Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de febrero de dos mil seis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "Vázquez, Mirta Susana c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)" (Expte. Nº: EXP 2565/0), el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores Esteban Centanaro, Eduardo Ángel Russo y Nélida Mabel Daniele. A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: RESULTA: 1. La actora, Mirta Susana Vázquez, inició la presente acción a fin de obtener de la demandada lo que considera su correcto encasillamiento, el reconocimiento retroactivo de su real situación de revista y el pago de las diferencias resultantes entre el salario efectivamente percibido y el que debió percibir en virtud de las funciones que habría desempeñado. A esos efectos, distinguió dos etapas dentro de su reclamo: a ) la que abarca el período comprendido entre el 10/XII/96 y el 18/II/99, en la que -según sostuvo- debían computarse las diferencias de haberes existentes entre el nivel de empleada administrativa y el de Jefa de División, más el suplemento por función jerárquica, intereses y sueldo anual complementario y b) la comprensiva del lapso que corre desde el 19/I/01 hasta el reconocimiento efectivo del cargo, en la que -conforme expuso-correspondía contabilizar las diferencias de haberes que median entre el cargo de empleada administrativa y el de Jefa de Departamento, más el suplemento por función jerárquica y los pertinentes sueldos anuales complementarios. Sin perjuicio de todo ello, puso de resalto que todos los actos administrativos invocados en fundamento de su pretensión (disposiciones Nº 10.207/DGRyCE/96, 131/DGVH/99, 206/DGVH/01, 267/DGVH/01, 475/DGVH/01 y 1.759/DGVH/01) se sucedieron sin interrupción desde el dictado del primero de todos ellos (10/XII/96). Invocó, en su demanda, lo normado por los artículo s 784 del Código Civil y 14 bis de la Constitución Nacional y ofreció la prueba de la que intentaría valerse. 2. En virtud de la resolución obrante a fs. 53/7 (dictada por el juez de grado) y de la sentencia interlocutoria emitida por este Tribunal y glosada a fs. 78/9, la instancia quedó habilitada a efectos de reclamar las diferencias salariales fundadas en las disposiciones ut supra mencionadas, aunque sólo a partir del 6/X/98 (fecha de su impugnación en sede administrativa). 3. A fs. 209/18, el juez de la anterior instancia dictó sentencia. Allí, por un lado, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida en cuanto a su pretensión de reconocimiento de diferencias existentes entre los haberes percibidos y los correspondientes al nivel en que se encuadraron las tareas efectivamente realizadas por la actora -a las que equiparó con el nivel C del Si.Mu.Pa.-, con más una suma equivalente al suplemento por función ejecutiva para Jefes de Departamento, sólo a partir del 19/I/01 y por todo el período en que exist ió un desempeño efectivo de tales funciones. Por otra parte, rechazó la pretensión de reencasillamiento y de percepción de diferencias salariales -con más el suplemento por función jerárquica- por el período comprendido entre el 6/X/98 y el 18/II/99, durante el que la actora cumplió funciones de encargada de sector. Por lo demás, toda vez que el lapso habido entre el 19/II/99 y el 18/I/01 no había sido reclamado por la accionante, concluyó que no habría de ser objeto de consideración alguna. Asimismo, fijó como pauta de interés la tasa pasiva que publica el Banco de la Nación Argentina, impuso las costas a la demandada y difirió la regulación de honorarios para el momento en que existiera liquidación aprobada. 4. El pronunciamiento que se reseña fue apelado por la parte demandada a fs. 221, quien expresó agravios a fs. 227/235. Sintéticamente, expuso: a) que el juez de grado omitió tener en cuenta la naturaleza administrativa del vínculo habido entre las partes; b) que la disposición 206/DGVH/01, del 19/I/01, no fue otra cosa que un acto de organización administrativa que no implicó mejora en cuanto a la posición escalafonaria o al nivel jerárquico y/o salarial de la accionante; c) que la condena a abonar diferencias salariales entre el cargo que revista la actora y el nivel C del escalafón carece de todo fundamento, puesto que aquélla no demostró que las jefaturas de departamento tuvieran asignado nivel C; d) que se la haya condenado al pago del suplemento por función ejecutiva, en tanto la accionante no probó el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma que lo consagra (decreto Nº 861/93); e) que el funcionario que dictó las disposiciones en las que se basa el reclamo carecía de competencia para realizar designación alguna; f) que la decisión alcanzada por el a quo "... reviste impredecibles consecuencias institucionales ..." (fs. 233 vta.) para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y g) que las conclusiones de la sentencia no encuentran sustento en las pruebas aportadas a la causa. Por todo ello, solicitó se revoque el pronunciamiento apelado, con costas a la contraria. En subsidio, se agravió de lo dispuesto por la sentencia en cuanto allí se dispuso que el pago de las sumas fijadas debería efectuarse en un plazo distinto del establecido por el art. 395 del CCAyT, en concordancia con el art. 53 de la Constitución de la Ciudad. 5. La sentencia de grado también fue objeto de apelación por parte de la accionante, quien dedujo agravios en la presentación obrante a fs. 241/3. Se alzó, en primer lugar, respecto del rechazo del reconocimiento y consecuente abono de la Jefatura de División por el período comprendido entre el 6/X/98 (fecha a partir de la cual se reputó habilitada la instancia) y el 18/II/99. En ese sentido, puso de resalto la disposición Nº 10.207/96, que la designó encargada del Sector Trámite en el Departamento Habilitaciones Automáticas y Previas, dependiente de la Dirección Recepciones y Verificaciones y, textualmente, puntualizó que "[c]omo surge de autos [...] se desempeñaba en el Depa rtamento Trámites; de la sola vista de la Estructura obrante en autos -no negada por la contraria en su conteste- resulta que a dicho Departamento corresponde la División Ingresos de Datos. En dicha Estructura no existen más divisiones ni sección alguna. De tal forma, negar lo que la misma Disposición 10.207/96 traduce (encargada de sector en el Departamento Trámites), resulta ajeno a la realidad que surge de la misma Estructura. De dicho Departamento sólo depende una división: Ingresos de Datos y, es esa División la que desempeñara [...] en orden a la Disposición 10.207/96, función que debe reconocerse ..." (fs. 241/43; el destacado pertenece al original). En segundo lugar, indicó que -pese a estar expresamente solicitado en el escrito de demanda- el sentenciante no había reconocido diferencia alguna por el período comprendido entre el 19/II/99 y el 18/I/01, lapso durante el cual, en virtud de la disposición Nº 131/DGVH/99, se encontraba a cargo de la División Industria del Departamento Despacho de la Direcc ión Industria, Comercio y Locales Especiales y Vía Pública Zona C de la Dirección General de Habilitaciones y Verificaciones. Por último, solicitó que, atento lo resuelto, "... se incorpore al recibo de haberes de la actora al Suplemento referido [por función ejecutiva], mientras continúe la actora en el desempeño de dicha jefatura de departamento" (fs. 243). 6. A fs. 248, previo sorteo y estudio, fue ordenado el pase al acuerdo de las presentes actuaciones. CONSIDERANDO: 7. De tal modo reseñados los antecedentes del caso y con carácter previo a abordar el análisis de aquello que fuera materia de recurso, cabe recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean "conducentes" para la correcta composición del litigio (conf. art. 310 del CCAyT y doctrina de Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros). 8. Ello establecido, resulta pertinente re alizar una breve reseña de los actos en los que la demandante -empleada administrativa encasillada en el nivel E, grado 04, función 102- fundó su pretensión; a saber: a) el 10/XII/96, mediante la disposición Nº 10.207/DGRyCE/96, se estableció que "[a] partir de la fecha la agente MIRTA VAZQUEZ (F.M. 294.196) desarrollará funciones de ENCARGADA DEL SECTOR TRAMITE en el DEPARTAMENTO HABILITACIONES AUTOMATICAS Y PREVIAS dependiente de la DIRECCION RECEPCIONES Y VERIFICACIONES" (art. 1º; ver fs. 11); b) por su parte, el día 18/II/99, la disposición Nº 131/DGVH/99 designó a "... la agente MIRTA VAZQUEZ, F.M. 294.196, a cargo de la División Industria del Departamento Despacho de la Dirección Industria, Comercio, Locales Especiales y Vía Pública Zona C ..." (art. 2º; ver fs. 12); c) posteriormente, el 19/I/01, la disposición Nº 206/DGVH/01 encomendó a "... la agente MIRTA VAZQUEZ, F.C. 294.196, quien presta Servicios en el Departamento Despacho de la Dirección de Industria, Comercio, Locales Especiales y Vía Pública Zona C, la firma del despacho del Departamento Trámites de la Dirección Delegación Colegio de Escribanos ..." (art. 1º; ver fs. 14); d) también durante el mes de enero de 2001 y con motivo de una licencia otorgada al Director a cargo de la Dirección Delegación Colegio de Escribanos, se dictó la disposición Nº 267/DGVH/01, que designó "... para suscribir la firma del despacho de la Dirección Delegación Colegio de Escribanos [durante el período 31/I/01 y 15/II/01] a la señora Vázquez, Mirta, F.C. 294.196, Jefa de Departamento Trámites, mientras dure la licencia del titular" (art. 1º; ver fs. 15); e) la disposición Nº 475/DGVH/01, emitida el 16/II/01, designó "... a los agentes que se detallan en el ANEXO II (...) [en el que se encontraba, en el Departamento Trámites, la aquí actora], a cargo de las firmas de los despacho de las Direcciones, Departamento, Divisiones y Secciones conforme al ANEXO I" (art. 2º, fs. 16); f) por último, el 8/V/01, se dictó la disposición Nº 1.759/DGVH/01, por la que se facultó "...

a los agentes que se detallan en el ANEXO I [entre los que figuraba la accionante] a anular los timbrados efectuados por los cajeros dependientes de la Tesorería General en los diferentes trámites realizados por los contribuyentes en esta Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones" (art. 1º; ver fs. 20). Fijados tales elementos, sólo cabe añadir que, conforme lo determinara esta Sala en la resolución de fs. 78/9, lo reiterara el magistrado de la anterior instancia en su pronunciamiento definitivo y se dejara sentado en el punto 2 del presente, la instancia se declaró habilitada a efectos de reclamar las diferencias salariales fundadas en la resolución Nº 10.207/96 a partir de su impugnación, es decir, a partir del 6/X/98 (ver fs. 1/4 del expediente administrativo Nº 8.423/99). 9. Corresponde, en este estadio del análisis, efectuar una distinción que permitirá llegar a las conclusiones posteriores. Es que, a criterio del suscripto, las diversas circunstancias que han rodeado la impugnación de los act os administrativos referidos ut supra amerita un examen diferenciado en cuanto a la posibilidad de procedencia del reclamo. Así, de acuerdo a las pautas expuestas por el a quo en su sentencia interlocutoria de fs. 53/7 (consentida, en cuanto interesa al caso, por ambas partes), ha existido una diferencia sustancial entre la disposición Nº 10.207/96 y las restantes; a saber: que, mientras la primera fue puesta en conocimiento de la actora a través de una notificación que no resultaba inválida, el resto de tales disposiciones fueron anoticiadas mediante diligencias que adolecían del vicio contemplado en el art. 60 de la Ley de Procedimientos local (omisión de indicar recursos y plazo para interponerlos) y que, por ende, eran ineficaces. De modo que, tratándose de una notificación válida aquella por la cual la accionante tomó conocimiento de la disposición Nº 10.207/96, la impugnación verificada en sede administrativa casi dos años después de la notificación del acto no puede sino derivar en la improcedencia sus tancial del reclamo formulado a ese respecto. Ello así, en tanto Vázquez consintió, durante todo ese lapso, la situación fáctica consagrada por el art 2º de la disposición Nº 10.207/96. Es que, lo contrario importaría asumir una conducta que contradice otra que la precede en tiempo, lo cual, a la luz de la doctrina de los actos propios, es inadmisible. Tal como ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación "[u]na de las reglas jurídicas de aplicación corriente a los particulares y al propio Estado es la que concierne a la llamada "teoría de los actos propios", fundada en el principio cardinal de la buena fe en el derecho de toda persona a la veracidad ajena y al comportamiento legal y coherente de los otros" (conf. CSJN, fallos 312:245). Aunque la problemática del venire contra propium factum no tiene una formulación autónoma, ello no impide que su aplicación halle fundamento normativo en lo dispuesto en los arts. 1198 y 1111 del Código Civil toda vez que la aludida doctrina es una derivación del pr incipio de buena fe. Así, se ha afirmado que "[s]i bien es cierto que la inadmisibilidad del comportamiento contradictorio fundamentalmente es una exigencia que impone la buena fe, el mantenimiento de la palabra empeñada, habrá de tenerse presente que la limitación que opera contra la incoherencia de una conducta ulterior a otra previa en la que se depositó la fides viene fundada más que en la concepción literal o textual del vínculo, en el contenido ético que, cual elemento natural y programático, aparece agregado como norma supletoria, pero de insorteable aplicación" (Morello, Augusto Mario - Stiglitz, Ruben S., "La doctrina del acto propio", LL 1984-A). Además, en el ámbito del derecho administrativo el efecto de la doctrina de los actos propios debe ser necesariamente más amplio que en el derecho privado, como consecuencia de la jerarquía que se le reconoce a la misma entre las fuentes del derecho administrativo como derivación de un principio general del derecho (Mairal, Héctor A., La Doctrina de los Act os Propios y la Administración Pública, Buenos Aires, Depalma, 1988, p. 158). En suma, el consentimiento operado sobre los efectos de la disposición Nº 10.207/96 -en cuanto no contemplaba una mayor retribución para la agente-, conduce al rechazo de todo reclamo fundado en el análisis de su texto. Ello, sin perjuicio de la conclusión diversa que se impone con relación a los restantes actos administrativos, en tanto y en cuanto, al no haber sido idóneamente notificadas, mal puede predicarse a su respecto, conocimiento y, por ende, consentimiento alguno de parte de la accionante. 10. Establecido lo que antecede y por razones de orden expositivo, habrán de examinarse en primer lugar los agravios vertidos por la demandada; ello así, en tanto la elucidación de este aspecto despejará el camino para abordar el análisis de la pretensión actora rechazada por el a quo, toda vez que a ese respecto la accionada esgrimió -al momento de contestar demanda- similares argumentos que los que ahora serán analizados. Cabe ingresa r, entonces, en el cuestionamiento referido a la falta de designación válida respecto de los cargos aludidos en las disposiciones invocadas por la demandante para fundar su acción, ya que, si éste prosperara, los restantes se tornarían abstractos. En este sentido, se agravia la administración por cuanto considera que el único funcionario competente para asignar funciones jerárquicas al momento de los hechos era el Jefe de Gobierno, resultando incompetente cualquier otro funcionario de inferior jerarquía y, en consecuencia, nulos tales actos. Ahora bien, es del caso recordar que un acto viciado por incompetencia en razón del grado puede generar una nulidad relativa o absoluta, dependiendo de que la delegación o sustitución estuviese permitida o no lo estuviese (art. 14 del decreto Nº 1510/97). Por otro lado, el art. 19 del mismo texto legal prevé que el acto administrativo anulable puede ser saneado mediante ratificación por el órgano superior cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón del grado, siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes. Sin embargo, también es cierto que la administración puede demandar la nulidad de sus propios actos, contrariamente a lo que ocurre en el ámbito del derecho privado. Por ello, la demandada debió haber promovido acción de lesividad tendiente a revocar el acto viciado o bien reconvenir por nulidad; lo que no puede hacer la administración es, como aquí pretende, plantear la nulidad de sus actos a modo de defensa (en el mismo sentido, mi voto como integrante de esta Sala en autos "Capurro, Carlos Alberto c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)" (Expte. Nº: EXP 798/0), sentencia del 30/IX/03; asimismo, esta Sala en autos "González, Oscar Herminio c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)" (Expte. Nº: EXP 4091/0), sentencia del 10/II/05). Por tal motivo, habrá de ser rechazado el agravio formulado en este sentido. 11. Despejado ese aspecto, apunt a la demandada -fundándose en el texto de la disposición Nº 206/DGVH/01- que esa designación no implicó una mejora en cuanto a la posición escalafonaria o al nivel jerárquico y/o salarial de la actora, sino sólo un acto de reorganización administrativa. Ahora bien, en primer lugar, si bien no se desconoce que, según lo dispuesto por el art. 7º de la disposición mencionada ut supra, la designación de la actora a cargo de la firma del despacho del Departamento Trámites de la Dirección Delegación Colegio de Escribanos no había de traducirse en una mayor retribución, resulta útil recordar que la percepción de diferencias de remuneración por el desempeño de funciones de mayor jerarquía tiene fundamento en los derechos constitucionales de igual remuneración por igual tarea y de retribución justa (Fallos 291:285; CNFedCA, Sala V, "García Americo Alberto c/ Senado de la Nación s/ empleo público", 4/X/99). A su vez, de conformidad con la doctrina de los actos propios, debe tenerse en cuenta que la administración en nu merosos casos ha reconocido el pago de diferencias de haberes por el ejercicio de tareas de jerarquía superior, pese a la negativa de la apelante y aunque no se hubieran cumplido todos los recaudos reglamentarios fijados para ello, con fundamento en la teoría del enriquecimiento sin causa, siempre que haya mediado de parte del peticionario una efectiva y útil prestación de servicios de mayor responsabilidad e importancia (CNFed CA, Sala III, "Ferru, Norberto Enrique c/ Cámara de Diputados de la Nación s/ empleo público", 4/IV/95; íd., Sala II, "López, Héctor F. y Otros c/ Junta Nacional de Carnes s/ empleo público", 8/VII/98). En efecto, como ya ha dicho esta Sala en autos "Luna Olga Francisca c/ GCBA (Secretaría de Hacienda y Finanzas) s/ empleo público", sentencia del 14/XI/02, "a pesar de las supuestas irregularidades del acto administrativo alegadas por la administración para que se rechace la pretensión del actor, es un imperativo de justicia que el Estado debe abonar a la recurrente la retribución por l os servicios que el mismo Estado le ha asignado y que, en el marco de estas actuaciones, ha reconocido como efectivamente prestados. Tal principio encuentra sustento constitucional en lo previsto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que asegura igual remuneración por igual tarea y sienta el derecho a una retribución justa y no resulta óbice para ello la ubicación escalafonaria que formalmente se posea, sino que la procedencia de la pretensión depende de la labor efectivamente cumplida" (el destacado no obra en el original). De modo que, tal como se ha anticipado en el punto precedente, no importa la existencia de un nombramiento válido o inválido siempre y cuando el peticionario efectivamente haya llevado a cabo las funciones adecuadas al cargo superior. Así, en estas actuaciones, la actora se ha desempeñado con la aquiescencia de la administración. Ello hace obligatorio el reconocimiento del derecho a una retribución con fundamento en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que establece el principio de igual remuneración por igual tarea y el acceso a una retribución justa; lo contrario implicaría un enriquecimiento sin causa para la administración pública (esta Sala en autos "González, Oscar Herminio c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)", expte. Nº 4091/0, del 10/II/05; CNACAF., Sala IV, causa Nº 28.992/93, "Golduberg, Bernardo c/ Congreso de la Nación-Honorable Cámara de Diputados s/ empleo público", 24/X/96; íd., Sala III, causa Nº 20.016/93, "Ferru, Norberto Enrique c/ Cámara de Diputados de la Nación s/ empleo público", 4/IV/93; íd., Sala II, causa Nº 25.565/97, "López, Héctor Francisco y Otros c/ Junta Nacional de Carnes s/ empleo público", 8/VII/98). Por lo demás, no resulta ocioso agregar que la protección brindada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional tiene su correlato en el art. 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 12. Cabe agregar que -como bien se desprende del tenor de las pautas reseñadas- la admi sión de las diferencias salariales no implican el desconocimiento de la naturaleza jurídica del vínculo habido entre Vázquez y el Gobierno de la Ciudad, sino la mera aplicación de principios de jerarquía constitucional y de una regla de derecho privado que -aún en el ámbito administrativo- encuentra indudable recepción: el carácter retribuido de los servicios del agente público se presume (art. 1627 del Código Civil) (conf. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, t. III-B, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1974, p. 265). Así, se ha dicho que, como regla general, aquellos empleados públicos que han desempeñado interinamente un cargo cuya retribución es superior a la del que ellos desempeñan habitualmente, tienen derecho a percibir las diferencias de haberes pertinentes, pues se parte del supuesto de que la actividad de tales agentes fue útil para el Estado. Por lo demás, ello no es sino la solución que consagra la normativa local en lo atinente a la especie. En efecto, el art. 13 de la ordenanza Nº 40.401/84 disponía que [e]l personal tiene derecho a la retribución prevista para la categoría escalafonaria y función en que revista, pudiendo percibir suplementos originados en las modalidades particulares de su prestación". Y su art. 14 que "[e]l desempeño de un cargo de conducción en carácter de reemplazante implicará el derecho para quien lo ejerza de percibir la retribución prevista para dicho cargo, a partir del momento en que se le hayan encomendado tales tareas, y hasta el cese en las mismas, reteniendo el cargo de conducción que hasta el momento del reemplazo eventualmente ostentare, no afectando ello el desarrollo de su carrera, en la que promoverá en forma ordinaria, de tratarse de personal de ejecución". Actualmente, tales directivas son recogidas por el inc. e) del art. 9º de la ley 471, en cuanto allí se establece que "[l]os trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a: (...) e) una retribución justa conformada por distintos componenetes que tengan relación con el nive l escalafonario alcanzado, la función efectivamente desempeñada y la productividad evidenciada en el cumplimiento del trabajo" (el destacado no pertenece al original). En suma, por todo ello, también habrán de rechazarse los argumentos vertidos sobre el particular por la demandada. 13. A partir de lo expuesto, resulta determinante establecer -más allá del tenor literal de la disposición Nº 206/DGVH/01- si la accionante desempeñó en forma efectiva (de hecho) tareas jerárquicamente superiores a las previstas según su situación escalafonaria. Pues bien, en ese sentido, no puede soslayarse que, mientras por un lado la demandada reconoció la documentación que acreditó la designación de la actora a cargo de la firma del despacho del Departamento Trámites de la Dirección Delegación Colegio de Escribanos (ver fs. 88, punto A, ap. 6), por el otro no aportó elemento de convicción alguno que permita concluir que Vázquez incumplió con las tareas allí asignadas. En este punto, sólo cabe entonces la aplicación del principi o de distribución de la carga de la prueba que fluye del art. 301 CCAyT (concordante con el art. 377 del CPCCN). En efecto, no interesa la condición actora o demandada asumida por cada parte ni la naturaleza aislada del hecho sino los presupuestos fácticos de las normas jurídicas, de manera tal que cada una de las partes se halla gravada con la carga de probar las menciones de hechos contenidas en las normas con cuya aplicación aspira a beneficiarse, sin que interese el carácter constitutivo, impeditivo o extintivo de tales hechos (Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, t. IV, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1992, 4ª reimpresión, p. 368; en similar sentido, Russo, Eduardo A. en Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Comentado y concordado, Carlos F. Balbín (Director), Buenos Aires, LexisNexis, 2003, 1ª ed., p. 643). En otras palabras, reconocido el acto que ponía en cabeza de la actora el desarrollo de funciones determinadas, pesaba sobre la parte demandada la carga de acreditar que esas tareas fueron incumplidas o, en su caso, que se correspondían con la ubicación escalafonaria que ostenta la actora. Sin embargo, salvo el pretendido -y ya superado- vicio en la competencia que habría afectado al acto, la demandada no sólo ha omitido explicar toda diferencia cualitativa entre el cargo asignado a la agente Vázquez (encargada de la firma del despacho de un Departamento) y el de Jefa de Departamento, sino que, muy por el contrario, ha reconocido tal equivalencia en oportunidad de dictar la disposición Nº 267/DGVH/01, en cuanto allí se aludió a la agente Mirta Vázquez como Jefa de Departamento Trámites sin efectuar distinción alguna respecto de las funciones que a esa fecha cumplía. En suma, la jerarquización que supone designar a un agente a cargo de la firma del despacho de una repartición no ha sido desvirtuada en forma alguna por quien tenía la carga de hacerlo; a saber, la demandada. En este punto, cabe señalar que el proceder de la administración sobre el particular re sulta por demás llamativo; en efecto, mientras por un lado realiza designaciones que, si bien implican la indiscutible asignación de tareas jerárquicamente superiores, no responden a cargos contemplados por la estructura orgánica, por el otro, al momento en que se presenta el previsible reclamo del agente, responde acudiendo a argumentos meramente formales y basados en la misma estructura orgánica que -a raíz de la novedosa designación previa- había sido desconocida. Es por ello que, si a algún equívoco se presta la situación configurada en el particular, de ningún modo puede resultar imputable a la accionante. 14. Establecido entonces el desempeño de tareas diferenciadas y equivalentes con una Jefatura de Departamento, corresponde determinar si aquéllas mantenían una razonable coherencia con la situación de revista de la actora. A este respecto, cabe poner de resalto que, mientras el a quo las equiparó con las correspondientes al nivel C del Si.Mu.P.A., el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fundó su críti ca a esta conclusión en la falta de relación que habría entre las Jefaturas de Departamento y un nivel de revista predeterminado; así, con sustento en los ejemplos detallados en el punto 4 de su expresión de agravios, intentó demostrar que "... dos jefes de departamento (...) según sus antigüedades y títulos, [pueden tener] distinta situación de revista" (ver fs. 229 vta.). Trabada en estos términos la controversia, revisten capital importancia dos elementos que surgen de la compulsa de autos y que no han sido cuestionados por las partes (más aún, el segundo de ellos fue proporcionado por la propia recurrente en su expresión de agravios); a saber: 1º) que la ubicación de la actora se corresponde con el nivel E, grado 04 y 2º) que a los jefes de departamento les corresponden cuatrocientos cincuenta (450) puntos en virtud de la función que desempeñan (ver punto 4 de los agravios formulados por la demandada). Ahora bien, siendo que la posición escalafonaria de la accionante (E 04) se corresponde con un puntaje q ue puede oscilar entre 350 y 399 (art. 1.2, Capítulo I, Anexo I, decreto N° 670/92) y que, de acuerdo con las manifestaciones vertidas por la propia demandada en su expresión de agravios, la función "Jefe de Departamento" debería verse representada por un equivalente a 450 puntos, la hipotética ubicación escalafonaria de la actora -necesaria para establecer el monto de las diferencias salariales- sólo puede ser aquella que esté comprendida entre 800 y 849 puntos (350 más 450 o 399 más 450); es decir, nivel C, grado 03 (entre 800 y 899 puntos). De modo que, en lo relativo a este aspecto, también habrá de rechazarse el agravio vertido por la demandada y confirmar la equiparación -a los efectos de calcular las diferencias salariales- realizada por el a quo, con las precisiones precedentemente expresadas en cuanto al grado. 15. Párrafo aparte ameritan los restantes agravios vertidos por la demandada; a saber: a) las "impredecibles consecuencias institucionales" que un pronunciamiento como el apelado acarrearía al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; b) la "orfandad de prueba objetiva tendiente a probar las tareas cumplidas" en que habría incurrido la accionante y c) la supuesta falta de acreditación de los requisitos exigidos por el decreto Nº 861/93 para tornar procedente el suplemento por función jerárquica. Ahora bien, en este punto de análisis resulta preciso recordar que, por aplicación del art. 236 del CCAyT (concordante con el art. 265 del CPCCN) "[e]l escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el/la apelante considere equivocadas" (el destacado no obra en el original). En otras palabras, lo que la norma exige es que medie una observación clara y explícita, con entidad tal que importe una refutación de los fundamentos contenidos en la decisión apelada. De este modo, deben señalarse en concreto las partes del pronunciamiento recurrido que se consideran equivocadas y tender a demostrar su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el perjuici o concreto ocasionado al litigante. Así, se ha decidido, entre otros casos, que no constituyen expresiones de agravios idóneas las afirmaciones genéricas sobre la prueba omitiéndose precisar el yerro o desacierto en que incurrió el juez en sus argumentos sobre aquélla; el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista; la mera disconformidad con la sentencia por considerarla equivocada o injusta o las generalizaciones y apreciaciones subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones de la sentencia apelada ((Palacio, Lino Enrique, ob. cit., t. V, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1993, 4ª reimpresión, pp. 266/7 y jurisprudencia allí citada bajo los núms. 6/9; en similar sentido, Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Comentado y concordado, Carlos F. Balbín (Director), Buenos Aires, LexisNexis, 2003, 1ª ed., p. 480). Teniendo en cuenta tales directivas y siendo que, por adolecer de alguno de los defectos apu ntados, los agravios reseñados ut supra no pueden ser considerados como tales, el recurso deducido debe declararse desierto con relación a ellos. Es que, en primer lugar, esa es la única conclusión que puede extraerse de la generalización consistente en afirmar que "... la sentencia recurrida reviste impredecibles consecuencias institucionales para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" (ver fs. 233 vta.); más aún considerando que, sin perjuicio de la imprecisión que una aseveración tal comporta, este fuero ya se ha pronunciado en relación a numerosos pleitos donde se han discutido planteos similares al presente sin que, hasta la fecha, el caos que se postula como consecuencia posible se haya visto materializado. En segundo lugar, por cuanto la orfandad probatoria que se afirma como existente en cabeza de la accionante constituye una argumentación carente de la precisión que debe tener el agravio para ser tratado como tal. Por lo demás y en rigor de verdad, la invocada falta de prueba se vislumbra en la ac titud procesal asumida por la propia demandada, quien ha omitido aportar elemento de convicción alguno que tenga como efecto enervar las implicancias que se desprenden del tenor de las disposiciones glosadas en autos. Sobre este último punto cabe añadir que, tal como lo prevé el CCAyT en sus arts. 315 y concordantes, la agregación de los actos administrativos referidos importa la producción de un particular tipo de medio probatorio; a saber, la prueba documental. De modo que, frente a la existencia de las piezas mencionadas, mal puede el Gobierno de la Ciudad postular inactividad alguna de su contraria en ese sentido. Por último, dado que la afirmación relativa a la falta de configuración de los recaudos exigidos por el decreto Nº 861/93 para declarar procedente el suplemento por función ejecutiva resulta inexacta. Ello así, puesto que la demandante no advierte -y critica en consecuencia- la argumentación vertida por el a quo para fundar ese aspecto de su pronunciamiento y que fue desarrollada en el punto VI.

3 del pronunciamiento definitivo, donde expresó que "[t]oda vez que la demanda prospera en virtud de los principios del enriquecimiento sin causa, no puede hacerse una aplicación directa de las normas del decreto [861/93]", no obstante lo cual "[era] legítimo acudir por analogía a sus disposiciones, puesto que permiten cuantificar en qué medida la Administración se enriqueció (...) a raíz del ejercicio de funciones que importaban la conducción de una dependencia administrativa ..." (fs. 217; el destacado no obran en el original). En resumidas cuentas, el recurso debe declararse desierto en lo tocante a este aspecto puesto que la demandada no ha esbozado crítica alguna dirigida a cuestionar el fundamento en el que -más allá de los recaudos formales exigidos por el decreto Nº 861/93- se asentara la admisión del suplemento por función jerárquica: el instituto del enriquecimiento sin causa. 16. Despejados los agravios vertidos por la demandada y confirmada la sentencia en cuanto reconoce las diferencias salariale s correspondientes al período que corre a partir del 19/I/01 y por todo el lapso en que existió un desempeño efectivo de funciones equiparables a las de Jefa de Departamento, corresponde adentrarse en el tratamiento de los reparos deducidos por la accionante. Como ya se señaló ut supra, Vázquez afirma, en primer lugar, que la designación como encargada del Sector Trámite en el Departamento Habilitaciones Automáticas y Previas dependiente de la Dirección Recepciones y Verificaciones importó, de acuerdo con la estructura de la repartición, el desempeño de una Jefatura de División y, con ello, la generación de diferencias salariales para el período comprendido entre el 6/X/98 y el 18/II/99. Ahora bien, tal como se ha expuesto en el punto 9, la pretensión deducida, en cuanto se circunscribe a las tareas asignadas en virtud de la disposición Nº 10.207/96, sólo puede ser rechazada; ello así, en tanto su admisión implicaría -como ya se señaló- admitir una conducta contradictoria con otra que la ha precedido en el ti empo. Esta conclusión se impone aún sin dejar de señalar que -tal como he puntualizado con relación a la fuerza jurígena de la voluntad en autos "Agüero Carmen Rosa y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)" (Expte. Nº: EXP - 8714/0), sentencia del 26/VIII/05- el concepto de orden público podría funcionar como límite eficaz para la aplicación de la teoría de los propios actos. 17. En segundo lugar, se agravia la demandante respecto del rechazo formulado con relación al período comprendido entre el 19/II/99 y el 18/I/01. Según su parecer y en perjuicio de lo afirmado por el a quo, las sumas devengadas durante ese lapso sí fueron expresamente reclamadas en el escrito inicial; agrega, en ese mismo sentido, que aquel período es el que abarcó la disposición Nº 131/DGVH/99, invocada en la demanda. Pues bien, expuesto en esos términos el punto bajo análisis, cabe señalar que asiste razón al a quo en cuanto a la literal "limitación" del reclamo deducido. En efecto, según puede advertirse del examen del escrito obrant e a fs. 3/7, la accionante acotó temporalmente su pretensión de acuerdo a lo expuesto en el apartado 5 del punto I de su presentación inicial; a saber "... que el reclamo del presente abarca los siguientes conceptos: 5.1. Desde el 10-12-96 hasta el 18-02-99 (...) 5.2. Desde el 19-01-01 y hasta el reconocimiento efectivo del cargo ..." (ver fs. 3 vta.). Sin embargo, soslaya la demandada el contexto general en el que se insertaron tales afirmaciones. En ese sentido, no pueden desconocerse los términos empleados a lo largo del punto I del escrito de demanda, donde la actora expuso que la presente acción se iniciaba por "... reconocimiento de cargo y cobro retroactivo de sumas de dinero ..." (ap. 1, punto I de fs. 3); ello, en virtud de que "[s]ucesivas Disposiciones, similares a la Nº 10.207/DGRyCE/96, fueron confrmando (sic) y ampliando funciones jerarquizadas a la accionante, que lleva los Nos. 131/99; 206/01; 267/01; 475/01; 1759/01 ..." (ap. 4, punto I, ver fs. 3 vta.; el destacado no obra en el original). C omo consecuencia del dictado de tales actos, solicitó que se "... reconozca el cargo efectivamente desempeñado ..." (ap. 4, punto I, fs. 3 vta.). Así expuesta la aparente contradicción, cabe señalar que, en lo que concierne al objeto, el principio de congruencia requiere que el juez emita pronunciamiento, total o parcialmente positivo o negativo, sobre todas las pretensiones y oposiciones formuladas por las partes y sólo sobre ellas, respetando sus límites cualitativos y cuantitativos. De ello se infiere, en primer lugar, que el fallo incurre en incongruencia cuando omite decidir sobre alguna pretensión u oposición, conteniendo por lo tanto menos de lo pedido por las partes (ne eat iudex citra petita partium). En segundo lugar, transgrede el principio de congruencia el fallo que excede las peticiones contenidas en la pretensión o la oposición (ne eat iudex ultra petita partium), concediendo o negando más de lo reclamado por las partes (Palacio, Lino Enrique, ob. cit., t. V, pp. 429/33). A partir de ello, teni endo en cuenta que el objeto de la pretensión (reconocimiento del desempeño de funciones superiores a las correspondientes con la situación escalafonaria) debe entenderse sobre la base que proporcionan las sucesivas designaciones invocadas por la accionante y que uno de tales actos es la disposición Nº 131/DGVH/99 -dictada el 18/II/99 y que tuvo vigencia, al menos, hasta el 19/I/01, fecha en que se emitió la disposición Nº 206/DGVH/01-, no puede sino concluirse en que el reconocimiento de las diferencias salariales devengadas por ese período, lejos de atentar contra el principio de congruencia, debe formar parte integrante del pronunciamiento en tanto también integró el objeto de la acción promovida por la demandante. Consagrar la solución contraria importaría tanto como avalar una inconsecuencia en la pretensión actora que, como tal, no puede ser presumida. Por lo demás, adviértase que el sustento del reclamo -a saber, las diversas disposiciones emitidas por la administración- reflejan un encadenamiento cron ológico sin solución de continuidad que se vería inexplicablemente truncado de confirmarse ese aspecto de la sentencia de grado. 18. Establecido entonces que las diferencias por el período comprendido entre el 19/II/99 y el 18/I/01 integraron el objeto del reclamo, cabe determinar si tal pretensión resulta admisible. Pues bien, según la postura de la accionante -que encuentra fundamento en la disposición Nº 131/DGVH/99-, durante ese lapso debe reconocérsele el desempeño de funciones equivalentes a las de una Jefatura de División. En este caso, una conclusión favorable a la pretensión deducida puede extraerse aún con más claridad que en el supuesto antes analizado de la Jefatura de Departamento. Ello así, puesto que la disposición ut supra citada designa -sin que aparezca demasiado margen para interpretaciones- "... a la agente MIRTA VAZQUEZ (...) a cargo de la División Industria del Departamento Despacho de la Dirección Industria, Comercio, Locales Especiales y Vía Pública Zona C ..." (ver fs. 12; el destacad o no pertenece al original). Frente a la literalidad del acto transcripto, cobra mayor fuerza la conclusión expuesta en párrafos anteriores con relación a la ausencia de elementos probatorios aportados por la demandada que permitan apartarse del texto de la disposición bajo análisis. Por ello, acreditada la existencia de un acto que designó a la actora a cargo de una División y comprobada la falta de actividad de la contraria tendiente a desvirtuar el sentido literal que de aquél se desprende, corresponde -en función de las mismas pautas jurisprudenciales y doctrinarias que las desarrolladas en los puntos 10 y 11 precedentes- determinar si las tareas desempeñadas en consecuencia por la accionante mantenían una razonable coherencia con su situación de revista y, en su caso, establecer cómo deberían calcularse las diferencias salariales resultantes. Sobre este punto, cabe poner de resalto que -a diferencia de lo que acontecía respecto de la posibilidad de equiparación con una Jefatura de Departamento- no existe n pautas objetivas que permitan lograr una perfecta correspondencia entre el desempeño de una Jefatura de División y un determinado nivel del Si.Mu.P.A. Sin embargo, tal equivalencia puede deducirse a partir de la posición de revista de la actora (nivel E, grado 04) y las conclusiones expuestas precedentemente con relación al desempeño de funciones correspondientes a una Jefatura de Departamento (nivel C, grado 03). Es que, si en este último caso las diferencias deben calcularse con relación al nivel C, grado 03, parece razonable concluir que, tratándose del desempeño de tareas compatibles con las de una Jefatura de División (función ejecutiva inmediatamente anterior a la de Jefe de Departamento; ver art. 1º del decreto Nº 861/93), las diferencias salariales se computen teniendo en cuenta un nivel inferior y un grado equivalente (D 03). Ello, por lo demás, traduce por sí mismo que las funciones cumplidas por la accionante durante ese período no encontraban una adecuada correspondencia con el nivel y grado que ostentaba (E 04). En suma, las diferencias salariales correspondientes al lapso que corre entre el 19/II/99 y el 18/I/01 habrán de ser reconocidas y calculadas teniendo en cuenta la brecha existente entre el nivel E, grado 04 y el nivel D, grado 03. Asimismo, en razón de lo que se deja dicho y del tenor de la disposición Nº 131/DGVH/99, debe reconocérsele a la actora el suplemento que, por función ejecutiva, prevé el decreto Nº 861/93 para los Jefes de División. 19. Finalmente, no resulta ocioso destacar que, en lo que respecta a los haberes que de ahora en adelante se devenguen y mientras se mantenga la situación de hecho descripta, la demandada deberá remunerar a la actora de acuerdo a las pautas que surgen de lo expresado precedentemente. 20. Despejadas las críticas deducidas respecto del fondo de la cuestión debatida, cabe abordar el agravio interpuesto en subsidio por la demandada y relativo al plazo fijado para el pago de la condena. Cabe destacar, en primer lugar, que no se halla controvertido el cará cter alimentario de las sumas objeto de la condena. Sobre este punto, el artículo 395 del CCAyT establece respecto de la ejecución de sentencias contra las autoridades administrativas que "[l]a autoridad administrativa vencida en juicio, cuando en la sentencia no se establezca plazo de cumplimiento, dispone de sesenta (60) días computados desde la notificación de la sentencia condenatoria, para dar cumplimiento a las obligaciones en ellas impuestas, salvo cuando se trate de las de dar sumas de dinero, que no sean de naturaleza alimentaria, en cuyo caso son de aplicación los artículos 399º y400º. A los efectos de lo establecido en este artículo, están exentos de lo previsto en los artículos 399º y 400º, los créditos de naturaleza alimentaria cuyo importe total no sobrepase el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno". El artículo 398 del CCAyT sienta el principio del carácter declarativo de las sentencias firmes que condenan a las autoridades administrativas al pago de sumas de dinero, con exce pción de los créditos de carácter alimentario que no sobrepasen el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno -es decir, doce mil seiscientos pesos ($ 12.600), de acuerdo a lo establecido por el decreto 176, publicado en el BOCBA 1390, del 27 de febrero de 2002-. De conformidad con esto, las autoridades administrativas deben incluir en los proyectos de presupuesto para el ejercicio siguiente, la imputación con la que atender las erogaciones que resulten de las sentencias condenatorias mencionadas en el art. 398 (art. 399). El carácter declarativo cesa el 31 de diciembre del año de ejecución del presupuesto en el que se haya debido efectuar la inclusión del crédito (conf. arts. 399 y 400 del CCAyT). Asimismo, esta Sala tiene dicho al respecto que los créditos de naturaleza alimentaria que sobrepasen el doble del sueldo del Jefe de Gobierno, son ejecutables hasta ese monto y en lo que lo exceden tienen carácter declarativo y, por ende, debe aplicarse a su respecto el procedimiento establecido en l os artículos 399 y 400 del CCAyT. Esto se debe a que "la literalidad del artículo 395 del ordenamiento de forma -en cuanto señala que `están exentos de lo previsto en los artículos 399 y 400 los créditos de naturaleza alimentaria cuyo importe total no sobrepase el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno`- no puede conducir a la conclusión de considerar que la circunstancia que el crédito exceda esa referencia, hace que en su integridad se le apliquen las previsiones de los artículos 399 y 400 del citado ordenamiento. Adviértase que una conclusión contraria conduciría a soluciones reñidas con la razón, pues el solo hecho de exceder el honorario profesional en un peso la remuneración del Jefe de Gobierno haría que su ejecución encuadre en las previsiones del artículo 399 y 400 del ordenamiento de forma, negando en forma elíptica su carácter alimentario al diferir en el tiempo su percepción" (SAC Sociedad Anónima Cinematográfica c/ GCBA (Dirección General de Rentas y Empadornamiento Inmobiliario ) s/ Amparo (art. 14 CCABA)" -Expte. Nº 2462/0, sentencia del 17/12/2002). De acuerdo con lo expuesto y en atención a que aún no existe liquidación definitiva, deberá procederse de modo que la parte del crédito que no exceda el monto establecido como límite al que alude el art. 395 in fine del CCAyT sea abonada dentro del plazo de sesenta días fijado por el magistrado de la instancia anterior desde que la liquidación quede aprobada y firme. Por el contrario, la porción del crédito que exceda ese límite tendrá carácter declarativo y se regirá por el principio general establecido en el CCAyT, es decir, deberá sujetarse a lo normado por los artículos 399 y 400 de ese cuerpo legal para las sentencias condenatorias contra las autoridades administrativas que impliquen dar sumas de dinero. Por lo tanto, en mérito de las consideraciones expuestas, jurisprudencia citada y normas legales aplicables al caso, se propone al acuerdo que, en caso de ser compartido este voto, se revoque la sentencia de primera instancia en c uanto rechaza el reclamo por las diferencias salariales habidas en el período comprendido entre el 19/II/99 y el 18/I/01, se modifique respecto de la modalidad en base a la cual deberá satisfacerse el crédito y se confirme en todo lo restante que fuera materia de agravios. Asimismo, atento la forma en que se decide, propongo que las costas de ambas instancias sean impuestas a la accionada sustancialmente vencida (art. 62, CCAyT). El Dr. Eduardo Ángel Russo y la Dra. Nélida Mabel Daniele, salvedad hecha del último párrafo del cons. 16, adhieren al voto del Dr. Centanaro. En mérito a la votación que antecede el Tribunal RESUELVE: I.- Hacer lugar parcialmente al recurso deducido por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia en cuanto al rechazo de las diferencias salariales habidas en el período comprendido entre el 19/II/99 y el 18/I/01. II.- Rechazar la apelación articulada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. III.- Modificar la modalidad en base a la cual deberá satisfac erse el crédito. IV.- Confirmar, en todo lo restante que fuera materia de agravios, la sentencia objeto de recurso. V.- Costas a la demandada. Regístrese en el libro de sentencias definitivas, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-