Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-09-14


AUTOS N°154400 (C.C.Nº22415) DEL Noveno Juzgado Civil, CARATULADOS: "G.A.G. C/ P.A.D.V. - Cumplimiento de Contrato".

PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2017- del Tº II - Fº70/75- En la Ciudad de San Juan a Catorce (14) días del mes de septiembre de 2017, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y el Sr. Vocal Dr. Juan Carlos Pérez, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. 107, contra la sentencia de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, recaída en los presentes autos Nº154400 (C.C. Nº22415) caratulados: "G.A.G. C/ P.A.D.V. - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO -", dictada por la Sra. Juez titular del Noveno Juzgado Civil, obrante a fs. 96/102.- EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Vienen estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 106, concedido a fs. 107 contra la resolución de fs. 96/102 de fecha 24/02/2017. En la misma, y en lo que es de interés para el recurso, se rechaza el planteo de nulidad de notificación y de proceso efectuado por la parte demandada con costas y se regula honorarios. En el relato de los hechos manifiesta la Sra. Juez a quo que la incidentista planteó la nulidad de la notificación del traslado de la demanda en un domicilio que no es su domicilio real. Por ese mismo motivo solicita se declare también nulas las cédulas de notificación de su rebeldía y de la fecha de audiencia inicial. Expresa la Sra. Juez a quo que de la compulsa de los autos se desprende que en el "Acuerdo Económico y Patrimonial" cuyo cumplimiento constituye el objeto de la presente demanda, se denunció como domicilio el mismo en el que luego se le corriera traslado de la demanda. Asimismo, en la cláusula sexta se deja establecido expresamente que "para todos los efectos judiciales y/o extrajudiciales derivados del presente acuerdo, las partes fijan domicilio en los supra enunciados . . . ". Concluye que si ese domicilio fue libremente estipulado con anterioridad por las partes, y reviste el carácter de domicilio especial, entonces no hay vicio en la notificación cursada. Agrega en sus argumentos que la nulidicente nunca impugnó la cédula de notificación ni dedujo el pertinente incidente de redargución de falsedad en los términos del art. 358 del C.P.C. En consecuencia se rechazó la nulidad de notificación y de proceso planteada imponiendo las costas a la demandada vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 74 C.P.C.).

A fs. 106 apela la parte demandada fundando su recurso a fs. 109/114 y vta. de la siguiente manera. Que el rechazo de la nulidad de notificación y de proceso planteada en autos vulnera su derecho de defensa en juicio, debido proceso e igualdad ante la ley. Que es claro el incumplimiento del oficial de justicia a lo dispuesto en el art. 141 del C.P.C. Que es nula la notificación si no se cumplen todos los recaudos del art. 141 del C.P.C. Cita abundante doctrina y jurisprudencia al respecto. Que su parte no ha podido contestar la demanda ni ofrecer las pruebas que hacían a su derecho. Que le agravia la sentencia donde la Sra. Juez a quo expresa que no existiendo otro domicilio denunciado por la demandada en el acuerdo obrante a fs. 2, no hay vicio en la notificación cursada. Que es palmario el yerro de la Sra. Juez cuando tal, como se expuso al tomar participación en autos, su parte confirmó que su domicilio real era otro.

Corrido el traslado pertinente es contestado por la parte actora a fs. 121/129 de autos. Aduce la actora que la demandada nunca impugnó la cédula de notificación ni dedujo el pertinente incidente de redargución de falsedad en los términos del art. 358 del C.P.C. Que la nulidad que plantea debe ser rechazada de plano toda vez que se notificó la demanda en el domicilio por ella constituido en el Acuerdo Económico y Patrimonial que ella estipuló en plena conformidad y es el domicilio de su madre. Es también el domicilio que le figura en su documento. Que quien deduce un incidente de nulidad debe puntualizar tanto la existencia del vicio, cuanto el perjuicio sufrido y el interés que se persigue con la declaración de nulidad. Que dicha nulidad desde el punto de vista del fondo está mal planteada en razón de que la cédula de notificación es un instrumento público y para poder cuestionarla debe ser redargüida de falsa, circunstancia que no se desprende del escrito titulado: amplía planteo de nulidad de notificación y proceso. Introduce teoría de actos propios sustentada en doctrina y jurisprudencia. Solicita se sancione a la demandada y profesional por temeridad y malicia y se rechace la apelación por su manifiesta improcedencia con costas.

Llegados los autos a esta Sala se ordena correr traslado a la demandada del pedido de declaración de malicia y temeridad formulado por la parte actora, contestando la parte demandada a fs. 143/144 y vta. A fs. 145 obra el llamamiento de autos, el cual se encuentra firme y consentido.

Entrando en el tratamiento de los agravios propuestos por la apelante y a la luz de la resolución dictada por la Sra. Juez a quo puedo anticiparme a decir que no hallo arbitrariedad en dicha resolución como lo denuncia la apelante. Tanto doctrina como jurisprudencia han coincidido que hablar de una sentencia arbitraria implica que la misma carece de los requisitos exigidos por el ordenamiento legal para constituir un acto jurisdiccional válido, por estar la misma desprovista de motivaciones, por no constituir una derivación del derecho vigente, por no haberse pronunciado el Juzgador sobre alguna cuestión fundamental introducida en la demanda o contestación; todo lo cual daría la apariencia de que el fallo es el resultado de la libre discreción o arbitrio del juzgador. Luego de rever las constancias de autos, puedo afirmar que la resolución apelada no carece de los requisitos para ser una sentencia válida; por lo que la insatisfacción que la apelante manifiesta en sus agravios se reduce a que no han sido resueltas favorablemente sus pretensiones. Se agravia la apelante por cuanto la demanda le ha sido notificada en un domicilio distinto al real, pero pese a su esfuerzo la demandada con sus argumentos no rebate los fundamentos sólidos de la sentenciante sustentados en el derecho vigente. Es claro que la demanda entablada persigue el cumplimiento del contrato cuya copia obra agregada a fs. 02 de autos. En el mismo ambas partes fijaron domicilio acordando en la cláusula sexta que fijaban dichos domicilios para todos los efectos judiciales y/o extrajudiciales derivados de ese acuerdo. El art. 75 del nuevo ordenamiento civil reza: "Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan". Por lo que el domicilio convencional o de elección, nombrado así también por la doctrina, implica para los contratantes una pauta regida por la máxima de libertad de contratación consagrada en nuestro ordenamiento civil por lo que posee efecto vinculante entre las partes. El desconocerlo implicaría alterar la estabilidad de esa voluntad declarada y atentar contra el principio de buena fe que debe regir la interpretación de los contratos.

"De allí el carácter de inmutable del domicilio convencional, en virtud del cual no puede ser modificado sino por un nuevo acuerdo de voluntades . . . " (CNCiv, Sala I, Consorcio Santa Fe 1714/18/22 c/ Fitipaldi Ricardo LL 1996 C, 492). En consecuencia también se ha dicho (cfr. CNCiv, Sala A 2000/06/05 Trípodi Eduardo H. y otros c/ Iglesias Néstor D. Rev. LL 2000/12/12 P.4, fallo 101.335, ED, 189, 524) que el domicilio convencional o de elección determina el lugar de notificación de la demanda que el vínculo contractual allí expresado haya podido suscitar y, por consiguiente, la diligencia que se practique en dicho domicilio es eficaz y surte todos los efectos legales aunque no coincida con el real del accionado. También se agravia la demandada por no haberle sido rechazado su planteo de nulidad de notificación. Advierto ciertos aspectos confusos y discordantes en las defensas esgrimidas por la demandada. En su primera presentación de fs. 50/52 su defensa se basa solamente en que el domicilio donde se le notificó la demanda no es su domicilio real. En su segunda presentación de fs. 55/58 y vta., ampliación de la primera, expresa que el oficial de justicia se constituye en Avda. Ignacio de la Roza N°349 Oeste y notifica por cédula fijada al no acudir nadie a su llamado. Y sigue diciendo (transcripción textual): ". . . Y, precisamente no puede acudir nadie, porque no concurrió al domicilio de Avda. Ignacio de la Roza N°349 Oeste, 8° Piso "B"." Ahora bien, de la lectura de las cédulas adjuntadas a la causa a fs. 38 y 41 resulta con claridad que el oficial de justicia sí se constituyó en el domicilio de Avda. Ignacio de la Roza N°349 Oeste, 8° Piso "B". Y no, como trata de confundir la apelante, al decir que no se constituyó en el octavo piso. Ya en la expresión de agravios, la demandada aduce que el oficial de justicia no cumplió con el art. 141 del C.P.C. y que dejó la cédula en la puerta del edificio. Ahora bien, la parte final de artículo dice: ". . . Si no pudiere entregarlo, lo fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares." Esa es la constancia que el oficial ha dejado manifestada en la cédula como así también ha dejado constancia que de que se constituyó en el domicilio indicado. La doctrina en materia procesal es conteste en que las manifestaciones del oficial notificador merecen plena fe en cuanto constituyen hechos que dicho funcionario denuncia como cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia. Por ende, "Las afirmaciones del oficial notificador vertidas en la diligencia de notificación no pueden ser desvirtuadas por la sola afirmación en contrario de su destinatario, máxime cuando los actos ejecutados por aquél gozan de presunción de regularidad." (CNCiv, Sala D, 28/10/83, ED, 109-118; íd, Sala B, 15/3/83, ED, 115-486, n°213). Ante esta presunción de regularidad, y al haberse impugnado en el caso las propias manifestaciones vertidas por el oficial público, la pretensión de la apelante no puede prosperar mediante una simple prueba en contrario en incidente de nulidad de notificación, sino que solo podrán desvirtuarse a través de la respectiva redargución de falsedad.

Además de los fundamentos expuestos que motivan suficientemente el rechazo del recurso; debemos tener en cuenta que la apelante desde que tuvo conocimiento de la demanda en su contra no solo con su presentación en el expediente sino en la audiencia de la que participó; no mencionó las defensas que no había podido oponer. Siendo este un requisito ineludible al momento de pretender la nulidad de cualquier acto procesal. En tal sentido la jurisprudencia tiene dicho que: "Corresponde rechazar in limine el planteo del incidente de nulidad de la notificación si la interesada no expresó el perjuicio sufrido del que derivaría el interés en obtener la declaración y omitió indicar las defensas que no habría podido oponer en el marco del traslado conferido (arts. 172 y 173, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)"- (conf. CSJN. "A., M. Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ Daños y Peerjuicios" del 06-02-01; STJRNSC: SE. 6/03 "B., B S/ QUEJA EN; "B., C. C/ B., B. y Otros s/ EJECUCION PRENDARIA; Expte. N°17288/02 - STJ; 27-02-03; SODERO NIEVAS - BALLADINI - MANTARAS (SUBROGANTE); Nro. de sumario: 15539; Referencias Normativas: cpcn art. 172 - cpcn art. 173; Sumarios relacionados: 13522 10565 10335 10000 01261 12574 00701 30015 00765 02635 10728 13053 15441 15442 15294 15382; FUENTE: LEX DOCTOR).

Por todo lo expuesto llego a la conclusión de que la sentencia apelada no ha vulnerado los derechos de defensa de la parte demandada, por lo que el recurso por ella interpuesto debe ser rechazado.

La parte actora solicita se sancione a la parte demandada y a su abogada por temeridad y malicia. Es criterio de esta Sala que: "Respecto del pedido de declaración de temeraria y maliciosa a la conducta asumida por la parte ejecutada, es imprescindible proceder con suma prudencia para su determinación, debiéndose tener presente que tal calificación no puede obedecer al sólo hecho de que las defensas han sido finalmente desestimadas, ni siquiera que las excepciones carezcan de sustento jurídico, dado que ello podría coartar la garantía constitucional de defensa en juicio . . . . ." (AUTOS 145649 (C.C. N°22132) del Noveno Juzgado Civil, caratulados: "A.H.T. S.A. c/ SANDEZ RODRIQUEZ GUSTAVO ENRIQUE - EJECUTIVO".- L.S. T°II F°129/131 AÑO 2015 -02 de noviembre de 2015-.)- De todos modos, corresponde efectuar un severo llamado de atención a la parte demandada y a su abogada, ya que la misma constituyó domicilio en el contrato que hoy se ejecuta para luego desconocer el mismo. Tal actitud contradice su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. (teoría de los actos propios).

EL DR. JUAN CARLOS PÉREZ DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

1) Rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada a fs. 106 contra la resolución de fs. 96/102 que se confirma.

2) Efectuar un severo llamado de atención a la parte demandada y a su abogada.

3) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida regulando los honorarios de Alzada en el 30% de lo establecido en primera instancia para esta incidencia.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. JUAN CARLOS PEREZ;

SECRETARIA DE CAMARA:DRA.ELVA ALVAREZ DE CAIROLI.