Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14


SENT Nro. 750 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Carrizo de Fernández, Elida Beatriz vs. Municipalidad de Concepción s/Cobro (Ordinario)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 105/111 vta., plantea recurso de casación contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 24 de octubre de 2002, obrante a fs. 100/102, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 27-12-2002 (cfr. fs. 120), habiéndose dado cumplimiento en forma previa al trámite previsto en el último párrafo del artículo 816 del CPCC, normativa esta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Así, ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 103 y del cargo actuarial inserto a fs. 111 vta.; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva en los términos del artículo 813, inciso a) y 814 a contrario sensu; no corresponde efectuar el depósito previsto en la ley del rito en razón de que la recurrente actúa con el beneficio de litigar sin gastos conferido por Resolución Nº 297, del 2-10-2001 (cfr. fs. 30 y vta. del incidente de beneficio de litigar sin gastos que tengo a la vista); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone doctrinas legales, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Sobre esta última cuestión, un segundo orden de agravios alude a la violación de las prescripciones del artículo 106 del CPCC, ocasionada por una valoración arbitraria de la responsabilidad de las partes. Sobre el particular destaco que es criterio reiterado por esta Corte, en sus diferentes composiciones, que el modo de imposición costas configura una cuestión de hecho librada al prudente arbitrio de los jueces de mérito, no susceptible de revisarse en vía casatoria, salvo supuestos de arbitrariedad manifiesta o violación de los principios de la lógica (sentencias números 325, del 14-10-93 y 42, del 24-2-97; entre varias otras), extremos éstos que han sido invocados en la causa con fundamentos suficientes, conforme se verá infra. Por consiguiente, voto en el sentido de considerar admisible el recurso en examen.

III.1.- Sostiene la recurrente, para fundar su recurso de casación, que el fallo impugnado transgrede el artículo 34, primer párrafo, del CPCC.

Manifiesta que equivocadamente se consigna que reclama diferencias salariales por pago fuera de término correspondientes al período noviembre de 1994 a julio de 1992, cuando lo peticionado en realidad se refiere a diferencias devengadas en los años 1987/1988 y desde mayo de 1990 a julio de 1992.

Arguye que se tiene por prescripta la acción haciéndose aplicación de lo dispuesto en el artículo 3983 del Código Civil, sin analizar el resto de las constancias de autos a fin de determinar si resulta aplicable otra disposición de fondo, en franca infracción a los artículos 3989 de aquél digesto, 33, 34, 272 y 273, inciso 4, del CPCC, 28 de la Constitución local, y 16, 17 y 18 de la Ley Fundamental de la Nación.

Alega que se ha dejado de considerar, sin motivo alguno, que existen actos del deudor que interrumpieron el curso de la prescripción, o bien se los ha calificado erróneamente como meros actos preparatorios. En esta dirección afirma que el dictamen de la Comisión de Relaciones Laborales y Política Ocupacional, corriente a fs. 76 de autos, no reviste esta última condición, por cuanto se trata de un acto válido, positivo y concreto de reconocimiento del deudor al cual, inclusive, el fallo a fs. 51 vta. llamó decisiones. Puntualiza que los que verdaderamente fueron actos preparatorios son las medidas para mejor proveer dictadas por la aludida Comisión el 19-3-96 y el 1-10-96.

Luego de reproducir el contenido de la constancia de fs. 76, señala que sus conclusiones no dejan lugar a dudas que la deuda reclamada por los empleados ha sido reconocida, y que este reconocimiento es vinculante para el Cuerpo. Ello, asevera, porque las diversas comisiones creadas por el Reglamento Interno del Concejo Deliberante tienen por finalidad analizar distintos asuntos y emitir dictámenes que son vinculantes según dicho reglamento, ya que no podría ser de otro modo debido a que, en tal supuesto, sería prácticamente imposible llevar adelante la gestión de un cuerpo colegiado si cada uno de sus integrantes pudiera opinar y decidir sobre cualquier cosa. En su criterio, hay temas que requieren la intervención de todos sus miembros, pero hay otros, como el que motiva este juicio, que son tratados y resueltos por las respectivas comisiones. De allí que la Comisión de Relaciones Laborales y Política Ocupacional haga referencia en el mencionado dictamen a la aprobación de la planilla por parte del Concejo Deliberante, y después autorice a la mesa directiva a convenir la forma de saldar la diferencias; si no tuviera facultades para ello, dice, no hubiera procedido en esta forma mediante términos tan claros.

Por los motivos expuestos puntualiza que la sentencia recurrida viola el Reglamento Interno del Concejo Deliberante y demás disposiciones que ordenan su trabajo, al calificar de acto preparatorio al dictamen de fs. 76, siendo que del mismo surge claramente el reconocimiento de lo adeudado. A su entender, la calificación de un acto no depende de la voluntad unilateral del juzgador sino de su contenido y, en la especie, se incurre en arbitrariedad fáctica al decidir el caso prescindiendo de lo efectivamente allí expresado o asignándole un sentido contrario al que realmente tiene. Añade que tampoco es correcto que el mencionado dictamen autorice a la actora a presentar la planilla de diferencias salariales, puesto que de su texto se desprende que lo que en realidad se autoriza es a la comisión del Concejo a convenir el pago.

Finalmente, enfatiza que es errónea la afirmación de la Excma. Cámara de que el reclamo de diferencias por parte de empleados del Concejo Deliberante pertenece al ámbito externo de la administración, atendiendo a que al ser aquéllos parte de ésta, necesariamente dicho reclamo debe pertenecer al ámbito interno.

De la reseña que antecede se infiere que la cuestión de derecho a resolver en esta instancia radica en determinar si el dictamen glosado a fs. 76 de autos, constituye o no el reconocimiento a que alude el artículo 3989 del Código Civil, el que preceptúa que "La prescripción es interrumpida por el reconocimiento, expreso o tácito, que el deudor o el poseedor hace del derecho de aquel contra quien prescribía".

Al respecto, la sentencia en crisis sostuvo que no constaba en autos la existencia de ningún acto administrativo emitido por autoridad competente del que pudiera deducirse un reconocimiento de deuda con entidad suficiente para interrumpir el curso de la prescripción. Así, dijo que el dictamen de la Comisión de Relaciones Laborales y Política Ocupacionales del H. Concejo Deliberante de la ciudad de Concepción, de fs. 16 y 76, carecía de entidad interruptiva de aquel plazo por tratarse de un mero acto preparatorio. Y a continuación expresó que "...aún cuando de dicho dictamen eventualmente -de la Comisión del H.C.D.- podrían derivar efectos jurídicos para el agente público, el mismo recién sería como consecuencia directa del acto decisorio que acoja el criterio sustentado por dicho acto. La calidad de acto administrativo en sentido técnico queda reservada, de este modo, a las decisiones que per se generan efectos jurídicos, quedando excluidos los actos que no obstante producir efectos -algunos incluso directos- en el ámbito interno de la Administración (vgr. un informe o dictamen vinculante), carecen de tales consecuencias en el ámbito externo de ésta (cfr. Comadira Julio R. 'Acto Administrativo Municipal', Ed. Depalma, Bs. As. 1992)" (cfr. fs. 101 vta.).

La recurrente, a su turno, por las razones vistas precedentemente, controvierte el carácter de acto preparatorio asignado por el fallo al referido dictamen, atribuyéndole carácter vinculante y efectos interruptivos del curso de la prescripción, atento a su contenido, en los términos del artículo 3989 del Código Civil, vale decir, considera que a través de aquél acto medió en el sub examine un reconocimiento por parte del deudor (Concejo Deliberante) del derecho de la prescribiente, actora en autos.

Ahora bien; entrando a la consideración de estos agravios interesa poner de relieve que, contrariamente a lo argüido por la impugnante, no existe en el Reglamento Interno del Concejo Deliberante de la ciudad de Concepción, sancionado en sesión ordinaria del día 13 de abril de 1989 -que se tiene a la vista-, ninguna disposición que confiera carácter vinculante a un dictamen de comisión como el de marras, ni mucho menos que posibilite o admita que el mismo pueda tenerse como una manifestación de voluntad imputable al órgano Concejo Deliberante, con lo cual se ve resentido el planteo esencial de la agraviada.

Es que a mi modo de ver, en el sub lite, se está en presencia de un mero dictamen de comisión -siendo por lo demás, ése el título que preside al texto del escrito en cuestión- el que, como tal, y más allá de lo que allí se haya podido expresar acerca de la deuda que reclama la actora, no traduce nada más que el criterio o apreciaciones de una Comisión que no es susceptible de serle atribuido al Concejo mientras no haya pasado el tema por su seno y se haya pronunciado, previo cumplimiento de los procedimientos previstos en el Reglamento Interno, sobre el planteo de la demandante. De las constancias de la causa no surge, en manera alguna, que eso haya acontecido, por lo que no existe ningún acto o constancia que pueda serle legalmente atribuido al órgano deliberativo del municipio, que venga a demostrar el reconocimiento de la deuda que pretende Elida Beatriz Carrizo de Fernández.

Y hasta que ello no acontezca, va de suyo que lejos está de verificarse la presencia de las exigencias establecidas en el artículo 3989 del Código Civil que requiere, además del hecho que exista un reconocimiento del derecho de la otra parte, que el mismo emane del deudor, el que en el caso no es otro que el Concejo Deliberante y no una de sus comisiones (en el caso, de Relaciones Laborales y Política Ocupacional) respecto de la cual, como se dijo, no existe ninguna norma que confiera a sus dictámenes carácter vinculante, o que permita prescindir de la intervención del Cuerpo en su conjunto para la exteriorización válida de su voluntad en una materia como la presente.

En este sentido, y en concordancia con lo sostenido por la Sala a quo al respecto, no cabe duda que el dictamen de comisión de marras no es nada más que un acto preparatorio de la decisión del Concejo Deliberante, en tanto se trata de una simple manifestación que carece de efectos jurídicos directos e inmediatos con relación a la reclamante, proyectándolos exclusivamente en el ámbito interno del órgano. Por lo tanto, en el sub iudice, sólo la decisión de este último, adoptada en la forma prescripta en el Reglamento Interno, era la única con entidad para exteriorizar la voluntad del órgano Concejo e impactar en la esfera de intereses de la hoy demandante, debido a que del aludido dictamen no surgen efectos directos con relación a esta última, al encontrarse los mismos supeditados a la resolución posterior que el cuerpo colegiado eventualmente adopte. De allí la impertinencia de la pretensión de revertir la decisión sentencial argumentando con el contenido del dictamen de fs. 76.

En cuanto al agravio de que el acto jurisdiccional atacado se equivoca al considerar que el reclamo de diferencias salariales por parte de empleados del Concejo pertenece al ámbito externo de la administración, porque la reclamante es parte de la misma, cabe efectuar las siguientes precisiones.

Preliminarmente, debe dejarse en claro que toda la consideración sentencial sobre el particular se circunscribió a sostener, con cita de un autor, que la calidad de acto administrativo quedaba reservada a las decisiones que de suyo producían efectos jurídicos, resultando excluidos los actos que no obstante producir efectos jurídicos, algunos incluso directos, en el ámbito interno de la administración, como un informe o dictamen vinculante, carecían de tales efectos en el ámbito externa de ésta.

Sin perjuicio de ello, no debe perderse de vista que el agente público adquiere la condición de tercero en el caso que la administración hubiera emitido actos que afecten sus derechos emergentes de la relación de función o empleo público (Cassagne, Juan Carlos: "Derecho Administrativo", T°. II, pág. 60); en forma coincidente expresa Julio Rodolfo Comadira que en esta última relación el agente estatal adquiere, frente al estado, sustantividad propia, al dejar de ser un medio técnico de expresión de su voluntad, para adquirir la condición de un sujeto distinto y externo de él ("El Acto Administrativo Municipal", págs. 15/16). Lo dicho es suficiente para evidenciar la improcedencia del agravio de la recurrente sobre el punto.

Por último, siendo arreglado a derecho lo resuelto por la Excma. Cámara en la sentencia recurrida al tener por operada la prescripción del crédito reclamado, no corresponde hacerse cargo del agravio por el que se imputa haber consignado equívocamente el período que comprende el reclamo de diferencias salariales por pago fuera de término.

Por lo expuesto, con relación a los precedentes agravios, corresponde rechazar el recurso de casación articulado por la parte actora en contra de la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 24 de octubre de 2002, obrante a fs. 100/102; en tal sentido mi voto.

III.2.- La imposición de costas también ha sido motivo de agravio. En esta perspectiva aduce la recurrente que la distribución realizada en la instancia de grado resulta conculcatoria del artículo 106 del CPCC, en tanto se le imponen las costas en su totalidad por aplicación del principio objetivo de la derrota, sin tomar en cuenta las circunstancias del caso y la razón probable para litigar que le asistió, toda vez que las diferencias salariales existen y fueron reconocidas por el deudor, aunque el tribunal las haya declarado prescriptas.

Desde mi punto de vista, concurren ciertas razones que tiñen de inequidad la imposición de costas efectuada por el a quo. Así, se puede anotar, en primer lugar, que en ningún momento en sede administrativa en el ámbito del Concejo Deliberante se le opuso y ni siquiera se insinuó que estuvieran prescriptas las alegadas diferencias correspondientes al período 1987/1988 y desde mayo de 1990 a julio de 1992. Hugo Alsina, en su Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, T°. IV, pág. 549, enseñaba: "Procede eximir de costas al vencido cuando el vencedor se ha amparado en la prescripción, porque hasta ese momento podía aquél ejercer válidamente su derecho".

De otra parte, por la forma en que ha resuelto el pleito la Excma. Cámara, la accionada ha resultado vencedora por su recurrencia a la defensa de prescripción, pero no necesariamente porque no debiera.

Asimismo, el criterio de que la costas deben imponerse por el orden causado cuando prospera la defensa de la prescripción, aunque no haya mediado allanamiento, ha sido avalado jurisprudencialmente: C.S.J.N. Fallos: 183:227; 189:258; 196:644; 197:64; 210:1034; 213-256; 214:65; CNF., Sala Civ. y Com., junio 26 de 1969, ED, T. 26, págs. 252/253; CNCiv., Sala C, Octubre 27 de 1969, ED., T°. 30, págs. 345, 347, 350 vta.; CNFed., Sala I Civ. y Com., febrero 23 de 1979, LL, 1980 C, pág. 571.

Por tales motivos, considero que las costas debieron imponerse por el orden causado, por aplicación de lo preceptuado en el artículo 106, inciso 1º del CPCC.

Por las razones expresadas, a mi juicio, corresponde únicamente en este punto hacer lugar al recurso de casación incoado por la parte actora contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 24 de octubre de 2002, corriente a fs. 100/102 de autos; en consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto el punto II de su parte resolutiva, conforme a la siguiente doctrina legal: "Resulta arbitraria la imposición de costas que no toma en cuenta la forma en que se resolvió el pleito y prescinde de la razón probable para litigar que asistió a la actora". Dictar como sustitutiva: "II.- COSTAS, por el orden causado". Voto porque así se declare.

IV.- Acorde al resultado a que se arriba, las costas de esta instancia casatoria se imponen por su orden (artículos 109, del CPCC, y 89 del CPA).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 24 de octubre de 2002, glosada a fs. 100/102 de autos; en consecuencia, casar parcialmente la misma, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos, dejando sin efecto el punto II de su parte resolutiva. Dictar como sustitutiva: "II.- COSTAS, por el orden causado". En lo demás, NO HACER LUGAR al mencionado recurso, todo conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO