marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad procesal, defensa en juicio, derecho a la presencia del defensor
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Defensor de Cámara, Dr. Oribones s/ Incidente de Nulidad en autos: "O., C. s-Falsificación deDocumento  Privado Equiparado a Público"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-03-26

Nuestro ordenamiento procesal plasma en forma expresa y enérgica la inviolabilidad de la defensa, debiendo el imputado estar asistido a más tardar antes de que se produzca la primera declaración, estableciendo la nulidad cuando no se han observado las disposiciones referentes a la intervención, defensa y representación del imputado "en los casos y formas que establece la ley, debiendo ser declarada de oficio para el supuesto en cualquier estado y grado del proceso.
Indiferencia de la concausa, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez José María c/ Asociart ART s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-06

La predisposición orgánica del trabajador a contraer determinadas enfermedades es siempre para el empleador un hecho previsible porque el art. 75 LCT le impone un deber de seguridad. Siendo así, el empleador afiliado a una ART que no observó aquellos deberes legales incurrió claramente en un incumplimiento contractual que lo hace responsable del daño sufrido por su empleado; y esta responsabilidad se extiende a la entidad que el legislador creó con el preeminente fin de prevenir los infortunios laborales (arts. 1 y 4 de la Ley 24.557). Ello porque la ausencia de exámenes preocupacionales hace presumir el ingreso sano y apto del trabajador a prestar servicios para su empleador (Voto Ronconi, en disidencia. Adhesión Welp)
Sentencia, nulidad de sentencia, audiencia, comparecencia del procesado
Materia: PENAL
Carátula: DarriTChon, Norma E y otro s/ Aprovechamiento de incapaces
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-06-04

Corresponde conocer por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la denuncia de incumplimiento de la diligencia prevista en el art. 8 del C.P.P. -ley 3589 y modif..-., no obstante tratarse de un acto procesal anterior a la sentencia de la Cámara, pues de la doctrina de la mencionada norma legal resulta una situación análoga a la prevista en 352 inc. 3 del mismo Código, en que por vía de inaplicabilidad de ley corresponde conocer en etapas previas a la sentencia recurrida. O a la de otras nulidades art. 167, idem cód.) cuyos efectos recaen sobre el de la sentencia impugnada mediante el recurso de inaplicabilidad de ley.
Homicidio culposo, imprudencia
Materia: PENAL
Carátula: Robles, Aureliano Inocencio s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-08-12

Habiendo esgrimido el imputado un arma de fuego cuando se encontraba en estado de ebriedad voluntaria y completa, circunstancia ésta que lo llevó a accionar con imprudencia ya que el estado de borrachera que tenía el encausado no le permitía coordinar el accionar del manipuleo de su fusil de gran calibre, rearmado y que no reunía las condiciones mínimas de seguridad para su uso. Es evidente que el hecho ocurrido, en las circunstancias apuntadas, no puede imputársele a título de dolo por lo que deberá responder como responsable a título de culpa en los términos del art. 84 del Código Penal.
Cédula de notificación, instrumentos públicos, redargución de falsedad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Argentini,  Silvia  y  Molinaro,  Alba s/ expediente Nro.239 del Colegio Público de Abogados -Tribunal de  Etica-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-31

El acta confeccionada por el ujier ha sido otorgada con las formalidades correspondientes; es un instrumento público y hace plena fe de su contenido. Por consiguiente, no puede admitirse la impugnación que se efectúa para quitar a las manifestaciones insertas por aquél la fuerza de convicción que le confiere la ley y tampoco es suficiente a ese fin la mera afirmación en contrario de las recurrentes.
Uso indebido del espacio público, medidas cautelares, secuestro de bienes, convalidación de la medida cautelar, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Infante, Jorge Victor s/ infracción art. 83 Ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-08

Las medidas cautelares sólo pueden ser mantenidas mientras permanezca invariable la situación fáctica que primariamente aconsejara su adopción por el órgano jurisdiccional.

Es por ello que, frente a esta perspectiva, cabe cuestionarse si la decisión adoptada en el caso teniendo en cuenta que en ella, el juez a quo consideró que la conducta atribuida al encartado no podía ser considerada constitutiva de la contravención tipificada por el artículo 83 del Código Contravencional relativa al uso indebido del espacio público, atento a la cantidad de los efectos secuestrados.

Como sostuviera este tribunal in re Acosta Riveros, Debora Soledad s/ inf. art. 83, ley 1472, Apelación, Causa Nro. 8710/CC/2006, falta entonces uno de los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares, el "fumus bonis iuris" del Derecho Romano (el humo del buen derecho), esto es, la demostración de un grado, más o menos variable de verosimilitud en el derecho invocado.

Resulta, entonces, que la resolución recurrida es autocontradictoria, ya que por un lado afirma la inexistencia de contravención y por otro confirma una medida asegurativa cuyo presupuesto es el hecho con relevancia jurídico-penal (contravención prevista en el art. 83 de la ley 1472). Tal circunstancia constituye un vicio de carácter esencial, que obliga a nulificar lo resuelto por el Sr. Juez a quo.
Control de legalidad, control de razonabilidad, confirmación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ averiguación de delito-víctima P, C. y otro c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-29

Rodolfo Pociello Argerich, en disidencia, sostuvo que sin perjuicio de la postura que sostuvo en anteriores oportunidades, un nuevo análisis de la cuestión lo lleva a modificar su criterio. Indica que si del control de razonabilidad y legalidad del dictamen fiscal, el magistrado concluye que aquél es correcto y se ajusta a las constancias del sumario, el pedido resulta vinculante por ser el fiscal el titular de la acción penal, situación que conlleva al juzgador a pronunciarse en ese sentido sin necesidad de tener que desarrollar los motivos por los cuales coincidiría con el fiscal, por lo que vota por confirmar la desestimación.
Concursos, reglas procesales, resoluciones inapelables, resoluciones judiciales, recurso de queja (procesal), procedencia del recurso, exclusión de votantes
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Hidro Import SA c/  s/ quiebra s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-15

Procede hacer lugar a la queja por la desestimación del recurso de apelación interpuesto contra la decisión que desestimó el pedido de la deudora de exclusión de voto hostil respecto del Banco de la Nación Argentina y seguidamente le decretó la quiebra por considerar que no se habían allegado las conformidades necesarias en dos de las tres categorías formuladas, una vez vencido con holgura el período de exclusividad. Ello por cuanto, no puede concluirse que el pronunciamiento referido -en tanto omnicomprensivo de varias cuestiones planteadas en el decurso del trámite- participe de tal naturaleza; esto es, que resulte común u ordinario en el desarrollo de un proceso concursal. En efecto, nos encontramos en la especie frente a alternativas que, de resultar corroboradas, no son corrientes dentro de un proceso concebible como ordinario, y de cuya inejecución podrían derivarse consecuencias de relevancia para el desenvolvimiento del concurso, lo que configura el agravio concreto del recurrente (conf. esta Sala, 26/4/11, "Esagra SA s/ conc. prev. s/ queja"). Pero aun cuando no se compartiera tal visión, no caben dudas de que aquel decisorio puso fin a una incidencia autónoma que, aunque glosada a las actuaciones principales, fue inequívocamente cursado de modo incidental; con lo cual vendría a ser apelable en razón de lo dispuesto por la LCQ 285 (conf. esta Sala, mutatis mutandi, 11/7/14, "Avemar SCA s/ concurso preventivo s/ queja"; 9/9/14, "Aradhana SA s/ conc. prev. s/ inc. de nulidad promovido por Viña Fundación de Mendoza SA").
Inimputabilidad, estado de inconsciencia, ingesta de medicamentos, comprensión de la criminalidad del acto, prueba, pericia médica, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Llamas, Carlos A. s/ Inimputabilidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Surge un estado de duda difícil de superar en cuanto si el imputado pudo comprender la criminalidad de su conducta en el momento del hecho, si el policía que lo detuvo sostuvo que evidenciaba hallarse bajo los efectos de alcaloides o narcóticos y el profesional que lo examinara en primer término detectó un "posible problema psiquiátrico" aspecto controvertido por el dictamen de los médicos forenses que sostuvieron que la ingesta de "Lexotanil" no lo privó de su capacidad para delinquir, situación que debe resolverse en su favor por imperio del art. 13 del C.P.M.P
Cuenta corriente mercantil, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Masera, Omar A. c/ Lastra y Marcantonio S.E.C.P.A. s/ Cumplimiento Contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

La propia naturaleza de la relación contractual -cuenta corriente comercial- torna impropia la fijación de intereses antes de la constitución en mora, máxime si no se trata de una obligación a plazo (arg.arts. 508, 509 y cctes. C.C.).-
Medidas cautelares, contracautela, cauciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: SASSOON & CIA SAI Y C c/ WAISBORD MAXIMO s/ CESE DE USO DE MARCAS - DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-24

Ponderando la finalidad de la contracautela, resulta atinado supeditar el depósito de la caución que la codemandada debe efectuar a la constitución de la contracautela que se le ha fijado a la actora. De tal forma, se satisfacen elementales principios de razonabilidad y de equidad, puesto que no parece atendible que la accionante exija de la demandada el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el incidente de explotación, cuando aun no ha ejecutado las obligaciones a su cargo, allí preceptuadas. Tal temperamento, además, se compadece con lo dispuesto por el código procesal, en materia de medidas precautorias (arg. Art. 199), Instituto al cual el incidente de explotación en cuestión se halla, de alguna forma, emparentado. Así se ha entendido que, siendo la contracautela un presupuesto de la medida cautelar, ella se debe constituir antes de que esta se cumpla (cfr. Fassi-Yañez, "Código procesal civil y comercial, comentado, anotado y concordado", 3ra.

Ed., T. 2, Pág. 58).
Ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, pago por consignación
Materia: CIVIL
Carátula: Antonio Balestrieri c/ Transporte del Iguazú S.R.L. s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro.  B - 83597/02 Ordinario por pago por consignación.L.A. Nro.  46 F. 1142/1147, Nro.  457 Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro.  B - 83597/02 Ordinario por pago por consignación.L.A. Nro.  46 F. 1142/1147, Nro. 457
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-10-17

La negativa del acreedor a recibir el pago, puso al deudor en la necesidad de practicarlo consignando su importe, de lo que se sigue que debe ser admitido aún siendo parcial porque, para los casos contemplados en ese artículo 11 de la ley 25.561, no es exigible, en principio, el requisito de la integridad del pago para que tenga fuerza de tal (artículos 742, 758 y concordantes del Código Civil). El mismo artículo 11 de la ley 25.561 manda a las partes a entablar negociaciones en procura de componer sus intereses. Si éstas fracasan quedan expeditas las acciones a que se consideren con derecho para dirimir judicialmente la contienda, procurando que los perjuicios económicos derivados de la modificación del sistema económico y financiero se distribuya equitativamente entre ellos.
Prenda con registro, nulidad del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: F.H.I. y E. S.C.C. c/ Municipalidad de Río Negro s/ Incidente de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-08-27

La nulidad de la prenda con registro debe resultar del contrato mismo. La defensa de nulidad no puede referirse, en la ejecución de prenda con registro, mas que a las circunstancias atinentes a las condiciones de forma del certificado de prenda, exigencia que en la interpretación judicial ha sido referida a adulteraciones del texto o a vicios de la inscripción en el registro.
Recusación, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 de Código Penal -causa N° 3221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17

La rigidez de la interpretación de las causales de recusación se funda en la necesidad de que tales incidencias no sean utilizadas como instrumentos espurios para apartar a los jueces naturales del conocimiento de la causa que legalmente les ha sido atribuido, pero en modo alguno ello puede servir para eximir a los jueces del deber de examinar con seriedad los cuestionamientos de las partes respecto de la imparcialidad de los tribunales ante los cuales han de ser oídas (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Régimen Federal de Pesca, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Pescapuerta  Argentina  S.A. c/ SAGP  Y  A-Disp 304/07 (Expte.S01:21.638/04)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-13

No puede prosperar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la recurrente en torno al art. 74 de la Ley Federal de Pesca, puesto que las disposiciones generales del Código Penal deben ser aplicadas sólo en aquellos supuestos en que la ley especial no contenga previsiones para el caso concreto, razón por la cual hallándose previsto el régimen de la precripción de la Ley Federal de Pesca, es éste el que debe aplicarse y no el del Código Penal (Cons. IV. 5).
Plan de parentalidad, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: F., A. M. c/ Z., E. F. s/ Cambio reg. visitas. Abone cuotas aliment. atrasadas. Se eleve.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-01

Como las acciones de separación personal, divorcio vincular y nulidad, así como las que versen sobre los efectos del matrimonio, entre las que cabe considerar comprendidos los reclamos de tenencia y régimen de visitas, deben intentarse ante el Juez del último domicilio conyugal que intervino en el proceso principal determina inexorablemente la competencia por razón del territorio respecto de la pretensión esgrimida en estos autos (art. 227 Cód. Civil).
Verificación tardía, caducidad de instancia, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: PECHERO  EVARISTO  Y  OTRO  EN:  COOPERATIVA  AGROPECUARIA  LA  UNION LIMITADA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  -  INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA - CADUCIDAD  DEINSTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-26

El juez, como director del proceso, puede llegar a disponer la perención de instancia, esto no excluye la responsabilidad de la parte o partes de no diligenciar la prueba que ofrecieron en el término máximo de veinte días, según lo establecido por el art. 300, en definitiva el no uso de la facultad del judicante en el sentido indicado atribución que, como tal, puede ser utilizado o no según las razones que median, no pude desplazar la referida obligación a las partes.
Recurso de casación, individualización de la pena, facultades discrecionales del juez, prueba, prueba confesional
Materia: PENAL
Carátula: G. c/ J.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-04-01

La facultad discrecional de fijar la pena es exclusiva del tribunal de juicio y que no es revisable en casación, salvo el supuesto de arbitrariedad.

Dentro de ese estrecho margen de recurribilidad, relativo a las facultades discrecionales del tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva El ejercicio de estas facultades discrecionales se encuentra condicionado entonces, sólo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable y que la conclusión que se estime como razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa, extremo éste demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades.

Tal arbitrariedad, a su vez, no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), vocal del Tribunal, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BARRIO, ALFONSO (SUCESION) c/ LAZARUS, RICARDO LEONARDO s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA, COMO TAMBIEN SU ACUMULADO POSTERIOR EN EL MARCO DEL ARTICULOS 342 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL-LAZARUS, RICARDO c/ FERRERO, JUAN C.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-19

La postura del compareciente -al sostener la imposibilidad de que una de las Vocales pudiera firmar la sentencia en la ciudad de Rafaela y en la misma fecha conformar el cuerpo evaluador del Consejo de la Magistratura en un concurso de cargos en la ciudad de Santa Fe- sólo se asienta en su propia interpretación de las normas procesales en juego, según la cual pretende que el acto sentencial se halle comprendido entre las actuaciones y diligencias judiciales a practicarse dentro del rango horario establecido por el artículo 55 del CPCC, lo que carece de sustento normativo, desde que la doctrina se ha encargado de diferenciar las llamadas "actuaciones" (que consistirían en la actividad de instrumentación o incorporación formal en el expediente de actos propiamente procesales, orales u originalmente redactados por escrito) de las "diligencias" (que vendrían a ser los actos de cumplimiento o ejecución material de las órdenes del juzgador); por lo que aprehender el supuesto de marras en los límites horarios de la norma citada carece de toda correspondencia con una razonable hermenéutica del orden jurídico y de los usos y costumbres. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) DOCTRINA: Carlos, Eduardo B. y Rosas Lichtschein, Miguel A., "Explicación de la Reforma Procesal Civil y Comercial Santafecina", 1962; págs. 56/57.
Accidente de tránsito, peatones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ACOSTA RAMON Y OTROS c/ ROBERTO A. GRINBERG Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-04

Cuando el accidente se produce entre un vehículo ( automotor, motocicleta, etc.) y un peatón el caso encuadra en el art. 1.113, 2º parágrafo, apartado 1º del Código Civil (daño "con" la cosa) por lo que corresponde a la demandada demostrar que de su parte no hubo culpa, dado que la presunción legal juega a favor del damnificado, quien tan solo debe demostrar el perjuicio sufrido y el contacto con la cosa.
Fundamentación de sentencias, estrago culposo, violación al deber de cuidado
Materia: PENAL
Carátula: Bortis, Carlos Agustín y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-22

Están debidamente fundadas - en los hechos y las constancias de causa- las condenas por estrago culposo agravado por la muerte de personas, si los imputados, en su calidad de autoridades universitarias, son responsables penalmente por violación a sus deberes de cuidado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fundamentación suficiente, concurso preventivo, crédito verificado, intereses, igualdad entre acreedores, fijación judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: PAZZI, MARIO MIGUEL S/ QUIEBRA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -  QUIEBRA-INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA DE CREDITO PROMOVIDO POR  A.F.I.P. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 385 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

Corresponde rechazar la queja interpuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos -D.G.I.- con sustento en el vicio de que los jueces se han arrogado el papel de legisladores al fijar la tasa de interés del uno por ciento (1%) mensual para los créditos fiscales, desde que no logra probar que la referida tasa haya sido establecida -o aprobada- con fundamento en la sola voluntad del Judicante. Por el contrario, los fundamentos de la Sala evidencian la finalidad de no vulnerar el principio de igualdad o pars conditio creditorum, evitando el devengamiento de una tasa que genere un privilegio para el Estado en desmedro de las perspectivas de recomposición eventual del patrimonio del deudor, y de cobro efectivo de los créditos en juego, y todo ello con fundamento en derecho.
Empleados públicos, cambio de categoría
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barreira, Arturo Guillermo c/ S.G.P.E.R. y otro s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-03-08

Por Decreto Nro. 5106 GOB -20/10/03- se reubica al personal administrativo dependiente del Consejo General de Educación y se le asigna al accionante otra categoría.

Corresponde determinar si el articulante contaba a su favor con el derecho subjetivo a la permanencia en esa última categoría por gozar de estabilidad. Desde su reubicación a la fecha del dictado de la Resolución 022 CGE -31 /12/03- no había transcurrido el plazo de un año computable de su nombramiento, por lo que cabe revocar esta recategorización.
Alimentos, alimentos atrasados
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Di Lorenzo, Aldo c/ Sucesión de Bermúdez de Di Lorenzo María Gregoria y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-09-07

El art. 376 del Código Civil, señala la irrepetibilidad de los alimentos abonados, principio que se funda en la naturaleza de la prestación, ya que los alimentos tienen carácter asistencial, por lo que en esta materia no son aplicables los principios generales sobre el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa.