marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de transporte, Ferrocarriles Argentinos, obligaciones del transportador, responsabilidad del transportador, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: Figueroa de Chavarria Rosa Angelica y otro c/ E.F.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

Cuando la empresa de F.F.C.C. vende pasajes que exceden la capacidad de los coches que cubren el trayecto a las provincias del norte, tiene la obligación de transportar a los pasajeros sanos y salvos hasta el punto de destino. La sola venta en demasía de boletos a personas que tenían que viajar de pie implica que es responsabilidad de la empresa ferroviaria cubrir las consecuencias que suelen presentarse a raíz del hacinamiento de pasajeros.
Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones internacionales, estado parte, derecho al honor, actos u omisiones de autoridades públicas, Comunicaciones
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Memoli c/ República Argentina s/ Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-08-22

La obligación de los Estados Parte en la Convención consiste en garantizar el derecho a la honra y la reputación mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho protegiéndolo de las interferencias de las autoridades públicas, así como también de las personas o instituciones privadas, incluyendo los medios de comunicación.
Recurso de apelación (procesal), ejecución prendaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mandrile Petri y Aguirre S.C.C. c/ Fromet Alberto E. s/ Ejecución prendaria- RECURSO DE QUEJA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

La resolución que ordena librar la diligencia pertinente a los fines de la reinscripción de una prenda, decide artículo y en tales condiciones, es apelable en los términos del art.242,inc.2º del C.P.C. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, compensación económica, prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: TAJES ALEJANDRO R. c/ LOVERA RICARDO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-06-11

No basta la demostración del daño, es menester la prueba de la relación de causalidad entre él y la conducta seguida por el demandado para obtener el resarcimiento, es decir, el obrar negligente, imprudente o impérito del agente.
Defensor público de menores e incapaces, mayoría de edad, proceso de enjuiciamiento, facultades del juez
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Defensora de Menores e Incapaces del Centro Judicial Monteros en representación pupilar del menor C.N.J.A. s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2015-02-11

Corresponde la continuidad de la Defensora de Menores e Incapaces en la representación del menor imputado que adquirió la mayoría de edad -conforme la expresa normativa del art. 4 inc. 2 de la Ley N° 22.278-, pues la resolución por la cual se dispuso el cese de la intervención pupilar excede las facultades jurisdiccionales, y en un modelo de enjuiciamiento respetuoso del sistema acusatorio, no resulta razonable que jueces se auto atribuyan competencia, haciendo cesar de oficio la intervención de sujetos procesales, lesionando seriamente la independencia funcional del Ministerio Público y la imparcialidad, contradicción, bilateralidad y efectivo derecho de defensa en juicio, máxime cuando se advierte que existía plena conformidad de parte de la fiscal interviniente y de las partes respecto de dicha continuidad.
Bienes públicos del Estado, servicio público
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legajo de juicio en autos "Jaime, Carlos Javier s/ art. 11179:183"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

La voz bien de uso público comprende, como principio, todas las cosas o bienes que están sometidas al uso de todos. Aquí, esa voz corresponde a la circunstancia no de quién es titular del dominio sino de quiénes son titulares del derecho a usar el bien o la cosa: cuando lo son todos los que deciden recibir un servicio público, que es público precisamente porque asegura acceso a todos los que cumplen con las condiciones de ley, esto es, cuando el prestador -Estado o concesionario- se desprende del derecho de admisión, el uso es público. Trátase de usuarios indeterminadamente considerados, que excluye toda idea de individualización. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso extraordinario de nulidad, ley procesal
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Héctor Reinaldo s/ Homicidio y lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Si bien se interpone el recurso extraordinario de nulidad alegando la violación de los arts. 156 y 159 de la Constitución provincial (art. 349 inc. 1°, C.P.P.), ninguno de los agravios que se expresan para sustentarlo está referido al contenido de las normas constitucionales invocadas, sino que se intenta traer a examen de este Tribunal la presunta infracción de expresas normas procesales, materia esta propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que en el caso, como el propio recurrente afirma, no ha podido interponerse. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: AGUIAR, LAURA OFELIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-31

La postulación formulada por la impugnante a través de todo el proceso cautelar de que la producción de los efectos de la resolución impugnada - sanción de 15 días corridos- vulnera derechos constitucionalmente protegidos, como ser el alimento y la salud, sin aportar ningún argumento sólido, resulta claramente insuficiente en orden a argumentar que concurren en el caso gravámenes insusceptibles de oportuna reparación, ya que en definitiva, siendo que todos los derechos tienen de alguna manera fundamento en la Constitución Nacional, la jurisdicción de esta Corte no tendría límite alguno; por lo que corresponde desestimar la queja interpuesta, en razón de la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, oportunidad procesal, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Gómez, José Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Caducidad   (Expte. CSJ Nº 172-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-11-03

La demandada no tiene la carga de denunciar la caducidad al comparecer a estar a derecho, porque la citación genera exclusivamente la de comparecer, pero una vez notificada del proveído que la tuvo por presentada al juicio y le otorgó la participación legal correspondiente, debe oponer la caducidad dentro de los seis días hábiles posteriores a tal notificación (artículo 61, ley 5531, aplic. artículo 23, ley 4106); pues, al no hacerlo en ese término, consentiría el acto impulsorio, subsanándose la instancia que estaba afectada por el cumplimiento de las condiciones que hacían posible la declaración de caducidad. Esa última circunstancia no se presenta en la especie por cuanto, considerando que el último proveído dictado es de notificación automática, el acuse de la caducidad se ha producido atento el transcurso del plazo legal y la inactividad de la parte.
Locación, tácita reconducción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ASTIZ FERMIN c/ LUIS W. IBAÑEZ s/ Desalojo (LIBRO: S111 - 387)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-10-15

Si terminado el contrato, el locatario permanece en el uso o goce de la cosa arrendada no se juzgará que hay tácita reconducción, sino la continuación de la locación de la cosa, y podrá pedirla en cualquier tiempo, sea cual fuere el que el arrendatario hubiese continuado en el uso y goce de la cosa.
Concursos, fuero de atracción, daños y perjuicios, liquidación del asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Colombo, Guillermo c/ Portelli, Pablo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Resulta competente la justicia comercial y no la especial civil y comercial para entender en la causa en que se promovió la demanda contra presuntos responsables por accidente de tránsito y citada en garantía a la aseguradora de uno de los demandados -en circunstancias en que ésta última se encuentra en estado de liquidación judicial- toda vez que, de acuerdo con lo prescripto por el art. 118 de la ley 17418, último párrafo, la citación en garantía del asegurador es una acción judicial de contenido patrimonial que se ve comprendida en el fuero de atracción establecido por el art.

136 de la ley 19551, sin que se torne relevante el desistimiento que hiciere ulteriormente la actora a su respecto.
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo, relación de dependencia, in dubio pro operario
Materia: LABORAL
Carátula: Ardiles, Mariana Andrea c/ Huerga, Cecilia Adela s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-29

La actora sostiene haber laborado a las órdenes de la demandada cumpliendo tareas de repositora y vendedora de frutas y verduras en un puesto del Mercado del Progreso. La demandada por su parte, negó la existencia de relación laboral. Los elementos probatorios demostraron que los testigos instados por la parte actora acreditaron su postura, mientras que los propuestos por la demandada refirieron a la hipótesis contraria, por lo que la juez a quo consideró aplicable la presunción que contempla el art. 9 LCT para resolver el caso. Sin embargo, no corresponde la aplicación del principio "in dubio pro operario" ya que el mismo no puede servir para alterar los hechos objeto de debate ni las reglas de la carga de la prueba. A partir del análisis de la prueba testimonial cabe tener por probada la existencia de relación de dependencia, ya que la actora debía someterse al cumplimiento de horarios y a que la accionada era quien daba las directivas de trabajo y abonaba su remuneración. Las declaraciones fueron coherentes y convincentes, pues emanaron de testigos que tuvieron conocimiento directo de los hechos sobre los que depusieron por cuanto se desempeñaban en el mismo Mercado del Progreso.
Querellante, legitimación activa, comisiones parlamentarias, derechos de incidencia colectiva, rechazo del querellante
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: ROHM, Carlos A. y otro s/ falta de acción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-03

No poseen legitimación activa, los miembros de una comisión parlamentaria creada por una de las Cámaras por resolución, que si bien les otorga amplias facultades investigativas no les confiere la capacidad de constituirse como querellantes.

Al respecto, debe tenerse presente que cuando el legislador lo consideró necesario, expresamente otorgó facultades para asumir ese rol, a aquellos organismos que pudieran encontrarse afectados por la comisión de un ilícito.

Además, se ha dicho respecto de los derechos de incidencia colectiva incorporados a nuestra Constitución Nacionall en la reforma del año 1994 que, "...mal puede concluirse que el artículo 43- a través del cual se faculta a interponer acción de amparo al afectado, al defensor del pueblo y las asociaciones que propenden a los fines que allí se mencionan-. Consagre la facultad de erigirse en acusadores o querellantes a los funcionarios públicos que no revisten la calidad de ninguno de esos supuestos..." y que "...esta Cámara ha señalado que en el ordenamiento jurídico no se ha conferido la persecución penal a cualquier ciudadano, ni ésta se trata de un derecho de incidencia colectiva, habiendo rechazándola afirmación de que se halle en vigencia una suerte de acción popular.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mendoza Marín, Juan c/ Zunini, Plinio s/ Nulidad por simulacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

No autoriza la revisión de la Corte el hecho de que los jueces se hayan decidido por unos elementos de prueba antes que por otros.
Accidente de tránsito, tercero damnificado, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ASNAR BOLINCHEZ V. c/ DRUCKER ADRIANA P. Y OTROS s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-04

El tercero víctima de un accidente de tránsito en el que han intervenido mas de una persona, no tiene porqué investigar la mecánica del accidente y determinar cuál de los automóviles fue el culpable de la colisión, pudiendo en tal caso dirigir su acción directamente contra el autor material y directo del daño, o contra ambos conductores, sin perjuicio de las acciones que a aquéllos les pudiere corresponder entre sí para determinar su respectiva responsabilidad. Cuando la acción fue dirigida contra ambos protaganistas, cabe aquí sí indagar la forma en que ha ocurrido el choque, y en su caso, el juzgador puede exonerar a quien haya resultado inocente.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, reenvío, actos jurídicos, simulación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TEMPLAR S.A. c/ PETTINARI, LORENZO Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - SIMULACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 272 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-17

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora imputándole al A quo alzarse contra la sentencia anulatoria dictada por la Corte, por cuanto la descalificación constitucional del fallo sobrevino por la omisión de la Sala de efectuar un reexamen íntegro de la causa, limitándose a efectuar una remisión a las conclusiones del Juez de baja instancia, acompañada por muy acotadas, oscuras e insuficientes observaciones referidas a puntuales aspectos de la materia litigiosa; y, fallada nuevamente la causa, la Sala subrogante confirmó el pronunciamiento atacado en el entendimiento de que siendo el fundamento de la demanda la hipotética simulación al labrarse las escrituras traslativas de dominio, donde habría mediado un mandato oculto de la actora para que dichas propiedades fuesen originalmente escrituradas en favor de los demandados, y no de ella misma, la actora no había demostrado la existencia del referido mandato de la sociedad según el cual los demandados habrían actuado como mandatarios ocultos de la empresa. Así, el nuevo Tribunal enfoca la cuestión a decidir de una manera distinta a la propuesta por los restantes magistrados que juzgaron la causa. La falta de demostración de la causa simulandi -que versaba sobre los riesgos empresariales y el mayor costo de escrituración-, y del negocio simulado fueron los parámetros originarios con que miraron el caso los anteriores jueces, mientras que ahora la Sala Subrogante, puesta nuevamente a juzgar, parte de una cuestión que reputó decisiva, implicando un nuevo enfoque de solución de la causa, cual es la imposibilidad lógica de la existencia del alegado "mandato oculto". No se advierte, pues, atisbo alguno de alzamiento contra la sentencia anulatoria por vía de recurso de inconstitucionalidad, antes bien debe entenderse que l a Sala Subrogante, en cumplimiento del único mandato dispuesto por la Corte en ese pronunciamiento, ha analizado de manera "integral la causa", arribando a la conclusión que el sustento mismo de la pretensión, el afirmado "mandato oculto", no estaba acreditado, mediante aseveraciones que ingresan en el plano de la aceptabilidad constitucional.
Concurso preventivo, crédito laboral, acreedor laboral, caducidad de instancia, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: BUXTON SA c/ FAINBERG, REINA ESTER Y OTRA. s/ QUIEBRA - INC. DE Verificación LEY 17454
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-18

Resulta improcedente que un trabajador del fallido (incidentista) postule, -como en el caso-, la inaplicabilidad de la figura de la caducidad de instancia dentro del marco de un proceso concursal, al que califica de laboral; toda vez que un acreedor de tal caracter, aún con las calidades que por su naturaleza exhibe el crédito que ostenta, debe sumisión al ordenamiento positivo concursal, que reclama, en lo que aquí interesa, la instrumentación de reglas procesales previstas por la propia ley, entre ellas el instituto de la caducidad de instancia. Solo a falta de disposición expresa en ella, deberán aplicarse las normas procesales de la ley del lugar del juicio, que no son otras que las contenidas en la ley 17454.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, costas, nulidad del acto jurídico, principio objetivo del vencimiento, litisconsorcio activo, litisconsorcio facultativo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GUERRA, GRACIELA B. c/ FERREYRA, ENRIQUE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 205 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-03-17

Corresponde rechazar la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad por cuanto luce razonable que la Sala haya considerado que en autos existió una acumulación subjetiva de pretensiones que dio origen a un litis consorcio facultativo activo, por lo que la falta de legitimación activa de uno de tales litisconsortes provoca el rechazo de la demanda, existiendo a su respecto un vencimiento total, lo que determinaría la imposición de costas conforme al sistema objetivo de la derrota que adopta el artículo 251 del Código Procesal Civil provincial; y así las cosas, con cita de doctrina, entendió que devino incorrecta la distribución proporcional, e impuso la totalidad de las mismas a uno de los co-accionantes por su fallida intervención.
Concursos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: El Sol Argentino Cía. de Seguros Generales S.A. c/ Fernandez, Rubén O. s/ Incidente en autos: Fernandez, Rubén O. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

Cuando un pretendido acreedor impugna el informe individual del síndico corresponde la imposición de costas, dado que se trata de un verdadero incidente en el que se han producido gastos, e, incluso, trabajos profesionales que han dado lugar al derecho a la percepción de honorarios. (ley 19551 art. 36, Dec. Ley 8904 art. 1 y 10, Ley 10620 art. 206 y Cód. Proc. art. 68 y 175) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: RAMIREZ, Angel Américo y otros s/ Atentado y resistencia a la autoridad agravada, robo agravado por el  uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-15

El indicio de potencialidad delictiva puede resultar no sólo de condenas pasadas en autoridad de cosa juzgada, sino también de otras situaciones que lleven a la conclusión lógica y natural, que el sujeto procesal ha elegido el comportamiento ilícito como forma de vida.-
Secuestro extorsivo, homicidio, daños y perjuicios, indemnización, daño resarcible, policía federal, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Chteinberg  de  Neuman  Vera  y otro c/ EN -Interior- PFA y otros s/ daños y perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-09

Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda promovida por los actores -esposa e hijo de la víctima- a fin de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que les ocasionara el secuestro y posterior homicidio de la persona por parte de varios de los co-demandados -quienes por entonces revistaban como personal en actividad de la Policía Federal Argentina-, condenando solidariamiente a éstos y al Estado Nacional ya que las circunstancias que los ex-policías co-demandados no hubiesen actuado en ejercicio o con ocasión de la función propia del cargo -que es la de prevenir y reprimir delitos y no la de cometerlos- o que hubiesen utilizado los elementos provistos por la repartición policial en contra de la voluntad presunta de ella -que se los entrega para repeler delitos y no para cometerlos-, no resultan suficientes para excluir la responsabilidad estatal en el caso, ya que el daño que motiva el presente juicio tiene evidente conexidad con la función de los agentes co-demandados que lo causaron pues, aunque no se encontraban cumpliendo tareas específicas de su cargo al cometer los delitos que lo generaron, para prepararlos y perpetrarlos utilizaron, además de los elementos provistos por la fuerza de seguridad para el ejercicio de aquella función, el entrenamiento, conocimientos técnicos e inteligencia de aquélla recibidos.
Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: APARICIO DE ESTANGA, STELLA MARIS c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-07-01

El decreto reglamentario 366/85 excedió los límites asignados constitucionalmente al Poder Ejecutivo para delimitar los alcances de la legislación emitida por el Poder Legislativo local -art.106, inc.1 y art.181 inc.5 Constitución Provincial-. Por ende el referido decreto se encuentra en colisión jurídica respecto de la ley 1904 que intentó reglamentar.
Falso testimonio, acta judicial
Materia: PENAL
Carátula: CARDOZO, MARTIN M. s/ FALSO TESTIMONIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11

Es presupuesto del delito de falso testimonio que la declaración sea prestada ante autoridad competente y que el acta que la contenga sea formalmente válida, esto es, que haya sido rubricada por el juez y el secretario actuante.
Abuso sexual, víctima menor de edad
Materia: PENAL
Carátula: CATAN, DALIA YANETH c/ ARANDA, RAMON ROBERTO; ALBARRACIN GUALDO s/ ABUSO SEXUAL CON SOMETIMIENTO GRAVEMENTE ULTRAJANTE PARA LA VICTIMA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-05-23

Debe tenerse por acreditado con el grado de probabilidad requerido en la etapa procesal de instrucción el abuso sexual si, los dichos de la menor en sus respectivas exposiciones, tanto en sede prevencional como judicial tienen la suficiente entidad a ese fin.

Destacase la coherencia y coincidencia, en las cuestiones mayores, con las que se ha expresado en los distintos actos procesales que intervino, no advirtiéndose en aquella el interés de acusar a un inocente. Mas aun, no encontrándose acreditado en autos circunstancia alguna que pudiera hacer entrever animosidad para perjudicar a los encartados, máxime teniendo en cuenta la supuesta relación que la unía con estos. Por ello lo afirmado por la menor merece total credibilidad pues dada su corta edad e inexperiencia sexual resulta difícil suponer que la misma haya fabulado lo que relata. (MINORIA U OPINION PERSONAL)