Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-10


Salta, 10 de Junio de 2011.- AUTOS Y VISTA: Esta Causa Nº I01-29538/11 de la Cámara de Acusación -Sala I- caratulada "Incidente de Prisión Domiciliaria", originaria del Juzgado de Instrucción Formal de 7º Nominación, Expte. Nº I01-21.605/11; y _______________________CONSIDERANDO______________________ El Dr. RAUL ROMAN dijo:

I) Que corresponde entender a este Tribunal, en el Recurso de Apelación con Expresión de Agravios interpuesto a fs. 17/20 en contra de la Resolución denegatoria de fs. 09, dada la admisibilidad de la impetración concedida a fs. 22.- a) Con fecha 23.05.11 el Sr. Juez de Instrucción Formal de 7º Nominación Dr. Jorge Raúl Sosa Vallejo, resuelve DENEGAR el Beneficio de PRISION DOMICILIARIA peticionado por el Dr. Carlos H. Cuellar a favor de su defendido Julio Cesar Baigorria, conforme lo estipulado por el art. 10 del CP.- Llega a esa conclusión el Juzgador, ante la solicitud de Prisión Domiciliaria fundada en la discapacidad de sordomudo del imputado Baigorria y de que no existe en la ciudad un lugar de detención en donde se puedan garantizar sus derechos fundamentales. Se argumenta que el nombrado no puede comunicarse con sus compañeros ni con el personal penitenciario, limitándose sólo a comer y dormir, siendo objeto de burlas y vejaciones. Rolando a fs. 06 informe de la División Sanidad en el que el Dr. Luis Ricardo Baez refiere que la Alcaidia General no cuenta con los medios ideales para asistir a un individuo hipoacústico.- La Agente Fiscal Nº 3, consigna el Auto, expresa que por los extremos planteados se deberá ocurrir por los organismos administrativos pertinentes quienes arbitraran los medios para resolver tales dificultades, pidiendo se ponga en conocimiento del Juez de Detenidos y Garantías la problemática, a los fines que estime pertinente en el marco de los arts. 29 bis y cctes. del CPP. Asimismo dictamina con criterio desfavorable lo solicitado por la Defensa, por cuanto no se ha verificado enfermedad alguna en el interno en el sentido establecido en el art. 10 inc. a) del CP, es decir dolencia que no requiera alojamiento hospitalario, no vislumbrándose un trato cruel o inhumano.- El A-quo al efecto de resolver lo peticionado, evaluando los distintos elementos traídos a consideración y compartiendo el dictamen Fiscal, estima que corresponde rechazar lo solicitado, toda vez que está explicitado en el art. 10 del CP que podrán, a criterio del Juez competente, cumplir la pena de reclusión o de prisión domiciliaria, el interno enfermo cuando la privación de la Libertad le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere alojamiento hospitalario; en este caso en particular, concluye el Magistrado, no se ha verificado enfermedad alguna en el interno Baigorria resultando improcedente la extensión del beneficio "in bona partem".- b) El Dr. Carlos H. Cuellar ejerciendo la Defensa Técnica de Julio César Baigorria Expresa Agravios a fs. 17/20, solicitando en definitiva se revoque la Resolución cuestionada, pidiendo cumpla su defendido la detención en su domicilio, ya que ello tiene encuadre en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, más aún cuando goza de la presunción legal de inocencia, la cual no puede ser vulnerada.- Entiende el recurrente que el Sr. Juez no ha fundamentado la Resolución en forma suficiente, ya que no se ha pronunciado en referencia a lo que es la hipoacusia, por cuanto la misma es una discapacidad que ha sido provocada por una enfermedad. Trae a colación el concepto de salud de la OMS en el sentido de que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. La salud es un derecho universal reconocido en el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el aspecto médico se ve a la discapacidad como una enfermedad causando directamente una deficiencia que requiere la asistencia médica sostenida y proporcionada bajo la forma de tratamiento individual por profesionales.- Conforme a esto considera el Dr. Cuellar no es correcto el entender que la afección que padece el imputado no encuadra en lo dispuesto por el art. 10 del CP. También se equivoca el Sr. Juez cuando señala que la privación de la libertad en el establecimiento carcelario, no impide tratar adecuadamente la dolencia. En este sentido se remite al informe del Dr. Luis Baez cuando dice que la Alcaidia General no cuenta con los medios ideales para asistir a un paciente hipoacustico.

La Defensa cree que se está en presencia de un vacío legal pues el código no se adecuó a las disposiciones internacionales para tratar a los detenidos con discapacidad. Contrariamente a lo dicho por el Juzgador que niega la aplicación de la analogía in bonam partem, señala que sí pueden ser alterados los límites de la punibilidad a favor del autor del injusto y así lo hizo la Exma. Cámara de Apelaciones de Rosario Sala II, en la causa W.D.G. s/ Lesiones Leves, que extendió a las lesiones leves la excusa absolutoria del casamiento posterior con la ofendida prevista para los injustos de índole sexual, judicialmente creó una nueva excusa absolutoria o condición de operatividad de la coerción penal. Sabido es que la analogía in bonam partem tiene un marco legal dentro del cual puede ser aplicada, ese marco está dado por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos incorporados en la Reforma del 1994.- Por otra parte la Defensa sostiene que el Juez no atendió al principio de inocencia conforme al estado procesal de la causa y lo dispuesto por el art. 18 de la CN, es decir que la privación de la libertad que el imputado padece durante la investigación, no es una condena. Tampoco tuvo en cuenta lo referido por la Constitución en relación a las Cárceles que deberán ser sanas y limpias para seguridad y no castigo de los detenidos en ellas. No evaluó el resolvente la discapacidad que padece el imputado, no existiendo en Salta un lugar de detención en el que se puedan garantizar los derechos fundamentales del imputado.- La persona sorda es incapaz o tendrá problemas para escuchar y esta pérdida de la capacidad auditiva parcial, puede ser un rasgo hereditario o consecuencia de una enfermedad o traumatismo. También menciona la Defensa que la forma en la que se encuentra detenido Baigorria, es gravemente ultrajante y vejatoria, por lo que no se cumple con las disposiciones constitucionales al respecto; también se desoye los tratados internacionales, recordando que nuestro país por ley 26378 adhiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, transcribiendo al efecto los arts. 14 y 15 de dicha convención.- Por último el apelante invoca el art. 29 bis del CPP el que determina las potestades del Juez de Detenidos y Garantías como autoridad provincial en todo lugar donde se dispongan internaciones o detenciones sin perjuicio de la facultades que competen a los demás Magistrados y Funcionarios. Aquel tendrá a su cargo el control y verificación de las condiciones de internación y detención como toda otra restricción a la libertad ambulatoria.- II) Que la ley 24.660 complementaria del Código Penal, preveía otro tipo de Prisión Domiciliaria con alcances más amplios de los que establecía el art. 10 del C.P., habiendo regulado el Instituto en relación a los condenados mayores de 70 años y a quienes padezcan de enfermedad incurable en periodo terminal, siendo reglamentada por el Dcto. Nº 1058, instrumento que suministra un concepto de lo que debe entenderse a los fines de la ley, por enfermedad incurable en periodo terminal. Pero hoy nos rige la ley 26472 que modifica la 24660 en sus arts. 32, 33 y 35 y el art. 10 del C.P.. En el art. 1 establece que el Juez de Ejecución o Juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria, estableciendo seguidamente los supuestos de aplicación del beneficio. El recurrente funda el pedido en los incs. a) y c) de esta norma, que contemplan el caso del interno enfermo cuando la privación de la libertad le impide recuperarse o tratarse adecuadamente, siem-pre que no correspondiera alojamiento en establecimiento hospitalario (a). El otro supuesto es cuando la privación de la Libertad del interno discapacitado en el establecimiento carcelario, sea inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel. Es decir que sobre estas dos hipótesis fluctúa el pedido de la defensa.- En principio cabe señalar que el otorgamiento de la Prisión Domiciliaria es una facultad discrecional, habida cuenta que la norma indica que el juez podrá disponer detención domiciliaria. Pero además de ello debe advertirse que se supedita el otorgamiento del beneficio, a los informes médico, psicológico y social conforme al art. 2 de la ley 26472 que modifica el art. 33 de la ley 24660.

Se advierte en este orden que en las actuaciones no obran los informes aludidos, siendo ellos de vital importancia, dado que conforme la norma la decisión judicial deberá fundarse en los mismos.- Y digo que no se produjeron tales informes o al menos no se agregaron en la causa, por cuanto el que obra a fs. 6 es notablemente insuficiente al no abarcar las disciplinas requeridas por la ley. De modo que entiendo no puede acogerse favorablemente el pedido de Prisión Domiciliaria ante la omisión señalada. Sin perjuicio de ello coincido con el Dictamen Fiscal en el sentido de que debe ponerse en conocimiento del Juez de Detenidos y Garantías la situación del interno Baigorria y la problemática en general.

Más allá del esforzado y meritorio Memorial de la Defensa, las razones expresadas impiden, a criterio del suscripto, conceder el beneficio.- Así las cosas ante la omisión indicada respecto a los informes médico, psicológico y social exigidos por la ley, voto por la Nulidad del Auto de fs. 9 por falta de fundamentación, arts. 115 y 161 del CPP.- El Dr. JULIO VICTOR PANCIO dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

Por ello la Sala I de la Cámara de Acusación, __________________________RESUELVE I.- DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución de fs. 9 por resultar arbitraria ante la falta de fundamentación, conforme a los arts. 115 y 161 del CPP y lo expresado en los considerandos de la presente.- II.- REGISTRESE, PROTOCOLICESE, NOTIFIQUESE y Bajen los autos al Juzgado de origen.-