marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Requerimiento de instrucción, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Lema Pérez, Hugo Jaime c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-28

El voto concurrente agregó que una vez registrada la causa en el Juzgado, se corrió vista al señor representante del Ministerio Público Fiscal tal como regla el Art. 180 del C.P.P.N., quien formuló el correspondiente requerimiento de instrucción que se encuentra agregado a la causa, por lo que no correspondía hacer lugar al agravio relacionado con la falta de intervención fiscal en el inicio de las investigación. (Dres. Hornos, Borinsky -según su voto- y Gemignani).
Vivienda única, bienes inembargables, ley vigente
Materia: CIVIL
Carátula: TORRENS JOSE WILLIAM c/ PAZ NESTOR ENRIQUE Y OTRO s/ COBRO DE DOLARES ESTADOUNIDENSES - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-27

Al ser la Ley 14.394, una legislación adecuada a las convenciones internacionales, conserva toda su eficacia y validez; como supremacía ante disposiciones de orden provincial o local con las que se suscite algún tipo de colisión; en razón de dos motivos fundamentales: El primero, de tipo legisferante, ya que al ser una cuestión de derecho común -de normas generales de derecho civil- que regula relaciones entre acreedor y deudor, que involucra la forma y modalidad propia de la ejecución de los bienes de este último, es materia propia del Congreso Nacional, y en ese sentido, la Ley 14.394 cumple con tal mandato constitucional; mientras que el artículo 37 in fine de la Constitución Provincial y la Ley 6.317 que lo reglamenta, carecen de éste atributo, por lo que al legislar sobre una materia delegada por las provincias al orden federal -no siendo por lo tanto una potestad conservada por el orden local-, estas últimas no son consecuentes con lo establecido por los artículos 75 inc. 12 y 121 de la Carta Magna Nacional.

El segundo motivo está relacionado a que la legislación local cuestionada, no puede considerarse válidamente como una normativa complementaria y/o reglamentaria de la Ley nacional 14.394, ya que este tipo de normas, no puede alterar materia sustancial reglada expresamente en la ley que dice reglamentar, puesto que al establecer las normas locales la automaticidad de la inembargabilidad, legislan en franca contradicción con el principio de inscripción registral establecido en el art. 37 de la Ley 14.394, como condición ineludible para producir, a partir de la misma, los efectos protectorios de la vivienda, contra las posibles agresiones por parte de los acreedores con créditos posteriores a su constitución, debiendo por lo tanto, en orden a lo establecido por el art. 31 de la C.N., prevalecer lo normado por la Ley 14.394, lo que a su vez se encuentra corroborado por lo dispuesto por el art. 2505 del C.C.-
Defensa en juicio, defensor, capacidad del imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ROSALES, Marcelo Daniel s/ Tenencia de arma de guerra, Causa nro. 29.051
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

Siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es dable destacar que "la voluntad del defensor no puede prevalecer contrariando a la de su defendido, más aún cuando ambos se hallan identificados en un único interés, el del procesado y configurando una única parte en el juicio que, desde luego, no admite conductas dispares ni cabe atribuir a la defensa el derecho de regir la voluntad del imputado cuya capacidad civil....no aparece dudosa.... por lo que la función del defensor limitada al asesoramiento jurídico y asistencia letrada no reviste otro carácter ni predomina sobre las decisiones expresas del defendido que puede defenderse ejerciendo sus derechos por sí mismo". En igual sentido, debe ponerse de resalto que la relación entre el imputado y su defensor constituye una sola personalidad de derecho procesal y que en caso de divergencia o contraste de opiniones es decisiva la voluntad del imputado.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernández, Reinaldo c/ Nahabian, Miguel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-08

Surgiendo de la prueba obrante en la causa que la pared divisoria existente entre ambos locales no llega hasta el techo de chapa sino hasta el cielorraso desplegado, comunicándose por sobre éste los dos comercios, y que en correspondencia con las cortinas metálicas independientes se observa un orificio que comunica a las dos unidades, cabe concluir que el actor desarrollaba su actividad comercial sin haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para prevenir la comisión de ilícitos, lo cual no resulta imputable al demandado (art. 1111 C.C.).
Asegurador, citación en garantía, liquidación, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DORADO RAMON c/ ANELLI TURISMO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-10

La excepción al fuero de atracción consagrada por el art. 133 de la ley 24.522 para el caso de aseguradoras en liquidación citadas en garantía obedece a razones de orden práctico, por los inconvenientes que traía aparejados el anterior sistema de atraer los juicios al fuero de la liquidación.-
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad extracontractual, transporte benévolo
Materia: CIVIL
Carátula: FAOUR, Palmira c/ HERED. Y/O SUCESORES DE ELIZACHE, David Omar y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

En el transporte benévolo deben aplicarse las normas del Código Civil que tratan la responsabilidad extracontractual (arts. 1109 y 1113 del Código Civil), pudiendo invocarse la atenuación de la responsabilidad, pero siempre que el acompañante lesionado tenga culpa concurrente. Caso contrario, la aceptación de los riesgos efectuada por la víctima al admitir que amistosamente se lo transporte, no tiene eficacia por sí sola para exonerar o atenuar la responsabilidad
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, costas, costas en el orden causado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: VEGA, EMILIO ALBERTO c/ BONORA, GUILLERMO JOSE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-EJECUTIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 532 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-08-20

Es inadmisible la queja fundada en la imposición de los gastos causídicos, desde que -, si bien puede darse el recaudo de la definitividad exigida por el artículo 1 de la ley 7055 cuando la impugnación extraordinaria incumbe a la imposición de costas de manera autónoma - tal materia, por ser procesal, en principio, no admite impugnación a través del recurso de inconstitucionalidad, regla que reconoce excepción en los casos en que tal aspecto ha sido resuelto con clara arbitrariedad o lo decidido pueda prohijar una indebida restricción al derecho de defensa.

En el caso, no se configura dicha situación ya que el A quo explicó las razones por las que consideraba que debían imponerse las costas en el orden causado "no sólo por la ausencia de oposición al planteo nulidicente sino por el indiscutible comportamiento culposo de la incidentista a lo largo de la causa".
Recurso de inconstitucionalidad, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROITMAN HECTOR EDUARDO EN J: ROITMAN HECTOR EDUARDO c/ AGUSTIN BELMANTE Y OTRO s/ Ejecución Honorarios Inconstitucionalidad (LIBRO: A118 - 178)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-02-26

En materia de caducidad de instancia, el apartamiento en la sentencia de los agravios de las partes, no puede juzgarse como una hipótesis de conculcación de la defensa en juicio, ni de violación de las formas de la sentencia, ni constituir un vicio de grave fundamentación que pudiera conducir a la anulación de la misma, habida cuenta de la especial naturaleza de la relación jurídico procesal comprometida en la incidencia de caducidad, a cuyo fundamento corresponde atribuirle el carácter de orden público. Por esa razón, denunciada la perención y constatada su procedencia según las circunstancias emergentes de la causa, la decisión que la admite es congruente con lo pedido, sin que el órgano jurisdiccional se encuentre constreñido a merituar las constancias objetivas del proceso del modo propuesto por las partes.-
Caducidad de instancia, inactividad procesal, ejecución fiscal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL c/ CASTRO SUSANA GABRIELA s/ EJECUCION FISCAL MINISTERIO DE TRABAJO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-10

El instituto de la caducidad no sólo encuentra base en la presunción de abandono de la instancia que configura el hecho de la inactividad procesal prolongada, sino también en la conveniencia de que, en tales circunstancias, el órgano judicial sea liberado de los deberes que, eventualmente, le impone la subsistencia indefinida de la instancia. (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. 49716, de fecha 29/05/00, en autos "Obra Social Personal Industria del Vestido y Afines c/ La Porta, Concepción Beatriz").
Sentencia condenatoria, coautoría, juegos de azar prohibidos, prisión, multa, prueba confesional, Internet
Materia: PENAL
Carátula: Cicala Iván Maciel y otros c/  s/ p. ss. aa. de organización y explotación de juegos de azar sin autorización
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2021-10-07

Corresponde declarar a los acusados como coautores responsables del delito de organización y explotación de juegos de azar no autorizados -arts. 45 y 301 bis del CP- y, en consecuencia, imponerles la pena de prisión efectiva, una pena accesoria de multa con adicionales de ley y costas -arts. 21 y 22 bis, 45, y 301 bis del CP y arts. 356, 412, 415, 550 y 551 del CPP- y el decomiso de los elementos que sirvieron para cometer el hecho y las cosas y ganancias que son el producido o provecho del delito -art. 23 del CP-. Asimismo tener presente los pedidos de cese de prisión que formularon sus defensores. Luce probado que los imputados se dividían las tareas y la organización estaba estructurada según el poder de decisión, el porcentaje de comisión que cobrarían y la cantidad de personas a cargo de cada uno de los integrantes. Quizás no tenían el control absoluto de Rapoker -red de juego clandestino-, pero utilizaron sus herramientas como plataforma para crear una red local de juego online ilegal con ramificaciones a lo largo del país y con voluntad de expandirse, incluso hasta el extranjero. Ha quedado demostrado claramente que tenían una red de enormes proporciones para promocionar y llevar adelante la explotación de los juegos clandestinos y apuestas de todo tipo mediante dicha aplicación para dispositivos móviles; además, a esta derivación razonada del material probatorio cabe añadir la confesión lisa y llana de los acusados.
Responsabilidad médica, diagnóstico médico, error de diagnóstico, daño moral, prestaciones de la obra social
Materia: CIVIL
Carátula: KIRIACOPULOS HECTOR ENRIQUE Y OTROS c/ GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO Y OTRO s/ RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-28

Para graduar la compensación por la lesión espiritual no puede perderse de vista que el diagnóstico benévolo fue rectificado a las 48 hs., no bien el médico tuvo conocimiento del resultado de la biopsia y no puede descartarse del todo, teniendo en cuenta las probanzas de autos, que los severos antecedentes psíquicos de la paciente impulsaron, quizá, al nombrado facultativo a no abrumar el ánimo de aquella antes de contar con el informe histopatológico.

También es preciso valorar que la obra social demandada se hizo cargo de la mayor parte de los gastos. Por lo tanto, atendiendo a las escasas horas en que la coactora vivió bajo el efecto de la información equivocada, si bien después el impacto del resultado verdadero pudo ser mas duro -lo que por otra parte no podía eludirse del todo en vista de la naturaleza del mal que surgía de la biopsia- la reparación por el daño moral debe ser reducida.
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Voglino, José c/ Suárez, Osvaldo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-28

La expresión "demanda" del art. 3986 del C. Civil no tiene el sentido estricto con que se emplea el vocablo en el derecho procesal ya que comprende todas aquellas peticiones judiciales que implican manifestación de mantener vivo el derecho e incluso se extiende a las administrativas.
Pensiones, concubinato, prueba del concubinato, apoderado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GALLINO, BEATRIZ ADA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-02

El hecho de que durante el último período de vida el causante haya sido internado por razones de salud, no puede constituirse en óbice para el logro de la pensión que se reclama, máxime si en el mismo año de fallecimiento, la peticionante figuraba como su representante.
Procedencia del recurso, exacciones ilegales, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA s/ Queja Por Recurso De Inconstitucionalidad Denegado En Incidente De Recurso De Inconstitucionalidad En Autos Sequeira, Santiago Edgardo c/  s/ 266 - exacciones ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

Corresponde hacer lugar a la queja toda vez que fue deducida en tiempo y forma (art. 33 de la ley n° 402), está dirigida contra una resolución equiparable a definitiva y critica con eficacia los motivos ofrecidos por los jueces del a quo para denegar el recurso de inconstitucionalidad intentado. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, verificación de créditos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Miño Pintos, A. Quiebra s/ Inc. impug. de créd. de González de Alberto D. Recurso de queja González, Juan Carlos y ot.Inc. en "López, Concurso Preventivo" s/ Recurso de queja Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Incidente impugnación informe individual en "Pérez J.A. Quiebra".  Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01|1990-06-26|1995-02-21

El pronunciamiento de la Cámara recaído en un incidente de impugnación al informe individual del síndico, no reviste carácter definitivo en los términos de los arts.278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Córdoba Iramain Construcciones Civiles c/ Municipalidad de Olavarría s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

Tratándose el plazo establecido en el art. 13 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo de un término de naturaleza procesal, rige a su respecto la norma del art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 12 y 25, C.P.C.A.).
Acumulación de procesos, competencia por conexidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pallaoro, Nerino c/ Calderón, Daniel y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-07

Hay conexidad entre un desalojo y un anterior interdicto de recobrar la posesión, si la defensa opuesta en el desalojo invoca hechos que son también la base de la pretensión que se ejerce en el interdicto. Si los hechos invocados para fundar el derecho son los mismos, cabe la posibilidad de que se los juzgue de modo diverso en uno y otro juicio, y la acumulación está justificada (arts. 188, 189, 192 del CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, reconocimiento por fotografía
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ALIS, GUILLERMO CARLOS. s/ ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-05-27

El reconocimiento fotográfico que se efectúa en la prevención, constituye un fuerte indicio presuncional, en cuanto al modo de su verificación, constituye y una prueba directa, de carácter subjetivo, en cuanto a la atribución a la persona de Alis, de concreta participación como autor en el hecho del que aquel ha sido víctima. - ha dicho este tribunal, y compartido notoria corriente jurisprudencial, que no corresponde que se relativice y menos aun que se descalifique el valor del reconocimiento fotográfico, ya que a través de el puede avanzarse en la investigación, operando con eficacia imputativa al producirse con inmediatéz temporal al hecho, siendo equivocado el calificativo de obtenido "sin control" ya que sucede que la actividad investigativa puede, en nuestro sistema procesal, delegarse prevencionalmente, pero no por ello queda sin supervisión judicial. -que no tenga fuerza de un reconocimiento en sede judicial, con las prescripciones a que alude la defensa, no implica su nulidad o falta de consideración, ya que esa practica, se utiliza en la prevención policial, para poder orientar una investigación, en su carácter de auxiliar de la justicia, y no cabe duda que ello es un medio valido de introducción al proceso, para ser juzgado con el resto de las probanzas o elementos que se pueden obtener, habida cuenta por otro lado, que el sistema de la sana critica, no impone normas generales taxativas para acreditar hechos delictivos o conductas punibles reprochables. - obviamente, y tal como con acierto indica el sr. Fiscal de cámara, es conveniente la realización del reconocimiento en rueda de personas, que debió haberse hecho ya, como en su caso, el correspondiente careo, pues mas allá de los fundamentos que menciona la defensa para oponerse a los mismos.
Empresas de servicios eventuales, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Anderson, Andrea Verónica c/ COTECSUD SASE y otro s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-08-31

El incumplimiento solo autoriza a que se disponga eventualmente la solidaridad por créditos impagos. Aunque la ley no lo diga expresamente, debe entenderse que la solidaridad de la empresa usuaria se limita exclusivamente a las obligaciones originadas o devengadas durante el tiempo que ella aprovechó de los servicios del trabajador eventual contratado y no más allá de dicho lapso.

El despido indirecto es improcedente en tanto, al momento de formular la intimación de acuerdo al artículo 6 inciso 6 del decreto 342/92 a fin de que se le asignara tareas, no estaba vencido el término de inactividad.
Juicio, caducidad, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Troncoso, Gloria c/ Banco de Crédito Argentino s/ Recurso de inconstitucionalidad - Incidente de inembargabilidad e  inejecutabilidad L.N. 22.232 (Expte.: C.S.J. Nro. 26 Año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

Conforme lo entiende autorizada doctrina, no puede -ni debe- confundirse la paralización del procedimiento con la suspensión de los términos. Así, mientras la paralización procesal genera, en principio, la suspensión de todos los plazos procesales; la suspensión de términos, en cambio, sólo detiene el curso del plazo procesal cuya prosecución afectaría el derecho de defensa de un justiciable. La paralización procesal acarrea la suspensión del curso de la caducidad de la instancia, más no sucede lo mismo con la suspensión de términos, puesto que decretada ésta prosigue el curso del plazo de la perención. (De la Disidencia del Dr. Netri a la Admisibilidad del Recurso)
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Rebori, Renee y Rebori, Héctor Luis c/ Dure  de  Rebori, Julia Ismelda, Rebori Nélida Julia y Rebori Arnoldo José. s/ Petición  de  Herencia,  Reivindicación,  Nulidad  por  Simulación  y  Embargo Preventivo. Rebori, Julia Ismelda, Rebori Nélida Julia y Rebori Arnoldo José. s/ Petición de  Herencia,  Reivindicación,  Nulidad  por  Simulación  y  Embargo Preventivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-04-02

La interrupción de la prescripción tiene carácter personal, por consiguiente, hecha por un heredero sólo beneficia a ese heredero y no a los demás.
Concursos, privilegios (comercial), acreedores del concurso, honorarios del perito, crédito privilegiado
Materia: COMERCIAL
Carátula: GRECO HNOS. SAICA Y OTROS s/ QUIEBRA  LEY  22334  S/ INC. DE REVISION POR CARLOS M. BAROCCHI SIND.  DE COSIO MARCHESINI MANUEL S/ Q.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

La tarea del perito, designado a fin de emitir opinión fundada sobre los puntos sometidos a su dictamen, en mérito a sus conocimientos técnicos, en un incidente, no puede encuadrarse en el supuesto de la LC 264 inc. 4; toda vez que no se trata de costas impuestas a la quiebra sino a la incidentista, y no estuvieron generadas por la actuación del síndico que no fue el promotor de la revisión.
Obligaciones del empleador, entrega del certificado de trabajo, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: de Lorenzo, Edgardo Raúl c/ Smits, Gaidis y otros s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-09-28

La obligación de entregar el certificado de trabajo contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo es propia del empleador, intuitu personae de éste, no correspondiendo incluirla entre las obligaciones susceptibles de ser atribuidas solidariamente con base en el art. 30 del mencionado ordenamiento legal. (del voto del Dr. Pettigiani - opinión personal)
Contrato de trabajo, despido con causa, indemnización por despido, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Jaborski   Leopoldo   Enrique c/ Maillol   S.A. s/ Despido VILLAR  FERNANDO  PABLO c/ L.S. RADIO CONTINENTAL S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-28|2011-02-24

La demandada no ha logrado acreditar los hechos que imputó al actor para despedirlo, ello en tanto si bien no se encuentra en discusión que hizo entrega de parte de carne de la parrilla a una compañera de trabajo, el trabajador sostuvo que ello constituía una práctica habitual en la empresa, y esto último no resultó desvirtuado por prueba alguna. De modo que el despido dispuesto por la empleadora no ha sido ajustado a derecho, correspondiéndole el cobro de la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323.