Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-11-07


AUTOS 70.169 (C.C.Nº19.404) DEL Tercer Juzgado Civil, CARATULADOS: "ACOSTA Claudia Beatriz C/ AMECOM - Restitución por Resolución de Contrato".- PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2008- del Tº III- Fº148/154.- En la Ciudad de San Juan a siete(07) días del mes de noviembre de 2008, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y los Sres. Vocales Dres. Alejandro Largacha Quiroga y Octavio Augusto Sánchez, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. 212 y 222, contra la sentencia de fecha 22 de mayo del año dos mil siete, recaída en los presentes autos Nº70.169 (C.C. Nº19.404) caratulados: "ACOSTA CLAUDIA BEATRIZ C/ AMECOM - RESTITUCIÓN POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO", dictada por la Sra. Juez titular del Tercer Juzgado Civil, obrante a fs. 200/208 vta..- EL DOCTOR ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA, DIJO:

La sentencia de fs. 200/208 vta., de fecha 22 de mayo de 2007, dispone hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por doña Claudia Beatriz Acosta contra la Asociación Mutual de Empleados de Comercio (AMECOM), de restitución de las sumas de dinero entregadas en pago por la actora a la demandada en virtud del contrato de compraventa que ligaba a las partes y que se resolviera por decisión de la demandada y, en consecuencia, condenar a ésta para que en el plazo de diez días restituya a la actora las sumas de dinero que resulten de la liquidación que se practique conforme las pautas dadas en los considerandos (Capital entregado oportunamente por la actora, menos el monto correspondiente a cuotas impagas a la fecha de la devolución del inmueble -7/12/01-, con intereses moratorios a esa fecha, e impuestos y servicios impagos a la fecha de desocupación que se han admitido. Al capital resultante deberá adicionársele los intereses de tasa activa (ley 4119) desde el 7/12/01 hasta el efectivo pago). La sentencia también resuelve rechazar la reconvención de AMECOM contra la actora, imponiendo las costas tanto de la demanda como de la reconvención a la demandada.

Contra la aludida sentencia, reseñada en su parte resolutiva, se alzan actora y demandada mediante recursos de apelación concedidos a fs. 212 y 222, respectivamente. De dichos recursos solamente fue sostenido en la alzada el concedido a la actora en escrito obrante a fs. 237/241 vta., respondido por la demandada a fs. 244/247 vta.. La demandada no expresó agravios según certifica el actuario a fs. 242, dándosele por decaído el derecho a hacerlo por providencia obrante en la misma foja.

Agravios de la actora La actora expresa sus agravios contra la sentencia en el escrito de fs. 237/241 vta., donde también, conforme lo previsto en el art. 260 del C.P.C., funda el recurso contra la sentencia interlocutoria de fs. 183/184 de fecha 30 de agosto de 2006, en la parte en que impone las costas de la negligencia rechazada a la actora, y que se le concediera con efecto diferido a fs. 187.

Recurso concedido a fs. 187 contra la sentencia interlocutoria de fs. 183/184, en la parte en que impone las costas a la actora.

Se agravia la actora de la condenación en costas, en razón de que el acuse de negligencia promovido a fs. 127, en virtud de la contestación de fs. 129, pasó a convertirse en una cuestión abstracta, conforme fuera invocado por su parte a fs. 134; siendo, inclusive, que, en consideración a lo expresado por su parte en tal oportunidad, a fs. 135, el a-quo decretó la clausura de la etapa probatoria y llamó autos para resolver en definitiva. En consecuencia, si la cuestión incidental planteada se volvió abstracta, las costas deben imponerse por su orden en virtud de lo dispuesto por el art. 74, 2da. parte del C.P.C..

Recurso contra la sentencia definitiva de fs. 200/208 vta..

La actora se agravia de la sentencia dictada, en cuanto manda descontar de la suma que se condena a restituir a la actora las cuotas que ésta tenía impagas a la fecha de la desocupación o devolución del inmueble, con sus respectivos intereses. Expresa la apelante que lo resuelto no resulta congruente con las pretensiones articuladas por las partes y contradice los propios fundamentos del sentenciante, habiéndose incurrido en una errónea apreciación de las circunstancias del caso, en lo que hace a la cuestión planteada y de la forma en que ha quedado resuelta, como resolución de contrato de compraventa de inmueble. Al efecto dice, que la a-quo considera que a la fecha de devolución del inmueble (7/12/01) quedaron consumadas las obligaciones emergentes del contrato y que desde la última cuota paga por la actora (nº 89) hasta la entrega del inmueble, vencieron 28 cuotas más, sosteniendo que "los importes de las cuotas puras hasta la fecha de devolución del inmueble, corresponde que sean abonados por la Sra. Acosta (actora), ya que durante todo ese tiempo estuvo usando y gozando del inmueble, a lo que debe sumarse sus respectivos intereses moratorios como consecuencia de la falta de cumplimiento oportuno del pago de tales cuotas", agregando que, de no ser así, se produciría un enriquecimiento sin causa a favor de la actora en detrimento del contratante no culpable de la resolución; razonamiento éste que su parte considera incongruente y contradictorio con la propia decisión de la a-quo al sostener que la resolución del contrato se operó en fecha 7 de diciembre de 2001, oportunidad en la que se hizo entrega de las llaves del inmueble que fue objeto de la compraventa resuelta. Agrega que la resolución opera retroactivamente y deja sin efecto todos los actos cumplidos. Las obligaciones se extinguen y sus objetos -las prestaciones- se restituyen, como consecuencia de la extinción de la relación contractual. La correlatividad prestacional desaparece. Luego, si la resolución significa el aniquilamiento del contrato con efecto retroactivo, conforme ha sido considerado y resuelto en este caso por el propio sentenciante, sosteniendo que la resolución se operó en fecha 7/12/2001; por otro lado y, al mismo tiempo, no puede exigirse el cumplimiento de las prestaciones originadas en ese mismo contrato que se ha declarado resuelto, como se considera y resuelve por el a-quo, sosteniendo que deben ser abonadas las cuotas impagas, hasta la devolución del inmueble, lo que resulta una total contradicción.. Si se decide que el contrato está resuelto, por otro lado y al mismo tiempo, no puede exigirse el cumplimiento de ese mismo contrato.

Agrega también la apelante, que la jurisprudencia que se cita por la sentenciante como fundamento de sus consideraciones y decisión sobre las cuotas impagas que consideraba y decide que deben ser abonadas, está dada en relación a una hipótesis o reclamo sobre daños y perjuicios derivados de la ocupación indebida de un inmueble o por no haberse podido disponer del inmueble; donde se considera representado el "daño" por el valor locativo del inmueble durante todo el tiempo de la ocupación, siendo que, en este caso, no ha existido ocupación indebida o ilegítima del inmueble con posterioridad a la fecha en que se operó la resolución (7/12/01), ni se trata de una acción o reclamo resarcitorio por los daños y perjuicios derivados de la resolución; como tampoco se ha ofrecido prueba del desmedro económico sufrido en su patrimonio por parte de AMECOM. Más, la propia sentenciante considera que en este caso no se ha acreditado que se haya sufrido perjuicio alguno y , además, que el incumplimiento de la prestación no hace presumir la existencia de daños. Dice también, que haber demandado la resolución en el caso de autos cuando se había abonado más del 70% del pecio de la compraventa, significa una abuso de derecho, conforme lo dispuesto por la ley 14.005. Finalmente reitera que por parte de la demandada no se ha deducido un reclamo resarcitorio por daños y perjuicios que pudieran ser consecuencia inmediata de la falta de cumplimiento del pago de las cuotas, ni tampoco se ha ejercido una acción resarcitoria por daños y perjuicios derivados de la resolución; sostener lo contrario importaría admitir la introducción de una cuestión que no ha sido oportunamente solicitada por la demandada y/o decidir sobre lo que no ha sido motivo de juzgamiento, en contradicción con el principio de congruencia.

Tratamiento del recurso concedido a fs. 187.

Como ya dije en este recurso la actora se agravia de la condenación en costas a su parte en el incidente de negligencia de prueba pericial contable rechazado por auto de fs. 183/184. El recurso se funda en que la cuestión principal planteada por su parte se volvió abstracta en virtud de la contestación de fs. 129 donde la demandada manifiesta conforme a las constancias de autos que en ningún momento ofreció la realización de una prueba pericial contable, muy por el contrario se opuso a la designación de perito contador por estimar que esa prueba resultaba innecesaria.

Y bien, en estos términos el recurso no puede prosperar puesto que la circunstancia de que la decisión sobre negligencia propuesta haya perdido interés no quita que el planteo de negligencia fue totalmente improcedente obligando a la demandada a responder. En otros términos, la actora con su proceder culposo obligó a la demandada a responder, estando bien impuestas las costas a su cargo, tal como resolviera este Tribunal en un casos similares registrados en L.S. 2005 - III- 73/76; L.S. 2005 - III - 120/122.

Por otro lado, el caso de autos terminó con rechazo del planteo de negligencia por improcedente (auto de fs. 173/174), de donde la costas están bien impuestas (art. 75 C.P.C).

En definitiva, voto por el rechazo de este recurso, con costas al apelante.

Tratamiento del recurso concedido a fs. 212 El agravio sustentante del recurso es contra la parte de la sentencia en que se manda descontar de la suma que se condena a restituir a la actora las cuotas que ésta tenía impagas a la desocupación del inmueble, con sus respectivos intereses. Entiende la apelante que mandar cumplir con cuotas adeudadas hasta la desocupación (o descontar su importe) es incongruente y contradictorio con la resolución del contrato por incumplimiento de la actora, que tiene efecto retroactivo. Agrega que la jurisprudencia que la a-quo cita (fs. 205) para justificar el descuento de las cuotas adeudadas se refiere a una hipótesis de reclamo de daños y perjuicios derivados de la ocupación indebida de un inmueble, equivalente a su valor locativo, que no es el caso de autos donde la demandada no ha reclamado y menos probado daños y perjuicios por la ocupación del inmueble desde que cesó el pago de las cuotas hasta la restitución del mismo.

En el caso de autos el contrato de compraventa de inmueble que ligaba a las partes ha quedado resuelto, por decisión de la demandada, por el incumplimiento de la actora en el pago de las cuotas convenidas, operándose la restitución del inmueble el 7/12/01.

Los efectos de la resolución de un contrato son tres: efecto retroactivo, efecto reintegrativo y efecto resarcitorio.

Sobre el efecto retroactivo, Miquel, Juan Luis, en "Resolución de los Contratos por Incumplimiento", dice: "La ley no lo dice expresamente, pero la doctrina uniformemente admite que los efectos de la resolución operan retroactivamente. [...] Jurídicamente el término "resolución" tiene un significado técnico preciso al cual ya hemos hecho referencia; podemos decir que lleva implícita la extinción del vínculo contractual. De ello se deduce que una vez producida, sus efectos actúan retroactivamente, por lo que las partes que han quedado desvinculadas, deben restituirse recíprocamente todo lo que hubieren recibido con motivo del contrato resuelto. Se trata de volver las cosas al estado en que se hallaban con anterioridad a la celebración del negocio. [...] En este punto, sus efectos son semejantes a los de la nulidad; pero se diferencia claramente de ésta, en que el hecho que provoca la resolución es siempre posterior al contrato, en tanto que el que da lugar a la nulidad debe ser anterior o concomitante con la celebración (conf. Borda, Obligaciones, Tº II, pg. 202)" (pags. 207 y 208). Y más adelante citando a Bendersky "Incumplimiento de Contrato", pag. 136, expresa: "En definitiva, el resultado que se produce con el efecto retroactivo de la resolución, es colocar a los contratantes en la misma situación en que se hallaban antes de celebrar el contrato. Las obligaciones no ejecutadas se extinguen y las que se hubieren cumplido dan lugar a la repetición". (pag. 209).

Tenemos entonces que como consecuencia del efecto retroactivo de la resolución las obligaciones no ejecutadas se extinguen y las que se hubieren cumplido dan lugar a la repetición. Si esto es así, no puede mandarse a cumplir las obligaciones que estaban pendientes (o descontar su importe) desde que quedaron extinguidas por la resolución, es más, el incumplimiento fue la causa de la resolución.

En este punto encuentro razón a la apelante cuando dice que la sentencia es incongruente y contradictoria al admitir la resolución y mandar descontar las cuotas impagas.

El segundo efecto de la resolución es el reintegrativo, que en autos está cumplido por parte de la actora al haber devuelto el inmueble con fecha 7/12/01.

El otro efecto de la resolución es el resarcitorio, tendiente a que se indemnicen los daños y perjuicios emergentes de aquella y que pueden ser reclamados juntamente con la resolución (conf. arts. 1204 y conc. del C. Civil).

Ahora bien, para que esta indemnización de daños proceda debe, en primer lugar, reclamarse y, en segundo lugar probarse, no surgiendo ni presumiéndose a partir del mero incumplimiento.

Sobre la cuestión la Sala que integro tiene dicho en forma reiterada: "Para que prospere una demanda por daños y perjuicios por incumplimiento contractual no basta probar el incumplimiento ni que el mismo sea culposo o doloso, sino que hay que probar el daño. Sin prueba del daño no hay indemnización. El tribunal que integro, siguiendo al doctor Alfredo Orgaz (El Daño Resarcible, pags. 19 y sgtes.), ha dicho desde hace mucho tiempo que: "El daño es el primer elemento del acto ilícito, en el sentido estricto que, según dijimos, lo considera el Código, esto es, en relación a la responsabilidad civil: sin daño efectivamente, no hay "acto ilícito punible", como dice a este respecto el art. 1067. [...] Al decir que este es el primer elemento del acto ilícito, no atendemos a la cronología, ya que desde este punto de vista es razonablemente el último, como consecuencia o resultado de la acción antijurídica; lo llamamos primero en la consideración metódica, puesto que el problema de la responsabilidad civil del agente comienza a plantearse sólo cuando existe daño causado. En presencia de este daño, el juez o el jurista tienen que preguntarse luego si ha sido causado ilícitamente (antijuridicidad) y culpablemente (culpabilidad). A la inversa, si no hay daño alguno, resulta superfluo indagar la existencia o inexistencia de los otros dos elementos." (L.S. 1977 - II - 372). También se ha dicho que tal daño no puede presumirse: "La indemnización requiere, para su procedencia, la prueba de un detrimento patrimonial real y efectivo (arts. 519, 520, 521 C.C.). La existencia de los daños y perjuicios no es una consecuencia necesaria del incumplimiento de los contratos. No es suficiente la sola presunción de que se hayan producido, por más que lo afirme el reclamante, sino que es indispensable que se produzca prueba fehaciente que demuestre la efectividad de su existencia." (L. S. 1983 - I - 174/177; L. S. 1983 - II - 325/329; L. S. 1985 -I - 14/17; L. S. 1999 - I - 45/46, etc.). En el mismo sentido se expide unánimemente la doctrina, tal como se puede constatar en López Olaciregui en sus adiciones al Tratado de Derecho Civil de Salvat, Parte General, Tº VII, pag. 218, nº 1619 - A., y Código Civil Comentado. Anotado y Concordado por Belluscio, Zannoni y otros, Tº 2, pags. 617, nº 12; 690, nº 6; 709, nº 31, etc." (L. S. 1987 - I - 35/43; L. S. 2002 - III - 25/31; L. A. 2003 - II - 69/75, etc.).

En autos no se ha reclamado indemnización de daños por indisponibilidad del inmueble desde que dejaron de pagarse las cuotas hasta la restitución del mismo, ni tampoco hay prueba de daño alguno.

En definitiva y por lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso de la actora y mandar revocar la sentencia en la parte en que manda deducir del dinero que la demanda debe restituir a la actora el monto de las cuotas impagas al tiempo de la restitución, con sus intereses. Costas a la demandada.

Recurso concedido a fs. 222 No habiéndose sostenido en la alzada como se hace constar a fs. 242, corresponde tenerlo por desierto (art. 266 C.P.C).

EL DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:	Por razones análogas a las aducidas por el Dr. Alejandro Largacha Quiroga, voto en el mismo sentido.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de apelación con efecto diferido concedido a fs. 187 contra la resolución de fs. 183/184, en la parte en que impone las costas a la actora, lo que se confirma. Costas a la apelante, difiriendo las pertinentes regulaciones para su oportunidad.

II- Hacer lugar al recurso de apelación concedido a fs. 212 contra la sentencia de fs. 200/208 vta., la que se revoca en la parte en que manda deducir del dinero que la demandada debe restituir a la actora el monto de las cuotas impagas al tiempo de la restitución del inmueble con sus intereses, disponiendo en su lugar rechazar esa pretensión.

III- Costas de alzada correspondiente al recurso que se acoge, a la demandada, difiriendo las pertinentes regulaciones de honorarios para su oportunidad.

IV- Declarar desierto el recurso de apelación concedido a la demandada a fs. 222 contra la sentencia de fs. 200/208 vta..

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.