Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-03-18


AUTOS 58.814 (C.C.Nº19.986) DEL Tercer Juzgado Civil, Comercial Y Mineria, CARATULADOS: "NAVARRO Mario Alberto C/Atienza Eduardo Omar - Ds. Y Ps.".- PROTOCOLIZADO: L. de Autos -Año 2009- del Tº I- Fº47/48- San Juan, dieciocho (18) de marzo de 2009.- VISTO: Estos autos N 19.986, caratulados "NAVARRO MARIO ALBERTO C/ATIENZA EDUARDO OMAR - DS. Y PS.", para resolver el recurso de apelación concedido a fs. 358 contra la resolución de fs. 353 / 355.

CONSIDERANDO:

En la aludida resolución, de fecha 29 de julio de 2008, se dispone desestimar el planteo de caducidad de instancia articulado por el demandado Sr. Eduardo Atienza, con costas. Para rechazar la caducidad propuesta la a-quo dice, después de reseñar los requisitos que deben concurrir para ello, lo siguiente: "En la presente causa no se cumplen todos los requisitos mencionados. En efecto si bien existe una instancia abierta (primer requisito), luego del decreto de fecha 30 / 03 / 06 (última actuación impulsoria del procedimiento señalada por el incidentista) existen numerosos actos impulsorios del procedimiento como son las distintas pruebas producidas hasta el decreto de fs. 343, de ellos surge claramente que ha existido actividad procesal impulsoria del proceso (en este último acto por parte del Tribunal) y que opera como interruptiva del plazo de caducidad y así lo tiene entendido la jurisprudencia: . . ." (fs. 359). La incidentista apelante se agravia de lo resuelto por considerar que la a-quo incurre en arbitrariedad cuando menciona como "última actuación impulsoria del procedimiento señalada por el incidentista" el 30 / 3 / 06, cuando lo que su parte había dicho era muy distinto. Su parte dijo al deducir la caducidad que el actor desde el 30 de marzo de 2006 (fecha en que se abrió la causa a prueba por treinta días) al 5 de febrero de 2008 (en que se planteó la caducidad de instancia) no había producido la totalidad de la prueba cuando era su obligación hacerlo para mantener viva la instancia, que es muy distinto a lo que la a-quo tiene como dicho por su parte. Reitera que al no haber la actora producido la totalidad de la prueba en ese periodo (casi 24 meses), determinó una clara y manifiesta inactividad de su parte respecto de la marcha del proceso hacia la sentencia, siendo ésta la razón por lo que se solicitó la caducidad de instancia. Insiste en que no existieron actos impulsorios del procedimiento (como entiende equivocadamente el sentenciante), porque ninguna petición efectuada por la parte actora hizo avanzar el proceso hacia la sentencia.

Más allá del error en que incurre la a-quo cuando tiene como señalado por la incidentista que la última actuación impulsoria del procedimiento fue el decreto de apertura a prueba del 30 / 3 / 06, lo real es que ese error es intrascendente ante toda la actividad de prueba cumplida durante y aun después de vencido el plazo por el que se abrió a prueba la causa, desde que tales actos importaron interrupciones sucesivas del plazo de caducidad que fueron consentidas reiteradamente por la incidentista, quien incluso impugnó el 30 de abril de 2007 (fs. 310 / 311) una prueba pericial producida sin deducir caducidad ni alegar negligencia probatoria.

Compartimos así con la a-quo que en el caso de autos existen numerosos actos impulsorios del procedimiento antes de que se cumpliera el plazo fijado por el art. 294 del CPC y que, además, pese a que puedan haberse realizado fuera del periodo fijado para la prueba han sido reiteradamente consentidos.

Contrariamente a lo afirmado por la recurrente las peticiones cumplidas en autos de producción y para producción de la prueba, como las resoluciones que consiguientemente se dictaron, son hábiles para hacer avanzar el proceso hacia la sentencia desde que contribuyen al agotamiento de una de las etapas del juicio.

Finalmente y por otro lado, el término de prueba fijado para cada juicio en la práctica se ha vuelto lírico por el límite de posibilidades materiales y humanas de los juzgados en la atención de las causas, de donde de hecho y por consentimiento tácito de las partes resulta extendido hasta los términos que se van fijando para producción de la misma. En el sentido apuntado en Palacio-Alvarado Velloso, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nac., T° 8, pag. 71, n 379, comentando el art. 368 del CPCN, similar a nuestro art. 352, encontramos la siguiente cita: "El CPCN, art. 368, párrafo primero y normas concordantes, en tanto requiere que las audiencias de prueba se fijen dentro del correspondiente periodo, no es generalmente, en la práctica, más que un enunciado de deseos, pues las numerosas deficiencias que en el orden material y humano afectan el normal desarrollo de la actividad judicial determinan que el plazo probatorio exceda con creces el fijado legalmente".

También cabe agregar que la jurisprudencia citada por la apelante no corresponde a la situación de autos.

En consecuencia corresponde rechazar el recurso, con costas.

Por todo ello, SE RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de apelación concedido a fs. 358 contra la resolución de fs. 353 / 355, que queda firme.

II- Imponer las costas de alzada a la recurrente vencida, difiriendo las pertinentes regulaciones de honorarios para su oportunidad.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. GILBERTO RIVEROS;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.