marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad del Estado, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Exactus S.R.L. c/ Municipalidad de Lomas de Zamora s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16

En materia de responsabilidad estatal resulta procedente la reparación del daño sufrido por los particulares aún en el caso de la actuación ilegítima de la Administración, situación condicionada a la evaluación de la conducta que el tercero realizó. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, derechos subjetivos, contribución de mejoras, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PODADERA, FRANCISCO CALIXTO c/ COMUNA DE VIDELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD (CSJ EXPTE N. 496  86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-02-21

Cuando el interés que se intenta proteger con el recurso, está perfectamente individualizado en cabeza del recurrente, la pretensión ejercida se encamina a restaurar directamente su propia esfera jurídica que considera vulnerada. El interés resulta propio, único y exclusivo del recurrente, en relación al objeto del acto: no se encuentra protegido como consecuencia de la tutela jurídica del interés público, sino que el ordenamiento jurídico le brinda la posibilidad de una protección directa e inmediata, y no la refleja, ocasional o indirecta del interés público. En definitiva, no puede invocar un interés legítimo y sí, solamente, un derecho subjetivo quien se agravia por la determinación de deuda que de oficio efectuó la Comuna, por contribución de mejora para pavimentación urbana, por un inmueble de su propiedad.
Supresión del estado civil, falsificación de instrumento público, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Osvaldo Arturo y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

El delito de supresión de estado civil concurre idealmente con la falsificación del acta de nacimiento y del documento destinado a acreditar la identidad de la persona, pues se trata de un caso de pluralidad de movimientos voluntarios que responden a un plan común y que conforman una única conducta -en los términos del art. 54 del Código Penal- insusceptible de ser escindida, por lo que impone un enjuiciamiento único, conforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Napoli, Erika y otros".
Contrato de trabajo por tiempo determinado, modalidad especial de fomento del empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Sosa Héctor Rodolfo c/ Femenia Miguel Angel y/o panadería Femenia y/o quien resulte responsable s/ Despido indirecto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-08-09

No es procedente el agravio de la demandada quien alega que celebró con el accionante un contrato por tiempo determinado de fomento de empleo. Ello así, ya que éste no cumple con los recaudos específicos de la modalidad promovida art.43, extremo que resultaba de vital importancia para tener por acreditado que, en el caso, efectivamente la contratación se efectuó en el marco legal que aduce la apelante.

El contrato de plazo determinado como fomento de empleo Ley 24013 art.43, no necesita razón objetiva, pero sólo puede celebrarse con un trabajador inscripto como desempleado o que haya dejado de prestar servicios en el sector público por razones administrativas.

La consecuencia del incumplimiento de estos requisitos es la transformación de la relación de flexible en permanente por haberse violentado un requisito formal art.35, inc.a ley 24013.
Injuria laboral, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: BONARDI WERFIL ADALBERTO c/ EMPRESA E.T.A. MANUEL BELGRANO Y7O PROP. Y/O RESP. s/ SULEDOS CAIDOS, VACACIONES, ETC. CARDENAS LUIS EDMUNDO c/ PETROSAN S.A S/SUELDOS IMPAGOS s/ CASACION LABORAL MACULUS EDUARDO DANIEL c/ LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. Y/ O PROP. Y/O RESP. S/DIFERENCIA DE SUELDO s/ CASACION LABORAL MARTINEZ DE NAVARRO BLANCA ANA c/ INDALISAN S.R.L.Y/O PROP. Y/O RESP. S/INDEMINIZACION POR DESPIDO ETC. s/ CASACION LABORAL GALLO BENJAMIN RICARDO c/ PETROSAN S.A Y/O PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE S/ SUELDOS IMPAGOS. ETC s/ CASACION LABORAL AYUNTA JULIO OSCAR c/ LIBERTAD S.A. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC. -CASACION LABORAL FROLA RAUL ARTURO c/ LO BRUNO S.A. Y/O RESPONSABLE s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-04-01|2006-02-23|2006-03-03|2006-03-17|2006-12-07|2007-04-03|2007-10-08

La ponderación de la injuria laboral como causal, está reservada al criterio de los juzgadores del fondo y sólo la inobservancia de la prudencia exigida por la ley posibilita su reexamen por la Corte.
Subasta, subasta de inmuebles, hipoteca, acreedor hipotecario, nulidad de la subasta
Materia: COMERCIAL
Carátula: NUÑEZ, MARTA c/ PIORRONCELLO, VITO s/ EJEC.  S/  INC.  POR  BANCO  EL HOGAR DE PARQUE PATRICIOS COOP. LTDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-11

No es viable la anulación de un remate dispuesto en ejecución común, por falta de citación al acreedor hipotecario, en razón de ser ello contrario al principio que faculta al propietario del inmueble a enajenarlo (cciv 3157), siendo solo una exigencia a los efectos de la cancelación y extinción de la hipoteca (cciv 3196).
Municipalidad, concejo deliberante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAUCEDO, OSCAR MARTIR Y VERA, ANTONIO RAMON c/ RESOLUCION N. 13/90 DEL H.C.D. DE ESTANISLAO DEL CAMPO s/ CONFLICTO DE PODERES Y PEDIDO DE NULIDAD RESOLUCION N. 13/90 DEL H.C.D. DE ESTANISLAO DEL CAMPO s/ CONFLICTO DE PODERES Y PEDIDO DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-05-30

La Ley 162 es clara cuando en su artículo 162 establece que la suspensión preventiva, en el supuesto allí tipificado, procederá de "pleno derecho". Tal expresión es categórica y se refiere a un efecto producido en virtud de la propia norma, sin necesidad de petición o intervención de parte ni de declaración alguna; el efecto se produce automáticamente aun cuando no medie reclamo.
Sentencia, constitucionalidad, recurso de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANMARTINO, REMIGIO Y OTROS c/ VISCARDI, VICTOR H Y-U OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ORDINARIO (CSJ EXPTE N. 322-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-30

La excepcional instancia de control constitucional de un pronunciamiento judicial se justifica en su "funcionalidad útil".
Querellante, administración fraudulenta, responsabilidad del despachante de aduana
Materia: PENAL
Carátula: SOTHAM, Pedro Gilberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-20

Si bien la maniobra desarrollada por el despachante de aduanas afectó al adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al Servicio Aduanero, reviste la calidad de "particularmente ofendido" a los fines de ser tenido como querellante, el importador que habría sido defraudado con el actuar del despachante, ya que luego de recibir la documentación original y el dinero para llevar adelante la importación de la mercadería, presentó ante la Aduana documentación que era falsa, declarando un valor menor al real para así poder quedarse con la diferencia -entregándole al nombrado una copia falsa del Despacho de Importación presentado ante el Servicio Aduanero condatos distintos, a fin de ocultar su maniobra-, por ello consideró verificados los elementos típicos del delito de defraudación por administración fraudulenta en su perjuicio (art. 173 inc. 7 CP ).
Competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia civil, diligencias preliminares, juicio por rendición de cuentas, cementerio privado, expensas comunes
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRAZA DE LUQUE, MARTHA Y OTRO c/ JARDIN DE PAZ s/ DILIGENCIA PRELIMINAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-15

Habiéndose promovido diligencias preliminares con el objeto de iniciar contra un cementerio privado acción por rendición de cuentas o las que sean procedentes, con motivo de las liquidaciones emanadas de la futura accionada por gastos de expensas y mantenimiento de las parcelas que se habrían comprado en el citado cementerio, resulta competente para entender en las presentes diligencias la justicia civil. Ello así, por cuanto el reclamo de gastos de conservación, mantenimiento y cuidado de la sepultura, constituyen una estipulación accesoria de un contrato mediante el cual se pacto la cesión a perpetuidad de una cosa inmueble (cciv 2314). A más, aún cuando -como en el caso- el cementerio sea privado, o no pertenezca a iglesia o comunidad religiosa alguna, existen convicciones sociales que exigen rodear a aquellos de un marco de decoro, recogimiento y respeto propio del culto que la comunidad en general dispensa a los difuntos, lo que lleva a excluir las cuestiones que se susciten sobre su utilización del ámbito del comercio.
Hurto de automotor, motocicleta, resolución ministerial, inconstitucionalidad, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Lefevre, Carlos A. s/ Hurto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-06

El artículo 5 del Decreto - Ley 6.582/58 al definir los vehículos que serán considerados automotores, termina facultando al P.E.N.

para disponer por vía de reglamentación otros vehículos automotores comprendidos en el régimen establecido por ese decreto - ley, por lo que se trata de una ley penal en blanco en sentido impropio, al facultar que la conducta punible descripta por la ley penal pueda ser integrada por el poder administrador.

La delegación del artículo 5 del Decreto - Ley 6.582/58 para integrar con otros vehículos el tipo penal sólo puede ser cumplida estrictamente por el Poder Ejecutivo Nacional, en la persona del Presidente de la Nación y mediante decreto que es la expresión normativa de su función, en consecuencia, no existe posibilidad válida de subdelegar tal facultad en otro órgano, tal como sucede con la resolución ministerial Nro. 586/88, norma que resulta inconstitucional por haber sido dictada por quien no tiene facultades para integrar el tipo penal.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, cuestión constitucional, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RIOS, ROBERTO c/ GALENO ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-26

El Tribunal soslayó brindar tratamiento a la insuficiencia en la reparación, desde cuya inteligencia, se requería un examen razonado sobre los elementos probatorios y las demás particulares circunstancias fácticas y procesales que enmarcan a la causa, como ser, el alongado tiempo transcurrido desde el siniestro laboral con la consecuente depreciación monetaria sufrida; la edad del trabajador al momento de la contingencia de tan sólo 30 años; la incapacidad laboral permanente total que dicho infortunio le generó, y su determinación en autos -mayor a la dictaminada por la Comisión Médica- mediante las pericias médica y psicológica recién tres años después del accidente; los cálculos del IBM e indemnizatorios presentados por el perito contador, a los fines de brindar una respuesta que -más allá del resultado- satisfaga los márgenes de razonabilidad y logicidad requeridos para su validez como acto jurisdiccional.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Constitución Nacional, interpretación de la constitución, Poder Judicial, revisión judicial, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

El alcance del artículo 116 de la Constitución Nacional excluye, evidentemente, la intromisión oficiosa del Poder Judicial. Este sólo puede resolver una cuestión de intereses cuando las partes lo convocan para ello. El tema se complica en cuanto se pretende equiparar la calidad del acto jurisdiccional en causa concreta, con el pronunciamiento que fija una determinada interpretación de la ley como excepcional previsión para evitar fallos contradictorios. Tal equiparación no es correcta. No debe concluirse que la resolución que emana de la reunión de tribunales para unificar criterios interpretativos de derecho como presupuesto de actuación, tiene la misma naturaleza jurisdiccional que el fallo que dirime una causa concreta y que por lo tanto equivale o es lo mismo que dirimir causas oficiosamente, que es lo que se encuentra inhibido de hacer el Poder Judicial en virtud de la competencia del artículo 116, de la Constitución Nacional. Esa asimilación no contempla adecuadamente las diferencias que contienen los supuestos y el alcance adecuado de dicha norma que refiere a la actividad propia que corona la tarea del Poder Judicial de dirimir conflictos pero que no excluye las que pueden ser conducentes a esta tarea y han sido autorizadas por el legislador. (Del Voto del Dr. Bernardini -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Bienes inembargables, orden público, levantamiento del embargo, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., J. c/ E. SA, M.,A. SRL UTE s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-13

Siendo de orden público las normas sobre inembargabilidad de bienes, el levantamiento de embargo de dichos bienes afectados puede hacerse de oficio, aún cuando la resolución que lo decretó se halle consentida por los afectados, y a petición del deudor o de su familia en cualquier momento.
Principio de indemnidad del trabajador, adicionales de remuneración, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-08

La Cámara violentó el principio de indemnidad, a partir del alcance que asigna a la expresión "adicionales", donde no consideró incluidos y reclamados los intereses derivados de la deuda reconocida a favor de los actores y que llega firme a esta instancia extraordinaria, por lo que dictó una sentencia arbitraria que viola la tutela constitucionalmente consagrada del salario. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Honorarios, regulación de honorarios, sucesiones, inventario y avalúo
Materia: PROCESAL
Carátula: Giménez, Felipe y Echagüe, Eusebia Emma c/  s/ sucesorio ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-17

Si bien esta Sala ha aplicado el índice previsto en el art. 39 LA, ello es así cuando se computan los valores de los aforos de la DGR (hoy ATER), pero el IPC no corresponde aplicarlo cuando el avalúo aprobado fue establecido por tasación. En tales supuestos, es aplicable los intereses previstos en el art. 31 LA hasta la fecha de regulación de los honorarios profesionales por ser esa la forma de evitar el riesgo de desvalorización.
Inimputabilidad, trastorno psicopático, pena, graduación de la pena, medidas de seguridad, robo con intimidación en las personas
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ, OMAR s/ IMPUTABILIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-24

La declaración de inimputabilidad del psicópata implica una medida de seguridad prácticamente perpetua, es decir, una privación de libertad perpetua y dado que en el caso de autos no existe un diagnóstico preciso sobre el grado de la psicopatía, no se puede disponer lo más grave para el procesado, disponiéndose en consecuencia la confirmación de la sentencia apelada en cuanto condena al justiciable por el delito de robo con intimidación.
Asociación ilícita, delito penal, identificación del imputado
Materia: PENAL
Carátula: M., C. Y OTRO s/ Asociacion ilicita (Expte Nº31-98, Resolución Nº40, Tomo 5, Folio  172)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-06

Para tener por acreditada la participación de terceros en un hecho criminal, no resulta en modo alguno menester su identificación circunstanciada, ni mucho menos su sometimiento a juicio, bastando conque haya certeza respecto a que existieron y protagonizaron el hecho delictuoso de que se trate.
Responsabilidad extracontractual del Estado, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, culpa, personal policial, arma reglamentaria
Materia: PENAL
Carátula: CH., G. D. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ODINARIO s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-09-08

En lo que hace al otro enfoque que abarca la sentencia recurrida en el análisis de estas actuaciones en las sentencias precedentes, esto es la pretendida subsunción del presente caso en el concepto de ?culpa in eligiendo? o ?in vigilando?, considero que tampoco resulta procedente su aplicación en autos.

Ello así dado que si bien dicha culpa, por parte del principal, podría presumirse del daño ocasionado por el dependiente, lo cierto es que las pruebas rendidas en la causa no muestran una omisión negligente del Estado en el control de las aptitudes psíquicas y técnicas del [señor C.], por lo cual pueda predicarse que aquél no fuera apto para portar un arma de fuego. (Disidencia: Dr Barotto, Dr. Mansilla)
Denegatoria del recurso, sentencia condenatoria, tráfico de estupefacientes, concurso real, declaración de reincidencia, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: DA SILVA, Yesica Pamela y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

Corresponde rechazar los recursos de casación intentados por las respectivas defensas contra la resolución que condenó en el procedimiento previsto en el artículo 431 bis del Código Procesal Penal a los encausados por el delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de transporte en forma organizada, en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (arts. 5 inciso c) y 11 inciso c) de la ley 23.737) y los declaró reincidentes; pues no se advierten defectos de logicidad en el decisorio ni transgresiones al correcto razonamiento, lo que permite descartar cualquier tacha de arbitrariedad y los agravios intentados sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta; mientras que el resolutorio cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido, dando sustento a lo que oportunamente acordaron los procesados y ahora pretenden ignorar.
Proceso penal, sobreseimiento provisional, daños y perjuicios, efectos de la sentencia penal en sede civil, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Javier Horacio c/ Quiróz, Alfredo y Estado Nacional (Policía Federal) s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

Al sobreseimiento provisional dictado en sede penal no se le puede atribuir autoridad de cosa juzgada en la pretensión resarcitoria civil (art. 1103 del Código Civil).
Objeto del proceso, pretensión procesal, carga de la prueba, negación de los hechos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B., SA c/ V., M.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-09

Si el accionante no comprueba los hechos que constituyen el fundamento de su demanda, el demandado puede limitarse a negar pura y simplemente sin obligación de prueba; y aún en el caso de una negación indirecta por afirmaciones incompatibles con las que deduce el actor, no es que el accionado deba comprobar lo que aduce sino que la carga de la prueba sigue en cabeza del reclamante.
Revisión judicial de actos administrativos, pretensión procesal, anulabilidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CELIA  S.A. c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-07

Las situaciones jurídicas que se debaten en el juicio contencioso administrativo emanan de las decisiones administrativas dictadas previamente a la intervención judicial. Es la Administración la que al dictar dichos actos crea una situación concreta, situación que posteriormente se somete a esta instancia al impugnar su legitimidad.

Dado el carácter revisor de este proceso, la pretensión básica y siempre necesaria es la de la anulación de ese acto, pues ella actúa como condición del eventual reestablecimiento de la situación jurídica afectada por la disposición administrativa. De ahí que, no se pueda demandar contra los efectos de un acto administrativo sin requerir en la causa que también se declare su ilegitimidad.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ficorelli de Rogers, Gladys Diosma y otro c/ Ortega, Carlos y Pablo Gabriel y Harimar S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

Cuando en la producción del daño interviene una cosa que presenta riesgo o vicio la norma que rige la situación es la del art.1113 2º ap., párr.2º, C.C..
Relación de dependencia, riesgo empresarial
Materia: LABORAL
Carátula: Rojas Tracci, Graciela Silvana c/ Constanza, Marcelo Abelardo y-o Quien Resulte Responsable deEscuela Privada de Mecánica Dental s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-22

La existencia de la relación de dependencia surge de la prestación de servicios personales, de modo tal que el riesgo económico se encuentra a cargo del empleador. Así, el trabajo dependiente se presta por cuenta ajena lo que significa que el trabajador no asume los riesgos económicos.
Daños y perjuicios, obligaciones de dar
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cozza, Vicente Mario c/ Sea Fish S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-03

En principio, cuando media incumplimiento de una obligación de dar sumas de dinero, el deudor únicamente debe pagar como indemnización los intereses moratorios, en función de lo que edicta el art. 622 del Código Civil). En tal caso, el acreedor está exento de acreditar la existencia del perjuicio, pues el legislador presume la relación causal entre el daño y el incumplimiento (art. 622, código cit.). Y se considera, a su vez, que la tasa de interés representa la inversión que el acreedor debe hacer para proveerse del capital que el deudor moroso no la abonó a su debido tiempo. En cambio, cuando se requiere una indemnización mayor, al margen de los intereses moratorios, necesariamente debe acreditar el dolo, y desde luego aflora la necesidad de demostrar la relación de causalidad adecuada (arts. 506, 508, 511 y 512 Código Civil).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Giménez, Carlos Darío c/ Meller S.A. s/ Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

La acreditación del absurdo es muy rigurosa en el fuero laboral donde la valoración del material probatorio se realiza al margen de normas que sean posible quebrantar, salvo la que impone a los jueces del trabajo sujetarse a la apreciación en conciencia.