Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-16


DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS contra GIROLAMI, José D. y/u otros Reg.: A y S t 205 p 313-316.

En la ciudad de Santa Fe, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS contra GIROLAMI, José D. y/u otros -Ejecución Fiscal- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 166, año 2003). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Gastaldi, Vigo y Spuler.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 188, pág. 16, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por María Jacinta Figueroa contra el auto n 230 del 7 de septiembre de 2000, dictado por la Sala Tercera - integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario que rechazó el recurso directo planteado por la recurrente ante la denegación, en primera instancia, de la apelación deducida contra la sentencia que ordenó llevar adelante la ejecución por determinadas sumas reclamadas en concepto de impuesto inmobiliario.

El nuevo examen de admisibilidad que corresponde efectuar con los principales a la vista (art. 11, ley 7055), me conduce a ratificar dicha conclusión, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 65/66).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. La materia recursiva puede resumirse así: En el juicio de ejecución fiscal caratulado "Dirección Provincial de Rentas contra Girolami José D. y otros s/Ejecución Fiscal", de trámite ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial n 6 de la ciudad de Rosario, en fecha 21 de marzo de 2000 compareció la señora María Jacinta Figueroa y denunció su carácter de propietaria del inmueble identificado con la partida del impuesto inmobiliario 19 18 00 4181121/0071-8 afectado a la ejecución de autos. Acompañó, para acreditar tal carácter, copia de la escritura pública n 86 y un informe emanado de la Oficina de Catastro e Información Territorial y pidió participación procesal (f. 8).

A tal petición, el Juzgado decretó "Por presentada, domiciliada y en el carácter invocado. Désele la participación legal que por derecho le corresponde. Agréguese la documental acompañada. Téngase presente lo manifestado", en providencia suscripta por Juez y Actuario (f. 8 vto.).

En fecha 28 de marzo de 2000, la señora Figueroa dedujo recursos de nulidad y apelación contra la sentencia n 373 del 28.5.1992. Aclaró que "tratándose el presente proceso de una ejecución fiscal por impuestos inmobiliarios supuestamente adeudados por la suscripta en el carácter de propietaria del mencionado inmueble, nunca fui citada, emplazada ni notificada de acto procesal alguno"; agregó que fue condenada sin proceso a pagar la parte proporcional de $ 318.091 y que los períodos reclamados en autos estaban cancelados (fs. 9/10).

A esa articulación le siguió un decreto que, con la sola firma de la Secretaria del Juzgado, requirió que se acompañase la notificación de la sentencia apelada (f. 10 vto.).

El 12.5.2000 la recurrente puso de manifiesto que nunca había sido notificada por cédula de la sentencia dictada en autos, ni de ninguna otra actuación y que se notificó de la misma a través de su comparendo. Pidió, de consiguiente, se provea su escrito de apelación y nulidad (f. 1).

Tal pedimento fue proveído, en la misma fecha y con la sola firma de la Actuaria, de la siguiente manera: "No surgiendo de autos, ser parte la presentante, a lo solicitado, no ha lugar. Agréguese el Poder Especial acompañado" (f. 1 vto.).

El 5.7.2000 la quejosa se notificó del decreto referido y afirmó que se trataba de un acto procesal inexistente por carecer de firma de juez, por lo que solicitaba se redacte y suscriba por el magistrado a efectos de que el mismo tenga efectos legales. Sin embargo pidió que se le expidan copias certificadas, entre otras del decreto del 12.5.2000, para plantear el recurso directo ante la Alzada (f. 21).

En la misma fecha, el Tribunal decretó: "Proveyendo el escrito cargo 6394/2000: Téngase presente lo manifestado. No habiendo sido suscripto en su oportunidad el decreto de fecha 12 de mayo de 2000 obrante a fs. 383 vta. en la fecha, se reitera el mismo: No surgiendo de autos ser parte la presentante, a lo solicitado, no ha lugar. Agréguese el Poder Especial acompañado. Expídanse por Secretaría las copias solicitadas a cargo del peticionante", providencia que fue suscripta por Juez y Actuaria (f. 22).

Al día siguiente (6.7.2000), la señora Figueroa planteó su recurso de queja ante la denegación, por decreto del 12.5.2000, de la apelación que dedujera contra la sentencia dictada en autos (fs. 12/13).

La Sala Tercera denegó el recurso directo.

Para así decidirlo el A quo consideró que "se articula a fs. 12 contra una providencia que la recurrente consideró inexistente, por estar suscripta únicamente por el actuario, y en cambio, no se lo interpone contra el decreto denegatorio de la apelación firmado por el juez, en base al cual se expiden las copias que presentó ante la alzada en su momento. Habiendo entonces quedado firme este último decreto" (f. 25) 2. Contra tal pronunciamiento interpone la apelante su recurso de inconstitucionalidad asegurando que viola su derecho de defensa, carece de fundamentación, incurre en autocontradicción y en un exceso ritual manifiesto y resulta lesivo del principio de igualdad ante la ley. Invoca, entre otros, los artículos 95, 6, 8, 13, 15, 93 y 97 de la Constitución provincial y los pertinentes de la ley 7.055.

Su impugnación, en lo esencial, se encauza por el carril del exceso ritual manifiesto en que habría incurrido el Tribunal al favorecer una interpretación lesiva de sus derechos e impidiendo el acceso a la jurisdicción al denegar la concesión del recurso de apelación y nulidad contra la sentencia que la condenó sin defensa.

Afirma, en lo sustancial, que el recurso directo fue correctamente articulado habida cuenta que, al haber ratificado el juez el decreto que su parte consideró inexistente, éste quedó validado y cierto por efecto de la ratificación, razón por la cual, habiéndose interpuesto el recurso contra el decreto ratificado, resultaba innecesario deducir nuevamente la impugnación. Por otra parte sostiene que resulta absurdo y contrario al principio de economía procesal realizar un acto procesal que ya ha sido realizado.

3. Habrá de acogerse la impugnación.

En efecto, frente a la inequívoca voluntad de la impugnante en obtener la revisión en la Alzada -demostrada con la articulación de los remedios pertinentes en tiempo y forma propios-, el A quo esgrime como todo fundamento para denegar esa posibilidad el hecho de que la apelación se había interpuesto contra un decreto que no llevó firma del Juez (el del 12.5.2000) y no contra el que, luego, sí fue suscripto por el Magistrado interviniente (el del 5.7.2000) quedando éste firme, pero soslaya que éste último no era más que la reproducción textual de aquel proveído originario.

Obsérvese que el decreto del 5.7.2000 -cuya firmeza esgrimió el Tribunal como obstativa de la apelación- no hace más que ratificar el proveído inicial y, de esa manera, subsanar el yerro original que, claramente, no resultaba atribuible al apelante más allá de que hubiera calificado a este decreto de "inexistente".

De tal suerte, el razonamiento impugnado hace pesar sobre el apelante las implicancias de un error que le era claramente ajeno, exigiendo, en definitiva, la reiteración de un acto procesal (la deducción de la apelación) que, por las características apuntadas, no hubiera representado más que un mero formulismo, máxime cuando lo que subyace, en esencia, es el derecho de acceder a la jurisdicción del compareciente.

En tales condiciones, la respuesta jurisdiccional brindada por el A quo aparece imbuida de un excesivo rigorismo que termina por sobredimensionar las formas, trastocando, así, la finalidad de las normas procesales, que no es otra que asegurar el debido proceso legal, habilitando a recordar a Morello en el sentido que "si bien la custodia de las formas a que deben ajustarse los procesos se halla depositada en los magistrados judiciales, estos deben atender en todo momento al fin último a que esa actividad se endereza, cual es la realización de la justicia como valor" (aut. cit., "El exceso ritual en los fallos de la Corte Suprema en su actual integración", J.A., 1984-III-304).

O, en palabras del Máximo Tribunal de la Nación, "el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte" ("Colalillo", Fallos: 238:550, entre muchos otros).

Es consecuencia ineludible de lo expresado que el pronunciamiento impugnado no resulta derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa y, por ende, debe ser anulado como acto jurisdiccional válido.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)