Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-23


Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I) Que las presentes actuaciones llegan a estudio del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Julio César Pastuszuk, contra el auto que decreta el procesamiento con prisión preventiva del encausado en orden al delito previsto en el artículo 5°, inciso c) de la ley 23.737.

II) Que en la misma oportunidad la defensa plantea la nulidad del allanamiento llevado a cabo en el domicilio sito en Cayasta 3209, donde fue encontrado el nombrado en compañía de otras dos personas, toda vez que el Magistrado Titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 4, habría procedido a realizarlo, aún conociendo la posible infracción a la ley de estupefacientes con la que se encontraría, sin dar intervención previa al Juzgado Federal correspondiente.

Al respecto, entendió la Sra. Juez de grado, que correspondía crear un nuevo incidente, de modo que ella fuera quien se expidiese en primer término en torno a la nulidad planteada (cf. fs. 244 del expte. principal). A partir de ello, debe ser allí donde se resuelva la cuestión planteada.

III) Que respecto del auto de mérito cuestionado, se agravia la defensa por cuanto entiende, en primer lugar, que el mismo no se halla fundado con la solidez que un pronunciamiento de esas características requiere. Asimismo, señala que las probanzas colectadas en autos no resultan suficientes para acreditar la ultraintención que requiere la figura escogida por el a quo, toda vez que se ha realizado una incorrecta valoración de los elementos secuestrados, mientras que no se ha logrado desvirtuar los dichos de descargo de Pastuszuk.

IV) Que previo a expedirse respecto de lo señalado por la defensa, corresponde realizar algunas precisiones respecto del trámite del presente expediente.

Estas actuaciones se inician como dos causas independientes, a partir de cada uno de los allanamientos realizados por el Titular del Juzgado Penal Económico N° 4, en los que, una vez hallado el material estupefaciente, se realizó una consulta telefónica al Titular de la Secretaría N° 1 del Juzgado N° 1 del Fuero.

En uno de esos expedientes, se recibió declaración indagatoria a Julio César Pastuszuk, a Ana María Ibañez Longhi y a Raúl Alberto Giorgi, con fecha 10 de septiembre próximo pasado. En el otro, se recibió declaración indagatoria a María Ester Ortellado en la misma fecha.

El día 14 del mismo mes y año, fueron solicitadas ad effectum videndi las actuaciones en trámite por ante el Juzgado Penal Económico N° 4, las que fueron recibidas el día 17. Así, conforme surge de fs. 190 del expediente principal, la Sra. Juez de grado ordenó extraer copias de las mismas y acumular, por conexidad, ambos expedientes bajo el N° 10.934/1.999, dándoles foliatura correlativa. En ese contexto, fue dictado el auto de procesamiento que viene apelado por ante esta alzada y que luce a fs. 199/204 de la causa, en el cual se realiza una importante valoración de las escuchas telefónicas que fueran realizadas en la causa recibida.

En ese sentido, toda vez que al momento de recibir las declaraciones indagatorias, no se contaba con las tareas de inteligencia a las que se hizo referencia en el párrafo que antecede, no pudo ponerse en conocimiento de los imputados su existencia. Ello resulta especialmente gravoso, máxime si se toma en consideración la relevancia que cobraron, a criterio del a quo, para resolver la situación procesal de los nombrados en el sentido que lo hizo.

Resulta de ello, entonces, que los imputados no pudieron articular defensa respecto tales elementos probatorios valorados para resolver el auto de mérito citado, afectándose, de ese modo, el derecho constitucional de defensa en juicio. El mismo comprende, conforme lo señala la doctrina, la posibilidad de "valorar la prueba producida y exponer las razones, fácticas y jurídicas, para obtener del tribunal una sentencia favorable" (J. B. Maier. "Derecho Procesal Penal, Tomo I", ed. Del Puerto, 1986, pág. 547).

En consecuencia, este Tribunal habrá de declarar la nulidad del auto recurrido sobre la base de lo dispuesto en los artículos 166, 168, segundo párrafo y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación y del artículo 18 de la Constitución Nacional, respecto del apelante. Sentado ello, corresponde hacer extensiva la nulidad de lo resuelto en relación con Ibañez Longhi y Ortellado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 441 del Código ritual.

A partir de ello, corresponde disponer que con la urgencia del caso, el Juez de grado amplíe las declaraciones indagatorias de los imputados mencionados en el párrafo que antecede, a fin de subsanar el defecto señalado, fecho lo cual deberá expedirse nuevamente respecto de la situación procesal de los nombrados.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD del auto que obra a fs.1/6, DEBIENDO el a quo AMPLIAR LAS INDAGATORIAS de los encausados y EXPEDIRSE NUEVAMENTE sobre el fondo de la cuestión (artículos 166, 168, 441 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese y devuélvase sin más trámite a la instancia anterior, donde deberán practicarse las notificaciones a que hubiere lugar.