Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-18


AUTOS: "S. , H. F. , s/...N. , U. G: .

D. , C. D. , S. , M. M. , G., T. , S. , E. s./Falsdedad Ideológica en Concurso Ideal con Violación de los Deberes de Funcionario Público Fiscalía Anticorrupción s./Presentación (Expte. Nº 44 Fº 15 Año: 2006 CCCE).

En la Ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, a los 18 días del mes de octubre de dos mil siete, en la Sede de la Excma. Cámara en lo Criminal de la Ciudad de Esquel, se reúne el Tribunal con la Presidencia de su titular, Dra. Cristina Isabel Jones y asistencia de los Vocales Dr. Víctor Alberto Sarquis y del Sr. Juez Subrogante, Dr. Jorge Eyo, juntamente con el Secretario, Dr. Ricardo R. Rolón, para dictar sentencia en la Causa Nº 44 Fº 15 Año:2006 CCCE, originaria Nº 130 Fº 33 Año: 2005, proveniente del Juzgado de Instrucción de Esquel y Nº 9197 Año: 2004 del MPF, que se le sigue a U. G. N. , sin sobrenombres ni apodos, argentino, casado, con instrucción terciaria completa, de profesión Ingeniero Forestal, de cuarenta y cuatro años de edad, nacido en la Ciudad de San Carlos de Bariloche. Provincia de Río Negro, el ** de de 19**, hijo de M. N. y de J. R. , con DNI Nº **.***.***, con domicilio real en Ruta 258, Km.*** de la localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, a C. D. D. , sin sobrenombres ni apodos, argentino, casado, con instrucción secundaria incompleta, empleado público provincial, de cincuenta y siete años de edad, nacido en la localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, el día 17 de de 19**, hijo de C. A. V. D. y M. A. B. , con DNI Nº *.***.***, con domicilio real en Casa Nº * del Barrio "X Viviendas" de la localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, a M. M. S. , sin sobrenombres ni apodos, argentino, casado, con instrucción secundaria incompleta, industrial, de cuarenta años de edad, nacido en la localidad de El Bolsón, Provincia de Río Negro, el día ** de de 19**, hijo de M. S. y de I. G. , con DNI Nº **.***.***, con domicilio real en Barrio "X" de la localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, a E. T. G. , de sobrenombre "T.", argentino, casado, con instrucción secundaria completa, carpintero, de cincuenta y nueve años de edad, nacido en la localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, el día ** de de 19**, hijo de V. G. y de E. A. , con DNI Nº *.***.***, con domicilio real en Ruta Nac. 258, Km.***, de la localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, y E. S. , sin sobrenombres ni apodos, argentino, casado, con instrucción secundaria completa, productor, de cincuenta y nueve años de edad, nacido en el Pje. "Las Golondrinas", jurisdicción policial de El Hoyo, Provincia del Chubut, el día 15 de julio de 1948, hijo de E. S. , con DNI Nº *.***.*** , con domicilio real en Lote **, Bª X, de la localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, por los delitos de Falsedad Ideológica en Concurso Ideal con Violación de los Deberes de Funcionario Público (arts. 45, 54, 77, 248 y 293 del C. Penal), y en la que son partes, el Sr. Fiscal General, Dr. Martín E. Zacchino, en representación del Ministerio Público Fiscal y el Sr. Abogado Defensor Particular de los imputados, Dr. C. J. A. .

======================Y RESULTANDO:========================== Que en la requisitoria fiscal de elevación a juicio, recaída a fs. 261/268, el Sr. Fiscal General, Dr Martín E. Zacchino, en representación del Ministerio Público Fiscal, atribuyó a U. G. N. , C. D. D. , M. M. S. , E. T. G. y E. S. , la autoría material y penalmente responsable de los delitos de Falsedad Ideológica en Concurso Ideal con Violación de los Deberes de Funcionario Público (arts. 45, 54, 77, 248 y 293 del C. Penal), por entender que los elementos probatorios recogidos en la etapa instructoria, que enumeró y merituó, resultaban suficientes para sostener, con el grado de probabilidad requerido en dicha etapa, que en la localidad de El Hoyo, Chubut, con anterioridad al 01 de noviembre de 1999 presuntamente el 15 de octubre de dicho año, los imputados, en su calidad de miembros integrantes del Concejo Deliberante de la Municipalidad de El Hoyo, habrían procedido dolosamente a sancionar la Ordenanza Nº 061/99, mediante la cual se adjudicara en venta al Sr. L. T. y a S. T., un lote de terreno de 44 has.,91 áreas y 95 centiáreas, autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal, a otorgarles el respectivo Título de Propiedad una vez realizados los pagos correspondientes, insertando en dicho instrumento público declaraciones que sabían falsas tales como "que no existe observación por parte de la Dirección de Bosques y Parques", "que la mensura del predio se encuentra registrada en la Dirección de Catastro e Información Territorial de la Provincia" y que la misma fue "dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de El Hoyo a los 15 días del mes de octubre de 1999", cuando en realidad, sí había existido una observación de la Dirección de Bosques y Parques, no se encontraba aún registrada la mensura por ante la Dirección de Catastro e Información Territorial de la Provincia, y la sesión aludida del Concejo, no habría existido o no se habría realizado o al menos, no habría sido registrada en el Libro de Actas correspondiente, de todo lo cual sabían podrían derivarse perjuicios para la Municipalidad y/o para los interesados, y que el dictado de dicha Ordenanza era contrario a lo dispuesto por la Ley de Corporaciones Municipales Nº 3098, a la Ordenanza Nº 34/89 y al art.233, inc. 10 de la Constitución Provincial, que regulan el trámite para la adjudicación en venta de tierras fiscales.

Encontró probada tanto la materialidad de tales hechos, como la autoría de los imputados en ellos, con los elementos probatorios reunidos en dicha etapa instructoria, en especial las actuaciones que se originaran en sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia del Chubut a requerimiento del Sr.V. M. R. (Nota 081/01, fs. 1, y Res. 035/01, fs.2/4) entonces a Cargo de Dra. Marcela Colombini, y que se giraran al Sr. Fiscal de Investigaciones Administrativas, Dr. D. P. R., para que intervenga en las actuaciones Nº 24/00, caratuladas: "R., V. M. s/ Situación en Tierras Fiscales de la Municipalidad de El Hoyo", de las que se desprenderían las circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisión de los hechos en juzgamiento; asimismo, notas del citado poblador a la Defensoría del Pueblo y a la Municipalidad de El Hoyo , (fs.6 y 9), requiriendo regularización de sus tierras, poder general otorgado a su sobrino D. F. R. a esos fines (fs.7/8), copia nota Insp.Tierras Munip. El Hoyo,Sr. S. A. C., sobre verificación ocupación del citado poblador sobre tierras pretendidas (fs.10), Copia Ordenanza Nº 007/98, tendiente a facilitar la adjudicación de tierras fiscales a viejos pobladores ocupantes de las mismas, previo cumplimentar algunos requisitos que se exigieron (fs. 11/12), copia notas sobrino al Municipio de El Hoyo , apoderado de aquél poblador, solicitando acogerse a los beneficios de esta Ordenanza (fs.14), y también de V. M. R. reiterando similar pedido de regularización (fs.15/17), Nota Nº 65/00 del Intendente Municipal Cárdenas a R., haciéndole saber contenido Ordenanza 061/99, adjudicando parte tierras (superficie antes referida) a T. y Sra. T. , por haber cumplido los requisitos exigidos (fs.18/19) y copia del Boleto de Compraventa instrumentando dicha venta y suscripto por el Intendente de entonces, Héctor Francisco S. , mencionando cumplimiento requisitos previos (fs.20); nueva nota de V. M. R. al nuevo Intendente, contestando la anterior, estimando que la Ord. Nº 061/99, habría "avasallado sus auténticos derechos" (fs.21), y de otra dirigida a la Defensoría del Pueblo requiriendo su intervención e informándole la suspensión del trámite de mensura del predio enajenado a T. T. (fs.22), por Disp. Nº 04/00 de la Dir.de Cat. e Inf. Terr., porque según informara la Dirección de Bosques y Parques, las tierras adjudicadas y deslindadas se encontrarían dentro de la Reserva Forestal "Cerro Currumahuida", por lo que se consideró "inviable la enajenación" a aquéllos, suspendiéndose el registro del plano respectivo (fs.23); Copia de la Nota del Del local de la D.G.B y P., Dest. El Hoyo, a la Defensoría del Pueblo, informándole sobre dicha reserva forestal (fs26); copia del Expte. Nº 72/99 Municip. de El Hoyo, con diversas notas y desenvolvimiento del trámite de adjudicación de las tierras citadas a T. T. (fs.38/81); Nota de D. F. R. al Intendente Cárdenas sobre cumplimiento Disp. 04/00 Dir. Cat. e Inf..Terr. (fs.84); Notas de dicho Jefe Comunal al Fiscal de Inv. Adm. sobre el pedido, y sobre el dictamen del Asesor Legal del Municipio, elevado a la Dirección de Bosques y Parques (fs.89), y sobre paralización trámite expediente adm. mun. 72/99 (fs.102); copia del citado dictamen del Asesor Legal del Municipio, considerando nula la Ord. Nº 061/99, con responsabilidad para los funcionarios que la suscribieran y promulgaran (fs.90/91). También tuvo en cuenta, las Notas Nº 101/02 del Ing. G. F., informando tal suspensión del trámite, así como que el plano de mensura habría sido registrado por el Agrimensor V. a pesar de no haber sido visado por el Director de Bosques y Parques (fs.106), y Nº 243/03, informando a la Fiscalía de Inv. Adm. que sobre la Ord. Nº 061/99, no se ha tomado ninguna medida ni por el Municipio ni por la Provincia, continuando en vigencia (fs.115); también, la Nota Nº 764/04 del Director General de Bosques y Parques, Sr. M. P., dirigida al Sr. Fiscal Anticorrupción, Dr. Jorge N. , informándole la inexistencia de antecedentes en esa Dirección sobre la adjudicación dispuesta por la Ord. 061/99 de la Municip. El Hoyo (fs.118); actas registros domiciliarios dicho Municipio (fs.162 y 174), donde se secuestraran el Boleto de Compraventa citado y el Libro de actas, glosándose dichas piezas a la causa (s.167/168 y 246/249); copia nota Municip. El Hoyo sobre trámite ordenanzas (fs.239), Copias Ordenanzas Nros. 061/99 (fs.241), 59/99 (fs.242(, 60/99 (fs.243), y 62/99 (fs.244/245); informe de fs. 250 y Copia Ordenanza de Tierras Fiscales de la Municipalidad de El Hoyo (Nº 034/89,y mod. Mº 2/2000), de fs.253/260. Merituando tales elementos, calificó legalmente los hechos antes descriptos como se mencionara más arriba, motivando su requiriendo de elevación de la presente causa a esta instancia.

Ya en juicio, y en la etapa de discusión final del debate, el Sr. Fiscal General, Dr. Martín E. Zacchino, comenzó su alegato advirtiendo que el caso presentaba ciertas particularidades, entre las que puntualizó que la investigación penal previa llevada a cabo, se dirigió a la averiguación de varias conductas que eran conexas, y esta conexidad le daban sentido y significado al accionar siguiente, tratándose de una actividad propia de la administración pública , pero siendo el objeto de litigio originario la tenencia o la posesión de un pedazo de tierra en la localidad de El Hoyo. Aseveró que éste no era un tema menor, porque ha tenido suma importancia la regularización de algunos asentamientos, sobre todo de algunos antiguos pobladores, tan es así que exite legislación municipal como también provincial y también la Constitución da el norte a seguir en estos casos; y esto muchas veces choca o se cruza con otros intereses, también constitucionales consagrados, como son el del trabajo, el de la producción, el del desarrollo económico de una región, y la regularización de otros nuevos pobladores, de otra oleada migratoria que se ha suscitado en otra época, fundamentalmente en aquella comarca andina del paralelo 42, fenómeno propio de fines de la década de los ochenta y principios de la década del 90 donde, por razones de tipo sociológico, ha habido una mayúscula migración a esta zona, no sólo de campesinos o de personas con oficios afines como por ejemplo trabajadores de la madera, sino también de otros profesionales de otras áreas de saber, para darle a su vida otro matiz o desarrollo.

En ese contexto, indicó que el análisis jurídico penal que se hizo al inicio de esta investigación, guarda relación con un análisis conjunto de toda la situación. Y así fue como se pretendió encauzar la investigación de un hecho que se entendió como violatorio de los deberes de funcionario público, sujeto lógicamente a probanzas, puesto este accionar al principio en cabeza del ejecutivo municipal, dirigido en este caso por el señor H. F.S. , y en relación a esta tierra que por un lado reclamaba lado un viejo poblador, el Sr. V. M. R. , y al mismo tiempo, en forma concomitante o anterior o posterior, en forma prolija o no tan prolija, otro poblador nuevo, en este caso el Dr. T. , a quien hemos podido escuchar en el día de ayer. Afirmó que van de la mano pues el análisis original había sido el darle a uno de estos trámites preferencia respecto del otro, sopensando arbitrariamente el trabajo, la producción, la inversión, por sobre la regularización de asentamientos poblacionales más antiguos; pero esto ya está fuera de discusión, pues el transcurso del tiempo ha sido fatal al respecto, por lo que no profundizará mayormente este análisis pues debe respetar el estado de inocencia, pero ello sí sirve como explicación para lo que se dirá más adelante. Además indicó que esta abusiva preferencia (dar prelación a una situación por sobre la otra), hablando en términos condicionales, habría motivado todo el trámite posterior. En este sentido consideró que una de las características que tienen los delitos cometidos contra la administración pública, en este caso municipal, es, como dice toda la doctrina en forma conteste, que en su faz extrínseca todo aparenta normalidad, todo aparece como regular, todo está visado, todo está aprobado, registrado, todo está protocolizado, y precisamente ésta cuestión es lo que viene a proteger el bien jurídico penalmente tutelado, cuál es la fe pública particularmente en estos delitos de falsificación o adulteración de instrumentos. Y agregó por ello, que en estos delitos de falsificación o adulteración de instrumento, la investigación es particularmente difícil pues el investigador debe correr el velo de algunas situaciones para desentrañar convincentemente, cuál es la verdadera motivación de lo que se dice accionar delictivo y, como ya lo adelantó, esa etapa de correr el velo de algunas situaciones, le está vedado al acusador público, en este caso, por el transcurso del tiempo, por lo que toda esa situación original o primaria no puede considerarla válidamente para poder sustentar la que vendrá después, por lo que se quedará únicamente con el análisis teórico del tipo penal que ha subsistido con relación a los cinco coimputados, que en aquélla época 15 octubre de 1999 eran integrantes del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de El Hoyo. Y a ellos se les ha imputado la falsedad ideológica de un instrumento público, cual es una Ordenanza, siguiendo en esto los lineamientos del artículo 979 del Código Civil y compartiendo la interpretación del doctor Molinario, en cuanto a lo que debe entenderse por instrumento público, y aunque las ordenanzas municipales no están previstas como tales en el Código Civil, sin embargo siendo elaboradas por funcionarios públicos y por la entidad pública de la norma, se las equipara a instrumentos públicos, y se las incluye en el tipo penal. Pero el accionar atribuido consiste en insertar en este instrumento público, declaraciones falsas o asertos falsos concernientes a un hecho que el documento deba acreditar o probar y como tercer requisito, de modo que pueda causar o resultar prejuicio y tal prejuicio no se refiere únicamente a un menoscabo a la fe pública sino que también el prejuicio pueda ir más allá, y lesionar otros intereses tutelados penalmente, cuál podría ser el derecho de propiedad. Afirmó por ello que en este análisis debe verse, para luego analizar la verdadera intención de los agentes, cuáles son estas notas falsas insertas en el instrumento público y sobre ellas es donde se debe hacer pie. Aseveró en tal sentido y en primer lugar, que una de esas falsedades había sido afirmar que no había habido observación por parte de la Dirección de Bosques y Parques; en segundo lugar, que la mesura del predio se encontraba registrada en la Dirección de Catastro e Información Territorial de la Provincia y que la Ordenanza había sido dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante el 15 octubre del 99, pretendiendo la Fiscalía a lo largo del debate demostrarle a los jueces las falsedades de cada uno de estos tres asertos; para el caso de que ellos hubiesen sido acreditados, el prejuicio hubiera sido palmario, porque se habría puesto en cabeza del Sr. T. , una situación de mejor derecho tal, que menoscababa los derechos que podría llegar a tener el señor V. M. R. o sus sucesores en relación a una ocupación más antigua sobre un predio mayor, no delimitado, situación que era típica a principios del siglo pasado cuando estos asentamientos se cobijaron en El Hoyo, soslayando además, otros beneficios por llamarlos de alguna manera, que daban otras Ordenanzas del mismo Consejo Deliberante, como era la Ordenanza Nº 7/98. Aseveró por ello, que todas estas circunstancias de por sí lo eximen de valorar cual hubiera sido el perjuicio concreto si estas falsedades hubiesen sido demostradas en el debate. Sin embargo, hemos escuchado en debate el Ing. F. , Jefe de la Delegación local de El Hoyo de la Dirección de Bosques y Parques de la Provincia, quien a preguntas de la Fiscalía fue refiriendo, mal o bien, atinadamente o no, dentro o fuera de su esfera, que a su criterio, ésta era una zona boscosa o mejor dicho la tierra pretendida por T. , estaba comprendida dentro de una zona reservada a la Dirección de Bosques y Parques, por lo que el ejecutivo municipal, no podía así como así, dar una tramitación ordinaria a la adjudicación en propiedad de una tierra, sin pasar previamente por ese visado o aprobación del ente Provincial que tenía injerencia sobre el vuelo del bosque o administración al menos de esta zona denominada como Reserva Forestal "Cerro Currumahuida". Pero también ha quedado acreditado en el debate, que estas observaciones, que fueron impedimento para una adecuada registración del plano de mesura, fueron efectuadas con posterioridad a la inscripción del plano de mesura, esto es debe suponerse, con posterioridad al dictado de la Ordenanza Nº 061/99, que es el "quid" de la cuestión. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta conclusión, sencillo es razonar que los concejales firmantes de esta normativa municipal, no tuvieron en principio noticia, ni siquiera personal, de esta observación de la Dirección de Bosques y Parques.

Agregó que también al respecto, pudimos escuchar al respecto al Agrimensor Roberto O. V., a quien la Fiscalía le preguntó ante la insistencia de correr el velo citado, de cuál es el trámite coloquialmente hablandoque debe hacer un agrimensor para inscribir un plano de mensura, pues no se dede soslayar que esto que parece tan formal (en cuanto al dictado de las ordenanzas y trámites respecto de inscripción de tierras), es en la realidad de los hechos, y en Comunas tan pequeñas como la de El Hoyo, trámites en que la formalidad está sólo dada en el papel, pero en rigor de verdad, hay muchas informalidades; y la Fiscalía sopesó en ese momento que era muy probable que el Agrimensor V. tuviera ya el numero de plano, de registración, del tomo y del folio, que se lo hubiese pasado a algún concejal o secretario del Concejo Deliberante para ir adelantando la redacción de la Ordenanza; en fin, pensaba la Fiscalía en la existencia de circunstancias que echaran por tierra la coartada de los Concejales de afirmar "¿como iban a sancionar una ordenanza en fecha 15, si ellos tenían todos los datos de un plano que recién se registró el día 18?"; esto parecía ser posible y fácilmente demostrable, corriendo sólo el velo de la formalidad, con una declaración sincerada del Agrimensor V., prestada bajo juramento de ley en cuanto a como pudo haber sido lo que verdaderamente ocurriera. Pero grande fue la sorpresa de la Fiscalía, no en cuanto a lo que dijo Vila, sino cómo lo dijo; porque si algo puede rescatarse de tal testimonio, fue su sinceridad, siendo la misma una exposición muy campechana, muy informal, muy coloquial, del terreno, pero que a la hora de ilustrarnos acerca del trámite concreto que se le da a la registración de un plano de mensura en la Dirección de Catastro y Geodesia de la Provincia, fue enfático en señalar dos momentos: así se hace ahora, y así se hacía antes, es decir a la fecha de comisión de los hechos investigados. Y sobre el particular, precisó que si bien la Dirección de Catastro y Geodesia hacía una evaluación técnica de lo que decía el plano de mensura (en los papeles, porque en la realidad no se hacía nada), dijo también que primero se presentaba el plano, que dicha Dirección pedía luego la información pertinente a la Dirección de Bosques, pero que al registrarse el plano, era ése el momento donde correlativa y cronológicamente correspondía la asignación al trámite de tomo, folio y fecha de registración; y al preguntársele por la Fiscalía si esto podría saberse con anterioridad, sostuvo terminantemente que no, que lo único que podría conocerse o saberse con anterioridad era el número de Expediente, el que posiblemente ya estaba asignado desde el mes de junio de 1999; pero no los otros datos concretos referidos. Por ello, aplicando también el principio de la duda en favor de los imputados, concluyó aseverando que esta fecha de registración del plano es aquella después de la cual se da a conocer certeramente el número de tomo, de folio y de inscripción del mismo, y efectivamente estos asertos fueron también consignados en la Ordenanza Nº 61/99. Y aquí es donde, hecha esta introducción, recién se ha podido valorar el tercer elemento que se tachaba de falso, cuál era el de la fecha estampada en la ordenanza ( instrumento público citado).

Confesó también el Fiscal, con toda sinceridad, que en la etapa investigativa les fue difícil tratar de comprender tamaña informalidad que entendieron y entiende inadmisible en un cuerpo deliberativo, en un órgano municipal tan importante como es un Consejo Deliberante: que éste tipo de cuestiones queden tan libradas al azar, que ni siquiera el tratamiento de una ordenanza tan importante y que tantos problemas y debates trajera, no haya quedado inserta al menos en el Libro de Actas, el que fue secuestrado y analizado pormenorizadamente sin que en el se haya podido encontrar nada que haga referencia a este tratamiento, lo que generó sospechas fundadas de que había algo oculto detrás de todo ello y que de ser así, ello iba a poder ser demostrado en el debate. Con todo lo dicho al principio como introducción, con más lo que afirmará en cuanto a que como lo explicará, esta fecha evidentemente pudo haber sido consignada por error, cabe entender que tampoco a este respecto de la falsedad, tiene la Fiscalía certeza suficiente como para sostener la acusación original. Y ello por varias razones.

Explicando las mismas, refirió que el Concejal S. , al declarar al final del debate, pareció coherente y sincero al explicar por qué algunas ordenanzas tenían fechas que no se condecían absolutamente con esta correlatividad de los números; para muestra de ello, es saludable evaluar las ordenanzas 59, 60, 61 y 62, que la Fiscalía incorporó al debate ex profeso, donde puede apreciarse que pese a esta correlatividad numérica, ordinal, la cronología material no se corresponde; y lo que menos se corresponden, son las fechas de ingreso de estas ordenanzas al departamento ejecutivo municipal para su promulgación, como tales, existiendo allí diferencias en algunos caso de pocos días, en otros, de varios días. Y luego de indagar sobre el punto, reconociendo que lo hizo con énfasis, el Concejal S. dio prudentemente la explicación más acertada; y es lógico que así suceda; no es que se reservaban números de ordenanzas en blanco, sino que simplemente el movimiento administrativo de una municipalidad exige que no deba ni pueda detenerse, en cuanto a la inmediatez que rige la administración municipal, simplemente porque un concejal u otro no haya estado o se haya olvidado de firmar la ordenanza y hasta que esto no ocurría la citada normativa no podría ver la luz. Y ello pues si bien puede admitirse ese error material en su fecha, no resultaría admisible que le falte la firma de un Concejal, lo que generaría una nulidad absoluta de tal Ordenanza; y esta si, consideró el Fiscal., es una explicación razonable.

Mención aparte le mereció el testimonio de la Dra. M., que era por entonces Asesora Legal del Municipio, que no valoró como sincero, quien a pesar de que sobre algunos aspectos se mostró memoriosa, no pudo esclarecer algunas otras cuestiones puntuales que le requiriera la Fiscalía, más allá de mantenerse en una postura vacilante sobre aspectos que la podrían perjudicar, vinculados a la función que entonces desempeñaba como asesora del municipio.

En cambio, sí evaluó el Fiscal como más sincera la declaración de la Secretaria de Actas del Honorable Consejo Deliberante de El Hoyo, a pesar del parentesco con dos de los imputados; ella explicó como era el trámite, y acerca de las funciones que ella tenía de labrar las actas, poco era el grado de decisión que a ella le cabía, tal vez sí sobre las actas, pero es menester recordar que exhibido que le fuera el cuerpo material de la ordenanza 61/99, no reconoció como propias sus grafías que en forma manuscrita ponían la fecha a la Ordenanza; aclaró al respecto que ella, si bien estuvo en la sesión ordinaria del día 15, no puso la fecha a dicha ordenanza. Y bien se preguntó el Fiscal, ¿cuando se sancionó la ordenanza?; en rigor de verdad entendió que ello no se pudo ni se podrá saber. Agregó que no es su función dentro de la administración pública provincial, tomada genéricamente como funcionario público provincial, discurrir acerca de la validez o no de dicha ordenanza, pero opinando como abogado, puede aseverar que la misma es nula, que no podría tener efectos, salvo que sean salvados por los mecanismos que el código civil y el derecho administrativo prevean para este tipo de casos, que no son raros. Pero no puede defenderse la validez de una norma que en el modo de su producción, como constitucionalmente debió realizarse, adolece de un vicio esencial, cuál es la indeterminación de la fecha de su promulgación. Y éste no es un dato menor, pues debe conocerse por ejemplo a partir de cuándo surtirá sus efectos esta ordenanza, lo que habrá de discutirse en otra sede, o, quien era el encargado de su promulgación, si el intendente electo o quien haya quedado encargado del departamento ejecutivo municipal, lo que también sería tema de discusión en otro ámbito. Pero, advirtió, en lo que aquí interesa, este análisis se hace al sólo efecto de vislumbrar si los funcionarios firmantes de esa norma, tenían la deliberada intención de insertar falsamente extremos que sabían que no eran verdaderos, sabiendo que podrían causar un perjuicio; y al respecto, entendió que con ninguno de los presupuestos que evaluó pudo tener por acreditado el tipo subjetivo, esto es, el dolo directo que esta figura de falsedad ideológica prevé y exige para la configuración del tipo penal. Y como ya lo dijo antes de ahora, casualmente juzgando también a Concejales de El Hoyo en otro proceso, no puede la Fiscalía como órgano que es del Poder Judicial de la Provincia, inmiscuirse en otro poder, como en el caso, el poder ejecutivo municipal, a fin de desentrañar cuestiones que están circunscriptas únicamente al ámbito de la Administración salvo comisión de delitos penales, en que sí podría evaluarlas, que no es el caso, pero en este caso, por todas las consideraciones efectuadas, no puede tenerlo por probado, no puede sostener la acusación original y por lo tanto no puede discurrir acerca de la oportunidad, mérito y conveniencia de sostener o no una ordenanza, que entendió no tiene valor.

Previó a terminar su alegato, que adelantó, concluirá en un pedido absolutorio por aplicación del art. 4º del C.P.P. (ley 3155)l y 44 de la Constitución Provincial, por entender que no se ha podido acreditar el hecho investigado con la certeza requerida, formuló algunas consideraciones sobre el origen de la investigación. En tal sentido, indicó que ella tiene relación con lo dicho al principio en cuanto a que en el caso, quien no perdonó a ninguno fue el transcurso del tiempo, lo que no sólo hizo mella en la investigación que concluye a casi diez años de cometido el hecho, sino también en la memoria de algunos testigos, del extravío de expedientes, en fin de una serie de obstáculos que debieron sortearse para llegar al momento actual y también por el hecho de que haya fallecido V. M. R. a quien nunca nadie le supo dar respuesta a sus pedidos mientras vivió; recordó que esta causa fue iniciada a instancias de la Defensora del Pueblo de la Provincial en el año 2000; y si todo se hubiese realizado en un tiempo prudencial, distinta hubiese sido la evaluación de algunas aristas importantes del caso. La denuncia ante la por entonces llamada Fiscalía de Investigaciones Administrativas por entonces a cargo del Dr. David P. Romero, ha hecho una recolección de pruebas, de documentación mucha de ella inútil, hasta que luego de algunos reemplazos en aquel órgano administrativo, el Dr. N. fórmuló una denuncia penal contra los imputados, por entender que habría que investigar esta conducta que tenía ribetes importantes y con injerencia en el derecho penal, criterio que por entonces compartió la fiscalía. Pero ya era tarde , y los jueces lo advirtieron ayer y anteayer con el intendente S. al advertir que los hechos ya habían prescripto. Y así llegó en todo caso entonces, a conocimiento de la Oficina Única del MPF de Esquel, donde haciendo algunos esfuerzos, se pretendió efectuar este debate. Y no quiso dejar pasar por alto esta mención, sobre todo para que los imputados puedan entender porqué durante tanto tiempo estuvieron apegados al proceso, con toda la carga emocional que ello conlleva y fundamentalmente por la cuestión humana de respeto a personas que como cualquiera puede ser investigados, pero que merecen a la hora de concluir el proceso con retiro de la acusación, al menos una explicación decorosa de la fiscalía el porque de tanto tiempo de indefiniciones. Por todas las consideraciones expuestas, concluyó el alegato solicitando la libre absolución de todos los imputados por el delito por el cual fueran traídos a juicio.

A su turno, el señor defensor de los imputados, Dr. C. J. A. , visiblemente emocionado, más allá de compartir el pedido absolutorio fiscal, remarcó que lo que le molestó sobremanera en este proceso fue que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas mostrara parcialidad, sin sostén probatorio, para acusar a la gente. Aseveró que para ser concejal de un municipio, la constitución requiere ciertas condiciones personales y ayer en el debate el propio señor R. sobrino de quien reclamaba la tierra, reconoció haber sido concejal y también intendente, y sin embargo nada hizo por su tío V. M. R. . Advirtió también que lo que ocurre en la realidad, es que detrás de este hecho, hay otra circunstancia de la que no se habla, y es que el valor de la tierra en nuestra zona ha adquirido ribetes inconmensurables y entonces el problema no es legal ni jurídico ni de la justicia, sino del valor de la tierra y por ello todo quieran regularizar sus tierras, pero no para quedárselas o explotarlas sino para venderla; por ello urge la intervención del ejecutivo provincial para evitar que esto siga ocurriendo.

Advirtió también por otro lado, que falta en los Concejos Deliberantes no sólo de El Hoyo, sino de las localidades de toda la comarca, capacidad suficiente para evitar que estas cuestiones ocurran y que se cometan errores sin saber lo que hacen, y hasta a veces inducidos por los de arriba; indicó que toda esta situación la provocan algunos señores sentados cómodamente en sus sillones pero lejos de conocer la realidad concreta que e vive en la zona, y ellos son los que tiran estas bombas contra la gente que como los imputados, viven en la cordillera y de conocer casos como los de R. ; pero además, tampoco han tenido en cuenta el honor y el prestigio de los imputados, para cuyo resguardo propuso que el juicio se realizara aquí y no en la localidad de El Hoyo, donde seguramente algunos sectores de la prensa se hubiesen ensañado con ellos, provocándoles un daño moral inconmensurable, que ya con el proceso penal al que han debido estar sometidos, nadie se los reparará, aún con la absolución propuesta hoy con razón por la Fiscalía. Además, puso énfasis en porque no se investigó en el terreno la situación para dar una solución justa; en que sus defendidos no cometieron como concejales ningún tipo de hecho delictivo, que son gente sencilla y honesta, que la Ordenanza se sancionó correctamente el mismo día en que se logra que sea promulgada por el ejecutivo y luego colocada en el cartel de la Mesa de Entradas del Municipio. Sin perjuicio de lo dicho, adhirió al pedido absolutorio del Ministerio Fiscal.

En último término, concedida la palabra a los imputados presentes, sólo el coimputado G. , formuló algunas manifestaciones, explayándose sobre el mecanismo que se utilizara en ese momento para sancionar la ordenanza cuestionada, reiterando que si bien pudo haber existido un error material al consignarse la fecha de la misma, ello pudo deberse a los distintos factores que se mencionaron en el debate, pero lo concreto es que ellos no hicieron nada distinto de lo que normalmente hacían, con las informalidades propias de un Municipio pequeño como es el de El Hoyo, acotando que no estuvo en su ánimo ni en el de los demás concejales perjudicar a V. M. R. , a quien si bien reconoce como uno de los antiguos vecinos de la localidad, el mismo o sus familiares, no han ocupado concretamente la parcela de tierras que solicitara el Dr. T. , y que se ventilara en éste juicio, agregando que aún hoy, ya fallecido el señor R. , hay vastos sectores de lote que él ocupaba, que continúan en estado de desocupación, generándose la posibilidad de que alguien en cualquier momento pueda introducirse al mismo, y hacer mejoras, lo que seguramente generará toda una nueva serie de conflictos, como los que actualmente existen en la zona por tales cuestiones. Ellos entendieron haber siembre actuado de buena fe, y aclaró que ellos no fueron quienes ponen número de la ordenanza, sino que se dedican al tratamiento de las cuestiones que se plantean en las reuniones y las ordenanzas van saliendo en la medida de la urgencia de los temas que se tratan y luego de que sean confeccionadas las ordenanza respectivas, pudiendo ocurrir que las ordenanzas deban esperar a ser firmadas en el concejo deliberante por no estar el concejal que en ese momento deba firmarla y recién se le dará entrada como tal cuando está firmada; mientras tanto es sólo un proyecto de ordenanza, o porque el ejecutivo puede vetarla, o porque la sanción de la ordenanza pueda depender de otra cuestiones o de consultas previas; y, en el caso de que ordenanza que se ventilara en éste juicio, la misma fue promulgada ese mismo día 27 de octubre en que se debió dar entrada para su sanción por el ejecutivo municipal; no obstante reconoció las informalidad en que a veces se incurre en el trámite de promulgación y sanción de las ordenanzas. Además, recordó que fueron ellos mismos quienes preocupados por la necesidad de regularización de la tierra en los casos de asentamientos de pobladores más antiguos, para evitar ocupaciones que pudiesen generar conflictos, sancionaron la ordenanza que se mencionó en el juicio para que los vecinos regularizaran su situación; pero para ello, éstos debían cumplir con los mínimos requisitos previstos en la normativa, como son la mensura, por lo menos para saber de qué tierra se habla, pues no hay otra forma de que su situación sobre la tierra que ocupan pueda regularizarse recordando que en muchos casos, quienes solicitan la tierra tiene sólo antiguos permisos precarios de ocupación, otorgado de antaño, pero que en definitiva no ocupan realmente tales tierras.

====================Y CONSIDERANDO:========================== Que cumplida la deliberación que establece el art. 355 del Código Procesal Penal, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver: 1ra.) ¿Qué decisión corresponde adoptar respecto a la abstención fiscal de formular acusación y a su correlativa solicitud de aplicar al caso la llamada Doctrina "Tarifeño" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? 2da.) ¿qué debe disponerse con relación a los objetos secuestrados y a las costas del juicio?.

Habiendo acuerdo unánime de los miembros del Tribunal, respecto de ambas cuestiones propuestas, por los fundamentos que se volcarán a continuación, para darle solución a las mismas, carece de razonabilidad y de sentido, la votación individual de los vocales sobre tal cuestión. Atento a ello, todos los integrantes del Cuerpo, respecto de ambas cuestiones, decimos:Que, respecto de la primera, debe ponerse de resalto que tal como se desprende de los "resultandos" de este decisorio, a los que remitimos "breviatis causa", el Sr. Fiscal General, Dr. Martín E. Zacchino, luego de efectuar un pormenorizado análisis de la prueba rendida, planteó la existencia de dudas insuperables al momento de analizar la tipicidad del comportamiento de los imputados en orden al único accionar reprochado por la acusación que quedara en pie, esto es el relacionado con el delito de Falsedad Ideológica de Instrumento Público (art. 293 del C.Penal), luego de disponerse por el Tribunal, el sobreseimiento de todos los imputados en orden al delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (art. 248 del C.Penal), por haberse operado a su respecto el término de prescripción de la acción penal, concluyendo con la imposibilidad de poder acreditar con la certeza requerida en esta instancia, el dolo propio de la figura penal atribuida, ante lo cual se abstuvo de acusarlos por tal ilícito, requiriendo a su respecto, su libre absolución.

Analizados los términos del referido alegato del Ministerio Público Fiscal, transcripto en los resultandos precedentes, los integrantes del Tribunal consideraron que el mismo como la solicitud absolutoria que propugna, responde a las exigencias mínimas de fundamentación y motivación que es dable exigir a su respecto en esta instancia procesal, siendo resultado de un adecuado análisis de todos los elementos de prueba reunidos, los que no le han permitido tener por acreditado con la certeza requerida en esta instancia, la tipicidad del ilícito atribuido, dada las dudas existentes acerca de la configuración del elemento subjetivo del tipo penal incriminado. De allí que la postura desincriminatoria sostenida en su alegato por el Sr. Fiscal General resulte a todas luces a más de razonable, suficientemente fundada en las pruebas rendidas tanto en sede instructoria como en el juicio; de allí la razonabilidad de su decisión de abstenerse de formular acusación en su contra, respecto de la falsedad ideológica que les atribuyera en su momento la requisitoria fiscal de elevación a juicio.

Obviamente, frente a tal abstención fiscal, resulta de aplicación al caso la doctrina emanada de nuestra CSJN, en el conocido caso "Tarifeño"; en tal sentido, ya ha resuelto este Tribunal en recientes pronunciamientos, que la abstención fiscal de formular acusación y obviamente sanción en contra de los imputados, tal como lo postula la doctrina emergente del precedente de nuestro máximo Tribunal Nacional in re "Tarifeño, F." y los que siguieron sus aguas: "García, J.A.", "Giroldi, H.D.", "Cattonar, J.P.", "Bensadón G.", "Saucedo, E." "Cáceres", y Rocha Pereyra L.D." y el mucho más cercano precedente "Mostaccio" y los que lo siguieron, entre ellos, el dictado en la Causa "Name Del Pino", para esta Jurisdicción, impide a este Tribunal, emitir una decisión sustancial sobre la originaria imputación por la que se trajera a juicio a los coimputados, con respaldo en las pruebas producidas en el proceso. Ello, en razón de que, conforme la doctrina citada, "en materia criminal la garantía consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales" (CS, "Tarifeño F.", 29/12/89, L.L., T.1995Bpág.32), entendiéndose que tales formas no se respetan si "...el Fiscal, durante el debate solicitó la absolución del imputado y pese a ello, el tribunal de juicio impuso la condena recurrida, lo cual pone al descubierto una transgresión a la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso..." (CS.,"Cáceres, M. H.", 25/9/97, con disidencia de los Dres.Nazareno, Moliné O´Connor y Vázquez, Sup.Jur.Penal L.L., 30/3/98, págs.34/41). Por otra parte, tampoco debe soslayarse, que como lo hemos sostenido reiteradamente a partir de la causa "Cárdenas" (Nº 261Fº134Año:2004CCCE), la Corte ha establecido que "...no obstante que sus decisiones se circunscriben a los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces tienen el deber de conformar sus decisiones a la este Tribunal, ya que carecen de fundamentos las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de sus precedentes, sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar las posiciones sustentadas en ellos, dado que aquél reviste el carácter de intérprete de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia" (CSJN, "Marcilese, P.J. y otro s/homicidio calificado Causa Nº 15.888/98 M.886.XXXVI. Rec. de Hecho", 15/08/02, Rev. Juris Derecho Penal, Nº 9 pág. 52), y también, que a los argumentos expuestos, se suma ahora una nueva razón para adecuar nuestra decisión a la doctrina jurisprudencial citada, que como hemos dicho también, ha sido incorporada ahora al plexo normativo del nuevo sistema de enjuiciamiento penal que hoy nos rige (conf. art. 332, 3er. párr. del nuevo CPP, Ley 5478).

En mérito a tal doctrina, y teniendo en cuenta como ya lo sostuvimos, que el alegato formulado por el Sr. Fiscal de Cámara Subrogante por el que se abstuvo de formular acusación contra el imputado por el delito por el que se lo trajera a juicio, luce motivado y suficientemente fundado a criterio de los integrantes del Tribunal, llegando a la petición desincriminatoria luego de analizar los elementos probatorios reunidos en autos, adecuando su actuación a las disposiciones procesales vigentes (art. 62 C.P.P.), y teniendo presente la falta de previsión en nuestro ordenamiento procesal aplicable al caso en juzgamiento (Ley 3155 y 421 C.P.P. Ley 5478) de esta forma de solucionar la situación del imputado esto es sin dictar una sentencia de mérito, corresponde resolver en definitiva esta causa, dictando el sobreseimiento del imputado J. A. C. del delito de Privación Abusiva de la Libertad cometido en forma reiterada seis hechos, los que concurren materialmente entre sí (arts. 45, 55 y 144 bis, inc. 1º del C. Penal), por el que se lo trajera a juicio, por aplicación analógica de lo dispuesto por el art. 292 sig. y ccdtes. del Código Procesal Penal, liberándoselo del pago de las costas causídicas (art. 29 inc. 3º "a contrario sensu" del C.Penal, 485 y 486 del C.P.P.).

Finalmente correspondería en esta instancia proceder a la regulación de los honorarios profesionales de los Dres. C. J. A. y G. E. S., devengados por su actuación en la presente causa como Abogados Defensores Particulares de los imputados; no obstante ello, advirtiendo que ni en sus intervenciones en diversos trámites del proceso (entre ellas, asistencia del primero a las declaraciones de los imputados, fs.198/202, 210/213 vta., 216/219 vta, 222/225 vta., 228/231 vta., 234/237 vta.), ni en sus diversas presentaciones y peticiones (como por ej., las de fs. 270/271 vta., 287, 306 y vta., 310, 314, 354, 360, 399), ni en la audiencia de debate en que interviniera sólo el Dr. A. , se ha evidenciado que ninguno de los citados letrados haya dado cumplimiento a la carga impuesta por el art. 2º de la Ley 17.250, corresponde diferir la regulación de sus honorarios profesionales, hasta tanto ello se verifique (conf. art. 2º, inc. b), último párr. de la ley citada).

Así votamos.

En mérito al voto unánime precedente, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Ciudad de Esquel,==================== F A L L A ================= I) SOBRESEYENDO a U. G. N. , sin sobrenombres ni apodos, argentino, casado, con instrucción terciaria completa, de profesión Ingeniero Forestal, de cuarenta y cuatro años de edad, nacido en la Ciudad de San Carlos de Bariloche. Provincia de Río Negro, el ** de de 19**, hijo de M. N. y de J. R. , con DNI Nº **.***.***, con domicilio real en Ruta 258, Km.*** de la localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, a C. D. D. , sin sobrenombres ni apodos, argentino, casado, con instrucción secundaria incompleta, empleado público provincial, de cincuenta y siete años de edad, nacido en la localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, el día 17 de de 19**, hijo de C. A. V. D. y M. A. B. , con DNI Nº *.***.***, con domicilio real en Casa Nº 2 del Barrio "X" de la localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, a M. M. S. , sin sobrenombres ni apodos, argentino, casado, con instrucción secundaria incompleta, industrial, de cuarenta años de edad, nacido en la localidad de El Bolsón, Provincia de Río Negro, el día ** de de 19**, hijo de M. S. y de Inés G. , con DNI Nº **.***.***, con domicilio real en Barrio "X" de la localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, a E. T. G. , de sobrenombre "T.", argentino, casado, con instrucción secundaria completa, carpintero, de cincuenta y nueve años de edad, nacido en la localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, el día ** de de 19**, hijo de V. G. y de E. A. , con DNI Nº *.***.***, con domicilio real en Ruta Nac. 258, Km.***, de la localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, y a E. S. , sin sobrenombres ni apodos, argentino, casado, con instrucción secundaria completa, productor, de cincuenta y nueve años de edad, nacido en el Pje. "Las Golondrinas", jurisdicción policial de El Hoyo, Provincia del Chubut, el día ** de de 19**, hijo de E. S. , con DNI Nº *.***.*** , con domicilio real en Lote **, Bª X, de la localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, de los delitos de Falsedad Ideológica de Instrumento Público (arts. 45 y 293 del C. Penal) por el que también se los trajera a juicio, liberándoselos del pago de las costas causídicas (conf. arts. 29 inc. 3º "a contrario sensu" C. Penal, y 292, 293, 296, 485 y 486 del C.P.P., Ley 3155), en relación al hecho acaecido en la localidad de El Hoyo, Provincia del Chubut, con anterioridad al 1/11/99 presuntamente el 15/10/99, y que damnificara a la fe pública.

II) ORDENANDO restituir a la Municipalidad de El Hoyo, el Libro de Actas del Honorable Concejo Deliberante de dicha comuna, como también el original del Contrato de Compraventa, secuestrados en autos, así como el Expediente Administrativo Nº 037/95 (conf. art. 479 del C.P.P.).

III) DIFIRIENDO la regulación de los honorarios profesionales de los Dres. C. J.A. y G. E. S., devengados como Abogados Defensores Particulares de los imputados, hasta tanto los mismos den cumplimiento a la carga que impone el art. 2 de la Ley 17250, conforme lo dispuesto por el último párr. del inc. b) del art. 2º de la citada Ley.

IV) PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE.

Dr. Víctor A. Sarquis Dra. Cristina I. Jones Dr. Jorge Eyo Ante mí:

Dr. Ricardo R. Rolón Secretario Protocolizado Nro. 47 Folio 859867 Tomo I. Año 2007. Conste. Fdo. Dra. Carina Estefanía. Conste.