Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-27


Comodoro Rivadavia, 27 de febrero de 2007.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "A, R M c/ A N, W J y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. Nro. 16.200/2006, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2, Secretaría N° 3 (Expte. Nro. 352/2005).

Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada, por haber interpuesto la parte actora, a fs. 374, recurso de apelación contra la sentencia de fs. 371/373 que declara extinguido el proceso por caducidad de instancia.- Se agravia la recurrente a fs. 376/379vta. por entender que el a-quo en su resolutorio ha omitido considerar el análisis de los requisitos establecidos por el ordenamiento procesal para la declaración de caducidad de instancia.

Señala como primer agravio que se encuentra pendiente el dictado de resolución de un planteo de nulidad articulado por el co-accionado a fs.295 y vta., por lo que la demora en la prosecución del trámite es imputable al Tribunal, siendo de aplicación la excepción prevista en el art. 313 inc.3° del CPr..

En segundo lugar expresa que el planteo de caducidad resulta extemporáneo de acuerdo a lo dispuesto en el art.315 del C.P.C.Ch, y que dicha circunstancia no fue advertida por el Juez de grado.

En su tercer agravio aduce que el resolutorio que impugna abunda en consideraciones no controvertidas ni planteadas por las partes; y que si bien se examinó el carácter interruptivo del avocamiento conforme lo planteado, no se trató el efecto de las notificaciones de las partes que, a su entender, era esencial para la dilucidación de la cuestión.

Por último destaca que en autos se encuentra cumplida toda la prueba tanto de su parte como de las demandadas, situación que debió tener en cuenta el a quo y proceder de oficio a disponer la clausura del período probatorio, siendo por tal motivo y conforme lo normado en el 3° inc. del art. 313 ya citado, improcedente la declaración de caducidad de la instancia.- Estando debidamente notificada la contraria, no contesta los agravios del quejoso.- I.- A fin de resolver la cuestión traída a esta Alzada corresponde señalar que la caducidad de la instancia supone el abandono voluntario del trámite procesal durante los lapsos que la ley determina y precisamente la inactividad que configura uno de los presupuestos de la misma se exterioriza en la no ejecución de acto alguno por ambas partes o por el órgano judicial, o por la realización de actos carentes de idoneidad para impulsar el procedimiento (Cfme. Palacio "Derecho Procesal Civil", T.IV, pág. 221).

La parte que da vida a un proceso debe asumir la carga de urgir su desenvolvimiento y decisión, porque de lo contrario expone a la otra parte a la pérdida de tiempo y dinero que implica una instancia indefinidamente abierta e impone a los órganos judiciales una actitud de incierta expectativa, con respecto a los deberes que les conciernen (aut. y ob. cit. T. IV, pág.217/218).

Con tales directrices, corresponde entrar al análisis de los actos anteriores al acuse del co-demandado de fecha 23 de noviembre de 2005 (fs. 364).- Al respecto cabe acotar que como principio de carácter general, constituyen actos interruptivos de la caducidad toda "petición de las partes, o resolución o actuación del tribunal que tuviese por efecto impulsar el procedimiento" (art. 311 del CPN).

Reiteradamente la jurisprudencia ha decidido, en concordancia con ese principio, que configuran actos interruptivos todos aquellos que, cumplidos por cualquiera de las partes, por el órgano judicial, o por sus auxiliares, resulten particularmente idóneos para promover la marcha del proceso, es decir, para hacerlo avanzar de una a otra de las distintas etapas que lo integran.- Atento ello, surge que el último acto interruptivo del curso de la perención de la instancia es el escrito de fs. 362, del 7 de julio de 2005 por el que el letrado apoderado de la parte actora se notifica del avocamiento del Juez que va a continuar entendiendo en la causa.- II.- El primer agravio de la actora radica en el entendimiento que existía pendiente de resolución un planteo de nulidad articulado por una de las demandadas a fs.295/295vta. que no mereció tratamiento por parte del Juez de grado, actividad pendiente del Tribunal, que encuadraría en las previsiones del art. 313 inc. 3 del CPr.- A fin de dar respuesta a tal argumentación, corresponde determinar si existía pendencia en el dictado de una resolución o cuestión cuya carga se le atribuya por la ley al Tribunal, por cuanto "la carga de los litigantes de instar el procedimiento, aunque, en principio, se extiende a todo el curso de éste, desaparece cuando existe un deber del Tribunal, porque la carga de litigante termina donde empieza el deber del juez (Sentis Melendo, "Perención de la Instancia y carga procesal", Rev. Colegio de Abogados La Plata, año IV, Nº 8, p. 437, en Morello-Sosa-Berizonce, "Código Procesal", T IV-A, p. 166, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1989, idem. Sala A, sent. Int. N1 291/96 del 05/ 11/96, en autos "N S.A. c/ D B R, J C y otro s/ Ejecutivo", Expte. Nº 9075/96).- Si bien le asiste razón al quejoso en orden a que la nulidad articulada nunca fue resuelta, omite considerar que la interposición de la misma data del 21 de mayo de 2004, más de un año antes del planteo de caducidad articulado; y que nunca fue proveída por lo que mal puede encontrarse en estado de resolver.

Lo que produce la suspensión de la carga impuesta a la parte de impulsar el procedimiento es la providencia por la que se llama autos para resolver o para sentencia, y permanece en tal situación mientras no se notifique a las partes la sentencia para cuyo dictado se habían llamado los autos; pero la inactividad del tribunal que impide el transcurso de los plazos de caducidad, no se refiere a la demora en dictar providencias de mero trámite, que deben ser ürgidas por los interesados (CNCiv., sala D, 31/5/72, LL Litoral, 1998-2-1038).- A lo expuesto se suma que conforme surge de autos, el propio accionante continuó hasta el mes de mayo del año 2005 (fs. 310, 316/317, 318/319, 338, 357/358) instando su prueba sin importar el resultado de la incidencia incoada por una de sus contrarias, al que nada dijo; por ello no puede pretender ahora con ese argumento sustentar su defensa, desestimándose su pretensión en este punto.- III.- El segundo agravio referido al consentimiento de la contraparte de la caducidad luego pretendida, por entender que al haberse notificado del avocamiento con fecha 15 de noviembre de 2005, y plantear la perención de la instancia recién el 23 de noviembre de ese mismo año, en forma extemporánea, también debe ser desestimado.

En efecto, se equivoca el quejoso al considerar que el plazo de interposición de caducidad empieza a correr a partir de la notificación por parte de quien pretende la caducidad del avocamiento del nuevo Juez que va a entender en la causa, toda vez que dicha notificación no importa un acto de impulso procesal que permita considerar que la contraria consiente que la instancia continúe.

El acto procesal idóneo para que opere la subsanación de la instancia debe ser efectuado por la parte o por el tribunal y debe impulsar el procedimiento, es decir, debe hacerlo avanzar, progresar.- La purga supone siempre la realización de actos impulsorios del procedimiento acaecidos con posterioridad al vencimiento del plazo legal.

La caducidad se considera purgada sólo si después de vencido el término previsto en la ley, se ha producido un acto útil, éste ha sido notificado por cédula y la parte lo ha consentido, no denunciando oportunamente la caducidad" (SCMendoza, Sala I, 20/3/98, Rep LL, 1998-270, N° 14).- Toda vez que la notificación invocada por el quejoso no constituye por sí sola un acto de impulso del procedimiento, no puede considerarse que el planteo haya sido extemporáneo.- IV.- El tercer agravio referido a la aptitud interruptiva de la caducidad de instancia que le atribuye el quejoso a las notificaciones del auto que hace saber a las partes el Juez que va a conocer, tampoco puede prosperar.

En efecto, si bien le asiste razón al apelante en relación a que es pacífica la jurisprudencia que entiende que: "Interrumpe la perención el escrito por el cual el actor se notifica del auto que hace saber el juez que va a conocer" (CNCiv., Sala A, 7/2/64, LL 116-781, 10801-S; no cabe otorgarle el mismo efecto a las notificaciones posteriores realizadas por los demandados en forma voluntaria.

Ello así porque a partir del momento de presentación del escrito de fs.362 comenzó a correr nuevamente para el quejoso el término de caducidad, el cual no fue interrumpido por "acto útil alguno".

Correspondía al mismo actor (notificado del auto de fs.361) instar el trámite de la acción notificando a los contrarios del avocamiento, toda vez que en materia de proceso civil la carga de la confección de las cédulas tendientes a la notificación de los actos procesales queda en manos de los litigantes.

En efecto, "la notificación por cédula.no puede considerarse que sea una diligencia que estuviera a cargo exclusivo de la secretaría, por tanto, como al apelante actor le incumbe, en principio, mantener vivo el proceso, su falta de impulso determina en el caso que le resulte imputable el transcurso del término, ya que la inactividad de la secretaría no releva al interesado de su obligación de instar el procedimiento" (CNCiv., Sala G. 10/2/84, LL, 1984-B-302 cit. por Loutayf Ranea-Ovejero López "Caducidad de la Instancia" Ed. Astrea 2005, p. 438).- Además, la circunstancia que un co-demandado haya comparecido a notificarse personalmente de la providencia mencionada, no libera al litigante interesado de la carga de instar por su lado el cumplimiento de las restantes notificaciones; y mucho menos le otorga el carácter de acto interruptivo en su exclusivo beneficio, si nada hizo el accionante por impulsar la acción.- Y aún cuando la actora hubiera notificado el avocamiento del nuevo juez, tampoco realizó ningún otro acto procesal que tuviera por finalidad instar el procedimiento hacia su fin, por el término que media entre el ultimo acto considerado como de impulso a fs.362 (7/7/05) hasta que fuera interpuesto el presente incidente por la co-demandada a fs.364 (23/11/05), habida cuenta que las notificaciones personales efectuadas por los contrarios carecen de efectos impulsorios del trámite; y por ende, de efectos interruptivos.- Sumado a lo expuesto, cabe recordar lo dicho en ordena a que: "La caducidad de la instancia es un instituto procesal que tiende a sancionar la falta de diligencia o actividad de las partes, pues su fundamento radica en la necesidad de evitar la duración indefinida de los procesos.

Es por ello que los litigantes tienen la carga de impulsar el trámite del juicio hasta ponerlo en condiciones de ser decidido, pues a partir de allí -autos pendientes de sentencia- concluye su obligación.

En anterior composición, el tribunal ha señalado que la doctrina procesalista se ha ocupado de este tema, definiéndose tres posiciones: a) una exige que "los actos interruptivos para ser tales, deben ser útiles, idóneos, adecuados al estado del proceso y efectivamente eficaces para alcanzar su cometido de hacer avanzar el proceso"; b) la opinión opuesta considera que "es suficiente que el acto ponga de manifiesto la voluntad del litigante de mantener vivo el proceso, haciendo saludo de presencia y existencia, aunque no sólo conduzca hacia adelante, sino que ni siquiera tenga aptitud virtual de pretenderlo"; c) y en medio de ambas existe un criterio estático y moderado que considera actos interruptivos los que "tengan dirección apta para comunicar un adelanto al estado del juicio y la fuerza necesaria para obtenerlo, aunque de hecho tal finalidad se frustre o quede postergada" (cf. Loutayf Ranea, R. y Ovejero López, G., "Caducidad de instancia", Ed. Astrea, pg. 98).

La última de las posturas y las que se le acercan en grado inmediato, es la prevaleciente y debe ser tenida por atendible para reconocer eficacia interruptiva del curso de la perención.

En concordancia, se ha dicho que es acto interruptivo de la caducidad de la instancia, conforme lo normado por el art. 311 del Código Procesal (ADLA, XXVII- C.2649), aquél que tuviere por efecto impulsar el procedimiento", es decir, aquél que tiende a que el proceso avance, o a activarlo en forma directa e inmediata y resulte adecuado al estado de la causa, con prescindencia del resultado o eficacia de la actuación o pedido (CNEsp.C.y Com., Sala I, 6.8.79, M J.M.).

En esa línea de pensamiento, "cabe entender por impulso procesal toda actividad de las partes o del juez tendiente a hacer avanzar el proceso, cumpliéndose diferentes estadios que integran su contenido, a fin de que adquieran su completo desarrollo.

Debe tratarse de una actividad idónea y adecuada -de conformidad con el estado de la relación en definitiva- para alcanzar el fin querido por el litigante, que es la sentencia, luego de transitar las diferentes etapas que integran cada proceso (cfr. CSJTuc., autos "R, D R y otros vs. S Ob. y E M de T s/ Cobro de daños y perjuicios", sentencia del 11/9/95; "M, J O. vs. U del P C de la Nación s/ Cobro ejecutivo de pesos", sentencia del 25/4/97; autos "G, N y otro vs. G, H F. y otro s/ Simulación", sentencia del 22/02/99).

DRES.: AREA MAIDANA - BRITO - DATO.

En igual sentido Sent. Nº 899 "A H T Vs. S.A. s/ Indemnizaciones" del 24/10/01.

En igual sentido Sentencia N° 106 "V Vda. de J M Vs. D P de V y Otro s/ Daños y Perjuicios" del 10/03/03.Sentencia N° 464 - "B DE C DE T c/ L J C Y OTROS s/ ACCION DE SIMULACION" - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal - 11/06/2001).- V.- Con relación al último de los agravios invocados, toda vez que de una lectura liminar de las presentes actuaciones surge que se encuentran pendientes de producción y/o respuesta una gran cantidad de medios probatorios tanto del actor (reconocimiento de documental, periciales caligráfica y médica, testimoniales e informes), como de las demandadas y citada en garantía (confesional, testimoniales, informativas, entre otras), los fundamentos esgrimidos carecen de sustento fáctico.- Por todo lo expuesto deben desestimarse los agravios vertidos y confirmar la sentencia venida en apelación.- VI.- Las costas de la Alzada se imponen al apelante vencido (arts. 68 y 69 del CPr.), debiéndose regular honorarios de acuerdo a la ley arancelaria teniendo en cuenta los trabajos realizados en esta instancia, el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada, siempre dentro de los porcentuales previstos por el art. 14 del Dto. Ley 2200 (t.o. ley 4335).

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 374 confirmando la sentencia de fs. 371/373.- 2) Costas de la Alzada al recurrente vencido.

Regúlense los honorarios profesionales del Dr. V M C A en el treinta por ciento (30 %) de lo regulado en el presente incidente en la primera instancia y los del Dr. R H Á en el veinticinco por ciento (25%) de lo que le fuera regulado en el presente incidente por sus trabajos en la primera instancia.- 3) Regístrese, notifíquese, devuélvase.

La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Señora Juez de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y concordar en la solución del caso (artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo.:

Graciela Mercedes García Blanco, Presidente.

Nélida Susana Melero, Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL N° 33DEL AÑO 2007.

DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS