Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-11-06


SENTENCIA NUMERO: VEINTIUNO En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los seis días del mes de noviembre dos mil nueve, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, Amelia del Valle Sesto de Leiva y José Ricardo Cáceres, para entender en el Recurso de Casación deducido en estos autos, Expte. Corte Nº 36/08, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por los Dres. Pedro Eugenio Despouy Santoro y Jorge Lionel Toledo en contra de la Sentencia Nº 16/2008 recaída en causa Expte. Nº 038/03, caratulado: "GOMEZ, Randolfo José s.a Homicidio Culposo - Capital - Catamarca"; en contra de la Sentencia nº 16/08, de fecha doce de mayo de dos mil ocho, dictada por el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el fallo por haber aplicado erróneamente los arts. 84 y 45 del C.P.?;

2º) ¿Ha inobservado el resolutorio en crisis las pautas prescriptas para la motivación de la pena en relación al art. 27 bis del C.P.?; 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar?;

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 17, los señores Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: Primero: el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; y en tercer término, el Dr. Luis Raúl Cippitelli.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por sentencia nº 16/08, de fecha 12/05/08, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "1º) Declarar culpable a GOMEZ, RANDOLFO JOSE, de condiciones personales relacionadas en autos, como autor penalmente responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO, por el que viene incriminado (art. 84 apartado segundo y art. 45 del C. Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de dos (2) años de prisión en suspenso, y a la inhabilitación especial de cinco (5) años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores (arts. 26, 40, 41 y concordantes del C.P.P.); ordenándose una vez firme la Sentencia el retiro del carnet de conductor habilitante del encausado, y el libramiento de oficios en la forma de estilo a las Autoridades Administrativas otorgantes y fiscalizantes a esos efectos, con la remisión de copia de la presente Sentencia. 2º) Ordenar que GOMEZ, RANDOLFO JOSE, fije residencia y se someta al cuidado del Patronato de Liberados una vez cada tres meses y por el término de dos años (art. 27 bis del C. Penal y art. 407 y concordantes del C.P.P.). 3º) Ordenar que GOMEZ, RANDOLFO JOSE, realice trabajos no remunerados en la POSTA SANITARIA de la Localidad de Santa Rosa, con domicilio en el Barrio 66 Viviendas S/Nº (a una cuadra de la Iglesia) del Departamento de Valle Viejo - Catamarca; en labores que le sean asignadas conforme a sus aptitudes y fuera de su horario de trabajo, durante dos horas semanales y por el término de dos años; encomendándose el contralor de esas reglas de conducta al Sr. Juez de Ejecución de Sentencias (art. 27 bis, inc. "8" del C. Penal, art. 407 y concordantes del C.P.P. y Ley Nº 4991)...".- II. Contra dicha resolución recurren en casación los Dres. Pedro Eugenio Despouy Santoro y Jorge Lionel Toledo, en su carácter de asistentes técnicos del imputado, Randolfo José Gómez.

a. Luego de fundar la impugnabilidad objetiva y subjetiva de su pretensión, los quejosos introducen, en primer término, el motivo sustancial de casación previsto en el inciso 1ro. del art. 454 del C.P.P.., denunciando en consecuencia, la errónea aplicación de los arts. 84 y 45 del C.P.. Acto seguido, transcriben y resaltan los parágrafos que estiman pertinentes de la resolución atacada. Afirman que de la sentencia impugnada surgen datos esenciales que se han omitido merituar para una adecuada interpretación y subsunción del tipo objetivo del art. 84 del C.P., atribuido al imputado. En tal dirección, sostienen que de la prueba rendida en el debate, ha quedado demostrado con certeza -según lo afirma el a quo, aclaran-, "...la relevante incidencia que tuvo en el hecho analizado la conducta de la víctima, quien decididamente conducía su moto rodado cuanto menos a una velocidad inadecuada y con carencia de la debida concentración conductiva, distraído; pues de otra manera no se explica tamaño impacto en contra del colectivo -fue el motociclista el embistente en este caso- y la magnitud de sus consecuencias..."; y que "en razón de la distancia y/o falta de concentración del conductor del motovehículo, éste impactó de lleno y sin registrar atisbos de conducta evasiva o de frenada alguna, en el sector trasero lateral izquierdo del micro...", lo que patentiza en definitiva -aseveran los quejosos- el "...descuido conductivo y la velocidad inadecuada con la que (la víctima) conducía su moto...".

A continuación, aluden a la concurrencia de imprudencia de la víctima en la producción del resultado. Afirman que contrariamente a lo sostenido por el a quo, la imputación del resultado no se puede hacer depender de cuál es la condición de resultado que tiene mayor peso, es decir -aclaran-, la imprudencia del imputado o la imprudencia del motociclista. Entienden que la imputación objetiva del resultado muerte no es consecuencia de la infracción de la norma de cuidado que se le endilga al imputado, pues -resaltan- si la víctima hubiese respetado también las reglas de circulación, aquél resultado indeseado no se hubiese producido. Consideran que el caso objeto de análisis, no es un caso de causalidad homogénea, sino se trata de un hecho en donde la víctima ha contribuido al surgimiento del daño, donde no surge una vinculación directa y concreta entre acción y resultado (causalidad heterogénea). Insisten al sostener que no se puede decir que exista un riesgo típico cuando la potencial lesividad de ese riesgo depende de la decisión libre y responsable de la víctima de ser poco cuidadosa con sus bienes. En este sentido, reiteran que ha quedado demostrado que la víctima, debido a su imprudencia por la inadecuada velocidad y desconcentración con que conducía la motocicleta, no realizó maniobra alguna para evitar el accidente estando en aptas condiciones para hacerlo. Avalan tales afirmaciones citando el testimonio de Miguel Nicolás Quiroga (fs. 170 vta.) y lo vertido en la conclusión del Informe Técnico Accidentológico (fs. 88). Consecuentemente, consideran que una decisión de la víctima consciente de la peligrosidad que asume, debe tener como consecuencia normativa que el hecho sólo se le pueda imputar a ésta.

Concluyen aseverando que el fallo impugnado ha incurrido en una errónea aplicación del art. 84 del C.P.. Afirman que el resultado típico de este delito no se encuentra determinado simplemente por la dudosa relación de causalidad a que alude el juzgador, pues ella es sólo una condición necesaria pero no suficiente para la adecuada configuración del resultado típico en cuestión. Aducen que el resultado muerte del homicidio culposo no puede interpretárselo exclusivamente desde un punto de vista naturalístico, como lo hace el sentenciante, pues se trata de una norma jurídica y por ello debe agregarse un criterio valorativo-normativo al tiempo de su correcta aplicación al caso concreto: imputación. Consideran que ha quedado fehacientemente demostrada la imprudencia concurrente del extinto Rubén Eduardo Maria, derivada de su propio ámbito de organización y auto-responsabilidad, que se patentiza en su libre determinación en cuanto al modo de conducir su motocicleta a una velocidad inadecuada, conversando (fs. 169 vta.), distraído con su acompañante (hijo), sin estar atento a los avatares de la circulación, lo que -de acuerdo a las circunstancias del hecho debidamente acreditadas- le hubiese permitido evitar o desactivar eficazmente el riesgo previamente creado por el imputado y eludir así la concreta configuración del resultado que, insistimos, no queda comprendido dentro del fin de protección de la norma.

Culminan, peticionando se declare la ausencia de tipicidad de la conducta atribuida y consecuentemente se ordene la absolución de su defendido.

Bajo el epígrafe, Capitulo II, los quejosos en realidad, no hacen más que reiterar los fundamentos dados precedentemente, aunque ahora invocan violación del in dubio pro reo sobre la determinación del nexo de causalidad. Insisten en afirmar que el sentenciante ha dejado expuesta la duda acerca del nexo de causalidad al responsabilizar al imputado Gómez en torno al resultado típico. Luego de transcribir lo referido por el a quo al respecto, manifiestan que el sentenciante admite expresamente que la distancia y/o la falta de concentración de la víctima pudieron ser también la causa (la razón) del accidente producido al impactar la víctima de lleno sobre el sector trasero del micro, o que va en desmedro de una adecuada relación causal, pues ésta -dado lo anterior-, no luce inequívocamente acreditada de modo que pueda justificar válidamente la configuración del delito atribuido en la sentencia de condena. Sostienen que el mero empleo del método de supresión mental hipotética al que recurre el a quo, infiriendo que de "no mediar la detención del colectivo sobre la calzada... el extinto Maria hubiera traspuesto ese lugar sin inconvenientes", no resulta por si mismo satisfactorio para conformar el nexo causal normal, pues con ese mismo criterio -arguyen- se pude afirmar que si el extinto Rubén Eduardo María se hubiese comportado prudentemente, conduciendo con la debida atención sobre el tráfico viario hubiera perfectamente pasado ese lugar esquivando el colectivo sin inconvenientes.

Aseveran, que habiendo reconocido el propio juez que en la mecánica secuencial del evento intervinieron causas imputables a la propia víctima a la par de la atribuida al imputado, el nexo de causalidad como categoría empírica no se halla acreditado de modo inequívoco sobre el resultado típico y, por tanto, al no existir certeza positiva sobre este especial extremo de la imputación, solicitan la absolución de su defendido invocando el principio constitucional in dubio pro reo.

b. Subsidiariamente, los impetrantes introducen como última causal de casación la falta de fundamentación en la aplicación del art. 27 bis, inc. 8º del C.P.. Concretamente, los quejosos atacan el punto 3º de la parte resolutiva del fallo, denunciando la ausencia de motivación, en cuanto a la imposición de la regla de conducta, alegando que la sentencia no satisface la exigencia de fundamentación (motivación suficiente) de raigambre constitucional y procesal (arts. 454 inc. 3º y 408 inc. 3º C.P.P.).

En tal inteligencia, aseveran que el juzgador se limitó a su aplicación, mediante una mera afirmación abstracta, sin brindar los mínimos fundamentos jurídicos necesarios para justificarla, desde la óptica de prevención especial que se le reconoce a ésta y a todas las reglas del art. 27 bis del C.P.., no ha brindado el juez explicación alguna acerca del por qué tal imposición (y no otra) resultaría adecuada para prevenir la comisión de nuevos delitos conforme lo exige dicha norma legal.

En consonancia con lo expresado, solicitan se anule parcialmente la misma en lo que respecta al agravio denunciado.

Culminan su escrito recursivo formulando expresa reserva del caso federal.

III. a. Corresponde ahora ingresar al primer cuestionamiento introducido por los quejosos, esto es, al tratamiento del motivo sustancial de casación previsto en el art. 454 inc. 1º del C.P.P., planteo que postula la errónea aplicación de los arts. 84 y 45 del C.P., al sostener que la culpa sólo es atribuible a la víctima. En igual dirección, invocan la violación del in dubio pro reo, al entender que en el fallo atacado no se ha acreditado certeramente, el nexo de relación causal.

El problema a resolver entonces, estriba en brindar el correcto encuadre jurídico al comportamiento desplegado por Randolfo José Gómez en el hecho que se le atribuye. Consecuentemente, debe indagarse si su intervención en el mismo encuadra en la figura prevista en los arts. 84 -apartado segundo- y 45 del C.P. (Homicidio Culposo Agravado)- como resolvió el Tribunal de juicio.

En tal dirección, destáquese que el juzgador dio por acreditado el siguiente hecho: "Que el día 15 de Octubre de 2001, aproximadamente a las 16:15 hs., en oportunidad que el ciudadano Randolfo José Gómez conducía un colectivo de la empresa de transporte "Lomas Bus", destinado al traslado de operarios de las fábricas del Área Industrial El Pantanillo, por la ruta Nacional Nº 38 con destino hacia la ciudad Capital (con sentido sur-norte), al llegar a la altura de la entrada del Barrio CGT, de manera imprudente y sin encender las balizas correspondientes se estacionó sobre la calzada (carril derecho) para bajar algunos pasajeros, motivando que la motocicleta Yamaha 100 c.c. RX de color gris, en que circulaba con idéntica dirección al rodado mayor (es decir, en sentido sur-norte), el ciudadano Rubén Edgardo María junto a su hijo Javier Eduardo María, embistiera al citado colectivo en su lateral trasero izquierdo. Como consecuencia directa de la colisión se produce la muerte del conductor de la motocicleta a las pocas horas de causado el siniestro".

En forma liminar, corresponde resaltar que, una vez declarada abierta la competencia por vía del motivo sustancial de casación, este Tribunal tiene la potestad para brindar la solución jurídica adecuada del caso bajo examen, aun valiéndose de argumentos distintos de los esgrimidos por el impetrante, siempre que deje incólumes los hechos fijados por el Tribunal a quo en la sentencia de mérito y no se viole la prohibición de la reformatio in peius (arts. 442 y 466 C.P.P.) -cfr. Núñez, Ricardo C., Código Procesal Penal, Lerner, Córdoba, 1986, p. 484, nota 2).

Formulada la pertinente aclaración, corresponde ahora abordar el examen de corrección jurídica solicitado por los impugnantes. Ello así, habiéndose cuestionado fundamentalmente la omisión de valoración de prueba rendida en el curso del debate, debo examinar si los agravios invocados se relacionan con pruebas valoradas y omitidas de valor decisivo, imponiéndose para ello reparar en la fundamentación probatoria de la sentencia. A tales efectos, deben examinarse los elementos que tuvo en cuenta el juzgador al momento de construir el razonamiento puesto en crisis.

En la señalada dirección, en primer término resáltese que si bien el a quo reconoció -como señalan los impetrantes- la relevante incidencia que tuvo en el hecho analizado la conducta de la víctima -"conducía su motocicleta a una velocidad inadecuada y con carencia de la debida concentración, distraído, pues de otra manera no se explica tamaño impacto en contra del colectivo, ya que fue el motociclista el embistente"-, no obstante ello, aclaró que la misma constituye una causa secundaria del siniestro (conforme los plasmado en el Informe Técnico Accidentológico, fs. 85/88) , que no alcanza a desplazar el reproche referido a la relación causal.

Asimismo, el sentenciante ponderó que el colectivo embestido no observó la debidas reglas de tránsito, puesto que éste se encontraba estacionado en un lugar no permitido, esto es, apoyando las ruedas delantera y trasera del lateral derecho, pisando sólo 50 cm. de la banquina, mientras que el resto del ómnibus, la parte lateral izquierda, se encontraba en el carril lento, abarcando unos dos metros, desde donde comienza la cinta asfáltica hasta donde termina el ancho del rodado. Todo ello, a su vez, encuentra sustento en las constancias vertidas en el Acta inicial de actuaciones (fs. 1/2); en las Placas Fotográficas glosadas a fs. 95 y en el Informe Técnico Planimétrico obrante a fs. 79, material probatorio que ha sido debidamente incorporado a debate, contando además, con la anuencia de las partes.

En consonancia con ello, el a quo interpretó que la conducta reprochada al imputado Gómez, se circunscribe a una inobservancia reglamentaria, palmaria y evidente, que transparenta su imprudencia y una clara violación al deber de cuidado. Así, destacó que no puede admitirse que un chofer profesional o que se presume avezado en la materia para conducir un transporte público de pasajeros, infrinja elementales normativas de tránsito vehicular, como pararse con su rodado con ocupación parcial de la calzada y no haber señalizado debidamente la maniobra con la utilización de las balizas correspondientes, con lo que de hecho su accionar -aseveró- se constituye en causal eficiente y suficiente de la creación de un riesgo, de una acción indebida y cuya peligrosidad reside en sí misma.

Consecuentemente con la precedente afirmación, el tribunal se refirió puntualmente a la "relación de causalidad", al entender que la misma constituye en definitiva el sustractum de la cuestión a dilucidar -destáquese que éste ha sido uno de los temas centrales de discusión por parte de los quejosos-. Para ello, partió del interrogante de si el accionar desplegado en el evento por el imputado Gómez, más allá de representar una flagrante violación a las normas de tránsito (Ley Nacional de Tránsito, art. 48, inc. "i": "Está prohibido en la vía pública la detención irregular sobre la calzada, el estacionamiento sobre la banquina y la detención en ella sin ocurrir emergencia"; art. 49, inc. "b", puntos 1) y 8) menciona: "No se debe estacionar ni autorizar el mismo (...) 1) En todo lugar donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se oculte la señalización (...); 8) Ningún ómnibus, microbús, casa rodante, camión, acoplado, semiacoplado o maquinaria especial, excepto en lugares que habilite a tal fin mediante señalización pertinente"; art. 49 inc. "c" -párrafo segundo-: "En zona rural se estacionará lo más lejos posible de la calzada y banquina, en las zonas adyacentes y siempre que no se afecte la visibilidad"; Decreto 779/95 -Reglamento General de la Ley Nacional de Tránsito, en relación al citado art. 48 inc. "i", dice: "En zona rural el servicio de transporte de pasajeros para recoger o dejar a los mismos debe ingresar en la dársena correspondiente, de no existir esta se detendrá sobre la banquina, utilizando sus luces intermitentes de emergencia"), amerita el reproche por culpa estatuida en el Código Penal. Luego de referirse a la culpa, el sentenciante concluyó que Gómez obró con ella. Descartó así, la posible confluencia de caso fortuito o fuerza mayor, y se refirió puntualmente, a la posible culpa de la víctima en el evento bajo examen, y en su caso, si aquella fue exclusiva y/o relevante en desmedro de la relación causal.

De esta manera, el sentenciante, aludiendo a la mecánica secuencial del accidente, concluyó que la motocicleta venía atrás del colectivo y a unos veinte metros de distancia, con lo que al frenar hacia su derecha el rodado mayor, en razón de la distancia y/o falta de concentración del conductor de la moto, éste impactó de lleno y sin registrar atisbos de conducta evasiva o de frenada alguna, en el sector trasero lateral izquierdo del micro. Aclaró el juzgador, que ello surge de las manifestaciones vertidas por el testigo Javier María -hijo y acompañante de la víctima fatal en el momento del accidente-, quien relata que el colectivo los pasó antes de la curva del "Sussex", y de lo expresado por el testigo Quiroga, cuando señaló que la moto en la que se conducía la víctima lo pasó a él antes de la mencionada curva; con lo que -resaltó el a quo- se infiere claramente la secuencia aludida de la detención del ómnibus en el lugar momento de impacto y derrotero previo en punto a distancias recorridas. En efecto, el tribunal concluyó que de no mediar la detención del colectivo sobre la calzada, en una acción indebida, ilegal y peligrosa, el extinto hubiera traspuesto ese lugar sin inconvenientes, y esta va más allá de su descuido conductivo y de la velocidad inadecuada con la que conducía su moto; y es precisamente en este aspecto -agregó el juzgador- en donde se sustenta el reproche endilgado, a partir de una suerte de empleo del método de supresión mental hipotética, y sin perder de vista lógicamente que lo que se trata de juzgar es la conducta de aquél que es traído a proceso, el imputado, y no así la conducta de la víctima.

Lo dicho encuentra sustento en el Informe Técnico Accidentológico -fs. 84/88, debidamente incorporado a debate-, cuyas conclusiones evidencian que de haberse respetado las reglamentaciones de tránsito el accidente no se habría producido. Asimismo, constata que el accidente se produce, por una causa primaria: "La acción indebida, ilegal, anormal y peligrosa del conductor del colectivo, marca Deutz Diese, dominio CXU-813, quien no debió detener la unidad en dicho lugar, por el cual el accidente se hubiera evitado"; y por una causa secundaria, consistente en "la posible distracción del conductor de la motocicleta quien tuvo una distancia suficiente para advertir la presencia de la unidad que se hallaba estacionada sobre el carril Este de la ruta y eludir la misma teniendo en cuenta que la visibilidad era buena y que se trataba de un tramo recto".

Resalto esto último, puesto que los quejosos interpretan que existió culpa exclusiva de la víctima, al afirmar que la misma contribuyó al surgimiento del daño, que no existe una relación directa y concreta entre la acción y el resultado, y que el descuido de ésta, con sus propios bienes jurídicos debe tener como consecuencia que el hecho, sólo se le pueda imputar a ella. Esto ha sido descartado de plano por el sentenciante conforme surge del análisis efectuado ut supra, como así, de las consideraciones que el tribunal efectuó al afirmar que la culpa concurrente de la víctima en el homicidio culposo no borra la culpa propia del automovilista que obró inobservando los deberes a su cargo, postura además sustentada por esta Corte en numerosos precedentes.

Del mismo modo, el juzgador interpretó que en el caso bajo examen, más allá del principio de confianza o razonabilidad conductiva que se espera del tránsito vehicular, la preponderancia causal de la conducta atribuida al encartado emerge como absolutamente clara y contundente, subyaciendo sólo la concomitancia culposa del accionar de la víctima para la oportunidad de la determinación judicial de la pena. En tal razonamiento, remató que debe mediar culpa exclusiva y excluyente de la víctima -tal lo pretendido por los impetrantes- para que se interrumpa o se vea desplazado el nexo causal analizado, lo que de hecho -aseveró- no confluye en autos conforme a la merituación dispensada.

Siguiendo la lógica efectuada por el a quo, estimo oportuno señalar que no cualquier violación contravencional, como tampoco, la asunción de un riesgo configura un delito culposo, sino solamente aquella que tiene relevancia causal normativa en relación al resultado, porque una cosa es una relación causal con consecuencias jurídicas y otra muy distinta aquella donde el nexo existe pero carece de las mismas porque el resultado igualmente se habrá de producir, cosa que no ocurre en el sub-lite, puesto que ha quedado demostrado en base al material probatorio debidamente incorporado y analizado, que la causa principal del embestimiento fue justamente la detención del colectivo en un lugar no permitido y sin la correspondiente señalización, es decir, en flagrante violación a las normas de tránsito, y que de no haberse encontrado el mencionado medio de transporte público indebidamente estacionado, la víctima María, hubiese evitado el desenlace fatal, pues no hubiera impactado contra él.

Asimismo, y contrariamente a lo afirmado por los impetrantes entiendo, que la cuota que la víctima pudo haber aportado en la producción del ilícito, no excluye, la cierta y efectiva responsabilidad culposa del justiciable, cuando del análisis del contexto probatorio se puede afirmar, sin hesitación, que éste incurrió en graves infracciones a las normas de tránsito que, a la postre, se reconocen como generadoras del nexo causal determinante del hecho. Digo ello, puesto que la circunstancia de mediar en un hecho culposo, el concurso de otra causa para la coproducción del suceso, no enerva en nada la responsabilidad que corresponde por una acción imprudente. En los delitos culposos, es el autor quien crea el peligro de causación del resultado típico y no aquél que concurre simplemente poniendo una condición para que el suceso se corporice.

En efecto, debo decir que adversamente a lo manifestado por los impetrantes, estimo que el nexo causal ha quedado inequívocamente acreditado, como así, la autoría material y la responsabilidad en grado de autor por el hecho que se le endilga al acusado Randolfo José Gómez -Homicidio Culposo Agravado (arts. 84 -párrafo segundo- y 45 del C.P.)-, no logrando las críticas del quejoso conmover el resolutorio atacado.

En razón de todo lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. José Ricardo Cáceres, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

III. b. Corresponde ahora ingresar al último motivo de agravio esgrimido subsidiariamente por los quejosos. En concreto, resta analizar si efectivamente el fallo en crisis ha omitido motivar la imposición de la regla de conducta (art. 27 bis del C.P.) impuesta al incoado Gómez en el apartado 3ro. del resolutorio aludido. Ello así puesto, los impetrantes, centran su embate a cuestionar la ausencia de motivación en cuanto a la imposición de la regla de conducta (art. 27, inc. 8º del C.P.), dispuesta a su asistido, en el punto 3º) de la resolución atacada, alegando que la sentencia no satisface la exigencia de fundamentación de raigambre constitucional y procesal (art. 408 inc. 3ro. del C.P.P.).

Tiene dicho esta Corte, que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

Bajo este estrecho margen de recurribilidad, relativo al común denominador de las potestades privativas del Tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva. Así acotado, el control del ejercicio de estas facultades discrecionales se encuentra condicionado sólo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la conclusión que se estime como razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa, extremo éste demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades.

En esta dirección, también se ha destacado que tal arbitrariedad, a su vez, no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.

En tal inteligencia, centrándome concretamente a lo aquí cuestionado, cabe decir en forma liminar, que la "ratio legis" de la imposición de reglas de conducta en caso de condena a pena privativa de la libertad de ejecución condicional, es la de poner a tono a nuestro derecho de fondo con las modernas doctrinas que consideran a la pena en su función social y no sólo en su faz retributiva. Así, se procura que los delincuentes primarios u ocasionales, cuyas condenas sean dejadas en suspenso, logren una verdadera resocialización mediante el cumplimiento de reglas de conducta que hacen a su inserción dentro del marco social, siempre que ellas resulten útiles para prevenir o evitar la comisión de nuevos delitos. De esta forma, tales imposiciones tienden a reforzar la creencia de la víctima en el sistema penal, pues si bien el victimario no soporta el encarcelamiento, al menos sufre restricciones a su libertad o patrimonio derivadas del daño causado.

En consonancia con ello, estimo que la imposición de tales reglas, en tanto integran la operación de individualización judicial de la pena (arts. 26, 40 y 41 del C.P.), requieren la fundamentación exigida por los arts. 142 y 408 inc. 3º del C.P.P.. Resulta oportuno resaltar con relación a la exigencia de motivar todas las resoluciones -sentencias y autos- impuesta por el art. 142 del C.P.P., que "motivar o fundamentar" las resoluciones judiciales implica asentar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen. Dicho de otro modo, importa la obligación de consignar las causas que determinan el decisorio o exonere los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo. Tal exigencia, responde al propósito de que la colectividad pueda controlar así la conducta de quienes administran justicia en su nombre. De esta manera, "se resguarda a los particulares y a la sociedad contra las decisiones arbitrarias de los jueces, que no podrán así dejarse arrastrar por impresiones puramente subjetivas ni decidir causas a capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas que dan base a su juicio y a valorarlas racionalmente" (Ernesto R. Gavier, "La motivación de las sentencias, en Comercio y Justiica, 15 y 16 de Octubre, 1961).

Así, la motivación constituye el signo más importante y típico de la racionalización de la función jurisdiccional. Se establece como uno de los requisitos esenciales de la sentencia, y para aquellos que pretenden ver en el fallo solamente su aspecto lógico, la motivación es la enunciación de las premisas del silogismo que concluye en los puntos resolutivos. Es una comprobación lógica para controlar a la luz de la razón, la bondad de una decisión surgida del sentimiento; es la racionalización del sentido de justicia; es la demostración de que el juzgador se quiere dar a sí mismo antes que a las partes la ratio scripta que convalida el descubrimiento nacido de su intuición (Calamandrei, Piero, "Proceso y Democracia; Buenos Aires, 1960, p. 115 y sigtes.). Consecuentemente, al imponer el art. 142 del C.P.P., la necesidad de motivar los pronunciamientos "...exige que el juzgador consigne las razones que determinan la condena o la absolución, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él para arribar a la conclusión..." (De la Rúa, Fernando, "El recurso de casación", Buenos Aires, 1968, ps. 160 y 162). La fundamentación permite que los interesados puedan conocer las razones que sostienen el decisorio y las premisas que otorgan sustento al pronunciamiento, ya sea con el fin de resolver su acatamiento o para fundar la respectiva impugnación que el ordenamiento legal concede. Asimismo, ello le brindará al tribunal "ad quem" la disposición de los elementos necesarios para efectuar su control.

En atención a lo reseñado precedentemente, en puntual respuesta al último agravio impetrado, considero que la imposición de las reglas de conducta a que alude el art. 27 bis del Cód. Penal exige análoga fundamentación que los restantes puntos dispositivos del fallo. De una simple lectura del resolutorio atacado se advierte que el tribunal a quo ha omitido la carga de hacer explícitas las razones por las cuales ha individualizado las reglas de conducta impuestas, y de señalar por qué aquéllas se ajustan al caso concreto y a las condiciones personales del sentenciado, en consecuencia, habrá de aceptarse que se ha incumplido en la especie lo normado por los arts. 142 y 408, inc. 3º del C.P.P..

Por lo expuesto, y siendo evidente que las reglas de conducta impuestas por el Juzgado Correccional de Segunda Nominación al imputado Randolfo José Gómez carecen de la debida fundamentación, voto en sentido positivo a la presente cuestión.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. José Ricardo Cáceres, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar las cuestiones precedentes y atento la votación que antecede, corresponde: I) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por Randolfo José Gómez, con patrocinio letrado de los Dres. Pedro Eugenio Despouy Santoro y Jorge Lionel Toledo en lo relativo a la errónea aplicación de la Ley Sustantiva. Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). II) Casar parcialmente la sentencia de fs. 166/176 vta., sólo en cuanto a la regla de conducta impuesta en el punto resolutivo 3º del fallo. III) Remitir la causa al tribunal de origen para que se pronuncie sobre las medidas que le exige el art. 27 bis del C.P., de conformidad con los lineamientos expresamente dispuestos en dicha norma señalados precedentemente en el presente pronunciamiento (arts. 142, 408 inc. 3º, 454 inc. 3º del C.P.P. y art. 208 de la Constitución Provincia. VI) Téngase presente la reserva del caso federal.- A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. José Ricardo Cáceres, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por Randolfo José Gómez, con patrocinio letrado de los Dres. Pedro Eugenio Despouy Santoro y Jorge Lionel Toledo en lo relativo a la errónea aplicación de la Ley Sustantiva. Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).- 2º) Casar parcialmente la sentencia de fs. 166/176 vta., sólo en cuanto a la regla de conducta impuesta en el punto resolutivo 3º del fallo.- 3º) Remitir la causa al tribunal de origen para que se pronuncie sobre las medidas que le exige el art. 27 bis del C.P., de conformidad con los lineamientos expresamente dispuestos en dicha norma señalados precedentemente en el presente pronunciamiento (arts. 142, 408 inc. 3º, 454 inc. 3º del C.P.P. y art. 208 de la Constitución Provincial).- 4º) Téngase presente la reserva del caso federal.- 5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- Amelia del V. Sesto de Leiva y José Ricardo Cáceres ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Conste.