Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-07


VIVIR EL RIO contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 211 p 112-116.

Santa Fe, 7 de diciembre del año 2005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia N 6, del 7 de abril de 2005 dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N 2 en autos "VIVIR EL RÍO contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Expte. N 183/01)" (Expte. C.S.J. N 345, año 2005); y, CONSIDERANDO: I.1.

Surge de las constancias de la causa que, por sentencia de fecha 7 de abril de 2005, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N 2 resolvió rechazar el recurso contencioso administrativo deducido por la empresa "Vivir el Río", dirigido a cuestionar la legitimidad del decreto 1124/94 del Intendente de la Municipalidad de Rosario, acto por el cual se declaró la caducidad del contrato de concesión del 1 de junio de 1993.

2. Contra dicho pronunciamiento dedujo la actora recurso de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 1, inciso 3, de la ley 7055.

Su impugnación, en síntesis, consistió en tachar de arbitrario al criterio utilizado por la Cámara al analizar la prueba producida en la causa.

En concreto, planteaba los siguientes agravios: a. Interpretación capciosa de hechos demostrados en autos, con relación al carácter de concesionaria de la explotación.

Sustentó este planteo en el hecho de que cuando la Municipalidad aceptó la existencia de "Vivir el Río", lo hizo ubicando a "Incor-Sur" y a "Compañía Financiera" como garantes solidarios, lisos y llanos y principales pagadores, lo que implica el reconocimiento de "Vivir el Río" como entidad concesionaria. Agregó que "carecería de sentido común y constituiría francamente una cosa imposible de explicar la razón por la cual el pliego previera que las construcciones las hicieran unas personas y la explotación, otra, siendo un contrato único e inescindible" (foja 43).

b. Interpretación irrazonable de las constancias que daban cuenta de que los terrenos prometidos por la Municipalidad no podían serle entregados, por no ser de dominio municipal, o bien porque la propia Municipalidad, al mismo tiempo, los había cedido en concesión a terceros.

Afirmaba en este sentido que había demostrado que el faltante de terrenos a entregar representaba más de las dos terceras partes de la superficie objeto del contrato, lo que supone una evidente actitud dolosa, que, según el fallo, no tiene consecuencias en el caso. Adujo en este sentido que "no es admisible, no ya en Derecho, sino por simple sentido común, que se constate que quien firma un contrato dolosamente, sabiendo que no habrá de poder cumplir lo que promete, se libere de sus obligaciones arguyendo algunos detalles de ínfima entidad frente a la magnitud de su incumplimiento" (foja 42).

c. Interpretación antojadiza de la prueba que da cuenta de que el propio Intendente municipal invitó conjuntamente con "Vivir el Río" a la inauguración de ciertas obras que en ese momento se consideraban concluidas.

Con relación a este punto sostuvo que no es posible que "tiempo después, y por detalles insignificantes en relación al volumen e importancia de la obra toda, se pretenda hacer cargar sobre la co-contratante la culpa de que la Administración haya firmado un contrato de cumplimiento imposible a plena conciencia de que no podía entregar los bienes que prometía, porque no eran suyos y ni siquiera tenía de ellos la más mínima posesión o tenencia" (foja 43).

d. Arbitrariedad en la apreciación de los dictámenes de autoridades nacionales que intimaban a paralizar trabajos ordenados por la Municipalidad, ya que se estaban efectuando en terrenos que no eran del Municipio, como así también de la "dolosa actitud de la Municipalidad" consistente en ordenar que continuara trabajando salvando las objeciones de la autoridad nacional.

e. Arbitrariedad en la interpretación del alcance jurídico de las reuniones que mantuvieron las partes contratantes, las cuales no son suficientes para tener por superada la falta de intimación previa al concesionario, tal como lo establece el artículo 71 del Pliego.

3. La Cámara, por auto N 258, del 24 de junio de 2005, resolvió denegar la concesión del recurso interpuesto, por falta de oportuno planteo de la pretendida cuestión constitucional - ya que la valoración de la prueba efectuada en el fallo recurrido era una de las posibilidades existentes al quedar planteada la litis-; agregando que, aun entendiendo por hipótesis superado ese óbice, el recurso resulta igualmente inadmisible, por no guardar las hipótesis de arbitrariedad esgrimidas conexión con la realidad del caso, ya que la quejosa se limita a disentir con el decisorio en cuanto a la valoración de los hechos y la prueba de la causa.

II. Comparece entonces la recurrente en vía directa ante este Cuerpo, rebatiendo adecuadamente la falta de oportuno planteo de la cuestión constitucional, al sostener -en síntesis- que la arbitraria valoración de la prueba surgió sorpresivamente del decisorio de la Cámara (criterio de "Campisi", A. y S. T. 207, pág. 461).

Mas no logra desvirtuar el restante fundamento invocado por el a quo al denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad.

Es que de la confrontación del fallo impugnado con el escrito de interposición del recurso y del análisis de las constancias de autos, surge tan sólo la discrepancia de la quejosa para con la solución a la que arribó la Cámara al rechazar el recurso deducido; mas sin persuadir de que se configura un caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante esta Corte, cuya misión es efectuar el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional.

En efecto, la recurrente invoca arbitrariedad en la selección y análisis de la prueba, sin lograr traspasar el límite de la mera discrepancia en torno a la apreciación que del material probatorio efectuó la Cámara, quien juzgó, en definitiva, no suficientemente demostradas las alegaciones de la empresa en orden a cuestionar la legitimidad del acto por el cual el Intendente dispuso la "caducidad" del contrato que había suscripto originariamente con las firmas "Incor Sur S.R.L." y "Compañía Inmobiliaria Financiera S.A.".

En tal sentido, es dable señalar que carece de asidero la supuesta arbitrariedad en la consideración de la denominada "actitud dolosa" de la Municipalidad, patentizada -a su juicio- en haber la Cámara restado trascendencia al hecho de que la falta de entrega de terrenos de parte de la Municipalidad obedecía, en definitiva, a que ésta carecía de derechos sobre los mismos, soslayando la aplicación al caso de la "exceptio non adimpleti contractus".

Ello así, por cuanto, más allá de que el planteo entraña indudablemente una cuestión de índole hermenéutica que por su propia naturaleza exorbita el ámbito del presente recurso, lo cierto es que el discurso argumentativo expuesto por la compareciente no logra acreditar que los miembros del Tribunal a quo hubiesen efectuado una exégesis irrazonable del material probatorio que refería a dicho aspecto del caso.

Es que si se atiende a los propios términos del pronunciamiento cuestionado, se extrae que el a quo -luego de mencionar una serie de elementos probatorios que daban cuenta de que, en efecto, la Municipalidad no había efectuado la entrega de determinados terrenos- entendió liminarmente que "en abstracto" la falta de entrega de los terrenos en el tiempo correspondiente autorizaría al contratista a rescindir el contrato, aunque añadiendo a esa observación la consideración de que "la aducida falta de entrega de parte de los terrenos y la afirmada imposibilidad de continuación de los trabajos no se hace cargo de lo aseverado por el Dire También se extrae que, en base a dichas consideraciones, la Cámara concluyó que "la aducida falta de entrega de los terrenos carece de decisividad, puesto que aun con prescindencia de la aludida falta de entrega, se le achacaron a la parte deficiencias que no tienen que ver con tal circunstancia, tales como precariedad de la obra del espigón norte; falta de mantenimiento de los sectores ejecutados en relación a la impermeabilización de los módulos de vestuarios y sanitarios; obras terminadas sin sujeción a los pliegos como la confitería o las glorietas; disconformidad con los pliegos en relación a la obra de desagües de efluentes cloacales; etcétera" (foja 17 vto.), sin que se advierta arbitrariedad en tales asertos.

Las consideraciones expuestas son suficientes, también, para restarle sustancia constitucional a la endilgada arbitrariedad en que habría incurrido el a quo al apreciar antojadizamente la prueba vinculada a la existencia de dictámenes de autoridades nacionales que intimaban a paralizar trabajos ordenados por la comitente - por efectuarse éstos en terrenos que no eran del Municipio-, puesto que, en definitiva, ella se resume en un planteo que no alcanza a superar la expresión de una crítica a las consideraciones que efectuó la Cámara acerca de la falta de decisividad de las razones aducidas por la recurrente a los fines de desvirtuar las deficiencias expuestas por la Administración en el acto impugnado.

Por su parte, en lo que concierne al reproche vinculado a la falta de intimación fehaciente, encaminado a demostrar que dicha omisión no puede ser suplantada con la mención de que existieron reuniones entre las partes, lo cierto es que con los escuetos argumentos que expone la quejosa, no llega a acreditar la existencia de la irrazonabilidad endilgada, ni alcanza a conmover las afirmaciones del a quo en relación al punto, al haber sostenido en su oportunidad de manera clara que "el análisis de la relación habida entre las partes en el período inmediatamente anterior a la emanación del decreto extintivo impide afirmar que la Administración no haya intimado a la concesionaria, requiriéndole el cumplimiento de sus obligaciones", como así también que tuvo lugar "una reunión entre los representantes municipales y el señor Mangialardi por las empres Respecto al agravio consistente en que el a quo, mediante interpretaciones arbitrarias y capciosas, no la consideró concesionaria, el mismo no puede prosperar atento a que esta cuestión -la relación habida entre las partes- fue lo que en primer lugar se encaminó la Cámara a dilucidar.

Y en esa tarea sostuvo que de acuerdo a los términos del contrato celebrado entre la Municipalidad de Rosario y las empresas Incor Sur S.R.L. y Compañía Inmobiliaria Financiera S.A., estas últimas se obligaban a construir el complejo, analizando que, también conforme este contrato y el Pliego de Bases y Condiciones, las sociedades mencionadas preveían la constitución de una sociedad cuyo objeto sería la explotación del complejo.

Concluyó la Cámara, en definitiva, que no existió acto formal de administración activa que le reconociera a "Vivir El Río S.A." el carácter de concesionaria, aclarando que la concesión de obra pública constituye un contrato complejo en cuanto se integra con dos situaciones diferenciadas: la construcción de la obra pública y su explotación, y que esta segunda fase -recuerdan los sentenciantes- normalmente comienza después que la Administración recibió la obra.

Tales afirmaciones no lucen en modo alguno irrazonables y no alcanzan a ser desvirtuadas por la compareciente con la sola alegación de que "carecería de sentido común y constituiría francamente una cosa imposible de explicar la razón por la cual el pliego previera que las construcciones las hicieran unas personas y la explotación otra, siendo un contrato único e inescindible" (foja 43), afirmación que sólo revela -tal como lo entendió la Cámara en el auto denegatorio- una disconformidad con la interpretación y valoración de las constancias administrativas y de la prueba efectuada por los judicantes, sin que dichas tareas puedan en el caso ser tildadas de irrazonables.

En definitiva, toda la crítica de la impugnante queda reducida a la disconformidad para con los criterios valorativos e interpretación sustentados por la Cámara en su decisorio, en una postura adversa a sus pretensiones, pero de la cual no se infiere causal alguna de arbitrariedad que habilite la apertura de esta instancia de excepción, por cuya vía se tiende a reparar agravios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción, y conviertan al pronunciamiento en una no-sentencia, mas no a sustituir a las instancias ordinarias en la interpretación del derecho sustantivo o procesal o en la ponderación del material fáctico del litigio.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)