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Control de constitucionalidad, facultades del juez, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Dcia. formulada por los colegiados Dres. I. F. Loza y E. V. Delporte contra los Dres. R. Makianich y J.F. Peire (Expte. n° 669 T. D.) s/ queja por deneg. del recurso de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-26

Es elemental, en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ellas; obligación ésta que naturalmente no sólo compete a los jueces nacionales sino también a los provinciales.
Falta de acción, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zubillaga, Raúl Horacio c/ Pcia. de Bs. As. s/ Daños y perjuicios y acción real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-07-04

Si de los términos utilizados en el responde de la demanda se infiere sin esfuerzo que la intención de la accionada ha sido justamente la de oponer la excepción de falta de legitimación como defensa de fondo, al no ser manifiesta debía resolverse al momento de dictarse la sentencia definitiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tentativa de homicidio, fundamentación insuficiente, conducta temeraria, Gendarmería Nacional, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: VILLALBA, Juan Neri c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-20

El argumento defensista referido a la supuesta autopuesta en peligro por parte del alférez no puede tener favorable recepción, pues la situación de peligro en la que se vio inmersa no fue creada o determinada por su accionar temerario, desde que tenía motivos suficientes para creer que la acción que estaba desarrollando no era en modo alguno desproporcionada con el rol desempeñado como gendarme, sin que le fuera exigible conocer la situación de peligro que sobrevendría, puesto que la misma y sus consecuencias nacieron exclusivamente de la intempestiva huida emprendida por el encausado, quien sin medir en absoluto el riesgo para la vida del preventor que aquello implicaba, de todos modos decidió acelerar su vehículo y escapar por varios kilómetros con el preventor Borras sobre el capot, frágilmente agarrado de la base del limpiaparabrisas. Tampoco es atendible el argumento de la defensa relativo a que el alférez portaba un arma al momento de la revisión de su camioneta en el puesto de Control y habría efectuado un disparo accidental, configurando una "agresión ilegítima" que habría motivado su huida, toda vez que dicha circunstancia únicamente surge de los dichos del propio imputado y de un testigo cuya declaración entiendo es a todas luces dudosa, por lo que corresponde descartar el ejercicio de legítima defensa por parte del imputado.
Despido, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: PAREDES LUIS Y OTRO c/ BERTOTTO NILO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-17

Para que se configure la injuria determinante del despido indirecto es necesario que haya existido intimación previa que posibilite su saneamiento y, por tanto, la prosecución del vínculo laboral.Indudablemente se requiere la previa intimación formal apercibiéndose al empleador de las consecuencias que se producirán en caso de mantenerse en tal actitud, porque se trata de una carga del denunciante, fundada en los principios de buena fe y continuidad, sin cuyo cumplimiento no se configura el despido indirecto.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

En cualquier oportunidad -incluso cuando integran un tribunal plenario- las Cámaras para poder actuar válidamente deben estar integradas, cada una, por el mínimo de tres jueces a que alude el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dentro de este ordenamiento legal, sólo está previsto un quórum menor, posibilitador de la actuación de las Cámaras, para el caso de tratamiento de cuestiones de gobierno (artículos 35 y 36), lo que está planteado claramente como una excepción a la regla general que no es pues otra sino la de integración plena de cada Cámara. Así cuando se trata de materia jurisdiccional el quórum requerido por cada Cámara es siempre el de la totalidad de sus miembros, toda vez que no se cuenta con una norma específica cual la del artículo 14 de la Ley Orgánica, que habilita a la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse jurisdiccionalmente con la presencia de sólo cuatro de sus integrantes. (Del Voto del Dr. Olzábal -En Minoría-). En el caso la cuestión a resolver es: ¨Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en una Sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido del Tribunal Plenario?
Poder Judicial, Constitución Nacional, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Peralta, Luis Arcenio y otro c/ Estado Nacional (Mrio. de Economía - BCRA.) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Es función indeclinable de los jueces el resolver las causas sometidas a su conocimiento, teniendo como norte el asegurar la efectiva vigencia de la Constitución Nacional, sin que puedan desligarse de este esencial deber, so color de limitaciones de índole procesal.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, responsabilidad del Estado por actos lícitos
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ETA GENERAL MOSCONI c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE: C.S.J.   NRO. 216 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-29

In re "Lovardo c. Municipalidad de Vicente López", la Corte federal esclareció el fundamento de la responsabilidad del Estado por su obrar lícito expresando que "...han de reconocerse a la autoridad administrativa facultades para arbitrar las medidas conducentes a un uso de la propiedad con miras al bien común y no le compete la justicia revisar el acierto o error, la conveniencia o inconveniencia de las medidas adoptadas, en tanto ellas no resulten arbitrarias o carentes de razonabilidad y aparezcan, como en el caso, inspiradas en un sano principio de defensa y prevención sanitaria y urbanística.

No es óbice para ello la circunstancia de que esa actividad lícita de la autoridad administrativa pueda ser causa eficiente de daños a particulares que deberán ser atendidos en el campo de la responsabilidad del Estado por aquel obrar lícito...".
Tasas, acción de inconstitucionalidad, iura novit curia
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustibles y Afines de Salta c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-12-04

La tasa es la contraprestación pecuniaria que el particular debe al Estado, en virtud de ley, por la prestación de un servicio jurídico, administrativo o jurisdiccional, de uso obligatorio, divisible y determinado en la persona o bienes del usuario, prestado por el Estado. La tasa es una categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, con estructura jurídica análoga al impuesto, pero que se diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general.
Pago, extinción de las obligaciones, mora
Materia: CIVIL
Carátula: D.N.R.P. c/ Rolling Forms  S.A. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

En virtud del principio de integralidad jurídica, el único pago que extingue la obligación es el que reviste la condición de total y solutorio, características que no resume el abono efectuado tardíamente, ya que una vez desencadenada la mora derivada del incumplimiento, sus virtualidades persisten mientras no ocurra un hecho como aquél, dotado de energía suficiente para modificar la situación preexistente.
Enriquecimiento sin causa, acción in rem verso
Materia: CIVIL
Carátula: Icazatti, Juan Valentín c/ Paredes, María Griselda s/ Demanda de Repetición por Enriquecimiento sin Causa - Beneficiode  Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-08-26

La "presunción de gratuidad habrá de tener peso en todos los casos en los cuales medió la convivencia, aunque el servicio prestado no constituyera la actividad habitual del reclamante", .... "si el concubino demuestra que ha existido un concubinato perfectamente configurado, podrá más fácilmente llevar al ánimo del juez la convicción de que se trató de una colaboración desinteresada, integrante del contenido personal, no económico, del vínculo..., dada la naturaleza de la relación en que hubo, entre otros elementos, comunidad de habitación y de vida".
Marcas, registro de marca, nulidad de marca, nulidad absoluta, actos jurídicos, mala fe, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GONZALO BRAULIO RIVAROLA c/ UNITED FEATURE SINDICATE INC. s/ OPOSICION INDEBIDA REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-17

La conducta dolosa del actor no merece el amparo del Derecho, y no lo tiene, por más que la contraparte incurriera en negligencia en la defensa de sus intereses al dejar pasar doce años sin accionar.

El transcurso del tiempo y la pasividad de U.F.S. son estériles para convalidar lo que no es confirmable: una marca registrada de mala fe. Así se ha resuelto en un caso en el que la marca nula llevaba ya 17 años de registro, por ser ésa la solución que surge de nuestro orden jurídico. Tampoco bonifica la validez de la marca viciada de nulidad absoluta- el hecho de haber sido usada (bien que deformada) durante varios años, siendo el gravamen que surge de la anulación causa de la propia conducta del actor, quien adoptó un signo marcario que interfería en la órbita de protección de un derecho intelectual, lo que basta para descartar la existencia de un interés legítimo tutelable; cabiendo añadir que la doctrina de los propios actos no puede otorgar juridicidad a un acto reñido con el art. 953 del Código Civil, insusceptible por tanto de confirmación.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, indemnización, daños y perjuicios, accidentes de trabajo, dosimetría alcohólica
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FANY AKSELRAD DE DENON. c/ EMPRESA DEL ESTADO SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES. s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

No cumple con los recaudos de validez exigidos por la Constitución Nacional, al no hallarse debidamente fundada ni ser derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa, la sentencia que rechazó la demanda por indemnización de daños y perjuicios derivados de un accidente laboral. Ello así, pues la referencia del tribunal de alzada al dictamen pericial no otorga sustento idóneo a las conclusiones motivo de agravio, toda vez que el perito ingeniero se limitó a expedirse sobre la autenticidad de la copia del plano acompañado, sin emitir opinión alguna respecto de las cuestiones controvertidas por las partes; así como tampoco fue objeto de examen por parte del a quo el informe emanado de los médicos forenses de la Morgue Judicial, del cual surge el resultado negativo de la investigación de alcohol en sangre realizado.
Recurso extraordinario federal, proceso penal, archivo del expediente, sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Menem, Carlos S. (h) y Oltra, Silvio Héctor s/ investigación sobre las causas de sus muertes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

Si bien las resoluciones que resuelven el archivo de las actuaciones no revisten en principio carácter de sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, tal doctrina cede en los supuestos en que aquéllas causen un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, o cuando la alteración de las circunstancias de hecho o de derecho pudiera influir en la sentencia (Disidencia de los Dres. Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López).
Escritos judiciales, copias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Créditos Luro S.A. c/ Benítez, Carlos y otra s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

El artº 120 del ritual, impone la obligación de acompañar copias de todo escrito que deba darse vista o traslado; no cumplido tal requisito ni subsanada la omisión dentro del día siguiente, se tendrá por no presentado el escrito sin intimación previa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Heredia de Cerezo, Liliana del Valle s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1987-06-17

La aplicación en autos del Dcto. Ley Nro. 4.170 (Regulación de Honorarios), se debe a que el Recurso Extraordinario de Apelación de la Ley 48 es similar a lo que el art. 27 contempla cuando reza "por la interposición de los recursos de casación, inconstitucionalidad u otros similares. Además, y si aún así no se entendiera comprendido en el art. 27, el recurso extraordinario por imperio del art. 16 del Código Civil, a falta de norma expresa para resolver determinada situación, debe recurrirse a las leyes análogas, que es lo que el Tribunal realizó en autos.
Títulos ejecutivos, certificado de deuda, cajas profesionales
Materia: PROCESAL
Carátula: CAJA PREV. P/PROF. EN CIENCIA ECONOMICAS DE LA PROV. DE SAN JUAN c/ Esposito Rizo Flavia Sofía s/ Ejecutivo - Actuaciones para Elevar a Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-09-10

Los afiliados de la Caja de Previsión para Profesionales en Ciencias Económicas de San Juan, se encuentran obligados, según lo dispuesto en el art. 5 de la ley 6333, a efectuar el aporte previsto en el art. 4, inc. a), de dicha norma.

Esta ley prevé expresamente que los profesionales presentarán a la Caja Profesional, hasta el último día hábil del mes siguiente, con carácter de Declaración Jurada, un detalle de los trabajos realizados en el mes anterior con individualización de su naturaleza y aportes previstos en esta Ley y su reglamentación, como también informarán si no realizaron trabajo alguno (art. 6°). Y el certificado del Órgano Administrativo de la Caja de Previsión para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de San Juan, constituye título ejecutivo para el cobro de los rubros adeudados, contenidos en el mismo (art. 13).
Divorcio contradictorio, prueba confesional, apreciación de la prueba, injurias graves, mal carácter, menosprecio al cónyuge, reconocimiento de los hechos
Materia: CIVIL
Carátula: K., M. c/ L., de K. A. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-20

De conformidad con lo que dispone el artículo 232 del Código Civil (texto según Ley 23.515), en los juicios sobre divorcio no es suficiente la prueba confesional ni el reconocimiento de los hechos, salvo para la causal objetiva por el solo transcurso de dos o tres años (según se trate de separación personal o divorcio vincular) mediando interrupción de la cohabitación sin voluntad de unirse. Por lo tanto, las injurias que se intenta fundar en dichos del cónyuge demandado volcados en su contestación, sin ningún elemento de juicio arrimado en la etapa probatoria que lo corrobore, a partir del confesado carácter irascible de la esposa, quien habría sentido adversión y desprecio hacia el marido, no pueden tenerse por configuradas.
Acción de amparo, servicios eléctricos
Materia: PENAL
Carátula: Gurfein Ari Gabriel y otro c/ Edesur S.A. y otro s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-11

El perito ingeniero electromecánico informa que "las tareas de mantenimiento han sido deficientes en las zonas de interés, teniendo materiales no normalizados en la red de distribución y utilizando protecciones inadecuadas para las características de los consumos de la zona". Dado el reiterado cumplimiento negligente de la empresa distribuidora de energía, el ENRE no puede desentenderse de sus deberes de contralor a los fines de garantizar los derechos de los usuarios. Es así que debe fiscalizar los trabajos de refacción y acondicionamiento que se encuentran a cargo de Edesur, en su carácter de titular de la prestación del servicio de energía eléctrica.
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: H., U. J. c/ H., S. J. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

Los informes de las erogaciones a raíz del uso de la tarjeta de crédito, comprendiendo gastos de hoteles, pasajes, asistencia del viajero y renta de automóvil en los EEUU; unido a los informes de viajes a Río de Janeiro; titularidad de Caja de Ahorros, certificado a plazo fijo; calidad de socio de un club, con cuotas pagas e informe de la Asociación Odontológica sobre la percepción de haberes vía obras sociales y del Instituto de Servicios Sociales Bancarios, conforman pautas de conocimiento aproximativo, permitiendo mensurar "prima facie" la significación dineraria de esos indicios a raíz de la vivencial instalación del juzgador en la sociedad (art. 34 inc.

5, 163 inc. 5 y 6, 384, 641 y cc. del CPC).
Indemnización por accidente de trabajo, depósito en sede administrativa, acción civil por accidente de trabajo, porcentaje de incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: BURGOS, NOE c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-17

El depósito en sede administrativa, aún con conocimiento del dependiente, no tiene efecto cancelatorio ya que pendiente el plazo de prescripción, el lesionado puede accionar judicialmente procurando obtener la modificación del grado de incapacidad atribuido o el salario considerado por el organismo administrativo.

La calidad de pago que pueda atribuirse a dicho depósito va a ser indefinida hasta que no medie decisión judicial o transcurra el plazo prescriptivo.
Medidas cautelares, presunción de legitimidad, acto administrativo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Bau y Campal Propiedades S.R.L y otro  c/ UIF (EX 797/18- Resol. 1/22) s/ Código Penal- Ley 25246- Dto. 290/07- Art. 25
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-06

La Sala rechazó la medida cautelar solicitada por la sociedad actora, quien pretendía que se suspendiera le ejecución de la multa impuesta por la Resolución N° 11/22, en virtud de los incumplimientos detectados y probados a las previsiones de los artículos 20 bis, 21 inciso a) y 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y los artículos 3° incisos a), c), d), f) y g), 4°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 17 incisos b) y g), 19, 22 y 23 de la Resolución UIF N° 16/2012. En tal sentido, los jueces sostuvieron que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, lo que trae aparejado que los recursos administrativos o judiciales no suspenden su ejecución. Asimismo, afirmaron que no se vislumbraba el peligro en la demora alegado por la parte actora. En consecuencia, concluyeron que no se encontraban reunidos los requisitos establecidos en el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en el artículo 15 de la Ley N° 26.854 para conceder la medida cautelar requerida en el escrito de interposición de la demanda.
Protección de la vivienda, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LESCA ALBERTO R. (H) c/ TOMMASI NORBERTO DANIEL s/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS - INCIDENTE  DESAFECTACIÓN DE BIEN DE FAMILIA -RECARATULADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-07-29

Quien impulsa la desafectación debe soportar la carga de probar los presupuestos que lo habilitan.
Recurso de queja (procesal), recurso extraordinario, sentencia arbitraria, fundamentación suficiente, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: ORTIZ, RICARDO c/ ORTIZ GARCÍA, JOSE Y OTRO s/ ACCION DE SIMULACION DE SIMULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-02-07

Es inadmisible el recurso de queja deducido contra la resolución que rechazó el recurso extraordinario por arbitrariedad, pues la sentencia resistida tiene suficiente argumentación autónoma, independientemente de que el recurrente se conforme o no con tales fundamentos.
Injuria laboral, despido indirecto, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: BELIZAN, Omar L. c/ MALNIS, Jorge s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-03-02

Si la actora manifiesta que el contrato de trabajo llegó a su fin por autodespido y la demandada por mutuo consentimiento, estaba en cabeza de ésta demostrar lo contrario. La falta de contestación de la demandada a la intimación formulada por el trabajador estando obligado a pronunciarse, crea una presunción a su favor y se constituye en injuria suficiente para dar por concluido el contrato de trabajo por autodespido justificado.
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Signago Elsa Teresa s/ Concurso preventivo  (Recurso de queja)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-08

La apelación directa contra la sentencia de quiebra no es viable, ya que dicho medio de impugnación no está establecido especificamente en el ordenamiento falencial para ese tipo de providencia. (Minoría u opinión personal)
Honorarios, honorarios del abogado
Materia: CIVIL
Carátula: PALMARES SRL s/ QUIEBRA INDIRECTA-VERIFICACION TARDIA D/DGI
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-10-07

La ley 2150 regula honorarios únicamente a los profesionales de la abogacía, sea por su actuación como patrocinante o en forma conjunta con la procuración cuando tiene representación suficiente. Esta ley, no le reconoce calidad de procurador ni de abogado de sus propios honorarios a los Contadores Públicos Nacionales.
Sentencia arbitraria, recursos, juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)" y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Si los jueces se valieron de un camino jurídicamente posible para adoptar la decisión atacada, sin alterar la pretensión deducida por la accionante ni revelar una interpretación reñida con el bloque normativo invocado para su adopción, no habrá exceso o violación alguna sobre los derechos constitucionales que la recurrente pueda plantear como conculcados. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).