Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-16


Expte. nº 8896/12 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad dene-gado en: Moreira Suquilvide, Eduardo c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'" Buenos Aires, de octubre de 2012 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

1. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante GCBA, acude en queja ante este Tribunal (fs. 130/145) a fin de sostener el recurso de inconstitucionalidad (113/124 vta.) que dedujera contra la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que confirmó el fallo de primera instancia. La jueza de grado hizo lugar al amparo interpuesto por Eduardo Moreira Suquilvide y ordenó a la demandada a reprogramar la jornada de trabajo del actor a seis horas diarias y a menos de cinco días a la semana, con costas por su orden.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones (fs. 126/128) -previo traslado a la parte actora del recurso de inconstitucionalidad articulado por el GCBA, que fue contestado (fs. 148/161)- resolvió no concederlo, por considerar que la sentencia atacada trató "todas cuestiones relativas a los hechos, su prueba y adecuación a las normas legales aplicables al caso, de naturaleza infraconstitucional, acompañadas de adecuada fundamentación" (fs.127), y que no se planteaba una cuestión constitucional ni se trataba de un supuesto de sentencia arbitraria.

En su queja, el GCBA aduce que dicho decisorio merece ser calificado de arbitrario, por cuanto prescinde, "no ya de las constancias de la causa, sino del escrito mismo sometido a consideración" (fs. 130 vta.) y "excluido el breve relato de los antecedentes materiales puede ser aplicado tanto a éste como a cualquier otro caso" (fs. 131). Sostiene que "no trata ninguno de los agravios vertidos por mi mandante, entendiendo que fueron objeto de tratamiento y que se agotan en cuestiones de hecho y prueba, y muy por el contrario se trata precisamente de la aplicación de la normativa nacional sobre insalubridad a cuestiones de empleo público local reguladas por la normativa local en cuanto a los aspectos de insalubridad y tareas riesgosas, potestades en tal sentido no delegadas al gobierno central. Lo que enerva sin lugar a dudas la autonomía reconocida a la Ciudad de Buenos Aires" (fs. 131).

2. En el caso, Eduardo Moreira Suquilvide, quien se desempeña como enfermero franquero en el área de terapia intensiva del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, promovió acción de amparo contra el GCBA, a fin de que se ordenara la reducción de su carga horaria a un máximo de seis horas diarias y 4 días por semana (fs. 2/8). Manifestó que el acto arbitrario consistió en la orden verbal de las autoridades del nosocomio de que debía trabajar "en el horario de 12 a 24 horas, durante el transcurso de los días de 'fin de semana santa', esto es, jueves, viernes, sábado y domingo, totalizando cuatro (4) jornadas laborales de doce (12) horas cada una, excediendo así, con creces, el límite horario impuesto por la normativa vigente en la materia" (fs. 3 vta., se ha prescindido de la negrita y el subrayado del original). Planteó que sus tareas debían ser consideradas insalubres, toda vez que la ley n° 24.004 en su artículo 24 define como tales las tareas de enfermería que se realizan en unidades de cuidados intensivos. Indicó que dicha norma es aplicable en la Ciudad en virtud de la remisión establecida en la cláusula transitoria quinta de la ley local de ejercicio de la enfermería n° 298 que establece: "Rigen las disposiciones sobre insalubridad establecidas por la legislación nacional y jurisdiccional vigentes, adoptándose en caso de superposición la norma más favorable al trabajador". El actor afirmó que por ese motivo no le es aplicable la duración de la jornada establecida en el art. 3 del decreto n° 937/07 que regula la prestación de servicios del personal franquero, pues esta disposición exceptúa expresamente de la jornada diaria de 12 horas a los casos comprendidos en la normativa referida a tareas insalubres o riesgosas.

3. El GCBA contestó demanda (fs. 78/89 vuelta). Cuestionó la vía del amparo y, en cuanto al fondo, manifestó que cuando el decreto n° 937/07 exceptúa las tareas insalubres o riesgosas se refiere a las comprendidas en la normativa local -decreto n° 6666/83, modificatorio del decreto n° 8908/78- que "no enumera dentro de las actividades insalubres las desarrolladas en las terapias intensivas de los nosocomios de Salud local" (fs. 85, sin el subrayado del original). Señaló que, según la resolución n° 434/2003 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Ciudad es competente para la declaración de insalubridad de las actividades que despliegan los agentes del GCBA y en función de ello reglamentó el procedimiento por resolución n° 464/SSRYF/03. Sostuvo finalmente que "la decisión de reducir la jornada horaria de un[a] enfermero que se desempeña como franquero bajo el régimen del dec. n° 937/07 y catalogar su desempeño como insalubre, es una cuestión que toca a la organización de los planteles Administrativos, conforme criterios reservados a la autoridad administrativa porque se sustenta eminentemente en factores de oportunidad, mérito y conveniencia" (fs. 87 vuelta).

4. La jueza de grado hizo lugar al amparo y ordenó al GCBA que reprogramara "la jornada laboral del amparista como enfermero franquero en el área de terapia intensiva del Hospital Municipal de Gastroenterología 'Dr. Carlos Bonorino Udaondo', debiendo trabajar seis horas diarias sin alcanzar los cinco días semanales", con costas por su orden (fs. 94 vuelta).

5. Frente a ello, la demandada apeló y expresó agravios (fs. 95/104) que fueron contestados por la parte actora (fs. 105/108).

6. La Sala II rechazó el recurso de apelación deducido por el GCBA y confirmó la resolución recurrida, con costas en el orden causado (fs. 110/112). Para así decidir consideró, en primer término, que la vía de amparo escogida resultaba adecuada para el tratamiento de los planteos involucrados. También tuvo en cuenta la remisión establecida en la cláusula transitoria 5ª de ley n° 298, para afirmar entonces que "ha sido el propio legislador local, en uso de sus facultades constitucionalmente previstas (y no cuestionadas en el caso), quien adoptó la solución que el GCBA critica y, en su presentación recursiva, desconoce. De este modo, la regla recién mencionada, que encuentra basamento en el art. 43 de la CCABA (en cuanto dispone que el tratamiento e interpretación de las leyes laborales debe efectuarse conforme los principios del derecho del trabajo), conduce a aplicar, dada la superposición normativa, el art. 24 de la ley n° 24.004 (de Ejercicio de la Enfermería), que dispone: 'A los efectos de la aplicación de normas vigentes que, para resguardo de la salud física o psíquica, establecen especiales regímenes de reducción horaria, licencias, jubilación, condiciones de trabajo y/o provisión de elementos de protección, considéranse insalubres las siguientes tareas de enfermería: a) Las que se realizan en unidades de cuidados intensivos .' (.) Y, por ello, cobra vigencia la jornada de trabajo establecida en el art. 2º de la ley n° 11.544, según el cual su duración no podrá exceder de seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales" (fs. 111 vuelta).

7. Disconforme con lo decidido, el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad cuya denegatoria dio lugar a la queja que da cuenta el punto 1.

Planteó que el pronunciamiento de la Cámara era arbitrario porque "soslaya abiertamente" (fs. 118 vta.) el requisito constitucional del amparo que es la "existencia de 'arbitrariedad o ilegalidad manifiesta' en la conducta administrativa" (ídem). Sostuvo que "en defensa de las atribuciones y competencias no delegadas al gobierno central en materia de empleo público, resulta de plena aplicación el deber de los magistrados respecto a preservar y defender la autonomía de la CABA, en todos los aspectos que consagra el art. 6 de la CCABA" (fs. 116 vuelta). Señaló que la Cláusula Transitoria 5° de la ley n° 298, de Ejercicio de la Enfermería en la Ciudad de Buenos Aires, "no niega la aplicación de la normativa local en materia de empleo público, ya que si bien remite a las disposiciones de insalubridad en la legislación nacional también hace mención de la jurisdicción vigente y esta no es otra que la consagrada en el decreto n° 6666/83, extremo no ponderado en el pronunciamiento en crisis. Nótese que la mencionada ley local es de aplicación tanto para la actividad privada como para la pública pero en ningún momento trata el escalafón correspondiente que se rige por las ordenanzas de Salud y normativa propia del desempeño, competencia exclusiva y excluyente de la autoridad local" (fs. 119 vta, se ha prescindido del subrayado del original).

Manifestó finalmente que la sentencia resistida, al reducir el nivel de prestación sin una consecuente reducción de la remuneración "afecta también las potestades administrativas en tanto crea una modalidad de designación, la de franquero, inexistente como tal en tanto se trata de una modalidad de prestación horaria creando un mix que convierte al Poder Judicial en legislador, sin contemplar en manera alguna el interés público comprometido en el servicio de salud y su organización" (fs. 120 vta., se ha prescindido de la negrita y el subrayado del original).

8. Requerido su dictamen, el Fiscal General Adjunto se pronunció por el rechazo de la queja articulada por la parte demandada, por entender que en el caso no se ha demostrado la existencia de causa constitucional y tan sólo se propone una exégesis distinta de la efectuada por los jueces de la causa de las leyes n° 298, 471, 11.544, 20.744 y 24.004 y los decretos n° 6666/83 y 937/07, que no habilita a calificar de arbitrario el fallo atacado.

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La presente queja fue interpuesta por escrito, ante este Tribunal y dentro del plazo que fija el art. 33 de la ley nº 402, sin embargo, no puede prosperar.

2. De manera liminar, cabe señalar que la presentación directa en estudio no revela argumentos hábiles para rebatir el fundamento expuesto por la Cámara de Apelaciones para denegar el recurso de inconstitucionalidad que defiende; esto es, la ausencia de un caso constitucional.

Este Tribunal ha sostenido de manera reiterada y uniforme que configura un requisito mínimo para la concesión de la queja el que contenga, básicamente, una crítica concreta y razonada del auto denegatorio en cuestión [conf. TSJ in re: "Guglielmone, María Dolores s/ art. 74 CC s/ recurso de queja", expte. nº 291/00, resolución del 22/03/2000; "Góngora Martínez, Omar Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Góngora Martínez, Omar Jorge c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14, CCABA)", expte. nº 3264/04 y sus citas, resolución del 23/2/2005; entre otros]. Ello así, por cuanto resulta aplicable la inveterada doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden al fundamento que deben expresar las quejas por recursos denegados (cf. Fallos: 308:2263; 311:2338; 293:166; 302:502 y 290:391; entre otros).

3. En el recurso de inconstitucionalidad que se intenta sostener ante este Estrado, el GCBA cuestionó la sentencia de la Sala II de la Cámara CAyT que confirmó el fallo de primera instancia que ordenó al GCBA reprogramar la jornada laboral del actor en seis horas diarias y sin alcanzar los cinco días semanales.

La recurrente se agravió con fundamento en que:

a) en el caso no se encontrarían reunidos los recaudos exigidos para la procedencia del amparo (art. 14, CCABA), toda vez que se trata de una cuestión normativa opinable y no ha existido en la conducta de la Administración arbitrariedad o ilegalidad manifiesta;

b) lo decidido vulneraría el principio de división de poderes, al afectar potestades administrativas relacionadas con la organización de sus propias estructuras y la designación de los agentes de la administración (arts. 102 y 104, CCABA);

c) el pronunciamiento afectaría la autonomía de la Ciudad al omitir aplicar la normativa local en materia de insalubridad en el empleo público (decreto n° 6666/83 modificatorio del decreto n° 8908/78), y d) la solución dada al caso sería arbitraria por violentar las garantías constitucionales del debido proceso y de defensa en juicio (art. 18, CN y 13.3, CCABA), al resolver con prescindencia del derecho aplicable.

Como bien resumió la Sala II al dictar el auto denegatorio obrante a fs. 126/128 que motiva la presente queja, el GCBA, "(e)n síntesis, se agravia tanto de la hermenéutica asignada a las normas relativas a la clase de acción incoada como a las vinculadas con el régimen [laboral] aplicable al actor" (considerando 3 in fine, fs. 126 vuelta).

4. Respecto del planteo vinculado a la improcedencia de la vía de amparo, entiendo que la queja debe ser desestimada toda vez que la demandada no ha logrado configurar un genuino caso constitucional que habilite esta instancia recursiva extraordinaria.

En primer lugar, corresponde destacar que el agravio fue planteado por el Gobierno a lo largo del proceso y mereció específico tratamiento en todas las instancias (cf. punto I del fallo de la jueza de grado y puntos 5 y 6 del pronunciamiento de la Cámara), sin que la interesada se hiciera cargo -como correspondía- de rebatir con argumentos concretos y razonados las consideraciones formuladas por los jueces de la causa para desestimarlo.

Tal circunstancia, por sí sola, determina el fracaso del recurso en este aspecto.

De todos modos, si bien el GCBA insiste en señalar que en el sub examine la pretensión esgrimida por la actora no era pasible de ser tramitada por el cauce procesal previsto en el art. 14 de la Constitución local -en tanto no se habría logrado demostrar la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la conducta de la Administración-, sus argumentaciones no logran poner en evidencia el perjuicio concreto que le habría causado el trámite del presente proceso por la vía del amparo. En efecto, la demandada ni siquiera enuncia qué defensas se habría visto privada de ejercer o qué prueba se habría visto impedida de producir, en desmedro de la posición que sustenta. Así, en la medida que no demuestra que tal cuestión se proyecte sobre la decisión final del pleito, el argumento ensayado impide a este Tribunal adentrarse en la valoración de una cuestión de naturaleza procesal.

5. Igual suerte debe correr el agravio mediante el cual se intenta postular que la sentencia resistida produciría una afectación al principio de división de poderes y constituiría una indebida intromisión en la denominada "zona de reserva de la Administración".

En el decisorio objetado se consideró que el régimen que regula la prestación de servicios del personal franquero, modalidad a la que pertenece el actor, es el decreto n° 937-GCBA-2007, reglamentario del capítulo VI de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (n° 471). La norma reglamentaria exceptúa especialmente de la jornada de 12 horas diarias a "aquellos casos que se encuentren comprendidos en la normativa referida a tareas insalubres o riesgosas" [artículo 3 inciso a)]. La cuestión debatida consistió en determinar si las tareas de enfermería en unidad de terapia intensiva que realiza el actor estaban o no comprendidas entre las riesgosas o insalubres, que tienen una jornada laboral de menos horas (conf. art. 2° de la ley n° 11.544).

Los jueces señalaron que si bien la ley de Ejercicio de la Enfermería local n° 298 no contiene ninguna previsión en materia de insalubridad, en su cláusula transitoria quinta declara expresamente que: "Rigen las disposiciones sobre insalubridad establecidas por la legislación nacional y jurisdiccional vigentes, adoptándose en caso de superposición la norma más favorable al trabajador. La autoridad de aplicación está facultada, con la intervención de la Comisión prevista en el artículo 23, para ampliar las disposiciones en la materia". En este contexto, concluyeron que correspondía aplicar el artículo 24 inciso a) de la ley n° 24.004 que considera insalubres las tareas de enfermería que se desarrollan en unidades de cuidados intensivos "[a] los efectos de la aplicación de normas vigentes que, para resguardo de la salud física o psíquica, establecen especiales regímenes de reducción horaria", por ser la norma más favorable al trabajador, de conformidad con lo establecido en la propia norma local de remisión y el criterio interpretativo ordenado por el artículo 43 in fine de la CCABA.

5.1. De la reseña efectuada se desprende que los argumentos expuestos por el recurrente no logran acreditar que el control judicial realizado por los jueces de mérito respecto de las normas aplicables para regular la actividad desarrollada por el actor, enfermero franquero en el área de terapia intensiva de un hospital dependiente del GCBA, haya excedido el marco propio de la intervención que le está asignada al Poder Judicial por la Constitución de la Ciudad.

Una cosa resulta ser la competencia del Sr. Jefe de Gobierno como jefe de la Administración para designar a sus agentes o para establecer la estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia y otra muy distinta la constituye el derecho de los empleados y funcionarios públicos de reclamar del Estado cualquier violación del estatuto legal que los rige y conducir el caso ante los órganos judiciales encargados del control previsto en el art. 106 de la CCABA [cf. este Tribunal in re: "Corne, Roberto Miguel c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 3827/05, sentencia del 5/07/2005].

5.2. Por el contrario, se evidencia que el debate planteado remite, pura y exclusivamente, a la interpretación que efectuaran los jueces de la causa respecto de diversas normas de naturaleza infraconstitucional que rigen la relación laboral entre las partes del litigio; cuestión que resulta ajena, al menos por regla, a la vía recursiva intentada. En efecto, a partir del examen de las constancias probatorias obrantes en el expediente, los jueces que intervinieron en el pleito entendieron que la tarea que el actor desempeña en el hospital Udaondo, según la reglamentación que se consideró aplicable, puede ser calificada como insalubre. A continuación, los jueces concluyeron que la carga horaria fijada al Sr. Moreira Suquilvide por su empleador para cumplir con sus labores era ilegítima, por exceder las previsiones contenidas en las disposiciones que rigen la relación.

5.3. Desde esta perspectiva, no ha quedado demostrada en el caso la relación directa e inmediata que existiría entre el pronunciamiento cuestionado y las normas constitucionales invocadas. En otras palabras, el GCBA no ha logrado conectar el agravio que aduce le provoca la sentencia de la Sala II de la Cámara CAyT con un motivo de impugnación de carácter constitucional, sin que a tal fin baste la cita de diversas normas de tal jerarquía.

Tal como se señalara en numerosas oportunidades, la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento y su relación directa con el basamento fáctico de la causa, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional para acceder a este estrado, el Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (cf. este Tribunal in re: "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. nº 131/99, sentencia del 23/02/2000, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. II, ps. 20 y siguientes).

6. También debe ser descartado el agravio relativo a la supuesta vulneración de la autonomía de la Ciudad que se derivaría de la sentencia impugnada, al haberse aplicado normas nacionales en detrimento de lo establecido en las normas locales a la hora de determinar si la carga horaria fijada al actor resultaba o no ilegítima.

Según indica la sentencia de la Cámara, las objeciones del GCBA ante las instancias de mérito estuvieron circunscriptas a sostener que la norma aplicable, a los fines de establecer qué actividades resultan insalubres o riesgosas, era el decreto n° 6666/83 (cf. fs. 111/111 vta.); no, en cambio, a sostener que la aplicación de la ley n° 24.004 constituía una vulneración de la autonomía de la CABA.

En ese contexto, habida cuenta de que es facultad privativa de dicho tribunal establecer cuál es el alcance e inteligencia que cabe asignar a las alegaciones de las partes, para que ese último planteo pudiera ser analizado por este Tribunal, el GCBA debió demostrar que puso a la Cámara en el deber de tratarlo y que ella hubiera incumplido con ese deber. Este extremo no se halla siquiera invocado en el recurso del GCBA, lo que determina el fracaso del agravio.

No obstante ello, y si cupiera considerar que lo manifestado por la Cámara a quo constituye una suerte de tratamiento de dicha defensa, lo cierto es que no se advierte la existencia de una cuestión constitucional. La contienda fue resuelta por la Cámara con apoyo en la interpretación de normas locales, la ley nº 298 y la n° 24.004 dictada por el Congreso Nacional como legislatura local (cf. el antiguo art. 67, inc. 27, de la CN), cuya validez constitucional o vigencia no ha sido controvertida. Esta circunstancia priva de relación directa al planteo constitucional mencionado con lo resuelto por el a quo.

Por lo demás, tampoco se ha controvertido eficazmente desde un plano constitucional el criterio adoptado en la sentencia atacada que permitió afirmar a la Cámara que la ley n° 24.004 resulta aplicable a la situación del actor por decisión de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que asumió en la ley n° 298 los contenidos normativos de aquella ley.

7. Por fin, tampoco puede tener andamiento la calificación de arbitraria de la sentencia resistida.

Las afirmaciones del recurrente sólo manifiestan su discrepancia con la decisión de la Cámara pero no logran poner de resalto deficiencias lógicas o de fundamentación que impidan considerar al pronunciamiento impugnado como la sentencia fundada en ley a la que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Resulta oportuno destacar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por finalidad abrir una nueva instancia ordinaria donde puedan discutirse cuestiones de hecho y prueba, ni la corrección de fallos equivocados o que se consideren tales, sino que sólo admite los supuestos desaciertos y omisiones de gravedad extrema a causa de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cf. doctrina de la CSJN, Fallos: 323:3139, entre muchos otros). Asimismo, este Tribunal ya ha sostenido en numerosas ocasiones que la discrepancia del recurrente con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que su sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria (in re: "Federación de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de inconstitucionalidad", expte. n° 49/99, resolución del 25/8/99, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. I, ps. 282 y ss., entre otros).

Sobre tales premisas cabe concluir que el tribunal a quo arribó a la solución del caso con fundamentos fácticos y base jurídica suficiente; y, más allá de su acierto o error, tales desarrollos no han sido puestos en crisis a raíz de la impugnación recursiva intentada.

En virtud de las consideraciones expuestas, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto (fs. 166/167 vuelta), entiendo que corresponde rechazar la queja deducida por el GCBA a fs. 130/145.

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Coincido con el juez Casás en que corresponde rechazar la presente queja.

2. Los planteos dirigidos a controvertir la idoneidad del amparo como vía procesal para sustanciar este pleito no suscitan la competencia de este Tribunal. Ello así, porque el GCBA no ha acreditado que las reglas de organización del debate propias del proceso de amparo hubieran menoscabado su derecho de defensa proyectando efectos en la sentencia definitiva. Esa circunstancia provoca que los agravios esgrimidos remitan, exclusivamente, al análisis de una cuestión meramente procesal ajena al ámbito del recurso interpuesto -cf. mi voto in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Akrich Gustavo Raúl c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA)", expte. nº 4782/06, sentencia del 29 de noviembre de 2006, entre muchos otros-.

3. Finalmente, y tal como indica mi colega el juez José Osvaldo Casás en el punto 6 de su voto, al que adhiero, la contienda fue resuelta por el a quo con apoyo en la interpretación de normas locales, la ley nº 298 y la ley 24.004; razón por la cual, no se observa la conexión que habría entre los artículos 102 y 104 de la CCBA y 129 de la CN, en que funda sus agravios el GCBA, y la decisión de la Cámara que resolvió, con apoyo en lo previsto en las normas locales citadas, que la actividad de la parte actora, enfermero franquero en el área de terapia intensiva, es "insalubre".

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el Sr. Fiscal General adjunto, voto por rechazar la queja obrante a fs. 130/145. La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto de mi colega, el juez José Osvaldo Casás.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja ha sido interpuesto por el GCBA en tiempo y forma, y dirige una crítica concreta contra la resolución denegatoria del remedio extraordinario local.

2. El GCBA, en su recurso de inconstitucionalidad, atribuye arbitrariedad a la sentencia impugnada y señala que: a) en el caso no se encontrarían reunidos los recaudos exigidos para la procedencia del amparo (art. 14, CCABA), dado que se trata de una cuestión normativa opinable y no ha existido en la conducta de la Administración arbitrariedad o ilegalidad manifiesta; b) lo decidido vulneraría el principio de división de poderes, al afectar potestades administrativas relacionadas con la organización de sus propias estructuras y la designación de los agentes de la Administración (arts. 102 y 104, inc. 2, CCABA); y c) el pronunciamiento apelado afecta la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires al omitir aplicar la normativa local en materia de insalubridad en el empleo público, decreto 6666/83 modificatorio del decreto n° 8908/78.

Anticipo que no habrá de prosperar ninguna de esas cuestiones.

3. En relación con los planteos referidos a la procedencia de la vía intentada y al agravio al principio de división de poderes, comparto lo afirmado por el Sr. juez de trámite en el último párrafo del apartado 4 y en los puntos 5.1 (primer párrafo) y 5.3 -respectivamente- de su voto. 4. Respecto de la denuncia de afectación de la autonomía de la Ciudad, también acompaño las reflexiones que el juez José O. Casás efectúa en el acápite 5 de su decisión en estos autos.

Conviene destacar que es la ley local n° 298 -publicada el 10/3/2000, BOCABA 899-, dictada por la Legislatura de la Ciudad en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 80 inciso 2 d) de la CCBA, la que en su cláusula transitoria 5ª dispone que rigen en la Ciudad las disposiciones de la legislación nacional y jurisdiccional que estaban vigentes en esta materia. En el caso, no es otra que la ley n° 24.004 -publicada el 28/10/1991, Boletín Oficial n° 27.250-. Se trata de un supuesto de reenvío receptivo, procedimiento que incorpora en un grupo normativo (reclamante) el contenido de otra norma (reclamada), de acuerdo con su redacción en un momento dado (cf. José Luis Villar Palasí, Derecho Administrativo - Introducción y Teoría de las Normas, Universidad de Madrid-Facultad de Derecho-Sección Publicaciones, Madrid, 1968, ps. 450 y 263). La ley 24.004 resulta, entonces, aplicable a la situación de la actora por decisión de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que asumió en la ley n° 298 los contenidos normativos de aquella ley. Por si alguna duda cupiera, la norma local de remisión dispone expresamente que en caso de superposición debe adoptarse la norma más favorable al trabajador: también por este criterio interpretativo resulta aplicable el artículo 24 inciso "a" de la ley n° 24.004 que considera insalubre la actividad, y no el Decreto Municipal 6666/1983. Desde esta perspectiva, carece de asidero la denunciada afectación de la autonomía planteada por el GCBA. Por otro lado, es central dejar constancia que la interpretación del tribunal superior de la causa pone en acto una pauta hermenéutica de la propia constitución local (cfr. art. 43, último párrafo, CCBA).

Además, el planteo del GCBA parte de una conceptualización errónea de la ley n° 24.004 que no es, como se afirma, una ley nacional sino una ley dictada por el Congreso de la Nación como legislatura local, en ejercicio de las facultades conferidas por el antiguo artículo 67 inciso 27 de la Constitución Nacional. Es útil recordar que las leyes dictadas por el Congreso de la Nación podían ser nacionales (o de derecho común), con fundamento en el actual artículo 75, inciso 12; locales para la Capital Federal y territorios nacionales (art. 75 inc. 27, antiguo 67 inc. 27) y federales. El carácter local de la norma es propio de la materia que regula y se enuncia expresamente en el artículo 1° de la ley: "[E]n la Capital Federal y en el ámbito sometido a la jurisdicción nacional el ejercicio de la enfermería, libre o en relación de dependencia" (art. 1) y en la invitación que formula a las provincias en el artículo 28.

En suma: no hay afectación a la autonomía de la Ciudad por la decisión de los jueces de optar entre distintas normas de tipo local.

5. Por fin, hago mío lo manifestado por mi colega preopinante en el punto 7 de su voto en relación a la denunciada arbitrariedad de la sentencia impugnada.

6. Por las razones expuestas, voto por admitir la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad. Costas a la vencida.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1.	Rechazar la queja interpuesta por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2.	Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita a la Sala interviniente para que sea agregada a los autos principales.