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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, quiebra, juicio, sellado judicial, pago diferido
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Benvenutti S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Quiebra-   Incidente de revisión promovido por el fallido- Revocatoria al auto   de Presidencia (Expte.: C.S.J. Nro. 554 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-27

Conforme reiterada interpretación del artículo 175 de la Ley 19.551 (que hoy reproduce el art. 182 de la ley 24.522), corresponde afirmar que amén de no encontrarse el actor fallido eximido, sino meramente postergado del pago de las tasas o contribuciones, la pretensión del diferimiento del depósito deviene incompatible con la propia esencia del artículo 8 de la ley 7055, pues debe recordarse que la exigencia del depósito previo como requisitos de admisibilidad de la queja, es carga económica que tiene como propósito restringir el uso indebido de la presentación directa ante la Corte Suprema, corrigiendo la experiencia que demostraba que las quejas eran frecuentemente utilizadas con fines dilatorios, y de la que no cabe soslayarse su destino (devolución) en caso de ser admitida aquella.
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: JULIA CESPEDES DE ROMERO s/ LESIONES Y HOMICIDIO CALIFICADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-13

Es improcedente el recurso extraordinario si las cuestiones que la apelante plantea resultan tardías por no haber sido oportunamente introducidas en el proceso a fin de que fuesen consideradas en las instancias ordinarias, ya que la sentencia de alzada acoge por similares fundamentos de apelación deducida por el Fiscal de Cámara, la cual no fue contestada, razón por la cual no se presenta un supuesto de arbitrariedad sorpresiva surgida del fallo de segunda instancia (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Enrique Santiago Petracchi).
Querellante, recurso de apelación (procesal), prisión preventiva, prórroga del plazo, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "SAMPALLO BARRAGAN, María E. s/ rec. de apelación".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-30

Conforme surge del art. 3 de la Ley 24.390 modificada por la Ley 25.430 y del art. 332 del Código Procesal Penal de la Nación lo decidido respecto a la no extensión del plazo de prisión preventiva es inapelable por la parte querellante.
Procurador general, recusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Fiscal Nro.  9 de Rosario -Dr. Adolfo Claverie- s/ Recurso de inconstitucionalidad - Recusación - Posibles   irregularidades en la venta en subasta pública de un inmueble   realizado en Rosario (Expte.: C.S.J. Nro. 529 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

Debe desestimarse la reacusación contra el Procurador de la Corte Suprema de Justicia, ya que por imperio de lo dispuesto en el artículo 12 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (aplicable, art 23 ley 4106) los funcionarios del Ministerio Público, tal su máximo representante, no son recusables; y, no se advierte la necesidad de darlo por separado de la causa pues, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicho funcionario no tiene por misión juzgar, sino dictaminar y no puede, por ende, incurrir en forma alguna de prejuzgamiento.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba insuficiente
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MURRAY, PATRICIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-24

El agravio vinculado a la supuesta insuficiencia probatoria para convalidar la condena carece de adecuada motivación, por cuanto al desarrollarlo tan sólo transcribe de modo descontextualizado una parte de algunas de las declaraciones testimoniales prestadas para concluir sin más que las probanzas producidas serían insuficientes para destruir el estado de inocencia, manifestando con meras fórmulas genéricas su disconformidad con la confirmación de la condena, sin relatar cuáles fueron las pruebas producidas durante el proceso y evaluadas para arribar a tal conclusión ni cuál fue la prueba que hubo de haberse producido o de qué forma la Sala incurre en errónea valoración de la producida en autos. (Del voto de la mayoría. En disidencia parcial: Dres. Falistocco, Netri y Spuler)
Daños y perjuicios, jueces, desafuero
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDO G. MIRANDA c/ LEDESMA ANGELA Y OTROS s/ PREVARICATO-CUADERNILLO DE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA  DRA. ANGELA E. LEDESMA PREVARICATO-CUADERNILLO DE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA  DRA. ANGELA E. LEDESMA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-12-26

Para que prospere la reparación del perjuicio causado como consecuencia del irregular desempeño de la judicatura no es necesario el previo desafuero del magistrado. No debe confundirse inmunidad de arresto con inmunidad para la reparación de un supuesto perjuicio causado en el irregular desempeño de la judicatura, es por ello, que no es necesario el desafuero del magistrado mediante el respectivo juicio político. Por lo tanto, mientras el magistrado cuestionado se encuentre en el pleno goce de sus atribuciones, su eventual responsabilidad civil debe ser sometida a verificación judicial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Locación de cosas, restitución del inmueble, bienes muebles, restitución de bienes, contratos, firma, autorización tácita
Materia: CIVIL
Carátula: HERRERA Elena del Carmen y Otros c/ Poggi Tomás Roberto y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-19

Aunque la regla es que los contratos no pueden perjudicar a terceros (art. 1195 in fine del C.C.), la excepción se da en los casos de conexidad contractual, traducida en una misma operación económica que los comprende a ambos. De modo que puede suceder, que alguien actúe como parte en el contrato, pero la contratación incide en el patrimonio de otro en virtud de la representación que ejerce el primero quien queda obligado.

Hay aquí una representación sin poder, pero sí una ratificación tácita que se manifiesta con la restitución de los bienes muebles usados con motivo de la locación al finalizar ésta. Ratificación tácita que tiene efectos retroactivos al día del acto (conf. art. 1936, C.C), y puede provenir "de cualquier hecho suyo que necesariamente importe la aprobación de lo que hubiese hecho el mandatario" (art. 1935, C.C.).
Prescripción, recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso, selección de causas
Materia: PROCESAL
Carátula: Ure, Carlos Ernesto c/ Industrias Mag S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

El recurso extraordinario contra la sentencia que admitió la defensa de prescripción es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres.

Julio S. Nazareno, Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Mandato, mandato aparente
Materia: CIVIL
Carátula: Marbá, José Omar c/ Alcides Vallejos y Ana Teresita Itatí Leguizamón s/ Transferencia de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-09-25

Tanto la Jurisprudencia como la doctrina han hecho fecunda aplicación de la idea del mandato aparente, admitiendo que el mandante será obligado frente al tercero de buena fe cuando: 1) por culpa del mandante se ha creado una apariencia de mandato, lo que estaría configurado en la especie con la entrega, de parte de los titulares del dominio del automotor a una Agencia de Automotores, lo que debe reconocerse no es usual si sólo se lo había autorizado a su exhibición para conseguir un eventual comprador, 2) cuando no obstante no haber culpa del mandante, las circunstancias son tales que aún mediando la mayor diligencia por parte del tercero, ha podido confiar en la existencia de poderes, situación que también la podemos asimilar al caso dado en autos toda vez que el actor celebró la operación, nada menos que en una Agencia de Automotores, lo cual como bien señala el recurrente le hizo suponer que estaba celebrando una operación que, por el lugar donde se hacía, reunía todos los visos de seriedad y legalidad que pueden exigírsele a un ciudadano común, que además efectuó el íntegro pago del precio en esa oportunidad, recibiendo a cambio la tenencia del rodado y su cédula verde, y 3) Cuando hay mandato tácito, conclusión a la que ya se arribó por las consideraciones formuladas precedentemente al respecto. En resumidas cuentas, habiéndose configurado cualquiera de estos tres supuestos existe mandato aparente y se debe admitir que el mandante está obligado a transferir el automotor a nombre del actor, por cuanto la Agencia de Automotores celebró válidamente la permuta con el actor, como mandatario de aquellos.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, médicos, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados
Materia: LABORAL
Carátula: CHIAPPE, REINALDO GUILLERMO c/ PAMI s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

El hecho que las partes hayan suscripto un titulado contrato de locación, conforme a los términos de la ley 19710, 23371 y decreto PEN 3045/76, no resulta óbice para considerar que la relación existente entre el médico y el PAMI, reviste carácter laboral. Ello así pues el riesgo propio de la actividad corría por cuenta de la accionada, por cuanto más allá de la retribución "per cápita", se presentaba la circunstancia cierta de que la no concurrencia del paciente no incidía en el ingreso del profesional.
Prescripción, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALES ABALOS, CARLOS LEON c/ TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEL COLEGIO DE ABOGADOS s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-08-03

La aplicación de las normas relativas a la prescripción en el derecho disciplinario sancionador debe ser aplicado por analogía con el derecho penal, y desde el punto de vista formal el planteo de prescripción de la acción penal puede ser formulado en cualquier etapa del procedimiento e, incluso, declarado de oficio por el Tribunal si así correspondiere.
Asociación ilícita, concepto de banda
Materia: PENAL
Carátula: Bearth Carrasco, Juan S. y otro s/ recurso de casación. Causa: 177
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-12

La expresión banda debe ser interpretada en su concepto usual, es decir como conjunto de personas que en ciertos delitos asume por si sola una especial gravedad que la ley debe computar en contra del delincuente por la mayor magnitud del peligro que implica esa participación conjunta para los bienes jurídicos en juego, resultando dicho atentado menos dificultoso para el delincuente.
Jurisdicción y competencia, contratos internacionales, juicio de árbitros, jueces naturales
Materia: COMERCIAL - PROCESAL - INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: ENRIQUE C. WELBERS  S.A.I.C.A.S. c/ EXTRARKTIONSTECHNIK GESELLSCHAFT FUR ANLASENBAV  M.B.V. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-26

Si en un contrato celebrado en el extranjero para ser cumplido también en el extranjero, se conviene la aplicación de la ley argentina y la constitución de un tribunal arbitral regido en su formación y actuación por las normas de arbitraje de la cámara de comercio argentino-alemana de buenos aires, es competente el juez argentino para entender en la demanda de constitución del tribunal arbitral.

La validez de la cláusula arbitral, la ley aplicable a la misma, y la jurisdicción internacional para resolver las controversias que suscite, son independientes del contrato que instrumenta la relación de fondo, aún cuando dicha cláusula se encuentre incorporada a este último. Por lo tanto, y sin necesidad de recurrir a la norma general sobre jurisdicción internacional en materia de contratos -CCIV 125, que conduce al mismo resultado-, en tanto existe en nuestro derecho una indudable retención del imperium del órgano jurisdiccional estatal sobre el arbitral -tal es el fundamento del CPR 753-, el juez argentino es competente para expedirse sobre el cumplimiento de la convención arbitral referida a un arbitraje con asiento en su jurisdicción.

La expresión "juez de la causa" del CPR 742 es una referencia al juez que recibe su potestad de la soberanía argentina, y no al juez extranjero que resulta competente para entender en la relación de fondo según las normas de jurisdicción internacional. Dicha referencia, en tanto es una reiteración del texto de la ley 17.454:

769 vigente en épocas en que aún no se admitía la prórroga de jurisdicción en jueces o árbitros extranjeros, tiene su ámbito de aplicación en el arbitraje interno, en el cual el juez de la causa es siempre un juez argentino, resultando inadecuada respecto del arbitraje internacional comercial.

Las jurisdicciones internacionales en materia contractual no son exclusivas sino concurrentes; junto a la competencia del juez del lugar de cumplimiento del contrato y del domicilio del deudor, se abre la competencia concurrente del juez argentino para entender en el litigio de fondo, con base en un paralelismo entre competencia legislativa y competencia jurisdiccional, habida cuenta de que por elección de las partes la ley aplicable al fondo del litigio es la ley argentina.
Nulidad de sentencia, excesos u omisiones en el pronunciamiento, competencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: TURON de TOLEDO s/ denuncia Causa nro. 12.005
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

El juez de grado se ha pronunciado sobre hechos que exceden su competencia, lo que determina la nulidad de su decisión por inobservancia de las reglas que regulan la distribución de competencia, correspondiendo examinar cada uno de los hechos denunciados y determinar si se encuentran contenidos dentro del objeto procesal de causas que hubieran tramitado ante otros Tribunales, en cuyo caso deberán remitirse a su conocimiento.
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, resoluciones inapelables, declaración de incompetencia, nulidad procesal, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ ALTO PALERMO Y OTROS s/ IMPUGNACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-08

En el caso, la sentencia recurrida mediante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto no tiene carácter definitivo porque se ha limitado a resolver cuestiones meramente procesales, tales como la de incompetencia y nulidad.

Al respecto cabe señalar que "la resolución que determina el tribunal competente para conocer en un litigio no es sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario pues a más de no poner fin al pleito, no imposibilita en modo alguno su ulterior tramitación" (Fallos, 242:308, entre otros).

El fundamento de la "no definitividad" de las decisiones sobre competencia radica en que ellas no ponen fin a la controversia en cuanto sugieren la existencia de alguna instancia para dilucidarla, y al no pronunciarse sobre las pretensiones de las partes deja incólume el derecho de ellas para accionar por la vía que corresponda (Guastavino, Elías P., Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, To. 2, pág. 757, Ed. La Rocca, Bs. As. y sus citas y CSJN, Fallos, 229:618, 268:90; 272:148; 273:234).
Concesión parcial del recurso, horas extra, monto del juicio, prueba insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: ELLERO, José Luis c/ POLIURETANOS CATAMARCA S.A. Y OTRA s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2017-02-02

Procede parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la codemandada y corresponde rechazar el rubro "horas extra" en concepto de diferencias salariales -reduciendo así el monto de condena-, dado que desde el inicio de la relación laboral y mientras ésta estuvo vigente, el trabajador nunca efectuó reclamo alguno sobre supuestas horas extra trabajadas y no cobradas, luce probado que se le liquidaba correctamente su sueldo todos los meses, se realizaban los aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social conforme a ley, suscribiendo el actor todos los recibos de haberes en plena conformidad, la que sólo puede caer ante una prueba tan sólida que despeje toda duda al respecto, exigiéndole al trabajador elementos probatorios suficientes y contundentes que demuestren que, efectivamente, realizaba las horas extra que dijo realizar de manera habitual y permanente durante todo el tiempo en que perduró el vínculo laboral.
Recurso de casación, procedencia del recurso, resoluciones equiparables a definitiva, ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL
Carátula: PALAVECINO, JUAN CARLOS c/ CORTES, JULIO A. Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2011-05-23

Si bien en principio, las decisiones que se dictan en materia incidental y en la etapa de ejecución de sentencia -por tratarse de meros autos interlocutorios- no ostentan el carácter de sentencia definitiva, siendo por lo tanto ajenas a la instancia extraordinaria de la casación; cabe hacer una excepción a dicha regla, cuando se trata de un pronunciamiento con aptitud de causar un gravamen que por su magnitud resulta de insuficiente, tardía o imposible reparación ulterior, pues la cuestión que lo motiva -aplicación de la ley de consolidación al crédito reconocido en autos- no podrá debatirse nuevamente en una etapa posterior o ser subsanada por otra vía.
Competencia federal, obras sociales, Obra Social Bancaria Argentina, contrato de trabajo, indemnización por despido, falta de preaviso
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Borghi, Emilia Gregoria c/ ISSB. Instituto de Servicios Sociales Bancarios s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

Corresponde a la justicia federal entender en la demanda contra el Instituto de Servicios Sociales Bancarios persiguiendo una indemnización por despido y por falta de preaviso (arts. 38 y 15 de la ley 23.661 y art. 12, inc. b) de la ley 23.660).
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, exenciones impositivas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Demanda contencioso administrativo Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23|1987-06-02

Las exenciones otorgadas en favor del Banco de la Provincia de Buenos Aires fueron mantenidas por la ley 9548 (B.O. 26-VI-80) que, no obstante derogar los beneficios de exención de impuestos, tasas y contribuciones a empresas, Bancos, etc. estableció que la derogación no alcanzaba a dicha entidad bancaria.
Estados contables, valor probatorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Dislac Chubut S.R.L. c/ Basterrechea de Fresco, María Susana s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-08-24

Encuadrada la relación entre las partes en el ámbito del derecho comercial, la demandada no puede limitar su defensa a una simple negativa, sino que debió demostrar a través de sus libros de comercio, llevándolos en legal forma, la improcedencia de las reclamaciones que se le formulan, respaldando de esta manera su posición con la instrumentación pertinente requerida por la ley mercantil. De lo contrario se somete a lo dispuesto en el art. 63 del Código de Comercio, con todas sus consecuencias al no haber intentado la otra parte siquiera otra plena prueba respecto de lo que surge de las registraciones de su adversario.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, acción de amparo, derecho a la salud, personas con discapacidad, tratamiento médico, programas de salud, cobertura, gastos médicos, acción de reintegro
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pomerantz, Marcela Edith c/ Programa Federal Incluir Salud Unidad de Gestión Santa Fe y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-21

La presentante no consigue delinear adecuadamente un posible menoscabo a su derecho a la jurisdicción en el pronunciamiento atacado, desde que la Sala hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora confirmando la procedencia de la pretensión deducida por la accionante en orden a que la Provincia de Santa Fe -como unidad de gestión provincial del Programa Federal Incluir Salud- brinde en adelante las prestaciones médicas prescriptas por el equipo médico tratante de su hijo, de acuerdo con el mecanismo delineado por el Juez de baja instancia; y, por otro lado, revocando parcialmente la decisión del Magistrado anterior, en cuanto había rechazado la pretensión actoral referida a la devolución de los gastos de tratamiento pasados que se afirmaron realizados -ordenando por ende el reintegro de las sumas reclamadas-, en el entendimiento de que en sede apelatoria estaba fuera de controversia el diagnóstico del paciente, así como la necesidad de que su tratamiento de salud -según las prestaciones médicas prescriptas por su equipo médico tratante- fuese cubierto de manera integral y total por el programa antes mencionado, por intermedio de la Provincia y sus efectores públicos, y que, en las particulares circunstancias del caso y a la luz de la ley 24901 y de diversos Tratados Internacionales de rango constitucional, devenía manifiestamente arbitraria la conducta asumida por la demandada en relación a los gastos ya realizados, en cuanto aquélla había interrumpido sorpresivamente, de manera paulatina y unilateral, la dinámica de cobertura de prestaciones mediante reintegros que venía desplegándose entre las partes, en tanto -consideró- ello comprometía el derecho a la salud de una persona con discapacidad al poner en peligro la continuidad de su tratamiento.
Quiebra, calificación de conducta, administración de la sociedad, legitimación pasiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROTUNDO SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-14

La incidencia que cabe asignar a la LC 238 en su nueva redacción ( miembros del órgano de administración), en orden a la presunción de culpabilidad e inversión de la carga de la prueba, no es aplicable sin más a la totalidad de las causales de culpabilidad y fraudulencia comprendidas en la LC: 235 y 236. Tal presunción alcanzaría únicamente a aquellas en las que, como acontece con el art. 235 Inc. 11, la infracción al comportamiento debido es imputable al sujeto por el sólo hecho de integrar el órgano, sin necesidad de demostrar acción u omisión concreta alguna de parte de aquel que permita atribuirle la coautoría material comprobada de la conducta actuada por el órgano.