marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Libertad condicional, reincidencia, Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, Alfredo Francisco s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-15

Corresponde anular la concesión de la libertad condicional efectuada sin contar con un informe actualizado del Registro Nacional de Reincidencia, pues si bien el interno habría estado detenido hasta la concesión de la libertad anticipada, ello no permite descartar con seguridad la comisión de algún otro delito. La disidencia sostuvo que no existe manera de que el causante haya sumado antecedentes y que si el fiscal no se hizo cargo de demostrar la pérdida de vigencia de los certificados tenidos en cuenta no es posible concluir que el magistrado de ejecución haya inobservado el cumplimiento del art. 507 CPPN. (Dres. Mitchell -disidencia-, Catucci y Riggi).
Trata de personas, Internet, competencia por el territorio, lugar del hecho
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: NN s/ promover la prostit. (art. 127 bis) mod. ley 25.087 (sustituido conf. art. 23 ley 26.842)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-02

La competencia penal "ratione loci" se establece atendiendo al lugar donde se ha consumado el delito, por lo que toda vez que el magistrado provincial admite que el número telefónico publicado en uno de los anuncios de oferta sexual en un sitio de internet exhibe la característica correspondiente a su jurisdicción -a la que también se refiere el título de la publicación y el propio nombre del sitio web-, corresponde de conformidad con el principio de territorialidad -art. 37 del Código Procesal Penal de la Nación- a la justicia provincial conocer en las actuaciones y no al juez nacional Del precedente "Zalazar, Roque s/ abuso sexual" -CSJ 756/2010 (46-C)-, resuelta el 8/2/2011-, al que la Corte remite
Recurso contencioso administrativo, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BALMA, ANGEL ALFREDO CANDIDO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION    ADMISIBILIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-05

No obstante que los actores interpusieron recurso en esta sede a los 18 días de la notificación del acto que denegó el reclamo en sede administrativa, la presentación de la demanda fue tempestiva por lo que corresponde declarar su admisibilidad-, dada la aplicabilidad al presente del artículo 5 de la ley 7234, según los fundamentos de esta Presidencia en A y S t 93 p 175.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, Constitución Nacional, empleados públicos, exceso ritual manifiesto, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Sosa, Israel c/ Gobierno de la Provincia (San Luis). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-11

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda promovida con el objeto de que se declarase la inconstitucionalidad de las disposiciones del estatuto del empleado público (ley 4612 de San Luis) fundándose en que al no haberse acompañado a la demanda la copia de cuatro decretos, ello impidió "comprender y aprehender el grado de inconstitucionalidad que se esboza", ya que al margen del exceso ritual que tal apreciación involucra, la falta de los decretos no ha sido óbice para que el tribunal pudiera conocer y pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Molfesa, Carlos Eduardo c/ Meza, Samuel Arturo y/o quien resulte civilmente responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Habiendo opuesto la citada en garantía la excepción de prescripción, incumbía al actor la prueba del hecho impeditivo invocado, es decir, la existencia de la carta certificada por la cual se habría interrumpido el curso de la prescripción.
Prisión preventiva, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUILAR PEDRO ALBERTO s/ TENTATIVA DE ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-08-12

El auto de Prisión Preventiva sólo debe valorar la existencia de la realidad objetiva como fundamento indispensable de la medida cautelar, encuadrándola en determinada figura criminosa, agregándose a ello, aparte de los presupuestos fijados en el art. 366 del C.P.M P. la presencia de indicios suficientes vinculados a la responsabilidad o autoría del hecho.
Acción de amparo, derecho a la salud, medicina prepaga, Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas
Materia: CIVIL
Carátula: RASCHIOTTO SANTIAGO c/ OSDE s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

La cobertura del estudio genético prescrito al menor debe ajustarse a las premisas y normas referidas, máxime teniendo en cuenta que el artículo 39, inc. b) dispone "aquellos estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinde los entes obligado en la presente ley.". El Dr. Daniel N. Comas (especialista en neurología infantil y prestador de OSDE) indicó que "no se han encontrado alteraciones en el estudio genético cromosómico y molecular que justifique el cuadro. Dado que persiste el compromiso del lenguaje, y que por otro lado es necesario dar adecuado consejo genético, solicito se realice el estudio sugerido por la médica genetista a quien envié en consulta, a saber Mycroarrays de ADN." (cfr. certificado médico). Asimismo, el informe del Instituto GENOS (también perteneciente a la cartilla), destaca la necesidad de efectuar dicho estudio a fin de hacer un diagnóstico y establecer el tratamiento adecuado para el niño S., aclara -finalmente- que aquél no se efectúa en el país por "cuestiones tecnológicas".
Juicio de árbitros, conflictos entre comerciantes, laudo arbitral, renuncia de recursos contra el laudo arbitral
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: SOCIEDAD   DE   INVERSIONES   INMOBILIARIAS   DEL  PUERTO  SA c/ CONSTRUCTORA IBEROAMERICANA SA S/ s/ UEJA SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-07

La renuncia voluntaria al derecho de acceso a los recursos contra un arbitraje no puede de suyo ser considerada como contraria al orden público, ya que no involucra la renuncia a ningún derecho constitucionalmente amparado, sino a un derecho de base legal como es el de la posibilidad de revisión por una instancia superior (cfr. González Quiroga, M., "Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional", Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2001, p. 356, n° 353), cabiendo recordar en ese sentido que la garantía de la doble instancia no tiene jerarquía constitucional en juicios civiles (cfr. CSJN, 11/4/06, H. 45. XXXVII. "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina")".
Seguros, seguro de transporte, transporte de pasajeros, indemnización por accidente de tránsito, pago en cuotas, emergencia económica, inconstitucionalidad, derecho de propiedad
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: BAEZ c/ MICROOMNIBUS LA VECINAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-29

1- El plazo que concede el decreto 260/97 para el pago de la deuda (60 cuotas, 6 meses de gracia) excede cualquier límite de razonabilidad y pospone de una manera exhorbitada el cobro de deudas reconocidas por una sentencia judicial firme -cuya inalterabilidad no puede ser avasallada-. De procederse de este modo, se encontraría afectado el derecho de propiedad (art. 17 de la Constitución Nacional). Por otra parte, la secuencia establecida para el cobro no parece el único medio que permitiría superar la crisis, más aún, tampoco induce a convicción acerca del éxito de la postergación para revertir el colapso.

2- De los términos del articulado del decreto 260/97, surge que otorga por sí una moratoria sectorial a favor de un grupo de deudores, haciendo cargar sus efectos sólo sobre un grupo de sus acreedores -que han sido sus víctimas-, y en cuanto les impide cautelar sus derechos, no se adecua a la Constitución Nacional. Es que, frente a una sentencia adversa, los empresarios del autotransporte y sus aseguradoras, se verían en mejores circunstancias, que el resto de los que fueron condenados en casos similares, y por el contrario las víctimas podrían verse satisfechas si el daño lo provocó un particular, pero deberían someterse a una paciente -y aleatoria- espera para el cobro de su infortunio, si su deudor pertenece al sector en crisis. La inequivalencia de la solución dada a ambas situaciones desvirtúa cualquier planteo favorable a la normativa y pone de manifiesto la rotunda violación del art. 16 de la Constitución Nacional.- Del voto de la mayoría (Dres. Alvarez y Daray) ***DEC C 000260 1997 03 20 0000 000 0000 000 ***CON C 000000 1994 08 22 0016 000 0000 000 ***CON C 000000 1994 08 22 0017 000 0000 000
Vacaciones, personal de casas particulares
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba, Nélida J. c/ Berón, Elba R. s/ Indemnización por despido, Preaviso y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-02-28

El Decreto ley 26/56 no contiene una norma similar a la del artículo 162 de la Ley de Contrato de Trabajo que expresamente establece como principio general la prohibición de compensar en dinero las vacaciones no gozadas.

El régimen del trabajo doméstico nada establece en relación a la época de otorgamiento de las vacaciones, de lo cual debe interpretarse que al producirse la extinción del vínculo, el trabajador tiene vigente su derecho a gozar de las que aún no le fueron otorgadas, y si se ve imposibilitado por cesar la relación laboral, necesariamente le asiste razón a percibir los haberes correspondientes al período de descanso remunerado que se le adeuda.

Parece razonable entender que si el vínculo se hubiera mantenido, el derecho al goce efectivo de las vacaciones no otorgadas se mantenía y de esa forma se preservaba el fin higiénico de tal instituto en nuestra materia, pero si tal posibilidad se ve truncada por la extinción del contrato, no existiendo norma expresa que determine la caducidad, debe resarcirse al trabajador con el pago en dinero por el período vacacional no gozado.
Propiedad participada, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: POBLETE Nilo Nelson y Otros c/ Servicios Eléctricos Sanjuaninos S.E. y Otra s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-05-23

Los antiguos trabajadores que entre la privatización de YPF (1/1/91) y la concreción del Programa de Propiedad Participada que hubieran dejado de trabajar tienen derecho a ser indemnizados por el perjuicio causado desde la Administración a sus intereses siempre que, estando trabajando, hubiesen iniciado ante juez competente la acción para que fijara un tiempo oportuno para cumplir la obligación de concretar el PPP.

Como ninguna de las normas reseñadas impone un término a la administración para concretar el PPP, su obligación carece de plazo (CC 509).

A partir de ahí, los interesados hubieran podido accionar para que un juez establezca el plazo dentro del cual la Administración hubiera debido implementar el programa.

Firme la sentencia, la Administración ya no dispone de una facultad intemporal sino debe cumplir su cometido en el plazo establecido. Vencido el mismo, la Administración incumple su obligación con todas las consecuencias del caso, entre ellas, indemnizar a quien ha perjudicado por no haber concretado el PPP.

Si el interesado simplemente guardó silencio ante la tardanza de la Administración, al no haber habido incumplimiento moroso por parte de ésta, carece de derecho indemnizatorio alguno.
Acción, solve et repete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pertenecer S.A. de Ahorro para fines determinados c/ Provincia de Bs.As. (Tribunal Fiscal) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

El fundamento del requisito exigido por el art. 30 del C.P.C.A.

traducido en la locución "solve et repete", debe considerarse una cuestión prejudicial, es decir, que el pago de la obligación debe ser previo a la interposición de la acción judicial, pues la finalidad de la norma citada es preservar el normal desenvolvimiento de las finanzas públicas, poniéndolas a cubierto de argucias procesales o expedientes dilatorios, razón por la cual la pretensión cautelar del actor implicaría dejar sin efecto la norma para ese caso. En el caso, el actor solicitó que se aplique lo dispuesto por el art. 22 del C.P.C.A. otorgando efecto suspensivo a la eventual ejecución por vía de apremio de los decisorios impugnados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fallo plenario, derechos adquiridos
Materia: PROCESAL
Carátula: VELEZ, GONZALO Y OTROS c/ CAJA DE SUBSIDIOS FAMILIARES PARA EMPLEADOS DE COMERCIO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-30

Los fallos plenarios no vulneran derechos adquiridos, toda vez que no tienen efecto alguno para aquellas cuestiones que se decidieron con anterioridad por la vía de decisión judicial firme o materia de arreglo entre las partes, sino sólo sobre las controversias litigiosas pendientes de resolución.
Excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, NICARAGUA, cuestión de fondo, excepciones procesales, asesinato, arma de fuego, personal militar, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, acceso a la justicia, facultades jurisdiccionales, objeto de la demanda, competencia contenciosa del tribunal internacional
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Genie Lacayo c/ Nicaragua s/ Excepciones preliminares
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1995-01-27

Corresponde que la Corte Interamericana acumule a la cuestión de fondo, la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos -artículo 46.1 de la Convención Americana-, interpuesta por Nicaragua en el caso en que se investiga la muerte de un joven menor de edad que se encontró en medio de una caravana de vehículos con efectivos militares quienes, al ver que los trataba de sobrepasar, le dispararon con sus armas, pues la demanda de la Comisión Interamericana se refiere a la violación, por parte de dicho Estado, a las Garantías y Protección Judiciales -artículos 8 y 25 del Pacto-, aspectos directamente vinculados con la administración de justicia puesto que tiene que ver con los recursos judiciales existentes en Nicaragua, su aplicabilidad y efectividad.
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R O s/ AUTO DE PROCESAMIENTO. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 976-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

La doctrina de la gravedad institucional se inspira genéricamente, aunque por ello sólo brinda perspectivas ambiguas, en el propósito de afianzar la justicia y lograr mediante la función judicial -y en especial por medio del recurso extraordinario- una mejor y más adecuada preservación de los principios constitucionales. Ninguna decisión de los jueces se puede desentender de la finalidad de asegurar esos objetivos. DE LA DISIDENCIA DEL DR. ULLA.
Deuda previsional, medidas cautelares, remuneración, beneficios previsionales, carácter alimentario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FERNANDEZ, LUIS CARLOS c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Corresponde confirmar la resolución por la que el juez "a quo" hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por el titular, considerando que el organismo administrativo puede formular cargos por la deuda previsional de aquél, pero limitando su deducción al 20% sobre la prestación a que tiene derecho, conforme lo dispuesto por el art. 14, inc. d) de la ley 24.241, y con exclusión de los lineamientos de la Resolución 393/92.

Ello así porque la directiva del referido art. 14, tiene como objetivo sustancial salvaguardar el carácter alimentario de los beneficios previsionales y, en consecuencia, evitar que el sujeto afectado puede quedar en la indigencia o, incluso, transformarse en un marginado social; máxime cuando, como en el caso, parece razonable aceptar que el beneficiario podrá cancelar su deuda con el sistema sin necesidad que se afecte su haber previsional en un porcentaje superior.
Administración de vialidad provincial, recursos administrativos, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 66-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-20

Resulta temporáneo el recurso de revocatoria interpuesto contra el acta de constatación de infracciones efectuada por la Dirección Provincial de Vialidad, si el plazo para su interposición que establece el artículo 42 del decreto acuerdo 10204-58 (10 días), es computado desde que la recurrente fuera intimada para el pago de la multa -artículo 5 de la resolución 505 de la Dirección Provincial de Vialidad del 5-3-1979-, conclusión ésta que garantiza la posibilidad cierta de ser escuchada y hacer valer sus defensas en sede administrativa.
Suprema Corte de Buenos Aires, competencia originaria, competencia contencioso administrativa, nulidad procesal, archivo del expediente, sentencia definitiva, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Transporte del Oeste S.A. c/ Municipalidad de Merlo s/ amparo cuestión de competencia art. 6° del CCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

La sentencia de la Suprema Corte de Buenos Aires que, al declarar que la cuestión sometida a juzgamiento era propia de su competencia originaria y exclusiva respecto de causas contencioso administrativas, decidió anular todo lo actuado y ordenar el archivo del expediente, reviste el carácter de sentencia definitiva ya que causa un agravio de imposible reparación en la medida en que priva al recurrente de plantear las cuestiones propuestas en su demanda por la vía que se declaró pertinente.
Producción de la prueba, pericia psicológica, pericia psiquiátrica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VERA JOSE B. c/ RAMON A. QUINTERO Y OT. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A156 - 309)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-04

No emerge que la pericial neurológica y psicológica, que ofreció el apelante, constituyan pruebas notoriamente impertinentes e innecesarias. Incluso en caso de duda debe estarse por la producción de la prueba.-
Contratos, seguros, cláusulas del contrato, doctrina legal
Materia: COMERCIAL
Carátula: B., P. J. c/ C., M. B. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-12-03

"Las razones objetivas que dan origen a esta cláusula son bien conocidas. El plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad contractual es de diez años (en la actualidad, tres años), lo que constituye una dificultad para el aseguramiento: en un período de tiempo tan extenso, las previsiones económicas son muy difíciles de hacer, ya que hay que tomar en cuenta problemas, macroeconómicos (inflación, política cambiaria, impositiva), de política judicial (mudanzas en las opiniones de los jueces), legislativos (modificaciones de leyes), competitivos (movimientos en el mercado asegurativo) y problemas micro, como variaciones en la conducta del asegurado, cambios de lugar de trabajo que alteren la tecnología disponible y la calidad del aseguramiento, lo que incrementará el riesgo". Y concluye que "si estas son las razones para la existencia de una cláusula, no puede endilgársele un carácter abusivo". (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Confesión ficta, apreciación de la prueba
Materia: Procesal Civil
Carátula: Otarola, Pedro c/ Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano s/ Contencioso-Administrtivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-12-19

Admitido como ha sido, que el actor no compareció a la audiencia de absolución de posiciones y teniendo en cuenta que la Confesión Ficta no siempre es decisiva y debe ser apreciada en correlación con el resto de las demás pruebas y fundamentalmente a las circunstancias de la causa, se da por cierto que fue el accionante quien confeccionó el presupuesto adicional en cuestión calculando los valores del mes de diciembre de 1978 como fue la intención de las partes al suscribir el contrato respectivo.
Libertad condicional, reglamentos carcelarios
Materia: PENAL
Carátula: Tejeda, Jorge Armando s/ Robo reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-02-24

1- La interpretación que debe acordársele al requisito consistente en la observancia regular de los reglamentos carcelarios, como presupuesto exigido por el art. 13 C.P. a los efectos de obtener la libertad condicional consiste en el cumplimiento correcto y adecuado de la reglamentación pertinente, comprendida integralmente como trabajo, disciplina y educación durante el plazo que la ley señala, sin infracciones graves o repetidas, las que debe ser examinadas cualitativa y cuantitativamente y asimismo analizada la influencia de ellas en la formación del concepto.

Igualmente se ha sostenido que la observancia regular de los reglamentos comienza a partir del encierro, durante el lapso de tiempo que indica el artículo 13 C.P., aunque éste haya correspondido a la pena de prisión preventiva toda vez que ella integra el cómputo de la pena conforme el artículo 24 C.P..

2- La pretensión de que únicamente corresponde computar el comportamiento carcelario del imputado durante el lapso de encierro cumplido a partir de la condena, atento que sólo como penado se obtiene la calificación de concepto, no resulta jurídicamente exacta.

Por un lado, debido a la inclusión que efectúa el artículo 24 respecto de la prisión preventiva.

Por otro, es precisamente esa inclusión la que también se tiene en cuenta a los efectos de determinar el cumplimiento parcial de la pena en la proporción establecida en el artículo 13 ( dos tercios en el supuesto de las penas privativas de libertad superiores a tres años) Resultaría inadmisible por la contradicción que ello implica, que el lapso de encierro bajo prisión preventiva se compute a los efectos de verificar el requisito de procedencia relativo al tiempo y se lo excluya para el requisito concerniente al comportamiento.

3- No corresponde adjudicarle a los artículos 28 y 104 de la ley 24.660 el efecto modificatorio en relación a la regulación de la libertad condicional efectuada en el Código Penal. La primera de esas disposiciones de la ley de ejecución, alude a informes previos que no condicionan los requisitos que se encuentran definidos en el Código Penal y a los cuales expresamente remite. La segunda, es básicamente en lo que aquí interesa idéntica al artículo 53 de la anterior ley de ejecución. Tanto una como otra tienen un sentido orientador para la apreciación judicial, proporcionándole al juez el aporte de elementos para determinar la observancia regular de los reglamentos.
Salario mínimo, vital y móvil, accidentes de trabajo, monto de la indemnización, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: RIVERA, CARLOS RICARDO c/ Y.P.F. s/ ACCIDENTE - LEY  9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-04

Si el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil, al tiempo de la consolidación del daño derivado de un accidente de trabajo, resultaba irrisorio, desvirtuando el derecho que se pretendía asegurar, la actualización del mismo resulta un remedio necesario para suplir la omisión del PEN durante un largo lapso y dar un contenido a dicho salario que guarde alguna relación con el art. 14 bis de la CN, con el art. 116 de la LCT, y con el art. 8 de la ley 9688, utilizado como pauta de la indemnización.