Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-29


------ En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 29 días del mes de abril del año dos mil trece, reunidos en Acuerdo los integrantes de la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, con la Presidencia de su titular Dr. Daniel Luis CANEO y la asistencia del señor Ministro Dres. José Luis PASUTTI para dictar sentencia en los autos caratulados "E., B. N c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 22.722-E-2012), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 350, de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas Nº 3.202 y 3.204, y Acuerdo Plenario N° 4101/13, habiendo emitido su voto el Dr. Caneo con anterioridad al 1° de abril del corriente año, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. CANEO, PASUTTI y ROYER.---- ------ Acto seguido, se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-------------------- ------ A la primera cuestión el Dr. Daniel Luis CANEO dijo: ---------- ------ Vienen los presentes autos a conocimiento de esta Sala por vía del Recurso de Apelación Ordinaria que ambas partes y los letrados de la actora, interpusieron contra la Sentencia Definitiva Nº 13/2012 dictada por la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn. La accionante, por derecho propio y en representación de su hija menor, fundó su recurso a fs. 322/324 vta.; C. K. A. y M. A. A. expresaron agravios a fs. 325/327 vta. y sus letrados, Dres. M. B. I. y A. A. P. lo hicieron a fs. 303/304 vta. Por su parte la demandada lo realizó a fs. 331/337 vta.--------------------------- ------ I.- ANTECEDENTES:-------- ------ 1.- La demanda.--------------- ------ A fs. 22/34 vta., se presentó la Sra. B. N. E., por su propio derecho, y en representación de sus hijos menores C. K., M. A. y A. L. A., y demandó indemnización de daños y perjuicios a la Provincia del Chubut por la suma de seiscientos veintiocho mil pesos ($ 628.000) o lo que en más o en menos resultara de la prueba de autos, con más sus intereses legales, costas y costos del juicio.--------------------------------- ------ Aludió a la habilitación de la instancia por haber efectuado el reclamo administrativo previo sin obtener respuesta por más de cuatro meses. En los hechos indicó que M. A. A. era su esposo y que era un trabajador de la pesca. Agregó que tenía treinta y dos años al momento de su fallecimiento y era quien se hacía cargo del grupo familiar. Señaló que dado sus largos períodos alejados del hogar por su actividad, le pidió que buscara otro trabajo, por lo que en 1997 comenzó a laborar en tareas afines a la pesca pero sin embarcarse.------ ------ El día 8/07/97 fue arrestado y trasladado a la Comisaría Primera de Puerto Madryn ante la denuncia efectuada por la Sra. N. M.. Pese a que no existían pruebas suficientes de tal hecho, según sus términos, su marido fue procesado por el delito de "violación de domicilio en concurso real con violación" y se ordenó su traslado a la ciudad de Trelew, a la Alcaidía Policial. Dadas las condiciones climáticas le acercó un bolso con un equipo de frío que entregó a los policías para que se lo dieran a su esposo. Estos últimos le dieron la indumentaria con el referido bolso, y unas horas después el Sr. A. fue encontrado ahorcado en su celda, para lo cual había utilizado el cordón de dicho elemento. Refirió que ello ocurrió por el actuar negligente de los guardias que sólo debieron entregarle la ropa y nada más. Agregó que el impacto familiar por su muerte fue inmenso ya que, precedido por las circunstancias que lo hicieron famoso como el "caso G.", no pudo conocer a su hija más pequeña, quien aún no había nacido.----------------------- ------ Imputó responsabilidad al Estado Provincial con fundamento en el incumplimiento de su obligación de seguridad por no haber efectuado una custodia adecuada del detenido. Agregó que su esposo fue arrestado por un hecho respecto del cual no se habían colectado suficientes pruebas para inculparlo, lo que hubiera aparejado un sobreseimiento por falta de mérito. Ello no se pudo obtener porque lamentablemente, salió sin vida de la cárcel. Consideró encuadrada la responsabilidad del Estado, en lo normado por el art. 1112 del Código Civil.----------------------------------- ------ Remarcó que los propios oficiales indicaron en la causa penal, que hubo un descuido al darle el bolso al Sr. A., aunque era común hacer entrega de ciertos objetos personales a los detenidos. Indicó que su esposo tenía mucho miedo por lo que los restantes presos solían hacerle a quienes ingresaban imputados por el delito de violación y que ese temor era conocido por los guardias. Concluyó que fue la policía quien creó el riesgo en el ejercicio de sus funciones. Reclamó como daño material total la suma de cuatrocientos ocho mil pesos ($ 408.000) y por daño moral, la suma de ciento veinte mil pesos ($ 120.000). En cuanto al daño psíquico, difirió su cuantía para determinarlo conforme las probanzas que se acreditaren en autos. Ofreció prueba, fundó en derecho, solicitó beneficio de litigar sin gastos, y efectuó petitorio de estilo.-- ----- 2.- La contestación de demanda.------------------------------------- ------ A fs. 52/60 la accionada contestó demanda donde articuló defensa de prescripción contra su progreso en el entendimiento que el beneficio de litigar sin gastos no interrumpía los plazos procesales. Efectuó las negaciones de estilo y relató los hechos donde sostuvo que no fue responsabilidad de la Provincia el suicido del Sr. A.. Manifestó que con fecha 23/7/97 se había dictado un auto de procesamiento a su respecto, con prisión preventiva, por los delitos que se le imputaron al momento de su detención. Sostuvo que de las actuaciones labradas en sede penal, iniciadas después de su fallecimiento, se desprendía claramente, que la responsabilidad por dicho suceso, le cupo a la propia víctima.------------------------------------ ------ Afirmó que en esta última investigación, el Fiscal interviniente consideró que el medio empleado para el suicidio no era idóneo para ese cometido y al valorar los restantes hechos del modo en que tuvo lugar su fallecimiento, concluyó que la muerte se produjo por la propia actitud del Sr. A.. Reprodujo los testimonios de los policías que se encontraban el día del hecho en la Comisaría Primera de Puerto Madryn para tener por inexactas las palabras de la actora en su libelo de inicio. Agregó que al momento de su detención, el Sr. A. se encontraba desocupado.-------------- ------ Insistió en el actuar diligente de la policía toda vez que el detenido se encontraba en un lugar adecuado, solo en una celda a su pedido, sin que se autorizara el ingreso de elementos riesgosos para su salud. Destacó que no se evidenció, en momento alguno, que el recluso estuviera deprimido. Remarcó que de la forma en que se produjo el hecho se podía constatar una eximente de responsabilidad a favor de la Provincia del Chubut, por la intervención de la víctima en la producción del hecho ilícito (art. 1111 del CC). Esta participación anularía el nexo causal de responsabilidad en cabeza del Estado.-------- ------ Cuestionó también, los rubros reclamados a los que calificó de infundados toda vez que, por una parte, la culpa de la víctima liberaba al Estado de su pago y además, porque la actora no había seguido parámetros objetivos para su determinación. Remarcó que tomó como base un salario promedio cuando la víctima se encontraba desocupada, de manera que la premisa para establecer su cálculo era falsa, y debía rechazarse.------------------------------ ------ Señaló que la parte accionante actuó con mala fe y temeridad al reclamar algo que no le correspondía, generando una "plus petitio" inexcusable, por pretender sumas siderales que revelaban la apetencia lucrativa de la actora y sus letrados, ya que estos últimos debían poner el equilibrio y "a cubierto al lego en derecho". Insistió en que debieron tenerse en cuenta los antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales a los efectos de estimar un monto objetivo y no uno alejado de la realidad. Agregó que el beneficio de litigar sin gastos estaba pensado para que la gente carente de recursos pudiera acceder a la justicia pero no para exigir cualquier suma indemnizable. Solicitó que se rechazara la demanda sin más y que se condenara en costas a la presentante y sus letrados en forma solidaria para evitar que estas conductas se repitieren en el futuro.---------------------------- ------ En cuanto al daño moral, también consideró que no correspondía su pago toda vez que fue la propia víctima quien se causó el daño intencionalmente, por lo que la Provincia estaría exonerada de responder por tal concepto. Asimismo, calificó de desmedido al importe solicitado por este rubro, por irrazonable, además de resultar injustificada la cifra mayor que se reclamó para la hija que no había nacido a la fecha del deceso, comparada con la solicitada para los otros hermanos.------------------------------- ------ Rechazó también, la procedencia del rubro daño psicológico, por considerar que el mismo no podía constituir un tercer tipo de menoscabo y que en su caso, debía quedar encuadrado dentro del patrimonial o del moral. Consideró desorbitadas las sumas requeridas por dicho concepto y para el supuesto de que se hiciera lugar a su petición, solicitó que se lo incluyera dentro del daño moral. Ofreció prueba y formuló petitorio de estilo.- ------ 3.- Sentencia de Primera Instancia.---------------------------------- ------ La Juez de grado rechazó la demanda. Tuvo en cuenta para ello que la actora no había acreditado la falta de servicio evidenciada por el incumplimiento del deber de custodia y seguridad respecto de los detenidos. Agregó que tampoco se había acreditado en autos que el Sr. A. tuviera problemas psicológicos o algún tipo de depresión que pudiera presumir su suicidio. Avaló su decisión con los dichos de los testigos quienes manifestaron que el Sr. A. no había dado indicios de pretender auto eliminarse. Agregó que no existía un listado expreso respecto de cuáles elementos podían o no entregarse a los detenidos (Ley 20.416 del Servicio Penitenciario Nacional o la local Ley XIX, N° 5, y el Dto. XIX N° 1568/82 que reglamenta las Alcaidías de Policía). Así, los funcionarios intervinientes, según su criterio, eran quienes analizaban si aquéllos podían configurar un peligro o no para la propia seguridad de los detenidos o de terceros.---- ------ Consideró que los funcionarios policiales habían cumplido con las rondas de control necesarias y que la actora no había demostrado la irregular ejecución de las obligaciones legales a cargo de aquéllos. Añadió que de los elementos de prueba colectados, no se derivaba la responsabilidad por omisión de los agentes policiales. Agregó que aunque no contara con el bolso, el detenido se podría haber quitado la vida con las mangas de una camisa o un pantalón, si esa era su intención. Por ello, rechazó la demanda e impuso las costas a la parte actora.---------------------------------- ------ 4.- Sentencia de Cámara.---- ------ La sentencia de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn (fs. 262/298 vta.), revocó la de grado en forma parcial. El primer votante resumió las quejas de la actora e inició su análisis partiendo de lo normado por el art. 1074 del CC, para ubicar el tema de la responsabilidad del Estado, donde distinguió los delitos de omisión simple de los de comisión por omisión. Luego analizó el nexo causal entre el daño invocado y la prescindencia del accionar estatal, donde esta última debe constituir la causa directa del daño. Destacó que el art. 18 de la Constitución Nacional, imponía al Estado la obligación y responsabilidad de custodiar a quienes estuvieran cumpliendo una condena tanto respecto de sus vidas, como de su salud e integridad física. Agregó que la Corte Suprema había sostenido que el Estado debía disponer y adoptar todas las medidas para garantizar la integridad física de los internos, conforme el art. 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos.- ------ Consideró acreditado que el fallecimiento del Sr. A. se produjo por ahorcamiento con una tira de un bolso que se hallaba en su poder, respecto de cuya tenencia no hubo respuesta adecuada por parte del personal policial que depuso en la causa penal. Analizó las obligaciones dispuestas por el art. 18 de la CN; y los arts. 18, 22, 48 y 51 de la CP, como el Reglamento de Alcaidías de Policía y la Ley 20.416. Adelantó su opinión en el sentido de advertir que el personal policial que debía custodiar al interno, no había siquiera puesto en práctica dichas obligaciones.---------- ------ Señaló que la responsabilidad estatal se fundaba en el deber objetivo de la falta de servicio (art. 1112 del CC), donde se subsumían todos los elementos de la responsabilidad civil. Entendió que la detención de personas era actividad reglada, tanto para disponerla como para ejecutarla y que la Corte Suprema había dicho cuál era el fin de los sistemas carcelarios conforme lo normado por la CN y los Tratados Internacionales. Esta legislación no preveía declaraciones teóricas sino exigencias de cumplimiento posible, basadas en la experiencia y el conocimiento técnico de los problemas que a diario debía enfrentar el servicio penitenciario. Por ello discrepó con lo resuelto en la anterior instancia ya que estimó configurado el incumplimiento del deber de custodia y seguridad.------------------------- ------ Analizó las pruebas de autos, para sostener que la única ronda que se llevó a cabo el día del suceso fue a las 2:30 hs. de la mañana, por lo que discrepó con la expresión de la jueza de grado cuando sostuvo que se habían cumplido los controles de rutina. Afirmó que la segunda vez que entró el policía C. (a las 5:15 hs.), fue para alojar a un detenido pero no para realizar un nuevo control. Para el primer votante la demandada tampoco acreditó cuál era el sistema de vigilancia, cada cuánto tiempo se llevaban a cabo las rondas, por quiénes, en qué consistían, etc. Tuvo entonces por cierto, que los guardias no estaban cerca de donde ocurrió el hecho por lo que no habrían podido prevenir una pelea o cualquier otro suceso capaz de afectar la integridad física de los internos.----------------------------------- ------ Sostuvo que la accionada intentó fundar la responsabilidad del fallecimiento del Sr. A. en la actitud del propio detenido pero que no acreditó el cumplimiento adecuado y propio de las obligaciones a su cargo. Tampoco se probó que el suicidio se produjo pese a haber extremado los mínimos corrientes, o si se le hubiera negado darle el bolso que contenía su ropa de abrigo. Para el Dr. FIORDELISI suponer que no era un elemento idóneo para tal cometido o que el recluso no demostró indicios de querer auto eliminarse, representaron un pensamiento discrecional de las autoridades que debían vigilarlo, que en el caso de autos fue desacertado.------------------------------------ ------ En cuanto a lo manifestado respecto a que el interno no había dado indicios de querer suicidarse, lo tildó de sorprendente como argumento para eludir responsabilidades. Concluyó que una vigilancia permanente hubiera sido eficaz para prevenir el desenlace fatal y que no surgían de autos, elementos de juicio suficientes para acreditar categórica, positiva e irrefutablemente, que la accionada hubiera intentado cumplir, de manera razonable, con su obligación de custodia. El Magistrado afirmó que hubo omisiones por parte de quienes debían velar por los reclusos, que generaban la inevitable responsabilidad del Estado Provincial por el incumplimiento de una obligación a su cargo, y encontró su fundamento en lo normado por el art. 1112 del CC.------- ------ El segundo votante coincidió con lo resuelto por el primer Camarista, destacando algunos aspectos, entre ellos, la falta de conocimiento que tenían los oficiales que declararon como testigos respecto de la manera en la cual el bolso en cuestión llegó a manos del detenido. Consideró que no medió control adecuado de los elementos introducidos en el calabozo, lo que infringió lo normado por el art. 71 del Reglamento de Alcaidías Policiales provincial. Por ello encuadró la responsabilidad del Estado en la falta de servicio y el nexo causal, en la entrega del bolso al Sr. A..------------------------------------ ------ Señaló que la falta de demostración por parte del preso de querer auto eliminarse, no resultaba una excusa suficiente para calificar al suicidio como un hecho fortuito y así eludir la responsabilidad que se atribuía a la accionada, cuando estos sucesos resultaban la causa de muerte más común en los establecimientos carcelarios, conforme un estudio efectuado por la Organización Mundial de Salud. Agregó que en otros informes, se había constatado que era mucho más frecuente el ahorcamiento entre quienes se encontraban aislados o ubicados en celdas segregadas, sobre todo por las noches o durante los fines de semana.-------------------------------- ------ La Cámara resolvió revocar la sentencia de grado y hacer lugar a la demanda, donde fijó como daño material la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000) para la esposa y sus hijos. El daño moral a favor de la Sra. E. lo fijó en la suma de ochenta mil pesos ($ 80.000) e igual suma dispuso para cada uno de los descendientes menores. Rechazó el daño psicológico como un rubro autónomo del patrimonial y del extra patrimonial, sin perjuicio de referir que la actora no aportó elementos suficientes para probar su existencia. Al revocar la sentencia de grado readecuó las costas y los honorarios de Primera Instancia y reguló los de la Alzada.-------------- ------ 5.- El Recurso de Apelación Ordinaria de la accionada: ----- ------ La Provincia del Chubut en su Recurso Ordinario de Apelación resume los antecedentes del juicio y los agravios de la actora respecto de la sentencia de grado. Luego desarrolla sus observaciones a la sentencia de la Alzada donde se queja, en primer lugar, de los fundamentos seguidos para tener por acreditada la responsabilidad por omisión del deber a cargo del personal policial. Indica que los Camaristas, específicamente el primer votante, tras referir que el juez debe ser estricto al apreciar el nexo causal, luego no sigue esa línea de pensamiento ni considera las exigencias jurídicas para condenar al Estado, ya que se funda -según sus términos-, en premisas equivocadas.--------------------------- ------ Califica de erróneo el planteo del Magistrado que tuvo por no controvertido el hecho del suicidio llevado a cabo con una cinta que sirve para llevar el bolso al hombro o en la espalda. Señala que no diferencia que dicha correa se formó con los extremos de dos manijas de 50 cms., y no con una sola de 1,50 mts. de largo, como refiere en los considerandos del fallo recurrido.--------------------------------------- ------ Ataca asimismo, que se le diera tanta importancia al desconocimiento manifestado por los testigos respecto a la forma en que el bolso ingresó y fue entregado al interno. Considera que se trata de un argumento fútil, ya que fue la propia familia del recluso la que reconoció haberlo llevado con ropa de abrigo en su interior. Insiste con lo resuelto por la juez de grado al sostener que dicho bolso no constituyó un elemento idóneo para prevenir el desenlace fatal del interno.--------------------------------- ------ En cuanto a las rondas llevadas a cabo, cree que resulta insuficiente afirmar que no se efectuaron las necesarias sólo por los dichos de uno de los policías que declararon oportunamente. Enfatiza que con esa sola deposición no se puede tener por probado que no hubo control adecuado de los presos. Indica que tampoco es acertado decir que constituye una "falta" de la accionada no haber acreditado en autos cómo era el sistema de rondas o controles de rutina.--------------- ------- Sostiene que si se quiere atribuir responsabilidad civil al Estado se debe probar la falta de servicio invocada, cosa que la parte actora no hizo, por lo cual lo resuelto en primera instancia fue congruente con las pruebas de autos. Afirma que fue el hecho de la víctima el que causó el daño. El bolso fue la causa adecuada y no la falta de servicio.- ------ Se agravia también, de lo resuelto por la Alzada cuando descartó como defensa, que el Sr. A. no presentara síntomas que demostraran su intención de auto eliminarse, ya que este comentario sólo significó un simple dato informativo. Agrega que se ha omitido en la sentencia recurrida, el análisis de los hechos y circunstancias que efectivamente fueron acreditados en autos, como que fue alojado en un calabozo separado de los restantes presos a pedido del interno por seguridad; su comportamiento normal; no tener ningún tratamiento médico, y su autodeterminación de quitarse la vida, entre otros. Efectúa petitorio de estilo.----------- ------ 6.- Los recursos de la parte actora.---------------------------------- ------ Toda vez que los antecedentes de los recursos articulados por los accionantes en ambas presentaciones son prácticamente idénticos, resumiré a los dos juntos a continuación.------------------------------------ ------ Se queja la parte actora porque la sentencia de la Alzada no reconoce los intereses aplicables a las sumas de condena desde la fecha del fallecimiento del Sr. A., sino a partir de su pronunciamiento. Agrega que su pago se debe calcular desde aquel momento por aplicación de lo dispuesto por los arts. 509, párrafo 2° y 634 del CC.---------------------------- ------ Refiere que en el hipotético caso que el decisorio hubiera incluido los intereses en los montos totales que impuso de condena, debió haber aclarado dicha circunstancia y especificar cuánto correspondía a cada uno de dichos conceptos, cosa que no sucedió. Por ello peticiona su cómputo desde el 17 de agosto de 1997.----------------- ------ 7.- Recurso de Apelación Ordinaria de los letrados de la parte actora.-------------------------- ------ Los Dres. M. B. I. y A. A. P. se agravian de la regulación de honorarios porque los tildan de apartados de las normas contenidas en la ley arancelaria y, además, por resultar notoriamente bajos. Señalan que el 11% y 30% fijados para la primera y segunda instancia, respectivamente, no reflejan una adecuada valoración de las tareas desempeñadas por ambos en el proceso. Agregan que el caso planteado en autos no es un tema común, ya que existen muy pocos antecedentes de casos similares, motivo por el cual, lograr la condena del Estado Provincial por el art. 1112, significó una ardua tarea probatoria.--------------- ------ Agregan que sortearon también, un incidente de prescripción y que su actuación completó todas las etapas del juicio con resultado eficaz, al lograr el objetivo propuesto consistente en el progreso de la acción en ambas instancias. Solicitan, en definitiva, que se eleven "sustancialmente" sus aranceles en oportunidad de resolver este agravio.--------------------------------- ------- Corridos los respectivos traslados de los memoriales de cada parte y de los abogados apoderados de la actora, ninguna de ellas los contestó.-------------------------------- ------ 8.- Dictamen del Sr. Procurador General: ------------------------ ------ A fs. 343/345 se agregó el dictamen del Sr. Procurador General Adjunto. Allí, expresó que consideraba acreditados los supuestos de una falta de servicio por parte de los agentes policiales que comprometía la responsabilidad de la accionada en los términos del art. 1112 del CC. También tuvo en cuenta la Ley N° 24.660 de ejecución de penas privativas de la libertad, como las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y las resoluciones del Consejo Económico y Social de la ONU, y de la CIDH, las cuales ponderan la posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad.-------------------- ------ Entendió que el baremo para establecer qué elementos se podían ingresar para los internos, era más alto para el personal de seguridad que para el ciudadano común. Por ello no podían calificarse de inocuas las correas de nylon del bolso que contenía ropa de abrigo (arts. 12 del Decreto N° 1586/82 y 68 de la ley N° 24.660). Concluyó que el Estado Provincial debía responder por encontrarse configurados los recaudos que preveía la norma para atribuir responsabilidad por falta de servicio.------------------------------- ------ En cuanto a la apelación de la actora por el cómputo de los intereses, consideró que el agravio debía ser atendido por cuanto estos últimos eran accesorios del principal, y por ende su cálculo debía tomarse desde la fecha del evento resarcible al tratarse de un hecho delictual o cuasidelictual.------------- ------ Respecto de los honorarios apelados por bajos, entendió que la regulación fijada por la actuación letrada, se apartaba de las pautas arancelarias fijadas por el art. 5º de la Ley XIII N° 4. Por ende propició la admisión del agravio.-------------- ------ A fs. 347/348 contestó el señor Defensor General la vista que le fuera conferida, en la cual, adhiere a las postulaciones del Sr. Procurador General Adjunto antes señaladas.------------------------------- ------ II.- ANÁLISIS: --------------- ------ 1.- Arriban los presentes autos a decisión de esta Sala del Superior Tribunal de Justicia que integro, en virtud de los Recursos de Apelación Ordinaria interpuestos por los actores, sus letrados y la demandada, en contra del decisorio de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, registrado bajo el número 13 del año 2012. La Provincia del Chubut ataca el fallo toda vez que revoca la decisión de Primera Instancia y hace lugar a la demanda promovida por la Sra. B. N. E. por derecho propio y en representación de sus hijos menores, contra la Provincia del Chubut por el fallecimiento de su esposo Sr. M. A. A., mientras se encontraba detenido en la Comisaría Primera de Puerto Madryn.---------------------- ------- Por su parte, la accionante lo apela por el cálculo de los intereses efectuado en el pronunciamiento opugnado, toda vez que no fueron estipulados a partir de la fecha del hecho dañoso. A su tiempo, los abogados apoderados de esta parte, apelaron los aranceles que les fueran regulados por la Alzada, al considerarlos bajos con relación al monto del proceso.--------------------- ------ 2.- En primer lugar es dable señalar que de la lectura de los recursos bajo análisis se advierten cumplidos los recaudos de admisión de la vía intentada, en la medida que se articulan contra una sentencia definitiva emanada de la Cámara de Apelaciones, donde una de las partes involucradas es el Estado Provincial, y el litigio denota la existencia de un evidente "valor económico" en juego.-------------------- ------ Así, habré de principiar mi análisis, con el tratamiento del recurso de la demandada ya que su admisión o rechazo, incidirá en el resultado definitivo de las restantes apelaciones.--------------------------- ------ 3.- La queja principal de la accionada se centra en sostener que no existe responsabilidad estatal en los hechos acontecidos, tal como lo determinara la Juez de la instancia de grado, en los términos del art. 1112 del Código Civil. Sostiene que la responsabilidad del Estado quedó neutralizada por haberse configurado en autos una conducta reprochable a la propia víctima, de manera exclusiva (art. 1111 de dicho cuerpo legal). Es menester entonces analizar si hubo o no irregularidades en el actuar, o en el dejar de hacerlo, que atribuidas a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus tareas, pudieron generar responsabilidad del Estado o no.----- ------ Sobre este tema la Corte Suprema ha indicado que quien contrae la obligación de prestar un servicio público, debe hacerlo en condiciones adecuadas en pos de llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o ejecución irregular (Confr.: Fallos, 315:1892; 320:1999; 329:3065; 330:2748, entre otros).-------------------------------- ------ Esta idea objetiva de falta de servicio -sea por acción u omisión-, se funda precisamente, en la doctrina del art. 1112 del Código Civil, y refleja una responsabilidad extra contractual del Estado en el ámbito del derecho público que no necesita echar mano de lo dispuesto por el art. 1113 del Código Civil -por no tratarse, la comprometida, de una responsabilidad indirecta-, toda vez que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, el que debe responder de modo principal y directo por las consecuencias dañosas (Confr.: Fallos, 306:2030; 331:1690).----------------------------- ------ En doctrina se ha discutido si la responsabilidad establecida en esta norma es de tipo subjetivo, es decir, si debe mediar culpa por parte del funcionario público en los términos del art. 512 del CC para que surja el deber de reparar del Estado, pero la jurisprudencia de nuestro Cimero Tribunal ha zanjado esta cuestión. Así, ha dicho que en la falta de servicio no se lleva a cabo un juicio de valor sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación del servicio, y, por ello, la responsabilidad involucrada no es subjetiva, sino objetiva (Confr.: CSJN, Fallos, 330:653).-------------- ------- Para que se configure el deber de reparar por parte del Estado, deben constatarse entonces, los siguientes elementos atributivos de responsabilidad civil: a) cumplimiento irregular de las funciones asignadas, ya referido supra; b) que cause un daño durante su ejercicio por acción u omisión, y c) existencia de un factor de atribución (Confr.: "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", A. BUERES - E. HIGHTON", Tº 3 A, Ed. HAMMURABI, año 1999, pág. 453; CSJN, Fallos, 328:2546).---------- ------ 3. a) Dicho esto considero oportuno mesurar cuál es el alcance del deber de custodia y seguridad del Estado (en el caso de autos, dentro de una comisaría), para determinar si se configuró o no, el primero de los elementos antes enunciados, y advierto, de inmediato, que toda la actividad relacionada con la detención de personas, el sistema carcelario y las obligaciones del personal que se desempeña en dichos lugares, se encuentra legislada y debidamente reglamentada.---- ------ La primer norma que se refiere al tratamiento de los presos en los sistemas carcelarios es la Constitución Nacional en su art. 18. Esta disposición es de carácter operativo, y expresamente dispone que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Este deber se extiende a todos los lugares de detención, y por ende, abarca a las comisarías. De rango constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en su art. 5º el derecho de todo ser humano a que se respete su integridad física, psíquica y moral; donde la pena privativa de libertad debe tener como finalidad esencial la reforma y readaptación del condenado y no su castigo. Esta convención impone en su art. 2º la obligación de los estados firmantes de dictar normas internas que permitan el cumplimiento de sus disposiciones.---------------------------- ------ El art. 22 de nuestra Constitución Provincial indica que los derechos y libertades que se reconocen en la CN y en la local, deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia, aprobados por nuestro país. Por su parte, el art. 51 es el que establece el deber de seguridad del Estado respecto de la custodia de sus presos con similares ribetes a los del art. 18 de la Carta Magna, al indicar que los lugares de detención deben ser seguros, sanos y limpios y constituyen centros de recuperación y trabajo.---------------------------- ------ Es decir, aunque no mediara reglamentación particular, existen normas de rango superior que nos ilustran respecto de la indubitable obligación de garante que tiene el Estado en la custodia de las personas detenidas en sus establecimientos carcelarios, y que revisten el carácter de operativas.-------------------------- ------ Pero he aquí, que hay legislación específica, tal como lo refirieron los Sres. Camaristas en sus votos. Así, la Ley N° 24.660, en consonancia con la normativa constitucional, establece en su art. 58 que: "El régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar psicofísico de los internos. Para ello se implementarán medidas de prevención, recuperación y rehabilitación de la salud y se atenderán especialmente las condiciones ambientales e higiénicas de los establecimientos".----------------- ------ A nivel local, se dictó el Decreto XIX Nº 1568/82 que en su art. 4°, inc a) impone a la policía local la obligación de bregar por la seguridad exterior y de custodia de los recluidos, dentro y fuera del establecimiento. Es decir, existe concordancia con las disposiciones nacionales sobre el tema. Pero además, y en lo que aquí interesa, el art. 71 de esta última reglamentación, prohíbe de manera expresa, que los familiares de los internos, introduzcan objetos personales, ropas y otros elementos sin autorización previa, debiendo -en su caso-, depositarlos en la guardia. Y el art. 72 establece la obligatoria revisión a los visitantes antes de encontrarse con los reclusos, siempre que no desistieren de la visita.----------------- ------ Estas reglas que acabo de referir, son precisas con respecto a la modalidad de las tareas que deben desempeñar los custodios en los establecimientos carcelarios provinciales, motivo por el cual considero que fue acertada la decisión tomada por los señores Camaristas en el pronunciamiento recurrido. Es indudable que la policía no actuó en forma diligente para cumplir con la protección física del detenido cuando permitió el ingreso de un elemento extraño, cuyas partes integrantes -las correas-, sirvieron para provocar el suicidio, ya sea porque lo autorizó en forma expresa o porque no cumplió con su obligación de revisar qué cosas se le entregaban a aquél.----------------- ------ Poco importa saber cómo ingresó dicho elemento al calabozo del interno (sea por la familia del recluso o por el personal policial a cargo), lo cierto es que no mediaron contradicciones de las partes en cuanto a que este hecho ocurrió.---- ------ Esta falta u omisión en el actuar policial se evidencia al constatar las fotografías de fs. 34/36 de la causa penal agregada a estos autos, ya que el mentado bolso, se encontraba en el calabozo del occiso sin las correas de nylon que se utilizan, habitualmente, para llevarlo en la mano o en el hombro, y que fueron las usadas por el Sr. A. para quitarse la vida. Cabe resaltar que estas últimas, pudieron, además, servirle para lastimar a otros internos o al personal policial, por ello su ingreso no podía escapar al control de los guardias. Este descuido u omisión en el deber de obrar, configura el incumplimiento a la función de custodia de un preso en cuanto significa "velar por la seguridad de las personas sometidas a proceso procurando que el régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus condiciones morales, su educación y su salud física y mental" (art 18 de la CN). Por ello considero que dicha inobservancia sirve de suficiente sustento jurídico para configurar la falta de servicio, que obliga al Estado a responder por los daños causados en los términos del art. 1112 del CC.--------------------------------------- ------ Cabe agregar que este incumplimiento no fue neutralizado por la accionada, quien no acreditó en autos, ni lo logra en su recurso, que la policía hubiera actuado diligentemente al requisar los objetos ingresados en los calabozos y, en general en las tareas de control rutinarias a su cargo.------------------- ------ 3. b) El segundo de los elementos constitutivos de responsabilidad indemnizable es el daño sobre el cual no habré de extenderme en la medida que se trata de un hecho fáctico que se produjo con la muerte del recluso, conforme constancias de autos.------ ------ 3. c) Resta analizar entonces, si hubo nexo causal adecuado en la producción del resultado disvalioso que obligue al Estado Provincial a responder por el perjuicio reclamado en la demanda. De lo actuado en sede penal, se desprende que el deceso del recluso se produjo por ahorcamiento mediante el uso de una correa de nylon formada por la unión de dos tiras que fueron extraídas del bolso que el occiso tenía en el calabozo, con sus efectos personales (ver informe forense glosado a fs. 26/27 y la vista del Procurador Fiscal Interviniente de fs. 52 y vta. de los autos referidos). Es decir, dos hechos quedaron claros y establecidos: que fue el propio interno quien se quitó la vida y que lo hizo con las manijas del bolso que le fuera entregado con ropa de abrigo en su interior.----------------- ------ De lo expuesto se infiere que con las manijas del bolso se causó el evento dañoso. No resulta relevante en esta instancia la queja de la demandada apelante al agraviarse que el fallo de la Alzada partió de premisas erróneas cuando consideró que el elemento usado por el interno para auto eliminarse fue una correa de 1,50 mts., y no una tira formada por dos correas de 50 cms. cada una. Lo cierto es que con las cintas del bolso se llevó a cabo el trágico suceso, cuestión no controvertida y por lo tanto, firme para las partes.-------------------------- ------ Y este nexo causal no fue objeto del debido reproche por parte de la accionada. Si bien invocó la culpa de la víctima como eximente para no responder por el daño producido, no probó que la conducta del Sr. A. fuera imprevisible e inevitable, propia del caso fortuito o de la fuerza mayor, cuando era su carga demostrarlo en forma clara y contundente para exonerar de responsabilidad (Confr.: Corte Suprema de Mendoza, Expte.: 99565, "P.E.E. en J° 108.593/31.867 P.E.E. c/ G.P.M. y Ot. p/ Ord. s/ Apelación s/ Inc. Fecha: 31/03/2011, Sala N° 1).------------------------------------- ------ No alcanza con decir que el suicidio se hubiera producido de todas maneras mediante el empleo de una sábana o de una camisa, porque más allá de tratarse de una mera suposición, constituye una obligación reglamentaria la de proveer los equipos de interno a los reclusos (art. 15, 16 y concordantes del Decreto XIX N° 1568/82) y, en consecuencia, si el elemento utilizado hubiera sido alguno de los entregados conforme al reglamento, la solución del caso correría otra suerte. Configurada la falta al deber de seguridad del Estado al autorizar el ingreso de un elemento ajeno al habitat de los calabozos, y no probada la eximente del art. 1111 del Código Civil, se encuentran reunidos los presupuestos de la indemnización reclamada en autos y por estos fundamentos, propongo al Acuerdo rechazar en todas sus partes el recurso de Apelación Ordinaria articulado por la demandada, con costas a la parte vencida conforme el principio general del art. 69 del CPCC. ASÍ LO VOTO.---------- ------ 4.- Confirmado el decisorio de la Alzada por los fundamentos que anteceden, deviene procedente continuar con el análisis de los restantes recursos articulados. Abordaré ahora, el agravio de los actores respecto del cálculo de los intereses, quienes se quejan porque en el fallo opugnado, no se los fijó a partir de la fecha del fallecimiento del Sr. A. como entienden hubiera correspondido. Solicitan que se revoque el decisorio para que se establezca su cómputo a partir de dicho momento.--------------------- ------ En materia de intereses derivados de daños producidos por supuestos como el de autos, su cálculo se debe efectuar desde el momento en que tuvo lugar el evento dañoso dado el tipo de responsabilidad en juego. La Corte Suprema ha sostenido que para el caso específico de indemnizaciones reconocidas por aplicación del art. 1112, se deben calcular a partir de la fecha de producción del evento reprochable (Confr.: CSJN, Fallos, 334:376) y que: "Los intereses devengados por la condena dispuesta a raíz del fallecimiento de un recluso deben calcularse, a partir de la fecha del deceso y hasta el efectivo pago, a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento" (Confr.: CSJN, Fallos, 326:1269).--- ------ Como sostuve en oportunidad de emitir mi voto en la SD Nº 5/SROE/2005, en materia de daños derivados de un hecho ilícito impera el principio de reparación integral y por este motivo, la indemnización incluye el pago de intereses, que previene los perjuicios ocasionados por la demora en obtenerla; y comienzan a correr a partir de la fecha en que aquél tuvo lugar. Sólo así, se logra colocar al damnificado en las mismas condiciones que hubiera estado al recibir la reparación en el momento en que sufrió el daño.-------------------------- ------ En autos la Alzada fijó el monto del proceso al momento de su pronunciamiento, por lo que estableció que la mora comenzaba a contarse a partir de los diez días siguientes de quedar firme dicho resolutorio. Coincido con los actores en punto a que los intereses deben computarse a partir del momento en el cual se produjo el daño, en la especie, el 17 de agosto de 1999, fecha de fallecimiento del Sr. A. ya que no se ha esbozado algún fundamento por parte de los sentenciantes que justifique apartarse del principio de reparación integral, ni surge de los considerandos que los intereses se hubieran incluido en el cálculo de los montos finales de condena.------------------ ------ Por los fundamentados dados "supra", propongo al Acuerdo hacer lugar al agravio de la parte actora con respecto al plazo en que ha de principiar el cálculo de los intereses fijados respecto del monto de condena. ASÍ LO VOTO.--------- ------ 5.- Por último, resta tratar el agravio de los letrados de la accionante, quienes apelaron por bajos los honorarios que le fueron regulados en las instancias anteriores. Refieren que los mismos no se adecuan a las pautas arancelarias previstas por la Ley XIII Nº 4.-------- ------ En el caso bajo examen, toda vez que la condena en costas está a cargo del Estado Provincial vencido, corresponde tratar el Recurso de Apelación Ordinaria de los abogados, precisamente, porque se cuestiona el monto de la regulación de honorarios efectuada a su favor, y una eventual modificación de dichos importes, generará indudables consecuencias para las arcas fiscales.--------------------------------------- ------ Los profesionales M. B. I. y A. A. P., sustentan su queja en lo bajo que resultaron sus emolumentos, teniendo en cuenta la escasez de antecedentes del tema sometido a la jurisdicción, además de haber resultado vencedores en ambos pronunciamientos (de primera y segunda instancia). Agregan que sortearon también favorablemente, un incidente de prescripción.--- ------ La regulación de honorarios profesionales no depende exclusivamente del monto del juicio y de las escalas dispuestas en la ley de aranceles sino de un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos que deben ser evaluadas por los jueces y entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, de manera de arribar a una solución justa y mesurada acorde con las circunstancias particulares de cada caso (Confr.: CSJN, Fallos, 329:94, "D.N.R.P. c/ VIDAL de DOCAMPO, Clara Aurora s/ ejecución fiscal -inc. de ejecución de honorarios", 14/02/2006).-------------------------------------- ------ Si bien su análisis y consiguiente cuantificación corresponde al juez de la causa, advierto que la calidad, envergadura y eficacia de los trabajos profesionales desarrollados por los letrados actuantes en el proceso, no ha sido ponderada adecuadamente en relación al resultado satisfactorio obtenido en el juicio. El mínimo de la escala arancelaria se aplica para supuestos de menor cuantía, por lo que considero bajos los emolumentos regulados para la instancia de origen, y por ende, corresponde elevarlos.----------------- ------ No dejo de advertir que la demandante no obtuvo la condena por el total de los montos reclamados en el juicio, pero el resultado obtenido, la convirtió en la parte vencedora. Además, la suma total de condena ha sido importante por lo que juzgo atendible la queja efectuada, y por ende, corresponde incrementar los emolumentos fijados para la instancia de origen, los que ascenderán al 16% del monto del juicio, con más el IVA correspondiente.------------------------ ------ Cabe aclarar que no incide en este decisorio lo dicho respecto del éxito obtenido en la incidencia de prescripción sorteada, ya que conforme se desprende de la SI Nº 15/03 (fs. 95/96 vta.), se le reguló al Dr. P. el 2,25% del monto definitivo de condena. Este fallo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones de Trelew, mediante SI N° 117/03 (fs. 109/110). Es decir, su actividad profesional por dicha tarea, fue debidamente cuantificada y no ha sido modificada por la sentencia opugnada, por lo que en nada puede influir en el pronunciamiento que se cuestiona.--- ------ En cuanto a las sumas reguladas por su actuación en la instancia anterior, advierto que no se ha respetado la manda del art. 13 de la Ley XIII Nº 4, que expresamente fija el máximo previsto de la escala (35%), cuando como resultado de la apelación, se logra revocar el decisorio de grado en todas sus partes. Los Camaristas no explicaron por qué se apartaron de dicho límite legal y toda vez que la norma es clara y precisa, corresponde modificar el porcentaje establecido por la actividad profesional desarrollada en la Alzada. Dicho esto, fijo los honorarios de los letrados en forma conjunta, en el 35% de los que les fueron regulados en la instancia de origen, con más el IVA si correspondiere.------------------------ ------ Por los fundamentos que anteceden propongo al Acuerdo hacer lugar al presente agravio, con costas a la demandada vencida. ASÍ LO VOTO.----------------------------------- ------ A la primera cuestión el Dr. José Luis PASUTTI dijo: ----------- ------ 1.- Tal como se desprende de la lectura de los antecedentes del caso, se han articulado tres recursos de Apelación Ordinaria contra la SD Nº 13/2012 dictada por la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn. Por una parte, la Provincia del Chubut pretende revertirla, en su totalidad, porque hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios entablada por la Sra. B. N. E. y sus hijos, ante la muerte de M. A. A. ocurrida en la Comisaría Primera de Puerto Madryn. Los demandantes se agravian, en cambio, de la fecha a partir de la cual la Cámara fija el cálculo para los intereses; y los letrados apoderados de estos últimos, apelaron por bajos los honorarios que les fueran regulados en ambas instancias.------ ------ Si bien se observa una diversidad de cuestiones planteadas por las partes del juicio, resulta procedente la admisión de todas ellas, en la medida que se encuentran reunidos los recaudos fijados por la norma en el art. 257 del CPCC y 32 inc. 7° de la Ley V N° 3, como ya hiciera referencia el Sr. Ministro que me precediera en el voto.---------- ------ Considero oportuno señalar, asimismo, que ha sido atinado iniciar el análisis del recurso de la Provincia del Chubut en primer término, pues su intención es revocar el fallo de la Alzada, al que ataca en su totalidad, en tanto que los restantes apelantes, cuestionan aspectos puntuales que consideran contrarios a sus intereses. Por este motivo seguiré el mismo orden del Dr. CANEO.--------------------------- ------ Tal como han sido relatados los antecedentes del caso, a los cuales me remito por razones de brevedad, el pronunciamiento opugnado determinó la existencia de responsabilidad del Estado por omisión en la conducta de sus agentes en los términos del art. 1112 del Código Civil, motivo por el cual, la demandada recurrente ataca los fundamentos en los cuales se sustenta este decisorio y pretende hacer valer la eximente del art. 1111 del mismo cuerpo legal.------------------- ------ Definido entonces el nudo central de la discusión, observo que de las pruebas de autos se desprende que el día 17 de agosto de 1999 el Sr. A. se quitó la vida mediante el uso de una correa de nylon que formó al unir las manijas de un bolso que se encontraba en su poder, las que ató a las rejas del calabozo en el que estaba detenido desde hacía aproximadamente un mes. Sobre este hecho no existe controversia ya que ha sido reconocido por ambas partes del juicio, por lo que es necesario indagar saber sobre quién recae el compromiso resarcible por el suceso dañoso.------ ------ Para que se configure la responsabilidad del Estado por un acto ilícito debe acreditarse una falta de servicio que ocasione un daño, cuya relación causal resulte directa entre la conducta -por acción u omisión- de aquella y el perjuicio reclamado. Así quien contrae la obligación de cumplir una misión -en el caso, respecto de la policía de guardia de la comisaría- lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y debe responder cuando incumple dicha carga (Confr.: CSJN, Fallos, 325:1277; 329:3065). Se trata de una obligación de tipo extra contractual, que compromete la responsabilidad del estado en forma directa por la actividad propia de sus órganos. La idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación vía subsidiaria del art. 1112 del CC que establece un régimen de obligaciones por los actos u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las cargas legales que les están impuestas (Confr.: CSJN, "VADELL, Jorge Fernando c/ Provincia de Buenos", Fallos, 306 vol. II, pág. 2030).------ ------ Así, acreditada la falta en el obrar exigible a los funcionarios policiales, se configura la causal del art. 1112 antes referido. En el caso bajo examen, los Sres. Camaristas, después de llevar a acabo un pormenorizado análisis de las normas en juego -tanto constitucionales, como nacionales y provinciales-, concluyeron que se había configurado dicha falta al haberse omitido dar cumplimiento a las normas legales que regulan la actividad de los custodios de personas detenidas.-------------------------------- ------ Coincido con lo allí decidido pues las prestaciones desarrolladas por los servicios penitenciarios y/o comisarías, constituyen una actividad que se encuentra debidamente regulada. Así, en el orden local, el art. 71 del Reglamento de Alcaidías de Policía, refiere que: ". los visitantes no podrán introducir.. y otros elementos sin autorización previa debiendo éstos ser depositados en la guardia.". La prohibición es tajante, el elemento "bolso" no debió ser entregado al detenido, por lo que su ingreso se produjo por la omisión de cumplir con la norma, ya que fue expresamente consentido por los encargados de velar por el cumplimiento de esta disposición. Por este motivo, los fundamentos de los Dres. FIORDELISI y VIVAS no son baladíes en la medida que su propósito fue poner en evidencia el escaso o ausente acatamiento a las disposiciones contenidas en el capítulo XI (Régimen de visita) del Dto. XIX N° 1568/82, concretamente el referido art. 71.-- ------ Este hecho tampoco fue controvertido por las partes, es decir, no se discutió que el bolso ingresó. Sólo medió discrepancia respecto a la forma en que fuera introducido (por los familiares o los guardias), pero sin que la recurrente pudiera demostrar que esa conducta estaba permitida a los responsables de las celdas y que por ende, estos últimos hubieran dado cumplimiento estricto a las prescripciones reglamentarias vigentes. Es que el artículo citado estatuye una diligencia concreta que no deja opciones al libre albedrío respecto de la conducta a seguir, porque los policías debieron analizar o tener sumamente en cuenta la peligrosidad de los elementos que entregaban a los internos dada la regulación legal antes indicada, de donde un bolso con manijas de nylon no podía quedar ajeno a su evaluación. La manda del decreto reglamentario es contundente: si el hecho prohibido tuvo lugar, ergo, el incumplimiento al deber de actuar, también.--------- ------ Y esta normativa específica, no hace otra cosa que dar respuesta concreta al cumplimiento del deber de seguridad previsto por la Constitución Nacional donde se impone que las cárceles deben tener como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los presos detenidos en ellas. Esta manda es de carácter operativo y obliga al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, a dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva, la adecuada custodia, que se manifiesta también, en el respeto de sus vidas, salud e integridad física (Confr.: CSJN, Fallos, 318:2002).------------------------------- ------ Es por ello que los argumentos invocados por la demandada no alcanzan para refutar este sólido pilar sobre el que se sustenta el fallo, y resultan ineficaces para modificarlo, por lo que su agravio en este punto, no ha de prosperar.------------- ------ 2.- Como viene de decirse, el bolso que no debió ingresar, le sirvió al recluso para quitarse la vida o facilitó dicho desenlace, lo que configuró el nexo causal insoslayable para atribuir la responsabilidad al Estado Provincial por el daño causado. Para derribar este fundamento la accionada tenía la carga de demostrar que el hecho se hubiera producido igual y que la culpa de la víctima fue la única causante del desenlace dañoso, al apoyar su defensa en la eximente prevista por el art. 1111 del CC, cosa que no sucedió. Ello así porque no logró acreditar que el objeto ingresado (bolso de mujer) pudiera considerarse parte integrante del lugar natural del calabozo o que el mismo no hubiera constituido el utensilio indispensable para llevar a cabo el suicidio.------------------------- ------ Acá me permito traer a colación las palabras volcadas por el Procurador General en el caso "MANZONI", que después la Corte Suprema hizo propias, dada la similitud que guarda dicho supuesto con la materia de este juicio. Dijo el Dr. Ricardo O. BAUSSET: "En efecto, más allá de las presunciones efectuadas por el juzgador para sustentar la exclusiva responsabilidad por el daño en el actuar de la víctima, referidas, por ejemplo, a que aún de no haber contado con el cordón con el que se quitó la vida se hubiera arribado al mismo resultado, o que el suicidio no es un acto normal dentro de las comisarías, o que no se acreditó que el oficial de guardia haya conocido el comportamiento suicida del detenido, lo cierto es que no evaluó adecuadamente, si la demandada tuvo a su alcance la posibilidad de evitar la muerte del detenido, como tampoco la obligación legal del personal policial de adoptar las diligencias necesarias para resguardarlo, tal como controlar la entrada en el calabozo de objetos que pudieran ocasionar daños a los detenidos o a terceros" (Confr.: CSJN, Recurso de Hecho, "MANZONI, Juan Carlos y LÓPEZ, Norma María c/ Gobierno de la Provincia de Jujuy, Procuración General de la Nación, Buenos Aires, 1 de junio de 2004,.- ------ Expresó también, que debía descalificarse la sentencia, apoyada sólo en presunciones del juzgador sobre la conducta de la víctima y del personal policial. Enfatizó que un "... principio constitucional impone que las cárceles tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ellas, proscribiendo toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija (art. 18 de la Constitución Nacional) (...) e impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral" (Confr.: Fallos: 318:2002, consid. 31).M. 3804. XXXVIII.).- ------ A mayor abundamiento es dable señalar lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante Resolución del 18/06/05. Si bien el caso sometido a su consideración se refería a un supuesto de mayor gravedad que se originó en el servicio penitenciario de Mendoza (unidad Gustavo André), reiteró al Estado Nacional "la necesidad de disponer de las medidas provisionales" que fueran necesarias para proteger eficazmente la vida e integridad de todas las personas privadas de libertad.-------- ------ Por los fundamentos expuestos, concluyo que la omisión en el control del ingreso del bolso al calabozo del interno, configuró la responsabilidad prevista por el art. 1112 del Código Civil, sin que pueda aplicarse la eximente del art. 1111, en tanto los encargados de la custodia del Sr. A. no extremaron las prevenciones a su cargo para protegerlo de los daños provenientes de si mismo. Así, el fallo cuestionado ha sido dictado de acuerdo a la legislación vigente, aplicada a los hechos concretos de autos acreditados en la etapa procesal pertinente, por lo que propongo al Acuerdo el rechazo del Recurso de Apelación Ordinaria de la Provincia del Chubut y por ende, la confirmación de la sentencia opugnada en cuanto ha sido materia de los agravios analizados. ASÍ LO VOTO.---------------------- ------ 3.- La parte actora ataca la fecha de inicio en el cómputo de los intereses moratorios, toda vez que la sentencia de la Alzada los fijó a partir de quedar firme dicho pronunciamiento. Este tema ha sido tratado por esta Sala con anterioridad en la SD N° 10/SROE/12, donde sostuve, al emitir mi voto, que: ".en materia de daños derivados de un hecho ilícito impera el principio de reparación integral y los intereses, en todo caso, deben liquidarse desde la fecha del acaecimiento del mismo. La indemnización debida, debe ser acompañada por el pago de intereses, que tienen como función esencial asegurar al acreedor la reparación integral a que tienen derecho, evitándole el mayor perjuicio que pudiera significarle la demora en obtenerla. Estos intereses comienzan a correr a partir de cada perjuicio, y con ello se logra colocar al damnificado en las mismas condiciones que estaría si hubiese recibido la reparación en el momento en que sufrió el daño".----- ------ Y es que el principio de la reparación plena constituye un arbitrio interpretativo de jerarquía constitucional al que se acude para fundamentar la determinación del daño, por un lado, y su cuantificación por el otro. Ello repercute en la existencia y extensión del menoscabo a la persona en su total dimensión, el que es indemnizable intrínsicamente, aún con prescindencia de su aspecto laborativo o lucrativo (Confr.: Jorge Mario DADLOS, "Otra vez sobre los daños a las personas en la Provincia de Buenos Aires", Rev. De Dcho. de daños, Ed. RUBINZAL - CULZONI, 2005, pág 95).---------- ------ La reparación de los daños derivados de un hecho ilícito como ocurre en el caso bajo análisis, no puede soslayar incluir los intereses desde el momento en que el daño tuvo lugar, ya que "es la tesis que mejor se compadece con la idea de indemnización integral que inspira en esta materia a nuestra legislación" (Confr.: SCBA, Ac 40669 S 12-9-1989; Ac 78556 S 20-12-2006 y C 99066 S 11-5-2011).--------------- ------ La Cámara al disponerlo de modo distinto, sin dar explicaciones adecuadas para tal decisión o qué motivos específicos justificaban dicho proceder, se apartó del principio general antes indicado, y es por ello que, en concordancia con el criterio que este Cuerpo viene sosteniendo sobre el tema, propongo hacer lugar al agravio con respecto al plazo en que ha de principiar el cálculo de los intereses fijados para el reajuste del monto de condena, los que comenzarán a computarse desde la fecha de fallecimiento del Sr. A.. ASÍ LO VOTO.------ ------ 4.- Resta analizar si resulta viable la queja de los letrados de la actora que cuestionan el monto de los honorarios que les fueran regulados por su tarea profesional en las instancias anteriores, a los que consideran bajos y apartados de las pautas arancelarias vigentes. Indican que el mínimo que les fuera atribuido no ha ponderado el trabajo realizado en su extensión, calidad y resultado.--------------------- ------ En esta materia existe un amplio margen de razonable discrecionalidad judicial para su fijación, y es el juez de la causa quien determina sus parámetros para hacerlo. Pero este principio admite excepciones cuando lo resuelto no guarda relación con las constancias del expediente y las normas legales aplicables (Confr.: CSJN, Fallos, 314:1305).------------------------------- ------ Dicho esto, considero oportuno diferenciar las distintas etapas del juicio puesto que coincido con lo resuelto por el Dr. CANEO en cuanto a que los porcentajes establecidos en el fallo que aquí se cuestionan, no reflejan la labor desempeñada por los abogados apoderados de la parte actora a lo largo del proceso, y además, no se respetó el mínimo previsto por la legislación respectiva.------------------ ------ Cuando los Sres. Camaristas readecuaron la carga en costas y los porcentajes de honorarios a favor de los profesionales intervinientes, no se apartaron de las pautas del art. 6 de la Ley XIII N° 4, pero aplicaron el mínimo allí establecido para los correspondientes a la instancia de grado. Si bien manifestaron valorar la índole de las tareas y el resultado obtenido, no advierto que hayan ponderado debidamente, el logro de revertir un fallo adverso. Tengo en cuenta para esta conclusión que el 11% establecido como tope mínimo del arancel, está previsto para juicios de menor gravitación económica, o de escasa actividad procesal o probatoria.----------------------------------- ------ El desempeño de los profesionales en el caso de autos, no puede ser equiparada con esta proporción mínima ya que su actividad a lo largo del proceso no se compadece con esta idea. Si bien el monto definitivo de condena resultó menor al oportunamente reclamado en el libelo de inicio, la parte logró una suma considerable en concepto de indemnización patrimonial y extramatrimonial. Este reconocimiento, tuvo lugar después de la actividad desplegada en el proceso para revertir el primer decisorio, que rechazó la demanda en todas sus partes.------------------------------------ ------ Este menoscabo permite descalificar la decisión de la Cámara, que, con la sola mención normativa y la alusión de pautas de extrema generalidad como las empleadas al efectuar la regulación de los honorarios, no permiten inferir cuál es la alícuota establecida o de qué forma se ha valorado la labor profesional como retribuida, ni si correspondía prescindir totalmente de los agravios alegados por las partes (Confr.: CSJN, Fallos, 314:904, "CAEIRO, Verónica c/ DALLE NOGARE, Renato", 27/08/1991). Así, estimo adecuado fijar el porcentaje para la labor conjunta de los abogados apoderados de la actora por su actuación en la instancia de origen, en un 16% del monto del juicio, con más el IVA respectivo si correspondiere.------------------ ------ En cuanto a los montos establecidos por el trabajo desarrollado en la Alzada, la normativa no se ha cumplido ya que el art. 13 de la ley arancelaria, expresamente establece que cuando se revoca la sentencia de grado en todas sus partes, corresponde regular los honorarios en el 35% de los que fueran fijados a su parte en la instancia de grado.------- ------ Por ende, si los Sres. Camaristas los fijaron en un 30%, corresponde corregir el yerro en el que incurrieron y establecerlos en el máximo previsto para estos supuestos, por lo que propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de los letrados apoderados de la actora, elevando los emolumentos de Primera Instancia para los Dres. M B. I. y A. A. P., al 16% del monto del juicio; y fijar los de la Alzada en el 35% de los que les fueran regulados a su parte por la instancia de origen. Costas a la demandada vencida (art. 69 del CPCC), con más el IVA si correspondiere. ASÍ LO VOTO.-------- ------ A la segunda cuestión el Dr. CANEO dijo: ------------------------ ------ Conforme he votado la primera cuestión propongo al Acuerdo: 1º) Rechazar, en todas sus partes, el recurso de Apelación Ordinaria articulado por la Provincia del Chubut; 2º) Hacer lugar al Recurso de Apelación Ordinaria articulado por las actoras B. N. E., A. L. A., C. K. A. y M. A. A., y revocar la sentencia de segunda instancia en materia de intereses, los que se calcularán desde la fecha de fallecimiento del Sr. M. A. A.; 3°) Hacer lugar al Recurso de Apelación Ordinaria articulado por los letrados de la parte actora; 4º) Modificar los honorarios profesionales regulados a los Dres. M. B. I. y A. A. P., letrados apoderados la de los actores, y fijarlos en forma conjunta, en el 16% del monto del juicio para la instancia de origen; y por su actuación letrada ante la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, en forma conjunta, en el 35% de los que le fueran estipulados a su parte en la instancia de grado; 5º) Fijar las costas de esta instancia a la demandada vencida, conforme el principio general del art. 69 del CPCC; 7º) Regular los honorarios profesionales de la Dra. M. B. I. en el 35% de los que les fueran fijados a su parte en la primera instancia, y los del Dr. A. F. V. P., en el 25% calculados de la misma manera, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 2° de la ley arancelaria (arts. 2, 5, 6 bis, 7, 8, 9, 13 y 46 de la Ley XIII N° 4). Todos con más el IVA si correspondiere.---------------- ------ A la misma cuestión el Dr. PASUTTI dijo: ------------------------ ------ Conforme he votado la primera cuestión coincido con el Sr. Ministro preopinante con la solución dada a la segunda cuestión. ASÍ LO VOTO.---------------------------- ------ Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente: --------------------- ----------------------------- S E N T E N C I A: ------------------------------ ------ 1º) RECHAZAR el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la Provincia del Chubut en todas sus partes.---------------------------- ------ 2º) HACER LUGAR al Recurso de Apelación Ordinaria articulado por los actores, obrante a fs. 322/324 vta. y 325/327 vta., en cuanto ha sido materia de agravio.--- ------ 3º) HACER LUGAR al Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por los letrados de la parte actora, Dres. M. B. I. y A. A. P..--------------------------------------- ------ 4º) MODIFICAR los honorarios profesionales regulados a los Dres. M. B. I. y A. A. P., letrados apoderados la de los actores, y fijarlos en forma conjunta, en el 16% del monto del juicio para la instancia de origen; y por su actuación profesional ante la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, en forma conjunta, en el 35% de los que fueran regulados a su parte en la instancia de origen. Todos con más el IVA si correspondiere.------------ ------ 5º) IMPONER las costas de esta instancia a la demandada vencida (art. 69 CPCC).--------------- ------ 6º) REGULAR los honorarios profesionales de la Dra. M. B. I. en el 35% de los que les fueran fijados a su parte en la primera instancia, y los del Dr. A. F. v. P., en el 25% calculados de la misma manera, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 2° de la ley arancelaria (arts. 2, 5, 6 bis, 7, 8, 9, 13 y 46 de la Ley XIII N° 4). Todos con más el IVA si correspondiere.-------------- ------ 7º) REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.----------------------- ------ La presente sentencia se dicta por dos Miembros del Tribunal en virtud de encontrarse ausente, en uso de licencia, el Sr. Ministro Dr. Fernando Salvador Luis ROYER y haber concordado en la solución del caso sendos votantes (art. 28 Ley V Nº 3).------------------------------ Fdo. Dr. José Luis PASUTTI-Dr. Daniel Luis CANEO.------------------ RECIBIDA EN SECRETARIA EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2.013	REGISTRADA BAJO S. D. N° 01 S.R.O.E./2013 CONSTE.