marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Actualización monetaria, producción de la prueba, declaración de oficio
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad de Comodoro Rivadavia c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-12-29

"Se encuentra asentado el criterio, de que la ley 24283 no se trata de una ley de orden público, y por ende, no puede ser aplicada de oficio por los jueces, siendo por ello menester tener en cuenta que la desindexación se caracteriza por reclamar -como regla- la producción de prueba -habitualmente concretada a través de pericias contables, estadísticas o de otro tipo- demostrativas de que el cartabón indexatorio escogido judicialmente se ha desfasado y ya no refleja el valor real de los bienes en juego".
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, prejuzgamiento, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DIESER, MARIA GRACIELA Y FRATICELLI, CARLOS ANDRES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-30

El presentante postula la nulidad del pronunciamiento de la Corte por prejuzgamiento, en el entendimiento de que debieron haberse resuelto las dos impugnaciones en forma conjunta, dado que la presente sentencia habría importado un adelanto de opinión acerca del resultado de la otra; mas lo cierto es que, a diferencia de lo esgrimido por el Fiscal de Cámaras, correspondía primero decidir la validez o invalidez estructural de la sentencia para que luego, una vez sentada la validez del fallo, pudiera analizarse el planteo subsidiario de arbitrariedad probatoria, que se hubiera vuelto abstracto en caso de haberse considerado que el pronunciamiento de la Alzada era inválido (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Prunotto Laborde)
Sociedad anónima, impugnación de decisión asamblearia, suspensión de decisión asamblearia, aumento de capital social
Materia: COMERCIAL
Carátula: KNAPP, ALEJANDRO c/ ARINCO  S.C.A. s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-13

Constituye motivo grave para autorizar la suspensión cautelar de una decisión asamblearia cuando la ampliación de capital realizada resulta antijurídica entre otras causas por haber sido dispuesta en asamblea reunida sin el quorum necesario, importando la consecuencia ulterior de disminuir significativamente la participación en la sociedad de los recurrentes y privándolos indebidamente del control societario.

La falta de cumplimiento de requisitos exigidos por la ley en la asamblea que dispuso el aumento de capital, constituye prima facie, situación que otorga suficiente apoyatura a la medida provisoria adoptada en primera instancia; máxime cuando no ha sido criticada en el caso la reunión de los restantes recaudos exigidos por la LS:

252.
Compraventa, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: REINANTE CARLOS HERNAN c/ CALABRESE LEONARDO s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-30

Si resulta controvertida entre las partes la entrega del vehículo al comprador, cae en cabeza del vendedor la carga de probarlo -art. 375 del C.P.C.C.- pues precisamente la entrega de la cosa vendida es una obligación que la ley impone y que debe acreditarla -arts. 1323 y 1409 del C. Civil- pudiendo en caso de negativa del comprador a recibirla hacerse autorizar por el Juez para depositar la cosa vendida en un lugar determinado, y demandar el pago del precio o bien la resolución de la venta -art. 1430 del C. Civil-.-
Incapacidad laboral, reglas de la sana crítica, prueba pericial
Materia: PENAL
Carátula: FIGUEROA JOSE MIGUEL s/ S.D. HOMICIDIO SIMPLE; LESIONES GRAVES; LESIONES LEVES EN CONCURSO  REAL E.P. DE GONZALEZ JOSE LUIS Y OTROS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-02-11

A fin de determinar la incapacidad laborativa es necesario remitirse a la prueba pericial que si bien no es vinculante para los jueces, no puede apartarse de sus conclusiones con absoluta discrecionalidad, toda vez que se debe aplicar la sana crítica. Es decir, que los jueces tienen que ponderar imprescindiblemente otros elementos de juicio que le permitan concluir con el error o el inadecuado uso que el idóneo hubiere hecho de los conocimientos científicos de los que se suponen dotados los peritos, pues en aquellos supuestos en que la pericia se encuentra fundada en principios científicos inobjetables, y no hay en el proceso otra probanza que la desvirtúa, la misma sana crítica aconseja aceptar las conclusiones que emergen del peritaje.
Apartamiento del juez, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Stinfale, Víctor; Santángelo, Walter c/  s/ Rechazo de medidas de prueba
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-01

Procede apartar al magistrado interviniente, dado que la declaración de nulidad de un nuevo acto del proceso torna necesario el ejercicio de la facultad de apartamiento prevista en el ordenamiento ritual.
Instrumentos públicos, acta notarial, acta extraprotocolar, valor probatorio, autenticidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GRAZIOTIN AGUSTIN ROBERTO c/ ESTANCIA DON FELIPE Y/O RESPONSABLE CIVIL s/ Sumario (LIBRO: S129 - 064)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-02

El art. 979 del C.C. se encarga de enumerar las distintas clases de instrumentos públicos, sin dar una definición de ellos. En su inc. 2 establece que es cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado. Dice Salvat que el inc. se refiere a actas, notas, etc., los que a su vez pueden ser otorgados en protocolos o fuera de ellos.En el "Tratado de Derecho Civil, Borda, otorga el mismo carácter al acta extraprotocolar, expresando que las diligencias realizadas por los escribanos fuera de su protocolo, tienen siempre carácter de instrumentos públicos. Por su parte la ley provincial n: 3058 reglamentaria de las actividades notariales, se refiere expresamente a las actas extraprotocolares. Su art. 28 dice que esta ley denomina actas a los documentos que tienen por objeto la autenticidad, comprobación y fijación de hechos, aclarando a su vez el art. siguiente que por su forma, las actas pueden ser protocolares y extra-protocolares. La conclusión necesaria a que arribo, como es fácil advertir, es que el acta extraprotocolar levantada por escribano es instrumento público. Debiendo a renglón seguido entonces referirme a la fuerza probatoria del contenido de este tipo de instrumentos.- Debe distinguirse, 3 clases de menciones: a) menciones de hechos que el oficial público anuncia como cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia (art. 993), b) menciones de hechos simplemente declarados por las partes al oficial público y c) enunciaciones de hechos o actos jurídicos directamente relativos al acto jurídico que forma el objeto principal del instrumento público, pero independientemente de el art. 995. Las menciones de la primera clase hacen plena fe hasta que el instrumento público sea arguido de falso, las segundas hacen plena fe, pero sólo hasta la prueba en contrario y las terceras hasta la querella de falsedad o hasta la prueba en contrario, según se ataque el hecho de su declaración misma ante el escribano o la sinceridad de ellas. Resulta entonces así probado el crédito cuyo cobro reclama el actor, por haber sido reconocido por el demandado en un instrumento público, acta extraprotocolar cuyo contenido a su vez no ha sido redarguido de falso, ni se ha probado lo contrario. Además la autenticidad presumida del instrumento público se ve en el caso de marras confirmada por la falta de impugnación categórica, precisa y concretta por parte del demandado en el estadio procesal previsto por el art. 168 C.P.C.-
Recurso extraordinario federal, denegatoria del recurso, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Bernasconi,   Hernán Gustavo s/ asociación ilícita en calidad de jefe (causa Nº 10.237/98).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-16

Debe rechazarse el recurso extraordinario si el tribunal que dictó la sentencia contra la que se dirige no es el tribunal superior, según el art. 14 de la ley 48 (Disidencia de fundamentos de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A.

Bossert).
Culpa concurrente, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ASENCIO VALENTIN c/ ENRIQUE LUIS GIGLE Y OTRO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S117 - 133)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-09-20

Cuando se trata de la colisión entre dos automotores susceptibles de producir análogos riesgos (aunque no sean de la misma potencia y tamaño), la responsabilidad no puede fundarse en el riesgo creado, porque los dos vehículos son idóneos para provocar similares riesgos, de tal modo que este fundamento de la responsabilidad queda neutralizado, por lo que la cuestión debe decidirse rigurosamente a la luz de la culpa de los conductores.

Siendo un hecho notorio la multiplicación de los accidentes de tránsito, debidos principlamente a la despreocupación de los conductorees, es menester afirmar el concepto de culpa al apreciar el comportamiento de los que guian automotores, haciendo incidir la responsabilidad sobre los mismo cuando han incurrido en alguna imprudencia o negligencia, por leve que sea, que haya contribuido al suceso
Recusación con causa, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sra.Juez Civil y Comercial N.9, Dra. Gladys Esther Zamora e/autos c/ c/ INSSSeP s/ Incidente oposición por recusación con causa. Sra.Juez Civil y Comercial N°9, Dra. Gladys Esther Zamora e/autos c/ c/ INSSSeP s/ Incidente oposición por recusación con causa. Sra.Juez Civil y Comercial N°9, Dra. Gladys Esther Zamora e/autos c/ c/ INSSSeP s/ Incidente oposición por recusación con causa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-05-20|1996-05-20

Procede desestimar la recusación con causa entablada, en el entendimiento que la Magistrada de grado formuló juicio de mérito respecto de la diligencia cautelar incoada por el justiciable en la oportunidad legal pertinente, vale decir, en cumplimiento de su deber de expedirse acerca de la procedencia o improcedencia de la pretensión, sumando a ello que en tal supuesto los jueces están obligados a efectuar un análisis previsional de los hechos expuestos y derecho alegado, que si bien se exterioriza en un juicio negativo o positivo de valor, no pierde por ello su carácter de interino, en razón de la naturaleza del proceso cautelar. Doctrinariamente se tiene dicho que hay casos en que, por estar obligados a darla, su opinión no puede importar prejuzgamiento; y así, no lo hay cuando hace lugar a una medida precautoria. También jurisprudencialmente se ha decidido que el dictado de providencias precautorias no puede constituir prejuzgamiento puesto que allí el Juez sólo se pronuncia sobre la verosimilitud del derecho invocado por el pretendiente, al sólo efecto de la viabilidad de la medida de seguridad.
Recurso contencioso administrativo, auto de Presidencia, plazo, demanda, in dubio pro actione
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: QUINTERO, CLARO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   ADMISIBILIDAD.     CSJ EXPTE NRO 297-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-02-25

El Presidente de la Corte, en la oportunidad prevista en el artículo 25 de la Ley 4106, analiza si "prima facie" es admisible el recurso. Por ende, si para resolver ese aspecto se requiere previamente la substanciación de prueba que garantice el derecho de defensa del recurrente, y la posibilidad de contralor de la contraria, debe declararse admisible el recurso -solución compatible con el principio in dubio pro actione- desde que esos aspectos pueden satisfacerse ampliamente por vía de la excepción prevista en el artículo 39 in fine de la ley 4106. Ello sin perjuicio de las facultades de la contraria y las de este Tribunal, que está facultado para revisar en la sentencia definitiva el juicio de admisibilidad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Lope, Mario Félix c/ Bolsamar S.A.C.I. y F. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

La determinación de la causa que motiva el despido es, en principio, una cuestión de hecho exenta de casación y las disidencias del interesado que sólo exteriorizan su particular punto de vista sobre el tema resultan inhábiles para permitir su apertura.
Impuestos, régimen penal tributario, desvío de fondos, AFIP DGI, consulta técnica, procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: FLETICAR S.A. s/ Régimen penal tributario, actuaciones relacionadas con el recurso de  apelación Causa 35334
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

Si el informe técnico de la Dirección General Impositiva (Ley 23771, art. 16), es categórico en cuanto a que la firma imputada no ingresó las retenciones practicadas y contabilizadas por compra de ganado en pie destinado a ser faenado para el mercado interno, y en la declaración indagatoria el representante de esta reconoció haber destinado los fondos retenidos para financiar la reconversión de la empresa (en tanto el crédito fiscal a favor de la imputada sería menor al monto de la pretensión fiscal por lo que sería inatendible su compensación la que además no podría disponerse unilateralmente), corresponde disponer el procesamiento del encargado de la empresa por presunta infracción al art. 8 de la ley Penal Tributaria.
Despido del delegado gremial, exclusión de la tutela sindical, juicio sumarísimo, salarios caídos
Materia: LABORAL
Carátula: GALLETTI, Carlos c/ SHELL C.A.P.S.A. s/ Diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-16

Procede el pago de los salarios caídos durante el período que abarcó la sustanciación del juicio sumarísimo, cuando la suspensión del deber de otorgar tareas al trabajador se encontraba sujeta a la justificación de los motivos aludidos oportunamente por la empleadora para excluirlo de las garantías de su actividad gremial con fundamento en el primer párrafo in fine del art 52 de la ley 23551 y eso no ocurrió en la especie. Tal situación puede asimilarse, por vía analógica, a la prevista en el primer párrafo del art 224 LCT el cual contempla la suspensión preventiva del dependiente originada en una denuncia penal efectuada por el empleador y que posteriormente fuera desestimada o de la que resultare el sobreseimiento del imputado.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso
Materia: ELECTORAL
Carátula: Chamatrópulos Pablo s/ apela resolución acta N° 90 de la Junta Electoral Nacional distrito Buenos Aires Madeo Daniel N. -Apoderado del Partido Federal- s/ apela resol. Acta Nº 90 Junta Electoral Nacional distrito Buenos Aires
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-11|2010-02-11

La sola mención de preceptos constitucionales no basta para declarar la admisibilidad del recurso si no se da aquel requisito - la existencia de relación directa e inmediata entre las disposiciones constitucionales invocadas y lo resuelto por esta Cámara- (cf. Fallos 131:352; 147:96; 165:62; 181:290; 188:394; 194:220; 238:489 y 266:135, entre otros), pues lo contrario importaría privar indebidamente a la jurisdicción de la Corte Suprema de todo límite, pues no hay derecho que -en definitiva- no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cf. Fallos 238:488; 295:335; 310:2306 y 320:1546, entre otros).
Accidente de tránsito, responsabilidad del asegurador
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: VARGAS, ESTELA MABEL c/ COPACABA PORCO, LUCAS, TRANSPORTE FURLONG S.A., QBE LA BUENOS AIRES Y BVVA BANCO FRANCÉS S.A s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA TRANSPORTE FURLONG S.A., QBE LA BUENOS AIRES Y BVVA BANCO FRANCÉS S.A s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-09-21

Respecto del accionado que resulta obligado al pago, recordemos que el Art. 68 de la ley 24.449 impone una obligación autónoma en contra de la aseguradora por los daños que se produjeran en un accidente de tránsito; obligación que no es erga omnes, sino con relación a un asegurado y conforme las condiciones, vigencia y cobertura de la póliza de seguros, por lo que el débito en cabeza de una aseguradora será exigible, en tanto y en cuanto el siniestro tenga cobertura.
Transporte de pasajeros, daños y perjuicios, responsabilidad del transportador, responsabilidad objetiva, eximentes de responsabilidad, recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, indemnización, incapacidad sobreviniente, monto de la indemnización, daño moral, daño psíquico, gastos médicos
Materia: CIVIL
Carátula: C., M. S. c/ INDALO S. A. y otro. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-12

Los gastos de asistencia medico-farmacológica y personal resultan impugnados en razón de la falta de fundamentos y acreditaciones específicas, habiéndose determinado la suma con motivo de las erogaciones que razonablemente se generan ante un siniestro de la naturaleza del sufrido y en virtud de la circunstancia particulares.

Debe tenerse en cuenta que se trata de los gastos terapéuticos orientados al restablecimiento de la integridad psicofísica de la víctima del hecho pasados y futuros, incluyendo las necesidades de asistencia y movilidad, siendo una consecuencia forzosa del accidente, la jurisprudencia unánime sustenta un criterio flexible, no requiriendo prueba efectiva y acabada sobre la efectividad de los desembolsos y de su cuantía, destacando que lo fundamental es que la índole e importancia de los medios terapéuticos a que responden los gastos invocados tengan debida relación causal con el hecho.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Constitución Provincial, código procesal penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NOSEDA, SERGIO E.; GODOLY, EMILIANO A. c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-12

El recurrente no logra evidenciar en qué aspecto recae la alegada contradicción entre la norma constitucional y el sistema de organización de los Colegios de Cámara de Apelaciones en lo Penal, pues si bien el artículo 84 de la Constitución provincial refiere a la forma de integración del Tribunal de Alzada, no efectúa ninguna condición constitucional en orden a la distribución interna de la tarea jurisdiccional de los integrantes de los Colegios de Cámara, quienes -conforme la ley 13018- resolverán de manera pluripersonal o unipersonal según cuál sea la índole de la actuación que por vía recursiva se encuentre bajo examen (De la ampliación de fundamentos de los Dres. Gutiérrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Provincial, artículo 84; Ley 13018, artículo 21.
Materia: PENAL
Carátula: DR. WALTER NICOLAI SOLICITA EXIMICION DE PRISION A FAVOR DE SILVA RUBEN OMAR s/ RECURSO DE APELACION CRISTO, ROBERTO s/ s.d. ESTAFA e.p. SAYAGO, JOSE ENRIQUE HECTOR FERRANDO s/ HABEAS CORPUS CON EXIMICION DE PRISION A FAVOR DE MIGUEL BULACIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-01|2007-02-26|2007-02-28

Las condiciones personales y antecedentes del imputado, deben merituarse a fin de que al fijar la caución, esta última no sea de imposible cumplimiento, debiendo, en su fijación, tener en cuenta los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y libertad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Alvarez, Gumersindo s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se alegan supuestos apremios sufridos por el reo sin hacerse cargo de las razones invocadas para descartar la existencia de los apremios denunciados con apoyo de lo resuelto en la causa instruida con motivo de tal denuncia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, disminución de la pena, arrepentido
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mosqueda, Carlos Ariel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-05

El art. 29 ter de la ley 23.737 distingue como causas de reducción o levantamiento de la pena dos situaciones independientes: a)revelar la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o un significativo progreso de la investigación, b)aportar información que permita secuestrar sustancias, materias primas, precursores químicos, medios de transporte, valores, bienes, dinero o cualquier otro activo de importancia, provenientes de los delitos previstos en la ley. Será necesario para que se aplique este beneficio que se verifiquen, ante la concurrencia de cualquiera de estas dos hipótesis, un presupuesto subjetivo -que la persona que colabore esté investigada por la comisión de delitos previstos en la ley de estupefacientes- y una cierta condición temporal -que los datos sean aportados durante el proceso o antes de su iniciación-. Se requiere también, de acuerdo a las exigencias que señala el inciso b), que los efectos secuestrados en virtud de la información proporcionada deban proceder de o haberse originado en la comisión de alguno de los delitos vinculados con el narcotráfico que estén previstos en los arts. 5, 6, 7, 24 y 25 de la ley 23.737, descartándose la aplicación del benéfico tratamiento penal cuando el secuestro obtenido como consecuencia de los datos suministrados sea de sustancias estupefacientes tenidas en forma simple o con la finalidad de consumirlas personalmente (art. 14 idem). (Voto del Dr. Mitchell).
Delitos, daño, resistencia a la autoridad, competencia criminal y correccional, competencia nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Cerezuela, Esteban y otro c/  s/ Daños y resistencia o desobediencia a funcionario público Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-11

Corresponde mantener la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional para investigar el hecho presuntamente constitutivo del delito de daño (art. 183 del CP) que motivó el presente incidente. Al haberse imputado diversos hechos a una misma persona -algunos de ellos calificados como delitos de competencia Nacional y otros de competencia local-, una eficiente administración de justicia aconseja que la pesquisa quede a cargo de un único tribunal y en tanto en el caso la competencia más amplia corresponde a la Justicia Nacional, deberá ser ese fuero el que continúe interviniendo. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).