marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, calidad de parte, acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, carácter excepcional, asistencia sanitaria
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTÍNEZ, MARGARITA DEL PILAR POR SU ESPOSO PÉREZ, CARLOS RAÚL c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA (I.P.S.) s/ AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-21

Aun ante la falta de adhesión de la provincia a la ley nacional 24901, el carácter operativo de las normas de la Constitución Nacional y de los tratados con rango constitucional tornan tales disposiciones aplicables al caso por la jerarquía del derecho a la vida y la salud.

La no adhesión por parte de la demandada al sistema de las leyes 23660, 23661 y 24901 no determina que le resulte ajena la carga de adoptar las medidas razonables a su alcance para lograr la realización plena de los derechos de los discapacitados a los beneficios de la seguridad social, con el alcance integral que estatuye la normativa tutelar en la materia.
Responsabilidad objetiva, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL
Carátula: U., R.J. s/ Homicidio Culposo en Concurso Ideal con Lesiones Culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-11

Es necesario aclarar que el hecho principal del Código Civil, no sólo incluye al mero hecho del accidente, sino que encierra también las circunstancias que lo rodearon; de ahí que si en sede penal se describieron las circunstancias fácticas que fundaron la absolución del imputado, dicha realidad no puede modificarse en sede civil. El hecho principal comprende las circunstancias tenidas como esenciales por el tribunal penal al expresar los fundamentos de la absolución del acusado.
Nulidad de sentencia, confirmación del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez Vagaría Ricardo Aníbal c/ Dimenza José Carlos y otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-05-07

Se plantea la omisión del tratamiento de la caducidad por error de procedimiento solicitando por ello la nulidad de la sentencia, pero la nulidad es de interpretación restrictiva y debe ser de tal entidad que perjudique la potestad defensiva de los justiciables; el recurrente tuvo oportunidad al momento en que se le notifica por cédula en la segunda instancia ("autos a despacho para resolución") de ejercer sus derechos y no lo hizo, por lo que de existir el vicio que invoca lo habría convalidado. Como bien resume el tema Couture "el acto nulo necesita ser invalidado pero puede ser convalidado".
Obligaciones, cumplimiento de la obligación, lugar de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Derudder, Angela Follonier de c/ Cooperativa de Provisión y Producción Cárneos Alto Uruguay Ltd s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-23

Si no estuviese designado el lugar en que ha de cumplirse la obligación, debe serlo en el lugar en que se ha contraído y en cualquier otro caso la entrega de la suma debida debe hacerse en el lugar del domicilio del deudor (art. 618 del Código Civil).
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, medidas cautelares, gravamen irreparable
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Encargado local M. X. s/ Ley Nro. 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-07

Esta Sala tiene decidido que las resoluciones adoptadas por los jueces de garantías en relación con las medidas cautelares, ya sea confirmándolas o dejándolas sin efecto, no son apelables por la Fiscalía por no causar tales decisiones al acusador gravamen irreparable. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Saieva Patagónica S.A s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley Consorcio Constructor Puerto Piray s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley Consorcio Constructor Puerto Piray s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley Consorcio Eaca-Gesiemens s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley Consorcio Constructor Puerto Piray s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley Siryi del Gerbo Azanza S.A s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1988-07-29|1988-07-29|1988-07-08|1988-07-08|1988-07-07|1989-04-12

Habría violación de la ley, cuando medie desconocimiento de una norma jurídica, sea en su existencia, en su validez o en su significado, por lo que el desconocimiento de un decreto por el Tribunal inferior cuya validez sostuvo el recurrente, permite la apertura de la vía extraordinaria.
Empleo público, inhabilitación profesional, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LUQUE EUSEBIO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-04-07

La ley 6108 vigente desde el 22/11/77 estableció nuevamente el derecho de los agentes a percibir un adicional particular en concepto de inhabilitación profesional (art. 84 Inc."F") cuando una norma legal especifica y expresa así lo establezca o cuando el poder ejecutivo así lo determine conforme la reglamentación (art. 90). Las normas invocadas por el actor no configuran la legislación "específica" que en forma "expresa" establezcan la inhabilitación pretendida, dado el sentido etimológico de los citados vocablos (diccionario de la real academia española). En su defecto, y a falta de inhabilitación en los términos requeridos la pretensión del actor no puede ser revisada por el tribunal mediante la acción de plena jurisdicción incoada (art. 1ro. Inc. "C" del C.P.C.A. -Ley 3897).
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Peñalver, Evangelino Lucas s/ Robo calificado de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

El art. 38 del dec. ley 6.582/58 es inconstitucional por conculcar los arts. 16, 28 y 31 de la Constitución Nacional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Hurto, abandono de la cosa, sepulcros, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: RUGGI, VICENTE s/ HURTO - DUDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-16

No configura el delito de hurto el apoderamiento de lápidas, pertenecientes a sepulturas desocupadas y halladas tiradas en el suelo, pues, no detectándose interés alguno de parte de quienes fueron sus propietarios no obstante el tiempo transcurrido, es de suponer que las mismas quedaron abandonadas, al menos, por aplicación del principio beneficiante de la duda.
Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, sanciones disciplinarias, facultades disciplinarias, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Molina, Olga del Rosario s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-11-23

El Superior Tribunal de Justicia en su integración titular no puede en cuanto poder político del Estado renunciar, ni desprenderse o permitir la revisión interna del ejercicio de su potestad de superintendencia que implica el gobierno judicial, comprensivo del aspecto administrativo y operativo de las funciones en la que se incluye el poder disciplinario, propia de su jerarquía, inherente a su naturaleza de poder y necesaria para asegurar su propia cohesión y eficacia, como no puede hacerlo el Gobernador ni la Legislatura pues ello sería inconstitucional. En autos el Alto Cuerpo ha ejercido la facultad disciplinaria que es integrativa del Poder de Superintendencia (art. 140 inc. 1, C.P.), concretada en la resolución que dispone la cesantía de la hoy recurrente (agente judicial), y cuya revisión se pretende por vía del Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción.

La Corte de Justicia de la Nación ha declarado que tales actos son finales y obligatorios, resultando de apelación la doctrina de que "...las decisiones de superintendencia de los Tribunales Provinciales, respecto de sus agentes, no constituyen materia justiciable, aun cuando se invoque el articulado de la Constitución Nacional.
Cesión de créditos, notificación al deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Entre Ríos S.A. c/ Natiotis Panayiotis s/ Preparación de vía ejecutiva-Hoy Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-30

Ante la ausencia de notificación de la cesión del crédito operada en favor del Banco de Entre Ríos S.A., no se afecta la validez del título en ejecución ya que debe considerarse como notificada con el traslado de la demanda (Cfr. esta Sala in re: Plásticos Formosa S.A.

c/Víctor Murgan y Cía. S.R.L.-Sumario, LAS 07-07-97; Indusbike Distribuidora S.R.L. c/Fransoi-Ejecutivo, LAS 10-09-98). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SARQUIZ HNOS. c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SGO. DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. SGO. DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-10-18

Al producirse una inactividad procesal imputable a la parte actora, se cae en el convencimiento de que no se tiene interÚs en la prosecución y se desiste tácitamente de la instancia, lo que autoriza al estado a liberar a sus propios órganos de todas sus obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio de desalojo, notificación en el domicilio, cambio de numeración del inmueble, oficial notificador
Materia: PROCESAL
Carátula: LOS DOMINIOS S.A. c/ ARAGUNDE, Néstor s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-06

Cuando la notificación se practica en el inmueble que se intenta desalojar, el art. 684 del Código Procesal rodea a la actividad del oficial notificador de ciertos presupuestos destinados a salvaguardar el derecho constitucional de defensa en juicio, mediante el aseguramiento de la notificación y la información respecto de quienes serán afectados por el lanzamiento.
Daño moral, indemnización, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olmos, Olga W. c/ Agusil, Francisco s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21

Si bien el padecimiento espiritual por la muerte de un ser querido es muy profundo, los jueces debemos encontrar el equilibrio justo que nos permita indemnizar el daño con la prudencia necesaria basada en la experiencia extraída del poder adquisitivo del habitante medio y en las de los datos concretos que emanan del estandart de vida de los herederos de la víctima y del victimario.
Curatela, personas privadas de la libertad, cuestiones de competencia
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ DE PIZARRO Rosa Delia s/ Curatela de Pizarro Omar Santiago - Conflicto de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-12-02

La curatela del penado, prevista en el artículo 12 del Código Penal, reviste, en principio, carácter tuitivo, y se trata de una incapacidad restringida de hecho, para los actos a que dicho artículo se refiere, regida por el Derecho Civil, que tiene por objeto evitar perjuicios en los bienes del condenado, por el tiempo que dure la detención, no afectando la capacidad jurídica general del sujeto (arts. 468 y cc. del Cód. Civ.).

Teniendo en cuenta dicha naturaleza y fundamentalmente su finalidad -la protección de los bienes del reo- resulta apropiado asignarle a un juez con competencia civil lo atinente a la designación del curador del pena-do y todo lo vinculado con ello; ya que no parece lógico que un juez con competencia penal acotada deba tratar temas de indudable contenido civil.
Inmunidades parlamentarias, delitos contra el honor, excepciones procesales, falta de acción, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: "Inc. de exc. de falta de acción...JOSE R. FALU". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-15

Un informe proporcionado por un legislador a un medio de comunicación social, vertiendo opiniones que se unen indisolublemente a cuestiones propias de la actividad parlamentaria, tiene que considerarse íntimamente vinculada al desempeño de la función (C.C.C. Fed. Sala II "CARRIO" del 26.2.2002 y "SAPAG" del 6.6.2004) destacándose que la protección constitucional del art. 68 incluye tales opiniones en cuanto guarden adecuado contexto dentro del marco de la actuación funcional parlamentaria ("CARRIO" del 27.5.99). Así, se advierte que expresiones tales como "...no se puede aceptar ni como broma...", refiriéndose a un plus salarial por desarraigo de un funcionario respecto del cual el querellante habría opinado "si, si distribuye","... Lo que sucede es que en la Corte creían que iban a gozar de impunidad eterna y ahora hasta sus propios colaboradores reparten papeles comprometedores. En vez de reír, esto hace llorar a una Nación..." no merecen ser incluidas dentro de la protección de la citada norma constitucional en tanto no mantienen una suficiente conexión con la función legislativa del querellado.Es que aún cuando haya sido consultado por un medio periodístico que publicó su opinión en virtud de su condición de Presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, el aspecto en sí mismo sobre el que se expidió resultaba ajeno a su labor parlamentaria, incluso teniendo en consideración todas las instancias en las que ha tomado intervención en el proceso de enjuiciamiento del querellante, que no demuestra la vinculación funcional exigida dado que el asunto en particular sobre el que emitió la opinión considerada injuriosa resultaba extraño a ese proceso de destitución.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, LEY DE CONCURSOS, concurso preventivo, apertura del concurso, crédito previsional, crédito laboral, leyes, razonabilidad, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: ¿Es inconstitucional el inciso 8, artículo 11,   ley 19551, en cuánto exige la acreditación del cumplimiento de las   disposiciones de las leyes sociales del personal en relación de   dependencia, actualizado al momento de la presentación concursal,   como requisito formal de la petición del concurso preventivo?   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-16

La ley concursal en general, y el concurso preventivo en particular, tienen en cuenta intereses múltiples del deudor, de los acreedores y de numerosos terceros actual o potencialmente afectados. Entre esos intereses que hacen al bienestar general no ha de perderse de vista el de la conservación de las empresas útiles, especialmente jaqueadas en épocas de crisis económica como las padecidas desde hace años. Esto contribuye a destacar que el propósito tuitivo del inciso 8) del artículo 11 de la ley concursal -por la estima social indudable del crédito previsional- debiera hallar razonable trato preferencial dentro del concurso, mediante el sistema legal de privilegio; y, a la vez, que el camino elegido por la ley 20595, por su heterodoxia violatoria de la igualdad y sus consecuencias harto gravosas sobre un plexo de intereses que ha de someterse a la quiebra sin solución preventiva, pone de manifiesto la falta de razonabilidad legal y técnicas de la norma que determina su invalidez constitucional. (Del Voto del Dr. Rouillon -En Disidencia-).
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, defensa en juicio, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/ Alvarez, Irmo y otro. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-03

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que impuso a la demandada la carga de la prueba de la cuantía de las pérdidas sufridas por la actora, pues desvirtúa la regla del "onus probandi" prevista en el art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y vulnera la garantía de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional.
Competencia provincial, impacto ambiental, evaluación del impacto ambiental
Materia: PROCESAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Moreno, Carlos Omar y otro s/ su denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-27

Es competente la justicia provincial si la maniobra que se denuncia contra los profesionales que habrían elaborado el estudio ambiental y los funcionarios del orden local que lo habrían avalado habría estado dirigida a eludir la reglamentación provincial en la materia, corrompiendo, en todo caso, el buen servicio de los empleados de la administración local, sin que se advierta obstrucción al normal desenvolvimiento de un organismo perteneciente al Estado Nacional. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Obligaciones, obligaciones simplemente mancomunadas, obligaciones solidarias, pago, acción de reembolso, acciones societarias, aplicación de la ley, reforma legislativa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/ Frigorífico Sansu SACI y A. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-25

Pueden basarse en a) una acción de mandato que deriva de suponer que recíprocamente los codeudores se han conferido mandato para liquidar la deuda común; b) una acción de gestión de negocios, que deriva de entender que el gestor maneja el negocio común y que ello habilita a aquel a demandar al codeudor solidario a demandar la utilidad que el negocio le ha deparado, es decir la cuota de la deuda por la cual el demandado quedó liberado; c) la acción de subrogación que autoriza el CCIV 768-2° que autoriza al solvens a reclamar a sus coobligados en los límites del artículo 771-2° (CCCN 915 y 919).
Escrituración, boleto de compraventa
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: OLIVERA, ROBERTO VICTOR c/ UPCN SECC PROVINCIAL SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA.    COMPETENCIA.     CSJ EXPTE NRO 397-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-08-28

El juicio de escrituración fundado en un boleto de compraventa tiene contenido pecuniario, determinado por el precio que las partes fijaron en el contrato sobre el cual se instruye la demanda. Y si bien esta Corte Suprema en anteriores oportunidades, aduciendo que no se había ejercitado pretensión indexatoria, no aceptó la adecuación del monto nominal fijado en el boleto a su equivalente al tiempo de promoverse la demanda, ya en su actual integración dejó avisorar esa posibilidad no remitiéndose en ese aspecto a la reiterada posición anterior contraria a ese reajuste.
Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-04-13


FORMOSA,	Trece de abril de dos mil once.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "PEÑA CHAMORRO, PASTOR C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA S/ ORDINARIO (Incidente de Ejecución de Honorarios Dra. Arrua) "B" Expte. Nº 140 - Fº Nº 25 - Año 2002, registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto a fs. 66, y CONSIDERANDO:

Que atento a la excusación formulada por el Sr. Procurador General a fs. 65, fundada en que habiendo sido notificado en su condición de Ministro Subrogante, advirtiendo que ya ha intervenido en esta causa como Fiscal de Estado conforme resulta de fs. 73/74, solicita se lo excuse de intervenir en la misma conforme lo dispuesto en el artículo 17 inciso 7, en concordancia con el artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial.

Que tratándose la presente de la excusación del titular del Ministerio Público - el Procurador General -, tal situación se encuentra expresamente prevista en el artículo 33 del Código Procesal Civil y Comercial. Tal disposición permite interpretar por remisión del artículo 30 del mismo texto legal, que le son aplicables las causales de recusación dispuestas en el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial y en este caso particular fundado en el inciso 7 del mismo.

Que en tal sentido, teniendo en cuenta que en materia de excusación que comporta un impedimento subjetivo del juez, las causales deben ser apreciadas con criterio circunstancial y con una mayor amplitud que la que corresponde a las recusaciones, puesto que debe prevalecer el juicio de quien las invoca para evitar que los magistrados deban conocer y juzgar asuntos frente a los cuales se encuentren en una irremediable violencia moral (Conf. SCBA, A-B-48836/02, citado en Fallo 5441/01- Superior Tribunal de Justicia -Formosa), por lo que, corresponde hacer lugar a la excusación formulada por el Sr. Procurador General - Dr. Claudio Ramón Aguirre.

Por todo ello, con las opiniones concordantes de los señores Ministros, Dres. Eduardo Manuel Hang, Héctor Tievas, Ariel Gustavo Coll, Lucrecia Marta Canavesio y Telma C. Bentancur, que forman la mayoría absoluta que prescribe el art. 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el	EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) Hacer lugar a la excusación del Sr. Procurador General Dr. Claudio Ramón Aguirre.

2º) Regístrese. Notifíquese y siga la causa según su estado.
Investigación del hecho, duración de la investigación, plazos procesales, cómputo del plazo, resoluciones equiparables a definitiva, expediente
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público Defensoría General  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Mayol, Pedro y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-07

La inteligencia que le cabe a las normas procesales para definirse desde qué momento puntual debe iniciarse un cómputo no suscita una cuestión de orden constitucional, sino que se trata de una discusión que discurre por un plano infraconstitucional, que, por regla, no excede el ámbito privativo de los jueces de mérito. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Medidas cautelares, impuestos internos, tabaco, peligro en la demora, fundamentación de sentencias, sentencia arbitraria, fallos de la Corte Suprema
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Bronway Technology S.A. c/ AFIP  s/ inc. apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-04

Es arbitraria la sentencia que rechazó la cautelar tendiente a que la AFIP se abstenga de reclamarle a la actora un importe mayor al impuesto interno a los tabacos que le corresponde ingresar conforme al primer párrafo del art. 15 de la ley 24.674, pero simultáneamente accedió a esa solicitud, al eximirla de emplear la versión 5 del aplicativo establecido por la resolución general 5290/2022, pues no ha esgrimido que la versión 5 del citado aplicativo se aparte de lo dispuesto en el art. 15, segundo párrafo, de la ley 24.674, lo cual adquiere singular importancia a la luz de la reiterada jurisprudencia de la Corte que sostiene que las disposiciones reglamentarias emanadas de los órganos competentes, en la medida en que se ajusten a la ley que reglamentan y respeten su espíritu, son parte integrante de ella y tienen idéntica validez y eficacia. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite