marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, excesos u omisiones en el pronunciamiento, sentencia arbitraria, recurso de apelación (procesal), daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Amalia y otros c/ Saint Germes, Jorge A. y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

Corresponde dejar sin efecto la sentencia de cámara que desestimó la indemnización, no obstante que la condenada no había formulado objeciones sobre su admisibilidad en su expresión de agravios.
Legitimación procesal, juicio de apremio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe; Arjol, Enrique; Redondo, Osvaldo Héctor; Cisaruk, Victorio y Orengo, José Ramón c/ Municipalidad de Venado Tuerto s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 212-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-04-13

Si bien es cierto que la ley 4114 en su artículo 12, reconoce al Consejo de Ingenieros facultades de actuación judicial, ello se circunscribe a una causa específica y a una vía procesal determinada . La causa es el cobro de honorarios devengados y la vía la del apremio. El temperamento de extender dicha facultad de intervención más allá de esos supuestos, aun cuando pueda mediar alguna vinculación con la materia de honorarios, conlleva el peligro de desnaturalizar una intervención procesal que tuvo como principal justificación el mecanismo específico de cobro de honorarios, habilitando la intervención en procesos de variedad insospechada para el legislador, como sería el caso de este recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción.
Acto administrativo, presunción de legitimidad, ejecutoriedad del acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, certificado de deuda, medida de no innovar, recurso de alzada, Obra Social Bancaria Argentina
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: DEUTSCHE BANK ARGENTINA S.A. c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-05

La presunción de legitimidad del acto, que invoca la apelante con apoyo en la Ley 19.549, no forma obstáculo -en el caso- a la procedencia de la medida cautelar, toda vez que, como se ha visto en los considerandos precedentes, la ejecutoriedad de aquél se encontraba condicionada a la decisión pendiente del Ministerio de Salud y Acción Social en el recurso de alzada y puesto que esa decisión previa era requisito para dar firmeza a la resolución ISSB N° 157/95, tanto por razones de estricto derecho como por elemental prudencia el Instituto debió procurar -e hizo lo contrario- una rápida respuesta ministerial que hiciera cesar la situación de incertidumbre y afianzara la seguridad jurídica permitiendo a las partes en conflicto saber a que atenerse.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL
Carátula: Garritano, Alberto Carmelo c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional Ministerio del Interior). s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

Si bien es cierto que las cuestiones de hecho, prueba y derecho común son, en principio, propias de los jueces de la causa y ajenas, como regla y por su naturaleza, al remedio del art. 14 de la ley 48, puede habilitarse la instancia extraordinaria en los supuestos en que las conclusiones de aquéllos presentan vicios que los descalifican a la luz de la doctrina de la arbitrariedad (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Automotores, taxi, prueba de informes
Materia: CIVIL
Carátula: VERDUN MIGUEL c/ MEJIAS DANIEL s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-27

Si bien el automotor puede revestir las características exteriores y objetivas de taxímetro (como pintura, reloj) no por ello adquiere la legitimidad de la condición de taxi ya que la misma se prueba mediante el debido informe emanado de la Municipalidad de acuerdo con sus registros.-
Inhabilitación (civil), recursos, elevación en consulta
Materia: PROCESAL
Carátula: L., J.A. s/ INHABILITACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-20

Los arts. 253 bis y 633 del Código Procesal imponen la elevación en consulta cuando la sentencia que declara la incapacidad del denunciado no ha sido apelada, aplicándose extensivamente a los supuestos en los que el objeto del proceso apunta a la inhabilitación del sujeto. Ambos casos justifican el examen por el Tribunal de Alzada, toda vez que los dos acarrean la restricción en la capacidad, sin que quepa hacer distingo en orden a la menor extensión de uno de ellos.-
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: OLGUIN, CARLOS RAMON s/ NULIDAD - SENTENCIA - IMPUTADO - PERITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1961-10-30

Para cumplir el deber de fundamentar la sentencia, conforme al mandato legal, el juez no tiene necesidad de analizar prolijamente todos y cada uno de los medios de prueba incorporados al proceso;

basta el examen crítico de aquellos útiles y decisivos que justifiquen su pronunciamiento.-
Impuestos, IVA, hecho imponible, construcción de viviendas, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Supercemento (T.F. 7128-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-30

La Sala I de esta Cámara, (el 18/7/96 in re: "Carlos A.

Caruso"), concluyó que "escindir -en la interpretación de las distintas normas del Impuesto al Valor Agregado antes mencionadas- "el concepto de trabajos en general sobre inmuebles", en bienes muebles o inmuebles con o sin individualidad propia y trabajos en general, a los efectos de alcanzar con el gravamen de marras a la venta de los primeros, importaba lisa y llanamente desvirtuar el objetivo de la excepción, que no es otro que el "de lograr un costo total reducido, en razón de las características que revisten los destinatarios de dichos inmuebles", sin dejar de lado que el tributo, repercute en el costo final de la vivienda y en cabeza del consumidor final...". (Consid. 3º).
Jubilación por invalidez, nulidad absoluta, pérdida del beneficio, suspensión del beneficio, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MIRANDA, JOSE c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

Si bien es cierto que en los supuestos de nulidad absoluta la autoridad administrativa cuenta con atribuciones para suspender, revocar o modificar resoluciones que otorguen beneficios jubilatorios, aunque la prestación se hallare en vías de cumplimiento, también lo es que ello es a condición de que los hechos o actos que las determinan resulten "fehacientemente probados" y que los organismos previsionales actúen con extrema cautela, atendiendo las necesidades que tales beneficios satisfacen, la edad y eventuales consecuencias personales en los beneficiarios a los que debe dársele adecuada participación en los procedimientos, permitiéndosele alegar y probar sobre los aspectos cuestionados (cfr.

Fallos 305:307). Por lo tanto, si en el trámite de otorgamiento del beneficio rige el principio de bilateralidad, no es posible admitir que, otorgada la prestación y en vías de cumplimiento, sin dar participación alguna al interesado se disponga unilateralmente su extinción.
Derecho laboral, procedimiento laboral, derechos y garantías constitucionales, sentencia, relación de dependencia, contrato de trabajo, remuneración, demanda laboral
Materia: LABORAL
Carátula: FONSECA, Amanda Raquel c/ FELER, Sergio Horacio s/ RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-12-04

Corresponde reiterar el criterio de esta Sala de que la planilla de liquidación integra la demanda, si de su texto se desprende con toda claridad cuál es el alcance del reclamo y los rubros que lo componen; que la demanda es una carga procesal de importancia extrema, pues fija: las partes que quedan vinculadas por la pretensión, la cosa demandada y los hechos ("Luna c. Guzmán", Expte. Nº 17.958/07, 21-09-07; "Salas c. Spiess", Expte. Nº 20115/08, 27-08-08).

En consecuencia, debe rechazarse con costas (art. 67 del CPCC) la apelación intentada.
Derecho contravencional y de faltas, proceso contravencional, leyes, antecedentes parlamentarios, interpretación de la ley, celeridad procesal, economía procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: L., E. J. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Infracción  arts. 13, 59 y 88 del Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe  (Expte.: C.S.J. nro. 435 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-05

En cuanto al proceso de faltas, se siguen los modernos principios procesales de economía, celeridad, oralidad, inmediatez, concentración, sencillez e impulso de oficio que permiten arribar a la verdad real del caso, lográndose el justo equilibrio de la acción, jurisdicción y defensa. Así, a modo de ejemplo, el artículo 36 de la ley 10.703 consagra el principio de oficiosidad de la acción, donde bastará para que se dé comienzo a la acción pública la denuncia formulada ante las autoridades prevencionales o judiciales o bien ésta podrá ser promovida por los funcionarios que tuvieron conocimiento de ella; también, el artículo 48 establece que "El proceso será actuado en audiencia oral y pública", que por sus características, especialmente la de menor importancia de los hechos que se investigan, resulta "acorde con la escasa magnitud y simplicidad ordinaria de los hechos que se juzgan" al decir de Prats Cardona, en ocasión de comentar el artículo 36 -de similares características al 48 vigente-, de la ley 3473, reformada por ley 4190; y el artículo 50, al referir al contenido de las audiencias de descargo, alude a que, tras interrogar al imputado para su identificación y hacerle conocer su derecho de declarar o de abstenerse de hacerlo, el magistrado indagará al imputado sobre el hecho que se le atribuye, pudiendo éste expresar todo cuanto considere conveniente en su descargo o aclaración de los hechos y ofrecer las pruebas que estime oportunas en el mismo acto o dentro de los cinco días siguientes.
Cheque sin fondos, cheque de pago diferido
Materia: PENAL
Carátula: MERENA, Alberto s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

Cuando se trata de cheques postdatados, cabe entender que no fueron simultáneos a la contraprestación y por lo tanto traducían el otorgamiento de crédito a la denunciada, así los sucesos aparecen °prima facie° encuadrables en el art. 302, C.P.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, caducidad, sentencia, resoluciones recurribles
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: ARENERA DEL LITORAL SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. RECURSO   EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL (CSJ   EXPTE Nº 51-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-09-09

Si la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad local se fundamentó en que el pronunciamiento recaído en un juicio contencioso administrativo, sólo es recurrible por los medios de impugnación excepcionales previstos en el Código Contencioso Administrativo (ley 4106, artículos 76 y 80; arg. cf. artículos 93, inciso 1ro de la Constitución Provincial; 1, ley 7055), y en el caso no eran susceptibles de ser utilizados (circunstancia reconocida por la propia recurrente en el memorial introductorio del recurso federal, f. 165), la decisión declarando la caducidad de la instancia adquirió firmeza a efectos de provocar la apertura de la instancia extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48.
Recurso contencioso administrativo, demanda, pretensión, daños y perjuicios, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ruiz, Aníbal Guido c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 404-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-29

El carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa supone someter a consideración de la Administración la materia que luego se trae ante la Corte, pues lo que la ley exige es que no se planteen pretensiones distintas de las allá invocadas, aunque no prohíbe que se aduzcan nuevos argumentos jurídicos, consistiendo la regla, pues, en que no se puede demandar judicialmente lo que no haya sido pedido en aquella instancia. En este sentido, resulta inadmisible el recurso contencioso administrativo intentado en torno al reconocimiento de una indemnización por los perjuicios que el actor dice haber sufrido y por daño moral, cuando esos rubros no fueron reclamados en sede administrativa.
Asegurador por riesgos del trabajo, enfermedad profesional
Materia: LABORAL
Carátula: Lira, Carlos Roberto c/ Colorín I.M.S.S.A. s/ enfermedad laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-04-10

La ART debe responder por enfermedades no cubiertas por el contrato de afiliación -no incluidas en el LISTADO-, pues cabe oponerle lo dicho por el Alto Tribunal en "Silva c/ Unilever (12/02/07 Fallos 330= 5435)" al descalificar constitucionalmente las normativas invocadas por la ART, en tanto niegan al dependiente víctima de una enfermedad causalmente atribuible al trabajo, la reparación adecuada por el solo hecho de que no está en el listado en cuestión.
Beneficios previsionales, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moreno, Miguel Paulino c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

A falta de una determinación expresa acerca de la correlación del cargo desaparecido, en el caso Secretario General de la Dirección de Catastro, el tema litigioso consiste en establecer si el cargo pertenecía al agrupamiento profesional, como se considera en las resoluciones impugnadas o al jerárquico, como lo sostiene el accionante, y no habiendo acreditado el actor el extremo esencial en que se sustenta su pretensión debe rechazarse la acción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Registro de marca, marcas evocativas, marcas confundibles, cotejo de marcas, oposición al registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: Laboratorios Armstrong  S.A. c/ Societe Anonyme L'oreal s/ Cese op. inf. Registro de Marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

Plusactive y Nutractive no evocan lo mismo. El que se solicita da la idea de más que activo o,simplemente,más activo;mientras que la marca de la demandada sugiere a un producto nutritivo y activo a la vez, que es algo distinto.Es cierto que las diferencias son mínimas desde el punto de vista conceptual,pero como la partícula de las marcas que es común está difundida en la clase 3-y,por lo tanto,la demandada no puede pretender un monopolio respecto de ella-y los dos signos enfrentados son débiles,no existen razones de peso que obste a la coexistencia.

A la misma conclusión se llega con el cotejo de la marca solicitada y la oponente SURFACTIVE,a lo que cabe añadir que a la raíz de este no se le encuentra ningún sentido conceptual.
Revocación de sentencia, régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, fondo de garantía, accidentes de trabajo, indemnización por incapacidad
Materia: PROCESAL - COMERCIAL - LABORAL
Carátula: Coronel, Elba Marisa c/ El Indígena  SRL s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que excluyó a la obligación del Fondo de Garantía de los alcances de la ley 23.982, pues la causa de la obligación de pagar las indemnizaciones garantizadas por el fondo, es la incapacidad del accidentado por lo que resulta irrelevante la fecha de la sentencia interlocutoria que declaró la insolvencia o el allanamiento del Estado pues a tales hechos o actos sólo se subordinó su exigibilidad y si bien estas circunstancias pueden permitir incluir en el régimen de consolidación deudas reconocidas con anterioridad, no resultan aptas para excluir aquellas cuyo reconocimiento se hubiera operado después, en la medida en que reconozcan su causa en hechos o actos anteriores a la fecha de Corte.
Sentencia, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Derosa, Luis s/ Inf. art. 96, ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-17

Las remisiones globales realizadas por el sentenciante no constituyen debida resolución.
Honorarios del abogado, partes del proceso
Materia: CIVIL
Carátula: Suarez Leandro Hipolito Y Otro c/ Ibarra Julio Edmundo s/ Contratos (Ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-14

Corresponde confirmar la regulación de honorarios, pues si bien la presente demanda fue presentada por el actor y por el letrado como coactor, el primero se sirvió de los servicios profesionales del segundo para iniciar el presente juicio, ya que sin patrocinio letrado no es posible actuar en un proceso judicial, conforme lo previsto por los art. 97 de la ley 5233 Provincia de Tucumán, máxime cuando la actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter oneroso, excepto en los casos en que conforme a disposiciones legales, pudieren o debieren actuar gratuitamente (art. 2º de la ley 5480).
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Chico, Fernando Victor s/ Homicidio y Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1988-04-29

A los fines indemnizatorios corresponde fijar la vida útil de una persona en 70 años y no en 74 años, pues lo ultimo e excepcional y debe fundarse en circunstancias fehacientemente corroboradas.
Acción de amparo, resolución administrativa, suspensión del beneficio, Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RHO, MARTA SUSANA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-14

Resulta improcedencia deducir acción de amparo tendiente a lograr se deje sin efecto una resolución administrativa (en el caso, mediante la cual se suspendió el beneficio previsional) dado que el art. 4 de la ley 16.986 establece que será competente para conocer en dicha acción el juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto, y la C.N.A.S.S, hasta el presente, no cuenta con primera instancia, su competencia se encuentra enmarcada en los términos del art. 8 de la ley 23.473 y sus decisiones solo resultan revisables, por vía del recurso extraordinario, por la C.S.J.N.
Contrato de trabajo, denuncia, remuneración, falta de pago
Materia: LABORAL
Carátula: Calvo, María Isabel c/ Cendica SRL s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-12-06

La falta de pago de las remuneraciones al trabajador constituye injuria a los intereses del mismo, habida cuenta de la situación crítica, angustiosa y de extrema necesidad que tal situación produce al trabajador, autorizando al mismo para hacer denuncia del contrato de trabajo.
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Copropietarios Edificio Romina II c/ Maneta, Luis s/ Acción quanti minoris por vicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-05

El art. 3986 del C.C. establece que la prescripción se suspende por un año o el menor término que pudiera corresponder a la prescripción de la acción, lo que equivale decir que el plazo mayor de suspensión es de un año para aquellos supuestos en que el plazo prescripto sea de más de un año, pero para los supuestos en que el plazo de prescripción es menor, el lapso de suspensión no podrá computarse por más tiempo que el previsto para que aquella opere.
Estafa, concurso de delitos, defraudación, calificación legal, tipo penal, delito de acción pública, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, deberes del juez, límites del pronunciamiento
Materia: PENAL
Carátula: González Bayon, Juan Andrés y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-12

El análisis del hecho objeto de proceso no ha sido efectuado por el Tribunal "a quo", quien, asimismo, tampoco ha dedicado estudio alguno destinado a fundar suficientemente la atipicidad de la conducta investigada, en cuyo desarrollo, y tratándose de un delito de acción pública, no deben limitarse los jueces a la estricta calificación esbozada en el caso por la querella, sino que debe resultar abarcativo de aquellas figuras típicas en las que, razonablemente, podrían encuadrarse los hechos en cuestión. Más aún, en el caso ni siquiera la querella ha circunscripto a los hechos materia de imputación -a los que calificó como una maniobra defraudatoria perpetrada en su perjuicio- estrictamente, a la configuración de dicho delito, dado que desde su primera presentación hizo referencia a la posible comisión de una defraudación en su perjuicio, calificándola en principio como estafa en concurso con defraudación, en los términos de los arts. 172 y 173, incs. 6 y 11 del C.P. Lo expuesto, teniendo en cuenta que el inciso tercero del artículo 336, por el que se ha dictado el sobreseimiento ahora impugnado, aprehende el caso de que el episodio no tenga adecuación típica, supuesto que, como se dijo, no encuentra un completo análisis en la resolución que se impugna. (Dr. Hornos, adhiere según su voto).
Honorarios, regulación de honorarios, honorarios del abogado
Materia: CIVIL
Carátula: SACCHET,  Mirta Mabel c/ POMPILLO, Carlos Walter y otros s/ DAÑOSY PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-13

Disidencia del Dr. Sánchez:

Al regular honorarios en el acto de la sentencia (obviamente por el, o los mismos jueces que la dictan y en el preciso momento de la valoración final; sin la posibilidad -por otra parte- de eventuales cambios de magistrados en los supuestos de deferírselos), es cuando mejor se pueden apreciar las pautas de los artículos 6 y concordantes de la ley 21.839. Como sostiene la doctrina especializada es entonces cuando el magistrado posee la visión de conjunto que le permite la aplicación de todas las pautas arancelarias. El modo en que debemos dar cumplimiento a nuestra obligación de regular honorarios por las actuaciones en ambas instancias, es haciéndolo en porcentuales a aplicarse sobre el monto que en definitiva resulte de la liquidación a practicase por capital más interese y según lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 14, 19, 37, 38, 47 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. (Sumario N°20218 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Agravantes de la pena, privación ilegal de la libertad, torturas
Materia: PENAL
Carátula: Barcos, Horacio Américo s/ Inf. art. 144 bis inc. 1°, 142 inc. 1°, 144 ter. 2do. Párrafo y 55 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-19

El agravante establecido en el segundo párrafo del art. 144 ter del Código Penal se encuentra acreditado por la propia actividad que desarrollaban las víctimas que fueron privadas ilegítimamente de su libertad, vinculada con la participación en organismos gremiales y de Derechos Humanos, y por el tenor de los interrogatorios a los que fueron sometidas mientras eran torturadas, referidos a su actividad como dirigente gremial docente y sus relaciones con otros dirigentes, pues ello autoriza a considerar que los tormentos fueron realizados por tratarse de perseguidos políticos, teniendo en cuenta especialmente el contexto histórico en el que tuvieron lugar.