Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-27


Causa Nº 25142-00/CC/2006 Caratulada:"GARRAMUÑO, Lucas s/ infr. art. 116, ley 1472 - Apelación".

En la ciudad de Buenos Aires, a los 27días del mes de febrero de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge. A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el José Antonio Lagorio (fs. 47/48), defensor técnico de Lucas Garramuño.

RESULTA:

1) Que a fs. 44/45vta. el Sr. Juez de Grado resolvió rechazar la declinatoria de competencia solicitada por la defensa y el Sr. Fiscal por las razones allí expuestas.

Contra dicho pronunciamiento, la defensa interpuso recurso de apelación (fs. 47/48vta.), el cual fue concedido por el a quo a fs. 49/vta.

Oído el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 56/57vta., por sus argumentos, propugnó se declare la inadmisibilidad del recurso intentado.

Y CONSIDERANDO:

2) El recurso intentado por la defensa técnica del Sr. Garramuño no satisface los requisitos de admisibilidad previstos por la ley, toda vez que fue presentado en forma extemporánea.

3) De las constancias de la causa surge que el Sr. Juez de Grado resolvió con fecha 27 de noviembre de 2006 rechazar la declinatoria de competencia solicitada por la defensa y el Sr. Fiscal, resolución que fuera notificada a la asistencia técnica el día 28 de noviembre del mismo año (fs. 46 y vta.), quien interpuso recurso de apelación el día 5 de diciembre de 2006 (fs. 47/48vta.), es decir dentro del quinto día de su notificación.

Tal como sostuviéramos en el Acuerdo Plenario Nº 6 de fecha 12/10/2006 con respecto al plazo que rige para apelar resoluciones no definitivas en materia contravencional, y a modo de reafirmar el criterio válidamente sostenido en los autos "Corjuera María s/ infr. art. 83 CC- Ley 1472 - Recurso de Inaplicabilidad de ley" Causa nº 5428-01/CC/2006, el plazo para interponer recurso de apelación cuando no se encuentre expresamente previsto uno para recurrir es de tres días, pues la temporaneidad de aquél, en aquellos casos en que no esté estipulado un término especial, está prevista por el art. 450 del C.P.P.N. (art.6º y 55 de la ley 12).

Generalizar el plazo de cinco días estipulado por el art. 50 LPC constituiría una injustificada prolongación del enjuiciamiento contravencional que pondría en crisis los principios básicos de este proceso especial, que fue concebido para agilizar la administración de justicia, asegurando la convivencia pacífica, respetando el derecho del individuo a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Nótese que el art. 450 del ordenamiento adjetivo nacional expresamente reza que la apelación se interpondrá "...salvo disposición en contrario, dentro del término de tres (3 días...)". Esta norma general es perfectamente armonizable con el art. 50 de la LPC, que en la especie sería la excepción.

El recurso de apelación debe ser interpuesto en el plazo perentorio e improrrogable de tres días, a excepción de que alguna otra norma establezca uno mayor o menor (v.g. art. 50 LPC, 5 días). Son precisamente el derecho del imputado de obtener un pronunciamiento en el menor tiempo posible, eliminando la incertidumbre que genera toda persecución penal, como también la exigüidad de los plazos de prescripción estipulados en materia contravencional (CSJN "Caballero, Jorge y otros s/ art. 71 Código Contravencional", rta. 8/11/2005).

Cabe además declarar la inconstitucionalidad del plenario mencionado, tal como lo sostuviéramos en el voto conjunto del acuerdo plenario citado, toda vez que se opone a los lineamientos básicos de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Constitución Nacional, remitiéndonos a las consideraciones allí efectuadas.

De allí entonces, es dable reafirmar que éstos no pueden ser obligatorios para los jueces de primera instancia ni para los jueces de Cámara, pues implica negarles a ellos el mismo derecho a emitir decisiones con total libertad e independencia de criterio que se acuerda a los magistrados de inferior jerarquía, ya que también están investidos de su derecho constitucional de libertad para la decisión judicial (CN, arts. 1,5,18, 33 y 75 inc. 22; CCABA, arts. 10 y 13; DUDH, art. 10; PIDCP, art. 14.1 y CADH, art. 8.1).

Asimismo, como señala Guibourg "Cada plenario lleva nombre propio, pero tiene vocación comunitaria. No resuelve una causa: a propósito de ella, establece una interpretación obligatoria. En otras palabras, legisla" (conf. Plenarios y escándalos, publicado en La Ley, 5/02/07).

Finalmente, no hay ninguna norma en el ámbito local que, fuera del recurso de inaplicabilidad de ley, habilite a un tribunal colegiado a emitir en abstracto criterios de interpretación legal de carácter obligatorio.

Por ello, consideramos que deberá declararse la inconstitucionalidad de la Disposición Transitoria Tercera, punto 7º de la Resolución del Consejo de la Magistratura nº 152/99, y los arts. 8, 9 y 10 de la Resolución del Consejo de la Magistratura 870/05 que imponen la obligatoriedad de los fallos plenarios, y en consecuencia, el Acuerdo Plenario nº 6 celebrado el día 12 de octubre de 2006.

4) A mayor abundamiento, nótese que la Resolución nº 98/06 del Fiscal General Adjunto -que dispone como criterio general de actuación que los integrantes del Ministerio Público Fiscal interpongan los recursos de apelación contra decisiones jurisdiccionales que no importen sentencia definitiva o auto equiparable en el plazo de tres días previsto en el art. 450 del CPPN y planteen la extemporaneidad de los que interpongan las otras partes fuera del término señalado-, es de fecha 24 de noviembre de 2006 y, el recurso interpuesto por el Lagorio es de fecha posterior -5 de diciembre de ese año-. Y si bien, es claro que lo que resuelva el Fiscal General Adjunto no obliga en modo alguno a la defensa particular, no le puede resultar indiferente la posibilidad de que los integrantes del Ministerio Público Fiscal, planteen la extemporaneidad de los recursos deducidos fuera del término del art. 450 del CPPN.

La interpretación de una norma no debe ser imprevisora. Toda interpretación debe ser previsora, como modo de satisfacer el valor jurídico previsibilidad, tanto con referencia al caso concreto como a los efectos que la interpretación pueda tener respecto a una sociedad. Y frente al posible choque entre el valor previsibilidad con el valor legalidad, una primera alternativa consiste en hacer actuar la interpretación previsora como instrumento de selección de opciones exegéticas. Así, si la norma permite, sin violentar su letra y espíritu, seguir dos o más caminos, nada mejor que hacer jugar al valor previsibilidad para elegir la solución más aconsejable, desde el ángulo de dicho valor (confr. Jonathan M. Miller - María Angélica Gelli - Susana Cayuso; Constitución y poder político, Tomo 1, 2ª reimpresión, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995, pág. 136).

Siguiendo ese criterio de previsibilidad, nótese que el mismo día de presentado el recurso de la defensa, la Defensoría General dictó la Resolución DG nº 106/06, acuñando esta postura.

De ahí que la defensa particular debió haber hecho jugar el valor previsibilidad y entonces, deducir el recurso de apelación dentro del plazo de los tres días, como modo de evitar posibles planteos de extemporaneidad y de garantizar el derecho de su defendido.

5) Sin perjuicio de lo manifestado en los párrafos precedentes, la pretensión de la defensa ha devenido abstracta.

Ello así pues, en atención al informe actuarial obrante a fs. 44, constatamos que en la causa nº 18.770/06 seguida contra Garramuño ante el Juzgado Contravencional y de Faltas nº 15, el juicio oral se había llevado a cabo los días 11 y 18 del mes de diciembre pasado, arribándose a una sentencia condenatoria.

De allí entonces que el agravio del recurrente es de imposible concreción dada la celebración de la audiencia de debate y el dictado de la resolución final en la causa en la que intentó aplicar las reglas de conexidad.

Es por todo ello que el recurso deberá ser declarado mal concedido.

6) Por todo lo expuesto este Tribunal resuelve:

I. DECLARAR inconstitucionales la Disposición Transitoria Tercera, punto 7º de la Resolución del Consejo de la Magistratura nº 152/99, y los arts. 8, 9 y 10 de la Resolución del Consejo de la Magistratura nº 870/05 que imponen la obligatoriedad de los fallos plenarios y, en consecuencia, el Acuerdo Plenario nº 6 celebrado el día 12 de octubre de 2006.

II. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación obrante a fs. 47/48vta. del presente (arts. 449 CPPN, 6 y 51 ley 12).

Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado de Primera Instancia interviniente a fin de que practique las notificaciones restantes.

Ante mí:

La MARTA PAZ dijo:

Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el defensor del imputado Lucas Garramuño, José Antonio Lagorio, a fs. 47/48, contra la resolución de fecha 27/4/2006 que dispuso: "Rechazar la declinatoria de competencia solicitada por la Defensa y por el Sr. Fiscal..." (fs. 45).

1) El recurso de apelación ha sido interpuesto por quien se encontraba legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

Ante la afirmación vertida por el fiscal de cámara a fs. 56, en el sentido que el recurso habría sido -según dice- planteado extemporáneamente, citando como fuente de derecho la Resolución Nº 98-FGCBA emanada del Ministerio Público Fiscal (rta. 24/11/2006) debo señalar que:

La cuestión ha quedado definitivamente zanjada, mediante el Plenario Nº 6/2006 de la Excma. Cámara de Apelaciones del fuero de fecha 12 de octubre de 2006, mediante el cual se resolvió la cuestión determinándose que el plazo para recurrir es de cinco días (a mayor abundamiento, ver el referido plenario).

2) El objeto del recurso es la sentencia mediante la cual el juez a quo resolvió "rechazar la declinatoria de competencia solicitada por la Defensa y por el Sr. Fiscal".

3) El impugnante cuestiona "que la aplicación del art. 360 del Código Procesal Penal de la Nación que esgrime el sentenciante es equivocada. En primer lugar pues "el retardo", de existir lo sería para el titular del Juzgado Nº 15 y no para él, por lo que ha decidido sobre lo que no es materia que le competa, y en segundo lugar se ha efectuado un análisis incorrecto de la doctrina del artículo mencionado. El grave retardo al que alude la misma, no lo es para la marcha del proceso, sino para los intereses del incuso, y en el caso que se tiene no cabe dudas que juzgar por el mismo hecho a la misma persona en dos diferentes expedientes es un severo dispendio jurisdiccional. Por otra parte el decisorio atenta contra normas elementales de derecho, tales como el principio de economía y de celeridad procesal, a lo que se suma el severo dispendio de prueba y salas, todo por duplicado" (fs. 47 vta.).

4) La presente causa nº 25.142 (140-C) se inició el 31 de agosto de 2006 a las 19 hs. cuando se verificó que el Sr. Lucas Garramuño se habría encontrado comercializando el juego denominado "La quiniela" en forma no oficial. La Defensa solicitó la acumulación de estas actuaciones a la causa Nº 18.770/06 seguida contra el Sr. Lucas Garramuño ante el Juzgado Contravencional y Faltas Nº 15 (fs. 38), a lo que el fiscal de grado sostuvo que "era materialmente imposible en este estadio procesal" adhiriéndose la fiscalía a dicho planteo.

El juez a quo tuvo en cuenta al resolver que en la causa 18.770/06 a pedido de la defensa, se postergó en cinco oportunidades la audiencia de debate, habiéndose finalmente fijado para el día 11 de diciembre de 2006 a las 10.30 hs. y concluyó que no correspondía la acumulación de causas porque ello podría implicar un grave retardo en los términos del artículo 360 del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria en los términos del art. 6 del Código de Procedimiento Contravencional.

5) En su presentación de fs. 56/57 la fiscalía de cámara solicita se declare mal concedido el recurso de apelación planteado por la defensa.

En primer lugar, afirma la extemporaneidad del recurso remitiéndose a tales efectos al criterio sustentado por el Ministerio Público Fiscal mediante resolución nro. 98-FGCBA (tres días).

Este punto ha sido analizado por esta Magistrada en ocasión del tratamiento de la procedencia del recurso (punto 1).

Agrega que "del recurso no surge claramente cuál ha sido la defensa que el imputado se ha visto privado de oponer, y de tal modo cuál es en consecuencia el gravamen que le causa la resolución en crisis...que se trata de una cuestión lisa y llana de competencia" y que la resolución de 1ª instancia que resuelve la no acumulación de procesos, no genera agravio alguno a la defensa, por lo que el recurso debe ser declarado mal concedido.

6) Puede advertirse que de una interpretación armónica de los arts. 42, 43 y 44 del CPPN. de aplicación supletoria, conforme lo dispuesto en el art. 6 de la LPC, resulta que la resolución recurrida se encuentra legal y fácticamente sustentada. En este sentido, sostiene D´Albora que: "No corresponde la remisión del expediente por conexidad a otra Sala de la CNCP, si se efectúa luego de nueve meses de trámite del recurso; de lo contrario se dilataría la decisión final, con la consecuente afectación del derecho del imputado a obtener un pronunciamiento oportuno (CNCP, Sala I, SJP, LL, del 24/III/2003, f. 105.255)". Código Procesal Penal de la Nación, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Ed. 2005, T. 1, pág. 130).

De las consideraciones que anteceden surge que los fundamentos de la resolución del Sr. juez a quo se encuentran fundados en derecho, y constituyó derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias probadas en la causa, por lo que debe ser confirmado, en tanto la disparidad en el avance de las causas redundará en una afectación del derecho del propio imputado a obtener una resolución definitiva que aporte certeza sobre su situación.

7) Por lo expuesto y oído el Sr. fiscal de cámara, corresponde: DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por la defensa.

Ante mí:

Endede 2007 notifiqué al Sr. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2007 se notificó a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

Endede 2007 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nro. 27. Conste.