marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, trabajadores marítimos, contrato de pilotaje, jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ledesma   Tomás   Alberto c/ Pesquera  Santa  Elena  S.A. s/ diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-29

Tratándose de un contrato de pilotaje donde el trabajador se desempeñó durante doce horas diarias, no existe labor en exceso, ya que no se advierte transgresión alguna a las pautas que marca la normativa convencional que rige la jornada laboral para el trabajo a bordo. Así, del juego armónico de los arts. 24 y 25 del CCT 356/03 surge que la jornada a bordo durante la navegación es de ocho horas, con posibilidad de extenderse a doce y que sólo el trabajo por encima de esa cantidad de horas (12) se considerará como labor en exceso. Si bien el art. 24 remite al 32 del convenio que establece una excepción para los caso de pilotajes, dicha excepción no se refiere a la jornada laboral sino al adicional remuneratorio, el cual no se aplica a los trabajadores vinculados por un contrato de pilotaje habida cuenta que el modo de calcular el salario de esos dependientes, se encuentra específicamente apuntado en el segundo y tercer párrafo del art. 43. Por otra parte, refuerza esta idea el art.

29 del mentado acuerdo que establece cuatro rubros que retribuyen el trabajo del tripulante hasta el máximo de doce horas diarias autorizadas por el art. 24, exceptuando el caso del pilotaje.
Declaración indagatoria, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Erro, Martín R. s/ Lesiones leves-Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-18

Esta Sala ha sostenido con reiteración que la intimación que el instructor debe efectuar al imputado al tiempo de la recepción de su indagatoria y previa a la misma, debe consistir en el relato del hecho endilgado y sus circunstancias típicas a fin que éste pueda ejercitar debidamente el derecho de defensa que le reconoce el artículo 18 de la Carta Magna, debiendo ese hecho guardar permanente correspondencia durante todo el desarrollo del proceso. Sólo así se preservará debidamente el principio de correlación entre la imputación y la decisión, que -obviamente- debe recaer sobre esas circunstancias fácticas, para mantener la debida correspondencia entre acusación y sentencia.
Convenios colectivos de trabajo, indemnización, salario básico
Materia: LABORAL
Carátula: Ojeda, Pedro Catalino y otro c/ Servicio Energético del Chaco Empresa del Estado Provincial (S.E.CH.E.E.P.) s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-03-30

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora quien se agravia por la interpretación que hace el Juez a-quo del art.9 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº36/75. Ello así, ya que ésta bonificación tiene carácter especial. Atendiendo tal circunstancia, el art. 9 debe ser interpretado restrictivamente, por lo demás dicho artículo, refiere a la última remuneración del trabajador, en forma objetivamente clara, en orden a la percibida, tanto que si otra hubiese sido la intención de las partes, nada habría impedido efectuar la debida acotación, relativa al conjunto de los rubros pretendidos. De suerte, pues, que el contenido del citado art.9, tiene por finalidad que tanto el dependiente, como la empleadora tengan pleno y cabal conocimiento del importe de esta bonificación, dada en relación a la última remuneración percibida, exclusiva y excluyentemente. En síntesis, se puede afirmar sin hesitar que el art. 9 de la Convención Colectiva cuya interpretación aquí se debate, no ha querido otra cosa que, para liquidar la bonificación allí prevista, se tenga en cuenta el último sueldo percibido por el trabajador en condiciones de jubilarse.
Quiebra, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito, locación, bonos externos
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIMET SA s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR BANCO MACRO SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-01

El estado de cesación de pagos puede fundarse en el presunto incumplimiento de un contrato de locación de bonos externos, del que surgiría la obligación de restituir los títulos y los intereses pactados. Si bien tales valores no constituyen moneda alguna de curso legal, si son representativos de un contenido económico, susceptible de traducirse en dinero, conforme a su cotización, de modo que habilita la petición de falencia en su curso formal.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, principio de congruencia, incongruencia, despido, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: De Renzis, Enrique Angel c/ Aerolíneas Argentinas -Sociedad del Estado- s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

Resulta autocontradictoria la sentencia que no obstante expresar que eleva el monto del crédito en realidad lo disminuye, ya que al actualizar la suma ya percibida en ocasión del despido se obtiene un monto mayor que el importe de la condena.
Recurso de apelación (procesal), deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Reynoso, Calixto Vicente c/ Aluar S.A.I.C. y Otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-27

Si la pretensión en la instancia de origen resultada pasible de la calificación de "oscuro libelo", su reproducción en la etapa de agravios ante la Alzada, merece encuadrarse como una hipótesis de deserción del recurso en aplicación de lo prescripto por el artículo 266 del Código Procesal Civil y Comercial.
Policía, reglamentos, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Devoto, José Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 506-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-17

La finalidad del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial es afirmar y mantener la disciplina. El principio de autoridad es el fundamento de la misma, principio normativamente garantido a través de disposiciones del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial tales como las contenidas en los artículos 6, 13, 14, 15 y 37 y que, por lo mismo, no puede dejarse librado al efecto derogatorio o modificatorio de la autonomía de la voluntad.
Recurso de apelación (procesal), plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: QUEJA DR. ANGEL NASSIF s/ VERDAGUER GONZALEZ, JAIME HECTOR C/ HECTOR CHEDID S/INTERDICTO DE  RECOBRAR LA POSESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-09-23

El recurso deberá fundarse ante el mismo órgano que dictó la resolución recurrida dentro del plazo de cinco días de notificada por ministerio de la ley la providencia que concede el recurso.

(Minoría u opinión personal)
Insuficiencia del agravio, principio de congruencia, deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Fuster Marcelo David  c/ Pérez Raúl Enrique y otro  s/ Cobro de pesos y entrega de Certificación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-06

El apelante se limita a afirmar sucintamente y sin mayor desarrollo argumentativo, que el a-quo se apartó de las constancias de la causa para fundar se decisorio, violando el principio de congruencia, y argumentando que el vínculo entre las partes no fue comercial sino laboral, pero todo en un contexto genérico y sin más explicaciones al respecto en relación a las demás constancias que tomó el a-quo para fundamentar su veredicto. Ello, torna claramente desierto el recurso articulado en autos. Resulta desierto el recurso, por cuanto la apelante no se hace cargo en definitiva varios de los argumentos o fundamentos utilizados por el por el juez "a quo" para fundamentar la desestimación de la demanda, los cuales se desprenden claramente de la sentencia (Voto Romero. Adhesión Barbiero)
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRAVECHIA, Santos José c/ LEBU S.A. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-04

La normativa emanada de las reformas introducidas al ordenamiento arancelario vigente (Ley 21.839) por la ley 24.432 resulta aplicable a todos los asuntos o procesos en los cuales no hubiere recaído resolución firme regulando honorarios al tiempo de su entrada en vigencia.-
Expresión de agravios, acceso a la información pública
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en defensoría 1° instancia cayt n° 1 contra gcba sobre acceso a la información (incluye ley 104 y ambiental)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

Las objeciones del GCBA recurrente -que giran, centralmente, en torno a cuestionar la condena a que brindara la información relativa a los convenios firmados entre el Poder Ejecutivo de la Nación y la Ciudad, en el marco de la ley n° 24049 de Transferencia de Servicios Educativos para llevar a cabo la transferencia del inmueble conocido como "Palacio Ceci"- se dirigen contra la sentencia de primera instancia. Esa decisión no proviene del superior tribunal de la causa quien, en cambio, declaró desierta la apelación. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Juicios contra el Estado, suspensión de juicios contra el Estado, facultades del juez, ejecución de sentencias contra el Estado
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Sánchez, Silvia Inés y otra c/ Segba  y/u otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-22

En la especie resulta de aplicación las normas contenidas en los Decretos 34/91 y 53/91, en atención a la naturaleza de la demandada y al objeto del pleito.

Por otro lado, en las presentes actuaciones no se advierten - prima facie - irregularidades tales que permitan presumir la existencia de un delito que deba ser materia de la denuncia a que se refiere el art. 164 del Código de Procedimientos en Materia Penal, por tal virtud, dejando a salvo deberes y facultades que atañen al juez de la causa en orden a la dirección del procedimiento y que resultan del art. 34 del Cód. Procesal, se debe considerar eximida a la especie del régimen de suspensión disciplinado por los decretos citados, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 383/91.
Derecho procesal, recursos, Superior Tribunal de la Causa, sentencia, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Camporeale, Esteban s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

A los efectos del presente recurso de inconstitucionalidad, el juzgado de primera instancia interviniente es el "tribunal superior de la causa" pues, de acuerdo con el art. 456 CCAyT, la resolución impugnada era inapelable ante la Cámara, en virtud de que el monto reclamado en la ejecución resultaba inferior al mínimo establecido por la reglamentación vigente dictada por el Consejo de la Magistratura ($90.000 - conf. res. 18/CMCABA/2017-). No obsta a lo expuesto la disposición contenida en el último párrafo del art. 219 CCAyT (modificado por el art. 1 de la ley n° 5931), norma general que cede ante la especialidad del art. 456 CCAyT, el que no fue modificado por la ley n° 5931 y regula específicamente el caso de las ejecuciones fiscales, conservando la inapelabilidad de aquellas de menor cuantía. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, sobreseimiento
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DALMACIO, Hernán s/ aclaratoria Causa nro. 28.235
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21

La negativa del señor juez de instrucción a disponer el sobreseimiento del imputado ante la petición en ese sentido de su defensa, se trata de una resolución no susceptible de ser impugnada por la vía del recurso de apelación (arts. 432, párrafo primero y 449 del Código Procesal Penal de la Nación ).
Derecho administrativo, recurso directo
Materia: PENAL
Carátula: Mariño, Luis Beltrán c/ Municipalidad de Palo Santo s/ Acción contencioso administrativa Acción contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1993-08-10

La revisión judicial instituida por el art. 67 del Dec. Ley 696/78, constituye un control limitado de la legitimidad del acto administrativo y consecuentemente una limitada tutela jurisdiccional de los derechos subjetivos de naturaleza administrativa eventualmente afectados; limitación que resulta de lo dispuesto en el art. 87, inc. c) del Cód. Proc. Adm., de modo tal que lo único que el tribunal puede comprobar mediante el recurso directo es si el administrador ha apreciado correctamente las pruebas y aplicado bien el derecho.
Diferencias salariales, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual remuneración por igual tarea, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, procedencia del recurso, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Costantini, Luciana c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Toda vez que los arts. 7 y 12 de la res. n° 1960/SHyF/2005 establecen (i) el cumplimiento de las pertinentes condiciones personales, (ii) la realización de un concurso y (iii) la existencia de una vacante con financiamiento presupuestario como requisitos para cambiar de agrupamiento o tramo, y en consecuencia acceder a una remuneración más elevada; si la Cámara consideraba que el incumplimiento de los requisitos enumerados en segundo y tercer término no era óbice para arribar a la decisión aquí cuestionada, debió desarrollar motivos fundados y razonables para justificarlo, pero no lo hizo. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Incapacidad laboral, porcentaje de incapacidad, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: PRADO, SILVIO EDUARDO c/ CONORVIAL S.A. s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-27

Debe tenerse en cuenta que para la apreciación y determinación del grado de incapacidad, no se hace en base de la incapacidad para cualquier tipo de tarea en abstracto, sino que se hace en base a la profesión habitual debiendose justipreciar la disminución laborativa operada en consecuencia del accidente de trabajo que no se reduce solo al cotejo de las aparentes condiciones de cumplimiento de la prestación especifica del dependiente, antes del evento y despues del alta médica, sino que es abarcativa de aspectos potencialmente ciertos que se perfilan más allá de un contrato de trabajo determinado.-
Beneficio de litigar sin gastos, suspensión de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Facal Oscar Diognes c/ E.N. (Ejército Arg.-Mº de Defensa y Otro) s/ retiro militar y civil de las FFAA y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-15

El trámite de un beneficio de litigar sin gastos gestionado por la actora no tiene incidencia alguna para alterar el curso de la prescripción de que se trate (Fallos: 314:218).
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: Roldán, Mario Oscar c/ Hierrosid S.A.C.I. s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-11

A pesar de que una cosa, en sí misma considerada, puede no ser peligrosa, en ocasiones alcanza ese carácter en función de las circunstancias del caso.
Interdicto de recobrar, posesión, tenencia simple, despojo, posesión clandestina, violencia
Materia: CIVIL
Carátula: CANBAZYAN ONNIK c/ PIGAL S.A.C.I.F.I s/ INTERDICTO DE RECOBRAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Para que proceda al interdicto de recobrar se requiere que quien lo intenta haya tenido la posesión actual o la tenencia de una cosa mueble o inmueble y que hubiera sido despojado total o parcialmente de la cosa con violencia o clandestinidad, de acuerdo al art. 614 del Código Procesal. El Código Civil, a su vez, legisla sobre la acción de despojo en el art. 2490, que en su actual redacción conforme a la ley 17.711, la otorga, al igual que el interdicto contemplado, a cualquier poseedor, aun vicioso y al simple tenedor.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Portillo, Cristóbal s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

No puede alegarse violación del art. 159 de la Constitución provincial respecto de la materialidad del hecho ilícito si esta quedó excluida del ámbito de conocimiento de la Cámara al consignar el propio defensor, al fundamentar su apelación respecto de la responsabilidad asignada al encartado, que el primer tema quedaba al margen del recurso.
Leyes, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, docentes, acumulación de cargos
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Segurado, María del Carmen c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 440 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-25

Resulta innecesario avocarse al tratamiento de los planteos de la actora relacionados con la inconstitucionalidad de la ley 11237 en virtud de que el régimen de acumulación de cargos docentes en ella previsto no se encontraba vigente ni con anterioridad al cese de la recurrente para jubilarse por invalidez ni al momento de disponerse dicha cesantía, por lo cual es absolutamente inconducente en el caso pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de sus disposiciones.
Medidas cautelares, derecho a la salud, afiliación a obras sociales, cobertura, dictamen pericial, cuerpo médico forense, certificado de discapacidad, sentencia arbitraria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa L. S., M. T. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-29

Es arbitraria la sentencia que dispuso con carácter cautelar que la obra social demandada arbitre los mecanismos necesarios para asegurar a la afiliada la cobertura integral de las prestaciones solicitadas, pues el a quo no reparó en que la obra social al contestar el informe del art. 8° de la ley 16.986 había hecho especial referencia a la ausencia de relación entre las afecciones respiratorias y las enfermedades por las que se extendió el certificado de discapacidad para justificar solo el otorgamiento de una cobertura parcial o diferencial por aquellas en lugar de la integral que contempla la ley 24.901 en el marco del sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. -El juez Rosatti, en disidencia, consideró que debía desestimarse el recurso extraordinario por no dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable a tal-.
Revocación del sobreseimiento, prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DEUTSCH, Gustavo Andrés
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28

Corresponde revocar el sobreseimiento por prescripción de la acción penal resuelto respecto del presidente y director general de la empresa, en la causa que investiga el delito de estrago culposo agravado. La acción penal se encuentra vigente respecto de los imputados, en función de un examen que tomó como punto de partida el término prescriptivo correspondiente al delito de estrago doloso agravado y el auto de citación a juicio como último acto interruptivo del curso de la prescripción. Se precisó que corresponde partir de dicha calificación jurídica porque fue la sustentada por la querellante (Asociación Civil Víctimas Aéreas) en el recurso extraordinario federal, actualmente en trámite ante la Corte Suprema, interpuesto por dicha parte contra la sentencia dictada el 3 de mayo de 2011 por la Sala IV de la Casación -con otra integración- y mediante la cual se rechazó el recurso de casación articulado por la parte querellante contra la absolución oportunamente resuelta por el referido Tribunal Oral respecto de las mencionadas autoridades de la compañía aérea y de otros imputados por el hecho. La disidencia, sostuvo que la acción penal en autos se encuentra prescripta, con fundamento en que el único acto procesal interruptivo del curso de la prescripción es la sentencia condenatoria.
Acción de amparo, derecho a la salud, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL
Carátula: R. M. K. Y. O. c/ I. D. P. Y. S. S. D. T. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-11

No ha de seguir la misma suerte el agravio que se formula en contra del rechazo de la pretensión declarativa de certeza. Esto es así por cuanto dicha desestimación se encuentra debidamente fundada en la falta de acreditación de que los actores hayan requerido cobertura de otras prestaciones médico-asistenciales o farmacológicas para su hijo, y que la obra social hubiere desatendido tal pedido. No se trata de desconocer o negar las dificultades propias del autismo, como da a entender la quejosa, sino más bien de cumplir adecuadamente con el inexorable presupuesto del llamado "causa" o "caso" judicial, que habilita un pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional, el cual, de otro modo, devendría en pura abstracción. Al haberse canalizado la demanda de autos a través de la acción de amparo, las pretensiones objeto de aquella deben adecuarse a los requisitos propios de esta vía procesal, que -entre otras cosas- supone un "acto" u "omisión" por parte del sujeto demandado (cfr. art. 43 Constitución Nacional y art. 50 del CPC), nada de lo cual ha sido acreditado por la recurrente. A diferencia de lo que se observara con el pedido de cobertura del tratamiento de rehabilitación, la ausencia en concreto de una conducta por parte de las Autoridades del Subsidio de Salud que resulte merecedora de reproche, pone en evidencia la falta de maduración del caso a cuyo respecto se solicita el amparo, en tanto la pretensión respectiva no trasciende del plano de lo puramente hipotético o conjetural.

El apuntado déficit procesal que presenta el planteo en estudio se acentúan más aún si se tiene en cuenta que, dado lo categórico de la doctrina legal sentada en la especie y -sobre todo- de la línea jurisprudencial que se ha seguido para dictar la presente sentencia de casación, nada autoriza a pensar que, en lo sucesivo, el IPSST adopte para con los actores una conducta que, pese a estar referida a cuestiones de salud distintas al tratamiento de rehabilitación objeto de condena (vgr. medicamentos, honorarios médicos, gastos sanatoriales, costos de análisis y demás estudios, etc.), resulte igualmente incompatible o contraria con la responsabilidad que en esta oportunidad se le marcara, dando así lugar a nuevos supuestos conculcadores de garantías elementales que asisten al hijo de los demandantes en su calidad de afiliado a la obra social provincial.

DRES.: ESTOFAN- GOANE - SBDAR.