Competencia contencioso administrativa, recurso de casación, ejecución de sentencia, resoluciones recurribles, gravamen irreparable, obras públicas, daños y perjuicios, rescisión del contrato, deuda pública, indemnización, ley de emergencia, régimen de consolidación de deudas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cobiera S.A. c/ Municipalidad de Córdoba s/ Plena juriscción-Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-10-30

1- En principio las decisiones que se adoptan en la etapa de ejecución de sentencia no son susceptibles de ser cuestionadas por el recurso de casación en el marco de la Ley 7182. En efecto, el artículo 41 del C.M.C.A. recepta en el capítulo dedicado a los recursos - reposición, apelación, casación, revisión y queja- sólo proceden en los casos específicamente previstos, dando hermeticidad al sistema de la ley, estableciendo asimismo quienes reúnen las condiciones subjetivas necesarias para utilizar los mencionados remedios. Por su parte, el artículo 45 preceptúa que el recurso de casación procederá sólo contra las sentencias definitivas o contra los autos que pongan fin a la acción.

2- No obstante, como excepción, puede admitirse la concurrencia del requisito de impugnabilidad objetiva, toda vez que la resolución atacada es susceptible de ser equiparada a sentencia definitiva por cuanto contiene la determinación del monto de condena, incluyendo la determinación de intereses, cuyas pautas sustanciales si bien fueron dadas en la sentencia definitiva que se encuentra firme, son susceptibles de aparejar agravios de dificultosa reparación ulterior.

3- El recurso de casación contra una resolución que se limita a determinar el contenido material de la condena establecida por sentencia firme, no puede reabrir una etapa procesal precluida cuando las razones que desarrolla la casacionista bien pudieron ser opuestas contra la sentencia firme.

4- En el marco contractual al que la empresa contratista se sometió voluntariamente, el que delimita los alcances de la indemnización frente a toda rescisión contractual, postulando que en ningún caso, procede el derecho a exigir suma alguna en concepto de indemnización por lucro cesante. El "incumplimiento contractual" es la "causa" de la "rescisión contractual", y esta última, a la vez, se erige en "causa" de la obligación de resarcir al contratista el daño producido por ese mismo e idéntico acto (artículo 499 Cód. Civil). De allí que se presenta como un absurdo jurídico pretender que sobre un único contrato rescindido, se pretenda el reconocimiento de más de un daño, que no sea sino derivado en forma directa e inmediata de un único contrato que es fuente de la obligación de resarcir.

5- La conducta deliberada observada por la Administración al depositar espontáneamente el monto que en su singular apreciación ascendía la condena, se presenta como una circunstancia jurídicamente relevante que determina que si bien la indemnización debe ajustarse a las pautas formales y sustanciales establecidas en la Ley 8250, sin embargo, la consolidación del pasivo, sólo puede ser opuesta con relación al monto de condena que en definitiva se determine, y que exceda al valor actual de la suma depositada. Ello es así, aunque el depósito fuera efectuado con anterioridad a la vigencia de la Ley 8250 y su adhesión en el orden municipal, y si además, con posterioridad a ese momento, no media en las actuaciones judiciales pedido alguno de desafectación de dichos fondos a favor de la Municipalidad demandada, lo que torna aplicable la doctrina de los actos propios.