marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Compraventa, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernandez, J. P. c/ Borelli, Omar V. s/ Reajuste de precio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-04

En la búsqueda de un ajuste en el precio de venta encontrando el mismo su causa prevalente en la sobreviniencia de un hecho extraordinario e imprevisible, ajeno a las partes y no imputable a ninguna de ellas, la concepción solidarista del derecho lejos está de propiciar una indexación a ciegas, ni mucho menos olvida que de alguna manera el riesgo sobrevenido debe soportarse y repartirse por ambas partes del proceso. De modo que sin devolver la lozanía originaria adeudada al vendedor, ni garantizarle el "buen negocio" ajeno a toda mella que las vicisitudes normales podían provocar en el mismo, la solución judicial -desde un perfil equitativo- procura una razonable preservación de la ecuación económica originaria.
Cuestiones de competencia, competencia nacional, competencia federal, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Torrilla, Ezequiel Fabio y otros c/  s/ incidente de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-12

Los conflictos de competencia suscitados entre los magistrados nacionales ordinarios y los federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, extinción de la acción penal, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: Uberti, Claudio c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-26

Corresponde declarar inadmisible el recurso de queja interpuesto contra la resolución que confirmó la decisión del juez instructor que no hizo lugar a los planteos de inconstitucionalidad y de extinción de la acción penal por prescripción y por vulneración del plazo razonable, toda vez que el impugnante solo manifestó su disconformidad con los argumentos denegatorios expuestos por el tribunal, sin lograr refutarlos a través de sus agravios, defecto que obstaculiza la habilitación de esta instancia por falta de fundamentación, y que en el caso existe doble conformidad judicial.

Fuente del sumario: OFICIAL
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramírez, Santiago Manuel c/ Supermercado Toledo y otro s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-18

La presentación del letrado invocando el artº 48 CPC al deducir la demanda, es valida para interrumpir la prescripción de la acción.
Desindexación, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: MACCHI, Héctor c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS CORDOBA 2084/86/88/90 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-22

El fin perseguido por el legislador al sancionar la ley 24.283 no fue el de restringir la justa compensación derivada de la desvalorización monetaria, ni el de corregir la modificación del precio de los bienes, sino el de reducir los beneficios que equivocados sistemas indexatorios concedieron por encima del mecanismo lógico de la corrección monetaria. Por ello, la ley se aplica únicamente a aquellos supuestos en que la diferencia de valor verificada se deba a la actualización y no a una fluctuación de valor intrínseco derivado de variaciones de mercado.
Padrón electoral, domicilio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Viggiano, Carlos Alberto s/ Recurso  Extraordinario  de Apelación  c/Resolución Nº 112/97 de la  Junta Electoral Apelación  c/Resolución Nº 112/97 de la  Junta Electoral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-09-26

La condición de figurar en el registro de electores (padrón) implica una manifestación de voluntad de mantener la residencia, así como su voluntaria inscripción en un distrito distinto, importa la voluntad de interrumpirla. La exigencia de residencia tiene serios fundamentos constitucionales, que han sido desarrollados tanto respecto de la Constitución Nacional como de la estadounidense.

consecuentemente la ley debe exigir que el compromiso político social con la Provincia que tal residencia importa, haya sido voluntariamente mantenido por el postulante. Por ello la disposición en estudio establece que puede haber registración electoral sin residencia, pero no residencia sin registración, porque en último caso, aún cuando hubiera habido registración anterior, su interrupción interrumpe también ese compromiso político social que es la razón de ser de la exigencia constitucional. Por otra parte, tampoco resultaría lógico reconocer sufragio pasivo en la provincia a quien carece de sufragio activo.(Fundamento del Dr. R. Roquel)
Daños y perjuicios, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Kestelboim, Mario Jaime c/ Estado Nacional s/ ordinario. ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-30

La aplicación de los principios según los cuales la prescripción corre desde que el evento causante del daño se produce y, por excepción, desde que el damnificado hubiera tenido conocimiento del hecho y de sus consecuencias dañosas, se encuentra supeditada a que se encuentre expedita la acción pertinente.
Proceso penal, recurso de revisión (procesal), sentencia, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C.C.A. s/ RECURSO DE REVISION PENAL - HOMICIDIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 108 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-08

En el recurso de revisión penal, el juicio de admisibilidad adquiere una significación especial dado que, ademas de tratarse de un recurso extraordinario, -lo que ya magnifica las condiciones de admisibilidad-, reconoce como objeto impugnable a la sentencia condenatoria, que asume jerarquía de cosa juzgada.
Torturas, establecimientos penitenciarios
Materia: PENAL
Carátula: Meza Víctor Guillermo y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-25

La feroz paliza de carácter doloso cometida por agentes estatales respecto de un interno con el propósito de darle una represalia por haber cuestionado la negativa a dejarlo mirar un partido de fútbol, puede ser encuadrada como un acto de tortura, o trato cruel, inhumano o degradante, violatorio del derecho a la integridad personal (art. 5CADH) desde la óptica del derecho internacional de los derechos humanos.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, Ana María c/ Gutierrez, Manuel Martín s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-09

Lo que configura la injuria es sustancialmente "toda actitud o proceder imputable a un cónyuge que, exteriorizándose en palabras pronunciadas o escritas, gestos, vías de hecho u omisiones, importa un agravio, menosprecio, ultraje o vejamen para el otro, al que perjudican en su consideración, respeto y honor debidos". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fallo plenario, indemnización por despido
Materia: PENAL
Carátula: Torres Silvia Beatríz c/ Citytech SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-16

La doctrina del fallo plenario "Tulosai", más allá de los inconvenientes formales relativos a la formación de mayorías, contradice la interpretación que la C.S.J.N. hace respecto de la aplicabilidad en la causa del precepto del art. 12 1º del Convenio 158 O.I.T. en tanto exige proporcionalidad entre la remuneración e indemnización. La proporción entre remuneración e indemnización se desfigura y puede ser alterada significativamente, pues se excluyen las remuneraciones de percepción anual que son devengadas en el curso de la relación laboral. Es así que al afectarse seriamente la relación entre remuneración e indemnización por despido contraviniendo las disposiciones del art. 14 bis C.N. y Convenio 158 O.I.T. cabe incluir en la base de cálculo de la indemnización prevista en el art. 245 L.C.T. la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada incluyendo la parte proporcional del SAC. (Del voto del Dr. Arias
Nulidad procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Resera, Carlos O. c/ Abreu, Fabiana E. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

Este Tribunal ha destacado la necesidad de contar con referencias concretas en la articulación de nulidad acerca del momento en que el incidentista supo de la existencia del acto u actos que entiende anómalos, siendo que ello es necesario a los efectos del cómputo del art. 170 del C.P.C.

Y es que el art. 170 del C.P.C. no establece un recaudo menor, ya que la nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque sea tácitamente, entendiéndose que media consentimiento si dentro de los cinco días de conocido no se promoviera el incidente respectivo, principio éste aplicable a toda articulación de este tipo, desde que el claro texto de la norma no autoriza a efectuar distinciones.
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, seguridad jurídica, cambio jurisprudencial
Materia: PROCESAL
Carátula: Barreto,  Alberto  Damián  y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Si bien es deseable y conveniente que los pronunciamientos de la Corte sean debidamente considerados y consecuentemente seguidos en los casos ulteriores, a fin de preservar la seguridad jurídica que resulta de dar una guía clara para la conducta de los individuos, esta regla no es absoluta ni impide la modificación de la jurisprudencia cuando existen causas suficientemente graves o median razones de justicia, entre las cuales se encuentra el reconocimiento del carácter erróneo de la decisión, la adecuada apreciación de las lecciones de la experiencia o si las cambiantes circunstancias históricas han demostrado la conveniencia de abandonar el criterio establecido.
Proceso penal, instrucción, imputado, prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: A, R.J. s/ Incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterados.   Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 310-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-03

Cuando se habla de cautela procesal, se tiende con ella a hacer efectivas, según se afirma, dos exigencias que se han considerado conceptualmente diferentes pero vinculadas en tanto que constituyen expresión de una misma finalidad instructora, o sea evitar comportamientos evasivos del imputado respecto de la marcha de la investigación judicial para colocar al juez en las mejores condiciones en la búsqueda de la verdad. La detención del imputado, por un lado, satisface la exigencia de mantenerlo a disposición de la autoridad judicial para fines instructorios y, de otro, una exigencia que, por algunos, se define como "de conservación de las pruebas" (en tal sentido Carnelutti, F.), con la evidente finalidad de prevenir el peligro de que el imputado, si no es mantenido en tal situación, pueda modificar el estado de lugares y cosas, influenciar a los testigos o, de cualquier manera, entorpecer la búsqueda de la prueba.
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, gravamen irreparable, proceso penal, prisión preventiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Urizar, Miguel Indalecio s/ estafas reiteradas - Causa n° 68.283.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Si bien las resoluciones que tienen como consecuencia que el imputado siga sometido a proceso, no revisten el carácter de sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, corresponde hacer excepción a esa regla si la prisión preventiva restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa y ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación posterior (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad, debido proceso, quiebra, período de sospecha, síndico del concurso, concursado, compraventa, actos jurídicos, juicio, partes
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: SYRTIS SOCIEDAD DE HECHO s/ QUIEBRA.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 292-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-29

Resulta idóneo para operar la apertura de la instancia ante esta Corte, el planteo del quejoso referido a que se habría vulnerado el principio del debido proceso legal, atento las implicancias constitucionales de la decisión del a quo que habría negado eficacia a dos actos jurídicos sin dar debida participación a todas las partes de los mismos.

En el caso, el recurrente -adquirente de los bienes- se agravia porque la jueza del concurso hizo lugar a la impugnación del síndico sin sustanciar juicio de ninguna especie en que se le diese participación, declarando ineficaces de pleno derecho, respecto de los acreedores de la quiebra y en los términos del artículo 122 de la ley de concursos, la venta de un departamento y de un campo propiedad de dos de los concursados.
Denegatoria del recurso, sentencia no firme, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: H. P. N. c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en H. P. N. y otros contra GCBA sobre incidente de apelación - amparo - habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-10

Corresponde rechazar la queja porque la sentencia contra la que se interpuso el recurso de inconstitucionalidad que fuera denegado -aquella que revocó la tutela precautoria otorgada a los amparistas, mediante la que se obligaba al GCBA a prestar cautelarmente asistencia habitacional- no es la definitiva a la que se refiere el art. 26 de la ley n° 402. Además, la parte recurrente no logra invocar y probar las circunstancias que permitan equipararla a una definitiva, razón por lo cual no es viable la intervención del Tribunal en ese estado del proceso. A este efecto, no bastan las invocaciones genéricas a derechos o principios constitucionales. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano. Voto al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Delito culposo, responsabilidad concurrente
Materia: PENAL
Carátula: Gil, Tomás s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12

En materia penal la responsabilidad de la víctima resulta jurídicamente irrelevante respecto de la culpa del procesado.
Concursos, privilegios (comercial), banco central, síndico ad hoc, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: COOP. DEL FORO CREDITO, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA. s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-22

Si bien puede aceptarse que los créditos del banco central sean preferidos a otros contra el fallido, no parece que suceda igual respecto de aquellos originados en el desempeño de las funciones enunciadas en el art. 54 de la ley de entidades financieras. Es que el desempeño del funcionario "ad hoc" con motivo de la especial dualidad que involucra el interés patrimonial especifico del bcra -como acreedor- y, su actuación como síndico liquidador, resulta imprescindible. De tal manera, sus honorarios corresponden a aquellos gastos consecuentes a la función del síndico en los términos de la ley 21526: 54, de la misma ley de entidades financieras surge la necesidad de atender el crédito del síndico "ad hoc", por ser "consecuencia del desempeño de las funciones del síndico" con preferencia a la percepción del crédito verificado por el bcra. No seria adecuado interpretar que la propia ley aplicable al caso estipulara una suerte de "carga pública gratuita" (arg. Cciv 1627).
Competencia, PERÚ, ley derogatoria
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Casos Castillo Paéz, Loayza Tamayo, Castillo Petruzzi y Otros, Ivcher Bronstein y del Tribunal Constitucional s/ Cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2001-06-01

Considerando que el Estado Peruano derogó en enero del año 2001 mediante la Resolución Legislativa N° 27.401, su anterior N° 27.152 -de julio de 1999-, y encargó al Poder Ejecutivo la adopción de todas las acciones necesarias a los fines de dejar sin efecto el retiro del conocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana -dispuesto por la segunda de las normas referidas-, restableciéndola plenamente, corresponde que el Tribunal -en los términos de los artículos 67 y 68 de la Convención y 29 de Su Reglamento-, asuma los avances registrados por parte del Estado del Perú en el cumplimiento de las Sentencias dictadas por la Corte.
Trabajadores portuarios, indemnización por accidente de trabajo, Ente de Contratación
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO, CARLOS c/ ENGAR s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-10

El estibador que acudió al Ente de Contratación y en la espera de ser seleccionado sufrió un accidente, debe ser indemnizado en los términos de la ley 9688, toda vez que el fin perseguido por el convenio colectivo de la actividad, es evitar el desamparo del trabajador en momentos en que no está empleado por ninguna empresa privada que eventualmente lo resarza.
Empleador, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Gauna, Tolentino y otros c/ Agencia Marítima Rigel S.A. y otros s/ Diferencia de jornales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-29

La solidaridad que impone el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo procede en el supuesto de contratación de servicios que aún con carácter accesorio, hacen a la actividad normal y específica del establecimiento.
Fondo de desempleo, pago, mora
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Bogao, Raul Alberto c/ Bogao Juan Alberto s/ laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-12-28

El aporte previsto en el art. 15 de la ley 22.250 debe ser ingresado en una cuenta bancaria y no abonarse directamente al trabajador, regla que queda morigerada por la disposición del art. 30 de la misma ley, en tanto prevé la posibilidad de mora en el cumplimiento de esa obligación y un método de reparación por el cual se puede optar por abonar en efectivo los aportes al Fondo de Desempleo cuando se produce el distracto, ordenando la actualización de los montos en base al índice de precios mayoristas a nivel general del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) -o del que lo reemplace- experimentada entre el mes anterior al que debió efectuarse el depósito o el pago y el anterior a aquel en que el mismo se lleve a cabo.
Accidentes de trabajo, obligaciones del empleador, asegurador por riesgos del trabajo, depósito en sede administrativa, depósito judicial
Materia: LABORAL
Carátula: AVILA, Ernesto c/ GRANDES FABRICAS ARGENTINAS SA s/ accidente ley 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-17

Por aplicación de lo dispuesto en los arts. 9 de la ley 9688(en los casos regidos por esta ley) y 11, aps. 1) y 2) de la ley 24028, los empleadores o sus aseguradores deben -en presencia de un infortunio laboral- depositar en sede judicial o administrativa el importe de la reparación, siendo ineficaces para cancelar las obligaciones impuestas por la ley de accidentes los pagos efectuados directamente a los trabajadores en concepto de reparaciones previstas en dicho cuerpo normativo. Como consecuencia de ello, es improcedente considerar lo entregado por la empresa al trabajador con anterioridad como cancelatorio de lo que se hubiere determinado " a posteriori", dado que dicho pago -por aplicación de lo expresamente dispuesto por la ley- no libera a los obligados de la responsabilidad emergente de su calidad de patrono o asegurador de éste (Conf. Gallo "Las gratificaciones y los pagos a cuenta" en T y SS 1988 p.221).
Poder Ejecutivo, presidente del Banco Central, remoción del presidente del Banco Central, decreto de necesidad y urgencia
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: "Pérez  Redrado, Hernán Martín -Inc. Med. (8/1/10) c/ EN -PEN Dto.18/10 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-01-22

Si bien el previo consejo de una comisión del Congreso de la Nación para la remoción de los directorios del Banco Central, establecido en el art. 9 de la ley 24.144, no resulta vinculante, ello no significa que no sea necesario ni jurídicamente relevante, y prima facie el accionante tendría derecho a pretender el cumplimiento de la ley que reglamenta la forma en que puede ser removido.

El consejo de esta Comisión, no estaría suplido, por la participación de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación a la que refiere el art. 4 del decreto, teniendo especialmente en cuenta que al momento del dictado de la medida cautelar no se habían habilitado sesiones extraordinarias en el Congreso que permitieran la participación legislativa (Cons. VI).
Comercialización ilegal de estupefacientes, reglas de la sana crítica, sentencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cardozo, Elida Norma s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-08

Si en una parte del fallo se da por acreditada la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y en otra, más limitada, se refiere a la "actividad referida al tráfico ilícito", se advierte un defecto de fundamentación vinculado con la violación de las reglas de la sana crítica, que le confiere tan sólo una aparente fundamentación y lo torna arbitrario.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares, interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Farroni, Daniel Oscar c/ Concejo Deliberante de la Ciudad de Andalgalá s/ Acción Autónoma de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-04-21

Tratándose el supuesto de autos de una demanda de inconstitucionalidad, en principio, la admisión de medidas cautelares debe juzgarse con criterio sumamente restrictivo, porque las normas pasibles de ser atacadas por la vía intentada, gozan de presunción de legitimidad y ejecutoriedad, como lo sostiene la doctrina legal de esta Corte de Justicia, por lo que su admisión se encuentra condicionada a una ajustada evaluación de verosimilitud del derecho.

"La apreciación de la procedencia de una medida cautelar -en el caso, suspensión de la vigencia de una Ordenanza Municipal-, en el marco de una acción de inconstitucionalidad, no implica prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo, pero supone un riguroso análisis de los elementos fácticos de la litis. Ello, a mérito de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de que gozan los actos emanados de los poderes públicos" (LL 1999-C-765; LLNOA 2000-58).
Recurso de nulidad, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CANALE, BERNARDO A. Y OTROS c/ CONSEJO DELIBERANTE PLAZA HUINCUL s/ NULIDAD ORDENANZA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1986-07-03

HABIENDOSE CONFERIDO AL MAXIMO TRIBUNAL PROVINCIAL EL PODER DE NULIFICAR RESOLUCIONES QUE ADOLEZCAN DE NULIDAD ABSOLUTA, EN RAZON DE POSEER DEFECTOS SUBSTANCIALES TALES,QUE HAGAN IMPOSIBLE SU SUPERVIVENCIA,ESTE PODER DEBE SER EJERCIDO EN FORMA RESTRICTIVA Y EXCEPCIONAL,CON EL FIN DE MANTENER LA JURIDICIDAD DE LOS ACTOS DEL DELIBERATIVO MUNICIPAL, PRESERVANDO LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION LOCAL Y LA VIGENCIA DE SU ART.211,2DA.PARTE,LO CONTRARIO CONCULCARIA EL PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES.