marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, acción meramente declarativa, trámites judiciales, acumulación de procesos, Corte Suprema de Justicia de la Nación, morosidad del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Neuquén,  Provincia  del c/ Estado Nacional (MEI -Secretaría deTransporte- CNRT) s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

Habiéndose seguido la vía del amparo en todos los expedientes que se ordenan acumular, cabe sustanciar la acción declarativa iniciada ante la Corte Suprema por el mismo trámite, a fin de no producir una demora perjudicial e injustificada en el trámite de los que se encuentran más avanzados (arg. art. 188 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, incs. 3° y 4°).
Procesamiento, nulidad procesal, administración fraudulenta, fraude a la Administración Pública, ministros, concesión de corredores viales, autopistas, peaje, modificación del contrato, declaración indagatoria, derecho a conocer las pruebas en contra, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dujovne, Nicolás c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-10

Corresponde declarar la nulidad del procesamiento dispuesto respecto del ex Ministro de Economía de la Nación, en orden a la presunta comisión del delito de defraudación por administración infiel en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa por la cual se investigan presuntas maniobras irregulares llevadas a cabo por funcionarios públicos y representantes de grupos empresariales que intervinieron en el procedimiento de Renegociación Integral del Contrato de Concesión del Acceso Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puesto que, pese a lo requerido por la defensa en las diversas ocasiones en que fue citado a declarar, el imputado no tuvo la posibilidad de confrontar el contenido de cualquiera de las pruebas en su contra, en los términos del art. 298, CPPN. En consecuencia, el procesamiento apoyado en pruebas que previamente no se tuvo posibilidad de controlar o confrontar para alegar sobre ellas es nulo, dado que se genera un perjuicio directo sobre el derecho de defensa.
Marcas, marca de hecho, oposición al registro de marca, marcas confundibles, falta de prueba, marcas designativas, cotejo de marcas, información al consumidor, Ley de Marcas
Materia: COMERCIAL
Carátula: CROTTO, FRANCISCO JOSE c/ THE POLO LAUREN COMPANY s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-24

Los dibujos de los jugadores de polo en el signo de hecho y en la solicitud marcaria protestada presentan rasgos incoincidentes y mientras en la marca de la demandada el vocablo preponderante es POLO, cuya significación es fácilmente asequible a quienes practican ese deporte o a los que son aficionados a presenciar los juegos, en el signo del actor ese vocablo hallase reemplazado por LA POLERA, que es palabra de fantasía o la designación usual de la yegua de polo. Si se considera que las ilustraciones de cada signo presentan diferencias de concepción; que su elemento designativo principal es distinto; y que además, la marca de hecho de la demandada identifica el origen del productor del artículo (RALPH LAUREN), ciertamente inconfundible con el fabricante nacional que desde hace algunos años tiene participación en el mercado (bajo la marca LA POLERA), la concurrencia de las marcas en cuestión no habrá de significar mengua alguna para los fines esenciales de la ley de marcas; máxime recordando que, pese a la coexistencia apuntada, no se ha demostrado un solo caso de confusión y que los artículos vinculados con el polo están dirigidos a un público reducido y de condición social más bien alta que, en principio, se supone capacitado para distinguir un producto de otro en la medida en que son identificados por marcas dotadas de suficiente personalidad propia.
Defraudación, administración fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: García Maglione, L. A. - García Maglione, C. - Gesusmaría, J. C. s/ Administración fraudulenta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-15

Comete el delito de administración fraudulenta quien desviando los fondos correspondientes a la sociedad los deposita en su caja de ahorros personal, sin que consten en las anotaciones contables los intereses ganados en dichos depósitos, no habiendo efectuado rendición de cuentas alguna (art. 173 inc.7° C.P.).
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, fundamentación de sentencias, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Contreras, Claudio N. F. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-02

Si el a quo afirmó que no había evidencias de que los imputados tuvieran el estupefaciente con otra finalidad distinta a la de su "autosatisfacción", y por otra parte señaló que las pruebas no daban aserto de que el fin de la tenencia sea, "inequívocamente", "para consumo personal", ello invalida lo resuelto pues la falta de certeza de la finalidad de la tenencia no puede perjudicar al imputado reprochándosele el tipo más gravoso -tenencia simple- en detrimento de la tenencia para consumo personal, con vulneración del principio favor rei. (Dres. Yacobucci, Mitchell, García).
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: BEJARANO, ROQUE M. c/ BUDIMIR, ROSA s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-06-01

La motivación, amén de ser un requisito formal que en la sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual de contenido crítico, valorativo y lógico. A través de la motivación, el tribunal muestra a los interesados y a la colectividad en general que ha aplicado las normas legales de acuerdo con un justo criterio de adecuación.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, pago de tributos, empresa de servicios públicos, prestación del servicio público, medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aguas Argentinas S.A. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Medida Cautelar As. s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-30

En el caso, la medida cautelar solicitada en autos no tiende a impedir que por circunstancias sobrevinientes al inicio del juicio, y que acaezcan durante su tramitación, se imposibilite o dificulte la ejecución forzada o se tornen inoperantes los efectos de la resolución definitiva; sino que más bien, el reclamo se asienta sobre los hipotéticos daños que acarrearía una imposición tachada de ilegítima y considerada excesivamente onerosa.

En tal contexto, el perjuicio en la demora fue fundado por la actora Aguas Argentinas S.A. en el detrimento patrimonial que le significa el cumplimiento de las normas tributarias, a la vez que sugiere la inminencia de un peligro consistente en la incidencia negativa que el pago de una tasa desproporcionada podría llevar aparejada en el servicio que presta o en el interés de los usuarios.

No se evidencian perjuicios graves por el cumplimiento de la obligación tributaria que aquéllas imponen, toda vez que más allá de las afirmaciones en tal sentido y de la onerosidad objetiva de la tasa, la actora no ha alegado dificultad para el pago del gravamen de acuerdo a su concreta situación patrimonial.

Por su parte, en relación al peligro para la normal prestación del servicio, es insoslayable señalar que incurre allí en un terreno de especulaciones inatendibles, pues no cabe suponer que la imposición que discute es idónea para afectar el cumplimiento de las obligaciones de la concesión y la regularidad y estabilidad que suponen la esencialidad del servicio público. A este respecto, no resulta admisible alegar la carga tributaria como un obstáculo para el cumplimiento de dichas obligaciones contractuales, cuya fiscalización y control es resorte de las autoridades interjurisdiccionales y nacionales competentes en la materia.
Conflicto de intereses, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Cirmi Obon, Eduardo Horacio c/ Ramaglia, Sandra Viviana y otros s/ Ejecución de convenio s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-02

A fin de dilucidar los conflictos de competencia, es menester considerar principalmente la relación de hechos contenida en el escrito de inicio y seguidamente, en tanto se adecúe a ese relato, el derecho invocado en sustento de la petición. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Concursos, privilegios (civil), acreedores del concurso, honorarios del abogado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INSTITUTO  DE  ENSEÑANZA  PRIVADA  PEDRO  GOYENA SA s/ QUIEBRA S/INC. DE APELACION CPR 250 (DRA. MINNITI).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-04

Resulta improcedente que se le reconozcan honorarios a la ex letrada del fallido en los términos del LCQ: 240, toda vez que el crédito de la apelante nació como consecuencia de la defensa del fallido que ella efectuó en el marco de una ejecución hipotecaria habida antes de la quiebra. Esto descarta que pueda considerarse que ella haya actuado en beneficio de todos los acreedores, desde que, su parte defendió el interés específico del deudor, sin reportar a la falencia beneficio alguno, desde que éste fue vencido en tal juicio. En tales condiciones, y dado que el concepto de "gastos de justicia" -del que se nutre el referido art. 240- genera un privilegio siempre relativo, es decir, sólo susceptible de desplazar a otros en la medida del beneficio que les ha causado (artículo 3900 del Código Civil), forzoso es concluir que tal posibilidad debe desecharse en la especie, en tanto la labor de la letrada no generó ningún beneficio de ninguna especie a los acreedores a quienes pretende postergar.

Igual suerte adversa ha de correr su pretensión de obtener graduación privilegiada en los términos del artículo 241 inciso 4º de la LCQ. Y esto, por algo obvio: la acreencia deriva de los honorarios que fueron reconocidos a la apelante por sus trabajos en calidad de letrada del deudor en un juicio en el que éste fue condenado en costas.
Medidas cautelares, impugnación de decisión asamblearia, verosimilitud del derecho invocado, integración de la litis, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Incidente N° 1 - Actor: Grossman, Jacobo Isaac c/ Caamaño Iglesias Paiz, Cristina (Asambleas Extraordinarias) y Otro s/ inc de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-21

La sala rechazó la medida cautelar requerida por el actor con el fin de que se suspendieran los efectos de todas las decisiones de la asamblea extraordinaria de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, celebrada el 5/3/24. A tales fines, señaló que se advertía la ausencia del grado de verosimilitud exigido para la procedencia de una tutela como la pretendida, en la medida en que la complejidad fáctica y jurídica del conflicto suscitado excede el estrecho marco de conocimiento precautorio planteado y obsta a su tratamiento liminar. En particular, resaltó la necesidad de integrar debidamente la litis, a efectos de garantizar el derecho de defensa de todos los potencialmente interesados.
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: MOLINARI JORGE OMAR c/ DIAZ RAMON ANIBAL Y/U OTROS S/REIVINDICACION s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-06-09

La perención de instancia debe responder a las particularidades de cada caso y, por ser un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio.
Tercería de dominio, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Soage Rodolfo Ariel c/ Rougier Elba Dora s/ Ejecución de honorarios-Rougier, Ceferino A. en autos: Tercería de  Dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-06-08

Debe rechazarse la demanda si el tercerista no aportó prueba suficiente de su pretensión toda vez que, en los juicios de tercería de dominio, la carga de la prueba pesa sobre el tercerista que pretende el reconocimiento del derecho de propiedad sobre la cosa embargada.
Obras sociales, competencia laboral, empleados públicos
Materia: LABORAL
Carátula: ASOCIACION TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA FILIAL SALTA A.T.S.A. c/ PROVINCIA DE SALTA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-03-15

El reclamo de aportes y retenciones sobre los sueldos de los empleados públicos o que afecten financieramente a la provincia no transforma la cuestión en contenciosa administrativa, pues no surge de un acto administrativo y existe una norma expresa que determina el conocimiento y decisión de la justicia provincial del trabajo en juicios por cobro de aportes que las leyes y convenios colectivos establezcan en favor de las asociaciones profesionales y entes de obras sociales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-06


Se transcriben parcialmente los fundamentos de la sentencia anotada. "...en relación al modo de contar los intervalos del derecho, los dos años de plazo que establece el artículo 62, inciso 2 del Código Penal, para delitos de esta índole, debe computarse, conforme el artículo 63 desde la medianoche del día en que se cometió el delito. A ello debe agregarse que de acuerdo con lo prescripto por el artículo 161 del Código Procesal Penal, los términos se contarán en la forma establecida en el Código Civil." "En el mismo sentido, el art. 29 de éste último ordenamiento legal señala que lo consignado en los artículos anteriores -del Título Preliminar II - será aplicable a todos los plazos señalados por la leyes, por los jueces o por las partes en los actos jurídicos, siempre que en las leyes o en esos actos no se disponga de otro modo. Así, los plazos de días se contarán desde la media noche en que termina el día de su fecha (artículo 24); los plazos de años terminaran el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha, cualquiera que sea el número de días que tengan los meses o el año (art. 25); todos los plazos serán continuos y completos, debiendo siempre terminar en la media noche del último día; y así, los actos que deban ejecutarse en o dentro de cierto plazo, valen si se ejecutan antes de la media noche, en que termina el último día de plazo (artículo 27)." "Tal como lo señala Calvete, "aplicando dichas normas al cómputo de un término en concreto, puede verse que no corresponde contar el día en que se cometió el hecho -o que cesó su consumación- (dies a quo), pero si el último del plazo (dies ad quem), vale decir que si un sujeto cometió el día 30 de abril de 1984 un delito al cual el Código Penal le asigna una pena máxima de tres años de prisión, la prescripción de la acción penal operaría el 30 de abril de 1987, siempre y cuando no hubiera dado alguna causal de suspensión o de interrupción de dicho término" (Adolfo Calvete, "Prescripción de la Acción Penal" - Tomo I, DIN Editora, 1989, pag 83)." "Siendo ello así, tomando como referencia acerca de la fecha de comisión del presunto ilícito el 7 de febrero de 1995, los dos años necesarios para que la acción prescribiera, comenzaron a correr a las 24 hs. del día mencionado, cumpliéndose dicho plazo a las 24 horas del 7 de febrero de 1997". "En consecuencia, habiéndose presentado el escrito de interposición de la querella que dieran origen a estos actuados el día 7 de febrero de 1997 en la Secretaría General de esta Cámara dentro del horario de atención al público...dicha presentación interrumpió el plazo de prescripción previsto por el delito investigado en autos......"
Amparo por mora, sentencia firme, bonos de consolidación de deudas previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Salazar, Osvaldo Delfor c/ A.N.S.E.S. s/ Amparo por mora de la Administración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-29

Resulta equivocado interponer un amparo por mora de la administración, cuando la pretensión del titular es el cumplimiento de una sentencia firme por la que reclama al organismo que proceda a acreditar los bonos previsionales adeudados. Ello así, por tratarse de una cuestión de hecho y prueba, donde la demandada sostiene haber depositado los bonos reclamados, en tanto que el actor sostiene que aún no fue cumplido en su totalidad. La dilucidación del punto excede los límites asignados a una tramitación como la que se pretende, razón por la cual el accionante debió iniciar, en caso de considerar que la demandada no había cumplido con la sentencia, una acción ejecutoria de la misma.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: González, Rubén O. s/ Violaciones reiteradas, robos calificados reiterados, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Es inaudible en la instancia extraordinaria el agravio de la defensa por la calificación legal del hecho como abuso de armas si la defensa había consentido la sentencia de primera instancia en la que tal hecho fue calificado -más severamente- como lesiones graves.
Responsabilidad internacional del Estado, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, estado parte, Pacto de San José de Costa Rica, pueblos originarios, situación de vulnerabilidad, violación de derechos humanos, discriminación, derecho de propiedad ancestral, identidad cultural
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek c/ Paraguay s/ sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-24

El Estado República del Paraguay o no ha adoptado medidas suficientes que permitan garantizar sin discriminación los derechos de los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek, conforme lo exigen los artículos 21.1, 8.1, 25.1, 4.1, 3 y 19 de la Convención Americana, en el caso en que sus miembros lo demandan por violación a su derecho de propiedad ancestral, por cuanto ha quedado establecido que la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentran es consecuencia de la falta de recursos adecuados y efectivos que proteja sus derechos y de la preeminencia de una visión de la propiedad que otorga mayor protección a los propietarios privados que a los reclamos territoriales de los indígenas, ejerciendo una discriminación de facto en violación a su identidad cultural.
Seguros, Superintendencia de Seguros de la Nación, medidas cautelares, responsabilidad del asegurador, balance
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA NACION  CIA.  ARGENTINA DE SEGUROS s/ SITUACION  FINANCIERA  -  SUPERINTENDENCIA  DE  SEGUROS DE LA NACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-18

Procede mantener la medida precautoria (ley 20091: 31) dispuesta por la superintendencia de seguros en cuanto dispone mantener la indisponibilidad de las cuentas de la aseguradora así como la orden de que se abstenga de celebrar nuevos contratos de seguros, cuando como en el caso-, a más de presentar la compañía tardÍamente su balance impidiendo conocer su situación frente a las normas de capitales mínimos, se verifican denuncias de los asegurados sobre irregularidades en el desenvolvimiento de la empresa en cuanto a la atención de siniestros, percepción de primas, etc.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Peralta, Luis Arcenio y otro c/ Estado Nacional (Mrio. de Economía - BCRA.) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

El amparo no puede funcionar como un medio idóneo para el control judicial de medidas atinentes al poder de policía y, menos aun cuando las normas de carácter general que se discuten en su consecuencia responden al claro propósito de conjurar una grave situación de emergencia.
Recurso de casación, Pacto de San José de Costa Rica, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Zambianchi,  Jorge  y  otros s/ robo en poblado y en banda en concurso real con tentativa de robo  -causa n. 340-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

El recurso de casación satisface los requerimientos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto no se regule, interprete o aplique con rigor formalista sino que permita con relativa sencillez al tribunal de casación examinar la validez de la sentencia recurrida en general, así como al respeto debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y el debido proceso (Disidencia del Dr.

Enrique Santiago Petracchi y del Dr. Gustavo A. Bossert).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concurso preventivo, quiebra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Raies, Jorge Mario y Raies, María Cristina s/ Concurso preventivo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11

El pronunciamiento de la Cámara que mantiene la decisión de primera instancia que en un concurso preventivo resuelve que el mandatario no puede imputar a honorarios parte del pago recibido pues el mismo debe considerarse efectuado a favor del crédito de su mandante, no reviste carácter de definitivo en los términos del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial. (Minoría u opinión personal)
Código de minería, Poder Legislativo Nacional, facultades del Poder Legislativo, hidrocarburos, gobierno nacional, facultades del gobierno nacional
Materia: MINERO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

Si bien la regla del art. 7° del Código de Minería dispone legítimamente la distribución de jurisdicciones entre la Nación y las provincias, no existen reparos para que por medio de normas de igual rango legal - como las de la ley 17.319 - dictadas en ejercicio de la misma potestad legislativa del inc. 11 del art. 67 de la Constitución Nacional, se atribuya el dominio de los vencimientos de hidrocarburos al gobierno nacional y se lo autorice por sí y por sus empresas a convocar licitaciones y celebrar contratos para la exploración o explotación de tales combustibles.
Defensa del consumidor, acción judicial, aplicación de la ley, etapas del proceso, actuación de oficio, improcedencia del recurso, juicio sumarísimo
Materia: COMERCIAL
Carátula: BIANCHI, MARIA JOSE C/DESPEGAR.COM.AR SA S/ORDINARIO c/ s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-29

Corresponde revocar la resolución de grado en cuanto imprimió de oficio el trámite de juicio ordinario a una causa iniciada en reclamo de derechos de consumidor. Ello así, pues del análisis de la LDC 53 y 65, a este tipo de acciones le corresponde, por regla, el trámite de juicio "sumarísimo" previsto en el CPR 321-3°, salvo que, a pedido de parte y por resolución fundada, se establezca un trámite más amplio cuando la complejidad del caso así lo amerite. Y como en el sub lite no existió tal "petición de parte", ese motivo resulta suficiente para receptar los agravios de la accionante; pues el magistrado no puede "ordinarizar" el proceso por iniciativa propia (Chamatroupulos, Demetrio A., en la obra "Derecho Comercial, Defensa del Consumidor, legislación usual comentada", dirigida por Chomer, Héctor O. y Sícoli, Jorge S., T. IV, pág. 811, Buenos Aires, 2015; conf. CNCom, Sala D in re "Acyma Asociación Civil c/ San Telmo 2000 SA s/ ordinario", del 08/04/14, entre otros). Consecuentemente, corresponderá otorgar a las presentes actuaciones trámite "sumarísimo"; sin perjuicio de lo que quepa decidir ante la eventualidad de que una vez trabada la litis, exista expresa petición de parte a ese respecto.