Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-23


SENT Nro. 695 San Miguel de Tucumán, 23 DE SPETIEMBRE de 2003.- Y VISTO: El planteo de inconstitucionalidad presentado por el actor en autos: "Rocha, Héctor Luis vs. Konisa S.R.L. s/Incumplimiento de contrato"; y C O N S I D E R A N D O :

Viene a conocimiento y decisión del Tribunal la presentación del Sr. Héctor Luis Rocha quien plantea la inconstitucionalidad de la resolución de fecha 15 de mayo de 2003, diciendo que adjunta una copia "y al proceso empleado para sustentarla y justificarla".

I.- La copia que adjunta se trata de una cédula por la que se notifica al Sr. Héctor Luis Rocha con domicilio en Avenida Independencia 4002 de una sentencia del Sr. Juez Civil y Comercial Común de la Ia. Nominación de fecha 15 de mayo de 2003 que ordena llevar adelante la ejecución seguida por el letrado Víctor Justiniano Chocobar en contra de Héctor Luis Rocha hasta hacerse integro pago de la suma de $6.270 en concepto de honorarios más intereses.

Los fundamentos de la presentación remitiéndose a los autos de la carátula señala como hechos, que la resolución que menciona ha sido la conclusión de un juicio cumplido con irregularidades y desaciertos procesales que nunca fueron solucionados.

A continuación expresa que la demanda ha sido notificada sin correr traslado de la misma. Que han sido sustraídas la totalidad de las copias y que el Juzgado no ha procedido a correr traslado de la demanda durante mas de 1 año.

Que se inició una investigación a raíz de una denuncia formulada ante la Corte Suprema. Que no se ha investigado a los únicos beneficiarios con la desaparición del expediente y señala a la demandada y apoderado.

Que el Estado no se responsabilizó por los daños y perjuicios emergentes de la paralización de la acción no atribuible a su parte como lo expresa en su Acordada Nro. 2 y que resuelve transferir errores del Juzgado a un letrado al que nunca se le hizo conocer lo que estaba ocurriendo en los autos.

Que el Estado no se responsabilizó por lo actuado, luego de un apercibimiento a empleados de menor rango del Juzgado y que el juicio ha continuado normalmente.

Que ante una situación de estancamiento del proceso, derivado de un hecho delictuoso corresponde se efectúe una investigación penal con actuación del Ministerio Fiscal.

Que este proceso ha culminado con una resolución de pagar honorarios donde solo se ha iniciado un juicio o -en sus propias palabras- hubo un intento ya que desde el comienzo se cometieron irregularidades no resueltas.

Continúa diciendo que a raíz de haber continuado un juicio sin haberse dirimido el fondo del asunto por un simple "hecho formal" se autoriza al apoderado del demandado a cobrar honorarios.

Concluye que la función de administrar justicia está ausente y que se convierte en el poder de la iniquidad.

II.- Se expide el Sr. Ministro Fiscal previa compulsa de los autos principales que fueron requeridos al Juzgado Civil y Comercial Común de la Ia. Nominación, diciendo que el planteo formulado no se encuentra respaldado por norma procesal alguna y por lo tanto resulta improponible.

III.- Corresponde una breve reseña de los autos principales, sin perjuicio de señalar que además del presente juicio, se tramitaron otros juicios entre las partes. Así, un juicio de pago por consignación (fs. 21 de autos principales); Juicio Ejecutivo: Konisa S.R.L. vs. Rocha, Héctor L. (fs. 25) y causa penal Kotzer, David E. s/Estafa, querellante Héctor Luis Rocha, en la cual este Tribunal ha dictado sentencia en fecha 15 de agosto de 2003 declarando inadmisible el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de la Sala Ia. Penal de fecha 10 de febrero de 2003, que confirmó el sobreseimiento de David E. Kotzer dispuesto por el Juzgado de Instrucción de la Va. Nominación.

Con respecto a la causa que da origen esta presentación se inicia en fecha 18 de diciembre de 1995 demandando por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios derivados del mismo por la suma estimada de $48.600.

Narra que ha adquirido a la firma Konisa S.R.L. un motocarro marca Muravey Modelo 200 en fecha 16 de agosto de 1994. Afirma que no obstante haber abonado una suma en concepto de patentamiento del motocarro, dicho trámite no se ha efectuado, por lo que inició un juicio de consignación.

Que a su vez la firma Konisa S.R.L. ha deducido un juicio ejecutivo en su contra en el mismo Juzgado donde se tramita el juicio por consignación, Juzgado de Documentos y Locaciones IXa. Nominación.

Que en definitiva la firma Konisa S.R.L. no ha cumplido su obligación de patentar el vehículo, que ha retenido los pagarés ya abonados. Solicita una medida cautelar a la que el Sr. Juez no accede por decisión de fecha 18 de abril de 1996.

Se ordena correr traslado de la demanda no remitiéndose la cédula de notificación por falta de copias para el traslado, nota de fecha 16 de agosto de 1996, fs. 59 vta.

No obstante ello corre agregada cédula de notificación con constancias de las copias para traslado que se agregan, en fecha 20 de junio de 1997 y la demandada contesta la demanda en fecha 8 de julio de 1997 (fs. 69/72). O sea que el fin ha sido cumplido.

En este momento corresponde señalar que el actor formula denuncia por no haber efectuado la notificación no obstante haber cumplido el mismo con su obligación de acompañar las copias. Dispuesto el sumario administrativo concluido su trámite por Acordada de fecha 2 de febrero de 1998 la Corte Suprema en ejercicio de sus facultades de Superintendencia decide recomendar un mayor celo en el control de las tareas encomendada a los funcionarios y personal de la Secretaría como también el archivo de las actuaciones.

Se tiene por contestada la demanda y de un instrumento denominado Acta de Responsabilidad Civil y Penal que se acompaña en la contestación se ordena correr traslado al actor.

Se excusa de seguir conociendo en la causa el Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Común de la Va. Nominación y conoce de la misma el Sr. Juez del mismo fuero de la Ia. Nominación.

Renuncian los letrados patrocinantes del actor, apersonándose con el patrocinio de un nuevo letrado constituyendo domicilio en calle Crisóstomo Alvarez 371, fs. 90.

Se presenta el actor en fecha 16 de marzo de 1998 para poner en conocimiento que ha efectuado una presentación ante la Corte Suprema de Justicia.

La parte demandada, solicita la perención de la instancia. Corrido traslado no se contesta y previa opinión de la Sra. Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo en el sentido que se ha operado la misma se dicta sentencia en fecha 1 de octubre de 2001 haciendo lugar al incidente y declarando operada la caducidad. (fs. 101).

La sentencia adquiere firmeza y el apoderado de la accionada solicita regulación de honorarios.

Por sentencia de fecha 2 de abril de 2002 se regulan los honorarios y se notifican a las partes.

En fecha 26 de abril de 2002, el actor presenta escrito con la manifestación que apela la resolución, donde se expresan algunos de los conceptos que reseña este planteo de inconstitucionalidad de resolución y su proceso. Recurso que no se hace lugar por extemporáneo.

Se interpone Recurso de Queja por ante la Cámara Civil y Comercial Común.

Requeridos los autos, la Sala IIa. dicta sentencia en fecha 24 de junio de 2002 no haciendo lugar a la apelación denegada en autos diciendo en sus fundamentos que el planteo del presentante no resulta una queja por indebida denegación de una apelación sino que realiza una crítica a las vicisitudes e irregularidades que entiende se han producido.

Se practica la intimación de pago en fecha 26 de diciembre de 2002 y ante la petición del abogado beneficiario de los honorarios se dicta sentencia ordenando llevar adelante la ejecución, sentencia está que se notifica al actor en fecha 27 de mayo de 2003, fs. 182 de autos.

La copia de la cédula de esta sentencia es la que se acompaña en la presentación que se efectúa en esta Corte.

De todo lo expresado resulta que se comparte lo expresado por el Sr. Ministro Fiscal en el sentido que la presentación no reconoce fundamento en la ley procesal y que la misma resulta improponible.

En efecto, la sentencia que declara la caducidad de la instancia e impone las costas al actor, no ha sido objeto de recurso alguno. La sentencia que regula honorarios es objeto de un recurso extemporáneo y la queja contra la decisión de extemporaneidad no es receptada por la Cámara, por lo que las mismas han pasado en autoridad de cosa juzgada.

Con respecto a la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución, no se interpone recurso alguno por lo que la decisión adquiere firmeza.

En este Tribunal o sea sin seguir las vías recursivas que establecen las normas legales, se intenta un singular planteo de inconstitucionalidad que merece el mas absoluto rechazo por resultar irregular (ajeno, extraño, impropio ?) al debido procedimiento legal.

Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios de impugnación que establece la Ley, por lo que resulta inadmisible que se ejerzan vías recursivas específicas de otros procedimientos o como en el caso de autos procedimientos no previstos en ley procesal alguna.

Solo cumpliéndose con las formas procesales se observa la garantía constitucional de la defensa en juicio.

En atención a lo expresado, oído el señor Ministro Fiscal a fs. 13 y encontrándose excusados los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se R E S U E L V E :

RECHAZAR la pretensión planteada por Héctor Luis Rocha.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO