Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-26


Autos N° 22.000 (89.167 - 1° CIVIL), caratulados: "CAJA DE PREVISIÓN PROF. CIENCIAS JURÍDICAS C/ Ciancio, Silvia Sonia - Ejecutivo" En la ciudad de San Juan, a 26 días del mes de agosto del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. PASCUAL E. ALFERILLO y el señor Vocal, Dr. GILBERTO A. RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas 124, contra la sentencia interlocutoria, recaída en autos N° 22.000 (89.167 - 1° CIVIL), caratulados: "CAJA DE PREVISIÓN PROF. CIENCIAS JURÍDICAS C/ CIANCIO, SILVIA SONIA - EJECUTIVO", dictada en fecha siete del mes de agosto del año dos mil catorce, obrante a fs. 117/122, de estos autos originarios del Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Vienen estos autos a estudio por recurso que interpone la demandada contra la sentencia de fecha 07-08-14 que rechaza el planteo de nulidad de actuaciones que dedujera, la caducidad de instancia, y las defensas de prescripción e inhabilidad de título, con costas a su cargo; y ordena continuar la causa. Luego regula honorarios a los profesionales intervinientes.

Con este fallo daba respuesta a la accionada quien dijo que es nula la intimación de pago y citación a oponer excepciones por haberse practicado en un domicilio falso. Dedujo caducidad de instancia, aludiendo que " ... la última resolución que queda con vida - después de la nulidad planteada - es la resolución de fs. 8, del 26-02-07 ...", por lo que hasta la notificación del 08 de agosto del año 2.013 ha pasado el plazo para que se produzca.

Fundamentos de la decisión jurisdiccional.

El Juez afirma que la nulidad que es un remedio excepcional que amerita analizar el perjuicio sufrido por quien la acusa, y el interés que se procura subsanar con tal declaración, según las alegaciones del nulidicente; siempre y cuando no se advierta una omisión de los elementos sustanciales que hayan impedido la ejecución del acto.

Partiendo de tal premisa aborda directamente el pedido de caducidad de instancia rechazándolo al considerar que con posterioridad a esa fecha - 26-02-07 - hay una serie de actos impulsorios sin que expirara el plazo previsto en el C.P.C., como es el mandamiento de embargo suscripto el 15/03/2007, su diligenciamiento en fecha 24/03/2007, reposición del sellado y pedido de dictado de sentencia de remate en fecha 04/06/2007, su dictado el 27/06/2007 y notificación, el 05-07-07.- Y cuando caracteriza a los actos impulsorios cita jurisprudencia y doctrina, y dice que la "Actividad idónea es la que resulta adecuada a la etapa procesal en que se realice y apta para hacer avanzar el proceso hacia la sentencia (C.S., fallos 313:97). De modo que, para que la actuación tenga efecto impulsorio, debe influir sobre la prosecución efectiva de la instancia, innovando en cuanto a la situación procesal establecida.... En consecuencia, la inactividad procesal -ya sea por ausencia de dichos actos o por actividad inidónea para producir el impulso del procedimiento- puede determinar la caducidad de la instancia"; para concluir que los actos mencionados resultaron ser impulsores del procedimiento aún para el caso de que se cuestionare la notificación defectuosa, y que de hecho han logrado su finalidad específica, como es llegar al dictado de la sentencia de trance y remate y se tratan de modo particular en cada uno de ellos de actuaciones adecuadas al estado del juicio exteriorizando una intención real y positiva en la actora tendiente a activar el procedimiento. Resalta que no es procedente decretar la perención de instancia cuando se ha diligenciado el mandamiento de embargo y dictado oportunamente la sentencia de trance y remate y luego de certificar que el ejecutado no ha opuesto excepciones en término, ya que en dicho supuesto, la instancia ha concluído y por lo tanto, no se encuentra abierta y no es susceptible de caducar.

Los agravios de la recurrente son expresados a fs. 129, y en ellos dice que le afecta el fallo cuando no analiza ni resuelve la cuestión de que no fue notificada en su domicilio; y por ende la nulidad o validez del acto; y considera la intimación de pago y citación, como un mero acto formal no sustancial.

Además que el a-quo parte de un error al valorar la notificación de demanda desde el punto de vista formal, y no sustancial, como el acto más trascendente que hace al derecho de defensa y debido proceso.

Insiste en que el traslado de demanda no es un acto meramente formal o violación de formas, sino sustancial; por lo que el interés que pretende subsanar es su derecho de defensa, de haber conocido la deuda, haber opuesto prescripción, por lo que la indefensión de su parte justifica la nulidad; y que el a-quo no se ocupó de su planteo. Que el domicilio de calle Santa Fe n° 968 -Este jamás fue el suyo, por lo que la citación es nula, de nulidad absoluta, lo que no ha dado lugar a una palabra del juez.

Sobre la caducidad dice que como consecuencia de la nulidad de actuaciones desde fs. 10 en adelante, ha transcurrido el plazo del art. 274 del C.P.C.

El tercer agravio se ocupa del fallo al tratar la prescripción, y el cuarto refiere a las costas.

Los agravios son contestados a fs. 138.

Tratamiento de los agravios:

La queja de la demandada es acertada y por ende voy a proponer la invalidez del fallo puesto en crisis en tanto, tal como lo dice al tiempo de fundar su recurso, el planteo de nulidad no ha sido resuelto.

En primer término entiendo de trascendencia el orden en que el Juez aborda los temas.- Esto, porque es la demandada quien, como el a-quo relata a fs. 117 vta., ha planteado en primer lugar la nulidad de los actos, para decir que " ... como consecuencia de la nulidad de actuaciones, plantea la caducidad ...".- La importancia en el orden en que son resueltas las cuestiones estriba en que, de la posible nulidad iba a derivar la eventual caducidad, lo que imponía al Juez respetar ese orden, no solo para cumplir con el principio de congruencia sino que, conforme a un orden lógico, el resultado del primer incidente podía determinar la suerte del segundo.

Y más aun, del resultado del planteo de caducidad dependería la admisibilidad de las excepciones de prescripción e inhabilidad de título, ya que si eventualmente prospera la caducidad, el proceso se habría extinguido anticipadamente.

Tal orden se impone con mayor rigor cuando, para poder resolver la caducidad debió analizar la validez, y consecuente trascendencia, de los actos que fueron objetados por la demandada, como es el mandamiento, su diligenciamiento, y no asignarles directamente eficacia impulsoria.

No alcanza el a-quo a cumplir con el deber de fundar la sentencia mediante citas jurisprudenciales; menos cuando su conclusión, en el mayor de los casos, son contradictorias.

Es que el Juez, tal como resulta del relato que se hizo de sus fundamentos, si bien propone como primer tema a considerar la nulidad, pronto invierte el orden de resolución, ocupándose de la caducidad, y terminando sin resolver el primero de los temas al que se debió abocar como es el de la nulidad de los actos notificatorios producidos en un domicilio que, según dijo la demandada, no es el suyo.

Siendo que el correcto domicilio del destinatario es un requisito esencial del acto notificatorio, art. 141 inc. 1°, en tanto el mandamiento de pago importa una citación, y tratándose de un acto irrenunciable, art. 527, del C.P.C. vigente al tiempo en que ocurren, el fallo se contradice, pues al comenzar las consideraciones había dicho el juez, respecto de la nulidad, que además de meritar el perjuicio sufrido y el interés que se pretende subsanar, es necesario saber si " no se advierte que aparece alguna omisión de los elementos sustanciales que hayan impedido la ejecución del acto". En el caso, el correcto domicilio en que se diligencia al mandamiento es un elemento sustancial, por lo que debió ocuparse de él, lo que no ocurre.

Por su parte, la inversión en el orden de las consideraciones y resolución adquiere importancia puesto que, para rechazar la nulidad, por falta de trascendencia o interés en su declaración, se ocupa de la caducidad, dándole valor interruptivo a los actos de "mandamiento de embargo suscripto el 15/03/2007, su diligenciamiento en fecha 24/03/2007, ...", cuando de ser cierta la afirmación de la demandada, mal puede apoyar el juez su resolución asignándole carácter impulsorio al acto, ni afirmar que "... de hecho han logrado su finalidad específica, como es llegar al dictado de la sentencia de trance y remate ..." si la demandada no habría tomado noticia de la citación a oponer excepciones o defensas.

Es que la primera finalidad de una notificación es cumplir el objetivo específico, que es llevar a conocimiento del destinatario un contenido del proceso ( en el caso la orden del juez de pago, embargo y citación a juicio a ejercer la defensa); y una vez logrado ese objetivo, es que adquiere potencia para impulsar el juicio hacia una etapa subsiguiente, en el caso la sentencia de remate, según el procedimiento previsto por la ley 3.738.

Si como lo dijo el juez en su sentencia ".... para que la actuación tenga efecto impulsorio, debe influir sobre la prosecución efectiva de la instancia, innovando en cuanto a la situación procesal establecida ...." no pudo dejar de valorar la eficacia del mandamiento de pago.

De ello, que mal puede decir el a-quo que esos actos han colocado al juicio en condiciones de dictar sentencia.

Menos aun que, porque se ha dictado sentencia la instancia ha concluído y por lo tanto, no se encuentra abierta y no es susceptible de caducar.

Si no hubo un mandamiento bien diligenciado - lo que debió resolver - no puede afirmar que el practicado en autos tiene aptitud para lograr su finalidad, como es llegar al dictado de la sentencia de trance y remate; ni decir que " no es procedente decretar la perención de instancia cuando se ha .... dictado oportunamente la sentencia de trance ...."; como tampoco afirmar que no es procedente " ...cuando el ejecutado no ha opuesto excepciones en término,....".- Esto, porque aun cuando el acto de mandamiento y su diligenciamiento, acusados de nulos, sean capaces de exteriorizar el ánimo de continuar con el proceso, no siempre son eficaces para conducir al juicio a otra etapa, en tanto se estaría violando recaudos esenciales que hacen al debido proceso y defensa en juicio.

Más aun, no solo debió abocarse y agotar ese tema sino que, si entendió que los actos objetados tenían eficacia para despejar la idea de abandono de la instancia, debió fundar dicha conclusión, como era su deber, según lo previsto por el art. 33 inc. 4° del C.P.C.

Es menester saber si habría sido bien practicado el mandamiento, pues claro está que si el demandado no se ha anoticiado de la iniciación del juicio y de la citación a oponer excepciones, mal podría articularlas y ejercer su defensa.

Con lo cual la certificación del actuario en nada mejora la situación, ni alcanza para sostener la conclusión del juez a-quo. Ni es válida la sentencia de remate si aquel acto de convocatoria al demandado no se ha producido con ajuste a la ley.

Si no hubo un análisis respecto a la perfección del mandamiento, y su diligenciamiento, no puede el juez apoyarse en el acto cumplido para dar validez a las etapas posteriores.

Esto así porque según la ley procesal vigente al momento en que se producen los actos preveía - en el art. 527 in fine del C.P.C. ley 3.738 - que " No habiéndose opuesto excepciones dentro del plazo, el juez sin otra sustanciación, pronunciará sentencia de remate.".- Con lo cual era necesario, en primer lugar, dirimir si se cumplió con la ley procesal para que el demandado tuviera oportunidad de oponerlas; para lo que era necesario también que se produjera la intimación a que refiere el artículo citado, cumpliéndose con el procedimiento del art. 516 ibid.

De este relato, que la certificación del actuario, como el dictado de la sentencia de remate, dependían de la sanidad del procedimiento previo, por lo cual se convertían esos actos - certificación y sentencia - en actos sucesivos y dependientes del mandamiento.

Por ello es que la nulidad de éste, va a incidir en aquellos conforme lo preveía el art. 180 in fine de la ley 3.738, como también el resulta del art. 176 de la ley procesal 8.037.- Por tanto, no definido los eventuales defectos del mandamiento, no puede prevalerse de dicho acto para resolver la perención de instancia.

En mérito de ello es que voy a proponer declarar la nulidad del fallo venido en recurso. Disponer que bajen los autos al juzgado de origen para que, previa noticia al juez a-quo, los pase al Tribunal que lo suceda para que dicte sentencia dando respuesta a los planteos de la demandada. Con costas a la actora. Honorarios por los trabajos correspondientes a segunda instancia se fijan en pesos Dos mil ($2000) a favor de la Dra. Nancy Avelín, y en carácter de patrocinante; y de pesos Mil quinientos ($1.500) a favor de la Dra. Marcela Verónica Aranciabia, en doble carácter, y teniendo en cuenta el carácter procesal de la cuestión.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: declarar la nulidad del fallo venido en recurso. Disponer que bajen los autos al juzgado de origen para que, previa noticia al juez a-quo, los pase al Tribunal que lo suceda para que dicte sentencia dando respuesta a los planteos de la demandada. Con costas a la actora. Honorarios por los trabajos correspondientes a segunda instancia se fijan en pesos Dos mil ($2.000) a favor de la Dra. Nancy Avelín, y en carácter de patrocinante; y de pesos Mil quinientos ($1.500) a favor de la Dra. Marcela Verónica Aranciabia, en doble carácter, y teniendo en cuenta el carácter procesal de la cuestión.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Declarar la nulidad del fallo venido en recurso. Disponer que bajen los autos al juzgado de origen para que, previa noticia al juez a-quo, los pase al Tribunal que lo suceda para que dicte sentencia dando respuesta a los planteos de la demandada. Con costas a la actora. Honorarios por los trabajos correspondientes a segunda instancia se fijan en pesos Dos mil ($2.000) a favor de la Dra. Nancy Avelín, y en carácter de patrocinante; y de pesos Mil quinientos ($1.500) a favor de la Dra. Marcela Verónica Aranciabia, en doble carácter, y teniendo en cuenta el carácter procesal de la cuestión.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° II-2015; F°57/61; FECHA:26 de agosto de 2015 DRES.ALFERILLO-RIVEROS.