Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-03-29


Autos N° 22.125 (N° 88.893 1 Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "GRIGOLO, Susana Alicia c/ Gómez, Elio Omar y Otros s/ Daños y Perjuicios" En la Ciudad de San Juan, a 29 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, los señores Vocales, Dr. PASCUAL ALFERILLO y el Dr. GILBERTO RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fs. 230 de los autos N° 22.125 (N° 88.893 1 Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "GRIGOLO, SUSANA ALICIA C/ GÓMEZ, ELIO OMAR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", contra la resolución dictada en fecha 28 de julio de 2015, obrante a fs.224 225 de estos autos originarios del Primero Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue:

1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? A la Primer Cuestión: El Dr. Pascual Alferillo dijo:

1) El caso.

El a quo en la sentencia apelada Hace lugar al Incidente de Perención del "Incidente de Nulidad" deducido por la actora Sra. SUSANA ALICIA GRIGOLO, en consecuencia ordena continúe la causa según su estado.

Impone las costas de la incidencia al demandado vencido. Regula honorarios al Dr. ERNESTO DANIEL CLAVIJO por el presente incidente, en doble carácter, teniendo presente su resultado, mérito y trascendencia, en la suma de Pesos UN MIL QUINIENTOS ($1.500); y al Dr. PABLO R. IMPARADO SALVO, simple carácter, perdidoso, en la suma de Pesos OCHOCIENTOS ($800), importes que se fijan a la fecha de la presente resolución.

Para así resolver consideró de aplicación al caso los plazos establecidos por el art 274 inc 2 del CPC (Ley 8037) de tres meses. Sostuvo que la instancia quedó abierta con el decreto de fs 158, de fecha 14 08 2013 y hasta que la actora planteo el incidente de perención en fecha 21 3 2014, transcurrió en exceso dicho plazo.

Además sostuvo que las presentaciones efectuadas por el perito médico a fs 159,161/162 y sus respectivos decretos, no interrumpen la prescripción.

Contra este decisorio, se alza a fs 230, el demandado con el patrocinio del abogado Pablo Imparado Salvo, recurso que fue concedido con efecto suspensivo a fs. 234.

Se agravia en primer lugar de la sentencia recurrida en cuanto admite la existencia de la perención opuesta por ser arbitrario y hasta contradictorio el razonamiento de entender que el decreto o resolución de fecha 14 8 2013(fs 158) abrió la instancia incidental del planteo de nulidad.

Entiende que el planteo de nulidad jamás fue acogido por el Juzgado, ya que no se dictó resolución que lo tenga por receptado o acogido y, por ende, jamás se abrió instancia alguna.

Señala que el juez a quo, ordenó antes de proceder a admitir y dar trámite al planteo de nulidad, acompañar la cédula diligenciada a la contraria que notifica la resolución que ordenó la apertura de la causa a prueba.

Aduce que la sentencia atacada ha caído en el vicio de autocontradicción, deviniendo en arbitraria.

Critica que el juez tampoco ha podido fundamentar sobre el cambio de criterio, ya que a fs. 158 no se admitió ni se le dio trámite. Pone de resalto que la sola interposición de la demanda o planteo de nulidad no abren la instancia sino que es necesaria la resolución del juez confiriendo el traslado respectivo.

Como segundo agravio, indica que los argumentos introducidos al momento de contestar el planteo de caducidad de la instancia no fueron tratados ni merituados por el juez aquo. Reitera que la sentencia la descalifica el vicio de incongruencia.

Tercer agravio, este se focaliza en analizar las nulidades relativas y absolutas. Puede sintetizarse en que entiende el recurrente que no se puede convalidar un acto inexistente. Agrega que no existe en el proceso el acto que impone el art 135 inc 3 del CPC.

Por último, como cuarto agravio indica que le agravia la condena en costas.

Mantiene la cuestión constitucional, y formula reservas.

Los agravios fueron contestados a fs. 248 por la contraria a través de apoderado, quien solicita el rechazo de la pretensión recursiva. Elevados los autos a la Alzada se procede a la adjudicación a estudio. a fs 257.

TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:

1 El instituto de la perención de la instancia es un modo anticipado de conclusión del proceso, cuyo fundamento en definitiva radica en la presunción de desinterés que exterioriza esa inactividad, a la vez que su propósito responde a la necesidad de evitar la duración indeterminada de los juicios, como medio de proteger la seguridad jurídica.

También esta Sala ha sostenido, acompañando criterios de la jurisprudencia nacional que "la caducidad de la instancia tiene su fundamento objetivo en la inactividad de los litigantes por un tiempo determinado quienes ante el desinterés demostrado de esta forma tienen su sanción.

Persigue evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia.

De tal suerte que el único medio adecuado para demostrar la falta de espíritu de deserción de la instancia y destruir la presunción que indica la inactividad de la parte, consiste precisamente en la realización de actos procesales útiles y adecuados al estado de la causa a los efectos de posibilitar el avance del procedimiento" (Autos n° 15.206 caratulados "Montilla, Héctor Eduardo, Medidas Cautelares. Acción de exclusión de socio", L. de A. Tº 101 Fº 44/47, Fecha: 08/03/99; Autos N° 19.889 (N° 36.228 3° CIVIL) caratulados "Fuentes Rosendo Aníbal C/Alamo S.R.L. ? Cumplimiento de contrato. Daños y perjuicios", L. de A. T° 163, F° 151/156, fecha 20/03/09).

Para que proceda la caducidad de instancia es necesario la concurrencia de cuatro presupuestos: a) existencia de una instancia; b) inactividad procesal absoluta o actividad procesal jurídicamente inidónea; c) transcurso de determinados plazos de inactividad y d) el pronunciamiento de una resolución que declare operada la caducidad.

La existencia de la instancia se abre desde el mismo momento en que se introduce la demanda, no siendo indispensable que se haya trabado la litis, naciendo desde ese momento la carga procesal de instar el procedimiento. (Cfr.Palacio, L,"D.P.C."T IV 223).

Tratándose de un planteo de perención de un incidente, el plazo de inactividad rige, en el caso, conforme las pautas regladas por el art. 274 inc. 2 del CPC (tres meses).

Cabe recordar, que las peticiones de las partes, así como los actos del órgano judicial o sus auxiliares, que activan el procedimiento haciéndolo avanzar hacia su destino normal la sentencia , interrumpen la caducidad. Debe tratarse de actos útiles y adecuados al estado de la causa, guardando directa relación con la marcha normal del proceso, acorde "a la etapa procesal en que se realice para hacer avanzar el proceso hacia la sentencia". Puede ser el diligenciamiento de un oficio, o de una cédula, o bien la presentación por la cual se acompañó un oficio para la firma del juez (Cfr. Fenocchieto Arazi "CPC", t 2 pág. 28).

Planteado de este modo el recurso, la doctrina judicial estima que, acto interruptivo es aquel que tiene por efecto impulsar el procedimiento, es decir, que tiende al desenvolvimiento de la relación procesal, al avance y continuación de la instancia, que se ha adecuado al estado del proceso y proporcionado a las circunstancias de tiempo y condición de la causa.

EL primer agravio puede sintetizarse en que el pedido de nulidad jamás fue receptado por el juez, por lo que no se abrió instancia alguna, ya que era necesaria la resolución del juez confiriendo el traslado respectivo.

En cuanto al tiempo en que es interpuesta la perención, debemos considerarla oportuna ya que lo fue al tiempo de presentar el escrito de fs. sub 164 sin consentir ninguna actuación anterior.

Previamente cabe hacer un análisis de las actuaciones realizadas en autos.

1 Estamos ante un proceso que se inició con la demanda el día 12 de abril de 2006, imprimiéndole el trámite sumario a fs. 13 en fecha 29 de septiembre de 2006.

A fs. 134 en fecha 11 de diciembre de 2012, el juez ordena la apertura a prueba por el plazo de 60 días.

Ello conduce a considerar que si bien se abrió la causa a prueba por el término de 60 días, dicho plazo fue superado por las actuaciones de las partes, con lo cual no podría decirse que el plazo de prueba ha "finalizado" como lo requiere el art. 275 inc. 5° del C.P.C. pues las partes han consentido en prorrogarlo más allá de los sesenta días fijados por el juez aquo.

De modo entonces, que el plazo de prueba no ha concluido.

En mérito a lo considerado, y encontrándose la causa en etapa de prueba, no es de aplicación lo dispuesto en el art. 275 inc. 5 del CPC.

De modo que la etapa de prueba no había concluido, por lo que el incidente era susceptible de perimir.

Así fue resuelto por esta Sala en autos N° autos N° 21.823 (N° 113654/1 3° CIVIL), caratulados: "AMEGLIO, MAURICIO GASTÓN C/ DÍAZ, SERGIO ANDRÉS Y OTRO DAÑOS Y PERJUICIOS", (PROTOCOLO: L. de A; T° II 2014; F°161/165; FECHA: 18 de noviembre de 2014, DRES. ALFERILLO VICTORIA.) Morello, Augusto, (Cod Proc en lo civ. Com. y Min, Tomo IV A, pág 118, recordando jurisprudencia señala: "Todo incidente es susceptible de caducidad (Cam Nac Civil, Sala C, 4 11 80, La Ley 1980, v.D p.637 ;idem Sala F,3 11 76, La Ley 1979, v.B,p. 696,sum 3654) habiéndose declarado que a los efectos de la perención, llámase incidente o artículo a cualquier acontecimiento que sobreviene accesoriamente durante el curso de la instancia tanto en el proceso de conocimiento como en los especiales (Cam .Nac Civil Sala F, 3 11 76, La Ley 1979,v.B,p.696; sum 3651;4 8 81, La Ley 1982,v.A,p.586,sum 4543).

2 Corresponde en consecuencia analizar el planteo de perención del incidente de nulidad deducido por el demandado, recordando primeramente que con el incidente de nulidad se abre una instancia independiente de la principal y susceptible a su vez de caducidad.

Para ello corresponde analizar las actuaciones realizadas en autos.

En la sentencia recurrida el juez aquo señala que la instancia se abrió con el decreto de fs 158.

Es que a partir de la interposición del incidente de perención de instancia del incidente de nulidad quedó suspendido el trámite de la instancia principal, abriéndose una instancia incidental (art. 275 inc.1 del C.P.C).

En efecto desde la fecha de la interposición del mismo, 8 de agosto de 2013, y el decreto siguiente que provee : Previo a resolver sobre la nulidad planteada, acompañe la actora en el término de dos días, la cédula de notificación del decreto de fecha 11 12 12 obrante a fs 134 a la contraria,(de fecha 14 de agosto de 2013) , que debe considerarse como último acto impulsorio, y resultando la próxima actuación con virtualidad impulsoria, el escrito del día 21 de marzo de 2014, en la que la actora solicita la perención del incidente de nulidad, surge sin hesitación el transcurso con creces del término legal de tres meses estipulado (art. 274 inc 2 del CPC).

Es que la promoción del incidente de nulidad abrió una instancia incidental, pesando sobre el incidentista demandado la carga de su impulso (art. 135 in fine primer párrafo y 279 del C.P.C.), de manera tal que su inactividad por el término estipulado, determinan sin más declarar perimido el incidente.

En este sentido: "Al plantear un incidente, el demandado en la causa principal asume el papel de actor en la demanda incidental, que es autónoma dentro de la relación procesal creada y toma a su cargo, en consecuencia, los deberes que le son inherentes a su nuevo carácter. Es a éste a quien incumbe activar el trámite incidental" (C1 CC Tucumán 8 8 67 Unión Cañeros Azucarera Ñuñorco Ltda c Fares Fortunato y otro.) Rev La Ley 129 270).

Efectivamente, pesaba sobre el incidentista la carga de concurrir al Juzgado y una vez notificado del decreto dictado, impulsar la notificación a la parte actora ordenada en el decreto de fs 158, a fin de impulsar el incidente de nulidad planteado.

Es acertado también el razonamiento del juez, al entender que las actuaciones del perito médico de fs. 159/ 162, no activaron el incidente de nulidad planteado por la parte demandada.

Por todo ello, este agravio no puede prosperar.

En segundo y tercer agravio, crítica el recurrente que el juez aquo no trató los planteos efectuados al contestar el traslado de la caducidad de instancia y se remite a cuestiones referidas a la nulidad planteada.

Según la propuesta del apelante, y el contenido del escrito con que quieren fundar la impugnación, el recurso debe ser rechazado. Esto, porque la petición resulta improcedente; y en cuanto a estos agravios no contienen una crítica concreta y razonada a las argumentaciones esgrimidas por la Juez A quo para hacer lugar a la perención del incidente.

Además, vuelve a replantear reproduciendo fundamentos ya presentados desatendiendo un requisito de suficiencia del acto procesal como es no". remitirse a presentaciones anteriores" (art. 253 del C.P.C.).

Por ello, considero estos agravios no pueden prosperar.

En el cuarto agravio, critica la imposición de costas. En virtud del resultado arribado, este agravio debe rechazarse.

Por ello, propicio el rechazo del recurso. Regular los honorarios profesionales de los abogados por lo actuado en segunda instancia en el 30% de lo regulado en primera instancia.

El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 230. Regular los honorarios profesionales de los abogados por lo actuado en segunda instancia en el treinta por ciento (30%) de lo regulado en primera instancia.

El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 230. Regular los honorarios profesionales de los abogados por lo actuado en segunda instancia en el treinta por ciento (30%) de lo regulado en primera instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A; T° I 2016; F°44/48; FECHA:29 de marzo de 2016 DRES. RIVEROS ALFERILLO.