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Régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, honorarios del perito, mora del deudor, intereses, tasas de interés, tasa activa, desindexación, deuda no consolidada
Materia: PROCESAL
Carátula: Luzi, Ricardo José y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Defensa Prefectura Naval Argentina s/ accidente de trabajo art. 1113 C.C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

Los honorarios cuyo cobro aquí se persigue se vinculan con trabajos posteriores al 1.4.91, por lo tanto la causa o título es posterior a la fecha de corte. La aplicación de la tasa activa al incumplimiento obligacional es la que mejor coincide con la realidad económica a efectos de mantener incólume el patrimonio percutido por el incumplimiento. Es justo que el acreedor perciba como rédito, la misma tasa de interés que hubiera tenido que abonar a una institución bancaria, para obtener el dinero que el deudor moroso no le pagó; y si el interés que debe pagar el deudor supera en alguna medida el índice de precios, ello responde exclusivamente a su propia culpa, negligencia o dolo, pero será siempre su conducta discrecional la responsable, ya que la situación de mora no le es imputable al acreedor, y el deudor pudo haberla evitado simplemente cumpliendo con su obligación (cfr. Sala III, causa 7812 del 21.7.95 y Sala I, causa 11.519 del 14.12.94). Ver en sentido contrario, por la aplicación de la tasa pasiva, sala III, causa 10.401/95 "Gas del Estado Soc del Estado c/ Techint Cía Técnica internacional SACI y otro s/incidente de honorarios" sentencia interlocutoria del 19.6.97.
Relación de dependencia, prueba insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Fretes, Rubén c/ Meza, Oscar y/otros y/o responsable s/ Indemnización por antigüedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-03-24

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que no da por acreditada la existencia de la relación laboral. Ello así, ya que sin descartar del análisis que el informe del ANSSES tampoco satisface la postura del accionante, como así el largo tiempo que insumiera la pretendida relación laboral por 12 años sin que el actor hubiera de alguna manera exteriorizado su necesidad de regularizar una situación irregular o en negro, la vinculación de trabajo que uniera a las partes de autos, no era de naturaleza laboral, no ha logrado acreditar la existencia de relación laboral.
Sucesión testamentaria, legados, revocación del legado, enajenación de la cosa legada, boleto de compraventa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASALE NELLY JULIETA EN J: VIDES NELIDA CARMEN s/ Sucesión Testamentaria Incidente Nulidad (LIBRO: A132 - 287)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-12-14

El denominado boleto de compraventa, en materia de inmuebles, encierra el contrato definitivo... Borda y Fassi, sostienen ... que el boleto de compraventa produce la revocación del legado, puesto que revela la voluntad de revocarlo: lo que interesa es indagar la voluntad presunta del causante, y es obvio que cuando éste firma un boleto de compraventa, expresa su voluntad de enajenar la cosa legada y, por tanto, de dejar sin efecto la demanda. No se trata de una mera intención, de un acto querido pero no realizado, sino de un hecho consumado, que ha pasado del plano puramente psicológico al de los negocios jurídicos.

Nos inclinamos decididamente por esta ...posición, no sólo porque el boleto de compraventa pone de manifiesto la voluntad de enajenar la cosa y no cumplir el legado, sino porque es el punto de arranque de la trasferencia, puesto que el comprador podrá exigir su elevación a escritura pública para concretar su adquisición, en cuyo caso el legado será ineficaz, por falta de objeto. En este sentido se pronuncia la jurisprudencia más reciente.-
Excarcelación, resolución denegatoria, tráfico de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Seguel, Diego Fernando s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-20

Resulta acertado el criterio del a quo que denegó la excarcelación del imputado del delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de almacenamiento, transporte y comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas, ya que se valoró lo dispuesto en la primera parte del segundo párrafo del art. 316 en conexión con el art. 317 inc. 1º CPPN, la segunda parte del segundo párrafo del art. 316 CPPN y los parámetros del art. 319 CPPN, sin que se haya demostrado que la prisión preventiva se hubiera prolongado más allá de las necesidades que el caso requiere.
Fiscal de Cámara, interés para recurrir
Materia: PENAL
Carátula: Almendros Néstor Abel s/ Homicidio. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

En el procedimiento oral el pedido de pena superior a tres años de reclusión o prisión a que se refiere el art. 351 del C.P.P. es la acusación fiscal reglada en el art. 215, por cuanto es en función de la acusación prevista en el citado artículo que el proceso avanza hacia el plenario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, seguros, acoso escolar, determinación de la incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: G., S. L. D. c/ E. I. S. Y O.  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

Las predisposiciones de la víctima y sus afecciones anteriores al hecho no excluyen la responsabilidad del agente, a menos que se demuestre que con anterioridad al accidente poseía ya una incapacidad determinada para trabajar, extremo que en el caso nunca fue demostrado. Ello hace a la diferencia entre causa, condición y ocasión. La condición facilita el resultado dañoso, la ocasión en cambio se limita a favorecer la operatividad de la causa eficiente. La condición es inactiva, pues se trata de un estado yacente e inerte cuya presencia o ausencia depende la capacidad operativa de la causa y la medida de su eficacia, pero ella por sí sola no produce cambio alguno. No se responde por el mero hecho de haber facilitado o provocado la ocasionalidad del daño. El derecho no atribuye la autoría material del daño a un sujeto ni lo responsabiliza, por el mero hecho de haber puesto una condición, aunque esta pueda ser necesaria para su producción, ya en caso de no haberse producido el efecto no se habría desencadenado. Hay personas menos sanas o fuertes que la generalidad, también la edad puede influir, ciertos accidentes son aptos para producir consecuencias más gravosas e niños o ancianos, cuyos organismos tienen mayor debilidad u ofrecen inferiores defensas ante agresiones al cuerpo o la salud. En tales hipótesis no hay verdaderas concausas susceptibles de aminorar la extensión de la responsabilidad. Ello porque nunca el hecho que obliga a responder produce por sí solo ningún daño y siempre es necesaria la concurrencia de otros factores, entre los cuales, como es lógico, se encuentran las condiciones personales de la víctima (su edad, su fortaleza física, sus condiciones orgánicas y de salud, etc.).
Sanciones administrativas, aplicación de la ley penal
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo - medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-07

Los principios y reglas del derecho penal son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas, siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto aquellos principios y reglas resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales de que se trate, por lo que corresponde estar a las disposiciones de ese cuerpo normativo.
Principios laborales, in dubio pro operario
Materia: LABORAL
Carátula: AYAPAN JOSE c/ KRAEMER GUILLERMO CARLOS Y OTROS s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-03-23

Dicho principio funciona en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales o en cuanto a la interpretación o alcance de la ley y no permite suplir deficiencias probatorias.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Royano Graciela Beatriz c/ El Sembrador S.R.L. y Otro s/ Cobro de Pesos (Indem.p/Despido y Otros)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-02-11

El hecho invocado por la demandada relativo a la cobranza de los recibos aludidos en la comunicación de despido, la falta en el llenado del duplicado y triplicado de dichos recibos, las excusas proporcionadas por la actora a su principal por falta de rendición de la cobranza y la constatación de la infracción laboral se encuentran debidamente probados en los antecedentes obrantes en ambos que se han reseñado y configurado en incumplimiento grave del principio de buena fe (art. 63 L.C.T.) y autoriza al empleador a considerarlo como injuria idónea para resolver el contrato por pérdida de la confianza (art. 242 L.C.T.).
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares, Municipalidad, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CORNEJO, Americo Atilio s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-12-02

Procede decretar, en el marco de la acción de inconstitucionalidad y hasta tanto recaiga resolución en la misma, la suspensión del plazo que establece el artículo 1º de la ley 6905 para que el actor, quien invoca su condición de acreedor de la Municipalidad de Salta, efectúe la solicitud de los títulos de consolidación de deudas, encontrándose configurada la verosimilitud del derecho con la pretensión contenida en la normativa, de tener por canceladas las obligaciones si los acreedores no solicitasen la emisión de los títulos en noventa días, lo que a prima facie comporta una alteración del regimen contenido en el artículo 75 inc. 12 de la Constitución Nacional que atribuye al Congreso de la Nación la facultad de legislar lo referente a las relaciones entre acreedor y deudor, como así también la existencia de una amenaza de lesión cierta, actual e inminente.
Concursos, efectos entre partes, situaciones jurídicas subjetivas, contratos, locación de inmuebles, quiebra, locador, pretensión, locatario, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Frigorifico SAGA SAIC y Agropecuaria c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-22

Y si bien podría considerarse que la recurrente, al pretender la aplicación del decreto 320/20, implícitamente solicitó su continuidad, ello no modifica lo anterior, en tanto dicha norma no resulta aplicable al sub lite. Ello así, por cuanto como consecuencia de la declaración de pandemia formulada por la OMS el 11/03/20, se dictó el decreto de necesidad y urgencia 260/20, que amplió por el plazo de un año la emergencia sanitaria (ley 27541); bajo tales circunstancias se dictó el decreto 320/20 referido. Ahora bien, el incumplimiento de las obligaciones por parte de la fallida es anterior a toda la normativa dictada a partir de la declaración de pandemia.
Denegatoria del recurso, INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, fiscalización de sociedades, competencia administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ Arte Inmobiliario SAS s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-18

Procede rechazar la apelación interpuesta por la sociedad demandada en lo concerniente a la facultad de fiscalización que posee la IGJ sobre ella. Ello por cuanto, en el caso, de la resolución dictada por el órgano surge que solo quiere investigar, dado que tiene sospechas acerca de la consistencia de cierta operación inmobiliaria que habría sido realizada por la recurrente, es por ello que la serie de "anuncios" acerca de lo que el organismo hará si descubre algo, carece de entidad para agraviar a la recurrente. A más, la falta de consistencia actual de lo decidido, que no se tradujo en la adopción de ningún temperamento concreto -ni siquiera fue requerido un informe- exhibe que lo actuado carece de significación para habilitar la aludida fiscalización de la IGJ, que, se reitera, no ha dictado la resolución que se la hubiera habilitado. Por ello se concluye en que la actora no se atribuyó competencia para fiscalizar el funcionamiento de la recurrente de modo permanente en términos tales de generar, en forma sobreviniente, esa competencia administrativa que no tenía, ni, menos aún, esa competencia fue ejercida, dado que, se reitera, no hizo nada, ni siquiera pedir información. Como es claro, no se sabe si ese anuncio del Inspector de que habrá de investigar ha de traducirse o no en la concreta acción de hacerlo, pero, lo que sí se sabe, es que hasta ahora no lo ha hecho.
Entrega del certificado de trabajo, intimación al empleador, sucesores
Materia: PENAL
Carátula: Santillán Víctor Walter c/ INC. SA y otros s/ accidente acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-21

La procedencia de la sanción legal reclamada se supedita al cumplimiento previo de la intimación fehaciente del "trabajador" como requiere la norma, extremo que no puede considerarse suplido por el emplazamiento cursado por sus derechohabientes, más allá del interés legítimo que les asiste para requerir el otorgamiento de la certificación de los aportes previsionales (art. 12 inc. g de la ley 24.241). Teniendo en cuenta la naturaleza punitiva del instituto, que obliga a realizar una interpretación restrictiva de los presupuestos de aplicación de la norma, no cabe su aplicación analógica. (En el caso, los derechohabientes practicaron a la empleadora la intimación para la entrega de los certificados de trabajo del art. 80 L.C.T. bajo apercibimiento legal).
Contrabando, responsabilidad de las personas jurídicas
Materia: PENAL
Carátula: LEIVA, ROBERTO; TELLECHEA, RAUL; ZABALZA, EDUARDO; MURCHINSON, GUILLERMO T. s/ Contrabando, incidente de apelación, Causa: 38295.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

1 - Corresponde aclarar la resolución dictada (Reg.593/97) confirmando la ampliación de los autos de procesamiento de Murchinson Estibajes y Cargas SAIC, ya que la norma que establece la responsabilidad de las personas jurídicas por hechos de sus dependientes es el Art. 887 del CA (Art. 166, inc. 2 del CPCC). La circunstancia de que la ley aduanera establezca esta responsabilidad de las personas de existencia ideal por las penas pecuniarias aplicables a sus dependientes, torna apropiado que se les reconozca, en el proceso seguido a ellos, la calidad de partes de manera que la persona jurídica tenga ocasión de ser escuchada y de hacer valer sus derechos, circunstancia por la cual la resolución que confirma la ampliación de los autos de procesamiento de los apelantes debe entenderse con ese único alcance (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).- 2 - Siendo claros los alcances de la decisión adoptada no resulta necesario aclaración alguna (Del voto en disidencia parcial del Dr.

Hornos).
Ley sobre riesgos del trabajo, incapacidad, baremo
Materia: LABORAL
Carátula: Martellini, José Enrique c/ Estado Nacional - Servicio Penitenciario Federal s/ accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

En relación al grado de incapacidad, corresponde estar al porcentaje del 13% determinado en la pericia médica y 15% determinado en la pericia psicológica - ya que no se encuentra rebatido por el apelante - por cuanto los baremos que cuantifican incapacidades no constituyen una regla rígida -que deba aplicarse mediante simples operaciones aritméticas- sino sólo una guía para estimar la disminución que ocasiona un cierto padecimiento en cada caso particular. (cfr. Sala IX, sentencia del 24/9/01 in re "Salvador c/ ABB Medidores S.A. s/despido").
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, artrosis, incapacidad laboral, incapacidad preexistente, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: VAISIETA, Alfredo c/ SEGBA s/ accidente ley 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-16

El 5/5/93 se efectuó una reunión plenaria entre los médicos forenses que actúan en causas del fuero laboral, a fin de precisar la relación entre artrosis e incapacidad laboral. Ese encuentro científico aportó algunas herramientas útiles para valorar las causas donde de efectúen tales reclamos. En tal sentido, se aceptó la teoría del origen genético de dicha enfermedad. Presupuesta esta predisposición natural,y ubicándonos en el contexto de la teoría de indiferencia de la concausa, se concluye que en estos casos la prueba que se produzca debe estar dirigida no sólo a acreditar la existencia de la enfermedad y el desempeño de las tareas de esfuerzo, sino que debe probarse, además, que la enfermedad artrósica tiene relación topográfica con el trabajo, sin compromiso de otras articulaciones, o que las lesiones existentes en las articulaciones estrechamente relacionadas con la tarea tienen mayor significación que las restantes que pudieran existir.
Proceso penal, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Baigorria, Noelia y Otro s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Marcos Denett y Ricardo Prevedello en causa Nº 250/08 - Baigorria, Noelia y Otro - Homicidio Calificado por Alevosía, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-12-30

La violación del principio lógico de no contradicción es un defecto que se verifica cuando "se niega un hecho o se declara inaplicable un principio de derecho, o, viceversa, y después se afirma otro que en la precedente motivación estaba explícita o implícitamente negado, o bien se aplica un distinto principio de derecho" (NUÑEZ, Ricardo, "Código Procesal Penal", Lerner, 2da. edición, Córdoba, 1986, nota 7 al art. 417, pág. 394; DE LA RUA, Fernando, "La casación penal", Depalma, Bs.As., 1994, ps. 156/158).
Competencia contencioso administrativa, orden público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO, HUGO RODOLFO c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISIDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-05

En la competencia contencioso administrativa se encuentra comprometido el orden público.
Cuestiones de competencia, exhortos
Materia: PROCESAL
Carátula: Vauthay, Eduardo Leónidas c/ Hernández de Grand, Manuela Justa s/ exhorto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-09

Si bien el art. 4° de la ley 22.172 dispone expresamente que el juez al que se dirige el oficio no podrá discutir la procedencia de las medidas delegadas por el requirente, lo dispuesto no persigue convertir al magistrado de uno de los Estados federales en subordinado del oficiante, razón por la cual ante un pedido que afecte en forma manifiesta la competencia del juez requerido, éste estará en condiciones de negarse a dar curso a la rogatoria. Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite.
Resistencia a la autoridad, concurso ideal, daño, agravantes de la pena, personal policial, uniforme
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ, Walter F. s/ CONCURSO DE DELITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

La rotura de la vestimenta reglamentaria del policía, durante el enfrentamiento corporal con el encausado, constituye un resultado doloso pues el autor resistió violentamente la detención acometiendo contra el cuerpo del funcionario a costa de dañarlo corporalmente y en cualquiera de sus prendas o equipamiento.

La significación jurídica de la mencionada acción habrá de formularse como resistencia a la autoridad en concurso ideal con daño, arts. 239 y 183, C.P.

El tipo del art. 239, C.P., no admite agravantes, pues las especificadas en el art. 238, sólo pueden calificar las acciones descriptas en el art. 237, C.P.
Recurso de inconstitucionalidad, docentes, reglamentación de la ley, sindicatos, consentimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BENSABATH, MONICA CELIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-03-12

Si la resolución cuestionada no fue tildada por el sector gremial que representa los intereses de la amparista, como manifiestamente inconstitucional y violatoria de los derechos de los docentes del sector privado, sino que por el contrario, el Sindicato prestó su consentimiento, la discusión paritaria debe considerarse fruto de la autonomía colectiva de los distintos estamentos que representan los intereses de los trabajadores docentes y se convierte en obligatoria para quienes la suscriben y también para todos los trabajadores de esa específica actividad; de lo que se desprende que las manifestaciones de la amparista no se erigen como suficientes para demostrar la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la reglamentación atacada, atento que ésta se presenta como una facultad válida que la autoridad administrativa efectuó en el ejercicio de funciones propias; lo que no importa negar el derecho que pudiera eventualmente asistirles a impugnar la reglamentación en cuestión por los carriles que el ordenamiento legal les confiere. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhirieron los Ministros Dres. Gastaldi, Netri y Román).
Derechos y garantías constitucionales, habeas corpus colectivo, menores, condiciones de detención, régimen penal de la minoridad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Niños y Adolescentes Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires c/  s/ queja en causa Nro. 52327 del Tribunal de Casación Penal, sala I
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-14

Persisten las violaciones constitucionales que dieron origen a la acción colectiva de habeas corpus, no habiéndose agotado las diligencias tendientes a hacer cumplir su objeto, en lo que concierne a la persistencia del alojamiento de jóvenes menores de edad en comisaría, casos de torturas, jóvenes condenados en el fuero de responsabilidad penal juvenil alojados en dependencias del servicio penitenciario sin resolución judicial que así lo disponga, y agravamiento de las condiciones de detención.
Jubilaciones, haber jubilatorio, Poder Judicial, remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CASTRO, EMILIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 333-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-03-20

Corresponde reconocer el pago del adicional transitorio instituido por decreto 1573/89 para la liquidación del haber jubilatorio del actor, a pesar de su enunciación como "no remunerativo", por cuanto en el decreto mismo se explica que "es objetivo reiteradamente expuesto de este Gobierno de que los integrantes del Poder Judicial perciban similares estipendios que sus pares de la Justicia Nacional", lo que está desnudando la real naturaleza del incremento acordado.