Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-30


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 96.309 _________ CAUSA Nº 4.170/2008 "MASTRONARDI, CARLOS ALBERTO C/SATRO S.A. Y OTROS S/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL" SALA IV JUZGADO Nº 47.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 30 DE MAYO DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

I- Contra la sentencia de primera instancia de fs. 547/550, se alzan la parte actora a fs. 560/566 y la aseguradora a fs. 570/574, con réplica de sus contrarias a fs. 579/581 (aseguradora) y fs. 582/585 (Femsa SA) y a fs. 590/591 (actor), respectivamente. Asimismo, la perito contadora (fs. 551) y el perito ingeniero (fs. 559) apelan sus honorarios por considerarlos bajos.

II- A fin de ordenar la exposición he de comenzar por examinar la queja deducida por la parte actora. En su primer agravio cuestiona el tratamiento dado a evento dañoso del 2 de septiembre de 1997; a tal efecto transcribe parte de la demanda para sostener que la enfermedad cardiaca comenzó a manifestarse en dicha fecha, pero agrega que la prescripción comienza a partir del momento en que se tomó conocimiento de la incapacidad aunque luego efectúa una serie de consideraciones en la que destaca que el actor siguió realizando las mismas tareas.

Sin embargo, el apelante no efectúa una critica concreta y razonada del fallo anterior pues no intenta refutar adecuadamente, en los términos exigidos por el art. 116 LO, los argumentos expuestos por el Sr. Juez "a-quo". Hago esta afirmación porque, tal como surge de la sentencia en examen, el Magistrado desestimó este aspecto de la pretensión por los siguientes argumentos: 1) afirma que no advierte que "el evento dañoso haya sido acreditado fehacientemente pues el testigo Acosta -es decir la persona que supuestamente lo presenció- no ratificó la versión del trabajador pues se limitó a decir que el actor sufrió una crisis de nervios cuando trabajaba y que lo sabe porque lo fue a ver y porque se lo contaron. A mayor abundamiento, el declarante afirma que, en la primavera de 1997, el actor tuvo un accidente -"fue un golpe trabajando"- y que vio cuando se golpeó pero este evento ni siquiera fue denunciado por el actor y no sería el que le sirvió de base para el reproche patrimonial efectuado, esto es la discusión en la vía pública con el remisero"; 2) considera que varios testigos -ofrecidos por el propio actor- manifiestan que las tareas que realizaba el demandante eran las de ayudante de carga y no las de chofer (De Santo, fs. 413 y Zanotti, fs. 414), razón por la cual considera que el incidente de haber ocurrido "difícilmente hubiese sido con la persona del actor sino con el chofer del camión que era otra persona"; 3) la existencia de un evento dañoso como el invocado -grave incidente verbal con amenazas en la vía pública- "no parece tener la suficiente gravedad como para determinar, por sí solo, la aparición de un problema coronario como el detectado en el caso. No existe relación lógica de causalidad entre el esporádico episodio y la dolencia detectada"; 4) el testigo Zanotti afirma que cuando conoció al acto, este ya estaba tomando pastillas para el corazón o sea que tenía un cabal conocimiento de la dolencia "y, por ende, sería operativa la defensa de prescripción liberatoria bienal porque, cabe señalar, la demanda recién fue interpuesta el 6 de marzo de 2008, o sea a más de diez años de ocurrido el supuesto evento dañoso".

Ninguno de estos fundamentos fue debidamente cuestionado en el memorial recursivo, lo que sella la suerte adversa del planteo. Cabe recordar que la expresión de agravios debe contener "la fundamentación destinada a impugnar la sentencia (.) con la finalidad de obtener su modificación o revocación. Concretamente, se trata del acto procesal en el cual el recurrente expresa los motivos de su apelación, refutando -total o parcialmente- las conclusiones de la sentencia, respecto de los hechos y de la valoración de la prueba o de la aplicación de las normas jurídicas (Elena I. Highton, Beatriz Areán en "Código Procesal Civil y Comercial. Análisis Doctrinal y Jurisprudencial", T. 5 pag. 239 y sigts.). Incumplidos tales recaudos, propongo desestimar este aspecto del escrito recursivo.

III- También se agravia la parte actora porque el Sr. Juez de grado no hizo lugar al reclamo por la reparación integral por las afecciones sufridas como consecuencia del tercer accidente denunciado, de fecha 16-3-06, pues sólo responsabilizó a la ART con fundamento en la ley 24.557. Por su parte, la aseguradora Federación Patronal ART se queja porque el Magistrado tuvo por probado dicho accidente y estableció la vinculación con la afección de hernia de disco y por el porcentaje de incapacidad establecido.

En este contexto, es prudente analizar ante todo si, en el caso concreto, dada la vía elegida para demandar, el actor logró probar los requisitos necesarios para viabilizar la responsabilidad generadora del deber de indemnizar en el ámbito del derecho civil.

Por ello, cabe señalar que a fin de responsabilizar con sustento en las normas del código civil deben concurrir cuatro presupuestos: a) el daño, que consiste en la lesión de un derecho subjetivo o interés de la víctima del incumplimiento jurídicamente atribuible; b) una relación de causalidad entre el hecho y el daño; c) el incumplimiento objetivo o material, que consiste en la infracción de un deber jurídico, sea mediante el incumplimiento de un deber contractual, o en virtud de la violación del deber general de no dañar; y d) un factor de atribución de responsabilidad por la producción del hecho dañoso, que puede ser subjetivo u objetivo.

Ahora bien, en el escrito de inicio (fs. 7) el accionante afirmó que el accidente del 16-3-06 ocurrió mientras cumplía sus tareas habituales de carga y descarga de packs de Coca Cola, y al agacharse sintió un "tirón" en su columna vertebral lumbosacra quedándose "duro" y "dormido" el miembro inferior derecho, imposibilitándolo para desplazarse por su propios medios. Por su parte el Sr. Juez de grado tuvo por acreditado el evento dañoso a partir de la declaración del testigo Zanotti, extremo sobre el cual puntualmente se agravia la aseguradora al sostener que sus dichos resultan vagos y genéricos.

Del análisis de la declaración de Zanotti (fs. 414) surge que fue compañero del actor y que realizaba tareas de ayudante. Explicó que una vuelta Mastronardi quedó medio doblado cuando salían de un cliente, que el actor estaba arrodillado, que no podía levantarse en momentos en que se encontraba descargando gaseosas y que eso fue en marzo de 2006. Agregó que llamó a la empresa -Satro- porque el Sr. Mastronardi no se podía enderezar y le mandaron otro ayudante.

En razón de lo expuesto no puede afirmarse que los dichos del deponente fueran vagos o genéricos como invocó la aseguradora pues relató en forma clara y precisa el momento del accidente. No obsta para tenerlo por acreditado el hecho de que fuera el único testigo que declaró sobre su acaecimiento, pues, en primer lugar era la única persona que estaba presente en dicho momento y dadas las especiales circunstancias del caso, pues ocurrió en momentos en que se encontraban desempeñando sus tareas fuera del ámbito del establecimiento, además era la persona que se encontraba en condiciones de dar y tener concreto conocimiento de los hechos toda vez que el testigo en dicho momento era el chofer del camión del cual estaba descargando el actor.

En consecuencia considero que sus dichos son convictivos y dan suficiente razón de los hechos invocados al demandar examinados a la luz de la sana crítica (arts. 386 CPCCN). Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido en reiteradas oportunidades que la mera circunstancia de que se trate del único testimonio no obsta a su validez y que tenga eficacia probatoria (C.N.A.T., S. III, S.D. 88.392 del 26.12.06. "Cáceres, Cecilia María c/ Banco Río de la Plata s/ despido").

Cabe puntualizar que, en la apreciación de la prueba testimonial, lo relevante es el grado de credibilidad de los dichos, a cuyo fin, se valora las condiciones personales del declarante, la razón de sus afirmaciones, la existencia o ausencia de interés en el asunto; es decir, todos los elementos subjetivos que puedan determinar la fuerza de convicción del declarante.	En consecuencia, coincido con el Sr. Juez en cuanto a que el testimonio de Zanotti acredita de modo fehaciente el evento dañoso sufrido por el Sr. Mastronardi en momento en que se encontraba desempeñando sus tareas.

Cabe ahora analizar el agravio de la ART en torno a la vinculación establecida por el Sr. Juez entre el infortunio y la afección de hernia de disco. En este aspecto de la cuestión en debate, cabe recordar, en primer lugar, que el establecimiento de la relación causal y/o concausal entre el accidente sufrido por el dependiente y el padecimiento por el que acciona, escapa a la órbita médico legal pues es facultad del juez, en cada caso la determinación de dicho aspecto (CNAT, Sala I, 27 de febrero de 1998 "Lera, Nicolás M. c/ FE. ME. S.A." D.T. 1998 -A 1144 y Sala X "Rodríguez de Puoyte, Alicia c/ ENTEL" SD 262 del 18/9/96). No considero, como lo sostiene la aseguradora en su memorial recursivo (fs. 571 y 572), que en el dictamen final de la Comisión Médica no se hubiera diagnosticado dicha dolencia, pues a fs. 274/275 la aseguradora aportó copia del EMG de fecha 31/03/2006 de la que surge "signos de compromiso neurógeno sin actividad denervatoria actual con topografía lesional en raíz de nervio periférico constituyendo una radiculopatía L5 derecha", además, el EMG del 01/08/06 indicó "neurógeno con compromiso de raíz de nervio constituyendo una polineuropatía en todos los territorios explorados" y el informe de TAC del 29/09/06 objetivizó una imagen compatible con hernia del 5º disco, determinándole un 12,50 % de incapacidad (ver fs. 277).

En lo que respecta a los porcentajes de incapacidad por la patología de hernia y lumbalgia, considero que no le asiste razón a la apelante. Ello pues, en primer lugar, el recurrente no se hace cargo de ninguno de los argumentos esgrimidos por el Sr. Juez de grado en su sentencia. Las manifestaciones expuestas no rebaten de manera crítica y razonada los argumentos vertidos por el a quo, por lo que corresponde declarar desierto el recurso sobre el aspecto en debate (conf. art. 116 L.O.).

Repárase en que se limita manifestar su mera disconformidad con lo decidido por el Juez de grado sin invocar fundamento alguno que avale su postura. Nótese que no dice cuál, a su criterio, debía ser el porcentaje. Además, descalifica la pericia médica sin fundamento y la compara con el dictamen de la Comisión Médica, que como ya indiqué resulta inexacta la comparación aludida. Por lo expuesto, no encuentro invocada razón alguna que merezca apartarse de la pericial médica, por lo que las conclusiones merecen plena eficacia probatoria (art. 386 y 477 del C.P.C.C.), ya que se sustentan en estudios realizados al actor descriptos en el informe, y provienen de una experta en medicina, cuyas conclusiones se encuentran basadas en la ciencia y experiencia. Si bien la prueba pericial no es obligatoria para el juez, apartarse de las conclusiones establecidas por el experto exige aportar suficientes elementos de juicio que conduzcan a demostrar el error del perito o la contradicción con los principios lógicos o máximos de experiencia, ya que la concordancia del dictamen pericial con las reglas de la sana crítica, la competencia del perito y los principios técnicos en que se funda, no pueden ser controvertidos mediante simples discrepancias, sin apoyo en sólidos fundamentos probatorios (CNAT, Sala VIII, junio 6 1991 "Rivero Varela, Sergio Wilman c/ Frigorífico Monteagudo SRL"). Resulta del caso recordar que la impugnación de una pericial -cuando ésta se halla correctamente fundamentada- para lograr convicción en el juzgador, debe tener tal fuerza y fundamento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se funda el dictamen. El juez sólo debe apartarse del asesoramiento pericial cuando éste adolezca de deficiencias significativas, sea por errores en la apreciación de las circunstancias de hecho o por fallas lógicas en el desarrollo de los razonamientos empleados, que conduzcan a descartar la idoneidad probatoria de la peritación (cfr. CNAT, Sala VIII, causa nº 15.594/86 "Ibarra, Oscar René c/ Vicente Montaña e hijos SRL s/ Accidente ley 9688, sentencia nº 20.296 del 31-5-1994), extremo que no se verifican en el caso de autos.

En consecuencia considero que debe confirmarse el fallo de grado en cuanto hace lugar al grado de incapacidad establecido por las afecciones de hernia discal y lumbalgia.

En cuanto a la afección psicológica el apelante sostiene que el 10 % de incapacidad determinada por la perito médica debe ser disminuida pues no debe ser relacionada con la afección coronaria que padece el actor. De la atenta lectura del psicodiagnóstico surge que el daño psíquico que padece el Sr. Mastronardi se encuentra relacionado con los padecimientos físicos detectados (fs. 482), es decir, presenta un cuadro de deterioro genérico, significativo compatible con el de trastorno adaptativo crónico con estado de ánimo depresivo (fs. 422 vta./423).

En este orden de ideas, si se examina a la luz del derecho común caber recordar que en la acción común resarcitoria no se aplica el principio de la "indiferencia de la concausa", el dueño o guardián sólo debe responder por el daño ocasionado por la cosa y no por otras causas ajenas (cfr. CSJN, "Gago Manuel c. EFA", sentencia del 1/11/84 del Registro del Alto Tribunal T 192, F 2983 y CNAT, Sala I, 20/04/2007, "Benítez, Luis O. c. Explotación Pesquera de la Patagonia S.A."). Por ende, dado que no resulta matemáticamente posible establecer en estos casos, en forma objetiva y en una proporción equitativa, cuál fue el daño psicológico que le habría causado cada una de las afecciones que presenta el actor, toda vez que el daño psíquico, de admitirse la vía civil, resulta ser indivisible considero justo y equitativo fijarlo en el 5 % de la t.o. En este aspecto de la cuestión cabe recordar que los baremos no son taxativos sino que sólo sirven como normas de orientación.

Por lo tanto, en mi opinión, examinada la cuestión por vía de la acción civil correspondería reducir el porcentaje de incapacidad y establecerlo en el 20 % de la t.o. por la totalidad de las afecciones que presenta el Sr. Mastronardi vinculadas causalmente al accidente sufrido el 16/3/2006.	IV- Acreditado el accidente como así también la modalidad de su producción y el daño en el trabajador, corresponde verificar que si se encuentran acreditados los presupuestos para vincular jurídicamente dichos extremos con fundamento en las normas del derecho civil.

En razón de las consideraciones expuestas considero probados en autos los presupuestos fácticos necesarios a fin de establecer la condena con fundamento en el art. 1113 C.C. En mi opinión, se encuentra acreditado en la causa la incapacidad que presenta el actor que la misma surgió como consecuencia de accidente sufrido. Al respecto, la doctrina y jurisprudencia han considerado que no hay cosa peligrosa en función de su naturaleza sino de las "circunstancias", y que el damnificado no está obligado a comprobar el carácter peligroso de la cosa que lo ha dañado. Le basta establecer la relación de causalidad entre la cosa y el daño. Como se indicó precedentemente el daño que sufrió el trabajador fue como consecuencia de realizar esfuerzo al descargar un pack de gaseosas del camión. Adviértase que el perito ingeniero indicó (fs. 331 vta.) que las tareas del actor eran colaborar con el ordenamiento de la carga en el camión, descargar en forma manual los cajones plásticos y/o packs desde el camión hasta la carretilla. Aclaró que los bultos que debía levantar el trabajador tenían un peso máximo de 20 kgs. y en promedio alcanzaban los 13 kgs. y el operario debe realizar esfuerzo para maniobrarlos hasta colocarlos en la carretilla, la cual empuja hasta el lugar de destino y finalmente los descarga. El experto destacó que los camiones no poseen dispositivos de descarga (planchada de nivelación hidráulica) y que sólo cuentan con carretillas manuales para trasladar la mercadería desde el camión hasta el local del cliente (fs. cit.). En el presente, el riesgo de la cosa se establece por el daño ocurrido por la sola intervención de la cosa por lo que en el presente caso la vinculación entre el daño y la cosa es causal, sin la intervención de algún otro elemento o persona en el hecho ("Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", J. Llambías, T IV, pág. 627 y CNAT, Sala I, sent. 74313 del 31/5/99 "Calderón, Oscar c/ Zarcel SA s/ accidente acción civil"). Se torna así aplicable al caso particular, la doctrina asentada por esta Cámara en el Fallo Plenario N°. 266 del 27-12-1988, en autos "Pérez, Martín c/ Maprico S.A." (D.T. 1989-B, pág. 2058), en la que se consideró que puede imputarse a riesgo de la cosa el daño causado por el esfuerzo desplegado por el trabajador para desplazar una cosa inerte siendo aplicable el dispositivo legal aludido.	En síntesis, el riesgo o vicio de la cosa, está caracterizado en la especie por el pack de bebidas gaseosas que debió descargar el actor del camión para el cumplimiento de su débito laboral y resultó idónea, en el marco de la modalidad en que debía ser utilizada por el dependiente. El daño sufrido se produjo en el ejercicio de las tareas que eran habituales en el repertorio de las prestaciones del trabajador bajo la dirección y órdenes específicas del principal (conf. arg. arts. 64, 65, 68, 84, 86 y concds. de la L.C.T.). Además de ello, la responsabilidad objetiva de la empleadora se proyectó en la especie en su carácter de "guardián" de la cosa riesgosa productora del daño, ya que ésta se sirvió de la cosa para la consecución de sus fines propios (la actividad productiva desarrollada). Por otra parte, llega firme a esta alzada las tareas desempeñadas por el actor como así también que los bultos que debía descargar y levantar rondaban el peso antes mencionado. Además, cabe destacar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que no cabe imponer al reclamante la carga de probar la configuración del riesgo de la cosa dañosa, toda vez que para que se torne operativo el art. 1113 del Cód. Civil, basta con que el afectado demuestre el daño causado y el contacto con aquélla, quedando a cargo de la demandada, como dueña o guardiana, acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder (CSJN, 28/4/92, "Machicote, Ramón c/ Empresa Rojas SAC" y CNAT, Sala IV, 31-10-05, sent. 90928, "Zaracho, Sindulfo c/ Riva SA y otro s/ accidente acción civil").

V- En razón de los fundamentos expuestos en los considerados anteriores, considero cumplidos en autos los presupuestos necesarios para admitir la procedencia de la acción con sustento en el art. 1113 CC por lo que ahora me abocaré al planteo de inconstitucionalidad incoado con relación al art. 39 apartado 1 de la ley 24.557.

La citada normativa de la ley de riesgos del trabajo establece que las prestaciones de dicha ley, exime a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a sus trabajadores y los derechohabientes de éstos, salvo que el empleador hubiera incurrido en una actitud como la descripta en el art. 1072 del Código Civil, o sea, en "dolo", entendido como al intencionalidad de dañar. Corresponde, pues examinar el planteo de invalidez constitucional deducido por la parte actora.

Al respecto cabe señalar que en el caso "Aquino Isacio c/ Cargos Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688" del 21/9/2004, A.2656. XXXVIII), nuestro máximo Tribunal sostuvo que existían numerosos precedentes que profundizaban los alcances reparadores integrales que surgían de las disposiciones del Código Civil, y en tal inteligencia, con expresa referencia a un infortunio laboral, que la reparación también debía comprender, en caso de haberse producido, el daño moral, e incluso, la pérdida de chance, cuando el accidente había privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera. Asimismo, a través de los votos de los Dres. Belluscio y Maqueda, que comparto, se reiteran conceptos vertidos en fallos anteriores en cuanto a que las limitaciones a la reparación plena previstas en los sistemas especiales de responsabilidad, si bien a priori no son invalidas constitucionalmente, son susceptibles de cuestionamiento con base constitucional si se comprueba la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a la garantía invoca por el interesado (Fallos 108:240; 325:1125, considerando 16 y 17).

Para determinar si se produjo ese menoscabo debe examinarse por un lado el alcance de los derechos constitucionales involucrados en el caso y, por otro, si el daño causado por la contingencia en cuestión, encuentra su debida reparación con las prestaciones de la ley de riesgos del trabajo. No hay duda, respecto del primer recaudo, que el art. 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohibe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero alterum non laedere -el cual no puede ser alterado por las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos (art. 28 CN)- el cual además, se encuentra entrañablemente vinculado a la idea de reparación. Y que los arts. 1109 y 1113 del Código Civil expresan un principio general que regula cualquier disciplina jurídica. Asimismo, cabe tener en consideración la especial tutela que le reconoce el constituyente al trabajador no sólo a través del art. 14 bis, sino también a partir de la reforma de 1994, con la incorporación de los tratados sobre Derechos Humanos, según art. 75 inc. 22 de la Carta Magna. En consecuencia, y en atención a las normas y principios constitucionales en juego, resta dilucidar si quedó demostrado que, tras la aplicación de las pautas mensurables por el sistema de la ley de riesgos, el daño causado al trabajador excede en forma manifiesta e intolerable el marco de cobertura que razonablemente cabe entender abarcado por el régimen especial.

En orden a lo expresado, es insoslayable considerar que la Ley de Riesgos del Trabajo no establece reparación alguna para el daño moral que también fue ocasionado por las enfermedades laborales que padece el demandante, por lo que no puede válidamente sostenerse que la reparación del daño contemplada por aquél sea íntegra, pues debe tender a restituir tan exactamente como sea posible, el detrimento patrimonial ocasionado por el hecho dañoso, para dejar al obrero o empleador que sufrió el accidente, en idéntica o similar situación económica a aquella en que se hallaría si el infortunio no hubiese sucedido.

En el caso concreto, el gravamen que justifica la declaración pretendida surge palmariamente del mero cotejo entre la indemnización con arreglo al derecho común y la que correspondería de acuerdo con las pautas de la LRT. Así como sostuvo el Sr. Juez a quo la suma que por aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo le hubiera correspondido ($ 25.814, ver fs. 549) que es muy inferior a la que le correspondería por la reparación con fundamento en las normas del Código Civil. Como corolario de tales consideraciones, en mi opinión corresponde admitir el planteo de inconstitucionalidad incoado por el actor con relación al art. 39 párr. 1 de la LRT en cuanto veda el acceso al trabajador a obtener una reparación integral por el daño que padece como consecuencia del accidente sufrido, con sustento en el art. 1113 y cctes. del Código Civil.

VI- A fin de la cuantificación del daño entiendo que, en el ámbito de la acción civil, no deben contemplarse exclusivamente los daños laborales, sino los otros efectos del perjuicio que se proyectan en la vida de relación.

En efecto, considero que en reclamos como el presente en el contexto indemnizatorio del Derecho Civil, el Juez se encuentra facultado para determinar el monto de condena sin estar obligado a utilizar fórmulas o cálculos matemáticos. Ello resulta concordante con la doctrina del Alto Tribunal en autos "Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro" del 8/4/2008, en cuanto establece que: "El valor de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres" ("Aquino", votos de los jueces Petracchi y Zaffaroni, Maqueda y Belluscio y Highton de Nolasco, Fallos 327:3753. y sus citas "Díaz", voto de la jueza Argibay, Fallos 329:473.)".

Con estos parámetros, cabe tener en cuenta, para fijar el quantum del resarcimiento: las circunstancias del caso, la edad del actor a la fecha de la primera manifestación invalidante, el salario mensual que percibía, las secuelas físicas verificadas, la perspectiva de ganancia de la que el trabajador se vio privado, así como la existencia de cargas de familia y consecuencias que afecten a la víctima no sólo en el aspecto laboral sino también individual y social, todo lo cual le confiere un marco de valoración más amplio que el que surge de la aplicación de una tarifa, pues ".la incapacidad del trabajador por un lado, suele producir a éste un serio perjuicio en su vida de relación, la que repercute en sus relaciones sociales, deportivas artísticas, etc., y que, por el otro, debe ser objeto de reparación al margen de lo que pueda corresponde por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable (Fallos 308:1109, 1115 y 1116). no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual, como desde el social, lo que confiere un marco de valoración más amplio" (Fallos 310:1826, 1828/29) (CSJN, 8-4-08, A 436 XL, "Arostegui, Pablo c/ Omega ART SA y Pametal Peluso y Cía. SRL).

Cabe señalar que el daño moral es una lesión en los sentimientos por el sufrimiento o dolor que padece la persona. La indemnización a él vinculada tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tiene el valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros sentimiento (Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", T. 4). No requiere prueba específica en cuanto ha de tenérselo por demostrado con el solo hecho sufrido por el actor, y las penurias que -es de suponer- de él se derivaron esencialmente en los planos emocional y espiritual del trabajador (v. esta Sala, entre otros, S.D. 93.778 del 28-11-08, en autos "Lencina, Claudio H. C/ S.A. La Patagónica SAIEP").

Lo expuesto permite colegir válidamente que con motivo de las lesiones sufridas en el trabajo, el trabajador recibió asistencia y tratamiento médico, que obviamente le ocasionaron molestias e inconvenientes en su vida de relación, que integran el capítulo de los daños extrapatrimoniales, y, en consecuencia, corresponde admitir la peticionada indemnización por daño moral (CNAT, Sala III, Sent. 50541 del 25-9-85, en autos "Russo, Domingo c/ Murchinson S.A. s/ arts. 1113 Cód. Civil").

De esta manera, la presente acción prospera, respecto de Satro SA, por los siguientes conceptos y montos:

"	Daño material: $ 72.000 "	Daño moral: $ 14.000 Todo lo cual arroja un total de $ 86.000.

VII- Corresponde dar tratamiento ahora al agravio que vierte la parte actora respecto de la responsabilidad que el Sr. Juez de grado le imputó a la aseguradora. Se queja puntualmente porque considera que se le debe extender la condena por el monto total con sustento en el art. 1074 del Código Civil.

Cabe señalar que una de las finalidades prioritarias de la ley 24.557 es la prevención de los accidentes y la reducción de la siniestralidad (art. 1, ítem 2, ap. A) y que, como modo para lograr el cumplimiento de tal objetivo, dicha ley obliga a las aseguradoras a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, entre las que se incluye la posibilidad de incorporar en el contrato respectivo los compromisos acordados entre las partes (aseguradora y empleadora) respecto del cumplimiento de las normas sobre higiene y seguridad laborales (art. 4, ítem 1, párrafo primero). De acuerdo con el marco normativo especial en consideración, la prevención de accidentes comprende conductas específicas de asesoramiento (previstas en el decreto 170/96), de control de las medidas acordadas o sugeridas por la aseguradora y de denuncia de los incumplimientos en que incurra el empleador ante el agente de superintendencia.

Pues bien, el actor en su escrito de inicio (fs. 14 vta./19 vta.) le atribuyó responsabilidad a la aseguradora de riesgos del trabajo Federación Patronal con fundamento en normas de derecho común (básicamente el art. 1074 C.C., ver fs. 14 vta.).

A tal fin deben acreditarse los presupuestos fácticos necesarios, entre los que se incluyen la existencia de un hecho o acto ilícito y su vinculación causal con el daño producido, extremos que como se verá seguidamente se encuentran probados.

Era deber de la ART inspeccionar la modalidad de desempeño de las tareas llevadas a cabo por Mastronardi, la realización de cursos de capacitación en cuanto al movimiento y/o posturas que debe adoptar el cuerpo para el traslado de cosas pesadas, verificar la entrega elementos de protección personal y, en su caso, formular las recomendaciones necesarias para corregir las deficiencia que pudieran existir en los aspectos de seguridad e higiene laborales, con miras a prevenir y reducir los riesgos del trabajo, así como comprobar el cumplimiento de tales recomendaciones por parte de la empleadora y, en caso negativo, denunciar el incumplimiento a la autoridad de aplicación.

En el caso de autos, es dable advertir que a 326/335 se expidió el perito ingeniero designado de oficio en autos. Señaló el experto que antes del 29 de abril de 2006 la accionada no cumplía con los servicios de medicina del trabajo como lo exigía la legislación vigente y que hasta el 1-8-2006 tampoco cumplió con lo exigido por la ley 19.587 y su decreto 351/79. Indicó que las constancias de capacitación personal que le fueron exhibidas datan: una del 2007 y otra del 2008, sin indicación de participación del actor en ellas, pues en la planilla adjuntada a fs. 326 si bien surge el nombre y número de documento del actor no figura suscripta por él. Además, es dable destacar que resultan ser posteriores al accidente (16-3-2006). Manifestó que las únicas normas que le fueron entregadas al Sr. Mastronardi, obrantes a fs. 327/328, corresponden al año 2002 y 2003 y no se relacionan con medidas de protección ni prevención. Agregó que no verificó la realización de cursos de capacitación o medidas preventivas anterior al año 2007. Detalló la entrega de ropa de trabajo (guantes, calado, remera y pantalón) y una faja lumbar en diciembre de 2005 (ver fs. 331), sin embargo, señaló que la cantidad entregada es insuficiente para el período de trabajo a los fines de la frecuencia de reposición (fs. 334 pto. c). Al respecto cabe destacar que el actor ingresó a trabajar en noviembre de 1997. Por otra parte, no puedo dejar de observar lo informado por el experto técnico a fs. 332 vta. pto. 4, en cuanto a que la ART realizó un análisis de riesgo y recomendó a la accionada adoptar distintas medidas de seguridad y que en atención a su incumplimiento denunció el hecho a la SRT, por lo cual la empresa fue incluida en la Res 700 correspondiente a las empresas que tienen un índice de accidentes superior a la media nacional. No obstante ello, no surge cuáles fueron los riesgos que la ART analizó y cuál fue la recomendación que, ante su incumplimiento, motivó la denuncia a la Superintendencia de riesgos del trabajo.

Dicho informe no fue objeto de impugnación por la accionada Satro ni por Federación Patronal, por lo que cabe otorgarle pleno valor probatorio (art. 477 CPCCN). En razón de lo expuesto tendré por acreditado que el Sr. Mastronardi no recibió capacitación sobre levantamiento o manejo manual de cargas ni sobre formas seguras de realizar tareas en prevención de accidentes y/o enfermedades profesionales, ni material gráfico que advierta sobre posiciones o posturas forzadas en la realización de tareas.

Por otra parte, el testigo Acosta (fs. 367), señaló que no usaban faja para la cintura y Zanotti (fs. 414), si bien indicó que proveían fajas y guantes, no precisó ni época, ni cantidad, ni modelo.	En razón de lo expuesto, y lo informado por el perito ingeniero, puede afirmarse válidamente que las obligaciones impuestas por la ley fueron incumplidas por la aseguradora Federación Patronal pues no existió ningún control, ni recomendación, tampoco se acreditó que la ART hubiera verificado los incumplimientos de la patronal relativos a las tareas desempeñadas por el Sr. Mastronardi y como consecuencia de ello los hubiera comunicado a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art. 4 pto. 4 LRT).

De acuerdo con lo expuesto, la omisión de sus deberes específicos posibilitó que al accionante se le desencadenara la patología columnaria, lo que claramente justifica la responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo en los términos del art. 1074 del Código Civil, pues queda en evidencia la existencia de un nexo de causalidad adecuado entre el incumplimiento de Federación Patronal Seguros ART S.A. con el accidente sufrido mientras desempeña sus tareas bajo las órdenes de la demandada y que le ocasiona una incapacidad que fue determinada por la experta médica. Cabe aclarar, sobre este aspecto, que la omisión es causal cuando la acción esperada hubiera probablemente evitado el resultado; es decir, que la relación causal se establece juzgando la incidencia que el acto debido, de ser realizado, hubiera tenido con respecto al resultado o a su evitación (conf. Lorenzetti, Ricardo L., "Notas sobre la responsabilidad civil por omisión", Zeus, t. 33-D, p. 55).

En el presente caso, si el trabajador hubiera recibido capacitación para la realización de esfuerzo en relación al desempeño de sus tareas de esfuerzo, si desde su ingreso a la empresa demandada Satro hubiera recibido las fajas y si los camiones hubieran tenido un dispositivo de descarga (planchada de nivelación hidráulica) en lugar de la utilización de carretillas para transportar objetos pesados (fs. 331 vta.) o hubiera contador con otra persona más como ayudante de descarga a los fines de evitar tener que subirse al camión para luego poder bajar los packs de bebidas seguramente la afección del actor no se habría producido o en su defecto no tendría la gravedad con la que cuenta en la actualidad.	En suma, considero acreditado en autos la responsabilidad de Federación Patronal Seguros ART S.A. en los términos del art. 1.074 del Código Civil por las omisiones en cumplir eficazmente sus obligaciones de control a su asegurada en materia de prevención de los riesgos (art. cit. y art. 4º de la ley 24.557) por lo que corresponde modificar la sentencia de la instancia anterior y extender la responsabilidad en forma solidaria a Federación ART con la codemandada Satro S.A. por el monto total de condena.

En este mismo sentido lo vengo sosteniendo como titular del Juzgado Nacional del Trabajo de Primera Instancia Nº 37, en lo autos "Fera, Gabriela c/ Blasina, María Eugenia s/ despido y accidente" (SD Nº 11595 del 18/3/10), al examinar la responsabilidad que le cabe a la ART en la dolencia del trabajador, considero que debe evaluarse su actuación en cuanto al adecuado cumplimento de sus deberes de prevención. En particular he dicho que ".cabe recordar, al respecto, que la ley de riesgos del trabajo, ya en su primer artículo expresamente declaró que uno de sus objetivos era `... reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos del trabajo.´ (art. 1.2.a), lo que resulta concordante con el principio protectorio enunciado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional el que, además, dispone que las leyes deben asegurar al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor; todo ello en concordancia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ha señalado el alto Tribunal en autos `Torrillo, Atilio Amadeo c/ Golf Oil Argentina SA y otro´ (T.205 XLIV) sentencia del 31.5.2009, en el considerando 5to del voto mayoritario, que `. la LRT, para el logro del mentado objetivo de prevención, tributario de las normas jerárquicamente superiores (.) creó un sistema en el cual las ART tienen una `activa participación ´. la citada ley impuso a las ART la obligación de adoptar las medidas legalmente prevista para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo´ (art. 4-1) [.]. De ahí que las obligaciones de control, promoción, asesoramiento, capacitación, información, mejoramiento, investigación, instrucción, colaboración, asistencia, planeamiento, programación, vigilancia, visitas a los lugares de trabajo [.] exigen de la ART, al paso que las habilitan para ello, una actividad en dos sentidos. Primeramente, la adquisición de un acabado conocimiento de la específica e intransferible realidad del mencionado ámbito laboral, para lo cual éste por así decirlo, debe mantener sus puertas abiertas hacia la ART. Seguidamente, el obrar de éstas sobre dicha realidad para que se adecue, de ser necesario, a los imperativos de la prevención, incluso mediante la denuncia.". En el considerando 8vo agrega el voto de la mayoría del Alto Tribunal que `.no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales.".

Asimismo, en un más reciente precedente, el Máximo Tribunal, al fallar en la causa "Trejo, Jorge Elías c/ Sterma SA y otros (CSJN, 24-11-09), sostuvo, con expresa remisión a las consideraciones expuesta en el fallo "Torrillo", la importancia que ocupa el deber de prevención que se debe cumplir en los ámbitos de trabajo en tanto que ".. La seguridad y salud laborales, así como en orden al requerimiento de una celosa `prevención´ en esos ámbitos, máxime cuando, por un lado, `trabajo digno es trabajo seguro´ y, por el otro, dicha prevención resulta, sin dudas, un aspecto en el que alcanza su mayor significación y gravedad la doctrina del Tribunal, según la cual el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional. Es condición inexcusable del empleo que éste se preste en condiciones dignas y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, tanto en general, como en lo que concierne a las propias de cada actividad. La prevención en la protección de la salud y de la integridad física del trabajador es el presupuesto legítimo de la prestación de servicios, que no puede ya concebirse sin la adecuada preservación de la dignidad a la persona humana." (Conf. crit., esta sala, 28/3/2012, S.D. Nº 96.172, "Rodríguez Mariela Jesica c/ Jumbo Retail Argentina S.A. y otro s/accidente acción civil").

En síntesis, en función de lo expuesto, de compartirse mi voto, la condena recaerá sobre Federación Patronal Seguros ART S.A. en forma solidaria con Satro S.A. por el monto total de condena.

VIII- Corresponde ahora dar tratamiento a la acción entablada contra Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A. La parte actora en su escrito de inicio sostuvo que al momento del accidente se encontraba transportando mercadería perteneciente a Coca Cola Femsa de Buenos Aires SA. (fs. 12 pto. a.). La empresa, por su parte, desconoció que tuviera el deber de guarda o seguridad sobre cosa alguna que pudiera haber dañado al actor (fs. 80 vta.) y que Satro S.A. se dedique a transportar en forma exclusiva gaseosas de ésta empresa (fs. 81). Además, negó categóricamente la aplicación al caso del art. 30 LCT (fs. 84) y que el Sr. Mastronardi al momento del accidente, estuviera repartiendo productos de su mandante (fs. 81 vta.). También afirmó que no pueden mezclarse dos tipos de responsabilidades, la extracontractual (arts. 1113 y 1109 C.C.) y la contractual (art. 30 LCT), y que le corresponde al actor acreditar los presupuestos fácticos de la acción con sustento en el art. 1113 del Código Civil para que la acción se torne viable (fs. 89).

En primer lugar en atención al resultado que dejo propuesto en los considerandos que anteceden encuentro probados los presupuestos fácticos que tornan viable la acción con sustento en el art. 1113 del Código Civil.

Ahora bien, resulta pertinente aclarar que la jurisprudencia sostuvo -en términos que comparto- en el que se invocan normas laborales con el fin de fundamentar la reclamación por daños y perjuicios, que ".la solidaridad prevista por los arts. 29 y 29 bis, no es aplicable a las obligaciones puramente civiles como la que se funda en el art. 1113 (ver sentencia de la Sala III Nº 87.377 del 12/12/05, en la causa "Balestra, Jorge c/ Gelre, Servicios Empresarios y otro"). También ha resuelto que "La responsabilidad solidaria que deriva de los arts. 29 y 30 de la LCT no resultan aplicables cuando se elige para efectuar el reclamo, las prescripciones del Código Civil" (ver sentencia Sala VIII, 28/8/91, "Domínguez, Oscar c/ Peñaflor S.A. s/ art. 1113 C. Civil"; esta Sala, 30/06/06, S.D. 91.529, "Cuello, Miguel Angel c/ Industrias Metalúrgicas Halperín SA. y otros s/ Accidente acción civil"; íd., SD 91.972 del 28/12/06, "Cassella, Beatriz Mafalda y otros c/ Ileco SA y otros s/ Accidente ley 9688"; íd., 12/10/2011, "Vallejos, Nelson David c/ Banco Credicoop Cooperativo Ltd. y otro s/ Accidente - Acción civil" y íd., 12/10/11, SD 95797, "Bello, César Alfredo c/ Bayton Servicios Empresarios S.A. y otros s/ Accidente - Acción Civil").

Lo expuesto precedentemente resulta aplicable al caso de autos, y, dado que -además- el reclamante fundó su pretensión en normas del derecho civil, no resulta factible establecer una condena sobre la base de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.

Sin perjuicio de lo expuesto considero que la codemandada Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A. resulta responsable solidariamente de la condena recaída en autos, aunque por fundamentos distintos. Conforme se desprende del escrito de contestación de demanda, no desconoció expresamente (art. 356 CPCCN) que la mercadería que transportaba Satro S.A., al momento del accidente, le pertenecían a su mandante. Por otra parte, el testigo De Santo (fs. 413) señaló que trabajó para la accionada, que el actor era ayudante y que repartían Coca Cola; Zanotti por su parte (414) declaró que trabajó junto con el actor y que Satro distribuye Coca Cola; extremos que resultan concordantes con lo expuesto por el perito ingeniero a fs. 335.

En consideración con lo reseñado precedentemente y lo expresado en los considerandos IV y VII del presente voto, se encuentra acreditado en autos las tareas de esfuerzo desempeñadas por el Sr. Mastronardi como así también que la accionada (Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A.) al momento del accidente era la propietaria de la cosa riesgosa productora del daño -packs de bebidas- que el reclamante debía manipular frecuentemente. En consecuencia, cabe concluir que tanto el peso de los objetos, como así también las posiciones y movimientos que el trabajador debía adoptar para levantarlos y trasladarlos, le ocasionaron causalmente la minusvalía que porta, todo lo cual acarrea la responsabilidad a la coaccionada Coca Cola Femsa SA en los términos del art. 1113 del CC, en forma solidaria con Satro S.A. y Federación Patronal ART SA sobre el monto total de condena con más sus intereses.

Por los fundamentos expuestos precedentemente corresponde hacer lugar al agravio vertido por la actora y modificar la sentencia extendiendo la responsabilidad a Satro S.A. y Federación Patronal Seguros ART S.A.

IX- En cuanto al agravio de la ART respecto de la fecha a partir de la cual corresponde se apliquen los intereses, cabe destacar que dado el fundamento legal por el que prospera la presente acción (Código Civil), no corresponde la aplicación de la normativa pretendida por la apelante (LRT).

En razón de ello no corresponde modificar lo decidido en la instancia anterior.	X- De acuerdo al resultado que propicio corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y regulación practicada en primera instancia, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCCN.); por lo que resulta abstracto expedirme sobre los agravios vertidos sobre tales aspectos.

En orden a ello, y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art. 68 del CPCCN, considero que las costas de ambas instancias deben quedar a cargo de las codemandadas Satro S.A., Coca Cola Femsa de Buenos Aires SA y Federación Patronal Seguros ART SA, en forma solidaria, por haber sido vencidas en los aspectos principales de la controversia.	Por otra parte, de acuerdo al resultado del pleito, los trabajos realizados, y las pautas que emergen de las normas arancelarias vigentes, corresponde fijar los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 16%, de la demandada Satro S.A. en el 12 %, de la aseguradora Federación Patronal ART SA en el 12 %, de Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A. en el 12 %, los del perito contador en el 6%, los de la perito médica en el 6% y los del perito ingeniero en el 6%, respectivamente (conf. art. 38 L.O., Ley 21.839, Ley 24.432, Decreto 16638/57, y concordantes), todos ellos a calcular sobre el monto de condena con más sus intereses. Asimismo, corresponde fijar los honorarios de los letrados intervinientes en esta alzada, en el 25% de lo que perciban en la anterior instancia.

Por ello, voto por: I) Modificar la sentencia apelada y elevar el monto de condena a la suma total de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL ($ 86.000) que deberá abonarse en el plazo, modo, y con los aditamentos establecidos en el fallo recurrido. II) Modificar la sentencia apelada y condenar en forma solidaria a Satro SA, Federación Patronal Seguros ART SA y Coca Cola Femsa S.A. por el monto total de condena. III) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios efectuados en el decisorio de grado. IV) Imponer las costas de ambas instancias a las demandadas en forma solidaria. VI) Regular en los honorarios de los profesionales intervinientes en la forma establecida en el párrafo anterior (conf. art. 38 L.O., Ley 21.839, Ley 24.432, Decreto 16638/57, y concordantes); y fijar en el 25% de lo que perciban en la anterior instancia, los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia.

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto precedente.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I) Modificar la sentencia apelada y elevar el monto de condena a la suma total de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL ($ 86.000) que deberá abonarse en el plazo, modo, y con los aditamentos establecidos en el fallo recurrido. II) Modificar la sentencia apelada y condenar en forma solidaria a Satro SA, Federación Patronal Seguros ART SA y Coca Cola Femsa S.A. por el monto total de condena. III) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios efectuados en el decisorio de grado. IV) Imponer las costas de ambas instancias a las demandadas en forma solidaria. VI) Regular en los honorarios de los profesionales intervinientes en la forma establecida en el párrafo anterior (conf. art. 38 L.O., Ley 21.839, Ley 24.432, Decreto 16638/57, y concordantes); y fijar en el 25% de lo que perciban en la anterior instancia, los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. GRACIELA ELENA MARINO	SILVIA E. PINTO VARELA	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria