Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-28


Poder Judicial de la Nación TS06D 63812 28-03-12 SALA VI EXPTE. Nº 41.121/09 JUZGADO Nº 62 AUTOS: "GOMEZ MIGUEL ANGEL C/ TRASMAR S.R.L. Y OTROS S/ ACCIDENTE - ACCIÓN CIVIL" Buenos Aires, de de 2012 EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia vienen en apelación la codemandada ESTREMAR SA a fs. 850/864, la codemandada PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA a fs. 865/877, y la codemandada TRASMAR SRL a fs. 879/888; siendo todas ellas replicadas por la parte actora a fs. 891/893, fs. 897/901 y fs. 894/896.

Asimismo, el perito médico a fs. 848 cuestiona los honorarios que le fueron regulados por considerarlos reducidos.

La codemandada ESTREMAR SA se agravia por su condena en los términos previstos por el Código Civil (art. 1113) y por la Ley de Contrato de Trabajo (art. 30); por el porcentaje de incapacidad establecido; por el quantum indemnizatorio; y por la regulación de honorarios.

La codemandada TRASMAR SRL se agravia por el porcentaje de incapacidad establecido; por el quantum indemnizatorio correspondiente al daño moral; porque no se tuvo en cuenta que el actor siguió laborando como estibador a pesar de su incapacidad; por la imposición de costas; por los porcentuales de honorarios regulados; y por la base a ser considerada para calcular dichos emolumentos. Asimismo, la presentante mantiene las apelaciones de fs. 793/794, de fs. 800/801 que fueron tenidas presentes en los términos del art. 110 (fs. 798 y fs. 826).

La codemandada PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA se agravia por la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo; por su condena solidaria conjuntamente con las otras codemandadas por aplicación de la normativa civil; por haber considerado el sentenciante de grado que en autos no se probó la ejecución de medidas tendientes a evitar o prevenir los riesgos; por la relación de causalidad; y finalmente porque no se descontó la suma ha abonada por ella.	En primer lugar analizaré el planteo vertido por la aseguradora de riesgos relativo a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39, apartado 1 de la ley 24.557 formulado, ya que ha sido objeto de tratamiento y decisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Aquino" (FALLOS 327:3753). En dicho pronunciamiento y en otros posteriores - casos éstos en los que fijaron sus posturas sobre el tema los jueces del máximo Tribunal que no habían intervenido en "Aquino" ("Díaz, Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A." sentencia del 7 de marzo de 2006; "Perrota c/ Aipaa S.A." y "Avila Juchani c/ Decsa S.R.L." sentencias del 28 de marzo de 2006, Fallos 327:3753)- se descalificó, mediante votos concurrentes la disposición del art. 39, ap. 1 de la ley 24557 en cuanto veda al trabajador -o sus derechohabientes- la posibilidad de reclamar con fundamento en el derecho civil, entendido este último como expresión del principio general de responsabilidad que emana fundamentalmente del art. 19 de la Constitución Nacional. En consecuencia, y por aplicación de la mencionada doctrina del Alto Tribunal, debe partirse de la base de la posibilidad de reclamar como lo hizo el reclamante en el presente caso.

Por lo demás, en el memorial de agravios no se postulan argumentos nuevos que autoricen un razonamiento disímil.

Sentado lo expuesto examinaré seguidamente los argumentos brindados en su queja por la codemandada ESTREMAR SA en relación con su responsabilidad. En este sentido la recurrente sostiene que la codemandada TRASMAR SRL fue contratada por ella para la realización de tareas de descarga del producto congelado del buque "Centurión del Atlántico" -de propiedad de ESTREMAR SA- por lo que el manejo y operación de las distintas cosas que habrían intervenido en forma causal en el accidente (las cajas, el chinguillo, el guinche, etc) se encontraban bajo la guarda exclusiva de TRASMAR SRL. Era esta empresa autorizada y especializada, argumenta el quejoso, quien administraba su uso y manipulación en forma real y efectiva, sin que ESTREMAR SA tuviera intervención alguna en tal proceso. Sostiene que si bien ESTREMAR SA era el propietario de la cosa que causó el daño (las cajas de pescado congelado) y del bien mueble registrable donde se produjo el accidente (una de las bodegas del buque Centurión del Atlántico) lo cierto es que su "guarda" había sido transferida a un tercero (la empresa de estibaje codemandada TRASMAR SRL) quien de tal forma se había erigido en su "guardián" al momento del infortunio, argumentando que el desplazamiento de la guarda exime de responsabilidad al propietario. Asimismo invoca, en relación con la mecánica del accidente, que en todo caso el accidente acaeció por la culpa de un tercero por quien ESTREMAR SA no debe responder.

En el caso, el día 30 de mayo del año 2007, el actor en cumplimiento de sus tareas como estibador para la empresa TRASMAR SRL en el buque "Centurión del Atlántico" cuyo armador y propietario es ESTREMAR SA, sufre un accidente al caer sobre él desde gran altura, la carga de cajas de pescado congelado que se encontraba estibada sobre un piso de madera y cubierta por una red denominada "chinguillo" sujetada de esa forma al gancho de la grúa o malacate.

De los términos firmes en que se desencadenó el accidente surge claramente que se trataba -el conjunto operativo- de una cosa viciosa, que creaba una situación de peligro inminente y las lesiones del actor no son más que la actualización de esa situación de peligro derivada del vicio de la cosa, por lo que debe responder por ellas, en los términos del artículo 1113 Código Civil, su dueño o guardián.

En el caso, no resulta necesario entrar en la discusión doctrinaria acerca de la naturaleza acumulativa o no de la responsabilidad del dueño y la del guardián, cuando éste es una persona distinta de aquél, por cuanto en el caso ESTREMAR SA no perdió respecto de él, su propia calidad de guardián, en cuanto parte indivisible del buque.

Cualquier persona que se encontrara en el buque era frente al armador propietario, acreedor de seguridad, legitimado para demandarle la reparación de los daños que pudieran sobrevenirles por el riesgo o vicio de las cosas.

En el caso la calidad de guardián de la cosa viciosa causante del daño, era compartida de hecho por ambas codemandadas y así deben responder conjuntamente, de conformidad con las previsiones del art. 1113 del Código Civil.

En cuanto a la culpa, cabe señalar que la misma se configura sólo en casos excepcionales por la libre determinación del trabajador de llevar a cabo un acto que se sabe ilícito. El obrar culposo por imprudencia, torpeza, distracción o ligereza no enervan el derecho del damnificado a ser resarcido. Sólo la inobservancia de las diligencias debidas en las circunstancias del caso permiten calificar de culposo a un comportamiento determinado, lo cual no ha sido en modo alguno demostrado en la causa ni en relación al trabajador ni en relación a los restantes dependientes. Por tanto, las apreciaciones que vierte la codemandada TRASMAR SRL en orden a lo decidido en relación a la prueba técnica nada acreditarían en tal sentido, puesto que de probarse que las lingas fueron mal enganchadas de todos motos eso no acredita en modo alguno la culpa ni de la víctima ni de alguno de los compañeros de trabajo.

En orden a lo expuesto, resulta abstracto el tratamiento del agravio vinculado con la responsabilidad de las codemandadas ESTREMAR y TRASMAR en virtud de la normativa del art. 30 LCT; sin perjuicio de mi opinión en sentido contrario a lo argumentado al respecto por el sentenciante de grado, en orden a la naturaleza extracontractual de la responsabilidad aquí ventilada.

Por su parte, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo también cuestiona su responsabilidad y en tal sentido cabe destacar que una de las finalidades prioritarias de la ley 24.557 es la prevención de los accidentes y la reducción de la siniestralidad y que, como modo para lograr el cumplimiento de tal objetivo, dicha ley obliga a las aseguradoras a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo. De conformidad con el marco normativo especial en consideración, la prevención de accidentes comprende conductas específicas de parte de la aseguradora, de entre de elementos de protección, de control de las medidas acordadas o sugeridas, de asesoramiento, y de denuncia de los incumplimientos en que incurra el empleador.

Pues bien, de los elementos probatorios aportados a la causa, surge demostrado con claridad que al momento del accidente el actor no contaba con elemento de protección alguna para cumplir con sus tareas de estibaje en el buque.

Así de los testimonios obrantes en el sumario instruido por la Prefectura (fs. 559/601) surge que ".no se utiliza ningún tipo de protección." o ".sólo ropa de abrigo." (ver declaración de Pascual fs. 577, de Gon fs. 581, de Aban fs. 582, de Encina fs. 583, de Condori fs. 585). Sólo el testigo Babi (fs. 579 del sumario de Prefectura) quien era el encargado de operaciones de la empresa TRASMAR SRL el día del accidente pero que en ese preciso momento se encontraba controlando otra operación de estibaje en otro buque), explica que los estibadores utilizaban buzos térmicos, botas de seguridad y guantes; elementos que no resultan eficaces para proteger al trabajador de golpes en el cráneo o en la cara como fue el accidente de autos, en el que al actor por encontrarse estibando las cajas de pescado congelado y al haberse soltado el gancho de las lingas del chinguillo le cayeron las cajas de 20 kilos cada una principalmente sobre su cabeza y rostro y también en el resto del cuerpo, provocando pérdida de conocimiento.

De acuerdo con lo expuesto, la omisión de sus deberes específicos posibilitó que el actor se accidentara, lo que claramente justifica la responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo en los términos del artículo 1074 del Código Civil, pues queda en evidencia la existencia de un nexo de causalidad adecuado entre el incumplimiento de la ART y el infortunio sufrido por el actor que le ocasiona la incapacidad determinada por el perito médico.

Recuérdese que la CSJN en el fallo "Torrillo" estableció que tratándose de daños a la persona de un trabajador -derivados de un accidente o enfermedad laboral- no existe razón alguna para poner a una Aseguradora de Riegos del Trabajo al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Cód. Civil cuando se demuestre la concurrencia de los presupuestos exigibles, que incluyen el incumplimiento objetivo, el factor de atribución, el daño y el nexo causal adecuado entre dicho daño y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la aseguradora de sus deberes legales.

Sentado lo expuesto, corresponde adentrarse en los agravios relativos al porcentual de incapacidad determinado por el experto médico y al quantum indemnizatorio, tanto por el daño material como por el daño moral.

En relación con el grado de minusvalía cabe destacar que la apreciación del informe pericial es facultad de los jueces, siendo la misma ejercida de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 477 CPCCN). En mi opinión, el judicante tiene respecto de ella la misma libertad de ponderación que le asiste para el análisis de los demás medios probatorios. De acuerdo con lo expuesto, no resulta que en la instancia anterior se haya hecho una valoración que exceda el marco de razonabilidad consagrado en la ley procesal (art. 366 CPCCN).

Por lo demás, cabe señalar que los argumentos esgrimidos por los recurrentes en relación con este aspecto del decisorio de grado no resultan atendibles pues no trascienden la mera disconformidad, tampoco resulta eficaz el argumento basado en que le estarían cambiando piezas dentarias al actor o que está trabajando en la actualidad, porque ninguna de dichas circunstancias altera la minusvalía detectada.

Por lo expuesto, propongo confirmar el fallo apelado también en este aspecto.

A los fines de determinar la cuantificación del daño sufrido por el demandante, cabe señalar que en consonancia con los términos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL" donde se sostuvo que: "El valor de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres" (A. 436. XL; Recurso de hecho: "Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía S.R.L., del 8 de abril de 2008).

Con estos parámetros y teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la edad del demandante a la fecha del accidente, la naturaleza de la lesión, el grado de incapacidad, su salario mensual, las secuelas psicofísicas que presenta, la perspectiva de ganancia de la que el trabajador se ve privado, así como las diversas circunstancias de índole económico-social, considero justo y equitativo el resarcimiento por daño material establecido en el pronunciamiento de grado que involucra el daño físico, el lucro cesante y la pérdida de chance. Igual suerte corre el agravio referido al daño moral (art.1078 del C. Civil) pues considero equitativa la suma de dicho concepto establecida en primera instancia tomando en consideración lo señalado en los párrafos anteriores.

De conformidad con lo expuesto por el actor en su escrito de inicio (ver fs. 8 vta) la aseguradora de riesgos del trabajo le abonó la suma de $36.249,72; por lo cual dicha suma deberá ser descontada del monto de condena, en conclusión, el monto de condena se establece en la sumada de $953.750,28 con los accesorios dispuestos en la sentencia de grado.

La imposición de costas a los demandados vencidos resulta ajustada al principio general que rige en la materia (art. 68 CPCCN) por lo que corresponde su confirmatoria.

La regulación de honorarios establecida en porcentuales en la sentencia de grado, resulta adecuada a la naturaleza y extensión de los trabajos profesionales cumplidos en autos, al resultado final del pleito y a las pautas arancelarias vigentes (art. 38 LO y dto. 16638/57) por lo que propongo que dichos porcentuales se mantengan con la aclaración de que los mismos deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena con los intereses dispuestos en la sentencia de grado.

Las costas de esta alzada también estarán a cargo de las apelantes vencidas (art. 68 CPCCN) a cuyos efectos estimo los honorarios de los presentantes de fs. 850, fs. 865, fs. 879 en el 25% de lo regulado a cada uno de ellos en la etapa anterior. Y a la representación letrada de la parte actora (en conjunto) por las actuaciones de fs. 891, fs. 897 y fs. 894 en el 35 % de lo regulado en la instancia anterior.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar la sentencia apelada. II) Establecer el monto de condena en la suma de $953.750,28 con los accesorios dispuestos en la sentencia de grado. III) Confirmar en lo restante que decide inclusive en lo que respecta a los porcentuales de honorarios con la aclaración de que los mismos deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena con los intereses dispuestos en la sentencia de grado. IV) Imponer las costas de alzada a cargo de las apelantes vencidas a cuyos efectos regúlanse los honorarios de los presentantes de fs. 850, fs. 865, fs. 879 en el 25% de lo regulado a cada uno de ellos en la etapa anterior. Y a la representación letrada de la parte actora (en conjunto) por las actuaciones de fs. 891, fs. 897 y fs. 894 en el 35% de lo regulado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y vuelvan Bg JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID JUEZ DE CAMARA GRACIELA L. CRAIG JUEZ DE CAMARA