Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-11-29


AUTOS N° 21.187 (128.647 - 8° CIVIL) "FISCALÍA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN C/ Asociación de Terapia Intensiva de San Juan y Otros - Amparo" L. DE S. T° 112, F° 43/50 SAN JUAN, 29 de noviembre de dos mil once.

VISTOS:

Para resolver en los autos N° 21.187 (128.647 - 8° CIVIL) caratulados "FISCALÍA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN C/ ASOCIACIÓN DE TERAPIA INTENSIVA DE SAN JUAN Y OTROS - AMPARO - II Cuerpo", el recurso de apelación interpuesto a fs. 315/326 por los abogados Valentín Antonio Roca y Valeria Margarita Ginestar de Roca, contra la sentencia dictada en fecha 31 de octubre de 2011 por el Octavo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, cuya copia obra agregada a fs. 286/298 de autos.

Y CONSIDERANDO:

El apelante, al momento de interponer el recurso, fundamentó su pretensión argumentando que la sentencia puesta en crisis le causa a su parte los siguientes agravios: 1. En cuanto le atribuye legitimación activa al Estado, 2. En cuanto a la oportunidad del amparo, el a quo en franca oposición de las constancias de autos le atribuye temporaneidad y 3. en cuanto restringe el thema decidendum para eludir el tratamiento de cuestiones esenciales para la resolución de la controversia y sin salirse del marco de este tipo de proceso.

En cuanto al primer punto, critica los considerando y decisión del a quo de entender que es válida la presentación de la Fiscalía que representa a la Provincia, en nombre de la Obra Social Provincia dado que esta es la interventora de dicha entidad. Asegura que ha omitido considerar que el Estado, sea provincia o una entidad autárquica, son personas jurídicas de derecho público y como tales no son titulares de derechos subjetivos, pero si garantes de los derechos fundamentales subjetivos de los particulares. Cita en aval de su posición fallos de jurisdicción nacional y, en particular, el contenido de uno de los votos en el caso "Provincia de San Juan c/ Unión Docente Agremiados provinciales (UDAP) del 23/04/2009 que transcribe.

Como conclusión del punto dice que queda en evidencia que la accionante carece absolutamente de legitimación activa.

En cuanto a la oportunidad del planteo relata que el a quo acepta como válido que tiene virtualidad para abrir el plazo para promover la acción de amparo es una supuesta comunicación telefónica que habría recibido la Interventora de la DOSP alertándola de una medida de restricción de prestaciones con interrupción del servicio, en concordancia con el retiro y falta de participación de la reunión del 30/09/11.

Califica a esta consideración del a quo como una mentira goebbeliana sin demostración alguna y en contra de las constancias de autos, quitándole a estas todo valor.

En el párrafo siguiente reitera que el plazo de 30 días hábiles es un plazo máximo pero que puede ser reducido por el juez, en función de la razonabilidad de las circunstancias del caso y acorde a la naturaleza sumarísima de la causa (art. 567 del C.P.C.) por la que se le reitera la invitación a dialogar solicitándole respuesta a la mayor brevedad, advirtiéndole a los médicos terapistas se les hace imposible continuar brindando sus servicios profesionales bajo las condiciones actuales; y la de fs. 38 (02/09/11) en que se comunica que a partir del 01/10/11 se comienza con el sistema de atención por reintegro, cobrándole directamente al paciente o a un familiar, y la fecha del amparo (30/9/11) excede considerablemente lo que puede considerarse razonable atendiendo a la naturaleza sumarísima de la causa alegada (abandono de persona). Así considera que el amparo es extemporáneo porque el plazo comenzó a correr con las presentaciones de fs. 37/38.

Formula como hipótesis que hubiera ocurrido si la medida hubiera sido la suspensión del servicio con abandono de los lugares de trabajo. En este caso de igual modo, la presentación es extemporánea puesto que la DOS tomó conocimiento al menos el 07/06/11 como se acredita con las constancias de fs. 29/32 de autos.

En el párrafo siguiente precisa que todos los médicos prestados de la DOSP (incluidos los terapistas), para ser tales, deben suscribir el "convenio de adhesión" que tiene implementado ese organismo, cuya copia luce a fs. 208 de autos. En la cláusula 8 de ese convenio se prevé que cualquiera de las partes puede dejarlo sin efecto, sin expresar causa alguna, siendo la única condición el preaviso de cinco días corridos. A ello lo concatena con las constancias de fs. 44/48 vta., para asegurar que la interventora de la DOSP, el 22/09/11, ya había tomado cabal conciencia de la decisión de la ATI-SJ y sus asociados, esto es que cinco días antes del 01/10/11 o sea el 25/9/11, los médicos terapistas dejaban sin efecto el Convenio de Adhesión.

Bajo estas circunstancias debió considerar vencido el plazo para accionar al 25/09/11.

En el apartado 6, sostiene que el a quo limita el tema a resolver dentro del amparo para eludir el tratamiento de cuestiones esenciales que tenía el deber de abordar.

Así considera que toda la problemática base que ha dado origen a las resoluciones dispuestas por la ATI-SJ quedan fuera del tema a decidir y que esta entidad ha confundido el rol en el marco de la relación procesal ya que como parte demandada no puede articular pretensión procesal por lo que aquella problemática de base no integra la litis y por tal razón no conforma el tratamiento y análisis del pronunciamiento.

El recurrente sostiene que el equivocado es el juez por cuanto la parte requerida si puede pretender se atienda sus razones, se declare el rechazo de la acción y la legitimidad y legalidad de su accionar.

El poder jurisdiccional no puede ni debe calificar a la medida atacada por el amparista, desprovista de todo el andamiaje que la sustenta, pues allí esta el ADN de la medida que legitima el accionar de la institución. Por ello razonablemente no puede prescindirse de ello e ignorarlo constituye no solo despropósito sino también una arbitrariedad, por lo que ataca de arbitraria la sentencia.

En el apartado 7 critica las razones de la sentencia al decir que no solo cabe coincidir con los principios expuestos, pero el problema radica en ellos se refieren a derechos subjetivos, propios del individuo que reclama quién es su titular, razón por la cual ello no es aplicable en este caso, donde el reclamante no es titular del derecho sino que se arroga una facultad que carece.

Por su parte en el punto 8 sostiene que es un sofisma muy bien armado el razonamiento del a quo el cual le llevó a sostener que la suspensión de sus prestaciones consideradas esenciales y vital para el ser humano paciente en condiciones de estado de salud crítico.

En el párrafo siguiente sostiene que el acta sobre la cual se sustenta el a quo es nula, pues se verificó la inasistencia de un solo médico, el cual era a su vez el jefe de Residentes del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Guillermo Rawson. En función de ese cargo, el médico Ferrero no tiene ninguna relación que lo obligue a hacer guardia los días sábados en el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Privado.

Luego de abundar en detalles trae a colación un voto dado en los autos N 20.053 "Provincia de San Juan c/ Unión Docente Agremiados Provinciales (UDAP) respecto del derecho de huelga en donde se estimaba que la Constitución debe ser interpretada armónicamente en la integridad de sus principios, garantías y derechos conferidos, sin que sea lícito ponderar a unos en detrimento de los otros. En función de ello asevera que no cabía duda que si se venía venir, pues no es vano la interventora de DOSP imagino inexistentes declaraciones publicas en diferentes medios efectuadas por el titular de la ATI-SJ en las que amenazaba con la inminente suspensión del servicio de terapia intensiva que conforme a los detalles que relata, sostiene se venía venir.

Como se advierte, la DOSP tuvo más de cuatro meses, es decir tiempo mas que suficiente para entrar en conversaciones y negociar las pretensiones de los médicos terapistas, de modo de evitar que estos tomaran medidas que pusieran en riesgo la prestación habitual del servicio. En función de ello califica al accionar de la institución como no intespectiva, dado que el Estado ha contado con tiempo mas que suficiente para iniciar el diálogo y negociar las pretensiones de la ATI-SJ y sus asociados.

El otro elemento a ponderar pasa por determinar quién es el que ocupa la posición de garante de los derechos amenazados por la medida que se pretende sea declarada ilegal, en el caso el derecho a la salud y a la vida tienen jerarquía constitucional y son de todos los habitantes de la provincia, por lo cual deben ser asegurados y garantidos el ejercicio de los mismos por el Estado.

El recurrente estima que se ponen en riesgo los derechos a la vida y a la salud cuando quién tiene una especial posición jurídica con respecto a la persona necesitada, la deje privada de los auxilios o cuidados que le son imprescindibles para mantener la integridad de su salud, cuando ella no puede suministrar y en situación en que no es posible que se lo presten terceros. El responsable solo puede ser quien tiene un especial deber de cuidado. En otras palabras, responsable es quién jurídicamente ocupa una "posición de garante". En esa posición quién está en primer lugar es el Estado respecto de la población en general y luego cada una de las obras sociales en relación a sus respectivos afiliados.

Un tercer elemento se vincula íntimamente a los derechos sociales de los médicos terapistas a quienes por ser trabajadores autónomos o independientes, están alcanzados por las garantías establecidas en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y art. 62 y 66 de la Constitución provincial. En función de ello, estima la recurrente que la medida de acción directa dispuesta por los médicos terapistas, de continuar prestando el servicio profesional pero bajo el sistema de reintegro, se sostiene en las garantías constitucionales antes citadas. Dice que, aún le falta recorrer la última etapa que por el carácter de trabajador autónomo toma diferentes denominaciones, como retención de servicios, no concurrencia a los lugares de trabajo, etc. Pero que en definitiva no se trata de otra cosa que el derecho de huelga.

Luego combina los elementos para decir que la ATI-SJ y sus asociados para no llegar a la medida extrema de huelga, por mas de cuatro meses han intentado llegar a acuerdos con los órganos competentes, esto es las obras sociales (incluidas la DOSP), por ser ellos los que ocupan el rol de garantes en relación a sus afiliados y también por ser quienes en definitiva pagan las remuneraciones de los médicos. Siempre fueron ignorados, primero tácitamente y luego en forma expresa por la Carta Documento que corre agregada a fs. 49 donde se notifica que han sido rechazadas todas las presentaciones a las que han referido.

En el punto 9 cuestiona la decisión del a quo adoptada en la aclaratoria, peticionando que se complete la resolución fijando un plazo máximo dentro del cual deben cumplirse aquellas condiciones y dentro del cual los médicos terapistas quedan obligados a continuar prestando sus servicios.

Formula reservas constitucionales y hace el correspondiente petitorio.

Corrido traslado a la contraria, esta se presenta a fs. 344/350 y, en función de los argumentos que vierte, solicita que se rechace la apelación intentada y se confirme la sentencia.

Planteado de este modo el recurso de apelación se verifica que la entidad recurrente esgrime como argumento global o general para la defensa de su pretensión el contenido del voto minoritario emitido por esta Sala Primera, en la sentencia dictada en autos N° 20.053 caratulados "Provincia de San Juan c/ Unión Docente Agremiados Provinciales (UDAP), del 23/4/2009, para sostener que el Estado no tiene legitimación para ejercer el derecho de amparo pues, además de no ser titular de derechos subjetivos, tiene todo el imperium que le da su calidad de persona de derecho público. En ese sentido entiende que no se puede de modo alguno menoscabar el ejercicio del derecho de huelga por ser este reconocido y garantizado por la Constitución Nacional.

Para buscar una justa respuesta a los planteos realizados por la recurrente, se debe tener, inicialmente, presente que desde la sanción de la Constitución Nacional en el año 1853, este instrumento ha recibido modificaciones en su contenido normativo que tratan de ponerse en sintonía con los cambios sociales, económicos, axiológicos y políticos que producían en el país.

En ese sentido, resulta trascendental comprender la dimensión de la transformación producida en nuestra estructura normativa a partir de la introducción, en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, del contenido de los Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos suscriptos por la República Argentina, además de los Nuevos Derechos y Garantías consagrados en el Capítulo Segundo de la Primera Parte.

Un repaso mínimo por el contenido de los Tratados Internacionales trae plena convicción que la ratio constitucional se focaliza en reconocer siempre personalidad jurídica de la persona humana marcando que entre ellas no existen diferencias. Donde hay un ser humano existe una persona para el derecho. En el mismo nivel se coincide en reconocer la máxima ubicación en la jerarquía normativa, al derecho a la vida, a la integridad de su persona, a la libertad e igualdad que tiene todo ser humano.

Sobre el particular Ekmekdjian sostiene que "los derechos personales tienen jerarquía superior a los patrimoniales. En efecto, los segundos dan una infraestructura económica destinada a posibilitar la realización de la persona humana, es decir de los primeros. A tal punto esto es así que los derechos patrimoniales pueden ser renunciados por el titular, en cambio los derechos personales, en principio, no" (Ekmekdjian, Miguel Ángel, ob. cit. En la misma opinión: Mosset Iturraspe, Jorge, "Otra muestra del "Derecho Privado Constitucional": La Constitución avanza sobre los privilegios concursales", Sup. CyQ 2004 (septiembre), 29.).

El autor citado sistematiza la jerarquía de los derechos civiles de la siguiente forma: 1°) Derecho a la dignidad humana y a la libertad de conciencia. 2°) Derecho a la vida, a la integridad física, a la intimidad, a la educación. 3°) Derecho a la información. 4°) Los restantes derechos personales, en primer lugar los "Derechos -fines" y luego los "Derechos-medios". 6°) Los derechos patrimoniales. (Ibídem ) Sin lugar a duda, la reforma constitucional del año 1994, modificó definitivamente el clásico paradigma normativo nacional ubicando al ser humano, al hombre, por encima de los derechos patrimoniales. (Alferillo, Pascual E., "La Constitución Nacional y el Derecho de Daños", RCyS 2011-IV, 31) Así es entendido por la Corte de Justicia Nacional cuando sostuvo que "el derecho a la vida -comprensivo de la preservación de la salud- es el primer derecho de la persona humana reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, ya que siendo el hombre el centro del sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo, su persona es inviolable y constituye el valor fundamental respecto del cual los demás valores tienen siempre carácter instrumental". (CSJN, 16/10/2001, "M., M. c/ M. S. y A.S.", La Ley 2001-F, 505; DJ 2001-3, 657; ED 27/03/2002, 13; JA 2002-II, 425; Sup. Const. 2002 (agosto), 39; La Ley 2002-E, 299.) Este criterio fue reiterado por la Corte Federal en distintos pronunciamientos para llegar al expreso reconocimiento de que "el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental" (CSJN, 21/09/2004, A. 2652. XXXVIII, "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688", Sup. Especial La Ley 2004 (septiembre), 39; DJ 29/09/2004, 339; DT 2004 (septiembre), 1286; DJ 06/10/2004, 394; RCyS 2004-IX, 122; ED 25/10/2004, 5; DJ 10/11/2004, 798; IMP 2004-21, 131; TySS //2004, 778.).

En este punto es necesario resaltar dos aspectos trascendentes:

El primero el cambio de paradigma de nuestro sistema jurídico nacional que hoy prioriza al Ser humano por sobre el patrimonio como se expuso precedentemente.

El segundo, esta destinado a dar respuesta jurídica a una apreciación del recurrente que a fs. 318 pregunta si ¿acaso no es una dicotomía enfrentar los derechos constitucionales para sortear a cual de ellos darle preferencia? En ese sentido, es una falta de respeto a los señores Constituyente pensar que ellos han realizado un sorteo para definir cual de los derechos es preferente en la prelación jerárquica. Sin lugar a duda, fue una decisión de política legislativa que definió el perfil de país que se programó en la Constitución Nacional y en el mismo, se declaró la importancia que tenían y tienen para la comunidad argentina, los Derechos Humanos que decidió concederles en una jerarquía preferente sobre los derechos de orden patrimonial.

Es por ello que en la actualidad, es un estado absolutamente democrático, donde impera la ley y, por ende, su racionalidad, se debe entender por ejemplo, que el interés superior de los niños consagrados en la "Convención sobre los Derechos del Niño", tiene preeminencia sobre el derecho de huelga, cuando la misma priva a los niños de su derecho a recibir la educación; tiene preeminencia el derecho a la salud de los pacientes por sobre los intereses económicos reclamados en una huelga por los profesionales de la salud. Todo debe llevarse a cabo en un marco de razonabilidad que es una exigencia constitucional para que la conducta pueda obtener protección del derecho. En ese sentido, nadie que se precie de conocer derecho puede negar el rango constitucional del derecho de huelga que tanta historia tiene, pero en nombre de esa historia que se escribió básicamente en defensa de las personas que se consideraban social y económicamente más débiles, no se puede utilizar como "moneda de cambio" para obtener legítimas mejoras económicas o sectoriales, a quienes el legislador dio preferente protección porque sin lugar a hesitación consideró que, en el mundo actual, son los sectores mas débiles o vulnerables como son los niños y la salud de los seres humanos.

Al respecto véase el contenido de las leyes N° 26.061 "De protección integral de los derechos de las Niñas, niños y adolescentes" y N° 26.529 "Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud". Y la doctrina expuesta en los fallos dictado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, 30/3/2009, "Rojas Flavia Lorena y otros s/ amparo s/competencia" (Expte.Nº 23627/09), LLPatagonia 2009 (abril), 777 - La Ley 27/04/2009, 7 y por el Tribunal de Justicia de Entre Ríos, 16/junio/2003, "Avero, Sergio Gustavo - Argacha Celomar José c/ A.G.M.E.R. s/ Acción de amparo", http://www.jusentrerios.gov.ar/123zx/publico/fallos/m1/sm3/AVERO.htm.

Esta decisión del poder constituyente nacional se puede verificar, de igual modo, en el de la provincia de San Juan, en el mentado art. 61 CPSJ que se invoca para endilgar, correctamente, al Estado su calidad de sujeto garante de la salud. Sin embargo se omite transcribir los párrafos siguientes donde se dice que "la sociedad, el Estado y toda persona en particular, deben contribuir con realización de medidas concretas, a través de la creación de condiciones económicas, sociales, culturales y psicológicas favorables, a garantizar el derecho de salud". El contenido normativo es por demás elocuente y evidentemente impone como deber de todos el garantizar la salud de la población.

Pero, aún es de mayor importancia para la resolución de la presente causa el párrafo de la mencionada norma donde se indica que "la actividad de los profesionales de la salud debe considerarse como función social".

Como se colige la Constitución de la Provincia calificó a la medicina como una profesión que debe ser ejercida en función social, lo cual implica que se dejó de lado el concepto liberal de la misma entendiendo que el saber científico era de propiedad individual de cada médico para entender que el mismo es patrimonio de la sociedad toda, razón por la cual su ejercicio no puede ser definido por los intereses individuales sino por los de la comunidad.

En este contexto es ineludible examinar la posición jurídica de la "Asociación de Terapia Intensiva de San Juan" que agrupa a los médicos que han obtenido esa especialidad que hacen referencia para defender su posición al derecho de huelga.

En ese sentido, se verifica que la relación que sus médicos integrantes tenían con la DOS era indirecta pues los convenios eran suscriptos por entidades o unidades sanatoriales que poseen la infraestructura para atender pacientes en terapia intensiva, al cual ellos adherían. Como se colige estamos haciendo referencia a contratos prestacionales médicos que no tienen relación de dependencia con la DOS, razón por la cual todas las referencias al derecho de huelga son jurídicamente incorrectas por tratarse de locaciones de servicios.

Los señores médicos terapistas esgrimen para justificar la conducta de los señores médicos integrantes de la institución en el presente conflicto de intereses, dos reivindicaciones sectoriales diferentes. Por un lado, el de lograr su autonomía como sector para poder negociar directamente las condiciones contractuales en las cuales prestarán sus servicios. Y, por otra parte, la de obtener un incremento en la retribución pactada con la DOS por los servicios que proporcionan.

La primera evidentemente se relaciona con la problemática que tienen los profesionales de la medicina que cuando están bajo relación de dependencia son defendidos por el sindicato del sector. Pero en este caso, los médicos terapistas ejercen su profesión de un modo liberal razón por la cual han procedido a como persona jurídica, de un modo independiente para obtener capacidad de negociación de las condiciones de trabajo para su especialidad. Esta nueva situación de los médicos terapistas coloca a las relaciones mantenidas por la DOS con los prestadores anteriores en crisis, pues la puja es entre las instituciones médicas para posicionarse en la mesa de negociación.

Sin indagar sobre la validez o no de las pretensiones de cada institución en pugna frente a la DOS, ello permite calificar a la problemática venida a conocimiento de la jurisdicción como compleja que ineludiblemente para superar esta etapa de re-acomodamiento de los intereses es necesario un tiempo prudencial para armonizar los mismos que permita finalmente garantizar a los pacientes el derecho a la salud, deber social que recae sobre todas las partes en conflicto. Ese plazo no puede ser fijado por la jurisdicción, pues a esta le esta reservado garantizar en esta instancia abierta, el derecho a la salud de la población en general y de los asociados a la DOS en particular, sin imponer condicionamientos alguno a las partes que no tuvieren como finalidad asegurar la prestación del servicio médico a los pacientes en terapia intensiva. Los cuestionamientos realizados por la Asociación de Terapistas de San Juan contra quienes intermediaban por ello en la celebración de los contratos médicos asistenciales ha provocado que la DOS se haya quedado sin interlocutores válidos para acordar que les aseguren a sus afiliados - pacientes la efectiva prestación del servicio de terapia intensiva.

En otras palabras, la segunda reivindicación es la petición de un incremento de la retribución por los servicios que prestan, es una dificultad a resolver dentro de un problema médico asistencial complejo.

Sin lugar a duda, esta etapa de transición debe ser superada por todas las partes sobre las cuales pesa el deber de garantizar el derecho de salud de la población (art. 61 CPSJ) y procurar una adecuada prestación del servicio de terapia intensiva y con una justa compensación por los servicios asistenciales.

En este punto, resulta oportuno examinar precisar que el argumento esgrimido por los señores médicos de que ellos no hacen abandono de sus tareas porque continuaban prestando el servicio pero por la modalidad de reintegro. Es bien sabido que esta modalidad impone un cambio sustancial de la relación directa con el paciente porque el médico se desliga de la obra social y de un modo liberal que contradice el mandato de la medicina en función social consagrado por el art. 61 de la C.P., exige al paciente el pago de sus servicios. Ello se agrava cuando la obra social atiende la salud de trabajadores porque son un sector muy vulnerable de la sociedad y no tienen capacidad económica para afrontar dichos gastos. En cuanto al tema relacionado con la falta de legitimación para actuar de la provincia en este caso de amparo constitucional, más allá de lo juzgado ut supra respecto de que no lo hacía por si sino en representación de una entidad intervenida como es la DOS, con lo cual quedaba legitimado y de que en el presente caso lo que se defiende por la Asociación condenada son intereses sectoriales que afectan la vigencia de un interés social como es la salud, es dable precisar que resulta una contradicción sostener por una parte que el Estado es garante del derecho a la salud de la población y por otro lado, que no se encuentra legitimado para reclamar ante la administración de justicia que cuando algún sector vulnere arbitrariamente el derecho a la salud de la población deje de hacerlo y enmarque, sus reclamaciones sectoriales, en la racionalidad de la ley que no permite el ejercicio abusivo ni de mala fe de los derechos.

En reiterado fallos se ha sostenido que es sujeto pasivo de tal deber social, razón por la cual no puede serle negado al Estado ser sobre el mismo tema sujeto activo.

Debemos recordar que en el presente caso, el Estado no actúa como persona jurídica pública en ejercicio del puro imperio que, conforme a las clásicas concepciones tenían como una entidad que todo lo podía. El Estado de hoy incurre hasta en cesación de pago, trata en paritarias con los sindicatos que agrupan a sus empleados la situación en que los mismos prestarán sus servicios, etc. De igual modo, en algunas hipótesis, debe acordar el contenido de sus contratos. En toda estas actividades no esta el poder de imperium del Estado imponiendo las condiciones, sino en par conditio con personas o sectores sociales acordando las condiciones.

En cuanto al tiempo para iniciar la reclamación de amparo cuestionado por la Asociación, se debe tener en cuenta que no se esta ante un proceso simple con actos aislados, sino con un problema sectorial complejo con actos concatenados de las partes que en forma permanente han interrumpido los plazos, razón por la cual debe entenderse que ha sido presentado en tiempo legal.

En función de lo expuesto propongo desestimar, con costas a la vencida, el recurso de apelación interpuesto a fs. 315/326.

Por ello, SE RESUELVE:

Desestimar, con costas a la vencida, el recurso de apelación interpuesto a fs. 315/326.

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas en virtud de lo dispuesto por el art. 257 de la ley 8037.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.