Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-08


En la ciudad de Trelew, a los 08 días de setiembre del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Edgar María de la Fuente, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P., G. D. c/ A. D. S. S.A. s/ sumario" (Expte. nº 21.392 año: 2006) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse de conformidad al sorteo efectuado a fs. 146.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Vergara dijo:

Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 123, que fuera concedido libremente a fs. 126, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 115/121 que rechazó la demanda de cancelación de prenda instaurada por G. D. P. contra A. D. S. S.A., y asimismo desestimó los planteos de inconstitucionalidad y mayor valor de la unidad formulados por la sociedad, con imposición de las costas en un 50% a cada una de las partes.

A su vez, el Dr. M. Á. B., por su propio derecho, apeló a fs. 124/125 la regulación de honorarios practicada a su favor por considerarlos bajos, recurso concedido a fs. 126.

Los agravios del accionante lucen a fs. 137/141, el traslado conferido a fs. 142 fue evacuado por su contraria a fs. 143/144 y vta., y el quejoso señala básicamente que:

a) el monto adeudado demuestra el daño producido por la accionada ya que el actor nunca estuvo en condiciones de poder abonar $94. ya que el reclamo de la demandada fue exagerado al pretender la suma de u$s 4.270, más intereses punitorios de 5% más I.V.A., o bien mayor valor del vehículo;

b) debió valorarse todo el proceso previo de conducta de las partes, donde el más poderoso con la documentación inscripta a su favor incumple la normativa vigente obligando al actor a recurrir a la magistratura;

c) entiende que su contraria merece una seria sanción y no sólo el 50% de costas; d) hasta el dictado de esta sentencia desconocía adeudar suma alguna, y fue necesaria la sentencia a fin de determinar la existencia de una deuda y el monto de la misma, y la vía utilizada era la única con que contaba;

e) adeudando sólo el CVS desde noviembre de 2003 y estando abonadas en su totalidad las cuotas pactadas no ha podido la actora disponer del vehículo adquirido ante la conducta reprochable de la demandada;

f) de continuar con el razonamiento de la sentenciante ello obligaría a iniciar una nueva demanda a fin de obtener la cancelación de la prenda, para poder disponer de su vehículo;

g) ninguno de los reclamos efectuados por la demandada ha tenido aceptación, y el art. 68 del C.P.C.C. permite que el juez exima total o parcialmente a la parte vencida, y en este caso imponer el 50% de las costas a la actora es injusto ya que se acreditó haber abonado las cuotas, y el monto de la deuda existente fue determinado recién por sentencia;

h) la acción fue iniciada con la total certeza de que su derecho era legítimo, tal como quedó demostrado, ya que sólo se adeudaría por el CVS la suma de $94,70. con más intereses, por lo que no resulta aplicable el principio general de la derrota; e i) peticiona la revisión de la resolución apelada, con costas a cargo de la demandada.

A su turno la demandada manifiesta que: a) el actor es deudor ya que debe el C.V.S. más los intereses, y se contradice el demandante pues, por una parte afirma que desconoce adeudar suma alguna, pero acto seguido habla de la legislación dictada en materia de pesificación acusándola de su desconocimiento;

b) la contraparte no puede argumentar desconocimiento de las normas que determinan la pesificación que son de orden público, y no debe olvidarse que el demandante es un deudor moroso a partir del pago fuera de término de la cuota n° 2; c) yerra también en cuanto a que no puede disponer del vehículo ya que nada impidió al actor de disponer de la unidad sujeta a prenda;

d) pretende el actor que se aplique la antigua teoría subjetiva cuando el art. 68 del C.P.C.C. adopta la teoría del hecho objetivo de la derrota como principio general, y cuando el resultado de la litis no consagra un vencedor absoluto ambas partes han triunfado y fracasado parcialmente en sus pretensiones, por lo que las costas deben distribuirse prudencialmente; y e) solicita el mantenimiento de la resolución del sentenciante, con expresa imposición de costas.

2. No asiste razón al apelante al sostener que fue necesaria la sentencia a fin de determinar la existencia de una deuda toda vez que no puede alegar el desconocimiento de la normativa de emergencia dictada, en el caso la referida a la aplicación del coeficiente de variación de salarios desde el 01/10/2002 hasta el 31/03/2004 (art. 2 inc. c) de la ley 25.713 y art. 4 sustituido por el art. 1 de la ley 25.796), sobre el monto del contrato prendario que quedara pesificado el día 03/02/2002, conforme lo establecido por el art. 11 de la ley 25.561, texto sustituido por el art. 3 de la ley 25.820, arts. 8 del decreto 214/02 y 1 y 2 del decreto 320/02.

Es que, las normas que establecen el CER y el CVS son normas de emergencia económica, que implican una intervención del Estado en los contratos celebrados entre particulares y hacen al orden público económico.

Las leyes que establecen el CER y el CVS no son normas suplementarias, porque no respetan la voluntad de los particulares, ni establecen una voluntad complementaria para el caso que las partes no hayan exteriorizado su voluntad, sino que sustituyen lo ya pactado (CCivyComSan Isidro, Sala I, 03/12/2002, "R. d D. P., R. y otros c. S., C. G.", LLBA 2003 (abril), 306).

Tampoco puede admitirse el argumento que la vía utilizada era la única con que contaba esta parte pues bien pudo entablar demanda de pago por consignación, o deducir en forma expresa tal pretensión en el proceso de cancelación.

Y sin perjuicio de señalar que no debe confundirse ni asimilarse la mora del acreedor con el pago por consignación, corresponde precisar que la mayor parte de la doctrina nacional exige, como regla, para que opere la mora del acreedor: que medie un ofrecimiento real o efectivo de la prestación adeudada.

Ninguna relación necesaria media entre oferta real de cumplimiento e interpelación, toda vez que aun en el campo de la mora automática del acreedor es posible concebir la necesidad de que medien ofertas reales.

La oferta real implica que el bien debido sea llevado al lugar establecido para la entrega de la cosa y puesto a disposición del acreedor, de manera que éste pueda tomar posesión del mismo. No basta, de tal modo, con comunicar al acreedor que habrá de cumplir, requiriéndole que reciba la prestación.

Es menester, además, que exhiba la cosa adeudada y la ponga a disposición de aquél. La solución se justifica pues el deudor debe pagar y no limitarse a ofrecer el pago.

En apoyo de estas ideas se sostiene que aun dentro de un contexto de mora automática del deudor en las obligaciones a plazo, y de aplicación analógica de dicho régimen normativo a la mora del acreedor, es injusto brindar un tratamiento legal idéntico al deudor que no cumple y al acreedor que no coopera.

Sobre el primero dice Wayar pesa una verdadera obligación, mientras que el segundo es el titular de un derecho a la prestación. De allí que la ausencia de cooperación no tenga entidad suficiente para sancionar a quien deja de ejercer un derecho, haciéndolo cargar con las consecuencias de la mora. No se desconoce que el deudor, ante la negativa injustificada del acreedor, pueda ver prolongado su estado de sujeción patrimonial, con previsible riesgo para su patrimonio.

Sin embargo, para evitar tal consecuencia, la ley le reconoce el derecho de liberarse , cuyo ejercicio efectivo debe concretarse mediante una oferta real de pago, lo cual supone la realización del conjunto de actos que permitan poner la prestación a disposición del acreedor, de tal manera que sólo dependa de él la consumación del pago (conf. PizarroVallespinos, "Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones. 3", par. 615 y 613, págs. 286, y 277/279, respectivamente, Editoral Hammurabi S.R.L., 1999). Y en ese aspecto, no hubo un ofrecimiento efectivo del monto adeudado pues por el contrario al promover demanda el actor requirió la ".

Cancelación total de la deuda, atento que esta parte ha abonado el precio íntegro ." (acápite I, fs. 35).

De tal modo, no se cumplió con el requisito de integridad del pago ya que los importes abonados resultaron incompletos. Al respecto, el juzgador señaló a fs. 118 vta. que: Las sumas que restan abonar ascienden a $94,70., a lo que habría que agregar los respectivos intereses hasta el efectivo pago.

Y esa porción del fallo adquirió firmeza ante la admisión que realizara el recurrente en el escrito a estudio (p. III, fs. 138), por lo que el deudor no cumplió con uno de los requisitos sustanciales del pago, cual es el principio de integridad consagrado por el art. 742 del Código Civil.

Y el segundo principio de capital importancia es el de integridad del pago, según el cual debe ser completo, o sea comprender el objeto íntegro de la obligación. El acreedor tienen derecho a que se le pague íntegramente la obligación y el deudor a pagarla en su totalidad, obteniendo la liberación.

En igual sentido, respecto al pago por consignación, el acreedor no puede ser obligado a recibir menos de lo debido, o sea, la prestación en forma incompleta. Y la consignación del deudor moroso procede siempre que se respete el principio de integridad, o sea, que el depósito de la deuda sea íntegro (conf. BueresHighton, "Código Civil .", Editorial Hammurabi S.R.L., 1998, T. 2 B, págs. 90 y 131, respectivamente).

Con tales pautas, y si bien el monto adeudado no resulta una cifra importante como lo señalara el sentenciante a fs. 118 vta., al quebrantarse el principio de integridad del pago no corresponde acceder a la pretensión de cancelación de la prenda, por lo que se desestima el primer agravio.

3. En cuanto a la queja por el modo de imposición de las costas, cabe destacar que es el hecho objetivo de la derrota lo que determina la condena en costas. Su fundamento no es otro, que el de haber sostenido, sin éxito, una pretensión jurídica (conf. (Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ediar, 2da. ed., 1961, T. IV, pág. 527).

Por "parte vencida" debe entenderse, a los efectos de la norma que analizamos (art. 68, apartado primero, del C.P.C.C.) a aquélla que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", 1970, T. III, par. 312 b), pág. 369).

En consecuencia, el análisis debe realizarse a partir de considerar que la parte actora resultó vencida en su pretensión de cancelación de la prenda, y que la contestación de demanda es el acto procesal por medio del cual el demandado pide que se rechace la pretensión del actor (conf. FenochiettoArazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Astrea, 1983, T. 2, pág. 249), y por ello constituye un acto de oposición contrapuesto a la acción o pretensión (conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense AbeledoPerrot, 1990, T. IVB, pág. 496).

En tales condiciones, la postura de la demandada consistió en oponerse a la pretensión actoral requiriendo la declaración de inconstitucionalidad de la normativa de emergencia, aun cuando también debe ponderarse que al mismo tiempo planteó en subsidio para el caso que se considere aplicable la misma el reajuste equitativo del precio por mayor valor de la cosa (contestación de fs. 50/55 y vta., acápites IV y VI, respectivamente).

Y debe tenerse en cuenta que así como toda demanda contiene una o más pretensiones, de igual manera la contestación de demanda que se limita a oponerse a las pretensiones del actor (p. XI3, fs. 55 vta.) constituye también una pretensión procesal a través de la cual el demandado ejercita su derecho de acción; se trata de una pretensión procesal donde el objeto final perseguido es un pronunciamiento jurisdiccional que rechace el específico pronunciamiento solicitado por el actor.

En consecuencia, el acogimiento de la pretensión del actor importa también el rechazo de la oposición del demandado, y, a la inversa, el rechazo de la pretensión del actor implica el acogimiento de la oposición del demandado; en ambos casos hay vencimiento total de una u otra parte.

Si se hace lugar parcialmente a la demanda, ello implica un rechazo parcial de la oposición en aquello en que se ha acogido la demanda, y, a la inversa, existe acogimiento parcial de la oposición del demandado en aquello que se rechaza parcialmente la demanda; en tal caso hay vencimiento parcial y mutuo de ambas partes (conf. Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Astrea, 1998, par. 51, pág. 123).

Por ello, al ponderar que la pretensión contenida en demanda fue rechazada, pero también que la demandada resultó vencida en su planteo de inconstitucionalidad y mayor valor de la cosa, estimo prudente la imposición de costas en un 50% a cada una de las partes ante la existencia de vencimientos recíprocos (art. 71 del C.P.C.C.), lo que conduce a desestimar el agravio.

4. Resta por considerar la apelación deducida por el Dr. M. Á. B. a fs. 124/125 al considerar bajos los honorarios que le fueran regulados en la anterior instancia.

En tal sentido, desde que el pedido de reajuste equitativo del precio por mayor valor de la cosa no fue objeto de reconvención (p. VI., fs. 54 vta./55) no puede considerarse el importe reclamado por la sociedad demandada, por lo que el monto del juicio debe establecerse exclusivamente en función a la demanda de cancelación deducida por el actor.

Y en los supuestos de rechazo de la demanda cabe computar el valor íntegro de ella como monto del juicio a los fines de regular los honorarios de los profesionales (AlbrechtAmadeo, "Honorarios de Abogados", AdHoc S.R.L., 3ra. ed., 1996, par. 55, pág. 70, CS, 25/11/86, "A. v. Prov. de Neuquen", y demás pronunciamientos citados en págs. 70/73).

Así, en el presente caso la demanda tiene contenido patrimonial que se asienta en el monto pesificado que se pretendiera dar por cancelado, pues la obligación de hacer (cancelar la inscripción) tiene como presupuesto el previo cumplimiento de las obligaciones asumidas en dicho contrato prendario. Es criterio de esta sala "B", c. 20.940, S.D.C. 20/2006.

Por ello, bien precisó el Sr., Juez de la anterior instancia como monto del proceso el monto del contrato pesificado, conforme lo establece el art. 6 inc. a) de la ley del arancel, lo que lleva a desestimar el planteo formulado por el profesional a fs. 124 en tal sentido.

Asimismo, sobre la base regulatoria antes precisada, atendiendo a la naturaleza, extensión, y eficacia de las tareas cumplidas, como también al resultado final del pleito, estimo prudentes los honorarios regulados en la anterior instancia al Dr. M. Á. B. en forma conjunta con la Dra. S. C. Z., por lo que propicio confirmar dicha regulación (arts. 6, 7, 9, 19 y 47 de la ley 2.200).

5. En consecuencia, propicio al Acuerdo la confirmación del fallo venido en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la parte actora vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

Atendiendo al mérito, extensión, calidad y eficacia de las tareas cumplidas en esta instancia, propicio regular los honorarios de los Dres. M. Á. B. y L. G. G., letrados patrocinantes del apelante, en forma conjunta, y del Dr. D. H. G., letrado apoderado de la sociedad demandada, en las sumas de pesos trescientos trece ($313.) y pesos trescientos setenta y cinco ($375.), respectivamente (arts. 14 y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente.

Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo:

Vienen a esta Alzada los presentes actuados, con motivo del recurso de apelación que a fs. 123 promoviera la parte actora, concedido que fuera a fs. 126, contra la sentencia de primera instancia que luce a fs. 115/121, y que rechazara la demanda de cancelación de prenda entablada por el actor contra la demandada, y desestima los planteos de inconstitucionalidad y mayor valor del rodado pretendidos por la demandada, e impone las costas del proceso en un 50% a cada una de las partes contendientes.

Por otro lado, a fs. 124/125 el Dr. M. A. B., por derecho propio, apeló la regulación de honorarios que se le practicara en el fallo en crisis, por considerarlos bajos, recurso concedido a fs. 126.

A fs. 137/141 se halla agregado el escrito de expresión de agravios del apelante, y corrido a fs. 142 el traslado que prevé el código adjetivo, el mismo es evacuado por la contraria a fs. 143/144.

La descripción de los agravios vertidos por el quejoso ya han sido adecuada y prolijamente desarrollados por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, razón por la cual y en aras del principio de economía procesal, omitiré su reiteración a fin de evitar estériles repeticiones.

II. Con el objeto de colaborar en la claridad de la exposición de la cuestiones a dilucidar, en el tratamiento de las mismas, y en lo que fuere pertinente, intentaré seguir el orden secuencial de análisis que formulara mi calificado colega preopinante en el voto que antecede.

II.a.1) Así, en su primera impugnación el actor apelante endereza su queja a sostener que el monto adeudado de $ 94,00 demuestra el daño producido por la accionada, en razón de que el reclamo pretenso por la demandada de $ 4.270,00, más intereses punitorios, más IVA, o el mayor valor del vehículo fue exagerado; que debió valorarse todo el proceso previo de la conducta de las partes, y la demandada deber ser sancionada no sólo con el 50% de las costas.

Manifiesta que hasta el dictado de la sentencia que ataca desconocía adeudar suma alguna resultando necesario el pronunciamiento judicial para determinar la existencia de una deuda y su monto; que adeudando únicamente el CVS y hallándose abonadas las cuotas pactadas no ha podido disponer del vehículo; que el razonamiento del Sr. Juez aquo conduciría a tener que iniciar una nueva demanda para obtener la cancelación de prenda.

Por su parte, al contestar el traslado la parte demandada expresa que el quejoso debe el CVS más lo intereses y además se contradice cuando dice desconocer que adeude suma alguna para referirse luego a las normas dictadas en materia de pesificación, normas que no puede alegar desconocer por que son de orden público, y el accionante es moroso desde el pago fuera de término de la cuota segunda; asevera que nada impidió al recurrente disponer del rodado garantizado con la prenda.

II.a.2) He de principiar por dejar sentado que el argumento esgrimido por el quejoso, en cuanto asegura que fue preciso el dictado de la sentencia para establecer la existencia de una deuda, carece de apoyo jurídico suficiente que lo sostenga.

Y ello por cuanto las leyes dictadas como consecuencia de la emergencia económica que afectara nuestro país a partir de Diciembre de 2001, fueron declaradas de orden público (art. 19 de la Ley 25.561; art. 4 de la Ley 25.820).

Desde este ángulo, entonces, ha de entenderse que el pregonado orden público reúne un conjunto de condiciones fundamentales de la vida social instituidas en la comunidad jurídica, las cuales por afectar centralmente a la organización de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos.

Tiende a corregir situaciones creadas, abusos del derecho e injusticias generales previstas por la organización social, por lo que cumple una misión reguladora, de carácter institucional, cara al Estado, como también una misión reparadora y solidarista (conf. CNCiv., Sala C, LL, 1981A, 243; idem, ED, 92111, entre otros).

La aplicación, pues, de las normas emergenciales y sus efectos, por revestir el carácter de orden público, resultan inmodificables por las partes, se reputan conocidas, y resulta indiferente que como defensa se aduzca su desconocimiento o las consecuencias derivadas de su aplicación.

Tampoco resulta atendible la aseveración formulada por el recurrente en el sentido que la acción intentada era la única vía con la que contaba, pues nada impedía que en el curso de la causa hubiera intentado alguna de las formas de consignación judicial legal y procesalmente admitidas.

Ahora bien, dicho lo anterior, a mi leal saber y entender, la cuestión bajo examen se halla alcanzada por la falta de uno de los requisitos esenciales que hacen a la validez y eficacia del pago, y que es el principio de la integridad, cuyas pautas se hallan primordialmente contenidas en el artículo 742 del CódigoCivil.

Por este principio mencionado, el pago debe ser completo, es decir, abarcar toda la cuantía del objeto debido. Ni el deudor puede desobligarse por partes ni el acreedor puede preferir unilateralmente la recepción de parte de la deuda, postergando el cobro del resto para un momento ulterior (conf. Llambías, Jorge J. "Tratado de la Derecho Civil Obligaciones", T.II, Ed. Perrot, año 1970, p. 802).

Es decir, traduce la idea de un pago completo; o sea permite incluir todo aquello que cuantitativamente ha sido programado en la obligación y está comprendido dentro de ella (conf. Diez Picazo, L, "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial", 4ª. Ed., Tecnos, Madrid, año 1993).

Se trata, entonces, de un principio que alcanza a ambas partes, aplicable tanto a las obligaciones emergentes de los contratos como de las nacidas de fuente extracontractual, y en el que la buena fe tambien juega un rol preponderante.

Su finalidad última también está dirigida, básicamente, a que el objeto obligacional se desarrolle conforme tanto a la expectativa para el acreedor, como a la conducta asumida por el deudor (conf. Pizarro Vallespinos, " Instituciones de Derecho Privado Obligaciones", Ed. Hammurabi, T. 2, año 1999, p. 127 y sgts.).

Y los autores indicados precedentemente, citando a Llambías, expresan que precisamente, por influencia del principio de la buena fe, se ha considerado pacíficamente que la integridad del pago no se ve sustancialmente afectada si la diferencia de intereses es insignificante, y el deudor ha ofrecido pagarla en caso de existir o proceda ulteriormente a consignarla.

En virtud de la mención doctrinaria anterior, adunada a los fundamentos jurídicos ya explicitados, se advierte que, si bien puede considerarse que la suma de condena no resulta de una importancia relevante, con relación al monto originario de la prenda, aparte que falta adicionarle los intereses respectivos; también es cierto que, como se viene de decir, si se admite que el actor deudor no podía desconocerla a pesar de los denodados esfuerzos que hizo para convencer de lo contrario, no ofreció pagarla, ni tampoco procedió a consignarla.

Por los motivos apuntados, corresponde desestimar este agravio.

II.b) Se agravia el quejoso por la forma en que el fallo en crisis impone las costas del proceso, que dispuso que sean soportadas en el 50% por cada una de las partes.

Considera injusto que se cargue el 50% a la parte actora, ya que demostró haber pagado las cuotas y el monto de la deuda fue determinado en la sentencia apelada, y la acción judicial se promovió ante la certidumbre que el derecho invocado era legítimo, por lo que no resulta acertado aplicar el principio objetivo de la derrota postulado por el artículo 68 del CPCC, solicitando la revisión del decisorio sobre este punto, con costas.

A los fines de la dilucidación de este agravio, ha de tomarse como esencial elemento de análisis los fundamentos expresados por el Sr. Juez de grado anterior, en el Punto Cuarto de los Considerandos de la sentencia impugnada.

Allí, al momento de imponer las costas, el sentenciante manifiesta que toda vez que se rechazara la demanda de cancelación de prenda pretendida por el actor, y se desestimaran los planteos de inconstitucionalidad y mayor valor del vehículo que dedujera la demandada, correspondía aplicar el principio sostenido por el artículo 71 del código adjetivo, que contempla la imposición de costas en los supuestos de vencimientos parciales y mutuos.

Así, debe entenderse que el artículo 71 del CPCC resulta aplicable cuando la pretensión contenida en la demanda o defensa no ha prosperado en forma absoluta. Cabe precisar que es la actuación con derecho lo que da la verdadera dimensión de la objetividad en materia de costas y ellas han de distribuirse en atención a las peculiaridades que caracterizan el expediente (conf. CNFed.Contenc. Administrativo, Sala II, in re "T., J. H. c/ Estado Nacional", LL, 1992C, 600; idem, DJLL, T. IX, año 1996, p. 990 y sgts.).

Y también, si se trata de un caso en que existe vencimiento parcial y mutuo, las costas deben distribuirse prudencialmente en proporción al éxito obtenido por cada litigante (conf. CNCiv., Sala D, in re " S. d S., F. c/ L., C. G.", LL, 1987D, 630).

Sobre la base de ponderación jurídica precedentemente expuesta, y del análisis de los antecedentes de la causa, estimo que la imposición proporcional de costas efectuada por el fallo en crisis, se adecua a las contingencias procesales habidas a lo largo de la tramitación judicial hasta arribar al dictado de la sentencia, y que justifican la decisión que el magistrado de grado adoptara al momento de determinar la impugnada distribución de costas.

Por las razones apuntadas, corresponde desestimar esta porción del recurso.

II.c) A fs. 124/125 el Dr. M. Á. B., por derecho propio, apela por bajos los honorarios que le fueran regulados en la anterior instancia, alegando que si bien la actora sólo pretendió la cancelación de la prenda, la accionada le puso monto a su pretensión que luego sería rechazada.

En este sentido cabe señalar que el juzgador de la instancia anterior estableció como monto del proceso, el monto del contrato pesificado, y es dable puntualizar que el mayor valor pretendido por la accionada, que el profesional esgrime como fundamento de apelación, no fue reclamado mediante reconvención.

Por ello, la exégesis racional del art. 71 del código ritual, conlleva valorar la trascendencia de la admitido y lo desestimado tomado en su conjunto no el supuesto cuantitativo exclusivo y aisladamente de cada una de las cuestiones decididas para de tal modo apreciar jurídicamente cual será el apropiado y equitativo prorrateo de la admisión del planteo (conf. "Costas", DPLL, año 2002, p. 754; idem, CNCiv., Sala A, in re "L., D. G. c/ P. R. S.A.", LL, 2000C, 883).

Desde este ángulo de enfoque, y tomando en cuenta la labor profesional desplegada por el quejoso a lo largo de la causa en la instancia precedente, en mérito a la calidad, eficacia y resultado obtenido, considero adecuados los honorarios que le fueran regulados al recurrente, Dr. M. Á. B. y la Dra. S. C. Z., en conjunto, y conforme las pautas fijadas por los artículos 6, 7, 9, 19 y 47 de la ley arancelaria, motivo por el cual corresponde su confirmación.

II.d) Por los fundamentos de hecho y de derecho ya expuestos, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia apelada en todo aquello que fuera materia de agravios, imponiendo las costas de segunda instancia a la parte demandante perdidosa, y de acuerdo al principio objetivo de la derrota ( art. 68 del CPCC), del que no encuentro razón para apartarme.

En virtud de ello, han de regularse los honorarios de Alzada en mérito a la extensión, eficacia y éxito obtenido por los trabajos desarrollados por los profesionales intervinientes, fijando, por ende, en $ 313,00, en conjunto, los correspondientes a los Dres. M. Á. B. y L. G. G., patrocinantes del actor; y en $ 375,00 los del Dr. D. H. G., apoderado de la demandada, y siguiendo los parámetros de valoración contenidos en los artículos 14 y 47 de la Ley 2.200. A dichas sumas ha de añadirse el IVA correspondiente.

Termino mi intervención y a esta primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia al apelante vencido; y c) regular los honorarios de los Dres. M. Á. B. y L. G. G., en forma conjunta, y del Dr. D. H. G., en las sumas de pesos trescientos trece ($313.) y pesos trescientos setenta y cinco ($375.), respectivamente (arts. 14 y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente.

Así lo voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente expresó:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, en razón de constituir el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en todas las cuestiones traídas a su decisión.

ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Sergio Rubén Lucero (art. 8 de la ley 1130, Textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios; IMPONER las costas de segunda instancia al apelante vencido;

REGULAR los honorarios de los Dres. M. Á. B. y L. G. G., en forma conjunta, y del Dr. D. H. G., en las sumas de pesos trescientos trece ($313.) y pesos trescientos setenta y cinco ($375.), respectivamente (arts. 14 y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase..

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 45 DE 2006 SDC. CONSTE.