marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Municipalidad, personal municipal, remuneración, política salarial, paritarias, negociación colectiva, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIVERO, HECTOR BENIGNO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 389-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-02

Es jurisprudencia de la Corte Provincial, que la ley 9996 no aparece viciada de grosera ilegalidad, desde que dicha ley, por el voto unánime de los legisladores representantes de distintas tendencias políticas sancionó el régimen de fijación salarial por intermedio de una Comisión Paritaria, en la que están representados las intendencias y comunas, estableciendo un mecanismo de formación del salario para los trabajadores municipales en base a la negociación colectiva, que constituye una de las grandes conquistas de la evolución jurídica en los países civilizados, y órgano de inestimable valor para la paz social. La ley 9996 estableció un "régimen", un "mecanismo", lo cual no se compadece con la tesis restrictiva que postulan los actores respecto de las funciones de la Comisión Paritaria.
Juicio oral, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Balmaceda, Juan R., Jorge A. Romero, Isidro R. s/ Incidente de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05

El art. 224 del C.P.P. no vulnera las garantías relativas al "juez natural" y a la "doble instancia" pues el régimen procesal prevé recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de la Nación y ante esta Corte, mediante los cuales se ejercen los controles de constitucionalidad y legalidad.
Defensa del consumidor, información al consumidor, oferta al consumidor, prueba, infracciones relacionadas con los derechos del consumidor, in dubio pro consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO HIPOTECARIO S.A. c/ G.C.B.A. s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APEL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21

Las precisiones del oferente realizadas a través de los mecanismos de información al consumidor y la publicidad comercial, son vinculantes para el empresario por la generación de confianza que implican, y por ser generalmente el medio que da origen a las relaciones jurídicas entre anunciante y consumidor o usuario.

En estos casos, al valorar la prueba deben merituarse las características de la relación que vincula a las partes y la especial competencia que en la materia posee la empresa comercial, considerada "experta" con relación a su contraparte y el principio in dubio pro consumidor, consagrado en el artículo 3 de la Ley Nro. 24.240 (conf. CNFed. Cont. Adm. Sala II, "Medicus S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones Res. -DNCI 39/96" del 8 de octubre de 1996; "Ciancio José María c/ Resolución 184.597 -ENERGAS- (expte. 3042/97) del 22 de octubre de 1998). Es dable destacar que, la promoción de una publicidad confiable es en interés de la ética de la gente de negocios tanto como de los cosumidores (Harland, David, "Control de la publicidad y la comercialización" en "Defensa de los consumidores de productos y servicios", coordinado por Stglitz, Gabriel, cap. III, 1994, Ed. La Rocca, p. 129).
Medidas cautelares, contracautela
Materia: PROCESAL
Carátula: DE MARTINO, RUBEN s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-27

Decretado el procesamiento, resulta procedente el dictado de las medidas cautelares requeridas por la querella.

Si el riesgo de insolvencia del procesado, no presenta características de inminencia, de manera que la demora (periculum in mora) en el dictado de las medidas cautelares pueda producir peligro de daño irreparable, debe fijarse previamente una adecuada contracautela a la accionante.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, nombramiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

En referencia a la elección de los miembros de la Corte, a esa Alta dignidad no debe llegarse ni por la influencia política con criterio partidista, ni siempre o exclusivamente por la vía del ascenso, como eslabón de una larga cadena que se mueve, subiendo impulsada por un resorte. La designación libremente hecha, mediante selección efectuada entre los mejores candidatos, debe recaer entre los que tengan bien acreditadas la vida honesta, la sólida preparación y la larga experiencia de la vida pública. Más que juristas con práctica judicial, la Corte requiere en su personal estadistas y hombres de gobierno, capacitados para alumbrar con su pensamiento los varios aspectos de una grave cuestión y para inspirar con su patriotismo ilustrado la solución que mejor armonice la ley con los intereses supremos del Estado.
Confirmación de sentencia, falta de regulación, convenio extrajudicial, costas al demandado
Materia: COMERCIAL
Carátula: SFREDDO, EDGARDO RUBEN C/CIGNA MED SA Y OTROS S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-21

Cabe confirmar la decisión en cuanto hizo lugar a la impugnación de la demandada vinculado con los honorarios por la intervención que le cupo en la causa como ex letrado apoderado de la parte actora. No se encuentra en discusión que en la causa fue dictada sentencia de trance y remate condenando a los demandados e imponiéndoles las costas y que no hubo regulación de honorarios. También resulta concluyente que operó una cesión de derechos litigiosos en virtud de la cual cierta sociedad anónima dejó su lugar en autos al actor y que el letrado que lo asistió presentó un escrito indicando haber sido desinteresado de los honorarios. Posterior a ello, acompañó una factura emitida por cierto estudio jurídico, respecto a la cual sostuvo haber cedido los emolumentos a favor del mentado estudio, al tiempo de formular la cesión litigiosa. Esa aseveración no surge acreditada habida cuenta que la factura que refirió fue emitida casi cinco meses después de comunicar el letrado la cancelación de los emolumentos. En tal contexto, la pretensión de la actora tocante a reclamar el pago en concepto de honorarios por el monto consignado en la factura no puede prosperar. Ello por cuanto el acuerdo extrajudicial sobre el monto de los emolumentos fue determinado sin la intervención de los condenados, todo lo cual torna inoponible al deudor. Recuérdese en tal sentido que para que el pago por subrogación surta efectos y se tenga por satisfecho deben estar cumplidos los requisitos propios de los actos jurídicos, con lo cual el pago debe atender a los principios de integridad, identidad, exactitud y localización respecto de lo debido (CCCN 866 y sgtes.), todo lo que aquí no acontece, en tanto como se dijera no fueron regulados los honorarios en este proceso. Empero, en tanto la obligación al pago de las costas subsiste en cabeza de los demandados, previa determinación en la causa de la cuantía de los mismos, podrá en su caso procurarse la restitución de lo debido so pena de un enriquecimiento sin causa.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, daños y perjuicios, daño emergente, lucro cesante, daño moral, indemnización, intereses, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: C, E.R. s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal (Expte.. Nro. 1371-88)  -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-07

El daño emergente es algo que se pierde materialmente; el lucro cesante algo que materialmente se ha dejado de ganar; representan sumas que introducidas en el tráfico económico producirían un interés; entonces, sí podría entrarse a discutir desde cuando tienen que producir interés para que la reparación resulte completa. El contenido del daño moral no permite que lo mida de ese modo.

Figuradamente el daño emergente y el lucro cesante pueden ser "depositados" en un banco o hacerles parir ganancias de otro modo;

el dolor no posee idoneidad para ello. (De los Fundamentos del Dr.

Creus). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Corresponde, en el supuesto de que se acoja la pretensión indemnizatoria por el daño moral, adicionar intereses a partir de la sentencia o desde un momento anterior?
Derecho a la vida, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

El derecho a la vida es preexistente a todo, incluso al ordenamiento jurídico, ya que el mismo constituye la base para el nacimiento de los demás derechos. Es un derecho absoluto, porque sin su posesión ninguno de los otros es posible. Como consecuencia el Estado tiene, siempre, una obligación absoluta de resguardar la vida con preferencia a cualquier otro derecho. Así se ha entendido que ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de cuidar la vida y la seguridad de los gobernados. (Citas: CSJN, "Amante, Leonor" Fallos 312:1953; "Scamarcia" publ. en J.A. 1997-II-91). (Del Voto del Dr. Iribarren)
Impulso procesal, impulso de parte, funcionarios judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Elgul, Gabriela Noemí c/ Estado provincial y Poder Judicial de la Provincia de Corrientes s/ acción contencioso administrativa c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-07

Si la parte está exenta de la carga procesal de impulso, su pasividad no puede ser presumida como abandono de la instancia, porque ello importaría imputarle las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones que corresponden a los funcionarios judiciales responsables.
Menores, guarda del menor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., S. F. y otros s/ Art.8, ley 4664
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

No puede ser calificada de absurda la decisión que dispone el cese de la guarda de un niño otorgada a una persona soltera para ser conferida a una pareja que tiene a su cargo la guarda de sus restantes hermanos
Excarcelación, menores, derecho a la libertad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C. P., J. M. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-01

El derecho a la libertad durante el proceso no es absoluto y, es razonable que como cualquier otro derecho, ceda ante el interes general, pues el respeto debido a la libertad individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad a adoptar las medidas que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la investigación sino también para garantizar en casos graves que no se siga delinquiendo y no se frustre la ejecución de la eventual condena por incomparecencia del inculpado. Al no evaluarse las condiciones personales del encartado, su intento de fuga ante la presencia de personal policial al ser aprehendido, el haber denunciado un domicilio distinto al que efectivamente ostentaba junto con su familia, más los antecdentes que registra, y el singular daño social que genera la comisión de delitos análogos representan circunstancias indicativas de la proclividad del incuso de evitar y/o entorpecer la acción de la justicia y constituyen razones suficientes para justificar la presunción contraria al principio de no permanencia en libertad del imputado durante el proceso. La disidencia postuló hacer lugar a la excarcelación, toda vez que las medidas de coerción solo podrán hallar su fundamento en el peligro de fuga o en el entorpecimiento de la investigación todo lo cual no se acredita en la especie en atención a que el imputado tiene 18 años de edad, posee residencia fija en el país, domicilio constatado por la instrucción y un núcleo familiar estable compuesto por su madre, de profesión enfermera, y una hermana de 19 años. Debe tomarse como factor positivo que previo a la detención cursaba el tercer año de un colegio secundario acelerado y trabajaba como cadete en una consultora para colaborar con su progenitora en los gastos del hogar. La resistencia evidenciada al momento de su detención -por sí sola- no es suficiente para construir la idea de que pretenderá eludir la acción de la justicia en caso de recuperar su libertad, puesto que el imputado cuenta con un arraigo y vinculos afectivos sólidos. (Dres. Tragant, Riggi y Ledesma en disidencia).
Daños y perjuicios, esponsales, ruptura de la promesa de matrimonio, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: F., C.E. c/ C., B.A. s/ COBRO DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-03

1- Excluidos de nuestro ordenamiento normativo los esponsales de futuro, de conformidad con lo dispuesto por el art. 165 del Código Civil, la ruptura de la promesa matrimonial es totalmente lícita, por cuanto se trata de un derecho legal personalísimo de los comprometidos en matrimonio, de donde "per se" no puede erigirse como causa fuente de los daños que se reclamen. Luego y a tal efecto deviene necesario demostrar el actuar doloso o culposo de quien la realiza, con sustento en las disposiciones relativas a los hechos ilícitos (art. 1109 del mismo cuerpo legal).- 2- Al carecer de valor vinculante, no es posible obligar al cumplimiento de la promesa matrimonial, sin que pueda darse prioridad sobre ese derecho legal, a la existencia de un noviazgo prolongado con una relación seria y firme; ni a la conducta intachable de uno o ambos novios; ni al amor del uno sobre el otro; ni a los buenos propósitos de ambos en la constitución de una nueva familia; ni a los esfuerzos materiales comunes para constituir el futuro hogar; por lo que, aún dándose todas estas circunstancias juntas y en el mismo caso, siempre es cierto que "el Código no reconoce esponsales de futuro".-
Juicio, trámites judiciales, conciliación, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Abalos, Benjamín y otros s/ Avocación. Recurso de Amparo (Expte. CSJ Nº 815-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-26

Habiéndose evidenciado la específica intención de concluir el proceso por medio de una solución consensuada entre las partes, la Corte juzga aconsejable la posibilidad de insistir por esa vía a los fines de lograr una solución que concilie satisfactoriamente los delicados e importantes intereses en juego. Máxime si se advierte que los actores, oportunamente, llegaron a formular planteos conciliatorios (si bien luego dejados sin efecto), que implicaban una fuerte reducción de su pretensión -concretamente, percibir el cuarenta por ciento de su acreencia, en cuotas, sin intereses y con costas en el orden causado-. Ello, teniendo presente las facultades inherentes a todo órgano jurisdiccional en ese sentido (artículo 19 del Código Procesal Civil y Comercial).
Impuesto a la transferencia de títulos valores, alícuota, reducción de alícuota, operaciones bursátiles, mercado de valores, Comisión Nacional de Valores, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: TRIBUTARIO-ECONOMIA
Carátula: Consultatio S.A. (TF 14.572-I y acum. 14.573- I) c/ D.G.I. s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

La alícuota reducida del impuesto sobre la transferencia de títulos valores (art. 5°, ley 21.280, texto según art. 1° de la ley 23.469)  y su adicional de emergencia (art. 6°, ley 23.652) ha sido restringida únicamente a las operaciones celebradas en los mercados de valores regulados por el capítulo IV de la ley 17.811, sin que pueda entenderse que exista una redacción descuidada o desafortunada del legislador, quien podría haber remitido a las bolsas y mercados de comercio en general, autorizadas en los términos de la ley 17.811 y no lo hizo. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, síndico único, deberes y facultades del síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Apartime SA c/  s/ quiebra s/incidente de continuación de contrato de locación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-23

1. Corresponde dejar sin efecto la resolución del juez falencial que impuso a la sindicatura la carga de ejecutar la multa impuesta a un estudio jurídico, toda vez que la sanción tuvo como beneficiaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No existe, en consecuencia, interés de la masa en su cobro, su percepción no influirá en el activo distribuible y tampoco afectará la regularidad y continuación del proceso. 2. Ergo, no se advierten razones que justifiquen imponer a la sindicatura la carga de ejecutar la sanción. Ello, pues el Magistrado cuenta con otros medios para hacer cumplir el mandato jurisdiccional y se estima que, en este particular supuesto, lo requerido al órgano sindical excede las funciones para las que fue designado y exorbita el deber genérico de colaboración que sobre él pesa.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, flagrancia
Materia: PENAL
Carátula: González, Brian Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de las normas procesales provinciales sobre las cuales se cimentaron jurídicamente los allanamientos realizados (art. 59, 219 y 226 del CPPPBA) y de los artículos homónimos en el ámbito nacional (art. 227, inc. 5, del CPPN), toda vez que en el recurso incoado no se especifica ni siquiera cuál es la norma provincial o nacional sobre la que se solicita la inconstitucionalidad, solo se realizan apreciaciones y enumeraciones genéricas que de ningún modo pueden tener éxito frente al criterio restrictivo y la seriedad que impone este tipo de análisis. Sobre este punto, cabe precisar que el temperamento del legislador, en este caso provincial y nacional, salvo disfunción flagrante, resulta inmodificable por la autoridad judicial. Por otra parte, sabido es que resulta ajeno al control judicial el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones (Fallos 253:362, 257:127, 300:642, entre otros). En este sentido, debe demostrarse de qué manera las disposiciones en juego contrarían la Constitución Nacional (CSJN, Fallos: 253:362; 257:127; 308:1631; entre otros).
Régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación
Materia: ECONOMIA
Carátula: Dalla Vía de Arenas, Claudia E. c/ Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-09

La disparidad de trato entre la deuda pública sometida a la ley argentina, aprehendida por el decreto 471/02, y la que se rige por leyes extranjeras, no configura un tratamiento desigual entre acreedores que vulnere el art. 16 de la Constitución Nacional, porque la distinción no se realiza entre nacionales y extranjeros, sino entre títulos u obligaciones sometidos a una u otra legislación. -Del precedente "Cía Azucarera Bella Vista S.A", sentencia del 6/11/2007, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, nulidad relativa, nulidad del acto jurídico
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: N, S. E. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Homicidio   culposo (Expte CSJ Nº 301-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-11-23

Si el quejoso no fundamenta la supuesta nulidad del proceso provocada por la ausencia de la intervención del Ministerio Pupilar, ya que sostiene que dicha representación promiscua es de orden público, lo hace sin fundar sus dichos, lo que resulta necesario para descalificar la afirmación del Tribunal A-quo en el sentido de que el vicio había quedado subsanado con la actuación en la Alzada de la Defensora General de Cámara, cuando la doctrina y jurisprudencia entienden -no sin discrepancias, lo que en todo caso torna opinable la cuestión-, que se trata de una nulidad relativa, debe rechazarse la queja ya que la cuestión relacionada con un aspecto procesal de la litis, resulta ajena a la vía extraordinaria intentada.
Retiro militar, pensiones militares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fesm, Ismael s/ Pensión Militar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-02

El reclamo del actor para que se le otorgue el préstamo especial establecido en el decreto 1.897/85 está planteado correctamente contra el Ministerio de Defensa pues la función del I.A.F. de acuerdo a la ley 22.919 consiste en liquidar y abonar los retiros y pensiones militares conforme lo establecido por las leyes (esta Sala in re "Ramírez" del 18-4-91); sin perjuicio de la intervención que le corresponda en la etapa de liquidación, por lo que no cabe la citación de aquél en el proceso.
Ley de servicios de comunicación audiovisual, medidas cautelares, ampliación del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Grupo Clarín S. A. y otros s/ medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-06

Debe desestimarse el pedido de ampliación de la medida cautelar solicitada por un grupo multimedios, a fin que se suspendan los efectos de los arts. 41 y 161 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley n° 26.522, toda vez que la extensión de la medida cautelar no puede exorbitar lo pretendido y debatido en los autos principales, dado que posee carácter instrumental y depende de la referida acción.
Seguro de responsabilidad civil, citación en garantía
Materia: LABORAL
Carátula: Barbero de Mackanic, Elsa M. y otro c/ S.Y.F.A. S.A. s/ Accidente de trabajo Cardozo, Florentín c/ Spell S.A. y otros s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-27|1995-11-14

El art. 118 de la Ley de Seguros, con sus deficiencias técnicas, consagra en verdad -desde la perspectiva procesal-, una citación de terceros sui generis, con las características de la intervención coactiva que se encastra en la normativa del art. 94 del ordenamiento procesal antes referido, y que convierte al citado en una verdadera parte con amplias facultades defensivas y, por ende, impugnatorias; a tal punto que la sentencia que se dicta hace cosa juzgada contra el asegurador y puede ser ejecutada contra éste en la medida del seguro como surge del art. 118 apartado 3, ley 17.418 (conf. art. 96, C.P.C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, competencia laboral, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: García López, José Antonio c/ Caja Nacional de Previsión de la Ind. Com y Activ. Civiles s/ ejecución previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-16

Dado que el juez laboral intervino en la ejecución de una sentencia dictada por la ex Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, los recursos de apelación deducidos contra la regulación de honorarios practicada en ese proceso deben ser resueltos por la cámara de ese fuero -y no por la Cámara Federal de la Seguridad Social- atento a la naturaleza accesoria de la pretensión. Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite.
Habilitación de feria, dictamen pericial, menores, personas con discapacidad, resolución denegatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: L., V. M. c/  s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-22

Debe rechazarse el pedido de habilitación de feria con el fin de requerir al Cuerpo Interdisciplinario Forense de la Cámara que remita las conclusiones de las pericias realizadas a un menor, porque si bien en los casos que involucran a menores de edad, especialmente si padecen alguna discapacidad, debe evitarse el rigor formal que pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional, la circunstancia de que hayan transcurrido algunos días hábiles desde la fecha de la entrevista con el niño no es suficiente para acreditar la urgencia que justifica la habilitación de la feria.