Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-02


CHIAFFREDO, José María contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 205 p 209-214.

En la ciudad de Santa Fe, a los dos días del mes de marzo del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "CHIAFFREDO, José María contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 562, año 1990), de conformidad con el acuerdo celebrado el día veintitrés del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. José María Chiaffredo interpone, por apoderado, recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe con el objeto de que se deje sin efecto el decreto 2.885, del 22 de agosto de 1990, que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra el decreto 1.316/90; y, en su lugar, se ordene el pago de la indemnización prevista por la ley 9.688 (y modif.) por el importe resultante de la pericial contable que oportunamente ofrecerá y conforme el porcentual de incapacidad que probará; con costas.

Relata que se desempeñó como agente del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe desde el mes de diciembre de 1958 hasta el mes de octubre de 1987 en que cesó debido a su incapacidad laborativa originada en un cuadro de "cervico-braquialgia parestésica bilateral crónica, dorsalgia crónica, lumbociatalgia bilateral crónica parestésica y radiculopatía cervical y lubosacra".

Asegura que el mencionado cuadro clínico fue comprobado a través de Juntas Médicas oficiales que en forma coincidente determinaron "una incapacidad laborativa total y permanente para el desempeño de todo tipo de tareas remuneradas".

Sostiene que la incapacidad aludida impidió la prosecución de su vinculación con la Administración Pública -Poder Judicial-.

Entiende que la enfermedad es "del trabajo o profesional" y genera un derecho indemnizatorio previsto por la ley 9.688.

Apunta que la incapacidad devino a los 49 años de edad, que aún podía haber tenido vida laborativa útil de más de quince años con la posibilidad de llegar a cargos más importantes, por lo que la indemnización es de un fundamento jurídico incuestionable.

Indica que el reclamo corresponde a la indemnización por enfermedad profesional prevista en el artículo 8 incisos a) y b) de la ley 9.688.

Reclama una suma a determinar por pericial contable, con intereses y costas.

Expresa que el 17 de mayo de 1990 se dictó el decreto 1.316 que rechazó el recurso administrativo previo, con fundamento en un dictamen de la Junta Médica Especializada del Departamento para la Promoción de la Salud en el que se especificaba que padecía de incapacidad total y permanente en un 80%, que lo inhabilitaba para todo tipo de tareas, y que no era imputable al desempeño.

Dice que se fundamentaba también en que el 8 de junio de 1987 se había notificado al interesado el dictamen mencionado sin impugnación de su parte y que por decreto 3.666/87 se dispuso el cese de las funciones que tampoco fue cuestionado, por lo que se tiene firme y consentida la causa de la incapacidad.

Contra el decreto citado -indica- interpuso recurso de revocatoria expresando que ignoraba que su incapacidad se debía a razones de trabajo pues creía que se trataba de una enfermedad congénita pero posteriormente, al ser revisado por un médico especialista, tomó conocimiento de que se trataba de una enfermedad profesional.

Expresa que en dicha oportunidad manifestó que la ley de accidentes de trabajo consagraba la indiferencia de la concausa que regula la posibilidad de que sin ser exclusivamente la causa de la enfermedad la realización de las tareas profesionales pudiera tener una determinación importante.

Indica que el 22 de agosto de 1990 el Poder Ejecutivo dictó el decreto 2.885 con una postura contraria a la de pago de indemnizatorio, señalando que ante la existencia de criterios médicos dispares correspondía atenerse a lo sostenido por los médicos oficiales -cuyo criterio debía prevalecer-, por lo que su incapacidad no era imputable al servicio y no se aplicaría la indiferencia de la concausa.

Sostiene que deben analizarse dos circunstancias que determinarían la procedencia del recurso: a) la circunstancia de que cuando se presentó la incapacidad no hubiera planteado su disconformidad, con la afirmación que se trataba de una incapacidad no imputable al trabajo; b) si la enfermedad que lo aquejaba llevó a la declaración de incapacidad total y permanente laboral y a su jubilación por invalidez era y es una de las "enfermedades del trabajo" y resulta procedente el reclamo de la indemnización prevista por la ley de accidentes de trabajo y modificatoria.

Respecto de la primera alega que no se encontraba en condiciones, en aquél momento, de afirmar o negar que el origen de su dolencia o la concausa se produjo por el trabajo, pues lo único que sabía es que no podía trabajar más.

Expresa que en el expediente por el que se tramitaba la jubilación por invalidez y el cese de servicios sólo se decía en fórmula preimpresa que "no era imputable al trabajo" y los certificados médicos acompañados e informes realizados con motivo de la jubilación poco o nada indicaban sobre la implicancia que habían tenido en el desarrollo de la enfermedad las tareas desarrolladas por su persona y no se habían realizado estudios médicos mínimos indispensables para llegar a dictaminar sobre el particular.

Luego de citar doctrina concluye que su incapacidad se encuentra dentro de la llamada "enfermedad profesional" y que la función realizada durante casi treinta años fue sin dudas la principal causa de desenlace de la enfermedad y de la incapacidad laboral. Añade que si hubiera existido alguna presencia de la enfermedad, las tareas laborales fueron las desencadenantes de la incapacidad.

Solicita, en resumen, se haga lugar a la demanda, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 15), comparece la demandada (f. 21) y contesta la demanda (fs. 24/25).

En el escrito de responde niega que: el actor se haya desempeñado como agente del Poder Judicial de la Provincia; cesara en sus funciones en octubre de 1987 en razón de su incapacidad laborativa; tal incapacidad originara un cuadro de "cervicobraquialgia parestésica bilateral crónica, dorsalgia crónica, lumbociatalgia bilateral crónica parestésica, y radiculopatía cervical y lumbosacra"; dicho cuadro clínico fuere comprobado por Juntas Médicas oficiales; tales enfermedades sean de las que se califican como enfermedades del trabajo o profesionales; generen el derecho indemnizatorio previsto por ley 9.688; tal indemnización tenga fundamento legítimo; corresponda el pago de la prevista por el artículo 8 incisos a) y b) del precitado cuerpo normativo; la Administración deba abonar suma alguna; sea válido y ajustado a derecho el planteo formulado en el recurso de revocatoria incoado contra el decreto 1.316/90; la función que desempeñaba fuera la única o principal causal de desenlace de la enfermedad; la incapacidad laboral, el derecho invocado y los precedentes citados sean aplicables al caso; y, en definitiva, la procedencia del recurso.

Relata que en el dictamen de la Junta Médica Especializada del Departamento para la Promoción de la Salud se especificó que Chiaffredo padecía de una incapacidad total y permanente equivalente a un 80% de su capacidad laborativa para el desempeño de todo tipo de tareas remuneradas, no imputable al servicio.

Continúa diciendo que tal dictamen fue notificado el 8 de junio de 1987 y no fue recurrido por el actor pese a la facultad expresa otorgada por ley 6.915 en el artículo 18.

Señala que por decreto 3.666/87 se dispuso el cese del actor, sin formular éste impugnación en término de ley, por lo que la argumentación respecto de la ignorancia de los motivos de su incapacidad, carece de sustento jurídico, y en relación a los diagnósticos posteriores -dice- efectuados por especialistas particulares que hacen presumir al demandante la naturaleza profesional de su patología, no importan un hecho nuevo que permita la revisabilidad de un acto firme. Añade que admitir lo contrario implicaría consentir que los actos administrativos pueden estar expuestos indefinidamente al riesgo de una revisión.

Indica que tampoco resulta procedente el cuestionamiento del actor relativo a la notificación de la incapacidad, pues ésta reviste los caracteres de comunicación formal y especial e importa certeza en el conocimiento del dictamen por parte del interesado.

Expresa que la ley 8.525 -en que funda su derecho el actor- no resulta aplicable al caso toda vez que de su artículo 1 surge con toda claridad que el mismo comprende a todas las personas que presten servicios remunerados en la Administración dependientes del Poder Ejecutivo, quedando excluido el personal dependiente del Poder Judicial, en consecuencia, el actor.

Solicita, en suma, se rechace la demanda, con costas.

Abierta la causa a prueba (f. 25 vto.) y producida la que consta en el expediente, informan las partes sobre el mérito de la misma (fs. 122/124 y 125/126). Dictada (f. 127) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

3. El actor pretende la indemnización por enfermedad profesional prevista por la ley 9.688, modificada conforme los términos de la ley 23.643.

Postula la anulación de los decretos 2.885/90 y 1.316/90 por los que se rechazó dicho reclamo con fundamento en que el agente consintió el dictamen de la Junta Médica Especializada y el decreto por el que se dispuso el cese de sus servicios, en los que se especificaba que la incapacidad que padecía no era imputable al servicio (fs. 139 y 149, expte. adm.).

En esta sede, la accionada abunda en consideraciones respecto a que el actor habría consentido que la incapacidad no obedecía al servicio, invoca que el artículo 18 de la ley 6.915 establece la posibilidad de recurrir lo dictaminado, y rechaza que pueda tener sustento jurídico la alegada ignorancia de los motivos de su incapacidad.

Entiende que los diagnósticos posteriores efectuados por especialistas particulares, que hacen presumir a la demandante la naturaleza profesional de su patología, no importan un hecho nuevo que permita la revisión del acto de cesantía, y que un entendimiento en contrario implicaría que los actos administrativos estuvieran expuestos indefinidamente al riesgo de una revisión, cediendo de esta forma el principio de la seguridad jurídica (f. 24 vto.).

Así las posiciones de las partes, cabe dejar sentado en primer lugar que no está en tela de juicio el conocimiento por el actor tanto del dictamen de la Junta Médica como del decreto de cese, que se motivaron expresamente en "incapacidad no imputable al servicio", cuestiones éstas no recurridas por el agente.

La firmeza del acto opuesta por la Administración fundada en que el recurrente no interpuso los recursos respectivos, intenta ser superada por éste con el argumento del desconocimiento al momento de realizarse la Junta Médica en cuestión de que la dolencia padecida se vinculaba con su función en el Poder Judicial; y es en este punto justamente donde su planteo -más allá de las implicancias que en el caso podría tener la firmeza del acto en cuanto al derecho pretendido por el actor- tampoco encuentra respaldo suficiente en los elementos probatorios arrimados a la causa.

Sobre el particular, debe destacarse inicialmente que la carga de la prueba del nexo causal, cuando tal conexión es negada por la demandada, como ha sucedido en el caso, recae sobre el actor.

Lo precedentemen Y si ello es así en la generalidad de los casos, tanto más en las concretas circunstancias de autos, en que consta el parecer de la Junta Médica Especializada -que, como se destacó, concluyó que la incapacidad no era imputable al servicio-, y que al disponerse el cese a los fines de que el actor obtuviera el beneficio jubilatorio el acto referido también indicó que la incapacidad no derivaba del servicio.

Necesaria conclusión de lo expuesto es que debían extremarse por el peticionante los esfuerzos probatorios en aras de la demostración de la referida conexión.

Y, debe adelantarse, un exhaustivo análisis de las constancias de la causa no permite concluir que tal acreditación haya sido lograda, ya que si bien se produjo en autos prueba pericial médica, en que se requirió al experto puntualmente se expresara sobre si la "enfermedad ha tenido su origen o se ha exacerbado por la realización de tareas oficinistas como jefe de despacho -empleado judicial- del actor" -ofrecimiento de foja 28-, se observa en el informe respectivo que, luego de efectuar consideraciones teóricas y más bien genéricas, concluye que "es fácil interpretar que la mala postura estática del escribiente en forma sostenida y prologada... modificando así la carga axial de la misma, es causa mecánica determinante y/o agravante de la patología de columna que padece el señor Chiaffredo" -f. 110-.

Tales consideraciones del experto, más allá de su aparente contundencia, en orden a la causalidad exigida no dejan de ser expresiones abstractas o generales y por ende sin incidencia para tener por acreditado algún grado de causalidad de las tareas en la incapacidad padecida por el ex-agente; además, no se observan en la causa otros elementos con virtualidad para tener por demostrada la relación de conexidad exigida.

Adviértese en tal sentido que la perito alude como causa mecánica determinante y/o agravante de la patología a la "postura estática del escribiente en forma sostenida y prologada", pero no surge de su informe ni de ningún otro elemento obrante en la causa que las tareas que hubo desempeñado el agente reunieran esas características.

En cuanto a las exigencias vinculadas con la carga probatoria del nexo causal, ha destacado este Cuerpo -aunque con integración parcialmente distinta y en el ámbito de su competencia revisora- que "la opinión del perito nunca podría sustituir a la del juez, y sólo lo asesora en aspectos eminentemente técnicos, situación ésta que se acentúa aun más cuando se trata de la determinación de la existencia o no de relación causal, cuya apreciación es una cuestión de derecho efectuada a través del análisis de la totalidad del material probatorio" ("Baez", A. y S. T. 114, pág. 281).

En autos, a más de la pericia médica a que se alude precedentemente, ningún otro medio de confirmación del vínculo causal ha sido ofrecido -independientemente de los frustrados testimonial y reconocimiento de documental por parte del profesional médico L'Argentiere-, y la producida -se reitera- impide tener por acreditado que las tareas desempeñadas por el ex-agente o lo relacionado con su ocupación específica hayan de algún modo favorecido, desencadenado o agravado la enfermedad y sin dicha prueba no reúne la enfermedad genérica o común a cualquier persona el carácter de enfermedad accidente indemnizable.

No obsta a la solución propuesta lo manifestado por la demandada en el alegato en relación a la pericial médica, en virtud de que lo hace a los efectos de quitar trascendencia a la prueba rendida en cuanto no podría mejorar la situación del recurrente en función de los argumentos expresados tanto en sede administativa como en la judicial.

Por todo lo expuesto, cabe concluir que no se encuentra demostrada la ilegitimidad de los actos administrativos atacados, que rechazaron la pretensión indemnizatoria, correspondiendo en consecuencia el rechazo del recurso, con costas (art. 84, ley 4.106).

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde rechazar el recurso interpuesto; con costas al recurrente.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto. Costas a la actora.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)