marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, distinta vecindad
Materia: PROCESAL
Carátula: Sustersic,  Bozidar  Darko c/ San Luis, Provincia de y otros s/ acción de daño temido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

No basta que una provincia sea parte en un pleito para que proceda la competencia originaria de la Corte Suprema, prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional y en el art. 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58, puesto que resulta necesario, además, que la materia en examen tenga un manifiesto contenido federal, o sea de naturaleza civil, en cuyo único caso es esencial la distinta vecindad de la contraria, quedando excluidos aquellos que se vinculan con el derecho público local. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, carácter no vinculante, daño resarcible
Materia: PENAL
Carátula: Lencioni, Luis Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-13

Si bien la oposición del fiscal no es vinculante para el otorgamiento del beneficio, es válida la denegatoria cuando el tribunal ejerció su deber de controlar jurisdiccionalmente la fundamentación de tal oposición y motivó debidamente su criterio, sin basarse exclusivamente en aquél. Más allá de que no es obstáculo a la procedencia de la probation que el delito tenga prevista pena de inhabilitación, debe convalidarse la denegatoria que radica en el grado de participación que le cupo al imputado en el suceso, circunstancia que sólo podrá ser dilucidada durante la tramitación del juicio oral. La disidencia sostuvo que aún cuando se analizase la viabilidad del instituto a la luz de una participación primaria, resultaría aplicable la hipótesis del cuarto párrafo del art. 76 bis C.P. y que, con respecto a la insuficiencia de la suma dineraria ofrecida, se ha omitido toda referencia al informe socio ambiental. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda -en disidencia-).
Tambero mediero, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Quiróz, Ramón Federico c/ Aldo Ginzo y Cía. s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

En el caso del tambero mediero es de aplicación la normativa de la ley de accidentes del trabajo en virtud de lo dispuesto por el art.

18 del decreto ley 3750/46.
Encubrimiento, participación criminal, autoría
Materia: PENAL
Carátula: CONFORTI, Christian y MAFFIOLI, Daniel s/ Cohecho y encubrimiento, Causa nro. 29.140
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-13

No puede encubrirse un delito que uno mismo ha cometido o en el que ha tenido participación, presupuestos que impiden la configuración del delito previsto en el artículo 277 del Código Penal.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, inconstitucionalidad, interés legítimo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guillermo NIELSEN c/ Angel C. TILLI MAZA y otra s/ EMBARGO PREVENTIVO - DEPRECIACION MONETARIA - CONTROL DE   CONSTITUCIONALIDAD  -  INTERES  PARA  IMPUGNAR  LA CONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

No pueden invocarse agravios de carácter constitucional cuando ellos derivan de la propia conducta discrecional del recurrente.
Reenvío, doble instancia, fundamentación de sentencias, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: C. Z., M. A. y Otros s/ Homicidio en agresión s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-05-28

Asimismo, el reenvío propiciado permite asegurar la garantía de la doble instancia, en tanto la parte podrá, eventualmente, recurrir en casación la pena que ha de imponerse, posibilidad que se vería frustrada si fuera este Superior Tribunal el que resolviera el punto.
Ejercicio profesional, médicos, establecimientos asistenciales, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: TORRICO, EFRAIN CARLOS c/ SIGMA UTE SALUD OCUPACIONAL Y/O; GUSTAVO ALBERTO MALDONADO Y AGUSTIN FEDERICO GARCIA MONTERO U.T.E. Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-23

Mas allá de la apariencia que se le haya dado a la relación laboral que uniera a las partes, en materia de derecho del trabajo lo que cuenta es la verdadera situación creada, sin que importe el nombre que las partes le hayan dado; correspondiendo al juzgador determinar en base a los hechos que considera probados, la naturaleza jurídica del vínculo sin que la apariencia disimule la realidad.

La naturaleza jurídica del vínculo existente entre el profesional médico y el establecimiento en el que presta servicios, depende de las circunstancias fácticas que en cada caso concurran. Tales que, aun permitiendo el tránsito entre una típica relación de dependencia hasta el libre ejercicio profesional, atraviesan zonas intermedias en las que resulta necesario desbrozar y despejar con nitidez los perfiles que definen la configuración del vínculo jurídico existente entre las partes. Así el hecho de que el actor haya facturado honorarios por la prestación, o que prestara servicios a favor de otras personas, no modifica la índole laboral del vínculo, dado que la exclusividad no es una nota esencial del contrato, en cuanto a la dependencia técnica considero que sí ha quedado demostrada, en cuanto a las directivas al fijar sus tareas, horarios y no poder disponer libremente de su tiempo, y al buscar su reemplazo durante el tiempo que se encontraba impedido de realizar sus tareas. Por lo tanto no habiendo desvirtuado el demandado la presunción establecida en el art. 23 LCT, el agravio debe ser rechazado, con costas.
Compraventa, automotores, obligaciones de las partes, transferencia del automotor, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAJA  DE  SEGUROS  SA c/ PROPIETARIO DEL VEHICULO DE DOMINIO COF642 S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

Existen situaciones que permiten justificar la postura de quienes sostienen que si bien la tradición junto con la inscripción, son ambos requisitos exigidos para adquirir derechos reales sobre los automotores, separadamente, esos extremos adquieren relevancia y permiten distinguir distintos planos de análisis, pues a pesar de que el Decreto-Ley 6582/58 (ratificado por Ley 14467 y modificado por Ley 22977) solo menciona a la inscripción, los principios generales que el Código Civil consagra en materia de derechos reales juegan también en materia de automotores y no pueden entenderse derogados por el decreto ley mencionado, al no contener mención expresa al respecto y no resultar la exigencia del requisito de la tradición incompatible con el sistema del Decreto-Ley (conf.

Lafaille Héctor; "Derecho Civil. Tratado de los Derechos Reales", Tº VI, página 725; Mariani de Vidal, Marina;

"Automotores. La buena fe como requisito para la adquisición del dominio"; en LL 1991-B-1141).
Ahorro obligatorio, actualización monetaria, aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: YERBAL CONSTRUCCIONES S.R.L. s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

En cuanto al ámbito de aplicación de la Resolución (S.H.) 10/88 ha de señalarse que entró en vigencia el 27 de enero de 1988 (arts.

47 de la Ley 23.549 inc. d) y 53 inc. f) de la Ley 23.658) debiendo puntualizarse que no puede aplicarse retroactivamente, por cuanto la delegación a la Secr. de Hacienda ha sido efectuada para establecer un nuevo sistema de actualización de deudas que, a falta de disposición expresa de ley, rige para el futuro. Ello así, toda vez que la Ley 23.549 no dispuso la retroactividad ni delegó la facultad para establecerla.
Derechos y garantías constitucionales, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Puerto Madryn c/ E. SA s/ Resolución de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-05-23

"...el justiciable... tiene derecho a una rápida y eficaz decisión jurisdiccional. No es atendible, ni razonable, ni puede cubrirse de fuerza de convicción, el que el órgano judicial exija el agotamiento de una instancia de dudosa eficacia con el riesgo de someter a la parte a una antifuncional actividad jurisdiccional, que afectaría la garantía de defensa en juicio, integrada también por el referido derecho".
Pagaré, Impuesto de sellos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Columbia Cia. Financiera c/ Burgos Rodolfo y otro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

No corresponde eximir del impuesto de sellos a los pagarés por préstamos en dinero por no estar previsto en el Código Fiscal; toda vez que si bien el citado cuerpo legal dispone la exención de pago cuando el préstamo esté documentado en vales, pagarés, billetes (art. 259 inc. 17), no es el "pagaré" el que está eximido del impuesto a los sellos sino la operación monetaria registrada, que por estar instrumentada, además, en un pagaré, a fin de evitar una doble imposición la ley establece la excepción.
Recurso de casación, aplicación errónea de la ley, violencia familiar, modificación de la ley, delito penal, incumplimiento de resolución judicial, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: E., W. A. s/ Desobediencia a una orden judicial s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-08-01

[.] del resto de la ley [ley 4241, modificatoria de la ley 3040] no surge la exclusión de la jurisdicción penal en la temática de la violencia doméstica, sino todo lo contrario.

Expresamente, el art. 35 contempla que "la acción judicial promovida de acuerdo al procedimiento previsto en esta Ley, no excluye el ejercicio de la acción penal que pudiere corresponder si se tratare de delitos tipificados en el Código Penal y leyes complementarias".

"Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en el procedimiento establecido en esta Ley, en caso de resultar de los hechos denunciados la comisión de un delito de acción pública, el Juez actuante dará intervención inmediata a la justicia penal remitiendo copia de las actuaciones y medidas adoptadas.

Para los casos de delitos dependientes de instancia privada, se requerirá el expreso consentimiento de la víctima o de su representante legal en el caso de menores o incapaces".

De la lectura de este artículo se desprende que, si bien el segundo párrafo alude a eventuales delitos penales que podrían surgir de los hechos denunciados - es decir, nada dice respecto de los incumplimientos de medidas cautelares -, el primer párrafo, que no encuentra equivalente en el anterior texto legal, resulta más amplio en su formulación al establecer "la acción penal que pudiere corresponder si se tratare de delitos tipificados en el Código Penal y leyes complementarias".

Así, tales delitos podrían surgir de los hechos de violencia denunciados o de la conducta incumplidora de las medidas ordenadas en el procedimiento de esta ley, como es el caso de las medidas cautelares del art. 27
Tercería de dominio, publicidad registral, embargo, mala fe, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: Ottone, Alberto Carlos c/ Frontera, Jorge Eduardo y Otros s/ P.V.E. - Alquileres - Tercería de Dominio del Sr. Juan Diomendes Yañez Hermosilla
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-11-08

Por otra parte, es acertada la conclusión de la A-quo en orden a entender que no se ha acreditado la transmisión del derecho real de dominio a favor del tercerista. En esta tesitura, resulta aplicable al presente caso lo dicho por el Ato Cuerpo en autos: "Tercería de Aramburu Nemesio y otros en incidente de regulación de honorarios del Dr. Meier en López Santiago y otros c. Virginia Cavalletti de Abib - Ordinario", (T.S.J., A.I. Nº 902, 30/12/96)., en el cual, luego de expresarse a favor de la publicidad registral por sobre la publicidad posesoria expresó que: ".el poseedor por boleto no registrado carece de derecho a oponer el boleto o la posesión ante el acreedor embargante o a quien resulte adjudicatario del inmueble en la ejecución. La conclusión opuesta y la consecuente prioridad del adquirente, sólo resultará admisible en situaciones excepcionales, en especial ante el supuesto de mala fe del embargante extremo no meritado en el fallo en crisis. La buena o mala fe del embargante debe ser evaluada en función del conocimiento que pudiera tener de la situación del inmueble, tal que ese conocimiento supla respecto de él la falta de registración de los derechos del comprador.". Así, se descarta eficacia a la publicidad posesoria respecto a las inscripciones registrales, excepcionándose sólo el supuesto de una explícita y probada "mala fe" del embargante. Se la singulariza a través de la llamada "mala fe conocimiento" y exige para su configuración, la demostración fehaciente que el acreedor embargante era conocedor al tiempo de contraer la obligación y embargar el bien, de que éste había sido comprometido en venta. Ahora, en los presentes autos, no resulta acreditado de manera fehaciente el ejercicio de la posesion animus domini por parte del tercerista. De la sola suscripción del boleto de compraventa no puede entenderse verificado dicho extremo, máxime cuando ha habido sólo un reconocimiento ficto del mismo por parte de la vendedora. Por el contrario, se encuentran agregadas, las actas de constatación suscriptas por el Oficial de Justicia, quien ha reconocido su firma en las mismas. De ellas surge que la vivienda de marras se encuentra habitada por la vendedora, juntamente con sus tres hijos mayores -uno de los cuales es el demandado de los autos principales- y sus respectivas familias. Resulta imprescindible destacar que los referidos procedimientos fueron realizados en los años 1997, 1999, 2000 y 2001, por lo que, de acuerdo con los dichos del tercerista, debería ser él quien habitaba la vivienda, en tanto que de la cláusula sexta del boleto de compraventa resulta que ostenta la posesión del mismo desde el día 09/01/1995. Por ello, se desechan los agravios respecto de una presunta falta de ponderación de ciertos elementos probatorios.
Honorarios, honorarios del abogado, regulación de honorarios, cobro al cliente
Materia: COMERCIAL
Carátula: SERVIGAS DEL INTERIOR SA (EN LIQ.) c/ AGIP ARGENTINA SA s/ ORD.  S/  INC.  DE  EJECUCION  DE  HONORARIOS  DR. RICARDO W. FORBES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-12

Si bien los profesionales que se desempeñan en relación de dependencia o con asignación fija no pueden reclamar a sus clientes los honorarios regulados judicialmente, tal principio cede cuando la condena en costas recayó en el contrario, en cuyo caso ante la falta de pago podrá reclamarlo a su cliente, quien no podrá oponer la relación existente entre ambos debiendo abonarlos, sin perjuicio del derecho de repetición que le asiste contra el condenado en costas.
Acción de amparo, cuestión abstracta, medida cautelar innovativa, costas al demandado
Materia: CIVIL
Carátula: Lunghi, Verónica c/ O.S.A.R.P.Y.H s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-04

Consentida por todas las partes la resolución que declaró abstracta la cuestión a resolver con fundamento en que el objeto de la acción de amparo (en el caso, cobertura de la cirugía de by pass gástrico) fue concretado en cumplimiento de la medida cautelar innovativa decretada, las costas de la acción de amparo deben ser impuestas a la demandada, pues ha demostrado la razón que tuvo la actora para acudir a los estrados judiciales en defensa de su derecho.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, quiebra, depósito judicial, pesificación
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Castelar S.A.I.A. s/ quiebra s/ incidente de movimiento de fondos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario interpuesto contra el pronunciamiento que dispuso la pesificación de los fondos de la quiebra (Disidencia de los Dres. Juan Carlos Maqueda y Carmen M. Argibay).
Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Provincia de Buenos Aires c/ Igón, Juan Bautista y otros s/ Expropiación Municipalidad de General Lavalle c/ García, Carlos Alberto y otros s/ Expropiación Dirección de Vialidad de la Pcia. de Buenos Aires c/ Campos y Baiocco Omar s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06|1991-02-05|1997-08-12

La ley expropiatoria impone indemnizar el justo valor de la cosa y el perjuicio que los particulares sufren como consecuencia forzosa y directa de la expropiación y ésta sólo reconoce como causa legítima la utilidad pública o el interés general (arts. 17, Const. Nac.; 27, Const. Prov; 1 y 8, ley 5.708), por lo que carece de apoyo normativo condicionar el derecho a la indemnización del valor "llave" o "negocio en marcha" al beneficio a obtener por el Estado con motivo de la expropiación pues ello es incompatible con la función propia de éste.
Liquidación de entidades financieras, depósito en moneda extranjera, restitución de sumas de dinero, suspensión del plazo, circulares del Banco Central
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PESO, AGUSTIN CARLOS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ AMPARO - ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-13

La Comunicación "A" 652 suspende una obligación contractual de carácter privado, afectando de esa manera un negocio entre particulares legítimamente celebrado y con la anuencia, en su momento, de la propia demandada.
Censura previa, medidas cautelares, deberes del juez, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La prohibición de censurar en forma previa alcanza también a los órganos judiciales, que no pueden alzarse contra aquélla invocando su facultad de dictar medidas cautelares o preventivas (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Jueces, deberes y facultades del juez, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado  Nacional  - Estado Mayor General del Ejército c/ Córdoba,Provincia de s/ acción de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

Los jueces -en el cumplimiento de su misión constitucional de discurrir los conflictos litigiosos- tienen el deber de examinar autónomamente la realidad fáctica subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, atribución que por ser propia y privativa de la función jurisdiccional lleva a prescindir de los fundamentos y de las calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ellos, y que encuentra su único límite en el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa petendi o introduzca planteos o defensas no invocados por las partes.
Acción de amparo, caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: ACOSTA JORGE RUBEN Y SANCHEZ CANTERO TERESA ELIZABETH c/ COLEGIO HERMANO HERMAS DE BRUJIN Y ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE SGO. DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-10

El plazo de treinta días hábiles instituído por la ley 6.296, es lo suficientemente amplio como para garantizar el efectivo acceso a la protección constitucional establecida en el amparo judicial, por lo que su observancia, resulta más que razonable, y no afecta garantía alguna establecida a favor de los ciudadanos.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, medidas cautelares, embargo, tercero adquirente de buena fe, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: VELLOCCI, VICENTE c/ ZOCCO, TERESA Y OTRO s/ COBRO DE PESOS. ORDINARIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 294-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-02-18

La lesión constitucional que se esgrime fundada en la no indexación del monto del embargo por parte de la sentencia de la Cámara, resulta un planteo idóneo para tornar admisible el recurso de inconstitucionalidad.
Inadmisibilidad del recurso, tenencia de estupefacientes para consumo personal
Materia: PENAL
Carátula: Méndez, Eric Luis c/  s/ legajo de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-11

Es inadmisible el recurso de casación interpuesto por el MPF contra el pronunciamiento que consideró que la conducta de quien tenía en el interior de su automóvil escasa cantidad de estupefaciente -que fuera descubierto con motivo de un control vehicular por el fuerte olor a marihuana combustionada al bajar la ventanilla- resulta contemplada por la doctrina CS "Arriola", si el recurrente ha insistido en su postura acerca del eventual peligro a terceros omitiendo rebatir los argumentos analizados en la sentencia para descartar la afectación a terceros y sin lograr demostrar falta de fundamentación o arbitrariedad en la ponderación del plexo probatorio incorporado a la causa o la falta de producción de otras pruebas. (Dres. Figueroa, Boico y Frontini).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, entrega del certificado de trabajo, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: SCARAFIA,  JULIO  RICARDO c/ IBM ARGENTINA SA Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-28

En el caso de que medie una empresa contratista, que provee de mano de obra a otra contratante, que se beneficia con el trabajo, estamos en presencia de un sujeto empleador plural en los términos del art. 26 L.C.T.. De allí que la empresa que se beneficia con la mano de obra aportada, esté conjuntamente obligada con la empresa prestadora de la mano de obra, a la entrega del certificado de trabajo.
Excepciones procesales, excepción de cosa juzgada
Materia: PENAL
Carátula: DI SALVO s/ EXCEPCIONES.  COSA  JUZGADA.  (  ART.  433  INC.  4 C.P.C.). CONDUCTA  JUZGADA EN LA JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS. (RECHAZO).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-03

debe rechazarse la excepción de cosa juzgada basada en que la conducta ya habría sido juzgada ante la justicia municipal de faltas puesesta última jurisdicción juzga infracciones administrativas, que no pueden avasallar la potestad jurisdiccional de los tribunales ordinarios para el juzgamiento de posible hechos delictuosos, conforme consagra el art. 7 C.P.C.