Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30


MUZZIO, Ricardo Daniel contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 198 p 260-263. Santa Fe, 30 de junio del año 2.004.

VISTOS: Los autos "MUZZIO, Ricardo Daniel contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION" (Expte. C.S.J. nro. 242, año 1.993), venidos para resolver la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO:

1. Contra el decisorio de este Cuerpo de fecha 8 de octubre del año 2.003, registrado en A. y S. T. 192, págs. 200/209 que declaró improcedente el recurso contencioso administrativo, dedujo el actor recurso de inconstitucionalidad fundado en la ley 7055, que fue rechazado por inadmisible (A. y S. T. 195, págs. 492/493).

Contra este último pronunciamiento, deduce el perdidoso el recurso extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48.

En el memorial recursivo (fojas 268/278) alega que se configura una cuestión federal simple "por ser la resolución contraria al derecho sustentado directamente en la Constitución nacional y Pactos Internacionales con rango de tal y en la doctrina pretoriana de la arbitrariedad".

Achaca al decisorio incurrir en incongruencia, pues -según entiende- la vía contencioso administrativa está prevista legalmente para impugnar actos administrativos (en sentido amplio) y no para resolver inconstitucionalidades en forma directa, atento que para esta última hipótesis la ley 7055 prevé el recurso de inconstitucionalidad.

A juicio del recurrente, el hecho de que la Corte provincial haya entendido en el recurso contencioso administrativo no es óbice para que la misma Corte con otra integración (conjueces) entienda en el Recurso de Inconstitucionalidad, como modo de agotar la instancia provincial y previo a la intervención de la Corte nacional, atento que la resolución del recurso mencionado en último término constituye sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario federal.

Le endilga al fallo el vicio de auto contradicción y expresa que esta misma Corte provincial en el precedente "Actuaciones ordenadas por Acta Acuerdo Nro. 19 punto 11 de fecha 24.05.95 que dispone la instrucción de un sumario administrativo al agente de los Tribunales de Rosario Sr. Juan Ismael Ayala Papich", (Expte. 700/95) resolvió conceder el recurso de inconstitucionalidad planteado contra la resolución del propio Cuerpo, previo a habilitar el recurso extraordinario federal.

Destaca que la resolución no provenía de un tribunal inferior y que aún cuando se trataba de una cuestión de superintendencia (rechazo de un recurso de revocatoria), fue adoptada por los ministros de la Corte, que también intervinieron en el recurso de Inconstitucionalidad.

Agrega, que el criterio sustentado en aquella causa refiere a la doctrina del más alto Tribunal nacional en el sentido de que debe agotarse la instancia ante el Supremo Tribunal provincial, sin que constituya óbice decisivo la ausencia de previsiones al respecto, citando el precedente "Di Mascio" (Fallos 312:2494) en el que, entre otras consideraciones, se analizó que "...las decisiones que son aptas para ser resueltas por esta Corte Nacional no pueden resultar excluidas del previo juzgamiento por el órgano judicial de la Provincia".

Seguidamente, se agravia de la sentencia que rechazó el recurso contencioso administrativo, achacándole incurrir en arbitrariedad normativa, fáctica y exceso ritual manifiesto.

Expresa, en tal sentido, que resulta irrazonable la interpretación de la norma aplicable al caso y que el Tribunal omitió considerar en el fallo una prueba esencial que demostraba acabadamente que durante el supuesto lapso de abandono de servicio el actor estaba bajo arresto domiciliario y que resultan nulas las notificaciones cursadas, agravios que desarrolla a fojas 271/275.

II. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del recurso federal interpuesto.

Cabe señalar que la mera deducción del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (A. y S. T. 67, pág. 441; T. 71, pág. 276; T. 77, pág. 439; T. 89, pág. 58; T. 128, pág. 1; entre otros).

Realizando el análisis señalado precedentemente, se advierte que el recurso extraordinario federal no puede ser concedido, en tanto no se ha deducido oportunamente contra la sentencia definitiva proveniente del Superior Tribunal de la causa.

En efecto, tal como surge de la relación precedente, el recurrente impugnó el decisorio de la Corte que rechazó el recurso contencioso administrativo a través del recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley local 7055, que fue declarado inadmisible.

Consideró el Tribunal, en el fallo atacado, su falta de aptitud jurisdiccional en tanto la Constitución de la Provincia prevé dicho recurso contra "las decisiones definitivas de los tribunales inferiores" y no contra las sentencias de esta Corte (artículo 93 inciso 1).

Sostuvo además, que el pronunciamiento recaído en un juicio contencioso administrativo, sólo es recurrible por los medios de impugnación excepcionales previstos en el Código Contencioso Administrativo (ley 4106, arts. 76 y 80) y en su caso, por el remedio extraordinario federal.

Es que, cuando este Tribunal decide en ejercicio de su competencia originaria y exclusiva, en materia contenciosa administrativa (art. 93, inc. 2do. C.P.), actúa en instancia única y dicho decisorio -como se dijo- reviste el carácter de sentencia definitiva proveniente del Superior Tribunal de la causa, en los términos del artículo 14 de la ley 48.

Ello, conforme a pacífica doctrina ya sentada por esta Corte, que demuestra una línea jurisprudencial sólida y consolidada (vid. Cristhe: A. y S. T. 73, págs. 92/93; Arenera del Litoral: A. y S. T. 102, págs. 345/347; Rivademar A. y S. T. 68, págs, 173/174; entre otros). Así lo ha entendido, asimismo, el más alto Tribunal nacional (Fallos 314:1481; 322:2817; entre otros).

Conforme a lo expuesto y al no existir en el caso otras vías legales -útiles o idóneas-, como paso previo para acceder a la instancia nacional, el recurrente debió interponer el recurso extraordinario federal contra el decisorio de este Tribunal de fecha 8 de octubre del año 2.003 (A. y S. T. 192, págs. 200/209) y dentro de los diez días contados a partir de su notificación, conforme a lo reglado por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Tal como lo ha sostenido reiteradamente el más alto Tribunal nacional, el plazo para interponer el recurso extraordinario no se suspende ni se interrumpe por la deducción de otros recursos ante el Tribunal de la causa u otro Superior declarados improcedentes (Fallos 114:209; 125:217; 160:78; 194:233; 244:33; 247:675; 249:356; 308:2423); el plazo es perentorio y no se interrumpe por la presentación de recursos declarados inadmisibles por razones formales (Fallos 307:1746).

No resulta óbice a las razones ut-supra expuestas, los agravios del recurrente que funda en síntesis, en la supuesta contradicción con la doctrina emanada del caso fallado por este Tribunal "Actuaciones ordenadas por Acta Acuerdo Nro. 19 punto 11 de fecha 24.05.95 que dispone la instrucción de un sumario administrativo al agente de los Tribunales de Rosario Sr. Juan Ismael Ayala Papich", habida cuenta que refiere al criterio sustentado por este Cuerpo respecto a la recurribilidad de las decisiones adoptadas en materia de Superintendencia.

En efecto, la Constitución de la Provincia prevé dos competencias bien diferenciadas de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia; por un lado, la competencia jurisdiccional, prevista en el artículo 93 de dicha Carta Magna, -conforme a la cual entendió en el caso de autos- y por otro, el ejercicio de la Superintendencia de la Administración de Justicia (artículo 92 C.P.).

Consideró esta Corte, en el Acuerdo del 14.3.2000, Acta nro. 10, punto 5, respecto de esta competencia de gobierno, que supone el desarrollo de actividad materialmente administrativa que, en tanto no constituye un juicio, no suple la competencia judicial requerida por los artículos 18 de la Constitución nacional y 7 de la Carta Magna provincial, y a fines de garantizar el control judicial suficiente, -no obstante que no se encuentra prevista en el ordenamiento local una instancia que asegure dicho control-, el que no puede quedar sujeto a tribunales inferiores o integración ad hoc de este Tribunal (cfr. Fallos 307:1571; 315:2990; 307:1256) y atendiendo a la doctrina del más alto Tribunal nacional acerca de cuál es el Superior Tribunal de la causa (Fallos 311:2478; 315:762), corresponde habilitarla a través del recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley provincial 7055.

En ese sentido, entendió que incumbe a esta misma Corte, actuando en el campo de su competencia materialmente jurisdiccional, la recta revisión de lo decidido en la esfera de gobierno, conforme a los principios y normas que rigen el remedio intentado, sin que la viabilidad, suficiencia y eficacia de tal instancia judicial se vean impedidas por el inescindible carácter de aquella como supremo tribunal constitucional y titular de la superintendencia. A mayor abundamiento, cabe remitir a los fundamentos expuestos en A. y S. T. 174, págs. 41/47.

Corresponde pues, desechar el planteo en cuestión.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)