono en dólares a efectos de determinar la remuneración del trabajador la cual constituye la base para el cálculo indemnizatorio dispuesto por el art 245 LCT. Hay diversas circunstancias que evaluadas conjuntamente, conducen a afirmar que hubo un componente retributivo (inferior al pretendido) que no puede ser válidamente soslayado en la liquidación de los rubros indemnizatorios del despido. La Jueza de grado lo desestimó, porque durante el último año de trabajo no constaba liquidado a favor del actor ningún importe por tal concepto. Sin embargo, de la prueba testimonial surge que la existencia de un sistema retributivo conformado por un bono en dólares con la oportunidad de adquirir acciones, lo fue con respecto a períodos anteriores y contabilizados en algunos casos por cuatro años. Ello permite establecer de acuerdo a la sana crítica, en ausencia de elementos documentales probatorios sobre las características o cambios en el sistema implementado por el empleador, que el actor pudo válidamente conservar su expectativa de un componente retributivo mayor, derivado de la conducta unilateral sostenida por la empresa durante el primer tramo decenal de su contrato, sin perjuicio de la enorme variabilidad del mismo y de su progresiva pérdida de importancia respecto de otros componentes salariales formalizados en los recibo de haberes. La falta de elementos precisos para cuantificar lo que pudo constituir dicho elemento altamente variable de la retribución, no obsta a sostener la existencia del crédito y así por aplicación de los arts. 56 LCT y 56 de la LO, es preciso efectuar una cuantificación razonablemente proporcional del componente retributivo adicional a considerar, conforme al modo en que las partes se condujeron en el tramo final de la relación. En consecuencia, al monto salarial arribado en primera instancia, debe agregarse un porcentaje adicional al 30%.-
Daños y perjuicios, falta de entrega del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Van Dam, Esteban Francisco  c/ Federico SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

No corresponde extender la condena recaída contra una agencia automotriz, hacia el fabricante del vehículo comprado por el actor y que no le fuera entregado por el concesionario no oficial, ya que no se advierte la existencia de ninguna situación de excepción que habilite la condena al cumplimiento pretendida o, en subsidio, al resarcimiento de daños y perjuicios por parte de la terminal, aun en la hipótesis de trabajo de que la demandada fuera en "apariencia" una concesionaria de la marca. En el caso, no hay dudas que la agencia demandada no integra la red de concesionarios oficiales del fabricante automotriz, con lo cual la injerencia de la terminal es nula. Cuanto menos no ha sido acreditado que existiera algún hecho que demuestre que estas sociedades mantuvieran algún vínculo. También quedó comprobado que la terminal tomó conocimiento en más de una ocasión de la utilización de la marca, logo e imagen de productos en publicidades de la concesionaria demandada, y le remitió en cada ocasión una carta documento intimándola a su abstención. Además, en su página oficial, la terminal dejó sentado que sus productos eran comercializados exclusivamente por los concesionarios oficiales y colocó una lista donde cualquier persona (cliente o no) podía acceder a su información. En este preciso orden de ideas, es materialmente dificultoso que el fabricante pueda supervisar absolutamente todos los revendedores privados y personas que se arroguen ser vendedores de los productos de la marca. En último lugar, cabe señalar que lo dispuesto por la LDC 40 no puede aplicarse a la terminal pues no sólo no está en juego un daño derivado del riesgo o vicio del producto sino que, además, no puede predicarse que dicha parte sea garante del incumplimiento de la obligación principal asumida por la concesionaria multimarca en el marco de la compraventa que celebró con el actor.
Comisiones médicas, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Ríos, Roberto Carlos c/ Experta ART SA c/  s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-30

Teniendo en cuenta que en el ámbito de la Capital Federal los preceptos de procedimiento de la ley 27.348 revisten plena vigencia y operatividad y que el accionante además de no haber podido cumplimentar el previo paso ente las comisiones médicas provinciales por no haber adherido la provincia al sistema (art. 4° ley 27.348) no acompañó tampoco la constancia emitida por el SECLO habilitante de la instancia judicial, corresponde declarar la falta de aptitud jurisdiccional de la JNT para entender en las actuaciones. Cualquier otra solución, importaría un trato desigual e irrazonable respecto de los trabajadores que, por domiciliarse, prestar tareas o encontrarse registrados en la Capital Federal, deben transitar obligatoriamente la instancia administrativa previa como presupuesto habilitante para acceder al control judicial. (Del voto de la Dra. Russo, en minoría).
Seguros, estafa
Materia: COMERCIAL-PENAL
Carátula: Lee, Seong Ye  c/ Banco Santander Rio SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-09

Y si bien es cierto que no se reputa cuestionable la contratación del seguro por parte de la demandada, incluso de forma anticipada, en tanto aquello se encontraba en las cláusulas del contrato base de la presente y es práctica habitual de las operatorias de préstamo dinerario con garantías prendarias, sí resulta reprochable la persistencia del cobro del seguro una vez que la demandada tomó conocimiento que el vehículo no sería entregado y que la actora habría sido víctima de una estafa por parte de la concesionaria.
Interrupción de la prescripción, SECLO, fallo plenario
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Espíndola, Jorge Ignacio c/Correo Oficial de la República Argentina SA c/  s/ Diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-09

Corresponde otorgarle efecto interruptivo de la prescrición al trámite ante el SECLO. En este sentido, resulta inconstitucional el art. 7 de la ley 24.635 y ha perdido vigencia la doctrina del Plenario "Martínez". Con posterioridad al citado fallo plenario, la CSJN se pronunció en varios casos(entre ellos "Sallent" y "Lombardo"), revocando sentencias de la CNAT por haber dado prioridad a una norma procesal local, como es el citado art. 7 de la ley 24.635, por sobre lo dispuesto en el art. 257 LCT (norma nacional de fondo). A partir de estos pronunciamientos del Alto Tribunal cabe entender que la doctrina plenaria ha perdido su carácter vinculante. Por ello cabe, aún de oficio, declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 24.635. En consecuencia, corresponde apartarse de lo dispuesto en el art. 7 de la ley 24.635 y en el acuerdo plenario dictado in re "Martínez c/YPF" del 6/6/2006 por ser contrario a lo dispuesto en el art. 257 LCT y vulnerar la jerarquía normativa establecida en los arts. 31 y 75, inc. 12 CN. (Del voto de la Dra. García Vior, en minoría).
Cuestiones de competencia, producción de la prueba, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Giorgi, Juan Martin c/ Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-13

El accionante se agravia de la resolución dictada en la instancia anterior por medio de la cual se declaró la falta de aptitud jurisdiccional de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones en razón de la persona demandada y ordenó la remisión de las presentes actuaciones a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. A los fines de dilucidar cuestiones de competencia es preciso atender, de modo principal, a la exposición de los hechos de la demanda, al derecho invocado como fundamento de la pretensión, también se torna imprescindible examinar el origen de la acción así como la relación de derecho existente entre las partes. Así la demandada, ACUMAR, es un organismo de derecho público, sometido al régimen de convenciones colectivas de la ley 14.250 e incluido en el marco de la LCT de acuerdo con lo previsto en el art. 2, inc. a) de conformidad con lo dispuesto en el art. 1 del CCT N° 1390/2014 "E" y en virtud de ello se encontraría comprendido dentro del diseño previsto por los arts. 20 y 21 a) de la ley 18.345 que habilitarían el conocimiento de las causas contenciosas al ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo. El CCT Acumar 1390/2014 "E" ha sido celebrado bajo la órbita de la ley 14.250 y prescribe la aplicación de normativa laboral - la Res. 376/14 que lo homologa alude expresamente a la Ley de Convenciones Colectivas, y el propio convenio declara aplicable la Ley de Contrato de Trabajo-, perspectiva desde la cual quedaría habilitada la competencia de este fuero. Más allá de que la acción progrese o no esta ha sido fundada en la LCT y no podría efectuarse un pronunciamiento que abarque sólo la competencia material sin implicar una decisión en cuanto al fondo del asunto, para lo cual resultará de vital importancia producir las pruebas ofrecidas que, en definitiva, hacen a lo sustancial de la cuestión. Cabe revocar la resolución de primera instancia y declarar la aptitud jurisdiccional de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en las actuaciones (Del voto de la Dra. Garcia Vior, en mayoría).
Rechazo de la demanda, contrato de agencia, rescisión del contrato
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Digital Blend SRL c/ Telecom Argentina SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-10

Cabe rechazar la demanda por la ruptura intempestiva del contrato que uniera a las partes. Ello por cuanto, el hecho de que la relación contractual tuviere como objeto que la actora comercialice contenidos digitales producidos por ella misma -o bien, por terceros a los que se les compró la licencia para hacerlo- constituye una hecho reconocido por la propia accionante. Asimismo, la circunstancia que los destinatarios de dicha comercialización fuesen personas - físicas o jurídicas- que ya revestían el carácter de "clientes" de la telefónica accionada también constituye un extremo que la actora aceptó. En este contexto, en la especie, no nos encontramos ante un contrato de agencia, sino que, en cambio, la verdadera naturaleza jurídica del vínculo entre las partes consistía más bien en aquella que resulta propia de los contratos de obra o servicios, es decir, la que subyace al compromiso de una parte de proveer un servicio o de realizar una obra material o intelectual a cambio de una retribución (CCCN 1251). En ese marco, el plazo de preaviso otorgado por la accionada -60 días- para anunciar su decisión de no prolongar el vínculo, una vez finalizada la vigencia del último contrato firmado, fue debidamente cumplido. Es que al no tratarse el presente de un contrato de agencia, no resulta de aplicación el plazo lo previsto en el CCCN 1492 -un mes (1) por cada año de contrato- que fuera invocado por la demandante en sustento de su pretensión resarcitoria.
Despido, producción de la prueba, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Garro, Omar Darío c/Rapi Estant SA y otros c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-13

El texto del art. 31 LCT deja en claro que no es necesaria la participación de la solidaria responsable en la maniobra fraudulenta o en la conducción temeraria, sino que, de existir alguna de éstas, sólo se requiere que aquélla se encuentre vinculada, de la forma que la norma prescribe, con la empresa que asumió tal comportamiento reprochable. Así es porque la cláusula legal cumple una función de garantía que sólo persigue que el dependiente, ajeno a la elección y control de la solvencia de su empleadora, pueda cobrar lo que se le adeuda con motivo de la contratación laboral. A partir de las pruebas producidas en la causa se colige que se halla acreditada una unidad de medios personales, materiales e inmateriales entre las empresas, estrechamente conectadas para la satisfacción de intereses comunes, que denotan la configuración de un grupo económico de carácter permanente, en los términos del art. 31 LCT. A su vez, si bien el manejo económico confuso que las distintas sociedades efectuaran a su patrimonio cabría tener por configurado al menos un supuesto de "conducción temeraria" en la definición que recepta la norma, no hay duda alguna de que el hecho de que la patronal haya incurrido en evasión fiscal al retener sumas del salario del actor que omitió ingresar a los organismos de la seguridad social, importa claramente una "maniobra fraudulenta" que burla los derechos del trabajador, del sistema previsional y de la sociedad en su conjunto. Por ello debe confirmarse el fallo de origen en cuanto responsabilizó solidariamente a la sociedad anónima codemandada con raigambre en el art. 31 LCT. (Del voto de la Dra. García Vior, en mayoría).
Prescripción, prescripción decenal, interpretación restrictiva, pérdida del expediente, impulso procesal, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Antonio Lovaglio S.A.C.A.I.  c/ Provincia de Salta s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2025-02-17

El fallo que declaró la prescripción de la ejecución de la sentencia que había ordenado a la provincia restituir bienes a una empresa por haber transcurrido el plazo de prescripción de diez años establecido por el art. 4023 del Código Civil, se apartó de las circunstancias conducentes para la solución del caso, porque no puede dejar de advertirse que las actuaciones fueron extraviadas, y la existencia de constancias procesales incompletas no puede derivar en un resultado desfavorable para la actora, máxime teniendo en cuenta que el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestión de derecho común, cuestiones procesales, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Rivero, Rubén Humberto c/ Salas, Ángel Roberto s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2025-08-21

Si bien las objeciones a las sentencias, relacionadas con la aplicación de normas de derecho común y procesal, y la apreciación de las cuestiones de hecho y prueba son ajenas, por principio, al recurso extraordinario, cabe admitir su procedencia en aquellos supuestos donde el acto jurisdiccional carece de los requisitos que lo sustenten válidamente como tal, en razón de la arbitrariedad manifiesta derivada del apartamiento de constancias comprobadas de la causa o de la valoración parcial de pruebas.
Monto del juicio, intereses
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Mezzadra, Daniel Eduardo c/ Fittipaldi, Yamila y otros  c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-01

El pronunciamiento de grado, dispuso que al importe que se difiere a condena se le adicionará desde su exigibilidad el índice RIPTE más un 6% de interés anual, hasta su efectivo pago. Esto, tanto al practicar las liquidaciones como, asimismo, en oportunidad de solicitar el libramiento de giro electrónico formuló expresa reserva de reclamar las diferencias de RIPTE hasta la fecha del efectivo cobro, debido a que, según indicó, a ese momento se encontraba publicado el RIPTE de septiembre de 2024. En virtud de la reserva oportunamente formulada, el actor realizó nueva liquidación, a fin de percibir la diferencia resultante entre el RIPTE del mes de septiembre de 2024 y el que debió aplicarse al momento en que se practicó liquidación el 11/12/24 de haberse encontrado publicado a esa fecha. El pronunciamiento de grado es claro en cuanto establece que al monto de condena se le adicionará, desde su exigibilidad el índice RIPTE más un 6% de interés anual, hasta su efectivo pago. Sin embargo, en el caso de autos dicha decisión no se ha cumplido debido al retraso en la publicación de los índices RIPTE, pues como ya se indicara, al tiempo de efectuarse la liquidación se aplicó el último RIPTE publicado de septiembre/2024. En consecuencia, corresponde que de acuerdo a los parámetros de la sentencia de primera instancia se practique nueva liquidación, aplicándose el índice RIPTE más un 6% de interés anual hasta la fecha en que se verificó el efectivo pago por parte de la demandada y al monto obtenido se le deberá descontar el importe depositado por la condenada. La accionada sostiene que la liquidación se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, pero lo cierto es que las liquidaciones son aprobadas en cuanto ha lugar por derecho y, en consecuencia, no causan estado; por ello teniendo en cuenta que deben constituir la concreción aritmética de la condena contenida en la sentencia, lo que de acuerdo a lo explicado no sucede en el presente caso, corresponde ajustar la liquidación, lo que en modo alguno implica una modificación de lo decidido, sino su adecuación cabal al fallo dictado en la causa.