Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-02


Buenos Aires, 2 de julio de 2014 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. El titular de la Fiscalía de Cámara Este dedujo el presente recurso de inconstitucionalidad (fs. 106/112) contra la resolución de la Sala III del día 30/08/2013 (fs. 97/103) que declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 del Código Contravencional y revocó el punto III del pronunciamiento de primera instancia (fs. 64/65), en cuanto dispuso la notificación a la Jefatura de Gobierno de la CABA del cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba y la consiguiente extinción de la acción contravencional.

2. En su recurso de inconstitucionalidad, el fiscal de Cámara sostuvo que la resolución impugnada era equiparable a una sentencia definitiva, por revestir gravedad institucional, y denunció que la Sala III violentó el principio federal, la autonomía y facultades propias de legislación y jurisdicción de la CABA y también el sistema acusatorio. Por otra parte, el recurrente también se agravió porque lo resuelto en el caso por la Cámara se apartó de la jurisprudencia de este Tribunal sobre esta misma cuestión.

La Sala III declaró admisible el recurso interpuesto, porque consideró que la resolución en crisis era asimilable a una sentencia definitiva y porque entendió también que concurre una cuestión constitucional (fs. 121/127).

3. El Fiscal General Adjunto, al tomar la intervención requerida en el caso, solicitó que se hiciera lugar al recurso de inconstitucionalidad y que se declarase la nulidad de la resolución que resolvió la inconstitucionalidad del art. 45, último párrafo, del Código Contravencional (fs. 133/136).

Fundamentos La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad ha sido correctamente concedido por el tribunal a quo, en tanto el Ministerio Público Fiscal ha logrado plantear una cuestión constitucional susceptible de ser analizada por esta instancia y, por otra parte, la manera en que fue resuelta la discusión suscitada en autos justifica ampliamente que el Tribunal ejerza, al respecto, las funciones que le confiere el art. 113.3 de la CCABA.

El Tribunal se ha expedido en el precedente "Martínez Valea" (expte. nº 8341/11, sentencia del 24/08/12) de una manera que resulta inconciliable con la respuesta brindada en autos, sobre la misma discusión, por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo PCyF. Por lo tanto, para descalificar esta nueva respuesta, alcanza con remitir en lo pertinente a los fundamentos que fueron desarrollados en aquella oportunidad. En efecto, en el caso no se han expresado argumentos suficientes para concluir que la notificación al Poder Ejecutivo de la suspensión del proceso a prueba importe per se una lesión a la garantía del juicio previo, al principio de inocencia o que sea equivalente a la aplicación de una sanción a una persona inocente.

Por el contrario, la mayoría del tribunal a quo ha intentado, al tomar la decisión, conjurar un supuesto perjuicio de manera preventiva y abstracta en función de una fundamentación que resulta endeble. En concreto, la lectura de la imposición legal que se resolvió invalidar alcanza para concluir que la función del Poder Judicial se agota en su deber de notificar la sentencia o la resolución que declare la extinción de la acción, pero que no es su función adoptar medida administrativa alguna respecto al puntaje del conductor. Por lo tanto, aquella notificación judicial en principio no es apta per se para surtir efecto lesivo alguno, sino que será, eventualmente, el comportamiento de la Administración que reciba esa comunicación judicial el que podría conllevar -o no- la adopción de alguna medida administrativa concreta, respecto al descuento de puntos de quienes prefieran resolver sus procesos a través de una suspensión del proceso a prueba.

No obstante, aquella potencial disminución en el puntaje pertinente no puede ser corregida de manera oblicua y anticipada por el Poder Judicial, ni, en lo que aquí importa, su aplicación puede ser ilegítimamente desconocida por los jueces de mérito con la excusa de que un presunto contraventor, que fue debidamente asistido por su defensa, no la hubiera consentido de modo expreso al momento de prestar su conformidad con el acuerdo. Ello así, toda vez que la comunicación que corresponde efectuar no se trata de una "regla de conducta", ni de una opción disponible para las partes intervinientes, que pueda ser sometida a "acuerdo", sino que forma parte integrante del régimen legal cuya aplicación fue solicitada y aceptada por el interesado.

Lo dicho basta para advertir que la peculiar interpretación que ha sido realizada por los jueces intervinientes ha importado un exceso jurisdiccional que desorbitó la función judicial y ha puesto en crisis el principio de división de poderes y la asignación de roles prevista para estos supuestos, en tanto se ha obturado cualquier actuación del GCBA, para que -con acierto o con error- pueda ejercer su poder de policía en cuanto al contralor del tránsito y transporte y respecto a las condiciones de vigencia a las que se encuentran sujetas las licencias de conducir que expide. Sintéticamente, cualquier persona que decida libremente someterse a una suspensión del proceso a prueba en esta materia conoce y acepta -sin que sea necesario ningún recordatorio de aquello que se presume conocido y surge de la propia regulación-, que, en el supuesto de que acuerde con el Ministerio Público Fiscal esa suspensión del proceso respecto de cualquiera de las contravenciones de tránsito contempladas en el citado art. 45, in fine, en la oportunidad en que corresponda se procederá a comunicar a la UACF el cumplimiento de lo acordado. Ello así, toda vez que el eventual descuento de puntos en el registro pertinente se encuentra establecido, en los casos de suspensiones del proceso a prueba -cumplidas-, como una consecuencia administrativa y accesoria por el Código de Tránsito y Transporte local.

Es preciso recordar que no hay motivos suficientes para concluir que el régimen de la suspensión del proceso a prueba ideado por el legislador de la CABA -en el cual el presunto contraventor acepta un conjunto de cargas o reglas de conducta, consecuencias sobre las condiciones de vigencia de su licencia de conducir y beneficios- se integre con "sanciones" de alguna clase (art. 21 y ss. del Código Contravencional) y, además, cobra relevancia aquí que se trata de un régimen alternativo que requiere un acto de voluntad de quien elija someterse a él, a través de su expresa pretensión de acatarlo; acatamiento inequívoco que, a su vez, determina la improcedencia de toda impugnación simultánea o ulterior del régimen legal con base constitucional, porque, afirmar lo contrario significaría reconocer la incongruente pretensión de que se preste la conformidad limitada a los beneficios del régimen pero al mismo tiempo se formulen reservas en cuanto a su estricta aplicación o a los efectos derivados de ella. 2. En mérito a lo aquí expuesto, voto por: i) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público Fiscal; y ii) revocar la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo PCyF, en lo que fue materia de agravio. La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Anticipo que habré de hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad que dedujera, en tiempo y forma, el Ministerio Público Fiscal (fs. 106/112).

2. Es oportuno recordar, en primer término, que la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, por mayoría, resolvió: "I. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial. II. DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD del último párrafo del art. 45 de la ley 1472. III. REVOCAR el punto III de la resolución obrante a fs. 64/65" (fs. 97/103 vuelta). El punto III del dispositivo de la sentencia de primera instancia había ordenado que se librase oficio a la Jefatura del Gobierno de conformidad con lo prescripto por el último párrafo del artículo 45 del Código Contravencional.

Los fundamentos que siguen motivaron al pronunciamiento recurrido:

a) La última parte del artículo 45 del Código Contravencional implica ".la imposición de sanciones de naturaleza administrativa a una persona a quien se le ha suspendido el juicio a prueba, e incluso, como en el caso de autos, a quien dio cumplimiento a las pautas de conducta impuestas en dicha suspensión" (fs. 98 vuelta).

b) Las circunstancias mencionadas habilitan ".la posibilidad de imponer una sanción a quien aún se presume inocente por no haberse llegado a determinar su culpabilidad en un proceso judicial previo, mediante sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada" (fs. 98 vuelta).

3. En apoyo de su postura, la Fiscalía se remitió a las consideraciones que expusiera este Tribunal en los autos "Santambrogio, Roberto Oscar s/ infr. art(s). 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expediente nº 9253/12, resolución del 8/05/2013. 4. La cuestión que aquí se debate es análoga a la resuelta por el Tribunal in re "Santambrogio, Roberto Oscar s/ infr. art(s). 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expediente nº 9253/12, sentencia del 08/05/2013. Las razones que expusiera en dicha causa son enteramente aplicables a la situación de autos y justifican mi decisión de hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad en el presente caso.

En el precedente aludido dije: ".la suspensión del proceso a prueba es un mecanismo, establecido en el Código Contravencional (artículo 45), cuya aceptación (voluntaria) sólo asegura a quien cumpliese con las pautas asumidas, que evitará el juicio. En consecuencia, la hermenéutica propuesta por la Sala interviniente -en el sentido de que el descuento de puntos constituye (en el marco de autos) una pena sin infracción comprobada- pierde de vista que el (.) [imputado] aceptó, voluntariamente, la probation cuya regulación legal prevé la posibilidad de que se notifique al Poder Ejecutivo en los términos del artículo 45 del Código Contravencional".

5. Por lo expuesto, voto por: a) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad que dedujera el Ministerio Público Fiscal (fs. 106/112) y b) revocar el pronunciamiento que dictara la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas (fs. 97/103 vuelta). El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad presentado por el representante del Ministerio Público Fiscal fue correctamente concedido.

Sucintamente, la Cámara revocó la decisión dictada por la jueza de primera instancia y declaró por mayoría la inconstitucionalidad de la última parte del art. 45, CC, por considerar que la notificación al Poder Ejecutivo en casos de suspensión del proceso a prueba, para que se adopten las medidas administrativas previstas en el Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte que resultarían aplicables en el caso de que recayera condena (art. 11.1.4, inc. d, ley nº 2148), resultaba contraria al principio de inocencia.

La invalidación del art. 45, CC, in fine, expone la existencia en el caso de una cuestión constitucional y no existe otra oportunidad para que este Tribunal ejerza al respecto las funciones que el art. 113.3, CCABA, le ha conferido (ver, mutatis mutandi, este Tribunal in re "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Del Tronco, Nicolás s/ infr. art. 184 inc. 5 -CP-'" expte. n° 6784/09 y su acumulado, "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Del Tronco, Nicolás s/ infr. art. 184 inc. 5 -CP-'", expte. nº 6785/09, resolución del 27/09/10 y sus citas). En el caso, se ha puesto en debate la validez de la regulación legal mencionada por ser contraria a la Constitución local y a la Constitución Nacional, la decisión de la Cámara trató de manera expresa la cuestión y declaró inconstitucional la regulación.

2. Los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones con competencia en lo penal, contravencional y de faltas resolvieron, por mayoría, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial y "DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD del último párrafo del art. 45 de la ley 1472" (foja 103vta.).

Argumentaron para ello, sucintamente, que "estas consecuencias [las previstas en el Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte] implican la imposición de sanciones de naturaleza administrativa a una persona a quien se le ha suspendido el juicio a prueba" y que "admitir la posibilidad de imponer una sanción a quien aún se presume inocente por no haberse llegado a determinar su culpabilidad en proceso judicial previo, mediante sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada [.] riñe con la presunción de inocencia, principio básico que enmarca el derecho penal liberal y engloba todo el resto de los principios, derechos y garantías que emanan de los arts. 13 de la CCABA y 18 de la CN en función del art. 10 de la CCABA" (foja 98vta.).

Asimismo, sostuvieron que la comunicación al Poder Ejecutivo a fin de efectuar el descuento de puntos del registro del conductor "implica una inhabilitación especial en los términos del art. 5 y 20 del Código Penal" que, por ello, "no puede ser impuesta sin juicio previo" (foja 100 vta.).

Además, se señaló que no era aplicable el precedente "Martínez Valea" de este Tribunal (expte. nro. 8341/11, resuelto el 24/8/12) puesto que, en este caso, "no se incluyó como pauta de conducta al momento de otorgarse la suspensión del proceso a prueba, la comunicación al Poder Ejecutivo en trato, lo que hubiere podido influir en la decisión final del imputado, en cuanto a dar su consentimiento a la aplicación de dicho instituto" (foja 99vta.).

3. En primer lugar, debo señalar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional al que debe arribarse únicamente como ultima ratio del ordenamiento jurídico cuando la repugnancia de la norma o acto cuestionado, respecto de la cláusula constitucional comprometida, resultare indudable y la incompatibilidad inconciliable (Fallos: 249:51; 264:364; 315:923; 319:3148; 322:842, entre muchos otros).

En ese contexto, adelanto que la resolución cuestionada por el representante del Ministerio Público Fiscal debe ser revocada en tanto no exhibe fundamentación suficiente para dar por cumplidos los requisitos reseñados precedentemente.

4. La garantía del juicio previo exige, ciertamente, el dictado de una sentencia de condena que declare la culpabilidad del sindicado como autor de un delito y determine la pena para su aplicación, luego de un procedimiento acorde a las regulaciones constitucionales. De allí que se exija el trato de inocente del imputado durante aquel procedimiento.

También puede afirmarse, como lo hacen los jueces de la Cámara, que la suspensión del proceso a prueba no implica que el/a imputado/a esté admitiendo su responsabilidad por el hecho que se le endilga. Ahora bien, tal como lo expresé en mi voto en la causa antes mencionada ("Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Martínez Valea, Gustavo s/ infr. art(s). 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes - CC'", expte. nº 8341/11, resolución del 24/08/12), entiendo que resulta cuestionable el escaso fundamento expuesto en la sentencia para afirmar lo que constituye el punto de partida del razonamiento que les permitió a los magistrados concluir en la invalidez de la norma que descalificaron por inconstitucional. Esto es, el carácter que le han asignado a la notificación al Poder Ejecutivo, "para que se adopten las medidas administrativas previstas en el Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte, que resultarían aplicables en el caso que recayera condena" (art. 45, CC, in fine), cuyas posibles consecuencias han señalado.

La escueta argumentación de la Sala para descalificar por inválida la regla legal resulta insuficiente a la luz de las consecuencias de la decisión adoptada -que fulmina la regulación del legislador- y de la doctrina que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la excepcionalidad de tal tipo de declaraciones, sobre todo cuando se trata de una norma sancionada por el órgano legislativo. Al respecto, la mera afirmación de que para la eventual aplicación de las consecuencias administrativas dispuestas en el Código de Tránsito y Transporte son exigibles todos los resguardos constitucionalmente previstos para la aplicación de un castigo penal resulta completamente insuficiente para dar sustento a una decisión de la entidad de la que cuestiona ante este Tribunal la representante del Ministerio Público Fiscal.

La ley nº 2641 incorporó al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires -aprobado por ley n° 2148- el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (Capítulo 11.1 de "Disposiciones generales"). Dicha regulación determina, entre otras cosas y en lo que aquí importa, las condiciones en las que podrá ejercerse un derecho especial, en función de una actividad particularmente riesgosa como es la conducción de vehículos en la vía pública. Así, a quien pretende el ejercicio de ese derecho especial de acuerdo a la regulación local, se le asigna un puntaje inicial de 20 puntos, "el que irá restando en función de las infracciones comprobadas a las normas contenidas" en ese Código (art.11.1.1, ley n° 2148).

De acuerdo a lo expuesto precedentemente, el conductor que posee licencia de conducir otorgada por el Gobierno de esta ciudad conoce los requisitos para obtener y mantener la licencia y las posibles consecuencias del incumplimiento reiterado de los distintos regímenes normativos vinculados con el ejercicio de ese especial derecho (régimen de faltas, ley nº 451; Código Contravencional, ley nº 1472), esto, en lo que hace a la quita de puntos establecida en los incisos del punto 11.1.4 de ese Código. En ese sentido, se establece la inhabilitación para conducir por el término de sesenta días o (a opción del conductor) la realización y aprobación del curso establecido en el art. 27 bis del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el caso del conductor que alcance los cero puntos por primera vez; la inhabilitación para conducir por ciento ochenta días y la realización y aprobación del curso ya referido, para el caso del conductor que por segunda vez alcance los cero puntos; la inhabilitación para conducir por dos años y realización y aprobación del curso para el conductor que por tercera vez alcance los cero puntos; la inhabilitación por cinco años y el mismo curso cuando el conductor alcance los cero puntos a partir de la cuarta vez y en adelante -art. 11.1.7 "aplicación del sistema de Evaluación permanente de conductores"-. Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo a esta regulación legal, cada descuento parcial de puntos queda sin efecto a los dos años de efectuado si el conductor no alcanzara los cero puntos y que se prevé la revisión por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas, la que tendrá efecto suspensivo (art.11.1.3 del Código de Transporte).

Si bien se puede afirmar la posible restricción a la libertad ambulatoria impuesta de manera intencional por la administración a quien ha violado ciertas reglas -una consecuencia disvaliosa para el titular del registro que tras ser privado de puntos, al llegar a "cero" es pasible de alguna de las consecuencias mencionadas-, considero que no se trata de un supuesto de retribución por la comisión de la falta o contravención cometida (retribución que ya habrá sido dispuesta de acuerdo a las vías legalmente establecidas -ley n° 1217; ley n° 12-) sino de una eventual consecuencia, de orden administrativo, vinculada con las reglas preestablecidas para el mantenimiento de la habilitación para el ejercicio del derecho especial en cuestión, relacionada con la idoneidad para la conducción de vehículos.

Trasladado el análisis al ámbito de la suspensión del proceso a prueba contravencional que nos ocupa, debo recordar lo señalado por este Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Jimenez, Juan Alberto s/ infr. art. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes - CC'", expte. nº 7238/10, resolución del 30/11/10, en cuanto a que el legislador local ha regulado la posibilidad de que el imputado, asistido por su defensor, y el representante del Ministerio Público Fiscal acuerden suspender el proceso a través de un compromiso cuyo cumplimiento, en determinadas condiciones lleva a la extinción de la acción nacida del hecho imputado. El Juez resuelve sobre ese acuerdo, teniendo la facultad de no aprobarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza. En ese contexto es que el magistrado deberá analizar la voluntad expresada por el imputado de evitar el juicio que la constitución le garantiza, a través del sometimiento al cumplimiento de ciertas reglas de conducta. Ello, en tanto su intervención importa pronunciarse acerca de la legitimidad de los compromisos que pactan fiscal e imputado, y que importan restricciones a la libertad del segundo. La emisión de esa resolución -de naturaleza judicial, y cuyo contenido es, por lo dicho, el de una homologación- constituye el modo en que las cargas y los derechos que de ella se proyectan tengan el alcance que la ley les otorga. En casos como el de autos, en los que se ha imputado la comisión de las contravenciones aludidas en la última parte del art. 45, CC, el sujeto se someterá también voluntariamente a la comunicación al Poder Ejecutivo a fin de que se adopten las medidas administrativas previstas en el Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte, que resultarían aplicables en el caso que recayera condena para evitar el juicio al que eligió no someterse. Se trata, reitero, de un voluntario sometimiento a un régimen jurídico y a las consecuencias que del mismo se derivan y de las que debe ser puesto en conocimiento.

5. Desde esa perspectiva, la resolución del a quo configura un acto de pura autoridad pues prescinde de la aplicación del derecho vigente sobre la base de una fundamentación lábil e inconsistente para sustentar la declaración de inconstitucionalidad del precepto legal en juego.

Es que, en el caso, no se cercena un derecho personalísimo de alcance general de todos los habitantes sino que, por el contrario, se priva excepcional y temporalmente de una licencia para conducir vehículos -que por lo demás no es el único medio para trasladarse en recorridos de media y larga distancia- en razón de la falta de idoneidad para manejar, en términos equivalentes a las exigencias para su concesión que requiere la aprobación de una prueba práctica con el rodado y médica del aspirante, lo que aquí se extiende a mantener determinados requisitos para la vigencia de la habilitación, que importan, en este caso, escrutar que se conserva la apuntada idoneidad.

6. Por último, cabe señalar que las circunstancias tenidas en cuenta por este Tribunal para resolver el caso "Martinez Valea" citado más arriba no difieren de las presentes. Este Tribunal no ha afirmado, como parece entenderlo la Alzada, que la previsión del último párrafo del art. 45, CC, constituya una "pauta de conducta", cuya aplicación pueda -por tanto- ser o no convenida por las partes. Se trata, por el contrario, de una previsión legal no sometida a acuerdo alguno y destinada a que la suspensión del proceso a prueba no impida la posibilidad de aplicación del sistema de evaluación permanente de conductores.

En el caso, no ha sido cuestionado que el imputado requirió, junto con su letrado defensor, la aplicación del instituto previsto en el art. 45, CC (que, como se explicó, incluye concretamente la posibilidad de "quita de puntos" en cuestión), sin que se invocara en esa oportunidad la inconstitucionalidad de ninguna de las consecuencias legalmente previstas en la norma citada. A raíz de dicha solicitud, con el acuerdo del representante del Ministerio Público Fiscal, la jueza suspendió el proceso a prueba, sometiendo al imputado a las disposiciones del art. 45, CC. En síntesis, la suspensión del proceso a prueba se debió a un pedido expreso del imputado, asistido por su defensa técnica (fs. 34/35), de todo lo cual puede presumirse, fundadamente, que estuvo asesorado en forma debida sobre los alcances del instituto.

Además, desprovista de apoyatura en nuevos argumentos que pretendan justificar el deliberado apartamiento por parte de la Cámara de la constante jurisprudencia del Tribunal sobre la materia discutida en el caso, la sentencia se exhibe infundada (confr. el temperamento sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Cerámica San Lorenzo", Fallos: 307:1094).

7. Corresponde, en consecuencia, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia de Cámara en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 45, in fine, CC y dejó sin efecto la decisión de la jueza de primera instancia que, en ese punto, se mantiene.

Así lo voto.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (fs. 106/112).

2. Revocar la resolución de la Sala III en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 45, in fine, CC y dejó sin efecto la decisión de la jueza de primera instancia que, en ese punto, se mantiene.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

Los jueces Inés M. Weinberg y Luis Francisco Lozano no firman por encontrarse en uso de licencia.