marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Faltas, proceso de faltas, fiscales, facultades del fiscal, acusación fiscal, falta de acusación fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Luzzi, José Luis s/ no exhibir certificado de tratamiento ignífugo- Apelación" tratamiento ignífugo- Apelación"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-30

La decisión del Titular del Ministerio Público Fiscal de no intervenir o hacerlo en la acusación por algunas infracciones no resulta vinculante para el Juez.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, despido, personal contratado, empresas del Estado
Materia: LABORAL
Carátula: Luque Rolando Baltasar c/ Sociedad Del Estado Casa De Moneda s/ Despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-27

Los agravios dirigidos contra la sentencia que hizo lugar a la demanda promovida por un empleado de la sociedad del estado Casa de Moneda que perseguía la reinstalación en su puesto de trabajo y el pago de salarios caídos por entender vulnerado su derecho al a estabilidad en el empleo público al haber sido despedido e indemnizado en los términos de la ley de contrato de trabajo y del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional (homologado por decreto 214/2006) que exceptúa del derecho a la estabilidad del empleo público al personal cuya relación se rige por la mencionada ley, suscitan cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de la CSJN, pues el a quo no ha dado adecuado sustento a su decisión por haber omitido el tratamiento de planteos oportunamente interpuestos y preterido la evaluación de constancias relevantes a la causa y conducentes para la correcta solución del caso, como el hecho de que la demandada es una sociedad del Estado que se rige por las leyes 19550 y 20705 y la circunstancia de que el actor suscribió un contrato de trabajo a plazo fijo que fue renovado en sucesivas oportunidades.
Suspensión del juicio a prueba, pago de la multa
Materia: PENAL
Carátula: Tororiello de Boero, Mónica Alejandra s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-26

La satisfacción del mínimo de la multa que pudiese corresponder constituye una condición de procedibilidad del instituto. (Dres. Fégoli, Rodríguez Basavilbaso y Madueño).
Recurso de casación, admisibilidad formal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: CAPDEVILA JULIO ALBERTO c/ MACKENTOR  S.A. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-02-20

En orden a la admisibilidad de la impugnación por la causal del art. 95 inc. 1ro. Ley 7987, es preciso que los fallos que se pretenden contradictorios guarden identidad fáctica y jurídica. En el sub-exámen no se satisfacen dichas condiciones, ya que la Cámara a quo estimó válidas las pericias médicas a los fines de acreditar la incapacidad del actor, que ésta derivaba de un accidente de trabajo y el nexo causal con dicho infortunio, el que por otra parte, estimó ratificado por los testimonios receptados en audiencia de vista de causa. En el precedente acompañado, en tanto, se descalificó el informe médico por insuficiente ante la falta de referencia sobre el nexo causal entre las enfermedades y la incapacidad que produjo el trabajo, lo que motivó no analizara las declaraciones testimoniales.-
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: F.R., A.R. c/ B., G.A. s/ DIVORCIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-22

Si bien una demanda de divorcio por la causal de injurias graves no debe contener todos los precisos detalles de cómo se materializó cada ofensa si las narraciones de los hechos son escuetas y presentan vaguedad y generalidad, esto impide la adecuada valoración judicial. Desde este enfoque las alusiones a "conducta hostil" e "insultos y amenazas" imputados para responsabilizar a un cónyuge de la ruptura en la que no se expresa concretamente el tenor y alcance de tales comportamientos, fechas o época aproximada en que se produjeron y las circunstancias en las que se hicieron efectivos, son insuficientes para tener por acreditada la causal. A su vez la prueba testimonial que contiene una descripción de esos hechos que en ningún momento fueron narrados por el propio interesado de una manera puntual, no puede ser atendida (conf. C.N.Civ. en pleno "P. de L., E.J. c/ L.S", del 28/12/1953).

(Sumario N°20902 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Cohecho, extorsión simple, funcionarios públicos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Suarez, Oscar A. s/ Delito Penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-02

Quien pudiendo intervenir en su carácter de autoridad pública para hacer cesar un hecho ilícito, se hizo abonar por los denunciantes una suma de dinero para hacerlo, cometió el delito de cohecho (art. 256, C.P.) y no el de extorsión, ello en razón de la especialidad del autor.
Juicio de desalojo, obligaciones del fiador, costas, demanda, notificación
Materia: CIVIL
Carátula: ALEXANDRIAN PEDRO c/ ROSANO DORIS s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-22

Cuando según los términos de un contrato de locación el fiador resulte responsable frente al eventual pago de costas en un juicio de desalojo, para que esa pretensión pueda hacerse efectiva, el locador debe notificar la demanda a dicho fiador a efectos de constituirlo en parte procesal.
Personas con discapacidad, sistema único de prestaciones básicas para personas con discapacidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: B.A., A.T. c/ OSVVRA - ANDAR - SNR s/ Amparo - Medida Cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-12

La ley 24.901 establece los parámetros de cómo brindar las prestaciones básicas, refiriéndose a la cobertura total e integral. Cobertura total es toda aquella requerida por el equipo médico tratante; y atención integral, refiere al ensamble interdisciplinario de cada tratamiento específico.
Contratos, efectos entre partes, resoluciones judiciales, cláusula penal, disolución de sociedades, infracciones formales, competencia, servicios de instalación
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: De Lucia, Alfonso Daniel c/ De Lucia, José y otro s/ ordinario de lucia, alfonso daniel c/ de lucia, josé y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

5 - La situación de mora en el cumplimiento de una obligación principal o secundaria, cuando es dineraria, genera per se intereses que pueden ser reclamados judicialmente (Alferillo, Pascual, "La revisión judicial de la cláusula penal", LL 07/08/17, 8, LL 2017- D, 469, RCyS 2017-XII, 47).
Poder Legislativo, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Malaponte, Eugenio Jorge s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

Surge de la propia redacción de la cláusula constitucional, de modo patente y directo, que el interés inmediatamente tutelado por la prerrogativa es la plena y total libertad de opinión y de voto de los miembros de la Legislatura. Sin embargo, la tutela precitada no constituye un fin en sí misma sino que está predispuesta para proporcionar seguridad a la independencia de la función parlamentaria que, precisamente, se ejerce por los legisladores con la manifestación de sus opiniones y con la emisión de sus votos. La función sin la prerrogativa que se examina estaría expuesta al peligro de ser sometida o negada por los órganos munidos de la potestad jurisdiccional, por un lado, y de la potestad disciplinaria, por otro; empero, la independencia de una función, sin más, no excluye la averiguación o verificación de las responsabilidades de quienes la ejercen; los órganos competentes para efectuar tal comprobación, podrían valerse de sus potestades para someter a la función misma. Es contra esta situación de peligro que la prerrogativa actúa dando seguridad a la independencia de la función parlamentaria que resulta así, el interés mediatamente protegido.
Cuerpo del delito, robo de automotor
Materia: PENAL
Carátula: FEU, O s/ SOBRE  CUERPO DELITO - ROBO AUTOMOTOR - DIFERENCIA CON CORPUS CRIMINI
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-24

El cuerpo del delito se halla conformado en la presente causa que se incrimina a los procesados el delito de robo de automotor, por el hallazgo del automóvil sustraído en poder de los encausados, los dichos del damnificado quien reconoció a estos en rueda de personas y otra persona amigo del dueño que vio pasar el auto que él había sustraído, dando cuenta a la autoridad, posibilitó la recuperación del rodado así como la detención de los justiciables, sus confesiones, etc.; no debiendo confundirse el "corpus delicti" con el "corpus criminis" que es la persona o cosa sobre la cual se han cumplido o ejecutado los actos que la ley menciona como delitos o la persona o cosa que ha sido objeto de él.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, ejecución fiscal, excepción de prescripción, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) c/ Chami, Pablo Andrés.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

Es arbitraria la sentencia que rechazó la excepción de prescripción opuesta ante el reclamo de pago de impuestos efectuado por el Fisco, si el argumento expresado por el a quo constituye sólo un fundamento aparente que ha pasado por alto la consideración del planteo central en que la demandada había sustentado dicha excepción, lo cual ha afectado el derecho de la defensa.
Recurso de apelación (procesal), inadmisibilidad del recurso, Superior Tribunal de Justicia, incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMPAGNOLI, CARLOS ALBERTO c/ COMUNA DE ALVEAR s/ APELACION LEY 12036 MOLINA, MARTA ANGELA c/ BRAVO, JOSE EDUARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-05-27|2010-04-06

Este Tribunal no puede entender en la presente causa por carecer de competencia funcional como órgano revisor de las decisiones de un Tribunal con asiento en otro Estado local y que, por ende, no forma parte de la organización del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.
Excusación, violencia moral
Materia: PROCESAL
Carátula: BADANO, Carlos Horacio s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-10-30

Corresponde el rechazo de la excusación fundada en la posibilidad de que el Magistrado integre un jurado que analice el desempeño de sus pares, pues, el ejercicio de funciones legales que imponen al Juez intervenir en el proceso, en cumplimiento de sus deberes específicos, no constituye un motivo susceptible de ocasionar violencia moral.
Egreso de divisas, principio de legalidad, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Gabellieri, Francisco recurso de casación - reg. 989/17 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-03

Las divisas no pueden ser consideradas como mercadería en los términos del art. 10 del CA, en virtud de su carácter de medio de cambio, unidad de medida y reserva de valor y, en relación al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (aprobado por ley 24.206), los "billetes de banco" trasportados por un particular sin uso comercial tampoco puedan ser considerados mercadería en función del art. 11 CA, a riesgo de lesionar el principio de legalidad. El dinero como instrumento representativo de valor, no constituye mercadería susceptible de ser importada o exportada, a menos que se refiera a ventas y compras de billetes realizadas por entidades emisoras.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delito penal, tentativa, graduación de la pena, jurisprudencia, antecedentes penales, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: S, M E s/ Pedido de formación de Tribunal Pleno - Libertad provisional  concedida (Expte.: NRO. 13 Año 2000) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-23

Haciendo un poco de historia judicial sobre el tema de la pena a imponer en el supuesto de la tentativa, se registran algunas resoluciones en la década del '80, dictadas por la Sala Tercera de la Cámara Penal de Santa Fe, en las que la pena se determinaba a partir de un tercio del mínimo y hasta la mitad del máximo. La doctrina y la jurisprudencia nacionales, mientras tanto, se inclinab a casi mayoritariamente por otra tesis, la de la reducción en un tercio del mínimo, es decir, que la pena se individualiza entre los dos tercios del mínimo y la mitad del máximo. Nuestra antigua postura tenía corroboración con la opinión de, entre otros, la Cámara Segunda de Apelación de La Plata, Sala III y, entre la doctrina, con la posición de Vázquez Iruzubieta. También incidió en la fijación de aquél criterio de la Sala la opinión de Núñez en su tratado, donde sostuvo que "el artículo 44, 1º, establece, en realidad, una escala penal abstracta que, como en general se dice respecto de una escala penal, va de un tercio del mínimum de la pena establecida por la ley para el correspondiente delito consumado, a la mitad del máximum del mismo delito", aclarando luego que se trató de un error que rectificó al publicar el "Manual de Derecho Penal -Parte General-", precisando su terminología en su obra posterior "Las disposiciones generales del Código Penal". Por último, sostuvimos aquella posición por considerarla la más restrictiva y benigna para el imputado, si bien cabe reconocer que ello no constituye un criterio interpretativo "strictu sensu". (Del Voto del Dr. Suárez). En la causa, la cuestión a resolver es: ¿Cuál debe ser la exégesis correcta del art. 42 del Código Penal a efectos de establecer la escala aplicable por el delito conminado con pena temporal privativa de la libertad y en grado de tentativa?.
Inadmisibilidad del recurso, inhibitoria, cuestiones de competencia, doble instancia, fundamentación insuficiente, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Burzaco, Eugenio c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-21

Es inadmisible el recurso de casación contra la confirmación del rechazo del pedido de inhibitoria tendiente a que sea la justicia federal la que investigue los hechos que se le atribuyen a personal de la Policía Federal Argentina y de la Policía Metropolitana de CABA, hayan trascendido de las funciones locales asignadas al cumplir con la orden de desalojo dispuesta por la juez de la Ciudad, pues las resoluciones que deciden acerca de cuestiones de competencia -en principio- no resultan revisables en la instancia, al no constituir sentencia definitiva, sin que la defensa haya rebatido los fundamentos en los que se sustentaron los tribunales de mérito, también se ha garantizado el derecho a la doble instancia y no se observa la existencia de cuestión federal o verificación de un supuesto de arbitrariedad. Toda vez que los hechos investigados, hasta el momento, surgen como producto del ejercicio de tareas que no fueron específicamente federales sino locales, tal circunstancia torna, al menos prematura, la intención de atribuir su conocimiento a la justicia de excepción. (Dres. Borinsky, Figueroa y Hornos).
Comisión de delitos, desobediencia, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, interpretación de la ley, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Monteagudo, Adán Inti y otros s/ 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Según el tercer Convenio de transferencia de competencias penales a la justicia de la Ciudad (ratificado por las leyes n° 26702 y n° 5935), el factor determinante para que el delito de desobediencia (art. 239 del CP) sea investigado y juzgado por el Poder Judicial de la Ciudad radica en que los hechos hayan "ocurrido exclusivamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y "en el marco de un proceso judicial que tramite ante los tribunales locales" (cláusula 2a del anexo de la ley n° 26702). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: JUAN BAUTISTA SEJEAN c/ ANA MARIA ZAKS DE SEJEAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 2393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

En la tarea de establecer la inteligencia de las normas generales que le asigna el inc. 3 del art. 14 de la ley 48, la Corte no se encuentra limitada por las argumentaciones del tribunal apelado y del recurrente sino que le incumbe realizar "una declaratoria sobre el punto disputado" (art. 16 de la ley citada) según la interpretación que ella rectamente le otorga.
Recurso de revocatoria (administrativo), plazo, preclusión, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: MORCILLO DANIEL Y OTRO c/ CA-PE S.R.L. s/ INDEMNIZACIONES (INC. S/ APEL. PROMOVIDO POR LOS SRES. CASTELLOTE)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-03

Resulta evidente que la interposición de un recurso atípico como el que se ha dado en llamar "revocatoria in extremis"; requiere la existencia de un marco de excepción que lo habilite. El necesario balance entre la justicia y la seguridad jurídica impone el cumplimiento de una serie de requisitos para hacer operativas estas soluciones extremas.

La inexistencia de otra vía, la gravedad del hecho como la oportunidad en que tuvo conocimiento de la circunstancia que habilita el recurso son circunstancias ineludibles para considerar la admisibilidad del recurso in extremis. Respecto esta última cuestión, el doctor Jorge W. Peyrano en forma categórica explicó que "En lo tocante al plazo de interposición, somos partidarios de que el mismo sea el correspondiente al recurso de revocatoria ortodoxo previsto en el Código Procesal Civil aplicable en la especie.

No parece que deba sacrificarse al trascendente principio de preclusión, como ocurriría si se aceptara la posibilidad de que la reposición "in extremis" sea deducible 'sine die' (13). Más aún: lo atinente a la sustanciación de la reposición "in extremis" interpuesta por parte interesada y otras cuestiones que hacen a su régimen procedimental, también son asuntos que deben ser gobernados por la normativa, correspondiente a la revocatoria ortodoxa".

En el caso, las constancias de autos demuestran que las partes que hoy pretenden la admisibilidad del recurso tuvieron el conocimiento de la falencia y la posibilidad de interponer un recurso adecuado para tal circunstancia, la ineficacia de los recursos interpuestos como el silencio ante la comunicación de la regulación de los honorarios dejan consentida y firme la resolución, firmeza que no puede ser atacada por un agravio que se les reveló después de casi dos años de que tal resolución quedara firme y omitió esgrimirlo en tiempo oportuno. Una solución en contrario tornaría inseguro e inestable toda decisión jurisdiccional.

En relación a esta cuestión no se observa, ni los recurrentes indican una situación de excepción o irregularidad tal que posibilite la violación de los principios de preclusión. La interposición de un recurso de reposición in extremis no puede sin más violentar elementales conceptos relacionados con la seguridad jurídica en materia procesal y con la preclusión a fortiori cuando se trata de resoluciones que han adquirido firmeza y que, por ende, no pueden desconocerse o alterarse sin venir a atentar contra dichos conceptos elementales y garantías constitucionales.
Recurso extraordinario
Materia: PENAL
Carátula: Galiano, Juan Ramón s/ Inf. art. 96 inc. f, dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Cuando el recurso se interpone ante el mismo órgano que dictó la providencia impugnada, el control de admisibilidad es llevado a cabo en dos oportunidades, la primera por el a quo y la segunda por el superior, mientras que la procedencia (es decir la fundabilidad) es por supuesto, solamente inspeccionada por el ad quem. Aunque a veces se emplean como sinónimos la admisibilidad y la procedencia son conceptos distintos, que conviene distinguir, pues si bien la falta de cualquiera de estos requisitos produce en definitiva el rechazo del recurso, se trata de cuestiones esencialmente diferentes.

(Minoría u opinión personal)
Facultades ordenatorias, facultades instructorias, gravamen irreparable, resoluciones inapelables, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: M. J. Y. c/ B. R. H.  s/ Violencia Familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-12

"Cuando se está frente a una potestad ordenatoria o instructoria, cuyo ejercicio depende del prudente arbitrio judicial, no se advierte que la providencia -actuación de una facultad- sea susceptible de engendrar un gravamen irreparable, presupuesto liminar de todo recurso. Las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia, fundadas en los arts. 34 y 36 del C.Pr., que establecen expresamente los deberes de los jueces, y sus facultades ordenatorias e instructorias, son inapelables".
Recurso de inconstitucionalidad, procedimiento laboral
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Herrera Duberlin en j: Herrera Duberlin c/ Domingo Brunetti s/ Cobro ordinario - Inconstitucionalidad (Libro: S064-442)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-06-04

El hecho de que el orden de votación de los jueces establecido en el sorteo no concuerda con el orden en que se votó en el veredicto no autoriza el recurso de inconstitucionalidad -procedimiento laboral- máxime si como en el caso el juez que figura en primer término en el sorteo y último en el veredicto lo hace en disidencia con la mayoría; pues es práctica usual e inobjetable consignar primero en los veredictos, la conclusión de la mayoría y luego la disidencia, cualquiera sea el orden en que se votó.
Compraventa, automotores, obligaciones de las partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: KOLEVITCH, NILDA BEATRIZ c/ LLANO, RAUL ANTONIO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-12

Según el régimen establecido por la Ley 22977 es la inscripción del automotor en el registro lo que confiere al titular la propiedad del vehículo. Así, el modo constitutivo ya no es en este caso la traditio rei o entrega efectiva del rodado, sino la traditio inscriptoria, de manera que si se lo da antes de efectuada la inscripción no se entrega la propiedad ni la posesión, y sólo se confiere la mera tenencia hasta tanto se efectúe la inscripción registral que transmite la propiedad y la posesión. De tal suerte, ese régimen normativo ha reemplazado a la tradición como modo constitutivo del derecho real de dominio por el modo inscripción, de forma que si no se inscribe el título no se opera la transmisión del dominio aunque se haya hecho entrega de la cosa y, a la inversa, la inscripción es suficiente para transferirlo, aunque no se haya hecho la tradición. Por ende, la tradicional teoría del título y modo para las adquisiciones derivativas de derechos reales que en el sistema general de nuestro Código se cumple cuando elemento título se suma la entrega de la cosa (Cciv: 2412), queda transformada -cuando se trata de automotores- en "título e inscripción" ya que esta última cumple la función de modo constitutivo.