marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jurisdicción y competencia, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, agentes diplomáticos extranjeros
Materia: PROCESAL
Carátula: Luo Gan s/ imposición de tortura.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-23

Es ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema la querella promovida por los delitos de genocidio y tortura, si el imputado -no obstante gozar de status diplomático- no se encuentra más en el país, por lo que no se advierte circunstancia alguna que imponga tal intervención, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Plan de parentalidad, responsabilidad parental, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL
Carátula: Para agregar a los autos G. M. L. c/ U. F. J. - Tenencia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-04-27

El régimen de comunicación se concibe como un derecho-deber. Por un lado, es un derecho de aquel padre y/o madre que no convive con su hijo/a de compartir tiempo con este, involucrarse efectivamente en su vida, poder pernoctar en su domicilio, etc. Y por otro lado, existe el derecho del hijo/a de relacionarse con su progenitor/a, lo que guarda estrecha relación con el deber del progenitor de comunicarse con el NNA. Además, se presenta la obligación del padre/madre que convive con el hijo, de permitir la comunicación con quien no lo hace.
Municipalidad, concejo deliberante, concejales, Superior Tribunal de Justicia, facultades de control
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Vera, Hilda Marta y Agripino Benítez s/ Plantea Conflicto
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1990-10-05

Las opiniones de los miembros del Concejo Deliberante emitidas tanto en comunicados o conferencias de prensa - fuera del recinto o del ejercicio de sus funciones de legislador - escapan a los alcances del artículo 77, y en consecuencia pueden ser valoradas a los efectos de encuadrar la conducta de sus protagonistas; tanto por el Honorable Concejo Deliberante cuanto por el Superior Tribunal de Justicia.
Sanciones disciplinarias administrativas, avocación administrativa, superintendencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Egües, Alberto José sumario 63/95 Cámara Civil. s/ Trámite personal - avocación -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

No corresponde hacer lugar a la avocación interpuesta después del tercer día, de acuerdo con el término que establece el art. 208 del Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil para recurrir ante la cámara de las sanciones aplicadas por el tribunal de superintendencia (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Indemnización por accidente de trabajo, acción civil por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: TEJERINA, TEODOCIO c/ FRANCO - MAR SRL. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-10-29

La consideración de cuanto percibe en el mercado laboral un obrero de la categoría del actor, amen de ser un dato variable en cada caso concreto, no resulta ser argumento valido ni un parámetro justo para fijar una indemnización por daño.
Acción reivindicatoria, prueba de la posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Poma, Genoveva E. y otros c/ Labarta, Gabino s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

No es ya sustentable que la tradición debe fundarse en un título suficiente si se entiende que sólo lo es cuando en sí es idóneo para constituir derechos reales, o sea, el instrumento público.-
Recurso de reposición (procesal), reposición in extremis, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: P., G. F. c/  s/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR LA GUARDA DE LA MENOR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-14

Conforme inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este mismo Órgano Jurisdiccional, los fallos y resoluciones de la Corte no son, salvo casos excepcionalísimos, susceptibles de recursos o incidentes de nulidad o revocatoria, por cuanto revisten carácter final y, por ende, no son susceptibles -salvo, como queda dicho, situaciones especiales- de recursos ordinarios; y con esa inteligencia, el Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación ha insistido constantemente en la imposibilidad de sus fallos de ser atacados a través del recurso de revocatoria, a excepción de aquellos supuestos de error esencial, en los que se hace ostensible el riesgo de consumar una injusticia notoria, y por su parte, esta Corte trazó el perfil de la revocatoria in extremis en la causa "Malvicino", donde afirmó que esa figura debía entenderse como un procedimiento atípico de reparación del error indisputable y nunca de reexamen o reconsideración de la causa, debiendo también recordarse que la admisión del planteo de reposición in extremis se encuentra sujeto a la condición de subsidiariedad, es decir, que resulta requisito -aunque de signo negativo- la inexistencia de otro medio o vía adjetiva idónea para reparar adecuadamente el agravio, recaudo que no se encuentra cumplido en la especie.- CITAS: CSJN: Fallos 113:302; 178:308; 181:172; 241:248; 244:43; 248:398; 252:21; 262:300; 265:133; 280:347; 291:80; 303:240; 305:603; 310:858; CSJStaFe: AyS, T 136, p 474; T 140, p 416; T 144, p 236.
Compraventa inmobiliaria, asentimiento del cónyuge, autorización de venta
Materia: CIVIL
Carátula: C. C. M. s/ AUTORIZACION PARA VENTAS DE BIENES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-09

Es procedente conceder autorización en los términos del art. 1277 del Cód. Civil para la venta de un bien, ante la ausencia del ex cónyuge de la peticionaria, no obstante encontrarse el bien a su nombre en el Registro de la Propiedad y en la escritura respectiva, si fue adquirido de modo aparente en su favor y el de su ex-cónyuge y con la autorización judicial para la enajenación se regulariza la situación de dominio en cabeza de los reales adquirentes.
Cheque, autorización para girar en descubierto, facultades del banco, apertura de crédito, titular de cuenta corriente
Materia: COMERCIAL-BANCARIO
Carátula: BIZET, CARLOS c/ BANCO MERCANTIL ARG. SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-17

Aunque una entidad bancaria en determinadas oportunidades hubiera cubierto mas allá del limite convencional del "descubierto", ello era en ejercicio de una facultad excepcional y ocasional de otorgar crédito, que no lo constreñía a perpetuarla con carácter de obligatorio (D.L. 4776/63, art. 1), ya que en este supuesto la concesión del crédito, constituye un elemento de servicio de caja, y tiene por objeto facilitar la realización de los fines del contrato de cuenta corriente bancaria (Williams, "Contratos de Crédito", T.2 A-158 y C.N.C.I.V., sala C, 10.2.95, In re, "Sánchez Escudero c/ Banco Español del Río de la Plata S.A."), no pudiendo tal facultad ir en contra de lo dispuesto por la OPASI 2 punto 1.2.1.1., que preceptiva: "es obligación del cuentacorrentista mantener suficiente provisión de fondos para que la entidad cumpla las órdenes de pago libradas contra la cuenta y, en caso contrario, no emitir cheques apartándose de las condiciones convenidas por escrito (cfr. También C.C.I.V. art. 17).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Amorosino de Begleiter, Maria c/ Galvan, Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-21

No rige el art 1103 del Código Civil si la absolución dictada en sede penal no se basó ni en la inexistencia del hecho ni en la falta de autoría.
Revocación de sentencia, ENTRE RÍOS, obra social provincial, cobertura médica, Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, decreto reglamentario, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, cannabis medicinal
Materia: CONSTITUCIONAL-SALUD PUBLICA
Carátula: Recursos de hecho deducidos por la actora en las causas A., A. F. c/ IOSPER s/ acción de amparo -causa nº 25.190
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2023-12-21

Cabe revocar la sentencia del Superior Tribunal de la Provincia de Entre Ríos que hizo lugar a la apelación deducida por el Instituto de Obra Social local, que se negó a cubrir en su totalidad el aceite de cannabis recetado a un niño con epilepsia refractaria, pues además de haberse pronunciado el Tribunal en idéntico sentido, en la causa "B., C. B y otro c/ IOSPER y otros s/ acción de amparo" (Fallos: 344:2868), a partir del dictado del Decreto Reglamentario 883/2020, sobre Investigación Médica y Científica del uso medicinal de la planta de cannabis y de sus derivados, las obras sociales deben brindar cobertura total para su adquisición a los pacientes que cuenten con indicación médica, conforme los términos establecidos por el inciso d del artículo 3 de aquélla norma.
Obligación tributaria, multa, carácter sancionatorio, impuestos, pago, contribuyentes, sucesiones, obligaciones
Materia: CIVIL - TRIBUTARIO
Carátula: MIGUEL ANGEL MARMIROLLI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N 14-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-20

Las multas que derivan de incumplimientos de obligaciones fiscales revisten carácter sancionatorio y son eminentemente personales, esto entendido en el sentido de que pueden ser aplicadas al infractor y a la empresa que pueda considerarse coetáneamente vinculada a la actividad; pero no es posible extender dichas sanciones a una sociedad creada con posterioridad. La circunstancia de que la sociedad pueda ser considerada sucesora de las obligaciones fiscales en los término del artículo 147 del Cód Fiscal no habilita a sostener que debe responder por las sanciones por incumplimientos que no cometió. La sucesión debe entenderse que refiere a los impuestos impagos y a los accesorios o beneficios patrimoniales, pero no a las sanciones a que pudiere haber dado lugar el contribuyente anterior. Tal interpretación resulta avalada por la solución del Código Fiscal cuando dispone que las multas aplicadas se extinguen por la muerte del infractor (art 47 actual y art 42 del texto ordenado aprobado en 1980).
Mala praxis, responsabilidad médica, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: D.La C.,M.P. y Otro c/ H.,D.E. y Otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-26

Los médicos cirujanos codemandados son responsables por la pérdida de chance de sobrevida de un recién nacido que falleció como consecuencia de una hernia estancada, pues al omitir la inmediata intervención quirúrgica de urgencia en el bebé, se lo condujo -en el estado en se hallaba (con o sin maniobra de taxis y con o sin punción y drenaje abdominal)- a una muerte segura, provocando que el niño perdiera concretamente la chance de sobrevivir y, con dicha pérdida, fue dejado de lado el principio de beneficencia.
Competencia, ANSSAL, obras sociales
Materia: PROCESAL
Carátula: Administradora Tributaria de la Provincia De Entre Rios c/ Asociación de Obras Sociales de Gualeguay - Ejecutivo s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-07-04

El art. 38 de la Ley 23661 dispone que la Administración Nacional del Seguro de Salud y los agentes de seguros -es decir las obras sociales- están sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal pudiendo optar por la ordinaria solo cuando fuesen actores, pero dicha normativa resultaría sólo aplicable cuando el problema versa sobre la organización y funcionamiento de las obras sociales ya que, prima facie, existiría un interés público que exige tratarlo en la órbita de la justicia federal.
Proceso penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Estrella Francisco F. c/ Policía de la Prov. de Bs. As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

Si el fundamento del art. 1101 del Cód. Civil para suspender el dictado de la sentencia que juzgue sobre los daños sufridos por la víctima está dado por los efectos que la sentencia penal habrá de producir en torno a la responsabilidad civil, lógico es que si no existe proceso penal incoado y pendiente con anterioridad al dictado de la sentencia civil, no se configura la situación que le legislador ha tratado de salvaguardar con la norma contenida en el referido art. 1101 toda vez que, al momento de emitirse el pronunciamiento definitivo en sede civil juzgando los daños reclamados, no existe posibilidad de dictado de sentencia penal que, una vez pasada en autoridad de cosa juzgada, deba necesariamente respetarse en la esfera civil porque se encontraría afectado el orden público emanado de la sentencia penal firme.
Secuestro extorsivo, personal policial, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "CASTELLI, Norberto y otros s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-16

Sin perjuicio de la calificación que en definitiva pudiera corresponder, es constitutivo del delito de secuestro extorsivo el hecho cometido por policías quienes, aduciendo la ejecución de ordenes de captura existentes realmente contra una persona la privan ilegalmente de libertad para obtener rescate.
Trabajador, adicionales de remuneración, orden público laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: SANTAGOSTINO, ALEJANDRA NOEMI c/ SODECAR S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-10-13

Las quejas de la recurrente, pese al matiz constitucional que intenta otorgarles, no afectan la validez constitucional de la sentencia y sólo denotan la disconformidad de la recurrente para con la solución jurídica propuesta, pues no ha demostrado con elementos de juicio suficientes que los jueces de la causa al fallar interpretaran arbitrariamente o llegaran a un resultado irrazonable en las apreciaciones fácticas y probatorias obrantes en autos -especialmente el acta en virtud de la cual se estipuló una bonificación integrativa de la remuneración, con la única limitación que por constituir una facultad discrecional de la empleadora su otorgamiento, su evolución sería dispuesta sin sujeción a normas legales ni acuerdos gremiales- ni que tal meritación no resulte objetiva; es decir, que resuelvan en total apartamiento de las reglas de la lógica y de la experiencia, vulneren los derechos y garantías constitucionales y supranacionales que consagran los derechos del trabajador y desconozcan el orden público laboral. (De la disidencia parcial de los Dres. Spuler y Netri).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dolcemascolo, María c/ Gil, Ramón y otros s/ Daños y perjuicios Bevacqua, Guillermo y otra c/ Castra, Gilberto Hugo s/ Daños y perjuicios Fernández, Eugenio c/ Toledo, Amelio y otro s/ Desalojo Domínguez Araujo, Juan A. c/ Sánchez Alcazar, Jorge y otro s/ Rendición de cuentas Ortiz, Alberto J. c/ Compañía de Seguros del Interior S.A. s/ Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios Caligiuri, Oscar Domingo y otro c/ Club Deportivo Norte y otros s/ Cumplimiento de contrato Allende, De las Nieves c/ Ferrer, Francisco y otro s/ Despido Fisco nacional (A.F.I.P.-D.G.I.) s/ Incidente de revisión en autos: 'Distribuidora 3 Arroyos S.R.L.  Concurso preventivo'
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22|1986-11-04|1988-06-28|1992-03-03|1995-11-07|1994-10-25|2002-10-02|2004-02-18

La Corte no puede, por inferencias o interpretación, suplir de oficio la omisión de las citas legales que debieron efectuarse para sustentar el recurso.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: Después de transcurridos cinco años, ¿Es   obligatorio el fallo pleno (artículo 28 de la ley 10160) No   modificado expresamente? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-13

Los fallos plenos han mostrado un flanco débil: Al cabo de cinco años del dictado de cada uno, ha aparecido la incertidumbre acerca de la perduración de su efecto vinculante a raíz de cierta interpretación del artículo 28 de la ley 10160. Incluso para algunos magistrados ni siquiera ha perdurado la autoridad como precedente -aunque no fuese, ya, obligatorio-, y se han vuelto a suscitar encontradas decisiones jurisprudenciales sobre temas pacíficamente resueltos en los cinco primeros años del pleno. Y, peor aún, en ciertos casos, el transcurso de ese lapso parecería haber provocado la decisión exactamente contraria a la doctrina plena, como si la supuesta "caducidad" de ésta, en lugar de volver las cosas al estado anterior a la unificación jurisprudencial, hiciera nacer una suerte de doctrina judicial opuesta al fallo pleno. Por lo demás, se nota una lamentable prescindencia de análisis sobre los resultados de igualdad y seguridad jurídica alcanzados durante los primeros cinco años de cada pleno, y una falta de valoración de ello para perdurar su doctrina así fuera por la mera utilidad del precedente con el cual uniformemente se resolvieron las disputas durante un lustro en todo el fuero local. Por ello, estimo mucho más valioso desde el punto de vista de la seguridad jurídica y la igualdad de los litigantes, sostener la obligatoriedad de los fallos plenos después de sus primeros cinco años. (Del Voto del Dr. Rouillon).
Recurso de inconstitucionalidad, comercialización ilegal de estupefacientes, solicitud de libertad condicional, insuficiencia del agravio, igualdad ante la ley
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Costa, Emiliano Oscar sobre 5 C - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción / tenencia con fines de comercialización c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-12

En relación con la alegada afectación del principio de igualdad ante la ley, la defensa no ha explicado suficientemente por qué el diferente régimen penitenciario impuesto por el legislador -conforme con los arts. 14, inc. 10 del CP y 56 bis, inc. 10 de la ley n° 24660- se basaría, como afirma en su recurso, en una evaluación ilegítima de la "personalidad" del autor, "ajena al hecho", cuando el parámetro de distinción es precisamente una circunstancia objetiva, tal como la clase de delito cometido. En este sentido, no es irrazonable interpretar que el legislador consideró que, en razón de la clase de delito cometido, el diseño de un régimen penitenciario más prolongado podía ser necesario para alcanzar los fines adjudicados a la sanción penal y, según surge del punto anterior, no se han ofrecido buenas razones para afirmar que lo haya hecho excediéndose del ejercicio de facultades que le son propias. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Acción de amparo, obras sociales, declaración de inconstitucionalidad, opción de obra social, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Yosifides, Ileana c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-18

Dado que el dictado de la Ley Nro. 472 y especialmente su artículo 37, que posterga el derecho de los afiliados a la Obra Social de los Empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires" (O-S-B-A-) a ejercer la libertad de elección de obra social, denota el ejercicio de potestades que han conferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la Ciudad, las normas dictadas en el ámbito de la Ciudad resultan preeminentes en razón del carácter local de la materia objeto de regulación, desplazando en esta jurisdicción la aplicación del régimen nacional. En consecuencia, no se puede hacer fincar la inconstitucionalidad de la mencionada ley, en especial la de su artículo 37, en la circunstancia de haberse efectuado una regulación local diferente a la nacional, esto es por incompetencia en razón de la materia, sino únicamente en la medida que hubiera existido una violación de derechos o garantías constitucionales, la cual no se advierte, por cuanto la norma en cuestión reconoce expresamente el derecho de opción a favor de los afiliados y fija el plazo a partir del cual podrán ejercerlo. Tampoco resulta irrazonable o arbitraria, sino que es una reglamentación legítima del derecho que reconoce. Ello pues el plazo máximo que fija para la adhesión al sistema no resulta de tal extensión que desnaturalice el derecho o contradiga su esencia. Finalmente, el modo en que han sid o ejercidas en la materia las potestades constitucionales no vulneran la garantía de igualdad ante la ley en la medida que resulta aplicable a una categoría de sujetos definida con un criterio objetivo y razonable, sin efectuar entre ellos distinciones de índole alguna. (Del voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbín.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maslovich, Juan Esteban c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

No corresponde el pago de los salarios caídos durante el período en que el agente público permaneció separado del cargo, mientras no exista norma que lo disponga, porque al no prestarse los servicios no existe causa para el cobro. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad de sentencia, trabajadores de la construcción, fondo de desempleo, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: SALAS AMERICO O. Y OTROS c/ VIGLIOCO GUSTAVO Y OTROS s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-27

Viola las disposiciones del art. 15 de la ley 22.250, la sentencia que manda a pagar la integración del mes de despido a un dependiente de la construcción.
Régimen de consolidación de deudas, indemnización por accidente de trabajo, incapacidad parcial, bonos de consolidación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ACOSTA, LUIS c/ E.F.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-30

Conforme el criterio que privilegia la ley especial sobre la ley general posterior, no es necesario un pronunciamiento respecto de la supuesta inconstitucionalidad de la ley 23982, cuyo ámbito material de vigencia es distinto al de la ley 9688. En el caso de un trabajador incapacitado en un 70% de la T.O. y de considerable edad, el pago en bonos lo obligaría a venderlos a un 50% de su valor, constituyendo una real confiscación, violatoria del art. 17 de la CN. Intentar descargar la crisis sobre los inválidos del sistema laboral resulta contrario a toda razón y justicia.