marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Presunción de contrato de trabajo, relación de dependencia, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: DURSI, ARIEL c/ CIA. DE SEG. LA FRANCO ARGENTINA SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-28

La presunción emergente de la prestación de servicios, en los términos del art. 23 LCT, debe entenderse limitada a los servicios bajo relación de dependencia, pues sólo éstos están contemplados en la tipificación legal del contrato y de la relación de trabajo (arts. 21 y 22 LCT) y por tanto, como señalan López, Centeno y Fernández Madrid en la Ley de Contrato de Trabajo comentada, T. I, pág. 194), la carga de la prueba de la posición de dependencia o subordinación no resulta alterada por la presunción, sino que, por el contrario, de esa prueba depende que la misma entre a jugar. (Del voto del Dr. Eiras, en minoría).
Derecho a la intimidad, intervención de línea telefónica, interpretación de la ley, telecomunicaciones, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.783 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-24

Resulta oportuno señalar que las comunicaciones a las que se refiere la ley 25.873 y todo lo que los individuos transmiten por las vías pertinentes integran la esfera de intimidad personal y se encuentran alcanzadas por las previsiones de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. El derecho a la intimidad y la garantía consecuente contra su lesión actúa contra toda "injerencia" o "intromisión" "arbitraria" o "abusiva" en la "vida privada" de los afectados (conf. art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 11, inc. 2 , de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -tratados, ambos, con jerarquía constitucional en los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional- y art. 1071 bis del Código Civil).

En efecto, la Corte ha subrayado que sólo la ley puede justificar la intromisión en la vida privada de una persona, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Daños y perjuicios, locación, daños en el inmueble, reparaciones en el inmueble, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Ludueña, Norma Elsa c/ Aguas Cordobesas S.A. s/ Ordinario - Daños y perjuicios - Otras formas de responsabilidad extracontractual - Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2017-04-18

Resulta razonable fijar la indemnización por privación de uso por sustitución de la vivienda locada durante el tiempo que demoran las reparaciones a efectuarse en el inmueble, en el monto equivalente a siete meses y medio de alquiler, en razón del plazo mínimo de ejecución del contrato de locación normal con más la indemnización prevista por la rescisión anticipada. En efecto, existe un plazo mínimo en el contrato de locación que, en materia de locaciones urbanas, es de dos años (cfr. art. 1198, Código Civil y Comercial). Dicho plazo ha sido dispuesto en beneficio del locatario y, en consecuencia, puede renunciar al mismo si está en tenencia de la cosa (art. 1198). Sin embargo, esta posibilidad no habilita a que el locatario pueda sin más, prescindir del plazo mínimo y desocupar el inmueble sin ningún tipo de consecuencia. El artículo 1221 del CCC, de igual modo que lo hacia la anterior Ley 23091, reconoce en cabeza del locatario la facultad de rescindir anticipadamente el contrato, exigiendo una notificación al locador y el pago de una indemnización. Para hacer uso de esta facultad resolutoria es necesario que haya transcurrido el plazo mínimo de ejecución contractual de seis meses o en su defecto se integren los alquileres al menos por tal plazo, debiendo en su caso además, abonar una indemnización tarifada de un mes y medio por rescisión anticipada.
Excarcelación, prisión preventiva
Materia: PROCESAL
Carátula: S., V. A. s/ Hábeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-14

Debe admitirse la excarcelación solicitada por quien lleva cumplidos casi cuatro años de prisión preventiva, en tanto el tiempo cumplido por el procesado satisface el reclamado para la libertad condicional y, se acreditó de su parte un compromiso, participación en el estudio y buen desempeño laboral, por lo que, ello debe prevalecer sobre las limitaciones expuestas por el a quo relativas a ciertos aspectos psicológicos del interesado, los cuales solo tienen relevancia a los fines de una prognosis sobre la conducta futura del encausado. Máxime cuando trata de una persona que se encuentra gozando de la presunción de inocencia y resultaría una contradicción ontológica asentar juicios conclusivos de su personalidad y prognosis de reinserción social sobre quien en definitiva no existe aun certeza de la imposición de una pena y de la necesidad de tratamiento en los términos de la prevención especial positiva.
Empleados públicos, asignación de funciones, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ, PEDRO IRINEO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 303-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

En principio, la función administrativa es facultativa; se ofrece pero no se impone. La persona nombrada está solamente comprometida para los servicios que entran en la especie de la función indicada, dentro de esa especie está sometida a las disposiciones unilaterales de la autoridad jerárquica, por el contrario, la atribución de una función no comprendida en el contenido de la obligación de servir constituida, no es posible sino mediante un cambio de esa obligación, cambio tendiente a ampliarla para comprender en estas nuevas exigencias. Esto supone, para ser válido, un nuevo consentimiento del interesado, consentimiento que puede ser prestado tácitamente en virtud del ingreso de la nueva función.
Mediación penal, oposición del fiscal, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Martínez, Cesar Eduardo s/ 183 - daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

La decisión de remitir las actuaciones al Centro de Mediadores del CMCABA a fin de entrevistar a la presunta víctima por un cuerpo interdisciplinario especializado en la materia, no es la sentencia final de la causa y carece de los efectos de una sentencia definitiva o equiparable a ella, dado que no le irroga al Ministerio Público Fiscal un gravamen irreparable. Ello así, toda vez que su pretensión se destina a impedir una instancia de mediación que, de no prosperar, dejaría subsistente la respectiva sustanciación del respectivo juicio. El recurrente no invoca, además, norma alguna que le impida seguir impulsando la acción penal cuando, precisamente, el legislador no ha previsto que la sustanciación de los planteos de soluciones alternativas suspendan el curso de la acción penal. (Del voto en disidencia parcial del juez Santiago Delgado -subrogante-).
Prisión preventiva, pandemia, enfermedades, prevención de enfermedades, situación de vulnerabilidad, coronavirus, Servicio Penitenciario Federal
Materia: PENAL
Carátula: Spinoso, Diego Alejandro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-05

OFICIAL
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, ley penal más benigna, tenencia de estupefacientes para consumo personal
Materia: PENAL
Carátula: CARBONELL, FRANCISCO P. s/ ESTUPEFACIENTES  -  TENENCIA - ALMACENAMIENTO - LEY PENAL MAS BENIGNA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-14

El art. 6 de la ley 20.771, resulta más benigno que el art. 14 de la ley 23.737 porque es menor la multa accesoria, no siendo de aplicación la 2 parte del art. 14 de esta última norma debido a que la tenencia no era de escasa cantidad.
Litisconsorcio facultativo, transacción, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Serantes, Miguel Angel y otro c/ Baigol, Walter Alberto y otro s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06

La transacción realizada por uno de los integrantes del litisconsorcio facultativo pasivo no extiende sus efectos a los otros salvo el supuesto normado por el art. 853 del Código Civil que constituye una excepción al principio de los efectos personales de la transacción (art. 851, C.C.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio de apremio, depreciación monetaria, intereses, costas, subasta, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SA ANGEL CASANELLO LTDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   APREMIO POR HONORARIOS.     CSJ EXPTE NRO 98-80 INDUSTRIA  ARGENTINA DE TABLEROS ELECTRICOS IATE SOC EN COMANDITA POR ACCIONES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   INCIDENTE DE APREMIO.     CSJ EXPTE NRO 6-81 GAGGIAMO, HECTOR J C c/ SAVYC SA VIAL Y CONSTRUCTORA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   INCIDENTE DE APREMIO.     CSJ EXPTE NRO 500-87 FRANCISCA ROBLES, CARLOS A c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   APREMIO.     CSJ EXPTE NRO 297-87 MATHURIN, ANDRES E c/ BAUZA  MIGUEZ,  JOSE  MANUEL  -HIDROLAND  ESTUDIOS DE AGUAS Y SUELOS- s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   APREMIO.     CSJ EXPTE NRO 415-87 TRULLI, BRUNO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 266-89 SANTILLAN, ROGER ARGENTINO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE APREMIO     CSJ EXPTE NRO 262-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-29|1986-10-15|1987-11-25|1987-12-02|1987-12-02|1989-11-14|1989-11-14

Corresponde llevar adelante la ejecución no sólo por el capital nominal reclamado, sino por el monto resultante de su actualización hasta la fecha del efectivo pago, con más intereses y costas, si citada de remate la actora, no opuso excepción legítima alguna.
Despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez Francisco. c/ Bodegas y Viñedos Giol E.E.I.C. s/ Indemnización por antigüedad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1991-10-24

No son procedentes los agravios vertidos por el demandado que sostiene que el actor viola con su proceder los límites de sus funciones, al desviar sin conocimiento y autorización de la gerencia la carga de mercaderías. Ello así ya que mas allá que el trabajador haya sido el autor de la operatoria cuestionada, el mismo estuvo habilitado para llevarla a cabo de conformidad a las modalidades inherentes al manejo de la empresa y a las funciones que de hecho cumplía quien la hubo autorizado, lo cual necesariamente obsta a la configuración de la injuria imputada en la comunicación del distracto.-
Despido por imputación de delito, efectos de la sentencia penal en sede laboral, imposibilidad de continuar el vínculo, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: GALICCHIO, PASCUAL OSVALDO c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-28

Cuando no se imputó al trabajador la comisión de un delito determinado que de acuerdo con la tipicidad del Derecho Penal podría configurar injuria en los términos del art. 242 de la LCT, sino una conducta que por su gravedad no consentía la continuidad del vínculo, la existencia de un proceso destinado a ventilar la existencia de un ilícito penal resulta totalmente indiferente para valorar la responsabilidad civil o laboral del dependiente pues la injuria imputada no se fundamenta en la comisión de un delito tipificado sino en un incumplimiento contractual.
Recurso contencioso administrativo, impulso procesal, actos y diligencias procesales, caducidad, confirmación del acto jurídico, consentimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Toretta, Santiago Luis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contancioso Administrativo de Plena Jurisdicción. Incidente   de caducidad deducido por la demandada (EXPTE CSJ Nº 194- 86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-01

Al mediar consentimiento de un acto impulsorio por la parte beneficiada por la caducidad, se ha subsanado la instancia que se encontraba afectada al cumplimiento de las condiciones que hacían posible su declaración.
Homicidio simple, legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: Villagrán, Fabian Antonio s/ HOMICIDIO SIMPLE S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-04-06

Es ajustada a derecho la sentencia que encuadra el caso en homicidio simple y no como exceso en la legítima defensa, cuando como en autos -ha quedado demostrado a) la irracionalidad del medio empleado por el imputado para repeler la agresión ilegítima de parte de la víctima contra su hermano, dado que en manera alguna puede considerarse racional la reacción de quien al advertir que su hermano recibe uno o dos golpes de puño le inserta al agresor dos veces un cuchillo de respetable tamaño y con suficiente fuerza y profundidad como para causarle la muerte; y b) que tanto el encartado como su hermano habían tenido, previo al hecho fatal, actitudes provocativas e incidentes, como así también se evidencia la actitud agresiva u hostil por parte del imputado, puesto que concurrió a la "fiesta" con revolver y cuchillo.-
Robo con escalamiento, jueces, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Mellado Marcelo Hector s/ Robo en grado de ttva. E/ C.R. c/ Atentado y resistencia a la autoridad s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-10-25

La calificante por escalamiento no se encuentra definida por nuestra ley, lo que permite que el juzgador tenga libertad para analizar las variadas formas que pueden asumir los hechos que la puedan requerir, sin encontrarse sujeto a fórmulas rígidas.(Del voto de los Dres. Balladini y Lutz sin disidencia).
Quiebra, pedido de quiebra, legitimación activa, citación al deudor, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: RICCIARDI UBER s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR CRISTINA DE LA ARENA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-11

El juez posee la facultad de volver a examinar la legitimación activa del peticionante de una quiebra, después de haber dado curso a la citación de la lc: 91, pues, al igual que lo que acontece en otros procesos de índole sumaria, el juicio de valor que se hace al darse curso al pedido de citación al reclamado es meramente "provisional" y nada obsta a que sea revisado ulteriormente luego de escuchado el sujeto pasivo y ante el concreto imperativo de tener que dictarse un pronunciamiento de certeza de carácter mas definitivo que el que abre el procedimiento. Consistiendo la evaluación sobre la concurrencia de los recaudos establecidos por la lc: 90 a los efectos de la citación prevista en la lc: 91, en un mero juicio de "verosimilitud", no existe óbice legal para que el mismo resulte desvirtuado por aspectos fáctico-jurídicos no contemplados oportunamente con aptitud para modificar la conclusión preliminar, pudiendo fundarse en dicha circunstancia el rechazo del pedido de quiebra.
Daños y perjuicios, derechos personalísimos, daño moral, prensa, derecho a la intimidad
Materia: CIVIL
Carátula: O., N.M. c/ T., M. y otro s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-07

Uno de los condicionamientos al derecho de informar sobre las personas públicas y de la restricción a la protección del derecho a la intimidad, es que la develación esté justificada por el interés general; y más allá de abrir un juicio de valor sobre la calidad del programa televisivo en cuestión el comentario de la periodista acerca de los hechos que protagonizó el actor surgieron de relatos analizados en programas televisivos y periodísticos de distinta índole en los cuales se difundió un video en el cual aparecería manteniendo relaciones sexuales en un prostíbulo. En este contexto, y sin entrar en su desempeño como Juez de la Nación, dúramente acusado por la Cámara de Diputados y la destitución que le pidieran sus propios pares, el cuestionamiento efectuado por la Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires, resulta difícil deslindar la vida privada de la pública, ya que los hechos que se mencionaran fueron una realidad de la actuación del actor, más allá de lo estrictamente formal. Y más difícil resulta todavía entender que los dichos superficiales, si se quiere, efectuados en un programa de esas características, pudieran provocar los pesares que el actor menciona, cuando, como se vio, estuvo seriamente involucrado en temas de semejante gravedad.
Cuestiones de competencia, juez previniente, falsa denuncia, apremios ilegales, falso testimonio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GONZALEZ SEIJAS, Graciela N. s/ Art. 245, C.P. GONZALEZ SEIJAS, Graciela N. s/ Art. 245, C.P.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-19|1996-09-19

No se advierte que sea de aplicación en el presente la norma dispositiva del art. 348 del R.J.C.C., toda vez que a los fines de establecer cual magistrado resulta competente para conocer en el delito de falsa denuncia, debe tenerse en cuenta la doctrina de esta Secretaría Especial respecto de los delitos de falso testimonio y de apremios ilegales, pues en los tres casos se tiene dicho, que debe estar a cargo de la investigación un juez distinto de aquel que conoció originariamente.
Responsabilidad médica, mala praxis, prueba, verdad jurídica objetiva, carga de la prueba, carga probatoria dinámica
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mendoza, María Mercedes c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

En la mayoría de los casos de responsabilidad médica se trata de situaciones extremas de difícil comprobación, por lo que en materia de prueba se abandonan los principios rígidos para perseguir la solución materialmente justa, por lo que ambas partes tienen la obligación de aportar sus pruebas tendientes a que el juzgador pueda desentrañar mejor la verdad objetiva, más allá de la meramente formal (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Interposición del recurso, presentación extemporánea, oportunidad procesal, reincidencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Villalba, Kevin Gastón y otros s/ inf. art. 149 bis párr. 1° CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-07

La tacha de inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia promovida por el Ministerio Público de la Defensa resulta extemporánea -por prematura-, pues nada le impedirá al imputado que, de hacerse efectivo un gravamen concreto derivado de esa declaración o bien de mantenerse, formule los planteos que crea pertinentes ante las instancias inferiores y llegado el caso ante este estrado por la vía de impugnación que corresponde (esto es, contra la determinación en la cual tal declaración surta efectos). Voto de la jueza Ana María Conde.
Efectos de la apertura, concurso preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROSENTHAL MARCELO c/ STRAKA EDGARDO JORGE Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

Resulta procedente el levantamiento del embargo trabado por la incidentista toda vez que fue la propia AFIP -que en esta instancia guardó silencio-, quien admitió que parte del período involucrado tendría carácter preconcursal y que la exteriorización del saldo respectivo se había perfeccionado luego de la presentación en concurso de la deudora, lo que había motivado que el área de cobranza promoviese las acciones ejecutivas en cuyo marco se dispuso la referida medida cautelar. Aquella manifestación del organismo recaudador importó el reconocimiento de que la medida en cuestión había sido -al menos- trabada en exceso. En ese contexto, debió su parte discriminar los conceptos post-concursales que la habilitaban a mantener la vigencia de aquel temperamento preventivo. Esa omisión, que no debió en el caso ser suplida por la actividad de la sindicatura, justifica en la emergencia la revocación del decisorio impugnado. Por lo expuesto, corresponde resolver del modo adelantado.
Enfermedad profesional, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Vittori, Eduardo R. c/ Goldaracena, Mario J. y G. de Goldaracena, Amalia s/ Indemnización por enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-10-31

Si bien la brucelosis ha sido declarada enfermedad profesional, lo ha sido con relación, invariablemente, a los trabajadores de mataderos, frigoríficos y carnicerías, donde el contacto permanente con el material potencialmente contaminante, hace surgir una presunción que la enfermedad ha sido contraída en la ejecución de las tareas específicas. Distinta es la situación del trabajador rural, en una explotación ganadera, cuya actividad está dirigida principalmente al ganado en pie donde los riesgos de contagio se tornan poco probables, por lo que resulta ineludible al actor demostrar que los animales en pie con que él trabajaba reunían la característica exigida por el artículo 1113 del Código Civil, como así también que efectuaba tareas que lo ponían en contacto con productos animales susceptibles de producir contagio.
Convenios colectivos de trabajo, remuneración, remuneración en especie
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre, José Oscar y ot. c/ Arpemar S.A. s/ Cobro de diferencias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-17

En tanto el art. 23 del Convenio Colectivo de Trabajo 161/75 dispone expresamente que la compensación por falta de entrega de equipo de trabajo será un porcentaje del salario por jornal efectivamente trabajado, obviamente excluye el pago realizado en concepto de garantía mensual de trabajo.
Recurso de casación penal, denegatoria del recurso, excepción de incompetencia, remisión del expediente, aplicación de la ley penal, sentencia arbitraria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín s/ causa nº 12.942
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-10

Cabe dejar sin efecto la sentencia por arbitraria que desestimó los recursos de casación deducidos contra la resolución que admitió la excepción de incompetencia planteada por la defensa y dispuso la remisión de la causa al juzgado federal local con el objeto de que se aplique en lo sucesivo el procedimiento establecido por la ley 2372 -procedimiento penal ya derogado-, pues al interpretar el artículo 12 de la ley 24.121 no tomó en cuenta la consideración de sus consecuencias- pauta fijada por el Tribunal a fin de verificar si la inteligencia de una disposición es racional y congruente con el resto del sistema del que forma parte-, por cuanto no reconoció significación al tiempo transcurrido desde que tuvo lugar la transición al régimen procesal actual, ni al que pasó desde que se formuló el requerimiento de instrucción, ni al hecho de que todo lo actuado luego de esa requisitoria hasta la elevación de la causa a juicio se realizó bajo las normas del Código Procesal Penal de la Nación, con la participación sin objeciones de aquél.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.

- El juez Petracchi- en disidencia- declara inadmisible el recurso extraordinario (art.280 CPCCN).