Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09


Buenos Aires, 9 de febrero de 2012 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. Las constancias de interés que tienen relación con los agravios que suscitaron las quejas del epígrafe ya fueron detalladas en la resolución dictada el pasado 11/08/11 (cf. fs. 297/298) por lo que corresponde tenerlas aquí por reproducidas.

2. En aquel pronunciamiento se dispuso dar por concluida la intervención de la Asesoría Tutelar en las actuaciones tramitadas ante el Tribunal y, asimismo, se emplazó a la defensa para que manifestara si hacía suyos los planteos introducidos por el Ministerio Público Tutelar a favor del acusado, en el marco del legajo nº 7297.

El Sr. Defensor General, en la presentación agregada a fs. 300, manifestó que hacía "propio lo deducido por la Sra. Asesora Tutelar, quien pretende obtener la desvinculación de C. C. de la causa".

Fundamentos El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La queja agregada a fs. 45/54 (a la que adhirió la defensa a fs. 300) debe ser rechazada en atención a que el recurso de inconstitucionalidad cuya procedencia defiende fue dirigido contra una sentencia que no es la definitiva en los términos del art. 27 de la ley nº 402. Por lo demás, si bien busca traer una cuestión que presenta como relacionada con la imparcialidad del juez -garantía constitucional que podría ser sólo susceptible de tutela inmediata en algunos supuestos-, no ha logrado demostrar que deba equipararse a definitiva la decisión de la Cámara de rechazar el pedido de recusación del juez de primera instancia. Dicha equiparación podría tener lugar, entre otras, en el supuesto en que, conforme lo tiene dicho la CSJN para un recurso de similares características, la resolución que rechaza la mencionada pretensión le hubiese producido a los imputados un menoscabo en el servicio de justicia (ver Fallos: 190:124; 244:34, 407; 306:1392). Pero en el sub lite no se acreditó ni la existencia de esa situación, ni la de cualquier otra que, por generarle a los imputados un perjuicio no susceptible de reparación ulterior, llevare a tener que equiparar a definitiva a esa resolución. El recurrente, para fundar sus agravios, reitera los argumentos en los que se buscó apoyo al solicitar la mencionada recusación, esto es que la decisión adoptada por el magistrado de grado con relación al pedido de prórroga del plazo de investigación realizado por el fiscal revela, a su juicio, su falta de imparcialidad para decidir la cuestión planteada, sin hacerse cargo de los motivos que le dio la Cámara al tratar ese punto. En este orden de ideas, el a quo sostuvo que es pacífica la jurisprudencia que sostiene que sólo existe un adelanto serio de opinión capaz de configurar un temor serio de parcialidad cuando aquella es emitida fuera de la etapa procesal oportuna, cuestión que estimó no había sucedido en el caso (fs. 13 vuelta).

2. Por su parte, los planteos vinculados a la declaración de inconstitucionalidad del archivo previsto en el art. 105 del CPPCABA, resultan sustancialmente análogos a los tratados por este Tribunal in re expte. n° 7563/10 "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'O., J. P. s/inf art. 95 CP'" y su acumulado, expte. nº 7565 "Ministerio Público -Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'O., J. P. s/ inf. art. 95 CP'". En tales condiciones, por las razones que dí al pronunciarme en aquella oportunidad, a las que remito, corresponde hacer lugar parcialmente a la queja nº 7609 y al recurso de inconstitucionalidad que vino a defender, y revocar el punto I de la sentencia impugnada.

3. El resto de los agravios propuestos en la mencionada queja nº 7609 deben ser rechazados puesto que la recurrente no demuestra que comprometan la interpretación y aplicación de cláusulas constitucionales, como lo exige el art. 113, inc. 3, CCBA, reglamentado por la ley nº 402, o federales, según la doctrina del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).

Si bien la parte recurrente objeta de la decisión de la Sala I no haber tratado expresamente sus planteos dirigidos a controvertir cuál es la circunstancia a partir de la cual queda disparado el plazo establecido por la normativa de rito para la investigación penal preparatoria y, asimismo, si ese plazo debe ser computado sobre la base de días corridos o hábiles, no muestra que la cuestión propuesta resulte conducente para conmover la solución recurrida. En este orden de ideas, la Cámara señaló que ".en modo alguno se advierte en la presente causa el incumplimiento de razonables pautas temporales. Téngase presente que, tal como se desprende de la certificación obrante a fs. 130, con fecha 4/12/2009, el Sr. Fiscal presentó el requerimiento de elevación a juicio" y que "[p]or ello, aparece adecuado lo afirmado por el Sr. Juez a quo en cuanto que a la eventual dilación ocurrida en la presente causa, que como se dijo no supera lo razonable, realizaron su aporte las incidencias procesales provocadas (ver incidentes Nº 50181-01-CC/2009 y 50181-02-CC/2009 de la presente causa, resueltos en el día de la fecha por el Tribunal)" (fs. 204), argumentos de los que no se hace cargo la parte recurrente y, a cuyo respecto, la Defensa no expresa por qué de haber sido abordadas expresamente las objeciones que afirma omitidas ellas hubieran podido conmover lo dicho por el a quo o conducir, indisputablemente, a una solución distinta.

A ese fin, resulta insuficiente con insistir frente a esta instancia en que la ampliación del plazo de investigación preparatoria dispuesta habría vulnerado las garantías de defensa en juicio, debido proceso y plazo razonable (fs. 130) que, en las condiciones descriptas, carecen de relación directa con la decisión atacada, sin que la Defensa exprese por qué, más allá de su acierto o error, el modo en que quedó resuelta la cuestión resulte insostenible. 4. Por todo lo expuesto voto por: a) rechazar la queja agregada a fs. 45/54; b) hacer lugar parcialmente a la queja de fs. 146/156 y al recurso de inconstitucionalidad de fs. 115/136; y c) revocar el punto I de la decisión de fs. 110/113 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas; y rechazar la queja de fs. 146/156 en relación con el resto de los agravios planteados por la Defensa. El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Adhiero, en lo sustancial, al voto del señor juez de trámite, doctor Luis Francisco Lozano, y agrego las siguientes consideraciones en torno a algunas de las cuestiones suscitadas en este proceso.

2. La queja correspondiente al expte. nº 7297 tiene origen en el rechazo de un planteo de recusación del juez que, pendiente de resolución la solicitud de sobreseimiento del imputado por el alegado vencimiento del plazo de la investigación penal preparatoria, resolvió conceder prórroga para concluir dicha investigación al representante del Ministerio Público Fiscal.

Al respecto, reiterados pronunciamientos de este Tribunal aclaran que, en principio, las decisiones referidas a medidas o provisiones adoptadas durante la tramitación del proceso no constituyen sentencia definitiva en el sentido del art. 27 de la ley nº 402 y tampoco se han dado argumentos que autoricen a considerar que la decisión recurrida pueda ser equiparada a una sentencia definitiva, con fundamento en las garantías que se invocan (cf. "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/infracción ley 255 -apelación-'", expte. n° 3338/04, resolución del 1/12/2004, y más recientemente: "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benítez, Sergio David s/ art. 189 bis del CP'", expte. n° 4994/06, resolución del 23/5/2007 y "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 5- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Erice, Fabián; Erice Ariel y otros s/ inf. arts. 116 y 117 ley 1472'", expte. n° 5285/07, resolución del 12/9/2007, y "Cóceres, Alfredo Gabriel y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Cóceres, Alfredo Gabriel y otros s/ inf. art. 116 CC, organizar y explotar juego sin autorización, habilitación o licencia -incidente de recusación-'", expte. n° 5507, resolución del 9/4/2008).

A todo evento, lo cierto es que la queja no logra exponer la existencia de cuestión constitucional alguna. Las argumentaciones desarrolladas por el recurrente sólo exhiben la disconformidad con la decisión que, tras valorar circunstancias propias de los jueces de mérito -relativas a la interpretación de las reglas procesales vinculadas con el trámite y los motivos por los que procede el apartamiento de un magistrado del conocimiento de una causa-, rechazó la recusación intentada. En síntesis, no se ha objetado aquí el alcance de la garantía del juez imparcial, sino que se intenta discutir en torno a valoraciones de hecho y a la aplicación de normas de orden procesal local, aspectos todos ajenos a la vía intentada. Tampoco se ha demostrado que la interpretación que los jueces realizaron de las normas procesales en juego pueda considerarse irrazonable en razón de haberse resuelto el planteo recusatorio sin previa audiencia, cuando aquella no fue solicitada ni se ofreció oportunamente la producción de prueba para fundar el planteo.

3. En cuanto a los planteos vinculados con la declaración de inconstitucionalidad de las previsiones del art. 105, CPP (expte. nº 7609), la forma en que se ha arribado a la decisión que aquí se recurre y las consecuencias que de ella podrían derivarse adquieren una incidencia que, entiendo, exige la intervención anticipada de este Tribunal en el caso. En efecto, según lo expone el voto al que me adhiero, el tribunal de alzada se ha expedido invalidando una disposición legal en razón de la interpretación que por mayoría efectuaron de las cláusulas constitucionales que disponen respecto de las potestades del Estado Nacional y los locales. Esa disposición (art. 105, CPP), en consecuencia, no podrá ser aplicada durante este proceso, sin que exista otra oportunidad para que este Tribunal ejerza al respecto las funciones que el art. 113.3, CCABA le ha conferido y que la defensa reclama (ver, mutatis mutandi, este Tribunal in re "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Del Tronco, Nicolás s/ infr. art. 184 inc. 5 -CP-'" expte. n° 6784/09 y su acumulado, "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Del Tronco, Nicolás s/ infr. art. 184 inc. 5 -CP-'", expte. nº 6785/09, resolución del 27/09/10 y sus citas).

4. Al margen de las cuestiones sobre las que podría discurrirse en torno a la posibilidad de que los jueces declaren de oficio la inconstitucionalidad de una norma en un procedimiento penal, deseo destacar que si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación admite bajo rigurosas circunstancias el control de constitucionalidad de oficio por parte de los magistrados, en el caso, se ha pasado por alto que la apuntada doctrina jurisprudencial prevé que tal actuación procede en el marco de un caso, causa o controversia judicial, cuando no exista otra posibilidad de resolver adecuadamente el pleito y en tanto la repugnancia de la norma o acto cuestionado, respecto de la cláusula constitucional comprometida, resultare manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (Fallos: 324:3219 y 327:3117) ya que la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal -ya sea a petición de parte y mucho más ex officio- es una medida de extrema gravedad institucional, al punto de constituir la ultima ratio del ordenamiento jurídico (cf. mi voto in re: "Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales' en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ daños y perjuicios [excepto responsabilidad médica]'", expte. nº 5427/07, sentencia de fecha 12 de marzo de 2008).

Tal como lo expone el doctor Lozano, lo cierto es que los jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, procedieron -por mayoría- a declarar la inconstitucionalidad del art. 105, CPP, no sólo sin demostrar que aquella sorpresiva y precipitada decisión fuera la única forma posible de dar respuesta a los agravios que se le habían planteado a través del recurso que habilitó su intervención en el proceso sino, además, en abstracto. En efecto, se trata de un pronunciamiento inconducente, con valor exclusivamente declamatorio pues, en definitiva y tal como lo advierte el voto al que adhiero (punto 3), la resolución convalidó el rechazo del planteo de nulidad dirigido a la prórroga del plazo de la investigación preparatoria y el rechazo de la solicitud de archivo efectuada. Así las cosas, la incorporación de la consideración sobre la constitucionalidad de la regulación en cuestión a partir de un escenario hipotético que la propia decisión descarta, conlleva un exceso de jurisdicción que desorbita la función judicial e importa, en los hechos, prejuzgamiento.

5. Por lo expuesto, voto por a) rechazar la queja agregada a fs. 45/54; b) hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso de inconstitucionalidad planteados por la defensa a fs. 146/154 y 115/136 y revocar el punto I de la sentencia impugnada, en copia a fs. 110/113, y c) rechazar la queja de la defensa en relación con el resto de los agravios planteados.

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero, en lo sustancial, al voto del señor juez de trámite, doctor Luis Francisco Lozano, y también comparto las consideraciones adicionales que, en sentido concordante, expone el doctor José Osvaldo Casás en su voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Tras el extenso trámite de autos, dos son las cuestiones que el Tribunal debe resolver, a saber: por un lado los planteos referidos a la violación de las garantías de defensa en juicio, debido proceso legal e imparcialidad formulados en el recurso de inconstitucionalidad al que refiere la queja de fs. 45/54; y por el otro los planteos vinculados a la declaración de inconstitucionalidad del archivo previsto en el art. 105 del CPPCABA.

2. El recurso de hecho de fs. 45 y siguientes debe prosperar. La presentación satisface el recaudo de fundamentación que prescribe el artículo 33 de la ley n° 402 toda vez que critica de forma acertada las razones que dieron sustento al auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad. En consecuencia, la queja es admisible y habilita el análisis del recurso de inconstitucionalidad.

3. A fs. 23/31, la recurrente sostuvo que la sentencia que dictara la Sala I vulneró las garantías de defensa en juicio, debido proceso legal e imparcialidad. Explicó que la decisión que emitiera la Cámara violó el debido proceso al resolver en contra de su pretensión, sin oír siquiera a las partes dado que había omitido convocar a la audiencia prevista en el art. 25 del CPPCABA.

Aquí es oportuno recordar que la resolución impugnada tenía por objeto resolver un pedido de recusación del juez de primera instancia que había resuelto conceder al fiscal la prórroga del plazo de la instrucción penal preparatoria estando pendiente un pedido de archivo formulado con anterioridad por la Asesoría Tutelar por cumplimiento del plazo de instrucción.

Entiendo que asiste razón a la recurrente. En efecto la Cámara omitió el trámite legalmente previsto conculcando el debido proceso y la garantía de defensa en juicio. Asimismo avaló una resolución del a quo que violó la garantía de imparcialidad al rechazar la recusación. Tal como señaló el Ministerio Público Tutelar a fs. 24 (en el recurso que hizo suyo la defensa, según ya se mencionó) "resulta imposible de ser pensado que un mismo juez sostenga que un plazo no se encuentra vencido en un determinado momento del proceso para así decidir la concesión de la prórroga de ese mismo plazo, y, a su turno, pueda manifestar lo contrario para decidir el archivo del proceso con sustento en que el plazo de investigación se encontraba vencido al tiempo en que decidió su prórroga".

4. Corresponde en consecuencia hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad y disponer el archivo de las actuaciones por violación del plazo razonable. No puedo soslayar que el hecho investigado se produjo el 1 de noviembre de 2009, que el régimen procesal penal juvenil local establece que el plazo de la instrucción penal preparatoria en casos de flagrancia es de 15 días, y que las actuaciones ingresaron al Tribunal el 18/05/2010. En virtud de la solución a la que arribo se torna innecesario el tratamiento del resto de las cuestiones planteadas. Así lo voto.

Por ello, emitido el dictamen por el Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja agregado a fs. 45/54.

2. Hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso de inconstitucionalidad, planteados por la defensa, que se encuentran agregados a fs. 146/154 y 115/136 y revocar el punto I de la decisión impugnada, obrante en copia a fs. 110/113, en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 105, CPP.

3. Rechazar la queja de la defensa agregada a fs. 146/154 en relación con el resto de los agravios allí planteados.

4. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.