Excarcelación, contrabando calificado, estupefacientes, tratados internacionales, Constitución Nacional, constitucionalidad, medicamentos
Materia: PENAL
Carátula: ALONSO, JORGE FRANCISCO; QUESADA, ROBERTO JULIO s/ Contrabando de estupefacientes. Incidente de eximición de prisión  de  Roberto Julio Quesada. Causa 34048.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-22

1- En tema de excarcelación de imputados de contrabando de estupefacientes deben tenerse en cuenta las circunstancias existentes al momento de decidir aunque aquéllas fuesen sobrevinientes a la interposición del pedido, como ocurre con la interdicción dictada por la CSJN en la materia al suspender las solturas por causa de la gravedad institucional que inviste la cuestión "in re" Alonso J..-2 - El límite temporal dispuesto por los arts. 379 inc. 6 y 701, ambos del CPMP, no debe aplicarse de un modo automático, sino atendiendo a un criterio de razonabilidad, y valorando las características del caso concreto.

3- El concepto de razonabilidad dispuesto por la disposición citada es netamente específico y particular para cada caso, y en buena medida sujeto a la valoración del juez y, por ende, no cabe admitir una "razonabilidad genérica", absolutamente "objetiva" e "igual para todos los casos", sin importar las peculiaridades de cada uno de estos.

4- La disposición del art. 32 inc. 2 de la Convención de Costa Rica (limitación de los derechos individuales) reviste, por lo menos, igual entidad y jerarquía que su art. 7 inc. 5 (límites a la prisión preventiva).

5- La eventual impunidad de un delito de gravedad afecta seriamente la garantía consagrada en favor de la comunidad en el art. 32 inc. 2 de la Convención de Costa Rica.

6- Por aplicación del art. 9 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la valoración sobre si existen en cada caso, o no, garantías suficientes para asegurar la comparecencia, debe formularse por el juez de conformidad con la doctrina sentada por la CSJN en el caso de Fallos 310:476 según la cual el pronunciamiento que deniega la excarcelación se ajusta a los requisitos del art. 7 inc. 5) del Pacto de Costa Rica si existe estrecha relación entre las características del delito que se atribuía, las condiciones personales de la persona encartada y lapena con la que se reprimía el hecho, por una parte; y, por la otra, la posibilidad de que se pudiera intentar burlar la acción de la justicia, con lo que se impediría la concreción del derecho material.

7-C onstituye también una pauta ineludible para decidir sobre la excarcelación en materia de contrabando de estupefacientes la Convención de las Naciones Unidas de 1988 (Ley 24072).

8- Resulta insostenible cualquier interpretación o aplicación rigurosamente formalista y sólo literal y gramatical del art. 10 de la ley 24390, con arreglo a la cual en esta norma no estaría comprendido el contrabando y tráfico de estupefacientes imputados en el caso (artículos citados "infra") pues dado que el fundamento del citado art. 10 fue, precisamente, el acatamiento a los compromisos internacionales (específicos, trascendentes y reglados) de la Nación en el tema, no resulta concebible pretender que el respeto a estas obligaciones pudiera estar limitado sólo a la lucha contra la actividad delictiva producida dentro del país, y no contra la desarrollada desde el territorio nacional hacia el exterior, o viceversa.

9- No se advierte que con el citado art. 10 se pudiera generar alguna situación irrita con respecto al art. 16 de la Constitución Nacional en cuanto a la garantía de igualdad, pues la disposición se apoya en fundamentos suficientes, vinculados a hechos y no a personas, que derivan del ejercicio de las facultades que competen al Congreso.

10- No media preterición del art. 31 CN con la sanción del art. 10 de la ley 24390, dado que si bien esta es la única disposición de este ordenamiento con la que no se reglamentaría el art. 7 punto 5) del Pacto de San José de Costa Rica- de rango constitucional, Cf.

art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional- debe ser considerado también reglamentario del citado Pacto, aunque de su art. 32 inc. 2 (ver "supra" 4). De modo que dada la gravedad de las conductas abarcadas por aquella disposiciones, sus exclusiones a los beneficios de la normativa sólo pueden ser entendidas como una reglamentación razonable y adecuada en defensa de los derechos de los demás, del bien común y del derecho a la seguridad, en los términos de referido art. 32 inc. 2).

11- Corresponde denegar la excarcelación del condenado en primera instancia por sentencia no firme a (tenor de la calificación consignada "infra") a la pena de 11 años de prisión al que restan cumplir 5 años y 6 meses (ajeno a caso del art. 13 C.P.) con pedido fiscal de 13 años de la misma especie de pena.