marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, bien jurídico protegido
Materia: PROCESAL
Carátula: L., Y. I. c/ D. L. SRL s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-04

Es criterio reiterado de la jurisprudencia nacional y de esta Sala que no existe apelación hábil de considerandos, justamente por falta de interés y correlativamente de agravio idóneo, que en él se base.

Esta Sala, sostuvo que no es concebible que una parte exponga agravios contra una porción del decisorio que no le ha cercenado derecho alguno, pues constituye presupuesto subjetivo de admisibilidad de la apelación la concurrencia de un gravamen concreto, fuente a su vez del interés personal sustento del recurso.

La existencia de dicho interés es requisito de toda especie de acto procesal; sin él no hay acción, pues el derecho mismo no es, según la feliz expresión de Ihering, sino el interés protegido por la ley y nada lleva a concluir que en la especie de las apelaciones se configure una excepción a tal primordial regla. Concuerda en ello la doctrina toda, de antaño y de hogaño (Art. 242 CPCC, su doct.).
Accidente de tránsito, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cardozo, Santos y otros c/ Ochino, Juan y otro s/ Daños y perjuicios Meneses de Rolando, Hilda Eulalia c/ Eyherabide, Mario Hugo y otros s/ Indemnización daños y perjuicios Díaz Pino, Norma Alicia c/ Christensen, Rubén y otro s/ Daños y perjuicios Blanco de Ballarini c/ Demarco, José Luis s/ Daños y perjuicios Díaz Pino, Norma Alicia c/ Christensen, Rubén y otro s/ Daños y perjuicios Blanco de Ballarini c/ Demarco, José Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12|1996-03-12|1999-08-31|2002-02-19

La sola comparación entre los textos del art. 27 del dec. ley 6.582 /58 y el actual art. 27 de la ley 22.977, impide mantener la doctrina sentada respecto de la norma anterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, policía, retiro policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Duarte, Jorge Omar c/ Provincia de La Pampa s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1988-10-21

La renuncia del agente policial no puede ser desistida luego de notificársele la resolución del jefe de Policía, que, a pedido del dimitente, lo autorizo a retirarse del servicio efectivo, pues hubo así principio de ejecución de la separación funcional.
Concurso preventivo, regulación de honorarios, base regulatoria, verificación tardía, crédito verificado, incidente de revisión
Materia: COMERCIAL
Carátula: Galuppo Hnos. S.A c/ Giuliani Hnos. S.A. - Concurso preventivo s/ Incidente de pago de gastos de conservación y justicia - Concurso preventivo (Expte Nro.  117-01, Resolución Nro.  224, Tomo 9, Folio  188/189)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-07

Con respecto a los incidentes de verificación tardía y de revisión previstos en la norma del art.287, LCQ, en los que la base de cálculo está dada por el monto del crédito insinuado y verificado; también la doctrina señala que se trata de incidentes con cuantía económica propia, donde el 100% de la escala del art.6 de la ley 6767 sobre la cuantía del incidente sólo sería procedente en caso de haberse completado las tres etapas del juicio sumarísimo respectivo, pues de lo contrario deben tenerse en cuenta solamente la etapa o etapas efectivamente cumplidas.
Estabilidad del empleado público, intervención federal, gobierno de facto
Materia: ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL
Carátula: Fraile, Roberto Carlos c/ Provincia del Chubut-Dirección de Aeronáutica Provincial. s/ Contencioso-Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-07-02

La "Ratio Legis" del art. 9 de la Constitución Provincial, y el resultado jurídico automático que provoca -los nombramientos que efectuén serán transitorios y en comisión-, se encuentra en la posibilidad de remover a quienes no fueron nombrados por las autoridades constitucionales provinciales. Y si ello es así frente a nombramientos de una autoridad federal, con mejor fundamento debe serlo frente a nombramientos de un Gobierno de Facto, carente de legitimidad constitucional.
REPÚBLICA ARGENTINA, desaparecidos, dictadura militar, beneficios para detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, igualdad ante la ley, Pacto de San José de Costa Rica, responsabilidad internacional del Estado Parte
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Almeida Vs. Argentina s/ Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-11-17

Cabe declarar la responsabilidad internacional del Estado Argentino por violación a los artículos 8.1, 24 y 25.1 de la Convención Americana -garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial-, en perjuicio de quien sufrió la negación de los beneficios derivados de la ley 24.043 en relación al tiempo que estuvo sometido a un régimen de libertad vigilada de facto, en idéntica situación fáctica con el régimen de libertad vigilada al que estuvo sometida su esposa, a quien sí le fue reconocido, pues representa un trato diferenciado no justificado, implicando asimismo falta de acceso a un recurso o proceso judicial efectivo, que le permita poner fin a la desigualdad padecida.

N. de la R.: Las medidas de reparación ordenadas en la presente sentencia se encuentran íntegramente cumplidas, decretándose el archivo del caso en los términos de la Resolución dictada por el Tribunal el 14 de marzo de 2024 www.saij.gob.ar/FA24572001.
Marcas de servicio, programa de televisión, usurpación, venta ilegal de obra intelectual, derechos de autor
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA Y GARCIA OVIDIO ANTONIO c/ TELEVISORA FEDERAL SOCIEDAD ANONIMA TELEFE s/ CESE DE USO DE MARCAS, DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

No existe duda respecto de la propiedad intelectual del actor con relación al programa de televisión "hola susana" ya que se halla registrado en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, por expediente n. 74.568, del 19.8.87, resultando además acreditada la existencia y titularidad de la marca "Hola Susana" como propiedad del accionante registrada en la dirección de tecnología, calidad y propiedad industrial en las clases 41, 5, 28, 3 y 38 del nomenclador internacional; la cual -ad abundatiam- fue poseída en forma notoria, pacífica, pública y sin oposición alguna desde el año 1987 hasta 1992 en que fue utilizada en forma ilegítima por (en ese entonces) canal once, situación que se desprende de la lectura de los contratos adjuntos a la demanda, de los que surge que tuvieron como objeto regular una serie de actos encaminados a la producción y explotación del programa de televisión identificado con la marca "hola susana". Por las mentadas circunstancias, dicho signo debe ser tutelado por la ley marcaria como consecuencia de su aptitud para identificar y distinguir prestaciones empresariales a fin de que tal éxito comercial redunde en beneficio de aquel empresario cuyas prestaciones representa dicha marca.
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Fiscales adjuntos, estabilidad del empleado público, remoción de funcionarios públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Solá, Roberto y otros c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Vigente la norma que establece la permanencia en sus funciones de los fiscales adjuntos "mientras dure su buena conducta" (art. 2°, párrafo tercero, de la ley 21.383), las "causas" de remoción no pueden ser sino el desarrollo específico de las modalidades que puede asumir la "mala conducta" que es el reverso lógico de aquélla (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Elecciones provinciales, autonomía provincial, sistema federal, Constitución Nacional
Materia: ELECTORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Partido Demócrata Cristiano s/ impugnación  de  candidatura  a gobernador de Eduardo César Angelóz -  Recurso de Revisión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-05

La organización de los procedimientos para la integración de las autoridades locales es atribución exclusiva de las provincias, hallándose expresamente excluida la participación del gobierno federal en la elección de sus gobernantes, en virtud de lo dispuesto categóricamente en el art. 105 de la Constitución Nacional.
Falta de personería, litisconsorcio pasivo
Materia: LABORAL
Carátula: Ladanyi Silvia Susana c/ Karasic Mario Ernesto y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-16

Resulta procedente la defensa de falta de personería opuesta por un codemandado frente a la resolución del juez de considerarlo parte de un litisconsorcio pasivo necesario. En el poder de administración general de bienes acompañado por el presentante no se advierte que como apoderado tuviera injerencia en el manejo interno de la empresa, también codemandada, por lo que desde esa óptica no puede ser considerado ni controlante (art. 54 L.S.), ni administrador ni representante (art. 59 L.S.) y, menos aún, director (arts. 157 y 274 L.S.). Por lo que al ser un simple apoderado no existe posibilidad de atribuírsele responsabilidad solidaria, y ante la ausencia de ésta, no puede haber litisconsorcio pasivo necesario.
Prueba testimonial, ofrecimiento de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Franco Raquel Beatriz c/ Alvarez Aloy Pedro y otros s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-03-18

Una de las claves, a fin de valorar testimonios, es hacerlo a partir de la razón que se invoca para conocer, la cual no debe consistir en alusión meramente genérica, sino que debe contener precisiones o detalles, de manera tal que permitan al Juzgador verificar la sinceridad del relato, o dicho en otros términos, la posibilidad o verosimilitud de que el deponente haya realmente accedido a los hechos sobre los cuales declara.
Tarjeta de crédito, hábeas data, información crediticia, banco de datos personales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Magoia, Elda Teresa c/ Tarjeta Provencred y/o Citibank NA - hábeas data. s/ Hábeas Data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Si el Congreso Nacional ha decidido -en base a una determinada política legislativa- amparar a los usuarios de tarjeta de crédito prohibiendo que esa información se difunda, no es posible invalidar tal disposición porque es mejor para el mercado que exista más y mejor información, o porque se disminuirían los costos comerciales, haciendo que esta información esté disponible directamente de las entidades emisoras de tarjetas y de los bancos y no a través de los registros informatizados del Banco Central, situación que era la vigente antes de la sanción de la ley 25.065 (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco). -Del voto emitido en el precedente "Organización Veraz SA", al que remitió el voto-
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, derivación no razonada del derecho vigente, pena, ejecución de la pena, resoluciones apelables, derecho al recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LEZCANO, NICOLAS FERNANDO c/  s/ EJECUCION DE PENA-APELACION MULTIPROPOSITO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

Corresponde declarar procedente la presente impugnación, desde que la fundamentación dada por el A quo para declarar mal concedida la apelación -interpuesta por la defensa del imputado contra la decisión de la Jueza de Ejecución de Rosario que ratificara la sanción disciplinaria impuesta al penado por la autoridad penitenciaria-, no puede ser convalidada en esta instancia, por no resultar derivación razonada del derecho vigente, toda vez que la interpretación efectuada por el Juez -quien sostuvo, en síntesis, que la ley de ejecución de la pena privativa de libertad (24660) y el Código Procesal Penal no prevén tal impugnación, agregando que la garantía del doble conforme, si bien resulta aplicable a los autos procesales importantes, no alcanza a las resoluciones administrativas como la aquí cuestionada en la que la ley limitó el control de judicialidad, al menos ordinario, a la intervención del Juez de Ejecución- no puede ser convalidada en esta instancia. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhiere el Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24660; Código Procesal Penal de Santa Fe.
Revocación de sentencia, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: P., G. D. c/  s/ legajo de apelación (Causa Nº 55.090/2023)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-12-05

Defensa del imputado.

Magistrado que declaró improcedente la propuesta de designación efectuada por el imputado respecto de dos letrados.

Vocal Lucero: Imputado que tiene la facultad de optar por ser defendido por un abogado de su confianza a pesar de no estar a derecho y de que se ha emitido una orden de captura en su contra. Derecho de defensa en juicio y debido proceso que deben garantizarse conforme el juego armónico prescripto en los artículos 72, 73, 104, 107 y 211 del Código Procesal Penal de la Nación.

Vocal Laiño: Ejercicio de la defensa que debe ser cierto y resulta esencial en el proceso. Imputado que tiene derecho a ser defendido por un abogado desde el primer momento en que es sindicado como tal.

Revocación. Tener por designados a los letrados propuestos como defensores particulares.
Ruidos molestos, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gasperoni, Eduardo. s/ Mandamus.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-08-08

El haberse desestimado en 1975 -por insuficiencia probatoria- una demanda judicial contra la entidad privada responsable de los ruidos molestos, no es óbice para que prospere el amparo -mandamus- contra la Municipalidad exigiendo la aplicación de las leyes 1550 y 916 en relación aún determinado local.
Acción, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dalvian S.A. c/ Instituto de la Vivienda s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-15

No puede acudirse a esta instancia contencioso administrativa cuestionándose una decisión desestimatoria de las autoridades que constituye una resolución que resulta reproducción de otra que no ha sido reclamada por el mismo demandante en tiempo oportuno. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jueces, facultades del juez, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: BARTOLOTTA, JOSE ANTONIO c/ SADAIC -ROSARIO- s/ NULIDAD DE DESPIDO -   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  402-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-11

Los juzgadores cuentan dentro de sus facultades, en pos de remediar deficiencias probatorias, con la posibilidad de acudir al procedimiento establecido en el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicable por remisión del artículo 128 del Código Procesal Laboral), el que dispone que, en caso de que la sentencia contenga condenación al pago de determinados rubros y no sea posible determinar su importe en cantidad líquida, o las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación, se proceda al nombramiento de árbitros o se establezca prudencialmente su monto, siempre que, en ambos casos estuviera probada la existencia de aquéllos.
Daño ambiental, transporte de carga peligrosa, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: MEDIO AMBIENTE-CONSTITUCIONAL
Carátula: Giménez, Alicia Fany y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daño ambiental
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-17

El mero hecho de que las semillas o "eventos" se depositen en sus lugares de destino o se derramen al transportarlas por los territorios de distintas provincias, no es un dato suficiente para tener por acreditada la interjurisdiccionalidad invocada en los términos del art. 7° de la Ley General del Ambiente, desde que los actores no indican cuál sería el recurso natural de carácter interjurisdiccional que se encontraría afectado y tampoco delimitan los suelos que estarían presuntamente contaminados sino que solo hacen una referencia genérica a que el problema consistente en la producción, comercialización, liberación y diseminación irrestricta al ambiente y a gran escala de organismos genéticamente modificados u organismos transgénicos, afectaría a las tres provincias a las que demandan.
Homologación del acuerdo, poder especial, transacción
Materia: CIVIL
Carátula: ULLOA, Norma y otra #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: CC c/ s/ SIMULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-19

De la redacción del artículo 48 del CPCC surge que la limitación para invocar personería de urgencia sólo una vez durante el curso de proceso, no significa que la personería así concedida quede limitada a un único acto.

En efecto, es dable interpretar que la circunstancia excepcional invocada subsiste desde el momento en que se interpone el recurso, hasta que vence el plazo para fundarlo, siempre que ello ocurra dentro del término que otorga el Código de rito para ratificar la actuación del gestor.

En este sentido, la norma utiliza el término "todo lo actuado" y por ello es dable concluir que durante el plazo de treinta días, el gestor puede efectuar todos los actos procesales urgentes, a fin de evitar que su representado no pierda ningún derecho.

Conforme lo disponía el artículo 839 del Código Civil, aplicable al caso, no se puede transigir a nombre de otra persona sino con mandato especial. Es representante aquel que obra en interés ajeno y sustituye al titular del derecho haciendo sus veces.

El art. 367 del Código Civil y Comercial de la Nación, ahora vigente, contiene una disposición que protege la apariencia y el tráfico jurídicos.

Reza la norma citada que cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejándola creer razonablemente que negocia con su representante, sin que haya representación expresa, se entiende que le ha otorgado tácitamente poder suficiente.

El Código Civil y Comercial de la Nación regula a la transacción en el título IV referido a los contratos en particular y en consecuencia, resultan también aplicable a la transacción, las disposiciones generales referidas a aquellos.

Dispone el art. 1642 del CCCN que la misma produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. En consecuencia no es necesario el dictado de tal resolución para otorgarle el efecto preclusivo y la norma prescribe expresamente su interpretación restrictiva, criterio conforme al cual hay que estar a los términos empleados por las partes para manifestar la voluntad, sin que sea dable presumir renuncias, desistimientos o pérdidas de derechos. (Lorenzetti, Ricardo Luis, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, T. VIII, pág. 87).
Divorcio, divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, separación de hecho, atribución de culpa en el divorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: C. W. R. c/ L. DE C.L. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-23

El art. 235 del Código Civil, introducido por la ley 23.515, hace mención a los juicios contenciosos de separación personal o divorcio vincular, por contraposición a los de demanda conjunta previstos en el art. 215 del mismo cuerpo legal. Ello resulta suficiente para dar por tierra la pretensión del accionante en punto a que éste tipo de proceso, fundado en la causal del inc. 2 del art. 214, tramite como una simple información sumaria.

Tal procedimiento no se encuentra expresamente previsto por la mencionada ley no surgiendo ni siquiera implícitamente que deba dejarse de lado el trámite de proceso ordinario que contempla el art. 319 del Código Procesal.

Del art. 204 del Código Civil, aplicable en virtud de lo dispuesto por el art. 214, surge que la contraria podría alegar a su vez no haber dado causa a la separación.
Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-02


000287/2009 Trelew, de junio de 2009.- Y VISTOS: el conflicto negativo de competencia suscitado en estos autos entre la Sra. Jueza del Juzgado de Familia Nº 2 de la ciudad de Trelew y el Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de esta Ciudad; -CONSIDERANDO: I.- El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de esta Ciudad, se declaró incompetente con base en que la cuestión que se ventila en estos actuados encuadra en lo previsto por el art. 87, inc. "ñ" de la ley 4347 en tanto allí se dispone que los Juzgados de Familia deberán entender en todas las cuestiones relativas a inscripciones de nacimiento, nombre, estado civil y sus registraciones. A su turno, la Sra. Jueza del Juzgado de Familia Nº 2 de la ciudad de Trelew se opuso a dicha resolución con base en que la problemática familiar requiere que el fuero se rija por los criterios de exclusividad y en que la norma invocada por el otro Magistrado para desprenderse de la competencia no contempla a procesos como el presente. II.- La actora pretende mediante la interposición de la presente demanda la declaración de que su estado civil es de soltera y que se haga saber lo resuelto al Registro de la Propiedad Automotor. - La pretensión que conlleva la demanda, consiste justamente en que se registre de determinada manera el estado civil de la actora, razón por la cual habrá de continuar entendiendo en la presente causa el Juzgado de Familia Nº 2 de ésta ciudad (art. 87, inc. "ñ" de la ley 4347).

Por otro lado, en el estado actual de la doctrina cuando se refiere al estado civil lo limita al concepto de estado de familia, es decir al emplazamiento de la persona en la familia, a la posición que se tiene en ella; y de la cual surgirán relaciones jurídicas familiares cuyo contenido serán derechos y deberes (confr.: Rivera, "Instituciones de Derecho Civil", ed. Abeledo Perrot - 2ª ed. actualizada, T I, pág. 574 § 572), lo que hace concluir que la cuestión planteada es materia de familia.

No es óbice a ello que en la ley 4347 no se encuentre contemplado el proceso de la "acción meramente declarativa", en virtud de la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial (art. 205 ley 4347), que sí contempla en su art. 322 a dicho proceso. Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew; RESUELVE: - Disponer que debe continuar entendiendo en los presentes autos el Juzgado de Familia Nº 2 de esta Ciudad. -- -La presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Carlos A. Velázquez (art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550).- Regístrese, hágase saber al Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de la Ciudad de Trelew mediante oficio y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL N° _______ DE 2009. SIC. CONSTE.

PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIA DE CAMARA.
Recurso de casación, habeas corpus, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: Aris, Cristian Oscar s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-06

Resulta inadmisible el recurso de casación interpuesto contra el fallo dictado por la Cámara de Apelación departamental, respecto de la petición de hábeas corpus formulada en el marco de un proceso regido por la ley 3589.