marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido indirecto, relación de dependencia, continuidad en el servicio
Materia: LABORAL
Carátula: Piñeiro, Antonio Edmundo c/ Rueda Luis Manuel y/o Fábrica de Hielo Santa Ana y/o quien resulte responsable s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-06-08

Es procedente el agravio de la parte actora, a quien el a-quo, recepta parcialmente su demanda. Ello así, ya que surge de las claras del contexto probatorio que ha existido una relación laboral de carácter discontinuo y permanente y que de acuerdo a las testimoniales analizadas, el actor trabajaba con continuidad para el demandado de viernes a lunes. Si tenemos en cuenta que normalmente los bailes comienzan los viernes y terminan los lunes a la madrugada, que el actor era el encargado de llevar la mercadería (hielo y bebidas) que se entregaban en consignación, la lógica y la experiencia de vida indican que esa y no otras, eran las características de la relación.
Concursos, efectos de la apertura, fuero de atracción, jueces, competencia, medidas cautelares, bienes inmuebles, escrituración, medidas urgentes, domicilio inscripto
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Di Donato, Roberto Fabio (Síndica Comba Martha) c/ Scrugli de Di Donato, Antonia (Síndica Taboada Susana) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-03

Las acciones promovidas por el síndico de una quiebra en los términos de la LCQ 182, con el fin de procurar el cobro de un crédito a favor del fallido, deben tramitar ante el juez natural, es decir, aquel que corresponda según las reglas normales de competencia, no resultando aplicable el fuero de atracción, ni por tanto competente el Juez del concurso (conf. CNCom, Sala E, in re "Coviama SA s/ quiebra c/ Tisan SA s/ ordinario", del 16/08/18; entre otros).
Fallos de la Corte Suprema, interposición del recurso, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL
Carátula: ACOSTA JORGE EDUARDO c/ ANSES s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-08

Los pronunciamientos de la Corte deben ajustarse a las circunstancias existentes en el momento en que se dictan, aunque éstas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Actualización monetaria, índices de actualización
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de la Provincia del Chubut c/ González, Francisco Avelino y González, Irma Glaria s/ Ejecución Prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-18

El presupuesto fáctico de aplicación de la Ley 24283, -expuesto en el único artículo de la referida norma-, es el reajuste de la prestación por la aplicación de índices, situación que no se da en autos. Debe advertirse que tan solo se están liquidando intereses moratorios y compensatorios, no actualizándose un capital mediante índices estadísticos u otros mecanismos. Por lo tanto, en modo alguno puede acogerse la desindexación pretendida. Por el otro, con respecto al plan de convertibilidad introducido por la Ley 23928, el mismo se refiere a la aprobación de todo sistema legal convencional de actualización monetaria, y es necesario recordar nuevamente que en la especie tan solo están aplicándose intereses.
Sistema federal, federalismo de concertación, Estado Nacional, Estado Provincial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

El sistema federal argentino se compone con sujetos jurídicos necesarios o inexorables, mencionados explícitamente en la Constitución, como los son el Estado Nacional, las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un sujeto jurídico posible o eventual como es el caso de la región.
Menores, guarda del menor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., S. F. y otros s/ Art.8, ley 4664
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

La guarda de un niño -instituto de protección del derecho de menores - a diferencia de otros pertenecientes al derecho civil, busca, por su carácter genuinamente tuitivo, el interés del menor por sobre toda otra consideración. Dicha guarda no procura dar una solución definitiva al problema del menor ya que se halla afectada por la transitoriedad de su vigencia, aunque intenta dar satisfacción a las necesidades de amor, sostén y comprensión que tiene el niño, siendo la familia el ámbito de cumplimiento normal de tales requerimientos.
Recursos, apreciación del juez, cuestión constitucional, cuestión federal, sentencia, Derecho penal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la C.A.B.A. S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en PJC S/Art. 13944:2BIS LN 13.944 (Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-13

La determinación de la pena es una tarea que, por regla, se encuentra reservada a los jueces de mérito y resulta ajena a esta instancia extraordinaria, pues involucra la interpretación de derecho infraconstitucional y la valoración de las circunstancias de la causa (cf. este Tribunal, in re "Longo" expte. 2767/2019, resuelta el 19/05/2022; "Fauez" expte. N° 17.256, resuelta el 7/10/2020 y "Vallejos", expte. N° 17145, sentencia del 9/09/2020, entre otros). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, contra el pronunciamiento de la Cámara que confirmó parcialmente la decisión de primera instancia. Esta condenó al imputado a la pena de seis meses de prisión de ejecución en suspenso y le impuso como regla de conducta el deber de realizar dos talleres de reflexión, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 1 de la ley N° 13.944). Ello así, toda vez que el recurrente no logra demostrar la configuración de una cuestión constitucional o federal y tampoco acredita que lo resuelto por las instancias anteriores sea descalificable con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad (arts. 27 y 33 de la ley N° 402). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Concesión comercial, acuerdo de partes
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: KREITMAN BEATRIZ ISABEL Y OTROS c/ PROVINCIA DEL NEUQUEN s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-02-03

Cuando un contrato es suscripto por las partes, pero respecto de un bien de un tercero, éste podrá no ser firmante, pero no es ajeno porque aquel convenio ha sido realizado para impactar sobre bienes de su patrimonio.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, concurso preventivo, regulación de honorarios, fallo plenario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MANSILLA, ALBERTO FERNANDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad desde que la presente causa guarda similitud con lo que fue materia de tratamiento y resolución por parte de esta Corteen la causa "Bella" (A. y S. T. 214, p g. 240), cuyo "thema decidendum" estuvo vinculado a si el mínimo regulatorio de los honorarios de los funcionarios y profesionales establecido por el artículo 267 de la ley 24522 estaría constituido por los tres sueldos del Secretario de Primera Instancia de la jurisdicción en que tramita el concurso aunque con ello se sobrepase el 12% del activo realizado o si, en cambio, debe prevalecer la pauta del 12% como topo insuperable, resolviendo en dicha oportunidad la Sala a través de la aplicación del criterio surgido del fallo Pleno dictado por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe en autos "Camarassa Lombardi", que hizo prevalecer la segunda postura interpretativa, o sea el tope del 12%.De allí que, en el caso, al seguirse el mecanismo previsto en el artículo 28 de la ley 10.160 para unificar jurisprudencia y habiéndose ratificado, en el fallo Pleno dictado para la presente causa, el criterio del anterior, corresponde reiterar aquellos conceptos en orden a desestimar los agravios traídos por la sindicatura, dado que resultan de total aplicación. Citas Jurisprudenciales: CSJSF: "Bella" (AyS T. 214, pag, 240),Fallo Pleno Cámara Civil y Comercial de Santa Fe:"Camarassa Lombardi" .
Prisión preventiva, cómputo del plazo
Materia: PENAL
Carátula: S., J.C. s/ Incidente de Ejecución de Pena
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-25

El exceso del plazo transcurrido debe ser recompensado por igual a los condenados por sentencia firme si, hasta que la misma adquirió calidad de cosa juzgada, permanecieron detenidos preventivamente por más de dos años. Lo contrario importaría menoscabar un trato legal igualitario ante idénticas circunstancias, en clara violación al principio de igualdad ante la ley consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional.
Capacidad para testar, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Marioli, José Osmar c/ Bacaloni, Hugo Abel s/ Nulidad de testamento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-04

Desde la perspectiva que marca la norma del art. 3613 del Código Civil, para calificar la capacidad de testar debe atenderse sólo "al tiempo" en que se otorga el testamento. De la misma manera el art. 3616 ha consignado que la prueba de que el testador no se encontraba en su completa razón debe serlo al tiempo de hacer sus disposiciones. Es decir, que la falta de perfecta o completa razón debe ser, en sentido estricto, al momento en que se otorga testamento. Tal es lo que la ley reclama. No obstante, parece indudable que ante la imposibilidad habitual de poder contra con una prueba tan apropiada, se admita la acreditación de la falta de capacidad en época bien próxima al momento en que se testa.
Contrato de trabajo, entes autárquicos, empleo público
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, GUILLERMO ALBERTO c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-11

El Instituto de Servicios Sociales Bancarios es una entidad autárquica dependiente del Ministerio de Acción Social de la Nación, y como tal resulta ser persona jurídica estatal (Decreto-Ley 19322/71). Sobre esa base, no habiendo declinado su personalidad jurídica, la relación que lo une con sus empleados es de derecho público.
Embargo, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: MARQUEZ DOMINGO RAMON Y OTROS c/ PINDAPOY S.A. s/ COBRO DE PESOS-SUELDOS IMPAGOS, VACACIONES, INDEMNIZACION POR  ANTIGUEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-05-23

Las remuneraciones superiores al doble del salario mínimo, vital y móvil serán embargables: en un 10 por ciento del importe que exceda del Salario Mínimo Vital y Móvil hasta el doble de éste, y en un 20 por ciento por lo que exceda de este doble. Teniendo en cuenta que el Salario mínimo vita y móvil está fijado en $ 200, corresponde en este caso (retribución superior a $ 400), embargar el 10 por ciento de $ 200 y el 20 por ciento de lo que exceda de $ 400 (doble del Salario mínimo).
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Huerta, Jorge Omar c/ Periga, Claudio Hugo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22

La sola privación del vehículo durante el tiempo razonable de su reparación, constituye un daño resarcible. Pues se presume, en principio, que quien tiene un automotor llena con ello una necesidad cuya privación, a raíz del hecho ilícito, ocasiona un daño que debe ser indemnizado.-
Recurso de nulidad, defectos del procedimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Izaguirre, Ernesto c/ Ereñú, Carlos s/ Desalojo (Reconstrucción)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Resulta improcedente a través del recurso de nulidad previsto en el art. 253 del CPCC, cuestionar supuestos vicios procesales cumplidos antes del llamamiento de autos para sentencia. Es que las nulidades procesales, sólo pueden ser reclamadas por la parte afectada y en la misma instancia en que se produjeron, aunque se haya dictado sentencia, por medio del correspondiente incidente (art. 169 y siguientes, Código citado).
Sentencia, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ GALLARDO ALFREDO P. c/ CIRO ROBERTO BERCELLE Y OTROS s/ COBRO DE PESOS-DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-08-25

El Tribunal de Mérito es libre en la valoración y selección de las pruebas que han de fundar su convencimiento, y en la determinación de los hechos que con ellas se demuestren.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Avellaneda, Pablo Pikar. c/ Compañía La Paz S.A. s/ Despido y haberes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-23

No viola el principio de congruencia el fallo que ha valorado y decidido sobre hechos conducentes y controvertidos en la causa, tal como lo requiere el art. 34 inc. 4 del C.P.C.C.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco  Macro S.A. s/ En  autos  Nro.  114/01  "Manzur,  Luis Alberto  c/ Banco del Noroeste  Coop. Ltda. -Suc. Catamarca s/Ejecución de sentencia -S/Incidente de  Nulidad -Casación"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-07-10

Se plantea en el caso recurso de casación por la apoderada de la demandada en contra de la sentencia interlocutoria dictada por el Tribunal de Grado que confirma el decisorio del inferior que rechaza un incidente de nulidad en una ejecución de sentencia.

Que en la sentencia definitiva de la causa principal quedó establecido y firme, que el banco demandado y/o quien lo reemplace en la titularidad del establecimiento con idéntica actividad adquiere el carácter de continuador y solidariamente responsable por la deuda de autos, y en mérito a ello se ordenó el embargo.

Esta Corte reiteradamente ha expesado que la resolución que se dicta declarado precedentemente la admisibilidad del recurso de casación no causa estado, por lo que no constituye obstáculo que en este momento haciendo pleno uso de las facultades procesales se reexaminen las exigencias formales de insoslayable cumplimiento que no pueden ser dejadas de lado en este medio de impugnación sometido a conocimiento del Tribunal.

En ese sentido, la definitividad del pronunciamiento constituye uno de los requisitos esenciales de admisibilidad del recurso extraordinario de casación y su ausencia no se suple por el hecho de invocarse la doctrina de la arbitrariedad o de formularse agravios constitucionales.

En esa inteligencia, no procede la casación respecto de las resoluciones emitidas con posterioridad a la sentencia definitiva, que tienden a su cumplimiento. Este principio solo admite excepción en los siguientes casos, cuando la resolución tenga un contenido ajeno a la sentencia que se ejecuta o cuando signifique un manifiesto apartamiento de lo resuelto por ella.

Ello así, en la especie no cabe apartarse de la regla, pues el A Quo al considerar extendia la responsabilidad solidaria, se remitió a lo expresamente dispuesto en su anterior decisión firme, lo cual más allá de su acierto o error, brida sustento bastante a lo resuelto y obsta a la tacha de arbitrariedad que se formula.

En conclusión, corresponde rechazar el recurso de casación articulado por resultar formalmente inadmisible.
Contrato de trabajo, obligaciones de las partes, conciliación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Yaffe, Analía V. c/ Souto Amarante, Hilda C. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-21

No resulta válido como acto transaccional, conciliatorio o liberatorio en el marco del artículo 15 de la L.C.T. el acuerdo entre partes celebrado sin intervención de autoridad judicial o administrativa y sin que exista resolución fundada de cualquiera de éstas que acredite que mediante tal acto se haya alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes (En el caso, se instrumentó el acuerdo mediante escritura pública, donde la actora hace mención de que le han sido abonados todos los conceptos que pudiere reclamar, no teniendo nada más que reclamar al respecto. Dicha fórmula ha sido interpretada por los sentenciantes como que trasunta más una renuncia de derechos que un negocio liberatorio propiamente dicho, y que por ende no es oponible a la trabajadora -art. 12 L.C.T.-). Boletíon 252. Toq. 1183.
Recusación, recusación con causa
Materia: PROCESAL
Carátula: SOPRANO, SUSANA c/ HERRADA, ALEJANDRO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-20

Los sentimientos personales que la ley establece como causa de recusación en el Cpr: 17-10°, no pueden inferirse de la negativa de una petición procesal, mas allá del acierto o error de tal resolución (extremo para los que el ordenamiento procesal prevé sus correspondientes remedios), pues tal indicio, no es susceptible de conducir a una conclusión univoca, teniendo en cuenta el criterio restrictivo con que deben ser meritadas las causales previstas por el Cpr: 17 (Cncom, sala B, 4.11.05, in re "Vegas, Jorge A. c/ Trepat, Claudio Sergio y otros s/ ejecutivo s/ expediente de recusación con causa").
Lavado de activos, legitimación procesal, querellante
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: García Moritan, Roberto  c/  s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-05

El vínculo externo entre los ilícitos en trato -lavado de dinero y enriquecimiento ilícito- permite justificar el legítimo interés de la UIF para querellar, pues el conocimiento específico en la materia y las herramientas de investigación a su alcance podrían contribuir a la obtención de la verdad real, en particular respecto de delitos que afectan al sistema financiero y económico que presuntamente incluye formas comisivas que comprometen a la administración pública, donde no deben limitarse recursos que podrían mejorar y facilitar la pesquisa. El mero acceso que podría tener la UIF a la causa donde se investiga el enriquecimiento ilícito no sería suficiente, pues se le debe brindar la potestad procesal que permite instituirla como parte (art. 82 CPPN), de forma tal que pueda promover el avance de dicho proceso y así también, en forma indirecta, contribuir al desarrollo de la investigación propia del delito de lavado de activos. (Dres. Slokar, Ledesma y David).
Costas, honorarios, cuerpo de abogados del Estado, transacción
Materia: PROCESAL
Carátula: INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. Y F. c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1991-04-24

No se niega la posibilidad al abogado que representa al estado provincial de poder recurrir la decisión jurisdiccional que exime de costas a la contraria, pero ello lo será en la medida de que tal circunstancia se dé, o cuando las costas le sean impuestas al estado, pero no cuando éste como dueño del juicio, transa el mismo, aceptando las costas por el orden causado. Debe existir condena en costas a la contraria que otorgue o dé nacimiento al derecho del profesional, y ello es así por cuanto siendo las partes los titulares de los respectivos derechos pretendidos y los posibles sujetos pasivos de las responsabilidades que emergen de todo proceso, pueden disponer de aquellos. Si la provincia por medio de su representante legal -fiscal de estado-, ha dispuesto la transacción, antes de la decisión judicial del proceso. con ello ha quitado aptitud jurisdiccional al tribunal.
Impuestos, competencia por el territorio
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, ANGELES VIDALINA s/ Impuestos, Infr. Ley 11683 Causa 35202
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-12

Si la sanción de clausura de cuya apelación se trata fue impuesta por una autoridad con sede en la Capital Federal, tal circunstancia determina la competencia de los jueces en lo Penal Económico.
Prescripción, plazo, créditos postconcursales, salvataje de la empresa
Materia: COMERCIAL
Carátula: Porres, Juan Walter s/ Quiebra indirecta-Incidente  de  verificación Postconcursal, deduc.  por Dirección Gral. de Rentas de la Provincia.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-11-25

La ley 24.522 no señala plazo de prescripción para los créditos postconcursales, por lo cual, por analogía resulta razonable aplicar el plazo de dos años que establece el art. 52 de dicha norma. Pero por tratarse de créditos surgidos después de la apertura del concurso, dicho plazo se tendrá que computar desde la fecha del auto de declaración de la quiebra indirecta.
Demanda, juicio de desalojo, intimación de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sabater, Juan Carlos c/ Silva, Armando s/ Desalojo por falta de pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-11-17

Está vedado obviar en juicios de desalojo la exigencia del requisito de la intimación de pago, previo a la demanda, dado el carácter de orden público de la disposición que lo exige de esa manera.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, tratados internacionales, duración del proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Gómez, Carlos c/  s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 40.232 del Tribunal de Casación Penal -Sala I-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-12

A los fines de establecer la razonabilidad del plazo para ser juzgado y los elementos que deben tomarse en cuenta para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acudido y hecho suyas las pautas establecidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y así ha señalado que la razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento -incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse-hasta que se dicte sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción.
Proceso penal, acción civil
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CUENCA REVUELTA FRANCISCO Y OTRO s/ PROCESO PENAL - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-23

La instancia de constitución en actor civil no importa una demanda propiamente dicha dentro del sistema de la ley, por lo tanto si el instante observó los recaudos formales de la pretensión, consistentes en la designación de los motivos en los que se basa la acción, el carácter que se invoca y el daño que se pretende haber sufrido, se han satisfecho las exigencias legales que posibilitan el andamiento del reclamo. La ley no exige fórmulas sacramentales para exponer tales aspectos, ni tampoco un detalle del monto resarcible, lo que deja reservado a ulteriores etapas. Solo impone la obligación de consignar de una manera inequívoca los aspectos aludidos que le dan basamento.-
Excusación, excusación por interés en el pleito, pleito semejante, ley de emergencia económica, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: HALABI, Gabriel Oscar c/ SELLARO, Carlos Luis s/ INCIDENTE CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-07

La circunstancia de que un magistrado en causa propia haya cuestionado la validez constitucional de normas sobre emergencia económica, no es causal suficiente para que con fundamento en los arts. 17 y 30 del Código Procesal, se excuse de intervenir ante la promoción de un juicio por los mismos motivos. Es que frente a la situación económica de emergencia de nuestro país, no puede descartarse como factible que otros magistrados se hallen en igual situación y de adoptarse un temperamento contrario se producirían eventuales excusaciones en cadena, lo que traería aparejado el supuesto de privación de justicia con la consecuente lesión a garantías expresamente contempladas en nuestra Constitución Nacional.