Proceso penal, prisión preventiva, prisión domiciliaria, cuestiones procesales, pandemia, derecho a la salud, enfermedades, crímenes de lesa humanidad, servicio penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: Di Nápoli, Omar Edgardo s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-18

Corresponde hacer lugar a los recursos de los acusadores; anular la resolución recurrida - en cuanto, por mayoría, dispuso la detención domiciliaria de Omar Edgardo Di Nápoli- y reenviar las actuaciones al Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento. En el particular, no resultaba automática la aplicación del beneficio con la sola compulsa de la edad del causante, pues el a quo debió valorar además, el carácter de las patologías de base que presenta y si las medidas adoptadas dentro del establecimiento penitenciario resultaban idóneas para contrarrestar el riesgo de contagio y la eventual incidencia sobre su salud. Di Nápoli, se encontraría por su edad y por las patologías que padece genéricamente dentro de la población de riesgo ya que aparece incluido en el listado realizado por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal denominado "Población penal alojada. Informe en relación a (COVID-19)". No obstante, aun cuando las circunstancias personales del encausado lo sitúen en una hipotética y genérica situación de peligro frente a los efectos que pudiera tener la pandemia de COVID-19 en el ámbito penitenciario, la sola pertenencia a un grupo de riesgo no configura per se un supuesto de peligro concreto que amerite la concesión del instituto. Dicho peligro efectivo se presentaría cuando se advierta una proximidad concreta e inminente de grave afectación a la salud e integridad psicofísica del interno -en los términos de la emergencia sanitaria-, circunstancia que debe ser invocada y demostrada concretamente, no existiendo en el caso evidencia de aquello. Ese peligro concreto y actual, debió haber sido analizado por el a quo, con particular referencia a lo consignado en el informe médico del SPF, y a los mecanismos preventivos y demás resguardos adoptados dentro de la unidad carcelaria, conforme con los criterios expuestos en las Acordadas N° 3/20 y 9/20 de este cuerpo. Tampoco se evaluó el concreto supuesto de riesgo -en los términos de la emergencia sanitaria- que no haya podido, de momento, atendido dentro de la competencia y obligaciones a cargo del Servicio Penitenciario Federal donde se encontraba alojado. En consecuencia, la situación de Di Nápoli no se corresponde, en la actualidad, con ninguno de los supuestos contemplados en el punto 2 de la Acordada 9/20, y, teniendo en consideración la entidad de los delitos por los que está siendo juzgado (encuadrados como crímenes de lesa humanidad), cobra además particular relevancia lo dispuesto en el pto. 3 de la referida acordada. Otro dato que se suma en dirección a la arbitrariedad de la decisión, remite al desconocimiento de los presuntos riesgos procesales que conllevan la medida dispuesta, analizados por esta Sala al tomar nota de la prórroga de prisión preventiva dispuesta (reg. 301/20 del 11/5/20). El voto concurrente destacó que la instrumentación de medidas alternativas desde el basamento humanitario en respuesta al llamamiento formulado por múltiples organizaciones internacionales, debe guardar un criterio racional y ordenado, y tener alcance restrictivo frente a atentados de gravedad -como los de mayor magnitud, tal como encierra la especie- en donde, además, cabe considerar especialmente la posición de las víctimas. A la vez, en el marco de las directrices establecidas en la Acordada 9/20 de esta Cámara, se ha recalcado expresamente que "las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados" (punto 2. f). En la especie, tal como lo destacó el Fiscal General, las patologías que presenta Di Nápoli pueden ser abordadas bajo control y adecuado tratamiento con los cuidados correspondientes tal como surge del informe del Servicio Penitenciario Federal. A su vez, el sector donde se encontraba alojado aparece subpoblado, de acuerdo al informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación sobre los presos con riesgo de salud a partir del CORONAVIRUS-COVID 19 en la órbita del Servicio Penitenciario Federal, registrando la Unidad N° 34, ya para el momento de la elaboración del informe -hace más de un mes-, uno de los guarismos más bajos (64.29%). Agregó que el examen del instituto aplicado por el a quo no puede prescindir del análisis de los parámetros establecidos en el art. 366 del rito, respecto de asegurar la sujeción del encausado al proceso y así garantizar la prosecución del debate que se encuentra en pleno desarrollo, más aún ante los riesgos procesales corroborados en la especie y la complejidad, extensión y naturaleza de la causa. La disidencia entendió que correspondía declarar inadmisible los recursos de casación interpuestos por los acusadores, toda vez que no rebaten de manera acabada los argumentos brindados en la decisión cuestionada, ni demuestran un defecto o vicio que habilite la instancia que pretenden. En particular, no se ha mostrado eficazmente que la decisión del juzgador se haya apartado de los estándares de proporcionalidad, que disciplinan la cuestión. A su vez, el tiempo de detención que viene observando -casi cuatro años- sin que se haya dictado aún sentencia definitiva a su respecto no exterioriza una expresión de impunidad por los hechos por los que está siendo juzgado y que, en casos como el presente, debe ser evaluado con particular atención, conforme las obligaciones del Estado Argentino en la materia. Dres. Mahiques, Slokar -voto concurrente- y Yacobucci -en disidencia-.