Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-02-17


SENT Nº 39 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecisiete (17) de Febrero de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en autos: "Garlati Jorge René vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Inconstitucionalidad".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar , se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- Jorge René Garlati, parte actora en autos, interpone recurso de casación (cfr. fs. 226/240) contra la sentencia Nº 316 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 30 de abril de 2010 (fs. 219/221vta.) el cual, previo cumplimiento con el traslado previsto por el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCyC), es concedido mediante Resolución Nº 223 del 01 de abril de 2011 (fs. 248 y vta.).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, como Tribunal del recurso de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

El planteo fue interpuesto en el plazo que consagra el artículo 751 del CPCyC; impugna una sentencia definitiva, en los términos del artículo 748 inciso 1 del CPCyC; cumple con el depósito previsto por el artículo 752 del CPCyC; satisface el requisito del artículo 750 del CPCyC, en la medida que está fundado en una supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el Tribunal A quo, en el fallo atacado, sobre la valoración de un elemento de prueba. Respecto de esto último (vicio de arbitrariedad) es del caso aclarar que su estudio, ponderación de la valoración de un elemento del material fáctico de la causa, es objeto propio del recurso de casación por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es, la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del Tribunal de grado.

Por lo referido, el recurso en examen es admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia jurisdiccional, de este Tribunal Cimero local, para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

III.- La sentencia en cuestión no hace lugar a la demanda que Jorge René Garlati promoviera en contra de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán pretendiendo se declare la inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ordenanza Nº 3.809/06 en cuanto regula la gabela denominada Tributo de Emergencia Municipal (en adelante TEM).

Al respecto, el Tribunal A quo sostiene que no se había acreditado en la causa que el demandante sea contribuyente del TEM y, por ende, carece de interés para incoar la pretensión declarativa ejercida. En tal sentido señala, por un lado, que el actor se limitó a acompañar constancias que es contribuyente del impuesto sobre los Ingresos Brutos y de Ganancias y que solamente agregó una intimación cursada por el Municipio para que adjunte los comprobantes de pago del TEM, en la que consta que no aportó el número de padrón correspondiente y, por el otro, que las demás pruebas ofrecidas por dicha parte no tenían por objeto demostrar el mentado carácter de contribuyente, sino circunstancias que no hacen a la existencia de la relación jurídico tributaria que fuera negada expresamente por la Municipalidad demandada.

IV.- En su presentación recursiva el actor aduce que, si bien no se encontraba empadronado como contribuyente del TEM, ello pudo configurar una infracción formal a la norma tributaria, mas no modifica ni excluye su condición de contribuyente. En este sentido sostiene que el presupuesto de hecho que hace nacer la obligación tributaria es la realización de alguna o algunas de las actividades descriptas en la norma en cuestión y que no se requiere de empadronamiento alguno para quedar comprendido por ella.

Expresa que el Tribunal A quo no ha considerado como auténtica al acta de inspección labrada por el inspector de la Municipalidad demandada, siendo que se ha acompañado a la causa el instrumento en original y no una mera fotocopia. Sostiene que el pronunciamiento en crisis incurre en una arbitrariedad manifiesta al desconocer el valor probatorio de la mentada documentación, cuya pertinencia o aptitud para corroborar el interés jurídico que legitima a accionar en autos es clara, toda vez que de su simple lectura surge que el incumplimiento de la intimación cursada faculta al organismo fiscal no sólo a empadronar de oficio sino también a determinar de oficio la materia imponible, perseguir el pago de la obligación tributaria y a aplicar sanciones que como multas o clausuras.

V.- ¿Asiste razón a la recurrente? V.1.- En anterior oportunidad (cfr. CSJT, 09/8/2010, "Avignone José Luis vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo", sentencia Nº 550) señalé que, al igual que el modelo federal, en la Provincia de Tucumán el control de constitucionalidad se caracteriza por ser judicial, difuso y concreto. Lo primero, porque se trata de una facultad exclusiva y excluyente del Poder Judicial, de la que no participan ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo, a los cuales el Constituyente local no les ha reconocido tal atribución (cfr. arg. art. 3 de la de la Constitución de Tucumán, en adelante CT); lo segundo, atento a que es ejercido indistintamente por todos los magistrados y Tribunales que integran el Poder Judicial, quienes se encuentran habilitados para juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes y demás normas generales que resulten aplicable al asunto donde intervienen (cfr. art. 122 de la CT); y, lo tercero, pues sólo procede en un caso o causa judicial y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad se limitan a éste (cfr. art. 24 in fine de la CT).

El elemental requisito de caso o causa judicial ha sido definido por una constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como aquellos asuntos en que se persigue en forma concreta la determinación del derecho debatido entre partes adversas (Fallos 156:318; 306:1125; 307:2384; entre muchos otros). De tal concepto se desprende, a su vez, que la legitimación procesal constituye un presupuesto necesario para que exista un caso, causa o controversia que deba ser resuelto por el Poder Judicial (Fallos 322:528; 323:4098; 326:3007; entre muchos otros). En ese contexto, el Alto Tribunal del País, siguiendo los precedentes de su par norteamericano, exige que el demandante actúe siempre en función de un interés jurídico diferenciado, en el sentido que los agravios alegados lo afecten de forma directa o sustancial (Fallos 307:1379; 310:142; 310:606; entre muchos otros).

V.2.- Conforme se consigna expresamente en la sentencia cuestionada, la pretensión de inconstitucionalidad planteada en la especie ha tramitado por los carriles de la acción meramente declarativa, que tipifica el artículo 274 del CPCyC en los siguientes términos: "El interés deberá ser nato y actual. Sin embargo, podrá deducirse la acción meramente declarativa para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión al actor, y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente".

Frente al control concreto de constitucionalidad que instituye la CT en su artículo 24 in fine, cuya observancia incide de manera directa en la efectiva vigencia del principio de división de Poderes, inherente al sistema republicano de gobierno que deben asegurar las organizaciones institucionales locales (cfr. arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional), la posibilidad de valerse de la plataforma procesal que proporcionan las acciones del tipo de marras para -como en la especie- impugnar la validez constitucional de una norma jurídica de carácter general (ley en sentido formal o material), sólo se explica en la medida que la pretensión respectiva no tenga un simple carácter consultivo ni importe una indagación puramente especulativa, sino que corresponda -tal se ha visto- a un "caso" o "causa" judicial, donde se persigue, en concreto, la determinación de un derecho debatido entre partes adversas.

La referencia al término "relación jurídica" que se hace en la norma procesal ut supra citada es, precisamente, lo que da la pauta de que la allí regulada no constituye una acción abstracta de inconstitucionalidad, cuyo objeto, por no revestir forma contenciosa, pueda consistir en el mero examen genérico de compatibilidad entre el contenido de una norma cualquiera y el de la Ley Fundamental. Por el contrario, la acción de marras presupone la existencia de una relación jurídica determinada en la cual se ha generado un estado de incertidumbre que, en el supuesto de autos, estaría dado por el dictado de una norma aplicable a aquélla que el actor reputa inconstitucional. Únicamente en esos términos es posible decir que existe una controversia concreta entre quienes defienden intereses opuestos en el marco de dicha relación.

V.3.- De las constancias de autos surge que el carácter de contribuyente de la sociedad actora ha sido expresamente negado por el Municipio en su escrito de contestación de demanda (fs. 45 vta.). Ante dicha negativa, la carga de probar el mentado hecho controvertido recaía sobre la demandante (cfr. art. 302 del CPCyC) toda vez que la respectiva condición de contribuyente da cuenta en la especie del "interés jurídico diferenciado" que se exige a los fines de la legitimación activa en las acciones meramente declarativas.

Como "no basta el interés simple o común que tiene toda persona de la comunidad política en que el Estado desarrolle su actividad conforme al ordenamiento jurídico, sino que a los fines de la configuración del caso o causa judicial es menester la presencia de un interés en cierto grado específico, que haya sido o pueda ciertamente resultar afectado de no dilucidarse la cuestión constitucional objeto de la litis" (cfr. CSJT, 09/8/2010, "Avignone", sent. cit.), el progreso de la pretensión de autos se encontraba supeditado en primer término a la acreditación de este último extremo. En efecto, mal puede demandar con éxito la inconstitucionalidad de las disposiciones municipales reguladoras del TEM, quien no demuestra estar alcanzado por la ordenanza respectiva o, lo que es lo mismo, ser alguno de los sujetos de la relación jurídica tributaria que ha sido puesta en tela de juicio.

V.4.- Para sustentar su conclusión que en la especie no se encuentra acreditada la calidad de contribuyente en cabeza del actor, el A quo desconoce suficiencia probatoria a ese efecto al acta de inspección e intimación acompañada, a fs. 08, con la demanda de autos.

Ahora bien, a juzgar por los términos en que se encuentra plasmada dicha valoración negativa, donde se remarca que en la documental de marras "consta que (el demandante) no aportó el número de padrón correspondiente", el razonamiento del Tribunal de grado está supeditando la existencia de la relación tributaria al respectivo acto de empadronamiento, lo cual es a todas luces incorrecto y abiertamente contradictorio con los principios y normas que rigen la materia de autos, concretamente los contenidos en el Código Tributario Municipal (Ordenanza Nº 229/77 y sus modificatorias; en adelante CTM).

Es que las obligaciones tributarias nacen al producirse el presupuesto de hecho establecido por la ley para tipificar el tributo que se trate (cfr. art. 5º CTM) y, por ello, son contribuyentes las personas a cuyo respecto se verifique el hecho generador de la obligación tributaria respectiva (cfr. art. 16 del CTM). En el caso del TEM, el hecho imponible está dado por "el ejercicio de las actividades comerciales, industriales, de servicios y cualquier otra a título oneroso, siempre que quienes la/s desarrolle/n posea/n local/es establecido/s o fuente de renta en la jurisdicción del Municipio" (cfr. art. 15 de la Ordenanza Nº 3.809/06).

A más de que de su contenido surge como dato explícito la realización por parte de la demandante ("Razón social o apellido y nombre: Garlati Jorge René"), dentro del ámbito territorial de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ("Domicilio visitado: Av. Belgrano Nº 2.851"), de una de las actividades de naturaleza económica a las que alude la Ordenanza Nº 3.809/06 para tipificar el hecho imponible de la gabela en cuestión ("Actividad principal: Farmacia"), la sola existencia del acta de fs. 08 está dando cuenta de la condición de contribuyente del TEM que tiene el actor. Ello es así por cuanto dicha acta aparece labrada por un funcionario de la Dirección de Ingresos Municipales (cfr. sello inserto en la parte inferior derecha) y, de acuerdo con la normativa tributaria (cfr. art. 13 in fine del CTM), su realización en el domicilio del señor Garlati sólo se explica a partir de las prerrogativas con que ha sido investida el Organismo Fiscal para el cumplimiento de sus funciones, concretamente, la de "enviar inspecciones a todos los lugares donde se realicen actos o se ejerzan actividades que originen hechos imponibles o se encuentren bienes que constituyan materia imponible, con facultad para revisar los libros, documentos y bienes del contribuyente o responsable" (cfr. art. 13 inc. c del CTM).

Si no fuera por su calidad de contribuyente, esto es, porque el propio organismo fiscal le está atribuyendo al actor la realización, en el domicilio inspeccionado, del pertinente hecho imponible carecería de todo asidero la intimación que, con fecha 16 de febrero de 2007 desde la Dirección de Ingresos Municipales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, (en adelante DIM) se le efectúa al señor Garlati para que, en un plazo de 72 horas, presente los comprobantes de pago de TEM correspondientes a los períodos fiscales "Diciembre/2.006" y "renovación 2007", bajo apercibimiento que, en caso de incumplimiento de los deberes formales y materiales que surgen de lo requerido, se proceda a empadronar de oficio y a aplicársele, además, las sanciones correspondientes (multas, clausuras, etc.).

En suma, de la prueba de marras surge de manera paladina el interés de la parte demandante en obtener la declaración de inconstitucionalidad de las normas que regulan el TEM, toda vez que el acta está dando cuenta que el actor integra la respectiva relación jurídica tributaria, y que el Fisco lo ha intimado ha cumplir con los deberes formales y sustanciales propios de quien es sujeto pasivo de aquélla, por lo que para sortear las consecuencias sancionatorias de la que es pasible, el señor Garlati se encuentra en la disyuntiva de dar acabado cumplimiento con normas tributarias pese a que a su entender serían inconstitucionales o, bien, recurrir ante el órgano jurisdiccional competente a fin de que éste declare la invalidez de tales disposiciones. En ese contexto resulta evidente el carácter concreto de la pretensión incoada en la especie, la cual trasciende el plano de la mera consulta y se erige en un medio para evitar los inminentes perjuicios que la aplicación de la normativa municipal en cuestión ha de traer aparejado al actor.

V.5.- No obsta en absoluto, a la conclusión precedente, la observación que en el fallo recurrido (fs. 221) se formula respecto de la mentada acta de inspección, en los siguientes términos: "...cuando la actora solicitó a fs. 70 que el Municipio certifique la autenticidad de ese instrumento la DIM informa que remitió la copia del mismo pero no fue adjuntada (fs. 76/77). Ello no fue observado por la oferente de la prueba cuando se lo puso a conocimiento de los interesados (fs. 78)".

Con dicho argumento, el Tribunal de grado está soslayando que frente a un hecho contradicho (calidad de contribuyente) el demandante había cumplido -como se ha visto- de manera suficiente con la carga respectiva, al acompañar oportunamente la pertinente documentación que obraba en su poder. El mero desconocimiento que a modo genérico se hace en el escrito de contestación de demanda (ver fs. 46), no merma o anula la eficacia probatoria de dicha instrumental ni autoriza a exigir del presentante otro tipo de acreditación al respecto, en la medida que no existan en la causa elementos de juicio alguno que demuestren la falsedad o inexactitud del ejemplar que glosa a fs. 08 de autos.

Esa incorrecta aplicación de las reglas que rigen el procedimiento probatorio es coronado con una igualmente desatinada valoración que el A quo efectúa en orden a la prueba correspondiente al cuaderno Nº 3 del actor (fs. 70/80). Con excesivo rigor formal, la Cámara hace hincapié en que el oferente nada dijo sobre la omisión de la DIM en hacer efectiva la certificación de la copia del acta que dice acompañar a fs. 77, sin embargo, olvida el Tribunal que el organismo oficiado informa que remite en carácter de devolución "copia autenticada de la copia del acta" y que esta última no es otra que la fotocopia del acta de marras que se acompañó al librarse el oficio respectivo (cfr. diligencias de fs. 71 vta. y oficio de fs. 73). En definitiva, nada contiene el informe de la DIM que amerite impugnación alguna por parte del actor, máxime cuando los términos de aquel son favorables a la pretensión de este último, pues, más allá de la apuntada falencia material, el organismo fiscal esta dando a entender que es auténtico el instrumento ofrecido por el demandante.

V.6.- En mérito a las razones expuestas prolijamente ut supra, corresponde hacer lugar al recurso de casación incoado por la parte actora en contra de la sentencia Nº 316 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 30 de abril de 2010, sobre la base de la siguiente doctrina legal: "Incurre en arbitrariedad y, por ende, resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que, en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad de tributos municipales, a los fines de la acreditación del interés jurídico diferenciado que legitima para la interposición de una demanda de ese tipo, niega suficiencia probatoria a un acta de inspección que da cuenta del carácter de contribuyente del actor, siendo que en la causa no existen otros elementos de juicio que efectivamente desvirtúen la autenticidad de ese documento".

En consecuencia, se deja íntegramente sin efecto la sentencia en crisis y se dispone la remisión de las presentes actuaciones a la Excma. Cámara a los fines que, por la Sala que corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento sobre la pretensión esgrimida en la especie, conforme a lo aquí considerado y a las constancias obrantes en la causa.

VI.- La ajenidad de la demandada respecto del motivo por el cual progresa el recurso sub examine, constituye razón suficiente para imponer por el orden causado las costas correspondientes a esta instancia extraordinaria de casación (cfr. art. 105 inciso 1 del CPCyC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto y adhiero a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de casación deducido por la parte actora, expresada en el voto del señor vocal preopinante doctor René Mario Goane, toda vez que ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, denuncia arbitrariedad de sentencia y se dio cumplimiento con el depósito (arts. 748/752, CPCyC). Asimismo, comparto y adhiero a los puntos dispositivos y sus fundamentos del referido voto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo y de conformidad a lo dictaminado por el Ministerio Fiscal a fs. 256/257, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, RESUELVE:

I.- HACER LUGAR, con devolución del depósito de ley, al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia Nº 316 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 30 de abril de 2010. En consecuencia, CASAR íntegramente dicho acto jurisdiccional, dejándolo sin efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en el punto V.6 del considerando de la presente, y REMITIR la causa a dicho Tribunal a fin que, por la Sala que corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento sobre la demanda de autos, acorde a lo aquí considerado y a las constancias de la causa.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030643-03.