Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05


Reg.: A y S t 280 p 46/51. En la ciudad de Santa Fe, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez y Eduardo Guillermo Spuler con la Presidencia de su titular doctor Daniel Aníbal Erbetta a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "MARTI, MAURO JOSÉ CONTRA J.B.S. ARGENTINA S.A. Y OTROS -DEMANDA LABORAL-LEY 7975- (EXPT. 121/12) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ NRO. 21-00510801-9). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Erbetta, Gastaldi y Falistocco. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Mediante pronunciamiento registrado en A. y S. T. 268, págs. 338/342 esta Corte -por mayoría- admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra el fallo de fecha 30 de julio de 2014 dictado por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, al verificar -desde el análisis mínimo y provisorio que correspondía a ese estadio- que la postulación del recurrente aduciendo arbitrariedad por prescindencia de prueba decisiva para la suerte de la litis, contaba -prima facie- con asidero en las constancias de la causa y suponía articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción. El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos principales a la vista, me conduce a ratificar la conclusión arribada por el Cuerpo en aquella oportunidad, rectificando la postura adoptada al resolver la queja, al comprobar con el análisis de la totalidad de las constancias de autos, que la postulación del compareciente supera el ámbito de la mera discrepancia con lo resuelto, por lo que debe ser admitida. Ello, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 274/279). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Gutiérrez expresó idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Spuler y votó en igual sentido. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Erbetta dijo: Mediante pronunciamiento registrado en A. y S. T. 268, págs. 338/342 esta Corte -por mayoría- admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra el fallo de fecha 30 de julio de 2014 dictado por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, al verificar -desde el análisis mínimo y provisorio que correspondía a ese estadio- que la postulación del recurrente aduciendo arbitrariedad por prescindencia de prueba decisiva para la suerte de la litis, contaba -prima facie- con asidero en las constancias de la causa y suponía articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción. El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos principales a la vista, me conduce a ratificar la conclusión arribada en aquella oportunidad; de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 274/279). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Falistocco expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Presidente doctor Erbetta y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. Surge de las constancias de autos que el señor Mauro José Marti inició demanda laboral contra J.B.S. ARGENTINA S.A. y/o SWIFT ARMOUR ARGENTINA S.A.. Manifestó que ingresó a trabajar para la demandada por haber sido contratado a tiempo completo determinado mediante un contrato a plazo fijo cuya fecha de inicio consignada en el instrumento referido era el 21 de agosto de 2008 y la de finalización el 21 de noviembre de ese año. Añade que se presentó a trabajar, dando así principio de ejecución al contrato, en fecha 21 de agosto de 2008, pero al sufrir una descompensación recibió la asistencia del médico de la empresa, quien indicó reposo hasta el día 30 de agosto; que retomó su trabajo el día 1 de setiembre, pero la empresa le negó tareas, lo que motivó que envíe telegrama intimando a que se aclare su situación laboral, lo que fue seguido de una serie de acontecimientos que relató y que lo llevó a darse por despedido por exclusiva culpa de la patronal. Reclamó rubros remuneratorios e indemnizatorios. Corrido traslado de la demanda, la accionada sostuvo -en lo que es de interés- que tras la suscripción del contrato a plazo fijo por tres meses, el actor nunca se presentó a trabajar, por lo que la relación laboral nunca tuvo inicio; que nunca fue asistido por el médico de la empresa y que, una vez extinguida la relación laboral procedió a abonarle su liquidación final y le hizo entrega de la certificación de servicios ante el Ministerio de Trabajo. Fracasada la audiencia prevista en el artículo 51 del C.P.L. al no haber acuerdo conciliatorio, el Juez de Primera Instancia en lo Laboral de la ciudad de Venado Tuerto, en fecha 29 de marzo de 2012 resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar a J.B.S. ARGENTINA S.A. a abonar al actor en el plazo de cinco días los rubros que resultaron acogidos de acuerdo a los considerandos, con más intereses desde la mora y hasta el efectivo pago, con costas en el orden causado. Recurrido dicho pronunciamiento, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, en fecha 30 de julio de 2014, decidió acoger la apelación de la demandada, por entender que el contrato de trabajo nunca tuvo principio de ejecución, revocando la sentencia impugnada, con costas al accionante. 2. Contra dicho pronunciamiento interpone el compareciente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055. Aduce que el decisorio resulta arbitrario al incurrir los sentenciantes en un injustificado apartamiento de las constancias documentales; sostener el incumplimiento de cargas que la ley no exige al trabajador; juzgar cumplidas obligaciones a cargo de la demandada, cuando ésta no lo hizo en tiempo y forma; valorar parcialmente testimoniales y carecer, en suma, de motivación suficiente. En relación a los vicios apuntados, sostiene que la accionada lo intimó a reintegrarse al trabajo y en una segunda oportunidad a retomar sus tareas, lo que es demostrativo de la invocación de la causal de abandono y no de inejecución del contrato de trabajo; abandono que, a su juicio, implica el reconocimiento de una previa ejecución. Tales circunstancias, asevera, dan cuanta que los juzgadores desconocieron el intercambio telegráfico, valiéndose de un argumento recién esgrimido por la empresa al responder la demanda, vulnerando así lo dispuesto por el artículo 243 de la LCT. Manifiesta que sus tareas comenzaron el 21 de agosto de 2008, fecha implícitamente admitida en las intimaciones cursadas, surgiendo de las testimoniales de autos que se constituyó en dos oportunidades en la planta fabril y que el servicio de vigilancia le impidió el ingreso. Con sustento en esos elementos sostiene que el contrato de trabajo tuvo principio de ejecución, deviniendo absurda la inaplicación del artículo 24 de la ley 20744. Cuestiona que la Alzada, apoyada en una fundamentación aparente, concluyera que su parte no acreditó la descompensación que alega haber sufrido, en razón de no haber prescripción médica otorgada por escrito. Añade que la ley aplicable sólo requiere al trabajador anoticiar su enfermedad al empleador, especificando el lugar en que se encuentra, ya que "el aviso implica la comunicación unilateral del comienzo de la licencia por enfermedad y faculta al empleador a ejercer su control". Hace hincapié en que se indispuso estando en el establecimiento fabril, siendo atendido por el médico de la empresa, por lo que el aviso no fue necesario. Destaca, en definitiva que la alzada no consideró las múltiples injurias que denunció. Reprocha que el Tribunal a quo desestime la indemnización que prevé el artículo 80 L.C.T. por entender que la demandada cumplió en tiempo y forma sus obligaciones, incurriendo con ello en una afirmación dogmática. Asevera que los juzgadores valoraron parcialmente los testimonios de Rodríguez e Irusta a la hora de calificarlos como ineficaces para desvirtuar lo depuesto por el galeno y la enfermera; testimonios que a su juicio resultan decisivos. 3. La Cámara, mediante pronunciamiento de fecha 6 de abril de 2015, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, lo que motivó la presentación directa del actor ante este Cuerpo, logrando por esa vía el acceso a la instancia de excepción intentada. 4. Asiste razón al recurrente en cuanto sostiene que el pronunciamiento impugnado no satisface adecuadamente el derecho a la jurisdicción garantizado constitucionalmente al presentar vicios que lo tornan descalificable a través de la doctrina de la arbitrariedad. Es que, si bien es cierto que los agravios del compareciente remiten a la consideración de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ajenas como regla y por su naturaleza al recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055, en el caso corresponde hacer excepción a dicha máxima atento a que, de la confrontación entre los fundamentos de la sentencia atacada con los agravios vertidos en el remedio extraordinario, a la luz de los antecedentes relevantes del presente, surgen acreditados defectos en la motivación del fallo que confieren andamiento al referido recurso extraordinario. Ello así, desde que las razones dadas por el Tribunal en sustento de lo decidido no se presentan como una derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa y, por ende, el fallo recurrido debe ser anulado (Fallos:238:550; 249:275; 302:867; A y S. T. 211, pág. 485; T. 8, pág. 384; T. 247, pág. 160, etc.). En efecto, la Cámara afirmó que existió un contrato de trabajo, pero que -contrariamente a lo sostenido por el actor- nunca tuvo principio de ejecución, debiéndose dilucidar -a su criterio- si se acreditó o no la causa de la falta de prestación de tareas. Es decir, que el Sentenciante inició su razonamiento dando por cierto que el actor nunca prestó labores para la demandada, pretendiendo sostener su afirmación en la falta de prescripción médica por escrito de reposo al actor por la descompensación que dice haber sufrido y las testimoniales del médico de la empresa y la de la enfermera Coria. Más, cierto es, que ello -en última instancia- sólo probaría la existencia o no de la descompensación invocada, pero de ninguna manera se erige como prueba decisiva respecto a si se inició -como sostiene el actor- la relación laboral el día 21 de agosto de 2008. De allí que tal afirmación luce dogmática y prescindente de las pruebas relevantes incorporadas a la causa, que necesariamente debieron ser analizadas a efectos de arribar a una solución fundada del caso. Es que, sin lugar a dudas de las constancias de la causa surge que la fecha de comienzo del contrato fue el 21 de agosto de 2008 -tal como se desprende tanto de la demanda, como de la contestación y absolución del demandado, fs. 36, 53 y 81)-. Siendo ello así, no puede dejar de considerarse el telegrama enviado por la accionada en el que se lee "por falta sin aviso ni justificativo desde 22.08.2008 hasta 30.08.2008 suspendémosle término 4 días", haciéndole saber que debe "reintegrarse" el 05.09.2008 (f.11); en el que nada se dice -como puede apreciarse- respecto del día 21.08.2008. A lo que se suma que con posterioridad la demandada le envía otro telegrama en el que manifiesta que por su falta sin causa, ni justificativo desde fecha 05.09.2008 lo intima a que "retome" tareas (f.10). Queda claro, entonces, que nada se dijo en esta etapa extrajudicial respecto a que no se hubiera dado principio de ejecución al contrato; es más se le liquidaron al actor vacaciones no gozadas y SAC proporcional (f. 14), indemnización que se calcula sobre días trabajados según el artículo 156 L.C.T.. Por ello, si la accionada entendió que el actor no los trabajó, no debería haberla abonado, como así tampoco entregarle la certificación de servicios como consta en el expediente (f.33). Ademas de los antecedentes incorporados al presente se aprecia que la fecha de Alta en la AFIP y en la Obra social fue a partir del 21.08.2008 (fs. 15 y 35). Lo dicho hasta aquí me conduce a la conclusión que el decisorio de la Cámara, en cuanto afirma que si bien existió un contrato, éste nunca tuvo principio de ejecución, implica incurrir en prescindencia de pruebas relevantes de la causa, las que debidamente analizadas, hubieran arribado a un resultado distinto. Esto basta para descalificar el decisorio atacado por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción. Y, en cuanto a lo resuelto en torno a la indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T. , más allá de lo contradictorio que resulta en el razonamiento de la Cámara al sostener, por un lado, que no hubo principio de ejecución del contrato y, por otro, que la empresa acreditó "el cabal cumplimiento de sus obligaciones", lo cierto es que la entrega de la certificación de servicios se realizó recién el día 07.11.2008, cuando la extinción del contrato se produjo el día 09.09.08 (fs. 33 y 7) y el actor intimó el día 15.10.2008, por lo que correspondería la multa solicitada. En suma, una correcta valoración de elementos probatorios incorporados a los autos exige -a mi entender- una apreciación equilibrada e integral de los mismos, a los efecto de lograr una sentencia que sea derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias acreditadas en la causa, satisfaciendo así la exigencia establecida en el artículo 95 de la Constitución provincial, lo que no aconteció en el caso. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión el señor Ministro doctor Gutiérrez el señor Presidente doctor Erbetta, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Falistocco expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde adoptar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas (art. 12, ley 7055). Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento. Así voto. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Gutiérrez y el señor Presidente doctor Erbetta, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Falistocco dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas (art. 12, ley 7055). Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO.: ERBETTA - FALISTOCCO - GASTALDI - GUTIÉRREZ - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).