marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Facultades de la alzada, monto de la pena
Materia: PROCESAL
Carátula: JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ s/ AMENAZAS  Y ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD  EXPTE. N. 5570-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1988-03-23

Con respecto a la presunta nulidad alegada como vicio sentencial descalificante, cabe señalar que la cámara válidamente pudo subsanar en la instancia el monto menor al mínimo legal impuesto por el Juez de Grado, por cuanto la vía quedó expedita al quedar abierta la instancia y mediando recurso fiscal que autoriza superar la pena en la Alzada sin caer en "reformatio in pejus" en cuanto a la elevación de la misma se refiere.
Competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Gramajo, E. A. s/ Cuestión de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-08-30

La intervención de la Corte en la resolución de conflictos de competencia presupone la existencia de una causa penal, entendida como la tramitación judicial subsecuente al debido requerimiento que la habilite, ello en virtud de la vigencia del principio, ne procedat iudex ex officio, que define a la jurisdicción penal como actividad secundaria a la previa instancia de un órgano externo a ella. Por tal razón la contienda resulta mal planteada cuando la discusión se refiere a un hecho respecto del cual se ha producido la desestimación de la promoción de acción, de acuerdo al artículo 191 del Código Procesal Penal, y tal resolución ha quedado firme.
Boleto de compraventa, escrituración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HEREDIA VDA. DE ACOSTA ALICIA A. c/ HECTOR ATILIO MAZUQUI s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-03-06

Si uno de los cónyuges dispone - o grava - un bien de los que requiere el consentimiento del otro para ese acto (art. 1257 C.C.), éste se encuentra viciado de nulidad, pero esta nulidad es relativa y no absoluta, porque en el fallo no está interesado el orden público, sino en todo caso el patrimonio del otro cónyuge o el hogar familiar. Al respecto, la doctrina se ha decidido en distintas teorías: la de que la omisión del asentimiento no invalida el acto, pero lo hace inoponible al cónyuge que no prestó su conformidad; la que afirma que se trata de un acto nulo, de nulidad relativa por violación de una incapacidad para contratar; y la que sostiene que se trata de un acto anulable, de nulidad relativa. Pero cualquiera sea la posición doctrinaria que se adopte, nunca la falta de asentimiento del cónyuge importa nulidad absoluta, puesto que puede ser conformado a posterioridad por el mismo, o ser suplido por autorización judicial (así lo dispone el mismo art. 1277 del C.C.).

La nulidad relativa sólo puede ser declarada a petición de parte interesada, o sea, aquella en cuyo beneficio ha sido establecida la nulidad (art. 1048 del C.C.).

El esposo accionado carece de derecho para pedir la anulación del boleto de compra venta pero la mera falta u omisión del asentimiento no hace a la obligación contenida en el boleto de imposible cumplimiento, ni impide por tanto condenar a escriturar, ya que bien puede la esposa ser citada ha prestarlo, y en caso de negativa resolver el Juez. No puede aducir el demandado, quien tiene en principio el derecho de disponer y administrar el bien de que se trata según el art. 1276 C.C. que existe esa imposibilidad, menos si no prueba que medió negativa de la esposa, y que realizó todas las gestiones - incluso judiciales - para recavar el asentimiento, que no puede negarse "porque sí" (art. 1277 C.C.).
Disolución de la sociedad conyugal, condominio, deudas impositivas
Materia: CIVIL
Carátula: B.V.J. Y L. DE B.M.R. s/ DIVORCIO 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-23

Si en el convenio de disolución de la sociedad conyugal, las partes se asignaron el 50% de un inmueble y sus unidades complementarias, respectivamente, no habiéndose determinado algo distinto resultan de aplicación las prescripciones legales que rigen las obligaciones de los comuneros frente a las cargas que pesan sobre la cosa común (conf. CNCiv. Sala G, E.D.90-282). Cada condómino está obligado a soportar las cargas de conformidad con lo dispuesto por el art.2689 del Código Civil que, aunque se refiere a las reales y en especial a la hipoteca lo es de forma meramente ejemplificativa, resulta aplicable a las expensas comunes, impuestos, tasas y contribuciones (conf. Peña Guzmán, "Derecho Civil Derechos Reales" II-1126), por lo tanto cada cónyuge debe cumplir con el pago del cincuenta por ciento de dichas cargas.
Contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: CASTILLO NELSO GASPAR c/ ALEJANDRO LLAURO E HIJOS S.A.I.C. Y OTRO s/ DECLARACION DE RELACION LABORAL Y COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-08-29

Con abstracción del nombre que la demandada quiso imponerle a su relación con el actor, sobre la base de las presunciones y de la prueba habida en la causa, con la conformación jurídica de la figura del mandato con representación, resulta imperativo concluir que las sociedades que conformara el actor -primero con su esposa y luego con su hija- se constituyeron al único efecto de encubrir una relación de trabajo bajo la apariencia de un contrato comercial y que, entre actor y demandado, rigió verdadero contrato de trabajo, en los términos del art. 21 L.C.T. y regido por las disposiciones de la ley 14.546
Daños y perjuicios, delitos contra el honor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gallese, Juan C. c/ Aguas Argentinas S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-30

Al juzgar la responsabilidad de quien ha denunciado la comisión de un delito de acción pública, debe tenerse presente que, frente al interés de quien predica que su honor ha resultado lesionado por el carácter calumnioso de esa denuncia, existe el interés de la sociedad en que se investiguen y repriman los delitos. Ambos valores son dignos de tutela. Así, no pueden quedar el honor y la fama a merced de quien intencional o ligeramente denuncia como existente un delito y lo imputa en forma directa o velada a una persona, ante la autoridad competente. Igualmente disvalioso resultaría que el temor de quedar expuesto a un proceso penal o a una acción civil por daños, disuadiera a quien tiene conocimiento o es víctima de la comisión de un delito, de llevarlo a los estrados de la justicia o de la autoridad encargada de investigarlo. Máxime si existe un deber que impone la necesidad de la denuncia, por razones funcionales o de servicio público o privado (art. 1071, Cód. Civil).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Julio Evaristo s/ Robo calificado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Es insuficiente el agravio del recurrente en el que se alega la inhabilidad del testigo, sin intentar enunciar las concretas circunstancias que afectarían la capacidad, probidad, conocimiento del hecho sobre el que depone e imparcialidad del respectivo testigo, ni formula la cita legal correspondiente.
Concejo deliberante, suspensión de concejal, suspensión preventiva, quórum
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RAMOS, Stella Marys Concejal de la Municipalidad de Valle Viejo) c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Valle Viejo s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-03-29

La suspensión de la actora- concejal- por resolución del Concejo Deliberante, no constituye una sanción per-se, por lo que no puede identificarse con la exclusión lisa y llana prevista por el Art. 48 de la COM, más allá de que la suspensión encuentre andamiento en el interior del procedimiento establecido por dicha norma, por lo que parece lógico que la suspensión preventiva y por plazo determinado, que en la causa se cuestiona, exija una mayoría menor a los dos tercios.

Con la firme convicción de que el Régimen Republicano requiere del control de los actos de gobierno, y mucho más aún ante la posibilidad de comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado, considero que no se puede frustrar, so pretexto de tecnicismos legales o por excesivo rigor formal, el ejercicio de las facultades de la Administración para investigar la potencial comisión de tales hechos en su propio seno. Por todo ello sostengo que los procedimientos cuestionados en autos para la suspensión de la Concejal ocurrente muestran la regularidad suficiente como para postular de ellos su legalidad, por lo que considero que la acción intentada debe rechazarse, con costas.

Del voto de la Dra. Sesto de Leiva- En Disidencia.
Dispensa de la prescripción, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: LABORAL
Carátula: TROIANI, PEDRO NORBERTO c/ FORD MOTOR ARGENTINA SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-24

No es equitativo asimilar la dispensa de prescripción a los conceptos de caso fortuito o fuerza mayor. Para que alguien se libere de llevar a cabo o de abstenerse de una conducta a la que está obligado (y por lo tanto sujeto a posible responsabilidad) se necesita una causal de excusación más fuerte que la que puede justificar la dispensa del artículo 3980 del Código Civil. De lo contrario, esta norma se habría remitido a los artículos 513 y 514.

Se trata de situaciones distintas que deben ser tratadas diferentemente.
Inadmisibilidad del recurso, trata de personas, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: C E S y Peralta José Francisco c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-15

Es inadmisible el RE interpuesto contra el pronunciamiento que rechazó el recurso de casación contra la condena por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, ya que la sustancia del planteo en que se funda no implica el debate de una cuestión federal y no se han demostrado defectos graves en la decisión recurrida para que prospere la impugnación con respaldo en la doctrina de la arbitrariedad. (Dres. Gemignani, Hornos, Borinsky).
Movilidad del haber jubilatorio, prestación básica universal, beneficios previsionales, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cruz, Oscar Tadeo c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-05

La Prestación Básica Universal (PBU) ha sido considerada como un beneficio al que tiene derecho todo afiliado al S.I.J.P., con independencia de los aportes y de la mayor o menor proporcionalidad que éstos puedan tener con el haber de esta prestación. Las únicas condiciones para su percepción son alcanzar la edad requerida y tener 30 años de aportes. El ajuste de esta prestación y su consiguiente incidencia en la determinación del haber inicial queda determinada por el legislador y organismo de aplicación, por lo que no puede prosperar la pretensión orientada a obtener una pauta de ajuste para la determinación de su valor, similar a la que se prevé para el cálculo de la PC y la PAP.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ferreyra, Osvaldo Abel c/ Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-11

El art. 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos en que la Corte ejercerá su competencia originaria y exclusiva, la cual, por su raigambre, es insusceptible de extenderse a otros casos no previstos. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, depósito en sede administrativa, deducción de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: PATRON, ABEL c/ CASA DE BUENOS AIRES  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-22

Si bien el trabajador nada pierde con la percepción de un pago insuficiente o parcial, tampoco está obligado a aceptarlo, art. 742 del C.Civil y 260 LCT. Sin embargo debe deducirse la liquidación depositada por la demandada en sede administrativa, si el actor se negó a percibirla para obtener una diferencia mínima que de todos modos hubiera conseguido iniciando demanda. Esta solución tiene en cuenta que el ejercicio de un derecho propio del acreedor, sin un interés serio, torna más gravoso para el deudor el cumplimiento de su obligación y constituye, sin duda, un supuesto de ejercicio abusivo que no merece el amparo de la ley, art. 1071 del C.Civil.
Cuenta corriente bancaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO AGRARIO COM. E IND. c/ METALCO S.A. s/ Ejecución (LIBRO: S109 - 039)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-02-24

Excepción de inhabilidad de título. Si es condición para que el título sea hábil en orden a aparejar ejecución, la clausura de la cuenta corriente bancaria, y si puede fundarse la excepción de inhabilidad de título en que no se ha operado el cierre de la cuenta, la excepción de marras debe ser rechazada si dicha circunstancia no ha sido debidamente probada.-
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, recurso de apelación (procesal), efecto devolutivo, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SERRA, ELIZABET ALICIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-04

El recurso de inconstitucionalidad resulta procedente, desde que el pronunciamiento de la Alzada -al declarar la sustracción de materia por entender que el cumplimiento de la sentencia de primera instancia importaba la pérdida de interés por parte de la demandada y el acatamiento del pronunciamiento recurrido- no resulta ser una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa; en tanto la Sala incurrió en arbitrariedad al dejar de lado el derecho que rige el caso sin dar razón valedera; pues de la propia normativa aplicable surge evidente el efecto devolutivo con el cual el recurso de apelación interpuesto por la Provincia -perdidosa en primera instancia- fue concedido, de lo que se desprende la validez y efectividad -provisorias- de lo resuelto por el Juez a quo, por lo que no correspondía derivar la conclusión apuntada del análisis de la causa, ya que del inicio del proceso y durante todo su desarrollo se comprueba la existencia y mantenimiento del conflicto entre las partes, que subsistió y permaneció aún en el momento de dar provisoria satisfacción a la sentencia recurrida (Del voto del Dr. Netri, al que adhirieron los Dres. Gastaldi y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10456, artículo 10. - Jurisprudencia Concordante con Berrocal, AyS T 262, p 191/197.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, indicación de la causa, certificado de deuda, fisco nacional
Materia: COMERCIAL
Carátula: SPROAT, ROQUE s/ QUIEBRA S/ INC. REVISION POR AFIP.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-16

Del Dictamen Fiscal 97559:

Si bien la legislación no ha especificado los elementos esenciales que deben contener los certificados de deuda emitidos por el fisco nacional, tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en sostener que ellos son: lugar, fecha, firma del funcionario competente, indicación concreta del deudor, importe y concepto del documento.
Nulidad del acto administrativo, resolución administrativa, Comisión Nacional de Valores, reunión de directorio, recurso extraordinario, denegatoria del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Nacional de Valores c/ Papel Prensa S.A. s/ verificación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-26

Los recursos extraordinarios deducidos contra la sentencia que declaró la nulidad de la resolución 16.222 dictada por la Comisión Nacional de Valores, mediante la cual se declaró la irregularidad e ineficacia, a los efectos administrativos, de las reuniones del directorio de la demandada, fueron incorrectamente denegados, pues tal decisión genera un agravio definitivo al restringir las atribuciones legales y reglamentarias de la CNV en su carácter de órgano de control del mercado bursátil, y aun cuando la nulidad decretada por el a quo no ingresa en el fondo del asunto -regularidad o irregularidad de las reuniones de directorio- dejando abierta la posibilidad para que la cuestión pueda ser reeditada por la CNV, tal decisión implicó un desconocimiento definitivo de la facultad reconocida en el art. 6°, inc. h, de la ley 17.811 de declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos los actos sometidos a su fiscalización.

-Disidencia de los jueces Elena I. Highton de Nolasco y E. Raúl Zaffaroni-.

(Ver también causas C.1073.46; C.1051.46; C.1052.46, sentencias de la fecha, expedientes vinculados)
Actos y diligencias procesales, plazo, ampliación del plazo, ampliación del plazo en razón de la distancia
Materia: PROCESAL
Carátula: NUEVO BANCO INDUSTRIAL DE AZUL SA c/ PAEZ, JULIO CESAR s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-22

Toda vez que la ampliación prevista en el cpr: 158 es automática, en tanto indica que los plazos quedan ampliados por la sola distancia, no es necesaria una disposición específica al efecto, por lo que el error incurrido en la providencia al respecto, no puede prevalecer sobre el derecho ejercitado regularmente por el emplazado, toda vez que su presentación tuvo lugar dentro del plazo que hubiera correspondido de acuerdo con lo establecido por la citada norma.
Juicio ejecutivo, obligaciones en moneda extranjera, cláusula dólar
Materia: PROCESAL
Carátula: BRAZAUSKAS DE FRANGI, JORGE J. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-06

En lo relativo a ejecución de obligaciones donde se ha establecido una cláusula de actualización tomando en consideración el valor de cambio de una moneda extranjera, la deuda ya no se reconoce por su monto y por ende es necesario recurrir a los recaudos expresamente previstos en la ley 21.309, entre ellos el art. 4.
Sumario administrativo, defensa en juicio, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castelli, Graciela Miriam c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 67 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-26

No cabe admitir el planteo de nulidad de lo actuado a partir del informe de la instrucción postulado por la recurrente fundado en las deficiencias de dicho informe y consecuente violación del derecho de defensa .Y es que, si bien es cierto que conforme al artículo 71 de la ley 8525 corresponde al instructor, al redactar sus conclusiones, efectuar "el encuadramiento normativo de los hechos con cita de las disposiciones aplicables", también lo es que surge del artículo siguiente que tal aspecto compete en definitiva al órgano consultivo llamado a dictaminar luego de formulada la defensa.
Pensiones, concubinato, estado de necesidad, ley previsional, interpretación amplia
Materia: CIVIL. ADMINISTRATIVO
Carátula: SUAREZ, ELIDA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 194-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-10-08

Corresponde acordar la pensión a la actora, conviviente a la muerte del causante -viudo de sus primeras nupcias al ocurrir el deceso- por el lapso exigido por la ley, pues si el recurso se desestimara en razón de la falta de un precepto explícito que contemple el caso del causante viudo, el riesgo que se pretende cubrir con el régimen previsional resultaría desatendido, con la paradójica consecuencia de que quedaría abandonada a su suerte y a la caridad quien, por lo menos, tiene una situación equiparable a la conviviente de un causante soltero, prevista en la norma (Decreto Ordenanza N° 3844/77, artículo 34), habida cuenta que la Municipalidad demandada no desconoció el concubinato y que -no cabe duda- la ordenanza mencionada ha querido que se supla la ayuda económica que desaparece al morir el afiliado.
Caducidad de instancia, demora en la elevación de los autos, responsabilidad del personal judicial, oficial primero
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: DER BOGHOSSIAN, PABLO Y OTRO c/ B.C.R.A. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28

La obligación del oficial 1ero. de elevar las actuaciones en virtud de lo dispuesto por el art. 251 C.P.C.C.N. , sólo puede serle exigida cuando en los autos no se desarrollen, luego de la concesión del recurso, tramitaciones que le impidan concretarla. Por lo que el supuesto contemplado en el art. 313, inc. 3 C.P.C.C.N.

sólo se configura cuando la falta de elevación obedezca en forma exclusiva a la omisión por su parte de trámites que le son propios.
Acción de amparo, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Murgan, Víctor Ramón c/ COTRAPRETEL Ltda. s/ Acción de amparo (acum. "Maya, Héctor c/Cotrapretel Ltda. Nº 16918)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-09-07

Tal abstracción obsta a un pronunciamiento judicial específico, ya que éste no puede convertirse en una mera exposición teórica, consultiva o académica respecto a los temas arrimados por las partes. Resulta aplicable la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual no corresponde emitir pronunciamiento respecto a los temas propuestos si las circunstancias sobrevinientes al planteo impugnativo han tornado inoficiosa su consideración por el órgano de Alzada, debiendo declararse abstractas las pretensiones partiales.
Liquidación, índices de actualización, depreciación monetaria, Derecho laboral, indemnización
Materia: PROCESAL CIVIL - LABORAL
Carátula: LANATI, ENZO Y OTROS c/ SULFACID SA s/ DEMANDA LABORAL.   QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSOTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 640-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-05-23

El agravio vinculado a la mecánica de adecuación de índices, es una cuestión propia de las instancias ordinarias, en tanto sea resuelta con suficiente fundamentación, no aparezca irrazonable y no contraríe decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resguardan el crédito del acreedor. En tal sentido el más Alto Cuerpo ha dicho que su ponderación no debe traducirse "en un evidente menoscabo de la integridad del crédito del acreedor con desmedro del derecho de propiedad garantizado por el artículo 17 de la Constitución Nacional" (García, José Osvaldo y otros contra Aerolíneas Argentinas 17-03-87).

En el caso, la discusión concreta refiere a la selección del índice a tomar como divisor para obtener el coeficiente indexatorio, de un crédito laboral lo cual no está expresamente previsto en la norma y dio lugar a opiniones encontradas dentro del mismo seno del órgano jurisdiccional.
Procedencia del recurso, juicio abreviado, resoluciones equiparables a definitiva, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: Heredia Feliz, Kendy Reinoso c/  s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-16

Corresponde hacer lugar al recurso de queja deducido, y conceder el recurso de casación deducido por la defensa contra la resolución que rechazó el juicio abreviado propuesto por las partes, puesto que la resolución recurrida resulta equiparable a definitiva, las cuestiones invocadas por la parte pueden constituir alguna de las causales previstas en el art. 456 CPPN, y además existe cuestión federal suficiente que habilita la intervención de la CFCP en carácter de tribunal intermedio.