marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Bienes inmuebles, posesión
Materia: CIVIL
Carátula: Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación s/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-05

El artículo 2.387 del Código Civil regula la forma en que se adquiere la posesión de un inmueble que se encuentra, como en el caso, en posesión de una persona distinta a la del propietario y a la de quien pretende ser investida con esa propiedad, al disponer que no es necesaria la tradición de la cosa, sea mueble o inmueble, para adquirir la posesión, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, y éste por un acto jurídico pasa el dominio de ella al que la poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario, principia a poseerla a nombre de otro, de modo que la norma constituye una modalidad muy específica de aplicación de las reglas previstas en los artículos 2.379 y 2.380 del Código Civil, con arreglo a las cuales la posesión se obtiene mediante el ejercicio de actos materiales sobre la cosa.
Principio de congruencia, alimentos atrasados, facultades jurisdiccionales
Materia: CIVIL
Carátula: D. V. G. J. B. C/ D. V. M. L. S/ INC. ELEVACIÓN c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-12-09

Soy consciente que la solución que voy a proponer no fue así peticionada por la parte actora, pero soy de la opinión que en los procesos de familia, el principio de congruencia presenta cierta flexibilidad, para lograr la efectividad del principio de tutela judicial efectiva consagrado en el art. 58 de la Constitución provincial
Compraventa inmobiliaria, rescisión del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: PONCE, RAMON F. c/ PALARES DE GONZALES, JUANA Y OTROS. s/ RESOLUCION DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-04

Si sobre un lote objeto de una cesión de derechos existía un condominio que fue ocultado al cesionario, y si con anterioridad a la celebración del contrato uno de los condóminos falleció, sucediéndole su esposa e hija, cayendo la cónyuge en cesación de pagos, todo ello conduce a afirmar que existió mala fe de parte de los vendedores y procede obtenerse la resolución del contrato de cesión.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Casal, Carlos A. c/ La Puntual de González y Cía. S.C.S. s/ Estabilidad gremial, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

Celebrado el acto eleccionario con arreglo a las previsiones de la ley 23071, el candidato a delegado no electo goza de la estabilidad que le confiere el art. 27 de dicho cuerpo legal y las consecuencias de su violación deben ajustarse a lo reglado por la ley 22.105.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GALEANO, VICENTE OMAR c/ DIARIO NUEVO DIARIO Y OTROS s/ INDEMNIZACION DEL DAÑO MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-12-17

Corresponde aplicar el art. 7 A.H. sobre el total de la cantidad reclamada en la demanda que debe ser considerada como monto del juicio, en los casos de rechazo total de ésta última.
Dirigente gremial, tratados internacionales
Materia: LABORAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Ortiz, Luis Manuel s/ Exclusión de tutela sindical s/ Exclusión de tutela sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-11-20

Los distintos convenios internacionales obligan al país, como miembro firmante a que la legislación garantice esos derechos y los regule atendiendo a los intereses generales.

En lo atinente a los representantes gremiales, la finalidad es que a resultas de su condición, afiliación, actividad o participación gremial no sean víctimas de arbitrariedades tendientes a desalentarlas, hostigarla, obstaculizarla o impedirla, pero en modo alguno ello genera un "bill de indemnidad" para el beneficiario en cuanto a sus obligaciones laborales individuales propiamente dichas. Esto último, no se infiere de los convenios internacionales, de la Constitución Nacional ni de la legislación vigente. Fundamento de la Dra. Linares.
Derechos del empleador, ius variandi, cambio de lugar de trabajo, modificación del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SILVA DE HERRERO, SANTA c/ COMERCIO INTERNACIONAL  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-29

El cambio de lugar de trabajo, en principio, no es modalidad esencial del contrato de trabajo y disponer su modificación entra dentro de las razonables prerrogativas patronales del art. 66 LCT TO. Este uso discrecional del ius variandi solo tiene relevancia en los supuestos en que el traslado implique para el dependiente sacrificios desmedidos o serias mortificaciones para aceptar su nueva situación.
Inadmisibilidad del recurso, queja por casación denegada, resoluciones irrecurribles, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de Queja en autos: A. D. L. C. E. M. A. - A.- c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia y otra s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-04-26

Resulta inadmisible el recurso de queja incoado, puesto que en el escrito recursivo se incumplió con lo ordenado por el art. 7 de la Ac. Nº 3.821/2.009, como tampoco satisface los requisitos de la Resolución N° 4.872/2.020 en su art. 7, ni cumple las previsiones de los arts. 8 y 11 de la citada Resolución. Cuando la acción de amparo es rechazada -como el caso-, la sentencia no es definitiva o equiparable a tal, al margen de la existencia o no de gravamen irreparable, ya que siempre el actor podrá renovar la cuestión por las vías ordinarias.
Personal municipal, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romo, Cesario José y otro c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

De la existencia de un régimen privilegiado con remuneraciones y horarios distintos a los del resto de la Administración bonaerense en el caso previsto por el dec. 1245/76, art. 4º, respecto del personal que desempeña tareas consideradas insalubres y/o peligrosas -, no cabe inferir sin más su aplicabilidad en el ámbito comunal, requiriéndose necesariamente una disposición municipal similar o que adhiera al mismo.
Expulsión de extranjeros, pena privativa de la libertad, ejecución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Giménez Güell, Carlos Daniel c/  s/ extrañamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-15

A los fines de que proceda la ejecución de una orden de expulsión en los términos del 64 de la ley 25871, por parte de la autoridad migratoria, ha de tratarse de un extranjero que efectivamente esté cumpliendo pena privativa de libertad en un establecimiento de ejecución de pena que acarree privación de la libertad, o bajo otra modalidad de ejecución de la pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo. Si se tratase de una condena a pena de prisión de ejecución condicional la situación se regula de modo diverso, por el inciso b del art. 64 de la ley 25.871 (voto del juez García al que adhirió el juez Bruzzone).
Habeas corpus, suspensión de la audiencia, suspensión del debate, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Castro, Hector Osvaldo y otros s/ Habeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1987-09-21

Cuando una situación procesal excepcional, ajena al procesado, paralice el procedimiento e impida sine die la prosecución de un proceso hasta entonces regular y normal, el hábeas corpus resulta el remedio idóneo para devolver la libertad al imputado mientras persista aquella situación irregular.

El caso traído a pronunciamiento no encuadra en tal situación de hecho, porque las suspensiones de audiencias son solo alternativas del proceso, que si bien por su reiteración, no son normales, tampoco son de excepciones y que permitan por su sola existencia cambiar la situación procesal de los imputados, al punto de recobrar una libertad, que en definitiva volverá a perderse inmediatamente de fijada otra vez la audiencia de debate.
Trabajadores de Luz y Fuerza, ampliación de la jornada de trabajo, fallo plenario
Materia: LABORAL
Carátula: GAVILAN, RUBEN OSCAR Y OTROS c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-11

Corresponde abonar con el recargo legal del 50% (artículo 201 Ley de Contrato de Trabajo) el tiempo de trabajo que, superando la jornada establecida por el convenio colectivo de trabajo 78/75 (de 36 horas), fue dispuesto por el decreto 1933/80, no siendo de aplicación el fallo plenario 226, pues la doctrina allí sentada se refiere a las horas trabajadas en la doctrina allí sentada se refiere a las horas trabajadas en exceso de la jornada convenida por las partes, mientras que en este caso se trata de trabajo en exceso de la jornada establecida en el convenio colectivo.
Enfermedad profesional, daño psíquico, conscriptos, Fuerzas Armadas, daño por el hecho o en ocasión del trabajo, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: ORTIZ DE ALLENDE, Elda c/ EJERCITO ARGENTINO s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

Si en la configuración del daño psíquico (brote esquizofrénico) que padeció un soldado conscripto estando bajo bandera, concurrieron causas atribuibles al mismo y otras a la institución demandada (Ejército Argentino), esta situación conduce a una disminución de la cuantía del resarcimiento, proporcional a la relevancia de la intervención del perjudicado, más allá de toda idea de culpa por parte de éste. En consecuencia, la accionada debe responder por el 50% del daño sufrido por el soldado.
Daños y perjuicios, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: LIGUORI ALICIA NOEMI c/ CUOMO RUBEN ERNESTO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Los requisitos que debe reunir el daño patrimonial para que sea jurídicamente resarcible son: a) que exista relación de causalidad entre el acto ilícito y el daño; b) que sea "cierto"; c) que sea personal del accionante; d) que resulte de la lesión de un derecho subjetivo o de un bien protegido por la ley.
Declaración indagatoria, extraña jurisdicción, ratificación de actos procesales, valor probatorio, prueba confesional, robo con armas, arma defectuosa
Materia: PENAL
Carátula: RIVAS JORGE s/ Prueba de Confesión Robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-11

1) Si bien la declaración indagatoria prestada ante el juez provincial que luego se declara incompetente, posee aptitud para su incorporación a las actuaciones tramitadas ante esta jurisdicción, no siendo necesario que se la ratifique, de ello no se sigue que su contenido tenga el carácter de confesión prevista por los arts. 316 y 321 C.P.C., habida cuenta del requisito contemplado en el inc. 1 del citado art. 316. 2) No corresponde la calificación de robo con armas, por no haberse demostrado que la utilizada en el hecho fuese idónea para aumentar el poder ofensivo del autor, pues si bien los procesados reconocieron el uso de armas, no identificaron la secuestrada como la que emplearon, atribuyendo al prófugo el suministro del mencionado instrumento y bien pudo ser el arma de aquellas ineptas para disparar y por ende no comprendida en la doctrina sentado por el plenario "Scioscia, C.A".
Servicio público, Ley de Reforma del Estado, tarifa de servicios públicos, hiperinflación, derechos del consumidor, derecho de propiedad, seguridad jurídica, derechos adquiridos
Materia: COMERCIAL
Carátula: CANTERAS MALAGUEÑO S.A.C.I.F. c/ GAS DEL ESTADO s/ REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-09

La facultad del Estado -antes de la reforma económica-de explotar "per se" servicios públicos y fijar unilateralmente las tarifas, implicó cuadros tarifarios de dificultoso control para los particulares -usuarios-de las distintas categorías de consumidores (grandes o pequeños) e incluso para su control judicial. Por la inflación se hace también dificultoso operar sin aumentos que hacen al objeto de la actividad negocial de las partes y la violación de derechos constitucionales incorporados en la reciente reforma, máxime, si se trataba de aplicar con efecto retroactivo el precio de insumos industriales, porque ello violentaría el concepto de la seguridad jurídica y los derechos adquiridos. Los cuadros inflacionarios o aún hiperinflacionarios determinaron que nuestros tribunales hayan admitido que, en la medida que lo requiera la atención de los superiores intereses y la situación de la economía general lo imponga, que sea lícita la sanción y aplicación de leyes con alcance retroactivo, aún cuando de esa manera se limite el derecho de propiedad de los habitantes, y aún los efectos de las sentencias firmes, en tanto las medidas adoptadas no eliminen el derecho reconocido y no sean irrazonables en relación a las causas que las han hecho necesarias, pueden restringirse y postergarse legalmente los derechos en lo que sea indispensable para salvaguardar el orden público y el bienestar general amenazados.
Excarcelación, estafa
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BUSTOS, CARLOS A. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1974-12-31

No procede otorgar el beneficio de la excarcelación al imputado de estafa (C.P., art. 172), que ha demostrado inclinación a repetir actos delictuosos con una apreciable tendencia a incorporar ello a su modo de obrar pues tales circunstancias lo hacen caer en las restricciones establecidas en el art. 316 del C.P.P. (ley 5154). Las restricciones no deben fundarse en el pasado sino en el futuro: en el grave peligro de que el imputado observe una conducta lesiva del orden jurídico fugándose o cometiendo nuevos delitos.-
Prescripción de la acción penal, cómputo del plazo, testimonio incorporado por lectura, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Alderete Cañete, Luis Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-17

Corresponde declarar la prescripción de la acción -no obstante la existencia de actos procesales con potencialidad de interrumpir el plazo de la prescripción- si transcurrieron más de 15 años sin que se haya producido en el expediente ninguna diligencia útil o importante, no imputable al encausado. No se garantizó el derecho de defensa en juicio si la totalidad de las declaraciones colectadas en la causa fueron incorporadas por lectura al resultar infructuosos los intentos de hacer comparecer a los testigos al debate. El voto concurrente postuló la antigua redacción del art. 67 del CP, -en orden a que no puede interrumpirse el curso de la prescripción por actos del procedimiento- por ser más benigna. La disidencia entendió que no se encontraba prescripta la acción penal por existir hechos con aptitud interruptiva de dicho plazo. (Dres. Tragant, Ledesma y Riggi -en disidencia-).
Empleo público, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Serrano, José Luis c/ Municipalidad de Salsacate s/ Empleo público
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-10-23

Si, en el caso, no existe constancia de que el actor haya sido sancionado, y ha quedado demostrado que el accionante se encontraba en ejercicio de la función administrativa, y por ende con derecho a percibir los correspondientes haberes, es obligación a cargo de la administración que nace del carácter contractual de la relación de empleo público, el pago de los haberes correspondientes.
Daño, bienes muebles
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Márquez, Miguel Angel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-05

El delito de daño, previsto por el art. 183 del C.P. que se diferencia del hurto justamente en que, en el caso de cosas muebles, el poder que ejerce el sujeto activo sobre ellas, tiene por consecuencia el desapoderamiento al sujeto pasivo de ellas, pero no su propio apoderamiento; en otros términos, quien daña una cosa mueble no se encuentra "en poder de la cosa" sino que "tiene poder sobre la cosa". (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia).
Juicio ejecutivo, sentencia de trance y remate, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: JAUREGUI, MARTA A. c/ FERNANDEZ, ENRIQUETA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-11

Si bien de conformidad con lo dispuesto en el art. 560 del Código Procesal, son inapelables para el ejecutado, las resoluciones que se dictan durante el trámite del cumplimiento de la sentencia de remate, esta prohibición no alcanza a cuestiones que, aún íntimamente vinculadas al trámite, no son esenciales a la estructura del proceso ejecutivo.

El art. 569 del Código Procesal -subasta progresiva-, rige en beneficio del ejecutado con el propósito de evitarle un perjuicio.

Por esa línea de pensamiento amplia es que se puede solicitar incluso la subasta progresiva aun cuando se haya consentido la orden de remate público de los bienes (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", T. VII, pág. 604).

Si ello es así, debe concluirse que cuando no se admite la propuesta de progresión, en las condiciones en que la solicitó el ejecutado, debe aceptarse el recurso ante el posible gravamen irreparable que la resolución le puede traer aparejado.
Despido, silencio del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, CARLOS c/ ASIG  SRL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-20

No hay ninguna norma que obligue al trabajador a rechazar el despido o que acuerde valor a su silencio. Por el contrario, el art.

919 del C.Civil quita valor al silencio del trabajador y el art. 57 LCT sólo acuerda valor presuncional al silencio del empleador, pero no existe ninguna disposición que ponga al dependiente frente a la carga de rechazar el despido, en especial si se tiene en cuenta que una vez despedido ya ha dejado de ser trabajador dependiente del empleador que lo despidió.
Prueba testimonial, declaración testimonial, idoneidad del testigo, autoridad de prevención, acta de secuestro, firma del procesado, robo con armas, arma propia, arma impropia
Materia: PENAL
Carátula: LOZA, ENRIQUE. s/ PRUEBA TESTIGOS. POLICIAS. ACTA SECUESTRO. ROBO. ARMAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-29

1) Son válidos como prueba de cargo LOS TESTIMONIOS DE LOS POLICIAS en tanto tales testimonios no aparezcan rodeados de interés afectivo o económico como para considerar que han faltado a la verdad, situación que no se da en el caso de autos.

2) No es nula el ACTA DE SECUESTRO que carece de la firma del procesado, habida cuenta que tal ausencia ha sido suplida por la rúbrica de dos testigos.

3) Dado que el ARMA secuestrada carece de aptitud para el disparo, es decir que no resulta idónea para sus fines propios, ha perdido su condición de arma y al no haber sido usada como elemento contundente tampoco puede argumentarse que consista en una arma impropia, pues tal carácter no puede ser adquirido con la mera exhibición de aquél, ni con su simple manipuleo fingiendo que al accionarse la corredera se ingresa un proyectil a la recámara, o sea que en el caso debe excluirse la agravante del empleo de armas, ya que la reputada no puede considerarse tal, ni en sentido propio, ni en impropio.
Sanciones del Colegio Profesional, recurso de apelación (procesal), prórroga del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FACAL, CARLOS JOSE M. s/ APELACION SANCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-30

Si la apelación contra la sanción aplicada por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, se funda en los dichos de un testigo que no constan en el acto de la audiencia de vista de causa, corresponde fijar un plazo al recurrente para que acompañe una transcripción de la cinta grabada, autenticada por oficial público.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hernández, Catalina c/ Azzar, Andrés y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06

El art. 330 del Código Procesal Civil y Comercial, establece que la petición (contenida en la demanda) debe ser hecha en términos claros y positivos, con lo que fija los límites dentro de los cuales debe transitar el juzgador que no son otros que los propuestos por las partes. Si esos límites fueran traspuestos o soslayados se incurriría inevitablemente en el vicio de "extra petitta" violando así el principio de congruencia contenido en el art. 163, inc. 6 del ritual.
AFIP DGI, amparo por mora
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PAPEL DEL TUCUMAN  S.A. s/ RECURSO DE AMPARO -  I.V.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

El amparo legislado por la ley 11.683 no puede perseguir otra cosa que no sea obligar a la Dirección General Impositiva a realizar un trámite, o, si éste pudiera obviarse, al liberar al particular afectado de realizarlo. Pero queda excluida toda posibilidad de que se condene a la administración a pronunciar un acto en un sentido o a resolver de una manera determinada.
Contratos, prueba, factura
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Conca, Enrique Héctor  c/ Lagomarsino SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

La presunción establecida por el CCOM 474 (hoy CCCN 1145) sólo puede hacerse efectiva cuando se prueba la recepción de los instrumentos (CNCom, Sala E in re "Celesur SA c/ La Mercantil Andina Compañía de Seguros SA", del 18/11/10).

Ello por cuanto al ser documentos privados emanados unilateralmente, por sí solos son insuficientes para acreditar la condición de acreedor (CNCom, Sala B, in re "AVH San Luis SRL c/ Infantino, Eduardo J. R.", del 29/11/06).

Por consiguiente, la negativa manifestada en el responde respecto de la recepción de las facturas impone a la parte actora la carga de demostrar mediante prueba idónea la efectiva entrega de esos documentos a la demandada y, por consiguiente, la existencia y legitimidad de su reclamo (CPR 377).
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gervacio, José Luis y otro c/ Morales, Agustín Mario s/ Daños y perjuicios Marchioro de Conti, María Cristina c/ Empresa Línea 7 y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20|1991-07-16

No puede cuestionarse la facultad del juez civil para analizar las constancias del proceso penal ofrecido como prueba.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, honorarios del perito
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Tustanoski, Aldo Antonio y otros c/ Empresa Nacional de Correos y Telégrafos. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que modificó los honorarios regulados al perito, si al desconocerle al proceso una base regulatoria, la alzada excedió los límites de su competencia apelada, habida cuenta que no mediaban agravios sobre la existencia de un monto del proceso.
Indemnización, tasa del 6% anual, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: PIANTANIDA ANDREA PAULA c/ HOSPITAL NAVAL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-03

Cuando en las sentencias se fijan partidas indemnizatorias a valores actuales, esto es, a la época de su dictado, y siendo el evento dañoso anterior al año 1991, corresponde se aplique la tasa pura del 6% desde la fecha del hecho hasta el dictado de la sentencia y, desde allí, y hasta el efectivo pago conforme a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. (Sumario confeccionado por el Saij)