Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-12


SENTENCIA NÚMERO: NUEVE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los doce días del mes de abril de dos mil trece, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-; José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, reunida en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 78/12, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por Ramón Héctor Leiva en Causa Nº 98/11 -Querella por injurias y calumnias interpuesta por Ramón Héctor Leiva c/ Hugo Sanso", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 42/2012, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos en el art. 460 del C.P.P. Fue interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de la sentencia absolutoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo al orden de votación sorteado (fs. 20) los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Sentencia Nº 42/2012, dictada el 06/06/2012, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: 1) Absolver por el beneficio de la duda al Sr. Hugo Sanso, como autor penalmente responsable del delito de Injurias por el que venía incriminado (art. 110 y 45 del CP; 401 in fine, 535, 536 y ss del CPP). Sin costas. 2) Absolver al Sr. Hugo Sanso, como autor penalmente responsable del delito de Calumnias por el que venía incriminado (art. 109 y 45 del CP y 401 in fine, 535, 536 y ss del CPP). Sin costas. II. Contra el decisorio aludido, comparece Ramón Héctor Leiva, con el patrocinio letrado del Dr. Víctor Manuel Pinto, e interpone recurso de casación por los motivos previstos en el inc. 2º del art. 454 del C.P.P.

II. a. El recurrente denuncia la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas.

Critica la valoración efectuada en la sentencia de las declaraciones testimoniales prestadas en el juicio y sostiene que las conclusiones a las que llegó el tribunal a quo no son verdaderas.

Solicita a esta Corte que revoque el fallo atacado y condene al querellado por los hechos endilgados.

Hace reserva del caso federal y del recurso contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

b. Surge de las presentes que el querellante le atribuye al querellado dichos ofensivos contra su persona, en el marco de un conflicto que mantienen como propietario de un "boliche" de la Avenida Galíndez de esta ciudad y como parte de un grupo de vecinos de esa zona, respectivamente, por ruidos y otras molestias derivadas del funcionamiento de ese local. También que ese conflicto fue llevado al conocimiento de las autoridades municipales de esta Capital y que dio lugar a una denuncia penal formulada en nombre de esa Municipalidad.

Después de estudiar el planteo efectuado, la sentencia recurrida, las constancias del acta de debate y la prueba documental agregada a la causa, opino que el recurso no puede ser acogido.

Así lo considero debido a que los argumentos propuestos no logran demostrar el desacuerdo del fallo cuestionado con la prueba incorporada al debate, según los términos de los que da cuenta el acta respectiva.

Por una parte, aunque el recurrente señala que dicha acta es el único instrumento capaz de enervar las conclusiones erradas de una sentencia, no dice, ni consta en autos, que esa parte haya desarrollado la actividad procesal pertinente a fin de asegurar la suficiencia de las constancias del acta solicitando las consignaciones que estimaba relevantes para sus intereses. Por ello, su crítica por la supuesta insuficiencia de sus consignaciones y porque en esas condiciones el acta deviene incompleta, sólo expresa una reflexión tardía del recurrente. Por otra parte, aun defectuoso o incompleto -según el discurso recursivo-, el contenido del acta no fue redargüido de falso; por lo que sus constancias le suministraban fundamento válido a la decisión judicial; más aún considerando que no cabía interpretar en perjuicio del imputado las supuestas omisiones de dicho instrumento.

Con relación al testimonio de Juan Carlos Cerezo, opino que la crítica recursiva no logra demostrar lo que pretende: que Sanso había dicho que Ramón Héctor Leiva vendía estupefacientes.

En el debate, Juan Carlos Cerezo, Secretario de Gobierno y Coordinación de la Municipalidad de esta ciudad, no dijo eso. El acta de debate da cuenta de ello y la transcripción que realiza el recurrente de la parte pertinente de la sentencia no permite deducir lo contrario. Por una parte, de la reseña de la declaración de Cerezo surge que cuando otro empleado municipal ( Nieto) quiso dar explicaciones a los exaltados vecinos, uno de ellos ( Vergara) le dijo a dicho empleado lo siguiente: "callate (.) que vos también estás vendiendo". Sin embargo, esos supuestos dichos no involucran a persona determinada alguna más que a Nieto y a Vergara; por lo que, contrariamente a lo que pretende el recurrente, de ningún modo puede extraerse de ellos que previamente Sanso haya dicho que Ramón Héctor Leiva vendía estupefacientes y sólo con perjuicio grave a las leyes de la lógica, cabe asignarles ese alcance.

Por otra parte, en la denuncia del nombrado Cerezo, por la supuesta venta de estupefacientes en el local bailable del querellante (fs.8/9vta.), tampoco encuentra quicio la pretensión del recurrente. Así lo considero puesto que en ella son anoticiadas al Fiscalía las incriminaciones de un grupo de vecinos en contra de personal municipal, algunas relacionadas con algunas supuestas actividades ilegales -venta de estupefacientes- en el local del querellado, sin que éste haya sido señalado directa ni indirectamente como el vendedor por vecino alguno.

En esa denuncia, Cerezo también había mencionado las fotografías exhibidas por Sanso en la misma reunión, en las que era posible observar a un inspector municipal, de apellido Roldán, cargar una caja, supuestamente con bebidas alcohólicas, en una camioneta oficial, y que Sanso decía que le había sido entregada a dicho inspector en concepto de "coima". Y, en el párrafo siguiente de esa denuncia Cerezo había dado cuenta a la Fiscalía del episodio antes referido, protagonizado por el vecino de apellido Vergara y por Oscar Ricardo Nieto (funcionario supervisor de Policía Municipal), atribuyéndole al primero haberle dicho a Nieto lo siguiente: "Callate negro coimero que vos también estás prendido". Por ello, en el contexto de esa denuncia, más que con el dueño del boliche y la venta de estupefacientes, subjetiva y objetivamente, las expresiones de este párrafo se encuentran lógicamente vinculadas con las del anterior, en tanto ambas son claramente indicativas de funcionarios supuestamente corruptos y del provecho de su corrupción. Además, aunque el tipo de corrupción atribuida involucra necesariamente la intervención corruptora de otro, lo cierto es que en el caso éste no es indicado nominativamente y tampoco es precisado el pretendido acto funcional ni la actividad específica vinculada con el hecho. Así las cosas, y aunque en la sentencia y en la denuncia difieren las expresiones atribuidas a Vergara, lo que aquí interesa es que, ni en uno ni en otro caso, es posible derivar de ellas los dichos ofensivos supuestamente proferidos por el querellado en perjuicio del querellante.

Por las razones dadas, en tanto de las expresiones de Cerezo no surge directa ni indirectamente que Sanso haya dicho lo que el querellante le atribuye, y dado que ningún motivo concurre para sospechar que en el acta de debate haya sido omitida la debida constancia en sentido contrario, considero que el testimonio prestado por el nombrado fue adecuadamente valorado en la sentencia.

c. También aprecio como insuficiente la crítica efectuada a la valoración del testimonio de Robledo, propuesto por el querellante como supuesto testigo de un acontecimiento reseñado a "título ilustrativo" en el escrito de querella; aunque Robledo no es nombrado como tal en dicho acto en el que clientes y empleados municipales sí fueron mencionado como ocasionales espectadores del suceso informado como acontecido en la madrugada del día 15 de mayo de 2011, al frente del local bailable. Según el querellante, en esa oportunidad Sanso lo habría insultado reiteradamente diciéndole lo siguiente: "puto", "reputo", "todos tus clientes saben que sos puto", "te voy a hacer mierda", "narco".

Ahora bien, el tribunal a quo sostuvo que era endeble la prueba ofrecida sobre ese hecho mencionado a título ilustrativo y, por ende, como insuficiente para acreditar su efectiva ocurrencia. De la sentencia surge que, para así concluir, el tribunal ponderó el modo dubitativo de las afirmaciones del testigo y que, según su declaración, le pareció haber escuchado que el querellado profirió insultos en contra de los hermanos Leiva y que le dijo algo así como que era un "traficante" y "un gordo puto". El juicio del tribunal no se fundó entonces en meras imprecisiones del testigo, como pretende el recurrente, o en si Sanso dijo "narco" o "narcotraficante", se fundó en la impresión que causó en el tribunal la evocación dubitativa del deponente. Sin embargo, en esta oportunidad el recurrente no ofrece argumentos que demuestren la irrazonabilidad de los fundamentos del fallo vinculados con ese particular modo en que fue prestado el testimonio referido y que fue invocado por el tribunal como un obstáculo que le impedía concluir asertivamente sobre la existencia del hecho. Con esa insuficiencia recursiva, ese fundamento no refutado del fallo queda incólume como sustento válido de lo decidido y, en tanto carecen de idoneidad a los fines de la modificación de la sentencia impugnada, los agravios expuestos sobre el punto no son de recibo.

d..Considerando además que, según el querellante (v. escrito de querella), en esa ocasión los insultos habrían sido proferido a las cuatro de la mañana delante de clientes y de personal municipal afectado a los controles de rigor, y del propio Director de la Policía Municipal, (Rolando Darío) Melar, el testimonio de Robledo, el único ofrecido por el querellante como prueba de la ocurrencia del hecho de que se trata, no puede ser tenido sino como insuficiente a los fines propuestos.

Así lo considero puesto que ese único testigo, el nombrado Robledo, que dijo haber conocido el hecho, no como cliente del local ni como interviniente en el control municipal, sino por encontrarse circunstancialmente caminando por ese lugar ese 5 de mayo a las cuatro de la mañana, relató también otro incidente posterior con los mismos protagonistas, sobre el que nada dijo el querellante. Observo también que, como otro destinatario de los insultos, el testigo incluyó al hermano del querellante, cuya presencia en la ocasión no fue anoticiada por el querellante, que tampoco ofreció su testimonio sobre el hecho. Surge asimismo de lo actuado que el testigo no corroboró los dichos de Leiva, o no fue preguntado, con relación a la intervención atribuida por éste a la esposa del querellado, de haberse sumado a los insultos. Constato además que no fue ofrecido el testimonio de cliente ni de empleado municipal alguno de los que habrían presenciado los supuestos hechos. Ni de empleado policial alguno de los que, según Robledo, también se encontraban en el lugar e instaban a Sanso a entrar a su casa, los que no fueron mencionados por el querellante. Y aunque el querellante indicó que hasta el Director de la Policía Municipal, fue testigo del hecho denunciado, lo cierto es que consta en autos que éste nada dijo ni fue preguntado sobre el episodio en cuestión.

Según mi criterio, ese cumplimiento deficiente de la carga probatoria, que por la naturaleza de este proceso pesaba sobre el querellante, impide afirmar categóricamente la existencia de los hechos de la causa, en los términos en que fueron denunciados y con el grado de certeza que requiere un pronunciamiento condenatorio y, por el contrario, justifican el pronunciamiento dictado con arreglo a las dudas que resultan del material probatorio incorporado al juicio y que acertadamente fueron computadas por el tribunal a quo en beneficio del imputado.

Por ello, luego de realizar el control de lo resuelto, de conformidad con las reglas dispuestas por la Corte en el precedente "Casal", estimo que lo decidido en sentido negativo sobre la existencia de las supuestas expresiones ofensivas de las que se trata en autos descansa en la adecuada valoración del plexo probatorio de la causa, tanto de los reseñados testimonios como de los demás elementos de juicio ponderados en la sentencia; y considero que los argumentos recursivos no demuestran lo contrario. Por ende, mi respuesta a la cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/7 por el querellante Ramón Héctor Leiva, con el patrocinio letrado del Dr. Víctor Manuel Pinto. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el art. 2, apartado 3 inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/7 por el querellante Ramón Héctor Leiva, con el patrocinio letrado del Dr. Víctor Manuel Pinto.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el art. 2, apartado 3 inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5º)	Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del V. Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.