marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrabando de estupefacientes, sentencia absolutoria, in dubio pro reo, tipo penal, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: Caiafa, Osvaldo y De Pedro, Ernesto Carlos s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-12

Los imputados que habían sido condenados en orden al delito de contrabando por ocultamiento agravado por tratarse de estupefacientes inequívocamente destinados a su comercialización, en grado de tentativa (arts. 863, 864 inc. "d", 866 segundo párrafo, 871 y 872 del C.A. y 45 del C.P.) deben ser absueltos, toda vez que la duda razonable en cuanto al modo en que ocurrieron los hechos y el interrogante acerca de que los encartados pudieran haber sido engañados y utilizados por una organización vinculada al tráfico internacional de estupefacientes, impide tener por acreditado, en el caso, el aspecto subjetivo de la tipicidad, toda vez que no puede concluirse con certeza que ellos conocieron y quisieron participar en la comisión del hecho delictivo investigado.
Títulos de deuda pública, bono consolidado del tesoro nacional, Caja de Valores Sociedad Anónima
Materia: ECONOMIA
Carátula: García, Osvaldo Raúl c/ PEN - ley 25561 dtos. 214/02 471/02 s/ proceso de conocimiento - ley 25.561
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-02

Resulta improcedente la pretensión de que se abone la amortización y los intereses de los bonos del Tesoro 2002, 2004 y 2006 si no se encuentra demostrado que la actora cumpla con los requisitos indispensables para ser exceptuada del diferimiento, en tanto de las constancias documentales resulta que los títulos públicos en cuestión no estuvieron registrados en la Caja de Valores S.A. en forma ininterrumpida desde antes del 31 de diciembre de 2001 y hasta la actualidad. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Emergencia económica, pesificación, depósito bancario, tasas de interés
Materia: ECONOMIA
Carátula: Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional - dto. 1570/01 y otro s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-27

Teniendo en cuenta las condiciones bajo las cuales fue dispuesta la conversión a pesos de los depósitos en dólares, la notoria recuperación y el fortalecimiento del sistema financiero y la evolución de las variables económicas, resulta adecuado fijar una tasa de interés del 4% anual -no capitalizable- la cual contempla la totalidad de los intereses devengados con finalidad compensatoria, aun aquellos de fuente convencional, y por lo tanto debe ser íntegramente soportada por el banco deudor.
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO, recurso de reposición (procesal), nulidad procesal
Materia: Procesal
Carátula: Iebra, David c/ Provincia del Chubut s/ Demanada Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-05-14

No siendo la providencia cuestionada de mero trámite debió ser dictada por el tribunal en consecuencia corresponde hacer lugar a la revocatoria planteada, declarando su nulidad por esta causa.
Sanciones del Colegio Profesional, inconducta procesal, ética profesional, tribunal de disciplina, recusación sin causa
Materia: PROCESAL
Carátula: DE FEO, ELIAS R. s/ CONDUCTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

Es competente el tribunal de disciplina del colegio público de abogados para sancionar violaciones a la ética profesional con base en comportamientos del abogado ya corregidos por los jueces en el pleito, si la falta procesal contiene elementos que configuran, además, una falta profesional en los términos de la ley 23187 y el cód. de ética. Los miembros del tribunal de disciplina no son recusables sin expresión de causa, art. 40 ley 23187.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Braun, Rosana Lilian s/ Martillero y corredor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

La Suprema Corte como excepción puede pronunciarse de oficio sobre la inconstitucionalidad, en uso de las facultades que le corresponden como una atribución inherente al poder que ejerce, de juzgar, en los casos ocurrentes, de la constitucionalidad y legalidad de los actos que se le someten, toda vez que en ocasión de ellos ha de cumplir una función que le confiere la constitución o la ley.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MACTAVICH, MANUEL HORACIO c/ MACTAVICH DE FRUNCIERI, NORA E. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-03

La omisión de considerar o examinar determinada prueba no configura un agravio aceptable. En tanto, obviamente ese fallo decida correctamente los aspectos singulares del pleito.
Opinión consultiva, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reservas, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Opinión Consultiva OC-2/82. 24/09/1982. Serie A No. 2.  Solicitante: CIDH c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1982-09-24

A solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana define el momento a partir del cual debe considerarse que la Convención Americana entra en vigor, respecto a un Estado que la ratifica o adhiere a ella con reservas.
Caducidad de instancia, cómputo del plazo, impulso procesal, días corridos
Materia: COMERCIAL
Carátula: GORDON  MC.  DONALD E HIJOS SA s/ CONC. PREV. S/ INC. DE REVISION PROMOVIDO POR AGENCIA MARITIMA MUNDIAL SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-30

El plazo previsto por el C.P.C.C. art. 310-2° se computa desde la medianoche de la ultima petición o actuación del juez o sus auxiliares, que tenga por efecto impulsar el procedimiento y "fenece a la medianoche del mismo numero de días del mes correspondiente" (doctr. CCIV art. 24 y 25). Ello pues, en cuanto al computo del plazo, el primer dia lo constituye el siguiente del ultimo acto impulsorio; ello es lógico porque no cabe considerar como plazo de inactividad procesal el dia en que justamente se realizo una actividad impulsoria de los trámites del procedimiento.
Ejercicio de la acción pública, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Almecija, Norberto y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-02

El desarrollo de las actividades realizadas dentro del escalafón jerárquico de la Subsecretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el imputado, consiste un "ejercicio de función pública" en los términos del 7º párrafo del art. 76 bis CP -que debe interpretarse, a su vez, a la luz de las disposiciones del art. 77 CP, en consonancia con otras normativas de orden nacional y regional, como lo es la Convención Interamericana Contra la Corrupción-, resultando entonces improcedente suspender el juicio a prueba en su beneficio, máxime tratándose de un delito cometido en el ejercicio de la función pública.
Nulidad procesal, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL
Carátula: CÁCERES LUIS FERNANDO c/ AGUAS DE SANTIAGO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - CASACIÓN  CIVIL MARTINEZ RONALD EDGAR c/ SERVICIOS Y AUTOMOTORES TUCUMAN S.A. y/u OTROS s/ COBRO DE ALQUILERES s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-14|2009-03-20

En materia de nulidades, nuestro ordenamiento jurídico adopta el principio de instrumentalidad de las formas, con arreglo al cual, la posible invalidez de los actos del proceso debe juzgarse atendiendo a su finalidad que, en cada caso concreto, están destinados a satisfacer. A ello, se agregan otros requisitos básicos para la procedencia de la nulidad: la existencia de un perjuicio y el interés jurídico en su declaración, gobernados por el principio de trascendencia. Es decir que la cuestión ha de circunscribirse a la apreciación de la vulneración de la defensa en juicio en su confrontación con el llamado principio de trascendencia, que indica que la nulidad sólo puede ser declarada cuando haya un fin que trascienda a la nulidad misma, o desde otro punto de vista, que la nulidad no procede si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, interposición del recurso, fundamentación insuficiente, caducidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: VITA, ZOE NELIDA c/ REGUNASCHI, FRANCISCO C. s/ QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-05-23

Es inadmisible la queja desde que la insuficiente exposición que la recurrente presenta de los hechos que se sucedieron en la causa, devalúa su pretensión pues deviene en la imposibilidad para este Cuerpo de determinar el real alcance constitucional que intenta otorgarle a sus planteos, en claro incumplimiento de la exigencia del artículo 3 de la Ley 7.055.

Así, ante el parcializado esquema propuesto en el memorial, los motivos brindados por los juzgadores -en compatibilidad con lo resuelto por la jueza de baja instancia- no aparecen como irrazonables, en tanto, más allá de cuál sea la normativa de aplicación al caso -el artículo 277 de la Ley de Concursos o el artículo 232 del Código de Procedimientos Civil y Comercial- lo cierto es que no demuestra la quejosa que al tiempo de la primera acusación de caducidad la instancia no hubiere perimido, pues no menciona la compareciente acerca de actos procesales que se hubieran llevado a cabo con idoneidad suficiente para impulsar el proceso ni especifica fechas al respecto, resultando en consecuencia insuficientes los datos que aporta.

Ello, pues, atento lo debatido en el presente -la caducidad de la instancia- tales precisiones resultaban de suma importancia a fin de convencer en torno a la configuración de la arbitrariedad alegada. (Disidencia del Dr. Gutiérrez).
Sentencia, fundamentación de sentencias, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Rajneri, Norberto; Ares Nogueira, Alicia del Carmen c/ Barcena, Carlos s/ Querella s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-10-16

Resulta imprescindible que la sentencia explicite el razonamiento llevado a cabo por el órgano jurisdiccional al emitir el juicio que representa el fallo, ordenando la calificación definitiva a este. Se trata de una verdadera garantía en el estado de derecho (conf. art.

200 Const. Prov.), e incumbe al Poder Judicial el control de la vigencia de la supremacía de los principios constitucionales. Se impone como corolario de esa función la necesidad de una motivación que se apoye en los hechos y en una fundamentación normativa que se entrelacen armónicamente.
Cómputo de servicios, prueba, carga de la prueba, cajas de previsión, empleador
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: NAVAZO SANCHEZ, BUENA FE c/ Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-30

No corresponde a los órganos previsionales la investigación tendiente a ubicar a los presuntos ex empleadores del afiliado, ya que es exclusivo resorte del peticionante aportar las pruebas que hagan a su derecho (cfr. C.N.A.T., Sala IV, sent. 52012, 30.4.84, "Espin, Graciela").
Requerimiento de elevación a juicio, nulidad del acto jurídico, defensa en juicio, acusación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CUELLO VICTOR s/ HOMICIDIO SIMPLE - REQUERIMIENTO DE ELEVACION A JUICIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-11-29

El art. 196 C.P.P. expresa, entre otras condiciones, que el requerimiento de instrucción debe contener una relación circunstanciada del hecho, con indicación , si fuere posible, del tiempo y modo de ejecución y de la norma penal aplicable (C.P.P. art. 196 inc. 2do.). La norma procesal mencionada se encuentra, a su vez, lógicamente relacionada con los arts. 358 (requerimiento de elevación a juicio) y con el art. 414 inc. 3ro. (requisitos de la sentencia). Además, el inc. 1ro. del art. 412 dispone que la sentencia debe enunciar el hecho que ha sido objeto de la acusación Si las sucesivas instancias acusatorias (requerimiento de instrucción formal, etc.) no contienen una relación circunstanciada de los hechos, la regla que veda la doble persecución podría quedar aniquilada y aquella otra que exige una necesaria correlación entre la sentencia y la acusación respecto del hecho, sería letra muerta Un requerimiento Fiscal que no contiene una descripción detallada del hecho viola la garantía de la defensa en juicio, porque el imputado no puede conocer todos los aspectos de la acusación y se ve privado de la posibilidad "...de negar o explicar el hecho que se le atribuyó o afirmar alguna circunstancia que excluyera o atenuara su responsabilidad y ofrecer pruebas de descargo o argumentar en sentido contrario...", todo lo cual implica inobservancia de disposiciones concernientes a la intervención del imputado en el proceso (C.P.P. art. 171 inc. 3ro.) tornando también, por esta causa, deficiente la intimación y, por ende, el resolutorio donde se fija el objeto del proceso. La nulidad es absoluta, porque en sí misma constituye restricción a la garantía fundamental de la defensa en juicio y, por lo tanto, es declarable de oficio en cualquier estado y grado del proceso (C.P.P. art. 172 2do. párrafo) con los consiguientes efectos que prevean los arts. 176 y concordantes del C.P.P.-
Recurso extraordinario, interposición del recurso, excarcelación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Suárez Mason, Carlos Guillermo c/  s/ causa nx 450 (incidente de excarcelación).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

Es improcedente el recurso extraordinario, si la apelación federal no refuta todos y cada uno de los fundamentos expuestos por la cámara para denegar la libertad provisional.
Derecho laboral, denuncia del accidente de trabajo, ingreso base mensual, base imponible, asegurador, reconocimiento de cosas
Materia: LABORAL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Aguilar, Julio Emmanuel c/ Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-03-17

2.- La propia apelante al expresar agravios consignó como IBM del actor la suma de $ 9.445,90 y tal importe reconocido resulta más beneficio para el actor para realizar el cálculo previsto en el art. 14 inc. 2.a) LRT. De acuerdo con el IBM reconocido por la aseguradora la fórmula legal arroja la suma de $ 98.925,02 ($9.445,90 x 53x 2,6 x 7,6%), superior al piso mínimo.
Quiebra, restitución de sumas de dinero, acción revocatoria concursal
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Santa Elena Bursatil Sociedad de Bolsa SA  c/  s/ quiebra c/ banco provincia del neuquen sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

En materia de inoponibilidad concursal, cuando la restitución in natura no es posible, quien contrató con el deudor fallido debe reponer el valor correspondiente (cfr. SCBs.As., in re "Moneta, Juan s/ quiebra", del 06/12/88, ED T. 137, p. 373; Cámara, H., "El concurso preventivo y la quiebra", Buenos Aires, 1982, T. III, p. 2217; entre otros autores), solución esta última que debe entenderse implícitamente contenida en la pretensión de ineficacia (Cámara, H., ob. cit., loc. cit.). De tal suerte, constatada la imposibilidad de una restitución in natura, puede el juez acoger la acción revocatoria concursal condenando al demandado a reintegrar el valor implicado en el acto inoponible aún sin petición expresa de parte en ese sentido.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, expresión de agravios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: FLORES, JESUS M. c/ HECTOR JESUS RATTO E HIJO S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-24

En cuanto al agravio sobre la omisión del A quo de brindar argumentos razonables al aplicar la sanción económica por conducta procesal dilatoria según los términos del artículo 109 del CPL, se observa que la Alzada, como tribunal revisor, examinó y confrontó el discurso jurídico del fallo de anterior sentencia y el contenido del memorial de agravios, advirtiendo que la aseguradora codemandada había manifestado apelar la totalidad de la sentencia pero solamente expresó agravios sobre efectos parciales de la misma, incumpliendo la pauta establecida en el artículo 118, extremo que condujo a los magistrados a concluir que tal conducta era abusiva o dilatoria, por haber presentado una apelación sin los debidos fundamentos de derechos con el único fin de alongar el procedimiento y perjudicar al trabajador; resultando esta facultad privativa de los jueces y exenta de revisión en esta instancia, por cuanto no se advierte la configuración en autos de arbitrariedad. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJStaFe: Vallone, del 10/11/2015 y Hoyos, del 23/4/2013.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, interpretación de la ley, reescalafonamiento, demanda, pretensión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DRZAZGA, ELENA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción(Expte.:  C.S.J. Nº. 791 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-16

Por Acta 32, los miembros de la Comisión Paritaria Provincial, en diciembre de 1989, acordaron diversas cuestiones salariales de los agentes de la Administración Pública provincial. Entre ellas, un encasillamiento salarial en los términos siguientes: "los agentes de planta permanente que posean una asignación de funciones otorgada con anterioridad al 31 de diciembre de 1988, serán reencasillados en la categoría correspondiente a partir del 1 de enero de 1990, siempre que las mismas hayan sido asignadas por acto administrativo emanado de autoridad no inferior a titular de unidad de organización y se encuentre efectivamente cumpliendo dichas funciones a la fecha...". Es decir, sus estipulaciones sólo alcanzaban a los empleados que, en diciembre de 1989, se encontraban desempeñando las funciones en base a las cuales pretendían el reconocimiento de una mayor categoría. En el caso, la agente no cumplía, por propia determinación, las funciones de subdirectora del Instituto Provincia l de Estadística y Censos a esa fecha, lo que sella la suerte adversa del recurso contencioso administrativo intentado. Siendo irrelevante el informe de la Directora Provincial de la Función Pública según el cual correspondería a la agente una categoría 23, puesto que no repara en la circunstancia de que el pedido de la agente se formulaba en los términos del Acta Paritaria 32, que requería el desempeño de la función como presupuesto de un reconocimiento y la empleada no desempeñaba las tareas que debían ser el necesario soporte del reclamo.
Acción civil, regulación de honorarios, interpretación de la ley, queja por recurso denegado, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Talleres Gráficos Conforti S.A. S/ quiebra c/ GCBA S/ apelación - expropiación inversa - retrocesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-14

Corresponde rechazar la queja toda vez que lo atinente a la regulación de honorarios devengados en las instancias ordinarias es, como regla, materia ajena al presente recurso, en tanto involucra cuestiones de orden fáctico y procesal propias de los jueces de la causa. Además, las críticas que formula la recurrente no demuestran seria y fundadamente que los razonamientos que realizó la Cámara de Apelaciones sobre los aspectos mencionados -al cuantificar las sumas reguladas- constituyan un desacierto extremo que impida a la sentencia objetada adquirir validez jurisdiccional. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Indemnización tarifada, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: Guerrero, José Aníbal c/ Ibañez Instalaciones S.R.L. s/ indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-26

El sueldo anual complementario debe ser incluido en la base de cálculo de la indemnización del art. 245 de la LCT, pues se trata de un salario de pago diferido pero que se devenga mes a mes, por lo que resulta razonable que en la base mensual se integren las partes proporcionales ganadas aunque no se hayan pagado todavía.
Contaminación ambiental, daño ambiental, cuestiones de competencia, competencia federal, competencia provincial
Materia: MEDIO AMBIENTE-PROCESAL
Carátula: Fábrica Militar Río Tercero c/  s/ infracción ley 24.051
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-01

Para decidir sobre la naturaleza federal o provincial de un pleito, la determinación del carácter interjurisdiccional del daño denunciado debe ser realizada de un modo particularmente estricto de manera tal que, si no se verifican los supuestos que la determinan, el conocimiento de la causa en cuestión corresponde a la justicia local (Disidencia de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco).
Protección de la vivienda, obligaciones accesorias, ejecución prendaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIAMANTE SAICIFI c/ BERNARDO O. GUALLANES Y OTRO s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-05-17

La inscripción del inmueble como bien de familia no impide que se ejecuten sobre él los créditos accesorios de obligaciones constituidas con anterioridad pero nacidos con posterioridad, ello es así porque la obligación principal no es la ejecución prendaria, sino el crédito asumido por la parte demandada y que documentara en un contrato prendario y los pagarés prendarios correspondientes, y que nació con anterioridad a la inscripción del inmueble como bien de familia. La regular constitución e inscripción de la garantía prendaria incide para el nacimiento del "ius persequendi" pero no cambia la naturaleza ni los elementos esenciales de la obligación garantizada, que nace para las partes desde el acuerdo documentado, aún antes de cualquier inscripción. Cabe interpretar que quedan fuera de la inejecutabilidad, no sólo los créditos anteriores sino también los créditos accesorios de ellos, aún nacidos posteriormente, como consecuencia del incumplimiento del deudor (art. 505 incs. 1ro. y 3ro. C. Civil y doc. arts. 3111, 3879 nota y 3900 C. Civil).-
Notificación por cédula, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cervetto, Lilian del Carmen c/ Castilla, Margarita Beatriz s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Las diligencias realizadas por el Oficial de Justicia en trámites de notificaciones merecen plena fe (art. 979, inc.2 y 993 del Cód.

Civ.), por lo que quien pretende invalidar la notificación debe acreditar en forma indubitable por vía de redargución, y sea la falsedad ideológica que reviste el informe del citado agente o que la persona allí indicada no es la accionada o persona de la casa.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Representación procesal, gestor
Materia: PROCESAL
Carátula: Garabatos y Vázquez, Manuel c/ Servera, Jorge s/ Sucesión - Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-10

La nueva redacción del artículo 48 del Código Procesal, introducida por la Ley 22.434, ha condicionado la comparencia de quien carece de representación a la existencia de hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplir los actos procesales de que se trate y a que el gestor exprese las razones que justifiquen la seriedad del pedido. Si la incidentista tenía conocimiento de la iniciación del desembargo no constituye un hecho imprevisible al dictado de un pronunciamiento y su eventual apelación, razón por la cual debía adoptar los recaudos normales pertinentes para permitirla, sin pretender utilizar un remedio excepcional como el que contempla la norma de referencia.