marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Corretaje, comisión del corredor, declaración testimonial
Materia: COMERCIAL
Carátula: MC LOUGHLIN  SA  COMERCIAL Y AGROPECUARIA E INMOBILIARIA c/ ORDOQUI, JUAN s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-19

Resulta procedente que un corredor perciba su comisión, sin que constituya óbice a tal pretensión, la circunstancia de que no exista instrumento en el cual conste la respectiva autorización, si -como acontece en el caso- la operación de corretaje aparece corroborada por declaraciones testimoniales conducentes. A más, la existencia del citado instrumento no es exigida por la ley.
Acción de amparo, Municipalidad, ordenanzas municipales, concejo deliberante, competencia por la materia, aplicación analógica de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Cámara del Trabajo s/ Cuestión de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-05-24

En el presente amparo, presentado por los empleados municipales contra ordenanzas municipales, se configura una cuestión contencioso administrativa constitucional, referida a la actuación de un órgano de la Función Municipal -Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Rioja- que por virtud constitucional integra una de las cuatro funciones del Estado provincial, junto a la Función Ejecutiva, para la cual el ordenamiento jurídico local no determina en modo expreso, cuál es el órgano judicial con competencia jurisdiccional para intervenir en asuntos de esta índole, cuando de la acción de amparo se trata.

Corresponde a este Tribunal suplir el vacío legislativo, recurriendo al método de la analogía contenido como uno de los principios generales del derecho en el art. 16 del C.C., aplicando preceptos normativos análogos que permitan determinar el órgano judicial al cual, de una forma razonablemente implícita le está otorgada la competencia en razón de la materia en examen. (Del voto del Dr.

Félix Antonio Rivero)
Derechos y garantías constitucionales, hábeas data, aplicación de la ley, aplicación analógica de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: "Paucar Daniel Jesús c/ DNM s/ habeas data".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-22

La ausencia de normas regulatorias de los aspectos instrumentales de la acción de habeas data no obsta a que, como regla, sean aplicables en su ámbito los principios de leyes análogas (art. 16 C.C.), entendiendo como tales, como principio, los contenidos en la ley 16.986 en cuanto tiendan a una mayor rapidez en la decisión, aunque siempre con las diferencias impuestas por la naturaleza propia de lo que constituye la sustancia de la institución bajo examen (cfr. C.S.J.N. in re "Los Lagos", Fallos: 190:142; esta Sala, "Gaziglia, Carlos Raimundo y otro c/B.C.R.A.", 4/10/95).
Contrato de obra pública, mayores costos, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mundo Construcciones S.A. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 597 año 1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-09

No puede prosperar la pretensión de la empresa actora que solicita el reconocimiento y pago de los gastos financieros que -sostiene- se devengaron durante la ejecución de la obra, fundándose para ello en la aplicación genérica e indiscriminada al contrato de una reglamentación sobre variaciones de costos no mencionada en el Pliego de Bases y Condiciones, como son las normas del decreto nacional 2348/76, puesto que ello implicaría alterar las bases de la contratación existentes al momento de la licitación violándose de esa forma el principio de igualdad en que deben encontrarse todos los oferentes al momento de licitarse la obra pública en cuestión.
Honorarios, obiter dicta
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Cooperativa de Vivienda La Naval Arg. c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro. s/ Incidente.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-20

A más abundamiento, debe puntualizarse que ante al medida para mejor proveer dispuesta por esta Cámara, y requerido el Tribunal de Cuentas de la Nación respecto del tema en consulta, dicho cuerpo manifestó: "...que, salvo excepción expresamente normada, no corresponde el pago de honorarios al perito empleado a sueldo de la Nación en los juicios en los que el fisco sea parte...". En el mismo sentido se explayó el Sr. Procurador General del Tesoro, quien en su dictamen de fs. 186-87, luego de reseñar los antecedentes legislativos aplicando al caso, señala que "...el art. 13 de la ley 11.672 dice: 'Los peritos y profesionales de cualquier categoría, que desempeñen empleos a sueldo de la Nación, no podrán reclamar honorarios en los asuntos en que intervengan por nombramiento de oficio en los que el Fisco es parte y siempre que las costas no sean a cargo de la parte contraria...". Por ello considero que no le corresponde percibir honorarios al contador Piccoli.
Constitución Nacional, Derechos humanos, delitos contra la humanidad, obediencia debida, Ley de Punto Final, inconstitucionalidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Simón,  Julio  Héctor  y  otros s/ privación  ilegítima de  la libertad, etc. (Poblete) -causa Nº 17.768-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-14

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521, la validez de la ley 25.779 y, a todo evento, de ningún efecto dichas leyes de punto final y obediencia debida y cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo por los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación Argentina.
Uso de marca, cese de uso de marca, legitimación activa
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Cámara de la Industria Cervecera c/ Inzumos  S.A. s/ Cese de uso de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-29

El ordenamiento marcario sólo requiere, para viabilizar las acciones sobre cese de uso de marca la existencia de un interés legítimo en el actor. En este caso, la falta de legitimación acusada no reúne la característica de presentarse en forma manifiesta - requisito sine qua non para su tratamiento preliminar -, habida cuenta de que lo atinente a las cuestiones planteadas por la propia demandada, dependerá de las circunstancias fácticas que deberán ser materia de actividad probatoria en la etapa procesal correspondiente.
Cementerios, personal municipal, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aguirre, Bernardo y Otros c/ Municipalidad de Córdoba s/ Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-10-11

La sanción de cesantía aplicada a los agentes públicos a quienes se les imputa la extracción de objetos metálicos de valor de féretros y sepulcros del cementerio local para su posterior comercialización, resulta irrazonable, pues ha quedado demostrado que era el propio director del camposanto quien centralizaba la operatoria de venta del material de ornamentos funerarios metálicos, por lo que si bien esta apariencia de "normalidad" no justifica la inconducta de los actores, corresponde que ésta sea valorada y sancionada conforme el marco descripto, con cierta tolerancia y benevolencia, debiendo morigerarse la sanción a los actores y ordenarse la reincorporación de los mismos (del voto en disidencia del Dr. Cafferata).
Procedimiento laboral, diligencias preliminares
Materia: LABORAL
Carátula: COHEN   JUAN   ANDRES c/ ARIES  INTEGRAL  S.A. s/ DILIGENCIAPRELIMINAR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24

Las "diligencias preliminares" tienen por objeto procurar, a quien ha de ser parte en un proceso de conocimiento, hechos o informaciones que no podría obtener sin la actuación jurisdiccional, por lo que corresponde desestimar la utilización de este instituto cuando la posibilidad de acceder a los datos requeridos mediante vías extrajudiciales.
Derechos políticos, Derechos humanos, incumplimiento del contrato, contrato social
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-06

No cabe considerar al voto como un privilegio exclusivo de los buenos ciudadanos, sino más bien como un "derecho fundamental" que sólo excepcionalmente puede ser suspendido, pues, modulando el concepto de incumplimiento del "contrato social" por parte de quienes hayan delinquido, únicamente correspondería suspender temporariamente los derechos políticos de aquellos que se han hecho acreedores de una severa condena penal, por ende pasibles de una dilatada privación de la libertad. (Voto en disidencia del Dr. José O. Casás).
Recurso de inaplicabilidad de ley, aplicación supletoria de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G.C:B.A. c/ Carreras, Ariel Celso s/ Ejecución fiscal fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-05

A los efectos del tratamiento del recurso de inaplicabilidad de ley previsto en el artículo 252 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, ante la falta de reglamentación específica, esta Cámara ha decidido en su acuerdo plenario Nro. 3/2002 aplicar supletoriamente el procedimiento establecido en la Resolución Nro. 44/99 por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires para el fuero en lo Contravencional y de Faltas.
Medidas cautelares, recurso de casación, sentencia definitiva, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R, M. J. c/ C, O. A. s/ Divorcio vincular y Rec. de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-04-20

Uno de los requisitos de ineludible cumplimiento para la admisibilidad formal del recurso de casación, es que la resolución o sentencia que se impugna revista el carácter de definitiva en los términos del art. 288 del CPC, ello es, que ponga fin al pleito, impida su continuación o cause un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.

En esa inteligencia, las medidas cautelares se caracterizan precisamente por su provisioriedad ya sea que se provean, levanten o modifiquen, por lo que su revisión en esta instancia de excepción queda supeditada a la demostración de que la concesión o denegatoria de la cautelar solicitada causa un gravamen irreparable. Dicha circunstancia no fue alegada por la recurrente, de manera tal que permita advertir que el levantamiento del embargo preventivo ordenado en contra de su cónyuge sobre un depósito a plazo fijo y/o caja de ahorros, resuelto por el Ad quem, constituiría un daño irreparable para los derechos y protección de los menores, no siendo por lo tanto equiparable a sentencia definitiva, más si se toma en cuenta que la cuestión puede ser revisada en cualquier momento ante el incumplimiento del alimentante por lo que no se priva a los interesados de una ulterior garantía jurisdiccional. En consecuencia, no mediando circunstancias que autoricen a hacer una excepción a la regla general, el recurso de casación planteado deviene formalmente inadmisible.
Contravenciones de tránsito, suspensión del juicio a prueba
Materia: CONTRAVENCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Thompson Tabeni, María de las Mercedes s/infr. art(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-19

Luego de la reforma introducida por la ley nº 2641 que modificó -en lo que hoy importa- el art. 45 del CC, los presuntos contraventores conocen y aceptan previamente que, en caso de acordar con el MPF una suspensión del proceso a prueba, respecto de cualquiera de las contravenciones expresamente previstas en esta norma, al momento en que el juez determine que han cumplido satisfactoriamente lo acordado y que se declare la extinción de la acción, se procederá a comunicar tal circunstancia a la UACF a los fines de que se descuenten los puntos pertinentes, según lo establece -a modo de consecuencia administrativa y accesoria- el Código de Tránsito y Transporte de la CABA. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Policía federal, acto administrativo, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Pergola  Sergio   Omar c/ Mº  del  Interior-  Policía  FederalArgentina s/ Daños y Perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-09

El juicio de la autoridad policial se debe mantener si el acto administrativo impugnado ha sido dictado por el organo competente, en ejercicio de facultades autorizadas por el ordenamiento sectorial respectivo y con sujeción estricta a los requisitos de causa, objeto y motivación establecidos en el art. 7, incs. b, c y e de la ley nacional de procedimientos administrativos que consagra en este aspecto una regulación general para cualquier tipo de actuación administrativa (Del voto del juez Grecco, Cons. II).
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Montiel, Ernesto y otra c/ García, Ruben Darío y otros s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-13

Respecto al uso de las vías de tránsito, dentro de las vías habilitadas el conductor debe hacerlo en el sentido del tránsito, en la dirección señalada y, por tanto, la circulación "a contramano" está prohibida y constituye una falta grave, de alta peligrosidad por lo imprevisible , arts. 512 y 902 Cód. Civil.
Ley de defensa del consumidor, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Litren Luís Nicolás c/ Cenocosud S.A (Easy) s/ Daños Y Perjuicios Inc. Contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-07-14

Dado que resulta aplicable la ley de defensa del consumidor a la demanda por daños y perjuicios deducida por un cliente contra un hipermercado debido a que fue denunciado penalmente por éste por un delito contra la propiedad, cabe aplicar el principio de inversión de la carga probatoria al colegirse que el demandado estaba en inmejorables condiciones de acreditar con rapidez que el controvertido elemento integraba el stock de la empresa.
Contrato de garaje, robo de automotor, locación de cosas, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: Acuña, Pedro Damián c/ Sucesores de Takieldin, Jacinto Ismael s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-12

En el contrato de locación de cosas el locador entrega la tenencia de la cosa al locatario, y se obliga a conservarla en buen estado y a mantener al locatario en el goce pacífico de ella durante todo el tiempo de la locación, siendo a todas luces evidente, en virtud de la referida transmisión de la tenencia, que no existe ninguna obligación de guarda o custodia del locador sobre la cosa locada ni sobre los objetos que el locatario introduzca en la misma.
Convertibilidad, intereses, tasas de interés, tasa activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gas del Estado c/ Servicios Públicos Soc. del Estado de Santa Cruz s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-16

Con posterioridad al 31/3/91 y hasta el efectivo pago deberá aplicarse la tasa de interés activa promedio que publica el Banco de la Nación Arg. para las operaciones de descuento de documentos.
Quiebra, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: COMERCIAL
Carátula: STANFOR  S.A.I.C s/ QUIEBRA - ACUERDO RESOLUTORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1981-12-29

Para la aprobación del concordato propuesto por el concursado en una convocatoria de acreedores, es necesario, como primer paso por orden de exclusión, que se den las dobles mayorías que exige la ley, según el contenido del acuerdo como intérprete de la voluntad colectiva de los acreedores que votan favorablemente o en contra, ausentes e incluso no insinuados todavía en el pasivo (Cámara: "El Concurso Preventivo", tomo II, pág. 1036). La ley 19551 fija diversos porcentajes según las distintas propuestas posibles que de acuerdo al art. 42 caben ofrecer, y con más amplitud que la ley anterior, esta nueva disposición alcanza a proyecciones mayores al admitir "... o a cualquier otro acuerdo que teniendo votación suficiente..." el juez estime pueda ser homologado de conformidad con lo resuelto con el art. 61. Es decir, primero es necesario contar con las mayorías que la ley exige, y que teniendo votación suficiente, recién el tribunal puede o no homologar de acuerdo a las pautas de valoración dispuestas por el art. 61 (Cámara, ob. cit., tomo II, pág. 1039).
Superintendencia, avocación jurisdiccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Varela Alvarez, Carlos - Giménez, Armando A. s/ avocación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

La avocación de la Corte Suprema sólo procede cuando existe una manifiesta extralimitación del ejercicio de sus atribuciones por los tribunales de alzada o cuando razones de superintendencia general lo tornan conveniente (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno y Gustavo A. Bossert).
Poder Judicial, control de constitucionalidad, voluntad del legislador
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: H, M. H. s/ Hurto agravado por la utilización de llave falsa y promoción de la   corrupción de menor de edad en concurso real. Queja por Denegación   del Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 792- 97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-18

En virtud de la facultad que le otorga el hoy artículo 75 inciso 12) de la Constitución Nacional, resulta propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas; de tal suerte que el único juicio que corresponde emitir a los tribunales es el referente a la constitucionalidad de las leyes, a fin de discernir si media restricción de los principios consagrados en la Carta Fundamental, sin inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones.
Partes del proceso, calidad de parte, costas al vencido, recursos de la seguridad social, AFIP DGI
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: Farmacia España S.C.S. c/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Teniendo en cuenta la particular naturaleza, alcance y objetivos de la intervención de los organismos de fiscalización y control de los recursos de la seguridad social, en las contiendas judiciales, su situación no puede ser equiparada a la que usualmente revisten las partes, por lo que no resulta fundado predicar la condición de parte vencida en el juicio y aplicarles las costas.
Contratos, apreciación de la prueba, factura, valor probatorio
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Artware SRL c/ G Y P New Tree SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-13

Si bien la recepción por el destinatario de una factura describe -en su conjunto- un crédito que, en principio, pareciera ser líquido y exigible, lo cierto es que si el requerido demuestra en forma fehaciente que -pese a haber recibido tal documento- el servicio no fue prestado a su parte, el valor probatorio de la factura entregada se desvanece. No se pasa por alto que la virtualidad probatoria del instrumento mencionado no se encuentra en su confección unilateral sino en la recepción por el comprador (o reclamado) y en su aceptación en forma expresa o tácita (cfr. CNCom, Sala A, 2.10.12, mi voto, in re "Orri, Ana Inés c/ Fratelli Branca Destilerías SA s/ ordinario"; idem, 14.2.08, mi voto, in re "Sistemas Bejerman SA c/ Nicolaide Héctor Jorge y otro"; bis idem, 14.12.06, in re "Ratto SA c/ Alba Fábrica de Pinturas, Esmaltes y Barnices"; ter idem, Sala B, 2.4.90, in re "Bodega Tres Blasones SRL c/ Kapusta Manuel", entre muchos otros), ni menos aún que, conforme a lo establecido en CCOM 474, las facturas se presumen cuentas liquidadas en tanto y en cuanto no fuesen reclamadas por el comprador dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega y recibo, mas lo cierto es que en la jurisprudencia hay consenso respecto al carácter juris tantum de la referida presunción, lo que implica tanto como señalar que si existe prueba en contrario, puede ser desvirtuado lo relativo a la prestación del servicio consignada en dicha documentación (cfr. CNCom, Sala A, 2.10.12, mi voto, in re "Orri, Ana Inés c/ Fratelli Branca Destilerías SA...", cit. supra; idem, Sala B, 4.3.83, in re "Canilla, Jorge y otro c/ Argente, Juan y otro", ED, 104-510; bis idem, Sala C, 3.7.95; in re "Hotel Presidente SA c/ Sanelco SA", LL, 1995E, 277; ter idem, 20.6.97, in re "García, Osvaldo c/ Aguas Argentinas SA y otro"; quater idem, Sala E, 11.9.98, in re "Dedey Producciones SA c/ Saúl Altheim Agencia de Publicidad SRL", LL, 1998-F, 655, entre otros; Rouillon, Adolfo, "Código de comercio. Comentado y Anotado", La Ley, T. I, 2005, Buenos Aires, pág. 619).
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, GUATEMALA, Pacto de San José de Costa Rica, centro clandestino de detención, responsabilidad internacional del Estado, secuestro de personas, deber de juzgar, deber de esclarecimiento, torturas
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Maritza Urrutia c/ Guatemala s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2009-01-22

Corresponde que la Corte Interamericana mantenga abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencias, pudiendo, eventualmente, convocar a Guatemala a una audiencia privada, en el caso en que fue declarada la responsabilidad internacional de dicho Estado por las violaciones de la Convención Americana y el incumplimiento de su par Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de la activista política que fue secuestrada, torturada y llevada a un centro clandestino de detención, pues se encuentra pendiente de acatamiento la obligación de identificar, juzgar y sancionar a los responsables, así como divulgar públicamente los resultados de la respectiva investigación.
Requisa personal, policía, prueba, estupefacientes, tenencia de estupefacientes, prevención del delito
Materia: PENAL
Carátula: Szmilowsky, Tomás Alejandro s/ causa nº 4606/00.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

Resulta legítimo el trámite de requisa personal llevado a cabo por funcionarios policiales a la luz de las normas que regulan su accionar (arts. 183, 184 inc. 5°, 230 y 284 del Código Procesal Penal de la Nación) si, habiendo sido comisionados para recorrer el radio de la jurisdicción en la tarea de la prevención del delito y en ese contexto -en horas de la noche interceptaron al encartado, que mostró una conducta muy nerviosa ante la sola presencia policial, actitud que despertó la razonable sospecha del funcionario policial actuante y que fue ulteriormente corroborada con el hallazgo de efectos vinculados a la tenencia de estupefacientes.
Impuestos, sanciones tributarias, multa tributaria, error de derecho extrapenal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Resinfor S.A. (T.F. 11.052-I) s/ res. Apel. D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-03

Si bien este Tribunal admitió -bajo ciertas condiciones- el error de derecho no penal como causal exonerativa de culpabilidad (vid. "Longvie Paraná", del 22/6/93 y "Editorial Atlántida", del 10/8/93, entre muchos otros), tal solución no resulta aplicable a la especie. En efecto, como se señalara en los precedentes citados, dicho error requiere para su viabilidad, que sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon al accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. (Consid.10º).