Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-21


000122/2010 --- En la ciudad de Trelew, a los días de abril del año dos mil diez, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Aldo Luis De Cunto, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C., I. S. c/ A., J. H. s/ Cobro de pesos -Laboral (Ficha 8944)" (Expte. 122 - Año 2010 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 218.------- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el codemandado A. a fs. 205, que fuera concedido a fs. 206, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 192/200 que rechazó la demanda entablada contra C. A. D. R. D. T. S.A. con imposición de costas a la vencida, e hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por I. S. C. y condenó a J. H. A. al pago dentro del plazo de cinco días de la suma de $28.185,50.-, con más sus intereses, en concepto de diferencias salariales y remuneraciones adeudadas, vacaciones y sueldo anual complementario proporcional, y daño moral, y asimismo dispuso la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones prevista por el art. 80 de la L.C.T. en el término de diez días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, con imposición de costas por su orden y las comunes por mitades.	Los agravios vertidos lucen a fs. 207/211 y vta., el traslado conferido a fs. 212 no fue evacuado por su contraria, y el apelante se agravia de la condena al pago de diferencias salariales ya que la prueba por excelencia es la documental y también la prueba pericial contable, por lo que su ausencia permite concluir que se carece de prueba que con certeza haga viable el reclamo formulado. De los recibos de haberes aportados por la propia actora surge que ésta cumplía una jornada laboral de cuatro horas, por lo que solicita se rechace la demanda en este punto. Discrepa de la decisión adoptada y valoración de la prueba efectuada respecto de la condena por daño moral. En el ámbito de las contrataciones privadas sólo por excepción el incumplimiento de las obligaciones puede llegar a afectar derechos de tipo extrapatrimonial e inherentes a las personas, y este es el criterio adoptado por el Código Civil en su art. 522. La reparación del daño moral en las relaciones laborales requiere que derive de un hecho que, individualmente considerado, constituya técnicamente un título jurídico autónomo que así lo admita de acuerdo a las normas del derecho común, en la medida que el mismo no se encuentre expresamente contemplado por la legislación laboral, a cuyo respecto efectúa cita de fallos. Por otro lado, para justificar su procedencia el trabajador debe acreditar que la imputación que efectúa en contra del empleador afecta intereses o bienes no patrimoniales de su persona. En atención a tales consideraciones cabe concluir que no se acreditó la existencia de una conducta adicional ilícita por el codemandado A. en relación a la actora. Si bien es cierto que los testigos M., V., y M. dieron cuenta de que el Sr. A. profirió malos tratos a la actora (los dos primeros habían sostenido juicio con su conferente, lo cual vela sus testimonios), no menos cierto es que C. y V. C. manifestaron que el trato era el normal en el ámbito laboral. El testimonio de la psicóloga G. es categórico al sostener que si bien la irrupción sintomática que padece la actora es a causa de un suceso laboral, se enlaza a representaciones subjetivas que refieren al psiquismo y a la historia del paciente, radicando allí el detonante para el presente diagnóstico. La pericia efectuada por la psicóloga forense es clara en describir los rasgos determinantes de la personalidad de la actora así como en señalar la imposibilidad de establecer la relación entre la patología que aqueja al demandante y el ambiente laboral. Así, tampoco se acreditó que la conducta que la actora imputa a A. haya afectado intereses o bienes no patrimoniales de la persona que justifiquen la procedencia de la reparación del daño moral. Por ello debe reverse la sentencia impugnada pues no debe prosperar el reclamo por daño moral al no estar reunidos los presupuestos que viabilicen su procedencia. No se probó la antijuridicidad extracontractual de la conducta del Sr. A., no se probó el daño, y por ende no existe la requerida relación causal. No basta para la reparación del daño moral las meras molestias, los reclamos extrajudiciales, ni la necesidad de accionar judicialmente para obtener el cumplimiento de un contrato o la indemnización por su incumplimiento. Es necesario alegar y probar razonablemente la modificación disvaliosa de los sentimientos o el espíritu del damnificado. Solicita se rechace la procedencia del daño moral. Formula agravio por la imposición de costas por su orden y las comunes por mitades. Se apartó el juez de primera instancia del principio objetivo de la derrota ya que la demanda prosperó por menos del 40% del monto reclamado, y del art. 71 del C.P.C.C. si entendió que hubo un vencimiento parcial y mutuo. Para determinar la noción de vencido debe aplicarse una visión global del juicio y no reducirse a un análisis aritmético de las pretensiones y resultados. No es admisible parcelizar el litigio con relación a los distintos reclamos sino que ha de estarse a un enfoque global de la controversia. Así señala que en demanda se reclamaron nueve rubros por un total de $71.000.- y tuvieron acogida favorable dos por $28.185,50.-, por lo que la distribución de costas resulta inadecuada. Peticiona se rechace la demanda incoada contra su parte, con costas.	2. Las manifestaciones vertidas por el quejoso en cuanto a que la prueba documental y pericial contable es la prueba por excelencia son meras generalizaciones y al no importar una crítica concreta y razonada del decisorio no hay agravio que atender.	No constituye así una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene afirmaciones dogmáticas sin una verdadera crítica de la sentencia en recurso, o las afirmaciones enfáticas que no son más que simples generalizaciones son insuficientes por sí solas para sustentar el agravio (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 354/355 y cita de pronunciamientos).	Lo mismo acontece respecto de los fallos citados a fs. 208, último párrafo, pues la mera transcripción, por profusa que sea, de citas jurisprudenciales o de doctrina, sin siquiera intentar una explicación para relacionarla con lo debatido en la causa, y por ende, sin justificar la aplicabilidad de las conclusiones sentadas en aquéllas en el caso a resolver, no permite tener por fundado el recurso (Morello, Sosa, y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 359/360, y cita de fallos).	En lo que hace a que los recibos de haberes es prueba concluyente de cual era en verdad la remuneración, categoría y tarea de la actora, tal expresión nuevamente importa una mera generalización pues con ello omite hacerse cargo del fundamento brindado por la Sra. Juez de la anterior instancia a fs. 196, primer párrafo, al ponderar la prueba testimonial rendida en la causa, conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 390 y 460, Anexo "A" Ley XIII - Nº 5, arts. 386 y 456 del C.P.C.C.).	Por lo demás, sabido es que por el principio de la primacía de la realidad resulta de relativo valor la prueba documental respecto de la prueba testimonial.	La primacía de la realidad es una regla de interpretación para el juzgador según la cual por sobre la ficción que puedan haber montado las partes se impone la realidad resultante de los hechos cumplidos durante la relación. Prima así la realidad sobre la forma, lo que en el proceso se ha de traducir en el relativo valor de la prueba documental respecto de la testimonial ... La simulación implementada por las partes y el fraude por el cual el empleador utilizando un camino desviado, pero legal, busca violar la ley laboral deben encontrar en las formas procesales y en la posibilidad de apreciación del juzgador, las vallas que eviten la frustración del principio protectorio, que afirmen la irrenunciabilidad de los derechos y en definitiva consoliden el orden público laboral (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 3ra. ed. act., 2007, T. I, par. 2.7.18., pág. 323).	Y desde ya que, en caso de fraude a la ley laboral, sea cual fuera el medio empleado, el mismo queda comprendido dentro de la normativa prevista por el art. 14 de la L.C.T.	En tal sentido, puede decirse que habrá fraudem legis cuando al amparo de una norma jurídica, y dentro de la máxima legalidad, se obtiene un resultado prohibido por otra norma jurídica (Meilij, "Contrato de trabajo", Depalma, 1980, T. I, par. 141, pág. 76).	Asimismo, cabe destacar la íntima relación que existe entre la primacía de la realidad y la buena fe pues la realidad refleja necesariamente la verdad. La documentación puede reflejar la verdad, pero también puede reflejar la ficción dirigida a disimular o esconder la verdad con el objeto de eludir el cumplimiento de obligaciones legales o de obtener un provecho ilícito. Afirmar invariablemente el imperio de la realidad -que es lo mismo que decir, el imperio de la verdad- equivale a rendir tributo al principio de la buena fe (Plá Rodríguez, "Los principios del Derecho del Trabajo", Depalma, 1998, par. 174, pág. 333) (la cursiva me pertenece).	Por lo tanto, en la "discordancia" entre lo que ocurrió en la realidad y lo que surja tal vez de documentos o acuerdos, hay que dar preferencia a lo primero, es decir, a lo que acaece en el terreno de los hechos. A tal efecto, el juez debe investigar para descubrir el hecho real. Así pues, lo "escrito" no tiene validez, cualquiera sea el motivo que le de fundamento a su discordancia con la realidad (simulación, error, fraude, etcétera). En el caso, priman los hechos sobre lo documentado (Vázquez Vialard, Director, "Tratado de derecho de trabajo", Astrea, 1982, T. 2, par. 60, págs. 271/272).	Es criterio de esta sala "B" en reiterados pronunciamientos, entre ellos, c. 156/08, S.D.L. 23/09, c. 130/08, S.D.L. 27/09, c. 713/09, S.D.L. 01/10.	En ese contexto, bien hizo el juzgador en valorar de modo preferente a la prueba testimonial a cuyo respecto precisó que: En cuanto a la fecha de ingreso y jornada de las declaraciones coincidentes de G. (fs. 126 vta./127), M. (fs. 128/9), V. (fs. 130), M. (fs. 161), resultan suficientes para formar convicción respecto de la fecha de ingreso y jornada denunciada por la parte actora. En cuanto a la jornada también coinciden los dichos de C. (fs. 162) y V.s C. (fs. 164). En consecuencia, corresponde admitir las diferencias salariales reclamadas ...	Y ese fundamento que resultó dirimente para dilucidar esa cuestión no fue objeto de embate alguno por el recurrente.	En tal sentido, la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "Persiani e Hijos, José c. Productos Pulpa Moldeada S.A.", L.L. 1985-A, 309).	Dicho de otro modo. La apertura del recurso lo es en la medida del agravio y para ello el quejoso debe formular su disconformidad con la decisión de primera instancia, motivo por el cual y en virtud del principio dispositivo, cuando no hay una impugnación concreta de las motivaciones básicas de la sentencia recurrida, deviene insuficiente la expresión de agravios (S.C.B.A., Ac. y Sent. 1957, v. II-39; 1963, v. I- 359).	En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos).	Por ello, la ausencia de crítica concreta respecto del mencionado fundamento del decisorio conduce a la deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., arts. 269 y 270 Anexo A, Ley XIII - Nº 5, remisión del art. 76 de la ley 69, art. 73 Ley XIV Nº 1).	3. Respecto de la queja vertida al punto III.B., cabe precisar que la indemnización por daño moral puede deberse a conductas de la patronal que causen perjuicio al trabajador no sólo al momento de la extinción del vínculo sino también durante el curso de la relación. Incluso se sostiene que es factible el resarcimiento del daño moral aun cuando no esté extinguido el contrato de trabajo.	Por nuestra parte pensamos que la ausencia de normas que resuelvan en forma expresa la cuestión no puede ser interpretada como rechazo del resarcimiento del daño moral (o patrimonial) por incumplimiento de obligaciones laborales, cuando no opere la extinción del contrato de trabajo (Pizarro, "Daño moral", Editorial Hammurabi, 1996, pág. 606).	Así, el daño moral puede ser ocasionado durante la ejecución del contrato y aún durante el período pre y poscontractual, sea que la responsabilidad consiguiente tenga que regirse por los principios de la responsabilidad contractual o extracontractual según el caso (Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños", Rubinzal - Culzoni Editores. 1999, T. V, "El daño moral", pág. 286).	Y en autos se imputa al empleador proferir malos tratos a la trabajadora durante la relación laboral, a cuyo respecto cabe considerar que al lado de los deberes de cumplimiento están los deberes de conducta que envuelven todo el comportamiento de las partes en la ejecución del contrato de trabajo (Etala, "Contrato de trabajo", Astrea, 2002, pág. 192).	Esto es, ambas partes (empleador y trabajador) están obligadas a respetar los deberes de conducta que se asientan en el principio de buena fe durante todo el desarrollo de la relación laboral (arts. 62 y 63 de la L.C.T.).	Por eso, es posible admitir el resarcimiento del daño moral cuando deriva de un hecho distinto a la denuncia del contrato de trabajo producido con motivo de la ruptura del contrato o durante el curso de la relación, sea de origen contractual o extracontractual.	Y en materia de responsabilidad contractual el equívoco sobrevino al error de pensar que la tarifa viene a resarcir todos los daños contractuales cuando, en rigor, sólo lo hace respecto de uno de ellos, el atinente a la frustración de la vocación de permanencia inherente a toda relación laboral considerada en si misma. Fuera de dicho campo concreto de aplicación que concierne al despido en cualquiera de sus modalidades (directo o indirecto; incausado, injusto por falsedad o insuficiencia causal, o fundado en incumplimiento injurioso del patrón), pueden verificarse otros incumplimientos autónomos a deberes específicos de las partes que excepcionalmente se encuentran también tarifados (vgr. art. 80, LCT) pero que en general no reciben previsión laboral alguna que descarte, por especialidad, la actuación del derecho común (Ackerman-Tosca, "Tratado de derecho del trabajo", Rubinzal - Culzoni Editores, 2005, T. IV, págs. 408/409).	Y con relación al daño a la persona (daño moral) en el contexto de una relación de trabajo se sostiene que la subordinación inherente al vínculo que, en cuanto instituye una relación de poder entre las partes (entiéndase: como potestad de mando-sanción y correlativo deber de obediencia) es idónea para crear una amplia "zona de frontera" en la que resulte razonable dudar acerca de lo que resulta exigible que el trabajador soporte. Esta especial ponderación guarda también una estrecha relación con la circunstancia de la dependencia económica, en tanto crea un ámbito propicio para que las tendencias naturales del hombre al uso abusivo del poder se expresen trasvasando, en el ejercicio de las facultades jerárquicas del empleador, "los fines que la ley tuvo en miras al reconocerlos". Y que, simétricamente, induce al asalariado a soportar situaciones (y a veces verdaderos vejámenes) cuando el costo de oportunidad de defender su dignidad o sus derechos es la pérdida del empleo (Ackerman-Tosca, obra y tomo citado, págs. 413 y 414, respectivamente).	Con tales alcances, sostiene el quejoso que no se acreditó una conducta adicional ilícita por parte del co-demandado Arias para lo cual efectúa a fs. 210 una ponderación distinta a la del sentenciante en cuanto al alcance de la prueba testimonial.	En tal sentido, esta sala "B" en reiterados pronunciamientos señaló que una valoración distinta a la alcanzada por el juzgador, sin indicar de modo concreto donde existe el error cometido en su ponderación y cuales son los hechos acreditados en el proceso con virtualidad suficiente para rebatir los argumentos desarrollados en el fallo no constituye agravio.	Nótese que al comienzo de su análisis el apelante admite que varios testigos (M., V., y M.) "dieron cuenta que el Sr. A. profirió malos tratos a la actora".	Sin perjuicio de ello, y aun obviando la falta de una crítica adecuada y razonada, advierto que no le asiste razón en su particular valoración.	Para ello comenzaré por señalar que la circunstancia de que el testigo entablara juicio con la parte demandada no invalida su declaración sino que la misma debe examinarse con estrictez.	Si uno de los testigos tiene al momento causa pendiente con la demandada y por análogos motivos que los que originan la de autos su declaración debe ser apreciada con un severo rigor crítico (Falcón, "Tratado de la prueba", Astrea, 2003, T. 2, pág. 326/327).	El hecho de que los testigos tengan juicios pendientes contra la demandada no los inhabilita como tales pues no existen tachas absolutas, pero conduce a extremar la apreciación de sus dichos. Las reglas del razonamiento lógico que, como sana crítica, presiden la evaluación del material probatorio (art. 386, Cód. Procesal) impiden fundar un veredicto racional sólo en testimonios prestados por quienes, conscientemente o no, tienen un interés personal relevante en la aceptación de la versión que ofrecen, regla que debe ser suavizada cuando existen otros elementos que conducen a la misma conclusión (CNTrab., sala VIII, 05/07/2001, "Zanín, Jorge A. c. Firme Seguridad S.A. y otro", DT. 2001-B, 1935).	Sin perjuicio de ello, destaco que no se trata en el caso de causas pendientes ya que M. manifestó que se dictó sentencia y V. que lo ganó (respuesta por las generales de la ley, fs. 128 y 130, respectivamente), a lo que debe agregarse que se desconoce si los motivos fueron análogos.	Y las declaraciones de M. y V. fueron corroboradas por M., personas todas ellas que trabajaron en el lugar, por lo que debe considerarse que es válida la declaración de los testigos que tienen relación con la parte que los presenta, si su testimonio se impone para la averiguación del hecho sucedido en el lugar de su vecindad o trabajo (Alsina, Hugo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", 2da. ed., EDIAR, 1958, T. III, pág. 650).	Así, sobre los malos tratos sufridos por C. durante su desempeño a las órdenes de A., expresaron que: a) "No era una relación, había maltrato", "era una cosa constante de no llamar jamás a una persona por el nombre, los llamaba como vieja o gorda o otras barbaridades pero jamás con un cierto respeto y en un tono alto un tono fuera de lugar", "El trato con nosotros era diferente ... creo que era más con las mujeres" (M., respuesta a la 7ª, 8ª, y 9ª pregunta, fs. 128 vta); b) "hacia, de todo un poco, la trataban tan mal que la mandaba a hacer cualquier cosa", "Verbalmente la trataban mal él como patrón, A., ... ella capaz que se arrinconaba a llorar, yo le contestaba pero ella no era callada", "Le decía apurate gorda chancha, lo que se le venía a la cabeza en ese momento" (V., respuesta a la 1ª, 2ª, y 3ª pregunta, fs. 130 y vta.); y c) el trato era "Malo, le falta el respeto con palabras deshonestas", "un día fue al lugar donde ella trabajaba, y le gritó y yo estaba en otro sector cerca muy cerca, y ella se puso a llorar; le sabía decir gorda y palabras deshonesta que realmente lastima a la gente", el tono de voz con que se dirigía A. a C. era "gritando", "siempre" (M., respuesta a la 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, y 7ª pregunta, fs. 161 vta.).	Frente a tales dichos circunstanciados y concordantes la declaración de C. en tono potencial nada aporta pues manifestó sin mayores precisiones "Pienso que sería lo normal como todo el mundo, no lo sé la verdad que trato" (respuesta a la 4ª pregunta, fs. 162 vta.). Como puede observarse sus expresiones denotan una clara falta de compromiso hacia la respuesta toda vez que comenzó señalando en tiempo potencial que lo pensaba para luego decir que no lo sabía. Y al no saber tal declaración debe descartarse por resultar prueba inocua. Así, si los elementos de convicción traídos al proceso no aportaron datos positivos, la conclusión es que se trató de probanzas inocuas, las que fracasan en su finalidad de "crear el convencimiento del juez sobre la existencia de hechos de importancia para el proceso" (Chiovenda, "Principios .", T. II, n° 59, pág. 280, Ed. Reus, 1941).	En lo que hace a V. C. no resulta satisfactoria su declaración al expresar respecto al trato que le dispensaba el demandado a la Sra. C. que era "Normal de un patrón y un empleado" (respuesta a la 4ª pregunta, fs. 164 vta.).	Al respecto, no brindó una respuesta circunstanciada acerca de lo que entendía por normal de un patrón, por lo que valorada esa declaración en conjunto con las demás testimoniales se advierte que la misma no resulta verosímil por su clara insuficiencia y vaguedad.	Y en el examen del contenido del testimonio es indispensable, además que aparezca verosímil la ocurrencia de tales hechos, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que el testigo haya explicado. Si el juez considera, por razones lógicas o con fundamento en máximas generales de la experiencia, que es imposible que el hecho haya ocurrido en esas circunstancias, debe negarles a los testimonios toda eficacia probatoria. Para la eficacia probatoria del testimonio es indispensable que contenga la llamada razón de sus dichos, es decir del fundamento de la ciencia del testigo. Puede decirse que en la exigencia de una adecuada y fehaciente razón de la ciencia de su dicho, tomada en un sentido amplio, se resumen todos los requisitos para la eficacia del testimonio; pero lo incluimos como uno especial, porque se trata, entendido en sentido estricto, de las explicaciones que el testigo debe dar, en el mismo acto o en una ampliación del testimonio, de la manera cómo pudo adquirir el conocimiento de los hechos y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tal hecho ocurrió. De manera que la razón de la ciencia del dicho debe contener las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que el testigo adquirió ese conocimiento, es decir: en que lugar conoció el hecho, cuando tuvo ese conocimiento y en que circunstancias lo adquirió (Devis Echandía, "Teoría general de la prueba judicial", Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1970, T. II, par. 242, pág. 271, y par. 216, k), págs. 122/123).	Por lo demás, y aun cuando por hipótesis se obviara la manifiesta insuficiencia del testimonio de V. C., lo cierto es que cuando los testigos de una y otra parte reúnan iguales condiciones de ciencia, de imparcialidad y de veracidad, tendrán por cierto lo que declare el mayor número (Devis Echandía, "Compendio de la prueba judicial", Rubinzal -Culzoni Editores, 2000, T. II, pág. 95).	En tales condiciones, desde que corresponde al juez ponderar según las reglas de la sana crítica las circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones (arts. 390 y 460, Anexo "A" Ley XIII - Nº 5, arts. 386 y 456 del C.P.C.C.), a partir de la valoración realizada del cumplimiento de los requisitos, examen de los testigos y de sus declaraciones (Arazi, "La prueba en el proceso civil", La Rocca, 1991, pág. 254) y después del examen de cada uno y del conjunto de los testimonios habidos (Devis Echandía, obra y tomo citado, pág. 273), apreció que las declaraciones brindadas por los testigos M., V., y M., resultan precisas y concordantes en cuanto a los malos tratos sufridos por C. durante su desempeño a las órdenes de A.	Paso ahora a considerar el ámbito de responsabilidad pues el juzgador entendió a fs. 199, punto V, que corresponde endilgarle responsabilidad al demandado por actos ilícitos no representativos de una mera inejecución de las obligaciones derivadas de la relación laboral, en los términos de los arts. 1067, 1078, y 1109 del Código Civil.	Al respecto, no participo de ese criterio y en tal sentido corresponde al juez brindar la calificación jurídica correspondiente a la pretensión deducida con independencia del encuadre que hubieran efectuado las partes o el juez de la anterior instancia.	El iura novit curia consiste en que los jueces letrados aplican el derecho que se adapta a las peticiones efectuadas por las partes, aunque éstas denominen o califiquen mal el derecho y se funda en la presunción lógica sobre el conocimiento del derecho por parte del juez a quien corresponde calificar la esencia del pleito y aplicar la norma jurídica pertinente. Con arreglo a tales pautas, la calificación de la acción y la determinación de la norma o derecho aplicable es materia reservada al juez -iura novit curia-, quien puede y debe corregir cualquier error de las partes en punto a esta calificación o aplicar un precepto distinto al invocado. Conforme a la regla "iura novit curia" los jueces tienen no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes, facultad que deriva de los principios esenciales que organizan la función jurisdiccional de la justicia. Surge así como misión que alcanza el nivel de deber, la de aplicar el derecho objetivo con independencia del invocado por las partes. Es decir, que si el tema planteado remite a consideraciones de orden jurídico inherentes al derecho vigente, su aplicación es deber irrenunciable de los jueces, careciendo de efectos vinculatorios la fundamentación jurídica argüida por los justiciables (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1984 y 1986, T. II-A, págs. 613/614, y T. II-C, págs. 73/74, y citas de pronunciamientos, respectivamente).	Con ese alcance, cabe recordar que son elementos comunes a ambos regímenes de responsabilidad (contractual y extracontractual): 1º Antijuridicidad. 2º Daño. 3º Relación de causalidad entre el daño y el hecho. 4º Factores de imputabilidad o atribución legal de responsabilidad (Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría general de la responsabilidad civil", Abeledo-Perrot, 9ª. ed., 1997, par. 170, pág. 108).	Y respecto del primer recaudo, debe tenerse en cuenta la distinción entre antijuridicidad formal y material.	La antijuridicidad formal, lo recuerda Nuñez parte del principio de que una acción es antijurídica sólo y porque es contraria a una prohibición jurídica de hacer u omitir. La antijuridicidad material, sostiene, en cambio, que la acción es antijurídica porque tiene una determinada manera de ser o materia que es la que la vuelve contraria al Derecho. Para la tesis de la antijuridicidad material la noción de ilicitud desborda en mucho, según hemos visto ya, el concepto de ilegalidad, de contrariedad a los preceptos legales. A diferencia de lo que acontece en el Derecho Penal, donde priva la antijuridicidad formal -principio de legalidad- sobre la base de una serie cerrada de delitos, el Derecho Civil admite una serie abierta de actos ilícitos, en la imposibilidad de prever todos los deberes jurídicos cuya violación engendra responsabilidad (Mosset Iturraspe, Jorge, "Responsabilidad por daños", Rubinzal -Culzoni Editores, 1998, T. I, págs. 60/61 y 62, respectivamente).	Desde esta perspectiva, la infracción de un deber jurídico no sólo existe en aquellos supuestos, sino también siempre que se ejecute un hecho que por culpa o negligencia de su autor, ocasione un daño a otro; en cuyo caso la obligación de reparar emergente "es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil" (art. 1109, Código Civil). Hoy en día -y pese a que pareciera que Velez Sarsfield se inclinó por la antijuridicidad formal en el art. 1066 del C.C.- la doctrina se inclina por una concepción material de la ilicitud. Útil es aclarar que conforme a la tesis de la antijuridicidad material, la ilicitud desborda el limitado criterio de la contradicción con normas expresas, por lo que, para categorizar un acto como lícito o ilícito, se recurre a elementos distintos que integran el orden jurídico, como los principios generales del derecho y las normas abiertas (López Mesa, Marcelo J., "Elementos de la responsabilidad civil", Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas; Medellín: Bibilioteca Jurídica Diké, 2009, págs. 303 y 305, respectivamente).	La ilicitud lato sensu requiere del incumplimiento de un deber jurídico de obrar o abstenerse. Existiendo contrato entre las partes, dicho incumplimiento debe referir a la obligaciones explícita o implícitamente derivadas del mismo. Va de suyo que tratándose de uno "laboral", la situación quedará regida por el complejo entramado y jerarquía de sus fuentes (ley, convenio colectivo, contrato individual, usos y costumbres), de modo que el hecho de que un deber esté impuesto por cualquier fuente imperativa no inhibe ni descarta que corresponda asignarle naturaleza contractual, en la medida en que los contenidos de aquéllas se reputan ministerio legis reproducidos en el acuerdo particular (art. 62, LCT) (Ackerman-Tosca, obra y tomo citado, págs. 267/268).	Así, el examen de la antijuridicidad ha de principiar por la normatividad vigente y en tal sentido los malos tratos sufridos por la actora importan un incumplimiento de los deberes de conducta por parte del empleador (arts. 62 y 63 de la L.C.T.), por lo que su responsabilidad encuadra en el ámbito contractual, en tanto que el factor de atribución es subjetivo y la conducta asumida se subsume en la noción de culpa, conforme a los principios enunciados en el artículo 512 del Código Civil y que se complementa con los alcances previstos por el artículo 902 del citado ordenamiento.	Tales consideraciones permiten concluir que se configuró una antijuridicidad formal (criterio de la contradicción con normas expresas - ilicitud consignada explícitamente y en forma específica por un texto legal, art. 62 de la L.C.T.) y a su vez material (entendida como incumplimiento del deber jurídico genérico de no dañar a otros), y una conducta culpable por imprudencia en los términos del art. 512 del Código Civil por la omisión de la diligencia exigible según las circunstancias de tiempo, lugar y personas.	Al respecto, actúa de modo imprudentemente quien no reflexiona sobre las consecuencias dañosas previsibles que un acto suyo puede comportar, o que aun previéndolas despliega su proceder de igual modo por falta de reflexión.	Incluso se sostiene que si bien en la órbita contractual la responsabilidad presupone en principio la intención o culpa del obligado, esta última es presumida por el ordenamiento por el hecho mismo del incumplimiento (Ackerman-Tosca, obra y tomo citado, págs. 268/269).	Tocante al daño sufrido por la actora y relación de causalidad, el propio apelante admite que del testimonio de la psicóloga G. resulta que los padecimientos sufridos por la paciente "es a causa de un suceso laboral" (p. b, fs. 210).	Nótese en tal sentido que si bien debe considerarse el psiquismo y la historia de la paciente es de toda evidencia que la reacción patológica se produjo como consecuencia de la situación laboral pues en forma categórica indicó que "La irrupción sintomática es a causa de un suceso laboral ..." (respuesta a la 1ª repregunta, fs. 127).	Conclusión ineluctable ya que la misma necesariamente se enlaza a su vez con la prescripción de la psicóloga con alcance absoluto respecto de su no retorno a las tareas (respuesta a la 5ª pregunta, fs. 127).	Asimismo, la pericia psicológica resulta reveladora en lo que hace al terreno laboral y con relación a la figura del jefe "Un personaje que, desde una modalidad psicopática, que capta con gran e inmediata facilidad las falencias del otro, tendiendo a desvitalizar aún más la figura del subordinado. La acción que este, de por sí solo puede estar produciendo, es absolutamente patogénica". "El estrés producido en su medio laboral afecta, en su funcionalidad distintas áreas: de la actividad, relacional (intra y extrafamiliar), volitivo, cognitivo (inhibición de su productividad - por interferencias emotivo -conflictivas), etc." "Debe tener asistencia psiquiátrica". "No puede retornar al medio laboral en cuestión, en concordancia con lo ya expresado por su terapeuta, debiendo proseguir una Psicoterapia". "Las consecuencias individuales y sociales: ya están a la vista, en su comportamiento descripto con anterioridad por la otra profesional y por quien suscribe". "Las descripciones hecha por la actora, del trato que le daba su jefatura, en toda su amplitud de conductas, fueron nocivas, patogénicas". "No es aconsejable la reinserción laboral de la actora en el medio en que se produjo lo descripto. De retornar al mismo trabajo eso implicaría un agravamiento del cuadro, aún con la contención psicoterapéutica debida" (el subrayado me pertenece) (ver fs. 152 y 153).	Tales conclusiones del perito actuante que no fueron objeto de impugnación por el codemandado A. evidencian de modo palmario el daño sufrido por C. con grave consecuencia sobre su psiquismo por el actuar culposo de su empleador en ocasión del trabajo, por lo que también se encuentran reunidos los presupuestos referidos al daño y relación de causalidad.	En tal sentido, en nuestro ordenamiento jurídico la personalidad y dignidad del trabajador ha sido objeto de una especial protección, garantizándose así sus intereses ideales o morales. Conforme a los principios generales, el empleador ha de responder por el daño moral que cause si por su dolo o culpa se lesionan esos intereses o bienes no patrimoniales. Para que proceda la reparación, el daño moral causado debe tener la entidad suficiente como para afectar la personalidad del trabajador en cualquiera de sus manifestaciones (Mosset Iturraspe, ob. cit., T. V, pág. 285).	Se trató en la especie de un acoso psicológico sufrido por la trabajadora por maltrato verbal (mobbing).	El concepto de mobbing, traducido de manera correcta al castellano como acoso psicológico y no "acoso moral" (deberíamos decir inmoral, en todo caso), posee un sustrato ético esencial que se refiere a la falta de respeto y de consideración del derecho a la dignidad del trabajador como un elemento relevante o sustancial de la relación laboral. El mobbing se manifiesta por un comportamiento de persecución continuado y persistente que se materializa en: ... b) desestabilizar emocionalmente a una persona ... d) maltratar verbalmente a una persona mediante amenazas, gritos o insultos para minarla psicológicamente atacando su dignidad (Piñuel y Zabala, Iñaki, "El moobing o acoso psicológico en el trabajo", J.A. 2005 - II, Número Especial, 27/04/2005, págs. 52 y 53).	Así, entre las actividades de acoso para reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse adecuadamente con otros, incluido el propio acusador, la número 5 se refiere cuando "Es objeto de avasallamiento, gritos, o insultos en voz alta" (LIPT - Inventario de Acoso Laboral de Leymann, en Abajo Olivares, Francisco Javier, "Moobing: Acoso psicológico en el ámbito laboral", Lexis Nexis Argentina, Depalma, 2004, pág. 80).	Por tales razones, coincido plenamente con la conclusión del sentenciante de fs. 199 en cuanto a que ha resultado acreditado por intermedio de la testimonial ya referida que el demandado ha incurrido en actos mortificantes o desdorosos para la trabajadoras durante el transcurso de la relación laboral que han podido razonablemente generar dolor moral así como sufrimiento emocional.	Tales consideraciones llevan al rechazo de los agravios vertidos en tal aspecto, y desde que no se cuestionó el monto fijado por el rubro daño moral no corresponde ingresar en la suma establecida.	4. Las consideraciones vertidas en los puntos 2 y 3 que anteceden dejan sin contenido la queja vertida al p. III.C. al prosperar los rubros diferencias salariales y daño moral.	Resta entonces por considerar la crítica desplegada en cuanto al régimen de imposición de costas (p. III.D).	Al respecto, el art. 59 de la ley 69 (art. 57, Ley XIV Nº 1) no establece un principio general de aplicación mecánica y automática, ya que permite siempre discernir la condición de derrotado o vencido en un enfoque global del resultado del pleito, mediante un prudente análisis particularizado a la cuestión en debate (conf. S.T.J. en autos caratulados "C. L. c/ Pcia. del Chubut", S.D. 7/91; y "C. D. R. c/C. Construcciones y otro", S.D. 3/93).	Así, debe ponderarse la naturaleza de la acción entablada, el principio establecido por la ley de procedimiento laboral, el resultado económico del pleito, atendiendo para ello a los rubros pretendidos que fueran acogidos y el monto definitivo de condena, pero también la postura asumida por la parte demandada.	Por eso, no resulta acertado referirse en términos porcentuales al monto del reclamo que prospera, pues la noción de vencido se establece con una visión global del juicio y no por análisis aritméticos de las pretensiones y resultados (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal ...", Rubinzal - Culzoni Editores, 2001, T. I, pág. 261).	Tampoco cabe distinguir en forma lineal nueve rubros para así manifestar que sólo dos de ellos fueron acogidos, pues lo que interesa son las pretensiones deducidas. En ese contexto, en la presente causa las pretensiones deducidas fueron diferencias salariales, indemnizaciones por extinción del contrato, e indemnización por enfermedad (acápite XVI - Liquidación, fs. 43 y vta.).	Con tales pautas, y atendiendo asimismo a la postura del codemandado A. al peticionar el rechazo de la demanda en todas sus partes (p. II, fs. 58), estimo que el régimen de costas de la anterior instancia al distribuir las mismas en el orden causado y las comunes por mitades resulta prudente y adecuado por ajustarse al resultado de la litis, en concordancia con el principio antes señalado, vencimientos recíprocos habidos y conducta asumida por la parte demandada (arts. 59 de la ley 69 y 71 del C.P.C.C.; art. 57, Ley XIV Nº 1, y art. 72, Ley XIII Nº 5).	Por tales consideraciones se rechaza la queja.	5. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada al apelante vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 69, Anexo A, Ley XIII Nº 5, art. 68 del C.P.C.C.).	Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, estimo prudente regular los honorarios del Dr. A. A. P., letrado apoderado del codemandado A., en la suma equivalente al 25% de la cantidad fijada para los emolumentos de primera instancia (arts. 5, 13, y 46 de la Ley XIII Nº 4; arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.	Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.	A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó:	Dada la claridad de la reseña que efectuara el colega preopinante de la sentencia de origen de fs. 192/200, y de los agravios que contra la misma expusiera la demandada a fs. 207/211 vta., me remito a la misma a fin de evitar reiteraciones estériles y en homenaje a la brevedad.-	I.- Analizaré los agravios del apelante en el mismo orden que los efectuara el Dr. Vergara, de acuerdo a la manera en que los formulara la demandada.-	1) En un primer lugar el recurrente se agravia de que se ordenara abonar los rubros integrativos de la liquidación final, debido a que no se acreditó el pago de los mismos, así como las diferencias saláriales reclamadas con fundamento en la fecha de ingreso y la jornada laboral denunciadas por la contraria. Cita, al respecto, jurisprudencia en el sentido de que en materia de diferencias salariales, la prueba por excelencia es la documental y añade que otra prueba fundamental es la pericial contable, y como la actora no ha producido las mismas, considera que cabe concluir que no existe certeza acerca de la viabilidad del reclamo. En cuanto a la jornada laboral indica que de los recibos se desprende que era de cuatro horas, debiéndose rever asimismo lo decidido respecto a los rubros integrativos de la liquidación final (ver fs. 208/vta., pto. III A).-	Es sabido que la transcripción de citas jurisprudenciales sin una referencia concreta a las circunstancias del caso en examen no importa crítica concreta y razonada del decisorio, ya que con dichas citas se afirma dogmáticamente la importancia de la prueba documental respecto de las diferencias salariales mas no se confronta dicha afirmación con el razonamiento de la sentenciante. En dicho orden de ideas se sostuvo que la transcripción textual de fallos jurisprudenciales sin vincularlos a los hechos que los motivan importa que la expresión de agravios carezca de contenido (conf. CN. Civ., Sala A, 23/4/81, LL, 1981-C-280; íd., Sala D, 12/9/79, ED, 86-442; CN. Com., Sala C, 29/2/80, ED, 88-421). Por lo demás lo mismo cabe manifestar de la afirmación acerca de que la prueba contable resulta relevante para la materia decidida, ya que no cumple con los requisitos del art. 265 del CPCC -actual art. 268 de la ley XIII Nº 5 Anexo A- la expresión de agravios que contiene afirmaciones genéricas sobre las pruebas, sin precisar el yerro o desacierto en que incurrió el sentenciador en sus fundamentos (conf. CN. Civ., Sala C, 4/7/85, LL, 1986-A-184; íd., Sala D, 4/7/80, LL, 1980-D-412; íd., Sala G, 29/7/85, LL, 1986-A-288; CN.Fed.Civ y Com., Sala III, 6/12/91, LL, 1992-B-12; C 1era. Apel. Mar del Plata, 30/11/67, LL 131-1198, 19252-S; C 1era. Apel. San Nicolás, 4/5/71, LL, 143-421; entre otros).-	Amén de lo expuesto, es del caso señalar, que la juzgadora de origen tuvo en cuenta la prueba testimonial, argumentando que "En cuanto a la fecha de ingreso y jornada de las declaraciones coincidentes de G. (fs. 126 vta./127), M. (fs. 128/9), V. (fs. 130), M. (fs. 161), resultan suficientes para formar convicción respecto de la fecha de ingreso y jornada denunciada por la parte actora. En cuanto a la jornada también coinciden los dichos de C. (fs. 162) y V.s C. (fs. 164)" (ver sentencia a fs. 196, pto. III). Es decir que privilegió la prueba testimonial por sobre la documental, y ello resulta plenamente consistente con el principio de primacía de la realidad. Debe recordarse que la primacía de la realidad es un principio típico del derecho del trabajo (conf. Rodríguez Mancini, Jorge, en Rodríguez Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, 2007, Tº II, pág. 75), por lo que resulta inatendible lo expuesto con relación a la prueba documental en su confronte con la testimonial. Se trata de un principio que tiene en el ordenamiento positivo numerosas manifestaciones, como la preeminencia de la realidad del contrato de trabajo, cualquiera hubiera sido la forma o denominación que le hubiesen dado las partes (art. 21 de la LCT), o cuando hubieran procedido con simulación o fraude a la ley laboral, adopción de figuras contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio (art. 14) (conf. Etala, Carlos Alberto: "Contrato de trabajo", Ed. Astrea, 2002, pág. 46). Es criterio de esta sala "B" en reiterados pronunciamientos, entre ellos y recientemente SDL 23/09, SDL 27/09 y 55/09). La prevalencia que la jueza confirió a la prueba testimonial importó la aplicación del principio citado, dado que por sobre los datos obrantes en la prueba documental se atuvo a la realidad de la ejecución del contrato de acuerdo a lo manifestado por los testigos en cuanto a la fecha de ingreso y la jornada de trabajo.-	Queda claro que el argumento dirimente sobre esta materia resultó ser la referida prueba testimonial, sin que el apelante hubiera efectuado una crítica concreta al respecto. También en este sentido se consideró que en la expresión de agravios lo que debe demostrarse es el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (conf. CN. Civ., Sala D, 12/9/79, ED, 86-442), no cumpliendo con las exigencias del ordenamiento procesal si no se ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (conf. C. 1era. Apel. San Nicolás, 29/4/71, LL, 143-100). Es que así como es deber del juez el fundar sus decisiones, el recurrente tiene la carga de demostrar con argumentos adecuados la posible equivocación en la que aquél incurrió para evitar que quede desierto el recurso (conf. CN. Civ., Sala C, 18/6/96, ED, 172-147; íd., Sala G, 4/3/97, ED, 176-87). Los agravios deben referirse concretamente a los fundamentos que movieron al sentenciante a decidir en la forma en que lo hizo (conf. CN. Civ., Sala F, 24/7/79, ED, 82-263), es decir, deben rebatirse los argumentos del juez de primer grado (conf. CN. Civ., Sala B, 28/12/78, Rep.ED, 13-754, nº 57). Una auténtica apelación debe hacer notorio el defecto de la sentencia apelada, mostrando desajustes entre el discurso desarrollado y los presupuestos que le sirven de sustento, en los hechos comprobados de la causa en comparación con el derecho aplicable (conf. CN. Civ., Sala B, 27/11/01, Rep.LL, 2002-1725, nº 6, y DJ, 2002-1-816).-	En síntesis de todo lo razonado es que concordaré con el colega preopinante en declarar la deserción del recurso en lo que a este agravio se refiere.-	2) En la segunda queja (ver fs. 208 vta./210 vta., pto. III, B), la apelante se agravia de que se la hubiera condenado por daño moral. Señala que discrepa con lo decidido como con la valoración de la prueba efectuada a tal efecto. Indica que en el ámbito de las contrataciones privadas sólo excepcionalmente el incumplimiento de las obligaciones puede llegar a afectar derechos de tipo extrapatrimonial e inherentes a las personas, basándose en el art. 522 del C. Civil. Cita jurisprudencia. Puntualiza que la sentenciante de origen tuvo en cuenta la prueba testimonial, indicando que dos de los tres testigos considerados habían sostenido juicio con su parte, agregando que otros dos testigos manifestaron que la relación laboral era normal. Añade que las pericias pertinentes ponen en duda la relación causal entre el suceso laboral y el daño de la actora, concluyendo que no se ha acreditado la antijuridicidad extracontractual, que el demandado le hubiera causado daño a la demandante y que exista, por ende, nexo causal.-	Debe partirse del punto que la indemnización por daño moral en el derecho laboral importa una indemnización extratarifaria y que puede tener fuente contractual o extracontractual. Al respecto debe tenerse en cuenta que dado que trabajador y empleador se hallan vinculados por un contrato de trabajo, normalmente si el hecho que causa el daño es el incumplimiento de una obligación contractual, la responsabilidad del deudor se determina por lo que hubiesen convenido los contratantes y en su defecto por las disposiciones que el Código Civil ha pretendido zanjar receptando -en general- la tesis de la incompatibilidad entre las acciones contractual y extracontractual, con atenuaciones (conf. Ojeda, Raúl, Ortiz, Marisa, Hermida, Ignacio: "Indemnizaciones extratarifadas por la extinción de la relación de trabajo", en Ackerman-Sudera: "Extinción de la relación de trabajo", Rubinzal-Culzoni Editores, 2008, pág. 669). Ahora bien, no basta la existencia de un contrato entre la víctima y el sindicado como responsable para que se genere la responsabilidad contractual. Es necesario, además, que el daño provenga de la inejecución de una obligación creada por el contrato, ya que la directiva del art. 1107 del C. Civil se refiere a los supuestos en que la responsabilidad del deudor resulta exclusivamente del incumplimiento de una obligación contenida en el contrato (conf. Ojeda-Ortiz-Hermida, op. cit., pág. 670).-	En la especie se atribuyó al demandado que otorgara malos tratos a la trabajadora durante la ejecución del contrato, con lo cual no existen dudas de que se está ante un supuesto de incumplimiento de obligaciones contenidas en el mismo. Es que tales obligaciones o deberes son los indicados en los arts. 62 y 63 de la LCT, destacándose el de obrar con buena fe, tanto al celebrar, ejecutar como extinguir el contrato o relación de trabajo. Es claro que conferir malos tratos al cocontratante importa una violación de este deber, ya que en el contrato de trabajo la buena fe y la confianza entre las partes constituyen condiciones sine qua non para que las relaciones puedan desarrollarse en forma armónica, permitiendo a cada una de ellas cumplir acabadamente con sus obligaciones para llevar el contrato hacia el fin previsto (conf. CNAT., Sala I, 19/11/76, T. y S.S., 1977-639). En el mismo sentido se sostuvo que las partes ligadas por una relación laboral tienen obligaciones cuyo cumplimiento de buena fe, con espíritu de solidaridad y colaboración, constituye uno de los presupuestos para que aquélla tenga sentido (conf. CNAT., Sala III, 27/9/78, LL del 11/5/79, cit. en Sardegna: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. Universidad, 1999, pág. 253).-	La apelante sostiene que no se acreditó una conducta adicional ilícita que le sea imputable (ver fs. 210, 1er. párrafo), mas dicha crítica deviene confusa y vaga, ya que la sentenciante se basó en la prueba testimonial para concluir que el demandado confirió malos tratos a la actora durante la ejecución de la relación laboral, lo que lleva a pensar que la quejosa habría razonado que no resulta procedente la indemnización por daño moral sino se demuestra un acto ilícito adicional al incumplimiento de las obligaciones contractuales, un acto ilícito extracontractual que active la responsabilidad aquiliana. En ese caso no le asiste razón a la apelante, ya que como se ha podido apreciar con lo expuesto "ut supra", nada obsta a que el daño moral sea consecuencia del incumplimiento contractual, tal como se presenta en el "sub exámine" debido a la conducta enrostrada al empleador.-	Sigue su agravio la recurrente poniendo en duda la veracidad de los testigos M. y V. por haber sostenido juicio contra su parte. Dicha circunstancia es cierta (ver fs. 128 y 130, respuesta a generales de la ley), mas ello no invalida "per se" el testimonio de los mismos. Es que se ha sostenido, al respecto, que no es posible descalificar a los testigos por tener juicio pendiente con una de las partes si no se demuestra que los dichos carecen de objetividad o que las versiones de los declarantes resultan tendenciosamente favorables a la postura de la otra; en todo caso correspondería apreciar los dichos con rigurosidad extrema pero de ningún modo desecharlos, porque no se trata de testigos excluidos (conf. CNAT., Sala II, 28/2/92, DT, 1992-A-862). Es de hacer notar aún, que los testigos no tendrían además juicio pendiente con el accionado, ya que ambos aducen que han obtenido sentencia. Pero amén de dicha circunstancia lo relevante es que ambos testimonios resultan coincidentes con el de la testigo M. (ver fs. 160). En efecto, en la parte que aquí interesa, los declarantes son contestes en que en la relación de A. con C. había maltrato, no llamaba jamás a nadie por su nombre, los llamaba vieja o gorda o con otras barbaridades pero jamás con cierto respeto, y con un tono alto fuera de lugar (ver fs. 128 vta., respuestas séptima y octava); que la trataban tan mal que la mandaban a hacer cualquier cosa, la trataba mal como patrón y la actora se arrinconaba a llorar, le decía "apurate gorda" (ver fs. 130/vta., respuestas primera a tercera); que el trato era malo, le faltaba el respeto con palabras deshonestas, un día le gritó y la actora se puso a llorar, le sabía decir gorda y palabras que la lastimaban, siempre le gritaba (ver fs. 161 vta., respuestas tercera a sexta).-	La apelante aduce que además de tales testimonios los testigos C. y V.s C. manifestaron que el trato que A. prodigaba a la actora era normal (ver fs. 210, 1er. párrafo). Ahora bien, el primero de los nombrados (ver fs. 162/163) respondió que piensa que el trato que dispensaba el demandado a C. sería lo normal como todo el mundo para agregar que no sabe la verdad cómo era el trato (ver respuesta cuarta); el segundo (ver fs. 164/165) contestó que era normal de un patrón y un empleado (ver respuesta cuarta). De tales testimonios se deduce que C. culminó por manifestar que no sabe cómo era el trato y V. C. se limita a mencionar que era normal sin dar precisiones acerca de la relación. Se ha sostenido que las reglas sobre la prueba testimonial para su convicción son: presencia del testigo en el hecho investigado, coincidencia o razonable correspondencia en los distintos testimonios (conf. CN. Civ., Sala J, 11/9/95, JA, 1997-II-175), ser precisas, objetivas, concordantes, sinceras, específicas, imparciales y concluyentes (conf. CNAT., Sala I, 27/11/98, DT, 1999-B-2092; íd., Sala X, 30/9/98, DJ, 1999-2-494). De la reseña que antecede se desprende que los testigos que declararon que el demandado trataba mal y desconsideradamente a la actora, además de coincidir entre sí, brindan un preciso relato de las situaciones que ilustran dicho mal trato; en cambio los dos últimos testigos o no saben con certeza cómo era la relación o se limitan a contestar con vaguedades sin brindar mayores detalles. En consecuencia, bien hizo la juzgadora en conferir relevancia a los tres testigos que son contestes en indicar que la actora sufría mal trato de parte del accionado.-	Sentado lo anterior, es del caso recordar que la juzgadora de origen razonó con relación al daño moral que "Sí, en cambio considero que pueda responsabilizarse al demandado como resultas del acreditado ambiente hostil que personalmente generó y sí, como sucede en el caso de autos, con motivo o en ocasión de la ejecución del contrato de trabajo incurrió en actos ilícitos no representativos de una mera inejecución de las obligaciones derivadas de la relación laboral, se configuran los presupuestos de hecho a los que la ley imputa la obligación de indemnizar (art. 1067, 1078, 1109 y conc. Cód. Civil). Los extremos expuestos se verifican en autos, toda vez que ha resultado acreditado por intermedio de la testimonial ya referida que el demandado ha incurrido en actos mortificantes o desdorosos para la trabajadora durante el transcurso de la relación laboral que han podido razonablemente generar dolor moral así como sufrimiento emocional" (ver sentencia a fs. 199, pto. V, 1er. párrafo). Resulta de la argumentación transcripta que la jueza de grado ubicó la responsabilidad del demandado en el ámbito extracontractual, ya que hizo expresa consideración que los actos de A. no eran representativos de una mera inejecución de las obligaciones de la relación laboral. Sin embargo, y tal como se sostuvo más arriba los malos tratos acreditados importan violación de los deberes de conducta y buena fe por parte del empleado, por lo que no se excedió el ámbito de la responsabilidad contractual.-	Al respecto de lo indicado, es de señalar que en virtud del principio "iura curia novit", es factible decidir dando distintos fundamentos de derecho que los invocados por las partes, y lo mismo cabe decir de esta alzada, ya que también los argumentos pueden diferir respecto de los que brindó el propio juez de grado (conf. Fenochietto-Arazi, op. cit., Tº 1, pág. 959, CSJN, 12/5/89, LL, 1989-E-726, nº 670), por lo tanto no existe óbice en encuadrar la responsabilidad en cuestión en el ámbito contractual. Al respecto debe tenerse presente lo sostenido por el máximo tribunal federal en el sentido que conforme a la regla "iura novit curia" los jueces tienen no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad de hecho y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes, facultad que deriva de los principios esenciales que organizan la función jurisdiccional de la justicia (conf. CSJN, 16/12/76, LL, 1977-A-259). Por lo tanto, sin perjuicio de lo que opinen las partes, el juez, como calificador e intérprete, debe analizar y determinar los efectos de los actos cuya existencia se invoque basado en la voluntad de aquéllas y en la estructura jurídica de la hipótesis concreta en comparación con las leyes en vigor, imponiéndole el referido principio "iura novit curia" el deber de dirimir la litis según el derecho aplicable con prescindencia de los planteos de los justiciables (conf. CSJN, 14/6/77, LL, 1977-D-105. Surge así como misión que alcanza el nivel de deber, la de aplicar el derecho objetivo con independencia del invocado por las partes (conf. CSJN, 7/4/75, LL, 1975-D-456, sum. 1614). Es decir, que si el tema planteado remite a consideraciones de orden jurídico inherentes al derecho vigente, su aplicación es deber irrenunciable de los jueces, careciendo de efectos vinculatorios la fundamentación jurídica argüida por los justiciables (conf. CSJN, 21/10/76, LL, 1977-A-502). Tal es el criterio de esta Sala, expuesto recientemente, entre otros antecedentes en SDL Nº 12/2010 del 13/04/10.-	A los efectos de los elementos de la responsabilidad, no existe, de todas maneras, mayores diferencias en cuanto si se trata de responsabilidad contractual o aquiliana. En cuanto al elemento antijuridicidad, es sabido que el mismo concepto de antijuridicidad, al menos en su acepción clásica de violación al derecho positivo, se encuentra en crisis en cuanto elemento de la responsabilidad civil. De un concepto de antijuridicidad típica en los términos del art. 1066 del C. Civil, se ha pasado a un concepto atípico, según el cual la antijuridicidad no se presenta ante la violación de una norma positiva sino por el mero hecho de causar un daño -con fundamento en los arts. 511 y 1109 del C. Civil, según si estamos en el ámbito contractual o aquiliano-, y en todo caso habrá que investigar si dicho daño no está justificado por intereses de mayor jerarquía al esgrimido por el damnificado (conf. De Lorenzo: "El daño injusto en la responsabilidad civil", Ed. Abeledo-Perrot, págs. 66/87). Pero en la especie, ni siquiera es necesario recurrir a ese concepto atípico de antijuridicidad. Debe recordarse que el concepto de antijuridicidad debe referirse al ordenamiento jurídico integrado en su totalidad y no a un sector del mismo, de allí que "la antijuridicidad supone una contradicción con el ordenamiento, comprensivo éste de las leyes, las costumbres, los principios jurídicos estrictos dimanantes del sistema y hasta las reglas del orden natural", cabiendo en esta formulación amplia "los atentados al orden público, las buenas costumbres, la buena fe, los principios generales del derecho y hasta el ejercicio abusivo del derecho" (conf. Vázquez Ferreyra: "Responsabilidad por daños (Elementos)", Ed. Depalma, págs. 129/131). En el mismo sentido se sostuvo que "...con toda claridad, la justicia expresó que la antijuridicidad es una contradicción entre la conducta y el ordenamiento jurídico apreciado en sentido unitario -comprensivo de normas específicas, pero también genéricas y hasta principios generales de Derecho-, siendo innecesaria la existencia de una norma expresa que prohíba determinadas acciones, dado que es suficiente si se causa un daño a otro sin causa de justificación" (conf. Wierzba, Sandra M.: "La responsabilidad civil por contagio de VIH/Sida en la jurisprudencia argentina", en Revista de Derecho de Daños, Rubinzal-Culzoni Editores, 2003-3, pág. 335). En el "sub exámine" queda claro que existió antijuridicidad en tanto se infringieron los deberes resultantes de las normas de los arts. 62 y 63 de la LCT.-	En cuanto al factor de atribución, el art. 512 del C. Civil define la culpa contractual como "la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar". De tal modo, la conducta omisiva comprende no sólo aquellos que el agente efectivamente previó, sino también aquello que debió haber previsto, empleando la debida atención y el mayor conocimiento de las cosas que podría poseer (art. 902), dentro de las categorías de tiempo y de lugar de la situación específica, para evitar la perturbación del plan de prestación (o sea el damnum) (conf. Agoglia, María M., Boragina, Juan C., Meza, Jorge A.: "Responsabilidad por incumplimiento contractual", Ed. Hammurabi, 1993, pág. 96). Dentro de esta noción de culpa, se presentan las variadas formas que puede asumir, a saber: a) la "negligencia", caracterizada por la omisión de los cuidados debidos; b) la "imprudencia", definida como una conducta temeraria e irreflexiva, de la que el agente debía abstenerse; c) la "impericia", consistente en la ausencia de un saber teórico o práctico de las reglas del arte, oficio o profesión por parte de quién la ejerce, lo que en sí constituye una actitud potencialmente generadora de daños (conf. Agoglia-Boragina-Meza, op. cit., págs 97/98). Analizada la conducta enrostrada al demandado, y que fuera acreditada de acuerdo a la prueba arriba analizada, la misma cae bajo los patrones de una conducta imprudente, ya que el mal trato conferido a la actora, deviene, dejando de lado que pudiera haber existido dolo -difícil de probar, claro está-, de una actitud irreflexiva, temeraria, carente de la racionalidad que debe imperar en las relaciones de este tipo y que debe conducir a un trato de mutua consideración y respeto.-	En lo referente al daño, dado que lo que se examina es el reclamo de indemnización por daño moral, es de recordar que el mismo ha sido definido como una capacidad disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente a aquél al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (conf. Pizarro, Ramón Daniel: "Reflexiones en torno al daño moral y su reparación", JA del 17/9/86). Asimismo acertadamente se consideró que si el núcleo de la cuestión, al definir el daño, es el interés, la naturaleza de este último nos dirá si se trata de un daño moral o material. Por ello, si se trata de un interés patrimonial, el daño es material. Si el interés es espiritual, el daño es moral. Ello sin perjuicio de que un bien patrimonial pueda proporcionar o satisfacer intereses patrimoniales o extrapatrimoniales; por ello, la lesión a un mismo bien puede aparejar daño moral y patrimonial (conf. Vázquez Ferreyra, Roberto A.: "Responsabilidad por daños (Elementos)", Ed. Depalma, 1993, pág. 182). Al respecto, de la declaración testimonial de fs. 126 vta./127 de la psicóloga que atendiera a la actora, se desprende que le recomendó a C. que no volviera al trabajo donde se produjo su reacción patológica porque podía resultar adverso a su estado sintomático o patológico (ver respuesta segunda), agregando que la irrupción sintomática es a causa de un suceso laboral pero se enlaza a representaciones subjetivas que refieren al psiquismo y a la historia de la paciente (ver respuesta a primer repregunta). Por lo demás de la pericia psicológica surge que la actora presentó un cuadro depresivo como parte de un trastorno depresivo mayor, habiéndose calificado el cuadro como grave (ver fs. 153). De la descripción obtenida del daño que padece C. es claro que se trata de una afección en el área espiritual o psíquica, ya que amén de lo dicho "ut supra", el daño moral ha sido reputado como la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, como ser la paz, la tranquilidad de espíritu, la integridad física, la libertad individual, el honor, los más sagrados afectos (SCBA, ED 14-14). Lo afectado ha sido, tanto la tranquilidad de espíritu como la integridad, en este caso psíquica.-	En lo que se refiere a la relación de causalidad entre el daño moral arriba comentado y el mal trato atribuido y probado al empleador, es sabido que la teoría predominante es la de la causa adecuada, por la cual, no todos los acontecimientos que preceden a un daño tienen igual importancia, sino que debe asociarse a aquel antecedente que según el curso normal de los acontecimientos, ha sido causa directa e inmediata del perjuicio; por ello todas las demás condiciones son periféricas y, por tanto, irrelevantes a efectos de atribución de responsabilidad. Es que la cuestión a resolver consiste en determinar si la concurrencia del daño era de esperar en la esfera del curso normal de los acontecimientos o si, por el contrario, queda fuera de este posible cálculo. Sólo en el primer caso el resultado se corresponde con la actuación que lo originó, es adecuado a ésta, está en relación causal con ella y ha fundamentado el deber de indemnizar. Solamente es causa idónea la que, haciendo un juicio de probabilidad, normalmente, según la experiencia de la vida, produce u ocasiona el resultado daño que debe atribuirse al hecho. Las demás son meras condiciones, factores o antecedentes (conf. Vázquez Ferreyra, op. cit., págs. 223/224).-	En la especie, la propia demandada apelante asume, a partir del testimonio de la psicóloga G., que la irrupción sintomática que padece la actora es a causa de un suceso laboral (ver fs. 210, 1er. párrafo, y fs. 127, respuesta a primera repregunta). A ello cabe adicionar que en la experticia de la especialidad se concluyó que el medio laboral le resultó hostil (ver fs. 152, 1er. párrafo); siendo el "jefe" que tenía en la cocina un personaje que, desde una modalidad psicopática, capta con gran e inmediata facilidad las falencias del otro, tendiendo a desvitalizar aún más la figura del subordinado, por lo que la acción que éste, de por sí solo, pueda estar produciendo, es absolutamente patogénica (ver fs. 152, 4to. párrafo); y que de las descripciones hechas por la actora, del trato que le daba su jefatura, en toda su amplitud de conductas, fueron nocivas, patogénicas y terminaron por quebrar a una personalidad ya premórbida (fs. 153, 8vo. párrafo). De todo lo expuesto es claro que el mal trato brindado por A. a C. fue causa adecuada de los padecimientos en la esfera psíquica que configuraron el daño moral que se indemniza. Es que la recurrente pretende minimizar tal daño argumentando que "Para que proceda la reparación del daño moral no bastan las meras molestias, los reclamos extrajudiciales ni la necesidad de accionar judicialmente para obtener el cumplimiento de un contrato o la indemnización de su incumplimiento... es necesario alegar y probar razonablemente la modificación disvaliosa de los sentimientos o el espíritu del damnificado" (ver fs. 210 vta., 2do. párrafo). Al respecto cabe preguntarse si, considerando las declaraciones testimoniales y la pericia psicológica, la actora soportó meras molestias derivadas de trámites o reclamos judiciales, o si por el trato desconsiderado e irrespetuoso propinado por el demandado, no experimentó una mella grave en su autoestima y su equilibrio emocional. Es claro que esto último ocurrió.-	Como bien lo señala el colega preopinante, estamos frente a un caso de "mobbing". Se ha interpretado que el "mobbing" ha sido definido como el establecimiento de comunicaciones no éticas, generalmente entre un superior y un subordinado, se trata de un término derivado de "mob" (horda, plebe), y se caracteriza por la repetición de comportamientos hostiles, técnicas de desestabilización contra un trabajador que desarrolla como reacción graves problemas psicológicos, duraderos. Es un proceso destructivo sutil que puede llevar a la discapacidad permanente, la agresión tiende a desencadenar ansiedad, y la víctima se coloca en actitud defensiva por tener una permanente sensación de amenaza, surgiendo sentimientos de fracaso, impotencia y baja autoestima (conf. STJ de Río Negro, 06/04/05, elDial.Express del 09/05/05). Y en cuanto a la procedencia de la reparación por daño moral, en casos similares se sostuvo que cabe hacer lugar a la misma en el supuesto de despido indirecto ante el trato desconsiderado hacia el trabajador por parte de un superior jerárquico (conf. CNAT, Sala V, 24/11/93, DT, 1994-A-742).-	En definitiva por las razones expuestas, habré de coincidir con el Dr. Vergara en el rechazo de este segundo agravio.-	3) La tercera queja fue formulada en términos tales que la constituyen una consecuencia de los dos anteriores agravios, ya que el recurrente señala que, al no existir rubros integrativos de la liquidación final ni diferencias salariales que abonar por su parte, a la vez que el daño moral resulta improcedente, debió haberse rechazado la demanda (ver fs. 210 vta, pto. III C./211, 1er. párrafo). En consecuencia, dado que se decide en forma confirmatoria de la sentencia lo referido a la liquidación, diferencias salariales y daño moral, esta queja deviene vacía de contenido.-	Finalmente en lo relativo a la última queja (ver fs. 211/vta., pto. III. D) referida a la imposición de costas, indica la apelante que por aplicación del art. 72 de la ley XIII Nº 5 Anexo A -antes art. 71 del CPCC- existió un vencimiento parcial y mutuo y que además el decisorio se apartó del principio objetivo de la derrota por cuanto la demanda prosperó por menos del 40%. Hace referencia a que debió aplicarse una visión global del juicio, citando jurisprudencia al efecto. Cabe señalar que, si bien es cierto que se hizo lugar a la demanda parcialmente por una suma de menos del 40% de lo reclamado, y por ende ha existido un vencimiento parcial y mutuo en los términos del art. 71 del CPCC -actual art. 72 de la ley XIII Nº 5 Anexo A-, debe recordarse que para determinar la noción de vencido debe aplicarse una visión global del juicio y no reducirse a un análisis aritmético de las pretensiones y resultados (conf. CN. Com., Sala C, 13/7/90, LL, 1990-E-283). En el mismo sentido se consideró que para la imposición de las costas lo que vale es la razón o la sinrazón de las respectivas posiciones que el magistrado extrae de lo expuesto y probado en el pleito. Él está autorizado a dar al complejo de hechos relatados por los desavenidos, un encuadre jurídico distinto del que éstos perciben, en atención a la fórmula da mihi factum, dabo titi ius (conf. Sentís Melendo, Iura novit curia, en Revista derecho procesal 1947, 2da. parte, págs. 208 y sigtes.; C. 1era., Sala III, La Plata, causa 178.895, reg. sent. 186/80, entre otras). También se sostuvo que para establecer el carácter de vencido en una contienda judicial no es admisible parcelizar el litigio con relación a los distintos reclamos, sino que ha de estarse a un enfoque global del resultado de la controversia (conf. SCBA, DJBA v. 100, pág. 130; LL, 152-140. Y en similar orden de ideas, el máximo tribunal provincial, decidió que es dable discernir la condición de derrotado o vencido en un enfoque global del pleito, mediante un prudente análisis particularizado a la cuestión en debate (conf. STJCH, in re: "C. L. c/ Pcia. del Chubut", SD 07/91 y "C. D. R. c/ C. Construcciones y otro", SD 03/93). Tal es el criterio sostenido por el suscripto en distintos precedentes, entre los que destaco recientemente el de esta Sala "B", SDL Nº 09/2010 del 07/04/10. A la luz de tales consideraciones, y teniendo en cuenta que el demandado requirió el rechazo total de la demanda, la imposición de costas por su orden que se resolviera en la instancia precedente resulta acertada.-	En consecuencia de lo antedicho, compartiré la propuesta del vocal prevotante en desestimar el agravio.-	II.- En consecuencia de lo expuesto y razonado, corresponderá confirmar el fallo apelado en todo cuanto fuera materia de agravio, con costas a la demandada apelante vencida (conf. arts. 57 de la ley XIV Nº 1 -antes art. 59 de la ley 69- y 69 de la ley XIII Nº 5 Anexo A -antes art. 68 del CPCC-).-	A tal fin, por los trabajos efectuados ante la Alzada, y considerando el resultado del pleito, mérito y extensión de las tareas desarrolladas en esta sede, regulo los honorarios del letrado apoderado de la accionada, Dr. A. A. P., en un 25% del monto establecido en la instancia anterior y con adición del I.V.A. correspondiente (arts. 5, 13, 46 y concs. de la ley XIII Nº 4 -antes arts. 6, 14, 47 y concs. de la ley 2200-; y leyes 23349 7 23871).-	Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.-	A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia a la apelante vencida; y c) regular los honorarios del Dr. A. A. P., por sus tareas de Alzada, en la suma equivalente al 25% de la cantidad fijada para los emolumentos de primera instancia, con más el I.V.A. pertinente.	Así lo voto.	A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo:	El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, fiel expresión del acuerdo alcanzado.-	Así lo voto.-	--- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 7º Ley V Nº 17; antes art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550), pasándose a dictar: ---- S E N T E N C I A:

--- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:-------	CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios.	IMPONER las costas de segunda instancia a la apelante vencida.	REGULAR los honorarios del Dr. A. A. P., por sus tareas de Alzada, en la suma equivalente al 25% de la cantidad fijada para los emolumentos de primera instancia, con más el I.V.A. pertinente.	--- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------	REGISTRADA BAJO EL N°_________DEL AÑO 2010 - SDL - CONSTE.-	VILMA NOEMÍ BIRRI SECRETARIA