Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-02


Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

I) Llegan estas actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs.903/6 vta. por la defensa de "E. I. M.", contra la resolución de fs.884/99 vta., ambas del expediente principal, en la que se resolvió decretar el procesamiento del nombrado en orden a los delitos previstos en los artículos 146, 138, 139 inc.2do., en calidad de partícipe necesario y 293 -todos del Código Penal- en calidad de autor (certificado de nacimiento) y en calidad de partícipe secundario (Documento Nacional de Identidad), el primero en concurso real con los restantes que concurren idealmente, sin prisión preventiva.

II) En aras de lograr una mayor claridad expositiva, se tratarán por separado cada uno de los delitos imputados al nombrado.

1.-Supresión de Estado Civil (138 y 139, inc.2 del C.P).

En primer lugar debe señalarse que corresponde analizar la procedencia de los citados tipos penales, -sin adentrarnos en el estudio sobre la forma en que concurren entre sí-, según su redacción anterior a la modificación introducida por la ley 24.410. Ello así por cuanto, la norma citada es posterior a la fecha de la comisión del hecho imputado (art.18 de la Constitución Nacional).

Sentado ello, y procediendo al análisis de los requisitos típicos de los artículos mencionados conforme a su redacción anterior, cabe señalar que los tipos en cuestión exigen que el agente haya realizado la conducta típica con el "propósito de causar perjuicio", el cual debe trascender de las propias acciones alteradoras o supresoras del estado civil. Tal perjuicio no es el que se determina en el ataque mismo al estado civil, sino el que se puede producir por medio de ese ataque sobre otros intereses, adquiriendo entidad autónoma. En este delito, la ofensa al estado civil es el medio seleccionado por el autor para perpetrar el perjuicio (ver Creus, Carlos "Derecho Penal" parte especial tomo I, Ed. "Astrea" Bs. As., 1995, pág 284).

Este criterio ha sido puesto de manifiesto por este Tribunal en causas anteriores donde se consideró al referido elemento subjetivo como esencial para la configuración del delito (ver Causa nro. 5452 "Lavallén, Rubén", rta. el 18-4-89, Reg. nro. 6440 y Causa nro.11.000 "Miara, Samuel", rta. el19-12-95, Reg. nro. 12.661, ambas de esta Sala), siendo tales precedentes, sentencias definitivas.

La circunstancia destacada en el párrafo anterior, "in fine", adquiere aquí relevancia, toda vez que, si bien con los elementos de convicción reunidos hasta el presente, no puede considerarse acreditado tal elemento subjetivo, la situación procesal del imputado en la presente causa difiere fundamentalmente de las tratadas en los casos citados. En efecto, en los precedentes mencionados al ser sentencias definitivas, el Tribunal contaba, al momento de resolver y sentar tal criterio, con la totalidad de las probanzas arrojadas por una investigación ya concluida.

Contrariamente, en la presente causa, amén de hallarnos en un estadio procesal previo, cuyo propósito radica, justamente, en obtener elementos de prueba y que no requiere -a diferencia de las sentencias definitivas- certidumbre apodíctica para una resolución como la presente, existen serios indicios que ameritan profundizar la investigación (ver Considerando IV de esta resolución).

En virtud de ello, la exclusión de los delitos tratados, por no haberse acreditado hasta el presente el propósito de perjuicio, tiene el grado de provisionalidad de un pronunciamiento sujeto a las constancias que arrojen las nuevas hipótesis investigativas pendientes, conforme a lo que habrá de expresarse el Considerando citado.

Como corolario de lo expresado, el auto puesto en crisis será revocado en cuanto procesa a "M." por los delitos previstos en los artículos 138 y 139, inc.2do., debiendo profundizarse la pesquisa en torno a la configuración en autos de las citadas figuras penales.

2.- Falsedad Ideológica de Documento Público (art. 293 del C.P.): No se ha cuestionado en autos que el certificado de nacimiento, cuya copia certificada obra a fs. 249 del ppal, fue suscripto por el procesado.

El hecho referido ha sido correctamente calificado por el "a quo" en los términos del art. 293 del C.P., según su redacción anterior a las modificaciones introducidas por la ley 24.410, conforme a los argumentos expuestos en el primer párrafo del acápite anterior, al que remitimos. Se agravia la defensa de que conforme a los tipos penales aplicables, esto es, los arts. 292 y 293, según su redacciones anteriores a tal modificación, el certificado de nacimiento no constituye documento público. Ello así por cuanto, es la ley 24.410 la que equipara tal certificado a dicha categoría de documentos, previo a lo cual se debía remitir a la enumeración de los documentos públicos que efectúa el art. 979 del Código Civil, donde no se lo menciona expresamente.

En primer lugar, corresponde aclarar que el tercer párrafo del art.292, agregado por la ley 21.766 y sustituido por la ley 24.410, al mencionar expresamente ese tipo de documentos, no implica -como pretende el defensor- elevarlo a una categoría de la que no gozaba - documento público- sino, que apunta a incluirlo en la figura agravada (prevista ya por la ley 20.642) del tipo penal mencionado, -al que remite el art.293-, que eleva la pena cuando "el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas", esto es a incluirlo en una categoría especial de documentos públicos. Tal conclusión se extrae de la letra misma del mentado párrafo que comienza diciendo: "Para los efectos del párrafo anterior" es decir, la elevación de la pena, "...están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas ....los certificados de parto y de nacimiento".

Sentado ello, cabe responder frente al agravio expuesto que aún antes de ser expresamente mencionado en el artículo 292, el certificado en cuestión constituía un documento público. En efecto, como primer argumento corresponde destacar que hasta la doctrina civil sostiene que la enumeración del citado art. 979 sólo es enunciativa, pudiendo tal catálogo ser ampliado por otras leyes, que establezcan nuevos funcionarios autorizantes o estatuir nuevas formas.

Siguiendo este razonamiento, puede concluirse que los instrumentos públicos, son aquellos que, con las debidas formalidades legales, autorizan los oficiales públicos o quienes, sin serlo, se hallan legitimados por el derecho vigente para actuar como tales (ver David Baigún- Carlos Tozzini "La Falsedad Documental en la Jurisprudencia", Ed. "Pensamiento Jurídico",Bs.As. 1982, pág 81).

En este sentido la ley 14.586 -Del Registro del Estado Civil en la Ciudad de Buenos Aires-, en su artículo 22, legitima al médico interviniente en el parto para acreditar mediante certificado, haber visto con vida al nacido y la fecha, lugar y hora del nacimiento, debiendo consignar también el nombre que se le quiera dar al nacido y su filiación.

La función del galeno que expide dicho certificado es dar fe del acontecimiento que allí se declara -esto es el nacimiento- en virtud de lo cual desempeña un rol asimilable al funcionario público referido por el art. 979 del Código Civil, en cuanto actúa como fedatario respecto del hecho que se pretende acreditar con el documento que suscribe.

Es así que el certificado en cuestión hace fe de sí y de su contenido -nacimiento y filiación-, de tal manera que en base al mismo habrá de insertarse la inscripción del nacimiento en el Registro del Estado Civil (art.22 y 32 de la ley 14.586), lo que pone de manifiesto que goza de la fe pública o confianza general, corporizándo y acreditando la existencia del hecho "erga omnes", reuniendo así las características propias de los documentos públicos (ver Baigún Tozzini, obra citada pág. 82).

De este modo se responde también al argumento defensiva que sostiene que la misión del médico como fedatario no consiste en certificar que las cosas sucedieron del modo descripto en el documento, sino que la declaración fue hecha por las partes, por lo cual no debe suponerse que "M." conocía la falsedad de lo expresado en el certificado. Contrariamente a lo expresado por la defensa, en el certificado de nacimiento, la fe pública aparece asentada sobre la calidad personal del emisor -ser médico- y de la que surge de un modo inmediato la finalidad de acreditar un hecho clínico, cual es el nacimiento de una persona -y su filiación-. En este sentido resulta relevante destacar que la citada ley 14.586 se refiere al "médico interviniente" en el parto, el que debe dar fe de las circunstancias transcriptas precedentemente. De ello se desprende palmariamente, que "M.", al ser el emisor del certificado de nacimiento -circunstancia que supone su intervención en el parto- no podía desconocer la falsedad de lo allí consignado.

Por otra parte y retomando lo expuesto en párrafos anteriores, la inclusión del certificado de nacimiento -por ley 24.410- en la agravante introducida por la ley 20.642, equiparándolo a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, precisamente corrobora su calidad de documento público -anterior a tal inclusión-, ya que un documento destinado a acreditar la identidad, participa necesariamente de esa naturaleza. En este sentido, sostiene Justo Laje Anaya que "si bien es cierto que expresamente la reforma - refiriéndose a la producida por la ley 20.642- no dice que los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, sean instrumentos públicos, la gravedad de la pena está diciendo a las Casos que esos documentos no tienen naturaleza privada, sino que son públicos.....Se trata pues de una calificante que sólo es relativa para ciertos y determinados documentos públicos" (ver Justo Laje Anaya, "Comentarios al Código Penal" vol. IV, Ed. Depalma" Bs.As. 1982, pág. 246).También, Daniel Carrera destaca que "Jurídicamente, la identidad de las personas físicas se prueba o sea, se acredita por medio de los mencionados documentos y, por consiguiente, éstos y nada más que éstos se comprenden en la tutela penal agravada de la ley 20.642. Tutela a cuyos efectos revisten, además, el carácter de documentos públicos" ( Daniel Carrera, "Falsificación de documentos" J.A., doctrina 1974, pág. 782).

Sentado lo expuesto y estando acreditado como se halla en la causa que M." expidió el certificado de nacimiento cuya copia certificada obra a fs. 249 del ppal., insertando declaraciones falsas concernientes al hecho que debía probar, esto es que "M. P." es hijo de "M. L." y "R. P.", cuando en realidad no es así, corresponde confirmar el auto recurrido en cuanto procesa al nombrado por el delito de falsedad ideológica de documento público -certificado de nacimiento- en calidad de autor (art.293 del C.P.).

En cuanto al procesamiento del nombrado por la falsificación ideológica, en calidad de partícipe secundario, del Documento Nacional de Identidad de "M. P.", se agravia la defensa, pues considera descabellado imputar al médico que suscribió el certificado de nacimiento la falsificación del D.N. I. del menor, ya que este hecho emana de la voluntad de los padres y en el que nada tuvo que ver su defendido.

Ante tal planteo es preciso efectuar la siguiente reflexión: contando con el certificado suscripto por M.", dando cuenta de una filiación inexistente, se produjo la inscripción del nacimiento del menor en el libro de actas de nacimientos del Registro Civil y la emisión de la correspondiente partida de nacimiento y del documento nacional de identidad, actuar que como se sostuvo en el ya citado precedente "Lavallén", constituye una única falsedad ideológica. Ello así, por cuanto de un solo hecho que es el acto de inscripción -acta de nacimiento-, deriva como necesaria consecuencia la expedición de otros dos documentos: la partida de nacimiento y el D.N.I.

Ahora bien, conforme al cuadro fáctico y normativo descripto en el párrafo anterior, surge de manera C que, contrariamente a lo sostenido por la defensa, la conducta de M." de emitir el certificado de nacimiento, representó un aporte necesario para la ejecución -aunque sin tomar parte en ella- del plan concreto del autor de la falsedad de este documento público -de la partida de nacimiento y del DNI- esto es, de quien inscribió al menor "M. P." en el Registro Civil presentando el certificado suscripto por M." (ver copia certificada de la partida de nacimiento obrante a fs.248). En virtud de ello el nombrado resulta ser partícipe necesario del delito de falsedad ideológica -partida de nacimiento y D.N.I. de "M. P."-.

Sin embargo, siendo que el "a quo" imputó este hecho a M." en calidad de partícipe secundario, el auto puesto en crisis habrá de confirmarse en cuanto califica de ese modo la conducta del nombrado, toda vez que su modificación conforme al criterio expuesto implicaría "reformatio in pejus". 3.-Ocultación y Retención de Menores (art. 146 del C.P.): Respecto del delito mencionado, argumenta la defensa que al no hallarse acreditada en la causa la sustracción del menor "M. P.", no pueden configurarse la ocultación y retención del nombrado, ilícitos que necesariamente requieren que el menor haya sido sustraído por un tercero. En segundo término sostiene que, aún cuando se considere acreditada la mentada sustracción, no existen probanzas suficientes como para sostener el conocimiento de tal circunstancia por parte de M.".

Si bien es verdad que la retención y ocultación tienen que referirse a un menor que haya sido sustraído, para que tales conductas resulten típicas (ver Creus, obra citada, pág. 342), no es menos cierto que como bien lo destaca el "a quo" existen en la causa elementos de convicción suficientes que, con el grado de certeza requerido por esta etapa procesal, permiten presumir la sustracción del menor "M. P.". En este sentido cabe mencionar especialmente la actividad desplegada por los procesados "M. López y "R. P." luego de la supuesta recepción del menor -una sucesión de ilicitudes, en vez de optar por el procedimiento legal de adopción-, y las explicaciones poco verosímiles y contradictorias por ellos brindadas, que resultan importantes indicios de una procedencia ilícita del menor.

En cuanto a si " M." conocía tales circunstancias, resulta relevante la escucha obrante a fs.705 vta./14, dialogo entre "M. L" y "F" - cuñada de López-, especialmente lo expresado a fs.711/11 vta., de donde puede deducirse no sólo el conocimiento, sino también algún grado de participación del nombrado en la maniobra que culminó con la recepción del menor por parte de los P.", sobre todo cuando "F", haciendo alusión a ese hecho y refiriéndose a "M.", expresa " debe estar acostumbrado a este tipo de tranfugueadas ...como le vas a proponer a un matrimonio una cosa que va en contra de todo, en contra de la ley, de los principios básicos de los derechos de un chico..." Siguiendo con el análisis de la misma escucha telefónica, también resultan destacables partes del diálogo donde Fernanda, refiriéndose al hecho tratado dice " ...fue algo tan sospechoso..cuando es una chica que la quiere dar, las cosas se dan mucho más simples...no es así, hay oscuridad...cuando hay eso, hay algo feo atrás" (ver fs 706 vta.). Luego a fs. 712, la nombrada haciendo alusión a la participación de "M." en el hecho dice "...hay un montón de cosas que se puede hacer para averiguarlo, así que no se haga el piola, que no se quiera lavar las manos porque él también estuvo metido en la trenza".

Acreditado, en base a lo expuesto, que se configuró el delito de retención y ocultación del menor "M. P.", deviene procedente ahora analizar cómo debe calificarse la participación de "M." en tal ilícito.

Conforme se expresó en el apartado nro. 2.-, " M." suscribió el certificado de nacimiento cuya copia obra a fs. 249. Dicho certificado, en tanto permitió la inscripción en el Registro de las Personas de "M. P." como hijo de los procesados "R. P." y "M. L.", representó un aporte indispensable para la ocultación y retención del menor.

Es decir que, conforme a lo expresado, el nombrado resulta ser partícipe necesario en la retención y ocultación de menores.

En cuanto a la forma concursal de los delitos imputados, cabe afirmar que, de momento y con los elementos de convicción colectados hasta ahora, aparece como adecuado, sin perjuicio de lo que surja de las líneas de investigación pendientes -ver Considerando IV- la aplicación del concurso ideal.

III) Respecto del pedido de la defensa, expuesto en su memorial de fs.474/89 de este incidente, de que la querella sea separada de la causa, por carecer de legitimación activa, en virtud del resultado de los exámenes médicos practicados al menor "M. P." (ver fs.855 y 877 del ppal.) que excluyen su parentesco con el matrimonio Pereyra- Cagnola, corresponde señalar que el tratamiento de ese tópico excede la materia del recurso sujeto a revisión de este Tribunal. En virtud de ello, y en aras de no privar de instancia, no se re."verá aquí dicha solicitud, que deberá ser planteada ante el Juzgado interviniente.

IV) Con relación al hecho referido en la denuncia receptada en la Sede de Abuelas de Plaza de Mayo, esto es, que al matrimonio P." le habrían entregado un niño que resultó tener síndrome de Dawn, y a los ocho meses lo devolvieron y le entregaron otro, anotándolo como fallecido, (ver fs.230 del ppal), es preciso señalar que debe el "a quo" ahondar en su pesquisa a los fines de su dilucidación.

Existen en la causa elementos indiciarios de la posible existencia de otro menor anterior a "M. P.", que ameritan una profunda investigación.

En este sentido resulta relevante destacar parte del dialogo ya mencionado entre "M. L." y Fernanda que podrían relacionarse con el hecho denunciado. Ver especialmente a fs. 710 vta., cuando "M. haciendo alusión a la búsqueda de los progenitores de "M." refiere "...yo te digo la verdad que si hubiera sido como la primera vez, ah, yo me hago todos los kms. que me tenga que hacer , y voy a buscar a la mujer ...", luego a fs.711, dice Fernanda haciendo referencia también a "la primera vez" que "Por eso, se lo hubieran devuelto, porque no se lo devolvieron". De la transcripción de este dialogo, se desprende que sería pertinente para la investigación de este hecho escuchar en autos a Fernanda Trok de L." -según datos aportados por "M. L." en su indagatoria a fs 823- para que informe sobre el contenido de esta conversación.

También resulta sugestivo el carnet de salud de "M. P." con membrete y firma del Dr. "E. M." -en fotocopia-, secuestrado en el domicilio de "M. L.", conteniendo fechas a partir del 22/1/80, en el que obran datos de peso y talla que no parecen coincidir con los correspondientes a un niño de más de seis meses de vida, conforme a la fecha del certificado de nacimiento (14/7/79). En igual sentido, del carnet de vacunación "antipoliomilítica" -secuestrado en el mismo domicilio- parece desprenderse que al 11/4/80, "M. P." sólo contaba con tres meses de vida, cuando según el certificado mencionado tendría a esa fecha nueve meses. Siendo, que el médico nombrado fue quien primero tomó contacto con "M. P.", desde que fue receptado por "M. L." y su esposo -según refirió "R. P." en su indagatoria a fs.830-, sería conducente para la pesquisa que el "a quo" lo citara para que sea escuchado en autos con el fin de aclarar la confusión de las fechas.

En esta línea de pensamiento resulta también pertinente, por su posible relación con el hecho a dilucidar, que se ahonde en la investigación de la defunción del hijo de " F P." y "N. M.", cuya partida de defunción obra a fs. 458, escuchando en autos a "M. T." - quien figura como interviniente en el tramite de la denuncia de la muerte ante el Registro Civil- y a "H. R., quien suscribe el certificado de defunción del menor (ver fs.695/99).

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal RESUELVE: I.-CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto dispositivo V de la resolución de fs.884/ 99 vta., en cuanto DECRETA el PROCESAMIENTO de "E. I. M.", MODIFICANDO la calificación legal por hallarlo "prima facie" autor penalmente responsable del delito de falsedad ideológica de documento público -certificado de nacimiento de "M. P."-, en concurso ideal con el delito de retención y ocultación de menores en calidad de partícipe necesario y con el delito de falsedad ideológica de documento público -partida de nacimiento y D.N.I. de "M. P."- en calidad de partícipe secundario, sin prisión preventiva (arts. 293, 146, 45, 46 y 54 del Código Penal).

II.-REVOCAR PARCIALMENTE el punto dispositivo mencionado en cuanto DECRETA el PROCESAMIENTO del nombrado, por los delitos previstos en los arts. 138 y 139, inc.2 del Código Penal, debiendo profundizarse la investigación.

III.- DISPONER que el "a quo" PROCEDA de la manera indicada en el Considerando IV.

Regístrese, hágase saber al Sr. Fiscal General y devuélvase debiendo el "a quo" practicar las restantes notificaciones a que hubiere lugar."