marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, discriminación por enfermedad, SIDA, daño moral, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: BANCO   GENERAL   DE  NEGOCIOS  SA s/ LIQUIDACION  JUDICIAL  S/INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO (POR LIMA, ONOFRIO).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-05

Cabe admitir la demanda por daño moral incoada contra la entidad fallida por supuesto trato discriminatorio, toda vez que ésta, habiendo afirmado que la única motivación del despido del incidentista, portador del virus "Hiv", fue una cuestión de reorganización de la empresa, debió acreditar que su actitud frente al accionante fue idéntica que la que dispensó o hubiera dispensado a cualquier otro dependiente sano y que el motivo del despido respondió, efectivamente, a una decisión empresarial y que ninguna relación tuvo con la afección de su salud, aportando los elementos de juicio que pudieran acreditar, aunque sea someramente, esas circunstancias; ya que ella y solo ella puede demostrar esos extremos pretendidamente exculpatorios (cfr. resolución del Interventor del Inadi, Dr. Eugenio Zaffaroni, por remisión al dictamen de la asesora letrada); además, resultando la prueba de un acto discriminatorio, sumamente dificultosa pues, por lo general, quien se conduce de tal modo conoce la ilegitimidad de su actuar e intenta disimularlo o, directamente, ocultarlo, se ha sostenido que teniendo en cuenta que la no discriminación es un principio que cuenta con sustento constitucional (su protección emana de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales con similar jerarquía), cuando el trabajador se siente discriminado por alguna causa, el onus probandi pesa sobre el empleador; ya que es mucho más difícil para el primero probar la discriminación que para el segundo acreditar la justa causa, si es que existe (cfr. Cnciv, Sala H, 4.9.00, "S., J. O. c/ Travel Club SA", voto del Dr. Kiper, y sus citas, comentado por Mosset Iturraspe, JA 2001-470).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, procurador general
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTETS Y TANINO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADOS CASTETS Y TANINO S.R.L. Y SUPERMERCADOS RECONQUISTA S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA -AMPARO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

Corresponde confirmar la resolución venida en revisión mediante el remedio de excepción, ya que el A quo ha dado un tratamiento adecuado a la controversia de conformidad con las normas aplicables y a las circunstancias comprobadas de la causa. No obsta a dicha conclusión lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto entendió juzgar procedente el presente recurso pues, en primer lugar, el consejo que dicho funcionario da a esta Corte no reviste vinculatoriedad, dado que su opinión jurídica se produce en el marco de una relación interorgánica y sólo está dirigida a participar de modo de recomendación en la voluntad del Órgano decisor y no a suplirla; y en segundo lugar, porque el Procurador General tiene legalmente limitada su actuación en el marco del recurso de inconstitucionalidad a dictaminar sobre la admisibilidad del recurso y no sobre su procedencia. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhiere el Dr. Vargas. En disidencia: Dres. Falistocco, Gastaldi y Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 275, p 326.
Medidas autosatisfactivas, pronunciamiento inoficioso, recusación sin causa, fondo fiduciario para el desarrollo provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia del Chubut  c/ Estado Nacional  s/ medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2024-06-13

Corresponde que en el marco de un proceso cuya pretensión es la declaración de una medida autosatisfactiva instada por la actora que le ordene al Estado Nacional abstenerse de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia del Chubut, se declare inoficioso pronunciarse sobre el recurso de apelación deducido por el Estado Nacional contra una resolución que no hizo lugar al pedido de recusación sin causa intentado contra el magistrado Federal de Rawson, toda vez que la discusión que las partes entablaron en torno a la recusación del Magistrado de marras ha perdido todo interés actual, al haber quedado establecido que esta contienda no pertenece a su ámbito de actuación.
Intervención de línea telefónica, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Sosa , René Alejandro y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-26

Debe rechazarse el planteo relativo a irregularidades en la intervención telefónica por no haberse incorporado al proceso el auto fundado que dispusiera la interceptación de la línea, ya que es una reedición de lo planteado y contestado por el sentenciante, no resulta cierto lo alegado respecto de la imposibilidad de control de la prueba toda vez que la defensa tenía conocimiento de la existencia del mismo y estaba a disposición si así lo hubiera requerido.
Despido con causa, gravedad de la falta, notificación al trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: BENTACUR MENDEZ, MARIEL c/ CELLWAY SRL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-26

La regla del art. 243 de la LCT no es de una rigidez absoluta cuando, según las circunstancias propias de cada caso, puede quedar en evidencia que el trabajador ha podido interpretar razonablemente con certeza algún acto grave imputado bajo alguna denominación genérica . Se pone de resalto que esto sólo es válido en relación a algún acto bien concreto. (En el caso, la trabajadora fue despedida al ser sorprendida manteniendo relaciones sexuales con un compañero, en su lugar de trabajo, y la empresa le notificó el distracto imputándose una actitud "reñida con la moral y las buenas costumbres").
Interpretación de la ley, actualización monetaria, Ley de desindexación, crédito laboral, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - LABORAL
Carátula: Bolaño, Miguel Angel c/ Benito  Roggio  e  Hijos  S.A.  -  c/ Ormas S.A. Unión Transitoria de Empresas Proyecto Hidra. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

Si la ley 24.283 declara comprendidos en su ámbito "al valor de una cosa o bien o cualquier otra prestación", sólo un razonamiento voluntarista y ajeno al orden jurídico vigente puede excluir de tales supuestos a las obligaciones de pagar sumas de dinero emergentes de las relaciones laborales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), gravamen eventual, pena, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., R. A. c/  s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

La suerte de la presente impugnación no puede variar a la luz de las postulaciones recursivas vinculadas con la pena de prisión perpetua, por cuanto la interesada no logra demostrar que la sanción impuesta colisione con los principios y derechos fundamentales que invoca, ello así pues, a diferencia de lo que sostiene la compareciente, su asistido no sólo cuenta con la concreta posibilidad de obtener en su oportunidad distintos beneficios penitenciarios según la legislación aplicable para los delitos por los que fuera condenado teniendo en cuenta la fecha de comisión de los hechos, sino también por la circunstancia de que antes de cumplirse las etapas respectivas si el tiempo de encierro se transforma en una pena cruel, inhumana o degradante o atenta contra la resocialización, la cuestión puede ser traída a conocimiento de los estrados jurisdiccionales, por lo que se está ante expectativas futuras que son mutables y por ende, existe la posibilidad de que llegado el momento y ante una concreta solicitud se disipe el agravio que hoy se invoca, todo lo cual torna inadmisible -por prematuro- su tratamiento; no haciendose cargo tampoco la impugnante de demostrar por qué considera que la pena aplicada no refleja la medida de la culpabilidad efectivamente probada ni de demostrar que la sanción escogida resulta en el caso de una magnitud irrazonable o desproporcionada a la gravedad del injusto por el que se condena al encartado. - Jurisprudencia vinculada: Zapata, AyS T 321, p 449/454, sumario J0050556.
Segunda instancia, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Suma Construcciones SRL c/ Cooperativa Gualcamayo Ltda. Gutiérrez, Cesar s/ Cumplimiento de Contrato - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-03-27

Se ha mantenido firmemente la prohibición de recibir prueba en Segunda Instancia, cuando el recurso de apelación se ha concedido en relación.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, juicio ejecutivo, excepciones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BANCO FRANCES DEL RIO DE LA PLATA S.A. c/ BARBIERI, MARGARITA L. BERGAGNA DE Y OTRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - JUICIO  EJECUTIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 377 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-14

Si bien es cierto que las sentencias recaídas en los procesos de ejecución no son definitivas en los términos del artículo 1 de la ley 7055, tal principio admite excepción cuando no existe la posibilidad del ordinario posterior normado por el artículo 483 del Código Procesal Civil y Comercial, circunstancia que se da cuando se trata de excepciones procesales relativas al proceso ejecutivo y de cualquier excepción o defensa que se haya deducido, sustanciado y decidido en aquel sin limitación de prueba. Y esto es lo que acontece en le sub júdice, donde el Juez, al rechazar las excepciones opuestas por el demandado, meritó la habilidad del título, tema este que no podrá ser ya objeto de discusión en el ordinario posterior, al menos en cuanto refiere a la idoneidad de aquél para llevar adelante la ejecución.
Apreciación de la prueba, doctrina de los actos propios, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: ARAUCO  S.A. c/ Empresa  SIR   S.A. s/ rescisión de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

Si el tribunal de la causa tuvo presente, con idéntica precisión, el minucioso detalle de la documentación acompañada efectuado en la demanda, al excluir ulteriormente algunas piezas de ese contexto documental receptado sin observaciones, desvirtuó la firmeza de sus propios actos e incurrió en una renuncia a la verdad jurídica objetiva.
Ciudadanía, ciudadanía por naturalización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VILORIA CARPINTERO, Erlinda Aminta s/ Naturalizacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-23

Debe revocarse la sentencia por la cual se otorgó la ciudadanía argentina por naturalización por cuanto no se cumplió con el informe o certificado de buena conducta del país de origen de la peticionante, siendo un requisito acorde con la naturaleza del acto.
Escritura pública, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: CORIA RAUL ALFREDO c/ GEREZ MERCEDES s/ REIVINDICACION-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-19

La falta de firma de la demandada en una Escritura expresando su consentimiento o asentimiento a la venta realizada por su cónyuge, torna nulo al acto y lo priva de sus efectos, pero para que este efecto se dé, es menester oír a todas las personas involucradas en el mismo.
Caja Nacional de Ahorro y Seguro, entes autárquicos, estabilidad del empleado público
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: LEONOR VIRGINIA ROMERO DE MARTINO c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ POLITICA    LEGISLATIVA-    DELEGACION  DE  FACULTADES  LEGISLATIVAS-  ESTABILIDAD  DEL EMPLEADO PUBLICO-  CESANTIA-  CONSTITUCION  NACIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

El Directorio de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, al establecer en el art. 29, inc. g), del Estatuto del Personal, con carácter permanente la posibilidad de hacer cesar al agente en su cargo por razones de servicio,desconoce la estabilidad consagrada por la Constitución y se aparta de la política legislativa que funda la ley 21.263, que aun no expresada de manera explícita en su texto ni en sus considerandos, es razonable interpretar que ha sido la de reglamentar la garantía constitucional reconociendo la estabilidad propia, orientándose a desterrar la arbitrariedad en la administración pública y al establecimiento de factores de equilibrio y seguridad en la carrera de los agentes estatales. De modo que, al haber ejercitado abusivamente las facultades que se le delegaron, la norma en examen debe ser invalidada por violar la mentada garantía y por apartarse del espíritu de la ley 21.963 que pretendió reglamentar.
Representación procesal, personería, acta poder, plazo legal
Materia: CIVIL
Carátula: ALONSO CALVIÑO, Amador c/ ROSSO, Alberto y Otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-25

Cuando el Juez de manera inadvertida ha tenido por parte a quienes al momento de su presentación omitieron justificar su personería, no es aplicable sin más el apercibimiento que contiene el art. 46 del CPCC. En estas situaciones el Magistrado debe exigir de oficio el cumplimiento de ese requisito, fijando un plazo al efecto bajo apercibimiento de tener al compareciente por no presentado. La falta de presentación de la documentación respectiva constituye la inobservancia de una exigencia formal, y su incumplimiento no puede acarrear la devolución del escrito o la pérdida del derecho que se pretendía ejercitar, en tanto no medie una intimación del Juzgado destinada a subsanar dicha omisión o irregularidad.
Inspección General de Justicia, funciones ejecutivas, poder de policía, sociedades comerciales
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ Midas Hotel Management SA s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Procede hacer lugar a la apelación de la sociedad reclamante contra la resolución de la IGJ que dispuso: a) la realización de las investigaciones e inspecciones que correspondan a su respecto y de toda otra sociedad que en el curso de las mismas surja/n como vinculada/s a aquellas, a los fines de verificar su real y efectiva actividad, así como el cumplimiento de sus objetos sociales y la identificación de sus integrantes y miembros de sus órganos sociales, en todo lo que legalmente corresponda; b) que, en ejercicio de la función de fiscalización propia de la "IGJ", ésta se encuentra autorizada a requerir información y todo documento que estime necesario, así como examinar los libros y documentación de esas sociedades y eventuales sociedades vinculadas sujetas a investigación, con facultades para pedir informes a sus autoridades, responsables y a terceros; c) formular, para el caso de que el organismo lo estime necesario, denuncia ante las autoridades judiciales, administrativas y policiales y/o iniciar las acciones legales que correspondan en derecho, pudiendo, incluso, solicitar en forma directa a los agentes fiscales el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes en los casos de violación o incumplimiento de las disposiciones en las que esté interesado el orden público. Ello por cuanto, en el caso, dicho ente se constituyó con un capital social inferior al establecido en la Resolución N° 529/2018 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la autoridad de contralor no refirió que se encuentre alcanzada por ninguno de los demás supuestos contemplados por la transcripta LGS 299. Síguese de ello, que no se trata de una sociedad sujeta a fiscalización estatal permanente, encontrándose, en realidad, sometida a un régimen de control estatal limitado, referido al control de constitución, modificaciones al contrato constitutivo y variaciones del capital social (LGS 53, 167 y 300). La fiscalización entonces, en el caso a la sociedad apelante, no comprende la evolución completa del ente a través de su funcionamiento, sino que acontece cuando operan situaciones predeterminadas (Benseñor Norberto R., "Fiscalización estatal y poder de policía societario", RDCO, N° 20-117, p. 359).
Cuenta corriente bancaria, rectificación de cuenta corriente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Distribuidora Lassaro S.H. c/ Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. s/ Revisión y rectificación de asientos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-15

La aprobación amigable o judicial del saldo de una cuenta corriente bancaria no obsta a la rectificación posterior de dicha cuenta por errores u omisiones, conclusión dogmática que se refuerza con lo dispuesto por el art. 790 párr. primero del Cód. de Comercio -ubicado en el capítulo de la cuenta corriente mercantil, pero aplicable por extensión a la cuenta corriente bancaria-, que se refiere a la acción de "rectificación de la cuenta por errores de cálculo, omisiones, artículos extraños o indebidamente llevados al débito o crédito, o duplicación de partidas"; empero, no se debe confundir la rectificación, por los conceptos indicados en la norma precitada, con la revisión de la cuenta (art. 793 párrs. primero y segundo, cód. cit.), que implica la reapertura de la discusión sobre la procedencia de la inclusión o exclusión de determinadas partidas, pues esta última es improcedente, por extemporánea, con posterioridad a su aprobación amigable o judicial.
Estado Nacional, competencia, competencia por el territorio, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: Perfumo, Raul Antonio y otros c/ EN - SPF s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-20

Resulta competente la justicia con asiento en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires para entender en la acción contra el Estado Nacional Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Servicio Penitenciario Federal para que se ordene incorporar al haber remunerativo que percibe, las compensaciones y/o suplementos de carácter general, dado que la demandada tiene su domicilio en la Ciudad, lugar donde se deberia cumplir con las obligaciones que se reclaman.
Terceros, intervención obligada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VAZQUEZ DE ARAUJO, NILDA c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-03-14

El tercero interviniente, una vez admitida su intervención, deja de ser tercero para convertirse en una parte más.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, recurso de apelación (procesal), sentencia, voto de los jueces, voto de adhesión
Materia: PENAL
Carátula: Cruz, José L. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

La resolución de la Cámara que declara extemporánea la apelación reviste el carácter definitivo en el concepto del art. 357 del Código de Procedimiento Penal pues su efecto inmediato es dejar firme la sentencia de primera instancia que resuelve sobre prescripción, y habiendo sido dictado dicho pronunciamiento sin dar cumplimiento con la forma de acuerdo y voto individual de los jueces, se la anula. (Minoría u opinión personal)
Tribunal de alzada, facultades del juez, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Ocampo, Julio Rodrigo c/ Maderera La Forestal y-u Otro y-o Quien Resulte Responsable s/ Cobro de Haberes  Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-29

El tribunal de la apelación no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos e impide que se prive a la impugnación de su finalidad específica de obtener una ventaja o un resultado más favorable.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, interpretación del contrato
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CAYUMAN, JUAN CARLOS c/ VIDAL, EUGENIO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (SUMARIO) S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-05-31

Las consideraciones sobre el término o plazo contractual cuya dilucidación implica interpretar el contrato celebrado entre las partes y las conductas desarrolladas por ellas en orden a la efectivización del mismo, son cuestiones ambas ajenas a la esfera de revisión específica del recurso de casación.-
Marcas, publicación periodística, aplicación de la ley, fallos de la Corte Suprema
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cámara de Empresarios Madereros y Afines c/ Baravechia, Santos José y otros s/ Cese de uso indebido del nombre CEMA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-12

Tratándose de periódicos, revistas o diarios, su título lo identifica como mercadería, como objeto de comercio, pues su característica es que no designe el contenido; es independiente de lo que en el periódico se escribe, y tanto es así que no obstante cambiar todos los días, semanas o meses, su nombre permanece inmutable. Lo más que puede representar es una tendencia, pero ello es también relativo. De allí que lo atinente al título de las publicaciones periódicas se lo plantee como problema marcario. Tal es la doctrina sostenida por la Corte Suprema y la de esta Cámara, que se encuentra corroborada expresamente en el decreto reglamentario 558/81 que incluye en la clase 16 a "diarios y periódicos".
Proceso penal, excarcelación, domicilio del imputado, circunstancias que impiden la excarcelación, intención de entorpecer la investigación judicial
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de excarcelación en autos Rosello, Gustavo s/ inf. art. 189 bis del C.P.-Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-15

A fin de conceder la excarcelación del imputado, la falta de certificación fehaciente de su domicilio real por sí sola no podría conducir a la presunción de una posible fuga o entorpecimiento de la investigación, dado que la futura comparecencia del nombrado podría asegurarse mediante la imposición de una caución.
Jurisdicción internacional, violación de derechos humanos, VENEZUELA, Corte Penal Internacional, non bis in ídem
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Maduro, Nicolás y otros c/  s/ legajo de apelación
Jurisdicción:  — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-05

El momento excepcional de emergencia y, sobre todo, que los sucesos devenidos en las denuncias aquí acumuladas podrían ser novedosos, distintos e incluso exceder aquellos que podrían integrar la materia cuyo alcance forma parte actualmente de los hechos denunciados y tramitados ante la Corte Penal Internacional, sin perjuicio de futuros planteos o cuestiones vinculadas con temas de doble persecución que puedan ser resueltos en un momento más avanzado y oportuno, corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para entender en la investigación por la responsabilidad del gobierno de la República de Venezuela en crímenes y violaciones de derechos humanos, y para su debido juzgamiento.
Cuestiones de competencia, ejecución hipotecaria, concursos, fuero de atracción
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Casasa S.A.  S/ quiebra c/ Saiegh, Salvador y otro s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-02

Corresponde mantener la competencia del juzgado donde se inició la ejecución hipotecaria, al margen de la presentación del demandado en concurso preventivo en extraña jurisdicción.