marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Leguizamon, Luis Ramón  c/ Alvez, Franco Nazareno Ramón  s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-12-19

La norma del art. 1738 CCC recepta una definición amplia del daño no patrimonial, al describir distintos supuestos en los que se encuentran afectados derechos extrapatrimoniales de una persona, refiriendo a la noción de "afecciones legítimas", de los razonables sentimientos de la víctima, su alteración anímica intelectual o volitiva.
Contratos, rescisión del contrato, actos unilaterales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Dominguez, Fernando Adrian c/ Team Quality SA s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-28

Siendo que, las partes acordaron la facultad de rescindir sin causa el contrato, que debía concederse un plazo de preaviso de un mes y que la demandada no lo cumplió; ello así, de acuerdo a lo previsto en el CCCN 1082-a), debe resarcir a la actora aquellos perjuicios que se encuentren en relación de causalidad adecuada con la intempestividad de la comunicación y no en la rescisión propiamente dicha (CCCN 1082-a) y 1726) y aquellos otros que, de existir, surgen del inciso "b". El CCCN 1739 determina los requisitos del daño resarcible. Así, dice que debe ser directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente y, respecto de la perdida de chance, dispone que es indemnizable en la medida que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. Se añade que el art. 1744 del código citado, en punto a su prueba dispone que debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma o que surja notorio de los propios hechos.
Cámara de Apelaciones, regulación de honorarios, sentencia firme, cosa juzgada, orden público, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Figueredo, Martín c/ Villalón, Eduardo Daniel y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

Si la decisión de la cámara de apelaciones que reguló los honorarios se apartó manifiestamente de los pronunciamientos anteriores, que se encontraban firmes, considerando los mismos planteos antes formulados, pero dándoles una solución diversa, afectó el principio de estabilidad de las sentencias, que es de exigencia de orden público y posee raigambre constitucional.
Delito culposo, imprudencia
Materia: PENAL
Carátula: ANCAROLA, Luis Fernando s/ Homicidio y lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-12

A mi modo de ver, la fórmula: "que mientras el negligente no hace algo que la prudencia indica hacer; el imprudente realiza un acto que las reglas de la prudencia indican no hacer", es necesario completarla estableciendo que eso que la prudencia indica hacer o no hacer, respectivamente, en cada caso, para que genere culpa penal debe estar impuesto como un deber jurídico.-
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Churrupit, Omar Enrique s/ Incidente de reintegro de fondos en autos:Banco Coopesur Coop.Ltda.  c/Granosur S.C. s/secuestro F-300 Churrupit, Omar Enrique s/ Incidente de reintegro de fondos en autos:Banco Coopesur Coop. Ltda.  c/Granosur S.C. s/secuestro B-1012 Churrupit, Omar Enrique s/ Incidente de reintegro de fondos en autos:Banco Coopesur Coop. Ltda.  c/Granosur S.C. s/secuestro B-1011
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05|1987-03-05|1987-03-05

No se cumple con la carga procesal de expresar agravios adecuadamente cuando se repiten, sin variantes, los argumentos ya vertidos en primera instancia.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PALACIOS ROBERTO MANUEL c/ FERNANDEZ VICTOR HUGO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

El conductismo de la víctima al ingresar a la bocacalle, cuando la señal de semáforo no se lo permitía; para embestir finalmente a la ambulancia que circulaba haciendo sonar su sirena, es claramente indicativo de un obrar culpable, constitutivo al mismo tiempo en la única y exclusiva causa que generó el evento dañoso.-
Entidades financieras, daños y perjuicios, cosa juzgada
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Balaña, Raúl José y otro c/ Banco Central de la República Argentina. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-29

Lo decidido por la vía del art. 32 de la ley 22.529 no reviste el carácter de cosa juzgada respecto de la pretensión de los accionistas mayoritarios de la entidad financiera de ser resarcidos de los daños que le habría irrogado la actuación de los funcionarios del Banco Central relacionada con la intervención y liquidación de la entidad, por ser tal vía más limitada y tendiente sólo a revisar la legitimidad de medidas tales como la intervención cautelar y la liquidación.
Medidas cautelares, medida cautelar autónoma, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: "Arrue,  Javier  y otro c/ PEN -Ley 25.562-dtos 1570/01 214/02 s/ Medida Cautelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-02

Cuando el objeto del proceso se limita la dictado de una medida cautelar autónoma y no habiendo la actora interpuesto la demanda principal dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba ha operado la caducidad "ipso iure" de la medida cautelar ordenada (art. 207, primer párr., C.P.C.C.N. y Fassi, Santiago- Yañez César, "Código Procesal Civil y Comercial", Com, Anot. y Conc., t. 2, págs. 69/72, Ed Astrea, Bs. As., 1989).
Honorarios, abogados
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROO HUMBERTO c/ RICARDO MAGALLANES Y OTS. s/ Beneficio de Litigar sin Gastos (LIBRO: A072 - 406)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-10-15

En los casos de pluralidad de litigantes que conforman una sola parte, puede resultar excesiva la regulación, por lo que es de aplicación la norma que determina pautas para la pluralidad de patrocinios.
Recurso extraordinario, tribunal de alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Cerruda, Enrique Omar c/ Varela, Roberto s/ indemnización por antigüedad - por despido -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

Cuando las partes consideren que las vías previstas en el ordenamiento local han quedado, para el caso concreto, terminadas con la intervención de las instancias inferiores a la del órgano judicial supremo de la provincia, deberán exponer las razones pertinentes al interponer el recurso extraordinario, cuya concesión o denegación habrá de fundamentar, también en ese aspecto, el tribunal de la causa.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, doctrina de la arbitrariedad, acción de amparo, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: BURGGI, SILVINA A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-07

Si bien las cuestiones debatidas pueden caracterizarse como materia contencioso administrativa, en razón de que la resolución impugnada se enmarca dentro del esquema de organización de un servicio público y posee carácter de norma propia del derecho público local -atento a que es en ejercicio de las potestades que le son propias a la Provincia en materia de educación, que reguló la convocatoria a concurso, considerando de manera diferencial la antigüedad docente como suplente en escuela pública y en escuela privada-, ello no obsta a que las mismas se puedan canalizar a través del amparo; sin embargo, tratándose de un litigio que versa sobre dicha materia donde la competencia de los Tribunales especiales se supone, ello imponía en cabeza del Juzgador el deber de extremar el control de concurrencia de los requisitos que tornan admisible aquella vía, análisis que omitió la mayoría de la Sala, al ingresar al tratamiento de los requisitos de admisibilidad del amparo soslayando el análisis antes referido. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: Bacchetta, AyS T 132, p 67/164; Grandinetti, T 132, p 477/488; Vaninetti, T 106, p 141. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículo 43; Constitución Provincial, artículo 113; Ley 8927; Resolución 1952/11 del Ministerio de Educación de Santa Fe, artículo 14, Anexo II; Decretos provinciales 1311/82 y 145/07.
Honorarios del abogado, convenio de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Odein S.A. c/ Sterini s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Dispone el art.18 del dec.ley 8904/77, que para que no resulten ejecutables los honorarios regulados contra el cliente que tenía contratado el abogado en forma permanente mediante una retribución periódica deben mediar dos circunstancias: que se haya suscripto un contrato escrito y que el mismo se encuentre registrado en el Colegio Profesional departamental, trámite este último que está a cargo del propio letrado. Si bien es cierto que las dos últimas condiciones están bajo responsabilidad profesional, en el caso sometido a examen no se probó de manera alguna la existencia de una relación contractual laboral que prive a la abogada de su derecho a percibir los honorarios que corresponden por su actuación judicial.

No pudiendo presumirse, dado el carácter de orden público del arancel de honorarios de abogados, que impone la aplicación de sus normas aún de oficio, su renuncia (art.874 del Cód.Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, juicios contra el concursado
Materia: COMERCIAL
Carátula: María Z. Roldan de Bargas c/ Tacita de Plata S.R.L. s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expediente Nro.  5612/01 Ordinario por Indemnización de daños y perjuicios.L.A.Nro.  45 F. 202/204 Nro.  89. Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expediente Nro.  5612/01 Ordinario por Indemnización de daños y perjuicios.L.A.Nro.  45 F. 202/204 Nro. 89.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-03-21

Atento a que la demanda por daños y perjuicios, se encuentra totalmente controvertida, por ende en función de lo dispuesto por el artículo 21 de la ley 24.522, resulta claro que sólo le queda a la actora, para obtener el reconocimiento de la legitimidad de su acreencia, proseguir el juicio ante el juzgado del concurso y obtener una sentencia favorable.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Franchi, Juan C. c/ Ferrer, Hector R. y otro s/ Daños y perjuicios. Cuestión a resolver: ¿Corresponde establecer un   monto indemnizatorio mínimo e igualitario por privación de vida   humana con prescindencia de todo otro perjuicio cierto?   Protocolizado Sala II, Folio 176 (Tribunal pleno) (Expte. Nro. 8-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-12

La cuantificación del valor por privación de vida no puede ser reducida a la determinación de si existe una mayor o menor fuente de recursos económicos, pues la pérdida de una vida tiene valor en sí misma. Toda privación de vida humana tiene un valor mínimo e igualitario, con prescindencia total de cualquier otra reparación cierta que el damnificado pudiere pretender y acreditar en cada caso en particular, de donde resulta que el valor mínimo puede ser superado hasta donde lo aconseje la prudencia judicial en función de las pruebas aportadas, pero no reducido en uso de esa misma prudencia con la alegación de circunstancias que hagan a posibilidades de ayuda económica, ser la víctima mayor o menor generador de recursos. (Del Voto del Dr. Mallen).
Medidas cautelares, incidentes, costas, regulación de honorarios, oportunidad procesal, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: H., P. A. y Otra c/ BANCO HIPOTECARIO S.A. s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-02-04

"Generalmente, cuando se decreta una medida precautoria, no se conoce exactamente el valor de los bienes a cautelar, no siendo posible efectuar la regulación de honorarios y, ni siquiera, decidir sobre la imposición de las costas, dado el carácter provisional del pronunciamiento. Más aún, la carga de las costas relativas al proceso cautelar depende, en principio, de la suerte del juicio principal, correspondiendo - en consecuencia - diferir su tratamiento para la oportunidad en que exista pronunciamiento definitivo sobre la materia litigiosa."
Sentencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ARGUELLO DE TARRILLA, LAURA L. Y OTRAS c/ MARCELINO V. COLLAZO Y CIA S.A. Y OTRO s/ RECURSO CASACION - CONTRATO DE TRABAJO: EXTINCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-09-26

Procede el recurso de casación por omisión de valorar prueba, ya que la genérica afirmación de la cámara a quo en el sentido de que analiza toda la producida, a un "las actuaciones administrativas" no resulta suficiente, si se acredita que en dichas actuaciones existen expresiones de la demandada que resultarían dirimentes para verificar la concurrencia de las condiciones necesarias a los fines de la indemnización del art. 182, por remisión del art. 178, LCT.
Marcas, marcas confundibles, oposición al registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALLORO   GUSTAVO  JORGE c/ INDUSTRIAS  SOLANO  SA s/ cese  deoposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-03

Doy por sentado la confundibilidad de los signos en conflicto ya que ambos signos son idénticos (TEMPO). Consecuentemente, la cuestión se limita a resolver si existe superposición, interferencia o proximidad de los productos en conflicto que pueda provocar confusión en el público consumidor. Se ha aceptado que el titular de una marca en una clase traspase las fronteras de su título y se oponga al registro de un signo idéntico o confundible requerido para una clase distinta, cuando quieran aprovecharse de una marca notoria o exista superposición, interferencia o proximidad de los productos en grado tal que puedan provocarse confusiones en cuanto al origen o procedencia de éstos (esta Sala, causas 3436/93 del 8-2-00, 4772/00 del 21-3-02 y 3871/98 del 13-5-04; Sala 2, causa 22465/96 del 3-8-99; Sala 1, causa 15920/95 del 12-8-99), solución que encuentra respaldo en reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 237:163; 245:287;

248:819; 255:104).
Prescripción, interrupción ineficaz
Materia: LABORAL
Carátula: Herrera, Rito José Marcelino c/ Municipalidad de San isidro s/ Accidente de trabajo Reale, Faustino P. c/ Carámica Facera S.A. s/ Indmenización por ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29|1994-12-13

Carecen de eficacia interruptiva los actos realizados con posterioridad al cumplimiento del plazo de prescripción, porque sólo puede interrumpirse una prescripción en curso y no una ya cumplida.
Marcas confundibles, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROBLES CATEDRAL S.A c/ SKI WORLD S.A s/ MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

La procedencia de las medidas cautelares previstas en el art.

38, Ley de marcas reconoce, como presupuestos, los previstos en el código procesal (arts. 195, 199, 210 y concs.), toda vez que, por su naturaleza, no tienen -salvo algunos matices- diferencias esenciales. Y es condición básica de su pertinencia que el derecho invocado presente un "fumus boni iuris"; cuidando particularmente, cuando el pedimento se funda en la apreciación subjetiva de que los signos son confundibles, que la adopción de la cautelar no implique formular ante tempus un juicio sobre la alegada confundibilidad o imponer en los hechos una traba al ejercicio de la actividad que desarrolla la contraparte. Y ello es así, porque la que se siente perjudicada por el uso de una marca similar o confundible tiene a su alcance un procedimiento legal especifico para la tutela de sus derechos, que resguarda a su vez los derechos del supuesto infractor: el incidente de explotación que preve el art. 35, Ley de marcas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AUTOROSARIO S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-05

Si bien la quejosa aduce ciertos cuestionamientos sobre la declaración de la caducidad de la instancia, quejándose de que el A quo no puede desconocer el carácter impulsorio de su escrito, como así también que las distintas presentaciones a los fines de corroborar el pago del convenio ordenado por la Cámara con asiento en Santa Fe tienen efectos suspensivos sobre la perención de la instancia, lo cierto es que sus argumentaciones no logran traspasar el límite de la mera discrepancia, y mucho menos aún, justifican las razones por las cuales el expediente a pesar de estar en condiciones de avanzar procesalmente -en el caso la solicitud del traslado de la demanda- quedó paralizado mas allá del plazo establecido por el ordenamiento jurídico para que se configure la caducidad de la instancia, solución a la que -en definitiva- arribó la Cámara con fundamentos suficientes en la resolución impug ada.-
Proceso penal, Ministerio Público Fiscal, delegación de la investigación, facultades del juez, resoluciones inapelables
Materia: PENAL
Carátula: "  Instituto  Nacional   de  Tecnología Industrial s/ delegaciónfiscal ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-30

"Este Tribunal ha sostenido ".que el ejercicio de la facultad a la que alude el artículo 196 del C.P.P., confiriendo la dirección al fiscal, .no hace más que asignarle uno de los cometidos esenciales inherentes a su razón de ser, ajustando su rol a la potestad que ejercita.Una exégesis razonable de la ley procesal impide sujetar a un plazo mínimo la innovación introducida por el art. 196, que aunque tímida y mediatamente, permite al Ministerio Público protagonizar la investigación preliminar desdoblando las funciones de requerir y decidir, a la luz de las legislaciones más modernas y de los principios republicanos, y en vistas de una mayor agilidad y eficacia en la persecución" (cfr. de esta Sala, causa nº 13.749 "Inc. de nulidad del M.P. Fiscal -deleg. Instrucc-", reg. nº 14.948, rta.

el 1/12/97 y sus citas)"."Es que no debe pasarse por alto que "el instituto de la delegación es eminentemente discrecional para el juez, pudiendo éste disponer de su utilización durante toda la instrucción, con el único límite de la conveniencia para el desarrollo de la investigación" (en este sentido, ver causa nº 17.121 "Inc. de apelación s/art. 196 del C.P.P. en autos Vales, Beatriz s/defraudación, reg. nº 18.176, rta. el 16/11/00;

c.n.º 17.248 "Schor, Norberto s/nulidad art. 196", reg. nº 18.254, rta. el 5/12/00; c.n.º 19.098 "Massholder, Juan s/nulidad delg. Fiscal", reg. nº 20.079, rta. el 22/8/02;

c.n.º28.425, "Desireé Aidar, J. s/delegación de instrucción", reg. nº 30.699, rta. el 24/11/09; c.nº 29.030 "Fiscalía Federal nº 5 s/queja por apelación denegada", reg. nº 31.389, rta. el 10/05/10)"."En este sentido, la delegación dispuesta no hace más que poner en cabeza del Representante del Ministerio Público Fiscal la dirección de la investigación prácticamente desde un comienzo, toda vez que si bien la causa se inició hace un par de años lo cierto es aún no se ha finalizado de reunir la totalidad de la prueba que el propio recurrente solicitó a fs. 183, deviniendo oportuno resaltar que el magistrado instructor no se ha apartado de aquel requerimiento a la hora de ordenar medidas".
Expropiación, indemnización expropiatoria, reparación integral, valuación del bien, depreciación monetaria, actualización monetaria, índices de actualización, índice de precios mayoristas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTADO    NACIONAL  ARGENTINO  (SECRETARIA  DE  ESTADO  DE JUSTICIA) c/ S.A. LAS PALMAS DEL CHACO AUSTRAL s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-10

Partiendo del principio de la integridad expropiatoria, que impone el resarcimiento pleno -y previo- dentro de los límites fijados por la respectiva ley, parece adecuado sostener que, habiendo tomado ya el Estado posesión de los bienes sujetos a expropiación, el particular debió poder disponer en su patrimonio al menos a partir de entonces de la suma representativa de su valor.

Dicha suma, por ser tal, no había sufrido las vicisitudes propias de los bienes muebles o inmuebles expropiados, sino las variaciones correspondientes al proceso de deterioro monetario registrado por los índices oficiales, y desde ese punto de vista, no parece razonable hacer cargar aquellas consecuencias a la expropiada, sino atender a la depreciación sufrida por la moneda como tal. A esos efectos resulta adecuado partir, para el reajuste, del valor asignado en julio de 1979 a los bienes muebles y en noviembre de 1980 a los inmuebles, y actualizarlos computando a ese fin los índices de precios al por mayor, nivel general, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hasta el momento del pago.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, locación de inmuebles, embajadas, depósito en garantía
Materia: PROCESAL
Carátula: Kazmi  Iftikhar  Hussein en representación de la Embajada de Pakistán s/ denuncia  defraudación.  Imputado:  Kruger,  Guillermo  Juan Ernesto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

La circunstancia de que la locación - cuyo depósito en garantía no fue devuelto por el locador y dio origen a la denuncia de que trata el sub lite - fuera llevado a cabo por la Embajada de Pakistán, no puede ser considerada para sostener la competencia originaria de la Corte, pues las representaciones diplomáticas no tienen el carácter de aforadas ante esta Corte.
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tamarit, Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

La validez o nulidad de los actos administrativos debe juzgarse a la luz de las disposiciones vigentes en el momento en que se dictan, juicio que se facilita cuando la irregularidad o vicio es tan patente que no presenta ninguna duda, es decir, cuando la irregularidad del acto se destaca en forma certera e indiscutible, siendo un hecho notorio que surge de la mera confrontación del acto con el orden jurídico positivo y su dictado es contra legem.
Sociedad anónima, accionistas, responsabilidad del socio
Materia: COMERCIAL
Carátula: DE LUCA PATRICIA Y OTRO c/ FIDER COMPANY SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-01

A los fines de comprobarse si se ha abusado del esquema societario para alcanzar fines ilícitos, si bien rige el principio general del onus probandi, esto es, que quien alega un hecho para apoyar su pretensión como para abonar su defensa tiene la carga de acreditarlo (Cpr: 377), no puede dejar de destacarse que en la mayoría de los casos será la sociedad o quienes la administran quienes se encuentren en una mejor posición para poder aportar elementos que pongan en evidencia la verdad objetiva; en particular, y en su caso, demostrar que las imputaciones que le realizó su contraria son falaces, en tanto su actuación no sólo ha sido real sino también lícita. Cabe entonces, con los recaudos y límites que ha elaborado la doctrina, propiciar la aplicación en estos casos y conforme cada particular controversia, de la teoría de la carga probatoria dinámica, que asigna tal responsabilidad a quien se encuentre en mejores condiciones para demostrar lo verdaderamente ocurrido.