Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-12


SENT Nro. 588 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 12 DE AGOSTO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la demandada en autos: "Gobierno de la Provincia de Tucumán -DGR- vs. T.A. La Estrella S.R.L. s/Ejecución Fiscal".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la demandada, contra la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, de fecha 19/11/2002, que no hace lugar al recurso de apelación interpuesto por aquélla contra el fallo de primera instancia del 13/5/2002.

II.- Luego de exponer in extenso los antecedentes de la causa y de ofrecer argumentos tendientes a demostrar la admisibilidad de la vía tentada, ataca el recurrente la sentencia de Cámara sosteniendo que la misma ha incurrido en errores de derecho respecto de la cosa juzgada y la inhabilidad de titulo. En torno a la primera se agravia por la consideración sentencial respecto a que la defensa de cosa juzgada es extraña a la ejecución fiscal por no estar establecida en el Cód. Tributario. Señala que ello es falso porque las garantías de la defensa en juicio y el derecho de propiedad ínsitas en la cosa juzgada en mérito al principio del art. 31 CN no pueden ser relegadas en ningún caso como defensas admisibles en cualquier proceso judicial, citando doctrina y jurisprudencia a las que considera unánimes en este sentido y que, inclusive ella puede aplicarse de oficio. Manifiesta, entonces, que la Sala violó la cosa juzgada que resulta del fallo de Corte de 1978 que presentara como prueba y base de las excepciones que interpuso.

En cuanto a la inhabilidad de título, le causa gravamen, asimismo, que la Cámara entienda que ella sólo procede por las formas extrínsecas del título, lo que supone, a su criterio, un exceso ritual manifiesto cuando, como en el caso, se ha emitido condena por deuda inexistente que surge manifiesta de autos, conforme el fallo de Corte de 1978 antes citado. Cita jurisprudencia de la CSJN en este sentido.

Explicita que la sentencia en embate incurre en arbitrariedad por cuanto, en primer lugar, ha distorsionado las constancias del expediente al manifestar, haciendo lugar al recurso de apelación de la actora, que la defensa de cosa juzgada ha sido rechazada en primera instancia y el rechazo fue consentido. Al respecto sostiene que tal aserción es falsa y que esta falsedad salta a la vista conforme el escrito de fs. 50 y el de oposición de excepciones de fs. 35/37, habiéndose hecho reserva de replantear el tema en segunda instancia y del caso federal, así como que se mantuvo la cuestión al expresar agravios, según surge del punto 3° del petitorio del escrito de fs. 114/116. Agrega que el rechazo de cosa juzgada es "inconsentible" -por estar interesado en ella el orden público y por su consecuencia, la posibilidad de su declaración de oficio- y que aun cuando fuera por hipótesis apelable la resolución que la rechazara, lo cierto es que esta cuestión se mantenía en pie mediante la excepción de inhabilidad de titulo planteada conjuntamente con la cosa juzgada, desde que ambas estaban basadas en el mismo obstáculo del fallo de Corte; que ello es reconocido por el Juez de primera instancia cuando recurre a la sentencia de la Corte, de la que deriva la existencia de la cosa juzgada, al expresar que, respecto del impuesto a la salud pública hace lugar a la defensa de falta de legitimación sustancial activa y pasiva.

Entiende el recurrente, por otra parte, que también se distorsionó las constancias del expediente al mutilar el fallo de la Corte de 1978 en tanto entre los argumentos empleados para desestimar los agravios referidos a los ingresos brutos, y en referencia al fallo de Corte, sostiene que tal fallo "dice que la declaración de inconstitucionalidad debe limitarse a la determinación contenida en las resoluciones que enuncia, o sea una determinación impositiva en particular", omitiendo considerar que el pronunciamiento al declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones que detalla, agrega que la declaración es "extensiva a futuras determinaciones referidas al actor por igual concepto".

En segundo lugar, sustenta la arbitrariedad en el dogmatismo y elusión del análisis crítico necesario en torno a los agravios del recurrente referidos a que el impuesto a los ingresos brutos es en esencia y casi una copia textual del impuesto a las actividades lucrativas; argumentación que fue lisa y llanamente soslayada por el tribunal quien se limitó dogmáticamente a aferrarse a la diferencia de nombre entre ambos tributos. Que en actitud diametralmente opuesta, la Cámara en lo Contencioso Administrativo reconoce, sin dejarse llevar por rótulos que el TACIS y CIACIS eran esencialmente idénticos al PACIS que la Corte Suprema de la Nación había declarado inconstitucional.

Concluye en que, respecto a la cosa juzgada, se equivoca la Sala al excluir esta defensa de la ejecución fiscal y falsear la extensión de la cosa juzgada del fallo de Corte. Cita jurisprudencia en apoyo de la procedencia de este instituto en el caso de autos y alega la existencia de gravedad institucional porque, al violar el fallo de un superior, la sentencia subvierte el orden institucional, así como por la existencia de precedentes contradictorios respecto a una misma cuestión.

Cita doctrina legal; mantiene la reserva del caso federal y concluye solicitando se haga lugar al recurso tentado, imponiéndose las costas de todas las instancias conforme al resultado.

Corrido el traslado de ley, la Provincia de Tucumán contesta el mismo según escrito obrante a fs. 140/142.

III.- Por auto interlocutorio del 09/4/2003 la alzada concede el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia recurrida expresa que el proceso de apremio está destinado a que el fisco perciba cantidades dinerarias que se le adeudan en concepto de impuestos, tasas, patentes, multas, etc. y se estructura atendiendo a la necesidad de la rápida satisfacción de las rentas públicas y la presunción de legitimidad que acompaña a las liquidaciones de deuda expedidas por funcionarios públicos; que por tanto contempla una faz de conocimiento restringida y fuertemente simplificada; que en este orden se limitan las excepciones oponibles a las que el art. 160 de la ley 5121 enumera.

Con respecto a las excepciones opuestas por la demandada, sostiene que la de cosa juzgada fue desestimada por el inferior por no encontrarse enumerada en la taxativa enunciación de la norma citada. En cuanto a la inhabilidad de título, considera que ella debe sustentarse en un vicio formal de éste pues en la ejecución fiscal tal excepción se limita a sus formas extrínsecas sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa por lo que el planteo que efectúa la demandada debió ser realizado ante la autoridad de aplicación en sede administrativa, puesto que una vez determinando el impuesto y confeccionado el cargo correspondiente la acción de apremio persigue sólo el cobro del impuesto y el juicio ejecutivo es pura ejecución sin que puedan discutirse los temas que pretende la firma recurrente. A ello agrega que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia hace referencia a otro impuesto tal como lo expone el a-quo sin que en el caso se haya demostrado que sea el mismo que se cobra actualmente.

Añade por otra parte que esta sentencia hace alusión a una situación especial y particular y así el pronunciamiento dice que la declaración de inconstitucionalidad debe limitarse a la determinación contenida en las resoluciones que enumera, o sea, a una determinación impositiva en particular, y, por otro lado, el entredicho -según se expresa en la misma sentencia- no versó sobre el Convenio Unilateral aplicable expresamente a las Empresas de Transporte para paliar la superimposición.

En cuanto al recurso de la actora, al no presentar ésta memorial, la Cámara entiende que se refiere su agravio al acogimiento parcial de la defensa de inhabilidad de título. Al respecto, reitera que la inhabilidad no puede proceder puesto que debe resultar del propio título, no pudiendo discutirse la legitimidad del crédito. A ello añade que la defensa de cosa juzgada ha sido rechazada en primera instancia, rechazo que quedó consentido en aquella instancia y además, por tratarse en el pronunciamiento que se invoca de la declaración de inconstitucionalidad de una determinación en particular.

Por ello, concluye no haciendo lugar al recurso de apelación deducido por la demandada, con costas a su cargo y haciendo lugar al recurso deducido por la actora y, en consecuencia, revocando el punto I° de la sentencia de primera instancia proveyendo no hacer lugar a la defensa de inhabilidad de título deducido por la demandada.

V.- En relación al gravamen que ocasiona al recurrente el rechazo de la excepción de inhabilidad de título cabe señalar, liminarmente, que lo decidido sobre esta cuestión, en tanto inherente, exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, adquiere la calidad de cosa juzgada material, y siendo que tampoco pueden discutirse nuevamente las interpretaciones legales formuladas en la sentencia (arg. art. 544 3° párr., CPCC), admite su encuadramiento dentro de la preceptiva del art. 813 inc. a) de la ley adjetiva (cfr.: CSJTuc., in re: "Banco de Galicia y Bs.As. S.A. vs. Cano, Mario Roberto s/Ejec.Hipotecaria", del 25/3/98; Banco de Catamarca vs. Pío Marchetti Soc. de Hecho s/Cobro Ejecutivo", del 17/3/95; etc.).

Ahora bien, de la confrontación de los términos sentenciales con los expuestos en el memorial casatorio y de un examen pormenorizado de las constancias de autos se concluye en que asiste razón al recurrente.

En efecto, el impugnante se agravia en tanto el fallo incurre en un error de derecho al omitir considerar la existencia de cosa juzgada en la especie, dando como motivo que la defensa opuesta en este sentido fue rechazada al ser extraña a la ejecución fiscal y por haber quedado consentido su rechazo en primera instancia.

En este sentido asiste toda razón al recurrente pues, habiéndose alegado cosa juzgada -presentándose para ello una sentencia de esta Corte Suprema de Justicia, en anterior composición, y teniendo la misma relación con la cuestión litigiosa-, no podía la Cámara obviar su pronunciamiento toda vez que, tratándose del instituto de la cosa juzgada, el tribunal puede y debe examinarla. Y es que el principio de la cosa juzgada es de orden público y por lo tanto, susceptible de ser declarado de oficio por el órgano judicial en resguardo de principios procesales y de derechos constitucionales establecidos en los arts. 17 y 18 CN (CSJT, sent. nro. 19/2002); resguardándose el principio la inmutabilidad de los decisorios firmes, y el non bis in idem, que tiene como finalidad evitar la multiplicación de procesos, el desgaste jurisdiccional y preservar el adecuado servicio de justicia.

Destácase entonces que la relevancia de la cosa juzgada como uno de los pilares del orden jurídico, autoriza al juez a declararla de oficio; sin que puedan eludir la decisión sobre la materia; pues por su naturaleza, ella es susceptible de ser decidida en cualquier estado de la causa y aún de oficio (cfr. CS, sentencia de fecha 17/11/94, J.A., 1995-II-649).

Existiendo agregada en autos una sentencia que -se alega- produce los efectos de cosa juzgada sustancial no puede el tribunal a quo eximirse de su tratamiento por el solo hecho de que ésta no está admitida como excepción en el presente procedimiento fiscal pues su inexistencia constituye uno de los requisitos de admisibilidad extrínsecos de la pretensión y como tal, debe ser examinado.

A su vez, la omisión de examinar la existencia de la cosa juzgada en autos conlleva, en la sentencia de Cámara, la de expedirse sobre la legitimación activa (calidad de acreedor) y pasiva (calidad de deudor) opuesta por el accionado dentro de la excepción de inhabilidad de título. Restringe así el tribunal de alzada, indebidamente en el caso, la excepción de inhabilidad de título al resguardo de las formas extrínsecas del mismo, sin advertir que la legitimación constituye uno de los presupuestos esenciales de la acción, un requisito intrínseco de admisibilidad de la demanda y cuyo control cabe aún de oficio; siendo así admisible la excepción hecha valer bajo el ropaje de la de inhabilidad de título.

Y es que si bien en la enumeración del Código Tributario no se encuentra explícitamente mencionada la defensa de cosa juzgada o la excepción de falta de legitimación procesal, lo cierto es que ellas -que, junto con las de incompetencia, falta de personería, litispendencia, nulidad de la ejecución, falsedad e inhabilidad de título- se hallan referidas a la aptitud del título ejecutivo y a la regularidad del proceso, deben reputarse admisibles aun cuando la ley específica no las prevea e incluso las prohiba (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", T. VII, pág. 766; quien citando a Podetti expresa que sería repugnante al art. 18 de la CN puesto que un proceso en el cual no existen medios para obtener su regularidad, no asegura la defensa en juicio de los derechos). Concordantemente con ello, ha dicho el máximo Tribunal de Justicia del país que en las ejecuciones fiscales son admisibles las defensas sustentadas en la inexistencia de la deuda, siempre que ellas resulten manifiestas (CS, octubre 27-994; Estado Nacional -DGI- c. Establecimientos Recife S.A. - LL 1995-A, 119; DJ, 1995-1-394 - I, 1995-A, 626).

La sentencia de Cámara no trata el tema de la cosa juzgada. De otro lado, al analizar la excepción de inhabilidad de título -que restringe a la validez de su formas extrínsecas-, menciona que el impuesto a que hace referencia el fallo de la CSJT en que se basa el excepcionante no es igual al de la especie, como lo menciona el juez a-quo y que el apelante no ha demostrado que lo fuera; sin embargo, esta afirmación aparece manifiestamente dogmática, carente de sustento. Asimismo, asiste razón al impugnante cuando advierte que el tribunal, al mencionar el fallo de la Corte Suprema de 1978, efectúa una consideración parcializada del mismo toda vez que se limita a estimar la declaración de inconstitucionalidad de los Decretos allí citados, sin ponderar en nada los efectos extensivos que fija la misma Corte a tal declaración.

En las condiciones expresadas supra, la sentencia apelada exhibe graves defectos de fundamentación que afectan garantías constitucionales -el debido proceso y la defensa en juicio- por lo que -sin abrir juicio sobre el resultado a que en definitiva se arribe sobre la cuestión- la misma debe ser dejada sin efecto, en virtud de la arbitrariedad contenida en ella.

Por todo lo expuesto, corresponde declarar la procedencia del recurso interpuesto y casar la sentencia en embate, a tenor de la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que, conforme a las concretas circunstancias del caso, desinterpreta los alcances del instituto de la cosa juzgada y de la legitimación procesal de parte y omite, entonces, considerar estas cuestiones en el procedimiento de ejecución fiscal".

Conforme a lo considerado el proceso debe remitirse al tribunal de mérito para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte nueva resolución conforme a lo considerado.

VI.- En lo atinente a las costas del recurso, en atención al efecto nulificante del mismo, ya que la nulidad no es imputable a las partes, se imponen por su orden (art. 106 inc. 1° CPCCC).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado de la demandada, contra la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, de fecha 19/11/2002. En consecuencia, SE CASA y ANULA la misma, a tenor de la doctrina legal enunciada y SE REMITE el proceso a ese Tribunal a fin de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento conforme a lo considerado. Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS del recurso como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA