Revisión judicial, empleados públicos, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gomez, Fernando Daniel c/ Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social y Estado Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-09-08

La responsabilidad del funcionario y del empleado público surge -lato sensu - cuando ejercen sus funciones en forma irregular, pudiendo ella dar lugar a distintos tipos de responsabilidad (política, penal, civil y administrativa) cuya diferencia esencial radica en los distintos bienes o valores jurídicos que respectivamente tienden a proteger o tutelar.- Cuando de responsabilidad penal se trata, la conducta del agente público debe configurar una infracción considerada delito -doloso o culposo - por el C. Penal o las leyes especiales; la determinación y sanción por este tipo de responsabilidad incumbe a los órganos judiciales, diferenciándose de la responsabilidad disciplinaria o administrativa (conceptos sinónimos) en que ésta se regula por el derecho disciplinario y se hace efectiva a través de la potestad disciplinaria de la administración pública.

Esta responsabilidad administrativa aparece cuando el agente comete una falta de servicio, transgrediendo reglas propias de la función pública. Suelen darse ocasiones en las que un mismo hecho cae bajo la órbita del régimen penal y del régimen disciplinario administrativo y citando a un autor precisa que "si bien es cierto que el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso penal son diferentes por su génesis, sus fines y sus sanciones, y teóricamente puede admitirse "un cierto paralelismo entre ellos, práctica y racionalmente ha de evitarse que un mismo hecho de lugar a decisiones contradictorias en el proceso peal y en el proceso administrativo" porque "la verdad judicial debe ser en lo posible única" lo que "da como resultado que si se absuelve en la instancia penal a un funcionario, la sanción administrativa no sería procedente si se invocasen, exacta y precisamente, los mismos hechos y circunstancias que sirvieron de base al pronunciamiento penal" (cfme. Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", t. III-B, págs. 427/428)" siendo que el presente caso la denuncia penal no tramitó debido a circunstancias singulares, tal como la espera de nuevas pruebas, por tal razón no es determinante lo que aconteció en tal órbita para la solución a que se arribó en sede disciplinaria, estimando que no corresponde -entonces- revocar lo decidido en sede administrativa disciplinaria.- Para decidir acerca de la cuestión traída es necesario establecer, en primer término, los límites impuestos a este órgano en cuanto al control jurisdiccional de sanciones disciplinarias aplicadas por la Administración, en este orden de ideas este Alto Cuerpo tiene dicho que: "no puede el Tribunal arrogarse el poder disciplinario propio de la administración, su acción debe limitarse a controlar la legitimidad del proceder administrativo, a verificar si la decisión se ha adecuado a la norma específica si no resulta arbitraria o ilegal, debe establecerse si se ha aplicado debidamente el estatuto, si los hechos invocados como fundamentos de la decisión existen, son realmente como la administración los califica y resultan determinantes de la sanción separativa".

En similar sentido que en cuanto al control de legitimidad que le compete realizar al órgano jurisdiccional, este Superior Tribunal de Justicia -con opinión unánime de sus miembros- ha sostenido que: "atento al reiterado criterio de este Cuerpo de que el control jurisdiccional de sanciones disciplinarias se encuentra limitado a la verificación de las condiciones de legitimidad de la actividad administrativa desplegada para la formación del acto sancionatorio en este orden: 1) si se acreditó la materialidad de los hechos invocados como motivo de la medida disciplinaria y, en su caso, 2) si ellos configuran los supuestos previstos en la normativa escogida como fundamento del correctivo y 3) si éste se encuentra comprendido en la conminación punitiva genérica de la norma; finalmente, 4) si la determinación concreta de la sanción resulta ajustada a la entidad de la falta cometida y encuentra sustento motivante en los fundamentos expuestos por el órgano que ejerció la potestad disciplinaria.