Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23


En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Febrero de 2012, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y ROBERTO ANGEL BAGATTIN, con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-113769 , en los autos: "ACHAVAL ROBERTO OMAR C/ FREITTE MIGUEL ANGEL S/ TERCERIA DE DOMINIO".-	La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.- PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia de fs.217/221, en cuanto es materia de apelación y agravios? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Roberto Ángel Bagattin y Emilio Armando Ibarlucía.

Luego de sucesivos trámites, del llamamiento de "autos para sentencia", tras el sorteo, quedó este expediente en condiciones de ser votado.

VOTACIÓN:

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Roberto Angel BAGATTIN dijo:

I.- En la sentencia dictada en autos se RESOLVIÓ: Hacer lugar a la demanda de tercería de dominio promovida por ROBERTO OMAR ACHAVAL, y en consecuencia, disponer el levantamiento de embargo trabado en los autos caratulados: "SOTELO, STELLA MARIS c/FREITTE, MIGUEL ANGEL s/ALIMENTOS" respecto del inmueble ubicado en la ciudad de Luján, nomenclatura catastral: Circunscripción I, Sección D, Manzana 10 b), parcela 15 (afectada a los planos 64-22-76 y 64-27-77), anotado en el Registro de la Propiedad Inmueble con fecha 7 de enero de 2008 bajo el n° 23.194/7, con costas a los demandados vencidos.

La codemandada Stella Maris Sotelo interpuso recurso de apelación a fs.226, concedido libremente a fs.227, expresó agravios a fs.233/242, los cuales no fueron objeto de replica por parte del actor (ver fs.244).

II.- Antecedentes El Sr. Roberto Omar Achaval promueve demanda de "tercería" contra Miguel Angel Freitte y Stella Maris Sotelo con el objeto de que se ordene el levantamiento del embargo trabado sobre el cincuenta por ciento (50%) indiviso del inmueble designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección D, Manzana 10-b, Parcela 15, dividido según plano 64.27-77 en Parcelas 15b, 15c y 15 , Matrícula n° 18.605 del Registro del Partido de Luján trabado en los autos: "Sotelo, Stella Maris c/Freitte, Miguel Angel s/ejecución de cuota alimentaria" y en autos: "Sotelo, Stella Maris c/Fríete, Miguel Angel s/alimentos", porque considera que dicho inmueble no puede ser objeto de medida cautelar alguna como garantía del pago de deudas del Sr. Miguel Angel Freitte por cuanto dejó de pertenecer a su patrimonio desde el 28 de octubre de 1987, fecha en la que fuera subastado judicialmente.

Funda su derecho en que el inmueble fue subastado judicialmente en los autos caratulados: "Automotores El Triángulo S.A. c/Freitte, Miguel Angel s/ejecutivo" Expte.9163, que tramitaron por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n °6, Secretaría n°12 de la ciudad de Buenos Aires el 28 de octubre de 1987, resultando comprador en "comisión" el Sr. Octavio Alfredo Montenegro, quien luego denunció como su comitente a la Sra. Marcela Viviana Avola, quien abonó el saldo de precio y se le otorgó la posesión judicial en abril de 1988, quien luego cedió la totalidad de los derechos emergentes del boleto de venta judicial al Sr. Luis José Fragatti, y éste posteriormente se los cedió al Sr. Osvaldo Guillermo Adorno, quien tomó posesión del 50% indiviso del inmueble y pactó con fecha 9 de octubre de 1989 un acuerdo de división de condominio con la condómina Sra. Juana María Amiano de Romano y por último el Sr. Osvaldo Guillermo Adorno le cedió al aquí tercerista los derechos del referido boleto de compraventa, el 23 de septiembre de 1992, manteniendo desde ese momento la posesión del inmueble.

En suma: sostiene que de las constancias del referido expediente judicial, agregado por cuerda a estas actuaciones, se acredita que el 50% indiviso del inmueble motivo de autos no pertenece al codemandado Miguel Angel Freitte desde el año 1987, fecha anterior al embargo trabado en el juicio de alimentos, y que por ende dejó de ser prenda de garantía de sus acreedores, razón por la cual no puede ser embargado por los mismos, circunstancia que hace procedente y legítimo el pedido de levantamiento de embargo articulado en la presente tercería (ver fs.69/74).

La codemandada Stella Maris Sotello compareció a contestar la demanda negando los hechos esgrimidos por el actor y manifestando que el Sr. Freitte nunca perdió realmente la posesión de su parte indivisa del inmueble motivo de autos, y que es costumbre de éste realizar maniobras tendientes a insolventarse ante los distintos acreedores (ver fs.86/93).

III. Sentencia La Sra. Juez de Paz Letrado hizo lugar a la tercería de dominio deducida en autos, sustancialmente, por las siguientes consideraciones: a) porque el 50% indiviso del inmueble motivo de estos autos fue subastado con fecha 20 de noviembre de 1987 por orden del Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n°6, de la Capital Federal, en los autos caratulados: "Automotores El Triangulo S.A. c/Freitte, Miguel Angel s/ejecutivo", agregados "ad efectum videndi et probandi" por cuerda floja a estas actuaciones, resultando comprador en "comisión" el Sr. Octavio Alfredo Montenegro (ver fs.151/152 de dichos autos y fs.6 de estas actuaciones); b) que en dichas actuaciones quedó demostrado que el Sr. Montenegro denunció como su comitente a la Sra. Marcela Viviana Avola, la cual, una vez abonado el saldo de precio y aprobado el remate judicial, se le otorgó la posesión del inmueble el 8 de febrero de 1988, librándose el mandamiento de posesión el 4 de abril del mismo año (ver fs.164/166 de los referidos autos y fs.7/8 de estas actuaciones); c) que la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria, en casos de tercería de dominio iniciadas por poseedor de boleto de compraventa ha sostenido que lo que en realidad corresponde iniciar es una tercería de mejor derecho en virtud de lo dispuesto en el art. 2505 del Código Civil (texto según ley 17.711) por la exigencia que dispone de la inscripción de la adquisición o transmisión de los derechos reales sobre inmuebles en el Registro de la Propiedad, la cual según la doctrina tiene un carácter puramente publicístico, que sólo incumbe al perfeccionamiento del acto para que pueda ser válidamente opuesto a terceros; d) que ese régimen de perfeccionamiento del dominio en las subastas judiciales no se encuentra alcanzado por lo dispuesto en el art. 2505 del Código Civil, pues la subasta tiene un sistema de publicidad propio, constituido por la publicación de edictos, sometido a un régimen de excepción, toda vez que las actuaciones correspondientes aparecen excluidas del principio general que impone otorgar la escritura pública, y la inscripción constituye una facultad concedida al adquirente del inmueble en subasta pública a fin de facilitarle el ejercicio de su dominio, porque el derecho real del adquirente en remate judicial, aún faltando registración, nace con la aprobación del remate, independientemente de su inscripción; e) que en el presente caso se encuentran cumplidos los requisitos formales que a tal fin se requieren, por lo tanto se puede afirmar que el derecho real en cabeza de la Sra. Avola ha nacido con la aprobación del remate, independientemente de su inscripción y por ende, el inmueble dejó de estar -a partir de ese momento- en cabeza del Sr. Miguel Angel Freitte; f) porque la Sra. Juez de Paz letrado respecto a las cesiones efectuadas mediante instrumento privado, todas con fecha cierta y que obran agregadas a fs.177/182 y fs.192/193 del juicio ejecutivo agregado a estas actuaciones (que el juez de esa causa desestimó por haberse efectuado mediante instrumento privado con firma certificada por escribano público, por tratarse de cesiones de derechos litigiosos, respecto de las cuales rige el art. 1455 del Código Civil), sostuvo que ello es un tema controvertido en la jurisprudencia y que en este caso el objeto de las referidas cesiones no se refiere a acciones litigiosas, ya que la calidad de propietario del demandado sobre el bien subastado nunca estuvo en discusión, sino que el objeto de las mismas es la cesión de los derechos de la subasta judicial.

IV. Agravios La codemandada Stella Maris Sotelo solicita se revoque la sentencia en crisis y en consecuencia se rechace la demanda con costas, a mérito de las razones, que en prieta síntesis, paso a reseñar: a) considera que el verdadero adquirente fue el Sr. Montenegro porque no indicó el nombre del comitente en el momento de la realización del remate, de lo que deduce la ilegitimidad de la Sra. Avola como tal; b) que no se le otorgó la posesión judicial del inmueble a nadie en el juicio ejecutivo, sino que se ordenó mandamiento de posesión, el que nunca fue diligenciado; c) que el primer párrafo de fs.219 se contradice con el resultado de la sentencia, con otros antecedentes y considerandos de la misma; d) que la transferencia de dominio de inmuebles por vía de remate judicial no está sometido a un régimen de excepción y excluida del principio general que impone otorgar el instrumento público a los fines de su inscripción; e) niega que Freitte hubiera perdido la posesión con la orden de venta y la aprobación del remate judicial, porque la Sra. Avola además de no estar legitimada como compradora, nunca tomó posesión material del bien; f) que no tiene fundamento jurídico alguno la afirmación de la Sra. Juez de grado en cuanto expresa que ".el derecho real en cabeza de la Sra. Avola, ha nacido de la aprobación del remate."; g) que la sentencia deja sin efecto resoluciones firmes del juez de la causa cuando resuelve sobre las presuntas "cesiones"; h) que el Sr. Achaval no tiene ni por asomo el dominio del bien embargado; j) que la Sra. Avola nunca podría haber "cedido derechos y acciones" a FRAGATTI y éste a ADORNO, porque no tomó posesión del inmueble según un criterio jurídico y además porque, según otra postura doctrinaria, para que la transmisión de un inmueble sea válida se requiere la tradición, la escritura pública e inscripción, y sin tales requisitos esas adquisiciones o transmisiones no serían oponibles a terceros mientras no estén registradas; i) que no existió una secuencia ininterrumpida en la posesión de los presuntos participantes según las declaraciones testimoniales y la confesión de Achaval.

V.- Tratamiento de los agravios En primer lugar: opino que es necesario puntualizar que el incidentista promueve una "tercería" en el carácter de adquirente a título oneroso y poseedor de buena fe (ver punto 1 de fs.69) y que si bien en el punto 2 lo denomina "Hechos. Admisibilidad de la tercería de dominio" (ver fs. 69 vta.), la misma la funda en el boleto de compraventa judicial efectuado en el juicio ejecutivo "Automotores El Triángulo SA. c/Freitte, Miguel Angel s/ejecutivo", es decir en una tercería de mejor derecho, porque solicita que se haga lugar a la misma y se ordene el levantamiento del embargo trabado en el juicio de alimentos. Además cabe tener presente que la demandada Sotelo esgrime su defensa considerando tres supuestos en que funda el actor su tercería: ".a) el dominio sobre la mitad indivisa del bien embargado ("tercería de dominio"); b) el mejor derecho sobre el embargo (".tercería de mejor derecho") y c) la posesión decenal con justos título y buena fe que también se inscribiría, de una u otra forma en tercería de dominio o de mejor derecho." (ver punto 2 de fs. 88 vta.), con lo cual, al tratarla "como de mejor derecho" queda a salvo así su derecho de defensa y el principio de congruencia.

En síntesis: el actor promueve una tercería de mejor derecho a fin de que se declare la preferencia de su crédito sobre el de la embargante, acreencia que como obligación de hacer se encuentra comprendida en el concepto de pago receptado por el art. 725 del Código Civil, encuadrado perfectamente en el supuesto previsto en el párrafo 1° del art. 97 del CPCC que dispone que las tercerías deberán fundarse ".en el derecho que el tercero tuviere a ser pagado con preferencia al embargante" , postura reconocida por la doctrina (Belluscio, Augusto C., Director - Zannoni, Eduardo A., Coordinador, "Código Civil y leyes complementarias", comentado, anotado y concordado, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, año 1984, tomo 5, p.855; Morello Augusto M., "El Boleto de Compraventa Inmobiliaria", Librería Editora Platense SRL - Abeledo Perrot, La Plata -Buenos Aires, año 1981, 3ra. edición, reelaborada y actualizada, tomo 2, p.330) y señalada por la Excma. Suprema Corte de Justicia Provincial como la vía idónea para hacer tal preferencia. En efecto, dijo el mencionado tribunal: ".que si bien el art. 1185 bis del Código civil se refiere - como principio- al caso de concurso o quiebra del vendedor, autorizando a oponer el boleto al conjunto de acreedores que conforman la masa, no se advierte razón alguna que impida que lo mismo pueda ocurrir frente al acreedor embargante en un proceso ejecutivo. El concurso o quiebra del deudor conforma un supuesto de ejecución colectiva y el proceso ejecutivo -en este caso- constituye un supuesto de ejecución individual. En el primer caso, se sustrae de la prenda común de sus acreedores que constituye el patrimonio del concursado un bien inmueble (artículo 1185 bis, Código Civil). Idéntica situación acontece en el segundo. No existe una razón de fondo que permita divergirlos. Las mismas razones tuitivas y éticas que llevaron a la incorporación de este precepto deben observarse y atenderse para extender su aplicación al presente caso (doct. art. 16 C. Civ.) pues -en sustancia- la misma naturaleza de la cuestión impone esta conclusión y no es razón suficiente para excluir de la tutela la circunstancia de que la norma no se haya referido explícitamente al caso de autos, desde que éste debe entendérselo implícitamente incorporado en la télesis del precepto. El amparo que confiere el artículo 1185 bis resulta así oponible al acreedor embargante en tanto queden acreditados los extremos de la norma y el crédito del comprador sea anterior al del embargando. Como -reitero- aconteció en autos, y resolvió adecuadamente la alzada. Conságrase así un mejor derecho a ser pagado con preferencia al embargante." (Excma. SCJBA en las causas Ac. 52.741, sentencia dictada el 16 de agosto de 1994 en los autos: "Atilio, Roberto Oscar y otra c/Campagnoli, Carlos Alberto y otro s/Tercería de dominio" JUBA B8663, Ac. 33.251, sentencia dictada el 24 de junio de 1986 en los autos: "Pena, Ricardo Adolfo c/Urban, Raúl s/ejecutivo" publicado en A y S 1986-II-123; ED 121-205- JA 1987-I-227; LL 1986-E-426; Ac. 40.500, sentencia dictada el 7 de julio de 1989; en los autos: "Giacaglia, Jorge s/Tercería de mejor derecho",. Publicada en A y S 1989-II-676; entre otros; este Tribunal en la sentencia dictada el 11 de febrero de 2010 en los autos caratulados: "Castellanos, Carlos Alberto c/Cooperativa Agrícola ganadera de Dudignac Ltda. s/tercería de mejor derecho" causa n° 113.051, con voto en primer término del entonces miembro de esta Sala Dr. Roberto Pedro Sánchez).

En segundo lugar: sentado ello, corresponde corroborar si se encuentran reunidos los recaudos que habilitan la aplicación analógica del art. 1185 bis del Código Civil a la situación del presente caso. Reiterando la opinión del Dr. Roberto Pedro Sánchez en el expediente mencionado en el punto precedente, los requisitos de tal cuestión se encuentran en el enjundioso primer voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci pronunciado en el plenario de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (publicado en LL 1992-B-160):

1.- El boleto de compraventa debe tener fecha cierta: Al respecto debo señalar que tal extremo se encuentra satisfecho, porque su original se encuentra agregado a fs. 151/152 de los autos caratulados: "Automotores El Triangulo S.A. c/Freitte, Miguel Angel s/ejecutivo" que tramitaron por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n°6, de la Capital Federal, agregados "ad efectum videndi et probandi" por cuerda floja a estas actuaciones, de donde surge que el inmueble motivo de este caso fue subastado judicialmente con fecha 20 de noviembre de 1987, resultando comprador en "comisión" el Sr. Octavio Alfredo Montenegro.

Lo expuesto me obliga a tratar el agravio de la Sra. Sotelo en cuanto considera como verdadero adquirente en la subasta judicial al Sr. Octavio Alfredo Montenegro y la ilegitimidad como tal de la Sra. Marcela Viviana Avola. Considero que debe ser rechazado porque el nombre del comitente, en escrito firmado por ambos, se denunció a fs.165 del referido juicio, circunstancia que fue aceptada por el Sr. Juez interviniente en los mismos al tenerla por adquirente, a pesar de que la presentación se realizó luego de haber transcurrido el plazo del art. 571 del CPCCN, resolución que por encontrarse firme y por ende preclusa, impide toda discusión sobre la misma (ver fs. 166).

Además sostengo que el agravio de la Sra. Sotelo en cuanto a que no son oponibles a terceros las cesiones de "derechos y acciones" de la Sra. Avola a Fragatti, éste a Adorno y por último al actor de esta tercería por no estar registradas, también debe ser desestimado, porque las referidas cesiones obrantes a fs.177/178, 180/182 y 192/193, no requieren escritura publica sino que sean hechas por escrito (doct. art. 1454 del Código Civil; Borda, Guillermo A.,actualizado por Borda, Alejandro, "Tratado de Derecho Civil, Contratos, editorial La Ley, Buenos Aires, año 2008, tomo I, p.375), cosa que se da en este caso por estar sus firmas certificadas por ante escribano público, porque no se trata de una cesión litigiosa, ya que no se ha discutido en ningún momento que el demandado Miguel Angel Freitte fuera el titular del 50% del inmueble subastado, supuesto que en este caso no se encuentra en discusión, sin perjuicio de lo dispuesto a fs.201 del referido juicio ejecutivo, por ser tema que admite diversas interpretaciones (art. 1455 del Código Civil), las que solo podrían afectar al tercerista para disponer de su parte indivisa, pero no su oponibilidad "erga omnes" que surge del régimen de publicidad de las subastas.

2.- No requiere publicidad el boleto de compraventa efectuado en subasta judicial: La oponibilidad de este tipo de boleto no surge por considerarlo un derecho real regido por el art. 2505 del Código Civil sino de la protección que el ordenamiento jurídico le brinda (Constitución Nacional; según voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, citada por el Dr. Sánchez). De manera tal que para que opere la protección consagrada por el art. 1185 bis del Código Civil) -de aplicación extensiva a las ejecuciones individuales- no es necesaria la inscripción registral de la venta.

3.- El tercerista debe haber adquirido el inmueble del titular registral: También ello sucede en el presente caso. Conforme el boleto de fs.151/152 e informes de dominio agregados al juicio ejecutivo agregado por cuerda a estas actuaciones el codemandado Miguel Angel Freitte era cotitular registral del inmueble motivo de estos autos.

4.- El adquirente debe acreditar el pago al menos del 25% del precio antes de la traba del embargo: El análisis del boleto de fs. 151/152 y las constancias de fs. 164/164 del expediente ejecutivo agregado por cuerda a estos autos permite tener por cumplido tal extremo, ya que de las mismas surge que la Sra. Avola abonó el cien por cien del precio de venta del 50% del inmueble subastado judicialmente con anterioridad a la traba del embargo por la codemandada Sotelo, circunstancia que se tiene por acreditada en la resolución de fs. 166 de dichos autos.

5.- El adquirente debe ostentar buena fe: la buena fe consiste en supuestos como el de autos en la ignorancia por parte del comprador del estado de insolvencia del enajenante. La norma ha de ser concordada, pues, con lo que dispone el art. 968 del Código Civil en materia de fraude, es decir, que el comprador no debe haber sido cómplice del fraude. Esta buena fe del comprador, como es regla general en el Código, se presume y debe existir al tiempo de celebración del contrato. Habrá mala fe, por el contrario, cuando el comprador conozca la situación de insolvencia o cesación de pagos del vendedor, o incurra en "fraude, connivencia, colusión dolosa, ante datación". La apelante adujo que el Sr. Freitte nunca perdió realmente la posesión de la parte del inmueble motivo de autos y es costumbre de éste realizar maniobras tendientes a insolventarse ante los distintos acreedores. Sin embargo, como cabe presumir la buena fe de los terceristas conforme a las normas contenidas en el Código Civil, no basta las meras sospechas. Ello así, toda vez que la demandada no ha producido prueba alguna que desvirtúe la existencia de la buena fe de la adquirente, la defensa de la apelante en este punto esencial ha quedado indemostrada (doct. arts. 985, 1185 bis, 1198 y concordantes del Código Civil, Belluscio Augusto CC -director- Zannoni, Eduardo A. -coordinador-, "Código Civil y leyes complementarias" comentado, anotado y concordado, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, año 1984, tomo 5, p.846; art. 375 del CPCC; este Tribunal en la sentencia dictada el 11 de febrero de 2010 en los autos caratulados: "Castellanos, Carlos Alberto c/Cooperativa Agrícola ganadera de Dudignac Ltda. s/tercería de mejor derecho", citado precedentemente).

6.- Finalmente, cabe señalar que la norma "sub examine" requiere la posesión. En el cuarto párrafo de la resolución de fecha 8 de marzo de 1988 dictada a fs. 166 del juicio ejecutivo agregado por cuerda a estas actuaciones se ordenó otorgarle a la adquirente Marcela Viviana Avola la posesión del 50% del inmueble motivo de este caso, en cuanto ordena librar mandamiento de posesión, lo que se concreta a fs. 172, cuya copia se encuentra agregada a fs. 7 de estas actuaciones.

Los testigos Cristina Romano (fs.132/133), Orlando Oscar Varela (fs.133vta./134) y María Carmen Rodríguez (fs.134 vta./135) son contestes en afirmar que Adorno le vendió al aquí tercerista, Sr. Achaval, alrededor del año 1990 y que fue él quien realizó las mejoras edilicias que actualmente cuenta el inmueble, lo cual concuerda con la cesión de boleto de compraventa agregada a fs.192/193 del referido juicio ejecutivo y cuya fotocopia obra fs.9/10 de estos autos, la que lleva fecha certificada por escribano público del 23 de septiembre de 1992.- En consecuencia, las referidas constancias acreditan que el actor de esta tercería se encuentran en posesión del 50% indiviso del inmueble motivo de la misma.

En definitiva, considero que con lo expuesto: a) he dado respuesta suficiente a las quejas de la apelante como para decidir el presente caso, por entender que he tratado todos los puntos relevantes sobre las cuales se funda el recurso de apelación de la codemandada Stella Maris Sotelo (arg. art. 273 del CPCC; CSJN, Fallos: 258: 304; 262:222; 265:301; 272:225; SCJBA en causa: Ac.72.771, sentencia dictada el 17 de noviembre de 1998 en autos: "Aráoz, Graciela c/Prefectura Naval Argentina s/daños y perjuicios"); y b) que de ser compartido los fundamentos expuestos, la sentencia en crisis debe ser confirmadaza, porque ha quedado acreditado que la primer adquirente fue la Sra. Marcela Viviana Avola, al haber perfeccionada la venta de la subasta judicial llevada a cabo en el juicio ejecutivo agregado por cuerda a estas actuaciones con el pago del precio, la aprobación del remate y la tradición del 50% del bien inmueble subastado en cabeza del tercerista con anterioridad al embargo trabado en los autos "Sotelo, Stella Maris c/Freitte, Miguel Angel a/ejecución de cuota alimentaria" y en autos: "Sotelo, Stella Maris c/Freitte, Miguel Angel s/alimentos", y además por existir continuidad entre la cesión de derechos de aquella con la del aquí tercerista y la secuencia ininterrumpida en la posesión del bien a partir de la Sra. Avola hasta llegar al tercerista Achaval. Por ende corresponde hacer lugar al pedido de levantamiento de embargo objeto de estas actuaciones, porque a partir del perfeccionamiento de la referida venta en subasta judicial el inmueble dejó de estar en cabeza del codemandado Miguel Angel Freitte.

Por todo lo expuesto, propongo confirmar la sentencia en crisis, en cuanto fue materia de recurso de apelación y agravios (doct. arts.260, 261, 266 "in fine" del CPCC).

VI.- COSTAS DE PRIMERA INSTANCIA La apelante solicita se revoque la sentencia en crisis y en consecuencia se rechace la demanda con costas, lo cual importa que sus agravios comprende la imposición de costas que la fueron impuestas en primera instancia.

Merituadas las presentes actuaciones y conforme a las reglas procesales vigentes en la materia, entiendo que en el caso se debe prescindir del principio establecido por el art. 68 del CPCC acudiendo para ello a las facultades que otorga el apartado 2° de la misma norma. Ello así, pues la embargante no conocía el negocio jurídico que vinculara al tercerista con el titular de dominio del bien objeto de la medida precautoria. Por el contrario, ha sido como consecuencia del proceder omisivo del incidentista, en cuanto a efectuar el cambio de la titularidad registral del inmueble, que la demandada promoviera y obtuviera la decisión judicial de embargar el inmueble de autos. Cabe por ello, imponer las costas de primera instancia en el orden causado, lo que así dejo propuesta (doct. art. 68 2° párrafo del CPCC; conf. esta Sala, causa nro. 113.051 del 11/02/2010).VII.- COSTAS DE ALZADA De acuerdo a la propuesta que formulo en los considerandos precedentes, de ser compartida, la parte demandada si bien fracasa íntegramente en su recurso de apelación, la parte actora no contestó el traslado que le fue conferido del escrito de expresión de agravios (ver fs.244).

Por ello, propongo que las costas de Alzada se distribuyan por su orden (art. 68, 2º párrafo, del CPCC.).

Con el preciso alcance que se desprende de lo expresado en los considerados precedentes, a esta primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN: El Sr. Juez Emilio Armando Ibarlucía, aduciendo análogas razones, dio su voto también por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Roberto Angel BAGATTIN dijo:

En mérito al resultado de la votación que antecede, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1º.- Modificar la sentencia de fs.217/221 en el sentido de imponer las costas de primera instancia por su orden.

2º.- Confirmar la sentencia de fs.217/221, en todo lo demás que decide y que fue materia de apelación y agravios.- 2°.- Distribuir por su orden las costas de Alzada.

ASÍ LO VOTO.- A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN: El Sr. juez Emilio Armando Ibarlucía, aduciendo análogas razones, dio su voto también en el mismo sentido.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:

Y VISTOS:

Considerando que en el acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales ha quedado establecido, que la sentencia de fs.217/221, se ajusta a derecho, razón por la cual debe ser CONFIRMADA.

POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede SE RESUELVE:

1º.- Modificar la sentencia de fs.217/221 en el sentido de imponer las costas de primera instancia por su orden.

2º.- Confirmar la sentencia de fs.217/221, en todo lo demás que decide y que fue materia de apelación y agravios.- 2°.- Distribuir por su orden las costas de Alzada.