marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de obra, ruina
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cadi Breccia S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-15

Si la obra versó sobre la construcción de un barrio, el problema de los vicios ocultos por la cantidad de las viviendas, llega a ofrecer una complejidad que normalmente no ocurre cuando está frente a la locación de obra regulada por el Código Civil sobre una sola construcción o edificio (arts. 1629 y siguientes). Esa particular circunstancia gravita en la solución del caso que cabe aprehender cuidadosamente respecto del supuesto de hecho que aprehende el art. 1646 del Código Civil, concebido en materia de derecho privado, respecto de un contrato de locación de obra entre particulares, en que normalmente no ofrecen mayores dificultades verificar el vicio de construcción, o de suelo, o de mala calidad de los materiales. Y aunque quepa aplicar supletoriamente en el Derecho Administrativo esa disposición, no cabe dejar de tener en cuenta las circunstancias fácticas de verdadera complejidad, propias de una obra pública, como es la construcción de un barrio de viviendas compuesto por 256 casas, con la singularidad que mediaron diferentes recepciones provisorias parciales y diversas recepciones definitivas parciales a través del tiempo.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Kaswalder de Bustos, Malvina Rosa Nicéfora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1970-10-23

Los efectos propios de la cosa juzgada impiden cuestionar los derechos que han sido materia de decisión judicial. Ellos se hallan protegidos por el art. 17 de la Constitución Nacional y no pueden ser desconocidos por un organismo administrativo so pretexto de error o injusticia de la sentencia (voto del Doctor Luis Carlos Cabral).
Personal policial, Policía Provincial, Constitución Nacional, estabilidad del empleado público, derecho de trabajar, prescindibilidad, ley provincial, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Amaya, Carlos Alberto c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Interpretar que la ley 5629 de Córdoba, que suspendió la vigencia de la ley 5302 que reglamentaba el derecho constitucional a la estabilidad del personal policial, es una ley de prescindibilidad, no armoniza con los preceptos de la Constitución Nacional que garantizan el derecho a trabajar (art. 14) y el derecho a la estabilidad del empleado público (art. 14 nuevo).
Contratos administrativos, competencia, acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comunication Palmares y otro c/ Estado Provincial -Instituto Provincial de Lotería y Casinos- s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 6, C.P.C.A. y su acumulada B.  60.335, Posat, Francisco R. Acción de amparo. Cuestión de competencia, art. 6, C.P.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06

Si bien es cierto que el cuestionamiento de decisiones vinculadas con la celebración, ejecución, interpretación o rescisión de contratos administrativos constituye materia contencioso administrativa, ello es así sólo en la medida en que la impugnación se efectúe por sujetos que se encuentren legitimados para hacerlo.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Control de razonabilidad, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOSA, JOSE ERNESTO c/ GOBIERNO DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-II CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-18

El órgano jurisdiccional, puede y debe ejercer el control de razonabilidad, dentro del marco del régimen disciplinario o policial y la ley del personal policial del reglamento y la ley, tanto por razones de oportunidad y mérito, así como la conveniencia. La revocación del acto, por razones de legitimidad, constituye un medio idóneo de observar la ley, y cumplir con esta, acomodando el acto al derecho vigente en el momento de su emanación, con lo que, la administración ejerce una potestad de policía sobre sus propios actos, restableciendo así el orden jurídico violado. Revocación de los actos administrativos, por razones de ilegitimidad, constituye un deber, pues esta debe actuar siempre conforme a la legalidad.
Cuestiones de competencia, circunstancias sobrevinientes, desaparecidos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: IRUSTA O YRUSTA, ROBERTO AGUSTIN c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-10-18

En razón de que este Tribunal debe atender a las circunstancias existentes al momento de resolver -aunque las mismas sean sobrevinientes a la interposición del recurso de inconstitucionalidad-, y teniendo en cuenta la importancia que reviste para la cuestión de fondo debatida -si corresponde que entienda en la presente investigación la Justicia ordinaria o federal- como hecho nuevo el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas acompañado por el Defensor provincial al concurrir en queja ante esta Corte; más allá de la discusión acerca de si dicho funcionario puede o no patrocinar a las víctimas de delitos para constituirse como querellantes y de si en este caso concreto la hermana posee legitimación para ello, considerando la gravedad de los hechos investigados y a fin de salvaguardar los intereses de la presentante, de efectivizar la tutela judicial efectiva y evitar dilaciones indebidas y eventuales responsabilidades internacionales del Estado argentino, corresponde que este Tribunal ingrese en el tratamiento de los planteos esgrimidos por la pretensa querellante.
Competencia contencioso administrativa, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Pizarro, José Leonardo c/ Administración General de Asuntos Previsionales (A.G.A.P.) s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-03-07

En el ámbito judicial la resolución que hace lugar a la acción de amparo por mora, una vez firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, constituye un mandato judicial que debe ser cabalmente cumplido por la autoridad administrativa, en caso contrario resultan de aplicación las disposiciones del CPCC, entre ellas Art. 37, norma en la que se fundamenta la imposición de astreintes, asimismo en la norma específica contenida en el Art. 13, inc. e) -in fine- de la Ley 4795 de Amparo por Mora de la Administración.
Leyes, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad, por lo cual debe ser considerado como "ratio" final del orden jurídico por lo que es requisito indispensable que se encuentre cuestionado el reconocimiento de algún derecho concreto, a cuya efectividad obstaren las normas cuya validez se impugna.
Derecho contravencional y de faltas, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Galiano, Juan Ramón s/ Inf. art. 96 inc. f, dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Si contra la sentencia cntravencional de condena se dedujo recurso extraordinario de inconstitucionalidad, que fue declarado mal concedido y contra esta resolución se interpone recurso extraordinario que también fue denegado, aquella quedó firme con exclusión de los recursos inadmisibles interpuestos. (Minoría u opinión personal)
Elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, partidos políticos, financiamiento de campaña electoral
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento Libres del Sur y otros s/ amparo electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

No se encuentra arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en lo establecido por la resolución n° 463/MJYSGC/2021, ni en el bloque normativo donde ella se asienta -el art. 60 y cc del Código Electoral de la CABA, la forma de convocatoria que adhiere al régimen de simultaneidad de elecciones (decreto 118-GCBA-2021 y decreto 226-GCBA-2021) y la forma adoptada en el marco de lo establecido por la ley n° 268 para el financiamiento de campaña de las agrupaciones políticas, que no prevé específicamente un aporte público para la impresión de boletas-. Ello así, en tanto el esquema normativo descripto es posible y constitucional. Lo que eventualmente podría no serlo, es su aplicación concreta. Y en esta inteligencia, si la aplicación concreta da como resultado que efectivamente a ciertas agrupaciones o listas, por razones legítimas y atendibles, no les alcanza para cubrir el costo de las boletas necesarias para asistir a la elección, va de suyo que deben tener su tutela. Esto es lo que configura un caso, causa o controversia. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Nulidad procesal, requisitoria fiscal
Materia: PENAL
Carátula: ERBES GUILLERMO Y OTROS s/ ABUSO DE AUTORIDAD Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-10-05

Se viola el principio "nex iudex ex oficio", toda vez que la acción penal en relación al imputado no fue puesta en movimiento excitada por el órgano requirente. Si el Juez de Instrucción entendió que el mencionado aparecía sospechado o vinculado con la o las conductas supuestamente ilícitas investigadas, debió proceder de conformidad con la normativa prevista en el artículo 134 del Código Procesal Penal, corriendo vista al Agente Fiscal.
Plan de ahorro previo, base imponible, contribuyentes
Materia: COMERCIAL
Carátula: V. S.A. A. P. F. D. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-24

Las diferentes denominaciones no son más que especies de un mismo género: el sistema que se desarrolla a partir del ahorro previo.

La expresión "ahorro y préstamo para fines determinados" implica un concepto comprende todo un sistema que descansa sobre el necesario ahorro previo que el adquirente debe hacer hasta haber completado un monto mínimo previsto en el contrato, lo que, logrado, le otorgará el derecho a recibir un préstamo o un bien o un servicio, o un bien mueble, cuyo saldo deberá abonar en el número de las restantes cuotas estipuladas.- Si se trata de un bien, se aplicará a cuenta del precio el monto ahorrado, con más los intereses convenidos y acumulados hasta esa fecha. Que esta actividad implique "administración", no es óbice a la conclusión dada.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: LEHMANN, OLGA R. SOSA DE POR SI Y SU HIJA MENOR LEHMANN, ANDREA J c/ ASTILLEROS Y ARENAS ALZUA SRL s/ COBRO RUBROS LABORALES. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   Nº 11-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-06

De la confrontación de los agravios con la sentencia impugnada sólo se infiere el desacuerdo del recurrente con la tesis de los juzgadores en lo que atañe a cuestiones atinentes a la ponderación de la prueba rendida en autos y a la conclusión a la que arribaran en cuestiones de derecho común, materia que -más allá de su grado de acierto o error- no incumbe a esta Corte revisar, salvo hipótesis de arbitrariedad que no resulta acreditada en la especie.
Modificación de la cosa juzgada, concurso preventivo, medida de no innovar, concesión de obra pública, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Caminos del Rio Uruguay SA de Construcciones y Concesiones Viales  c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de apelacion artículo 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-20

Cabe modificar la resolución de grado que admitió la medida de no innovar solicitada por la concursada, con el efecto de prorrogar por el plazo de seis (6) meses el contrato de concesión de obra pública para la mejora, ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración de cierto corredor vial. Es que se estima que no se encuentran configurados los presupuestos para confirmar sin más, la medida ordenada por el plazo establecido por la juez de grado. Ello por cuanto, no se advierte la existencia de la verosimilitud del derecho que es requerida para el dictado de una medida como las que nos ocupa. No se desconoce que la concesión en cuestión es la única actividad que lleva a cabo la concursada y las consecuencias que su culminación puede acarrear, pero ello no puede habilitar la continuación de una concesión por un tiempo mayor al estipulado, cuyo vencimiento era conocido por la deudora hace varios años, y sin la conformidad del cocontratante. En ese marco, a los fines de no agravar la situación concursal, se aprecia conducente disponer que la medida recurrida cesará a los 30 días de notificada la presente, plazo en el que las partes involucradas deberán realizar todos aquellos trámites que fueran necesarios a los fines de finiquitar el contrato de concesión como fuera estipulado. Ello, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse, por acuerdo de partes en su caso y de así considerarlo procedente los organismos competentes, respecto de la prórroga de la concesión.
Preaviso, licencia diaria
Materia: LABORAL
Carátula: VILLEGAS, ADRIANO c/ ARGENTINA TELEVISORA COLOR - LS. 82 TV CANAL 7 s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-12-30

Aún cuando se haya preavisado al trabajador de la extinción del contrato laboral si no se le otorga la licencia diaria a que hace referencia el artículo 237 lct. tiene éste derecho al cobro de la indemnización substitutiva del preaviso.
Locación de obra, prescripción anual, cómputo del plazo, ruina
Materia: CIVIL
Carátula: MOROT, Edmundo c/ M.C.B.A s/ LOCACION DE OBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

A efectos de computar el plazo anual de prescripción dispuesto por el art. 1646 del Código Civil, debe estarse a las características de la construcción, pues no cabe exigir la degradación o destrucción total de la obra para considerar que jurídicamente existe ruina, sino que habrá de valorarse su aptitud para ser utilizada normalmente para el fin previsto al ser construida.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, recurso contencioso administrativo, policía, personal policial, remuneración, leyes, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ANDREASSI, HECTOR DARIO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ?RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 51 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-07-10

Corresponde rechazar la queja desde que los recurrentes insisten en sostener la vigencia de la ley 9134 y su consagración de un sistema de automática equiparación de remuneraciones del orden local al federal, y por ende la procedencia del recurso; mas sin delinear con suficiencia hipótesis de arbitrariedad que pongan en crisis la solución adoptada por la Cámara, al sostener que los sistemas de "enganche" constituyen, más que un componente del respectivo régimen salarial, el régimen salarial mismo, lo que dificulta la armoniosa articulación de la ley 9134, no sólo con la ley 6769 -que fija el núcleo básico de la remuneración- sino también con otras leyes que regularon determinados componentes de las remuneraciones del personal policial de la Provincia (leyes 9431, 9447, 9486 y 9561); por lo que concluir que la ley 9134 constituye un régimen como el que pretenden los actores, priva de sentido a los numerosos actos administrativos y leyes que a través de más de una década fueron delineando las políticas salariales con absoluta prescindencia de aquélla y pacífica aceptación del sector.

Por otro lado, consideró que los mecanismos de "enganche" han sido derogados tácitamente por la ley 10.472 (de Emergencia Económica y Reforma del Estado), mediante la cual la Provincia adhirió a lo establecido en los artículos 43, 44 y primero y segundo párrafos del artículo 45 de la ley 23.697, lo que imponía el deber de que las políticas salariales a instrumentarse a partir del 1.8.1989 excluyeran expresamente la aplicación de toda fórmula para la determinación de las remuneraciones en función de coeficientes, porcentajes, índices de precios de referencia o cualquier otro medio de cálculo que tuviese como base retribuciones distintas a las del propio cargo o categoría, o normas que establezcan la automática aplicación de mejores beneficios correspondientes a otros cargos, sectores, categorías laborales o escalafonarias o funciones cuando ellas no se ejerzan efectivamente.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, abogados, llamado de atención
Materia: PROCESAL
Carátula: Zamora, Federico s/ expediente N° 3001-1286/90.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

La reiteración de peticiones claramente improcedentes justifica llamar la atención al presentante a fin de evitar el dispendio jurisdiccional en lo sucesivo.
Procedimiento laboral, jueces, sentencia, prueba, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: AGUIRREA, GUSTAVO F. c/ LUND, ERNESTO s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-28

El sentenciante no esta obligado a valorar toda la prueba rendida sino aquella que considere pertinente para la solución a que arriba.

La soberanía acerca del mérito de la prueba en los procesos de naturaleza laboral, laboral, es mucho mas amplia que en los de naturaleza civil, de acuerdo a la letra y doctrina del art. 16 De la ley 1679 (art. 19 C.P.L.), Y que el sentenciante pueda preferir unos elementos de prueba sobre otros, pues ello hace a sus facultades privativas de apreciación, sin que sea obligatorio referirse en la sentencia a todos los aportados en autos, pues basta con que se mencione en forma clara y concreta a aquellos que se consideran conducentes para la resolución del caso.
Sentencia condenatoria, prisión, multa, accesorias legales, costas, lavado de activos, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Gastón Leandro Mercau c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-21

Procede condenar al imputado a la pena de cuatro años de prisión, multa, accesorias legales y costas, por ser autor penalmente responsable del delito de lavado de dinero -arts. 12, 19, 29 inc. 3°, 45 y 303 inc. 1° del CP, y 431 bis, 530, 531 y 533 del CPPN-; asimismo condenarlo a la pena única de nueve años y siete meses de prisión, multa del doble del monto de la operación de lavado de dinero, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena aquí impuesta y de la condena de ocho años y nueve meses de prisión, accesorias legales, multa y costas impuesta en el marco de una causa anterior. Para decidir así, se señala que luce acreditado el haber utilizado y puesto en circulación en el mercado -con el objeto de otorgarle apariencia de un origen lícito- sumas de dinero provenientes del comercio de estupefacientes, actividad que el condenado desplegó como miembro de una organización. Máxime no se advierten causales de justificación o de inculpabilidad que tornen lícita o irreprochable dicha conducta; por lo tanto, corresponde afirmar también su antijuridicidad y la culpabilidad de aquél.
Querella, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: P., L.J. c/ C., R.D.C. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-02-18

Quien querella no tiene por tal circunstancia impedimento alguno de accionar en sede civil reclamando la indemnización del daño; por lo cual aparece como más razonable asignar a la querella el efecto interruptivo y no suspensivo de la prescripción.
Acción contencioso administrativa, coparticipación federal, Estado Provincial, leyes, competencia contencioso administrativa y tributaria, control de constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 476 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-20

Corresponde declarar improcedente el presente recurso contencioso administrativo de ilegitimidad desde que no resulta acreditada la inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 11.123 ni la ilegitimidad de la reglamentación efectuada mediante el decreto 2.111/94 y la resolución 277/94 del Ministerio de Hacienda y Finanzas , sin que asista razón a la recurrente al sostener que las normas de coparticipación deben reglarse por normas especiales y no en forma desviada e indirecta a través de una ley interpretativa.

Sobre el punto es necesario destacar que la sola circunstancia que las modificaciones al régimen de coparticipación se dispusiera por ley en sentido formal, impone la conclusión que emana del órgano que la Constitución determina y a través del proceso legislativo constitucionalmente habilitado a introducir reformas en el esquema financiero y tributario provincial, y, como consecuencia de ello, también autorizado a introducir reformas al sistema de coparticipación de tributos en el orden provincial-municipal, disponiendo modificaciones a disposiciones concretas del Código Fiscal y la Ley Impositiva. Por tanto, su inconstitucionalidad debe demostrarse en concreto y no cabe presumirla.
Juicio ejecutivo, cheque
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Demetrio, Gasparin  c/ Manso, Agustín Horacio  s/ cobro ejecutivo (Inforec 911)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-10

Toda vez que del proceso resulta con toda evidencia que el cheque ha estado en poder de quien promovió esta ejecución, como la buena fe de la adquisición del valor por parte de éste ha de presumirse por imperio de lo normado en el artículo 19 de la ley 24.452 en particular y en general por el artículo 1919 del Código Civil y Comercial, no mediando prueba en contrario ni oposición de excepciones sustanciales de los artículos 19 y 20 de la citada ley, sólo resta concebir que haya llegado a su poder por entrega manual del papel, dando efecto transmisor de los derechos resultantes del cheque a aquel endoso en blanco, sin que sea óbice para ello el rechazo por el banco al ser presentado al cobro, en un establecimiento distinto.(arg. art. 13, segundo párrafo final, de la ley 24.452; Gómez Leo, O., "Nuevo manual de derecho cambiario", pág. 459.b). Como ha dicho el mencionado autor: "se debe tener en cuenta que si el último endoso anterior al rechazo fuera en blanco, su carácter anónimo permite, de hecho, negociar el cheque con la simple entrega del documento, y quien lo recibe, como para su cobro basta la legitimación real, podrá ejercer todos los derechos inherentes al título cambiario e inclusive, volver a transmitirlo por la simple entrega (arg. art. 15 de la ley 24.452).
Sentencia, acuerdo de partes
Materia: PROCESAL
Carátula: TOOL RESEARCH ARGENTINA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO      EXPTE NRO 165-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-24

La celebración de un acuerdo destinado a alterar los términos de una condena firme (en el caso, costas) debe ser explícita e inequívoca, porque de otro modo se está sometiendo al Juez nuevamente la cuestión ya resuelta, lo que no procede, por oponerse a ello los efectos de la cosa juzgada.