marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Extensión de la quiebra, competencia por el turno, grupo económico, prueba, presentación en concurso
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: HOMERO FONDA Y CIA. SA s/ CONC. PREV.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

No procede la remisión de un concurso al juzgado en el que tramita la quiebra de otra empresa por aplicación de la Ley 24522:

67 -según lo manifestado por el peticionario del concurso- cuando, si bien se advierten algunos puntos en común entre ambos entes, no se ha acreditado fehacientemente que se está ante un verdadero conjunto económico que justifique el desplazamiento de las reglas de atribución de la competencia en razón del turno. Además la petición de concurso, en caso de agrupamiento prevista por la Ley 24522: 65, se halla referida a la presentación en concurso conjunto, solicitado por la totalidad de los integrantes del grupo y en el que se resalta el carácter unívoco y simultáneo del requerimiento, lo que no se configura -en el caso- atento el grado de avance de las actuaciones de la quiebra. Por tanto, cada proceso debe seguir sustanciándose ante los respectivos juzgados desinsaculados a tal fin, sin perjuicio de lo que pudiere resolverse en caso de plantearse un supuesto de extensión de quiebra.
Recursos, recurso de reposición (procesal), sentencia interlocutoria, resoluciones irrecurribles, principios procesales, celeridad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: PEPSICO SNACKS ARGENTINA SA c/ KADDOUR, RICARDO s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-25

Si bien las sentencias interlocutorias no son recurribles en vía de reposición (CPCCN art. 238 y, respecto de las de alzada, Arg. CPCCN art. 273), empero puede y debe hacerse excepción de tal principio cuando, -como en el caso-, el defecto es evidente y manifiesto, puesto que el órgano jurisdiccional no puede ser privado de corregir sus propios yerros evidentes y manifiestos, y obvias reglas de economía y celeridad procesal aconsejan proceder a la enmienda del error y no a persistir "conscientemente" en él.
Proceso judicial, acción de amparo, caducidad de instancia, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: "Falcigno  Emilio  Lorenzo c/ PEN LEY 25.561 Dtos 1.570/01 214/02 s/ Amparo s/ Ley 25.561".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-27

El art. 310 del C.P.C.C.N. no estipula en forma específica cuál es el plazo de caducidad de la instancia en los procesos de amparo regidos por la ley 16.986 concluyéndose que si no se trata concretamente de un proceso sumarísimo, de un juicio ejecutivo, de una ejecución especial o de un incidente no corresponde aplicar el plazo de caducidad que determina el inc. 2° del referido art. 310, sino el plazo de seis meses que determina el inciso. 1°del artículo citado, el cual rige, como principio, a todo tipo de proceso ordinario o especiales.
Privación de la patria potestad, madre del menor
Materia: PENAL
Carátula: Varela, María Paola s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-17

Que la madre, privada de la patria potestad mientras dure la pena, pueda ser oída una vez habilitada la jurisdicción para decidir sobre los derechos de quienes sostiene son sus hijos, no implica que se le reconozca legitimación procesal para habilitar a la jurisdicción a decidir sobre los derechos de estos niños. El voto concurrente postuló la denegatoria del beneficio, con fundamento en el descuido que la imputada dispensó a sus hijos durante todo su crecimiento y en la asistencia que reciben de parte de sus tíos. (Dres. Mitchell -voto concurrente-, Yacobucci y García).
Iura novit curia, querella, delito de acción privada
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Berisso, Alberto (h) s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-29

En casos en los que los hechos descriptos podrían encuadrar -a juicio del a quo- en una figura delictiva diversa de la pretendida por el querellante en ocasión de deducir la querella, aun cuando también perseguible por acción de ejercicio privado, se enfrentan dos principios jurídicos que campean durante todo el desenvolvimiento del proceso; por un lado la libertad del juez para aplicar el derecho a los hechos propuestos (iura curia novit) y por el otro la eficacia dispositiva en la proposición sustancial ante el órgano jurisdiccional (secundum allegata partium). Si el tribunal se atiene al primer principio, estará vinculado a la aplicación del derecho que efectivamente corresponde al hecho descripto; si se ajusta al otro principio, el juicio deberá tener por objeto el delito imputado en la querella, conforme a la configuración penal hecha por el querellante. Esta segunda solución es la adecuada en atención al privatismo en el ejercicio de la acción penal y al fundamento tenido en cuenta para receptar ese sistema excepcional para algunos delitos; el tribunal sólo debe atenerse a la calificación propiciada inicialmente por el querellante, dado que el particular dispone de esa pretensión la jurisdicción ha de quedar limitada al ámbito establecido como fundamento de ella. Extralimitarla, significaría proceder de oficio. (Voto del Dr. Fégoli).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, proceso penal, imputado, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DURAN, MARCELO LUIS c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO EN CONCURSO REAL CON PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD-APELACION PRISION PREVENTIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-18

En cuanto a la prisión preventiva, echa de verse que la Alzada confirmó el criterio del Juez de grado que tuvo por acreditado la existencia de elementos de convicción que consideró suficientes para sustentar la probable autoría o participación punible en el hecho imputado, destacando el A quo también para confirmar la medida cautelar, la magnitud de la pena en expectativa, la importancia del daño de imposible reparación, la naturaleza del hecho, el modo de comisión y resultado, considerando que se habría constatado el querer desprenderse de los elementos que los vincularan al hecho como así también del cuerpo de una víctima, a quien se encontrara en circunstancias de calcinamiento; elementos éstos indicativos de los riesgos procesales que sustentaron la medida cautelar. (Del voto de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículos 220, 221, 222, inciso 1, 225 227
Caducidad de instancia, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMMISA  Y  GARZON  CHIODI EN: GIGENA SASIA CARLOS CONTRA CA.LA.RE. - PREPARA VIA EJECUTIVA - s/ EJECUTIVO - INCIDENTE DE CADUCIDAD -HONORARIOS -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-05-11

El art. 39 de la ley 7269 considera al proceso de caducidad de instancia como un juicio independiente al cual es aplicable la escala del art. 34 en la misma forma que al principal. Las etapas a las que se refiere el art. 41 son aplicables al proceso de caducidad solo cuando deban considerarse en relación al propio incidente y no respecto del principal, cuyo desarrollo en nada puede repercutir sobre aquel habiendo dispuesto la ley, con una claridad que despeja cualquier duda, que sea reputado como un juicio independiente y que los honorarios se regulen en la forma ordinaria. Esta regla tiene un doble significado: que el proceso de caducidad genera una regulación propia y diversa de la del principal y, por la otra, que esa regulación se liquida en consideración al desarrollo del propio incidente y no con sujeción a las etapas de aquel.
Autonomía provincial, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Apoderado del Partido Justicialista y otros s/ Amparo e Inconstitucionalidad s/ Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-05-04

Los poderes o atribuciones de las municipalidades provinciales provienen de la correlativa transferencia de potestades hechas a favor de ellas por las provincias.
Competencia por el territorio, sucesiones
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ LIZZARGO C. s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-14

La competencia en materia sucesoria reviste el carácter de improrrogable. De ello se sigue que la inexistencia de conflicto entre las partes es irrelevante, desde que no las asiste -aún mediando conformidad de todos los herederos - facultad de prorrogar la competencia.

Si la sucesión se rige por el art.63 del Tratado de Montevideo de 1940, el principio de unidad sucesoria no rige desde que la citada disposición, al igual que lo hacía el art. 66 del Tratado de Montevideo de 1889, admiten expresamente el principio inverso, esto es, el de la pluralidad. Por esta misma razón se exige en el supuesto inverso, esto es, causante con último domicilio en el extranjero y con bienes inmuebles en nuestro país que tramite aquí su sucesión.
Recurso de inaplicabilidad de ley, inadmisibilidad del recurso, falta de cita del precedente
Materia: PROCESAL
Carátula: FUKS, Víctor Silvio c/ PARLAMENTO S.A. s/ FIJACION DE PLAZO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

Si bien el artículo 293 del Código Procesal establece que, tras la debida sustanciación, el recurso de inaplicabilidad de la ley será resuelto por una Sala distinta de aquella que dictó el pronunciamiento cuestionado, ello no obsta para que la Sala de origen, con el fin de evitar un mayor dispendio jurisdiccional, rechace "in límine" el recurso, cuando el escrito correspondiente omite invocar los precedentes jurisprudenciales que exige el artículo 288 del citado cuerpo normativo.-
Seguridad social, trabajador en relación de dependencia, solicitud del beneficio, beneficios previsionales, cesación de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GRAS, JUAN ANDRÉS c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-12

Con la reforma introducida por las leyes 24.347 y 24.463 al art. 34 de la ley 24.241, se adoptó el criterio de la compatibilidad absoluta entre el goce de la prestación y el desempeño de actividades de cualquier naturaleza, excepto beneficios de invalidez y regímenes diferenciales. Por lo tanto, exigir el cese de servicios para el comienzo de la percepción del beneficio carece de sentido en atención a que el regreso inmediato al trabajo está admitido. Tan es así, que la reglamentación no se refiere a la cesación de la actividad como un requisito, y simplemente establece que la PBU devengará haberes desde la presentación de la solicitud, siempre que en el momento de formularla el peticionante tuviera derecho al beneficio (art. 3, ap. 1, Dec. 679/95, reglamentario del art. 19 de la ley 24.241). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Competencia federal, almirantazgo y jurisdicción marítima, contrato de ajuste, buque de bandera nacional
Materia: PROCESAL-NAVEGACION
Carátula: Godoy, Hernán c/ TAMIC  S.A.M.C.I.A. s/ demanda laboral por cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-20

Corresponde a los tribunales federales conocer en todas las acciones relativas a un contrato de ajuste cumplido en un buque de bandera nacional.
Interpretación de la ley, Constitución Provincial, recurso de apelación (procesal), recurso extraordinario federal, doble instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: D., R. G. s/ Lesiones leves y amenazas s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

Es dable destacar que el texto constitucional provincial se refiere al recurso de apelación "ordinario", término que significa lo opuesto a "extraordinario", y para diferenciarlo claramente del "recurso de apelación" previsto en el art. 14 de la Ley 48 ("... sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema..."; ver también el art. 15: "Cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo anterior..."), que es, en definitiva, el recurso extraordinario federal.

Se observa así que el constituyente provincial "garantizó" la "doble instancia" con el alcance de revisión integral (apelación), sobre la que existía consenso (ver sesión del 26-05-88 de la Convención Constituyente, Nº 12).
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, fundamentación del recurso, plazo, incongruencia, exceso ritual manifiesto, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PELOC, FAUSTINO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2007-09-26

Las resoluciones que declaran improcedentes los recursos ante los tribunales locales no justifican, como regla, la habilitación de la instancia extraordinaria, en virtud del carácter fáctico y procesal de las cuestiones que suscitan, con excepción de los casos donde lo decidido frustra la vía utilizada por el justiciable sin fundamentación idónea suficiente, con vulneración de la garantía del debido proceso.

Es condición de admisibilidad del recurso federal que sus argumentos se hagan cargo, a través de una crítica prolija y circunstanciada, de las razones en que se apoya el fallo apelado, y resulta ineficaz la formulación de una determinada solución jurídica con prescindencia de dichos motivos, a la vez que tales exigencias no se cumplen a través de la cita de precedentes que no resultan asimilables al caso.
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Orellano, Javier Ceferino s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

Del hecho real y probado mediante instrumento público (art. 256, C.P.P.) y testimonios (arts. 149, 150 y 251 a 254, C.P.P.) que acreditan que el autor del hecho usó un arma cargada con proyectiles y que además tenía "una vaina servida" se extrae la presunción de que la misma se hallaba en condiciones de disparar (arts. 258 y 259 incs. 3, 5, 6 in fine y 7, C.P.P.).
Responsabilidad civil, daño, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Nahuelpan, José Miguel c/ Velasco, Mario y Otro s/ Transferencia Automotor -Daños y Perjuicios- Beneficio de Litigar sin  Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-14

El daño es esencial extremo constitutivo de la acción resarcitoria, por lo que su demostración incumbe al actor. El daño es un presupuesto de la responsabilidad civil, de modo que es irrelevante la existencia material del perjuicio si no se lo comprueba apropiadamente, pues un daño no probado no existe para el derecho, comprendiendo la prueba que incumbe rendir al damnificado tanto la de su existencia como la de su cuantía y tanto es así que, faltando la indispensable acreditación del daño, no puede suplirse la prueba de su entidad por la prudente estimación judicial.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, jurisprudencia vinculante, acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio, proceso penal, citación a juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RUGGIERO, JUAN FRANCISCO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-08-16

Corresponde rechazar la queja desde que no se advierte que los Sentenciantes hayan desbordado las posibilidades hermenéuticas aceptables desde el plano constitucional al aplicar el criterio sentado por esta Corte en "Schillagi" y sostener que el decreto dictado por el juez penal de sentencia que dispone el traslado de la requisitoria de elevación a juicio a la defensa del imputado (art. 378, C.P.P.) exhibe la equivalencia procesal al de la citación a juicio mentada por el artículo 67, inciso d) del Código Penal. Por tanto, el 'acto procesal equivalente' al 'auto de citación a juicio' en el juicio común del proceso penal de la Provincia de Santa Fe lo comprende el decreto dictado por el juez penal de sentencia luego de recibida la causa, que dispone el traslado para la defensa (art. 378, C. P. P.)". Ello es así, toda vez que resulta trasladable al caso la inteligencia asignada al criterio a partir del cual es deber de los tribunales inferiores de conformar sus decisiones, en casos similares, a la doctrina sentada en los fallos del Máximo Tribunal Federal, pues "[s]i constituye la razón de ser de un juez el derivar razonadamente, desde todo el derecho, la solución justa para el caso, y dentro de ese derecho vigente obviamente están los criterios jurisprudenciales de alcance general, y particularmente aquellos de íntima inserción con la materia constitucional, resultaría jurídicamente inadmisible que se dicten sentencias que, directamente, ignoren al margen de que se compartan o no aquellos criterios" (Del Voto de la Mayoría) (Citas:

CSJStaFe AyS t 211 p 93; T 156 p 146, 337; T 163 p 109, 190, 476; T 170 p 492; T 205 p 35. CSJN Fallos: 25:364;

212:51; 311:1644; 312:2007; 315:2386; 325:1227)
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, abuso sexual, víctima menor de edad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: C., G. E. c/  s/ abuso sexual agravado-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-30

Respecto a los cuestionamientos defensivos fundados en que no se analizó el contexto de vida del menor, el entorno de sus dichos y la estructura psíquica del niño, pese a que -asegura la presentante- si bien no se encontraban controvertidos los mismos, resultaba necesario determinar si tenían como origen un abuso sexual o un conflicto familiar y de imposición de límites por parte de su padre, de la atenta lectura del decisorio atacado surge que la Cámara brindó fundadas razones para justificar por qué correspondían delimitarse las cuestiones centrales que debían ser abordadas en las concretas circunstancias del caso, desde que la Alzada, con sustento en la especificidad de la materia en tratamiento atinente a delitos contra la integridad sexual de un niño y con base en un detallado marco legal, constitucional y convencional que consideró aplicable, arribó a la conclusión liminar de que en el caso el objeto del debate era lisa y llanamente dilucidar si el niño había sido víctima de un abuso sexual por parte de su progenitor y en ese camino, tuvo como norte el discurso infantil del menor, es decir, la palabra de éste. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhiere el Dr. Spuler. En disidencia: Dres. Erbetta y Netri)
Infracciones tributarias, sanciones tributarias, nulidad procesal, límites del pronunciamiento, reformatio in pejus, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: GERSGORIN, SANDRA MABEL. s/ Infracciones Tributarias.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-12

Corresponde declarar la nulidad de la resolución por la que se modificó la sanción impuesta al contribuyente, dado que la competencia apelada del juzgado de primera instancia se encontraba limitada por los agravios del recurso interpuesto por la contribuyente, y la imposición por parte del Juez de una sanción de monto superior a la impuesta por el organismo recaudador que se revisaba, importaría un agravamiento de la sanción y, en consecuencia, resultaría violatorio de la prohibición de "reformatio in pejus" (Art. 445 del CPP). Esta circunstancia constituiría una violación a la garantía de inviolabilidad del derecho de defensa en juicio establecido constitucionalmente.
Delitos contra la integridad sexual, corrupción calificada de menores
Materia: PENAL
Carátula: Barboza, Antonio s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-18

Promover la corrupción de menores de edad, significa impulsarlos a la degradación, pervertirlos, excitarlos a cometer actos contra su honestidad sexual, provocando en ellos una alteración esencialmente moral.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, financiamiento de campaña electoral, sanciones partidarias, alianzas partidarias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Alianza Acuerdo Cívico y Social s/ Ley 26.215 elección 28 de junio de 2009
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-04

Deben denegarse los recursos extraordinarios contra la sentencia que dispuso aplicar a los partidos integrantes de la alianza la pérdida de aportes públicos extraordinarios para campaña, ya que no sustentan adecuadamente la cuestión federal, en tanto no especifican dónde residiría esta, ni desarrollan la pertinente argumentación.
Igualdad de oportunidades, personas con discapacidad
Materia: PROCESAL
Carátula: M., J. F. c/ M. d. L. M. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-31

Estas acciones positivas son estrategias destinadas a hacer efectiva la garantía de la igualdad de oportunidades, a través de medidas que permitan contrarrestar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales (concepto extraído del Comité para la igualdad entre hombres y mujeres del Consejo de Estado) y tienen como objetivo el establecimiento de una igualdad de hecho entre un grupo dominante y un grupo discriminado. En principio no tienen por finalidad la igualdad entre los individuos, aunque, obviamente, el mejoramiento del grupo trae el de los individuos que lo forman. Es la pertenencia a un grupo y no los caracteres individuales de cada miembro el presupuesto para asumir estas acciones. Si bien tales medidas constituyen un mandato dirigido al Congreso, pueden ser tomadas en cuenta por los jueces con el fin de orientar la interpretación judicial de las causas sometidas a su decisión.(doctor de Lázzari, mayoría)
Derechos de la mujer, tratados internacionales, orden público
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Legajo de requerimiento de elevación a juicio en autos Newbery Greve, Guillermo Eduardo s/ inf. art. 149 bis CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-11

En la sentencia de Cámara se consideraron enteramente exigibles las obligaciones asumidas por la República Argentina en la materia, a través de varios instrumentos internacionales, entre los que se destaca principalmente la Convención de Belem do Pará que describe a la violencia doméstica como constitutiva de una violación de los derechos humanos y libertades individuales de las mujeres y, por ello, se entendieron aplicables los principios rectores de orden público (ley nacional 26.485), que obligan a los operadores judiciales a analizar estos casos con prudencia garantizando la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos (arts. 1 y 16.i de la ley citada). (Voto de las Dras. Ana María Conde e Inés M. Weinberg, al que adhieren los Dres. Luis F. Lozano y José O. Casás).
Defraudación, retención indebida
Materia: PENAL
Carátula: RAMOS, Alberto y otro s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

Lo que el porteador convenga con el cargador es "res inter alios acta" para el chofer. Y este último, cualquiera sea la razón jurídica por la que su principal ha asumido la carga que transporta, desde que la misma se pone sobre el vehículo que conduce, sustituye a aquél en la esfera de la custodia del o los bienes transportados.

Si al disponer de la carga se apropia de la misma, alterando las obligaciones inherentes a tal custodia -entre las que se incluía la de entrega en el lugar indicado- su conducta es aprehendida por el art. 173 inciso 2º del C. P..-
Procedimiento laboral, acumulación de acciones, resoluciones irrecurribles
Materia: LABORAL
Carátula: Casino Buenos Aires S.A. Compañia de Inversiones en Entretenimientos S.A. UTE c/ Platowsky, Gaston David y Otros s/ Juicio Sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-28

Cualquiera sea el acierto o error del juzgado de primera instancia al resolver la acumulación de los expedientes, la decisión adoptada es irrecurrible (art. 44 LO) y las partes no tienen un derecho subjetivo a la intervención de un tribunal determinado, dejando a salvo lo dispuesto en las normas procesales y en la Constitución Nacional.