Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-30


VISTA: La impugnación interpuesta por la Defensora Pública Penal, Dra. María Angélica Leyba, contra la decisión jurisdiccional de fecha 24 de abril de 2008 que no hizo lugar al beneficio de la suspensión de juicio a prueba a favor de A. C. , y CONSIDERANDO:

I.- Que en el marco de la audiencia oral prevista por el ritual (artículo 385 C.P.P.CH.) la parte recurrente manifestó que la agravió la decisión jurisdiccional, toda vez que no obstante la procedencia para el otorgamiento del beneficio de suspensión de juicio a prueba, se denegó argumentando el carácter vinculante del dictamen fiscal. Citó jurisprudencia y doctrina.

Sostuvo que en el caso se dan los elementos objetivos y subjetivos que el instituto requiere y que el fundamento del Ministerio Público Fiscal sobre la posibilidad que la hipotética condena no pueda ser dejada en suspenso no tiene motivación legal.

debido a que el magistrado omitió fundar su decisión (artículo 25 C.P.P.CH.).

Sostuvo que el Juez se limitó a repetir el dictamen del Ministerio Público Fiscal concluyendo que el mismo es vinculante.

Se agravió asimismo por la remisión efectuada al caso "Polke", toda vez que dicho precedente del Superior Tribunal de Justicia, si bien se refiere a la suspensión del juicio a prueba, fue dictado en el marco del Código Procesal ya derogado. Citó jurisprudencia.

II.- El Ministerio Público Fiscal en su escrito de contestación manifestó que el Juez motivó suficientemente su decisión.

Hizo consideraciones respecto de la doctrina que debe imperar para la concesión del instituto, como así también que es dicho Ministerio quien debe promover la acción penal conforme lo prescripto en la Constitución Nacional y Provincial. Que por cuestiones de política Criminal, entiende que por la gravedad de los hechos, ser un delito de abuso sexual y en el caso de menores, en modo alguno habilita el otorgamiento del instituto solicitado.

III.- La decisión jurisdiccional posee una fundamentación aparente que la tiñe de arbitraria.Es el juez quien debe examinar si están presentes en cada caso los presupuestos que habilitan el otorgamiento del instituto y dictaminar en consecuencia. En todo caso su rechazo debe estar expresamente fundado en circunstancias procesales que impidan su otorgamiento.---------Es precisamente el órgano jurisdiccional el que cuenta con facultades decisorias indelegables. En tal sentido, impedido se encuentra este Tribunal revisor de ingresar siquiera al fondo de la cuestión vinculada a la denegatoria del juicio a prueba, toda vez que se carece de fundamentación jurisdiccional alguna.---No emergen de la decisión valoraciones compatibles con el ejercicio de la sana crítica que indiquen y justifiquen la razón por la cual se arriba a la conclusión a la que se arriba, toda vez que nada dijo sobre los aspectos objetivos y subjetivos que importan tener por fundado y, consecuentemente, vinculante a la propuesta fiscal. Por eso reafirmamos que existe sólo una fundamentación aparente.-----------Las disposiciones combinadas de las normas constitucionales y procesales, establecen, por un lado, la potestad de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y, por el otro, la obligación del juez de explicitar la fundamentación en que basa sus decisiones, de modo que excluye un uso arbitrario de aquéllas."El deber de fundamentar la sentencia persigue impedir decisiones irregulares producto de la individual voluntad del juez, imponiendo así que el fallo resulte una derivación razonada del derecho vigente" (CSJN, 17/03/98, "Yemal, Jorge G. y otros").------La falta total de valoración de la premisas incorporadas por las partes echando mano a casos anteriores similares al presente importa la aplicación análoga "in malam partem" de preceptos legales que viola flagrantemente normas procesales vigentes y conlleva a la nulidad de tal decisión por arbitrariedad manifiesta ante una motivación aparente. La fundamentación resulta un requisito insoslayable a efectos de asegurar la racionalización del poder, extremo básico del modelo republicano."La motivación de las resoluciones judiciales es una consecuencia necesaria de la propia función judicial y de su vinculación a la ley y el derecho constitucional. Asimismo constituye un instrumento, igualmente necesario, para contrastar su razonabilidad a los efectos de ejercitar los recursos judiciales que procedan y, en último término, a oponerse a las decisiones arbitrarias" (STC España 175/1992, 2 de noviembre, citado en "Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal", Faustino Cordón Moreno, Ed. Aranzadi, p. 179, año 1999).-------------- ------Además de ello, cabe manifestar que "La doctrina de los actos propios resulta una derivación del principio de buena fé y constituye no una facultad sino una obligación del órgano jurisdiccional de hacerla valer anterior (CNCiv., Sala H, 5/3/08, "Huaman Ladera, Edgar Zoe c. Laje Adhelma, Ester" (La ley 9/6/08, p. 11).--------------Esta doctrina y el principio general de que emana, exigen a los sujetos procesales un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de parecer o de actuación que no aparezcan justificados (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala V, 31/3/97, "Achtar, estela -se acumula a Alvarez y otros c. Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos - " LA LEY 1998-C, 394).---------Todos los sujetos procesales están obligados a actuar coherentemente. Los sujetos procesales no son solamente los particulares, sus representantes y los agentes públicos, que intervienen en un proceso, sino también los jueces y tribunales que intervienen en él. Los jueces están obligados a actuar coherentemente en el ejercicio de sus funciones, a tenor de la llamada doctrina de los actos propios, derivación directa del principio general de la buena fe, eje de todo el sistema jurídico argentino, receptado en el art. 1198 Cód. Civil.-----Habiendo esta Cámara anulado en anterior intervención un decisorio de la instancia de grado que objetiva y conceptualmente resulta prácticamente idéntico al que aquí se analiza (cfr. Fs. 65/67), sin que se haya modificado en nada relevante la situación planteada, que pareciera un calco de la anterior intervención de este cuerpo, en aras al cumplimiento del deber de coherencia referido supra, similar solución corresponde dar a este nuevo planteo.-----De cualquier manera y a fin de evitar nuevas intervenciones de este Cuerpo, se deja enfática constancia de la conveniencia de que el juez que resuelva la solicitud de suspensión del juicio a prueba del encartado A. C. , analice en su pronunciamiento si se encuentran reunidos o no los requisitos objetivos y subjetivos para la concesión del beneficio, procediendo a sustentar debidamente su decisión.-------------- ------Por ello, la Sala "B" de la Cámara de Apelación Instructoria de Trelew Chubut,-------RESUELVE:--------1) DECLARAR la nulidad del auto de fecha 24 de abril del corriente año venido por impugnación (arts. 169 de la Constitución Provincial y 25, 161 y 164 del C.P.P.CH).-------2) REMITIR las actuaciones al Juzgado de origen a efectos de que otro juez penal dicte nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, teniendo en cuenta las indicaciones efectuadas en los considerandos.-----3) Regístrese y devuélvase a fin de practicar las notificaciones pertinentes.------ Aldo Luis De Cunto Sergio Rubén Lucero Marcelo J. Lopez Mesa Ante mí:

Carlos Enrique Pedelaborde REGISTRADA BAJO EL Nº 06 DE 2008. SIP. SALA "B".CONSTE