marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedades comerciales, sociedad anónima, administración de la sociedad, representación de la sociedad, directorio, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Eleta, Francisco Antonio y otros c/ Imágenes Diagnósticas y Tratamiento Médico SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-12

Procede confirmar la resolución que consideró que los actores habían sido ilícitamente privados del derecho al voto que en tanto accionistas les asistía, pues, contrariamente a lo que había sido decidido en la asamblea -en la que solicitan la nulidad de algunas decisiones-, ellos no se hallaban incursos en la hipótesis prevista en la LGS 248. Ello por cuanto, si bien el período para el cual fue designado el directorio cuestionado se encuentra vencido, esto no ha vuelto abstracta la cuestión. La necesidad de servirse del proceso para conseguir la razón -como diría Chiovenda- no puede convertirse en daño para quien la tiene, y ello ocurriría en el caso si se aceptara que, a causa del transcurso del tiempo que ha insumido el juicio, los actores han perdido la posibilidad de obtener una declaración judicial que les reconozca el derecho -que les ha sido y sigue siéndoles negadoa ejercer el voto acumulativo. El interés defendido no tiene que ver con la designación de ese director de mandato ya vencido, sino con el reconocimiento, a quienes tienen nada más ni nada menos que el 40% del capital social, de su derecho a controlar la actuación del directorio en el seno mismo de ese órgano.
Derecho a la vida, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., H. G. c/ I. de S. S. y S. s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-07

La Carta Magna se prioriza la vida y la salud como valores a proteger, mediante el dictado de normas proclives a tal fin y donde la libre contratación de las partes debe ceder cuando estos valores están en juego por elementales principios de orden público.
Prescripción, prescripción decenal, acción de repetición, pago sin causa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Chaco, Provincia del c/ Huayqui S.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

Si la demanda no se fundó en la presunta existencia de un vicio de la voluntad del "solvens", sino en la alegada ausencia de título por parte del "accipiens", se trata de una acción de repetición de un pago sin causa que, por no tener un lapso especial determinado, cae bajo el régimen común del art. 4023 del Código Civil, que fija el plazo de diez años.
Ejecución hipotecaria, rechazo de la demanda, acción subrogatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES c/ BANCO MERCANTIL ARGENTINO s/ REVISION - COSTAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-09

Quien mejor conocía las características del negocio anudado era, ciertamente, la deudora hipotecaria. Su inacción imponía, desde ya, un examen cuidadoso del asunto y tornaba más que conveniente, en orden a lo dispuesto en el artículo 112 del Código de rito, superar el plano de la notificación meramente formal. Lejos de ello, la actora se embarcó en un pleito con invocación de un derecho que -en el decir de su propia Asesoría Jurídica- "es sumamente aleatorio", lo cual la lleva a calificar como de "muy imprevisible" el resultado del juicio, circunstancias que habrían sido puestas en conocimiento del Directorio al requerirse la autorización necesaria para iniciar el proceso. Por último, influye negativamente sobre la situación de la actora la circunstancia de que, en su momento, declaró conocer y aceptar en su grado y prelación la hipoteca constituida en favor de la demandada. Considero, en suma, que debe imponerse a la actora el pago de las costas del juicio.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, enfermedades, prevención de enfermedades, SIDA, personal policial
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BRE. c/ Policía Federal Argentina s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

Procede el recurso extraordinario si se puso en tela de juicio la inteligencia y aplicación de normas de naturaleza federal - leyes 21.965 y 23.798 y decreto 1866/83 - y la decisión fue contraria a los derechos que la recurrente fundó en ellas (art. 14, inc. 3. de la ley 48).
Honorarios, concurso preventivo
Materia: CIVIL
Carátula: DIEGUEZ RAMON S.A c/ CONVOCATORIA DE ACREEDORES s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-08-25

De forma previa a la regulación de honorarios en la instancia extraordinaria, resulta necesaria la cuantificación exacta de los honorarios profesionales por los trabajos realizados en primera instancia, maxime cuando se refiere a un incidente tramitado y sustanciado dentro de un proceso concursal en el que, para cuantificar los honorarios, resulta imprescindible no sólo contar con la base regulatoria propia del incidente, sino con la determinación del porcentaje razonable y ajustado a derecho que el juez establezca dentro de la escala porcentual que fija la ley, la que tiene un amplio margen, resultando inconveniente pronosticar en esta instancia lo que "deba fijarse" -como lo indica el artículo 14 de la Ley Arancelaria- por el riesgo de que dicho cálculo hipotético implicaría un prejuzgamiento del Superior Tribunal que condicione posteriormente futuras decisiones de los órganos judiciales competentes para fijarlos.
Sentencia, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Agropecuaria Nogoyá Ltda. s/ Quiebra-Incidente de revisión y pretensión desindexatoria promovido  por Dres. Godoy Cred. Verif.Nº 46 B.E.R.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-11

Es improcedente el planteo de arbitrariedad por falta de dolarización de las cuotas ya pagadas de la deuda, ya que el recurrente se limita a exponer su criterio personal sin demostrar eficientemente cual habría sido la arbitrariedad de la Cámara, ni indicar la violación o errónea aplicación de alguna norma legal en sustento de tal arbitrariedad toda vez que corresponde al quejoso demostrar la existencia del vicio de absurdo en el razonamiento del sentenciante y no a la Sala explicar por qué no se configura.
Recurso de apelación (procesal), interposición en subsidio
Materia: LABORAL
Carátula: PEREYRA MARCELA ELVIRA Y OTRO c/ FLASH S.R.L. s/ Incidente de embargo preventivo".
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-12-03

La apelación subsidiaria no es una apelación accesoria del recurso de reposición, sino que constituyen carriles recursivos distintos cuya admisibilidad debe ser apreciada considerándolos individualmente, por lo que la intención de apelar debe ser respetada cuando se la ha manifestado y no existen vicios de forma u otras circunstancias que puedan enervarla.
Indemnización, accidente ferroviario, intereses, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: SILVA, JUAN RAMON Y OTROS c/ TRENES DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-28

En caso de que la empresa ferroviaria vencida en juicio se haya presentado en concurso preventivo en fecha posterior al hecho que dio origen a la indemnización, los intereses deberán computarse desde el día del accidente hasta la fecha de su presentación en concurso ya que ésta produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior que no esté garantizado con prenda o hipoteca, conforme lo establece el art.19 de la ley 24.522
Simulación, prescripción, plazo, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARCHAK ALEJANDRO c/ SINGERMAN DE FREYRE, CLAUDIA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-11

Con anterioridad a la reforma implementada por la ley 17.711, parte de la jurisprudencia entendió que el art. 4030 del Código regulaba la hipótesis de simulación absoluta, en virtud a la alusión al acto nulo por falta de causa; pero con el agregado que introdujo la mencionada reforma, resulta claro que la disposición legal se aplica a todas las hipótesis de simulación aún respecto de la acción intentada por terceros.

El plazo de dos años previsto en la norma citada deberá ser computado, en relación a terceros accionantes en virtud de la simulación, a partir del momento en que éstos tuvieron real y efectivo conocimiento del acto, y que éste podía afectar sus derechos.
Actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, ley procesal, interpretación de la ley, prueba pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Roberts S.A. c/ Mastruleri, Carlos A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Cobro de pesos (Expte. CSJ Nro.   236-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

Con sólo acudir a los efectos de la nulidad de los actos procesales, se puede sostener que carece de fuerza convictiva la argumentación basada en que la nulidad de la ampliación pericial producida, arrastraba al dictamen originario como consecuencia del carácter indivisible de la prueba (aplic. analógica, art. 167, Código Procesal Civil y Comercial), desde que la institución se rige por un principio negativo, que excluye de la declaración de nulidad a los actos producidos con anterioridad al acto viciado y a los actos sucesivos -posteriores- que sean independientes de aquél.
Interpretación de la ley, concursos, quiebra, facultades del síndico del concurso, legitimación activa
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: ALUTER SA S/ QUIEBRA c/ DE LA CANAL, PABLO Y ALUTER SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-22

La norma de la ley 24522: 119 in fine, solo habilita al síndico a deducir la acción de ineficacia concursal cuando se halla autorizado al efecto por la mayoría simple "del capital quirografario verificado" o, mas precisamente, por los acreedores que representen esa mayoría del capital verificado. Esa habilitación derivada de la autorización de los acreedores es lo que legitima sustancialmente al funcionario concursal para deducir la acción de ineficacia concursal. Es decir: la autorización es el acto que legitima sustancial y activamente al síndico para interponer la acción mencionada. La legitimación sustancial activa es un presupuesto procesal -o un requisito de la pretensión- que puede y aun debe ser examinado de oficio por el órgano jurisdiccional; incluso puede y aún debe ser considerado liminarmente.
Medianería, muro medianero
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO COPROPIETARIOS AVDA. PUEYRREDON 1028 c/ COOP. MAYO HOGAR LTDA. DE VIVIENDA s/ MEDIANERIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-22

Si se trata de establecer el valor de la medianería, según los valores imperantes para la época indicada en el art. 2736 del Código Civil, no puede exigirse que se acrediten las bonificaciones abonadas en ocasión de la construcción del muro, tales como las que pactan los empresarios con los obreros por encima de los convenios, ya que no se encuentran en discusión costos históricos, sino valores de reposición. Precisamente, lo que el legislador tuvo en miras fue la exclusión de otros criterios, como aquellos que computan las cantidades de dinero efectivamente invertidas, optando en cambio por los precios vigentes para las ulteriores fechas a que alude la normativa.-
Daños y perjuicios, explosión de cañerías, prestación del servicio público, gas, responsabilidad del locador, negligencia
Materia: CIVIL
Carátula: SEGRETIN, Julia Adriana c/ TOSCANA, María Cristina y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-06

Aún cuando las disposiciones de Metrogas SA no permiten la instalación de calefones a gas natural en los baños, cuando son de cámara abierta, ello no significa que la violación a dicha prohibición deba ser controlada por la señalada empresa, si ni siquiera se acreditó que hubiera mediado permiso de instalación o hubiera denuncia sobre el hecho. De ahí que, si la explosión se produjo en el sector interno de la cañerías, sobre las que el usuario tiene la custodia, y no se estableció que mediara deficiencias en el suministro del servicio ni negligencia en el contralor de las instalaciones, no corresponde atribuirle responsabilidad a la prestadora del servicio sobre un daño, cuya causa más probable fue la negligencia de la locadora, quien instaló el calefón en contravención a la normativa vigente y sin intervención de aquella.
Inadmisibilidad del recurso, prisión preventiva, administración fraudulenta, cohecho, doble instancia
Materia: PENAL
Carátula: Vazquez , Manuel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-25

Es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la confirmación de la prisión preventiva del imputado por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública en concurso ideal con el delito de cohecho, ambos en calidad de partícipe necesario, si la defensa no controvirtió lo resuelto con fundamento en los antecedentes condenatorios que registra el imputado -condenas por estafa y ofrecimiento de dádivas- y en su actitud evasiva durante el procedimiento por el cual resultó finalmente detenido, sin que se advierta que la tramitación de la causa haya tenido una duración excesiva y habiéndose garantizado el principio de la doble instancia.
Servicio público, telecomunicaciones, audiencia pública, concesión de servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Youssefian, Martín c/ E.N. -Secr. de Comunicaciones s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23

La adopción del mecanismo de la audiencia pública como acto previo a la decisión de la prórroga de la exclusividad del servicio resultaría la más adecuada. Esta interpretación se condice con los objetivos tenidos en mira por la Secretaría de Comunicaciones al dictar la resolución 57/96, por la cual se aprobó el reglamento general de audiencias públicas y documentos en consulta para las comunicaciones; y, en cuanto a la trascendencia del acto a dictar y la necesidad de convocar una audiencia pública, también concuerda con lo dispuesto en el art. 6º de la ley 24.076 y lo que surge del inc. g) del art. 28 del anteproyecto de ley nº 1672/96 presentado el 28/8/96 por el senador Vaca y otros. Sin embargo, no puede ignorarse la circunstancia de que, al no estar normativamente predeterminada la conducta, la adopción de la medida concreta -que puede ser la indicada u otra que de modo análogo asegure la necesaria participación de usuarios, consumidores y asociaciones que los nuclean- corresponde al poder administrador, quien debe contar con la libertad necesaria para cumplir su función de gestor de los intereses públicos.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, acción autónoma de nulidad, carácter excepcional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BERESVIL, RAUL JOSE c/ PROTTI, RAUL AMERICO Y OTRA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-ACCION AUTONOMA DE NULIDAD DE COSA JUZGADA IRRITA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 286 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-18

Corresponde rechazar la queja desde que los argumentos del recurrente sólo reflejan su mera disconformidad con lo resuelto por los jueces de la causa en una cuestión que le es privativa, sin lograr acreditar la arbitrariedad invocada. En el pronunciamiento cuestionado, la Sala reconoció la procedencia de la acción autónoma de nulidad cuando se configuren casos excepcionales y graves, dando preeminencia al valor justicia. Luego analizó el caso y destacó una consideración del Juez inferior que consideró acertada y que no fue debidamente atacada en la expresión de agravios, en cuanto a que, para que proceda esta acción, no debe mediar culpa de afectado o no pueden los posibles errores ser subsanados por los remedios legales instrumentados a otros efectos por el ordenamiento respectivo, poniendo de resalto que no se puede acudir a esta vía para atacar causales que por su naturaleza no pertenecen a esta impugnación extraordinaria, sino que por su esencia debieron enmendarse por conducto de la apelación, del recurso de nulidad, del incidente, etc, concluyendo que "no puede incoarse esta acción autónoma de nulidad, ni puede ser motivo de revisión una sentencia con autoridad de cosa juzgada, cuando la causal fue conocida y pudo plantearse en el curso del proceso, como aquí aconteció ya que se integró correctamente la litis, con representación de quien hoy postula esta nulidad, y en nada se afectó su derecho de defensa", aclarando que en el caso no existió fraude procesal, ni hecho ilícito.
Accidente de tránsito, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL
Carátula: SOSA, RODOLFO JOSE c/ ARCE, ELIO SERGIO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-07-28

Para determinar los gastos de farmacia y asistencia médica causados por un accidente de tránsito, no es indispensable la presentación de recibos y facturas, pero deben guardar relación con el daño sufrido.
Robo con armas, robo calificado, sistema acusatorio, derechos y garantías constitucionales, medios de prueba
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: F. c/ Almonte Sánchez Luciano Emanuel, Luna Medina Carlos Roque, Medina Roberto Mauro, Luna Amaya Lucas Enzo, Coria Muratore Luciano Andrés, Weiss Alonso Alejandro Exequiel s/ Robo agravado por el uso de arma de fuego P/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-29

Cuando las partes pretenden que el juez recurra y/o lea el expediente (papel o digital), investigue y busque en él los elementos para tomar la decisión, es porque ellas no han preparado debidamente o comprendido el caso, trasladando su responsabilidad al decisor y se sienten liberados por la decisión a la que en definitiva arribe. Es por eso que en el sistema acusatorio adversarial, las partes deben ser celosos custodios que las pruebas se obtengan según las garantías constitucionales y que, además, no se introduzcan evidencias probatorias que -aún constando en el expediente (papel o digital) - , no han sido litigadas en la audiencia por las partes y, por ello, no pueden ser tenidas en cuenta por el juez. (Voto Dr. Valerio)
Dictamen pericial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Deni, Enzo Dario  c/ Prevención Art S.A.  s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-23

La falta de cuestionamiento al dictamen pericial significa que existe aquiescencia de los contendientes respecto de sus conclusiones. Y más allá de lo opinable que pueda resultar esta tesitura, y sin dejar de ponderar que en nuestro rito los jueces nunca quedan "atados" a las conclusiones periciales atento que ninguna experticia posee carácter de prueba tasada o vinculante, lo innegable es que el hecho de que nadie impugne ni pida explicaciones, confiere subido valor probatorio a la pericia (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Asociaciones sindicales, amparo por mora, competencia, justicia nacional del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Centro de Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-18

Si bien el Centro de Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones (entidad sindical de primer grado con personería gremial) afirmó haber interpuesto el recurso previsto en el art. 62 de la ley 23.551 contra la Res. del Ministerio de Trabajo que habría restringido ilegítimamente su ámbito de representación, es necesario señalar que el conflicto puntual generó numerosos cuestionamientos bajo distintas formas recursivas y que existe una secuela de tramitación, aún no resuelta, ante la reconsideración deducida por varias empresas que confluyen en la controversia y por una persona que invoca el carácter de secretario general del Sindicato de Televisión y, lo cierto, es que el expediente ha sido elevado para su resolución definitiva sin contar aún con pronunciamiento, pese al ostensible vencimiento de los plazos. Esta circunstancia inhibe el tratamiento inmediato de la apelación deducida por el Ce.P.E.Tel ya que, el art. 62 LAS - en el que se funda la pretensión - sólo es viable contra resoluciones definitivas del órgano de cúpula y no está expedita la apelación cuando subyacen planteos de reconsideración o incidencias no resueltas. Sin embargo, este obstáculo concierne al fondo de la controversia que subyace, por lo que es innegable el derecho de la apelante a una respuesta oportuna que no dificulte su acceso a la jurisdicción. Desde esta perspectiva, correspondería juzgarla legitimada para instar un amparo por mora en los términos del art. 28 de la ley 19.549, que debería deducirse ante el Juez Nacional de Primera Instancia del Trabajo, ya que es ajeno como vía a la competencia originaria de la Alzada. (Del Dictamen FG N° 53.384 del 12/9/2011, Dr. Álvarez, al que adhiere la Sala).
Insuficiencia del agravio, calificación legal, medios de prueba, trata de personas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Marquard, Ildemar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-20

No tendrá favorable acogida el cuestionamiento sobre la calificación penal por la que fue condenado el imputado- arts. 145 bis y 145 ter incs. 1° y último párrafo del CP y art. 2 inc. "e" de la ley 26.364-, en virtud de los elementos probatorios descriptos. En primer lugar, corresponde recordar que en el año 2002 se sancionó la ley 25.632 que incorporó a nuestro derecho positivo la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Así, se sancionó la ley 26.364 (B.O. 30/04/2008) sobre "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas", la que luego fue modificada por la ley 26.842 (B.O. 27/12/2012) que en su artículo 2º establece que "Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países".

Estamos frente a un delito de resultado anticipado, ya que para que se configure el ilícito de trata de personas basta con la realización de alguna de las acciones típicas (ofrecer, captar, trasladar, recibir o acoger), sumado a la "ultrafinalidad" de explotar a la víctima. Ahora bien, en el caso de concretarse dicha explotación se agravará la sanción penal.
Sobreseimiento, detención, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Rojas Chavez, M. A. c/  s/ Nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-03

Cabe disponer el sobreseimiento del encausado -art. 336, inc. 2° del CPPN-, dejando debida constancia de que la formación de la presente en nada afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado con anterioridad. Para decidir así, se señala que la detención y el secuestro de los teléfonos móviles resultaron írritos por inmotivados, lo cual es insalvable y conlleva la desvinculación definitiva del proceso del imputado al no existir un curso de prueba independiente.
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: Andreoni, Ricardo Tomás c/ Carrefour Argentina S.A. s/ Diferencias salariales, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-27

Aun cuando el análisis efectuado por el tribunal -sobre cuestiones de hecho y de prueba- pueda resultar opinable o discutible, esa circunstancia no es suficiente para tener por demostrada aquella anomalía, habida cuenta que lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento; antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo, una insostenible o grosera desinterpretación de las constancias objetivas que resultan de la causa.