Sentencia definitiva, condena penal, procedencia parcial, remisión del expediente, crímenes de lesa humanidad, extinción de la acción penal, prescripción, plazo judicial, calificación legal, torturas, allanamiento domiciliario, falta de fundamentación, in dubio pro reo, asociación ilícita
Materia: PROCESAL
Carátula: Mazzaferri, José Darío c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-29

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación de la defensa en punto al allanamiento ilegal del domicilio del damnificado César Manuel Román y, en consecuencia, absolver a José Darío Mazzaferri respecto de este hecho; y remitir las actuaciones a su procedencia a fin de que con sujeción a las pautas aquí dispuestas, se fije una nueva pena. La doctrina que fluye de los precedentes analizados -"Priekbe" (Fallos: 318:2148) "Arancibia Clavel' (Fallos: 327:3312), "Simón" (Fallos: 328:2056) y "Mazzeo" (Fallos: 330:3248), entre otros- sella definitivamente la suerte de los agravios introducidos por el casacionista vinculados con la invocada extinción de la acción penal -o su insubsistencia-. El tribunal reseñó las declaraciones testificales brindadas en la audiencia, tanto las de las propias víctimas como de sus familiares, declaraciones que constituyeron la base probatoria en la cual se sustentó el juicio de reproche que se le dirige al encausado Mazzaferri. Los múltiples testimonios recabados resultaron coincidentes en lo relativo a la presencia y al rol preponderante desempeñado por el justiciable tanto en algunos de los procedimientos que culminaron con las ilegítimas detenciones como así también en el escenario de las torturas ubicado en la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay -cuya Oficina Técnica estaba a cargo del causante- y cuyas dependencias fueron reconocidas por las víctimas en los croquis y en las inspecciones oculares practicadas, señalando con precisión los lugares donde estuvieron cautivos. No logra la esforzada defensa demostrar un supuesto de arbitrariedad en la valoración de la prueba colectada y -más puntualmente- en la credibilidad que el tribunal de mérito asignó a los testimonios producidos durante el debate, evidenciando sus embates casatorios una mera discrepancia con las conclusiones a las que arribó el juzgador, sin lograr tampoco conmover el valor convictivo de aquellas declaraciones testificales a partir de las invocadas inexactitudes y contradicciones que -vale ponerlo de relieve- no sólo carecen de entidad para invalidarlas sino que resultan justificadas a poco que se repare en que los hechos tuvieron lugar hace más de cuarenta años. La prueba colectada en la anterior instancia ha sido correctamente ponderada por el tribunal de mérito, y ha permitido establecer -con el grado de certeza que requiere esta etapa procesal-, la responsabilidad penal del causante en las privaciones ilegales de la libertad agravadas y en la aplicación de torturas agravadas sufridas por las víctimas Román, Minatta, Rodriguez, Romero, Angerosa, Martínez Paiva, Valente y Felguer, así como respecto del allanamiento ilegal sufrido por el damnificado Romero, quien indicó cabalmente al acusado en la escena del registro ilegal de su morada. La intervención del encausado se encuentra probada por múltiples elementos de convicción -con especial hincapié en las coincidentes declaraciones testificales de las víctimas-, que a su vez encuentran respaldo en otros datos que corroboran los testimonios, tales como el resultado de las inspecciones oculares, los croquis agregados y la certificación médica de las secuelas físicas y psíquicas padecidas por los damnificados. Tampoco habrán de tener favorable recepción las objeciones en torno a la teoría de la autoría mediata, por cuanto el imputado ha sido condenado como autor directo de los hechos por los que fue llevado a juicio; ni el agravio vinculado a la errónea aplicación de la figura tipificada en el artículo 210 del ordenamiento sustantivo, pues los cuestionamientos ya fueron objeto de análisis y decisión al tratar la situación procesal de sus coimputados, mediante un pronunciamiento que pasó en autoridad de cosa juzgada. La categorización de los hechos como delitos de lesa humanidad resulta adecuada. Analizado el pronunciamiento en lo que respecta al evento relacionado con el allanamiento ilegal que se atribuye al justiciable respecto del domicilio del damnificado César Manuel Román, resulta -en este único caso- atendible el reclamo de su defensa cuando alega que de las constancias de la causa y lo declarado por la propia víctima no surge que su defendido haya ingresado a la vivienda sino que quienes registraron ilegítimamente la finca fueron los consortes de causa Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez. Tampoco se advierten -ni el sentenciante lo consigna expresamente-, cuáles fueron los elementos de convicción que lo llevaron a atribuirle responsabilidad penal al justiciable respecto de este suceso. El veredicto de condena dictado respecto del justiciable en punto al allanamiento del domicilio del damnificado Román luce pues huérfano de fundamentación en tanto, como se dijo, no aparece ponderado en el veredicto elemento cargoso alguno que permita ubicar al acusado concretamente en la escena del registro de la vivienda, en el secuestro, o en el interior del vehículo que trasladó a Román, o siquiera en algún otro de los rodados que sirvieron de apoyo al operativo. La falta de un puntual señalamiento, por parte del damnificado, del acusado desplegando alguna actividad concreta durante el primer tramo de su padecimiento, impone adoptar un temperamento liberatorio respecto del hecho analizado en este acápite, al amparo del principio in dubio pro reo consagrado en el artículo 3° del catálogo instrumental. La propiciada 84 absolución del encausado respecto de uno de los hechos por los cuales fue condenado impone que, en resguardo de la garantía de la doble instancia, el tribunal de mérito dicte un nuevo pronunciamiento ajustando la sanción oportunamente impuesta a lo resuelto en este pronunciamiento. A fin de fijar la nueva pena -y de conformidad con lo planteado por la asistencia técnica-, el tribunal sentenciador deberá atender no sólo al temperamento liberatorio que se propone adoptar en esta instancia, sino también tomar como baremos las sanciones impuestas por los mismos sucesos -según el caso- a Julio César Rodríguez y a Francisco Crescenzo en el marco de la causa conocida como "Harguindeguy". La disidencia señaló que frente a la cantidad y gravedad de los hechos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos atribuidos a Mazzaferri, así como las agravantes de la sanción que tienen directa vinculación con ellos, y el delito de asociación ilícita por el que también fuera condenado, no se advierte qué incidencia concreta en la pena impuesta pueden tener los dos hechos de allanamiento ilegal de domicilio que también se le atribuyen (entre los que se encuentra el aquí tratado) e integran el injusto culpable, más allá, por supuesto, de que Mazzaferri haya sido declarado autor penalmente responsable de los mismos. La pena ha sido correctamente mensurada por el tribunal a quo y resulta razonable y proporcionada de acuerdo al injusto culpable atribuido a Mazzaferri. Dres. Barroetaveña, Figueroa -en disidencia parcial- y Petrone.