marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, indemnización, lucro cesante, feria artesanal
Materia: CIVIL
Carátula: EL PABELLON  S.A. c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-12

Si mediante el dictado de una Ordenanza se autorizó el funcionamiento de la Feria San Pedro Telmo, entre las 10 y las 17 horas, durante todo el año, a consecuencia de lo cual esos días las dos calles interiores de la Plaza Coronel Dorrego - cortadas Humberto I y Defensa - quedaron ocupadas con puestos y quioscos, obstruyendo por completo el acceso y salida de vehículos por cualquiera de dichas calles y produciendo un perjuicio a la accionante al impedir la explotación del negocio de estacionamiento de coches que funcionaba en la calle Defensa debe hacerse lugar al reclamo de los daños y perjuicios.

La ganancia que la accionante dejó de percibir durante el período que debió permanecer inactiva los días domingos hasta que cesó el impedimento, constituye un crédito que debe ser indemnizado, por ser una consecuencia directa y necesaria del acto administrativo. La inactividad obligada tiene un valor que es real, no solamente potencial, y su privación, por afectar el derecho de propiedad, en el sentido amplio que reconoce la Constitución Nacional, debe repararse (conf. arg. C.S.J.N. voto en disidencia del Dr. Boffi Boggero, E.D. 4-460, "Cantón M.E. c/ Gobierno Nacional", fallos: 301 405 y sgtes., íd. Cap. Fed. Tuc. 23/3/77 in re: "Dirección Nacional de Vialidad c/ Aluminio Norte S.A. ", R.E.D. 12-382, nros. 22 y 23;

C.N.Civ. Sala B, "La Baskonia S.A. c/ Municipalidad Ciudad Bs. As " del 18/11/80) y la indemnización debe comprender todo el período desde que se dictó el decreto hasta que la situación cesó.
Derecho a la salud, personas con discapacidad, cobertura médica, obras sociales, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa R., M. S. c/ OSDE s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-27

La cobertura por parte de las obras sociales del total del tratamiento de las personas con discapacidad que dispone el art. 2 de la ley 24.901, no ha sido condicionada por lo dispuesto en el artículo 6°, en cuanto establece que los entes obligados por la presente ley brindarán las prestaciones básicas mediante servicios propios o contratados, los que se evaluarán previamente de acuerdo a los criterios definidos y preestablecidos en la reglamentación pertinente, pues lo que queda sujeto a la ponderación de los entes obligados son los servicios que se brindarán al discapacitado, mas no su costo que, tal como establece el citado artículo 2, deberá ser totalmente afrontado por aquellos a los que la ley designó como responsables directos (Disidencia del juez Rosatti). - La Corte, por mayoría, desestimó el recurso extraordinario por considerarlo inadmisible (art. 280 CPCCN)-.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, defectos en la fundamentación normativa, fallo plenario, querellante, costas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Raphael, Moisés Elías s/ Defraudación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

La interpretación del art. 144 del Código de Procedimientos en Materia Penal efectuada por la Cámara en un fallo plenario posee el carácter obligatorio que le otorga el art. 27 del Decreto - Ley 1285/58, por lo que corresponde descalificar el pronunciamiento que expresamente se apartó de él sin dar fundamento válido para ello.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, robo, robo calificado, robo simple, calificación legal, cambio de calificación legal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Giménez  Alfaro,  Eduardo s/ p.s.a.  robo  calificado -causa nº4/2000-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-03

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que modificó la calificación legal de robo calificado por el empleo de armas por la de robo simple, pues independientemente de lo opinable que pueda resultar la cuestión tendiente a determinar las condiciones de operatividad del arma incautada, no existió una adecuada ponderación de ciertas constancias de la causa que permitirían tener por acreditado tal extremo, a pesar de no haberse secuestrado el arma ni efectuado disparos en los hechos objeto de tratamiento.
Sentencia absolutoria, falta de perjuicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: R., Luis Manuel - G., Orlando Nicolas s/ robo a mano armada agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-10-02

Cabe rechazar el recurso de casación deducido contra la sentencia que condenó al imputado en orden al delito de robo, si no se precisó el hecho de que se trate de un caso de la denominada "bagatela" que podría llevar a una absolución por la poca monta del perjuicio; pues en el caso la valoración económica no es tan mínima y la ley protege no solo a los que tienen bienes de fortuna sino a todas las personas, incluyendo los que circulan por la vía pública con modesta indumentaria o efectos de escaso valor; atento todos los ciudadanos tienen derecho a la defensa de su propiedad.
Privación de justicia, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gallardo, Roberto Andrés c/ Consejo de la Magistratura s/ queja por denegación de justicia en 'Asociación de Magistrados, integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires c/ Consejo de la Magistratura s/ amparo (art. 14, CCABA) s/ queja por denegación de justicia en 'Asociación de Magistrados, integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires c/ Consejo de la Magistratura s/ amparo (art. 14, CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-23

Conforme con el dispositivo de la decisión, advierto que el Sr. juez Kersman decidió una medida cautelar -y hasta dictó sentencia en la causa-, uno de cuyos términos, como de ordinario sucede con el idioma, es pasible de una definición acerca, en este caso, de las personas que abarca. Se trata de saber si el quejoso ante este Tribunal está dentro o fuera de la medida cautelar solicitada y de proceder en consecuencia. Se trata, entonces, de una medida casi mecánica, que no implica ejecución de una decisión en términos jurídicos, sino, meramente, precisar su alcance e informarlo a las autoridades correspondientes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de San Fernando c/ CORREA DE CASTRO, María s/ Restitución de inmueble Herrera, Humberto Alvaro c/ Hormigonera Testa Hnos. S.A. s/ Daños y perjuicios Giannini, Eugenio y otra s/ Tercería de dominio en autos: `López, Rubén c/García, Omar. Cobro  ejecutivo' Silveira, Blanca Nieves c/ Municipalidad de La Matanza s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-07|1992-12-22|1995-03-21|1996-05-14

Por vía del recurso de inaplicabilidad de ley la Corte no puede conocer de cuestiones que no fueran sometidas a consideración de la segunda instancia.
Daños y perjuicios, compraventa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garcia, Daniel Alberto y otra c/ Martino, Oscar Bernardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

El valor, representado por la utilidad o beneficio económico que la consumación del negocio celebrado haría ingresar en el patrimonio del comprador, no tiene que ser probado por el acreedor. Queremos decir que éste no tiene que llevar a cabo ninguna carga especial tendiente a demostrar su existencia o procedencia. El deudor debe esta prestación como debía la originaria, la que prometió obligarse por el contrato; nos hallamos pues ante la misma obligación perpetuada al cambiar el contenido de su valor representativo en dinero.
Recurso de apelación (procesal), apelación en relación, efecto suspensivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Battauz, Héctor Orlando c/ Borocci, Luis y otros s/ Disolución y liquidación de sociedad Rey Quenon, Norberto c/ Bolatti, Miguel Angel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15|1991-12-17

La concesión de un recurso de apelación sólo desprende al juez del conocimiento de aquello que ha sido materia del recurso, y en ese orden de ideas al efecto suspensivo del mismo, cuando así procediera, es con respecto al decisorio materia del recurso.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Plan para la vivienda, derechos y garantías constitucionales, contravenciones, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M, M. M. c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-13

La interdependencia de los derechos y la ubicación central, ya no periférica o subordinada, del derecho a la vivienda, lo muestra el hecho de constatar que conductas que hacen a la vida privada de toda persona y que son habituales en el ámbito doméstico, si son realizadas en la calle, que es al fin de cuentas la "casa" de quien vive "sin techo", implicarían, de suyo, la comisión de contravenciones.
Personal de casas particulares, certificado de servicios, aportes previsionales
Materia: LABORAL
Carátula: Albornoz Celia del Carmen c/ Bravo de Nacir Elsa Luisa s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2001-12-04

Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en cuanto, al otorgamiento del certificado de servicios, conforme así lo detremina el art. 12 inc.g de la ley 24241.

Encontrándose el personal de servicio doméstico en relación de dependencia comprendido en la misma, en virtud de su art.2 inc.7, realizaba la actora aportes como autónoma, que la circunstancia de encontrarse comprendida en otro régimen jubilatorio Nacional, Provincial o Municipal, no liberan de la obligación de realizar aportes y contribuciones a este sistema, salvo casos expresamente determinados en la ley. Las personas que ejercen mas de una actividad simultánea, de las comprendidas en los incs. a, b, c del art. 2 y los empleadores en su caso, contribuyen con carácter obligatorio con cada uno de ellos, art. 5 de la ley 24241.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: MAGDALENA MYRIA OLIVARES QUILODRAN c/ MOTINO Y ACUÑA  S.R.L. s/ LABORAL  EXPTE. N. 0-2635-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1987-11-20

Con la aplicación de la Ley 23.264 - en cuanto fija un principio de igualdad - no se viola como señala la parte, el art. 3 del Código Civil, porque no se trata de dar efecto retroactivo a la vez, ya que como se expresara no se está ante la distribución del patrimonio del causante en una sucesión como así tampoco se ante la aplicación de la ley para determinar la responsabilidad para fijar el monto del resarcimiento o para agravar la situación del responsable; sino que se está ante la aplicación inmediata de una pauta legal que tiene por finalidad delimitar las aptitudes personales para la titularidad o el ejercicio de un derecho, cual es, la de concurrir en paridad los hijos matrimoniales y extramatrimoniales en la distribución de una indemnización como consecuencia del derecho propio que les asistía.
Caducidad, resoluciones irrecurribles, reposición in extremis
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Transportes EDAR SA c/ GCBA s/ repetición GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ O. C. I. c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03|2018-10-17

La sentencia que declaró la caducidad de instancia de la queja resulta una sentencia interlocutoria que pone fin al proceso por ante este Estrado y por ello no se encuentra dentro del universo de aquellas susceptibles de ser atacadas mediante el recurso de reposición. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano)
Derechos y garantías constitucionales, defensa del consumidor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Cavi S.A. c/ SIC y T. GCBA Resol. 481/01".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-28

La ley 24.240 es norma federal dictada en cumplimiento del mandato previsto en el art. 42 de la C.N.
Lanzamiento preventivo, facultades del fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

Si bien el art. 335 del CPPCABA otorga al Fiscal la facultad de que sea el propio representante del Ministerio Público quien disponga "provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble", el protocolo de actuación del Ministerio Público no prevé la posibilidad y estipula que -en todos los casos- la orden de allanamiento, desahucio y otorgamiento de la tenencia o posesión deberá ser requerida al Juez, siendo, en palabras del Fiscal General, "un acto de autolimitación" (conf. Res.FG 328/2010). (Voto en disidencia del Sr. Juez Horacio G. Corti).
Terceros, proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: CONGELAR SA E INTERNATIONAL BUSINESS PROMOTTION SA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - CONCURSO PREVENTIVO - INCIDENTE DE  REVISION (CSJ EXPTE N 580-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-13

Del análisis de la hipótesis contemplada por el art 28 del Cód Procesal Civil y Comercial con las normas que regulan la intervención de terceros en el proceso, se desprende que el tercer presupuesto legal de admisibilidad que, respecto de la intervención voluntaria coadyuvante autónoma, contempla el art 302 de dicho cuerpo legal, acuerda al tercero la facultad de participar como parte, al establecer: "...igual intervención le corresponderá cuando su derecho sea conexo con el deducido en el proceso por la parte a que coadyuve...".
Estafa, competencia, competencia por el territorio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Huck, Fernando Alberto s/ estafa en tentativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

En el delito de estafa o su tentativa cabe atenerse, a fin de determinar el tribunal competente, al lugar donde los documentos fueron entregados.
Uniones convivenciales, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: NN c/  s/ su presentación ante el Tribunal de Conducta Saucedo, Maria Soledad c/ Sandoval, Pablo Cesar s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-02-28|2021-02-04

La jurisprudencia ha encontrado en el enriquecimiento sin causa la vía adecuada para encauzar las divergencias patrimoniales entre concubinos, por no haberse podido probar, y por lo tanto, encuadrar en otras situaciones jurídicas. En tal sentido, si no se admitiera el enriquecimiento sin causa, importaría consagrar una inmoralidad mayor; por lo que su aplicación evitaría perpetrar un daño irreparable.
Concursos, síndico del concurso, simulación, cesación de pagos
Materia: COMERCIAL
Carátula: MELLER,  CARLOS c/ YTQUES, SANTIAGO Y WALLACH, OSCARS/ ORDINARIO. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-15

Del Dictamen Fiscal 99657:

La promoción de acción de simulación por parte del sindico concursal no esta sometida al recaudo de la autorización de los acreedores, exigencia establecida expresa y pacíficamente para incoar la acción revocatoria concursal (LC art. 119-3 parr.), toda vez que ella no se encuentra contemplada expresamente, ni con disposiciones particulares, en la ley 24522; además, el síndico no solo esta facultado sino que la ley le impone como deber procurar el cobro de créditos adeudados al fallido e iniciar los juicios necesarios para su percepción y para la defensa de los intereses del concurso (LC art. 182), sin que ello requiera la autorización de los acreedores.
Carga, defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Autoservicio Aylén c/  s/ Apelación (Ley Provincial 1480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-05-08

Se debe partir de la base que la infracción se aplica por tener mercadería vencida, razón por la cual los agravios sobre que la cantidad hallada representa un porcentaje sumamente bajo respecto de la totalidad de los productos, como que la situación de emergencia social y económica de nuestro país llevó a que el "Autoservicio" cuente con el mínimo del personal, no condicen con la finalidad de la ley al respecto, la cual sanciona la creación de un grave riesgo para la salud de los consumidores, debiendo asegurarse que los mismos conozcan con seguridad los productos que adquieren, evitando situaciones que puedan poner en riesgo su salud, es decir, la ley establece una pauta correctora de carácter disuasiva.

Véase que el art. 5 de la Ley N° 24.240 refiere a que "Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios". No presenten peligro alguno reza la norma, es decir, no se requiere que se haya causado el daño en la salud o integridad física, sino que, justamente, se tiende a prevenir; es por ello que la cantidad no es un requisito para decretar la infracción, carece de relevancia si es un porcentaje bajo o que posean poco personal para algunas funciones, ya que existió un potencial perjuicio y riesgo para la salud de los consumidores.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Reynoso, Oscar A. c/ Prunder S.A. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

De conformidad con el art. 48 de la ley 23.551 no gozan del derecho a la estabilidad en el empleo los dirigentes gremiales que ocupan cargos electivos en asociaciones sindicales sin personería gremial.

Más aún si ni siquiera poseen la inscripción a que se refiere el art. 22 de la ley citada.
Debate, prueba, prueba prohibida, admisibilidad de la prueba, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Riera, Osvaldo A. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-17

La incorporación al debate, de prueba ilegal, torna arbitrario el fallo recurrido al haberse motivado de modo principal en actos no cumplidos. Tal defecto constituye una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resiente la motivación lógica del fallo y desatiende el mandato de los arts. 123 y 404 inc. 2 del C.P.P.N. que reglamentan la garantía constitucional de la defensa en juicio -art. 18 de la C.N.- en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituya una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas de la causa.(Voto de los Dres. Tragant y Riggi).
Responsabilidad extracontractual del Estado, daños y perjuicios, gastos de sepelio, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ortiz, Liduvina Del Valle; Barrios, Fernanda Cecilia y otros c/ Diesel Alejandro 1º S.A. s/ ordinario S., G. L. c/ Provincia de Salta y/o T., S. E. y/o L., I. M. y/o quien resulte responsable, M. L., I. s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-03-31|2018-03-19

Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y debe afrontar las consecuencias de su incumplimiento o ejecución irregular, circunstancia que en el presente no se ha cumplido, motivo por el cual corresponde ratificar la responsabilidad del Estado provincial por el daño moral que le causa a la actora el suicidio de su hijo, interno en una unidad carcelaria. Para cumplir adecuadamente con la obligación de seguridad social, es imperioso que el Servicio Penitenciario efectúe el seguimiento y preste los tratamientos necesarios para conservar o restablecer la salud psicofísica de las personas que se encuentran privadas de la libertad, cuando ellas lo necesiten. Es en relación a ese resguardo que el apartado "c" 50 del art. 1º del Decreto Provincial Nº 360/70 -Régimen Disciplinario para el Personal de la Dirección General para Institutos Penales- califica como falta muy grave "no prestar asistencia médica a un interno ..." y al apartado "b" 67 define como falta grave "no cumplir el personal médico, los reglamentos y las disposiciones legales de orden público o especiales dictadas por la superioridad en cuanto se refieren a la ... salud de la población penal ...". En el caso se encuentra comprometida la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de sus deberes primarios, tales como la preservación de la salud y de la integridad personal de la población carcelaria, lo que constituye una irregular prestación del servicio a su cargo.
Decreto de necesidad y urgencia, ratificación del decreto, empleados públicos, remuneración, reducción salarial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-02

La necesidad y urgencia -invocadas con sustento en una situación de grave riesgo social para dictar el decreto 290/95- fueron evaluadas por el Congreso, al sancionar, diez meses después, la ley de presupuesto 24.624; por lo que la intervención del Legislativo en esos términos, desplaza, como principio, el limitado margen de apreciación judicial en torno de la cuestión (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Transporte de pasajeros, taxi, habilitación del vehículo, interpretación de la ley, medidas cautelares, razonabilidad tributaria
Materia: CIVIL
Carátula: CURI ROBERTO HECTOR c/ GCBA s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-21

La distinta antigüedad del vehículo exigida como requisito para la obtención de la habilitación de la unidad, con respecto a las actividades de taxi (1 año), remís (5 años) y transporte escolar (entre 12 y 15 años, conforme el cronograma de adecuación establecido en el art. 1, Ley Nro. 1665), apreciada dentro del acotado conocimiento que admiten el estado liminar en que se encuentra la acción y la naturaleza del instituto precautorio, deviene irrazonable.

Ello así pues, en primer lugar, si la finalidad perseguida es garantizar la seguridad de los pasajeros transportados -objetivo común a todos los supuestos-, para que se encuentre justificado el distinto trato normativo otorgado a cada una de estas actividades deberían existir diferencias esenciales entre ellas.

En segundo lugar, el medio escogido -determinación de la distinta antigüedad de los rodados como requisito para obtener la habilitación- no resulta adecuado para alcanzar el fin -según lo dicho, garantizar la seguridad de los pasajeros-.

En efecto, para concretar tal propósito, prima facie debe verificarse el estado del automotor, y no su antigüedad con carácter de parámetro excluyente.

Un vehículo debe superar la verificación técnica y -por vía de hipótesis- un rodado que cumple con el requisito de la antigüedad previsto en la norma podría, no obstante, estar en condiciones inaceptables para realizar la actividad.

En consecuencia, no se justifica que la antigüedad sea el factor a ponderar por parte de la autoridad de aplicación con alcance excluyente, en tanto no se tenga en cuenta -de forma prioritaria- la aptitud real del vehículo.

Estos fundamentos permiten, en el caso, tener por verificada la verosimilitud del derecho alegada por el peticionante, sumados a la existencia de un evidente peligro en la demora, todo lo cual conduce a concluir que debe concederse la medida cautelar de no innovar solicitada, sin perjuicio de lo que pudiera resolverse al dictar la sentencia definitiva. (Del voto en disidencia del Dr. Carlos Balbín).