marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Asegurador, sentencia condenatoria
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: TOLEDO HUGO RICARDO c/ CON SER S.A. s/ DEMANDA - DIFERENCIA DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-07-08

Para reforzar el aseguramiento de la víctima o de sus derechos habientes y por un principio de economía se introdujo la norma objetiva en la ley de fondo, instituyendo la citación en garantía para los supuestos en que el tercero no intervenga espontáneamente en el proceso pendiente. Es clara la conveniencia de que el garantido (demandado) o la víctima o sus derechohabientes (actor) llamen al asegurados al proceso pendiente para que intervenga asumiendo su responsabilidad como tal.Pero éste puede adoptar en tal emergencia dos actitudes: Aceptar sin retaceos la existencia y vigencia plena de su relación de garantía frente al asegurado y colocarse a su lado como adherente o coadyuvante (parte en sentido formal),en cuyo caso el llamamiento en garantía no constituye una forma de intervención coactiva principal, porque no hay un nuevo litigio entre garantido y garante para introducir en el proceso.

Frente a la ley 9688 el garante puede,dada esta situación llegar a sustituir absoluta y totalmente al garantido como sujeto del proceso seguido sobre el (único) litigio principal. En estos casos de resultar triunfante el actor también será condenado en la sentencia el tercero coadyuvante aunque no esté demandado en razón de su responsabilidad directa hacia el pretendiente como resulta del estricto cumplimiento de la obligación de responsabilidad que comprometió sustituir el contrato de seguro de que se trata. La plurilateralidad del proceso (litis consorcio) puede darse no sólo por iniciativa del actor, sino también del demandado merced a la citación en garantía del tercero.

Puede, en cambio, el garante citado al entrar al proceso discutir la existencia o la eficacia de su obligación de garantía: entonces, junto al litigio principal se promueve el litigio de garantía y el llamamiento en garantía se cualifica como una verdadera intevención principal (parte en sentido sustancial) a instancia de parte, mediante la cual se introduce un nuevo litigio en el proceso, con las limitaciones respecto a la víctima o a sus derechohabientes, sobre toda cláusula de caducidad (art. 20, inc. d), ley 17.418). La conexión verdaderamente intensa entre los dos litigios (controversias) explica la unidad del proceso (juicio) y la modificación de competencia consentida por la ley para llevarla a cabo.(Voto del Dr. Petitto)
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito, pretensión resarcitoria, información crediticia, información errónea o desactualizada
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROSATI, LEONARDO c/ DINERS CLUB INTERNATIONAL s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-26

Procede la acción deducida contra una entidad administradora del sistema de crédito y contra un banco por la que se persigue el resarcimiento de los daños provocados al pretensor por el suministro de información patrimonial suya, por parte de los defendidos, a otras firmas que brindan ese tipo de información a terceros. Ello así cuando, -como en el caso-, se verifica que si bien el accionante habría incurrido en mora en el uso de su tarjeta y en el pago de nuevos débitos que se generaron tras cierto convenio de refinanciación, sin embargo, ni este ni la naturaleza y entidad de los débitos nuevos, justificaban tacharlo que de "deudor irrecuperable" o "con alto grado de insolvencia". En tal sentido cabe precisar, que si la entidad bancaria había otorgado esa refinanciación y si -aun con retrasos- el reclamante pagaba las cuentas del nuevo financiamiento, no se advierte con que argumento podía ser tildado de la forma como lo dispuso el banco. Es decir, que si le acordó un crédito, debió ser porque juzgaba que el pretensor estaba en condiciones de cumplir y tenia capacidad de pago, lo que esta bien lejos de ese "alto riesgo de insolvencia" implicado en la calificación dispuesta. El criterio de ponderación basado en la buena fe que exige el Cod. civil art. 1198, in limine, impide que la entidad financiera intente ahora volver sobre sus propios actos precedentes para desvirtuarlos, contrariando además la concreta realidad que demostró, a la postre, que el accionante estaba en condiciones de honrar sus compromisos como posteriormente lo hizo.
Empleados públicos, remuneración, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, pautas orientadoras, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: RODRIGUEZ, MARIA SILVINA Y MINELLA, MIRTA MABEL REINICK DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 537 AÑO 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-08

Con relación a la vigencia de nuevos sistemas remuneratorios, la Corte se ha pronunciado acerca de los artículos 132 y 133 de la ley 9.286, Anexo II, en el precedente "Rivero" (A. y S. T. 135, pág. 211), no pudiendo soslayarse que las normas en materia de retribuciones de los agentes de la Administración Central (decreto acuerdo 2.695/83) son similares a las del respectivo capítulo del Anexo II de la ley 9.286.

En dicho precedente se expresó que de la interpretación armónica de las normas contenidas en los artículos 47, 48, 78, 129, 132 y 133 de la última ley citada se observa que "...la entrada en vigencia de las nuevas estructuras constituía el momento desde el cual comenzaba a regir plenamente el sistema remunerativo ideado por la ley...". Corresponde pues, arribar a idéntica conclusión con relación al decreto acuerdo 2.695/83, en sus artículos 134 y 126.
Costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tambone y Cía.  Ingeniería S.R.L. c/ Municipalidad de Pehuajó s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Corresponde imponer al letrado las costas causadas con motivo de la declaración de nulidad de lo actuado por él en los términos del art.

48 del Código Procesal Civil y Comercial.
Terminación del proceso, caducidad de instancia, rechazo de la demanda, monto del juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: El Talismás S.A. c/ Larrea de Torres, Emilia y Otros s/ Interdicto de Recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-03

Cuando se concluye por caducidad de Instancia, deben aplicarse analógicamente las mismas reglas que corresponden al rechazo de la demanda o desistimiento de la acción y del derecho, tomándose como monto del juicio el que se reclama en la demanda y la etapa en que la caducidad se produce.
Restricciones a la capacidad, personas con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: Q. G. M. s/ Insania curatela
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-11-05

Toda vez que se advierte que la persona con discapacidad de autos tiene cierta independencia y autonomía en cuanto a su desempeño en la vida en sociedad (realiza algunos viajes sola, concurre a un taller en donde realiza variadas actividades y se relaciona con amigos, conoce y administra pequeñas sumas de dinero), con fundamento en la aplicación armónica de los arts. 31, 32, 37, 38, 43, 102, 138, 139 del CCCN y el art.12 y cc. de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378/08), corresponde revocar la sentencia que dispuso la declaración de incapacidad civil de la señora y en consecuencia restringir el ejercicio de su capacidad jurídica, designando en carácter de apoyo a su progenitor, únicamente para los siguientes actos: a) actos de administración y disposición del patrimonio; b) actos relacionados con el ejercicio del derecho a la salud;

c) realización de gestiones administrativas; y d) para intervenir por sí misma en los procesos judiciales y/o administrativos en los que sea parte.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la persona, distinta vecindad, sociedad anónima
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Maine, Miguel Angel c/ Empresa Constructora Giacomo Fazio  S.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20

Una sociedad anónima ,ejerciendo su actividad en una provincia, se halla en las mismas condiciones normales en que puede hallarse un vecino de la misma provincia, ya que la actuación constante en una localidad, el conocimiento de las circunstancias personales y especiales del lugar, la ponderación de los intereses próximos en debate, son los elementos de juicio que conforman el arraigo suficiente de una sociedad en determinada provincia y que tornan inútil su amparo ante el fuero federal.
Locación, fianza
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DERUDDER, ELSA OFELIA c/ GILBERTO, HECTOR ARTURO s/ COBRO DE PESOS POR ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-31

Fianza solidaria no es igual a obligación solidaria (cfr. artículo 2004,2012, 2024 y concordantes del Código Civil).- Hay quienes señalan la incompatibilidad del carácter accesorio de la fianza con la adición de la figura del principal pagador; según ellos queda convertido en codeudor solidario (artículo 2005 del Código Civil), no accesorio sino principal y sin exigirse la formulación de ningún tipo de requerimiento previo.- Una tesitura atenuada lleva a concluir que la mentada solidaridad no priva, a la fianza, del carácter esencialmente accesorio -(cfr. S.T.J.E.R "Gastelacoto c/ Musicovsky- Desalojo y cobro de Alquileres). Todo ello equivale a decir que, siempre dependerá de la existencia de la obligación principal. De allí que se considere ineludiblemente preciso que, en estos caso, cuando sólo está demandado el garante se exija de la parte locataria la exhibición del último recibo de pago del canón pactado, aunque no se requiera su interpelación previa.-
Interés concreto, costas, incidentes, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Alle, Daniel Elias c/ Tiro Federal Brigadier Justo José Urquiza -Cumplimiento de Sentencia s/ incidente legajo apelación efecto devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-02-18

La "razón probable para litigar", como un supuesto de exención de costas al derrotado, no debe surgir como una creencia subjetiva, sino que efectivamente es necesario la existencia de elementos objetivos en la causa que razonablemente pudieron llevar al perdidoso a considerarse con derecho a litigar, y cuya razón debe apoyarse en circunstancias fácticas y jurídicas que demuestren suficientemente la razonabilidad del derecho sostenido en el pleito.
Competencia por la materia, competencia civil, daños y perjuicios, AFJP, actos ilícitos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: MULLER, HUMBERTO MARIANO c/ MAXIMA S.A. A.F.J.P. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-27

La acción de daños y perjuicios promovida contra una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones con motivo de una afiliación no voluntaria, fundada en los art. 1067, 1069, 1072, 1078, 1113 y conc. del Código Civil., es de competencia del fuero civil, ya que la responsabilidad endilgada deriva del hecho ilícito (art. 43, decreto-ley 1285/58- Cám.Nac.Ap.Civil, Sala "F", in re "Zamorano, Gabriel Enrique c/ Jacarandá S.A. A.F.J.P. s/Daños y Perjuicios", sent. del 17-09-90).
Trabajadores marítimos, buques pesqueros, franco compensatorio
Materia: LABORAL
Carátula: TORRONTEGUI, ALEJANDRO c/ PESQUERA CONO AUSTRAL SAMCI. s/ COBRO DE PESOS TORRES, RAUL FERNANDO c/ PESQUERA CONO AUSTRAL SAMCI. s/ COBRO DE PESOS ORDUNA, CARLOS ENRIQUE c/ PRODUCTOS DEL MAR SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-11-11|1981-12-07|1981-12-31

Los francos compensatorios otorgados al personal comprendido en la actividad pesquera deben liquidarse en consideración al haber básico (conforme artículo 40 inciso 'e' del convenio colectivo 175/75) quedando excluida la aplicación de la ley 17371 y de los artículos 984 y 1017 del Código de Comercio atento lo normado por el artículo 11 de la ley 17500 (conforme Sala 6, sentencia número 13451, 25 de febrero de 1981, 'in re', 'Salo, Norberto c/ Productos del Mar SA.').
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Provincial de Salta c/ Chilo, Juan Carlos s/ Embargo preventivo-Preparación vía ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-02-11

Tratándose de un recurso concedido en relación no corresponde meritar la documentación agregada por la parte al expresar agravios.
Marcas, marcas gráficas, registro de marca, vocablo de uso común
Materia: COMERCIAL
Carátula: TELE  RED  IMAGEN  SA c/ FEDERATION  INTERNATIONALE DE FOOTBALLASSOCIATION s/ cese de oposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-03

Gráficamente, se observa disímil estructura: la solicitada consta de dos palabras y la voz MUNDIAL es la primera de ellas mientras que la de la demandada posee letras y números, en ese orden. La semejanza que poseen los conjuntos por la coparticipación de la voz MUNDIAL -el cual reiteró no es monopolizable-, se diluye ante la diferencia generada por la presencia de la partícula MANIA en la denominación solicitada, dado que está dotada de suficiente poder distintivo para absorber, en la totalidad del signo, el parecido que impone el elemento coparticipado. Esa diferencia gráfica se proyecta también al terreno fonético y al ideológico. En este último plano considero que si bien puede ser cierto que ambos hacen referencia al mundial de fútbol ello no impide -por si solo- la coexistencia de las marcas en conflicto puesto -sostener lo contrario- seria otorgarle una suerte de monopolio a la demandada sobre ese término, lo cual no resulta posible.
Honorarios del abogado, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: MUÑOZ MIGUEL A. c/ SERGI LILIA s/ ESCRITURACION - HONORARIOS - MONTO DEL PROCESO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

No corresponde incluir el rubro intereses en el monto a tener en cuenta para la regulación de honorarios, atento a que en general son el resultado de una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional, y constituyen una condena accesoria cuyo cómputo no prevé la ley de arancel. Igual criterio cabe adoptar respecto del cómputo de la tasa de justicia a los efectos regulatorios, dado que la misma en modo alguno puede considerarse como monto del juicio conforme lo dispone el art. 7 del Arancel.
Acción de amparo, clausura preventiva, abastecimiento, medidas cautelares, razonabilidad tributaria, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
Materia: PENAL
Carátula: APICOLA ARGENTINA S.R.L. s/ Abastecimiento, recurso de amparo Causa Nro. 32652.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-24

1-Si bien la ley de abastecimiento faculta a los funcionarios actuantes para clausurar, hasta por tres días, los locales en que se constaten infracciones (art. 12, inc. e), con carácter preventivo) el ejercicio de tal atribución supone exclusivamente una cautela precautoria que, por ese motivo, es susceptible de adoptarse antes de ser escuchado o juzgado el presunto infractor y tiene consecuencias irreparables, por lo que debe rodearse de elementales resguardos de razonabilidad, tanto más cuando se trata de una facultad que la ley delega, indiscriminadamente, en los funcionarios actuantes, comprendiendo de ese modo a inspectores que obran por delegación de los funcionarios superiores de mayor responsabilidad.- 2-Corresponde hacer lugar al recurso de amparo si las explicaciones del representante del Estado en los asuntos del área de competencia de la Secretaría de Industria y Comercio (repartición a la que el señor Juez "a-quo" dispuso escuchar antes de resolver), no dan razón que justifique la adopción de una precaución semejante; existiendo en la ley otras maneras para tratar de evitar que la infracción continúe cometiéndose, amén de que disponer la medida por setenta y dos horas no aparece como un remedio eficaz para evitarla.- 3-Sin embargo la vía del amparo está circunscripta a lo indispensable para la protección del derecho o garantía amparado, según surge del art. 13 de la ley de la materia (16986) y no es, en cambio, apta, para conocer sobre vicios o nulidades de los actos de la Administración ni mucho menos, para resolver sobre las atribuciones de distintos organismos de dicho poder del gobierno.
Derechos sociales, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Alba Quintana, Pablo c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

La opinión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deja en claro que la obligación mínima del Estado en la realización plena y progresiva de los derechos consagrados en el PIDESC consiste en observar la prohibición de regresividad, posibilitando el goce y exigibilidad de los derecho sociales, cuanto menos en el nivel que se hubiera alcanzado en un momento determinado. (Voto en disidencia Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giugovaz, Mario c/ Pose, Norberto M. s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-11

La virtual existencia de un hecho no sólo se acredita a través de la advertencia coetánea y "fotográfica" de su acaecer, sino que bien puede surgir en forma indudable de la apreciación de las secuencias anteriores a que este suceda, y las posteriores que indican indudablemente que se produjo (arts. 163 inc. 5 , 384, 456 del C.P.C.).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, depósito en moneda extranjera, pesificación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: MONSERRAT, ELVIO MARCELO c/ ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB ATLETICO UNION s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-10-08

Cabe desestimar la queja interpuesta, desde que la sola mención que efectúa la recurrente de los precedentes "Massa" y "Della Ghelfa" no conmueve mínimamente la solución adoptada por el A quo -al confirmar el rechazo del cobro de una suma de dinero en virtud de un depósito de ahorro mutual en dólares-, en tanto aquélla no cuestiona en su recurso de inconstitucionalidad que haya habido sometimiento de los interesados a un régimen jurídico sin expresa reserva, situación que se asimila sustancialmente a lo decidido en "Cabrera", en el cual la Corte federal sostuvo que el voluntario sometimiento de los interesados a un régimen jurídico, sin expresa reserva, determina la improcedencia de su impugnación ulterior con bases constitucionales; que las garantías atinentes a la propiedad privada pueden ser renunciadas por los particulares expresa o tácitamente, y que ello sucede cuando el interesado realiza actos que según sus propias manifestaciones o el significado que se atribuya a su conducta, importan el acatamiento de las disposiciones susceptibles de agraviar a dichas garantías o suponen el reconocimiento de la validez de la ley que se pretende impugnar, y que habiendo el actor optado por un mecanismo que le permitió desafectar sus depósitos en moneda extranjera de las restricciones entonces vigentes a su disponibilidad percibiendo los importes respectivos a la paridad establecida por el artículo 2 del decreto 214/02-al no mediar reserva- corresponde considerar extinguida la obligación que pesaba sobre el depositario.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, recurso de apelación (procesal), recurso de reposición (procesal), defensa en juicio, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SOSA, OSVALDO GABINO c/ SOSA BAYER, FRANZ EDGARDO s/ RENDICION DE CUENTAS SUMARISIMO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07

Torna admisible la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, el planteo recursorio que afirma que el Tribunal, al considerar que la "improcedencia" de la revocatoria determina la improcedencia de la apelación "propuesta en subsidio", le otorga el carácter de accesorio sin norma legal que lo establezca ni razonabilidad constitucional que implique tal dependencia y confundiendo el significado de apelación "en subsidio", puesto que tal carácter refiere a que "sea cual fuere la razón" (inadmisibilidad o improcedencia), no prosperando la reposición, quedará expedita la segunda instancia, desde que puede derivar en una frustración a la garantía de defensa en juicio, por falta de acceso a una revisión judicial suficiente y adecuada.
Responsabilidad del deudor, costas, honorarios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: D. N. N. M.  c/ V., I. L.  s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-12

El art. 505 del Código Civil limita la responsabilidad del condenado en costas, mas no el monto de los honorarios. Esto es, en rigor, las costas pueden exceder el límite de esta norma de fondo, pero la responsabilidad por su pago no, y ello se traduce en una exigibilidad acotada en concreto. Y en función de ello, se declaró allí que correspondía prorratear proporcionalmente las regulaciones de grado comprometidas para ajustarlas al límite previsto por el citado art. 505.
Sucesión ab intestato, revocación de sentencia, convocatoria a la asamblea de accionistas
Materia: COMERCIAL
Carátula: GREEN ERNESTO BERNARDO S/ SUCESION AB INTESTATO C/ BELGRANO DAY SCHOOL SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-18

Procede revocar la resolución que, frente al pedido de las coadministradoras, de que procediera a la convocatoria a asamblea solicitada en el escrito de inicio, se proveyó que debía aguardarse a que se arribara a una decisión final y firme sobre ciertas cuestiones que se hallarían planteadas en cierta sucesión, en torno a la autorización concedida a aquellas para la convocatoria referida. Ello por cuanto, no hay actuaciones que alteren lo decidido por esta Sala que habilitó a dichas administradoras del sucesorio, en representación de la sucesión indivisa, a solicitar la convocatoria judicial a asamblea de accionistas para designar las autoridades de la sociedad accionada. Dado que no se ha invocado -y, mucho menos, acreditado- que la partición y su respectiva inscripción haya operado, son aquella quienes actualmente ostentan la representación de la sucesión, sin que ninguna decisión de dicho trámite universal, relativo a reyertas entre herederos o su cesionario, haya modificado hasta ahora dicho extremo. Desde tal perspectiva, no se advierten razones atendibles para dilatar el proveimiento de la convocatoria a asamblea judicial objeto de este proceso, por lo que se receptará el agravio esgrimido sobre el particular, debiendo el juez de grado proveer en consecuencia.
Actos incorporados por lectura, prueba documental
Materia: PENAL
Carátula: Bettolli, José Tadeo Luis y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-10

La incorporación por lectura de la documental de la denuncia realizada por una víctima, que comenzó declarando como testigo, es válida -art. 392 del CPPN-, pues la misma ingresa al debate por haber sido propuesta en el ofrecimiento de pruebas. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)