marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: VERA,JORGE c/ CONSORCIO    DE    PROPIETARIOS    DEL   EDIFICIOHIPOLITOYRIGOYEN s/ SPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

La puesta a disposición por parte de la demandada respecto de los certificados de trabajo previstos en el art. 80 de la L.C.T. resultó meramente formal, ya que entre los instrumentos ofrecidos no se encuentra la certificación de ingreso de los aportes correspondientes a la seguridad social (AFIP ó AFJP) exigidos expresamente por aquella norma, circunstancia que torna viable la sanción que prevé el art. 45 de la ley 25.345 (Del voto del Dr. Corach, en mayoría).
Acción de amparo, medida cautelar innovativa
Materia: CIVIL
Carátula: Ferreira Strinatti, Silvia Susana c/ S.P.S. SALUD (Sistema de Prevención Social de Salud) s/ Incidente de medida cautelar innovativa s/Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-08-30

Debe confirmarse la medida cautelar que, en el marco de una acción de amparo, ordena a una empresa de salud a prestar cobertura inmediata y plena del costo de la intervención quirúrgica solicitada a la actora por sus médicos tratantes, toda vez que resulta de suma gravedad e inadmisible que un sistema de salud, que admitió la patología de la actora, pretenda discutir el tratamiento que se le debe dar con el claro propósito de ahorrarse costos.
Personal de casas particulares, jornada de trabajo, prueba, testigos
Materia: LABORAL
Carátula: Ayala Teresa Obdulia c/ Vegas de le Vraux Mirta Gladys y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-07-19

La sentenciante ha concluido en la existencia de un vínculo laborativo en los términos del Decreto 326/56 pues dicha relación se probó extendida mas allá de dos veces a la semana, como este aspecto se rescató como trascendente de la declaración testimonial de la testigo propuesta por la demandada y empleada de la misma al momento dicha declaración.
Recurso de casación, denegatoria del recurso, discrepancia del recurrente, fundamentación de sentencias, accidente de tránsito, mecánica del accidente, giros
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sosa Carlos Alberto y otros c/ Zarco Emanuel Máximo y/u Otros s/ Daños y Perjucios - Casación Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-08-24

No corresponde hacer lugar al recurso de casación ya que Los argumentos vertidos no resultan idóneos para descalificar el pronunciamiento, bajo la pretensión de ser arbitrario y/o absurdo; ya que su cuestionamiento se traduce sólo en una "discordancia" respecto de las razones que motivó al A quo a adoptar dicha resolución, ya que esta resolución detalló las diversas pruebas sobre las que se sustentó (pericial accidentológica apreciada en forma coincidente con el informe mecánico, informe planimétrico y actuaciones policiales), concluyendo que la "mayor incidencia causal en la producción del siniestro se debió a la conducta asumida por la parte demandada"; todo lo que le permitió "razonablemente concluir" que la maniobra de giro hacia el lado izquierdo del carril intentada por la parte demandada se realizó sin previsión alguna (obrar negligente), constituyendo un "obstáculo insalvable" para quienes transitaban atrás; tratándose de un típico caso de encerramiento. El objeto de la doctrina de la arbitrariedad, no es corregir fallos que se estimen equivocados, sino aquellos que impliquen un desvío notorio de las leyes del raciocinio o una grosera degeneración interpretativa, mediante afirmaciones parciales, inequitativas e ilógicas, que no sólo deben ser alegadas, sino quedar perfectamente acreditada lo cual, no aconteció en las presentes actuaciones.
Contestación de la demanda, notificación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Benítez, Miguel A. y otros c/ Municipalidad de Quilmes s/ Pretensión de reconocimiento de derechos. Recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-02

Si bien es cierto que al contestar la demanda la comuna acompañó el decreto 2812/2001, de ello no puede seguirse que tal actuación equivalga a la notificación del acto a los reclamantes, pues no consta que se haya dado traslado del aludido informe a la parte actora ni que ésta haya tomado conocimiento de lo actuado por la contraparte (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
Asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, arresto domiciliario
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Actuaciones instruidas por las supuestas desapariciones y muerte de Francisco Gregorio Ponce, Griselda Del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-15

El militar y policía responsables de los delitos de asociación ilícita y privación ilegal de la libertad deben cumplir la pena, cuando quede firme, en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, más allá que los mismos se encuentren cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad de prisión domiciliaria, puesto que se trata de una condena por delitos de lesa humanidad que implica una conducta que afecta a la humanidad toda por la gravedad de la lesión a derechos esenciales de la persona humana en forma masiva, cruel y sistemática, que se han impuesto altas penas y ponderando el hecho de que podrán intentar eludir la acción de la justicia.
Honorarios, regulación de honorarios, notificación por nota
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Marrochi y Wolcoff S.R.L. c/ Morinigo Higinio s/ Ejecutivo Expte 1770/93 S/Recurso de queja por apelación denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-04-26

El código de Procedimientos Civil y Comercial sienta el principio general (art.133) de notificación automática; consagrando la excepción de notificación personal o por cédula en el art.135 del mencionado texto legal, cuya enumeración resulta taxativa. De ello se sigue que el auto del cual recurre el quejoso, por tratarse de un auto regulatorio de honorarios independiente, no se encuentra alcanzado por el art. 135 del Código de Procedimiento Civil y Comercial para proceder a su notificación personal o por cédula al no estar comprendido entre las resoluciones enumeradas en dicho dispositivo.
Concursos, acuerdo preventivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Oggero Hnos. Soc. de hecho y otros. Concurso preventivo s/ Incidente de impugnación del acuerdo promovido por Neumáticos "La  Ideal"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03

La convocatoria de acreedores es un remedio legal que no trata de favorecer al deudor manteniéndolo en el giro de sus negocios sólo en beneficio de éste ni trata de hallar una fórmula que garantice del mejor modo el patrimonio del convocatario con vista al exclusivo beneficio de los acreedores, sino que tales propósitos deben ser compatibilizados con la última finalidad inspiradora de la ley 19.551 que es la del mantenimiento de una fuente de producción y de trabajo, todo ello considerado desde el punto de vista económico, financiero y social.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Marchena, José c/ Obra Social de Transporte Automotor s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que invoca absurdo pero omite no solamente la imprescindible denuncia de transgresión de la norma legal que rige la labor axiológica de los magistrados del fuero (art. 44 inc. "e" dec.ley 7718/71), sino que no logra tampoco evidenciar que la decisión sea el producto de un razonamiento viciado o que exceda el marco de la apreciación en conciencia.
Recurso extraordinario, cuestión federal, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Operto, Francisco Orlando c/ Comuna de Lehmann.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

El cabal desempeño por la Corte de su misión de hacer justicia por la vía del control de constitucionalidad torna imperativo desatender los planteos de cuestiones, aun federales, carentes de trascendencia.
Desindexación, actualización monetaria, acreedor, derechos adquiridos, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carnero, Francisco y otros c/ CONET s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-07

En el decreto 794/94 se fijó conceptualmente el alcance de la ley 24.283, al señalarse, en el artículo 2º que "el acreedor habrá consolidado su derecho a percibir la suma liquidada, cuando el requerimiento de pago válido haya sido intervenido por la autoridad de control con anterioridad al 30 de diciembre de 1993". A partir de esa fecha debe verificarse el cumplimiento de los extremos previstos en la ley, en las condiciones establecidas en el decreto.
Recurso extraordinario, emergencia económica, reordenamiento del sistema financiero, pesificación, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Parada, Esther c/ Bellagamba Lara, Agustín Ángel s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

La cuestión acerca de si existe cosa juzgada derivada de la decisión de primera instancia que mandó llevar adelante la ejecución en dólares estadounidenses o su equivalente en moneda nacional con anterioridad a la entrada en vigencia de las leyes de pesificación dictadas durante la emergencia económica, para examinar posteriormente, en caso negativo, la validez y alcance de dichas disposiciones legales con referencia a los hechos debatidos en la causa, debe resolverse por aplicación del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Disidencia del Dr. Enrique S. Petracchi).
Nulidad procesal, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Santana, Marcelo David s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-30

Corresponde anular la condena si del contexto probatorio no quedan esclarecidos, con el grado de certeza necesario exigido a todo veredicto de condena, ni la ocurrencia del suceso juzgado, ni la autoría por parte de los encartados del hecho acriminado, pues no existieron testigos presenciales del suceso, resultando ello llamativo teniendo en cuenta que en la esquina funciona una estación de servicio, tampoco pudo contarse con el testimonio de la víctima pues no declaró en sede judicial ni policial, y si bien se advierte una alta probabilidad de que el acto impúdico informado haya ocurrido y que hayan sido imputados sus autores, no basta para desvanecer el estado de inocencia del que goza toda persona en un estado de derecho. (Dres. Ledesma, Catucci y Riggi).
Constitución Nacional, constitucionalidad, inconstitucionalidad, ley nacional, jubilaciones, pensiones, Estado Provincial, Poder Legislativo Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Asociación Civil Escuela Escocesa San Andrés y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otra s/ declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-30

Es inconstitucional la ley 10.427 de la Provincia de Buenos Aires que incluyó al personal de los institutos privados de enseñanza en el régimen previsional de la ley local 9650 por importar un indebido avance sobre las facultades legislativas otorgadas al Congreso Nacional, que contraría lo dispuesto en el art. 67, inc. 11 de la Constitución Nacional.
Contrato de transporte, daños y perjuicios, prescripción, defensa del consumidor
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: VILLEGAS,  Walter  Roberto c/ UGOFE  S.A.  (UNIDAD  DE  GESTIÓNOPERATIVA FERROVIARIA S.A.)y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

1- La mera existencia de una relación de consumo no es de por sí suficiente a los fines de la aplicación del plazo trienal si la acción promovida no es de las previstas por el art. 52 de la ley 24.240. De ahí que, la circunstancia de que exista un contrato de transporte de personas en el que se discute la responsabilidad que le cabría al transportista no admite la aplicación del plazo de prescripción de tres años ya que el art. 50 de esa ley regula los reclamos que tienen fundamento en la misma norma pero carece de carácter abrogatorio de las normas especiales anteriores que fijan las pautas legales a la relación derivada del contrato de transporte. En consecuencia la norma específica que rige la prescripción de un contrato de esa naturaleza es el art. 855 del Código de Comercio que es plenamente vigente al no quedar derogado por la nueva legislación. 2- La protección al consumidor que marca la Constitución Nacional en su art. 42 deja a la legislación ordinaria la regulación de supuestos de prescripción de las acciones, de modo que la preeminencia constitucional se complementa con el "principio de competencia" que limita la operatividad de las normas de defensa del consumidor a ese ámbito, salvo que se diera una superposición específica en su aplicación, situación que no se plantea en el caso. Del voto de la mayoría (Dres. Abreut de Begher y Mayo)
Responsabilidad civil, relación de causalidad, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima, culpa de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: PIÑEIRO, José y Rosa LONGOBUCCO c/ ORDOÑEZ, Eduardo s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-03

Para determinar el nacimiento de la responsabilidad de un sujeto debe existir una relación causal entre la conducta obrada y el daño producido, pero esa relación causal se quiebra o interrumpe cuando medie culpa de la víctima o de un tercero por quien aquél no debe responder. Sin embargo, no siempre la culpa puede tener necesariamente como consecuencia la de interrumpir la relación causal; para que ello ocurra, es imprescindible que la conducta atribuida a la víctima haya sido conducente al resultado dañoso que experimentó y por el contrario cuando la conducta reprochable resulte irrelevante, es decir, cuando el hecho se habría producido igualmente cualquiera fuera la conducta de la víctima, aquélla no produce consecuencia alguna y el nacimiento de la responsabilidad del autor resulta incuestionable.
Competencia, competencia por la materia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALES, JOSE DOMINGO c/ MUNICIPALIDAD DE LOS JURIES Y OTRO s/ COBRO DE PESOS-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-05

La competencia por razón de la materia, atento el carácter absoluto y de orden público, no está ligada por la conformidad de las partes ni por la decisión que al respecto haya tomado el inferior.
Competencia por la materia, empleados públicos, ley de contrato de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación  Trabajadores  del  Estado ATE c/ Ministeio de TrabajoEmpleo  y  Seguridad  Social  de  la  Nación  y  otro s/ medidascautelar.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-31

El factor determinante de la atribución de competencia para conocer en controversias entre empleados y empleadores, es la naturaleza de la relación y que cuando es el Estado, nacional o provincial, o los municipios, o entidades y organismos estatales y, por ello, la relación jurídica sustancial, de empleo público, son competentes los jueces federales, o en su caso, los de los poderes judiciales locales, aún cuando sean aplicables normas de la Ley de Contrato de Trabajo, por mediar algunos de los supuestos del artículo 2 L.C.T., en virtud de los que estima como recepción por el derecho público de normas de derecho privado, que no altera la naturaleza de esas relaciones. Según sostuvo el Señor Fiscal General como circunstancia relevante para la atribución de competencia a la Justicia Nacional del Trabajo, es que el núcleo del conflicto concierne específicamente al ejercicio del derecho de huelga y que el artículo 21, inc. a ley 18.345, consagra una hipótesis de aptitud jurisdiccional específica en temas directamente vinculados con aspectos de derecho colectivo del trabajo, lo que conduce a la admisión de la competencia aún respecto de contiendas que, en principio, podrían ser ajenas al diseño del artículo 20 L.C.T. Boletín Nro. 251. Toq. 1179.
Revocación de sentencia, requerimiento de elevación a juicio, principio de congruencia, iura novit curia
Materia: PENAL
Carátula: LOWER, J. A. c/  s/ NULIDAD (Causa Nº 71.213/2022)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-11

Nulidad. Del requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal.Plataforma fáctica descripta en la indagatoria, el procesamiento y el requerimiento de elevación a juicio cuestionado que coinciden por lo que no hubo una afectación al principio de congruencia. Encuadre legal que no es vinculante para el Ministerio Público Fiscal y es siempre provisorio en razón de la vigencia del principio iura novit curia. Disconformidad con la significación jurídica que no acarrea la nulidad del dictamen que se ajusta a las previsiones del art. 347 del CPPN. Defensa que cuestionó motivadamente tal imputación al contestar la vista del artículo 349 CPPN, oponiéndose por tanto a la elevación de juicio e instando el sobreseimiento, circunstancia que reafirma la convicción sobre la inexistencia de perjuicio que haga razonable la sanción procesal del art 167, inciso 3ro del CPPN.

Revocar.
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, fiscal general, remoción de funcionarios públicos, juicio político, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Molinas, Ricardo Francisco c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

Garantías de índole constitucional aseguran la no remoción del Fiscal General de Investigaciones Administrativas sino por la vía del juicio político.
Declaración testimonial, privación ilegal de la libertad, torturas, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Amelong, Juan Daniel y otros s/ Recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-05

La valoración de los testigos de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio es válida y ajustada a las leyes de la lógica y de la experiencia común, puesto que , que no vieron a sus captores y verdugos al haber estado siempre tabicados, coligiendo por ende que es lógico que sus relatos se limiten a lo que ocasionalmente pudieron haber escuchado durante su cautiverio.
Recurso contencioso administrativo, prueba, Administración Pública, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Miniello, Jorge Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de nulidad (Expte. CSJ Nº 336-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-01

No estando impuesta la notificación por cédula de la recepción de los oficios con que se fueron contestando pruebas informativas solicitadas, la carga de controlar su recepción queda impuesta a las partes a partir de la notificación del proveído que los ordena. Por otra parte, en el caso, cualquiera fuere la actividad pendiente de producción, la audiencia fijada a los fines de rendir el informe sobre el mérito de la causa estaba fijada prácticamente a dos meses de la notificación del proveído respectivo, lo que daba margen al recurrente para formular los planteos a los que hubiera lugar, y en su caso, a remediar el perjuicio recurriendo al simple trámite de solicitar la suspensión de esa audiencia.
Caducidad de instancia, instancia única
Materia: PROCESAL
Carátula: B. de C.A.C.G.M. c/ C. G. s/ Alimentos provisorios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-03-06

Al no cuestionar la actora el decreto que comunica que los recursos serán resueltos en un sólo pronunciamiento, consintió q se unificara el trámite de los mismos. Esta unificación, mala o buena, hace que los actos útiles concernientes a todos los recursos se tornen comunes, puesto que son imprescindibles para que todas y cada una de las apelaciones queden en estado de resolver.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Riondini, Ana Graciela c/ Ruotolo, María Dolores s/ Interpretación de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

En salvaguarda de la garantía de la defensa en juicio, únicamente cabe utilizar la facultad que acuerda el art. 261 del C.P.C.B. en caso de insuficiencia de fundamentación en forma restrictiva y cuando el incumplimiento resulta flagrante. La facultad del Tribunal de Alzada, que en definitiva depende de la apreciación subjetiva de los Magistrados, no puede ejercerse sino con suma prudencia, ya que en tales supuesto siempre se corre el riesgo de caer en la arbitrariedad.
Constitución Provincial, presupuesto provincial, Poder Judicial Provincial, independencia del Poder Judicial
Materia: Constitucional
Carátula: Ghio, Marta Alicia y otros c/ Provincia del Chubut s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-12-05

El Poder Judicial hace su presupuesto y no un proyecto del mismo remarcando una vez más, la diferencia abismal que hay entre un concepto y otro. Ese presupuesto es enviado a la Honorable Legislatura del mismo modo que el Poder Ejecutivo presenta el "Proyecto de Ley de Presupuesto para el año siguiente".
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, honorarios, monto del juicio, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: MORALES. Guadalupe del Carmen c/ ALPESCA S.A. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-09-10

En cuanto al agravio relativo a la integración de los intereses al capital como base para el cálculo de honorarios en que el a-quo confirma la sentencia de primera instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aplicado el principio de que, como en general la materia honorarios, la cuestión es ajena a la instancia extraordinaria, sin perjuicio de lo cual en autos: "Atilio PASQUINELLI y otros c-Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal" del 6-5-86 se expide sobre la constitucionalidad de aquellos pronunciamientos expresando "...la naturaleza accesoria de los intereses respecto del capital a cuyo pago se ha condenado, así como su carácter indemnizatorio de la privación temporaria de aquél, hacen que no resulte excesivo un distinto tratamiento en cuanto a su inclusión dentro de la base regulatoria.

El no cómputo de tal rubro queda ubicado en el espacio de la razonable discreción del legislador y del juzgador que lo interpreta, sin lesión de las garantías constitucionales alegadas cuyas normas tutelares no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión".
Recursos administrativos, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GANDIAGA, ROSA MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 204-83 BENASSI, OLINTO MIGUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 105-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-08-20|1987-11-05

En el trámite administrativo regulado por el decreto 10204-58, la caducidad de la instancia opera de pleno derecho por el mero transcurso del tiempo, sin necesidad de declaración formal (artículo 65, apartado 2). Sus requisitos son la paralización del trámite por el lapso de un año, y la inactividad de los interesados, o sea que durante el mismo no se realicen actos que tiendan al diligenciamiento o resolución de la gestión promovida.