marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Menores, trata de personas, reglas de la sana crítica, situación de vulnerabilidad, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Palacio, Hugo Ramón s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-13

Se ha acreditado suficientemente el inicio de ejecución de la conducta que se atribuye al imputado, el haber intentado captar la voluntad de las menores con fines de explotación, lo que surge de la prueba rendida en el debate -testimonio de las víctimas, entrevista de la psicóloga, y declaraciones del preventor, del guardia de seguridad, de quien había ejercido la guarda de una de las menores y de una colaboradora de la ANMAR- la cual ha sido valorada respetando las reglas de la sana crítica. El concepto de menor de dieciocho años no comprende el abuso de la situación de vulnerabilidad que es contemplada como una de las circunstancias de agravación de la figura básica del art. 145 ter CP. No se advierte la afectación al principio de legalidad o de ne bis in idem, pues resulta claro que la situación de vulnerabilidad debe obedecer a un factor distinto a la edad, y ello ocurrió en el caso, en el que se afirmó la presencia de esa circunstancia agravante argumentando que de los testimonios ofrecidos en el debate surgía que las menores presentaban carencias y necesidades -de dinero, afecto, cariño, comida, entre otras-, que resultaban evidentes, producto de su condición de fugadas del instituto, y que esa condición era conocida por el imputado, pues ellas mismas se lo habían manifestado, como así también que hacía dos días que se hallaban deambulando por la terminal de ómnibus. Dado que ilícito y culpabilidad son conceptos graduables, al momento de la mensuración de la pena debe determinarse su gravedad, y en esa tarea, es posible valorar una circunstancia que configura la acción típica en su eficacia no ya cualitativa, sino cuantitativa, es decir, es decir en su gravedad o entidad. Debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad de la reincidencia, pues la mayor severidad en el cumplimiento de la sanción no se debe a la circunstancia de que el sujeto haya cometido el delito anterior, sino al hecho de haber sido condenado en esa oportunidad y obligado a cumplir pena privativa de libertad, lo que pone en evidencia el mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior a raíz del desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito. La disidencia parcial sostuvo -con respecto a los agravios introducidos en el escrito presentado en la oportunidad procesal prevista en los arts. 465 último párrafo y 468 CPPN- que el Tribunal debe limitarse al estudio de los motivos propuestos ab initio al interponerse el recurso de que se trate, salvo, claro está que el asunto propuesto una vez expirada esa oportunidad procesal, sea susceptible de acarrear cuestión federal dirimente o se cuestione la validez de algún acto del proceso factible de fulminárselo con nulidad absoluta. (Dres. Hornos, Borinsky y Gemignani -en disidencia parcial-).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Robledo, Carlos Javier s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-10

Corresponde anular de oficio la sentencia con relación a uno de los hechos juzgados al no permitir resolver debidamente el recurso de inaplicabilidad de ley en cuanto el mismo se refiere a un reconocimiento en rueda integrante de la prueba compuesta mediante la que se tuvo por acreditada la autoría responsable si el sentenciante no determinó si se los consideró testimonio hábil o inhábil o indicio y, si bien la defensa ensaya algunas impugnaciones, no puede resolverse en el caso si su ineficacia obedece a sus propios defectos técnicos o es consecuencia de la señalada omisión del juzgador, cuyos efectos no pueden dañar los legítimos derechos procesales de la defensa.
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, interpretación de la ley, interpretación amplia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cirulli, Andrea Mariel s/ Recurso de casación. Causa: 1156
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-01

El término "juicio" utilizado por el artículo 67 del Código Penal debe ser interpretado en sentido amplio, como abarcativo de todo el proceso. (Voto Dr. Hornos)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio de desalojo, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: Fernandez Ramón Eduardo c/ Murua de Apesteguia Maria Ester y/o subinquilinos y/o demas ocupantes. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-07-06

Al efectuar un primer análisis formal de admisibilidad la sentencia dictada en un juicio de desalojo carece de la nota de definitividad exigida por la normativa aplicable como condición de impugnabilidad por al vía del recurso de inaplicabilidad de ley al no hacer cosa juzgada sobre el dominio o preferente derecho posesorio que las partes podrán invocar en otro proceso conforme lo dispone el artículo 665 del Código Procesal Civil y Comercial, adjudicándose un valor provisional a dicho resolutorio limitado solamente al desalojo que se desestime o se decrete.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, leyes, prórroga del plazo, dirigente gremial
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: SANTIYU, ISABELINO c/ COOPERATIVA LA PRIMERA, AVICOLA Y DE CONSUMO LIMITADA s/ COBRO DE PESOS LABORAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 507-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-30

Reviste jerarquía constitucional, conforme resulta del auto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que para el caso goza de carácter vinculatorio, el planteo de arbitrariedad por carencia de fundamentación normativa imputado a la sentencia que, en oposición a la preceptiva que en materia de mandato gremial exige que la autoridad de aplicación se pronuncie en cada caso concreto sobre su prórroga -de lo que se extrae que la misma no opera automáticamente , consideró como prorrogado el mandato gremial del actor sin mediar la expresa resolución administrativa que al respecto, obligatoria e imperativamente, debía dictarse para la continuación en la funciones de dirigente gremial que había caducado mucho antes de su despido;

por lo que corresponde admitir la queja interpuesta.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, pronunciamiento inoficioso, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: Ríos, Antonio Jesús. s/ Oficialización  canditura  Diputado  Nacional  -  Distrito Corrientes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

Si lo demandado carece de objeto actual, su decisión es inoficiosa, por lo que no corresponde pronunciamiento alguno cuando las circunstancias sobrevinientes han tornado inútil la resolución pendiente puesto que falta uno de los requisitos indispensables para la viabilidad del recurso extraordinario. Esto impone que la Corte deba atender a las circunstancias existentes al momento de su decisión - aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Acción de amparo, empleo público, reescalafonamiento
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MASTOLORENZO, MARIA TERESA c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

Debe prosperar la acción de amparo contra la resolución administrativa que dispuso la adscripción de un empleado público, si la accionada no desvirtúa las razones por las que el Juez consideró que la actora carecía de vías administrativas aptas para restablecer su derecho, que no eran correctas la causa y motivación del acto, que las tareas asignadas no se compadecían con el nivel escalafonario alcanzado y que tampoco se cumplía con la finalidad de la norma que otorga la facultad al órgano.
Acción de amparo, competencia, competencia por la materia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Kies, José Orlando y otro c/ Ente Nacional de Regulación de la Electricidad s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-23

Es ajeno a la competencia de un órgano judicial provincial un conflicto en el cual el tema decidendi involucra al transporte interprovincial de energía eléctrica que se encuadra dentro de los términos de la ley nacional 23.065, ordenamiento complementario de la ley nacional 15.336 (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, responsabilidad civil
Materia: PENAL
Carátula: SANDOVAL ROBERTO LEANDRO c/ FERRO, CARLOS ALBERTO s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-02

Aún para el supuesto que le quepa responsabilidad al fallecido en el accidente en cuestión, ello tampoco exime al imputado de la responsabilidad en el hecho criminoso, pues se desprende de la causa que también hubo un accionar imprudente por parte de éste, en virtud al principio rector en materia penal respecto de que no cabe la compensación de culpas.
Daños y perjuicios, compraventa de automotores, responsabilidad del fabricante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TRIUNFO COOP. DE SEGUROS LTDA. c/ RENAULT ARGENTINA  S.A. s/ ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-19

El damnificado que no le compró el automóvil al fabricante,sino a una de sus concesionarias autorizadas,tiene varias acciones en protección de sus derechos: la de garantía por el incumplimiento de la obligación de seguridad ínsita en el contrato de compraventa (arts. 198 primer párrafo; 552 y 902 del C. civil); la de vicios redhibitorios (arts. 2164 y 2168 del C. Civil) y por último, la de resarcimiento de daños con fundamento en los arts. 1109 y 1113 del C. Civil).

Si obstara por alguna de las dos primeras, obviamente que tendrá que dirigirla contra quien le vendió el producto.En cambio,si escoge la última, el reclamo será directamente al fabricante de la mercadería viciosa para que lo indemnice del daño. Esta acción es de naturaleza extracontractual y se funda en la culpa de quien elaboró el producto Así el damnificado que no está vinculado contractualmente con el fabricante y que lanzó a la circulación un producto potencialmente dañoso,constituye un acto de culpa que lo compromete con arreglo al art. 1109 del C. Civil.

Aunque conforme a esta doctrina , le corresponda al damnificado la prueba de la culpa, es una prueba sencilla pues la cosa viciosa que causa un daño lleva en sí misma la condición determinante del perjuicio. La prueba de la culpa está "in re ipsa", en que esa culpa se presumirá ineluctablemente apenas se acredite que el daño se debió a un vicio del producto elaborado y que existía en su origen cuando salió de la fábrica.

Es claro que no todos los estudiosos que abordan el tema piensan de la misma manera: la encuentran en el factor objetivo con fundamento en el art. 1113.

El fabricante debe responder por los daños causados por el vicio de las cosas como así también por haber creado un riesgo al lanzar al mercado un producto defectuoso. No puede el empresario recibir un trato más complaciente que el otorgado al dueño o guardián, que recibe la cosa ya viciada y se encuentra expresamente sometido a lo prescripto por el art. 1113 del C. Civil.

De cualquier modo, se adopte una u otra posición, será el fabricante quien tendrá que aportar pruebas interruptivas del nexo causal para liberarse de su responsabilidad.

En otras palabras, tendrá que acreditar el caso fortuito o la fuerza mayor ajenos a la cosa o la culpa de la víctima o el hecho de un tercero por quien no debe responder.

De manera entonces, que la víctima del producto elaborado, que incluso puede no ser propietaria ni guardián, le asiste el derecho de dirigir su demanda contra el que se lo trasmitió -ya sea a título de locación, depósito o mutuo-, o bien, contra cualquiera de los transmitentes anteriores a título oneroso, llegando por vía de hipótesis hasta el primer transmitente que será el fabricante.-
Manifestación tácita, silencio
Materia: CIVIL
Carátula: Zapiola, Nelly Beatriz c/ López, Glda Analía y-o Quien Resulte Responsable de"Herboristería Sierras de Córdoba" s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-28

El silencio en Derecho no significa solamente no hablar, estar callado, sino también no adoptar ningún comportamiento que implique una exteriorización de la voluntad. Es la ausencia de toda manifestación externa. Por ello, el silencio, en materia de expresión de voluntad, comprende también la omisión.
Inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: YOCCA MARIO ANTONIO c/ CAFES LA VIRGINIA S.A S/ INDEMINIZACION POR ENFERMEDAD PROFESIONAL s/ CASACION LABORAL LEGUIZAMON RICARDO Y OTRO c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PCIA.DE SGO. DEL ESTERO s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC. QUERELLA PROMOVIDA POR CANO SUAREZ CLAUDIO GUSTAVO C/ TORRES LUIS M; CARRIZO CARLOS A; SANDOVAL JULIO R; Y OTROS S.D. CALUMNIAS Y/O INJURIAS s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-06-21|2007-03-12|2009-11-25

La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico y procedente en tanto el interesado demuestre claramente de qué forma aquélla contraría la Constitución Nacional, causándole un gravamen, y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales.
Impuestos, régimen penal tributario, personas jurídicas
Materia: PENAL
Carátula: ACEROS BRAGADO S.A. s/ Régimen Penal Tributario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

1- Sólo puede reprimirse penalmente a aquéllos quienes quepa atribuir,tanto objetiva como subjetivamente, los comportamientos concretos constitutivos del delito (Cf. CSJN-FALLOS 271:297 "Parafina del Plata"), o a quienes hayan prestado cooperación en la comisión del hecho (Cód. Penal, Art. 45 y 46).

2- Si de las constancias de la causa no surgen elementos que indiquen que los directores de la persona jurídica a cuyas obligaciones tributarias se vinculan los hechos investigados hubieran tenido vinculación alguna fuera de la circunstancia objetiva de haber formado parte del órgano de dirección del ente ideal a cuyas obligaciones tributarias se vinculan los hechos, corresponde confirmar la resolución absolutoria recurrida.
Esfuerzo compartido, pagaré, dólares, moneda de curso legal, costo financiero
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fernández Héctor Osvaldo c/ San Francisco Agropecuaria S.A.  s/ proceso ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2023-06-07

La solución que se propone implica "compartir el esfuerzo" que se trasunta en la relación entre ellos, que en la oportunidad, significará por un lado, no cargar a la sociedad ejecutada con todo el peso del desfajase económico habido en el lapso de tiempo transcurrido, entre la fecha de suscripción del pagaré y la actualidad. Por otro, permitir, a su vez, que el acreedor se junte con sus acreencias en ese marco negocial revisado, pues la diferencia entre ambos valores se repartirá en partes iguales, entre el actor y la sociedad demandada. (Del voto de la Dra. Durand De Cassis)
Competencia por el territorio, domicilio conyugal, domicilio del demandado, tenencia de hijos menores, régimen de visitas
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Bilotta, Silvia Ana s/ inhibitoria -expte. Nx82388/90.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-04

El último domicilio conyugal de las partes o el domicilio del demandado, determinan la competencia por razón del territorio respecto de las acciones emergentes del matrimonio promovidas por un cónyuge contra el otro, entre las que cabe considerar comprendido lo referente al otorgamiento de la tenencia de hijos y fijación del régimen de visitas.
Concurso preventivo, quiebra, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PAUL HEERMANOS SRL s/ CONCURSO  PREVENTIVO  HOY  QUIEBRA  INCIDENTE DE REVISION DEL CREDITO  VERIFICADO POR EL BCO. DE E.R. PROM. PAUL HNOS. SRL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-31

Según lo tiene resuelto la Sala Civil y Comercial del Excmo.

Superior Tribunal de Justicia en pronunciamiento al que debe conferirse los efectos vinculantes que señala el artículo 285 del Código Procesal Civil, en los procesos concursales la regla en materia de notificaciones es que ella se realizan por nota o tácitamente, salvo las excepciones que enumera el artículo 296 inciso 5 ley 19.551.
Policía, auxiliares de justicia
Materia: PENAL
Carátula: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE FRIAS c/ NAVARRO, RAUL HECTOR Y CORREA SUAREZ, FRANCISCA s/ MALVERSACIËN DE CAUDALES PUBLICOS RAUL HECTOR Y CORREA SUAREZ, FRANCISCA s/ MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-03-26

La actividad policial, es eventual (porque puede faltar total o parcialmente), y esto es así, cuando el Juez interviene desde el comienzo mismo de la investigación jurisdiccional a la que da base, porque Ústa puede tener comienzo por otros medios directos que promueven la actividad jurisdiccional sin excitación de la policía.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de revisión (procesal), sentencias contradictorias, indemnización, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA LIMITADA DE SERVICIOS DE AGUA DE ORO c/ EMPRESA GENERAL PAZ s/ RECURSO  DE  REVISION - RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL ACCIDENTE DE  AUTOMOTORES - DAÑOS -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-05-29

El pago de las reparaciones es una mera secuela del daño que solamente transforma su naturaleza y fija su cuantía, pero en modo alguno es su causa eficiente, la cual esta constituida por el hecho que produce el deterioro del automóvil y la consecuente disminución o afectación del patrimonio del dueño. Ese deterioro del vehículo y esta disminución patrimonial que es su consecuencia, constituyen 'per se' un daño indemnizable (C.Civil art. 1068) que genera el deber de resarcir del autor del ilícito, desde el mismo día en que tiene lugar. Si el damnificado toma a su cargo la reparación antes de demandar, no hace mas que sustituir el daño en la cosa -que genera una deuda de valor- por un perjuicio puramente pecuniario indemnizable exclusivamente en dinero (C.Civil art. 1083). Pero esto no altera la incidencia patrimonial del hecho ilícito ni modifica la causa del resarcimiento ni el régimen de la mora. El deber de indemnizar nace con el daño ocasionado al vehículo; en ese momento se produce la mora del deudor con el consiguiente inicio del curso de los intereses.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, contratos bilaterales, incumplimiento del contrato, títulos ejecutivos, inhabilidad de título, juicio ejecutivo, medidas preparatorias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CARRARA HUGO RODOLFO c/ RAMIREZ OSCAR ALFREDO Y BONIMI EUGENIO ANTONIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DEMANDA EJECUTIVA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 62 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20

No puede prosperar la queja desde que la perdidosa, en esencia, discrepa con el criterio adoptado por el órgano jurisdiccional, en torno a que en el caso -contrato bilateral con prestaciones recíprocas- el título resultaba inhábil por cuanto se había omitido preparar la vía ejecutiva haciendo reconocer el cumplimiento de las prestaciones a cargo del pretendido ejecutante (artículo 456 C.P.C. y C), más sin lograr persuadir que en la labor desarrollada, los Sentenciantes, -más allá de su grado de acierto o error- se hubieran apartado de los parámetros fácticos y jurídicos con que contaban para evaluar que resultaba improcedente la pretensión actoral.

En tal sentido, el A quo concluyó que de los términos en que había sido interpuesta la demanda surgía claro que el título que servía de base a la ejecución pretendida era un contrato bilateral con prestaciones a cargo de ambas partes integrado por sendos pagarés que le servían de aval, y que del mentado contrato surgían una serie de obligaciones pactadas en favor de la compradora, señalando que "...la ley ritual exige, cuando se trata de contratos bilaterales, que la parte contra quien se opone reconozca que la otra cumplió la prestación a su cargo (art. 446 C.P.C.C.)...", y que "...prescindir de ella llevaría a esterilizar al defensa de fondo del art. 1201 del C. Civil (excepción de incumplimiento contractual) que no puede oponerse en el juicio ejecutivo...", agregando que al haberse omitido preparar la vía ejecutiva a los fines del reconocimiento de hallarse cumplidas las condiciones pactadas, el título resultaba inhábil, por lo que "...el a quo no debió inicialmente dar curso a la ejecución, esto es, ni siquiera debió dictar el auto de solvendo (art. 452 C.P.C. y C.)..."
Nulidad de sentencia, prisión domiciliaria, remisión del expediente, competencia penal, presunción de inocencia, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Minnicelli, Claudio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-23

Corresponde anular la denegatoria del prisión domiciliaria del encausado y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento, toda vez que con el dictado de la resolución Nº 2/2019, la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal dispuso que se implementen diversas normas del aludido digesto para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional, y entre las normas señaladas en dicha resolución se encuentran las de los arts 221 y 222, que regulan lo referido al resguardo de la libertad del imputado en el marco del proceso penal, puntualmente en relación con la zona de colisión entre el principio de inocencia y la necesidad de conculcar el peligro de fuga o entorpecimiento, y las medidas de coerción establecidas en el art. 210 del nuevo catálogo procesal que tienen como finalidad incorporar medidas alternati vas o sustitutivas a la privación, expresando de tal modo la necesidad de que los Estados hagan uso de otras disposiciones cautelares que no impliquen la privación de libertad de los acusados mientras dura el proceso penal, por lo que, no obstante no se verifiquen los supuestos previstos en los arts. 10 del C.P. ni 32 de la Ley 24.660, si luego de ponderarse íntegramente los riesgos procesales es posible sostener que el arresto domiciliario resulta suficiente para que aquéllos puedan ser neutralizados, la adopción de esa medida debe ser tomada en consideración.
Falso testimonio, declaración autoincriminante, juramento y promesa de decir verdad
Materia: PENAL
Carátula: CAVALLO, A. y otro s/ sobreseimiento Causa nro. 27.180
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-07

No puede imputarse el delito de falso testimonio cuando el compromiso que genera el juramento de decir la verdad hubiera obligado al declarante a dar cuenta de un posible acto irregular por él mismo generado, lo que hubiese importado una transgresión a la garantía constitucional contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Recurso extraordinario, representación procesal, abogado apoderado
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Freigedo, Horacio David c/ Caja  Nacional  de  Previsión de la Industria, Comercio y Actividades civiles s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

El recurso extraordinario contra la sentencia que tuvo por no presentado al letrado por no haber acreditado la representación invocada dentro del plazo otorgado es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).