marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Exenciones impositivas, IVA, sindicatos, servicio de hotelería
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Sindicato Petrolero de Córdoba (TF 16.492-I) c/ DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-28

Si, frente a la ausencia de elementos de convicción en la causa que demuestren lo contrario, es dable concluir que las ganancias que resultan de la prestación de servicios de hotelería a personas no afiliadas a la entidad gremial conforman una masa de recursos que el sindicato actor, en tanto entidad sin fines de lucro, destina a brindar prestaciones o servicios orientados a mejorar la calidad de vida de los trabajadores afiliados, resulta posible sostener que los servicios de hotelería prestados por la recurrente se relacionan con sus fines específicos, por lo que se hallan comprendidos en la exención prevista en el art. 6°, inc. j, pto. 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Disidencia de los Dres. Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni).
Ley de accidentes de trabajo, contratación sucesiva, principio protectorio, responsabilidad del empleador, responsabilidad solidaria, demanda conjunta
Materia: LABORAL
Carátula: MALDONADO, Jorge c/ TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM SA s/ accidente ley 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-31

La ley 24028 posee un dispositivo particular y protectorio en lo que hace a la responsabilidad en la contratación sucesiva que es disímil del diseño de la LCT y que tiende a tutelar con plenitud a la víctima del accidente (Conf. Dictámen del PGT n° 16082 del 27/5/94), por lo que no resulta aplicable la doctrina que establece la necesidad de demandar al "deudor principal" para poder condenar al deudor solidario. La solidaridad que prescribe la ley mencionada (arts 2 y 4) en modo alguno exige para su aplicación la demanda conjunta de todos los codeudores solidarios.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Administración Federal de Ingresos Públicos c/ González, Alfredo Oscar s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-09

Corresponde revocar la sentencia que rechazó las excepciones de inhabilidad de título, litis pendencia e inexistencia de deuda así como el planteo de inconstitucionalidad ya que, si bien las decisiones recaídas en los juicios ejecutivos y de apremio no son, como principio, susceptibles de recurso extraordinario, corresponde hacer excepción a tal principio en supuestos en los que resulta manifiesta la inexistencia de deuda exigible y el efecto suspensivo asignado a los recursos deducidos ante el Tribunal Fiscal por el art. 167 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998) impedía a la AFIP promover la ejecución.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, expropiación, tasas de interés, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Dirección Nacional de Vialidad c/ Silva, Juana Ruperta s/ demanda por expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-06

Es arbitraria la sentencia que modificó la tasa de interés fijada en la instancia anterior a la indemnización por expropiación, si el escrito de expresión de agravios de la parte demandada no contiene ningún pasaje en el que se haya cuestionado ese aspecto de la decisión, con lo cual la intervención del a quo estaba exclusivamente limitada a examinar las críticas de ambas partes relacionadas con el quantum de la indemnización y los restantes planteos de la actora concernientes a la incidencia de la suma depositada en términos del art. 22 de la ley 21.499 y al régimen causídico.
Pena única, unificación de penas, concurso de delitos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GONZALEZ, NORBERTO J. s/ PENA UNICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-12

La hipótesis de unificación de condenas, donde el juzgador está habilitado para dictar pena única, se da cuando los delitos materia de ésta fueron cometidos casi simultáneamente, sin mediar sentencias firmes que les precedieran, tratándose así de un concurso material de delitos que pudieron ventilarse al unísono con inmediata unificación de condenas, si bien respetando las declaraciones de hechos y calificaciones jurídicas de las sentencias, sin estar obligado el Juez al monto de las penas y al modo de imponerlas.
Tratados internacionales, legalización de instrumentos públicos extranjeros
Materia: PROCESAL
Carátula: MICROSOFT Corporation.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-17

Conforme el art. 1º, ley 23.458, se ha suprimido la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros y anexos adoptada por la conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (*).
Pronunciamiento inoficioso, acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ Estado  Nacional  (Poder  Ejecutivo  Nacional  y Poder Judicial de la Nación). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-22

Corresponde declarar inoficioso un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, en la acción de amparo en que se reclama el cese del comportamiento omisivo del Estado Nacional con relación al cierre de edificios donde funcionaban dependencias del Poder Judicial, si tal cese se ha operado.
Indemnización, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: ALLUB ROSENDO RICARDO c/ COLEGIO DE MEDICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-07-12

El rubro lucro cesante, indemniza no la pérdida de una mera expectativa o probabilidad de beneficios económicos futuros, sino el daño que supone privar al patrimonio damnificado de la obtención de lucros a los cuales su titular tenía derecho, es decir título, al tiempo en que acaece el eventus damni.
Conflicto de poderes, concejo deliberante, desviación de poder, facultades reglamentarias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de Rawson s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-04-08

Considerando las circunstancias de emergencia económica y fiscal que atraviesa el Municipio, admitida e institucionalizada por el Concejo Deliberante, mas allá de la regularidad de los procedimientos seguidos por el Concejo,algunas de las reglas que se imponen importan un obstáculo cierto para el ejercicio de la potestad recaudadora del Departamento Ejecutivo, originando mayores erogaciones, dilatando los trámites de tal suerte que en apariencia favorece la mora en inequidad con el contribuyente que paga en término, violentando así el sentido del art.31 de la Ley 3098 en cuanto a la equidad respecta, estableciendo condicionamientos impropios durante el trámite de la vía de apremio, en síntesis, impidiendo al Ejecutivo la elección de los medios razonables para cumplir con sus peculiares poderes, atribución ésta implícita para el eficaz desarrollo de su gestión. Máxime, cuando se ha dicho que esta potestad del Intendente es "ejecutoria", no sólo por el carácter atribuído a la función, sino por la naturaleza del acto, ya que es reconocido principio general, el que "no puede suspenderse ni diferirse la recaudación de la renta fiscal"..., en tanto ello afecta la autonomía municipal.
Código aduanero, personas jurídicas, responsabilidad penal
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: Mitchell, Riggi, Tragant. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-16

El catálogo de sanciones previstos en el Código Aduanero y que eventualmente podrían ser impuestos a la persona jurídica imputada claramente se dirigen a ella, y no a las personas físicas o ideales que fueran accionistas de la sociedad y ajenas al hecho investigado. (Voto del Dr. Riggi).
Derecho al recurso, facultades del Poder Judicial
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

El Poder Judicial carece de atribuciones para dictar una sentencia con carácter de norma general derogatoria de las disposiciones referidas al derecho al recurso y la garantía constitucional de doble conformidad judicial, pues ello implicaría sustituirse a competencias propias de los otros poderes al Estado, máxime cuando el convencional constituyente en la última reforma -año 1994- le ha adicionado al Congreso la atribución específica de promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados de derechos humanos -art. 75 inc. 23, de la Constitución Nacional-.(del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Recurso de inconstitucionalidad, Impuesto sobre los ingresos brutos, sujeto pasivo, contribuyentes, establecimientos minoristas, supermercado, hipermercado, alícuota
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Cámara Argentina de Supermercados s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en: "Cámara Argentina de Supermercados c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA) de Inconstitucionalidad denegado en: "Cámara Argentina de Supermercados c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-27

Tampoco parece dudoso, como afirma en su voto el Dr. Casás, "que la conformación de la categoría a la cual se aplica como alícuota el 3,7%, cuente con respaldo solvente desde el ángulo de la política tributaria al combinar dos elementos relevantes indiciarios de aptitud económica: uno, general, que es la actividad comercial de venta minorista por debajo o encima de una cota de ingresos brutos anuales; el otro, particular, consistente en la infraestructura edilicia dedicada a la actividad. Por lo demás, la diferencia en el tipo impositivo del tres por ciento (3%) al tres coma siete por ciento (3,7%), con que se grava a los sujetos que aquí importa, no se muestra prima facie como una alícuota abusiva, desproporcionada o exorbitante, en tanto representa un incremento del 23,33% sobre la tasa general del gravamen, en contribuyentes que compensan, probablemente, tal presión fiscal por la supresión de etapas intermedias en el proceso de comercialización en un tributo en polifase acumulativa." (Del voto de la Dra. Ruíz).
Relación de dependencia, ley de contrato de trabajo, locación, prueba
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Rubin Barabal, Mario Oscar  c/ Norwalk S.A. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-06

El actor aduce que trabajó en relación de dependencia para el "Racket Club" como entrenador personal y de spinning y que sus tareas consistían en dar clases individuales o grupales con jornada laboral variable, en una relación de trabajo subordinado que se encontraba al margen de la ley. El juez de grado acogió la demanda incoada con fundamento en la LCT. La accionada brinda servicios para la práctica de diversas actividades físicas, deportivas y recreativas a través de establecimientos dedicados a tal fin, y señala que el actor prestó servicios en carácter de entrenador personal y que se vincularon a través de un contrato de locación. El accionante abonaba un canon para utilizar las instalaciones e impartir instrucciones a sus alumnos, tratándose de una contratación autónoma e independiente, sin que estuviera bajo la óptica o injerencia suya. Cabe destacar que el actor si bien se dedicaba a prestar servicios como entrenador personal, es un deportista profesional campeón mundial de triatlón. La prueba testimonial e informativa producida da cuenta que el actor daba clases de salón en el club, también tenía alumnos particulares y había socios del club que lo contrataban en forma particular. Asimismo, trabajaba en otras instituciones recibiendo en pago un honorario pactado libremente. Por su parte, al mismo tiempo en que habría estado a disposición total de la accionada, se presentó a competencias nacionales e internacionales, siendo imposible de imaginar que pudiera estar al mismo tiempo en lugares disímiles, es decir a disposición de la empresa y compitiendo y, en este último supuesto, que se presentara a torneos sin un previo entrenamiento, lo cual indica que para el mismo hubo de disponer de tiempo. En este marco, la dedicación que requiere un deporte de alta competencia es incompatible con una relación de trabajo en los términos de la LCT. El actor disponía de permisos para entrenar y salir. Tenía una dinámica diferente al resto de los profesores que debían estar dentro del club y que no contaban con los privilegios que él si tenía. El carácter laboral de la relación no fue probado y si resulta evidente que se desempeñó en forma autónoma y libre, sin estar sujeto a órdenes, instrucciones o controles en su prestación, desarrollando su actividad en interés y por cuenta propia, lo cual desvirtúa la presunción del art. 23 LCT. Por ende la actividad del accionante no fue realizada en el marco de una relación laboral. Cabe revocar la sentencia de la anterior instancia.
Concursos, desapoderamiento, legitimación procesal del fallido, autorización de venta, rechazo del reclamo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Productos de la Patagonia SRL  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

Corresponde confirmar la resolución que rechazó el pedido autorización de venta de un vehículo solicitada por la concursada, por cuanto con prescindencia de que no existe ningún interesado concreto en adquirir el bien, fue ella misma la que admitió que no le resultó posible obtener una tasación del vehículo en razón de que aún no disponía del mismo.

Sin perjuicio de ello, cabe precisar que en un concurso, la orden de autorización de venta de un rodado como pretende la deudora, debe indefectiblemente provenir del juez, quien debe valorar determinadas situaciones que justifiquen su dictado, tales como ponderar la conveniencia del acto -esto es, su aptitud para producir beneficios o evitar perjuicios-; y que el interés de los acreedores no sufra menoscabo, lo que impondrá negar la autorización cuando el acto sea susceptible de alterar la integridad del patrimonio afectado al pago de estos.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, sentencia arbitraria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Rodriguez, Violeta Eliana c/ Consolidar Comercializadora S.A. y otros s/ Beneficios Laborales - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-03-09

La parte demandada interpone recurso de casación en contra de la sentencia de Cámara que hace lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y, consecuentemente hace lugar a la acción por despido incausado y desestima los rubros indemnización de los Arts. 1 y 2 de la Ley 25.323.

Habiendo sido invocada la arbitrariedad como tercera causal del recurso, es preciso señalar que en innumerables oportunidades esta Corte de Justicia ha expresado que la revisión de sentencia por dicho motivo abarca a supuestos excepcionales que alcanzan a aquellas sentencias carentes de fundamento jurídico, y que para su admisibilidad formal ésta debe ser demostrada a través del recurso argumentado, claro, preciso y circunstanciado que ponga en evidencia la existencia de la misma.

En el caso, el recurrente no controvierte los fundamentos del fallo, el cual cuenta con argumentos de peso como la consideración de que no hubo temporaneidad entre el hecho injurioso y la sanción, habiendo el recurrente limitado su crítica en esta causal a expresar que la arbitrariedad se configura por la circunstancia de que, no obstante la actora haber incurrido en grave incumplimiento de las obligaciones laborales, se la deba indemnizar por haber sido despedida a los 30 días, lo que resulta claramente insuficiente para demostrar la supuesta existencia de la arbitrariedad endilgada; por ende, resulta inviable en esta instancia de excepción. Costas al recurrente.
Seguros, obligaciones del asegurado, denuncia del siniestro, plazo, caducidad
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: COMPAÑIA  ARGENTINA DE SEGUROS VISION SA c/ INSTITUTO NACIONAL DEREASEGUROS SOC. DEL ESTADO EN LIQ. S/ s/ EASEGUROS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-08

La cuestión a resolver pasa por determinar si la caducidad por la falta de comunicación del siniestro dentro del plazo fijado por el art. 46 de la ley 17.418 libera al reasegurador del pago del resarcimiento, ello, a pesar del incumplimiento en que haya incurrido este último al no expedirse dentro del plazo de 30 días frente al reclamo de su reasegurado (art. 56 de la ley 17.418). La doctrina como la jurisprudencia concuerdan en que para que la caducidad en el seguro se consolide, es necesario que el asegurador se expida rechazando el derecho del asegurado. De no hacerlo, el efecto caducante desaparece, pues la omisión de pronunciarse importa aceptación (conf. Halperín, I., Seguros. Exposición crítica de las leyes 17418, 20091 y 22400, Buenos Aires, Depalma, 2001, 3ra. edición actualizada y ampliada por Nicolás H. Barbato, pág. 416; en el mismo sentido, Stiglitz, R.S., Derecho de seguros, tomo II, Buenos Aires, La Ley, 2005, 4ta. edición actualizada y ampliada, pág. 280; conf. Sala II, causa 22.538/96 del 30/11/06, voto de mi distinguido colega Dr. Santiago Bernardo Kiernan).
Trabajo de menores, accidentes de trabajo, presunciones, acción civil por accidente de trabajo, culpa del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA, JOSE c/ PUGNALI, JULIO s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-30

La acción fundada en el artículo 1113 del Código Civil posibilita la reparación de un infortunio de trabajo, por lo que la presunción 'iure et de jure' del artículo 195, primer párrafo de la LCT. (to.) es aplicable al accidente de trabajo sufrido por un menor de edad cuando se acciona por aquella vía (Del dictamen del PGT. al que adhiere la Sala).
Expropiación, indemnización, intereses, bienes inmuebles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (DPV y U) c/ RABINOVICH, SALOMON s/ EXPROPIACION (ACLARATORIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-01

Corresponde aclarar la resolución que tuvo por allanado al coexpropiado a la demanda haciendo lugar a su pedido del pago de intereses desde la fecha de tasación hasta el día en que se lo tuvo por notificado de que estaban a su disposición los fondos consignados con el inicio de esta acción expropiatoria a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, declarando por tanto transferida a favor de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo la mitad indivisa del inmueble expropiado, fijando las costas por su orden. (De la disidencia parcial de los Dres. Gutiérrez y Spuler).
Robo calificado, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: G.H.M. s/ Robo agravado por uso de arma impropia, en conc.ideal con portación  ilegal de arma de fuego de uso civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-10-01

A los efectos de la agravante contenida en el art. 166 inc. 2° del C.Penal, la ley exige la utilización de un arma, que es el instrumento específicamente destinado a herir o a dañar a una persona (arma en sentido propio) o de cualquier otro objeto, que aún no teniendo ese destino específico, sea utilizado como medio contundente (arma impropia). Para que ello ocurra debe ser empleado como mediio de agresión o al menos como argumento de violencia física inmediata. En el caso de autos, la utilización del arma de fuego, que fuera esgrimida para amedrentar, se extendió a su uso como elemento contundente, causando las heridas de que da cuaenta el informe del médico policial.
Daños y perjuicios, indemnización, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: CERVIÑO, CLAUDIO MARCELO c/ SELSER, JULIO OSVALDO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-22

La demora en la iniciación de los trabajos de reparaciones por la decisión del actor de someter a contralor del demandado la entidad y cuantía de los arreglos, no integra el lapso de tiempo indemnizable por privación de uso del vehículo.

En lo que atañe al tiempo de inmovilización del vehículo, debe prevalecer el tiempo estimado por el perito como el necesario para efectuar las reparaciones, puesto que si el taller elegido por el damnificado demoró más de lo necesario, ello no es imputable al demandado.
Acción reivindicatoria, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SABAN LUCIA ARGENTINA c/ NAVARRETE ALBERTO Y/U OTROS s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-29

De conformidad con el precepto contenido en el art. 2.790 del Código Civil, aún cuando los reivindicantes no hubieran ellos mismos obtenido la tradición del inmueble por actos materiales, accediendo así a la efectiva posesión, pueden, no obstante, invocar válidamente la posesión de sus antecesores en el dominio, desde que al haber acompañado los títulos de los sucesivos antecesores hasta llegar a alguno que sea de fecha anterior a la posesión del demandado (art. 2.383 posesión vacua) cae dentro de la previsión del art. 2.790 Código Civil que habla de títulos de propiedad anterior, utilizando la expresión títulos en plural, el que interpretado a la luz de su fuente y en la cesibilidad de la acción reivindicatoria, se concluye que en tal supuesto el actor hace suyo el derecho a reivindicar que competía al antecesor con título a la posesión del demandado y puede accionar ya sea en nombre del antiguo propietario -como procurador "in rem suam"- o a nombre propio, como cesionario, puesto que en cada una de las sucesivas transmisiones se ha transmitido el derecho a reivindicar.
Instrucción, cuestiones de competencia
Materia: PENAL
Carátula: FLEYTAS, MIGUEL s/ Cheque sin fondos, incidente de competencia Causa Nro. 33199.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

1-La carencia en la denuncia de los elementales requisitos señalados en el art. 176 del C.P.P.(ley 23984) que atañen a la indicación misma del hecho a que se refiere no es fundamento para dejar de lado la investigación, ya que la ley alude a que esos datos se deben incluir "en cuanto fuere posible".- 2-Sin embargo si quien efectúa la denuncia es un Juez que tiene competencia material para entender en los hechos denunciados, esa omisión (traducida en el caso en la simple remisión de fotocopias para proceder al sorteo de los Jueces que deberían entender en los nuevos procesos) supone una ligereza inconcebible en un Magistrado que debió, sin la menor duda, y como mínimo, haber profundizado sus averiguaciones antes de radicar denuncias incompletas.- 3-La omisión referida pone fin a la cuestión de competencia entre ese Magistrado y otro de la jurisdicción por conexidad debiendo aquél seguir conociendo en la causa, faltando elementos de juicio para determinar si se trata o no de causas conexas.- 4-La independencia de los hechos que conduce a la aplicación de la regla del art. 55 del Código Penal no resulta decisiva en la determinación de la conexidad a que alude la ley procesal.
Recurso de casación, emplazamiento, deserción del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dr. Eduardo Patricio Mouesca p/ Mendoza, Héctor Raúl. s/ Recurso de Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-12-05

Tomando en consideración las constancias obrantes (providencia de emplazamiento y notificación en fecha 27 de agosto de 2001) y certificación de Secretaría de no presentación de escrito alguno de sostenimiento del recurso, encontrándose vencido el término para hacerlo, corresponde, por virtualidad normativa, sea declarada la deserción del recurso, con el efecto previsto en el Art. 458, primer párrafo "in fine".