Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-21


Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I) Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Dr. Rodolfo Yanzón contra el auto que en copia luce agregado a fs. 75/80 de este legajo en cuanto decreta el procesamiento de su defendido Claudio Enrique Molina Donoso en orden al delito previsto por el artículo 293 del Código Penal.

II) El procesado se presentó bajo la identidad de Fernando Andrés Denis, ante la dependencia del Registro Nacional de la Personas sita en Avenida Jujuy nro. 468 de esta ciudad, y realizó el trámite pertiente a fin de obtener el duplicado del Documento Nacional de Identidad nro. 18.793.567.

Una mejor comprensión de la situación presentada en autos, exige tener en cuenta las constancias que surgen de los autos nro. 1.281/97 caratulados A. Palma Salamanca y otros s/extradición" del registro de la Secretaría nro. 10 del Juzgado Federal nro. 5, que este Tribunal solicitó ad effectum videndi" en el incidente nro. 15.839 a fin de resolver el planteo de nulidad de la detención de Molina Donoso efectuado por la defensa.

En tales actuaciones, en la que se investigaba la existencia en este país de una estructura del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organización a la cual se imputaba pertenecer a Molina Donoso, se encontraba intervenido el abonado telefónico instalado en el domicilio en el que éste habitaba. De las escuchas practicadas por las autoridades policiales sobre esta línea telefónica se determinó con fecha 22 de junio del año en curso, que Molina Donoso había iniciado ante el Registro Nacional de las Personas el trámite a fin de obtener el documento arriba mencionado (fs. 455 de la causa recién citada).

Ante la comunicación que los funcionarios policiales efectuaron al respecto a las autoridades del mencionado organismo, éstas lograron advertir que efectivamente existía tal trámite en curso y que los datos aportados por el solicitante no correspondían con los datos obrantes en los registros oficiales. Así se determinó que el D.N.I. en cuestión tenía como antecedente el acta 316, tomo II, del año 1997, y que ésta según lo informado por el Registro Provincial de las Personas de la Provincia de Misiones en realidad corresponde a la inscripción del nacimiento de Leonardo Fabián Sandoval -D.N.I. 40.338.108- y no a la inscripción del nombrado Denis (ver constancias de fs. 12/5).

En virtud de ello, las autoridades prevencionales, siguiendo las directivas del Juez instructor, se constituyeron el 23 de junio del corriente en las oficinas del Registro Nacional de las Personas a fin de identificar a la persona que ese día retiraría el D.N.I. en cuestión y así proceder a su detención. Efectivamente ese mismo día ello sucedió, y la persona individualizada y posteriormente detenida una vez que le fue entregado el documento mencionado resultó ser el aquí procesado Molina Donoso (ver constancias de fs. 2, declaraciones del personal policial de fs. 3, 8, 9 y del testigo Daniel Enrique Pascuale -Jefe de Inspecciones del Registro Nacional de las Personas- de fs. 11 y 65/6, y actas de fs. 4/vta., 5/6 y 7/vta.).

III) Ahora bien, no se encuentra cuestionada ante esta instancia la materialidad del hecho imputado. En efecto, tanto Molina Donoso al momento de prestar declaración indagatoria, como su letrado defensor al expresar los agravios en que fundamenta la apelación del procesamiento de su defendido, reconocen la participación del nombrado en el hecho que se le imputa.

En cambio, cuestiona la defensa el procesamiento de su defendido sobre la base de dos diferentes argumentos que serán abordados de modo separado por el Tribunal a continuación.

A) El primero refiere a que dado que las autoridades policiales y las del Registro Nacional de las Personas advirtieron la falsedad de los datos aportados por Molina Donoso a fin de obtener el documento en cuestión, y que a partir de allí se confeccionó el D.N.I. solicitado con la finalidad de proceder a la detención del imputado, el delito que se le imputa a su defendido o bien no se ha consumado, o se trata de un delito experimental, cuyo desenlace fue provocado por la intervención de un agente provocador.

Al respecto, en primer término los suscriptos consideran que debe ser descartada toda consideración acerca de que en este caso nos encontremos ante la existencia de un delito experimental provocado por la intervención de un agente provocador como plantea la defensa. En efecto, en tales supuestos es indispensable que el agente provocador determine que en el autor se genere la decisión de acción, y que una vez que ésta es puesta en ejecución aquél controle el desarrollo del suceso de modo que de antemano pueda considerarse descartada la posibilidad de afectación al bien jurídico.

En cambio, según las constancias obrantes en el proceso a esta altura de la investigación reseñadas más arriba, en el caso de autos la intervención de las autoridades prevencionales tuvo lugar con posterioridad al momento en que Molina Donoso había dado inicio a la acción que había planeado a fin de obtener el D.N.I. a nombre de Fernando Denis. De tal modo, tal decisión de acción y puesta en marcha de plan delictivo no puede ser atribuido a algún tipo de instigación ejercida por algún agente provocador sino a su propia voluntad.

Sin embargo, los suscriptos consideran que la consumación producida con la efectiva confección por parte del Registro Nacional de las Personas del D.N.I. 18.793.567 a nombre de Fernando Andrés Denis, que se le secuestró a Molina Donoso al momento de ser detenido, no puede ser imputada a la acción desplegada por el procesado, de modo que éste sólo puede ser responsabilizado por la tentativa de hacer insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda causar perjuicio" (artículos 42 y 293 primer párrafo del Código Penal).

En efecto, no existe duda acerca de que al momento de presentarse el imputado ante el Registro Nacional de las Personas efectuando el trámite correspondiente a fin de obtener el D.N.I. en cuestión, ha dado comienzo de ejecución a la acción típica descripta en el artículo 293 del Código Penal. Ahora, tampoco parece haber duda hasta el momento acerca de que las autoridades policiales y la mencionada entidad pública advirtieron la falsedad de los datos aportados por el solicitante -de hecho ello motivó el inicio de la presente instrucción-, con lo cual la acción de Molina Donoso fracasó en hacer incurrir en error o engañar a los funcionarios de dicho organismo. En tal sentido, se advierte que en realidad la ulterior culminación del instrumento público fue motivada en la finalidad de identificar y detener al solicitante.

En este sentido, Soler señala que Ala inserción falsa puede ser lograda de diversas maneras, pero en todo caso es necesario que aquella sea el resultado directo de la acción del sujeto ... Prescindiendo de todo acuerdo con el funcionario, la acción de este sólo podrá basarse en coacción o error" (Sebastián Soler Derecho Penal Argentino", Tomo 5, pág. 453, Ed. TEA).

Por ello, corresponde modificar la calificación legal escogida por el a quo habrá de ser modificada por la de tentativa de falsedad ideológica de instrumento público (artículos 42 y 293 primer párrafo del Código Penal).

B) El segundo de los planteos introducidos por la defensa refiere a que Molina Donoso obró justificadamente al realizar la conducta imputada, ya que ha causado un mal a fin de evitar otro mayor e inminente al que ha sido extraño (artículo 34 inciso 3 del Código Penal). Argumenta en este sentido que un eventual estado de detención y proceso bajo la jurisdicción de las autoridades chilenas hubiera comprometido seriamente tanto su libertad e integridad física, como el goce de mínimas garantías judiciales, y que en virtud de ello su defendido procuró repeler la existencia de tal peligro con el fin de impedir que las autoridades chilenas puedan volver a detenerlo.

Al respecto existe unánime acuerdo en la doctrina acerca de que en los casos en que el sujeto lesione un bien jurídico a fin de salvar otro bien o interés mayor amenazado por un peligro actual e inminente, sólo obrará justificadamente si ha realizado la acción necesaria a fin de repeler tal amenaza, y ello resultará así siempre que haya escogido de todas las acciones que tenía a su alcance aquella que resulte menos lesiva (ver Enrique Bacigalupo Derecho Penal. Parte General.", 2da. Edición. Hammurabi, 1999, págs. 369 y 377. Hans Welzel Derecho Penal Alemán", Ed. Jurídica de Chile, págs. 132/3. Claus Roxin Derecho Penal. Parte General", Civitas, pág. 681/2).

En tal sentido, los suscriptos consideran que ante la situación amenazadora en la que Molina Donoso sostiene haberse motivado, la conducta por él desplegada no aparece -a esta altura del proceso- como la más adecuada que tenía a su alcance a fin de repeler tal peligro, de modo que el argumento basado en la causa de justificación que invoca la defensa no recibirá favorable acogimiento en esta instancia.

En efecto, debe tenerse especial consideración al grado de inminencia que presentaba la situación amenazadora que él alega, frente a la posibilidad que tenía el imputado de recurrir a la protección en este país en calidad de asilado político o de refugiado. De hecho, luego de ser detenido efectuó una petición de esta naturaleza, que al presente se encuentra en estudio ante el Comité de Elegibilidad para Refugiados de la Dirección Nacional de Migraciones (ver peticiones efectuadas por el nombrado ante dicho organismo y nota acompañada por el CEPARE, obrante a fs. 81, 152 y 88, respectivamente, de la causa nro. 7476/99 Molina Donoso, Claudio s/extradición" del registro de la Secretaría nro. 20 del Juzgado Federal nro. 10 de esta ciudad).

IV) Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, los suscriptos entienden pertinente que una vez devueltas estas actuaciones a la anterior instancia, el a quo realice medidas conducentes a contar e individualizar puntualmente en esta investigación, qué instrumentos y qué datos aportó el procesado al Registro Nacional de las Personas a fin de iniciar el trámite de obtención del duplicado del D.N.I. aquí cuestionado.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: I) CONFIRMAR la resolución recurrida en cuanto dispone el procesamiento de Claudio Enrique MOLINA DONOSO, MODIFICANDO la calificación legal del hecho por la de tentativa de hacer insertar datos falsos en un instrumento público (artículos 42 y 293 primer párrafo del Código Penal).

II) ORDENAR al Sr. Juez a quo dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando IV de la presente.

Regístrese, devuélvanse las actuaciones principales, hágase saber al Sr. Fiscal General, y oportunamente devuélvase, debiendo practicarse en la anterior instancia las restantes notificaciones que correspondan."