Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-11-30


Salta, 30 de noviembre de 2006.

Y VISTOS: Estos autos caratulados ?ZIGARAN, Mirta Verónica vs. NIEVAS, Hugo - SUMARIO?; Expte. Nº 68637/03 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 6º Nominación; Expte. Nº 151106/06 de Sala, y __________________C O N S I D E R A N D O La doctora Graciela Carlsen dijo:

La sentencia de fs. 77/78 hizo lugar a la demanda por resarcimiento de daños y perjuicios y condenó al demandado a abonar a la actora la suma de $ 2.500 con mas los intereses y las costas.

Apeló el accionado (fs. 87), y al fundar el recurso (fs. 105/107) manifiesta que se agravia del fallo por cuanto omitió valorar y merituar pruebas que hacen al derecho de su parte, en especial lo declarado en el sumario contravencional nº 01/0 incorporado en autos, lo que coincide con su declaración confesional prestada a fs. 52 de autos.

Que esas declaraciones han sido corroboradas con los testimonios brindados por los Sres. Gutiérrez y Sztychmasjter en el sumario referido. Concluye por ello, que el sentenciante por su sola voluntad le atribuye la propiedad del animal agresor, por lo que califica de arbitrario el fallo y pide se lo revoque, con costas.

Contestados los agravios por la apelada con fundamentos de apoyo al fallo impugnado (fs. 112/113) y llamados los autos para sentencia (fs. 114) queda la causa en estado de resolver.

II) En fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala G, el Dr. Greco en su ilustrado voto, luego de efectuar un repaso de la doctrina nacional y extranjera sobre el fundamento de la responsabilidad y factor de atribución del dueño del aninal que causa un daño, señaló que para la resolución del caso, no es menester incursionar en este terreno, propio de la ciencia, porque hay base normativa inequívoca cualquiera sea la opinión que se siga en cuanto al fundamento de esta responsabilidad y factor de atribución que se prefiera (cfr. CNCiv., sala G, La Ley, 1988-D, 392).

Dijo allí el destacado jurista, que la doctrina tradicional de nuestros autores sostenía que el fundamento de la responsabilidad del dueño del animal que causa un daño debía encontrarse en una presunción de culpa, por no haberlo custodiado adecuadamente y según las circunstancias a fin de impedir la producción el hecho -culpa "in vigilando" o "in custodiendo"- (Salvat, "Tratado de derecho civil argentino. Fuentes de las obligaciones", t. IV, "Hechos ilícitos", núms. 2857 y 2858, ps. 189/190, ed. actualizada por Acuña Anzorena; Aguiar, "Hechos y actos jurídicos", t. III, núm. 159, p. 316; Cammarota, "Responsabilidad extracontractual", t. II, núm. 397, ps. 543/545; Leonardo Colombo, "Culpa aquiliana", t. II, núm. 177, p. 116, 3ª ed.).

Como variante un tanto más moderna, pero siempre dentro de esta concepción subjetiva, se destaca la adhesión a la tesis francesa de la "culpa en la guarda" según la cual la sola causación del daño vendría a demostrar el incumplimiento de esa obligación legal -"res ipsa loquitur"- por no haberse logrado el resultado impuesto por el ordenamiento (Llambías, "Tratado de derecho civil. Obligaciones", t. IVA, núm. 2673, letra b-, p. 669, y núm. 2674, ps. 669/671, quien reproduce, con adaptaciones a nuestro derecho vigente, ideas de Henri y León Hazeaud expuestas en su "Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual", t. 2-I, núms. 1312 a 1327, ps. 367/377, traducción de la 5ª ed. por Luis Alcalá-Zamora y Castillo; en tanto André Tunc se inclina por una presunción de causalidad, núm. 1328, p. 378).

La corriente más actual prescinde lisa y llanamente de la idea de culpa y se atiene a un factor objetivo de imputación (Orgaz, "La culpa", núm. 83, ps. 216/219), obra en la que rectifica opinión anterior; Bustamante Alsina, "Teoría general de la responsabilidad civil", núm. 1129; Boffi Boggero, "Tratado de las obligaciones", t. 6, núm. 2124, ps. 17/26; Kemelmajer de Carlucci, en "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado", t. 5, ps. 676/678, dirigido por Augusto C. Belluscio con la coordinación de Eduardo A. Zannoni), con lo que sigue la orientación prevaleciente en la doctrina francesa (René Demogue, "Traite des obligations en general", t. 5 publicado en 1925, núm. 983, ps. 196/200; René Savatier, "Traité de la responsabilité civile", t. I, núm. 337, ps. 439/440 y núm. 405, ps. 511/512 2ª ed., París, 1951; Geneviéve Viney, "Les obligations. La responsabilité: conditions", t. IV del "Traité de droit civil" sous la direction de Jacques Chestin, París, 1982, núm. 634, p. 757, la llama "responsabilité de plein droit"), sin perjuicio del distinto apoyo textual en uno y otro régimen positivo.

No faltan, en fin, agrega el jurista, opiniones que distinguen a través de presunciones de culpa "iuris tantum" o "iuris et de iure" la situación del dueño del animal, según éste sea doméstico o feroz, respectivamente (Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones" escrito en colaboración con Pedro N. Cazeaux, t. 4, ps. 607, 614, 618 y sigtes., 2ª edición).

La sentencia impugnada afirma una imputación objetiva, conforme la cual, la atribución de responsabilidad al dueño del animal que causa el daño (art. 1124, Cód. Civil) declina solamente ante la configuración de una de las eximentes que taxativamente prevé el mismo título. De ellas, la única en la que es relevante la falta de culpa es la referida a la soltura o extravío del animal (art. 1127).

En los restantes, pesa sobre el dueño la invocación y prueba, sea de que el animal fue excitado por un tercero (art. 1125), de la culpa de la víctima o bien del caso fortuito que quiebra la relación causal (art. 1128), hipótesis que resultan extrañas al caso dados los términos en que quedó trabada la litis, con las consecuencias que emergen de la incontestación de la demanda por el accionado (art. 356 inc. 1º, CPCC), desde que éste no ha invocado ni probado ninguno de los eximentes referidos.

III) Así las cosas, la única cuestión verdaderamente esencial es la concerniente a la existencia concreta de la agresión por parte de la perra de propiedad del demandado Nievas. Si bien el nombrado intenta desvirtuar en la alzada el razonamiento del sentenciante para atribuirle la propiedad del animal y por ende la responsabilidad por el hecho dañoso objeto de autos, argumentando que existen pruebas no valoradas que hacen a su derecho, lo cierto es que de las mismas no puede extraerse la conclusión que pretende.

En efecto; los dos testigos mencionados por el demandado, Sres. Gutiérrez y Sztychmasjter, vecino de éste, que declararon a fs. 32 y 34 del sumario contravencional n° 1/03, en primer lugar no presenciaron el ataque, y si bien conjeturan sobre la seguridad del inmueble del demandado que evitarían la salida del animal, nada aportan sobre el hecho concreto debatido en autos.

Por el contrario, la declaración testimonial brindada por Ivana Sulca Rosales a fs. 10 del sumario contravencional y a fs. 30/31 de autos, única testigo presencial del hecho por encontrarse en compañía de la actora en el momento del accidente, y que no ha sido desvirtuada por prueba alguna por el demandado, resulta esclarecedor respecto de la propiedad del animal agresor por ser vecina del demandado, como también de las circunstancias del mismo, de donde emerge la presunción de que el hecho ocurrió en la forma relatada en la demanda.

Desde otro punto de vista, me refiero al sentido común que encuentra su correlato procesal en el principio de congruencia con sustento en el art. 34 inc. 4° del Cód. Procesal, cabe concluir que ninguna persona normal urde una fantasiosa demanda tomando como base un hecho como el relatado y menos aun, preconstituye prejudicialmente prueba. En este estado, debemos analizar, la conducta prejudicial que desarrolló el demandado con relación al hecho.

Resulta, ajeno al sentido común, que quien posee animales, como lo reconoce el demandado, ante el reclamo de un tercero, con relación al estado sanitario del mismo, acceda a la comprobación.

Esto, más allá de la obligación dispuesta en la ordenanza municipal pertinente, toda vez que implica en los términos del art. 919 del Cód. Civil, un silencio frente a la presunción legal de ser propietario o tenedor responsable de un animal que hubiera agredido y/o lesionado y/o contactado, en forma real o potencialmente riesgosa a persona alguna y/u otro animal, (art. 20, Cód. Civil).

Constituye un sin sentido, que el responsable de un animal, que no ha contactado a ninguna persona en los términos antes mencionados, acceda a colocarse en la situación descripta, sin expresar al menos una disconformidad por la imputación que se le enrostra, según emerge del sumario contravencional referido.

En los términos del buen padre de familia de la nota del art. 512 del Cód. Civil, el responsable de un animal, que no ha salido del inmueble en el que habita, o que no ha tenido ningún incidente en la calle, no accede a la comprobación del estado sanitario del mismo.

No existe en consecuencia en el caso, elemento alguno que desvirtúe la presunción de propiedad del animal agresor, ni se han invocado ni probado eximentes que permitan eximir de responsabilidad al demandado como propietario del mismo, por lo que, en este aspecto de la cuestión, la sentencia en crisis debe ser confirmada.

IV) En orden al monto del resarcimiento establecido en el fallo, la recurrente no ha expresado agravio alguno al respecto, por lo que este aspecto del mismo ha quedado consentido. Sin perjuicio de ello, la indemnización establecida en concepto de daño patrimonial y moral resulta razonable, si se considera las lesiones físicas padecidas por la actora debidamente acreditadas, y que el ataque de un perro de considerables dimensiones, sumadas a la posibilidad de que, por alguna razón excepcional, el can pueda transmitir alguna enfermedad, no sólo la rabia, constituye suficiente razón para padecer un sufrimiento y, durante algún tiempo, provocar zozobra e intranquilidad en medida apreciable como para erigir ese ataque a la integridad espiritual en un daño moral susceptible de ser indemnizado en los términos del art. 1078 del Código Civil.

Los agravios, en consecuencia, devienen insuficientes para modificar la sentencia, por lo que el recurso debe ser desestimado, con costas (art. 67, CPCC).

El doctor José Gerardo Ruiz adhiere al voto que antecede.

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 87 por la parte demandada. Con costas.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.