Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-20


Buenos Aires,	20 de agosto de 2009 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

1. La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, al rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado, confirmó la decisión del juez de primera instancia en cuanto, en lo que ahora importa, rechazó la excepción de inhabilidad de título y mandó llevar adelante la ejecución, con intereses y costas (fs. 105/106vuelta). Para así decidir, sostuvo que la excepción de inhabilidad formulada por el recurrente en base a la inexistencia de deuda no apuntaba a denunciar un vicio en las formas extrínsecas del título, sino que tenían por fin discutir la causa de la obligación. En esa línea argumental, indicó que ".debe ponerse de resalto, en primer lugar, que las cuestiones planteadas por el recurrente referidas a la relación laboral mantenida por el accionado con las empresas Video Cable y Multicanal, así como la prueba cuya producción solicitara el recurrente -remisión del expediente tramitado en el fuero laboral-, son cuestiones que se refieren a la causa de la obligación. Es decir, no se trata de un vicio extrínseco del título ejecutivo y, por ello, excede el ámbito de conocimiento propio de la excepción opuesta" (fs. 105vuelta). Señaló, a su vez, que tampoco surgía en forma manifiesta la inexistencia de la deuda denunciada; circunstancia que, a su criterio, quedaba acreditada por "...la propia actitud asumida por el ejecutado al requerir la producción de prueba tendiente a acreditar la inhabilidad de la constancia de deuda con sustento en la existencia de 'fraude laboral'" (fs. 105 vuelta). Por lo demás, y con relación a los planteos dirigidos a controvertir el hecho de que el magistrado de grado había denegado la apertura a prueba a fin de requerir el expediente que tramitó ante la justicia del trabajo, sostuvo que ".el pedido de la recurrente no reúne los requisitos enunciados precedentemente, en tanto no contiene una argumentación debidamente fundada en orden a demostrar la procedencia de proveer las medidas de prueba que no han sido proveídas en las instancia de grado.// En efecto, [.] la prueba solicitada implica adentrarse al estudio de la causa de la obligación y, tratándose el presente de un proceso ejecutivo, dicho análisis excede el límite de admisibilidad de la excepción opuesta. Un proceder contrario importaría la ordinarización del juicio ejecutivo en claro detrimento el juicio ordinario posterior." (fs. 106).

Finalmente, con relación al planteo dirigido a controvertir la competencia de la persona que suscribió el certificado de deuda, expresó que quien suscribió ese certificado, la Sra. Rosa Sánchez, se encuentra, cf. surge del art. 1 de la resolución nro. 2934/DGR/99, habilitada a tales fines.

2. El Sr. Cohen Álvarez planteó recurso de inconstitucionalidad contra esa sentencia (fs. 117/133vuelta). En él sostiene que la decisión de la Cámara resulta violatoria de los arts. 43 y 48 de la CCBA y 14bis y 16 de la CN y de la cosa juzgada material.

Relata que desde febrero de 1988 hasta el año 1999 (tiempo que abarcaría los períodos aquí reclamados) trabajó bajo relación de dependencia de las firmas Video Cable Comunicación, Cable Visión y Multicanal, desempeñándose como instalador domiciliario del servicio de televisión por cable, con una jornada laboral de ocho a nueve horas diarias. Pero dichas firmas, en contraposición a lo que las leyes laborales mandan, trataron de ocultar esa relación laboral haciéndole facturar sus servicios de instalación, por lo que se vio obligado a inscribirse como monotributista y facturar sus trabajos. Comenta que en virtud de esa situación inició una causa laboral contra las mencionadas empresas, la que tramitó bajo los autos "COHEN ALVAREZ, Edgardo Arnaldo c/ VIDEO CABLE COMUNICACIÓN y otros s/ otros reclamos" ante el juzgado nacional de primera instancia del trabajo nro. 26; causa en la que se resolvió que el vínculo que lo unió a las mencionadas empresas era un contrato de trabajo, en los términos del art. 23 de la L.C.T (Ley de Contrato de Trabajo); para acreditar lo cual, solicitó que se abra a prueba la excepción de inhabilidad de título y se solicite a la justicia del trabajo que remita el mencionado expediente. En ese contexto, afirma que, como toda su facturación estaba a nombre de esas empresas, no corresponde que tribute importe alguno en concepto de ISIB, porque su actividad, empleado en relación de dependencia, no estaba alcanzada por ese impuesto durante los períodos reclamados.

Sostiene que la decisión del a quo de rechazar la excepción de inhabilidad de título fundado en los argumentos desarrollados supra resulta violatoria: (i) de la cosa juzgada porque viene a desconocer lo resuelto por la justicia del trabajo; (ii) de la doctrina de la CSJN según la cual la excepción fundada en la inexistencia manifiesta de la deuda debe ser tratada en el marco de las ejecuciones fiscales si su tratamiento no viene a desvirtuar el procedimiento previsto para esa clase de acciones, supuesto en el que se encontraría, a su juicio, la excepción descripta; (iii) del art. 43 de la CCBA que "...protege al trabajo en todas sus formas..." (fs. 127); (iv) del principio igual remuneración por igual tarea, toda vez que él sería el único trabajador que por su salario debe tributar ingresos brutos; y, finalmente, (v) del art. 48 de la CCBA que viene a reconocer a nivel local el deber de propender al desarrollo de la persona y la justicia social; fines ambos que, afirma, se verían perjudicados por la sentencia del a quo al obligar a un trabajador que pague y luego repita lo abonado.

Sostiene, a su vez, que la Cámara yerra al afirmar que el agente que firmó el certificado de deuda que se le pretende ejecutar, la Sra. Rosa Sánchez, se encontraba autorizada para suscribir ese título. En ese orden de ideas, manifiesta que esa agente sólo se encontraba autorizada "...para emitir [...] constancias para el cobro de diferencia[s] de avalúo" (fs. 131vuelta).	3. Previa contestación del traslado por el GCBA (fs. 138/147), la Sala I denegó la concesión del recurso porque no se dirigía contra una sentencia definitiva, ni el demandado había logrado demostrar que corresponda equiparla a tal por generarle un perjuicio de imposible reparación ulterior. Por lo demás, agregó que los planteos del recurrente no versaban acerca de la interpretación de normas constitucionales (fs. 149/149vuelta).

4. Ante esa denegatoria, el demandado interpuso la queja que obra a fs. 34/55 (del expte. de la queja).

5. El Sr. Fiscal General Adjunto dictaminó a favor de que se rechace esa queja (fs. 70/72, del expte. de la queja); para lo cual recordó que, por regla, las sentencias dictadas en juicios ejecutivos no constituyen la definitiva a que se refiere el art. 27 de la ley 402, regla a la que, a su juicio, no cabe hacer excepción en el sub lite.

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Primeramente, corresponde tratar el planteo del recurrente dirigido a controvertir la afirmación de la Cámara según la cual el agente que suscribió el certificado de deuda que se persigue ejecutar en el sub lite, la Sra. Rosa Sánchez, se encontraba habilitada para firmarlo, cf. surge del art. 1 de la resolución nro. 2934/DRG/99 (fs. 105vuelta/106). Ello así, porque de tener acogida favorable ese planteo resultaría innecesario expedirse acerca del resto de los agravios.

Con relación a esa cuestión la queja no puede prosperar. Como principio, tal como indicó el a quo en la denegatoria, la decisión acerca de esas cuestiones en los procesos ejecutivos no constituye una sentencia definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad (cf. art. 27 de la ley 402). A su vez, en el sub lite tampoco el recurrente ha demostrado que corresponda hacer excepción al mencionado principio. El recurrente no invocó, por ejemplo, junto con el planteo tendiente a apuntar la falta de competencia de quien firmó la certificación que se pretende ejecutar, que los hechos que constata ese certificado de deuda sean inexistentes. El demandado únicamente discrepa con la interpretación de las normas infraconstitucionales que efectúo el a quo (la resolución nro. 2934/DRG/99) y con el análisis de las cuestiones de hecho que realizó en derredor de esa norma para llegar a la afirmación señalada en el párrafo que antecede, cuestiones ambas, por regla, ajenas a la competencia de este Tribunal. Por lo demás, el planteo que desarrolla el recurrente en torno a la inexistencia manifiesta de la obligación reclamada, no versa acerca de los hechos que da cuenta el "certificado de deuda", sino, como se verá en lo que sigue, en torno a la causa de la obligación.

2. Ahora bien, como quedará expuesto en lo que sigue, el recurso de inconstitucionalidad fue mal denegado con relación a los planteos dirigidos a impugnar la sentencia de fs. 105/106 en cuanto no trató la excepción de inhabilidad de título fundada en la inexistencia manifiesta de actividad alcanzada por el hecho imponible del ISIB, a fin de acreditar la cual acude a pronunciamientos de la justicia del trabajo, pasados en autoridad de cosa juzgada, que habrían resuelto que entre el Sr. Cohen Álvarez y las empresas Video Cable Comunicación, Cable Visión y Multicanal medió un contrato de trabajo en los términos del art. 23 de la L.C.T. (v. segundo párrafo del punto 2 de los resultas).

3. Con carácter previo, cabe señalar que el ordenamiento jurídico es uno solo. Esa circunstancia lleva a que el intérprete deba buscar sistematizarlo por medio de sus decisiones, a fin de evitar que unos preceptos normativos vengan a desvirtuar o privar de efectos a otros. En este orden de ideas, la CSJN ha señalado, en numerosas oportunidades, "...que es regla de hermenéutica de las leyes atender a la armonía que ellas deben guardar con el orden jurídico restante y con las garantías de la Constitución, y que en casos no expresamente contemplados ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía y los fines perseguidos legislativamente. Por ello, no es siempre método recomendable el atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que las nutre es lo que debe rastrearse en procura de una aplicación racional, que avente el riesgo de un formalismo paralizante; debiéndose buscar en todo tiempo una valiosa interpretación de lo que las normas, jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas, pudiéndose arbitrar otras de mérito opuesto, no resulta compatible con el fin común de la tarea legislativa como de la judicial" (Fallos: 300:417; 302:1209, 1284, entre muchos otros). Esa circunstancia lleva a que aun cuando una misma cuestión admita soluciones dispares según la perspectiva desde la que se la aborde, es misión del juez buscar una interpretación que venga armonizar las unas con las otras, a fin de evitar que una situación que una parte del ordenamiento buscó tutelar en una forma específica, quede al desamparo de esa tutela por la aplicación estricta de otra parte del ordenamiento jurídico. 3.1. Conforme surge de la sentencia de Cámara, la que remite en el relato de los hechos al certificado de deuda que obra a fs. 1/2, y no fue materia de controversia, el GCBA inició este proceso contra el Sr. Cohen Álvarez, Edgardo A., a fin de obtener el cobro de la suma de $ 5.744,34, más sus intereses y costas, en concepto de pago a cuenta del ISIB -cf. las facultades que le acordaba el art. 134 del Código Fiscal, t.o. 1999, vigente a la fecha de emisión del certificado de deuda-, por los siguientes períodos: 1994, pos. 12; 1995, pos. 1 a 12; 1996, pos. 1 y 7 a 12; 1997, pos. 1 y 7 a 11; y 1998, pos. 1 a 11.

Por su parte, desde el inicio de esta ejecución el demandado viene manifestando que por la actividad que realizó durante los períodos reclamados en el sub lite, trabajo bajo relación de dependencia, no tendría que tributar monto alguno en concepto de ISIB, por no encontrarse esa actividad alcanzada por el hecho imponible del mencionado impuesto. Señaló ante las instancias de mérito (cf. surge del relato de la Cámara), y reitera ante ésta, que si bien durante los períodos cuyo pago se reclama estuvo inscripto como monotributista y facturó sus trabajos de instalador a las empresas Video Cable Comunicación, Cablevisión y Multicanal la prestación de sus servicios (únicas facturas que afirma haber emitido durante ese tiempo), lo cierto es que estaba bajo relación de dependencia de esas empresas, que lo habrían puesto en la disyuntiva de facturar sus servicios de la manera indicada, esto es, en "fraude" a lo que la ley laboral ordena, o perder su fuente de ingresos; situación esta última que, afirma, fue reconocida por la justicia del trabajo, mediante un pronunciamiento pasado en autoridad de cosa juzgada en el que se resolvió que la relación que lo unía a él con las mencionadas empresas, a quienes facturaba, era un contrato de trabajo. A fin de acreditar dichos extremos solicitó a los jueces de mérito que se abriese a prueba la causa por la excepción de inhabilidad de título mencionada en el punto 2 de este voto, requiriéndose a la justicia del trabajo el expediente donde se dictó la sentencia mencionada más arriba.

3.2. En resumen, el demandado alega que: (i) la justicia del trabajo resolvió que durante los años 1988 a 1999 fue obligado a prestar sus servicios en contra de lo que las leyes laborales disponen y, por ende, reconoció la existencia de un contrato de trabajo entre él y las empresas mencionadas supra (cf. el art. 23 de la L.C.T.); (ii) todas la facturas que emitió durante ese período fueron hechas a nombre de esas firmas; y, por último; (iii) por esos motivos no estaría obligado a abonar monto alguno en concepto de ISIB, por los períodos aquí reclamados, porque su actividad, empleado en relación de dependencia, no estuvo, ni está, alcanzada por el hecho imponible del ISIB; situación por la cual sostiene que la deuda es manifiestamente inexistente. Dos consecuencias, cuanto menos, se desprenderían, de ser ciertas, esas manifestaciones. La primera sería que se estaría ejecutando al Sr. Cohen Álvarez una deuda manifiestamente inexistente. Ello así, porque, conforme señala el recurrente, el producto del trabajo personal ejecutado bajo relación de dependencia, esto es, el salario, no estuvo durante los períodos cuyos pagos aquí se persiguen, ni está, alcanzado por el hecho imponible del ISIB (cuestión acerca de la cual no corresponde a este Tribunal expedirse, pues de hacerlo lo haría en instancia originaria, dado que el a quo no abordó ese tema); carácter que, afirma, le reconoció la justicia del trabajo a la actividad que realizó durante los períodos cuyos pagos aquí se reclaman. La segunda es que la decisión que mandase a llevar adelante la ejecución difiriendo el tratamiento del planteo del demandado para que sea propuesto en un juicio de repetición ulterior vendría a operar en una dirección opuesta a las reglas de derecho común -las leyes laborales dictadas por el Congreso en el marco del art. 75, inc. 12, de la CN- mediante las cuales se buscó compensar la situación de debilidad que supone se encuentra el trabajador al momento de negociar con su empleador la relación que los va a unir. Ello ocurriría sin una razón suficiente, toda vez que las normas que definen la obligación tributaria -a diferencia de las que autorizan percepciones provisorias por montos presuntos- no gravan al trabajo ejecutado en relación de dependencia. En otros términos, la decisión sub examine viene a obligar a un trabajador a afrontar el pago de un impuesto por haber sido puesto en una situación que el derecho laboral busca evitar que se dé. Esa consecuencia, como quedó expuesto en el punto 3 de este voto, el juez debe intentar evitarla. El juez debe buscar una interpretación de las normas que evite enfrentar unas partes del ordenamiento con otras. En el caso, a la luz de los agravios reseñados, las dos partes del ordenamiento jurídico que se encuentran en puja son, por un lado, las normas laborales que persiguen, como quedó expuesto, compensar una situación de debilidad que presume se encuentra el trabajador al sentarse a negociar con el empleador y, por el otro, las normas que regulan los procedimientos de ejecuciones fiscales.

Esas dos consecuencias a las que llevarían de ser ciertos los planteos del demandado, la inexistencia de la deuda reclamada y poner a un trabajador en la situación de tener que pagar para luego repetir lo abonado, aun cuando por su situación de hecho, a la luz de lo que disponen las normas laborales, no debió facturar sus trabajos, tal como habría sido reconocido por la justicia del trabajo, llevan, en primer lugar, a hacer excepción a la regla según la cual no son definitivos los pronunciamientos emitidos en juicios ejecutivos que pueden ser revisados en ulteriores procesos de conocimiento, equiparando a definitiva la sentencia de Cámara en cuanto omitió tratar el planteo detallado en lo párrafos que anteceden. Corresponde hacer excepción a esa regla cuando la deuda ejecutada es manifiestamente inexistente (Fallos: 315:1916; 302:861, entre muchos otros), supuesto invocado por el demandado en el sub lite. Esa excepción encuentra apoyo en el hecho de que la prolongación de trámites judiciales, remitiendo a un proceso futuro de conocimiento pleno y resultado anunciado, lo que puede ser fácilmente resuelto en uno presente ejecutivo, sin desnaturalizarlo, constituye un ritualismo inútil incompatible con el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva que garantizan la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; condiciones que reviste el planteo del demandado, como se verá en el punto 4.1.1.2. de este voto. A su vez, en el sub lite se suma, como motivo para hacer lugar a la excepción de inhabilidad a la que me vengo refiriendo, el hecho de que constituye una forma de armonizar la tutela que quiso brindarle el ordenamiento jurídico, por un lado, a los trabajadores y, por el otro, al mecanismo de recaudación. Ello así, porque resulta en contraposición a lo que las normas laborales disponen obligar a un trabajador a abonar un impuesto en el marco de una ejecución fiscal para que luego reclame los montos ingresados en un proceso de repetición ulterior cuando la prueba dirimente para resolver si existe la deuda reclamada es una que, como quedará expuesto en el punto 4.1.1.2. de este voto, resulta de fácil producción, sin que su tratamiento se muestre como uno que venga a desvirtuar al proceso de ejecución. Es decir, la tensión en que pone los agravios del recurrente a las normas laborales con las que regulan el procedimiento de ejecución fiscal, puede ser descomprimida, en el caso, con el tratamiento de esos agravios en el marco del proceso de ejecución fiscal evitando de ese modo que, de ser ciertos esos planteos, el trabajador tenga que iniciar un proceso ulterior donde reclame su acreencia.

4. Adelanto, a su vez, que por los motivos expuestos hasta aquí y por los que agrego más abajo, corresponde revocar la sentencia de fs. 105/106 en cuanto no trató el planteo mencionado en el punto 2 de este voto.

4.1. La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario rechazó los planteos del demandado dirigidos a sostener la excepción de inhabilidad de título fundada en la existencia de pronunciamientos de la justicia del trabajo que habrían reconocido que la facturación emitida por él a nombre de las empresas Video Cable Comunicación, Cable Visión y Multicanal se realizó en fraude a la ley laboral porque: (i) esos planteos versaban acerca de la obligación y no de las formas extrínsecas del título que se pretende ejecutar; y (ii) no surgía en forma manifiesta la inexistencia de la deuda denunciada, circunstancia que, a juicio del a quo, quedaba demostrado por el hecho de que el demandado había requerido que se produjese prueba en torno a esa alegación: la remisión del expediente tramitado ante el fuero del trabajo (prueba cuya producción desvirtuaba, a criterio de la Cámara, el proceso de ejecución).

4.1.1. A la luz de lo expuesto en los puntos 3, 3.1. y 3.2. de este voto, varias son las cuestiones que en el sub lite llevan a tener que tratar la excepción que fundó el recurrente en la inexistencia manifiesta de la deuda.

4.1.1.1. Primeramente, cabe reiterar que el tratamiento de esa excepción, tal como adelanté al final del punto 3.2. de este voto, contribuiría a armonizar el ordenamiento normativo evitando que de ser ciertos los hechos denunciados por el demandado se lo condenara a pagar un impuesto por haber sido obligado a prestar sus servicios en contraposición a lo que las normas laborales ordenan, para que luego, en base a esos mismos argumentos, reclame los montos ingresados mediante un juicio de repetición ulterior (en este punto remito a lo dicho en puntos 3 y 3.1. de este voto).	4.1.1.2. A su vez, la prueba que requirió el recurrente para fundar sus dichos, esto es, que se solicite la remisión del expediente tramitado ante el fuero del trabajo, a diferencia de lo que entendió el a quo, no se muestra como una que venga a desvirtuar el proceso de ejecución.	4.1.1.3. Finalmente, a lo señalado supra se aduna el hecho de que el certificado de deuda que se busca ejecutar no constata una obligación tributaria mediante un procedimiento administrativo en el que el demandado hubiese podido oponer a las impugnaciones y cargos que le fueran formulados en la resolución que da inicio a una determinación de esa especie los argumentos que entendiese pertinentes, ofrecer pruebas en torno a ellos y producirlas, etc.; planteos que, por lo demás, la Administración con carácter previo a dictar el acto determinativo debería haber resuelto. Conforme surge de la sentencia de Cámara, y no fue discutido por la partes, la Dirección General de Rentas emitió el mencionado certificado de deuda en ejercicio de las facultades que le acordaba el art. 134 del Código Fiscal, t.o. 1999, previsión legal que le permitía, al tiempo en que se inició esta ejecución, requerir el pago provisorio de impuestos vencidos a quienes no hubieran presentado declaraciones juradas ni regularizado su situación dentro de los 15 días de intimados . Es decir, a la Administración le bastó para emitir el certificado de deuda con constatar que el Sr. Cohen Álvarez se hallaba inscripto en el ISIB, circunstancia que él no niega, para requerirle judicialmente el pago de los períodos aquí reclamados. El hecho de que la Administración, dado el medio que utilizó para emitir el certificado de deuda, no haya podido valorar los planteos del recurrente al tiempo de emitir el certificado de deuda constituye un motivo más para resolver a favor del tratamiento del planteo del recurrente al que me vengo refiriendo.	5. En virtud de lo expuesto, asiste razón al recurrente en cuanto sostiene que el a quo no pudo dejar de tratar la excepción de inhabilidad de título fundada en la existencia de pronunciamientos de la justicia del trabajo, pasados en autoridad de cosa juzgada, que habrían reconocido que la relación que unió al demandado con las empresas a las que facturó todos sus trabajos, conforme él afirma, fue un contrato de trabajo. Ahora bien, dado que la resolución de la presente causa remite a la valoración de cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas infra-constitucionales como lo es: i) requerir a la justicia del trabajo la remisión de las sentencias a que hace alusión el demandado (en la forma que los jueces entiendan más conveniente: vrg. solicitando la remisión del expte., copias certificadas de la sentencia, etc.); ii) determinar, de ser ciertas las alegaciones del demandado, si el trabajo realizado en esas condiciones está alcanzado por el hecho imponible del ISIB; iii) de llegarse a la conclusión de que no está alcanzado, constatar qué períodos abarcan esas resoluciones; y, finalmente, iii) establecer qué facturación fue tenida en cuenta por la Administración para iniciar la presente ejecución y qué parte de ella estaría alcanzada por los pronunciamientos de la justicia del trabajo y, toda vez que, la Cámara se limitó rechazar la excepción de inhabilidad de título porque excedía el marco cognoscitivo de la presente ejecución, corresponde reenviar la causa a la Cámara Contencioso Administrativo de la CABA, a fin de que se expida con relación a la mencionada excepción y, por ende, trate las cuestiones enunciadas en los puntos que anteceden. Ello así, dado que, por regla, la dilucidación de las cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas infraconstitucionales constituyen materia privativa de los jueces de mérito y ajena a la de esta instancia de excepción.

En síntesis, la sentencia recurrida efectúa un tratamiento del planteo, al que me vengo refiriendo, reñido con el debido proceso, y debe ser, por ello, revocada en cuanto rechazó la excepción de inhabilidad de título por inexistencia de la deuda fundada en que no se había acreditado en el sub lite en forma manifiesta la inexistencia de la deuda reclamada, en tanto para su constatación era necesario producir prueba.

Las ejecuciones ágiles de los tributos constituyen un cimiento esencial de la vida de un estado. Pero, ello no debe hacer perder de vista que sólo debe cobrar las deudas efectivamente existentes. Tampoco que la antigüedad del ejercicio al que corresponden los montos que se vienen ejecutando sugiere que su efectiva percepción difícilmente haya sido contemplada para atender al normal desarrollo del gasto público presente, que es el bien centralmente tutelado por el apremio (cf. mi voto in re "Diversas Explotaciones Rurales SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Diversas Explotaciones Rurales SA s/ ejecución fiscal'", expte. nº 4635/06, sentencia de este Tribunal del 20 de noviembre de 2006).

6. La solución que propicio no impide que los jueces de la causa continúen a cargo de ella, toda vez que su fallo no los ha llevado a verter opinión acerca de los puntos que el pronunciamiento que propicio dejaría abiertos. Ello, sin decidir acerca de los reparos que eventualmente podrían formular las partes al tiempo en que queden en conocimiento de los jueces que habrán de conocer.

Por lo expuesto, y habiendo dictaminado el Fiscal General Adjunto, voto por: i) hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad con relación al agravio dirigido a impugnar la falta de tratamiento por parte del a quo de la excepción de inhabilidad de título fundada en la existencia de decisiones de la justicia del trabajo pasadas en autoridad de cosa juzgada que darían cuenta que el Sr. Cohen Álvarez durante los períodos aquí reclamados prestó servicios bajo relación de dependencia de las empresas Video Cable Comunicación, Cable Visión y Multicanal; ii) reenviar la causa a la Cámara para que los mismos jueces que entendieron en esta causa traten esa excepción; y iii) rechazar la queja con relación al agravio tendiente a defender la excepción de inhabilidad de título fundada en la incompetencia de la persona que firmó el certificado de deuda. Costas por su orden, dado que el recurso logró prosperar sólo en parte.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto del Dr. Lozano, y agrego las siguientes consideraciones.

Como acertadamente destaca mi colega juez de trámite, la sentencia de la Cámara que rechazó el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el ejecutado constituye un supuesto de "sentencia arbitraria", por omitir expedirse sobre una cuestión esencial para la correcta solución del caso: la inexistencia de deuda -encuadrada en la excepción de inhabilidad de título- por no configurarse el hecho imponible del tributo reclamado en esta ejecución fiscal.

La consideración de dicho planteo no desnaturaliza el presente proceso ejecutivo, ya que no requiere un debate fáctico y probatorio que atente contra la celeridad y los límites cognoscitivos del juicio de apremio. Simplemente requiere solicitar la remisión y analizar el juicio laboral mencionado por el ejecutado, y la incidencia de lo allí resuelto en la pretensión fiscal ejercida en autos.

Postergar esta discusión para un juicio ordinario posterior, significa un rigorismo formal incompatible con el respeto a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Por ello, hago propio el dispositivo propuesto por el Dr. Lozano, y voto por:

a)	hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad con relación al agravio dirigido a impugnar la falta de tratamiento por parte del a quo de la excepción de inhabilidad de título fundada en la existencia de decisiones de la justicia del trabajo pasadas en autoridad de cosa juzgada que darían cuenta que el Sr. Cohen Alvarez durante los períodos aquí reclamados prestó servicios bajo relación de dependencia de las empresas Video Cable Comunicación, Cable Visión y Multicanal;

b)	reenviar la causa a la Cámara para que los mismos jueces que entendieron en esta causa traten esa excepción; y c)	rechazar la queja con relación al agravio tendiente a defender la excepción de inhabilidad de título fundada en la incompetencia de la persona que firmó el certificado de deuda.

d)	Costas por su orden, dado que le recurso logró prosperar sólo en parte.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Adhiero al voto del señor juez de trámite, doctor Luis Francisco Lozano, tanto en la solución propuesta como en los fundamentos allí brindados, a los que me permito añadir las consideraciones que puntualizaré seguidamente.

2. El no atender a la naturaleza de la vinculación laboral que alega haber mantenido el señor Edgardo A. Cohen Álvarez con las firmas "Video Cable Comunicación", "Cablevisión" y "Multicanal" que se encontraría confirmada, en términos de verdad legal en una causa, con sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, de la justicia laboral, importa una renuncia consciente de atenerse a la verdad jurídica objetiva, con las implicancias disvaliosas que de ello pudieran derivarse, ya que, en tal caso, el demandado podría no resultar contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se le reclama en el cobro ejecutivo.

Es que, como lo ha sentado la Corte Suprema de Justicia in re: "Domingo Colalillo v. Compañía de Seguros España y Río de la Plata" -Fallos: 238:550-, sentencia del 18 de septiembre de 1957, el proceso no puede ser conducido en términos estrictamente formales ya que: "No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte", por cuanto: "... concordantemente con ello la ley procesal vigente dispone que los jueces tendrán, en cualquier estado del juicio, la facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos. Y tal facultad no puede ser renunciada, en circunstancias en que su eficacia para la determinación de la verdad sea indudable. En caso contrario la sentencia no sería aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente la frustración ritual de la aplicación del derecho".

3. Por otro lado, no es óbice para dejar sin efecto la sentencia el hecho de que el pronunciamiento haya recaído en un juicio de ejecución fiscal, el cual, por regla, no constituye sentencia definitiva apta para habilitar la competencia de este estrado, ya que la quejosa invoca inexistencia manifiesta de deuda y a este respecto el Máximo Tribunal ha excepcionado el principio cuando se invoca tal supuesto abriendo la vía contemplada por el art. 14 de la ley nº 48 para el recurso extraordinario federal (conf. causas: "Dirección General de Ferrocarriles v. Ferrocarril Central Argentino" -Fallos: 201:155-, sentencia del 14 de marzo de 1945; "S.R.L. Aserradero Clipper" -Fallos: 249:221-, sentencia del 2 de marzo de 1961; "Dirección Nacional de Aduanas v. S. A. Fábrica Argentina de Caños de Acero Industrias Electrometalúrgicas Mauricio Silbert y Otro" -Fallos: 278:346-, sentencia del 23 de diciembre de 1970; "Municipalidad de Morón v. S.A. Deca, I. y C. y Otra" -Fallos: 294:420-, sentencia del 20 de mayo de 1976; "Municipalidad de Rosario v. Cooperativa de Carniceros de Rosario" -Fallos: 295:338-, sentencia del 29 de junio de 1976; "Provincia de Buenos Aires v. S.A. Hidronor" -Fallos: 297:227-, sentencia del 20 de julio de 1976; "Nación Argentina v. Ivo Oscar Torres"-Fallos: 298:626-, sentencia del 29 de marzo de 1977; "Nación Argentina v. S. A. Sasetru, C.I.F.I.A." -Fallos: 298:626-, sentencia de 6 de septiembre de 1977; "Municipalidad de San Isidro v. S.A. Atma-Chloride" -Fallos: 302:861-, sentencia del 12 de agosto de 1980; "Provincia de Buenos Aires v. Maderas Miguet I.C.A. y F." -Fallos: 312:178-, sentencia del 14 de febrero de 1989; "Municipalidad de Plaza Huincul v. Yacimientos Petrolíferos Fiscales" -Registro de la Corte letra D, nº 461 libro XXII-, sentencia del 6 de marzo de 1990; "Dirección General Impositiva c. Angelo Paolo Entrerriana S.A" -Fallos: 315:1916-, sentencia del 22 de octubre de 1991; "Nación Argentina (Dirección General Impositiva) v. Aurelia Élida Seco" -Fallos: 315: 2684-, sentencia del 8 de septiembre de 1992; "Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) v. Droguería Buenos Aires S.A." -Fallos: 316:2153-, sentencia del 28 de septiembre de 1993; "Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires v. Antonini, Schon, Zemborain S.R.L." -Fallos: 318:646-, sentencia del 10 de noviembre de 1992; "Nación Argentina v. Municipalidad de Resistencia" -Fallos: 318:1151-, sentencia del 4 de mayo de 1995; "Municipalidad de Daireaux v. Pequeña Obra de la Divina Providencia" -Fallos: 319:79-, sentencia del 6 de junio de 1995; "Dirección General Impositiva v. Cayetano de Bonis" -Fallos: 319:79-, sentencia del 13 de febrero de 1996,; "Dirección General Impositiva v. Silverman S.A." -Fallos: 319:1260-, sentencia del 11 de julio de 1996; "Provincia de Entre Ríos v. Empresa Nacional de Correos y Telégrafos" -Fallos: 320:1985-, sentencia del 25 de septiembre de 1997; "Municipalidad de Avellaneda v. Gas del Estado S.A." -Fallos: 322:2559-, sentencia del 26 de octubre de 1999; "Dirección General Impositiva v. Pesquera Alenfish S.A." -Fallos: 323:2801-, sentencia del 10 de octubre de 2000; "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires v. Román S.A. Comercial" -Fallos: 324:1924-, sentencia del 14 de junio de 2001; "Administración Federal de Ingresos Públicos v. Compañía de Transporte El Colorado S.A.C." -Fallos: 324:2009-, sentencia del 26 de junio de 2001; "Municipalidad de Quilmes v. Edesur S.A." -Fallos: 325:931-, sentencia del 7 de mayo de 2002; "Dirección General Impositiva v. Banco 1784 S.A." -Fallos: 325:1008-, sentencia del 14 de mayo de 2002; "Administración Federal de Ingresos Públicos v. Templar S.A." -Fallos: 327:4791-, sentencia del 9 de noviembre de 2004; "Municipalidad de Paraná v. Emilio Ramón Reula" -Fallos: 327:4832-, sentencia del 9 de noviembre de 2004, y "Fisco Nacional - Dirección General Impositiva v. Llámenos S.A.", sentencia del 6 de noviembre de 2007, fundado voto en disidencia del Ministro Eugenio Raúl Zaffaroni).

4. A lo hasta aquí dicho cabe agregar, además, que el Tribunal cimero tiene establecido in re: "Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires v. Estudio Jurídico Cosme Beccar Varela" -Fallos: 316:2764-, sentencia del 7 de diciembre de 1993, respecto de la Ciudad de Buenos Aires, en su anterior status jurídico, que en nada altera las conclusiones que pueden extraerse en este punto: "Que la facultad asignada al fisco municipal para requerir el pago provisorio de impuestos vencidos a quienes no presenten declaraciones juradas debe interpretarse restrictivamente, por constituir, en la especie una excepción al principio que consagra... la citada ordenanza, relativo a la determinación de oficio de las obligaciones tributarias y teniendo en consideración que, en dicho marco, el contribuyente cuenta con la vista que asegura la defensa de sus derechos" (v. considerando 5º).

Por lo hasta aquí señalado, y habiendo dictaminado el señor Fiscal General Adjunto, me pronuncio por hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso de inconstitucionalidad en relación al agravio dirigido a impugnar la falta de tratamiento por el a quo de la excepción de inhabilidad de título fundada en la existencia de decisiones de la Justicia del Trabajo, pasadas en autoridad de cosa juzgada, que darían cuenta de que el demandado prestó servicios, por los períodos impositivos por los que se le reclama Impuesto sobre los Ingresos Brutos, bajo relación de dependencia en las empresas "Video Cable Comunicación", "Cablevisión" y "Multicanal", reenviando la causa a la Cámara para que los mismos jueces que entendieron en ella, con los elementos de juicio pertinentes, se expidan sobre la apuntada excepción.

Costas en el orden causado en atención a que el recurso sólo prospera parcialmente.

Así lo voto.

La jueza Alicia E.C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, y el impugnante logra efectuar una crítica concreta contra el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad.

2. El recurso de inconstitucionalidad, tal como lo expone el ejecutado (fs.125/126 vuelta), emana del tribunal superior de la causa y se dirige contra una sentencia equiparable a definitiva.

3. En cuanto a los agravios vertidos en el recurso de inconstitucionalidad, coincido con el Sr. Juez de trámite en que el planteo dirigido a cuestionar la competencia del agente que suscribió el certificado de deuda resulta ajeno a la competencia de este Tribunal Superior de Justicia, por lo que debe ser rechazado.

4. Otra solución es la que merece el agravio que critica la sentencia de fs. 105/106 vuelta por no tratar la excepción de inhabilidad de título fundada en la inexistencia de la deuda debido a la autoridad de la cosa juzgada emanada de un fallo de la Justicia Nacional del Trabajo que pondría en crisis la licitud de las causas jurígenas de la deuda fiscal misma.

En este punto, los argumentos del tribunal superior de la causa, en cuanto considera que los planteos introducidos por el ejecutado resultan extraños al juicio ejecutivo y debe reconducirse para ser tratados en un futuro juicio ordinario, si bien aparecen formalmente correctos, incurren en un exceso ritual incompatible con la prueba ofrecida en el proceso y las circunstancias en que se apoya la excepción de inhabilidad de título interpuesta.

5. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido en el conocido caso "Burman, Leonardo c. Alvarez Joaquín" resuelto el 8 de marzo de 1983 (Fallos, 305:226), "que el carácter limitativo de las excepciones en los juicios de que se trata [juicio ejecutivo], no puede llevarse al extremo de consagrar un exceso ritual manifiesto incompatible con el ejercicio del derecho de defensa.".

Los hechos invocados por el demandado tienen entidad suficiente para hacer excepción al acotado ámbito de debate al que se ciñe el juicio ejecutivo, debiendo, por lo tanto, producirse prueba en torno a la defensa esgrimida y sin perjuicio de lo que en definitiva se decida. Abonan esta solución, asimismo, la posible proyección de la cosa juzgada material definida en sede laboral que puede incidir en el marco del juicio ejecutivo y que, en rigor operaría por el carácter subordinante del juicio ordinario -esta vez no posterior sino anterior al juicio ejecutivo-; cosa juzgada que debe ser analizada, aun sin pedimento de parte, por el tribunal competente en atención a resultar posiblemente comprometido el orden público y derechos y garantías constitucionales.

6. Por lo expuesto, voto por (i) admitir la queja, (ii) hacer lugar en forma parcial al recurso de inconstitucionalidad y revocar la decisión del tribunal superior de la causa en los aspectos considerados en los puntos 4 y 5 de mi voto; y (iii) remitir el expediente a la Cámara CAyT para que otros jueces distintos de los que ya intervinieron manden producir la prueba y decidan el caso. Las costas, en razón de que el recurso triunfa en aspectos sustanciales, quedan a cargo del ejecutante.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. La queja interpuesta por la demandada contra la resolución de Cámara de fs. 33/33 vta., que resuelve no conceder el recurso de inconstitucionalidad planteado, no puede prosperar, toda vez que la impugnación, a mi juicio, no ha sido dirigida contra una sentencia que revista el carácter de definitiva (conf. art. 27, ley local nº 402).

Por regla general, la sentencia que rechaza las excepciones planteadas por la demandada y manda a llevar adelante la ejecución no es definitiva, en tanto la cuestión puede ser revisada en un juicio posterior (cf. TSJ in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Correa Luna S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Secretaría de Educación- s/ demanda c/ aut. adm. y otros", resolución del 20 de noviembre de 2002, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, t. IV, p. 635 y sus citas; véase también mis votos en los autos "Inversora Quillén SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Inversora Quillen SA s/ ejecución fiscal", resolución del 5 de marzo de 2003, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, t. V, p. 107; "GCBA c/ Club Méditerranée Argentina SRL s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", resolución del 27 de mayo de 2003, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, t. V pp. 321/322; "GCBA c/ Scrum SA s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", resolución del 9 de marzo de 2004; en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2008, t. VI, p. 190; y "Club Atlético River Plate Asociación Civil s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Club Atlético River Plate s/ ejecución fiscal", resolución del 7 de abril de 2004, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2008, t. VI, pp. 276/277; entre otros).

Esta causa no configura una excepción a dicha regla, puesto que las cuestiones planteadas por el recurrente -a saber: que su actividad como trabajador, incurso en una relación laboral encubierta reconocida por la justicia laboral, no está gravada con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos; y que el título ejecutivo fue suscrito por un funcionario no autorizado- exceden el estrecho marco cognoscitivo de un juicio ejecutivo y el impugnante puede hacerlas valer en un proceso ordinario con posterioridad.

2. Por lo demás, tampoco acredita el quejoso un agravio constitucional, ya que el remedio intentado remite al examen de cuestiones de hecho y prueba, ajenas a los límites del recurso de inconstitucionalidad, y, por ende, irrevisables por el TJS. Un temperamento contrario al expuesto convertiría a este Tribunal, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (cf. TSJ, in re "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", resolución del 23 de febrero de 2000 en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, t. II, ps. 20 y ss., entre otros).

3. En cuanto al planteo de arbitrariedad, el apelante se limita a manifestar genéricamente su discrepancia con la resolución impugnada. Sobre este punto, reitero lo sostenido en diversos precedentes, en tanto es doctrina del TSJ que la mayoría de los recursos fundados en la arbitrariedad están destinados al fracaso pues la mera discrepancia argumental con la sentencia recurrida no implica que la sentencia sea arbitraria (cf. TSJ in re "Federación Argentina de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", resolución del 25 de agosto de 1999, y sus citas, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, t. I. p. 282 y siguientes).

Asimismo, la propia CSJN -creadora de esta doctrina- advierte que "posee un carácter estrictamente excepcional y exige, por tanto, que medie un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos: 323:2879)"; asimismo, ella sostuvo que: "La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados (...) sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la sentencia fundada en ley a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional" (ver mis votos en las causas "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Farías, María Antonia c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración), sentencia del 26 de mayo de 2005, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2008, t. VII. pp. 438/439; y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Lococo, Marcela c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", sentencia del 29 de junio de 2005, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2008, t. VII. p. 642, y sus citas; entre otros).

Por último, aún en la hipótesis sostenida por la jurisprudencia de la CSJN, la invocación de arbitrariedad y de violación de garantías constitucionales no suple la ausencia de sentencia definitiva (Fallos 308:62; entre otros).

4. En virtud de lo expuesto en los puntos precedentes y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General Adjunto, voto por rechazar la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado interpuesta por el demandado contra el pronunciamiento de fs. 33/33 vta.

Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja con relación al agravio tendiente a defender la excepción de inhabilidad de título fundada en la incompetencia de la persona que firmó el certificado de deuda.

2. Hacer lugar al recurso de queja y al recurso de inconstitucionalidad con relación al agravio dirigido a impugnar la falta de tratamiento de la excepción de inhabilidad de título, con sustento en la existencia de decisiones de la justicia del trabajo pasadas en autoridad de cosa juzgada que darían cuenta que el Sr. Edgardo Cohen Álvarez, durante los períodos aquí reclamados, habría prestado servicios bajo relación de dependencia en las empresas Video Cable Comunicación, Cable Visión y Multicanal. Con costas en el orden causado.

3. Reenviar la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario para que los mismos jueces que entendieron en la causa traten la excepción de inhabilidad de título, conforme a lo resuelto en esta instancia.

4. Mandar que se registre, se notifique, se agregue la queja al expediente principal y, oportunamente, se devuelva.