Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-04-14


San Miguel de Tucumán, 14 de Abril de 2005.- Y VISTO: El presente juicio caratulado: "Arias, Víctor Hugo y otro vs. Provincia de Tucumán s/ Inconstitucionalidad de la ley 7435", en el que resulta necesario determinar el órgano jurisdiccional competente para entender en la presente causa; y C O N S I D E R A N D O:

1.- Víctor Hugo Arias y Carlos Humberto Posse promueven acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 7435. Invocan el carácter de ciudadanos destinatarios de la norma en cuestión, además del interés concreto de participar como Convencionales Constituyentes.

Señalan: a) que de acuerdo al art. 38 de la CP, la Legislatura dictará una ley sobre sistema electoral y según el inc. 8) para la elección de Gobernador, Vicegobernador, Intendentes Municipales, Comisionados Comunales, como así también para las alianzas y frentes electorales, la ley no podrá disponer que los votos emitidos a favor de una lista se adjudiquen a otra y que esta prohibición no abarca los demás cargos electivos provinciales y municipales; b) que la Constitución en su art. 131 dispone que el número de Convencionales será igual al total de legisladores; se elegirán de la misma forma que éstos; c) que la ley 7469 declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución, razón por la que el Poder Ejecutivo publicó los cuestionables puntos sobre los que debe versar la reforma por espacio de dos meses en los principales periódicos de la provincia; d) que por lo apuntado es inminente la convocatoria a elecciones de Convencionales Constituyentes, la que deberá ajustarse a lo dispuesto por el inciso 8 del art. 38 de la CP y a las previsiones del inciso 9 referido a que, para la elección, la provincia se dividirá en tres secciones.

Continúan expresando: e) que la ley 7435 procedió a derogar la ley 6146, denominada ley de lemas, provocando que una norma creada por un poder constituido deje sin efecto un sistema electoral consagrado en la Constitución en una clara violación a la misma y que ello provoca un vacío legal que vienen a solicitar a la Corte lo solucione, expidiéndose sobre la constitucionalidad y vigencia de la ley 7435 y determinando cual es el sistema electoral vigente en la Provincia de Tucumán para convocar a elecciones de convencionales constituyentes; f) que la ley 7435 que derogó la ley de lemas, imposibilita el cumplimiento de la disposición constitucional del art. 131 que textualmente expresa que los Convencionales "se elegirán de la misma forma que los legisladores", añadiendo que nadie ignora de buena fe que nuestros actuales legisladores fueron elegidos por el régimen de la ley de lemas, por lo que es este el único sistema electoral apto y posible para regir la elección de Convencionales por una inexcusable razón: así lo manda la Constitución vigente; g) que la referida ley 7435 no realizó ningún tipo de excepción y se entiende, por tanto, aplicable a toda elección posterior a la promulgación y publicación, como es el caso de la elección de Convencionales Constituyentes en ciernes; f) que aún cuando el Poder Ejecutivo emitiere un decreto reglamentario del texto constitucional, el mismo no tendría validez porque existe otra norma de mayor rango que imposibilita la aplicación del sistema constitucionalmente autorizado, conocido como ley de lemas.

Siguen afirmando: g) que aún cuando no se haya verificado a la fecha, la pertinente convocatoria del Poder Ejecutivo a la elección de referencia, existe un vacío legal, generado por la ley que cuestionamos, vinculado con temas o aspectos normados por la Constitución como lo es el mecanismo de elección de los Convencionales Constituyentes para cualquier eventual reforma, aun cuando ésta no estuviere en ciernes, circunstancia que debió ser respetada por la ley de marras; h) que es mucho más grave la situación, cuando se discute públicamente y en el seno del partido gobernante, la posible sanción de un nuevo régimen electoral que reemplaza la ley de lemas por mecanismos de preselección de candidatos por internas abiertas y simultáneas de todos los partidos, incluidos los cargos de legisladores, lo que alejaría aún más la posibilidad de convocar a elecciones de Convencionales Constituyentes con los mecanismos constitucionales y legales utilizados para elegir a los actuales legisladores, adecuadas al texto vigente; i) que es poco serio que se sancionen leyes derogatorias de mecanismos de elección autorizados por la Constitución actual y que se pretenda avanzar sobre la vida interna de los partidos sin el marco conceptual constitucional adecuado, tarea de la futura Convención y no de uno de los poderes constituidos; j) y que establecer otro sistema de elección para Convencionales, distinto a aquel con que fueron elegidos los actuales legisladores, significa modificar el Texto Constitucional vía legislativa, lo que deviene inadmisible en un gobierno de ley.

Solicitan la declaración de inconstitucionalidad de la ley 7435 y que la Corte se expida sobre que régimen electoral deberá regir las elecciones de convencionales constituyentes.

2.- Por providencia del 28/3/2005 (fs. 7) se dispuso correr vista al Señor Ministro Fiscal y su dictamen ha sido agregado a fs. 14/16.

3.- Razones de orden metodológico imponen determinar, en primer término, cual es el órgano judicial competente para entender en la presente causa.

De los términos de los dos primeros párrafos del art. 4 del CPCT (ley 6944) se desprende que si la acción de inconstitucionalidad está dirigida contra una ley -acto emanado del Poder Legislativo-, se interpone y sustancia ante la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, este Tribunal es competente para intervenir en la acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 7469 que motiva la presente causa.

4.- En el marco de la admisibilidad de la acción intentada, se computa el plazo de caducidad de sesenta días corridos previsto en el inciso 1 del art. 90 de la Ley procesal constitucional, verificándose que el mismo se encuentra vencido toda vez que la ley 7469 cuya declaración de inconstitucionalidad solicitan los actores, fue publicada en el Boletín Oficial el 17 de septiembre de 2004 y la demanda presentada el 22 de marzo de 2005. La caducidad operada, por vencimiento del plazo para plantear la impugnación judicial de inconstitucionalidad, torna inútil, y por tanto, innecesaria la sustanciación de la demanda, correspondiendo, por razones de economía, declararla en esta oportunidad procesal. En esa línea interpretativa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que dada la condición de presupuesto procesal del plazo de caducidad previsto en el art. 25 de la ley 19.549, el juez de 1ª instancia está facultado para examinar de oficio su cumplimiento y rechazar en caso contrario "in limine" la pretensión, pues su falta no requiere la expresa denuncia del demandado. ("Gorordo Hallaría de Kralj, Haydée M. c. Ministerio de Cultura y Educación" del 04/02/1999. LL, 1999-E-757).

4.1.-Respecto del pedido de los actores de que esta Corte se expida sobre el régimen electoral que deberá regir las elecciones de Convencionales Constituyentes, también es manifiestamente inadmisible. Esta Corte no es un órgano consultivo; sólo se expide acerca de la constitucionalidad, o no, de un acto cuando se configura un "caso" o "causa", en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional, concordantemente se desprende del art. 22 de la Constitución de la Provincia y de las disposiciones del Título III del CPCT. En el sistema de control de constitucionalidad argentino, los jueces no pueden dictar sentencias con contenido general, abstractas, porque ello es ajeno al ámbito de la competencia del Poder Judicial, que exige del actor la demostración de un interés jurídicamente protegido personal y concreto. El fin y las consecuencias del control encomendado a la justicia de los actos del Ejecutivo y del Legislativo requieren de este requisito para la preservación de la división de poderes.

En tanto la petición en examen apunta a que la Corte defina cuál sería el régimen legal aplicable a una posible convocatoria de convencionales constituyentes, el "caso" o "causa" no aparecen configurados, desde que no se habría, siquiera, señalado cuál sería el pretenso acto inconstitucional generador de la lesión.

A lo dicho, cabe añadir que el denunciado vacío legal que se habría originado por la derogación de la ley de lemas 6146 con la sanción de la ley 7435, en el que los actores fundan la petición en cuestión, deviene notoriamente abstracto al momento de esta resolución ya que ha variado, radicalmente, el estado de situación descrito por los presentantes, al haber dispuesto la H. Legislatura de la Provincia, un nuevo régimen electoral, sancionado el 30/3/2005, promulgado como ley 7536, cuyo artículo 2° dispone que: "la aplicación del régimen de elección primaria previsto en esta ley, no regirá para la elección de convencionales constituyentes, que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado a convocar de acuerdo a la Ley N° 7.469, la que se regirá conforme se establece en el Artículo 7° de la misma, el que a tales efectos mantiene plena vigencia". No cabe perder de vista que toda sentencia debe considerar la cuestión planteada a la luz del verdadero contexto de las circunstancias vigentes al momento de su dictado, de otro modo, no se encontrarían reunidos la totalidad de los recaudos inherentes a la validez del acto jurisdiccional.

Por ello, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Ministro Fiscal y encontrándose de licencia el señor. vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, se R E S U E L V E :

I.- DECLARAR la competencia de esta Corte Suprema de Justicia para intervenir en la presente causa.

II.- DECLARAR la caducidad de la acción de inconstitucionalidad de la ley 7435, por los fundamentos considerados.

III.-DECLARAR inadmisible la petición tratada en el punto 4.1 de los considerandos.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ALBERTO JOSÉ BRITO	(en disidencia) ANTONIO GANDUR (con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA	Voto del doctor Antonio Gandur Sin perjuicio de compartir el voto de la mayoría y de afirmar que sus fundamentos son los que conducen a la solución del sub lite, considero oportuno agregar a mayor abundamiento lo siguiente:

La constitución en su art. 38 inciso 8 dice: "La Legislatura dictará una ley sobre sistema electoral, bajo las bases siguientes: Inciso 8: Para la elección de Gobernador, Vicegobernador, Intendentes Municipales, Comisionados Comunales, como así también para las alianzas electorales, la ley no podrá disponer que los votos emitidos a favor de una lista se adjudiquen a otra. Esta prohibición no abarca los demás cargos electivos provinciales o municipales" El precepto en una parte contiene una prohibición y en su segunda parte una aclaración sobre el alcance de la norma que en ningún momento significa un imperativo para el legislador.

En consecuencia la constitución remite la cuestión a la Legislatura y si la Legislatura sanciona extender la prohibición a "los demás cargos electivos provinciales o municipales" es porque la manda constitucional no lo proscribe.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA Voto en disidencia del doctor Alberto José Brito En relación al contenido de la causa, me remito al voto mayoritario.

Del contenido del escrito de interposición de la demanda se desprende que en la especie no se configura ninguno de los supuestos previstos en el artículo 4, segunda parte, del Código Procesal Constitucional que prevé la competencia excepcional de esta Corte. Tratándose de una acción de declaración de inconstitucionalidad promovida contra la Provincia por su actuación en el ámbito del derecho público, resulta competente para conocer de la misma en razón de la materia, la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo (cfrme, sentencias nº 1039 del 18/11/02, 884, del 4/10/0). Es que, como ha dicho esta Corte, de la sistemática hermenéutica de las disposiciones contenidas en los arts. 106 de la Constitución provincial, y arts. 4, primer parágrafo, 89, 91 y cc del CPC (ley nº 6944), surge que, en materia de declaración de inconstitucionalidad de normas provinciales, en el ordenamiento jurídico de la Provincia, respecto a la competencia de este Tribunal Superior, el principio es por vía del recurso que instituye el precitado artículo 106 de la Constitución local y cuya reglamentación legal instituye el Título III, Capítulo III, artículos 91 y ss del CPC (sentencia nº 01 del 10/01/03). .

A tal efecto, es de aplicación en el sub examine, en virtud de los fundamentos desarrollados en el precedente contenido en sentencia nº 362 del 24-5-99, la declaración de inconstitucionalidad de lo normado por el artículo 57, primera parte, del CPC, por resultar incompatible con el principio consagrado por los artículos 4º, primera parte, y 15, del referido digesto, que establecen, como regla general, la competencia de los tribunales de primera instancia, la que debe atribuirse por razón de la materia, privándolos de validez y eficacia.

HÁGASE SABER.

ALBERTO JOSÉ BRITO ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA