Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-02


ORDOÑEZ, Dardo Arnoldo y AGUIRRE, Roque Delmecio contra COMUNA DE FORTIN OLMOS Reg.: A y S t 197 p 271-277.

En la ciudad de Santa Fe, a los dos días del mes de junio del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la Presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ORDOÑEZ, Dardo Arnoldo y AGUIRRE, Roque Delmecio contra COMUNA DE FORTÍN OLMOS sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 193, año 1992), de conformidad con el acuerdo preparatorio celebrado el día veintiséis de mayo del corriente año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

I.1. Dardo Arnoldo Ordoñez y Roque Delmegio Aguirre interponen recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Comuna de Fortín Olmos, impugnando la ordenanza nro. 504/91, con el objeto de obtener el reintegro a sus tareas habituales como personal de planta permanente, el pago de los salarios caídos desde el momento de la separación hasta el del efectivo reingreso, el pago de la indemnización por despido sin justa causa -para el supuesto de que la Comuna se negare a reincorporarlos-; todo ello, con más los intereses calculados al 15% anual, debido al carácter alimentario del crédito, y más un interés mensual acumulativo y equivalente al de la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos, e imposición de costas.

Exponen que fueron incorporados como personal contratado en fecha 22.8.1991, para desarrollar tareas de chofer de ambulancia -en el caso de Ordoñez- y de peón de servicios generales -en el de Aguirre-; que el 29.11.1991, mediante ordenanza nro. 439/91, las anteriores autoridades comunales decidieron incoporarlos a la planta permanente, "... teniendo en cuenta la relación laboral y la eficiencia demostrada en el cumplimiento de sus funciones específicas ...", reconociéndoles la antigüedad a partir de la fecha en que se firmaron los contratos; y que, en fecha 16.12.1991, fueron notificados de la ordenanza nro. 504/91, por la que se derogó la norma anterior y se dispuso la cesantía de ambos.

Ante ello -prosiguen- el 30.12.1991 presentaron recurso de reconsideración y, frente a la falta de respuesta, el 23.3.1992 plantearon pronto despacho, con resultado negativo.

Consideran producida la denegatoria tácita y agotada la vía administrativa al haber transcurrido más de sesenta días sin que la Comisión Comunal resolviera el recurso.

Destacan que las funciones cumplidas en favor de la Comuna demandada no revistieron carácter accidental ni configuraron un objeto u obra determinada, a la cual no pudieran dar cumplimiento el resto de los empleados de planta permanente.

Postulan que, al momento de dictarse la ordenanza impugnada, se hallaban cumplidos íntegramente los requisitos determinados por el artículo 134 de la ley 9286, que taxativamente señala que "aquellos agentes que ingresen a la administración municipal y/o comunal por los artículos 8 y 9 del presente Estatuto, al cumplir los tres (3) meses de antigüedad y cumplan funciones determinadas por el presente, automáticamente pasarán a revistar en la planta permanente, encasillándose dentro de la función que desempeñen ...".

Expresan que, contrariamente a lo señalado en los considerandos del acto impugnado, surge sin lugar a dudas que sus nombramientos habían adquirido ya el carácter de definitivo, en virtud de haber transcurrido los tres primeros meses de servicio efectivo.

También afirman haber sido ofendidos en su buen nombre y honor por parte de las actuales autoridades, ya que en el decisorio de referencia, aunque no se precisara el nombre de las personas destinatarias de tal calificación, se señaló que "parte del personal nombrado en planta permanente no gozaba de honestidad e idoneidad ...", lo que se contradice -agregan- con sus legajos, en los que no existe constancia de sanciones disciplinarias.

Tales acusaciones -completan- carecen del más mínimo sustento fáctico jurídico que las avale, quedando demostrado que sólo se trató de apreciaciones subjetivas de las actuales autoridades, tratando de justificar una decisión arbitraria.

Reiteran que el inicio original del vínculo se produjo en el mes de agosto, para la realización de tareas propias del personal de planta permanente, aunque se lo haya querido encuadrar bajo la figura de un contrato, y, en consecuencia -entienden-, el plazo a computar a los fines de la estabilidad, comienza en dicha fecha y no a partir de la sanción de la norma que resuelve los nombramientos.

No les resulta enrostrable, concluyen, el hecho de que la incorporación a la planta permanente se haya decidido una vez transcurridos más de tres meses desde el inicio del vínculo, ni que las actuales autoridades consideraran a las designaciones como "inoportunas", según lo expuesto en la ordenanza nro. 504/91.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso (f. 36), comparece la Comuna (f. 47) y contesta la demanda (fs. 51/52) solicitando su rechazo, con costas.

En primer lugar, señala que, conforme surge de las actuaciones administrativas, el recurso de reconsideración fue resuelto negativamente, mediante acta nro. 73 del año 1992, y este hecho fue notificado a los reclamantes.

A continuación, manifiesta que los actores ingresaron a prestar servicios de carácter especial, temporario y accidental -Aguirre como "peón de servicios generales" y Ordoñez como "chofer de ambulancia"-, mediante un contrato temporario "por horas de trabajo". Advierte que expresamente se convino que el contrato estaba "excluido de las estabilidades e indemnizaciones consagradas en la ley 9286" y se pactó la facultad de rescisión en cualquier momento en favor de la Comuna.

Los contratos se firmaron el 22 de agosto y fenecían el 22 de noviembre de 1991, fueron por la categoría 8 mientras que la ordenanza nro. 493/91, del 29 de noviembre, los ingresó en la categoría 9 -completa-.

Afirma que el ingreso no se produjo conforme a la normas del Escalafón -en especial, el artículo 43-, ni medió ninguna clase de "concurso" ni "selección"; en suma, que no fue regular.

Precisamente por ello sostiene-, las autoridades que asumieron el gobierno de la Comuna el 11 de diciembre de 1991 revisaron, en la reunión ordinaria celebrada el día siguiente al de la asunción, el acto consumado el 29 de noviembre y, según acta nro. 71/91, punto cuarto, consideraron tales designaciones como inoportunas y anularon los nombramientos, dictando la ordenanza nro. 504/91.

Dice que esos ingresos irregulares se produjeron postergando el derecho escalafonario de personal contratado de mayor antigüedad y que también se invocó que el personal permanente en cuestión no gozaba aún de estabilidad, pues el Estatuto prevé su provisionalidad durante los tres primeros meses pudiendo, durante ese lapso o período de prueba, revocarse el acto que dispuso el ingreso, no obstante haber aprobado el examen de competencia o requisito de admisión.

Agrega que, en el caso, la revocación se dispuso inmediatamente de asumidas las nuevas autoridades y antes de los tres meses que dan derecho a la estabilidad.

Finalmente, considera que la ordenanza Nro. 493/91 se dictó "in extremis", cuando las anteriores autoridades comunales fenecían su mandato y sin observar las prescripciones de la ley 9286, alterando el régimen de promociones y concursos, por lo que la ordenanza Nro. 504/91 tuvo un sentido reparador de la legalidad.

3. Abierta la causa a prueba (f. 53) y producida la que consta en autos, se agregan los informes de las partes (fs. 139/141 y 142/143). Llamados los autos para resolver (f. 144) y consentida dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

II. Conforme surge del relato precedente, los recurrentes expresan que fueron contratados en fecha 22.8.1991 para el desempeño de tareas propias del personal permanente, e invocan en consecuencia, en sustento de las pretensiones que deducen ante esta sede, el artículo 134 del Anexo I de la ley 9286.

El referido artículo del Estatuto del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia expresa: "Aquellos agentes que ingresen a la Administración municipal y/o comunal por los artículos números 8 y 9 del presente Estatuto al cumplir los tres (3) meses de antigüedad y cumplan funciones determinadas por el presente, automáticamente pasarán a revistar en la planta permanente, encasillándose dentro de la función que desempeñe.

Quedan excluidos los casos a que refiere la última parte del artículo precedente".

En el artículo 133, última parte, se puede leer que "quedan exceptuados de esta disposición los contratos que tengan por objeto una obra determinada o tareas de carácter accidental".

Surge de las constancias agregadas a la causa que Dardo Arnoldo Ordoñez fue contratado el 22.8.1991 por la Comuna de Fortín Olmos para la prestación de servicios de "chofer de ambulancia" "hasta el día 22.11.1991" (cláusula quinta, v. f. 3).

Y que Aguirre, por su parte, se vinculó con la Comuna entre idénticas fechas, para desarrollar tareas como "peón general" (v. f. 2). La cláusula tercera de todos estos contratos indicaba: "el contratado declara expresamente conocer que este contrato está excluido de las estabilidades e indemnizaciones consagradas en la ley 9286".

Asimismo, la cláusula sexta expresaba: "el contratante podrá rescindir en cualquier momento el presente contrato por voluntad unilateral...".

Pues bien: frente a tal situación de hecho, resulta aplicable el criterio que esta Corte adoptó in re "Jacob" (A. y S. T. 84, pág. 321), y reiteró en "Muller" (A. y S. T. 139, pág. 358) y "Pérez" (A. y S. T. 145, págs. 47/52).

En tales precedentes, el Tribunal, haciendo mérito del carácter excepcional de la disposición contenida en el artículo 134 Anexo I de la ley 9286, consideró que debía ser interpretada restrictivamente, negando que correspondieran las consecuencias jurídicas que dicha norma prevé a quien había sido contratado por un lapso continuo de tres meses, e incluso señalando, en lo que ahora es de interés que, "tratándose de un contrato celebrado por el plazo de tres meses, no puede entenderse que al cumplirse el último día de éste y, por tanto, de extinguirse el vínculo contractual, nace concomitantemente el derecho a ser reincorporado a la planta permanente".

Expresó además que el señalado criterio restrictivo "se impone particularmente en los aspectos atinentes a la constitución y ruptura de la relación de empleo público", ya que "sabido es que la relación de empleo público, concebida y trabada para desarrollo de la función pública, cuyo carácter formal ha sido reiteradamente destacado por este Tribunal ("González Huber", A. y S. T. 55, pág. 366; "Pereyra", A. y S. T. 93, pág. 1; "Torres", A. y S. T. 96, pág. 10; "Silva", A. y S. T. 127, pág. 227) se ha encontrado históricamente regida por disposiciones especiales de derecho público; que la circunstancia de que una de sus partes sea la Administración determina ciertos rasgos del vínculo; y que la eventual aplicación a aquélla de normas del derecho privado no le restan su condición pública, ligada a la realización de cometidos de interés general".

Debe, pues, concluirse en la inaplicabilidad a la situación de hecho invocada en la demanda de las consecuencias jurídicas previstas en el artículo 134, Anexo I, de la ley 9286.

No cabría arribar a una conclusión distinta, se advierte, aun de considerar otros contratos que surgen de los expedientes administrativos "Contrato de servicios de Dardo A. Ordoñez. Iniciado el: 07/04/90" y "Contrato de Locación de Servicios del señor Roque Delmegio Aguirre. Iniciado el: 01 de Noviembre de 1.989" (entre el 2.4.1990 y el 2.7.1990, para el primero, y por los lapsos 1.11.1989 hasta 31.12.1989, 1.2.1990 hasta 30.4.1990, 2.5.1990 hasta 2.8.1990, 1.10.1990 hasta 31.12.1990, 2.1.1991 hasta 31.3.1991 y 1.4.1991 hasta 30.6.1991, para el segundo).

Basta para así entenderlo con tener en cuenta que esta Corte, ya en el precedente "Jacob" -citado-, hizo mérito de que, posteriormente a la contratación considerada en el caso, el agente había celebrado nuevos contratos con la demandada.

Y en "Pérez" -también mencionado-, tuvo en cuenta que entre las sucesivas contrataciones celebradas entre las partes mediaba un día, "en el cual el actor se encontró desvinculado de la demandada". En el sub examine, de las fechas antes reseñadas surge que los contratos adoptados entre las partes no presentan continuidad temporal, sino que -en todos ellos- existen períodos de tiempo entre la finalización de uno y la celebración del siguiente.

Por otra parte, aun de entenderse que el caso es susceptible de ser encuadrado en el artículo 134 del Anexo I de la ley 9286, resultaría de aplicación el criterio que surge de la sentencia de este Cuerpo en la causa "Alvarez" (A. y S. T. 130, pág. 267), reiterado en posteriores fallos ("Araya", T. 133, pág. 184; "Aquino", T. 133, pág. 234; "Rivero", T. 134, pág. 95; "Bustos", T. 160, pág. 309; "Cabral", T. 160, pág. 322), por lo que tampoco llevarían razón los actores.

En tales precedentes, También se mencionó, en lo referente a las exigencias para el ingreso y la promoción del personal, lo dispuesto en los artículos 7, 11, 13 -incisos b) y c)-, 16, 17 -incisos b) y c)-, 20, 21 -inciso b)-, 24 -puntos 1.2., 2.2. y 3.2.-, 25, 26, 27 -puntos 1.1., 3.2., 4.3, 4.6., 5.2. y 5.3.-, 38, 39 -incisos b) y c)-, 43, 44 -incisos b) y c)-, y en el Capítulo XIII -arts. 79 a 116, 121, 122- del Anexo II de la ley 9286.

Se invocó el criterio del Alto Tribunal nacional según el cual la inconsecuencia o falta de previsión no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que concilie y deje a todos con valor y efectos (Fallos: 296:372; 297:142; 300:1080; 314:458).

Por tales razones -y las demás a las que se remite en honor a la brevedad- se concluyó que, si el legislador contempló un exhaustivo régimen de ingreso a la planta de personal permanente de Municipalidades y Comunas, no parece lógico suponer que luego prescindiera de dichos extremos y pretendiera mediante el artículo 134 el ingreso a la planta permanente del personal contratado y transitorio por el solo transcurso del lapso de tres meses que el mismo prevé, soslayando lo previsto en los referidos artículos con relación a las "Condiciones generales de ingreso"; concretamente, se señaló que no es razonable pensar que el legislador ha admitido la posibilidad de que se sustituyan los rigurosos procedimientos de selección del personal, con el simple recurso de proceder a la celebración de contratos.

En definitiva, se entendió que el automatismo al que refiere la norma debe entenderse limitado al derecho de los agentes a ser considerados por la Administración para el eventual ingreso a la planta permanente.

Los actores señalan, por otra parte, que las funciones cumplidas en favor de la Comuna demandada no revistieron un carácter accidental ni configuraron un objeto u obra determinada, a la cual no pudieran dar cumplimiento el resto de los empleados de planta permanente.

Sin embargo, en el precedente "Tempesta" (A. y S. T. 113, pág. 40), este Cuerpo sostuvo, con cita de Fallos 312:1371, que "aun en el supuesto de que los cargos ejercidos por los reclamantes se hallaran comprendidos entre aquellos de carácter permanente, resultaría aplicable al sub lite la jurisprudencia del más alto Tribunal que afirma que el eventual carácter permanente de las tareas asignadas no importa borrar el título que dio origen al nombramiento, el que por estar sujeto a plazo fenece cuando aquél expira", criterio reiterado in re "Aquino" (citado) y "Palpi" (T. 196,pág. 310).

Aducen también los actores que el plazo previsto por el artículo 12 de la ley 9286, invocado en el acto impugnado, debe computarse, en el caso, desde el 21.8.1991, por lo que a la fecha de su dictado el mismo se encontraba excedido.

Mas no les asiste razón -tampoco- en tal planteo.

La norma mencionada dispone que "el nombramiento del personal permanente tendrá carácter provisional durante los 3 (tres) primeros meses de servicio efectivo, al término de los cuales se transformará automáticamente en definitivo cuando el agente haya demostrado idoneidad y condiciones para las funciones del cargo conferido, y cumplimiento de las disposiciones del Capítulo III.

En caso contrario, y no obstante haber aprobado el examen de competencia o requisito de admisión, quedará revocado el acto que dispuso su ingreso".

Conforme se señaló in re "Fernández" (A. y S. T. 112, págs. 163/169), en que se pretendía computar dicho plazo desde el nombramiento del allí actor en calidad de interino, "surge de la letra del dispositivo citado que el nombramiento se transforma al cabo de un tiempo en definitivo -concurriendo, además, otros extremos- en tratándose de personal permanente, que ingresa de conformidad con lo previsto en el artículo 10".

En consecuencia, en las circunstancias del caso, no corresponde considerar a los efectos del cómputo del plazo en cuestión los lapsos en que los actores se desempeñaron en calidad de contratados, sino la del 29.11.1991, por lo que el acto de fecha 16.12.1991 no podría considerarse dictado luego de vencido aquél.

Finalmente, el agravio vinculado a la expresión "parte del personal nombrado en planta permanente no gozaba de honestidad e idoneidad ..." no puede atenderse, desde que no se acredita su carácter directo y actual en relación a los actores.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Vigo, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- , el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Vigo, el señor Presidente Falistocco y los señores Ministros Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)