marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho laboral, extinción del contrato de trabajo, despido por maternidad, notificación fehaciente
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Szelest Preciosa, Valeria c/ Federal Resguaed S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-27

En la anterior instancia se ponderó que deben interpretarse los arts. 177 y 178 LCT, respecto a la exigencia de notificar fehacientemente al empleador el estado de embarazo, tomando en cuenta que, en el caso, se han aportado elementos de juicio que permiten colegir la comisión de conductas tendientes a impedir que la trabajadora cumpla con ese requisito legal. El a quo concluyó que hubo una negativa del patrono a recepcionar la copia del estudio ecográfico que daba cuenta del embarazo, presumiendo por tanto que las causas que condujeron a la empleadora a decidir el despido, obedecieron a razones de maternidad o embarazo, pues entre la fecha de parto y la de notificación del distracto incausado, aún se hallaba vigente el plazo de siete meses y medio contemplado en el artículo 178 LCT. Además, la resolución adoptada en grado es concordante con el espíritu de las convenciones internacionales que tienen en mira eliminar todo acto o práctica de discriminación en razón del género, así como también la interpretación que de ellas efectúan los órganos encargados de aplicarlas (arg. arts. 2°, 5° y concs. de la CEDAW; art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 10 del PIDESC y doct. OGs Nro. 16 y Nro. 20 del Comité DESC y arts. 3° y 23 del PlDCyP) (ver mi voto en la SD 68725 del 12/07/2016 in re "Godoy Daniela Denise c/ INC S.A. s/ despido"). En consecuencia, corresponde confirmar lo actuado sobre este punto. (Del voto mayoritario de los Dres. Craig y Raffaghelli).
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, pesificación
Materia: PROCESAL
Carátula: "Cavero, Oscar Luis -Inc. ejec. sentencia c/ PEN".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-17

Si en la acción de amparo iniciada a raíz del denominado "corralito financiero" las sentencias de primera y de segunda instancia no se pronunciaron sobre la diferencia de pesificación de las sumas desprogramadas y retiradas por la actora ya que esa circunstancia no fue puesta en conocimiento del Tribunal por la accionante la que no amplió el objeto de la acción no corresponde hacer lugar al pedido de librar nuevo mandamiento de secuestro por la diferencia de cotización entre la suma acreditada en pesos conforme al cambio fijado por el art. 2 del decreto 214/02 y el valor del dólar en el mercado libre al momento de efectuarse cada extracción de dinero de las cuentas discutidas sin perjuicio del derecho de la actora a reclamar el daño que aduce le fue causado por la vía y ante el fuero que corresponda.
Derecho de propiedad, derechos adquiridos, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, MARIA B. c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-02-16

La reciente alegación intentada en esta Sede, bajo el rótulo de vulneración de los derechos adquiridos que afectan indebidamente la garantía de inviolabilidad de la propiedad -amén de constituirse en una nueva argumentación, no admitida por regla en esta instancia- tampoco se corresponde con prueba de suficiente convencimiento para afirmar contundentemente que la demandada contaba con derechos irrenunciablemente adquiridos y constitucionalmente amparados, atento a las razones expuestas por el Judicante en las distintas instancias de decisión; y en el mismo defecto incurre la impugnante al propiciar ahora como causal descalificante la afectación de la seguridad jurídica, sin lograr desvirtuar las razones que meritaron la interpretación legal propiciada y sin conseguir demostrar que se haya otorgado un alcance impropio prescindente de la solución prevista en tanto tiende a amparar la correspondencia de la reparación ante la inequitativa aplicación de la ley anterior cuyos efectos resarcitorios habían sido puestos en trance; y, que en definitiva, resulta ser la norma más favorable, al no conculcar el principio de igualdad del actor.
Proceso penal, interés público, procesado, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: JUSTO RAMON ENCINAS c/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-14

Si bien la posible condena de un inocente conmueve a la comunidad entera, en sus valores más sustanciales y profundos, esto ocurre también con la absolución técnica de quienes han cometido un delito, en los supuestos en que la solución alcanzada pueda adolecer de deficiencias susceptibles de afectar una irreprochable administración de justicia. Tal circunstancia compromete a principios institucionales básicos, porque el consenso colectivo en la vigencia y eficacia de la ley penal es recaudo de la paz y el orden públicos, que en definitiva reposan en el imperio de la justicia.
Proceso contravencional, prueba, producción de la prueba, pedido de prueba, oportunidad procesal, facultades del fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P, D. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 51 Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-23

Respecto de la alegada falta de argumentación sobre la inconducencia de la prueba solicitada en oportunidad de celebrarse la audiencia que prescribe el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional, introducida también como motivo de agravio, corresponde hacer notar que el artículo 42 del mismo cuerpo legal establece que el Fiscal produce la prueba solicitada por la defensa "que considere conducente", siendo entonces que cabe concluir en que si no la produjo, es porque no le asignó aquel carácter, no pareciendo necesario que exista una específica declaración de mérito respecto de la conducencia o inconducencia de dicha prueba, la que por lo demás no es exigida por la ley.- Sin perjuicio de ello, bien pudo la defensa insistir con la producción de la prueba, si la consideraba conducente, en la oportunidad prevista por el artículo 45 de la ley de rito, lo que no hizo.
Prescripción, prescripción bienal, accidente de tránsito, acción penal, sobreseimiento provisional, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL
Carátula: ROMERO SUSANA c/ TRANSPORTES VILLA ADELINA  S.A. s/ SUMARIO - PRESCRIPCION LIBERATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-22

La barrera que levanta el art. 1107 del Cód. Civil entre los regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual no es absoluta y hay dos situaciones en las que el damnificado puede acogerse a uno u otro régimen. La primera posibilidad está contemplada expresamente en dicha norma y se refiere al caso que el incumplimiento configure un delito de derecho criminal. La segunda posibilidad se da en el supuesto que el incumplimiento responda a un delito civil encuadrable en el art. 1072 del Cód. Civil. Si de la causa penal tramitada por las lesiones previsto por el art. 94 del Cód. Penal, en el que recayó sobreseimiento provisorio por "no ser posible establecer fehacientemente" la responsabilidad que le cupo al autor del hecho, independientemente del resultado recaído en aquella, el hecho -motivo de las posteriores actuaciones iniciadas en el fuero Civil para la respectiva reparación-, originó un delito del derecho criminal y dio lugar a la promoción de la respectiva acción para establecer la configuración de un "delito del derecho criminal", razón por la cual la demanda promovida puede válidamente ser encuadrada bajo el régimen de la responsabilidad contractual aplicándose así la "prescripción bienal" del art. 4037 del Cód.

Civil.
Discriminación laboral, discriminación por enfermedad
Materia: LABORAL
Carátula: R., F.D. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Juicio Ordinario -Contencioso Administrativo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-18

Quien se considera lesionado debe acreditar el acto o la omisión y las características que evidencian prima facie su carácter discriminatorio (verosimilitud de la injusticia de ese comportamiento).
Daños y perjuicios, culpa de la víctima
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lizziero, Sergio H. c/ López, Adrián R. y ots. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

Es jurisprudencia pacífica que la infracción a un reglamento de tránsito no constituye por sí elemento de imputación a los fines de la responsabilidad civil, siendo para ello necesario que se haya erigido en factor causal del daño (arts. 901, 903 y 904, Cód. Civ.), no pudiendo ser soslayadas, no obstante, y sí consideradas junto con otras circunstancias, en oportunidad de calificar la conducta de la víctima o del tercero, para determinar si ha ocurrido o no, y en su caso en que extensión, la situación prevista en la parte final del segundo apartado del artículo 1113 del Código Civil.
Prueba pericial, carácter vinculante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Bica S.A. c/ Horacio Moyano s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-29

El apartamiento de las conclusiones periciales es posible cuando el Juzgador encuentre apoyo en razones serias y objetivas que abonen estructurar una opinión divergente con el experto.Cuando el dictamen pericial es compatible con principios lógicos y máximas de experiencia, está debidamente fundado en principios técnicos y científicos inobjetables y no existe otra prueba de igual tenor, es de toda evidencia la necesidad de compartir la elaborada conclusión del experto. Sucece que la prueba pericial es la demostración que está más ligada al sistema de la sana crítica. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, facultades del fiscal, notificación, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " Incd. de apel. de la FISCALIA DE INVESTIGACIONES...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-03

El artículo 48 de la Ley 24.946, establece la obligación del juez de toda causa en la que se efectúa imputación formal de delito a un agente público por hechos vinculados con el ejercicio de su función de poner esta circunstancia en conocimiento del fiscal de investigaciones administrativas. El sentido de esta notificación a la FIA -en tanto prescinde del criterio que el fiscal de la causa haya manifestado en torno a la prosecución de la acción penal- puede fundarse en dos aspectos. Primeramente, en el hecho de que tal notificación permitiría dar comienzo a la investigación administrativa de la conducta del agente público -si es que ésta no existía-. A su vez, esta comunicación debe interpretarse como una forma de darle una participación coadyuvante al fiscal de investigaciones administrativas en tales actuaciones.
Cuestiones de hecho y prueba, Superior Tribunal de Justicia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: R., M. A. y. o. c/ R., J. L. y. o. s/ Matrimonio. Nulidad/Inexistencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-09

Si bien es doctrina de esta Corte que no existe motivo suficiente para anular el fallo del tribunal cuando aún con un método incorrecto se plantea con claridad la cuestión litigiosa y desarrolla las consideraciones jurídicas pertinentes acerca de la procedencia de los reclamos, las circunstancias del caso en tratamiento: la forma de enunciar los hechos y el fundamento de la decisión -sumado a la fecha de la parcela de fallo donde se plantean conjuntamente las pretensiones de las partes, los hechos probados y el derecho a aplicar que resulta anterior a lo que los jueces califican como "cuestión de hecho" y el inicio de la "sentencia", corresponde anular de oficio el pronunciamiento, toda vez que impide a la Suprema Corte el conocimiento cabal de su legalidad (doctor NEGRI, mayoría).
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: FRANCISCO EDUARDO CERRO. c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO. s/ ACCION DE AMPARO- PROFESOR UNVIERSITARIO- PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO PREVIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-19

La acción de amparo constituye un remedio de excepción, cuya utilización está reservada para aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlas pudiera afectar derechos constitucionales, máxime que su apertura, requiere circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración, por añadidura, de que el daño concreto y grave ocasionado sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo.
Instrumentos públicos, plena fe
Materia: CIVIL
Carátula: OROQUIETA, Jorge Juan s/ Juicio Sucesorio  Incidente Intervención Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-11-15

...la fe pública es una "particular forma de representación de los hechos jurídicos", constituyendo una "Calidad Jurídica" derivada de la cualidad funcional del autor del documento, que no debe buscarse fuera del notariado o de la secretaría judicial. Dicha calidad cumple una función referida a una medida probatoria de eficacia que le es conferida por el derecho positivo. A su vez, la plena fe recibe también la eficacia probatoria de la Ley; siendo la "fe Pública" además, una calidad del documento derivada del derecho de la participación del escribano o del actuario judicial.- De modo tal, que un instrumento público hace plena fe, pero puede no estar dotado de fe pública, ya que ésta sólo se aplica a la calidad propia que la intervención notarial reservada a ciertos actos.
Depreciación monetaria, facturas impagas
Materia: CIVIL
Carátula: Clínica Privada Santa Rita  S.A. . c/ Obra  Social  del Personal  de  la  Industria  del  Cuero  y Afines. s/ Cobro de Pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-09

La depreciación monetaria debería calcularse, como principio, desde el día que la factura fue emitida, habida cuenta que el "reconocimiento del reajuste monetario se da con independencia de la situación de mora", más, en el caso en estudio, de acuerdo al art.

7mo. del contrato glosado por la propia actora, el pago de las prestaciones será hecho efectivo por la demandada en un plazo no menor de treinta días y no mayor de cuarenta y cinco días de recibidas las facturas, o sea que recién durante ese lapso debían ser abonadas. Corolario de ello es que, el cobro debió efectuarse a partir de los treinta días de la recepción de la factura, por lo que la repotenciación debe calcularse "aplicando fielmente los índices de precios al por mayor -nivel general- del I.N.D.E.C. computando al efecto el indicador del mes anterior que corresponda al comienzo y fin del período a actualizar..."
Derechos y garantías constitucionales, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: REMETICH, RICARDO JORGE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

Las garantías emanadas de los tratados sobre derechos humanos deben entenderse en función de la protección de los derechos esenciales del ser humano y no en beneficio de los Estados contratantes, concluyendo -en coincidencia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que de la conjunción del artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos surge que la garantía de recurrir ha sido consagrada sólo en beneficio del inculpado, no encontrándose amparado por las normas convencionales el Ministerio Público como órgano del Estado, "sin que ello obste a que el legislador, si lo considera necesario, le conceda igual derecho" , entendiendo, en tales casos, que integra la garantía del debido proceso. ( DE LA DISIDENCIA DE LA DRA. GASTALDI).
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, denuncia, médicos, daños y perjuicios
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: FORNELLS, HUGO c/ EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-28

Si bien las Magistradas concluyeron que no estaba demostrada la verdad de la imputación (atinente a supuestas irregularidades detectadas en torno al suministro de medicamentos oncológicos a pacientes afiliados al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social) y asimismo hallaron configurado el daño a raíz del empleo en la denuncia de una expresión que juzgaron lesiva del honor de los actores ("mafia de los medicamentos"), el reproche formulado al Colegio de Farmacéuticos por exceso funcional no aparece suficientemente fundado a nivel normativo en los planos de antijuridicidad y culpabilidad, lo cual deja vislumbrar un tratamiento eventualmente irrazonable del caso desde la perspectiva del derecho aplicable. (Del voto del Dr. Netri, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Falistocco y Gastaldi).
Acto administrativo, derechos subjetivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maderera Noreste del Chubut Sociedad Anónima c/ Provincia del chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-02

La conclusión de este Superior Tribunal, a la que al incorporarme adherí sin hesitación, es la de que si el acto estuviere firme, consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo...de conformidad con el artículo 93 del Dto. Ley Nro. 920, la revocación de oficio está vedada y debe acudirse a la acción de lesividad. Así, se trate de actos regulares o irregulares, ya que esta distinción que emerge de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sugiere la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el leading case "Carman de Cantón...", no ha sido receptada a rajatabla por el Cuerpo por aquel criterio primero enunciado, amén de que la norma provincial no asienta sobre tal clasificación.
Competencia por el territorio, derechos creditorios
Materia: PROCESAL
Carátula: Derudder, Angela Follonier de c/ Cooperativa de Provisión y Producción Cárneos Alto Uruguay Ltd s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-23

Con relación a las pretensiones fundadas en derechos creditorios de origen contractual el art. 5., inc. 3., del Código Procesal Civil y Comercial establece en materia de competencia territorial que el fuero principal está determinado por el lugar en que deba cumplirse la obligación (formum solutionis) en tanto surja en forma expresa del convenio o resulte implícitamente establecido.
Concursos, honorarios, controlador del acuerdo, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: INVERSIONES UNIDAS s/ CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-01

Aún cuando el concordato no haya previsto el modo de retribuir la tarea de los integrantes de la comisión de controladores del concordato, toda vez que tampoco precisó que la labor sería gratuita, deberá estarse a lo previsto por la lc: 291-1.. 2. No existiendo previsión, convención y regulación legal respecto de los letrados de la comisión no procede para ellos regulación de honorarios a cargo de la concordataria.
Derecho constitucional, recurso de inconstitucionalidad, Derecho laboral, procedimiento laboral, despido sin causa, indemnización agravada, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CIAREZ, SERGIO DOMINGO c/ METALÚRGICA INTERNACIONAL S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2007-09-27

Si bien la interpretación de las normas de derecho común están, en principio, reservada a los jueces de la causa, corresponde hacer excepción a esta regla cuando el pronunciamiento realiza una interpretación desprovista de razonabilidad que no se compadece con una comprensión armónica del orden jurídico.

El art. 16 de la ley 25561 establece la suspensión de los despidos incausados y, por ende, el reforzamiento de la protección contra el despido arbitrario, por lo que, ante su violación, sanciona la conducta empresarial con la duplicación de la indemnización. Su interpretación debe efectuarse teniendo en cuenta el principio de protección al trabajador, lo que conduce a su aplicación en los supuestos de despido indirecto.

El despido indirecto tiene los mismos efectos que el directo, concepción que el actual art. 246 LCT recoge explícitamente.

Carece de toda razonabilidad interpretar que la ley obliga, por un lado, a abonar el agravamiento indemnizatorio al empleador que comunica el despido asumiendo la falta de causa y, por otro lado, que libera de la sanción a quien oculta su voluntad de extinguir el vínculo laboral, limitándose a injuriar al trabajador para que éste sea quien ejecute el acto formal de extinción, prescindiendo de que ésta resulta en verdad causada por la conducta del empleador. (Del voto de los Dres. Garros Martínez, Posadas y Silisque)
Recurso de inconstitucionalidad, Municipalidad, vencimiento del plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GUARDERIA NAUTICA ROSARIO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-01

Asiste razón al impugnante en cuanto afirma que en el caso el vínculo que unió a las partes (permiso de uso y ocupación) se encontraba extinguido por vencimiento del plazo, careciendo por ende la actora del derecho de permanecer en ese espacio público, situación conocida por ésta al firmar con la Municipalidad un convenio de desocupación comprometiéndose a devolver el inmueble con sus instalaciones, lo que resulta fundamental a la hora de verificar la aceptabilidad constitucional del decisorio, desde que no se advierte que la actora pueda objetar el destino dado a un inmueble propiedad del Municipio luego de aquel vencimiento y habiéndose entregado el mismo, más allá de la disputa existente en relación a qué bienes serían de propiedad de la permisionaria.
Ley formal, ley de orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: Barry, María Elena c/ ANSES. s/ reajustes por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Aunque las leyes de reorganización judicial, distribución de competencia o similares, son de orden público, la misma condición tienen los preceptos legales que se hallan dirigidos a lograr la pronta terminación de los procesos cuando no se oponen a ello principios fundamentales que pudieran impedirlo.
Proceso judicial, prueba, carga procesal, principios procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAUCEDO MIGUEL ANGEL c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-RECURSO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-12-10

La moderna doctrina procesal coloca la carga procesal dinámica en cabeza de la parte que se encuentra en mejores condiciones para producirla(la prueba).
Recurso de apelación (procesal), concurso civil
Materia: PROCESAL
Carátula: Zamorello, Juan s/ Recurso de Queja...
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-08-27

Cuando se cuestiona el plazo a computar a partir de la última publicación de los edictos ordenados por el a quo, es procedente el recurso de apelación ya que es consecuencia de la interpretación de una norma estrictamente procesal, y no referida al procedimiento concursal, para el cual rige el principio de la inapelabilidad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ibañez, Norberto c/ Molinos Río de La Plata s/ Despido, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-01

Las conclusiones sobre las cuestiones de hecho y la apreciación de la prueba respectiva, así como su selección y prevalencia de unas sobre otras constituye tema privativo de la instancia de grado, excluído por su naturaleza del ámbito de la casación, salvo el supuesto de absurdo que no solo debe enunciarse sino también cabalmente demostrarse.