marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, fuero de atracción, acciones personales contra el causante, aplicación de la ley, código civil y comercial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GRIPALDI, NORMA LAURA c/ PRIETO, ROGELIO ALBERTO Y OTROS s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-22

El criterio de concentrar ante un mismo Tribunal todos los litigios que se planteen sobre el acervo sucesorio, amén de responder a los principios de universalidad jurídica, bien común, igualdad entre los acreedores, economía procesal y razonabilidad, se complementa con la regla establecida en el artículo 2317 del Código Civil y Comercial que determina que en caso de pluralidad de herederos, éstos responden con la masa hereditaria indivisa, lo cual demuestra la innegable conveniencia de que el juez que entiende en el proceso universal en donde se involucra un patrimonio como único, conozca todas las causas que puedan afectar su integridad. - Jurisprudencia vinculada: Espíndola, AyS T 267, p 220/222.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Di Virgilio, R. c/ Unión Tamberos de San Sebastián S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

La resolución que rechaza la revocatoria interpuesta contra la regulación de honorarios, no puede ser objeto de recursos extraordinarios, dado que ésta última constituiría la decisión eventualmente impugnable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Valor vida, daños y perjuicios, indemnización por muerte
Materia: CIVIL
Carátula: Romero, Jorge Abel y otros s/ Recurso Extraordinario presentado por los Dres. Rafael y Guillermo A. Díaz Martínez, en Expte. Corte Nº 21/08, Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Rafael y Guillermo Díaz Martínez en Expte. Nº 119/07 Romero, Jorge Abel; Aragón, Armando Ronal; Brizuela, Pedro Claudio; Vega, Fabián Daniel p.ss.aa. Homicidio Agravado en Calidad de Autor; Homicidio Agravado en Calidad de Partícipe Necesario e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público en Concurso Real, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-06

Reiteradamente ha dicho la Corte Suprema: "la vida humana no tiene valor económico per se, sino en consideración a los bienes que produce o puede producir. No es dable evitar una honda turbación espiritual cuando se habla de tasar económicamente una vida humana, reducirla a valores crematísticos, hacer la imposible conmutación de lo inconmutable.

Pero la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes.

En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue" (confr. Fallos: 316:912; 317:1006 y 1921; y 325:1277).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa, automotores, responsabilidad del fabricante, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bunader, Claudia c/ Sva SACIFI y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-04

1. Corresponde admitir la demanda de daños y perjuicios incoada por un consumidor contra una concesionaria automotriz, un fabricante de automotores y una compañía de seguros, con motivo del incumplimiento del servicio técnico oficial, ya que el taller designado se demoró en la entrega del vehículo 5 meses más de lo previsto. 2. En ese marco, las alegaciones sobre la expiración de la obligación de garantía resultan irrelevantes a fin de determinar la responsabilidad del fabricante. Ello así, pues ésta no deriva de la entrega de un 0KM defectuoso, sino del servicio deficiente por demoras y reparaciones no satisfactorias que brindó el taller mecánico oficial de su propia marca. 3. La existencia de una red de concesionarios oficial y talleres homologados genera expectativas en los consumidores potenciales, quienes podrían suponer que al solicitar la reparación de una unidad de la marca a alguno de los integrantes del sistema, están contratando con una entidad de probada profesionalidad y solvencia por la mera pertenencia a dicha red. Aunque la concesionaria no es un agente ni un representante del fabricante, el usuario legítimamente puede creer que éste avala su seriedad y, por ende, controla su accionar y por ello lo designa como servicio técnico oficial. 4. La estructura de comercialización del servicio que el fabricante creó y controla era inidónea, ello por cuanto el incumplimiento de la entrega de la unidad totalmente reparada no fue una circunstancia ajena al fabricante quien proveyó los repuestos. Y se ve agravada en razón de las expectativas generadas por las empresas intervinientes en el negocio común (CCIV: 901, actualmente CCCN 1710). 5. El fabricante debe responder por ser el proveedor de los repuestos (cfr. CNCom, Sala B in re "Urquiola Adrián Omar c/ Volkswagen Argentina SA y otro" del 27-3-13; ídem, in re "Casale Luciano Daniel c/ Auto Zanet y otro" del 24-4-13; ídem, in re "Reviello Mestre Matías Ezequiel c/ Ford Argentina SCA Y otro", del 31-8-18, entre otros).
Tenencia ilegítima de armas, bien jurídico protegido, delito continuo, consumación del delito, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: Cersósimo, Santiago Nicolás s/ Recurso de casación. Causa: 1779
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-25

En la tenencia ilegítima de arma de guerra el bien jurídico protegido es la seguridad común, entendida como la situación en la cual la integridad de las personas y de los bienes se halla exenta de soportar situaciones peligrosas que puedan amenazarla; se categoriza como delito permanente -cuya consumación se prolonga en el tiempo- verificándose con la sola acción de tener el arma sin autorización, cualesquiera que hubiesen sido las motivaciones del agente y con independencia de su empleo, lo que permite caracterizarlo como un delito de peligro abstracto. (Voto Dr. Madueño)
Fundamentación de sentencias, prisión domiciliaria
Materia: PENAL
Carátula: Bayón, Juan Manuel c/  s/ recurso de casación Registro N° 263/17
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-23

La disidencia sostuvo que la decisión del tribunal se encontraba fundada, al existir, en el caso, medidas que aseguran la sujeción del imputado al proceso -arresto preventivo bajo la modalidad prisión domiciliaria-. (Dres. Slokar, David y Ledesma -en disidencia-).
Impuestos, regularización impositiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Shell Cía. Argentina de Petróleo S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-20

El acogimiento al régimen especial de la ley 10137 -regularización y facilidades de pago de obligaciones impositivas- no importa la renuncia del interesado a cuestionar posteriormente en la instancia contencioso administrativa la legitimidad de la carga impositiva.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Derecho penal, Derecho contravencional y de faltas, pena privativa de la libertad, leyes, interpretación de la ley, Salud pública, prevención, interés social, derecho a la salud
Materia: PENAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver ¿Qué debe entenderse por la medida de seguridad  Que estatuye el artículo 28 del Código de Faltas, cuando corresponde  Su aplicación y qué límites temporales debe tener? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-21

La medida prevista por el artículo 28, segundo párrafo del Código de Faltas no puede consistir en la mera persistencia de la privación de libertad del supuesto infractor con la única finalidad de asegurar el juicio de faltas y el cumplimiento de la eventual condena futura, habida cuenta del modo en que se estructura aquel cuerpo normativo. Dicha medida exige como presupuesto un estado, situación o circunstancia personal que afecte o pudiere afectar la capacidad de autodeterminación del imputado de la contravención, colocándolo real o potencialmente en inferioridad de condiciones para el adecuado ejercicio de su libertad. Por ende, esta medida de competencia jurisdiccional penal se aplica como consecuencia de una prognosis de peligro futuro, con sentido preventivo, terapéutico o asistencial, sin perjuicio de contemplar simultáneamente la protección de un trascendente interés social. En el caso, la cuestión a resolver es ¿Qué debe entenderse por la medida de seguridad que estatuye el artículo 28 del Código de Faltas? ¿Cuándo corresponde su aplicación?
Recurso de casación, sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva, arresto domiciliario
Materia: PROCESAL
Carátula: Torra, Miguel Ángel s/ fiscal fed. subrog. apela detención domiciliaria en c. 04/07/inc.151
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-04-09

Cabe denegar el recurso de casación interpuesto contra la resolución que otorgó el beneficio de detención domiciliaria al imputado, pues no se trata de sentencia definitiva que con su dictado dirima la controversia, no pone fin a la acción o a la pena, no imposibilita la continuación de las actuaciones, ni versa sobre la extinción, conmutación o suspensión de pena.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, accidentes de trabajo, empleador, responsabilidad solidaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OLMEDO, DAVID ALEJANDRO c/ ZURBRIGGEN, EDMUNDO SIMON s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-27

Si bien la Jueza de grado había condenado al empleador demandado en los términos del artículo 1113 del Código Civil con invocación a la responsabilidad por la cosa riesgosa, teniendo en cuenta que el accidente se había producido en el techo de la empresa demandada, no era aquél el dueño ni el guardián de aquel techo, sino que por el contrario, hizo hincapié en que esta última había contratado al codemandado para realizar -a través de su dependiente (el actor)- una actividad (desinstalación de equipos electrónicos) que si bien en sí misma no resultaba riesgosa, las circunstancias en el caso concreto referidas a la necesidad de trabajar en altura o caminando sobre techos de chapa hace que la actividad se torne riesgosa; y frente a ello, no luce irrazonable, ni se advierte la arbitrariedad endilgada por la recurrente, en la decisión de la Sala en cuanto a que no puede excusarse la codemandada de su responsabilidad como dueña de la actividad riesgosa, al haber encargado la realización de un trabajo en altura, del mismo modo que no resulta ajena ni desinteresada en la forma en que los trabajos que encargó sean realizados. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1113
Sentencia arbitraria, secuestro de bienes, tráfico de estupefacientes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Riquelme, Jean Manuel Marie y otros s/ infracción ley 23.737 (art. 50, inc. c) c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-10

Es arbitraria la sentencia que dejó sin efecto el decomiso de un bien inmueble empleado para la comisión de delito, pues el deber de decomisar los bienes surge con toda claridad de lo dispuesto en el art 30 de la ley 23.737 - de carácter federal - y no es posible advertir de qué modo el imputado pudo verse sorprendido con la decisión del tribunal que ordenó decomisar el citado inmueble en cumplimiento del imperativo legal y menos aún qué defensas concretas se vio imposibilitado de esgrimir.(Voto de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti).
Indemnización, despido por maternidad
Materia: LABORAL
Carátula: Arrighi, María Natalia c/ Supermercado Chena y/o Chevasco J. y/u otro s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-11-19

A la actora correspondía probar su embarazo y además el nacimiento de su hija, para aducir que la causa del despido lo fue por el nacimiento de hijo y, consecuente con ello hacerse acreedora a la indemnización especial establecida en los artículos 177 y 178 de la Ley de Contrato de Trabajo. En autos no existe prueba alguna de que la certificación del nacimiento de la hija le fue entregada a la accionada producido tal hecho del nacimiento. Ello debió comunicarse y la cumplimentación de tal requisito es posterior al despido, tal notificación no puede ser excusada. No existe prueba alguna que acredite tal extremo, ergo no puede ahora luego de ocurrido el nacimiento invocarse como causal de despido por parte de la patronal el hecho que invoca la accionante.
Defensa del consumidor, juicio sumarísimo, procesos de conocimiento, compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: L., N. I. c/ M., C. J. y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-08

Si bien la ley 24.240 dispone que cuando se entable una acción judicial se aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente (art. 53), no corresponde que se ventile por el trámite previsto para el juicio sumarísimo cuando la cuestión que integra el reclamo requiera una amplitud de debate y prueba, como lo es, sobre cumplimiento de contrato, -boleto de compraventa de un inmueble- y reparación de daños y perjuicios, que resulta impropia para una acción sumarísima.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Daneri, Jorge O. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-23

La razón de ser de la institución del amparo no es la de someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos ni el contralor del acierto o error con que ellos cumplen las funciones que la ley les encomienda, sino la de proveer un remedio contra la arbitrariedad de sus actos que pueden lesionar los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A.F. López).
Transferencia del contrato de trabajo, cesión del establecimiento, transferencia del personal, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Vivas  Moreyra, Gustavo Oscar y otro c/ ESSO PETROLERA ARGENTINAS .R.L. y otros s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25

Si ha mediado transferencia de un establecimiento, a título de restitución por extinción del contrato de concesión por el que había sido dado en explotación, de las previstas por el artículo 225 L.C.T., el adquiriente es responsable de las obligaciones laborales del transmitente en los términos del art. 228 de la ley citada y tal como lo reconfiguró la doctrina del Plenario "Baglieri, Osvaldo Francisco c/ Nemec y Cía. S.R.L.".

(En el caso, Esso Petrolera Argentina S.R.L. mediante un acto extintivo de un contrato comercial anterior con los empleadores del actor, recuperó una estación de servicio que había sido dada en concesión).
Autonomía provincial, soberanía, Constitución Provincial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-06

A las provincias les compete en forma exclusiva, autónoma y soberana la adopción y reglamentación de sus propias instituciones y, en su caso, es atribución de la Corte juzgar si aquéllas al hacerlo han violado los principios que el art. 5. las obliga a respetar, pero al ejercer esta misión, el tribunal se ve precisado a recalcar que las constituciones provinciales no deben ser una copia carbónica de la nacional.
Costas, gastos del proceso, conciliación, efectos entre partes
Materia: PROCESAL
Carátula: Castell, Andrés Alejandro c/ Bustos, Juan Carlos y otro s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-26

Es criterio de la Sala CyC del STJER que distinguir la suerte de las costas según haya mediado o no contención es un error ya que, ejemplifican, la circunstancia de incontestar una demanda no es motivo para ser eximido de las costas y, dicen, igual tesitura cabe adoptar frente a los recursos; de forma tal que si la demanda o el recurso fueron necesarios para el triunfo del derecho, la parte que no tuvo razón debe solventar los gastos de esa secuela del proceso ("Carbonell Ricardo Adrián y otra c/ América Latina Logística Mesopotámica S.A.- s/ordinario (civil)", Expte. N° 6623, del 27/12/2013).
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, causas civiles, elemento objetivo, desestimación de la denuncia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LUCERO, Alejandro Héctor. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-16

La exigencia de alimentos dentro del ámbito civil y penal no presenta en el terreno de las prestaciones una franca analogía.

En el juicio de alimentos las contribuciones deben satisfacer "...lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la recibe, y también lo necesario para la asistencia en las enfermedades" (Art. 372 del Código Civil).

En cambio para la ley penal (ley 13.944 y sus modificaciones, art. 1°) la substracción alimentaria se enmarca en la presentación de "...los medios indispensables para la subsistencia..." . La norma represiva no impone de modo alguno que sean satisfechas las necesidades alimentarias en su totalidad, obliga únicamente que se mitiguen aquellas en la medida indispensable para la subsistencia del beneficiado.

Con ello, si valoradas las contribuciones efectuadas y el corto lapso que abarcan, cabe concluir que la omisión que se atribuye al imputado no resulta típica en orden a lo preceptuado por el ilícito achacado, toda vez que no alcanza a afectar el bien jurídico protegido por la norma, aun en la abstracción con que debe ser considerado el peligro de la conducta, debe confirmarse el auto que desestimó las actuaciones por inexistencia de delito.
Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación - Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara  de Diputados.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

La "inhabilidad moral" que menciona el art. 66 de la Constitución Nacional es alternativa a "inhabilidad física" y, por ende, conforme a la terminología de la época, está referida a lo que hoy se denomina "inhabilidad mental o psíquica", se trata de las viejas "facultades del alma" o "del espíritu", es decir, "facultades morales" con las que la psiquiatría precientífica hacía referencia al correcto ejercicio del juicio crítico como síntesis adecuada de la actividad consciente (Voto del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Juicio ejecutivo, ley de defensa del consumidor, gratuidad del procedimiento, relación de consumo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Credil SRL c/ De Baños Graciela Beatriz s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-07-04

El artículo 53 de la Ley 24240 -LDC- dispone, en lo que aquí interesa, que ". las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio". Por su parte, el artículo 25 de la ley 13.133 prescribe que: "Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de defensa del consumidor, estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica...". En este sentido, la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo (CSJN, "Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Nación Seguros S.A. s/ Ordinario", sent. del 24/11/2015; considerando 6°; esta Sala, causa 126.699 cit.).
Costas, obligaciones, plazo indeterminado
Materia: PROCESAL
Carátula: Chaco, Provincia del c/ Cía. Azucarera Las Palmas  S.A.I.C.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-26

Corresponde imponer las costas a la demandada, no obstante no serle exigible aún la obligación, si no se ha allanado en ningún momento a su pago, ni ha ofrecido hacerlo, limitándose a pedir el rechazo total de la demanda.
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Campanini, Elena María c/ Club de Intercambio Vacacional S.A. s/ Escrituracion y pago de saldo de precio Carmona, Alberto y otros c/ Rodríguez, Enrique Miguel y otros s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-30|1998-11-17

Aún desde el punto de vista de la sanción que cumple la cláusula penal, no ha de perderse de vista que una cierta proporcionalidad es condición objetiva de la justicia de toda sanción.
Personal policial, jubilaciones, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yantorno, Angela Delia c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policia de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-03-20

Si al fallecer el retirado estaba vigente la ley 8270, ella es la que rige la pretensión pensionaria de su hermana, y no el decreto -ley 9538/80, que la había sustituido al tiempo de resolverse la cuestión.
Accidentes de trabajo, daño, ley vigente
Materia: LABORAL
Carátula: Ramirez Clemente. c/ Enrique Welbers S.A.C.I. s/ Indemnización por incapacidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-04-30

Teniendo en cuenta los autos del Superior Tribunal de Justicia:"Benitez Emilio c/Cooperativa Frutihortícola Limitada s /Indemnización por accidente de trabajo", en ella se estableció que:

la reforma dispuesta por la Ley 23643, al art.8 de la Ley 9688 no es aplicable a los infortunios laborales ocurridos con anterioridad a la fecha de su vigencia -16/11/88-; debiendo determinarse la indemnización en tales casos conforme a la ley vigente cuando el respectivo derecho declarado en la Sentencia se concreta. Ello no resulta aplicable cuando la víctima del infortunio laboral, toma conocimiento de la incapacidad que es su consecuencia y determina su exigibilidad en plena vigencia de la nueva ley,momento éste que determina el punto de partida de la exigibilidad del crédito del que es titular y por ende la aplicación de la Ley 23643.
Inscripción de nombre, nombre extranjero
Materia: CIVIL
Carátula: A.R.E. s/ RESOLUCION REGISTRO ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-02

DEL VOTO DE LA MAYORIA:

Si el prenombre que se pretende imponer, "Iojanan", es extranjero de origen judío- y tiene su equivalente en idioma español como "Juan", se encuentra comprendido en las prohibiciones previstas en el inciso 2do. del art. 3ro. de la ley 18.248 y no dándose la excepción de ser el nombre de los padres del inscripto para que sea admisible debe mantenerse la decisión del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas que denegó la inscripción.