marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Transferencia del contrato de trabajo, transferencia del personal, responsabilidad solidaria
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Doria, Nicolás Héctor c/ Agropecuaria  La  Providencia  S.A  y/o  Luis  E.  Bossio y/o Q.R.R. s/ beneficios laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-04-20

El hecho de que la persona forme parte de la sociedad no puede llevar a forzar la conclusión de que ambos codemandados son el mismo empleador. En efecto, la persona física es bien distinta a la social y una sociedad anónima legalmente constituida no puede ser confundida ni identificada con ella, por más que la persona forme parte de su estructura.

La ley 22.248 -sobre trabajo rural - impone que, para que sea viable computar en la antigüedad el tiempo que el trabajador prestó servicios con anterioridad las prestaciones hayan sido con el mismo empleador, lo que no ocurre en autos.

Por lo tanto, corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el codemandado, aboliendo la solidaridad que le impone el fallo y limitando el cómputo de la antigüedad en la prestación de servicios sólo con respecto a la sociedad anónima. (Del voto de la Dra. Chayep).
Policía judicial, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CABRERA JORGE ANDRES Y OTROS s/ CASACION PENAL - DECLARACION POLICIAL DEL IMPUTADO CAROGANA ERNESTO ANGEL P.S.A. ROBO CALIFICADO s/ CASACION  PENAL - ROBO - PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD- CONCURSO  REAL - DECLARACION POLICIAL DEL IMPUTADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-12-30|1986-04-15

El art. 390, 2° Párrafo, del Código Procesal Penal, expresa que si el imputado se niega a declarar o incurre en contradicciones el presidente ordenara la lectura de las declaraciones prestadas por aquel ante los jueces de instrucción, de menores y de paz o ante el agente fiscal, siempre que se hubieren observado las normas de la instrucción. Vale decir, solamente pueden introducirse al debate las declaraciones judiciales. Si este dispositivo tuviera como única finalidad imponer una excepción a la oralidad del proceso, resultaría arbitrario que el legislador no hubiera incluido, también, la lectura de los documentos que contienen las declaraciones policiales de los imputados. Evidentemente, la voluntad de la ley es mucho más que eso.Ella quiere señalar un principio garantizador para el imputado y lo encuentra en la judicialidad del transcendente acto de su declaración tanto es una garantía que, funcionando como tal, si la declaración es discriminatoria no hay razón para impedir su introducción porque la interpretación restrictiva de esta regla (art. 3 CPP) es precisamente para aquellos casos y no para estos.

Por otra parte, el art. 243 del CPP dispone que toda persona será capaz de atestiguar, incluso los empleados policiales con respecto a sus actuaciones, sin perjuicio de la facultad del juez para valorar el testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Frente a este dispositivo, no cabe duda que el policía puede deponer sobre todas las actuaciones a excepción de aquellas que impliquen referir la declaración incriminatoria del imputado recibida en un sustancial acto de interrogación, y porque, si constituye una garantía legal no escuchar la lectura de las declaraciones incriminatorias prestadas por el imputado en la policía, también lo es no escuchar al empleado policial que depone repitiendo lo que le confesó el imputado o el co-imputado en un acto de indagatoria. Este, no es un principio civilista aplicable a otras ramas del derecho, es el exacto sentido que debe dárselo a una regla jurídica garantizadora de los derechos del imputado. Resulta jurídicamente inadmisible considerar válida la fundamentacion de una sentencia, que se reduzca a la verificación de la veracidad del testimonio policial que introduce la confesión del imputado.
Juicio, requerimiento de elevación a juicio, dictamen fiscal, objeto del proceso
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C., N.F. - I., O.A. s/ Hurto Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-22

Es inconcebible un sentido de decisión que, insistiendo en una identidad evidentemente insostenible, desecha los eventos de la requisitoria y los releva por otros incompatibles.
Contrato de trabajo, docentes, despido con causa, despido verbal
Materia: LABORAL
Carátula: VEGA HERMINIA BEATRIZ C/ DIRZIEH REGINA HAYDEES/DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-26

Por imperativo de lo dispuesto en el art. 243 LCT no corresponde considerar la causa invocada por la empleadora quien, a fin de justificar su decisión resolutoria, notificó verbalmente el despido con causa a la trabajadora, a quien leyó el texto del telegrama que le había remitido. De modo que debe considerarse el despido como carente de causa al no reunir los recaudos que en resguardo del derecho de defensa prevé el artículo referido, el cual exige la comunicación escrita de la causa del despido y del despido mismo que, si es incausado no requiere de tal formalidad.
Competencia, economía procesal, lugar del hecho
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GUTIERREZ, JORGE s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-06

Cuando el hecho punible se estima cometido en todas las jurisdicciones a través de las cuales se ha desarrollado la acción y también en el lugar de verificación del resultado, con estricto respeto por la regla atinente al "forum delicti comisi", cabe elegir una de dichas jurisdicciones atendiendo a las exigencias planteadas por la economía procesal y la defensa en juicio.
Fallos de la Corte Suprema, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Sumario instruido en la cría, 15 por av. de los delitos de explosión, etc. (arts. 186, 80, incs. 4° y 5°, 92 y 183 del CP.) con motivo del atentado a la Embajada de Israel, s/ incidente de recusación del Dr. Fayt.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-07

Corresponde no hacer lugar al recurso de reposición si las cuestiones que se invocan como omitidas fueron debidamente ponderadas en la sentencia de la Corte.
Concursos, concurso declarado en el extranjero, principio de reciprocidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: LINEAS  AEREAS  PRIVADAS  ARGENTINAS SA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO (POR ALLIANCE COATINGS INC).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

La actual redacción del art. 4° de la ley 24522, al contemplar la pluralidad de concursos como criterio determinante de las preferencias nacionales, alejó la discusión relativa a la aplicación de dichas preferencias en caso de concurso único. Es más, existiendo sólo un proceso en el país, desapareció la razón de ser prevista para la excepción contenida en el segundo párrafo de la misma norma y parece retornar, al menos parcialmente, al principio de unidad de la quiebra, que abarcaría de esta manera la universalidad de las obligaciones del deudor, excepto las ya alcanzadas por un concurso foráneo, que serán atendidas a posteriori, ya que nuestra ley posterga a quienes pueden haber participado en el extranjero en procesos de insolvencia liquidativos o no liquidativos -preventivos, reestructuraciones, etc.- desde los cuales hayan obtenido o puedan haber obtenido total o parcial satisfacción de sus créditos. Ello así, los acreedores cuyos créditos no deban cumplirse en la República y aun aquéllos cuyos créditos deban cumplirse exclusivamente en el extranjero, que no hayan tomado parte en un concurso foráneo, tienen derecho a concurrir en el concurso argentino en igualdad de condiciones con los acreedores locales, mas la verificación de estos acreedores, sin embargo, está sometida al tamiz de la cláusula de reciprocidad inserta en el tercer párrafo que ahora nos ocupa, aplicable a todo acreedor que se insinúe en un concurso preventivo o quiebra en el país, cuyo crédito resulte pagadero en el extranjero (conf. Uzal, María Elsa, "Procesos de Insolvencia en el Derecho Internacional Privado", La Ley, Buenos Aires, 2008, pág. 550).
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, rechazo de la demanda, pago diferido, deuda pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMPOS, RUBÉN ESPENCER CARLOS C/ EN - M° HACIENDA S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-27

La Sala IV hizo lugar al recurso interpuesto por la demandada, revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, rechazó la demanda en virtud de que no resulta posible tener por cumplidos los requisitos fijados legalmente para exceptuarse del diferimiento de los pagos del servicio de la deuda soberana. En esta oportunidad no sólo se reafirmó la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas T.394, L.XLIV "Tapella, Néstor Carlos y otro c/ EN - Bocones previsionales s/amparo ley 16.986" y "Galindo de Spota Norma Carmen c/ EN M° de Economía y otro s/ Proceso de Conocimiento - Ley 25561" (Fallos: 338:757), sino que, además, se hizo saber que existe la posibilidad de cancelar las acreencias afectadas por las sucesivas leyes presupuestarias, en cuanto al diferimiento de los pagos del servicio de la deuda pública, por medio el procedimiento para la instrumentación de acuerdos de cancelación de títulos públicos elegibles dispuesto por la resolución 516/19.
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: CEJAS SANDRA MARIA c/ AUTOMOTORES HNOS. BERUTTI Y GOSSIO  S.A. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-06-24

Efectuado el análisis de admisibilidad del recurso intentado, de conformidad a lo establecido en el art. 5 de la Ley 1.687, se advierte en principio que no se ha cumplimentado con la exigencia técnico-formal de insoslayable cumplimiento respecto de la enunciación en términos claros y concretos de las violaciones denunciadas, encuadrándolas en las causales estipuladas en forma expresa en la Ley 1.687, denunciando la doctrina o la ley que considera violada o erróneamente aplicada.
Medidas cautelares, senadores nacionales, consejero del Consejo de la Magistratura, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Juez, Luis Alfredo y otro c/ Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-22

Corresponde requerir a la Cámara de Senadores de la Nación, que presente en el término de cinco días, el informe previsto por el art. 4 de la Ley 26.854, en relación a la designación de un Senador como miembro del Consejo de la Magistratura, en el marco de la acción de amparo presentada por otro Senador, quien considera que es él quien debiera que asumir dicho cargo.
Prisión domiciliaria, menores, madre del menor, informe ambiental
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Pascual, Yamila Roxana s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-03

Corresponde revocar la denegatoria de la detención domiciliaria si no se analizó el informe solicitado por la defensa que reclama un nuevo examen socio-ambiental de donde surja la situación actual del niño, ya que se alegó que se mostraba agresivo debido a las conductas presuntamente violentas del padre, y debe determinarse la situación actual frente al consumo de estupefacientes de la condenada, como así también del estado del niño. El voto concurrente sostuvo que, en resguardo del derecho a ser oído del menor, debía darse intervención a la Defensoría Pública de Menores e Incapaces. (Dres. Madueño, Fégoli, Hornos -según su voto-).
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, admisibilidad formal, falsedad material, improcedencia del recurso, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Talpa, Fabio Gabriel y otro c/ Santichia, Evelin Natali y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Es preciso tener en cuenta que el aludido sistema de normas consumeriles, debe ser abordado en todos sus aspectos para que pueda cumplir su finalidad de protección, es decir que si bien debe contemplarse con suficiente amplitud para no excluir a los sujetos que debe proteger, no puede erigirse como un ordenamiento general que incluya relaciones de carácter netamente comercial cuando no las contiene en sus previsiones.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CITIBANK NA c/ BONACOSSA, MARIA LETICIA AGUSTINA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-11

El interesado tan sólo se limita a efectuar postulaciones genéricas y a reiterar los planteos esgrimidos en oportunidad de enderezar el recurso de inconstitucionalidad local, mas sin hacerse cargo de demostrar, con suficiente entidad, que sus agravios superan el nivel de la discrepancia con lo decidido por el A quo que, para concluir en la perención de la instancia, sostuvo -de acuerdo al criterio pacíficamente aceptado- que el plazo de caducidad comienza a correr desde que se concede el recurso de apelación, pues con ello la segunda instancia queda abierta, y que importando desde allí el comienzo automático del plazo pertinente, es deber procesal del apelante mantener viva la causa a fin de no perder el derecho a la impugnativa deducida para ante la Cámara, siendo el único acto que efectivamente produce la interrupción del plazo de caducidad de los recursos la elevación del expediente a la Sala, carga procesal que incumbe con exclusividad al recurrente. - CITAS: CSJN: Fallos 302:210; 323:282.
Injuria laboral, despido, plazo, razonabilidad, sentencia arbitraria, recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: ROMERO, DIEGO OSCAR c/ BASILIO BOMCZUK s/ BENEFICIOS LABORALES S/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-10-13

En el caso, el Tribunal de Alzada, al receptar parcialmente el recurso de apelación de la actora, concluye que el despido resultó manifiestamente extemporáneo en relación a la injuria-doce días después del hecho-, por lo que condena a la demandada al pago de indemnización por despido incausado.

Ahora bien, resulta una lógica conducta empresarial la asumida por el empleador-propietario de una estación de servicios- quien, ante la injuria del trabajador- simulación de venta de determinada cantidad de combustible a un cliente con cuenta corriente- decidiera investigar la verosimilitud del hecho, no sólo porque implicaba una imputación potencialmente desdorosa sobre uno de sus dependientes, sino también porque debía ratificarse, con grado de firme certeza, la efectiva participación de aquél o su posible colusión con otros empleados.

También parece razonable que tal investigación fuera complementada con arqueos contables entre documentación de ventas y existencias, además de otras previsiones que debió tomar el empleador , como informarse con un asesor legal sobre las consecuencias jurídicas del posible despido.

De lo que resulta que tal cantidad de acciones, en un actuar responsable, bien pudieron requerir el plazo de doce días-controvertido en autos- desde que el empleador tomó conocimiento del hecho, lo que ocurrió el mismo día del suceso.

En consecuencia, habiéndose probado en autos la injuria del trabajador como justa causa del despido dispuesto por la patronal, también debe considerase como temporáneamente razonable el lapso transcurrido-doce días- entre una y otro, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación, revocando la Sentencia de Grado en lo que fue materia de agravios, por considerarla incursa en el vicio de arbitrariedad contemplado en el Art. 298 del C.P.C.C.
Transporte de carga por agua, pérdida parcial de mercaderías, responsabilidad del transportador, conocimiento de embarque, enumeración de bultos, verificación de la carga
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA TERRITORIAL DE SEGUROS  S.A. c/ CAP s/ BQ SAN LUIS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-15

Lo decisivo es examinar el conocimiento de embarque y sus constancias a fin de desentrañar la voluntad de las partes al contratar. En función de ello, si se encuentran individualizados en el conocimiento, la cantidad de bultos que contienen a la mercadería objeto del transporte, independientemente de la descripción que de ella se haga, serán cada uno de aquellos bultos los que deban ser considerados para calcular el límite de la responsabilidad.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz, Alejandro Silvano y otro s/ Robo agravado por el uso de armas, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

El "arma de fuego" descargada o inútil no es "arma" en el sentido legal como tampoco lo sería un "cuchillo" de papel por buena que fuese la imitación. Es obvio que nada de lo dicho se refiere al uso "impropio" de un revólver como objeto contundente pues en tal caso será "arma" en el sentido legal no porque sea un revólver sino porque al usarlo para golpear o como proyectil aumentará el poder ofensivo del sujeto y el peligro real de quien recibe el ataque, como lo sería cualquier otro objeto utilizable en tal carácter. Es evidente que este razonamiento no exhibe contradicción lógica alguna; antes bien, es completamente consistente con la interpretación de la ley que se sostiene, lo que no es posible predicar -por los motivos expuestos- de la tesis que se le intenta oponer.
Competencia de la Corte Suprema, división de poderes, sistema representativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-04

La Corte Suprema ha establecido como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal, que sus altas responsabilidades le imponen considerar las respuestas institucionales aprobadas por los otros Poderes de la Nación en el ámbito de sus atribuciones respectivas, dado que la obligación de dar respuesta jurisdiccional razonablemente fundada a las partes no puede llevar al juez a sustituir con su criterio u opinión la voluntad de los poderes representativos pues, en todo Estado soberano el poder legislativo es el depositario de la mayor suma de poder y es, a la vez, el representante más inmediato de la soberanía.
Daños y perjuicios, indemnización, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: Rustichalli, Nancy. c/ Ruiz Diaz , Ramón y otros. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-24

Para determinar la indemnización por incapacidad sobreviniente debe adoptarse un criterio que en cada caso pondere sus específicas circunstancias, especialmente las referidas a la edad de la víctima, su preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de discapacidad física y la incidencia que esta posee para la actividad que desarrollaba.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión, calumnias, injurias, responsabilidad civil
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Recursos de hecho deducidos por S.A. La Razón y el codemandado Dr. Federico Camilo Humbertlan en la causa Campillay, Julio Cesar  c/ La Razón, Crónica y Diario Popular s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-15

El honor de las personas no sólo puede verse afectado a través de los delitos de injurias o calumnias cometidas por medio de la prensa (art. 113 del Código Penal), toda vez que puede existir injustificada lesión a este derecho que resulte de un acto meramente culpable o aun del ejercicio abusivo del derecho de informar por lo que el propietario o editor del periódico que da a conocer las falsas imputaciones no puede quedar exento -al igual que cualquier habitante de la Nación- de la responsabilidad civil emergente de tales actos (art. 1109 del Código Civil).
Salarios caídos, accidentes de trabajo, licencia por enfermedad
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez Carlos Ariel  c/ Municipalidad de Guaymallén - Mendoza  s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-02-13

No corresponde el pago de las tareas que no han sido efectivamente desempeñadas, por lo que no es viable el pago de salarios caídos cuando la relación se rige por el Estatuto Escalafón Municipal contenido en la ley 5.892, que no posee norma expresa que autorice el pago de salarios caídos; y si bien prevé una remisión al estatuto provincial, ello es sólo en lo relativo al régimen de licencias e infortunios laborales, siendo tal reenvío insuficiente para avalar su procedencia atento la excepcionalidad de este tipo de reparación
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Artuso, Luis c/ Berrotaran de Reyes s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-29

La circunstancia de ocupar un inmueble, aunque fuere por largo tiempo, no permite concluir que dicha ocupación se haya hecho con intención de adquirir la propiedad mediante usucapión, se requiere una prueba plena e indubitable que deje expuestos con precisión los actos posesorios realizados con "animus domini", durante todo el transcurso exigido por la ley.-
Pena, graduación de la pena, robo
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, DANIEL s/ PENA. GRADUACION. ROBO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-19

Corresponde confirmar la sentencia que condena al procesado por el delito de robo, pero elevándose la pena a dos años de prisión condicional, dadas las modalidades del suceso perpetrado y la audacia desplegada por aquél al haber nuevamente acudido al lugar de los hechos amenazando a la dueña del negocio y anoticiándola que volvería a pasar por el comercio.
Designación de jueces, conflicto de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-18

El orden constitucional pone al juez al abrigo de cualquier evaluación política de su desempeño, ni lo somete a periódicos comicios ni el proceso de remoción puede estar fundado en consideraciones acerca del mérito político de sus decisiones, precisamente, porque la Constitución no lo concibe asumiendo responsabilidades políticas. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Ley procesal, jueces, segunda instancia, exposición de los hechos, Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso de queja (procesal), remisión del expediente, falta de remisión del expediente
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Fiscal de Estado Dr. Luis Magín Suárez. s/ Enjuiciamiento  y  separación  de  miembros de la Suprema Corte de la  Provincia de San Juan
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-23

Los jueces de apelación no pueden pronunciarse en los asuntos que se les presentan, sin la consideración de los hechos de la causa, descriptos esencialmente en las actuaciones producidas. Lo contrario implicaría que emitieran sus decisiones sin un conocimiento cabal de los temas que deben resolver, lo que obviamente repugna al buen ejercicio de su misión de impartir justicia. De allí que las leyes de rito impongan a los jueces la obligación de tener a la vista los expedientes en los que dictan resoluciones, bajo sanción de la nulidad de éstas. De modo que no es posible que la Corte - habiendo declarado la admisión formal de la queja - llegue a una decisión definitiva de la cuestión de fondo sin tener noticia completa y fehaciente de las actuaciones.