Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-07-03


SENTENCIA NÚMERO: VEINTICUATRO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los tres días del mes de julio de dos mil trece, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, reunida en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 104/12, caratulados: "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en Causa Nº 235/06 -Gómez, Rafael Alberto y Perna, Hugo Rafael -Facilitación y promoción de la prostitución de menores en calidad de partícipe secundario y autor respectivamente - Chaquiago - Andalgalá", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la resolución en crisis por haber aplicado erróneamente la ley sustantiva? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 13, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres, y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 59/12, dictada por unanimidad por la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, el día 03/08/2012, en lo que aquí concierne, se resolvió: "1) Declarar culpable a R. A. G., de condiciones personales ya mencionadas en la causa, como coautor penalmente responsable del delito de Promoción y facilitación de la prostitución de meno-res de 18 años en grado de tentativa, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de dos años y cuatro meses de prisión, cuya ejecución se deja en suspenso, debiendo por el término de la condena: Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados una vez por mes y abstenerse de mantener contacto alguno con los denunciantes y con las víctimas del caso, bajo apercibimiento de ley (.). 2) Declarar culpable a H. R. A. P., de condiciones personales ya mencionadas en la causa, como coautor penalmente responsable del delito de Promoción y facilitación de la prostitución de menores de 18 años en grado de tentativa, condenándolo en consecuencia a la pena de tres años de prisión, cuya ejecución se deja en suspenso, debiendo por el término de la condena: Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados una vez por mes y abstenerse de mantener contacto alguno con los denunciantes y con las víctimas (.)".

El hecho que el tribunal tuvo por acreditado es el siguiente: "Que con fecha 09/Feb/2005 J. R. P. "a" C. se transportó vía terrestre desde la ciudad de San Miguel de Tucumán y hasta la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca junto con las menores de 16 años A. G. D. V. y M. R. J. utilizando modos engañosos a esos fines respecto las mencionadas, donde fueron recibidos por H. R. A. P., quien arbitró los medios para el traslado de los mismos en esa fecha hacia la whiskería sita en Chaquiago, Andalgalá, en la que fueron recibidos por su encargado, G.; lugar donde las menores permanecieron recluidas y con motivo de una supuesta deuda contraída por el mencionado J. R. P. con P. y G. fueron promovidas por éstos a ejercer la prostitución en el citado local -contexto que les facilitaba la realización de la actividad pretendida- para abonar con lo producido la suma adeudada y como condición necesaria para permitirles regresar a sus domicilios, trato sexual venal e indeterminado que no se perfeccionó como consecuencia de la oportuna intervención policial que recuperó a las adolescentes el día 17/Feb/2005 a horas 02:00 de dicho predio, respondiendo al requerimiento efectuado por la madre de la menor A. G. D. V., J. I. V, quien se anotició de la situación por un llamado telefónico realizado por la menor en la víspera".

II. Contra dicha resolución, comparece el Dr. Víctor García, en su carácter de asistente técnico de los imputados R. A. G. y H. R. A. P., e interpone recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en los incs. 1º y 2º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Inicialmente señala que el Tribunal se apartó de la acusación fiscal -agravándola-, ya que éste condenó a R. A. G. como coautor del delito en cuestión -en grado de tentativa-, mientras que el Ministerio Público Fiscal había solicitado su condena como partícipe secundario.

Acto seguido, denuncia la errónea aplicación del art. 42 C.P., argumentando que la persona que seduce y convence a las víctimas es J. R. P., que las supuestas víctimas nunca ejercieron la prostitución y que, al tratarse de un delito de resultado, no admite la tentativa, puesto que tal como lo señalaron las menores, no trabajaron pasando indistintas personas ni percibiendo dinero por tal tarea. Sostiene que la conducta "facilitar" debe tener como correlato necesario la existencia de una prostituta, puesto que mal se podría facilitar la prostitución de quién no es tal.

Asevera que las menores nunca estuvieron en el inmueble cuando éste funcionaba como prostíbulo, justamente por la negativa de R. A. G. -encargado del mismo- a permitirles trabajar como prostitutas. Sostiene que no se da el requisito de que se coloque la vivienda y se permita el ingreso de distintos hombres, lo cual, enfatiza, no se da en autos.

En idéntica dirección, sostiene que no existen actos de H. R. A. P. y R. A. G. tendientes a facilitar la prostitución de las menores. Que el relato de éstas no encuentra correlato en prueba independiente. Reitera que las menores, no fueron conducidas por H. R. A. P. ni por R. A. G. sino por J. R. P. y que el delito en cuestión no admite la tentativa.

Desde otro ángulo, denuncia la errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba, destacando que el sentenciante no consideró las posiciones exculpatorias de sus defendidos y tuvo por cierto las declaraciones de las víctimas.

Finaliza formulando reserva del caso federal.

III. Antes de ingresar al tratamiento puntual del agravio traído a estudio, cabe referir que, si bien el recurrente pone de resalto que el tribunal agravó la situación de su asistido por considerarlo autor y no partícipe secundario como venía acusado en la requisitoria fiscal de elevación a juicio, acusación que fue mantenida por el Fiscal en su alegato final, esta disconformidad en modo alguno puede tener acogida favorable. Y es que, la defensa ha omitido demostrar cuál es la garantía procesal o constitucional que considera afectada, incurriendo en una verdadera falta de fundamentación. En efecto, no brinda argumento capaz de revertir la decisión del tribunal. No obstante ello, el tribunal a quo, en pleno ejercicio de las facultades conferidas por el art. 405 C.P.P. tuvo en cuenta el análisis integral del material probatorio debidamente incorporado a debate, para concluir que el comportamiento desplegado por ambos imputados se corresponde con el tipo de coautoría dolosa, ya que quedó acreditado que tanto H. R. A. P. como R. A. G. llevaron a cabo acciones comunes relacionadas con las exigencias típicas, respondiendo a una planificación previa y sobre las que tenían el co-dominio de las mismas, esto es, intentando y queriendo ejecutar el tipo penal aplicable al caso (art. 45 C.P.).

Sumado a ello, no se evidencia una violación al principio de defensa en juicio, pues no hubo una condena sorpresiva sobre hechos y circunstancias de las que el procesado no haya podido defenderse debidamente (Fallos: 284:54; 298:104 y 304), ni una variación brusca del objeto del proceso, razón por la cual, como dije, la disconformidad señalada no puede prosperar.

Otro aspecto a considerar en forma liminar, es el relacionado con el cuestionamiento que el recurrente efectúa respecto a la errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2º C.P.P.). Adelanto que este embate tampoco puede tener acogida favorable. Y es que el recurrente no se hace cargo de expresar cuál es el agravio puntual, con lo cual no satisface el requisito de fundamentación técnica exigida por la ley de forma (arts. 460, sgtes. y cctes. del C.P.P), en lo que a este planteo se refiere. Tal proceder, en tanto se restringe a rotular agravios de los cuales no efectúa desarrollo alguno, impide a esta Corte la comprensión misma de la pretensión.

A fin de no pecar de reiterativo, sobre tal deficiencia me remito a lo sostenido por este Tribunal en precedentes A.I. Nº 19, 30/06/2010; A.I. Nº 34, 12/11/2010 y A.I. Nº 20, 29/06/2012, entre otros.

En el caso, no cumplen con tales resguardos las genéricas alusiones de que se ha omitido valorar prueba y que se ha dejado de lado las posiciones exculpatorias expresadas por ambos imputados.

En efecto, la fundamentación debe ser inteligible, autónoma y por tanto, bastarse a sí misma. Es por ello que no es fundado el recurso de casación que no cumple con la carga que pesa sobre el recurrente de expresar clara, concreta y separadamente en qué consisten las violaciones que denuncia, demostrar el vicio o error, el modo que influyó en el dispositivo y cómo y por qué debe variar. De tal modo, en el mismo escrito deben constar, debidamente expuestos, los motivos que configuran los agravios, de manera que por su sola lectura sean aprehensibles sin necesidad de acudir a otros documentos para integrarlos.

Consecuentemente, como lo adelantara, este embate no resulta procedente.

Sentado lo anterior, debo decir que, después de estudiar el planteo referido a que la calificación jurídica aplicada al caso no admite la tentativa, (125 bis) tal cuestionamiento tampoco puede prosperar. Así lo considero, puesto que esta Corte coincide con la opinión doctrinaria predominante según la cual el delito de promoción y facilitación de la prostitución es un delito formal y que, por ello, su configuración atiende a la idoneidad de los actos tendientes a esa promoción y facilitación, y no a la efectiva prostitución de la víctima.

Por ello, debido a que no es discutida en el recurso, y quedó debidamente acreditada en el juicio, la existencia material de los hechos atribuidos, los que objetiva y subjetivamente resultaban idóneos para promover y facilitar la prostitución de las menores de que se trata en las presentes, ciertamente cabe valorarlos como constitutivos de la conducta prevista como penalmente típica en el art.125 bis del Código Penal. Dicho ello, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, resulta por completo intrascendente que la niña haya o no efectivamente mantenido trato sexual con los clientes del lugar. Es que, la acción típica del delito se contenta con la promoción o facilitación de la prostitución de menores, y por ello resulta suficiente que el autor induzca, impulse, incite, coadyuve, etc.: "lo punible no es entonces el ejercicio de la prostitución, ni el pago del precio por el cliente, sino la actividad realizada por el autor tendiente a introducir a la víctima en el modo de vida que implica el ejercicio de la prostitución, o a mantenerse o intensificar el que ya tenía" (Gavier, Enrique A., "Delitos contra la integridad sexual", Lerner, Córdoba, 1999, pág. 76). Estas acciones se encuentran holgadamente cumplidas por quien regentea la casa de tolerancia a la cual es llevada una menor para que se desempeñe como prostituta, sin que haga mella en su tipicidad el hecho de que luego efectivamente aquélla no se desempeñe como tal. Con acierto, afirma Víctor F. Reinaldi, "como delito de pura actividad se consuma con la realización de los actos promotores o facilitadores de la prostitución aunque no se logre el fin deseado" ("Los delitos sexuales en el Código Penal argentino", 2° ed., Lerner, Córdoba, 2005, pág. 214).

Las razones expuestas bastan para rechazar el recurso interpuesto. No obstante, estimo pertinente recordar que otras razones de pareja entidad concurren en el caso para convalidar la resolución impugnada y son las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino (art. 75 inc. 22 C.N.) en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (suscripta en Belém do Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994, aprobada por Ley del Congreso Nº 24.632, el 13 de marzo de 1996) y en la Convención sobre los Derechos del Niño -aplicable al caso dada la edad de las víctimas (16 y 17 años)-, de arbitrar todos los medios para proteger a los niños contra toda forma de perjuicio o abuso, incluida la explotación sexual. Y es que, la explotación sexual comercial de los niños constituye una forma de coerción y violencia contra los niños, que puede implicar el trabajo forzoso y formas contemporáneas de esclavitud" (Declaración Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, Estocolmo, 1996). Asimismo, se han catalogado como modalidades de las "peores formas de trabajo infantil", que exigen rápida y efectiva acción de las distintas instancias involucradas, "la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas..." (Convención sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil, O.I.T., Ginebra, 1999, art. 3°) En consecuencia, la condena a esos hechos es acertada; satisface los principios fundamentales de justicia para víctimas de delito adopta-dos por la Asamblea General de las Naciones Unidas -resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985- (C.S.J.N., G. 1359. XLIII, Recurso de hecho, Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco), a lo que se suma también que fue acabadamente probada la autoría de los imputados, razón por la cual, la sentencia apelada debe ser confirmada, no obstante el carácter de tentado asignado al delito por el tribunal a quo.

Por las razones expuestas, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Comparto en su totalidad los fundamentos expuestos por el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a los mismos, votando en con-secuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/4, por el Dr. Víctor García, en su carácter de asistente técnico de los imputados R. A. G. y H. R. A. P.. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Comparto en su totalidad la solución propuesta por el señor Ministro preopinante. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/4, por el Dr. Víctor García, en su carácter de asistente técnico de los imputados R. A. G. y H. R. A. P.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.