Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-09-25


AUTOS N° 20.062 (95.370 - 9° CIVIL) "AZEGLIO Juana C/ Provincia de San Juan - Expropiación Inversa" L. D S. T° 105, F° 124/140 En la ciudad de San Juan, a 25 días del mes de septiembre del año dos mil nueve, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente interino DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, y el señor Vocal DR. GILBERTO A. RIVEROS, con ausencia por licencia del DR. PASCUAL E. ALFERILLO (art. 40 Ley 5854) a fin de conocer de los recursos de apelación que se interpusieran contra la sentencia recaída en autos N° 20.062 (95.370 - 9° CIVIL) caratulados "AZEGLIO JUANA C/ PROVINCIA DE SAN JUAN - EXPROPIACIÓN INVERSA", dictada en fecha diecinueve del mes de noviembre del año dos mil ocho, obrante a fs. 225-235, de estos autos originarios del Noveno Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recursos que una vez concedidos tuvieran debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. Doy por reproducida la prolija y detallada relación de la causa que trae el fallo impugnado, donde alude a la acción de expropiación irregular que iniciara la Sra. Juana Azeglio por intermedio de apoderado, contra el Estado Provincial, referente al inmueble ubicado en calle Catamarca Nº 285 -Norte-, Capital, inscripto en el Registro General de la Propiedad, bajo el Nº 11.442, Tº 107, Fº 42, Año 1943, a fin de que se perfeccione la expropiación inversa mandando a pagar la indemnización que corresponda, con mas intereses costas y costos, porque fue afectado su inmueble con motivo del ensanche de calle Catamarca. Reclama el pago de la suma que en concepto de indemnización corresponda al valor objetivo, real e integral del bien libre de mejoras y los daños que son consecuencia directa e inmediata, desvalorización monetaria en caso de notable desproporción en el valor de la moneda a la época del efectivo pago. Reclama intereses calculados desde la desposesión, afectación jurídica y consiguiente indisposición de la fracción afectada y/o librada al uso público, derivada de la expropiación.

2. La Sra. Juez a quo en la sentencia impugnada, resolvió: 1) Hacer lugar a la demanda de expropiación inversa interpuesta por la actora, respecto de la fracción del inmueble descripto en los considerandos de esta resolución. 2) Declarar transferida la fracción de tal inmueble conforme surge de la superficie a expropiar del plano de mensura a fs. 23 a cuyo fin deberá oficiarse al Registro General de la Propiedad. 3) Condenar a la demandada a pagar a la parte actora en concepto de indemnización la suma de Pesos Quince mil trescientos cincuenta y dos ($ 15.352.00), más los intereses del 8% desde la fecha de la desposesión material hasta el 31 de marzo de 2.008 y desde allí hasta el efectivo pago, la tasa activa. 4) Costas a la demandada vencida, difiriendo las regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Contra este resolutorio, actora y demandada plantearon recursos de apelación. Ambos recursos fueron concedidos en forma libre y con efecto suspensivo a fojas 240 y 246.

3. Agravios de la parte actora:

El Dr. Pascual Sevilla actúa por la parte actora. La crítica está dirigida al cálculo hecho de los intereses y la forma de aplicación de los mismos. Destaca que la sentenciadora aplica la tasa del 8% anual que determina el art. 20 de la ley 5639, y desestima la aplicación de tasa activa a los intereses conforme lo dejara peticionado.

Explica que la sentenciadora adhirió a lo resuelto por la Corte de Justicia en la causa "Graffigna Bustelo José Antonio de la Cruz c/ Provincia de San Juan - Expropiación Inversa" por el cual establecía que el art. 20 de la ley 5639 disponía la actualización al monto indemnizatorio y los intereses del ocho por ciento anual desde la desposesión hasta el del pago, esa norma luego fue dejada sin efecto por las leyes de emergencias que consagraron otra solución, pero sentado que en las expropiaciones las leyes de emergencias no resultan aplicables, implica que adquiere vigencia el mentado art. 20 y no existiendo declaración de inconstitucionalidad de esa norma debe en consecuencia ser aplicada. Por ello considera que habiéndose realizado la tasación al 31 de marzo de 2008 corresponde aplicar el 8% anual desde la desposesión hasta la fecha de la tasación, de acuerdo a lo establecido por el art. 20 de la ley 5639. A partir de la fecha de tasación, debe aplicarse la tasa activa y para ello cita lo resuelto en autos: "Gómez de Pastor, Lidia y otra c/ Provincia de San Juan - Exp. Inversa".

En sustento de esta crítica acude a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa: "Estado Nacional (Sec. Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación) c/ Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A. y Juntas de San Andrés S.A. s/ Expropiación" , fallada en fecha 23/05/2006, donde se decidió la aplicación de la tasa pasiva para las expropiaciones. Sostiene que reviste particular importancia la disidencia que sobre el tema plantearon los miembros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Enrique Petracchi quienes se inclinaron por la tasa activa.

Con posterioridad -sigue diciendo- en la causa antes mencionada, S.A. Compañía Azucarera, la Corte modificó el criterio sobre tasa pasiva y expresó en el considerando 3): "Que, asimismo, corresponde desestimar los agravios expuestos por el estado nacional sobre tasa de interés fijada a partir del 1° de abril de 1991 porque versan sobre cuestiones análogas a las resultas por esta Corte en el precedente de Fallos: 317:507".

Advierte el apelante que nuestra Corte de Justicia decidió en la causa: "Gómez de Pastor" (PRE Dic. 2007) remitir en los considerandos al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "S.A. Compañía Azucarera Tucumana", dejando no obstante las demás cuestiones resueltas y firme la aplicación de la tasa activa a partir de abril de 1991.

En virtud de ello, solicita que se revoque la sentencia del a quo y se aplique la tasa de interés del 8% anual desde el momento de la desposesión hasta el 31/04/1991 y desde allí en más y hasta el momento de su efectivo pago la tasa activa.

Señala que la aplicación de la tasa activa resulta procedente a tenor de la inflación creciente, que es de público y notorio conocimiento.

Por último "y como corolario, hago hincapié en lo sentenciado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Nación, mediante un fallo plenario dictado el 20/04/09, en autos: "Samudio de Martínez, Ladislao", declaró que corresponde dejar sin efecto la doctrina anterior y establecer como doctrina obligatoria de aplicación de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina como interés moratorio, la cual se computará desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido".

Efectúa reservas para ocurrir ante la Corte de Justicia de la Provincia por vía de recurso extraordinario previsto en la ley 2275, e igual reserva para requerir de la Corte Suprema de la Nación protección a sus reclamos por vía del recurso extraordinario de la ley 48, si quedaran violadas garantías de raigambre constitucional, el derecho de propiedad, el innominado del debido proceso y defensa en juicio.

4. Agravios de la parte demandada:

En este recurso, las críticas se encaminan a cuestionar el resolutorio que fijó como fecha de desposesión el día 20 de diciembre de 1974 y el pago de los intereses desde esa fecha. Asimismo, los letrados de Fiscalía de Estado, Dres. Héctor Mario Carelli y Miriam Susana S. de Giuliani, solicitan la aplicación de la nueva Ley General de Expropiaciones (N° 7966) y leyes 7965 y 7967. "Conforme a dicha legislación -dicen- tratándose de una expropiación irregular o inversa, contemplada en las excepciones prevista en el art. 2° de la Ley 7.967, que modifica el art. 3° de la ley 7675, las costas deben ser impuestas en el orden causado conforme art. 20° del cuerpo legal citado en último término" Los recurrentes expresan que la ley general de expropiaciones dispone que la sentencia fijará la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la desposesión, pero en autos no se acreditó concretamente que el hecho de la desposesión hubiera sido a esa época. Por ello, el Tribunal de Tasaciones de la Provincia procedió a fijar los valores al momento de la tasación, es decir al 31 de marzo de 2008 y cita fallos jurisprudenciales para sustentar su posición.

Manifiestan los letrados de la demandada, que al no haberse probado la fecha exacta de la desposesión, no corresponde en este caso el pago de los intereses como lo dispone la sentencia apelada. Además, el mismo Tribunal de Tasaciones ha dejado expresa sus conclusiones de las que no está permitido apartarse, sino por motivos que justifiquen dejarlo de lado total o parcialmente.

Aluden a un fallo de este tribunal de apelación dictado en autos N° 14.108 caratulados: "Alpuke S.R.L. c/ Provincia de San Juan - Expropiación Irregular" para recordar que se resolvió en sentido contrario a lo fallado por la Jueza a quo.

También los agravios atacan lo resuelto en cuanto manda aplicar "al monto indemnizatorio el interés del 8% anual desde la fecha de desposesión material hasta el 31 de marzo de 2008 y a partir de allí hasta el efectivo pago, la tasa activa (Ley 4119)". Al resolver la sentencia en el modo expuesto, agregan, se aparta de lo dispuesto expresamente por la Ley de Expropiación y también de lo dispuesto por la Ley 4119, deja en evidencia un enriquecimiento ilícito en favor de la actora.

Solicitan la aplicación de la Ley General de Expropiaciones N° 7966 y leyes N° 7965 y 7967 porque son de orden público y de vigencia inmediata. Especialmente peticionan la aplicación de la ley N° 7675 referida a costas. Formulan reservas para interponer los recursos extraordinarios en el orden local y federal.

Los agravios expresados por ambas partes fueron contestados a fs. 264/270 y fs. 271/272 respectivamente.

5. Tratamiento de los agravios:

Cuatro cuestiones abarcan los recursos. En la primera trataré brevemente si corresponde o no la aplicación de la nueva Ley General de Expropiaciones N° 7966 a este caso. La segunda refiere al hecho y en qué fecha se produjo la desposesión. La tercera acerca de los intereses y la tasa con que serán calculados como accesorios de la indemnización. Y la última versa en torno a la imposición de costas.

Por conveniencia las analizo siguiendo el orden lógico enunciado, dando respuesta conjunta a los dos recursos para facilitar la comprensión de estas motivaciones:

6. Considero que el art. 67 de la Ley General de Expropiaciones N° 7966, aunque la catalogue de orden público, necesariamente debe ser interpretado en armonía con el contexto normativo vigente en cuya cúspide está la Constitución. No solo es conveniente, es necesario en la medida que la nueva norma obliga a enfocar el problema de su aplicación en el tiempo con elementos sistemáticos de cara al ordenamiento jurídico, concebido como un todo orgánico. La intención expresada por el legislador es que sea aplicada "en forma inmediata", "a los procesos judiciales que estuvieren en trámite, cualquiera sea su estado, y a situaciones y actuaciones procesales que no estuvieren firmes". Esto no implica declarar que la ley ha de ser aplicada retroactivamente. Así lo juzgo a la luz del art. 3° del Código Civil, pues "a partir de su entrada en vigencia" la nueva ley hará efecto "aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes". Nos comenta Julio Rivera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en innumerables fallos, en lo tocante a interpretación de la ley, dejó sentada doctrina con referencia a la Constitución -pero perfectamente extensible a las normas infraconstitucionales- sosteniendo que "ella debe ser analizada como un conjunto armónico, dentro del cual cada una de sus disposiciones ha de interpretarse de acuerdo al contenido de las demás, pues sus distintas partes forman una unidad coherente; en la inteligencia de sus cláusulas debe cuidarse de no alterar el equilibrio del conjunto".

"Por ello mismo la Corte ha dicho que debe computarse la totalidad de los preceptos de la ley, de manera que armonice con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, y en casos no expresamente contemplados ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía, a los fines perseguidos por las reglas" (véase la referencia de los Fallos de la C.S.J.N. en "Instituciones de Derecho Civil", Abeledo-Perrot, 2da. ed. actualizada, T° I, p. 199).

7. El mismo criterio es el que ha de seguirse en este caso. Poco espacio deja el legislador en la realidad para interpretar con mayor margen la aplicación de la nueva norma más allá de actuaciones procesales que no estuvieran firmes. La intención está claramente expresada y concuerda con los principios procesales relacionados con la aplicación de la ley en el tiempo. Solo son susceptibles de ser alcanzadas por la nueva norma, los actos procesales que aun no adquirieron estado de firmeza. Aclaro que descarto de pleno el carácter retroactivo de la ley, en el sistema del Código Civil rige el principio de la irretroactividad, es decir, las leyes disponen para el futuro, a partir de la fecha de su publicación. De modo que cuando el legislador quiere darle carácter retroactivo, éste nunca se presume porque depende de una expresa y declarada voluntad en la letra de la ley (conf. doct. art. 3° del C.C.).

8. Entonces, en esta causa, ¿cuáles serían las actuaciones que no están firmes a las que debieran aplicarse las nuevas normas expropiatorias?.

Respetando los principios, derechos y garantías constitucionales relativas al derecho de defensa en juicio y el emergente del debido proceso (art. 18 de la C.N.), actos procesales firmes son aquellos que ya no pueden ser modificados, sea en función de la preclusión o pasados en autoridad de cosa juzgada. Así, son actos procesales firmes aquellos que produjeron las partes en la traba de la litis (demanda y contestación), ofrecimiento y producción de la prueba, o los actos de resolución emanados del tribunal, anteriores al llamamiento de autos, que tuvieron la finalidad proveer las peticiones de las partes. Desde luego, entre ellos, la actuación receptada del Tribunal de Tasaciones que ha emitido su dictamen conforme a un procedimiento señalado de antemano por la ley vigente en ese momento. Bajo su amparo, las conclusiones del dictamen pudieron ser sopesadas por las partes en la oportunidad de presentar sus alegatos. Todo esto está comprendido en el concepto de debido proceso legal y sirve para llegar la justa indemnización de la expropiación (art. 17 de la C.N.).

Finalmente, en este aspecto ha de señalarse que la condena en costas no reviste la calidad de resolución aislada, pues el juez tiene el deber de imponerlas cuando dicta sentencia. Siendo así, mal pretende la demandada que en este tema se aplique una norma legal que aún no estaba vigente al momento de la resolución.

9. Hasta la aplicación retroactiva de la ley procesal, si fuere el caso, está condicionada a que no afecte derechos y garantías constitucionales. Tal como explica Palacio: "Los procesos en trámite pueden ser alcanzados por la ley nueva, la cual es de aplicación inmediata siempre que ello no importe afectar la validez de los actos procesales cumplidos y que han quedado firmes bajo la vigencia de la ley anterior. La excepción se justifica por cuanto tales actos se hallan amparados por el principio de preclusión, al que prestan respaldo, en nuestro ordenamiento jurídico, las garantías constitucionales de la propiedad y de la defensa en juicio" (Derecho Procesal Civil, t° I, p. 50; ed. Abeledo-Perrot, 2da. ed.). Mayor fuerza tiene este razonamiento si se piensa que la retroactividad de las leyes de orden público también encuentra límite en las garantías constitucionales, aunque nadie puede invocar un derecho irrevocablemente adquirido frente a ellas. La retroactividad de las leyes de orden público, no es absoluta. Cada caso merece su estudio y apreciación. Pero, insisto, no estamos ante una situación jurídica de retroactividad.

10. Infiero en este orden de cosas que no es admisible aplicar al sub iudice la nueva Ley de Expropiaciones ley N° 7966 y las sancionadas N° 7965 y N° 7967, esta última modificatoria del art. 3° de la ley 7675 que deja fuera de las excepciones a la acción de expropiación irregular o inversa. Así lo juzgo, desde el momento que las nuevas normas no han declarado su retroactividad conforme a lo dispuesto en el artículo 3° del Código Civil. Simplemente imponen su imperio "a las consecuencias que no hubieren quedado consolidadas". En este sentido debe entenderse, que si el proceso alcanzó la etapa de sentencia definitiva (la de primera instancia lo es), aunque sometida a los recursos procesales pertinentes, no hay permisión que valga en segunda instancia para introducir cuestiones o articulaciones que con anterioridad no fueron sometidas al juicio del juez de primera instancia, lo cual, además, limita la competencia de la alzada. La función jurisdiccional del juez de apelación, esencialmente, es de revisión. No existe una segunda instancia para desarrollar un nuevo juicio o acaso plantear proposiciones novedosas fuera del contexto en que fue trabada la litis.

11. La impugnación procesal, concepto incluido en el Vocabulario Jurídico de Couture, adoptado por nuestros juristas, de amplio espectro, le ha hecho decir a Clariá Olmedo en su obra Derecho Procesal - Conceptos Fundamentales: ". A su vez, el análisis en general de la impugnación procesal debe ser encuadrado dentro del más amplio concepto de la actividad procesal. Esto en primer lugar por tratarse de una especie o tipo de ella al manifestarse la mecánica jurídica; y en segundo lugar porque, en cuanto poder, surge desde el momento en que exista la posibilidad de estar frente a un cumplimiento o realización anormal o injusta de los actos procesales. Por lo que podría expresar como "utilidad" en la realización de actos procesales, es decir, la obtención económicamente beneficiosa de la específica finalidad de esos actos en función de la serie sucesiva del procedimiento en que se introducen, se manifiesta conforme a los principios técnico-jurídicos por los cuales se orienta el proceso moderno. Pero además de ello se requiere que el acto procesal sea "justo" en cuanto a su conformidad con las reglas ético-jurídicas por las que se determina la licitud o ilicitud de las conductas humanas, por medio de lo cual se provee a una mayor tranquilidad del orden establecido (Carnelutti)" (ed. Depalma, T° II-516).

Con la cita, quiero significar que la impugnación procesal mediante el recurso de apelación obedece a la economía de una actividad procesal desarrollada en etapas sucesivas del procedimiento, que tienen por objeto primordial llegar al acto procesal justo, bajo normas y principios técnico-jurídicos preestablecidos.

La pretensión de someter el litigio a la nueva ley procesal, luego de dictada la sentencia definitiva de primera instancia, no concuerda con los referidos principios.

12. Sobre los intereses no caben dudas, como tampoco fue cuestionado, que el cálculo de los mismos ha de computarse desde la desposesión real y material del terreno expropiado. Solo queda por definir cuándo ocurrió esto, aunque el Tribunal de Tasaciones destaca: "no se desprende con precisión la fecha de la desposesión de la fracción afectada sobre calle Catamarca, hoy liberada al uso público". En tanto la jueza a quo ha expresado: "... a fs. 120 obra un pedido de fijación de línea solicitado por la Sra. Juana Azeglio, de fecha 20 de diciembre de 1974. A partir de allí, entonces, corresponde el cómputo de intereses porque el ensanche de la calle Falucho, según el croquis de ubicación del plano, se había producido en toda la zona, incluido el inmueble de la actora".

Cabe recordar que el mismo tema fue tratado por este Tribunal en autos N° 19.687 (92.156 - 5° CIVIL) caratulados: "Cornejo Pedro N. y Otros c/ Provincia de San Juan - Expropiación inversa", sentencia dictada el 17/12/08, y otros de igual contenido, por ejemplo N° 19.864 (94.818 -5° Civil) caratulados: "Albarracín de Sarmiento, Rosa c/ Provincia de San Juan - Expropiación Inversa", donde ponderó que mientras el expropiado no se encuentre en una situación de la que resulte alguna indisponibilidad o restricción que afecte el uso y goce normal de la propiedad, o impida transferir el dominio o gravarlo con derechos reales en toda su extensión, no se produce la desposesión. Menos aún que haya habido turbación o restricción en forma continua o alternada a la propiedad debido a la acción u omisión de actos provenientes de la autoridad provincial o municipal.

"Los actos administrativos por los cuales se fija una nueva línea de edificación, son simplemente restricciones a la propiedad privada en interés público basados en el poder de policía del Estado, competen al ámbito del Poder Ejecutivo, pero no implican en sí mismas menoscabo al derecho de propiedad ni hacen perder de algún modo la posesión, porque el propietario conserva todo el poder de disposición sobre el bien y puede ejercer sobre él los actos posesorios legítimos que convengan a su derecho (art. 2452 y cc. del Cód. Civil). Tal como prescribe el art. 2611 del C.C. "las restricciones impuestas al dominio privado solo en interés público, son regidas por el derecho administrativo". Las restricciones son una especie del género limitaciones a la propiedad privada, aunque difieren de éstas que siempre requieren la ley formal para ser impuestas (así la expropiación). En el caso tratado, la restricción tiene por causa el urbanismo al que refiere la línea de edificación. De momento, la mera restricción de carácter administrativo, no se ha convertido en limitación a la propiedad privada,...." (L. de S. T° 102, F° 176/185 y L. de S. T° 104 F° 55/64 respectivamente).

No obstante, en el sub iudice, el acto de la desposesión se produjo en la fecha indicada por la jueza a quo ya que el hecho expropiatorio queda perfectamente reflejado en las constancias del Expte. N° 99.249, Letra A de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, glosado fs. 118/173, del cual se desprende que la Sra. Juana Azeglio se vio condicionada para iniciar la construcción en el inmueble de marras a la fijación de la nueva línea de edificación. En dicho expediente administrativo figuran documentos relativos a la construcción, como planos aprobados por el Departamento de Obras Particulares de ese organismo, presentados por el constructor y la concesión del permiso para construir en el predio conforme a esos planos. A fojas 135, entre las actuaciones del expte. administrativo, la propietaria, Juana Azeglio, con la firma del constructor, Miguel E. Videla, solicitan la aprobación de planilla adjunta del cambio de la losa de la obra en construcción, "sita en calle Catamarca n° 285 -Norte- Concepción - Capital". También se aprecia, que fueron abonados y aforados los derechos de edificación ante la Municipalidad de San Juan. Hay certificaciones en el expte. administrativo del inspector de planeamiento sobre los materiales que fueron utilizados en la obra, por entonces, en construcción. Varias solicitudes de inspección relativas al cumplimiento de reglamentaciones atinentes a la construcción de la casa habitación. Hasta llegar al pedido de inspección final de la obra construida (fs. 149) que se hizo de acuerdo a las especificaciones técnicas y materiales controlados y aprobados por la autoridad de administrativa competente. Estos actos administrativos, coadyuvantes del hecho expropiatorio, demuestran la desposesión por imposibilidad concreta que tuvo la actora de usar libremente la fracción de terreno sujeta a expropiación, lo cual significa una real afectación al derecho de propiedad.

Entonces, la fecha de desposesión está bien determinada en la fecha del 20 de diciembre de 1974, pues consta que en ella fue otorgada la línea o cerco de edificación, produciéndose en esa época todos los trámites para construir la vivienda (fs. 121y sgtes.). De ahí que el recurso interpuesto por la demandada carece de sustento por estar fundado lejos de las constancias de autos.

13. Las partes también ponen a revisión de este tribunal de alzada la tasa de interés fijada por la jueza a quo. La parte actora cuestiona que se aplique al monto indemnizatorio la tasa del 8% anual desde la fecha de desposesión material, hasta el 31/03/08, a partir de allí y hasta el efectivo pago la tasa activa (Ley 4119). Por su parte la demandada cuestiona la aplicación del 8% anual que determina el art. 20 de la ley N° 5639 en lugar de aplicar la tasa pasiva.

En este punto voy a repetir conceptos vertidos en un reciente fallo dictado con fecha 11/05/2009, Autos N° 19.787 - 95.240 (4to. Juzgado Civil), caratulados: "Morilla, Patricio c/ Provincia de San Juan - Expropiación" (L. de S. T° 103, F° 175/190), en cual hago referencias en el considerando 4. recordando otros precedentes de este tribunal:

"4.La parte actora incluye en su queja la disonancia de pareceres entre este Tribunal y la última postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dice que nuestras sentencias no están a tono con los recientes fallos del más alto Tribunal del país en lo que concierne a la tasa de interés aplicable en materia de indemnizaciones expropiatorias y cita dos pronunciamientos de esta Sala I. Sin embargo, es precisamente el caso "Rossi, Aldo c/Provincia de San Juan - Expropiación inversa" (L. de S. T° 100, F° 96/103, de fecha: 08/05/2008), donde quedó sentado que la tasa de interés más equitativa para las expropiaciones en la situación actual de nuestra economía y su impacto en la realidad social resulta ser la tasa activa desde el 31 de marzo de 1991 en adelante, fecha hasta la cual ha de correr el interés puro del 8% anual para compensar la mora en el pago de la indemnización. En una parte de este pronunciamiento, el primer voto del Dr. Pascual Alferillo expuso: "El nuevo criterio se basa en las siguientes premisas:

"1. La deuda por indemnización de la expropiación, es una deuda de valor, por lo cual tiene relevancia el momento en que se determina o individualiza la suma compensatoria del bien expropiado.

"2. En función de ello y hasta esa fecha, la mora en el pago del precio de la expropiación debe ser sancionada con la aplicación del interés puro del 8% dado que se actualizó el valor del bien.

"3. A futuro, para el tiempo posterior a la individualización del precio, corresponde aplicar la tasa de interés activa, que es la que mejor contempla la situación social, en la cual no se puede desconocer la existencia de un proceso inflacionario, satisfaciendo el sentido de justicia que actualmente debe imperar conforme el sentir medio social, como lo indica la SCJN en el caso "Santa Coloma...".

"En los autos de referencia se dijo que "en cuanto al tipo de interés que corresponde aplicar, el tema fue tratado recientemente en los autos Nº 19.283 caratulados "Gómez de Pastor, Lidia y otra c/ Provincia de San Juan - Expropiación", en el cual la demandada realizó idéntico planteo.

"En ese fallo se dijo que "a partir de... reconocer la diferencia conceptual entre deudas dinerarias y de valor, la indemnización debida en una expropiación es la traducción a dinero del valor del bien expropiado, por lo cual resulta relevante para la jurisdicción conocer la fecha de la valuación del bien expropiado...".

"En este caso ha quedado firme que la tasación del bien expropiado fue realizada a fecha 30 de noviembre de 2006. "El fallo de cita continúa considerando que "en cuanto, a los intereses aplicables, este tribunal, como lo sostiene en el caso Nº 19.185 "Herrería Martínez Francisco c/ Provincia de San Juan - Expropiación Irregular - Sumario", 21/12/2007 (L. de S. Tº 99 Fº 69/80) ha venido sosteniendo que en los casos de expropiación se debe aplicar el interés del 8% sobre monto actualizado hasta el 31 de marzo de 1991 y a partir de allí, la tasa activa conforme el plenario "Huaquinchay..." Ese criterio, estimo que debe ser revisado en el presente fallo frente a la doctrina constante de la Corte de Justicia provincial fijado, entre otros, en expte. Nº 3070 "Graffigna Bustelo José Antonio de la Cruz c/ Provincia de San Juan - Expropiación Inversa - Inconstitucionalidad", 2/11/2004, que "el artículo 20 de la ley 6.539 dispone que una vez actualizado el monto indemnizatorio, los intereses se liquidarán a la tasa del ocho por ciento anual, desde el momento de la desposesión hasta el del pago. Esa norma quedó luego dejada sin efecto por virtud de las leyes de emergencia que consagraron otra solución, pero sentado ya que en materia de expropiaciones las leyes de emergencia no resultan aplicable (P.R.E. S.2ª 1998-I-69), ello implica que readquiere vigencia el mentado artículo 20 y no existiendo declaración de inconstitucionalidad de esa norma, debe en consecuencia ser aplicada tal como fuera concedida por el legislador...".

"Ahora bien no cabe la menor duda que en épocas de economías con procesos inflacionarios se pergeñó primero, pretorianamente y luego legalmente la idea de actualizar el monto del capital en forma permanente y hasta su efectivo pago. A ello se le adosaba el accesorio de un interés que se denomina puro del 8% anual.

"Evidentemente, este sistema (actualización + interés puro) satisfacía el principio constitucional de reparación integral que la Corte Federal lo ha precisado, entre otros, en el fallo A. 686. XXXV. "Agua y Energía Eléctrica S.E. c/ Montelpare, Gustavo s/ expropiación - incidente de desindexación", 08/07/2003, T. 326, P. 2329, cuando dijo que "el art. 17 de la Constitución Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confiscación y, sobre la base de tales parámetros, la jurisprudencia fue construyendo el principio de "justa indemnización", que incluye las características de ser "actual" e "integral". -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-. ...".

"En función de este criterio superior al cual adherimos, se advierte que un interés puro es válido mientras el capital que abona la expropiación se mantenga incólume, por lo cual su aplicación (8% anual) hasta la fecha en que se llevó a cabo la tasación del bien expropiado,... es ajustado a derecho.

"Pero a partir de esa fecha, la realidad económica indica que los precios de los bienes no se mantienen incólumes sino por el contrario hay una pública y notoria incidencia del incremento en los valores que lleva a la disminución cierta de la suma compensatoria del bien expropiado que no logra remediar el interés puro.

"Es por ello y para hacer efectiva la equidad, estimo que a partir de la fecha en que se realizó la tasación del bien expropiado, se debe aplicar la tasa activa dado que la misma está integrada por una compensación por los índices de depreciación monetaria, con lo cual se lograría consagrar el constitucional principio de una reparación integral y actual..." Como fácil es apreciar, en cuestión de intereses aplicables a valores de la expropiación, este tribunal se afilia a los criterios de la CSJN. Por ello, la prolongación del interés puro en el fallo de primera instancia que ordena pagar intereses al ocho por ciento (8%) anual desde el día estimado de la desposesión (29-03-1965) hasta el 31/03/2008, fecha de la tasación por el Tribunal de Tasaciones, resulta una decisión errónea, teniendo en cuenta que el art. 20 de la ley N° 5639 en cuanto a la tasa de interés, quedó derogado por leyes de jerarquía superior del Congreso de la Nación (art. 31 C.N.) aplicables a la materia expropiación según lo entiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una palabra, esta Sala I, en sintonía con la última doctrina del CSJN, que reitera fallos anteriores luego de un zigzagueo en esta materia, tiene por adecuado y justo aplicar el interés del 8% anual hasta el 01/04/1991 y de ahí en adelante la tasa activa (BCRA) hasta el efectivo pago, a todos los items que comprenda la indemnización".

14. La misma interpretación hizo el Dr. Gilberto Riveros en su primer voto, siguiendo estos lineamientos en la sentencia dictada unos días después (29/05/2009) en Autos N° 19.864 (94.818 - 5° Civil) caratulados: "Albarracín de Sarmiento, Rosa c/ Provincia de San Juan - Expropiación Inversa " (L de S. T° 104 F° 55/64) : "...frente a una realidad económica no cabe otra solución más que reconocerla y arbitrar los medios pertinentes para neutralizar los efectos negativos que pueden influir en la deuda del monto indemnizatorio.

"Cierto es que la tasa activa, para el cálculo de los intereses, contiene incorporado previsiones para satisfacer rubros que exceden el interés puro, pero también lo es que para el cálculo del monto indemnizatorio deben adoptarse criterios que de la mejor manera se aproximen a la determinación del justo valor, y lo más posible en cuanto a la reparación patrimonial que sufre el expropiado que comprenderá el valor objetivo y real y sus respectivos intereses.

"Vale recordar que en fecha 31-03-08, se resolvió en autos N° 19.340 (88.637 - 8º CIVIL) caratulados "ARIZA, MILTA ASUNCIÓN C/ PROVINCIA DE SAN JUAN - EXPROPIACIÓN INVERSA", registrados en L. DE S. Tº 1 00, Fº 41/46 , con voto en primer término del Dr. Pascual E. Alferillo, que "En cuanto al tipo de interés que corresponde aplicar, el tema fue tratado recientemente en los autos Nº 19.283 caratulados "Gómez de Pastor, Lidia y otra c/ Provincia de San Juan - Expropiación", en el cual la demandada realizó idéntico planteo. En ese fallo se dijo que "a partir de... reconocer la diferencia conceptual entre deudas dinerarias y de valor, la indemnización debida en una expropiación es la traducción a dinero del valor del bien expropiado, por lo cual resulta relevante para la jurisdicción conocer la fecha de la valuación del bien expropiado...". En este caso ha quedado firme que la tasación del bien expropiado fue realizada a fecha 30 de noviembre de 2006. El fallo de cita continua considerando que "en cuanto, a los intereses aplicables, este tribunal, como lo sostiene en el caso Nº 19.185 "Herrería Martínez Francisco c/ Provincia de San Juan - Expropiación Irregular - Sumario", 21/12/2007 (L. de S. Tº 99 Fº 69/80) ha venido sosteniendo que en los casos de expropiación se debe aplicar el interés del 8% sobre monto actualizado hasta el 31 de marzo de 1991 y a partir de allí, la tasa activa conforme el plenario "Huaquinchay...". Ese criterio, estimo que debe ser revisado en el presente fallo frente a la doctrina constante de la Corte de Justicia provincial fijado, entre otros, en expte. Nº 3070 "Graffigna Bustelo José Antonio de la Cruz c/ Provincia de San Juan - Expropiación Inversa - Inconstitucionalidad", 2/11/2004, que "el artículo 20 de la ley 6.539 dispone que una vez actualizado el monto indemnizatorio, los intereses se liquidarán a la tasa del ocho por ciento anual, desde el momento de la desposesión hasta el del pago. Esa norma quedó luego dejada sin efecto por virtud de las leyes de emergencia que consagraron otra solución, pero sentado ya que en materia de expropiaciones las leyes de emergencia no resultan aplicables (P.R.E. S.2ª 1998-I-69), ello implica que readquiere vigencia el mentado artículo 20 y no existiendo declaración de inconstitucionalidad de esa norma, debe en consecuencia ser aplicada tal como fuera concedida por el legislador...". Ahora bien no cabe la menor duda que en épocas de economías con procesos inflacionarios se pergeñó primero, pretorianamente y luego legalmente la idea de actualizar el monto del capital en forma permanente y hasta su efectivo pago. A ello se le adosaba el accesorio de un interés que se denomina puro del 8% anual. Evidentemente, este sistema (actualización + interés puro) satisfacía el principio constitucional de reparación integral que la Corte Federal lo ha precisado, entre otros, en el fallo A. 686. XXXV. "Agua y Energía Eléctrica S.E. c/ Montelpare, Gustavo s/ expropiación - incidente de desindexación", 08/07/2003, T. 326, P. 2329, cuando dijo que "el art. 17 de la Constitución Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confiscación y, sobre la base de tales parámetros, la jurisprudencia fue construyendo el principio de "justa indemnización", que incluye las características de ser "actual" e "integral". -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-. ...".

"En función de este criterio superior al cual adherimos, se advierte que un interés puro es válido mientras el capital que abona la expropiación se mantenga incólume, por lo cual su aplicación (8% anual) hasta la fecha en que se llevó a cabo la tasación del bien expropiado,... es ajustado a derecho.

"Pero a partir de esa fecha, la realidad económica indica que los precios de los bienes no se mantienen incólumes sino por el contrario hay una pública y notoria incidencia del incremento en los valores que lleva a la disminución cierta de la suma compensatoria del bien expropiado que no logra remediar el interés puro.

"Es por ello y para hacer efectiva la equidad, estimo que a partir de la fecha en que se realizó la tasación del bien expropiado, se debe aplicar la tasa activa dado que la misma está integrada por una compensación por los índices de depreciación monetaria, con lo cual se lograría consagrar el constitucional principio de una reparación integral y actual".

15. Si fueren compartidas las motivaciones que dejo expuestas, el tribunal debería rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y aceptar parcialmente el de la parte actora como queda dicho. Ello, en razón de que este caso no está regido por la nueva Ley General de Expropiaciones, y que la tasa activa de interés será aplicable en la forma indicada en el considerando respectivo. Las costas de segunda instancia, habiendo vencimiento parcial y mutuo, por aplicación de lo dispuesto en el art. 77 del CPC, correspondería aplicarlas en el orden causado.

Así voto.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

En mérito a la votación que antecede procede rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y aceptar parcialmente el de la parte actora. Ello, en razón de que este caso no está regido por la nueva Ley General de Expropiaciones, y que la tasa activa de interés será aplicable en la forma indicada en el considerando respectivo. Las costas de segunda instancia, habiendo vencimiento parcial y mutuo, por aplicación de lo dispuesto en el art. 77 del CPC, corresponde aplicarlas en el orden causado.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y aceptar parcialmente el de la parte actora. Ello, en razón de que este caso no está regido por la nueva Ley General de Expropiaciones, y que la tasa activa de interés será aplicable en la forma indicada en el considerando respectivo. Las costas de segunda instancia, habiendo vencimiento parcial y mutuo, por aplicación de lo dispuesto en el art. 77 del CPC, corresponde aplicarlas en el orden causado.

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas por encontrarse el Dr. PASCUAL E. ALFERILLO en uso de licencia (art. 40 Ley 5854).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.