Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-18


"Baños Dávila, Elena A. c/ Ibarrola de Parma, María del Pilar s/ ejecución hipotecaria" RELACION Nro. 350.711.- Buenos Aires, septiembre 18 de 2002.- Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

El 16 de julio de 1996, las partes celebraron contrato de mutuo, por el cual la ahora ejecutante dio en préstamo a la contraria la suma de U$S 30.000, la que debía ser devuelta el 16 de enero de 1998. Dicho plazo podía ser prorrogado a opción de la deudora por seis meses más, siempre y cuando acreditara el fiel cumplimiento de sus obligaciones. Pactaron también intereses compensatorios, los que -liquidados a la tasa del 18% anual- debían ser abonados en dieciocho cuotas mensuales y consecutivas. Para el caso en que la obligada incurriera en mora se convinieron intereses punitorios y la caducidad de los plazos acordados.

La deudora hizo uso de la prórroga convenida, por lo cual el plazo para el pago del capital venció el 16 de julio de 1998, aunque no lo satisfizo en esa fecha, sino que continuó abonando los intereses compensatorios hasta el 23 de septiembre de ese año. Luego efectuó algunos pagos parciales esporádicos y de escasa significación.

El 1 de noviembre de 2001 la acreedora inició la presente ejecución hipotecaria. El "a quo" ordenó librar el mandamiento de intimación de pago en dólares estadounidenses. La emplazada se presentó a fs. 22, solicitó la reducción de los intereses, pidió la suspensión del proceso y la aplicación de lo dispuesto en el art. 8 del decreto 214/02. La contraria, tras oponerse a la suspensión, sostuvo que la segunda pretensión esgrimida resultaba inconducente por cuanto la propia norma citada indica que las deudas pesificadas serían objeto de un reajuste equitativo, además de la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia.

En la sentencia de fs. 27/8, el "a quo" difirió la determinación de la tasa a la que habrán de liquidarse los réditos y mandó llevar adelante la ejecución por el "capital reclamado", sin hacer siquiera referencia a los pedidos de suspensión y pesificación introducidos por la deudora, quien -por ese motivo- apeló el pronunciamiento.

II.- Como se advierte, la actora no introdujo la cuestión constitucional de las normas sobrevinientes dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de las facultades delegadas por las Cámaras. Antes bien, admitió que su crédito fue pesificado, proceder que consintió al no efectuar otro planteo que el anteriormente explicitado. Es claro, entonces, que el juez extralimitó la pretensión de la ejecutante (art. 34 inc. 6? código procesal), aun cuando ésta, en vista al resultado obtenido, intenta aferrarse en los agravios -tardíamente- a la escueta e incompleta sentencia.

La actitud asumida por la actora al responder el memorial permite su encuadramiento en la doctrina de los actos propios. Esta descalifica la contradicción con los actos anteriores, ya que admitirla o reconocerle virtualidad importaría restar trascendencia a conductas que son jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (C.S. del 29-10-2000, Fallos 323:3035). Al contestar el planteo de la deudora, dicha parte inequívocamente renunció a hacer valer la aplicación estricta de las pautas contractuales.

En este contexto, y atento los términos en que quedó planteada la controversia, debe aceptarse que la deuda en trance de ejecución se encuentra alcanzada por la pesificación, de manera que sólo resta examinar la viabilidad de la aplicación del principio del esfuerzo compartido (art. 11 de la ley 25.561).

III.- No puede soslayarse que a efectos de intentar un acercamiento entre las partes interesadas y concederles la oportunidad de realizar una autocomposición eficaz de sus intereses, la Sala convocó a audiencia en los términos del art. 36 del código procesal. Más allá del fracasado intento, allí quedó demostrada la buena predisposición de ambas, que no sólo escucharon las propuestas conciliatorias formuladas tanto por el Sr. Fiscal de Cámara como por la Sala, sino que expusieron las propias e incluso solicitaron suspensión de los términos con la esperanza de concluir un acuerdo que consultara sus respectivas expectativas.

Indudablemente, cuando las legislaciones de emergencia irrumpen en el curso de los contratos, alteran las bases del negocio jurídico y generan "ex post" elevados costos de transacción. Esto ocurre principalmente porque modifican sus elementos esenciales, y legitiman -de algún modo- la infracción al principio de fidelidad de lo pactado.

Evidentemente, la legislación dictada a principios del año en curso para superar la más delicada de las crisis económicas que recuerda la República, alteró las relaciones jurídica privadas. La pesificación cambió lisa y llanamente la moneda del contrato e impuso una paridad de cambio determinada, al margen de las reglas del mercado que indican una relación varias veces superior del dólar con referencia al peso. El propósito fue morigerar el impacto producido en ese ámbito por la modificación de las políticas macroeconómicas que pusieron fin al régimen de convertibilidad y a la paridad legal entre éste y el dólar estadounidense establecida por la parcialmente derogada ley 23.928. El encarecimiento paulatino de la moneda extranjera generó un desequilibrio significativo en los contratos celebrados en esa denominación monetaria, y provocó una sustancial variación de sus bases. Incluso se ha dicho que la ley 25.561 consagró una suerte de declaración legislativa genérica de imprevisión sobre las relaciones de derecho privado (conf. Palacio, Lino Alberto, "Sobre la denominada inaplicabilidad de la denominada pesificación de las obligaciones en mora al 6-1-02", en rev. La Ley, del 22-8-02, pág.1/4). Con ella y las restantes disposiciones dictadas en consecuencia, se pretendió también morigerar las "externalidades", que provoca el ejercicio pleno de la autonomía privada (conf. Lorenzetti, Ricardo L., "Los contratos ante la emergencia económica", L.L. 1993-C, secc.doctrina, pág.811 y ss.). A tal efecto el Estado, embanderado en las reglas del orden público económico, suministró un recurso legal de aplicación forzosa para paliar los fallos del mercado para autoregularse (conf. Pigou, A.C. "The economics of Welfare", citado por Dalla Vía, "Derecho Constitucional Económico", Abeledo Perrot, 1999 pág. 87).

Al concluir un contrato las partes se ponen de acuerdo sobre la imputación de los riesgos vinculados a su ejecución. Para ello, se informan adecuadamente y eligen a cuál de ellas se imputarán determinadas eventualidades. Cuando la adjudicación no es arbitraria -v.gr. porque no existe abuso de posición dominante- la parte que podría resultar perjudicada prevé racionalmente la forma de superar el riesgo y de amortiguar su costo, de modo que el contrato resulte beneficioso para ambas. Así, el riesgo integra las negociaciones e influye en la convención del precio, en la determinación de la tasa de interés y del plazo, en la prestación de garantías, en la estipulación de cláusulas de rescisión, si correspondiere por la naturaleza del contrato, etc.

El caso de autos es una muestra evidente de previsión de diversas contingencias vinculadas con la modificación del contrato por causas externas. Así, en la cláusula tercera la deudora se comprometió expresamente a devolver el capital y sus intereses en moneda extranjera y se convino que, en caso que el pago no pudiera ser efectuado por circunstancias estrictamente extraordinarias, la obligada se comprometía a efectuarlo en la cantidad de pesos o moneda de curso legal necesarios para adquirir Bonos Externos de la serie que se indica y que provea la cantidad de dólares necesarios para cancelar la deuda expresada en esa moneda. A su vez, en otro apartado, se dejó expresa constancia que la parte deudora conoce que el acuerdo de voluntades ha sido posible porque se pacta la inalterabilidad de la cosa dada en mutuo, la que no podrá ser sustituida por razón alguna, excepto por el ejercicio de las opciones previstas en la cláusula tercera. Hicieron expresa mención que efectuaron una prudente evaluación de los riesgos que asumían, circunstancia de la que tenían debida advertencia a través de los hechos cotidianos y los acontecimientos del pasado como consecuencia de haber adoptado las partes los pertinentes recaudos y en previsión de futuros acontecimientos extraordinarios. En mérito a ello, renunciaron a la aplicación de la teoría de la imprevisión o de cualquier otro instituto que implique revisar lo pactado, una disminución de la deuda, etc.

Cuando -como en el caso- la parte cumplidora con invocación del principio del esfuerzo compartido- solicita la morigeración del impacto perjudicial que su aplicación lisa y llana provoca en las relaciones privadas, la tarea de los jueces es examinar en qué forma se reconstruye el sinalagma contractual desquiciado y procurar una distribución razonable de los costos, que no incline la balanza ni le imponga el mayor sacrificio a la parte inocente. Se trata de indagar cuál es el límite de los renunciamientos recíprocos más compatibles con el principio de fidelidad de lo pactado y con la conducta subsiguiente de las partes. Así, debe ponderarse principalmente la época en que se celebró el negocio jurídico, si el deudor incurrió en mora y en qué tiempo, si las partes tuvieron en miras la contingencia de la desaparición de las bases contractuales por causas sobrevinientes y externas a la voluntad común y, en su caso, si previeron concretamente la forma en que se adjudicarían los riesgos en el caso de desaparecer la base del negocio, el tipo de interés aplicable, el destino del inmueble afectado en garantía del pago y las restantes particularidades que surgen de la convención.

Obviamente, si se repara que en la especie la obligada incurrió en mora en el mes de julio de 1998, es decir, tres años y medio antes del descalabro económico producido por la crisis, es claro que la pretensión de ampararse en la paridad impuesta por el decreto 214/02, no sólo importa una verdadera iniquidad por cuanto provoca la licuación de la deuda en perjuicio de la acreedora, a la par que destroza los principios del derecho privado atinentes al régimen de la mora (art. 508 código civil) y a la consiguiente fijación de los riesgos (art. 513 código civil), que de ese modo serían íntegramente cargados a la parte inocente que concluyó su obligación dando la especie designada en el contrato.

Como el esfuerzo compartido que propone el art. 11 de la ley 25.561 para restablecer el equilibrio contractual reconoce su fundamento en la equidad, obviamente el reparto -siempre que se solicite y proceda- será igualitario, ya que no podrá ubicar al deudor moroso en la misma situación en que se encontraría si no lo fuera. De manera que al repartir los efectos del desequilibrio contractual, debe hacérselos caer en mayor medida sobre la parte morosa, según las circunstancias del caso (esta Sala, L. 285.860, del 9-10-84; ídem, L. 10.225 , del 16-11-84, L.L. 1986-C, 533; Peyrano, Jorge W. "Una nueva pretensión: la distributiva del esfuerzo compartido. Comentarios procesales sobre el régimen de pesificación forzosa de obligaciones en moneda extranjera no vinculadas al sistema financiero", en El Derecho del 15-2-02, pág.1). De lo contrario, la atribución de responsabilidad que se desprende del art. 508 de la ley sustantiva quedaría sin valor y efecto De allí, por razones de estricta justicia conmutativa, apreciadas en el acotado margen de conocimiento asignado a la Sala, la obligación deberá ser cancelada en pesos, aunque no a la paridad establecida en el art. 8 del decreto 214/02, sino que -en virtud del principio del esfuerzo compartido cuya aplicación postuló la acreedora- se establece que la demandada morosa deberá cargar con una incidencia mayor en el precio de la divisa extranjera, estimándose razonable que soporte el equivalente al 70% del valor del dólar que fije el Banco Central de la República Argentina el día del pago, en tanto que el esfuerzo de la acreedora quedará limitado a resignar el 30% restante del valor de cotización. Por consiguiente, para fijar el valor en pesos por cada dólar se computará la diferencia entre el valor del dólar antes de la emergencia y la cotización de la divisa norteamericana -tipo vendedor- el día del pago, según lo que establezca el Banco Central de la República Argentina. Al resultado se le calculará el 70% y -a lo que de- se le adicionará $ 1, y así se obtendrá el monto en pesos por el que deberá reajustarse cada unidad del capital debido. Luego se multiplicará por el capital adeudado.

IV.- No será de aplicación, en cambio, el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) dispuesto en el decreto 214/02. Este ha sido previsto para las deudas que se pesifican a la relación fijada en esa norma y para compensar de algún modo la alteración sustancial que se producía en la ecuación contractual. Pero, al morigerarse a pedido de la ejecutante el impacto producido en el contrato en razón del esfuerzo compartido, pierde sustento la finalidad que se persigue con la aplicación del referido coeficiente.

V.- El art. 16 de la ley 25.563, ha sido modificado por el art. 12 de la ley 25.589 publicada en el Boletín Oficial del 16-5-2002, y prorrogado por 90 días por ley 25.640 (B.O. 11-9-02 ). Mediante tal modificación, queda claro que el proceso se suspende en la etapa de ejecución forzada de ciertos bienes del deudor, que -en la especie- no ha sido alcanzada, conforme lo había sostenido la Sala en pronunciamientos anteriores a dicha modificación legislativa (cfr. esta Sala, r. 344306, r. 344445, del 8-4-2002; r. 345607, r. 345351 y r. 345693, del 18-4-2002; r. 347450 del 26-4-2002; y r. 343677, del 15-5-2002, entre otros). De allí, en este estado deviene inoficioso expedirse sobre el particular, sin perjuicio de lo que eventualmente pudiera resolverse en la etapa procesal oportuna.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: 1) modificar la sentencia de fs.27/28 en cuanto manda llevar adelante la ejecución por el capital reclamado en la moneda de origen. En su mérito, se ordena que la deuda se transforma en el equivalente a pesos pero a la relación indicada en los considerandos; 2) desestimar el pedido de suspensión del trámite. Notifíquese y al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho. Oportunamente, devuélvase.

SALA "G".- CARLOS A.BELLUCCI-ROBERTO E.GRECO-LEOPOLDO MONTES DE OCA.-