marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión federal, medida de no innovar, moratoria impositiva, procedencia del recurso
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: AGRO INDUSTRIAS INCA SA c/ D.G.I. s/ CONCURSO PREV. INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-09

Procede el recurso extraordinario interpuesto contra la decisión que confirmo cierta medida cautelar -prohibicion de innovar consistente en que la DGI se abstenga de dar por decaida la moratoria a la que la concursada se acogiera (decreto 493/95 y resolución 4077/95) en el supuesto de que la misma no sea cancelada en efectivo-, cuando -como en el caso-, surge que medio discernimiento sobre materias concernientes a esas normas (ley 48, art. 14-3), tal el decreto 49/95, la resolucion general (DGI) N? 4077 y las leyes 24073 y 24463 (en el marco de esta última la DGI cuestionó la medida).
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: MESSING GUILLERMO c/ CALOMITE ALBERTO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-04

Cuando se impugnan cuestiones de hecho y prueba, el apelante no puede agraviarse formulando apreciaciones genéricas y debe indicar de modo concreto donde existe el error invocado y cuáles son, debidamente individualizados, los hechos y circunstancias acreditados en el proceso con virtualidad suficiente para rebatir los argumentos desarrollados por el juzgador.
Pensiones, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Nacional -Gendarmería Nacional- c/ Briganti Inés s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-11

Entre una inteligencia de normas en debate que conduzca a la denegación del derecho y otra que sin violación de su texto, permita su reconocimiento, debe preferirse la segunda (Fallos: 290:445).

(Del voto del juez Coviello, consid. IV.B.7).
Actos jurídicos, simulación, mandato, ejecución del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: DANIEL ANGELORO c/ ENRIQUE ANGELORO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-31

Cuando el acto jurídico ha sido obrado con interposición real de personas que no aparecen como parte en el acto el mismo es válido y no adolece de simulación.

Por ello si existe una interposición real de personas, el acto denuncia un consentimiento perfecto: el "tradens" ha querido enajenar el bien a favor del "accipiens" y no de un tercero oculto del ostensible adquirente. Si el tercero tiene derecho a adquirir el bien enajenado no es por razón del acto otorgado a favor del testaferro, sino del convenio paralelo celebrado con él, por ello la vía adecuada es la acción de cumplimiento de mandato (CCIV: 1904, 1090, 1911 y 1929).
Seguros, automotores, seguro de daños patrimoniales, indemnización, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Soriano Yañez, Ricardo Luis c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-21

Cabe rechazar la demanda promovida por el cobro del seguro instrumentado por en una póliza que cubría, entre otros riesgos, el de robo y hurto total del vehículo, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios que dijo haber padecido el actor como consecuencia del incumplimiento que imputó a la empresa demandada por no haber abonado la cobertura contratada. Es que habiéndose producido el siniestro con posterioridad a la transmisión del interés asegurado y no habiéndose notificado oportunamente a la aseguradora dicha transmisión, su liberación es irrefutable (ley 17418: 82, último párrafo; CNCom, Sala D, 22/2/11, "Automóviles Vicente López SACIFI c/ La República Compañía Argentina de Seguros Generales SA s/ ordinario").
Derecho contravencional, uso indebido del espacio público, transporte de pasajeros, falta de certificado habilitante, sentencia, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Uber y otros c/  s/ s/ 83 - usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) (art.86 según TC Ley 5666 y modif.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

El planteo relativo a la gravedad institucional, tal como viene articulado, no satisface los requisitos de la doctrina pretoriana referida en tanto no aparece respaldado por un fundamento idóneo para demostrar de qué manera la decisión recaída en el caso efectivamente incidiría sobre los intereses de la comunidad o principios institucionales básicos de la Constitución Nacional (cf. Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Cómputo privilegiado de la privación de libertad, cómputo del plazo, duración del proceso, inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, garantías procesales, afianzar la justicia, interpretación de la ley, ley reglamentaria, Pacto de San José de Costa Rica, facultades discrecionales del juez, excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: PUCCIO, Arquímides s/ Causa 44.273
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-10

a) Son inconstitucionales los arts. 1 y 2 de la ley 24.390, en tanto fijan un término rígido y común a todos los procesos judiciales de 3 años como máximo para mantener el encarcelamiento de los encartados, sin atender la entidad de los hechos atribuidos, lo que significa sin más, desatender la significación ético social de cada uno de los casos en detrimento del interés de la sociedad toda; tarea ésta que nadie más que el Juez está legitimado para ejercer, bajo control, obvio es, de las distintas instancias que garantizan la justicia de la solución. Además, si bien la citada ley se dice reglamentaria del art. 7, inc. 5° del Pacto de San José de Costa Rica, cabe consignar que mientras éste establece que "toda persona detenida...tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad..." razonabilidad que es del resorte exclusivo de los jueces, con arreglo a cada caso singular ; los arts.

1 y 2 de la ley 24.390, establecen en cambio un plazo de 2 años, extensible a tres y a seis meses, sustituyendo así, legislativamente, la idea de "razonabilidad" por el decurso de un tiempo fijo, debiendo necesariamente tenerse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máximo Tribunal de garantías constitucionales, interpretó la misma disposición del Pacto de San José de Costa Rica, considerando que la razonabilidad a que él alude no puede traducirse en un número fijo de días, semanas, meses o años, debiendo siempre estar relacionado, con el juicio a pronunciarse, con las circunstancias concretas de cada caso a resolverse.

b) Es deber del Tribunal considerar oficiosamente la constitucionalidad de la ley 24.390, si advierte discordancia entre ella, que se dice reglamentaria del Pacto de San José de Costa Rica, y el texto de dicho pacto -art. 7, inc. 5°- incorporado ahora a la Constitución Nacional con jerarquía superior a las leyes emanadas del Congreso de la Nación, en razón de ello debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que:"es elemental...examinar las leyes, compararlas con el texto constitucional, averiguar si guardan o no conformidad con ella, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición...".
Procedimiento administrativo, recurso de reconsideración, habilitación de instancia, Cámara Federal de la Seguridad Social, exceso ritual manifiesto, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: GRUNDICORD S.A. c/ C.A.S.F.E.C. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-25

Si bien el remedio procesal intentado -en el caso, deducido el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, el organismo administrativo ratificó la resolución y elevó las actuaciones a la Cámara para la consideración del recurso jerárquico- no encuadra en lo prescripto por el art. 39 bis, inc. c) del Dec. Ley 1285/58, modificado por la ley 24.463, conforme lo decidido por la C.S.J.N.

en los casos "Vilte, Cesáreo 23.06.83); "Calvo, Julio Cesar 29.11.84) y "Mendez Casariego, Dora M. 06.05.86) corresponde la apertura de la instancia (arts. 9 y 11 ley 23.473, modificado por la ley 24.463). Ello así en virtud de que, concordante también con lo señalado por el más Alto Tribunal de la Nación, cabe prescindir del "nomen iuris" utilizado por los accionantes y atender a la real sustancia de sus peticiones (Fallo 308:2412), pues en materia de seguridad social, la actividad jurisdiccional no debe teñirse de un excesivo rigor formal que conlleve el riesgo cierto de caer en inseguridad jurídica y cercenamiento del derecho de defensa del justiciable (cfr. C.S.J.N., "Foti, Virgilio Fluvio", sent. del 31.03.92; "Vázquez Recaredo, Ernesto", sent. del 04.05.93; entre muchos otros). (Del voto de la mayoría. El Dr. Chirinos votó en disidencia).
Despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Cáceres, Pedro Rafael c/ Barrancas del Paraná S.A. s/ Cobro de Pesos y Entrega de Certificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-21

El actor no sólo no probó sino que no alegó en forma clara y precisa, los perjuicios que pudieran ocasionarle el cambio de horario a lo que debemos sumarle que recién en esta instancia introduce la cuestión económica.
Admisibilidad formal, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Britez Cristian c/  s/ abuso sexual con acceso carnal calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-06-27

Procede declarar formalmente admisible el recurso de casación deducido con fundamento en lo normado en el art. 422 del Código Procesal Penal de la Provincia de Formosa, pues el recurso fue presentado en tiempo y con las formalidades de ley, surgiendo de su lectura una exposición clara de los agravios serios y suficientes para la apertura de la instancia casatoria.
Obligaciones del abogado, facultades disciplinarias del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Dres. Duarte Daniel y Alfonso Arrechea s/ Recurso - Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-11

La función de los letrados de las partes, integra el servicio judicial como auxiliares del mismo; en consecuencia en tal función les cabe no solo el derecho a su consideración como un magistrado sino también los deberes de lealtad, propiedad y buena fe.

Correlativamente constituye un deber de los jueces prevenir y sancionar todo acto que afecte tanto el respeto, y la consideración que debe mantenerse entre cada uno de los integrantes de ese servicio, o transgredan alguno de los deberes señalados.
Marcas, marcas confundibles, acceso a la justicia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Grupo Editorial Planeta SAIyC c/  s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-17

La regulación de cierto procedimiento a cargo de Nic Argentina, relacionado con la disputa en torno al mejor derecho sobre determinado dominio (ver punto 11 del anexo I de la Resolución n° 654/09), no entraña una instancia obligatoria para quien pretende cuestionar un registro; incluso es posible que planteado el problema ante Nic Argentina, esta entidad no pueda determinar a quién asiste razón, con lo cual para resolver el conflicto las partes deben acudir "por la vía que estimen corresponder" (ver punto 11 de la resolución aludida), y en ese sentido, el acceso a la justicia entraña una vía garantizada constitucionalmente.
Subasta, automotores, depósito judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: GRECO HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA s/ QUIEBRA - INCIDENTE SUBASTA DE AUTOMOTORES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-28

Tratándose de subasta de automotores, sus particulares características y naturaleza justifican una excepción al régimen del depósito y ello conlleva el reconocimiento de una suma de dinero en concepto de gastos a favor de quien los realizó.
Declaración indagatoria, interrogatorio de identificación
Materia: PENAL
Carátula: CARBONE DE CARRIK s/ DECLARACION   INDAGATORIA  -  VERSION  INCOMPLETA  -  DEFICIENCIAS  -  PROBANZAS SUPLETORIAS - NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-11-14

Habrá preguntado por el delito y por los demás hechos y pormenores que puedan conducir a descubrir los antecedentes y causas que lo motivaron y que produjeron su ejecución, lo cierto es, que lo que importa de todo el interrogatorio es que el encausado haya sido simplemente indagado sobre el hecho doloso incriminado. Pues toda circunstancia que se haya omitido acerca del mismo, puede suplirse con otras probanzas allegadas al proceso, lo que permitirá así fundar legalmente la acusación.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, presunta víctima, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: M.G.E.N. (en rep. de su hija )  c/ N.A.F.  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2022-04-06

La Corte Interamericana agregó que la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima (caso "J. vs. Perú", párrafo 329). Y, en similar sentido aplicable al caso, se sostuvo que aunque las señales físicas corroboren que hubo actos violentos, se ha planteado que su ausencia no sirve para descartar esa posibilidad (Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará -MESECVI-, Recomendación General Nº 1, pág. 13). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann sin disidencias)
Regulación de honorarios, emergencia económica, ley de emergencia económica, pesificación, orden público, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: BROZOSKI FABIAN R. Y OTRA c/ PESCASUR S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-04-21

Corresponde hacer lugar al recurso de casación, por quebrantamiento de formas sustanciales, decretando la nulidad de la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones, en atención a que en el caso de autos, la regulación de honorarios profesionales debió ser analizada, en el marco de ley de emergencia ley 25.561, decreto 214/02 y normas complementarias (que disponen la transformación a pesos de todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en dólares estadounidenses, u otras monedas extranjeras que no se encontrasen ya convertidas a pesos) toda vez que la ley de mención es de orden público y ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos, con los limites contenidos en el artículo 505 del Código Civil, todo de conformidad con las pautas indicativas prevista en la ley provincial 1.519 de honorarios profesionales.
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, cantidad de estupefacientes, establecimientos penitenciarios, peligrosidad del imputado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Guerrero, Emanuel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-23

La tenencia de una ínfima cantidad de droga dentro de una zapatilla determina la inexistencia de daño con trascendencia a terceros, sin que la circunstancia de que la sustancia fuera hallada en una unidad carcelaria configure -por sí- la existencia de un peligro concreto para la salud de terceros. La disidencia sostuvo que la conducta imputada al interno no está amparada por un ámbito de privacidad constitucionalmente tutelado, sino que del contexto en el que se encuentra el condenado se desprende el riesgo y la trascendencia que el comportamiento tiene para terceros, siendo que la injerencia estatal también se justifica en el rol de garante que tiene respecto de toda la población carcelaria.
Recurso contencioso administrativo, medida de no innovar, acto administrativo, nulidad del acto administrativo, decretos, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Noruzi S. A. c/ Provincia de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de ilegitimidad o anulación y de  plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-07-10

Resulta improcedente la medida cautelar de no innovar solicitada por la actora en el marco de una acción de ilegitimidad, anulación y plena jurisdicción articulada con el objeto de que se declare la nulidad del decreto provincial que ordena el retiro de la actora del Registro de Construcciones y Licitaciones de Obras Públicas. Toda vez que lo pretendido se intenta contra un acto de la Administración pública, razón por la que debe acreditarse prima facie, "sin que ello importe solución de fondo", la ausencia de la legalidad del acto o arbitrariedad manifiesta, ya que los actos administrativos gozan en principio, de la presunción de legalidad y fuerza ejecutoria, lo que no resulta demostrado en el presente caso, excluyendo "per se" la calificación de arbitrariedad manifiesta, que es requisito sine qua non para la procedencia de la verosimilitud del derecho y, requisito ineludible a su vez, para la procedencia de la medida cautelar solicitada.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, exposición de los hechos, fundamentación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Loguzzo,  Alicia  Beatriz c/ Federación  de Obreros y EmpleadosTelefónicos Foetra s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

Para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión.
Recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: CORRALES EVE c/ EDMUNDO SUAREZ s/ DECLARACION DE SIMULACION DE DERECHO Y ACCIONES HEREDITARIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1992-03-27

Para que la sentencia sea descalificada por arbitrariedad, debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la misma, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas, no siendo suficientes las meras discrepancias subjetivas.
Transporte de carga, flete, falta de pago, embargo preventivo, Ley de Navegación, ley federal
Materia: NAVEGACION
Carátula: AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL SA c/ ASTILLEROS ALIANZA SA s/ EMBARGO DE MERCADERIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-06

Las prescripciones procesales de la Ley de la Navegación 20.094 ostentan prioridad aplicativa, en el aspecto que se debate, con relación a las contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; conclusión que se deriva tanto de la naturaleza federal y especial de aquélla, como por la circunstancia de que dichas normas presentan una inescindible adherencia a las normas pertinentes del derecho material (cfr. F. Carnelutti, "Sistema de Derecho Procesal Civil", T. I, N. 31, pág. 100, traducido por S. Sentis Melendo y N.

Alcalá -Zamora y Castillo, Bs. As. 1944) que son, justamente, las que determinan los requisitos bajo los cuales son admisibles las acciones para el cobro de fletes (cfr. Sala I, Causa 1150, "Fletamar Cenvaril SA s/Ejecución Comercial" del 16.4.82). Pero por lo demás, el especial régimen legal sobre el que se asienta el trámite cumplido, tiene fundamento en el particularismo y autonomía que tienen las soluciones del derecho de la navegación, las que hacen que sólo se permita la aplicación del derecho de fondo y procesal común, a falta de disposiciones específicas y en cuanto no se pudiere recurrir a la analogía (cfr. art. 1., Ley 20.094; esta Sala, Causa 2269 "Columbia SA de Seg. c/Bq Cap. San Antonio" del 17.4.84; Sala II, Causa 7480 "Deutz Argentina SA c/ELMA" del 22.6.79; etc.); particularismo ese que, en lo que hace específicamente al régimen procesal del embargo de carga en garantía del pago del flete y otros gastos que corren por cuenta del transportista y/o armador, ha sido destacado por la doctrina (cfr. Ray, J. D. "Derecho de la Navegación -Particularismo y Autonomía", n. 32, págs. 94/96, Bs. As. 1959).
Medidas cautelares, resoluciones anteriores a la sentencia, uso y habitación
Materia: PROCESAL
Carátula: RMM c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en R. M., M. contra GCBA sobre incidente de apelación - amparo - habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-17

La provisoriedad es uno de los aspectos que caracterizan a las medidas cautelares (conf. art. 182 del CCAyT). Así es que pueden ser modificadas cuando la variación de la situación de hecho existente al momento en que fueron dispuestas o denegadas lo justifique, ya que no producen cosa juzgada. En consecuencia, de configurarse la denegatoria administrativa a la asistencia solicitada, la parte actora podrá replantear su pretensión. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe. Voto en igual sentido del juez Luis Francisco Lozano, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Conciliación, homologación administrativa, actuaciones administrativas, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Carballo de Nobal, Armonía y otra c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Diferencia de haberes Correa, María Z. y otra c/ Telefónica de Argentina S.A. (T.A.S.A.) s/ Indemnización por despido Miner, Atilio Rodolfo c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Ley 9688; art. 212 L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-08|1995-03-28|1996-06-14

No media cosa juzgada si la autoridad administrativa del trabajo al homologar el convenio celebrado entre las partes no se pronunció acerca de la procedencia o no de los rubros que integran el objeto de la posterior demanda judicial
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vinent, Pablo c/ Piñeiro de Amette, María Luisa y otros s/ Prescripción veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-05

El usucapiente debe acreditar fehacientemente los extremos de su acción, y entre ellos cuándo comenzó a poseer para sí, a fin de poder tener por cumplido el plazo legal.
Honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Farmacia Ojeda c/ Colegio de Farmacéuticos de la Pcia de Bs As s/ Anulación de baja del sistema unificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

Si la actora pretendió que se declarara la nulidad de la baja que había dispuesto el Colegio de Farmacéuticos de La Plata, excluyéndola así del sistema unificado de prestaciones a obras sociales, el asunto de autos tiene un innegable contenido patrimonial, susceptible de apreciación pecuniaria, pues de haberse mantenido la exclusión la reclamante hubiese sufrido el impedimento de realizar una serie importante de actos de comercio, por lo que no corresponde aplicar el art. 49 del decreto-ley 8904 en la regulación de honorarios.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Melo, Ricardo Evaristo; Delano, Luis Alberto s/ Robo automotor. Privación ilegítima de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

Debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia violación del art. 50 del Código Penal si la reincidencia fue declarada en la instancia originaria y no fue impugnada al expresar agravios por lo que no puede ahora someterse el punto a conocimiento de esta Corte.