Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-23


CONTRERAS, Mirta Susana contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 215 p 265-266. Santa Fe, 23 de agosto del año 2006.

VISTOS: los autos "CONTRERAS, Mirta Susana contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -Recurso Contencioso Administrativo- sobre AVOCACIÓN (Art. 36, ley 11.330) (Expte. C.S.J. Nro. 217, año 2006); y.

CONSIDERANDO: 1. A fs. 16/17 consta que la Municipalidad demandada compareció ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 2, a los efectos de solicitar que la sentencia definitiva sea dictada por esta Corte. Invocó para ello el artículo 36 de la ley 11.330.

Afirmó, para justificar la intervención de este Tribunal, que "la presente causa resulta de interés institucional suficiente o trascendente, en razón de que la pretensión exhibida en la demanda, intenta dar efecto erga omnes a lo resuelto en autos 'Salvia Francisco y otros c/ Municipalidad de Rosario' y 'Tolosa, Rubén Aníbal y o. c/ Municipalidad de Rosario' y acumulados".

Agregó que si lo pretendido por el actor prosperara todos los empleados de la demandada que no hubieran recurrido la nulidad de los actos administrativos anulados en "Salvia", estarían en condiciones de demandar y cobrar, provocando un evidente interés institucional en el sentido de "gravedad institucional", lo que traspasaría "los límites de este proceso, proyectándose sobre un sinnúmero de situaciones individuales", lo que "resulta suficiente para configurar el presupuesto del art. 36 de la ley 11.330". Entendió además, que "si lo que se pretende es dar un efecto a aquella sentencia de la Corte, más allá de su límite, es claro que existe conexidad instrumental y esta razón también justifica la intervención decisoria del Alto Tribunal".

Por último, señala "que adquirió autoridad de cosa juzgada la ajenidad de la pretensión a lo contencioso administrativo" al resolver esta Corte la medida cautelar de este proceso donde expresó que "...no se advierten razones que justifique encuadrar el caso en algunos de los otros supuestos establecidos por la ley 11.330".

2. Recibido en esta sede el escrito de avocación con las copias correspondientes, se corre vista al señor Procurador General (art.36, 4to. párr.), quien se expide aconsejando el rechazo de lo solicitado por el Ente público demandado (fs. 22/23).

3. El artículo 36 de la ley 11.330 impone a este Cuerpo pronunciarse sobre la avocación solicitada, determinando si en el caso existen las razones que establece la norma citada y que impongan a este Tribunal la resolución definitiva de la misma.

Se adelanta que el pedido no puede prosperar.

Como bien lo señala en su dictamen el señor Procurador General al contestar la vista a fs. 22/23, argumentos similares a los invocados por la Municipalidad de Rosario para que esta Corte se avoque en las presentes actuaciones a los efectos de dictar sentencia definitiva, fueron desestimados por este Cuerpo al dictar resolución en los autos "EXPÓSITO, Héctor Rubén contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -Recurso Contencioso Administrativo- sobre AVOCACIÓN (Art. 36, ley 11.330)" (A. y S. T. 211, pág.290), donde se resolvió rechazar la avocación solicitada.

Para así decidirlo se entendió -en aquella oportunidad- que la cita de jurisprudencia elaborada por éste Tribunal y que la actora entiende aplicable al caso, como así también, el hipotético supuesto de futuras demandas al que se refiere la peticionante, no configuran, en principio, el supuesto que justifica la intervención de este Cuerpo a los efectos del dictado de la resolución definitiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la ley 11.330.

Se aclaró además, en el precedente citado y en respuesta a lo expresado por el señor Procurador, que las consideraciones efectuadas por éste tribunal al homologar el acuerdo presentado por las partes in re "Tolosa" (A. y S. T. 135 pág. 444-448 de fecha 18.04.97), no obstaban al rechazo de la pretensión.

Para así decidirlo remarcó las diferentes circunstancias que existían entre los autos "Tolosa" y "Expósito", diferencias que también se advierten en el presente.

En este sentido, dichas consideraciones fueron realizadas por el Tribunal en la etapa de ejecución de sentencia, al homologar un acuerdo presentado por las partes donde se involucraban doce expedientes acumulados, uno de ellos con más de 1.300 agentes.

En dicho acuerdo, y teniendo en cuenta que el cumplimiento de la sentencia podía comprometer las rentas públicas del municipio y en consecuencia poner en riesgo la prestación de los servicios públicos, las partes -realizando concesiones recíprocas- establecieron la forma, el plazo y las condiciones en que el Ente cumpliría la condena; situación que claramente no se la puede comparar con la que resulta de la lectura de los presentes autos, donde es un sólo agente el que reclama las diferencias salariales provenientes de la aplicación de las leyes 9286 (anexo II art. 78) y 9996 para la categoría 20 técnico profesional.

Por los motivos expuestos, se debe concluir que los argumentos esgrimidos por la Municipalidad de Rosario y en las actuales circunstancias de la causa, no configuran un supuestos de interés institucional trascendente o suficiente que permita que este Tribunal se avoque en la presente causa a los efectos de dictar resolución definitiva.

Por lo demás -sin perjuicio de lo señalado y a mayor abundamiento- corresponde agregar que, prima facie, la cuestión planteada por el recurrente podría llegar a ser subsumible en alguna de las hipótesis previstas en el recurso de inconstitucionalidad provincial que, en su caso, podría llegar a interponerse.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la avocación solicitada por la Municipalidad de Rosario. Regístrese, hágase saber y remítanse copias al tribunal de origen.

FDO.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)