Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-10-20


AUTOS Nº 7749: "ESCUDERO, David Antonio C/ Leotta Ángel Andrés. Apelación de Sentencia" ///la ciudad de San Juan, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil ocho, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Hermes Francisco Carrera, José Dionisio Castro y Miguel Ernesto Novoa, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia definitiva en autos Nº 7749, caratulados "ESCUDERO, DAVID ANTONIO C/ LEOTTA ANGEL ANDRÉS S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", y de cuyas constancias:

R E S U L T A :

Contra la sentencia pronunciada por la titular del Tercer Juzgado Laboral, obrante a fs. 105/115, la demandada interpone recurso de apelación que se le concede a fs.119, expresando agravios a fs. 121/123, que la contraria responde a fs. 128/129. Habiéndose dado intervención a la Fiscalía de Cámara, firme el llamamiento de autos y realizado el sorteo para la emisión de votos, se presenta al Tribunal las siguientes cuestiones a decidir:

1º) ¿Es justa la sentencia recurrida?	2º) En su defecto, ¿qué resolución corresponde dictar?	A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JOSÉ DIONISIO CASTRO DIJO: En atención a que la demandada recurrió la interlocutoria de fs. 92/93, que resulta acordada con efecto diferido, procede a fundar dicha apelación como cuestión previa a la correspondiente a la sentencia definitiva, por lo que procederemos a realizar su tratamiento.

Cuestiona la interlocutoria de fs. 92/93, por entender que se ha decidido un planteo sin habérselo escuchado, a la vez que insiste en la procedencia de la designación de perito calígrafo que solicitara ante la negativa de la actora en reconocer la documentación que se le somete a reconocimiento. Por tanto -dice-, el decreto de fs. 82 que deja sin efecto su petición, resulta nulo, lo que solicita sea así declarado.

El rechazo de la designación de perito calígrafo pretendida por el demandado, queda fundado en la extemporaneidad con que se formula la petición, esto es, fuera del término para contestar la demanda. La decisión del sentenciante resulta perfectamente válida, habida cuenta de la clara disposición contenida en el art. 75, inc. 2º del CPL. cuando, por remisión a una anterior norma, impone que junto a la contestación de demanda debe ofrecerse toda la prueba de que intente valerse (inc. d, art. 67 CPL). Como puede observarse, el decreto de fs. 78 es producto de un error, que puede salvarse válidamente al detectarse, como lo hace el sentenciante, puesto que como director del proceso (art. 13 CPL), está autorizado a corregir sin sustanciación cualquier error material (art. 23, inc. b CPL), a fin de agilizar la tramitación del proceso y evitar nulidades. Por tanto, cabe avalar lo decidido por la sentenciante a fs. 92/93 y, en consecuencia, disponer el rechazo de la apelación planteada por la demandada a fs. 83/84.

Corresponde que seguidamente nos ocupemos del recurso interpuesto por la demandada contra la sentencia definitiva, y sobre lo que expresa agravios a fs. 121/123. En primer lugar, la recurrente alude a lo que entiende como errónea ponderación hecha por el sentenciante sobre el desconocimiento de la firma de la actora, y a lo cual se refiere a la apelación concedida con efecto diferido, insistiendo en la declaración de nulidad de la resolución que denegó la designación de perito calígrafo. Como segundo agravio, cuestiona la procedencia de la indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561, puesto que su Decreto reglamentario 264/02, sólo se refiere a los trabajadores comprendidos en la LCT., por lo que solicita su rechazo. Finaliza su exposición solicitando la admisión del recurso, con costas, a la vez que formula reserva por los recursos extraordinarios. La actora en su responde de fs. 128/129 resiste lo argumentado por la quejosa, solicitando el rechazo del recurso con costas.

El primero de los agravios debe desestimarse en base a lo sostenido en la apelación tratada anteriormente, ya que se intenta descalificar el trabajo de valoración a un medio de prueba realizado por el sentenciante, con sustento en la negativa a designar el perito calígrafo, tema que -como se dice-, resultó tratado con anterioridad.

Como segundo agravio, nos abocaremos a decidir el alcance que tiene la ley 25.561, en cuanto al personal comprendido. Sobre el particular este tribunal, en minoría, sostuvo al fallar los autos "Sagüés c/ Larrínaga de Tourres", en febrero del año 2007, que para conocer la solución al tema antes señalado, resulta de vital importancia conocer cuál ha sido el espíritu del legislador al momento de elaborar dicha legislación, mediante la cual se declara la emergencia pública en materia social, administrativa, financiera y cambiaria. La exposición de motivo del Dto. ley 264/02, sirve al mencionado propósito, al ser allí en donde el legislador confiesa el fin perseguido con su dictado, quienes son los sujetos a los cuales está dirigida la norma y las consecuencias de su ignorancia o inobservancia. En nuestro caso, tal confesión la encontramos -como se dice-, en los considerandos del Decreto reglamentario Nº 264/02 en donde, en el cuarto apartado se lee que: "el legislador ha entendido que las consecuencias de la emergencia no deben recaer exclusivamente en un determinado sector de la sociedad sino, por el contrario, alcanzar de manera equitativa a todos, a fin de que el esfuerzo sea proporcional a las posibilidades de cada uno". En el apartado Nº 11 se agrega que, de tal forma se cumple con las intenciones del legislador, quien ha dictado una norma general de fuerte contenido protectorio para los trabajadores cuya fuente de trabajo se encuentra en peligro. Que de acuerdo a un principio de hermenéutica jurídica debe preferirse a la interpretación que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos por la ley (Fallos 252:262). Que sostener lo contrario, implicaría llevar adelante distinciones e innovaciones reglamentarias que el texto legal no contempla, no correspondiendo decir a la ley lo que ella no dice.

En los mismos considerandos del decreto reglamentario vemos que el alcance de la ley referida, como medio protectorio de la fuente de trabajo, no hace distingo alguno, abarcando a todos los trabajadores que se encuentren en relación de dependencia, lo cual resulta entendible si se tiene en cuenta que el despido es posible cuando media una relación de trabajo subordinado.

Las reflexiones precedentes son claras y terminantes para poder anticipar una solución al problema que tratamos, que no puede ser otra que en contra de la posición defendida por la recurrente en su memorial recursivo, rechazándose la queja y confirmando la sentencia del Inferior, que admite la indemnización que prevé el art. 16 de la ley 25.561. El agravamiento de la indemnización procede en virtud de la prórroga establecida en los Decretos de necesidad y urgencia dictados a partir del vencimiento de los 180 días fijados en la ley en cuestión, esto es, desde el 15/07/02. Tales Decretos pese a cuestionarse su validez por no haberse seguido el trámite establecido en la Constitución Nacional para su dictado, encuentran legalidad con la sanción de la ley 25.972/04, de manera que, con tal razonamiento debe rechazarse el agravio.	A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. JOSÉ DIONISIO CASTRO DIJO: En atención de las razones supra mencionadas, se propicia el rechazo de los recursos de apelación interpuestos por la demandada, confirmándose la sentencia de fs. 105/115, en lo que fue materia de la queja. Las costas de la Alzada deberán ser soportadas por la recurrente, según se determina en el art. 125 del CPL. Así lo voto.

EL DR. HERMES FRANCISCO CARRERA, DIJO:

Adhiero por sus fundamentos a las conclusiones a que arriba el Dr. Castro en su voto, excepto en lo que concierne a la indemnización del art. 16 ley 25.561 y costas de ambas instancias, que discrepo.

En lo que respecta a la ley 25.561 (art. 16), tengo en cuenta que: La ley 22.248 que rige la actividad del actor, dispone que los trabajadores agrarios están excluidos de la aplicación de la LCT. (art.2). Por ello, respecto de éstos, no debe analizarse "compatibilidad" alguna, porque se trata de exclusiones legales y en tanto la ley 25.972 que prorroga las suspensiones de la normativa citada, sólo se refiere a la indemnización contemplada en el art. 245 de la LCT. Pero aún en el entendimiento que sea aplicable lo referente a la constitucionalidad del art. 16 de la ley 25.561 y los decretos de necesidad y urgencia que prorrogan la emergencia, este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en sentido favorable a aquel y negativos a estos, conforme los fundamentos expuestos en autos Nº 7216: "Luna c/ Madcur", que doy por reproducidos, y en cuanto el despido se produce durante la vigencia de dichos decretos, por lo que debo concluir por el rechazo del rubro reclamado por la actora.

Por último, y en lo concerniente a las costas de ambas instancias, propicio sean impuestas en el 90% a la parte demandada y en el 10% restante al actor. (Art. 77 CPC de aplic. sup. arts. 161 y 125 CPL). Así voto.

EL DR. MIGUEL ERNESTO NOVOA, DIJO:

Adhiero por sus fundamentos al voto del Dr. Castro y en lo que es motivo de disidencia del Dr. Carrera, el voto de éste.

Por todo ello, el Tribunal por mayoría R E S U E L V E :

I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 83/84 de autos, conforme los considerandos precedentes.

II) Admitir parcialmente la impugnación procesal articulada por la parte demandada a fs. 121/123 de autos, atento a lo dispuesto en la presente.

III) Imponer las costas de ambas instancias en el 90% a la parte demandada y en el 10% restante, al actor. (Art. 77 CPC. de aplic. sup. arts. 161 y 125 del CPL).

IV) Tener presente las reservas de derecho formuladas.

V) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al Juzgado de origen.-