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Procedencia del recurso, nulidad de sentencia, revocación de sentencia, sobreseimiento, prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dr. Ignacio Andrés Dupu c/  s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-10-11

Resulta procedente el recurso de casación incoado por la defensa del imputado, y en su mérito, cabe revocar la sentencia que rechazó el planteo de nulidad del fallo que no hizo lugar al pedido de sobreseimiento por prescripción de la acción penal y procedió a recalificar el hecho imputado, por lo que se declara la nulidad de este último y se ordena la inmediata libertad del encausado. Para decidir así, se señala que el cambio operado en la subsunción legal afectó las garantías judiciales del acusado -por ausencia de conocimiento sobre la nueva imputación-, incidiendo directamente en su estrategia defensiva e impidiéndole formular descargos al encontrarse además, próximo a enfrentar el juicio. Se encuentra prescripta la acción penal por transcurso del plazo de inactividad procesal por más de 3 años desde el llamado a indagatoria hasta la requisitoria fiscal de elevación a juicio, sin que exista ninguna causal de interrupción en los parámetros exigidos por el art. 67 del CP.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, reintegro de gastos al trabajador, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba, Luis Dardo c/ Roseda S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-06

...los gastos afrontados por el damnificado en un infortunio laboral, tanto en la acción especial como en la acción civil, deben ser documentados de alguna manera para ser plausibles de contemplarse, o al menos estimarse y acreditarse con algún parámetro. El reclamo de autos en este punto fue realizado en forma global, lo que obsta a su posible favorable consideración.
Derechos y garantías constitucionales, recursos, plazos procesales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Neder,  Alberto  Ramón  Alexis  y  otro s/ p.s. inf. art. 44 del Código de Faltas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-05

Si bien los actos procesales pueden quedar legítimamente sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos, tal la observancia de un plazo para la interposición de los recursos, esas condiciones no pueden estar atadas a fórmulas de tal rigor que conviertan en apenas un buen consejo al derecho constitucional a ser oído con las formas previstas por la ley (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Daños y perjuicios, daño moral, daño resarcible, damnificado directo, damnificado indirecto
Materia: CIVIL
Carátula: S., P. V. Y OTROS c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22

Luego de la reforma introducida por la Ley 17.711, el artículo 1078 del Código Civil resulta de una claridad y sencillez tajantes: la reparación del daño moral corresponde exclusivamente a la víctima del acto ilícito (o damnificado directo), con absoluta exclusión de toda otra persona, sea o no sea pariente (damnificado indirecto) (Orgaz, Alfredo, el daño resarcible, Córdoba, Marcos Lerner Editora Córdoba, 1992, 91, p. 247).

Así, damnificado directo es quien sufre en calidad de víctima la lesión de un interés patrimonial o extrapatrimonial propio, y a raíz de ello experimenta un perjuicio patrimonial o moral; mientras que damnificado indirecto es la persona que padece un daño propio, derivado de un ilícito que tiene por víctima a un tercero, respecto de quien existía un interés espiritual de afección, propio del damnificado indirecto, ligado a la persona de la víctima, que resulta lesionado.

El daño se produce, en tales circunstancias, en forma refleja (Pizarro, Ramón Daniel, Daño Moral, Buenos Aires, Hammurabi, 1996, 36, pp. 23/4; Zavala de González, Matilde, resarcimiento de daños, t. 2ª, Daños a las personas, Buenos Aires, Buenos Aires, Hammurabi, 1996, 162, p. 623).

De modo que, si el damnificado directo es la víctima del acto ilícito (conceptos equiparados en los párrafos 1º y 2º del art. 1078), damnificado indirecto no puede ser sino un tercero distinto de la víctima, pero que tiene con ella algún tipo de vinculación. (Del voto en disidencia de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro).
Concursos, actos de administración, escrituración, bienes inmuebles, saldo de precio, cuota concordataria
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Jalile, Osvaldo Jorge c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de verificacion promovido por gonzalez d'annunzio sergio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-31

Procede revocar la resolución que rechazó el pedido incoado por el concursado de que se le entregara la suma depositada por el incidentista en concepto de saldo de precio de la venta del 50% indiviso del inmueble de su propiedad, cuya escrituración fue ordenada en el trámite incidental. Ello por cuanto, la LCQ 15 establece que el concursado conserva la administración de su patrimonio bajo la vigencia del síndico. Síguese de ello que el concurso preventivo no conlleva el desapoderamiento del deudor, quien en forma restringida y vigilada mantiene la gestión de sus bienes. En ese marco, de la compulsa de las actuaciones principales se desprende que el concurso preventivo se encuentra en etapa de cumplimiento y no hay intimaciones actuales cursadas al deudor relacionadas con el pago de las cuotas concordatarias. Desde tal perspectiva, no existiría óbice, en orden al régimen concursal, para habilitar el retiro del importe del saldo de precio. No obstante ello, no puede pasarse por alto lo informado por el síndico en punto a que existirían cuotas concordatarias vencidas, por lo que, si bien habrá de autorizarse la entrega del importe depositado, previa deducción de las sumas que pudieran encontrarse afectadas por medidas cautelares, aparece prudente y razonable condicionar su efectivización a la previa acreditación por parte del concursado de la cancelación de las cuotas concordatarias vencidas hasta la fecha de la notificación de la presente resolución. Es que no puede desatenderse que en caso de decretarse la quiebra por incumplimiento del concordato, los fondos en cuestión quedarían alcanzados por el desapoderamiento (LCQ 107).
Derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CHAVEZ DE FIGUEROA ELVIRA C. c/ CORPORACION DEL RIO DULCE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION SIMON CESAR c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-12-04|2000-06-30

La facultad de remover a los agentes de la administración, está limitada por la norma constitucional, que consagra la estabilidad del empleado público, incumbiendo al Poder Judicial restablecer la vigencia de la garantía constitucional, cuando ha sido vulnerada y sin que ello signifique menoscabar las atribuciones conferidas al poder ejecutivo por la Constitución Nacional.
Prueba, prueba de informes, pruebas en el extranjero, marca extranjera
Materia: COMERCIAL
Carátula: Marriot Corporation c/ Rila  S.A.  y/o quien resultase responsable s/ Cese de uso de nombre comercial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-27

En cuanto al procedimiento probatorio de sus registros marcarios en el extranjero. La prueba de informe requerida a la firme extranjera Arthur Andersen, no es tal, pues para ello es preciso remitirse a los propios archivos o registros, y, en cambio, dicha firma remite a datos emanados de Marriott Corporation. Además, conforme con el art. 132 del Código Procesal debió el procedimiento probatorio en el extranjero llevarse a cabo mediante la vía del exhorto diplomático. La actora debió, asimismo, probar qué impedimentos existían para dirigirse al tribunal competente de los EE.UU. de América y, en su caso, qué normas de ese país regían el procedimiento adopta, pues el derecho extranjero, como regla, debe ser adecuadamente acreditado.
Juicio de desalojo, posesión, expresión de agravios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: B, J. G. c/ L., M. L. s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-03-25

En los excepcionales supuestos en que es posible intentar enervar la acción de desalojo invocando la posesión, es necesario que el demandado demuestre ocupar la finca desde hace bastante tiempo atrás y haberse comportado durante todo ese lapso como un poseedor.
Prescindibilidad, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berón, Rosa Elvira c/ Municipalidad de Gral. Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-05-18

Es un principio recibido que incumbe al Poder Administrador la facultad de disponer -con la debida habilitación legal, mediante norma transitoria y de emergencia- la baja de un empleado por razones de servicio, con su consecuente indemnización, excepto cuando dicha declaración importe una cesantía encubierta, un juicio negativo respecto de la conducta del agente o una violación del principio de razonabilidad, supuesto cuya existencia debe ser acreditada por quien impugna la medida.
Ejecución fiscal, actualización monetaria, retroactividad de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: F.N.   D.G.I. c/ Excelsior Cía. Arg. de Seguros  S.A. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-17

La resolución 10/88 entró en vigencia el 27 de enero de 1988 (artículos 47 de la Ley 23.549, inciso d) y 53 inciso f) de la Ley 23.658), no aplicándose retroactivamente, por cuanto la delegación a la Secr. de Hacienda ha sido efectuada para establecer un nuevo sistema de actualización de deudas que, a falta de disposición expresa de la ley, rige para el futuro. Ello así toda vez que la Ley 23.549 no dispuso la retroactividad ni delegó la facultad de establecerla.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Céspedes, Guillermo c/ Clínica del Mar S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-23

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no se ocupa de controvertir las motivaciones del pronunciamiento, de las que se aparta totalmente sin atender su línea argumental (art. 279, C.P.C.C.).
Violencia en espectáculos deportivos, responsabilidad civil
Materia: PENAL
Carátula: Bucheler, Gustavo Eugenio y otro s/ Homicidio preterintencional en ocasión de evento deportivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-09-03

El art. 33 de la Ley 23184 estableció un régimen especial de responsabilidad civil.

Dicho régimen claramente consagra la responsabilidad de las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, con fundamento en el factor de atribución objetivo derivado de una actividad riesgosa.

La actividad riesgosa como factor de atribución, se desprende de la inteligencia otorgada por el legislador durante el debate parlamentario, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Así, se dijo que esta actividad riesgosa consiste "en la generación de espectáculos en estadios deportivos", en donde confluye una multitud expuesta a situaciones de mayor vulnerabilidad por los procesos de violencia que se gestan disparados por las pasiones y fanatismos que despiertan rivalidades entre simpatizantes.
Intereses, tasas de interés, realismo económico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GOMEZ, SIXTO Y OTROS c/ ORTIZ, DANIEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 114-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-08

La relación entre las distintas tasas activas, pasivas, promedio, etc e índices no ha sido del todo uniforme ni constante, circunstancia que en modo alguno puede resultar sorprendente, puesto que las alternativas de una economía sumamente compleja encuentra en sus mercados financieros altos márgenes de fluctuación, como resulta observable inclusive en el campo internacional.
Impuestos, régimen penal tributario, extinción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: MUSLERA, ANA I. s/ Ley 11683, Incidente de excepción de falta de acción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-17

Los decretos del Poder Ejecutivo Nacional dictados de conformidad con las atribuciones que le acuerda el art. 111 ley 11683 no puede tener alcance extintivo de la acción penal, aunque pueden valer para los organismos que dependen del P.E.N., vedándoles hacer denuncias o actuar como parte querellante.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos lícitos, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alvarez Díaz, José c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

En los daños y perjuicios irrogados por la actividad lícita del Estado, los intereses compensatorios, deben computarse desde el momento de ocurrencia del hecho generador, a la tasa del seis (6) por ciento anual hasta el 31 de marzo de 1991.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, recurso de reconsideración, recurso de reposición (procesal), recurso de nulidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: La Rioja, Provincia de c/ Estado Nacional s/ coparticipación   federal  de  impuestos  (leyes  23.548  y  22.752).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Cuando se incurre en situaciones serias e inequívocas, que demuestren con nitidez manifiesta el error que se pretende subsanar, cabe hacer excepción a la regla según la cual las sentencias de la Corte no son susceptibles de ser revisadas.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: Carbometal S.A.I.C. c/  s/ quiebra s/ concurso preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-14

En atención a que la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal constituye la última ratio del orden jurídico y es admisible, sólo, cuando la regulación de los derechos, en el ejercicio de las facultades propias de los otros poderes del Estado, contraría de modo flagrante las garantías o derechos constitucionales, corresponde desestimar la solicitud de declaración de invalidez constitucional respecto del art. 224 de la ley 24.522 (Disidencia parcial de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tiribelli Hnos. S.A. s/ Concurso preventivo y quiebra s/ Incidente de tasación y venta  planta fabril
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-18

Las cuestiones referidas a la conveniencia, modo y oportunidad en que deban realizarse los bienes de la fallida -además de no tener prevista expresamente su posibilidad de apelación- caen en la órbita discrecional del Juez de primera instancia, y, por lo tanto, resultan irrevisables por la Alzada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Obligaciones solidarias, grupo económico
Materia: LABORAL
Carátula: Correa, Norma Angela c/ Papelería y Librería "El Estudiante" y/u otros s/ Reclamo laboral Estudiante" y/u otros s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-22

La responsabilidad especifica del grupo económico establecida en la ley laboral no excluye la que resulta genéricamente del hecho de tratarse de un capital común que suele emplear las formas societarias como un medio de disminuir su responsabilidad.
Concurso preventivo, quiebra, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO NACION ARGENTINA s/ S/DENUNCIA INCOMPETENCIA EN AUTOS VILLON HERMANOS SOCIEDAD DE HECHO  Y VILLON MIGUEL ANGEL Y OTROS S/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-12-14

Por lo dispuesto en el artículo 265 de la actual ley de concursos existe una oportunidad para la justipreciación de honorarios, fuera de la cual no pueden efectuarse regulaciones parciales o fragmentarias. Ello por dos motivos principales: porque fuera de las oportunidades señaladas resulta difícil valorar al quantum base sobre el que se aplican los porcentajes y además, para evitar que por la segmentación retributiva puedan llegar a alterarse, a la postre, los topes arancelarios máximos. Recurrido por Inaplicabilidad de Ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos humanos, discriminación racial o religiosa, publicidad televisiva, comercialización, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: BUELA, Héctor y otra s/ procesamiento-Causa 31.240
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-07

Constituye el delito previsto y penado por el segundo párrafo del artículo 3ro. de la Ley 23.592 - aliento al odio contra una comunidad de personas por razón de su raza religión, nacionalidad o ideas políticas- la comercialización de una filmación de propaganda producida por el estado alemán en tiempos del poder nacional socialista, cuyo contenido deja de ser un documento histórico para constituirse en la renovación de la finalidad para la que ha sido creado, ello así dado su clara orientación al odio racial.
Responsabilidad solidaria, subcontratación laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: ZAPANA, CLAUDIO D. c/ CHIBAN, MARCELO Y HOTEL PROVINCIAL ISSA S.A. CIFEI s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-04-23

La empresa responde ante los empleados del concesionario, contratista, etcétera, no por una relación directa con el ni por un vínculo laboral o de otro orden, como suceda en los casos de los artículos 28 y 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino por haberse dispuesto expresamente en la ley la solidaridad, como un medio de garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social por parte del contratista. El trabajador del contratista, concesionario, etcétera., puede exigir el pago de lo que se adeuda, contra la empresa y el contratista conjutnamente o contra cualquiera de ellos, en virtud del artículo 705 del Código Civil. La Ley de Contrato de Trabajo que la empresa o principal pueda contratar o sub contratar trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica, pero sin que pueda ser indiferente o desvincularse al comportamiento dle concesionario, contratista, etcétera., con su personal sino que deberá vigilar habitual y permanente el cumplimiento de la legislación social, obligaciones que se materializan mediante la correspondiente responsabilidad en caso de incumplimeinto, de otra forma, se desnaturalizaría la obligación.-
Prueba documental, libros del empleador, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Fernandez, Julio c/ Microomnibus La Colorada S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-09

Paso previo e indispensable para la aplicación del art.39 del dec.

ley 7718/71 es la demostración de la existencia de la relación laboral invocada.
Querellante, admisión del querellante, ombudsman
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CARTAÑA, Antonio s/ QUERELLANTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-09

Debe hacerse lugar a la solicitud efectuada por el Defensor del Pueblo de ser tenido por parte querellante, pues los delitos que éste persigue están relacionados con el servicio prestado por los funcionarios públicos y el control de la actividad de la autoridad administrativa local.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Enciso, Secundino de Jesús s/ Habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-17

Es inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto toda vez que la sentencia recurrida no impone pena superior a seis años de reclusión o prisión ni revoca una absolutoria (conf. art. 494, Código Procesal Penal). De conformidad con lo establecido por el artículo citado, por el mencionado recurso sólo puede alegarse la errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal efectuada por el Tribunal de Casación, lo que no se da en el caso de autos en que los agravios se dirigen a cuestionar la interpretación de normas procesales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Otorgamiento del beneficio, trabajadores rurales, procedencia del recurso, medidas cautelares
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SCOTT ESTANISLAO FABIAN c/ A.N.Se.S. s/ Medidas cautelares c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-28

Corresponde hacer lugar a la medida solicitada por un trabajador rural, -en el caso se promovió una medida autosatisfactivas a fin de obtener el pago de una suma mensual similar a un beneficio jubilatorio mínimo que le permita acceder a la Obra Social, PAMI, hasta tanto la CARSS se pronunciara respecto del recurso administrativo interpuesto contra la resolución administrativa que había desestimado su pedido de PBU - PC y PAP, máxime que la UDAI le reconoció más de 29 años de aportes-. Toda vez que existe una fuerte probabilidad de la verosimilitud en el derecho que asiste al actor -atento lo que surge de la resolución de la CARSS acompañada-, y teniendo en cuenta, la situación de distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO), que aún rige en función de la pandemia provocada por el COVID 19, la situación de precariedad y demás condiciones de salud denunciada por el titular -a las que, dado las tareas rurales que cumplía, cabe otorgarle credibilidad-, estimo que se encuentra acreditado, también, el peligro en la demora toda vez que el derecho a una vida digna y el acceso a la salud se encuentran por encima de cualquier disposición procesal, siguiendo lo dictaminado por el Procurador General de la Nación, en la causa "Asociación Benghalensis y otros c/ M. de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/ amparo ley 16.986", -dictamen de fecha 22.02.99. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola)
Competencia, competencia laboral
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Páez, Miguel Angel c/ Municipalidad de la Calera s/ Incapicidad - Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-04-28

El art. 1ro, 2do. párrafo de la Ley 7987 que fija la competencia material de los tribunales del trabajo en el conocimiento de causas por indemnización por incapacidad laboral, no establece requerimiento de tramitación administrativa previa, ni de requisito administrativo alguno. A tales argumentos se imputan los vicios denunciados; sin embargo, la sola discrepancia con los fundamentos esgrimidos al respecto, no es suficiente para sustentar la impugnación de que se trata, más aún cuando esta Sala reiteradamente se ha pronunciado al respecto en sentido coincidente con la juzgadora (in re: "Ceballos Petrona Isabel c/ Sup. Gobierno de Córdoba - Dem. - Rec. Casación, A.I. Nro. 731/95").

En el orden provincial, el art. 178 de la Const. Provincial que impone el agotamiento de la vía administrativa como paso previo a la instancia judicial, presupone la existencia de un organismo público que en ejercicio de una función administrativa dicte actos administrativos -susceptibles tanto de la vía recursiva administrativa como del contencioso-administrativo posterior-. Este es el sentido y alcance de la segunda parte de la norma constitucional aludida.

En cambio, la primera parte, se refiere al Estado como sujeto de una relación jurídica privada, el cual no está sometido a la imposición anterior, debiendo regularse por los códigos procedimentales respectivos (laboral o civil).