marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excusación, violencia moral
Materia: PENAL
Carátula: W. INCA CARDOZO s/ INCIDENTE DE RECUSACION CON CAUSA EN AUTOS: CARDOZO, W. INCA (H) Y  OTRO S.D. HURTO DE GANADO MAYOR E.P. DE LUIS AZAR Y OTRO - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-08-26

La llamada violencia moral, indicada como causal de inhibición, permite liberar al magistrado del cumplimiento de su ministerio cuando se encuentra en un estado de conciencia que le impide actuar con la debida tranquilidad de espíritu. No obstante, por tratarse de un particular estado de conciencia, sólo puede hablar de ella quien personalmente atraviesa por una determinada situación psíquica respecto de terceros, no pudiendo los extraños incursionar en ese ámbito sin afectar la intimidad que en forma exclusiva y excluyente le pertenece a quien la sufre.
Suspensión del trabajador, suspensión preventiva
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, NICANOR ALBERTO c/ EMPRESA CENTRAL EL RAPIDO (S.A.T.A.) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-07-14

El instituto de la suspensión precautoria no está prevista en la Ley de Contrato de Trabajo ni lo contemplaba la legislación anterior, aunque calificada doctrina y jurisprudencia la fue admitiendo, entendiéndola como una facultad del empleador de disponer la suspensión del trabajador en los supuestos de investigación interna cuando se trata de establecer la comisión de una supuesta falta laboral o cuando el principal prevé la disolución del vínculo laboral, previa sustanciación de un sumario interno.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sucesiones, manifestación de la voluntad, cartas misivas, facultades del juez
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Naredo, Margarita Esther s/ sucesión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09

Es descalificable el pronunciamiento que -limitándose a la interpretación del art. 1036 del Código Civil y a fin de determinar el carácter confidencial de la misiva dirigida por la causante a uno de los coherederos- dispuso su apertura en forma privada por el juez de la sucesión, pues quien pretendía hacer valer la carta no era el destinatario, sino una persona distinta -su coheredero- que no es parte en la relación epistolar (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Juan Carlos Maqueda).
Recurso de casación penal, admisibilidad formal, Superior Tribunal de Justicia, competencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CASAIS, SIMON SALVADOR s/ RECURSO  DE  CASACION PENAL - NULIDAD - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1959-10-08

Abierto el recurso de casación el Tribunal Superior puede examinar la sentencia también en lo que atañe al contenido de un agravio respecto del cual se denegó el recurso,si la materia corresponde al ámbito de las nulidades insubsanables, aunque hayan sido consentidas por el defensor,porque tales nulidades pueden ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso, comprendido el recurso de casación.-
Administración Pública, empleados públicos, facultades regladas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NAVARRO DE DE GIOVANINI, FLORENTINA ESTELA c/ MUNICIPALIDAD DE ANGACO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-10-02

La cesantía, exoneración o remoción del agente público, no constituye una facultad discrecional de la Administración Pública, sino una facultad reglada o vinculada.
Cuestión abstracta, acceso a la información, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en álvarez, ignacio y otros contra gcba sobre amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-14

En el caso, la pretensión de la actora quedó circunscripta a la obtención de información y a la elaboración de los protocolos mencionados por parte de la Administración, lo que se realizó en el marco del cumplimiento de la medida cautelar y que derivó en que el juez de primera instancia, al momento de dictar la sentencia de fondo, tuviera por cumplido el objeto del amparo. Ahora bien, al perder virtualidad los agravios de los actores, desaparece también uno de los requisitos esenciales de la "causa judicial". Al no subsistir los requisitos que hacen a la "causa o controversia", el Poder Judicial encuentra vedada su intervención posterior (conf. arts. 106 de la CCABA y 116 de la CN). Es que "La existencia de un 'caso' resulta ineludible para habilitar la intervención del Poder Judicial de la Nación y es comprobable de oficio, pues su ausencia o desaparición importa la de juzgar y no puede ser suplida por la conformidad de las partes o su consentimiento por la sentencia (308:1489; 325:2982; 330:5111 y 334:236)" (Fallos 342:853). (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso de apelación (procesal), actualización monetaria, resoluciones apelables
Materia: LABORAL
Carátula: MUÑOZ ZAMBRANO, Eduardo c/ EMSA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-12-19

Resulta apelable la resolución que rechaza el planteo de desindexación en base a la ley 24.382, en virtud de que pone fin parcialmente al pleito en esa cuestión.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, decretos
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: FISCO NACIONAL  D.G.I. c/ BODEGAS Y VIÑEDOS GARGANTINI  S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-23

Procede el recurso extraordinario, habiéndose cuestionado el alcance del art. 4 del decreto 1096/85, resultando la sentencia contraria a las pretensiones que la apelante fundó en tal norma.
Proceso penal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Navarro, Pedro Armando s/ Recurso de Queja por casación denegada presentado por los Dres. Marcos Denett y Gastón Navarro, abogados defensores de Pedro Armando Navarro, en Expte. Letra "N" Nº 116/09, caratulado: Navarro, Pedro Armando -Dres. José Alberto Furque y Angel Ricardo Granizo formulan oposición al decreto de determinación del hecho delictivo atribuido al imputado Navarro Pedro Armando en causa Expte. "N" Nº 205/09 de la Fiscalía de Instrucción Nº 5 c/ Auto Interlocutorio Nº 41/10, de fecha 13/05/10, emanado de la  Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-02-28

Aunque la condena en costas importa una resolución con fuerza de sentencia definitiva (Osvaldo A. Gozaíni, Ob cit. p.283), su imposición está excluida, en principio, del control del recurso de casación por ser materia privativa de los jueces de grado, salvo el caso de arbitrariedad, por ejemplo, por haberse alterado la condición de vencido (Sentencia Nº dieciséis, Expte. Corte Nº 11/06; Osvaldo A. Gozaíni, Ob cit. P.292).

Por ello, la vigencia del principio de la derrota en materia de costas impone que cualquier excepción a su aplicación sea expresa y fundada, y del silencio sobre el punto no cabe interpretar que la vencida fue eximida de las costas ni corresponde admitir -en la actualidad- que fueron impuestas por su orden ni a la vencida.

Así lo sostuvo el Máximo tribunal en los siguientes términos: "(.) 3°) Que si es nula la exención de costas sin fundamento, resulta contrario a la lógica interpretar que el silencio de la sentencia sobre ese punto implique su pago en el orden causado, pues entonces el mero silencio podría constituir una vía indirecta para evitar la nulidad derivada de deponer la exención sin causa explícita. (.)". (Fallos: 330:702); y "(.) no se estableció que el silencio en materia de costas deba interpretarse necesariamente como impuestas a la parte vencida, sino que la omisión determina la necesidad de expedirse al respecto estableciendo quién debe cargar con aquéllas" (Fallos: 333:354).
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Domínguez Paula Petrona c/ Acosta Claudio y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

El artículo 676 del Código Procesal Civil permite dirigir la acción de desalojo contra el tenedor precario, intruso o cualquier otro ocupante; es decir que no se da exclusivamente contra el inquilino, sino en forma extensa contra todo el que ilegal e indebidamente disponga de un bien inmueble sin invocar un título o derecho legítimo.
Falsedad de título, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CROSS & Co Inc.  HOUSTON    E.E.U.U. c/ CAP y/u otros Bq. "LAGO ALUMINE" s/ EJECUCION  COMERCIAL - CREDITO EMERGENTE DE AVITUALLAMIENTO DE BUQUES  - VIRTUALIDAD  EJECUTIVA - EXCEPCION DE FALSEDAD - CARGA DE LA PRUEBA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-26

Por haber alegado el ejecutado la falsedad de la firma asentada en el título, sobre cuya base se accionó con dicho efecto, es a él a quien corresponde cargar con la prueba de esa invocación habida cuenta la presunción legal que determina su ejecutabilidad.

Toda vez que de las probanzas producidas por ELMA S.A. no se acredita el extremo argüido -adviértase que la pericial caligráfica que resultaba el medio adecuado a ese fin no fue siquiera ofrecida- y ponderando que la iniciativa probatoria de la ejecutante tendiente a esclarecer el punto no desplaza la aplicación del principio de la carga de la prueba, la defensa articulada debe ser rechazada. Ello así porque si el hecho que se pretendía probar no se llegó a acreditar recaen sobre el ejecutado las consecuencias resultantes de su inactividad, desde que ella sustrajo al conocimiento del juzgador la prueba que le incumbía.
Libertad de prensa, gobierno nacional, funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Costa, Héctor Rubén c/  MCBA  y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

El standard de responsabilidad, más riguroso frente a los particulares que ante los funcionarios del gobierno o asuntos de interés general, responde en última instancia al fundamento republicano de la libertad de imprenta, ya que no basta que un gobierno dé cuenta al pueblo de sus actos; sólo por medio de la más amplia libertad de prensa puede conocerse la verdad e importancia de ellos y determinarse el mérito o responsabilidad de los poderes públicos y, en consecuencia, el retraimiento de la prensa en este ámbito causaría efectos más perniciosos que los excesos o abusos de la libertad de informar, incluso por la circulación anónima, clandestina o por la complicidad con irregularidades en la función pública.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de la ley, presupuesto nacional
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Giovagnoli, César Augusto c/ Caja  Nacional de Ahorro y Seguro s/ cobro de seguro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

Es formalmente admisible el recurso extraordinario si se encuentra en tela de juicio la inteligencia y aplicación de la ley 24.624 y la decisión ha sido contraria al derecho que la apelante fundó en ella.
Recurso de queja (procesal), declaración de rebeldía, gravamen irreparable
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ROSALES, Diego Oscar. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-05

El auto que decreta la rebeldía del imputado es apelable, habida cuenta que podría causar gravamen irreparable. Por ello, resulta procedente conceder el recurso de queja articulada por la defensa técnica del encartado (del voto del Dr. Gerome).

La declaración de rebeldía resulta susceptible de causar agravio irreparable a la defensa, debido a que el temperamento adoptado podría eventualmente hacer peligrar el régimen de libertad a la que se encuentra sometido el imputado (*) (del voto del Dr.

Barbarosch).
Municipalidad, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pedraja Larroza, Carlos A. y otros c/ Municipalidad de Presidente Perón s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-29

Si bien es cierto que el Secretario de Desarrollo Institucional de la Unidad Ejecutora de Administración y Ejecución de Financiamiento de Programas Sociales del Conurbano Bonaerense, según la ley 11.752 (art. 1 inc. "b"), es el "organismo de aplicación" de la ley 11.480, existen dos razones fundamentales para considerar que ese órgano carecía de atribuciones para decidir qué empleados de la Municipalidad de San Vicente serían asignados a la Municipalidad de Presidente Perón: en primer término que la competencia atribuida por la ley 11.480 en relación a este tema es específica, por lo que para considerar válidamente que la ley posterior se la atribuyó a otro órgano, debería ser igualmente específica y este caso no lo es y, en segundo lugar, porque la ley 11.752 fue publicada después de que el traspaso se resolviera. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Convenios colectivos de trabajo, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: I., J. C. c/ P. y C. S.A. s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-15

El encuadramiento respecto de un convenio colectivo de trabajo no debe hacerse en función solo de lo que resulta más beneficioso para el trabajador, puesto que de tal manera, en el extremo más absurdo y elocuente de su invalidez, resultaría extensible la vigencia del convenio que se individualice como más favorable a cualquier trabajador que lo invoque. En cambio, si corresponde atender, además de los parámetros convencionales y profesionales previstos en cada norma convencional, a la representación de quienes lo han suscripto y que vincula a sus beneficiarios en virtud de la personaría ejercida respecto de la actividad de la que se trate.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, proceso penal, falta de fundamentación, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: F., V. H. por tenencia de estupefacientes con fines de comercialiación c/  s/ queja por rec. de inconst. denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-05-13

Constituye un impedimento para la admisión de la queja presentada el hecho de carecer de debida fundamentación, por cuanto el impugnante se limita a manifestar que la sentencia resulta arbitraria al vulnerar garantías reconocidas constitucionalmente, reiterando en forma acrítica los argumentos esgrimidos en las instancias anteriores, sin explicar de qué manera su pretensión armoniza con la doctrina de la arbitrariedad que invoca y sin lograr conmover los fundamentos de la resolución denegatoria en torno a que su planteo no configura un caso constitucional.

Por lo demás, el argumento esgrimido por el quejoso, referido a la violación del derecho de defensa por la cantidad de fojas que empleó el tribunal para rechazar su planteo, no sólo resulta conjetural e infundado, sino que tampoco demuestra cómo un mayor número hubiera hecho variar la conclusión sustentada.
Recurso de casación, gravamen irreparable, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: López, Viviana y Silva, Laura Daniela s/ recurso de casación. Causa: 337
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-27

La parte no puede tener ningún interés en la corrección de un error jurídico si no conlleva al mismo tiempo un mejoramiento de la posición alcanzada en el proceso por la parte recurrente, por lo cual este recurso se torna inadmisible.
Suspensión del juicio a prueba, recursos
Materia: PENAL
Carátula: Zuñiga, Jorge Osvaldo s/ Lesiones leves agravadas por el vínculo s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-06-08

El momento oportuno para interponer la solicitud de suspensión del proceso a prueba por parte del imputado es el del art. 325 -citación a juicio- del Código Procesal Penal local. Introducida la petición en esta oportunidad la resolución que recaiga podrá procesalmente ser objeto de los recursos ordinarios que menciona el Código ritual, pues no se trata de materia propia del recurso extraordinario de casación.

Criterio similar a éste se plasmó en el proyecto de ley que propicia la modificación del Código Procesal Penal Nacional, que cuenta ya con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que fija el tiempo en la oportunidad del art. 349 del rito nacional (equivalente a nuestro art. 320). (En disidencia: Dr. García Osella).
Responsabilidad extracontractual del Estado, daños y perjuicios, personal policial
Materia: PROCESAL
Carátula: CH., G. D. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ODINARIO s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-09-08

Si los agentes están obligados a actuar en cualquier momento a fin de prevenir la comisión de delitos y, en su consecuencia, a portar el arma, resulta lógico admitir que los perjuicios que de ello deriven sean soportados por la comunidad y no sólo por los damnificados.

Si la protección pública genera riesgos, lo más justo es que esos riesgos ?máxime ante situaciones como las del sub examine-sean soportados por quienes se benefician con ella.? (Fallos 317:1006 y SCJBA LL 1986-E-417, JA 1987-I-596; LL 1988-B-611). (Mayoría: Dr. Apcarian, Dra. Piccinini, Dra. Filipuzzi)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BARRIO CARLOS; PINTO ROBERTO Y OTRO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-06-13

Para diferenciar al titular de la relación jurídica respecto de la calidad de tercero es acertado hablar de dos conceptos: "interés jurídico relevante" (del tercero), y "relación procesal afectante". Debemos contentarnos pues, con el concepto de que el tercero es el sujeto procesal eventual cuyo acceso al proceso le facilita la ley, siempre y cuando posea un "interés jurídico relevante"; variando las atribuciones concedidas en función de la medida del interés. O, si se prefiere, tercero es el sujeto procesal eventual no necesario para la prestación de la actividad jurisdiccional pendiente en la medida que, sin ser parte, tiene la chance de participar en una relación procesal pendiente en la medida del interés jurídico que ostente y a través del instituto técnicamente denominado intervención de terceros. Consecuentemente, puede inferirse que la parte, sería quien ostenta una relación procesal afectante, es decir identificada con parte pretensora o potencialmente habilitada para concretar en la pretensión su derecho abstracto de acción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romano de Pinto Filomena c/ Gualla, Mirta Anielka s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

Con prescindencia de cuál sea el contrato celebrado entre el profesional y su cliente, al que se puede denominar genéricamente "contrato de prestación de servicios profesionales", lo real y concreto es que si existe un contrato que relaciona al dañador y al damnificado, y si el perjuicio se produjo como consecuencia de la inejecución de tal contrato y no por otras circunstancias ajenas al mismo, la responsabilidad del abogado habrá de ser, necesariamente, contractual. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Lesiones graves, recurso extraordinario federal, insuficiencia del agravio, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Espinosa, Diego Sebastián s/ Recurso Extraordinario deducido en Expte. Corte Nº 72/10 caratulado "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas en contra del Auto Interlocutorio Nº 28/10 en relación con el Expte. "E" 030/10 "Espinosa, Diego Sebastián"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-04-15

La Cámara Penal, mediante Auto Interlocutorio, no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada por el defensor del imputado, al que se le atribuye la supuesta comisión del delito de Lesiones Graves.

En contra de esa resolución, el asistente técnico había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el defensor interpone el presente remedio federal.

El recurrente insiste en reclamar la aplicación al caso del criterio de la Corte (Suprema, entiendo) expuesto en la causa "Acosta", pero no se hace cargo de la respuesta que le dio el Tribunal y, de tal modo, sigue sin demostrar la vinculación de ese precedente con esta causa, considerando que en ésta, a diferencia de lo resuelto en "Acosta", la decisión no se sustenta en la escala penal prevista para el delito sino en el pronóstico fundado sobre la ejecución efectiva de la condena, por la gravedad del hecho de que se trata, con arreglo a los parámetros considerados en la sentencia.

Tampoco son desvirtuados en el recurso los múltiples fundamentos de la sentencia por los que el Tribunal consideró irrazonable el alcance que el recurrente le asigna a la mencionada doctrina de la Corte, pretendiendo que siempre que la escala lo permita, la suspensión del juicio a prueba debe concederse.

De ese modo, no suministra razones de entidad que justifiquen la intervención de la Corte, que no está llamada a superar las discrepancias de las partes con las resoluciones de los jueces sino a garantizar la supremacía constitucional cuyo compromiso en el caso el recurrente no demuestra, y a cuyo fin resultan inidóneos los argumentos que expone, referidos a la preponderancia de la interpretación sistemática de la ley sobre su interpretación gramatical, y a los principios que invoca, que omite conectar adecuadamente con el caso, con lo que no pone de manifiesto la contradicción de la sentencia con los conceptos que enuncia.

Por todo ello, corresponde no conceder el recurso extraordinario interpuesto.
Hecho imponible, contrato de publicidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

Publicidad es la calidad o estado público de algo y, por extensión, es el conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos, razón por la cual, la configuración del hecho imponible a los fines de las normas municipales que la gravan -en el caso art. 121 de la Ordenanza Fiscal para 1986 del Municipio de General Pueyrredón- se produce divulgando -como en el caso- que el comercio en el que se exhibe el logotipo "cheque Galicia" realiza este tipo de operación para atraer clientes que, por ese medio, son inducidos a contratar con el Banco accionante obteniendo el cheque o a usar ese instrumento en ese negocio si ya lo tiene.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: GARNICA BERNARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-02-17

El riesgo de la cosa que se refiere el art. 1.113 del Código Civil, no puede escindirse de las circunstancias en que se halla la cosa al producirse el daño, ya que un objeto en condiciones normales no implica riesgo razonable y puede convertirse en peligrosa por la forma en que es utilizada o por la posición en que está colocada, condiciones capaces de tornarla en instrumento de daño.
Hábeas corpus, detención
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ADOLFO LUIS ROFRIGUEZ s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

El hábeas corpus instituído por el art. 3, inc. 2 de la ley 23.098 para el caso de agravamiento de las condiciones de la privación de la libertad, ha sido previsto para evitar modificaciones que excedan las precauciones por la seguridad.