Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-11-30


AUTOS N° 111168 (N° 12046 SALA III) "JOFRE Roberto y Otra c/ Lujan Enrique y Otro - Daños y Perjuicios"	En la ciudad de San Juan, a 30 días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dr. Daniel Olivares Yapur y Dr. Luis Alberto Recio para conocer sobre el recurso de apelación deducido por la actora, a fs 336 y por la demandada, a fs. 335, concedidos ambos a fs. 337, contra la sentencia de fecha 31 de julio de 2017, obrante a fs. 312/327.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. DANIEL OLIVARES YAPUR DIJO:

El Sr. Juez del 8 ° Juzgado Civil, en fecha 31 de julio de 2017 en sentencia definitiva resolvió:" I) Hacer lugar parcialmente a la demanda, en consecuencia, declarar que el accidente de tránsito ocurrido el día 07 de noviembre de 2008, aproximadamente a las 10,00 hs en la intersección de calle Güemes con Paula A. de Sarmiento del Dpto Rawson, se produjo por culpa concurrente de las partes intervinientes en el mismo en un setenta por ciento (70%) al demandado y un treinta por ciento (30%) a la víctima, conforme los fundamentos expresados en los considerandos de esta sentencia. Condenar al demandado Sr. Lujan Enrique y otro a abonar la suma de .. (...) conforme al grado de culpabilidad establecido en los considerandos de la presente resolución, con más los intereses calculados a la tasa activa que aplica el Bco. Nación Argentina-Suc.San Juan, para las operaciones de descuento (según ley 4119) desde la fecha del accidente esto es el 07 de noviembre de 2008 y hasta el momento del efectivo pago el que deberá efectivizarse en el término de diez días de quedar firme la presente y conforme la liquidación que se practicará al efecto. Hacer extensivo los efectos de la condena a la citada en garantía, Federal Compañía General de Seguros S.A. en los términos del art 118 de la Ley de Seguros N° 17.418. II) Imponer las costas a los demandados vencidos. III) Regular los honorarios al abogado de la parte actora, Maximiliano Sansó Ruiz, por su actuación en carácter de apoderado y vencedor en la contienda, por la labor desplegada en tres etapas de juicio ( Demanda, Prueba y Alegato) en un veintiún por ciento (21%); al abogado Diego Germán López y Fernando Javier López, como apoderados de la demandada Lujan Enrique, vencido en el juicio, por la contestación de demanda ( una etapa) en el cuatro coma dos por ciento (4,2%), a los abogados Fernando y Guillermo Rahme Quattropani, por la labor desarrollada en una etapa (contestación de demanda) en un cuatro coma dos por ciento (4.2%), al abogado Lisandro Javier Rives Pintor, por la labor desarrollada en dos etapas ( prueba y alegatos) en un ocho coma cuatro por ciento (8,4%) , los tres como apoderados de la citada en garantía Federal Compañía Federal Seguros y como vencidos en el juicio; los del perito Psicólogo Lic. Tomas Las Peñas Vallejo en un uno coma cinco por ciento ((1,5%) y los del perito mecánico el Ing. José Ricardo Godoy en un uno como cinco por ciento (1,5%) todos ellos, de la liquidación que oportunamente se apruebe en autos y de conformidad a las pautas previstas por los arts. 11, 12, 14, 15 y 19, 47 e la Ley N ° 56-O (ex 2150)." Contra tal pronunciamiento se alza en recurso de apelación la actora a fs. 336 y la demandada a fs 335, expresando agravios a fs 347/352 y 357/361, respectivamente.

Sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por el Señor Juez del Octavo Juzgado Civil relato suscintamente los hechos a los fines de darle una razonable autonomía al presente. La acción se origina con el reclamo por daños y perjuicios que inician el Señor Roberto Jofré y la Sra Ana María Olmos, contra el señor Enrique Luján y quien resulte ser titular registral del vehículo Chevrolet Corsa Dominio FHF 165, en calidad de padres de señor Roberto Amadeo Jofré quien perdiera la vida en un accidente de tránsito ocurrido el día 07 de noviembre de 2008 en la intersección de calle Güemes y Paula A.de Sarmiento del Departamento Rawson. La víctima circulaba en motocicleta de oeste a este por calle Güemes y al trasponer la intersección con calle Paula A. de Sarmiento, es embestido violentamente por el demandado quien circulaba a alta velocidad por ésta última arteria en dirección norte sur. La velocidad con que circulaba y la falta de dominio del vehículo se prueba con la huella de frenada de aproximadamente treinta metros que dejó en el lugar del hecho, causándole al motociclista heridas de tal consideración que le provocaron su muerte. Atribuye la responsabilidad exclusiva del hecho al demandado por conducir a alta velocidad y sin control del vehículo, sin prioridad de paso, reclamando la suma de .., o lo que en más o menos resulte de las probanzas y sus intereses, en concepto de daños (gastos, indemnización correspondiente al valor vida, daño moral y terapia psicológica).

El accionado resiste tal atribución de responsabilidad en su conteste de demanda de fs. 21/28. Cita en garantía a la aseguradora Aseguradora Federal S.A y sostiene que el reclamo resulta incoherente y contradictorio. Da su versión de los hechos afirmando que el motociclista no tenía prioridad de paso en tanto la calle Güemes por donde circulaba de oeste a este, topa en calle Paula A. de Sarmiento. Que el demandado Señor Lujan circulaba por Paula A.Sarmiento de norte a sur a velocidad permitida en tal arteria, de gran circulación en todo su recorrido, por el correspondiente carril derecho y habiendo ya iniciado el cruce con Güemes apareció intempestivamente la motocicleta conducida por el señor Roberto Amadeo Jofré a altísima velocidad, quien tenía intención de ingresar a Paula A. de Sarmiento girando a la izquierda con dirección hacia el norte. Enfrentando la trayectoria que traía Lujan quien, a pesar de haberlo intentado, no pudo esquivar a Jofré. Niega que haya éste pretendido cruzar la avenida, en tanto no tiene salida. Para continuar al este hay que girar a la derecha y reincorporarse a una calle distinta, calle San Francisco, que nace en Paula A. de Sarmiento hacia el este. Al pretender ingresar en Paula A.de Sarmiento girando a la izquierda, perdió el motociclista la prioridad de paso, al igual que si hubiera pretendido doblar a la derecha hacia el sur en tanto la Avenida Paula A. de Sarmiento, de doble circulación que comunica dos departamentos, Pocito y Rawson, posee mayor jerarquía que la calle Güemes. Afirma que el mismo conducía a una velocidad tal que perdió el control de la motocicleta y no llevaba casco obligatorio, extremo éste que de haberse cumplido, hubiera conducido a otro resultado. Atribuye a la culpa de la víctima el resultado dañoso en el evento, debiendo su parte ser eximido de toda responsabilidad en el mismo. Impugna los rubros reclamados y su cuantificación. A fs 53 comparece la citada en garantía, opone límite de cobertura conforme términos contractuales de la Póliza, coincide con la relación de los hechos expuesta por el demandado asegurado y atribuye la responsabilidad del hecho a la culpa de la víctima, constituyendo su obrar culposo al pretender ingresar a la Av. Paula A. de Sarmiento hacia el norte, sin esperar que pase el accionado, la causa eficiente del accidente, no generando responsabilidad alguna del accionado (art 1111 C.Civil). Impugna rubros reclamados y su cuantificación. Producida la prueba se dicta sentencia definitiva en fecha 31 de julio de 2017, la que obra a fs. 312/327.

Contra tal pronunciamiento se alza la actora a fs. 336 y el demandado a fs.335, expresando agravios a fs. 347 y 357, respectivamente, los que se sintetizan de la siguiente forma.

Recurso de la actora (fs. 347/352)	Primero) Considera errónea la atribución de la culpa en un 70% al demandado a quien se le atribuye calidad de embistente por circular a excesiva velocidad y no respetar la prioridad de paso que tenía la víctima Jofré y en un 30% a éste por no llevar casco reglamentario colocado y sujetado debidamente. Cuestiona ésta atribución de culpa en tanto no se ha probado que Jofré circulara sin casco, y tampoco en el sumario penal donde no se menciona tal extremo. Solo surge de fs 192 vta que el casco no fue encontrado pero tampoco se encontraron objetos personales de la víctima. Le agravia que una presunta falta administrativa sea determinante para la atribución de culpa de la víctima en concurrencia con la del demandado, siendo arbitraria y una simple conjetura del juez la afirmación que otro hubiera sido el resultado dañoso si la víctima hubiera llevado casco, olvidando la alta velocidad de 85 Km/h con que se desplazada el accionado. El hecho generador del accidente fue la velocidad de éste y no tuvo incidencia alguna la falta supuesta de casco. Debe por ello modificarse el resolutorio, otorgando la responsabilidad exclusiva del hecho dañoso al demandado. Segundo) Cuestiona la errónea valoración y cuantificación del valor vida, considerando es una postura netamente materialista. La vida humana no solo vale por lo que gana o produce sino por ser humano y su vida y presencia, provoca sensación de seguridad, protección o amparo para los progenitores, como resulta en el caso de autos. Situación no considerada por el Juez A-quo, quien alude a una pérdida de chance no peticionada, aludiendo a su propia experiencia, llegando a conjeturas desacertadas como considerar que el aporte del hijo no sería del 100% suponiendo que no conviviría con sus padres mas allá de 6 o 7 años, llegando a una cuantificación de $.. (..) por el valor vida, suma desfasada al momento actual. Dejando de lado la efectiva valoración de la vida humana con identidad propia y con valor económico propio. Sostiene además que el A-quo no ha aplicado la normativa y criterio del CC y C que define al resarcimiento como de jure propio y la consideración del hombre no con mirada economicista sino integral. Solicita se eleve la cuantía indemnizatoria a la suma reclamada.

Recurso demandada (357/361) Primero) Cuestiona la atribución de culpa concurrente entre las partes considerando incorrecta la valoración de la prueba. El proceso lógico racional realizado por el A-quo para llegar a tal conclusión, no se ajusta a las constancias de autos, afectando el principio de congruencia. Del escrito de demanda se advierten inconsistencias en la relación de hechos y partícipes que dificultaron la defensa, extremos no atendidos por el Juez A-quo. Este, al afirmar acertadamente la concurrencia de culpas no consideró las pruebas rendidas a los fines de su atribución, debiendo imponerla en menor medida al demandado. Ello por carecer la víctima de prioridad de paso, circunstancia inequívoca y acreditada debidamente, resulta suficiente para invertir la atribución de culpabilidad. Afirma que Jofré no tenía prioridad de paso y no pudo trasponer la Av.Paula de Sarmiento como lo afirma el Juez porque la calle Güemes no atraviesa esa arteria. Y así lo expresa el Perito cuando afirma que Jofré al llegar a Paula A. de Sarmiento, giró al norte para empalmar por esa avenida hacia el cardinal norte. Sostiene que el Juez de haber considerado como debía que no tenía prioridad de paso la víctima a mas de no llevar casco, el porcentaje debió ser mayor a cargo del occiso y menor el del demandado. Citando jurisprudencia de casos similares considera que debe declararse la concurrencia de culpas en un 30% al demandado y en un 70% a la víctima. Segundo) Respecto de los honorarios le agravia la regulación del 4,2% practicada a los apoderados de la accionada Dres. López y Sánchez Quiroga al considerar que participaron en una etapa (contestación de demanda) sin merituar que también actuaron en la etapa de prueba, ofreciendo todos los medios necesarios, particularmente ingresar en el análisis referido a la prueba de absolución de posiciones, citación, pliegos etc. y pericial accidentológica, concurriendo a audiencia de designación de perito, la que se llevo a cabo en merito a puntos de pericia propuestos por su parte (fs. 171.) Corresponde se practique regulación por actuación profesional en dos etapas y no una sola.

TRATAMIENTO DEL RECURSO Previo a ingresar en el análisis realizó un comentario con relación a la legislación aplicable al caso en estudio, considerando la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994 y su entrada en vigencia el 1 de agosto de 2015. En supuestos como el de autos en que se debate la procedencia de una pretensión indemnizatoria fundada en la responsabilidad civil del accionado, daños y perjuicios derivados de un accidente, doctrina y jurisprudencia es conteste en afirmar que la ley que rige la relación generada por el hecho dañoso, es la vigente al momento de la producción del daño. (v. Kemelmajer de Carlucci Aída "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes". Santa Fé. Rubinzal-Culzoni, 2015, pag. 158) Y Jurisprudencia: Cam.Ap.Cont.Adm. de La Plata, Autos "L.C.M. c/Hospital Gral de Agudos de Quilmes y otra.s/ Pretensión Indemnizatoria" del 10-9-15, La Ley 2015- F, 321,Sup.Adm.2015 (noviembre) La Ley On Line AR/JUR 31284/205, CNCivil, sala A "M.V.T.B y otros s/ Daños y Perjuicios" del 21-10-2015, La Ley On Line AR/JUR 47667/2015 (noviembre)138.).	El criterio expuesto parte de la premisa central cual es la obligación de resarcir conforme una relación jurídica que se establece entre víctima y el responsable en virtud de la ley, cuando se reúnen los requisitos o presupuestos de hecho necesarios y que incluye a la producción de un daño indemnizable. En la especie, tanto el hecho central en el que se sustenta la pretensión indemnizatoria como los daños cuya reparación se reclama han ocurrido en fecha anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, razón por la que la controversia y los recursos, deben resolverse a la luz de las normas contenidas en el derogado Código Civil. (art. 7 del C.C y Com).

Previo al necesario análisis de la prueba producida en el proceso en función de los agravios propuestos dejo sentado que para la procedencia de reclamo de daños por responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, deben reunirse los siguientes recaudos: a) la antijuricidad; b) el daño; c) el factor de atribución, y d) la relación de causalidad. Debiendo darse todos los enumerados en tanto si falta uno de ellos, no cabe hacer lugar a la pretensión resarcitoria. Agrego que aún cuando la presente se analiza a la luz del C.Civil, el Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26994-, utiliza en el art. 1721 el término factores de atribución, utilizado desde hace décadas por la doctrina pacífica del país, dando cabida a los factores de atribución subjetivos (dolo y culpa) y objetivos (riesgo por las cosas y por las actividades). Estableciendo que ante la inexistencia de norma expresa, el factor de atribución es la culpa. Por su parte, el art. 1726 prevé que son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño y que, excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Es decir, en cuanto al presupuesto de la responsabilidad civil conocido como nexo causal, el nuevo código clasifica las consecuencias de los hechos de manera similar al Código Civil que reemplaza, imponiendo como regla general a cargo de quien la alega, la prueba de la relación causal.

En mérito a la identidad temática y estricta relación entre ellos, trataré en forma conjunta el primer agravio de ambas recurrentes, actora y demandada , en tanto por distintos fundamentos cuestionan la atribución de responsabilidad de las partes en el accidente, pretendiendo la actora, se atribuya culpabilidad exclusiva en el mismo a la demandada y ésta, en mérito a la concurrencia de culpas decidida por el sentenciante, pretende se invierta el porcentaje atribuyéndola en mayor medida a la propia víctima. Sin perjuicio de que corresponde al Juzgador decidir cuales son las pruebas que entiende conducentes a la resolución del conflicto como el grado de convencimiento que aquellas logran producir, considero que le asiste razón a la accionada en cuanto a que la decisión del sentenciante se sustenta en fundamentos aparentes, desconociendo prueba objetiva sobre la circunstancias del accidente. Resulta determinante para la causa, las constancias del Sumario Penal N° 2093/10 "c/ Lujan Marcelo Enrique s/ Homicidio Culposo -Art 84 C.P. - En perjuicio de Roberto Amadeo Jofré " , del Primer Juzgado Correccional , en los que se dicta sentencia condenatoria al accionado por resultar penalmente responsable de delito de homicidio culposo en perjuicio de Roberto Amadeo Jofré. (fs 191/194).

Cabe recordar, que la condena penal no impide al Juez civil juzgar la incidencia que el actuar de la víctima o de un tercero, puedan haber tenido en la producción del hecho dañoso y decir así, de su corresponsabilidad con el condenado en sede penal. Por imperio del art 1102 C.Civil, el pronunciamiento penal condenatorio hace cosa juzgada en sede civil en cuanto a la existencia del hecho, a la autoría y culpabilidad del condenado penalmente. Pero si bien el Juez civil al momento de decidir sobre la responsabilidad civil de las consecuencias dañosas que provocó el siniestro no puede afirmar que este no ocurrió o que el condenado penalmente, no tuvo culpa en la producción del siniestro, sin embargo "en sede civil no existe obstáculo y nada impide al Juez decidir que en la producción del siniestro existió culpa concurrente de la víctima. ( SALA II PROT. DE SENT. T°I F° 153/165- AÑO 2014).

Con la limitación impuesta por la norma citada, analizando la prueba obrante en autos, en especial constancias del sumario penal, pericia accidentológica de fs.171/174 y testimoniales rendidas, considero que la víctima incurrió en una conducta antirreglamentaria que fue determinante en el resultado dañoso. En efecto, ha sido expresamente afirmado por el Juez penal y por el propio perito Ing. Godoy al explicitar la mecánica del accidente que el motociclista Jofré circulaba por calle Güemes de oeste a este y al llegar a la Av.Paula A. de Sarmiento, dobla a la izquierda, pretendiendo tomar por ésta arteria hacia el cardinal norte. En palabras del Juez penal, tiene por acreditado con grado de certeza que Roberto Amadeo Jofré, quien conducía su moto Maverick, Dominio 433 CKI, por calle Güemes de Oeste -Este, giró por calle Paula Albarracín de Sarmiento con intención de tomar el carril hacia el norte, sin advertir que se aproximaba velozmente Luján.

La circunstancia del ingreso de la víctima quien circulaba por Güemes de Oeste a este en el Departamento Rawson al mando de su motocicleta, a la Avenida Paula A. de Sarmiento hacia el norte, girando a la izquierda, debidamente acreditada, demuestra sin hesitación que Jofré no tenía prioridad de paso como lo afirma el Señor Juez A-quo, afirmación con la que respetuosamente disiento. Simplemente porque la calle Güemes topa en Avenida Paula de Sarmiento, resultado imposible "traspasarla" como lo afirma el sentenciante y motivando que la víctima decidiera girar a la izquierda para acceder por ésta vía, hacia el norte.

Es decir, si bien conforme al art 41de la ley 24449 todo conductor debe ceder el paso en las encrucijadas a quien viene por la derecha, siendo absoluta tal prioridad, también la misma se pierde cuando concurren algunas de las excepciones previstas por la norma, siendo en el caso de aplicación la norma del inc g) apartado 3 que prevé la pérdida de la prioridad de paso de quien circula por la derecha cuando se vaya a girar para ingresar a otra vía. Es decir cuando se intente la maniobra que realizó Jofré.

Por su parte, está también debidamente acreditado que el accionado Luján circulaba a velocidad elevada por Av. Paula A. de Sarmiento en dirección norte Sur, 85 K/h según la pericia accidentológica, cuya prueba es la maniobra de frenado que realizó previo al accidente intentando esquivar sin éxito al motociclista, dejando una marca de aproximadamente treinta metros. Pero lo cierto es que tenía prioridad de paso, resultando la conducta antireglamentaria de Jofré , quien ingresó a la Avenida Paula A. de Sarmiento, de mayor jerarquía en cuanto a dimensiones y nivel de circulación que Güemes, girando a la izquierda sin cumplir con su obligación de detenerse previo al ingreso, determinante en la ocurrencia del siniestro. Ambas circunstancias han tenido entidad suficiente para producir el accidente, por cuanto de haberse respetado la norma referida supra Jofré habría detenido su marcha al llegar a la Av. Paula A. de sarmiento, previo a iniciar su ingreso al norte girando a la izquierda, la colisión no se habría producido . A su vez, arribando el accionado a la intersección de la avenida por donde circulaba hacia el sur, con la calle Güemes, ha actuado con absoluta desaprensión, no sólo por exceder con creces el máximo de velocidad autorizada sino porque ello ha trasuntado una circulación sin cuidado y prevención, lo que le ha impedido conservar en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. Dicho de otra forma, esa prioridad no autorizaba a Lujan a barrer con todo lo que encontraba a su paso y el conductor del rodado debió actuar con diligencia.

Cabe en este punto expresar que el sentenciante al momento de evaluar las responsabilidades que les cupo a los protagonistas en el evento dañoso, concluye conforme a derecho en la atribución de culpa concurrente. Sin embargo al imponerla en un 30% a la víctima evaluó solo una supuesta falta reglamentaria cual sería la falta de uso de casco reglamentario de Jofré al momento del accidente, extremo no acreditado en la causa ni en la tramitación del sumario Penal, no habiendo referencia a ese extremo por parte del Juez penal. Y omite el Juez A-quo, tal como lo manifiesta la demandada recurrente, considerar y valorar prueba objetiva cual es la falta de continuidad de la calle Güemes en la intersección con Av. Paula A. de Sarmiento, y que irrefutablemente esa calle topa en Av. Paula Sarmiento. Extremo éste determinante a la hora de analizar las responsabilidades en el accidente y que lleva, sin hesitación a considerar determinante en el siniestro la conducta antireglamentaria de Jofré al ingresar a ésta arteria girando a la izquierda cuando, por la circunstancia referida había perdido la prioridad de paso. Sin olvidar que la alta velocidad con que circulaba Luján y la falta de control de su vehículo ante tal contingencia constituyó el factor concausal con entidad suficiente para producir en definitiva las consecuencias dañosas conocidas.

La culpa concurrente es el resultado de la conducta de ambas partes. "Para la existencia de culpa recíproca es necesario que tanto el conductor como la víctima hayan tenido activa participación en el mismo (concausa) como que el daño sea el resultado de una conducta asumida por ambas partes y haber sido cada una de ellas, condición indispensable para la producción del perjuicio procreando esa concurrencia. Es menester que el hecho de la víctima sea a su vez ilícito, imprudente o antirreglamentario o sea haber causado el daño en cierta medida y ser culpable de ello"-CALZ, Sala I.reg.Sent.Def. 15/87 177/97. Rev. de Derecho de Daños Determinación Judicial del Daño - Rubinzal - Culzoni- Tomo I. Pág. 284).	Conforme tal tesitura que comparto, juzgo le asiste razón a la demandada recurrente afirmando que el accidente fue el resultado de las conductas asumidas por ambas partes, y en mérito a los fundamentos expresados atribuyo la culpabilidad en un sesenta por ciento a la propia víctima y en cuarenta por ciento al demandado vencido, debiendo las partes asumir en la proporción indicada la responsabilidad en el daño causado. Por lo que propicio, admitiendo el agravio de la accionada y rechazando el de la actora, revocar la atribución de los porcentajes de culpabilidad decidido por el Juez A quo y en su lugar decretar la concurrencia de culpa entre los partícipes por las consecuencias dañosas del accidente en un cuarenta por ciento al accionado y en un sesenta por ciento a la propia víctima. Segundo agravio de la actora.

Cuestionan los actores a través de éste agravio la cuantificación netamente materialista del rubro valor vida efectuada por el sentenciante ante la pretensión indemnizatoria reclamada como consecuencia de la muerte su hijo Señor Jofré en el accidente objeto de la presente acción, la que consideran ínfima en detrimento de la reparación integral correspondiente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha considerado que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la constitución nacional (conf. Fallos 302:1284, 324:3569). También ha sostenido que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (conf. Fallos: 316:479).

También ha sostenido que si bien la vida humana no tiene valor económico per se, lo tiene en consideración a lo que produce o puede producir, ya que la supresión de una vida, aparte de los efectos de índole afectivo, ocasiona otros de orden patrimonial, y lo que se mide en signos económicos son las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. Es decir, que la valoración de la vida humana es la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía desde el instante en que esta fuente de ingresos se extinguió. Ello, no obstante, para fijar la indemnización por el valor vida no han de aplicarse fórmulas matemáticas, sino que es menester computar las circunstancias particulares de la víctima y de los damnificados: edad, grado de parentesco, profesión económica, expectativa de vida, etc. (Fallos: 310:2103 y sus citas).

Si bien cuestiona en éste momento la recurrente el concepto de perdida de chance considerado por el juez de sentencia al conceder y evaluar la indemnización pretendida, lo cierto es que el reclamo fue planteado con poca claridad y sólo se estimó el mismo en la suma de $ .., sin pautas ni datos específicos dejando a criterio del magistrado su cuantificación. Conforme lo dicho precedentemente, la vida humana no tiene valor per se sino en consideración a lo que produce o puede producir y su pérdida aparte de los efectos de índole afectivo ocasiona otros de orden patrimonial. Lo que se mide en signos económicos son las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. En el caso de autos al reclamar los accionantes indemnización por la pérdida de la vida su hijo, están reclamando la "perdida de chance". El concepto de chance ha sido definido como "una oportunidad probable o futura de obtener una ganancia, oportunidad que debe ser suficiente según el curso normal y ordinario de las cosas, más cuyo resultado es incierto al momento del evento dañoso que lo frustra definitivamente. Lo exigible es sólo un contexto favorable que permite suponer que, aún más adelante, se habría llegado a estar en la situación que permitiría el logro de los beneficios esperados" (CSJT. in re: "Basael Carlos Alberto y otra vs. Si.Pro.Sa. y otra s/ indemnización por daños y perjuicios", Sentencia N° 762, 25/10/1996.

Las nociones y repercusiones concretas del daño consistentes en la pérdida de chances tiene el mayor campo de aplicación en los casos en que, como el de autos, deba cuantificarse el valor vida o daño material por la muerte de un hijo, sea menor o mayor de edad. No olvido que sobre los hijos pesa obligación alimentaria respecto de los padres, la que comprende no sólo aspectos económicos sino también de índole asistencial, extremos éstos si considerados por el A-quo y que en definitiva sostienen lo resuelto en la resolución recurrida.

Quien invoca un hecho debe acreditarlo, sin embargo en juicios como el presente en que se dirime la cuantía indemnizatoria por los perjuicios derivados de una muerte ilícita, se ha sostenido a los fines de su cuantificación, dada su certeza relativa, "la indemnización por la pérdida de vida procede aún sin prueba atento a que el daño se presume y a falta de prueba cierta en lo relativo al quantum, actúa la función profética del juez, la que estará fundada en la posibilidad de un conocimiento, por descontado imperfecto, de lo que aún no existe". (Rev. Derecho de daños-Determinación Judicial de daños II. Pag. 322/323).

Definitivamente no puede negarse la indemnización por "pérdida de chance", que por su propia naturaleza es solo una posibilidad, con el argumento de que es imposible asegurar que de la muerte de un hijo vaya a resultar perjuicio, pues ello importaría exigir una certidumbre extraña al concepto mismo de la indemnización de que se trata, siendo dable admitir la frustración de una posibilidad de futura ayuda y sostén para los progenitores, según el curso ordinario de las cosas.

Y si bien en la especie, no se ha acreditado concretamente el beneficio futuro que podría haber aportado el hijo fallecido, es lógico pensar que con 28 años era potencialmente susceptible de generar actividades productivas que podría aportar a su grupo familiar, como así también que no siempre viviría en el seno de la familia paterna sino intentaría formar una propia con el correr de los años, como lo afirma el magistrado.

En definitiva, en tanto el concepto de pérdida de chance, no presenta el mismo grado de certidumbre que el de un efectivo lucro cesante y el alcance de la indemnización a acordar queda librada al prudente arbitrio judicial y debe tender a obtener una apreciación lo más precisa posible en base a pautas tales como la condición social y patrimonial del grupo familiar, la edad de la víctima y de sus progenitores, la posibilidad de ayuda económica que pudiera proporcionar a sus padres sin perjuicio del deber asistencial que pesa sobre los hijos respecto de sus padres, adultos en la vejez o en las enfermedades o la condición modesta o pudiente del hogar formado por los padres, entre otras.

Conforme lo he expresado, el joven Jofré tenía al momento de su fallecimiento 28 años, convivía con su padre y trabajaba, sin haberse acreditado el cuantum de su ingresos económicos ni cual era la ocupación efectiva. Sin otros parámetros, siguiendo el principio de reparación plena, recogido hoy expresamente en el art. 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación y que ya tenía suficiente y consolidado reconocimiento por el Código Civil derogado, aplicable a la especie por razones de derecho transitorio (CSJ85/2014 (Recurso de hecho "Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART S.A: y otros s/Accidente- Inc. y Cas. 10-08-2017), considero justo, haciendo lugar al agravio en estudio, elevar el monto indemnizatorio correspondiente al rubro valor vida, a la suma de ... (...), a la fecha del accidente con más los intereses de la tasa activa calculados desde la misma, hasta su efectivo pago.

Segundo agravio demandada	Cuestiona el Dr. Diego G. López, apoderado del demandado Señor Enrique Lujan, la regulación de honorarios practicada en la sentencia en crisis por su labor profesional en un etapa del juicio (contestación de demanda) sin considerar que su actuación profesional abarcó también la etapa de prueba.

Considero le asiste razón al recurrente en tanto resulta de las constancias de autos su efectiva participación profesional en representación de la accionada en la en la etapa de prueba, habiendo ofrecido y producido la misma. Tanto respecto de la prueba de absolución de posiciones, conforme acta y certificaciones de fs 213/15, como en la prueba pericial de fs 171/172, se advierte la actuación del profesional como apoderado de la accionada, labor que debe ser merituada conforme las pautas de los arts. 12, 14, 19 y concordantes de la ley 56-O.	Postuló por ello la admisión del agravio en estudio, regulando honorarios a favor del Dr. Diego Germán López por su actuación en primera instancia en la etapa de prueba en representación de la accionada, en el 4.2% de la liquidación que oportunamente se practique. COSTAS DE LA INSTANCIA Atento el resultado obtenido por las recurrentes en la solución de las cuestiones sometidas a estudio, de conformidad al criterio objetivo de la derrota previsto por el art 66 del CPC se imponen en el recurso de la actora, en un 50% a su parte y un 50% a la demandada; en el recurso de la demandada, se imponen a la actora. Fijando los honorarios de los profesionales actuantes en el recurso; al Dr. Maximiliano Sansó por su actuación profesional en doble carácter por la actora, en el 35 % de la suma que se fije por su actuación en primera instancia y al Dr. Diego G. López por su labor profesional en representación del demandado, en el 40% de la suma que se fije por su actuación en primera instancia. ( art 16 y 21 de la ley 56-O y 800 inc. 10 del CPC. Así voto.

El Señor Juez de Cámara Dr. LUIS ALBERTO RECIO dijo: Por sus fundamentos adhiero al voto del Dr. Daniel G Olivares Yapur.

Por ello, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el demandado Enrique Luján deducido a fs. 335, concedido a fs.337, contra la sentencia de fecha 31 de julio de 2017 obrante a fs. 312/327, revocando los porcentajes de responsabilidad en el accidente decidido en la misma, ordenando que ante la culpa concurrente de las partes en el siniestro, se atribuye la responsabilidad en un 60% (sesenta por ciento) a la actora y en un 40% ( cuarenta por ciento) a la demandada, 2) Hacer lugar parcialmente al recurso deducido por la actora a fs. 336, concedido a fs. 337, elevando el monto indemnizatorio en concepto de indemnización por pérdida de vida, en la suma indicada en el considerando respectivo con mas los intereses fijados desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago.

3) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la demandada, regulando honorarios del Dr. Diego G.López por su actuación en doble carácter, por la accionada en primera instancia, en la etapa de prueba, en el 4.2% de la liquidación que oportunamente se apruebe, conforme considerando respectivo.

4) Costas de la instancia en la forma indicada en el considerando respectivo, regulando los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en Alzada, en la forma y porcentajes determinados en el considerando (art 66 del CPC) .	Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C. FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. LUIS ALBERTO RECOIO. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. SENT. T° II F° 108/119 AÑO 2018