Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-02


------ En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 02 días del mes de noviembre del año dos mil once, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, bajo la Presidencia de su titular el Dr. José Luis PASUTTI, y asistencia de los Dres. Fernando Salvador Luis ROYER y Daniel Luis CANEO para dictar sentencia en los autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA c/ Y. S.A. s/ Ejecución Fiscal" (Expte. Nº 22.167-M-2010) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 189, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nº 3.202/00 y 3.204/00, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Doctores ROYER, CANEO y PASUTTI.----------------------------------------------- ------ Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.---------------------------------------- ------ A la primera cuestión el Dr. Fernando Salvador Luis ROYER dijo: -------------------------------------------------------------------------------< #LINE> ------ ANTECEDENTES: ---------------------------------------------------- ------ Las presentes actuaciones se iniciaron con la presentación realizada por el Dr. P. A. E., a fs. 9/10, en su carácter de letrado apoderado de la Municipalidad de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en las que promovió una ejecución fiscal contra Y. S.A., por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTISIETE CENTAVOS ($2.467,27) como consecuencia de la deuda que el contribuyente citado mantenía con su poderdante desde el año 1996 al 2002, por el incumplimiento de pago al impuesto inmobiliario y la tasa de higiene urbana de la parcela *, ubicada en la zona **, manzana *** del lote *.-------------------------- ------ El magistrado a cargo del Juzgado de Ejecución N° 2 de Comodoro Rivadavia, Dr. Eduardo Oscar ROLINHO, halló cumplidos los presupuestos procesales para la procedencia de la acción y, por ello, ordenó librar contra la firma deudora un mandamiento de intimación de pago por la suma reclamada, con más PESOS QUINIENTOS ($500) en concepto de intereses presupuestados provisoriamente para responder a intereses y costas del proceso.-------- ------ Con fecha 15 de octubre de 2009, la actora dio cumplimiento a lo ordenado por el Juez de Ejecución e intimó de pago a Y. S.A., trabó embargo sobre sus bienes y la citó de remate, para que en el perentorio término de cinco (5) días opusiera excepciones legítimas, si las tuviera, bajo apercibimiento de ley.---------------------------------------------------- ------ A fs. 63/70 vta. se presentó el Dr. J. M. R., letrado apoderado del contribuyente intimado y solicitó la citación de quien ostentaba la posesión del bien, la S. C. P. L. D. C. R.. Al mismo tiempo, opuso una excepción de prescripción y denunció la inconstitucionalidad de las normas contenidas en el Título VII, Capítulo III del Código Tributario Municipal, en lo referente a los términos de prescripción y las causales de suspensión e interrupción allí establecidas. ------------------------------ ------ Señaló que las Provincias han delegado a la Nación la facultad de legislar en materia civil (artículo 75, inciso 12), y la prescripción liberatoria de la acción corresponde a esa rama del derecho. De hecho, el artículo 3951 del Código Civil establece "El Estado General o Provincial, y todas las personas jurídicas están sometidas a las mismas prescripciones que los particulares, en cuanto a sus bienes o derechos susceptibles de ser propiedad privada; y pueden igualmente oponer la prescripción". Y agregó que las ordenanzas municipales no pueden modificar las disposiciones dictadas por el legislador nacional sobre prescripción, sin violar lo dispuesto en la Carta Magna Federal.-- ------ Luego de extensas citas jurisprudenciales, agregó que la aplicación al caso del artículo 4027, inciso 3° del Código Civil en modo alguno infringía las autonomías provinciales ni municipales, sino que sólo otorgaba seguridad jurídica al ciudadano argentino, protegiéndolo contra fiscos desidiosos que pretendieran sustituir su ineficacia para recaudar, extendiendo de manera abusiva e inconstitucional, los plazos generales de prescripción.--------------------- ------ Apuntó que la extensión del plazo de prescripción, a través de la legislación local, es inconstitucional y sólo podía explicarse por rémoras burocráticas que perjudicaban la eficacia y buena marcha de la recaudación. No era admisible que, en aras de una pretendida eficiencia en el cobro de los tributos, se alterara la estructura jurídica y constitucional del país y se provocara una innecesaria intervención de los órganos judiciales.---------------------------------------------------------- ------ Luego de la denuncia, consideró que era aplicable al caso de marras el artículo 4027 del Código Civil que reza "Se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos: .3° de todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos cortos". E indicó que conforme al título de la ejecución acompañado a la demanda ejecutiva, y de acuerdo a la prescripción quinquenal, se encontrarían prescriptos por el mero transcurso del tiempo todos los períodos anteriores a agosto de 2004.----- ------ Consideró que si eventualmente la actora pretendiera demostrar que devino para el caso alguna circunstancia que interrumpió o suspendió la prescripción, la misma debería considerarse de acuerdo a lo que prevé el Código Civil, pues tales causales dispuestas en el Código Tributario, así como el modo de computar los plazos allí establecidos, resultaba inconstitucional por los mismos fundamentos que la imposición de un más amplio plazo de prescripción, por una norma de jerarquía inferior al ordenamiento sustantivo federal en la materia.--------------------------------- ------ Al finalizar su presentación, señaló que la prescripción es un medio de liberación del deudor por el transcurso del tiempo, fijado por la ley para afianzar la seguridad jurídica, pues determina la estabilidad de los derechos de fondo. Se trata de una figura de orden público, que ampara los intereses de la sociedad, por lo tanto, no era admisible que una norma local de inferior jerarquía al Código Civil pudiera regular sobre la materia. Ofreció prueba, hizo reserva de caso federal y realizó petitorio de estilo.--------------------------------------------------------------- ------ A fs. 75/79 el letrado apoderado de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, contestó la excepción de prescripción en la que señaló que su mandante intimó extrajudicialmente a Y. S.A. el día 29 de Enero de 2004, con lo cual interrumpió los plazos de prescripción. Conforme lo estipulado por la Ordenanza N° 6500/98, Código Tributario Municipal, los términos de prescripción de los períodos reclamados se contaron desde el 1° de Enero del año siguiente al vencimiento, siendo el plazo para que prescribieran de seis (6) años.--------------------------------------------------------------------------- ------ Sin perjuicio de ello, el artículo 57, inciso c) del Código Tributario Municipal, establece que "La prescripción de las facultades para determinar e instrumentar la obligación tributaria en mora, se interrumpirá. c) Por cualquier acto judicial o administrativo tendiente a obtener el pago". Ninguna duda cabe, para el accionante, que recibida la intimación de pago el 29 de Enero de 2004 por imperio de la norma transcripta, se produjo la interrupción del plazo de prescripción.------------------------------------------------------------------- --- ------ Bajo el título "PRESUNCION DE LEGITIMIDAD" manifestó que el contribuyente no podía desconocer que, uno de los caracteres jurídicos esenciales de la Ordenanza Municipal que ataca, es la legitimidad. O sea, se presume válida mientras no haya sido declarada su nulidad por autoridad competente. Consideró que la verdadera intención de Y. S.A. era desvirtuar los principios tributarios, al manifestar que había operado la prescripción de la acción, con respecto a las obligaciones fiscales vencidas en los períodos ejecutados, sustentando la excepción en el artículo 4027, inciso 3° y concordantes del Código Civil.---------------------------------------------------------------- ------ Tales extremos, entendió, se encontraban ampliamente superados en nuestra Constitución Provincial al consagrar la autonomía que tienen las municipalidades para crear tributos y su forma de percepción. Por ello, la determinación de los plazos por las Provincias o los Municipios no afecta a la prescripción como instituto general del derecho, que en sus elementos esenciales se mantiene intacta, al regularse únicamente aquellos aspectos vinculados a la actividad tributaria estatal específica y necesariamente previstos en el marco de la autonomía propia del derecho tributario.---------------------------------- ------ En punto a la citación de terceros, la actora señaló que Y. S.A. reconoció haber notificado el día 24 de noviembre de 2005, la cesión del terreno efectuada durante el año 1993, es decir, 12 años después de haberse realizado el contrato. De manera que si el contribuyente no informó sus actividades debidamente y en tiempo, la Corporación Municipal no podía conocerlas y, por lo tanto, no era posible que ahora se desligara de los períodos reclamados por ser anteriores a la notificación que le hubo de cursar al Municipio.---------- ------ Con todos estos elementos, a fs. 91/93 vta. el Juez de Ejecución, Dr. Eduardo Oscar ROLINHO, resolvió las cuestiones planteadas mediante la sentencia N° 767/2010. Allí señaló que, conforme el diseño constitucional vigente, era competencia de las provincias y las municipalidades, dentro de sus ámbitos, la regulación de la materia tributaria y fiscal local (artículos 75, inc.12, 121, 124 de la CN y 224, 225 de la C. Provincial) y la prescripción, como instituto jurídico, se encontraba regida por la legislación común, de allí -añadió- la imposibilidad de alterar su naturaleza.--------------------------------------- ------ Sin embargo, entendió que los plazos podían ser modificados en función de las necesidades de las legislaciones específicas como la tributaria municipal, toda vez que ello no impedía el adecuado ejercicio de los derechos, en tanto y en cuanto se efectuara dentro de un margen de razonabilidad y justificación congruente con la finalidad buscada y el precepto constitucional que lo regía.-------------------------- ------ En punto a la inconstitucionalidad denunciada por la demandada, el magistrado citó jurisprudencia de este Superior Tribunal de Justicia para decir que no basta la mera invocación de que una norma es inconstitucional para que sea declarada como tal, pues se debe interponer dicha pretensión en forma independiente y autónoma (como fuera invocada en la Sentencia Definitiva N° 33/08 Excma. Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala "A").-------------------------- ------ La actora le asignó efectos interruptivos al acuse de recibo de la notificación recibida el 29/01/04, sobre los conceptos 01-15092 y 06-15092 por impuestos inmobiliarios y tasas de higiene urbana (fs. 8) dirigida contra Y. S.A. Pero, para el Juez, el cotejo normativo y las actuaciones obrantes en la causa indicaban que la demandada había recibido la notificación cuya constancia se exhibe a fs.8, y con referencia concreta a las boletas de deuda reclamadas. En consecuencia, consideró que había operado la interrupción de la prescripción con respecto a la acción judicial, en los términos de los artículos 57 y 58 de la Ordenada Fiscal Municipal.------------------------ ------ Concluyó que existían deudas afectadas por el plazo de prescripción (contenidas en las boletas ejecutadas) anteriores a Enero de 1997, que quedaban exentas de pago. Por ello, debían computarse los períodos posteriores a esa fecha, sobre los que ordenó llevar adelante la ejecución.----------------------------------------------------------- ------ Contra esa decisión, la firma Y. S.A. interpuso un Recurso de Apelación, agregado a fs. 97, que fue resuelto por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia a fs. 131/146. En la sentencia registrada bajo el N° 52 del año 2010 del libro de sentencias definitivas "CyC" puede leerse que, en primer lugar, la Dra. MELERO marcó como eje central de la discusión los alcances del instituto de la prescripción. Para ello invocó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "FILCROSA S.A. s/ quiebra s/ incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda" (del 30/09/2003 - 326:3899) donde se estableció que la normas provinciales reglamentarias de la prescripción en forma contraria a los dispuesto en el Código Civil eran inválidas, en tanto, el mentado instituto no era propio del derecho público local por encuadrar en la cláusula del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional.------------------------- ------ A esos fundamentos añadió lo decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que adoptó el temperamento de nuestro máximo Tribunal Federal en causas C. 81.253 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de revisión en autos: Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada. Concurso Preventivo" -entre otros precedentes que citó- donde se pronunció a favor de la preeminencia del plazo de prescripción liberatoria de cinco (5) años establecido en el artículo 4027, inciso 3° del Código Civil, aplicable en materia tributaria local, por sobre cualquier otra disposición normativa de carácter provincial o municipal.---------------------------------------------------------------------- -- ------ Con apoyo en esta jurisprudencia, la Sra. Camarista señaló que el instituto de la prescripción poseía clara inserción en el marco jurídico obligacional. Y por ello, competía al legislador nacional su regulación con exclusión de otra norma provincial que se opusiera a su contenido. Agregó que la abreviación planteada por el Código Civil tendía a evitar que la inactividad del acreedor, ocasionara trastornos económicos al deudor como consecuencia de la acumulación de cuotas, fundamento perfectamente aplicable al caso de autos.------------ ------ Así, la doctrina que citó no sólo establece que los plazos deben encontrarse fijados con apego al Código Civil, sino que todas las restantes cuestiones vinculadas deben regularse de conformidad con lo que establece la norma de fondo, proyectándose claramente dicha situación sobre dos cuestiones intrínsecamente enlazadas, a saber: a) El comienzo del cómputo del término de la prescripción; y b) Las causales de suspensión en su cómputo.--------------------------------------- ------ Reiteró que el Estado, fuera Federal, Provincial o Municipal, estaba sujeto a las prescripciones del Código Civil. En el caso de los impuestos, se aplica el art. 4027-cinco (5) años- pues su último inciso abarca a "...todo lo que debe pagarse por años o plazos periódicos más cortos", que es el caso de los impuestos inmobiliarios o sobre rentas o sobre ingresos. A ello, sumó el criterio de nuestro máximo Tribunal Federal que ha juzgado de antaño que las actuaciones administrativas no suspenden ni interrumpen la prescripción; y ello aunque se trate de las que debieron preceder a la demanda judicial (Fallos 173:289; 182:360; 187:216; 189:256; 224:39).----------------------------------------- ------ Hizo lugar en forma total a la excepción de prescripción planteada por la demandada, máxime teniendo en cuenta que el plazo de cinco (5) años resultaba suficientemente extenso, como para descartar cualquier hipótesis de entorpecimiento a la normal percepción de sus recursos por parte de la Repartición Fiscal Municipal y, en consecuencia, revocó la sentencia en cuanto fue materia de agravios.------------------------------------------------------------- ------ A su turno, la Dra. Susana REYNOSO de ROBERTS, coincidió con su colega prevotante sobre ambas excepciones, más allá de haber sostenido una postura contraria en varios precedentes. Señaló que la cuestión fue dirimida por la CSJN, por lo que razones de celeridad y economía procesal la llevaron a seguir ese camino trazado; es decir, concordó en la aplicación del plazo de prescripción quinquenal y su cómputo conforme lo establecido por el Código Civil.-------------------- ------ Disintió, en cambio, sobre la eficacia de la documentación aportada por la actora para servir como intimación de pago, puesto que calificó a la carta documento cosida a fs. 8 como un instrumento público apto para ello. Señaló que fue entregada haciendo constar las boletas que se reclamaban y el objeto de ejecución; por lo tanto, la prescripción se había suspendido el 20/01/2004 por un año.-------------- ------ Observó que por las fechas de vencimiento de las boletas cuya ejecución se pretende y lo dispuesto por los artículos 4027, 3856 y 3986, las sumas reclamadas por los períodos 96, 97, 98, 99, 2000 y de Enero a Octubre del 2002 se encontraban prescriptas. No así las correspondientes a los meses 11 y 12 de 2002. Por ello, contrariamente a lo decidido por la Dra. MELERO, consideró que debía llevarse adelante la ejecución por las sumas correspondientes a los períodos no prescriptos.-------------------------------------------------------------------- --- ------ En tercer lugar se expidió la Dra. GARCÍA BLANCO, haciendo uso de la facultad de abstención del artículo 274 del C.P.C.C., y sólo se pronunció sobre la valoración de la prueba incorporada a fs. 8. Con respecto al tema, señaló que la accionante acompañó exclusivamente el talón de recepción y pretendió que se tuviera por notificada de la deuda a la demandada para obtener, con ese reconocimiento, la suspensión del curso prescriptivo.-------------------------------------------- ------ Encontró incompleto el instrumento, por cuanto las cartas documento tienen un procedimiento que da cuenta del contenido y su recepción; es una operación compuesta, por una parte el duplicado de la CD con el texto y, por el otro, el talón de envío y recepción. En el caso sólo se acompañó el talón, insuficiente para acreditar contenido alguno, con lo cual no podría afirmarse que las deudas ejecutadas habían sido intimadas. Concluyó, entonces, estableciendo que la prueba acompañada era insuficiente para sostener la postura del accionante, e hizo lugar al planteo para que prosperara la excepción de prescripción en forma integral.------------------------------------------------ ------ A fs. 149/175 el Dr. S. G. M., en representación de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, interpuso un Recurso Ordinario de Apelación en el que esgrimió, como primer agravio, una "INCORRECTA INTERPRETACIÓN DEL INSTITUTO DE LA PRESCRIPCION EN DERECHO TRIBUTARIO" por la Sra. Camarista que votó en primer orden, sobre los plazos de prescripción en el derecho tributario local.-------------------------------------------------- ------ La magistrada sustentó su opinión en el precedente "FILCROSA" de la CSJN, pronunciamiento cuya posición -entendió el recurrente- afectaba directamente al federalismo como forma de gobierno, las potestades y autonomías provinciales y locales, consagradas por nuestra Carta Magna Federal. Señaló que la prescripción, como instituto jurídico, se encontraba regida por la legislación común y de allí la imposibilidad de alterar su naturaleza, pero ello no obstaba a que ciertos aspectos como el relativo a los plazos, pudieran ser modificados en función de las necesidades de las legislaciones específicas, como la tributaria municipal.------------------- ------ Controvirtió la sumisión de la Cámara al precedente nacional citado, pues -denunció- ha tenido más voces alzadas que adeptos. El fallo debe valer como guía de la opinión que se quiere compartir, pero no puede implicar una vulneración del derecho de los magistrados a emitir juicios sin imposiciones vinculantes extralegales (con cita del fallo 304:1459).------------------------------------------------------------------<#LI NE> ------ Insistió con que el derecho tributario era derecho público local y al no haber sido delegado por las Provincias a la Nación, éstas conservaban la posibilidad de determinar todo lo relativo a las obligaciones e institutos que lo constituían, tal como fue señalado en fallos 243:98 y 251:379 por nuestro máximo Tribunal Federal y descartado por la Dra. Melero.------------------------------------------------ ------ Entendió que no era difícil concluir, que todo lo referido a la potestad tributaria está regido por el derecho local, puesto que era el Estado Provincial y, en su caso, el Estado Municipal quien tenía poder de imperio para crear el tributo y, por consiguiente, para establecer las reglas a las cuales estaría sometido. No es lógico, señaló, que las Provincias y los Municipios se hayan reservado el derecho a crear tributos y que, al mismo tiempo, hayan delegado en el poder central la facultad de establecer de qué manera y en qué tiempo deberán ejercer sus acciones de cobro.---------------------------------------------------------- ------ Concluyó el planteo de este agravio, denunciando que permitir este avasallamiento sobre las facultades tributarias de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, implicaría un escándalo jurídico, a más de poner en juego el régimen federal adoptado constitucionalmente y de violentar gravemente las autonomías de las instituciones.----------------- ------ Su segundo planteo recursivo fue la incongruencia y arbitrariedad del voto emitido por la Dra. REYNOSO de ROBERTS, en el que destacó que la magistrada confesó su cambio de criterio en materia de plazos de prescripción, para este tipo de proceso ejecutivos fiscales, y luego citó varios fallos que sustentaban esta afirmación. Instó a que este STJ analizara esta modificación en su postura, que provocaba inseguridad jurídica.----------------------------------------------- ------ Además, atacó el cómputo de la prescripción que hizo la Jueza, pues ésta expresó que la misma se había suspendido el 20-01-2004, por lo que todo los períodos comprendidos desde Enero de 1999 (cinco años de prescripción) no estarían prescriptos, y si lo estaría la deuda correspondiente a los meses de Enero de 1996 a Diciembre de 2008. Sin embargo, para la Dra. REYNOSO de ROBERTS sólo serían reclamables los períodos 11 y 12 del año 2002.----------------------------- ------ La recurrente no pudo deducir, entonces, cuales habían sido los parámetros que la Jueza había tomado o analizado; no halló ninguna certidumbre lógica a sus palabras para entender por qué no estarían prescriptos esos períodos, ya que si se intimó el 28/01/2004, tal como se desprende a fs. 8, se contarían cinco años para atrás, es decir, hasta enero de 1999 y no en el 2002 como ella concluyó.----------------------- ------ Denunció tales argumentaciones por inválidas, absolutamente reprochables y merecedoras de un estudio por este Superior Tribunal, por considerarlas infundadas y no ajustadas a derecho.-------------------- ------ El tercer agravio giró en torno al absurdo en las votaciones, la incertidumbre del resolutorio y la inseguridad. Para la recurrente, los considerandos del tercer voto son confusos y le generaron incertidumbre, lo que invalidaría la sentencia. Señaló que si la Jueza se adhirió a la votación de la primera Camarista, entonces, para ella la deuda reclamada también estaba prescripta; si embargo, más abajo en su pronunciamiento infirió que las conclusiones de la segunda votante eran acertadas en cuanto a la suspensión de la prescripción.-------------- ------ Para el recurrente este razonamiento resultó difícil de entender pues, en su opinión, los fundamentos de la segunda magistrada que votó eran dubitativos e incongruentes, no quedándole muy clara tal adhesión. Y con esta incongruencia quedaron en la nebulosa los períodos 11 y 12 de 2002, puesto que no le ha quedado claro al apelante si para la Sra. Jueza estaban o no prescriptos.-------------------- ------ El último de sus planteos recursivos giró en torno a la interpretación hecha sobre la intimación de pago cursada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, al considerarla un acto que suspendió la prescripción y no un evento interruptivo de ese plazo, tal como lo dispone el artículo 57 del Código Tributario Municipal.-------- ------ Para el impugnante el acuse de recibo que presentó, agregado a fs. 8, no implicó la simple notificación al deudor sino la efectiva intimación de pago por los períodos reclamados en las boletas de deuda 01-15092 y 06-15092. Agregó que en el caso, el contribuyente consintió la validez de la Ordenanza Tributaria tanto como las boletas de deuda ejecutadas, en tanto no formuló ninguna impugnación en sede administrativa.-------------------------------------------------------------<#LI NE> ------ Por ello concluyó señalando que la intimación judicial efectuada a la demandada con el detalle de los períodos reclamados y debidos por Y. S.A., fue fehacientemente efectuada y constituyó un acto interruptivo válido de la prescripción con apoyo en lo establecido por el artículo 58 del Código Tributario Municipal. Finalizó con la reserva del caso federal y petitorio de estilo.------------------------------------------ ------ A su turno, emitió dictamen el Procurador General, Dr. Jorge Luis MIQUELARENA y señaló que la Municipalidad actora reeditó y reiteró bajo el primero de sus agravios las buenas razones por las cuales podría concluirse que la materia de prescripción de impuestos resulta ser de competencia normativa local, intentado defender la legalidad de las disposiciones municipales en tal sentido. Lo cierto, agregó, es que la Corte Federal se ha pronunciado en contrario, tal como lo ha puesto en evidencia la Sentencia recurrida, de modo que no cabe más que tener por incumplida la carga que pesaba sobre la parte apelante, de lograr criticar de manera concreta y razonada la decisión antecedente.-------------------------------------------------------------------- -- ------ En cuanto al segundo de sus agravios entendió que la Dra. REYNOSO de ROBERTS expresó en su voto las razones que la movilizaron para apartarse de sus decisiones anteriores, y para él la crítica del recurrente no contaba con suficiente entidad revisora sobre esa cuestión.----------------------------------------------------------------------< #LINE> ------ Sobre el tercer y cuarto planteo recursivo, apuntó que el recurrente no expresó razones por las cuales hubiera de revertirse el resolutorio, en punto a las consideraciones hechas sobre el documento cosido a fs. 8. Concluyó señalando que la presentación de la Municipalidad demandada no alcanzó el estándar de crítica concreta y razonada, por lo que este Superior Tribunal de Justicia así debía declararlo.--------------------------------------------------------------------- --- ------ ANÁLISIS: -------------------------------------------------------------- ------ I.- Me toca dar comienzo al análisis de los agravios vertidos por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en la presentación cosida a fs. 149/175, y el consecuente examen de la Sentencia N° 52 del año 2010 del libro de sentencias definitivas "CyC" perteneciente a la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que desestimó la ejecución fiscal instaurada por el aquí recurrente contra Y. S.A., al revocar al pronunciamiento dictado por el magistrado a cargo del Juzgado de Ejecución N° 2 que había acogido las pretensiones de la actora.--------------------------------------------------- ------ En esta tarea, he analizado con escrupulosidad el remedio que promueve la intervención de esta Sala, y advierto que la posición del apelante no ha logrado desarticular los argumentos que brindó el a quo. Pero, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto la cuestión en la causa caratulada "FILCROSA S.A. s/ quiebra s/ incidente de verificación de la Municipalidad de Avellaneda" (Fallo 326:3899), con fundamentos que comparto ampliamente y que se oponen al criterio esgrimido por el apelante; por ello juzgo que la apelación no tendrá acogida favorable.------------------ ----- Pero para fundar ésta, mi postura, me veo en la obligación de hacer una breve referencia a la ubicación de la prescripción liberatoria dentro el Código Civil.--------------------------------------------------------- ------ II.- El instituto cuestionado establece el cambio sustancial de un derecho a consecuencia de dos factores: a) el transcurso del tiempo y b) la inacción de su titular en el ejercicio de las acciones de cobro. Es -en definitiva- la regulación de un elemento esencial en la relación que se crea entre acreedor y deudor, por eso en nuestro ordenamiento civil de fondo se encuentra inserto en el marco jurídico de las obligaciones.------------------------------------------------------------------- -- ------ Del remedio cosido a fs. 149/175 surge que, quien aquí recurrió reconoció expresamente que la legislación nacional es la encargada de regular todos los aspectos vinculados con la prescripción liberatoria, razón por la cual su poder local era insuficiente para modificar los elementos constitutivos y fundamentales del instituto. Sin embargo, entendió que sí tenía la posibilidad de regular otras particularidades, como los plazos, en atención a las necesidades que ciertas materias específicas, como la tributaria municipal, pudieran exigirle (fs. 156 vta.).-------------------------------------------------------------------------- ----- ------ Pero aceptar este erróneo razonamiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, llevaría a la irremediable desnaturalización del instituto y al avance de sus potestades por sobre otras de reserva exclusiva del Congreso Nacional. Es que las Provincias tienen vedada la posibilidad de establecer plazos de prescripción diferenciados sobre los tributos que orbitan dentro de su competencia, pues por imperio de lo dispuesto en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, le corresponde a la Nación toda regulación en la materia.-------------------- ------ Y en el caso de los impuestos el artículo 4027 del Cod. Civil cobra suma importancia, puesto que pone un coto razonable a cualquier ilimitada acumulación de deudas de vencimiento periódico, al imponer un término máximo de cinco (5) años para que el acreedor pueda cobrar tales deudas. No encuentro una razón válida para justificar cualquier impedimento del Estado recaudador, para accionar de manera rápida y efectiva dentro del plazo apuntado, máxime cuando los sistemas informáticos actuales que utilizan todos los organismos públicos para el control y gestión de sus tareas, les permiten obtener en instantes, información precisa sobre los deudores impositivos, para poder accionar legalmente.----------------------------------------------------- ------ Si la prescripción es el tiempo hábil con el que cuenta la Administración para ejercer sus facultades de cobro, la extensión de los plazos impuestos por la legislación común mediante normas dictadas por entes incompetentes para esa tarea, implica un amparo ilegítimo a la inactividad del Estado recaudador, que sólo acarrearía perjuicios a los deudores por la acumulación periódica de cuotas.------- ------ La Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteró en el precedente "FILCROSA" (326:3899) que ". la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional, por lo que no cabe a las provincias -ni a los municipios- dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen al respecto, ya que al haber atribuido a la Nación la facultad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que la contradigan" (doctrina de Fallos: 176:115; 226:727; 235:571; 275:254; 311:1795; 320:1344).------------------------------------------------ ------ La finalidad de la figura bajo análisis es lograr que exista certidumbre jurídica, dando seguridad y firmeza a los derechos (Fallos 318:1416) por ello el Código Civil crea un obstáculo al accionar de los acreedores -en el caso el Estado Municipal- prohibiéndoles ejercer los derechos de cobro cuando haya pasado determinado tiempo. Es una sanción a la negligencia o desidia de los acreedores, que extingue la responsabilidad del deudor.---------------------------------------------------- ------ Resulta entonces razonable, conveniente y económico aceptar la comunicabilidad de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a esta jurisdicción e instancia local (conf. Augusto MORELLO "Recursos extraordinarios y eficacia del proceso", Ed. Hamurabi 1981; T 2, parág. 312 "e", pág. 645. MORELLO - SOSA - BERIZONCE "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Ed. Librería Editora Platense SRL - 1982; T I, parág. 70, pág. 228/232), aplicar a la causa el criterio sentado en la causa "FILCROSA" y rechazar el primero de los planteos recursivos esgrimidos por el apelante. ASÍ VOTO.------------- ------ III.- El segundo motivo de agravio expresado por el apelante, fue el cambio que produjo la Jueza REYNOSO de ROBERTS en el criterio jurídico que venía sosteniendo sobre el tema, al adoptar la posición mantenida por la mayoría de la Sala que integra y por nuestro máximo Tribunal Federal, por considerar que esa modificación fue perjudicial y causante de inseguridad jurídica. Sin embargo, disentiré con el planteo recursivo pues la magistrada argumentó minuciosamente a favor del cambio.------------------------------------------ ------- La camarista ha justificado razonablemente la modificación de su opinión jurídica, con respecto a casos anteriores sustancialmente idénticos, a través de argumentos claros y explícitos que le dieron a su juicio solidez. Reprimir esta posibilidad implicaría una injustificada limitación a la autonomía judicial para la interpretación y aplicación de las leyes y obligar a los jueces a mantener inalterables sus criterios, aún cuando encuentren razones válidas para aplicar una nueva visión doctrinal de la cuestión.-------------------------------------------------------- ------ El cambio no causó inseguridad jurídica, entendida esta como una garantía para el ejercicio de los derechos y libertades de los individuos, ni tampoco afectó el derecho al trato igualitarios, pues la magistrada emitió su voto con una completa explicación de las razones que tuvo en cuenta al momento de esgrimir una nueva posición jurídica sobre el tema, sin incurrir en arbitrariedad. Por lo expuesto, juzgo que también deberá rechazarse este segundo agravio. ASÍ LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- - ------ IV.- El tercer planteo recursivo, se centra en considerar que los votos de las Sras. Camaristas generan incertidumbre. Para ello transcribió algunos párrafos de la parte resolutiva del primer voto de la Dra. MELERO, del segundo voto de la Dra. REYNOSO de ROBERTS y del tercer voto de la Dra. GARCÍA BLANCO, señaló que eran inconsistentes y que, por lo tanto, no alcanzaban la mayoría necesaria para obtener un decisorio válido.---------------------------------------------- ------ Adelanto mi opinión, en el sentido de considerar que no encuentro motivos fundados que justifiquen calificar a los votos como confusos o generadores de incertidumbre.----------------------------------- ------ Es sabido que el aseguramiento de las reglas del debido proceso compromete el correcto ejercicio de la administración de Justicia, de modo que siempre que estén en cuestión normas imperativas, como aquéllas de la efectiva defensa en juicio, la invalidación procede aún de oficio (conf.: Roberto O. BERIZONCE, "La Casación por Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio en la doctrina Jurisprudencial", Revista de Derecho Procesal, Ed. RUBINZAL-CULZONI, Medios de Impugnación, Recursos I, pág. 334, Año: 1999).-------------------------------------------------------------------------- --- ------ Siguiendo este hilo conductor, la Corte Suprema ha descalificado sentencias dictadas por tribunales inferiores cuando mediaron irregularidades referidas a esta causa, en supuestos donde no ha existido, por ejemplo, mayoría de votos sustancialmente coincidentes (Conf.: C.S.J.N., Fallos, 261:263; 302:320; 304:590; 305:2.218) es decir, cuando no ha habido unanimidad de criterios, que resulten suficientes para respaldar los considerandos del pronunciamiento emanado de un cuerpo colegiado. Si esto ocurriera, la sentencia se vería despojada de su esencia, que es ser una unidad lógica jurídica cuya validez depende no sólo de lo que la mayoría convenga en lo atinente en la parte dispositiva, sino que, también, ostenten una sustancial coincidencia en los fundamentos; o cuando en el desarrollo se verifica la existencia de vicios capaces de provocar la nulidad absoluta, inconfirmables que afectan una garantía constitucional. (Obra y autor citados, pág. 336).------------------------------------------------------ ------ Como expresé en mi voto en la S.D. Nº 10/S.R.E./07, muchas veces nos hemos pronunciado a favor de anular este tipo de resolutorios. Así, en S.D. Nº 17/S.R.E./99 dije que, como condición de validez, los fallos judiciales han de ser conclusión razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa, y la violación a tal principio inhabilita los pronunciamientos que devienen meramente dogmáticos o de fundamentación solo aparente, por cuanto no permiten referir la decisión del caso al derecho objetivo en vigor. Admitir semejante proceder significaría reconocer validez a lo sostenido en la sola voluntad de los jueces (arts. 34, inc. 4; 161, inc. 4º y conc. del C.P.C.C.), pues ya se vislumbra la ausencia de mayoría de opiniones que prevé el art. 271 del código de rito, pues no basta la mera coincidencia a los interrogantes generales o la concordancia mayoritaria en la conclusión, sino que debe presentarse en la fundamentación.----------------------------------------------------------------- ------ Dije también, que la Corte Suprema de Justicia, desde tiempo atrás ha dejado sin efecto resolutorios que no cuentan con dos opiniones sustancialmente coincidentes en su fundamentación (in re: ALONSO, Horacio, de fecha 05/04/65, Fallos, 261:263) y que también este Tribunal viene sosteniendo, a partir de anteriores composiciones, por entender que la coincidencia en mayoría debe alcanzar no sólo al sentido en que finalmente se votan las cuestiones propuestas, sino también a la motivación sustancial que las respaldan. No resultaría suficiente que se concluyera uniformemente en un decisorio, si las opiniones que la sustentan contienen, diferencias irreconciliables que, como corolario de una expresión razonada del derecho y fundada en los hechos del juicio, fracasare en argumentos que se eliminan o invalidan entre si. La motivación es indivisible e insoslayable. Su ausencia, se desvanece el vínculo lógico entre una y otra y no hay fallo verdadero (Conf.: S.T.J.CH.; S.D. Nº 4/79).--------------------------------- ------ Ello me permite colegir que, lo que realmente debe considerarse es la coincidencia en la solución del caso. Cuando esto no sucede, se convierte en un decisorio inválido, precisamente, por carecer de fundamentación suficiente (Conf.: C.S.J.N., 18/10/88, J.A., 1990-II-596).------------------------------------------------------------------- ------------ ------ Pero lejos está de enrolarse en algunas de estas causales descalificatorias, el caso de autos. En efecto, tras la detenida lectura de los votos emitidos por las Sras. Camaristas que debían formar la mayoría en la sentencia en crisis, no encuentro contradicciones o absurdos como señala la quejosa. Si bien en los votos se advierte un distinto criterio con respecto al cómputo del plazo para contar la suspensión de la prescripción, sobre algunos de los períodos reclamados (expresado por la Dra. REYNOSO de ROBERTS al emitir su voto), existe igual opinión de la primera y última votante en no efectuar tal distingo y de conformar el resolutorio revocando la sentencia de grado en todas sus partes.--------------------------------------- ------ No cualquier contradicción manifestada a través de los votos de los sentenciantes, provocará sin más, la nulidad del fallo, por el contrario las diferencias deberán ser notorias, graves y contradictorias, jurídicamente relevantes para acarrear su invalidación total o parcial. Sobre este tema, hemos sostenido que no corresponde revocar un decisorio, exclusivamente, sobre la base de algunas divergencias en la motivación que cada uno de los magistrados -que forman la mayoría-, utilice para arribar a una misma solución. De hecho, suele ocurrir que con algunas variantes en la argumentación, se arribe a las mismas conclusiones. En este caso, no habría tacha descalificante, por cuanto el resultado obtenido en cada voto es idéntico. Este ha sido el criterio sostenido por este Tribunal, incluso en anteriores composiciones (conf.: S.T.J.Ch., S.I. Nº 88/S.R.E./04; S.D. N° 45/S.R.E./95 y 26/S.R.E/99; S.I. Nº 124/S.R.E./06, entre otras).--------------------------- ------ Así, coincidentes que fueron los pronunciamientos dictados, se ha cumplido con la exigencia indispensable que prevé el ordenamiento jurídico, para proteger uno de los principios constitucionales más relevantes que referí al iniciar el análisis de este agravio: el cumplimiento del debido proceso. Este no se ha conculcado y por ende, el decisorio recurrido constituye un acto jurisdiccional válido. Se ha logrado la mayoría legal en la coincidencia de opiniones de, por lo menos, dos de los tres jueces que integran el Tribunal y equivale a unanimidad, cuando sólo actúan dos en los casos en que está permitido (Conf.: S.T.J.CH., S.D. N° 45/95; 26 y 30/S.R.E./99; 04/S.R.E./04).---- ------ Es por ello que propongo rechazar el presente agravio. ASÍ LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- - ------ V.- El cuarto agravio consiste en considerar que hubo error al analizar la intimación de pago cursada por el Municipio, con efecto suspensivo de la prescripción bajo análisis, en vez de interruptivo.------ ------ La resolución de este agravio me remite a la primera de las quejas tratadas, precisamente donde expresé que la regulación en materia de prescripción y sus causas de suspensión e interrupción, constituyen materia regulada por la legislación de fondo y, por ende, ajena a la competencia de la recurrente.-------------------------------------- ------ Carece de relevancia, por otra parte, su tratamiento en esta instancia dada la forma en la cual se han resuelto los restantes agravios. ASÍ LO VOTO.----------------------------------------------------- ------ A la primera cuestión el Dr. Daniel Luis CANEO dijo: ---------- ------ I.- Comenzaré mi labor en esta causa, sin exponer los antecedentes que motivan este examen, en atención a la prolija enunciación realizada por el Ministro ROYER, a cuyos términos me remito.------------------------------------------------------------------------- ---- ------ Adelanto mi posición coincidente con el criterio sostenido por mi colega preopinante, pues considero correcta la respuesta que dio a los planteos formulados por el Municipio apelante, y ajustada a derecho la sentencia que se inspecciona. Sin embargo, me abocaré a su estudio con amplitud y detalle para cumplir con el imperativo constitucional de fundar mi decisión. ---------------------------------------------------------- ------ II.- Luego de examinar las cuestiones traídas a revisión por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en la presentación cosida a fs. 149/175, advierto que no se ha controvertido en la causa, que dentro del régimen de competencias asignadas por la Constitución Nacional, las Provincias no han delegado al Gobierno Nacional la facultad de establecer los tributos como aquellos cuyo reclamo dio inicio a las presentes actuaciones, por lo que el debate giró en torno a la amplitud de esa potestad. Es decir, corresponde en esta instancia determinar si las Provincias pueden establecer el plazo de prescripción de esos tributos o, por el contrario, le corresponde a la Nación como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 75, inciso 12 de la Carta Magna Federal.------------------------------------------------------------------<#LINE > ------ El nudo de la discusión suscitada en autos, ya ha sido resuelto por nuestro máximo tribunal federal en la causa caratulada "FILCROSA S.A. s/ quiebra s/ incidente de verificación de la Municipalidad de Avellaneda" de fecha 30/09/2003 (Fallo 326:3899), y no hallo motivos suficientes para apartarme de lo decidido allí, a pesar de los embates que ese pronunciamiento recibió de manos del impugnante.--------------------------------------------------------------------- - ------ El recurrente reconoció que la prescripción es un instituto jurídico regido por la legislación común, circunstancia que le imposibilitaba alterar su naturaleza. Pero -agregó- eso no le impedía modificar ciertos aspectos como el relativo a los plazos, en función de las necesidades que las legislaciones específicas como la tributaria municipal, exigieran (fs. 156 vta.).------------------------------------------- ------ Aún cuando el Municipio haya ignorado el precedente de la Corte Suprema que sentó un firme criterio sobre el contenido y los límites de la prescripción en materia tributaria, el razonamiento utilizado para atribuirse la potestad de modificar los plazos establecidos en el Código Civil, contraría la lógica del instituto y se opone a su naturaleza. ---------------------------------------------------------- ------ El derecho tributario es derecho público local, no caben dudas, y al ser una materia no delegada por las Provincias a la Nación, éstas conservan la facultad de crear e imponer impuestos, tasas y contribuciones; pero las acciones de cobro sobre esa clase de obligaciones, no es materia privativa del derecho tributario ni del derecho público local, sino una regulación más dentro del sistema de prescripción establecido por Código Civil argentino.---------------------- ------ De la legislación común dictada por el Congreso Nacional en ejercicio de las facultadas delegadas por las Provincias a través del artículo 75, inciso 12 de la Constitución de todos los argentinos, y en el marco del régimen de obligaciones jurídicas establecido por el ordenamiento civil de fondo, surgen las reglas de prescripción aplicable a los tributos ejecutados en autos. Por ello, resultará inadmisible toda norma de orden local que modifique o altere lo establecido por el Código Civil en la materia, pues las Provincias y sus Municipios tienen vedada la facultad de legislar en materia de derecho común.-------------------------------------------------------------------------- -- ------ Y esa prohibición cobra sentido al entender que la delegación de facultades a la Nación ". tuvo por finalidad el logro de un sistema homogéneo de leyes que, sin desmerecer el poder de aquéllas (las Provincias) de crear obligaciones destinadas a garantizar su subsistencia y autonomía, contribuyera al inequívoco propósito de los contribuyentes de generar, entre los estados provinciales que mediante la Constitución se congregaban, los fuertes lazos de unidad que eran necesarios para otorgarles identidad." (Considerando 10 - Fallo 326:3899).---------------------------------------------------------------------- -- ------ De lo dicho se deriva, naturalmente, que la limitación señalada se extiende a todas las cuestiones relacionadas con el instituto en cuestión, como el cómputo del término de la prescripción o las causales de suspensión e interrupción en su cómputo. Y, contrariamente a lo apuntado por el recurrente, tales aspectos no pueden sufrir ninguna modificación en el orden local para lograr con ello una diversa aplicación sobre materias específicas -como el derecho tributario- sin que ello implique desvirtuar su contenido y desconocer la letra de la ley.--------------------------------------------------- ------ Cabe recordar que el establecimiento legal de un tiempo máximo, hasta el cual el acreedor puede ejercer su derecho a exigir y obtener el cobro de las obligaciones a las que se hubiera hecho merecedor, tiene como finalidad evitar que su desidia o inacción le produzca al deudor perjuicios económicos, derivados de la acumulación excesiva de créditos a plazos periódicos.--------------------------------------------------- ------ Mal puede entonces el recurrente, calificar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Civil a las obligaciones impositivas reclamadas en autos, como un avasallamiento sobre las facultades tributarias de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y su autonomía, cuando la comuna carece de la potestad para legislar en la materia. Por lo expuesto, considero que el primero de los planteos recursivos deberá rechazarse.-------------------------------------------------- ------ III.- El segundo agravio esgrimido en la presentación de fs. 149/175 correrá la misma suerte que el anterior, en tanto, las razones argüidas por el Municipio para calificar el voto emitido por la Jueza REYNOSO de ROBERTS carecen de eficacia suficiente como para conmover la solidez de sus fundamentos. La magistrada ha explicado con claridad los motivos que la llevaron a modificar su criterio jurídico sobre la cuestión debatida, y las razones que encontraba para juzgar en el caso por la misma senda que marcó el precedente de la Corte Suprema en el caso "FILCROSA".------------------------------------------- ------ El cambio de los Jueces en su concepción del derecho, en el modo de comprender las instituciones jurídicas y sus principios, no puede nunca considerarse causal de inseguridad jurídica cuando -como en el caso- el responsable emitió su opinión con argumentos razonables, con apego a la ley y en función de las razones expuestas por nuestro cimero tribunal de la Nación, en un precedente similar al de autos. De manera que, concuerdo con el Ministro ROYER en que también deberá rechazarse el segundo motivo de impugnación.---------- ------ IV.- Tampoco tendrá acogida favorable el tercer planteo recursivo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, pues la supuesta incertidumbre en el voto confeccionado por la Dra. GARCÍA BLANCO, no emerge con claridad ante mí. He leído con detenimiento el sufragio de la Camarista y las opiniones que ha vertido a fs. 143/145 vta., pero no encontré trasgresión alguna a las indelegables formas impuestas por el ordenamiento adjetivo para el dictado de las sentencias definitivas.----------------------------------------------------------- ------ Con el respaldo normativo del artículo 274 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia y al haber concordado las otras dos Camaristas, con respecto a la aplicación del Código Civil a cuestiones suscitadas sobre tributos municipales, en lugar del Código Tributario, así como también en la desestimación de los agravios del recurrente sobre los intereses aplicables, la Jueza García Blanco se abstuvo legítimamente de emitir opinión sobre estos temas. En su lugar, dedicó todo su esfuerzo a dirimir el tema sobre el cual el a quo no había alcanzado la mayoría.----------------------------------------------------------- ----- Es por ello que no comparto la calificación del fallo como arbitrario, infundado e incongruente, hecha por el apelante en el tercer párrafo de la fs. 170, pues juzgo cierta y manifiesta la decisión a la que arribó la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia en el pronunciamiento impugnado, de modo que deberá rechazarse el tercer motivo de agravio.--------------------------------------------------------------- ----- V.- Para responder al cuarto agravio manifestado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia diré que, en razón de lo expuesto hasta aquí sobre la aplicación al caso de las normas contenidas en el Código Civil en materia de prescripción de las obligaciones tributarias municipales, no atenderé el planteo del recurrente. Esto por cuanto intenta la aplicación del Código Tributario Municipal, Ordenanza N° 6500/98, para contradecir la interpretación hecha por la Cámara sobre los efectos que tuvo el documento glosado a fs. 8 en la prescripción de los tributos.------------------------------------- ------ Resulta inútil que ingrese en el debate y contradiga la posición asumida por el recurrente, cuando su planteo deriva de una cuestión resuelta de modo adverso a sus pretensiones, en los párrafos antecedentes, y un análisis de la cuestión implicaría reeditar lo dicho para confirmar mi postura sobre el tema en discusión.--------------------- ------ Por todo lo expuesto, concuerdo con el Ministro ROYER en que corresponde desestimar el remedio intentado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a fs. 149/175 y confirmar la resolución dictada por la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, registrada bajo el N° 52 del año 2010 del libro de sentencias definitivas "CyC" de fecha 10 de noviembre de 2010. ASÍ VOTO.--------------------------------------------- ------ A la primera cuestión el Dr. José Luis PASUTTI dijo: ----------- ------ I.- Como se señaló al relatar los antecedentes de la causa, la parte actora interpuso un Recurso de Apelación Ordinaria contra la Sentencia Definitiva N° 52 del año 2010, dictada por la Sala "B" de Comodoro Rivadavia, que hizo lugar a la excepción de prescripción articulada por la demandada para repeler la acción ejecutiva en su contra.------------------------------------------------------------------------- ---- ------ Se agravia el municipio por la errónea interpretación de los plazos de prescripción, ya que la sentencia de la Alzada, revoca la de grado, al seguir los lineamientos de la Corte Suprema, plasmados en el fallo "FILCROSA". Así, se produce un claro apartamiento de la legislación local, lo cual -según sus términos- perjudica al federalismo como forma de gobierno, en la medida que resta a las provincias y municipios, la competencia no delegada en Nación, respecto de la materia tributaria.---------------------------------------------------------------- ------ Entiende, asimismo, que la doctrina de los fallos del cimero Tribunal, no resulta obligatoria sino que solamente sirve como guía de opinión. Define al derecho fiscal como de derecho público. Considera entonces, que tratándose de un acto administrativo goza, asimismo, de la presunción de legitimidad.-------------------------------------------------- ------ Así, deriva que, todo lo relativo a la determinación de los impuestos, incluidos los plazos para establecer su prescripción o la suspensión de la misma, resulta de competencia municipal (artículos 121 y concordantes de la Constitución Nacional).-------------------------- ------ También se agravia de la incongruencia de la sentencia, en la medida que entiende que la votante en segundo término cambia el criterio y porque los tres votos no los considera contestes.---------------- ------ Su última queja se refiere a considerar como suspensivo y no interruptivo, el acuse de recibo de las boletas 01-15092 y 06-15092.---- ------ II.- Planteado así el tema a decidir, creo oportuno comenzar por referirme a las facultades provinciales para dictar normas que regulen, no solamente la fijación de impuestos, sino también, sus plazos de prescripción, suspensión e interrupción. Considero que es el tema nodular, el cual, una vez resuelto, definirá la suerte que habrán de seguir los restantes agravios de la recurrente.------------------------------ ------ Es dable destacar que sobre el particular, existen tres corrientes doctrinarias principales: La que niega a las provincias la posibilidad de legislar respecto de los plazos de prescripción en materia tributaria; la que la respalda y la ecléctica, que adopta una solución intermedia al tomar conceptos de ambas doctrinas.----------------------------------------- ------ La primera de las posturas indicadas en el párrafo precedente, entiende, en términos generales, que la fijación de gravámenes puede ser aplicada por los gobiernos locales, sean estos provinciales o municipales. Pero en todo lo relativo a los plazos y modalidades de dicha obligación, le son comunes las normas del derecho de fondo y por ende, no pueden apartarse de dicha regulación. Es por ello, que en el caso de la prescripción, al tratarse de un instituto de orden público, no puede ser modificado por una ley de inferior rango al Código Civil. El respaldo normativo, se funda en los artículos 31, y 75, inciso 12 de la Carta Magna, 3947 y 3951 del Código Civil. Esta doctrina ha sido recepcionada por nuestro cimero Tribunal y es la que se ha desarrollado en el fallo "FILCROSA".-------------------------------------- ------ Quienes se oponen a esta concepción, sostienen que la materia tributaria es de competencia local y por lo tanto las provincias y sus municipios, no solamente pueden crear sus impuestos sino que, además, pueden regular sobre todas las modalidades relativas para lograr su percepción o cobro. De lo contrario, argumentan, carecería de sentido aceptar que los gobiernos locales cuentan con una facultad para crear un tributo, pero les esté vedado legislar sobre los plazos de caducidad o los liberatorios a favor del deudor. Ello así, por cuanto los impuestos constituyen una de las principales fuentes de ingresos de los gobiernos locales. Esta posición es la que viene aplicando la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, entre otras (conf.: Acuerdo N° 58.397, 31/03/98, "Municipalidad de Vicente López c/ MAITINI, s/ Apremio").---------------------------------------------------------------------- - ------ Por último, la posición ecléctica sostiene que las normas tributarias son de competencia provincial, y puede regularse sobre las mismas en todo aquello que no afecte derechos de orden constitucional. Es decir, sostiene la autonomía del derecho tributario pero con ciertos límites. "La provincia puede fijar plazos de prescripción, siempre que en el caso concreto, ellos guarden razonabilidad y no contraríen la unificación del derecho común creando un verdadero caos legislativo" (Voto de la Dra. KEMELMAJER de CARLUCCI en autos: "CASTRO y CÍA. c/ Dirección General de Rentas s/ Acción Procesal Administrativa", Expte.: N° 61.151, 22/03/2000, Suprema Corte de la Provincia de Mendoza).----------------------------------------------------------------------- - ------ De estas posturas doctrinarias y jurisprudenciales, me inclino por la segunda, que es la que entiende implícita la facultad de los gobiernos locales de dictar, tanto sus normas impositivas, como las que resultaren necesarias para ejecutar su cumplimiento.----------------- ------ No quisiera seguir adelante con el desarrollo del análisis sin antes recordar que, en alguna oportunidad antes de ahora (S.D. 01/S.C.A./11), me deslicé en el tema cuando debí opinar respecto de los plazos de caducidad, y sostuve, entonces, algunos conceptos vertidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema en el fallo "FILCROSA". Pero en el supuesto de autos, debo fijar una posición clara y precisa en materia de prescripción ya que se ha puesto de manifiesto la contradicción de una norma municipal con una nacional.- ------ Dicho esto creo, firmemente, que las facultades de las provincias deben interpretarse en forma amplia, conforme lo establecido por el art. 121, en el sentido que conservan todo el poder no delegado. Sin embargo, esta enunciación ha sufrido un amplio grado de incertidumbre con la reforma de 1994 ya que se ampliaron las facultades concurrentes. Consecuentemente, podemos enumerar una serie de atribuciones específicas: 1. Ejercicio de la autonomía: Las provincias son autónomas dentro de los límites establecidos en la Constitución Nacional, sancionan su propia Constitución, poseen los tres poderes y sancionan sus propias normas. 2. Integridad del territorio: el derecho a mantener su territorio está previsto en el artículo 13 que establece que no puede erigirse una nueva provincia en el territorio de otra u otras. 3. Igualdad de trato: Se encuentra previsto en los artículos 7 y 8 de la Constitución Nacional. 4. Celebración de tratados interprovinciales: las provincias pueden celebrar entre sí tratados parciales. 5. Celebración de tratados internacionales: Pueden también, conforme lo previsto en el artículo 124, introducido por la reforma de 1994, celebrar convenios internacionales bajo la condición de que no sean incompatibles con la política exterior.--------------------- ------ Otra de las facultades de las provincias, de suma relevancia, es la de contar con la autonomía municipal. Esta última, fue reconocida en el artículo 123 de la Carta Magna, por lo cual se encuentra regida por el Derecho Público Provincial, fuera del alcance de decisiones de poderes nacionales (misma obra, pág. 39), salvo respecto de lo acordado a través de los pactos interprovinciales o federales. En este caso, se aplican las normas relativas al cumplimiento de los contratos y tratados internacionales vigentes.--------------------------------------------- ------ III.- Antes de continuar, quisiera efectuar una breve reseña de la naturaleza de los impuestos a los efectos de intentar una mayor comprensión del tema a decidir en autos. Siguiendo a Carlos M. GIULIANI FONROUGE, se puede decir que el tributo, en términos generales, "constituye una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a relaciones de derecho público (conf.: autor citado, "Derecho Financiero", T° I, pág. 313, Ed. Lexis Nexis, Depalma, Año: 2003).---- ------ Dicho esto, se advierte que su creación, prescinde de la voluntad individual. Ha dicho la Corte Suprema que: "Los impuestos no nacen de una relación contractual entre el fisco y sus habitantes, sino que se trata de una vinculación de derecho público. Y ha establecido también, que: "No existe acuerdo alguno de voluntades entre el Estado y los individuos sujetos a jurisdicción con respecto al ejercicio del poder tributario implicado en sus relaciones, ya que los impuestos no son obligaciones que emerjan de los contratos sino que su imposición y su fuerza compulsiva para el cobro son actos de gobierno y de potestad pública" (conf.: Fallos, 218:596).--------------------------------------------- ------ Esta obligación tributaria, tiene características especiales, entre ellas, sólo puede ser creado por ley, y debe respetar -en todos los casos- los límites establecidos por la Constitución Nacional. En nuestro país "el gobierno federal es de poderes limitados, pues constitucionalmente sólo posee los que las provincias le confiaron al sancionar la Carta Fundamental. Estas en cambio, tienen poderes tributarios amplios: todos los que les pertenecían al organizarse la nación, con la sola excepción de los que fueron entregados al gobierno federal, o sea, los llamados "poderes delegados"; delimitación que resulta de los artículos 121 y 126 de la Constitución" (conf.: Carlos M. GIULIANI FONROUGE, obra citada, pág. 335).-------------------------- ------ Ahora bien, como ya expresara anteriormente, todo tributo es creado por ley. Se discute en doctrina respecto de la naturaleza de los impuestos ya que algunos autores se inclinan por encasillarla dentro del derecho público. Ello así, por tratarse de una manifestación del poder de imperio del Estado. Otros en cambio, sostienen que su esencia se asimila a las obligaciones del derecho privado, en punto a que, en esta institución, se advierten los elementos comunes a toda obligación: la presencia de un sujeto pasivo, uno activo y una contraprestación exigible.------------------------------------------------------ ------- Más allá de estas diferencias, lo cierto es que los impuestos en general, no están regulados por leyes provinciales y nacionales de manera exclusiva. Dependerá del tipo de tributo en discusión. Lo importante es hacer prevalecer la importancia que tiene el poder impositivo local, para que el mismo no se vea menoscabado en esta materia, toda vez que está en juego una de las fuentes primordiales a su alcance, para obtener los recursos necesarios para atender sus fines.- ------ Entonces, puedo colegir que la fijación de impuestos representa uno de los aspectos más relevantes para lograr la autonomía local, y que su percepción, permite a los estados provinciales y municipales, contar con los recursos necesarios para cumplir sus objetivos. Por este motivo, entiendo que tanto la creación como la forma de recaudarlos, constituyen una facultad propia de las legislaciones locales, que no puede ser menoscabada sin alterar el principio de soberanía que detentan las provincias y los municipios, reconocido constitucionalmente.------------------------------------------------------------ ------- Si las provincias pueden dictar leyes para fijar impuestos según sus necesidades, también pueden dictar normas que establezcan las modalidades de su percepción, tanto para liberar al deudor ante la falta de acción del acreedor, como para establecer los plazos de suspensión o interrupción de los plazos respectivos para hacer valer sus pretensiones. Suponer lo contrario, implicaría limitar el poder provincial al régimen común de las obligaciones. Es cierto que la prescripción, como medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo, está regida, con carácter general por el Código Civil (artículos 3947 y siguientes). Pero sólo será aplicable en este campo, de manera supletoria, dada la autonomía del derecho tributario local a la cual ya he hecho referencia. Quien tiene poder legisferante para crear un tributo, debe tenerlo para fijar el término dentro del cual podrá ejercer su derecho de cobro.--------------- ------ También quiero señalar que si bien el artículo 3951 del Código Civil establece que el Estado general o provincial, y todas las personas jurídicas están sometidas a las mismas prescripciones que los particulares en cuanto a sus bienes o derechos susceptibles de ser propiedad privada y que pueden igualmente oponerla, ella no se puede extender al supuesto de autos. La naturaleza de los tributos no se identifica con los bienes susceptibles de ser propiedad privada, por ello no le resulta aplicable lo dispuesto a su respecto en materia de prescripción. Así, los gobiernos locales, incluido el municipal, pueden establecer sus plazos en forma diferente de la regulada por la legislación de fondo.------------------------------------------------------------ ------ No se puede soslayar que son diversos los plazos de prescripción que establecen las diferentes legislaciones locales. La propia ley N° 11.683, que regula la materia impositiva nacional, establece un plazo de prescripción distinto del Código Civil, el cual es de cinco o diez años según se trate de responsables inscriptos o no, respectivamente (art. 59). Incluso establece un plazo de suspensión de la prescripción que comienza a correr, como en el caso de autos, el 1° de enero del año siguiente al cual la deuda se hizo exigible (art. 58 y siguientes).--------- ------ Esta disparidad de plazos que se observa en las distintas legislaciones locales, podría llevar a la discusión de si está en juego el principio de la igualdad ante la ley. Podría cuestionarse también, si el período de seis años establecido para liberar al deudor es o no desmedido o excesivo al punto de llegar a vulnerar dicho principio. Adelanto mi opinión en el sentido contrario, pues ya la Corte Suprema ha dicho que, a través de la garantía de la igualdad, se busca garantizar y consagrar un trato igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias (Conf.: C.S.J.N., Fallos, 333:208).----------- ------ Entiendo que, en última instancia, el límite a la discrecionalidad del legislador, estará dado por el respeto a los principios generales del derecho, y en ese caso un plazo que excediera los diez años de prescripción podría sí, afectar tales principios.------------------------------ ------ Así, siguiendo esta línea de pensamiento, concluyo que el municipio de Comodoro Rivadavia, puede legislar sobre la fijación de los plazos de prescripción de los tributos a percibir de los contribuyentes, como así también respecto de los plazos de suspensión de la misma (artículos 229 a 230 incisos 2° y 3° de la Constitución Provincial).-------------------------------------------------------------------- --- ------ Conforme se resuelve la cuestión, no corresponde abordar el tratamiento de los restantes agravios de la actora recurrente.------------- ------ Por los fundamentos que anteceden, propongo al Acuerdo revocar la sentencia recurrida, y confirmar, en todas sus partes, la dictada en la instancia de origen. ASÍ LO VOTO.------------------------- ------ A la segunda cuestión el Dr. Fernando Salvador Luis ROYER dijo: -------------------------------------------------------------------------------< #LINE> ------ Tal como voté a la primera cuestión, propongo al Acuerdo: 1) RECHAZAR en todos sus términos el Recurso de Apelación Ordinaria articulado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a fs. 149/175 y confirmar la Sentencia Definitiva N° 52/2010 dictada por la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la misma ciudad; 2) FIJAR las costas a la actora vencida (art. 69 del C.P.C.C.); 3) REGULAR los honorarios del Dr. S. M. en el 25% de los que les fueran oportunamente regulados para la instancia de origen, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley XIII N° 4, con más el I.V.A. si correspondiere. ASÍ LO VOTO.-------------------------- ------ A la misma cuestión dijo el Dr. Daniel Luis CANEO dijo: ------ ------ Por los mismos motivos, adhiero a la solución que a esta cuestión da el Dr. Fernando Salvador Luis ROYER. ASÍ LO VOTO. ------------ ------ A la misma cuestión dijo el Dr. José Luis PASUTTI dijo: ------- ------ Conforme he resuelto la primera cuestión, propongo al Acuerdo: 1°) REVOCAR en todas su partes la Sentencia Definitiva N° 52/10, dictada por la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia; 2°) CONFIRMAR en todos sus términos la Sentencia de grado N° 767/10; 3°) READECUAR las costas de la segunda instancia a cargo de la demandada vencida (Conf.: art. 69 del C.P.C.C.); 4°) REGULAR los honorarios de los Dres. S. G. M. y P. A. E., en forma conjunta en el 35% de los regulados a su parte en la instancia de origen y los del Dr. J. M. R., en el 25%, calculados de igual manera.; 5°) COSTAS de esta instancia a cargo de la demandada vencida (art. 69 del C.P.C.C.); 6°) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. S. G. M. en el 35% de los establecidos a su parte en la instancia de origen. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 2° de la Ley XIII N° 4, y con más el I.V.A. si correspondiere.--------------------------- ------ Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado, por mayoría, dictar la siguiente: --------------------------------------------------- ----------------------------- S E N T E N C I A ------------------------------- ------ 1) RECHAZAR en todos sus términos el Recurso de Apelación Ordinaria articulado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a fs. 149/175 y confirmar la Sentencia Definitiva N° 52/2010 dictada por la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la misma ciudad.----------- ------ 2º) COSTAS a la actora vencida (art. 69 del C.P.C.C.).----------- ------ 3º) REGULAR los honorarios del Dr. S. G. M. en el 25 % de los que les fueran oportunamente regulados en la instancia de origen, sin perjuicio de lo dispuesto por el art 2° de la Ley XIII N° 4, con más el I.V.A. si correspondiere.----------------------------- ------ 4º) REGÍSTRESE y notifíquese.------------------------------------- Fdo.: Dr. José Luis PASUTTI - Dr. Fernando Salvador Luis ROYER - Dr. Daniel Luis CANEO.---------------------------------------------------- RECIBIDA EN SECRETARIA EL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N° 28 S.R.O.E. CONSTE.