marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento administrativo, gestor judicial, acreditación de la personería, Cámara Federal de la Seguridad Social, resoluciones, nulidad procesal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: MARTIN, FERDINANDO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-14

Alegar que la personería invocada por el letrado se hallaba debidamente acreditada en las actuaciones administrativas-de las que se había solicitado la remisión a sede judicial con la finalidad de así demostrarlo-no logra conmover los basamentos de la resolución del "a quo" declarando la nulidad de lo actuado por el letrado-cuya comparecencia al momento de iniciarse las actuaciones fuera admitida en los términos del art. 48 del C.P.C.C. al no cumplirse lo dispuesto por la Resolución nº 15 del 13.06.96 de la C.F.S.S.-, si no fue ratificada la gestión ni acreditada la personería dentro del plazo establecido por la norma referida.
Bancos, liquidación de entidades financieras, banco central, delegado liquidador, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: GALVAGNO, JORGE c/ BANCO CENTRAL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-28

La circunstancia de que el Banco Central de la República Argentina haya sido el liquidador de la entidad financiera en la cual fue asignado el actor, por contrato, no autoriza a extender la condena que se dicte en su contra. El Banco, en este caso, sólo actúa como órgano de representación y su actividad se limita a la función específica de liquidador, sin identificarse ni asumir a título propio las obligaciones de la entidad en liquidación.
Medidas cautelares, embargo, dinero, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LUI OSCAR c/ BUTTERFIELD s/ Ejecución (LIBRO: A068 - 176)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-02-05

La desvalorizacion monetaria del capital adeudado debe correr hasta el momento en que los fondos quedaron expeditos para el acreedor, con mayor razon cuando -los fondos depositados responden a un embargo preventivo y no a un pago del obligado, y en una etapa preliminar al dictado de la sentencia definitiva.-
Horas extra, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Aldana, Dionisio c/ Coop. Agrícola Lucienville Ltda. s/ Diferencias Salariales y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-06-22

La confesión expresa de parte del trabajador releva de toda prueba al empleador sobre el pago de las horas extras y, si bien es cierto que el medio para acreditar el pago de remuneraciones es el recibo correspondiente, el artículo 138 de la Ley de Contrato de Trabajo, ello justamente cuando está desconocida o negada la percepción de las mismas, debe acreditar la efectivización del concepto quien invoca haberla realizado, para lo cual sí el medio idóneo es el recibo. Pero la confesión expresa del accionante admitiendo que se le habían abonado las horas extras, ya no requiere prueba alguna de la contraria pues el pago deja de ser un hecho cuestionado.
Acción dependiente de instancia privada, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: VILLEGAS, HUGO OMAR s/ LESIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1985-05-23

LA INTERPRETACION EXTENSIVA DEL CONTENIDO DE LA DENUNCIA A HECHOS DISTINTOS DEL DENUNCIADO Y DEPENDIENTES DE INSTANCIA PRIVADA, NO ES ARREGLADA A DERECHO (ART.156 INC.1 C.P.C.) Y APARECE VIOLATORIA DE LA PROHIBICION CONTENIDA EN EL ART.72-SEG.PARRAFO- DEL C.P. AL HABERSE FORMADO CAUSA SIN EL RECAUDO DE LA DENUNCIA CONCRETA DEL AGRAVIADO, ANTE LA DUDA, EL CRITERIO DEBIO SER RESTRICTIVO POR EL PRINCIPIO DE BENIGNIDAD (ART.13 DEL C.P.C.)
Prisión preventiva, apreciación de la prueba, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FISCALIA DE ESTADO s/ FORMULA DENUNCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-09-14

En la prisión preventiva toda valoración o discusión referidas a las pruebas colectadas en el sumario o a las defensas de fondo que hacen a la culpabilidad, quedan libradas a la etapa procesal oportuna, es decir, al juicio propiamente dicho.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, prueba, cobertura
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: VARINO, CARLOS ALBERTO c/ PREVENCION ART S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-07-30

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que las invocaciones del quejoso no logran traspasar el límite del mero disenso en la ponderación de hechos y del plexo probatorio -especialmente en lo relativo a la determinación del carácter de la contingencia y a la valoración de la conducta de la Aseguradora ante los deberes de control y prevención de riesgos del trabajo legalmente impuestos, que permitieron concluir a la Sala que la Aseguradora no ha incumplido norma alguna en cuanto a la ley de higiene y seguridad y que la afección "hernia y protusiones discales" no se encuentra incluida en el Listado de Enfermedades Profesionales, reforzando el criterio que la misma puede constituirse como consecuencia de un accidente de trabajo, por lo que resulta excluida del ámbito de cobertura de la ART en el marco de la Ley de Riesgos de Trabajo (De la disidencia de los Dres. Gutiérrez y Spuler).
Prueba documental, competencia penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sonaglia, Ricardo c/ Balduzzi, Mario s/ Daños y perjuicios Subeldía de Romero c/ Scarbaci, Carlos s/ Daños y perjuicios D´Agustini, Oscar c/ Rivella, Zulma s/ Daños y perjuicios Vera Fleitas, Julio c/ Iarraguirre, Juan s/ Daños y perjuicios Romano, Benjamín H. c/ Toranzo, Raúl s/ Desalojo Romano, Benjamín H. c/ Toranzo, Raúl s/ Desalojo Romano, Benjamín H. c/ Toranzo, Raúl s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11|1996-05-30|1998-06-02|2001-10-02|2002-04-11

Las constancias de la causa penal ofrecida como prueba por los justiciables, sin impugnación de alguna de sus actuaciones y carentes de eventual redargución de falsedad exitosa, constituyen un válido elemento de prueba siendo innecesaria la ratificación de los actos allí producidos (art. 374,384,393 del C.P.C.).
Contrato de trabajo, horas extra, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Barrera Débora c/ Isabel Ruíz de Boeris s/ Ordinario (LIBRO: S075 - 035)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-11-06

La presunción legal es que la jornada de trabajo se ha cumplido dentro de los límites legales por lo que cuando se demanda el pago de horas extras la prueba de haberlas trabajado está a cargo de la parte actora, y esta debe ser acertiva y concluyente, máxime cuando se formula el reclamo extinguida la relación de trabajo.
Agentes de la administración pública, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIDARTE, EDUARDO DANIEL c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN ALLUB RICARDO F. Y PEREYRA TERESA DEL V. c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURSIDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-16|2008-02-29

La aplicación literal del art.54 de la ley 5642, implicaría conceder sine die el derecho a percibir salarios caídos por lo que no es aplicable sin cortapisas, ya que llevaría a la irrazonabilidad de que la demora en resolverse la cuestión, ya sea por la lentitud con que se agote el trámite administrativo previo o el proceso judicial hasta el dictado de la sentencia definitiva, generaría derechos sin que el agente haya sufrido un real perjuicio.
Denuncia del siniestro, obligaciones del asegurador, exclusión de la cobertura
Materia: PROCESAL
Carátula: Arturi Susana Ester c/ Figueroa Agustin y otro s/ D. y p. x uso autom. c/ lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-02-06

Frente a la denuncia de un siniestro, la aseguradora tiene la obligación de pronunciarse sobre el derecho de su asegurado, aún en el caso que exista una causal de exclusión, a fin de hacerle conocer a éste último, que no asumirá el pago de los daños producidos como consecuencia del accidente.
Aclaratoria (procesal), cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: RONCONI, LETICIA MABEL c/ EL PICAFLOR S.A. s/ RECURSO DE QUEJA por denegatoria del de Inap. de Ley interpuesto por  el Dr. Oscar José Lapalma
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-09-21

Si lo resuelto con motivo del recurso de aclaratoria interpuesto, pasó a integrar y completar la sentencia original, emergiendo de esa resolución los agravios para la parte, es a partir de la misma que debe computarse el plazo para la interposición del recurso de inaplicabilidad de ley.-
Infracciones aduaneras, sociedades comerciales, responsabilidad de los directores, responsabilidad del administrador de la sociedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INDUSTRIAS ELECTRONICAS CLEVELAND  S.A. s/ RECURSO DE APELACION - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-18

El art. 904 de la ley 22.415 supedita la responsabilidad de los directores y administradores, al supuesto de haber sido la persona ideal incursa en el ilícito; por lo que, con base en lo previsto por el art. 899 de dicho cuerpo legal, en el caso no cabe responsabilizar a los recurrentes en tanto no se lleve a cabo contra esta última y sin resultado positivo, la intimación referida en el antedicho art. 904, luego de quedar firme la sanción a su respecto.
Entidades financieras, bancos, banco central, balance
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO HISPANO CORFIN S.A. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ REVOCACION DE AUTORIZACION PARA FUNCIONAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-19

Los balances de la intervención, no son el instrumento a que se refiere el art. 233, inc. a), de la ley 19.550, ni el balance especial que contempla el art. 5 de la ley 22.267 a los fines de proceder a la venta o fusión de una entidad financiera, sino que se trata de documentos demostrativos del estado económico financiero del banco intervenido, que contienen las conclusiones de dicho carácter obtenidas en el curso de la fiscalización y verificación llevadas a cabo por la autoridad de aplicación de la ley 21.526 y que constituyeron el antecedente necesario para adoptar las medidas previstas frente al incumplimiento de las normas que regulan el régimen al que al recurrente se encontraba sujeta. En el caso, en que se dispuso la revocación de la autorización para funcionar, se tuvo en cuenta la "falta de superación de los problemas de liquidez y solvencia que afectan a la entidad" originariamente denunciados por el banco y que luego fueron constatados por la intervención, sin que en la instancia judicial las conclusiones relativas a dicho aspecto fueran objeto de la impugnación concreta que exigían las circunstancias del caso.
Juicio ejecutivo, causa de las obligaciones, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Narciso, Norberto c/ Gabriel, Fabiana Raquel s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-05-08

Siendo el documento de marras formalmente válido y no habiendo sido cuestionada su firma, toda cuestión referida a eventuales abusos vinculados al negocio subyacente no puede tener cabida dentro de este proceso abreviado so pena de penetrar en aspectos causales de la obligación y de allí la ineficacia de abrir un estadio probatorio destinado a ese fin ya que queda al prudente arbitrio del juzgador, previo análisis de la excepción, su significación y fundamento, establecer si la cuestión puede resolverse de puro derecho, o si se hace necesaria la apertura a prueba (arts. 546 y 547 Cód. Procesal).
Derechos de las personas privadas de libertad, detenido, derecho a la integridad física, derecho a la integridad psíquica y moral, ley reglamentaria, falta de reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Artigue, Sergio Pablo. s/ Incidente de restitución de detenido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-25

La inexistencia de la reglamentación legislativa no obsta a la protección de la integridad física y psíquica de los detenidos, pues en materia de derechos humanos ello noes requisito indispensable.
Accidente de tránsito, vehículo embistente, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sorasio, María S. c/ San Pablo, Norberto L. s/ Cobro de pesos por daños y perjuicios Martin, Luis E. c/ Faidella, Norberto R. s/ Indemnización por daños y perjuicios Hauad, Pedro c/ Belizán, Roberto M. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19|1995-11-15|1996-10-08

El embestimiento reviste carácter de presunción "hominis" que debe ceder ante una presunción "de juris" que es la que se desprende de los reglamentos de tránsito, al establecer la prioridad de paso de quien accede por la derecha. Es irrelevante la calidad de embistente si ambos vehículos llegaron simultáneamente a la encrucijada y de ello derivó la prioridad de paso de uno sobre otro.-
Nulidad procesal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ANTONELLI, LEONARDO VICTORIO s/ ROBO EN TENTATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-17

El párrafo 4° del art. 76 bis del C. P. -Texto ley n° 24. 316- introduce un supuesto de procedencia de suspensión del juicio a prueba diverso al previsto por el párrafo 1° de la misma norma, al que satisface la expectativa de condicionalidad de la pena aplicable, más allá del máximo legal de la pena conminada para el delito de que se trate. Sostener que, por el contrario sólo introduce un requisito más -la estimación de condenación condicional- al establecido, entre otros, en el párrafo 1° -tope temporal en tres años de prisión o reclusión-, importa una interpretación que entraña contradicciones dogmáticas al propio tiempo que parece desatender criterios de razonabilidad. -
Derechos y garantías constitucionales, ley reglamentaria, estado de emergencia, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hagelin, Ragnar c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

Las restricciones a los derechos declarados por la Constitución Nacional pueden ser mayores en épocas de emergencia en aras de encauzar la crisis y de encontrar soluciones posibles a los hechos que la determinaron, pues la obligación de afrontar sus consecuencias justifica ampliar, dentro del marco constitucional, las facultades atribuidas al legislador.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, legitimación activa
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Meller   Comunicaciones   S.A.U.T.E. c/ Empresa  Nacional de Telecomunicaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-05

El Estado Nacional no está legitimado para plantear la invalidez constitucional de las normas que él mismo dicta.
Delito penal, culpa penal, proceso penal, imputado, declaración del imputado, declaración indagatoria, derecho a conocer el hecho imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., R. s/ Auto de procesamiento (Expte Nº 36-96, Resolución Nº 14, Tomo 3,  Folio 1)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-03-18

En el delito culposo lo que el imputado ha de conocer es que se le atribuye la violación de un deber de cuidado con la consecuente causación de un resultado lesivo, mas la gravedad de estas lesiones no tiene ningún significado jurídico, habida cuenta de que el tipo penal de lesiones culposas no tiene ninguna variación según cual fuese la gravedad de las mismas.
Universidades, facultades universitarias, superintendencia, establecimientos educacionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González de Delgado, Cristina y otros c/ Universidad Nacional deCórdoba.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

De las normas contenidas en el decreto del Poder Ejecutivo Nacional de 1907 y de la Ordenanza de 1908 no es posible extraer limitación alguna que le impida al Consejo Superior de la Universidad de Córdoba tomar decisiones relativas a las políticas educativas que considere pertinentes y a cuestiones de superintendencia, aun cuando ellas afecten el régimen interno del Colegio Nacional de Monserrat.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, carga probatoria dinámica, responsabilidad médica, mala praxis
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Valor, Elvio Orlando c/ López, Alberto Emiliano s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-22

Corresponde rechazar la queja impetrada desde que los recurrentes no logran persuadir que el razonamiento del a quo en torno a la temática debatida sea en verdad arbitrario. En efecto, si bien le achacan al decisorio impugnado haber violado las reglas sobre distribución de la carga probatoria e incurrir en afirmaciones dogmáticas con respecto a la causalidad en materia civil, sus planteos no guardan correspondencia con la realidad del fallo, de cuya lectura surge que los Juzgadores arribaron al rechazo de la demanda de responsabilidad civil por mala praxis, revocando la sentencia de Primera Instancia, luego de un pormenorizado análisis de los agravios de los apelantes y de las pruebas colectadas. Así, cabe destacar que el Tribunal dispuso "para mejor proveer" la integración de una junta médica pericial en segunda instancia ( ante la orfandad probatoria) conformada por médicos en las especialidades de cirugía, anestesia y urología, a cuyas conclusiones remitió a lo largo de toda la resolución, señalando en el auto denegatorio que la prueba producida luego de la medida solicitada resultaba abundante, razón por la cual no fue necesario acudir a la denominada teoría o doctrina de la carga dinámica de la prueba.
Notificación por cédula, domicilio constituido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Orellana, Juana Rosa c/ Burrafato, Jorge y otro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-03

Tratándose de una sociedad, la cédula debe ser notificada en el domicilio social de ella, es decir, en el que figura en sus estatutos (art. 11 inciso 2° de la ley 19550 y 90 inciso 3° del Código Civil), siendo allí donde han de cumplirse válidamente los actos de la naturaleza del que aquí se trata, toda vez que dicho domicilio viene a ser el "real" al que alude el artículo 338 del Código Procesal, y él pervive, por mandato legal, hasta que sea cambiado por otro distinto conforme el procedimiento que cumpla con el recaudo de la publicidad, sin importar que la sociedad despliegue o no actividad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso judicial, pronto despacho, caducidad de instancia, viabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Basso, Walter y otro s/ Posesión Veinteañal-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-11-11

Estando los autos a estudio aún para el dictado de la resolución interlocutoria, la demora en el órgano jurisdiccional en decidir no resulta imputable al actor, haya pedido o no pronto despacho, pues ésta no es actividad necesaria de la parte, sino una facultad, un beneficio cuyo no ejercicio no puede determinar la perención de instancia.
Falta de reglamentación de la ley, ley de contrato de trabajo, derecho a la protección integral de la familia, medidas de acción positiva, perspectiva de género, protección de la mujer, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, principio de no discriminación
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la causa Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

Los derechos reconocidos en el art. 179 de la LCT -cuya frustración se verifica por la omisión de reglamentar- constituyen una proyección de la tutela preferencial prevista en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, donde se establece como potestad del Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (Voto del juez Rosatti).
Unificación de penas, conexidad subjetiva, concurso de delitos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cipollini, Mabel Graciela s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-17

La conexidad subjetiva, cuando a una persona se le imputaren varios delitos, cesa con la sentencia. Lo contrario implicaría afirmar la vinculación de un sujeto al órgano judicial que primero lo sentenció a perpetuidad, o hasta que existiera la posibilidad de unificación de penas. La identidad del órgano establecido en el artículo 43 del C.P.P.N. debe entenderse, en consecuencia, referente al caso de coexistencia de imputaciones delictuales a un mismo individuo hasta la etapa de fijación de audiencia.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, zona rural
Materia: CIVIL
Carátula: Oviedo c/ Giordano s/ Reparación de daños y perjuicios (Expte Nro.  282-01, Resolución Nro.  42,  Tomo 20, Folio 190/194)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-15

La doctrina y jurisprudencia son concordantes en cuanto a que, en las zonas rurales, la prioridad del que circula por un camino principal no apunta a un problema jurisdiccional sino que la distinción debe interpretarse como enderezada a reglar solamente los caminos de mayor importancia física, o técnico-vial, respecto de otros de condiciones inferiores en lo que atañe a su estructura.
Empleador, facultad de dirección
Materia: LABORAL
Carátula: Jiménez Martínez, Jorge c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-11

Las facultades de suspender a un empleado mientras tramita una investigación interna o un sumario tendiente a determinar su responsabilidad en algunos de los hechos que se le imputan, está incluida entre las atribuciones de dirección que incumben al principal fundada directamente en los principios de confianza, seguridad y buena fe que deben presidir la relación laboral (art.65, L.C.T.).
Demanda, derechos adquiridos
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación de Trabajadores de la Sanidad-Filial Salta c/ Provincia de Salta s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-05-12

La ley nº23540 publicada el 29-10-87,estuvo vigente hasta su expresa derogación por el artículo 8 de la ley 24642 boletín Oficial del 30 -05-96 de modo que los derechos adquiridos a su amparo no pueden desconocerse sin afectar el principio de irrectroactividad de la ley.-
Medidas cautelares, impuestos
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: "AFIP  DGI-30007/07-  (AG  5) c/ New X Argentina S.A. s/ medidaCautelar (Autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-26

Procede una medida cautelar solicitada por la AFIP en los términos del art. 111 de la ley 11.683 ya que la verosimilitud del derecho está dada por la boleta de deuda que sustenta el embargo solicitado por la parte actora en cuanto se trata de un "certificado de deuda presunta" por un impuesto que la demandada adeudaría al Fisco Nacional- y, por lo tanto, se trata de una medida cautelar que tiene por fin afectar los bienes de un presunto deudor para asegurar su eventual ejecución firme, mientras tanto se obtiene la sentencia de condena- y respecto de la alegada ausencia de peligro en la demora con fundamento en la inexistencia de circunstancias e indicios concretos que hagan presumir una conducta de la contribuyente a eludir sus obligaciones o en actitudes evasivas, hostiles o reticentes por parte de la misma esas solas circunstancias no la eximen de ser sujeto pasivo de medidas cautelares.