marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución fiscal, deudas impositivas, tasas, Obras Sanitarias de la Nación, transmisión de las obligaciones, legitimación pasiva, falta de legitimación para obrar
Materia: TRIBUTARIO - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION c/ CARLOS ALBERTO PEREZ FUNES s/ COMPETENCIA FEDERAL.    EJECUCION FISCAL.    O.S.N.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-25

El art. 2do del decreto 767-82 del Poder Ejecutivo Nacional -que dispuso que las deudas de usuarios por servicios prestados por O.S N. al 31 de diciembre de 1979 "con o sin demanda judicial iniciada", que no fueren pagadas dentro de los 30 días de publicado dicho decreto, se transmitían al organismo receptor de los servicios transferidos-, modificatorio del art. 8vo del decreto 258-80, correlacionado con los arts. 1ro y 2do del decreto 258-80 y los arts. 1ro, 2do y 3ro, inc. h), de la ley 18.586, impone concluir que la actora ha perdido la calidad de sujeto activo del crédito ejecutado, por la transferencia de éste a favor de la Provincia de La Pampa u organismos de su jurisdicción, lo que impide que los tribunales federales continúen entendiendo en la causa.
Leyes, jerarquía administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

Si las disposiciones de una constitución provincial contrarían lo prescripto por la Constitución Nacional o por leyes del Congreso, ello configuraría la hipótesis en que la norma violatoria puede ser impugnada conforme al artículo 14 ley 48 y la Corte debe declarar la inconstitucionalidad producida, a fin de asegurar el orden jerárquico del artículo 31. (Del voto del Dr. Ulla).
Acto administrativo, nulidad absoluta, agotamiento de la instancia administrativa, exceso ritual manifiesto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERRE de GARCIA, María Angélica c/ CORFO-CHUBUT y-u otro s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-06-04

Afirma la accionada que falta el requisito del agotamiento de la vía administrativa. Este planteo debe ser rechazado, en primer término, atenta la nulidad absoluta del acto administrativo impugnado; y también porque la conducta de la demandada hacía presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformándolo en ritualismo inútil.
Transporte marítimo, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: IGUAZU CIA. DE SEGUROS S.A. c/ CAPITAN Y/O PROPIEDAD Y/O ARMADOR BUQUE 'MARBONITA' s/ COBRO.  INCUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO DE TRANSPORTE MARITIMO.  RECLAMO  EN MONEDA EXTRANJERA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-14

De acuerdo con lo establecido por el art. 277 De la ley 20.094, La indemnización que debe pagar el transportista marítimo está representada por el valor en plaza de la mercadería faltante o averiada a la fecha de la descarga, conforme con el contrato o al día y lugar en que ellas debieron descargarse, de manera que en tanto no se esté en presencia de un incumplimiento doloso queda excluido el resarcimiento de todo daño superior. Y como se trata de una obligación de naturaleza resarcitoria que en nuestro derecho tiene, por lo menos en materia contractual, carácter pecuniario, sólo debe ser satisfecha en moneda de curso legal en el país.

(S1,1855,140683)
Juicio oral, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: García, Ana Angélica s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

En el proceso oral para apreciar la habilidad de los testigos, los magistrados se hallan sujetos únicamente a las pautas estatuidas por el art. 286 del Código de Procedimiento Penal. (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, daño moral, indemnización, responsabilidad extracontractual, embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: SANTAGADA,  JORGE  MIGUEL c/ PERTENECER SA DE AHORRO P/FINES DET.S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-24

Procede acceder al reclamo de indemnización por daño moral derivado de la traba de embargo sobre los haberes del peticionante, ordenada en una ejecución seguida en su contra, solicitada por el ejecutante luego de haber desistido de la acción; ello así, en virtud del obrar antijurídico en que incurriera el ejecutante, pues no podía ignorar, luego de haber desistido de la acción que carecía de derecho a solicitar la traba de embargo, en el marco del juicio ejecutivo; la mera invocación de una equivocación involuntaria no justifica el proceder de la peticionaria de la cautela, en tanto no se trata de un error excusable sino de un acto de extrema ligereza, con lo cual cabe encuadrar a tal acto ilícito dentro del ámbito de la responsabilidad aquiliana (Cód. civil arts. 1067, 1068, 1109 y concs.), correspondiendo aplicar la doctrina elaborada en torno al Cód. Civil art. 1078 -norma a la que remite el Cód. civil 1109, al final del 1 parr.-, según la cual, la sola realización del hecho dañoso lleva a presumir la existencia de la lesión de los sentimientos del damnificado, salvo que la deudora destruya la presunción mediante prueba en contrario (v. Llambías, "Código Civil Anotado", T. II-B, ED. 1992, Págs. 328/329, pto. 7), lo cual no ha ocurrido; además, no parece dudoso que la injustificada afectación parcial del salario debe haber provocado en la víctima un efectivo menoscabo espiritual que amerita la pretendida reparación patrimonial, máxime si se tiene en cuenta que el embargo fue conocido dentro del ámbito laboral en el que hacia casi veinte años que se desempeñaba; resultando prudencialmente suficiente para enjugar el daño extrapatrimonial sufrido la suma reclamada de $ 5000 (CPCCN art. 165), con mas sus intereses desde la fecha de la traba del embargo, conforme la tasa activa que percibe el Banco Nación en sus operaciones de descuento a 30 días (conf. CSJN, fallos 317:1921; 323:3564).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, expediente, vocal del Tribunal, sufragio
Materia: PROCESAL
Carátula: Taborda, Silvia L. c/ Regunaschi, Francisco C. s/ Reclamación de filiación. El tema a decidir por el Tribunal pleno   consiste en determinar si al procederse al sorteo del estudio de una  causa en una sala de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial  de Rosario, un tercer vocal subrogante debe encontrarse en paridad de  condiciones con los otros dos vocales titulares del mismo cuerpo.  (Expte. Nro. 306-96 -Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-03

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia in re "Genolet s-hurto calificado", ratificó y formuló una especificación adicional a "Solari", puntualizando el meollo de su doctrina: a) que con dos votos coincidentes de Vocales de Cámara es factible expedir una sentencia; b) pero que siempre el tercer camarista debe contar con la posibilidad de pronunciarse, el que, por tanto, nunca tiene que ser excluido; c) que la eventual abstención de votar del tercer Juez de Cámara debe estar expresa y personalmente acreditada en el fallo. Lo dicho en nada perjudica la regla de derecho consuetudinario procesal, pacíficamente aceptada, que dispone que cuando en una Sala existen dos vocales titulares y uno subrogante, este último estudia el caso en tercer término, porque lo aquí estudiado estriba exclusivamente en el orden del estudio de los expedientes, donde de ningún modo se plantea la hipotética exclusión de un Vocal del acto decisorio, sino lo contrario: quién debe estudiar primero, segundo y tercero el expediente.
Acción de amparo, obligaciones del asegurador, gastos médicos, gastos de sepelio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Torres, Manuel Orlando c/ Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-07-04

Procede la vía del amparo a fin de obtener la indemnización debida por el asegurador en concepto de gastos sanatoriales o de sepelio, pues la injustificada negativa de un asegurador a cancelar la obligación legal autónoma a una víctima de un accidente de tránsito es indudablemente una omisión que en forma actual o inminente, lesiona, amenaza o restringe un derecho garantizado por la Constitución Nacional (derecho a la salud) y leyes dictadas en su consecuencia.
Ejecución de la pena, salidas transitorias, emergencia sanitaria, remisión del expediente, coronavirus, pandemia, excesos u omisiones en el pronunciamiento, prueba de informes, resoluciones recurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: Palomeque, Ariel Román c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-21

Corresponde declarar abstracto el tratamiento de los agravios en torno al cese de la prisión preventiva y la morigeración de condiciones de detención; hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa de Ariel Román Palomeque, anular la resolución recurrida únicamente en lo que respecta al rechazo de la incorporación al régimen de salidas transitorias y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen a los fines de que se dicte una nueva decisión de conformidad con los lineamientos expuestos. Atento a que el planteo en estudio respecto de la denegatoria del cese de prisión preventiva y la morigeración de condiciones de detención ha perdido virtualidad, la cuestión sometida a inspección jurisdiccional, en lo que respecta a dicho punto, se ha tornado abstracta, lo que así debe declararse. En torno a la denegatoria de la incorporación al régimen de salidas transitorias, he de adelantar que asiste razón al recurrente en cuanto a que la resolución puesta en crisis presenta aspectos que resienten su motivación y, por ende, la descalifican como acto jurisdiccional válido. Ello por cuanto, más allá de la situación coyuntural que se vive actualmente en relación a la pandemia del COVID-19, la incorporación al beneficio solicitado, amén de que su efectivización dependa de que se reanuden esas salidas, corresponde que sea tratada. Por tanto, el argumento del a quo en cuanto a que no cabe analizar los extremos relativos al cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener el beneficio solicitado debiendo prevalecer la situación de emergencia sanitaria, no resulta suficiente por sí solo para no resolver la cuestión planteada. En ese sentido, considero que la resolución recurrida no cuenta con los fundamentos mínimos, necesarios y suficientes para ser considerada un acto jurisdiccional válido en los términos del art. 123 del CPPN, por lo que no puede ser convalidada. En efecto, corresponde al a quo valorar el escenario a la luz de la nueva situación procesal del encartado toda vez que la condena ha quedado firme y, en su caso, requerir los informes que puedan ser ordenados en consecuencia. Dres. Petrone, Barroetaveña y Figueroa.
Daños y perjuicios, daño cierto, incendio de la cosa, indemnización, prueba, dictamen pericial, prueba testimonial, testigo calificado, prueba de informes
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MADARIAGA, RODOLFO EDUARDO c/ ESTADO NACIONAL MIN. DE EDUCACION Y JUSTICIA DE LA NACION SUBS. JUST. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

El plexo probatorio (conformado por la comprobación real de un lote numeroso de libros afectados -dictamen pericial-; por una calificadísima prueba testimonial, concordante y convincente; por la prueba informativa sobre el precio de las obras; por los informes de editoriales que dan cuenta de la gran cantidad de libros perdidos que son inconseguibles en plaza; por la prueba de la existencia en el despacho del actor, y de su propiedad, de 200 volúmenes de la colección de anales de legislación, debe ser meritado en su conjunto.

No cabe desdeñar el planteamiento de que, tratándose en buena medida de libros usados, no son computables simpliciter los precios proporcionados por las distintas editoriales. Más esa circunstancia se ve neutralizada, en porcentaje significativo, por el hecho de que numerosas obras perdidas están agotadas (y es hecho de experiencia, público y notorio, que éstas tienen un valor "plus" que llega a veces a niveles inalcanzables). El daño ha sido cierto y no conjetural. Y aunque cabe aceptar que no se ha podido demostrar la existencia de todos y cada uno de los libros denunciados como perdidos -aunque existe una fuerte presunción de veracidad en favor del accionante-, no queda otro remedio que acudir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165, última parte, del Código Procesal, incluyéndose en el daño los marcos de cuadros destruidos.
Defensa del consumidor, debido proceso, acción judicial, acciones de clase, mediación, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ Banco Itau Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-23

Toda vez que se trata de una acción entablada por una asociación de defensa de los usuarios y consumidores, en la cual es aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, el conflicto no podría ser solucionado por un acuerdo transaccional celebrado en el marco de la mediación establecida en la ley 26589. Y si bien la mediación previa a todo juicio es de carácter obligatoria, su apertura implicaría un acto ocioso que no se conciliaría con los principios de economía y celeridad procesal; máxime, en esta particular circunstancia de crisis sanitaria, y existiendo la posibilidad de que las partes arriben a un acuerdo que finalice el juicio, ya que amén de las tratativas extrajudiciales que pueden encarar a tal efecto, podrán proponer y explorar diversas alternativas en la oportunidad prevista en el CPR 360, evitando así un dispendio jurisdiccional y conduciendo a una más ágil conclusión del juicio, con los consecuentes beneficios para la administración de justicia, los demás justiciables y las propias partes (CNCom, Sala B in re "Petrolera Argentina SA c/ GM Netcom Argentina s/ ordinario" del 31/10/06; ídem Sala D in re "Diners Club Argentina SAC c/ Pont Alberto s/ ordinario" del 26/04/04).
Acción de amparo, principio de prevención
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: FRANDINO EDGARDO JOSE Y OTROS c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ AMPARO - COMPETENCIA - CONEXIDAD.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-06-23

De conformidad con lo dispuesto por el art. 4, segundo párrafo, ley provincial 4915 (acción de amparo), deben remitirse las actuaciones iniciadas en el juzgado de conciliación en turno al juzgado civil en el que se tramita un juicio con el que se verifica conexidad por identidad de objeto y causa. Los demandados, todos en función docente, solicitaron amparo frente a una medida gubernamental que consideraban perjudicial. Dicho tribunal es el que ha prevenido y conserva su competencia, pues aun no ha resuelto la cuestión de fondo. El citado dispositivo legal acoge el 'principio de prevención para el supuesto de que un mismo acto u omisión afectare el derecho de varias personas. En virtud de este principio, la competencia se desplaza hacia el juez que primero intervino en el tiempo, anticipándose a otro a quien pertenecía igualmente la causa, el que queda excluido para continuarla. Se ha procurado así satisfacer razones de conexidad, concentración y economía procesal por mediar una única situación de hecho y para lograr un pronunciamiento judicial también único.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, locación, juicio de desalojo, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Diez de Diez, Nisa y otros c/ Jacobo, Armando José y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

La circunstancia de que los agravios del apelante remiten al examen de cuestiones de hecho , prueba y derecho común y procesal, no es óbice para invalidar el fallo que, prescindiendo de efectuar un tratamiento adecuado de la controversia rechazó la acción de desalojo y cobro de daños y perjuicios fundada en la violación por los locatarios de la prohibición contractual de transferir la tenencia del inmueble.
Prueba testimonial, notificación
Materia: PENAL
Carátula: GAMARRA, Pablo Javier s/ LESIONES LEVES
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Si una vez firme el llamamiento de "autos para sentencia" el a quo dispuso recibir declaraciones testimoniales a dos personas no citadas en sumario, realizándose estas pruebas sin que el procesado fuera notificado de ello, tal vicio afecta el derecho a la defensa en juicio y acarrea la nulidad de las actuaciones.
Jubilaciones, adicional por desarraigo, deducciones salariales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Colombo, María Julia c/ ANSeS y otro s/ cobro de pesos c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-04

Al ser la bonificación por zona austral una compensación por residir al sur del país que se paga junto con la jubilación pero que no puede ser calificada como un haber previsional, no corresponde que se apliquen a su respecto las escalas de deducción establecidas para las prestaciones jubilatorias en el art. 9°, inc. 2, de la ley 24.463
Actualización monetaria, pautas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bogado, Pedro c/ Ciccolella, Rubén R. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

Debe interpretarse como situación jurídica no consolidada a aquéllas en que aún no se extinguió la obligación por pago, aunque la sentencia dictada se encuentre firme, toda vez que la propia norma se remite a la oportunidad de practicarse liquidación.
Despido por falta o disminución de trabajo, interpretación restrictiva
Materia: LABORAL
Carátula: Antilef, María Rosa c/ Navarro y Ziegler S.R.L. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-30

"La aplicabilidad del art. 247 LCT que autoriza a abonar una indemnización reducida cuando el despido se debe a fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, debe interpretarse con criterio restrictivo".
Prueba testimonial, testigos, apreciación de la prueba, idoneidad del testigo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: NARVAJA, Marta Margarita c/ TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTIN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-28

En la apreciación de la prueba testifical lo relevante es el grado de credibilidad de los dichos en orden a las circunstancias personales de los testigos, razón de ser de su conocimiento, interés en el asunto y coherencia, requisitos que, de no concurrir total o parcialmente, autorizan a alegar sobre la idoneidad del declarante.
Intervención de terceros, bonos externos, compraventa
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASA PIANO  S.A. c/ JORGE TAGLIAFERRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-04

La pretensión de levantamiento de la traba que afecta la libre circulación de una lámina de "bonex", dispuesta por el emisor a raíz de la denuncia de desposesión formulada por el demandado, no resulta común a aquellas personas que recibieron o entregaron la lámina de bonos externos; en consecuencia, la citación de estas personas como terceros en virtud de lo previsto en el CPR 94 no resulta procedente.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, interpretación hermenéutica, jueces, deberes del juez, valor justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G, M L  y  E, A M V de s/ La cuestión a resolver: ¿El cómputo que establece el artículo 7 de  la ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al  tiempo de la vigencia de la ley, que continuan privados de su libertad? (Expte. Nro. 29-95; Expte. Nro. 28-95) (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-11

Toda interpretación de una ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne, por el excesivo rigor o exagerada latitud de los razonamientos, no desnaturalice el sentido y el espíritu que ha inspirado su sanción. Los jueces, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben prescindir de la "ratio legis" y del objetivo de la norma.

(Voto del Dr. Crippa García -En Disidencia-). En el caso la cuestión a resolver es ¿El cómputo que establece el artículo 7 de la Ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al tiempo de la vigencia de la ley, que continúan privados de su libertad?
Banco central, facultades del banco, control de cambio, tipo de cambio, transferencia forzosa de recursos líquidos, expropiación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HUGHES TOOL COMPANY  S.A.C.I.F.I. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ ORDINARIO - CONTROL DE CAMBIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-12

La obligación de liquidar las divisas con tipo de cambio fijado por el BCRA no constituye un supuesto de venta forzada asimilable a la expropiación por causa de utilidad pública (art. 1324 Cód. Civil) sino que nace por haberse efectuado una exportación estando en vigor determinado régimen jurídico, lo cual supone una intervención o regulación estatal previa frente a la que no cabe invocar un derecho pleno de propiedad de las divisas ni una libertad absoluta para comerciar con el exterior. La reglamentación a este derecho está permitido con gran amplitud (art. 67 inc. 12 C.N.) de modo que podría incluso verse prohibida la exportación (art. 608 ctes. del Cód. Ad.). En este sentido es que debe interpretarse que la actora se sometió voluntariamente en un régimen particular (art. 726 y 788 del Cód. Aduanero y circular Cope 1-3 comunicación 39 B-C del 22 de junio de 1981) no pudiendo volverse contra sus propios actos.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, relación de dependencia, prueba testimonial, prueba de informes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROLDAN, ANA MARIA c/ KERNOT, JOSE FRANCISCO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-26

Luego de poner de resalto las distintas tesis elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia acerca de la posibilidad -o imposibilidad- de la existencia de relación laboral y sentimental de manera concomitante, los argumentos de los juzgadores para rechazar los agravios no se limitaron a valorar los testimonios aportados a la causa por el demandado, sino que justipreciaron pormenorizadamente la declaración confesional de la actora y las declaraciones agregadas a autos, destacando que el número tan escaso de testigos que permitieron dar fe de la cobranza a domicilio también es relevante, ya que si verdaderamente hubiese sido esa su casi exclusiva tarea (como lo dio a entender la actora al confesar) en una supuesta relación laboral de 8 años de antigüedad, lo normal habría sido que la ejecute con relación a más de dos clientes; asimismo, permanecen incólumes las aseveraciones de los magistrados orientadas a quitar relevancia a los informes -de la Administración Provincial de Impuestos (API), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Municipalidad- incorporados a las presentes actuaciones, a tenor de que la falta de acreditación de prestación de servicios a favor del accionado con las notas de subordinación requeridas para poder determinar la existencia de una relación laboral.
Indemnización tarifada, renta vitalicia
Materia: LABORAL
Carátula: PONCE DE AREVALO NELLY ERNESTINA c/ BERKLEY INTERNACIONAL A.R.T S.A. Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-11-21

El sistema de pago de una renta periódica no permite que el titular del derecho patrimonial encare un nuevo proyecto de vida, violentándose así los principios emanados de los arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional.