marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Regulación de honorarios, administrador de la herencia, sucesiones
Materia: CIVIL
Carátula: TAFFAREL, LUIS MARÍA SUCESORIO c/  s/ INCIDENTE RENDICIÓN DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-02-24

La regulación de honorarios del administrador de la sucesión luego de la aprobación de la rendición de cuentas final y definitiva, debe efectuarse en base a la naturaleza de la labor desarrollada, su importancia, el mérito y eficacia, complejidad, responsabilidad comprometida, el éxito obtenido, entre otros. La revisión de las estimaciones exige una interpretación armónica de los arts. 3, 77 y 123 de la Ley 7046, además de las pautas subjetivas aplicables en relación a la importancia del trabajo mensurado, consistente centralmente en la petición incidental, las cuentas rendidas, impugnación y respuesta.
Resoluciones judiciales, fundamentación de la resolución, exceso ritual manifiesto
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: URQUIA, JUSTO RAMON Y RODRIGUEZ, ANGEL s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 894
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-28

Exigir en todos los casos que el propio decreto explicite acabadamente sus fundamentos, deviene en un rigorismo formal excesivo, si las demás constancias hasta entonces arrimadas constituyen por sí solas razón suficiente del dictado de la medida. (Voto del Dr. Madueño.)
Confirmación de sentencia, excepción de prescripción, concurso preventivo
Materia: PENAL
Carátula: GAYOSO Y COMPAÑÍA SACEI c/  s/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO (PROMOVIDO POR GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-02

Procede confirmar la resolución que acogió la defensa de prescripción opuesta por la concursada en los términos de la LCQ 56 y declaró prescripto el crédito desestimando en consecuencia la verificación ensayada. Ello por cuanto, en el caso, al haberse presentado en concurso preventivo la deudora, correspondía que la incidentista insinuara su acreencia ante el juez del concurso por aquellos períodos anteriores a la presentación y no, como hizo, promover una ejecución fiscal, en clara violación a lo dispuesto por la LCQ 21, que prohíbe la deducción de nuevas acciones con fundamento en créditos de causa o título anterior a esa fecha. En esa línea, se estima que una acción ejecutiva, promovida luego de transcurrido más de tres años desde la presentación en concurso preventivo, cuando ello estaba expresamente prohibido por la ley concursal, no resultaba idónea como acto interruptivo del plazo de prescripción concursal de la LCQ 56.
Recurso de inconstitucionalidad, sistema electoral, ley de lemas, elecciones municipales, oficialización de listas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Benelli, Rodolfo  - Apoderado del lema "Por una ciudad segura" s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad (Expte.:  C.S.J. Nro. 328 Año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-27

La interpretación que declaró inadmisible la pretensión de presentar candidaturas fuera del plazo previsto a tal efecto surge razonable, si se atiende en particular a que, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien pensando en los plazos previstos por los artículos 110 y 111 del Código Electoral Nacional, "la observancia de los plazos establecidos (...) excede lo meramente formal y atañe a la sustancia del acto, cuya validez y firmeza deben ser garantizadas, si se quiere que este sea la expresión de la voluntad del pueblo genuinamente emitida que reconoce el ordenamiento electoral", determinando la inadmisibilidad de toda reclamación ulterior al vencimiento de los mismos, pues "así como el derecho electoral tiende a garantizar la efectiva vigencia del principio democrático de la representatividad popular (...) también tiene como finalidad conducir reglamentariamente el conflicto que toda competencia por el poder supone, a través de medios pacíficos y ordenados según el imperio de las leyes. En este aspecto, la normativa electoral busca dar certeza y poner fin a las disputas mediante la rápida definición de situaciones jurídicas conflictivas que, como en el caso, trascienden el interés de los partidos y afectan el normal desenvolvimiento institucional".
Indemnización por muerte, derechos de los cónyuges, beneficiarios de la indemnización laboral, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Mortensen, Daniel Eduardo c/ Energía San Juan S.A. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-02-13

La legislación que corresponde aplicar para determinar el derecho de cada uno (cónyuge e hijos), no puede ser otra que la previsional, en tanto:

1) no existe ninguna duda que el legislador ha querido "asimilar" el derecho a la indemnización del art. 248 de la LCT., al de la pensión, remitiéndose por ello a la ley correspondiente y no al C. Civil o a principios de otra naturaleza;

2) carecería de sentido pensar que para determinar el orden de prelación y concurrencia, la ley se remita a una regulación legal y para el porcentaje a otra; circunstancia ésta que no resulta de la letra de la norma legal;

3) La aplicación de legislación ajena al sistema previsional, por lo dicho, importaría resolver en contra de las palabras de la ley y también en contra de su espíritu, violando el art. 17 del Código Civil;

4) el derecho sucesorio de este último ordenamiento resulta inaplicable al caso, pues no se trata de bienes gananciales ni propios del cónyuge fallecido, sino como todas las partes lo admiten, de una reparación percibida "iure propio".
Caducidad de instancia, procedimiento contencioso administrativo, Ministerio Público, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Galleguillo, Humberto c/ Municipalidad de Córdoba s/ Contencioso Administrativo. Recurso de Casación."
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-04-05

El C.P.A. no contiene normas relativas a la perención de instancias superiores. Una correcta exégesis de los art. 55 y 58 nos permite señalar que ellos rigen sólo para la única y/o primera instancia.

Es respecto del plazo y los efectos que, por no estar normados en el C.P.C.A para la segunda instancia o la instancia extraordinaria debe aplicarse supletoriamente el C.de P.C. ( art. 13, Ley 7182).

El proceso contencioso-administrativo, con excepción de la etapa de habilitación de instancia (art. 11 C.P.C.A), es de naturaleza eminentemente dispositiva. Así, los principios establecidos en el art. 55 del C.P.C.A rigen igualmente en la instancia del recurso de casación con las pertinentes adecuaciones. Ello importa que la carga del impulso procesal en todos los casos, pesa sobre el recurrente, salvo que los autos pendiesen de pura actividad del Tribunal, excepción que debe ser interpretada con criterio restrictivo.	El acto de notificación en el expediente suscripto por el Sr. Fiscal General, no es un acto procesal con virtualidad propia para instar el proceso, y por lo tanto para causar la interrupción del curso de caducidad, desde que el Ministerio Público no es en estricto sentido "parte" en los términos del artículo 340 del C. de P.C., sino un auxiliar del proceso que actúa en defensa del interés público y vela por la normal prestación del servicio de Justicia ( arts. 1 y 16, Ley 7826).

Sin perjuicio de ello, es oportuno destacar que tal como lo establece el artículo 154 del C. de P.C., la fecha de notificación válida de una resolución ante el Ministerio Público es la de "recepción" del expediente en su despacho, siendo en definitiva ella la que debe tenerse por válida a los efectos procesales.
Concursos, proceso de verificación, incidente de verificación, verificación tardía, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: RIAM  RIESGOS  Y  ADMINISTRACION  MEDICA  SA s/ CONCURSO PREV. S/INC. DE VERIF. Y PRONTO PAGO POR PAGLILLA, JOSE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-30

Resulta improcedente que el incidentista se oponga a la imposición de costas aun cuando, -como en el caso-, no se hubiese dictado sentencia definitiva en sede laboral, si venció el término fijado para deducir la demanda de verificación, toda vez que ello no obsta a la formulación del reclamo oportuno en el juicio concursal.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, Fuerzas Armadas, personal militar, guerra
Materia: CIVIL-PROCESAL-MILITAR
Carátula: Azzetti, Eduardo Narciso c/ la Nación - Estado Mayor General del Ejercito s/ accidente en el ámbito militar y f. seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-10

Los daños derivados de combatir en la acción bélica del Atlántico Sur - incapacidad psíquica del 40% de la total obrera - como consecuencia del ejercicio de la función de defensa para la cual los oficiales y suboficiales de carrera se prepararon profesionalmente, no han superado el parámetro general al que estuvieron sometidos todos aquellos que directa o indirectamente intervinieron en ese enfrentamiento armado.
Enfermedad accidente, responsabilidad del asegurador, denuncia del siniestro
Materia: LABORAL - COMERCIAL
Carátula: Coito Ignacio c/ Laminadora Argentina Sociedad Anónima y/o quien resulte responsable s/ Laboral por enfermedad - Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-02-16

La jurisprudencia y doctrina es conteste y uniforme respecto a que en los casos de enfermedades accidentes o profesionales debe considerarse como fecha del siniestro la de exteriorización de las mismas. En otras palabras, a los fines de determinar la responsabilidad de la compañía aseguradora debe tenerse en cuenta como siniestro (referidas a enfermedades accidentes o profesionales) aquellas enfermedades que se han exteriorizado durante el lapso de vigencia de la póliza.
Ejecución hipotecaria, tercer poseedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martinoli, Roberto Oscar s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-12

El art. 3936 del C. Civil, modificado por ley 24441, establece que las legislaciones locales dispondrán el régimen procesal de la ejecución judicial de la garantía hipotecaría, conforme a las siguientes pautas: ...e) si fuera solicitado por el acreedor, el juez decretará el desalojo del inmueble antes del remate". Esta disposición, no solo no ha sido recepcionada en nuestra legislación procesal, sino que recepcionada en nuestra legislación procesal, sino que, contrariamente a ello, el art.588 de C. Proc. establece expresamente que "no procederá el desalojo de los ocupantes del inmueble subastado hasta tanto no se hubiere pagado el saldo del precio y hecho la tradición. Más aún determina que "Las cuestiones que se suscitaren con motivo de la desocupación del inmueble se sustanciarán por el trámite de los incidentes", en el que obviamente, deben ser escuchados todos los interesados.

Consecuentemente queda evidenciado que la intempestiva decisión de decretar el lanzamiento de los ocupantes del inmueble hipotecado, a quienes se soslayó, violándose su derecho de defensa en juicio, no se ajusta a derecho.
Régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Catelli, María Cristina c/ Andrata, Gustavo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

La prerrogativa concedida a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en liquidación) por el art. 27 de la ley 24.764, pago en bonos de consolidación de deuda, no resulta aplicable si el hecho que le dio motivo ocurrió en enero de 1993, esto es con posterioridad a la fecha de corte. No empece a lo expuesto la remisión que el art. 27 de la ley 24.764 hace en su último párrafo al art. 45 de la ley 11.672 (complementaria permanente del presupuesto; t.o. 1996), pues no sólo no se expresa allí que la facultad de pagar con bonos se extiende a obligaciones cuya causa o título se hayan originado con posterioridad al 1 de abril de 1991, sino que puede verse en forma clara, que tal expresión tuvo por única finalidad establecer que el procedimiento del pago de los bonos por las deudas a las que se refiere el art. 27 (las anteriores al 1-4-91) se debe regir por lo regulado en art. 45 de la ley 11.672. Por ende, no puede interpretarse que a partir de esa remisión la Caja pueda ofrecer bonos para cancelar deudas de fecha posterior al 1 de abril de 1991.
Tribunal de alzada, excesos u omisiones en el pronunciamiento, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Seguin, Elizabeth Mirtha s/ recurso de queja. Causa: 407
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-15

Estos pronunciamientos sólo resultan descalificables cuando exceden la jurisdicción que les acuerdan los recursos concebidos para ante ellos, pues sólo la prescindencia de esa limitación y la resolución de cuestiones ajenas a la vía intentada agravia a la defensa en juicio, máxime si la fundamentación criticada pudo y debió ser provista por el litigante con estricto apego al principio de eventualidad.
Amparo colectivo, vivienda, insuficiencia del agravio, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Donda Pérez, Victoria y otros c/ GCBA s/ amparo - genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-24

La queja que está a consideración del Tribunal, aunque interpuesta en tiempo y forma (art. 32 de la ley n° 402) no puede prosperar, porque no logra rebatir adecuadamente las razones por las que los jueces a quo denegaron el recurso de inconstitucionalidad que el demandado pretende sostener. Los jueces entendieron que no fundaba adecuadamente una cuestión constitucional dado que sus agravios remitían exclusivamente a analizar cuestiones de hecho y prueba, sin articularlos con los derechos constitucionales que invoca. Más allá del acierto o error de lo decidido por la Sala, la recurrente no logra rebatir dicho fundamento. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Jubilación de magistrados, regímenes jubilatorios especiales, modificación de la ley, aplicación de la ley, aplicación personal de la ley, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Craviotto, Gerardo Adolfo y otros c/ Estado Nacional - PEN - Mº.de Justicia de la Nación s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

La ley 24.018 es un régimen autónomo y no complementario o modificatorio de la ley 18.037. Por lo tanto, pese al principio general del art. 2° de la ley 24.241, su régimen no es aplicable a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, quienes siguen encuadrados en su régimen especial (conf. arts. 191, inc. a) y 168 de la ley 24.241).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, medidas cautelares, comuna, licencia por enfermedad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: SANDOVAL, RICARDO FABIAN c/ COMUNA DE VILLA SARALEGUI s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-14

La decisión atacada -que hizo lugar a la medida solicitada, disponiendo mantener al actor en uso de licencia por enfermedad- no puede constituirse en objeto procesal de la impugnación extraordinaria pues, por su propia naturaleza -cautelar- no constituye una sentencia definitiva o un auto equiparable; y la quejosa tampoco demuestra ni logra perfilar un supuesto de gravamen irreparable que torne inexcusable la vigencia de las excepciones que esta Corte tiene admitidas. - CITAS: CSJN: Fallos 256:150; 326:25; 325:3476; 335:2211; CSJStaFe: AyS T 30, p 150; T 223, p 389; T 70, p 136; T 92, p 416. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1; Ordenanza 464/17 de la Comuna de Villa Saralegui.
Comisiones médicas, revisión judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Manzanares, Ferreyra, Daghero  c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-05-11

El art. 44 de la Ley 24557 establece que la oportunidad a partir de la cual debe iniciarse el cómputo de la prescripción es el de la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada, es decir, en este caso desde la fecha del alta médica. Si se verifica que transcurrieron más de tres años desde que al trabajador se le otorgó el alta médica hasta que presentó el requerimiento de intervención de la Comisión Médica, la acción estaba prescripta y la solicitud de intervención no interrumpió el plazo de la prescripción. El Tribunal Superior de Justicia in re: "Rodríguez David Alejandro c/ Prevención Art SA - Ordinario - Accidente (Ley De Riesgos) - Recursos de Casación e Inconstitucionalidad", Expte nº 8322024, sentencia nº 22 del 10/03/2022, al precisar la naturaleza del proceso administrativo y la posterior revisión judicial, entendió que proceso es la "secuencia de pasos dispuestos para alcanzar un fin. En el supuesto concreto, se inicia con la denuncia ante el área administrativa y concluye con la eventual sentencia judicial". Siguiendo esta interpretación, si se asimila la solicitud administrativa como el inicio del proceso para la determinación de la incapacidad y la oportunidad de la interposición de la excepción es al contestar la demanda, se concluye que la demandada ejerció su defensa en tiempo oportuno y que la acción se encontraba prescripta al presentar la solicitud de intervención de la Comisión Médica por lo que corresponde admitir la excepción de prescripción articulada.
Acceso a la justicia, reglamentos, impugnación del reglamento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cadegua Sociedad Anónima c/ Municipalidad de Junín. Tercero: Sociedad Belgrano para la Protección de la Niñez s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-21

La interpretación de la Corte Suprema de Justicia en materia de impugnación directa de disposiciones reglamentarias es la que mejor se ajusta a la garantía del efectivo acceso a la justicia (art. 15, Const. prov.) que se erige en uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), tribunales de instancia única
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: O. DE C., N. c/ C., D. H. s/ DIVORCIO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 388-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-06-03

No habiendo sido objeto del recurso de queja, el fallo del Tribunal Colegiado de Instancia Unica en lo Civil, las tachas esgrimidas y que hacen a ese decisorio no pueden siquiera inicialmente ser consideradas por la Corte al resolver el recurso directo intentado.
Lavado de activos, incautación de bienes, decomiso, código penal, delito precedente, origen de los fondos
Materia: PENAL
Carátula: Salvatore, Carla Yanina c/  s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2019-03-08

El objetivo primordial de la tipificación del lavado de activos de origen delictivo es incautar los bienes que provienen de actividades ilícitas para de este modo desfinanciar a las organizaciones delictivas, de modo tal que efectivizado el decomiso mediante sentencia judicial, esos activos se destinen, conforme el artículo 305 del Código Penal, a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas o al Estado.
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: J.J.Mendizabal S.A. c/ Pelman Rodolfo O. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-22

La excepción de falsedad sólo puede fundarse en la adulteración material del documento, sea que la firma no pertenezca a la persona a quien se le atribuye, sea que existen enmendaduras, raspados, lavados, sobrelineados o agregados inauténticos, estando vedado alegar las irregularidades que hayan afectado el proceso de formación del título. La carga de la prueba de la falsedad cualquiera sea el supuesto que la motive cabe al ejecutado, en razón del claro texto legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cómputo del plazo, caducidad, días inhábiles, feria judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Del Negro, Mirta Zulema contra Sarrichio, Luis Alberto y otro. Daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

A los fines del cómputo del plazo contemplado en el art. 310 inc. 3, CPCC, tratándose de un plazo de meses, en principio, corresponde su determinación a tenor de lo normado por el art. 6 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dicho precepto establece que los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha y por días completos y contínuos, sin excluir los días inhábiles o no laborales, y sin perjuicio de que las leyes o las partes puedan prever que se efectúe de otro modo. A su turno, el Código Procesal Civil y Comercial expresamente señala que los plazos contemplados en el art. 310 correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a ferias judiciales, apartándose en este punto de lo normado por el art. 156. De tal cómputo sí debe descontarse el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del juez.(doctor Soria, mayoría).
Fundamentación insuficiente, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Urrutia, Ricardo Antonio recurso de casación - reg. 1030/17 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-23

Lo atinente a la implementación de vigilancia electrónica es una cuestión ajena a la instancia revisora.

El voto concurrente consideró que los argumentos expuestos por la defensa no logran rebatir los fundamentos utilizados en el pronunciamiento cuestionado, el cual ha sido sustentado razonablemente, y en ese aspecto el recurso sólo evidencia una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta.
Depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOW, MARCOS s/ CONCURSO PREVENTIVO.    RECURSO DE REVISION.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 329-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-07-10

El rechazo de la actualización por depreciación monetaria de sumas adeudadas, agravia el derecho constitucional de propiedad, ya que la recomposición del crédito impago tiene por objeto mantenerlo a valores constantes, preservándolo del deterioro intrínseco que en su defecto le provoca el constante y acentuado aguamiento del signo monetario. La "indexación " no empeora la situación del deudor, puesto que su activo a su vez se multiplica -nominalmente hablando- por la misma incidencia del fenómeno inflacionario y en el contexto de una economía marcada por la inflación, importa una adecuada protección del crédito.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, monto del juicio, monto mínimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Da Silva David y otra y Río Uruguay Cooperativa de Seguros. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-05-14

Si el recurrente no hace ninguna referencia al monto mínimo del juicio (artículo 295 C.P.C.) al mismo no puede deducirse que dicho monto es el que se encuentra fijado en la sentencia que se recurre, habida cuenta de que éste S.T.J. tiene establecido que dicho monto o cuantía se relaciona con el "agravio" que exterioriza el apelante; correspondía entonces, que el recurrente efectuara los cálculos necesarios para justificar cuál sería el monto del pleito a los fines del recurso extraordinario que intenta y esa omisión no puede ser suplida por el Tribunal, puesto que la demostración del monto del juicio es una de las cargas procesales a cumplir por el recurrente y que en éste caso no ha sido satisfecha.