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Daños y perjuicios, accidente de tránsito, indemnización, daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez, Fernando Ezequiel c/ Burgoa, Noemí Indamira y otro s/ D. y P. derivados del uso de automotores (con lesión o muerte)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-04-16

Teniendo en cuenta que las cicatrices se ubican en el rostro, que se trata de una persona muy joven, quien según da cuenta con contundencia el informe psicológico da suma importancia al cuerpo y además es profesor de educación física, encuentro razonable elevar la suma otorgada en la instancia de grado a $ 130.000, en concepto de daño moral.
Derecho a la intimidad, libertad de prensa, derecho a la información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Menem, Carlos Saúl c/ Editorial Perfil S.A. y otros s/ daños y perjuicios - sumario. Resolución N° 4015/2017 del 5 de diciembre de 2017 - Declaración de incompatibilidad respecto de la sentencia dictada por la CorteIDH el 29 de noviembre de 2011, Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

Todo hombre, por su condición de tal, tiene el derecho de preservar una esfera de intimidad en el ámbito de su propia autonomía personal o de su grupo familiar, no siendo admisible la pretensión de los recurrentes en cuanto a que el interés de la comunidad en la información sobre un hombre público prominente -en la especie, quien era el presidente de la Nación al tiempo de la publicación- justifica todo tipo de invasión en su esfera de intimidad (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
Contrato de trabajo, facultad rescisoria del empleador, denuncia
Materia: LABORAL
Carátula: Maldonado c/ El Esquimal s/ Laboral (Expte Nro. 163-01, Resolución Nro. 30, Tomo 20, Folio 115/121)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-22

De acuerdo al art. 243 L.C.T. la denuncia del contrato de trabajo fundada, en justa causa, deberá comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato, como también que ante la demanda que promoviera la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en la comunicación correspondiente.
Homicidio simple, legítima defensa, principio de congruencia, dolo, graduación de la pena, aumento de la pena
Materia: PENAL
Carátula: López, Ricardo Ariel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-30

No se configura legítima defensa o exceso de ésta si no se pudo demostrar el supuesto de agresión ilegítima por parte de la víctima, pues la sola aparición de una barreta de hierro en la vereda, que según la versión defensista habría sido esgrimida por el occiso, carece de poder convictivo, pues en el lugar se encontraba chatarra y material de esa índole, el imputado no recordó que la víctima haya tenido la barreta en sus manos, y el informe médico forense estableció que las lesiones que presentaba el imputado no habían sido producidas por dicho elemento. La puñalada asestada con un cuchillo de gran magnitud en órganos vitales es reveladora del dolo homicida, y la carencia de móvil no enerva en nada la imputación subjetiva que ha quedado cabalmente demostrada, sin que resista el menor análisis el descargo fundado en que la víctima misma se introdujo el cuchillo al tirarse encima del imputado para pegarle. Es insostenible alegar que el propósito no fue matar sino amedrentar, pues de haber sido así hubiese podido utilizar el cuchillo en zonas del cuerpo sin riesgo de vida. No es violatoria del principio de congruencia la imposición de una pena mayor a la pedida por el fiscal, pues lo único valioso para la defensa en que la sentencia recaiga sobre el mismo hecho que fue objeto de acusación. La disidencia parcial sostuvo que los jueces no tienen autoridad, como regla, para imponer una pena más grave que la requerida en la pretensión del acusador, la cual impone un límite a su jurisdicción para determinar la pena. (Dres. Mitchell, Yacobucci y García -disidencia parcial-).
Declaración de inconstitucionalidad, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Provincia de Tucuman - D.G.R. c/ Credimas S.A. s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-08-12

La declaración de constitucionalidad del art. 9 inc. 4 del Código Tributario de la Provincia de Tucumán deviene abstracta, atento el a quo no se expidió sobre el objeto de la litis y no puede declararse la constitucionalidad/inconstitucionalidad de una ley y luego omitir la aplicación/no aplicación de dicha ley, pues la sentencia resultante será nula.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal, administración de bienes, bienes gananciales, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: G. DE T.I. c/ T.P. s/ INC. ART. 250 DEL C.P.C.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-11

Si bien las disposiciones de los arts. 1295 del Código Civil y 74 de la ley 2393 fueron dictadas en beneficio de la mujer, actualmente, en su contexto hermenéutico, ambas normas deben considerarse de aplicación genérica tanto cuando fueren solicitadas por la mujer como por el marido. El régimen de gestión separada de los bienes (art. 1276, Código cit.), legitima a cualquiera de los cónyuges a obtener medidas precautorias respecto a los que están en poder o bajo la administración del otro (conf. Zannoni, "Derecho de Familia", Ed. Astrea, Bs. As., 1981, t. I, p. 700 y su nota 35 con cita de Borda, "Derecho Civil-Familia", Ed. Perrot, Bs. As., 1969, t. I. Nro 441, p. 316 y ss.).

La medida de no innovar está dentro de las que puede pedir un cónyuge cuando ambas acuerdan la administración común de bienes, puesto que está destinada a impedir que, durante el juicio, se altere la situación de hecho de los bienes en litigio, para evitar que la sentencia se haga inocua o de cumplimiento imposible. Por lo demás, puede ser útil para evitar actos materiales que pudieran disminuir el patrimonio ganancial (conf. Belluscio, "Derecho de Familia", ed. Depalma, Bs. As., 1981, t. III, p. 418-19).
Facultades de la autoridad de prevención, requisa personal, testigos de actuación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MORUBE, Gustavo Hernán s/ nul. Causa nro. 27.697
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14

La conducta desarrollada por los preventores se encuentra avalada por el artículo 184, inc. 5. del código ritual, dado que el observar que una persona se halla bajo los efectos de sustancias tóxicas, resulta razón suficiente para que el personal policial actúe identificando y requisando a éste en presencia de testigos.
Protección del medio ambiente, facultades del gobierno nacional, facultades del gobierno provincial, interpretación de la constitución
Materia: MEDIO AMBIENTE-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Civil para la Defensa y Promoción del Cuidado del Medio Ambiente y Calidad de Vida c/ San Luis, Provincia de y otros s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección del medio ambiente y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales (art. 41 de la Constitución Nacional).
Daños y perjuicios, herederos forzosos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ DE GRIFFO JOSEFINA Y OTROS c/ RODRIGUEZ TRIO RUBEN NORBERTO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

Los arts. 1084 y 1085 del Código Civil deben interpretarse armónicamente. Para determinar los beneficiarios a que se refiere la segunda parte del art. 1084, corresponde ajustarse a lo que dispone el art. 1085, por ser la norma dedicada específicamente a regular la legitimación para formular su reclamo indemnizatorio, teniendo derecho a ampararse en la presunción de daño ocasionado por el deceso, el cónyuge sobreviviente y los herederos necesarios de la víctima.-
Recurso de revisión (procesal), prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CORDOBA c/ DIAZ DE ZUCARIA ZARIF s/ EXPROPIACION DE URGENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-12-07

Una sentencia para ser válida debe ser motivada (art. 18 C.N. y art. 155 C. Pcial.). El tribunal superior de justicia como supremo guardián de las formas procesales debe apreciar el cumplimiento de una fundamental, cual es la de ser derivada, observando el principio de razón suficiente, para que el juicio sea verdadero. Ello no significa una nueva valoración del material probatorio sino el examen formal del razonamiento de los juzgadores con relación al mismo. Toda motivación para ser lógica debe apoyarse en una utilización no arbitraria de la prueba. Si, en el sublite, los propios vocales admiten no poder juzgar las observaciones y críticas puntualizadas al peritaje oficial por la complejidad de las cuestiones, al optar por este dictamen sólo por la "aquiescencia" de las partes, se está confesando la falta de comprensión del mismo. Ello importa negación de la certeza y renuncia a la situación de convencimiento que toda prueba tiende a formar en el juez como objeto propio de ella. Los argumentos que avalan su selección sólo conducen a una falsa motivación de la sentencia, porque realmente no ha sido valorada una prueba que no fue aprehendida por el juzgador.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Murias, Antonio s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-14

Es principio con base en la garantía de la defensa en juicio de los derechos, que los fallos de los jueces han de ser fundados, esto es: contener una exposición suficiente y clara de las razones que, con arreglo al régimen normativo vigente y a las circunstancias de la causa, den sustento a la decisión por aquellos dictada.
Prueba confesional, confesión extrajudicial, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: López, Miguel Enrique s/ Robos reiterados Pereyra, Ricardo Alberto; Vázquez, Ernesto Raúl D.; Acosta, Daniel Osvaldo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19|1987-08-11

La doctrina de la Corte en cuanto a que la omisión por parte del estado de asumir de oficio la carga de formar causa -como lo impone la ley- para investigar la eventual existencia de delitos de acción pública en función de los cuales el imputado haya rectificado una confesión impide tener a ésta por libremente prestada, no implica la caída de la confesión cuando, cumplida la señalada obligación legal de instar la formación de causa -cuya omisión se reprochó al estado en todos los precedentes que sustentaron dicha doctrina- lo omitido sea como ocurre en la especie, la averiguación del resultado a que se hubiese arribado en el proceso correspondiente y no puede argumentarse que la finalidad de la formación de causa para investigar los supuestos delitos cometidos a fin de obtener la confesión es, precisamente la de determinar si ésta fue o no prestada con libertad, porque si bien el resultado de dicho proceso sería valioso a los efectos del art. 235 inc. 3 (núm. ant.) del C.P.P. lo cierto es que el régimen legal cuya transgresión omisiva originó la doctrina de la Corte (arts. 69 y sgtes., 73 y concs.

-núm. ant.- C.P.P.)no tiene por finalidad obtener conclusiones útiles para el proceso en que se habría obtenido la discutida confesión sino que atiende al objetivo de que los delitos sean investigados y, en su caso, sus responsables condenados.
Sistema republicano, publicidad de los actos de gobierno, derecho a la información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ganora, Mario Fernando y otra s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

La forma republicana de gobierno que adoptó la Nación Argentina a través del texto constitucional requiere de la publicidad de sus actos, sin perjuicio de aquellos que resulten de necesaria reserva o secreto, situación que corresponde evaluar, en cada caso concreto, al organismo oficiado, sin descartar el posterior control judicial (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Improcedencia del recurso, sobreseimiento, ley vigente, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Salazar, José Luis Mingo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-09

La disidencia postuló el rechazo del recurso de casación por entender que, llegado a un punto de inflexión luego de sucesivas etapas de investigación, sin que se vislumbre -ni se haya invocado- medida probatoria por realizar, el sobreseimiento resulta la razonada aplicación del derecho vigente a las circunstancias comprobadas del caso y la crítica del recurrente sólo exhibe su disconformidad con lo resuelto, sin proveer fundamento suficiente a la causal de arbitrariedad alegada. Dres. Borinsky -disidencia-, Hornos, Gemignani.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, admisibilidad del recurso, tercera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Central  Puerto  S.A. c/ Secretaría  de  Energía N. - resolución259/94 (Resol. 16/93 ENRE.).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

Para la admisibilidad del recurso ordinario de apelación en tercera instancia, tiene que resultar comprometido un interés económico de la Nación.
Medidas para mejor proveer, tribunal de alzada, prueba, declaración de negligencia, prueba pendiente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Núñez, Margarita Esther c/ EMEC SRL y/u Otros s/ Demanda Laboral -Haberes-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-30

"La inactividad procesal de la parte interesada no puede ser suplida en la Alzada por intermedio de una medida de mejor proveer, desde que dicho instituto ha sido insertado en la norma procesal para cumplimentar otros fines y no para suplir la negligencia de las partes en la producción de las pruebas, más aun cuando el apelante, en su oportunidad no introdujo la cuestión en el sentido que aquella prueba se encontraba pendiente de producción".
Jurisdicción y competencia, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, cuestión de derecho común, revisión judicial de actos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Caminos   del   Atlántico   Sociedad  Anónima c/ Buenos Aires,Provincia de s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

Se ha atribuido carácter civil a los casos en los que su decisión hace sustancialmente aplicables disposiciones del derecho común, entendido como tal el que se relaciona con el régimen de legislación contenido en la facultad del art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional, quedando excluidos los supuestos que requieren para su solución la aplicación de normas de derecho público provincial o el examen o revisión, en sentido estricto, de actos administrativos o legislativos de carácter local.
Interpretación del contrato, abogados
Materia: CIVIL
Carátula: COLUCCIO DE INCOSTANTE LUISA Y OTRO c/ ENRIQUE JOSE IGNACIO Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-04

En materia de interpretación de los negocios jurídicos, es principio indiscutido que cuando los términos empleados son claros y la voluntad de las partes se ha expresado en forma concreta y precisa, cuando ésta surge indubitadamente, el intérprete no debe buscar fuera de ellos la comprensión, sino que le bastará con remitirse a la letra misma del contrato (conf. Moreno Dubois, "principios que rigen la interpretación de los contratos", L.L. 119 67 ap. II; C.N.Civ. Sala D, E.D. 4-32, 4-944, 5-410 y 9-230; Sala F, E.D. 97-725), toda vez que es preciso resguardar la seguridad de las convenciones, buscando asentarlas sobre bases sólidas y firmes. Si en la celebración del contrato intervino un profesional del Derecho, en la interpretación del mismo debe actuarse con mayor severidad y estrictez, habida cuenta que por los conocimientos que ha de considerárselo dotado por tal circunstancia, debe concluírse en que la exteriorización en las palabras empleadas revela la real intención (conf. arg. art. 902 del Código Civil; C.N.Civ. Sala D, L L. 106-881 y E.D. 37-393).
Modalidades no promovidas, contrato de trabajo eventual
Materia: LABORAL
Carátula: González, Jesús c/ Halliburton Argentina SA s/ Demanda Laboral -Indemnizaciones-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-29

"La característica principal de esta tarea es la de temporalidad y precariedad en el ejercicio de la actividad laboral al servicio de una empresa, frente a la normalidad, permanencia, fijeza, continuidad y estabilidad que se señalan como propias de los trabajadores... Este tipo de trabajo no tiene oportunidad de referirse, concluye con su producción... en cambio, si lo hace constantemente o muy seguido, dentro de los permanentes, en tareas discontinuas o no".
Expropiación, costas, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia de Santa Fe c/ Brest Inmobiliaria S.R.L. s/ Expropiación (Expte. C.S.J. Nro. 52 Año 1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-22

Atento a la proporción existente entre las sumas ofrecida, reclamada y establecida por el Tribunal, las costas del juicio expropiatorio serán soportadas en el orden causado (art. 49, inc. 2, apart. a, ley 7534).
Subcontratación laboral, supermercado, tareas de limpieza, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Tabare  Cayetana Delicia y otros c/ Urbaser Argentina S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-25

No corresponde extender la solidaridad que establece el art. 30 LCT  a la actividad secundaria, aunque haga a la actividad permanente y habitual del establecimiento, pues la norma es clara en cuanto exige para su aplicación que se trate de la actividad normal y específica de éste, o sea, la relacionada con la unidad técnica de ejecución destinada a lograr los fines de la empresa. En esta inteligencia, la limpieza diaria del supermercado no hace a la actividad normal y específica propia del establecimiento, cual es la venta de diversos productos, ya que es evidente que todas las plantas fabriles, oficinas, comercios y establecimientos en general la realizan. De allí que en el caso de la limpieza del supermercado no pueda aplicarse la normativa del artículo referido, esto es, extender la responsabilidad a la sociedad que explota el supermercado "Jumbo", pues de considerárselo así se debería extender la responsabilidad a prácticamente todos los casos, dado que la limpieza es necesaria en todos los ámbitos, y en tanto no es concebible ninguna actividad (comercial, industrial, de servicios o de cualquier otra indole) que pueda prescindir de ella. (Del voto del Dr. Guisado, en minoría).
Acción de amparo, inconstitucionalidad, haber jubilatorio
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Encina, Alberto c/ AFIP s/ amparo y sus acumuladas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-09

Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo y declaró la inconstitucionalidad del art.

79 inc. c, de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias en cuanto el mencionado tributo alcanza los haberes jubilatorios, pues las cuestiones planteadas en los presentes autos son sustancialmente análogas a las tratadas y resueltas por esta Corte en la causa D.248.XLVII "Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/ Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/ amparo", sentencia del 10 de diciembre de 2013, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de la brevedad.
Sangre humana, control de constitucionalidad, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Leiva, Martín c/ Entre Ríos, Provincia de s/ inconstitucionalidad ley 8144.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

No es inconstitucional la ley 22.990 que establece el régimen de utilización de la sangre humana, pues constituye un razonable ejercicio de atribuciones que competen al legislador nacional en virtud de lo dispuesto en la primera parte del inc. 16 del art. 67 de la Constitución Nacional y el objetivo enunciado en su Preámbulo.
Divorcio, conversión de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: T. J. M. c/ A DE T. C. E. s/ DIVORICO VINCULAR POR PRESENTACION CONJUNTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-23

La disposición del art. 8 de la ley 23.515 exige una petición de común acuerdo de los cónyuges, toda vez que implica alterar los términos en que ha quedado trabada la litis, aunque pueden presentarse circunstancias particulares que permiten apartarse de dicha doctrina. Si en la presentación inicial el actor dejó a salvo su derecho de peticionar la oportuna declaración de inconstitucionalidad del art. 64 de la ley 2393 -entonces vigente- y la consecuente disolución del vínculo matrimonial, reclamo sobre el cual fue oída su contraria, es evidente que difícilmente puedan considerarse alterados en forma sustancial los términos en que originariamente se había planteado la litis.
Sociedad anónima, compraventa de acciones, contrato de tiempo compartido, resolución del contrato, cláusula penal, pesificación, coeficiente de estabilización de referencia, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOCHON, CESAR c/ ADARO, LEOPOLDO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-12

Cabe admitir la demanda por resolución de contrato de compraventa de acciones de una sociedad anónima propietaria de un complejo turístico -cuya tenencia, entregada al adquirente una vez oblada la totalidad del precio convenido, otorgaba a éste el derecho de uso y goce de una unidad de aquel inmueble durante el "período de ocupación" calificado como "semana flotante"- y condenar a la adquirente al pago de la multa pactada en moneda extranjera en el mismo contrato, para el caso de falta de pago de tres cuotas consecutivas, por lo que debera abonar la cantidad de pesos necesarios para saldar la suma que resulte de aplicar al monto convenido en dólares estadounidenses intereses a la tasa activa del Banco Nación para operaciones en dólares que se devengarán desde la fecha de mora fijada por el juez de grado hasta el 6.1.02; a partir de esa fecha el importe sera pesificado a la cotización u$s 1 = $ 1; la suma que resulte será ajustada mediante el coeficiente de estabilización de referencia (CER) hasta el efectivo pago, mas intereses a una tasa del 5% anual.
Prueba documental, proceso judicial, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramis, Eduardo Horacio c/ Di Renzo, Antonio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-03

Constituiría un exceso ritual manifiesto, inconciliable con un adecuado servicio de justicia, la negativa a considerar documentación comprobatoria del derecho alegado por el litigante, no obstante su extemporánea agregación a la causa.
Concurso preventivo, proceso de verificación, incidente de verificación, prescripción, aplicación temporal de la ley, ley vigente
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BENESDRA, ALBERTO LUIS s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INC. DE VERIF. POR CATCHER SRL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-28

Cabe el rechazo de la prescripción de un incidente de verificación, invocada por la concursada, toda vez que tratándose en la especie- de un concurso preventivo presentado con anterioridad a la ley 24522 actualmente vigente, y a los efectos de determinar el termino establecido en el art. 56 de la referida norma legal prescripción bienal-, debe estarse a la entrada en vigencia de la misma, y no a la fecha de presentación en concurso de la deudora, por lo que no habiendo transcurrido ese plazo desde la entrada en vigencia de la nueva ley, surge evidente que tal acción no se encontraba prescripta al tiempo en que fuera interpuesta.