marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, fundamentación de sentencias, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: DIESER, MARIA GRACIELA Y FRATICELLI, CARLOS ANDRES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

El sentido y fundamento último de la exigencia legal (artículos 26 y 27 Ley 10160) es garantizar el adecuado ejercicio del debido proceso y su correlato de la defensa en juicio, y en perspectiva recursiva, la posibilidad de expresar agravios, sin que pueda obviarse la circunstancia de que la sentencia no impidió al Fiscal de Cámaras expresar sus agravios y cuestionar la decisión. Es decir, el tema es trascendente no sólo desde un punto de vista meramente formal, sino que debe ser analizado conforme una interpretación constitucional, ya que la ley fundamental garantiza la defensa en juicio (art. 18, Constitución nacional), que se halla integrada por el principio de congruencia.

Así lo ha sostenido esta Corte al afirmar que "...un modo quizás simplificado y esquemático de resumir la cuestión es prestar atención al punto de vista del agraviado, de manera que si el mismo pudo estructurar 'un' discurso crítico respecto a la sentencia cuya revocación pretende, ella luce con suficiente coherencia como para entender que superó el test respectivo... Esta rica e inherente naturaleza -que inequívoca y necesariamente (aunque no siempre explícitamente) exhiben los fallos dictados por tribunales colegiados- obliga a quienes se ven en la tarea de examinar la validez de tales pronunciamientos a adoptar una mirada adecuada al objeto, procurando una hermenéutica favorable al descubrimiento de la raíz común de los razonamientos, privilegiando en caso de duda la validez del fallo y no su invalidación"( Del voto del Erbetta que hace mayoría).
Privatizaciones, defensa del consumidor, Constitución Nacional, acción de amparo, derechos de incidencia colectiva, acción meramente declarativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DECOVI s/ Amparo Colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-01

Alberto B. Bianchi, sostiene que desde la privatización de los servicios públicos se han revitalizado palabras como cliente, usuario, o consumidor. Mientras la mayoría de los servicios públicos fueron prestados por empresas estatales, la defensa de los derechos de los consumidores, clientes o usuarios de dichos servicios era una cuestión jurídicamente no desarrollada y prácticamente inexistente.

La reforma constitucional de 1994 ha sido clave en este terreno. No caben dudas - reitera - de que la unidad temática constitucionalizada en los artículos 41, 42 y 43, ha adquirido un brillo e interés singular que se propaga diariamente y con ella el interés una vez más por el estudio de los derechos de incidencia colectiva. El Artículo 43 de la Constitución ha incluido la protección de los derechos colectivos en el marco procesal del amparo.

Cabía preguntarse entonces si ésa es la única vía de protección que poseen o existe otra. La Corte resolvió el interrogante en "Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina c. Pcia. de Buenos Aires", (22-04-97), estableciendo que también procedía la acción meramente declarativa a esos fines.
Queja por apelación denegada, Superior Tribunal de Justicia, competencia, llamado de atención
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, MARIO HERNAN c/  s/ QUEJA POR APELACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-03

La presente queja por apelación denegada debe ser rechazada, desde que se ha obviado la previa interposición del recurso de inconstitucionalidad -contra la decisión de los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal que declararon inadmisible la apelación deducida- así como su posterior sustanciación y resolución por el Tribunal de Alzada, circunstancia que resulta impeditiva para habilitar la competencia de esta Corte; correspondiendo -atento que la omisión reprochada supone un desconocimiento de la ley vigente por el presentante o, eventualmente, la delegación de funciones indelegables- formular a la Defensora a cargo de la Defensoría General de Cámaras un llamado de atención tendente a evitar situaciones análogas en el futuro. (Del voto de los Dres. Falistocco, Erbetta y Netri) - Jurisprudencia vinculada: "Fiscal Dra. Parma s/ Queja por apelación denegada", AyS T 284, p 234/235, sumario J0044239.
Factura, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PABLO PARNAS Y CIA. S.C. c/ SANCHEZ DE SINGH MIRIAM E. DEL V. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-01

Los intereses deben computarse a partir del vencimiento del plazo para el pago de cada factura.
Prueba, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: H.M.E. DE V. Y OTROS c/ M.O. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-06

La inapelabilidad prevista por el art. 379 del Código Procesal no alcanza los casos en que el rechazo de las pruebas propuestas se funda en la oportunidad del ofrecimiento.
Concursos, incidente de revisión, honorarios, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: CADISPO SRL s/ QUIEBRA S/ INC. DE REV. POR: D.N.R.P.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-11

Los honorarios en un incidente de revisión, deben fijarse atendiendo al importe nominal del crédito verificado, en el entendimiento de tratarse de un estipendio "provisional" que no excluye el derecho del beneficiario a pretender el acrecentamiento de aquellos, en la proporción en que pudiera hacerlo el crédito que le sirve de base en los términos de la ley 21488, y sin perjuicio de la facultad del interesado de requerir en cualquier momento el establecimiento de un emolumento "definitivo".
Locación de inmuebles, contrato por escrito, plazo legal, tácita reconducción
Materia: CIVIL
Carátula: LATI, JOSE c/ MENEGAZZO, JOSE ANGEL s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

Según se desprende del art. 1, segunda parte, de la ley 23091, los contratos de locaciones urbanas, así como sus modificaciones y prórrogas, deberán formalizarse por escrito. Si bien agrega que en el caso de que el contrato no fuera celebrado por este medio y tuviera principio de ejecución, se considerará hecho por el plazo mínimo fijado por el art. 2, es obvio que no es aplicable a las prórrogas contractuales, pues el art. 1622 del C.Civil que veda la tácita reconducción, no ha sido derogada por la ley 23091.
Remuneración, adicionales de remuneración, paritarias, sueldo anual complementario
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Blanco, Sara Esmeralda c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

A diferencia de la indemnización a que se refiere el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, el Sueldo Anual Complementario no viene definido de un modo que acuerde a los agentes de la Ciudad el derecho a que sea liquidado en base a todos los ingresos que perciben en concepto de salario. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano por remisión a los fundamentos brindados in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Yelmini, Claudia Viviana c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneración)" expte. n° 14634/17, sentencia de 25/04/2018).
Medidas cautelares, habilitación de feria, productos perecederos
Materia: ADUANERO
Carátula: "Shimisa de Comercio Exterior SA c/ EN -DGA s/ Amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-01-24

Este tribunal, en su resolución de fecha 5 de enero del corriente (fs. 147/148 vta.), tuvo especialmente en cuenta para habilitar esta feria que " ... la urgencia invocada aparece Justificada habida cuenta de que se trata de productos perecederos". Que la situación allí tenida en cuenta no sólo no ha mejorado, sino que se agravó por el transcurso del tiempo, ya que en el escrito de fs. 157/159 vta. la actora denuncia que ya algunos de esos productos perecederos se han echado a perder definitivamente con el grave perjuicio que ello le irroga. En ese contexto, debe hacerse lugar parcialmente a la pretensión cautelar, sólo respecto de esos productos perecederos (mercadería amparada en los conocimientos de embarque n 862985352 -fs. 28/29- y QNAAM3TOO -fs. 24/25- y en las cartas de porte internacional n 5261 -fs. 38-, eH 245/2011 -fs. 27-, CH 252/2011 -fs. 40- y BR-6095-00408 -fs. 57-), acerca de los cuales parece que existe mayor riesgo en denegar la medida que en concederla (esta Sala, causa "Intercréditos Cooperativa de Vivienda, Créditos y Con. Ltd", pronunciamiento del 22 de noviembre de 2011).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley laboral, ley penal más benigna, leyes, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Marasco, Bernardo Luis y otro c/ Sociedad Anónima Otto Spuler y otro y/o contra quien resulte Jurídicamente responsable s/ Laboral (Expte. Nro. 126-92) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-14

El principio interpretativo específico del derecho laboral (artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo) presupone dos normas contempor neamente vigentes, de fuente legal o convencional, que regulen una institución en sentido discordante, introduciendo al debate la duda acerca de cuál de ellas ha de prevalecer, hipótesis ésta en que la ley incida estar a la "más favorable al trabajador" prescindiendo de cuestiones de rango o especificidad. Es decir, se trata de una controversia material entre dos disposiciones con aptitud temporal para resolver en derecho los hechos de la causa, de suerte que nada allí encontramos como dato relevante para responder a la pregunta que nos convoca: aplicabilidad de la reforma dispuesta por la ley 23643 al artículo 8 de la ley 9688 a los infortunios laborales ocurridos con anterioridad a la fecha de su vigencia. Siendo entonces necesario recurrir al artículo 3 del Código Civil, el interrogante a discernir es si la determinación de la cuantía indemnizatoria configura una consecuencia de una situación jurídica preexistente a la que deba aplicarse la "nueva ley", o si, por el contrario, dicho proceder implicaría adjudicarle una retroactividad en violación del principio general que la veda. (De los Fundamentos del Dr. Machado). La cuestión a resolver es: ¨Es aplicable la reforma dispuesta por la ley 23643 al artículo 8 de la ley 9688 a los infortunios laborales ocurridos con anterioridad a la fecha de su vigencia?
Revocación de sentencia, inexistencia de delito, piquetes, entorpecimiento de los servicios públicos
Materia: PENAL
Carátula: N. N. #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: PN c/  s/ art. 194
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-04

El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "N.N. s/ art. 194 CP" (causa n° 420863/2018) rta. el 4/10/18, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por el pretenso querellante -Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representado por Augusto Ricardo Coronel como Jefe de Departamento de la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- contra el auto del juez de la instancia de origen que desestimó por inexistencia de delito la denuncia realizada contra las personas, aún no individualizadas, que efectuaron un piquete en la intersección de dos avenidas porteñas, entorpeciendo el funcionamiento del transporte y los servicios. Los vocales, ante la posible tipicidad del episodio denunciado, revocaron la desestimación y legitimaron al recurrente.
Recurso extraordinario, apreciación del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS EL COLORADO LTDA. c/ PITTARO, ROQUE ELTER s/ COBRO DE AUSTRALES PITTARO, ROQUE ELTER s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1990-11-15

Es cierto que la expresión de agravios o, en su caso, el escrito fundando el recurso de apelación concedido en relación sin efecto diferido, debe contener una exposición concreta de las discrepancias del recurrente con el fallo impugnado, que en forma razonada y jurídicamente fundada exprese los motivos para considerarlo erróneo o injusto, pero la apreciación de las condiciones que debe satisfacer la fundamentación del recurso no debe llevarse al extremo de afectar la fundamental garantía de la defensa en juicio. Las consecuencias de declarar desierto el recurso por insuficiencia en la fundamentación de los agravios son tan graves que, en la duda debe estarse a favor de la apertura de la segunda instancia, justamente en razón del respeto debido a la garantía aludida. El juez no debe negar justicia a nadie que funde mínimamente su pretensión de ser oído.
Responsabilidad del Estado, juegos de azar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: V., H.D. c/ Instituto de Asistencia Social de la Provincia del Chubut s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-18

La regulación de la explotación de juegos de azar contiene reglas claramente preestablecidas, que lo constriñen y acotan por sus características nocivas, siendo fuertemente regulado por el Estado dada la importancia de los recursos que provee a las arcas de éste, las que ingresan a través de la comercialización realizada por medio de los particulares.
Ley penal más benigna, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BOTTACHI  S.A.  DE NAVEGACION  C.F.I.I. c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ APELACION- COSTAS- DISTRIBUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-12

Atento los términos cuantitativos que como resultados de la litis arroja la reforma de la resolución aduanera recurrida por ante el organismo A-QUO y los precedentes de esta Cámara en la materia al hacer aplicación del principio de los arts. 899 del Código Aduanero y 2 del Código Penal (cfr. fallo de esta Sala IN RE: "Juan B.

Bossio" del 28 de febrero de 1984), se modifica el pronunciamiento recurrido en cuanto ha sido materia de agravios, limitando la distribución de costas por su orden en lo que se refiere a la liberación de revalorizar la multa, debiendo cargar por el resto la vencida. No existiendo oposición de la actora en esta instancia, no corresponde que se perjudique con la imposición de las costas de ésta en su contra.-
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria, requerimiento de instrucción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LELOIR, María de las Mercedes s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23

El primer acto interruptivo que debe ser considerado secuela de juicio en los términos previstos en el art. 67, C.P., es la convocatoria a prestar declaración indagatoria, posición que no ha merecido modificación con la sanción de la ley 23.984.

El requerimiento fiscal establecido en el art. 180, C.P.P., si bien resulta el primigenio acto con idéntica latitud, no es de naturaleza jurisdiccional y además, hasta ese momento, no existe sumario propiamente dicho.
Competencia de la Corte Suprema, gravedad institucional, caso concreto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gil Domínguez, Andrés c/ EN  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-23

La existencia de la gravedad institucional alegada por el recurrente resulta ineficaz para habilitar la intervención de la Corte fuera de un caso o controversia.
Pena, cómputo de la pena, proceso en trámite
Materia: PROCESAL
Carátula: VIVE, ALFREDO s/ PENA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-17

Aun cuando la pena única impuesta en un proceso no comprenda la sanción correspondiente a otro proceso que se encuentra en trámite, cabe computar el lapso de detención que registra el acriminado en este último, - para establecer el vencimiento de la pena - dado que las deficiencias administrativas en poner a un procesado a disposición de un Tribunal no pueden jugar en su perjuicio.
Extinción del contrato de trabajo, despido indirecto, obligaciones del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Pacheco, Mónica Raquel c/ Esquenazi, Víctor y Mariño, María s/ Diferencias Salariales e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-08-04

No es ajustado a derecho que, el empleado que disuelve el contrato deba probar todos los incumplimientos alegados al empleador, bastando que así resulte con los que revisten importancia primordial en la relación de trabajo como, por ejemplo, con las diferencias salariales.
Obligaciones negociables, Comisión Nacional de Valores, multa
Materia: ECONOMIA
Carátula: Comisión Nacional de Valores c/ Standard & Poor's Ratings LLC. Suc. Argentina s/ organismos externos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-15

Cabe confirmar la sentencia que validó la resolución 15.335 dictada por la Comisión Nacional de Valores el 21 de febrero de 2006, por la cual se le aplicó a la demandada - en forma solidaria con sus directores y miembros del consejo de calificación- una multa por infracción al artículo 4° del Capítulo XVI de las Normas dictadas por dicha comisión, pues la recurrente no cumplió con su propio manual- registrado ante la CNV- al asignar la calificación correspondiente a los títulos de mejor calidad y más bajo riesgo ("raAAA") al Programa Global de Obligaciones Nagociables Serie Senior, y conforme a lo establecido por el manual debía ser calificado con categoría "E" todo título emitido por sociedades cuando- como en el caso- los dictámenes de los auditores externos tuvieran abstención de opinión, resultando la conducta asumida no sólo contraria a la integridad con la que sostuvo haber realizado los procesos de calificaciones en cuestión, sino también a los estándares de cuidado y transparencia exigibles para el ejercicio de su función.
Discriminación por motivos ideológicos, políticos o gremiales, prueba, indemnización
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Naz, Natalia Gabriela c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y otro s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-30

La actora, quien se desempeñaba en el Ministerio de Justicia y Derechos humanos de la Nación, como consecuencia de un Acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Autotomotores de la República Argentina (ACARA), alega que su despido, ocurrido en marzo de 2016, fue discriminatorio. Sostiene que el mismo tendría su razón en el hecho de ser la concubina de un militante político de la agrupación humana HIJOS. A fin de establecer que medio es necesario para probar que la decisión de la empleadora de prescindir de la trabajadora estuvo enfocada en motivos políticos debe tenerse en cuenta el criterio del precedente de la CSJN "Sisnero" (Fallos:337:611). Así, al discutirse si el despido obedece a un motivo discriminatorio el interesado debe acreditar verosímilmente que el mismo fue dispuesto por esa razón, y a su vez, el demandado no probar que la medida rescisoria no tiene tal carácter. Y, en el caso, a partir de la prueba testimonial surgen indicios relevantes de que la resolución adoptada por ACARA, de rescindir el contrato de trabajo significó de acuerdo con la ley 23.592, un acto discriminatorio relacionado con el accionar político de la pareja de la actora. Corresponde, entonces, que la actora sea restituida a su puesto por resultar nulo el despido. Esta anulación, implica la subsistencia del vínculo de trabajo y por ende le deben ser abonados los salarios caídos desde que se dispuso el despido hasta su efectiva reincorporación. Además debe indemnizarse el daño moral. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría).
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, improcedencia del recurso, nulidad procesal, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: QUISPE MARISA IRENE c/ ROMERO SERGIO OMAR s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-15

La defensa no puede cuestionar mediante nulidad por motivación aparente o arbitraria el acto de requerimiento de juicio de fs.8 y vta. del principal, toda vez que la validez del mismo emerge del simple cotejo de los recaudos formales y no del mérito de la acusación, pues tal función queda a cargo exclusivo del titular de la acción y de la aceptación de tal requerimiento por el órgano jurisdiccional.

Desde el punto de vista formal, el art. 357 del C.P.P. que remite al art. 184 y éste a su vez al art. 341 de la ley adjetiva, imponen al Ministerio Público la carga de relacionar los antecedentes circunstanciados del hecho y la evaluación fundada sucintamente en orden a que ese hecho encuadra en un tipo penal.

De manera que, para que éste recaudo legal se tenga por cumplido no es necesario la acreditación probatoria de los extremos típicos de la acusación, pues tal objetivo recién se alcanza con la intervención jurisdiccional que actúa como tribunal de juicio.

Ello es así, porque no hay prueba procesal si no es rendida o ingresada ante la presencia del Juez y de las partes, incluida la defensa, de suerte que el juicio de convicción suficiente que debe elaborar el órgano acusador no responde a ningún esquema de valoración previa con naturaleza probatoria, basta para ello la compulsa de los elementos reunidos para determinar que el imputado con su conducta anunció a la víctima un mal futuro, grave con la intención de causarle temor, procurando que ésta haga algo en contra de su voluntad.
Recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SANTILLO, HUGO Y OTRA s/ CONCURSO PREVENTIVO-INCIDENTE DE RECUSACION CON CAUSA JUEZ CIVIL DE  AÑATUYA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-11

No se configura la causal de prejuzgamiento, cuando la titular del juzgado, sólo se remite a informar a los acreedores presentes en la Junta de Acreedores, cual es el cómputo de las mayorías estatuído por el art. 52 de la Ley Concursal, puesto que en modo alguno ello implica realizar un aporte subjetivo del juez.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Serantes, Matilde M. c/ Tellechea, Juan Rodrigo y otros s/ Daños y perjuicios - Medida previa - Beneficio litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-15

Las indemnizaciones por daños deben fijarse criteriosamente atendiendo a cada daño en particular, pero sin perderse de vista el importe que en definitiva traduce la suma de cada una de ellas.
Empleados públicos, pago de la remuneración, mora del empleador, crédito laboral, actualización monetaria, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: SERENO, LUCIANDO RAMON c/ ENTEL s/ COBRO DE QUINQUENIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-31

Siendo la demandada una empresa del estado cuyo personal estaba vinculado a través de una relación de empleo privado, CCT 165/75, le son aplicables las normas pertinentes del Contrato de Trabajo que en su art. 276 t.o. contempla un régimen particular de actualización de los créditos laborales, excluyendo las disposiciones de la ley 22328.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silguero, Olga c/ Junta  Electoral del Sindicato de Trabajadores Estatales de la Salud de Formosa (SITEF) s/ Acción de amparo Trabajadores Estatales de la Salud de Formosa (SITEF) s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-11

La ley 749 basada en la Ley Nacional 16946, contempla exclusivamente las acciones de amparo promovidas contra la administración estatal.