Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-16


Puerto Madryn, de junio de 2010.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "C., C. C/ G., M. S. s/ Incidente de aumento de cuota alimentaria" Expte. 52 Año 2010, venidos del Juzgado Letrado de Familia N°1 (Expte. Nro. 296/2009), por haber interpuesto la parte demandante a fs. 109 del expediente, recurso de apelación contra la sentencia definitiva registrada bajo el N° 42/2010.

I.- A fs. 98/100 la magistrada de primera instancia hace lugar a la demanda de aumento de cuota alimentaria fijando la misma en un 16 % de los ingresos del demandado, menos los descuentos de ley con más las asignaciones familiares ordinarias y extraordinarias que pudiera percibir por su hija menor A. G., que deberá ser depositada del 1 al 10 de cada mes en la cuenta de la caja de ahorro del B. C..

A fs. 111/115 se agravia el recurrente en el porcentaje estipulado por la señora jueza de primera instancia en concepto de alimentos. El mismo fue en un 16% de los ingresos del alimentante y no en el porcentual solicitado del 20 % de dichos haberes. Asimismo lo agravia en que - pese a las pruebas aportadas por el mismo demandado que dan cuenta del incumplimiento-, la Sra. Jueza de primera instancia no meritúa el pedido de embargo sobre los haberes del señor G..

Manifiesta que la sentencia no consideró debidamente las constancias de prueba y se pronunció con total prescindencia de los argumentos expuestos por la apelante; que se desprende de los considerandos, que no tuvo en cuenta que el demandado no alegó ni aportó probanzas suficientes a los efectos de comprobar que su situación económica no se modificó; que fue debidamente acreditado o puede inferirse una elevación del caudal del alimentante y que pese a ello se fija un porcentaje que no es el solicitado por la parte. Agrega que contó además, con dictamen favorable de la Asesoría de Familia.

Se agravia, además, porque considera que la jueza de grado entiende que se inicia una acción de modificación de la cuota por considerar más practica la modalidad del porcentaje, cuando lo que se pretendía era una asistencia alimentaria conforme los gastos de su hija. Resalta citas de la magistrada donde entiende, se aprecian los intereses del alimentado pero advierte que en la sentencia beneficia al alimentante. Manifiesta que pese a considerar exigua la cuota, establece un aumento del 16% que en la práctica solo representan $76, 38. Entiende que al incorporar el hecho de que exista un nuevo hijo, se aparta de lo peticionado por el apelante y su decisorio no se condice con la jurisprudencia vinculante sobre el tema.

Expone que el gasto de alquiler a que se refiere el apelado, no se condice con el lugar que alquila, el cual es un pequeño quincho en el fondo de la casa de su madre, donde también vivió con la apelante sin abonar ningún tipo de alquiler. Solicita la modificación de la sentencia dictada por la jueza de primera instancia.

II. Previo al tratamiento de los agravios resulta pertinente señalar que la Ley III N° 21 (antes 4347) dispone que las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial se aplican supletoriamente en todos los juicios que son competencia del fuero de familia, así lo entendió la Sra. Jueza cuando dispuso que la modificación del acuerdo oportunamente homologado debía tramitar conforme el art. 175 y sgtes. (hoy 177 y sgtes.) del CPCC (v. fs.39). De allí que no resultaba pertinente la audiencia de prueba fijada cuando solo se contaba con prueba informativa ya diligenciada, ni los alegatos recepcionados en la misma. Se advierte que solo se ofreció prueba informativa y se había recibido a las partes en la audiencia de fs. 96. Por otro lado la sentencia dictada en este tipo de proceso reviste el carácter de interlocutoria por lo que esta Cámara dictará sentencia de tal forma. (art. 8 Ley V N° 17 antes Ley 1130).

III. Diversas son los argumentos que ha vertido el apelante en sus agravios y que han motivado la intervención de este Tribunal, los cuales podemos ordenar de la siguiente manera: a) El porcentaje establecido en concepto de alimentos, b) la falta de consideración del pedido de embargo, c) el aumento del caudal económico del alimentante y su falta de relación con el porcentaje fijado, d) el detrimento de los intereses del alimentado, e) la consideración del nuevo hijo de G. y f) los gastos de alquiler.

a) El porcentaje establecido en concepto de alimentos: Menciona el apelante que la cuota ha quedado establecida en un 16% del sueldo del alimentante, cuando el porcentual solicitado fue el del 20% de dichos haberes.

La obligación alimentaria tiene en miras el status de vida y el sustento de las necesidades del alimentado, por ello la apreciación que realicen los magistrados sobre su cuantía, siempre que se adecue a la prueba aportada y denote una percepción prudente y objetiva de las circunstancias en las que se encuentra el alimentado, no debe ser materia de revisión por esta instancia. En este sentido"...la índole peculiar de la obligación alimentaria originada en la satisfacción de necesidades vitales, le comunica al instituto una fisonomía propia de la que se desprende el carácter de orden público que reviste, regulación que abarca en general al derecho de familia. Por ello, se estará a la cuota alimentaria fijada por la jueza de grado, dado que responde a una apreciación prudente y objetiva de la situación por la que transitan los alimentados, de modo que los agravios formulados no han de prosperar confirmándose..." (C.A.N.E - Sala B. SIC 011. "R. E. N. c/ R. S. C. s / +incidente de aumento de cuota alimentaria").

Entonces, con relación al porcentual fijado por la juez de grado, no se aprecia una critica certera y razonada que permita considerar a esta Cámara la modificación de la cuota prevista. La a quo ha realizado una consideración acertada y precisa de la constancias de autos, y sobre lo cual estableció el porcentual discutido. Admitir el criterio contrario, permitiría cuestionar cualquier adjudicación alimentaria por el solo fundamento de no ser asequible a los intereses individuales del alimentado.

b) La falta de apreciación del pedido de embargo: En cuanto al pedido de embargo de fs. 30, se agravia el apelante en que "...pese a las pruebas aportadas por el mismo demandado que dan cuenta del incumplimiento en el pago de las cuotas, la Sra. Jueza de primera instancia no merituara el pedido de embargo sobre los haberes del señor G....". El argumento exteriorizado a tal efecto, resulta inadmisible en esta instancia. La parte debió, y no lo hizo, reponer las providencias que no la ordenaron en la etapa procesal pertinente, por lo que llegan a esta instancia firmes. Sabido es que las resoluciones que son consecuencia de otras providencias, por aplicación de los principios generales de preclusión y de cosa juzgada, no son susceptibles de ser recurridas pues lo contrario implicaría tanto, como consentir la revisión de decisiones judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada.

c) El aumento del caudal económico del alimentante y su falta de relación con el porcentaje fijado: El aumento de los ingresos del alimentante meritúa el acrecimiento de la cuota alimentaria porque la misma se encuentra en correcta relación con el caudal económico del alimentante y las necesidades del alimentado. Como ha sostenido la jurisprudencia "... frente a una superlativa mejora en los ingresos del alimentante, resulta saludable que la cuota alimentaria se incremente en una proporción que permita mejorar la situación de los menores alimentados más allá de lo estrictamente necesario, como forma de participar de la holgura que permite la coyuntura económica que vive el padre..." (C. N. de A. C., sala H, 08/10/2009 , M. M. L. c. A. J. M. A., La Ley Online; AR/JUR/41851/2009). Dicho aumento se cristaliza en lo resuelto por la judicante de primera instancia, quien estableció en un 16 % de los ingresos del apelante, la cuota alimentaria. Se produce un incremento de la misma que se adecua a las percepciones dinerarias del apelado en sus diferentes empleos, adquiriendo dicho porcentual, como bien señala la sentencia, "...una genuina correlación entre la capacidad económica del alimentante y el aporte alimentario...".

Vale señalar, que no se observa un apartamento de la las constancias de prueba como la que exterioriza el apelante. Es discrecional del juez, admitir los argumentos de una parte o rechazarlos, con una crítica argumental valedera y razonada como la exteriorizada en el fallo de grado.

No varía tal situación el hecho de que el apelante cuente con el dictamen favorable de la Asesoría de Familia, ya que -en el caso- el mismo no es vinculante para el Juez, sino que constituye una pauta orientadora.

d) Detrimento de los intereses del alimentado: El apelante se considera agraviado al considerar que "...si bien se aprecian los intereses del alimentado pero se advierte que la sentencia beneficia al alimentante...". Nada de ello se materializa en el fallo. En la sentencia que se revisa, se ha plasmado un aumento de la cuota establecida en el convenio de fs. 05/06 vta. Sólo basta con cotejar éste con la sentencia de fs. 99/100, para dar cuenta que dicho aumento se materializó de conformidad a las circunstancias del caso.

e) La consideración del nuevo hijo : La quejosa entiende que "...al incorporar el hecho de que exista un nuevo hijo se aparta de lo peticionado por el apelante y su decisorio no se condice con la jurisprudencia vinculante sobre el tema...". Los jueces deben resolver conforme al principio de congruencia, sobre todo aquello que resulte conducente y fuera alegado por las partes en sus escritos postulatorios. Por ello nada obsta a que sea tenido en cuenta la existencia del niño como elemento de convicción y que le permita llegar a una resolución más justa. El nacimiento fue una circunstancia aportada por G. en el escrito de contestación del incidente y fue rebatido por la ahora apelante. Por lo que la Dra. P. -conforme las reglas de la sana crítica- analizó el mismo para obtener la mejor convicción del casus. A través de dicha consideración, no se ha atentado contra las necesidades básicas de los alimentados en cuestión. En este sentido ha dicho la Cámara Nacional que "... la existencia de otro hijo a cargo del alimentante, es un elemento de juicio a tomar en cuenta para determinar el monto de la cuota alimentaria..." (parte pertinente) (C. N. A. C, sala C, 22/05/2008, D. F., S. B. c. L., L. D., La Ley Online; AR/JUR/3268/2008). En igual criterio ver C. N. A. C, sala F, "S. J., V. G. c. P., F. E", 13/10/2005, LA LEY 06/11/2006, 11 - LA LEY 2006-F, 815. .

f) Gastos de alquiler: La cuestión no ha sido objeto de merituación en la sentencia por lo que queda al margen de la revisión en esta sede.

IV. La Sra. Jueza de grado ha establecido el aumento del porcentual de la cuota alimentaria teniendo como hito argumental, la edad de la menor y el equilibrio entre el caudal económico del alimentante y sus aportes efectivos.

La apelante, no logra conmover los términos de la resolución en crisis, toda vez que se limita a discrepar con la misma sin formular una crítica razonada de sus términos sin aportar elementos jurídicos o de hecho que permitan admitir sus quejas. En este sentido se ha dicho que "...Disentir con la interpretación judicial sin fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no es expresar agravios...". (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I; 30/07/1993 Albarracín, Pedro S. c. Sadaic; Publicado en: DT 1994-A, 718; Cita Online: AR/JUR/351/1993).

Por lo expuesto se rechazará la apelación y consecuentemente se confirmará la resolución de fs. 98/100 con costas a la apelante vencida.

A los fines de la regulación de honorarios por los trabajos realizados en esta instancia se tendrá en cuenta la labor desarrollada, naturaleza del proceso, éxito obtenido y demás pautas orientadoras de la ley de aranceles para abogados (arts. 5, 7 y 13 de la Ley XIII N° 4), por ello corresponde fijar los honorarios de la abogada S. B. B. en el 25 % de los previstos por la magistrada de grado y de la abogada S. M. en el 30 % de la sumatoria de los emolumentos fijados en primera instancia.

Por ello la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn RESUELVE:

1°) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 109, y en consecuencia CONFIRMAR la sentencia obrante a fs. 98/100 en cuanto ha sido materia de agravio.

2°) IMPONER las costas de esta instancia al apelante (art. 69 del CPCC).

3°) REGULAR los honorarios de la abogada S. B. B. en la suma de pesos trescientos cincuenta ($ 350,00) y los S. M. en la suma de pesos trescientos noventa ($ 390,00) (arts. 5, 7 y 13 de la Ley XIII N° 4), con más el IVA pertinente si correspondiera.

4º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente resolución es dictada por dos jueces de Cámara por haber alcanzado mayoría (arts. 8 y 9 Ley V N° 17 - antes Ley 1130 texto según Ley 4450) y encontrarse vacante una vocalía de cámara.

REGISTRADA BAJO EL N° SIF