Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-08-28


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil nueve, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Alejandro Javier Panizzi, J. Pfleger y Daniel Alejandro Rebagliati Russell, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados: "S., J. L. s/ denuncia" (Expediente N° 19.909- Letra "S" -Año 2004).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo practicado de fs. 1782: Rebagliati Russell, Pfleger y Panizzi.

El Juez Daniel A. Rebagliati Russell dijo:

Contra la sentencia interlocutoria nro. 12/2007 de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia que confirma la resolución que sobresee total y definitivamente a J.M.F. de las C., la querella interpuso recurso de casación.

El a-quo analiza en primer término si en el caso se dio una de las situaciones descriptas en el artículo 306 del C.P.P. (Ley 3155), y confirma una de las hipótesis al sostener que el Juez dicta el sobreseimiento por concordar con el criterio del Ministerio Público Fiscal.

Sin perjuicio de ello, agrega que se observan claras demoras injustificadas en el trámite de la causa, indicando que se inicia en septiembre de 1998 y que en algunos casos permaneció inactiva por lapsos de hasta seis meses.

También hace mención a la duración y prórroga de la instrucción contemplada en el artículo 183.

Este último argumento es ineficaz para fundar el sobreseimiento, ya que de la lectura de las actuaciones se desprende rápidamente que no transcurrieron los cuatro meses desde la declaración del imputado.

Sí me convence el relacionado con la duración excesiva del proceso, que a esta altura ya supera los diez años.

Y esta dilación no obedeció a ninguna circunstancia especial que la justifique, sino que más bien tiene que ver con la falta de diligencia en la instrucción, toda vez que la declaración indagatoria se recibe a casi ocho años de formulada la denuncia, no siendo responsable el imputado de esta situación, como así tampoco se advierte que este acto dependiera de una medida esencial para conformar el estado de sospecha suficiente para citarlo.

Por otro lado si bien es cierto que ni el juez de instrucción ni la Cámara hacen mención alguna sobre el requerimiento de elevación a juicio formulado por la querella, esta parte incurre en la misma falencia cuando nada dice del valladar insuperable de los años que duró la instrucción.

De esta manera, teniendo en cuenta la relativa complejidad del hecho denunciado, los años que duró el trámite de la instrucción, sin que existan razones suficientes para ello, toda vez que la investigación se debía circunscribir a conductas relacionadas a una actividad funcional que fuera volcada en prueba documental, el perjuicio ocasionado al imputado, plasmado en el pedido de prescripción de la acción a fin de terminar con su estado de incertidumbre, considero que se ha violado el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento judicial rápido.

Por esa razón y, de acuerdo al precedente "L.", voto por confirmar la resolución venida en crisis, con costas, debiéndose regular los honorarios profesionales de la doctora C. R. en la suma de quinientos pesos ($500).

Así voto.

El Juez J. Pfleger dijo:

I. Como lo ha señalado el señor Ministro que me ha precedido en el voto, la querella ha venido en casación protestando en contra de la sentencia de la Cámara de Apelaciones de la circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia que, al confirmar la resolución de fojas 1597/1598, sobreseyó total y definitivamente a J. M. F. de las C. por aplicación del art. 294 inc. 6° del C.P.P. (ley 3155).

La casacionista, en extenso escrito, consideró -en primer lugar- que se había aplicado erróneamente el art. 294, inc. 6° del C.P.P.

Después de exponer su criterio respecto del sentido y alcance de la norma, consideró que la "a quo" había dado al texto una inteligencia inadecuada pues, a su juicio de ella, "...quiere hacer decir a la norma lo que esta no dice..." ya que no sólo no había trascurrido el plazo que razonablemente correspondía dar a la instrucción desde la declaración del imputado sino que existían "...elementos irrefutablemente acreditados en la causa que ameritan su elevación a juicio...".

Afirmó, también, que la Cámara debía expresar y fundar los motivos por los que había considerado que no existían elementos suficientes para elevar la causa a juicio desoyendo la opinión de la querella requisito que -en su opinión- son inescindibles.

Citó opinión jurisprudencial en abono de ese criterio.

Al dedicarse al segundo punto "La errónea interpretación formulada por la Cámara de Apelaciones respecto del art. 183 del C.P.P", apuntó a que las demoras lo habían sido por obra de quienes llevaron adelante la investigación y que la negligencia de esos funcionarios no debía ser invocada para obturar derechos que le competían a los querellantes. Indicó, más adelante, que no había una concreta vinculación de las afirmaciones formuladas con los elementos acreditados en la causa y la norma procesal de marras incurriéndose, por consecuencia, en el defecto de la sentencia arbitraria, cuestión sobre la que se explayó.

Hizo, luego, una antología del significado del precepto "plazo razonable" y volvió sobre lo que consideró un error en la construcción de la "a quo" pues ella computó los plazos desde el comienzo de la causa y no desde el instante de la declaración del imputado.

Sobre el particular señaló que en orden a los hechos "...acontecidos en el trámite del proceso..." había sido la producción de la prueba por la Fiscalía y la evacuación de las citas del imputado las que condujeron a la dilación, evocando que el 23 de Mayo de 2006 declaró el imputado y pocos días después el Juez consideró completa la instrucción y corrió vista de las actuaciones a los fines del art. 304 del C.P.P. aplicable, formulándose el requerimiento de elevación a juicio, por la querella, el 22 de Junio de 2006.

Criticó la formulación de prueba de la defensa y luego expuso el punto de vista de la Comisión Europea sobre Derechos Humanos en punto al concepto "plazo razonable" cuyo contenido procuró declarar, ateniéndolo a las particularidades de cada caso.

En otro tramo de este punto citó diversas opiniones doctrinarias y jurisprudenciales sobre este tema.

II. Puesto a resolver en el tema, encuentro aquí una cuestión previa que condiciona el desarrollo de mi exposición: se trata de la aplicación en autos del instituto de la prescripción de la acción penal.

Es que, para mí, se insinúa su operabilidad desde la perspectiva en que observo el devenir procesal de la causa, las normas de derecho de fondo en juego y la regulación del cese de poder de persecución estatal.

En efecto.

Estimo que la recta interpretación de la doctrina citada oportunamente por la Cámara de Apelaciones Instructoria (ver Ricardo Nuñez "Derecho Penal Argentino", Parte Especial V, página 312) implica reconocer que la tentativa de estafa procesal acaba cuando el Juez ante el que se pretende una decisión fundada en error, consecuencia del uso de medios ardidosos, cae en cuenta de la maniobra.

Ese punto neutraliza uno de los elementos del tipo cuya ejecución ha comenzado con la introducción del elemento mendaz: el ardid idóneo, y, por consecuencia, cierra el circuito del plan criminal obstruyendo la posibilidad de desarrollo exitoso.

Del mismo modo, traza la frontera del desistimiento de la tentativa, impropio en este caso, que implicaría dejar impune el delito (art. 43 del C.P.) empero, repito, brindar cabida al comienzo del término de la prescripción. Una vez que las actuaciones arribaron a la sede criminal, o el Juez civil consideró consistente la probabilidad de que el documento hecho valer fuera falso, hay imposibilidad material y jurídica de perseverar en los actos que van construyendo el periplo hacia la ejecución, definiendo el día "a quo" en los términos en que se viene comentando.

De manera entonces que no resulta computable el lapso desde el instante en que el denunciado insistió en su pretensión de hacer valer el documento falso, sino desde el momento en que la cuestión fue conocida por el órgano jurisdiccional ante quien aquél fue presentado.

Aún más. Creo que cuadra analizar las alegaciones de la parte contraria, pues las defensas opuestas en ese sentido ponen al desnudo las operaciones espurias ensayadas por el adversario.

Dos palabras más.

Enseña Nuñez, en la nota 101 del punto al que hiciera referencia en párrafos anteriores que es equivocada la tesis sostenida por la CCC, en pleno, 24-V.1946 Fallos, T V, página 654 ya que, y cito, "...No se trata, como piensan los vocales Ure y Beruti de una acción delictiva continuada, pues la continuación, permanencia o instantaneidad de un delito no mira a la conducta del autor, sino que reside en la forma cómo se opera la consumación de la ofensa que lo constituye, y no puede caber duda sobre que la estafa procesal se consuma en un solo momento y no de una manera continuada o permanente. No se trata, como dice el vocal Vera Ocampo, de que la tentativa no se mantiene "sólo con la intención", sino de que el autor ha elegido un modo de cometer el delito que mantiene su eficacia y posibilidad de llegar a la consumación mientras no se lo excluya mediante un acto expreso o implícito de desistimiento ¿Qué pasaría si la causa estuviera en estado de autos o en otro que no exigiera actos positivos de las partes?..." Por otro lado, siempre a partir de Nuñez, puede leerse en interesante decisión de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital que "...La prescripción de la acción penal por el delito de tentativa de defraudación corre desde que cesa la actividad ilícita del agente, sea por desistimiento voluntario o por imposibilidad material o jurídica..." (JA - 1943 - I - 248)	Y aunque Enrique Ramos Mejía, que comenta el fallo, procura demostrar que la sentencia padece de error, señala que "...si como en el caso que comentamos la defraudación importa una tentativa a través de una demanda judicial, cometiéndose ella mientras tramite el juicio respectivo y hasta que se desista, por un acto voluntario o por imposibilidad material o jurídica de hacer valer el documento falso, la prescripción...(omissis) empezará a correr desde que el delito cese de cometerse, o también, en palabras de Sebastián Soler, porque "mientras permanece la actividad tendiente a la comisión del hecho no entra a correr la prescripción". Aplicado tal criterio al caso anotado, corresponde concluir que la prescripción comenzó a correr desde que el juicio civil, en el que se hacía valer el documento falso..."	Así las cosas, estimo que la sentencia venida en casación debe ser revocada y que el Tribunal que corresponda debe pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal bajo los parámetros arriba consignados, teniendo en consideración los requisitos del art. 67 del C.Penal.

| Con esta opinión, considero inoficioso tratar el asunto propuesto en los términos del recurso.

III. Apunto, a modo de complemento, que abierta la etapa crítica por el requerimiento de elevación a juicio instalado por la querellante, y sin que transcurriera entre la declaración del imputado y el cierre de la instrucción el plazo del art. 183 del C.P.P. (ver acto de fs.1516/1519, decreto de fs. 1520 y el escrito de la querella de fs. 1529/1539) resulta pobre en fundamentos la decisión del señor Juez de Instrucción N° 1 que sólo se remitió a la posición fiscal, desconsiderando el estadio procesal que los autos habían alcanzado.

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I) El Ministro que emitió su opinión en primer lugar, ha expuesto con claridad los antecedentes del caso y los argumentos que motivaron la impugnación de la querella, por lo que omitiré la reiteración de lo dicho sobre ello.

II) Concuerdo con la solución propuesta por el Juez Rebagliati Russell y desestimaré el planteo realizado, a fs. 1677/1725 vta., por la asesora letrada de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, doctora C. R., pues entiendo que la demora injustificada en la instrucción de la causa, provocó al imputado un perjuicio a derecho de obtener un pronunciamiento judicial rápido.

El delito investigado en autos consistió en una estafa procesal, donde el imputado prestó declaración indagatoria a casi ocho años de formulada la denuncia -sin que pudiera atribuírsele en esta demora responsabilidad alguna-.

Por otra parte, hubo oportunidades en que la causa estuvo inactiva por periodos de hasta seis meses, no surgiendo de la causa alguna circunstancia especial que justificara esa paralización del trámite.

Este retraso, no puede ir en desmedro del derecho que la Constitución Provincial le otorga a todos los ciudadanos en el artículo 44, cuando establece que "Todo proceso debe concluir en un término razonable".

He sentado mi posición sobre el tema en el precedente de esta Sala Penal caratulado "L., M. s/ tentativa de homicidio s/ impugnación" (Expediente N° 21.322 - 74 - Letra "L" - Año 2008 - Sentencia N° 50 de fecha 22 de mayo del año 2007), causa en la que se confirmó el sobreseimiento definitivo de los acusados, por haberse extinguido el plazo razonable de juzgamiento.

Allí señalé que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas supone practicar los trámites en un tiempo lo más breve posible, considerando todas las circunstancias del caso. Y agregué que, la razonabilidad es del resorte exclusivo de los jueces y si no es posible traducir ese "término razonable" en un número determinado de días, semanas, meses o años, siempre debe estar relacionado con el juicio de que se trata y con las particularidades de cada caso para resolver.

El de razonabilidad es el único principio absoluto del orden jurídico y, en el caso, advierto su evidente trasgresión, pues las circunstancias en las que se desenvolvió el hecho y su investigación, no presentaron una complejidad tal que justificara los más de 10 años que lleva la instrucción.

De haberse impulsado eficazmente el proceso habría tramitado sana y regularmente, sin perjudicar al imputado. Es decir los titulares de la acción penal no cumplieron con su deber de custodia de la jurisdicción y competencia de los tribunales y de la eficiente prestación del servicio de justicia que les imponen los artículos 195, inc. 2º de la Constitución de la Provincia del Chubut; 1º y 11 de la Ley Nº 5057, Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

III) Por lo expuesto, coincido con la solución formulada por el Ministro Rebagliati Russell y el recurso de casación deducido por la querella deberá rechazarse, con costas, y confirmarse en todas sus partes la sentencia impugnada.

IV) Adhiero a la regulación de honorarios a los profesionales intervinientes, por su actuación en esta instancia, por ajustarse a las pautas mensurativas de la Ley arancelaria (artículos 10, 14, 45 y concordantes de la Ley 2200).

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A ----------------- 1º) Declarar improcedente del recurso de casación de fs. 1678/1725 y vta., con costas.

2º) Confirmar la sentencia de fs. 1597/8, protocolizada bajo el número 298/2007.

3°) Regular los honorarios profesionales de la doctora C. R. en la suma de quinientos pesos ($500), no incluye I.V.A. (Ley 2200, art. 14).

4°) El presente es firmado por dos miembros de la Sala Penal por encontrarse en uso de licencia el doctor Daniel Alejandro Rebagliatti Russell.

5°) Protocolícese y notifíquese.- Fdo: Panizzi, Pfleger, Rebagliati Russell