marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, diagnóstico médico, error de diagnóstico, atención médica domiciliaria, derivación del paciente
Materia: CIVIL
Carátula: SIERRA, Sebastián Waldemar c/ SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-01

Si bien no se puede pretender que un servicio de atención domiciliaria cuente con los aparatos necesarios para poder realizar todos los estudios de las diversas patologías que pueden presentar los pacientes, si los médicos advierten que como consecuencia de ello no les resulta posible efectuar un diagnóstico con certeza, deben proveer todos los medios adecuados para poder arribar al mismo. Y para ello, no es suficiente cumplir con la formalidad de completar un formulario -con un diagnóstico presuntivo erróneo- y pretender luego trasladar la responsabilidad al paciente, quien no es profesional de la medicina y en consecuencia ignora la gravedad del cuadro y consecuencias de la patología que presenta.
Defensa en juicio, notificación, traslado de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur -Proconsumer- c/ Provincia de Río Negro y Empresa de Energía de Río Negro S.A. (EDERSA) y Otro s/ Contencioso administrativo s/Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-09-30

"Nuestro ordenamiento privilegia la adecuada protección del derecho a la defensa y en circunstancias de encontrarse controvertida la notificación del traslado de la demanda, en caso de duda sobre la regularidad atribuida al acto, debe estarse a favor de aquella solución que evite la conculcación de garantías de neta raíz constitucional".
Recurso contencioso administrativo, honorarios, prescripción, caducidad, duplicación del plazo, incidentes, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: GIACOMINO, ROBERTO DANTE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- CADUCIDAD  DE LA INSTANCIA DE LA INCIDENCIA SOBRE PRESCRIPCION DE HONORARIOS  REGULADOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 182 AÑO 1986)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

No puede prosperar el planteo de la Provincia por el que se opone al pedido de caducidad del incidente de prescripción de los honorarios regulados al apoderado de la parte actora, y que se basa en que, a falta de previsión expresa en la ley 4106, resultaría aplicable al caso el plazo anual de caducidad previsto en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, desde que tal postulación consagra un resultado claramente irrazonable que no puede presumirse pretendido por el legislador. En efecto, siguiendo el criterio propuesto por la demandada, y teniendo en cuenta la duplicidad de términos consagrada por el artículo 5 de la ley 7234 (y modificatorias) omitido por la demandada, se llegaría a la conclusión de que el plazo de caducidad en los incidentes sería de dos años, mientras que el plazo de caducidad para el expediente principal sería de seis meses (por disposición del artículo 63 de la ley 4106, con la duplicidad de la norma ut supra citada). Y tal irrazonabilidad se abona más aún a poco que se advierta que con el criterio propiciado por la Provincia, podría ocurrir que en un proceso contencioso administrativo la demandada promoviese un incidente que, por disposición de la ley o por su propia naturaleza, produzca la paralización de la causa principal y, por aplicación de todo el sistema propuesto por aquélla, se cuadruplicara la pendencia inactiva de esa causa, a contrapelo de lo establecido expresamente en la ley 4106. (Del Voto De La Mayoría. En Disidencia Los Dres. Falistocco Y Gastaldi)
Acción de amparo, prueba, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gianattasio, Jorge Horacio c/ Obra social de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-28

El criterio rector en materia de prueba dentro del proceso de amparo es que se gestionará sólo aquel material probatorio que resulte admisible y conducente, y ello sin mengua alguna al derecho de defensa en juicio que le asiste a las partes.
Crímenes de lesa humanidad, imprescriptibilidad de la acción penal, jerarquía constitucional, tratados internacionales
Materia: PENAL
Carátula: FUNES GUSTAVO JAVIER Y OTRO s/ PSA ENCUBRIMIENTO ETC INCIDENTE DE EXCEPCION POR EXTINCION DE LA ACCION PENAL - RECURSO DE CASACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-12-21

Bajo la influencia del Derecho Internacional Humanitario se afirma que la prescripción no impide el ejercicio de la acción penal cuando lo que se procura es el enjuiciamiento de crímenes de guerra, de lesa humanidad y los vinculados a la desaparición forzada de personas. Tales excepciones, a su vez, se han incorporado al derecho interno al otorgársele jerarquía constitucional a los documentos internacionales que así lo disponen.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: E.F.A. c/ MASSUD ELIAS s/ Cobro de Pesos (LIBRO: A071 - 477)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-07-29

El monto del juicio a los fines regulatorios no puede ser otro que el monto del capital actualizado con más los intereses pactados reclamados, y no los legales.-
Nulidad del acto administrativo, migraciones, ley vigente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROMERO ARIAS, RAÚL c/ EN- M° DEL INTERIOR OP Y V- DNM s/ RECURSO DIRECTO DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-05

Los jueces Gallegos Fedriani y Treacy declararon la nulidad de los actos administrativos dictados por la autoridad migratoria, atento a que eran nulos por falta de motivación y por no sustentarse en los hechos y antecedentes que le servían de causa y en el derecho aplicable (art. 7°, incs. b] y d] de la Ley N° 19.549); como así también por haber denegado la dispensa prevista en el artículo 62, última parte de la Ley N° 25.871 en base a consideraciones genéricas y abstractas. Por su parte, según su voto, el Dr. Alemany adhirió en lo sustancial a lo expresado por el Dr. Gallegos Fedriani; sin perjuicio de lo cual, ordenó remitir las actuaciones a la Dirección Nacional de Migraciones a fin de que evalúe nuevamente la situación del accionante.
Accidentes de trabajo, comisiones médicas, porcentaje de incapacidad, doctrina de los actos propios, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández.  Jesús  Maria c/ Mansilla  Derqui  S.A.  y otros s/ Accidente ley 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-29

El sometimiento a las Comisiones Médicas contempladas en la LRT, resulta ser la única asistencia médica obligatoria que tiene el trabajador a su alcance en el momento del infortunio laboral, pero no le veda, con posterioridad, su derecho a cuestionar en sede judicial el porcentaje asignado en sede admnistrativa. Sería irrazonable aplicar la teoría de los actos propios con el fin de desestimar la revisión de un derecho al que la Carta Magna le otorga el carácter de irrenunciable.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, daño punitivo, multa, procedencia del recurso, automotores, defectos de fabricación, tallerista
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Ungra, Brian Michel  c/ Automóvil Club Argentino y otro  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-18

Cabe hacer lugar a la indemnización establecida en la LDC 52 bis. Ello por cuanto, en el caso, la demora en la reparación del automóvil propiedad del actor, los faltantes de diferentes piezas, arreglos adicionales no relacionados, la exigencia de su abono a pesar de no haber sido informado ni haber autorizado a ello, es claro que el proceder de las codemandadas constituyó una indiferencia dañina, perjudicial para la parte accionante. Y el haber sostenido que su actuar fue adecuado a derecho, tal como reiteradamente lo hicieron, no es sólo un descaro descartable como excusa exculpatoria, sino que se constituye en clara evidencia de que han naturalizado tal inadmisible proceder. Ese modo de actuar ante los asociados y clientes debe ser rechazado y sancionado con digno castigo para evitar su reiteración. Primero porque es de presumir que el ACA y una experimentada empresa comercial deben obrar lealmente, sea con sus asociados o con su clientela y más bien han actuado desaprensivamente y, por lo menos el tallerista concesionario, en la conciencia maliciosa del proceder indebido o ajeno a normas legales que exigen ciertas formalidades, con el fin de obtener un beneficio con el correlativo perjuicio a la actora.
Embargo, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lilli, Hugo Jorge y ot. c/ Unión Transitoria de Empresas Alesia-Suipacha y ots. s/ Inc. de levantamiento de embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

Lo que debe ser materia de la actualización en el embargo es el monto por el cual se trabó el embargo y hasta -como última fecha- el 31/3/91, desde la fecha en que se anotó en el Registro y no la que se adeuda al acreedor y que puede ser superior a aquélla (doc. arts.

2, 21, y 22 de la ley 17801. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Control de constitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, ley reglamentaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Luis Alberto Alvarez c/ Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en expte. B-57.648/00, Incidente de ejecución de sentencia en el expte. Nº B-21.485/97 inconstitucionalidad interpuesto en expte. B-57.648/00, Incidente de ejecución de sentencia en el expte. Nº B-21.485/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-03-30

De la sola confrontación de lectura de ambos textos, el del art. 11 de la Constitución, y el 5 de la ley Nº 5177, que dispone que "mientras dure la emergencia administrativa dispuesta en la presente ley, suspéndese la ejecución de sentencias y laudos arbitrales que condenen al pago de una suma de dinero en contra del Estado Provincial, como así también la efectivización de medidas cautelares...(...)"., surge de manera manifiesta, sin necesidad de hacer ningún análisis o interpretación gramatical ni jurídico, la flagrante colisión entre ambas. En este caso, resulta indudable que la ley, so pretexto de reglamentar la norma constitucional, no sólo que la ha alterado sino que la ha desnaturalizado, haciendo tabla rasa con los derechos y garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ecología y Desarrollo Asociación Civil c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-28

No corresponde al Tribunal, llamado a resolver únicamente respecto de la validez o invalidez de una norma, emitir pronunciamiento alguno respecto de si hay o no omisión legislativa. Resulta inadmisible la pretensión que procura algo más que el cotejo en abstracto de la conformidad o disconformidad de la ley local con normas de superior jerarquía. De ser admitida, convertiría al Tribunal en legislador positivo, en exceso de las atribuciones que le confiere el artículo 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, con afectación del principio de división de poderes (conforme en "Leibinstein Perla Aída y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. SAO n° 2533/03; sentencia del 19-11-2003). (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Prueba testimonial, testigo único
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Lt. c/ Vaz Perez, José y Nieva, Walter Roberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-26

Resulta válida y suficiente la declaración de testigo único S.C.B.A. "Ac. y Sent." 1965-II-694, 1966-II-24), no obstante de tratarse de testigo "protagonista", lo que sólo lleva a un riguroso análisis de su declaración (arts. 384, 456 del C.P.C.C.).
Excarcelación, indulto
Materia: PENAL
Carátula: BULLON, ANTONIO s/ INDULTO - EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-19

No procede conceder la excarcelación, si el procesado registra una condena anterior de cumplimiento efectivo y sin que hayan transcurrido los plazos del art. 27 "in fine" C. Penal; ello a pesar de haber sido indultada la pena impuesta por aplicación del decreto ley 316/73 del Poder Ejecutivo Provincial, puesto que los efectos que se extinguen por esta medida excepcional son los de carácter penal inherentes a la pena, pero están excluidos los relativos a la "condena", que subsisten con todas sus consecuencias jurídicas.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, teoría de la imprevisión, mutuo hipotecario
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Roberts  S.A. s/ recurso  de  revisión  en  los  autos  caratulados "Martínez Saravia,  Miguel Angel s/ concurso preventivo".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que admitió el reajuste de un mutuo hipotecario en virtud de la teoría de la imprevisión: art. 280 del Código Procesal.
Robo en poblado y en banda, privación ilegal de la libertad, concurso aparente de leyes, consunción
Materia: PENAL
Carátula: RAIDEN, J. M. s/ ROBO    PRIVACION DE LIBERTAD    CONCURSO APARENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-22

La privación de libertad, queda aprehendida en el robo, (art.

167, inc. 2 C.P.) cuando la prolongación del encierro está dirigida a lograr la impunidad de los autores.
Locación, reagravación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GETTOR, ADELA NAHUM DE. c/ ENCOTEL Y OTROS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-05

Los daños ocasionados en un inmueble en el que el locatario es el estado, resultan generalmente acentuados en virtud del destino masivo de las dependencias arrendadas pues no es infrecuente observar en muchas oficinas públicas la utilización desaprensiva de sus instalaciones tanto por parte del público como de los empleados del arrendatario. (Sala 1,1922,050883)
Iglesia Católica, bienes de la Iglesia, Derecho canónico, jurisdicción eclesiástica
Materia: CIVIL - CANONICO
Carátula: Lastra, Juan c/ Obispado de Venado Tuerto. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

Toda interferencia jurisdiccional sobre la disponibilidad de los bienes del obispado, sólo puede decretarse o reconocerse en la República de conformidad con el ordenamiento canónico, en virtud de sus disposiciones aplicables, a las que reenvía el derecho argentino: cánones 1291 a 1293 y 1295 en relación con los cánones 124.1, 127.1 y 127.2 del Código Canónico.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, resoluciones anteriores a la sentencia, excarcelación, resolución denegatoria, gravamen irreparable, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Trusso, Pablo Alfredo s/ asociación ilícita - causa 21.836 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

La decisión que deniega la excarcelación, en tanto restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa ocasiona, un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior, y es equiparable a sentencia definitiva por afectar un derecho que requiere tutela inmediata.
Ley sobre riesgos del trabajo, declaración de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Champonier, Ines Delfina c/ Laboratorios Imvi S.A. y otra s/ indemnizacion por enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-10-05

La inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT no puede ser declarada en abstracto, sino que es necesario demostrar que la indemnización tarifada contemplada por la Ley de Riesgos importa un sustancial menoscabo, que conduce a una solución injusta y violatoria de los principios reconocidos por el art. 14 bis Constitución Nacional y normas concordantes.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, actos de administración, representación procesal, directorio, ejecución comercial, asambleas especiales, administración ruinosa
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Lavorano, María Alejandra  c/ Gonzalo First SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

La publicación de edictos es una exigencia de carácter imperativo e irremplazable a los fines de anoticiar la convocatoria de asamblea, incluso mediante una citación personal (conf. Halperín, I., Sociedades Anónimas, Buenos Aires, 1974, p. 567; Roitman, H., Ley de Sociedades Comerciales, comentada y anotada, Buenos Aires, 2006, t. IV, p. 71, texto y jurisp. en nota n° 218; López Tilli, A., Las asambleas de accionistas, Buenos Aires, 2001, ps. 94/95; Martorell, E., Tratado de las sociedades comerciales y de los grupos económicos, Buenos Aires, 2016, t. IV, p. 524). Y no es factible el reemplazo de ese sistema por otro, aunque por hipótesis se lo considere más eficaz (conf. Gagliardo, M., Sociedades Anónimas, Buenos Aires, 1990, p. 239, n° 97).
Justicia militar, Código de Justicia Militar, modificación de la ley, procedimiento en tiempo de paz de la justicia militar, delitos comunes
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Nicéforo ALMADA s/ JURISDICCION   Y  COMPETENCIA  -  COMPETENCIA  MILITAR  -  CODIGO  DE  JUSTICIA MILITAR  -  DEFRAUDACION - MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

Uno de los fines sustanciales de la reforma al art. 108 del Código de Justicia Militar por la ley 23.049, ha sido la exclusión de la jurisdicción castrense para conocer en tiempos de paz de los delitos de naturaleza común previstos en la legislación ordinaria.
Derechos políticos, elección de autoridades, legisladores, Derecho penal
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-06

Mediante el voto se eligen a aquellos que van a legislar en materia penal y que, por los procedimientos constitucionales en cada caso establecidos, se van a elegir a los jueces que, por ejemplo, controlan la ejecución de las penas, como así también se elige a quienes accederán a los cargos ejecutivos, a cuyo cargo queda la administración del sistema penitenciario. (Voto del Dr. Horacio G. Corti).
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Orellana, Camilo Sarvelio c/ Dirección Municipal de San Salvador de Jujuy s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 41, Fº 617/619, Nº 231) Salvador de Jujuy s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 41, Fº 617/619, Nº 231)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1998-06-04

Uno de los requisitos para que la vía del amparo pueda ser practicable y en definitiva procedente la protección requerida, se torna preciso que la conducta u omisión lesiva sea ilegal o arbitraria y se muestre con una magnitud tal que pueda ser captada de manera fácil e indudable, es decir, que tal virtualidad jurídica, se presente como manifiesta.- Si el amparista no fue diligente en la producción de la prueba, lo que impidió al tribunal expedirse sobre la manifiesta ilegitimidad o arbitrariedad de la conducta lesiva impugnada no puede agraviarse en esta instancia de la sentencia que no hizo lugar a su pretensión.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, incautación de bienes, explosivos, tenencia de armas
Materia: PENAL
Carátula: Torreblanca,  Claudio  Jaime  León  y  Reyes  Drogett  y otros s/ tenencia de explosivos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

Corresponde declarar la competencia del juzgado federal para entender en las actuaciones si los elementos incautados encuadran en el tipo de materiales previstos en el capítulo I del decreto ley 302/83, reglamentario de la ley 20.429, cuya tenencia está prohibida por las disposiciones del art. 27 de esta última
Competencia, cuestiones de competencia, competencia contencioso administrativa y tributaria, competencia federal, entes descentralizados, deberes de la administración, daños y perjuicios, ley federal, propiedad participada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villaverde Roberto Luis c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-01

En el caso, habiéndose demandado al Banco de la Ciudad de Buenos Aires -que reviste el carácter de autoridad administrativa en los términos del artículo 1 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, al formar parte de la administración pública descentralizada, artículo 55, segundo párrafo, Constitución de la Ciudad-, la competencia de este fuero resulta innegable (artículo 2, CCAyT).

Cabe destacar que el artículo 4 del Código Contencioso Administrativo y Tributario contempla expresamente el supuesto en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por la autoridad administrativa, lo que refuerza la conclusión a la que se arriba.

No obsta a lo señalado la circunstancia de que el Programa de Propiedad Participada, en cuya virtud el actor había adquirido las acciones que luego fueran enajenadas por intermedio del Banco de la Ciudad, se encuentre regido por normas de naturaleza federal, pues lo que se deduce en autos es una acción de daños y perjuicios -por invocación de normas de derecho común- contra los precitados Banco y Programa con causa en la operación de transferencia de los títulos.

En este caso, el actor no reclama el cumplimiento de las normas de naturaleza federal que regulan el Programa de Propiedad Participada, sino que persigue la indemnización de los daños que le habría ocasionado el accionar de los demandados en el marco de los contratos a los que alude.

Así las cosas, las normas federales que regulan el Programa no guardan relación directa e inmediata con la cuestión debatida en autos, lo que descarta en la especie la atribución de competencia a los tribunales federales.
Apreciación de la prueba, prueba testimonial, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Tévez, Tito Samuel c/ Autolux S.A.; quien reulte legalmente responsable s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2020-03-05

Para juzgar la eficacia convictiva de un testimonio deben valorarse factores subjetivos de idoneidad del declarante y objetivo por el testimonio mismo en su relación interna y externa con los hechos, por su verosimilitud, apreciación de la prueba y en especial de la testimonial, el art. 386 del Código Procesal exige al juzgador que su valoración lo sea por los principios de la sana crítica, siendo totalmente lícito al juez apreciar oportuna y justamente si el testimonio en cuestión aparece objetivamente verídico, no solamente por la congruencia de sus dichos sino además por la corroboración de los mismos con el resto de las pruebas que pudieran obrar en el expediente siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado.