marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Violación de la ley o doctrina legal, aplicación errónea de la ley, derecho a la intimidad
Materia: CIVIL
Carátula: Sudamérica Compañía de Seguros y Patrimoniales S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-11-04

No se verifica violación o errónea aplicación de la ley en relación a los arts. 1113 y 2311 del Código Civil, cuando habiendo la actora en los principales, fundado su queja en el art. 1071 bis del mismo (Derecho a la intimidad); el Tribunal de mérito sostiene que se han dado los requisitos de aplicabilidad del art. 1071 bis del C.C. y en consecuencia, en dicho razonamiento funda el fallo. La cita de los arts. 1113 y 2311 del mismo cuerpo legal, no constituyen los fundamentos para la pertinencia de la acción intentada y acogida en la sentencia; pues tan sólo son referenciados a la hora de la estimación del cálculo de la indemnización resultante.

Por otra parte, el art. 132 de la Constitución Provincial, obliga a los jueces a aplicar el derecho con prescindencia de la opinión de las partes. Por lo tanto sí es correcta la aplicación de los mencionados artículos.
Demanda, contenido de la demanda, domicilio real, actor procesal
Materia: CIVIL
Carátula: DOMINGUEZ JOSE c/ KALIK CESAR s/ DERECHO PROCESAL. PROCESO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-09

Aún cuando no se exprese en el escrito de iniciación de la demanda, resulta suficiente que de la documentación o del poder acompañado surja el domicilio real del accionante; lo contrario implicaría colocarse en una posición excesivamente formal, por cuanto pudiendo determinarse el domicilio del actor, aquella omisión no causaría perjuicio al demandado, siendo este el fundamento de la disposición contenida en el art. 330 inc. 1 del cód. Procesal.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Bustos  de  Grau,  Olga  Lydia c/ Hospital  Francés (AsociaciónFrancesa Filantrópica y de Beneficencia). s/ responsabilidad medica
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-05

La doctrina de las sentencias arbitrarias exige, para el andamiento de la tacha, la existencia de graves falencias e irregularidades en los fallos atacados, siendo necesario que produzcan una ruptura en la necesaria conexión lógico-jurídica de los temas que deciden o deben decidir, implicando por ello -y al no contar con respaldo fáctico o jurídico- la lesión de derechos y garantías constitucionales, tales como la propiedad y el debido proceso.
Dolo, recurso de casación, trata de personas, menores, denuncia anónima, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: Bogado, Julio Darío; Ibelli, Antonio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-19

Corresponde rechazar el recurso de casación contra el pronunciamiento que absolvió a los imputados por aplicación del art. 3 CPPN si se probó que las mujeres encontradas en el local nocturno allanado en virtud de una denuncia anónima, manejaban a discreción su libertad ambulatoria y actividad sexual y, paralelamente, con respecto al conocimiento acerca de la minoridad de una de ellas, operan los propios dichos de la menor en el sentido de que mintió sobre su edad, que los intervinientes en el procedimiento, testigos y peritos, no sospecharon nada acerca de esa circunstancia, y tampoco se está en presencia de una prueba suficiente respecto del aspecto subjetivo de la conducta del imputado, pues si bien no resulta muy creíble suponer que desconociera la minoridad, no se puede llegar a probar el dolo directo que exige de parte del autor la voluntad de la realización de los elementos del tipo.
Accidente de tránsito, carga de la prueba, sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: LEON GORIN Y OTRA c/ CAÑETE, RAUL A. D. Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

No procede considerar el grado de culpabilidad de cada uno de los conductores cuyos vehículos chocaron en la intersección de una bocacalle, circunstancia que originó el desplazamiento de uno de ellos hasta atropellar a los caminantes por la vereda del lugar. en casos como éste, a fin de demostrar la culpa ajena, cada litisconsorte puede producir su propia prueba, encaminada a objetivos no coincidentes, esto es, la demostración de sus respectivas pretensiones que aunque pueden ser conexas por el título, se fundan en distintas versiones del suceso (hecho jurídico) que dio nacimiento a la relación sustancial. De estas situaciones no puede desentenderse la sentencia, debiendo contener decisión particular sobre cada uno de los temas litigiosos o la consideración por separado de las cuestiones que constituyen el objeto de juicio.
Concursos, quiebra, multa, cosa juzgada, crédito admisible, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: La Celestina Group SA  c/  s/ quiebra s/ incidente revisión por gobierno de la ciudad de buenos aires
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-12

Corresponde admitir parcialmente el crédito insinuado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en concepto de multa, por un monto menor al insinuado y reconocido en sede judicial, pues la eficacia de la sentencia recaída en el pertinente juicio individual no se extiende sin más a este ámbito concursal, en el que el título fundante de todo reclamo sigue siendo el crédito esgrimido, más no la aludida sentencia. Ello lleva implícito que el juez del concurso debe volver a analizar la cuestión, y esto no altera la "cosa juzgada", desde que nada juzgado hay frente al concurso.

En efecto, si los acreedores que han obtenido sentencia a su favor en juicio individual deben igualmente pedir verificación es porque, precisamente, esa sentencia individual no alcanza para que el crédito en ella reconocido sea oponible sin más en el concurso (CNCom, Sala C, in re "Directamoint SA s/ concurso preventivo s/ inc. de verificación por GCBA", del 11/04/22).

Cabe agregar que no se configura la existencia de la cosa juzgada, pues no se verifican las tres identidades -objeto, sujetos y causa- cuya concurrencia es necesaria a esos efectos, dado que el trámite de verificación no enfrenta solo al acreedor con el deudor, sino que los "contradictores" de quien pretende verificar son también los restantes acreedores insinuados (LCQ 34), que también tienen derecho de defensa.
División de poderes, control de constitucionalidad, facultades del juez, razones de oportunidad, mérito o conveniencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lillo Ruz, José Luis y Otros c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-30

Si bien corresponde a los jueces el control de razonabilidad de las leyes y el de su adecuación a los preceptos, principio y garantías consagrados constitucionalmente, quedan al margen el examen de oportunidad o conveniencia del precepto sancionado.
Recursos, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: D., E.A. c/ Q., S.O. s/ P.V.E. s/Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-25

El derecho distingue entre el gravamen simple y el irreparable. El primero es el que quedará irremediablemente producido para la parte al que afecte, por no darse un momento posterior para que sea corregido o salvado. El segundo es el que, producido admitirá ser superado en el ulterior curso del juicio.
Empleo público, remuneración, adicionales de remuneración, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, aportes previsionales, procedencia parcial
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Chimbo, Alejandrina del Valle y otros contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-24

La cuestión relativa a la integración de los aportes y contribuciones devengados a partir del reconocimiento del carácter remunerativo de determinados rubros, versa sobre obligaciones tributarias en las que el trabajador no es parte, ya que no reviste la calidad de deudor ni de acreedor. En el caso de las contribuciones, el contribuyente primario es el empleador y es el organismo fiscal acreedor quien puede reclamar la integración de los montos debidos. En cuanto a los aportes personales, si bien el contribuyente primario es el trabajador, una vez efectuada la retención correspondiente por parte del empleador, aquél queda liberado como deudor y la obligación de pago recae única y exclusivamente sobre el agente de retención (conf. art. 8 inciso c) de la ley n° 11683, aplicable a los recursos de la seguridad social en virtud de lo dispuesto por el decreto n° 2102/93). En suma, no se advierte que el trabajador pueda, en defensa de un derecho subjetivo propio, exigir a su empleador la integración de las gabelas mencionadas, ni la eventual acreditación de dicha integración. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Marcela De Langhe).
Empleados públicos, carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rolón, Hilario Angel c/ Provincia de Buenos Aires (Serv. Penitenciario) s/ Demanda contencioso administrativa Guardiola, Luis Mariano c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Espínola, Jorge Ricardo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22|2000-05-10|2002-03-13

La promoción en la escala jerárquica no es un derecho subjetivo del agente público que pueda generarse por consecuencia necesaria de la producción de una vacante, ni tampoco en virtud del criterio administrativo para su cobertura. Ello en tanto los cargos no han sido creados por la ley para el empleado o funcionario sino en razón del servicio, siendo insuficiente la sola existencia de vacantes para generar la obligación de cubrirlas por parte de la Administración Pública.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, seguridad jurídica, igualdad ante la ley, ley procesal, interpretación sistemática, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: Después de transcurridos cinco años, ¿Es   obligatorio el fallo pleno (artículo 28 de la ley 10160) No   modificado expresamente? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-13

Ningún jurista puede negar que la seguridad jurídica, que otorga la capacidad de prever, de una manera prácticamente satisfactoria, las reacciones de los encargados de decir el derecho, sean jueces o agentes de la administración, constituye un valor central del derecho tal como hasta ahora se concibe. Menos aún podríamos negar el clamor por seguridad jurídica que se oye en nuestro país en los tiempos que corren. Ello así, sostener la obligatoriedad de los fallos plenos no modificados expresamente aún después de transcurridos los cinco años que prevé el artículo 28 de la ley 10160 concilia las técnicas del razonamiento jurídico con el mejor resultado final de la conclusión. Ello es posible dentro de la exégesis de los textos implicados (artículos 28 y 29 de la ley 10160); los armoniza en una interpretación integral; se adecua a la más probable intención del legislador al hacer realidad los objetivos tenidos en mira por éste al instaurar el sistema; tiene en consideración la experiencia de aplicación de éste y los problemas ciertos que ha causado la interpretación opuesta; realiza efectivamente -y no con retaceos o temporalidades- los valores de la igualdad y la seguridad jurídica, mucho más y mejor que la interpretación contraria. (Del Voto del Dr. Rouillon).
Leyes, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Martinez, Agustín c/ Manfredoti, Tomás. s/ Accidente de trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-13

La ley es pensamiento y voluntad del presente y no del pasado y debe adaptarse a las relaciones nuevas o transformadas hasta que en su virtud intrínseca de expansión no encuentre obstáculo en una voluntad manifiesta y contraria del precepto legislativo. Si este óbice no existe, se facilita por el contrario el triunfo de una idea de justicia que constituye en la actualidad la 'aspiración de la conciencia jurídica común' y por ello no hay por que mantener un criterio que lejos de propender a ese objetivo, disminuye sin causa alguna la función reguladora del derecho.
Recurso de casación, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: D.C., M.E.; D.la V., B.M. s/ Abandono de Persona
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-02-04

"Es formalmente improcedente el recurso de casación por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva si, al fundar su impugnación, el recurrente altera la situación de hecho aceptada por la sentencia".
Acción de reintegro, medidas cautelares, embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: Sosa, Eduardo Emilio c/ Provincia de Santa Cruz s/ Ejecución de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-09-18

Cabe rechazar la pretensión de la demandada tendiente a obtener el reintegro de las sumas depositada en concepto de indemnización por daños y perjuicios, pues se encuentra pendiente de resolución la apelación deducida por el actor mediante la cual se impugna el monto por el que se trabó la medida, el que, a su entender, debía abarcar la totalidad del dinero que se encuentra depositado en estos actuados. En consecuencia, resulta evidente que debe resolverse dicha impugnación con carácter previo a expedirse sobre la pretensión que aquí deduce la demandada ya que de acogérsela importaría la alteración de las circunstancias existentes al momento del dictado de la cautelar cuando ésta aún no ha adquirido firmeza y podría extendérsela a las sumas que se intenta retirar.
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva, tutor, nombramiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martínez del Sel, María Elena solicita tutela legal de Alexis Martínez del Sel s/ Recurso de Queja inerp. por Dra. Martínez
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-09-12

La cuestión que plantea el recurrente -designación de tutor- no refiere a sentencia definitiva, ya que puede replantearse en cada oportunidad en que los intereses del menor lo aconsejen, máxime en nuestro derecho en que la tutela está sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Menores (artículos 381 y 54 del Código Civil) y, para parte de la doctrina, ese control es ejercido igualmente por el juez.
Quiebra, pedido de quiebra, rechazo del reclamo, improcedencia del recurso, asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: TPC COMPAÑIA DE SEGUROS SA LE PIDE LA QUIEBRA MARPAMA SA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-19

Y en el caso de liquidación forzosa de una compañía aseguradora pueden darse tres situaciones: una, cuando al tiempo de disponerse la revocación de la autorización para funcionar de una entidad por alguna de las circunstancias contempladas en la ley 20091: 48-a) a g) entre otras, el asegurador no procede a su inmediata liquidación, dado que la revocación firme de la autorización apareja la disolución automática; otra, en el supuesto que se encontraren reunidos los presupuestos para la declaración de quiebra y el juez competente da cuenta de ello a la autoridad de control para que asuma la liquidación (tal sería el supuesto de autos); y un tercer caso, que puede presentarse cuando disuelta voluntariamente la sociedad no se liquide inmediatamente, o cuando la protección de los intereses de los asegurados lo requiere, caso en que la autoridad de control debe solicitar al juez su designación como liquidadora, previo juicio verbal convocado a ese fin, donde el asegurador es citado (ver Alfano, Orlando Hugo, "El control de Seguros y Reaseguros", pág. 157, ed. La Ley, Bs. As., 2000).
Sociedades comerciales, administración de la sociedad, responsabilidad del administrador de la sociedad, representación de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: VICENTE ROBLES SA c/ NISALCO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-11

Es pacífica la interpretación que solo puede exigírseles a los integrantes del órgano de administración el cumplimiento de sus obligaciones, pero el simple fracaso del resultado económico de la sociedad -aun su quiebra- de por si no determina la responsabilidad de los administradores (Ferri, Giuseppe, "La Societa", en Filippo Vassalli -dir.-, "Trattato Di Diritto Civile Italiano", vol. X, T. III, Torino, 1971, pag. 525). Es que de resultar satisfecho el interés de los socios, resulta innecesario analizar la conducta desplegada por los administradores. Pero en caso contrario, deberá ponderarse la efectiva conducta empleada ateniéndose al parámetro de "diligencia" que es dable exigírsele (obrar con lealtad profesional y con el cuidado que tendría un buen hombre de negocios) ya que aun en las obligaciones que por su naturaleza se podrían conceptualizar "de medios" existe, como finalidad, un resultado -si bien aleatorio- pero que integra el fin a que tiende el acreedor que ha quedado insatisfecho pese al cumplimiento exacto por parte del deudor. Puede concluirse, que en las obligaciones de medios, diligencia y cumplimiento son todo uno, en el sentido que, en dicha categoría, no existe un supuesto de cumplimiento cuya individualización, aun en el sentido objetivo, tenga lugar mas allá del esfuerzo debitorio requerido según la aplicable regla de la diligencia debida. Así se puede llegar a responsabilizar a los funcionarios que ocupan los cargos del órgano por el daño ocasionado por sus actos -de comisión u omisión- contrarios a la ley o a los estatutos, como así también por los realizados sin la diligencia debida con la que deben desempeñarse y aun por la violación del deber jurídico de no dañar a otro.
Marcas, marcas nominativas, isotipo
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOSAIC DE ARGENTINA S.A. c/ COSMOCEL S.A. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-21

La actora pretende el registro de una marca "nominativa". En efecto, se trata de un concepto que alude a la agricultura en general (pues se halla en el mercado de los fertilizantes) y que se vincula de inmediato con el carácter distintivo y especial que puede obtener, por ejemplo, La siembra tratada con su producto, ya sea de aplicación sobre la propia plantación o sobre el suelo en el que se ha cultivado. La marca que pretende registrar la actora: "MAXIGRAN", solicitada mediante Acta N° 2.613.290 para distinguir fertilizantes en la clase 1, no puede confundirse con la marca "MAXI-GROW" registrada por Cosmocel S.A., Reg. N° 1.961.507 de la clase 1, toda vez que se hallan compuestas por un vocablo genérico "MAXI" y las palabras "GRAN" y "GROW" son las que les confieren a los signos marcarios en pugna un sello distintivo que les permite una coexistencia pacífica.
Recurso de reposición (procesal), recurso de reconsideración, facultades del Superior Tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: P., M. C. y Otro c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-11-12

El recurso de reposición ha sido definido como "... el remedio procesal tendiente a obtener que en la misma instancia donde una resolución fue emitida se subsanen, por contrario imperio, los agravios que aquella pudo haber inferido favoreciendo, de este modo, la celeridad y economía procesal...". Sumando a ello, recuérdese que "... En particular para el Recurso de Reconsideración, debe ser, al igual que la que corresponde a una expresión de agravios o memorial, una crítica razonada y razonable de lo decidido, con exposición adecuada de los motivos de impugnación correlacionados con los defectos formales o sustanciales de la Resolución atacada. Sin perjuicio de la regla general mencionada, ha de señalarse que el Alto Cuerpo también ha dicho:"... ello no obsta a que en ciertos casos se configure una excepción a ese criterio, en particular cuando resulta evidente y manifiesto que se ha incurrido en un error...". Como así también, en otros supuestos, para aventar rigorismos y en consideración del debido respeto del principio de tutela judicial efectiva.
Mandato conjunto, obligaciones del abogado, obligaciones simplemente mancomunadas, obligaciones solidarias, obligaciones alternativas
Materia: CIVIL
Carátula: C., R. A. c/ A., J. H. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

La procura colectiva puede dar facultades de actuar en forma conjunta, en la que los apoderados deben conducirse todos coordinadamente -típico caso de mandato conjunto al que se le aplican las reglas de las obligaciones simplemente mancomunadas-, o en forma alternativa, hipótesis bajo la cual se les permite actuar indistintamente -alternativa disyunta- o bien que exista una división en partes de lo que cada representante puede hacer.
Despido con causa, injuria laboral, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLAGRAN, Néstor c/ LABORATORIOS ANDROMACO S.A.I.C.I. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-02-16

No puede afirmarse a priori que un hecho determinado constituya en términos absolutos y en todos los casos una injuria, sino que siendo facultad soberana del Juzgador apreciar los hechos estimados injuriosos, deberá tener en cuenta la colaboración, la buena fe, la recíproca tolerancia que debe mediar en esta clase de relaciones, considerando las particularidades de cada caso, antecedentes del empleado y perjuicio ocasionado.
Ejecución hipotecaria, suspensión de la ejecución, locatario
Materia: CIVIL
Carátula: TAQUINI S.A. CIA. FINANCIERA c/ ELSEGOOD, Manuel s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-13

Tanto las leyes 23.082 y 23.293 como las 23.318 y 23.354 que prorrogan el efecto de aquéllas, establecen como requisito para la aplicación de la suspensión de procedimientos ordenada en esas normas que el inmueble estuviera destinado a vivienda de uso permanente del deudor y/o de su grupo familiar en línea directa de ascendencia o descendencia. Si de la constatación surge que la finca se halla ocupada por una persona identificada como inquilina no concurren los enunciados de viabilidad de acogimiento a las normas citadas.
Transporte, fijación de precios
Materia: CIVIL
Carátula: Sabina Humberto en j: Sabina Humberto c/ Jesús Zabalza y Cía. S.R.L. s/ Ordinario - Inconstitucionalidad (Libro: S066-150) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-11-19

Las prácticas generalmente observadas en el comercio es convenir los precios, especialmente si se trata de un negocio de acarreo prolongado y por sumas de importancia.
Ley vigente, verdad jurídica objetiva
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: C., J. F.  c/ T., S. R. y Otro  s/ sumario -cobro de pesos e indem de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-12

El proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva que es su norte. La ley procesal vigente dispone que los jueces tendrán, en cualquier estado del juicio, la facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos. Y tal facultad no puede ser renunciada, en circunstancias en que su eficacia para la determinación de la verdad es indudable. En caso contrario la sentencia no sería aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente la frustración ritual del derecho.