marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, actos interruptivos, providencia simple, elevación en apelación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: F., de G., S.G. c/ F., J. y Otros s/ Impugnación de Paternidad y Reclamación de Filiación  s/Inc.Levantamiento de Embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-13

Deben considerarse actos idóneos para interrumpir el plazo de caducidad y adecuados para instar el procedimiento, las providencias simples por las que el Juzgado de Primera Instancia exige la notificación referida, previo a la elevación de la causa a la Alzada.
Ministerio Público Fiscal, recurso de apelación (procesal)
Materia: ELECTORAL
Carátula: Acción por la República s/ Sol. personería
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-07

El pedido del señor fiscal actuante en segunda instancia tendiente a que se confirme la resolución apelada, importa el desestimiento del recurso deducido por el señor fiscal de primera instancia, pues si bien el Ministerio Público Fiscal se encuentra representado por diversos funcionarios, ejerce sus atribuciones con arreglo al principio de unidad de actuación y, por lo tanto, en caso de disparidad de criterios entre sus representantes, debe primar siempre la opinión del de mayor jerarquía.
Poder Judicial, competencia, cuestión política, cuestión no justiciable, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: ANTON ROBERTO ENRIQUE c/ LEGISLATURA DE C.A.B.A. s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-20

La doctrina de las cuestiones políticas no justiciables y, en particular, de los "actos de gobierno", no es sino una reminiscencia de la vieja idea de la razón de Estado (García de Enterría, Eduardo, La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 1983, 3ª edición, p. 70).

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires atribuye competencia al Poder Judicial para el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por ella, los convenios que celebre la Ciudad, los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales (art. 106, CCBA).

Esta disposición no encuentra excepción alguna en la Constitución. Por ello la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables no tiene sustento normativo alguno. Se trata, más bien, de una teoría meta jurídica (Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Fundación de Derecho Administrativo, Bs. As., 1998, 3ª edición, tº 2, VIII-6 y ss.).

Lo dicho no implica, en modo alguno, consagrar el denominado gobierno de los jueces. Por el contrario, la misión más delicada del Poder Judicial consiste en mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes del Estado (Fallos, 155:248; 311:2580, entre muchos otros).

Sin embargo, no por ello resulta plausible renunciar al ejercicio de la tarea que ha sido atribuida a los jueces por nuestro sistema constitucional, cual es la de velar por el efectivo respeto de la Constitución.

Es que, precisamente, la esencia del Poder Judicial es resolver los conflictos traídos a su conocimiento declarando el derecho aplicable a cada caso.

Y como en un sistema democrático ninguna actividad del Estado puede quedar fuera del orden jurídico, resulta palmario que todos los actos estatales son susceptibles de ser confrontados con el derecho vigente -en cuya cúspide se encuentra la Constitución (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín).
Prisión preventiva, excarcelación, Constitución Nacional, detención
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Gotelli, Luis M. (h.) s/ eximición de prisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

La prisión preventiva, necesario presupuesto del instituto de excarcelación, posee raigambre constitucional, desde que el art. 18 de la Carta Fundamental autoriza el arresto en virtud de orden escrita de autoridad competente.
Conflicto de poderes, concejo deliberante, suspensión de concejal, quórum, régimen de mayorías
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: CARRIZO, ELIDA PEREGRINA (PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HUILLAPIMA) s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-11-09

Adhiero a la solución propiciada, sin embargo debo hacerlo en la aclaración del criterio personal sustentado en causa Nro. 133/05 "Ramos, Stella Marys c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Valláe Viejo -Conflicto de Poderes", en la que realicé una distinción entre mayoría exigida para el quórum y la mayoría calificada de dos tercios, expresando que:

"Nos encontramos así ante el peligroso absurdo que la doctrina Constitucional plantea como hipótesis, que pueda identificarse quórum con dos tercios, lo que implicaría el riesgo cierto de que el cuerpo colegiado -Concejo Deliberante- no pueda sesionar nunca, ni aun en ejercicio ordinario de sus funciones; de lo que debe derivarse, de una razonable interpretación del espíritu de las normas y de los principios generales de los derechos, que ambas cantidades, debido a la distinta naturaleza Jurídica del quórum y de la mayoría calificada, también debe ser distinta y menor la primera -el quórum- en relación a la segunda - mayoría de dos tercios, por lo que en consecuencia, debe ser considerada legítima la constitución del quórum válido para funcionar en la cantidad de tres Miembros, pues constituyen la mayoría necesaria y suficientes sobre un total de cinco, y porque así se distingue tal Instituto de la mayoría de dos tercios, constituida por cuatro Miembros de una totalidad de cinco, pues "mayoría absoluta no es, como vulgarmente se sostiene la mitad mas uno, sino mas de la mitad" ( Bidart Campos - Derecho Constitucional T.1 Págs. 261- 262 ). Del voto de la Dra. Sesto de Leiva
Estafa, concurso real, falsificación de instrumento privado, bancos, daño material, indemnización, relación de causalidad
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Lipnizky, Leonardo Jorge y otro s/ estafa y adulteración de documento privado equiparable a público -causa n° 45.981-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-28

Corresponde revocar la sentencia que condenó a la entidad bancaria al pago de una suma de dinero en concepto de reparación por el daño material ocasionado si las estafas en concurso real con falsificación de documentos privados en momentos en que el banco ya no tenía ninguna influencia en las operatorias son conductas ajenas a éste -que por lo demás no se habría beneficiado en nada con ellas- y son la verdadera causa de los daños, junto con la conducta asumida por los propios inversores y en este contexto la actividad de la entidad bancaria sólo puede ser considerada una mera condición remota de los resultados dañosos y no la causa adecuada de los mismos, aquella que según el curso natural y ordinario de las cosas es idónea para producir el resultado o debía regularmente producirlo.

-El juez Lorenzetti, en disidencia, consideró que el recurso extraordinario cuya cuya denegación originaba la queja, era inadmisible (art. 280 CPCCN)-.
Recurso extraordinario, Derecho procesal, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Miguel Hugo s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1986-03-26

Por regla general en el recurso extraordinario no procede tratar la aplicación de leyes procesales.
Inscripción de nombre, nombre extranjero
Materia: CIVIL
Carátula: P.P. y T.B.L. s/ APELACION RES. REG. CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-14

La imposición del nombre, no puede comprometer el superior interés del Estado, lo que ocurre cuando se violentan los motivos de conveniencia social que han movido al establecimiento de las prohibiciones o limitaciones que sienta la ley (conf. CNCiv. Sala C, R. 225.092, del 22/2/78; id. Sala D, R. 15.163 del 28/6/85); por lo que no corresponde la inscripción del nombre Anina, debiéndose revocar asimismo la disposición del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que autoriza la imposición del nombre Michelle.-
Recurso de casación, excarcelación, trata de personas, situación de vulnerabilidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Machado, Clementina Clemir s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-27

Corresponde rechazar el recurso de casación impetrado contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata que, -en lo que aquí interesa- no hizo lugar a la excarcelación de la imputada por el delito de trata de personas agravado -tres personas y pluralidad de víctimas- fundamentando su negativa en que, más allá del hecho reprochado, debe evaluarse que existen en la causa indicadores suficientes de que la imputada podría formar parte de una organización delictiva integrada por individuos dedicados al tráfico ilegal y trata de personas con fines de explotación sexual y posibles ramificaciones en el extranjero que le podrían brindar asistencia para sustraerse del accionar de la justicia. Asimismo tuvieron en consideración que, en caso de obtener la libertad podría entorpecer la celebración del debate influyendo en las víctimas que deben declarar en el juicio, aprovechando su situación de vulnerabilidad. Adicionó a ello que el período de detención que viene soportando la encausada -desde octubre de 2012-, no luce excesivo de acuerdo al trámite de la causa y la complejidad de la investigación. (Dres. Gemignani, Cabral, Figueroa).
Jurisprudencia, doctrina legal
Materia: CIVIL
Carátula: S.A.I. y E. de la P. s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-09-03

"No basta la mera cita de fallos y afirmar que son contradictorios con el recurrido, para la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley, sino que es necesario expresar con claridad y en forma concreta las razones por las cuales se considera que existe la supuesta contradicción y la circunstancia que la doctrina legal aplicada en el pronunciamiento ha sido dictada partiendo de idénticos presupuestos para que sea procedente el citado recurso".
Denegatoria del recurso, confirmación de sentencia, Impuesto sobre los ingresos brutos, JUJUY, ejercicio habitual de actividades lucrativas, obligación tributaria, agentes de retención, agentes de percepción, aplicación territorial de la ley, recurso contencioso administrativo, derechos y garantías constitucionales, direcciones provinciales de rentas, código tributario
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Refinería del Centro S.A. c/ Estado Provincial s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2022-02-14

Cabe rechazar el recurso contencioso administrativo deducido contra el Estado Provincial de Jujuy por la sociedad anónima que pretende ser excluida de los regímenes de percepción y retención por la circunstancia de no tener domicilio dentro de la Provincia, pues sólo se trata de una errónea interpretación del principio de territorialidad invocado para fundar la demanda, no encontrándose en modo alguno vulnerado el principio de territorialidad.
Derecho Tributario, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "GCBA c/ PROPIETARIO  AVDA  RAFAEL  OBLIGADO  N  2221 s/ EJECUCIONFISCAL".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-28

En la interpretación de las leyes tributarias corresponde atender a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente persigan y establezcan los contribuyentes, prescindiendo de las formas y estructuras inadecuadas y considerando, en su lugar, la situación económica real (Fallos: 326:2987 y 328: 130, entre otros). (Del voto en disidencia del Dr. Alemany).
Delitos contra la humanidad, torturas, desaparecidos, asociación ilícita
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

De acuerdo con el texto del Estatuto de Roma corresponde calificar la conducta del imputado como un delito de lesa humanidad, pues la agrupación de la que formaba parte estaba destinada a perseguir a los opositores políticos, por medio de homicidios, desaparición forzada de personas y tormentos con la aquiescencia de funcionarios estatales.
Concursos, derechos reales de garantía
Materia: COMERCIAL
Carátula: FAMILIA GENOUD SERVICIO DE AVENTURAS S.R.L. s/ SOLICITA CONCURSO PREVENTIVO-PIEZA SEPARADA DE RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-05-22

El derecho del acreedor con garantía real a iniciar o proseguir la ejecución sólo se encuentra limitado cuando en el juicio concursal existe el propósito de conservar la explotación de la empresa. Pero dicha limitación no es definitiva sino que atiende a conciliar los derechos de tales acreedores con los objetivos del concurso preventivo armonizando todos los intereses, admitiéndose la suspensión por breve lapso.
Representación procesal, muerte del mandante, actor procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: DUARTE DE VALDEZ, CELSA c/ MICROOMNIBUS NORTE S.A s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-06

Ante la muerte del actor -poderdante- es deber del mandatario continuar la atención del asunto. Ello se mantiene vigente y solo cesa una vez que los interesados sean citados; sean en sus domicilios o por edictos si se ignorase su paradero y venza el plazo fijado por el juez para su presentación.
Interpretación de la ley, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: Soengas, Héctor Ricardo y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

Para tratar la impugnación constitucional del inc. d) del art. 2.

de la ley 21.476, no cabe recurrir a un precedente que versa sobre los alcances del inc. a), ya que cada norma está destinada a regular situaciones netamente diferenciables, cubriendo un espectro muy amplio de aplicación en cuanto a los ámbitos personal temporal y de materias vinculadas.
Prueba pericial, perito de parte, dictamen pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA, Manuel c/ ORTIZ, Emilio Norberto y otro s/ sucesiónNULIDAD DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

Si bien es facultad del consultor técnico presentar su opinión por separado, ello no obsta a que suscriba el dictamen del perito en caso de compartirlo enteramente.-
Principios procesales, preclusión, clausura de la instrucción, constitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Wilhelm, Simón y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-09

Del estudio de las actuaciones advierto una cuestión que trasunta el planteo del recurrente y que a mi juicio resulta indispensable analizar. Esto en modo alguno significa abrir juicio sobre la validez constitucional o no de las normas del artículo 348 del ritual, sólo, y quede claro, que no parece procesalmente oportuno hacerlo. Que el acto de clausura de la etapa preparatoria fue alcanzado por los principios de preclusión y progresividad, lo que impide retrotraer el proceso a estadios ya superados-. Al respecto, conviene recordar que conforme al principio de preclusión que impera en nuestro ordenamiento jurídico, los procesos se desarrollan en períodos dentro de cada uno de los cuales deben cumplirse determinados actos, careciendo de eficacia aquellos realizados fuera del lapso adecuado-. En virtud de ello, los pasos cumplidos en tiempo oportuno adquieren firmeza, extinguiéndose las facultades no ejercidas durante el mismo, siendo inadmisible la reproducción de cuestiones ya resueltas o que se deduzcan otras no planteadas en el momento apropiado (Voto del Dr Tragant -en minoría-).
Concesión errónea del recurso, condiciones de detención, establecimientos penitenciarios
Materia: PENAL
Carátula: PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-28

La disidencia sostuvo que habiéndose declarado la emergencia carcelaria durante la tramitación de los recursos incoados, las circunstancias que se verificaron al comienzo de la incidencia han variado y reclaman una reconsideración que lleva por el momento a entender que no se verifican en autos las circunstancias previstas en la ley 23.098, por lo que corresponde declarar mal concedido el recurso casatorio. Dres. Yacobucci -disidencia-, Slokar, Ledesma -voto concurrente-.
Competencia civil, accidente de tránsito, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Almirón de Vallialba, Juana c/ Lucero, Andrés Eduardo U. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-23

La ley de unificación de los fueros Civil y Especial Civil y Comercial no ha modificado la doctrina sentada en el caso "Villca Mora de Coria Sardi, Emeteria c/ F.F.A.A.", y es el Fuero Civil y no el Comercial el que debe entender en las acciones por reparación de daños y perjuicios consecuentes de accidentes de tránsito, con invocación del art. 184 del Código de Comercio.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, jueces, deberes y facultades del juez, recusación, extradición
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Astiz, Alfredo Ignacio s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-11

Excede el alcance de la jurisdicción apelada de la Corte Suprema en los términos en que ha sido prima facie habilitada la cuestión que se vincula con potestades propias del magistrado interviniente como son las referentes a la admisión de la recusación o, en caso contrario, proceder según el art. 61, segundo párrafo del código de rito
Juicio de desalojo, tácita reconducción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOPEZ DE MECHULAN EMA c/ JORGE SERPA s/ Desalojo (LIBRO: S109 - 342)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-09-17

Es lícita la modificación del precio convenido en el contrato de locación durante la continuación de la concluida con el asentimiento del inquilino, sin que pueda juzgarse por ello que existe tácita reconducción ya que "... las modificaciones del monto de la deuda no significan una alteración del carácter o calidad esencial de ésta, sino sólo del aspecto cuantitativo y, por lo tanto, no implican novación.
Actualización monetaria, realidad económica
Materia: ECONOMIA - FINANZAS - PROCESAL
Carátula: Consultores Asociados S.A. c/ Municipalidad de Cipolletti. s/ Recurso de Hecho Cipolletti. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

La realidad económica debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas.
Interdicto de recobrar, medidas cautelares, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Laborde, Leon Guido c/ Eleas, René Adolfo y/o Lutfi, René Eleas s/ Interdicto de recobrar la posesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-05-06

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y en consecuencia revocar el fallo ordenando la inmediata restitución del inmueble en forma provisoria, sin que ello implique prejuzgamiento ni adelanto de opinión alguna sobre el fondo de la cuestión debatida; en efecto, la jueza A-quo al desestimar la cautelar solicitada por el actor entiende que no se encuentra plasmada en la posibilidad de que se deriven perjuicios, pero nuestro código de ritos señala textualmente: "pudieran derivar perjuicios", es decir que puede ser una realidad actual o una hipótesis potencial factible, y el solo hecho de la posibilidad, más que posibilidad certeza por las declaraciones de los testigos -que se pudiere realizar una tala en el campo-, encuadra por sí sola en el segundo requisito de la norma; si a ello se le agrega que existen elementos de propiedad del quejoso en el campo, el peligro que acarrea no sólo su deterioro sino la posibilidad de sustracción y no por el demandado sino por terceros ajenos, refuerza totalmente la situación de peligro, en consecuencia se dan en autos los requisitos esenciales de las medidas cautelares, esto es verosimilitud del derecho y el peligro latente, como así también la contracautela ofrecida por el actor.
Declaración testimonial, falta de firma, autoridad de prevención, valor probatorio, declaración espontánea
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: García D'Auro, Ramiro y otro s/ Prueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-05

La declaración testimonial de un policía, encargado de la investigación de un hecho ilícito, poniendo de manifiesto la admisión que sobre su autoría en el hecho efectuara la supuesta víctima, en modo alguno puede asimilarse a una "manifestación espontánea", ya que no importa una declaración del imputado, ni se trata de una declaración prohibida pues no viola ninguna garantía constitucional.

Siendo el conocer una atribución del pesquisante, así como comunicar al Juez lo conocido su inexcusable deber, si lo que es objeto de conocimiento y comunicación es una manifestación del detenido imputado de un hecho ilícito, tanto una como la otra son plenamente legítimas a condición de no haber sido obtenidas por tormento, ni consideradas como prueba de su confesión.

La nulidad de una declaración testimonial por ausencia de firma del declarante, no importa invalidar el conocimiento adquirido por el Juez y los preventores acerca de la noticia puesta de manifiesto por la misma pues ésta no requiere formalidades, ya que no es lo mismo saber que probar, no siendo necesario por ello ignorar la realidad para hacer respetar el derecho.
Compraventa, vicios redhibitorios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Felippa Ricardo c/ Nicolini oscar y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1904-03-09

La comprobación de la existencia de vicios ocultos en la cosa constitutiva del objeto prestacional de la compraventa confiere dos acciones diferenciadas según la alternativa legal prevista en el artículo 2174 Código Civil; la acción redhibitoria o rescisoria por medio de la cual se intenta resolver el contrato con devolución de la cosa y el precio abonado y la estimatoria o "quanti minoris"que pretende disminuir el precio de la cosa en forma proporcional o equivalente a su desvalorización manteniendo la vigencia del contrato e imposibilitando que se acumule una acción de daños porque en dicha circunstancia la ley coloca al comprador frente a una definitiva opción que se torna viable si comprobándose la existencia de vicios redhibitorios está presente la posibilidad de subsanarlos.
Costas en el orden causado, pretensión, resoluciones recurribles
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA Y OTRO c/ Estado Nacional - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-21

Corresponde imponer las costas en el orden causado, si las particularidades del caso pudieron generar expectativas razonables en el recurrente acerca del éxito de su pre-tensión (cfr. C.S.J.N., sent. del 08.06.93, "Wortman, Jorge Alberto y otro", Fallos 316:1313).
Seguros, prima, vencimiento del plazo, pago, suspensión de la cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARTIN, Enrique Omar c/ FERNANDEZ, Omar Enrique y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-13

La percepción de los pagos de la prima efectuados después del vencimiento no tienen otro alcance para la aseguradora que la rehabilitación de la póliza, pero no purga con retroactividad los efectos de la suspensión de la cobertura. Es que, la aceptación de lo debido con atraso no puede interpretarse como expresión de una suerte de prórroga convencional de los plazos originales estipulados, por cuanto el renacimiento de la garantía, sólo opera hacia el futuro, ya que si bien se reconoce el pago de lo debido, tales efectos, se producen "ex nunc".-