Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-19


ART. 30 LCT. Alcance relativo de la modificacion de la ley 25013 SENTENCIA NUMERO: 95614 SALA II (meg) EXPTE. Nº: 13.525/2002 JUZGADO Nº 17 AUTOS:"MEACCI JOSE MARIA Y OTROS C/ VANGUARDIA S.A. Y OTRO" SOBRE: DESPIDO Buenos Aires, 19/3/08 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19/3/08, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia rechazó la acción deducida contra Central Dock Sud SA por considerar que no es responsable solidaria en los términos del art. 30 LCT de las obligaciones que hubiera contraído la empleadora directa de los servicios de los actores. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte actora, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios.

En principio, creo necesario puntualizar que, a mi entender, el recurso de apelación sub-exámine, en la medida que constituye una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas, reúne el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art.116 de la LO. Ahora bien, habida cuenta que se debe tener por cumplida la referida exigencia procesal, seguidamente, me he de abocar al análisis de cada uno de los agravios expresados por los recurrentes.

Los actores José María Meaci, Eduardo Alfredo Mazzei y Pablo Ignacio Lucero, en el escrito inicial, solicitaron que se establezca la responsabilidad solidaria de Central Dock Sud SA por los rubros pretendidos a fs.31 vta., 33/33vta. y 34 vta./35 respectivamente, con motivo de la relación que mantuvieron con Vanguardia SA, bajo la invocación de las previsiones contenidas en el 30 de la LCT. Sin embargo, estimo que existen diversas razones que obstan a la posibilidad de que se admita la pretendida solidaridad; y a ello haré referencia en los párrafos siguientes.

Al fundamentar el recurso, los quejosos se agravian porque se desestimó su pretensión de que se declare responsable solidaria en los términos del art. 30 de la L.C.T. a Central Dock Sud SA, por lo que cabe analizar -en primer término- si se verifica el supuesto esencial contemplado en esa norma, es decir, si existe coincidencia entre la actividad de la supuesta sub-contratista Vanguardia SA con la normal y específica propia del establecimiento de la codemandada Central Dock Sud SA.

A mi entender, el servicio de vigilancia prestado por Vanguardia SA que la codemandada Central Dock Sud SA reconoce al contestar demanda, no hace al giro normal y específico de la actividad desarrollada por ésta. Los propios actores admiten en la demanda que Central Dock Sud SA es una empresa generadora de energía eléctrica (ver fs 29 vta.); y así fue aceptado por la Sra. juez a-quo, cuya conclusión, en este aspecto, llega firme a la Alzada. A esta altura del análisis creo conveniente señalar que los testigos propuestos por la codemandada Dock Sud SA - Babini (fs 284), Jauregui (fs 285), Rigueiro -, y los ofrecidos por la parte actora -Alegre (fs 289). González (fs 290- , coinciden en señalar que la empresa prestadora del servicio de vigilancia (Vanguardia SA) era la que organizaba el trabajo de los vigiladores en la planta de Central Dock Sud S.A.; y era también quien les proporcionaba los elementos de trabajo, les abonaba los salarios y les daba las órdenes de trabajo a través de un supervisor. Desde esa perspectiva, es evidente que, en el caso, no se configuran los supuestos previstos en el art. 30 LCT para establecer la responsabilidad solidaria de Central Dock Sud SA. En efecto, la actividad relativa a la vigilancia a la que, -conforme surge de las alegaciones del escrito inicial- se dedica Vanguardia SA, no coincide con la normal y específica propia de Central Dock Sud S.A. que, como se ha señalado, se dedica a la producción de energía eléctrica. De todos modos, aún cuando por hipótesis se dijera que la actividad de la primera pudiera considerarse comprendida en forma genérica en el objeto social de la segunda (lo cual no ha sido demostrado), lo cierto es que tampoco se verificaría en el caso el supuesto contemplado en el art. 30 de la L.C.T., pues de acuerdo con la directiva que emana de la doctrina fijada por el más Alto Tribunal de la Nación (conf. C.S.J.N., 15-4-93, "Rodríguez, Juan c/ Cia. Embotelladora Argentina S.A." en TySS 1993, pág. 417), a fin de admitir la solidaridad que establece el art. 30 de al L.C.T., debe analizarse si existe correspondencia entre la actividad desplegada por la empleadora y la que concretamente desarrolla la principal en su establecimiento; y no entre la actividad de aquélla y el objeto genérico de ésta. Dicho en otras palabras, no cabe analizar si la actividad de Vanguardia SA encuadra en el objeto institucional o estatutario de Central Dock Sud SA, sino si se corresponde con la actividad concreta a la cual ésta última empresa se dedica en su establecimiento. Por las razones expuestas, resulta indudable que una empresa que brinda servicios de vigilancia a terceros no desarrolla la actividad específica propia del establecimiento de otra que se dedica a la generación de electricidad. De allí -entonces- que, con fundamento en la norma analizada, no pueda extenderse la responsabilidad de la empleadora directa de los actores a la codemandada Central Dock Sud SA. De seguirse los lineamientos expuestos en el escrito recursivo -según los cuales la vigilancia resultaría inescindible de la actividad normal y específica del establecimiento, -ya que ésta no podría cumplirse cabalmente en un ámbito en el que los bienes de propiedad de la demandada no fueran custodiados-, se debería extender la responsabilidad, prácticamente a todas las actividades, pues la "vigilancia", en función de la seguridad, es necesaria en todos los ámbitos. Por otra parte, estimo que, en el caso, las específicas tareas efectuadas por los actores (recorrer todas las dependencias de la planta -ver testimonial de Alegre a fs. 289 y Gonzalez a fs 290-) no estaban estrictamente ligadas a la elaboración de energía eléctrica, por lo que si bien pueden considerarse coadyuvantes, no resultan inescindibles de la actividad desarrollada por Central Dock Sud SA. Por ende, no observo que en la especie se encuentre acreditada la existencia de supuesto alguno que, en los términos del art. 30 de la L.C.T., autorice a establecer la responsabilidad solidaria de Dock Sud SA.

Como lo ha sostenido esta Sala in re "Diaz José Maria y Otro c/ Palma Jorge Ernesto y Otros s/ desp" sentencia Nro. 94205 del 11/5/06 a través del voto de mi querido maestro Antonio Vázquez Vialard, -al que adherí en su oportunidad-, al igual que en dicho precedente, no se trata aquí de una actividad en la que la seguridad sea un elemento constitutivo, como podría ocurrir en la actividad bancaria o en los barrios privados, en los que la actividad principal no se puede llevar a cabo adecuada o útilmente sin un servicio de seguridad o vigilancia. Se trata de una actividad industrial como tantas otras, en las que la seguridad de bienes y personas es aconsejable, pero no determinante de la actividad en sí misma. Aún cuando resulte necesaria la custodia de bienes ante la creciente inseguridad en la que se vive, tal actividad no hace a ninguna faceta de la actividad específica de una empresa productora de energía eléctrica. por lo que desde tal perspectiva estimo que Dock Sud SA no resulta responsable solidaria del crédito de los actores con base en el art. 30 LCT.

Por lo demás, como lo ha sostenido esta Sala in re "Orellana Hugo Rolando c/ Baster Group SA y Otro s/ ley 22.250 sentencia Nro.95.583 del 29/2/08 a través del voto de mi distinguido colega Dr. Miguel Ángel Maza, -al que adherí en su oportunidad-, el sólo incumplimiento de las reglas de control introducidas por la ley 25.013 en el art. 30 LCT no activa la responsabilidad vicaria puesto que para ello se requiere la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el primer párrafo del art. 30 LCT. En efecto, explicó el Dr. Maza en esa ocasión que la intención del legislador no fue condicionar la solidaridad a que se produzcan estos incumplimientos ni crear una fuente adicional de responsabilidad solidaria, sino que meramente buscó establecer con claridad el rol vigilante que le cabe al empresario principal (cedente y/o contratante) que cede su establecimiento o parte de éste o bien delega actividades que forman parte de su objeto específico, así como darle derechos para defenderse ante la posible responsabilidad vicaria o en garantía que podría tener que asumir luego. Como en el caso, no se verifican los presupuestos que habilitan la extensión de responsabilidad a los que refiere el primer párrafo del art. 30 LCT, es indudable que Central Dock Sud SA no tenía a su cargo el cumplimiento de la obligación de control prevista en el 2do. y 3er párrafo de esa norma. En virtud de las consideraciones expuestas, estimo que corresponde confirmar el decisorio de grado en cuanto rechaza la pretensión de que se condene a Central Dock Sud SA, con base en el art. 30 LCT (conf. art. 499 Código Civil)..

De acuerdo al resultado que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, estimo que las costas de Alzada, de conformidad con el principio general que emana del art.68 del CPCCN, deben quedar a cargo de la parte actora.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la codemandada Dock Sud SA, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 25 % y 30% respectivamente de la suma que corresponde a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05), sin que esto implique abrir aquí juicio alguno acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, corresponde hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: que por análogos fundamentos adhiere al voto del Dr.Miguel Ángel Pirolo Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125, segunda parte, ley 18345), el Tribunal RESUELVE: 1) I) Declarar formalmente procedente el recurso de apelación analizado (art. 116 L.O.). II) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo cuanto fue materia de apelación y agravios. III) Declarar las costas de la alzada a cargo de los actores. IV) Regular los honorarios de alzada de la representación y patrocinio letrado del la parte actora y de la codemandada Dock Sud SA, en el 25% y 30% respectivamente, de la suma que corresponde a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior. V) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05) y que deberán proceder con arreglo a lo establecido en el considerando pertinente.	Regìstrese, notifíquese y devuélvase Dr. Miguel Ángel Maza Miguel Ángel Pirolo Juez de Cámara Juez de Cámara