marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Estelionato, desbaratamiento de derechos acordados, compraventa de automotores, automotor prendado, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: SEMINO DE FERNANDEZ, R. s/ DEFRAUDACION.    ESTELIONATO.   DESBARATAMIENTO  DERECHOS  ACORDADOS.  CONCURSOS IDEAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-11-23

Configura los delitos de DEFRAUDACION POR VENTA DE BIEN GRAVADO y DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS, ambos en concurso ideal entre sí, la acción del encausado que enajenó un automóvil, con pleno conocimiento del gravamen inscripto y aún vigente.

El delito cometido constituye un HECHO UNICO aprehendido por dos normas penales vinculadas integrativamente de acuerdo a las previsiones contempladas por el artículo 54 del C.P., puesto que por una misma acción se han tornado litigiosos los derechos tanto del acreedor prendario, como del adquirente de buena fe a quien el procesado determinó ardidosamente.
Proceso penal, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, principio de inmediación, resoluciones inapelables, doble instancia, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: J, D M s/ Art. 189 bis del C.P. - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-01-09

Con el fin de compatibilizar la garantía del doble conforme con los principios que rigen el juicio oral, sólo deben quedar excluidas de la órbita del recurso aquellas cuestiones que resultan materialmente imposible de revisar: la percepción directa del sentenciante de lo que presenció en el debate pero no así las razones de por qué dichas impresiones lo condujeron a la decisión cuestionada.

No es otro el sentido de la necesidad de valorar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica y de la motivación de las sentencias.

Lo expuesto no excluye la posibilidad de que la parte alegue que el juez escuchó o vio mal, en cuyo caso "...No se trata de que el tribunal valore nuevamente la prueba del debate, que no ha presenciado, actividad que le está prohibida, sino, antes bien, de que el imputado demuestre -no sólo argumentalmente-, a través del recurso, que el sentido con el cual es utilizado un elemento de prueba en la sentencia, para fundar la condena, no se corresponde con el sentido de la información, esto es, existe una falsa percepción acerca del conocimiento que incorpora, como, por ejemplo, cuando un documento no expresa aquello que para la sentencia informa , un perito o un testigo no dice aquello que la sentencia aprecia (por ej., no reconoció al acusado y la sentencia parte de la afirmación opuesta..."(Maier, Julio B. J. "Derecho Procesal Penal", Editores del Puerto SRL, 2º Edición, 2º reimpresión, Buenos Aires, 2002, T.I "Fundamentos". ps 722/723).
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Putzikow Pedro (electromecánica CV) c/ Cerámica Bolonia Sacif y Minera y otros s/ Cobro de pesos (sumario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

La providencia que nada decide sobre el planteo formulado y que sólo ha diferido la resolución, hasta tanto fueran aclarados los motivos del requerimiento, resulta inapelable por inexistencia de agravio.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Robo de automotor, robo con armas, apoderamiento, consumación del delito, escala penal, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Paz, R. s/ Concurso de Delitos - Robo de Automotor: Armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

El apoderamiento de un automóvil para huir del lugar donde se consumara previamente otro despojo con armas, por integrar un hecho único, debe considerarse consumado, ya que el grado de ejecución de un hecho no es divisible por la circunstancia de que alguno de los objetos materiales de la sustracción hayan sido recuperados.

La sanción mínima con que se amenaza el robo con armas de automotor (art. 38 del decreto - ley 6.582/58 en función del art. 166 inc. 2 del C.P.) es irracional al ponerse por encima del bien jurídico vida el valor de propiedad de un objeto, debiendo declararse su inconstitucionalidad.
Daños y perjuicios, indemnización, daño moral, responsabilidad contractual, prestadores médicos, mala praxis
Materia: COMERCIAL
Carátula: RICATTO  DE  PERILLO,  GRACIELA c/ OSDE (SANATORIO ANCHORENA) s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-27

Procede acceder al reclamo de indemnización por daño moral efectuado por una paciente que, por negligencia en la actuación de la médica interviniente y la falta de seguimiento adecuado en la etapa postoperatoria, sufriera lesión del uréter provocada al entrar "accidentalmente en la vejiga" cuando se le estaba practicando una histerectomía total, toda vez que, no hay dudas que tal obrar importó una afección en el espíritu de la accionante, bastando recordar las complicaciones que derivaron de la lesión producida en el acto quirúrgico, las molestias durante el período postoperatorio, la sepsis, las complicaciones pulmonares y las múltiples cirugías reparadoras que debió soportar; acompañado ello de incomodidades, inquietudes, miedos, ansiedades y demás secuelas, como cicatrices y el alegado y probado stress postraumático; por lo que corresponde elevar a la suma de $ 40.000, el monto por tal concepto (CPCCN art. 165).
Beneficio de litigar sin gastos, preclusión, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Cía. Integral de Alimentos c/ E.N.  - Inc. Tasa de Justicia - s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-15

Como los efectos provisionales de la solicitud del beneficio de litigar sin gastos (art. 83 C.P.C.C.N. ) se derivarían recién de tal pedido, es obvio que éste, en virtud del principio de preclusión, no alcanza a los gastos de justicia devengados con anterioridad a la referida solicitud.
Principio de legalidad, derechos individuales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. c/ Municipalidad de Zárate. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-29

La exigencia de motivación no busca establecer formas por las formas mismas, sino preservar valores sustantivos. Aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y desde el punto de vista del particular o administrado traduce una pretensión fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto.(doctor Genoud, sin disidencia)
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, habilitación de feria, embargo ejecutivo, agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: AEROANTARES SA c/ ALAS DEL SUR SA s/ EJECUCION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-01-10

Procede habilitar la feria judicial a fin de decretar embargo ejecutivo sobre cierta suma que el actor reclama al accionado que este percibiría en sede administrativa, en tanto se encuentra probado que habría dado pasos concretos orientados a la percepción de dichos importes dinerarios. Es que, en el caso, de las constancias que surgen de la causa remitida ad effectum videndi, la demandada -actora en el expediente administrativo retiró certificado y oficio a fin de procurar el cobro del crédito reconocido. En este contexto, la situación descripta lleva implícita la posibilidad de que se produzca perjuicio concreto en caso de no prestarse la debida atención jurisdiccional en el período de receso.
Impuestos, hecho imponible, determinación de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: "Nordeste Construcciones SA (TF 16604-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-04

La estimación de oficio de la obligación tributaria sobre base presunta constituye un recurso excepcional que tiene a su alcance el Fisco, por cuanto debe fundarse, insoslayablemente, en hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir, en el caso particular, la existencia y medida del mismo (art. 25 -actual art. 18, según t.o. 1998-, primera parte de la ley 11.683 t.o. 1998).

Ello importa, según se desprende de los términos en que se encuentra concebida la norma conferente, que, ante todo, los indicios, se presentan como extremos ciertos, conocidos debidamente probados y no controvertidos, del que va a inferirse el hecho presunto. A ello cuadra añadir que el hecho cierto, del cual se deriva la presunción, sea susceptible de interpretarse en un único sentido, pues resulta improcedente admitir la presunción cuando el razonamiento lógico utilizado permite arribar a más de una conclusión posible y las mismas no sean similares (Díaz Sieiro, Veljanovich y Bergroth en "Procedimiento Tributario", Bs.As.1993, pp. 216-217, y nota 106) (Del voto del juez Coviello, cons. VII.1).
Nulidad de sentencia, recurso de apelación (procesal), juicio ejecutivo, gravamen actual
Materia: COMERCIAL
Carátula: Confina Santa Fe S.A. c/ Tellechea, Luis Armando s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-03-12

La nulidad de la sentencia está supeditada a la constatación de una grave omisión, que por sí sola sea suficiente para poner en peligro el derecho de defensa de la parte y que a la vez no sea susceptible de corrección por vía del recurso de apelación que subsume al de nulidad (art. 250 CPCyC). Si el agravio es factible de ser corregido por la alzada, por aplicación del principio de validez del acto jurisdiccional, corresponde modificar el decisorio antes que decretar su nulidad.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, libertad condicional
Materia: PENAL
Carátula: Quinteros, Héctor Omar; Gutiérrez, Miguel y otros s/ Extorsión, falsificación de documento público Albarracín, Cristian Fabián s/ Incidente de libertad condicional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30|2002-07-17

El pronunciamiento de la Cámara que concede la libertad condicional del procesado, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 357 del Código de Procedimiento Penal, desde que no pone fin a la causa ni impide su continuación.
Empleados públicos, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: MINETTI, NESTOR JUAN c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 71-84 SCHIAVI, OMAR JOSE ENRIQUE c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 316-84 AVENDAÑO, ALDO JUAN c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 70-84 TRULLI, BRUNO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO    CONTENCIOSO    ADMINISTRATIVO  DE  PLENA JURISDICCION    CSJ EXPTE NRO 315-84 SANTILLAN, ROGER ARGENTINO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO    CONTENCIOSO    ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION    CSJ EXPTE NRO 317-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-03-25|1987-03-25|1987-03-25|1988-08-17|1988-08-17

El pago automático de haberes caídos constituye una excepción legal al principio general de que el derecho al haber, supone la efectiva prestación del servicio, por lo que no corresponde interpretar extensivamente la norma que consagra dicha excepción.
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios legislativos, aplicación de la ley, ley vigente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bravo Herrera, Félix Horacio c/ Administración Nacional de la Seguridad Social
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

El régimen especial de jubilación para legisladores establecido por la ley 20.572, se mantuvo plenamente vigente hasta la sanción de la ley 25.668 y su promulgación parciaI por el decreto 2322/2002- que eliminó de la ley 24.018 el estatuto para los funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo de la Nación y de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre de 2002-, derogación que solo tuvo en mira que los legisIadores en actividad obtuvieran los beneficios de la seguridad social por las previsiones del régimen general y que los jubilados quedaran sujetos a la movilidad dispuesta en el art. 7°, inciso 2 de la ley 24.463, pero en modo alguno autorizó en forma expresa o implicita la reducción de los haberes que habian sida liquidados sobre la base de las normas que habian perdido vigencia.
Derecho comercial, libros de comercio, valor probatorio, competencia ordinaria, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Yara Argentina SA c/ Agro San José SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-06

De acuerdo al CCCN 330, párrafos tercero y cuarto, ante la falta de asiento contrario en la contabilidad de un litigante, el asiento presentado por la contraria hace prueba a su favor. En otras palabras, la controversia se resuelve en contra de quien no hizo anotación alguna. Y ello es así, pues el hecho de que una determinada operación no aparezca registrada no implica que exista un asiento a favor de quien no registró, ya que en realidad se trata de una 'ausencia de asiento' que nunca puede identificarse con un asiento 'contrario'; en este sentido, la 'falta de asiento' no es precisamente un 'asiento' (CNCom, Sala D, in re "Aqualine SA c/ Banco Santander Río SA", del 28/08/18).
Relación de dependencia, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Britez, Clemente c/ Interal S.A.A.I.C.S. s/ Certificado de trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-05-12

El certificado de trabajo al que obliga el artículo 56, inc.b) de la ley 18037 y el establecido por la ley 20744,t.o. 21297, art.80, guardan identidad, pues siendo la ley previsional anterior a la 20744 y por ende a la 21297, lo establecía solamente a los efectos previsionales y la ley posterior lo convirtió en una obligación contractual con los mismos requisitos y condiciones y con el mismo fin, por tanto no se trata de dar certificaciones distintas e independientes, sino de una sola.
Insuficiencia del agravio, coautoría, trata de personas, situación de vulnerabilidad, participación criminal, escala penal, tipo penal, prisión, condena condicional, calificación legal, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: AMAYA, Carlos Eliseo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-14

La disidencia sostuvo que el imputado fue requerido a juicio por resultar coautor "... del delito de trata de personas, en sus modalidades de captación, recepción y acogimiento con fines de explotación agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por tratarse de más de tres víctimas, por la participación de más de tres personas y por haberse consumado la explotación (arts. 145 ter inciso 1, 4, 5 y anteúltimo párrafo en función del artículo 145 bis y 45 del Código Penal)". Al respecto se advierte que la escala penal que conmina al tipo penal discernido en la especie (referido ut supra) parte de un mínimo de cinco (5) años de prisión que impide, en principio, el eventual dictado de una condenación condicional (arts. 26 y 76 bis, cuarto párrafo, -ambos a contrario sensu- del C.P.); extremo que se erige como obstáculo para la concesión del instituto en trato. Asimismo, con relación a los cuestionamientos de la defensa sobre la calificación legal y el tipo de participación atribuidas al causante en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, cabe señalar que la discusión fáctico - jurídica en torno a la imputación que pesa sobre el imputado es propia del debate en el juicio oral y público, el cual constituye el escenario propicio para la dilucidación de la controversia planteada, sujeta a las formas sustanciales del proceso penal -acusación, defensa, prueba y sentencia-. En razón de todo lo expuesto, se advierte que la impugnante no logra demostrar que el razonamiento seguido por el "a quo" presente falla alguna ni que carezca de la debida fundamentación. Dres. Carbajo, Borinsky (en disidencia) y Ledesma.
Cesión de derechos, cesión de deudas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Orellano, Luis Alberto c/ U.A.M. S.a.c.i.f. s/ Transferencia de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-02

La transformación del boleto, por un lado, importa la cesión del derecho a obtener la transmisión del dominio sobre la cosa objeto del contrato y, por otra parte, significa la cesión de la deuda de pagar el precio de la cosa. La posición enteramente pasiva del vendedor frente a la cesión del crédito -ya que no puede impedir el pase de los derechos del cedente al cesionario- de la cesión de deuda en la que la conformidad expresa o tácita, no es suficiente para malograr la cesión y sirve para exonerar el primitivo deudor.
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, actos u omisiones de autoridades públicas, gravamen irreparable, peligro en la demora, derecho a la salud, intervención quirúrgica, obras sociales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SASSARINI, María Lidia c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA s/ Recurso Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-03-14

El 2 de setiembre de 2008 fue promulgada la Ley 26.396 de Trastornos Alimenticios (Adla, LXVIII-D, 3190), conocida como Ley de Obesidad, por la que se considera enfermedad a la obesidad y a otros trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia.

En su artículo 15 establece que se incorpora el tratamiento de los trastornos alimentarios al Programa Médico Obligatorio (PMO), del modo que lo determine la autoridad de aplicación, que según el art. 4 es el Ministerio de Salud de la Nación.

Asimismo prescribe la norma que la cobertura que deberán brindar todas las obras sociales y asociaciones de obras sociales del Sistema Nacional incluidas en la Ley 23.660, recipiendarias del fondo de redistribución de la Ley 23.661, las demás obras sociales y organismos que hagan sus veces creadas o regidas por leyes nacionales, y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, conforme a lo establecido en la Ley 24.754, incluirá los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos - el resaltado me pertenece-, farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias para una atención multidisciplinaria e integral de las enfermedades (art. 16).

La obesidad ha sido declarada la peste del siglo XXI por parte de la Organización Mundial de la Salud y, especialistas en el tema sostienen que esta enfermedad crónica es una de las causas de muerte más importante de los últimos tiempos, sosteniendo que en este contexto su tratamiento debe ocupar un lugar prioritario dentro de las agendas de salud de todos los gobiernos ("Ley de obesidad. Ley 26.396. Entre la mediatización de la figura y la figura saludable", artículo publicado en: ADLA 2008-E, 4745).
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: BARBIERI, JORGE ALBERTO c/ GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-10

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde que se mantienen incólumes los argumentos que cimentaron el decisorio de esta Corte, en el sentido de que la argumentación desarrollada por la Alzada -en relación a la interpretación y aplicación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo- no lograba ser refutada por la recurrente con cuestionamientos que remitían al criterio que debe regir a la hora de ponderar si una tarea (en el caso, de vigilancia) resultaba normal, propia y específica del establecimiento (que en autos se dedica a la fabricación y venta de automóviles), sin lograr desmerecer lo sostenido por los Magistrados en cuanto a la inexistencia de arbitrariedad alguna, en tanto la solución a la que los Juzgadores habían arribado obedecía a su propio criterio de interpretación normativa y no a la alegada traslación automática de un precedente de la Corte nacional, de acuerdo a las circunstancias de la causa (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta).
Sucesiones, legítima
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lavrih, Juan s/ Sucesión Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-22

El título del donatario solo se perfeccionará cuando venza el plazo de prescripción de las acciones con las que cuente el heredero - si lo hubiere- , en protección de su legítima: conforme el art. 4023 del Código Civil, a los 10 años.
Jueces, facultades del juez, intereses, tasas de interés, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Flores, Roque c/ Frenar S.A. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Cobro de australes (Expte. CSJ Nº   831-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-13

La determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del artículo 622 del Código Civil como consecuencia del régimen establecido por la ley 23928 queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión. Por ello, cuando el asunto remite a la interpretación de normas de derecho no federal -en el caso, fijación de la tasa de interés- la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema, con apoyo en la doctrina de la arbitrariedad, queda reservada a los supuestos en que se efectúa una inteligencia de las normas en juego que prescinda de éstas o que las desvirtúe y vuelva inoperantes.
Personal militar, retiro militar, adicionales de remuneración, carácter no remuneratorio, haber de retiro, determinación del haber de retiro
Materia: MILITAR-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Villegas Osiris G. y otros c/ Estado Nacional Mº de Defensa s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

Las asignaciones contempladas en el decreto 2769/93 no han sido otorgadas ni aplicadas con carácter generalizado a la totalidad del personal en actividad ni a la totalidad del personal de un mismo grado, por ello esos rubros, instituidos y aplicados con carácter particular y como compensación de gastos (arts. 57 y 58 de la ley 19.101) en tanto participan de aquella naturaleza no pueden ser computados para determinar el haber de retiro.
Sociedades comerciales, intervención judicial, remoción del síndico de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: S.A.  FABRICAS Y REFINERIAS DE ACEITES (SAFRA) s/ INCIDENTE DE MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-14

El desplazamiento del síndico excede los alcances propios de la intervención judicial de una sociedad, pues, en todas sus reglamentaciones, la medida supone el desplazamiento del órgano de administración, nunca del de control (CPR 225 y 226; ls 113 y concs;

lc 92).
Derecho laboral, trabajo, aplicación de la ley, seguro por accidente de trabajo, inconstitucionalidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba Cristian Roberto c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-16

La asistencia letrada a los damnificados que prevé la normativa, no es tal. Conseguir que un profesional acompañe o represente a la víctima sin más recompensa que la promesa del pago de sus honorarios extrajudiciales a cargo de la ART, resulta muy difícil de prever. Máxime cuando esos honorarios solamente corresponderán "en caso que su actuación profesional resulte exitosa y se hubiere reconocido total o parcialmente la pretensión reclamada por el damnificado" (art. 37 de la Res. SRT 298/17). Se incorpora la exigencia de la eficacia de la gestión, toda una novedad (Voto Welp)