Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-06-22


Posadas, 22 de Junio de 2011.

AUTOS Y VISTOS:

Los caratulados: "EXPTE. Nº 22-STJ-2008 - VIP WORK SERVICES S.R.L. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES - SEC. DE ESTADO DE HACIENDA, FINANZA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS s/ DEMANDA CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA".

Y CONSIDERANDO:

De acuerdo con el sorteo realizado correspon-de votar a los Señores Ministros en el siguiente orden: 1º) Dra. Ramona Beatriz Velázquez, 2º) Dra. Cristina Irene Leiva, 3º) Dr. Jorge Antonio Rojas, 4º) Dr. Humberto Augusto Schiavoni, 5º) Dr. Roberto Rubén Uset, 6º) Dr. Sergio César Santiago, 7º) Dr. Froilán Zarza y 8) Dra. Ma-ría Laura Niveyro.- Concedida la palabra a la Dra. Cristina Irene Leiva, dijo:

Vienen las presentes actuaciones a considera-ción de este Superior Tribunal de Justicia, a los fines de efectuar el perti-nente análisis del art. 53 de la Ley Nº I Nº 95 (ex 3.064).- El accionante en su escrito de demanda alega a fs. 15 vta./16 vta., la inconstitucionalidad de los arts. 81 del Código Fis-cal y 15 de la Ley Nº 3.064, señalando que no puede afrontar el pago pre-vio, sin sufrir un grave daño patrimonial, por carecer de los fondos nece-sarios.- Ahora bien, en principio cabe destacar que el requisito del "solve et repete" debe considerarse una cuestión preju-dicial; así, el pago de la obligación debe ser previo a la interposición de la acción judicial, pues la finalidad de las normas citadas es ga-rantizar el normal desenvolvimiento de las finanzas públicas, prote-giéndolas de ardides procesales o expedientes dilatorios. Refiere Juan Carlos Cassagne, que: "Respecto del fundamento de este recaudo procesal, diversos autores coinciden en señalar que el mismo está ende-rezado a permitir la normal percepción de los recursos por parte del Esta-do, evitando que la recaudación de ellos quede demorada o trabada ante la promoción de causas judiciales por los obligados al pago. Con relación particular al ámbito tributario, De Juano puntualiza que se trata de evitar la posibilidad que el contribuyente pueda diferir por su solo arbitrio el ingreso de los recursos tributarios, deteniendo la percepción de la renta pública hasta que una decisión jurisdiccional ponga fin a la controversia" (ver Juan Carlos Cassagne, "Procedimiento y Proceso Administrativo", Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Año 2005, pág. 443/444).- En efecto, la aplicación del principio en cuestión, que se encuentra expresamente contemplado en nuestra legislación provincial, reside en la necesidad de que las rentas del Estado sean percibidas en el momento que lo determina la ley, no impidiendo el acceso a un Tribunal de Justicia sino reglamentándolo, en pos de otros principios primordiales y propios del derecho admi-nistrativo, como ser el de legitimidad y de ejecutoriedad; privilegian-do el bien común a cargo del Estado, constituyendo los impuestos (como en el caso de autos) un presupuesto esencial para su concre-ción.- Sentado ello, considero que en el caso en examen, deviene de aplicación lo establecido precedentemente, no resultando atendible la dispensa solicitada, toda vez que de los tér-minos del planteo formulado por el accionante, efectuado de modo excesivamente genérico y amplio, no se logra demostrar -en el caso concreto- la inconstitucionalidad de las normas de referencia, no acreditándose debidamente por parte del actor la imposibilidad in-culpable de afrontar en el caso dicha carga, como tampoco la mani-fiesta ilegitimidad de la pretensión del fisco.- Consecuentemente, corresponde rechazar el planteo efectuado y en virtud de ello, se intime al accionante a que en el término de cinco (5) días, cumplimente la carga del art. 15 de la Ley I Nº 95 (ex 3.064), bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 51 de dicho plexo normativo. Así voto.- Concedida la palabra a la Dra. Ramona Beatriz Velázquez, dijo:

Que adhiere al voto que antecede.- Concedida la palabra al Dr. Jorge Antonio Rojas, dijo:

Adhiero al voto de la Sra. Ministro, Dra. Cristi-na Irene Leiva, en cuanto sostiene que en el caso en examen, no resulta atendible la dispensa solicitada, "toda vez que de los términos del plan-teo formulado por el accionante, efectuado de modo excesivamente genérico y amplio, no se logra demostrar -en el caso concreto- la in-constitucionalidad de las normas de referencia, no acreditándose debidamente por parte del actor la imposibilidad inculpable de afron-tar en el caso dicha carga, como tampoco la manifiesta ilegitimidad de la pretensión del fisco".

En razón de ello, considero que correspon-de intimar al actor a que en el plazo de cinco (5) días, cumpla con la carga impuesta en el art. 15 de la Ley I Nº 95 (ex 3.064), bajo aperci-bimiento de lo dispuesto en el art. 51 de dicha normativa. Así voto.- Concedida la palabra al Dr. Humberto Au-gusto Schiavoni, dijo:

Que adhiere al voto de la Dra. Cristina Irene Leiva.- Concedida la palabra al Dr. Roberto Rubén Uset, dijo:

Vienen las presentes actuaciones a considera-ción de este Superior Tribunal de Justicia a los fines del tratamiento del art. 53 de la Ley I Nº 95 (ex 3.064).

La parte actora en su escrito de demanda ale-ga la inconstitucionalidad de los arts. 81 del Código Fiscal y 15 de la Ley Nº 3.064, manifestando que no puede afrontar el pago previo sin sufrir un grave daño patrimonial, por carecer de los fondos necesarios.

Adelantando opinión al respecto, considero que no asiste razón al accionante, toda vez que a mi juicio, el pago previo del tributo es una condición necesaria que hace a la admisión del proceso. El principio solve et repete es un presupuesto procesal objetivo, impuesto por la ley. Es la exigencia de que el accionante en el proceso contencioso administrativo abone previamente las canti-dades objeto de la controversia judicial que adeude a la Administra-ción Pública como consecuencia de una relación jurídico-tributaria o de una infracción administrativa, cuando se impugna la legitimidad del acto. (conf. Grau, Armando Emilio, "Habilitación de la instancia contencioso-administrativa". La Plata, Ed. Platense).

Asimismo, entiendo que la aplicación del principio en estudio reside en la presunción de legalidad de los actos del poder público, como así también en la necesidad de que las ren-tas del Estado sean percibidas en el momento que determina la Ley.

Por todo lo expuesto voto para que se de-clare la inadmisión de la demanda presentada en autos.- Concedida la palabra a los Dres. Sergio Cé-sar Santiago, Froilán Zarza y María Laura Niveyro, dijeron:

Que adhieren al voto de la Dra. Cristina Irene Leiva.- Por ello, oído el Señor Procurador General y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 41 Ley IV - Nº 15 antes Decreto Ley Nº 1550/82), EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA R E S U E L V E:

I) RECHAZAR el Planteo efectuado en autos, y en su mérito, INTIMAR al accionante a que en el término de cinco (5) días, dé cumplimiento a lo previsto por el art. 15 de la Ley Nº I - Nº 95 (ex 3.064), bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 51 de dicho plexo normativo.

II) REGISTRESE, cópiese, notifíquese.-