marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scicolone, Manuel c/ Prantera, Omar Alberto y otro s/ Indemnización por daños y perjuicios Cernadas, Rosario Silvestre c/ Beltrán, Alfredo O. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18|1996-11-26

El tribunal de alzada es el único juez de la apelación y es sabido que la existencia de gravamen es condición para que el cuestionamiento sea considerado, en materia que, obviamente, no puede quedar librada a la voluntad de los litigantes (doc. arts.

242, 260, 261 y conc., C.P.C.C.).
Sentencia definitiva, acción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cacciatore, José y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

Constituye resolución definitiva susceptible de ser impugnada ante esta instancia la resolución dictada por un Ministerio del Poder Ejecutivo que rechazó un recurso de revocatoria que llevaba implícito un recurso jerárquico para ser resuelto por el Gobernador y que fue notificada a los interesados, porque aun cuando no se hayan elevado las actuaciones para que se resuelva el recurso subsidiariamente interpuesto, tal proceder -aunque irregular- produjo en los particulares ajenos a la Administración la convicción de que su reclamo -tras la impugnación deducida- era resuelto definitivamente y, por tanto, pudieron válidamente creerse con derecho a acudir a la vía contencioso administrativa. Esto, sin menoscabo del carácter revisor de la competencia de la Suprema Corte sobre esa materia, pues en tales condiciones debe reputarse que la cuestión fue suficientemente debatida.
Sentencia condenatoria, actualización monetaria, intereses, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Grieben, Héctor y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

La determinación del capital actualizado debe llevar a la reducción de los intereses para evitar una grave alteración en los valores contenidos en la condena, habida cuenta que las ulterioridades que conducen a modificar los montos nominales establecidos, traen consigo la necesidad de armonizar los accesorios referidos.
Libertad condicional, prescripción, daños y perjuicios, daño moral, daño material, Poder Ejecutivo
Materia: CIVIL ADMINISTRATIVO
Carátula: ZUSTOVICH, SILVIA VIVIANA c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DEL INTERIOR) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

El sometimiento a un régimen de libertad vigilada constituye un hecho generador distinto de la detención efectiva, que aunque proveniente de igual causa que esta última (arbitrariedad de los actos del Poder Ejecutivo) tiene consecuencias diversas a aquella en orden a los daños materiales y morales que pudo provocar. No procede así a los fines de computar al curso de la prescripción, considerar ambos aspectos, el de la detención efectiva y el de la libertad vigilada, como un hecho único inescindible, sino que al haber transcurrido el término con respecto a un presupuesto del reclamo, éste sólo podría eventualmente entenderse subsistente por el restante, es decir, por los supuestamente aducidos daños provocados por el régimen de libertad vigilada.
Falta de intervención, intervención del Ministerio Público, derechos de las niñas, niños y adolescentes, víctima menor de edad, abuso sexual calificado por parentesco, recurso de casación, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: "R.M.Á. s/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR EL VÍNCULO", Expte. Nº 2924 (R-596/08/TSJ).- s/ RECURSO DE CASACIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-08-28

Corresponde hacer lugar al recurso de casación e inconstitucionalidad articulado por la Sra. Defensora Oficial de Pobres, Ausentes e Incapaces, en el carácter de Ministerio Pupilar representando a la menor, y, en consecuencia, decretar la nulidad del punto de la sentencia definitiva de la Excma. Cámara Criminal, mediante el cual el tribunal dispuso el regreso de la víctima al hogar paterno, sin intervención del Ministerio Pupilar y cuando no tenía competencia funcional para ello, tal restitución al hogar -además de ilegítima- se advierte como inconveniente para los intereses de la menor, dado que acarrearía el deber de convivencia de la víctima con su progenitor victimario.

Al haberse verificado trasgresión a la garantía de la defensa en juicio, ya que en el mencionado punto la sentencia incurrió en un apartamiento irregular del Ministerio Pupilar, que afectó su autonomía funcional para intervenir en la resolución de una medida tutelar y la garantía del debido proceso, vulnerando la Convención de los Derechos del Niño (Ley 23.849), en sus arts. 3.1, 12.2, 23, 24.1, 25, 34 y 35, el art. 59 del Código Civil y los arts. 83 y 84 de la Ley Uno (Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz), pues no se aseguró a la menor víctima de delito la legítima representación de su persona y sus derechos.-
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, agravio concreto, calidad de parte, minería, direcciones provinciales de minería, catastro minero
Materia: PROCESAL
Carátula: NO TIENE ACTOR c/ COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA s/ MULTA ART. 30
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-10

La función primordial de la autoridad minera es reconocer los derechos de los particulares peticionantes siempre que encuadren en el marco de la ley. El art. 30 del Código Minero, al regular la duración de los permisos de exploración por unidades de medida, establece, en forma imperativa, que: "Al cumplirse trescientos días del término se desafectará una extensión equivalente a la mitad de la superficie....

Al cumplirse seiscientos días se desafectará una extensión equivalente a la mitad de la superficie remanente de la reducción anterior.... A tal efecto el titular del permiso deberá presentar su petición de liberación del área antes del cumplimiento del plazo respectivo....

La falta de presentación oportuna de la solicitud determinará que la autoridad minera, a pedido de la autoridad de catastro minero, proceda como indica el párrafo precedente, liberando las zonas a su criterio y aplique al titular del permiso una multa igual al canon abonado".
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Herminio Ramón  c/ Añasco Vera, Juan Gabriel  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-06

Cabe revocar la resolución mediante la cual el Sr. Juez de Grado se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones, por entender aplicable al caso la Ley de Defensa del Consumidor, toda vez que la presente ejecución ha sido iniciada por una persona física con causa en un préstamo instrumentado en un pagaré, y no existe ningún elemento obrante en la causa que permita inferir que la ejecutante cargue con la nota de profesionalidad propia de todo proveedor (conf. LDC 2 y CCCN 1093).

En consecuencia, si bien corresponde aplicar la ley consumeril en aquellos supuestos en que debe presumirse en favor del consumidor o usuario una relación de consumo, lo cierto es que el supuesto de marras no puede analogarse a aquellos casos, ya que no se ha acreditado, siquiera mínimamente, que el accionante se dedique al otorgamiento de créditos. Tales circunstancias, descartan entonces, en el actual estadio, el
Homicidio, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: HERRERA CRISTIAN SEBASTIAN; LEGUIZAMON JOSE ANTONIO Y OTROS S.D. HOMICIDIO SIMPLE; HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE PARTICIPE PRIMARIO, ETC. E.P. DE MALDONADO JAVIER ROBERTO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-21

La tumbera es un instrumento elemental, básica, que no es un arma automática de repetición; una vez efectuado un disparo, para volver a disparar se debe desmontar la tumbera para sacar la vaina o cartucho usado, sacar el nuevo proyectil de donde se lo tenga portando (bolsillo, bolso, etc) volver a recargar el proyectil y volver a montar la tumbera, todo lo cual lleva un tiempo que no es corto.-
Recurso de inconstitucionalidad, ley arancelaria, honorarios, jus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c/ BERGAGNA, EDUARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-01

El medio empleado -institución de la unidad jus- luce en principio razonable y justificado dada la naturaleza y características de la modalidad de percepción de los honorarios, erigiéndose como un modo de mantener incólume la propiedad del crédito alimentario, con apego al texto constitucional que consagra la garantía de propiedad y la protección del trabajo profesional; sin perjuicio de que al momento de justipreciarse los honorarios corresponda reducir equitativamente el arancel legal, con arreglo al principio de proporcionalidad entre la retribución y la importancia de la labor cumplida, extremo que el recurrente no se ha esforzado por demostrar como configurado en el caso. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1627, según ley 24432; Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 1255; Ley 6767, artículo 32
Bienes del Estado, dominio público, mercado de pulgas, mantenimiento del edificio, peligro de ruina, facultades de la administración, desalojo administrativo, desocupación del inmueble
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ACARYA Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO ART. 14 CCABA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-07

Cuando la Ciudad de Buenos Aires pretende proteger bienes de dominio público, el ordenamiento de aplicación -Art. 12 Ley de Procedimiento Administrativo- la faculta para, entre otras medidas, proceder a su desocupación administrativa sin necesidad de requerir intervención judicial.

Más aún si, como ocurre en el caso del predio "Mercado de Pulgas" (Decreto Nro. 1630/05), sus actuales ocupantes no han invocado y, menos aún, acreditado la existencia de autorización o permiso alguno que los autorice a ocupar el predio.

Asimismo, de la mencionada norma surge claramente que no es necesario que la administración demuestre, a efectos de ejercer su potestad de autotutela sobre sus bienes de dominio público, la existencia de un peligro de ruina inminente sobre dicho bien.

En efecto, tal requerimiento no es aplicable cuando se trata de bienes de dominio público de la Ciudad sino que, por el contrario, solamente resultaría de aplicación cuando se trata de edificios que forman parte de sus bienes de dominio privado, o bien son propiedad de particulares.
Recurso directo, personas con discapacidad, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Ciallella, Aldo  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en garbarino saicei y otros contra gcba sobre otros procesos incidentales - recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-24

La Administración debe arbitrar mecanismos tendientes a minimizar el riesgo de que la discapacidad manifestada por una persona, en el marco de un reclamo ante la Dirección General de Defensa al Consumidor, afecte su derecho de defensa -y en complementariedad, la accesibilidad-. Entre ellos, se encuentra explicarle claramente los alcances del procedimiento que insta, cuáles son sus derechos, en qué momento puede ejercerlos, y cuál es el mecanismo de notificación a implementar e incluso, adoptar alguno excepcional que facilite la toma de conocimiento de las decisiones que se pretenden comunicar. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Seguro de incendio, responsabilidad del asegurador, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Amaya, Maria Antonia c/ BBVA Consolidar Seguros S.A. s/ daños y perjuicios por incumplimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-03

La aseguradora demandada debe otorgar una indemnización en concepto de daño moral al contratante de un seguro de incendio, pues al producirse el siniestro, los sufrimientos padecidos, la desazón, la destrucción de su morada que constituye su vivienda única y familiar, el no poder habitarla, el traslado a otro lugar para vivir, la desintegración familiar, así como la pérdida de los bienes muebles, son cuestiones que deben considerarse productoras del daño que obliga a su resarcimiento.
Certificado de trabajo, contrato de comisión, rechazo de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: PETROBRAS ARGENTINA S.A. c/ PACHECO, CARLOS ARGENTINO. s/ CONSIGNACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-19

Corresponde confirmar el rechazo de la demanda por consignación instaurada en virtud de la negativa del demandado a retirar los certificados previstos por el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que los certificados que se pretende consignar no se adecuan a lo que surge de las sentencias -de ambas instancias-. Asimismo no se dan los supuestos previstos por la legislación de fondo en los artículos 756, 757 y 758.
Subasta, publicación de edictos
Materia: PROCESAL
Carátula: H.S.B.C. BANK ARGENTINA S.AA. c/ SEMA S.R.L. y Otros s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-03-08

La publicación de edictos, es el medio de propaganda mediante el cual se procura poner en conocimiento de los interesados la situación jurídica del inmueble a subastar, "para producir una cognoscibilidad legal", evitando toda incertidumbre al respecto.

No se puede exigir a cada uno de los interesados comprobar personalmente en el expediente la fidelidad de la descripción del inmueble y las condiciones de dominio efectuadas en los edictos, ya que "importaría la desvirtuación total del fin publicitario que encarnan los medios de publicidad en cuestión".

Como tampoco cabe hablar de negligencia por parte del comprador si puso su confianza en dicha publicidad, brindada de acuerdo a lo ordenado por el juez, con arreglo a la normativa vigente.
Amparo por mora, astreintes
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Muñoz, Rosa Cleotilde c/ Municipalidad de Tinogasta s/ Acción de Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-08-13

La actora interpuso acción de amparo por mora, la que fue admitida por esta Corte de Justicia, disponiéndose librar orden de pronto despacho contra la Intendencia de Tinogasta, la que no se ha expedido en el plazo perentorio de diez días sobre la presentación de que se trata, no obstante el tiempo transcurrido.

En el ámbito judicial la resolución que hace lugar a la acción de amparo por mora, una vez firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, constituye un mandato judicial que debe ser cabalmente cumplido por la autoridad administrativa, en caso contrario resultan de aplicación las disposiciones del CPCC, entre ellas Art. 37, norma en la que se fundamenta la imposición de astreintes, asimismo en la norma específica contenida en el Art. 13, inc. e) -in fine- de la Ley 4795 de Amparo por Mora de la Administración.

En consecuencia, resulta facultad privativa de este Tribunal merituar si en el caso concreto concurren las razones que justifican la imposición de sanciones conminatorias y sancionatorias de indiscutible naturaleza procesal para obtener el efectivo cumplimiento del mandato judicial que ordenó pronunciarse sobre lo peticionado por la actora, recurriendo a este medio de tutela, protección o defensa del derecho reconocido judicialmente. Para decidir en el sub lite, cobra relevancia la actitud renuente y deliberada de la autoridad pública de incumplir las sentencias firmes recaídas en causas distintas entre las mismas partes -traídas ad effectum videndi- tramitadas por ante esta Corte de Justicia, en las que el obligado no obstante estar emplazado, no ha cumplido con su deber jurídico, lo que justifica imponer una multa diaria de pesos cien ($100), por cada día de retardo en el cumplimento de lo ordenado por Sentencia Definitiva Nº 23/10, a partir de la notificación de este pronunciamiento y en beneficio de la parte actora.

Por lo expuesto, corresponde imponer a la autoridad administrativa renuente a cumplir la orden judicial, una multa diaria de pesos cien ($100), por cada día de retardo en el cumplimiento de la Sentencia Definitiva Nº 23/10 dictada en autos, a partir de la notificación de este pronunciamiento, en beneficio de la parte actora.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tesoriero, Elisa Viviana c/ Fambrini, Julio Manuel y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

La petición formulada para trabar embargo sobre bienes del ejecutado, su despacho favorable y consecuente diligenciamiento, no pueden reputarse actos impulsorios idóneos para interrumpir el plazo de caducidad de la instancia. Es que la traba de dicho embargo no constituye trámite esencial para el avance del proceso ejecutivo, tal como surge del art. 532 del C.P.C.C.
Rebeldía, orden de captura, gravamen irreparable, resoluciones inapelables, recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: TORRES REYES, Valentin. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-24

La declaración de rebeldía, y la consecuente captura ordenada, no son autos pasibles de ser revisados por vía del recurso de apelación.

Más allá de no hallarse expresamente previstas en el C.P.P.N.

como cuestiones apelables, su dictado no causa gravamen de imposible reparación, dado que ellas pueden ser revertidas, llegado el caso, por vía de la exención de prisión.

Por ello, no debe hacerse lugar al recurso de queja interpuesto.
Extinción de la acción penal, ley de orden público, declaración de oficio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Amaya, Mario Abel s/ presunto  secuestro,  apremios  ilegales,  malos tratos, vejaciones y  tormentos seguidos de muerte - Causa N. 260/87 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Lo relativo a la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente, circunstancia que autoriza su declaración aún de oficio.
Recurso de apelación (procesal), caducidad de la personalidad política
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de caducidad en autos Partido Solidario - solicita reconocimiento de personería jurídico-política
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-21

El recurso de apelación interpuesto contra la resolución que declaró la caducidad de la personalidad política de un partido político, en los términos del art. 50 inciso e de la ley 23.298, resulta inadmisible, pues dicha sentencia se encuentra firme, y las razones alegadas por el recurrente en su memorial carecen de toda entidad para desvirtuar los efectos jurídicos propios del fallo impugnado.
Acción penal, atenuantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Gimenez, Francisco s/ Corrupción de Menores y Abuso Deshonesto. Deshonesto.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-06-17

Es el carácter jurídico valorativo o normativo de la inimputabilidad el que resta toda importancia a la distinción entre salud o enfermedad mental, no interesando la calificación médico siquiátrica de quien delinquió, por tanto no es únicamente inimputable el alienado sino también quien ha estado en otra situación de anormalidad psíquica (sicopatía) si se verifican las consecuencias sicológicas que tornen imposible la dirección de sus acciones.
Sistema acusatorio, suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ullua, daniel antonio y otros sobre 183 - daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-24

El sistema acusatorio implica el desdoblamiento de las facultades del estado de juzgar e investigar, y ello no habilita a quien resulta titular de la acción penal, a ejercerla al margen de la función jurisdiccional, no obstante que la ley procesal le reconoce independencia funcional para sellar la suerte del proceso, en muchos casos, y cierto ámbito de discreción en el ejercicio de la acción, al plasmar criterios de oportunidad. Este diseño constitucional ha permitido al legislador posicionar al fiscal, en el proceso penal, como encargado de seleccionar los casos susceptibles de ser suspendidos a prueba o someterlos a consideración de los afectados por el delito para arribar a un acuerdo que les permita superar el conflicto que subyace a éste, según indica el art. 204 del CPP. Al confrontarse lo dicho anteriormente con el texto constitucional, cristaliza la función del representante de la vindicta pública y consolida su autonomía e independencia funcional: es el fiscal quien puede proponer la mediación al imputado y ofendido, y como titular de la acción, efectúa esta propuesta dependiendo de criterios de conveniencia de persecución (discrecionalidad). (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Contrato de trabajo, indemnización por despido, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: RUIZ    YANINA    EDITH c/ SWISS   MEDICAL   S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

Si bien el art. 2 de la ley 25.323 alude a indemnizaciones, esto es, sanciones que tienen una función eminentemente resarcitoria, puede advertirse que no es la finalidad de la sanción jurídica reemplazar la prestación debida por otra (función central de la indemnización) sino la creación, junto a la obligación preexistente de una obligación nueva. En este sentido, la sanción del art. 2 de la ley 25.323 no sustituye las obligaciones de los arts. 232, 233 y 245 L.C.T.. Del mismo modo que no hay indemnización sin daño, en las multas el daño resulta indiferente. Por medio de la multa lo sancionado es una renuencia contumaz al cumplimiento de la obligación. Si el deudor hace caso omiso a la intimación se produce la contumacia que hace posible la aplicación de la multa. (Del voto del Dr. Arias Gibert).
Sentencia, encuadramiento legal de los hechos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Flores, Adolfo Omar c/ Aput, Raquel s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-15

No es la calificación que las partes asignen a sus convenios lo que debe decidir el encuadre legal aplicable en juicio, sino la concreta manera en que reglaron sus derechos. En el caso las partes habían calificado erróneamente como compensatorios a los intereses debidos luego de la mora, que son en realidad moratorios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, debido proceso, declaración autoincriminante, suspensión del juicio a prueba, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Herrera, Juan Antonio s/ s/ inf. art. 189 bis CP -Apelación- -Apelación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-09

Las personas sometidas a proceso se encuentra amparadas por la garantía contra la autoincriminación por lo que no se puede sostener que el imputado viole un deber jurídico al no mencionar cuestiones relevantes en procura de obtener un beneficio procesal indebido.
Daños y perjuicios, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Berasategui, Elsa Renee c/ Gobierno de la Pcia. Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-07

Si bien es cierto que cuando el perjuicio se manifiesta posteriormente al hecho, el curso de la prescripción recién comienza desde que se producen las consecuencias dañosas, es el damnificado quien debe demostrar de manera fehaciente que el curso de la prescripción comenzó en época distinta y posterior a la fecha del ilícito.