Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-04-29


(Libro de Acuerdos Nº 47 Fº 454/456 Nº 208).- San Salvador de Jujuy, República Argentina a los veintinueve días del mes de abril de dos mil cuatro reunidos en la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia los señores Jueces titulares Dres. Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo, Raúl Octavio Noceti, Héctor Eduardo Tizón y José Manuel del Campo, bajo la presidencia del primero de los nombrados vieron el Expediente 2310/2003 caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte nº 059/01 (Sala III Cámara Penal) Guzmán, Juan Carlos p.s.a. Homicidio culposo".

El Dr. Valdecantos dijo:

La Sala III de la Cámara en lo Penal con el voto de dos de sus integrantes rechaza el pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por el procesado Juan Carlos Guzmán.

En contra de dicho pronunciamiento el Dr. Guillermo Vázquez interpone recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad. Menciona en sus fundamentos la interpretación que debe hacerse respecto a la pena de inhabilitación para los casos como el presente invocando para ello lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia en causas similares.

Cumplido los demás trámites procesales de rigor y arrimado el dictamen de la Fiscalía General adjunta la causa se encuentra en estado de resolver.

La presente causa guarda extrema similitud con lo que oportunamente me pronunciara en los expedientes 1549/02 Recurso de Casación interpuesto en "Expediente 83/02 Sala III Cámara Penal Ramos, Daniel Agustín p.s.a. lesiones culposas en concurso ideal" (L.A. Nº 46, Fº 354/362, Nº 149); "Expediente 1502/02 Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte 268/01 Sala III Cámara Penal Anglada Tatiana María- Dols Carlos Francisco p.s.a de homicidio, lesiones graves (dos hechos) culposos en concurso ideal Ciudad".(L.A. Nº 46, Fº, 554/557, Nº 214).

En efecto, en primer lugar cabe señalar que la resolución que deniega el pedido de suspensión de juicio a prueba puede ser recurrida por casación o inconstitucionalidad en el entendimiento que, si bien no se trata de una sentencia definitiva , ni pone fin al litigio, su consecuencia puede ser de tardía o imposible reparación ulterior, toda vez que, las etapas procesales cumplidas no podrán volverse a repetir ocasionando perjuicio y un desgaste jurisdiccional.

En lo demás la restricción establecida en el último párrafo del articulo 76 bis para la procedencia de la "probation" debe ser entendida en el sentido de que solo alude a aquellos casos en que el delito considerado prevea exclusivamente pena de inhabilitación , articulo 260 1º parte del Código Penal, posibilitando su otorgamiento cuando la inhabilitación está prevista como pena conjunta (ejemplo artículos 84 y 94 del Código Penal entre otros). La interpretación acotada, pondría en crisis el principio de igualdad consagrado por el articulo 16 de la Constitución nacional, máxime cuando el marco de aplicación de la norma esta primordialmente delimitado por el monto de la pena privativa de la libertad que merezca el imputado, subordinándolo a la posibilidad de una eventual condena condicional. En particular en que las penas de inhabilitación están establecidas por la ley sustantiva como pena conjunta, la finalidad última es también la recuperación y reeducación del sujeto ( CNCrim., Sala VI, c. 6.345 " Canil, Gonzalo rta. 22/05/97 publicada en Bol. Int. Jurisp. Nº 2/97, pág. 79, Ortiz Jorge H., rta 13/06/95 publicada en Bol. Int. Jurisp. Nº 2, pág. 116).

Aún cuando se encuentre prevista la inhabilitación nada impide a que el juez haga lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba e inhabilite precautoriamente, o provisoriamente al peticionante por un lapso suficiente para observar su conducta y así se cumple en alguna medida con la inhabilitación prevista en la norma, adoptándose un sistema que no afecta al interés público. Por lo demás, también lo sostuvimos, juega en el caso el principio "in dubio pro reo".

Por último advirtiendo que la Señora Fiscal General Adjunta y la mayoría de los integrantes de la Sala III de la Cámara en lo Penal se han expedido en sentido contrario a la doctrina sentada por la mayoría del Cuerpo considero necesario reiterar que "es deber de los magistrado y funcionarios de este Poder Judicial incluido el Señor Fiscal General, y por ende el adjunto, acatar los fallos que pronuncia este Superior Tribunal de Justicia con carácter de doctrina legal obligatoria ... porque solo así se cumple con la finalidad que justificó su dictado cual es la de unificar la jurisprudencia y evitar como en el presente caso un dispendio jurisdiccional inútil" ("Comas c/ Estado Provincial", L.A. 47 Fº 178/180 Nº 86), "sin que ello impida dejar a salvo su particular opinión". (Conf L.A. Nº 47 Fº 222/224 Nº 106 Expediente 1953/2003 caratulado: Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte Nº B- ejecución de sentencia B-86.131/02 Amparo Izquierdo, José María Enrique c/ Estado Provincial).

Por ello propongo que se les recuerde a la señora Fiscal General Adjunta y a los integrantes de la Sala III de la Cámara en lo penal que se deberá acatar nuestra doctrina. ( Conf L.A. 46 Fº 1339/1340 Nº 542; L. A. 46 Fº 1430/1432 Nº 534, entre otros).

Por lo expuesto y demás fundamentos dados en las causas expresadas ut supra, a fin de no ser reiterativo, me pronuncio para que se haga lugar al recurso interpuesto, con costas. Se remita la causa al mismo tribunal, para que aplique la suspensión del juicio a prueba, conforme a la normativa legal.

Propicio regular los honorarios profesionales del Dr. Guillermo Vázquez, por su labor en esta instancia, en la suma de cuatrocientos cincuenta pesos ($450), por aplicación de nuestra doctrina sobre honorarios mínimos.

Así voto.

El Dr. Arnedo dijo:

En oportunidad de resolver la causa "Ramos, Daniel Agustín, (L.A.Nº 46, Fº 354, Nº 149) ya he tenido oportunidad de expedirme respecto a la misma cuestión que se debate en autos, afirmando que denegar la suspensión del juicio a prueba conllevaría el nocivo efecto de conceder el beneficio de la probatión sólo a los imputados (autores, cómplices o instigadores) de delitos dolosos; hechos ilícitos queridos por el autor, y no sería factible su concesión a quienes hubieran tenido participación en un delito culposo (imprudencia o negligencia), lo que probablemente llevaría en algunas situaciones a imputados a mentir para que su accionar se encuadre en una figura dolosa si pretenden la suspensión del proceso, pues la inexistencia de la pena de inhabilitación para el delito cometido con conocimiento y voluntad del resultado le permitiría acceder a aquel beneficio que su negligencia se lo impediría.

Ello, sin duda implicaría beneficiar a los imputados por delitos dolosos en detrimento a los autores de delitos culposos ( ver "Alcance de la exclusión del instituto de la suspensión del juicio a prueba respecto de la pena de inhabilitación" Bella, Gabriela María; publicado en: La Ley Suplemento Penal 2003 (marzo), p.32)". Por ello, adhiero al voto que antecede.

El doctor Noceti, dijo:

Adhiero al voto del Dr. Valdecantos, pues, como estoy obligado por la ley, debo respetar la doctrina de este Superior Tribunal de Justicia, pero dejo a salvo mi opinión personal expresada cuando compartí el criterio del Dr. José Manuel del Campo en la causa "Daniel Agustín Ramos" (L.A.Nº 46, Fº 354/362, Nº 149).

El Dr. Tizón dijo:

Sobre cuestiones como la que debatimos, ya me he pronunciado reiteradamente en los casos "Anglada, Tatiana..." y otros similares al presente y que se citan en el voto del señor Presidente del trámite. En consecuencia, adhiero en un todo a dicho voto, debiéndose advertir al a-quo que, en casos similares al presente deberá acatar estrictamente a la doctrina legal que sobre el particular ha emitido este Superior Tribunal.

El Dr. del Campo dijo:

Dejando a salvo mi criterio, manifestado en la causa "Daniel Agustín Ramos" (L.A.Nº 46, Fº 354/362, Nº 149), adhiero a lo expresado por el Dr. Noceti.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE:

1.- Hacer lugar el recurso de inconstitucionalidad planteado, con costas.

2.- Remitir los autos al mismo tribunal para que haga lugar a la suspensión del juicio a prueba.

3.- Regular los honorarios profesionales del Dr. Guillermo Vázquez en la suma de cuatrocientos cincuenta pesos ($ 450) por su labor en esta instancia, con más el impuesto al valor agregado, si correspondiere.

4.- Advertir a la señora Fiscal General Adjunto y a la Sala III de la Cámara en lo Penal que debe respetarse nuestra doctrina, invariablemente.

5.- Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula.