Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-04-20


Salta, de abril de 2004 Y VISTOS: estos autos caratulados "Recurso de Apelación Directa EDESA S.A. - SETTI Carlos F.", expte. nro. 82.746/03 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II, y C O N S I D E R A N D O _ I) La Resolución nro. 385/03, de fecha 14 de octubre de 2003 del Ente Regulador de los Servicios Públicos (copiada a fs. 31/32), es apelada a fs. 36/37 por la apoderada letrada de EDESA S.A. Concedido el recurso a fs. 42, y consentida la intervención del Tribunal con los firmantes de la presente, a fs. 59/64 expresa agravios.

Dice que la decisión del Ente se encuentra viciada en su forma como acto administrativo, ya que no se ajusta a lo exigido por la Ley de Procedimientos Administrativos nro. 5.348/78 en su art. 65 inc. c, pues se limita a transcribir de manera literal y reiterada los dict menes de las distintas gerencias y jefaturas que le precedieron; no surge de manera alguna la responsabilidad que se le atribuye a su mandante; se acepta la ocurrencia del hecho de un tercero, el del generador de energía, como sustento del reclamo formulado por el usuario; no tiene argumentos jurídicos concretos y adolece de fundamentación fáctica.

En la fecha y hora del reclamo del cliente no se registraron otras quejas. Reconoce que hubo un desenganche automático a las 14,05 hs. de ese día de la m quina TV 13 en la Central Térmica de Güemes por rechazo de carga, siendo dicha Central un generador que aporta energía al Sistema Argentino de Interconexión, pero su operación y mantenimiento es independiente del accionar de EDESA S.A. Imputa al dictamen de la Jefatura de Usuarios falta de sustento técnico y científico.

Advierte a continuación que los inconvenientes originados constituyen un caso de fuerza mayor debido al accionar de un tercero y si bien la Distribuidora tiene una obligación "de resultado", ante un hecho de estas características opera a su favor la causal de eximición de responsabilidad.

Concluye que ante el número de clientes al que se le presta el servicio, los supuestos reclamos que se mencionan son casos aislados. Aprecia que el Ente parte de una presunción "iure et de iuris" que no tiene sustento legal.

Además, destaca que, tal como se expidiera el mismo mediante Resolución nro. 363/03, sus facultades jurisdiccionales se limitan a la determinación de la responsabilidad de la Concesionaria y a la aplicación de sanciones y/o penalidades en los supuestos de mala calidad o deficiente prestación del servicio.

En función a ello, se ha declarado incompetente para entender el reclamo de daños realizado por el usuario. Pide se declare abstracta la presente causa.

A fs. 67/72 contesta los agravios Raúl S nchez López, por sí y en el carácter de usuario que registra como titular al Sr. Carlos F. Setti, con el patrocinio letrado de la Dra. Eda Alias D'Abate.

II) Denuncia la apelante que mediante Resolución 363/03 el Ente se declaró incompetente para entender en reclamos como el que hoy es objeto de revisión por el Tribunal.

Liminarmente, es dable puntualizar al respecto que la resolución aludida fue dictada en otro reclamo, deducido por otro usuario del servicio eléctrico y ninguna incidencia puede tener con relación al presente asunto en que el Ente no sólo no ha declarado su incompetencia, sino que se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, que es lo que está sujeto a revisión a través del recurso de apelación interpuesto.

En otras palabras, la declaración de incompetencia dispuesta en otra reclamación administrativa sólo puede regir respecto de la causa en que se ha dictado, y no resulta extensiva al sub-lite, en que hay una resolución sujeta a revisión en base a los demás argumentos expuestos por la empresa en la instancia en grado, entre los que no figura la incompetencia del Ente, y que se examinarán luego.

Es decir, que ello no fue materia de debate en la instancia en grado, siendo una defensa que la parte afectada bien pudo plantear y no lo hizo (CApelCC. Salta, Sala III, año 2004, f 148, entre otros tantos de dicho Tribunal), todo lo cual nos convence de su improcedencia como articulación en esta sede.

III) En su presentación recursiva también aduce la quejosa que le agravia la decisión recurrida en cuanto, como acto administrativo, se encuentra viciada en su forma, ya que no se ajusta a lo exigido por la Ley de Procedimientos Administrativos. Sostiene que se limita el Directorio del Ente a transcribir de manera literal y reiterada los dictámenes de las Distintas Gerencias y Jefaturas.

Al respecto cabe señalar que la Resolución 385/03 contiene una reseña de los antecedentes de la causa y luego de analizar el dictamen de fs. 20/23 de la Gerencia Técnica, sostiene que efectuado el estudio del expediente resultan concluyentes sus conclusiones en el sentido de responsabilizar a EDESA S.A. por los daños ocurridos en los artefactos del usuario reclamante y que se detallan a fs. 6 y 9/10 de autos, para continuar afirmando que en relación al hecho de tercero invocado, debe tenerse en cuenta que fallas del sistema, tal como la ocurrida, no constituye un supuesto extraordinario a tenor de los informes obrantes en el presente y que al respecto tiene dicho el Organismo que las causales de caso fortuito y fuerza mayor son muy limitadas y de un carácter extraordinario, por lo que el límite de la eximición de responsabilidad se daría únicamente en casos verdaderamente exorbitantes (conf. fs. 31 vta. y 32).

Más aún, afirma el Ente que la cadena de agentes del mercado y consecuentemente las fallas que en ella se produzcan, resultan inoponibles al usuario afectado.

Que la Distribuidora, como concesionaria de un servicio público, ha asumido la obligación de prestarlo con determinados niveles de calidad, por lo que fallas como la acontecida en autos, forman parte de los riesgos propios de la misma, que en modo alguno deben ser soportadas por los usuarios.

Que resulta aplicable al caso el art. 3 inc. e, del Régimen de Suministro que dispone que en caso de daños a artefactos por deficiencias en la calidad técnica del suministro imputables a la Distribuidora, cabe el reproche de responsabilidad a ésta, salvo caso de fuerza mayor que no aprecia el Organismo media en el hecho denunciado.

Con pie en tales argumentos, entonces, y haciendo referencia también al dictamen de Gerencia Jurídica de fs. 24, el Ente dicta la resolución venida en revisión, de modo tal que puede fácilmente advertirse que el acto administrativo no se limita solamente a reproducir los dictámenes de las distintas Gerencias y Jefaturas, sino que los asume, con lo que pasan a conformar los fundamentos de la misma (CApel.CC.Salta, Sala III, año 2004, f 148/ 150).

De todas maneras, cabe destacar que en cualquier caso, los defectos alegados pueden encontrar subsanación a través del recurso de apelación.

Es criterio reiterado de la jurisprudencia que no procede la nulidad cuando la cuestión puede ser subsanada a través del recurso de apelación (CApel.CC. Salta, Sala II, tomo año 1996, pág. 29; Id. Id., año 2001, pág. 788; Id. Id., 8-11-02, tomo año 2003, pág. 1055; Id., Sala II, tomo año 1980, pág. 461; Colombo: "Cód. Proc. C. y C.", Bs. As., Abeledo-Perrot, t. 1, 1975, pág. 410; Fassi: "Cód. Proc. C. y C.", Bs. As., Astrea, t. 1, 1978, pág. 652, nro.; Ibáñez Frocham: "Tratado de los Recursos en el Proceso Civil", Bs. As., La Ley, 1969, pág. 204, nro. 102).

IV) Dice EDESA S.A. que no surge de manera alguna, en forma palmaria y contundente, la responsabilidad que se le atribuye a su parte. Más, a fs. 1/2, al dirigirse al Ente, el Gerente Central de Control de la Energía y Servicio Técnico-Comercial de la empresa apelante, admite que "a hs. 14,05 del día 18 de diciembre de 2002 -fecha del reclamo del cliente- se registró el desenganche autom tico de la m quina TV 13 en la Central Térmica Güemes" y lo que es más relevante para la suerte de la apelación que nos convoca, reconoce de manera expresa que: "Esta salida produjo perturbaciones de tensión en el sistema eléctrico que se notaron en toda la Provincia" dando cuenta que este inconveniente quedó superado con el reingreso al sistema de la m quina a hs. 16,58.

A fs. 11 hace saber el Sr. Raúl Sánchez López su disconformidad con la no atención del reclamo por EDESA, afirmando que es la única responsable de los daños sufridos en su patrimonio frente a la provisión defectuosa del servicio._ A fs. 20/21 la Gerencia Técnica del Ente hace notar que de acuerdo al parte de incidencias de fs. 12/18, la empresa reconoció que hubo un desenganche autom tico de la máquina TV 13 en CT Güemes lo que produjo una disminución brusca de la tensión que afectara no sólo a la zona del usuario reclamante sino a otras de la Capital y del norte de la Provincia y que sí hubo otros reclamos de usuarios cuanto, por último, que la calidad del servicio es de exclusiva responsabilidad de EDESA S.A., ya que la relación contractual es de ésta con el usuario._ No puede entonces la recurrente alegar ligeramente que no existen antecedentes probatorios suficientes que sustenten el reclamo del usuario ni que haya ausencia de encuadre normativo, cuando media un informe técnico, no habiendo a su turno la Distribuidora ofrecido una pericial que desvirtúe lo afirmado por los organismos técnicos y jurídicos del Ente.

Más aún, lo ha reconocido.

En un caso similar, solución a la que adhiriera la Sala III de esta Cámara, la Sala V decidió que "si hubo una fuerte oscilación en media tensión, es posible presumir que ella causó el daño, por lo que no hay ningún elemento que demuestre el error en que haya incurrido la resolución apelada" (CApel.CC.Salta, Sala V, año 2003, f 1463; ídem Sala III, año 2004, f 37; íd. íd. año 2004, f 39).

Debe repararse que la protección de los usuarios y consumidores tiene expresa tutela constitucional y legal (art. 42 de la Constitución Federal, 31 de la Constitución de Salta y art. 3, párrafo final de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor que prescribe que en caso de duda se estar siempre a la interpretación más favorable al consumidor), por lo que verificada la existencia del daño, la Empresa debe resarcir al usuario.

V) Afirma asimismo la recurrente que no puede atribuírsele responsabilidad a su parte basada en una presunción "iuris et de iure", la cual no tiene reconocimiento expreso en nuestro ordenamiento jurídico; que las presunciones de las que parte el Ente deben ser tomadas como "iuris tantum".

Al respecto cabe reiterar que la resolución del Ente no se ha basado en la especie en meras presunciones, sino inclusive en el propio reconocimiento de la apelante de la interrupción del servicio, perturbación que, a criterio de los funcionarios que suscriben los informes ya referidos y transcriptos, sí pueden provocar daños en artefactos.

Y tal como lo expresan éstos, es deber de la Distribuidora mantener en todo tiempo un servicio de calidad conforme a lo previsto al respecto en el contrato de concesión y que EDESA S.A., como concesionaria del servicio, ha asumido la obligación de prestarlo en condiciones de igualdad, uniformidad, regularidad y con determinados niveles de calidad, por lo que fallas como la sucedida en autos, forman parte de los riesgos propios que no deben ser soportados por los usuarios.

Debe tenerse en cuenta que los aludidos informes de las Gerencia Técnica están suscriptos por profesionales ingenieros, quienes, al tratarse de expertos pertenecientes al Ente Regulador que resulta un tercero imparcial en el conflicto, merece que sus conclusiones sean compartidas por el Tribunal, al no advertirse irrazonabilidad en sus dichos, y por no haber aportado la recurrente elementos que aconsejaran una conclusión distinta (CApel.CC. Salta, Sala III, año 2003, f 925).

Con relación a las facultades del ENRESP, dice la recurrente que sólo puede determinar la responsabilidad de la Distribuidora, pero no establecer el quantum del daño. Resulta ilustrativo reafirmar lo ya sostenido por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en cuanto que el art. 14 de la Ley nro. 6.835 establece que el Ente Regulador de los Servicios Públicos debe decidir en forma previa "toda cuestión contenciosa que se suscite entre las licenciatarias, las sublicenciatarias y las concesionarias con los usuarios y terceros interesados, en relación directa con la prestación de los servicios públicos previstos en esta ley, incluyendo las derivadas del ejercicio de las potestades ablatorias y las responsabilidades por daños".

Tal norma no contiene ninguna limitación como la que pretende la recurrente, sino que la atribución que otorga al Ente es amplia: para resolver "toda cuestión contenciosa" que se suscite entre las licenciatarias, sublicenciatarias y las concesionarias con los usuarios y terceros interesados relacionadas con la prestación de los servicios públicos.

Y si bien precisa luego que entre las cuestiones que puede resolver quedan también incluidas "las responsabilidades por daños", tal referencia es para aclarar que las mismas quedan también sujetas a la jurisdicción del Ente, pero no para limitar sus atribuciones a la mera declaración de responsabilidad, excluyendo la determinación de los perjuicios.

Esta interpretación no se adecuaría a la finalidad perseguida por la norma, que como se indica en los "considerandos" del Decreto de Necesidad y Urgencia nro. 55/95 del Poder Ejecutivo de la Provincia -que luego se transformó en la Ley 6835- ha otorgado facultades jurisdiccionales al Ente como una forma "de dar solución al creciente grado de conflictividad social que, naturalmente, no puede ser respondido por la actividad jurisdiccional judicial".

Sería contrario a todo criterio pr ctico que los usuarios debieran transitar dos instancias para obtener respuesta a su reclamo: primero la administrativa para la sola determinación de la responsabilidad de las licenciatarias y concesionarias, con la apelación prevista en el art. 14; y luego la judicial para la determinación de los daños. Por lo expuesto, entonces, se considera infundado este agravio de la apelante (CApel.CC. Salta, Sala III, año 2004, f 360).

O sea que el art. 14 de la citada Ley 6.835 establece una revisión judicial suficiente de las decisiones del órgano administrativo, lo que ha sido exigido reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para admitir la validez de la jurisdicción administrativa (C.S.J., 19-9-60, in re "Fernández Arias", Fallos 247-646 y L.L. 100-58; Id. 25-9-59, L.L. 96-98 y Fallos 244-548; ver también Guastavino: "Tratado de la jurisdicción administrativa y su revisión judicial", Bs. As., Ed. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, 1987, tomo I, págs. 230, 275; Huici, Héctor: "La actividad jurisdiccional de los entes reguladores", L.L. 1996-B-843; "La potestad jurisdiccional en el control administrativo de los servicios públicos", L.L. 1996-B-981).

Además, tal como se ha señalado, el reclamo jurisdiccional previsto por la ley ante el Ente Regulador no es sólo una vía idónea para atender los planteos de los usuarios, sino que incluso presenta ventajas, teniendo en cuenta que se trata de un órgano que, por su composición y funciones, cuenta con una mayor preparación y experiencia técnica para su resolución (Gusman, Alfredo Silverio: "Cuestiones de interés vinculadas a la actividad jurisdiccional de los entes reguladores", en E.D. 171-860, ap. D; Fleitas Ortíz de Rozas: "Funciones jurisdiccionales del Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en L.L. 2001-B-1034), sin perjuicio, lógicamente, del control judicial suficiente, que debe ser pleno y amplio (C.S.J., 19-9-60, "Fern ndez Arias", L.L. 100-58; íd. "Hussar", L.L. 1996-E-574, considerando nro. 18; CApel.CC. Salta, Sala III, año 2003, f. 925).

No existiendo otros agravios que atender, se concluye porque el recurso en tratamiento debe ser rechazado, manteniéndose la solución que consagrara la resolución en crisis. Con costas a la apelante, en su calidad de parte vencida (art. 67 del C. P.C.C.).

Por lo expuesto, LA SALA SEGUNDA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA, I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación planteado a fs. 36/37 CONFIRMANDO la resolución de fs. 31/32 en lo que fuera materia de agravios. CON COSTAS a la recurrente (art. 67 del C.P.C.C.).

II) COPIESE, regístrese y NOTIFÖQUESE.

Fdo . Dres. AMERISSE - CASERMEIRO