Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-01


2º Instancia.-Buenos Aires, junio 1 de 2007.

El doctor Mayo dijo:

I) Apelan las demandadas y la citada en garantía contra la sentencia de fs. 715/721 que admitió parcialmente la demanda promovida por Juan D'Elia a raíz de los daños y perjuicios que alegó haber sufrido como consecuencia de la explosión ocurrida en las inmediaciones de la calle Libertad a la altura del número 329 de esta Ciudad.

A fs. 739/751 expresa agravios Edesur SA. y a fs. 752/759 lo hace Metrogas SA, los que fueron contestados a fs. 761/765 (por Metrogas SA) y a fs. 767/770 (por la parte actora).

A fs. 771 vta. se ordenó la elevación de los autos al acuerdo de sala, providencia que a la fecha se encuentra firme.

II) En atención a la índole de las cuestiones sometidas a conocimiento del Tribunal, primeramente trataré la presentación de la codemandada Edesur SA en tanto se agravia de la responsabilidad establecida por la ocurrencia del evento que diera origen a estas actuaciones.

Ante todo, es oportuno recordar que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan sólo aquellos elementos que son conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (art. 386 Cód. Proc.; C.S.J.N., RED. 18-780; CNCiv., Sala D, RED. 20-B-1040; CNCiv., Sala F, R. 172.752 del 25/4/96, entre otros).

Sentado lo expuesto, cabe señalar que no resulta ser un hecho controvertido ante esta alzada que el accionante fue alcanzado por la explosión que se produjo el día 31/05/02 en las inmediaciones de la calle Libertad (a la altura del nº 329) de esta Ciudad.

Tampoco se encuentra cuestionada la responsabilidad emergente del hecho que le cupo a la co-demandada Metrogas SA.

Por el contrario, la restante requerida - por las razones que invoca a fs. 739/743 vta.-, considera que ha quedado acreditado que el infortunio se debió a la exclusiva culpa de la empresa distribuidora del gas y señala que si bien el resultado dañoso se produce por el encadenamiento de una serie de sucesos que unidos contribuyen al efecto, y aún cuando todos ellos tengan importancia no todos tienen igual influencia, alegando que -en el caso- no se ha probado la existencia de una causalidad adecuada que autorice a responsabilizar a Edesur SA.

Adelanto, luego de una detenida lectura de la causa, que los agravios no habrán de prosperar.

En primer lugar cabe señalar que las manifestaciones que formula la recurrente resultan coincidentes con las expresadas en la anterior instancia en oportunidad de presentar su alegato, no encontrándose de tal manera debidamente cumplida la carga impuesta por el art. 265 del Código Procesal.

Sin perjuicio de ello, he de señalar que comparto las apreciaciones que expone la parte apelante referidas a que el apartamiento de las conclusiones vertidas por el perito oficial debe encontrar apoyo en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del experto se encuentra reñida con principios lógicos o máximas de la experiencia o elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar convicción acerca de los hechos controvertidos.

En este sentido, tal como se decidiera en la anterior instancia -en criterio que comparto y que no ha sido objeto de queja- corresponde admitir las conclusiones del Ing. Conde, en tanto se encuentran debidamente fundadas de conformidad con lo dispuesto por el art. 477 del CPCC.

Respecto al punto, el profesional señaló que tanto de los informes de Edesur como de Metrogas surge que el origen de la explosión fue en la vereda y la onda expansiva provocó el desplazamiento de la tapa de la cámara de desagüe de la empresa Aguas Argentinas.

En cuanto a la causa, señaló que la pregunta a responder era si se trataba de una explosión de gas (explosión mecánica), una explosión causada únicamente por un cortocircuito (explosión eléctrica) o fue una interacción entre ambas (explosión química). Así, luego de explicar en qué consiste cada una de ellas y valorar los elementos obrantes tanto en estas actuaciones como en la causa tramitada ante la Fiscalía 13 -Juzgado Correccional 11 Secretaría 71- así como las constancias obrantes en poder de las demandadas, llegó a la conclusión de que en el caso, la explosión fue de carácter químico, donde el elemento combustible fue el gas natural, el agente oxidante o comburente fue el oxígeno del aire y el calor necesario para generar la explosión fue el arco eléctrico producido por un cortocircuito en el cable de la empresa Edesur. O sea que hubo una interacción entre una fuga de gas y un arco eléctrico. Agregando que la fuga de gas fue pre-existente al cortocircuito que, en definitiva, era lo único que faltaba para provocar una explosión.

Cabe señalar que a fs. 500 la codemandada Edesur SA impugnó estas conclusiones, señalando que el inconveniente de autos no fue por causa eléctrica sino por presencia de la fuga de gas, toda vez que el cortocircuito por sí solo no es apto para provocar la explosión indicada por el perito. Ello por cuanto, según lo aduce, de haberse producido un cortocircuito en el cable de red de baja tensión sin presencia de gas, solo hubiesen actuado las protecciones de la red de distribución eléctrica que están diseñadas de modo de salvaguardar las instalaciones sin producir explosiones del tipo eléctrica.

A fs. 512 el perito contesta la presentación de la impugnante y ratifica su anterior dictamen, señalando la inexistencia de contradicciones y remarcando el carácter químico (no eléctrico) de la explosión en la que interactuó una fuga de gas y un arco eléctrico.

Frente a la categórica y fundada conclusión del perito, las manifestaciones de la apelante resultan insuficientes para modificar la decisión de grado en tanto constituyen una mera interpretación unilateral del dictamen oficial, no encontrando en los restantes argumentos elementos de valor que la ratifiquen.- Adviértase que si bien la fuga de gas fue pre-existente, lo cierto es que también ocurrió un cortocircuito en el cable de la red de distribución de la energía eléctrica. Así lo consignó personal de la empresa demandada a fs. 464, no encontrándose probado que el cable se rompiera a causa de la explosión -como se sostenía en la contestación de la demanda-, ni que hubiera ocurrido por la presencia de otros factores. El experto lo ha determinado de tal manera al sostener que la explosión ocurrió por la interacción de la fuga de gas y del arco eléctrico producido por el cortocircuito. Reitero, conforme lo concluyera el Ing. Conde, la explosión no fue originada sólo por la fuga de gas sino por la confluencia de ambos elementos.

En otro sentido cabe destacar que no se ha probado en autos que la fuga de gas hubiera causado el cortocircuito, de allí que -a mi entender- resulte irrelevante frente a la ocurrencia del siniestro que aquélla hubiera sido pre-existente.- Reitero, conforme surge del peritaje la explosión no ha sido únicamente "mecánica" ni "eléctrica" sino "química", es decir por producida por la conjunción de ambos elementos.

Por otra parte y a tenor de los agravios, cabe mencionar que las instalaciones de Edesur SA y de Metrogas SA no se encontraban en condiciones de normal funcionamiento (ver peritaje fs. 479 vta. pto. 5 -que no ha sido objeto de impugnación-), que existían antecedentes en la cuadra por problemas de origen eléctrico así como reclamos efectuados a Metrogas (cfr. fs. 479 vta. pto. 4 Ain fine"), y que la empresa distribuidora del servicio eléctrico efectuó reparaciones luego de ocurrido el siniestro y con motivo de éste (cfr. fs. 480 pto. 10).

Por lo demás no puede soslayarse la postura asumida por la co-demandada, quien en un principio impugnó las conclusiones del experto respecto al punto-demostrando de tal manera su disenso- para luego de la ratificación del perito oficial, darles un sentido distinto al presentar su alegato.

Cabe destacar que en casos como el presente y a los fines de determinar las causas que originaron la explosión, la opinión del perito, especialista en la materia, reviste trascendental importancia, más aún cuando no existe prueba idónea que logre desvirtuarla.

Por ello entiendo que tanto la fuga de gas como el arco eléctrico producido por el cortocircuito en un cable de la empresa Edesur constituyeron causa adecuada en la producción del accidente, debiendo las codemandadas responder en su calidad de "guardián" de las cosas riesgosas generadoras del daño (art. 1113 del Código Civil), más todavía cuando ha quedado también acreditado el funcionamiento anormal de aquéllas.

Por lo expuesto y teniendo en consideración que las restantes manifestaciones de la parte apelante constituyen un mero disenso con la decisión de grado (art. 265 y 266 del CPCC), considero que la sentencia respecto al punto debe ser confirmada y así lo propongo al acuerdo.

III) Los restantes agravios de los recurrentes se refieren a la admisión de algunas de las partidas indemnizatorias reconocidas en la instancia de grado y del monto de la reparación acordado, señalando además la codemandada Edesur y en forma general (pto. III.b.3) que la valoración de la equidad en la aplicación de la función ordenadora no debe ser hecha de acuerdo con el sentido particular de justicia del juzgador sino teniendo en cuenta los valores objetivos predominantes en el ordenamiento jurídico que el juez debe aprehender durante el proceso, alegando que las sumas reconocidas en la sentencia resultan desproporcionadas en exceso y solicitando su reducción a fin de lograr una decisión justa y razonada.- III-a) Daño físico:

Ambas codemandadas se agravian de la admisión de esta partida por entender que no se ha acreditado la relación de causalidad entre el siniestro y la incapacidad establecida por el perito oficial, agregando la empresa Metrogas que tampoco se encuentra debidamente probado el daño.

El perito médico designado de oficio, luego de practicados los estudios médicos correspondientes y tras haber examinado al damnificado, informó que a nivel del hombro derecho se aprecia leve limitación en la abdoelevación de diez grados. Rodilla derecha sin patologías tanto a la movilidad activa como pasiva. Mínimos trazos varicosos. Presenta varias lesiones dérmicas de coloración ocre con hipestesia y con impregnación dérmica, probable lesión urente de 3 por 1 cm. (3 lesiones) una posterior de 2 por 1 cm. y dos más pequeñas. Lesión por quemadura en zona dorsal que afecta zona de músculos trapecio y deltoides tomando hombro derecho. Lesión hipoestésica en flanco derecho de 6 por 3 cm. con pérdida de sustancia y coloración. Cortes varios en hombro derecho. En zona premaleolar externa se aprecia zona de hundimiento de 2 por 1 cm. Sin alteraciones en la movilidad. No se encontró patología neurológica central ni periférica.- En cuanto al resultado de la radiografía del pie derecho señaló que no se encontró patología ósea, consignando "espolón calacaneo, calcinosis tendinosas".- Al responder los puntos periciales propuestos por la parte actora, el galeno sostuvo que no existían elementos médicos clínicos en autos que permitieran vincular estas lesiones con el siniestro y que si bien algunas de ellas podrían ser producto de impacto con o contra superficie dura, no hay antecedentes de atención por lesiones excepto hipertensión arterial en el Hospital Ramos Mejía (pto. 2). También señaló que como consecuencia de los hematomas el actor no desarrolló una flebitis en el territorio de la safena -no hay elementos probatorios relacionables con este punto- (pto. 8), que no resintió la secuela del pie bot que fuera operado (pto. 9), que no hay elementos en autos que permitan determinar que el actor estuvo inactivo luego del accidente (pto. 12), que no se constató que el actor padeciera dolores y/o molestias constantes derivados del accidente (pto. 13) y que no tiene trastornos en la marcha (pto. 14).

Finalmente, concluyó que el actor sufrió un hecho traumático que le ocasionó una gran impresión psíquica pero que no ha dejado secuelas en dicha esfera. Con respecto al daño físico, señaló que era evidente que tenía lesiones pero que en autos no existía documentación médica de la atención inmediata ni mediata que le permitiera evaluar la causalidad de las lesiones que presentaba el peritado al momento de la evaluación. A criterio del experto existen lesiones dérmicas que podrían haber sido causadas por abrasión y/o quemaduras compatibles como efectos producidos por explosión así como la lesión en su hombro podría haber sido producto de choque con/contra superficie dura como consecuencia del desplazamiento producido por el efecto de la onda expansiva. Finalmente el galeno concluye que D'Elia presenta una incapacidad del 5% de la T.O. parcial y permanente sin antecedentes médicos adjuntados en la causa que le permitan evaluar la relación causal con el hecho que origina la litis (cfr. dictamen de fs. 456/457).

Coincido con el Juez a quo en cuanto a que las conclusiones periciales deben ser admitidas en tanto el dictamen se encuentra debidamente fundado sin que las impugnaciones de las partes logren desvirtuarlo. Tampoco la decisión ha sido objeto de queja ante esta alzada.

Sin embargo y a tenor de los agravios, advierto que el Magistrado admitió el rubro pero sin consignar los elementos que a su entender fueron idóneos para acreditar la relación causal invocada, circunstancia que se imponía como necesaria en atención a lo dictaminado por el perito.

En este sentido, adelanto mi opinión en cuanto a que las quejas de los vencidos habrán de recibir acogida.- Conforme surge de las constancias autos, a raíz del infortunio, el accionante fue trasladado en ambulancia al Hospital Ramos Mejía.

Acerca de la atención médica recibida, contamos únicamente con el informe del Departamento de Urgencias del citado nosocomio (cfr. fs. 375/376) en donde se consigna que el actor fue asistido el día 31/05/2002, siendo el diagnóstico: "tensión arterial 160/100, en auxilio se constató 210/218 sin síntomas agregados, sin pérdida de conciencia" En relación a las constancias obrantes en el sumario penal (acusación fiscal C- 13-04814/2002), cabe mencionar que el mismo día en que ocurrió el hecho, a las 17.17 horas, el accionante compareció personalmente ante la Fiscalía a formular su denuncia, declarando allí -y en lo que aquí interesa-, que "...por acción de la mencionada explosión cayó pesadamente sobre la pared... y posteriormente cayó al piso siendo socorrido... por eventuales transeúntes. Que posteriormente fue trasladado en una ambulancia al Hospital Ramos Mejía donde le realizaron curaciones en las piernas en las que siente dolor...." (cfr. fs. 1).

También surge de dichas actuaciones que el actor fue revisado el 03/06/02 (cfr. fs. 11) pudiendo constatar la perito que presentaba "tumefacción rodilla derecha, equimosis tobillo derecho, lesiones de una data aproximada de 72 horas, producto de roce, golpe o choque con o contra superficie o cuerpo duro. De no mediar complicaciones curan e inhabilitan por menos de treinta días".

Tal como lo remarca la codemandada Metrogas SA en su presentación ante esta alzada, y teniéndose en consideración que el experto oficial no ha podido establecer con certeza la relación causal entre las lesiones constatadas al momento del examen y el siniestro debatido en autos, se advierte que de las constancias recién reseñadas no surge su acreditación no existiendo otra prueba idónea que permita tenerla por comprobada.

Téngase en cuenta que, a excepción de las lesiones constatadas por la perito que intervino en la investigación fiscal (fs. 11) a solo tres días de ocurrido el accidente (tumefacción rodilla derecha y equimosis tobillo derecho) que a su vez resultan coincidentes con lo declarado por el propio actor el mismo día del siniestro (curaciones en las piernas en las que siente dolor -fs. 1 sumario penal-), las restantes mencionadas en el escrito de inicio (lesiones en pie izquierdo y brazo derecho, dolores en hombro derecho con limitación funcional) -en punto a la relación de causalidad- carecen de sustento probatorio, constituyendo de tal manera meras manifestaciones unilaterales del interesado. Adviértase además que ni siquiera se mencionan las lesiones dérmicas constatadas por el experto oficial.

Por otra parte llama la atención que ni al momento de formalizar su denuncia ante la fiscalía como tampoco en oportunidad de ser revisado por la doctora Pedreira de la división medicina legal de la Policía Federal (fs. 11).-, el damnificado no diera cuenta de las lesiones que alegó haber sufrido en su brazo derecho (que no describe con exactitud en el escrito de demanda) ni de las lesiones dérmicas que fueran luego constatadas por el perito designado en esta causa civil (que ni siquiera se mencionan) si es que ellas se produjeron con motivo de la explosión.- Así las únicas lesiones vinculables causalmente con el hecho de autos -de conformidad con la prueba aportada- resultan ser las que se produjeron en la rodilla y tobillo derechos y la existencia de hipertensión arterial al momento de ser auxiliado. Lesiones que no han dejado secuelas incapacitantes.

Es de mencionar en este aspecto y tal como surge del informe pericial antes reseñado, que la rodilla derecha no presenta patologías óseas ni patologías a la movilidad tanto activa como pasiva, el actor no desarrolló flebitis en el territorio de la safena, no resintió las secuelas del pie de bot del que había sido operado, no se constató la presencia de dolores o molestias derivados del hecho ni trastornos en la marcha. De allí que pueda inferirse que la incapacidad del 5% estimada por el galeno fue atribuida a la limitación leve en la abdoelevación del hombro derecho y las lesiones dérmicas, cuya vinculación causal con el hecho -como se dijo- no se encuentra debidamente acreditada.

En otro orden de ideas y a tenor de las manifestaciones vertidas por la parte actora en su contestación de fs. 767 vta./769, cabe señalar que si bien el sentenciante al formar su convicción sobre la veracidad de los hechos controvertidos y sometidos a su decisión, se encuentra facultado para recurrir a las presunciones, las que constituirán prueba cuando reúnan los requisitos que el art. 163 inc. 5º CPCC establece, no lo es menos que ello no autoriza a suplir la insuficiente actividad probatoria de las partes a cuyo respecto se encontraba la carga de acreditar los extremos invocados en su interés (art. 377 del CPCC) y cuando -como en el caso- su producción no aparece como imposible ni dificultosa.

Por lo demás y en atención a los planteos formulados en los agravios y su contestación, teniéndose en consideración lo expuesto precedentemente en cuanto a la extensión del daño físico sufrido por el actor como consecuencia de la explosión (de conformidad con las pruebas obrantes en autos), debo señalar que a mi entender deben desestimarse las declaraciones testimoniales aportadas a fs. 390 y 391 y ello por los siguientes motivos.

En primer lugar surge una clara contradicción entre lo manifestado por el accionante en su escrito de inicio en punto a las tareas que realizaba al momento de ocurrir el siniestro y lo relatado por los testigos.- En tal sentido D¿Elia reconoció no tener trabajo fijo y realizar tareas en "playas de estacionamiento" (fs. 13 vta.).- Sin embargo los testigos dijeron conocer al accionante por trabajar juntos en una empresa interna de Buquebus (Glass Etch International) desde el año 2001 dando cuenta de una relación estable, que se mantenía al menos hasta el momento en que brindaron su declaración (4/5/05).

En segundo lugar puede inferirse de los dichos de estos testigos que eran compañeros de trabajo del actor. Ello emerge implícito de la declaración de fs. 390 y más claro de la brindada a fs. 391 (al señalar que se enteró del accidente sufrido por el actor en el 2002 porque se lo comentó el dueño de la empresa), sin embargo estos mismos testigos declararon en el beneficio de litigar sin gastos y dijeron ser empleadores del actor -trabajaba en relación de dependencia-. Cabe tener presente que la declaración brindada en el beneficio de litigar sin gastos data del año 2003 -fecha en que fuera presentado el escrito de inicio respectivo-.

Téngase en cuenta que en este expediente en marzo de 2005 Querejeta declaró "conozco al actor desde el año 2001 porque trabajamos en la misma empresa en el mismo sector"... "...el actor trabaja en Glass Etch International" mientras que en el beneficio de litigar sin gastos (con anterioridad a septiembre de 2003) sostuvo "conoce al actor desde hace cuatro años por ser su empleado". También Perez señaló en esta causa "conozco al actor desde aprox. fines del año 2001 por motivos laborales... "...nos enteramos del accidente porque me lo comunicó el dueño de la empresa en que trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos en una empresa interna de Buquebus, Glass Etch International..."... (respecto del actor) trabajamos A...prácticamente en el mismo sector yo estoy entrando y saliendo porque la función que cumplimos es distinta". Por el contrario en el beneficio de litigar sin gastos sostuvo "...conoce al actor desde hace cuatro años aproximadamente por ser su empleado...".

Por otra parte Querejeta declaró a fs. 390 que el accionante "hace la información a los vehículos que viajan a Uruguay del grabado de cristales, es una resolución que tienen que cumplir todos los turistas que viajan al exterior...". En el beneficio de litigar sin gastos dijo que "reparte volantes de propaganda de cristales de automóviles, específicamente el grabado de los mismos....desarrolla (dicha tarea) en la terminal de Buquebus..." y Perez señaló que lo hacía en la vía pública...en la terminal de Buquebus.

Frente al reconocimiento efectuado por el propio damnificado en su escrito de inicio y ante las contradicciones en que han incurrido los mencionados testigos valorando la ausencia de explicación alguna entre lo declarado en este expediente y el beneficio de litigar sin gastos, entiendo que los testimonios en cuestión no resultan idóneos para tener por acreditada la actividad laboral del accionante.

Tampoco son aptos para considerar probada la entidad de las lesiones que el actor alegó haber sufrido así como la circunstancia de que a raíz de ellas estuvo inactivo por el lapso denunciado en el escrito de inicio.

Recuérdese en este sentido que el damnificado fue atendido el día del hecho en el Hospital Ramos Mejía donde se dejó constancia de los valores de su presión arterial, no existiendo constancia de atención médica o tratamiento posterior y siendo que el mismo día concurrió personalmente a la Fiscalía a formular su denuncia.

Además debe tenerse presente que si bien los testigos señalaron la existencia de cierta dificultad en el actor para mantenerse parado durante mucho tiempo, la que según lo relatan continuaba al momento en que prestaron su declaración (4/05/05) no debe perderse de vista que -conforme ha quedado acreditado mediante la pericial médica- D'Elia no padece secuelas en sus miembros inferiores derivadas de las lesiones provocadas por el siniestro, no padece de dolores ni molestias, no presenta patologías en su movilidad ni patologías óseas ni tiene dificultades en la marcha. La imparcialidad del perito que surge de su designación de oficio así como el fundamento científico de sus conclusiones prevalece por sobre la declaración de los testigos.

En síntesis, considero que las declaraciones de los testigos Perez y Querejeta deben ser desestimadas y no resultan idóneas a fin de considerar probada la extensión del daño físico, la actividad laboral del damnificado como tampoco la alegada imposibilidad de trabajar en razón de las lesiones sufridas a raíz de la explosión.

En razón de lo expuesto y ante la ausencia de incapacidad física derivada del accidente, entendiéndose por ésta la disminución de las aptitudes psicofísicas de la víctima para sus actividades laborales y sociales, la cual que se verifica cuando las secuelas no son corregibles luego de realizados los tratamientos médicos respectivos, es decir cuando no existe posibilidad de lograr recuperación del estado de salud del que gozaba la persona con anterioridad al suceso dañoso. Valorando además que para ser indemnizado el daño debe ser actual y cierto, y debe encontrarse debidamente acreditado por quien lo invoca, considero que la queja debe ser admitida.

Propongo entonces al acuerdo modificar la sentencia de grado y desestimar el rubro en estudio, sin perjuicio de valorar la entidad de las lesiones físicas padecidas por el damnificado al momento de tratar los agravios referidos a la indemnización concedida por "daño moral".

III-b) Lucro cesante:

En razón de lo expuesto en el acápite anterior, no encontrándose debidamente acreditado que a raíz de las lesiones sufridas por el siniestro el accionante estuviere inactivo o se hubiera visto imposibilitado de realizar trabajo alguno, la queja de la codemandada Metrogas habrá de ser admitida y en consecuencia el reclamo deducido en el rubro desestimado.

III-c) Daño moral:

A tenor de los agravios, cabe recordar con respecto al daño moral que no es sino la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (conf. Jorge Bustamante Alsina, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", Ed. Abeledo Perrot, 4ta. ed., nro. 557, p. 205), comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o goce de sus bienes (CNEspCivCom, Sala I, "Silverio Graciela c/ Persini Dardo s/ sumario", 13.8.84). El daño es el menoscabo o lesión a los intereses no patrimoniales provocado por el evento dañoso, es decir, por el hecho o acto antijurídico (conf. Eduardo A. Zannoni, "El daño en la responsabilidad civil", Ed. Astrea, p. 287).- Su reparación esta determinada por imperio del art.1078 del Código Civil, que con independencia de lo establecido por el art.1068 de ese cuerpo legal, impone al autor del hecho ilícito la obligación de indemnizar sin exigir prueba directa de su existencia (CNEspCivCom, Sala I, "Sgro Dora L. c. Caruso Antonio s/ sumario", del 27.12.83). Lo que define el daño moral -se señala en la doctrina- no es, en sí, el dolor o los padecimientos. Ellos serán resarcibles a condición de que se provoquen por la lesión a una facultad de actuar que impide o frustra la satisfacción o goce de intereses no patrimoniales reconocidos a la víctima del evento dañoso por el ordenamiento jurídico (conf. Zannoni, Eduardo, op. cit., p. 290).

Respecto de la prueba del daño moral, se ha señalado que: "cuando el daño moral es notorio no es necesaria su prueba y quien lo niegue tendrá sobre sí el "onus probandi". Fuera de esta situación, esta clase de daño, como cualquier otra, debe ser objeto de prueba por parte de quien lo invoca (Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", t. 1, ps. 387/88).

El carácter estrictamente personal de los bienes lesionados al producirse un daño moral, está indicando por sí la imposibilidad de establecer una tasación general de los agravios de tal especie (CNEspCivCom, Sala I, "Palavecino de Cooper Celina c/ Garro Luis s/ daños y perjuicios", del 21.3.88). Así, el daño moral corresponde que sea fijado directamente por el juzgado sin que se vea obligado en su determinación por las cantidades establecidas en otros rubros (íd., "Vidal Cavero Irene c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ daños y perjuicios", del 11.7.86).

Sobre la base de estas premisas, teniendo en cuenta las circunstancias de hecho en que resultó lesionado el demandante, la atención médica recibida en el Hospital Ramos Mejía, las lesiones físicas vinculadas causalmente al siniestro así como lo informado por el experto médico en el ámbito psicológico, todo lo cual afortunadamente no ha dejado secuelas que lo incapaciten, valorando en la índole de los padecimientos que debió experimentar, como también las circunstancias personales que se relacionan con aspectos tales como su edad (ver peritaje médico), sexo, ocupación (ver fs. 13 vta. del escrito de demanda), constitución de su grupo familiar y condición social (ver constancias del beneficio de litigar sin gastos) considero la suma dispuesta en la anterior sentencia resulta un tanto elevada por lo que propongo reducirla a la cantidad de siete mil pesos ($ 7.000).

IV) Costas:

La codemandada Edesur SA solicita que se modifique la forma en que fueran impuestas las costas en la instancia de grado en atención a que se ha desestimado la mayoría de los rubros reclamados en la demanda como también en virtud del monto reclamado en la demanda y el que en definitiva fuera admitido en la sentencia.

Respecto al punto se ha señalado reiteradamente que las costas, dada su naturaleza resarcitoria deben ser impuestas a la vencida aunque la demanda no prospere íntegramente, ya que la condena en costas forma parte de la indemnización.

Si bien lo expuesto es suficiente para rechazar los agravios, no está de más señalar que el fundamento de la institución de las costas y su principio esencial es el hecho objetivo de la derrota en la contienda judicial y actúa como un medio de obtener que el derecho controvertido sea reconocido en su integridad y con la finalidad de que el vencedor obtenga un cabal resarcimiento de los gastos que le ocasionó el litigio, o lo que es lo mismo, que el derecho salga incólume del pleito. La noción de vencido no puede ser fijada por un análisis aritmético de las pretensiones deducidas y sus resultados, máxime cuando como en el caso, la determinación definitiva del importe queda librada al prudente arbitrio del juzgador. Las costas deben imponerse a las codemandadas vencidas pues éstas se opusieron a la procedencia de la pretensión y si bien el monto por el que prosperó la demanda resultó ser inferior al reclamado la litis resultó igualmente necesaria al no haber pagado las requeridas aquello que era procedente.

V) Por las razones expuestas doy mi voto para que se modifique la sentencia de grado en los siguientes aspectos: a) se rechacen los reclamos deducidos en concepto de "daño físico" y "lucro cesante" y b) se reduzca la indemnización por "daño moral" a la suma de siete mil pesos; confirmándosela en lo demás que decide y fue materia de queja.

Las costas de alzada se distribuyen por su orden en atención al principio de reparación integral que rige la materia y el resultado y alcance obtenido con los recursos. Así lo voto.

Los doctores Giardulli y Kiper, por las consideraciones expuestas por el doctor Mayo, adhieren al voto que antecede.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad de votos, el Tribunal decide: modificar la sentencia de grado en los siguientes aspectos: a) se rechacen los reclamos deducidos en concepto de "daño físico" y "lucro cesante" y b) se reduzca la indemnización por "daño moral" a la suma de siete mil pesos y confirmarla en lo demás que decide y fue materia de queja. Las costas de alzada se distribuyen por su orden en atención al principio de reparación integral que rige la materia y el resultado y alcance obtenido con los recursos. -Jorge A. Mayo.- Jorge A. Giardulli.- Claudio M. Kiper.