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Cuestiones de competencia, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ejecución fiscal, ejecución de multas, régimen de faltas, certificado de deuda, unidad administrativa de control de faltas, radicación del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Mastracchio, Leonardo Daniel c/  s/ Art. 23 - Ejecución multa determinada por controlador s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

Corresponde que la causa continúe tramitando en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas, donde fue radicada por este Tribunal con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley n° 6192 (publicada en BOCBA el 01/10/2019) y donde esa ley manda a concluirla en virtud de la etapa procesal que ha alcanzado (cfr. la cláusula transitoria primera que dispone que aquellas ejecuciones de certificado de deuda que tengan por objeto una falta prevista en el artículo 23 del Anexo A de la Ley 1217 que se encuentren en trámite en la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas al momento de su entrada en vigencia, concluirán en el mismo fuero donde se encontraban radicadas). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz, Luis Francisco Lozano y Santiago Otamendi).
Daños y perjuicios, responsabilidad indirecta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Herrero, Norma B. c/ Armario, Sergio D. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

La responsabilidad del dueño es más amplia cuando mayores son las posibilidades del dependiente de obrar sin autorización o abusando de la confianza que en él se depositan... .-
Contrato de trabajo, competencia laboral, opción del trabajador
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Loma  Negra  CIASA. c/ Santiago  del Estero, Provincia de y otro(Ministerio  de  Gobierno, Dirección General de Trabajo) s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-09

El lugar de contratación de los trabajadores sólo puede tener relevancia a los efectos de fijar la competencia de los tribunales judiciales en los conflictos individuales de trabajo, pues el art. 24 de la ley 18.345 faculta a los trabajadores para elegir el juez del lugar del trabajo, el del domicilio del demandado o el del lugar de celebración del contrato.
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PIRLES JUAN HUMBERTO ALCIDES c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1988-04-18

No adquiere la estabilidad prevista en el artículo 21 de la Constitución Provincial, quien fuera designado como Director Interino de una entidad hospitalaria dado que, tal beneficio, se reserva para aquellos agentes de la administración pública, provincial o municipal, que hayan accedido a la función de conformidad a las reglamentaciones legales que rigen la actividad en la que los mismos desempeñen su labor. En consecuencia el Decreto 938 del M.A.S. (Ministerio de Acción Social) de fecha 01/03/88 que dispuso el cese en el mencionado cargo del profesional médico designado, no resulta manifiestamente ilegítimo, ilegal o arbitrario, sino que deviene del ejercio de parte del Poder Ejecutivo Provincial de una facultad discrecional enmarcada dentro del régimen jurídico vigente
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández, Lylian Elida c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Si durante el lapso por el cual la actora requiere el reajuste previsional por servicios docentes simultáneos se halló en uso de licencia sin goce de sueldo, tal período no puede ser considerado a tales efectos, en tanto su no desempeño implica a su vez, la no percepción del sueldo y la efectivización de aportes.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, medidas cautelares, prisión preventiva, imputado, coautoría, asociación ilícita, gravedad institucional
Materia: PENAL
Carátula: Salomoni,  Jorge Luis y otros s/ defraudación - causa Nº 22.241Carlos Alfredo Grosso-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

El recurso extraordinario contra la sentencia que dispuso la prisión preventiva al encontrar al imputado coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, no se dirige contra una sentencia definitiva ni se estima que se haya configurado un caso de gravedad institucional que permita hacer excepción a ese requisito (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa de automotores, responsabilidad de la concesionaria, privación del uso del automotor, pago total, falta de entrega del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martin, José Manuel c/ Fiat Auto Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Ello así, pues si bien no surge de autos alguna notificación dirigida al comprador informándole la disponibilidad de automóvil para que proceda a pagar el precio, tal como lo requiere la cláusula, lo cierto es que la demandada facturó el monto total del vehículo, especificando el modelo y el número de chasis y motor. Todo ello indica que el vehículo ya estaba asignado al actor porque de lo contrario sería imposible detallar los datos plasmados en la factura. Además, la demandada no rechazó ni cuestionó el pago del saldo del auto abonado argumentando que todavía no había sido notificada su disponibilidad o dejando en claro los plazos de entrega, sino que lo facturó y lo cobró sin hacer ninguna aclaración al respecto.
Responsabilidad médica, obligaciones de medio, deberes del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Rucki, Juan c/ Estado Nacional s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-30

No reglamentando nuestro Código Civil la responsabilidad médica en forma autónoma o diferenciada de la culpa en común, son aplicables para la concurrencia de la misma, el cumplimiento de los requisitos necesarios para la demostración de su existencia es decir: a) el hecho antijurídico del agente, en nuestro caso del "ente estipulante" y del profesional "promitente" pudiendo ser tal hecho o acto "positivo" o de acción o "negativo" o de omisión;

b) el daño;

c) el nexo causal entre el daño y la consecuencia y d) los factores de imputabilidad o atribución legal de la responsabilidad.

Todos esos elementos deben ser apreciados respecto de la culpa o el dolo en concreto. La regla básica a tener en cuenta puede ser enunciada partiendo de la premisa de que aquella "obligación de medio" del médico se conforma por cuanto a él, aún en el caso de tener una relación de dependencia, lo es en materia no integrante de la actuación discrecional o profesional médica (intelectual), sino referida a otros elementos materiales, como la subordinación a un horario, a prestaciones en determinados lugares, etc., respecto de un ente (hospital, clínica, etc.). Pero esa dependencia no empaña ni limita su autonomía científico - profesional. Así entonces ese profesional liberal en forma totalmente intelectiva es, en determinadas circunstancias, quien juzga sobre las consecuencias de las medidas a tomar, y a partir de ello entiendo que cuando su responsabilidad es impetrada, como en el caso de autos, debe el juzgador tener como regla de oro la totalidad de su accionar en el caso dado.
Muerte del trabajador, interpretación de la ley, fallo plenario, beneficiarios de la indemnización laboral, orden de prelación, hijos
Materia: LABORAL
Carátula: RUIZ, MARIO Y OTROS c/ CONS.DE PROP. EDIFICIO PICHINCHA 85 s/ INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

En mérito a lo dispuesto por el art. 248 LCT y la interpretación que de esta norma estableciera el plenario 280, están ubicados en el mismo orden de prelación las hijas solteras, sean o no menores de 18 años, pues esa calidad integra la enumeración del inc. 1 del art.

reenviado, por lo que de acuerdo a sus términos, concurren en partes iguales. En cambio las hijas casadas, no están enumeradas en dicho inciso ni en ningún otro. Por su parte, los hijos del causante están en un grado de prelación menor que sus hermanas solteras, dado que es- tán enumerados en el inc. 2, y de allí su desplazamiento por éstas.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, notificación, incidente de caducidad, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: ANGEL, CECILIA PAOLA EN REPRES. DE S/HIJAS MENORES: VACA, KAREN CAMILA; VACA, KARIN CELESTE; VALDEZ, MIRTA HORTENSIA c/ CORREGIDOR, FERNANDO ROBERTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-27

En caso de que el decreto de radicación se notifique al Defensor de Incapaces, el mismo debió confeccionar las cédulas a la contraria. El plazo de caducidad que de conformidad al art. 311 del CPCC se computa desde el último acto de impulso procesal, corre para todas las partes, incluido el Ministerio Público al que ya se había notificado la radicación en su despacho.-
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Odera Cristian Gastón c/ Lievore José Juan s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-10

Está procesalmente a cargo del demandado, dada la acción deducida en su contra por quién le reclama daños y perjuicios, acreditar que la conducta del actor excluyó o limitó su responsabilidad.
Derecho procesal, juicio ordinario, demanda, demandado, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Contimont Corporation SA c/ Scrivano, Salvador y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-08

Corresponde conminar al actor a que arbitre los medios necesarios para notificar a los herederos del demandado, toda vez que el CPR 330-2° impone como carga al accionante la determinación concreta del nombre y domicilio de los demandados (o sus herederos en este caso), y que, aunque el código -en principio- autorizaría la citación por edictos a personas cuyo nombre o domicilio se ignorase (art. 343) es indispensable interpretar que en realidad se trata de un supuesto de "ignorancia invencible", sobre la concreta identidad y la verdadera residencia de los mismos (situación que no se configura en el caso).
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lombardi, Ricardo Jorge s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-27

Corresponde revocar la excarcelación concedida si no han variado en lo sustancial las condiciones tenidas en cuenta en la anterior intervención de la CNCP, que consideró justificada la restricción de la libertad de imputado, dado que la investigación en el país requirente se encontraba en pleno curso de desarrollo, y la misma está basada en millonarias maniobras financieras fraudulentas en las que habría participado en varios países, sin que todo ello alcance a ser desvirtuado por la circunstancia de que, al igual que antes, el encartado se encuentre identificado, posea domicilio junto a su familia y trabajo en el país, ni por la enfermedad de un hijo. La disidencia postuló el rechazo del recurso de casación al no haberse acreditado la existencia de cuestión federal. (Dres. Hornos, Diez Ojeda -en disidencia-, González Palazzo).
Despido, indemnización por despido, Armada, sentencia, revocación de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min. de Defensa - A.R.A.) s/ indemnización por despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-06

Corresponde revocar la sentencia que rechazó la demanda interpuesta por el actor contra el Estado Nacional-Ministerio de Defensa- a fin de que se le abone la indemnización prevista por el art. 245 de la ley de contrato de trabajo, salarios caídos y preaviso, en razón de que la Armada Argentina rescindió el contrato de locación de servicios celebrado bajo el régimen del decreto 4381/73, con fundamento en las restricciones presupuestarias impuestas por la ley 24.938, pues el comportamiento del Estado que le renovó el contrato durante veintiún años, tuvo aptitud para generar en aquél una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el despido arbitrario, siendo procedente el reclamo indemnizatorio.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, recurso contencioso administrativo, cuestión constitucional, sentencia, fundamentación de sentencias, impuestos, falta de causa, leyes, constitucionalidad, economía procesal
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO - CONSTITUCIONAL
Carátula: GAYA, ANDRES c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA.     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.      CSJ EXPTE NRO 624-87 SCANER SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA POR COBRO DE PESOS    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 623-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-07|1988-09-14

Es erróneo el criterio del Dr Rodríguez Sager de que "el artículo 93 de la Constitución Provincial dispone que la Corte Suprema es sólo competente para conocer los "recursos" de inconstitucionalidad que se deduzcan contra las resoluciones definitivas de los "tribunales" inferiores (inciso 1) y de los recursos contencioso administrativos sometidos a su decisión "en los casos y modos que establezca la ley" (inciso 2). Y esa ley es el Código Fiscal, que "sustrae del recurso lo atinente a la inconstitucionalidad tanto en función activa como jurisdiccional. De haber mediado la constitución de 1949, otra hubiera sido la solución, si se advierte que la Corte tenía competencia para conocer en forma originaria y por apelación en la inconstitucionalidad de las leyes, en instancia única y en jurisdicción originaria, exclusiva y excluyente en las causas en que la provincia era parte y además, en las causas contencioso administrativas". Ya que con ese criterio la Corte jamás podría pronunciarse sobre materia constitucional en la acción contencioso administrativa, resultando letra muerta el artículo 68 de la ley 4106, que al exigir a la sentencia del Alto Tribunal el requisito de la fundamentación, plantea en primer término: la aplicación de las disposiciones del Derecho Constitucional. Además el sistema resulta incongruente en casos que la repetición de pago se funda tanto en el error de la determinación impositiva, falta de causa o demasía de la misma (que es materia de la vía contencioso administrativa) y en la "inconstitucionalidad de la norma aplicada" (materia de la competencia común o contencioso civil) dado que si no prospera la acción contencioso administrativa había que ocurrir a la ordinaria, quebrándose con ello el principio de la economía procesal.
Acción de amparo, diferencias salariales
Materia: CIVIL
Carátula: TEJERINA ORLANDO c/ INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EMPLEADO PROVINCIAL-I.O.S.E.P. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-06-03

Cuando la cuestión planteada (diferencias de sueldos) no se halla supeditada a ningún debate amplio, no puede alegarse que aquella sea opinable y discutible, sino que debe limitarse de inmediato al estatuto del personal de la administración pública provincial, que reconoce el derecho reclamado por el amparista, por lo que resulta arbitrario e irrazonable remitir la causa a un procedimiento ordinario, que es por lo general indefinido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, interpretación amplia, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Roberto Omar c/ Empresa Pesquera Frigorífico Siracusa S.A. s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-26

Si bien hasta hace no mucho se sostenía que las medidas precautorias, como el embargo preventivo, debían interpretarse restrictivamente por ser de carácter excepcional, se advierte en la jurisprudencia un sensible cambio de orientación en el sentido de que debe prevalecer un criterio amplio que permita la adecuada tutela de las pretensiones articuladas y evite la eventual inocuidad de los pronunciamientos, por ello "las medidas cautelares se otorgan sobre la base de la mera verosimilitud del derecho que se pretende asegurar -Fumus bonis iuris-. La protección cautelar obedece a la necesidad de proteger un derecho que todavía no es cierto, líquido y consolidado, sino tan solo probable y aun dudoso, es decir, un derecho incipiente...".
Revocación de sentencia, quiebra, verificación de créditos, inoponibilidad a terceros, acreedor, compraventa
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Bukan SA c/  s/ quiebra s/incidente de verificación por lópez
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-05

Cabe revocar la resolución que declaró inoponible a los acreedores hipotecarios el boleto de compraventa suscripto por los herederos del acreedor. Ello por cuanto, dicho boleto tiene una fecha anterior a la de la constitución del referido gravamen. Por otro lado, es criterio consolidado el que, ante la quiebra del deudor, la reinscripción de la hipoteca no es imprescindible, dado que el privilegio que por ella se tiene se encuentra admitido con la verificación del crédito y es conocido por todos los que intervienen en el juicio universal. No obstante, ese criterio no puede extenderse a terceros, frente a quienes sí es necesaria la inscripción. Aplicado este último criterio al caso, forzoso es concluir que en el sub lite ambas hipotecas caducaron (CCIV 3151 derogado, actual CCCN 2210). En ese contexto, dicha conducta exterioriza la falta de interés de estos acreedores en obtener, al menos frente a terceros, la tutela y protección del derecho de preferencia que ahora pretenden hacer valer. En tales condiciones y dado que está fuera de cuestión que se trata de una inmueble destinado a vivienda, ocupado por largo tiempo por los incidentistas cuya posesión no ha sido discutida, la solución adelantada encuentra sustento, además, en el principio de la buena fe (CCCN 9) y en el derecho a la vivienda que reconoce fuente constitucional (CN 14 bis) y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional (art. 75-22°)
Delitos, desobediencia, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, interpretación de la ley, competencia ordinaria, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: González, José Luis c/  s/ Resistencia o desobediencia a funcionario público s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

Si bien en el caso se investiga la desobediencia de una orden impartida por un juez civil, corresponde que sea el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas el que continúe con la investigación del presente proceso. El juez Civil integra un fuero con competencia no federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que sostener que correspondería la radicación de las actuaciones ante el fuero criminal y correccional sólo porque la orden presuntamente desobedecida provino de un magistrado que pertenece a la justicia nacional -cuya actuación es de naturaleza ordinaria por la materia que aborda y aplica-, implicaría una interpretación de las normas en juego que desvirtuaría el objeto del traspaso que tuvo en miras el tercer Convenio, esto es: avanzar en la concreción de la asunción plena de las facultades que le reconoce la Constitución Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto a la administración de justicia que debe proveer a sus ciudadanos (cf. "Bazan" y de sus antecedentes "Nisman" [339:1342] y "Corrales" [338:1517]). (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi). "Incidente de incompetencia en autos "García, María Laura s/ 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad" s/ conflicto de competencia I en/ García, María Laura s/ infr. Art(s). 239 del cp", expte. SAPCYF n° 16329/19, sentencia del 1/7/2020. En igual sentido se resolvió en "Incidente de competencia en autos Chávez, Héctor Fabián s/ resistencia o desobediencia a funcionario público s/ conflicto de competencia I", expte. SAPCyF n° 16686/19; "Incidente de competencia en autos Mori López, Julio César s/ resistencia o desobediencia a funcionario público s/ conflicto de competencia I"; expte. SAPCyF n° 16693/1.
Recurso de inconstitucionalidad, jueces, nombramiento, supresión del cargo, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Nazar, María Cristina y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo de Buenos Aires s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-03

En tanto las actoras no se encontraban en ejercicio de la magistratura, el Poder Legislativo pudo reformar la disposición transitoria tercera de la ley n° 7, en donde se establecía la conformación del fueron contravencional, mediante el dictado de la ley n° 1086, sin afectar las garantías establecidas en el art. 110 de la Constitución local
Cuestiones de competencia, competencia provincial, competencia de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Superior Tribunal de  Justicia  de  la  Provincia de Formosa s/ susolicitud en  autos: Dres. Carlos Gerardo González, Mariano Francoy  Rubén Spessot s/ sumario administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

Los conflictos entre autoridades locales deben hallar solución jurídica o política - en el ámbito provincial, sin injerencia de la justicia de la Nación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Barreto, Marcos A. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

Es insuficiente la denuncia de violación de los arts. 251, 252, 253 y 254 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif. - y 166 inc. 2 del Código Penal si la defensa formula consideraciones sobre los hechos sin cuestionar debidamente lo resuelto por la Excma. Cámara sobre ellos, de modo que los mismos permanecen intactos.
Homicidio culposo, nulidad de sentencia, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: MENDOZA MONTECINOS S/ HOMICIDIO CULPOSO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-08-23

Aun prescindiendo del acierto o error en esta cuestión, lo que sustancialmente ha llevado al Tribunal de Impugnación a dictar la nulidad de la sentencia condenatoria ha sido la ausencia de fundamentación en torno a la supuesta creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y la necesaria correlación con su resultado. Ello, no implicó, claro está, una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia. Por el contrario, la vertiente por la que transita el órgano revisor tendió a establecer si, además de verificarse una infracción a las reglas de prevención de riesgos laborales (como factor orientador para la aplicación del artículo 84 del CP), hubo además un desarrollo argumental suficiente en lo que hace a la relación de causalidad entre la falta de medios y el peligro grave para la vida
Cosa juzgada, derecho de propiedad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GOEPF, OTTO. c/ GUALDA OLMEDO, OSVALDO Y/U OTRO. s/ CESE USO MARCA 'BOXER'.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-12

El instituto de la cosa juzgada trata de evitar el replanteo de contiendas por el mismo asunto, aun cuando se lo formule de modo diferente, porque a través de la sentencia se incorpora un bien al patrimonio del beneficiario del pronunciamiento, del cual no puede ser privado sin mengua del derecho constitucional que asegura la inviolabilidad de la propiedad. (Sala 1,1980,120883)