Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-10-10


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: 159 San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Octubre de 2006.Y VISTOS:

Estos autos Corte Nro. 104/99 "MONTESINOS, Mario Rubén Darío y MANGHESI, Luis Alberto (por Cable Sono Visión S.R.L.- Acción Declarativa de Certeza", y- CONSIDERANDO:

Que a fs. 107 las representantes del Estado Provincial solicitan se regulen sus honorarios profesionales por la labor desarrollada en la presente causa, adjuntando a tal efecto planilla confeccionada en base a la aplicación de la alícuota para la emisión por cable y otros sistemas, que implica el pago del servicio por los usuarios, de conformidad a lo dispuesto en los instrumentos legales, durante el tiempo transcurrido desde el inicio de la demanda y hasta el dictado de la sentencia, aplicándose para el período 1999/2000 las Leyes Impositivas Nro. 98/98 y 4994 que fijan una alícuota del 2,5 %, y para el comprendido entre los años 2001 y 2004 se toma como alícuota el 3% conforme lo dispone la Ley 5023, Decreto Nro. 17/01, código de actividad 84102.

Que corrido traslado de ley a fs. 108, la parte actora contesta impugnando la planilla base presentada y solicita su rechazo por resultar arbitraria, tanto en lo que se refiere a la base imponible como al período de tiempo considerado para su estimación.

Manifiesta que la ley de aranceles no prevé la determinación de base para la acción declarativa de certeza interpuesta por su parte y, añade, que el monto que resulta de la aplicación de la base imponible es antojadizo ya que durante la tramitación del proceso no se realizaron declaraciones juradas, por existir una medida cautelar que impedía el cobro del tributo, y que esa circunstancia es admitida por la A.G.R. al reconocer que se le inició proceso de verificación.

Sigue diciendo que para el caso de que este Tribunal resolviera que corresponde tomar como base para la regulación de honorarios la alícuota de la emisión por cable y otros sistemas, ello debe comprender un solo período fiscal.- Que corrido traslado de la impugnación interpuesta, las representantes de la demandada lo contestan a fs. 112/114, rechazándola y peticionando imposición de costas por las razones que exponen y solicitan la aprobación de la planilla base para regulación de honorarios ofrecida por su parte.- 2- Que en el sub-lite la actora interpuso acción declarativa de certeza, persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad del Art. 173 Inc. 6º del Código Tributario, acción que resulta rechazada mediante Sentencia Definitiva Nro. 35/04 (fs. 93/96), con costas a la vencida.

3- Que, en principio, si bien en la acción declarativa de certeza no existe monto del juicio ni sentencia que permita determinarlo, en tanto no se persigue el cumplimiento de una obligación insatisfecha ello, en modo alguno, significa que la litis deba juzgarse como de monto indeterminado, toda vez que a través de la misma resulta evidente que la pretensión deducida contiene un explícito contenido patrimonial introducido por la propia accionante.

Así, el principio de que: "Los honorarios correspondientes a trabajos realizados en el marco de una acción meramente declarativa deben regularse teniendo en cuenta la labor profesional, su calidad, éxito obtenido, la trascendencia del litigio y la posición económica-social de las partes, pues se trata de un juicio no susceptible de apreciación económica" (C. Civ. y Com. Rosario, Sala I, LL Litoral, 2001-2004), tiene su excepción en el supuesto que: "Corresponde calificar al proceso como susceptible de apreciación pecuniaria a los fines regulatorios, no obstante tramitar por la vía de una acción meramente declarativa tendiente a obtener la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de diversas leyes, dado el contenido patrimonial explícito de la demanda en cuanto se pretende que el Estado nacional asuma el endeudamiento emergente de las normas impugnadas y de los contratos concertados como consecuencia de su dictado" (Conf.: CSJN, 2001/08/28, Provincia de Santiago del Estero c. Nación Argentina, LLO).- En efecto, del objeto procesal perseguido surge el contenido patrimonial, en la medida en que se pretendía neutralizar y quitar legitimidad a la facultad que le asiste al Estado Provincial para proceder al cobro del tributo de ingresos brutos por la actividad comercial desarrollada por la actora en el ámbito de la Provincia, para lo cual se adjunta con la demanda documentación en la que figura la deuda de la actora para con la Provincia, por cuyo monto se garantizó la medida cautelar impetrada, conforme surge de autos -Sentencia Interlocutoria Nro. 255/99 de fs. 29/30vta.-, constancias que imponen calificar al proceso como susceptible de apreciación pecuniaria y rechazar parcialmente la impugnación de planilla base para la regulación de honorarios, sin costas atento a la naturaleza de la cuestión planteada. (Art. 68 C.P.C.C.).- Que así las cosas, este Tribunal entiende que a los fines de la regulación de honorarios solicitada por la parte demandada, corresponde tener en cuenta las pautas establecidas en el Art. 6º "in fine" de la Ley Nro. 3956/83, esto es, trabajos realizados en la causa que se traducen en escrito de contestación de demanda, complejidad del asunto, resultado obtenido, mérito de la labor profesional, prueba rendida y alegatos de bien probado de fs. 80/85 vta.- Por todo ello y lo dispuesto por los Arts. 6º "in fine", 7º, 9º, 10º, 39º, correlativas y concordantes de la Ley Nro. 3956 de Aranceles y 65 del C.C.A., LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Hacer lugar parcialmente a la impugnación de planilla base para la regulación de honorarios deducida por la parte actora, consecuentemente fijar como monto base para la regulación de honorarios, solicitada por la parte demandada, en la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000), en cuanto por derecho hubiere lugar.- 2º) Regular los honorarios profesionales de las Dras. Analía Mercedes Canil e Inés Mirta Sosa, por los trabajos realizados en las tres etapas del juicio, en su doble carácter y en forma conjunta y proporción de ley, en la suma de Pesos Ochocientos Cuarenta ($ 840,00).- 3º) Protocolícese, hágase saber y notifíquese a la Caja Forense y a la Administración General de Rentas.