marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Escritos judiciales, plazos procesales, plazo de gracia
Materia: PROCESAL
Carátula: SILVIA AMIN ZINCANELLI c/ CHARCAS 3387  SRL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-31

La presentación efectuada un minuto después de vencido el plazo del CPR 124 es tardía. Ello por cuanto la admisión de cualquier tardanza ulterior a dicho plazo "de gracia". Aún exigua, implicaría extender dicha licencia más allá de la preceptiva legal. Excluye que esta solución configure exceso ritual el ser aplicación estricta de la ley.
Recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensor  Oficial  de  Cámara  en  lo  Civil,  Comercial  y Laboral s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-06-16

El mero replanteo de cuestiones de hecho y prueba es materia ajena a los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley; la diversidad de criterios es una consecuencia natural e inevitable del ejercicio de la potestad jurisdiccional de los magistrados cuando interpretan y aplican las leyes según sus propios criterios, salvo existencia de absurdo lógico. Así las sentencias de Cámara no pueden ser descalificadas por la sola disconformidad del apelante con la interpretación y valoración de hechos y pruebas que efectúa la misma, cuando no se aprecia incoherencia en el pronunciamiento ni auto - contradicción, mucho menos cuando reúne las condiciones indispensables para considerarla acto jurídico válido, al no ser atacada razonablemente en el "juicio lógico" o estructura del silogismo que encierra el fallo.
Postulación como candidato, competencia
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sobre Incidente de Apelación - Causas Electorales - Reconocimiento de Alianza/Oficialización de Candidatos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-21

La limitación que establece el art. 86 del Código Electoral, en cuanto a que las listas (no las personas impugnantes) son las que pueden apelar la resolución de la Junta Electoral ante el Tribunal Electoral, se corresponde con la exclusividad que el art. 77 del referido código asegura a las agrupaciones políticas para la postulación de precandidatos. El sistema no está concebido a esa altura como un derecho de la o del precandidata/o a participar de la elección interna, sino como uno de la agrupación. De ahí que sólo las listas sean las legitimadas para recurrir la decisión de la Junta ante el Tribunal Electoral. Las/los ciudadanas/os pueden estimular pronunciamientos de las Juntas Electorales. Operan en ese aspecto con el alcance de las normas que se dé la agrupación política, pero, a los fines externos como denunciantes. Esa legislación no resulta caprichosa. Es la concentración suficiente de competencia para asegurar a todas las listas una aplicación uniforme de las reglas generales que rigen los comicios. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución prendaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de La Pampa c/ E. Zubiri S.A. s/ Ejec. prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-18

El pronunciamiento de la Cámara que en una ejecución prendaria rechaza la excepción de pago opuesta por el ejecutado por no resultar acreditada en autos la dación en pago alegada ni configurada la novación de la obligación, reviste carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial. (Minoría u opinión personal)
Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, empleados públicos, idoneidad para la función
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KEAODEELERT, PETCHSAMORN PHOMMACHAN DE c/ MUNICIPALIDAD DE CORONDA. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 193 AÑO 95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

Se ha interpretado que el artículo 16 de la Constitución nacional, al hacer referencia a que todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad, constituye un precepto al que debe atenerse la Administración cuando hace designaciones o nombramientos. "El referido precepto sólo importa una regla de conducta a la que debe atenerse el Estado cuando nombra o designa funcionarios o empleados públicos. De acuerdo a dicha regla, 'todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad', con lo cual quedan proscriptas las discriminaciones. Respetando ese criterio constitucional, y el que surja de los textos reglamentarios (que entonces integran el "bloque de la legalidad"), la Administración Pública, al designar sus agentes, obrará dentro de la juridicidad" .Por lo tanto, puede afirmarse que desde la propia Carta Magna nacional se ha impuesto un verdadero deber al cual se encuentran sujetos el Estado federal, los Estados provinciales, Municipios y demás entes que conforman todo el sector público a la hora de cubrir los cargos que se hallan en su estructura orgánica.
Quiebra, desapoderamiento, daño moral, legitimación activa
Materia: COMERCIAL
Carátula: LARREGUI, MARIANO c/ BANCO ITAU BUEN AYRE s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

La sindicatura carece de legitimación para actuar en una causa en la que el fallido reclama la indemnización por el daño moral que le causara la erronea e injustificada información que la entidad bancaria accionada elevó al Banco Central para que lo incluyera en la base de datos de deudores del sistema financiero, toda vez que el desapoderamiento que provoca la quiebra no se extiende a tales indemnizaciones y, en tanto la legitimación configura uno de los presupuestos basicos del ejercicio de la funcion judicial, su ausencia puede ser declarada de oficio (cfr. Palacio l. y Alvarado Velloso, a., "codigo procesal civil y comercial de la Nación", Santa Fe, 1993, t. 7, p. 356), correspondiendo al juzgador definir las consecuencias prácticas de esa declaración.
Beneficio de litigar sin gastos, procedimiento laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: CAVALLERO, MAXIMO N. Y OTRO c/ ENCOTEL s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-31

El beneficio de litigar sin gastos tiene fundamento en la necesidad de garantizar la defensa en juicio y mantener la igualdad de las partes en el proceso; circunstancia que no es preciso acreditar al inicio de las actuaciones en razón de la exención de gravámenes fiscales previstos por la ley de Procedimiento Laboral, pero si se hace imprescindible cuando se dan presupuestos para que se los exima del pago de las costas en caso de condenación hasta tanto mejore la fortuna (conf. art. 84 del C.P.C. y C.).
Auto de clausura del sumario, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DR. YÑARRA, R. s/ SUMARIO - CLAUSURA - PRUEBA - RECURSOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

El auto de clausura del sumario solamente admite actividad recursiva en el caso previsto por el art. 429 del C.P.M.P., resultando improcedente la impugnación por parte del Fiscal, del auto que no hace lugar a la prueba requerida, a modo de cuestionamiento de dicha clausura.
Competencia, competencia por la persona, prórroga de la competencia, declaración de incompetencia, derechos del consumidor, relación de consumo, actuación de oficio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Reinomar S.A. c/ Carrizo Selva del Carmen. s/ Ejecutivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-12-01

De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 36 y concordantes de la Ley de Defensa del Consumidor, el 163 inc. 5º CPCC y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el caso "Cuevas" -1/09/2010-, el magistrado debe declararse incompetente de oficio para entender en la ejecución de un título cambiario, ya que la circunstancia de que el accionante haya iniciado varios juicios similares y que el demandado sea una persona física, permite inferir que existe una relación de consumo entre las partes.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Serena, Melisa c/  s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-07-11

Se evidencia que las alegaciones de la recurrente, pese a su intento de encuadrarlas en las previsiones del artículo 1, inciso 1 de la ley 7055, no importan otra cosa que un simple supuesto de disconformidad con el mecanismo disciplinario dispuesto por la ley 13807, sin entrañar una cuestión constitucional como se pretende, desde que no demuestra cómo el pretendido avasallamiento de facultades del Poder Legislativo por sobre el Judicial, con desborde de los límites constitucionales podría haberse configurado, mas allá de su opinión en contrario. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 13807; Ley 7055, artículo 1, inciso 1
Ahorro obligatorio, actualización monetaria, inconstitucionalidad, derecho de propiedad, confiscatoriedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INDO  S.A. c/ F.N.  D.G.I. s/ REPETICION (LEY 11.683)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-23

El sistema de ajuste contemplado en el art. 4 de la Ley 23.256 (Ahorro Obligatorio) y su modificación, tradujo en la hipótesis de autos efectos confiscatorios, lesivos del derecho de propiedad garantizado por la C.N. (art. 17).
Acción de amparo, reforma de la constitución
Materia: CIVIL
Carátula: ESQUIVEL, César O. c/ M.C.B.A.-ESCUELA NACIONAL NORMAL DE LENGUAS VIVAS- s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-29

El art. 43 de la Constitución Nacional diseña el amparo para atender exclusivamente a hipótesis de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas. Por ello, si el acto que se denuncia como lesivo no padece de un vicio palmariamente arbitrario o ilegal, el amparo no resulta ser la vía idónea para su impugnación.-
Feria judicial, habilitación de feria, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRECA HNOS. s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-01-31

Resulta improcedente la habilitación de la feria judicial al no advertirse una situación que configure demora y que torne operativa la apertura del feriado judicial, no sólo por el escaso tiempo que resta para la reanudación del periodo judicial ordinario, sino porque el propio juez de feria tomo ciertos recaudos en resguardo de los intereses de los aqui apelantes. Ello así por cuanto -como en el caso- la decisión apelada declaró la incompetencia del juzgado de feria para entender en una nueva medida cautelar solicitada por los acreedores laborales, que tiene por objeto el embargo de las cuentas bancarias de quienes habrian percibido ciertos fondos -sus ex letrados-, circunstancia que justifica que la sala de feria no intervenga en la cuestión de competencia sobre la cual versa la apelación. (En el caso, en el marco de una distribución de fondos, en la cual la juez de la quiebra ordenó a la sucursal del banco provincia -ubicada en Coronel vidal- el correspondiente pago a los acreedores laborales, la entidad bancaria retuvo a ciertos trabajadores un porcentaje del dividendo concursal, fundada dicha retención en la decisión adoptada por un juez de paz de dicha localidad, quien en razón de haber homologado un pacto de cuota litis que habrian celebrado alguno de esos ex dependientes y sus anteriores letrados, ordenó la traba de un embargo en virtud de ese pacto, sobre el 22% del dividendo transferido a los trabajadores).
Acción de amparo, acceso a la información pública, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, balance, presupuesto
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mihura Estrada, Ricardo y otros c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-18

Es procedente la acción de amparo interpuesta por abogados en su carácter de matriculados y delegados titulares de la Asamblea de Delegados contra el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a fin que se ordene a este último a brindar información sobre balances contables y presupuesto, en tanto media una directa vinculación entre el acceso a la información y el resguardo de la transparencia y la publicidad de la gestión de los asuntos públicos, lo que resulta aplicable a un entidad que administra fondos que resultan de aportes compulsivos fijados por la ley, lo cual ve reforzado por el principio de máxima divulgación que rige en la materia, según el cual toda información en poder de autoridades públicas debe presumirse accesible, sujeta a un sistema restringido de excepciones legales. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Tribunal de cuentas, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Magnanini, Luis J. c/ Provincia de Bs. As. s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11

El art. 26 de la ley 4373 (t.o. 1976, por decreto 930/77), al autorizar la demanda de nulidad de los fallos del Tribunal de Cuentas, por errónea interpretación y aplicación del derecho invocado, delimitó una materia contencioso administrativa, sometida a la facultad revisora de la Suprema Corte en virtud de lo dispuesto por el art. 149 inc. 3 de la Constitución Provincial.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHANDIA JOSE c/ ATILIO GUADARESCHI SANITA Y OT. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A074 - 205)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-06-15

En primera instancia se dispuso que, con carácter previo, se determinase al titular registral del automotor. Tal decisión, tomada de conformidad a las facultades de dirección del proceso, resultaba adecuada a los fines de una ordenada tramitación de la causa, y en modo alguno constituía un obstáculo insalvable para la apelante. La determinación del civilmente responsable pudo llevarse a cabo, sobradamente, previo al cumplimiento del plazo para que se operara la perención, y aún más, en forma previa a la interposición de la demanda.
Trabajadores de la construcción, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: BURGOS, JESUS V. c/ AUTOPISTAS URBANAS SA. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-27

A los fines del pago de la indemnización que corresponde por accidentes del trabajo, dentro del régimen de la construcción, debe tomarse el salario básico de convenio con exclusión de cualquier otro tipo de retribución que por cualquier titulo se abone al trabajador.
Concursos, calificación de conducta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tissoni, Héctor Ruben s/ Incidente calificación de conducta en autos:Tissoni, Héctor s/  Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-13

Desde el momento que adquiere firmeza el auto que clausura el procedimiento por falta de activo, es al fallido al que le corresponde probar que su obra no fue fraudulenta (art. 234, L.C.).
Leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Ríos, Amalia c/ Morales, Juan Alberto y Empresa de Transporte Godoy S.R.L. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y perjuicios (Expte. CSJ Nº   1954-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-10

El artículo 1103 del Código Civil, limita la autoridad de la sentencia absolutorio en sede penal a la inexistencia del hecho principal cuando de allí se derivó la absolución, pero no alcanza la falta de culpa del imputado que llevó a absolverlo no obstante su autoría del hecho.
Recurso de casación, cuestiones procesales, violación de la ley o doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: La Riojana C.C.I.S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-11-29

Puede invocarse violación de la ley sustantiva (art. 257 del C.P.C.

inc. 1) y peticionar la nulidad del pronunciamiento, cuando la ley que se reputa violada reviste carácter procesal, siempre y cuando la misma se presente como objeto del juicio, dando lugar, si es falsa o erróneamente aplicada "in iudicando", a la causal del inc. 1 del art. 257, por cuanto el interés en la uniforme interpretación jurisprudencial existe también respecto del derecho procesal.
Transporte de carga por agua, conocimiento de embarque, responsabilidad del transportador, responsabilidad solidaria, Ley de Navegación, vacío legal, código aeronáutico, aplicación analógica de la ley
Materia: NAVEGACION
Carátula: REPUESTOS LA COMERCIAL S.A. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. Y/O FLET. BQ. CALA MEDITERRANEA s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-29

El conocimiento de embarque fue otorgado por ELMA S.A. mas el transporte fue realizado por Cala Mediterránea, respecto de la cual aquélla no revestía la calidad de propietaria o armadora. La ley de la Navegación no contempla expresamente la situación de un transporte contratado con una empresa y ejecutado por otra, "por lo que es pertinente resolver la situación atendiendo a lo que disponen leyes análogas (art. 1°, ley 20094). En este sentido, el art. 153 del Código Aeronáutico establece que el usuario podrá demandar tanto al transportador con quien contrató como al que ejecutó el transporte y ambos le responderán solidariamente por los daños que se le hubiesen originado, sin perjuicio de las acciones que pudieran interponerse entre ellos". Aquel precepto fue aplicado por la Sala tanto en materia de transporte aéreo cuanto marítimo, "ámbito este último en el que también resulta valiosa la solución...".
Acción de amparo, enfermedad celíaca, obligaciones de la obra social, cobertura médica
Materia: CIVIL
Carátula: Rainone, Marcia L c/ Obra Social de la Fundación Médica de Mar del Plata - HPC- s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-05-24

La obra social demandada debe cubrir al afiliado que padece de celiaquía el 70% entre la diferencia del costo de las "harinas y premezclas" libres de gluten respecto de aquellas que no lo poseen, y no todo tipo de alimentos libres de gluten, pues la letra de la ley la 26.588 y el DR 528/2011 es clara al respecto.
Medidas cautelares, automotores, radicación de automotores, automotor radicado en el extranjero, interdicción de salida
Materia: CIVIL
Carátula: Grance de Sánchez, Teodora por sí y en nombre y representación de sus hijos menores c/ Transporte Corona S.A. y/o Cía. Aseguradora y/o responsable del camión Volvo dominio K216671 s/ Daños y perjuicios representación de sus hijos menores c/ Transporte Corona S.A. y/o Cía. Aseguradora y/o responsable del camión Volvo dominio K216671 s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-07-02

La exigencia (informar sobre titularidad del dominio) resulta viable en relación con vehículos automotores inscriptos en los registros pertinentes de la República Argentina, conforme con la legislación vigente en la materia, pero no para automotores radicados en otros países, que se encuentran en tránsito en la República, habida cuenta que, respecto de éstos, los recaudos exigidos para la acreditación de la titularidad del dominio, en los casos mencionados en último término, se determina a través del análisis de la documentación mediante la cual la autoridad competente en la materia, autorizó, oportunamente, el ingreso y tránsito del automotor en cuestión, al país.

Que en cuanto a la medida cautelar solicitada, nada obsta, asimismo, a la concresión del embargo, con interdicción de salida del país, de la unidad involucrada, una vez acreditada -en la forma precedentemente indicada- la titularidad del dominio sobre el automotor de que se trata, de la persona del demandado en autos. Fundamento del Dr. Lotto.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de la ley, ley federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Elías, Jalife s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

Procede el recurso extraordinario si se encuentra en tela de juicio la interpretación de normas federales - ley 20.680 y resolución 913/91 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - y la decisión alcanzada ha sido contraria al derecho que la apelante fundó en aquélla.
Pena, reincidencia, libertad condicional, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: R., C. s/ Libertad condicional (Expte Nº  197-99, Resolución Nº  133, Tomo 5,  Folio 194)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-11-23

¿Se ha establecido una prohibición general para la concesión de la libertad condicional a las personas que en cualquier momento de su historia hubieren sido declaradas reincidentes (obviamente, siempre que el informe respectivo resulte valorable), o, por el contrario, la reincidencia que tiene esa fuerza obstaculizante de la libertad tiene que haber sido establecida en relación al mismo hecho por el que se cumple pena y en el que se solicita la libertad condicional?.Aunque en principio una interpretación literal pareciera acordar razón a la primera de las alternativas planteadas, una mayor reflexión lleva a una conclusión distinta. Es que: 1) habiendo adherido nuestra Constitución -merced al otorgamiento a las disposiciones del Pacto Interamericano de Derechos Humanos de rango constitucional- a la idea de que la pena debe cumplir un fin de resocialización del condenado, 2) habiéndose reiterado tal propósito en la Ley de Ejecución de las penas privativas de libertad actualmente vigente, 3) observándose que la última parte del artículo 50 del Código Penal niega capacidad para producir nuevas reincidencias a las condenas impuestas, luego de que hubiere transcurrido un determinado lapso que en el caso se había superado, y, 4) advirtiéndose que el artículo 51 del Código Penal prohíbe informar sobre condenas realmente impuestas vencido ciertos términos, la conclusión que cabe extraer de la conjunción de todas estas disposiciones normativas, es la de que de ninguna manera se tiende a imponer a los condenados penas que lo sigan inexorablemente a través de toda su vida con un sentido gravoso y estigmatizante, sino que se procura que una vez cumplida la pena que se le impusiere se reintegre plenamente a la vida social. En tal entendimiento, si acordáramos a la disposición plasmada en el artículo 14 del Código Penal una intelección conforme a la cual una declaración jurisdiccional de reincidencia ha de seguir al condenado durante toda su vida impidiéndole la obtención de eventuales y futuras libertades condicionales, estaríamos negando lo que la ley quiere con las anteriores disposiciones, ya que la marca de la reincidencia lo perseguirá siempre gravosamente. Lo expuesto nos lleva a concluir que se adecua mucho más a la finalidad actualmente acordada al cumplimiento de las penas, una interpretación del artículo 14 del Código Penal de acuerdo a la que sólo tiene capacidad para obstaculizar el otorgamiento de una libertad condicional, aquella reincidencia que hubiere sido declarada jurisdiccionalmente en relación al mismo hecho por el que se está cumpliendo pena. Aplicando el criterio señalado al presente caso, donde se evidencia que el interno no fue declarado reincidente al condenárselo e imponérsele la pena que actualmente está cumpliendo y cuyo agotamiento pretende satisfacer en estado de libertad condicional, la conclusión es que debe hacerse lugar al pedido de libertad condicional que formulara.