Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de julio de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en el recurso de apelación interpuesto a fs. 723, contra la sentencia de fs. 710/713, dictada en los autos "Mazza, Guillermo José Osvaldo y otros c/G.C.B.A. s/cobro de pesos", exp. 977/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente, resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Horacio G. Corti, Dr. Esteban Centanaro y Dr. Carlos F. Balbín, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la sentencia apelada? A la cuestión planteada, el Dr. Horacio G. Corti dijo: I. Los actores iniciaron demanda contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cobro de pesos $ 85.428 en concepto de indemnización por: despido arbitrario, diferencias salariales, vacaciones, SAC, preaviso, horas extras impagas y gratificaciones (fs. 45/53 vta.). Señalaron que en diciembre de 1983 la entonces Municipalidad de Buenos Aires asumió la administración directa del parque de diversiones "Interama" y lo denominó "Parque de la Ciudad de Buenos Aires" (en adelante el Parque). La administración directa tenía carácter excepcional y buscaba asegurar la continuidad del Parque y evitar perjuicios a los empleados hasta que se procediera a una licitación que permitiera a la empresa adjudicataria tener a cargo la explotación. También expresaron que la entonces municipalidad se comprometió a mantener las condiciones laborales del personal, celebrando contratos te mporarios de empleo público por un plazo de 6 meses (fs. 45 vta./46). En ese contexto, se vincularon laboralmente con la demandada a través de dos contratos temporarios de 6 meses pero la relación laboral perduró hasta el 23 de febrero de 1995, fecha en que se les notificó -vía telegrama- la cesación en la prestación de servicios (fs. 46 vta.). Ante ello, intimaron a que se aclare su situación laboral y como no obtuvieron respuesta interpusieron la acción en busca del cobro de dinero que en concepto de indemnización, a mi juicio, les corresponde (fs. 47/47 vta.). El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó al Gobierno a pagar una indemnización con intereses desde el mes en que se devengaron y hasta la fecha del efectivo pago (fs. 713). Así decidió por entender que si bien los actores fueron contratados temporalmente por exigencias impuestas por la situación, los vínculos laborales se prorrogaron varias veces con alcance general y por decreto (fs. 711). Subrayó que la regla en materia de emp leo público es la estabilidad, por lo cual, cualquier apartamiento de ésta debe examinarse con criterio restrictivo (fs. 711 vta./712). De acuerdo con esto señaló que en este caso la transitoriedad de los actores en sus empleos era una fachada que ocultaba la realidad de una relación que perduró en el tiempo (fs. 712). Consideró como evidencias de que el carácter transitorio no se compadece con la verdadera naturaleza de la relación que: a) la cesantía de los trabajadores no respondió a una necesidad del servicio o a la desaparición de la necesidad de cubrir las labores que desempeñaban, puesto que, a pesar de que se argumentó que las circunstancias que justificaban sus contratos habían concluido, el Parque siguió administrado por el Gobierno, y las tareas que desempeñaban no desaparecieron y las desempeñaron otros trabajadores (fs. 712); y b) una antigüedad de 8, 9 o 10 años nunca puede constituir una relación laboral transitoria (fs. 712). Afirmó que debía recordarse que en materia laboral debe primar la re alidad de los hechos sobre las formas, y que en el caso se había probado que la relación laboral de los actores con la empresa fue permanente y continua hasta que el Gobierno decidió interrumpirla sin causa (fs. 712 vta.). Asimismo, señaló que los rubros "retribución por título", "adicional por grado", "suplemento productividad", "asignación reintegro de gastos de movilidad", debían incluirse en la base de cálculo de las indemnizaciones, porque al ser habituales y permanentes integran el salario. Consideró que el rubro "suplemento por asistencia y puntualidad" no debía incluirse en el salario por no tratarse de un pago habitual y permanente, ya que depende de la conducta del trabajador (fs. 712 vta./713). II. Contra dicha sentencia, sólo el Gobierno interpuso recurso de apelación (fs. 723; que fue concedido, fs. 724), y expresó agravios (fs. 735/739). Sus planteos fueron, sustancialmente los siguientes: a) el mero transcurso del tiempo no varía el contenido y alcance de una relación de empleo público predeter minada por un sistema especial (regido por el derecho administrativo) consentido por las partes (fs. 735 vta./736); b) los actores no tenían estabilidad, por tanto, su cese no da lugar a indemnización alguna (fs. 737); c) la normativa constitucional y de la ley 471 no existía al momento de los hechos, por tanto, ninguna referencia a éstas es válida, sólo puede decidirse en base a las entonces llamadas plantas transitorias (fs. 737 vta./738). Los actores contestaron agravios (fs. 741/745). La fiscal de cámara emitió dictamen (fs. 747/748). III. Para examinar esta causa corresponde tener presente diversas circunstancias, que hacen a la situación planteada. III.1. En primer lugar, hay que destacar la peculiar situación en que se encontraba el Parque, pues en diciembre de 1983 la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires asumió la administración directa del parque de diversiones "Interama", al que de allí en más denominó "Parque de la Ciudad de Buenos Aires" a efectos de licitarlo para su explotación en el término de seis meses. Dicha situación no está controvertida, y, por otra parte, se trató de un hecho público y notorio (al respecto ver los arts. periodísticos que obran a fs. 441 y 442). También hay que destacar que la situación, lejos de ser transitoria, se extendió en el tiempo. III.2. En segundo lugar, los contratos temporarios celebrados con los trabajadores tenían las siguientes características: a) Tenían una duración de 6, 5, 4, 3, 2 meses. Por ejemplo, los Sres. Guillermo José Osvaldo Mazza, Guillermo Eduardo Sesarego, Carlos Fabián Gutiérrez, José Luis Rivero, Néstor Domingo Iacoi, fueron contratados para trabajar en Interama a través de sucesivas vinculaciones temporarias (de dos, tres, cuatro, cinco o seis meses) que comprendieron respectivamente: i) desde el 27/3/1986 (fs. 278) hasta el 31/12/1987 (fs. 270, 272, 274, 276, 278); ii) desde el 24/1/1987 hasta el 30/6/1988 (fs. 162, 160, 162, 158); iii) desde el 12/1/1985 hasta el 31/12/1987 (fs. 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180); iv) desde el 12/1/1985 hasta el 30/6/1988 (fs. 200, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198); desde el 16/12/1983 hasta el 31/12/1987 (fs. 224, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 228); b) Los trabajadores quedaban sujetos a: i) trabajar más allá de los días convenidos, los días en que los responsables del Parque de la Ciudad lo requirieran (ver por ej. los contratos celebrados con: el Sr. Mazza, ya citados; el Sr. Rivero, a fs. 204, 192, 194, 196, 198), ii) trabajar con las modalidades de trabajo, horario y retribución que las necesidades de funcionamiento y operación del Parque exijan (ver, por ej., el caso de José Luis Rivero, fs. 200). III.3. En tercer lugar, la entonces Municipalidad dictó el decreto 297/91 que desde abril de 1991 creó el régimen de planta transitoria al que se sujetó a los actores. Dicho decreto estableció: "Creáse a partir del 01 de febrero de 1991 la planta de 'Personal Transitorio'" (art. 1º); "Las designaciones en este carácter no podrán exceder del 31 de Diciembre de cada año. En ca so de necesidad del servicio luego de dicha fecha, deberá procederse a una nueva designación, a excepción de las condiciones de ingreso, si ya contare con ficha municipal" (apartado "a" del Anexo I); "El personal designado bajo el presente régimen carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse sin expresión de causa. El mismo tendrá las mismas obligaciones y derechos previstos para el Personal Municipal aprobado por Ordenanza Nº 40.401 en cuanto fuere compatible con la relación de transitoriedad y en la proporción del tiempo de desempeño efectivo del cargo, hasta tanto se determine el régimen particular del presente ordenamiento legal" (apart. "e" del Anexo I). III.4. Finalmente, hay que destacar la duración indefinida de dicha transitoriedad, cristalizada a través de sucesivos contratos y finalmente de decretos, así como la abrupta conclusión de las relaciones laborales por decisión unilateral del Gobierno. En todos los casos (Guillermo José Osvaldo Mazza, Guillermo Eduardo Sesarego, Carlos Fabián Gutiér rez, Javier Ricardo Ortuño, José Leonardo Caballero López, José Luis Rivero, Néstor Domingo Iacoi, Alcira Esther Sánchez, Felipe Santiago Escobar, Juan Francisco Quiroz), según surge del expediente, los trabajadores fueron contratados para trabajar en Interama a través de contratos temporarios, de dos, tres, cuatro, cinco, y seis meses. Desde la primera contratación de cada uno de los actores el vínculo se fue extendiendo hasta el 28/2/1991, y, desde el 1/3/1991, quedaron incluidos en la planta transitoria creada por el decreto 297/91 (fs. 415 vta.). Los decretos 704/93, 1513/93, 430/94, 1510/94, prorrogaron la Planta de Personal Transitorio del Parque de la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente, desde el 14/5/1993 hasta el 31/7/1993 (fs. 364/364 vta.), desde el 1/8/1993 hasta el 31/12/1993 (fs. 309/309 vta.), desde el 1/1/1994 hasta el 30/6/1994 (fs. 356), desde el 1/7/1994 hasta el 31/12/1994 (fs. 330/330 vta). El cese de los trabajadores fue intempestivo. Cabe recordar, por ejemplo, que a los Sres. Carlo s Fabián Gutiérrez, Néstor Domingo Iacoi, Felipe Santiago Escobar mediante telegramas colacionados de fecha 3/2/1995, se les comunicó el cese, a partir de esa fecha, en la prestación de servicios en la planta transitoria del Parque (fs. 164, 202, 232). Al Sr. José Luis Rivero, mediante carta documento, se le comunicó el cese en la prestación de servicios en la planta transitoria del Parque desde el 14/2/1995, en razón de lo dispuesto por el anexo I del decreto 104/95 (fs. 182). A los Sres. Guillermo José Osvaldo Mazza, Javier Ortuño, Alcira Sánchez, Juan Quiroz, José Caballero López, mediante cartas documentos, se les comunicó el cese en la prestación de servicios en la planta transitoria del Parque desde el 14/2/1995, en razón de lo dispuesto por el anexo I del decreto 104/95 (fs. 265, 580, 616, 617, 619). IV. Ante la situación recién descripta, los trabajadores, en una demanda -que si bien no es especialmente clara- solicitan una indemnización por despido arbitrario en los términos de la ley de contrato de trabajo (ver objeto de la demanda, punto II, fs. 45 vuelta). Tal como señalan a fs. 50 vuelta: "La solución entonces es la que se solicita en autos, hacer considerar a las contrataciones efectuadas como nulas y en fraude a la legislación laboral y a la CN, y hacer lugar a la aplicación de las indemnizaciones previstas en la LCT a efectos de no dejar desprotegidos a los trabajadores que se encuentran en tal situación.". Lo dicho significa que no pretenden ampararse en algún tipo de regla referida al Derecho Administrativo para así exigir, por ejemplo, su reincorporación al Estado local. V. Es preciso destacar, asimismo, que el problema que aquí se debate ya fue planteado en varias oportunidades ante la justicia nacional en lo civil, donde se ha llegado a dos soluciones completamente opuestas. Por un lado, los jueces Javier Mario Ruda Bart, Jorge Horacio Alterini, José Luis Galmarini, Ana Conde, Fernando Javier Posse Saguier (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C: "Del Buono, Alberto c/MCBA s/ cobro de sumas de dinero", sentencia del 29/9/1998; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F: "Canda, Rosendo y otro c/MCBA s/daños y perjuicios", sentencia del 19/10/1998; Sala F: "Villoldo, Vicente y otros c/MCBA s/daños y perjuicios", sentencia del 9/3/2001), han señalado que deben rechazarse planteos como el expuesto. Según expone el juez Posse Saguier (en "Villoldo"; ya cit.): "ya tuve oportunidad de expresarme en un caso de similares características al presente y en el cual sostuve que la acción de inconstitucionalidad era improponible ya que el sometimiento voluntario del actor al régimen jurídico, esto es, su incorporación a la planta de personal transitorio, ningún cuestionamiento efectuó al respecto". Es decir, el sometimiento voluntario del actor a un régimen jurídico sin efectuar cuestionamiento alguno, impide hacerlo con posterioridad. Por otro lado, la jueza Highton (cfr. "Villoldo", ya cit.; "Bonino, Gabriel Jorge y otros c/MCBA s/daños y perjuicios", sentencia del 19/10/1998; en ambo s casos el criterio de Highton hizo mayoría con el voto de Ricardo L. Burnichon) ha expresado que asiste razón a los actores. Esas diferencias también pueden detectarse en el debate jurídico que ha transcurrido en este fuero, pues la Dra Ugolini, Fiscal ante la Cámara, ha sostenido en su dictamen la primer postura, según la cual hay que rechazar la demanda (cfr. fs. 747/748 vta.). Para ello se basa en que: "Dentro del marco normativo descripto... [previamente había señalado que el marco reglamentario vigente estaba constituido por la ordenanza 40401 y el decreto 297/91] el cese dispuesto por la administración ha sido legítimo, estaba dentro de sus facultades y no genera derecho a indemnización alguna" (fs. 748). Por su parte -y como ya se destacó al relatar los antecedentes del caso que llega a nuestro conocimiento- el Dr. Cataldo considera ilegítima la actuación de la Administración, razón que lo condujo a admitir la demanda. En este debate así estructurado adelanto que, en líneas generales, estoy de acuerdo con el criterio de la jueza Highton en el voto citado, dado que resuelve la situación con justicia y acorde a la mejor interpretación jurídica de la situación, a la luz de los principios contenidos en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que protegen a los trabajadores de las decisiones arbitrarias. A la luz de ello, en consecuencia, examinaré el recurso deducido por el Gobierno VI. Como ya destaqué, el problema a resolver en este caso remite, por un lado, a una cuestión lejana -la asunción de Interama por parte del Gobierno en los primeros años de la década del '80 hasta que se efectuara la licitación- que generó una situación singular y, por otro, a una práctica de designación de personal por parte de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo revelan los contratos temporarios celebrados y el régimen establecido por el decreto 297/91. El examen de la situación concreta de las demandantes muestra la existencia de una situación manifiestamente irregular para los trabajadores.

Según el régimen legal invocado por el Gobierno, los trabajadores no gozaban de las garantías propias del empleo público ni, a la vez, los que otorga la regulación general del derecho del trabajo de carácter privado. Ajenos a uno y otro ámbito se tienen que someter, según parece, al arbitrio de los empleadores que, por su sola voluntad normativa, los hacen sustraerse de toda regulación jurídica protectoria superior. Como consecuencia de las vicisitudes de un emprendimiento económico, fueron primero desplazados del ámbito privado sin que luego hayan sido incorporados al ámbito del empleo público. Es cierto que se trataba de una situación singular (asunción de la administración directa del Parque) que requería considerarse de igual forma, pero ello no justifica que el Estado pueda crear un régimen laboral "ad-hoc" que no tenga en cuenta los derechos de los trabajadores. Entiendo, de una forma más general, que el Estado no puede manipular las instituciones jurídicas a su antojo, en la medida en que se trate de u na forma velada de infringir el orden jurídico al que debe someterse a fin de no dañar los derechos consagrados en la Constitución Nacional a favor de los trabajadores. Por cierto, las técnicas jurídicas tienen "usos polivalentes". Según un ejemplo clásico, la potestad tributaria puede usarse para lograr los objetivos de la potestad de fomento (ver el conocido caso "Montarcé", Fallos 289:443). Pero es diferente lo que sucede en el caso, donde se crea un régimen especial con la finalidad de sustraer a los hoy actores de las técnicas elaboradas en los ámbitos privado (régimen de contrato de trabajo) y público (régimen de empleo público) para regular, de forma justa, es decir, teniendo en cuenta los derechos e intereses de ambas partes, la relación de trabajo. Considero plausible interpretar que esta experiencia negativa ocurrida en el ámbito de la ex municipalidad se encuentra subyacente a la decisión constituyente local de regular tal como lo hizo la protección del trabajo "en todas sus formas", tal como surge del art. 43 de la Constitución de la Ciudad. Es en ese camino trazado por el constituyente que esta Sala -más allá de algunas diferencias conceptuales-, ha aplicado progresivamente en las causas de empleo público los principios de derecho laboral. VII. A partir de la causa "Ruiz" -"Ruiz, María Antonieta y otros c/GCBA s/cobro de pesos", exp. nº 684/0- destaqué que en las disposiciones del art. 43, CCABA subyace la idea de que la relación de empleo público también configura una relación laboral, de ahí la justificación de trasladar principios propios del derecho del trabajo al derecho administrativo, siempre que resulte lógico y razonable. De esta manera, sostuve que este artículo debe interpretarse como un intento constituyente de aplicar al ámbito del derecho administrativo (empleo público) los principios del derecho laboral, en la medida en que ellos resulten compatibles con las características propias del derecho administrativo, en particular, con el régimen jurídico del personal del Estado. Asimismo, des taqué que dicha tarea de integración no es sencilla. Se trata, al fin, de un desafío constitucional, pero que tiene una base posible de concreción en los conceptos prima facie comunes a ambas ramas. Sobre la base de esta pauta -la que, más allá de algunas diferencias conceptuales, es compartida en esencia por mis colegas-, esta Sala ha aplicado progresivamente en las causas de empleo público los principios de derecho laboral. En este sentido, cabe mencionar que al principio de "igual remuneración por igual tarea", ya aplicable al empleo público (cfr criterio expresado, entre otros precedentes, en las causas "Caserta Luisa Isabel y otros c/GCBA (Dirección Administrativa Docente-Secretaría de Educación) s/empleo público (no cesantía ni exoneración)", exp. nº 3306, sentencia del 21/10/2004; y "Díaz Mirta Mabel y otros c/GCBA-Secretaría de Educación s/empleo público (no cesantía ni exoneración)", exp. nº 3368, sentencia del 12/11/2004; "Cervino, Pedro Andrés y otros c/GCBA s/empleo público (no cesantía ni exonera ción)", exp. nº 2890, sentencia del 18/10/2004; "Alavarado Luis Alberto y otros c/GCBA s/empleo público -no cesantía ni exoneración-", exp. nº 1346, sentencia del 18/05/2005; "Mamaní Juan Carlos c/GCBA s/ empleo público -no cesantía ni exoneración-", exp. nº 6393, sentencia del 11/4/2006), se le han sumado el: a) principio de "indemnidad del trabajador" (cfr. el criterio expresado en las causas "R. de C. R. E. c/GCBA s/daños y perjuicios", exp. nº 3125, sentencia del 17/12/2004; "Bottini Carmen Beatriz c/GCBA s/daños y perjuicios", exp. nº 2835, sentencia del 22/2/2005); b) principio de "retribución justa" (cfr. lo señalado en los casos "Lafica, Cándido Rafael y otros c/GCBA s/empleo público (no cesantía ni exoneración)"; exp. 4450, sentencia del 16/9/2004, y "Flores Nicolasa Lila y otros c/GCBA s/empleo público (no cesantía ni exoneración)", exp. 4048, sentencia del 22/4/2004); c) principio "in dubio pro operario" (cfr. lo dicho, entre muchos otros precedentes, en las causas "Mendicino, Juan Bautista c/GCBA s/empleo público (no cesantía ni exoneración)", exp. 5072/0, sentencia del 7/7/2004; "Oteiza Elsa Beatriz c/GCBA s/ cobro de pesos", exp. nº 2563, sentencia del 31/8/2004; "Melian, Osvaldo Walter y otros c/GCBA (Teatro Colón-Dirección General Técnica Administrativa y Legal) s/empleo público (no cesantía ni exoneración)", exp. nº 2305); d) la aplicación genérica del principio "protectorio" (cfr. lo sostenido en las causas "Alberti Gabriela Solange c/GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCABA)", exp. nº 12901, sentencia del 9/6/2005, y los citados precedentes "R." y "Bottini"). VIII. Con posterioridad a la sanción de la Constitución de la Ciudad, y sobre la misma cuestión sustancial aquí considerada, la ley 471 establece como regla la estabilidad (ver art 36) y regula el empleo transitorio, pero sólo para situaciones eventuales. Así, de acuerdo al art. 39: "El régimen de contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprende exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no inc luidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertas por personal de planta permanente". IX. De lo expuesto surge a mi entender una situación jurídica inaceptable, puesto que se colocó a los trabajadores fuera de todo ámbito de protección, circunstancia que, por lo menos, y, además de todo lo relativo al derecho de los trabajadores, se encuentra reñida con el principio de buena fe que debe regir toda la actividad estatal. X. Al respecto considero justo lo señalado por la Dra. Highton en el considerando VII de los votos citados al decir que "dadas las circunstancias descriptas, debe prevalecer la realidad de la vinculación que unió a las partes, por lo que corresponde aplicar la norma de rango superior que garantiza a todo trabajador público o privado un resarcimiento en el supuesto de despido arbitrario, siendo justo adoptar como parámetros las disposiciones contenidas en la ley de contrato de trabajo. La cláusula contractual que se arroga la facultad de despedir o hacer cesar el contrato de su arbitrio y sin indemnización no puede ser atendida (C.N.Trab., Sala VI, 29-4-94, D.T. 1994-B-1188; ídem, 12/5/97, D.T. 1997-B-2282; íd. 27-2-98, D.T. 1998-B-1503; íd. 27-2-98, D.T. 1998-B-1851)"; (voto de la Dra. Highton de Nolasco en "Villoldo", "Bonino", sentencias del 9/3/2001). XI. La aceptación del régimen mencionado (decreto 297/91) no puede tener en el caso los efectos que pretende el Gobierno. El Dr. Balbín, en voto al que he adherido -"Ceriani Juan Alberto c/GCBA s/cobro de pesos", exp. 175, sentencia del 5/7/2005-, ha destacado que "debe tenerse presente que en el ámbito de las relaciones laborales 'la teoría de los actos propios debe merituarse con suma estrictez, porque la manifestación de consentimiento del dependiente hay que analizarla a la luz del principio protectorio y de la irrenunciabilidad de derechos (art. 14 bis, Constitución Nacional y arts. 12 y 58, LCT)' (CNac de Apelaciones del Trabajo, sala VI: (i) 07/11/2002, Wdoviak, Vicente c. Ermoplast S.R.L. y otro, TySS 200 3, 327; y (ii) 15/07/2003, Artigas, José L. v. Curtiembres Fonseca S.A. y otro, Lexis Nexis On Line Nº 1/505103). En idéntico sentido, la Corte Suprema tiene dicho que 'al invocar un consentimiento tácito para desechar el reclamo (...) el tribunal incurrió en una derivación irrazonable de los principios consagrados en la legislación laboral, que excluyen toda presunción en contra del trabajador que pudiera conducir a sostener la renuncia de derechos o a sacar conclusiones adversas a su respecto de pagos insuficientes efectuados por el empleador, ya que tales hipótesis son consideradas como entregas a cuenta del total adeudado, aunque fueran recibidas sin reservas' (CSJN, 'Tulio Franco Lichieri c. Banco Alas Cooperativo Limitada', Fallos 311:2437)". XII. En cuanto al agravio referido a la incorrecta aplicación de la Constitución local por no estar vigente al momento de los hechos, cabe señalar que la resolución justa del caso a la época de los hechos puede efectuarse sin esa remisión, como lo demuestra el voto de la jueza Highton, quién lo resolvió por aplicación directa de la Constitución Nacional. Y eso es lo que aquí también se hace, en la medida en que considero que la mejor solución del caso es aquella que admite el derecho a obtener una indemnización por el despido, que debe encuadrarse en los términos del régimen jurídico más acorde a la situación fáctica: la ley de contrato de trabajo. Por cierto, lo dicho significa que la regulación local que permitía estas situaciones resulta inconstitucional, a la luz de lo dispuesto por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, cláusula expresamente invocada por los actores (ver el alegato de fs. 625/628). Este argumento deja sin sustento al agravio del Gobierno relativo a la aplicación retroactiva de la Constitución local. Sin perjuicio de ello, entiendo que los valores, principios, conceptos y pautas de la Constitución actual, más allá de los matices y cuidados que deben efectuarse con respecto a situaciones pasadas, debe ser la principal guía hermenéutica a tener en cuenta por las diferentes autoridades de la Ciudad Autónoma. Se trata del compromiso asumido por los porteños sobre cómo debe ser la organización institucional de la Ciudad y sobre cómo entender los derechos y garantías de las personas. De ahí que sea el punto de partida valorativo y actual para orientar la interpretación de todo el derecho local, tanto presente como pasado. XIII. Surge de lo expuesto que el Gobierno sólo efectuó planteos conceptuales contra la sentencia de primera instancia, sin agregar críticas subsidiarias a los aspectos cuantitativos contenidos en la sentencia de primera instancia (considerandos 10º y 11º), razón por la cual, ya rechazados los argumentos jurídicos del Gobierno en lo que hace a la legitimidad jurídica de la indemnización, sólo cabe proponer a mis colegas que resuelvan: confirmar la sentencia de primera instancia, incluso en lo relativo a las costas en razón del principio objetivo de la derrota (art. 62 CCAyT). A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo: I. C on respecto a la reseña de los hechos relevantes de la causa me remito a lo expuesto en los considerandos I y II del voto del Dr. Horacio G. Corti, a fin de evitar reiteraciones innecesarias; no así a la solución propuesta. II. Con respecto al marco normativo que rige la cuestión sometida a estudio de este Tribunal me remito a lo expuesto por la Señora Fiscal de Cámara en el considerando IV de su minucioso y detallado dictamen de fs. 247/8, dando por reproducido lo allí manifestado en honor a la brevedad. III. Que ello sentado cabe recordar que el artículo 43 de la CCABA garantiza un régimen de empleo público que asegura el derecho a la estabilidad, y establece que el ingreso y promoción en la carrera deben efectuarse por concurso público abierto. A su vez, conforme lo previsto en el artículo 102 CCABA, el Jefe de Gobierno tiene a su cargo -en cuanto interesa para resolver la cuestión planteada- la administración de la Ciudad y la planificación general de la gestión. Dirige la administración pública y procura su mayor eficacia y los mejores resultados en la inversión de los recursos. En particular, el artículo 104 de la CCABA dispone que compete al Jefe de Gobierno establecer la estructura y organización funcional de la administración bajo su dependencia y nombrar sus funcionarios y agentes (inc. 9). Por su parte, la ley 471 establece que las relaciones de empleo público se desenvuelven con sujeción a los principios de ingreso por concurso público abierto y asignación de funciones adecuada a los recursos disponibles (art. 2, incs. a y c). Su artículo 6º dispone, como principio general, que el ingreso se formaliza mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso público abierto. El artículo 9º consagra el derecho a la estabilidad en el empleo en tanto se cumplan los requisitos establecidos para su reconocimiento y conservación (inc. ñ). En tal orden de ideas, al regular el régimen de la estabilidad (cap. IX) la mencionada norma aclara que este derecho corresponde a los trabajadores de la planta permanente (art. 36) y dispone que, a los efectos de la adquisición de la estabilidad, el trabajador debe prestar servicios efectivos durante un período previo de doce meses y aprobar la evaluación de desempeño, pudiendo adquirirla por el solo transcurso de ese período si a su término el agente no hubiera sido evaluado por causas imputables a la administración. IV. Que el examen de los hechos del caso -descriptos en los considerando precedentes a la luz del bloque normativo reseñado por la Sra. Fiscal de Cámara- conduce a hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar la sentencia apelada. En efecto, los actores aceptaron libremente los términos de la relación jurídica que no constituyó una relación de empleo público dentro de la planta permanente sino una relación de naturaleza transitoria. Al respecto se ha sostenido que la aceptación de los contratos y sus pertinentes prórrogas, presididos por un régimen de inestabilidad, veda reclamar los derechos emergentes de la estabilidad en el em pleo, dado que, de otro modo, se violentaría el principio que impide venir contra los propios actos. Ello es así, pues, el voluntario sometimiento a un régimen jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior (CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y 1371). La persona que sabe, al tiempo de su nombramiento, que éste tiene asignado un período determinado, está desde el comienzo de su relación de empleo en conocimiento de su situación de revista. Con posterioridad, no puede pretender que su status administrativo se trueque en otro. Si el empleo público es un contrato administrativo, parece que el principio general de la buena fe y la intensión de las partes presta asidero a la solución (Germán Bidart Campos "El status del personal transitorio de la administración", ED 125-504; CACAyT, Sala I, "Cecconi Leandro Luis c/ GCBA s/ amparo", 12/98/02). Sobre esta cuestión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar servicios por un plazo superior a los doce meses, no pueden trastocar per se la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso de la administración (Fallos 310:195, 1390 y 2927, 312:245, 1371, entre muchos otros). Por lo demás, el carácter permanente de las tareas asignadas al personal contratado no importa borrar la limitación temporal de su nombramiento (Fallos: 310:2927 y 312:1371). Resulta imprescindible el cumplimiento de los recaudos para el ingreso permanente a la administración -en particular selección por concurso público abierto, y acto expreso de designación en ese carácter por la autoridad competente-. El derecho a la estabilidad no alcanza al personal transitorio (artículo 36 de la ley 471) y su adquisición no puede derivar de sucesivas prórrogas (Sala II de este Fuero, in re "Ildarraz Alejandro c/ GCBA s/ amparo", expte. 5137/0, 13/08/02). La finalización del contrato celebrado entre las partes constituye una decisión que no se presenta como manifiestamente ilegítima o arbitraria, por lo que correspondería hacer lugar a la apelación intentada y revocar la sentencia recurrida, con costas en ambas instancias a la parte actora vencida atento el principio objetivo de la derrota (art. 62 CCAyT). El Dr. Carlos Balbín por los fundamentos expuestos por el Dr. Horacio Corti adhiere a su voto. En razón de las consideraciones expuestas, jurisprudencia citada y normas legales aplicables al caso, el tribunal resuelve: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia, incluyendo las costas. (art. 62 CCAyT). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. Esteban Centanaro Horacio G. Corti Juez de Cámara Juez de Cámara Carlos F. Balbín Juez de Cámara