Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-03-17


NEUQUEN, 17 de marzo de 2011.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "PICHAUD ESTRELLA DANIELA C/ ASOC. CIVIL SUEÑOS DEL SUR S/ COBRO DE HABERES", (Expte. Nº 371.067/8), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 3 a esta Sala III integrada por el Dr. Marcelo Juan MEDORI y el Dr. Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo:

I.- La parte actora formula apelación a fs. 249/251 y vta., contra la sentencia del 26 de marzo de 2010 (fs. 242/244) que rechaza la demanda, cuyo traslado no mereció responde de la contraria.

La recurrente se queja en primer lugar, porque la sentencia rechaza íntegramente su pretensión fundada en el despido incausado, y le impone las costas del proceso. Manifiesta que se equivoca el a quo al considerar que la prueba reunida no alcanza para acreditar que su parte, laboró para demandada.

Aduce que el Juez de grado pareciera entender que, por el sólo hecho de que la demandada es una Asociación Civil sin fines de lucro, se encontraría exenta de cometer fraude laboral.

Sostiene que la sentencia apoya sus conclusiones valorando solamente la prueba documental adjuntada por la demandada, sin tener en cuenta la realidad de los hechos invocados como fundamento de la demanda, los que -interpreta- se encuentran debidamente acreditados con las testimoniales y documentación adjuntada por su parte.

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión traída a estudio, adelanto que los agravios no tendrán acogida favorable.

En efecto: el hecho de que la demandada sea una asociación civil sin fines de lucro destinada a cumplir tareas de índole altruista, no es un dato menor a los fines de verificar concretamente si en el caso bajo tratamiento, existió un contrato de trabajo en los términos de los arts. 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Si bien tal circunstancia no implica que una asociación no pueda tener personal a su cargo bajo relación de dependencia, ese extremo debe ser debidamente demostrado por quién lo invoca.

La presunción establecida por el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, no resulta suficiente por sí misma para de tener por acreditada la relación laboral, pues en el presente caso existen circunstancias particulares que ameritan, junto a la presunción enunciada, exigir un plus probatorio a los fines de su demostración.

La propia documentación adjuntada por la actora (contrato de fs. 8/9) resulta claramente contradictoria con las pretensiones expuestas en la demanda.

En el contrato mencionado, la accionante (pauta primera) reconoció expresamente que la Asociación es una institución que necesita de la participación solidaria de los ciudadanos, en actividades sin fines de lucro y con el objeto de asistir y ayudar como objeto social de la misma, en la prestación gratuita de servicios para la infancia en estado de pobreza o abandono.

A su vez, en la cuarta se establece que: "La prestación del servicios por parte del VOLUNTARIO no podrá reemplazar al trabajo remunerado y se presume ajena al ámbito de la relación laboral y de la previsión social. Debe tener, carácter gratuito".

Mientras que en la cláusula sexta se pacto que: "Los reembolsos de gastos ocasionados por el VOLUNTARIO efectuados por la FUNDACIÓN, en ningún caso será considerado remuneración".

Además, en el mencionado contrato, se detalló que las tareas que desempeñaría la Sra. Estrella D. Pichaud, sería de de apoyatura escolar; por lo que de los términos del acuerdo en cuestión, surge claramente que entre las partes no existía una relación o vinculo laboral en los términos dispuestos por los arts.

21 y 22 de la LCT.

Lo expuesto se encuentra corroborado a través de las testimoniales rendidas en autos:

Así a fs. 200 la Srta. Nadia Belén Palavecino, testigo en la causa, expuso que:

"...es voluntaria en la Asociación en el taller de Panadería, y a la actora la conozco de haberla visto un par de veces." además agrego que: "El Sr. David Torres es el coordinador el responsable de ese lugar. Yo vivo en una de las casas de la institución donde esta el proyecto y el dinero que recibo es para mantener la casa y mis gastos personales. Recibo $500.". Al referirse a la actora dijo que: "Supongo que la actora también recibía dinero porque ella estaba dando clases de apoyo y pienso que algo recibía. Ella no vivía en ese lugar..." En cuanto a la carga horaria que cumplía la actora, la deponente señaló que:

"Creo que cuatro días, de lunes a jueves, lo sé porque cada tanto se hacía una reunión de organización y ahí sabíamos que actividad hacía cada uno." En lo que respecta a la antigüedad de la accionante, apunto que: "Fueron un par de meses.

No me acuerdo cuando comenzó la actora a dar sus clases de apoyo. Sé que fue en el verano hasta que empezaron las clases. Ahí ya no dio más clases de apoyo...".

A fs. 202 y vta., María José Vázquez, al hacer referencia a la ayuda económica que percibían los voluntarios de la Asociación expuso que: "No recibía ninguna contraprestación sino que nos daban para los viáticos y para los gastos que teníamos nosotros, es decir la gente que militábamos ahí, habían educadores populares y gente que realizaba actividades con los niños. La suma que me daban depende, cuando recién inicie fue con $500 y ahora último, en agosto septiembre, cerca de $900. No tenía que firmar ningún tipo de comprobante por ese dinero... Calculo que la actora percibía una suma así igual que todos los que estábamos ahí..." En cuanto a la actividad y carga horaria de la actora, señalo que: "La actora no sé cuándo comenzó a esta ahí, sé que fue poco tiempo. Daba apoyo escolar a los chicos, cuatro veces de la semana, de lunes a jueves, tres horas. cada uno podía elegir cuantas horas podía estar en la asociación..." Conforme surge del testimonio transcripto precedentemente, la situación de la actora no era diferente a la de los demás integrantes de la asociación, pues el hecho de coordinar horarios responde a una cuestión de índole organizativa.

Asimismo, la circunstancia de recibir una ayuda económica dentro del contexto en cómo se desarrollaron los acontecimientos, de ninguna manera puede considerarse que hubiere existido una remuneración en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo.

A idéntica conclusión se arriba del testimonio brindado por Nora Luján Gómez, quien dijo: "Sé que le pagaban $400 porque solíamos comentarnos que no nos alcanzaba para fotocopias y gastos de la casa...".

A fs. 204 y vta., Verónica Andrea Alonso, luego de coincidir con los testimonios anteriores en cuanto a la tarea que efectuaba la accionante en la Asociación "ayuda escolar", expuso que: "Yo creo que si recibía algún aporte por lo que la actora hacía, porque todos los que colaborábamos con la asociación recibíamos algún aporte para gastos y viáticos...".

Los testimonios analizados concuerdan con la modalidad de la actividad llevada a cabo por la Sra. Pichaud en la Institución. Es más, la bonificación o ayuda que recibieran los voluntarios (en el caso $400), no acredita -por sí sola- la existencia de una relación laboral, pues esta modalidad de ayuda se encuentra prevista en el acuerdo firmado por las partes.

Por otra parte, el pago de una remuneración estaría en contraposición con los lineamientos de la cláusula cuarta del contrato mencionado que luce a fs. 8/9.

A su vez, de la pericia contable (fs, 223/226), se desprende que la demandada no cumple con requisitos de la Ley de Contrato de Trabajo ni con los Convenios Colectivos, pues no existe inscripción como empleador ante la AFIP. Además que, de sus registros contables no se pudo determinar pago alguno a favor de la actora, toda vez que de los balances anuales no surgen gastos relacionados con conceptos laborales.

Por otra parte, en oportunidad de aclarar el informe pericial, a fs. 228/229 expuso que:

"Los ingresos de la Asociación Civil Sueños del Sur se componen fundamentalmente de subsidios Nacionales y Subsidios Provinciales, por tratarse de entidades sin fines de lucro con fines sociales. A su vez a estos ingresos se le agregan las cuotas sociales mínimas de los asociados, que tienen una frecuencia mensual, y que son de afectación general, siendo que los subsidios, se tienen para fines específicos".

Y también que:

"La Asociación Civil Sueños del Sur, no se encuentra inscripta como empleadora y por ende tampoco posee rubricado el libro del art. 52 de la LCT".

Cabe señalar que el informe en cuestión, no ha merecido ningún tipo de observación de las partes.

De todo ello, concluyo que tratándose la demandada de una asociación civil sin fines de lucro, siendo habitual para el logro de sus objetivos la colaboración de personas de distintas especialidades "VOLUNTARIOS" en la tarea diaria de educar, incentivar y sostener a un gran numero de niños en estado de indigencia o condición precaria, quién invoque la existencia de una relación de índole laboral, no sólo debe acreditar la prestación de tareas, en los términos del art. 23 de la LCT, sino que el desarrollo de las mismas cumplen con una modalidad distinta que la de ordinario implementa la asociación.

Entiendo que esta última circunstancia no ha sido debidamente acreditada por la actora, y en aplicación del principio de Primacía de la Realidad, corresponde confirmar el fallo apelado.

III.- Por lo expuesto, propongo al Acuerdo se confirme la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios, con costas al vencido (art.

17 ley 921), debiendo regularse los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo dispuesto en el art.15 de la ley arancelaria vigente.

Tal mi voto.

El Dr. Medori dijo:

Que habré de adherir a los argumentos del vocal preopinante, destacando como relevante el marco estatutario regulado en la Ley 25.855 de Promoción del Voluntariado Social al que se sujetaron las partes, y que era conocido por la actora al tiempo de vincularse con la demandada conforme resulta del instrumento obrante a fs. 8 y 9 en el que se da expreso cumplimiento a la previsión del art. 8 de la citada norma: "Los términos de adhesión del Acuerdo Básico Común del Voluntario Social deberán establecerse por escrito en forma previa al inicio de las actividades entre la organización y el voluntario y contendrán los siguientes requisitos: a) Datos identificatorios de la organización; b) Nombre, estado, civil, documento de identidad y domicilio del voluntario; c) Los derechos y deberes que corresponden a ambas partes; d) Actividades que realizará el voluntario y tiempo de dedicación al que se compromete; e) Fechas de inicio y finalización de las actividades y causas y formas de desvinculación por ambas partes debidamente notificados; f) Firma del voluntario y del responsable de la organización dando, su mutua conformidad a la incorporación y a los principios y objetivos que guían la actividad; g) El acuerdo se instrumentará en dos ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, uno de los cuales se le otorgará al voluntario." Que de esta forma, y sin perjuicio de que en aquella oportunidad, 17 de septiembre de 2007, no le eran exigibles a la demandada los requisitos registrales que luego fueron reglamentados recién seis años después, mediante el Decreto Nacional Nº 750 Año 10 (B.O. 03/06/2010), lo dirimente para el presente es que la actora no ha acreditado la modificación de aquellas originarias condiciones, pautas y obligaciones comprometidas, con entidad suficiente para que la relación quede configurada como un contrato de trabajo alcanzado por la Ley 20.744 y sus modificatorias.

Por lo expuesto, esta Sala III RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 242/244 vta., en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art.17, Ley 921).

3.- Regular los honorarios del profesional interviniente en esta Alzada, Dr.

Roque De La Colina, letrado apoderado de la actora, en el 30% de lo fijado al mismo en el pronunciamiento de grado.

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori Dra. Audelina Torrez REGISTRADO AL Nº 37 - Tº I - Fº 168/172 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A III- Año 2011.