Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-08-26


-- En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 26 días del mes de Agosto del año dos mil diez, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular, Dr. Daniel Luis CANEO, y asistencia de los Sres. Ministros Dr. Fernando S.L. ROYER y José Luis PASUTTI para dictar sentencia en los autos caratulados: "B., S. E. y Otra c/ Provincia del Chubut y Otros s/ Demanda Contencioso Administrativa" (Expte. Nº 21.099- B- 2007); atento lo dispuesto por la Acordada Nº 3204/00, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. ROYER, PASUTTI y CANEO.- -- Acto seguido se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la demanda? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

-- A la primera cuestión el Dr. ROYER, dijo:

-- I.- Las Señoras S. E. B. y M. H. R. (a quien más adelante se sumará el Sr. F. M. F. R. V.), agentes dependientes del Ministerio de Familia y Promoción Social, demandan de la Provincia del Chubut el "reestablecimiento de las condiciones salariales" que afirman poseían con anterioridad al dictado de la Ley N° 4154 de Emergencia Económica que redujo -así afirman- los sueldos que dicen percibían.

- -- Solicitan además -específicamente, exponen en el Objeto- la declaración de inconstitucionalidad del artículo 42° de la citada Ley (que determina que la ///aplicación de la norma no dará derecho a reclamo con posterioridad a su vigencia) acusándolo de "arbitrario y lesivo" del derecho a peticionar ante las autoridades consagrado en el artículo 14° de la Constitución Nacional y 18° inciso 8) y 9) de la Carta Magna local.

-- Manifiestan -en el apartado Hechos- desempeñarse en el cargo de "Gabinetistas" del C. O. P. y A. a la C. E. (en adelante C.) de la ciudad de Puerto Madryn, desde que ese Organismo dependía -explican- del entonces Consejo Provincial de Educación, siendo luego transferido por Ley N° 4194 a la Secretaría de Desarrollo Social y, con posterioridad a su actual dependencia, el Ministerio de Familia y Promoción Social.- Indican que también se modificó su denominación, por la de "Servicio de Protección para los Derechos del Niño y del Adolescente/Unidad Ejecutora Provincial de Prevención Social (UEPPS)".- La Sra. B. -se menciona además- posee un cargo docente.- -- Relatan que la nombrada ingresó a cumplir esas funciones en el año 1992 en tando la Sra. M. R. lo hizo en 1995, ambas en una categoría de revista con 20 horas de tareas. Refieren que "estando vigente la Ley N° 4154...los montos correspondientes a los rubros Sueldo Básico y Antigüedad se modificaron, disminuyéndose el índice para el primer concepto y congelando a la vez que reduciendo los porcentajes para el segundo" (fs. 9 vta.).- Añaden que los porcentajes de la Antigüedad se descongelaron en Julio del año 2002 por Ley N° 5210, mientras que la liberación del nomenclador del Sueldo Básico se produjo en Agosto del mismo año por Ley N° 4892; y señalan que ello significó "...para la Sra. B....5 años en la docencia y 14 años como Psicopedagoga, y para la Sra. ///R....10 años como Psicopedagoga, de percibir una suma inferior a la que debían" (fs. 9 vta.).- -- Manifiestan que la Provincia salió de la situación de emergencia que motivó las medidas adoptadas; la Ley N° 4154 no se encuentra vigente desde el 30 de Junio de 2005, y en consecuencia -afirman- es procedente abocarse al análisis del "efecto de ultraactividad de la normativa de emergencia" (fs. 9 vta.).

- -- A partir de aquí se advierte que la demanda está incompleta -véase la falta de correlación entre fs. 9 vta. y 10- aludiéndose en esta última a un Reclamo Administrativo que habría presentado la actora B.. se supone al agregado a fs. 2/5.

-- Luego, bajo el título "Procedencia del Reclamo", procuran fundar primero la denunciada inconstitucionalidad del art. 42 de Ley Nº 4154.- Transcriben parcialmente el Debate parlamentario del proyecto, refiriéndose a los fundamentos del Diputado R. en relación a la rebaja de los salarios (que estimaba inconstitucional la afectación de sueldos aludiendo a un fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto una reducción en la Provincia de Santa Cruz), destacan coincidir con ellos y opinan "ninguna ley que se precie de tal puede prohibir a un particular reclamar lo que en derecho le corresponde" agregando "el art. 42° de la Ley 4145. (se entiende errónea la cita). es clararamente inconstitucional en tanto pretende erigirse como un impedimento al principio de garantías de raigambre constitucional, las cuales...no pueden ser suspendidas por una ley de emergencia".- Agregan "negar la procedencia de este reclamo constituiría... una vulneración al derecho de peticionar ante las autoridades...un claro caso de ///discriminación negativa, una desigualdad flagrante, en relación con la situación de los jubilados, cuyos aportes solidarios fueron reintegrados..." (fs. 10 vta.).- Y subrayan que ello importará "consecuencias nefastas" que, a los efectos previsionales, tendrá el cálculo de los sueldos de los últimos diez años de no producirse el reajuste que reclaman.

-- En otro título, destacan que es oportuno el inicio de esta acción por cuanto aún cuando la Ley de Emergencia ya no se encuentra vigente sí lo están sus efectos, puntualizando "...el Valor Punto no ha sido reestablecido en su totalidad...lo que determina un Sueldo Básico menor al que se tenía derecho antes del comienzo de la Ley...la baja experimentada en los Sueldos Básicos ...sumada a la Baja y Congelamiento del porcentaje por Antigüedad (el nomenclador fue liberado en 2002) tendrán un efecto de ultraactividad en lo que a materia previsional se refiere y...las actoras...se encuentran prontas a jubilarse...la ley...ya no se encuentra vigente, pero sus efectos sí, ocasionando una lesión patrimonial que se renueva día a día y ...se proyecta hacia el futuro" (fs. 10 vta.).

- -- Relatan haber intentado acción de amparo de la cual desistieron para "acudir a una vía que otorgue mayor posibilidad probatoria" (fs. 10 vta./11).

- -- Refieren luego, en otro acápite, que no cuestionan ni la existencia de la emergencia ni las medidas adoptadas por la Provincia para salir de la crisis, señalando que "resulta irrelevante ...porque ...está fuera de toda discusión que las quitas salariales tuvieron lugar, y la devolución debe proceder...porque se trata de dinero de los trabajadores. Lo que se cuestiona...es la falta de previsión ...de medidas tendientes a restablecer la situación del empleado público una vez que la Provincia ha salido de la emergencia con éxito..." (fs. 11).- ///Detallan los cuatro recaudos exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que los Estados puedan justificar la utilización de la "policía de emergencia" y sostienen que "los efectos de ultraactividad de la normativa ...verificados en...el no reestablecimiento total del Valor Punto original y...en su repercusión a los efectos previsionales están en franca contraposición con el requisito de la "transitoriedad" de la regulación" (fs. 11 vta.).- Mencionan que el requisito de la razonabilidad no admite la "inequidad manifiesta" que fincan en la desiguladad de trato con los jubilados provinciales a quienes se les ha devuelto el "aporte solidario" mientras los empleados públicos -argumentan- debieron sufrir una "carga pública extra".-- -- Citan los artículos 17° y 14° bis de la Constitución Nacional para esgriminir que la reducción de haberes vía el Sueldo Básico y la Antigüedad es "una intervención del Estado en la esfera patrimonial del particular" que no obedece al cumplimiento de una sentencia fundada en ley ni a una expropiación o impuesto; sintetizando "el Estado provincial...mediante su poder de imperio, ha detraído dinero del bolsillo de los particulares para poder llevar adelante sus funciones. ...lo que SÍ PRETENDE esta parte, es que se reconozca en esa detracción la presencia de un "aporte solidario" igual que el efectuado a los jubilados y se disponga igulamente su devolución, única posibilidad que existe para conjurar el menoscabo del derecho de propiedad y a la garantía de igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas....pretender cerrar la discusión en torno a la devolución de las quitas, bajo el subterfugio ...de la prohibición de reclamar establecido en el art. 42° de la Ley de Emergencia ...torna en lesiva e irrazonable la intromisión de la Provincia en el patrimonio de los particulares" ( fs. 11 vta.).

///Enumeran a continuación los derechos que consideran afectados como el de estabilidad del empleado público, la igualdad, precisando -en relación a éste- que la falta de devolución de las sumas dejadas de percibir genera -insisten- una situación de flagrante inequidad reflejada en dos facetas: una, porque la ley afectó el salario de los empleados públicos durante 15 años, beneficiando a todos los habitantes de la Provincia y; la segunda, en relación a los jubilados provinciales quienes soportaron la quita pero que por Ley N° 5029 se dispuso su reintegro mediante el "aporte solidario".- Continúan con la lesión al derecho de propiedad, esgrimiendo que "...se les privó de un salario al cual tenían derecho y expectativa...hoy día siguen cobrando un Sueldo Básico disminuído (LESIÓN ACTUAL) por falta de recomposición del Valor Punto, y...se las deja en situación de desamparo ante una jubilación que se perfila con un Haber Inicial "de emergencia"....aquí queda plenamente configurada una LESIÓN INMINENTE atenta la cercanía temporal de la jubilación..." (fs. 12).- -- Reseñan a continuación qué sucedió en el país en relación a la restitución de las quitas salariales, glosan la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso "Tobar.", el criterio adoptado por el Gobernador de la Provincia de Santa Fe -Carlos Reutemann- y con ello subrayan que es una temática a la cual los distintos gobiernos provinciales "han tenido que darles una solución".- -- Aluden que queda pendiente de una pericia contable "establecer si las sumas dejadas de percibir mensualmente, como consecuencia del congelamiento y disminción de los porcentajes de la Antigüedad y la reducción del Sueldo Básico, al sumarse a los tributos que gravan el salario, excedieron, en alguna oportunidad, del 33% establecido por la Corte...-subrayan-.como máximo a partir del cual toda deducción se convierte en confiscatoria" (fs. 12 vta.).- Acotan que el Rubro ///Antigüedad "...conforma un porcentaje que llega al 120% del sueldo de quienes asdcriben al Régimen Docente (...aplicable a los Gabinetistas...)" (fs. 12 vta.).-- -- Bajo el título "Certificación de Servicios y Remuneraciones" solicitan la confección de estos instrumentos que reflejen -indican- los salarios que debieron percibir de conformidad con lo reclamado y los aportes correspondientes a dichas sumas.-- -- Hacen reserva de Caso Federal y fundan la presente acción en los arts. 14° bis, 16°, 17° y 31° de la Carta Magna Nacional y arts. 20° y 24° inc. 2), 4) y 9) de la Constitución Provincial, en la Ley Provincial de Educación, el Estatuto Docente, "normativa protectora de ...legislación laboral" (fs. 13) y demás Tratados Internacionales.- Ofrecen prueba documental e informativa y realizan petitorio de estilo, solicitando en el Punto 7) se ordene a la Provincia del Chubut brindarles igual trato que a los jubilados en cuando a considerar "Aporte Solidario" las quitas sufridas en sus salarios; con "devolución de las sumas dejadas de percibir ...durante la vigencia de la Ley de Emergencia Económica -con más los intereses devengados hasta su efectivo pago-en concepto de disminución del Valor Punto y reducción y congelamiento de rubro Antigüedad" (Punto 8)); se declare la inconstitucionalidad de las quitas salariales verificadas en los sueldos (Punto 9)) y en el Punto 10) que "se hagan los reajustes necesarios, en los registros de Remuneraciones, de los sueldos percibidos durante la vigencia de la Ley...a los efectos previsionales..., emitiéndose las correspondientes Certificaciones de Servicios y Remuneraciones" (fs. 13 vta.).- ///Posteriormente, a fs. 27 se presentó el Sr. F. M. F. R. V., solicitando se lo incorpore en la acción instada.

-- Puso de manifiesto desempeñarse como Gabinetista del COPACE desde 1988, y que su remuneración, al igual que la de las actoras, estuvo congelada como efecto de la Ley de Emergencia "sin que al día de la fecha se haya verificado por parte del Gobierno provincial restitución alguna de aquellas quitas salariales", las que repercuten -aseveró- en lo relativo a la materia previsional, pues aún cuando la Ley N° 4154 fue derogada en Julio de 2005 -aduce- sus efectos persisten y al no haberse recompuesto los valores de los rubros reclamados, todo ello afectará la futura jubilación, que se determinará ante la falta de una restitución de las quitas -interpreta- con un haber de emergencia calculado en gran parte en base a aquellas remuneraciones.

-- A fs. 28 se lo tuvo por presentado y por ampliada la demanda.- -- II.- Ordenado y corrido el traslado a la Provincia del Chubut, contesta a fs. 45/49. Luego de la negativa genérica que es de práctica, la demandada niega en particular que las actoras comenzaran a ejercer el cargo de Gabinetistas del COPACE, siendo considerados los mismos como cargos docentes; que dichos cargos se mantuvieran al transferirse la UEPPS al Ministerio de Salud y Acción Social y que se hubieran mantenido incólumes derechos adquiridos de los actores por ninguno de los conceptos mencionados en la demanda. Niega que el sueldo de los actores o cualquier rubro remuneratorio y/o previsional hayan sufrido disminución o congelamiento ilegítimo alguno por aplicación de la Ley N° 4154, ni que fuera procedente el reclamo administrativo solicitando la devolución de las sumas dejadas de percibir y los aportes previsionales respectivos durante la vigencia de la ///comentada ley.- Niega la incostitucionalidad del art. 42° de la Ley 4154 ó que dicha norma impida el ejercicio de garantías constitucionales.- Considera falsa la afectación del Valor Punto implicando un sueldo básico menor ni que ello tenga efecto de ultraactividad en materia previsional ocasionando una lesión patrimonial diaria que se proyecta hacia el futuro.- Niega que exista cuestión judiciable, que sea irrelevante la existencia de la emergencia o las medidas adoptadas por la Provincia; que sea aplicable al caso la doctrina y jurisprudencia citada en la demanda relativa a los requisitos de la situación de emergencia, alegando que no se ha vulnerado derecho alguno de los actores, que la emergencia provincial ha sido razonablemente sancionada y aplicada y ya ha cesado.- Controvierte que se haya violentado el principio de transitoriedad ni el de razonabilidad de la emergencia, que se haya afectado la igualdad o impuesto carga pública alguna a los empleados; que haya existido un "aporte solidario" y que deba devolverse.- Niega la afectación de los derechos a la estabilidad del empleado público, a la igualdad, de propiedad presente o futuro; que a los actores se los haya privado de un salario al cual tuvieran derecho o expectativa, ni que sigan cobrando un sueldo disminuído.- No corresponde -afirma- "restitución de haberes" ni resultan aplicables los supuestos precedentes de otras provincias. Sostiene que no existe confiscatoriedad alguna siendo inaplicable el régimen docente invocado.- Niega que corresponda la confección de certificado de servicios y remuneraciones en la forma reclamada, que se configure caso federal y que resulte aplicable el derecho invocado.-- -- Finalmente la Provincia accionada desconoce la documental que no sea objeto de expreso reconocimiento, y estima improcedente la acción, considerando que debe rechazarse la misma, con costas.- ///En el Apartado 3. REALIDAD DE LOS HECHOS expone que la Ley N° 4154 fue dictada en un difícil momento de crisis económica y provincial, originada en una situación de grave riesgo social que permitió a los empleados públicos -esgrime- conservar sus puestos de trabajo y percibir los sueldos respectivos.- Explica que la declaración de ese estado, implicó la existencia de una situación anormal, extraordinaria y crítica, aceptada como constitucional por la doctrina y jurisprudencia.- Arguye que una de las características de esa situación es que una vez reestablecidos los derechos parcialmente suspendidos, los mismos se restauran hacia el futuro, desde el momento en que es superada la crisis y no retroactivamente.- Así lo estableció -justifica- la Ley N° 5358 "cuya inconstitucionalidad no ha sido planteada en estos autos" (fs. 46 vta. "in fine"/47) lo que constituye -interpreta- un obstáculo infranqueable para el progreso de la acción.-- -- Opina que es aplicable el art. 12° de la Ley N° 4154 que establecía expresamente que las suspensiones dispuestas durante la emergencia no generarían derecho alguno por parte del agente por ese período, recordando que con similares fundamentos la Sra. Ministro de Educación rechazó el reclamo administrativo deducido por una de las ahora accionantes -Sra. S. E. B.- mediante Resolución XIII N° 321 dictada en el Expediente Administrativo N° 895/06 de ese Ministerio.

- -- Afirma que la jurisprudencia nacional y la de este Tribunal otorgó validez constitucional a la reducción salarial de los empleados estatales durante los períodos de emergencia.- Cita y transcribe precedentes y con ellos razona que " tanto la emergencia económica como la consecuente reducción temporaria de haberes de los empleados públicos...encuentra razonable y más que suficiente ///andamiaje dentro del marco constitucional, administrativo, doctrinario y jurisprudencial" (fs. 48).--- -- Sostiene con ello, que el reclamo contenido en la acción carece de fundamentos y no alcanza a acreditar -dice- que la emergencia atacada no se ajustara a las pautas jurisprudenciales que avalan su constitucionalidad; ni tampoco -agrega- que se haya producido una quita de envergadura tal que impidiera la digna subsistencia de los empleados.- Controvierte "...los mismos han mantenido un salario digno" (fs. 48).

- -- Asevera que no exisitó real perjuicio para los actores, pues al ocurrir sus traslados -expone- sus haberes se mantuvieron incólumes.- Destaca que el Estado posee facultades exorbitantes, como la de realizar las reestructuraciones y los traslados que considere necesarios, siempre y cuando -advierte- "no suprima las retribuciones de los agentes, cosa que no ha ocurrido en absoluto en el presente" (fs. 48).

-- Considera absurdo y tardío el planteo que realizan los accionantes, estimando que el mismo naufraga al no tachar de inconstitucional la Ley N° 5358, reiterando que ésta dispuso el cese del estado de emergencia sin efecto retroactivo; y por ello -razona- las condiciones primigenias características de los regímenes afectados, no pueden restaurarse desde el momento en que fueron suspendidos sino a partir de que fue superada la crisis y hacia el futuro.- "Es absurdo pretender que, superada la emergencia, el Estado se vea obligado a abonar en forma retroactiva a todos sus empleados las supuestas diferencias de sueldo correspondientes a los períodos de crisis; ello desvirtúa totalmente la ///realidad y el espíritu de la normativa de emergencia ...de admitirse la misma el Estado entraría nuevamente en emergencia económica, con consecuencias imprevisibles, ...incluso pondrían a la Provincia en una situación de no poder afrontar ya los pagos de los salarios corrientes a sus empleados" (fs. 48 vta.).

-- Concluye la Provincia demandada señalando que los accionantes no hicieron reserva alguna al percibir durante varios períodos sus sueldos con reducciones, referentes a la supuesta violación de sus derechos; destacando que, cesada la emergencia e incluso con anterioridad, los actores y el resto de los empleados estatales han visto recuperarse su poder adquisitivo merced a periódicos aumentos salariales, insistiendo con este argumento en que "la demanda incoada carece de fundamento jurídico".

-- III.- La prueba aportada fue exclusivamente documental. La ofrecida por los actores consistente en el Reclamo Administrativo deducido por B. por ante el Ministerio de Educación (fs. 2/5 y vta.), Carta Documento N° CD ******conteniendo la notificación de la Resolución N° 321/06 (fs. 6); (un) recibo de haberes del actor R. V. (fs. 26) y los autos "R., M. H. y Otros c/ Provincia del Chubut -Ley 3269 y 4262 y Otro s/ Amparo Ley 16.986 (Expte. N° 21.201/2007).- Además ofreció prueba informativa, ordenada a fs. 23 y vta., que no produjo.- La accionada acompañó copia fiel de la Resolución antes mencionada (fs. 40); y ofreció "con toda la prueba documental obrante en el mismo" los obrados: "B., S. E. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa" (Expte. 21.098-2007) en trámite por ante esta Sala.-- ///IV.- De conformidad a lo prescripto en el art. 16 inc. 4 d) de la Ley N° 5057, modificada por Ley N° 5810 se giran los obrados al Sr. Procurador General.- A fs. 68/69 y vta. corre agregado el Dictamen N° 19/10 donde el Magistrado, luego de relatar los extremos de la demanda y contestación, reseña precedentes de este Tribunal y sintetiza su opinión advirtiendo que la prueba producida en autos, no resulta suficiente para acreditar los hechos esgrimidos por los actores, esencialmente la situación remuneratoria anterior a la entrada en vigencia de la Ley de emergencia, la efectiva reducción de los haberes de los accionantes ni tampoco -asevera- el mantenimiento en la actualidad de tales circunstancias.- Ante la expresa negativa de la Provincia demandada -concluye- la pretensión queda sin sustento fáctico, imposibilitando puntualmente el acceso al control de constitucionalidad planteado en relación al art. 42° de la Ley N° 4154, como así también, del cumplimiento de los presupuestos de razonabilidad y transitoriedad.- -- V.- A fs. 70 se llaman autos para sentencia, practicándose a fs. 71 el sorteo de la causa que queda en estado de resolver.

-- VI.- ANÁLISIS: --- -- Instauran los actores, que exponen desempeñarse al momento de demandar en el Servicio de Protección para los Derechos del Niño y del Adolescente/Unidad Ejecutora Provincial de Prevención Social (UEPPS) de Puerto Madryn (ex COPACE) una acción de condena contra la Provincia del Chubut.

-- 1.- Preliminarmente he de acotar, que tal como quedó glosado en la relación de causa, una de las aquí actoras -S. E. B.- intentó reclamación en ///la sede administrativa.- A fs. 2/5 y vta. acompaña la constancia de la misma, y a fs. 6 la Carta Documento en la que se le notifica la Resolución que resuelve esa presentación y que trae la Provincia demandada y obra a fs. 40 de autos, N° 321/06 del Ministerio de Educación, que no merece cuestionamiento ninguno.- -- Este acto administrativo, que rechaza el reclamo, goza -indefectiblemente- de presunción de legitimidad, presunción que como tantas veces ha señalado el Tribunal, es un axioma propio del Derecho Administrativo aplicado a los actos del poder público y que halla su fundamento en las garantías objetivas y subjetivas que preceden a su emanación, una de cuyas trascendentes consecuencias es la imposibilidad de la declaración de su nulidad "de oficio".-- -- En su mérito y atento el principio de división de poderes, no pocos pronunciamientos han destacado que está vedado a los jueces el controlar la validez de aquéllos por propia iniciativa -esto es, de oficio- lo cual induce a declarar la falta de Jurisdicción cuando la declaración de nulidad no ha sido expresamente peticionada, y ella constituye el presupuesto necesario de la condena pretendida (SD Nº 13/90, 10/91, 69/92, 9, 37 y 38/93, 4,5,7,26, 38 y 51/94, 20, 22 y 23/95, 6/SCA/97, 8/SCA/98, 4, 8, 9, 15/SCA/00, 7/SCA/09 - CS Fallos 190:142, 205:165, 291:499, 310:1014- Cam. Nac. Cont. Adm. en pleno - ED 118-391 - Sala IV - 19/6/96 LL 1/4/97), lo cual debe ser analizado en cada caso concreto (SD Nº 20 y 22/95; 02/SCA/02, entre otras).- -- Esto es así como principio, aún cuando -como en el caso- no resulte exigible la reclamación previa.- Si se acudió voluntariamente a la misma y se obtuvo una decisión de la autoridad en sentido negativo al derecho reclamado, el Cuerpo ha sostenido que igualmente debe ser atacado de nulidad para habilitar la jurisdicción.- ///Pero también ha aclarado que esta regla no es absoluta, y así será "cuando la decisión obtenida importe modificar la situación jurídica del reclamante frente al derecho pretendido", creando un estado que la sentencia sólo puede remover previa declaración de ilegitimidad del acto, aún cuando su existencia no dependa de la validez o invalidez del mismo.- Pero, si no es así, "si el acto decisorio de la reclamación está vinculado a otros precedentes y asume con respecto a aquellos un carácter accesorio o complementario.el exigir que se ataque de nulidad para habilitar la jurisdicción constituye un rigorismo formal", no porque no se presuma legítimo, sino porque no implica modificación ninguna al estado jurídico de quien acciona, situación ésta que ha de analizarse cada caso (SI Nº 39/SCA/98).

-- La Provincia demandada, con buen criterio, no ha opuesto esta defensa. Porque básicamente la pretensión instaurada es de inconstitucionalidad de una Ley, y lo cierto es que la decisión administrativa de la reclamación, no afecta la situación jurídica subjetiva de la Sra. B. en orden a lo requerido de la jurisdicción en el sub-lite.

- -- 2.- Aclarado ello, la falta de precisión técnica con que la demanda se plantea, determina la necesidad de fijar, en instancia previa a la decisión su orientación, pues su objeto se presenta desdibujado, desordenado, contradictorio, confuso.-- -- En este orden, ha de destacarse que los actores, han puesto de manifiesto claramente en el apartado que titularon "Cuestión Judiciable": no hay cuestionamiento de la existencia misma de la emergencia, ni de las medidas adoptadas, lo que implica afirmar que inatacaban la constitucionalidad de la Ley Nº 4154 -salvo la del art. 42 se entiende- lo que además afirmaron, resultaba ///irrelevante.- Sin embargo, con incongruencia manifiesta, en renglones subsiguientes de la demanda queda expuesto que el "restablecimiento" que se procura no es sólo "restablecimiento", sino además reconocimiento de los derechos que se limitaron durante la emergencia, aplicados a ese período.- Así, sin hesitación, se dice que lo que sí se pretende.es la devolución de los menoscabos sufridos al igual que para los jubilados acaeció con el "aporte solidario".lo que sin desarrollo ni demostración alguna se pone de manifiesto en el punto 7, 8, 9, 10, y 13 del Petitorio de la acción, en el que además -ya expresamente- se planteará la inconstitucionalidad de la Ley en otro artículo, que ni siquiera se molestarán en citar -debo inferirlo oficiosamente. (el 12? ó el 32 ya que habría habido una "equiparación" del Gabinetista a cargo docente (objeto de la pretensión deducida en Expte. Nº 21098/07) y que su inciso 17 menciona este organismo al que los actores pertenecen?) y de los que se deduce la disposición de lo que los actores nominan "quitas" salariales verificadas en los sueldos y adicionales.- Asimismo, también -al menos el art. 12- como el 42, determinaron la improcedencia de reclamos ulteriores.

-- Si la demanda como acto procesal -se dijo en SI Nº 35/SCA/05 ("C. J..") "es la formalización concreta y circunstanciada de la acción para instaurar el proceso (CNCiv., Sala H, 28/08/91, DJ 1992-2-325), y tratándose de un acto formal, se exige en su redacción el cumplimiento de ciertos recaudos expresamente establecidos en el Código de rito".- Si "El contenido que debe tener el escrito de demanda no tiene un fin ritualista vacío de basamento jurídico sino todo lo contrario, para salvaguardar el adecuado y amplio ejercicio del derecho de defensa de aquél contra quien se la dirige" (CNCiv., Sala G, 2/11/87, DJ 1988-1-787)".- Si "El demandado debe tener conocimiento de qué es lo que se le reclama, así como también el juez en la sentencia no debe incurrir en exceso o en defecto, ///sino fallar únicamente sobre lo que fue objeto de controversia" (CNCiv., sala E, ED 87-603, Nros. 45-46)".- Si "La delimitación concreta de ese objeto reclamado, en principio y salvo disposición legal en contrario, es inexcusable, siendo inadmisibles peticiones genéricas o implícitas" (CNCom, sala C, 14-06- 91, DJ 1992-1-442) (Conf. Enrique M. FALCÓN y jurispr. citada en Comentarios al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y leyes complementarias, Tº I, pág. 542/543)", y si, como lo dije en SD Nº 12/SCA/06 ("CASTRO Walter.") con mención de GOZAINI, ". toda pretensión tiene dos elementos esenciales: objeto y fundamento.- El objeto, es lo que se pide y el fundamento, la causa de pedir.- Lo que se pide debe ser sostenido por presupuestos de hecho coincidentes con los efectos jurídicos queridos, hechos puntuales que son la base del acontecimiento que provoca la acción del interesado, o bien situaciones de derecho que requieren de individualización, y necesitan desarrollarse para que el juez pueda delimitar el ámbito de la litis contestatio.- La pretensión que no concreta el objeto preciso carece de eficacia al adolecer de defectos de fundamentación, que incidirán en el dictado de una sentencia favorable (Derecho Procesal Civil- Ediar- Tomo I- pág. 126/127 y 130 - Conc. TSCiudad Autónoma de Bs. As.- Voto de la Dra. Conde- LL 2005- B- 71)", ya puede avizorarse que ni la pretensión en tratamiento, ni su expresión procesal que es la demanda, guardan los recaudos mínimos exigibles en cualquier proceso; menos aún -se verá- en una demanda de inconstitucionalidad.- Prácticamente, y aunque no sea éste el estadio procesal oportuno para establecerlo- fue improponible, por ausente el requisito de procedibilidad (o admisibilidad extrínseca) de la causa, por defecto de fundamentación (ALSINA- Tratado Teórico Práctico de Derecho Civil y Comercial - 2º Ed. Ediar - Vol I - pág. 383 y ss., PALACIO - Derecho Procesal ///Civil - Abeledo Perrot- Vol I -pág. 404 y ss. CARLI - Lex - La demanda Civil - pág. 171).- -- Pese a tales defectos, la demandada Provincia del Chubut contestó la acción, ejerciendo sus defensas según interpretó el fundamento de la pretensión, negando todos y cada uno de los hechos expuestos como tales, y la inconstitucionalidad denunciada, y refirió a la emergencia. a sus efectos. a la imposibilidad de restaurar hacia el pasado los regímenes afectados.-- -- Por ello, habré de discernir que la relación procesal que a su vez constreñirá el "thema decidendum" ha comprendido la inconstitucionalidad del art. 42 (expresa) y 12 de la Ley N° 4154 (derivada del punto 9 del Petitorio), y a sus resultas, el pago retroactivo a la fecha de vigencia de esta Ley (1 de Enero de 1996 según su art. 44) de haberes y de adicional por antigüedad que habría impedido el art. 12, y, ante el cese de la emergencia, un "restablecimiento" de esta situación salarial hacia el futuro.-- -- Inconstitucionalidad que viene sustentada en el marco de la demanda, en la transgresión a los derechos de peticionar a las autoridades (art. 14 CN), igualdad (art. 16 CN) y propiedad (art. 17 CN).- -- 3.- He señalado en el punto precedente las falencias de la demanda y de la pretensión, y he mencionado que las mismas resultan más acuciantes si se considera que se trata de una demanda de inconstitucionalidad.

-- Como lo he puesto de resalto en reciente fallo -SD N° 6/SCA/07 ("PATAGONIA ARGENTINA SRL.") es doctrina corriente de la Corte Suprema ///de Justicia de la Nación que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico (Fallos 288:325; 290:83; 292:190; 301:962; 306:136, entre otros), y corolario de ello, es que el planteo de inconstitucionalidad de una norma debe contener, necesariamente, un sólido desarrollo argumental y contar con no menos sólidos fundamentos para que pueda ser atendido.- -- Quien pretenda esa declaración, ha de establecer porqué fundamentos cree que las prescripciones impuestas por el legislador afectan esencialmente sus derechos.- Y así ha de ser no sólo por la gravedad que implica la declaración, sino en beneficio de la defensa en el contradictorio, precedido de un debate profundo, amplio y explícito (CS Fallos 269:225, LL 133-937), en el que las partes adversarias con sus alegaciones y argumentos ilustren al magistrado para que éste arribe a una solución esclarecedora".

-- Y los aportes de la actora al respecto son harto limitados.-- -- 3.1.- La inconstitucionalidad del art. 42 de la Ley N° 4154 -omitiendo el ataque al último párrafo del art. 12 que específicamente para el supuesto gravamen de los actores es el aplicable y estipula que "cumplido el plazo.se reiniciará el pago de los conceptos que correspondiera sin derecho a reclamo alguno por parte del agente por el período transcurrido durante la vigencia de la presente ley", que ya se encontraba escrito en la anterior Ley de Emergencia N° 3921 -publicada el 10/1/94- limitación prevista para asegurar la efectividad de la declaración del estado de necesidad que la norma efectúa, pues no otra es su ///"ratio" - es vinculado con el derecho a peticionar consagrado por la Constitución Nacional.- -- Así, sin aportar fundamentos contundentes.-- -- Estimaron -quizás- que obliteraba su derecho a acudir al reclamo - o a todo evento a la acción judicial.- Pues despejando esta conexión, ha de afirmarse que nada tan inatinado.- Indica Roberto Antonio PUNTE, que este derecho implica pedir, requerir una acción o abstención y se refiere a la posibilidad de cada habitante de dirigirse, individual o colectivamente a los poderes públicos solicitando algo. Con cita de LINARES QUINTANA, mencionará que para que no sea ilusorio, es precisa la atención de la autoridad de tales peticiones, y refiriendo a BADENI y SANCHEZ VIAMONTE, destacará la necesidad de razonabilidad en la respuesta, expresando que la obligación mínima de la autoridad es la recibir, analizar y atender el contenido de la petición, dictando una pronta Resolución.- Y, si fuere desoída una petición, caben caminos reglados sea a través de reclamos y recursos, sea las acciones judiciales, sea - en planos más altos- los procedimientos constitucionales previstos (vg. Iniciativa), todo dentro del marco de organización de la sociedad (elDial DCDC5).- -- Ejemplo claro de que no existe la conexión estimada entre este derecho invocado y el art. 42 de la Ley Nº 4154, es que el reclamo administrativo de la Sra. B., a que referí en el punto precedente, obtuvo análisis y respuesta.- De ningún modo la autoridad -léanse los considerandos del acto- le opuso inadmisibilidad del reclamo, como tampoco lo hizo al contestar sobre esta acción la Provincia, ni siquiera invocando el art. 12 cuya constitucionalidad no había sido puesta en tela de juicio.

///El acto en cuestión -además- no mencionó el art. 42 sino el 12 -inatacado- de la Ley; pero antes, y mas allá de su acierto o error, explicó a la presentante lo que implica un estado de emergencia, la naturaleza extraordinaria o excepcional de las medidas, el grave riesgo social que la provocó, la imposibilidad de restaurar los derechos sino desde el momento en que la crisis se supera, la circunstancia de que admitir estos reclamos originaria un debacle en la economía.nada de lo cual vino a cuestionar la actora en esta sede.

-- Todo lo cual es determinante, de que si alguna violencia derechos constitucionales emerge de esta norma, no lo es a este derecho en particular.

- 3.2.- Siendo de este modo, la inconstitucionalidad aducida -aún ésta del art. 42 de la Ley Nº 4154- debe encontrar su relación con la transgresión que se acusa a los derechos de igualdad y propiedad.- -- 3.2.1.- Consideran los accionantes, que la igualdad ha sido afectada por dos razones:

no recibieron idéntico tratamiento a los jubilados de la Provincia, a quienes por efecto de la Ley N° 5157 se les devolvió el "aporte solidario".

la afectación de los salarios de los empleados públicos supone una discriminación, porque de su esfuerzo se beneficiaron todos los habitantes de la Provincia.-- -- Ambas alegaciones son ineficientes.

///Así es, porque como lo expone Susana CAYUSO (en El principio de igualdad en el sistema constitucional argentino - LL 2203-F-1380), toda norma, cualquiera sea su jerarquía y linaje, afecta de algún modo la igualdad.- Es sencillo verificar que las decisiones políticas que hacen al contenido de lo jurídico, crean grupos, categorías de cosas o personas, regímenes, situaciones que de un modo u otro producen limitaciones, restricciones o modificaciones en el ejercicio de libertades reconocidas que impactan sobre el principio de igualdad.- Y además, creada la norma general y abstracta, sus efectos hacen a la aplicación de la misma al caso concreto, y en tal supuesto, la igualdad se podría ver afectada por la interpretación que se hiciera en relación con los hechos, valores e intereses en juego.

-- Por ello -sigue la autora- la regla genérica del art. 16 CN, puede ser una fórmula vacía en la medida en que no se determinen cuáles son los criterios para evaluar la calificación de iguales o desiguales.- Y partiendo del presupuesto constitucional de condicionamiento de los derechos fundamentales al principio de ejercicio relativo, su correcta aplicación exige advertir las distinciones que fueran procedentes para garantir su plena vigencia formal y material.

-- Con esta finalidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cada ocasión en que ha debido precisar el alcance del principio general del art. 16 CN ha sostenido: ".El principio de igualdad de todas las personas ante la Ley según la ciencia y el espíritu de nuestra Constitución no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en igualdad de circunstancias, de donde se sigue forzosamente que la verdadera igualdad consiste en aplicar en los casos ocurrentes la ley según las diferencias constitutivas de ellos, y que cualquier otra inteligencia o acepción ///de este derecho es contraria a su propia naturaleza e interés social" ("Guillermo Olivar." Fallo 16:118).- Y a partir de allí reitera siempre "La garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias, por lo que tal garantía no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase o ilegítima persecución" ("Peralta." LL 1991-C-158).".o de indebido privilegio de personas o grupos de personas" ("LLebau." LL 1992-C-147).-".Para que haya denegación de igualdad ante la ley no sólo ha de existir discriminación, sino que además ella debe ser arbitraria.- No sucede así cuando el distingo se basa en consideración de una "diversidad de circunstancias" que fundan el distinto tratamiento legislativo.- Todo depende que concurran "objetivas razones" de diferenciación que no reciban o no merezcan tacha de irrazonabilidad" (Fallos 286:166 y 187, 298:286; 300: 1049; - "Videla Cuello." - LL 1991-D-518).

-- Estas pautas -señala CAYUSO- que con prescindencia del caso se presentan dogmáticas, deben aplicarse ponderando las diferencias objetivas entre la situación examinada y aquélla respecto de la cual se invoca la existencia de la discriminación, o en su caso habrá de justificarse en una razón de interés general, según razonabilidad y proporcionalidad a cuyo fin se impone la carga de acreditación de los tratamientos desiguales.- -- Y esta carga ha sido incumplida.

- ///Por una parte, es evidente que los agentes activos del Estado Provincial y los beneficiarios del régimen de previsión social, se encuentran -en relación con el Estado- en situaciones jurídicas subjetivas diferentes.- Ha de recordarse, que como la he definido en varios decisorios mencionando a DROMI, la situación jurídica subjetiva está acotada al contexto de una relación jurídica, que surge de las normas que estipulan, por un lado, derechos e intereses y por la otra deberes correlativos, los que se delimitan según la correspondencia entre las situaciones en que se encuentren cada uno de ellos respectivamente.- La relación jurídica se da así cuando la situación de poder (derecho) en la que se encuentra uno de ellos, se corresponde necesariamente con una situación de deber (obligación) del otro y en este marco referencial que es la relación, la ubicación o disposición jurídica de un sujeto, es lo que caracteriza su situación jurídica.- (Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública - GROUZ 1986 -pág. 41/42 y 74/75 - SD N° 24/95, 06/SCA/97, 07/SCA/07, 03/SCA/2010 entre otras).- -- Y no se ve ni se explica de cómo los actores han "conectado" por iguales, la situación que deriva de una relación de empleo público, en la que el salario es la contraprestación de servicios prestados al Estado -en la que se encuentran- y la propia de la previsión social, distinta de aquélla por su origen, sujetos, objetivos, fundamentos, naturaleza jurídica.en la que el haber es un débito de un sistema tuitivo al desamparo por ancianidad, incapacidad, viudez, específico, de reparto, sustentado en la solidaridad.-- -- Ergo, el agravio constitucional con este fundamento no puede atenderse.-- -- Y en lo que refiere a la "discriminación" denunciada, es falaz.- La propia Ley N° 4154, que completan las normas de consolidación del pasivo provincial dan ///cuenta, de que el estado de emergencia debió ser soportado por todos y cada uno de quienes mantenían alguna relación de tipo económico con el Estado Provincial, o respecto de quienes estaba obligado, aún cuando esa obligación derivara de sentencias judiciales y fueran de carácter alimentario (vg. honorarios profesionales -art. 17 "in fine").- A todos se impuso una cuota de sacrificio de sus derechos individuales, y a todo evento, no se ha demostrado que la norma que así lo dispuso fuera violentada.- -- 3.2.2.- El agravio al derecho de propiedad se ha quedado en mero discurso.- Fuere para la pretensión de pago de retroactivos, o de "recuperación" o recomposición post- emergencia.- Si bien es cierto que puede deducirse del precepto en cuestión -art. 12 de Ley N° 4154- y de otras normas complementarias, así lo es con generalidad.- -- Mas, ante las negaciones de la accionada, la condición de acogimiento favorable de la pretensión actora, habría de ser sin hesitación, la demostración cabal, de modo fehaciente y particularizado, de cómo, cuando y en cuánto impactó en cada uno la norma, de las diferencias existentes entre lo percibido y lo pretendido.- Véase que la Sra. B. en su reclamo administrativo algunos números ensaya; pero no demostró su certeza.- En juicio no atinó ni aún a proponer una liquidación.- -- Era necesaria una experticia para establecer -los actores lo manifestaron al demandar- la inconstitucionalidad aducida; y además para fijar con precisión el quantum de la pretensión de condena resultante de aquélla que se solicita.- Por esta razón, cuando a fs. 53 de la causa vino a decir que "procede la apertura a ///prueba.salvo mejor criterio de SE que considere que, obrando ya toda la prueba ofrecida por ambas partes proceda a declarar la causa como de puro derecho", como Presidente de la Sala ordené la apertura (fs. 54), a lo que la actora respondió que con la documental estaba satisfecha y no tenía otra pendiente de producción (fs. 55).- -- En numerosas Sentencias (SD N° 6/SCA/98, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 y 13/SCA/99, 4 y 10/SCA/00, 15/SCA/00, 11/SCA/06) he fallado sobre la aplicación de la regla de la carga de la prueba, que no cabe sino aplicar en el caso.- Citando en aquéllos a DEVIS ECHANDÍA cuando trata la noción de carga procesal en la teoría general del derecho, dije -transcribo el último decisorio de los referidos- que el autor "expone que la relación jurídico-procesal impone a las partes o sujetos, determinadas conductas en el desarrollo del proceso, cuya inobservancia les acarrea consecuencias adversas, mas o menos graves, como la pérdida de oportunidades para su defensa, la ejecutoria de providencias desfavorables, e inclusive, la pérdida del proceso.- "La actividad de las partes es de fundamental importancia para la suerte de sus pretensiones o defensas, y esta actividad adquiere mayor relevancia cuando el proceso se rige por el principio dispositivo, en que la iniciativa probatoria se radica en las partes.- Las facultades que se reconocen al juez -limitadas- no excluyen el riesgo que representa la no aducción oportuna de las pruebas de los hechos que sustentan sus pretensiones o excepciones...- Las partes deben ejecutar ciertos actos, adoptar determinadas conductas...si quieren obtener buen éxito, y evitarse perjuicios como resultado del proceso (Teoría General de la Prueba judicial -Tomo I -pág. 393).- Y, así es, que "la formación del material de conocimiento en el proceso, constituye una carga para las partes y condiciona la actuación del juez: secundum allegata et proba - quien alega un hecho debe probarlo.- La carga de la prueba es una distribución, ///no del poder de probar, sino del riesgo de no hacerlo, es decir, del perjuicio eventual que puede originarse en no probar lo que sea menester" (STCH SD N° 34 y 43/90, 25 y 29/91, 4/SCA/97, 6/SCA/98) con cita de Hugo ALSINA y jurisprudencia de la CSJN).- Carga que asiste en principio a la actora, pues quien demanda, quien pretende, debe probar los hechos que sustentan su pretensión en juicio para convencer al juez de su verdad, sin perjuicio de la obligación de quien es traído al pleito de probar los hechos impeditivos o extintivos que oponga a aquélla pretensión... salvo los supuestos en que la ley hace pesar la carga de probar, específicamente en la accionada (inversión de la carga de la prueba) (SD Nº 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19/99).- Y, en SD 15/SRE/99 y 10/SCA/00, citando a PEYRANO, agregaba "Las reglas de la carga de la prueba que se enderezan a determinar quien debió probar determinado hecho y sin embargo no lo hizo, cobran importancia ante la ausencia de prueba eficaz para suscitar certeza en el juez.- Es que en tal caso el tribunal deberá fallar contra quien debía probar y no lo hizo" ("Carga de la prueba. Conceptos clásicos y actuales" en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Tomo. 13, "La Prueba I", Ed. Rubinzal Culzoni, año 1997, pág. 98)".

--???? A más, en SD N° 15/SCA/00 y 11/SCA/06, traje la opinión de ROSENBERG -que cita ARAZI- quien desarrolla la teoría de las cargas probatorias en base a los presupuestos de hecho de la norma sin cuya aplicación no puede tener éxito su pretensión, cada parte debe afirmar y probar los presupuestos de las normas que les son favorables, aún presciendiendo de su carácter de actor o demandado.? El mérito del maestro alemán fue así trasladar la cuestión de la carga probatoria de los hechos a la norma, al derecho aplicable.? Y transcribe "Una norma únicamente ///puede aplicarse cuando la tipicidad hipotética, abstractamente formulada y hecho su presupuesto por la ley, se ha convertido en realidad concreta.? Y debe omitirse su aplicación cuando en el caso el magistrado no ha logrado plena convicción" (ARAZI?La prueba en el proceso civil, pág. 81/82)".?--- -- Y los actores no han precisado con fehaciencia los sueldos -y adicional por antigüedad- percibidos durante la emergencia, las "quitas" o menoscabos concretos que dicen debe serles "devuelto", el status escalafonario que se debió alcanzar durante y después de aquélla para demostrar que no hubo "restablecimiento" de condiciones salariales, y el alcance del mismo pretendido.- Y no es útil la prueba arrimada al Expte N° 21.098-B-2007 que se ofrece y tengo a la vista, pues allí la pretensión no aparece vinculada con la inconstitucionalidad de normas de la Ley N° 4154 por afectación de del derecho de propiedad como se acusa, que es lo que primero debe probarse, o con la emergencia, sino con una supuesta equivalencia entre el cargo que los actores ocupan -Gabinetista- y el de Vicedirector -éste docente- que habrían "perdido", después de que la repartición en la que se desempeñan, llamada COPACE y que dependía del ex -Consejo de Educación, fue transferida al Ministerio de Familia y Promoción Social para nominarse Servicio de Protección de los Derechos del Niño y del Adolescente.- Sólo hay, en esa causa, una certificación de servicios de la Sra. B. que expone sus haberes desde el 01/08/96 hasta el 31/12/08 (fs. 90/91) que incluye el Adicional por Antigüedad, y muestra una evolución en el sueldo básico en distintos momentos (01/01/02, 01/7/04, 01/11/05, 06/6/07 y 01/3/08); pero ninguna acreditación de las razones de esta variación, ni de la que a juicio de esta actora al menos, debió haber experimentado de no haber estado sujeto a la norma de emergencia cuestionada, lo que la hace inestimable para este pleito.- Ha de verse que en ese reclamo se ofreció prueba Informativa y Pericial, pero -si se ///produjo- no fue traída al juicio pues no se ofreció el Expte. N° 895-ME-06 (referido a fs. 44) por el que habría tramitado.-- -- 3.2.3.- Finalmente, he de señalar que con respecto al fundamento de pretendida inconstitucionalidad que se apoya en la afectación de una jubilación futura, más allá del adolecimiento de la falencia probatoria antes apuntada, han soslayado los actores la previsión del art. 80 de Ley XVIII N° 32 (antes Ley N° 3923), que estipula la corrección mediante un índice de actualización de las remuneraciones percibidas durante los 10 años que deben promediarse para el cálculo del haber, anteriores y posteriores al 31 de Diciembre de 2001.- -- De este modo, el agravio que se describe -si hubiera existido- halla satisfacción en esta norma, que no ha merecido ataque ninguno.

-- 4.- Tratándose de inconstitucionalidad, como inveteradamente lo dice la Corte Nacional, se requiere "no sólo el aserto de que la norma impugnada causa agravio, sino la demostración de tal agravio, que sirve de fundamento a la impugnación en el caso concreto" (Fallos 303:531-790; ED 78:385; 80:716).- ".no les es dado a los jueces pronunciarse sobre la validez constitucional de una norma si no se demuestra con claridad un gravamen concreto, inmediato y directo para los derechos de cuya tutela se trata." (05/05/2009- elDial AA528E).- No se puede pretender una decisión que invalide un acto "sobre la base de agravios conjeturales y sin que las objeciones formuladas demuestren la existencia de una situación real y definida que haga perceptible el interés concreto y actual de los reclamantes" (Fallos 294:315, 300:241, 301:991, 303:893, elDial - AA420F entre ///otros)." Y esta demostración -lo reitero- está ausente en cada uno de los agravios que se dice impactan en las normas constitucionales que se sostienen agredidas.

-- Todos motivos por los que me pronuncio en el sentido de desestimar la acción.- ASÍ LO VOTO.

-- A la misma cuestión el Dr. PASUTTI dijo: --- -- Encaran los Sres. B., R. y R. V. esta acción contencioso administrativa, reclamando -de estar al Objeto primero expuesto- el restablecimiento de determinadas condiciones salariales que dicen poseían antes de la vigencia de la Ley Nº 4154 de Emergencia Económica, incluido, ya atendiendo al "petitum", la devolución de las sumas dejadas de percibir en virtud de dicha preceptiva -por escalafonamiento y antigüedad, más intereses- durante el período en que aquélla estuvo vigente.-- -- Parece natural que el presupuesto de la pretensión, lo sea la inconstitucionalidad de las normas que en virtud de la emergencia limitaron los derechos cuya satisfacción procura, pues de lo contrario, el escollo sería insalvable.- La presunción de legitimidad de la Ley constituiría un valladar que privaría a aquélla de causa, ausente la razón jurídica de la obligación de reconocimiento de pago por retroactividades requeridas.

-- Sin embargo, su ataque limitado a la Ley citada - N° 4154 (que prorrogó la vigencia de una Emergencia que ya venía declarada desde mucho antes- se aplicó concretamente sólo a un artículo -el 42- que estatuyó "la aplicación de las disposiciones de la presente Ley no dará derecho a reclamo alguno con ///posterioridad a su vigencia", manifestando -fs. 11- muy claramente no cuestionar ni la existencia de la emergencia, ni las medidas adoptadas para salir de ella, lo que consideran "irrelevante", pues -insólitamente- afirman que el dinero les debe ser devuelto con o sin emergencia probada...

- -- Pese a tan enfática expresión, en el punto 6 del Petitorio y en absoluta contradicción, requerirán la declaración de inconstitucionalidad -sin identificar la norma- de esas "quitas salariales" verificadas por efecto de la Ley de Emergencia.

-- Aquello primero dicho -luego desechado- de no cuestionar, lo relacionan con un embate contra una supuesta omisión legislativa, cual sería la falta de previsión en esa Ley o en regulación posterior relacionada, de medidas tendientes al restablecimiento que procuran, porque ello atenta -dicen- contra la "transitoriedad" que es propia de la regulación del estado de necesidad.- Y acto seguido -aparentemente con relación a esa omisión- reclamarán igualdad de trato con los jubilados provinciales a quienes se devolvió, por decisión política ya que este Tribunal lo había validado (SD Nº 15/SCA/99 en "M.."), el que se había dado en llamar "aporte solidario". y así llegan al requerimiento de retroactivos.- Pero advierten -posiblemente- aquel escollo, y entonces "apuntan", pues no en otra cosa consiste el enunciado, en pedir "se declare la inconstitucionalidad de las quitas salariales verificadas en los sueldos de las actoras como resultado de la disminución del valor punto y reducción y congelamiento del rubro Antigüedad".-- ///Y éste es el objeto real de esta acción; ni más ni menos que cuestionar, después de haber dicho que no, la constitucionalidad de le Ley de Emergencia, lo que lejos de ser irrelevante - como también manifestaron- es la única herramienta que posibilita ese "recupero" de lo que se dice limitado, reducido, "quitado".- Y para demostrarlo ya habían dejado planteada -aún antes del ataque- la necesidad de una pericia contable, que es justamente la prueba necesaria en este juicio, admitiendo incluso los criterios asentados en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la necesidad de que operase confiscatoriedad.- Pericia que no produjeron, confiscatoriedad que no acreditaron; ni el artículo de la Ley que dispuso aquellas "quitas" y atacan de inconstitucional mencionaron.-- -- Antes de la petición, habían afirmado que se verifica la afectación de los derechos a: la estabilidad del empleado público "porque la retribución que perciben por sus tareas se encuentra sujeta a decisiones políticas"; a la igualdad, por aquella cuestión del "aporte solidario" y porque del esfuerzo de pocos -los empleados públicos- se beneficiaron todos los habitantes de la Provincia, lo que supone discriminación; a la propiedad, en tres momentos: el primero, por haber sido privados de sumas de dinero a que se tenía derecho y expectativa en base a dos indicadores: Valor Punto que determina la cuantía del sueldo básico que dice fue reducido, y el porcentaje por Antigüedad, que afirma congelado y reducido; el segundo -actual- admitiendo "recuperación" de la Antigüedad pero no del Valor Punto, y el tercero dado por la que estima repercusión que estas detracciones originaron en los derechos previsionales.

-- La demandada, por su parte, se limita prácticamente a negar: hechos, derecho, y desconocer documental, añadiendo algunas reflexiones sobre la emergencia y sus efectos, considerando absurda la restauración de los derechos ///limitados en razón de aquel estado hacia el pasado, sino superada la crisis y hacia el futuro.- -- II.- Así descriptas las piezas de demanda y responde, la primera expone defectos sustanciales.- De cómo el estado de emergencia puede ser justificado primero -de consuno con las medidas adoptadas por el Estado para atemperarla- inclusive afirmar que ello es "irrelevante", para después formular acuse de inconstitucionalidad.de estas medidas aplicadas al salario del sector público, es contradictorio, discordante y por ende ineficiente e inaudible.- Lo es también el pretender la declaración de inconstitucionalidad de un precepto que no se menciona.- Lo es el simple parlamento de afectación de derechos, sin desarrollo y fundamentación del cómo impactan en la cuestión constitucional.- Lo es la no aportación de prueba ninguna de ese impacto que afirman.- -- El desarrollo de la pretensión es además y en lo general, oscuro, impropio, inconsistente.- En SD Nº 12/SCA/06 ("C..") citaba a CARNELUTTI cuando enseña que "la pretensión sin fundamento es siempre una pretensión, pero si en el campo de la fuerza puede tener fortuna, en el derecho es inerme e inútil.- El arma con que la pretensión opera en el campo del derecho es la razón.- Y puesto que la tutela jurídica se resuelve en la atribución a determinados hechos de determinados efectos, la razón a su vez se resuelve en la existencia de un efecto en que la tutela consiste (conclusiones de la pretensión), y de un hecho del cual proviene la tutela (motivos de la pretensión); hechos y derecho constituyen las razones de la demanda (Instituciones del Proceso Civil - Traducción de la 5º Edición - pág. 32/34 - conc. LLC 1999/1440)".- En términos similares, en SD Nº 04/SCA/09 ("P.."), me refería a la "causa petendi" de la pretensión en toda ///acción contencioso-administrativa, la que se conforma -expresaba- por concepto, por los hechos y el derecho en que la pretensión aparece sustentada; sustentación jurídica que importa afirmar que la situación fáctica que refiere encuadra dentro de determinado orden normativo (ex facto oritor ius) para afirmar que la postura demandante se encuentra protegida por el derecho (RIVAS - Teoría General del Derecho Procesal - Lexis Nexis- pág. 280)".- -- En SD Nº 15/SCA/06 ("G..") en mi voto decía que la situación de inconsistencia de la demanda se configura, cuando el ataque no se realiza en forma concreta indicando el accionante debida y eficazmente sus agravios, sino que los mismos se ven reducidos a una serie de expresiones genéricas, por afirmar que resultan repugnantes a los principios y normas constitucionales, pero no se hace cargo de probar cómo estas normas han irrogado perjuicio a su parte.- Y destacaba que el Cuerpo viene sosteniendo que "... la inconstitucionalidad que se alega no puede analizarse, si no se realizó el esfuerzo de demostración que exige la inteligencia de la ley fundamental, como un conjunto armónico, dentro del cual cada una de sus disposiciones ha de interpretarse de acuerdo al contenido de las demás sin alterar el equilibrio del conjunto...""...pues en estas condiciones no se puede ejercer la atribución que se ha calificado como la más delicada de las funciones que puede encomendarse a un tribunal de justicia, y acto de suma gravedad que debe considerarse como la "ultima ratio" del orden jurídico"... (SD N° 37/93 - "OLIVER, Diana...)".--- -- Y no es ocioso que esta última sea la consigna, pues no debe olvidarse que esta misión de guardián de la Constitución que el Poder Judicial ejerce cuando declara inconstitucional una Ley, supone interferir en la función que el sistema político acuerda al órgano Poder Legislativo, que integra la representación ///popular, y el respeto que la Carta Fundamental le asigna, obliga a ejercer esta excepcional atribución con celo, mesura, sobriedad y prudencia (Conc. CS Fallos 285:369, 286:76, 312:1437, 313: 424).

-- De allí la exigencia ineludible de que "el interesado en la inconstitucionalidad de una norma deba demostrar claramente, de qué manera contraría la CN provocándole un gravamen, y además probar que ello ocurre en el caso concreto" (CS 310:211, 312:2530, 314:407, 495).- "Cuando se tachan de inconstitucionales las diferentes opciones que establece la norma, para que el planteo prospere el impugnante debe demostrar de manera acabada que todas ellas merecen tal descalificación por el perjuicio que le provocan (Fallos: 325:2600)" (elDial AA4073).- Reconocer la procedencia de la tacha de inconstitucionalidad "implica un acto de extrema gravedad de forma que debe ser entendida como ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 307:531; 312:72; 314:424; 321:441).- Por esa razón es que se pone a cargo de quien la denuncia la prueba de que ese extremo se encuentre configurado (Fallos: 247:121)." (elDial- AA280B).- "Con arreglo a conocida jurisprudencia de este Tribunal el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, qué gravamen le causa, y debe probar, además, que ello ocurre en el caso concreto.- Tal doctrina encuentra su razón de ser en la finalidad de evitar juicios abstractos o meramente académicos y en tanto la intervención de esta Corte no puede tener un simple carácter consultivo" (Fallos: 307:531 y 1656; 310:211; 314:407; 316:687; 321:221, entre muchos otros).-- ///III.- Y en el sub-lite los actores han patentizado una despego inaceptable por la importancia de otorgar fundamentos ciertos, serios y concretos a la inconstitucionalidad alegada.- El basamento que toman en la transgresión al derecho de petición para asentar la inconstitucionalidad del art. 42 de la Ley N° 4154, es insostenible, no sólo porque aquél se constriñe a la posibilidad de ocurrencia ante las autoridades, y a obtener respuesta (inclusive alguna doctrina considera que se limita a lo primero -el acudimiento, requerimiento, solicitud), y de ningún modo importa derecho a obtener lo peticionado (EKMEKDJIAN, Miguel Angel - Tratado de Derecho Constitucional - Depalma - Tomo I - pág. 502 a 504, conc. BIDART CAMPOS - Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino - Ediar- Tomo I - pág. 303), sino también porque se ha demostrado justamente lo contrario: una de las actoras acudió a la sede administrativa y obtuvo respuesta y hasta explicaciones.- Y la demandada no se opuso en virtud de esta norma al ejercicio del derecho de acción.-- -- En punto a la igualdad, las alegaciones son genéricas e inatinadas.- La Corte -ya lo ha señalado el preponente y hasta ocioso es repetirlo- ha resuelto en reiteradas oportunidades que el art. 16 de la Ley Fundamental no impone una rígida igualdad, por lo que tal garantía no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes.- De ahí que se atribuya a su prudencia una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de la reglamentación (Fallos: 320:1166), destacando que ello es así en la medida en que las distinciones o exclusiones se basen en motivos razonables y no en un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas o indebido privilegio personal o de un grupo (Fallos: 301:1185, 302:457; 315:839; 322:2346).- "La garantía de la igualdad debe aplicarse a quienes se encuentran en iguales circunstancias, de manera que cuando éstas son distintas, ///nada impide un trato también diferente, siempre que el distingo no sea arbitrario ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de ellas (Fallos: 306:1844; 315:839 entre muchos otros)." Y la sostenida "igualdad" de personas o estados entre quienes se encuentran laborando y quienes ya no pueden hacerlo más por motivos de ancianidad o incapacidad, tales los beneficiarios del régimen de previsión social, no ha sido fundamentada, menos aún acreditada, como tampoco la "carga" aducida de haber soportado sólo el empleado público con las limitaciones a sus derechos salariales la emergencia provincial, lo que a su vez está desmentido por la misma Ley N° 4154 y otras complementarias, determinantes de privaciones impuestas a todos los que de algún modo se vincularon económicamente con la Provincia.

- -- Y en lo que a propiedad respecta, el "descuido" de los accionantes es imperdonable.- No mencionaron la norma transgresora; y después de haber reconocido al demandar la necesidad de una pericia, es desechada sin más cuando en la etapa procesal pertinente limita la prueba a la documental.de la que nada surge en su beneficio.- Concuerdo en ello con el preponente, y con lo razonado en relación al Expte. N° 21098/07.

-- Debieron lo actores demostrar -cada uno- de un modo certero, efectuados los cálculos por experto, la afectación sufrida en sus derechos que dicen vulnerados (básico, antigüedad): lo que percibían, lo que estiman dejaron de percibir, a cuánto asciende el retroactivo requerido, en qué consiste el "restablecimiento pretendido" en cada rubro.

///Vengo reiterando en diversos fallos que "nos enseñaba el Derecho Romano onus probandi incumbit actori; necessitas probandi incumbit ei qui agit; probandi incumbit ei qui dicit non ei quit negat.? Principios aforísticos, que aún desarrollados luego por la doctrina, y receptados por las legislaciones adjetivas, todavía sostienen su vigencia.? Así lo fallaba en SD Nº 4, 15/SCA/00 y 1/SCA/05: "numerosos pronunciamientos de este Superior Tribunal, han instituído como doctrina legal, que la carga de la prueba reposa sobre quien pretende crear en el convencimiento del juez la existencia o inexistencia de los hechos alegados como fuente de sus derechos reclamados (CHIOVENDA ? Instituciones de Derecho Procesal ? Tomo III ? pág. 204).? Y el art. 377 CPCC, distribuye entre las partes esa responsabilidad, otorgando al juzgador una verdadera regla de juicio sobre los hechos esenciales no probados por los litigantes: la ausencia de prueba determinará el contenido de la sentencia.? Como se dijo en SD Nº 4/SCA/99 (voto del Dr. MARTÍN), el criterio del "onus probandi" se configura como un principio jurídico apto para hacer posible una decisión en el mérito, y la estructura del proceso tiende a poner de relieve la eficiencia de la actividad probatoria de las partes, a las que incumbe la necessitas de dar al juez los elementos de hecho, aptos para construir la premisa menor del silogismo judicial.? La regla, es reus in excipiendo fit actor, onus probandi incumbit ei qui decit, affirmanti incumbit probatio, la oposición del demandado hace necesario al actor justificar la demanda formulada, y soportará las consecuencias desfavorables derivadas de la propia falta de declaración de certeza del hecho mismo.? (GIAN ANTONIO MICHELI ? La carga de la prueba ? Ed. Jurídicas Europa?América ? pags. 37/38/313).? Es así que el accionante debe soportar las consecuencias del riesgo tomado, de no haber procurado al Tribunal la demostración de su derecho (STCH SD Nº 34 y 43/90, 25 y 29/91, 4/SCA/97, 6/SCA/98, 03/SCA/08 entre otras)".? ///Máxime -como antes fundé- si de inconstitucionalidad se trata.

-- Así las cosas no cabe sino concordar con la solución que postula el Dr. ROYER, de rechazo de la demanda.- -- A idéntica cuestión dijo el Dr. CANEO: --- -- No he de añadir mayores consideraciones a la opinión de mis predecesores en el voto, cuyos criterios comparto.- La ineptitud de la demanda, no merece ciertamente mayores esfuerzos del Tribunal, pese a lo cual los votos de mis colegas han abundado en análisis y consideraciones, a los cuales, para evitar repeticiones farragosas, adhiero sin hesitación.-- -- Los defectos explícitos de expresión de la pretensión, el planteo incompleto, incoherente e inadecuado de la cuestión constitucional, la orfandad de alegación y fundamentos, las inatinencias, y la ausencia de prueba, no pueden sino conducir sino a desestimar las pretensiones como se propicia.

-- 1.- Cumpliré con la manda del art. 169 de la Carta Provincial, afirmando primero que la ineficiencia de la acción es absoluta.- Si la emergencia es incuestionable.si no merecen objeción los medios por los que se resolvió morigerarla. ¿cuál es la causa jurídica del pago de proporciones de haberes o adicionales que se reclama?.- Ante aquéllo que se afirma ¿en qué asienta la inconstitucionalidad de las "quitas" que dicen haber sufrido?.- El "restablecimiento" ¿qué supone? ¿cuál es la suma pretendida hacia el futuro? ¿Cuál fue y cual es el Valor Punto que se dice irrecuperado? ¿varió en el ///interregno la situación jurídica? (deducido esto del Expte. N° 21.098/07 que se ofreció como prueba) ¿y el porcentual en el suplemento por Antigüedad? ¿Cuál y cuánto -ambos- para cada actor? ¿en qué valores se asienta es reclamo de retroactivos? ¿a cuánto ascienden los intereses? ¿cómo es que el art. 42 de la Ley N° 4154 oblitera el derecho de petición? ¿dónde radica la igualdad entre activos y jubilados y pensionados? ¿cómo el que frente a la Ley N° 4154 -y otras complementarias- ocurre que sólo los empleados públicos soportaron la emergencia?.- Y ¿qué de la actualización del prorrateo que dispone la Ley XVIII N° 32 en su art. 80, cuando afirma que aquellas limitaciones -que al menos en los básicos no fueron quitas- afecta una jubilación futura?.- -- 2.- Al venir a esta jurisdicción, se abandonó el buen criterio.- Así se hizo por lo menos respecto de la actora B., lo que queda evidenciado cuando se lee su reclamo administrativo y se lo parangona con el libelo introductorio de esta acción.- Allí al menos -y sin patrocinio letrado- se practicó una liquidación tentativa, y se procuró una prueba informativa y pericial cuyos puntos propuestos -ver fs. 5- son más que acertados.- Mas ignoro si la misma se produjo en esa sede pues no está acreditado, y al acudir a ésta, pese a que el Cuerpo dispuso la apertura, la parte se conformó con la documental ya anexada.

-- De ningún modo se trata de cuestión de puro derecho.- Como lo dije en SD Nº 15/SCA/06 ("G..") citando un precedente en el voto del Dr. ROYER en SD Nº 19/SCA/99 "las leyes no son constitucionales o inconstitucionales "in abstracto".en cada caso quien la alegue debe argüir que le provoca perjuicio y demostrarlo. porque no sólo es menester el aserto de que la norma impugnada causa agravio, sino la demostración de tal agravio que sirve de fundamento a la impugnación en el caso concreto".- A lo que agrego "si las impugnaciones revisten ///carácter genérico y falta demostración concreta del gravamen que ocasionan las normas atacadas, no es admisible la alegación de inconstitucionalidad" (CS - LL 1983-D-645).

-- En el mismo sentido falla el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba: "Es lugar común que la tacha de una disposición legal vigente por los Tribunales, es un acto procesal de suma gravedad institucional y constituye la "última ratio" del ordenamiento jurídico. En otras palabras, la declaración de inconstitucionalidad se erige como un remedio extremo y excepcional al que sólo cabe acudir en aquellos supuestos en los cuales ninguna otra solución razonable pueda deducirse de la propia normativa.- A partir de esa pauta restrictiva, es que se exige -de un modo insoslayable- que la ley cuya validez constitucional se cuestione, ocasione un perjuicio real y concreto al interesado, el cual debe ser invocado por aquel y también acabadamente demostrado" (en pleno - elDial- AA3579, el destacado es propio).- Y "la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe considerarse la "última ratio" del orden jurídico en tanto y en cuanto no se demuestre en forma palmaria que alguno de los restantes poderes del Estado se ha extralimitado en forma abusiva por comisión u omisión en el ejercicio de facultades que le son propias, provocando perjuicios mayúsculos y/o comportamientos que, por su irrazonabilidad manifiesta, pueden comprometer el equilibrio político y social en que se desarrollan las instituciones de la República, la vida democrática y la garantía de la división de poderes" (elDial- AA265B).-- -- El Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires falla "es inaceptable que el actor se limite a invocar la supuesta afectación de garantías constitucionales, sino que debe demostrar la vinculación argumental que un ///intérprete razonable hallaría entre las normas impugnadas y los derechos y garantías constitucionales presumiblemente lesionados por las primeras" (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier) (elDial- AQE59).- Y la Suprema Corte de Buenos Aires "La declaración de inconstitucionalidad de las leyes sólo tiene cabida como última ratio del órden jurídico, y su procedencia requiere que el interesado demuestre de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio.- Pues, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa" (elDial W1A1ED, W19867).

- -- Se suma ello, el criterio que en lo general, vengo sustentando en SD N° 1/SCA/05 y 11/SCA/06, 3/SCA/08 y 8/SCA/09 sobre el funcionamiento de la regla de juicio de la carga probatoria, la que "supone el agotamiento de la valoración de las pruebas incorporadas al proceso con resultado negativo, señalando que el juez puede concluir en dos direcciones: declarando la certeza de una situación o estado de cosas jurídicamente relevante, lo que excluye la aplicación de la regla precitada -o declarando, también con grado de certeza- que con los instrumentos probatorios disponibles no le es posible reconstruir históricamente los hechos debatidos, lo que conduce a la aplicación de la regla de juicio (cita de Efraín Quevedo Mendoza, "Carga y valoración de la prueba: precisiones", Rev. J.A. Julio 22 de 1998, pág. 2)".- Seguía trayendo a FALCÓN "que contrario a la definición del instituto- sin embargo ensaya: "la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las pruebas y activarlas adecuadamente para que demuestren los hechos que les corresponde probar a través de los distintos medios, y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante (Ibidem - pág. 247).- ///Más que un deber es un riesgo: quien no prueba los hechos, pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis (CN Com. Sala B 15/2/89 - DJ 1990-2-582 Conf. STCH SD Nº 7/SCA/04)."- -- Y completaba "Si de acuerdo al art. 377 CPC las partes tienen la obligación de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario soportar las consecuencias de omitir ese imperativo del propio interés dado lo antes expuesto, es la regla de carga de la prueba -que incumbe al actor- según la jurisprudencia que vengo citando, la que ha de resolver el caso."-- -- Defectuosa la pretensión -con contradicciones inaceptables según lo han puesto de resalto los votos precedentes- e inacreditados los extremos necesarios para tener por configurada la violencia constitucional declamada en ella, la demanda debe ser rechazada.- Así voto.

-- A la Segunda Cuestión dijo el Dr. ROYER: --- -- Según voté la primera propongo al acuerdo: 1) RECHAZAR la demanda instaurada por los Sres. S. E. B., M. H. R. y F. M. F. R. V. contra la Provincia del Chubut.- 2) Costas a la actora (art. 69 Ley XIII N° 5 -antes art. 68 CPCC).- 3) En tanto la acción no otorga parámetros suficientes para determinar un monto del proceso, propicio regular los honorarios de la Dra. F. C. P., por una etapa, en PESOS UN MIL ($1.000.-); del Sr. Fiscal de Estado Dr. Diego CARMONA en PESOS DOS MIL ($2.000.-) también por una etapa, y de sus Apoderados Dres. E. A. F. L. y A. L. P., en conjunto, en PESOS ///SEICIENTOS ($600.-), teniendo en cuenta los parámetros dados por el art. 5 inc. b) a f) de Ley XIII N° 4 (antes Dto. Ley N° 2200 - T.O. Dto. N° 138/99), y arts. 8, 37 y 46 del mismo cuerpo normativo.

-- A la misma cuestión dijo el Dr. PASUTTI: --- -- Según he votado la primera, acuerdo con la solución que propone el Dr. Royer .- -- A su turno dijo el Sr. CANEO:

-- Voto en concordancia con los Dres. Royer y Pasutti.-- -- Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictar la siguiente: - S E N T E N C I A:

-- 1) RECHAZAR la demanda instaurada por los Sres. S. E. B., M. H. R. y F. M. F. R. V. contra la Provincia del Chubut.- -- 2) COSTAS a la actora (art. 69 Ley XIII N° 5 -antes art. 68 CPCC).- -- 3) REGULAR los honorarios de la Dra. F. C. P., por una etapa, en PESOS UN MIL ($1.000.-); del Sr. Fiscal de Estado Dr. Diego CARMONA en PESOS DOS MIL ($2.000.-) también por una etapa, y de sus Apoderados Dres. ///E. A. F. L. y A. L. P., en conjunto, en PESOS SEICIENTOS ($600.-) teniendo en cuenta los parámetros dados por el art. 5 inc. b) a f) de Ley XIII N° 4 (antes Dto. Ley N° 2200 - T.O. Dto. N° 138/99), y arts. 8, 37 y 46 del mismo cuerpo normativo.- Con más IVA si correspondiere.- -- 4) REGÍSTRESE y notifíquese.

Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo- José Luis Pasutti - Fernando S.L. Royer.

Recibida y Registrada en Secretaría el 27/08/10 bajo el N° 8/SCA/10