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Violencia de género, femicidio, TUCUMÁN, obligaciones internacionales, grupos vulnerables, acceso a la justicia, facultades jurisdiccionales, doctrina, responsabilidad del Estado, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Ley de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, deberes del juez, Poder Judicial, relación de causalidad, codemandado, jueces
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Tacacho Mariela Fernanda c/ Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-09-08

Si bien la mujer víctima de violencia posee un especial estándar de protección por su estado de vulnerabilidad, el Estado Provincial no actuó con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, resarcir y erradicar la violencia contra la hija de la actora, a quien no garantizó medidas integrales de asistencia, protección y seguridad a pesar de contar con razonables posibilidades para evitar la concreción del altísimo riesgo a que estaba expuesta, lo que se traduce en una lesión al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de la víctima, como así también una omisión de protección diferenciada en razón de sus condiciones de vulnerabilidad e incumplimiento a la obligación de abordar la causa con perspectiva de género. Esto configura una clara falta de servicio y guarda relación de causalidad adecuada con el femicidio perpetrado, lo que compromete la responsabilidad estatal y justifica la procedencia de la acción indemnizatoria iniciada. A modo de síntesis, en lo que hace a la responsabilidad que le cabe al Estado en la protección integral de la mujer, resultan de gran valor las reflexiones de Graciela Medina, que expresa El Estado no está obligado a indemnizar integralmente a todas las personas que sufran un daño por un femicidio, porque no resulta razonable asignarle la reparación de todas las víctimas de la violencia de género, pero sí está obligado a indemnizar a las víctimas cuando el daño se produce por una omisión de sus órganos en el cumplimiento de sus deberes específicos de seguridad frente a las víctimas de violencia de género (Medina Graciela, La responsabilidad del Estado por femicidio. Reparaciones a las víctimas integrales y administrativas, tarifadas y temporales. Responsabilidad Estatal por omisión, publicado en: Revista de Derecho de Daños, Responsabilidad del Estado 2018, Tomo I Rubinzal Culzoni, pág 389).
Ley de defensa del consumidor, relación de consumo, consumidores, derechos del consumidor, código civil y comercial, buena fe contractual, derecho a la información, trato digno, imprescriptibilidad, voluntad del legislador, deber de información
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GAMA S.A. c/ Fernández, María Macarena s/ Ordinario - Cumplimiento/Resolución de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-05-08

La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor no sólo impone el deber de información y de evitar prácticas abusivas garantizando trato digno sino que además impone que de incluir ciertas cláusulas (Art. 37), se tendrán por no convenidas sin perjuicio de la validez del contrato, reforzando la protección el Código Civil y Comercial que resalta el deber de adecuada información (art. 1100), condiciones de atención y trato digno (art. 1097), trato equitativo y no discriminatorio (art. 1098) y califica de abusiva la cláusula que habiendo sido o no negociada individualmente tenga por objeto o provoque como efecto un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor (art. 1119), la que se tendrá por no convenida (art. 1122), dando cuenta de la contundente opción del legislador por adoptar una postura valorativa en favor del consumidor.
Confirmación de sentencia, prueba testimonial, indemnización por despido, despido sin causa, ley de contrato de trabajo, medios de prueba, apreciación de la prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Coustau Natalia c/ Sergio Taussig y Javier Chinellato S.H.  s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-10-27

Cabe admitir el reclamo de la trabajadora en los distintos rubros demandados exceptuando el de daño moral por no haber podido acreditar las circunstancias del daño que lo hubieran justificado, y condenar a la empleadora accionada por el despido injustificado en el que incurrió al imputarle maltrato y falta de respeto a la gerente delante de personal del establecimiento, toda vez que se trata de una imputación genérica respecto de la cual no pudo precisar de qué modo la empleada le habría faltado el respeto, imprecisiones que tampoco pudo aclarar al prestar declaración testimonial resultando indispensable a los fines de tener por acreditada una justa causa de despido, la determinación exacta de cuáles expresiones se vertieron.
Orden público, nulidad absoluta, deber de información, amortización, cláusulas leoninas, ley de defensa del consumidor, compraventa inmobiliaria, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: GAMA S.A. c/ Fernández, María Macarena s/ Ordinario - Cumplimiento/Resolución de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-05-08

Si las cláusulas contractuales sólo explican el método a aplicar sin precisar exactamente cuál es el costo total que implica el otorgamiento de la financiación a la que accede el consumidor ni mencionan de modo indubitable el sistema de amortización de capital tal como lo exige el art. 36 de la norma protectoria, se configura una grave violación a los derechos del consumidor, siendo su consecuencia inmediata la sanción de nulidad dispuesta en el referido artículo ante la sola omisión de las previsiones mínimas sin que sea necesario acreditar un perjuicio concreto puesto que se presume por el hecho de haberse incumplido una norma de orden público.
Intervención de la fuerza pública, principio de proporcionalidad, orden público
Materia: PENAL
Carátula: Alarcón, Javier Catriel y otros p. ss. aa. homicidio calificado agravado por el art. 41 bis. Recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-08-01

El empleo de la coacción estatal se admite como último recurso para el cumplimiento de fines públicos, por cuanto un órgano estatal que realiza un tipo penal sobre la base y dentro del marco de sus facultades públicas actúa conforme a derecho, de allí entonces que policías que se encuentren de servicio pueden recurrir de forma inmediata a la violencia contra las personas o las cosas siempre y cuando el fin policial no pueda ser alcanzado de otro modo.
Rechazo de la demanda, prescripción, dispensa de la prescripción, representante legal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Jara Camila Nicole c/ Provincia de Río Negro  s/ Daños y Perjuicios (Ordinario) Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-11-18

Los términos de la norma y su finalidad resultan claros y no ofrecen margen de duda. En este caso, las circunstancias expuestas excluyen la aplicación del instituto de la dispensa, dado que no se acreditó un impedimento insuperable que hubiera impedido el ejercicio de la acción por parte de su madre, en calidad de representante legal (Voto del Dr. Apcarian por la mayoría)
Prescripción, código civil y comercial, interpretación de la ley, dispensa de la prescripción, interpretación restrictiva, fallos de la Corte Suprema, jurisprudencia aplicable, rechazo de la demanda, representante legal
Materia: CIVIL
Carátula: Jara Camila Nicole c/ Provincia de Río Negro  s/ Daños y Perjuicios (Ordinario) Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-11-18

La dispensa judicial de la prescripción debe interpretarse de manera restrictiva, por constituir una excepción a la regla general de su operatividad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que este instituto, al regular situaciones excepcionales, requiere una interpretación estricta y que la facultad judicial conferida por el art. 3980 del Código Civil debe ejercerse con suma prudencia, valorando las dificultades o impedimentos de hecho en relación con la persona del demandante (Fallos: 314:862; 313:173; 311:1499) (Voto del Dr. Apcarian por la mayoría).
Instancia administrativa, accidentes de trabajo, facultades del Poder Judicial
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Roa Maruja  c/ Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-11-03

La determinación de si un accidente es o no laboral desde lo técnico jurídico y legal es resorte y actividad exclusiva y excluyente del poder jurisdiccional en el marco de un proceso judicial de conocimiento pleno, bilateral y probatorio, no pudiendo sustituirse por los pronunciamientos de las Comisiones Médicas ni por ningún otro proceso administrativo.
Deber de prevención de la aseguradora de riesgos del trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, trabajador en relación de dependencia, Policía Provincial, establecimientos penitenciarios, muerte del trabajador, asegurador por riesgos del trabajo, falta de exámenes periódicos, accidentes de trabajo, responsabilidad por omisión
Materia: LABORAL
Carátula: Roa Maruja  c/ Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-11-03

Toda vez que el agente, trabajador dependiente de la policía provincial, sufría como patología de base una miocardiopatía hipertrófica congénita y estuvo sometido por las tareas encomendadas a un episodio violento para reducir a un detenido ocasión en la que se produjo el desenlace fatal que terminó con su vida, resultando esta la causa determinante de su deceso, corresponde condenar a la aseguradora demanda por su madre puesto que pudo y debió haberlo detectado a tiempo si en cumplimiento de la ley le hubiese realizado los exámenes médicos periódicos sustrayéndolo oportunamente de las tareas que tenía asignadas encomendándole otras que hubiera podido realizar evitando el trágico desenlace.
Juicio de desalojo, sentencia no firme, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE RÍO NEGRO, confirmación de sentencia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Oblina S.A. c/ Ojeda Mella Víctor Baltazar s/ Desalojo (Monitorio) Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-11-06

En relación con las sentencias recaídas en juicios de desalojo, se ha señalado específicamente su ausencia de definitividad, por no hacer cosa juzgada, ya que las cuestiones de dominio o derecho posesorio preferente podrán ser invocadas por las partes en otro proceso (art. 665 del Código Procesal Civil y Comercial), otorgándose un valor provisional limitado al desalojo que se decrete o desestime (cf. STJRNS1 Se. 35/21 MATAMALA; Se. 38/22 ALTAMIRANO) (Voto de los Dres. Ceci, Barotto y Apcarian sin disidencia).
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE CÓRDOBA, Policía Provincial, policía judicial, prevención del delito, escena del crimen, coautoría, confirmación de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: Alarcón, Javier Catriel y otros p. ss. aa. homicidio calificado agravado por el art. 41 bis. Recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-08-01

Una de las funciones de la policía de la provincia de Córdoba es la disuasión, prevención y conjuración temprana del delito, como así también su investigación (art. 22 Ley provincial de seguridad 9235) y ejercen las atribuciones conferidas por el art. 324 Código Procesal Penal hasta que llegue la policía judicial (art. 23 de la misma ley), debiendo preservar la escena criminal e impedir que los agentes involucrados intervengan en la investigación, haciendo uso de sus potestades disciplinarias (art. 15 inc. b y Anexo IV de Ley de personal Policial 9728), siendo su obligación cuando existe sospecha razonable de que se cometió un delito, investigar y tomar medidas activas para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.
Código civil y comercial, responsabilidad del Estado, femicidio, deberes del juez, sobreseimiento, relación de causalidad, fallos de la Corte Suprema, daños y perjuicios, TUCUMÁN, Poder Judicial, codemandado, jueces
Materia: PENAL
Carátula: Tacacho Mariela Fernanda c/ Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-09-08

En el complejo entramado de situaciones que terminaron por configurar (globalmente consideradas) la falta de servicio del Estado provincial, el codemandado P. concurrió causalmente, mediante hechos que le resultan atribuibles en forma personal, a título de culpa grave, en una porción que prudencialmente se estima representativa del 10% del total. Ello así en la medida en que el obrar antijurídico que condujo al daño cuya reparación se pretende (la muerte de la hija de la actora) se compone de una sumatoria de diversos hechos en los que P. no tuvo intervención personal alguna y un hecho en que si la tuvo. La confrontación entre aquellas acciones (o más bien omisiones) que no le resultan atribuibles -y que representan la mayor proporción-, y la que sí cabe atribuirle, prudencialmente valorada, conduce a concluir que el codemandado P. contribuyó causalmente a la producción del daño en una porción representativa del 10%, únicamente. Nótese aquí que, perteneciendo la responsabilidad que se endilga a P. en estas actuaciones al terreno de la culpa personal (factor subjetivo), elementales razones de justicia imponen la solución que propiciamos, de suerte tal de no hacer pesar sobre un único patrimonio (o más bien, sobre el único titular del mismo), la totalidad de las consecuencias derivadas de una concatenación compleja y multicausal de hechos, en muchos de los cuales aquel sujeto no tuvo participación alguna. [...] la causa involucra una pluralidad de responsables, en donde se invoca la participación de distintos sujetos que "deben el mismo objeto en razón de causas diferentes", tratándose de obligaciones concurrentes (artículos 850 y 1751 del Código Civil y Comercial aplicables por analogía). En este sentido, sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las obligaciones concurrentes se caracterizan por la existencia de un solo acreedor, un mismo objeto pero distintas causas con relación a cada uno de los deudores (CSJN, in re Tortorelli antes citado). En definitiva, la Provincia de Tucumán responderá frente a la parte actora por la totalidad del crédito indemnizatorio objeto de este pronunciamiento (100%), mientras que el codemandado P. será responsable, en forma concurrente con el Estado Provincial, respecto de una porción equivalente al 10% de la indemnización reconocida.
TUCUMÁN, fallos de la Corte Suprema, daños y perjuicios, jurisprudencia aplicable, demanda conjunta, violencia de género, responsabilidad objetiva, femicidio, responsabilidad extracontractual del Estado, factores atributivos de responsabilidad, grupos vulnerables, deberes del juez, codemandado, jueces
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Tacacho Mariela Fernanda c/ Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-09-08

Es atinado delimitar el encuadre jurídico de la cuestión traída a resolución, distinguiendo la situación de la Provincia de Tucumán por una parte y la de J.F.P. por otra parte. Es que aun cuando el hecho generador sea único y el mismo, el título obligacional en base al cual pretende atribuirse responsabilidad a una y a otro es diferente, y se sustenta en factores de atribución de distinta naturaleza. Efectivamente, la responsabilidad que se le endilga a la Provincia de Tucumán, debe ser analizada a través de los institutos específicos del derecho público. En concreto, la responsabilidad que se le atribuye en autos a este codemandado supone la verificación de una falta de servicio, entendida como el funcionamiento irregular o defectuoso del servicio a su cargo. De acuerdo a la jurisprudencia inveterada de la Corte Suprema de Justicia Nacional, este factor de atribución es objetivo (en el sentido de que no hace falta la individualización del agente-persona física responsable, no tratándose -tampoco- de un supuesto de responsabilidad indirecta por el hecho del dependiente, pues la imputación aquí es directa en virtud de la teoría del órgano); y su fundamento normativo se encuentra en el artículo 1112 del viejo Código Civil [hoy art. 1766], aplicable por analogía en el ámbito de la responsabilidad estatal (CSJN, Vadell Jorge F. c. Provincia de Buenos Aires, 18/12/84, Fallos 306:2030, entre muchos otros). Esta responsabilidad del Estado Provincial por falta de servicio ha de analizarse en el marco de trece (13) denuncias efectuadas por la hija de la actora en contra de M. P. P. (...). En cambio, la responsabilidad que se endilga a J. F. P. reposa en la negligencia o impericia que se le atribuye en su actuación en el expediente Expte. 3./2016, que tuvo origen en la denuncia de violación de la orden de restricción de acercamiento dictada el 26/05/16 en el Expte../16. El factor de atribución aquí es subjetivo, basado en el análisis de la culpa del presunto responsable, en virtud de la falta personal que se endilga, sin perjuicio de la concurrencia del Estado Provincial por falta de servicio. Es decir, en lo que concierne al desarrollo del Expte. 16, corresponde el análisis concurrente de responsabilidad, tanto del Estado Provincial por supuesta falta de servicio (factor objetivo), como de J. F. P. por supuesta falta personal (factor subjetivo). En lo que resta de la actuación del Estado Provincial en que no intervino el codemandado P. (...), el análisis de responsabilidad quedará vinculado de modo exclusivo a la invocada falta de servicio de la codemandada Provincia de Tucumán.
Ley de defensa del consumidor, código civil y comercial, declaración de oficio, buena fe contractual, imprescriptibilidad, cláusulas leoninas, voluntad del legislador, nulidad absoluta
Materia: CIVIL
Carátula: GAMA S.A. c/ Fernández, María Macarena s/ Ordinario - Cumplimiento/Resolución de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-05-08

A partir de la diferencia conceptual entre nulidad e inexistencia y de la clara opción normativa efectuada por el legislador tanto en la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 como en el Código Civil en favor de aquella última motivada en la necesidad de brindar una protección agravada al consumidor, corresponde considerar la imprescriptibilidad de la acción pues una postura contraria iría contra el fin perseguido por el legislador nacional vaciando de contenido su intención quien para el caso específico de las cláusulas abusivas en forma inequívoca evita utilizar la palabra nulidad a diferencia del art. 37 in fine de la norma.
Derechos del consumidor, cláusulas leoninas, ley de defensa del consumidor, relación de consumo, consumidores, código civil y comercial, buena fe contractual, imprescriptibilidad, deberes del juez
Materia: CIVIL
Carátula: GAMA S.A. c/ Fernández, María Macarena s/ Ordinario - Cumplimiento/Resolución de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-05-08

Las cláusulas abusivas no deben reputarse anulables sino inexistentes de pleno derecho (ex lege), lo que no solo corresponde en el marco de una interpretación adecuada de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 al indicar que deben tenerse por no convenidas sino también en orden a su espíritu protectorio, de allí entonces que como el acto carece de un elemento esencial a fin de que llegue a constituirse como acto jurídico pueden ser declaradas de oficio, no son confirmables y la acción es imprescriptible.
Superior Tribunal de Justicia, acordadas, recurso de queja (procesal), confirmación de sentencia, sentencia no firme, denegatoria del recurso, RÍO NEGRO, LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL
Materia: PROCESAL
Carátula: Oblina S.A. c/ Ojeda Mella Víctor Baltazar s/ Desalojo (Monitorio) Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-11-06

Recurso de hecho interpuesto carece de chances de prosperar, pues desatiende el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad dispuestos en la Acordada 9/23 del Superior Tribunal provincial así como el art. 61 de la Ley 5631, que exige la definitividad de las cuestiones debatidas para acceder al excepcional control de legalidad (Voto de los Dres. Ceci, Barotto y Apcarian sin disidencia).
Ley nacional, TUCUMÁN, código civil y comercial, responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, aplicación analógica de la ley, interpretación y aplicación de la ley, ley vigente, doctrina, jurisprudencia aplicable, responsabilidad extracontractual del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: Tacacho Mariela Fernanda c/ Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2025-09-08

En el derecho positivo vigente a la fecha de los hechos debatidos en autos, el cuadro de situación es el siguiente: a) las disposiciones del viejo Código Civil en que la jurisprudencia sustentaba el sistema de responsabilidad extracontractual del Estado han sido derogadas; b) el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación prohíbe expresamente su aplicación directa o subsidiaria a la responsabilidad del Estado; c) la Provincia de Tucumán no adhirió a la Ley de Responsabilidad del Estado 26.944, ni tampoco dictó su propia ley de responsabilidad del Estado. No obstante, en este punto debe advertirse que la ausencia de una ley que regule la materia en el ámbito estatal, no autoriza a suponer la irresponsabilidad del Estado. [...] Comprender que subsidiariedad y analogía constituyen técnicas hermenéuticas diferentes es determinante, toda vez que el artículo 1764 del Código Civil y Comercial de la Nación veda la aplicación directa y la aplicación subsidiaria de dicho Digesto a la responsabilidad del Estado, mas no impide la aplicación analógica de las normas civiles, esto es, previa adaptación de las normas de derecho privado, conforme a la naturaleza del derecho público. [...] La aplicación analógica del Código Civil y Comercial de la Nación en el ámbito de la responsabilidad estatal ha sido confirmada por nuestro cimero Tribunal Provincial: Si bien existe la exclusión normativa que prevé el art. 1766 del Código Civil y Comercial lo cierto es que las reglas de este digesto fondal se aplican por vía analógica ya que ella no está prohibida: aquella normativa sólo alude a la inaplicación directa o subsidiaria (CSJT, Sentencia 603, 13/05/2024100070687, Torres Casanova, Pablo Antonio y otra c. Brand, Valeria Judith y Provincia de Tucumán s. Daños y Perjuicios). En definitiva, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no impide la aplicación analógica de sus disposiciones a la responsabilidad estatal, sino únicamente su aplicación directa y su aplicación subsidiaria. En consecuencia, no habiendo la Provincia de Tucumán adherido a la ley nacional 26.944 de responsabilidad del Estado, y frente a la inexistencia de una ley local sobre responsabilidad del Estado, no existe impedimento para resolver el caso bajo examen con aplicación analógica de las disposiciones sobre responsabilidad contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, en cuanto fuera pertinente; tal cual fuera admitido por una consolidada jurisprudencia tanto nacional como provincial, anterior a la sanción de la ley 26.944 sobre Responsabilidad del Estado.