Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-14


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 14 de 2008.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta por el Dr. Fernando Posse Saguier dijo:

I.- El señor juez de la anterior instancia admitió la demanda promovida por el señor Emilio Guillermo Bertacchini contra la "Asociación Cooperadora Casa Cuna del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde", con costas. A su vez, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación opuesta por el actor respecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y rechazó la pretensión de esta última, con costas. En consecuencia, dispuso la revocación de la donación efectuada por el actor en favor de la accionada de la nuda propiedad con cargo de reserva de usufructo instrumentada por medio de la escritura número 1242 del 21 de noviembre de 2001 ante la escribana Ana María Kemper respecto de tres inmuebles de su propiedad ubicados en la calle Florida 138/142/146 y 152 de esta ciudad de Buenos Aires.

Contra dicho pronunciamiento se alzó únicamente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quien a fs. 448/448vta. expresó sus agravios, los que fueron respondidos por el actor a fs. 452/453.

II.- La directiva contenida en el art. 265 del Código Procesal exige que la expresión de agravios contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Lo concreto se refiere a decir cuál es el agravio, en tanto lo razonado se dirige a la exposición de por qué se configura el perjuicio. Esto último consiste en precisar, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo, especificando con exactitud los fundamentos de estas objeciones. O sea, deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que sirven de fundamento de la decisión adoptada por el juzgador, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (conf.: CNCiv. Sala "F" en causa libre nº 481.923 del 08/10/2007, entre otras).

Así, entonces, resulta a todas luces insuficiente disentir con los fundamentos del juzgador para cumplir con la exigencia sentada en la norma antes citada, tal como ha ocurrido en el caso en examen.

Por de pronto, el apelante ni siquiera ha intentado refutar lo expresado por el juzgador cuando sostuvo que no era posible formular una interpretación de la voluntad del donante sobre la base de lo previsto en el estatuto de la donataria invocando una directiva aplicable a los legados.

Además, ningún argumento arrima la recurrente para desvirtuar lo expresado por el a-quo acerca del derecho de que goza el actor de revocar la liberalidad si los cargos "no se cumplieron ni se cumplirán" y, menos todavía, para afirmar dogmáticamente que carece de fundamento.

Por el contrario, esa consideración del juzgador se ve corroborada -tal como se señala en el pronunciamiento recurrido- por el hecho de que mediante la resolución nº 789/SS/2005 dictada por el Secretario de Salud se le revocó a la Asociación Cooperadora -o sea, a la donataria- el reconocimiento oficial, así como también el permiso precario de ocupación, uso y explotación de los locales ubicados en el citado Hospital, intimándola a desocuparlos y a cesar en el uso de esa denominación.

Por otro lado, no puede dejar de señalarse que en la escritura de donación el actor le impuso a la Asociación donataria -y no al Hospital- el cargo "de atender a las necesidades físicas y espirituales cuidando de su persona y de sus bienes hasta la fecha de su deceso en razón de no tener familiares que puedan hacerse cargo de dicha situación, motivo por el cual en agradecimiento a todas las atenciones que ha recibido antes de la presente donación y las que recibirá hasta el momento de su fallecimiento realiza esta donación de bienes inmuebles a favor de la donataria por la dedicación que la misma le presta para su cuidado y atención" (véase fs. 358/361). Como se ve, en esta transcripción es dable advertir nítidamente la motivación central del donante, que era favorecer a la cooperadora dada su estrecha vinculación con la misma; esa intención también se ve corroborada a través de la respuesta que formulara al absolver posiciones (véase cont. 5a. del acta de fs. 312/312vta.). Y, si -como lo reconoce la propia quejosa- la cooperadora ha dejado de funcionar, mal podría cumplirse con el cargo impuesto.

Ahora bien, aun cuando pueda sostenerse que el donante hubiese tenido la intención de beneficiar indirectamente al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, lo cierto es que lo hizo a través de la Asociación Cooperadora Casa Cuna del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, la cual, aunque hubiese tenido por finalidad cooperar con el citado nosocomio, resultaba ser una persona jurídica distinta. O sea, como ya se dijo, el cargo estaba impuesto a dicha entidad a raíz de la confianza y el agradecimiento que el donante tenía con ella. Y, en definitiva, si como afirma la recurrente, la verdadera intención del donante hubiese consistido en beneficiar al Hospital, no se advierte, entonces, por qué no lo hizo directamente. Esta consideración, a mi criterio, sella la suerte de la pretensión de la apelante.

Por todo lo expuesto, si mi voto fuese compartido propongo confirmar la sentencia en todo cuanto decide y ha sido materia de agravios. Las costas de alzada habrán de ser soportadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los Dres. Ricardo Li Rosi y Hugo Molteni, votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Fernado Posse Saguier.

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, confírmase la sentencia en todo cuanto decide y ha sido materia de agravios. Las costas de alzada habrán de ser soportadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Notifíquese y devuélvase. -FERNANDO POSSE SAGUIER. -RICARDO LI ROSI. -HUGO MOLTENI.