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Amparo por mora, costas en el orden causado, aplicación de la ley previsional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, derecho de propiedad, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SAUDER DE TISCHLER, ELFRIDA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-08

En los amparos por mora de la administración corresponde imponer las costas por su orden, conforme la doctrina que informa el Alto Tribunal en las causas Vago, Alicia Sara y Boggero, Carlos, ambas de fecha 10.12.97. En dichos precedentes se sostiene, en lo fundamental, por una parte que los amparos por mora no están exceptuados del régimen específico establecido por el art. 21 de la ley 24.463, y por la otra, que la circunstancia de que la ley disponga que las costas se abonen en el orden causado no trae aparejada una lesión a las garantías constitucionales de igualdad y propiedad. (Del voto del Dr. Marí Arriaga)
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, orden público
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García y Cía. c/ Di Giorgio, Vicente J. y ot. s/ Cobro ejecutivo. Recurso de queja Astorino, Pedro y ot. c/ Marcello, Miguel A. s/ Conc. especial en autos: 'Marcello, Miguel A. Concurso -hoy su  quiebra-' Rec. de queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-15|1998-08-25

La jurisdicción por apelación de la Suprema Corte de Justicia para atender de las sentencias definitivas está determinada por la Constitución de la Provincia en los supuestos previstos por los incs. 1° y 3° del art. 161, atribución que no puede ser ampliada, modificada o alterada por intermedio de leyes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aguas subterráneas, dominio público, paralización del expediente
Materia: RECURSOS NATURALES-PROCESAL
Carátula: Finca 22 S.A.  c/ Departamento General de Irrigación  s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-04-18

Resulta ilegítimo por falta de motivación el obrar administrativo que paralizó el expediente en el que tramitaba la solicitud de permiso para perforar aguas subterráneas mediante un simple decreto dictado con un fundamento genérico, abstracto y sin evaluar debidamente las constancias que obraban en la causa y los argumentos invocados por el interesado en respaldo de su petición.
Menores, régimen penal de la minoridad, competencia de menores
Materia: PENAL
Carátula: Diez, Ramiro s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

La declaración de autoría -al margen de que en el caso fuera hecha mediante un sobreseimiento- está incluida en la competencia del Tribunal de Menores, aún en el supuesto de que se trate de una causa no penal pues la obligación impuesta al magistrado por el art. 1 de la ley 22.278 de comprobar el delito razonablemente incluye la de probar quién fue el autor. Lo que además resulta necesario para justificar la apertura de su competencia asistencial (art. 10 de la ley 10.067).
Recursos, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PELLICCIARI ROLANDO c/ MOSAICOS FABRICANTES Y OSCAR ROLANDO LUCERO s/ res - Contrato - Daños y Perjuicios (LIBRO: A074 - 455)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-04-07

En el trámite de ejecución de sentencia, si no se opusieron excepciones, el auto que manda seguir la ejecución adelante no es apelable.El sistema recursivo vigente delimita el ámbito de apelación contra las sentencias y autos declarados expresamente apelables.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, juez previniente, falsificación de instrumento público, sucesiones
Materia: PROCESAL
Carátula: Krumpeter, Alberto s/ falsificación de documentos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-26

Corresponde al magistrado local que previno continuar con el trámite de las actuaciones si la falsificación de la firma en el expediente sucesorio iniciado ante la justicia provincial se encuentra íntimamente vinculada con la falsificación, también de firmas, en el poder y escritura pública, en la medida que mediante tales actos se pretendió disponer del único bien que constituye el acervo hereditario en aquel proceso, no pudiendo descartarse, por consiguiente, la existencia de un caso de pluralidad de movimientos voluntarios que responden a un plan común y que conforman una única conducta -en los términos del art. 54 del Código Penal- insusceptible de ser escindida. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Concurso especial en: s/ "Grazziani, Fernando. Concurso"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

El pronunciamiento de la Cámara que, en la etapa de ejecución del concurso especial resuelve sobre la fecha desde la cual debe efectuarse la actualización del saldo impago, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278, Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Carga de la prueba, inconstitucionalidad, fundamentación insuficiente, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Kim, Jong Hean c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-17

Es del caso recordar que quien alega la inconstitucionalidad de una norma, debe demostrar de manera concreta y específica de qué modo la norma viola garantías y derechos constitucionales. En el caso, la defensa ha omitido interpretar la ley cuya constitucionalidad cuestiona a la luz de las claúsulas constitucionales aplicando a tal fin un criterio que las concilie.

En definitiva no se ha fundado adecuadamente que la cuestionada normativa resulte violatoria de principios de orden constitucional invocados.

El tribunal de mérito, luego de realizar un análisis de la causa, coincidió con los argumentos expuestos por el MPF para concluir que no correspondía la suspensión del proceso a prueba respecto del nombrado.

Así las cosas, las particulares circunstancias que rodean al hecho objeto de imputación, otorgan soporte suficiente al dictamen fiscal en lo relativo a la necesidad de llevarse a cabo el juicio oral, lo que fue evaluado por el a quo en el caso.
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: D'Atena, Noemí A. c/ I.T.A.S.A. S.A. s/ Despido Acosta, Dionisio c/ Hermac S.A.I.C. s/ Enfermedad Guelfi, Federico c/ Burletex S.A. s/ Accidente ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20|1995-04-04|1989-02-07

No acreditado por otros medios el nexo causal entre la enfermedad del trabajador y las condiciones de trabajo, la sola circunstancia que del examen preocupacional resultara que aquél ingresó sano a las órdenes del principal no es en sí mismo demostrativo de tal extremo.
Contrato de trabajo, ius variandi, vacaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Guerreiro Verónica c/ Dental System SA s/ juicio sumarísimo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-30

El art. 66 de la LCT debe considerarse ceñido, en principio, al ejercico del poder de dirección (ver "Reflexiones procesales en torno del art. 66 de la LCT, modificado por la ley 26088" Revista de Derecho Laboral Procedimientos Laboral III año 2008) y no a hipótesis singulares, como el caso en que la empleadora le cambia la fecha de las vacaciones a la trabajadora, que tradicionalmente se las otorgaba en el mes de febrero, en coincidencia con su grupo familiar. Ello así, por cuanto el propio ordenamiento legal concede al empleador expresamente el derecho de otorgar licencia entre el 1 de octubre y el 30 de abril (art. 154 y concordantes de la LCT). Lo expresado no implica avalar la conducta de la empleadora que, eventualmente podría cuestionarse sobre la base de una concepción posible de derecho adquirido o sentar un criterio definitivo acerca del proceder de la empresa a la luz de lo previsto por el art. 66 ya citado, pero lo cierto es que lo acontecido no encuadra en el marco invocado, ni justifica la intervención cautelar. (Del dictamen del Fiscal General, al que adhiere la Sala).
Derecho a la salud, derecho a la vida
Materia: PROCESAL
Carátula: Rachid, María de la Cruz y otros c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

El derecho a la salud integra el derecho a la vida. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz)
Opinión consultiva, Constitución Nacional, reforma de la constitución, COSTA RICA, control de convencionalidad
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4. Solicitante: Costa Rica c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1984-01-19

El Gobierno de Costa Rica solicita al Tribunal Interamericano se pronuncie respecto de posibles incompatibilidades, entre ciertas modificaciones a realizarse en la Constitución Política del referido país relacionadas con la naturalización, y la Convención Americana.
Protección del medio ambiente, medidas cautelares, daño ambiental, incendio, quema de pastizales
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Equística Defensa del Medio Ambiente Aso. Civ. c/ Santa Fe, Provincia de y otros s/ amparo ambiental
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

Es procedente la medida cautelar tendiente a que se ordene al Estado Nacional, a las provincias y municipios demandados y a la Provincia de Buenos Aires a hacer cesar de modo efectivo e inmediato los focos de incendio producto de la quema de pastizales, pues resulta verosímil la denuncia del desarrollo de una actividad calificada de manifiestamente ilegal en relación con las quemas de pastizales, dado que vulnera de manera patente expresas prohibiciones contenidas en los términos del art. 41 de la Constitución Nacional y de las leyes 26.562, 26.815, 26.331, 25.675, 23.919, 24.295 y 27.520
Compensación, compensación judicial, doctrina, jurisprudencia
Materia: CIVIL
Carátula: Somisa c/ Cirmat Inst. Ind.  S.R.L. s/ Cobro de australes (A128.353) - ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

Aunque prestigiosa doctrina sostiene que la compensación judicial ha de ser opuesta por vía de reconvención ya que, de lo contrario, podría verse vulnerado el derecho de defensa en juicio de la actora, a quien se le debe dar oportunidad de contestar y probar en torno a la compensación alegada, otros autores, igualmente prestigiosos, admiten ser suficiente que se la invoque como defensa, siempre que ello no implique menoscabo de la garantía consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional.

Este último es el criterio que la Sala ha seguido en diversos precedentes .
Expensas comunes, pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Prop. Pte. Julio A. Roca c/ Miguel Angel Soria s/ Cobro de expensas-Juicio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-11-12

Dado que la ley 13.512 protege fuertemente la obligación del pago de las expensas comunes, constituyéndose en su art. 17 una obligación real, el consorcio puede hacer valer sus derechos contra el ejecutado -anterior propietario- (quien responde con su patrimonio por esas deudas) o, en su caso, dirigirse contra el comprador, dado que mientras ellas no se paguen siguen obligando a los sucesivos adquirentes, los que responden con la cosa transmitida. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, partidos políticos, Ministerio del Interior y Transporte
Materia: PROCESAL
Carátula: Apoderados  del  Partido  Política  Abierta  para  la  IntegridadSocial   -  Orden Nacional c/ Restantes Integrantes de la AlianzaTransitoria Frente del País Solidario. s/ distribucion de aportes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

El recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó la demanda contra uno de los partidos políticos demandados y determinó la forma de distribuir los aportes abonados por el Ministerio del Interior, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Personal municipal, retribución por cese
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Larrauri, Oscar Mario c/ Municipalidad de Ensenada s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

La circunstancia de que el accionante haya solicitado la retribución especial por cese después de un año de haberse desvinculado del municipio no puede perjudicar en modo alguno su situación patrimonial, pues sobre la comuna pesaba la carga de dar cumplimiento a lo estipulado por la legislación positiva.
Sucesiones, acervo sucesorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martinez, Juana F. y otro c/ Ibarra, Raquel Leonilde s/ Exclusión de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-07

Si bien el período de la obligación de restituir comienza con la apertura de las sucesiones, el curso o desde cuando corren los intereses y la actualización por desvalorización de la moneda a que hubiera lugar deberá resolverse en la etapa de ejecución de sentencia, acorde con las circunstancias de cada reclamo (en el caso, se trataba de la exclusión de la vocación hereditaria del cónyuge supérstite y el 'a quo' -en conclusión insuficientemente cuestionada, arts. 260 y 261 del C.P.C.C.- consideró aplicables las normas sobre indignidad para la restitución de accesorios, aumentos, frutos, rentas, intereses y desvalorización monetaria).-
Policía, personal policial, negativa a notificarse, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gudiño, Oscar Juan Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nro. 436-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-27

El hecho de que hayan existido comportamientos del actor demostrativos que ya conocía el acto administrativo cuya notificación pretendía la Administración, en modo alguno torna de por sí inoficiosas las diligencias intentadas con posterioridad por la repartición para asegurarse la notificación fehaciente de los actos en cuestión, ni irrazonable la actuación administrativa en cuanto sancionó la falta prevista como "grave" por el ordenamiento consistente en negarse a colaborar en dicho trámite. Es que, siendo en general la notificación requisito de eficacia de los actos administrativos, es decir, necesario para el despliegue de sus efectos propios, no podría soslayarse que en el caso particular tales efectos consistían nada menos que en la reincorporación a las filas policiales de un ex agente y en el cumplimiento de una sanción correctiva, por lo que la actividad desplegada por la Administración en orden a obtener una notificación fehaciente no aparece sobreabundante.
Transporte aéreo de carga, protesta, cómputo del plazo, aplicación de la ley
Materia: AERONAUTICO-INTERNACIONAL-PUBLICO
Carátula: HIMALAYA SA DE SEGUROS c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03

Por tratarse de un vuelo que se inicio en EE.UU, país que no ratificó el Protocolo de La Haya en 1955, la demandada sostiene que la protesta debió ser efectuada dentro del plazo previsto en la Convencion de Varsovia. La aplicabilidad del primitivo ordenamiento, en causas análogas a la presente, ha sido admitida por este Tribunal, mas la cuestión carece de toda significación en el caso, ya que la protesta fue realizada en termino, cualquiera fuere el ordenamiento internacional que se tome en cuenta.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Valeff, Pedro Rafael y otra c/ Lascours, Néstor Adolfo y otra s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2012-10-16

Cabe declarar la caducidad de la segunda instancia por perención del plazo para elevar la causa a la Cámara de Apelaciones, pues aun cuando corresponda al tribunal o al secretario la remisión del expediente al tribunal superior correspondiente, ello no releva a las partes de realizar los actos necesarios para urgir el cumplimiento ante la omisión del órgano respectivo.
Acción de inconstitucionalidad, código aduanero, estupefacientes, control aduanero
Materia: PENAL
Carátula: Bobadilla, Susana Esther s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-09

Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la norma aduanera, toda vez que el planteo no logra señalar el agravio constitucional que trae esa normativa y no se observan las exigencias propias a los fines reclamados. El hallazgo de la sustancia estupefacientes fue el resultado de un control rutinario de retiro de precintos para revisar la carga del camión que había arribado el día anterior a la Ciudad de Río Grande y quedado en playa fiscal, revisión efectuada por la agente de aduana que fue quien advirtió otros elementos y algo que, por su naturaleza, le llamó la atención; versión que guarda correspondencia con lo declarado por los empleados que descargaron el camión y la propietaria de la empresa de transporte; por lo que requerir para justificar el acto más testigos coetánea y permanentemente a la actividad de inspección, importaría más o menos no poder practicar nunca ningún control. La afectación al principio de congruencia entre el requerimiento de instrucción y la intimación fáctica efectuada en la indagatoria, se trata de una repetición del tema sin asumir el correcto descarte efectuado por la mayoría del tribunal.
Jugador de fútbol, contrato de trabajo, entidades deportivas
Materia: CIVIL
Carátula: Simón, Juan Ernesto c/ Gimnasia y Esgrima de la Plata s/ Cobro ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-23

En la relación laboral entre un jugador de futbol y su club, uno de los requisitos del contrato es su inscripción en los registros respectivos de la A.F.A., naciendo con ello lo que se ha dado en llamar el derecho federativo. A partir de ese momento, un determinado club ha registrado (ante la institución rectora del deporte) el derecho de que cierto jugador participe de las respectivas competencias en su nombre y representación, o -visto desde el otro ángulo- se genera el derecho/deber de determinado futbolista para desempeñarse como tal en un club de fútbol (doctor DE LAZZARI, minoría).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Hansen, Jorge Ricardo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se alega violación de los arts. 252 y 253 del Código de Procedimiento Penal si el recurrente no impugna los fundamentos esgrimidos en la sentencia para valorar en calidad de hábiles a las víctimas del hecho, ni cita como infringidos los arts. 149,150 y 247 del Código de Procedimiento Penal que regulan específicamente el tema y que fueron mencionados en el pronunciamiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Escribanos públicos, procesos de conocimiento, defensa en juicio
Materia: CIVIL
Carátula: Legajo Registro Notarial N°69 Del Partido De Bahía Blanca  c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-10-10

El artículo 42 inc. 2 de la ley 9020/78, habilita al órgano jurisdiccional para disponer, en caso de urgencia o en razón de la naturaleza, gravedad o reiteración de los hechos, las medidas precautorias que juzgue convenientes, entre las que se cuenta la suspensión preventiva del notario, la cual apunta a resguardar un valor esencial como lo es la fe pública, delegada por el Estado al notariado provincial y para su dictado no es necesario un proceso de conocimiento, con posibilidad de audiencia y prueba, sino solamente la prueba sumaria de su necesidad, por lo que su adopción en modo alguno vulnera el derecho de defensa del notario.
Contratos civiles, prueba, prueba testimonial, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: MACRI, ANGEL c/ P. LOVCOVS Y CIA  S.R.L. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-29

La prueba de testigos o las presunciones no pueden ser empleadas para acreditar la existencia de alguna obligación de origen contractual, o de la modificación de otras, cuando el negocio fue celebrado mediante un instrumento público o privado, en tanto dicha estipulación exceda el mínimo legal establecido en el art. 1193 del C.Civil. Invariablemente se ha entendido, que la norma que veda la prueba testimonial o las meras conjeturas para plasmar la existencia del contrato, adquiere mayor relevancia cuando dicho acto jurídico fue instrumentado por escrito y la obligación que se alude no figura entre las formalmente pactadas en el instrumento. Si bien se ha admitido la prueba testimonial para acreditar alguna circunstancia omitida, cuando la misma se refiere a las formas de cumplimiento o a los errores materiales incurridos al redactar el contrato o bien para desentrañar la causa o naturaleza jurídica de la obligación de origen contractual, pero el afán de adicionar alguna obligación a cargo de los contratantes o la variación de las prestaciones asumidas, no pueden ser aceptadas sino están demostradas por documentos que, por lo menos, tengan igual rango que aquél que instrumentara la convención.
Recursos, acción de amparo, acción de nulidad, inadmisibilidad del recurso, vicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Hoffmann, Elena Alicia y otro c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Hoffmann, Elena Alicia c/ GCBA y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-09

Corresponde declarar la nulidad de las actuaciones cumplidas sin la debida participación del Ministerio Público Tutelar y devolver el expediente a la Cámara para que dicho Ministerio haga valer los derechos que estime corresponder en el juicio respecto de la niña, dictándose oportunamente una nueva sentencia por parte de otra Sala. Esta solución se condice con el criterio de la CIDH que reconoce expresamente la figura del asesor/a de menores e incapaces como una herramienta esencial para enfrentar la vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad; y que su ausencia en los procesos judiciales constituye un quebrantamiento del derecho a las garantías establecido en los artículos 8.1, 19 y concordantes de la Convención Americana de Derechos Humanos. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Insurance Company of North American c/ Fortino, Antonio Carlos y otra s/ Cobro de pesos. Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-11-03

No constituye infracción al art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial la negativa por parte de la Alzada a considerar una cuestión no propuesta a decisión del juez de la instancia anterior.
Actos jurídicos, contratos
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Elida Haydée c/ Almonacid, Omar Alfredo s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-15

No puede extrañar ni provocar equívoco que el mismo documento recoja dos contratos, pues es harto conocida la distinción entre instrumento y acto instrumentado y nada impide que en un mismo y único instrumento se registre más de un negocio jurídico.