Prisión preventiva, auto de procesamiento, falta de mérito, crímenes de lesa humanidad, admisibilidad del recurso, querella, Ministerio Público, falta de fundamentación, apreciación de la prueba, participación necesaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Salice, Alejandro Federico y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-02

Corresponde hacer lugar a los recursos interpuestos por la querella y el Ministerio Público Fiscal, dejar sin efecto el decisorio recurrido en cuanto dispone la falta de mérito para procesar o sobreseer a Alejandro Federico Salice y Roberto Horacio Sifón y, por mayoría, estar al procesamiento dictado por el juez federal, remitiéndose las actuaciones a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad, para que tome conocimiento de lo aquí resuelto y, por su intermedio, se devuelvan al juez federal de primera instancia a fin de que, con la debida celeridad, continúe con la tramitación del proceso según su estado. Ello así, por cuanto el análisis efectuado por el tribunal a quo en su fallo carece de una ajustada y suficiente fundamentación y los jueces persisten en su omisión de examinar armónicamente las pautas destacadas en el decisorio del 4 de diciembre de 2019, no satisfaciendo, por ende, la exigencia de validez de los pronunciamientos jurisdiccionales que impone siempre la aplicación razonada del derecho vigente con adecuada referencia a las constancias de la causa. En efecto, aquellos lineamientos demandaban, cuanto menos, la exposición de alguna consideración adicional a las ya efectuadas; más, en la ocasión, mis colegas de la instancia anterior se limitaron a memorar los reglamentos militares y a insistir en su análisis original, apoyados en los mismos pilares, para arribar a la conclusión de que no podían ni sobreseer ni confirmar el procesamiento dispuesto en la etapa preliminar, por lo que correspondía, en su opinión, el dictado de la falta mérito. Sin embargo, al echar mano a esta decisión intermedia, era necesario orientar al juez federal acerca de cómo proseguir con las actuaciones, pues el instituto previsto en el art. 309 del CPPN sólo se inclina por una conclusión no afirmativa acerca de la existencia o inexistencia de la imputación, siendo "...su consecuencia... un simple corolario del deber de sujeción del imputado al proceso" (cfr. D'Albora, Francisco J., p. 532/3). La mera referencia a: "... debiéndose profundizar la investigación en base a los parámetros señalados en la presente resolución", efectuada sin hacer ninguna precisión a qué elementos estaban ausentes, no alcanza para satisfacer esa finalidad, pues, de lo contrario, el temperamento adoptado parecería encubrir -y en esto coincido con el señor Fiscal General de la Cámara Federal de Casación en su presentación en el término de oficina- un fallo liberatorio, trayendo como consecuencia la paralización del proceso y el riesgo de que, al permanecer esta falta de definición sobre la situación procesal de los imputados por tiempo indeterminado, se prive a las víctimas y a la sociedad del debido esclarecimiento del hecho y de la posibilidad oportuna de enjuiciamiento de los responsables por un delito catalogado como de lesa humanidad, aparejando una grave responsabilidad para el Estado argentino. De ser así -y descartado por el momento el sobreseimiento-, los elementos de prueba arrimados por la acusación y recogidos por el fallo de grado y que conforman la acreditación fáctica y de responsabilidad en relación a ambos imputados, ya estarían reunidos con el grado de probabilidad que se exige para esta etapa del proceso y, por lo tanto, su discusión y dilucidación en otros términos y en igualdad de condiciones entre los contendientes, correspondería a la siguiente fase, que es la que realmente debe darse en un proceso penal, público y contradictorio. La pauta de que no se consagre un parámetro de responsabilidad objetiva no imposibilita de modo alguno sopesar críticamente las competencias, roles y funciones que cada uno de los acusados cumplía en la Unidad investigada, sobre todo si se afirma que se los puede ubicar "... en forma aislada" en el lugar -sic del fallo recurrido- y, por lo tanto, abordar el examen de las consideraciones efectuadas por el juez instructor. Tampoco impide justipreciar la calidad de aquellos aportes y su incidencia en la comisión de los hechos investigados a efectos de emitir un juicio crítico sobre la razonabilidad del concreto y particular título imputativo que se esgrime en contra de cada uno de los acusados, tanto en orden a su mérito como al grado de intervención que eventualmente es cabe en ellos. Tal examen pormenorizado y circunscripto a la función que desempeñaba personalmente cada uno de ellos, nuevamente, ha sido omitido por los jueces de la Cámara Federal, soslayándose el elemento histórico de contexto y la ponderación de las referencias expuestas al efecto por Mittelbach y Cesio y, de otro tanto, las declaraciones de Juan Carlos Scarpati, Marcela Patricia Quiroga y Paula Ogando, como también la del Coronel García y los dichos en indagatoria prestados por Enrique José Del Pino, todos ellos examinados y sopesados al momento de dictar el auto de procesamiento que fue revocado. Tales pruebas, evaluadas en forma conglobada y armónica como señalan las acusaciones, habían sido relevantes a ojos del instructor para sostener la imputación formulada. En el pronunciamiento impugnado no se ha hecho examen alguno respecto de la extensión y el valor jurídico que el magistrado de grado les otorgó a los presuntos aportes efectuados por los acusados en la Unidad Militar Grupo de Artillería 1 que estuvo a cargo del Área 114, bajo cuya dependencia funcionó el Centro Clandestino de Detención denominado "Sheraton", ni las consideraciones efectuadas en punto al sustrato subjetivo que sustenta la imputación enrostrada a Salice y Sifón. La vinculación del CCD y ese grupo de Artillería no estaba en absoluto controvertida y, en ese contexto, como señala la representante del Ministerio Público Fiscal, era razonable asignarles relevancia a los aportes de los imputados en el plan represivo, al menos con el grado de participación mencionado por los acusadores en todas las instancias (incluida ésta). Las objeciones señaladas por los impugnantes en sus recursos, en cuanto a que no se puede descartar a esta altura de la investigación que los nombrados, al liderar ciertas áreas (Logística y Finanzas) con marcada incidencia en la época en que se cometieron los hechos investigados en ese centro clandestino de detención y tortura podrían haber participado en ellos, tendrán de mi parte favorable acogida. Ello así, habida cuenta de que, como se sostiene en las piezas acusatorias y en el fallo del juez federal de grado, Salice y Sifón podrían haber actuado de modo coordinado con los demás jefes de la plana mayor del Ejército en ese vínculo con la subcomisaría de Villa Insuperable y con las personas que allí actuaban de modo clandestino; es decir, como eslabones entrelazados para permitir el funcionamiento del actuar ilegal que allí se desarrollaba. El pronunciamiento puesto en crisis no resulta ser una derivación razonada del derecho vigente con apego a las constancias de la causa y a la jurisprudencia imperante en la materia. La disidencia parcial señaló que correspondía hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante y, en consecuencia, dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido (puntos dispositivos I y II) y remitir las presentes actuaciones al "a quo" para que tome conocimiento de lo aquí resuelto y, por su intermedio, se devuelvan al juez federal de primera instancia a fin de que, con la debida celeridad, continúe con la tramitación del proceso según su estado. Dres. Carbajo, Borinsky -en disidencia parcial- y Hornos.