Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2008-01-04


La Rioja, enero 4 de 2008.

El doctor de la Fuente dijo.

a) Que a fojas 39-45 se presenta el Sr. Horacio Rodulfo Juárez, invocando la condición de Secretario Gremial de la Asociación de Trabajadores Judiciales de La Rioja, con la Personería Gremial Resolución Nº 653/06, del M.T.E. y S.S. de la Nación con domicilio en 9 de julio 477 de esta Capital, con el patrocinio letrado del Dr. W. G. M.P. Nº 654, domiciliado profesionalmente en ..., también de esta ciudad, acompañando la documental que describe el cargo de fs. 46, obrante desde las piezas de fs. 1 a 38, interponiendo Acción de Amparo por Incumplimiento de la ley de Presupuesto del Ejercicio 2007, Número 8115; la Acordada Nº 03/07 del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia -Poder Judicial-, y, por Inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1774 de fecha 11/07/2007 del Poder o Función Ejecutiva Provincial. Conforme lo previsto en los artículos 379 y sigtes. del Código Procesal Civil y Comercial, y las normas de los art.s. 123, inc. 12º, 128, 131 y 132 de la Constitución de La Rioja y concordantes de la ley Orgánica del Poder Judicial; peticionando se acoja el remedio y se ordene al Ejecutivo la Inaplicabilidad del Dto. 1774 y como correlato la inmediata aplicación del art. 27 de la ley 8115 y Acordada 03/07. Requiriéndose por la calidad de empleados, el Beneficio de Litigar sin Gastos dado el carácter alimentario del Sueldo.

b)- Se refiere que el reclamo en formulación es legítimo, por advenir arbitrario, contrario a derecho e ilegítimo, la pretensión de la Función Ejecutiva (mediante un decreto insostenible) que resulta un capricho de los gobernantes, avasallante de la ley 8115. Que el daño grave, irreparable también, deviene del desconocimiento de una norma de mayor jerarquía que acarreará perjuicios a los empleados en representación, en el Sueldo y en lo Previsional, igualmente por la Acordada 03/07 (nueva escala salarial); reconocido mediante Dto. de fecha 26/04/07 bajo el Nº 1096 y Acordada 66/07. Que no existe por la gravitación de los hechos, una vía procesal ordinaria o de excepción para lograr la reparación oportuna del gravamen, por lo que es correspondiente la acción en ejercicio.

Se indica, que el 28 de diciembre de Dos Mil Seis, el Poder Legislativo sancionó la ley de Presupuesto bajo el Nº 8115, creando por el art. 27 una Partida Adicional, destinada a la Función Judicial, con la finalidad de implementar un Régimen de Remuneración de Aplicación Automática, de Modalidad Gradual; ley que es vetada por Poder Ejecutivo y confirmada por la Cámara de Diputados. El 08/02/07 el Tribunal Superior de Justicia por el Acuerdo Nº 03, resuelve dar cumplimiento inmediato a la norma legislativa, dando curso preciso al art. 27.

Que después, el Poder Ejecutivo, aduciendo la ley de presupuesto y la partida adicional, estatuye a partir del 1º de abril de 2007 para los agentes de la Justicia un incremento de $ 115 para quienes obren comprendidos entre las categorías de Jefe de Departamento o sus equivalentes y Ayudante del Escalafón General. Se tiene que el Tribunal Superior de Justicia por Acuerdo Nº 66 (01/06/07), dado el art. 140 inc. 1º del Texto Constitucional Local, toma conocimiento del acto y las formalidades de rigor. El 11 de julio de 2007 el Poder Ejecutivo por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1774, invocando pedimentos de Organizaciones Sindicales tendientes al Blanqueo de Adicionales No Remunerativos -para su incorporación al total de la Asignación de la Categoría-, ordena a partir del 1º de julio de 2007, un Incremento de $ 100 en la Asignación Básica de la Categoría de los Agentes todos de la Provincia; determinando que ello trae la Absorción de los Adicionales No Remunerativos.

Agravios: Bajo este Título, la demandante, alega entonces alrededor de reglas de la Constitución de La Rioja, Presupuesto, Expediente iniciado por la entidad Sindical, Nota del Presidente del TSJ al Consejo Profesional de Abogados y Procuradores, reproche al Dto. 1774 y la ausencia de justificación constitucional, con ello la indebida inclusión del personal judicial, con lo que se pretende eludir la regla presupuestaria. Agrega que la Acción Directa Gremial, es causada por el incumplimiento de las normas básicas dictadas. Ofrece Prueba y Reserva del Caso Federal.

Inhibiciones. Desde fs. 47 en adelante obran las Inhibiciones de los Magistrados desde el Presidente del Cuerpo por la causal en general de Interés en el juicio, dado el contenido remuneratorio del derecho en debate, lo que es aceptado a fs. 118. A fs. 136 y 140 el actor señala Error subsanable, amplía la acción, introduce Hecho Nuevo y Prueba.

c) Denuncia como contraparte al Poder Ejecutivo y Tribunal Superior de Justicia.

d) A fs. 123 adquiere firmeza la Integración del Tribunal, en la calidad de Conjueces sus miembros, sucedido a su vez el apartamiento de otros letrados llamados al efecto (fs. 121-122); en cuya secuencia a fs. 129 se tiene por interpuesta la Demanda, Medida Cautelar, Prueba y Caso Federal, corriéndose vista al Fiscal General, quien en su condición de Titular del Ministerio Público Fiscal (Dr. Claudio J. Ana) se inhibe por la Causal del art. 31 inc. 2º, LOPJ, contestando la Vista el Señor Fiscal Subrogante (Dr. Gustavo Manuel Zalazar), estimando que prima facie la acción es de jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia, cumple con los requisitos del art. 28 de la Constitución Provincial, se encuentra en la casuística del art. 379 de rito, en plazo, por lo que resulta de acogimiento en lo formal.

e) Según fs. 144-148 se declara la Procedencia Formal del Amparo, se acoge la Medida Cautelar de Prohibición de Innovar con ordenación de devolución de los haberes retenidos por las medidas de acción directa y paro de la Federación del Sindicato compareciente, suspensión del Decreto 1774 en cuanto se relaciona con el personal judicial, Beneficio de Litigar Sin Gastos; teniéndose por demandada a la Provincia por actos de censura al Órgano Ejecutivo y Judicial.

f) Informe Circunstanciado. A fs. 153 se requiere el Informe previsto en el régimen del Amparo a la demandada, siendo evacuado por el Fiscal de Estado Dr. Gastón Mercado Luna (fs. 164-170). Requiere el Funcionario el rechazo, cuestionando la personería, extemporaneidad de la acción, necesidad de mayor debate, resistencia del pedimento de inconstitucionalidad, y medida precautoria. Ofrece Prueba y reserva del Caso Federal.

g) Reiteración. El Tribunal constreñidamente se ve precisado a reproducir la ordenación de devolución de los haberes, llegándose al emplazamiento perentorio (tres horas) para el cumplimiento y persistiendo la irregular omisión, se hace aplicación de Astreintes cincuenta pesos diarios (por cada agente) hasta el efectivo acabamiento, con remisión de las actuaciones al Fuero Penal, para que se investigue respecto del Ministro de Hacienda el Delito de Desobediencia.

h) A fs. 178 se otorga a las partes un plazo de tres días para diligenciar y producir la prueba ofrecida, lo que se tiene por concluido a fs. 312, sumando a los obrados los medios probatorios receptados. Pasando los autos a Resolver.

Y Considerando: En este proceso se ventilan hechos y conductas atribuidas a la autoridad pública provincial -órgano ejecutivo y judicial- que al abrigo de la superior Acción de Amparo, vinculan y pretenden traer garantía a los demandantes, directamente para el goce cierto, concreto y efectivo, de los derechos estatuidos en las Constitución Nacional, Provincial, Tratados y Leyes, que postulan negados. En la consideración que nada es prevaleciente, normativa y axiológicamente, al texto fundante constitucional. Ciudadanos y Gobernantes deben sujetarse a su normación. Si la Constitución, las Leyes carecen de respeto, seriedad, observancia, el Estado de Derecho es vacua afirmación. En todo proceso lo es imperativamente de este modo, en el Amparo con más rigor aún: por su plexo, los comportamientos reprochados, el daño individual y colectivo que trae inevitablemente.

El Amparo moviliza la "Jurisdicción Constitucional", al tratarse de la tutela, mantenimiento y contralor de la Supremacía Constitucional (Bidart Campos). Se trate de infracción de la constitución, gestión ilícita de órganos de poder, conflicto de poderes o de la interpretación de aquélla, que en todo caso habilita el "Derecho Procesal Constitucional" (Sagüés). Para Bidart Campos en este sector de la situación que envuelve el Amparo -más cuando se trata de la Autoridad Pública- debe privilegiarse la "Teoría Material" en orden a la Jurisdicción Constitucional, interesando la materia de la cuestión y no el órgano especializado que conoce del conflicto. Para su asunción.

Recuerdan Morillo-Vallefín, que a la hora del nacimiento de esta Acción (cincuenta años) la Corte Suprema de la Nación, en el fallo "in re": "Siri" (27 de diciembre de 1957), afirmaba que "Restringido sin orden de autoridad competente un derecho asegurado por la Constitución ... basta esta comprobación inmediata para que la garantía constitucional invocada sea reestablecida por los jueces en su integridad ... las garantías constitucionales protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas ... sin vagas interpretaciones -recordando a Joaquín V. González-" ("El Amparo" Régimen Procesal-Tercera Edición", ed. Platense S.R.L., p. 3). Enseñan estos autores, que el Amparo "no entraña un derecho", sino una "Garantía": "para que armado con ella, la persona, pueda tener a su alcance inmediato el medio de hacer efectivo cualquiera de los derechos individuales que constituyen en conjunto la libertad civil y política"; citando a Sánchez Viamonte (ob. cit., p. 9). Los tratadistas en pórtico de su obra, recuerdan aquella voz que elocuencia la relevancia de las Garantías: "Los derechos no valen sino lo que valen sus garantías" (H. L. Hart, The concept of Law, Claredon Press, Oxford, 1975, p. 176).

I. Plataforma Fáctica.

Cumplido lo precedente de sacrosanta referencia, de seguido corresponde establecer los hechos centrales para la resolución de este amparo, que lo son los siguientes.

1. El 28/12/2006, la Cámara de Diputados de la Provincia sanciona la ley 8115 fijando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio del año 2007, en cumplimiento de las previsiones constitucionales de los artículos 123, inc. 5º, 102, inc. 3º, Constitución Provincial. Por Norma del art. 27 se crea -legislativamente, valga la redundancia-, una Partida Adicional de $ 15.000.000 "destinada específica, exclusiva y excluyentemente" a la Función Judicial, con el objeto de que "ésta" (Función Judicial), implemente en forma Gradual un Régimen de Aplicación Automática de sus Remuneraciones. Facultando a la Función Ejecutiva y Jefatura de Gabinete para que estime las distintas modalidades. Contemplando "también", con el Crédito un régimen de Absorción de Adicionales no Remunerativos. ¿Qué significa Implementación?:

2. El 18/01/07. La misma Cámara (supone un nuevo examen del ordenamiento presupuestario) rechaza un Veto Parcial del Órgano Ejecutivo, por lo que la ley es trasladada al Gobernador para su promulgación y publicación (art. 104, párr. segundo, idem). El art. 27 hacía parte del Veto: la trascendencia de la reiteración es de riqueza argumental innegable, para este caso.

3. El 08/02/07 (18 días aproximados de convertirse en ley el presupuesto) el Tribunal Superior de Justicia mediante el Acuerdo Nº 3, Resuelve: 1º) Ejecutar y dar cumplimiento a lo previsto en el art. 27 de la L. 8115, por tratarse de una disposición, que le corresponde en la condición de potestad innegable y la fuente legal de que se trataba. No a otro. 2º) Implementar (finalidad de la partida adicional) la Gradualidad del Régimen de Aplicación Automática de la Remuneración para sus agentes. 3º) Adecuar el régimen salarial, labrando Anexo del Acto Administrativo. 4º) Comunicar el Acuerdo a la Función Ejecutiva (Poder Ejecutivo), Ministerio de Hacienda, Jefatura de Gabinete (cuyo Titular lo era el Gobernador Actual). Admitido en el Informe del Fiscal de Estado, al no negarse concreta y puntualmente los hechos de la demanda (art. 173, inc. 1º CPC y C, Principio Procesal General en la Materia). Las Notificaciones del TSJ fueron aceptadas.

4. El 26/04/07 (dos meses del Acuerdo) la Función Ejecutiva (Notificada) ejercida por el Gobernador Dr. Luis Beder Herrera, sanciona el dec. 1096, por cuya virtud: A) Cumplimentando la L. 8115, particularmente la Partida Adicional, dispone para los agentes comprendidos entre las Categorías de Jefe de Departamento o equivalentes y Ayudante del Escalafón General, un Incremento en el Sueldo Básico de $ 115, con instrucción a la Función Judicial para las regulaciones presupuestarias de caso. Adviértase que es lo actuado nada más que esto -aumento al básico- sin alteración de lo normado en el art. 27.

5. El 01/06/07. El Tribunal Superior de Justicia a través del Acuerdo Nº 66, con Comunicaciones al Poder Ejecutivo, Fiscal General y Defensor General, recepta lo precedente. Reafirmando implícitamente la intangibilidad del Acuerdo.

6. El 11/07/07 (siete meses de la ley de Presupuesto, cinco del Acuerdo) la Función Ejecutiva hace uso de la Excepcional prerrogativa de valerse de Decretos de Necesidad y Urgencia y bajo el Nº 1774: 1º) Acude a solicitudes de Organizaciones Sindicales en preocupación Salarial. 2º) Determina como único Objeto, el interés de "Blanquear los Adicionales No Remunerativos" de los Tres Poderes de Estado, por cuya secuencia estatuye un Aumento de Pesos Cien desde el 1º de julio de 2007. 3º) Por resultas de ello los $ 100 traen Absorción de los Adicionales contenidos en los Decretos de Necesidad y Urgencia números 593/04 (arts. 6º, 7º, 8º), 772/05 (arts. 1º, 3º, 4º), 941/06 (arts. 1º, 2º, 3º).

7. Autos "Asociación de Trabajadores Judiciales Solicita Aplicación art. 27-Ley de Presupuesto Nº 8115 (Implementación Régimen Automático de Determinación de Remuneraciones). Expte. Nº 43.089-Letra "A"-Año 2007", con radicación en el Tribunal Superior de Justicia Secretaría A/C Sra. Analía Scianca de Simone, de lo que cabe puntualizar la instrumental que sigue: Escala Porcentual para Magistrados, Funcionarios y Empleados de la Función Judicial (fs. 1-2). Presentación del Secretario General de la Asociación Trabajadores Judiciales, peticionando el Acto Administrativo para la inmediata aplicación del art. 27 en estudio (fs. 3). Texto L. 8115 (fs. 11). Veto a la ley de Presupuesto (fs. 12-19). Rechazo del Veto (fs. 20). Acuerdo Nº 3, TSJ (fs. 82-83). Notificación al Sindicato del Acuerdo (fs. 85). Notificaciones al Defensor General, Fiscal General, Ministro de Hacienda, Jefe de Gabinete Dr. Luis B. Herrera, Presidente Asociación de Magistrados, Secretaría Económico-Financiera y a todos los Organos Judiciales, del Acuerdo (fs. 86-102). Interrupción del Periodo de Compensación de Feria Judicial por parte del Dr. Angel R. Avila luego de Acuerdo (fs. 103). Dictamen del Asesor de Gobierno indicándose que según su parecer no están dadas las condiciones para la emisión del Acuerdo (fs. 123-125). Nota del Ministro de Hacienda al Presidente del TSJ, dando cuenta del Dictamen precedente, señalando que aún no es operativa la Acordada, por ausencia del Procedimiento previsto en el art. 5º del la L. 8115 (fs. 126). Presentación del Secretario General de la Asociación solicitando se intime al Ministro de Hacienda al objeto de dar cumplimiento inmediato del art. 27, párrafo segundo (fs. 129). Nota del Presidente del TSJ al Ministro de Hacienda peticionando el inmediato cumplimiento del art. 27, L. 8115, acotando lo realizado por el Organo Judicial Superior, también, que se tiene concluido el Procedimiento de la norma del art. 5º del régimen (fs. 133). Resolución del Subsecretario de Trabajo convocando a Conciliación Obligatoria a la Asociación, con la Resolución de Ilegalidad Posterior de la Medida de Fuerza (fs. 220-222). Las piezas en citación corresponden a los originales según fs. 239 del expediente supra referenciado certificación.

II. Amparo deducido.

1. Los Agravios del demandante.

De acuerdo a lo expuesto supra, el acudiente al proceso sostiene reunir la calidad legal y estatutaria de Secretario General de la Asociación de Trabajadores Judiciales La Rioja, con Personería Gremial Resolución Nº 653/06 otorgada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, lo que acredita con la documental que luce a fs. 1-7 de autos; que por una parte exhibe el acto administrativo bajo el Nº 653 fechado el 10 de julio 2007, por el cual se confiere Personería Gremial a la Asociación, para funcionar en el ámbito del Poder Judicial de La Rioja, respecto del personal con arreglo a la ley 23.551, arts. 25 y sigtes. Las piezas lucen certificadas con arreglo a la preceptiva procesal local. En lo concerniente subjetivamente al dirigente sindical ejercitante de la acción, la legitimidad se desprende de la pieza de fs. 1, los actos de cursación y recepción diversos de comunicaciones por el Sr. Presidente del TSJ, el Sr. Subsecretario de Trabajo. En el Informe de la demandada, el Sr. Fiscal de Estado (fs. 164-170), no abre cuestionamiento sobre la legal existencia de la Asociación -más aún la reconoce a fs. 169- desplegando objeción -solamente- respecto a que el compareciente no demuestra que en forma exclusiva ejerza representación; "también y por ello, que no tenga acompañado el Estatuto y finalmente no se tenga traídos a autos el consentimiento por escrito del los trabajadores, para representar sus intereses individuales". Dice de insuficiente Personería.

Lo relatado constriñe a pronunciarse preliminarmente sobre el tópico.

Considero que las disconformidades de la Provincia, no advienen atendibles. Por diversas razones. La Personería Gremial -no objetada- supone necesariamente la conformación y oportuno aporte del Estatuto a la Autoridad Pública (arts. 16, 21, 23, 25, L. 23.551); el acto electoral de fs. 1, la Comunicación a la Delegación Local del Ministerio de Trabajo, fs. 3, lo reafirman. Doctrinariamente, se comprende al Estatuto, "en la idea de fuente formal -no estatal- del Derecho Colectivo del Trabajo, que emana de la voluntad de los afiliados ..." (Néstor T. Corte, "El Modelo Sindical Argentino"-Ley 23.551-Decreto reglamentario 467/88). De tal manera al no encontrarse enjuiciada la Asociación-Sindicato, y por su contrario claramente recibida, al igual que la persona del Secretario General, es vacua la exigencia estatutaria, sin sentido y utilidad alguna su observación. Lo semejante cabe en cuanto al planteo sobre lo restante. La naturaleza, extensión, cobertura de la Asociación con Personería Gremial, los derechos invocados, y las medidas de acción directa -aún no concluidas- muestran la regularidad del acto procesal, por asistirse a una representación colectiva. El art. 31, inc. a) del régimen legal, cobija en "estas asociaciones la representación de los intereses tanto individuales como colectivos". No hay dudas que en autos se trata de estos últimos, no de lo primero. En cuyo caso no es menester "poder" ni consentimiento alguno por escrito de "singulares interesados", o carta poder. Al tratarse de Sujetos Plurales. No se trata del art. 22 del Decreto Reglamentario Nº 467/88, sino de un Interés Colectivo relacionado, con las condiciones de Vida, Trabajo, Salario, Jornada (art. 2º, L. 23.851). El art. 27 -precisamente- persigue la satisfacción de un "interés común" con la Automaticidad Remuneratoria, de Compromiso a todo el Grupo Profesional, a toda una Categoría, o Multitud de trabajadores como conjunto (Krotoschin, Rodríguez Mancini). No, a un trabajador. En conclusión, al no asistirse al debate de "Intereses Individuales", no concurre el rigor del "consentimiento por escrito" (Vázquez Vialard, "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", t. 2, p. 24, a, 7º ed., Astrea, 1996). Se le desestima. Lo igual cabe concluir de aserción del Informe, que resultaría para lo de autos, la necesidad de un Mayor Debate, lo que enervaría al Amparo. Estimo que no le asiste razón. Las pretensiones son concretas, los agravios, hechos, sostén jurídico en alegación, claros, concretos, que no provocan el acudimiento al proceso ordinario. Es sólo confrontar comportamientos y normas y decidir. Se rechaza.

Lo semejante. La solución que antecede es el desenlace del argumento de mediar Cosa Juzgada sobre lo actual, en la citación de pronunciamientos recaídos en otras causas. Lo es de este modo al confluir en aquellos procesos y en éste, un cuadro normativo totalmente distinto. Diverso (por los autos Expte. Nº 545-L-A-año 2002- Caratulados: "Agüero de Contreras Cecilia y otros-Contencioso Administrativo" y en autos Expte. Nº 36897-A-año 1994- Caratulados:" Asociación de Trabajadores Judiciales s/Aplicación de Porcentualidad"). Las Pretensiones actuadas para la decisión lo son las de Cumplimiento del art. 27 de la ley Presupuesto Nº 8115 y Acordada del Tribunal Superior de Justicia Nº 3, Inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1774, Concesión del Beneficio de Litigar Sin Gastos. Reintegro de las sumas retenidas por las medidas de acción directa. Sin Costas.

-Ley 8115 art. 27. Importa éste y el Acuerdo -en continuidad- las cuestiones centrales a resolver, lo restante se le relaciona, ya para confirmar la línea de los sucesos habidos, o, para tratar de alterarle por medios no regulares, contrarios a los actos públicos.

a) Vigencia. Es indiscutible que la ley del título se encontraba vigente, en vigor, con observancia obligatoria para los Tres Poderes, y en sustancia constitucional para el gobierno y funcionarios, al momento de presentación de esta demanda. Nada en autos con apego a los Resultandos, contiene otra realidad. A la ley le cupo existencia; se le aplicó no en su totalidad, es parte del Derecho Positivo Local. Al haber cumplido sus etapas y la de la eficacia, dada por la promulgación y publicación. Lo que ocurre, es que el cumplimiento se paralizó después del Acuerdo. Por interferencias de ignorado origen y anómala decisión. Con daño institucional paralelamente.

Refiere el siempre presente Bidart Campos, que la función primordial del Organo Legislativo -no la única- es emitir la ley: no lo hace el Ejecutivo ni los Jueces. La derogación también le corresponde; por el Principio de Paralelismo de las Competencias. El tratadista, dice que en la Doctrina Constitucional la mayoría se inclina por la llamada "Ley Material": "es ley la que determina una Creación Normativa, da origen a un Derecho Nuevo, Originario. Un Derecho cuyo contenido no está establecido ni condicionado por otra producción jurídica" (Manual de la Constitución Reformada, t. III, Ediar, p. 140, 141 y sigtes., 1997). Es lo de Autos. Los Actos Públicos (todos) del Poder Ejecutivo y Judicial, concluyen en la vida cierta de la "ley" en examen y la creación de Nuevos Derechos para quienes son partes del espacio de la ley. Repárese que el art. 27 recepta uno de los Adicionales del Presupuesto, pero existen otros. Véase Su objeto económico-financiero. Empero, a más de un año permanece aquella desoída parcialmente. No obstante y a pesar, del extenso conflicto sindical cuya causa lo trajo evidentemente la Infracción Estatal, por la oposición al goce de los Derechos Subjetivos de Fuente Legal, por demandantes (con representación). Contribuyendo con esto al descreimiento, la subalternización de las instituciones. Justificando, las demandas de independencia y autarquía financiera del Poder Judicial, para permitirle (ejemplo luminoso lo son estos obrados) sin contenciones, la consecución del deber de guarda de la soberanía del pueblo. La supremacía constitucional y la protección de los derechos y garantías de la gente. De toda la gente. Que este Tribunal debe llenar (arts. 128, 132, Constitución Provincial). Sea bastante en esta dolorosa realidad inobjetable (en este juicio) la negativa del Ministro de Hacienda a Transferir los Recursos para la Restitución de Haberes dispuesto por la Medida Cautelar. No obstante lo ordenado. Insistido, sintiéndose el Ministro "más" que el Tribunal Superior y la Función afín.

b) La Norma Imperativa del Artículo 27. Por esta disposición, el Legislador Provincial, dio nacimiento -entonces, con perduración hoy y en el futuro-, a un "derecho nuevo", en cabeza del Personal de la Justicia. Cada uno de sus Agentes pasó a ser titular de un Derecho Personal, Subjetivo, en cuanto facultad jurídica que les permite "exigir" de otro un comportamiento concreto (en el caso del Estado). Titular de un Crédito desde la publicación de la ley 8115 y el Acuerdo del TSJ.

El art. 27 debe conceptuarse en el ordenamiento jurídico, como no temporáneo, intemporal, (derecho actual). Desprendido de la legislación que le diera "génesis", incorporándose al patrimonio de cada uno de los integrantes de la Justicia, con la protección que le presta el art. 17 de la CN y el mandamiento asegurador de inviolabilidad. Derecho Personal, Subjetivo, con proyección hacia el porvenir, sin interesar las contingencias de las futuras sanciones presupuestarias. Ostenta Estabilidad. Indiferentes a sus precedentes. Es conocido que en el orden nacional más de una vez se tienen consolidados a través de las leyes presupuestarias, derechos o decaídas acciones, por caducidades u otros. No es original el precepto en estudio. En autos se tiene por fuente legal (derecho objetivo), conformada de esta manera una "facultad de actuar" (derecho subjetivo), permanente, ajeno a la anualidad presupuestaria. Otro modo de concebir lo apuntado, resultaría no racional, carente de lógica, cuando la norma del art. 27, compone un régimen automático de determinación de las remuneraciones (lo principal), que trae revalorización del sueldo. Con asignación de los recursos. Con apego a los arts. 33, 45, 46, de la Constitución Provincial, 14, 14 bis, 17, del texto federal. En consecuencia los Actores titularizan un derecho con doble expresión: a) al mantenimiento del sistema automático. b) al reajuste devenido de los anterior. c) en unidad, indivisible ambos.

c) Acuerdo Nº 3. Tribunal Superior de Justicia. Sucedida la L. 8115, la Partida Adicional, el Tribunal Superior de Justicia (arts. 129, 140, ap. 1º,2º, Const. Pcial.) en su condición de órgano supremo de la función, titular del poder, en el uso -en el caso- de una atribución Administrativa, produjo el "Acto Administrativo" de rigor mediante el Acuerdo Nº 3 de fecha 08/02/07. Se trata de una declaración unilateral efectuada en el ejercicio de dicha función, con efectos jurídicos individuales de modo directo (Dromi). Este concepto de Acto Administrativo responde al artículo 25 del Régimen de Procedimiento Administrativo de La Rioja, similar al de Mendoza (art. 28), Neuquén (art. 37, inc. a), Salta (art. 25), Catamarca (art. 25) con semejanzas al Reglamento de la ley Nacional de Procedimientos Administrativos (arts. 73, 83). Tan lo es así, que Morillo-Vallefín (ob. cit., p. 21) afirman que contra estos Actos (típicamente administrativos) cabe la acción de amparo y otros remedios.

Por esta decisión, traduciendo una declaración intelectual, de un órgano estatal se tiene: a) en la aplicación expresa del art. 27, implementó el Régimen de Automaticidad; con comunicaciones de acuerdo a lo apuntado en los Resultandos de esta Sentencia, a los fines de los arts. 5º y 27º de la ley, interna y externamente se obró. Trajo efectos jurídicos por sí mismo y con la publicidad acaecida.

El Decisorio reúne los Requisitos relativos al Objeto, Competencia, Voluntad y Forma (art. 26. L 4044), exigencia de Motivación (art. 42, idem), Notificación (art. 43, idem) y Fundamento (absorción) en derecho. Nada le falta. Con el alcance cardinal de los Actos Jurídicos (art. 944, CC). Surge por ende, Regular, Presume de Legitimidad (art. 77, idem), Ejecutividad (art.78, idem), Ejecutoriedad (art. 79, idem), Irrevocabilidad (art. 92, idem). Sostiene la doctrina administrativa y de derecho comparado, que son recaudos que hacen a la existencia regular, estable, irrevocable, del Acto: a) declare derechos subjetivos -situación jurídica particularizada-, individual, debida ante una norma que determine esa conducta. b) obre notificación. c) con condiciones mínimas de existencia (Diez, Dromi, Marienhoff); CSJN, 11/05/66, "Cometarsa" , Fallos, 264:3141; "Redrado" (25/3/54, Fallos, 228:186; 22/4/63, "O Brien", 255:231; id., 23/8/61, "Blas Cáceres Cowan", 250:491; id., 27/3/64, "Guerrero", 258:299; PTN, Dictámenes, 242:179: expresó: cuando el acto tiene color legal, engendra derechos y la estabilidad se da en beneficio de los administrados, no de la Administración. La notificación completa el proceso de formación.

d) El Poder del Estado es "uno sólo". Lo enseña la doctrina constitucional, la división es solamente funcional y en este contexto es inexplicable que para asumir una sola competencia, se muestren las divergencias y obstrucciones y colisiones, entre una y otra fracción del poder. Menoscabando las instituciones y los derechos de las personas. Es lo que ocurre con el Acuerdo y las incongruencias de los decretos y otros episodios. Claramente, en quebranto superior y en la estructura jurídica inferior. Que decir también, de la teoría de los Actos Propios: el Acuerdo en emplazamiento y las tolerancias de lo último frente al otro Poder (arts. 1071, 1198, CC).

e) Otra Reflexión. Cabe interrogarse: ¿Qué bienes y condiciones de la relación jurídica de empleo, compromete el Acuerdo Nº 3? La respuesta es terminante: la vida, la dignidad, libertad, integridad, trabajo, interés profesional y servicio, de los agentes judiciales. Desde la Remuneración lo es de este modo. El Sueldo, generalmente el Principal Ingreso del Prestador, al entrañar el medio de acceso a la realización personal de cada uno(también en lo familiar, social), ha merecido la preocupación del pensamiento religioso, filosófico, científico, del legislador (L. 8115) Así la norma tuitiva del art. 33 de la Constitución de La Rioja, 14 Bis de la Nacional, el art. 27 de la ley 8115, el Acuerdo 3. Se le considera en este contexto con razón al Sueldo como un ingrediente estructural de la relación de empleo, cuya cuantificación y monto, incide en el Sueldo Anual Complementario, Plus, Vacaciones, Extinción. Empero, más allá del componente material, el Acuerdo da respuesta, más que al individuo, a la persona-dependiente, en el resumen de los Derechos Humanos enumerados en el art.19, Constitución Provincial. "Derechos Humanos "de lo que tanto se habla". El ser "estructural" el Sueldo denota la significación que reúne. Su dinámica.

Cabe Interrogarse para concluir con el Acuerdo. ¿Es Renunciable la Remuneración devengada del Acuerdo y la Metodología de Estimación? Categóricamente no. La protección y garantías que de "todo trabajo" la Constitución Federal (art. 14 Bis) y la Provincial art. 33, consagra, imponiendo al Legislador la búsqueda de la "retribución justa", le torna irremediablemente Irrenunciable (Dromi lo enseña en su tratado). La naturaleza alimentaria del derecho, fluye no abdicable. Lo cual hace del Acuerdo un Acto Jurídico con Efectos Bilaterales, Inmodificables por una de las Partes, ya por acción derogatoria u omisión querida. El Acto es ahora de las partes, dejó de serlo de "una" de ellas.

En resumen, el Acuerdo es definidor del art. 27. El derecho llegado desde la ley, tiene en cada agente un titular, con una situación adquirida, consolidada. Con Acción Personal de defensa (art. 505, inc 1º Cód Civ.) al vincularse a la esencia del régimen (nuevo) y del derecho (nuevo). La noción es sin dudas precisa, ajustada, objetiva, propia del ordenamiento y de lo subjetivo. Con acreedor y deudor.

A fs. 201-202, consta un Informe de la Secretaria del Sec. Económico-Financiero, dando cuenta de diversas actuaciones de la que estima en aplicación el Acuerdo. La falta de precisiones mayores, la imputación del Dto. Nº 1096 - entre otros-, no permite visualizar que aquella afirmación se corresponda con lo exigible. Sea bastante sumar, que no aparece la "relación" con el Sueldo del Juez de Cámara. Careciendo de probanza en contrario a mi razonamiento anterior.

2. Presupuestos del Amparo. Corresponde ahora ordenar los Presupuestos de la acción y su concurrencia -o no- en el caso, adelantando a esta altura mi parecer favorable a la demanda. La Constitución de la Provincia (art. 28) estatuye como condiciones (sustanciales y procesales) del Amparo, la ocurrencia de cualquier Decisión, Acto u Omisión, de autoridad o particulares (origen de la restricción), que con manifiesta ilegalidad o arbitrariedad, pusiere en peligro actual o inminente, restringiere, limitare o amenazare (modo de manifestarse) el ejercicio de derechos reconocidos en esta Constitución o en la Nacional, a fin de que el juez arbitre los medios para el inmediato restablecimiento del ejercicio del derecho afectado (finalidad). El Texto Federal, es más dilatado, posterior al local, aunque el art. 52 Bis Provincial, tiene incorporados los derechos que "aquella acuerda". Debe así entenderse. Agregando derechos y garantías acogidos en Tratados, Leyes; el cotejo con otros medios procedimentales lo es -nada más- que los judiciales, para expresamente habilitar la declaración de inconstitucional de la norma en que se funde el acto u omisión lesivo. Superando a la de La Rioja. Por tanto, en la perspectiva jurídicamente ordenatoria, se tendrá en aplicación el art. 28 Provincial, al igual lo procesal (art. 379 y sigtes.) en cuanto no sea preciso acudir al art. 43 con apego integrador.

Abordaré la temática siguiendo principalmente el pensamiento de Morello, Sagüés y Bidart Campos y la doctrina judicial. Para cuyo fin corresponde proclamar que las exigencias sustanciales son: A) Violación o Amenaza, por acto u omisión de autoridad pública, en forma actual o inminente, de un derecho o garantía explícita o implícitamente dado por la Constitución Nacional, Tratado o Ley. B) Arbitrariedad o Ilegalidad manifiesta del acto censurado. C) Inexistencia de otro remedio judicial más idóneo.

a) Acto Lesivo. Acción y Omisión. Es menester la existencia de un acto lesivo, cuya interpretación debe ser amplia (Bidart Campos); se trate de hecho o acto positivo o negativo. Sin distinciones (Sagüés, Morello); ya sea según el tratadista platense "que la administración incumpla sus cometidos o no ejecute los objetivos propios en el marco de su competencia -innactividad material-, o, que no impulse o resuelva las peticiones que se le formulen -innactividad formal-, su pasividad puede afectar derechos constitucionales o legales y de este modo producir daños graves o irreparables, que dejan habilitada la vía del amparo" (ob. cit., p.19).

En la especie, ocurren conductas lesivas distintas: por una parte el Tribunal Superior de Justicia cabeza del Poder, cuyo artículo constitucional (128, párr. segundo) le ordena e impulsa, mantener su inviolabilidad e independencia de los demás poderes, incurre en infracción constitucional y legal (art. 27, L. 8115), al tener producido el Acuerdo Nº 3 (con fuerza y pulcritud republicana y apego al derecho), empero, no ejecutarle, -no consumarlo por sí mismo-, frente a la resistencia de la Función Ejecutiva y de sus Organos de hacerle transferencia de los Recursos de la Partida Adicional. Cayendo concluyentemente en omisión. Por otra, la Función Ejecutiva cae en lesión doble: desde un emplazamiento, al Negarle (omisión-comisión) al otro Poder los dineros para le ejecución del articulado del art. 27; no obstante el débito constitucional-legal de verificarlo; desde otro, al tener directamente dispuestos actos dirigidos, encaminados a sustraerle al ámbito judicial el mejoramiento económico justo. Por ello la Ilegalidad de la Huelga (p. e.) declarada.

b) Autoridad Pública. La restricción, debe provenir -en el caso- de Autoridad Pública. Innegable en autos fluye. Las dos Funciones del Estado resultan causantes de trasgresiones constitucionales (inactividad material y formal).

c) Conducta Estatal Cuestionable. La "tuición" dicen Morillo-Vallefín es "extensa". La "Alteración" procurada por la Función Ejecutiva, de desvanecer hasta la extinción, el mandato del art. 27 no puede negarse. Por ello lo habido alrededor del Dto. 1774 y la negativa de abastecimiento de los recursos. La Función Judicial asiente la actuación del otro Poder en su esfera. En lo propio, suma Lesión al dejar el Acuerdo, lastimando su postura estatutaria y los derechos económicos de sus integrantes.

d) Derechos y Garantías Afectados. Deben surgir expresa o implícitamente de fuente formal. Uno de los elementos esenciales del Empleo Público, la Retribución, aparece lastimado por los actos lesivos denunciados. El Empleo Público, reúne entre otros, los caracteres de ejercicio personal, idoneidad, contraprestación, con obligación de pago por el Estado. No es admitido que el sueldo pueda ser disminuido, suprimido, el principio de intangibilidad no lo autoriza. Sin embargo, los comportamientos en análisis al detraer, substraer la aplicación del art. 27, y el Acuerdo, violentan derechos reconocidos en la Constitución Nacional (arts. 14 Bis, 16, 17; 33,45, 46, Constitución Provincial). El mentado 14 Bis, define que el Trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, que asegurarán condiciones dignas y equitativas de labor y Retribución Justa (L 8115, Acuerdo. Lo hacen éstos). Para lograr el censurado desvío se comienza por vulnerar uno de los Principios Cardinales del Sistema Político (garantizado por el Estado, según el art. 3º, Constitución Provincial): la Legalidad, en las Acciones de los Funcionarios, después, se avanza con facilidad y se conculca la "Retribución Justa", las "Condiciones Dignas de Trabajo", el " Mejoramiento Económico" que se vinculan a la Retribución. Luego al Sindicato, en el ejercicio pleno de la gestión (art. 33, idem).

De lo expuesto surge que la Retribución coronada por las normas constitucionales citadas se encuentra desconocida, obviada, con lesión del derecho de propiedad y la garantía de inviolabilidad (art. 17, CN), al privarse a los demandantes de un derecho dado legalmente y determinado por un acto privativo del órgano judicial: el art. 27 indica: "... con el objeto que "ésta", implemente ..." (Función Judicial). Adviértase, para valorar la equidad de lo glosado, que otros sectores también fueron destinatarios de Partidas Adicionales, arts. 23, 28, L 8115.

e) Arbitrariedad. Ilegalidad. De acuerdo a los autores en cita, es menester que el proceder que se denuncia, carezca del mínimo respaldo tolerable para subsistir. La Ilegalidad del acto, supone la falta de concordancia con la norma jurídica prescribiente de lo debido; la omisión de aplicación o deficiente interpretación; la Arbitrariedad, entraña un juicio negativo frente a la norma: es la manifestación abierta y caprichosa, sin principios jurídicos (Fiorini, citado por Morillo-Vallefín). Debe serlo Manifiesto. Ambas calificaciones se corresponden con los hechos de esta especie, su prueba. El Tribunal Superior -expresado respetuosamente en el sólo giro del lenguaje jurídico- al no dar cumplimiento al Acuerdo, imputar a la Partida Adicional aumentos voluntarios de la Función Ejecutiva (v.gr. Dto. 1096), se sitúa en postura de contradicción -ilegalidad- con la L. 8115 y el Acuerdo. Dejando que la otra Función persista en el tránsito de desviación de actos públicos que no le corresponden. La Función Ejecutiva denota Arbitrariedad (e ilegalidad) al advertirse sin dificultad la intención de frustrar la ley y el Acuerdo, sancionando Decretos (Números. 1096 - 1774) con Aumentos (voluntarios) distantes del cierto Sistema de Automaticidad. Cuando el Acuerdo (fehacientemente notificado meses anteriores), lo contiene. Los Decretos son resultantes de la sola voluntad del gobernante en ese andarivel, desprovistos de sostén en derecho. Manifiesto. En compartido juicio.

Lo adicional. En oportunidad de discutirse la ley de presupuesto, varios diputados -versión taquigráfica autos Nº 43.089- se expresaron alrededor de la fundamentación del esquema que es núcleo de autos. De modo favorable. También es de utilidad la mención de un Fallo CSJN, en autos "Argüello Varela, Jorge Marcelo c. Estado Nacional s/Amparo", de fecha 30/06/93, estableciendo que el suplemento "no remunerativo ni bonificable", no puede lucir de ese modo y es por el contrario parte integrante del sueldo o compensación del magistrado, sujeto al aporte jubilatorio y al cálculo de los demás ítems Lo de autos.

f) Vías Previas. Paralelas. El art. 43, CN, repara en la sola exploración de "otras" vías judiciales más idóneas. No existen en el plexo procesal local. La estructura del Amparo (en su favor) no es comparable siquiera con el Juicio Sumarísimo (art. 274, CPC). Lo considero así, bajo riesgo de daño grave e irreparable por la consecución incluso de hechos procesales relevantes (v.gr. negativa de reintegro de la no liquidación de jornadas de huelga, incontestación de la previsión presupuestaria por Diputados, variabilidad del presupuesto anual). En fin el perjuicio es actual. Puede profundizarse.

En fundado corolario, los Presupuestos sustanciales y adjetivos se exhiben de este modo en presencia indubitable. Lo sostengo.

3. Inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1774/07.

Lo del título importa pretensión del demandante. A diferencia de la demandada, no tengo dudas de la procesal virtualidad de la cuestión, en cuanto de ser asumido en su caso por el Amparo. Por excitación de parte o de oficio. La Constitución Provincial lo recoge (art. 9º); así mismo la norma del art. 43, CN. Empero, no aparece en mi parecer, dados los elementos sustanciales y adjetivos que justifiquen el tratamiento del tema por el momento. Por el Informe de fs. 298 -entre otros- se anoticia que en la relación al Personal Judicial no se le tiene aplicado -aún-, lo que denota la falta de afectación concreta de derechos patrimoniales de los representados por el demandante, (arg., art. 387, párr. primero, CPC). Lo considero.

No obstante lo descripto, corresponde efectuar otras precisiones, para ser parte del decisorio. Una operación corriente, simple, comprueba que la suma de $ 100 que se acuerda por el Decreto es insuficiente -menor- a la sumatoria de los Decretos de Necesidad y Urgencia que se propone "blanquear". Lo de estos, es superior a $ 300... Trayendo entonces perjuicio económico. No beneficio. Desde lo otro, el art. 27 L. 8115, "dispone" en el Sistema de Aplicación Automática, la "Absorción de Montos Adicionales No Remunerativos"; sin embargo, el Ejecutivo avanza sobre la ley y el Acuerdo; trae contradicción, incertidumbre, y en definitiva, menoscabo a la composición del Salario Básico. Propicio, comunicar a los órganos que deben privarse en lo que respecta al personal (incluido Ministerio Público) de asumir el Decreto ratificado por Ley, bajo prevención, por descendencia de la acción de Amparo.

4. Conclusión.

Dados los hechos, los medios probatorios valorados, la subsunción en las normas merituadas en los Considerandos, sin mayor esfuerzo surge la fundabilidad de la Demanda de Amparo. Los presupuestos sustanciales y procesales habilitantes. El Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia, en oportuna y válida satisfacción de los imperativos contenidos en el art. 27 de la ley 8115. El acto administrativo, -este-, en la reunión de todos los elementos de la reglamentación provincial, que le confieren la capacidad y fines del art. 944 Cód. Civ. .Por el contrario, la clara ausencia en derecho, del respaldo mínimo de los decretos merituados y las acciones que le siguen para permitir que el Acuerdo transite el rumbo correcto. El acto lesivo, la autoridad pública, los derechos lastimados, la ilegalidad, arbitrariedad y la no exposición de vías judiciales aptas para atender el conocimiento de la causa. Las comunicaciones. Las exigencias de brindarle al Acuerdo, la agilidad para alcanzar los efectos de acto productor. Las diferencias salariales. La confirmación de astreintes. La negativa admisibilidad de la pretensión de Inconstitucionalidad y por el contrario, la ordenación de medidas diversas sobre la materia, son hábiles para la demanda. Las costas por su orden, por solicitud de la demandante. En secuencia, la sustancia constitucional del decisorio. Es mi voto.

El doctor García dijo:

Que por compartir los fundamentos del voto que antecede, expresa adhesión.

El doctor Ceballos dijo:

Que adhiere al voto de primera voz.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Originaria, resuelve: 1º) Acoger la Acción de Amparo interpuesta en autos. 2º) Desestimar las cuestiones traídas por la demandada en el Informe evacuado. 3º) Tener el Acto Administrativo dispuesto por la Acordada Número Tres del Tribunal Superior de Justicia, por válido y eficaz, conforme los Considerandos y cumplida la Implementación del Régimen de Aplicación Automática de Determinación de las Remuneraciones, de Modo Gradual (art. 27, Ley 8115, de Presupuesto Provincial Ejercicio 2007). Con efectos plenos desde la celebración. 4º) Comunicar a la Función Ejecutiva y Legislativa en lo que correspondiere, que deben abstenerse de producir acto alguno que altere el Acuerdo Nº 3 y su proyección, abrogando lo que le contravenga. 5º) Hacer conocer al Sr. Presidente de Tribunal Superior de Justicia y al Alto Cuerpo, que de inmediato, lo que se solicita, en lo que permita la Feria Judicial y a su fenecimiento con prontitud, deberá proseguirse con las acciones de ejecución total del Acuerdo ante quién corresponda. Requiriendo se haga conocer a este Tribunal del desarrollo de los actuado y las dificultades que en su caso se presentaren. 6º) Por lo precedente, el Pago de lo que es Objeto del Acuerdo, debe verificarse a la brevedad, con noticia igual. 7º) Hacer Comunicación al Ministerio Público, Fiscal General y Defensor General, de esta Sentencia, para qué desde sus incumbencias, de inmediato (artículo quinto anterior), concluyan lo concerniente. 8º) Determinar que la Adecuación Salarial del Personal debe ajustarse absolutamente a las previsiones del art. 27, Ley 8115, el Acuerdo y su Anexo, con las imputaciones a la Partida Adicional que le sean conducentes necesariamente. 9º) La observancia del Acuerdo y la adecuación salarial, debe precisar el período mensual del pago respectivo y las Diferencias que se desprenden para su Liquidación. 10) A los fines del art. quinto de la L. 8115, tener presente la ley 8130. 11) El Sr. Presidente del Tribunal Superior, Sr. Fiscal General y Sr. Defensor General, deberán prescribir los actos, solicitudes y ejecuciones de cualquier entidad, para permitir la realización del Acuerdo y el sostén presupuestario permanente. Haciéndoles conocer que a la Presidencia de la Cámara de Diputados, se le requirió oportunamente la previsión del caso. 12) Hacer saber al Sr. Presidente del Tribunal Superior, la conducta de resistencia y desobediencia del Ministro de Hacienda, lo que trajo la aplicación de astreintes en proporción creciente y remisión de lo actuado al Fuero Penal (Ministerio Fiscal), en lo dispuesto para la liquidación de jornadas no abonadas por ocasión de la huelga y paro del personal. 13) No hacer lugar a la articulación de Inconstitucionalidad, por lo expresado en los Considerandos. No obstante, emplazar a la Función Ejecutiva, para que de inmediato se efectúe modificación del dec. 1774, aprobado por Ley, en cuanto se relaciona con el personal judicial, en razón de este proceso, y ser inexcusable la derogación -parcial-. En tanto, mantener la Suspensión ordenada en la Medida Cautelar, con las comunicaciones de rigor. 14) Ratificar en lo conducente -lo decidido- en la Medida Cautelar de autos, adquiriendo carácter definitivo la restitución de los haberes del modo descripto en el Auto del 26 de noviembre de 2007, ap. 3º, parte Resolutiva y el Beneficio de Litigar sin Gastos. 15) Confirmar la imposición de Astreintes a la demandada, por el incumplimiento de los plazos de devolución de los conceptos indicados en el apartado anterior. Según autos. Al persistir actualmente, la desobediencia, se determina que durante los primeros diez días corridos, de notificación de la presente, y de retardo, la sanción conminatoria se incrementará a pesos cien ($ 100.) por cada agente; desde el día once hasta el veinte inclusive a pesos ciento cincuenta ($ 150.); desde el veintiuno al treinta inclusive a pesos doscientos ($ 200), similar. Monto que se multiplicará hasta que se cumpla con la resolución, según providencia a dictarse en lo último. 16) Se imponen las Costas por su orden, no obstante el resultado, atento el pedimento de la demandante. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. 17) Protocolícese y hágase saber del modo correspondiente.- Carlos M. de la Fuente.- Luis A. García.- Rafael E. Ceballos.