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Dictamen fiscal, expediente reservado, nulidad procesal, amenazas, delegación de la investigación, simple damnificado, querellante, rol de querellante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: NN s/ Amenazas.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-20

Debe declararse la nulidad del dictamen fiscal al exhibir el caso un exceso en la competencia funcional del Ministerio Público Fiscal al disponer la reserva de un proceso en el que la víctima ejerce la acusación particular.

En efecto, la presente investigación en atención al delito de amenazas, por carecer de autores individualizados, se rigió desde su inicio por la norma prevista en el artículo 196 bis del Código Procesal Penal de la Nación que delega su trámite al Ministerio Público Fiscal.

No obstante, ha de mencionarse asimismo que la resolución 30/01 de la Procuración General de la Nación dispuso la expresa exclusión de esa imperativa delegación de aquellos procesos en los cuales el particular ofendido por el delito se hubiera constituido en parte querellante. De allí que, en las causas en que hubiera querella, no resulta de aplicación la delegación que de tal normativa se deriva. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, querellante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RIGONELLI, NICOLAS s/ HURTO.    QUEJA   POR  DENEGACION DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 151-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-04-03

La referencia tangencial de quien recurre mediante queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad respecto de que "hay inconstitucionalidad en el procesal penal en su actual redacción..." -Al haber suprimido el rol de querellante-, no puede de modo alguno, ser considerada como un planteo concreto que permita su tratamiento por el alto cuerpo, máxime si se tiene en cuenta la extemporaneidad de dicho reproche, pues era ante la Cámara donde el actor debía efectuar ese razonamiento.
Derecho procesal, caducidad de instancia, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Ibarra, Fernando Fabio c/ Ibarra, Gustavo Angel s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-14

Procede revocar la resolución que decretó la caducidad de instancia, cuando, como en el caso, más allá de dónde se pudo encontrar físicamente el expediente, el sistema informático indicó que la causa estaba a despacho; y a su vez, se puede constatar que el profesional dejó nota en 39 oportunidades. Si realmente el expediente estuvo en el casillero correspondiente, debería reconocerse que el juzgado interviniente cometió un error en la carga de la información al sistema informático. Y si bien las notas electrónicas, no tienen efecto impulsorio, exhiben la voluntad de la parte de no abandonar el trámite del proceso. Convalidar la caducidad de la instancia en este caso concreto afectaría la credibilidad del sistema de información digital que administra el Poder Judicial con el cual se busca que en un futuro próximo, se ofrezca un servicio de justicia moderno que tiende a la digitalización total del expediente.
Acción de amparo, plazos procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pergolani, Mario Luis c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-28

El no ejercicio de la acción de amparo en el término del art. 6 de la ley 7166 no hace presumir que el accionante ha renunciado a su derecho de impugnar el acto lesivo de la intangibilidad de sus remuneraciones, no puede ser así porque el derecho que la compete a los jueces trasciende su mero interés prepatrimonial (art. 17 C.N.) y atañe sobre todo a la organización constitucional republicana y, en definitiva, a la comunidad toda como destinataria última de un correcto servicio de justicia.-
Contravenciones, igualdad ante la ley, discriminación
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Bara, Sakho s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-11

Más allá de la cuestión atinente a la asistencia oportuna de un traductor ante el presunto cotraventor, lo cierto es que la ley no discrimina, es decir, resulta igualitaria para todos los habitantes, sin embargo la discriminación se constata en la aplicación por parte de las autoridades responsables de cumplirla y hacerla cumplir. (Voto del Dr. Carlos F. Balbín).
Abuso sexual calificado por acceso carnal, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: P. J. C. s/ Abuso Sexual con Penetracion Calificado por el Vínculo (Tres Hechos) en Concurso Real - Ciudad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-05-10

La acreditación del abuso sexual con penetración cometido contra una menor de edad, atento a la complejidad que éste presenta dadas las peculiares características de su comisión y el contexto familiar que lo enmarca, debe ser efectuado siguiendo un riguroso tamiz, apreciando los indicadores físicos en zona genital, conocimiento sexual inapropiado para la edad, relato de abuso sexual consistente en el tiempo, informe idiosincrático de abuso del niño, descripción detallada del abuso relatando presión o coerción, relato con estructura lógica e inestructurada con circunstancias del contexto, afecto congruente con el material explicitado, retracción o elementos conflictivos en la revelación del niño, miedo inexplicable a un género sexual, y las alteraciones en el área social.
Procedimiento de impugnación de deuda previsional, aplicación de la ley, Constitución Nacional, costas, igualdad ante la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FARMACIA ESPAÑA S.C.S. c/ D.G.I. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-30

En los casos de impugnación de deuda, coexisten en el ordenamiento jurídico dos normas contrapuestas en cuanto a lo que ellas mandan que aplique el magistrado: el art. 68 y siguientes del C.P.C.C. y el art. 21 de la ley 24.463. Si de esa confrontación normativa se concluyera que prevalece la ley 24.463 por sobre el principio general contemplado en el código ritual en materia de imposición de costas, se vulneraría el art. 16 de la C.N. en cuanto a la garantía de igualdad que todos los litigantes merecen ante los tribunales de la República, sin que halle justificación el tratamiento dispensatorio que se pretenda con relación al vencido por la sola circunstancia de ser el Estado Nacional; y habría lesión al derecho inviolable de propiedad del vencedor en la medida que su patrimonio, pese al reconocimiento judicial de su verdad, se disminuiría ilegítimamente tan sólo por ser su contrario el Estado Nacional. Las leyes reglamentarias de derechos individuales exigen la consideración de su razonabilidad, por cuanto si fueran arbitrarias, alterarían los derechos referidos por vía de reglamentación, en los términos del art. 28 de la C.N. (Fallos 249:252), y el reconocimiento de la dignidad del ciudadano que reposa en la garantía de resguardar sus derechos, también cedería por la sola explicación de hallarse frente al Estado Nacional.
Aplicación de la ley, temeridad o malicia, accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Frola Néstor Orlando c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente de trabajo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-06

El sentido común indica que la presunción de temeridad y malicia derivada de incumplir un convenio homologado debe ser considerada "iuris et de iure" porque la mera comprobación de dicha condición objetiva -la inobservancia- hace que la objetiva calificación cobre operatividad. La norma en cuanto a sus presupuestos es simple: requiere el incumplimiento de un acuerdo homologado y, se sabe, la homologación es un trámite procesal especial y voluntario, que tiene por objeto otorgar a un acuerdo conciliatorio judicial o extrajudicial el efecto propio de una sentencia y que lo hace adquirir el carácter de título ejecutorio. Fecho, habilita la ejecutabilidad de lo convenido a través del procedimiento que contempla el art. 103 del CPL (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Superior Tribunal de la Causa, resoluciones judiciales, suspensión del juicio a prueba, denegatoria de la solicitud
Materia: PROCESAL
Carátula: Maradona, Diego  Armando s/ lesiones  leves,  agresión, daño  y amenaza reiterada en  Parque   Trujuy  -  incidente  de probation - causa N° 56.242.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

No es la decisión del superior tribunal de la causa el pronunciamiento de cámara que denegó la solicitud del procesado de suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis del Código Penal).
Instrucción sumaria, flagrancia, calificación legal, condena condicional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: TORRES BERBERE, Daniel s/ INSTRUCCION SUMARIA:IMPROCEDENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

Cuando el art. 353 bis, C.P.P. se refiere a la consideración del juez en cuanto a que no procederá la prisión preventiva, es en lo relativo a la calificación que "prima facie" se le pudiera otorgar a la conducta en estudio y no a las posibilidades que tiene el imputado de gozar, en un futuro y con un análisis posterior, de una condena de cumplimiento condicional. Por ello no corresponde la aplicación del instituto aun cuando se cuente con uno de los requisitos -la flagrancia- pues la segunda condición está ausente.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, amnistía, Fuerza Aérea, personal militar, retiro militar
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Montes, Oscar Manuel c/ stado  Nacional  (M  de  Defensa  Nacional  -Cdo. de la Fuerza Aérea) s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

No procede el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que hizo lugar a la demanda iniciada por un suboficial retirado de la Fuerza Aérea, tendiente a lograr la aplicación de la ley 20508 y del decreto 1332/73. Ello es así, pues la apreciación de la prueba realizada por el a quo -en cuanto considera acreditado que el acto de la autoridad militar que dispuso el retiro obligatorio del actor tuvo vinculación con el movimiento revolucionario de Septiembre de 1955- remite al análisis de cuestiones de orden no federal, no susceptibles de revisión por la vía intentada.
Seguros, reaseguro, acción de amparo
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: LA PATAGONIA CIA. ARG. DE SEGUROS  S.A. c/ INDER s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

Pretende la actora se dicte un pronunciamiento judicial que determine un plazo para que el Instituto Nacional de Reaseguro, en liquidación INDER, emita un pronunciamiento relacionado con una auditoría que practicara sobre temas pendientes o que dieron lugar a disconformidad entre las partes, todo ello con fundamento en los dispuesto por el art. 28 de la ley 19549. En el tema decidendum debe privilegiarse, más allá de la personalidad jurídica del Inder, la relación contractual que es la base u objeto de este entuerto. En tal sentido reiteradamente se ha sostenido que cuando de contrato se trata, no existe naturaleza ontológicamente diferenciada entre los contratos de la administración, y de los particulares, pues todos responden a una misma categoría convencional independiente de los actos administrativos internos que contribuyen a la formación de la voluntad de la administración al igual que otras personas jurídicas.

Desde esa perspectiva no es procedente considerar prima facie la relación que vincula a las partes de carácter netamente administrativo que implique la aplicación de normas de derecho público, que a contrario sensu le daría sustento al amparo por mora de la administración, por lo que al no haber actuación de la administración en el sentido lato no cabe hablar de mora de esta última.
Poder Judicial, indemnización, estabilidad impropia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZUCCHINI, CARLOS F c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 577-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

En los casos de cesantías no imputables al agente (injustificadas), aunque legítimas (es decir, autorizadas por el sistema), corresponde reconocer al agente la indemnización prevista en el artículo 116, inc 4 de la Constitución Provincial.
Delitos contra el honor, sentencia absolutoria, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Leiva, Ramón Héctor c/ Hugo Sanso s/ Recurso de Casación interpuesto por Ramón Héctor Leiva en Causa Nº 98/11 - Querella por Injurias y Calumnias interpuesta por Ramón Héctor Leiva c/ Hugo Sanso
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-12

La Cámara en lo Criminal absolvió por el beneficio de la duda al imputado por el delito de Injurias por el que venía incriminado (art. 110 y 45 del CP; 401 in fine, 535, 536 y ss del CPP). Asimismo, lo absolvió del delito de Calumnias por el que venía incriminado (art. 109 y 45 del CP y 401 in fine, 535, 536 y ss del CPP). Contra el decisorio aludido, comparece el querellante, con patrocinio letrado, e interpone recurso de casación.

El recurrente denuncia la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas.

Surge de las presentes que el querellante le atribuye al querellado dichos ofensivos contra su persona, en el marco de un conflicto que mantienen como propietario de un "boliche" de esta ciudad y como parte de un grupo de vecinos de esa zona, respectivamente, por ruidos y otras molestias derivadas del funcionamiento de ese local. También que ese conflicto fue llevado al conocimiento de las autoridades municipales de esta Capital y que dio lugar a una denuncia penal formulada en nombre de esa Municipalidad.

Después de estudiar el planteo efectuado, la sentencia recurrida, las constancias del acta de debate y la prueba documental agregada a la causa, opino que el recurso no puede ser acogido.

Así lo considero debido a que los argumentos propuestos no logran demostrar el desacuerdo del fallo cuestionado con la prueba incorporada al debate, según los términos de los que da cuenta el acta respectiva.

Por una parte, aunque el recurrente señala que dicha acta es el único instrumento capaz de enervar las conclusiones erradas de una sentencia, no dice, ni consta en autos, que esa parte haya desarrollado la actividad procesal pertinente a fin de asegurar la suficiencia de las constancias del acta solicitando las consignaciones que estimaba relevantes para sus intereses.

Por ello, su crítica por la supuesta insuficiencia de sus consignaciones y porque en esas condiciones el acta deviene incompleta, sólo expresa una reflexión tardía del recurrente.

Por otra parte, aun defectuoso o incompleto -según el discurso recursivo-, el contenido del acta no fue redargüido de falso; por lo que sus constancias le suministraban fundamento válido a la decisión judicial; más aún considerando que no cabía interpretar en perjuicio del imputado las supuestas omisiones de dicho instrumento.

Por ello, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.
Despido, despido con causa, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: HERRERA JOSE LUIS c/ SODERIA FABI Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-05-18

Manifestaciones tales como "cargador de obreros" o que le roban la plata a la gente y que le iba a hacer un gran hueco, o "un hueco así", tienen entidad suficiente o son de gravedad tal como para denunciar el contrato de trabajo, procediendo a la rescisión del mismo mediante despido directo.

Aunque el empleador incumpla las obligaciones laborales legales, tales como de tener registrado al obrero en los libros de ley, no abonar aportes previsionales, falta de comprobantes de la entrega de ropa de trabajo, no tener los recibos de pago de los haberes, vacaciones y aguinaldo, tal forma de manejo de la relación laboral provoca necesariamente en el empleado un estado de agravio o de mala disposición que puede dar lugar a enfrentamiento o discusiones, evitables en principio si aquellos incumplimientos no se hubieran producido. No obstante ello, tal situación no autoriza ni a la falta de respeto imprescindible y necesario de toda relación humana y con tanta y mayor razón en las relaciones laborales.

La expresión del empleado "le haría un hueco", implica una amenaza, porque en lo común tal expresión tiene el sentido o manifiesta voluntad de causar daño o intranquilidad para el empleador en cuanto al comportamiento futuro del empleado, marca una intencionalidad que rompe el principio de buena fe que consagra el art. 62 y 63 de la ley 20744 y por tanto resulta razonable la pérdida de confianza como factor para disolver el contrato de trabajo. El contrato de trabajo que no esté sustentado en esas bases de comportamiento queda desnaturalizado y no puede subsistir.
Migraciones, infracciones aduaneras, prueba documental, acta de infracción, valor probatorio
Materia: ADUANERO
Carátula: Pose José Luis c/ Dir.Nac. de Migraciones -Disp.DNM. 7778/98
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-07

Las actas labradas por los agentes competentes en las condiciones detalladas en el art. 106 de la ley 22.439, hacen plena prueba de la responsabilidad del infractor, mientras no sean enervadas por otras pruebas. (Consid. IV.2).
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sandoval c/ Domenez s/ Daños y Perjuicios Sandoval c/ Domenez s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12|1992-05-12

La diferenciación entre causalidad y culpabilidad está dada por la circunstancia de que la relación de causalidad se refiere a la vinculación física entre la conducta del individuo y un resultado material: el daño; la culpabilidad, por el contrario, se refiere a la reprochabilidad psíquica de la acción.
Suspensión del juicio a prueba, aborto
Materia: PENAL
Carátula: J.L.V. s/ Aborto - Ciudad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2015-10-01

Toda vez que el encartado ya fue condenado a dos años de prisión en suspenso, con ajuste a lo preceptuado por el art.

26 del Código Penal, corresponde denegar el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, pues en caso de recaer sentencia condenatoria en la presente causa seguida por aborto (art. 85 inc. 2 del Código Penal), ésta no sería susceptible de ser dejada nuevamente en suspenso toda vez que no constituiría la primera condena a pena de prisión; y si bien es cierto que el segundo párrafo del art. 27 del digesto punitivo autoriza que la suspensión sea acordada por segunda vez, ello sólo es posible si ha transcurrido el plazo que marca la misma ley a partir de la primera condena firme que, en el caso de ser ambos delitos dolosos es de diez años y este lapso no se ha agotado en el caso. (Del voto del Dr. Kamada)
Orden de allanamiento, nulidad del acto jurídico, violación de domicilio, debido proceso, principio de legalidad
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: P, N A s/ MALVERSACION DE CAUDALES     INCIDENTE DE NULIDAD      EXPTE NRO 330-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-04-24

Si la administración de justicia no puede prevalerse de un procedimiento ilegal, ilícito o fraudulento para el cumplimiento de su misión, entonces, una vez iniciada la etapa de formalización no pueden tener cabida aprovechable -como regla- los elementos de convicción aportados por un método marginal al reglado y querido en tutela de las garantias individuales. Por lo tanto, el fraudulento proceder investigativo torna acogible la exclusión de la prueba obtenida en su directa consecuencia. De otra manera y con la invocación de una imputación falaz se posibilitaría la inquisición desbordante de la privacidad domiciliaria en la búsqueda indefinida de cualquier transgresión disponible y con menoscabo de las garantías constitucionales de la inviolabilidad de la morada y del debido proceso.
Multa penal, extinción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Veliz, José s/ Usurpación de títulos-Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-08-24

Deviene inadmisible el recurso de casación interpuesto con fundamento en la extinción de la acción penal por haberse efectuado el pago de la multa, toda vez que el artículo 478 del Cód. Procesal Penal  establece cuáles son las resoluciones recurribles por la vía extraordinaria casatoria y, en especial, "el pedido de sobreseimiento en el caso en que se haya sostenido la extinción de la acción penal". Al no haber peticionado nunca la recurrente el sobreseimiento e interponiendo sí un recurso de casación contra el auto denegatorio de su planteo extintivo de la acción penal -sustentado en el pago de la multa exigida por le artículo 64 del Código Penal-, no resulta admisible porque tal decisión debió ser impugnada conforme el artículo 478 del Código ritual y sólo cuando se ha instado el sobreseimiento, por lo que la denegatoria jurisdiccional de dicha extinción no es susceptible de ataque a través de la vía extaordinaria.
Fundamentación insuficiente, aborto no punible
Materia: PROCESAL
Carátula: Rachid, María de la Cruz y otros c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

Si los recurrentes se han limitado a exponer una presunción en términos teóricos vinculada a que la Resolución 1252/2012 [del Ministerio de Salud, que aprobó el procedimiento para la atención profesional de prácticas de aborto no punible en los Hospitales del Subsector Público de Salud contempladas en el art. 86 incs. 1 y 2 CP] viene a entorpecer o dificultar el acceso a la práctica de interrupción del embarazo que como derecho les asiste a quienes se encuentran en las situaciones prescriptas en el Código Penal; mas no han refutado con argumentos concretos lo afirmado por la Cámara CAyT en este punto, ello conduce a entender que las objeciones formuladas redundan tan solo en la expresión de una opinión discrepante con lo resuelto en autos sin involucrar una genuina cuestión constitucional en los términos del art. 26 de la ley n° 402 (conf. texto consolidado por ley n° 5666). (Del voto de los jueces José Osvaldo Casás y Ana María Conde)
Impuestos, Impuesto de sellos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Holding Marítima y Portuaria S.A. (T.F. 15.352-I)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-19

El Impuesto de Sellos es de naturaleza formal y objetiva y es por ello que los actos o instrumentos que la ley somete a su aplicación quedan gravado por le solo hecho de su creación con prescindencia de la intención real de lo que en ellos se manifieste o de su validez o eficacia jurídica (Sala IV, "López Andrea c/ Martínez María E. s/ incidente de impuestos de sellos", 24/4/97) (Cons. VII).
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: PAZ ELISA BEATRIZ c/ BUTILER SORIA MARTA OFELIA s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-11

Los magistrados no están obligados a analizar todos y cada uno de los elementos que se arriban al pleito, cuando los elegidos alcanzan para convencer sobre la racionalidad de la valoración efectuada.