Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-27


En la ciudad de Trelew, a los días de septiembre del año dos mil once, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia de los Sr. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Dante Ferrari y Marcelo J. López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "A. S.A. c/ G. S.A. y/u Otros s/ Redargución de Falsedad" (Expte. 133 - Año 2011 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la disposición recurrida? y, SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 567.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó:-- Que a fs. 506/513 y vta. el Sr. Juez de grado falló esta causa, rechazando la excepcion de falta de legitimación pasiva opuesta por el B. D. C. S.A., haciendo lugar a la parcialmente a la demanda promovida por A. S.A. contra el Esc. M. R. A., G. S.A. y B. d. C. S.A., Declarando la falsedad ideológica y decretando la nulidad de la Escritura Nº *** de fecha 04/08/00 y rechazando la nulidad de la Resolución Nº 276 del Ministerio de Hacienda de la Provincia del Chubut e impuso las costas a los demandados vencidos.-- Que a fs. 528, la parte co-demandada G. S.A. apela dicho decisorio en cuanto a la imposición de costas, siendo concedido el recurso a fs. 530 y fundado a fs. 550/552.-- Se agravia la apelante por el hecho de que se impongan la totalidad de las costas a los demandados, entre los cuales se encuentra G. S.A., violentándose el derecho de propiedad, la igualdad de partes en el proceso y la garantía de debido proceso. Indica que la demanda interpuesta por la parte actora prosperó parcialmente por el monto de $ 600.000, y en cambio resultó vencida por 2.473.240,40, valor contenido en la Resolución Nº 276-00, la cual no ha sida declarada nula como era solicitado por la mencionada parte, y es por ello que la imposición de costas no refleja el triunfo parcial y la derrota parcial, apartándose del principio del vencido, que en el caso de autos carga la porción más onerosa. Entiende que en la presente causa no ha habido una sola pretensión, sino dos claramente diferenciadas y autónomas que se acumulan a los efectos de brindar mayor celeridad, de modo que las costas deben jugar en la proporción en que las mismas prosperan o son rechazadas total o parcialmente. Dice que debiera ser proporcional la distribución de las costas, por principio de equidad y justicia. Cita doctrina y jurisprudencia en la materia. Solicita se revoque la sentencia en cuanto fuere materia de agravio y se impongan las costas en forma proporcional al progreso y al rechazo de la acción intentada, con imposición de costas.- A fs. 560/561 se presenta la parte actora y contesta el agravio. Manifiesta que la sentencia hace lugar a la pretensión principal de la actora declarando la nulidad de la Escritura Pública Nº *** y de la cesión de derechos en ella operada, y que es justamente la forma en que se resuelve la cuestión principal la que determina cual es el vencedor y cual el vencido. Manifiesta que la apelante en su responde en ningún momento hizo mención a la Resolución Nº 276, dejando en claro que la cuestión principal de autos era la nulidad de la Escritura Pública Nº ***. Resalta que en el escrito de demanda, se dijo que la nulidad de la mencionada resolución se solicitaba en cuanto tuviera que ver con la Escritura de referencia, y que el Juez no trato la nulidad de aquella porque entendió que no correspondía toda vez que la actora dirigió su reclamo contra las partes intervinientes en la Escritura, es decir, no se citó a la Provincia del Chubut, órgano que dictó la resolución. Sigue diciendo que en nuestro ordenamiento adjetivo impera como regla general el hecho objetivo de la derrota, base de la condena en costas, de modo tal que las excepciones a dicho principio deben aplicarse con criterio estricto y sobre circunstancias objetivas muy fundadas para no desvirtuar aquel principio. Cita doctrina. Finalmente solicita se rechace el recurso interpuesto, confirmándose la sentencia de primera instancia y se impongan costas de alzada al apelante.

Ingresando al tratamiento de la solitaria cuestión traída a conocimiento de esta alzada, relativa al cuestionamiento de la imposición de las costas de grado, entiendo que asiste razón al apelante.-- Es que, la demanda prosperó solo parcialmente y fue rechazada totalmente en una de sus pretensiones, la declaración de nulidad de la Resolución Nro. 276 del Ministerio de Hacienda de la Provincia del Chubut, lo que torna cuando menos llamativa la imposición total de costas a las codemandadas de autos, ya que el rechazo de una de las pretensiones en forma total o completa, perfila desde un inicio normalmente un vencimiento parcial y mutuo.-- No fue así como parece haber visto esta cuestión el a quo, lo que le llevó a imponer la totalidad de las costas a las partes que no habían sido derrotadas completamente. No parece razonable. A juzgar por las constancias de autos, considero que no lo es.- Ha resuelto el Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia que en materia de costas, en los casos en que se rechazan rubros y se admiten otros, o aún en que se disminuye el resarcimiento pedido por el rubro que se admite, resulta válido ocurrir a la tesis que propugna la distribución proporcional que prevé que en casos de vencimientos parciales recíprocos -pretensión acogida con alcance limitado-, las costas deban distribuirse entre las partes atendiendo a la proporción de aquellos (Sup. Trib. Just. Chubut, 21/06/2000, "C., R. O. v. Municipalidad de Trelew", en AP online).

En autos ha mediado un vencimiento parcial y mutuo, que se encuentra firme en lo principal; ello, dado que la pretensión que prosperó es la atinente a la redargución de falsedad de una escritura, siendo rechazada la pretensión correlativa de anulación de una resolución ministerial.-- Es decir que debieron en el grado ser distribuidas las costas entre las partes, de acuerdo a las victorias y derrotas correspectivas, lo que ya lleva aparejada la necesidad de modificar parcialmente la sentencia que en esa instancia no resolvió de ese modo.

Ahora bien, sentado que deben distribuirse las costas de grado ¿cuál es la medida de esa distribución?.- La respuesta la da por una parte el texto y el espíritu del art. 72, Ley XIII, Nro. 5 que edicta: "Si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos".-- Como se dijera en un fallo interpretando esta norma, la utilización del término "prudencialmente" por el legislador descarta un criterio matemático en la distribución de las costas y señala que ha de atenderse de un modo global al éxito que obtiene cada parte de su postura (C. Civ. y Com. San Isidro, sala 1ª, 01/08/1991, "Vivas v. Ocupantes s/ Desalojo", en Juba sum. B1700119).-- Bajo esta luz, una distribución de costas en relación a los montos de los instrumentos públicos cuya nulidad se solicitaba no aparece como lo más conveniente, porque además de los montos de tales instrumentos cuestionados, debe atenderse a la esencia jurídica de cada uno y a su importancia en la litis, de modo que la distribución de las costas no sea antojadiza ni meramente material o física, sino que capte jurídicamente lo acontecido en la litis y su resultado.- Y en esta senda analizando las diversas pretensiones deducidas en la causa traída, encuentro que cabe trazar una relación de accesoriedad entre las dos pretensiones deducidas, siendo principal la redargución de falsedad de la escritura ***, y accesoria de ella la pretensión anulatoria de la Resolución Nro. 276 del Ministerio de Hacienda de la Provincia del Chubut.-- Es más, además de pretensiones vinculadas por el principio de accesoriedad son pretensiones consecutivas, es decir, se requiere que prospere la primera, para que pueda ser factible entrar al análisis de la segunda, no así a la inversa.

Es que, mientras la resolución ministerial, en caso de no prosperar -como no prosperara- no afecta la posibilidad de declarar la nulidad de la otra pieza instrumental, mientras que a la inversa, si se hubiera rechazado la nulidad de la escritura, automáticamente caía la otra pretensión, lo que perfila una relación de accesoriedad entre ambas pretensiones, ya que una -la segunda- es la consecuencia de la otra -la primera-, lo que no ocurre a la inversa.

Ello así, sentado que existe una relación de accesoriedad y consecutividad entre ambas pretensiones, cabe decir de inmediato que pese a la accesoriedad no es de aplicación aquí el principio ut accesio cedat principali -lo accesorio sigue la suerte de lo principal-, receptado en diversas normas de nuestro Código Civil y en el Lib. XXXIV, Tít. 2, Ley 19, Nro. 13 del Digesto (cfr. KRIEGEL, HERMANN y OSENBRÜGGEN, "Cuerpo del derecho civil romano a doble texto, traducido al castellano del latino", traducción de Don Ildefonso L. GARCÍA DEL CORRAL, Jaime Molinas editor, Barcelona, 1892, 1ª parte, Digesto, Tomo II, p. 668). Es que, esta materia tiene una regulación diferenciada que hace que el art. 72 Ley XIII, Nro. 5 se aparte de tal principio, auspiciando una distribución de costas y no la absorción de las mismas por la pretensión principal.-- Sí tiene incidencia el principio de accesoriedad en un punto secundario, la evaluación del impacto del rechazo de la pretensión subsidiaria, en el contexto de la litis. Y, en esa línea de pensamiento, entiendo que al rechazo de la pretensión accesoria de nulidad de la Resolución ministerial, cabe asignar un 33,33 % de las costas del pleito, dado el carácter consecutivo y accesorio que tal pretensión tenía con la principal, atinente a la redargución de falsedad de la escritura, a la que cabe asignar el 66.66 % de las costas.- Entiendo que esa asignación de dos tercios de las costas a las codemandadas y un tercio de las mismas a la actora, se corresponde con el resultado de la litis en el grado y con la importancia relativa de cada una de las pretensiones deducidas por las partes, en las que han triunfado y perdido respectivamente las partes. Esta asignación se corresponde a mi juicio con la importancia jurídica y procesal de las pretensiones, plasmando lo que creo es una atribución equitativa y "prudencial" de las costas, en los términos de la norma citada.-- Por tales fundamentos, habré de proponer al acuerdo la modificación del decisorio impugnado en cuanto a la imposición de costas dispuesta en el grado, imponiéndose las costas generadas en esa sede en un 66,66 % a los codemandados y en un 33,33% a la actora, dado que esta asignación se corresponde con lo acontecido en la litis y los resultados obtenidos por cada parte, que han modelado un vencimiento parcial y mutuo, que amerita la distribución de las costas en la medida señalada supra (art. 72, Ley XIII, Nro. 5).

En cuanto a las costas de alzada, dado que prospera en importante medida la única pretensión del apelante, las costas de alzada deben cargarse sobre la parte actora en su totalidad (cfr. Art. 69, Ley XIII, Nro. 5).

En cuanto a los estipendios profesionales, propondré la determinación de los de alzada correspondientes al Dr. G. T., letrado patrocinante de la codemandada G. SA, en el 2,24% del monto del proceso que se determine en etapa de ejecución de sentencia; y para el Dr. E. J. U., letrado apoderado de la actora, en el 5,95% del monto del proceso; tales porcentuales se corresponden con la importancia, mérito, trascendencia, calidad y resultado de las labores profesionales cumplidas en la alzada (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4).

Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Carlos D. Ferrari: I. En el voto precedente el Dr. López Mesa ha hecho una reseña completa de los antecedentes del caso, de los fundamentos del fallo apelado y de los motivos de agravio expresados por la apelante, de manera que no será necesario abundar acerca de dichos detalles. Por tal motivo, en los apartados siguientes abordaré las cuestión planteada, anticipando desde ya mi total coincidencia con las conclusiones expuestas por el distinguido colega preopinante.II. Como bien lo ha sintetizado el colega de primer voto, la demanda entablada a fs. 30/41 contenía dos pretensiones, a saber: a) la nulidad de la escritura pública N° *** del 04/08/2000 y b) la nulidad de la cesión de créditos formalizada en el mencionado instrumento público y la Resolución 276 MH, "en cuanto tuviera que ver con la escritura expresada..." (conf. demanda, fs. 30).-De ambas pretensiones tan solo prosperó la enunciada en primer término -es decir, la nulidad de la escritura pública- mientras que la restante fue rechazada por no haber sido debidamente integrada a su respecto la litis con la Provincia del Chubut, que había sido parte interviniente en dicho acto administrativo (conf. fallo, fs. 512 vta.).- III. Así las cosas, puede comprobarse entonces que en la especie se ha registrado un vencimiento parcial y mutuo, supuesto que permite encuadrar la situación dentro de lo dispuesto en el art. 72 -antes 71- del C.P.C.C. (texto según Ley XIII N° 5).-- Al propio tiempo, este vencimiento recíproco debe ser ponderado con criterio adecuado a las circunstancias del caso, teniendo en cuenta la trascendencia moral, jurídica y económica de las pretensiones acumuladas, mas sin atender a pautas estrictamente crematísticas, ya que como puede apreciarse, la pretensión principal estaba referida a la nulidad de la escritura, mientras que la planteada respecto de la cesión instrumentada mediante Resolución 276 MH era subsidiaria y "en cuanto tuviera que ver con la escritura expresada...", tal como lo expresara la propia parte actora en su pieza de postulación.En este contexto, tal como lo ha apreciado el Dr. López Mesa, el rechazo de la segunda pretensión no afectó el progreso de la nulidad de escritura peticionada, por lo que esta circunstancia debe ser condignamente valorada a la hora de establecer la carga en costas.-Siendo ello así, participo plenamente de la solución propuesta por el magistrado en el voto precedente. Al respecto, la doctrina y jurisprudencia más generalizadas sostienen -en criterio que comparto- que la norma procesal citada no indica que el reparto deba ser aritmético, sino prudencial y acorde a las particularidades de la causa (conf. Loutayf Ranea, R.G., "Condena en costas en el proceso civil" - p. 128 - Ed. Astrea, Bs. As., 2000).- Por lo expresado, opino que los porcentajes propiciados por el colega preopinante, esto es, el 33,33% a cargo de la parte actora y el 66,66% por cuenta de la demandada atienden adecuadamente a las pautas y principios ya expresados, por lo que comparto la solución propuesta, sumando mi voto en sentido idéntico.-- En vista del resultado obtenido en esta alzada, las costas deberán ser soportadas por la parte actora (art. 69, C.P.C.C. - texto según Ley XIII N° 5). También concordaré con las regulaciones de honorarios propuestas para retribuir las tareas en esta sede, atendiendo a la extensión, calidad, eficacia de las tareas cumplidas y a las escalas arancelarias vigentes (arts. 5, 6, 7, 13, 46 y conc., Ley XIII N° 4), debiendo fijarse los mismos en los siguientes porcentajes: a) para el Dr. G. T., en el 2,24% y b) para el Dr. E. J. U., en el 5,95%. Voto entonces a esta cuestión por la NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó:-- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente:

1) MODIFICAR el decisorio impugnado en cuanto a la imposición de costas dispuesta en el grado, imponiéndoselas en un 66,66 % a los codemandados y en un 33,33% a la actora. - 2) IMPONER las costas de alzada a la parte actora en su totalidad.

3) REGULAR los honorarios de alzada en las siguientes alícuotas: para el Dr. G. T., letrado patrocinante de la codemandada G. SA, en el 2,24% del monto del proceso que se determine en etapa de ejecución de sentencia; y para el Dr. E. J. U., letrado apoderado de la actora, en el 5,95% de dicho monto del proceso.-- 4) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Tal mi voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Carlos D. Ferrari expresó: - Tal como lo adelanté, comparto la resolución propuesta por el Dr. López Mesa en todos sus términos, votando en sentido idéntico.- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (art. 8 Ley V - Nº 17).- Trelew, de septiembre de 2011. En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:-- S E N T E N C I A: -- MODIFICAR el decisorio impugnado en cuanto a la imposición de costas dispuesta en el grado, imponiéndoselas en un 66,66 % a los codemandados y en un 33,33% a la actora.

IMPONER las costas de alzada a la parte actora en su totalidad.

REGULAR los honorarios de alzada en las siguientes alícuotas: para el Dr. G. T., letrado patrocinante de la codemandada G. SA, en el 2,24% del monto del proceso que se determine en etapa de ejecución de sentencia; y para el Dr. E. J. U., letrado apoderado de la actora, en el 5,95% de dicho monto del proceso.-- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO J. LOPEZ MESA CARLOS DANTE FERRARI JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA - REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2011 - SDC.- CONSTE.- JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO.