Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-11


Expte. nº 9185/12 "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos Antón, Roberto Santiago s/ infr. art. 149 bis, CP'" Buenos Aires, 11	de octubre de 2013.

Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. El Sr. Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas interpone recurso de queja (fs. 76/84) contra el auto de fs. 70/75 que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad cuya copia obra agregada a fs. 52/56. Este último remedio procesal estaba dirigido contra la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones que, por mayoría, revocó el pronunciamiento de primera instancia y archivó las actuaciones por entender que el plazo de investigación preparatoria, contado desde la recepción de la declaración indagatoria ante la justicia nacional, el 15/9/11, hasta la presentación del requerimiento de juicio en esta sede, el 20/1/2012, se había agotado. Además afirmaron que existió una mora injustificada en la investigación que hacía aplicable al caso ciertos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la garantía del plazo razonable (Fallos: 272:188, 322:360 y 310:1479) (fs. 46/50).

2. En su recurso de inconstitucionalidad, la fiscalía denunció que la decisión de la Cámara resultaba arbitraria porque había pretendido demostrar una presunta afectación de la garantía del plazo razonable mediante una fundamentación aparente.

3. La Sala II declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad por entender -la mayoría- que el Ministerio Público Fiscal no se encuentra legitimado para acudir ante el Tribunal en perjuicio del imputado.

4. Al tomar intervención en este proceso, el Fiscal General solicitó que se hiciera lugar a los recursos interpuestos por la Fiscalía de Cámara y, por considerar que la resolución cuestionada mediante recurso de inconstitucionalidad debía ser descalificada como acto jurisdiccional válido, propició que se la dejase sin efecto (fs. 88/95).

Fundamentos El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La queja, aunque interpuesta ante el Tribunal en tiempo oportuno (art. 33 de la ley n° 402), debe ser rechazada. El Sr. Fiscal de Cámara no ha logrado demostrar que sus motivos de agravio conformen un caso de competencia del Tribunal.

2. En primer lugar, cabe señalar que el recurso de inconstitucionalidad fue declarado inadmisible porque había sido interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en perjuicio de la persona acusada. Si bien el quejoso sólo se hace cargo mínimamente de esta cuestión, sobre la que argumenta con la simple cita del precedente "Alegre de Alvarenga", expte. nº 6182, resolución del 22/6/2009 de este Tribunal, también es cierto que repetidamente he sostenido que el Ministerio Público Fiscal se encuentra legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad (ver, entre otros, "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis CP'", expte. nº 6454, resolución del 08/09/10, entre otros).

De cualquier manera, el recurso de queja debe ser rechazado pues, como se verá, los planteos propuestos no permiten la revisión extraordinaria requerida en tanto se limitan a un desacuerdo con la valoración que los jueces de mérito hicieron de diversos actos procesales ocurridos durante el trámite de la causa y la interpretación que efectuaron de normas de orden procesal local y nacional.

3. En ese sentido, cabe señalar que, más allá del acierto o error del análisis efectuado en la sentencia recurrida, los jueces consideraron que, para determinar si se ha afectado la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable, debía tomarse en cuenta el tiempo que la causa había tramitado en el ámbito nacional. En ese escenario, entendieron que "[a]ún prescindiendo de considerar que se ha ordenado no salir del país, mudarse o ausentarse de su domicilio al imputado desde el 27/5/11 (.), desde la indagatoria efectuada el 15/9/11 (.) a la fecha del requerimiento de elevación a juicio venció el término previsto en el art. 104 y 105 del ritual" (del voto del Dr. Delgado al que adhirió la Dra. Manes, cfr. foja 50). Asimismo, afirmaron que evaluado el caso concreto a la luz de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (teniendo en cuenta "la pena máxima del delito investigado", "la ausencia de complejidad de la investigación" y también el tiempo trascurrido desde el ingreso de las actuaciones a esta jurisdicción hasta que se requiriera la realización del juicio, "a pesar que no había prueba instructoria alguna para producir por parte del Ministerio Público Fiscal"), se advertía una "inadmisible morosidad" que derivó en la violación del plazo razonable de duración del proceso (fs. 49/50 vuelta).

4. A pesar del cuestionamiento que, en términos genéricos, efectúa el recurrente, lo cierto es que no demuestra por qué la conclusión de los jueces debiera ser descalificada como una derivación razonada de los elementos acumulados y el derecho aplicado. En ese sentido, la mera afirmación de que en los casos donde se ha recibido declaración indagatoria en extraña jurisdicción, el plazo comienza a computarse desde el ingreso a este fuero local, resulta insuficiente para descartar como válido el criterio sostenido por la Alzada. Tampoco alcanza, para descalificar la decisión cuestionada, afirmar que "de la compulsa del derrotero procesal al que [los jueces] aluden no puede estimarse que se haya vulnerado el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable" (cf. foja 82).

En definitiva, se ha omitido cualquier desarrollo que permita advertir la vinculación de garantías constitucionales con la cuestión efectivamente decidida en estas actuaciones y tampoco se ha expuesto la existencia de contradicción lógica alguna en la sentencia cuestionada. Reitero, entonces, que la discusión planteada se reduce a una cuestión que involucra aspectos de hecho y de derecho infraconstitucional que no habilita la competencia extraordinaria del Tribunal (cf. mutatis mutandi, mi voto in re "Ministerio Público -Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'F., F. G. s/ inf. art.(s) 189 bis CP'", expte. n° 7710/10, resolución del 11/10/2011 y este Tribunal in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Buffarini, Leandro y otros s/infr. art(s) 129, 1º párr., exhibiciones obscens CP (p/L 2303)'", expte. n° 8146/11, resolución del 14/12/2011, y sus citas).

En este sentido, basta recordar que este Tribunal ha expresado en su constante jurisprudencia que la discrepancia del recurrente con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que su sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria (cf. este Tribunal, in re "Federación de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de inconstitucionalidad", expte. n° 49/99, resolución del 25/8/99, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, t. I, ps. 282 y ss., entre otros). En igual sentido, para el recurso extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "(l)a doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que se reputan tales, sino que tiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la 'sentencia fundada en ley' a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional" (Fallos: 308:2351, 2456; 311:786; 312:246, 608 y 323:2196, entre otros).

5. Por lo expuesto, voto por rechazar la queja interpuesta.

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Coincido con el Sr. juez de trámite, Dr. José O. Casás, en que corresponde rechazar la queja, pues, el MPF no acredita que la revisión reclamada ante esta instancia verse sobre una cuestión de índole constitucional (art. 27 de la ley n° 402) o federal (Fallos: 311:2478).

2. Con apoyo en la doctrina de la arbitrariedad, la parte recurrente controvierte la decisión del a quo que, con sustento en la garantía del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable (cf. arts. 6.1 DUDDHH; 14, inc. 3 "c" PIDCyP y 8.1 CADH), dispuso, por mayoría, revocar la decisión del Sr. Juez de grado -que había rechazado la excepción de falta de acción deducida por la Defensa- y, a mérito de ello, archivar las actuaciones seguidas contra el Sr. Antón, pues, "[a]ún prescindiendo de considerar que se ha ordenado no salir del país, mudarse o ausentarse de su domicilio al imputado (.), desde la indagatoria efectuada el 15/9/11 (.) a la fecha del requerimiento de elevación a juicio venció el término previsto en el art. 104 y 105 del ritual" (fs. 50). En este sentido, a criterio del Sr. Fiscal, "[d]e la compulsa de derrotero procesal al que [los jueces de mérito] aluden no puede estimarse que se haya vulnerado el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable" (fs. 82). Manifiesta, asimismo, que el cómputo del plazo de la IPP, en aquellos casos en los cuales se recibió del imputado declaración indagatoria en extraña jurisdicción, ha de computarse desde el ingreso del legajo al fuero local, por lo que el requerimiento de elevación a juicio, en las presentes actuaciones, ha sido formulado en tiempo oportuno (cfr. fs. 54 vuelta y 82, y el art. 104 del CPPCABA).

3. Ahora bien, sin perjuicio del mérito de la decisión controvertida, lo cierto es que los planteos deducidos por el Sr. Fiscal no muestran, más allá de su discrepancia con lo resuelto, que el obrar del a quo se haya apartado de la regla que estimó aplicable de acuerdo a la valoración de los elementos arrimados al caso que, privativamente, le correspondió (cfr. el punto 4, párr. 1 del voto del Sr. juez de trámite). En estas condiciones, los planteos desplegados por el recurrente no hacen sino trasuntar su discrepancia relativa a aspectos de hecho y derecho infraconstitucional, cuestión que, como principio, resulta ajena a la vía intentada, sin mostrar que, por ello, la sentencia recurrida se torne insostenible.

4. Advierto, empero, que la interpretación cuestionada viene a otorgar efectos a un acto no previsto en el ordenamiento local -esto es, la declaración indagatoria recibida por el Sr. juez nacional en lo criminal de instrucción- que, aunque no cabe expedirse a su respecto por no estar sometido a nuestra jurisdicción, no es como principio compatible con el modelo acusatorio que la CCABA impone a la ley local y ésta indisputablemente recoge (cfr. arts. 13.3 y 125 de la CCABA, y 161 y 199 del CPP, entre otros). Ello así, pues, efectuando una interpretación de la norma adjetiva que hoy beneficia al imputado, pero, nada obsta a que el día de mañana los efectos que se atribuyan a la indagatoria operen en contra de los intereses de aquel, la Cámara no está sino reconociéndole efectos a un acto procesal, fundado en poderes de instrucción del juez, que, por lo mismo, deviene incompatible con el diseño del esquema local, caracterizado, básicamente, por una relación triangular entre el juez -sujeto pasivo rígidamente separado de la acusación-, y las partes: el acusador y la defensa. En otras palabras, no es factible deducir -ni resulta razonable que así sea- que la ley local haya tomado en cuenta como posible aplicar las consecuencias del fenecimiento de la acción penal (cfr. los art. 104 y 105 del CPP) a partir de un acto como el reseñado. Lo propio cabe decir de la postura asumida por el Sr. Fiscal, pues, su argumentación reconoce efectos a aquella indagatoria, aun cuando los supedite al ingreso del legajo al fuero local.	Por lo expuesto, voto por rechazar la queja obrante a fs. 76/84 vuelta.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja obrante a fs. 76/84 si bien fue interpuesta por escrito, en término y ante el Tribunal (art. 33 de la ley n° 402) debe ser rechazada. El Sr. Fiscal de Cámara no ha logrado conmover los argumentos que llevaron a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas a denegar su recurso de inconstitucionalidad, ni da fundamentos suficientes para sustentar sus afirmaciones.

Tal como ya se ha establecido en numerosos precedentes, es requisito necesario de la queja que ella contenga una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (cf. TSJ in re "Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis -causa nº 665-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expte. nº 865, resolución del 09/04/01). En el caso de autos, la quejosa no cumple esa condición y por lo tanto el recurso de queja debe ser rechazado.

2. El quejoso no desarrolla ni da razones suficientes destinadas a rebatir los argumentos del auto denegatorio que denegó su legitimación recursiva. La crítica se limitó a observar que "este Ministerio Público Fiscal se encuentra habilitado para presentar el recurso de hecho contra la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad" (fs. 81/81 vuelta) e incluye como nota al pie la cita del precedente del Tribunal "Alegre de Alvarenga", expte. nº 6182, resolución del 22/06/09.

3. Por lo expuesto, voto por rechazar la queja de fs. 76/84.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja interpuesto.

2. Mandar que se registre, se notifique y oportunamente se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

Las juezas Ana María Conde e Inés M. Weinberg no firman por encontrarse en uso de licencia.