Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-21


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 21 días del mes de diciembre de 2006 se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver en la presente causa.

VISTOS:

La Marcela María Paz, a cargo de la defensa técnica de Carlos Alejandro Luraschi, interpuso recurso de inconstitucionalidad a fs. 560/566 (art. 27 y ss. de la Ley 402) contra el decisorio de esta Sala (fs. 343/ 349) en cuanto confirmó la sentencia de primera instancia que resolvió: I) No hacer lugar a la solicitud de prescripción de la acción contravencional que opusiera la Defensa; II) Rechazar el planteo de nulidad opuesto; III) Condenar a Carlos Alejandro Luraschi de las demás condiciones personales detalladas en autos, en orden a la conducta contravencional que se le imputara en estos actuados en los términos del art. 38 de la Ley 10 en forma continuada desde junio de 2004 hasta junio de 2005 en carácter de autor y en perjuicio de la Sra. Diana Mabel Fuster a la pena de cinco (5) días de arresto, en suspenso, con la imposición de las siguientes reglas de conducta que deberá cumplir por el término de diez (10) meses: a) fijar residencia y comunicar cualquier cambio de ésta al Tribunal; b) abstenerse de relacionarse con la Sra. Diana Fuster (DNI nº 11 .862.004) por el término de diez meses, a partir de que la sentencia quede firme; IV) Condenar a Carlos Alejandro Luraschi a la pena de reparación consistente en abonar la suma de pesos quinientos ($500) en beneficio de la Sra. Diana Fuster. Dicha suma deberá ser abonada en diez (10) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de cincuenta pesos ($50) cada una, debiendo abonar la primer cuota dentro de los primeros cinco días de quedar firme la sentencia y las restantes dentro de los primeros cinco días en meses sucesivos al pago de la primera; V) Con costas; (ver fs. 302/315).

En este sentido, entiende la recurrente que, por un lado, la decisión de este Tribunal resulta contraria al principio de legalidad, y a las garantías de debido proceso y de defensa en juicio. A la vez, sostiene que es conculcatoria de los principios de culpabilidad y proporcionalidad en atención a lo que originariamente fuera también materia de agravio, esto es la "ausencia de motivación en la determinación de la pena".

El Sr. Fiscal de Cámara dictamina a fs. 570/572 que corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad incoado en el inteligencia de que dicha pieza procesal fue interpuesta en forma extemporánea, conforme a los argumentos que desarrolla en el libelo referido.

En otro orden de ideas, y luego de historiar los antecedentes recursivos obrantes en la causa, los cuales tildó de "abusivos" por parte de la defensa, sostuvo que esa parte dilataba innecesariamente el trámite del legajo, afectando en consecuencia las garantías constitucionales de debido proceso y de plazo razonable en perjuicio del imputado.

Cumplidos los pasos y plazos procesales se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

CONSIDERANDO:

"El recurso de inconstitucionalidad configura el remedio acordado para impugnar las sentencias, o resoluciones equiparables a éstas, que hayan decidido un caso constitucional, entendiéndose por tal a aquel que versa sobre la validez o invalidez de una norma cuestionada como contraria a la CN o a las constituciones locales, según sea, respectivamente, el ámbito jurisdiccional en que dicho caso se haya planteado".

En virtud del marco de conocimiento restrictivo, la labor de esta Sala no se limitará a constatar el cumplimiento de los requisitos formales de procedencia sino que se exige también la verificación de la concurrencia de agravios constitucionales reales y no aparentes -lo que no importa, por cierto, que se emita pronunciamiento sobre ellos-.

A la luz de una primer óptica de examen, las exigencias han sido satisfechas por cuanto la asistencia letrada articuló la impugnación dentro de los 10 días de notificada la resolución -sentencia definitiva- de esta Alzada -Tribunal Superior de la causa- y por escrito fundado (arts. 27 1ra. parte y 28 de la ley 402); ello teniendo en cuenta, la declaración de día inhábil correspondiente al 10 de octubre según Resolución Nº 709 del CMCABA, y el feriado nacional conmemorativo del "Día de la Raza" que fuera trasladado al 16 de octubre del año en curso.

Causa nº 187-00-CC/2005. Sala II.

Ahora bien, superadas las demandas de forma, resta comprobar la presencia de los requisitos sustanciales previstos en la segunda parte del art. 27 de la ley 402; es decir si el fallo en crisis, en definitiva, ha controvertido la interpretación o aplicación de alguna norma constitucional, su validez o la de un acto bajo la pretensión de ser contrarios a ellas. Con el criterio expuesto, indefectiblemente ha de verificarse si en su presentación la defensa ha logrado plantear correctamente la existencia de un caso constitucional o si, en cambio, intenta habilitar una tercera instancia de mérito bajo el ropaje de enunciaciones dogmáticas.

Haciendo un preliminar análisis puede advertirse que el nudo gordiano de la cuestión radica en una mera discrepancia interpretativa de la recurrente con las fundamentaciones vertidas por esta Alzada en el decisorio de fs. 343/349 en cuanto rechaza los distintos planteos introducidos por la defensa -prescripción de la acción contravencional, invalidez de la ampliación del requerimiento de elevación a juicio, falta de fundamentación del fallo y ausencia de motivación en la determinación de la pena-; como asimismo la valoración de ciertas pautas objetivas -apreciación de la prueba y principio de inocencia-, realizada en primer término por el Judicante y revisadas luego por este Tribunal -control de logicidad y razonabilidad-; las que obstan per se a su tratamiento por parte del Tribunal Superior, so pretexto de convertirlo en una tercera instancia de conocimiento.

Las impugnaciones enunciadas no son otras que las oportunamente introducidas por la Paz tanto durante el transcurso del debate como al momento de interponer su recurso de apelación -fs. 316/326-; cuestiones que, como se dijera, fueron acabadamente contempladas y decididas en ambas instancias, y cuyo rechazo, por confirmarse el resolutorio de grado, motivaron el presente.

Al respecto, la doctrina tiene dicho que: "...no se trata aquí de dar mejores, más amplias o distintas razones que conduzcan a la aceptación de los motivos que originaron la impugnación, sino que, en todo caso, dentro de las oportunidades que otorga el ordenamiento procesal, sólo cabe la posibilidad de desarrollar la fundamentación que sobre el único motivo -o sea, el consistente en la contradicción entre la ley y la norma fundamental- hubo de ser expuesta suficientemente en el escrito de interposición".

Nótese que bajo el emblema de "Afectación al principio constitucional de legalidad. Violación a las garantías de debido proceso y de defensa en juicio" -fs. 562/ 564 vta.- vuelve a la carga -en primer lugar- con la reiterada solicitud de prescripción de la acción y su tratamiento como contravención continuada.

En este punto, carecen de sustento las conjeturas formuladas por la Defensa Oficial en tanto sostiene que este Tribunal habría incurrido en "prejuzgamiento" en detrimento de su defendido -fs. 562 vta.- en virtud de que por una cuestión de sistematicidad lógica se alteró el orden en que fueron resueltos la totalidad de los planteos introducidos por aquella ya que, a los efectos del instituto de la prescripción, resulta una verdad de perogrullo que la suerte de extender en el tiempo la comisión de una conducta indefectiblemente va a incidir en el cómputo del plazo de extinción de la acción; resultando en consecuencia, forzada e incorrecta la subsunción que realiza de ese razonamiento bajo el asilo del principio de legalidad constitucional como presupuesto habilitante de la vía extraordinaria incoada.

Asimismo, la impugnación presentada en cuanto al carácter continuado de la contravención se erige meramente como una opinión encontrada respecto a las circunstancias fácticas que rodearon los hechos investigados en el presente legajo y que remiten a la apreciación de prueba -vgr. las declaraciones testimoniales prestadas durante el debate- ajenas al remedio escogido.

En este sentido, en todo momento cuestionó y propuso la forma que entendíadebía contabilizarse el comienzo y fin de la conducta atribuida a Luraschi; así como interpuso su planteo extintivo a la luz del art. 31 de la ley 10, norma -de fondo- que ahora critica y argumenta en base al principio de no analogía in malam partem.

Tampoco se advierte aquí restricción de derecho constitucional alguno que habilite el conocimiento por parte del Superior.

Amparado bajo igual manda, reedita a su vez el pretendido agravio referido a la "ampliación del requerimiento de elevación a juicio, la valoración de la prueba y su relación con el principio de inocencia", donde una vez más, amén de discrepar con los fundamentos dados en los distintos decisorios, omite realizar una conexión fehaciente con las reglas constitucionales que denuncia conculcadas, forzando de este modo al Máximo Tribunal local a realizar consideraciones de tipo fáctico que exceden palmariamente su restringida competencia.

La Sra. Defensora ha requerido a este Sala, como ahora pretende hacerlo con el Tribunal Superior la valoración de percepciones que son propias y exclusivas de Causa nº 187-00-CC/2005. Sala II.

los jueces de mérito durante el transcurso del debate oral; que a todas luces resulta ajena a la vía elegida en virtud de traspasar el límite real y posible de conocimiento configurado por el principio de inmediación procesal, tal como lo estableciera la Corte Suprema de la Nación en el precedente "Casal, Matías E. y otro", rta. 20 de septiembre de 2005, citado por la recurrente.

A su turno, y con idéntica tesitura, estructura su argumentación referida al "principio de culpabilidad y proporcionalidad" -fs. 564 vta./565 vta.-, cuya retórica no es otra que -como el título de su presentación lo indica- la "ausencia de motivación en la determinación de la pena", agravio ya suficientemente tratado por esta Alzada, y cuyo rechazo no conlleva en sí mismo violación de derecho constitucional alguno.

Párrafo aparte merece el insustancial planteo de la Defensa en cuanto sostiene que este Tribunal habría incurrido en una contradicción al "confirmar la aplicación de una sanción de carácter pecuniario, siendo que el señor Luraschi tiene concedido un beneficio de litigar sin gastos..." (fs.565 vta.).

En primer lugar debe advertirse, que el beneficio fue solicitado y concedido exclusivamente a efectos de presentar una queja por recurso de inconstitucionalidad denegado ante el Tribunal Superior de Justicia y evitar de este modo el pago del depósito previsto en el art. 34 de la ley 402 (ver fs. -glosadas- 405/407 y 431/vta respectivamente). Por otra parte, y como ya señaláramos en nuestra sentencia, la Magistrada interviniente al momento de determinar la pena de reparación en el caso, evaluó acabadamente la situación económica por la que atravesaba el imputado, por lo que redujo su monto significativamente en relación a la conminación solicitada oportunamente por el representante del Ministerio Fiscal (ver en el fallo de grado a fs. 314 vta./315).

Sin perjuicio de ello, el instituto señalado está orientado a asegurar el acceso a la justicia de aquellos que carecen de recursos suficientes para solventar los gastos del proceso, pudiendo iniciar el trámite respectivo antes del inicio del litigio o en cualquier estado del éste -conf. art. 72 CCA Y T-; no obstando por ello, de acuerdo a su distinta naturaleza y finalidad, la fijación de una condena pecuniaria al momento de dictar el pronunciamiento definitivo, lo que permite descartar sin más la alegada contradicción y arbitrariedad del fallo.

En definitiva, los principios constitucionales que dogmáticamente denuncia como conculcados se plantean con motivo de la divergencia enunciada, adecuándolos a la solución y exégesis que propugna, y la que, conforme es presentada por la recurrente, conduce a la apreciación de elementos de hecho, prueba y derecho sustantivo, propios de los jueces de la causa y ajenos, en principio, al recurso de inconstitucionalidad (cfr. Fallos TSJ, Expte. Nº 2226 "Ministerio Público-Defensoría Oficial Nº 6- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Oniszczuk, Carlos Alberto y Márquez, Sandra Rosana s/ ley 255-Apelación', voto del José Osvaldo Casás, resolución del 18 de septiembre de 2.003; Expte 2197/03 "Ministerio Público-Defensora Oficial en lo Contravencional Nº6- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Caro, Maximiliano Daniel s/ arts. 61 y 63 CC-apelación' voto de la Ana María Conde, resolución del 10 de septiembre de 2.003, entre otros).

A mayor abundamiento, reafirma lo hasta aquí dicho el voto del Maier en el reciente fallo "Coultas, Juan Domingo s/ inf. art. 83 y 84 CC s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 4451/05 de fecha 6 de junio de 2006 al señalar: "...como el recurrente propone aquí la revisión de cuestiones de hecho, prueba y Derecho procesal, así como también la interpretación de reglas propias del Derecho contravencional (en particular, el análisis de la hermenéutica propuesta por la Cámara con relación al tipo contenido en el art. 83, CC), no corresponde por parte de este Tribunal pronunciamiento alguno sobre aquellos motivos de casación infraconstitucional".

Finalmente, entendemos que asiste razón al Walter Fernández cuando alude al "abuso recursivo" en que habría incurrido la Sra. Defensora en los presentes actuados con la consecuente dilación del proceso en perjuicio de su pupilo -fs.570 vta./572-; -vgr. recurso de reposición y apelación en subsidio contra resolución que fija audiencia de juicio de fs. 153/156; recurso de queja en virtud de su rechazo de fs. 523/527; apelación de fs. 181/184 con motivo de que el Magistrado no hace lugar al cambio de fecha de audiencia de debate según fuera solicitado por la Paz, entre otros; desvirtuando de este modo los fines técnicos -posibilitar la revisión de un error judicial- que el ordenamiento ha asignado a los remedios impugnaticios y con foco en postergar sin die el desenlace del principal.

Dicha actividad podría encuadrarse en lo que autorizada doctrina civil define como "recurso ad infinitum"; en este sentido Jorge W. Peyrano ha entendido que se configura la situación descripta cuando "...se acumula una sucesión de recursos notoriamente improcedentes interpuestos uno detrás de otro y tan pronto es notificado de la resolución del último que le ha sido adverso...La elección de tal terminología no es gratuita o casual. Es que rescata varios de los significados asignados a la palabra infinito, que es aquello que no tiene fin o que es excesivo. Es Causa nº 187-00-CC/2005. Sala II.

que nos parece que denota de lo que se trata: de una acumulación y sucesión de recursos carentes de todo fundamento y que complejizan, grandemente, la tarea judicial, aumentan la sobrecarga de tareas que normalmente pesa sobre los estrados judiciales y sumen en la desesperación a los justiciables que resultan ser víctimas de tal proceder abusivo. Cada resolución adversa sirve de excusa para plantear nuevos recursos ostensiblemente improcedentes que, cuando son dirimidos en sentido contrario, dan pie a nuevos recursos, y así hasta el 'infinito'". Y que: "Se trata de una variante del abuso procesal contextual o por reiteración, que es aquel que se genera a través de la consumación de varios actos procesales (homogéneos o heterogéneos) que poseen una matriz común, cual es la de entorpecer o demorar la sustanciación de una causa". Jorge W. Peyrano, "Lineamientos del Recurso Ad Infinitum", suplemento de "La Ley", nº 78 de fecha 21 de abril de 2006.

Por todo lo expuesto precedentemente, y habiendo concluido el Acuerdo correspondiente, el Tribunal RESUELVE:

I.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 560/566.

II.- TENER PRESENTE las reservas formuladas en el punto V del libelo impugnaticio.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase al juzgado interviniente, el que deberá practicar las notificaciones restantes. Sirva lo aquí proveído de atenta nota de remisión.

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe, Fernando Bosch. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.