Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-17


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 69873 SALA V. AUTOS: "BARRIOS SILVINA MARIA C/ ENRIQUEZ JOSE LUIS S/ DESPIDO" (JUZGADO Nº20).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 17 días del mes de agosto de 2007, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el DOCTOR JULIO CESAR SIMON dijo: La sentencia definitiva de fs. 243/51 recibe apelación de la parte actora a fs. 254/55 y del demandado a fs. 259/63. A fs. 253 la perito contadora cuestiona sus emolumentos por bajos. La parte actora contesta agravios a fs. 271/73 y el accionado lo hace a fs. 278 y vta. He de comenzar analizando los agravios vertidos por el demandado por una simple cuestión metodológica. Cuestiona en primer lugar que se tenga por probado que el ingreso de la actora fue "durante el año 1990", por los dichos de los testigos Monet, Vega y Cánepa, pues afirma que de los registros laborales y lo que informa la pericial contable surge otra fecha, esto es el 1/10/93. En segundo lugar, objeta que se aplique en el caso la presunción prevista por el art. 55 LCT precisamente por considerarse falaces las registraciones laborales llevadas por su parte como consecuencia de la fecha de ingreso que se tiene por acreditada por aquellas testimoniales. Afirma que la actora nada dijo durante muchos años de las registraciones ni de sus recibos que los firmó sin objeciones, por lo que tacha de superficial la apreciación y valoración de la pruebas colectadas en autos y descalificable como acto jurisdiccional la resolución dictada (sic) por parte del magistrado a quo - hoy colega en esta Cámara -. En tercer término, esgrime que la disolución del vínculo fue por justa causa, y que el Estudio era explotado de forma unipersonal por el demandado el ejercitar su profesión abogado, salvo en un período donde también estaba el Dr. Cánepa. Sostiene que si el accionado tuvo que dejar de laborar en el estudio jurídico y cerrarlo por pasar a desempeñarse en la actividad pública con jornada completa y en otra ciudad (La Plata), con motivo de la crisis económica que sufrió el país desde el año 2000, que lo impulsó a buscar nuevos horizontes, por lo que resulta de aplicación lo normado por el art. 247 LCT, por falta de trabajo, al tener que cerrar el estudio y ser la accionante la única empleada. Considera que no se dan las circunstancias para el progreso del art. 2 de la ley 25.323, pues su parte tuvo intención de abonar lo que entendía le correspondía a la actora y ésta se negó a recibirlo. En cuanto a la ley 25561 también reprocha su acogimiento, pues indica que el estudio lo debió cerrar por irse a laborar como asesor del Gobierno de la Provincia de Bs. As. a la ciudad de La Plata y ser el único abogado del mismo. En lo atinente al art. 80 LCT y la penalidad dispuesta por la ley 25345, refiere que conforme la pericia contable no hubo incumplimiento ante los organismos de la seguridad social y que el certificado pertinente fue puesto a disposición de Barrios y que la actora agrega a la causa. Finalmente, cuestiona las sumas a las que arriba el ex juzgador a quo, por los conceptos "ley 25323" y "ley 25561". Objeta por último todos los honorarios regulados por entenderlos elevados. Y su representación letrada - por propio derecho - cuestiona los suyos por bajos. Considero que no le asiste razón en su queja, al menos de forma total. Sostengo ello, pues como bien lo refirió el sentenciante de grado, los tres deponentes citados y que el quejoso ataca, resultan contestes y suficientes a los fines de acreditar la fecha o época de ingreso de la actora como secretaria en el estudio jurídico del demandado. Y justamente la imprecisión o dicho de otro modo la falta de precisión de éstos en brindar una fecha exacta, circunstancia de la que se aferra el apelante para intentar derribar esta probanza, afianza la tesis de Barrios, pues precisamente luego de tantos años que ninguno recuerde con exactitud la fecha de ingreso, es una cuestión lógica y natural, bastando a tal efecto que ubiquen temporalmente tal suceso como producido durante el año 1990 y no en 1993 como sostiene el accionado. Resulta por lo demás un lógico corolario que si demostrado que fue que estaba mal registrada su fecha de ingreso, por aplicación de la presunción del art. 55 LCT también se pongan en duda o se consideren ineficaces las restantes registraciones, sin que cobre importancia lo alegado por el quejoso en cuanto a que la actora durante años consintió todo ello, e incluso firmaba los recibos, pues conforme el art. 58 LCT no se admiten presunciones en contra del trabajador que deriven de su silencio o de cualquier otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco. Asimismo se exhibe inatendible el argumento acerca del art. 247 LCT, pues si bien cierto es que la actividad profesional es intuito personae, y que si por cualquier circunstancia el profesional deja de trabajar en dicha profesión la actividad cesa, no menos lo es que en el caso el actor por propia voluntad optó por cerrar su estudio jurídico y encarar otro aspecto de su ejercicio profesional esta vez como asesor de un gobierno provincial, lo que nada obstaba a que tomada dicha decisión diese por finiquitado el vínculo laboral con la actora pero abonándole las indemnizaciones que por ley le corresponden ante el despido directo decidido, esto es la prevista por el art. 245 LCT y demás correspondientes, y no intentar disfrazar la denuncia del vínculo bajo una aparente crisis económica sufrida desde el año 2000, pues en primer lugar no acreditó en qué medida aquella lo afectó en el ejercicio profesional de la abogacía y la marcha de su estudio jurídico y en segundo lugar, sabido es que dicha circunstancia escapa y resulta ajena a los trabajadores, siendo propia de los empleadores por el principio de ajenidad del riesgo, ya que así como no participan los trabajadores de las ganancias tampoco pueden hacerlo en los momentos de crisis y desventuras económicas de sus patronos. En síntesis, el Dr. Enríquez tomó la decisión de cerrar su estudio y dedicarse a una actividad distinta e incluso en otra ciudad, y más allá de verse afectado o no de la crisis económica que sufrió y aún en menor medida sigue sufriendo el país, pudo y debió afrontar la desvinculación de su secretaria (Barrios) conforme a lo que por derecho a ella le correspondía y no como hizo intentando abonar una indemnización acotada esgrimiendo la circunstancia ya aludida. En lo referente a un supuesto mal cálculo de las indemnizaciones previstas por la ley 25561 y 25323, en primer lugar advierto que conforme lo expuesto estamos en presencia de un despido directo sin justa causa, pues - reitero - se invocó para ello una supuesta crisis económica que no fue probada. En cuanto al art. 2º de la ley 25323, lo cierto es que la actora habiendo intimado fehacientemente el pago de sus acreencias, no tuvo respuesta y se vio obligada a iniciar las presentes acciones legales, con la actuación ante el SECLO inclusive, sin que a esta altura alcance el argumento vertido en cuanto a que siempre tuvo a su disposición al menos lo que el accionado consideraba procedente, pues como bien se destacó en el fallo anterior, no consignó judicialmente dichas sumas lo que hubiese al menos demostrado su intención de pago. Ahora bien, en lo relativo al quantum de dichas indemnizaciones, observo que la del art. 2º de la ley 25323 está bien calculada, pues la suma de $5.313,58 es la resultante de la suma del 50% de los rubros "indemn sust de preaviso más incid del SAC" por $1424,26 y de la "indemn por despido" por $9202,90, mientras que la del art. 16 de la ley 25561, efectivamente resulta errónea, pero en detrimento de la aquí apelante por lo que para no incurrir en "reformatio in peius" he de confirmar la determinada en el fallo a quo. Y afirmo que se halla mal calculada pues en un primer momento al tratar dicha multa, se hace mención a un incremento del 80% por aplicación del Decreto 823/04, lo cual resulta inexacto pues conforme con la fecha del distracto (30/6/04) le correspondía un 100% en virtud del Decreto 369/04, que estuvo en vigencia precisamente hasta dicha fecha, mientras que el precitado 823/04 lo estuvo a partir del 1/7/04, sin perjuicio de todo ello, luego al efectuarse la liquidación en la sentencia se hace mención a un incremento del 50% aunque se cita nuevamente el Dec. 823/04, por lo que a la luz de lo expuesto - reitero - ha de confirmarse el incremento dispuesto en la sede anterior. Tampoco le asiste razón en cuanto a la sanción impuesta por el art. 80 LCT, ley 25345, pues la actora cumplió con los plazos previstos por el Dto 146/01 reglamentario de la norma en cuestión, pues a los 30 días corridos desde la fecha de extinción del vínculo, intimó fehacientemente la entrega de las certificaciones, sin obtener respuesta del demandado dentro de los dos días hábiles posteriores, extremo que recién procede a cumplir el accionado el 18/11/04 cuando ya había transcurrido el plazo citado. En cuanto a que no corresponde la condena a entregar nuevo certificado art. 80 LCT, es cuestión que deviene inatendible, toda vez que si bien cierto es que en autos se agregó por parte de la accionante el certificado que en forme extemporánea entregó el demandado, no menos lo es que en aquel se consigna una fecha de ingreso que no se compadece con la impetrada y demostrada por Barrios en autos, por lo que la condena a confeccionar y hacer entrega de una nueva certificación que se adecue a lo determinado en la manda judicial, también ha de ser confirmada. Por su parte, la actora cuestiona el rechazo de la multa del art. 15 de la ley 24013, pues afirma que la falta de cumplimiento en tiempo oportuno de la comunicación a la AFIP no obsta a su progreso. Y le asiste razón a la quejosa, pues la cuestión quedó resuelta con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Di Mauro, José Santo c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. E.L. y otro s/ despido" D. 233 XL del 31/5/05, donde se dispuso que la mencionada remisión dispuesta en el art 11 inciso b) - copia a la AFIP - solamente resultaría exigible para la indemnización reclamada en el marco del art 8 de dicha normativa, pero no hace a la procedencia de la multa establecida en el art 15 del mencionado cuerpo legal ya que esta no se encuentra comprendida en la enumeración introducida por el art 47 de la ley 25345 que solamente alcanza a las multas previstas en los arts 8, 9 y 10 de la ley 24013. Pero en modo alguno obsta a la duplicación a que alude el mencionado art 15 siempre y cuando se hubiere cursado la intimación dirigida al empleador de manera plenamente justificada extremo éste que se encuentra debidamente acreditado en autos, por lo que dicho rubro progresa por la suma de $10.627,16, lo que incrementa el capital de condena a la suma de $38.154,42, suma que devengará los intereses fijados en la instancia anterior, que son los dispuestos por esta Cámara en el Acta 2357 y Res nº 8 del 7/5/02 y 30/5/02 respectivamente. Resta analizar los recursos que por honorarios interpusieron tanto la perita contadora como la parte accionada y su representación letrada por propio derecho, así como la planteada también por la representación letrada de la actora - por propio derecho - cuestionando los suyos por bajos. Si bien se propone la modificación del capital de condena, lo que habilitaría la regulación de nuevos honorarios en virtud del art. 279 CPCCN, lo cierto es que los porcentuales fijados a fs. 251 se exhiben adecuados y he de propiciar su confirmación, con excepción de los correspondientes al Dr. Cecildo Angel Ayala que se exhiben bajos y se elevan al 11%, los que se calcularán sobre el nuevo monto final de condena (capital más intereses), (art. 38, L.O.). En la alzada las costas se imponen al demandado vencido (art. 68,CPCCN) a cuyo efecto fíjase la retribución de las representaciones letradas intervinientes en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por sus labores en la instancia de grado. EL DOCTOR OSCAR ZAS manifestó: Que por análogos fundamentos, adhiere al voto del señor juez de cámara preopinante. En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: Confirmar la sentencia definitiva en cuanto fue objeto de recursos y agravios con excepción del capital de condena que se eleva a la suma de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ( $38.154,42), y que devengará los intereses dispuestos en la instancia anterior. Mantener los porcentuales de honorarios fijados a fs. 251, excepto el correspondiente a la representación letrada del demandando que se deja sin efecto y se eleva al 11%, calculándose todos ellos sobre el monto final de condena. En la alzada las costas se imponen al accionado vencido, a cuyo efecto fíjase la retribución de as representaciones letradas intervinientes en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por sus labores en la instancia de origen. Se hace saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace saber también que en caso de corresponder el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1181 de la cit., y punto II Acordada CSJN Nº 6/05). Reg., not., y dev.. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que la Sra. juez de cámara Dra. María C. García Margalejo no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345. Julio César Simón Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara