marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interventor federal, gobierno nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Zavalía, José Luis c/ Provincia de Santiago del Estero y Estado Nacional s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-21

El interventor federal tiene un doble carácter, y, en consecuencia, también lo tienen los actos que realiza; representa al gobierno federal, pero es también un representante promiscuo y necesario de la provincia hasta tanto sean reorganizados los poderes locales, es decir que actúa con una doble personalidad y realiza actos que gozan de una u otra naturaleza y que pueden ser calificados de diversa manera.
Cheque, responsabilidad del banco
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Casa Sferra en Comandita por Acciones c/ Banco Río de la Plata S.A. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-02

Establecido un contrato de cuenta corriente bancaria y el correspondiente pacto para la libranza de cheques, es dable exigir al empleado bancario que intervino en la autorización del cheque, acorde con lo dispuesto en el artº 902 del CCI, una perspicacia mayor que la que el hombre común pone en el cuidado de sus negocios, un control de tipo profesional -bancario, cartular- que le permita advertir la irregularidad intrínseca del documento y obrar en consecuencia, toda vez que deberá responder no sólo de los efectos previsibles para cualquier hombre, sino también de los que no pueden pasar desapercibidos para él dado su condición especial -bancario- que lo obliga a actuar con atención y cautela sumas o, como dice la ley, con prudencia y pleno conocimiento de las cosas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Z., C. D. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-07-05

La Cámara consideró apropiado que el Tribunal Colegiado haya declarado inadmisible el recurso por entender que la impugnante no había logrado demostrar la configuración de la causal prevista en el artículo 42 de la ley 10160 -inciso 1-, por no existir apartamiento manifiesto de las formas sustanciales para la decisión del litigio, toda vez que -entendió- sus reproches en general se apoyan en la valoración de los hechos y la prueba que hizo el tribunal, pero sobre ello la sentencia se ha expresado abundantemente brindando los razonamientos para decidir como lo hizo; y ello puede satisfacer o no a la recurrente, pero de ninguna manera implica tildar a la sentencia de arbitraria, contradictoria o falta de fundamentación por la circunstancia de no haber decidido en el modo que la parte pretendía. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 42, inciso 1.
Administración Pública, obligaciones, empleados públicos, pago de la remuneración, competencia contencioso administrativa, vacío legal, aplicación supletoria de la ley, convenios colectivos de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: MENDEZ, JORGE ALBERTO LUIS Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 403 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09

En el ordenamiento administrativo provincial, no se encuentra establecida una norma expresa que establezca el plazo en que la Administración debe abonar los salarios de sus dependientes. Tampoco existen normas provinciales aplicables por analogía ni principios generales de derecho administrativo ni de derecho público local que permitan resolver la cuestión. Aclarado ello, debe recordarse que si bien la Ley de Contrato de Trabajo dispone como regla que no es aplicable a los dependientes de la Administración pública nacional, provincial o municipal, no es menos cierto que contempla una excepción al referido impedimento, consistente en que por acto expreso de la Administración se incluya a los agentes a la aplicación de la ley o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo.
Accidente de tránsito, lesiones, gastos de traslado, gastos médicos, gastos de vestido
Materia: COMERCIAL
Carátula: PIERI  DE VALLEJOS, SARAH ENCARNACION c/ LINEAS DE COLECTIVOS 109Y 124 S/ s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-07

En una acción en la que se reclama el resarcimiento de los daños sufridos como consecuencia de un accidente de tránsito, procede otorgar resarcimiento -como en el caso- en concepto de gastos de traslado, tintorería e indumentaria. En tal sentido cabe precisar, que hay cierto tipo de daños cuya prueba resulta imposible o extremadamente dificultosa o que no es usual exigir comprobantes tales como el precio por el uso de taxis porque ellos se presumen, siempre dentro del contexto del proceso y de las circunstancias que rodearon al hecho. Es común, que deban realizarse gastos de traslados a centros asistenciales y adquisición de productos farmacéuticos, solventados por los particulares afectados, que no son reembolsados por las obras sociales que limitan su asistencia pecuniaria a determinados aspectos y circunstancias de la atención sanitaria, no comprensivos de todas las erogaciones que aparejan el cuidado de la salud comprometida por un accidente. Así, los gastos de traslado no necesitan ser probados documentalmente, sino que será menester en cada caso atender a la índole de las lesiones sufridas por la víctima del accidente, la imposibilidad de desplazamiento en transportes públicos y la necesidad de concurrir al centro hospitalario (CNESP CIV Y COM, sala III, 4.4.86, in re "Aguirre Sinforiana c/ Empresa 9 de Julio s/ sum.", y CNCIV, sala f, 12.4.94, in re "Paez Iramendy, Carlos A c/ Martino Mario R s/ daños y perjs."). Lo mismo ocurre con los gastos de ropa, extras de internación y farmacéuticos.
Desindexación, crédito laboral
Materia: CIVIL LABORAL
Carátula: LAHOZ DE TERZANO, ANA MARIA BEATRIZ c/ CIELOS DEL SUR S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-07-29

Si bien es cierto que este tribunal a sostenido que la ley 24283 no alcanza a los créditos laborales, en autos nº1.450 - Montaño F.M. c/ Talleres Metalúrgicos Clavijo S.A. Autos nº1994; lo concreto es que no cabe mas que seguir el criterio contrario sustentado por nuestra excma. Corte de justicia (en concordancia con lo resuelto por la suprema corte de justicia nacional), en autos 1209 Sánchez, Oscar c/Gerónimo Pontoriero-incidente y casación Sala II, 6/3/96 que no debe perderse de vista, que nuestro mas alto tribunal en la causa referida, entendió que aun no mediando jurisprudencia vinculante, las decisiones de la corte sobre casos similares o idénticos, no pueden desconocerse por los tribunales de grado, pues importaría producir un dispendio innecesario de jurisdicción, repitiendo conceptos que debieron ser receptados en la primera oportunidad.

Que por ello, propicio se recepte este agravio de la demanda, se dispone en consecuencia que el monto de los rubros mandados pagar, no podrá superar el que corresponda, tomando como base de referencia el salario actual del cargo o función que desempeñaba la actora; lo que determinara el perito a designarse.
Procedimiento administrativo, forma del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EKON EMPRESA DE COMUNICACIONES  S.R.L. c/ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-26

Las formas, en el derecho, tienen finalidad, máxime cuando se intenta atribuir a la omisión de la administración un contenido determinado, si la ley, voluntad soberana, ha establecido una serie de recaudos no cabe al juzgador, pretorianamente, interpretar la utilidad o inutilidad de los mismos, puesto que estas razones de oportunidad no conveniencia le son completamente ajenas.
Locación, plazo
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: GAY JULIO c/ LOMBRONI RAUL ALEJANDRO Y QUIENES RESULTEN OCUPANTES s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-11-14

La intimación extrajudicial previa, no resulta invalidada porque en ella se haya fijado para el pago un plazo menor al legal pues, en ese plazo legal y si no lo hace, pone de manifiesto una incuria que no puede justificarse. Ello es aplicable al plazo convenido por el mismo fundamento.
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, negativa del trabajador, consignación judicial
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO  JOHANNA  ELIZABETH c/ ACTIONLINE DE ARGENTINA S.A. Y OTROS/ s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-30

La sola puesta a disposición del certificado de trabajo por parte de la demandada no resulta suficiente a fin de tener por cumplimentada la obligación de entrega prevista en el art. 80 L.C.T.. Para que el deudor quede desobligado la ley le acuerda distintos mecanismos de los que puede valerse para el cumplimiento efectivo de las obligaciones a su cargo. Por ende, en el supuesto caso en que la actora se niegue a recibir las certificaciones, la demandada puede consignarlas judicialmente para cumplir efectivamente su obligación y eximirse de toda responsabilidad.
Recurso de casación, interpretación del contrato, contrato de trabajo, adicional por zona
Materia: Laboral
Carátula: ACOSTA, Julio César y otros c/ BANCO ODDONE y otro s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-10-23

Tratándose de analizar la cláusula normativa de la Convención Colectiva de Trabajo, que establece el adicional por zona desfavorable o alejada, del personal bancario, corresponde decidirse por una interpretación legal amplia y el beneficio del "favor creditoris" que en materia laboral corresponde al trabajador, asimilando el convenio colectivo a las leyes para su interpretación, obviamente con la limitación del artículo 16 de la ley de Contrato de Trabajo.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, Tribunal Fiscal de la Nación, recurso de reconsideración
Materia: PROCESAL
Carátula: Barone S.A.C.I.F.I. c/ Dirección General Impositiva. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-06

Es descalificable la sentencia que -con fundamento en que, en virtud de lo resuelto por el Tribunal Fiscal, se había producido una variación de las circunstancias que habían motivado su anterior pronunciamiento- justificó un nuevo examen de una cuestión que ya había sido resuelta mediante un pronunciamiento que se encontraba firme, pues la sentencia del Tribunal Fiscal no hizo más que coincidir con lo ya señalado por el a quo en su anterior pronunciamiento, con respecto a que la vía del recurso de reconsideración ante el superior del organismo recaudador y la de la apelación ante dicho Tribunal eran excluyentes.
Medidas cautelares, sucesiones, demanda contra la sucesión, bienes inmuebles, inscripción registral, inoponibilidad a terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCHMULEVICH DE GLASER, SUSANA c/ SCHMULEVICH DE ZUNDER, MERCEDES s/ INC  MED.  CAUT.  S/ INC. DE NULIDAD POR MORDJIM VDA. DE SCHMULEVICH.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-26

Los derechos reconocidos sobre inmuebles a favor de los herederos de una sucesión queda larvado respecto de los terceros hasta que se obtenga el modo de conferirle publicidad, que en el caso es la inscripción ante el registro respectivo, conforme lo dispone el cciv 2505 y disposiciones de la ley 17801. Mientras esto no ocurra, los terceros acreedores podrán proceder sobre el patrimonio de la deudora. Cabe atribuir la calificación de tercero al acreedor, en tanto se encuentra excluido de lo dispuesto al efecto por el art. 20 de la ley cit., ya que se trata de persona distinta a los intervinientes interesados.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Méndez, Agustín Antonio y Díaz, Ricardo Héctor s/ Homicidio y lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

El art. 263 regla 4 inc. a) del Código de Procedimiento Penal no rige para las Cámaras de Apelación, las que sólo están obligadas a tratar los motivos de agravio en los términos del art. 342 de dicho ordenamiento legal.
Falta de mérito, falsificación de marca o designación, fraude a la propiedad intelectual
Materia: PENAL
Carátula: LOWENSTEIN, Alejandro. s/ LEY 11723
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-31

No corresponde dictar la falta de mérito respecto del imputado que fue denunciado por vender sin autorización, desde su casilla de e-mail, productos grabados en compact disc junto con un catálogo, toda vez que dicha conducta podría infringir la ley 11.723 de propiedad intelectual.
Recurso directo, defensa del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: B.B. SA c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Apelación art. 7 Ley 4219
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-01

Este Cuerpo, después de analizar las distintas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, sentó criterio en orden a la naturaleza jurídica del recurso jurisdiccional que la misma Ley Provincial Nro. 4.219 prevé en su art. 7 para acceder al control judicial de un acto administrativo que pudiera haber dictado algún órgano de aplicación de la citada normativa.

De este modo y diferenciándose esta vía recursiva con las acciones judiciales propiamente dichas, sostuve que aquélla permite efectuar una revisión inmediata de la decisión administrativa en una gradualidad mínima, limitada a la legalidad de los procedimientos y decisiones seguidas por la Administración, más no importa un juicio pleno, con prueba y debate, reservado a las acciones.

En fin, la revisión o apelación directa en tratamiento es conferida, en los casos en que la Administración "juzga" en ejercicio del poder de policía y en cumplimiento de funciones reglamentarias, fiscalizadoras, sancionatorias, periciales, etc.; y presentándose como una suerte de privilegio que hace, al decir de Elías Guastavino, "más expedita y efectiva la tutela de los intereses públicos".
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa de automotores, vicios, pena de reparación, responsabilidad del fabricante, indemnización, costo financiero, principio de adquisición, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Padula, Marcelo Nestor c/ Sauma One San Isidro SA y otros s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-12

En ese marco, la parte actora no ha acreditado suficientemente que la adquisición financiada de un nuevo vehículo tuviera un nexo causal con la reparación defectuosa del automotor. Tampoco demostró que fuera una consecuencia prevista o que pudiera haberse previsto al momento de la contratación del servicio de reparación del automotor ni que las conductas de las demandadas calificasen como dolosas.
Subasta, acreedor embargante, partes del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Consorcio de Prop. Calle Mansilla 3331-33 c/ Propietario Unidad 29 piso 8vo. dto. B s/ Cobro de Expensas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-18

Si bien los acreedores embargantes pueden controlar el procedimiento y el acto de la subasta, en la que pueden mejorar el precio y resultar eventualmente compradores, no revisten el carácter de partes en la ejecución, ni se hallan facultados para solicitar el aumento de la base, limitándose su actuación a la posibilidad de hacer valer su derecho preferente en la etapa de distribución de fondos prevista en el art. 590 del Código Procesal.
Jurisprudencia, obligatoriedad del precedente
Materia: LABORAL
Carátula: Leiva, Horacio y otros c/ Swift Armour S.A. s/ Despido Sola, Alberto C. c/ Sein y Cía SAIC y C. s/ Indemnización art. 212, LCT Correa, Oscar Jesús c/ Carboclor Industrias Químicas S.A.I.C. s/ Indemnización por enfermedad accidente, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-06|2001-10-24|2002-02-19

Es de la esencia de la función judicial el deber de aplicar directamente la Constitución y la ley, sin que estas normas deban ser previamente interpretadas, con efecto vinculante, en otras sentencias judiciales en su momento dictadas para resolver otros casos concretos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, existencia de otras vías, diferencias salariales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DELLA CHA, CARLOS ALBERTO. c/ PROVINCIA DE NEUQUEN. s/ ACCIÓN DE AMPARO - (Expte. Nº 471457/12)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-09

El medio elegido "acción de amparo" no puede suplantar los procedimientos específicos establecidos por el legislador a los fines de tutelar el derecho de raigambre constitucional en juego, si como en el presente caso se circunscribe al cese de los descuentos de haberes a la parte actora, como consecuencia de una Disposición Zonal que determinó la baja del cargo de jefe de enfermería. [...] el amparo no es la vía idónea para canalizar dicho reclamo. [...] La pretensión cuenta con una vía idónea de respuesta jurisdiccional: la acción procesal administrativa y, siempre, podrá solicitar y el Tribunal evaluará acerca de la procedencia de anticipar cautelarmente la protección jurisdiccional que se pretenda.
Trabajador, silencio del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: C., C. J. c/ Z. L. y/o F., W. M. s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-29

La falta de reclamo durante la vigencia de la relación laboral, incluso la demora posterior a la extinción del vínculo, no cabe ser interpretada como admisión toda vez que no se admiten presunciones en contra del trabajador que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o a cualquier otro derecho derivado de su silencio (art. 58 de la L.C.T.), pues la clara directriz fijada por esa norma impide que se valore como presunción en contra de los reclamos judicialmente efectuados por el trabajador la ausencia de reclamos oportunos durante la vigencia del vínculo. Conclusión a la que se arriba como consecuencia del principio protectorio que en diversas normas suple la insuficiencia del dependiente para autoprotegerse ante la situación de desigualdad en que se encuentra el trabajador, toda vez que es el empleador el que fija las pautas del contrato y de la relación de trabajo.
Debido proceso, aumento de la pena
Materia: PENAL
Carátula: González, Federico Rolando c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-27

La disidencia parcial sostuvo que imponer una pena superior a la solicitada por el representante de la sociedad afecta al modelo de procedimiento contemplado en nuestra Carta Magna, pues implicaría una violación al debido proceso legal y la garantía de defensa en juicio. (Dres. Gemignani -disidencia parcial-, Riggi, Mahiques).
Movilidad del haber jubilatorio, índices de actualización, remuneración, declaración de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SZCZUPAK, Sofía Rebeca c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-16

Corresponde decretar la inconstitucionalidad del art. 53 de la ley 18037 (t.o.1976) por violatorio -esencialmente- del art. 14 bis de la Constitución Nacional y, en consecuencia, del art. 17 de la misma, y utilizar a fin de actualizar los haberes las pautas resultantes de combinar y promediar para los distintos períodos los salarios del peón industrial y de precios al consumidor o costo de vida, y que se mantenga este esquema para el futuro en la medida en que subsista el actual ordenamiento legal y no experimente variantes apreciables la situación general del país.

(del voto del Dr. Wassner).
Fuero de atracción, quiebra, prescripción adquisitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: MENDEZ, Claudio Salomon c/ S.A.C.I.M.I.E. S.C.A. s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

El marco de la contienda litigiosa en la que el accionado reclama -frente a la demanda reivindicatoria de la fallida- se declare la adquisición del dominio del objeto del juicio por prescripción decenal, permite concluir que se encuentran en debate aspectos que podrían afectar derechos patrimoniales de la quebrada como demandada, cuya apreciación, dada la relevancia y el carácter universal del concurso, resulta en principio, aconsejable quede sometida al juez de la quiebra.-
Herederos, derecho al beneficio, ley vigente
Materia: PENAL
Carátula: Ronzoni , Elida Elsa c/ ANSES s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-16

Si bien es cierto que en materia previsional la ley que rige es la vigente al momento de la muerte del causante, en el caso la ley 24.241, no lo es menos que dicho cuerpo normativo establece en el art. 161 "in fine" que ".El derecho a pensión de los causahabientes de los afiliados que a la fecha de entrada en vigor de esta ley fueren titulares de jubilación o tuvieren derecho a ella de conformidad con las leyes vigentes a esa fecha, se regirá por dichas leyes". Máxime como señalan Raúl C. Jaime y José Brito Peret ("Régimen Previsional Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Ley 24.241", pág. 606), "La norma consagra el derecho de determinados causahabientes a invocar la legislación anterior, siempre que los causantes ya estuvieran jubilados o hubieran tenido derecho a la prestación con arreglo a la antigua normativa". Por lo tanto, si el causante al momento de su fallecimiento era titular de una jubilación otorgada bajo la ley 18.037, corresponde reconocer el derecho a pensión incoado, en el caso, a la hermana del causante.
Interpretación de la ley, validez de la ley, excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, prisión domiciliaria, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: "PEREZ, ALEXIS ALIHUEN Y OTROS S/ ACTUACIONES VARIAS - Causa Nº 22.615/07 S/ RECURSO DE QUEJA", Expte. P-573/08/TSJ. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-06-23

El ordenamiento jurídico ser interpretado en forma sistemática, de modo tal que todos los preceptos concilien entre sí.- La interpretación armónica de los arts. 10 del Código Penal, 297 y 302 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz y de la Ley 24.660 que efectúa la decisión impugnada no afecta el art. 18 de la Constitución Nacional, ni resulta violatorio de las garantías constitucionales y tratados internacionales incorporados a nuestra legislación, que integran en su conjunto el bloque de constitucionalidad. Las normas de los arts. 297 y 302 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz cumplen con la manda constitucional del Preámbulo de la Carta Magna -dirigida a las autoridades constituidas- que reza "afianzar la justicia", siendo facultad y responsabilidad del Poder Judicial en la persona de sus magistrados alcanzar tal objetivo por tales razones, los ordenamientos procesales penales facultan a los magistrados competentes a denegar la concesión del beneficio excarcelatorio -o el otorgamiento de la prisión domiciliaria, como acontece en autos- cuando exista presunción fundada que la persona encausada intentará eludir la acción de la justicia, o bien entorpecer la investigación, resultando potestativo del juez valorar las circunstancias particulares que forman su convencimiento.-
Recurso de casación, expresión de agravios, traslado
Materia: PROCESAL
Carátula: Vitullo, Consuelo Josefina c/ Mielgo, Ramón y Otra s/ Demanda por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-04-30

La notificación del traslado de la expresión de agravios a la contraria se hace por ministerio de ley y no por cédula, mas el precepto halla su justificación en que previamente se hubiere anoticiado a las partes en forma personal o por cédula de que el expediente era puesto en mesa de entradas para expresar agravios, recién a partir de allí nace la obligación del apelado de controlar aquél para poder retirar las copias de las expresiones de agravios.