Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-05


En la ciudad de Trelew, a los 05 días de febrero del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones , bajo la Presidencia del Dr. Juan Humberto Manino y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Alberto Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P., C. J. c/ L. M. A. S.A. CIA. DE SEGUROS s/ cobro de pesos" (Expte. Nº 21.555 - año: 2006) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿ ¿es técnicamente suficiente la expresión de agravios de fs. 400/402 vta.? SEGUNDA: ¿caso afirmativo de la anterior, ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 409.- -- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó:

I.- La sentencia de origen rechazó la demanda de cumplimiento de contrato de seguro incoada por el cesionario del asegurado contra la aseguradora en razón de que, suspendida automáticamente la cobertura desde las 24 hs. del día 4/6/02 por mora en el pago de la prima, aquélla fue rehabilitada recién a partir de las 0 hs. del día 19/6/02, esto es luego del siniestro sucedido el día 18/6/02 a las 10,30 hs., que no quedó entonces cubierto por el seguro.

Ello se debió, declaró la juzgadora de la anterior instancia, a que el actor -quien amén de ser hoy cesionario del asegurado, era el productor del seguro- no entregó a la aseguradora el importe de la prima que había recibido del asegurado el día 11/6/02 hasta el 18/6/02 a las 15,51 hs., incumpliendo así el plazo de setenta y dos horas contadas desde la recepción del pago que al efecto fija el art. 10 inc. "g" de la ley 22.400.- Señaló la sentenciante del previo grado que el demandante intentó justificar dicho incumplimiento suyo alegando que la forma y tiempo de las rendiciones de cuentas eran distintos a los legales, modificados por costumbre inveterada de las partes.

En cuanto a la forma, afirmó el actor que según tales usos, como regla, era la aseguradora quien enviaba un empleado suyo a la oficina del productor a recibir las cuotas de primas abonadas por los asegurados y sólo excepcionalmente, cuando la aseguradora no disponía de una persona que pudiera cumplir el trámite, personal del productor acudía a la sede de aquélla a entregar los fondos.

En cuanto al tiempo, aseveró el pretensor que las rendiciones de cuentas tenían lugar cada quince días.- - Concluyó la Señora Jueza "a quo" que dichas alegaciones justificantes eran inatendibles por no haber recibido las mismas el sustento probatorio que el actor tenía la carga de aportar.

Antes bien, tocante a la forma de las rendiciones, las testificales producidas demostraron que, como regla, eran empleados del productor de seguros los que asistían al domicilio de la aseguradora a entregar las cuotas de prima abonadas y, únicamente por excepción, ocurría a la inversa.

En relación con los plazos de esas rendiciones, tampoco acreditó el demandante que fuera costumbre entre las partes practicarlas cada quince días y no en el lapso legalmente dispuesto; por el contrario, el actor confesó fictamente carecer de autorización especial para extender el plazo legal.- Ocupándose de la compensación invocada por el pretendiente entre la cuota de prima debida por el asegurado cedente y las comisiones que el productor de seguros tenía a percibir de la aseguradora, la sentenciante la desestimó por entender que ese medio extintivo de las obligaciones no pudo operar porque no hubo convención entre las partes, ni era facultativo del demandante, ni éste la opuso oportunamente a su acreedora si concurrían los requisitos de la compensación legal.

- II.- Apelado ese fallo por el actor, él alineó contra la decisión, en síntesis, los siguientes agravios: - A.- Las declaraciones testimoniales, con base en las cuales la juzgadora concluyera que la práctica habitual consistía en que el productor de seguros concurriera a rendir cuentas de sus cobranzas de primas al establecimiento de la aseguradora y no a la inversa, han sido sacadas del contexto total de la prueba producida.

Ello porque la "a quo" omitió apreciar, a la par de aquéllas, las constancias documentales de ciento sesenta y seis rendiciones de cuentas aportadas y reconocidas por los testigos, de las que surge que en el 69 % de los casos fueron los empleados de la demandada al comercio del actor a recibirlas y sólo en el 31 % de ellos fue el último quien acudió al local de la aseguradora.

Así, en el concepto del recurrente, fue probada la inveterada costumbre de las partes en punto a la modalidad de la entrega de las cuotas de primas percibidas de los asegurados.

B.- Durante años las cuotas fueron rendidas con cierto atraso sin reprobación alguna de la demandada, quien no pudo escudarse en la falta de pago de la de la especie para no cumplir el contrato, pues la costumbre comercial desarrollada determinaba lo contrario, costumbre esa que, de acuerdo al art. 218 inc. 6° Cód. de Com., debe prevalecer sobre cualquier inteligencia que se pretenda dar a las palabras.

Añadió el apelante que el cambio de actitud de la demandada al respecto importó contradecir su anterior conducta deliberada y jurídicamente relevante.

En relación al plazo para entregar a la aseguradora la cuota cobrada al asegurado el día viernes 11/6/02, destacó el quejoso que las tres jornadas siguientes al vencimiento del mismo el día 14/6/02 fueron inhábiles -sábado 15, domingo 16 y lunes 17/6/02, este último por traslado del feriado nacional del día 20/6/02-, deduciendo de ello que al pagar el día martes 18/6/02 su retraso fue menor a doce horas.

Agregó que, además, los productores de la demandada, yC) atinente a la compensación desestimada, argumentó el impugnante que ya en su demanda adujo ser acreedor de la aseguradora por una suma holgadamente superior al monto de la cuota de seguro en cuestión, de modo que aun cuando no utilizó la palabra compensación, eso era lo que estaba planteando.

Expuso también que la declaración del testigo M. y el dictamen pericial contable demostraron que las compensaciones entre comisiones del productor y las cuotas percibidas fueron practicadas a lo largo de toda la relación de las partes.- III.- Corrido el pertinente traslado de la expresión de agravios, la demandada lo evacuó a fs. 404/406 vta.

Allí planteó en primer término la deserción del recurso de su oponente por no cumplir la pieza de impugnación los requisitos establecidos en el art. 265 C.P.C.C., toda vez que, a su entender, ella sólo contiene disconformidades con la apreciación de la prueba hecha por la sentenciante y planteos de cuestiones, como la relativa a la compensación, no sometidas al magistrado de primera instancia.- En subsidio, la apelada respondió los agravios vertidos por su adversaria destacando que las declaraciones testificales han sido concluyentes en que el actor no contaba para rendir cuentas con un plazo especial, convencional o consuetudinario, distinto del legal, así como la inaplicabilidad al caso del art. 218 inc. 6° Cód. de Com. -norma relativa a la interpretación de los contratos y no a la aplicación de un mandato legal- y la falta de concreto planteo de la compensación, instituto que además no pudo operar por inconcurrencia de un requisito esencial: sin rendición de cuenta de la cuota de marras, ignoraba la aseguradora los saldos de las obligaciones recíprocas de las partes.- IV.- Contra lo sostenido por la demandada a fs. 404/vta. cap. II, pto. "A", la expresión de agravios presentada por el actor apelante para el sostén de su recurso resulta técnicamente suficiente, pues, más allá de lo acertado o desacertado de las críticas que contra el fallo explicitara, las mismas han sido, en líneas generales, concretas y razonadas.

Del discurso sentencial seleccionó el recurrente tres ideas en verdad dirimentes -las de carencia de prueba acerca de la modalidad de la rendición de cuentas entre las partes, de ausencia de demostración de la concesión al actor de un plazo especial, diferente al legal, para hacerlo y de falta de planteo y operancia de la compensación- y embatió contra ellas con impugnaciones precisas, apoyadas en argumentos probatorios, legales y de interpretación de escritos.

Esa es justamente la técnica que el art. 265 C.P.C.C. impone seguir al apelante como carga procesal para la suficiencia de su recurso (este cuerpo, c. 14.578 S.D.C. 18/99, c. 14.624 S.D.L. 17/99, c. 2.873 S.D.C. 6/96, c. 20.915 S.D.C. 3/06), de modo que no cabe concluir la deserción cuya declaración la demandada impetrara.

Consecuentemente, me expido en esta primera cuestión por la AFIRMATIVA.- A la PRIMERA CUESTION el Dr. Manino manifestó: - - Como el Sr. Magistrado que me ha precedido en el voto, yo también soy de opinión que la expresión de agravios de fs. 400/402 vta., es técnicamente suficiente y no corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto, en mérito a lo que disponen sobre el punto los Arts. 265 y 266 del CPCC..- En primer lugar y en contrario de lo expuesto por la demandada en el traslado evacuado a fs. 404/406vta., la actora formuló una crítica a mi entender concreta y razonada contra el decisorio apelado.

Tal y como lo detalla el Dr. Velázquez en su voto, el apelante basó su queja en tres puntos o cuestiones dirimentes, tratados en la sentencia de primer grado, cuales fueran la falta de prueba sobre la modalidad de las rendiciones de cuentas de su parte a la aseguradora, ausencia también de prueba sobre el alegado otorgamiento de un plazo especial para llevar a cabo tales actos y falta de planteo y posibilidades de la compensación entre las partes.

Ello se desprende de las manifestaciones del escrito de agravios.

No existió por tanto un mero discrepar con las conclusiones de la Sra. Jueza a-quo, sino cuestiones específicas y concretas de queja contra el decisorio apelado que, de lado el acierto o error de las mismas, por eso reúnen la suficiencia técnica exigida por la ley ritual.- Y si esto se entendiera o resultara relativo, creo y concluyo asimismo que nuevamente estamos en presencia de la doctrina tantas veces fijada por esta Alzada y esta Sala "A", en el sentido de que en caso de duda sobre el punto y en atención a la preservación de la defensa en juicio, cabe el inclinarse por considerar técnicamente suficiente al recurso, toda vez que la valoración del escrito de agravios para determinar si cumple las exigencias del Art.265 CPCC.

no puede llevarse a cabo con un rigor formal tan severo que afecte la defensa en juicio (confr., doctr. CSJN. en L.L., 1980 C 255; confr., también, esta Alzada S.D.L. 17/92, S.I.C. 92/93, entre otras; esta Sala "A", S.D.C. 08 /00, exp.15394; S.D.C. 60 /00, exp. 16166; S.D.C. 26/01, exp. 16995; S.D.C. 33/01, exp. 17129; S.D.C. 14/02, exp. 17716, etc.).- - Voto por tanto esta cuestión yo también por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Velázquez expuso: - Trataré las impugnaciones traídas por el recurrente, que ya reseñara al expedirme sobre la anterior cuestión, en el mismo orden que él las formulara.- - I.- No me parece que lo dirimente en el subexamen sea la modalidad con que el productor de seguros entregaba a la aseguradora las primas recibidas de los asegurados.

Haya sido más frecuente que dependientes de la demandada concurrieran al comercio del actor a retirarlas, cual parecen indicar las rendiciones de cobranzas de fs. 66/231, o haya predominado el uso de que éste fuera a ese efecto a las oficinas de aquélla, como parecen indicar los testigos, ninguna de las dos variantes entra en colisión con la norma del art. 10 inc. "g" de la ley 22.400, que no establece una técnica determinada para esa entrega ni un domicilio donde ella deba hacerse, admitiendo incluso la modalidad del giro.- -- Lo determinante, a mi ver, es el plazo dentro del cual el productor de seguros ha de cumplir tal obligación.

Es que aun si las partes hubieran optado por realizar las entregas en el domicilio del actor, ello no relevaba a éste de cumplir el plazo aplicable, para lo que a su disposición tenía el medio de acudir él a la oficina de la demandada a efectuarla, como en numerosos oportunidades hizo.

Por lo demás, si las partes hubieran estipulado que la obligación tendría por lugar de cumplimiento el domicilio del deudor -aquí el actor, que en virtud el mandato tácito que la producción de seguros comporta (art. 1874 Cód. Civ.) estaba obligado a entregar a la demandada todo lo que recibiera en virtud del mandato (arts. 1909 cód. cit. y el ya citado art. 10 inc. "g" de la ley 22.400)-, de cuenta de él era demostrar la inimputabilidad de su retraso (arts. 509 Cód. Civ., I del Tít. Prel. y 207 Cód. de Com. ), para lo cual hubo de alegar y probar cabalmente que había una fecha fijada para efectuar la entrega y que la demandada, faltando a su deber de colaboración, no concurrió a recibirla (Wayar, "Tratado de la mora", Ábaco 1981, págs. 477/507; C.N. Civ., en pleno, E.D. 87- 268; este cuerpo, c. 13.258 S.D.L. 61/98, c. 14.232 S.D.L. 12/99, c. 19.090 S.D.L. 55/03, c. 20.164 S.D.L. 11/05).- Pasemos pues a la crucial cuestión del plazo de entrega de la cuota del premio percibida.- II.- El ya varias veces citado art. 10 inc. "g" de la ley 22.400 es claro y terminante respecto del lapso en cuestión: es deber del productor de seguros "entregar o girar a la entidad aseguradora -cuando no esté expresamente autorizado a cobrar por la misma- el importe de las primas recibidas del asegurado en un plazo que no podrá ser superior a setenta y dos (72) horas".

No es exacto, cual aseverara el apelante a fs. 401vta. "in fine"/402 , que las declaraciones de los testigos T. R. R. y H. G. C. hayan demostrado que los productores de la demandada gozaban de una franquicia de quince días para dichas entregas, impuesta por la costumbre.

El primero de dichos deponentes, tras recordar el antedicho plazo legal de 72 hs., expuso que él tenía un convenio con la demandada por el que se le había otorgado al efecto un máximo quince días (fs. 327, resp. a la preg. 5ta.), pero no afirmó en modo alguno que esa fuera una costumbre general, ni que todos los productores hubieran celebrado convenios iguales con la aseguradora, ni que ésta lo hubiera estipulado así con el actor en particular.

Por su lado, H. G. C. expresó que generalmente cobraba las primas y las pagaba a la aseguradora el mismo día (fs. 285 vta., resp. a la preg. 15ta.), con lo que nada aportó en los indicados sentidos.

Tal versión de estos declarantes fue todavía plenamente ratificada por la deposición del testigo M. G. F. (fs. 330 resps. a las pregs. 7ma. a 9na).- No hay pues en autos probanza acreditante de que las partes hayan concluido un pacto apartándose en su relaciones del régimen legal supletorio.- Tampoco se demostró la vigencia de la práctica de rendir las primas percibidas de los asegurados dentro de un plazo superior al legalmente prescripto y, sabido es, sin observancia constante, uniforme, general y de cierta duración las prácticas no se elevan a la categoría de normas consuetudinarias (confr.: Belluscio y otros, "Código Civil...", Astrea 1978, I-92).

Por lo demás, así se hubiese demostrado dicha costumbre, ello no beneficiaría al actor, pues, como con entero acierto remarcó la demandada a fs. 405, no otorgaría apoyo a su postura la norma del art. 218 inc. 6° Cód. de Com., en tanto ella, en concordancia con las de los arts. II y V del Tít. Prel. del mismo cuerpo normativo, rige para los supuestos en que resulte menester interpretar cláusulas contractuales oscuras, mientras que en la especie estamos ante un caso de aplicación lisa y llana del precepto legal consagrado en el art. 10 inc. "g" de la ley 22.400.

El caso consecuentemente, aun si la costumbre hubiere sido probada, quedaría atrapado por la disposición del art. 17 Cód. Civ., de acuerdo a la cual "los usos y costumbre no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente"; desde que la aquí debatida está reglada en la ley y ésta no se refiere a la costumbre, ella no tiene rol a desempeñar en el subexamen.- Párrafos aparte merece le sean dedicados a la invocación por el apelante de la doctrina de los actos propios, que esgrime contra la aseguradora por haber tolerado ella anteriores retrasos en las entregas de la primas recibidas por él.

Corresponde liminarmente poner de resalto que la prohibición de volver sobre actos anteriores no constituye una regla absoluta, esto es que la veda de "venire contra proprium factum" no debe ser aplicada en forma rígida, ni mucho menos automáticamente, cada vez que existiere una contradicción entre dos actos del mismo sujeto de la relación jurídica (confr.: López Mesa, "La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia", Depalma 1997, pág. 113, esta sala, c. 17.658 S.D.C. 10/02, c. 20.608 S.D.L. 49/05).- Ha destacado la jurisprudencia española -mucho más precisa que la nuestra a la hora de perfilar los requisitos para la aplicación de esta doctrina, pues no se ha limitado a la estereotipada fórmula del "comportamiento deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz"-, que la teoría del "nemini licet adversus sua facta venire" sólo tiene aplicación cuando lo realizado a posteriori se oponga a actos previos que, por su carácter trascendente, causen estado definiendo de modo inalterable la situación jurídica de su autor (confr.: Tribunal Supremo de España, secc. 1era., La Ley España, 1985-3-763, 1987-4-583, 1989-4-763, 1995-3-617).

En los casos de recepción por el acreedor de pagos tardíos de su deudor, ha de tenerse presente que la mora "debitoris" confiere a aquél derechos disponibles, perfectamente renunciables incluso de forma tácita (arts. 872, 873 Cód. Civ.), mas, porque la intención de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que induzcan a darla por probada debe ser restrictiva, corresponde extender los efectos de la renuncia sólo y estrictamente a los derechos que el autor de ella tuvo en vista renunciar, sin dilatarlos a otros, aun cuando tuviesen con aquéllos una relación estrecha (doc. del art. 874 cód. cit.; confr.: Salvat - Galli, "Obligaciones en general", 6ta. ed., III-338 n° 1988).

De allí que el no ejercicio actual de un derecho no importe la renuncia a la facultad de ejercitarlo en lo futuro, salvo manifestación concreta en contrario (confr.: Cazeaux - Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", 2da. ed., III-484, n° 7).

Por ello, la recepción de un pago con atraso y sin hacer valer en ese instante los derechos que para el acreedor derivan de la mora, podrá importar la renuncia tácita a los efectos de la morosidad ya producidos, pero no puede interpretarse como renuncia a efectos futuros de nuevas moras en el pago de otras cuotas.- Porque sus derechos son disponibles, al acreedor le es dado renunciar a unos sin que ello lo fuerce a renunciar también a otros nacidos con posterioridad.

Su conducta anterior no causó estado ni definió de modo inalterable la situación jurídica para derechos futuros y, por ende, no fue vinculante ni incompatible con la ulterior actitud de invocar noveles derechos adquiridos a consecuencia de una nueva morosidad del deudor.

No adoptó él una conducta contradictoria cuando ejercitó una facultad de la que se hallaba asistido (S. C. B. A., Ac. 55.180, D. J. B. A. año VL, n° 223-5.957).- Así pues, si el actor, que recibió del asegurado la cuota de la prima el 11/6/02 (fs. 9), la entregó a la entidad aseguradora el 18/6/02 a las 15,51 hs. (fs. 14, 351 y 353 resp. al pto. 5), no resulta dudoso lo tardío de su incumplimiento, pues el plazo legal habíase agotado el día 14 del indicado mes y año.

Los feriados posteriores ninguna influencia desplegaron en el tópico, toda vez que ellos transcurrieron cuando dicho lapso de setenta y dos horas había ya fenecido.- - III.- Toca ahora ocuparse del agravio relativo a la compensación pretendida por el recurrente.

En verdad, no la opuso él concretamente al demandar, pues citó la acreencia que por comisiones tenía contra la aseguradora, de monto superior a la cuota de prima recibida del asegurado, no para alegar la cancelación de esta última a través de ese medio extintivo, sino en un intento de demostrar que la demandada no podía imputarle una retención indebida de dinero (fs. 27 vta., párr. 3°).

Tal comprobación bastaría ya para descartar este agravio a la lumbre de la norma del art. 277 C.P.C.C.- - Pero hay más.

Así sea a mayor abundamiento, cabe destacar que tal compensación no pudo operar por las siguientes y concurrentes razones: -- invocarla en el juicio entraba en contradicción flagrante con la actitud anterior del apelante al entregar a la aseguradora el monto percibido del asegurado, pues si entendía que esa obligación suya habíase extinguido mediante compensación, no se explica que la cumpliera mediante el pago, en tanto éste importa el reconocimiento tácito de la existencia de la obligación (art. 721 Cód. Civ.).- B) para que a la demandada le fuera dado aceptar la compensación era requisito lógico y jurídico que estuviera al tanto de que había nacido la obligación del productor para con ella de entregarle la prima por él recibida del asegurado y ese conocimiento recién la aseguradora lo tuvo cuando el fue rendida la cuenta respectiva el día 18/6/02.

Hasta entonces ella ignoró que reunía la calidad de acreedora y a la vez deudora del actor, imprescindible para que la compensación tenga lugar (art. 818 cód. cit.).

C) derivación necesaria de lo anterior es que, en el mejor de los casos, la compensación habría podido operar recién el mencionado día18/6/02, de modo que la cobertura del seguro igualmente habría quedado rehabilitada a las 0 hs. del siguiente día 19/6/02 y el siniestro de la jornada anterior excluido de ella. IV.- En suma, suspendida automáticamente la cobertura del seguro por la mora del asegurado en el pago de la cuota de la prima desde la 24 hs. del 4/6/02 y habiéndose rehabilitado la misma recién a las 0 hs. del día siguiente a aquel en que la aseguradora recibió el pago del importe vencido (art. 2 del Anexo 98 de la póliza, a fs. 48), lo que en el caso aconteció el 19/6/02, el siniestro habido el día 18/6/02 a las 10,30 hs. quedó marginado de aquella cobertura y no generó responsabilidad a la demandada.

Las razones expuestas me conducen a proponer la confirmación del fallo atacado en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia al recurrente vencido en ella (art. 68 C.P.C.C.).- Propiciaré regular los honorarios de los Dres. R. J. L., A. A. F. y E. R. M., por sus tareas de alzada y atendiendo a la extensión, calidad y resultado de ellas, en las sumas respectivas equivalentes al 4,80 %, al 1,70 % y al 2,75 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse de acuerdo a las pautas firmes establecidas en el considerando III de la sentencia de la anterior instancia, con más el I.V.A. pertinente (arts. 6, 7, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).- Me expido en esta segunda cuestión pues por la AFIRMATIVA. A LA SEGUNDA CUESTION expresó el Dr. Manino: - - El colega de Sala ha llevado a cabo una detallada y completa reseña del fallo apelado, así como de los agravios formulados por la actora y la réplica de la demandada.

Evidentes razones de brevedad siempre aconsejable, tornan procedente que me remita en un todo a dicha reseña y atienda directamente las quejas vertidas.- En lo cual y lo adelanto, concuerdo con el Dr. Velázquez en que el decisorio del primer grado debe ser confirmado en todo lo que resultara materia de agravio. Poco es, asimismo y por lo dicho, lo que podría agregar a las consideraciones del voto que antecede, pero dada la carga constitucional de fundar mi opinión, expongo lo que sigue.

Considerando que los agravios del actor al fallo se manifiestan de cierta manera entremezclados, lo cual no empece a la suficiencia del recurso ya tratada, entiendo de mejor factura para emitir mi voto, tratar de seguir el mismo discurso argumental del Sr. Magistrado que me precediera en este acuerdo.

Así entonces tenemos que: -- -- 1º) - Las formas y procedimientos seguidos para la entrega de las rendiciones con el pago de las primas por los asegurados por el productor hoy demandante, no resultan en rigor relevantes en grado sumo para la dilucidación del presente.

Sea mediante concurrencia a la aseguradora, sea mediante el retiro de las rendiciones por la demandada en el domicilio del productor hoy actor, ninguna de ambas choca contra la norma clave del tema que es por cierto el Art. 10, inc. g) de la Ley 22.400, porque allí no se establece una determinada manera de llevar a cabo tales trámites, ya que hasta se acepta la modalidad de efectuar el trámite por giros.- 2º) - Concuerdo con que lo en realidad es determinante, es el plazo dentro del cual el productor de seguros debe cumplir con las rendiciones.

Y aún cuando se hubiera optado por las entregas en el domicilio del actor, ello no lo relevaba de cumplir el plazo legal establecido, con lo que tenía -y debía- concurrir al domicilio de la aseguradora para cumplir el plazo en cuestión, dado el mandato tácito que la producción de seguros involucra y la obligación del mandatario de entregar lo recepcionado por dicho mandato.

Por ello era de su cargo demostrar su falta de responsabilidad en eventuales retrasos, alegando y comprobando que existía una fecha de llevar a cabo la entrega y que la demandada no había concurrido a efectivizar dicha entrega, lo que no ocurrió en el sub-examen.

3º) - Cual lo indica el Dr. Velázquez, la norma del Art. 10, inc g) de la Ley 22.400, es más que clara y determinante respecto del plazo de entrega de las primas percibidas; e ingresando en las testimoniales vertidas, no es cierto lo manifestado a fs. 401 vta. "in fine", sobre lo que es dable desprender de tales declaraciones.- El Tgo. R. a fs. 327, no solamente -en su declaración- parte del plazo legal de las 72 horas, sino que si bien aclara que él tenía un plazo mayor (preg. 5ta.), de manera alguna extendió esta circunstancia a los restantes o demás productores.-- De su lado, el Tgo. C. (fs. 285vta, preg. 15a.), no agregó nada al respecto del plazo, fuera de que él realizaba las entregas en el día.

Lo cual se corrobora con el testimonio de F.e (fs. 330, pregs. 8va. y 9na.), que es asertivo en la posibilidad de plazo mayor pero por convenios firmados, que por supuesto brilló por su ausencia en este proceso.- 4º) - No comparto, como el colega, lo manifestado y pretendido respecto a la práctica de rendiciones posteriores al plazo de ley y la "costumbre" desprendida de la interpretación que efectúa la quejosa del Art. 218, inc. 6º del C. de Comercio.

Esta disposición legal sobre la "costumbre" rige en aquellos casos en que resulta necesario interpretar cláusulas contractuales confusas o dudosas.

Y aquí tenemos una regla clara del derecho que es el ya citado Art. 10, inc. g) de la Ley 22.400, a lo que debe adunarse lo prescripto por el Art. 17 del C. Civil, sobre que los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieren a los mismos o en situaciones no regladas.

Ya que aquí tenemos una situación perfectamente reglada y nada hay en ella sobre la costumbre, no puede otorgársele relevancia para este caso.

- 5º) - Tampoco estamos en el caso de la pretendida existencia de la doctrina de los actos propios.- Cual bien lo dice el Dr. Velázquez, la aplicación de la doctrina, dirimiendo el supuesto en que se la invoque, no es un regla absoluta ni de aplicación mecanicística, sino analizando el modo y forma y los detalles en que se presenta una conducta anterior con la que posteriormente se adopte y sea tomada como sustento de la defensa del ".... "no" venire contra proprium factum".- - Es necesario que en la situación anterior haya existido una nota de "definitividad" en la posición adoptada por aquél contra quien se invoque una conducta diferente.

El "acto propio" se integra en un estrecho marco original del obrar humano, que puede resultar mutado en el transcurso del tiempo sin llegar por ende a constituirse en una conducta anterior obstativa a la posterior.- Lo estrecho del campo donde pueden acaecer los actos propios dotados de consecuencias jurídicas para el futuro es un límite benéfico para los sujetos del derecho, ya que de no entenderlo así nos llevaría a que el quehacer del sujeto estaría permanentemente obstruido por el obvio recelo de ocasionar un antecedente no derogable o mutable luego y fuente de una atadura de indefinido alcance.

Debe tratarse de actos inequívocos y contradichos mediante el posterior proceder; pero si ambos procederes fueran factibles de dos entendimientos debe ser preferido entre ambos, el original y el posterior, el que los armonice con el vínculo invocado y con la pretensión que se deduce.

Y esto por aplicación del principio que se orienta al mantenimiento de los vínculos jurídicos, de lo cual son derivación p. ej. tanto el Art. 847 del C.Civil sobre la interpretación restrictiva de los actos que induzcan una voluntad de renunciar, como del Art. 218, inc. 3º del C.Com. sobre interpretación de los negocios en favor de su validez.- La jurisprudencia española de la cual bien detalla el Dr. Velázquez su carácter más preciso al momento de delinear los requisitos para la aplicación de la doctrina de los actos propios, ha hecho incapié en que los actos propios que vinculan a su autor han de tener solidez y consistencia para desprender de ellos verdaderas declaraciones de voluntad en términos concluyentes e inequívocos (Tribunal Supremo, Sala 6ta., 20/6/80, Revista La Ley España, 1980 - 1 - 545, cit. por Amadeo, José L., "La doctrina de los propios actos en la jurisprudencia argentina y española", L.L., 1984-A-519, Sum. 38).

Así como que el acto original haya sido realizado con el fin de crear, modificar, o extinguir algún derecho, que defina inalterablemente la situación de su autor, con proyección definitiva indubitada (T. S., Sala 3ra., 2/12/80, Revista La Ley España, t. I, pág. 65, nº 16; también citado por Amadeo, J. L., op. cit., Sum. 41).

Comparto esta posición pues entiendo es que la debe ser considerada en supuestos como el aquí debatido (confr., en tal sentido, mi voto en la S.D.L. 49/05, exp. 20608).

Por tanto la conducta que en casos anteriores haya tenido la demandada, no causó un estado definitivo e inalterable para situaciones futuras, que pueda ser invocada como se lo pretende.

De lo cual deviene la no procedencia del agravio sobre el tema, dadas las circunstancias de fecha de entrega de la cuota de la prima que se realizó cuando el plazo de la Ley 22.400 se encontraba vencido. - 6º) - Por último, en lo tocante a la compensación que pretende el apelante, cierto es que no la opuso al promover su demanda, lo cual chocaría con lo dispuesto por el Art. 277 del CPCC. para analizarla.- - Pero además y en definitiva, no puede considerarse operada la compensación pues al invocarla, existe contradicción con su accionar previo de entregar a la demandada lo percibido del asegurado, toda vez que si entendía extinguida su obligación por la compensación, no puede explicarse que la cumpliera mediante el pago, ya que conforme el Art. 721 del C. Civil el pago importa un reconocimiento tácito de la existencia de la obligación.

La demandada no podía entender aceptable la compensación pues para ello debía estar enterada de la obligación de entrega, conocimiento que recién tuvo el día 18/6/02 con el plazo vencido.

Hasta tal data la aseguradora desconocía que reunía la calidad o rol de acreedora y deudora del actor, lo que resulta imprescindible para operar la compensación (Art. 818, C. Civil).

Con lo que deviene que a todo evento, la compensación recién podría haberse producido el aludido 18/6/02, produciendo la cobertura por la rehabilitación a partir del día 19/6/02, con lo que el siniestro de fecha anterior permanecía igualmente excluido de la cobertura del seguro. - Por tanto y en suma, cual lo explica el Dr. Velázquez con las fechas respectivas, suspendido el seguro por la mora del asegurado y habiéndose reanudado el mismo luego de haber recibido la aseguradora el pago de la cuota de la prima, si el seguro se reanudó el 19/6/02 el siniestro del día anterior estaba exceptuado de la cobertura y no generó por ello responsabilidad a la demandada de autos.- Conclusión.

Debe confirmarse el fallo apelado en lo que fuera materia de recurso, imponiendo las costas de Alzada al actor vencido en su recurso (Art. 68, CPCC.).

Los honorarios propuestos regular a los Dres. R. J. L., A. A. F. y E. R. M., por sus tareas en esta instancia, propuestos por el Dr. Velázquez, los estimo ajustados a la tarea cumplida y normativa arancelaria aplicable, concordando con el colega en la base regulatoria que indica por el monto del proceso.- - Voto la cuestión por la AFIRMATIVA.

A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió: - Ante el acuerdo al que arribáramos al tratar las cuestiones precedentes, corresponde confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia al recurrente y regulando los honorarios de los Dres. R. J. L., A. A. F. y E. R. M., por sus tareas de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 4,80 %, al 1,70 % y al 2,75 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse de acuerdo a las pautas firmes establecidas en el considerando III de la sentencia de la anterior instancia, con más el I.V.A. pertinente.-- ASI LO VOTO.

A LA TERCERA CUESTION, el Dr. Manino dijo: Adhiero al proyecto de resolutorio del Dr. Velázquez.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haber sido recusado el Sr. Juez de Cámara Dr. Carlos Dante Ferrari (art. 8 de la Ley 1130, To. Ley 4550).-- Trelew, 05 de febrero de 2007.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:- - S E N T E N C I A: - CONFIRMAR la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios, IMPONER las costas de segunda instancia al recurrente y regulando los honorarios de los Dres. R. J. L., A. A. F. y E. R. M., por sus tareas de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 4,80 %, al 1,70 % y al 2,75 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse de acuerdo a las pautas firmes establecidas en el considerando III de la sentencia de la anterior instancia, con más el I.V.A. pertinente.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-- Fdo: JUAN HUMBERTO MANINO - CARLOS A. VELAZQUEZ REGISTRADA BAJO EL Nº 03 DE 2.007 - SDC.

Conste.- c.