Divorcio, conversión de sentencia, petición unilateral, resolución inaudita parte
Materia: CIVIL
Carátula: J. DE D.T. Y D.P. s/ DIVORCIO 67 BIS - CONVERSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

El art. 8 de la ley 23.515 establece que transcurrido un año de la sentencia firme de divorcio obtenido con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar su conversión en divorcio vincular con los efectos de los arts. 217, 218 y 3574 del Código Civil.

La circunstancia de que la letra de la ley nada prescriba expresamente sobre el trámite que debería conferirse a la petición de una de las partes, ha abierto la polémica en torno a la necesidad de sustanciar la pretensión deducida por quien intenta ajustar los efectos del divorcio decretado por la ley 2393 a las nuevas disposiciones de la ley 23.515. El único antecedente legislativo nacional se encuentra en el derogado art. 31 de la ley 14.394, que al respecto disponía que..." el Juez hará la declaración sin más trámite ajustándose a las constancias de los autos...".En tales condiciones la norma no dio motivo para la discusión como ahora ocurre, a punto tal que por vía de jurisprudencia se sostuvo que su redacción excluía la posibilidad de conferirle a la petición de cualquiera de los cónyuges los alcances de una acción de estado, sino que el propio estado existente permitía reclamar y conseguir la disolución de vínculo.

Sin embargo, tampoco era necesario que la nueva norma contuviera la expresa referencia a los aspectos procesales de la cuestión ante la meridiana claridad con que se expresó el legislador. El art. 8 otorga la facultad de requerir la disolución del vínculo a cualquiera de los esposos, basta con que uno de ellos lo solicite.

Por el contrario cuando en la normativa se estimó necesaria la concurrencia de las voluntades, así se lo dispuso expresamente en el nuevo art. 238 del Código Civil, que para convertir la separación personal en divorcio vincular impone la necesidad de una petición conjunta si sólo hubiere transcurrido un año de la sentencia, y reitera una vez la posibilidad de efectuar la conversión ante la voluntad expresa de uno solo de los cónyuges si el lapso transcurrido fuere el de tres años.

Para los supuestos en que basta con la solicitud de uno de ellos el traslado conferido en el expediente importa un claro apartamiento de la norma. No es necesaria la concurrencia expresa o tácita de la voluntad del otro esposo, ni éste podría cuestionar la procedencia de la disolución misma del vínculo. De ahí pues no hay violación alguna al principio constitucional.

Este criterio es el que se adecua, a la finalidad perseguida por el legislador, teniendo en cuenta la interpretación integrada que se propicia.

La conversión no significa más que actualizar un efecto propio de la sentencia determinado por la ley si se reúnen los requisitos que éste ha determinado.

La intervención del juez debe limitarse al control de legalidad de la petición. Dicho control no permite un análisis sobre el mérito de la petición y es por ello, que la pretensión no da cabida a un nuevo proceso incidental que justifique su sustanciación, sin perjuicio claro está de la notificación al otro cónyuge de la resolución que declare la disolución del vínculo.