Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-29


SENT Nº 575 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintinueve (29) de Junio de dos mil seis, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado Jorge Luis Rougés, por derecho propio, en autos: "Parrado, Osvaldo Ramón vs. Rougés, Jorge Luis y otro s/ Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación deducido a fs. 204/213 vta. por el letrado Jorge Luis Rougés, por derecho propio, contra la sentencia de fecha 22/11/2004, dictada por la Sala IIIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

El pronunciamiento mencionado (fs. 199/200) dispuso rechazar el planteo de nulidad y apelación interpuesto por el recurrente y en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia de fecha 25 de agosto de 2003 que ordenó llevar a cabo la ejecución seguida en autos.

A fs. 216/218 vta., la parte actora contesta el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

Por medio de la sentencia del 29/4/2005, que glosa a fs. 227, la cámara a quo declaró admisible el recurso de casación interpuesto, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad pertinente y, en su caso, analizar la procedencia de los agravios vertidos.

II.- Al fundar el recurso, sostiene el recurrente que la presencia de un caso constitucional en el que se encuentra en juego el orden público, supera la objeción respecto de la definitividad del fallo, en el que se resuelve la apelación referida a un proceso ejecutivo.

Denuncia la presencia de cuestiones que, propuestas por su parte, no fueron tratadas por el a quo. En primer lugar, la existencia de una nulidad absoluta surgida por la deficiente notificación de la intimación en pago; a raíz de tal situación, afirma que se violentó el debido proceso legal que le corresponde al codemandado López Islas por no habérselo notificado en su domicilio real.

Manifiesta al respecto que la independencia que tienen los litis consortes para defenderse entre ellos fue vulnerada por el sentido en que se pronunció la cámara. Explica que la existencia de un proceso penal, que tuvo inicio con la denuncia formulada por su parte contra López Islas por el delito de estafa, habla de los intereses contrapuestos que mantiene con éste, circunstancia que no obstante su significación, no fue tenida en cuenta cuando se rechazó el planteó de nulidad referido.

Señala que la jurisprudencia que cita el fallo recurrido, en la que se establece que el principio del art. 1101 cede en las ejecuciones, propone una tesis que su parte respeta pero no comparte.

Realiza consideraciones en torno a lo que se debe entender por el domicilio real de las personas y reitera que nunca se demostró que López Islas viva en alguno de los dos domicilios en los que se realizó la constatación, lo cual, al ser soslayado, violentó el ejercicio de la defensa en juicio que le asiste a esa parte, al no publicarse edictos, ni designarse defensor oficial, con la evidente alteración del principio de legalidad previsto por art. 19 CN.

Afirma poseer interés legítimo en el planteo por cuanto cada consorte mantiene su autonomía frente al contrario y así, su parte puede exigir el fiel cumplimiento del debido proceso con López Islas, por la necesidad imperiosa de que intervenga en el procedimiento y aclare la situación en la que su parte se encuentra ubicada en forma injusta, lo que no llegó a analizarse en la sentencia recurrida, pese a que constituye un punto esencial de la defensa. Recuerda que su parte venció en el recurso de revocatoria contra la providencia que tuvo por desistido el proceso contra López Islas, lo cual es prueba del derecho que le asiste.

Reconoce que no ha cumplido con el trámite cancelatorio de los instrumentos, pero ante una escritura pública en la que se prueba el pago de la deuda, no puede sostenerse que actuó de mala fe al defenderse y que pretendió demorar el pronunciamiento innecesariamente.

Respecto a la existencia de prejudicialidad, reitera que discrepa con la doctrina que el fallo asume y advierte que los precedentes que le son favorables a su parte son numerosos, por lo que no es merecido el castigo que se le impuso en primera instancia, contra el cual se expresó un agravio que la Cámara omitió tratar. Cita jurisprudencia y doctrina en torno a la existencia de prejudicialidad en casos en los que considera que existen similitudes con el presente y afirma que la sentencia, dictada en violación a la regla del art. 1101, es nula.

Argumenta que la existencia de una identidad total en el proceso penal como en el civil no fue tenida en cuenta ni analizada pormenorizadamente sino que, por el contrario y pese a la doctrina existente, se calificó su conducta como dilatoria, imponiéndosele una multa.

Realiza un resumen de lo que son los agravios expresados, cita doctrina legal y realiza la reserva del caso federal, por considerar que una decisión contraria a su parte alteraría el orden público y los principios reconocidos constitucionalmente.

III.- La sentencia recurrida, fundó el rechazo del recurso en los siguientes argumentos: primero, consideró que para la declaración de nulidad de un acto procesal no basta la existencia del supuesto vicio que se denuncia, sino que es además necesaria la existencia de un interés personal de quien pretende obtener su declaración, cosa que en el caso no se ha producido; segundo, argumentó que el planteo de prejudicialidad fue desestimado en razón de no ajustarse el juicio ejecutivo a la disposición del artículo 1101 del Código Civil ya que, no obstante la finalidad del proceso y las características que presenta el título, la sentencia que allí se dicta no reviste el carácter de definitiva y ante la posibilidad del posterior juicio de conocimiento, no existe peligro de un escándalo jurídico, sustento del instituto de la prejudicialidad.

Advirtió asimismo el decisorio que la suspensión de la sentencia de trance y remate fue decidida en algunos casos hasta que se resolviera la causa penal relacionada con el título, aunque en dichas oportunidades se hizo con criterio muy restrictivo y en circunstancias excepcionalísimas en las que en la causa penal se habían tomado decisiones que eran capaces de tornar verosímiles las circunstancias invocadas por los accionados en el juicio ejecutivo, cosa que no sucedió en el proceso invocado, a pesar de haber trascurrido tres años desde que se formalizó la denuncia.

IV.1.- Respecto al agravio destinado a lograr la declaración de una cuestión prejudicial, se advierte que la sentencia en recurso no satisface, en lo que al punto materia de crítica se refiere, el requisito de definitividad establecido por el art. 813 CPCCT.

En efecto, el acto judicial impugnado, si bien rechaza las defensas que opone el recurrente y ordena llevar adelante la ejecución promovida, no es sentencia definitiva a los fines casatorios, atento a la norma del art. 814 Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán que dispone que "Las sentencias definitivas que dejen abierta una vía de reparación, sea por conocimiento ordinario o sumario, en ningún caso son pasibles de este recurso".

De manera concordante, es doctrina pacífica y reiterada de esta Corte Suprema de Justicia que la sentencia emanada del juicio ejecutivo no reviste, en principio, la calidad de definitiva a los fines del recurso de casación, en tanto proceda una vía judicial posterior mediante el juicio de conocimiento (art. 544 y 814 CPCC).

La excepción a dicha regla, restringida al supuesto en que una defensa de inhabilidad de título es rechazada por cuestiones inherentes, exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, en cuyo caso la decisión adquiere la calidad de cosa juzgada material, al no poder discutirse nuevamente las interpretaciones legales formuladas en la sentencia (art. 544 tercer párrafo CPCC), no se configura en la especie, por no dirigirse contra tal aspecto los agravios formulados a la sentencia de primera instancia que rechazó la excepción, y sin que tampoco el recurrente precise cuál sería el aspecto alcanzado por la cosa juzgada material, ni mencione porqué lo resuelto le produciría un agravio de imposible o insuficiente reparación posterior, o que lo prive de otros medios para obtener la tutela de su derecho.

Concretamente, en una situación similar a la del caso en estudio, se ha resuelto que "la especificidad de la norma consagrada por el art.

1101 del Código Civil y la posibilidad del juicio declarativo ulterior obstan para que en el juicio ejecutivo se considere cuestión prejudicial el pronunciamiento de la justicia del crimen?" (C. Apel.

Civ. y Com. Rosario, sala IV, 03/6/71, Rep LL, XXXIII-22, sum. 2, citado por Belluscio/Zannoni: Código Civil, t.5 pg. 300).

Asimismo, parece acertada la salvedad efectuada por el tribunal a quo, que advirtió la posibilidad excepcional de que se suspenda la sentencia de trance y remate cuando, además de la estricta vinculación de los hechos y de las personas involucradas, se hayan adoptado (en el fuero penal) decisiones que razonablemente tornen verosímiles las circunstancias invocadas por los litigantes, cosa que ha criterio de la cámara no ha sucedido en la causa en la que por el contrario, según afirma, transcurrieron tres años desde que se realizó la denuncia, sin que se hayan adoptado medidas que impliquen la presencia de una semiplena prueba acerca de la existencia del delito denunciado y sin que tampoco, tales consideraciones, hayan merecido la crítica del recurrente, quien según reconoce, discrepa con la doctrina asumida por el tribunal.

Siendo el recaudo de definitividad un requisito autónomo de este tipo de recurso, el incoado, en el punto, resulta inadmisible, correspondiendo por ello su desestimación.

IV.2.- Respecto a la crítica referida al rechazo del planteo de nulidad efectuado por el Dr. Rougés a raíz de las supuestas omisiones en las formas que hacen al debido proceso, el agravio, a más de resultar realizado contra una sentencia, que como se vio, no es definitiva, resulta insuficiente. En efecto, tal como se advierte en la reseña efectuada, la parte recurrente omite, nuevamente ante esta instancia, indicar el daño concreto que le genera la invocada alteración adjetiva que denuncia; sosteniendo, inconducentemente como justificativo de su interés legítimo para realizar el planteo, que la autonomía, e incluso la divergencia, de intereses respecto al litisconsorcista contrario a quién afectaría la nulidad, es razón suficiente para habilitar su planteo.

Contra los argumentos de la cámara, coincidente con el criterio de esta Corte que considera que el sistema de nulidades procesales no es puramente formal, sino que está regido por el principio del interés (doctrina positivamente receptada por el artículo 168 del CPCC) y que la nulidad sólo puede ser declarada cuando ello sea susceptible de beneficiar procesalmente a la parte que la requiere, el recurrente omitió efectuar toda consideración pertinente, menos aún, señalar el menoscabo procesal que la nulidad planteada le ocasiona.

Merece ser recordado que constituye una carga propia del remedio extraordinario local el expresar los fundamentos en que se sustenta la posición jurídica; y no puede pretenderse suficientemente fundado el recurso que se motiva en defectos o alegaciones construidas dogmáticamente, sin vincular la crítica a todos los razonamientos contenidos en la sentencia (cfr. CSJTuc, sentencia Nº 173 del 15/3/96, in re: "Barros, Víctor Luis vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Cumplimiento de contrato").

El fallo en recurso contiene razones jurídicas que no son arbitrarias ni han sido rebatidas y bastan para motivarlo, por lo que la impugnación del recurrente en el punto, carece del sustento necesario para habilitar la revisión de la decisión cuya casación se pretende.

V.- Pero le asiste razón al recurrente en cuanto sostiene que su agravio dirigido a impugnar la multa que le fue impuesta por la juez de primera instancia no fue considerado por la sentencia de cámara. En efecto, al fundar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia (fs.148/160 vta.), Jorge Luis Rougés señaló que formaba parte de los agravios tal sanción, que a su criterio resultaba injustificada en tanto lo cierto es que nunca actuó de mala fe (157 vta./158). Explicó en ese entonces las razones por las que, al contrario, considera que su desempeño estuvo caracterizado por la buena fe procesal (fs. 160 vta.); solicitando, expresamente, que se revoque el castigo que le fue impuesto (fs. 154, último punto).

Tales argumentos, no merecieron tratamiento por el tribunal a quo al momento de dictarse la sentencia. Al respecto, esta Corte tiene dicho que "es nula la sentencia que omite toda consideración de los agravios del apelante, cuya posición jurídica exhibe directa vinculación con la adecuada solución del litigio" (cfr. CSJT, "Figueroa, Héctor Armando vs. E.D.E.T. S.A. s/Daños y perjuicios"; sent. 540 del 26/6/2001, "Pereyra, Carlos Alberto vs. Provincia de Tucumán s/Contencioso administrativo"; sent. 1071, del 18/12/2000, "Unión Cañeros Azucarera Ñuñorco Ltda. S.A. s/Quiebra (incidente de verificación de crédito y pronto pago)"; sent. 1104, del 21/12/2000, "Frigorífico Industrial del Norte S.A. vs. Roberto Oscar Tapia s/Exclusión de tutela sindical";

entre otros).

El principio de congruencia constituye una de las manifestaciones del principio dispositivo y reconoce fundamento constitucional. Tal como ha dicho nuestra Corte Nacional, comportan agravio a la garantía de defensa (art. 18 CN) las sentencias que omiten decidir explícitamente, y con expresión de motivación, las cuestiones oportunamente propuestas por las partes. Es por ello que se impone abordar y resolver los agravios sobre las cuestiones oportunamente propuestas puesto que la omisión del tratamiento de aquellos que sean conducentes para la decisión de la litis, determina que esa resolución judicial carezca de fundamento suficiente para sustentarla (CSJN; LL, 150-725; 1975-B, 705, etc.) (cfr. CSJT, sent. 474 del 12/6/2001, Nieto, Ángel Nicolás s/Lesiones culposas).

VI.- Corresponde por tanto, dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido -en lo que al específico punto analizado se refiere-, conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, la sentencia del tribunal de alzada que omite pronunciarse sobre cuestiones articuladas en los agravios del recurrente y que son conducentes para la solución del caso".

En atención a ello, deberán remitirse las presentes actuaciones a fin de que el tribunal inferior en grado proceda a emitir pronunciamiento conforme a la doctrina legal establecida.

Lo resuelto en esta instancia no implica sugerir el sentido del pronunciamiento a dictarse. La Excma. Cámara atenderá al agravio indicado por el apelante en la instancia pertinente a fin de resolver por la procedencia o improcedencia del recurso interpuesto en la referida cuestión.

VII.- Atento a las razones que determinan la nulidad que aquí se declara y no siendo imputable a las partes, el vicio que se atribuye al decisorio en crisis, las costas serán soportadas por su orden.

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE, al recurso de casación interpuesto por Jorge Luis Rougés en contra de la sentencia de fecha 22/11/2004, dictada por la Sala IIIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones. En consecuencia, dejar sin efecto el pronunciamiento con los alcances mencionados por los puntos V y VI de los precedentes considerandos.

II.- COSTAS, como se consideran III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.