marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, conflicto de poderes, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-18

El impacto que esta sentencia recaída en un conflicto de poderes pudiera proyectar sobre los expedientes judiciales no legitima a los amparistas para asumir, ante este Tribunal, la defensa de las competencias ejercidas por el Poder Judicial que en modo alguno pueden representar. (Voto del Dr. José O. Casás).
Despido por matrimonio, tutela legal
Materia: LABORAL
Carátula: Vildosa, Daniel Andrés c/ Hauschildt, José Alberto s/ Despido Servidio, Hugo Alfredo c/ Cargill S.A.C.E.I. s/ Indemnización, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18|1991-02-26

El bien tutelado en el Título VII de la Ley de Contrato de Trabajo t.o.) es la mujer, pero también la familia, la que se consolida y tiene su origen en el matrimonio, a cuyo instituto también se lo protege obviamente por lo cual, el acto del empleador -disponer una rescisión del contrato de trabajo dentro de los tres meses anteriores o seis meses posteriores al matrimonio sin demostrar una legítima causa invocada a tal fin- afecta por igual a ambos integrantes de la pareja porque atenta contra la institución matrimonial y con arreglo asimismo a los principios que informan la ley 21.297.
Declaración de la víctima, torturas, declaración autoincriminante
Materia: PENAL
Carátula: Derecho, René Jesús y otros sobre tortura c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-10

Destacaron la especial relevancia que correspondía darle al testimonio de la víctima dado que el episodio se había producido en solitario, sin terceros imparciales, remitiéndose al respecto a los parámetros señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el precedente "Mendoza y otros vs. Argentina" (del 14/5/2013), en el que se trató la responsabilidad del estado ante un supuesto de tortura aplicado presuntamente en una situación de encierro en una unidad carcelaria.
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ RODRIGUEZ, Vicente Esteban y otro s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

Corre por cuenta de la defensa, probar los asertos que escapan a lo que comúnmente acontece ("Quod plerumque fit").-
Ofensas vertidas en juicio, escritos judiciales, prevaricato, defensa, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina
Materia: PENAL
Carátula: LEVENE, R. s/ CALUMNIAS - INJURIAS - VERTIDAS - JUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31

Si bien los párrafos impugnados considerados aisladamente, tendrían un contenido innecesariamente injurioso para la dilucidación de la litis, lo cierto es que analizados en el contexto del escrito judicial resulta estrechamente vinculados con la defensa del delito de prevaricato que motiva la acción contra el actual querellado en esta causa; razón por la cual, siendo de aplicación la excusa absolutoria del art. 115 C.P., corresponde desestimar la querella.

Corresponde incluir en el beneficio del art. 115 C.P. la presentación ante el Colegio Público de Abogados, dado que el Tribunal de Disciplina ejerce facultades asimilables al poder jurisdiccional y no sería ecuánime privar al justiciable de las garantías de defensa que le asisten en otras jurisdicciones.
Sentencia, fundamentación de sentencias, cámaras de casación, facultades del juez, prueba, pericia balística, idoneidad del arma
Materia: PENAL
Carátula: CUELLO, ARIEL ALEJANDRO s/ ROBO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-03-03

1- La imposición constitucional y legal de fundamentar la sentencia consiste en la obligación de consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ella contiene, con base en la prueba reunida y de acuerdo al sistema de valuación admitido por la ley procesal, porque éste es el modo de posibilitar el contralor de las partes y del tribunal Casación. Ello no se cumplimenta si la sentencia enumera los elementos de convicción reunidos en el debate, consigna extensamente las manifestaciones de imputados y testigos, y enseguida expresa de qué modo han ocurrido los hechos, porque tal conclusión no está precedida ni va acompañada de valoración alguna. En el mismo sentido, la fundamentación requiere dos condiciones: debe consignar el material probatorio describiendo su contenido y a la par aquél debe ser meritado.

2- El principio de libertad probatoria receptado en el ordenamiento procesal vigente, según el cual -salvo excepciones legales- "todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba" (art. 192 CPP) y la competencia exclusiva del tribunal de juicio en materia de selección y valoración de la prueba, estrecha el contralor que el ejercicio de esas facultades pueda efectuar el tribunal de casación.

La función del tribunal de casación en los supuestos en que el orden jurídico no limita el principio de libertad probatoria, se ciñe a examinar la legalidad y aptitud lógica de los elementos de prueba seleccionados por el tribunal de juicio y de conformidad al valor convictivo por él asignado.

Conforme ello, carece de sustento normativo la afirmación de que la operatividad de un arma de fuego sólo puede acreditarse a través de una pericia que demuestre también la de los proyectiles, cuando el tribunal de juicio dio por acreditada aquella circunstancia a través de los testimonios convergentes de quienes escucharon los disparos provenientes de al menos una de las armas por los sujetos intervinietes en el hecho.
Tenencia de armas, non bis in ídem
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Maximenko, Serguei s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-13

Si bien la base fáctica alude a la tenencia de armamento diverso en el domicilio del imputado, ello no enerva la circunstancia de que las conductas reprochadas exhiban una ontología disímil y, precisamente esa distinción radica en el hecho de que respecto de la tenencia de algunas armas, se determinó que carecía de relevancia penal, pues el nombrado poseía la credencial de legítimo usuario. La disidencia expresó que la cantidad de objetos secuestrados vinculados con el art. 189 bis del CP (armas, material explosivo o municiones), no tiene por virtud multiplicar conductas, por lo tanto da que la tenencia abarque dos o más elementos. (Dres. Ledesma, Riggi y Catucci -en disidencia-).
Concursos, acuerdo preventivo, régimen de mayorías, homologación judicial, buena fe, deudor, crédito privilegiado, igualdad entre acreedores
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARCANGEL  MAGGIO s/ INC.  DE  IMPUGNACION  AL ACUERDO PREV. (LL31.8.04, F 107992).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-03

Del Dictamen Fiscal 98284:

La buena fe del deudor -observada antes o durante el juicio constituye un requisito esencial a los fines de la homologación, por lo que si existen situaciones especiales, que evidencian manipulación de las mayorías legales -en el caso, renuncia a privilegios formuladas no por los titulares originarios, quienes vieron satisfecho su derecho de cobro inmediato, sino por los cesionarios que pagaron y renunciaron a sus prerrogativas en favor del deudor-, que permitieron que el tenor de una propuesta irrisoria se impusiera de ese modo, lo que confirmaría que se ha actuado a sabiendas en perjuicio de los restantes acreedores quirografarios, que resultarían así sometidos por una mayoría ficticia a la perdida sustancial de sus derechos, ello implicaría un acto jurídico fraudulento, ya que sus otorgantes si bien obraron legitimados formalmente por una norma legal, eludieron otras, que les impedirían obtener el resultado o fin que se proponen, y tal trasgresión a los principios rectores de las normas concúrsales, vinculados a la protección del crédito y la par conditio creditorum cuyo carácter de orden publico no puede ser ignorada, permitiría asimilar la situación a lo previsto por la ley 24522 art. 52-4 en su nueva redacción -ley 25589-, no correspondiendo la homologación de la propuesta formulada en tales condiciones, debiendo adecuarse el procedimiento de conformidad con lo dispuesto por la ley 24522 art. 48
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: MOSQUERA, GERARDO c/ LUCCHESE, MARTA SUSANA s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-05

El daño moral es personal por excelencia, toda vez que el dolor, o en general, la lesión de las afecciones legítimas es, por su propia naturaleza, algo inherente a la persona misma del titular, por lo tanto nadie podría invocar como propio ese dolor o esa lesión a afecciones íntimas ajenas, para pretender una indemnización.
Declaración indagatoria, competencia
Materia: PENAL
Carátula: LASERNA Rodolfo y otro s/ HURTO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

La declaración indagatoria hecha ante un Juez incompetente, no puede considerarse una "confesión cuasi-judicial" ni "extrajudicial" con aptitud para servir de base a una prueba compuesta, o para originar una presunción en contra de los procesados. La declaración es judicial pero no tiene valor.
Competencia, robo, prueba insuficiente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de competencia en autos N.N., Alastuey Rubén Jorge y otros sobre 172 - estafa c/  s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-10

Corresponde declarar la competencia de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas ya que las operaciones realizadas por el usuario de "Mercado Pago" que involucraron tarjetas a nombre de la víctima -lo que a su criterio importó un uso no autorizado de sus datos-, se subsume, prima facie, en la figura prevista por el art. 173, inc. 15 del Código Penal y esa investigación resulta escindible de la relativa al robo del dispositivo móvil desde el cual se hicieron. Ello así, toda vez que no surge de autos elemento probatorio alguno que permita, al menos de momento, inferir que los hechos habrían sido cometidos por el mismo autor, lo que lleva a afirmar que ambas conductas son escindibles la una de la otra. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano, por remisión al dictamen fiscal).
Declaración testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Amelong, Juan Daniel y otros s/ Recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-05

Los señalamientos a los acusados realizados por las víctimas durante la audiencia de debate resultan válidos, ya que nada obsta a su introducción en el proceso como parte integrante de una declaración testimonial y cuya valoración probatoria queda supeditada a la observancia de las reglas que informan la sana crítica racional.
Acto administrativo, legalidad objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Peralta, José María c/ Provincia de Buenos Aires (Policía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-11-23

El objeto del acto administrativo, lo que éste decide, debe importar el cumplimiento de la ley. Toda repartición estatal debe obrar en cumplimiento del principio de legalidad objetiva.(del voto del doctor Negri)
Contrato de trabajo, renuncia de derechos, vicios de la voluntad
Materia: LABORAL
Carátula: Bernao, Raúl Alberto c/ Docthos S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-09

El  art. 12 de la LCT -que establece la irrenunciabilidad de los derechos en general- y el art. 58 -que alude a la admisión de la renuncia cuando ello surge de una forma de comportamiento inequívoco en ese sentido- hacen expresa referencia a que la no aceptación de renuncia se vincula a los derechos que nacen de la ley o de un convenio colectivo de trabajo o sea de normas que integran el orden público laboral, lo que permite -en la medida que en el caso no exista un vicio de consentimiento por pate del trabajador o lesión subjetiva (art. 954 CC)- que el empleado admita una rebaja en la condiciones de trabajo, que no tienen esa fuente (CNAT, sala III, 30/05/88, sen, 56151, "Socco Nazar, Alberto E. c/ Entidad Nacional Yaciretá s/ cobro de pesos", CNAT Sala II, sent. Ntion 90236 25/3/02 "Guiliano, José c/ Cronos S.A. s/ Ley 14.546"). (Del voto del Dr. Guisado). Toq. 1191.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Díaz, Jorge Omar y otros c/ Poder Ejecutivo de la Provincia y otros s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-08-13

Cuando el acto que se impugna a través de la acción de amparo es un decreto emitido por el Poder Ejecutivo Provincial, que da origen a un nuevo régimen salarial para los agentes demandantes, el Tribunal debe declarar la admisibilidad formal del amparo, sin perjuicio de reconocer el criterio restrictivo que impera con respecto a la concesión de la misma. Ello se impone ante las circunstancias particulares que rodean el caso de autos, como es el cuestionamiento del acto administrativo que recae sobre un derecho esencial, constitucional y adquirido, como es el de percibir por parte de los agentes sus retribuciones mensuales. Empero ello, cabe puntualizar que aún cuando el acto puesto en tela de juicio no aparezca impregnado de manifiesta ilegalidad, dicha circunstancia no puede ser óbice para la admisión formal de la vía intentada, aunque si para la procedencia sustancial de la acción dicho presupuesto sea condicionante. (Voto en disidencia del Dr. Crook)
Sentencia condenatoria, personal policial, homicidio calificado, víctima menor de edad, fundamentación de sentencias, incongruencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Chocobar, Luis Oscar y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-06

Corresponde declarar la nulidad del fallo que condenó a un agente policial en orden al delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso del cumplimiento de un deber (arts. 79 y 84 CP), por haber abatido a un menor que había participado de un robo, dado que surgen evidentes y serias inconsistencias y contradicciones internas en los fundamentos de la condena, y también externas, pues los votos de la sentencia recurrida afirman circunstancias distintas sobre aspectos medulares del hecho atribuido al imputado. Las autocontradicciones y déficits en la fundamentación de la resolución impiden conocer qué es lo que se representó el condenado concretamente con relación al homicidio; si hubo un enjuiciamiento serio del riesgo que introdujo, o si lo minimizó, a tal punto que no cabría formular una imputación dolosa.
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Vidal de Prieta, Manuela c/ García, Osvaldo Andrés s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-30

Cuando se reclama el lucro cesante, quien formula la petición debe traer al pleito los elementos de prueba que demuestren su extensión o por lo menos dejar en el ánimo del juzgador la certeza de que una ventaja no se produjo por haberlo impedido la acción del responsable del accidente.
Apreciación de la prueba, sana crítica racional, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Pla, Carlos Esteban y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-02

El sistema de la sana crítica racional es el régimen adoptado por nuestro Código Procesal Penal -artículo 398, 2° párrafo- que, conforme al precepto constitucional que exige que todo pronunciamiento debe ser fundado, requiere que las conclusiones a las que se arriba en el veredicto sean consecuencia de una valoración racional de las pruebas, respetándose las leyes de la lógica -principios de identidad, tercero excluido, contradicción y razón suficiente-, de la psicología y de la experiencia común.
Adopción, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D. G., y G. D. s/ Solicitud de guarda con fines de adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-11

La petición de guarda con fines de adopción está condicionada a la existencia de una declaración judicial de abandono, resultando inescindible de ella, consecuentemente, la competencia para esta última cuestión arrastra la del tema de la guarda preadoptiva. Si el juez competente para la declaración de abandono es el de menores, también este lo será para el proceso de guarda con fines de adopción. (Minoría u opinión personal)
Fuerzas de seguridad, servicio penitenciario
Materia: PROCESAL
Carátula: Epuñan, Daniel Edgardo c/ E. N. - Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos - Servicio Penitenciario Federal s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-09

No corresponde la incorporación al beneficio de retiro del Servicio Penitenciario Federal del titular, el suplemento Zona Austral o Plus Patagónico, normado por la Ley 19.485, que establece un coeficiente de bonificación 1,40 para las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, graciables y la pensión honorífica para veteranos de guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que se abonan a los beneficiarios que residan en las Provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires. Ya que, el régimen del Servicio Penitenciario Federal -ley 13.018- tiene características que le son propias y, por lo cual no puede ser asimilado al régimen general para el cual ha sido previsto el suplemento peticionado.
Intereses, facultades del juez, convertibilidad, ley de orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: Consejo General de Educación de la Provincia s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-09-07

El tema de intereses pertenece al ámbito de facultades discrecionales, propio de los jueces de la causa, y constituye en principio una cuestión de hecho ajena a la casación. Pero el rígido vallado a la intromisión de los hechos en casación, se sortea, por tratarse de la aplicación de un ordenamiento jurídico de orden público - ley de convertibilidad - y la necesidad de determinar si el pronunciamiento provoca desigualdad en las prestaciones con afectación de garantías constitucionales que el tribunal debe garantizar. (Dra. Catella: Según su voto).
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, ley nacional, libertad de comercio e industria, comercialización, promotor de ventas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PHILCO ARGENTINA S.A. s/ MULTA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-30

La prohibición establecida en el art. 1 de la ley 17.088, en atención a los fines que persigue, aparece como una reglamentación razonable de la libertad de comercio contemplada en el art. 14 de la Constitución Nacional (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt y Augusto César Belluscio).
Recurso de casación, subasta judicial, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: MARGIOTTA, PASCUAL c/ CLUB HIPICO VIEDMA Y OTRO s/ PREPARA VIA EJECUTIVA (HOY EJECUTIVO) S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-06-28

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por los compradores de un bien en subasta judicial, contra la sentencia de Cámara que fijó la actualización del saldo de precio a pagar fundándose en razones de equidad. Ello pues el reconocimiento de la equidad como principio general y más elevado del derecho y principal fundamento en orden a justificar el reestablecimiento de la equivalencia de las prestaciones mediante la actualización de la deuda, ha sido acogido como válido por buena parte de la doctrina; y segundo, por cuanto la sentencia utiliza el principio no para ajustar hacia arriba, sino para disminuir el índice inflaccionario fijado en primera instancia- en beneficio precisamente del comprador.
Contrato de trabajo, periodistas, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Szatmary Bárbara c/ Editorial Televisa Argentina S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-27

La circunstancia de que un estatuto profesional (en el caso el de periodistas) regule un régimen indemnizatorio por despido distinto del establecido en la L.C.T. no justifica su exclusión a los fines de determinar la duplicación prevista por el art. 16 de la ley 25.551. La norma citada dispone, para los casos de despido sin causa justificada, el pago de un incremento sobre las indemnizaciones que correspondiese percibir al trabajador "...de conformidad a la legislación laboral vigente...", sin establecer exclusiones respecto de tales normas laborales. Sin embargo, si como en el caso, al momento del distracto regía el art. 4 de la ley 25.972, dicha norma prevé puntualmente el pago del incremento sobre el resarcimiento que correspondiese percibir al trabajador "...conforme lo establecido en el art. 245 de la ley de contrato de trabajo...", surge inequívoca la voluntad del legislador de aplicar el adicional (del 80%) sobre la indemnización por despido contemplada en la ley de contrato de trabajo. Desde esta perspectiva, no cabe duda que la norma convencional prevé un régimen indemnizatorio específico para el despido sin causa y, en consecuencia, al personal sujeto a las disposiciones del estatuto del periodista no le asiste derecho al cobro del incremento con sustento en el art. 16 de la ley 25.561 (art. 4 ley 25.972).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, gravamen irreparable, prueba anticipada, menores, cámara Gesell, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: M., J. C. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-21

La presentante no persuade a esta Corte de la existencia de un gravamen irreparable que permita sortear la ausencia del recaudo de definitividad, en tanto se limita a oponerse a la realización de la medida, invocando de manera genérica la afectación de garantías constitucionales -concretamente, del derecho de defensa-, mas tales alegaciones, por la forma en que han sido planteadas y su confrontación con lo resuelto, carecen de entidad a los fines de evidenciar la irreparabilidad pretendida.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: GUTIERREZ, ZULMA BEATRIZ c/ RESTAURANT LA CALESITA Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-16

El principio de conservación del contrato (art. 10 L.C.T.) justifica una interpretación restringida del art. 247 L.C.T. En tal sentido resulta necesario que la empresa demuestre la perdurabilidad de la falta de trabajo, toda vez que ante un colapso temporario de ventas, pudo haber acudido a medidas menos agraviantes, tales como la suspensión de la relación laboral (art. 221 L.C.T). Por ello las dificultades económico-financieras que pueden afectar al empresario ante determinadas coyunturas del mercado, deben resultar rigurosamente comprobadas, pues de lo contrario, de alguna forma resultaría el trabajador vinculado a esos riesgos empresarios a los que resulta ajeno.
Prescripción, interrupción de la prescripción, honorarios, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: "Colpa S.A. -Inc. Ejec. Hon. c/ Entel s/ Proceso de Ejecución".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-11

La solicitud de formación de incidente de ejecución de honorarios reviste el carácter de interruptiva del plazo de prescripción.