marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Partidos políticos, intervención judicial
Materia: ELECTORAL
Carátula: Recurso de apelación de Acuña, Carlos Rojas, Oscar Guillermo Valdez, Horacio Alberto Partido Justicialista Orden Nacional y otros en autos Acuña, Carlos y otros c/ Partido Justicialista Orden Nacional s/ Intervención judicial a agrupación política - Partido Justicialista Orden Nacional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-02

La intervención judicial de un partido político es un remedio excepcional que debe necesariamente tener en miras el interés de la entidad y procurar el justo equilibrio entre sus distintos componentes, preservando a la agrupación de toda injerencia que exceda aquellos supuestos para los cuales fue dispuesta.
Liquidación, tasas de interés, tasa pasiva
Materia: LABORAL
Carátula: BONARDI, WERFIL A. c/ EMP. E.T.A. MANUEL BELGRANO s/ SUELDOS CAIDOS, ETC. GUTIERREZ DOMINGO ANTONIO c/ EMETEPE S.A. Y/O RESPONSABLE s/ INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE DEL ART. 212 IN  FINE DE LA LEY 20.744 Y SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-26|1996-12-04

En las planillas de liquidación laboral se aplica la tasa bancaria pasiva promedio mensual que publica el Banco Central con más un 0,70% mensual; unicamente el trabajador podrá reclamar la tasa activa cuando hubiere alegado y probado que ante la omisión de pago en término de las deudas laborales debió recurrir al circuito financiero para conseguir dinero y abonado esa tasa.-
Falsificación de instrumento privado, pagaré, firma falsa, error de prohibición
Materia: PENAL
Carátula: S., R. y otros s/ FALSIFICACION. ERROR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-13

Si bien se halla acreditada la materialidad de la acción desplegada por la procesada, al imitar, a requerimiento del coprocesado, la firma de la querellante en ocho pagarés, existen dudas sobre la culpabilidad de aquélla, a raíz del error incurrido sobre la prohibición, dado que la encausada imitaba a diario la firma de la damnificada a requerimiento de ésta y en ocasión del hecho de autos suscribió los pagarés confeccionados por el coprocesado, a pedido de éste, quien le había prometido canjearlos por otros firmados por la víctima.

El error sobre la prohibición fue invencible, puesto que debió tomar la decisión en forma casi instantánea, sin tiempo para la reflexión y a pedido de su superior, con la promesa de éste de que la situación se regularizaría al día siguiente.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor, repuestos importados
Materia: CIVIL
Carátula: SOLANO DE COLANGE, ROSA c/ SILVEYRA, JULIAN RICARDO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-10

A efectos de calcular el tiempo de privación de uso de un rodado por la realización de trabajos de reparación, cabe concluir que una demora mayor a la corriente, requerida para conseguir repuestos por tratarse de elementos importados que escasean en plaza, se trata de una consecuencia previsible, en los términos del art. 904 del C.

Civil, que deben imputarse al autor del hecho. Ello, sin embargo, no autoriza a extender desmesuradamente el reconocimiento del tiempo empleado para ello como base de una indemnización.

***CCI C 000000 0000 00 00 0904 000 0000 000
Contratos, prueba, factura, aplicación analógica de la ley, comercio electrónico, recepción de la mercadería, prestación de servicios, acción por omisión, rechazo del reclamo, resoluciones generales
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL-LABORAL-PENAL
Carátula: Evolucion Ar Group SRL c/ Editorial Amfin SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-13

2 - Toda vez que la actora no ha propuesto que el peritaje informático se realice sobre las computadoras de la demandada, ni ofreció un peritaje contable para constatar si las facturas fueron registradas, o prueba testimonial para acreditar tal metodología de envío u otros hechos que pudieran operar como indicios congruentes con el resultado del dictamen informático; no resulta aplicable la presunción legal (entonces CCOM 474, hoy CCCN 1145), en tanto ésta no suple aquella omisión probatoria.
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento, interpretación de la ley, ley federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Jockey Club de Rosario c/ DGI. s/ impugnación judicial de acto administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

En la tarea de establecer la inteligencia de las normas federales, a las que se refiere el art. 14 de la ley 48, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por las de las partes.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, competencia correccional, daño simple, daño en bienes de uso público, colectivo de línea, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GERSKOVICH, Aaron s/ DAÑO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

El daño causado a un autotransporte de pasajeros es simple, no debe considerarse como calificado, pues el bien en cuestión no es de uso público en el sentido en que la ley penal prevé, sino de propiedad privada y sus servicios no son de aquellos que por su gratuidad merecen una mayor protección legal. Deberá entonces, intervenir la justicia correccional. (Disidencia del Dr. Gerome)
Transporte benévolo, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, obligación de seguridad, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez, Nora Etel c/ Sucesión y/o Sucesores de Oliva, Juan Carlos s/ ordinario - daños y perjuicios - recurso de casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-02-29

No existiendo contrato de transporte, si el pasajero invitado sufre un daño ocasionado durante el viaje, no puede pretender un resarcimiento fundado en la obligación objetiva de seguridad que existe tácitamente en aquel contrato (artículo 184, Código de Comercio). (del voto del Dr. García Alloco)
Aplicación del convenio colectivo, calificación del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Ansin, Rodolfo Raúl y Otros c/ La Empresa de Tptes. Jorge Mefa Passarini s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1973-04-10

La aplicación de un convenio u otro, a determinada actividad, es una cuestión de hecho, en que nadie mejor que las partes para establecer las condiciones de trabajo y su adecuación al convenio que corresponda.
Recurso contencioso administrativo, honorarios, juicio de apremio, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Pérez, Ponciano Octavio c/ Comuna de Videla s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Incidente  de apremio por honorarios (Expte.: C.S.J. Nro. 567 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-17

No puede prosperar la demanda de apremio por cobro de honorarios interpuesta por el apoderado de la parte demandada (gananciosa en el juicio) contra su propia representada desde que la ejecutante no cuenta con título hábil que autorice la vía escogida. Efectivamente, resultan inexorablemente aplicable a la especie las normas contenidas en la ley 12.036, y, por ende, la deuda aquí reclamada carece del requisito de exigibilidad.
Prueba, incidentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rivas, Cármen c/ Ordoqui, Hugo s/ Rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

Ante la alegación formulada de que se estaría frente a un acto inexistente y mediando hechos controvertidos conducentes, se tornó insoslayables recibir a prueba la incidencia, proveyendo la oportunamente ofrecida ya que la garantía de la defensa en juicio no sólo supone la posibilidad de alegar sino probar las afirmaciones introducidas, motivo por el cual se impuso forzosamente la apertura a prueba (arg. arts. 181, 362, 392 y concds. del Cód. Procesal).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguros, seguro de vida, incapacidad permanente, incapacidad total, porcentaje de incapacidad, apreciación de la prueba, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Cirio, Jorge Gabriel c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-27

1 - Corresponde revocar la resolución de grado que rechazó la demanda incoada contra una compañía aseguradora en reclamo del cumplimiento del contrato de seguro de vida que amparaba al actor, toda vez que consideró que el grado de incapacidad permanente no alcanzaba el 66% exigido por la póliza. Ello así, pues en el caso, el perito médico ha evaluado una importante incapacidad (60%), pero sostuvo claramente que "El actor no se encuentra en condiciones de aprobar un examen pre ocupacional satisfactoriamente"; y que "El actor no se encuentra en condiciones de realizar una actividad laboral tipo". Es evidente que más allá del porcentual asignado, el actor padece una incapacidad laborativa permanente, al no poder acceder a un empleo regular por su estado de salud.
Derecho al olvido, bloqueo de sitios de Internet, derechos personalísimos, deber de prevención del daño
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Denegri, Natalia Ruth c/ Google Inc. s/ derechos personalísimos: Acciones relacionadas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-28

Mediante el bloqueo preventivo de sitios de internet resulta posible que, una vez corroborada la existencia de vinculaciones que claramente lesionan derechos personalísimos de una persona, esta pueda requerir judicialmente a los motores de búsqueda que, acorde con la tecnología disponible, adopten las medidas necesarias para suprimir la vinculación del damnificado con enlaces existentes de idénticas características. De esta forma, la protección preventiva opera con independencia de una nueva efectiva configuración del daño en la esfera jurídica del titular, pues la sola amenaza causalmente previsible del bien jurídico tutelado habilita su procedencia.
Asociaciones civiles, potestad disciplinaria, recursos, habilitación de instancia, recurso de apelación (administrativo)
Materia: COMERCIAL
Carátula: Mena Aybar de Porcel Estela y otra c/ Coop. de Enseñanza Gral. San Martín Ltda. s/ Nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-05-19

El ejercicio de la potestad disciplinaria de una asociación está sujeta al control judicial, pero el Poder Judicial no debe sustituir a los órganos estatutarios competentes para suplantarlos o constituirse en tribunal de alzada en las cuestiones que hacen al ejercicio de aquélla, ya que si se recurriese al auxilio prematuro de órganos externos de control, podría privarse a la institución de un remedio que hace a su armónica existencia y al cumplimiento de sus objetivos, socavando al propio tiempo los cimientos autárquicos de la estructura en que reposa y que son los que le permitirán alcanzar las metas planificadas en común. En ese contexto se enmarca la regla de que la posibilidad de recurrir a la instancia judicial para impugnar una medida disciplinaria exige como requisito previo que se haya agotado la instancia corporativa, deduciendo los recursos estatutarios pertinentes. En el caso, la demandada opuso la defensa de falta de habilitación de la instancia judicial por falta de agotamiento de las vías en sede de la sociedad:, planteó al contestar la demanda, como defensa, el no uso del derecho de las actoras de apelar ante la Asamblea, derecho que estaba previsto en el estatuto. El no ejercicio del tal derecho acarrea como consecuencia jurídica el consentimiento de lo decidido por el Consejo de Administración. Cuando el art. 17 del Estatuto prescribe que el "asociado afectado por la medida podrá apelar, sean ante la Asamblea ordinaria o extraordinaria...", establece un derecho-poder en cabeza del asociado, facultativo obviamente, y tanto su ejercicio como su no ejercicio aparejan efectos jurídicos al tratarse de una facultad derivada y vinculada a un acto antecedente del Consejo de Administración que modifica e incide en la esfera de los derechos de los asociados en cuestión. Y, en definitiva, el no uso del derecho de apelar la decisión del Consejo de Administración torna procedente la defensa opuesta oportunamente por la misma.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, pena, víctima menor de edad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., M. A. c/  s/ APELACION SENTENCIA CONDENATORIA- 1- F., M. A., 2- M., D. S.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-05

El planteo subsidiario de la defensa solicitando que se descarte la aplicación de la agravante de la alevosía por entender que en el caso no se presenta uno de los elementos que requiere la figura penal -falta de indefensión de la víctima- no puede prosperar, toda vez que la Cámara -en consonancia con lo argumentado por el Tribunal de juicio oral en cuanto a los presupuestos para la configuración de la agravante, incluyendo posturas doctrinarias- explicó cómo en la especie, teniendo en cuenta la prueba producida, se interpretaba configurada la agravante, por considerar que tiene carácter objetivo la indefensión de ambas víctimas, ya que el niño contaba con 6 años y la menor con 11 años al momento de los hechos y sumada a la corta edad aumentan esa indefensión el horario de madrugada, la situación en que se encontraban ambas víctimas, acostados en sus camas cuchetas y las características no sólo precarias de la vivienda que el núcleo familiar habitaba, la existencia del mobiliario y las reducidas dimensiones del lugar que hacía imposible escapar del ataque, y en lo que hace a la subjetividad del imputado, está claro que quiso actuar sobre seguro y así lo hizo, sin cesar en su cometido ante los requerimientos de la madre de los menores quien resultara también lesionada como ha quedado probado.
Recurso de inaplicabilidad de ley, capital social, empleados públicos, aplicación de la ley, asignaciones no remunerativas, asignación no remunerativa de carácter alimentario, empresas del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: A., A. M. Y OTROS c/ AGUAS RIONEGRINAS SA s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-21

La cuestión central radica en definir - en los exactos términos que utilizan los decretos (1273/02, 2641/02 y 905/03 fijaron "asignaciones no remunerativas de carácter alimentario") en que se funda la demanda - si la empresa en la que prestan servicios los actores pertenece al sector privado o al público, para lo cual será menester indagar en la composición de su capital social.

El art. 2 de la ley 3186, llamada Ley de Administración Financiera y Control Interno del Sector Público Provincial, dispone: "A los efectos de esta ley, el sector público provincial estará integrado por: a) La administración provincial, conformada por la administración central, Poderes Legislativo y Judicial y los organismos descentralizados, comprendiendo estos últimos a las entidades que, cualquiera sea la denominación con que fueran creadas, tengan patrimonio propio y personería jurídica y a los Entes de Desarrollo que crea el artículo 110 de la Constitución Provincial.

b) Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas y todas aquellas empresas donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, a quienes serán de aplicación las disposiciones de esta ley en forma supletoria" (el resaltado no es del texto original).

Por su parte, el art. 3 de la ley provincial 3309 - norma que autoriza la constitución de Aguas Rionegrinas S.A. (A.R.S.A.) - establece: "El Poder Ejecutivo suscribirá el Estatuto Social, debiendo integrarse el capital social en un noventa por ciento (90 por ciento) de propiedad del Estado Provincial y en un diez por ciento (10 por ciento) de propiedad del personal de Aguas Rionegrinas S.A., bajo el régimen de propiedad participada, dispuesto por la ley 23696, capítulo III, u otro mecanismo que asegure la participación accionaria del personal en el porcentual establecido.

El Estado Provincial mantendrá en su propiedad la mayoría absoluta del capital social, determinado por el cincuenta y uno por ciento (51 por ciento) de las acciones"..... Como consecuencia de lo expuesto debe concluirse que, atento a su pertenencia al sector público, los trabajadores de A.R.S.A. se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de los Decretos..., más allá del régimen legal al que están sujetos.
Relación de dependencia, trabajador, grupo económico, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Navarro Jacinto c/ Empresa Puerto Tirol S.R.L. s/ Accidente Ley 9688-24028
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-03-09

De conformidad al art.31 de la ley 20744, siempre que una o más empresas, aunque tuviese cada una de ellas personalidad propia, estén bajo la dirección, control o administración de otra, o de tal modo relacionada que constituyan un grupo económico de carácter permanente, serán solidariamente responsables por las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores, siempre y cuando haya mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria.

En tal caso la empleadora y la demandada ahora apelada en autos, debieron ser demandadas en forma conjunta, pues la eventual responsabilidad solidaria de ésta última, presupone tanto la existencia de una vinculación laboral del actor con aquélla, como asimismo de los extremos que configuran la causa generadora del daño cuya reparación se pretende, como más los propios del conjunto económico.
Sistema Único de Registro Laboral, denuncia, ley de empleo
Materia: PROCESAL
Carátula: BULOS, CESAR c/ REDES Y SERVICIOS R.C. SRL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-07

El art. 17 de la Ley de Empleo (24013) impone la carga de denuncia en el funcionario estatal (administrativo o judicial) cuando se ha dictado resolución reconociendo el derecho del trabajador a percibir las indemnizaciones por clandestinidad o se ha homologado un acuerdo conciliatorio sobre ellas. La denuncia debe efectuarse ante el Sistema Único de Registro Laboral. Esta carga de denuncia se inscribe en el deber general de no encubrir conductas (art 277.6 del Código Penal) y supone condena indemnizatoria. La finalidad de la denuncia es proteger el bien común, agredido por el virus de la clandestinidad. Para ello corresponde se libre oficio al Ministerio de Trabajo a los efectos del art. 17 ya citado, poniendo en conocimiento de la autoridad de aplicación la clandestinización del actor.
Superior Tribunal de Justicia, avocación jurisdiccional, contratos administrativos, incumplimiento del contrato, empresa de servicios públicos, suministro de gas, indemnización, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: CIDEM S.A. ROCHIETTA CONSTRUCCIONES c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ AVOCACION (art. 2, ley 11.330)- ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 466  AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-31

Corresponde hacer lugar al pedido de avocación formulado por el Ente público y declarar que la materia reviste naturaleza contencioso administrativa tratándose de un juicio ordinario de indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la Municipalidad por el incumplimiento de pautas pactadas en el contrato de "ejecución de obra" que tenía como objeto la ampliación de la red de gas natural, lo que pone de manifiesto que resulta inescindible la pretensión de la empresa actora de aquellos aspectos y normas de derecho público involucrados, lo que sólo puede y debe ser analizado y resuelto por la justicia constitucionalmente asignada para ello. Dicho de otro modo, la pretensión de la actora supone el incumplimiento de un contrato de derecho público y la responsabilidad en ello de la demandada, lo que implica, para resolver el reclamo, un análisis del actuar de la Administración y de las consecuencias del mismo, a la luz de las normas de derecho público aplicables, lo que debe efectuarse en el ámbito propio de lo contencioso administrativo.
Acto administrativo, control de legitimidad, facultades de la administración, política administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMBIASO, ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 603 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-05

Cuando se solicita el control de legitimidad de actos administrativo s que, si bien se proyectan e individualizan en sujetos determinados , evidentemente se insertan en el marco de medidas generales orientadas a instrumentar verdaderas políticas administrativas, conviene aclarar sobre el alcance de dicho control. En efecto, ámbitos tales resultan de muy difícil acceso para el Tribunal, el cual no podría desde luego sustituir a la Administración en la valoración de los precisos modos en que se instrumentan tales medidas en cada caso concreto. Es por ello que, salvo una clara violación de ley, las posibilidades de control quedan limitadas a la razonabilidad de las medidas adoptadas y, particularmente, condicionadas a la demostración de la efectiva existencia de una causal de ilegitimidad que permita el adecuado control jurisdiccional.
Transporte de carga por agua, depósito de la carga, responsabilidad de la administración portuaria, incendio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ATLANTIS CIA. GRAL. DE SEGS. S.A. c/ ADM. GRAL. DE PUERTOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

La responsabilidad de la A.G.P. por incendio ha sido detenidamente analizado y resuelto en su contra declarándose que a partir del ingreso de las mercaderías a los galpones fiscales pasa a ser depositaria de ellas y se constituye en responsable por las pérdidas, averías ó detrimentos que pueden sufrir durante la estiba.
Condominio, acción reivindicatoria
Materia: CIVIL
Carátula: Paulizzi, Walter Santiago y Otros c/ Paulizzi, Pedro Santiago s/ Restitución
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2013-10-23

En la medida en que los actores son condóminos por el todo y no propietarios de una porción materialmente identificada, el reclamo "del porcentaje de campo de su propiedad" formulado a los condóminos demandados es improcedente, máxime cuando cada uno de los condóminos ni siquiera puede reivindicar una parte material y determinada de la cosa contra un tercer detentador (conf. art. 2679, Cód. Civil). (del voto del Dr. Costantino)
Concurso preventivo, apertura del concurso, declaración de quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: DEFRANCO FANTIN  R. s/ CONCURSO CIVIL - INCIDENTE NULIDAD DEL AUTO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

De acuerdo con la regla contenida en la LC 10, el concurso preventivo puede ser solicitado mientras la quiebra no haya sido declarada. El texto no parece dejar lugar a dudas: es la declaración de quiebra y no su notificación lo que constituye el límite temporal de admisibilidad del procedimiento concordatario.
Intereses, ejecución fiscal, tasas de interés
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: M.C.B.A. c/ Astarsa Astilleros s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Dado que sólo excepcionalmente, y cuando el conflicto no puede ser resuelto aplicando las normas del derecho tributario, es dable acudir supletoriamente a los principios del derecho privado, siempre que se trate de una relación jurídica encuadrable dentro de este último, por no tratarse de intereses retributivos, sino punitorios, en tanto no medie un planteamiento de inconstitucionalidad acogido favorablemente, no corresponde modificar las tasas reguladas por las normas tributarias.