Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-03-28


Salta, 28 de Marzo de 2014.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ALVARADO, ROCIO NOEMI y ALVARADO, LUIS ALBERTO POR MEDIDAS TERAPÉUTICAS - ADICCIÓN" - Expte Nº 27994/13 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil de Personas y Familia del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Tartagal (CAM 459351/13 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

1º) Vienen estos autos a la Alzada en virtud del recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto a fojas 125 por el doctor Juan José Andreu Emran en su carácter de Asesor de Incapaces Nº 1 del Distrito Judicial del Norte -Circunscripción Tartagal, en contra del punto I del decreto de fojas 124 de fecha 28 de agosto de 2013, en el cual no se hizo lugar al pedido de colocación de la menor R.N.A. bajo la protección del Estado.

Afirma, en su expresión de agravios de fs. 128/129, que dicho pedido tuvo como finalidad poder llevar adelante las medidas de protección para la niña, dada la situación de riesgo en la que se encuentra debido a su dependencia a sustancias tóxicas, a la violencia familiar que padece por el alcoholismo del padre, a los escasos recursos económicos del grupo familiar, a la deteriorada salud, al posible intento de suicidio, a la eventual explotación sexual, a las conductas de fuga y a la situación de calle.

Se agravia el apelante porque a pesar de la evidente y notoria vulnerabilidad de la joven, la señora Juez a quo desestimó su petición sin fundamento alguno, y sólo se limitó a reiterar medidas, que si bien pueden ser conducentes, ya se habían llevado a cabo durante toda la tramitación de los presentes autos, a saber, los pedidos de informes al programa Puente Norte y la conducción de la joven hacia ese programa. Manifiesta que en el programa Puente Norte se le brindó esporádica asistencia psicológica, debido a la no concurrencia de la menor y de su madre, por lo que no ha sido suficiente ni adecuada para abordar la problemática de la joven.

Señala que a fojas 103/104 la licenciada Toboada sugirió el traslado de la menor al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta, a fin de que sea tratada por la psiquiatra infanto -juvenil Dra. Oviedo, ofreciéndole incluso la alternativa de Casa Flores para el alojamiento temporario del referente familiar mientras dure la evaluación. Refiere que la joven no se encuentra predispuesta para trasladarse a Salta y carece de recursos económicos para hacerlo por lo que es necesaria la medida peticionada. Agrega que no es su intención que la joven sea privada de su libertad, mediante una internación involuntaria, pero afirma que le interesa que sea efectivamente asistida, siguiendo las pautas del artículo 4º de la ley 26.657 que incluye a las adicciones como parte integrante de las políticas de salud mental, todo ello bajo el estricto control judicial sobre los alcances del tratamiento.

Denuncia estar ante un caso en que las medidas tomadas no han dado ningún resultado, y que se continúa agravando la situación de la joven, pues el tratamiento ambulatorio en Puente Norte no ha sido suficiente.

Afirma que la niña no fue restituida a su hogar, que no se adoptó medida alguna para frenar la violencia familiar de la que es víctima, ya que el padre alcohólico continúa en la vivienda, pese a que el principal conflicto familiar existente radica en la presencia del padre en el hogar. Objeta que la única medida en contra del progenitor ha sido inducirlo para que inicie un tratamiento y, que ante la negativa de éste a hacerlo, no se adoptó sanción alguna.

Solicita que se haga lugar al recurso y se ordene colocar a la menor RNA bajo la protección del Estado a fin de concretar las medidas sugeridas, esto es, el traslado de la joven a Salta junto a un referente familiar, para su evaluación en el Hospital Materno Infantil por la psiquiatra infanto - juvenil, Dra. Oviedo, y posterior evaluación por equipo interdisciplinario que con intervención de la Secretaría de Promoción de Derechos, indique temperamento a seguir ante la problemática planteada, dada la inexistencia en la zona de instituciones adecuadas para su abordaje.

Corrida vista, a fojas 158 contesta la Defensora Ad Litem de la menor RNA, Dra. Silvia Susana Gil Collados, en donde expresa que no obstante no haberse dispuesto formalmente declarar a la menor RNA bajo la protección del Estado, las medidas adoptadas a fojas 124 son coincidentes con lo dispuesto por la Ley de Salud y el protocolo que ésta establece.

Agrega que con dichas medidas se podría determinar el tratamiento adecuado para la menor, destacando que todo alojamiento de menores es involuntario para los mismos y por tanto encubre una privación de libertad; más cuando de la privación no se sigue que la menor recibiría el tratamiento social, médico y afectivo que necesita para su bienestar psicofísico. Por tales razones, solicita el rechazo íntegro del recurso interpuesto.

A fojas 172/173, emite dictamen la señora Fiscal de Cámara en el sentido de que pueden admitirse los agravios.

2º) Compulsadas las constancias de la causa, se observa que las medidas dispuestas por la señora Jueza en grado en la misma providencia impugnada por el señor Asesor de Incapaces resultaron conducentes y necesarias en dicha oportunidad para la evaluación de la situación de riesgo en que se encuentra la menor y del tipo de tratamiento que requiere su problemática.

Cabe destacar que en esa oportunidad se había solicitado la colocación de la joven bajo la protección del Estado y adoptar medidas de resguardo reales y concretas, pero que no fueron indicadas por el señor Asesor de Incapaces peticionante. Con posterioridad, las medidas en cuestión fueron especificadas a partir del memorial en el cual se concreta el pedido de traslado de la menor al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta a fin de que sea tratada por la especialista en psiquiatría infanto -juvenil, Dra. Oviedo, junto a un equipo interdisciplinario que pueda determinar el mejor abordaje para la problemática de la joven, proponiendo la posibilidad de alojamiento del referente familiar en Casa Flores de la ciudad de Salta.

Al respecto, cabe poner de resalto que la concreción de las medidas protectorias solicitadas resulta necesaria para ponderar adecuadamente la petición y propuesta del Ministerio Público en este caso.

En efecto, la petición de colocar a una persona "bajo la protección de Estado", sin otro aditamento, resulta vacía de contenido en la medida en que no se expresa qué clase de medidas de protección se sugiere o requiere en pos de la seguridad o resguardo de los derechos en riesgo, existiendo diversas acciones que pueden ser implementadas entre las previstas en las leyes especiales (24.417, 26.485, 26.657) y en el artículo 234 C.P.C.C.

Aclarado lo anterior y teniendo en cuenta cuál es efectivamente la medida aconsejada por el señor Asesor de Incapaces, es dable advertir que se trata de una acción idónea que, frente a la grave situación de vulnerabilidad familiar y social en que se halla la joven Rocío Noemí, puede constituir el inicio de un tratamiento integral que haga tomar conciencia, tanto a la menor como a sus familiares, sobre la grave problemática que la aqueja y conduzca a la rehabilitación de la joven dentro de un grupo familiar que le brinde mínimas condiciones de contención y seguridad.

De las actuaciones practicadas con posterioridad al proveído impugnado surge claramente que los intentos de tratamiento ambulatorio de la joven en el Programa Puente Norte, en la ciudad de Tartagal, fracasaron y solamente permitieron alcanzar una evaluación parcial de la situación a través de dos entrevistas (fs. 155/156), de donde surge el planteo de situaciones de violencia en el domicilio familiar por la conducta del padre alcohólico, maltrato verbal por parte de éste, y que la convivencia con ambos padres no es buena. Asimismo, surge que la joven no tiene conciencia de la enfermedad ni voluntad para iniciar tratamiento, mientras que la madre, por su parte, no asume las responsabilidades de madre.

Ello torna necesario la adopción de la medida solicitada por el apelante a fin de obtener un diagnóstico integral y tratamiento, la cual se ordena por un lapso de hasta veinte (20) días, prorrogable por resolución fundada de acuerdo a los informes que semanalmente deberán remitir a la señora Jueza de la causa los profesionales que tratarán a la menor en el Hospital Materno Infantil de esta ciudad de Salta. La concurrencia de la menor habrá de realizarse en compañía de un familiar directo que asuma con responsabilidad su acompañamiento durante la estancia en esta ciudad, ya sea su madre, la tía María Isabel Alvarado que ésta propuso para hacerse cargo de la menor (fs. 35vta.) o su abuelo o abuela, quienes podrán alojarse en Casa Flores, de acuerdo a lo sugerido por el Programa Puente Norte. A los fines de que pueda llevarse a cabo tal medida, requerida por el señor Asesor de Incapaces apelante, deberá instarse los medios necesarios en el Juzgado de origen bajo seguimiento y control del Asesor y de la señora Defensora ad litem de la menor.

3º) Pero, asimismo, se advierte la necesidad de disponer otras acciones complementarias que conduzcan a obtener los elementos que oportunamente resulten necesarios para determinar la medida de protección que habrá de disponerse al momento de finalizar el tratamiento en esta ciudad y regresar la menor a su ciudad de residencia, previo ser escuchada la menor por la señora Jueza a quo en audiencia especial a tal efecto, donde se le permita ejercer con plenitud su derecho a ser oída, de acuerdo al mandato constitucional y supranacional que, en el art. 12 de la "Convención sobre los Derechos del Niño" (C.N., art. 75, inc. 22) y en los arts. 24 y 27 de la ley 26.061, contempla que antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar los derechos del niño o adolescente, el juez recabará su opinión.

En esa inteligencia, se estima apropiado requerir: (i) un diagnóstico interdisciplinario de interacción familiar, debiendo el padre de la menor participar de las entrevistas y demás evaluaciones que los profesionales dispongan al efecto; (ii) un informe ambiental y psicológico de los abuelos maternos y su grupo conviviente; (iii) Citación de la tía de la menor, señora María Isabel Alvarado, a fin de conocer si se encontraría en condiciones de hacerse cargo de la menor aportándole contención afectiva y moral necesarias para superar su problemática; en cuyo caso se procederá a realizar un informe ambiental y psicológico de ella y su grupo conviviente.

En consecuencia, corresponde acoger parcialmente los agravios y ordenar las medidas descriptas.

Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL:

I.- HACE LUGAR parcialmente al recurso de apelación y modifica el punto I de la providencia de fs. 124, DISPONIENDO: (1) la realización de un diagnóstico y tratamiento de la menor Rocío Noemí Alvarado en el Hospital Materno Infantil de esta ciudad de Salta para por parte de la médica especialista en psiquiatría infanto -juvenil (Dra. Oviedo) junto a un equipo interdisciplinario que pueda determinar el mejor abordaje para la problemática de la joven, durante un lapso de hasta veinte (20) días, prorrogable por resolución fundada de acuerdo a los informes que semanalmente deberán remitir los profesionales que tratarán a la menor, quien concurrirá acompañada por un familiar de acuerdo a lo señalado en los Considerandos; (2) la realización de las medidas complementarias indicadas en el Considerando 3º destinadas a obtener elementos que oportunamente permitan determinar, oída la menor, la medida de protección a disponerse al momento de finalizar el diagnóstico y tratamiento ordenado en el Punto I. Todo lo cual deberá llevarse a cabo bajo control y seguimiento de la señora Defensora ad litem y del señor Asesor de Incapaces.

II.- ORDENA se registre, notifique y baje.-