Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-14


NEUQUEN, 14 de junio de 2011 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "COLOTTA ARTYSUK CYNTHIA C/ CATERINO MIGUEL ANGEL S/COBRO DE HABERES" (EXP Nº 370729/8) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL N 2 a esta Sala I integrada por los Dres.

Patricia CLERICI y Federico GIGENA BASOMBRIO, en subrogancia legal -Acuerdo N° 4689 del TSJ- con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Audelina TORREZ, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Patricia CLERICI dijo:

I.- La parte demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia de fs. 195/200 vta., que hace lugar a la demanda.

Se agravia la demandada por cuanto entiende que la a quo no ha valorado debidamente el material probatorio. Señala que los testigos que trabajaron con la actora manifestaron que el local del demandado se encontraba recién instalado, y que por tratarse del período de fiestas se incrementaba el trabajo. Sigue diciendo que los testigos también corroboran que el demandado les informó a los trabajadores que estarían a prueba, y esto fue conocido por la actora.

Manifiesta que, con relación a la fecha de ingreso, la sentencia de grado tiene por válidos los dichos de algunos testigos, desechando los de otros que se contradicen con los de los primeros.

Con relación a la condena al pago de salarios y asignaciones familiares, se queja por cuanto entiende que la misma carece de fundamentación.

Finalmente se agravia por la aplicación de la multa del art. 14 de la Ley 24.013, toda vez que la demandante ha omitido la intimación previa del art. 11 de la misma ley.

La actora rebate los agravios de su contraria a fs. 220/221.

II.- Encontrándose reconocida la relación laboral, la cuestión a analizar en la Alzada, conforme lo términos de la apelación, se circunscribe a la determinación de si el despido fue o no realizado durante la vigencia del período de prueba, y si corresponde que el demandado sea condenado al pago de salarios, asignaciones familiares y la multa del art. 14 de la Ley 24.013.

A efectos del análisis del momento en que se produjo el distracto debe determinarse cual fue la fecha de ingreso de la trabajadora. Mientras la demandada sostiene que la actora comenzó a trabajar el día 21 de diciembre de 2007, la accionante denuncia el día 15 de diciembre del mismo año como inicio de la relación laboral. Si bien la diferencia es de solamente siete días, resulta determinante para la suerte de la demanda toda vez que la trabajadora fue despedida el día 18 de marzo de 2008 (fs. 52), por lo que ya sea que se considere como válida una u otra el despido se habrá producido o no durante el período de prueba.

Los recibos de haberes de fs. 43/50 carecen de relevancia para conocer la fecha de inicio del contrato de trabajo por no encontrarse suscriptos por el trabajador (art. 138, LCT).

En cuanto a las testimoniales, tenemos que el testigo Bravo (fs.

126/127) ubica a la actora trabajando en el local del demandado "a fines del 2007"; el testigo Colome (fs. 128/vta.) dice que "la primera vez que vió a la actora fue en una oportunidad que juntaron a los empleados para brindar por el fin de año y les entregaron cajas navideñas", aunque no recuerda en que año; la testigo Larravide Moreno (fs. 129/vta.) manifiesta haber visto a la actora trabajando "los primeros días de diciembre de 2007", pero más adelante reconoce que fue a comprar al negocio cerca de las fiestas del año 2007; el testigo Barria (fs. 131/vta.) conoce a la actora porque él trabajó en el mismo local que aquella los días 24 y 31 de diciembre, creyendo que era de 2007; la testigo Ramos (fs. 132) ubica el comienzo de la prestación de tareas por parte de la demandante "los primeros días de diciembre del año 2007"; el testigo Norambuena Pascucci (fs. 158/vta.) declara que "trabajó sólo dos meses en Sicara, durante los meses de diciembre/2007" y agrega que "cuando el testigo comenzó a trabajar en el negocio, la accionante ya había ingresado a trabajar en el negocio, pero no sabe cuanto tiempo antes".

Teniendo en cuenta la escasa diferencia temporal entre una fecha y otra, los testimonios resultan pocos clarificadores. Sin embargo, en atención a que existen testigos que afirman haber visto trabajar a la demandante durante los primeros días del mes de diciembre de 2007, y dado que la manda del art. 9 de la LCT en su nueva redacción (conforme Ley 26.248), establece que en caso de duda en la apreciación de la prueba, los jueces se decidirán en el sentido más favorable al trabajador es que he de concluir, conforme lo ha hecho la jueza de grado, en que la fecha de inicio de la relación laboral es el 15 de diciembre de 2007. "El in dubio pro operario puede tener una virtualidad importante en cuanto a los hechos, en el sentido de aceptar aquellos dudosos, no plenamente o insuficientemente probados, en orden a que resulten más favorables para el trabajador que para sus contradictores.La duda por la cual debe favorecerse al trabajador no es la que surge de la ausencia total de pruebas, al menos debe existir una prueba (de cualquiera de las partes) que lleva a presumir que las cosas ocurrieron de acuerdo con los dichos del trabajador.la desigualdad que existe entre el trabajador y el empleador existe antes, durante y después de la relación laboral, siendo en este último momento una de las causas por las cuales el trabajador verá como muy dificultoso producir prueba evidente e irrefutable de que sus dichos son ciertos, logrando en la mayoría de los casos acercar al juez sólo una duda razonable de que sus dichos son ciertos. Por este motivo, si esta duda no es evacuada por la prueba de su empleador, al momento de inclinar su voto y evaluar cuál fue la realidad de los hechos, el juez debe inclinarse a tener por ciertos los dichos del trabajador en cuanto guarden relación con hechos posibles y reales.No se trata necesariamente de que el tribunal supla deficiencias probatorias, aunque ello puede ocurrir, sino de valorar la prueba adecuada a las circunstancias, y en aquellos casos de verdadera duda volcar el resultado de la apreciación a favor del trabajador" (Serrano Alou, Sebastián, "El principio in dubio pro operario y la apreciación de la prueba", Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Ed.

Abeledo-Perrot, T. 2009-A, pág. 980).

Consecuentemente, habiéndose producido el despido de la actora cuando ya había transcurrido el término previsto por el art. 92 bis de la LCT corresponde se abonen las indemnizaciones derivadas del despido incausado.

III.- Sentado lo anterior, y toda vez que el medio idóneo para acreditar el pago de las remuneraciones es el recibo suscripto por el trabajador, careciendo de esta firma los acompañados por la demandada, corresponde confirmar el decisorio de grado que condena al pago de los salarios adeudados.

La declaración testimonial no puede ser admitida a efectos de probar el pago de las remuneraciones ya que ello contradice la LCT (arts. 125 y 138).

De igual modo habrá de confirmarse la condena al pago de las asignaciones familiares, desde el momento que el art. 79 de la LCT determina que el empleador se encuentra obligado a cumplir con las diligencias necesarias que posibiliten al trabajador el goce íntegro y oportuno de los beneficios de la seguridad social, y en virtud de esta norma es que debió el demandado hacer conocer a la trabajadora, al inicio de la relación de trabajo, que podía acceder al cobro de asignaciones familiares, indicándole documentación a presentar, no existiendo constancia en autos de que el accionado haya adoptado ese proceder.

No sucederá igual con la duplicación de indemnizaciones prevista en el art. 15 de la Ley 24.013. Teniendo en cuenta que el día 18 de marzo de 2008 el empleador remite la comunicación del despido a la empleada (fs. 52), que ese mismo día la actora intima se aclare su situación laboral bajo apercibimiento de considerarse despedida (fs. 54) y también que se proceda a la registración del contrato de trabajo (fs. 53), entiendo que no se cumplen los recaudos que habiliten la aplicación de la duplicación referida.

La Ley 24.013 tiene como finalidad lograr la reducción del trabajo no registrado, siendo, entonces, su objetivo que los contratos de trabajo se registren debidamente, y sólo para aquellos supuestos en que el empleador no cumpla con esta registración, encontrándose debidamente intimado, prevé la sanción pecuniaria a favor del trabajador. En este marco la norma del art. 15 tiene como finalidad evitar la represalia del empleador por la intimación cursada por el trabajador, y que se traduce en la ruptura del contrato de trabajo, penalizándola con la duplicación que ella establece.

En autos no puede entenderse que el despido sea consecuencia de la intimación de la trabajadora, la que se produce el mismo día en que se le comunica el distracto, por lo que la aplicación del art. 15 de la Ley Nacional de Empleo resulta improcedente. Más aún cuando el empleador cumplimentó la intimación cursada y regularizó la situación de la actora ante la AFIP (fs.

112/vta.).

Consecuentemente, he de acoger el agravio de la apelante en lo que a esta cuestión refiere, reduciendo el monto de condena.

III.- Por lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo se modifique parcialmente el resolutorio de grado, reduciendo el capital de condena, el que se fija en la suma de $ 9.668,00, confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios.

En atención a la modificación del monto de condena se han de dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de primera instancia, a efectos de adecuarlas al nuevo importe determinado.

Las costas de la presente instancia, teniendo en cuenta el resultado de la apelación, se imponen en el orden causado, regulándose los honorarios de los letrados intervinientes Tal mi voto.

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto:

SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fojas 195/200 en lo principal, reduciendo el monto de condena a la suma de pesos NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO ($9.668,00).

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado (art. 17, Ley Nº 921).

3.- Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia recurrida las que se efectuarán en la instancia de grado, una vez practicada la planilla de liquidación del capital con mas los intereses devengados.

4.- Regular los honorarios correspondientes a esta Alzada, en el 30% de lo que corresponde a los letrados por la actuación en la instancia de grado (art.15, LA).

5.- Regístrese, notifíquese y, oportuna-mente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Federico Gigena Basombrio - Dra.Patricia Clérici Dra.Audelina Torrez - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 83 - Tº III - Fº 481/484 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2011.