Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-25


TS07D41078 SENTENCIA DEFINITIVA N°: 41078 CAUSA N°: 16.623/06 - SALA VII - JUZGADO N° 2 En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de julio de 2.008, para dictar sentencia en estos autos: "ESTEVES, DIEGO ADRIAN c/ HIDROQUIMICA ARGENTINA S.R.L. y otro s/ Accidente - Acción Civil", se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- La demandada y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo apelan la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por resarcimiento de incapacidad entablada con sustento en las normas del derecho común.

También recurre la Sra. perita contadora porque estiman insuficientes sus honorarios.

II.- La empleadora critica el análisis de la prueba testimonial rendida en la causa, en tanto -en su punto de vista- los testimonios no serían coincidentes en sus relatos, siquiera con el relato inicial de demanda, ello en cuanto a la forma y modalidad de trabajo que ocasionara el infortunio del día 18.3.04.

En consecuencia de ello, estima que no se ha demostrado, en forma adecuada, la relación de causalidad necesaria entre el padecimiento que hoy aqueja al actor y las tareas que cumplió a órdenes de la empresa.

A mi juicio, no tiene razón.

En efecto, mas allá de las eventuales simples diferencias de apreciación, subjetivas, que -en la descripción de lo que fue la manipulación de los elementos de trabajo- pudieran advertirse en sus relatos, lo cierto es que los testimonios de Gallardo (v. fs. 623) y Gonelle (v. fs. 644), conocedores directos de los hechos, pusieron meridiana claridad respecto de que el actor se accidentó en la oportunidad en la cual estaba cargando bolsas de un peso mas que considerable (entre 25 y 40 a 50 kilogramos) y que para ello debió realizar un esfuerzo físico comprometiendo así la espalda y, en general todo el eje columnario (particularmente, en la zona sacro-lumbar) y que, en definitiva, provocó la minusvalía incapacitante cuyo resarcimiento se reclamara en autos (art. 90 de la ley 18.345 y art. 386 del Código Procesal).

III.- Aún en el caso de pensarse, hipotéticamente, que -como propone la recurrente- el acontecimiento dañoso pudiera definirse como un supuesto de "imprudencia profesional" frente a la falta de utilización de los elementos preventivos (vgr. arnés de seguridad) que atenuarían el compromiso corporal en la prestación de tareas como, en el caso, de carga y descarga, ello no cambia la suerte del pleito: el acostumbramiento del operario a desarrollar su actividad en forma imperfecta soslayando el riesgo que ello trae aparejado, se revela determinante del infortunio, sin que la víctima haya incurrido en el "propre dolum". El obrar culposo por imprudencia, torpeza, distracción o ligereza no enervan el derecho del damnificado de ser resarcido, pues no es él quien debe correr con las consecuencias negativas producidas por la falta de utilización, ya que el deber de seguridad es de cumplimiento ineludible (art. 75 L.C.T.) y su omisión significa responsabilidad "in vigilando".

La culpa grave de la víctima se configura por la libre determinación del trabajador de llevar a cabo un acto que se sabe ilícito (v. de esta Sala, los autos: "González, Edgardo Dario C/ Flecha Bus S.R.L. Y Otros S/ Accidente - Acción Civil", S.D. 39.861 del 9.2.07).

IV.- Tampoco obsta el hecho de que el Sr. perito médico no haya dado total certeza respecto de a vinculación causal de la incapacidad verificada en el trabajador con el infortunio denunciado en autos, ya que ha entendido que la eventual vinculación de causalidad entre la tareas prestadas por trabajador y el factor laboral, precisamente, escapa a la órbita médico legal y es facultad del juez, su determinación, sobre la base de las pruebas que haya sobre los hechos invocados ya que las apreciaciones del perito médico se basan en un razonamiento lógico -científico que necesariamente debe ser confrontado con los restantes elementos de juicio rendidos. Desde tal perspectiva, mal puede sostener la recurrente que dicha prueba resultaría -como pareciera proponerlo en el memorial "sub examine"- insuficiente para tener por acreditada la existencia de dicho nexo causal (arts. 377 y 386 del C.P.C.C.N.).

V.- No veo verdaderamente atendible el planteo de la recurrente relativo al rechazo de la excepción de prescripción.

En efecto, no se aprecia ninguna prueba -y ello es obvio, porque no la hay- tendiente acreditar cuál fue la verdadera fecha de toma de conocimiento de la minusvalía definitiva del dependiente, pauta lógica y necesaria para poder evaluar desde cuándo comenzó a correr el plazo para el cómputo de la prescripción (art. 377 del C.P.C.C.N.).

Por otra parte, Frente a la minusvalía sufrida en ocasión del trabajo, la trabajadora -en forma concomitante con la fecha en la cual intimó para que se le abonen las sumas adeudadas- se atuvo al tramite de las actuaciones por ante la Aseguradora de Riesgos de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (v. fs. 72/187), por lo cual, recién en la fecha de culminación es desde la cual debe computarse y comenzó a correr el plazo para computar la prescripción.

No hay duda alguna, a esta altura del análisis de los acontecimientos, que el trámite administrativo es susceptible de ser calificado como "interpelación fehaciente" o hecho verdaderamente interruptivos de la prescripción liberatoria en los términos del art. 3.986 del Código Civil (en igual sentido, esta Sala en: "Márquez, Alberto c/ A.E.G. S.A. y otro s/ Despido", S.D. 30.022 del 04.11.97; y en: "Reinoso, Daniel Esteban C/ Consorcio de Propietarios Club Náutico Isla Santa Mónica y otro s/ Despido", S.D. 35.365 del 17.07.01).

Por todas estas razones, considero que no transcurrió el plazo bianual del art. 258 de la LCT, ni tampoco se observa que el trabajador hubiera tenido la menor intención de abandonar o dejar de hacer valer su derecho (en igual sentido, v. de esta Sala: "García, Claudio Alberto C/ Ashira S.A. S/ Accidente - Ley 9.688", S.D. 38.947 del 15.12.05).

VI.- La aseguradora recurrente se agravia por el hecho de que fue condenada en forma solidaria a resarcir al trabajador como consecuencia del episodio traumático que éste padeciera y que le originó una incapacidad parcial y permanente del 15,4% de la total obrera por haber padecido hernia de disco intervertebral entre la primera sacra y la quinta lumbar (v. informe médico, fs. 422/52). Ahora bien, sin perjuicio de las apreciables y fundadas consideraciones del fallo de grado, debo advertir que -a mi juicio- la responsabilidad de la aseguradora encuentra fundamento en lo prescripto por el art. 1.074 del Código Civil, donde la responsabilidad contemplada es la que nace de la omisión que ocasiona un daño a otro, cuando una disposición de la ley imponga una obligación.

Aclaro que ello no implica apartarse de las prescripciones legales que regulan la materia ni tampoco de fallar en forma incongruente o mas allá de lo peticionado, sino la pura y simple aplicación del principio "iura novit curia", en tanto al Tribunal le incumbe decidir, frente a la exposición de hechos que conforman la controversia, cuál es la norma de derecho aplicable, y en este caso lo es -como lo he señalado- la norma en cuestión.

Sentado ello, y más allá de la diversidad de teorías elaboradas en torno al tema, es doctrina mayoritaria en nuestro derecho la que admite la responsabilidad siempre que hubiera una obligación jurídica de obrar y sin que exista por tanto, una disposición expresa que imponga la obligación de cumplir el hecho.

Claro está, que no puede soslayarse la forma de apreciación de la culpa en uno y otro caso. Esto es así porque si existe la disposición basta con la omisión para que nazca la responsabilidad, y si no, será necesario un análisis de las circunstancias de lugar, tiempo y persona.

Luego, ambos caminos pueden recorrerse en autos habida cuenta de la vigencia de los arts. 7, 8, y 9 de la ley 19.587 y la obligación legal de haber promovido la capacitación del trabajador en materia de seguridad en el trabajo, particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos de las tareas asignadas (art. 9º inc. K). Lo dicho es -sin entrar en el debate técnico de cuál hubiera sido el medio más idóneo de prevención del caso- lo cierto es que ni siquiera se invoca en autos (menos aún, obra constancia alguna) de haber adoptado verdaderas medidas de seguridad de ninguna naturaleza, de hacerlas cumplir, ni tampoco la capacitación adecuada para enfrentar situaciones y/o prevenir el riesgo específico de las tareas asignadas (art. 9 de la ley 19.587).

Destaco así una evidente omisión que, a mi juicio, desvirtúa la crítica de la recurrente y conduce si lugar a dudas al nacimiento de la responsabilidad delictual civil y aún para el caso de que se dudara del nacimiento de la misma, a los efectos de la imputación, por la omisión misma cabe admitir que las circunstancias de lugar tiempo y persona, conducen a igual resultado (en igual sentido, esta Sala en: "Vásquez Camacho, Angel c/ Coniper S.A. y otros s/ Accidente - Acción Civil", S.D. 28.083 del 25.11.04).

Ello sin olvidar también que el art. 902 del Código Civil complementa, en cierto modo el art. 1074 del mismo cuerpo legal, e impone el deber de mayor diligencia cuando las circunstancias lo impongan (en igual sentido, esta Sala en Pérez, Elsa Edit c/ Sanatorio Güemes S.A. s/ despido", SD: 30.030 del 5.11.97); máxime, cuando las aseguradoras de riesgo de trabajo desempeñan un papel muy relevante en materia de seguridad y es precisamente la falta de cumplimiento de esta función la que, en el "sub lite" genera responsabilidad (v. "Vázquez Camacho cit."; y también "Díaz, Luis Alberto c/ Ford Argentina S.A. s/ Accidente - Acción Civil", S.D. 38.275 del 25.02.05).

Es de aplicación la máxima de Paulo: "Qui non facit, quae facere debet, videtur facere adversus ea quia non facit; et qui facit, quod facere non debet, non videtur facere id quod facere iussus est" (Ley 121).

Es por todo ello que -a mi juicio- la Aseguradora de Riesgos del Trabajo debe responder plena e integralmente, en forma solidaria e ilimitada con la empleadora demandada (v. en igual sentido; esta Sala en autos: "Miñarro, Felix c/ Alto Paraná S.A. y otro s/ Accidente - civil", S.D. 38612 del 06.07.05).

VII.- En cuanto a la crítica respecto de la cuantía de los conceptos que conforman la condena por resarcimiento integral, he de destacar que -por la vía del derecho común- el Juez se encuentra facultado para determinar el monto de la condena de acuerdo con las pautas de la sana crítica y la prudencia, sin estar obligado en modo alguno a utilizar fórmulas o cálculos matemáticos.

De acuerdo con tal criterio, teniendo en cuenta que el trabajador es un trabajador joven y la minusvalía ha provocado una merma en la capacidad de ganancia del trabajador e influirá negativamente en todas las posibilidades de su vida futura además de la específica disminución de las aptitudes para el trabajo, su escasa preparación intelectual (lo que incide en forma negativa para poder sustituir, por ejemplo, la posibilidad de trabajar en otras tareas tan básicas como la de carga y descarga de bolsas de elevado peso), su condición social, formación y capacitación, su edad y estado civil, de los valores salariales para la actividad que prestaba, vida útil que le restaba, etc., -a mi juicio- resulta adecuada la cuantía de la indemnización por daños material y moral dispuesta en la condena de grado (arts. 163 inc. 6° y 165 del C.P.C.C.N.).

Propicio, en consecuencia, la confirmación del fallo recurrido íntegramente.- VIII.- Sobre la base de los trabajos efectivamente realizados por los profesionales intervinientes, opino que -por aplicación de los porcentajes regulados en su favor- sus honorarios son adecuadamente retributivos, por lo que propongo su confirmación (art. 38 de la ley 18.345 -modificada por ley 24.635- y arts. 3 y 6 del D.L. 16.638/57).

IX.- De tener adhesión mi voto, propongo que las costas de ambas instancias sean soportadas por la demandada y aseguradora en forma solidaria (cfme. art. 68 y 279 del C.P.C.C.N.), regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada en el 25% para cada una de ellos de lo que les corresponda, a cada uno de ellos, por su actuación en origen (art. 14 ley 21.839).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR JUAN CARLOS EUGENIO MORANDO: No vota (art. 125 ley 18.345).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo recurrido. 2) Confirmar también los honorarios fijados en la instancia anterior. 3) Imponer las costas de alzada a la demandada y aseguradora en forma solidaria. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia de cada una de las partes en el 25% de lo que les corresponda, a cada una de ellas, por su actuación en origen. 5) Hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2° del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hacer saber también que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada C.S.J.N. No. 6/05).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.