marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensa del consumidor, acción judicial, publicación de la ley, aplicación de la ley, mediación, juicio sumarísimo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ Banco Patagonia SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-01

Corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso el traslado de la demanda sin necesidad de acreditar el cumplimiento del trámite de mediación previa, pues tratándose de una acción entablada por una asociación de defensa de los consumidores, es aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, de modo tal que el conflicto no podría ser solucionado por un acuerdo transaccional celebrado en el marco de la mediación establecida en la ley 26589 y en casos como el de marras, es obligatoria la intervención del Ministerio Público Fiscal a fin de homologar el acuerdo de partes de manera tal que los usuarios y consumidores sean debidamente tutelados, lo cual no acontecería de celebrase conforme aquella ley.
Absolución de posiciones, garantía de evicción
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Beruti, Juan A. c/ Fuerte, Juan s/ absolución de posiciones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1866-08-09

El vendedor, por el hecho de haber sido citado de evicción, no se considera como parte en el juicio de reivindicación contra el comprador, y no puede ser llamado por el actor, a absolver posiciones.
Suspensión del juicio a prueba, juez de ejecución
Materia: PROCESAL
Carátula: J., A. s/suspensión del juicio a prueba c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-03

Mariano Scotto adhirió al voto de Cicciaro y a su propuesta. Resaltó que no se encuentra vedada la posibilidad de inspeccionar la decisión del juez de ejecución a tenor de la normativa correctamente invocada por Cicciaro (art.4 del decreto 807/2004 que reglamenta el art.174 de la ley 24660) y, respecto de la unidad de actuación del MPF, agregó que sostuvo oportunamente (causa N° 44046/2017 "M. G., C. G." rta.26/10/18) que la participación del fiscal de ejecución concluye en el momento de su ámbito de actuación y es el fiscal ante el órgano que otorgó el beneficio quien debe emitir opinión sobre la extinción de la acción o reanudación del proceso. Finalmente precisó que la participación durante la audiencia oral del Fiscal General, superior jerárquico de dicha Unidad Fiscal, despejaba toda duda al respecto.
Acción de inconstitucionalidad, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: DOCTOROVICH ARMANDO MARIO Y OTROS s/ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1986-09-08

Cuando se promueve la acción de inconstitucionalidad originariamente ante el Superior Tribunal de Justicia, su competencia para conocer y decidir en tal acción, se encuentra regulada por el artículo 167 inciso 1ro. sub inciso c) de la Constitución de Entre Ríos,que la limita a la posible vinculación de disposiciones legales del orden provincial confrontadas con preceptos de la ley básica de esta Provincia manteniendo así y a través de esta acción, con sentido prevalente el texto y el espíritu de dicha Constitución, permitiendo determinar la invalidez de las disposiciones locales que alteren la premisa señalada, y no así en lo atinente a la inconstitucionalidad que se aduce con base en artículos de la Constitución Nacional o fundada en legislación nacional, ajena a las posibilidades de su consideración en esta vía elegida
Honorarios del abogado, mora, depósito, pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Etcheverry, Luisa Mabel y otros c/ Buenos Aires, Provincia de; Estado Nacional y otros s/ da$os y perjuicios (Impugnaci"n a la liquidaci"n)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

El principio que establece que el solo deposito judicial de los honorarios no resulta suficiente para detener el curso de los accesorios moratorios tiende a evitar que se le asignen efectos liberatorios al depósito efectuado en oportunidad que haga imposible su percepción antes del vencimiento del plazo de la obligación o, en general, en circunstancias tales que impidan -por el normal desenvolvimiento del proceso- el cobro en tiempo propio.
Transporte aéreo de pasajeros, daños y perjuicios, muerte de un pasajero, pista de aterrizaje, responsabilidad del transportador
Materia: COMERCIAL - AERONAUTICO
Carátula: NUÑEZ, GUSTAVO LUIS c/ VICENTE ROBELES  S.A.  Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

El transportador es responsable aun durante las operaciones de embarco y desembarco, art. 139 del C. Aeronáutico y por desembarco se entiende que la responsabilidad se extiende hasta cuando el pasajero deje el terreno de aterrizaje o, como lo señala Perucchi, con cita de Tapia Salinas, el contrato terminaría cuando una vez en tierra la aeronave se dirijan los pasajeros, siempre obedeciendo instrucciones del transportista, a lugar seguro en el aeropuerto de llegada.
Indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: S., E. y Otra c/ M.I. SRL y/o Quien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-12-23

Se debe reconocer la naturaleza extrapatrimonial del daño moral, empero frente a la importancia de los daños materiales, guardando cierta proporción como complemente de la reparación integral, mantener la seguridad jurídica con criterios similares, sin perjuicio del caso excepcional frente a la gravedad del daño espiritual.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fundamentación suficiente, intereses punitorios, astreintes, recurso de apelación (procesal), ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Diéz Mori, Daniel c/ Asociación Cooperativas Argentinas s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Cobro de  australes (Expte.: C.S.J. Nro. 37 año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-04

No resulta irrazonable el criterio de la Sala A quo que entendió -citando opinión autoral- que frente a la apelación de la sentencia, las astreintes serían procedentes, en el mejor de los casos, si el recurso fuera admitido con efecto "no suspensivo"; más, al no ser éste el supuesto de autos -frente a los términos en que fuera interpuesto y concedido el recurso de apelación- y dado que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial, la aplicación y pertinente exigibilidad de dicha sanción conminatoria corresponde al trámite de ejecución de la sentencia, ello era viable "desde que la sentencia de Cámara pasara en autoridad de cosa juzgada". A dicha solución se opone el impugnante, quien se empeña en hacer prevalecer su propia postura en cuanto a que el punto de arranque de las astreintes lo era a partir de los cinco días de notificada la sentencia de primera instancia, postulando como núcleo de su estrategia recursiva, que se trataba de una cuestión que la Cámara no podía modificar, por haber sido motivo de debate y decisión anterior en la causa, por lo que a su respecto habría operado la preclusión y existiría cosa juzgada.

Empero, dicho planteo deviene inidóneo para conseguir la invalidación constitucional del decisorio, desde que no se hace debidamente cargo de las razones expuestas por los sentenciantes en cuanto a la etapa procesal en que la sanción sería exigible y la conclusión arribada en el caso, a tenor del recurso interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
Habeas corpus, libertad de circulación, vía pública, emergencia sanitaria, coronavirus, Salud pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Luciani, Luis Leonardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

Corresponde confirmar el fallo que rechazó la acción de habeas corpus presentada contra la aplicación del DNU 287/2021 que establece la imposibilidad de circular por la vía pública durante el horario nocturno entre las 00:00 y las 6:00 hs., puesto que la adopción de tal medida aparece justificada en la necesidad de velar por la salud pública, priorizándola sobre aquellas situaciones personales exteriorizadas en la presentación. Cabe resaltar que las limitaciones a los derechos individuales (art. 14, 18, 19, 28 y 33 de la C.N.) son compatibles con la Constitución Nacional, en tanto no resultan arbitrarias ni desproporcionadas, ya que se establecieron por un plazo de tiempo determinado, de modo general, con distinción de zonas debido al riesgo epidemiológico que presentan que presentan, de acuerdo a datos empíricos, científicos y verificables por especialistas, y por un horario del día determinado, siendo previstas excepciones relativas a ciertas actividades consideradas esenciales, teniendo como base la salud pública.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, sanciones disciplinarias, exoneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Neder, Raul Oscar c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Medida cautelar (EXPTE CSJ Nº   374-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-28

En el régimen de la ley reglamentaria del recurso contencioso administrativo, los dos más importantes requisitos de procedencia de las cautelares son el "fumus boni iuris" y el "periculum in mora".

Con relación al "fumus boni iuris" debe recordarse que la Corte, en diversos precedentes, ha relacionado la verosimilitud del derecho con las razones invocadas por la Administración en el acto impugnado. En la especie, las razones invocadas por la Administración al exonerar al recurrente por responsabilidad administrativa a raíz de irregularidades, en cuanto apoyadas en un dictamen informático, no son desechables liminarmente, máxime si se repara en que el propio agente reconoce que tal dictamen "no fue rebatido en su faz técnica...". Y tampoco resulta desestimable en este estadio del proceso, el criterio de la Administración en el sentido de reprocharle hechos producidos en su ausencia "por ser él responsable de su clave informática...".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Montero, Alberto Manuel y otro c/ Provincia de Buenos Aires s/ Cobro de pesos, accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

Es inatendible el agravio vinculado con la falta de imposición de las costas por el rechazo de una excepción, en tanto que no habiendo mediado al respecto pronunciamiento en la instancia de grado, el interesado debió requerir y no lo hizo- una resolución aclaratoria art. 166 inc. 2º, C.P.C.C.).
Derechos de la víctima, abuso sexual, prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: A., L. A. s/abuso sexual. Morigeración de la prisión preventiva c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-01

Prisión preventiva.

- Pedido de morigeración rechazado.

- Defensa que no recurrió su imposición, no discutió el rechazo de la excarcelación, ni pretende -tal como lo dijo expresamente- que sea nuevamente examinado un planteo similar.

- Pretensión que no resulta abarcada por las previsiones del art. 10 del CPN y los arts. 32 y 33 de la ley 24660, no siendo tampoco aplicable en el caso la modalidad prevista en el art. 210 del CPPF, en función de la penalidad prevista, las características del hecho atribuido y la cercanía con el domicilio de la víctima. Fundamentos desarrollados por el magistrado en la decisión recurrida que no han sido controvertidos. Deber de garantizar a las víctimas medidas de protección para su seguridad (Ley 27.372). Sucesos que deben ser enmarcados en un supuesto de violencia de género. Situación de peligro que, en el particular, se ha comprobado (artículos 5 inciso "d" y 8 inciso e, de la citada ley). Necesidad de asegurar la realización del juicio y los derechos reconocidos a las víctimas en la Ley 26.485 y, también, de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar seriamente, imponer las sanciones pertinentes y garantizar una adecuada reparación (cf. Corte IDH, caso "González y otras -'Campo Algodonero'- vs. México", sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C N° 205, párr. 236, entre otros).

- Confirmación.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Romorini, Edmundo s/ Lesiones graves culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-10

Si no se ha probado en la causa que la motocicleta de la víctima circulaba con las luces encendidas y no hay mérito para suponerlo, resulta indebido presumir tal circunstancia pues proceder de tal guisa es lisa y llanamente caer en la presunción de culpa del procesado -quien no advirtió la presencia de aquélla-.
Juicio de desalojo, prueba de la posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de San Isidro c/ Cáceres, Elías Federico s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

No procede el desalojo (sin perjuicio de las acciones posesorias o petitorias) si el accionado comprueba "prima facie" la efectividad de la posesión que invoca, justificando así la seriedad de su pretensión. Y ello es así, aunque la posesión invocada no reúna las notas eficientes para repeler una pretensión reivindicatoria o justificar una usucapión porque de lo contrario se estaría desnaturalizando la índole del proceso de desalojo, convirtiéndolo en un juicio petitorio o posesorio.
Lavado de activos, administración de bienes
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Pedro Norberto y otros  c/  s/ encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art. 278 del inc. l AP. A) y B) C.P
Jurisdicción: Federal — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-05-10

Se encuentra acreditado que los imputados administraban, vendían, gravaban, aplicaban de cualquier modo, una innumerable cantidad de bienes que tenían origen ilícito -es prueba de ello, los vínculos que mantenían con individuos ligados al delito- a fin de darles apariencia lícita. Dada la modalidad que el lavado de activos adquiría, los bienes estaban registrados en los organismos oficiales, más la mayor de las veces estaban registrados a nombre de terceras personas pero dentro de la esfera de disposición de los encausados. La clandestinidad utilizada en la actividad delictiva hizo que los bienes que convertían, transferían o administraban no fueran registrados a su nombre; entre los bienes y aquéllos existía una relación de tenencia-disponibilidad que hacía que los mismos formaran parte de su patrimonio.
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: CIVIL
Carátula: CÁCERES ROJAS CARLOS c/ EMPRESA LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. s/ INDEMNIZACIÓN POR ENFERMEDAD INCULPABLE Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL -  RECURSO EXTRAORDINARIO S.A. s/ INDEMNIZACIÓN POR ENFERMEDAD INCULPABLE Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-10-30

La causal de gravedad institucional no puede prosperar si no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su configuración, ni se advierte que la intervención del Tribunal en la causa tenga otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte.
Derecho ambiental, obras públicas, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, acción de amparo, Derecho administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Tomalino, Cecilia Raquel y otros c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-26

La acción de amparo tendiente a que se deje sin efecto la licitación pública destinada a la construcción de un paso nivel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una red vial terciaria, debe ser rechazada, pues no hay en principio óbice para considerar comprendida a dicha obra en las previsiones del art. 1 de la ley nº 3528  que autoriza al municipio a destinar cierta suma de dinero para obras nuevas, pues podría ampararse en el concepto de "interconectividad entre las diversas áreas de la Ciudad", sin desplazar por ello lo establecido por el Código de Planeamiento Urbano.
Tribunal oral, facultades del juez, instrucción, prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Martín, Gustavo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-14

Conforme surge del art. 357 del ordenamiento ritual , antes del debate y con noticia a las partes, el presidente de oficio o a pedido de parte podrá ordenar los actos de instrucción indispensables que se hubieren omitido o denegado o fuere imposible cumplir en la audiencia , siendo que, por otra parte, el art. 388  del mismo ordenamiento faculta al tribunal en el curso del debate oral a ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba manifiestamente útiles. Se sigue de lo expuesto que la ley de rito ha dotado al tribunal oral de amplias facultades autónomas de investigación, autorizando la producción de todas aquellas medidas que puedan gravitar en la dilucidación del objeto del juicio. (Voto del Dr. Madueño).
Defectos en la fundamentación normativa, recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, queja por recurso denegado
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legajo de juicio en autos Blanco Bon, Juan Manuel y otros s/ inf. art. 96 C. Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-07

Mientras no existe una revocación jurisdiccional del beneficio de la suspensión del proceso a prueba, la acción no puede ser ejercida por el fiscal, como tampoco cabría al magistrado disponer el desarrollo de actos procesales que impliquen el avance del proceso -como la realización del debate o la audiencia del art. 210 del CPP-. De este modo si el curso de la acción se encuentra detenido para el estado -que no ha perdido interés en su impulso en aras de lograr una respuesta punitiva pero debe aguardar la decisión sobre la suerte del instituto para continuar promoviéndola-, no puede transcurrir, a la vez, en favor de la desincriminación del imputado. (Del voto en disidencia del juez Santiago Otamendi).
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Geraci, Elba Haydeé c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa Bertoloni, Hugo A. c/ Prov. Bs. As. (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27|1999-09-21

La bonificación establecida en el dec. 5141/89 es inherente a la función en tanto los agentes de Radio Provincia tienen derecho a su percepción por el solo hecho de prestar servicios en tal organismo, sin necesidad de acreditar ningún tipo de requisito. La prescripción según la cual su pago está condicionado a que el agente no incurra en ciertas inasistencias no altera esta conclusión, sólo somete a condición resolutoria la obligación de pagarla, pero el derecho a su percepción se adquiere por el sólo hecho de ser agente de emisora estatal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, quiebra indirecta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Simón Kremer e hijos s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21

El procedimiento concursal admite la conversión, en los supuestos del art. 84 inc. 1º de la ley 19.551, del concurso preventivo en quiebra indirecta, porque ésta sigue como una consecuencia inevitable del fracaso del remedio preventivo. Pero no admite la transformación de un concurso cuyo fracaso no ha sido denunciado por ninguno de los legitimados en quiebra directa pedida por acreedor.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Momeño Elba Isaura y otro c/ Cisilino Carlos y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-09

Dado que el automotor -motovehículo- que transporta benévolamente a personas puede ser conceptualizado como cosa "riesgosa" , cabe atribuir a su dueño o guardián la responsabilidad objetiva por los daños causados por éste, pues ha asumido el transportador la obligación genérica de garantía de no dañar al transportado, por lo que a éste último le bastará con probar: el transporte, el hecho dañoso y la relación causal entre el vehículo y el daño, con prescindencia de la culpa o negligencia que pudiera o no corresponder al conductor.
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Pared Victor Andres c/ Organización Coordinadora Argentina SRL s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

El art. 80 L.C.T. no solo protege al trabajador, sino que sanciona al empleador incumpliente de un deber tan delicado como el observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social, y en el cuarto apartado, recalca "si el empleador no hiciera entrega". Finalmente, la circunstancia de que los certificados hayan sido agregados con la demanda de consignación no resulta óbice para hacer lugar a la multa. Vale decir que los requisitos de validez del pago por consignación se refieren a las personas intervinientes, al objeto, modo y tiempo de pago y en el presente caso teniendo en cuenta la fecha del distracto e intimación a entrega de los mismos (30-08-06) y a la fecha en que se inició la consignación judicial (el 10-10-06) es obvio que faltó el requisito de oportunidad. En consecuencia se estima que el actor resulta acreedor de la multa en cuestión.
Conciliación laboral, principio de irrenunciabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Benitez Barboza, Carlos y otros c/ Empresa Salomón T.A.P. y/u otros s/ Ejecutivo T.A.P. y/u otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-08-02

El art. 15 de la L.C.T. establece una excepción al principio de la indisponibilidad de los derechos reconocidos por la ley en favor del trabajador, ya que los acuerdos conciliatorios o transaccionales suponen generalmente ciertas renuncias a recíprocas pretensiones.

Para ello compete a la autoridad judicial o administrativa cuidar que se logre esa "justa composición" de los derechos e intereses de las partes.
Quiebra, conclusión de la quiebra, pago total, costas, gastos del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: ASTETE, CARLOS s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-15

La ulterior inexistencia de pedido de verificación no sustenta la decisión de imponer costas al acreedor peticionante; sino que concluida la quiebra por aplicación de la LC 229 cabe aplicar lo allí dispuesto expresamente e imponer al fallido el pago de los gastos del proceso.
Acción penal, Ministerio Público, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C/ Mora, Marcelo Germán c/  s/ por estafa reiteradas (tres hechos) en concurso real en perjuicio de Oscar Saleme y Carlos Ferreyra - Incidente de suspensión de juicio a prueba S/ CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2019-06-05

Tratándose de la suspensión del ejercicio de la acción penal y atendiendo al rol que institucionalmente se le asigna al Ministerio Público Fiscal en el sistema procesal vigente, la conformidad de quienes lo representan aparece como lógico requisito para su procedencia. Cuando el fiscal expresa su oposición a la suspensión del proceso, no desplaza de sus funciones al órgano jurisdiccional, sino que manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo la acción; por lo cual el tribunal, que carece de poderes autónomos para su promoción y ejercicio, tampoco tiene poder de decisión sobre la suspensión de ese ejercicio, dependiendo entonces de la conformidad fiscal.