Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-30


LASCANO, Marta E. y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 215 p 345-348.

Santa Fe, 30 de agosto del año 2.006.

VISTOS: los autos "LASCANO, Marta E. y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE -Mere Declarativa- sobre COMPETENCIA" (Expte. C.S.J. nro. 229, año 2006), para resolver el conflicto negativo de competencia entre la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número Dos, ambos de la ciudad de Rosario; y, CONSIDERANDO: Marta Elena Lascano, Eduardo Horacio Arichuluaga, Armando Alberto Bonino, Eduardo R. A. Martínez Thoss, Hugo Bonifacio Escalante y Federico José Amsler, Jueces de Primera Instancia de Circuito, por apoderados y por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito de la Decimoquinta Nominación de la ciudad de Rosario, promovieron demanda contra la Provincia de Santa Fe tendente a obtener:

I) una declaración de certeza acerca de que tienen idéntica jerarquía e investidura como magistrados que sus pares de Primera Instancia de Distrito; II) eventualmente, y respecto de la pretensión primaria, una declaración de inconstitucionalidad de las leyes n 11196 y 12103, en tanto les acuerdan un trato clara e inaceptablemente discriminatorio al asignarles menores sumas retributivas que las acordadas a los Jueces de Primera Instancia de Distrito; y III) sucesivamente, y para el caso de que dicha pretensión inicial fuere acogida, el dictado de una sentencia de condena que le imponga a la Provincia abonarles la retribución igualitaria de que se trata y, adicionalmente, realizar todos los actos necesarios para que ello se efectivice natural y regularmente desde la fecha de la sentencia.

El titular del Juzgado interviniente no aceptó la radicación de la causa por ante sus estrados en el entendimiento de que el conocimiento de la misma corresponde a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, e interpuestos recursos de reposición y apelación, no se hizo lugar al primero y, concedido el segundo, los autos arribaron a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala Segunda.

Dicho Órgano jurisdiccional confirmó el decisorio apelado argumentando, en prieta síntesis, que la materia litigiosa corresponde, en principio, a la competencia material de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo y que el conocimiento de pretensiones declarativas no es extraño al proceso contencioso, fundando su postura en numerosos precedentes jurisprudenciales.

Previo requerimiento de los actores, los autos fueron remitidos a la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número Dos, quien también se declaró incompetente para entender en estos actuados.

En sustento de su postura, afirmaron que la técnica impugnatoria de la ley 11330, la exigencia del agotamiento de la vía administrativa, la naturaleza revisora de la instancia, la necesidad de un acto, constituyen distintas formulaciones acerca del modo y los casos en que ese Tribunal está habilitado para intervenir y, en definitiva, señalan la oportunidad de asumir la competencia material y los confines de su ejercicio.

No obstante lo cual, aclararon que si los recurrentes consideraban conveniente a su derecho podían subsumir su planteo a los términos de la ley 11330.

Paso seguido, los accionantes manifestaron que no estaban dadas las condiciones de adecuación a la norma legal citada y solicitaron la resolución del conflicto de competencia, por lo que, previa remisión de los autos a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda -quien se mantuvo en la postura adoptada- se elevaron a este Tribunal a los fines de dirimir la contienda negativa.

2. El caso resulta de la competencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número Dos.

a. En el sub lite los actores pretenden por medio de una acción mere declarativa -en prieta síntesis- ser equiparados jerárquica y remunerativamente a sus pares de Primera Instancia de Distrito y, es por ello, que cabe concluir que concurre materia contencioso administrativa toda vez que la relación jurídica que vincula a los Jueces con la Provincia de Santa Fe debe tipificarse de empleo público en los términos del inciso 2, apartado a), del artículo 59 de la ley 10.160 (a mayor abundamiento, ver "Decoud", A. y S., T. 117, pág.

216).

En ese sentido, esta Corte -si bien con integración parcialmente diferente- in re "Avalos" (A. y S., T. 156, pág. 337), al resolver una cuestión relacionada a magistrados judiciales y funcionarios del Ministerio Público resolvió que la materia discutida era de naturaleza contencioso administrativa.

Dicha conclusión, por lo demás y como se observa del relato efectuado en estos Considerandos, no resulta discutida por ninguna de las Cámaras contendientes; es más, el Tribunal especializado de lo Contencioso Administrativo proporcionó a los recurrentes la posibilidad de subsumir su planteo a los términos de la ley 11.330.

Por su parte, como se expresara en autos "Andreoli" (A. y S., T. 163, págs. 71/89) "reiteradamente esta Corte ha decidido que a los fines de analizar su competencia contencioso administrativa debe prescindirse del 'nomen iuris' utilizado por las partes para calificar la acción intentada ("demanda ordinaria por discriminación" -"Campbell", A. y S., T. 132, pág. 358 -; "acción mere declarativa de inconstitucionalidad" -"Cecchi", citado-; "acción de amparo" -"Fischer", A. y S., T. 133, pág. 93-; entre otros ejemplos)".

Y, desde luego, debe advertirse, que la satisfacción de la pretensión suponga inexorablemente la declaración de inconstitucionalidad de una ley o la aplicación o no de un acto de carácter general, no desplaza la concurrencia de materia contencioso administrativa.

No es otro el criterio de los innumerables precedentes en los que el Tribunal ha atendido a pretensiones y defensas que igualmente suponían el examen de la constitucionalidad de una ley administrativa en sentido lato, ello por cuanto el control de constitucionalidad de las leyes no priva a la materia de su carácter de contencioso administrativa ("Cámara de Agentes Oficiales de Loterías, Prode y Quiniela 2a.

Circunscripción", A. y S, T. 203, pág. 491).

b. Debe recordarse, además, tal como fue señalado en el precedente "Andreoli", que el conocimiento de pretensiones declarativas no es extraño al proceso específicamente contencioso administrativo, en particular respecto a los supuestos de invocación de intereses legítimos: no lo era en el ámbito de la ley 4106 -cuyo artículo 73 limitaba la sentencia en el recurso de ilegitimidad a la declaración de nulidad o ilegalidad del acto-, ni lo es en el ámbito de la 11.330 -que admite, pero no obliga, el ejercicio de una pretensión de condena-.

Y más concretamente respecto de pretensiones declarativas de certeza, tampoco puede decirse que el proceso contencioso administrativo sea por completo extraño, siendo que la ley 11.330 (art. 1) -al igual que la 4106 (art. 23)- remite, en cuanto fueren aplicables a la materia, al Código de rito provincial.

Ahora bien, aún considerando que la pretensión de los accionantes es propiamente declarativa de certeza, el hecho de que las Cámaras de lo Contencioso Administrativo no sean competentes para entender originariamente de acciones no sería óbice para concluir en que el caso igualmente puede ser subsumido en la ley 11.330, porque así resolverlo no implica que se declarase su competencia para entender genéricamente de "acciones meramente declarativas", sino, y según los casos, justificar la solución que más se adecue a las particularidades que se presenten en la causa ("Cámara de Agentes Oficiales de Loterías, Prode y Quiniela 2a. Circunscripción", cit.).

Por lo tanto, la materia debatida en autos, tal como ha sido planteada, es de la competencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número Dos, que, como tribunal especializado en los términos del artículo 93, inciso 2, de la Constitución provincial, no entiende sino en el modo que establece la ley 11.330, que reglamenta dicha cláusula constitucional (A mayor abundamiento ver "Cámara de Agentes Oficiales de Loterías, Prode y Quiniela 2a. Circunscripción", cit.).

3. Ahora bien, habiéndose concluido que la sustancia de la presente litis es contencioso administrativa y que resulta la Cámara del fuero especial competente para su conocimiento y decisión, corresponde, atento al interés institucional que reviste el caso, remitirle las presentes actuaciones, haciéndole saber que, con copia del presente decisorio, deberá otorgar a los actores un plazo de treinta días a fin de que adecuen sus pretensiones a los términos de la ley 11.330 (arg. art. 2, segundo párrafo, ley citada) (criterio de "Compañía Santafesina de Tierras", A. y S., T. 209, pág. 350).

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Declarar que el presente caso es de la competencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número Dos, quién deberá proceder de acuerdo a los considerandos que anteceden y a la que se le remitirán los autos, con noticia de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, de Rosario.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)