Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-04-10


Reg.: A y S t 281 p 454/458. Santa Fe, 10 de abril del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado contra el acuerdo 310 de fecha 23 de noviembre de 2015, dictado por la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, en autos "BANCO SANTANDER RIO S.A. contra GONZALEZ VALENTINI, SEBASTIAN - EJECUTIVO - (EXPTE. 44/15 - CUIJ 21-01638462-0)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511536-9); y, CONSIDERANDO: 1. Mediante acuerdo 310 del 23 de noviembre de 2015 (fs. 31/41), en lo que aquí interesa, la Sala Primera integrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario declaró procedente el recurso de apelación interpuesto por la actora y revocó la sentencia dictada por la Jueza de baja instancia -quien, a su turno, había hecho lugar a la excepción de inhabilidad de título, rechazando la demanda ejecutiva del saldo deudor en cuenta corriente bancaria por contener débitos correspondientes a deudas de tarjetas de crédito-; en su lugar, ordenó llevar adelante la ejecución contra el demandado hasta tanto la accionante se hiciera íntegro cobro de la suma reclamada más los respectivos intereses. Contra tal pronunciamiento interpone el accionado recurso de inconstitucionalidad (fs. 43/50). Tras efectuar su relato de los antecedentes de la causa, sostiene que el fallo es arbitrario y que afecta sus derechos constitucionales de defensa en juicio, debido proceso y propiedad, por haber sido dictado con prescindencia de las probanzas de autos, al no haberse considerado que la demanda estaba basada en un documento carente de fuerza ejecutiva, omitiendo los sentenciantes valorar los reparos formulados en tal sentido. Al respecto expresa que el decisorio le produce un menoscabo patrimonial de magnitud, en beneficio de quien no detenta un título válido para avanzar sobre su propiedad. A su vez, afirma que la sentencia importa una clara afectación a su derecho de defensa y al debido proceso, al resultar privado de una sentencia adecuadamente fundada que sea el producto de una relación razonada entre el derecho vigente y la valoración de las pruebas. Sostiene que la conclusión de los Sentenciantes, en el sentido de que el excepcionante no había aportado elemento alguno que demostrara que la cuenta corriente bancaria hubiese sido abierta exclusivamente para debitar las deudas derivadas del uso de tarjetas de crédito, resulta totalmente contrario a las constancias de autos; agrega que el certificado de saldo deudor acompañado por la actora no reúne los requisitos exigidos por la ley para tener virtualidad ejecutiva. Postula que en autos habría quedado demostrado cómo se conformó el saldo de fecha 06.05.2011 y por $433.469,81 consignado en el certificado respectivo, cuando, días atrás, la deuda en la cuenta ascendía a solo $8.244,77; aduce que tal incremento debió obedecer a un error numérico pues el mismo habría sido imposible de generarse, aparte de no existir constancia alguna de que las tarjetas hubiesen sido utilizadas en dicho lapso, pese a haberse propuesto como prueba que la actora exhibiera los cupones y demás documentación en su poder; sostiene que ello demostraría que las tarjetas de crédito no operaban constantemente vinculadas a la cuenta corriente sino que las deudas resultantes de las mismas recién habrían sido debitadas previo al cierre y confección del certificado de saldo deudor, a fin de procurar su ejecutoriedad en violación a una ley de orden público (ley 25065). Añade que, de la compulsa entre la fecha de la última operación registrada en el resumen de cuenta y la de presentación de la demanda surgiría que no se habrían respetado los tiempos legales de recepción e impugnación del resumen; y recuerda que en la relación contractual entre banco y cliente, este último es la parte débil. 2. Por resolución del 23 de agosto de 2017 (fs. 57/60), la Sala denegó la concesión del remedio extraordinario interpuesto, por entender que la resolución cuestionada no constituía sentencia definitiva o equiparable, aparte de señalar que el recurrente tampoco había articulado una hipótesis que en abstracto pudiera encasillarse como un "tipo" doctrinario-jurisprudencial de arbitrariedad ni demostrado, por ende, una liminar conexión de la cuestión constitucional invocada con las constancias de la causa o su incidencia sobre el resultado impugnado. Tal denegación motiva la presentación directa del interesado ante esta Corte (fs. 1/12). 3. Ante todo corresponde señalar que es criterio inveterado de este Cuerpo y también de la Corte Suprema de Justicia nacional que si bien las decisiones recaídas en los juicios ejecutivos no son, en principio, susceptibles del recurso extraordinario al no revestir el carácter de sentencias definitivas -dada la posibilidad de revisión posterior por la vía ordinaria-, habrá de otorgárseles tal efecto en cuanto en tales procesos se hubieran ventilado cuestiones procesales relativas al juicio ejecutivo o cualquier otra excepción o defensa que se hubiera deducido, sustanciado y decidido sin limitación de prueba, cuya discusión no podrá ser renovada en el juicio declarativo posterior (arg. art. 483 C.P.C.C.; A. y S., T. 95, pág. 132; T. 114, pág. 23; T. 212, pág. 125; entre otros). Y precisamente ello es lo acontecido en la especie, por lo cual corresponde tener por superado el recaudo formal aludido. Sin embargo, en una aproximación a lo sustancial propia de este estadio puede advertirse que si bien en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad se afirma la existencia de arbitrariedad y afectación de garantías fundamentales, lo cierto es que de la liminar confrontación de tales cuestionamientos con el decisorio atacado no surge la formulación de planteos de jerarquía constitucional que habiliten la apertura de esta vía de excepción. En efecto, de la lectura del fallo impugnado se desprende que la Alzada expuso que el certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria es título ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 793 del Código de Comercio; que, con arreglo a lo anterior, el título en que se fundaba la ejecución reunía los requisitos legales para proceder ejecutivamente; y que en los juicios ejecutivos pesa sobre el ejecutado la carga de la prueba de sus excepciones, las que deben referir a lo puramente externo sin ser posible incursionar en aspectos causales tales como los relativos a la composición de la deuda. Indicó el A quo, asimismo, que para ejecutar el certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, el banco no está obligado a recabar la conformidad previa del cliente con el resultado ni debe comunicarle previamente el cierre, teniendo el cuentacorrentista la posibilidad de intentar las acciones de revisión y rectificación de la cuenta; y que, por tanto, en autos estaba vedado indagar sobre los rubros componentes del saldo que se intentaba ejecutar, a la vez que las argumentaciones de índole causal relativas a las circunstancias que habrían dado lugar a la conformación del saldo resultaban ajenas al ámbito de conocimiento del proceso ejecutivo. Señaló que, de todos modos, el citado artículo 793 habilita a conformar el saldo, además de los rubros generados por el libramiento de cheques, con débitos correspondientes a otras relaciones jurídicas entre el cliente y el banco, mediando convención expresa; y que en principio tal habilitación abarca a las operaciones originadas en el uso de tarjetas de crédito, salvo las puntuales excepciones previstas en la ley especial. Así, precisó que el artículo 14 inciso h) de la ley 25065 solo prohíbe que en el contrato de tarjeta de crédito se le asigne fuerza ejecutiva al resumen de cuenta y, a su vez, el artículo 42 de la misma ley veda el cobro ejecutivo directo de los saldos por tarjetas de créditos existentes en cuentas corrientes abiertas "a ese fin exclusivo", previéndose para esos supuestos la posibilidad de preparar la vía ejecutiva (art. 39) o bien el ejercicio de una acción ordinaria (arg. art. 41). Concluyó que, debiendo considerarse permitidas aquellas situaciones que no estén expresamente prohibidas por la ley (art. 19, C.N.), resultaba contraria a derecho la interpretación extensiva de las prohibiciones de la Ley de Tarjetas de Crédito en que se había asentado la sentencia de baja instancia. Ello porque, en el caso, se hallaba suficientemente demostrado que el saldo deudor estaba integrado por deudas originadas en el uso de tarjetas de crédito y, además, por otras obligaciones a cargo del titular de la cuenta corriente; de manera que resultaba decisivo el hecho de que no se hallaba demostrado que la cuenta corriente de marras hubiese sido abierta exclusivamente para debitar las deudas motivadas en el uso de las tarjetas de crédito sino que, por el contrario, de las constancias de la causa surgía que la cuenta había sido utilizada para operaciones de diversa naturaleza. Echa de verse, pues, que las cuestiones juzgadas han sido resueltas por el A quo con fundamentos fácticos y jurídicos suficientes, conformando un decisorio que no aparece "prima facie" disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida. Frente a ello el compareciente -bajo las tachas de prescindencia de las probanzas de autos, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones planteadas, carencia de fundamentación adecuada- se limita a exponer afirmaciones en contrario, empeñándose en imponer su particular postura en cuanto a la solución que considera acertada, en base a su propia interpretación de los hechos y el derecho del caso. Mas con tales argumentos no persuade que las consideraciones y conclusiones vertidas por la Alzada puedan ser descalificadas en el plano constitucional, ni que su particular apreciación de la causa deba necesariamente imponerse en la especie, al no lograr demostrar, siquiera en un grado mínimo y provisional, que las causales de descalificación invocadas guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso, apareciendo así los planteos recursivos como una mera manifestación de disconformidad del impugnante con el criterio expuesto por el A quo -en ejercicio de funciones propias- en la valoración e interpretación de las cuestiones fácticas y jurídicas del caso, lo que no depara cuestión constitucional en los términos del artículo 1 de la ley 7055. Cabe acotar, a todo evento, que el intento del impugnante de subsanar las deficiencias apuntadas por medio del escrito del remedio directo no alcanza a lograr su cometido, aparte de resultar tardío toda vez que -conforme lo ha sostenido reiteradamente este Cuerpo- la presentación de la queja no es el medio idóneo para mejorar el ineficaz planteo inicial o introducir argumentos no invocados por el recurrente en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad (A. y S. T. 97, pág. 156; T. 128, pág. 382, entre otros). En suma, no se vislumbra en el "sub lite" la existencia de una cuestión constitucional aprehensible que habilite el franqueamiento de la instancia excepcional ante esta Corte. Ello en razón de que no son suficientes las meras afirmaciones acerca de la existencia de arbitrariedad o afectación de garantías fundamentales, sino que es necesaria la liminar demostración de su conexión con las constancias de la causa y de su incidencia sobre el pronunciamiento que se impugna, lo que -como se vio- no ocurre en la especie. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055). Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario -Sala Primera integrada-. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 17 de Rosario.