marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Legislación extranjera, cheque
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cash S.A. c/ Ingaco S.A. y otro s/ Ejecutivo (LIBRO: S001 - 290)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-06-01

Por aplicación del art. 1 del DLE 4776/63 el domicilio del banco sobre el cual se Iibra el cheque girado determina la ley aplicable, siendo que la República Argentina y los Estados Unidos no se encuentran vinculados por tratados internacionales en materia de cheques.
Nulidad de sentencia, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, falsificación de instrumento público
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: AGUILAR CHAVEZ. de ANTEBI., Arminda y otros s/ falsedad ideológica"  . Causa 28.659
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-17

Es nula la sentencia en la que el Juez concluye que la falsificación de un acta de nacimiento de una menor -que dio por probada no causó perjuicio, excluyendo la tipicidad de tal conducta, basándose en sustentos aparentes.

Ello así en virtud de lo normado por el Art. 495 del Código de Procedimientos en Materia Penal, toda vez que estos argumentos no respetan el deber de fundar debidamente la decisión a la que arriba, ni ésta resulta derivación razonable del derecho vigente con aplicación a los hechos de la causa, con lo cual resulta el producto de una sola voluntad e insostenible como acto jurisdiccional válido.

(Del voto de la Dra. Riva Aramayo a los que adhirieron por sus propios fundamentos los Dres. Vigliani e Irurzun).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, jueces, facultades del juez, leyes, interpretación de la ley, demanda, desistimiento, juicio, codemandado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cormorán S.A. Servicio Mayorista c/ Tovani, Angel O. y/u otros s/ Ordinario. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad  (Expte CSJ Nº 239-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-25

Cabe declarar inadmisible la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto cuando del escrito introductorio sólo surge que el recurrente discrepa con el criterio adoptado por el órgano jurisdiccional en la solución dada, intentando hacer prevalecer su propio enfoque opuesto al de la Cámara, asentado todo ello en su particular apreciación de los hechos y de las interpretación de las disposiciones normativas aplicadas, mas sin lograr persuadir a esta Corte de que en tal labor los sentenciantes se hubiesen apartado de los parámetros fácticos y jurídicos con que contaban para evaluar que resultaba improcedente la pretensión actora de desistir sin costas de la demanda contra el fallido codemandado, en tanto el litisconsorcio configurado entre los demandados -que reputaron necesario- imponía prescindir de la opción otorgada por la primera parte del artículo 137 de la ley 19551, por cuanto abría la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias, y porque la falta de integración de la litis por la exclusión de uno de los codemandados en una relación litisconsorcial de carácter necesaria, facultaba al Sentenciante para omitir un pronunciamiento de mérito en virtud de carecer la pretensión del requisito esencial de la legitimación. Pretender abrir ante los estrados de esta Corte una tercera instancia que revea lo decidido por los tribunales ordinarios implicaría desconocer la naturaleza del remedio extraordinario intentado, que tiene por objeto únicamente el control de la adecuación de las sentencias al orden jurídico fundamental.
Medidas cautelares, feria judicial, habilitación de feria
Materia: PROCESAL
Carátula: ROJO, ENRIQUE MILLAN Y OTROS c/ CIA. ARG. DE PLANEAMIENTO s/ INCIDENTE DE EMBARGO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-01-30

Si bien el instituto de la habilitación de la feria judicial no es automáticamente aplicable por la sola circunstancia de tratarse de medidas precautorias, cabe ponderar que el objeto de tales medidas es el de inmovilizar la situación jurídica de determinados bienes, para impedir que su libre disposición torne ilusorios los derechos del peticionario si la parte vencida resultara insolvente al término del proceso o la sentencia se hiciere de cumplimiento imposible por cualquier otro motivo emanado de esa libre disposición.
Empleados públicos, Administración Pública, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VULLO, MARIA DEL CARMEN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 55-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-07-04

Es síntoma del apartamiento del interés público disponer una medida expulsiva reservada para situaciones en que la gravedad de la falta o la reiteración tornaran improbable la enmienda del agente, en lugar de utilizar los medios correctivos de que disponía la administración.
Prevención, valor probatorio, nulidad procesal, allanamiento domiciliario
Materia: PENAL
Carátula: ALEJANDRO, ROBERTO H. s/ Aviguación de contrabando, Incidente de nulidad Causa 32917
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-04

1- La norma que establece que la confesión prestada ante la autoridad de prevención no tiene valor probatorio ni puede ser usada en la causa no conduce a anular la simple atestación escrita puesta por los funcionarios policiales en la que se refieren manifestaciones de una persona que luego resulta inculpada. Por el contrario, sería incorrecto que el oficial de policía no dejase asentado lo ocurrido en la emergencia. No obstante, esa instrumentación que el funcionario está obligado a efectuar, no pueda ser usada como prueba en la causa.- 2- Esta limitación probatoria no supone que la orden impartida por el Juez para practicar registros e incautaciones resulte inválida, aún cuando para ponderar la necesidad de las medidas hubiera apreciado los datos que no pueden hacerse valer como prueba.
Acción de amparo, medida cautelar innovativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AVENDAÑO, Celia Veatriz; GÓMEZ, Pablo Bernabé; SINGH, Suva; GÓMEZ, Alberto; COLQUE, Mario Cervino; FLORES, Modesto Cástulo; AGUIRRE, Ramón Eduardo; BLESA, Pablo Antonio c/ DIRECTORIO de la AUTORIDAD METROPOLITANA de TRANSPORTE de la PROVINCIA de SALTA s/ AMPARO -
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-07

Se trata de una cautelar innovativa que se traduce en la injerencia del Juez en la esfera de libertad de los justiciables, a través de la orden de que cese una actividad contraria a derecho o se retrotraigan sus efectos consumados. Siendo una medida de excepción que tiende a alterar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición, el juzgador debe extremar su celo en el análisis de su procedencia (CApelCC Salta, Sala I, 03/07/87, Fallos año 1987, fl. 238), máxime cuando ha sido peticionada dentro de una acción de amparo.

Al respecto, la jurisprudencia no niega la viabilidad de las medidas cautelares dentro de un trámite de este tipo, pero recomienda que las mismas sean objeto de prudente y restrictiva procedencia, a fin de no desnaturalizarlo (C 1ª Civ y Com., Tuc., 29/03/82, Juris. Arg., 1983, v. I, síntesis, p. 121, N° 6).- Es dable destacar que las medidas cautelares no proceden contra actos administrativos, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan los actos de los poderes públicos.

Dicha presunción obliga a una estricta apreciación de las circunstancias del caso, toda vez que a los requisitos usualmente exigibles para la admisión de una medida cautelar semejante, debe añadirse la acreditación de la ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta de la resolución impugnada.

En el supuesto examinado, por lo tanto, el acogimiento de la cautelar impetrada significaría aceptar "prima facie" las objeciones planteadas por la parte actora lo cual importaría un adelanto sustancial del resultado del proceso, excediendo el reducido marco de conocimiento propio de estas medidas (CJ Salta, Tomo 81: 327/338).
Fuero de atracción, desplazamiento de la competencia, concursos, declaración de oficio, procedimiento laboral, crédito laboral, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAMPANINI, ARTURO - EXPTE. N° 29360	 c/ PALERO IMPRESORES EN J: PALERO IMPRESORES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-11-10

El Juez Concursal que decide de oficio, fundadamente, que el juicio laboral -mediante el cual se reclama por la ruptura de la relación el pago de remuneraciones o comisiones- continúe ante su Juzgado en vez de verificar, no incurre en error de procedimiento, pues encuentra sustento en el artículo 21 inc. 1 y 5 de la L.C.Q. y en el criterio sostenido por la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza en el Plenario Trigillo.
Disolución del matrimonio, cuidado personal compartido, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL
Carátula: M., M.L. c/ Ch., J.D. s/ Restitución de Hijo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-22

En situación donde se encuentran involucrados los derechos de menores la solución a la que arribe el tribunal debe atender al "interés superior del niño", por así imponerlo el sentido común y la Convención sobre los Derechos del Niño. Este concepto representa el reconocimiento del menor como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo y, a fin de evitar subjetividades, en procura de superar la re-lativa indeterminación de la expresión, resulta pertinente y útil asociar dicho interés del niño con sus derechos fundamentales".
Nulidad del acto jurídico, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Ricle, G.M. y Otra c/ La Costera Criolla S.R.L. s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-12-19

Es sabido que la declaración de nulidad de un fallo es una medida extrema, y es por ello que el artículo 250 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable por artículo 141 del Código Procesal Laboral, establece con acierto que tal pedimento debe desestimarse si los vicios que se invocan pueden ser reparados a través de la apelación articulada. Ante ello, los supuestos defectos del pronunciamiento recaído en la instancia anterior, pueden corregirse en la especie con los agravios que se vierten en los términos del artículo 125 inciso c) de la Ley de rito, por lo que se impone la repulsa del pedimento.
Lesiones graves, homicidio, dolo, auto de procesamiento, voto en disidencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VALENZUELA, Félix. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-01-27

Si se encuentra comprobado que el imputado, luego de una pelea, ingresó a su domicilio, para regresar munido de un cuchillo para enfrentar a otra persona, oportunidad en que la víctima, que no había participado del altercado, al tratar de interceder para evitar el enfrentamiento, fue gravemente herido por el incuso, diluye la existencia de un designio homicida por parte de éste último y es dable considerar que su acción enmarca en la hipótesis del art. 90 del C.P. Por ello, corresponde confirmar el procesamiento decretado recalificado el delito como lesiones graves.

Disidencia del Dr. González: La lesión grave constatada en la víctima no aparece como producto de un arrebato irreflexivo del agresor ,sino la exteriorización de un designio homicida, tomado en consideración que fue infligida con un elemento punzante procurado expresamente para el desafío y con el cual -indefinidamente de sus indefinidas dimensiones- causó en principio heridas de menor magnitud en el hombro del joven que se interpusiera, para luego hincarlo en una zona corporal altamente vulnerable del sujeto pasivo mientras lo abrazaba en el forcejeo.

Al no ser posible descartar el dolo requerido por el tipo del art. 79 del C.P. (*), debe confirmarse el procesamiento decretado en orden al delito de homicidio simple en grado de tentativa.
Ley de empleo, indemnización por despido, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: GARRAMONE, RAUL c/ CITIBANK N.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-28

El art. 9º de la ley 25013 contribuye a definir los alcances de la política legislativa en la que se inserta el art. 2º de la ley 25323: la disminución de la carga indemnizatoria que aquella ha establecido para los contratos celebrados durante su vigencia, viene acompañada con una acentuación del rigor represivo de la evasión del cumplimiento de dichas cargas. Pero el art. 9 citado ha limitado su ámbito a los supuestos de despido incausado - ad nutum-, no comprendiendo los supuestos de despido indirecto ni los casos de invocación de una justa causa. (Del voto del Dr. Morando).
Daños y perjuicios, indemnización, ejecución de sentencia, liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: Ungaro, Marta Beatriz. c/ Spena, Patricia Gladys. s/ Sumario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-27

Probada la existencia del daño pero no su cuantía, ésta debe fijarse según prudente estimación judicial, solución jurisprudencial, que ha tenido recepción legislativa en el art. 165 del Código Procesal.
Prueba, rechazo de la prueba, historia clínica
Materia: PENAL
Carátula: De la Torre, Martín Severo s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-07

La comprobada lucidez del inculpado al momento del hecho, torna inoficiosa la prueba solicitada por la defensa -remisión de la historia clínica en la unidad penitenciaria-, sin que la defensa haya logrado demostrar que la medida resulte idónea para modificar dicha comprobación.
Recurso de inaplicabilidad de ley, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: -Instituto  Provincial  del  Seguro  y  F.J.W.-  Sociedad Anónima de Transporte s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-05-18

Corresponde la aplicación oficiosa de nulidad por parte del Tribunal, toda vez que la sentencia al resolver uno de los temas decisivos no suministra los elementos necesarios que permitan deducir las razones que mediaron para la determinación, por ejemplo del monto indemnizatorio, incluyéndose en una sola cifra global el daño material y moral - en el caso del daño moral - , lo que impide a la Corte conocer cabalmente el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y con ello el ejercicio de su función casatoria. (Dr.

Bertolini: en disidencia).
Revocación de sentencia, legitimación pasiva, ley de defensa del consumidor, tarjeta de crédito, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION POR LA DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/ BANCO COLUMBIA SA Y OTROS S/ MEDIDA PRECAUTORIA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-11

Procede revocar la resolución por la cual se admitió la falta de legitimación pasiva opuesta por las codemandadas. Ello por cuanto, este proceso, calificado de acción preventiva, tiene por objeto el cese o minimización de daños en los términos del CCCN 1710 y 1711 contra el banco accionado a fin de que se disponga, con base en la aplicación de una tasa de interés superior al límite establecido en la ley 25065, en el sistema de las tarjetas de crédito emitidas por dicha entidad, la suspensión inmediata de esa conducta, y la acreditación de adecuación de las tasas a las disposiciones de dicha ley. En ese marco, y de acuerdo a la LDC 40, no parece dudoso que la relación entre las codemandadas era indispensable para la prestación del servicio aquí invocado, dado que, sin tal relación, el banco no hubiera podido ofrecer a los usuarios de las tarjetas Visa y Mastercard los servicios implícitos en tal uso. En esas condiciones, y siendo que las coaccionadas no sólo pusieron la marca respecto de la cual aparecen como licenciatarias, sino que también protagonizaron la utilización del servicio invocado en sustento del reclamo, forzoso es concluir que ellas deben considerarse pasivamente legitimadas para intervenir en autos, sin que lo que aquí se exprese implique, claro está, pronunciamiento alguno acerca del fondo del asunto.
Subasta judicial, juez del concurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sistema Asistencial Pre-Pago de las Asociaciones Profesionalesde la Salud A.M.I. c/ Asociación de Obras Sociales de Trelew -A.D.O.S.T.- s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-24

Que el comprador tenga derecho a exigir que se otorguen los actos necesarios para el perfeccionamiento de su adquisición, no quiere decir que corresponda otorgarlos necesariamente al juez de la subasta: por virtud del fuero de atracción de la quiebra, es muy probable que la causa en que el remate se hizo debiera radicarse ante el juzgado concursal, siendo éste -y no el juzgado que dispuso el remate, insisto- quien estaría obligado a dicho otorgamiento. Desde luego, no habría ninguna chance de ineficacia concursal, porque la venta en subasta no es celebrada por el deudor insolvente, sino por el juez ejercitando atribuciones propias.
Riesgos del trabajo, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, inconstitucionalidad, tope indemnizatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy Diego Maximiliano c/ MAPFRE Argentina A.R.T.S.A. s/ accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-11-12

El tope indemnizatorio establecido en el art. 14 inc. 2 ap. a) in fine de la ley 24.557, resulta inconstitucional, pues su aplicación torna a la indemnización que el trabajador percibiría en una reparación "irrazonable", "injusta" e "inequitativa" en comparación con la prestación dineraria a la que accedería de no aplicarse el referido tope, máxime considerando que con la reciente sanción de la ley 26.773, que mejora las prestaciones dinerarias de la LRT, queda reconocida la insuficiencia reparatoria del sistema en cuestión.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: LABORAL
Carátula: Vázquez, Enrique Armando. c/ Carnicería La vaca loca número 3 de Carlos Bracco y otro. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-12

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no hace referencia alguna a la norma legal actuada por el Tribunal del Trabajo y que constituye el núcleo central de la argumentación fáctica y jurídica en que se sustenta el pronunciamiento, pues la Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencia o interpretación, la omisión en que incurre la parte interesada respecto del precepto legal no denunciado como infringido.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, integración de la tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: COLLADO DE REALE, Mirta B. c/ INMOBILIARIA MINNER  S.A. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-06

El pago de la tasa de justicia constituye un acto extrajudicial realizado fuera del expediente y como tal no resulta idóneo para interrumpir el plazo de caducidad de la instancia (conf. C.N.Civ.

Sala A, R. 15.529 del 1/8/85).-
Jueces, deberes del juez, jurisdicción, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Imperial Chemical Industries  PLC  y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Medidas Cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-23

Se impone a todo magistrado el deber funcional de sostener su propia jurisdicción - de la cual es depositario a nombre del estado de derecho que constituye nuestra República - y se sigue de ello similar deber de los Tribunales de Alzada para defender la de sus jueces de primera instancia (conf. CNCom., Sala D del 16/6/81, pub.

L.L. 1981-C, pág. 181).
Recurso extraordinario federal, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Roubal Norma Beatriz. c/ Esteban Cristaldo y/u óptica Santa Lucía. s/ Diferencia de Presentismo.Indemnización por Preaviso  Omitido.S.A.C..Proporcional Vacaciones.Proporcional  89.Antigüedad,etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-08-03

Debe rechazarse el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpuesto por la parte demandada, ya que, de acuerdo al art. 14 de la Ley 48 la causa radicada ante los tribunales provinciales debe ser sentenciada y fenecida ante dicha jurisdicción provincial, procediendo únicamente la apelación ante la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los Tribunales Superiores Provinciales. La sentencia definitiva a la que refiere el art. 14 de la Ley 48, o a ella equiparable, ya no puede considerarse a la proveniente de las Cámaras Provinciales, como acontecía con anterioridad al fallo en el caso "Strada" ya que a partir de éste el Superior Tribunal de la causa que a los fines del art. 14 de la Ley 48 se debe expedir, es el de la más alta jerarquía en la jurisdicción provincial, es decir el Superior Tribunal de Justicia de ésta Provincia. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Zelarrayán, Luciano Jorge s/ Privación ilegal de la libertad, violación Machado, Oscar Enrique s/ Uso de documento falso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-07|1996-03-19

Es innecesario considerar las impugnaciones a algunas de las presunciones invocadas por el fallo para acreditar la autoría responsable si las restantes que permanecen firmes por falta de ataque abastecen numéricamente el medio probatorio utilizado (doct.

arts. 259 inc. 2º y 359, C.P.P.).
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, acción contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco de Santa Fe S.A. c/ López, Edgard Hugo s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Repetición de pago (Expte. CSJ No.   431-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

Resulta decisiva la falta de impugnación en debida forma del decreto 974/90 por parte del Banco Provincial de Santa Fe para cuestionar su inconstitucionalidad en sede judicial. El ente autárquico provincial tenía a su disposición, dentro de la normativa vigente al momento en que se dieron las circunstancias que motivaron el caso en estudio, un mecanismo específico para cuestionar el acto antes mencionado si estimaba que éste invadía la esfera de sus atribuciones propias. En efecto, el artículo 15 de la ley 4106 le posibilitaba -previa interposición de un reclamo administrativo ante la autoridad que dictó el acto dentro del plazo previsto en el artículo 16 de la ley- promover un recurso de ilegitimidad ante la Corte Provincial, frente a la existencia de un acto como el que pretende ahora atacar. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr.

Iribarren).
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Palumbo Pedro Antonio c/ Dorado Sonia Cristina y otro s/ Medidas cautelares (incidente art. 250 del CPCC)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

El incumplimiento por la apelante a la imperativa norma del artículo 260 del CPCC es claro y no admite duda. Este Tribunal tiene como guía una amplia tolerancia en la materia para no afectar un principio superior como es el de defensa en juicio, pero no puede hacer abstracción de la notoria insuficiencia recursiva y atender al fondo del asunto.
Honorarios, base
Materia: PROCESAL
Carátula: BIANCIOTTO MARIA MAGDALENA c/ MARTINEZ RAMON LEOPOLDO s/ INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-08-05

Si no hay valuación judicial de los bienes el profesional debe promover el incidente regulatorio y probar -frente a un correcto cuestionamiento del obligado al pago (art. 108 Ley 7269)- el monto de la base esgrimida y que ella es la que corresponde a la clase de juicio de que se trata. En cambio, si hay valuación judicial le basta invocar el importe de ella y actualizarlo (arts. 30 inc. "A" y 31 ley 7269), estando a cargo del contrario probar el valor que considera actualmente real.