marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, delitos contra el honor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hernández, María  Cecilia c/ López, Orlando Eliseo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-06

Ante la imputación de haberse realizado una falsa denuncia o una acusación calumniosa, y luego haberse probado que el imputado ha resultado sobreseido por no resultar de las constancias de la causa debidamente justificada la perpetración de delito alguno, la prueba debe tender a justificar la existencia de dolo o en su caso de culpa en el denunciante, ya que como se sostiene corrientemente, la reparación solo procede cuando el denunciante ha obrado con malicia, temeridad, por lo menos, con ligereza culpable.
Fallos de la Corte Suprema, principio de inmediación, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: L. P., H. O. c/  s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 103.385 del Tribunal de Casación Penal, sala II
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-21

La doctrina de la máxima capacidad de rendimiento a la que debe llevarse la tarea revisora a fin de garantizar la amplitud establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo "Casal" (Fallos 328:3399) y posibilitar así la realización de un examen integral de la decisión recurrida en cumplimiento del derecho al recurso consagrado en los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debe hacerse siempre conforme las posibilidades y constancias del caso particular dado que el principio de inmediación se erige como un límite real de conocimiento para el órgano revisor respecto de aquellos aspectos exclusivamente reservados a quienes hayan presenciado el juicio. Pero este esfuerzo por "revisar todo lo que pueda revisar" no implica que "re evalúe" todas las pruebas practicadas en presencia del tribunal de primera instancia, porque solo a éste corresponde esa función valorativa (argumento del artículo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), pero sí que verifique que efectivamente el tribunal de grado haya contado con suficiente prueba sobre la comisión de los hechos y la intervención que en el mismo le cupo al imputado, para dictar su condena, como así también que la prueba haya sido lograda sin quebrantar derechos o garantías fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción.
Responsabilidad de la Municipalidad, accidentes en el deporte, culpa de la víctima, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Eujenio, Marcelo Fernando c/ Automóvil Club Río Gallegos y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2014-03-19

Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda interpuesta contra el Automóvil Club de Río Gallegos y la Municipalidad de Río Gallegos por un banderillero que fue atropellado en una curva luego de que un automotor se despistara -por una falla mecánica-, pues no es arbitrario el pronunciamiento del a quo, en tanto quedó acreditado que el daño causado fue causado por el propio accionar imprudente y negligente del actor, al encontrarse de espaldas al sentido de circulación de los vehículos, apartándose por ende de la actividad de banderillero a la cual se había comprometido.
Impuestos, exenciones impositivas, energía eléctrica, transporte de energía eléctrica
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Yacylec S.A. c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

La exención prevista -sobre la base de lo dispuesto en el art. 12 de la ley 15.336- en la circular del comité privatizador suscripta por el secretario de Energía de la Nación no contempla que la concesión del transporte de energía eléctrica sea gravada por impuestos provinciales o municipales, en tanto constituyen medidas que restringen o dificultan la libre producción o circulación de la energía. -De los precedentes "Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina", "Compañía de Transportes de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A." y "Yacylec S.A.", a los que remitió la Corte Suprema-.
Divorcio, sentencia, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: I.B. c/ A. DE I.V. s/ DIVORCIO Y SEPARACION DE BIENES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-18

Es necesario -previo a la inscripción del divorcio vincular decretado- la notificación por cédula del cónyuge del peticionante.

La naturaleza del pronunciamiento en cuestión impone aquella necesidad, y así lo establece el art. 135, inc. 13 del Código Procesal.

Los importantes efectos que nacen de la decisión adoptada para ambos cónyuges al disolver el vínculo que hasta allí se encontraba vigente y los coloca en un nuevo estado, rodean a aquella de las características propias de una sentencia definitiva aunque adopte la forma del art. 161 del Código Procesal.
Obligaciones de dar sumas de dinero, desindexación, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Sagastume, Miguel y otro c/ Beagle S.R.L. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

La conclusión acerca de que las obligaciones típicamente dinerarias no estarían comprendidas en la ley 24.283 carece de todo sustento si de la simple lectura de su texto se desprende que "ésta se refiere al valor de una cosa 'o' bien 'o' cualquier otra prestación", con lo cual no formula distingo alguno respecto al tipo de obligaciones a las que se refiere (Disidencia de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Fundamentación de la resolución, falta de fundamentación, dictamen fiscal, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CATVIN, Leonardo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-02

Si la resolución que se impugna resulta una copia exacta del criterio esbozado por el fiscal, ella no constituye el criterio del juez que la rubrica, por lo cual, la ausencia de criterio propio, por un lado y la carencia absoluta de fundamentación en la única afirmación que no es réplica del dictamen fiscal, por el otro, impiden sostener el auto como válido acto jurisdiccional.

Con ello, corresponde decretar la nulidad del auto que desestimó las actuaciones por inexistencia de delito.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, ordenanzas municipales, beneficios previsionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DURAN ALFREDO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-04

La exigencia contemplada por el inciso a) del art. 2, del decreto 6705/59, al imponer un recaudo adicional a la Ordenanza que regula el derecho invocado impide acceder de una manera irrazonable e injustificada al beneficio en las condiciones existentes al cese en el empleo y lesiona garantías constitucionales. Así ocurre en el caso en que la aplicación del decreto reglamentario ha importado en los hechos una suerte de retrogradación en el cargo y en la situación en que revistaba el beneficiario durante su permanencia en el empleo; retrogradación que resulta incompatible con la naturaleza sustitutiva del beneficio y con la razonable proporción que debe existir entre los haberes de actividad y pasividad, a lo que cabe agregar que si la Comuna consintió durante casi dos años que el interesado cumpliera con determinadas funciones de mayor jerarquía, no puede en oportunidad de otorgar los beneficios previsionales correspondientes, desconocer los efectos que aquella mejora debe producir en el haber del agente.
Interpretación de la ley, interpretación sistemática, proceso penal, situación del imputado, procesamiento, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Antoniotti, Marcelo; Nuñez, Gerardo s/ Hurto en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-08-05

Interpretar no es más que investigar el sentido adecuado de una disposición a fin de su aplicación a un caso de la vida real. La interpretación no va a buscar extra legem, sino intra legem; no se trata con ella de buscar y descubrir una voluntad extraña a la ley misma, para encontrarla -por ejemplo- en sus antecedentes, sino que se trata de servirse de todos esos antecedentes y medios para entender cuál es la voluntad que vive autónoma en la ley. No se investiga, propiamente hablando, la voluntad del legislador, sino la de la ley.

La interpretación es una operación lógico-jurídica consistente en verificar el sentido que cobra el precepto interpretado, al ser confrontado con todo el ordenamiento jurídico concebido como unidad, y especialmente ante ciertas normas que le son superiores o que sencillamente limitan su alcance, con relación a una hipótesis dada: interpretación sistemática. La labor interpretativa debe alcanzar un resultado que concilie a todo el sistema y, dentro de éste, muy especialmente debe tender a resguardar el orden jerárquico de las normas que lo componen. Así la interpretación de la modificación del Código Procesal Penal en cuanto en su art. 322 introduce la posibilidad de remitir la causa a juicio mediante auto prescindiendo del dictado del auto de procesamiento, deberá conducir a su insersión sistemática dentro del cuerpo legal en que se inscribe, sin alterar los principios fundamentales que rigen el proceso ni menoscabar los derechos que le asisten al imputado y manteniendo la vigencia de todas aquellas normas no derogadas por el legislador
Indemnización por despido, reincorporación, deducción de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: PORRINI, GUILLERMO ENRIQUE Y OTROS c/ CELULOSA JUJUY SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-28

El cobro de indemnizaciones por cesantía revela la existencia de despido, aunque la ruptura del vínculo se haya formalizado a través de una renuncia. Si el trabajador reingresa a las órdenes del mismo empleador y es despedido, corresponde deducir de las pertinentes indemnizaciones lo percibido con anterioridad por igual concepto, pues una interpretación estricta y literal del artículo 255 de la LCT. (to.) estimula la mala fe.
Recusación, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Martinez de Catueño, Adriana Mónica c/ Catueño, Luciano Gabriel s/ Divorcio -Incidente de Recusación con Causa- Gabriel s/ Divorcio -Incidente de Recusación con Causa-
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1986-06-05

Debe entenderse por prejuzgamiento la emisión de opinión precisa y fundada sobre el o los puntos que deben ser materia de decisión, después de comenzado el pleito. En este sentido, cabe tener presente que se puede opinar sin prejuzgar, habida cuenta que el prejuzgamiento es una especie de la opinión.
Caducidad de instancia, carácter excepcional
Materia: PROCESAL
Carátula: PAGELLA, BENIGNO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-14

El instituto de la caducidad de instancia no tiene por función sancionar al litigante moroso, sino la conveniencia pública de facilitar el dinámico y eficaz desarrollo de la actividad judicial. De allí su carácter excepcional y de aplicación restrictiva (cfr. Régimen del C.P.C.C. de la Nación, Ley 17.454, pág. 285, revisado por los Drs. Arazi - Fenocchietto).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, habeas data
Materia: CIVIL
Carátula: ROMERO  ATILIO JOSE ROLENDIO c/ ORGANIZACIÓN VERAZ S.A Y/O BANCO BISEL S.A. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-05-06

a)Teniendo en cuenta que el agravio de arbitrariedad resulta atendible por vía del recurso de inconstitucionalidad, por importar violación a las garantías constitucionales invocadas, corresponde acoger favorablemente el recurso deducido la nulidad de la Sentencia en análisis pues el pronunciamiento en cuestión contiene diversos vicios integrantes de la causal invocada.

b) El decisorio impugnado, incurre en el yerro de contradecir otras constancias de autos - en este caso, las correspondientes al proceso constitucional - juicio de habeas data- que precedió a los presentes.

c) La alzada ha incurrido en el vicio de prescindir del texto legal -Ley Nro. 25.326 de protección de datos de carácter personal- sin dar razón plausible alguna. La aludida normativa, en su art. 4 incisos 1 y 4 -en lo que aquí respecta- se refiere a la calidad que deben tener los mismos y en el inc. 5 al deber de supresión por el responsable del archivo, haciendo también remisión al art. 16.

Este último, a su turno, consagra los derechos de rectificación, actualización o supresión que posee toda persona, el plazo dentro del cual debe ser corregido el error y las medidas a adoptarse mientras transcurre dicho término (conf. incs. 2 y 6).

d) es contrario a la lógica pensar que alguien que tenga conocimiento de su imposibilidad de conseguir crédito, va a seguir intentando el otorgamiento, hasta tanto pueda salvar el obstáculo que determina, inexorablemente, un resultado negativo y exponiéndose a todos los nuevos riesgos y perjuicios que ello le acarrearía.

En tal sentido, el decisorio impugnado contraría este sencillo razonamiento y, lo que es más grave aún, pasa por alto las consideraciones -ya efectuadas en su anterior pronunciamiento, devenido firme-, respecto a: la exigencia de la codemandada a la actora de nuevos requisitos para el trámite de eliminación del dato, absteniéndose a su vez de informarle a la misma que ya había procedido a borrarlo (como lo afirmara en el escrito defensivo), manifestación que a su vez no era cierta argumentos que originaron que la Cámara modificara la imposición de costas, estableciéndolas a cargo exclusivo de Organización Veraz S.A..

e) Asimismo se aprecia que encuadraron erróneamente los hechos de acuerdo a las circunstancias de la causa, al confundir la responsabilidad derivada del suministro del dato erróneo, de la emergente de su mantenimiento, por un período posterior a la comunicación de la corrección -efectuada por la entidad bancaria a Organización Veraz S.A.-, máxime por parte de quien tiene como actividad la utilización lucrativa de los mismos, como lo es esta última.
Responsabilidad civil, relación de causalidad, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: M. E. c/ Z., D. R. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-10

En los sistemas de responsabilidad existen circunstancias de exoneración que se inscriben en el elemento causal y que funcionan como mecanismos de escape o válvulas de seguridad de un objetivismo que de otro modo sería rígido y desnaturalizante o antisocial puesto que llevaría al dueño de la cosa a responder hasta el caso fortuito o la culpa de la víctima.

Ello significa que la víctima de un daño causado por una cosa riesgosa no tenga que probar si existe culpa en el dueño o guardián de la misma, ya que le basta con acreditar la relación de causalidad entre el daño sufrido y la cosa riesgosa, cuya titularidad o guarda atribuye a quien demanda, quien a su vez puede eximirse de responsabilidad si acredita la culpa de aquella o la de un tercero por quien no debe responder.
Honorarios del abogado, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: JORGE c/ CONSTRUCCIONES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-23

Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 13 de la ley 21.839, pues no procede el recurso de reposición contra las resoluciones del Tribunal, salvo las providencias de mero trámite suscriptas por el presidente de la Sala (art. 273 del Código Procesal). Si bien el poder judicial, como integrante del ordenamiento institucional, tiene la facultad de examinar si las leyes, en su aplicación, guardan conformidad con la ley fundamental absteniéndose de aplicarlas en caso de oposición, el análisis de la razonabilidad no puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las previsiones en ellas contenidas y en modo alguno sobre la base de los resultados posibles de su aplicación, lo que importaría valorarlas en mérito a factores extraños. El control de constitucionalidad de las leyes en sede judicial no queda habilitado cuando lo que se pretende no es la inaplicabilidad al litigante del texto legal que consagraría la desigualdad sino, mas precisamente, el establecimiento de un régimen normativo distinto que le sea más favorable.

La atribución de decidir sobre la inconstitucionalidad sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable.
Beneficio de litigar sin gastos, gastos del proceso
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Daniela C. y otros c/ Moño Azul S.A. s/ Reclamo s/Inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-09-26

El beneficio de pobreza sólo tiene por fin posibilitar el acceso a la justicia, y, consecuentemente, no cubre los honorarios profesionales, que se devengan una vez que éste ha concluido, o sea, cuando el servicio se ha prestado efectivamente.
Prescripción, interrupción de la prescripción, interposición de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Genlot, Eduardo c/ Espinosa, Juan Carlos y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

El escrito del actor mediante el cual se presenta como particular damnificado, no tiene efecto suspensivo alguno sobre el plazo de prescripción (art. 4037 del CC).
Persona humana, estado civil, partidas, prueba supletoria
Materia: CIVIL
Carátula: LEBERT MARIA s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-29

La prueba supletoria, conforme a lo estatuido por los arts. 85 y 108 del Código Civil y 97 98 de la Ley de Matrimonio Civil - adviene ante la imposibilidad de presentar la partida de registro. Dicha prueba es la que se propone para reconstruir una partida destruida o nula o para labrar la que no se otorgó en su hora (conf. Arauz Castex, "Derecho Civil Parte General", ed. Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1974, t.I, p. 319; Belluscio, "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, Anotado y Concordado", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1978, t.I, p.350 y ss).
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria, ejecución prendaria, defectos en la fundamentación normativa, apartamiento de las constancias de la causa, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Dragonetti de Román, Haydeé c/ Estado Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Es arbitraria la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución prendaria si para fundar su conclusión desconoció las conclusiones del único dictamen pericial incorporado a la causa por lo que no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa y afecta en forma directa e inmediata las garantías constitucionales invocadas (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor).
Procedencia del recurso, impugnabilidad objetiva, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Báez, Lázaro Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-31

Corresponde no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa toda vez que la decisión recurrida en casación -confirmación por parte de la cámara de apelaciones respectiva del rechazo de un pedido de nulidad-, por principio, no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el artículo 457 del C.P.P.N.; y el impugnante no logra hacer la excepción a la regla mencionada, en tanto no demuestra fundadamente que se encuentre en juego una cuestión de índole federal, a los fines de solicitar la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio. (Dres. Hornos y Borinsky).
Instrumentos privados, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perrone c/ Cariac s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-26

Según dispone el art. 1028 del Código Civil "el reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido". La presunción de veracidad establecida por la norma es, siguiendo a la Casación Provincial "iuris tantum", es decir que admite prueba en contrario y esa prueba debe ser rendida por el signatario que reconociendo su firma sostiene la falsedad del texto. Tal carga no queda satisfecha con el sólo desconocimiento del contenido del instrumento, sino que exige aportar al expediente medios de cognición suficientes.-
Juicio oral, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Centurión, Germán Celestino s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Es improcedente la denuncia de violación del art. 281 inc. 2° del Código de Procedimiento Penal pues si bien es cierto que la defensa se disconformó con la pericia en discusión también lo es que la Cámara, además de hacer lugar a una nueva experticia pedida por las partes se pronunció sobre la validez de dicha pieza haciendo notar que su cuestionamiento -por falta de debido control- origina la posibilidad del comparendo de sus autores para ser interrogados en la audiencia como se desprende de los arts. 270, 271, 277 y 281 incs. 5 y 7 del Código Procesal, quienes fueron ampliamente interrogados por la sentenciante que invoca en el pronunciamiento sus dichos efectuados en dicha oportunidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio abreviado, alegato, calificación legal, monto de la pena, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: G., E. J. s/ Fraude a la administración pública s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-12-07

Así, en lo pertinente, el punto 4 del art. 325 bis establece que, presentado el Acuerdo, éste será sometido a consideración del tribunal de juicio, y expone el trámite de aceptación.

Luego, en el punto 5 establece que, luego de la deliberación, podrá: a) aceptar el acuerdo y dar a los hechos una calificación jurídica distinta, en tanto no implique una variación en más del monto de la pena, o b) rechazar el acuerdo. Además, el punto 3 del art. 325 bis del rito dice que la aceptación de la propuesta fiscal por parte del imputado debe ser instrumentada en la audiencia y se labrará un acuerdo con determinados requisitos.

El código dispone también: "Sin perjuicio de ello, las partes podrán alegar en dicha audiencia, sobre la calificación legal y sobre el monto de la pena".
Recusación, recusación por prejuzgamiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dr. Javier POSTOLSKI s/ Presentación - Incidente de nulidad deducido respecto de los autos principales PENA, Héctor y PADERNE, Raúl Miguel s/ Malversación s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-06-21

Juzgar, en un sentido amplio, significa "formar juicio de una cosa" y, por lo tanto debe entenderse "prejuzgamiento" la acción de juzgar antes del tiempo debido.
Acto administrativo, Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ASEO S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  -  AGOTAMIENTO  DE  VIA  - COMPETENCIA -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-04-22

Conforme al plexo jurídico en que se causa el derecho público invocado, y lo dispuesto por los artículos 130, 132 inc. 3° y 155 de la constitución provincial, artículos 5, 6, 8 y C.C.C.P.C.A. -Ley 3897-y artículo 123 L.O.M. (Ley 3373 modificada por ley 7180) no aparece configurada la materia contencioso administrativa, porque no se trae una demanda impugnando un acto administrativo que, a la par de definitivo, sea último y denegatorio del derecho de carácter administrativo cuya pretendida lesión debe ser sustrato necesario del conflicto.