Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31


SENTENCIA Nro. 93118 CAUSA Nro. 38.249/10 "PRIETO SEBASTIÁN VÍCTOR c/ DISTRIBUIDORA EMANUEL SRL. Y OTRO s/ DESPIDO". JUZGADO Nro. 30.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 31 MAY 2012 , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Cañal dijo:

La parte actora apela la sentencia de fs. 316/322, en los términos de su memorial de fs. 323/326, que recibiera réplica de la codemandada Flora Dánica SA. a fs. 335/337. El perito contador, apela sus honorarios por considerarlos reducidos fs. 327.

Se queja la parte, porque la sentenciante, para practicar la liquidación, tomó en cuenta el salario de $ 1.440,70, cuando a su entender, debió computar la mejor remuneración normal y habitual, establecida por el perito contador de diciembre de 2008, de $ 1.724,92, correspondiente a la categoría de administrativo auxiliar B.

De las constancias de la causa, se observa que el actor denunció que la categoría que desempeñaba era la de administrativo auxiliar B.

Ahora bien, esta posición no fue controvertida por la codemandada Distribuidora Emanuel, toda vez que a fs. 109, el presentante denunció que en el nuevo período, el actor cumplió tareas de administrativo como Auxiliar B, pese a que en los recibos que adjuntó (que no fueron impugnados por Distribuidora Emanuel), figura la calificación profesional y la tarea desempeñada, como categoría A y vendedor, respectivamente (ver fs. 66/69).

Al respecto, la Sra. Juez a-quo, intimó a Distribuidora Emanuel a poner a disposición del perito contador toda la documentación requerida, con arreglo en lo dispuesto en los art. 52, 54 y cctes. de la LCT y 43 y ss del Código de Comercio, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los arts. 53 y 55 LCT (fs. 160).

Como resultado de dicha medida, se observa que la intimada,	en quiebra, no puso a disposición del síndico los libros, ni documentación respaldatoria alguna (ver fs. 166).

La falta de toda argumentación justificatoria, torna que la falencia en un incumplimiento, genere automáticamente la presunción que emana del art. 55 de la LCT.

Cabe señalar, que si bien es cierto que el actor al demandar hace un cálculo con un salario inferior, es claro que se refiere a lo que percibía en ese momento y no a lo que debía cobrar, puesto que de hecho no incluye sumas en negro ni diferencias en la categoría, cuando se encuentran expresamente reclamadas ambas.

En consecuencia, cabe acceder al reclamo formulado por la parte actora, a cuyo fin propongo que el nuevo monto de condena se calcule tomando en cuenta la mejor remuneración establecida por el perito contador, de $ 1.724,92.

Se queja también la parte, porque entiende que en la liquidación practicada en la sentencia, no fueron incluidos los rubros, SAC sobre la indemnización por despido, preaviso, integración de mes de despido, y vacaciones.

Respecto del rubro SAC sobre la indemnización por despido, considero que no cabe incluirla, por la naturaleza indemnizatoria de este rubro. En cambio, y teniendo en cuenta su naturaleza salarial, si cabe incluir en la nueva liquidación a practicarse, los rubros sac sobre integración de mes del despido y sobre las vacaciones.

Por otro lado, el rubro sac sobre preaviso se encuentra incluido en la liquidación practicada en la sentencia que aquí se cuestiona (ver pto. 2º, de fs. 320).

Se queja también la parte, respecto del cálculo efectuado por la sentenciante para establecer el monto de la multa del art. 9 de la LNE. Al respecto, argumenta que no comprende cómo llegó a la suma que estableció la Sra. Juez. Asimismo, indica que para calcularla se debe tomar en cuenta el período que va desde enero de 2000 (período establecido en la sentencia recurrida), y el 1/4/07, que es la que figura en los recibos acompañados.

En este sentido, llega firme a esta instancia que el período laborado está comprendido entre enero de 2000 y febrero de 2009, como también que entre agosto de 2001 y abril de 2007 se acogió al régimen simplificado de monotributo.

En consecuencia, si bien corresponde acceder al reclamo de la recurrente en este aspecto, cabe señalar que, el período que corresponde tomar para dicho cálculo es el que trabajó como monotributista.

Por ello, la multa del art. 9 LNE. se calculará teniendo en cuenta el plazo que corre desde agosto de 2001 a abril de 2007, con el nuevo salario fijado precedentemente.

Por otro lado, la quejosa se agravia porque la juez de primera instancia, no hizo extensiva la condena a Flora Dánica SACI, en el entendimiento de que consideró no probado que Distribuidora Emanuel fuera distribuidora únicamente de los productos de la empresa Dánica.

En mi criterio, es evidente que al momento de evaluar la procedencia del instituto en cuestión (art. 30 LCT), debe examinarse si se verifican en el caso los presupuestos de procedencia de la norma.

Desde tal perspectiva, y analizadas las constancias de autos, considero que se configuran los requisitos previstos en el art. 30 de la LCT, para establecer la responsabilidad solidaria de la codemandada Flora Dánica SAIC.

Llega firme a esta instancia, que de la compulsa de los libros contables de Flora Dánica SAIC, se desprende que Distribuidora Emanuel SRL se dedicaba a la distribución y comercialización de los productos elaborados por la primera (fs. 188).

Para ello, Flora Dánica SAIC, entregaba la mercadería elaborada por ésta, a la demandada, para que procediera a su venta y distribución.

En este marco, considero que las circunstancias fácticas configuran los requisitos previstos en el art. 30 de la LCT, para establecer la responsabilidad solidaria de la codemandada Flora Dánica SAIC.

Es dable destacar que la venta y distribución de mercaderías, constituye una actividad inescindible para la codemandada Flora Dánica SAIC, a tal punto que, sin esta actividad, no podría cumplir con su actividad normal y específica, que es precisamente la elaboración y producción de productos alimenticios varios, para su comercialización en el mercado, según los dichos de la parte actora expuestos en la demanda y nunca negados por la codemandada. Por lo que este caso, resulta encuadrable la situación las previsiones del artículo art. 30 de la LCT.

En efecto, la norma sub examine dice textualmente, "quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social..."	Evidentemente, resulta capciosa la fórmula empleada por la reforma al referirse a la actividad normal y "específica", tendiente a romper la finalidad de la LCT en sí misma, que busca establecer un esquema de protección al trabajador, que no le impida al empleador tercerizar a su gusto, más sin colocar al dependiente en situación de riesgo.

La reforma, en cambio, en un avance claramente inconstitucional, que al violar la lógica de la LCT hace lo propio con el art. 14 bis mismo de la Constitución Nacional, ha procurado por el contrario que el empleador se desentienda de aquellos aspectos de su actividad que puedan ser atendidos por terceras empresas, pero sin preocuparse por la suerte del trabajador.

De ahí, el excluyente calificativo de "específica" que permite, sin mayor ejercicio de reflexión, dejar fuera del arco de responsabilidad del principal todo aquello que no se compadezca con el corazón de su actividad, lo que deriva al absurdo de que, contrariamente a lo que es la práctica comercial, solo un aspecto de la misma resulte propia; lo que diera por resultado un fallo como "Rodríguez c/ Cía. Embotelladora".

Mas en torno a su vinculatoriedad, no solo destaco que los jueces mal pueden ser atados a los precedentes de la CSJN, ni de ningún otro tribunal, al tiempo de dictar sus sentencias, dado el esquema de independencia judicial de nuestro sistema jurídico, sino que además convoco puntualmente la doctrina de la CSJN, en una reciente decisión recaída el 22 de diciembre del 2009, in re "Benítez, Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero".

La misma es relativa, precisamente, al Fallo Rodríguez, en la que reza que ese decisorio se refiere a los defectos específicos de la sentencia que había dictado en esa causa la Cámara, pero "la interpretación del derecho del trabajo que se hace en el fallo citado, -art. 30 LCT- así como la finalidad de establecer un quietus en la práctica de los tribunales correspondientes, carecen de toda fuerza normativa, porque no versan específicamente sobre derecho federal, para cuya aplicación tiene competencia apelada el Tribunal -art. 116 CN, art. 14 de la ley 48 y 6 de la ley 4055- y porque no forman parte del pronunciamiento central o ratio decidendi del pronunciamiento referido (del voto en disidencia de la Dra. Argibay)".

Retomando entonces el hilo de nuestras reflexiones, cuando el empleador lo desea abarca el todo, obtiene sus beneficios y se responsabiliza por él, y cuando no, terceriza, lucra pero no asume responsabilidades.

Esta relación laboral que Flora Dánica SAIC pretendía desconocer, y a la que en todo caso se consideraba ajena, no podía en modo alguno ser ignorada, a la luz de lo normado por los artículos 30 y 136 de la LCT.

Porque, precisamente estas obligaciones que la parte ignora, lisa y llanamente tienen dos caras. La una, es la de la verificación del cumplimiento de la normativa, que implicaba el control desde los registros de la codemandada del pago al trabajador de lo que correspondía, de la retención e ingreso de satisfacción de horas extras y demás. La otra, que para el caso de verificar irregularidades, debía cumplir en su lugar y luego repetir de la codemandada, efectuando en su caso las denuncias pertinentes, si deseaba excepcionar la responsabilidad que, como regla, le impone la ley de contratos.

Es que para el derecho del trabajo, así como para el derecho fiscal, lo que interesa es la realidad, y esta fue que la codemandada se benefició con la prestación de la demandada y del trabajador, en los términos del art. 26 de la LCT y por ende, del artículo 30 del mismo cuerpo legal.

Sin perjuicio a ello, considero que puede resultar tal vez criticable la política legislativa, que pusiera en cabeza de las cedentes el control de las obligaciones que en esta "triangulación" del vínculo participan, porque se compadece poco con las estrategias de mercado.

Ello en razón de que, si las usuarias recrudecen sus propios controles en relación con el cumplimiento de todas las cargas sociales, laborales y previsionales, corren el riesgo de un encarecimiento de los productos.

Pero, cuál sea la solución a este dilema moral y económico, en donde las reglas del mercado parecen compadecerse poco con un planteo ético, lo cierto es que hoy por hoy, el control en cabeza de la empleadora, mal llamada "principal", del cumplimiento de las obligaciones recíprocas.

Ello, porque a la luz de la normativa reseñada, así como de los artículos 5, 6 y 26 de la LCT, resulta innegable que ambas codemandadas oficiaron como el empleador múltiple del actor de modo que Flora Dánica SAIC y Distribuidora Emanuel SRL debieron haber verificado que los codemandados hicieron lo que como tal les correspondía, y cumplido en su defecto.

En razón de todo lo expuesto, corresponde condenar en forma solidaria a Flora Dánica SAIC en los términos del art. 30 de la LCT.

En consecuencia, cabe acceder al reclamo formulado por la parte actora y, en consecuencia, propongo modificar parcialmente la sentencia de grado y, elevar el monto de condena a la suma que deberá calcular el perito contador, en la etapa prevista por el art. 132 LO.

Dicho monto total de condena será calculado con los nuevos parámetros establecidos precedentemente y comprenderá los rubros incluidos en la liquidación de la sentencia de la anterior instancia, y deberá ser depositado en autos dentro del quinto día de haber quedado firme la liquidación del artículo 132 de la LO.

Ante el nuevo resultado que propicio y en virtud de lo normado por el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria. En consecuencia, procede declarar inoficioso el tratamiento de las apelaciones de costas y honorarios.

Teniendo en cuenta la calidad y la extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes, así como lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios por los trabajos efectuados en la anterior instancia para la representación letrada de las partes actora, demandada Distribuidora Emanuel SRL, Flora Dánica SAIC y perito contador, en el 16%, 14%, 14% y 7%, respectivamente. Cabe señalar que los porcentajes de los honorarios se calcularán sobre el nuevo monto de condena más los intereses fijados en la anterior instancia.

Propongo establecer las costas de la anterior instancia a las codemandadas vencidas, mientras que las de Alzada propicio imponerlas a Flora Dánica SAIC (art. 68 CPCCN.) y regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 323/326 y fs. 335/337 en 35% y 25%, respectivamente de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia previa (art. 14 de la ley 21839).

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la Sentencia Nro. 65.569 del 27 de septiembre de 1993 en autos "Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) sosteniendo "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto". Atento lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

En definitiva y por lo que antecede, voto por; I.- Modificar parcialmente el fallo de grado en el sentido de elevar el monto de condena a la suma que surgirá de la liquidación a practicarse en la etapa prevista por el artículo 132 de la LO por el perito contador, en el plazo, forma y con más los intereses indicados oportunamente; II.-. Imponer las costas de la anterior instancia a las codemandadas y regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora, demandada Distribuidora Emanuel SRL, Flora Dánica SAIC y perito contador, en el 16%, 14%, 14% y 7%, respectivamente. Cabe señalar que los porcentajes de los honorarios se calcularán sobre el nuevo monto de condena más los intereses fijados en la anterior instancia; III.- Imponer las costas de esta instancia a Flora Dánica SAIC (art. 68 CPCCN.) y regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 323/326 y fs. 335/337 en 35% y 25%, respectivamente de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia previa, con más el impuesto al valor agregado.

El doctor Víctor A. Pesino:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE: I.- Modificar parcialmente el fallo de grado en el sentido de elevar el monto de condena a la suma que surgirá de la liquidación a practicarse en la etapa prevista por el artículo 132 de la LO por el perito contador, en el plazo, forma y con más los intereses indicados oportunamente; II.-. Imponer las costas de la anterior instancia a las codemandadas y regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora, demandada Distribuidora Emanuel SRL, Flora Dánica SAIC y perito contador, en el 16%, 14%, 14% y 7%, respectivamente. Cabe señalar que los porcentajes de los honorarios se calcularán sobre el nuevo monto de condena más los intereses fijados en la anterior instancia; III.- Imponer las costas de esta instancia a Flora Dánica SAIC (art. 68 CPCCN.) y regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 323/326 y fs. 335/337 en 35% y 25%, respectivamente de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia previa, con más el impuesto al valor agregado.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Víctor A. Pesino	Diana Regina Cañal	Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí:

Leonardo G. Bloise	Secretario