marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, carácter vinculante
Materia: PENAL
Carátula: Alfano, Rubén Ángel y Benítez, Antonio Agustín s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-22

La oposición del Ministerio Público aparece fundada y su carácter vinculante se torna operativo si el fiscal, en el caso en que se imputó a los acusados haber manoseado en sus partes pudendas, durante la noche, a una mujer de dieciocho años, causándole lesiones y mediante amenazas- expresó que la pena podría ser de cumplimiento efectivo, dada la trascendencia de los hechos, el horario en que ocurrieron y los delitos que se imputan. La disidencia sostuvo que el fiscal, por vía de elipsis, afirma una hipótesis desvinculada de una pretensión concreta, ya que no hizo explícito por qué pretende la realización del juicio y en su caso qué persigue que se decida. (Dres. Mitchell, García -en disidencia- y Yacobucci).
Costas al vencido, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Ordoñez, Celina Andrea c/ Lagos, María Isabel y-u otras s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-06-01

...las costas deben imponerse a la demandada en todas las instancias, máxime cuando como en el caso de autos, sólo se trata de una interpretación jurisprudencial, la aplicación de los intereses, pues el actor no reclamó determinado procedimiento sino la aplicación de los mismos, y el hecho de que la Excma. Cámara estableciera uno distinto al que fijó este Superior Tribunal de Justicia, no le es imputable al mismo. Salvo que hubiese en esta instancia casatoria sostenido la aplicación de los intereses tal cual lo resolvió la A-quo, en donde, entonces sí, hubiera resultado perdidoso del recurso.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Tallarico, Héctor O. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-21

Si bien es cierto que el art. 450 y ss. del CPPN no prevé requisitos de admisibilidad propios para la interposición del recurso es de aplicación la regla general del art. 438 del C.P.P.N. que establece que los recursos deberán ser interpuestos, bajo pena de inadmisibilidad, (...) con específica indicación de los motivos en que se basen". Motivación, que como consecuencia del principio dispositivo, constituye el ámbito de conocimiento del tribunal de alzada, que tiene competencia funcional limitada a lo recurrido (tantum devolutum quantum quellatum). Por ello, el impugnante debe expresar los 'motivos' la causa o móvil que en el caso concreto llevan a la parte a ejercer su facultad recursiva de ahí que lo que se requiere es que anticipe los motivos de sus agravios o indique los razonamientos en que el juzgador ha apoyado su decisión que se reputan desacertados o aquellos elementos conducentes que ha omitido considerar, señalándolos mínimamente. En autos el recurrente se limitó en su presentación a mencionar únicamente que la resolución impugnada le causaba un gravamen irreparable pero en ningún momento indicó cuáles eran los puntos sobre los cuales versaba su disconformidad con el decisorio en crisis.

(Voto de la Dra. Ledesma, adhiere el Dr. Riggi, Dr. Tragant según su voto).
Renuncia al empleo, extinción por mutuo acuerdo, despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Carrizo, Alberto Lázaro c/ Swift-Armour S.A. Argentina s/ Diferencia de indemnizaciones Gatta, Domingo Antonio c/ Alpargatas SAIC s/ Indemnización por despido Castro, Orlando V y otro c/ ESEBA SA s/ Diferencia indemnización García, Héctor G y otros c/ ESEBA SA s/ Diferencia indemnización, etc. Irurueta, Jorge H y otros c/ ESEBA SA s/ Diferencia salariales Cendoya, Héctor P. y otro c/ ESEBA SA s/ Diferencias salariales Di Meco, María Mónica c/ La previsión cooperativa de seguros Ltda. s/ Nulidad de renuncia contrato de trabajo y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-09|1992-04-07|2001-11-14|2001-11-14|2002-10-09|2003-05-28|2004-12-22

Para el reconocimiento de la validez de la renuncia al empleo formulada por el trabajador, a la que ha precedido un 'previo acuerdo' con el empleador, es presupuesto esencial la efectiva existencia de la voluntad rescisoria de aquél, es decir: que exista absoluta correspondencia entre su voluntad real y la declarada. Si ésto no se configura, y el 'acuerdo' relativo a la extinción del contrato encubre un despido -es decir:la sola voluntad rescisoria del empleador- la renuncia carece de validez y el trabajador tiene derecho a percibir las indemnizaciones propias del despido sin justa causa.
Prueba, prueba testimonial, declaración testimonial, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Neira s/ Inc. de apelación en causa Neira s/den. Causa 10507
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-10

Es nula la declaración testimonial suscrita sólo por el declarante, art. 167, inc. 2 y 168 del C.P.P.N.).
Prueba pericial, dictamen pericial
Materia: PENAL
Carátula: STALLA CARLOS ALBERTO s/ P/LESIONES GRAVES. CALIFICADAS POR EL VINCULO.GOYA"EXPTE. N9991/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-10-27

El Juez no puede descalificar el dictamen desde el punto científico y técnico, ni modificar el alcance de sus conclusiones, pues no puede sustituir al perito, dado que el conocimiento de éste es ajeno al hombre de derecho.Cuando el dictamen pericial está fundado en principios técnicos científicos y no hay razones valederas que demuestren que éste incurrió en error o ha hecho un inadecuado uso de su conocimiento científico, se debe estar a sus conclusiones, pues no se puede apartar de ellas en forma arbitraria".
Recurso extraordinario, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES. s/ EJECUTIVO INCONSTITUCIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-06-28

En principio la sentencia dictada en juicio ejecutivo, carece de definitividad, máxime si el recurrente tiene otra vía para atacar la falsedad del título como las demás cuestiones referentes a la causa de la obligación y por ello, debe desestimarse formalmente el recurso extraordinario.
Despido, interpelación, silencio, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Chamorro, Diego c/ Complejos Asistenciales S.A. y/o Instituto Rched Moselli y/o Moselli, Edgardo Rched y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por antigüedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-03-16

En torno al despido y en los términos del art.57 de la Ley 20744, ante una intimación del trabajador, la ley castiga el silencio del empleador. Esto acontece si durante dos días hábiles éste no contesta un requerimiento de su dependiente, tanto se trate de la formalización, ejecución o fin de contrato. Trátase de una presunción que el empleador tiene la carga de revertir eventualmente. Es de señalar que tal presunción sólo opera cuando se acredita la concreta prestación de servicios del actor, como expresión de la relación subordinada.
Sociedad anónima, derechos del socio, derecho de receso, impugnación de decisión asamblearia
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUELAR, JUAN c/ MANDATARIA RURAL SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-14

El derecho a receder que le asiste al socio, así como la posibilidad de impugnar las resoluciones del órgano de gobierno social son dos alternativas cuya elección queda en cabeza del accionista. Así el socio puede reclamar la invalidez de lo decidido u optar por su retiro de la sociedad, pero no está obligado a esto último.
Accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vince Roberto Fabián c/ Long Neldo Francisco s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

El art. 27 del decreto-ley 6582/58, texto Ley 22977, de una manera más acorde con el principio general de responsabilidad sentado en el art. 1113 del Código Civil reitera de forma imperativa la del titular según los registros por su carácter de dueño, siendo conveniente recordar que aunque hubiere transferido la guarda del vehículo a un tercero, la responsabilidad tanto de uno como del otro (dueño y guardián) resultan concurrentes y no excluyentes, de donde la presencia de uno no excluye el deber de resarcir del otro
Sentencia definitiva, medidas cautelares, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Heredia, Rubén Mariano c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Heredia, Rubén Mariano c/ GCBA s/ recurso directo de revisión por cesantías o exoneraciones de empleados públicos (art. 464 y 465 CCAyT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

La sentencia cuya revisión en última instancia la recurrente aspira -que rechazó la cautelar solicitada por el actor para que se suspendieran los efectos de la cesantía decretada- no es la definitiva a la que refiere el art. 26 de la ley n° 402. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Cambio de lugar de trabajo, Administración Pública
Materia: LABORAL
Carátula: Guerrero, Amílcar c/ Municipalidad de Esquel s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1976-02-20

Si el Estado cubre una gama de servicios públicos, algunos de ellos de imprescindible necesidad, lógica consecuencia es que se le debe asignar un margen amplio en su facultad de derivar personal de una a otra repartición u oficina, siempre que no se vulneren groseramente las relaciones existentes con ese mismo personal.
Concursos, concurso especial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Astorino, Pedro y otro c/ Marcello, Miguel Angel s/ Concurso especial en autos: Marcello s/ Concurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

El concurso especial que la ley 19551 concede a los acreedores hipotecarios en caso de quiebra, no rige en el concurso preventivo.

En la nueva ley concursal mantiene la misma estructura. (art. 203 ley 19551 y arts. 209 y 245 ley 24522)
Síndico del concurso, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Echeverria, Alberto José s/ Incidente de impugnación en autos: Villar, Carlos y Villar, José s/  Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-23

Siendo que las impugnaciones u observaciones formuladas al informe del síndico no importan un verdadero incidente de los regulados en el artº 303 y siguientes de la ley 19551 conforme lo resuelto por esta Cámara en el fallo plenario dictado en la causa nº 68136 del 03 /05/88 reg. nº 134(S), no corresponde, por ende la aplicación de costas, quedando subsumida la actividad desplegada por la sindicatura en la regulación final que habrá de corresponderle en la oportunidad que marca el artº 288 de la ley citada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: PENAL
Carátula: Electromecánicos Asociados S.R.L. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-11-11

El curso de ejecución contractual puede demostrar que la fórmula establecida para medir las variaciones de precios en un contrato no es representativa -en más o en menos, a favor o en contra de la Administración- de la real variación de los costos, causando un perjuicio económico importante para cualquiera de las partes, circunstancia determinante del retorno a la aplicación estricta de la ley, ya sea mediante la modificación de la fórmula en cuestión o por la verificación documentada de los costos.(doctora Kogan, sin disidencia)
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez, Petrona Leonor c/ Blanes, Miguel Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-18

El hecho de avanzar desde la derecha no otorga un "bill" de indemnidad a los conductores de vehículos, en tanto también ellos deben observar una velocidad prudencial al ingresar a un cruce, mirando previamente si tienen el paso expedito y conservando el dominio de sus máquinas de modo de poder detenerlas frente a cualquier obstáculo. Tal conducta se hace más exigible tratándose de un chofer profesional, que además transporta personas, como es un colectivero (art. 902 Cód. Civ.).
Representación procesal, gestor judicial, acreditación de la personería, saneamiento del vicio, actos consentidos, nulidad procesal, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: SUAMIR S.A. c/ ANDREANI SERVICIOS ESPECIALES S.A. s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE TERRESTRE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-17

La tardía acreditación de la representación, tiene el efecto de sanear la nulidad prevista en el art. 48 del Código Procesal, cuando la agregación del poder o la ratificación de lo actuado ha sido admitida en forma expresa o tácita por la parte contraria y no ha mediado, hasta entonces, decisión judicial que la declare (cfr. CNFed., en Pleno, 31.5.77, LL., 1977-C, 1977-C, 19; Morello, A. M. y otros, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados", T. II-A, pág. 937). En tal sentido, ni la referencia normativa al "solo vencimiento del plazo", ni mucho menos la circunstancia de no requerirse la "intimación previa" pueden conducir a postular el carácter automático de la nulidad, pues ello, aparte de contrariar ostensiblemente los principios generales que prestan sustento al régimen de las nulidades procesales, solo configuraría un exceso ritual que a nadie beneficia (cfr. Palacio-Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente", T. 2, págs. 475/476; esta Cámara, Sala II doct. de la Causa 271 del 30.10.92 y sus citas). Ese consentimiento de la parte contraria a la agregación tardía del poder o a la ratificación de lo actuado, se produce -tácitamente- si aquella no plantea la cuestión dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto de que se trate (arg. art. 170 del Código Procesal; Imatz, A. A., "La Representación Procesal", ll 1991-A, pág. 270, espec. Cap. III).
Proceso penal, sentencia condenatoria, costas, exención de costas, facultades del juez, sentencia arbitraria, asegurador, citación en garantía, legitimación procesal, embargo preventivo, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: García de Pedraza, Pura Elida s/ homicidio culposo (embargo preventivo) -Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-11-17

1- La potestad de distribuir las costas configura en principio una facultad privativa del tribunal de juicio, que sólo puede ser controlada por el tribunal de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia. En este sentido, se ha sostenido que el ejercicio de estas facultades discrecionales se encuentra condicionado sólo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la conclusión que se estime como razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa, extremo éste demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades.

2- Existe arbitrariedad cunado la eximición de costas a la aseguradora, se funda en la "oscuridad de la ley" procesal penal a la hora de remitirse a las normas del C.P.C.C. ya derogado, relativas al embargo preventivo. Sin embargo, la mentada remisión del art. 535 del C.P.P. L. 8.123 hacia las normas del Código Procesal Civil y Comercial relativas al embargo, aluden al Compendio normativo actualmente vigente en dicha materia, es decir, a los arts. 466 a 474 de la ley 8.465, en especial al art. 469 C.P.C.C., cuyo contenido es idéntico al correspondiente a los artículos derogados. Así, no existe en modo alguno la "oscuridad de la ley". Por otra parte, el derecho que el juez debe aplicar es el que rige en el momento presente, es decir, el derecho que abarca todas las modificaciones introducidas a las leyes con posterioridad a su sanción inicial.

3- En virtud de lo dispuesto por el art. 118 de la Ley 17.418, los efectos de la sentencia condenatoria del demandado asegurado, se extienden a su aseguradora. Ello implica que, si bien la citada en garantía no es parte demandada en el proceso penal, es un tercero interviniente, frente a quien la sentencia hace cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro. Esta perspectiva muestra a las claras que la razón para oponerse a una medida cautelar, consistente en que no existe sentencia de condena en contra de la aseguradora, no es en modo alguno plausible.
Municipalidad, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FELIBERT, JOSE SERGIO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 100-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-13

Surgiendo de las constancias de autos que el actor -que solicita la anulación del acto por el que se lo separa del cargo de Médico Reemplazante, y su reincorporación a planta permanente de la Municipalidad demandada-, cuanto menos, abrigaba dudas acerca del alcance de su designación, no habiéndose acreditado que haya solicitado la debida aclaración, cuando la relación fue establecida o posteriormente; resulta aplicable la doctrina sentada por este Tribunal in re "Tempesta", según la cual la aceptación por parte del recurrente de tal situación le veda reclamar los derechos emergentes de la estabilidad en el empleo, dado que, de otro modo, se violentaría el principio que impide venir contra los propios actos, sin que los argumentos del recurrente alcancen a desvirtuar la relevancia jurídica de su proceder.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones irrecurribles, facultades disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GALVAN HORACIO L Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO DE REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 118-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-03-11

No habiéndose esbozado con suficiente fundamento ninguno de los supuestos admitidos por la ley y la jurisprudencia de esta Corte, como habilitantes de la vía extraordinaria respecto de actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias, el Tribunal carece de jurisdicción para revisar el acto administrativo impugnado, correspondiendo confirmar el auto que juzgó inadmisible el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción intentado.
Reconocimiento de las obligaciones, prescripción, renuncia a la prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: URE, Carlos Ernesto c/ INDUSTRIAS MAG S.A. s/ COBRO DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

El reconocimiento de la obligación por el deudor no importa la renuncia a la prescripción ya ganada, pues no puede suponerse que todo reconocimiento de una deuda prescripta lleve forzosamente esa intención; la renuncia no se presume y los actos que la prueben deben interpretarse restrictivamente.-
Responsabilidad por publicaciones en Internet, buscadores de Internet, publicación de fotografía
Materia: CIVIL
Carátula: Mazza, Valeria Raquel c/ Yahoo SRL Argentina y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

Los buscadores de imágenes no captan, reproducen ni ponen en el comercio imágenes en el sentido empleado por los arts. 31 de la ley 11.723 y 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, sino que simplemente facilitan al público usuario de internet, mediante la indexación y la provisión de un modo de enlace, el acceso a las imágenes captadas, reproducidas o puestas en el comercio por otros. -Del Precedente "Gimbutas" (Fallos: 340:1236) al que la Corte remite-
Principios procesales, preclusión
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: DELLA CORNA CARLOS ORESTES Y OTRA s/ SOLICITAN ADOPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-03-21

Si bien fue el Juzgador quien ante la presentación en estos autos, en lugar de ejercer las facultades que al efecto edicta el art. 180 del C.P.C.C. (concord. su art. 314) dio curso a la pretensión imprimiéndole el trámite de los incidentes, la vigencia del principio de preclusión no puede permitir la sustanciación de un pleito totalmente inocuo, en atención a la sentencia dictada, que puso fin al pleito.
Renuncia al empleo, cesación de servicios, régimen jubilatorio
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: De Cillis, María Teresa c/ Dirección de Administración Financiera - Consejo de la Magistratura s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-06

La titular, al presentar su renuncia al cargo, consolidó su situación previsional, y es así que la A.N.Se.S. dictó la resolución que le acordó el beneficio en el marco de la ley 24.018. De allí que puede sostenerse -conforme reiterada doctrina del Alto Tribunal-, que la conducta asumida por la Dirección de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura, oponiéndose a que se incluya a la titular en el régimen de la ley referida, ocasiona un perjuicio en el derecho adquirido por aquella, por cuanto "para que se afecten derechos adquiridos en materia previsional es menester o que se deniegue al afiliado la aplicación de una ley vigente al momento del cese que le concediera el derecho que pretende, o bien que se le arrebate un beneficio legítimamente acordado" (cfr. C.S.J.N. sent. del 23.11.89, "Mitivie, Carlos Miguel c/ Estado Argentino - Ministerio de Defensa"). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Acción de amparo, Salud pública, personas con discapacidad, Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas
Materia: PROCESAL
Carátula: TOBIAS  LEANDRO c/ OBRA  SOCIAL  DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES YOTROS s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-04

La atención y asistencia integral de la discapacidad constituye una política pública de nuestro país que, como tal, debe orientar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de esos casos (cfr. dictamen del Procurador General de la Nación en la causa "Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c. Estado Nacional", L.1153.XXXVIII, a los que se remite la Corte Suprema en la sentencia del 15-6-2004), y que no puede ser dejada de lado por un ente situado, finalmente, en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, desde que resulta obligación impostergable de la autoridad pública emprender, en ese campo, acciones positivas dirigidas a promover y facilitar el acceso efectivo a los servicios médicos y de rehabilitación (cfr. en ese sentido, esta Sala, causas 11.469/01 del 9-12-2004 y 7925/02 del 5-5-2005, y sus citas). El derecho a la vida -que incluye a la salud- es el primer derecho de la persona garantizado por la Constitución Nacional y por tratados internacionales, y constituye un valor fundamental respecto del cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos 323:3229 y 324:3569); derecho que, conforme lo decidido por el Alto Tribunal, no puede ser menoscabado sobre la base de la interpretación de normas legales o reglamentarias que tengan por resultado ocasionar una demora innecesaria en la prestación de los servicios asistenciales necesarios para la atención del actor, en virtud de cuestiones relacionadas con la compensación de los gastos que irrogue (cfr. pto. VIII del dictamen del Procurador General en la citada causa "Martin").