Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-06-15


AUTOS N° 68903 (5° JUZ. CIVIL) (SALA III 11892) "NAVARRO Osvaldo R. C/ Villa del Sol y Otra - Esc. Escrituración - Sumario" En la ciudad de San Juan, a 15 días del mes de Junio de 2017, reunidos los Sres. Miembros de esta Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dres. Luis Alberto Recio y Juan Carlos Pérez a los fines de resolver respecto del recurso de apelación interpuesto a fs. 405 por la demandada contra la sentencia de fecha 31 de agosto de 2016 obrante a fs. 401/404, de estos autos.

EL SR. JUEZ DE CÁMARA DR. LUIS ALBERTO RECIO, dijo El Sr. Juez de Primera Instancia en la sentencia que viene en apelación resolvió: "1) Admitir el planteo deducido por la parte demandada y en consecuencia declarar perimida la instancia, conforme los argumentos vertidos en los considerando que anteceden. Con costas por la incidencia a la parte actora vencida. 2) Rechazar el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada, conforme los argumentos vertidos, con costas a la demandada vencida. 3) Condenar en costas por el proceso principal a las partes por el orden causado, conforme los argumentos vertidos supra. 4) Regular los honorarios profesionales del Dr. Carlos Cocco por su actuación profesional, en doble carácter en el incidente de perención de instancia, en el 6,6% de la base regulatoria que oportunamente se practique y por su actuación en el planteo de inconstitucionalidad, y a cargo de su mandante como vencido en la suma de pesos setecientos ($ 700). 5) Regular los honorarios profesionales intervinientes por su actuación en el proceso principal, a los Dres. Mariel Bonadé, Juan José Videla y Ernesto Videla en doble carácter y en forma conjunta, por las dos etapas cumplidas en el 15 % de la base regulatoria que a tal fin se apruebe. Regular los honorarios profesionales del Dr. Carlos Cocco por su actuación profesional en doble carácter, por las dos etapas cumplidas en el 15 % de la base regulatoria que a tal fin se apruebe. " (sic).

El Dr. Cocco en su carácter de apoderado del demandado deduce recurso de apelación a fs. 405 contra la sentencia por causarle gravamen irreparable y contra la regulación de sus honorarios profesionales por altos por su mandante y por bajos por derecho propio. A fs. 411/415 fundamenta el recurso de apelación contra la sentencia dictada siendo sus agravios los siguientes: Le agravia la decisión del a-quo que rechaza el planteo de inconstitucionalidad sin razones ni fundamentos suficientes e idóneos, respecto del art. 72 último párrafo del C.P.C. y ordena imponer las costas del proceso principal por el orden causado. Que la decisión así plasmada le resulta de neto corte arbitraria lesiva de derechos de cuño constitucional como ser la defensa en juicio, debido proceso, igualdad y propiedad, entre otros expresos e implícitos, cuestión constitucional y federal que deja reeditado e involucrada ante el superior.

Considera por otro lado improcedente el razonamiento efectuado por el Sr. Juez de Primera Instancia basado en precedente de la Cámara Civil, para justificar el deber de soportar las costas a su cargo. Por el contrario, el apelante fundamenta su postura contraria en que quien resulta vencido en el pleito culminado por perención de instancia es el actor, no el demandado, habida cuenta que es él quien decide iniciar la causa mediante la implementación de una demanda judicial, quien tiene la facultad para modificarla, desistir antes de la notificación o bien notificarla al demandado, y quien no obtendría eventualmente el reconocimiento de sus derechos a través de una sentencia definitiva por obra exclusiva de su inactividad procesal.

Afirma que ello es suficiente para echar por tierra el eventual acuerdo tácito que existiría entre el actor y el demandado para hacer cesar el proceso, y de que el mismo sería parcialmente desfavorable para ambos al no obtenerse una sentencia definitiva según lo argumentado por los autores informantes y redactantes del art. 72 último párrafo del C.P.C..

A su vez, expresa que resulta ser lesivo de derechos constitucionales, mandar a cargar con las costas generadas en su defensa a la parte demandada, afectándose de ésta manera el derecho de propiedad- Art. 17 de la Constitución Nacional, arts. 22 y 111 de la Constitución Provincial, el derecho de igualdad ante la Ley, art. 16 C.N. y 24 C.P., la garantía del debido proceso legal, art. 18 C.N. y art. 33 C.P., así como la razonabilidad y supremacía constitucional, art. 28 C.N. y art.31 de la C.P. . Que dicha normativa viola además derechos y garantías de corte supra constitucional, como los Tratados Internacionales incorporados por nuestra Constitución Nacional a través del art. 75 inc. 22, quedando acreditado con ello que la solución que impone el art. 72 último párrafo del C.P.C., resulta ser claramente inconstitucional, por lo que solicita así se declare.

Como segundo agravio y sucedáneo con lo pretendido anteriormente solicita que las costas devengadas en ésta Alzada sean impuestas al actor vencido conforme lo establecido por los arts. 66 y 67 del C.P.C..

Corrido traslado de los agravios los contesta el actor por intermedio del Dr. Ernesto Vila, quien solicita el rechazo del recurso.

A fs. 438 obra dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara Dra. Marcela Cristina Torres quien concluye que siendo la imposición de las costas del juicio una consecuencia objetiva de una derrota, se estaría violando la garantía de la inviolabilidad de la propiedad consagrada por nuestra Constitución Nacional por lo que corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 72 último párrafo del C.P.C..

Tratamiento del recurso.

El agravio en su extensión se postula fundamentalmente en torno a revocar la decisión expresada por el Sr. Juez de Primera Instancia declarando la constitucionalidad del art. 72 último párrafo del C.P.C. por el cual se imponen las costas del proceso principal por el orden causado, diré en este caso puntual y compartiendo la postura recientemente tomada por éste Tribunal en caso similar que: no puede soslayarse que el ejercicio por parte de la jurisdicción del deber-facultad de declarar la inconstitucionalidad de una norma importa una tarea muy delicada para la cual la tradicional línea jurisprudencial trazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado en torno a su análisis "el principio de aplicabilidad restrictivo" toda vez que, implicando como efecto natural de la declaración de inconstitucionalidad el de la abrogación de una norma emanada del Poder Legislativo, razón por la que pudiendo ponerse en crisis las facultades de incumbencias propias de este, se afectare el adecuado equilibrio que debe existir entre los tres poderes del Estado. Por tal fundamento el pronunciamiento judicial en tal sentido ha sido conceptualizado históricamente por el máximo Tribunal del País como "aquel que importa la última ratio del orden jurídico". A modo ejemplificativo cito "Cabe recalcar la jurisprudencia de esta Corte según la cual la declaración de inconstitucionalidad al importar el desconocimiento de los efectos, para el caso, de una norma dictada por un poder de jerarquía igualmente suprema, constituye un remedio de ultima ratio que debe evitarse de ser posible mediante una interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental , pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas (fallos: 14:425; y 147:286) Además cuando exista la posibilidad de una solución adecuada del litigio por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa, corresponde prescindir de estas últimas para su resolución ( fallos 300:1029; 305:1304)".

A partir de ello, surge claramente que la posibilidad de que el juzgador declare la inconstitucionalidad de una norma requiere de un delicado y profundo análisis comparativo y confrontativo de donde emerja nítidamente que la norma en cuestión contraría el precepto constitucional, es decir que no puede caber duda alguna de ello aplicando un criterio absolutamente restrictivo.

Entrando al análisis de la norma en cuestión el artículo 72 del C.P.C. cuyo título expresa: Transacción. Conciliación. Desistimiento. Perención. en su último párrafo prevé que: "Declarada la perención de la primera instancia, las costas del juicio deberán ser impuestas en el orden causado, en tanto las del incidente se regirán por lo dispuesto por el art. 67.". Se establece así el principio según el cual sólo si la causa resulta extinguida por haber caducado la instancia esta serán impuestas por el orden causado.

La norma que estamos analizando se encuentra contextualizada en el CAPITULO V -COSTAS dentro del código de procedimientos de nuestra Provincia y tiene por objeto regular la forma en que ha de disponerse la condenación en costas, estableciéndose en el art. 66 de dicho ordenamiento un principio general para luego legislar en particular sobre determinadas situaciones de excepción, en donde se dispone el apartamiento a dicho principio, es decir se estable una regla y sus correspondientes excepciones. Dicha normativa fija pautas procesales para la determinación de las costas en los procesos sometidos a la jurisdicción de nuestros tribunales.

En este aspecto es necesario señalar que los diversos ordenamientos procesales reconocen distintos sistemas. Así hay autores que distinguen tres sistemas (como Roberto Loutayf Ranea), 1) el inglés, las costas las carga el vencido; 2) el norteamericano, cada parte paga sus costas, y 3) el mixto, como regla el vencimiento, como excepción poderes al juez para morigerar el principio. En nuestro derecho , como lo expresa Ricardo Reimundin, la regla es la condena al vencido y la excepción, la exoneración. (Código Procesal Civil, Comercial y Minería comentado por Jaime A. Velert F., Roberto Pagés Lloveras, Gustavo A. Velert B., pág. 403).

Es así que, en lo referente a la imposición de costas en la perención de la primera instancia, nuestro código produce una innovación tanto en relación al código anterior, como también con respecto al Código de Procedimientos Nacional y de los códigos de la mayoría de las provincias argentinas, lo que no implica que la normativa en cuestión resulte inconstitucional. Así normas similares son acogidas por los ordenamientos procesales de Santa Fe en su artículo. 241, la Rioja, Jujuy art. 204 y Entre Ríos art. 401. De igual forma, se sigue el mismo criterio en la legislación comparada, tales como en España e Italia.

La innovación comentada tiene su basamento en la circunstancia de que al finalizar el proceso por este medio anormal de terminación- incidente de perención- en el principal, no ha habido triunfante ni vencido.

Ahora bien, en lo que hace al planteo específico de inconstitucionalidad, hay diversos aspectos que deben tenerse en cuenta para recién decidir respecto de la declaración de inconstitucionalidad de una norma , entre otros que: a) la violación de la Constitución sea de tal entidad que justifique la abrogación de la norma en desmedro de la seguridad jurídica, ya que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad; b) cuando la repugnancia a la Constitución sea manifiesta e indubitable, ya que en caso de duda debe estarse por la constitucionalidad; c) cuando la incompatibilidad sea inconciliable, o sea, cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones distintas que las constitucionales comprendidas en la causa.

Pero además, corresponde al interesado demostrar claramente la inconstitucionalidad invocada, no siendo suficiente su mera alegación. Así, la Corte Suprema de Justicia si bien ha admitido la declaración de inconstitucionalidad de oficio -a la que adhiero-, no ha dejado por ello de lado el criterio según el cual "la declaración de inconstitucionalidad de una ley no debe hacerse en términos genéricos o teóricos (tal la pretensión que nos ocupa). No basta en consecuencia con la aserción de que la norma impugnada pueda causar agravio constitucional sino que debe afirmarse y probarse que ello ocurre en el caso" (Fallos, 256:602 -1964-, ratificado luego en Fallos 258:255 -1964-; 307:1656 -1985-; 314:407 -1991-, entre muchos otros).

Es que, a decir de la Corte, no basta con aducir vulneración de principios o garantías constitucionales por la aplicación de una determinada normativa, sino que se debe probar en qué medida tal inconstitucionalidad causa el perjuicio que se manifiesta.

Siguiendo este criterio, es que entiendo que el régimen instituido por el art. 72 último párrafo del C.P.C. no afecta el derecho a la igualdad ante la ley establecido por la Constitución Nacional en su art. 18, por cuanto rige para ambas partes independientemente el lugar de actor o demandado que eventualmente ocupen en la acción, por lo tanto las mismas se mantienen en igualdad de condiciones frente al proceso. "El principio de igualdad ha sido claro, reiterado y correctamente entendido como igualdad en iguales circunstancias. Trato que en el caso es igual para ambos litigantes, no configurándose en consecuencia lesión alguna a la garantía constitucional". ABREGU RAMON ALBERTO Y OTROS C/AGROINDUSTRIAL DEL MILAGRO COOP. DE PROVISION DE SERVICIOS s/COBRO DE PESOS, Fecha: 24/05/2012{F}, Sentencia Nº: 73, Cámara L Sala 4 LEX9.

Por otro lado, tampoco quebranta el derecho de propiedad (art. 16 de la Constitución Nacional) del obligado al pago, ya que el hecho de que tenga que abonar los honorarios del profesional que le prestó el servicio, no implica la confiscación de sus bienes, ni violenta el derecho de propiedad de los profesionales que representan a las partes quienes no se ven privados de cobrar la retribución de sus correspondientes actuaciones.

"Hoy no admite discusión el alcance constitucional otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al término "propiedad", en cuanto comprende todos los bienes apreciables en dinero; pero tampoco existe debate respecto que los derechos reconocidos por la constitución "no son absolutos", ya que se encuentran sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio.

Nuestro máximo Tribunal de la Nación, como último interprete de la constitucionalidad de las normas, ha sostenido al analizar una norma similar a la que nos ocupa, que: "La circunstancia de que el art. 21 de la ley 24.463 (Adla, LV-C, 2913) disponga que las costas se abonen en el orden causado no trae aparejada una lesión a las garantías de la igualdad y propiedad, pues, el régimen favorece a ambas partes por igual, y no se advierte que la circunstancia de abonar sus trabajos a un profesional implique la confiscación de los bienes del obligado" (CSJN Flagello, Vicente c. ANSeS 20/08/2008 Publicado en: LA LEY 03/09/2008 , 7 LA LEY 2008-E , 285 LA LEY 10/09/2008 , 11 DJ 17/09/2008 , 1395 DJ 2008-II , 1395 IMP 2008 - 19 (Octubre) , 1703 ED , 19 Cita Fallos Corte: 331:1873 Cita online: AR/JUR/5819/2008 )." También la C.S.J.N. al fallar en las causas "Vago Alicia C/ Anses" V. 111, XXXIII. R.O. y "Boggero, Carlos C/ Anses" B. 1524. XXXII, ambas de fecha 10/12/1997, instituyó que el tema relativo a las costas es de carácter procesal y puede ser tratado por las leyes (en este caso la normativa especial contenida en nuestro código de procedimientos) de la forma más justa sin que sea menester que en todos los casos se impongan al vencido".

En la causa en estudio, y siguiendo los lineamientos antes vertidos que rigen la materia enunciados anteriormente no se advierte que exista inconstitucionalidad en la norma bajo estudio. Por lo dicho propicio por el rechazo de este agravio, e imponer las costas de esta Alzada, al apelante vencido conforme el hecho objetivo de la derrota, art. 66 del C.P.C..

Ahora bien, resuelto lo anterior corresponde detenerme en el estudio del recurso de apelación referido a los honorarios regulados al Dr. Cocco, quien en su escrito de apelación de fs. 405 punto 2), los apela a) por altos en representación de su mandante y b) por bajos por su propio derecho.

El Sr. Juez de Primera Instancia efectuó una doble regulación conforme las normas de rigor y así fijó los emolumentos del Dr. Cocco, por su actuación en el incidente de perención de instancia en el 6,6 % de la base regulatoria a practicarse, y por su actuación en el planteo de inconstitucionalidad en la suma de pesos setecientos ($ 700); y por la actuación del mismo en el proceso principal por las etapas cumplidas en el 15% de la base regulatoria que a tal fin se apruebe.

En cuanto al primer emolumento regulado esto es por el incidente de perención de instancia, la normativa aplicada al mismo es la correspondiente a los arts. 41 y 14 de la ley 56-O, en virtud de ello y teniendo en cuenta el porcentaje regulado al profesional actuante por su actuación en el proceso principal, el porcentual en éste incidente aparece alto, por lo que corresponde su adecuación y morigeración, determinándose el mismo en el 4%, de la base regulatoria que oportunamente se fije, conforme la índole de las tareas efectuadas para el planteo de su actuación.

Respecto a los honorarios, fijados en primera instancia relativos al planteo de inconstitucionalidad, aparecen bajos, por lo que se fijan en la suma de $ 1.200 a la fecha de la sentencia de primera instancia.

En cuanto al resto de los honorarios regulados por lo actuado en el proceso principal, la regulación determinada por el Sr. Juez de Primera instancia, aparece ajustada a derecho, por lo que corresponde su confirmación.

Se regula honorarios por la actuación en ésta instancia y referida al tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 72 último párrafo del C.P.C. a los Dres. Carlos Cocco y Ernesto Videla a cada uno de ellos en la suma de pesos: ochocientos seis ($ 806), ya que conforme al art. 22 de la ley 56-O los honorarios de los profesionales intervinientes en un pleito o incidente , no podrán fijarse en menos de la décima parte del salario mínimo, vital y móvil vigente a la época de la regulación y a la fecha de la presente resolución.

Para todas las regulaciones, se ha tenido en cuenta, el carácter en que intervienen, el mérito, eficacia, índole de la cuestión planteada y el éxito obtenido.

EL SR. JUEZ DE CÁMARA DR. JUAN CARLOS PÉREZ, dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Luis Alberto Recio.

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada fs. 405 contra el punto 2 de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 31 de agosto de 2016 obrante a fs. 401/404 y en consecuencia declarar la constitucionalidad del art. 72 último párrafo del C.P.C., conforme a los considerandos que anteceden; con costas al apelante vencido (art. 66 del C.P.C.).

2) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 405 punto 2) a y b , en cuanto a los honorarios regulados al Dr. Cocco los que se modifican en la forma establecida en los considerandos pertinentes.

3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en esta instancia Dr. Carlos Cocco y Ernesto Videla a cada uno de ellos en la suma de pesos Ochocientos seis ($806) conforme normativa citada y a la fecha de la presente.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C..FDO: DR. LUIS ALBERTO RECIO; DR. JUAN CARLOS PEREZ. ANTE MI DRA. MARIA ELISA PETRIGNANI DE MERINO- SECRETARIA- PROT. AUTOS T° II F° 04/10 AÑO 2017.