Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-26


SENT Nº 191 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiseis (26) de Marzo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el actor en autos: "Suárez Luis Ángel vs. Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (F.O.T.I.A) s/ Cobro (Ordinario)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación deducido por el actor Luis Ángel Suárez, en contra de la sentencia de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala I del 12/8/2010 (fs. 254/256 y vta.).

II.- La sentencia impugnada resuelve hacer lugar al recurso de apelación deducido por la accionada en contra de la sentencia del 04/6/2009 y hace lugar a la excepción de cosa juzgada deducida por la misma.

Sostiene que el Sr. Juez apelado yerra en su conclusión, pues el juez concursal sí emitió pronunciamiento respecto del crédito que Suárez pretendió verificar declarándolo inadmisible expresamente; no sólo por las razones consideradas por el a-quo sino además por las que agregó al final de sus consideraciones (ínfimo valor de las cesiones realizadas); que éste es el verdadero marco resolutorio en el que debe resolverse la defensa esgrimida por el demandado, teniendo en cuenta que el pedido de verificación causa los efectos de una demanda judicial (interrumpe la prescripción e impide la caducidad del derecho y de la instancia) conforme art. 37 de la LCyQ; que a la vez, la resolución del art. 36 LCyQ que decide sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del crédito insinuado puede ser revisada a petición del interesado, formulada dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la resolución; que vencido tal plazo sin que se la hubiera cuestionado, ella queda firme y produce los efectos de la cosa juzgada (art. 37 LCyQ), situación que es precisamente la que se configuró en el concurso preventivo de F.O.T.I.A. respecto al crédito de Suárez.

Expresa que la solución del caso es clara : habiendo optado Suárez por verificar el crédito (cuyo cumplimiento había demandado previamente en esta causa) ante el concurso preventivo de F.O.T.I.A., debía estar a la normativa que regula tal instituto, y si su crédito no fue admitido, solo le quedaba la vía de la revisión pues no puede pretender retornar a la demanda ordinaria que tramita en esta litis; que sería un absurdo darle curso a esta demanda ordinaria hasta el momento del dictado de la sentencia, para entonces remitirla al juez concursal a fin de que emita fallo sobre una cuestión respecto de la que ya se pronunció y existe cosa juzgada (arts. 21/37 LCyQ).

Sostiene que la sentencia que declaró inadmisible el crédito por honorarios profesionales esgrimido por Suárez tanto en este juicio como en el concurso preventivo de F.O.T.I.A., tiene efectos de cosa juzgada material y esto obsta a la intención del actor de proseguir esta causa con el objetivo de obtener una sentencia favorable, en tanto que consistiendo su objeto en la misma pretensión que dedujo en el concurso preventivo de la presunta deudora, de admitirlo se estaría revisando la voluntad concreta de la ley afirmada en aquella sentencia y ello es inadmisible desde el punto de vista de la "cosa juzgada", con cita de doctrina y jurisprudencia.

III.- El recurrente relata los antecedentes del caso, que en el presente juicio se demanda el cobro derivado de una deuda impaga por la orden de trabajo para la realización de un anteproyecto y proyecto de diseño del "Complejo Turístico F.O.T.I.A.-El Mollar" y que la demandada plantea excepción de cosa juzgada basada en la resolución del juez del concurso sobre su crédito; que la sentencia de primera instancia del 04/6/2009 no hace lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la accionada; que apelada por la accionada el fallo de la alzada del 12/8/2010 revoca la sentencia y hace lugar a la excepción de cosa juzgada deducida.

Refiere que la sentencia de primera instancia es una correcta interpretación de lo dictaminado por el Juez Concursal, en la sentencia del art. 36 de la LCyQ del 30/8/2006, cuyos términos transcribe y que el fallo objeto de recurso es equivocado, ya que si bien es cierto que optó por verificar el crédito en el concurso, el Juez Concursal en forma clara decidió que no resulta procedente emitir pronunciamiento en esa sede, y como consecuencia de este análisis, el Juez no emite pronunciamiento sobre la admisibilidad o rechazo de su crédito y al no haber emitido pronunciamiento habilita la vía para que su parte pueda continuar con el juicio ordinario de cobro que fue justamente lo que hizo; que la no apelación de la resolución concursal a través del recurso de revisión, tiene un fundamento claro, cual es, que al no haberse el Juez pronunciado sobre el crédito, no son aplicables respecto a él las disposiciones de la LCyQ, quedando su parte liberada de la obligación de apelar y consecuentemente con ello pude optar por la continuidad del juicio ordinario.

Expresa que no asiste razón a la demandada en cuanto sostiene que sería absurdo darle trámite a la demanda ordinaria hasta el dictado de la sentencia, para entonces remitirla al Juez concursal para que se pronuncie sobre su crédito, ya que no existe impedimento procesal para ello; que con la sentencia de condena puede solicitar verificación tardía del crédito; que si ambas partes consintieron la sentencia del juez concursal que dice que no resulta procedente emitir pronunciamiento sobre el crédito en esa sede cómo se puede pretender el triunfo de la excepción de cosa juzgada basada en un pronunciamiento que la accionada consintió; que por tanto debe estar de acuerdo con que la única vía idónea que quedaba a su parte era continuar el juicio ordinario.

Sostiene que su parte tendría que haber recurrido la sentencia concursal sólo si esta rechazaba o aceptaba el crédito, pero al no haber emitido pronunciamiento sobre el mismo no hay obligación de apelar y se ejerce la acción por el proceso ordinario; que para que proceda la revisión el recurrente se debe sentir agraviado con la sentencia, en este caso, al no existir pronunciamiento sobre admisibilidad o rechazo de la verificación del crédito sino un no tratamiento de la cuestión por no considerarlo procedente, esta situación no causa agravio a su parte ya que podía optar por la vía ordinaria, y en consecuencia la excepción de cosa juzgada no es procedente; que surge la ausencia de aplicación de los arts. 36 y 37 de la Ley Nº 24.522, por cuanto el Juez concursal no declara verificado el crédito ni tampoco lo rechaza.

Refiere que el Juez Concursal, se aparta de la opinión de la Sindicatura, que sostenía que el crédito estaba prescripto; que la prescripción no fue opuesta al oponer excepciones; que el Juez del concurso considera que no resulta procedente emitir pronunciamiento en esa sede, o sea, no emite opinión sobre el fondo del asunto planteado en este proceso de conocimiento, no se pronuncia sobre si el crédito está prescripto o no, ni sobre si existe o no, por cuanto como él lo expresa no resulta procedente, por estar éste en trámite al momento de la verificación, o sea, que no está en condiciones procesales de verificarlo o rechazarlo.

Expresa que es doctrina legal de la Corte que la cosa juzgada tiene por objeto evitar pronunciamientos contradictorios sobre un mismo pleito, y por ende un mismo asunto no puede ser resuelto dos veces; que es indispensable la existencia de una sentencia previa dictada por juez competente en la materia, que emita una decisión final y fundada sobre el pleito o el asunto llevado a su estudio; que una sentencia definitiva para ser tal debe irremediablemente, bajo pena de nulidad, estar debidamente fundada; que no hay pronunciamiento sobre la procedencia o no de su acción, ya que ni el Juez del Concurso ni el Juez de primera instancia han emitido pronunciamiento sobre su crédito, por lo que, la continuidad de este proceso por ante el Juez competente es totalmente procedente; que la cosa juzgada se hubiera producido si el Juez concursal se hubiera pronunciado por el rechazo o por la aceptación del crédito y su parte lo hubiera consentido; que al no darse esta circunstancia y no siendo aplicable el art. 37 de la LCyQ, su parte no debía recurrir y consecuentemente no puede haber cosa juzgada.

Reitera que en la opinión del Juez Concursal la causa principal se encuentra en trámite y debe seguirse tramitando hasta que concluya el proceso y se dicte la sentencia, la que valdrá como titulo verificatorio en el concurso; que ante una sentencia de verificación o no, se podrá recurrir y si no se recurre habrá cosa juzgada; que no existe ni en el presente proceso ni en el concurso una sentencia definitiva sobre su crédito, y no la habrá hasta tanto no se dicte sentencia en el proceso de conocimiento.

Expresa que la sentencia de Cámara, al sostener un criterio de interpretación "amplio y flexible" para acoger la excepción peticionada sobre esta clase de juicios, contradice la doctrina que sostiene un criterio restrictivo y estricto para conceder el efecto de cosa juzgada; que para que ésta opere, deben darse ciertos presupuestos siendo indispensable contar con sentencia definitiva con carácter final y debidamente fundada, presupuesto que en el caso no existe; que nada de todo lo expuesto precedentemente fue analizado por sentencia impugnada, a pesar de que fueron remitidos conjuntamente con el presente incidente la causa principal y las copias de la sentencia del Juez del concurso arrimadas por el propio accionado, tal como consta en autos, lo que causa un agravio más a su parte; que el perjuicio que se causa a su parte la excepción de cosa juzgada a favor del accionado, resulta evidente y sin posibilidad de resarcimiento, razón por la que quedará sin cobrar un crédito que aun no tuvo oportunidad de probar en el juicio de conocimiento y sobre el que nada manifestó el Juez concursal, por lo que se encuentra sin resolución firme sobre el crédito intentado.

Invoca gravedad Institucional, en cuanto la sentencia bajo recurso pareciera inclinarse a favor de sólo una de las partes, quebrantando el principio de equidad, la igualdad de la defensa en juicio; de la división de poderes y es arbitraria, máxime que el fallo se dictó sin tener en cuenta lo expresado por el Juez Concursal sobre su crédito y la imposibilidad de emitir opinión sobre él en esa sede; que compromete la propia materia debatida en la causa de conocimiento, afectándose precisamente el objeto del pleito, con menoscabo de garantías constitucionales como la defensa é igualdad; que la Cámara pretenda dar valor de cosa juzgada a la sentencia concursal sobre su crédito cuando el Juez concursal jamás fundó ni tomó una decisión sobre el mismo considerándolo no susceptible de análisis en esa sede dado su estado, o sea, encontrándose en trámite.

Sostiene que entender que se trata de una sentencia firme es contrario a derecho, toda sentencia para quedar firme debe como un requisito formal y de nulidad estar fundada y el Juez concursal no funda su opinión sobre su crédito ya que no lo considera oportuno; que sin fundamento no es una sentencia valida y en consecuencia no adquiere efecto de cosa juzgada sobre su crédito; que lo intentado en el proceso de conocimiento no se contradice con lo resuelto en el concurso, donde nada se dijo sobre lo reclamado al accionado.

Refiere que la cosa juzgada es el efecto que adquiere una sentencia definitiva para darle seguridad jurídica a lo resuelto, que otro Juez no resolverá de manera contradictoria un mismo asunto; que para la procedencia de esta excepción es necesario que en otro proceso ya exista una sentencia firme sobre el objeto del proceso contra el cual se opone esta defensa, requisito que no se da en este caso, ya que el Juez concursal nada dice sobre el crédito, se abstiene de opinar al respecto por considerarlo no procedente; que esta sumatoria de improcedencia en virtud de las normas y la doctrina expuesta, son pautas suficientes para desestimar la petición y consecuentemente con ello hacer lugar al recurso que se interpone por el presente.

IV.- Por auto interlocutorio del 03/12/2010 (fs. 282) la Cámara no hace lugar al recurso de casación interpuesto. Incoada la correspondiente queja, se abre la misma mediante resolución de esta Corte de fecha 11/4/2011 (fs. 331/332) correspondiendo en esta instancia el examen de procedencia de la casación intentada.

V.1.- De la confrontación del memorial casatorio puesto en relación con los motivos sentenciales se advierte que el recurso ha de prosperar.

La cuestión a decidir radica en los alcances que tiene la sentencia del Juez concursal que en oportunidad del art. 36 de la LCyQ, declara inadmisible el crédito del actor. Asimismo, si lo resuelto en dicha sentencia dictada en el concurso preventivo de la demandada, sobre la inadmisibilidad del pedido de verificación del actor del mismo crédito que se ventila en autos y que no fue objeto de revisión en los términos del art. 37 LCQ, produce efectos de cosa juzgada material.

V.2.- La sentencia N° 326/06, dictada en los autos Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (F.O.T.I.A.) s/ Concurso Preventivo, Expte N° 2425/05 del 30/8/2006 (fs. 78/118) expresa que comparte la opinión de Sindicatura en torno a la inadmisiblidad del crédito insinuado, si bien por fundamentos distintos a los considerados por éste; que del análisis de la causa "Suarez Luis Angel vs. Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (F.O.T.I.A) s/ Cobro (Ordinario)" se advierte que se trata de un proceso de conocimiento en trámite, por lo que de acuerdo a lo dispuesto por el inc. 2° del art. 21 de la Ley Nº 24.522 (texto sustituido por la Ley Nº 26.086) no opera a su respecto la suspensión de su trámite ni la radicación en éste Juzgado, dado que el actor debió ejercitar la opción prevista en dicha norma en ese proceso. Consecuentemente no resulta procedente emitir pronunciamiento sobre el crédito insinuado en esta sede; que si bien la circunstancia apuntada es causal suficiente para justificar el rechazo de la verificación pretendida, resulta llamativo y curioso que el crédito pretendido por la suma de $ 279.393,02, fuera cedido en dos oportunidades por la ínfima suma de $ 1.000, cantidad que resulta irrisoria a la luz de la que aquí se pretende verificar, situación ésta que resulta inadmisible en el marco de un proceso colectivo; que por todo ello, se declara INADMISIBLE el crédito insinuado por Luis Ángel Suárez.

V.3.- La sentencia dictada en el concurso preventivo en los términos del art. 36 de la LCyQ que declara admisible o inadmisible un crédito, adquiere los efectos de la cosa juzgada salvo dolo en mérito a lo previsto por el art. 37 de la LCyQ, después de veinte días para recurrir por revisión sin haberse interpuesto ese recurso. Tal efecto de cosa juzgada no es meramente formal pues se trata de pronunciamiento judicial obtenido en un proceso de conocimiento que, aunque diferente del proceso bilateral típico y quizás más abreviado que el juicio declarativo ordinario, permite afirmar el carácter de cosa juzgada material de la sentencia que le pone fin.

Cabe destacar que tal sentencia del juez concursal, es un verdadero pronunciamiento sobre la existencia y legitimidad del crédito insinuado, su alcance (monto, accesorios) y preferencias. Así, ella en nada difiere de la sentencia similar que hubiera podido recogerse en un proceso de conocimiento sustanciado en situación de solvencia del deudor. En consecuencia los efectos de la cosa juzgada en nada deben distinguirse ni amenguarse respecto de los asignados a cualquier sentencia de conocimiento dictada sobre una pretensión creditoria contra un deudor solvente (Roullión, Código de Comercio, Tomo IV-A, pág. 484).

V.4.- Sin embargo, la cosa jugada no puede ser invocada cuando no hubo pronunciamiento sobre el fondo del reclamo (CSN, 01/01/1985, Paoloni, José Luis Celestino vs. Cooperativa Agrícola Ganadera Rosario Tala Ltda., Fallos 307-1013, ídem 15/6/2004, El Soberbio S.A. s/ Concurso preventivo. Incidente de verificación, Fallos 327-2321; conf. DI TULLIO, José A., La revisión en la verificación de créditos, ED, 204-1046; MACAGNO, Ariel, El procedimiento de verificación de créditos. A propósito de la posibilidad que tiene el acreedor de agotar las vías verificatorias instauradas por la ley, en ARECHA y otros (coordinadores) Verificación de créditos, Buenos Aires, Ad Hoc, 2004, p. 21).

O sea, para que se produzca el efecto de cosa juzgada material, la decisión que deniega la petición debe fundarse en no haberse acreditado algún requisito intrínseco de admisibilidad; en cambio, no existe dicho efecto cuando tiene fundamentación en requisitos que no obstan a que la pretensión, una vez subsanada la deficiencia, sea propuesta nuevamente o adquiera ulterior eficacia.

Por eso, no existe cosa juzgada si la respuesta judicial negativa al pedido de verificación tempestiva se fundó en cuestiones formales, vgr. que el peticionario no había acreditado su calidad de administrador de la sucesión; o, en general, en no haber acreditado la representación invocada, en tanto la cosa juzgada pone fin a una incertidumbre; las situaciones jurídicas inciertas quedan aseguradas, fijadas, precisadas; nada de ello acontece cuando la cuestión queda abierta.

En definitiva, la recta hermenéutica del art. 37 de la ley concursal conduce a la conclusión de que la cosa juzgada que obsta a un ulterior nuevo pedido de verificación sólo puede ser aquella en la que el juez ha rechazado la pretensión verificatoria por razones sustanciales (por ej., falta de acción, inconcurrencia de los extremos de derecho o por carencia de prueba, etc.) (Kemelmajer de Carlucci, Aída, "Cosa juzgada y procedimientos concursales en la jurisprudencia del nuevo milenio", Acad.Nac. de Derecho 2010 (junio), 5).

V.5- No se encuentra cuestionada por el recurrente la declaración de inadmisibilidad del crédito sino la cuestión reside en si tal declaración importó pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

El Juez concursal decidió que no opera la suspensión del juicio de conocimiento en trámite en razón que el actor debió ejercitar la opción prevista en el art. 21 de la LCyQ en ese proceso y que consecuentemente no resulta procedente emitir pronunciamiento sobre el crédito insinuado en esta sede. Las consideraciones efectuadas por el sentenciante a renglón seguido no modifican lo antes decidido en tanto se limita a calificar de llamativo y curioso el pedido verificatorio en base a una cesión por una ínfima suma que resulta irrisoria. Ello, tanto más que la declaración de inadmisibilidad por considerar irrisorio el monto de las cesiones no se compadece con lo antes resuelto sobre la improcedencia de emitir pronunciamiento sobre el crédito insinuado. Concretamente, el crédito fue declarado inadmisible por cuestiones formales, esto es que conforme al art. 21 LCyQ, no opera a su respecto la suspensión del trámite del juicio de conocimiento ni su radicación en el Juzgado del concurso, dado que el actor debió ejercitar la opción prevista en dicha norma en ese proceso y que consecuentemente no resulta procedente emitir pronunciamiento sobre el crédito insinuado en esta sede.

Por lo tanto, se equivoca la sentencia impugnada en cuanto afirma que el Sr. Juez apelado yerra en su conclusión porque el juez concursal declaró expresamente inadmisible al crédito además, por el ínfimo valor de las cesiones realizadas y que, habiendo optado Suárez por verificar el crédito debía estar a la normativa que regula tal instituto y si su crédito no fue admitido, sólo le quedaba la vía de la revisión conforme lo ya señalado, pues no puede pretender retornar a la demanda ordinaria que tramita en esta litis.

El error de la sentencia objeto de recurso radica en que, contrariamente a lo allí resuelto, la decisión del Sr. Juez del concurso no se pronunció sobre el fondo del asunto sino que decidió que no cabe emitir pronunciamiento (de fondo) sobre el crédito insinuado, declarando inadmisible el crédito por cuestiones formales. Y dado que la sentencia del Juez concursal no se pronunció sobre el fondo del asunto, conforme a lo considerado, el acreedor no tiene la carga de deducir la revisión prevista por el art. 37 LCyQ para evitar que se produzcan los efectos de la cosa juzgada material.

Se equivoca asimismo la sentencia en cuanto considera que sería un absurdo darle curso a esta demanda ordinaria hasta el momento del dictado de la sentencia, para entonces remitirla al juez concursal a fin de que emita fallo sobre una cuestión respecto de la que ya se pronunció y existe cosa juzgada (arts. 21/37 LCyQ), en tanto -como se dijo-, no existe pronunciamiento del Juez concursal sobre el fondo de la cuestión y por lo tanto no existe cosa juzgada material. Por tales razones, el acreedor se encuentra facultado a requerir verificación (tardía) -en su caso-, una vez obtenida sentencia favorable en los presentes autos.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido, conforme a la siguiente doctrina legal: "La sentencia del Juez concursal que declara inadmisible un crédito por considerar que no se encuentra suspendido el proceso de conocimiento en trámite conforme al art. 21 LCyQ y que en consecuencia no resulta procedente emitir pronunciamiento en esa sede se fundamenta en una cuestión formal y no resuelve el fondo del asunto". "La sentencia del Juez concursal que declara inadmisible un crédito sin pronunciarse sobre el fondo del asunto no produce los efectos de la cosa juzgada material aún cuando no hubiera sido objeto del recurso de revisión del art. 37 de la LCyQ". En consecuencia, corresponde dictar la sustitutiva de la resolutiva de la sentencia bajo recurso.

VI.- De las constancias de autos surge que no se dio intervención en los presentes autos a la sindicatura del concurso preventivo, por lo que en mérito a lo previsto por el art. 21, en cuanto prevé que el síndico será parte necesaria en los procesos de conocimiento en trámite, cabe recomendar se acuerde intervención a dicho órgano si así correspondiere en mérito al estado procesal de los autos caratulados: Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera. Expediente Nº 2425/05, que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la VIª Nominación.

VII.- En cuanto a las costas, atento el resultado arribado, corresponde se impongan al demandado vencido en ambas instancias, por ser de ley expresa (art. 105 del CPCyC).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR con devolución del depósito, al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala I, del 12/8/2010 (fs. 254/256 y vta.). En consecuencia, casar la misma conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando y dictar como sustitutiva, la siguiente: "I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la FEDERACIÓN OBRERA TUCUMANA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA (F.O.T.I.A.), contra la sentencia del 04/6/2009 (fs. 166 del principal) la que se confirma en todas sus partes. II) IMPONER LAS COSTAS de la alzada al demandado recurrente por resultar vencido, conforme a lo previsto por el art. 105 del CPCyC. III) RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad".

II.- IMPONER las costas al demandado, según se considera.

III.- RECOMENDAR al Juzgado que -en su caso-, se dé intervención al síndico interviniente en los autos caratulados: "Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera". Expediente Nº 2425/05, que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la VIª Nominación, conforme a lo considerado.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.