marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Revocación de sentencia, nulidad procesal, empresa telefónica, prueba de informes
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. s/nulidad c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-14

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "N.N. s/nulidad" (Causa Nº 35.397/2017) resuelta el 14/3/19 donde Julio Marcelo Lucini, Mariano González Palazzo y Magdalena Laíño revocaron la resolución del juez de la instancia de origen que había declarado la nulidad de la tarea encomendada por el fiscal a la División Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad tendiente a que las compañías telefónicas enviaran información, de su incorporación al expediente, de los pedidos que con posterioridad se efectuaran de las tareas investigativas y del decreto de convalidación.
Designación de defensor, prófugo, rebeldía, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Yoannu, J. B. c/  s/ designación de defensa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-02

Corresponde confirmar la sentencia que no hizo lugar a la designación de un letrado como defensor particular de un imputado que se encuentra prófugo, puesto que la misma no resulta procedente, así como tampoco la actuación del letrado en su nombre, frente a la pacífica doctrina de la Corte Suprema en torno a la imposibilidad de diálogo entre el prófugo y el juez. Mientras subsista la rebeldía, no puede haber diálogo procesal posible entre el prófugo y el tribunal.
Sanciones disciplinarias, graduación de la pena
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ambrosio, Esther M. c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa Lommo, Gabriel c/ Municipalidad de Patagones s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02|2001-05-09

La exigencia de proporcionalidad entre las medidas que el acto involucre y los hechos acreditados, trasunta la aplicación del principio de razonabilidad que es una garantía constitucional "innominada", cuyo fundamento se encuentra en los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, boleto de compraventa, escrituración
Materia: COMERCIAL
Carátula: OTERO,  CARLOS s/ QUIEBRA  S/  INCIDENTE  DE  ESCRITURACION  -EINSCRIPCION PROMOVIDO POR LLAPUR, JULIANA-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-12

Procede dejar sin efecto la sentencia que rechazó la pretensión de la incidentista, cuyo objeto fue que se reconozca la obligación de escriturar en su favor una parte indivisa de un inmueble situado en la localidad de ezeiza. Ello así por cuanto, si bien el instrumento privado -boleto- no resulta suficiente, en principio, como prueba de la integración del 25% del precio del inmueble, ante la situación de quiebra del vendedor, existen en el caso elementos de juicio que permiten tener por acreditado el cumplimiento de esta exigencia legal. Es que puede observarse que la escritura pública en la que se instrumentó el otorgamiento del poder irrevocable a los fines de escriturar hace expresa y precisa mención del boleto de compraventa que se había celebrado en la misma fecha -1998-, lo que confiere fecha cierta al instrumento privado. Se da una directa y explicita relación entre una cláusula del boleto y el poder irrevocable plasmado en la referida escritura, ya que la esencia del acto jurídico, sus sujetos y la circunstancia de tiempo son coincidentes. Por lo demás, el significado del acto de otorgamiento del poder irrevocable por el término de diez años con el objeto de elevar a escritura pública la compraventa del inmueble autoriza a inferir la veracidad de la manifestación contenida en el boleto, en el sentido de que la compradora había pagado el 100% del precio. Y aunque podría objetarse que esta interpretación se atenuaría sustancialmente en su valor por la situación de quiebra sobreviviente del vendedor, ello no es así, porque la sentencia respectiva data de marzo de 2003, según lo informado por la sindicatura de modo tal que la fecha en que tuvo lugar el contrato es bastante anterior al limite del plazo de retroacción previsto en la ley 24522: 116.
Alimentos, sanciones conminatorias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G.V. c/ D.O.E. de G.E.G. s/ Incidente alimentos en auots G.V. c/ D.O.E. s/Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

Las astreintes son sanciones destinadas a conminar la voluntad del obligado que se resiste al cumplimiento de sus obligaciones a pesar de los mandatos judiciales que en ese sentido se le dirijan (arts.

666 bis. Cód.Civil y 37 del Cód.Procesal), y es en materia de alimentos donde éstas cumplen una función de primer orden.-
Denegatoria del recurso, presentación extemporánea, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Cañada María Alicia c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal ya que no fue deducido en tiempo oportuno, ello en tanto la interposición del recurso fue efectuada luego de transcurridas las dos primeras horas hábiles del día subsiguiente al del vencimiento del plazo de diez días establecido por el art. 257 del CPCCN. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz y Santiago Otamendi).
Marcas, daños y perjuicios, indemnización, competencia desleal, marcas confundibles
Materia: COMERCIAL
Carátula: VALMONT INC. c/ DIAZUL SA s/ CESE DE USO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-30

La actora publico una solicitada dando cuenta de la irrupción en el mercado de la crema Diazul, que imita el envase, diseño, colores y hasta tipografía de su crema Hinds alertando al mercado sobre tal aparición y la confusión que podría generarse. En autos se ha llegado a idéntica conclusión. Diazul ha interferido en la comercialización de los productos de Hinds, y por haber comercializado una marca no registrada de una crema y un envase similar a los de Hinds la indemnización es procedente. Esto resulta, sencillamente, una competencia desleal, y si bien puede no sostenerse que Hinds no sea una marca notoria lo que si es indudable es que es muy conocida.
Derecho al honor, derecho a la intimidad, medidas cautelares, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo. (S. 303- S. 292).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Si la conducta de quien intenta dar a conocer sus ideas no suscita dudas sobre su ilicitud, no parece irrazonable conceder al juez la potestad de impedir o limitar el ejercicio de la libertad de expresión, máxime en los supuestos en que el daño al honor o a la intimidad puede adquirir graves proporciones y no se estime suficiente su reparación por otros medios.
Prueba confesional, absolución de posiciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Hasenaver, Silvana Elizabeth c/ García, Herminio s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-28

...la confesión constituye plena prueba únicamente en el supuesto en que una de las partes mediante proposiciones afirmativas introduce un hecho y logra la adhesión a él de su contraria, según doctrina que nítidamente emerge del ensamble de los arts. 411 apdo. 2º, 413 regla 1ª y 423 C.P.C.C.,...
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, habilitación de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: LENGYEL, Miguel F. c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-01

Si la arbitrariedad e ilegalidad del acto u omisión de la autoridad pública resultan manifiestas, el agotamiento de la vía administrativa previa es innecesario, pues para descartar la viabilidad del amparo se requiere que exista una vía más idónea que la ofrecida por dicha acción.
Contrato de obra pública, mayores costos, modificación del contrato, equilibrio económico financiero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vector Ingeniería Soc.Col. c/ Obras Sanitarias de la Nación s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

La C.S.J.N. estableció que no basta la mera irrepresentatividad de las fórmulas pactadas -y la importancia de la distorsión consecuente- sino que resulta imprescindible que tal efecto sobre la economía general del contrato sea consecuencia de hechos imprevisibles al tiempo de la conclusión del acuerdo (C.S.J.N. in re, "Dulcamara S.A. c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones s/ cobro de pesos", del 29/3/90, F. 313:380;

"Tecnobra S.A.C.I.C.I.F. c/ Comisión Nac. de Energía Atómica s/ cobro de pesos", del 20/4/93, F: 316:730). Pero además el Alto Tribunal también señaló que no basta con demostrar una inequidad genérica y con alegar que no hay causas que impidan encuadrar el caso en ese supuesto, sino que es necesario determinar en forma puntual las distorsiones efectivamente producidas y cuya reparación se pretende mediante la recomposición de la fórmula contractual (C.S.J.N. in re, "Dos Arrollos S.C.A. c/ Dir.Nac. de Vialidad s/ nulidad de acto", del 28/9/93, F:316:2046). (Del voto del juez Mordeglia, consid. 7º d).
Cuenta corriente mercantil, prueba, apreciación de la prueba, contratos comerciales, comerciante
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Agrícola Ganadera "Aranguren" Ltda. c/ Novelli Andrés s/ ordinario (CIVIL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-02-28

Como la cuenta corriente es un acto comercial -art. 8º, inc 11 Código de Comercio-, aún cuando ninguna de las partes sea comerciante, si éstas se han sometido al mecanismo de tal contrato como forma de liquidar sus operaciones, el mismo queda regido por la ley mercantil.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Groenenold, Guillermo Daniel y ot. c/ Benetti, Amelio Luis s/Sucesión s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-19

El principio de que las costas deben imponerse a la parte vencida, se funda, entre otras razones en la presunción que aquella dio lugar o motivos para la promoción del juicio.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, daños y perjuicios, accidente ferroviario, muerte de un pasajero
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sosa, Tomás c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos y otros. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios derivados de un accidente ferroviario en el cual perdió la vida un soldado, si el a quo omitió valorar el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 2873 que establece la obligación de la empresa de ferrocarril de proveer a sus empleados de las instrucciones y medios necesarios a fin de que el servicio se haga con regularidad, sin tropiezos ni peligro de accidentes.
Acción de amparo, licencia de conducir
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Nintzel, Sergio Fabián y Otros c/ García, Alejandro Angel s/ Daños y Perjuicios Parraquini, Hugo Servando c/ Municipalidad de Gonzalez Chavez s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-01|2013-11-21

Corresponde admitir parcialmente la acción de amparo y ordenar a la municipalidad demandada que renueve de forma provisoria la licencia profesional de conducir del amparista, quien actualmente no sabe leer ni escribir, bajo la condición que éste realice un curso de alfabetización, pues si bien no se advierte arbitrariedad en la resolución municipal denegatoria, habida cuenta que el requisito de lectoescritura no conculca el derecho de igualdad, propiedad, ni de trabajar, debe tenerse en cuenta que está en juego el ejercicio de la actividad productiva del peticionante y que en anteriores ocasiones le fue entregada la licencia a tales fines sin inconvenientes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Brugognone, José Antonio c/ Abalos, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios Montes, Manuel c/ Fontana, Pedro José y otros s/ Resolución de obra y daños y perjuicios G., L. c/ C., N. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-06|1987-11-24|1998-08-18

Resulta inatendible el recurso de inaplicabilidad de ley que se circunscribe a la simple mención de las normas legales que habrían sido transgredidas, sin precisar en qué consiste su violación ni indicar por qué se las considera erróneamente aplicadas, ya que inferir los motivos del agravio es incompatible con la índole de la instancia extraordinaria.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, principio de legalidad, jueces naturales, aplicación de la ley penal, competencia en lo penal económico, ley penal más benigna, retroactividad de la ley penal
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ MARCOS JULIO. s/ INFR. LEY 19.982.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-04

No advirtiéndose razones para considerar que la nueva ley torne más gravosa la situación del justiciable, ya que no afecta la validez de los actos concluidos o deja sin efecto lo actuado con anterioridad a su vigencia, ni implica la aplicación retroactiva de normas penales ex post facto, sino que permite su aplicación sólo cuando ellas sean más benignas que las que regían al momento del hecho, corresponde declarar la competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico para conocer en la causa seguida por infracción a los arts. 1 y 2 del decreto 3797/67 y 12, inc. a), en correlación con el art. 4 de la ley 19.982.
Bien de familia, desafectación del inmueble (civil)
Materia: COMERCIAL
Carátula: GAMAS, ALEJANDRO c/ GIMENEZ, SUSANA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-21

1. La ley 14.394, Artículo 49 prevé que el inmueble constituido como bien de familia podrá ser desafectado de oficio o a instancia de cualquier interesado, cuando no subsistan los requisitos previstos en los artículos 34, 36 y 41 o hubieren fallecido todos los beneficiarios.

2. La armonización de las causales enunciadas por la norma presenta dificultades, pues sí la desafectación procede en todos los casos en que desaparezca el núcleo familiar (artículo 36) carecería de sentido la última parte del precepto en cuanto a que también procede cuando hubieren fallecido todos los beneficiarios, ya que aún cuando quedase sólo un sobreviviente, no se daría la subsistencia de la familia (artículo citado) y la desafectación procedería de todos modos.

3. Puede explicarse la alternativa propuesta por el inciso d) del artículo 49, si se considera que cuando la ley se refiere al incumplimiento de los requisitos del artículo 36 se remite a aquellos casos en que por extinción de vínculos paternales o matrimoniales, deja de tener vigencia la existencia de una familia en los términos de esa norma. Por el contrario, cuando se trata del fallecimiento de los beneficiarios, si sólo queda uno -aunque técnicamente no se de la subsistencia del concepto de familia- como no han fallecido "todos" no procede la desafectación del bien, pues ello constituye una exigencia expresa de la ley.

4. La hermenéutica que asimila ambas causales, concluyendo que la desafectación procede aún cuando no hayan fallecido "todos" porque se ha extinguido el núcleo familiar, desconoce que el legislador expresamente ha exigido distinto rigor para el caso de que la familia se desintegre por fallecimiento de sus miembros, requiriendo que hayan fallecido "todos". Si hubiera querido la asimilación que predica aquella doctrina, no hubiera señalado dicha diferencia. Esta solución, por otra parte, es la que mejor se compadece con el fin tuitivo de la ley 14.394, Pues el constituyente quiso asegurarle el techo a los familiares más cercanos que vivían con él; fue previsor y recurrió al apoyo de la ley para que incluso una vez muerto, se respetase su voluntad.
Cuestiones de competencia, sentencias contradictorias, competencia laboral, jubilación ordinaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BELOTTI, ROMULO JOSE LUCIO c/ NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-11-03

Teniendo en cuenta que el actor ha iniciado recurso contencioso administrativo contra el "Banco Provincial de Santa Fe S.A.P.E.M." por virtud de la parte de la sentencia de la Sala -firme y consentida- que declaró la competencia del fuero especializado en lo contencioso administrativo respecto de los planteos relativos a los rubros gratificación especial por jubilación y gratificación anual extraordinaria, se impone asignar competencia al Tribunal en lo contencioso administrativo también para procesar y juzgar idéntica pretensión contra el otro sujeto demandado -Nuevo Banco de Santa Fe S.A.- aun cuando no quede aprehendido en lo dispuesto por los artículos 3, 4, 5, y 35 de la ley 11330.

Ello así por cuanto la continencia de la causa y especiales motivos de seguridad jurídica imponen que sea un único juez quien resuelva las pretensiones de gratificación especial por jubilación y gratificación anual extraordinarias incoadas contra todos los sujetos demandados a fin de evitar la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias y el consecuente caos jurídico que ello podría acarrear.

Y si bien normalmente por imperio del artículo 12 de la ley 7055, la anulación del pronunciamiento impugnado determinaría la remisión de la causa a otro Tribunal para que la misma sea nuevamente juzgada, resulta innegable que ese envío implicaría un inútil dispendio jurisdiccional, dilatándose innecesariamente la controversia que, además ya se encuentra en trámite ante los jueces especializados en la materia contencioso administrativo.
Vista de las actuaciones, vista a las partes, oportunidad procesal, secreto del sumario, derecho a extraer fotocopias, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: KOOK WESKOTT, Matías s/ VISTA DE LAS ACTUACIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-04

Las partes tienen derecho a examinar las constancias del proceso, aun antes de celebrarse la audiencia convocada para recibir declaración indagatoria, siempre que no se haya decretado el secreto sumarial y, por lo tanto, están facultadas para obtener fotocopias de aquéllas, de manera de no limitar el ejercicio de la garantía de la defensa en juicio.
Retiro militar, haber de retiro, determinación del haber de retiro
Materia: MILITAR-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bovari de Díaz, Aída y otros c/ Estado Nacional- M° de Defensa s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

La ley 19.101 (modificada por la ley 22.511), establece que el haber de retiro debe calcularse sobre el ciento por ciento de la suma del haber mensual y suplementos generales a que tuviera derecho el personal a la fecha de su cambio en la situación que revista, como así también en igual porcentaje sobre "cualquier otra asignación que corresponda a la generalidad del personal de igual grado en actividad", pues habrá de entendérsela acordada en concepto de sueldo (arts. 54, 55 y 74 inc. 1°).
Constitución Nacional, registro de la propiedad inmueble, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Tessei de Naveiro, María Amalia y otros c/ Buenos Aires, Pcia. de s/ inconstitucionalidad leyes 10.191, 10.446 y dec. 406/87.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Resultan inconstitucionales la ley provincial 10.542, los decretos provinciales 406/87 y 142/89 y disposiciones técnico - registrales nros. 5/87 y 3/89 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, en el supuesto de actos por los que el Registro mencionado denegó la expedición de certificados de dominio por no estar suscriptos por notarios inscriptos en esa provincia, sino por otros matriculados en extraña jurisdicción.
Garantías procesales, recurso de inconstitucionalidad, tribunal de impugnación penal, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: H., C. M. D. V. por el delito de desobediencia judicial c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-07-24

La negativa a un control casatorio amplio de la primera condena o el agravamiento de la pena inicialmente impuesta, por la sola circunstancia de ser pronunciada por el Tribunal de Impugnación, reflejaría una violación del principio de igualdad ante la ley (arts. 16 de la Constitución Nacional y 13 de la Provincial) toda vez que el condenado por un tribunal o juez de juicio -de primera instancia- se encontraría en una mejor posición, al asegurársele -a este último- el derecho al recurso en términos más amplios que a aquél. Asimismo, el titular de la acción penal gozaría de mejores herramientas procesales para revertir una absolución del imputado, a la par de que se le negaría a éste la posibilidad de cuestionar -por primera vez- un pronunciamiento condenatorio, arribando a la paradójica conclusión de que un remedio legal -inicialmente previsto a su favor- lo terminaría perjudicando.

En base a lo expresado, en situaciones como la que se presenta en el "sub lite", el bloque convencional y constitucional impelen a la Corte a constituirse como tribunal de revisión, flexibilizando las reglas del recurso de inconstitucionalidad a fin de efectuar una revisión amplia, comprensiva no sólo de las garantías constitucionales, sino también de las cuestiones de hecho y derecho sometidas a consideración, agotando el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, con la amplitud acordada por el art. 539 del C.P.P., postulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Casal".
Declaración de inconstitucionalidad, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALEGRE DE AYALA, MIRTHA c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-03-26

Las facultades jurisdiccionales para declarar la inconstitucionalidad de leyes no lesionan el principio de la división de poderes del Estado. No cabe desconocer las atribuciones de los jueces para salvaguardar las garantías y derechos de rango constitucional, declarando la inconstitucionalidad de aquéllas leyes que los avasallen o restrinjan irrazonablemente. De tal manera, los magistrados hacen aplicación de la ley suprema de la Nación, descartando la de leyes inferiores que se lo oponen (art. 31 Const.

Nacional). Antes que una facultad constituye un imperativo y una responsabilidad inherente a la función del Poder Judicial, que es y debe ser custodio de la Constitución.

Ningún derecho existe verdaderamente si está privado de eficacia, pues la ineficacia es un reconocimiento lírico o insustancial. Así pues, no basta el teórico reconocimiento de derechos y ni siquiera su declaración jurisdiccional, si se carece de la posibilidad de realización pragmática y operativa.

El resarcimiento justo no es sólo integral, sino también el oportuno, que en materia de responsabilidad extracontractual es coetáneo a la causación de los prejuicios.

Resulta evidente, en efecto, que el tiempo es también un componente de la justicia, principio que no puede dejar de aplicarse contra quien posterga indebidamente la asunción de sus obligaciones frente a víctimas de daños inmerecidos. Regla que, inexorablemente aplicada cuando los responsables son los particulares, impera con mayor vigor contra las personas jurídicas de carácter público, que deben privilegiar el acatamiento de los principios que atañen a un estado de derecho.