marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fuero de la niñez, la adolescencia y la familia, competencia, menores, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia
Materia: PENAL
Carátula: A. d. N. ,P. y o. c/  s/ Protección contra la violencia familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-09-09

. La causa iniciada por encontrarse niños con derechos vulnerados a causa del accionar del grupo familiar, fue caratulada como "Protección contra la violencia familiar"; sin embargo, también podría haberse caratulado como "abrigo". Para ambas materias el Juzgado interviniente es competente (art. 3 de la ley 14.528; resoluciones 3488/10 y 2652/11). Por ello la declaración de incompetencia -de oficio- por la alzada es improcedente porque deja sin sustento la fundamentación sobre la necesidad de asumir la competencia por otros magistrados una vez superada la crisis de violencia ya que no se alcanzó a comprender que también el juez de familia con competencias exclusivas de la especialidad (art. 32 inc. "z" de la ley 5827, texto según ley 14.372 y resoluciones antes citadas) es quien está habilitado a intervenir a través del abrigo. Luego, en los términos del art. 3 de la ley 14.528, será quien continúe en materia de declaración de la situación de adoptabilidad, guarda con fines de adopción y proceso de adopción.(del voto del doctor de Lázzari)
Tribunal colegiado, nulidad absoluta
Materia: PENAL
Carátula: Orellana, Norma Graciela y Orellana, Walter Antonio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-22

Si en la resolución dictada no se dejó constancia -según lo prevén los arts. 109 RJN y 399 in fine CPPN- de si el magistrado ausente participó en la deliberación prevista en el art. 396 CPPN por remisión del art. 455 CPPN, ello basta para invalidar el acto impugnado, pues se han omitido en él las formalidades sustanciales, lo que determina su inexistencia como acto jurisdiccional válido, sin que obste que no haya sido objeto de agravio por el recurrente por cuanto se trata de una nulidad absoluta.
Notificación, notificación automática
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Nacional de Desarrollo c/ Guillermo Arturo Catella s/ ejecución prendaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

El art. 257, tercer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en tanto rige la notificación por ministerio de la ley ante la omisión de constituir domicilio en la Capital Federal - cuando fuere dictada una providencia -, resulta una excepción a la regla del art. 135, inc. 13 , por cuanto no tendría razón de ser para las providencias simples, que se rigen por el art.

133.
Poder de policía, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PESO, AGUSTIN CARLOS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ AMPARO - ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-13

Nadie duda que el derecho de propiedad no es absoluto y que, por medio del llamado "poder de policía" pueda ser razonablemente limitado (art. 28 C.N.) pero como bien le ha reconocido en forma casi unánime dicho "poder" sólo puede ser ejercido constitucionalmente por el Poder Legislativo.
Contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, aceptación tácita, acción de impugnación
Materia: COMERCIAL
Carátula: CABRERA  SERVIN,  LISIS  Y  OTRO c/ BANK  BOSTON ASSOCIATION s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-30

De la aprobación tácita del saldo de cuenta corriente bancaria, no deriva la perdida del derecho a hacer uso de las facultades que reconoce al titular de la cuenta el CCOM art. 790, esto es, acción de rectificación de saldos. Es que cuando existen errores o anotaciones indebidas, el cuestionamiento será procedente mas allá de la aprobación o del carácter "definitivo" que puede atribuirse al resultado de la cuenta. La aprobación de la cuenta es nada más y nada menos que el reconocimiento de una obligación preexistente. Presupone necesariamente una deuda a cargo de quien se reconoce deudor, una licita causa de deber (CCOM art.723).

Si resultase luego que la obligación no existía en realidad, al tiempo de ser reconocida, el acto de reconocimiento carecerá de valor, ya que los efectos del reconocimiento quedan subordinados a la verdad del hecho reconocido (Conf. sala B, in re, 10.10.90, "Proteco SCA c/ Banco Real S.A. s/ SUM.").
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Integrado departamental Cooperativo Limitado c/ Alfeil, María Isabel s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-04-04

Las instituciones bancarias están autorizadas para expedir la constancia del saldo deudor con el solo requisito de las firmas conjuntas del gerente y contador del banco, sin que sea viable exigir el cumplimiento de otras formalidades ajenas al título en sí, dada su naturaleza esencialmente autónoma, más aun cuando la conformidad a que se refiere el quejoso se trata de la cuenta corriente mercantil y no de la cuenta corriente bancaria.

El reconocimiento que reitera en esta instancia el quejoso de la deuda reclamada revela que el documento se basta a sí mismo en lo formal y la discusión sobre intereses compensatorios desmesurados o excesivos, está directamente vinculada con la causa de la obligación, por lo que el proceso ordinario posterior es el medio idóneo para corregir los desvíos que pudieran haberse presentado.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: GETTAS JOSE ROBERTO Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-15

No resulta admisible la ampliación del recurso después de efectuada la primera presentación, pues con éste precluyó la facultad ejercida. Por ello y advirtiendo que en el escrito ampliatorio no se invocan cuestiones constitucionales sobrevinientes, corresponde se desglose para su devolución al presentante.
Derechos del consumidor, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Kraft Foods Argentina S.A. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-03

Los derechos del consumidor -de reconocimiento constitucional en la Nación y la Provincia, la lealtad comercial, justifican sin dudas las normas policiales en juego en el caso de autos. Véase además que el citado artículo 33 de la Constitución de la Provincia, obliga al Estado a proteger a usuarios y consumidores, reconociéndoles el derecho de acceder en relación al consumo, a una información eficaz y veraz ... debiendo asegurar al público la información que debe suministrarse en la comercialización de los productos.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, Administración Nacional de la Seguridad Social, ejecución de sentencia, presupuesto anual de gastos, fundamentación del recurso, fundamentación errónea, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pino, Gerardo c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-22

El recurso contra el fallo que señaló que la defensa de limitación de recursos no ataca ningún requisito de admisibilidad o fundabilidad de la pretensión del actor ni cuestiona la regularidad del procedimiento, no refuta los fundamentos del fallo sino que señala en forma genérica que tal instituto es una base para el cumplimiento de las sentencias a que se refiere el art. 22 de la ley 24.463, sin invocar tampoco un perjuicio concreto derivado de la decisión.
Desestimación de la denuncia, queja por apelación denegada, facultades del querellante, Colegio Público de Abogados, abogados, ejercicio profesional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CESAREO, ANTONIO SALVADOR s/ Régimen Penal Tributario, Recurso de queja por apelación denegada.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-01

1 - Corresponde hacer lugar a la queja planteada por no habérse concedido el recurso de apelación ya que la resolución que desestima una denuncia es apelable por expresa disposición legal aún por quien pretende ser parte querellante (Art. 180 del CPP) y esa pretensión, por sí misma, autoriza a recurrir con prescindencia de que se la considere legítima o no.- 2 - Corresponde confirmar la desestimación de la denuncia, toda vez que, de la misma, no se permite establecer con claridad cual es el hecho efectivamente denunciado, los términos en los cuales se encuentra concebida resultan poco menos que incomprensibles y no condicen con el hecho de que cuenta con patrocinio letrado de un abogado inscripto en la matrícula respectiva, por lo cual, siendo que la ley que rige el ejercicio de la profesión de abogado prohibe a los letrados autorizar el uso de su firma o nombre (Art. 10, inc. c), Ley 23187) debe ponerse en conocimiento de tal circuntancia al Colegio Público de Abogados, quien tiene la atribución exclusiva de fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión (Art. 43, ley citada).
Abogados, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: KASDORF  S.A. c/ PROVINCIA DE JUJUY Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-20

Por imperio de lo dispuesto en el art. 58 del Código Procesal, los abogados están asimilados a los magistrados en el desempeño de su profesión en cuanto al respeto y consideración que debe guardárseles. Este principio otorga no sólo consideraciones, sino también deberes, los que se extienden a todo el ámbito de su actuación en el pleito y adquieren las características de la reciprocidad entre los letrados que representan a las partes del juicio.
Revocación de sentencia, simulación, daño moral, indemnización, causa simulandi, simulación lícita, simulación ilícita
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Cinalli, Oscar c/ Decurgez de Cortés, María Elena y otro. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-16

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a la demanda de simulación e indemnización del agravio moral si, al rechazar la acción intentada por considerarla ilícita, no tuvo en cuenta la real causa del acto, desatendiendo así un principio básico en la materia como es el que sostiene que la licitud o ilicitud de la simulación debe ser evaluada según el contenido de la causa simulada y no del acto aparente.
Sucesiones, domicilio del causante, prueba, partida de defunción
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ, Roberto s/ SUCESORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-03-10

La jurisdicción sobre la sucesión corresponde a los jueces del lugar del último domicilio del difunto. La competencia territorial en materia sucesoria se determina por el último domicilio del causante, el cual cabe acreditarse en legal forma, con prescindencia del lugar del fallecimiento, ya que puede acontecer que el de cujus se hubiera trasladado a otra provincia para su atención médica o que fallezca accidentalmente en lugar distinto al de su morada habitual; de ahí que la partida de defunción, por si sola, prueba el lugar del deceso pero no necesariamente el último domicilio, aún cuando señale un sitio como residencia del causante y que su muerte se ha producido en éste, ello no basta para desvirtuar la conclución que resulta de otras pruebas más relevantes acumuladas en la causa demostrativas de que el domicilio lo tenía en otra parte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Leyes, control de constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: MERA, MARIO RUBEN Y JUAN HECTOR FIGUEROA c/ MIGUEL ROBERTO MUKDISE s/ QUERELLA CRIMINAL POR CALUMNIAS E INJURIAS CON REPARACION DE DAÑOS Y  PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-30

El control de constitucionalidad de las leyes es atribución de los Tribunales de justicia, según nuestra organización constitucional.

Ello posibilita examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la constitución, a fin de averiguar si guardan o no su conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentra en oposición con ella.

Esa atribución reside en cualquier órgano jurisdiccional; por ello se dice que es un control jurisdiccional difuso.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nucera Maximiliano c/ Cirigliano Vicente s/ Cobro ejecutivo de dinero ejecutivo de dinero ejecutivo de dinero
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-26

El espíritu que inspira el artículo 36 inciso 2 del CPCC lo convierte en verdadero precepto orientador hacia la verdad material del asunto debatido y vigía de la misión del derecho en su auténtica finalidad tuitiva (art. 18 de la Constitución Nacional y 36 inciso 2 del CPCC) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Régimen jubilatorio, igualdad ante la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOBO DE CABRERA PAULÍ, ELENA c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA. s/ AMPARO -  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-05-05

La igualdad de los derechos que establece el artículo 116 de la Ley 8024, no alcanza a la garantía de intangibilidad que sólo es dable atribuir al personal en actividad. El referido precepto legal no puede ir más allá de lo estatuido al respecto por la Constitución ni invadir los límites que ella misma impone.

Consecuentemente, lo establecido por el artículo 116 de la Ley 8024 tiene su virtualidad jurídica en el ámbito específico en el que actúa y dentro del nivel piramidal normativo correspondiente. Es insusceptible de por sí de extender beneficios constitucionales aplicables a otro sector claramente diferenciado.

Es decir que no resulta posible ampliar el marco subjetivo de aplicación de los preceptos constitucionales que consagran una garantía constitucional, que por su naturaleza debe ser interpretada restrictivamente.

La doctrina y la jurisprudencia han sostenido que la intangibilidad de las remuneraciones o compensaciones, y la inamovilidad, comportan garantías jurídicas de los jueces en "actividad".

Son resguardos constitucionales que tutelan la "independencia de los Magistrados".

Su interpretación es restrictiva y limitada a quienes se encuentran en ejercicio de sus funciones. Los Magistrados que gozan de los beneficios previsionales ostentan un status jurídico diferente, ya que no perciben una "compensación intangible", por cuanto su derecho consiste en una compensación previsional "móvil", "irreductible" y "proporcional" a la remuneración del trabajador en actividad.
Subsidio estatal, emergencia habitacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ponce, Alberto Darío. c/ GCBA. s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-19

La sentencia recurrida destaca que el decreto 960/08 aumentó el importe del subsidio, dato que prueba que el régimen impugnado afectó mayores recursos y avanza en una de las políticas destinadas a resolver progresivamente el déficit habitacional y nada de lo dicho por el a quo permite sostener que entre el decreto 690/06 y el 960/08 existe regresión (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Régimen penal cambiario, prescripción de la acción penal, instrucción, secuela de juicio, interrupción de la prescripción de la acción penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: AGRIGENETICS S.A.; S.V.O. S.A. s/ Régimen penal cambiario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-28

1 - La resolución dictada por el Superintendente de Entidades Financiaras y Cambiarias, mandado instruir sumario por infracción a la ley 24144, es un acto jurisdiccional que la ley contempla como interruptivo del curso de la prescripción (Del voto del Dr. Hendler).- 2 - La ley cambiaria contempla tres distintas especies de causas de interrupción: los procedimientos de impulso de la investigación, los actos procesales de impulsión emanados de la autoridad jurisdiccional y la comisión de nuevas infracciones.- Sólo la primera de ellas se encuentra supeditada al recaudo de que se practique con conocimiento del inspeccionado (Cf. art. 19 del Régimen Penal Cambiario) (Del voto del Dr. Hendler).- 3 - Resulta apropiado entender que dicha norma se refiere a diligencias o averiguaciones de funcionarios de la repartición sin autoridad jurisdiccional y, por ende, su eficacia depende de la participación de quien resulta incriminado por esa averiguación (Del voto del Dr. Hendler).- 4 - Distinto es el caso de la segunda causal prevista en la que el valor incriminatorio resulta de la autoridad que ejerce quien dicta el "acto de impulsión", según así lo denomina la propia ley por lo que la consideración de que el acto ejecutado por el Superintendente mencionado para tener eficacia en ese sentido debió ser practicado con conocimiento del inspeccionado, no es aplicable a esa especie de actos.- 5 - La ley vigente, por un lado (art. 20, de la ley 19359), y el criterio de la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional (CSJN-Fallos "Cerámica San Lorenzo"), por el otro, excluyen, en materia cambiaria, la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna (Del voto del Dr. Hendler).
Demanda, objeto de la demanda, monto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Juan Carlos Abán, Roberto Aguilar y otros c/ Banco de la Provincia de Jujuy - Ente Residual s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. nro. A-53.605/99 Diferencias generales. L.A. N 45 F 66/71 N 27 Walter Alfaro Fernández y otros c/ Banco Provincia de Jujuy - Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. nro. B-47509/99.L.A.N 45 F 1233/1237 N 537. en Expte. nro. A-53.605/99 Diferencias generales. L.A. N 45 F 66/71 N 27 Walter Alfaro Fernández y otros c/ Banco Provincia de Jujuy - Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. nro. B-47509/99.L.A.N 45 F 1233/1237 N 537.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-02-14|2002-12-20

Es verdad que "la mentada exigencia de liquidar el concepto impetrado, no puede ser erigida en requerimiento excluyente, dotándolo de notas de sacramentalidad de las que, obviamente, carece...". Empero, ello no significa relevar, sin más, a los promotores de la causa, de definir concretamente los ítems reclamados, aún con una cuantificación aproximada o tentativa de los mismos, toda vez que ello constituye una exigencia procesalmente necesaria en orden a circunscribir adecuadamente el debate.
Daños y perjuicios, indemnización, delito civil, daño moral, damnificado directo, damnificado indirecto
Materia: CIVIL
Carátula: SARMORIA LARZABAL MIGUEL c/ OCHOA FELIPE s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-26

En función de lo dispuesto por el art. 1078 del Cód. Civil, en consonancia con la inteligencia que cabe otorgarle al art. 1079 de ese mismo cuerpo normativo, el hecho ilícito puede producir daños al damnificado directo y al indirecto, siendo el primero el titular del bien jurídico inmediatamente lesionado y el segundo el afectado mediatamente en sus derechos o bienes.
Sucesiones, subasta judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vallejos, Justina y Vallejos Enriqueta s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-06-10

Si la subasta no es requerida por ningún acreedor de los herederos, sino que por el contrario, son todos los herederos declarados, quienes siendo mayores y estando de acuerdo solicitan la subasta, puede soslayarse la previa inscripción de la declaratoria a nombre de los herederos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vence, Cristóbal c/ Clínica Privada O'Donnel S.R.L. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-17

El absurdo puede y debe ser demostrado en pocas palabras, prácticamente hay que señalarlo. Pero cuando la recurrente se enfrasca en una larga argumentación, con gran esfuerzo dialéctico, a tratar de convencer del acierto de su posición, la figura del absurdo se desvanece porque sólo está exponiendo una opinión distinta a la de los sentenciantes y ello no sirve para demostrar aquel vicio del razonamiento, por más respetable que sea la desarrollada.
Impuestos, confiscatoriedad, impuesto inmobiliario
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: López López, Luis y otro c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ eximición de inversiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

No es confiscatorio el recargo máximo de treinta veces el impuesto inmobiliario, que importa el 45% del avalúo fiscal: ley 5442 de Santiago del Estero.
Contrato de garaje, obligaciones del locador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Regalía, María Graciela y otro c/ López de Asborno, Isolina y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-09

Siendo la obligación del garagista una típica prestación de resultado, el robo del automotor al frustrar el mismo, exterioriza palmariamente su incumplimiento y abre, sin más, las puertas al éxito de la pretensión, si los accionados no acreditaron ninguna causal exonerativa de su responsabilidad -arts. 2227 C.C. y 207 del C. Com.-.
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, daños y perjuicios, lesiones, menores
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOCHI, AGUILES HECTOR. c/ UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE LA PLATA Y MOLLA VILLANUEVA, JULIOESTEBAN. s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-21

No resultan atendibles los argumentos de la Universidad Nacional de la Plata -declarada responsable de los daños y perjuicios derivados de las lesiones sufridas por un menor de 15 años de edad, en una clase de educación física- enderezados a impugnar la interpretación y aplicación del art. 1117 del Código Civil efectuadas por el a quo, si tal cuestión no fue planteada por dicha parte al recurrir el fallo del juez de primera instancia, que adoptó un criterio análogo.
Accidentes de trabajo, incapacidad laboral, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Moschini, Daniel Oscar c/ CRYBSA S.A. y Cía. de Seguros La Previsión s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. AGUIRRE, RAMON H. c/ COSEANI, JUAN C. s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-11-12|1991-04-11

En los accidentes de trabajo no es la fecha del accidente la que genera el derecho de la víctima y la obligación de resarcir por parte de la patronal, pues indemnizándose la incapacidad, es decir el resultado del accidente, poca duda cabe que es la fecha de la determinación de esa incapacidad el momento del nacimiento del derecho. Concordándo ésto con la pauta contenida en el art. 258 de la LCT. aplicable por analogía, que establece como fecha inicial del plazo de prescripción de las acciones, provenientes de accidentes de trabajo, la determinación de la incapacidad.