Calumnias, injurias, falsa denuncia
Materia: PENAL
Carátula: OLGA ELENA RIUTORT DE DE LA SOTA c/ MIGUEL MARTÍNEZ GARCÍA s/ CALUMNIAS - RECURSO DE CASACIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-03-10

Al no haber dado por cierto el juez que Martínez obrase con conciencia de la falsedad de la atribución delictiva, es decir con el conocimiento de la inexistencia de los hechos y de la intervención en ellos de la funcionaria aludida, no puede aplicarse en el caso el tipo de la calumnia.

Es que tal conciencia de la falsedad de la imputación delictiva es el meollo precisamente del delito de calumnia y su principal diferencia con el de injuria, de allí la muy diferente pena de ambos, que refleja la mayor gravedad de aquella ofensa porque implica nada menos que atribuir a alguien inocente un delito de acción pública, con el consiguiente riesgo de sometimiento injusto a un proceso penal, conociendo la falsía de tal acusación.

En el caso ese conocimiento no ha sido dado por cierto, ya que la falsedad objetiva de la atribución, como producto del fracaso de la prueba de la verdad durante el juicio, no implica como reflejo suyo, el dolo de la calumnia, en la medida que no se haya comprobado que las aseveraciones de Martínez hayan sido pura creación de él.

De ser ello así, al ser semejantes los aspectos subjetivos de esta última figura y de la falsa denuncia (art. 245 C.P.), cualquiera que denunciara penalmente a otro vertiendo una imputación, sin conciencia de su falsedad, que luego no resultara comprobada en el respectivo proceso, incurriría indefectiblemente en el delito de falsa denuncia (art. 245 C.P.).

A su vez, si bien el juez señaló que esas afirmaciones no surgían del mandato de la asamblea como afirmó Martínez no dio por acreditado que fuesen una pura creación del imputado.

Al respecto, resulta razonable que no haya podido derivar este hecho porque de las pruebas reseñadas en la sentencia emerge la existencia de rumores propalados en los ámbitos médicos que ligaban a la funcionaria con irregularidades o ilícitos en el gerenciamiento de IPAM, que es precisamente lo que el imputado reprodujo en medios periodísticos y que luego en el proceso no resultó comprobable.

Asimismo, cabe observar que, aunque el a quo haya establecido que Martínez García sabía que estaba atribuyendo a la Dra. Riutort un acto ilícito (y por ende deshonrante), en la medida que no dio por cierto el conocimiento de la falsedad, ello sólo podría dar lugar a encuadrar el hecho dentro de la figura de la injuria y no de la calumnia. Afirmar lo contrario implica confundir los aspectos subjetivos de ambas figuras.

Al respecto, no corresponde que la Sala modifique oficiosamente la calificación legal. En tal sentido, la doctrina coincide en que la calificación de la ofensa que fundamenta la querella, no queda librada al tribunal, sino que está reservada al ofendido, porque la acción de la cual es titular no tiene por objeto hechos, sino el delito del que ella nace, el cual le genera derechos diferentes.

Siendo privada la acción, el tribunal no puede alterarla de oficio. Al no surgir de la acusación, a la par de la atribución calumniosa, otra alusiva a una deshonra o un descrédito, que plantee un caso de coexistencia de calumnias e injurias (arts. 109 y 110 C.P.), habiéndose limitado el querellante, al acusar y al mantener la acusación, al primer delito (art. 109 C.P.), corresponde pues circunscribir el análisis a las exigencias de esta figura.

Para estar en presencia de una imputación calumniosa se requiere que el hecho imputado no se corresponda con la verdad histórica de lo efectivamente acontecido y que, además, el autor se represente, al menos eventualmente, que tal atribución pueda ser falsa. (Voto del Dr. Sesín, en disidencia)