marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Olea, Andrés Leucadio y otros c/ Ex Deca y/o Estado Provincial s/ Acción contencioso administrativo de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-12-17

El plazo de perención de la instancia se ha interrumpido toda vez que el litigante ha exteriorizado el propósito de mantener viva la misma a través de una expresión concreta: "vengo a instar el trámite de la presente causa", lo cual dio lugar al informe de Secretaría sobre el vencimiento del término de prueba, por lo que corresponde no hacer lugar a la solicitud de caducidad arbitrada.
Empleo público, contrato de trabajo, remuneración, horas extra, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio, subsidio para excombatientes, excombatientes de Malvinas, in dubio pro operario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDICINO, JUAN BAUTISTA c/ GCBA s/ QUEJA POR APELACION DENEGADA"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-30

La jurisprudencia laboral considera que las horas extras o, también llamadas, suplementarias, deben ser consideradas una bonificación. En consecuencia, las mismas se incluyen a los fines del cálculo de la asignación total en el caso del subsidio establecido a los agentes municipales que participaron en el conflicto bélico por la recuperación de las Islas Malvinas.

Esta posuta respecto de las horas extras es la que mejor se condice, también, con la observancia del principio in dubio pro operario que resulta aplicable tanto en materia de empleo público como en las relaciones regidas por el derecho laboral. Ello así dado que, más allá de que no existe duda sobre la inclusión de las horas extras dentro de la asignación total que le cabe percibir al agente; que a su vez es la base de cálculo del subsidio por la participación en el conflicto bélico llevado a cabo para la recuperación de las Islas Malvinas, ante una hipotética situación dudosa sobre la materia debatida, se llegaría a una solución idéntica a la aquí adoptada mediante la aplicación del principio aludido.
Seguros, obligaciones del asegurado, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: WAIDATT, RODOLFO c/ PROVINCIA SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-17

La mora de la aseguradora resulta independiente de la documentación que los accionantes debían presentar a los efectos de obtener el pago (en tal sentido, esta Sala, "Villalba Eladia c/ Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario", del 29.12.09). Tal conclusión es conteste con el inicio de los plazos de la prescripción previstos en la norma del art. 58 de la L.S., que establece que el curso de la prescripción comienza a computarse desde que la correspondiente obligación es exigible.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, recurso de casación, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: T., A c/  s/ casación(Causa Nº 59.687/2021)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-12

Recurso de casación.

Interpuesto por la querella contra la resolución que confirmó la imposición de costas a la vencida.

Presentación que tuvo lugar dentro del plazo previsto por el artículo 463 del Código Procesal Penal de la Nación y por quien tiene derecho a recurrir. Situación relativa a las costas que no resulta, por regla, susceptible de ser revisada por la vía casatoria, correspondiendo sólo hacer excepción cuando medie tacha de arbitrariedad adecuadamente fundada, supuesto que no se verifica en autos.

Rechazar.
Accidentes de trabajo, incapacidad, indemnización, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: OVIEDO MIGUEL ANGEL c/ FALDA DEL CARMEN S.A. Y OTRO s/ DEMANDA  -  RECURSO  DIRECTO - ACCIDENTE DE TRABAJO - RESPONSABILIDAD  SOLIDARIA -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-09-18

Son responsables solidariamente en los términos del art. 30 LCT, el cesionario y cedente de una obra por la reparación del daño sufrido por el trabajador en el desempeño de su tarea a las ordenes de la primera.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Negro, Oscar Edgardo s/ Robo calificado de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Es insuficiente el agravio por el que se impugna una de las presunciones que utilizó la Cámara para acreditar la autoría sosteniendo que la "filiación" del autor se contradice con el reconocimiento negativo en rueda de personas, pues aquella es cosa distinta de éste, siendo además que no se ha fundado en derecho el efecto probatorio de los reconocimientos negativos invocados.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García, Hugo Raúl c/ Gutierrez, Roberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04

La indemnización por el daño extrapatrimonial tendrá por finalidad compensar, mediante una satisfacción de contenido económico, los padecimientos sufridos en cuanto importan una alteración a la paz, la tranquilidad y la integridad física. Esta indemnización debe guardar relación con la índole de las lesiones sufridas, las eventuales secuelas incapacitantes, el tratamiento a que debió someterse el damnificado, la duración del mismo y las dolencias que ocasiona.
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Farroni, Daniel Oscar c/ Concejo Deliberante de la Ciudad de Andalgalá s/ Acción Autónoma de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-04-21

En el sub lite, la resolución acerca de la tutela cautelar no puede confundirse con la sentencia de fondo, en tanto implica una valoración prematura mediante la cual no puede emitirse opinión sobre la cuestión sustancial en debate.

La medida precautoria tiende a la suspensión temporaria de la Ordenanza que nada tiene que ver con la supuesta inconstitucionalidad de la misma, y en esta tarea el juzgador debe restringirse a realizar "un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso." (Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", T.VIII, p.32). Por cuanto, ".las medidas cautelares tienen un contenido meramente preventivo: no juzgan ni prejuzgan sobre el derecho del peticionante." (Couture, Eduardo J., "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", p.326).
Mandato, mandato irrevocable
Materia: CIVIL
Carátula: BEN c/ CASTRO s/ ESCRITURACION C
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-13

El mandato irrevocable regulado por el art. 1977 del C""d. Civil, está destinado a perdurar más allá de la muerte del mandante. El mantenimiento del acto, en su eficacia, dependerá de que no existan herederos menores o incapaces de otra índole, o de que la ejecución de ese mandato "post mortem" no afectare la porción legítima de algún heredero forzoso o necesario. La irrevocabilidad de un mandato no puede encuadrarse dentro de la normativa del art. 1977 del código citado cuando carece de una de las condiciones requeridas, como es haberse otorgado por un tiempo limitado.
Apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., N. s/ Plantea Nulidad en autos "E., R. s/Homicidio"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-24

El juzgador está vinculado en su valoración por normas no jurídicas, pero sí lógicas, psicológicas y aun experimentales, que dan contenido al método de la sana crítica racional y que regulan el correcto discurso de la mente en sus operaciones intelectuales.
Concursos, cuestiones prejudiciales, actos jurídicos, cesación de pagos, acción revocatoria, estado de insolvencia, apreciación de la prueba, presunciones
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Birman, Marcos c/  s/ quiebra c/birman marcos y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-18

El conocimiento que el tercero habría tenido del estado de cesación de pagos del deudor se prueba, ordinariamente, por presunciones o indicios graves, precisos y concordantes. Ello así, porque la prueba del estado subjetivo de un tercero solamente puede lograrse en forma indirecta, a través de indicios y/o presunciones pero no a través de una prueba directa. Así las cosas, la prueba del conocimiento del estado de cesación de pagos por el tercero contratante del fallido a los efectos de lo dispuesto por la ley 24522: 119, si bien debe ser positiva, rigurosa y convincente, ello debe ser valorado de acuerdo a la naturaleza del punto a demostrar, sin que sea dable exigir la prueba de un conocimiento terminante y completo pues éste sólo lo tiene internamente el deudor sin ninguna evidencia exterior que lo compruebe (cfr. CNCom, Sala A,18.11.08, in re "Lew Zalmon c/ Pérez Andrea Nora."; véase - asimismo- Rouillon, Adolfo A. N., "Código de Comercio - Comentado y Anotado", Ed. La Ley, T. IV-B, Buenos Aires, diciembre de 2007, págs. 261/262). Esto es así puesto que la ley concursal no impone un conocimiento técnico por parte del tercero respecto de la insolvencia del deudor sino que, simplemente, dicho tercero sepa o deba saber de las dificultades económicas que enfrenta el deudor. Así, lo que la normativa pretende no es la prueba de un conocimiento acabado y directo, sino un juego de presunciones e indicios de que el deudor se hallaba en crisis (cfr. Junyent Bas, "El fraude no es presupuesto del sistema de ineficacia concursal", en Acciones de recomposición patrimonial y conflictos laborales en la quiebra", directores Daniel Vítolo Efraín Richard, Ed. Ad-Hoc, págs. 145/153).
Querellante, quiebra, sociedades comerciales, responsabilidad del síndico de la sociedad, responsabilidad del socio
Materia: PENAL
Carátula: LACONICH, R. s/ QUERELLA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11

Tratándose de sociedades en quiebra, sólo corresponde querellar al síndico, y no a la accionista particular con un interés social mínimo con ejercicio de la acción "ut singuli", por delito que perjudica sólo mediatamente a ella e inmediatamente al ente social, teniéndose en cuenta además que es la lesión y no el daño lo que determina la condición necesaria para la existencia del derecho de querella.
Derecho civil, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: VAZQUEZ LAURA GLADYS c/ EMP. OMNIBUS SARMIENTO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR USO AUTOM. CON LESION O MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-16

Si en el curso del viaje el pasajero sufre un daño, por ese solo hecho queda comprometida la responsabilidad del transportador, sin necesidad de que se tenga que acreditar la culpa de éste, toda vez que, estando dentro de la orbita contractual, se consagra su responsabilidad objetiva como consecuencia del incumplimiento del deber tácito de seguridad, ya que este constituye un elemento natural del contrato de transporte.
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, jurisprudencia aplicable, publicidad oficial, publicación periodística, Comunicaciones, Estado Nacional, facultades de la administración, límites a la discrecionalidad, libertad de prensa, bien común, responsabilidad del Estado, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: La Cornisa Producciones S.A. c/ EN - JGM - SC s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-14

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha establecido en el precedente "Editorial Río Negro S.A. c/Neuquén, provincia del -Fallos: 331: 2237-, un programa marco a seguir en materia de pautas a la asignación de publicidad oficial el que, como responsabilidad del Estado en cuanto a su diseño, debe mínimamente contener: principios generales que definan la elección del medio de comunicación que llevará a cabo la publicidad oficial; su clasificación en tres categorías -actos de gobierno, institucional y de bienes y servicios- en función de la naturaleza de los actos a difundir y, por último, una distribución que reserve el 20% para asignarla a los medios que representan a sectores minoritarios o a los que se busque promover por razones de interés público a los fines de garantizar el pluralismo informativo, quedando de tal modo expresado un mínimo constitucional irreductible que tutele adecuadamente los derechos y garantías en juego.
Actos ilícitos, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Provincia de Misiones s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-04-03

Los ilícitos se rigen, en lo que atañen a sus efectos y consecuencias por la Ley del momento en que ocurrieron.
Incumplimiento del contrato, refinanciación de deudas, bancos
Materia: CIVIL
Carátula: Torres, Sebastian Alejandro  c/ Banco Santander Rio SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-27

Corresponde admitir la demanda promovida por un cliente contra su banco por incumplimiento de un plan de refinanciación ofrecido telefónicamente, toda vez que el actor aceptó la oferta de modo que el contrato se perfeccionó (CCCN 978). De tal manera, la aparición de un supuesto error al dar de alta el plan no puede alterar esa conclusión.
Recurso de inconstitucionalidad, superintendencia de riesgos del trabajo, recurso de apelación (procesal), denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán c/  s/ SAG - otros en/ Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/ Organismos externos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-07

No es admisible la queja interpuesta contra la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que denegó el recurso de inconstitucionalidad. Esto se debe a que la decisión que, en definitiva, la recurrente pretende someter a la consideración del Tribunal es la sentencia de dicho tribunal que rechazó su apelación contra la sanción impuesta por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en el marco de la competencia que el art. 83 de la ley n° 20091 le atribuye a esa Cámara. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruíz e Inés M. Weinberg).
Divorcio del 67 bis, desistimiento de la acción, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: P. DE E.L. Y E.E.H. s/ DIVORCIO 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-13

Si bien el legislador en el art. 68 del Código Procesal sentó el principio general en materia de imposición de costas sobre el hecho objetivo de la derrota, en la segunda parte de dicha norma y en las siguientes estableció excepciones al mismo cuya aplicación debe meritarse de acuerdo a las particularidades de cada caso. Si se tuvo a los interesados por desistidos del proceso de divorcio por el art. 67 bis de la ley 2393, debido a la incomparecencia del esposo a la segunda audiencia, es decir, a un hecho del que resultó ajena la consorte que compareció a la misma mostrando su voluntad de hacerlo avanzar las consecuencias de la actitud unilateral asumida por el marido no pueden hacérselas pesar sin más sobre la mujer. Aún tratándose de un trámite especial impuesto por una ley de fondo no se advierte motivo alguno que permita apartarse de lo dispuesto por el art. 73 del Código de forma, según el cual cuando el proceso termina por desistimiento quien desiste debe cargar con los gastos causídicos, máxime si se advierte que el proceso se encontraba en pleno desarrollo y que ningún justificativo de su conducta aportó el incompareciente (conf. Llambías, "Ley 17.711..." J.A. Doctrina, 1969 123 ap.II-b; C.N.Civ. Sala C, E.D.89-357; Falcón, "Código Procesal.. " II-304.9.5).-
Leyes, presunción de legitimidad, Superior Tribunal de Justicia, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HERRERA, LUCIA MIRTA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-12-22

Las leyes dictadas de acuerdo a los mecanismos constitucionales gozan de una presunción de legitimidad y su eventual ratificación obliga a ejercer la facultad de revisión constitucional con sobriedad y prudencia, e imponen, en primer lugar, la posibilidad de efectuar una interpretación conforme a la ley fundamental y sólo como último recurso, declarar la inconstitucionalidad cuando la misma sea manifiesta; la Corte Suprema, al ejercer el elevado control de constitucionalidad debe imponer la mayor mesura, mostrándose tan celosa en el uso de sus facultades como del respeto que la Carta Magna asigna, con carácter privativo, a los otros poderes. (Del Voto del Dr. Erbetta)
Concursos, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Oceánica S.A. Trading Group c/ Impre-Sud S.A. s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

El régimen de radicación de causas por atracción que contempla el inciso 1º del artículo 21 de la ley 24522 no debe ni puede ser alterado por el de suspensión que involucra a ciertas ejecuciones especiales previstas en el inciso 2º del mismo cuerpo legal pues son institutos legales distintos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sucesiones, prórroga de la competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Illesca, Horacio Petronilo c/  s/ Sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-09-26

La prórroga de jurisdicción respecto de los juicios sucesorios, es procedente en la medida que exista conformidad de todos los herederos.
Contratos innominados, jugador de fútbol, aplicación de la ley, federación gremial, autonomía de la voluntad, base imponible, remuneración devengada, ganancia neta
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Simonian, Alberto Marcelo c/ Yacob, Claudio Ariel s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-16

1 - La representación deportiva, sin tener un origen eminentemente profesional, apunta al asesoramiento integral al deportista en ámbitos que van desde lo económico o jurídico hasta el publicitario o contable, según las facultades pactadas en el contrato. Y como es sabido, la representación de futbolistas profesionales era un negocio rentable en muchos países. Por ello, la Federación Internacional de Fútbol Asociado dictó una normativa especial en materia de agentes de futbolistas y clubes, vigente para todas las federaciones o asociaciones nacionales que la componen (CNCom, Sala B, in re "Nannis, Gonzalo c/ Caniggia, Claudio s/ ordinario", del 14/02/05). 2 - En sintonía con lo expresado, fue dicho que la representación, en su esencia, implica asistencia técnica, asesoramiento, realizar negociaciones en lugar del representado. Si ello va acompañado con las facultades del mandatario expresamente dispuestas en el instrumento contractual respectivo, el mandato se subsumirá en la representación y estamos en presencia de una representación con mandato; si no están dispuestas contractualmente estas facultades, la representación se ejercerá sin mandato, para concluir en que se trata de una figura atípica propia del derecho deportivo (conf. Pablo C. Barbieri, "Representación de Deportistas", Ed. Universidad, 2004, pág. 43/64).
Dictamen pericial, facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jaime Edgardo A. y Ot. c/ Fara Darío Miguel y Ot. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S145 - 077)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-11-17

Si la pericia presenta en la determinación del monto una deficiencia pues carece de precisión y no se dan los elementos como para aceptar directamente la suma estimada de la futura operación corresponde apartarse de la misma y fijar prudencialmente el monto del rubro puesto que carece de fuerza asertiva y de soporte objetivo.
Jubilación por invalidez, suspensión del beneficio, aplicación de la ley, comisiones médicas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TUCILLO, DINO c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

Las Comisiones Médicas creadas como ente independiente -tanto de los pretensores, como de la A.N.Se.S. y de las A.F.J.P.- por las disposiciones pertinentes de la ley 24.241 (arts. 48 y sig. y Dec.

55/94, art. 1, pto. 4), para dictaminar sobre el grado de invalidez padecido por los afiliados que pretenden una prestación por considerarse incapacitados, son las mismas que, cuando se considerar que un beneficiario transitorio de un retiro por invalidez ha superado las afecciones padecidas y está en condiciones de reintegrarse a la actividad, deben pronunciarse sobre la rehabilitación de los afiliados (art. 50, 2do. párrafo, ley referida). Tal normativa a partir de su vigencia (Libro I, de la ley 24.241, desde el 15.07.94) reemplazó el sistema de los dictámenes de los profesionales médicos dependientes del propio organismo, en base a los cuales se pronunciaba éste, otorgando, denegando o extinguiendo esas prestaciones (arts. 33, 35, 36 y 37 ley 18.037 y arts. 20, 21, 23 y 24 ley 18.038). En consecuencia, cuando la A.N.Se.S. considera que el titular de un beneficio de invalidez está rehabilitado, debe recurrir al procedimiento regulado por la ley citada para, previo a la suspensión o extinción del beneficio, requerir la intervención de la comisión médica pertinente. (Del voto del Dr. Díaz).
Despido, injuria laboral, indemnización
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Muñoz Silveira, Enrique Ismael c/ Marino S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-31

Nuestro sistema legal consagra un sistema de estabilidad relativa, donde es permitido al empleador prescindir de aquel trabajador que no satisfaga sus expectativas o pretensiones, pero a condición de que, a tales fines, abone las indemnizaciones correspondientes, de las que no resulta eximido por el ejercicio del entendible derecho relacionado con sus facultades de organización y dirección, sino por la existencia de una violación del trabajador a sus deberes de modo deliberado e intencional, pero con la gravedad necesaria como para concluir que su conducta no podrá ser corregida a través del ejercicio del poder disciplinario, y que frente a ello resulte imposible mantener vigente la relación. En tal sentido, la probada "discusión" de la cual el actor habría sido partícipe junto con el gerente, no justifica su despido sin carga indemnizatoria, lo cual solo sería viable si la ex empleadora hubiera logrado acreditar que aquel tuvo un incumplimiento lo suficientemente grave como para impedir la continuidad del vínculo, demostrando un hecho que pudiera ser objetivamente considerado como tal a la luz de una mirada general, y en función de las circunstancias, para lo cual resultan relevantes los conceptos de proporcionalidad y progresividad, dado que la sanción debe estar relacionada con la magnitud de la falta, y ésta debe ser evaluada en función de las circunstancias concretas de tiempo, modo y condición de las personas involucradas, aspecto sobre el cual ninguna prueba se aportó a la causa. Por lo demás, si bien es cierto que un incumplimiento menor puede justificar la configuración de la referida injuria cuando aquel es la reiteración de faltas previas debidamente señaladas y sancionadas por el principal, lo cierto es que estas últimas, invocadas también en la comunicación rescisoria, tampoco han sido probadas en el pleito, punto en el que coincido con el magistrado anterior. Así, debe considerarse ilegítimo el despido directo del caso y admisibles las indemnizaciones derivadas del mismo.