marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, accidentes de trabajo, enfermedad accidente, pericia médica, prueba pericial
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: FERNANDEZ NORBERTO ESCOLASTICO c/ EMILIO PRATAVIERA E HIJOS S.R.L. s/ RECURSO  DE  CASACION: SEDE LABORAL - QUEBRANTAMIENTO DE LAS FORMAS Y  SOLEMNIDADES PRESCRIPTAS  PARA  LA  SENTENCIA  -  REGLAS  DE  LA SANA CRITICA RACIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-10-01

Carece de razón suficiente (art. 94, ley 4163) el pronunciamiento que descalifica la pericia médica de autos, en base a un informe médico forense, al que se transcribe, sin hacer un razonamiento y elaboración propios que justifique por qué se optó por uno y se prescindió del otro.

La estructura lógica de la sentencia requiere en primer término frente a un reclamo indemnizatorio con fundamento en la ley 9688, la comprobación de la existencia o inexistencia de los hechos alegados por las partes y sobre los que, precisamente, se sustenta la pericia médica respectiva.

No es el objeto de la litis y menos aún la labor del Tribunal pronunciarse acerca de las "calidades técnicas" de la pericia médica, efectuada por tres especialistas en la materia. Tampoco pudo requerirse a un médico pronunciamiento acerca de la "estructura lógica" de una prueba, porque precisamente el análisis de dicha prueba a la luz de los principios de la lógica y la experiencia, era lo que se pedía a la Juzgadora a fin de determinar la relación causal o concausal entre las tareas desempeñadas y la labor efectuada para la demandada. Resulta descalificante para el decisorio invertir los términos de la relación, desde que acarrea el riesgo cierto de juzgar abstractamente sin conexión alguna con la realidad.
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, caducidad de instancia, principio de juridicidad, incidentes, verificación de créditos, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Pedro Petinari e Hijo SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito por troncoso, juan manuel y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-08

Procede revocar la resolución que decretó de modo oficioso la caducidad de la instancia en el incidente. Ello por cuanto si bien, por principio, la carga de los litigantes de instar el procedimiento se extiende a todo el curso de éste, ella desaparece cuando existe, como en el caso, un deber del Tribunal, por lo que la carga del litigante termina donde empieza el deber del juzgador (Conf. Sentís Melendo, "Perención de instancia y carga procesal", Rev. Colegio de Abogados La Plata, año IV, n° 8, p. 437).

Disidencia de la Dra. Tevez:.

Procede confirmar la resolución que decretó de modo oficioso la caducidad de la instancia en el incidente. Ello por cuanto, de las constancias del expediente surge clara y objetivamente que desde la última actividad impulsoria hasta el decreto de perención transcurrió en forma ostensible el plazo establecido por la LCQ: 277, sin que el recurrente realizase acto o petición alguna encaminada a obtener el dictado de la sentencia. En nada modifica esa conclusión la circunstancia del perito contador, solicitara la suspensión del plazo para presentar el informe. Es que el mero pedido de suspensión de plazos no importaba que el tribunal debiera expedirse en esa oportunidad. Ello así, desde que no se daban en el caso ninguno de los supuestos de suspensión de plazos establecidos en el CPR: 157 -norma aplicable por habilitación de la LCQ: 278- y que resulta deber del Juez hacer cumplir estrictamente todos los plazos de la ley (LCQ: 273-9°, segundo párrafo).
Cajas de previsión, procedimiento administrativo, reclamo administrativo previo, agotamiento de la instancia administrativa, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, derecho de propiedad, Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, competencia derivada, recursos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: CARAMES, José c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

Corresponde declarar la inhabilidad de la instancia judicial para entender en una apelación por denegatoria tácita de la Caja ante la solicitud de cobro de una suma adeudada en concepto de cuota reconocida por el decreto 648/87, dado que la competencia de la C.N.A.S.S. es esencialmente recursiva (art. 8 ley 23.473), y el no agotar la instancia administrativa ni adoptar los recaudos apropiados para obtener un pronunciamiento, impide su conocimiento en sede judicial. Lo contrario permitiría obviar instancias regulares que han sido establecidas dentro de un modelo que no tolera alteración alguna sin comprometer el adecuado desenvolvimiento de la administración de justicia y, eventualmente, podría comportar tal actitud una agravio de las garantías constitucionales de propiedad y defensa en juicio.
Daños y perjuicios, derechos del consumidor, Ley de Navegación
Materia: CIVIL
Carátula: Meotto, Jorge Leopoldo y otros c/ Los Cipreses S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-16

A fin de ponderar la relación entre ambas normas, -las leyes 20.094 y 24.240-, se debe tener en cuenta lo establecido por el tercer párrafo del artículo 3 de la ley de defensa del consumidor, que dispone que: "Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.". Por ello, el régimen establecido por la ley de navegación, debe ceder ante el del consumidor, que goza de preeminencia por sobre cualquier otra preceptiva que pudiese resultar aplicable (conf. esta Cámara, Sala I, causa n° 5667/2012 del 08.09.15 y Sala III, causa n° 393/16 del 30.03.17).
Municipalidad, concejo deliberante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAUCEDO, OSCAR MARTIR Y VERA, ANTONIO RAMON c/ RESOLUCION N. 13/90 DEL H.C.D. DE ESTANISLAO DEL CAMPO s/ CONFLICTO DE PODERES Y PEDIDO DE NULIDAD RESOLUCION N. 13/90 DEL H.C.D. DE ESTANISLAO DEL CAMPO s/ CONFLICTO DE PODERES Y PEDIDO DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-05-30

Son nulas las resoluciones emitidas por el Concejo Deliberante sin el quorum legal requerido, debiéndose mantener el statu quo de la situación no innovando en ella hasta que se resuelva la misma a través de un acto válido.
Procedimiento contencioso administrativo, régimen tributario, caducidad de instancia, queja por recurso denegado
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Echenique, Lorenzo s/ ej. fisc. - ABL
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Toda vez que la limitación a la vía recursiva que impida conocer a la Cámara solo puede ser establecida por ley, una aplicación extensiva de la normativa a casos no comprendidos en ella, vulnera las garantías constitucionales de legalidad y debido proceso y convertiría en los hechos a este Tribunal -conforme ha quedado delimitada la cuestión- en la alzada de la decisión dictada por el magistrado de primera instancia. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Proceso penal, debido proceso, garantías procesales, jueces naturales
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: DUTRIA, VILMA Y OTRO s/ RECURSO DE CASACION Causa 259
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

El Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 1, establece concordantemente que nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes reglamentarias. La voz "juzgado" debe ser interpretada en sentido amplio, pues, de lo contrario, el principio del juez natural parecería reducido a su aplicación al acto de dictar sentencia, o, cuando más, a la tramitación del plenario. Ese sentido amplio la hace comprender todo el proceso, y así ha de armonizarse con la expresión "sacado de los jueces designados por la ley" utilizada por la Constitución Nacional. (del voto en disidencia del Dr. Hornos)
Extradición, ley penal más benigna, ultraactividad de la ley, Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-PENAL
Carátula: Gómez Díaz, Manuel s/ detención preventiva con miras a su extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Resulta infundado el agravio de violación al principio de ultraactividad de la ley penal más benigna formulado por el recurrente, si no demostró las razones por las cuales hubiera sido aplicable el régimen de la ley 2372 frente a lo dispuesto por el art.

20 del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo, cuyas disposiciones forman la ley de las partes contratantes.
Calificación legal, cambio de calificación legal, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ANGAROLLIA, H. y otros s/ fals. doc. y defraudación Causa nro. 27.905
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-23

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el cambio de calificación no configura agravio alguno siempre que la condena verse sobre los mismos hechos que fueron objeto de debate en la causa.
Doctrina de la arbitrariedad, defensa en juicio, debido proceso, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiscal c/ Piffaretti, Juan Carlos y otro s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

Con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cía. Azucarera Tucumana  S.A. c/ Cía. Nacional Azucarera  S.A. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

Si el auto que proveyó el escrito de interposición del recurso ordinario de apelación fue suscripto por sólo uno de los integrantes de la Sala el expediente debe devolverse para que la misma se pronuncie sobre la concesión del recurso.
Instancia administrativa previa, agotamiento de la instancia administrativa, Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CAMEAN, Mario Antonio c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-23

Corresponde declarar la inhabilidad de la instancia para entender en una causa que llega a la C.N.A.S.S. como consecuencia de la remisión ordena por sentencia interlocutoria de la C.N.A.T.

ante un recurso de queja por mora en la administración (en el caso retardo de la Caja interviniente en conceder un recurso de apelación directa deducido para ante la Comisión Nacional de Previsión Social y su consecuente elevación a ésta), ya que la vía administrativa no ha quedado agotada. Lo contrario permitiría obviar instancias regulares que han sido establecidas dentro de un modelo que no tolera alteración alguna sin comprometer el adecuado desenvolvimiento de la administración de justicia.
Legitimación procesal, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: ALTAMIRANO, ENRIQUE ERNESTO Y POBLETE DE ALTAMIRANO, MARTA ZULEMA c/ DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-10-12

Al departamento de hidráulica le compete no solo el mantenimiento y limpieza del canal, sino también su cuidado, este último comprende el deber de vigilancia y contralor sobre el mismo; por lo que queda aquel, configurado dentro de la figura de guardián de la cosa dañosa, en consecuencia legitimado para ser demandado.
Daños y perjuicios, gastos médicos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Navarro, Mario y otro c/ Andrade, Luis y otros s/ Cobro de pesos-Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-11-11

Para resarcir los gastos terapéuticas futuros, el criterio de su resarcibilidad es que no es preciso la seguridad, sino un grado de probabilidad. Por consiguiente, debe bastar que el tratamiento o intervenciones terapéuticas aconsejados, aunque no indispensables, resulten idóneos para subsanar o ayudar a sobrellevar siquiera parcialmente, las secuelas desfavorables del hecho.
Pileta de natación, guardavidas, deber de vigilancia, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: CARDAMONE, ANA MARIA IGNACIA c/ CLUB ATLETICO COLON s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-22

En la labor de valorar el deber de los demandados de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, el razonamiento de la Sala luce carente de lógica y de asidero legal, al descartar la culpabilidad de aquéllos restando toda relevancia a la presencia o ausencia de guardavidas en el natatorio con la excusa de la falta de incidencia causal en el resultado dañoso, prescindiendo de computar el deber de vigilancia a cargo del servicio de guardavidas que obligatoriamente debía estar implementado en el natatorio de acuerdo con lo dispuesto por el decreto provincial 2720/95, que no limita su función a la de rescatista, sino que también le asigna funciones de vigilancia sobre los bañistas y de determinación de las condiciones de seguridad del natatorio, por lo que podría haber advertido a los adolescentes no sólo del bajo nivel de agua de la pileta sino también que no se arrojasen de cabeza a la misma. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler).
Actos ilícitos, muerte del damnificado, daños y perjuicios, indemnización, valor vida, daño material, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: BINSTEIN, ABRAHAN c/ BOVINO, JUAN JOSE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

La vida humana no es en sí misma un valor económico cuya pérdida debe ser indemnizada, sino que lo que cabe reparar es el perjuicio patrimonial que los damnificados pueden experimentar al quedar desprovistos de los bienes de ese orden que la víctima del homicidio producía. Siendo el esposo quien demanda, resulta necesario que acredite el daño material que la muerte de su cónyuge le pudo haber causado, por cuanto él no se encuentra comprendido en la presunción del art. 1084 del Cód. Civil.
Aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PENDOLA, MARIA ELSA s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-16

Si bien las leyes de previsión regulan el otorgamiento de beneficios con independencia del régimen civilista, tal autonomía no significa que ellas puedan prescindir totalmente de algunas regulaciones civiles, porque la calificación del parentesco o la existencia del vínculo, la prueba del matrimonio, se rigen por normas comunes, de ahí que la ley previsional cuando habla de hijos o de cónyuges toma estas expresiones del Código Civil y las incorpora a su régimen autónomo, pero con sus mismos significados jurídicos.
Empleo público, Municipalidad, personal municipal, indemnización, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alarcón, Eduardo Daniel c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 552-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-10

El criterio de la demandada -Municipalidad de la ciudad de Rosario-, según el cual debe hacerse caer bajo la órbita del derecho laboral la relación de empleo que la une con el agente, fundado en la afinidad existente entre la relación laboral privada y la de empleo público, en orden a sus características esenciales, es inaplicable al presente caso, dado el objeto propio de su reclamo:

'derecho al cobro de indemnización por cesantía por incapacidad inculposa'. En el caso, el eje de disputa entre las partes se articula respecto al ordenamiento legal aplicable en cuanto al plazo de prescripción laboral, según la demandada; civil, según la actora.
Tarjeta de crédito, prueba del contrato, microfilmación
Materia: COMERCIAL
Carátula: AMERICAN EXPRESS ARGENTINA SA c/ LANDABOURE JORGE ROBERTO Y OTRA s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-16

Si en un contrato de tarjeta de crédito las partes han decidido que los comprobantes microfilmados poseen los mismos efectos que sus originales, esta convención tiene los alcances que le otorga el CCIV 1197. No obstando a ello la circunstancia de que se trate de un contrato de adhesión.
Derecho procesal, recursos administrativos, recurso de reconsideración, recurso jerárquico en subsidio
Materia: PROCESAL ADMINISTRATIVO
Carátula: PETERSEN THIELE Y CRUZ S.A. c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-09

Es congruente la interpretación de lo dispuesto por el art. 88 Del decreto 655-e-73, donde se dice que el recurso de reconsideración lleva implícito el jerárquico en subsidio, lo que denota que el legislador tuvo en cuenta una autoridad superior para el caso de que la reconsideración fuera denegada. Es decir que en el caso del rechazo de la reconsideración interpuesta, procederá el jerárquico (art. 89 ibid).
Procedencia parcial, intereses moratorios, costas, certificados de obra
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Noroeste Construcciones SA c/ EN-DNV s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-05

Demanda dirigida a que se fije un plazo y se condene al pago del crédito por intereses -en los términos del art. 48 de la LOP- que fueron generados por los pagos efectuados en mora de los certificados de obra pública, con intereses y costas. Se admite parcialmente los agravios de la parte demandada y se ordena computar los plazos de pago de acuerdo con las disposiciones de la resolución 982/03. Se admite, en forma parcial, los agravios de la parte actora sólo a efectos de esclarecer las pautas liquidatorias.
Acción de amparo, principio de congruencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SELLAN BLAS OSCAR MARIO c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURSIDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-12-26

La demanda de amparo y la sentencia deben ajustarse perfectamente en cuanto a las personas, el objeto y la causa, conforme a los términos en que ha quedado planteada la litis. La sentencia a favor o en contra debe recaer sobre quienes son parte en el juicio y debe pronunciarse estrictamente en relación al objeto de la demanda, o sea, únicamente sobre lo pedido por partes. Por último, la sentencia estará conforme con la causa invocada en la demanda.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, calidad de parte, plazo, cómputo del plazo, terminación del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: ZAMBRANA, Víctor c/ JUAREZ, Norma Felipa; ZAMBRANA, Magdalena Verónica; ZAMBRANA, Isabel del Carmen; ZAMBRANA, Norma Carina del Rosario s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-16

El plazo de inactividad que establece el art. 310 inc. 1° del Código Procesal Civil y Comercial es de seis meses, lapso que se computa desde la última actuación del tribunal o de la parte que tenga por efecto impulsar el procedimiento (conforme art. 311 del Código).

Es importante destacar que, según doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la aplicación de las disposiciones que rigen la caducidad de la instancia, por ser un modo anormal de terminación del proceso, y atento a las consecuencias que produce, debe ser efectuada con criterio restrictivo.-
Derecho laboral, aplicación de la ley, apreciación de la prueba, cobro de sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: González María Victoria c/ La Rotonda Combustibles S.R.L. s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-29

El minimercado donde prestó servicios la actora no constituye una explotación diferente, pues no resulta una unidad funcional con autonomía propia de la estación de servicios. En base a ello, es que corresponde aplicar el convenio de la actividad específica o principal, siendo la de la demandada la venta al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Régimen jubilatorio provincial, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Aden, René Eduardo c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-04-27

La Constitución Provincial garantiza a través de su Art. 180 incs. 1 y 3 además de la movilidad, la proporcionalidad y la irreductibilidad de la prestación. De esta forma se consigna que la ley organiza y garantiza el régimen de previsión social, que se ajusta a las siguientes pautas:

1.- Jubilación Ordinaria, con un haber igual al ochenta y dos (82%) por ciento móvil de las remuneraciones de los cargos desempeñados en actividad.

3.- Las prestaciones son móviles y estrictamente proporcionales al tiempo trabajado y a los aportes realizados".

La correcta interpretación conduce a pensar que la movilidad debe estar siempre vinculada a la proporcionalidad, la que significando una parte o porción del todo, en este caso del sueldo del activo, no puede llevar al resultado absurdo e irrazonable de que el haber jubilatorio supere o iguale al haber del trabajador en actividad.

Es decir, "que la máxima aspiración es arribar a una "necesaria relación" o "proporcionalidad" con el haber de actividad, pero en modo alguno se habla de igualdad, menos aún de superioridad, cualquiera fuera la metodología empleada" (STCórdoba, en "Bossio, Emma Esther c. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba", 15/12/2009).

Razonar de otro modo conduciría a borrar la naturaleza sustitutiva que tiene el haber jubilatorio con respecto a la remuneración del afiliado en actividad, como el principio según el cual si a la época en que una persona obtiene el beneficio jubilatorio no existe determinado item, no por ello se debe decir que a ese jubilado no le corresponde que se le liquide ese adicional y se le compute en su haber de pasividad.

(De mi voto en autos: "Corte Nº 090/2006: Hoffman de Cherby, Elvira I. c/Estado Provincial- s/Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción").

La necesaria proporción entre la jubilación y los haberes en actividad, lleva a que se reconozcan los items que hubiera cobrado de continuar en actividad, del mismo modo, "mutatis mutandi" debe dejar de computarse en el haber previsional un ítem que deja de ser percibido por el empleado en actividad. (Autos "Corte Nº23/2011 "Monllau, Antonio Bernabé c/ Estado Provincial").

En consecuencia corresponde hacer lugar a la acción interpuesta, ordenando a la A.G.A.P. a que practique las liquidaciones a partir de la fecha de la presentación de la demanda, conforme a los principios expuestos en el considerando y de acuerdo al 82% móvil sobre la remuneración que percibe actualmente quien se desempeña de manera activa en el cargo en el que se ha jubilado, teniendo como tope del haber el sueldo de la Sra. Gobernadora de la Provincia, conforme lo establece nuestra Constitución Provincial -Art. 141 de la C.P-.
Indemnización por despido, remuneración, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: LEMA, GRACIELA c/ SADE s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-31

La directiva del art. 245 LCT que alude a la mejor remuneración mensual, normal y habitual excluye la posibilidad de que a tal fin se tome la parte proporcional del SAC pues se trata de una remuneración adicional, que aunque se gana en cada momento, no se paga a fin de mes sino sólo semestralmente.