Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31


SENT.DEF.Nº: 20092	EXPTE. Nº: 36.465/08 (28.681) JUZGADO Nº: 67 SALA X AUTOS: "PEYROUS SILVESTRE FERNANDO C/ FEDERACION ARGENTINA DE BOX S/ DESPIDO" Buenos Aires, 31/07/2012	El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

I. Vienen estos autos a la alzada con motivo de los recursos que contra la sentencia de fs. 445/447 formulan la demandada a fs. 450 y su representación letrada a fs. 451/454 y el actor a fs. 465/470, mereciendo este último réplica adversaria a fs. 482/483. Se encuentra asimismo recurrida la resolución de fs. 479 a tenor de la apelación interpuesta por la demandada a fs. 484/486, sin réplica del actor. También recurre a fs. 460 la perito médica por considerar bajos sus honorarios. II. El actor Silvestre Fernando Peyrous, quien se desempeñaba como árbitro de boxeo, inició la presente demanda contra la Federación Argentina de Box (en adelante FAB) en reclamo de las indemnizaciones por despido y un resarcimiento por las enfermedades profesionales que estima le corresponde percibir por el hecho de haberse desempeñado como trabajador subordinado a las órdenes de la demandada. En oportunidad del responde, la entidad deportiva demandada reconoció la prestación de servicios aunque negó la existencia del vínculo laboral aducido al afirmar el carácter "amateur" de la actividad cumplida como circunstancia excluyente de la aplicación del derecho laboral. El señor juez "a quo" consideró probado que el vínculo existente entre las partes no presentaba las notas de subordinación típicas que caracterizan al contrato de trabajo y, consecuentemente, rechazó las pretensiones de la demanda, decisión que motiva la queja del actor.

Por una razón de método trataré en primer término los agravios vertidos respecto de la existencia o no de un vínculo laboral subordinado. Adelanto opinión desfavorable a la pretensión recursiva del actor.

El reconocimiento de la prestación de servicios torna operativa la presunción del artículo 23 de la LCT que impone a la demandada la carga de acreditar que ".las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven" excluyen la existencia de un contrato de trabajo entre las partes. Desde la precitada perspectiva, coincido con el magistrado que precede en cuanto señaló que los elementos de prueba objetiva arrimados a la causa permiten considerar cumplida dicha carga probatoria al demostrar que la vinculación habida entre los litigantes no fue de carácter laboral sino que se hallaba enmarcada en una actividad deportiva "amateur".

El "amateurismo", en principio, ubica al desempeño de quien realiza la actividad fuera del ámbito del derecho laboral. La finalidad esencial del llamado "amateurismo" es la práctica del deporte por gusto, recreación o placer, de manera desinteresada, lo cual diferencia al jugador o árbitro aficionado del "profesional" que utiliza su capacidad deportiva como medio habitual de vida y con un fin de lucro, pues solo este supuesto configura un contrato de trabajo especial (en igual sentido, CNTrab. sala III, 31/3/2004, en autos "Escola, Norberto c/ Federación Regional de Básquetbol de la Capital Federal s/ despido" y esta sala X, SD 15.982 del 18/03/2008 en autos "Alvarez, Gabriel Oscar c/ Federación Metropolitana de Voleibol Asoc. Civil s/ despido" y, más reciente, SD 18.727 del 14/07/2011 en autos "Lugoni, Luis Claudio c/ Federación Regional de Básquetbol de Capital Federal y otro s/ despido"). En ese sentido, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha remarcado que para establecer si existió contrato de trabajo entre el árbitro de basquet y la Federación del mismo deporte es necesario que se evalúe el contenido concreto del estatuto y del reglamento interno de la entidad. Aspectos como la "continuidad de los árbitros" o el "papel necesario" de ellos mismos para el cumplimiento de los fines de la institución, deben ser analizados teniendo en cuenta también las cuestiones específicas de la actividad, como el modo en que era retribuido el actor, o si era necesario inscribirse anualmente y abonar un arancel, tener un medio lícito de vida, empleo, oficio, profesión, etc. (CS, sentencia del 30/04/1996, en autos "Aballay, Enrique c/ Federación de Basquetball").

Desde la mentada óptica de enfoque, observo que del estatuto constitutivo de la demandada (según respuesta de la prueba de informes obrante a fs. 251/371) surgen acreditadas circunstancias excluyentes de la alegada existencia de una relación laboral subordinada. En principio, del estatuto de la federación demandada se extrae que la entidad tiene por objeto fomentar, difundir y fiscalizar, de acuerdo con las normas estatutarias y reglamentarias, el deporte del boxeo aficionado y profesional en todo el territorio de la República Argentina (art. 1º), para lo cual se atribuye facultades reglamentarias y sancionatorias que resultan vinculantes para sus afiliados (art. 2º) y que, en lo que aquí interesa, la organización de los eventos deportivos (como en los que intervino el pretensor) no se encuentra a cargo de la demandada sino de los "promotores" u "organizadores" de los festivales pugilísticos, quienes deben requerir a la federación una autorización para realizarlos, previa presentación de la programación, los contratos de combate firmados y las habilitaciones, permisos y seguros pertinentes y asumen el pago de los viáticos de las autoridades del evento (arts. 48 y 51). Cabe señalar asimismo que en la reglamentación se encuentra previsto, además del reconocimiento por reintegro de gastos, el derecho de los árbitros a ser retribuidos cuando intervienen en combates de boxeo profesional (art. 103).

Los testigos Basile y Rivero (a fs. 201 y 235, respectivamente) afirmaron de un modo conteste que en la actividad el pago de sumas que corresponde a los árbitros por sus tareas es asumida por los promotores u organizadores de los eventos pugilísticos. Estas declaraciones resultan en el punto debidamente circunstanciadas y no logran ser desvirtuadas por los dichos del testigo Olivero (fs. 246), quien como espectador aficionado se limitó a afirmar que en algunas oportunidades vio al actor percibir sumas de dinero al finalizar los eventos deportivos, sin poder brindar ninguna precisión respecto de la imputación de esos pagos (art. 89 LO y 386 CPCCN). De lo expuesto se sigue que no fue la federación demandada sino terceros no demandados (v.gr. organizadores y promotores) quienes le abonaban al actor las sumas con las que refiere haber sido retribuido por sus tareas como árbitro.

Además, el ya mencionado testigo Basile, quien se desempeña como árbitro al igual que el actor, refirió asimismo que para ser designados como árbitros deben estar capacitados y federados, que la comisión de designación suele convocarlos una vez por semana o cada quince días para desempeñarse en alguna disputa y que ellos pueden libremente declinar la propuesta por falta de interés o imposibilidad, de modo que la aceptación es optativa. Los hechos referidos por el testigo permiten inferir que el actor no se hallaba obligado a prestar funciones en todos los eventos, reservándose para sí el derecho de aceptar o no cada designación, circunstancia que excluye la obligatoriedad de la puesta a disposición de la fuerza de trabajo que caracteriza a un nexo laboral subordinado (arts. 21 y cctes. LCT).

En ese contexto fáctico, considero al igual que lo hizo el magistrado que me precede, que han sido probados extremos fácticos suficientes para desvirtuar los efectos de la presunción laboral "iuris tantum" (art. 23 LCT), razón por la cual propongo confirmar la sentencia en lo principal que decide.

La solución propuesta torna inoficioso el análisis de los demás agravios vertidos contra la sentencia en cuanto rechazó las pretensiones de la demanda.

III. El planteo de pluspetición inexcusable formulado por la demandada será desestimado porque si bien se ha demostrado que el demandante carecía de razón para efectuar la reclamación judicial que dedujo, esa falta de derecho no justifica por sí una declaración como la pretendida.

En efecto, la promoción de una demanda que luego no prospera no supone que el actor tenga conocimiento de la falta de razón para litigar, condición que debe acreditarse para que proceda la sanción a la que alude el artículo 20 de la LCT. Para establecer si se ha configurado la conducta temeraria es necesario proceder con suma prudencia y tener presente que la admisibilidad de esa clase de sanciones se halla sujeta a la existencia de una actuación procesal maliciosa y/o temeraria que debe quedar perfectamente configurada, nacer de las propias actuaciones y debe dejar en el ánimo de quien debe aplicar la sanción el convencimiento absoluto de que se ha actuado con dolo o culpa grave en grado sumo. Esto es así porque si el juez debe ser ponderado en todos sus juicios, debe extremar aún más tal ponderación y prudencia cuando la decisión entra en el ámbito de las sanciones que pueden afectar el principio constitucional de la defensa en juicio (CNAT Sala X, SD 14869 del 14/12/06 "Silvero, Ruben Oscar c/ Daviero, Beatriz Nelida s/ cobro de salarios" y SD 14871 del 14/12/06 "Pellegrini, Carlos Alberto y otro c/ Fundición San Cayetano S.A. s/ despido", entre otras).

En este específico caso, la conducta asumida por el accionante y su letrado en el "sublite" no evidencia, más allá de su sinrazón, un exceso en el normal ejercicio del derecho de peticionar en juicio. En consecuencia corresponde desestimar la declaración de temeridad procesal pretendida por la recurrente.

III. En atención al mérito, complejidad y extensión de las tareas cumplidas y lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes, los honorarios regulados a favor de los profesionales actuantes resultan equitativos y deben confirmarse (art. 38 LO y cctes. ley 21.839, modif. ley 24.432).

Postulo que las costas de alzada se distribuyan en el orden causado porque la naturaleza de la cuestión debatida pudo llevar al actor a considerarse asistido con derecho para litigar (2º parr, art. 68 CPCCN), fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los regulados por sus actuaciones en origen (art. 14, ley arancelaria cit.).

Por las razones expuestas, voto por: I. Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido materia de apelación y agravios; II. Desestimar el pedido de declaración de temeridad y malicia formulado por la demandada; III. Distribuir por su orden las costas de alzada, fijándose el honorario de los letrados intervinientes en el 25% de los que les correspondan por sus actuaciones en origen.

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO:

Adhiero por análogos fundamentos al voto que antecede.

El Dr. GREGORIO CORACH no vota (art. 125 LO).

Como resultado del acuerdo alcanzado, este Tribunal RESUELVE: I. Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido materia de apelación y agravios; II. Desestimar el pedido de declaración de temeridad y malicia formulado por la demandada; III. Distribuir por su orden las costas de alzada, fijándose el honorario de los letrados intervinientes en el 25% de los que les correspondan por sus actuaciones en origen.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.

ANTE MI