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Compraventa de automotores, incumplimiento del contrato, daño moral
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Asteazaran, Matias Ezequiel  c/ L'express SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-28

En el marco de una acción por incumplimiento del contrato de compraventa automotor, cabe hacer lugar a la indemnización por daño moral pretendida. Es que no resulta difícil representarse la desilusión y bronca que debió provocarle al actor que la contratación con la concesionaria a fin de adquirir un rodado cero kilómetro fuera rescindida por aquélla atribuyéndole la responsabilidad por la rescisión con base en hechos falsos y, en función de ello, no le hubiera devuelto la seña doblada conforme era su derecho.
Confirmación de sentencia, falta de prueba, reparación integral
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Morel, Delia Evangelina y otros c/ Lyme S.A. y otro s/ indemnización art. 212
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-05

Toda vez que las constancias del expediente revelan una orfandad probatoria de parte de la ART en orden a intentar cuanto menos demostrar qué medidas arbitró para el cumplimientos de sus obligaciones legales, la condena impuesta a la aseguradora en el marco del art. 1074 y conc. del Código Civil (vigente al momento de los hechos) debe mantenerse. En torno al "quantum" diferido a condena por los daños detectados, cabe destacar que no nos encontramos frente a una acción fundada en una norma tarifada, que deviene en una reparación forfataria. No resulta, por ende, necesario ni obligatorio atenerse a fórmulas o a parámetros, tales como el IBM previsto en el art. 12 de la Ley 24.557. Tampoco el algoritmo que emana de los fallos "Vuotto" y posteriormente "Méndez" deviene imperativo. En demandas fundadas en normas de naturaleza civil, el Juez está investido de plenas facultades, que se han de ejercer a la luz de la sana crítica, para determinar el modo de cálculo de la indemnización que ha de otorgar, el quantum y los parámetros que utiliza, en el caso de que así suceda. Como tiene dicho la Corte Suprema, el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres. En ese orden, teniendo en cuanta el principio de reparación integral y plena, acogido en los arts. 1060, 1074, 1082 y 1113 del Código Civil -vigente al momento de los hechos- y la doctrina sustentada por nuestra CSJN; teniendo en miras los hechos probados y demás constancias de autos (perspectiva de ganancia, circunstancias de índole económica y social) resulta adecuado y razonable el monto resarcitorio por el daño material reconocido a la demandante. Toda vez que la acción instaurada involucra la petición de la reparación, integral del perjuicio padecido por la reclamante fallecida, debe confirmarse la condena por el resarcimiento del daño moral.
Incumplimiento del contrato, compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: Caros Divisores SRL c/ Metales del Talar SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

Cabe admitir la acción promovida por incumplimiento del contrato de compraventa pactado entre las partes bajo la modalidad de acopio, en tanto la demandada incumplió con la entrega total de la mercadería pactada y facturó montos superiores a los acordados, según lo corroborado por la pericia contable. En ese marco, el argumento de la accionada sobre la falta de impugnación de las facturas por parte de la actora no es suficiente para eximirla de responsabilidad, ya que el incumplimiento contractual quedó debidamente acreditado por la prueba producida en la causa. Y tampoco resulta atendible la defensa basada en un supuesto límite temporal de solicitud de la mercadería, pues la demandada ya había incumplido previamente con la entrega y los precios pactados. Consecuentemente, la demandada deberá indemnizar a la actora conforme el valor actualizado de reposición de la mercadería adeudada.
Confirmación de sentencia, adicionales de remuneración, ius variandi, diferencias salariales
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Oxance, María Eugenia de Jesús c/ Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-27

La Jueza de grado admitió la demanda contra ANSES y dispuso le sea abonado a la actora el "Adicional por Jefatura" no liquidado. La accionante es una agente con relevante antigüedad en su desempeño para la accionada, que resultó asignada en el Agrupamiento Conducción durante 20 años de labor cumpliendo diversas funciones en ese nivel. Si bien no se soslayan las atribuciones que posee la ANSES en lo que hace a la gestión de su personal ni las previsiones contenidas en el CCT 305/98 "E", relativas a que para percibir el "Adicional por Jefatura" se debe cumplir efectivamente funciones de conducción (art. 28) la pauta interpretativa prevista en el art. 12 del mismo convenio, en cuanto a que si hubiere necesidades fundadas de servicio que requieran que el trabajador desarrolle temporalmente funciones o tareas diferentes a las que le son propias, se evitará que su cumplimiento constituya un ejercicio irrazonable de esa facultad, cause perjuicio material o moral al mismo, o signifique menoscabo de sus ingresos habituales y permanentes. Así entonces, la decisión del empleador de desafectar a la trabajadora de las funciones que desempeñó y tiempo después proceder a la quita del "Adicional por Jefatura" le causó un perjuicio material, esto es, una reducción del salario y por ello constituyó un ejercicio abusivo del ius variandi (cfr. art. 66 de la LCT). Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Contrato de trabajo a plazo fijo, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Robles Nahuel Gabriel c/ Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-30

El actor, agente de la ANSES, cuestiona la sentencia de grado porque sostiene que su designación nunca fue transitoria sino que fue en planta del organismo quien lo contratara mediante un programa por el cual le otorgaron un contrato a plazo fijo y que en función de que permaneció allí con sucesivas renovaciones, debía estar comprendido por las normas colectivas y dentro de la garantía de estabilidad absoluta debiéndosele aplicar a su criterio la doctrina emanada del precedente de la CSJN "Madorrán, Marta Cristina c. Administración Nacional de Aduanas s. reincorporación (3-05-2007). El actor fue contratado por la demandada para desempeñarse en un cargo administrativo -atención al público en el área de inicio de expedientes previsionales-. Sin embargo, el régimen de estabilidad absoluta, en el cual sustenta su reclamo el trabajador deriva de la conjunción normativa de los arts. 7, 8, 9, 10 y 17 de la ley 25.164, por los cuales el principio general refiere a que el personal podrá revistar en el régimen de estabilidad, en el régimen de contrataciones, o como personal de gabinete de las autoridades superiores (cfr. art. 7) siendo que la garantía de estabilidad absoluta deriva del cumplimiento de varias condiciones. En principio, que acredite condiciones de idoneidad a través de las evaluaciones periódicas de desempeño, capacitación y del cumplimiento de las metas objetivos establecidos para la gestión durante transcurso de un período de prueba de doce (12) meses de prestación de servicios efectivos, como de la aprobación de las actividades de formación profesional que se establezcan y la ratificación de la designación mediante acto expreso emanado de la autoridad competente con facultades para efectuar designaciones, vencido el plazo establecido de 12 meses (inc. a y c). Es decir que la sola designación en un cargo de planta permanente no implica la adquisición de la estabilidad absoluta. Pertenecer a planta permanente de ANSES no es sinónimo de adquirir el régimen de estabilidad absoluta de los agentes del Estado. El accionante no ingresó mediante los carriles habilitados para el régimen de carrera (art. 28 CCT 305/98) sino que fue contratado por el organismo en base a sus posibilidades de contratación dentro del marco previsto por el art. 7 CCT 305/98 -contrataciones permanentes y no permanentes- bajo la égida del régimen de contrato de trabajo. Por ello, al descartarse que el actor hubiera ingresado al organismo por el régimen aplicable al personal de carrera, tampoco aparece configurada la hipótesis analizada en el fallo "Ramos" dictado por la CSJN. El actor ingresó al organismo bajo la protección del régimen de contrato de trabajo sin gozar de la estabilidad absoluta de los agentes del estado reconocida por el art. 8 de la ley 25.164, en consonancia con lo dispuesto por el art. 7 del CCT 305/98. Debe confirmarse el fallo de primera instancia.
Indemnización por despido, fallo plenario, beneficios previsionales
Materia: LABORAL
Carátula: Ameal, Beatriz Mónica c/ Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-13

La actora médica pediátrica, comenzó a laborar para la codemandada OSECAC en el año 1988. Surge acreditado conforme informe de la ANSES, que la trabajadora obtuvo el beneficio jubilatorio el 30 de mayo de 2016, sin perjuicio de que la relación laboral se extinguió, por la situación de despido indirecto en la que se colocó la trabajadora el 1 junio de 2020, es decir cuatro años antes. Resulta aplicable, la doctrina plenaria de ésta Cámara en los autos "Couto de Capa, Irena c/ Aryva S.A." (Plenario N° 321, del 5 de junio de 2009), en donde se resolvió (mayoritariamente) que "es aplicable lo dispuesto por el art. 253 último párrafo LCT al caso de un trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la jubilación". Así, la obtención de dicho beneficio por parte del trabajador implica la "finalización del contrato de trabajo de pleno derecho. A partir de allí rige un nuevo contrato (art. 91 LCT) y se aplica el estatuto del trabajador jubilado el cual, en lo que hace a la relación laboral, se rige por el art. 253 LCT" (conf. arts. 90 y 91 LCT), cuya norma, en su último párrafo dispone que "sólo se computará como antigüedad el tiempo de servicios posterior al cese" que, se produjo con la obtención por parte de la trabajadora de su beneficio jubilatorio. Tanto de la doctrina plenaria, como de los votos de la postura mayoritaria, no se observa escisión alguna en la aplicación del mentado artículo 253 LCT para supuestos de relaciones registradas o no. Por lo cual, esa carencia argumental y probatoria obsta a considerar inaplicable la doctrina plenaria dispuesta por ésta Cámara en la causa "Couto de Capa". (Del voto del Dr. Guisado, en mayoría)
Contrato de trabajo eventual, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Orpella, Carina Beatriz c/ Medicar S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-30

El contrato eventual en cualquiera de sus configuraciones posee un grado de relativa determinación derivada del consumo de su objeto que excluye la posibilidad de entender que finaliza por pura discrecionalidad patronal. Esta circunstancia conlleva a entender que existe una cierta expectativa de continuidad como en el caso de los trabajadores a plazo fijo, que autoriza a calificar a ciertos despidos como injustificados y a asignarles las consecuencias indemnizatorias previstas en el art. 95 LCT. Así, cuando el art. 74 LNE remite a lo dispuesto en la LCT, refiere a lo normado en el art. 95 LCT en atención a lo reglado en el art. 100 del mismo cuerpo normativo que dispone que ".los beneficios provenientes de esta ley se aplicarán a los trabajadores eventuales en tanto resulten compatibles con la índole de la relación y reúnan los requisitos a que se condiciona la adquisición del derecho a los mismos.". La diferencia entre el contrato a plazo fijo y el contrato de trabajo eventual está dada por la precisión o incertidumbre de la finalización. La similitud habida entre ambas modalidades lleva a concluir en base a las remisiones del art. 100 LCT y la frase final del art. 74 de la LNE que en el caso del despido injustificado del trabajador eventual ante tempus, este es acreedor a las indemnizaciones previstas en el art. 95 LCT, esto es la indemnización por el despido y la de los daños y perjuicios por la ruptura anticipada.
Despido, producción de la prueba, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Flores, Ana Lorena c/ Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores UATRE y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-29

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda por despido incoada por la actora, y extendió la responsabilidad en los términos el art. 30 LCT a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina y Unión Argentina de Trabajadores y Estibadores (UATRE), quienes delegaron en la sociedad codemandada las tareas de fiscalización, verificación y cobro judicial y extrajudicial de aportes adeudados a la obra social, cuotas sindicales y seguro de sepelio de sus afiliados. Las pruebas producidas dan cuenta que dicha codemandada resultó ser la empleadora directa de la actora quien fue designada gerente operativa, con tareas orientadas a las gestiones de cobranza de los importes adeudados a las restantes coaccionadas. En este marco cabe recordar que el art. 30 de la LCT establece que el subcontratista y contratista principal son solidariamente responsables por las obligaciones laborales y previsionales contraídas con la persona trabajadora durante el vínculo laboral, o al tiempo de su extinción, cuando se trata de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento. El trabajo cumplido por la actora, orientado al cobro de deudas sindicales, previsiones, y de obra social se encuentra integrado y forma parte de la actividad principal -tanto del sindicato como de la obra social codemandada-, lo cual no podría ser viable sin el cobro de tales conceptos que hacen a su supervivencia. Así, los servicios brindados por la sociedad codemandada -a través de la actora- lucen fundamentales para que pueda concretarse la finalidad específica de los entes accionados, de modo que indudablemente resultan inescindibles para el logro de sus fines en tanto que las contratantes de no haberse valido de la provisión del servicio por medio de aquélla se habrían encontrado en la obligación de cubrirlo con personal propio. Así entonces, la unidad técnica de ejecución resulta comprobada y los servicios respectivos constituyen presupuestos fundamentales para que pueda concretarse la finalidad específica propia de los contratantes. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia.
Garantía al consumidor, daños y perjuicios, incumplimiento del contrato
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Ortiz Bernardini, Lisandro Juan Alfonso y otro  c/ General Motors de Argentina SRL y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-10

En el marco de una acción por incumplimiento de garantía legal (LDC) y daños y perjuicios contra una concesionaria y la fabricante de un automóvil 0km adquirido por el actor, que presentó ciertas averías al poco tiempo de adquirido, siendo que el servicio de reparación y la prestación de garantía no fueron requeridos a la concesionaria vendedora a la que ahora se pretende demandar, sino a un tercero ajeno a ésta; en este marco, si bien le cabe a la concesionaria vendedora, como a cualquier concesionaria de la fabricante poner a disposición del cliente el servicio técnico posventa -service- y, eventualmente de mantenimiento del vehículo, máxime si éste está en garantía, es claro que solo puede demandársele respecto de la prestación que le es requerida. Lo cual, en el caso, ello no ocurrió respecto de dicha coaccionada pues no existió reclamo a su parte causado por los actores, debidamente acreditado, por lo que no podría imputársele la violación de la garantía, ya que la prestación se efectuó a través de otro concesionario de la red, que solucionó el desperfecto. El hecho de que la única relación contractual entre su parte y los actores había sido la intercesión en la venta del rodado, sin haber tenido oportunidad de brindar su servicio de garantía, por lo que atribuirle el incumplimiento y condenarla solidariamente es ciertamente, desacertado. Ello así cabe eximirla de la responsabilidad solidaria que se le atribuye.
Honorarios, comisiones médicas, accidentes de trabajo, competencia laboral
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Cerebrinsky, Jonatan c/ Galeno ART SA s/ ejecución de honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-24

El letrado actor inició la presente demanda contra GALENO ART SA, en procura de obtener el dictado de una resolución mediante la cual se regulen sus honorarios profesionales, correspondientes a su actuación ante la Comisión Médica N° 19 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, por divergencia en la determinación de la incapacidad, por el accidente de trabajo sufrido por el actor. Radicada la actuación ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo, la Sra. Jueza de grado declinó su aptitud jurisdiccional y dispuso su remisión a la Justicia Nacional en lo Civil. El titular del Juzgado Nacional en lo Civil declinó también su competencia. En razón del conflicto negativo de competencia, vienen las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a efectos de dirimirlo, de conformidad con lo establecido en el art. 24, inc. 7), Dec. 1285/58. No se trata en el caso, de una petición regulatoria basada en la relación profesional- cliente, sino que se dirige contra la parte contraria a quien fuera su cliente en la actuación administrativa controversial llevada a cabo ante la Comisión Médica Jurisdiccional y en el marco de la ley 27.348. El objeto del reclamo articulado en la presente acción, puede ser interpretado como una cuestión conexa al procedimiento administrativo que da sustento al pedido de regulación de honorarios, máxime si se repara en que aquella actuación se fundó en normas de estricto estirpe laboral como lo son las leyes 24.557 y 27.348 por lo cual corresponde dirimir el conflicto negativo de competencia atribuyendo la competencia de estas actuaciones a la Justicia Nacional del Trabajo.
Despido, empleados públicos, daños y perjuicios, competencia laboral
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Newberry, Jonatan  c/ Secretaría Nacional de la Niñez Adolescencia y Familia s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-09

Toda vez que el propio actor ha admitido su calidad de empleado público, y su reclamo está dirigido a la obtención de una reparación por los supuestos daños y perjuicios derivados del invocado despido con sustento central en la Ley Marco de Empleo Público 25.164, cabe concluir que el conflicto no corresponde a la competencia del fuero laboral, sino que resulta ser la Justicia en lo Contencioso-Administrativo Federal la jurisdicción llamada a entender en el conflicto, sin que obste a ello lo señalado en el art. 20 LO, dado que la previsión requiere que se trate de "demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones colectivas, disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo" y en el caso, el Derecho Privado no resulta aplicable a la relación (CSJN, sent. del 21/02/2017 in re "Sapienza, Matías Ezequiel y otros c/Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y otro s/Recurso de Hecho-Acción de amparo"). (Del voto del Dr. Perugini, en mayoría).
Revocación de sentencia, embargo preventivo, litisconsorcio pasivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Chacana, Jorge Eduardo c/ Cavalieri, Sebastián (Rebeldia) s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-30

La Jueza de primera instancia desestimó el pedido de embargo preventivo realizado por el actor por lo cual se agravia. El codemandado destinatario de la medida se encuentra incurso en la situación prevista en el art. 71 de la LO, y si bien la magistrada "a quo" consideró que tal circunstancia evidencia que se configuró la situación descripta en el inciso b) del art. 62 de la LO, que regula una hipótesis de embargo automático en caso de rebeldía del sujeto pasivo de la acción, consideró que ante la existencia de un litisconsorcio pasivo (una empresa empleadora coaccionada y un socio y director de dicha empresa también coaccionado) debe desestimarse la medida cautelar pretendida. Ello así, toda vez que los efectos de la rebeldía decretada podrían ser desvirtuados por las defensas y pruebas ofrecidas por los otros coaccionados, lo cual exigiría una mayor verosimilitud del derecho por la gravedad de las conductas fraudulentas denunciadas, lo que exigiría un mayor debate que no se puede dar en el marco de una medida cautelar. Sin embargo, no existe razón para apartarse de lo dispuesto por el art. 62 inc. b) de la LO que establece una hipótesis autónoma de admisibilidad cautelar por la falta de contestación de la demanda y que exime, en principio, de acreditar los distintos recaudos que describe el inc. a). La existencia de litisconsortes no justifica privar de efectos a la rebeldía de que se trata, destacándose que la única hipótesis que generaría un reexamen de los supuestos es la emergente de la ausencia a la audiencia de posiciones, lo cual no sucede en el caso. En virtud del planteo realizado por el actor y la situación de contumacia procesal en la que se encuentra incurso el codemandado (cfr. art. 71 de la L.O) corresponde revocar lo decidido y, con la provisionalidad que caracteriza este tipo de dispositivos, cabe hacer lugar a la medida cautelar requerida, la cual debe ser instrumentada por el juzgado interviniente.
Medicina prepaga, beneficios sociales, asignaciones no remunerativas
Materia: LABORAL-SALUD PUBLICA
Carátula: Pérez Rodríguez, Ignacio c/ Granar S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-24

El importe que la empleadora abonaba en concepto de medicina prepaga, constituyó una clara ventaja patrimonial para el actor, en tanto que no obra constancia alguna en la contienda que autorice a concluir que se trató de una liberalidad, sino, más bien, de una mejora en las condiciones de trabajo, la que, por lo demás, reviste lógicamente carácter de habitual, de modo que resulta claro que integró la remuneración. Si bien el art. 103 bis de la L.C.T., en su inciso d), califica como "beneficio sociales" no remunerativos a los reintegros de gastos médicos contra la entrega de comprobantes, dicha disposición no puede modificar el temperamento expuesto, en orden al carácter salarial de la prestación que aquí se analiza, habida cuenta que los llamados "beneficios sociales" deben interpretarse en forma restrictiva, debido a sus efectos sobre el concepto de remuneración y, en el caso, no se ha alegado ni acreditado la existencia de los reintegros que prevé el dispositivo, sino el pago mensual fijo a cargo de la empleadora del servicio de medicina prepaga, a fin que el actor gozara de los servicios médicos respectivos, de modo que, no cabe sino que asignar carácter salarial al beneficio en cuestión (Del voto de la Dra. Russo, en minoría).