Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-02-08


SENTENCIA NUMERO: DOS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los ocho días del mes de febrero de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 62/11, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Claudio S. Contreras en contra de Auto Nº 21/11 de Expte. Nº 016/08 - DELGADO, Juan Carlos s.a. Homicidio Culposo", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es formalmente admisible el recurso de casación interpuesto? ¿Es nula la resolución atacada por haber aplicado erróneamente el art. 76 bis del Código Penal? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 09 los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. A efecto de dar respuesta al primer interrogante planteado, entiendo que cabe reputar formalmente admisible el recurso interpuesto por el defensor del imputado Juan Carlos Delgado, desde que ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva (S. Nº 4/09 "Herrera"; S. Nº 17/09 "Vargas"; S. Nº 07/10 "Segura"; S. Nº 20/10 "Agüero", S. Nº 43/11 "Finazzi"; S. Nº 44/11 "Londero").

II. Por Auto Interlocutorio Nº VEINTIUNO/2011, dictado el 18/08/2011, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "I) No hacer lugar al pedido de Suspensión del Juicio a prueba que incoara el encausado Delgado, Juan Carlos a fs. 163/163 vta., por resultar improcedente (art. 76 bis y concordantes del C. Penal y art. 355 del C.P.P.). II) Prosiga la causa según su estado.".

III. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Claudio Sebastián Contreras, representante técnico del imputado Juan Carlos Delgado, e interpone recurso de casación esgrimiendo los motivos formales previstos en los incs. 2º y 4º del art. 454 del C.P.P.

III. a. El recurrente denuncia inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas. En tal sentido, asevera que la solicitud de suspensión del juicio a prueba resulta totalmente procedente y que el a quo ha omitido consideraciones de hecho y derecho. Sostiene que nada hace suponer la responsabilidad penal del encartado Delgado en el hecho endilgado. Que la aplicación del art. 76 es viable al caso ya que conforme la jurisprudencia local -enfatiza-, la sanción a aplicar sería de cumplimiento en suspenso. Critica que, en la resolución cuestionada, el a quo haya argumentado que lo único determinante a los fines de la aplicabilidad o no del instituto en cuestión, es el consentimiento del Fiscal, y no el criterio de aplicación en cuanto a la pena y demás circunstancias que nacen del hecho. Cita doctrina alusiva a la condena condicional.

Finalmente formula expresa reserva del Caso Federal y del Recurso contenido en el Art. 2, Apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. IV. Advierto de la simple lectura del escrito recursivo que no está cumplida la carga de fundar de manera clara y precisa los motivos que se invocan y que se incurre en errores conceptuales. Es que el presentante encausa los embates denunciando en esta instancia motivos formales de casación previstos en el art. 454 incs. 2º y 4º del C.P.P., cuando lo que debió invocar, atento la resolución que ataca, es precisamente la errónea aplicación del art. 76 bis del C.P. - motivo sustancial de casación previsto en el inc. 1º del art. 454 del C.P.P., esto es, inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva-; sino que, además, brinda argumentos alusivos a la falta de acreditación en cuanto a la existencia del hecho, como así, a la de responsabilidad penal del acusado, refiriendo que existe un estado de duda respecto a la participación de Delgado en el hecho que se le atribuye, por lo que corresponde aplicar -enfatiza la defensa- el instituto de Suspensión del Juicio a Prueba. Como se advierte, reitero, incurre en verdaderos errores conceptuales, puesto que si la defensa entiende que no se encuentra acreditada la existencia del hecho ni la participación de Delgado en el mismo, no es este el momento procesal oportuno para discutirlo. Ahora lo que está recurriendo es la decisión del Juez Correccional en relación a la aplicación o no del instituto de la probation en relación al hecho de homicidio culposo atribuido a Juan Carlos Delgado.

Formulada esta observación, a fin de evitar desgastes jurisidiccionales y con el único objeto de brindar respuesta al imputado estimo que, pese a los errores advertidos, el recurrente ha planteado, aunque sea mínimamente, agravios derivados de la interpretación del a quo en la resolución que achaca. Por esta razón, el análisis de la vía recursiva intentada se centrará sólo a esos embates, quedando fuera de control en esta instancia procesal los pretendidos cuestionamientos referidos a la existencia del hecho y a la responsabilidad penal del imputado, puesto que, no sólo que los mismos no se encuentran debidamente fundados, sino primordialmente, como se dijo, porque no es el momento procesal oportuno de introducir dichas diferencias, cuyo análisis implicaría además, un adelanto de opinión de este Tribunal al respecto.

En consecuencia, sólo se abre esta instancia casatoria a los fines de dilucidar si el a quo ha incurrido o no, en errónea aplicación del art. 76 bis del C.P., y en su caso, determinar qué resolución corresponde dictar. Estos son los límites en virtud de los cuales se concede el recurso impetrado.

V. Puntualizado los límites de análisis del presente recurso, considero que yerra el casacionista cuando sostiene que el a quo en su resolución argumentó que lo único determinante a los fines de la aplicabilidad o no del instituto en cuestión, es el consentimiento del Fiscal. Es que el principal argumento brindado por el tribunal coincide con el sentado por esa Corte en numerosos precedentes (S. Nº 4/09 "Herrera"; S. Nº 17/09 "Vargas"; S. Nº 07/10 "Segura"; S. Nº 20/10 "Agüero", S. Nº 43/11 "Finazzi"; S. Nº 44/11 "Londero"), en cuanto a que el instituto de la probation es improcedente en casos de delitos que tengan prevista pena de inhabilitación, compartiendo de este modo lo manifestado oportunamente por el Ministerio Público Fiscal.

La Corte de Justicia, en los precedentes mencionados, tuvo oportunidad de expedirse respecto al valor de la prohibición de suspender el juicio a prueba en el caso de delitos conminados con pena de inhabilitación.

En los referidos fallos se concluyó que "el beneficio de la suspensión del juicio a prueba no procede si el delito tiene prevista pena de inhabilitación, toda vez que eso es lo que surge de una interpretación sistemática de la ley; y que el precedente "Acosta" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo modificó la interpretación del plenario "Kosuta" en lo que respecta a la pena a considerar a los efectos del otorgamiento del instituto, y no así en lo atinente a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, manteniendo el criterio de que no cabe la suspensión del juicio en los casos de delitos castigados exclusivamente con pena de inhabilitación, ni respecto de aquellos que tengan conminada en forma conjunta la pena de inhabilitación, ni los sancionados con multa e inhabilitación".

Así, brevitatis causae, y manteniendo igual postura, corresponde me remita a los fundamentos allí expuestos, desde que conforman la doctrina legal de este Superior Tribunal (S. Nº 4/09; S. Nº 17/09; S. Nº 07/10; S. Nº 20/10, S. Nº 43/11 "Finazzi"; S. Nº 44/11 "Londero", citadas supra).

Es que el motivo previo y decisivo del rechazo para suspender el juicio a prueba está dado por la conminación de la pena de inhabilitación lo que, como se dijo, obsta a la concesión del instituto, por lo que, los demás agravios expuestos quedan sin materia, careciendo de entidad para modificar la decisión adoptada.

En consecuencia, no se advierte, y la parte no ha logrado demostrar, que la decisión, aunque escueta, resulte arbitraria, ni tampoco que se aparte de los lineamientos sentados por esta Corte, ni mucho menos, ha demostrado, a través de sus argumentos, nuevos fundamentos que logren desestabilizar la postura asumida por este Tribunal. En razón de ello, entiendo, cabe confirmar la denegatoria del tribunal de mérito a la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa del acusado, a raíz de la pena de inhabilitación especial conminada en forma conjunta para el delito de Homicidio Culposo Agravado que se le atribuye a Delgado, el que se encuentra reprimido con el mencionado tipo de pena (arts. 84, 2º párrafo C.P.). Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la primera cuestión, y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs.1/2 vta., por el Dr. Claudio S. Contreras, en su carácter de asistente técnico del imputado Juan Carlos Delgado. II) Rechazar el recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Tener presente la reserva de derechos que prevén los Arts. 14 y 15 de la Ley 48, para el caso federal y la del recurso contenido en el Art. 2, Apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El Sr. Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el Dr. Cáceres, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs.1/2 vta., por el Dr. Claudio S. Contreras en su carácter de asistente técnico del imputado Juan Carlos Delgado.

2º) No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva de derechos que prevén los Art. 14 y 15 de la Ley 48, para el caso federal y la del recurso contenido en el Art. 2, Apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.