marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, facultades disciplinarias, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTEVES, JUAN CARLOS. s/ SUCESION S/ INCIDENTE DE EMBARGO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-17

Conforme surge de la sentencia . el aquo aplica la multa en cuestión en base a lo dispuesto por los actuales Arts. 265 inc. 8° y 43 del C.P.C. por considerar que el heredero y su representante obraron con temeridad y malicia. Funda su decisión entre otras cosas en la conducta contradictoria de la parte, indicando como ejemplo que, en un primer momento el heredero y su representante reconocen plena validez a la sentencia homologatoria . y luego, meses después, cambian su temperamento erigiéndose en detractores de aquella resolución.

Así las cosas, diremos que, conforme surge de la expresión de agravios, y más allá de su extensión, la misma se limita a hacer imputaciones al magistrado y al ejecutante, sobreabundando en descalificaciones a sus personas -lo que resulta en sí reprochable- pero carece de argumentos serios que desvirtúen la fundamentación del aquo para imponer la multa. A lo dicho se agrega que, efectivamente y tal como lo señala el aquo para ejemplificar la conducta del apelante y su representado, al repasar las actuaciones rendidas en este dilatado proceso, se aprecia claramente la contradicción al sostener en un momento la validez de la sentencia para luego negársela.

Téngase presente que , conforme lo enseña la doctrina, para que la parte y su letrado incurran en malicia y temeridad, deben darse dos requisitos "...el primero, la ausencia de razón para obrar en juicio, es decir un elemento de carácter objetivo; el segundo de carácter subjetivo, referido al conocimiento de la parte de lo infundado de su posición procesal" ("Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán Concordado, Comentado y Anotado" Tomo I-B; Directores Bourguignon - Peral; ed. Libros Moderno - Buenos Aires - Año 2012; Pág. 265).

Pues bien, ambos requisitos se presentan en autos. Es que se utiliza como defensa y argumento del planteo de nulidad, la negación de validez de una sentencia a la que la propia parte reconoció anteriormente como válida. Carecía así de razón para litigar (en base a desconocer validez a la sentencia) y a su vez no podía ignorar sus propios actos anteriores y la imposibilidad de negar aquello que ya se reconoció.
Concursos, reglas procesales, excusación por amistad, abogados
Materia: COMERCIAL
Carátula: NOEL Y CIA.  SA s/ CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-14

Resulta improcedente la excusación solicitada por una integrante de la sala, de seguir entendiendo en el proceso invocando razones de amistad (conf. CPR 17-9.), Con el co-letrado de un síndico, toda vez que existe un criterio restrictivo respecto de la recusaciones y excusaciones en materia concursal, que solamente cede si dicha causal involucra al deudor que -en el caso- no se plantea, y esa amistad no es una causal de excusación por no ser el letrado parte o litigante con los alcances de la norma legal invocada.
Beneficios promocionales, crédito fiscal, compensación de saldos, suspensión del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: 72215 - LA FACULTAD S.R.L. Y OTR. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-08-31

Las suspensiones del uso de los beneficios impositivos dispuestas por el Poder Ejecutivo mediante las leyes de presupuesto solo tiene como efecto correr el inicio del cómputo del plazo que ha sido fijado por las partes.-
Compraventa de automotores, resolución del contrato, daños y perjuicios, verificación del automotor, responsabilidad del vendedor, documentación del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: MINNITI, OSCAR VICENTE c/ THRIOCAR SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

Procede la acción por la que se persigue la resolución de un contrato de compraventa de un vehículo, la restitución de la suma abonada y la indemnización de los perjuicios sufridos por la imposibilidad de usarlo regularmente, cuando -como en el caso- de la verificación del rodado realizada por la policía federal argentina surge una grave irregularidad, por cuanto el numero de chasis anotado difiere respecto al obrante en la documentación y el informado al accionante en la operación de compra. Ello pues, el accionado no actuó con la diligencia y controles adecuados para prevenir al pretensor sobre la irregularidad existente en la citada numeración y sortear la verificación del automotor -en las condiciones en que ello acaeció- no lo libera de responsabilidad, de modo que, luego de conocer la imposibilidad de verificar el bien, el reclamado debió ofrecer al reclamante la resolución de la operación.
Hecho imponible, confiscatoriedad
Materia: MEDIO AMBIENTE-TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Accicón Declarativa de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-11

La conclusión de la accionante según la cual la gabela aquí cuestionada gravaría, en el caso de los bares, confiterías, restaurantes y hoteles, los mismos hechos que busca alcanzar el ABL o el ISIB no puede ser atendida pues la "múltiple imposición" no constituye un hecho que por sí sólo resulte contrario a la Constitución, de modo que si pretendía tachar de confiscatorio al tributo materia de esta acción debió, cuanto menos, completar ese razonamiento con los cálculos que, a su juicio, darían cuenta de la violación constitucional denunciada. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás).
Concursos, acción revocatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RUGOLOTTO,  SILVIO  ANDRES  en autos "GASSMAN,F.A.-QUIEBRA C/GASSMAN" s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-09-10

Mientras no haya quedado establecido por sentencia el comienzo del período de sospecha no está expedida la vía para que el Síndico se postule accionando la declaración de ineficacia figurada.- Falta la existencia de un presupuesto esencial que habilite el debate de la pretendida ineficacia concursal fundada en el dispositivo del artículo 123 de la Ley Concursal, por lo que la demanda deviene objetivamente improponible.-
Recurso de casación, improcedencia del recurso, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MAURE ARBAZUA, JORGE s/ RECURSO DE CASACION PIZZI, WALTER NICOLAS s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-27|1995-03-15

El recurso es formalmente improcedente cuando el recurrente no respeta toda la prueba en la cual el "a quo" baso la conclusión que impugna como violatoria del principio de razón suficiente.
Caducidad de instancia, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FRIAS ANA c/ LUIS LE LACA s/ (LIBRO: A064 - 159)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-09-28

La fijacion de audiencia, si no es notificada, no interrumpe el plazo de caducidad.-
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, improcedencia del recurso, tercerías
Materia: COMERCIAL
Carátula: Soruco, Lorenzo c/  s/ incidente de terceria de dominio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-03

Cabe revocar la declaración de caducidad de instancia dictada a solicitud de la codemandada. Siendo que, el acuse de caducidad fue deducido al día siguiente de que, pretendidamente, hubiera vencido el plazo respectivo y pese a que el expediente se encuentra próximo al dictado de la sentencia que le ponga fin. Así surge del escenario probatorio, que solo tiene pendiente el aporte de cierta documentación que el tercerista no ha podido aportar debido a las dificultades que se informan en la causa, sin perjuicio de que restan también algunas notificaciones vinculadas al peritaje producido. En consecuencia, el avanzado estado de la causa y la naturaleza de la relación debatida, que da cuenta de que podría hallarse en juego un bien de uso indispensable para el tercerista o su familia en probable situación de vulnerabilidad, llevan a adoptar un temperamento que evite privilegiar las formas por sobre la sustancia de la cuestión.

La caducidad de instancia es un modo anormal de terminación de las causas, por lo que debe ser descartado cuando, como en el caso, el expediente puede finalizar mediante un pronunciamiento que, en vez de atenerse a un elemento formal, permita a los justiciables acceder a una sentencia que dilucide la verdad material.
Cuestiones de competencia, estado de sitio, policía, lesiones graves, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: PALAZUELO CABRERA. s/ COMPETENCIA-LESIONES GRAVES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-13

Compete a la justicia federal el delito de lesiones graves ocurrido en enfrentamientos entre la policía y manifestantes civiles, mientras estaba declarado el estado de sitio en todo el territorio de la Nación Argentina (Decreto 1678, de fecha 19/12/2001).
Derecho penal, secuestro de arma, imputado, situación del imputado, testigos, clasificación de delitos, delitos contra la propiedad, agravantes de la pena, armas
Materia: PENAL
Carátula: Andrés Roberto Arias c/ JUAN MARCELO BALCASAR s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-21

Si bien no existió secuestro del arma blanca, los dichos de los testigos resultan veraces, pues se mostraron firmes, coherentes y sin ninguna intención de involucrar a nadie deliberadamente, y por las características brindadas por el testigo, el elemento usado por naturaleza demuestra su capacidad ofensiva, para lo cual resulta irrelevante si el mismo se secuestró o no.-
Concursos, boleto de compraventa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Macagno, Juan Carlos c/ Monte Paco S.A.I.F. s/ Escrituración Babasky, RAFAEL c/ Monte Paco S.A.I.F. Quiebra s/ Escrituración VIDAL HORACIO OSCAR c/ MONTE PACO S.A.I.F. SU QUIEBRA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-28|1983-11-15|1990-10-09

Para que el boleto de adquisición de una cochera encuentre amparo en lo dispuesto por los arts.1185 bis del Código Civil y 150 "in fine" de la ley 19551, es necesario que forme parte de un único e inescindible negocio con la adquisición de una unidad para vivienda de la que aquella constituya un accesorio. Si la instrumentación excluye toda idea de subordinación, accesoriedad u otra vinculación que la mera identidad de partes, la pretensión debe desestimarse.
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: URQUIZA VDA. DE CARABAJAL VIRGINIA LEONOR Y OTRAS c/ MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y/0 GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-21

Si bien la solicitante alega que los actos administrativos que impugna podrían producirle un perjuicio irreparable en el caso de no ser adoptada la medida cautelar innovativa solicitada, ya que las actoras cuentan con su trabajo como único sustento de su familia; sin embargo, se advierte que, en el caso de obtener una sentencia favorable al resolver la cuestión de fondo, la recurrente podrá alcanzar una adecuada reparación, acorde con las peticiones formuladas en el libelo de demanda, por lo cual no se configura en el caso un perjuicio tal que no pueda ser reparado en una oportunidad procesal posterior, y en consecuencia, corresponde el rechazo de la medida cautelar peticionada por la actora. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tentativa, tentativa de homicidio
Materia: PENAL
Carátula: "MALLEA, PABLO LEONARDO S/  TENTATIVA DE HOMICIDIO SIMPLE", Expte. Nº 2814 (M-572/08/TSJ) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-09-18

El caso subexamine se trata de una tentativa acabada, pues el imputado realizó toda la conducta del tipo penal pero el resultado no se produjo por motivos ajenos a su voluntad, la colaboración posterior prestada a la comisión del hecho "...puede influir en la graduación de la pena...", pero no en la absoluta liberación punitiva del autor como pretende la defensa.-pues la médula de la acción no se redujo a una mera cuestión de "inmediatez" en la realización de la llamada de auxilio, sino que obedeció a un plan de acción fríamente calculado por el sujeto activo.- Por lo tanto, carece de asidero que el hecho cometido se agotara en dañar la salud de la víctima provocándole sólo "Lesiones Graves", sino que la finalidad de su acción era quitarle la vida, conforme se desprende del testimonio de la damnificada y los estudios médicos practicados.
Accidente de tránsito, relación de causalidad, daño psíquico, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Zenteno Isabel y otro c/ Venegas Alexis Andres y otro s/ d. y p. derivados del uso de automotores (con lesion o muerte)"
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-20

El daño psicológico no constituye una categoría autónoma, sino que su existencia debe ser valorada a efectos de determinar la indemnización por daño patrimonial o extrapatrimonial. Por ende, no surgiendo de la pericia psicológica de que las secuelas psicológicas afecten la capacidad de ganancia de la demandante, sino que se reflejan en otros aspectos de su vida, aquellas deben ser valoradas en oportunidad de abordar el daño moral.
Salud pública, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Menem Jacinto Amado c/ Obra Social de los Empleados Públicos s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-09-22

Se interpuso acción de amparo en contra de la resolución emitida por las autoridades de la Obra Social de los Empleados Públicos que denegó al ocurrente cobertura en la práctica de cirugía bariátrica por considerar que esta decisión es injustificada, arbitraria e ilegal, que lleva a la configuración de ilícitos como el abandono de personas y la violación de derechos constitucionales, puesto que la intervención quirúrgica urgente le fue indicada porque la obesidad que padece le produce perturbaciones de la salud que implican riesgo de vida.

Al respecto, cabe señalar que si bien el derecho a la salud no está expresamente mencionado en la Constitución, se encuentra amparado por diversas normas constitucionales, tales como los llamados "derechos sociales". Por cierto, ellos están en manos del Estado, ya sea nacional o provincial y no en las obras sociales y no cabe duda de que la obra social, por más que esté administrada por la Provincia, no es el Estado stricto sensu.

Si bien puede haber una discusión sobre la naturaleza jurídica de las obras sociales, ya que para algunos la atención médica que prestan genera un vínculo de origen contractual y para otros la relación jurídica deriva de la relación de derecho público reglada en la ley 23.660 que en su art. 2 estatuye que las obras sociales son entidades de derecho público no estatal, aunque se considerara que la relación es de derecho público, no es la obra social la que debe realizar la prestación, por no ser el obligado al cumplimiento de la prestación reclamada. Ello es así sin perjuicio de que la jurisprudencia ha establecido que en algunas situaciones aquéllas están obligadas a brindar prestaciones que no están incluidas en el nomenclador pero que son equivalentes en costo a otras que sí lo están o a continuar prestándolas, pese al inminente cese del servicio médico asistencial por la finalización de la cobertura, cuando hay riesgo para la vida del paciente, aunque haciendo responsable por esta prestación al Ministerio de Salud y, en forma personal, al titular del organismo.

Corresponde entonces rechazar la acción de amparo intentada contra la Obra Social de los Empleados Públicos, que denegó al ocurrente cobertura en la práctica de cirugía bariátrica porque no estaba en el nomenclador, destacando que, en el caso de incoarse una demanda de este tipo contra el Estado, el mismo resultará obligado en la medida en que, al analizar el caso concreto, surja ello de las circunstancias de tiempo, lugar y modo. (Del voto del Dr. Cáceres)
Demanda, objeto de la demanda
Materia: COMERCIAL
Carátula: ABRAHAM Y OSCAR CONSEVIK  S.A. c/ SEBASTIAN VENTURA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

La exactitud y claridad en la descripción del objeto demandado que reclama el CPR 330-3, no puede ser suplida por aclaraciones posteriores, ni tampoco cabe entender que esa petición luego explicitada haya estado comprendida en la pretensión inicial, ya que no son admisibles como regla general las peticiones implícitas o genéricas. Consecuentemente, no puede otorgarse una suma mayor que la peticionada en el escrito de inicio, oponiéndose a ello principios liminares de nuestro ordenamiento, como son la garantía constitucional de la defensa en juicio y el principio de congruencia (CPR 163), especialmente cuando no se difirió la definitiva cuantificación del perjuicio a lo que resultare del dictamen pericial u otras pruebas ofrecidas.
Adquisición del dominio, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: S.  S. , H.  A. c/ A., C.A. s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-21

En la prescripción adquisitiva. vemos que una persona posee una cosa y ejercita sobre ella las facultades que corresponderían a determinado derecho real (aunque en verdad no sea titular de ese derecho), de manera que podemos señalar también dos elementos: 1) ejercicio de la posesión sobre una cosa (actividad); 2) transcurso del tiempo fijado por la ley.
División de poderes, Poder Ejecutivo Nacional, Poder Judicial, Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y Otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ Amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-18

La distribución de competencias entre los poderes del Estado se instrumenta a través de un sistema de frenos y contrapesos, conforme al cual la división de los poderes se asienta en el racional equilibrio de recíprocos controles.
Trabajadores de la construcción, empresas de servicios eventuales
Materia: LABORAL
Carátula: HERRERA, SANTOS c/ JACK LEE  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-10

La eventualidad en la industria de la construcción, no autoriza la contratación de personal a través de empresas de servicios eventuales. El legislador, consciente de las peculiaridades que hacen inadecuada la aplicación del régimen común, ha sometido las relaciones laborales de ese ámbito, a la ley 22250.
Declaración indagatoria, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cavalieri, Armando Oriente s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-25

Las vulneraciones sustanciales al derecho de defensa pueden aparejar la nulidad de una decisión, no así las de mero carácter formal. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso).
Pacto de San José de Costa Rica, corte interamericana de derechos humanos, jurisprudencia vinculante, interpretación de tratados internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Hagelin, Ragnar Erland s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

La interpretación del Pacto de San José de Costa Rica debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Hechos nuevos, efecto diferido del recurso, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: VICTOR  MASSON  TRANSPORTES  CRUZ  DEL  SUR  SA c/ YPF s/ CESE DEOPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

El art. 366 del Código Procesal establece -en lo pertinente- que la resolución que rechaza el hecho nuevo será apelable con efecto diferido. A pesar de que en este caso el procedimiento no se ha adecuado a tal norma, la circunstancia de que el expediente ya se encuentre en esta instancia -con el recurso sustanciado- y razones de economía procesal, aconsejan ingresar al tratamiento de la cuestión (conf. esta Sala, causas 21.432/96 del 17.10.96, 1421/97 del 8.10.98, 14.418/04 del 24.2.09).
Amenazas, lesiones leves, privación ilegal de la libertad, violencia familiar, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Paredes, José Manuel sobre 89 - lesiones leves y otros c/  s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Corresponde radicar las actuaciones ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas para investigar las conductas que encuadrarían, por el momento, en los delitos de lesiones leves agravadas y amenazas con armas; transferidos a la órbita de la Ciudad. Dicho juzgado, a su turno, tendrá competencia para pronunciarse, aun si la imputación virase a figuras penales pendientes de transferencia, en el caso, en el delito de privación ilegítima de la libertad (cfr. la sentencia de este Tribunal in re "Giordano", expte. n° 16368/19, sentencia del 25/10/2019). (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano e Inés M. Weinberg. Voto compartido por los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, principio de congruencia, incongruencia, empleados públicos, daños y perjuicios, jueces, Agua y Energía Eléctrica, empresas del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: JOSE SALVADOR BELLIZZI Y OTROS. c/ AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOC. DEL ESTADO. s/ EMPLEADOS  PUBLICOS- PRESCINDIBILIDAD Y SUPRESION DE CARGOS- SALARIOS  CAIDOS-  REINCORPORACION-    DAÑOS    Y   PERJUICIOS-  INDEMNIZACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-31

Teniendo en cuenta las amplias facultades de los jueces en orden a la estimación y valoración de los daños, resulta autocontradictorio tener por acreditada la existencia del daño y negar toda compensación por no considerar probado su monto. Así ocurre en el caso en que se rechazó el reclamo de daños y perjuicios derivados de la baja ilegítima dispuesta por la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arzamendia, Sergio Daniel y otra c/ Lugo, Raúl Alberto y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-18

La cosa juzgada que emana de la sentencia penal firme alcanza no sólo a la producción del accidente, origen de los daños reclamados, sino también a las circunstancias en que el ilícito se ha consumado, consecuentemente, la responsabilidad civil del demandado debe ser analizada partiendo del esquema fáctico -mecánica del hecho- que la justicia penal admitió como sustento lógico jurídico del pronunciamiento allí emitido.