Condena condicional, suspensión del juicio a prueba, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, JUAN CARLOS s/ CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-12-29

La Ley 24.316, nacida al amparo de la suspensión del proceso a prueba (probation) no ha cambiado sustancialmente el instituto de la ejecución condicional de la condena. Lejos de ello lo mantiene en el sentido de que la condena subsiste pero se ejecuta en libertad y puede tenerse como no pronunciada si se cumplen las condiciones dentro de los plazos que la ley requiere. Se trata de un sistema mixto entre el continental europeo y el anglo americano.

En realidad, más allá de la crítica a lo políticamente coyuntural el instituto constituye un avance, aunque en relación a otros institutos -como la libertad condicional- se encuentra simétrico en cuanto a su funcionamiento.

Empero, un avance desde el ángulo de la política legislativa, no necesariamente implica un beneficio para los intereses del condenado, mucho menos dentro de un sistema liberal, donde los intereses del individuo frente a los del estado deben conciliarse (art. 18 C.N.).

En efecto, el problema planteado es el de la sucesión de la ley en el tiempo, donde la regla es la aplicación del principio tempus regit actum y su excepción en el ámbito del derecho penal -no así en el ámbito del derecho civil ni procesal en los que rigen los principios de los derechos adquiridos y actos concluidos- es la posibilidad de la aplicación retroactiva o ultractiva de la ley penal más benigna.

La determinación de la mayor benignidad de una ley -además de otras condiciones- dependerá de la existencia o no -en el caso concreto- de limitaciones al pleno ejercicio de los derechos del ciudadano o si quiere llamársele también de imposiciones coactivas.

Consecuentemente, una ley es más gravosa, no sólo cuando castiga un hecho antes impune, o al hecho ya punible le impone una pena más grave, sino, siempre que, de alguna manera, desfavorezca, respecto de las consecuencias del delito, la situación jurídico-penal del acusado.

Se trata de una garantía constitucional, pues ésta es la registrada en el art. 18 C.N. que no es sino la necesidad de la existencia de la ley penal previa, pues a pesar de su letra, esta cláusula exige, en forma general, que la ley sea anterior al hecho imputado, dado que en su función de garantía individual sólo puede exigir que la ley sea anterior al hecho, en la medida que represente una tutela para los imputados, pues los derechos y garantías constitucionales operan en favor y no en contra de los habitantes. Por ello, concordante con ese sentido de garantía individual, el precepto ha sido interpretado como una prohibición de que la nueva ley penal empeore las condiciones de los imputados. El art. 2 C.P., entonces, que dispone la retroactividad de la ley penal más benigna no representa una limitación de carácter excepcional al principio constitucional de la ley anterior al hecho del proceso.

En el caso, dado que el hecho fue cometido el 14/1/93, constituye una limitación no contemplada por la ley vigente entonces (ley 23 057, C.P.) la obligación de no mudar la residencia sin dar previo aviso al Tribunal e igualmente lo es y más gravemente aún,la restricción de no disponer libremente de su tiempo por estar sometido a la capacitación que el Tribunal manda obtener,impuesta según la Ley 24.316 del 13/5/94.

Toda restricción, condicionamiento limitación al ejercicio de los derechos implica un agravamiento que sólo puede ser impuesto si a la par se respeta el principio tempus regit actum pues de otra forma se vulnera la prohibición de aplicar retroactivamente la ley penal más gravosa o como en el caso, la ultractividad de las más benigna.-