marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Notificación por cédula, domicilio denunciado, domicilio real
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Silva, Antonio Mario s/ sucesión ab intestato Silva, Antonio Mario s/ sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-21|2000-02-21

Los particulares no pueden constituir domicilio, ni tenerlo realmente, en los edificios públicos ( vg. Municipalidad, Concejo Deliberante, Tribunales, Hospitales etc. ), ni tampoco residir en los mismos - en principio - con ánimo de habitualidad; por ello, y no habiéndose denunciado el domicilio real en el escrito de inicio en legal forma, debe notificarse la regulación de honorarios en el domicilio que fuera oportunamente constituido, conforme la prescripción normativa, lugar donde serán válidas las pendientes y ulteriores notificaciones de autos que legalmente estuvieran dirigidas al domicilio real ( arts. 40 último párrafo y cdts. Cód. Proc. ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Instrumentos privados, prueba, prueba documental, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barbosa, Miguel Obdulio c/ Lomazzi, Juan Carlos y otro s/ Rescisión de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-07

La fuerza probatoria de un documento privado reconocido no puede ser enervada, por la confesión ficta de la contraparte ya que existe prueba documental en contrario (doct. arts. 384, 415, del CPCC).

Tampoco por la prueba testimonial, que deviene inconducente para modificar lo escrito en una cláusula de un contrato que ha sido reconocido por las parte, máxime cuando no se han alegado vicios en el consentimiento (arts. 1193 del Cód. Civil; arts. 384, 456 del CPCC).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Calificar a la interpretación según los resultados que esta arroja supone haber determinado la inteligencia que se considera correcta, supuesto sólo a partir del cual se estará en condiciones de señalar como extensiva a la que otorga a la norma mayor amplitud y restrictiva a la idea que le adjudique menor alcance. Tal determinación importa, necesariamente, establecer el sentido de la norma en análisis por el método interpretativo que sea adecuado al caso, lo que equivale a realizar la tarea que, en principio, el art.

15 de la ley 48 ha dejado fuera de la jurisdicción apelada de la Corte.
Honorarios, base, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GANDOLFO DE QUAGLINO DELFINA MARIA c/ ROSA  PORTILLO  DE  QUAGLINO,  ROMINA  NATALIA,  ANDRES  FRANCISCO  Y ALEJANDRO LUIS QUAGLINO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-08-06

Tratándose de un juicio de desalojo relacionado con una locación, por definición hay base (art. 1493 C.Civil), y con mayor razón si la causal esgrimida es la falta de pago. Incluso aunque el precio se debiera cumplir en especie (art. 62, 2a parte, ley 7269). Esto significa que en juicio de desalojo de inmueble rural nunca puede faltar la base, salvo por cuestiones relativas a la acreditación del valor de las "especies", o de los bienes tomados como parámetros de actualización. Cabe señalar que las pautas que proporciona el art. 62 Código Arancelario de Abogados y Procuradores para determinar la base regulatoria, así como todas las demás tomadas en consideración por la ley arancelaria, rigen aunque no se sostenga la nulidad del acto jurídico en virtud del cual se acciona, sea por acción o por excepción. De lo contrario habría que concluir que en tales supuestos, especialmente cuando la base resulta de valores señalados en el mismo acto jurídico impugnado, carecerían siempre de base económica. Pero no es así. La ley sienta como principio general "la base de la regulación es el valor del crédito o de los bienes motivo de la demanda" (art. 29), y luego partiendo de allí, señala diversas pautas en función del tipo de pretensión ejercida. Luego, si la base resulta de un precio o valor establecido en un acto jurídico, ése es el valor en juego, se declare o no su nulidad.-
Contrato de trabajo, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: JAIMEX DE RODRIGUEZ P. c/ I.A.P.S. Y OTROS 2. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-05

La doctrina mayoritaria, llamada clásica, con un criterio amplio, al considerar a la empresa a la cual se integra el trabajador, como un todo, entiende que, por actividad normal y específica propia en los términos del artículo 30 Ley de Contrato de Trabajo, no debe entenderse sólo a la actividad principal en el sentido en que la principal se le suele oponer a lo accesorio, sino que la expresión abarca también aquellas actividades que pudieron ser calificadas como secundarias o accesorias, con tal que estén integradas permanentemente al establecimiento. Cfr.Torres c/Gran Service Paraná. 29/2/88. Godoy c/Montiveros y otros. 10/2/89. Ojeda c/Rapuzzio. 14/12/89. Polo c/Ecos S.A. 16/5/89. Villanueva c/Esso y otros. 20/11/92.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, domicilio, menores, patria potestad, régimen de visitas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: HUGO RICARDO GUTIERREZ c/ NORA ALICIA SCHWINDT s/ DOMICILIO- MENOR DE EDAD.    REGIMEN DE VISITAS.    PATRIA POTESTAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-26

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que rechazó la oposición del padre a la autorización solicitada por la madre para mudar su domicilio y el de la hija menor del matrimonio. Ello es así, pues los agravios remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho común, materia propia de los jueces de la causa y ajena -como regla y por su naturaleza- a la vía del art. 14 de la ley 48 y, en el caso, no se aprecia que lo resuelto por el a quo provoque una perturbación en el ejercicio de la patria potestad del recurrente, pues en previsión de ello en la propia sentencia se estableció un amplio régimen de visitas.
Viajantes de comercio, comisiones
Materia: LABORAL
Carátula: DEL GIORGIO, HECTOR J. c/ SERRA LIMA SAIC. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-31

Los rubros que no ingresan al patrimonio de la empresa y solo constituyen gastos a cargo del comprador, no pueden ser considerados integrativos del 'precio' sobre el que debe calcularse la comision porcentual del viajante, aunque figuren unitariamente en el 'precio total' de la mercadería vendida.
Prueba, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Falduti Renzo, María c/ Pite de Estévez, Andrea C. s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

La potestad de replanteo de prueba en la Alzada que otorga a las partes el art. 260 del Código Procesal es de interpretación restrictiva, por lo que al fundamentar la petición debe el interesado justificar cumplidamente que de su parte no medió demora, desidia o desinterés en el diligenciamiento de los medios probatorios que ha perdido.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, medidas cautelares, banco central, entidades financieras, recurso de apelación (procesal), sanciones administrativas
Materia: PROCESAL
Carátula: Profin Compañía Financiera  SA s/ apelación    Resolución   280  del  Banco  Central  de  la  República  Argentina.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Es equiparable a sentencia definitiva la decisión que, al hacer lugar a una medida precautoria, dispuso que, mientras se sustanciara el recurso de apelación interpuesto en los términos del art. 42 de la ley 21.526, quedaran suspendidos los efectos de una resolución del Banco Central en lo referente a la inhabilitación aplicada, pues importa el desconocimiento de los términos expresos de dicha norma, en cuanto a que el recurso debía concederse en el caso al solo efecto devolutivo.
Policía federal, personal policial, SIDA, prueba hematológica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BRE. c/ Policía Federal Argentina s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

Si la realidad viviente al momento del dictado de las normas policiales no exigió al legislador restricción alguna para la indagación de la salud del agente, la realidad sobreviniente a la aparición del SIDA impuso el dictado de la ley 23.798, cuyas normas exigen una armónica coordinación con aquéllas (Disidencia parcial del Dr. Carlos S. Fayt).
Competencia federal, competencia de menores, competencia por el territorio, lugar del hecho, participación criminal, autoría, régimen penal de la minoridad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Garnica, Luis Alfredo. s/ Infracción Ley 20.771
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-10

Corresponde al juez federal disponer sobre la situación del menor aprehendido en un lugar sujeto a la jurisdicción federal, al que se presume autor de un delito.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, verificación de créditos, impugnación de la demanda de verificación, trámites judiciales, recurso de apelación (procesal), resoluciones, costas, concursos, celeridad procesal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Acopiadores de Cereales Argentinos SA s/ 1) Apelabilidad de la resolución de la impugnación al informe   individual del síndico. 2) Apelabilidad de las costas en auto   inapelable. 3) Devenga o no imposición de costas al perdidoso el   trámite de impugnación al informe individual del síndico al que se   refiere el artículo 36 de la ley 19551?. Quiebra. Impugnación   promovida por el Banco Provincial de Santa Fe al informe individual   del síndico (Expte. Nro. 161-87 -Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-17

Tratándose las resoluciones que recaen a propósito del artículo 37 de la Ley Concursal -declarando admisible o inadmisible un crédito- de un auto o resolución inapelable, la imposición de costas debe correr igual suerte, porque éstas forman parte integrante en calidad de "accesorios" de la decisión principal. Por ello no existe razón para darles un tratamiento recursivo distinto al que la ley ha dado a éstas últimas, imponiendo su inapelabilidad con propósito de economía, brevedad y celeridad procesal. (De los Fundamentos del Dr.

Scavone -En Mayoría-).
Sentencia, facultades del juez, apreciación de la prueba, recurso extraordinario
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DEFERRARI, LEONARDO D. s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 1018
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

La apreciación de la prueba constituye, por vía de principio, facultad de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión en instancia extraordinaria, así se trate de las presunciones.
Derecho a la salud, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa P., E. G. y otra c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-12

Cuando se trata de los asuntos relacionados a la tutela del derecho a la salud no hay razones que justifiquen eximir ni mitigar el deber de fundar las sentencias que pesa sobre los tribunales judiciales de la República.
Daños y perjuicios, indemnización, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Violi, Claudio Alberto c/ Brenelli, Alvaro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

El concepto lucro cesante comprende estrictamente las ganancias que dejó de hacer la víctima hasta el día de su completo restablecimiento (arg. art. 1086 Cód. Civil), que supone que la víctima ha sufrido una invalidez transitoria, luego superada por el restablecimiento definitivo, mientras que mediante la incapacidad sobreviniente se resarcen secuelas irreversibles, aunque con el alcance amplio de la reparación integral.
Recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: FLETAMAR  S.A. c/ POSTERNAK, EDUARDO ARNALDO s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

La vía del recurso de inaplicabilidad de la ley no es apta para analizar el acierto o desacierto del fallo impugnado, tal como en definitiva surge de las argumentaciones expuestas por el peticionario, quien al suponer en aquél una idéntica construcción jurídico-doctrinaria a la que sustentaba el precedente respecto del cual invoca contradicción concluye por quejarse respecto de la valoración efectuada acerca de las probanzas aportadas.

Habida cuenta, asimismo, de las diferentes circunstancias fácticas que presenta esta causa frente a la decidida por la Sala en el precedente citado, cabe concluir que no existe contradicción en punto a la doctrina aplicable por lo que el recurso interpuesto no puede prosperar.
Accidentes de trabajo, tareas de altura, responsabilidad del empleador, higiene y seguridad del trabajo, culpa concurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez de Juriakus, Eva c/ Ferreyra Ramón Jesús s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 320/326, Nº 139) Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 320/326, Nº 139)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-04-27

No puede afirmarse que el hecho de la víctima esté desvinculado del hecho del demandado (no previsión del probable resultado dañoso y, por ende, existencia de conducta negligente en la adopción del las medidas de seguridad tendientes a evitarlo). Tal corolario es suficiente para negar que el hecho de la víctima haya sido autónomo, ya que no se puede sostener que haya culpa exclusiva de la víctima si el agente ha violado el deber de seguridad que se impone a todo ciudadano como prohibición de poner en peligro la integridad física o patrimonial de los demás. Por lo tanto cuando una persona ha violado el deber de seguridad creando un riesgo hacia terceros, no puede liberarse de responsabilidad alegando la negligencia de éstos.

Una decisión semejante se levanta contra la equidad, pues implica admitir que a uno de los culpables -aquel que violó el deber de seguridad- se le exima de responsabilidad, haciendo pesar la suma de las consecuencias sobre el otro.

Teniendo en cuenta la existencia de culpa de ambas partes, debe procederse a determinar la cuantía de la indemnización de acuerdo con dos criterios que señala la doctrina científica más autorizada; 1º) En primer lugar se ha de tener en cuenta la medida en que cada culpa ha contribuido a causar el daño. En este sentido estimamos que ambas conductas fueron determinantes del siniestro, ya que mientras el demandado violó el deber de seguridad, proveyendo de un andamio sin aislación, de altura superior a la del tendido de alta tensión y sin adoptar las medidas de prevención que las circunstancias exigían, la víctima -por su parte- obró imprudentemente al desplazar el andamio sin reparar en la proximidad de los cables de alta tensión y, por ende, en la posibilidad de un contacto con estos.

2º) En segundo lugar, se ha de tener en cuenta la gravedad de las distintas culpas, entendida ésta -la gravedad- como elemento de causalidad. En éste sentido, entendemos que sendas conductas se equiparan en gravedad, por lo que deviene equitativa la solución del a-quo al atribuir un 50% de responsabilidad al demandado y el otro 50% a la propia víctima.-
Interpelación, Administración Pública, facultades discrecionales, empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALMITRANI, ROBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 129-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

El ejercicio de la potestad de dejar cesante al empleado, está legalmente condicionado a que el agente reúna los requisitos para obtener la jubilación ordinaria y además, a que se cumpla la intimación previa y transcurran los plazos legales, evitándose de esa manera que el cese compulsivo afecte la posibilidad de que el tránsito de la vida activa a la condición de pasivo, se realice sin solución de continuidad en cuanto a los ingresos del trabajador.
Cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Monzón,   Carlos  Gustavo s/ uso  indebido  y falsificación de documento público y encubrimiento  robo automotor.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-17

Es presupuesto necesario para una concreta contienda negativa de competencia, que los jueces entre quienes se suscita se la atribuyan recíprocamente.
Honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Matto de Papalardo, Mirta B. c/ O'Farrell de Hyland, Ana M. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

Corresponde reajustar la regulación de honorarios por el período comprendido entre su dictado y la fecha en que adquirió firmeza luego de sustanciadas y rechazadas las apelaciones deducidas contra ella.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, daño calificado, taxi, competencia de instrucción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ESPINOZA VERAMENDI, José. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-18

El taxímetro, como transporte público de pasajeros, al igual que el colectivo, si bien es de propiedad privada, adquiere la calidad requerida por el tipo penal inserto en el inciso 5° del art. 184 del C.P. desde el momento en que se encuentra afectado a la prestación de un servicio de uso general para la comunidad, que se traduce en la satisfacción de sus intereses y necesidades (*).

Por tanto corresponde asignar competencia a la justicia de instrucción.
Astreintes, sucesiones
Materia: CIVIL
Carátula: CAMANDONA, YOLANDA MAGDALENA. s/ SUCESION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-11

El art. 648, 2ª parte del C.P.C., establece: "...Cuando, en cualquier estado del proceso sucesorio, el juez advirtiese que la comparecencia personal de las partes y de sus letrados podría ser beneficiosa para la concentración y simplificación de los actos procesales que deben cumplirse, podrá convocar a audiencia, de oficio o a pedido de parte. La audiencia se citará bajo apercibimiento de imponer una multa de hasta cinco veces el valor de la consulta escrita de abogado, en caso de inasistencia injustificada...". A su vez el art. 43 C .P.C., se refiere a las facultades disciplinarias que podrán aplicar los jueces y sancionar con multa a quienes no cumplieron los mandatos judiciales y de carácter excepcional, cuando no existe otro medio legal o material para evitar una multa a la justicia o impedir que el pronunciamiento resulte meramente teórico. Las sanciones conminatorias pecuniarias aplicadas a terceros que se resisten a cumplir una orden judicial -astreintes, constituyen un medio compulsivo excepcional que el juzgador esta autorizado a aplicar cuando no existen otros recursos operantes a su alcance para inducir o lograr su cumplimiento. Para tornarlo posible no sólo es menester el incumplimiento, sino una resistencia obstinada, que se configure cuando existe reiteración de conducta desobediente y se ha conminado a éste a su cumplimiento bajo apercibimiento . Ello significa que no puede aplicarse astreintes sin más, sino que se requiere hacer conocer en forma fehaciente al tercero que si persiste en la conducta omisiva, será pasible de astreintes, con determinación cuantitativa de la multa.
Admisibilidad del recurso, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre de Schauvinhold, Clara por sí y por su hija menor c/ Centro de Emergencias Médicas S.R.L. (C.E.M. SRL) s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-29

En el recurso de inaplicabilidad de ley el recurrente denuncia que se ha prescindido de valorar prueba esencial y decisiva, pero omite la cita de la ley o doctrina legal violada o erróneamente aplicada, que recepten el principio de la sana crítica. La mera manifestación de la absurdidad en la ponderación de los elementos de la prueba no exime al recurrente de cumplimentar con la carga procesal establecida en el artículo 280 del Cód. Procesal Civil y Comercial aplicable por remisión del artículo 140 del Cód. Procesal Laboral.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: De Renzis, Enrique Angel c/ Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

El monto del agravio debe exceder el mínimo legal a la fecha de su interposición.
Recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, interés del menor
Materia: PENAL
Carátula: Brunchi, Patricia Edith c/  s/ robo con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-31

Cabe rechazar el nuevo fundamento del agravio introducido en el plazo de oficina por la defensa oficial en lo concerniente al planteo de inconstitucionalidad del art. 12 del Código Penal, en primer término, porque no se hace cargo de identificar de qué modo concreto la privación del ejercicio de una autoridad legal afecta a algún hijo de la condenada -en particular qué medidas de protección especial no podría adoptar al verse privada de la patria potestad-; en segundo término, porque no puede evitarse que ciertos efectos de la pena sean perjudiciales a terceros, de modo que es necesario demostrar que ese perjuicio constituye una verdadera pena al tercero, lo cual no demuestra; y, finalmente, porque la defensa confunde privación del ejercicio de la patria potestad con los derechos del niño o niña a convivir con sus padres y no separados de éstos (art. 9.1 de la Convención de los Derechos del Niño). La privación temporal del ejercicio de la patria potestad no acarrea per se esa separación. Sobre ello, la defensa no ha demostrado acabadamente que se hubiese operado tal separación respecto de algún hijo o hija por razón de este proceso, ni en su caso, que esta separación no se ha operado por su situación de detención (voto del juez García).
Corrupción de menores, edad de la víctima, prueba
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ, OSVALDO s/ CORRUPCION - FALTA ACREDITACION EDAD MENOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-03-16

Para que prospere una condena por corrupción de un menor de edad, es necesario que se justifique esa minoridad. El art. 80 del Cód. Civil exige en primer término el certificado pertinente obtenido del Registro, tratándose de una persona de nacionalidad argentina, para justificar el nacimiento y demás circunstancias y el art. 85 cód cit. recién autoriza, a falta de Registro o de asiento y no estando éste en debida forma, que se justifique el día del nacimiento o por lo menos el mes o el año, por otros documentos o medios de prueba y sólo a falta de absoluta prueba de la edad, habría que recurrir a la determinación por la fisonomía a juicio de facultativos.

Si no se probó en autos la edad del menor, tratándose de un elemento integrante o indispensable para dar por acreditada la existencia legal del cuerpo del delito, corresponde revocar la sentencia y absolver al procesado del delito de corrupción.