marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, docentes, juicio ejecutivo, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Caja complementaria de previsión para la actividad docente c/ Escuela de Florida SRL s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-15

El certificado de deuda expedido por el presidente de la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente es suficiente al efecto de promover la acción eje-cutiva que otorga el art. 16 de la ley 22.804, tendiente a obtener el cobro de los crédi-tos originados en los aportes adeudados o pagados fuera de término. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que "El art. 2, inc. b) de la ley 22.804, merced a la cual se insti-tuyó con alcance nacional el Régimen Complementario de Jubilaciones y Pensiones para la Actividad Docente, prescribe que se hallan obligatoriamente comprendidos en sus disposiciones 'los docentes comprendidos en el Estatuto del Docente que presten servicios en establecimientos privados de enseñanza en todos sus niveles, espe-cialidades o modalidades, incorporadas a la enseñanza oficial, excepto las Universi-dades...'. Por su parte, la ley 24.049 -que dispuso autorizar al Poder Ejecutivo a transferir los servicios educativos a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias- es-tableció en su art. 11, que el personal docente transferido continuaba en la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente" (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 24.10.05, "Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Canto a la vida S.R.L."). En consecuencia, corresponde confirmar el fallo de la anterior ins-tancia que rechazó la excepción de inhabilidad de título.
Acción de amparo, medicina prepaga, cobertura médica, derecho a la vida, Programa Médico Obligatorio
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cozzi, Agustina c/ OSDE s/ amparo Ley 16986
Jurisdicción: Federal — Provincia: La Pampa
Fecha: 2021-06-30

Procede hacer lugar a la acción iniciada, y en consecuencia, condenar a la demandada a que cumpla con la cobertura total de la operación ocular de la actora, dado que a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, se ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y se ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga para garantizar las prácticas que faciliten una mejor expectativa de vida. El hecho de que la prestación solicitada por la actora no se encuentre dentro del PMO (Programa Médico Obligatorio), no resulta por sí causa suficiente para eximir a la demandada de su obligación de prestar un adecuado servicio de salud. Dicho ésto, el PMO constituye un piso prestacional mínimo y no un elenco cerrado -no un techo-, ya que semejante interpretación constituiría cristalizar en un momento histórico la evolución continua e incesante y natural que se produce en el ámbito de la medicina.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, preclusión
Materia: LABORAL
Carátula: Molina, Carlos Nereo c/ Izaguirre, José M. s/ Dif. de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

La decisión del Tribunal del Trabajo que decide que ha precluido el derecho de la parte y rechaza la ampliación de la contestación de la demanda, ordenando su devolución, no tiene carácter de definitiva en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, pues no pone fin al pleito ni impide su continuación.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad, resoluciones irrecurribles, denegatoria del recurso, juicio de apremio
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Lionel S.R.L s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-27

La sentencia que rechazó el recurso de apelación y confirmó la declaración de caducidad de la instancia no es definitiva o equiparable a tal toda vez que nada le impediría al recurrente iniciar un nuevo apremio para reclamar la deuda objeto del presente, o que dicho futuro juicio fuera a resultar invariablemente inoportuno o ineficaz para ello. (Del voto del juez José Osvaldo Casás)
Concurso preventivo, continuación de la empresa, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Motors Latinoamerica SA  c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de intervención - art. 17 lcq por la torre, carlos daniel y otro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-26

Se ha dicho, que los principios rectores del régimen concursal argentino ("conservación de la empresa y protección del crédito") se proyectan en el ámbito de las medidas cautelares establecidas en la LCQ. De allí que estas cautelas apunten -primordialmente y sin dejar de reconocer que existen algunas tendientes a resguardar cosas o bienes singulares- a asegurar la "intangibilidad del patrimonio en crisis como universalidad jurídica" (todo y no parte, salvo exclusiones legales) para tutelar: a) la continuidad de la actividad empresaria en el concurso preventivo; b) que los acreedores concurrentes no sufran más pérdidas de las ya soportadas, garantizándoles la inalterabilidad del patrimonio en dificultades e imposibilitando todo intento del deudor de sustraer bienes a la liquidación, utilizando para ello la figura del desapoderamiento pleno (concurso liquidativo), (Cfr. "Medidas Cautelares en los Concursos" pág. 41 de Edgar J. Baracat, Editorial Rubinzal - Culzoni).
Regímenes de promoción, promoción industrial, industria automotriz, base imponible, aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: FORD MOTOR ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANA s/ REPETICION DE IMPUESTOS.    REGIMEN DE PROMOCION INDUSTRIAL.    CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-25

La protección de los derechos acordados a las empresas acogidas al régimen promocional y la preservación de los fines privilegiados en oportunidad de su instauración, no podría concretarse si se admitiese la variación de la base imponible, otorgando a las disposiciones en que se sustenta la pretensión fiscal un alcance diferente al que aquí se les otorga, el que concuerda con tales fines, consistentes en crear y mantener las condiciones necesarias para dar seguridad al desarrollo industrial del país (ley 14.781 y decreto 3642-65).
Extradición, tratados internacionales, Constitución Nacional, reglamentación de la ley, libertad de circulación, extranjeros
Materia: CONSTITUCIONAL - INTERNACIONAL PUBLICO - PENAL
Carátula: Priebke, Erich c/  s/ solicitud de extradición - causa n° 16.063/94. 16.063/94.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Las normas sobre extradición no son reglamentarias del art. 18 de la Constitución Nacional, sino del art. 14, en tanto no es la finalidad de estos procedimientos la determinación de la culpabilidad del sujeto requerido por el hecho por el que se lo solicita, sino que importan excepciones a la libertad de entrar, permanecer y salir del país, garantías respecto de las cuales ningún extranjero tiene un derecho irrevocablemente adquirido (Votos de los Dres. Julio S.

Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor y del Dr. Gustavo A. Bossert).
Sanciones conminatorias, astreintes, legitimación pasiva, tercero ajeno al proceso, disidencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SOSA, JORGE OSVALDO. c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA. s/ EJECUCION DE ASTREINTES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-24

Si bien pareciera que de acuerdo con la jerarquía normativa impuesta por el art. 31 de la Constitución Nacional debiera primar la legislación nacional, ello no es así. Conforme lo destacado por la Corte Suprema Nacional, el dictado de normas procesales para actuar ante los órganos judiciales locales es facultad privativa de las provincias, y no resultando la normativa procedimental contraria a la nacional desde el momento que no desconoce la facultad judicial de aplicar sanciones conminatorias, sino que la reglamenta para el ámbito procesal local, en virtud de la autonomía de las provincias corresponde atenerse a la directiva del Código Procesal Civil y Comercial de Neuquén. (Del voto de la Dra. Pamphile, en mayoría).
Régimen penal tributario, sanciones tributarias, condonación de sanciones, ley penal más benigna
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Banco Baires S.A. (T.F. 12646-I) c/ D.G.I. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-06

La Sala I de esta Cámara ha tenido oportunidad de pronunciarse en los autos "Edmundo Nieva y Cía. S.R.L. c/ D.G.I.", del 4/7/95, sosteniendo que: "...aún cuando por vía de hipótesis se aceptare el criterio de aplicar a la materia tributaria la retroactividad de la ley penal más benigna, principio éste que se halla previsto en el art. 2 del Código Penal, es dable destacar que tal regla no rige en la especie, pues más allá de que es claro que la norma posterior que contiene el beneficio específicamente tiene asignada una limitada vigencia en el tiempo que conduce a excluir de su ámbito al supuesto ventilado en el sub lite, el carácter temporario y excepcional de ella constituye un obstáculo cierto a la operatividad del principio (conf. Fallos 293:522). De otro modo, con la interpretación del a quo, además de conferírseles a los regímenes de condonación una extensión y amplitud que concretamente no tienen, se estaría despojando ab initio a toda eficacia la restricción temporaria que existe en las normas, límite éste que por lo demás, es facultad del Poder Ejecutivo asignar a tales sistemas, conforme así se dispone en el marco legal que condiciona su validez" (Doct. art. 111 de la Ley 11.683, t.o. 1978 y modif.).
Recurso extraordinario federal, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, Ley de Punto Final
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESAL
Carátula: López Fader, Rafael Félix y Fossa, Roberto Guillermo c/ s/ testimonios de la prisión preventiva. testimonios de la prisión preventiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

No satisface la exigencia de la debida fundamentación del recurso extraordinario la mera cita del art. 18 de la Constitución Nacional, para sostener genéricamente que la ley 23.492, es repugnante a dicha garantía. Para ello debió expresar cuál es el contenido sustancial que asigna a ese artículo y en qué medida ese contenido se ve afectado por la ley.
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, decretos provinciales, abastecimiento, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ALBERTO AMBROSIO SANCHEZ c/ KEPLE S.A.I.C. s/ CONSTITUCIONALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS.    SECRETARIA DE COMERCIO DE LA NACION.    GOBIERNOS PROVINCIALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

No puede acogerse el agravio referente a la inconstitucionalidad del decreto 11-74 de la Secretaría de Comercio de la Nación que expresamente facultó a los gobiernos provinciales a adoptar las medidas necesarias para fiscalizar el cumplimiento de lo reglado por la norma, y es a consecuencia de esta disposición que fue dictado el decreto local impugnado, el cual no vulnera, por ende, la distribución de funciones reglada por la Constitución Nacional.
Notificación por cédula, nulidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: Irrera, Salvador. c/ González Méndez, Carlos. s/ Daños y perjuicios s/Incidente de nulidad s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-09-14

No puede pretenderse que quien no ha sido anoticiado de la existencia de una acción deducida en su contra, tenga la obligación de enunciar las defensas que se ha visto privado oponer. En primer lugar, porque ello afecta la igualdad de trato de las partes en el proceso (art. 34 inc. 5 ap. c del CPC), desde que, de ordinario, es considerablemente más breve el plazo para deducir la nulidad que el establecido para responder a la acción (arts. 170, 338, 486 Cód. Cit.), con lo que se concede una indebida ventaja a la contraria; y, en segundo término, por la misma razón, el accionado no puede verse compelido a adelantar los términos de su responde, porque ello significa brindar al demandante la oportunidad de mejorar su presentación originaria antes de cumplir la nueva notificación. (En disidencia: Dra. Flores).
Despido, proporcionalidad de la pena
Materia: LABORAL
Carátula: Bou, Hector Daniel c/ Vitasse, José M. y/o Microomnibus Sur s/ Horas extras, rubros adeudador e indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-07-19

Aún en la hipótesis más favorable a la patronal, es decir, en el caso que el trabajador se hubiera negado a concurrir a trabajar sin fundamentación alguna, no puede el empleador sancionar con la ruptura del contrato laboral tal inconcurrencia, pues ello implica no tener en cuenta la necesaria proporcionalidad que debe existir entre falta y sanción; en este caso, ruptura del vínculo, más aún que no se invocan antecedentes en el tema, como podrían ser reiteradas inasistencias sin justificar. La sanción por supuesta falta al trabajo, consistente en tres días de suspensión, no puede computarse como antecedente ya que fue oportunamente impugnada y resuelta a favor del trabajador.
Concurso preventivo, quiebra, privilegios especiales (comercial)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Frigorífico Ramallo S.A. s/ Quiebra -Incidente de verificación tardía promovido por Indexer S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

En función de lo preceptuado por el art. 243 de la ley 24522 ha de acudirse a los incisos para establecer la prelación de los privilegios especiales, con excepción de las garantías reales del inciso 4to.), las que desplazan a cualquier otro concurrente.-
Títulos ejecutivos, mora, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sindicatura Liquidación Banco Buci S.A. c/ Mulet Juan Pedro y Otros s/ Ejecutivo-Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-08-06

Conforme lo prescripto por el art. 50, apart. 4º del Dec. -Ley 5964/63, resulta de aplicación en autos la presunción legal de que el título fue presentado al cobro a la fecha de su vencimiento, y que, por tanto, en dicha fecha se operó la mora, y de ello y de lo preceptuado por el art. 52, inc. 2º a su vez deriva que los intereses se adeudan desde la fecha de vencimiento.
Confirmación de sentencia, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: QUINTANA AGURTO CLEMIRA c/ LOPEZ HECTOR MANUEL Y OTRO s/ D. Y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-01

Debe ser confirmada la sentencia de primera instancia en la suma de dinero determinada para reparar el sufrimiento moral, pues a entiendo adecuada a los padecimientos que presumiblemente pudo haber tenido la accionante, en tanto no se ha acreditado cuál es la influencia de las secuelas físicas en la vida de relación de la víctima.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Ricardo Ramón y otros s/ Asociación ilícita - Privación ilegal de la libertad - Robo -  Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-27

Corresponde anular de oficio la sentencia recurrida cuando contiene deficiencias que obstaron sustancialmente a la formulación del recurso de inaplicabilidad de ley o que imposibilitan a la Corte el debido conocimiento del mismo, como ocurre en el caso en que la Cámara, al enumerar -indiferenciadamente- los elementos que integrarían las pruebas compuestas tanto de la materialidad de los hechos como de las respectivas autorías responsables, omitió determinar respecto de varios de ellos sus naturalezas probatorias.
Constitución Provincial, constitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: TORRENS JOSE WILLIAM c/ PAZ NESTOR ENRIQUE Y OTRO s/ COBRO DE DOLARES ESTADOUNIDENSES - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-27

Los dos primeros apartados del art. 37 de la Constitución de nuestra provincia, no presentan colisión con respecto al orden legislativo establecido en la Constitución Nacional, por ser meras enunciaciones dogmáticas de principios y garantías generales a los ciudadanos y obligaciones impuestas al Estado a los fines de facilitar el acceso a la vivienda. En cambio, no ocurre lo mismo con su parte final o tercer párrafo que establece que la vivienda única es inembargable de acuerdo a lo establecido en la ley, por abarcar en primer lugar cuestiones legislativas privativas del Congreso Nacional, por expresa disposición constitucional (Art. 75 Inc. 12 y 121 de la C.N.).
Resoluciones recurribles, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: AYALA, Adrián Moisés s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

En el procedimiento previsto por el art. 431 bis, CPPN, deben extremarse los recaudos para establecer la libertad con que el imputado prestó su consentimiento, el conocimiento de las consecuencias del acuerdo y el asesoramiento eficaz que recibió. Por lo tanto, aquello que no fue pactado no puede ser impuesto en la sentencia pues, entre otras cuestiones, le impide al imputado discutir la procedencia de la regla o medida discutida, su aceptación y optar, en todo caso, por la realización del juicio oral y público (voto del juez Sarrabayrouse)
Responsabilidad del banco, cheque, cheque no a la orden, pago a favor de un tercero
Materia: COMERCIAL
Carátula: BURCHIL SA c/ BANCO ITAU BUEN AYRE SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-21

Es responsable la entidad bancaria por el pago de cheques librados con cláusula "no a la orden" a favor de la accionante, a un tercero que los depositó en una cuenta propia sin endoso nominativo (Ley 24452 art. 12-3° y art. 34).
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEREZ CEJAS, MODESTO Y OTROS c/ BAGLEY SA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDA  ORDINARIA (CSJ EXPTE Nº 85-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-28

Todo reparo constitucional, será una reflexión tardía si el tema llevado a la Corte Provincial fue parte de la disputa que ocupó y analizaron los órganos jurisdiccionales de trámite y no resultó mencionado, en ese plano, por la parte. Esta no puede salir del "marco interpretativo común" por el que discurrió la litis, para sorpresivamente incursionar en el ámbito regulado por las normas de primer nivel.
Explotación sexual, perspectiva de género
Materia: PROCESAL
Carátula: G. Á. G. c/  s/ infracción Ley 26.364
Jurisdicción: Federal — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-30

Corresponde condenar a un agente de la policía a la pena de diez años de prisión por considerarlo autor del delito de trata de personas con fines de explotación, en modalidad de ofrecimiento y traslado, en perjuicio de su pareja, toda vez que de la prueba documental y testimonial analizada existen indicios generadores de presunciones unívocas y concordantes que dan por cierto los hechos que son sustento de la acusación con agravantes, por haber sido cometido con abuso de la situación de vulnerabilidad de la mujer, que a su vez era su pareja y por tratarse el autor de un miembro de una fuerza de seguridad.
Proceso penal, recusación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Romero, Oscar Eduardo s/ Expte. Corte Nº 137/12 - Incidente de Recusación interpuesto por el Dr. Oscar E. Romero en causa Nº 097/12 - Montoya, Martín Andrés - Encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-02-07

El defensor del imputado recusa al Sr. Juez Correccional.

El pedido de apartamiento se asienta en la denunciada enemistad manifiesta que tiene con el juzgador, originada en la tramitación de una causa judicial por daños y perjuicios.

Al resistir la pretensión, el juzgador, en primer lugar refirió que el recusante no reviste la calidad de interesado que lo autorice a reclamar el apartamiento por la causal contenida en el inc. 8 del art. 56 del Código de Procedimiento Penal, y agregó además, que no existía en él ninguna clase de animosidad, y menos que haya un sentimiento de enemistad que determine el sentido de las decisiones que toma en las causas en las que el abogado actúe en defensa de los intereses de alguna de las partes.

Dice también que el recusante no adoptó idéntico temperamento, ni objetó su intervención en oportunidad de llevarse a cabo el juicio en autos 116/2010, hace pocos meses.

Reiteradamente se ha señalado la importancia de ser juzgado por un juez imparcial, y que el derecho de defensa en juicio es un pilar fundamental del debido proceso penal (ver CSJN Fallos 322:1941); principios que no se estiman afectados con la actuación en esta causa, del Juez Correccional de Segunda Nominación.

Al respecto, dijo esta Corte que sólo se configura la causal de enemistad, odio o resentimiento cuando dicho estado de ánimo lo tiene el juzgador para con el litigante y es manifestado a través de actos externos que invistan suficiente entidad y trascendencia para evidenciar la gravedad del desafecto.

Es que la enemistad es un estado subjetivo, de valoración personal, que al ser invocada por el propio juez, no es susceptible de duda, ni de prueba alguna (conf. Levene, t. II, pág. 108, citando Cámara 1ra. Tucumán, Der. V., 36, pág. 573), pero cuando es invocada por uno de los interesados debe manifestarse a través de hechos externos objetivos e inequívocos, que traduzcan la gravedad del desafecto (conf. Lino Palacio, Derecho Procesal Civil, t. II, pág. 324; Hugo Alsina, derecho procesal Civil y Comercial, T. II, pág 304; Levene, obra citada, pág. 105)".

En el caso, quien denuncia un sentimiento de tal naturaleza es el defensor del imputado, que no reviste la calidad de interesado en el proceso, según los claros términos del art. 56 inc. 8 y 57 del Código Procesal Penal.

En esas condiciones, atento la presunción legal resultante de las responsabilidades del cargo, consideramos que no existen razones para dudar de que el juez actuará con equidad y conforme a derecho, por lo que corresponde rechazar el planteo recusatorio.
Suspensión del juicio a prueba, estupefacientes, violencia de género, juicio oral, perspectiva de género
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: NMB c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-13

La evaluación de legalidad sobre la oposición del MPF a la suspensión del juicio a prueba incluye el deber de incorporar las obligaciones convencionales vinculadas con la protección a las mujeres víctimas de violencia de género. No es arbitraria la concesión del instituto si se funda en la necesidad de proteger a la mujer de una situación de peligro y revictimización derivada del enjuiciamiento conjunto con su ex pareja, condenado por violencia de género contra ella.
Recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, jurisprudencia contradictoria
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. QUINTANA 380/386 c/ AGROPECUARIA CEVIS S.A.F.C.A.C.I. s/ EJECUCION DE EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-25

En tanto el objeto del recurso de inaplicabilidad de la ley apunta a unificar la doctrina sobre cuestiones de derecho entre las Salas de una misma Cámara, es requisito esencial de admisibilidad del planteo que los precedentes invocados como contradictorios, provengan de una Sala distinta a la que dictó el fallo cuestionado. Es que si se trata de decisiones sucesivas del mismo tribunal, aun cuando mediara discrepancia, ello sólo configuraría un cambio de criterio o valoración de la jurisprudencia de dicha Sala, lo que torna innecesaria la unificación por vía recursiva.