Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-01-14


Comodoro Rivadavia, catorce de enero de 2005.- VISTOS Y CONSIDERANDO Estos autos caratulados: "A.N.C c/D.R.S Y OTRO S/EMBARGO PREVENTIVO", Expte. Nro.14773/04, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería Nro.2 (Expte. Nro.541/04), por haber sido apelada a fs.217 por la parte actora, la resolución de fs.186/187.- Que a fs. 229/233 se agravia la recurrente en cuanto sostiene que el fundamento del a quo sobre la inexistencia de la obligatoriedad del seguro al momento del hecho que motivó el juicio por mala praxis, para desestimar el embargo preventivo no es válido, atento que ello no impide el ejercicio de la protección cautelar, dado que el art. 210, inc. 2do. del C.P.C.C. se refiere a la falta de garantía que supone para quien reclama la indemnización la inexistencia de un seguro de responsabilidad civil. Agrega que debe tenerse en cuenta los principios generales en la materia respecto de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, Señala que debe contemplarse la inexistencia del seguro al momento de promover la demanda. Se agravia también por la imposición de las costas y el monto de los honorarios.- A fs. 235/236 se agrega la contestación de agravios de la parte contraria. A fs. 239, la demandada solicita habilitación de días y horas inhábiles y pronto despacho. A fs. 240 vta. se habilita la feria a los fines del tratamiento del recurso.- Corresponde recordar que la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora constituyen los requisitos específicos de fundabilidad de la pretensión cautelar y, junto con la contracautela, configuran la tutela precautoria en nuestro régimen procesal. Respecto del primero de estos recaudos, reiteradamente se ha sostenido que en el análisis de cualquier medida cautelar, es menester partir de la base que la precautoria a dictarse debe significar un anticipo asegurativo de la garantía jurisdiccional, para impedir que el derecho cuyo reconocimiento pretende obtener a través del proceso pierda su virtualidad o eficacia durante el lapso que transcurre entre su iniciación y el pronunciamiento de la sentencia definitiva (conf. CNCiv. Sala A, 33.563 del 27/10/87; ídem id. 36643 del 19/5/88 e ídem 45275 del 9/10/89; Falcon: "Código Procesal" T. I, 234/5/6, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1988, Fassi: "Código Procesal", T.2 pág. 40/1, Ed. Astrea?1989, Eduardo de Lazzari "Medidas Cautelares", tomo 1, p. 19, 2da. edición, Ed. Librería Editora Platense, La Plata, 1995; CN Fed Contencioso administrativo, Sala IV, enero 16, 1995).

Dadas las características del proceso cautelar, no puede pretenderse un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el principal, sino solo uno periférico o superficial, encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad sobre la existencia del derecho discutido, y la probabilidad de éxito por parte de quien la pretende además, de contener los requisitos del art. 195 segundo párrafo del Código de Procedimientos. Es que, "la verosimilitud del derecho debe ser entendida como la probabilidad de que el derecho exista, y no como una incontestable realidad, que sólo se logrará al agotarse el trámite" (De Lazzari, opus cit. P. 24).

En el caso, la parte actora ha solicitado una medida precautoria, surgiendo de la documentación acompañada y del relato de los hechos la verosimilitud del derecho que invoca, aunque el derecho no sea todavía cierto y consolidado sino tan solo probable o incipiente.

Los datos aportados por la actora brindan "la apariencia de buen derecho" necesarios para justificar el dictado de la medida y es sabido que en este estadio procesal no es necesario indagar más sobre los aspectos que introdujo la contraria, por cuanto de seguir el criterio de aquella se entraría a una instancia de hechos, prueba y debate, que excede el marco cognoscitivo de la cautelar y que sólo debe ser necesaria para el dictado de las sentencias definitivas, lo que escapa el ámbito de la presente.

Por otro lado, no se puede desconocer que existe una moderna tendencia en materia de medidas precautorias que revierte el sentido tradicional de las mismas, en orden a que su interpretación debe ser restrictiva por cuanto son de carácter excepcional, orientándose hacia un criterio amplio en torno a su admisibilidad que permita la adecuada tutela de las pretensiones articuladas y evite la eventual inocuidad de los pronunciamientos (esta Cámara, Sents. Ints. Nros. 164/ 1986, 28/87, 76/87, entre otras), habiéndose acogido esta tendencia por éste Cuerpo (sala A, Sent. Int. 122/98, 172 /99, entre otras).Galleguillo . SI, 204/02, fundamentos todos ya dados en la sentencia acercada por el recurrente y que por ser de aplicación al caso de autos, se transcriben.- En la presente causa, en atención a las circunstancias mencionadas están verificados los presupuestos generales para el otorgamiento de la medida cautelar, no obstante la cuestión relativa a la inexistencia de la obligatoriedad del seguro al momento del hecho por el cual se promueve demanda, toda vez que el objeto de la norma es proteger al accionante de las contingencias del proceso disponiendo una cobertura adicional a su crédito, por lo que más allá de no constituir una obligación vigente en oportunidad de configurarse el supuesto fáctico que motiva el reclamo, justifica el embargo por aplicación de los principios generales en materia cautelar, como se expuso precedentemente y ante la disminución de la cobertura del riesgo derivado del transcurso del tiempo y la duración del proceso (v. Martínez Botos Medidas Cautelares p.46).- No obstante, si bien es posible admitir una medida de esta naturaleza, debe tenerse en cuenta, en el marco de las previsiones contenidas en el artículo 204 del ritual, que procede su limitación cuando la misma es solicitada en exceso. La citada norma consagra la facultad - deber del juez de disponer la medida cautelar que mejor se adecue al derecho que se intenta proteger, prerrogativa que debe hacerse extensiva al tribunal, toda vez que de admitirla es quien está facultado para disponer una medida distinta: "El juez o tribunal pueden disponer una medida distinta de la solicitada haciendo uso de las facultades del art. 204 del C.P.C.C." (Lazzari, Medidas cautelares, p.169). El principio rector que inspira esta actuación es que en ningún caso un proceso debe causar perjuicios innecesarios.- Aclarado lo relativo a la oportunidad procesal de ejercicio de esta facultad, y a los fines de precisar los extremos que permiten la modificación, se advierte que el peticionante pretende el embargo preventivo forma por demás amplia, afectando por igual las prestaciones que el demandado tuviera a percibir en instituciones bancarias, financieras, obras sociales, sanatorios, centros asistenciales, Registro Público de Comercio, Colegio Médico del Sur además de la causa en la que litiga como actor por daños y perjuicios.

Esta circunstancia permite apreciar que no se trata de un ejercicio funcional de la pretensión cautelar, por cuanto se debe evitar perjuicios o gravámenes innecesarios y tener en cuenta la importancia del derecho que se intenta proteger. Decretar sobre la totalidad de lo pedido constituye una protección en demasía, teniendo en cuenta el estado liminar del proceso. Si bien los hechos alegados son de entidad suficiente, debe sopesarse la situación de las todas las partes involucradas en el proceso, estableciéndose en esta instancia cautelar una razón de ecuanimidad.

Es que, en acciones como la presente, se debe actuar con cautela a fin de no irrogar perjuicios innecesarios.

En función de lo expuesto, se hará lugar al embargo preventivo decretado sobre el demandado, pero el mismo se limitará a la causa: "S.R.D c/S.J.D y otra s/Embargo Preventivo", Expte. N°400/02 incidente en autos: "S,R,D c/S.J.D y Otra s/Daños y Perjuicios", Expte. nro. 109/02, consistiendo la contracautela en caución juratoria.- En cuanto a las costas atento a la forma en que se resuelve, se imponen por su orden. A los fines de la regulación de los honorarios se tendrá en cuenta la actuación de los profesionales, el resultado obtenido, y demás pautas de los arts. 6,7,14 y 33 del Dto-ley 2200, modific. Ley Pcial 4335).

Por ello, la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial, integrada por el tribunal de Feria, con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1º).- Revocar parcialmente la resolución de fs.186/187 en cuanto rechaza el embargo preventivo solicitado por la actora, limitando su procedencia a la causa caratulada: "S.R.D c/S.J.D y otra s/Embargo Preventivo", Expte. N°400/02 incidente en autos: "S.R.D c/S.J.D y Otra s/Daños y Perjuicios", Expte. nro. 109/02.- 2º).- Las costas en ambas instancias atento la forma en que se resuelve, se imponen por su orden. Regúlanse los honorarios profesionales de los Dres. F.F.L y F.M, en el Doce por ciento (12%) de los que correspondan a la causa principal, respectivamente, por sus trabajos correspondientes a la primera instancia y por la Alzada respectivamente, se regulan en el treinta por ciento (30%) de los correspondientes a la primera instancia.- 3.- Regístrese, notifíquese, devuélvase.

Fdo: Marta Susana Reynoso de Roberts -Presidente-; Julio Antonio Alexandre -Juez de Cámara-; Graciela Mercedes García Blanco -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL NRO. 003 AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS