Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-10-30


RAWSON, 30 de Octubre de 2009.- VISTOS:

Estos autos caratulados: "M., M. C. y Otros c/ Chubut, Provincia de y Otro (Río Negro) s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 21.765-M -2009)".- DE LOS QUE RESULTA:-- Que a fs. 6/20 el Apoderado de la Sra. M. C. M., en su nombre y en representación de sus siete hijos menores: G. A., E. D., P. L., A. A., V. L., A. P. y G. G., todos de apellido V., y el hijo mayor R. A. V. -por su propio derecho- quienes denuncian domicilio real en la ciudad de El Bolsón -Provincia de Río Negro- manifiestan que promueven demanda contra el "ESTADO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT -PODER EJECUTIVO PROVINCIAL- MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA - SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO Y JUSTICIA - POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT... el Poder Judicial y ... el Poder Legislativo; contra el ESTADO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO- Poder Judicial" y conjuntamente contra las siguientes personas: el Suboficial Mayor J. I. T., con domicilio en El Hoyo (Pcia. de Chubut), el Comisario F. G. L., con domicilio en la comisaría de Rawson (Pcia. de Chubut), el Comisario J. E. C., con domicilio en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia (Pcia. de Chubut), el Dr. J. O. C., el Dr. M. E. Z., el Dr. E. R. F., el Dr. O. A. H. -éstos con domicilio en Esquel (Pcia. del Chubut)- y contra el Dr. L. S. S. con domicilio en San Carlos de Bariloche (Pcia. de Río Negro), requiriendo se condene a todos los codemandados, en forma solidaria, a abonarles en concepto de daños y perjuicios, daño moral y asistencia futura la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 3.332.880).- Piden también se condene a la "...Provincia del Chubut - Poder Judicial a establecer la verdad de las circunstancias en que perdió la vida en la Comisaría de El Hoyo quien en vida fuera Don G. V. ...-concubino y padre de los accionantes, respectivamente-...y castigar a los responsables", asimismo requieren "en concepto de indemnización complementaria" -según exponen- se la condene a erigir en el acceso al predio de la Comisaría de El Hoyo un cenotafio de la memoria y la dignidad del paisano, con referencia a los hechos de la presente causa y con transcripción del texto completo de la Declaración Universal contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, imponiéndole a las autoridades -completan- la obligación de abstenerse de concurrir a presenciar o atribuirse la inauguración del mismo. Finalmente, solicitan se condene al "ESTADO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT -PODER LEGISLATIVO" a cumplir con lo dispuesto en el Art. 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y adoptar medidas legislativas con relación a los recaudos que el Estado debe cumplir para investigar debidamente las muertes ocurridas bajo su custodia, adoptando medidas especiales de protección y custodia para quienes denuncien a los poderes del Estado o sus dependientes.

Afirman que la causa es de competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia en virtud de lo establecido en el art. 116° de la Constitución Nacional y art. 24° inc. 1) del Decreto Ley N° 1285/58, ya que se trata de vecinos de una Provincia que demanda en litis de carácter civil a otra Provincia.

En el Apartado IV- HECHOS, narran los antecedentes familiares de los accionantes, destacando que la Sra. M. y el fallecido convivieron durante veinte años y tuvieron ocho hijos. Cuentan que en febrero de 2002 dos (2) de los hijos de ambos fueron "apaleados por agentes de la Policía del Chubut", realizando M. M. la denuncia respectiva por ante el Juez de Paz de Epuyén, dando origen a una causa penal por ante el Juzgado de Instrucción de la ciudad de Esquel en la que resultaron imputados dos policías, y relatan el trámite de ese procedimiento, destacando que G. V. acompañaba a sus hijos menores en esas diligencias.-- Cuentan que el 4 de septiembre de 2003 V. es detenido por personal policial de la Comisaría de El Hoyo, imputado del robo de un porcino, es privado de su libertad y no se le concedió -acusan- el derecho a comunicarse con su familia o un abogado, siendo alojado en ésa sin realizarle examen médico alguno. Al día siguiente -relatan- a las 7:00 horas es hallado muerto en la celda de esa dependencia.

Se explayan a continuación describiendo cómo sucedió la detención y cómo tomó noticias la Sra. M. de lo sucedido (fs. 7 vta/8 vta), quien el 8 de septiembre radicó una denuncia por ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel. Recuerdan que los recibió el ahora codemandado Dr. Z. que intentó -según exponen- disuadirla de formular presentación alguna, pues -alegan- el funcionario manifestó encontrarse convencido de que se trataba de un suicidio. Destacan que luego tomó la denuncia y sugirió que la autopsia se realizara en San Carlos de Bariloche por la idoneidad de los profesionales de esa ciudad. A continuación mencionan que desde un principio se pretendió simular que V. se había suicidado en su celda y -acusan- "...la corporación policial se ocupó de que así lo reflejara la prensa..." (fs. 9) detallando los argumentos con los que contradicen esa aseveración (fs. 9 a 11).

Narran luego las circunstancias en las que se activó el procedimiento de enjuiciamiento al entonces Juez Dr. COLABELLI, justificando que "...a los actos de discriminación racial enrostrados... se agregaron en la testimonial prestada ...los actos de discriminación contra la familia y ... gravísimas irregularidades en el manejo de la investigación" . En el Apartado IV.8. (fs. 11/12 y vta) describen las irregularidades y negligencias en que creen habrían incurrido los Sres. Fiscales Dres. FALCO y ZACCHINO las que califican como "groseras fallas investigativas" que estiman se habrían producido previo al exámen, en la escena del crimen y en la prosecución de la investigación.- Luego en el acápite IV. 9 reseñan las omisiones que le endilgan al Dr. HEREDIA y a continuación (fs. 13) lo que consideran conducta negligente del Dr. S. en la realización de la autopsia de G. V..

Sintetizan a fs. 14 que "...V. fue asesinado bajo custodia del Estado de la Provincia de Chubut motivo de una represalia por defender los derechos de sus hijos... sus familiares fueron objeto de discriminación, excluidos de un proceso donde no hubo ni juez, ni fiscal, ni médico... es por ello que venimos a solicitar la reparación civil del caso...".-- En el capítulo V-LIQUIDACIÓN detallan los rubros "valor vida reclamado por la viuda e hijos", "daño inmaterial en perjuicio de la víctima, la viuda y los hijos por torturas, condiciones de detención y muerte", "daño inmaterial en perjuicio de familiares de la víctima por discriminación en razón de su etnia mapuche y su condición social" y "tratamiento futuros", éstos son cuantificados y la sumatoria arroja el importe por el que demandan.-- Ofrecen pruebas y fundan el derecho que los asiste. Genéricamente en el derecho a la honra y dignidad de la familia V. consagrados en los Tratados Internacionales con rango constitucional, en el art. 75° inc. 22) de la Constitución nacional y en los arts. 1109°, 1112° y concordantes del Código Civil, art. 1° de la Ley N° 23.592, art. 12° "in fine" del Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y doctrina y jurisprudencia que consideran aplicables al caso.

Mencionan que es indubitable la responsabilidad de la Provincia del Chubut porque -explican- la muerte se produjo "...al menos por la negligencia en el deber de custodiar la vida e integridad física del detenido" (fs. 16) y añaden "...no solo en la faz de custodia es responsable...sino en cuanto a la responsabilidad que le cabe en el esclarecimiento de hechos presuntamente criminosos a los fines de la prevención general..." responsabilidad que se ve agravada -consideran- por el trato discriminatorio dispensado a sus familiares (fs. 16 vta). Asimismo, opinan que la responsabilidad del Poder Judicial deriva de la "inexcusable negligencia" del Juez de la causa y del Ministerio Público Fiscal, en tanto -subrayan- no adoptaron "...las medidas mínimas y necesarias para esclarecer la verdad de los hechos y cumplir con el servicio de investigación".

Por último, se agravian contra el Poder Legislativo, en cuanto omitió cumplir con lo dispuesto en el Art. 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que obliga a los Estados a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención.- Seguidamente desde el Apartado VII. E hasta el I inclusive -fs. 17 vta./19- fundan en qué conductas de cada uno de los demás codemandados de la causa fincan la responsabilidad de éstos.- Que la acción fue presentada el 5 de septiembre de 2005 -como se dijo- ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cargo de fs. 20).

El 5 de octubre del mismo año, la Procuración General de la Nación (fs. 22 y vta.) estimó que habiendo sido codemandadas dos provincias argentinas el proceso corresponde a la competencia originaria de la Corte, de conformidad a lo prescripto en los arts. 116° y 117° de la C. N.-- A fs. 74 y vta. el Cimero Tribunal tiene por promovida la demanda, la que dispone se sustancie por vía del proceso ordinario, ordenando correr traslado a las provincias del Chubut y Río Negro por el plazo de sesenta días y por el de quince días a los demás codemandados, agregándose a fs. 84/90 las cédulas respectivas dirigidas a estas personas .

En consecuencia, se presentan a contestar la demanda el Dr. J. O. C. -a fs. 95/112-, el Dr. Z. a fs. 117/294 y vta. anexando copia simple de documentación, el Dr. E. R. F. responde a fs. 296/301 mientras que el otro co-demandado Dr. L. S. lo hace a tenor del escrito de fs. 356/367.-- A fs. 369, el 8 de Junio de 2007 son giradas nuevamente las actuaciones al Procurador General de la Nación, el que se expide a fs. 379 y vta.. Luego de invocar las causas "B...." y "A...." del 21 de marzo de 2006 y 5 de junio de 2007, respectivamente; opina que "...lo allí resuelto modifica lo expuesto por este Ministerio Público en el dictamen de fs. 22. En efecto la acumulación subjetiva de pretensiones que intenta efectuar la actora contra las Provincias de Chubut y Río Negro (entre otros) resulta ahora inadmisible...toda vez que ninguna de ellas es aforada en forma autónoma a esta instancia, ni existen motivos suficientes para concluir que dicho litisconsorcio pasivo sea necesario, pudiendo ser demandas ante sus respectivos tribunales locales. Por otra parte, la materia del pleito es de derecho público provincial...lo que determina que sean los jueces locales los que deben entender en esos procesos....este proceso resulta ajeno a la instancia originaria de la Corte".- A fs. 380 y vta. la Corte Suprema de Justicia de la Nación, compartiendo el dictamen anterior, se declaró incompetente. Expuso que sobre la base de la inadmisibilidad de la acumulación subjetiva de pretensiones propuestas contra Estados que únicamente están sometidos a sus propias jurisdicciones, la demandante deberá efectuar las peticiones conducentes a fin de permitir la continuidad de la tramitación de la causa ante las sedes que considere competentes, agregando copia de los precedentes citados en el dictamen.

En su contra, dedujo la parte actora a fs. 402/422 recurso de reposición y nulidad, el que fue rechazado a fs. 444/445 y vta.-- A fs. 461 se recepcionan las actuaciones en esta Sede y se remiten al Sr. Procurador General para que emita su dictamen, el que corre agregado a fs. 462 y vta. Refiere a los antecedentes de la causa, a los dichos que surgen de la demanda y citando precedentes de esta Sala, opina que "...el caso se encuentra regido por el derecho público provincial toda vez que se acusa la existencia de una falta de servicio en cabeza de órganos provinciales en cumplimiento de funciones propias..." entiende que la materia es contencioso administrativa y como tal de competencia originaria y exclusiva de este Superior Tribunal de Justicia.

CONSIDERANDO:

Que en razón de la acumulación subjetiva de pretensiones involucrada en esta acción, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo obrante a fs. 380 y vta. y con remisión a otros precedentes, dispuso ".la demandante deberá efectuar las peticiones conducentes a fin de permitir la continuidad de la tramitación de la causa ante las sedes que considere competentes.", para luego - frente a Recursos intentado por los actores- resolver en fallo de fs. 444/445 y vta., el rechazo de los mismos y por ende la confirmación de aquella decisión, ordenando la remisión de las actuaciones en original a este Superior Tribunal, y en copia al par de la Provincia de Río Negro.- Así a los efectos de que estas jurisdicciones ".decidan lo concerniente al Tribunal que entenderá en la causa con arreglo a las disposiciones locales de aplicación." (6° considerando).- Que debidamente notificada - fs. 451 y vta.- el 05 de Noviembre de 2008, de la orden de remisión de la causa a este Superior Tribunal de Justicia, recepcionada en esta sede el 03 de Septiembre de 2009, la demandante no ha comparecido voluntariamente ante el Cuerpo a reconducir la acción.

Que aún luego de la separación que la Corte impone, subsiste en la acción acumulación de pretensiones - subjetiva y objetiva- la que está sometida a examen de compatibilidad, que debe efectuar este Tribunal como representante del Poder Judicial de la Provincia (art. 178 de la Constitución Provincial, máxime si se colige que la competencia material de distintos fueros está comprometida.- Ha de tenerse presente que la propia jurisprudencia de esta Sala indica que "debe admitirse que para discernir la competencia en materia de Responsabilidad del Estado, en particular la extracontractual, doctrina y jurisprudencia no han podido establecer reglas rígidas, más aún en situación, como la de autos, en que la relación jurídica debatida está sometida en parte al Derecho Público, y en parte al Derecho Civil. Muchos Códigos en lo Contencioso- Administrativo, legislación de la que carece esta Provincia, han procurado deslindar las materias y competencias estatuyendo adjetivamente que no son de tal naturaleza los juicios en que se reclame la reparación de daños ocasionados por hechos, cosas o agentes de la Administración Pública, cuando no se produzcan por incumplimiento o en relación a una vinculación especial de Derecho Público contractual o reglamentaria establecida entre la Administración y el reclamante (v.g. Pcias. de Corrientes, Formosa, Buenos Aires - Ver Revista de Derecho Público- Proceso Administrativo I -2003-1).- Y que en el orden local "no hay norma adjetiva específica, que discierna respecto de la competencia en estos supuestos, ni en general para atender los pleitos que procuran hacer efectiva la responsabilidad del Estado, debiéndose acudir a analizar la singularidad de la materia litigiosa, pues será ésta la que en cada caso ha de conducir al establecimiento, bajo la égida de estimar si la cuestión está principalmente o preponderantemente regida por el Derecho Público Constitucional o Administrativo, o bien por el Derecho Privado (Conf. Roberto Enrique LUQUI, Revisión Judicial de la Actividad Administrativa -Astrea 2005- págs. 106 a 113, 130 a 133)" (SI N° 2 y 41/SCA/06, 04 y 21/SCA/07, 02 y 50/SCA/09). - Que a más cabe considerar que la doctrina enseña que la acumulación de pretensiones no debe constituir una fuente de demoras o hacer más gravoso el trámite del proceso ( Elena HIGHTON -Beatriz AREÁN - Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado- Hammurabi - Tomo 2 - pág. 252); y puede advertirse que, más allá de la cuestión de legitimación que puede estar implicada, la actora demanda a los distintos poderes del Estado y a funcionarios y ex funcionarios con fuente diversa, aún cuando se deduzca conexidad.

Que ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la demanda debe readecuarse a los parámetros del art. 330 del Código de Procedimientos en materia Civil de esta Provincia, en todos sus incisos y párrafos con precisión del monto reclamado, atendiendo además a la naturaleza de las pretensiones que justifiquen y sustenten la distribución de competencias.- A tal fin, la actora deberá reconstruir su demanda contra la Provincia del Chubut y/o sus funcionarios y ex funcionarios con ajuste a las disposiciones mencionadas, en el plazo de QUINCE (15) días, bajo apercibimiento de ser rechazada "in limine" (arts. 330, 337, 34 inc. 5º ap. b) y e) del CPCC), intimándola a constituir domicilio en esta ciudad de Rawson, con las consecuencias si no lo hiciere, previstas por el rito (art. 40, 41 del mismo Código).-- Asimismo, y dado el tiempo transcurrido, ha de ratificarse ó modificarse el Beneficio de Litigar sin Gastos, intentado ante la Corte el 07 de Septiembre de 2.005.-- Que hasta tanto sea cumplida esta manda, que emite este Cuerpo como órgano representante del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, ha de diferirse la resolución sobre la competencia material de los órganos judiciales que lo integran y/o la de admisibilidad de la acumulación de pretensiones propiciada.

Por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia:

R E S U E L V E : -- 1°) ORDENAR a la actora, atenta la escisión de pretensiones dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fs. 380 y vta., confirmada a fs. 444/445 y vta. de estos autos, proceda, tal como aquélla lo mandara, a efectuar las peticiones conducentes a fin de permitir la continuidad de la tramitación de la causa ante los órganos del Poder Judicial de ésta Provincia que a juicio de este Tribunal resulten competentes.- A tal fin, INTÍMASE a la actora para que en el término de QUINCE (15) días desde su notificación, proceda a dar cumplimiento a lo normado por el art. 330 en todos sus incisos y párrafos del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chubut, bajo apercibimiento de rechazar la demanda "in limine"; y a constituir domicilio en esta ciudad de Rawson, con las consecuencias si no lo hiciere, previstas por el mismo Código de rito (arts. 330, 337, 34 inc. 5º ap. b) y e), 40, 41) y a ratificar o modificar el Beneficio de Litigar sin gastos que se presentara en Septiembre de 2005.- 2°) DIFERIR la resolución sobre la competencia material de los órganos de este Poder Judicial para entender en la causa, hasta tanto se cumpla con la manda del punto precedente.

3°) REGÍSTRESE y solicítese mediante Nota de estilo, al Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, disponga por donde corresponda, la notificación de la presente al domicilio oportunamente constituido por la actora ante sus estrados.-- Fdo. Dres. Fernando S.L. Royer, Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti.

Recibida y Registrada en Secretaría el 02/11/09 Bajo el N° 60/SCA/09