Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-07-01


Salta, 01 de julio de 2010.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "DIAZ, SILVIA TERESA CONTRA IRALASKI, SERGIO ORDINARIO POR ORDINARIO" , EXP - 18153 / 7; originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 5, para resolver la apelación interpuesta a fs. 109/115 , y C O N S I D E R A N D O La Dra. Liliana E. Paz de Gómez dijo: I.- Vienen estos autos a la alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 109/115, en contra de la sentencia de primera instancia obrante a fs. 100/102 vta.

Se agravia el recurrente en contra del Punto I de la sentencia de grado cuando dispone hacer lugar parcialmente a la demanda y condena al demandado a pagar a la actora la suma de $11.322,44 conforme la planilla que se confecciona.

Así dice que en los considerandos que preceden a la parte resolutiva la señora juez yerra y se equivoca; en tanto realiza consideraciones no ajustadas a derecho y mal aprecia y valora las pruebas de la causa, para lo que luego de transcribir el párrafo de fs. 101 de los considerandos, sostiene que la sentenciante en el párrafo transcripto se contradice con lo expresado en el párrafo anterior, ya que la juzgadora expresa que dada la traba de la litis correspondía examinar el expediente administrativo reservado en Secretaría, donde las partes dicen haber arribado a un acuerdo, pero en el párrafo siguiente sostiene que estamos en presencia de un despido incausado . Así hace una serie de apreciaciones en torno al instrumento público, a la teoría de los actos propios, para afirmar que es un acuerdo laboral transaccional, ya que se negociaron y conciliaron derechos dudosos o litigiosos, para finalizar sosteniendo que la conducta de la actora a posteriori del acuerdo sin haber planteado la falsedad del mismo, más la aplicación de la teoría de los actos propios, no se puede concluir que existan créditos insatisfechos.

Con el subtítulo Indemnización art. 16 Ley 25561, se agravia el recurrente por la condena a su parte de la suma de $8.750,12 en concepto del art. 16 de la Ley 25561 donde la señora sentenciante -dice realiza una incorrecta aplicación del derecho. Así sostiene en primer lugar reiterando su postura en torno a la inexistencia de un despido injustificado sino la existencia de un mutuo acuerdo extintivo, y en segundo lugar porque la sentencia equivocadamente toma los monto del rubro art. 16 de la Ley 25561 de la planilla liquidada por la parte actora sin advertir que el actor suma la indemnización por antigüedad y la de preaviso y luego la divide por dos, cuando la indemnización agravada debe hacerse con el cálculo sólo de la indemnización por antigüedad . Agrega que lo más grave lo constituye que la juzgadora dicta una sentencia de condena sin apoyatura legal ya que se encuentra extinguida desde marzo de 2007 ya que el Poder Ejecutivo dio a conocer la tasa de desocupación del 8,7% por lo que se podría afirmar que la condición resolutoria marcada en el art. 4 de la Ley 25972 se cumplió a partir del 1º de marzo de 2007, extinguiéndose el recargo del 50% en la indemnización por antigüedad. Transcribe doctrina y jurisprudencia .

Por todo ello solicita se haga lugar a la apelación interpuesta y se revoque el Punto I de la sentencia apelada, con costas.

A fs. 117 se corre traslado a la parte actora del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la que es evacuado a fs. 127/129 solicitando se rechace el mismo en todas sus partes y se confirme la sentencia de origen con costas.

II.- La sentencia de la instancia anterior de fs. 100/102 vta que acoge parcialmente los reclamos formulados por Silvia Teresa Díaz, viene apelada por la parte demandada a través de la memoria recursiva que luce incorporada a fs. 109/115 y que recibiera oportuna réplica de la contraria a fs. 127/129.

En efecto, imbuida de las constancias, fundamentos de la sentencia venida en recurso, es que comparto lo que se sostiene al contestar agravios por la parte actora, que el escrito impugnatorio bajo estudio resulta manifiestamente insuficiente a los fines revocatorios pretendidos, en tanto no cumple ni con mucho con aquellos recaudos exigidos por el art. 255 del C.P.C. y C. de aplicación a nuestro fuero por el art. 90 del CPL para presentaciones de esta naturaleza.

Esta Sala II insistentemente sostuvo que el escrito apelatorio debe bastarse a sí mismo y que los agravios deben estar dirigidos a rebatir el decisorio de grado como culminación del contradictorio. De modo que, para que exista expresión de agravios no basta remisiones a presentaciones anteriores, ni manifestaciones imprecisas, ni genéricos razonamientos, sino que se exige legalmente que se indique, patenticen, analicen, parte por parte las consideraciones de la sentencia apelada. Entre otros en autos: "Arias Sergio R. vs. Hernández Pablo y otros", Expte Nº 7144/99; "Vidal Sergio vs. Oyes López A. "Extpe Nº 7668/00.

Tales requisitos no los cumple la presentación bajo estudio, toda vez que los fundamentos del fallo no fueron adecuadamente rebatidos por el apelante, de modo tal que implique técnicamente la crítica exigida para toda expresión de agravios por el art. 255 del C.P.C. y C. ya citado.

Fundo lo expuesto, toda vez que el quejoso inicia oponiéndose al Punto I de la sentencia, argumentando de un modo general que la judicante yerra, se equivoca, que realiza consideraciones no ajustadas a derecho, como que no hace una correcta apreciación y valoración de las pruebas, para finalmente transcribiendo el último párrafo de fs. 101 de los considerandos, sostener que tal párrafo se contradice con el párrafo anterior al citado; para lo que en confuso relato procura una supuesta contradicción inexistente la que se desvirtúa simplemente teniendo presente la conceptualización del despido incausado.

Por demás con solo remitirnos al Acta del 9-4-07 del expediente de la Dirección Provincial del Trabajo que luce glosado a fs. 1 surge la sin razón de su planteo, en tanto si bien de la misma no se expresa la razón o motivo del acuerdo, no existe la mínima duda que la desvinculación entre las partes lo fue por despido incausado, en tanto el demandado ofrece la suma de $ 16.823,97 en concepto de indemnizaciones y demás rubros laborales. Ello valorado junto a la planilla de liquidación que obra a fs. 17 del Expte Administrativo, es que surgen rubros indemnizatorios propios de un despido sin causa; y consecuentemente no existe agravio válido que atender.

El resto de las apreciaciones que formula el apelante referida al carácter del acta de fs. 1, acuerdo transaccional, o acuerdo extintivo, pedido de nulidad , etc. resultan ser temas extemporáneos en esta segunda instancia, sobre todo frente a la falta de homologación del acuerdo referido, no pudiendo obviarse además el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador plasmado en el art. 12 de la LCT, junto al art. 15 de igual cuerpo legal.

Ahora bien, la limitación a la capacidad de negociación del trabajador, la establece la norma en su propio beneficio y alcanza no solo todos los actos jurídicos concernientes a la formación y ejecución del contrato laboral, sino también a aquellos que sean consecuencia de su extinción, aunque ésta ya se haya producido . Así, se establece un mecanismo de protección al dependiente que funciona en base a normas imperativas laborales .

Lo expuesto unido a lo normado en el art. 15 de la ley de contrato de trabajo, donde la ley admite lo llamados negocios transaccionales, conciliatorios, y liberatorios a los que se refiere la parte demandada, pero ellos son una situación excepcional y para su procedencia la ley exige como condición de validez un requisito formal que procura garantizar a las partes su ilustración sobre los alcances del acto y la libre expresión de su voluntad -cual es la intervención de la autoridad judicial o administrativa laboral. Pero también requiere la emisión del órgano oficial de un fundamentado juicio de valor sobre la conveniencia y justicia de la solución, que como ya dijera en la causa no existe.

Pasando a tratar el segundo agravio, éste no podrá tener distinta conclusión ya que las afirmaciones que formula el quejoso respecto a la indemnización del art. 16 de la Ley 25561 resultan ineficaces . Así reitera sus apreciaciones en torno al modo de desvinculación entre las partes, lo que ya fuera decidido ut supra y posteriormente introduce nuevos temas como la forma y rubros que abarcan el monto de la indemnización, como la vigencia de la norma , lo que conduce a sostener que por no haber sido un tema puesto a consideración del juez en grado -es decir que no integrara la litis no puede ser tratado en esta Alzada en virtud de lo expresamente prescripto por el art. 271 del C.P.C. y C de aplicación a nuestro fuero por el art. 90 del CPL. Ello por respeto estricto al principio de congruencia y de defensa en juicio.

Por lo expuesto, normas legales y jurisprudencia citada soy de opinión y en tal sentido voto porque sea rechazado el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 109/115 y en su mérito porque sea confirmado el Punto I de la sentencia de origen , con costas al apelante, art. 67 del C.P.C. y C y que oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.

El Dr. Froilán M. Miranda dijo:

Que estando en un todo de acuerdo con el voto de la Vocal preopinante se adhiere al mismo en todas sus partes.- Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA II:

F A L L A I.- Rechazando el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 109/115 y en su mérito confirmando el Punto I de la sentencia de origen, con costas al apelante, art. 67 del C.P.C. y C y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.

II.- Reservando la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.- III.- Mandando copiar, registrar y notificar.