Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-25


SENT Nro. 86 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 25 DE FEBRERO de 2003.- Y VISTO: Llegan a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, presidida por el doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, los recursos de casación interpuestos por el imputado Gustavo L. Santillán, por derecho propio, y por la defensa técnica del coimputado Dante F. Arcas en contra de la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala VIIa., del 20/5/2002 obrante a fs. 368/370, que es denegado por resolución del referido tribunal de fecha 27/6/2002 (cfr. fs. 444) y abierto por queja mediante resoluciones de esta Corte del 11/9/2000 (fs. 455/456 y 474/475), las partes querellante y actor civil y el recurrente presentaron sendas memorias sobre los recursos planteados (fs. 488/495 y 496/498 respectivamente) y previa vista al señor Ministro Fiscal subrogante, la causa queda en estado de dictar sentencia. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecida la cuestión a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Anton io Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

La cuestión propuesta es la siguiente: ¿Son procedentes los recursos ?.

A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Vienen a conocimiento y resolución del Tribunal los recursos de casación interpuestos por los imputados Gustavo Luis Santillán, por derecho propio, y la defensa técnica de Dante F. Arcas, en contra de la sentencia de la Sala VIIa. de la Cámara en lo Penal, del 20/5/2002 que hace lugar al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal y en consecuencia, revoca la resolución de fecha 01/6/2001, disponiendo que continúe la causa según su estado.

II.- Recurso de Santillán: El recurrente se agravia liminarmente por entender infundadas y contradictorias las posiciones de los apelantes de la resolución del Juez de Instrucción, las que proponen la idea de la figura del Juez de Instrucción reducido a un mero agente de la administración pública que declare procedente todo proceso, sin atender a si se han respetado las garantías constitucionales o no y sin valorar las pruebas de la causa para la procedencia de elevación a juicio. Que no se está ante la presencia de la valoración de mera certeza como alegan los apelantes sino de total inexistencia de delito; tampoco se está en presencia de una apreciación de "in dubio pro reo" y su consecuente absolución por el principio de la duda, sino de la categórica afirmación del Juez de que el recurrente no es autor de ningún delito y que su conducta no encuadra en la figura del desbaratamiento de derechos.

Sostiene que la sentencia, al revocar la resolución del Juez de Instrucción, no se ajusta a la sana crítica racional referida a los principios de identidad y razón suficiente; que reconoce que la operación comercial quedó trabada entre Raimondo y otro Directorio, por lo que no resultan ser los imputados los deudores que personalmente y originariamente se comprometieron; que existe también una errónea valoración efectuada por la Cámara al fundamentarse en negocios jurídicos distintos a los utilizados para formar la pieza acusatoria y la defensa técnica ejercida durante el proceso. Agrega que la obligación de entregar el vehículo de su parte, no surge de las pruebas aportadas y valoradas con lo que no puede tipificarse el art. 173 inc. 11 CP. Manifiesta que el tribunal de mérito, para revocar la resolución del Juez, toma dos operaciones comerciales diferentes cuya dilucidación no forma parte del proceso penal ni de las consideraciones que han sido utilizadas por el Juez de Instrucción para hacer lugar a la oposición del requerimiento y elevación a juicio. En definitiva, que la revocación del sobreseimiento sobre bases fácticas infundadas vicia el fallo y colocan al recurrente en un estado de indefensión jurídica por la violación al debido proceso e igualdad de las partes y defensa en juicio desde que el enfoque temporal utilizado por el tribunal de mérito no guarda sustancial relación con una conducta a todas luces fuera del tipo penal imputado.

Imputa concretamente al fallo en crisis incongruencia extra petita al no guardar los límites marcados por la denuncia formalizada y la oposición efectuada a los hechos que forman la litis. Así, menciona que se advierte claramente que los fundamentos utilizados no guardan sustento en la investigación efectuada por la instrucción, ni se analiza tampoco su aplicación al caso concreto (causa petendi), sino que, por el contrario, se trae a colación elementos incriminatorios ajenos a las circunstancias de tiempo y lugar, analizando hechos no imputados a su persona y cuya dilucidación a través de la instrucción no se ha pedido en la presente causa. Expresa que la Cámara fundamenta su condena en un negocio jurídico que no surge del instrumento de que se sirve la querella para denunciar (acta notarial de fs. 9) y que a modo de hecho nuevo (improcedente) desarrolla en la sentencia justificando la solución con elementos fácticos tomados de una situación negocial fuera del tiempo y no ajustada a la figura del art. 173 inc. 11. Que la operación comercial descripta en la sentencia (años '90, '92) es anterior a su desempeño como director de la S.A. Orly, es ajena a su persona y por ende, el desconocimiento invocado es consecuencia de no haber sido protagonista de éstas por no integrar tal directorio, lo que está probado y consentido en autos.

Por otra parte, ataca la consideración sentencial acerca de que nunca hubo devolución del dinero en tanto el tribunal tampoco advierte que éste nunca fue requerido por ningún medio, ni siquiera a través del acta notarial de constatación, base de la querella.

Destaca las consideraciones del voto de la minoría que distingue las dos operaciones comerciales en distintos años, el tiempo transcurrido entre el pago del precio (según primer recibo que data de 1990) y el reclamo de 1999 por una unidad diferente sobre la que no se abonó la totalidad de aquél; que el ilícito requiere que el segundo acto concreto, particular llevado a cabo por el autor, derive de una relación contractual sobre un bien determinado que aquel desbarata y que no basta, a tales efectos, la negativa a cumplir del contratante como tampoco la modificación perjudicial de lo convenido.

Sostiene así el recurrente que el silencio de la mayoría sobre este hecho (acta de constatación solicitando la entrega de un vehículo) y las consideraciones realizadas respecto de los recibos de vehículos distintos al efectivamente peticionado, son violatorios del principio de congruencia porque ni en la indagatoria ni en la acusación se describió su negativa de entregar el vehículo descripto en los recibos, como tampoco se requirió la entrega del dinero dado en tal concepto, hechos éstos que han sido introducidos por los vocales de la mayoría, sin fundamentar porqué deciden apartarse de los hechos que se investigan y porqué deciden atribuirle responsabilidad sobre operaciones efectuadas en años '90 y '92. Manifiesta que en ninguna parte del acta notarial utilizada para incriminarlo surge un expreso pedido de parte del Sr. Raimondo a su persona de la entrega de alguno de los vehículos que describían las fotocopias de los recibos presentados, tampoco surge que le requiriera en defecto de entrega, el dinero pagado por los mismos; que lo único que emerge del acta es la exigencia de entrega de un vehículo diferente al pactado, de mayor cuantía y que no estaba expresado en las copias de los recibos exhibidos e inclusive sobre el que nunca existió un pacto obligacional de naturaleza comercial o cualquier otra. Que la omisión de fundamentar el fallo sobre qué bases desplaza su desconocimiento o negativa a entregar el auto reclamado y la encausa en operaciones antiguas en las que no tuvo ninguna participación tiñe de ilegitimidad del pronunciamiento que incurre así en incongruencia al sustituir el elemento subjetivo de la pretensión originaria.

Expresa que el desconocimiento que le imputa la Cámara para configurar la segunda etapa del iter criminis deviene arbitrario porque aquél no significa más que eso: no conocer las operaciones comerciales efectuadas por Orly con anterioridad a que fuera miembro del Directorio; que el desconocimiento lo fue sobre un vehículo que se pretendió retirar sin estar pagado, por lo que no hay derecho que pueda reconocer el fallo al atribuirle a la querella titularidad sobre el bien objeto de investigación e imputarle la conducta del art. 173 inc. 11 CP.; que dicho desconocimiento de la operación como un todo se debe a que tenía vinculación con la empresa en forma reciente -veinte días-; que la provisoriedad a que hace referencia el fallo no se funda en el verdadero objeto del acta notarial que no era sino constatar la falta de entrega del vehículo no pagado, sino sobre operaciones comerciales ajenas al mismo; que no surge de dicha acta que su parte se haya negado a entregar el vehículo que describen los recibos ni tampoco se desprende intimación fehaciente. En definitiva, explicita que la agregación de hechos nuevos en la sentencia y la adecuación con elemento delictual de los mismos le llevan a considerar a su conducta como típica y desbaratadora, pero sus sustentos se basan en dos negocios comerciales distintos entre sí, por ello, la decisión de condena y adecuación al tipo penal sobre hechos notoriamente extraños, rompen con el principio de congruencia y que el fallo, considerando su conducta por fuera del objeto de la acusación, sobre hechos no traídos a conocimiento y debate (responder por las operaciones comerciales de los años 1990 y 1992), cuyo desarrollo procesal se impulsa por un desconocimiento y negativa (por falta de pago) de una operación comercial no efectuada en el año 1999, no respeta la correlación existente entre el inicio de la causa y la defensa técnica efectuada, introduciendo en sus consideraciones operaciones comerciales que no le fueron imputadas y que son utilizadas para fundar el voto, dejando de lado el motor de la presente causa que forma la materia del litigio: el acta de constatación de no entrega del vehículo R19 Diesel 0 km.

Asimismo, manifiesta que no existe ocultamiento, transferencia, engaño, daño sobre el bien objeto de esta causa, por cuanto tampoco existe acto jurídico reconocido al querellante sobre dicho bien, que permita a prima facie tipificar su conducta como se hizo, en razón de que la querella nunca tuvo la titularidad o un reconocimiento de tal condición sobre el vehículo que pretendía retirar ostentando a tal fin la exhibición de dos recibos fotocopiados que no imputaban suma alguna de dinero a favor del vehículo pretendido. Que, al no existir negocio contractual preexistente falta uno de los elementos tipificantes del delito.

Destaca la lesión constitucional que un fallo con los vicios precitados le irroga; cita al voto de la minoría para demostrar que no existe conducta dolosa de su parte, agregando la cita de un fallo anterior suscripto por uno de los vocales firmantes de la mayoría en igual sentido; propone doctrina legal, alega gravedad institucional; considera aplicables los incs. 1,2 y 3 del art 350 del CPP y solicita se haga lugar al recurso tentado con costas a la querella.

Recurso de Dante Arcas: El impugnante sostiene su recurso en la falta de fundamentación o motivación de la resolución judicial a su respecto. Manifiesta que en ella no se analiza ni valora en ningún momento su conducta, limitándose a efectuar un análisis de los considerandos de la resolución emitida por el Juez de Instrucción y del recurso instaurado por el Fiscal y la querella y concluyendo que no se dan lo presupuestos de falta de reproche fundante de una resolución liberatoria, pero que en ello nada expresaron sobre la conducta del recurrente desvirtuando de tal manera la defensa en juicio dado el mutismo en la consideración que sobre el mismo le correspondía.

Respecto de su persona, dice que no se aprecia la construcción lógica de razonamiento que avale la conclusión ni tampoco el examen y merituación de las fundamentaciones fáctico legales efectuadas por el fallo; que éste no expresa cuáles fueron los hechos analizados, ni los argumentos tomados en consideración para fundamentar su resolución, por lo cual la misma deviene en dogmática y abstraída del tema y fundamentaciones traídas a conocimiento del juzgador, sobre las cuales debía obligatoriamente expedirse con un análisis preciso y concreto de las mismas.

Señala que únicamente se ha analizado en un grado de provisoriedad la conducta desplegada por el Dr. Santillán y la responsabilidad que al mismo se le atribuiría en estos actuados. Que la falta de merituación de su conducta le causa un doble agravio: 1) quedar indefenso, ante la imposibilidad de conocer las razones por las cuales se le revoca el sobreseimiento dispuesto por el Juez de Instrucción, significando ello una denegación de justicia y, 2) que la omisión de consideración por parte del fallo equivale a impedir el contralor de la resolución a los fines del examen de la misma para apreciarse si se ajusta a derecho o en caso contrario interponer los recurso de ley. Cita jurisprudencia al respecto.

Recuerda el voto de la minoría y expresa que se está ante una decisión cierta y razonable puesto que de la lectura del acta de fs. 224 la Fiscalía, al intimarlo, no le imputa una conducta delictiva concreta y en su declaración dijo no recordar nada debido a su estado de salud motivado por un accidente de tránsito que lo tuvo como protagonista, situación por la cual planteó la nulidad (fs. 253/255). Reitera lo allí expuesto al respecto y sostiene que se violaron los arts. 28 Constitución Pcial.; 18 CN y art. 142 del CPP.

Deja planteada subsidiariamente la prescripción de la acción (arts. 59 inc. 3° y 62 inc. 2° del CPP), solicitando el sobreseimiento de conformidad con el art. 350 inc. 4° y reiterando los antecedentes y argumentos ofrecidos al respecto a lo largo del juicio. Pide, en definitiva, que se haga lugar al recurso tentado.

III.- Por resolución del 27/6/2002 la Cámara deniega el recurso impetrado. Interpuesta la correspondiente queja, esta Corte, mediante resolución de fecha 11 de setiembre de 2002, decide hacer lugar a la misma. Las partes querellante y actor civil y el recurrente presentan sendos memoriales (fs. 488/495 y 496/498 respectivamente), correspondiendo en esta instancia el análisis de la procedencia de la casación tentada.

IV.- La sentencia de Cámara considera, examinada la sentencia en recurso, que la misma contiene una mera enunciación de las constancias de autos y la remisión a principios generales, sin concretar valoración alguna en el caso concreto. Señala liminarmente que la ley 17.567, aumenta el número de conflictos respecto del art. 173 inc. 11° del CP, lo que se pone de manifiesto en la propia exposición de motivos donde se expresa que quedarán abarcados por la norma la retención de lo que por un precio recibido se prometió a entregar o devolver. Que el delito incriminado por la Fiscalía supone dos tiempos: a) la concertación o realización de un negocio jurídico lícito, válido y oneroso por el que se otorga un derecho sobre un bien, o se pacta una obligación de carácter personal también sobre el mismo bien. Que, respecto a este primer tramo, quedó acreditado que el querellante en fecha 24/8/90 compró de contado un automóvil Renault 12 GTL, según recibo, pago por el cual se otorga un número de cuenta identificado (fs. 78); que se constata también que por cambio de modelo, el querellante abonó una suma que se acredita mediante otro recibo de fecha 25/9/92, verificándose con la pericial contable de fs. 96/97 que no se efectuó devolución de dinero alguna por parte de la Empresa. Es decir que la Cámara llega a la primera conclusión acerca de que hubo una operación comercial sobre un bien que se contrató por un modelo cambiado luego por otro, operación de la que igualmente da cuenta César Guerra, quien alude a la misma, concordante con el testimonio de Mario Drube (fs. 16) quien detentaba el cargo de empleado de la firma ORLY SACIFI; es decir que se está ante un bien determinado y un precio efectivamente pagado.

b) Continúa sosteniendo que el segundo tramo del delito, lo constituye un acto jurídico o un hecho intrínsecamente lícito o ilícito por el cual dolosamente se frustra el derecho o la obligación contraída. En este aspecto, el fallo estima con carácter provisorio e idóneas para fundar la elevación a juicio la acción positiva de Gustavo Santillán en su carácter de representante legal de la persona jurídica, desconociendo la operatoria mencionada en el punto a) lo que quedó sentado en acta notarial de fecha 10/02/99. Que dicho desconocimiento y negación de la operación efectuada y de los recibos confeccionados, dio origen a una situación de hecho que obligó al querellante a hacer más que lo requerido para tal negocio, ya que se extendió más allá del reclamo para lograr la entrega del vehículo, en tal sentido, debió iniciar la presente acción, en tanto miembros del Directorio desconocían lo pactado. Que, a partir de ello, la conducta puede ajustarse prima facie a la del art. 173 inc. 11° CP cuando niega el negocio jurídico existente y acreditado, por el cual el sujeto pasivo debía tener y gozar del bien que adquiría y de tal manera ve frustrado su derechos sobre dicho bien, en tanto se vuelve incierto o litigioso; que esto último puede establecerse con el grado de provisoriedad de esa etapa procesal; que es advertible el grado de confianza en que se desarrolla este tipo de operaciones comerciales con una firma del medio dedicada a las mismas y que el delito imputado es precisamente la defraudación por abuso de confianza. Agrega que aun cuando no pueda soslayarse que la operación comercial fue realizada entre Raimondo y otro Directorio, por lo que los imputados no son deudores que personalmente y originariamente se comprometieron, punto en clara coincidencia con la calificación recaída en el requerimiento de elevación, materia sustancial reservada al Tribunal de juicio, oportunidad en la que se analizará el alcance de la negativa a cumplir lo pactado en el sentido de si ha importado o no una conducta delictiva o el encuadramiento en el marco del incumplimiento de un contrato.

Por ello, estima que no se dan los presupuesto de falta de reproche, fundantes de una resolución liberatoria, por lo que el tribunal hace lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fiscal y la querella; revoca la resolución recurrida y dispone la prosecución de la causa conforme su estado.

V.- Al recurso de Dante Fabio Arcas: De la confrontación de los considerandos sentenciales puestos en relación con los motivos de agravios del recurrente emerge que el recurso debe proceder.

En efecto, el agravio del recurrente radica en que el fallo concluye en que no se dan lo presupuestos de falta de reproche fundante de una resolución liberatoria, pero omite fundamentar tal conclusión respecto a su persona, toda vez que no analiza ni valora su conducta; no expone la construcción lógica de razonamiento que avale la conclusión ni tampoco se aprecia el examen y merituación de sus fundamentos fáctico- legales; no expresa cuáles fueron los hechos analizados, ni los argumentos tomados en consideración para fundamentar su resolución, por lo cual la misma deviene en dogmática, y afecta su derecho de defensa en juicio.

En lo expuesto, asiste razón al recurrente. El tribunal de juicio ha revocado el sobreseimiento y dispuesto la continuación de la causa sin que exista para ello fundamento o razonamiento válido en la sentencia, toda vez que el fallo, inobservando las reglas procesales, ha omitido merituar las circunstancias de persona, modo, tiempo y lugar en que se desarrollaron los hechos en relación al impugnante, no encontrándose en la sentencia ni una sola línea que aluda a la razón por la que se decidió como se hizo. Lo único que expresa el pronunciamiento en embate a su respecto es que los imputados no resultan ser los deudores que personal y originariamente se obligaron con el querellante para agregar que en el juicio posterior se decidirá el alcance de la negativa a cumplir lo pactado.

Así entonces, al ingresar al análisis de los elementos que prima facie ameriten la continuación de la causa respecto de los imputados, a su responsabilidad en relación al delito que se les imputa, la sentencia recurrida exhibe, respecto de Dante Arcas una falta de fundamentación, que la torna descalificable como acto jurisdiccional válido. En efecto, el análisis de los hechos se produce en torno a la figura del Dr. Santillán y al despliegue de su conducta en relación a las operaciones comerciales y el acta notarial del 10/02/99. Nada se examina o pondera respecto al co-imputado, brillando por su ausencia el sostén del pronunciamiento impugnado en el punto. Las consideraciones ofrecidas vinculadas a los dos tramos del delito se refieren siempre al imputado Santillán y es a su respecto que se ofrecen fundamentos en relación a que su conducta se estima, prima facie, como merecedora de posterior juicio en tanto no se dan los presupuestos de falta de reproche.

De la simple lectura del fallo que se recurre, se observa con meridiana claridad que la sentencia ordena la prosecución de la causa -para ambos imputados- sin haber efectuado consideración alguna, ni fáctica ni jurídica, respecto del recurrente. En relación a su persona, la sentencia, simplemente, calla. No es admisible que pueda someterse a juicio penal oral a una persona sin la previa consideración y debida fundamentación de los motivos que llevan a adoptar tal decisión.

La ausencia de fundamentación debida, con remisión a las constancias de la causa, de la solución a que se arriba en relación al imputado Arca hace pecar de arbitrario el fallo, afectando el derecho de defensa del recurrente, y, por tanto, debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido. La insuficiencia de motivación vicia el acto sentencial, toda vez que ella implica la inobservancia del deber de apreciar razonadamente los hechos y las pruebas aportadas, que deben ser integradas en un contexto general. Lo expuesto implica la necesidad de un reexamen integral de las constancias de autos en relación al recurrente, sin que ello signifique de ningún modo abrir juicio sobre las conclusiones a las que puede arribar el tribunal de alzada en ese análisis.

En definitiva, la sentencia en crisis se presenta insuficientemente fundada en tanto toma una solución respecto al impugnante sin ofrecer motivos para ello, sin expresar las razones fácticas y jurídicas que sustenten la decisión. La ausencia de fundamentación normativa y el quebrantamiento de las reglas de la lógica privan de motivación al decisorio, y lo descalifican como acto jurisdiccional válido; transgrediendo, así, los arts. 18 de la CN, 28 de la Constitución y 142 del CPP. Ello así, pues la motivación exigida por los mismos, bajo pena de nulidad, implica la expresión del razonamiento de contenido crítico, valorativo y lógico, con que el tribunal de alzada arriba a una determinada solución, lo que no se avizora en la especie, con lo que el agravio casatorio de la impugnante resulta ser procedente.

Por todo lo expuesto, corresponde declarar la procedencia del recurso interpuesto y casar la sentencia del 20/5/2002, a tenor de la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que no ofrece fundamentación alguna que sustente su decisión de elevar la causa a juicio respecto de uno de los co-imputados".

Conforme a lo considerado el proceso debe remitirse al tribunal de mérito para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte nueva resolución respecto al co-imputado recurrente.

VII.- El imputado Santillán se agravia, entre otros motivos, por cuanto entiende que la sentencia es violatoria del principio de congruencia al no guardar el decisorio los límites marcados por la denuncia formalizada y la oposición efectuada a los hechos que forman la litis. Así, sostiene que existe un apartamiento de la "causa petendi" (por qué se litiga), desvirtuando de este modo la situación fáctica del proceso.

La sentencia, de su parte, explicita que el delito incriminado supone dos tiempos: a) la concertación de un negocio jurídico lícito, válido y oneroso por el que se otorga un derecho sobre un bien, o se pacta una obligación de carácter personal, también sobre el mismo bien y b) un acto jurídico o un hecho intrínsecamente lícito o ilícito por el cual dolosamente se frustra el derecho o la obligación contraída.

Respecto del primer tramo, consideró acreditado que el querellante compró un automóvil Renault 12 GTL; igualmente constata que por cambio de modelo el querellante abonó $3.269, lo cual se encuentra acreditado en autos, conforme las pruebas que analiza. Como conclusión, expresa que hubo una operación comercial sobre un bien que originariamente se contrató por un Renault 12 GTL, posteriormente por cambio de modelo a Renault 96 (sic) TLC con aire acondicionado, operación de la que dan cuenta el testimonio concordantes de los testigos que cita. Añade luego que, más allá de las expresiones del querellante sobre un nuevo cambio de modelo, lo dicho sirve para señalar que se está ante un bien determinado y un precio efectivamente pagado.

Respecto del segundo tramo, entiende que éste está constituido -con carácter provisorio e idóneo para fundar la elevación a juicio- la acción positiva de Santillán, en su carácter de representante legal de la persona jurídica, desconociendo la operatoria mencionada en el punto a).

Ahora bien, de la confrontación de los agravios de la casación con lo expuesto en la sentencia que se embate, se concluye en que asiste razón al recurrente. Lo dicho, por cuanto la Cámara, al determinar el hecho delictuoso se aparta del formalizado en la imputación (conforme con la querella de fs. 3 y ss.). En efecto, al imputado se lo cita a declarar por atribuirse el hecho consistente -en lo que aquí respecta- en que el querellante adquirió, previo pago de contado, un Renault 12 GTL, el cual no fue entregado por falta de stock y se difiere al año 1991. Que en dicho año tampoco se efectiviza la entrega por similares razones y en el año 1992 el denunciante cambia de modelo de automóvil, pasando del Renault 12 a un Renault 9 GTL, con aire acondicionado, para lo cual abona una diferencia de $3.269, pese a lo cual no se produce la entrega del vehículo. Que la situación se mantiene hasta los primeros días de enero de 1999, en que el querellante abona $8.500 más como diferencia por un Renault Clío R.L.D., más la suma que ya tenía acreditada. Al no llegar el vehículo, en el mes de febrero de 1999, el denunciante abona una nueva diferencia de $4.600, por un Renault 19, modelo 97, diesel. Que al concurrir a retirar el vehículo, el imputado Gustavo Santillán desconoce la operación, la autenticidad de los recibos y se niega a entregar a Raimondo vehículo alguno.

De allí que no exista congruencia entre el hecho intimado -que refiere, en definitiva, a un Renault 19, y a una operación del año 1999-, con el descripto en la sentencia a fs. 368 vta. -que alude a una operación anterior y que remite, en definitiva, a un Renault 96 (rectius: 9), no dando el tribunal sentenciante trascendencia alguna al posterior cambio de modelo y a la operación efectuada en el año 1999. En otras palabras, la Cámara deja sin ponderar las operaciones comerciales (sus fechas, montos, objetos, etc.) efectuadas por los posteriores cambios de vehículos, fijando el presunto hecho delictivo sobre el negocio jurídico que tiene por objeto al Renault 9, omitiendo el análisis y evaluación jurídica respecto de los restantes y posteriores actos jurídicos que recaían sobre el Renault Clío R.L.D. y -luego y en definitiva-, sobre el Renault 19, modelo 97, diesel, que es precisamente aquél respecto del cual el querellante exige la entrega y se niega a la misma Santillán (cfrme. fs. 214 vta.). Bien leída, la sentencia, no sólo omite aquella consideración a los cambios de modelo de automóvil sino que la soslaya al expresar "más allá de las expresiones del querellante sobre un nuevo cambio de modelo, lo dicho sirve para señalar que se está ante un bien determinado y un precio efectivamente pagado". Sin embargo, el "bien determinado" al que alude no puede ser otro que el Renault 9 citado y no el Renault Clío, ni en última instancia el requerido R 19, en tanto, de ellos y sus operaciones comerciales nada expresa el tribunal de mérito.

Este análisis resultaba estrictamente necesario, no sólo y principalmente por cuanto se refiere a hechos que eran base de la imputación penal y, por ende, venían exigidos por el principio de congruencia, sino además, por cuanto su omisión deja también sin completo sustento a la segunda etapa del iter criminis al que se refiere la Cámara en tanto el desconocimiento de la operación comercial por parte de Santillán (constitutiva de este segundo tramo) queda referida, entonces, a la "operatoria mencionada en el punto a)", que no es otra, conforme lo expuesto supra, que la que tiene por objeto el Renault 96 TLC (rectius: 9); bien determinado, conforme a la Cámara, que resulta, de este modo, distinto al que en definitiva se reclama por el querellante y se niega por el imputado.

En definitiva, los hechos considerados en la sentencia no fueron los mismos que los imputados; los hechos intimados y los apreciados en la sentencia son, del modo en que se explicitara supra, diferentes. Existe, por tanto, una sentencia viciada al haberse violado el principio de congruencia, con afectación de la garantía de inviolabilidad de defensa en juicio.

Esta falta de correlación entre la imputación y la sentencia -incongruencia entre los hechos narrados en la declaración indagatoria y el explicitado en la resolución en crisis, y sobre el cual se resuelve- basta para casar la sentencia que se recurre, conforme a la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia de segunda instancia que decide la revocación de la sentencia de sobreseimiento y la prosecución de la causa penal fundada en la comprobación de hechos que no guardan estrecha relación con los que conforman el objeto de la imputación delictiva formulada, violándose de este modo el principio de congruencia con afectación de la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio".

Por todo lo expuesto, los autos deben remitirse al tribunal sentenciante a fin de que, por intermedio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento.

VIII.- Las costas de los recursos de casación deducidos, conforme al resultado nulificante no imputable a las partes, se imponen por su orden (arts. 551 CPP y 106 inc. 1° CPCCT).

A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Alberto José Brito, en cuanto a la cuestión propuesta, vota en igual sentido.

A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alberto José Brito, en cuanto a la cuestión propuesta, vota en el mismo sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por los imputados Gustavo Luis Santillán, por derecho propio, y la defensa técnica de Dante F. Arcas, en contra de la sentencia de la Sala VIIa. de la Cámara en lo Penal, del 20/5/2002, y en consecuencia, se casa y anula la misma a tenor de las doctrinas legales enunciadas; disponiéndose la remisión de estos autos a la Cámara interviniente a fin de que, por intermedio de quien corresponda proceda a dictar nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER	HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR