marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Quiebra, recursos
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: INCIDENTE  DE REVISION (ART. 38 L.C.) DE LA D.N.R.P. EN AUTOS: "BIMAR S.A. - QUIEBRA PEDIDA" s/ QUIEBRA - RECURSOS - COSTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-01

La revisión deducida al amparo del inc. 5to. del art. 1272 del C.

de P.C. no puede ser concedida, por improcedente, desde que el recurso de revisión, reservado para las sentencias definitivas, no autoriza a impugnar la condenación en costas con independencia del fondo del asunto, salvo por el motivo del inc. 7mo. del C.P.C., pues esta norma habilita el control de toda clase de resoluciones con tal que puedan afectar la uniformidad en la aplicación del derecho (Cfr.

T.S.J., Sala Civil, A.I. Nro. 325, 6/7/86, A.I. Nro. 433, 2/10/86, A.I. Nro. 39, 5/3/87, etc.).

Al margen de lo expuesto, y en consonancia con ello, el revisionista sólo podría haber habilitado la competencia del Tribunal de Casación -en base a la diversa interpretación que el Alto Cuerpo y esta Cámara tienen en torno al problema de la purga de la caducidad-por la misma vía de los incs. 7mo. y 8vo. del art.

1272 del C.P.C., cosa que no se ha intentado en el sublite.-
Sociedad cooperativa, cooperativa de trabajo, socio empleado, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Barón, Alfredo León c/ El Valle S.A.T.I:C. y Coop. El Valle Ltda. s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-09-30

Resulta en principio incompatible reunir la calidad de socio y empleado para viabilizar la aplicación del art. 27 de la LCT (socio - empleado) en el caso de las cooperativas de trabajo, siendo menester invocar y acreditar la existencia de fraude, simulación u otros supuestos asimilables.
Daños y perjuicios, prueba, accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bigatti, Mario Raúl y otra c/ Cambio, Agustín Antonio s/ Daños y perjuicios Baratelli, Sergio Horacio c/ Robledo, Andrés Carlos s/ Daños y perjuicios Municipalidad de Ayacucho c/ Beta Ingeniería S.C.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04|1994-08-02|1997-11-25

La privación del uso del automotor no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado, ni constituye un supuesto de daño "in re ipsa", por lo que quien reclama por este rubro debe probar que efectivamente esa privación le ocasionó un perjuicio.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, recusación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: D., M. G.; F., C. A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HOMICIDIO CALIFICADO POR EL VINCULO Y POR ALEVOSIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 410 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

Es reiterado el criterio de la Corte nacional, según el cual los decisorios que decidan sobre planteos recusatorios, en tanto aluden a temas de hecho e interpretación de normas procesales, resultan ajenos al recurso extraordinario federal.
Ejercicio profesional, médicos, responsabilidad médica, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Richards, María Teresa c/ Montoreano, Isidoro Eduardo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

Cuando está en juego la vida o la salud de las personas hay una natural predisposición a juzgar con severidad y rigor la actuación profesional, pero ello no debe conducir a que se pierda de vista que también la ciencia médica tiene sus limitaciones (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano y Guiller mo A. F. López).
Suspensión del juicio a prueba, resoluciones recurribles, admisibilidad del recurso, homicidio culposo, pluralidad de víctimas, debida fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: Luchino, Luciano Osmar c/  s/ homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-11-24

Procede declarar la nulidad de la resolución del Tribunal de Impugnación quien revocó (por mayoría de votos) el pronunciamiento dictado por el Juez de Garantías y por lo tanto le otorgó al encausado la suspensión del juicio a prueba, toda vez que no es dable tachar de "irrazonable" a la oposición de la Fiscalía a la suspensión del juicio a prueba. Ello es así, pues tal como la Fiscal Jefe de la Unidad Operativa de la III Circunscripción expuso ante los magistrados revisores (en coincidencia con lo aducido por el Fiscal de Caso ante el Juez de Garantías) era criterio de aquel Ministerio -como pauta integradora de su política de persecución penal- oponerse a la suspensión del juicio a prueba, básicamente, en los casos de homicidios culposos en los que hubiera multiplicidad de infracciones a la ley de tránsito y que hubieren generado pluralidad de víctimas. Por lo tanto, aquel argumento -irrazonabilidad de la oposición de la fiscalía- no resulta homologable ya que la mera referencia a un presunto número de legajos en que se concedió la suspensión del juicio a prueba con la conformidad de la Fiscalía, sin la debida constatación o corroboración de parte de los jueces de que efectivamente se trate de supuestos "tanto o más graves que éste" no hace a la debida fundamentación que requiere un pronunciamiento judicial. Consiguientemente, la tacha de "irrazonable" del criterio aplicado por la Fiscalía, cuando éste tiene pleno ajuste a una política de persecución penal debidamente explicitada, se traduce en una afirmación dogmática de los magistrados revisores que perjudica la validez constitucional de ese pronunciamiento.
Compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, efectos entre partes, venta de cosa ajena, bienes inmuebles
Materia: CIVIL
Carátula: GIL, Carlos Alberto c/ LOMBARDI, Alberto s/ FIJACION DE PLAZO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-12

La promesa de venta sólo produce efectos entre las partes contratantes, no así respecto de terceros (conf. art. 1195 del Código Civil), que -aunque sean titulares de dominio del bien prometido en venta- no se encuentran vinculados por la concertación de un negocio en el que no participaron.

Aun cuando el cumplimiento de la sentencia condenatoria contra el enajenante requiera de la previa escrituración del bien en su favor por parte de terceros, ello no justifica su intervención en el proceso, habida cuenta que la condena no podría alcanzarlos, no sólo por haber sido traídos al juicio por el demandado sino esencialmente por ser ajenos a la relación jurídica sustancial.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, infraestructura deportiva, accidente en espectáculo deportivo, espectáculos deportivos, seguridad en espectáculos deportivos, cosa riesgosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Ludueña, Jorge Oscar c/ Municipalidad de Córdoba s/ Ordinario - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-05-29

Dado que el foso del estadio donde un espectador cayó durante un partido tiene que ser considerado como una cosa riesgosa, la Municipalidad propietaria de dicho estadio resulta responsable -en un 50%- por los daños sufridos a la víctima, por ser la titular de la cosa riesgosa, independientemente de su condición eventual de guardián (del voto del Dr. Bustos Argañaraz).
Acto administrativo, revocación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Macedo, María de los Desamparados Anita c/ Municipalidad de General Pueyrredon s/ Demanda contencioso administrativa Fernández, Noel Oscar c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de  Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23|2000-04-05

Sobre la base del art. 117 de la ley 7647, se debe evaluar el tiempo transcurrido como elemento determinante de la irregularidad de un actuar lesivo a derechos individuales.
Acto administrativo, nulidad de oficio, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

La anulación de oficio del acto administrativo, es una función mixta de administración activa y de control -aunque el control no es prevalente porque si así fuera, se debería anular- y no un simple remedio para la eliminación de los actos ilegítimos, de consiguiente, no se la debe usar para la imparcial tutela del derecho objetivo simplemente; en una palabra, la regla debe ser que no se puede anular de oficio un acto ilegítimo sino para satisfacer un interés público concreto y actual con la eliminación del mismo, o sea, debe efectuarse una comparación valorativa entre la utilidad pública a la remoción del acto y la utilidad pública de mantenerlo no obstante su ilegitimidad, de modo que la anulación no puede ser dispuesta para eliminar situaciones contrarias al interés público verificadas en el pasado que han cesado ya o que, pudiéndose presentar en el futuro, en el momento no se dan.
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arriola, América c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa Lago, Luis c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14|2001-10-17

El art. 41 de la ley 8587, al reglar lo atinente a la determinación del haber mensual de la jubilación ordinaria, no exige acto de designación en el cargo de mayor jerarquía desde que su texto expresa "cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado".
Daño, robo
Materia: PENAL
Carátula: Rementería, Luis Rubén c/  s/ delitos de daño y robo en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2016-10-14

Corresponde disponer el sobreseimiento definitivo del acusado en orden a los delitos de daño y robo en concurso real cometidos al llegar con su automóvil al domicilio de su ex pareja y golpeó con un bloque de cemento dos vehículos que se encontraban estacionados y robó una campera que se encontraba dentro de uno de ellos, toda vez que en virtud del arrepentimiento mostrado por el imputado y la reparación integral de los daños causados corresponde hacer lugar a la petición fiscal y cesar en el ejercicio de la acción cuya obligación impone el art. 6° Código penal y Procesal de Santa Cruz a raíz de lo dispuesto en el inc. 6° del art. 59 Código Penal, que es justamente una excepción prevista por la ley.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, regulación de honorarios, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Mutual  del  Personal de Sociedades de Autores y Afines c/ Sociedad  Argentina de Autores y Compositores de Música Entidad Civil, Cultural y Mutualista. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Corresponde dejar sin efecto la decisión que, para discernir la cuantía de los honorarios de los letrados, se apartó de las disposiciones arancelarias que determinan el modo de establecer la base de cálculo de las retribuciones y justificó, con apoyo en fundamentos de excesiva latitud, una significativa reducción de ese módulo (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Augusto César Belluscio, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Historia clínica, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: BRANDONE, Gustavo Adrián s/ Lesiones culposas VELIZ, Hugo Oscar s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22|1976-11-29

La incorporación al proceso de la historia clínica por la vía de un pedido de informes es válida, ya que -aunque no reglado específicamente este medio en el rito penal -el art. 254 del C.P.P., texto según ley 3589, reenvía a los medios probatorios en materia civil, por donde se hacen aplicables los arts. 394, 395 y 401 del C.P.C.C.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, remuneración, gratificaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Moretti, Julio Alberto c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

La gratificación entregada al actor "compensable" en forma genérica con cualquier otro crédito que pudiera tener el empleado con motivo del contrato laboral que lo vinculaba con la empresa representa un concepto tan amplio y genérico de pago que resulta contrario a su naturaleza pretender que ese mismo importe sea útil para ser imputado a las indemnizaciones del derecho común como propicia el demandado.
Cuota alimentaria, obligación alimentaria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A. G. E. c/ Q. F. O. A. s/ alimentos para  los hijos
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-04-11

El alimentante demandado está obligado a prestar colaboración para establecer sus ingresos y la falta de cumplimiento de dicha obligación no puede redundar en perjuicio de los alimentados, ya que importa restar la colaboración debida al órgano jurisdiccional para el logro de la solución que mejor consulte la armonización de los diversos intereses involucrados.
Diligencias preliminares, prueba anticipada, secuestro de bienes
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: OSORIO, ROMINA c/ EXPRESO ALBERINO S.A. Y OTROS s/ ACCIDENTE ACCIÓN CIVIL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-27

La pretensión de que se secuestren documentos excede las previsiones del art. 326 del CPCC, porque esta norma, referida a la prueba anticipada, no contempla hipótesis cautelares como la solicitada, se ciñe al reconocimiento judicial de determinados instrumentos y concibe la intervención de la futura contraparte (art. 327 del CPCC). Para más, en el caso, no se ha argumentado ni intentado demostrar que la producción de esa prueba se pudiera tornar dificultosa o imposible en la etapa procesal oportuna ni tampoco que existiera el temor fundado de que la contraria pudiese destruirla u ocultarla.
Banco central, régimen de garantía de los depósitos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Durañona, Elena c/ Banco Central de la República Argentina s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Resulta requisito exigible por el Banco Central a los presuntos depositantes, la acreditación de su composición y la declaración jurada mencionada por la ley 21.526, pues los objetivos de índole macroeconómica no podrían lograrse, si al régimen sancionado se le agregasen mas condiciones que las que son habitualmente exigibles para el retiro de los fondos en condiciones normales.
Reordenamiento del sistema financiero, depósito bancario, medidas cautelares, restitución de sumas de dinero, desistimiento voluntario, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Muñoz  de  Canevaro  Elena  y otro c/ PEN Ley 25.561 Dto. 1570/01214/02". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-08

Deben rechazarse las apelaciones que, habiendo sido consentidas las cautelares por el banco depositario, interpusieran contra tales resoluciones sólo el Estado Nacional y/o el B.C.R.A., dado que, frente a aquél consentimiento y el consecuente cumplimiento de la entrega anticipada de los fondos por parte de la entidad financiera que él tornaba razonable presumir, impedían válidamente aceptar la presencia de un gravamen propio de las autoridades nacionales que pueda resultar afectado por la resolución judicial que recurrían, habida cuenta que sus agravios, en los que se limitaban a aludir a la situación de emergencia pública legalmente declarada y a la crisis económica y financiera que enfrenta nuestro país, se sustentaban básicamente en la imposibilidad material de pago que, por no contar con los fondos necesarios al efecto, atribuían a las entidades financieras y a las disvaliosas consecuencias que el obligado cumplimiento de lo judicialmente decidido podría acarrear para el conjunto de la sociedad, lo que carecía de todo sustento en los hechos comprobados de esas causas (cfr. esta Sala, "Urdiales, Mirta O.", del 6/8/02). (Consid. V.2).
Costas, reparación integral, carácter resarcitorio, costas al demandado, costas en el orden causado, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: PACHECO, Estela del Valle c/ CAMINO S.A. s/ Beneficios Laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-03-03

El fundamento de la complejidad en la interpretación del alcance de la LRT en el pronunciamiento impugnado -en el que expresamente se sostiene la inaplicabilidad de dicha ley- es ilógico, carente de virtualidad e incapaz de sustentar razón alguna para aplicar las costas por el orden causado y apartarse del criterio objetivo de la derrota.

Sin perjuicio de que la demanda no prosperó en sus montos, es indudable la calidad de vencedor del actor. Asimismo, la costas integran la indemnización, que es de naturaleza resarcitoria, y en mérito al principio de reparación integral se evita su aplicación al actor, a efectos de no producir una disminución indirecta del monto indemnizatorio. Además, en general, las costas se aplican a quien dio motivo al pleito y se exime de ellas a quien tuvo que litigar para el reconocimiento de su derecho, más aún dentro de la órbita de los principios esenciales del derecho del trabajo y en especial en protección al trabajador.

En conclusión, debe revocarse el fallo en la parte pertinente y aplicarse las costas al demandado.
Dirección del proceso, facultades del juez, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: BRUNI  NORBERTO  CESAR  Y OTROS c/ NEXTEL COMUNICATIONS ARGENTINASA s/ recurso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-27

Sin perjuicio de lo dispuesto por este Tribunal en cuanto resolvió que los ilícitos anteriores al 2-12-2004 -fecha de promoción del presente juicio- se encontraban comprendidos en la hipótesis del art. 4037 del Código Civil, ninguna razón válida puede esgrimirse para impedir que el juez califique jurídicamente el planteo en virtud del principio "iuria curia novit", toda vez que la dirección del proceso no depende sólo de las directivas expresas que las normas legales expresamente le confieren a los jueces, sino también de aquellas que implícitamente, surgen de su jurisdicción a los fines de asegurar una más rápida y mejor justicia (conf. CNCiv. Sala H, 17-4-1997, in re, "Zapico, Jorge H. c/ Empresa de Transporte Azul S.A.", LL del 24-9-1997, asimismo, esta Sala, causas 20.143/96 del 27-8-1998; 15.899/96 del 18-5-1999, entre otras). En tales condiciones ponderando el límite de vigencia temporal de las pólizas agregadas a la causa -que ilustran sobre la inexistencia de vínculo contractual entre la demandada y las aseguradoras- se impone concluir la ausencia de legitimación pasiva de las co-citadas en garantía.
Recurso de apelación (procesal), calidad de parte, agravio concreto, minería, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: MINA DAVID c/ DAVID MAURICE JENKINS s/ MANIFESTACIÓN DE DESCUBRIMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-11

Tiene dicho nuestra Corte local en materia de caducidad que ella se encuentra prevista en el Código de Minería como consecuencia de una omisión del descubridor y que no procede pretender extender el plazo más allá del vencimiento de cateo hasta la publicación de edictos, pues la caducidad como modo extintivo de derechos sólo tiene por fuente la ley o la convención, pero de ninguna manera puede tener origen en creación pretoriana, por vía de una interpretación extensiva. (CJSalta Tomo 66:675).
Amparo por mora, rechazo in límine
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Soria Savio, Walter Humberto c/ Poder Ejecutivo s/ Amparo por mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-09-06

Debe rechazarse in límine el amparo por mora deducido al no configurarse el supuesto objetivo de la demora por parte de la administración. (art. 2º Ley 4795).

En efecto, el actor ha presentado en sede administrativa tres pedidos de pronto despacho, pero ha omitido el trámite legalmente previsto mediante la interposición de los pertinentes recursos para agotar correctamente la vía administrativa previa y acceder oportunamente a esta instancia jurisdiccional, en franca violación a la ley procesal administrativa, cuyos plazos perentorios tornan ineficaz la presentación.Del voto de la Dra. Sesto de Leiva- En Disidencia.
Habeas data, obligaciones naturales, certificado de deuda, DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Torres, Tocci Mónica Susana c/ G.C.B.A. (Dirección General de Rentas) s/ Habeas Data General de Rentas) s/ Habeas Data
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-14

La existencia en los registros de la Dirección General de Rentas de una obligación natural puesta en cabeza de un contribuyente, no puede obstar a que ésta extienda un certificado de libre deuda. Ello es así porque la Dirección General de Rentas no cuenta con ningún medio jurídico coercitivo para perseguir el cobro de la deuda cuestionada por la actora.

Las obligaciones naturales tienen como consecuencia jurídica la prescripción de una deuda, pues tal deuda no es exigible, es decir que el acreedor ha perdido la facultad jurídica de compeler al deudor para que cumpla la obligación.

De lo expuesto y de conformidad con el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y teniendo en cuenta que la falta de entrega del certificado de libre deuda solicitado en el caso, lesiona el derecho del accionante de realizar libremente la venta un automotor, corresponde que la Dirección General de Rentas rectifique la información que contiene sobre el estado de deuda de la actora por el automotor en cuestión, eliminando la deuda o haciendo constar que la misma es una obligación natural.
Recusación con causa, recusación por amistad
Materia: PROCESAL
Carátula: ECOMAX SRL s/ QUIEBRA     INCIDENTE DE RECUSACION      EXPTE NRO 298-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-09

El medio para obtener la recusación con causa con fundamento en el artículo 10 inciso 8) del Código Procesal Civil y Comercial, no es a través de los recursos de reposición o nulidad, por lo que puede obtenerse la separación del Juez dado la gravedad y trascendencia que implica la petición, que como tal, requiere una argumentación seria y fundada que señale concretamente la existencia de hechos, que en definitiva pongan en peligro su imparcialidad.

Si la causal de amistad no es invocada por el juzgador y mediare la dispensa que la norma ha puesto en cabeza de la contraparte del litigante que debería haber ocasionado la excusación, no existe obstáculo legal para que el juez con competencia subjetiva originaria continúe interviniendo en la causa.