marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia civil y comercial federal, cuenta corriente bancaria, banco central, facultades reglamentarias
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: BADARO, Marcelo Ovidio c/ B.C.R.A. s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-23

Cuando en autos se discuten cuestiones vinculadas prima facie, con el funcionamiento de una cuenta corriente bancaria, lo que remite al análisis de derecho común (conf. título XII del Cód. de Comercio), aún cuando ella se encuentre parcialmente reglada por reglamentaciones del Banco Central. Y no se advierte que se cuestionen las facultades policiales o reglamentarias, ni que el pleito involucre primordialmente normas que exceden las que rigen la relación banco-cliente, ya que el accionante discute el alcance que el B.C.R.A. otorga a los arts. 12 y 60 de la ley 19.550 (conf.

Villegas "Régimen Legal de Bancos", p. 240/1; Bolini Shaw-Boneo Villegas "Manual de Operaciones Bancarias y Financieras", 2da. ed., pg. 143 y sgtes.; esta Sala, in re, 5/6/90 "García Martínez"), resulta competente el fuero Civil y Comercial Federal (y no el Contencioso Administrativo Federal) para resolver la litis.
Robo, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: MANSILLA, CRISTIAN SEBASTIAN Y ROLDAN, RAMIRO GASTON S/S.D. ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA E.P.D. GALVAN ENZO ALEJANDRO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-07

El delito de robo se consuma cuando el bien sale de la esfera de poder y de vigilancia del tenedor para pasar a la del delincuente, cualquiera sea el tiempo en que el mismo se mantenga en su poder de hecho, sin importar que el autor consiga su meta.
Competencia contravencional y de faltas, auto de elevación a juicio, defraudación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Zas, Juan Ignacio Leonel y Otros Sobre 173 Inc. 15 - Defraudación Mediante el Uso de Tarjetas de Compra, Crédito O Débito c/  s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

Corresponde declarar la competencia de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas debido a que no corresponde radicar la causa ante la justicia nacional, con motivo de encontrarse avanzado el trámite ante esa jurisdicción. Ello obedece a que la idea de la perpetuatio jurísdictionis tiene razón de ser por el posible impacto si variara la jurisdicción -y, por ende, el trámite- cuando se han cumplido ciertos pasos procesales que pueden ser incompatibles o inadecuados en el marco de las normas procesales que aplicará el nuevo tribunal. Y aquí, el Tribunal Oral, con carácter previo a citar a las partes a comparecer a juicio (cfr. el art. 354 del CPPN), entendió que era ajeno a su competencia el juzgamiento de la conducta en cuestión. Es decir, no hubo ni hay energías de dicho tribunal que queden frustradas, y el conocimiento que pudo tomar el juez a cargo de la instrucción no debería influir más de lo que lo hizo con la reunión de elementos a cuyo conocimiento el tribunal entendió que no le correspondía abocarse. En síntesis, no es exacta la afirmación de que el trámite del juicio ha avanzado. Apenas ha concluido una etapa similar a la IPP en nuestro Código Procesal Penal, y la siguiente -el juicio- está en su comienzo. Ello así, cualquiera que fuere la suerte final del auto de elevación a juicio, que no funge por sí como tal en nuestra jurisdicción. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano, por remisión a los fundamentos brindados in re "Guasch", expte. n° 321886/22, sentencia del 30-11-2022).
Ministerio Público Fiscal, notificación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: JARSUN, J.C., s/ nulidad- admisibilidad de la apelación Causa nro. 27.242
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

El Ministerio Público de primera instancia debe reputarse notificado el día de la recepción del expediente en su despacho.
Recurso de revisión (procesal), competencia
Materia: PENAL
Carátula: Caro, Jorge Rubén s/ Recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-21

Del contexto de los arts. 311 y concordantes -n.a.- del C.P.P.

resulta que la competencia del tribunal en materia de revisión está delimitada por el propio recurso.
Empleados públicos, ocupación temporal, remuneración, demanda, Instituto de Obra Social para el Personal de los Ministerios de Salud y Acción Social y Trabajo y Seguridad Social
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gaitán, Luis María y Otros c/ I.O.S. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-29

Debe confirmarse la sentencia que hizo lugar a la demanda contra el Instituto de Obra Social para el Personal de los Ministerios de Trabajo y Acción Social -I.O.S.- del que los actores eran ex agentes de la planta temporaria de personal de la accionada, con el fin de obtener por esta vía el cobro de una indemnización equivalente a la bonificación prevista en el art. 2º de la Disposición I.O.S. Nº 414/92. (Ver esta Sala, "Dirito, Vicente c/ I.O.S.#sobre:

empleo público", del 24/5/96).
Rechazo de la demanda, falta de prueba, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: FUNDACION NUESTRA SEÑORA DEL HOGAR c/ INSTITUTO NAC DE SERV SOC PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ Incumplim. de prest. de obra soc./ med. prepaga.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-26

Debe rechazarse la demanda deducida contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados tendiente al cobro de facturas por prestaciones de servicios odontológicos, puesto que la parte actora no ha producido prueba fehaciente sobre la efectiva prestación de los servicios reclamados bajo el sistema de móviles ambulatorios, al menos con la extensión y entidad con que aparece facturado.
Competencia, fuero de atracción, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LUI OSCAR ALFREDO c/ COSECHA COOPERATIVA DE SEGURO LIMITADA s/ Ejecución Honorarios (LIBRO: A069 - 234)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-09-08

"... resulta conveniente que sea un mismo Tribunal de Alzada el que resuelva las apelaciones que se producen en un mismo juicio; entre esos casos se cita a "las cuestiones que se suscitan con motivo del incumplimiento o ejecucion de resoluciones emanadas del Tribunal de Apelacion" ..."
Empleados públicos, remuneración, adicionales de remuneración, Poder Ejecutivo, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ACUÑA, DELIA MARIA ESTER c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-28

Siendo que el propio acto de creación de los suplementos los instituyó con carácter de remunerativo no bonificable y que tal intención ha quedado claramente expresa, no cabe prescindir de los términos de la norma, desde que las razones por las cuales ha sido dispuesto de esa forma pertenecen a la política salarial y al ejercicio de potestades propias del Poder Ejecutivo al delinear la misma, cuestiones que son en principio ajenas a la revisión judicial en sus aspectos estrictamente discrecionales, sin que se haya demostrado irrazonabilidad ni ilegitimidad que repugne las cláusulas constitucionales de un modo manifiesto, ni incompatibilidad inconciliable como para merecer la declaración de inconstituciona idad.
Nulidad procesal, intervención fiscal, falta de intervención
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MARTINEZ, SUSANA s/ QUERELLA LEY 22.362
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-24

La intervención del Ministerio Público Fiscal es condición de validez de la instrucción sumarial, más no de las medidas anteriores a su apertura cuales son escuchar al querellante para que precise su imputación o agregar causa anterior del mismo Juzgado para verificar la existencia o no de superposición de delitos, por lo que no procede la nulidad de lo actuado sin la referida intervención.
Recurso directo, intereses
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: URAN JOSE RAMON c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ DEMANDA  -  RECURSO  DIRECTO  -  CASACION  LABORAL - ALLANAMIENTO DEL  ACTOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-18

Debe admitirse el allanamiento formulado por la actora a los recursos directos y de casación que planteara la accionada respecto de la tasa de interés anual fijada por la cámara a quo, determinándola en el ocho por ciento anual, ya que no se trata de un derecho irrenunciable de los contemplados en el art. 12 LCT. El actor puede percibir un porcentaje menor, si ello le permite agilizar el cobro de su crédito, máxime en una materia en la que no existe unanimidad de las cámaras de trabajo y sobre la que no se ha expedido este cuerpo.
Alimentos, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COMAN DE ALANIS ELISA c/ CARLOS R. ALANIS s/ ALIMENTOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-29

Cesa la obligación alimentaria que emerge de la Patria Potestad en el supuesto del menor que contrae matrimonio, ya que al contraer matrimonio el menor se emancipa. Ello sin perjuicio de normas generales relativas a los alimentos entre parientes. Respecto de estas últimas obligaciones, la ley no las presume, y deben ser probadas.-
Juicio de desalojo, plan para la vivienda, tenencia precaria, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Villegas, Roberto Andres c/ Camargo, Hugo Cesar s/ desalojo (expte. nº 1088)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-11-27

Aun cuando el adjudicatario de la vivienda hubiese celebrado un convenio con el organismo IAPV - Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda - por el cual se le entregó el bien en carácter de tenencia precaria, carece de legitimación activa para promover una acción de desalojo contra el ocupante de dicho inmueble, pues, al no existir vínculo substancial alguno con el accionado ni haber revestido la condición de tenedor del inmueble, por cuanto nunca se le hizo tradición del mismo, no puede constituirse en titular del derecho a que le sea restituido o entregado el mismo.
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, depósito genuino, banco central, Ley de Entidades Financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDI JULIO c/ CAJA DE CREDITOS INDEPENDENCIA COOPERATIVA LTDA. Y OTRO s/ DEMANDAS CONTRA EL BCRA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-28

El régimen del art. 56, Ley 21.526, con sus modificaciones, en definitiva, amparaba los depósitos genuinos (cfr. CNFed., Sala Civil y Comercial entonces única, LL, 139, 256, y Corte Suprema, Fallos:

277:63) y tenía como finalidad proteger al ahorrista y canalizar sus fondos hacia el circuito autorizado, impidiendo de tal modo las bruscas alteraciones en la base monetaria y los recursos financieros, que podía provocar el retiro masivo de los depósitos (tales objetivos han sido destacados en la "exposición de motivos" de la Ley 21.526, punto 10, en Adla, XXXVII-A, 121, y recordados por esta Cámara (v.

Sala II) en las Causas "Herrero, Julio José y otra c/Banco Central de la República Argentina" y "Labian S.A. c/B.C.R.A.", Falladas el 14.8.81 y 24.5.83, respectivamente: como también por diversos autores, cfr. G. Cabanellas, "El Régimen de Garantías de Depósito en Entidades Financieras. Aspectos Jurídicos y Sistemas Alternativos", Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, N° 69, ps. 265/295, en espec.

280/283; C. G. Villegas, "Garantía de los Depósitos", Revista Jurídica del Banco de la Nación Argentina, N° 49, en especial ps. 19/20; E. J.

Cárdenas, y "El Sistema Bancario Estadounidense y la Garantía de los Depósitos", Revista Jurídica del Banco de la Nación Argentina, N° 46, ps. 35/38; I. Miguez, "Disolución y Liquidación de Entidades Financieras", en la misma revista, N° 43, ps. 50/81, en CPA. VIII, p.

80; S. Linares Breton, "La Garantía de los Depósitos", ponencia en el Primer Congreso Argentino sobre Aspectos Jurídicos de las Entidades Financieras, Mendoza, 1979, en la misma revista, N° 49, p. 39, etc.).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, omisión de cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Castro, Karina D. c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Estabilidad gremial (acción de reinstalación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-09

El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley planteado por el letrado resulta inadmisible desde que el tema respecto de la regulación de honorarios por la excepción previa rechazada no fue objeto de decisión por el tribunal del trabajo, omitiendo el recurrente utilizar los medios procesales aptos para subsanar el silencio en que éste incurriera. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Inconstitucionalidad, sentencia interlocutoria, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Piantino, Gustavo Rafael Enrique y ot. c/ Municipalidad de Tigre s/ Inconstitucionalidad Ordenanza Fiscal N° 3394/13 y Ordenanza Impositiva N° 3395/13
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

El interés que califica a la "parte" en la expresión del art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial debe, en principio, revestir la cualidad de ser "particular" y "directo", situación que se configura cuando el ejercicio del derecho constitucional de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte.
Ejecución de la pena, fundamentación de sentencias, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Lazarte, Jonatán José c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-19

La disidencia entendió que no surge de la resolución impugnada vicio alguno de fundamentación que lleve a su descalificación, en tanto no corresponde la acumulación de los plazos previstos en los incisos "a" y "c" del art. 140 de la ley de ejecución penal, toda vez que, en caso de meritar ambos incisos en la forma pretendida por el recurrente, se estaría valorando dos veces el hecho de haber culminado la educación primaria. Dres. Slokar, Yacobucci -en disidencia- y Mahiques.
Sindicatos, personas privadas de la libertad, legitimación procesal, derechos de incidencia colectiva, acciones de clase, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el demandado en la causa Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria SUTPLA y otro c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y otros s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-07

La omisión de acreditar la inscripción del SUTPLA en el registro especial para las asociaciones sindicales obsta a la posibilidad de encuadrar el reclamo como una acción colectiva en los términos de la doctrina del precedente "PADEC" pues para accionar como asociación invocando la defensa de los intereses de los trabajadores la entidad, en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, el demandante debió -cuanto menos- demostrar que había cumplido con las normas legales que expresamente la habrían habilitado para ejercer dicha representación (Voto del juez Rosatti).
Testimonio, fotocopia autenticada
Materia: PROCESAL
Carátula: Tarrio, Aurelio Ismael c/ Araujo, Oscar Miguel y-o demás ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1976-07-29

"Una cosa es testimonio en fotocopia autenticada, y otra muy distinta es la fotocopia de un testimonio, pues el primero está extraído de su matriz original con directa confrontación del oficial público, en tanto que el segundo no es más que una copia de un testimonio o de una primera copia de un original que no se tiene a la vista, perdiéndose así la inmediación de la intervención del oficial público respecto de tal original firmado por los intervinientes en ese acto, y la validez de tal mediata e indirecta copia".
Debido proceso, Constitución Nacional, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., T. A. s/ AMPARO s/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-02-07

Precisamente uno de los derechos esenciales de los administrados es el del debido proceso adjetivo que resulta comprensivo del derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir prueba y el derecho a una decisión fundada.

Al respecto, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre - Tratado de jerarquía constitucional por imperio de lo dispuesto en el artículo 75, inc. 22 de la C.N. - establece en su artículo XXIV que".

Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución".
Recurso de inconstitucionalidad, suspensión del juicio a prueba, revocación de sentencia
Materia: CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: Tejerina, Víctor Angel s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-03

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa fue mal concedido por la Cámara porque la decisión que confirmó la revocación de la suspensión del juicio a prueba no constituye la sentencia definitiva de este proceso, y no puede ser cuestionada ante el Tribunal porque ordena su continuación hacia la decisión sobre la condena o la absolución del acusado. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier. En sentido concordante ver voto de los Sres. Jueces José O. Casás y Ana María Conde).
Decreto de necesidad y urgencia, inconstitucionalidad, asignaciones familiares, remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO NACIONAL) s/ ACCION DE AMPARO (EXP. 21.056/96)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

El régimen de la ley 18.017, caracterizado por su generalidad y por atender a la composición y necesidades de la familia, pretende ser suplantado por un decreto (770/96) que, en contradicción a los propósitos arriba expresados, segmenta a los beneficiarios de las asignaciones familiares en franjas según su ingreso mensual, lo que desde ya traduce una discriminación descalificable desde el punto de vista constitucional (art. 16 Constitución Nacional).

Una regulación de esta naturaleza contraría el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, desconoce el derecho a la protección de la familia y la compensación económica familiar que consagra dicha disposición constitucional, y repugna al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad que requiere la más amplia protección y asistencia posible. (Del voto del Dr.

Fernández Madrid)
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Agronomía Integral Perez Millán S. A. c/ Vales, Alfredo s/ Prepara vía ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

La prerrogativa que el art. 523 del CPC confiere al acreedor debe entenderse restringida a los casos expresamente previstos en los cuatro incisos que forman el artículo, en los que no cabe incluir las cuentas simples o de gestión, pues de ser así cualquier comerciante podría crear un título privilegiado haciendo reconocer por su adversario, hasta por vía del silencio de éste, el saldo a su favor que surja de sus libros de contabilidad, privando así al deudor del derecho a discutir las defensas extracontractuales que tuviere.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sociedades comerciales, accionistas, derecho de información del socio
Materia: COMERCIAL
Carátula: SZWARC, RUBEN c/ RENAULT ARGENTINA SA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-16

El derecho de información que aparece como un derecho individual del accionista -si bien con distinta modalidad de ejercicio- se ha orientado, sobre todo en las sociedades que hacen oferta pública, en una obligación a cargo de la sociedad, resguardando así el derecho del accionista y también el del público en general (cfr. Uría González, R.; Menéndez Menéndez, A. y Muñoz Planas, J. M., "Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles", T. V, p. 242, obra dirigida por Uría R., Menéndez, A. y Olivencia, M., Ed. Civitas, 1992), es por ello que las cotizantes deben dar información periódica y regular al mercado en que operan (Bolsa de comercio) y al ente que las regula (Comisión Nacional de Valores -CNV-) con lo cual el sistema no se agota en los derechos que acuerda la ley 19550: 55, 67, 234-1°, 294-6° y 11°
Pedido de quiebra, sociedad constituida en el extranjero, competencia, domicilio social
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Compañía General de Negocios SAIFE s/ pedido de quiebra por Mihanovich, Ricardo L.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-24

El a quo ha formulado una errada interpretación de las normas federales en juego para discernir la jurisdicción que corresponde al pedido de quiebra de una sociedad constituida en la República Oriental del Uruguay, solicitud que compete a los jueces del domicilio comercial del fallido, que es donde se encuentra el asiento principal de sus negocios.

En efecto, el elemento atributivo de jurisdicción se encuentra en la República Argentina, debido a que la sociedad extranjera ha sido constituida bajo el régimen previsto en el decreto 381/89, reglamentario del art. 4 del decreto-ley 15.322 de la República Oriental del Uruguay, que establece que las empresas de intermediación financiera externa tendrán por único objeto la realización de operaciones de intermediación o mediación financiera entre la oferta y la demanda de títulos valores, dinero o metales preciosos, radicados fuera del país, de acuerdo a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento del Banco Central del Uruguay, entidades que sólo podrán operar con no residentes en el mencionado país. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, Impuesto de sellos, coparticipación federal
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Verónica SACIAFEI c/ Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos AGIP s/ otras demandas contra autoridad administrativa c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-15

En el caso, el argumento central que funda la sentencia de la Cámara que confirmó la improcedencia de la pretensión fiscal con relación al impuesto de sellos, consiste en que las órdenes de compra que aquí se discuten no reúnen la condición de ser autosuficientes en el sentido de que a través de ellas pueda exigirse el cumplimiento de las obligaciones allí plasmadas "sin necesidad de otro documento", en los términos de la ley de Coparticipación Federal de Impuestos dado que, como complemento de las órdenes de compra, necesariamente debe recurrirse al pliego de bases y condiciones para construir un "conjunto instrumental" que acredite la existencia del "instrumento", lo cual demuestra la falta de verificación del hecho imponible del impuesto de sellos; es decir, la ausencia de un "único instrumento" que permita ser gravado con ese tributo. La quejosa sólo manifiesta su mera disconformidad con la decisión a la que arribaron las instancias anteriores, conforme la prueba tenida a la vista y a la luz de la interpretación de la normativa de carácter infraconstitucional aplicable al caso, siendo ello materia propia de los jueces de mérito y ajena, en principio, a esta instancia. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).