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Recursos, recurso de apelación (procesal), auto de procesamiento, terminación del proceso, delitos, delitos contra las personas, amenazas, coacción, clasificación de delitos, imputado, derechos y garantías constitucionales, calificación legal, armas, secuestro de arma
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M.P. c/ BURGOS, Juan Antonio s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-30

La conducta acreditada, consistente en anunciar matar al momento que el encartado portaba un arma en la mano, se enmarca en el tipo penal de Amenazas Calificada por el uso de Armas, que describe el art. 149 bis, segunda parte del primer párrafo del C.P.

Si bien correctamente el A-quo denomina en los considerandos la conducta del imputado como delito de "Amenazas con arma de fuego", en forma errónea encuadra el hecho en art. 149 ter. Inc. 1 del C.P, ya que ésta norma contempla la figura agravada de las amenazas, cuando las mismas se profieren como medio comisivo de la coacción que describe el segundo párrafo del art. 149 bis, que no es el caso de autos.

Por ello, respondiendo al agravio que pareciera sostener la atipicidad de la conducta del imputado por el hecho de que no surge que éste haya obligado a las victimas a hacer , no hacer o tolerar algo contra su voluntad, cabe puntualizar que la figura básica del delito de amenazas previsto en el art. 149 bis. primera parte del C.P. no exige tal conducta para su configuración.

En tanto sí lo exige la figura calificada de amenazas como medio comisivo de la coacción, prevista en el segundo párrafo de la misma norma citada. El aspecto material del delito de amenazas consiste en anunciar al sujeto pasivo un mal futuro injusto o ilegítimo, en su propia persona , en sus bienes o en la apersona de algún ser querido.

En el delito de Amenazas la antijuridicidad se relaciona directamente con el mal pronosticado, en cambio en la coacción, la antijuridicidad se relaciona con la conducta exigida afectando la libertad en su aspecto psíquico al exigir un hacer o no hacer indebido e injusto.

Por ello, puede afirmarse que si bien en el caso la conducta del encartado no se enmarca en la figura prevista en el segundo párrafo del art. 149 bis, con el agravante del art. 149 ter, inc. 1 del C.P (Coacción):, sí configura el tipo penal de Amenazas calificada por el Uso de Arma, prevista en el art. 149 bis segunda parte del primer párrafo del C.P.
Sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad, revocación de sentencia, grupos vulnerables, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención sobre los derechos del niño, revocación del sobreseimiento, abuso sexual calificado por parentesco, apreciación de la prueba
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: B., A. O. c/  s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-15

Es arbitraria la sentencia que sobreseyó al imputado en orden al delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por un ascendiente y contra una menor de dieciocho años de edad, pues la cámara estimó que la versión de los hechos alegada era huérfana de prueba, afirmación que no sólo resulta contrapuesta a las constancias de la causa sino que implica la inobservancia de las normas de la Convención de Belém do Pará - que prevé que las menores están en una situación de vulnerabilidad a la violencia (art. 9º)-, ley 26.485, de Protección Integral de las Mujeres y Convención sobre los Derechos del Niño, y de la doctrina sobre la materia.

-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. -El juez Rosenkrantz, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Unificación de penas, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: Brusa, Hugo J. s/ Inf. Ley 23737. Causa 25257
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-04

Si la condena anterior a la sentencia fue en suspenso, no es obstáculo para su acumulación, ya que lo que queda en suspenso y sujeta a condición es el cumplimiento de la pena y no la condena en sí misma que mantiene sus efectos. Ello así por cuanto el incriminado al cometer el hecho de la segunda causa no registraba pronunciamientos con sentencia firme.
Medidas cautelares, radiodifusión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Radio  y Televisión Trenque Lauquen SA- Inc. Competencia c/ E.N. s/ medida cauelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-27

Las excepciones previstas por la ley 25.750 en orden a la nacionalidad de los titulares de licencias de medios de comunicación (vinculadas a la situación de algunos medios con anterioridad a su sanción, en manos de empresas de titularidad bajo control de extranjeros), en modo alguno pueden ser interpretadas como un mecanismo derogatorio o modificatorio de las restricciones originalmente impuestas por la ley 22.285, en materia de inversión extranjera en servicios de radiodifusión, de tal suerte que las excepciones contenidas en la ley 25.750 sólo pueden entenderse referidas a los casos en los que la propiedad extranjera es legalmente admisible o la aprobación de la transferencia es viable, siempre en los términos de la legislación específica aplicable (Cons. IX).
Responsabilidad del Estado, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dalesandro Marilena c/ Gobierno de la Prov. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

La acción contra una provincia por cobro de los daños y perjuicios emergentes de informes erróneos del Registro de la Propiedad es de naturaleza extracontractual y prescribe en el término de dos años que prevé el art. 4037 del Código Civil. Una solución coincidente ha difundido la casación local, al declarar que prescribe en el plazo establecido por el art. 4037 del Código Civil la acción contra el Fisco por resarcimiento del perjuicio derivado de la errónea expedición de un certificado del Registro de la Propiedad.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Orígenes AFJP S.A. c/ EN - PEN - dto. 863/98 s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

Si la alzada -a fin de garantizar la defensa en juicio- invocó la situación de emergencia derivada del ingreso extraordinario de causas y la dificultad para la consulta y control de los expedientes para alterar el trámite regular del proceso ordinario en segunda instancia, las medidas arbitradas debían ser claras y su instrumentación no podía conculcar las garantías que pretendían asegurarse con su dictado.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Molinas, Ricardo Francisco c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

Los motivos del acto administrativo deben estar expuestos en él (art. 7°, incs. b] y c] de la ley 19.549) y no ser revelados sólo cuando su validez es judicialmente impugnada.
Tributos, exenciones impositivas, actividad industrial, interpretación de la ley, prueba pericial
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Compañía Papelera Sarandí S.A.I.C.I.I.A c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-03

Por industria se entiende aquélla actividad que logra la transformación física, química o físico química, en su forma o esencia, de materias primas o materiales en nuevos productos, a través de un proceso inducido, mediante la aplicación de técnicas de producción uniforme, la utilización de maquinarias o equipos, la repetición de operaciones o procesos unitarios, llevada a cabo en un establecimiento industrial habilitado al efecto; la cuestión permanece sin solución. Va de suyo que múltiples actividades humanas podrían encuadrar en esos términos, producto de la propia ambigüedad del Código Fiscal. Por ello, para acotar y circunscribir los alcances de los preceptos normativos, se debió recurrir a aquéllos profesionales cuya preparación técnica los habilita para auxiliar -con criterio a los magistrados- sobre qué tipo de tareas puede calificárselas como industriales.
Jueces, deberes y facultades del juez, proceso judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CAÑETE, NATALIO MATIAS s/ DILIGENCIAS PRELIMINARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-11-18

En la conducción del proceso civil, el principio de legalidad cede, y se impone el de elasticidad o flexibilidad de las formas, que posibilita que el juez adapte las formas a las exigencias de cada pleito ateniéndose a aquello que resulta más adecuado o justo.
Responsabilidad del Estado, competencia, rifas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martínez Baldi, Gloria c/ Club A. y S. Alumni s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-22

El ejercicio del poder de policía del Estado, materializado en la autorización para que se lleve a cabo un sorteo, se enfrenta con el derecho adquirido del tenedor de la rifa beneficiado en el mismo, en cuyo patrimonio se encuentra definitivamente incorporado un crédito.

En tales condiciones surge la responsabilidad de la entidad provincial -en el caso, municipal- que ejerció tal poder de policía, en cuanto queda enmarcada en la normativa del art. 1112 del Código Civil.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, Estado Nacional, Estado Provincial, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CELULOSA ARGENTINA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO. CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO. QUEJA POR   DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   495-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-27

No obsta a tal conclusión lo aseverado en cuanto a que la decisión implica una vulneración de la distribución de competencia entre la Nación y las Provincias, conforme emerge de lo normado en el artículo 104 de la Constitución nacional. Ello atento a que, en un caso como el de autos, solo el supuesto de invasión de competencias nacionales por parte de las Provincias puede habilitar el mecanismo de control y no a la inversa; ya que son los poderes constituidos de los Estados provinciales (en el caso, a través de su Corte Suprema de Justicia) a quienes les está encomendada la tarea de tutelar dentro de su jurisdicción, las competencias que las provincias se han reservado.
Caducidad de instancia, plazos procesales, tercera instancia
Materia: LABORAL
Carátula: LULUSIS, JORGE Y OTROS c/ ELECTRICIDAD DE MISIONES S.A. (E.M.S.A.) s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-11-29

Debe declararse operada la caducidad de instancia respecto del recurso extraordinario federal cuando la inactividad de la parte interesada supera en exceso los tres meses a contar desde la última petición por ella realizada o actuación del tribunal (art. 310 inc.2 y 311 C.P.C de Misiones).
Excarcelación, resolución denegatoria, existencia de otro proceso en trámite
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MONETA, Raúl s/ exención de prisión - causa 31029
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-23

Ante la eventual composición de penas por delitos imputados en dos causas que hacen prever una de cumplimiento efectivo, debe ser denegada la excarcelación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz, Gladys I. c/ Clínica Médica Sanatorio Junín S.A. s/ Indemnización art. 212, L.C.T. Sosa, Oscar A. c/ Gigante, Agustín (hijo) s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05|2000-08-16

El vicio de absurdo es una figura descalificante que no necesita ser embretado con una denominación específica, resultando por demás suficiente que el litigante que pretenda mostrar su configuración utilice todo el arsenal lexicográfico que le plazca con tal -eso sí- que realice una correcta y concreta fundamentación del agravio ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente demostración del error sentencial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Memorial, expresión de agravios, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Díaz, Juan C. y Villalba, M. del Carmen c/ Provincia de Formosa y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios Formosa y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-09

El memorial debe reunir las mismas exigencias técnicas establecidas para el escrito de expresión de agravios, de tal manera que el recurrente asume la carga procesal de satisfacerla con idéntico nivel crítico; si así no se hace, el fallo o resolución contra el cual se manifiesta disconformidad adquiere firmeza.
Competencia, conexidad objetiva, accidente de tránsito, accidente ferroviario, interrupción del servicio, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "MARTINEZ, JUAN C. s/ COMPETENCIA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-06

La comunidad probatoria existente entre las lesiones provocadas a un peatón y el accidente ferroviario - interrupción del tráfico- provocadas por un mismo conductor de motocicleta sea que se trate de un concurso real o ideal deben ser investigadas por la justicia federal.
Pago, imputación de pago, pagaré
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SEDE, DANIEL. c/ CERRO CASTILLO. s/ PAGAR E.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-08-23

ACORDE CON LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 775 CC., EL TENEDOR DE UN PAGAR E CUENTA CON FACULTADES PARA IMPUTAR EL PAGO DEL MISMO, EL DINERO RECIBIDO DEL LIBRADOR.
Aplicación territorial de la ley penal, inconstitucionalidad, desistimiento de la acción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PIERRI, Enrique A. s/ desistimiento tácito de la querella Causa nro. 28.595
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-22

La Cámara Nacional de Casación Penal se ha pronunciado por la inconstitucionalidad del artículo 422, inciso 1ro del Código Procesal Penal por contraponerse al principio sentado por el artículo 75, inc. 12 de la Carta Magna en cuanto dispone la unidad de legislación común para todo el país,, y toda vez que - se sostuvo - las leyes derogatorias de otras comunes deben ser de aplicación general en todo su territorio, pudiendo originarse un conflicto indirecto con la Constitución Nacional cuando dicho requisito no se ve satisfecho. En tal entendimiento, y haciendo expresa remisión a los fundamentos expuestos en los fallos antes citados, habrá de hacerse lugar, parcialmente, a los agravios sostenidos por el querellante.
Comisión Nacional de Transporte, multa administrativa, pago, solve et repete, sustitución de la multa, prueba, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: La Vecinal de la Matanza S.A.C.I. (Línea 155) c/ Comisión Nac. de Transp. Aut. s/ Resol. C.N.T.A. N° 493/94
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

No cabe apartarse de la exigencia legal del previo pago cuando la multa no aparezca desproporcionada con los bienes de la empresa (C.N.Fed. Sala I Cont.Adm., "Azucarera, Osvaldo Mora", del 29/10/74, y esta Sala in re "Empresa de Transportes Pedro de Mendoza C.I.S.A.

(L 29) c/ Com.Nac.de Trans.Aut.Resol. C.N.T.A. nº 499/94", del 18/6/95). Y la procedencia de la sustitución del importe de la multa por el ofrecimiento de bienes en garantía, se encuentra supeditada a la demostración concreta -por parte de la empresa recurrente- de que el respectivo importe no podría ser abonado sin que se provocase un importante desapoderamiento de bienes, con grave afectación del normal desenvolvimiento de su giro comercial (Sala IV, in re "Línea 76 S.A. de T.A.", del 29/6/95), circunstancia que en el sub lite no se expuso más que en forma meramente doctrinaria y sin relación alguna con las particulares circunstancias de la empresa infractora.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, transporte benévolo
Materia: CIVIL
Carátula: HEREÑU, Mario Alberto c/ RUIZ, Héctor Ricardo y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-15

Partiendo de la determinación de la responsabilidad con arreglo a las disposiciones de los arts. 1109, 1113 y concordantes del Código Civil, el transporte benévolo no origina una responsabilidad menos plena que en cualquier otra hipótesis, pues lo contrario no surge de ningún precepto legal. El art. 1069 del Código Civil, segundo párrafo, considera una atenuación no de la responsabilidad sino de la indemnización, y no se refiere a la naturaleza del hecho generador y a las circunstancias que lo rodearon, sino a la situación patrimonial del deudor.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arraya Julio Cesar c/ Paiva María Julia s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-10

Al capital de condena se le deben adicionar los intereses compensatorios y punitorios pactados, fijando como límite para el cálculo de los mismos el de una vez y media la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de préstamos hipotecarios en Dólares estadounidenses, vigente en cada período de aplicación (arts. 656, 953, 954, 1069, 1071 y ccts. del Código Civil).
Reforma de la justicia, Consejo de la Magistratura, elecciones, quórum, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13) s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2°, 4°, 18 y 30 de la ley 26.855, del decreto 577/13 -convocatoria a elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos a consejeros para el Consejo de la Magistratura- y, conforme lo establecido por el artículo 29 de la referida norma, la no entrada en vigencia de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso 15 e idénticas consecuencias respecto de las demás modificaciones que la norma introduce con relación al quórum previsto en el artículo 7°, al régimen de mayorías y a la composición de las comisiones del Consejo de la Magistratura.
Personal militar retirado, personal militar en actividad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LOPEZ, BENIGNO c/ ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA s/ RETIRO MILITAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

El Estado Militar, es una situación jurídica de la cual participa tanto el militar en actividad como en situación de retiro y por lo tanto no es el ejercicio activo del empleo o función militar el que lo determina. El militar en actividad es empleado o funcionario público pues éste tiene la obligación de desempeñar funciones dentro de las instituciones militares a cubrir destinos. En cambio el personal retirado, que conserva su grado y estado militar, cesa en las obligaciones propias de la situación en actividad; excepto en el caso que sea movilizado o llamado a prestar servicios (arts. 5, 61, 62 y 63, Ley 19.101).
Derechos y garantías constitucionales, interpretación de la constitución, libertad de expresión, libertad de prensa, deberes del funcionario público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CUEVA, RAUL JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 521 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

Aunque toda persona es libre de expresar y difundir su pensamiento mediante la palabra oral o escrita, o cualquier otro medio de divulgación, en el caso de empleo o función pública se admite que puedan establecerse restricciones justificadas por necesidades de la organización administrativa, del principio de subordinación jerárquica necesario para garantizar el orden interno. Inicialmente cabe señalar que, fuera del servicio, la libertad de expresión constituye un derecho o principio fundamenta, sin que se admita la expresión grosera o insultante respecto a los Poderes públicos y a sus superiores jerárquicos. En ese sentido, la potestad de reglar la libertad de palabra de los empleados públicos fundada en las exigencias del empleo o función, predican sobre la legitimidad de razonables restricciones por cuánto debe descartarse que el Estado y la sociedad no pueden estar interesados en contar con funcionarios que no ejerzan ninguna crítica. En el caso, las disposiciones estatutarias aplicables al empleo público en la Municipalidad demandada, ley 9286, restringen aquellas expresiones de tipo proselitista durante las tareas y tampoco admiten que el funcionario haga de la función un instrumento o medio de propaganda (art. 14, inciso e), anexo I).En el acto de cesantía se alude justamente a ese precepto, asumiendo que se habría infringido el respectivo deber.

(Del Voto De La Dra. Gastaldi Que Hace Mayoría)
Imputado, defensor, defensa en juicio, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SALAS, JUAN CARLOS s/ IMPUTADO - DEFENSOR - DEFENSA EN JUICIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1957-08-26

No son sino la designación anterior de defensor por el acusado y su nombramiento anterior por el juez, los que pueden constituir para el reo un medio de seguridad que los resguarde de las violencias, coerciones, fraudes o engaños que se tienen en mira, cuando modificándose el sistema inquisitorial del C.P.P. derogado (arts. 183 y 202), que permitía la designación de defensor con posterioridad al interrogatorio del imputado sobre los hechos, se pasa a un sistema de protección de tipo adoptado por el Código en vigor. El único y real resguardo reside, según se ha señalado, en la posibilidad de que a la indagatoria concurra, como tercero protector del prevenido, el defensor cuya sola presencia excluye, casi en absoluto, toda sospecha de adulteración de ella.

Esa es la razón por la cual el art. 243 C.P.P., les confiere al defensor y al imputar un derecho autónomo para pedir, cada uno por su lado, y no el primero, como mero asistente del segundo, que la indagatoria se realice en presencia de aquél. Interpretar de otra manera el precepto, equivaldría a volver al imputado a la situación real de desamparo del Código anterior, aunque sí, adornado con simples declaraciones de seguridad, perfectamente vulnerables por quienes caen bajo la sospecha del legislador como posibles atenuantes contra la incolumidad del acto de lo peligroso y absurdo que resultaría un sistema que, so pretexto de mayor liberalidad y garantías procesales, dejase los resguardos que confiere contra las adulteraciones de las indagatorias, en las mismas manos que por su orfandad resultan claramente impotentes para garantizar la rectitud de la indagatoria en sí misma.
Locación, cláusula penal, prórroga del plazo, tácita reconducción, vencimiento del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: TEMPONE OSVALDO c/ TANGORRA ALFREDO s/ CONTRATO LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-09

La cláusula penal pactada en un contrato de locación rige sólo vencido el término del contrato y ello no ocurre si continúa la ocupación con el tácito consentimiento del locador, que aunque no implique tácita reconducción del contrato, sí importa su prórroga hasta que el locador reclame la devolución.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Asselborn, Juan c/ Coop. Ganadera El Pronunciamiento Ltda. s/ Indemnización y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-11-26

Los antecedentes desfavorables del actor demostrados en autos por medio de constancias de sanciones anteriores no impugnadas, pueden servir de apoyo a un despido si existe un último hecho que pueda ser utilizado como causa inmediata y directa de la decisión, pero resultan ineficaces por sí solos como causa para disolver el contrato de trabajo, toda vez que no guardan contemporaneidad con el despido pues, en tal caso, se violaría el principio del non bis in ídem.