Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-02-06


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los días del mes de febrero del año dos mil doce, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia del Dr. Claudio A. Petris y la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Günther Enrique Flass y Jorge Luis Früchtenicht, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "N., M. L. y otros c/ T. D. O. S.A. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 216/11 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.----- Practicado a fs. 308 el sorteo establecido por el art. 271 de la Ley XIII N° 5 del DJP -CPCC-, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres.: FRÜCHTENICHT - FLASS - PETRIS.--- Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 254/263vta. y su aclaratoria de fs. 265 y vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-- A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. FRÜCHTENICHT dijo:- 1. Que llegan los presentes autos a esta Alzada, en virtud de sendos recursos de apelación intentados: a fs. 264 por la demandada y a fs. 270 por la parte actora, concedidos a fs. 265vta. y 272, respectivamente, y ambos enderezados contra la sentencia definitiva de la instancia inferior que luce agregada a fs. 254/263vta., la que en lo sustancial decidió: I.- Hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios y en su consecuencia condenar a la accionada para que abone a los actores la suma que indica, en el plazo que señala y con los intereses que determina, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía y en la medida del seguro contratado; y II.- Imponer las costas del proceso a la demandada vencida y a la citada en garantía, regulando los honorarios de los profesionales que asistieron a las partes.- Que de la lectura de estos autos que tengo a la vista se advierte que la demandada apelante de fs. 264 no expresó agravios (v. constancia de la Actuaria de fs. 304). En su virtud, anticipo que propondré al Acuerdo que su recurso sea declarado desierto por imperio de lo dispuesto en el art. 269 del rito provincial.-- Que los agravios de la parte actora fueron expresados en la pieza procesal de fs. 286/302, y conforme al traslado ordenado a fs. 303, merecieron la réplica de la contraria, la que se agrega a fs. 305/306vta.- Que los agravios deducidos, serán referenciados y seguidamente tratados en el orden en que han sido propuestos por los apelantes.

2.1. Que en ocasión de acompañar su memorial (v. fs. 286/302), los actores esencialmente se agravian en orden a dos cuestiones que identifico: En primer término, a fs. 286vta. 2do. párr. se quejan por la conclusión arribada por el sentenciante contrariando lo sostenido por otro tribunal en autos "Obarrio" (JA 2007-II777) -que cita- en tanto el precedente mencionado entendió que el límite de cobertura del seguro -en el supuesto de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros- no es oponible al damnificado. En idéntico sentido, refiere asimismo el antecedente "P. c/ T. D. O." (Expte. 77 F°102 Año 2007), tramitado en el propio Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta circunscripción judicial. En su queja, menciona así mismo precedentes de tribunales nacionales, refiere el solidarismo que inunda al contrato de seguro, para concluir solicitando se revoque la sentencia que ataca, disponiéndose la condena a la demandada y a la citada en garantía sobre el total de los montos reclamados sin limitación alguna.- En relación a la cuestión propuesta, se impone decir que siendo que nuestro máximo tribunal nacional se expidió ya en el sentido que lo ha hecho el sentenciante de grado y con el objeto de evitar perjuicios al justiciable y el dispendio de la actividad jurisdiccional, voy a suscribir lo sostenido por nuestra Corte Suprema en el sentido que el límite de cobertura es oponible al tercero damnificado (v. Fallos 329;3054 y 3488 y causas "Cuello, Patricia Dorotea c/ Lucena, Pedro Antonio" y "Villareal, Daniel Alberto c/ Fernández, Daniel Alejandro" 07.08.2007 CSJN y confirmado en autos "Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte" 04.03.2008 CSJN, revocando en este último supuesto lo resuelto en la 2da. instancia y que mencionan los apelantes). En su función, el primer agravio deducido no podrá ser acogido en esta sede. Así lo voto.- 2.2. Que el segundo agravio de los actores apelantes, surge de lo expuesto a partir de fs. 287vta. pto. III y refiere su queja contra la cuantificación de los daños realizada por el judicante apelado, estimándolos bajos, y desarrollando su crítica conforme a cada rubro reclamado y condenado, individualizándolo por todos y cada uno de los actores de estos autos.

Presentado de esta forma genérica y sustancial el segundo agravio de los actores apelantes, resulta menester realizar algunas consideraciones que -a mi juicio- van a signar la suerte de cada queja individualmente referenciada.

Vengo sosteniendo desde siempre que quien omite probar, no obstante la regla que pone tal actividad a su cargo, se expone al riesgo de no formar la convicción del juez y a la perspectiva de una sentencia desfavorable. Y tal regla surge de la tradicional adscripción de nuestra ley de rito al sistema dispositivo con más lo dispuesto puntualmente en el art. 381 del CPCC. En la inteligencia descripta, las reglas procesales referidas a la carga de la prueba permiten, en caso de no haberse acreditado los debidos extremos invocados en ocasión de trabarse la litis, saber cuál de las partes será la que deba sufrir las consecuencias de aquella ausencia probatoria (cfr. CNCiv., Sala F; sent. 26.04.79, Rep. LL XLI, J-Z, 2392, Sum. Nro. 11).--- También que nuestro máximo tribunal nacional -y en relación con materias como las del sub exámine- ha resuelto en numerosos precedentes que: "Los jueces no están obligados a ponderar una por una todas las pruebas. No existe arbitrariedad si la sentencia merita con claridad los elementos de juicio que estima relevantes para la solución del pleito." (C.S.J.N., sala I, 21-6-90, causa 47.051, Schmid, José D. en j.: "Schmid, José D. c/Daniel Tarifa p/Daños y perjuicios s/Inconstitucionalidad", L. S. 215-411; íd., 28-6-90, causa 47.695, Espósito, Manuel y otro en j.: "Valverde, José y otros c/Adán A. Acevedo p/Daños y perjuicios s/Inconstitucionalidad", L.S. 216-28; íd., 26-8-91, causa 48.377, Caja Nacional de Ahorro y Seguro en j.: "Sini, Nancy Edith c/Dante Capitanelli y otros s/Daños y perjuicios s/Inconstitucionalidad", L. S. 222-419; íd., 22-6-92, causa 50.239, Giovarruscio, María E. en j.: "Giovarruscio, María E. c/Carlos Alberto Zocco Guatelli p/Daños y perjuicios s/Inconstitucionalidad", L. S. 228-192; íd., 18-3-93, causa 51.145, Benavídez, María y otro en j.: "Benavídez, María y ot. c/Ricardo Blanco p/su hijo menor p/Sumario s/Inconstitucionalidad", L. S. 235-345; íd., 11-4-96, causa 54.359, Inca S. A. Compañía de Seguros en j.: "Borda Ballara, Casimiro c/Hugo Bordón Gómez y otro p/Daños y perjuicios s/Inconstitucionalidad", L. S. 264-95).--- Que lo hasta aquí dicho, conduce al judicante para cumplir con lo dispuesto en el art. 167 3er. párr. del rito provincial que, puntualmente, establece: "La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto." Por último, permítaseme decir que la sentencia en crisis no podrá ser tachada de arbitraria cuando la inteligencia que efectúe el juez del texto legal no exceda el marco de posibilidades que brinda la norma en juego ni traduzca una apreciación irrazonable del tema propuesto. Así, la sentencia será técnicamente incuestionable cuando la elección en juego importe adoptar una solución posible y se apoye en razones suficientes. Todo lo hasta aquí dicho debe desplegarse en el marco de una labor interpretativa ardua, cuyos parámetros delimitadores que la gobiernan aparecen limitados por la imposibilidad de aplicar una ley con total independencia de la justicia y la inevitable imposibilidad de hacer justicia con total independencia de la ley, sometiendo los elementos de convicción a las reglas de la sana crítica que manda el art. 390 del CPCC.

2.2.1. Así, y asumiendo ya el tratamiento de cada queja en particular, en relación a la actora Sra. M. L. N. (v. fs. 287vta./293), el apelante se queja acerca del monto condenado por daño físico (incapacidad sobreviniente), estimando el apelante que de la historia clínica arrimada por el Hospital Zonal Esquel, estudios médicos practicados y pericias realizadas surgiría sin dudas -a juicio del apelante-la concreción de un daño mayor, que se manifiesta pues: ".habiendo transcurrido más de dos años del accidente, la actora se queja por los dolores al momento de realizarse la pericia médica.".--- Entiendo que la queja, tal y como fue planteada, no podrá prosperar en esta sede, pues como vengo adelantando, y por imperio de la regla que se aloja en el precitado art. 167 3er. párr. del rito, corresponde al sentenciante fijar el importe de los perjuicios reclamados, no habiendo el apelante arrimado argumentos con suficiente capacidad impugnaticia para revisar lo resuelto.- He sostenido antes de ahora que: ".para apartarse el juzgador de las conclusiones alegadas por los expertos, debe tener razones fundadas. Esto resulta así, pues si bien en las normas procesales no se otorga al dictamen el carácter de prueba legal y se permite al magistrado formar su propia convicción al respecto, es evidente que esto, en tanto y cuanto comporta la necesidad de una apreciación crítica del campo de saber de aquel experto, aparece naturalmente ajena al hombre de derecho y lo obliga a apoyarse en otros elementos de juicio que permitan concluir en el error o en el inadecuado juzgamiento que el perito haya hecho de los conocimientos científicos de los que, por su profesión o título habilitante, necesariamente ha de suponérselo dotado (cfr. CNFedCAdm; Sala IV; sent. 12.10.1995 in re "Compañía Gillette de Argentina s/ Recurso de apelación" ED 169/789 sum. 574)." (v. mi voto en Expte. Nro. 50/09 CANO).

También que: "Respecto de la valoración de la prueba que realiza el judicante, debo advertir que el sistema adoptado por nuestra ley ritual y que se aloja en su art. 386, constituye un estándar flexible referido a la sensatez del juzgador que obliga a este a ponderar la prueba rendida con un criterio adecuado a las leyes de la razón humana (lógica) y al conocimiento que como hombre posee de la vida (máximas de la experiencia) (cfr. E. de MIDÓN, Gladis y MIDÓN, Marcelo en obra colectiva "Tratado de la prueba"; MIDÓN, Marcelo Sebastián; Ed. Librería de la Paz; Argentina; 2007; p. 212 y ss.), pudiendo afirmarse que aparece como el sistema más apropiado, pues por una parte no sacrifica la convicción del magistrado sometiéndolo a una norma o "tarifa" legal de valoración, a la vez que inhabilita una estimación caprichosa o absurda." (v. mi voto en "F., É. A. c/ C., A. y otras s/ Sumario" Expte. N° 84/08 CANO).----- En virtud del criterio expuesto y ya manifestado con anterioridad a este voto, la queja no podrá prosperar en esta sede, y así lo voto.- 2.2.2. En segundo lugar y en relación a la misma persona, refiere su queja en relación al monto condenado en orden al rubro daño psicológico (v. fs. 289vta. pto. B). menciona y transcribe párrafos de la sentencia y de la pericia psicológica realizada a la Sra. N., para concluir asegurando que el monto condenado resulta bajo.- Por idénticos fundamentos manifestados por el suscripto para rechazar el agravio expuesto al punto 2.2.1. de este voto, estimo que la queja no puede prosperar, y así lo voto.

2.2.3. A fs. 291 y vta. pto. C, individualiza la misma queja por montos condenados bajos pero ahora en orden al rubro gastos médicos. De idéntica manera a las anteriores quejas, realiza el apelante sus propias apreciaciones en orden al monto que cabe condenar por el rubro.--- Por idénticos fundamentos manifestados por el suscripto para rechazar el agravio expuesto al punto 2.2.1. de este voto, estimo que la queja no puede prosperar, y así lo voto.

2.2.4. Alza su voz también por cuanto la sentencia que ataca niega la procedencia del rubro otros gastos por ausencia de prueba (v. fs. 291vta. pto. D).

Idéntica suerte deberá tener esta queja, pues el apelante sólo declama la existencia de aquéllas erogaciones realizadas y que reclama en concepto de "otros gastos", mas no logró acreditarlos, y siendo que quien omite probar se expone al riesgo de no formar la convicción del juez y a la perspectiva de una sentencia desfavorable, entiendo que el agravio no puede ser acogido en esta sede, y así lo voto.--- 2.2.5. A fs. 292 pto. E/293, el apelante reitera la misma queja por entender bajo el monto condenado en concepto de daño moral. Transcribe nuevamente partes de la sentencia que ataca y realiza sus propias consideraciones para concluir que aquel monto condenado resulta "muy bajo" (v. fs. 292vta. 3er. párr.).

Respecto del daño moral, he sostenido en anteriores votos (v. "M., J. R. c/ P., P. S. s/ Daños y Perjuicios" Expte. Nº 205/06 CANO y "F., I. c/S., L. s/ Divorcio Vincular" Expte. N° 05/07 CANO, entre otros) que: "Siguiendo las enseñanzas de Bustamante Alsina (op. "Teoría General de la Responsabilidad Civil"; Ed. Abeledo Perrot; 3ra. ed.; Nro. 557 p. 205) podemos definir al daño moral como aquella lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y en general a toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Se configura cuando se lesionan los sentimientos de la persona y se traducen en padecimientos físicos o -como resulta de autos- se ha perturbado la tranquilidad de aquélla.

"También es una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de sentir que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel en que se hallaba antes del hecho -como consecuencia de éste- y que le resulta anímicamente perjudicial.-- "Supone privación o disminución de aquellos bienes que tienen valor principal en la vida del hombre y que son la paz,, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos.

El criterio dominante hoy, tanto en doctrina como en jurisprudencia, atribuye carácter resarcitorio al daño moral, desempeñando la función de satisfacer perjuicios no mensurables con exactitud. El agravio moral no tiene solamente una tutela de orden dinerario, sino que también lleva una carga de punición a una conducta. Mas, su determinación está librada al arbitrio del juez, y así lo he manifestado en anteriores votos (v. "M., J. R. c/ P., P. S. s/ Daños y Perjuicios" Expte. Nº 205/06 CANO; "C., L. A. y otra c/ F., R. A. y otra s/ Daños y Perjuicios" Expte. N°24/07 CANO y "S., E. M. c/ M., J. A. s/ Daños y Perjuicios Expte. N° 137/07 CANO).

En atención a lo dicho y conforme a las lesiones padecidas por la víctima y sus secuelas, entiendo que el agravio debe prosperar y ser fijado, en definitiva, el monto por dicho concepto en la suma de $10.000. Así lo voto.- 2.2.6. A partir de fs. 293, reedita sus quejas, mas en relación a la persona del Sr. N. N., estimado bajo el monto condenado por daño físico e incapacidad sobreviviente. Refiere partes del decisorio hoy en crisis y de las pericias realizadas en autos; invoca la gravedad de las lesiones padecidas por el nombrado las que incluyen el daño estético; finalmente, y según sus propias consideraciones y criterio, concluye que el monto reclamado resulta bajo, debiéndose a su juicio condenar por separado el daño físico del daño estético (v.fs. 294 2do. párr.).-- Por idénticas consideraciones ya expuestas, esta queja no podrá prosperar y así lo voto.----- 2.2.7. Se queja también por el monto condenado a favor de N. N. en concepto de daño psicológico; invoca un error del judicante en cuanto al daño psicológico y los gastos psicológicos; reitera las conclusiones del perito, para finalmente solicitar se ".reconozca por este rubro el valor solicitado como daño psicológico con independencia del costo por el tratamiento psicológico que también lo solicito." (v. fs. 295 1er. párr.).--- Tal y como lo vengo diciendo, esta queja no podrá tampoco prosperar en esta sede.----- De idéntica manera, es del caso aclarar que confunde el apelante los conceptos, pues el "daño", como elemento del acto ilícito y en referencia a la responsabilidad civil, está constituido por el menoscabo que se experimenta en el patrimonio por el detrimento que sufre y la afectación de los valores económicos que lo componen (daño patrimonial) y también por la lesión a los sentimientos, al honor o a las afecciones legítimas (daño moral) (v. BUSTAMANTE ALSINA, Jorge; "Teoría general de la responsabilidad civil"; Abeledo Perrot; Bs. As.; 1997; p. 169).

A su vez, el monto condenado por aquel daño constituye el resarcimiento concedido a la víctima del daño para reparar aquel perjuicio o menoscabo sufrido, existiendo entre el primero (daño) y el segundo (monto condenado) una relación de causa a efecto, en la que la existencia del daño necesariamente deberá tener su reparación, todo ello, sin duda alguna, a la luz de las reglas procesales que gobiernan el proceso dispositivo y que enuncié más arriba.---- Atendiendo lo dicho y no habiendo el apelante arrimado argumentación crítica suficiente que habilite su capacidad impugnaticia, la queja no podrá prosperar en esta sede, y así lo voto.---- 2.2.8. A fs. 295 y vta. reitera su queja por estimar bajo el monto condenado en orden al rubro gastos médicos. Cuestiona lo decidido por el magistrado, estimando que debió tomar como parámetro los montos máximos informados por el experto, para concluir -con sustento en precedentes jurisprudenciales que utilizaron la presunción - en que debe condenarse por el monto que indica ($5.000).- Por los mismos fundamentos dados a los puntos 2.2.3. y 2.2.4. del presente voto, la queja no podrá prosperar, y así lo voto.-- 2.2.9. Se agravia así mismo el apelante por entender bajo el monto condenado a favor de N. N. por el rubro daño moral. A fin de apuntalar su crítica, realiza sus propias apreciaciones acerca de los daños producidos en la niñez de una persona, para concluir finalmente a esta Alzada se eleven los montos condenados.-- Por las mismas razones manifestadas al punto 2.2.5. de este voto y atendiendo a las secuelas tanto psicológicas como físicas que padeciera el menor, entiendo que la queja debe prosperar y elevar el monto fijado a la suma de $14.000. Así lo voto.-- 2.2.10. A fs. 296 reitera idénticas quejas pero en orden a la Srta. M. F. G., refiriendo párrafos de la sentencia y de la pericia realizada, para concluir considerando que el monto condenado está ".muy por debajo de la reparación integral del daño." (v. fs. 297 2do. párr.).--- Por los mismos fundamentos explicitados en los puntos 2.2.1. y 2.2.6. de este voto, estimo que la queja no podrá ser acogida en esta sede. Así lo voto.

2.2.11. Las mismas quejas despliega en orden al monto condenado a favor de G. por el rubro daño psíquico, para concluir solicitando que el sentenciante tome el máximo de los montos presupuestados por los peritos (v. fs.298 1er. párr. in fine).- Por idénticas razones a las expuestas en los puntos 2.2.2. y 2.2.7. de este voto, entiendo que el agravio no puede prosperar, y así lo voto.- 2.2.12. Se queja a fs. 298 en tanto el Sr. juez apelado no condenó a la demandada en orden al rubro gastos médicos a favor de G., por entender que no se acreditó la erogación de aquéllos cuyo reintegro se pretende. Refiere aquí también la eventual posibilidad de presumir la realización de los gastos, según lo sostenido por doctrina que no cita, para concluir solicitando se reconozca y condene por la suma que indica (v. fs. 298vta. 1er. párr.).----- Por los motivos expuestos al punto 2.2. de este voto, la queja no podrá acogerse. Así lo voto.

2.2.13. En relación al daño moral y en cuanto al monto condenado a favor de G., alza su queja por estimarlo bajo; transcribe párrafos de la sentencia y de la pericia psicológica, para concluir solicitando la elevación del monto condenado en sentencia.

Por lo expuesto al punto 2.2.5. y teniendo en cuenta, conforme surge de las constancias de autos, los padecimientos sufridos, entiendo que la queja debe prosperar y el monto debe ser elevado a la suma de $7.000. Así lo voto.--- 2.2.14. En cuanto al coactor Sr. O. H. C., el letrado apoderado del apelante se agravia en tanto el Sr. juez apelado entendió que no deben prosperar los rubros daño físico y daño moral. Afirma que los hechos de autos han dañado la vida interior del nombrado C. (v. fs. 300 2do. párr.), debiéndose condenar en consecuencia en orden al daño moral.- Del análisis del agravio de los actores en este punto, entiendo que si se condenó por gastos de terapia psicológica a favor del Sr. C. es porque ha padecido un daño moral y consecuentemente, su queja debe prosperar y entiendo que debe fijarse en la suma de $2.000. Así lo voto.

2.2.15. Realiza idéntico reclamo en atención al rubro daño psicológico (v. fs. 300 pto. B) y a fs. 300 vta. reedita la cuestión de la autonomía del daño y el gasto psicológico, y concluye afirmando que deben condenarse de manera autónoma.

Por los mismos fundamentos expuestos al ponderar similar agravio al punto 2.2.7. de este voto, la queja no podrá prosperar, y así lo voto.-- A modo de conclusión, me veo en la necesidad de manifestar que la expresión de agravios no resulta ser una simple fórmula carente de sentido, sino que se erige como una verdadera carga procesal y para que cumpla su finalidad debe constituirse en una acabada exposición de contenido eminentemente jurídico (así lo ordena expresamente la Ley XIII N° 5 del Digesto Jurídico provincial, antes Ley Nro. 2203, en adelante: CPCC) que contenga una "crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas", no bastando referir (ni reiterar -agrego-) presentaciones anteriores (cfr. art. 268 CPCC). En su función, la crítica se corresponde con un examen y juicio acerca de la resolución cuyo contenido se cuestiona, de allí que la sentencia esté en crisis. Lo concreto se refiere a lo preciso, indicado y determinado: debe decir cuál es el agravio. Por último, lo razonado indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones: debe exponerse por qué se configura el agravio. Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo que se ataca, especificando con toda exactitud los fundamentos de aquellas objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebran la decisión del magistrado apelado, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento. Por todo ello, las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general no alcanzan a cumplir los estándares mínimos indispensables para sostener la apelación, esto es, impiden habilitar su viabilidad impugnaticia en esta instancia. Así las cosas, es que la apelación que trato no podrá prosperar en esta sede, y así lo propondré al Pleno de este Cuerpo.- 3. Tal y como propondré al Pleno se resuelvan las cuestiones traídas al conocimiento de esta jurisdicción, entiendo que las costas de esta Instancia deberán imponerse en un 90% al apelante y en un 10% a la demandada, por imperio de lo dispuesto por el art. 72 del CPCC. Así lo voto también.

A la MISMA CUESTIÓN, el Dr. FLASS dijo:--- Habiendo el Dr. Früchtenicht reseñado con suficiente detalle los hechos, antecedentes, pretensiones y agravios, corresponde atender a estos últimos.

La demandada apeló a fs. 264 pero no expresó agravios, en consecuencia debe ser declarado desierto su recurso tal como lo dijo el Sr. Juez que me precediera en el tratamiento de la cuestión. Así lo voto.

En su primer agravio, los actores se quejan de que se hubiera tenido por válida la limitación de cobertura (franquicia), estipulada a favor de la aseguradora; cita jurisprudencia contraria a tal decisión; intenta fundamentar su agravio en la obligatoriedad del seguro automotor y en el principio de protección al débil.--- Lo he dicho en reiteradas ocasiones. La expresión de agravios debe ser una crítica razonada, precisa y detallada de la sentencia. El apelante debe demostrar la falla lógica, el salto argumental del a quo, si pretende la revisión de lo decidido. En este camino, citar jurisprudencia contraria o esbozar criterios generales sobre el derecho de daños o la institución del seguro, no puede considerarse, ni muy remotamente, como expresión de agravios. Lo hasta aquí dicho sería suficiente para rechazar, por infundado, el agravio bajo análisis. No obstante considero apropiado hacer algunas especificaciones. Sorprendentemente el recurrente cita un fallo de esta ECANO que rechaza idéntica pretensión a la por él ejercida. En efecto, en la causa G. C., M. E. c/ T. D. O. S.A. s/ Daños y perjuicios (Expte. Nº 121/08 CANO), este Tribunal declaró la legitimidad de los límites de cobertura impuestos por ley y su oponibilidad a la víctima. No logro entender la estrategia procesal del recurrente y la única explicación que intuyo es que citó un fallo de esta Alzada sin leerlo detenidamente.--- A mayor abundamiento, reitero sucintamente lo dicho en anteriores oportunidades: la franquicia es una cláusula de inclusión obligatoria. La aseguradora no tiene la opción porque se lo manda la ley. El instituto de la franquicia está orientado a la prevención del daño, evitando que la posibilidad de trasladar totalmente el resarcimiento propicie conductas desaprensivas en los conductores. Reiterada jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia Nacional como de otras Cámaras de Apelaciones de la Provincia de Chubut, han declarado la legitimidad de la mentada franquicia (Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala B, SD 42/2008, expte. Nº 22.607; Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia Sala A SD 012/2007, expte. Nº 15.737/06; Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia Sala B SI 218/2006, expte. Nº 14.914/2005, e incluso, Cámara de Apelaciones de Esquel DS 07/2009, expte. Nº 121/08.--- Voy a coincidir con el Sr. Juez que me precediera en el tratamiento de la cuestión en el sentido de que el agravio debe ser rechazado. Así lo voto.----- Se agravia el recurrente por considerar exigua la indemnización a la Sra. M. L. N.

Comienza impugnando el resarcimiento por daño. Transcribe la sentencia impugnada y la pericia médica. Concluye dogmáticamente que el grado de incapacidad determinado por el experto (6%) es exiguo pues la víctima "tendrá una limitación para el caso que quiera PARIR UN HIJO" (fs. 289). Aduce que, a más de dos años del accidente, la actora se queja de dolores.- La pobre fundamentación del recurso no alcanza a desvirtuar el razonamiento sentencial.-- En primer lugar, cuando el recurrente aduce la dificultad de la actora para alumbramientos futuros, no lo hace fundándose en la pericia médica -de la cual no surgiría tal circunstancia- sino en la pericia psicológica (fs. 163). Ahora bien, el Lic. L. G. es psicólogo, no acreditó título habilitante para ejercer la medicina y en consecuencia sus opiniones sobre cuestiones ajenas a su ciencia, carecen de fuerza probatoria.-- En segundo lugar, el dolor que manifiesta la recurrente no es consideración que deba integrar el daño físico. Este padecimiento es de índole espiritual y atañe a otro rubro resarcitorio.

Respecto al daño psicológico dice que el recurrente ".el error del sentenciante es el de considerar el costo de las sesiones como el valor del daño psicológico sufrido por la actora debido al accidente .". Quien comete el error no es el a quo sino el apelante. Equivoco que reiterará a través de todo su recurso.- Existe ya una larga costumbre de referirnos al daño psicológico como si fuera un género resarcitorio autónomo. Lo cierto es que los daños, o son materiales, o son morales (tertium non sequitur). Los distintos rubros, que generalmente se mentan, no son sino especies de estos dos grandes géneros y sirven para una mas precisa estimación de ellos.

El daño psicológico no es una tercera especie. Tiene una faz material integrada por los gastos de tratamiento, incapacidad, etc y otra moral, que se traduce en la intranquilidad de espíritu derivada del padecimiento.- Siguiendo lo dicho, cuando el daño psicológico es una sub especie de daño material, resulta acertado calcularlo en función al costo de la terapia, dejando su consideración inmaterial para el momento de valuar los daños morales. Eso es lo que hizo el a quo y ningún error cometió a este respecto.---- Cuando el experto calculó los "gastos médicos", estableció una suma mínima y otra máxima. El a quo opta por la mínima y el recurrente se agravia de ello con el único argumento que "en una mujer joven con toda una vida por delante no tienen que escatimar gastos".- La insuficiencia argumental del recurso es evidente. El recurrente tenía la carga de explicar a esta Alzada el equívoco de la sentencia, es decir, debía exponer por que, a su criterio, habría que otorgar la suma mayor; demostrar la insuficiencia de la menor etc. Nada de ello hizo y la sola invocación de que no se deben "escatimar gastos" aparece vacua.-- La actora reclama indemnización por "otros gastos"; describe el rubro como "perjuicio a la vida social, cultural, laboral e individual" y pretende un resarcimiento de $10.000. El a quo rechaza la pretensión aduciendo falta de pruebas y de ello se agravia el recurrente. Sostiene la actora que el daño quedó probado con la experticia médica según la cual, habría estado internada 90 días con una secuela de pánico que le impide viajar en colectivo. No se entiende muy bien si bajo este título genérico de "otros gastos" la actora se refiere a lo que la doctrina francesa llama "joie de vivre" o que es lo que realmente pretende. Lo cierto es que el perjuicio a la vida social, cultural, laboral e individual, puede subsumirse en un daño material, en un lucro cesante, en una pérdida de chance o en un daño moral. No asume rango de rubro resarcitorio propio. En lo específico, se probó que la víctima estuvo 90 días internada y que quedó con secuelas tanto físicas como psíquicas. Ello generó los respectivos resarcimientos materiales y morales. Lo que no quedó probado es la generación de un perjuicio distinto a los ya mencionados ni que deba resarcirse en forma separada.-- Resta referirme al daño moral que también tacha de exiguo el apelante.----- El cálculo del resarcimiento por daño moral es una de las mas dificultosas tareas, pues implica reducir a dinero aquello que no tiene valor pecuniario. He dicho que, a los efectos de justipreciarlo, se debe encontrar una suma que aporte a la víctima una satisfacción inversamente proporcional al demérito padecido. Sabiendo, ab initio, que la equivalencia nunca será perfecta, pues las penas no siempre se enjugan con dinero. En este sentido, conforme a las probanzas de autos, la víctima estuvo postrada durante un lapso prolongado, con secuelas de dolor e incapacidad, limitaciones para realizar tareas físicas y la necesaria renuncia a actividades que la gratificaban.-- Entiendo que la suma condenada por el a quo ($6.400), resulta insuficiente frente a la magnitud del padecimiento espiritual, en consecuencia considero que la misma debe elevarse a $10.000. Así lo voto.

El resarcimiento del menor N. N.:

Sostiene el recurrente que el a quo confundió daño físico con daño estético y este último con el costo de la cirugía reparadora.- La afectación a la estética de una persona puede generar distintos tipos de daños. En algunos casos, cuando la armonía corporal tiene influencia en el oficio o profesión de la víctima, surgirá un lucro cesante o una pérdida de chances. No obstante, en la mayoría de los casos, el daño a la armonía corporal o belleza de la personas, genera un daño físico equivalente al costo de las cirugías reparadoras y un daño moral por el disvalor espiritual que provoca su pérdida.

El a quo condenó a la demanda a pagar $20.000 por el daño físico que provocó su incapacidad del 8%, con mas $11.400 por "gastos médicos" incluyendo entre estos últimos, la cirugía reparadora de quemaduras. A su vez, al calcular el daño moral, tuvo especialmente en cuenta la persistencia de cicatrices que el menor deberá afrontar durante toda su vida.- Sin perjuicio de lo que diré al tratar el daño moral, puede afirmarse que en la sentencia apelada el daño estético está detalladamente contemplado y justamente indemnizado en tanto que daño material.- También se queja el actor por el resarcimiento al daño psicológico y comete aquí el mismo error ya señalado, es decir, pretende se indemnice como un rubro independiente y distinto tanto del daño material como del daño moral derivado de una patología psicológica adquirida. A rigor de brevedad voy a remitirme a lo dicho cuando traté el resarcimiento de la Sra. M. L. N. El daño psicológico puede traducir una pérdida económica equivalente al costo de las sesiones de terapia reparadora, resarcible como perjuicio patrimonial, o un desvalor a la tranquilidad espiritual resarcible como daño moral. Lo que no encuentra justificativo es calificarlo autónomamente y pretender resarcimiento distinto.--- También impugna la actora el cálculo de los gastos médicos. Su disconformidad se limita al hecho de que el a quo condenó el menor de los cálculos efectuados por el experto y no el mayor. Se renueva el déficit argumental señalado al tratar idéntico agravio respecto a la indemnización de la Sra. M. L. N. El recurrente vuelve a diluirse en afirmaciones genéricas como la integralidad de la reparación o la necesidad de no escatimar en gastos, sin lograr rebatir acabada y detalladamente el razonamiento sentencial.---- Se agravia el recurrente de que no se le hubiera reconocido el rubro "otros gastos" pero es que en el escrito de demanda, el actor reclama $5.000 por perjuicio a la vida social, cultural e individual mas la necesidad de contratar personal doméstico y de enfermería. En cuanto a lo primero, el planteo es de una vaguedad tal, que no puede tener resolución favorable. Respecto a los gastos de personal doméstico y de enfermería, ninguna prueba se aportó al respecto y no es dable presumirlos.- Impugna la valoración del daño moral advirtiendo que en la infancia, toda minoración física adquiere singular importancia. Agrega que no se tuvo en cuenta el perjuicio estético, reconociéndolo ahora sí como un factor de cálculo dentro del daño moral.

Voy a comenzar poniendo de resalto que el a quo, tuvo especialmente en cuenta, a la hora de calcular el resarcimiento espiritual, el hecho de que la víctima quedará con cicatrices derivadas de la quemadura, desarticulándose buena parte del agravio bajo análisis.

No obstante, en atención a las secuelas, tanto psicológicas como físicas, el presumible dolor por las quemaduras y el tiempo de convalecencia, estimo que el daño moral condenado por el a quo aparece como demasiado exiguo, debiéndose incrementarlo a la suma de $14.000. Así lo voto.---- El resarcimiento de la Sra. M. F. G.:--- Se queja el recurrente de que el a quo, al calcular el daño físico, no hubiera tenido en cuenta el perjuicio estético que causa la "hiperpigmentación" en ambas piernas. En la sentencia en crisis, fs. 261 parr. 4º puede leerse " . surge que del exámen se constató hiperpigmentación de ambas piernas (tercio distal), lo que si bien no puede considerarse secuela invalidante, sin lugar a dudas es un daño a la integridad psicofísica que debe ser indemnizado, considerando que resulta pertinente establecer la indemnización por este rubro en la suma de pesos tres mil ($3.000)" queda desvirtuado así el argumento del recurrente pues, contrariamente a sus dichos la lesión fue tenida en cuenta expresamente por el a quo. Por lo demás, la única argumentación que intenta el actor para elevar el monto resarcitorio es la que surge de fs. 297 parr. 3º y que solo traduce una disconformidad dogmática con la sentencia, no alcanzando ello para rebatirla acabadamente, tal como requiere una expresión de agravios.

Es necesario destacar que reaparece aquí la confusión del recurrente respecto al daño estético y a rigor de brevedad remito a lo ya expuesto.----- Nuevamente pretende el recurrente, sostener la autonomía del perjuicio psicológico y dice que debe indemnizarse como un rubro distinto de los gastos de terapia reparadora. Ya he dicho que no es así. El tan mentado daño psicológico o es un perjuicio de índole material que se traduce en los gastos de terapia o es un perjuicio espiritual indemnizable como daño moral. No tiene la autonomía ontológica que aduce el recurrente y no puede indemnizarse de tal forma.- Otra vez se queja el recurrente de que, respecto a los gastos médicos, se hubiera tomado la estimación menor dictaminada por el perito y otra vez omite fundar acabadamente su crítica, razón por la cual no tendrá resolución favorable en esta Alzada.-- Se queja el recurrente por el cálculo del daño moral. Aduce que el haber estado postrada, no poder atender a su hijo y padecer como madre las lesiones que en él produjo el infortunio, ameritan un mayor resarcimiento. Considero que las circunstancias señaladas con más el padecimiento de índole psicológico sufrido por la víctima, tornan procedente incrementar la indemnización a la suma de $7.000.--- El resarcimiento del Sr. O. H. C.:- Respecto al Sr. H. C., el a quo rechazó los rubros daños físicos y daños morales por no haber sido probados, sin embargo declaró procedente la indemnización de los daños materiales por terapia psicológica.--- Se queja el recurrente pues sostiene, acertadamente a mi criterio, que la ausencia de daños físicos no implica necesariamente indemnidad espiritual. Es por ello que solicita se modifique la sentencia condenando a la demandada a pagar indemnización por daños psicológicos y daños morales.- Reitero lo dicho en el sentido de que el llamado daño psicológico puede generar un perjuicio material que se traduce en los gastos de terapia más un perjuicio espiritual resarcible como daño moral.--- El a quo condenó al pago de los gastos de terapia psicológica, en consecuencia sólo me resta referirme a la procedencia o no del resarcimiento por daños morales.-- Si existe una terapia psicológica que el afectado debe afrontar a consecuencia del siniestro, es por que ha sufrido una afección de esa índole que integra el concepto de daño moral.---- Es por lo expuesto que considero se debe modificar la sentencia a este respecto, condenando a la demandada a resarcir al Sr. H. C. con la suma de $2.000 en concepto de daño moral. Así lo voto.

Resta referirme a las costas de la presente instancia. En atención a que los agravios de la actora solo procedieron en una muy escasa proporción, fracasando en el resto, el principio objetivo de la derrota indica que será ella quien asuma la mayoría de las costas. En este sentido considero oportuno condenar a la actora recurrente a solventar el 90% de las costas de esta instancia, quedando el 10% restante a cargo de la demandada. (art. 72 CPCC). Así lo voto.----- A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. FRÜCHTENICHT dijo:- Atendiendo lo expuesto en ocasión de votar a la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I.- DECLARAR DESIERTO el recurso intentado a fs. 264 y concedido a fs. 265vta. (art. 269 CPCC); II.- CONFIRMAR, parcialmente, la sentencia definitiva n° 84/2011, de fecha 31/08/2011 y que obra a fs. 254/263 vta. y su aclaratoria de fs. 265 y vta., revocándola en cuanto rechaza el rubro Daño Moral a favor del coactor O. H. C., haciendo lugar al mismo por la suma de $2.000 y modificándola en lo que respecta a los montos condenados por dicho rubro y a favor de los demás actores, los que se fijan, en definitiva, en $10.000 para M. L. N.; en $14.000 para N. N.; en $7.000 para M. F. G.; III.- IMPONER las costas de esta Alzada en un 90% a cargo de los apelantes y en un 10% a cargo de la demandada (art. 72 CPCC); y III.- REGULAR los honorarios profesionales del Dr. J. J. A. K. en el 5% y los del Dr. J. J. R. M. en el 3,5%, en ambos casos con más el IVA pertinente y a calcular sobre monto del proceso que se determine (arts. 5, 8 y 13 de la Ley del Arancel), por la labor desarrollada en esta Alzada.--- A IDÉNTICA CUESTIÓN, el Dr. FLASS dijo:-- Conforme a lo manifestado al tratar la primer cuestión voy a votar por 1) DECLARAR DESIERTO el recurso intentado a fs. 264 y concedido a fs. 265vta. (art. 269 CPCC); 2) CONFIRMAR, parcialmente, la sentencia definitiva n° 84/2011, de fecha 31/08/2011 y que obra a fs. 254/263 vta. y su aclaratoria de fs. 265 y vta., revocándola en cuanto rechaza el rubro Daño Moral a favor del coactor O. H. C., haciendo lugar al mismo por la suma de $2.000 y modificándola en lo que respecta a los montos condenados por dicho rubro y a favor de los demás actores, los que se fijan, en definitiva, en $10.000 para M. L. N.; en $14.000 para N. N.; en $7.000 para M. F. G.; 3) IMPONER las costas de esta Alzada en un 90% a cargo de los apelantes y en un 10% a cargo de la demandada (art. 72 CPCC); y 4) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. J. J. A. K. en el 5% y los del Dr. J. J. R. M. en el 3,5%, en ambos casos con más el IVA pertinente y a calcular sobre monto del proceso que se determine (arts. 5, 8 y 13 de la Ley del Arancel), por la labor desarrollada en esta Alzada.--- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:-- S E N T E N C I A-- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:-- I.- DECLARAR DESIERTO el recurso intentado a fs. 264 y concedido a fs. 265 vta. (art. 269 CPCC).

II.- CONFIRMAR, parcialmente, la sentencia definitiva n° 84/2011, de fecha 31/08/2011 y que obra a fs. 254/263 vta. y su aclaratoria de fs. 265 y vta., revocándola en cuanto rechaza el rubro Daño Moral a favor del coactor O. H. C., haciendo lugar al mismo por la suma de $2.000 y modificándola en lo que respecta a los montos condenados por dicho rubro y a favor de los demás actores, los que se fijan, en definitiva, en $10.000 para M. L. N.; en $14.000 para N. N.; en $7.000 para M. F. G.

III.- IMPONER las costas de esta Alzada en un 90% a cargo de los apelantes y en un 10% a cargo de la demandada (art. 72 CPCC).

IV.- REGULAR los honorarios profesionales del Dr. J. J. A. K. en el 5% y los del Dr. J. J. R. M. en el 3,5%, en ambos casos con más el IVA pertinente y a calcular sobre monto del proceso que se determine (arts. 5, 8 y 13 de la Ley del Arancel), por la labor desarrollada en esta Alzada.--- V.- REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.-- La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 7 y 8 de la Ley V N° 17 del Digesto Jurídico de la provincia) y no haber hecho uso el Dr. Claudio A. Petris de la facultad que le asiste conforme a lo dispuesto por el art. 274, último parte, de la Ley XIII N° 5 DJP (antes Ley 2203).--- GÜNTHER ENRIQUE FLASS JORGE LUIS FRÜCHTENICHT REGISTRADA BAJO EL N° CANO DEL LIBRO DE SENTENCIA DEFINITIVAS DEL AÑO 2012. CONSTE.