marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Escritos judiciales, patrocinante, firma de las partes, falta de firma
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Giardelli, Hernando J. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-12

Los escritos judiciales deben llevar la firma de su presentante. La falta de su asignatura implica que el escrito no produce efecto alguno y que se pierde el derecho que podría haber sido ejercido con la presentación del escrito debidamente firmado. La suscripción por el letrado patrocinante no es suficiente, aun cuando la parte interesada ratifique la presentación fuera de término. Si bien el letrado patrocinante cumple una doble función de asesor (en los actos que el querellante participa) y de garantía (de las formas del proceso), no es parte en el litigio ni recibe legitimación y por ello salvo en actuación como gestor, carece de facultad de formular peticiones o de efectuar presentaciones. (Votos de los Dres. Riggi, Ledesma y Tragant).
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: SPEDALETI MARIA EDITH c/ AIELLO CARMEN Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-08-19

Debe conceptuarse como legitimado para iniciar la acción resarcitoria quién, al momento de deducir la demanda, manifiesta ser propietaria del inmueble ya que resulta evidente que se ha usado el término "propietario" en el sentido que vulgarmente se da a la acepción, independientemente de la inscripción registral. (Cfr, Capel.Civil y Com. Junín, 22/8/83, J.A, 1984-IV.371 fallo transcripto parcialmente y citado por Matilde Zabala de González. Resarcimiento de daños. 1- Daños a los automotores.

Depalma/ Editor. Pág., 274).
Concursos, homologación del acuerdo, rechazo del acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Automotores Roca SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de impugnación al acuerdo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-23

Corresponde revocar la resolución que homologó el acuerdo preventivo, toda vez los registros contables de la concursada no evidencian el desarrollo de su actividad principal (desde el año 2009). Desde tal perspectiva, aceptar la propuesta para posibilitar una eventual reactivación de la actividad de la deudora, cercenando los derechos de los acreedores frente a un activo que luce prima facie suficiente para atender a los créditos verificados, no resulta adecuado, ya que atendería exclusivamente a los intereses de la deudora.

Asimismo, ya no existen prácticamente acreedores sujetos al acuerdo (solo quedan cuatro). Sin embargo, la deudora solo se limitó a informar el "desinterés" de gran parte de sus acreedores como consecuencia de haber sido pagados por terceros y no por ella, sin brindar mayores datos sobre esta peculiar situación.

Sumase a lo anterior, que la deudora omitió informar sobre un juicio de expropiación de considerable importancia debido al monto involucrado, promovido por la Dirección Nacional de Vialidad, y si bien el proceso fue remitido una vez decretada la apertura del proceso concursal, la concursada no brindó mayores datos en relación a su objeto y la afectación que ello pudiera tener en relación a su patrimonio. Los antecedentes enunciados son suficientes para revocar la resolución homologatoria dictada en los autos principales.
Permiso de uso, concesión administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JAYAT, EDUARDO c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-11

Se entiende, en general, que el permiso es una tolerancia, unilateral de la Administración Pública, hecha en interés exclusivo del permisionario que priva sobre el interés general, y que por eso es precario y revocable mediante el ejercicio de una facultad discrecional sin generar indemnización por no afectar un derecho subjetivo del particular. Por el contrario, la concesión persigue fines de interés general, sin perjuicio de los intereses particulares regulados en el contrato fuente, resulta de un acto bilateral como es el acuerdo entre el particular y la Administración, crea derechos subjetivos, su revocación sólo es pronunciable por causa justificada y genera derecho a la reparación de los daños.
Sociedades comerciales, contrato social, causa del contrato, jurisdicción, proceso arbitral, estatuto social, cláusulas del contrato, principios procesales, ley vigente
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Buhler, Lucía c/ Buhler SRL y otros s/ proceso arbitral
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-22

Esto último es que precisamente lo que acurre en este caso (extremo que hoy cuenta con recepción normativa en el CCCN 1656, primer párrafo) desde que la cláusula contractual esgrimida por la actora es claramente inaplicable, al haber sido dejada sin efecto con posterioridad por los contratantes. Cuando los términos o las expresiones empleados en un contrato son claros y terminantes, sólo cabe limitarse a su aplicación.
Empleador, silencio
Materia: LABORAL
Carátula: Perrando, Héctor Jorge c/ Milin, Omar y otro s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-20

La presunción del art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo sólo juega entre quienes están vinculados por un contrato de trabajo.
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, dictamen pericial
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DIMAS PEREZ s/ PRESCRIPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-26

El término "secuela de juicio" alude no sólo a los "actos de persecución", sino también a los de "prosecución", entre los que figuran las diligencias que impelen la actividad sumarial, como por ejemplo dictámenes periciales que deben ser incluidos dentro de aquella expresión, en la medida en que se dirigen a verificar la acción atribuida a los imputados.
Inadmisibilidad del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente, falta de ética, escribanos públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Delegación San Martín Eleva Denuncia Sra. Marcela S.Martella c/ Notario Luis Greco, Adscripto al Registro n 1 de Campana s/ Presunta falta de ética c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-11-12

Los planteos dirigidos a cuestionar los motivos que dieron lugar a la aplicación de la sanción aplicada a un escribano (ley notarial 9020), así como los vinculados con la supuesta omisión de valorar determinadas defensas articuladas en autos, no suscitan -ahora, en esta instancia- cuestión federal, pues remiten al estudio de cuestiones fácticas que, como regla, son ajenas al recurso extraordinario. En estos supuestos se torna particularmente exigible que la apelación presente, respecto de tales agravios, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional, sin que resulte eficaz e idónea para habilitar la vía extraordinaria federal, la discrepancia de criterio expuesta por el recurrenteno (doct. arts. 14 y 15, ley 48).
Excepción de prescripción, ampliación de la demanda, acción de responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Caja de Crédito Flores Del Sud Sociedad Ltda. s/ quiebra c/ Amoroso Horacio y otros s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-07

Corresponde rechazar la excepción de prescripción opuesta en relación a ciertos administradores codemandados, incluidos en la ampliación de una demandada de responsabilidad promovida por el síndico liquidador de una entidad financiera en los términos de la ley 19551: 155, 167 y concordantes (vigentes al tiempo de los hechos), toda vez que el efecto interruptivo de la demanda inicial, se extiende a los demandados incluidos en la acción al ser ampliada la pretensión inaugural por existir entre ellos obligaciones solidarias.
Suspensión del trabajador, impugnación de la suspensión, salarios caídos
Materia: LABORAL
Carátula: ARCE, Cristina c/ CARLOS RAMIREZ SRL s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-05

El hecho de impugnar el trabajador su suspensión no denota una actitud hostil, sino que se efectúa en salvaguarda de sus derechos, toda vez que si no lo hace, puede deducirse de ello que aceptaba que de su parte existió una conducta merecedora de aquélla, sin perjuicio del eventual reclamo por los salarios caídos.
Suspensión del juicio a prueba, cuestiones prejudiciales
Materia: LABORAL
Carátula: CAPECHE, Ricardo Alberto c/ SALERNO, Roberto José s/ Indemnización por antig. y Otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-03-20

En el caso los actores han sido beneficiados con la "probation", conforme resolución penal agregada, por lo que de acuerdo lo dispone el nuevo art. 76 "quater" del C.P., la suspensión del juicio a prueba hará inaplicable al caso las reglas de prejudicialidad de los arts. 1109 y 1102 del C.C., no suspendiendo el trámite del proceso laboral.
Recurso de revisión (procesal), interposición del recurso, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Córdoba, Juana Esther s/ Recurso de revisión - medida de no innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-04-03

Si bien el recurso de revisión debe interponerse dentro de los tres meses contados desde que el recurrente tuvo conocimiento del hecho que le sirve de fundamento este término se refiere, sin duda, al quebrantamiento de sentencias firmes, vale decir, que tengan ejecutoria dentro del procedimiento que correspondió al juicio.

Puede ocurrir también, que el conocimiento del documento, ignorado o extraviado, tenga lugar durante el proceso ordinario del juicio.

Aunque fuera de oportunidad o circunstancias para invocarlo eficazmente en él. En este supuesto no podría pretenderse que el término de los diez días debe empezar a correr y agotarse, desde luego, aunque no pudiera ser ejercitado por estar aún pendiente un recurso de segunda instancia, que es previo en el orden de las jurisdicciones, sin que pueda influir en la situación el que dicha instancia fuera declarada después improcedente, desde que ella estuvo formalmente abierta, por concesión del recurso, suspendiendo la ejecutoria del fallo. En tal situación, el término tendría que correr recién desde que se cerró esta instancia por cualquier motivo.
Ordenanzas municipales, servicio público, poder de policía
Materia: PROCESAL
Carátula: PESSOLANO JULIO ANIBAL c/ MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-06-29

La última parte del art. 15 de la Ordenanza Municipal 482/93 del Honorable Concejo Deliberante de Pico Truncado, no denota en principio y con las pruebas producidas en la causa, una actuación del poder constituído en contra de la Constitución Nacional, o expresado de otra manera, no surge que se haya alterado el orden de prevalencia o supremacía determinado por el art. 31 de la Constitución Nacional. Específicamente cuando se establece que las frecuencias de radio no pueden instalarse fuera de su base y unidades de la prestación del servicio, más que invadir competencias de entes nacionales, se está regulando -en función del poder de policía municipal- el servicio público de remís con la concreta pretensión de lograr una equidistante distribución de las agencias concesionadas.
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SOSA, JORGE NARCISO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION    RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  NACIONAL (CSJ EXPTE N. 52-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-05

La doctrina de la "gravedad institucional" requiere que el conflicto exceda el marco del interés meramente individual para afectar el de la comunidad, circunstancia que el recurrente debe demostrar configurada en la especie.
Contratos, compraventa, objeto de la compraventa, granos y semillas, usos y costumbres, moneda extranjera
Materia: COMERCIAL
Carátula: Raimondo, Francisco Omar c/ Alimentos y Forrajes SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

Procede admitir el reclamo de un vendedor interviniente en una operación de compraventa de granos (garbanzos), tendiente a reconocer que la operación fue pactada en dólares, pese a que la única documentación respaldatoria, esto es la liquidación primaria de granos (cfr. Resolución AFIP 3419/2012), señala su precio en pesos.

Ello así, pues resulta de uso y costumbre en el comercio de granos llevar a cabo las operaciones en dólares estadounidenses; asimismo, es sabido que en los estados contables y documentación relacionada con la materia tributaria deben consignarse los montos en moneda de curso legal; sumado a que la propia liquidación primaria de granos elaborada por la demandada incluyó como dato adicional el valor en dólares estadounidenses de la tonelada de garbanzos y el tipo de cambio utilizado; y en último lugar, cabe señalar que el perito contador informó que la encartada tenía contabilizada la deuda en un "listado de dólar pesificado"; todo ello sumado a que el comprador no aportó ningún elemento que permita concluir que el contrato fue celebrado en pesos.

Consecuentemente, corresponderá condenar a la encartada al pago de la operación en dólares, pesificados conforme la cotización de la divisa extranjera al cierre tipo comprador del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la fecha del efectivo pago. Previo a ello, dicha suma en moneda extranjera devengará intereses a una tasa del 8% anual, no capitalizable, desde la fecha de vencimiento que consta en la liquidación primaria de granos y hasta su efectivo pago.
Responsabilidad solidaria, prestación de servicios
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Olmedo Garrido, Eusebia Ramona y otros c/ Sociedad Española de Beneficencia Hospital Español s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-30

No resulta responsable en los términos del art. 30 L.C.T. el Hospital Español, en virtud de la cesión al Instituto de Cardiología S.A. de un sector del inmueble que ocupaba para su adaptación y prestación del servicio de cardiología de alta complejidad, sin ceder su propio servicio de cardiología. De modo que tercerizó la prestación de un servicio que no prestaba, mediante un contrato complejo, por el cual se obligó a ceder parte de un inmueble para que el Instituto, previa remodelación, lo explotara durante veinte años, con opción de prórroga por diez años. Esto no constituye, la cesión o transferencia de un establecimiento (Hospital Español) -que sólo comenzó a existir una vez remodelado el espacio físico cedido-, ni de trabajos o servicios propios de él, por la mismo razón. (Del voto del Dr. Morando, en minoría).
Concurso de delitos, robo con armas, encubrimiento, portación de armas, armas de uso civil
Materia: PENAL
Carátula: Fernandez, Rubén Ariel y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-22

Corresponde aplicar las reglas del concurso ideal (art. 54 CP) si el actuar desplegado por los encausados respecto del robo con armas de fuego en grado de tentativa y la portación ilegítima de arma de fuego de uso civil condicional, no está compuesto por dos acciones escindibles que concurren realmente entre sí ni están separadas por una decisión que no tiene vinculación interna, sino que constituyó un solo hecho, pues su actuar se tradujo en una unidad de tiempo y lugar que conceptualmente los presenta como una sola y misma conducta, que produjo una sola modificación en el mundo exterior. El voto concurrente agregó que los tipos penales en juego tienen por base distintos ámbitos de protección y también diferentes momentos de consumación, el robo calificado es un delito complejo de daño a la propiedad y a la integridad física y configura un delito instantáneo, y la portación de arma es un delito de peligro abstracto que afecta a un colectivo indeterminado de personas que no coinciden con las víctimas del robo y constituye un delito permanente. La disidencia sostuvo que tratándose de un acontecimiento que constituye una única conducta, se presenta entre los delitos bajo estudio un concurso aparente de tipos penales, en donde el robo agravado por el empleo de arma de fuego desplaza a la portación ilegítima de un arma de guerra.
Demanda, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de San Nicolás c/ Gorostegui Manuel s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

Si bien las obligaciones "propter rem" -que motivan este juicio de apremio- son inherentes a la posesión, no gravando a una o mas personas determinadas, sino indeterminadamente al poseedor de la cosa, en el caso, quién ha invocado ser hija del demandado y se encuentra en posesión del inmueble de propiedad de su padre (por vía del art.3410 Cód.Civil) por sus propias manifestaciones no es exclusiva poseedora, a punto tal que ha manifestado que sus hermanos le permiten el usufructo de la vivienda. Ello así, en la medida en que no se de el supuesto previsto por el art.2458 del Cód.Civil y pueda tenérsela por exclusiva poseedora del bien, no es pertinente conferirle, como pretende la Municipalidad actora, el carácter de nueva y única ejecutada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos comerciales, perfeccionamiento del contrato, consentimiento, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente
Materia: CIVIL
Carátula: DISTRIBUIDORA LETI SUCH  S.R.L. c/ CHOCOLATES BARILOCHE S.A.I.C. s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-14

Toda vez que por negligencia o falta de atención del dependiente se ha inducido a error al cocontratante, es imputable a quien lo cometió, tornándose inexcusable, máxime si el obrar del dependiente y sus consecuencias, evidencian una falta de control de la empresa, que incide tanto más que el propio hecho del dependiente. Por lo que debe prevalecer el contrato considerando la tutela de la seguridad del tráfico y de la buena fe de la contraparte, presuponiendo que esta lo ignora.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hagenmuller Sandra Edith c/ Argarañas Luis Osvaldo y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-13

La responsabilidad civil, solo puede emerger de la concreta existencia de un hecho del cual se haya derivado un daño cierto, causalmente provocado por la intervención de una cosa riesgosa, lo cual impone inexcusablemente al reclamante primero, la demostración de la efectiva ocurrencia del hecho invocado, para luego, a partir de ello, acreditar el daño padecido y la relación causal que exista entre este último y aquel (arts. 1068, 1113 y concds. del Código Civil, 375, 384 y concds. del CPC).
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Es improcedente el recurso extraordinario, si las cuestiones de hecho, prueba, derecho común y procesal no alcanzan a revestir el interés institucional que se les asigna.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, facultades jurisdiccionales, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: XX s/ Primera cuestión: ¿Es constitucional la disposición del artículo 28   De la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en   "Defecto de caso concreto"? Segunda cuestión: ¿Es aplicable el   artículo 308 del Código Procesal Penal (libertad por falta de   mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el  procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del   plenario? La presente causa, a raíz de un empate en las votaciones,   se integra nuevamente con un vocal de Rosario, Dr. Bernardini en   fecha 10-12-1992, en fallo registrado en el L.A. Nro. 2, Res. 6, F.   321 -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-14

Al analizar la posibilidad de pronunciarse en "defecto de caso concreto", decir que no hay acción y que sólo la acción habilita la jurisdicción no es argumento válido, porque tal pronunciamiento no pertenece a la jurisdicción en sentido propio; trátase de una tarea distinta que se le asigna a un tribunal de justicia, como se le hubiese podido asignar a cualquier otro organismo, como de hecho ocurrió en la legislación de Justiniano (con su tabla de autoridades), o cuando el codificador del siglo XIX temió que se deformaran su leyes, o, para no ir tan lejos, en algunos regímenes del derecho penal totalitario de nuestro siglo. Aunque no sea la función "natural" de los tribunales de justicia, no existe ninguna norma constitucional que prohíba al legislador facultarlos a que se pronuncien abstractamente sobre la aplicación de una ley.

Lógicamente, de acuerdo a su naturaleza, lo que el juez no puede hacer en pronunciarse en abstracto cuando la ley no lo autoriza a hacerlo. Desde otro punto de vista no se puede pensar en un impedimento de "prejuzgamiento", porque el mismo sólo se da ante un caso concreto, no respecto de un pronunciamiento "en abstracto". (Del Voto del Dr. Creus). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad del artículo 28 de la Ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "defecto de caso concreto".
Tutela, abuelos
Materia: CIVIL
Carátula: BARRERA, ANTONIO Y ROSA ELIRA RAMIREZ s/ TUTELA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-26

Resulta conveniente y necesario que cada uno en la familia ejerza el rol que le corresponde, aunque por situaciones familiares transitorias, el menor quedó bajo la tutela de sus abuelos, para el correcto desarrollo psico-físico de éste es necesario que cada uno cumpla su rol: los padres sean padres y los abuelos cumplan tal
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, proceso penal, sustitución de la prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: YLLARRA, JUAN RAMON s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-02

Si bien la resolución atacada por vía del recurso de inconstitucionalidad, mediante la cual se confirmó la denegación de la sustitución de la prisión preventiva, no es -atento a su naturaleza- sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, puede constituirse excepcionalmente en objeto procesal de la impugnación extraordinaria, en tanto restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, ocasionando un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior sobre uno de los bienes de mayor trascendencia para el derecho, cual es la libertad ambulatoria.

Superado el óbice formal señalado y en tren de analizar los agravios, de la lectura del pronunciamiento atacado, se advierte que la Cámara tuvo en cuenta la pena en expectativa en abstracto prevista para los delitos atribuidos al imputado -6 años y 8 meses a 20 años de prisión- y también el serio caudal probatorio de cargo, lo cual -desde su óptica- constituían factores que multiplicaban el peligro de fuga del imputado, decisión que no se advierte sea ilógica o irracional, sellando la suerte adversa de la impugnación.