Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-11


SENT Nro. 28 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 11 DE FEBRERO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Podestá, Ricardo Horacio vs. LV7 Radio Tucumán s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala Ia., con fecha 1 de junio de 2001 (fs. 531/534), la demandada interpone recurso de casación, el que es concedido por auto del 13 de marzo de 2002 (fs. 626). Consta en el informe actuarial de fs. 647, que sólo la parte actora ha presentado memorial facultativo.

2.- El fallo atacado luego de rechazar la excepción de falta de acción y desestimar una citación de tercero, acoge la demanda, por la suma de $212.243,46, en concepto de haberes impagos, vacaciones/95, SAC proporcional, alojamiento y comida, indemnización por antigüedad, preaviso, especial art. 43 inc. "b", ley 12.908, vacaciones proporcionales y SAC s/preaviso. Impone las costas a la vencida, y regula honorarios a los profesionales actuantes.

Considera que mientras la accionada arguyó acerca de la existencia de un contrato de naturaleza civil, el codemandado Pedro Alberto Pericás no contestó la demanda, en tanto Luis Manuel Pericás no concurrió a la audiencia del art. 69 del CPTT, con lo que se decretó respecto a este último por auténtica la documentación acompañada, de la misma manera que con respecto a la demandada que no concurrió a la audiencia.

Entiende que está definido el tipo de vínculo entre las partes, en virtud de las comunicaciones que refiere y las testimoniales sobre las tareas que cumplía el actor, y que no habiendo documentación laboral se produce una presunción en contra de la accionada.

Asevera que se está ante un contrato de trabajo, regido por los arts. 21 y 23 de la LCT y la ley 12.908, por tratarse de un periodista profesional, surgiendo el cumplimiento del requisito del art. 11 de la ley 24.013 y que en las actuaciones ante el Ministerio de Trabajo negó la existencia de la relación de laboral, legitimándose el despido indirecto siendo ello injuria suficiente.

Por último refiere que no hay prueba alguna de la remuneración, por lo que se tiene por cierto el monto de $2.000 mensuales, agregando que la oponente no ha demostrado ser ajena al litigio, ni se ha demostrado haber pagado los gastos de alojamiento que presentara el actor.

3.- La expresión de agravios comienza con una referencia a los requisitos formales de admisibilidad, y entre ellos el afianzamiento, y previo a un relato de los antecedentes, menciona un conjunto de normas que considera violadas e inobservadas, tanto adjetivas como los arts. 33, 34, 40, 272, 273 inc. 4 y 308 del CPCCT y sustantivas de los arts. 243, 245 de la LCT, 43 de la 12.908 y 1 de la 24.432.

Plantea en primer lugar que el Luis Manuel Pericás era un dependiente con carácter de "Director" de la radio, al que se tiene por desistido en el responde, resultando que el art. 58 del CPTT, era de aplicación en cuanto se acreditara la prestación de servicios.

Considera que hay un problema de carga de la prueba, pues no se ha acreditado la circunstancia de su dependencia de quien era sólo Director y no titular de la licencia, a tenor de lo que manda el art. 2° de la ley 12.908.

Insiste en que no hay elemento probatorio alguno del que surja la relación laboral con Luis Manuel Pericás, imputando transgresión a las reglas de la sana crítica y arbitrariedad a la decisión, al obligar al mencionado a probar que no era titular de la empresa.

Considera que yerra el decisorio al considerar y condenar a tres demandados, siendo LV7 un nombre de fantasía, lo que el responde de fs. 69/74 sea del titular de dicho nombre, es decir el Sr. Carlos Alberto Pericás, razón por la que en la audiencia de conciliación no se tuvo por desistido en el responde a esta persona física.

Así, por lo hasta allí dicho, concluye que el intercambio epistolar debió haber sido con el empleador del Sr. Podestá, y no como se hizo con la aclaración y la comunicación del despido indirecto con el Dr. Luis Manuel Pericás, sobrino de aquél y director de la radio.

Postula que hay inobservancia de los arts. 33, 34, 40, 272 y 273 inc. 4° del CPCCT, al apartarse de los elementos que constan en el proceso, pues el propietario era otro, cuestión que aparta la decisión de lo que claramente manda el art. 243 LCT.

Con respecto a la indemnización por antigüedad, considera que es incorrecta la cita del art. 43 inc. "b" de la ley 12.908, pues esa disposición se refiere al preaviso, agregando que además se acogen rubros que no están en el estatuto profesional como vacaciones proporcionales, SAC s/preaviso y SAC proporcional al despido.

Explica que en el alegato se ha introducido el tema de los topes indemnizatorios del art. 245, lo que no es aplicado por la Sala, pese a que considera ello obligatorio.

Pregona que el monto salarial fue negado en el responde y que los viáticos y alimentos a tenor de lo que manda el art. 43 inc. "e" deben ser justificados con comprobantes, sin que la habitualidad haya sido tampoco probada, incurriendo en otra transgresión al art. 308 sobre la carga probatoria.

Considera que esta situación vicia la sentencia, sin que exista en autos constancia que la funde en orden al monto y existencia de tal obligación, llegando al punto de sumar al cálculo del preaviso y la indemnización especial dichos montos.

Ataca lo referido a las indemnizaciones de la ley 24.013, criterio que considera contradictorio con decisiones anteriores de la misma Sala, refiriéndose a que en estas última no procedía la indemnización del art. 8 si el vínculo no continuaba, y la del 15, en función de si ella incidía en la ruptura.

Plantea que a fs. 37, se prescinde de los servicios del actor, con despido directo el 16 de mayo de 1996, y la intimación para aclarar la situación es posterior, por lo que no se cumple la previsión legal en tal sentido.

Finalmente se agravia tanto de la imposición de costas, como de los honorarios, desde que la decisión no tuvo en cuenta la ley 24.432, realizando cálculos aritméticos que fundan tal posición.

4.- Reexaminada la admisibilidad, se advierte temporánea interposición contra una sentencia definitiva, cumplido el afianzamiento que exige el art. 133, mas la existencia del motivo casatorio y demás requisitos será examinado en función de cada uno de los agravios.

Con respecto a la aplicación de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 adjunta copia simple de dos fallos dictados por la misma Sala, abordándose la procedencia en función de ello, sólo en los aspectos referenciados.

Se ha dicho que en estos casos la contradicción que se requiere como motivo de la casación "es cuando la interpretación de la ley realizada por la sentencia, resultara contradictoria con anteriores pronunciamientos de las Salas de las Cámaras del Trabajo dictadas en los cinco años precedentes", mas no "la configuración fáctica del cuadro litigioso elaborada por los jueces de la causa, que en esa operación son soberanos; y realizada la misma, recién se aplicará la norma adecuada" (CSJT sent. 797 del 13/12/94).

5.- En primer lugar debe examinarse la situación de Luis Manuel Pericás, en virtud de que no concurre a la audiencia, por sí ni apoderado hábil, explicitando el Juzgado, que no devuelve la presentación de fs. 69/74, por comprender la contestación de LV7 Radio Tucumán, agregando "lo que deberá tenerse presente por la Excma. Cámara" (fs. 198). Tal decisión es confirmada en la apelación resuelta con fecha 5 de Agosto de 1998 (fs. 219 y vta.).

Cabe puntualizar que en el responde que obra a fs. 69 vta., sólo es este codemandado el que interpone "falta de acción", por lo que circunscrita esta defensa de fondo a su persona y hecho efectivo el apercibimiento por la incomparencia, la Sala procede al rechazo, cuando dicho planteo debió tenerse por no efectuado.

No obstante ello, frente a la incomparecencia de Luis Manuel Pericás a la audiencia de conciliación, tiene respecto del mismo por auténtica y recepcionada la documentación acompañada a la demanda, poniéndolo en idéntica situación a los restantes accionados.

Sobre el particular se ha dicho "los efectos de la incontestación de la demanda (dispuesta como sanción por la incomparecencia a la audiencia de conciliación, prevista en el artículo 73 del Código Procesal Laboral de Tucumán), tratándose de un juicio ordinario, han sido previstos por el artículo 58 (párrafos 2º, 3º y 4º) de la ley ritual. Debe destacarse, como cuestión medular, que la norma consagra presunciones legales en contra del empleador que cobran operatividad relativa, recién a partir de la efectiva acreditación del hecho principal de la prestación de servicios laborales. Vale decir, que las presunciones legales a favor del actor, originadas en la conducta omisiva y silente del demandado, en modo alguno eximen a la accionante de la carga probatoria relativa al hecho principal, para el supuesto de no contestación de la demanda" (CSJT sent. nro. 302 del 25/4/2001).

De manera que la decisión se ve así afectada, por lo que debe ser revocada a tenor de la siguiente doctrina legal: "Es nula la sentencia que omite evaluar, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del art. 58 CPTT, si el trabajador acreditó la prestación de servicios invocada y aplica a la demandada, incompareciente a la audiencia del art. 72 del mismo ordenamiento, las presunciones legales contenidas en el segundo párrafo del mencionado art. 58 del CPTT" y disponer se reenvíen los autos a la Excma. Cámara, para que con la composición que corresponde dicte nuevo pronunciamiento sobre el punto.

6.- En cuanto a los restantes accionados, deben hacerse algunas precisiones que surgen tanto de la misma expresión de agravios, como de las constancias de autos y de lo que da cuenta el proveído que luce a fs. 56, en el sentido de que se citaba y emplazaba a LV7 Radio Tucumán y/o sus propietarios Luis Manuel Pericás y/o Carlos Alberto Pericás.

Atento lo resuelto en el punto anterior, advertimos que restan dos situaciones, definidas como la incontestación de Pedro Carlos Alberto Pericás y una incomparencia de la demandada, esto es LV7.

La presentación de fs. 65, muestra que el apersonamiento, lo es por LV7, mientras que la incidencia de la incontestación dispuesta por auto del 30 de junio de 1997 (fs. 106/107), confirmada por resolución de la Excma. Cámara del 10 de noviembre de 1997 (fs. 181 y vta.), está sólo referida a Pedro Carlos Alberto Pericás, sin que ello se modifique porque la concurrencia a la audiencia, lo haya sido también, por LV7, Radio Tucumán (ver fs. 197/198).

Tales razones, determinan la improcedencia del agravio.

7.- Plantea también, lo referido al tope indemnizatorio dispuesto por el art. 245 de la LCT, hoy modificado por la ley 24.013, y luego de definir la base, agrega que ella "no podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo, aplicable al trabajador al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad".

Si bien, como el mismo presentante lo manifiesta, el tema se incorpora en el alegato, conforme al art. 34 del CPCCT, aplicable supletoriamente, en función del art. 14 del CPTT, es deber del Juez "aplicar el derecho con prescidencia o contra la opinión de las partes", no habiéndose en autos, siquiera mencionado la cuestión, cuando se condenó en base a disposiciones de la misma LNE.

En este aspecto, la sentencia nada dice sobre el punto, circunscribiéndose a expresar que la demandada no aportó ninguna prueba con respecto a la remuneración, mandando liquidar con una base de $4.753 que incluye el sueldo, más alojamiento y comida.

Como reiteradamente se ha dicho citando a la Corte Suprema de la Nación en autos "Montero, Víctor Roberto y otros vs Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Acción contencioso administrativa" que "a los fines hermeneúticos, conviene recordar que la primera fuente de exégesis es la ley", concluyéndose como allí que ella "debe ser aplicada directamente, con prescidencia de consideraciones que exceden las circunstancias del caso expresamente contempladas en aquella" (CSJT sent. nro. 38 del 24/2/97 entre otras).

Si bien allí se concluía en la inevitabilidad de la declaración de inconstitucionalidad para remover tal obstáculo en nuestro caso, la Sala no funda ni nada dice torno a ese apartamiento, por lo que el fallo debe revocarse a tenor de la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, la sentencia que omite pronunciarse acerca de la aplicación de normas, en orden al caso en litigio" y reenviar los autos a la Excma. Cámara para que con la composición que corresponda dicte nuevo pronunciamiento sobre el punto.

8.- En referencia al agravio sobre la incorporación de los rubros alojamiento y gastos de comida, no sólo integrando la base del cálculo indemnizatorio, sino también en cuanto al mes de mayo/96 no abonado, corresponde hacer algunas precisiones.

No asiste razón al presentante, en cuanto a la exigencia del art. 43 inc. "e" de la ley 12.908, pues la referencia legal se circunscribe a que en la determinación del sueldo para el pago de las indemnizaciones, los viáticos se incorporan al cálculo excepto "en la parte efectivamente gastada y acreditada con comprobantes", consagración que es idéntica a las disposiciones de la LCT en su art. 106.

De manera que hay dos aspectos, por una parte la incorporación a la base, subordinada a la resolución de los puntos "5", "6" y "7", desde que allí se definirá la posición de cada uno de los demandados, la aplicación de la inversión probatoria, y su integración a la liquidación del monto remunerativo.

Lo restante es la necesidad de acreditación de prestaciones incorporadas que se demandan como parte del contrato de trabajo, circunscribiendo a una falta de acreditación de su pago por los demandados.

Este Tribunal ha dicho que: "cuando se reclaman diferencias (sean salariales o indemnizatorias) corresponde al actor la demostración de los dos extremos fácticos que las conforman: a) los importes efectivamente percibidos; y b) las sumas que correspondía se abonaran" (CSJT sent. nro. 621 del 12/9/96).

En razón de ello, la sentencia debe en este punto revocarse a tenor de la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria la sentencia que condena al pago de los gastos de alojamiento y comida, en virtud de que la demandada ha omitido probar su cancelación, cuando los mismos han sido negados en el responde", y en consecuencia reenviar a la Excma. Cámara, para que con la composición que corresponda dicte nuevo pronunciamiento sobre tales rubros.

9.- Se agravia también el recurrente de la condena por las indemnizaciones de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, fundando ello en lo decidido por la misma Sala en anteriores resoluciones.

El planteo se centra en que el mismo tribunal dispuso que la indemnización del art. 8 correspondía en caso de continuación del vínculo, y la del art. 15, cuando la no registración haya incidido en la ruptura, que según postula no se da en el caso, pues se ha prescindido de los servicios, con anterioridad al pedido de aclaración de la situación.

La exigencia de la vigencia de la relación como presupuesto de acogimiento, significa que debió escrutarse en una cuestión central, cual era la valoración de la carta documento cuya copia luce a fs. 37, confrontada con la respuesta de fs. 35, la actuación del Ministerio de Trabajo y la manifestación de la demandada en su responde, especialmente lo dicho a fs. 70, determinantes todas de la base fáctica que abonaría la determinación de la fecha de finalización del contrato.

Ello determina que también deba revocarse este punto, a tenor de la siguiente doctrina legal: "Es nula la sentencia que omite examinar documentación pertinente, en orden a la procedencia de las indemnizaciones de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013", y en consecuencia reenviar los autos a la Excma. Cámara, para que con la composición que corresponda dicte nuevo pronunciamiento.

10.- Atento el resultado a que se arriba, resulta inoficioso tratar el restante agravio, imponiéndose las costas por su orden, en razón de provenir la nulidad de la actuación del órgano jurisdiccional, resultando la improcedencia del punto "6" de entidad relativa en consideración a la cuestiones exitosamente planteadas (art. 49 CPTT y 106 inc. "1" CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala Ia, con fecha 1 de junio de 2001 (fs. 531/534), en cuanto a los agravios tratados como puntos "5", "7", "8" y "9" de los considerandos, y disponer su REENVIO a la Excma. Cámara, para que con la composición que corresponda dicte nuevo pronunciamiento en tales puntos y NO HACER LUGAR, también parcialmente a lo examinado como "6" .

II.- COSTAS, como se tratan.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO