marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia por conexidad, divorcio, separación de hecho, impugnación de la paternidad
Materia: PROCESAL
Carátula: D.G., G. c/ D.G.S.N.G. s/ IMPUGNACION DE PATERNIDAD - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

Entre un proceso de divorcio concluido con el dictado de la sentencia de divorcio de las partes en los términos del art. 214, inc. 2º, del Código Civil y otro de impugnación de paternidad del ex cónyuge cuando estaban separados de hecho pero no divorciados, no pueden dictarse sentencias contradictorias, ni se configuran las circunstancias de conexidad sustancial que justifiquen desplazar la competencia del juzgado originariamente asignado, sin perjuicio de que oportunamente pueda acudirse a la solución contenida en el art.

376 del Código Procesal.-
Derechos y garantías constitucionales, normas operativas, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: URBANO Cecira del Carmen c/ Editores del Oeste S.A.I.C. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-02-19

Las normas constitucionales, en la evolución actual de la doctrina autoral y jurisprudencial, son operativas, de donde la ausencia de reglamentación no debe erigir en obstáculo para su aplicación, como ocurre con el derecho de replica.

Ello en consonancia con la doctrina de la Corte de Justicia de la Nación que "una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso".

Por cierto, que no se puede desconocer que el mandato constitucional expresamente establece que será la ley la que establezca las condiciones de su aplicación, lo cual al ser obviado para la consagración efectiva de la garantía constitucional ante la ausencia de reglamentación, impone a la jurisdicción el ejercicio de la máxima prudencia y su contemplación con un criterio estricto y restringido.

El juez debe ser muy cuidadoso en la aplicación de esta garantía constitucional pues su procedencia roza uno de los pilares del sistema republicano como es la libertad de prensa sin censura previa. Además de ello, se debe recordar que la jurisdicción no tiene función de legislar o reglamentar sino simplemente de aplicar la norma.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-02


Salta, 02 de agosto de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "BANCO MACRO S.A. vs. MALCO, ARQUIMIDES OSVALDO - SUMARIO POR COBRO DE PESOS" - Expte Nº 155.906/06 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 1º Nominación (Expte. N° CAM 303.102/10 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

I. Vienen estos autos para resolver la excusación planteada a fojas 247 por la Dra. María Cristina Montalbetti, titular de esta Sala, fundando su apartamiento en que: "Por haber actuado como Juez de la presente causa cuando era titular del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 1º Nominación, Excuso mi intervención en autos (art. 17 inc. 7º y art. 30 del Código Procesal Civil y Comercial)".

II. Las excusaciones de los magistrados no requieren la estricta configuración de una causa legal de las establecidas en el artículo 17 del código procesal, dado que el código las admite también en el artículo 30 por razones de decoro y delicadeza, lo que da mayor flexibilidad y amplitud para su procedencia. No obstante, únicamente deben ser admitidas cuando el magistrado, por un hecho o circunstancia determinados, no pueda proceder y juzgar con independencia e imparcialidad que exige el debido proceso y la garantía de la defensa de los derechos en juicio establecidas en las Constituciones Nacional y Provincial, como en los tratados internacionales con rango constitucional. Tal hecho o circunstancia, además, debe tener la virtualidad de alterar, objetiva y razonablemente, esa independencia e imparcialidad (En igual sentido CACC de Salta, Sala IV, t. XXXII, fs.423/424).

En el caso, el examen de la causa muestra que la intervención de la Dra. María Cristina Montalbetti en ella ha sido suscribiendo providencias de mero trámite y resoluciones que no hacen al fondo de la cuestión tratada en la sentencia definitiva que es motivo del presente recurso. En efecto, la Señora Juez ha firmado el decreto de fs. 27, que es de mero trámite y ordena correr traslado de la demanda; el auto de embargo preventivo de fs. 28; el interlocutorio de fs. 122 y vta. por el que se difiere para el momento de la sentencia la excepción de falta de legitimación opuesta y se ordena abrir la causa a prueba; y un oficio a fs. 167 pidiendo informes al Banco Central de la República Argentina. Como se ve, no se advierte en tales piezas, la existencia de opinión, dictamen o prejuzgamiento sobre el fondo del litigio por lo que no existe la posibilidad de la alteración de imparcialidad e independencia reconocidas en su persona. Por consiguiente, sin dejar de ponderar la delicadeza puesta de manifiesto por la Señora Juez, no corresponde aceptar su separación.

Por lo expuesto, la Sala queda integrada con los señores vocales titulares Dr. Alfredo Ricardo Amerisse y Dra. María Cristina Montalbetti, quienes deberán conocer la cuestión principal.

REGÍSTRESE, notifíquese y vuelva.
Prueba, apreciación de la prueba, jueces, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ROLDAN, JUAN CARLOS Y OTROS c/ CELULOSA ARGENTINA SA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE  AUSTRALES (CSJ EXPTE N. 466-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-27

No puede desconocerse que una cosa es prescindir de prueba conducente a la solución del pleito y otra, bien distinta, exigir al Tribunal la evaluación analítica, con acierto, de todas y cada una de las aportadas como demostración de no haberse incurrido en causal de descalificación de lo resuelto, pues es bien sabido que el fallo de acuerdo a las características del tema, puede motivarse en una adecuada síntesis del material probatorio para el fundamento racional del mismo.
Actos y diligencias procesales, asistencia médica, competencia por la materia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Tosi Nelida Beatriz c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación Accord Salud s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-28

Cabe declarar la competencia de la justicia en lo comercial, cuando -como en el caso- el objeto de la acción se circunscribe a los términos del contrato de naturaleza netamente mercantil, como es aquel vinculado al precio de la contratación, y en tanto no ha sido objetado el cumplimiento de las normas que implementan el sistema nacional de salud -cuestión que habilitaría la competencia federal por razón de la materia-.
Recurso extraordinario, libertad de prensa
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: VERBITSKY, HORACIO s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-21

Cuando en autos se ha efectuado una interpretación de la garantía constitucional de la libertad de prensa distinta y contraria a la sostenida por el Señor Fiscal de Cámara, el recurso interpuesto debe concederse. De igual modo, si bien en principio los agravios de los apelantes presentados parecerían reposar en la divergente interpretación que se asigna a circunstancias de hecho y a una norma de derecho común - al art. 213 del Código Penal - cierto es que análogamente en cuanto ocurría en el precedente jurisprudencial citado, tal interpretación se halla relacionada de modo directo con la citada garantía en cuanto marca sus limitaciones y alcances, por lo que también en este caso se concederá el remedio federal.
Costas, honorarios del abogado, diligenciamiento de oficios, embargo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ponedoras Sur SA c/ Toneguzzo, Rubén Luis s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-21

Los gastos de diligenciamiento de embargo realizado en la jurisdicción donde tramitó la ejecución, no supone una actuación extraordinaria en el desenvolvimiento de la causa, debiéndola juzgar comprendida en la gestión a cargo del profesional del derecho que asiste a la actora, como así su retribución subsumida en la que a título general de honorarios se regule oportunamente.

Por eso los gastos de tramitación de mandamientos sin desplazamiento fuera del asiento del tribunal no integran el concepto de costas.
Violación de las formas procesales, nulidad procesal, principios procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Gaset, Joaquín Ramón s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-06-14

No toda contravención a preceptos procesales constituye vicio de actividad objetable en casación por conducto del inc. 2º del art. 257 del C.P.C. (Violación de las formas procesales), ya que a tenor de lo prescripto por el art. 130: "Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción". Sin embargo, esta regla general admite una excepción que está contenida en el mismo texto del Art. 130 citado, ya que al principio de especificidad en cuya virtud no hay nulidad sin texto expreso que la conmine; debe agregarse el contenido del segundo párrafo del art. citado que extiende la posibilidad nulificante para aquellos actos procesales que por carecer de requisitos indispensables, no son aptos para la obtención o logro de su finalidad. Es decir, que el principio de especificidad, cede o se atenúa, integrándose con el principio de finalidad incumplida.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: López, Rubén Darío c/ Empresa General José de San Martín S.A.T. s/ Indemnizacion por enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que insiste en premisas ajenas y estructura su agravio sobre la base de la propia percepción de la circunstancia fáctica sin demostrar por qué la solución correcta al caso sería la que propone en su recurso.
Defensa del consumidor, acción judicial, aplicación de la ley, beneficio de litigar sin gastos
Materia: COMERCIAL
Carátula: NUÑEZ, OSCAR DARIO c/ VERONA AUTOMOVILES SA Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-17

Cabe revocar la decisión, mediante la cual el a quo le otorgó al actor el beneficio de justicia gratuita en los términos de la LDC 53 solo comprensivo de la tasa de justicia. Siendo que, con fecha 21/12/21, la Excma. Cámara de Apelaciones en el Acuerdo Extraordinario celebrado para conocer en la causa caratulada "Hambo Debora Raquel c/ CMR Falabella SA s/ sumarísimo" (Expte. N° 757/2018), se ha pronunciado declarando que el "beneficio de justicia gratuita" que dispone la LDC 53, además de los gastos, sellados u otros cargos inherentes a la promoción de la demanda, exime al consumidor del pago de las costas del proceso si fuera condenado a satisfacerlas total o parcialmente. Consistentemente y por imperio del acatamiento que exige este nuevo fallo plenario (conf. CPR 303), corresponderá revocar lo decidido en el grado.
Divorcio, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Manzur de Soleiman, Viviana del Carmen c/ Soleiman, Ricardo Alberto s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-12-09

El art. 227 de la Ley 23.551 establece que en la acción de divorcio es competente el juez del último domicilio conyugal efectivo o el del domicilio del demandado, y no es posible admitir una prórroga de jurisdicción (aún consentida) por la vinculación que tiene con la institución de la familia y el orden público.
Cuestiones de competencia, competencia federal, competencia ordinaria, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: OS - OSTEP c/ Colegio San Ignacio de Loyola SRL s/ ley 23.660 - obras sociales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-10

Debe abandonarse el criterio que situaba los supuestos como el planteado -entre un juzgado de primera instancia de la seguridad social y un juzgado de primera instancia del trabajo- en la excepción prevista en el art. 24, inc. 7°, según el cual los conflictos de competencia suscitados entre los magistrados nacionales ordinarios y los magistrados federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debían ser resueltos por la cámara de la que dependía el juez que primero hubiese conocido y, en consecuencia, establecer que corresponde a la Corte resolverlos en virtud de lo determinado en el primer supuesto contemplado en dicha norma.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), alimentos, código civil, código civil y comercial, demanda, pretensión, celeridad procesal, acumulación de procesos
Materia: CIVIL
Carátula: T., G. D. c/ T., D. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-09-28

El desarrollo argumental del impugnante no alcanza a demostrar suficientemente la configuración de un supuesto de arbitrariedad que habilite el franqueamiento de esta instancia, en tanto sus cuestionamientos resultan por sí genéricos y globales y giran en torno a los derechos derivados de la acción por alimentos, la cual, bajo la vigencia del actual Código Civil y Comercial de la Nación -el cual no restringe derechos sino que en esta materia los amplia considerablemente-, como asimismo bajo la vigencia del Código Civil derogado y las normas procesales que regulan la cuestión, tiene un marco regulatorio propio y un trámite especial con el propósito de asegurar una vía procesal rápida para la obtención de recursos destinados a atender las necesidades actuales e impostergables que hacen a la subsistencia del alimentado, y es en razón de ello que tanto el Código velezano como el actual Código Civil y Comercial de la Nación disponen la celeridad del procedimiento en la acción y la imposibilidad de acumular otra pretensión, y contemplan para el caso de que no se hubiera cumplido con la obligación fijada en la sentencia, las medidas aplicables para asegurar su percepción; por tanto, las consideraciones que esgrime el recurrente, con respaldo jurisprudencial y doctrinario sustentadas en la legitimación de quienes alcanzan la mayoría de edad para reclamar sobre alimentos devengados no abonados, la necesaria flexibilización de las formas en el reclamo alimentario, la irrenunciabilidad de éstos derechos, como así también la invocación de las necesidades que padeciera el hoy recurrente en su minoridad, se diluyen al dejar incólume el núcleo sentencial de la Alzada antes expuesto, respecto de que lo reclamado eran los gastos irrogados por la madre del actor mucho tiempo atrás, pretensión que es autónoma y que requiere de un debate y actividad probatoria mucho más amplia que el acotado margen de la acción por alimentos. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 543; Código Civil, artículos 375 y 376.
Beneficios previsionales, base imponible, adicionales de remuneración, policía federal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bullrich, Alejandro Julián y otro c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01

La descalificación del Dec. 2744/93, en cuanto pretende disimular el carácter general de los suplementos cuya creación dispone, por ser contraria a las disposiciones de la ley 21.965, priva de sustento a su posterior ratificación por el art. 44 de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1996 (Nº 24.624). La pretendida convalidación tampoco resulta admisible, por lo demás, por vulnerar la prohibición contenida en el art. 20 de la ley 24.156, reiteratorio de su similar art. 18 del decreto ley 23.254/56, que imponer no incluir en leyes presupuestarias cláusulas que reformen o deroguen leyes vigentes, en lo que constituye una sana limitación autoimpuesta por el Poder Legislativo para dar transparencia al trámite de sanción del presupuesto anual, habida cuenta de su trascendente función formal de acto gubernamental que autoriza los gastos y prevé los recursos para solventarlos -ver Villegas, "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", pág. 791- (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 17.08.09, "Enriquez, Marco y otros").
Desindexación, valor real
Materia: COMERCIAL
Carátula: CODESA SACIFI c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. BOW CECIL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

El reconocimiento del valor "actual" de la cosa o prestación comporta una reparación pecuniaria que pone al acreedor -al menos en principio-en situación de reponer la cosa dañada o perdida.
Prueba, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Jorge c/ Rigolleau S.A. s/ Indemnización art. 212, L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

El Tribunal del Trabajo no puede prescindir válidamente -sin alterar el equilibrio procesal inherente a la justicia- de una prueba incorporada al proceso de fundamental importancia para la definición del pleito.
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zacharski Ana c/ Municipalidad de San Pedro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

Cada daño debe ser apreciado en sí mismo y nada obsta a que en ciertos casos el moral supere el material pues es factible que mientras sean escasas las consecuencias de orden económico adquieran especial gravedad las de índole psíquico.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, juicio ejecutivo, resolución irrevisable en juicio ordinario posterior
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez Hernández, Lorenza c/ Garde, Augusto Carlos y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

Procede el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que rechazó la excepción deducida por la fiadora, a quien se le extendiera los efectos de la condena, pues el agravio resultante de dicha decisión no podría ser revisado en un proceso de conocimiento ulterior.
Recurso de inconstitucionalidad, acceso a la justicia, doctrina de la arbitrariedad, allanamiento domiciliario, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: DURAN, JOSE LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-09-09

El fallo impugnado, en cuanto confirmó la condena del imputado teniendo en cuenta prueba obtenida en violación a garantías previstas en la Carta Magna, en virtud de que el ingreso al domicilio donde se lo detuvo se produjo sin orden judicial, resulta descalificable desde el punto de vista constitucional, correspondiendo por ende su anulación (Del voto del Dr.

Erbetta, al que adhirió el Dr. Vidal)
Quiebra, desapoderamiento, legitimación procesal del fallido, concurso especial
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: SANATORIO  LINIERS    S.A.    S/QUIEBRA  S/INC. CONCURSO ESPECIAL POR RECIO, MARIO s/ INCIDENTE DE CONCURSO ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-22

Si bien se ha omitido y con carácter de excepción la posibilidad de que el fallido exprese opiniones durante el procedimiento liquidatorio en cuestiones vinculadas a bienes desapoderados (con fundamento en su vocación al remanente LC: 228), dicha circunstancia no lo convierte en parte necesaria del trámite concursal.

Más allá de la permanente posibilidad del fallido de obrar supliendo la tardanza o la omisión de la sindicatura, en la conservación de los bienes del activo, carece de legitimación para intervenir promiscuamente con aquella en una controversia particular con un acreedor preferente; ello importaría la desnaturalización del desapoderamiento y de la pérdida de legitimación procesal (LC: 111 y 114).
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Panozzo, Andrés Faustino c/ Rosso, Pedro Ricardo s/ Daños y perjuicios Sanfer S.A.C.I.F.I.A. s/ Extensión de quiebra López, Leonor c/ Chab, Norberto Isaac y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-06-18|1992-03-17|1989-11-21

Mediante la apelación no pueden someterse a conocimiento de la Alzada defensas o cuestiones que no fueron articuladas oportunamente , importando su tratamiento por parte de ésta la violación de los artículos 34 inciso 4º, 163 inciso 6º, 266 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial.
Costas, acción de amparo
Materia: CIVIL
Carátula: Stechina, María Elena c/ Intervención Consejo General de Educación y Dirección General de Nivel Secundario -Resoluciones 2332, 3026 y 3325/94 s/ Recurso de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-09-01

El presente caso reviste particularidades que autorizan excepcionar al principio general contenido en el art.68 del Código Procesal Civil y Comercial, por cuanto la actora en esta causa ha podido creerse con suficiente derecho para litigar. Tal creencia fue razonable teniendo en cuenta el impacto causado por las medidas tomadas por el Consejo General de Educación -tendientes a la reestructuración global de todo el sistema educativo de la provincia- no sólo en el recurrente sino en la sociedad toda, no siendo este en caso aislado, sino uno más de todos los que se han visto afectados por la reestructuración iniciada. Por ello corresponde la imposición de costas de ambas instancias en el orden causado, de conformidad asimismo reiterada jurisprudencia en tal sentido.
Honorarios del abogado, renuncia del apoderado
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO ARGENFE S.A c/ ECHEGARAY JUAN s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-23

La renuncia judicial o extrajudicial del apoderado no produce efectos automáticos, sino que para que cobre eficacia, se requiere que haya dado aviso (el apoderado) al mandante y vencido el plazo legal para su comparecencia (art. 53 inc. 2 CPCC), quedando entonces desligado el apoderado para con las obligaciones en el pleito, cesando en ese momento la representación en el mismo.-
Prueba testimonial, declaración testimonial, imputado, derechos y garantías constitucionales, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Dirección General de Servicios Públicos s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-05-14

Cuando en la declaración testimonial la imputada depone bajo juramento surge la incompatibilidad constitucional de su incorporación como declaración en el estado de sospechosa del ilícito investigado. Esto a mi entender es una grave irregularidad constitucional, pues sin analizar el contenido de sus dichos en la mencionada declaración testimonial, donde no surge ningún elemento autoincriminante, igualmente como testigo estaba constreñida legalmente a prestarla y ésta circunstancia pudo haberla evitado esgrimir una defensa útil.

Interpreto que ésta declaración prestada en calidad de imputada infringe las normas constitucionales mencionadas ut supra y que deben en consecuencia ser sancionadas con la nulidad, pues se trata de una nulidad absoluta del art.150 del C.P.P. como así también de los demás actos consecutivos que de él dependan art. 154 de la ley adjetiva, ya que lo correcto procesalmente en ese mismo acto de declaración prestada en calidad de imputada debió ser relevada del juramento existente y ello no fue así, constituyéndose así en una flagrante violación a la garantía de defensa en juicio.