Prescripción, competencia, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: García, Gabriel Fernando c/ Banco MACRO SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-12

El actor se agravia de la sentencia de grado que declara prescripta la acción pues considera que el reclamo ante el SECLO interrumpió la prescripción en los términos del art. 257 de la LCT y plantea asimismo la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 24.635. Aquella reclamación interrumpió (y no simplemente suspendió) la prescripción en curso. Primero, se debe analizar si el precepto impugnado por el actor (el art. 7° de la ley 24.635) colisiona con el art. 257 de la LCT y, en caso afirmativo, resolver esa hipotética colisión de conformidad con las reglas de los arts. 31 y 75, inc. 12 de la Ley Fundamental. Se verifica un conflicto entre las dos normas citadas, porque, más allá de ciertas diferencias en sus presupuestos fácticos, lo cierto es que ambas regulan un tema sustancialmente idéntico: el efecto que un reclamo del trabajador ante la autoridad administrativa (como lo es el exigido, con carácter previo a la demanda judicial, por la ley 24.635) produce sobre el curso de la prescripción. Si bien la ley 20.744 y la ley 24.635 han sido dictadas por el Congreso de la Nación, sólo la primera reviste carácter verdaderamente nacional, dado que la segunda (al menos en los aspectos relacionados con el procedimiento de conciliación laboral obligatoria) rige sólo para las causas de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal. En tal entendimiento, resulta aplicable el criterio tantas veces sostenido por la CSJN, en apoyo de la primacía de la normativa contenida en la ley nacional por sobre los ordenamientos procesales locales. Corresponde entonces declarar, la inconstitucionalidad del art. 7° de la ley 24.635 por ser contrario a lo dispuesto en el art. 257 de la LCT y vulnerar, en consecuencia, la jerarquía normativa establecida en los arts. 31 y 75, inc. 12 de la Constitución Nacional. En consecuencia, dado que el rubro más antiguo (diferencias salariales) se remonta a enero de 2017, el reclamo promovido ante el SECLO el 4 de junio de 2018 interrumpió la prescripción hasta el día 13 del mismo mes, fecha de la finalización del trámite (art. 257 de la LCT). A su vez, la prescripción reiniciada en esta última fecha volvió a interrumpirse en virtud de la demanda presentada el 30 de abril de 2020. De tal modo, a la fecha de promoción de la demanda (4 de noviembre de 2020), aún no se había cumplido el plazo prescriptivo. Por lo cual cabe revocar la sentencia apelada. (Del voto del Dr. Guisado. El Dr. Díez Selva, adhiere al voto del Dr. Guisado por razones de economía procesal, pues refleja el criterio mayoritario de la Sala y deja a salvo su opinión personal sobre el reinicio del plazo prescriptivo, en cuanto a que, según el sentido propio de la norma, y de conformidad con la aplicación de la regla del art. 9 de la LCT, corresponde interpretar que el reclamo ante la autoridad administrativa laboral interrumpe la prescripción, debiendo iniciarse el plazo desde el principio, pero una vez transcurridos seis meses desde la interposición del mencionado trámite administrativo, por aplicación del plazo previsto en el plenario "Martínez, Alberto c/ Y.P.F. S.A. s/ part. accionariado obrero" (6/6/2006) ).