Proceso penal, pena de inhabilitación, suspensión del juicio a prueba, recurso extraordinario
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bieza, Víctor Federico s/ Recurso Extraordinario deducido por el Dr. Enrique Lilljedahl (h) en contra de Sentencia Nº 70/12 de Expte. Corte Nº 91/12 - Recurso de Casación (...) en causa Bieza, Víctor Federico - p.s.a. Homicidio Culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-27

Esta Corte rechazó el recurso de casación deducido por la defensa del imputado contra la resolución que no había hecho lugar a su pretensión para que suspenda el juicio a prueba, y fundó su decisión en la concurrencia del obstáculo formal a la admisibilidad del instituto reglado por el art. 76 bis octavo párrafo del Código Penal, según el cual la suspensión del juicio a prueba no procede si el delito tiene prevista pena de inhabilitación.

El recurso no expone agravio federal suficiente que suscite la apertura de la instancia extraordinaria.

Por una parte, en tanto remite a la interpretación del art. 76 bis del Código Penal, el planteo es de derecho común, y por ende, ajeno a la vía establecida por el art. 14 de la ley 48 (C.S.J.N., "Fallos", 325:2192 y 1145), y quien recurre no ofrece razones suficientes para tener por configurada en el caso una excepción a dicha regla.

Por otra parte, el recurso no satisface la exigencia de fundamentación autónoma. Es que este recurso, como toda impugnación, no puede prescindir de los fundamentos de la resolución recurrida, por lo que debe contraponer a ellos los defectos susceptibles de conmover su validez, en tanto los no controvertidos devienen incólumes y se consolidan con los efectos de la cosa juzgada.

Sin embargo, el recurrente no se hace cargo de rebatir los fundamentos expresados en la sentencia impugnada para rechazar la crítica que reitera en esta oportunidad, y no aporta nuevos argumentos que justifiquen una solución distinta de la cuestionada; y, en esas condiciones, la presentación no cumple la exigencia del art.15 de la ley 48 y del art. 3º d) de la Acordada Nº 04 de la Corte Suprema.

Esta Corte convalidó el pronunciamiento denegatorio de la solicitud de suspensión del juicio por apreciar como adecuadas a Derecho las razones que para así decidir había expresado el Juez Correccional, con fundamento en el dictamen desfavorable de la Fiscalía, sustentado -en lo que aquí interesa- en una interpretación legal posible de las normas aplicables.

La resolución impugnada descansa en la constatación por esta Corte, en ejercicio del deber de control que le fue requerido mediante el recurso de casación, de la concurrencia en el caso del siguiente impedimento previsto en el párrafo 8º del art. 26 del Código Penal para la suspensión del juicio: la pena de inhabilitación amenazada para el delito de cuyo juzgamiento se trata (arts.84, 2º párrafo, del Código Penal).

Con remisión a lo resuelto por el tribunal en casos similares -que individualizó suficientemente-, este tribunal sostuvo entonces que esa interpretación coincide con la de la Corte Suprema, según la cual no cabe la suspensión del juicio en los casos de delitos castigados exclusivamente con pena de inhabilitación, ni respecto de aquellos que tengan conminada en forma conjunta la pena de inhabilitación, ni de los sancionados con multa e inhabilitación, y que esa doctrina no había sido modificad en las resoluciones de las causas "Acosta" y "Norberto".

En esta oportunidad, el recurrente insiste con su planteo según el cual, lo resuelto se aparta sin motivo suficiente del criterio hermenéutico sostenido en los indicados precedentes y que, por ello, la sentencia debe ser revocada por la Corte Suprema, como máximo intérprete de la ley y de la Constitución.

Sin embargo, la pretensión para que la sentencia apelada sea revisada por el Máximo Tribunal de la Nación carece de fundamento suficiente.

Por una parte, debido a que la cuestionada denegatoria a la solicitud de suspensión del juicio a prueba no se encuentra fundada en la mera escala penal conminada en abstracto por la ley para el delito atribuido al imputado, por lo que los invocados principios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los conocidos precedentes "Acosta" y "Norverto", en tanto relacionados con la escala penal prevista para los delitos imputados y el alcance que corresponde asignarle al 4º párrafo del art. 76 bis del Código Penal, no tienen vinculación con lo decidido.

Por otra parte, con la mera reseña que realiza de lo resuelto en sentido contrario por otros tribunales, el recurrente no refuta las razones dadas en sustento de la decisión que impugna, vinculadas con la política criminal que constituye el marco legal del Instituto y que fueron invocadas por la Corte en el caso "Gregorchuck", en tanto de esas reseñas no surge que esas cuestiones hayan sido tratadas por los tribunales intervinientes. Además, el recurrente tampoco demuestra que en los fallos posteriores, dictados en las mencionadas causas "Acosta" y "Norverto", la Corte haya tratado dichas cuestiones; y, con esa omisión, no demuestra lo que pretende: que con lo resuelto en estos últimos casos el Máximo Tribunal haya variado el criterio sostenido en el caso "Gregorchuk".

De tal modo, el recurrente sólo expresa su distinto criterio sobre el tema y su disenso consiguiente con la decisión que impugna, lo que no justifica la intervención que pretende de la Corte Suprema, la que no está llamada a superar las discrepancias de las partes con las resoluciones de los jueces sino a garantizar la supremacía constitucional, cuyo compromiso en el caso el recurrente no demuestra.

Así las cosas, en tanto el discurso recursivo no pone en evidencia la ilegalidad, irrazonabilidad ni el desarreglo de la sentencia recurrida con la doctrina de la Corte Suprema sobre la sentencia arbitraria, los agravios no cuentan con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso de inequívoco carácter excepcional como lo es el de la arbitrariedad (Fallos: 310:1014, entre otros) y que procede sólo cuando la solución cuestionada es sustentada en afirmaciones meramente dogmáticas o aparentes que la descalifican como la sentencia fundada en ley a la que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 320:1534; 323:1779; 327:5528), déficit que no es demostrado en el recurso.

Por ello, corresponde no conceder el Recurso Extraordinario deducido.