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Actos jurídicos, inexistencia del acto jurídico, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Río Branco c/ Pirani Guillermo Darío s/ Rescisión de contrato. Cobro de australes Kirpach Juan Máximo c/ Bard de Brienza Ofelia Rosa s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13|1995-09-25

El acto que no reúne los elementos de hecho que supone su naturaleza o su objeto y en ausencia de los cuáles es lógicamente imposible concebir su existencia debe ser considerado no solamente como nulo sino como inexistente. Al respecto la del "acto inexistente" es una categoría natural o lógica en grado de principalidad y sólo secundariamente y por consecuencia una categoría jurídica y tal así por cuanto la "inexistencia" acaece en la naturaleza -en lenguaje paradojal- para recién luego tener significación en el mundo de la juridicidad.
Cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil, sobreseimiento, prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: PRODACE S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-09

Si al dictar el sobreseimiento el juez penal efectuó una valoración de la prueba aportada, no es posible apartarse de ella en sede civil, para llegar a una conclusión distinta, en un aspecto vinculado a la competencia de aquél, como lo es la comisión de un delito.
Intruso, usurpación de inmueble, vicios de la posesión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C.F.P.P. c/ S., D. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-30

Sabido es que la "intrusión" legislada en el Código Civil y la "usurpación", calificada como delito penal, son figuras jurídicas conceptualmente diferentes. Así, mientras la primera se verifica con la instalación del intruso en un inmueble sin amparo jurídico y contra el propietario o poseedor legítimos , el delito de usurpación, en cambio, según el art. 181 del Código Penal, requiere el concurso de un despojo con "violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad", o bien que "para apoderarse de todo o parte de un inmueble, se destruyere o alterare los términos o límites del mismo"; o que, con "violencia o amenazas, se turbare la posesión o tenencia de un inmueble". Esos componentes subjetivos de la conducta son los que tipifican la figura desde el punto de vista criminal, en tanto que el mero "intruso" -es decir, quien simplemente ocupa un inmueble sin derecho- no deja de serlo aun cuando no se hallare incurso en ninguna de las conductas penales ya descriptas. Dentro de esta línea de pensamiento, bien se ha destacado que el elemento "tipicidad", propio de la valoración jurídico-penal, consecuencia del principio constitucional nullum crimen sine lege, puede conducir a declarar a un hecho ilícito civil, no obstante no ser ilícito penal por no encuadrar en un tipo penal.
Recurso extraordinario, prueba documental
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zaragoza, Matías y otra c/ Villanueva, José s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

No puede la Suprema Corte disponer la agregación de documentación cuyo desglose fue ordenado en resolución que se encuentra firme, contradiciendo los efectos propios de la preclusión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, embargo preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: La Noria Revestimientos SA c/ Amercon SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-06

La previsión contenida en el CPR 209-4° para la procedencia de un embargo, sólo puede entenderse satisfecha mediante la compulsa de libros llevada a cabo por un perito designado por el Tribunal, por cuanto la exigencia contenida en dicha norma no apunta exclusivamente a la idoneidad del experto, sino a la independencia de éste respecto de las partes que intervendrán en la contienda, a fin de garantizar su imparcialidad (en similar sentido, CNCom, Sala E, en autos "Bco de la Pcia de Neuquén c/ Bco de la Pcia de Rio Negro s/ medida precautoria", del 25/9/95; Sala A, en autos "Danico SRL c/ Asociación Francesa Filantrópica de Beneficencia s/ ordinario", del 4/4/06; Sala B, en autos "Cerámicas Lugano SRL c/ Sosa de Escayola s/ ordinario", del 17/9/86). Igual postura ha mantenido la doctrina: "Es privativa del juez la designación del contador que ha de llevar a cabo la compulsa" (Carlos J. Colombo; Código Procesal Comentado; Tomo II; pág. 268; Edit. Abeledo Perrot). Del mismo modo: "No consideramos suficiente la presentación de la compulsa efectuada y suscripta por un perito contador inscripto en la respectiva matrícula profesional, aun cuando se ratifique ante el actuario" (Santiago C. Fassi; Código Procesal Comentado; Tomo I; pág. 352; Edit. Astrea).
Procesamiento sin prisión preventiva, revocación de sentencia, recursos de la seguridad social, retención indebida, código penal, código procesal penal, falta de antecedentes penales, aportes de empleados
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Constructora Friedrich SRL y otros  c/  s/ infracción Ley 24769
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-04

Cabe ordenar el procesamiento sin prisión preventiva -atento la ausencia de antecedentes penales del imputado, conforme los artículos 312 del Código Procesal Penal de la Nación y 26 del Código Penal-, del titular de una constructora, por considerarlo penalmente responsable del delito de apropiación indebida de los recursos del Sistema Único de la Seguridad Social con relación a los aportes de los empleados de su empresa, pues en forma sistemática y por varios años omitió el ingreso de dichos aportes, pudiendo hacerlo, quedando además debidamente acreditado, que decidió hacer frente a otras obligaciones de la sociedad.
Non bis in ídem, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Cabrera, Juan c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-28

Para que opere la garantía constitucional de prohibición de ne bis in idem procesal - prohibición de doble proceso -, se requiere que la resolución judicial que puso fin al primer juicio haya quedado firme. El reenvío dispuesto como consecuencia de la anulación del fallo por déficit de fundamentación no implica violación a la garantía constitucional de prohibición de ne bis in idem, por cuanto no existió sentencia firme. (Dres. Figueroa, Catucci, Riggi).
Recurso extraordinario, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mori, Hugo Miguel y otro s/ Concurso especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

Es inadmisible el recurso extraordinario interpuesto contra una decisión que hace soportar las costas de una incidencia al concurso y considera oportuna una regulación de honorarios derivada de esa imposición.
Acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marini, Omar Angel c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-12

No cabe desoír el reclamo del justiciable con fundamento en que la cuestión ya había sido objeto de pronunciamiento firme en sede administrativa, si un reclamo similar ya fue reconocido a otros afiliados que se hallan en la condición del actor.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, embargo, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Invista Argentina SRL c/ Hilandex San Luis SA y otros s/ ejecutivo s/ incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-19

Corresponde ordenar la traba del embargo solicitado sobre ciertas cuentas bancarias de titularidad de los demandados a los fines de garantizar una eventual condena en favor de la sociedad ejecutante, en tanto se persigue el cobro de cierto crédito derivado de un título ejecutivo -acuerdo de reconocimiento con firmas certificadas-, por el cual se imprimió al proceso, a priori correctamente, el trámite de juicio ejecutivo (CPR 523-2°). Y en tanto los coejecutados no cuestionaron la habilidad ejecutiva de tal instrumento, cabe recordar que una vez examinado el documento que se pretende ejecutar (CPR 531), el juez debe ordenar el libramiento del pertinente mandamiento de intimación de pago y, coetáneamente, de embargo sobre los bienes del deudor.
Establecimiento de utilidad nacional, jurisdicción y competencia, Estado Provincial, competencia provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Irazú, Margarita c/ Copetro o quien corresponda s/ indemnización de daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-11

La supresión de la jurisdicción provincial debe limitarse a los casos en que su ejercicio interfiera con la satisfacción del propósito de interés público que requiere el establecimiento nacional.
Intervención de terceros, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: CABALLERO, MARIA E. c/ PEDRO GIMENEZ, ROBERTO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-09-29

La regla del artículo 96 Código Procesal según la cual la sentencia afecta a determinados terceros como a los litigantes principales, no significa que pueda recaer la condena sobre ellos, sino que, en caso de ser condenatoria, solo constituye un antecedente favorable a la fundabilidad de la pretensión de regreso que se interponga frente al citado, pero no puede ejecutarse contra éste. (En igual sentido: C.N.CIV., Sala C, 'Blite Katz, Heman c/ Tormo, Ramón, 30 de septiembre de 1974; C.N.CIV., Sala A, 'Astro Cooperativa de Seguros Limitada c/ Sigal, Pablo', 19 de septiembre de 1974, J.A. 25 - 197 - 232; C.N.CIV. Sala C, 'Brisanoff, Adolfo c/ Subterráneos de Buenos Aires', 9 de diciembre de 1974, J.A. 27 - 1975 - 9; C.N.TRAB., Sala II, Sentencia 44575, 13 de septiembre de 1977).
Recurso de casación, solicitud de excarcelación
Materia: PROCESAL
Carátula: Sindulfo Paniagua Pérez s/ recurso de casación -  incidente de excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-15

Es inadmisible el recurso de casación deducido contra la resolución que confirmó la denegatoria de la libertad, pues si bien la defensa no comparte la decisión, cabe señalar que la cuestión traída a revisión fue resuelta con fundamentos suficientes que bastan -al margen de su acierto o error- para sustentar el pronunciamiento como acto judicial; y la mera discrepancia con tal interpretación no autoriza la apertura de la vía intentada.
Cobertura médica, personas con discapacidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: F.A.R.A. c/ O.S.C.T.P.C. s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-05-13

Corresponde hacer lugar al amparo interpuesto por un afiliado, en nombre y representación de su hijo menor de edad discapacitado, con el objeto de obtener de la obra social demandada la cobertura psicopedagógica, fisiokinesioterapia, educación física conectiva y recreativa, ello por cuanto han quedado debidamente acreditadas tanto la existencia de obligación por parte de la entidad accionada, como la patología que presenta el menor y la conveniencia de la prestación requerida.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BINANDO, EDUARDO c/ DEFOREL, JACINTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO PROMOVIDO POR RODRIGUEZ, MIGUEL EN AUTOS "BINANDO, EDUARDO C/ DEFOREL, JACINTO" (EXPTE.: C.S.J. NRO. 83 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-17

Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, ya que - más allá de la circunstancia destacada por el a quo de haberse formulado el planteo y reserva de un recurso específico distinto (art. 14 Ley 48), se advierte que en el iter recursivo, los recurrentes sostuvieron aunque no en todas las instancias sus planteos constitucionales invocando la eventual lesión del derecho de propiedad y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, pero recién al interponer el remedio extraordinario es que se esgrimen el supuesto desconocimiento de la norma del artículo 21 de la Constitución provincial, fundándose el recurso, concretamente , en lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 1 de la ley 7055. Siendo así, el planteo de la cuestión constitucional que se formulara al interponer la demanda y expresar agravios- más allá de resultar insuficiente pues por su laxitud y remisión a normas genéricas no resulta inequívoco y explícito-, fue abandonado.
Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-04-15


AUTO INTERLOCUTORIO N°: DOCE San Fernando del Valle de Catamarca, quince de abril de dos mil once.

VISTOS:

Estos autos, Expte. Corte N° 09/11, caratulados: "RE-CURSO DE CASACIÓN presentado por el Dr. Víctor M. Pinto (Defensor de Alejandro A. Delgado) c/Auto interlocutorio Nº 85/10 de fecha 06.10.10 en Expte. 'D' Nº 53/10"; y CONSIDERANDO:

Que conforme las constancias de autos, la Cámara de Ape-laciones en lo Penal y de Exhortos concedió el recurso de Casación deducido a fs. 1/9 vta. por el Dr. Víctor Manuel Pinto, defensor del imputado Andrés Ale-jandro Delgado, en contra del auto interlocutorio N° 85/10 dictado en la causa seguida a Delgado, intimando al recurrente (fs. 12/14 vta.) para que comparezca ante este Tribunal dentro del quinto día de recibidas las actuaciones en esta al-zada, emplazamiento del que se notificó al impugnante debidamente a fs. 15, siendo posteriormente notificado también de la radicación de los autos en esta sede (fs. 25/25 vta.).

Que de acuerdo a la certificación de Secretaría de fs. 26, el recurrente no ha comparecido en término a presentar el informe sobre sus pre-tensiones, por lo que corresponde declarar desistido el recurso deducido (art. 451 C.P.P.), disponiendo la devolución de los autos al Tribunal de origen.

Por ello, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1°) Declarar desistido el Recurso de Casación interpuesto a fs.1/9 vta. por el Dr. Víctor Manuel Pinto, letrado defensor del imputado Andrés Alejandro Delgado (art. 451 C.P.P.).

2º) Ordenar la inmediata remisión de las actuaciones -previa extracción de copia certificada del recurso casatorio, del Expte. Cámara de Ape-laciones Nº 53/10, y de las partes pertinentes del expediente principal- a la Cá-mara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, a fin de que, sin demoras, baje las actuaciones a la Tercera Circunscripción Judicial de Belén, se concluya la inves-tigación y se dicte resolución definitiva de la causa.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4°) Protocolícese, hágase saber y bajen.

FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente- José Ricardo Cáceres - Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL del Auto Interlocutorio original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Liempi Hernández, Pablo S. c/ Frigorífrico Villa Olga S.A. s/ Indemnizac. por accid. de trabajo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

En el caso el pronunciamiento del Tribunal del Trabajo que declara la inconstitucionalidad del art. 39 incs. 1 y 2 de la ley 24.557 reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (Minoría u opinión personal)
Pena, cómputo de la pena, reclusión accesoria por tiempo indeterminado, reincidencia múltiple
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Avila, Salmin s/ Den. excarcelación. Causa 26236
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-28

La ley exige inequívocamente para aplicar la pena accesoria del art.

52 del Código Penal que el sujeto sea reincidente en forma múltiple, de modo que si hubieran prescripto las condenas o vencido los plazos del art. 51, ella no podrá imponerse.

Por ello no pueden computarse a ningún efecto las condenas comprendidas en el plazo prescripto por el art. 51 inc. 2 del Código Penal.
Industria automotriz, importación de automotores, regímenes de promoción, promoción industrial
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FORD MOTOR ARGENTINA S.A. s/ APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-20

La variación de la base imponible en virtud de la ley 16.690 como así también la dispuesta por la ley 17.352- no alcanza a las importaciones efectuadas durante el período en que rigió el decreto 3642/65 y al amparo del plan de excepción, pues ambas leyes no derogaron expresamente las normas que regían tal aspecto de las importaciones beneficiadas durante el período fijado en dicho decreto, instituído en su oportunidad a fin de crear y mantener las condiciones necesarias para dar seguridad al desarrollo industrial del país, y que constituyó uno de los casos de aplicación de la ley 14.781, la cual conservaba su vigencia, destacándose además que admitir lo contrario importaría desnaturalizar los fines tenidos en cuenta al instaurarse el régimen promocional y desconocer los derechos acordados a las empresas que se encontraban acogidas a éste.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, proceso penal, auto de sobreseimiento, actor civil, Ministerio Público, fiscal de Cámara
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: P.,  E. V. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)- TENTATIVA  DE ESTAFA- RECURSO INTERPUESTO POR EL ACTOR CIVIL (EXPTE.: C.S.J.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-21

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad desde que los reproches de la recurrente conducen al examen de cuestiones de estricto contenido procesal -concretamente, el art. 358 del Código Procesal Penal- materia que resulta ajena a la instancia extraordinaria, sin conseguir persuadir que medie arbitrariedad o lesión a la garantía constitucional de la defensa en juicio en la decisión del Tribunal que entendió que la apelación del sobreseimiento sólo se encontraba reservada al titular del órgano requirente y que el actor civil sólo podía manifestar disconformidad con la decisión.

Por otra parte, resulta igualmente inadmisible la tesis de que se habría violado el "derecho a la doble instancia", por la falta de gravamen cierto y actual, condición necesaria para que prospere cualquier postulación constitucional, que se patentiza en el presente, en el que el Fiscal de Cámaras, no obstante conservar su facultad de no apelar, hizo ejercicio de su derecho a recurrir la decisión, haciendo suyos los reparos expresados por el actor civil en su escrito de disconformidad- los que la Sala a quo en su hora rechazó.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rementería, Luis María c/ Coltrinari, Héctor Angel y ot. s/ Cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Si la resolución decide expresa, positiva y precisamente de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio y declara el derecho del actor, es definitiva (art. 163, inc. 6º, C.P.C.).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad médica, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: C., C. V. c/ Instituto Quirúrgico Laser S.A. y otro s/ Daños y perjuicios - resp. prof. médicos y aux.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-18

Si la responsabilidad médica es llamada por reparación de daños causados con cosas o por la utilización de cosas riesgosas o viciosas, no es necesario que la parte actora pruebe un factor subjetivo de atribución dado que puede haber una presunción de culpa o, directamente, de responsabilidad en los términos del art. 1113 del Código civil o, simétricamente, por la obligación de seguridad que el profesional tiene hacia el paciente.
Falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Vergara, Juan Aníbal c/ Obras Sanitarias Ctca. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-03-12

Corresponde confirmar la decisión del A-quo que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva de la codemandada por daños y perjuicios Obras Sanitarias. En efecto, si el Gobierno de la Provincia hizo entrega al Centro Vecinal de Mutquín, de las instalaciones del sistema de abastecimiento de agua potable a dicha comunidad mediante acta que contiene una cláusula fundamental que determina que dicho Centro Vecinal se obliga a asegurar la prestación de personal competente para el manejo, reparación y conservación de las instalaciones, poco influye en el caso el argumento del centro vecinal que pretende responsabilizar a Obras Sanitarias porque es ella quien tiene a su cargo la reparación o mantenimiento de la red o que no puede responder por instalaciones realizadas con anterioridad a su gestión, puesto que el acta-entrega es clara y contundente, no necesitando ser probada por cuanto emana de normas legales. Ello no se modifica por el asesoramiento que Obras Sanitarias pudo prestar, toda vez que no existe documentación de idéntico valor o entidad convictiva que sirva para enervar el contenido del acta analizada.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: González vda. de Fernández, Encarnación A. autos "Bco. Pcia.Chubut c-Félix M. Fernández González s-Ej. Hipotecaria" s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-06

"La alegación de un sólo hombre no es alegación, el juez debe oír ambas partes". El referido principio sólo importa que el litigante debe ser oído y encontrarse en condiciones de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales, mas no exige el ejercicio de ese derecho sino que se lo ponga en condiciones de efectuarlo".
Honorarios del abogado, honorarios extrajudiciales, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: GAGLIARDI, Teresa Rosa Carolina c/ EL ALTILLO REAL ESTATE CORPORATION S.A. s/ COBRO DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-22

Perseguido el cobro de honorarios por gestiones extrajudiciales, debe estarse por la amplitud de la prueba, incluyendo la testifical. Es que una cosa es probar un contrato de servicios, en caso que se estuviera frente a un convenio de honorarios, y otra la prestación de esos servicios. Debe considerarse, asimismo, que las limitaciones legales impuestas a la prueba de los contratos, son válidas para los actos jurídicos, pero no lo son para los hechos.
Transporte de carga por agua, mercadería de despacho directo forzoso, entrega de la carga, responsabilidad del transportador, notificación al consignatario
Materia: NAVEGACION
Carátula: Boston Cía. Arg. de Seguros  S.A. c/ Cap. y/o Prop. y/o Arm. Buque "Hakuko Maru y otros s/ Interrumpe Prescripción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-14

En los casos de despacho directo forzoso, el art. 264 de la Ley de Navegación - aplicable asimismo a transportes regulados por la Convención de Bruselas de 1924 - dispone que el transportador puede cumplir la entrega descargando la partida a lanchas o a tierra, pero siempre que notifique fehacientemente de tal circunstancia al consignatario. Ha dicho la Sala II de este Tribunal que no mediando ese aviso la mercadería sigue por cuenta y riesgo el vapor, y el consignatario puede dejar que aquel cuide de las pertenencias que le han sido confiadas. La sala III comparte esta idea, señalando que mientras no se practique la notificación la mercadería sigue en la órbita de responsabilidad del transportista. Nuestra Sala, finalmente, dijo que la notificación que la ley contempla no es la de la llegada del buque sino la del hecho de la descarga, puesto que el mecanismo que la disposición organiza, requiere que el buque haya llegado.