Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-27


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 18149.

Expediente Nº 54.967/10.- Sala IX. Juzgado Nº 1 En la ciudad de Buenos Aires, el 27/9/12 , para dictar sentencia en las actuaciones caratuladas " CHIOFOLO CLAUDIO GUSTAVO C/ MOTO MAIL S.A S/ DESPIDO", se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I.- Contra la sentencia dictada en primera instancia que hizo lugar a la demanda, se alza la accionada a tenor del memorial obrante a fs. 176/180, que mereciera respuesta de la contraria a fs. 190/192.

II-. Se agravia por cuanto el magistrado de grado consideró que el vínculo existente entre las partes era de carácter laboral en los términos del art. 23 de la L.C.T. Asimismo, cuestiona la fecha tomada por el juez de aquo a partir de la cual dejó de prestar servicios el actor para la demandada.

III. - La queja principal intentada, en mi opinión, no tendrá favorable recepción. Liminarmente, me interesa poner de resalto que en la especie se halla en tela de discusión el carácter de las prestaciones efectuadas por el actor para la demandada, circunstancia que fue analizada en grado -en sana crítica y con criterio que comparto- en el marco del artículo 23 de la L.C.T., sin que las objeciones sobre este tópico alcancen para desvirtuar la solución atacada.

En efecto, compartiendo el criterio esgrimido por el juez quo, esta Sala ha sostenido que, ante el reconocimiento del accionado de la existencia de una prestación de servicios, resulta de aplicación en el sub examine el art. 23 antes mencionado incumbiéndole a éste desvirtuar la presunción que dimana de la norma en cuestión (in re "Rojas de Cortes Filma Ramona c/Gómez Ricardo Avelino y otros s/Despido", S.D. Nº 1.020 del 21/3/97, entre muchos otros).

Desde esta perspectiva de enfoque, juzgo infructuosos los embates recursivos tendientes a desarticular los alcances de la presunción contenida en el mentado artículo sustentados en que el demandante debió probar que las tareas eran prestadas en relación de subordinación, lineamiento que, a mi juicio, desnaturaliza el propósito de la norma. Antes bien, lo que pone en marcha el proceso presuncional en cuestión es la demostración de la mera prestación de tareas, habida cuenta de que si además se exigiera la verificación de que fueron cumplidas en el marco de una relación de dependencia, esto implicaría asumir que es necesario demostrar la existencia misma de la contratación laboral, lo que vacía de contenido la presunción de que se trata.

Despejado tal escollo, queda claro que a la accionada le correspondía la prueba de que las tareas desarrolladas por el actor se hallaban exceptuadas de la regla en cuestión, circunstancia que -en consonancia con lo decidido en grado- no se verificó (art. 377 del C.P.C.C.N).

Por el contrario, las declaraciones de los testigos Martínez ( propuesto por la accionada, ver fs. 113/114) y Muñoz ( testigo común, ver fs. 70/71)- que en su parte pertinente fueron transcriptas en el fallo apelado- y que encuentro correctamente analizadas a la luz de la sana crítica (arts. 386 del CPCCN y 90 de la LO), confirman la versión de los hechos dada en el inicio.

Así las cosas, coincido con el magistrado de grado en el sentido de que si bien dichos testigos no conocen quien le daba órdenes al actor, ni si el accionante cumplía un horario determinado, lo cierto es que ambos han expresado que lo han visto trabajar para la demandada, en la base de la agencia y que cobraba los días viernes como los demás.

Lo argumentado por el recurrente en relación a que e testigo Martínez manifestó que el actor era un trabajador independiente y que trabajaba para otra persona no resulta suficiente para refutar lo resuelto en la instancia de grado, ya que la exclusividad no es un elemento tipificante de la relación de dependencia, sin perjuicio de destacar que ese hecho en autos no ha sido probado.

Asimismo, el carácter eventual invocado por la demandada relativo a las tareas prestadas por el actor , no surge acreditado en modo alguno .

Al respecto, cabe señalar que las declaraciones testimoniales brindadas en autos resultan insuficientes para acreditar que las tareas desarrolladas por el accionante "fueran extraordinarias y transitorias", toda vez que las mismas no se encuentran sustentadas o respaldadas por ningún otro medio probatorio. Por todo ello, llego a la conclusión que la accionada no logró desvirtuar la presunción de veracidad de la existencia del vínculo laboral invocado al demandar del art. 23 de la L.C.T., ya que no acreditó haber contratado al actor mediante una locación de servicios con carácter eventual, lo cual, sella en sentido adverso la suerte de la queja.

IV.- No tendrá mejor suerte el agravio planteado con relación a la fecha en que dejó de prestar tareas el actor para la demandada.

En efecto, el recurso es insuficiente, pues no contiene la crítica concreta y razonada de los fundamentos centrales del decisorio, que demuestre los errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el juzgador, con la indicación de las pruebas y normas jurídicas que el recurrente estima lo asisten.

El apelante limita su planteo a analizar los testimonios de los testigos Muñoz y Martínez, pero omite realizar un análisis circunstanciado de sus dichos, no rebatiendo adecuadamente la conclusión expuesta en primera instancia.

Así se traduce en una mera discrepancia subjetiva con lo decidido en la instancia anterior, la cual dista de una expresión de agravios en sentido técnico jurídico (artículo 116 de la Ley 18.345).

Ello porque las declaraciones de dichos testigos, que fueron analizadas por el juez aquo de acuerdo a las reglas de la sana crítica (conf. art. 386 y 456, CPCCN) desvirtúan la postura de la accionada en relación a que las mismos reconocen un plazo mayor de prestación de tareas por parte del actor que el reconocido en el escrito de responde. Así, el testigo Muñoz manifestó que el actor ingresó a trabajar para las fiestas de diciembre y que calcula que habrá estado más o menos un mes (y no una semana como sostuvo la demandada) y que cuando ocurrió el accidente denunciado en autos fue a socorrer al accionante, no especificando que el mismo haya acaecido en una época distinta de la que señala haber trabajado el actor.

Lo mismo ocurrió con el testigo Martínez, quien manifestó en relación al accidente sufrido por el actor que no puede precisar si fue en la época en que prestaba tareas para la demandada- dijo que pudo ser en diciembre o a principios de enero (y no hasta el inicio del mes de enero de 2009 como interpreta la recurrente), fecha esta que como sostuvo el juez de grado excede el marco de lapso por el que se reconoce la contratación del actor, desvirtuándose de esta forma la postura asumida por la demandada en autos.

Así coincido con el juez de quo en el sentido en que en la fecha en que se produjo el accidente denunciado en autos (16/1/09 según informe del Hospital General de Agudos Ramos Mejía de fs. 142/143) el actor estaba trabajando para la demandada y que en consecuencia, la relación laboral entre las partes se extendió desde 1/12/08 hasta el 23/4/09 , fecha en que se extinguió el vinculo por despido indirecto decidido por el trabajador mediante TC Nº 78771552 ( ver informe Correo Oficial de fs. 88/90), ya que se presume que desde el accidente el actor estaba convaleciente del mismo.

Por ello, sugiero desechar la queja en este punto y confirmar la sentencia de grado.

V.- Sugiero imponer las costas originadas en esta sede a cargo de la demandada vencida (cfr. art. 68, 1º párrafo del C.P.C.C.N.) y, a tal fin, regular los honorarios de la representación letrada de cada parte, por sus actuaciones ante esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior (art. 14, ley 21.839).

EL DOCTOR ALVARO E. BALESTRINI dijo: Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR GREGORIO CORACH no vota (art. 125 L.O.).- Mérito del acuerdo que precede el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de apelación; 2) Imponer las costas de Alzada a la demandada; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes, por sus actuaciones en esta alzada, en el 25%, de lo que, en definitiva, le corresponda percibir por sus actuaciones en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.- Dr. Alvaro E. Balestrini Dr. Roberto C. Pompa Juez de Cámara Juez de Cámara Ante Mi