marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defraudación, retención indebida, reparación integral
Materia: PENAL
Carátula: Bautista, Fernando s/ defraudación por retención indebida c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

El art. 76 bis, tercer párrafo, CP establece que "Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente", siendo esta última parte fundamental para determinar cuál es la interpretación correcta de la regla, pues debe partirse de la base de que el instituto no exige una reparación integral, porque para eso se encuentra la acción civil resarcitoria que conserva la parte presuntamente damnificada en caso de no aceptar el ofrecimiento realizado. Interpretar la regla en cuestión en el sentido en el cual se pretende en punto a la razonabilidad del ofrecimiento económico de reparación del daño, supone quebrantar el principio de inocencia, al tratarse, como se dijo, de un hipotético daño causado, por la hipotética comisión de un delito. En consecuencia, sería absolutamente desacertado interpretar que la regla que el legislador estableció requiere una reparación, de modo integral, de un daño causado por la comisión de un delito que no se ha comprobado. Lo que el legislador está reclamando es que el imputado, a través de una oferta de reparación del hipotético daño causado -reparación que, por lo demás, no necesariamente tiene que ser de carácter económico- muestre a través de esta oferta una "voluntad superadora del conflicto" y, precisamente, esta circunstancia es la que el Juez debe analizar a la hora de decidir si la oferta de reparación cumple con la exigencia del tercer párrafo del artículo 76 bis del Código de fondo (voto de los jueces Magariños y Huarte Petite)
Cláusula penal, principio de inmutabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Sosa Quintana, Nicanor E. c/ Pajares, José y otros s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-25

La pena o multa impuesta en la obligación reemplaza a los daños y perjuicios, y el acreedor no tendrá derecho a otra indemnización, aunque demuestre que la multa pactada no es indemnización suficiente. No le será necesario al acreedor probar que ha sufrido perjuicios, no podrá el deudor dejar de pagar la pena demostrando que no los hubo. Es el principio de la inmutabilidad de la pena que impera en la legislación civil vigente, y que sólo cede en los supuestos del art. 656, segunda parte, de la ley de fondo. Por ello el reclamo de los daños y perjuicios acumulados a la pena de marras no puede tener acogida favorable.
Bienes del Estado, dominio privado del Estado, lanzamiento, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, resolución inaudita parte
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-09

La "acción de desocupación" prevista en el artículo 463 del Código Contencioso Administrativo y Tributario para los bienes del dominio privado del Estado posee una naturaleza jurídica similar a la de una medida cautelar. En efecto, no se obtiene por medio de ella una verdadera sentencia sino que, en todo caso, una resolución judicial posterior podrá confirmar o revocar la decisión judicial de desalojo.

En rigor, el lanzamiento establecido en el artículo 463 del Código local importa una gestión que debe realizarse por vía judicial a fin de obtener la desocupación de un inmueble del dominio privado del Estado local que no corresponde encuadrar estrictamente como un "proceso de desalojo".

Refuerza esta posición el hecho de que la orden de lanzamiento sea dictada in audita parte, previa verificación de la verosimilitud en el derecho de la Administración y del peligro en la demora. Debe tenerse en cuenta que dada la particularidad de la medida a adoptar el juez debe prestar especialísima atención a la hora de apreciar la verosimilitud en el derecho, exigiéndose más que la simple apariencia de buen derecho sino certeza suficiente. Difiere, en cambio, de una medida precautoria en que, en atención al tema que decide, tiene una relación intrínsecamente mayor con el fondo de la cuestión. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Reconocimiento de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, derecho al desarrollo, grupos vulnerables, pueblos originarios, derechos de los pueblos indígenas, REPÚBLICA ARGENTINA, propiedad comunitaria de la tierra, derecho a una alimentación adecuada, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, responsabilidad internacional del Estado Parte, interdependencia de los derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina s/ Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-02-06

Corresponde que la Corte Interamericana se pronuncie por vez primera en el marco de un caso contencioso -en el de las ciento treinta y dos comunidades indígenas que demandan a la República Argentina alegando violación a la Convención Americana-, sobre los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en base al artículo 26 de la Norma Convencional -Desarrollo progresivo-, pues deben ser abordados en forma interdependiente y conforme sus especificidades respecto a los pueblos indígenas, entendiendo que actos como la tala ilegal y cualquier otra actividad desarrollada en el territorio sin su consentimiento afecta bienes ambientales, incidiendo negativamente en su modo tradicional de alimentación y en su acceso al agua, lo que lesiona su identidad cultural y desconoce los mandatos derivados de la norma toda vez que el Estado conociendo las actividades lesivas, no adoptó acciones que efectivamente las detengan.
Propiedad intelectual, cobro de aranceles, pago, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AADI CAPIF ACR c/ HOTEL MON PETIT Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-06-03

El art. 56 de la Ley 11723 establece una relación directa de carácter contractual entre el titular del derecho intelectual y el usuario, por lo cual se reconoce al primero la facultad de exigir una retribución por la difusión o retransmisión de su obra, retribución que establecen las partes de común acuerdo o en su defecto el Juez en procedimiento sumario. Nada de esto subsiste en el régimen establecido por los decretos 746/73, 1670/74 y 1671/74 La relación directa ya no existe, al punto de que faltando las planillas que establece el art. 2 del Decreto 1670, la retribución que paga el usuario es percibida por la generalidad de los intérpretes o productores cuya obra fue difundida o retransmitida en el caso concreto. Esto implica que se ha creado una suerte de fondo común o cámara compensadora manifiestamente extraño al sistema legal La intervención de Aadi-Capif y la existencia de un arancel elimina la estipulación convencional de la retribución sometiendo a intérpretes, productores y usuarios a un régimen unificado que no consulta las circunstancias particulares ni respeta las calidades y jerarquías de cada caso.

Es falso el argumento de que el pago hecho a Aadi-Capif libera al deudor y lo pone a cubierto de cualquier reclamación del titular del derecho. Las referencias que para destruir esta objeción se hacen al art. 732 C.C. y al mandato nulo por vicio de la voluntad, son inexactas,porque aquí el defecto de representación no deriva de una cuestión de hecho que los terceros puedan o no conocer, sino de una disposición de la ley -nada menos que de la Constitución Nacional- cuya ignorancia no sirve de excusa. El que paga a Aadi-Capif sabe, porque la Constitución lo obliga a saberlo, que lo hace a quien no representa legítimamente al deudor, de modo que se expone a pagar dos veces.

No puede discutirse la necesidad y conveniencia del sistema de "licencia legal", puesto que el régimen de la ley de propiedad intelectual es obsoleto e impracticable en el contexto de la economía actual. Tampoco es cuestionable la utilidad de los aranceles en regímenes de contratación masiva como éste. La representación de intereses difusos o la personería de asociaciones intermedias es también una necesidad en la sociedad moderna cuando se trata de velar por los derechos de grupo de personas indeterminados o muy numerosas. Pero todo esto es materia reservada al Congreso de la Nación, no al Poder Ejecutivo. Por ello deben ser declarados inconstitucionales los decretos antes mencionados.
Recurso extraordinario, cuestión federal, excarcelación, resolución denegatoria, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: DUCHINI, Jorge s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-03

Las decisiones que deniegan el beneficio excarcelatorio, en tanto restringen la libertad del procesado con anterioridad al fallo final de la causa, deben equipararse a la sentencia definitiva del art. 14 de la ley 48, pues causa un perjuicio de imposible reparación ulterior, pero ello no basta para habilitar por sí la instancia extraordinaria, pues para que esto ocurra debe hallarse presente en el caso alguna cuestión federal.
In dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Mendoza,  Oscar  Alberto;  De los Santos, Nicolás; Cuellar, Eulogio; Rivarola, Marcos Victoriano s/ Robo a mano armada Cuellar, Eulogio; Rivarola, Marcos Victoriano s/ Robo a mano armada
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-08-24

Si no se consiguiera llegar a la certeza, corresponderá la absolución, no sólo frente a la duda en sentido estricto, sino también cuando exista probabilidad sobre la responsabilidad penal del imputado. Fundamento del Dr. H. Almenara.
Sentencia arbitraria, procesado, culpabilidad, testigos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Martínez de Hoz, José Alfredo A. s/ infracción art. 265 del Código Penal -causa N. 22.372-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

Es arbitrario el pronunciamiento que sustentó la inculpación del procesado en los dichos de un testigo, omitiendo considerar una aclaración que éste efectuara dos veces, máxime si tal aclaración no se contradice con el resto de lo declarado.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, alimentos, obligación alimentaria entre parientes, hermanos
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAMOS, RODOLFO CARLOS. c/ RAMOS DE CLERICI, BLANCA CELMIRA. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-11

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que no hizo lugar a la demanda de alimentos. Ello así, pues los agravios de la apelante remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba, materia propia de los jueces de la causa y ajena como regla y por su naturaleza- al remedio del art. 14 de la ley 48, máxime cuando el tribunal ha expresado fundamentos suficientes de igual carácter que, más allá de su acierto o error, eliminan la tacha de arbitrariedad invocada.
Falso testimonio, declaración testimonial, indicación de pena, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: CATALDI, E. s/ FALSO TESTIMONIO - FORMALIDAD - OMISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-11-28

La sola razón de haberse omitido hacerle saber a los testigos las penas en que incurren los que se pronuncian con falsedad, siendo que por lo demás la ley penal se presume conocida por todos, no es suficiente motivo para descartar la posibilidad de comisión del delito de falso testimonio, aunque pueda si discutirse su valor probatorio en el juicio pertinente.
Regímenes jubilatorios especiales, empleados de banco, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Herrera, Adela T. c/ Caja Jub. y Pen. Bco. Prov. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

El principio general que rige en materia de pensiones es que el derecho al beneficio queda fijado por el hecho jurídico que determina su concesión, al fallecimiento del causante, lo que significa en el plano de los hechos, que es en ese momento en el que los causahabientes que postulan la prestación deben reunir los requisitos fácticos exigidos por la ley entonces vigentes.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, daño emergente, personal de casas particulares
Materia: LABORAL
Carátula: LACUADRA, ERNESTO c/ SOCIEDAD ANONIMA NESTLE s/ ACCIDENTE-A.CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-26

La contratación de una persona para que realice las tareas hogareñas que antes cubría la trabajadora fallecida, si bien es una decisión conveniente y razonable para el núcleo familiar, no puede afirmarse que haya sido determinada por el siniestro. Además, dichos gastos no reflejan un empobrecimiento patrimonial en cuanto constituyen el precio de un servicio que los interesados recibían antes a título gratuito, sin tener el derecho subjetivo a ello, de donde se deduce que su falta no implica que deban ser compensados por el responsable.
Trabajadores marítimos, estabilidad laboral, convenios colectivos de trabajo, cómputo de servicios, descansos no gozados
Materia: LABORAL
Carátula: CANTEROS, ROBERTO c/ SHELL COMPAÑIA ARGENTINA DE PETROLEO  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-20

'Para establecer el mínimo de 150 o 120 días de antiguedad que exigen las convenciones colectivas de trabajo 4/72 y 370/71 no corresponde computar los francos no gozados debido al cese dispuesto por el empleador'.
Prueba documental, presunciones
Materia: LABORAL - PROCESAL LABORAL
Carátula: RAMAYON, CARLOS EDUARDO c/ VILLA, JUAN ALBERTO Y OTROS s/ RECLAMO RUBROS LABORALES      EXPTE NRO 299-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-02-19

Los artículos 49, 53, 54 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo imponen al empleador cierto rigor y una obligación compuesta de: a) llevar la documentación obligatoria; b) exhibirla a pedido de la autoridad administrativa o judicial del trabajo.

El artículo 53 de la Ley de Contrato de Trabajo permite una valoración de las circunstancias del caso, morigerando los efectos de la falta de exhibición, sea por falta de exhibición o por omisión o defecto en su llevado, en el primer caso el legislador ha sido más riguroso debiéndose probar y destruir el juego presuncional.
Recurso de inconstitucionalidad, indemnización tarifada, aplicación de la ley, retroactividad de la ley, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MENDOZA, PABLO HORACIO c/ GALENO ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-11

Asiste razón al recurrente en relación a la arbitrariedad normativa en que incurrió la Sala al disponer que se compare la fórmula polinómica del artículo 14.2.a. de la Ley de Riesgos del Trabajo con el de la última nota vigente de la SRT y no con la del momento del siniestro, desde que se aparta de la jurisprudencia de esta Corte sentada a partir de la causa "Soria", correspondiendo remitir -mutatis mutandi- a sus consideraciones a efectos de concluir que no existe fundamento legal ni jurisprudencial que permita sustentar constitucionalmente la postura asumida por los sentenciantes en cuanto propician la aplicación de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social correspondiente a la fecha de la liquidación, porque ello implicaría aplicar retroactivamente una norma no vigente. - CITAS: CSJStaFe: Soria, AyS T 291, p 244/248. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 14.2.a)
Acción de amparo, derecho a la vida, fecundación in vitro, prueba, obra social provincial
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: S.A.F. Y A.H.A s/ Amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-12-15

Debe rechazarse el pedido de los amparistas tendiente a que la obra social demandada cubra la fertilización in vitro requerida, pues la prueba rendida no resulta eficaz para convencer que los mismos requieran dicha práctica para concebir un hijo, habida cuenta que no han demostrado que hayan agotado otros medios, como por ejemplo el quirúrgico, ya que el profesional tratante se limitó a indicar que la técnica requerida es la única posibilidad sin efectuar ningún tipo de certificación de estudios y/o prácticas que avalaran la afirmación. (Del voto en disidencia de la Dra. Valdez)
Recurso de casación penal, apreciación de la prueba, sentencia arbitraria, libre convicción
Materia: PENAL
Carátula: Sr. Fiscal de Cámara subrogante J. C. Reynaga s/ Casación en autos 07/93 sumario instruido a raíz de la muerte de  María Soledad Morales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1993-04-19

Debe entenderse por "arbitrariedad fáctica" a la carencia de debida fundamentación del pronunciamiento impugnado, extremo que se verifica cuando se resuelve contra o con prescindencia de las pruebas fehacientes regularmente presentadas en el proceso, o bien cuando el decisorio se funda en elementos que no constan en el mismo; de igual modo, actualmente pueden agregarse otros conjuntos de deficiencias en los fallos, tales como el apartamiento del buen sentido y de la sana crítica en la apreciación de los hechos y pruebas. Este extremo se verifica cuando el juzgador valora la prueba al margen de las leyes lógicas formales, o las viola, o su resultado es inconcebible, o ha sido hecho con violación a las reglas del raciocinio. Un decisorio tiene motivación, si la libre convicción de la mayoría sobre cada una de las cuestiones planteadas para resolver respecto de la acusación penal está explicitada en forma completa mediante elementos probatorios de valor decisivo, que no son contradictorios entre sí, ni son ilegales, ni contrarios a las ya mencionadas reglas de la sana crítica racional; pero es válido aclarar que esa libre convicción no significa absoluta libertad de convencimiento, sino libertad de convencimiento pero con exclusión del arbitrario que es aquel cuando, por ejemplo, de la prueba se extrae una conclusión que no surge indefectiblemente de la misma; partiendo de los expresados cartabones, la doctrina de la arbitrariedad no autoriza a esta Corte a sustituir el criterio de los jueces de la causa respecto a la selección y valoración del material probatorio.
Recurso de reposición (procesal), sentencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Alberini, Constante Pablo c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-24

Corresponde rechazar el pedido de revocación del pronunciamiento de la Corte Suprema, que hizo saber al magistrado impugnante que en lo sucesivo debía observar coherencia en su decisiones y evitar actos que perjudicaran el adecuado servicio de justicia, pues el contenido de su voto, lejos de constituir respuesta adecuada al concreto planteo que debía decidir, trastocó los dichos del actor al punto de invertir los términos de la apelación en beneficio de la parte contraria.
Contrabando calificado, agravantes de la pena, estupefacientes, prueba pericial
Materia: PENAL
Carátula: RUEDA CAMACHO, MARIA EUGENIA s/ Contrabando Causa 25600-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-11

1- Para que la causal de agravación del art. 865 inc a) Código Aduanero funcione, deben estar individualizados y procesados los autores, instigadores o cómplices que formen un grupo de tres o más personas, las que deben actuar con intencionalidad dolosa que signifique un convencimiento de que están colaborando para un objetivo ilícito común (CSJN Abr.7.84, en ED-110, p. 14). La mera suposición que indique la intervención de tres o más personas como responsables del delito que se funda en la naturaleza del hecho, no autoriza a aplicar la agravante del inciso a) del art. 865 del Código Aduanero (Sala 1, Reg. 263/86).

2- No surgiendo ninguna duda de la naturaleza y características de la droga secuestrada, no correspondía efectuar en sede judicial ninguna pericia para corroborar lo que ya estaba fehacientemente acreditado, sin perjuicio de que si alguna duda tiene la defensa sobre el particular, solicite dicha diligencia durante la tramitación del sumario o del plenario.

3- Las normas del Código de Procedimientos en Materia Penal (Ley 2372) no son aplicables al procedimiento seguido por el Servicio Aduanero en su tarea prevencional, que se encuentra regida por las disposiciones específicas del Código Aduanero (art. 112, art. 114, art. 119, art. 122 y concds).

4- Permite descartar la ignorancia acerca de la mercadería transportada la procedencia de las viajeras (lugar del cual provienen numerosas personas que se presten a este tipo de tráfico;

la reiteración de viajes idénticos anotados y la inconfundible apariencia de su contenido.
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: SZADMAN, JUANA s/ Cheque sin fondos Causa 30604
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Si bien incumbe exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación juzgar sobre la existencia o inexistencia del supuesto de arbitrariedad y por ende no al Tribunal que dicta la resolución que se tacha de arbitraria ello no exime a los órganos judiciales llamados a dictar pronunciamientos de la naturaleza antes indicada de resolver circunstanciadamente si la apelación federal "prima facie" valorada, cuenta respecto de cada uno de los agravios que la originan con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso de inequívoco carácter excepcional, como lo es el de arbitrariedad.
Robo, prueba, prueba de informes, impresiones digitales, identificación del imputado
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ, HECTOR RAUL s/ ROBO REITERADO HURTO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-04

La determinación que los vestigios papilares revelados y levantados en el lugar de la comisión del ilícito investigado, por si sola es insuficiente para concluir en grado de certeza que el causante es el autor del ilícito atribuido, por cuanto tal informe no puede ser elevado a la categoria de prueba dirimente si no es factible adicionar otras que demuestren en forma indudable tal intervención.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pasqua, María Cristina s/ Concurso preventivo (hoy s/quiebra)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-24

Para discernir si la sentencia es o no definitiva a los fines del recurso extraordinario intentado, debe ponerse en foco el efecto de la misma con relación al proceso. El a quo declaró mal concedido el recurso de apelación, careciendo el quejoso de otra vía idónea para reparar el agravio inferido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Locación de inmuebles, continuación de la locación, muerte del locatario
Materia: CIVIL
Carátula: ORTIZ DE ELGUEA, AURORA c/ FLORIO VDA. DE GARCIA, ADELAIDA Y OTRA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-12

La continuación hereditaria de la condición de inquilino, impone la necesidad de que se trate de contratos vigentes, no vencidos.