marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Hábeas corpus, salarios caídos, condiciones de detención
Materia: PENAL
Carátula: CÁCERES, Florencia Natalia c/  s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-21

No se verifica ninguno de los supuestos que la ley prevé en el art. 3 ley 23.098, ya que los hechos que motivaron la acción de habeas corpus -la solicitud de intervención de la ART por parte de una interna que, habiendo sufrido una lesión, requería la compensación económica de los salarios caídos-, no pueden ser adecuadamente encuadrados en una gravamiento en las condiciones de detención, por lo que se ha exteriorizado en el recurso, más bien, ha sido su discrepancia con los fundamentos desarrollados en la decisión puesta en crisis.
Entidades financieras, liquidación de entidades financieras, delegado liquidador, banco central, Ley de Concursos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANESTO BANCO SHAW c/ BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA s/ DEMANDAS CONTRAL EL BCRA. ARGENTINA s/ DEMANDAS CONTRAL EL BCRA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-14

En los procesos de quiebra de entidades financieras, como es el caso del BIBA, la designación del BCRA como síndico, inventariador y liquidador tiene siempre carácter institucional, a los efectos de cumplir la función prevista por la Ley de Concursos, la que se desarrolla por intermedio de sus representantes necesarios que obrarán a nombre del BCRA, aunque los actos sean imputados a la entidad liquidada (cfr. Migliardi, F., "Actuación del Banco Central de la República Argentina en la Quiebra de Entidades Financieras", nota a Fallo, ll 1981-C, ps. 332/333).
Inversión de la carga de la prueba, homicidio simple, uso de armas
Materia: PENAL
Carátula: Chung, Leonardo Esteban c/  s/ homicidio simple
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-02

En el marco del agravio mediante el cual se invoca que el imputado obró frente a una agresión ilegítima actual o inminente, no sólo sería necesario afirmarlo, sino presentar en el recurso argumentos fácticos adecuados en punto a que la agresión había sido desatada por la víctima, la falta de provocación suficiente del imputado y que el uso del arma en las circunstancias del caso era razonablemente necesario frente al uso inminente de un elemento de agresión contundente. En definitiva, cuando se trata de examinar si se presentan hechos o circunstancias que excluyen los elementos objetivos o subjetivos que fundan la punibilidad, en rigor, no se trata de la existencia de una regla inversa de la carga de la prueba; de lo que se trata es de examinar si hay indicios suficientemente fuertes de esos hechos o circunstancias excluyentes de la punibilidad, al punto de que se hace dudosa la presencia de los hechos o circunstancias que la fundarían. No se trata de discutir quién debe probar la existencia de un hecho o circunstancia que es presupuesto de una causa de exclusión de la tipicidad, de justificación o de inimputabilidad o inculpabilidad, sino de examinar si hay un indicio suficientemente fuerte de un hecho o circunstancia que ponen en duda los presupuestos de la punibilidad. Sin embargo, cuando se trata de alegar defensas o excepciones, se reconoce que el acusado carga con el peso de la "persuasión" en el sentido de que incumbe a éste demostrar que hay suficiente evidencia para presentar una cuestión sobre la existencia o inexistencia de un hecho que daría base a una defensa o excepción, pero una vez satisfecho el estándar de persuasión, no carga aquél con la prueba de ese hecho más allá de toda duda razonable. Es que el imputado tiene la carga de presentar suficiente evidencia concerniente a un hecho eximente antes de que este hecho pueda ser considerado por el tribunal, pero una vez presentada esta evidencia, corresponde a la acusación desbaratar la evidencia (voto juez Luis García.
Daño moral, monto de la indemnización, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Solá, Roberto y Otros c/ E.N. (Poder Ejecutivo) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Ha sostenido esta Cámara que la valoración del daño moral no está sujeta a cánones estrictos, corresponde a los jueces de la causa establecer prudentemente el quantum indemnizatorio, tomando como base, la gravitación de la lesión sufrida, y el hecho generador de la responsabilidad, su función resarcitoria y el principio de reparación integral (Sala II, 9/6/94, "Reyes, Pascual A. c/ E.N.", E.D. 16/8/95). Y tal valoración está sujeta a la apreciación prudencial de los jueces (art. 165 C.P.C.C.N.), toda vez que son obvias las dificultades que existen para mensurar en dinero en detrimento de naturaleza no patrimonial, razón por la que ha de tratarse que atienda apropiadamente a la magnitud del menoscabo espiritual (C.N.Civ.y Com.Fed., Sala III, 14/6/85, "Jara, Eduardo W. c/Empresa de Transportes Gral. Tomás Guido S.A. y otro", JA. 1986-II, pág. 600). De allí es que la reparación del daño moral debe ser determinada ponderando esencialmente la índole de los sufrimientos de quien los padece y no mediante una proporción que la vincule con los otros daños cuya indemnización se reclama (Sala IV, 19/6/91, "Camacho, Martín c/ B.C.R.A."; ídem, 12/6/92, "Serna de Palma, Hebe A. c/ E.N."). (Del voto del Juez Galli, consid. 18º).
Asegurador por riesgos del trabajo, excepciones procesales, excepción de prescripción, planteo oportuno
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: "VILLARREAL, DOLORES c/ CNA A.R.T. S.A. s/ Ley 24.557".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-25

Atento la especificidad del régimen procesal previsto por el pto. I del art. 46 y concordantes de la ley 24.557 y su reglamentación -entre la que se destaca el Dec. 717/96, modificado por el Dec. 491/97-, que impone la formulación de la denuncia ante las comisiones médicas locales, va de suyo que la defensa de prescripción debe ser opuesta ante dicha comisión médica, a partir de la notificación de la intervención de la misma y la citación a la audiencia preliminar. En consecuencia, corresponde confirmar lo actuado por la C.M. rechazando por extemporánea la prescripción invocada por la A.R.T., si esta sólo invocó en apoyo de la no cobertura de la contingencia la supuesta rescisión del contrato por falta de pago de las correspondientes cotizaciones a cargo del empleador; y por aplicación del principio de eventualidad, también debió haber esgrimido la excepción de que se trata.
Requerimiento de instrucción, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: E.N.R.E. y otros s/ archivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-04

El momento en el que se procede a formular la requisitoria a que refiere el art. 188 del Código Procesal Penal, resulta uno de aquellos en los cuales suele existir una relativa indeterminación acerca de los innumerables aspectos del delito a investigar. Y ello así ya que se está frente a una hipótesis sobre la existencia de un delito, razón por la cual no puede ser equiparado, en cuanto a exigencias se refiere, al momento en que se dicta un auto de mérito, como el previsto por el art. 306 del ordenamiento citado.

Por ello, no invalida la requisitoria fiscal de instrucción la circunstancia de que no contenga datos tendientes a sostener la imputación de la conducta típica a nivel subjetivo.
Reordenamiento del sistema financiero, depósito bancario, indisponibilidad de los depósitos, medidas cautelares, suspensión de la ejecución
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-ECONOMIA
Carátula: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/ EN-PEN DTOS 1570/01 Y 1606/01 s/ AMPARO LEY 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-13

Resulta irrazonable la suspensión de la ejecución de la cautelar y de la sentencia definitiva en casos en que el ahorrista se enfrenta a una alteración sorpresiva de su situación patrimonial - indisponibilidad de sus depósitos en el sistema bancario-, debe hacer frente de modo inmediato a las diversas necesidades cotidianas y reclama ante un Poder Judicial desbordado, por lo que se encuentra en grave riesgo psicofísico producido por el estrés y la angustia que esta situación le provoca. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Doctrina de los actos propios, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: G., J.C. c/ Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-01

La circunstancia de que un sujeto de derecho intente verse favorecido en un proceso judicial, asumiendo una conducta que contradice otra que le precede en el tiempo, en tanto constituye un proceder injusto, es inadmisible. Esta cuestión se caracteriza como una derivación necesaria e inmediata del principio de buena fe, especialmente en la dirección que la concibe como un modelo objetivo de conducta, aceptada como arquetipo por una sociedad y que recibe su impronta ética.- Por otra parte la observancia del principio de la buena fe requiere que en la relación jurídica las partes exhiban un comportamiento leal y adecuado a la creencia y confianza despertada en la otra, manteniendo la palabra empeñada desde el proceso formativo mismo, haciendo inadmisible la contradicción con una conducta previa y propia.
Juicios universales, sucesiones, acciones personales
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Giacopazzi, Víctor Hugo c/ Cooperativa Albatros Argentina de Vivienda y Consumo s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

Conforme a lo dispuesto por los arts. 3284 y 3285 del Código Civil, los jueces universales de la sucesión atraen al juzgado en que tramitan todas las acciones personales que se deduzcan contra el causante, sea cual fuere la causa que determine esa jurisdicción.
Privación ilegal de la libertad, menores, Policía Provincial, habeas corpus, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, derivación no razonada del derecho vigente
Materia: PENAL
Carátula: Arias, Patricia (Def. de Menores e Incapaces) c/  s/ habeas corpus preventivo/ casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-29

Corresponde dejar sin efecto la sentencia del superior tribunal local que revocó la decisión que había admitido la acción de habeas corpus colectiva presentada por la Defensora de Menores y ordenado a la policía local el cese de la práctica de privar de la libertad a niños y niñas bajo el amparo del artículo 5, inciso "a" de la ley 4109 de Rio Negro, pues el tratamiento que le deparó el a quo no es suficiente para constituir una respuesta fundada, es decir, la expresión de un razonamiento que sea una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias probadas de la causa; defecto que se agrava por ciertas ambigüedades del texto que amenazan la coherencia interna de la sentencia. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Tratados internacionales, Constitución Nacional, jerarquía de las leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Monges, Analía M. c/ UBA. - resol. 2314/95. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

Los tratados con jerarquía constitucional complementan las disposiciones contenidas en la parte orgánica de la Constitución Nacional, aunque el constituyente no haya hecho expresa alusión a ella.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: García Ríos, Carlos Enrique c/ Pride International S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-24

Este Cuerpo en consonancia con nuestro máximo Tribunal en el orden federal, no considera Definitivas a los efectos del Recurso de Casación aquellas decisiones que pueden someterse a un pronunciamiento posterior que puede disipar el agravio que de ellas derive, o dicho de otra manera, no resuelvan la cuestión debatida impidiendo su ulterior renovación. La nota de definitividad se patentiza cuando se decide de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo.
Defensa en juicio, negligencia procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ivanoff, Yesica Paula c/ Ivanoff, Carlos Alberto s/División de condominio c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-08-30

El principio constitucional de defensa en juicio no cubre comportamientos negligentes.(doctor Pettigiani, minoría)
Contratos administrativos, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tecno Berisso S.R.L. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

El Reglamento de Contrataciones -decreto 3300/72-; T.O. 1977, ADLA XXXVII-A-903 ha sido modificado por los decretos 1953/91 y 4104/92 y en la nueva redacción consagrada para el art. 22 se regla específicamente la situación de la mora en los pagos y la liquidación de intereses en dicho concepto.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, animales sueltos en la vía pública, responsabilidad del concesionario (administrativo)
Materia: CIVIL
Carátula: GRECO, Gabriel c/ CAMINO DEL ATLANTICO S.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-13

Cuando se juzga la responsabilidad del concesionario de un corredor vial, derivada de animales sueltos que participan de un siniestro en aquél, al no tratarse de una responsabilidad subjetiva presumida, sino objetiva, ni siquiera resulta suficiente la acreditación de la falta de culpa derivada de eventuales medidas de resguardo.

Del voto de la mayoría (Dres. Highton de Nolasco y Burnichón)
Horario de trabajo, horas extra, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: LABORAL
Carátula: Jiménez Alabiso, Lorena Yanina c/ Electrotel S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-06

Respecto de la prueba del cumplimiento de labores en horario extraordinario, no existe norma legal alguna que establezca que su valoración deba ser realizada con mayor estrictez, o que la convicción que arroje la prueba producida deba ser más contundente que la necesaria para administrar cualquier otro hecho litigioso; lo que implica concluir que el horario de trabajo puede ser probado por cualquiera de los medios de prueba expresa o implícitamente admitidos por la ley orgánica, y la valoración de tales elementos debe ser realizada conforme los principios de la sana crítica, como dispone el art. 386 del CPCC
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Pazo, Rosa Beatríz c/ Suruguay, Héctor y-o Quien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-07-10

Es necesario considerar en la valoración del testimonio la calidad del estímulo que recibió el testigo para su percepción, el poder de atención que pudo existir de su parte en ese momento, cuyas condiciones han podido asegurar o impedir que la imagen se fijara con claridad en la conciencia, la especial situación subjetiva en que se hallaba, que hace más o menos probable un error, y, a la par, las circunstancias objetivas del acontecimiento, cual distancia y visibilidad.
Excusación, apartamiento del juez, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: BARBERO EMILIO CARLOS c/ CARLOS RAUL NAYI s/ DEMANDA DE REPETICION - APARTAMIENTO - INHIBICION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-06-05

Si el juez que intervino en el juicio ejecutivo, aceptó la discusión de la causa, ya se pronunció sobre las mismas cuestiones que ahora son motivo del juicio de conocimiento. Hay entonces un evidente prejuzgamiento- no por haber emitido opinión en momento en que no correspondía, sino por las especiales circunstancias apuntadas-de modo que permite deducir al litigante, la dirección lógica que tendrá a el resultado final del pleito.
Tasa de justicia, monto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: NOCEDA MIRTA MABEL Y OTROS c/ INST. NAC. DE SERVICIOS SOC. PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS Y OTRO s/ RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

La ley 23.898, en su art. 4, inc. a) establece el monto para calcular el tributo. Si la demanda prosperara por una suma diferente a la pedida, o fuera rechazada, la suma correspondiente a la tasa sigue siendo la misma, pues lo que genera la obligación de pagarla es la prestación, por parte del Estado, del servicio de justicia. La ley específica no ha previsto la posibilidad de efectuar distinciones según el éxito (total o parcial) o fracaso de la demanda, como referencia para calcular el importe que debe ser ingresado. Si la voluntad del legislador hubiera sido establecer una relación entre el monto imponible y el resultado del juicio, le bastaba con diferir su pago para la oportunidad en que se produjera su terminación (por un modo normal o anormal) y fijar las pautas concernientes a cada situación.(Interlocutoria).
Habilitación del establecimiento, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: X s/ Acción de Amparo en favor de Chalet S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-01

Resultan propias de la competencia que transitoriamente este Tribunal tiene atribuida en forma originaria sobre la materia contencioso administrativa, las causas que inician los particulares para cuestionar la legitimidad de actos administrativos que se reputan lesivos de alguna situación jurídica regida por el derecho local como la emergente de la habilitación comercial que la comuna demandada confirió a la accionante (arts. 1, 28 inc. 3 y conc. del C.P.C.A.). (Minoría u opinión personal)
Medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MANGANIELLO S.A. c/ Pasquini, Emilio y ots. s/ Cobro ordinario (apelación art. 250 CPC) Weisburd, Clara Ernestina c/ Berrueta, Pedro y otro s/ Fijación y ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25|1994-10-27

No necesariamente quien solicita la medida precautoria debe acreditar fehacientemente el peligro en la demora, siendo suficiente, en principio, la manifestación del temor de que el crédito pueda resultar impago. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, simulación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vives, Ana María y otra c/ Vives, Julio Francisco y otro s/ Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Determinar si concurren o no las circunstancias que hagan inequívoca la existencia de simulación en un caso concreto, es típica cuestión de hecho y como tal, sólo susceptible de revisión si se demuestra fehacientemente la existencia de absurdo en el quehacer valorativo que con exclusividad están llamadas a cumplir las instancias de mérito.
Regulación de honorarios, recurso extraordinario federal, contestación de la demanda, traslado, monto del juicio, empleo público
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Sarmiento, Fernando Daniel y otros c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-07

En la fijación de los emolumentos de los letrados concurren no sólo las normas de la ley de arancel referidas a la base sino también las atinentes a las escalas y a los mínimos, entre otras. Por ello, la existencia de un agravio constitucional (artículo 17 de la Constitución Nacional) originado en la evidente falta de representatividad de los honorarios regulados en relación con la actuación desarrollada por el abogado y los valores económicos en juego apreciados al tiempo del dictado del auto regulatorio, solamente podría juzgarse a la luz del resultado de la aplicación de todas ellas y siempre que, lógicamente, no derivara de la propia conducta del profesional. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Daños y perjuicios, bienes públicos del Estado, riberas del río, gobierno provincial
Materia: CIVIL - AGUAS
Carátula: Unitan  SA c/ Formosa, Provincia de s/ da!o temido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-26

Concebida la defensa de las márgenes como un derecho de los ribere!os derivado de su condición jurídica, no encuentra asidero la presunta responsabilidad que se atribuye a la provincia con fundamento en normas del Código Civil.
Abogados, sanciones procesales, multa procesal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Claus, Luis María c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional- Ministerio de Justicia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

La sanción prevista por el art. 18, decreto-ley 1285/58, modificado por el art. 2 de la ley 24.289, debe quedar reservada para aquellos supuestos en que se ocasione un serio menoscabo a la dignidad o decoro de los jueces, lo cual debe juzgarse con objetividad y con criterio restrictivo para evitar que pueda producirse una lesión al derecho de defensa (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Desobediencia a un funcionario público, jueces, facultades del juez, notificación, prueba documental, astreintes, sanción especial
Materia: PENAL
Carátula: GERENTE DE TRANSPORTES EL LITORAL s/ DESOBEDIENCIA  -  INCUMPLIMIENTO  ORDEN JUDICIAL - SANCION ESPECIAL -  ASTREINTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-08

1) Incurre en el delito de desobediencia quien no cumplió la orden judicial de entregar la documentación requerida con motivo de una demanda por cobro de pesos, pese a que se lo intimó notificándoselo fehacientemente del mandato.

2) Si bien se ha publicado en doctrina y jurisprudencia el desplazamiento del tipo penal implicado, cuando existe sanción especial para el incumplimiento de ciertas órdenes de la autoridad, en especial cuando se trata del acatamiento de disposiciones jurisdiccionales susceptibles de ejecución compulsiva por la vía reglada en los arts. 37 Cód.Proc.civil y Com. y 666 bis Cód.Civil, el Tribunal no comparte tal criterio. Es que si bien es indiscutible que un especial tipo de prohibición penal puede primar por su estructura específica, frente a otro que albergue genéricamente similar hipótesis de acción, ello sólo es técnicamente posible concurso aparente- cuando ambos son tipos penales concurrentes que pugnan por su aplicación, lo cual significa que los dos tienen que prever una conducta prohibida bajo amenaza de sanción penal, de cualquier jerarquía que fuera.

Pero dicha posibilidad se excluye cuando concurren supuestos de prohibición heterogéneos (penales y no penales); alternativa para la cual no existe principio jurídico que autorice el desplazamiento de uno por el otro, situación que explica la común aplicación simultánea de sanción civil y penal respecto de un mismo hecho antijurídico.

3) La institución de las "astreintes", según fue legislada entre nosotros, representa un peculiar medio compulsivo de satisfacer mandatos procesales o deberes jurídicos impuestos por resolución jurisdiccional, que se resuelve, en caso de incumplimiento, por la simple reparación del daño inferido al titular del derecho perjudicado. El propósito esencialmente reparador de la sanción amenazada para el remiso demuestra que en modo alguno se trata de una infracción penal, conclusión que impide todo conflicto posible con el supuesto prohibitivo del art. 240 Cód. Penal.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: BIANCHI, Héctor José s/ Robos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-01

Aun cuando no registre condenas anteriores a la fecha de comisión de los antijurídicos investigados en la causa, resulta razonable inferir un indicio de potencialidad delictiva del inculpado respecto del cual concurren circunstancias tales como registrar causas pendientes por delitos comunes, tanto en trámite como provisionalmente clausuradas por resolutorios que dejan fundadas dudas acerca de su irresponsabilidad penal, frecuentar la compañía de un delincuente prófugo, llevar una vida irregular e incompatible con su condición de cabeza de familia, y haber hallado la policía estupefacientes en uno de los lugares donde dicho encausado habitaba.-