Recurso de apelación (procesal), calidad de parte, fundamentación del recurso, situación del imputado, consumación del delito, Derecho penal, bien jurídico protegido, sistema acusatorio
Materia: PENAL
Carátula: EL SR. FISCAL PENAL Nº 1 FEDERICO OBEID s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-06-11

Que la cuestión se centra en dilucidar si la presente causa se encontraba o no iniciada con anterioridad a la entrada en vigencia de la primera etapa del nuevo Proceso Penal de Salta.

Ello porque en las normas de implementación del nuevo régimen en el punto 2 se establece que únicamente continuarán su trámite bajo las normas de las Leyes 6345, 7262 y 7562: las causas iniciadas con anterioridad a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 7690, es decir el 06/06/2012 y en consonancia con ello en el art. 3 del nuevo sistema se establece que el nuevo código se aplicará a las causas que se inicien a partir de su entrada en vigencia.

El principio general es que existe proceso penal cuando se incorpora intimación acusatoria trasladable al acusado. Antes de ello puede existir la pretensión de poner en marcha una acción penal que no encontró todavía su destino.

El proceso es bilateral, la relación jurídica procesal se insinúa ya en el avocamiento, en el que la jurisdicción entiende que se encuentra ante un hecho de naturaleza penal y anuncia su intervención, habilitando con ello el ejercicio de defensas (como por ejemplo las de protección de la neutralidad del órgano juzgador por medio de planteos recusatorios).

Se perfecciona cuando se convoca al imputado a declarar, en los procesos que incluyen de modo inexcusable este llamado, circunstancia en que se trasladan los cargos acusatorios mediante el anoticiamiento de los elementos de convicción.

En algunos modelos acusatorios, entendido el derecho a declarar como lo que es, "un derecho", el acusado es el que expresa, cuando quiere y si lo quiere, su deseo de hacerlo.

En esta variante, suple a ese acto una audiencia de intimación, en donde se le hace conocer al imputado el inicio del proceso con ilustración de la carga acusatoria y recordatorio de sus derechos.

Sin embargo, ese momento formal, como inicio de cómputo de plazos, o como activante de derechos del acusado, puede en ocasiones ser desplazado anticipándoselo en el tiempo, cuando aún sin mediar la declaración formal de avocamiento se hayan practicados actos que conculquen garantías constitucionales en perjuicio del investigado.

Así, en el caso Suarez Rosero c/Ecuador, la C.I.D.H en fallo del 17/11/97, señaló que el primer acto del procedimiento había sido la aprehensión de Suárez Rosero el 23 de junio de 1992 y, por lo tanto, a partir de ese momento debía comenzar a apreciarse la razonabilidad del plazo.

Pero como surge del principio pro homine, bajo el cual deben ser interpretados los Derechos fundamentales y las Garantías judiciales incorporadas en los instrumentos internacionales incorporados al Bloque de Constitucionalidad, nos encontramos obligados a antedatar el inicio efectivo del proceso sólo cuando de aquella operación mejor se protejan los Derechos del Acusado y no para perjudicarlos con un procedimiento más gravoso, sobre todo teniendo en cuenta que no corre por cuenta de ese sujeto (acusado eventual) el sostenimiento de los agravios.

Por otra parte lo dicho claramente evita que se sujete a la voluntad unilateral del Ministerio Público de la Acusación la elección del régimen procesal penal aplicable, beneficiando de este modo de la propia mora, por ejemplo, con plazos procesales más amplios para preparar la acusación.

Corresponde entonces concluir que el proceso no fue en este caso iniciado bajo la vigencia del sistema anterior, siendo de aplicación en consecuencia la regla del artículo 3 del Código Ley Nº 7690 que manda aplicar el nuevo procedimiento a las causas que se inicien a partir de su vigencia, por lo que el recurso interpuesto debe ser rechazado . (Según el voto del Dr. Abel Fleming)