Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-04-10


Reg.: A y S t 281 p 461/465. Santa Fe, 10 de abril del año 2018. VISTOS: Los autos "PERTICARARI, Marcela Betiana y otro c/ La Red Informativa S.R.L. y otro - C.P.L. (Expte. N? 25/16) s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad" (Expte. C.S.J. CUIJ: 21-00511049-9) venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia de fecha 13 de septiembre de 2017 (fs. 56/62); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que por resolución registrada en A. y S. T. 277 págs. 106/112, en fecha 13 de septiembre de 2017, esta Corte resolvió -por mayoría- rechazar la queja interpuesta por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad. Es el pronunciamiento de este Cuerpo el que ahora se objeta a través de la vía prevista en el artículo 14 de la ley 48, estimando los recurrentes que el mismo adolece de arbitrariedad. A fin de sustentar la configuración en el caso de una cuestión federal que habilite esta instancia, alegan que el fallo contiene graves vicios que lo invalidan por afectar garantías y derechos de específica tutela constitucional como el debido proceso, la defensa en juicio y el derecho de propiedad (arts. 18 y 17 de la Carta Magna) y el principio innominado de seguridad jurídica emergente del artículo 1? de la Constitución Nacional. Destacan que está fuera de toda duda que la demandada ha despedido a los actores con justa causa, en tanto ha quedado acreditada la injuria laboral por las manifestaciones descalificantes y lesivas al honor vertidas en la red social Facebook, según surge de la constatación notarial efectuada. Sostienen que, más allá de las objeciones que pudieren caber desde un punto de vista estrictamente formal, apreciada en el contexto emergente de los hechos que culminaran con el distracto, bajo las reglas de la lógica y la experiencia, la mencionada prueba en relación a los dichos agraviantes atribuidos a los actores merece pleno crédito. Ponen de relieve que para quien se opone al contenido de una escritura pública no basta la mera negativa, sino que debe exigirse la prueba en sentido contrario a lo que ella contiene, en virtud de que dicho instrumento es merecedor de la fe pública. Insisten en cuanto a que de la constatación notarial efectuada en los muros de Facebook, surgen extremos muy precisos que permiten relacionar a los actores con los dichos agraviantes, tales como datos personales, imagen y alusiones al conflicto. Manifiestan que la naturaleza volátil o "líquida" de estos medios obliga a flexibilizar las posibilidades probatorias, toda vez que es muy fácil para el titular del perfil modificar, editar o eliminar los contenidos. Agregan que la Cámara ha soslayado que para el Derecho la cuestión debatida sigue siendo bastante novedosa, no existiendo reglamentaciones o protocolos procesales en materia probatoria, razón que da fuerza a la premisa de amplitud de criterios en todo lo concerniente a su recolección e instrumentación. Consideran, en definitiva, que la decisión de la Alzada no se sustenta en los hechos debidamente acreditados, apareciendo mansillado el debido proceso ante la omisión de valorar pruebas relevantes y afectándose además el derecho de propiedad sin causa jurídica alguna, puesto que la sentencia aparece como una creación puramente voluntariosa del judicante. 2. En el examen de admisibilidad que se debe efectuar en esta instancia a fin de conceder o no -según corresponda- el remedio intentado, se advierte que, pese al esfuerzo de los presentantes por convencer en torno a su postura, el memorial recursivo no cumple con los recaudos establecidos en el artículo 3?, incisos "d" y "e" del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En efecto, las apelantes no efectúan una crítica prolija y razonada de la sentencia atacada, refutando debidamente todos y cada uno de los fundamentos que dan sustento a la resolución impugnada en relación con las cuestiones federales planteadas, ni demuestran que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y que la decisión impugnada sea contraria al derecho invocado con fundamento en aquéllas. Ello es así toda vez que, bajo las tachas de arbitrariedad que esgrimen, los quejosos se limitan a insistir con los planteos vertidos en oportunidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de Cámara que revocó el fallo de primera instancia y decidió hacer lugar a la demanda, tratando de imponer su propia postura en cuanto a la solución que correspondería dar al caso, mas sin aportar argumentos con eficacia en orden a demostrar que las consideraciones expuestas por este Cuerpo no contengan razones jurídicas bastantes, como tampoco la arbitrariedad ni la lesión de los derechos constitucionales invocados. En este sentido, cabe apuntar que los recurrentes ni siquiera intentan descalificar el núcleo argumental del decisorio atacado, en el cual esta Corte destacó que toda la crítica desarrollada sólo evidenciaba la mera discrepancia de los impugnantes con lo resuelto por la Alzada, no logrando entreverse un supuesto de arbitrariedad en modo tal de conectarlo prima facie con la realidad del caso. En efecto, este Tribunal sostuvo que toda la argumentación de los recurrentes remitía a cuestiones fácticas, ponderación de pruebas e interpretación de normas de derecho común, materias propias de los jueces de la causa y ajenas a la vía de excepción. Concretamente, con relación a los dichos agraviantes que fueron invocados como causa del despido de los actores, esta Corte precisó que la Cámara no omitió la valoración de la prueba instrumentada mediante escritura pública, sino que señaló que quien pretende valerse del soporte digital tiene la carga de probar su autenticidad, integridad y licitud, lo que incluye la identificación del autor a través del equipo del que procede, todo lo cual no podía lograrse a través de la constatación notarial sino en base a una pericial informática que no fue ofrecida en tiempo y forma por la parte demandada, aun cuando se la considera el único medio idóneo para acreditar la autenticidad del documento electrónico. En base a ello, este Cuerpo recalcó la conclusión de la Sala en el sentido de que en ausencia de esa prueba complementaria no cabía adjudicar a las transcripciones acompañadas la eficacia pretendida para justificar un despido, ante lo cual las alegaciones de los presentantes no alcanzaban a descalificar desde la óptica constitucional el pronunciamiento impugnado, ya que no lograban persuadir a este Tribunal de que los sentenciantes hubieran excedido las posibilidades exegéticas razonables que habilitaban las normas en juego con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa. Finalmente, esta Corte evaluó que la crítica esgrimida por los comparecientes dejaba incólume lo expresado por la Alzada en cuanto a que lo decidido no implicaba desconocer las competencias de un escribano público, sino poner un énfasis en que lo que aparece en pantalla y se atribuye a una persona no es suficiente para considerar probada la autoría del documento ni que, en su caso, haya correspondencia entre lo originariamente escrito y lo que ulteriormente ha sido captado por el notario. Tales son los fundamentos principales que cimentaron la resolución de este Cuerpo, y que aún hoy se mantienen incólumes, toda vez que -como se dijo- la defensa no se hace cargo de desvirtuarlos a través de la crítica vertida en el recurso extraordinario federal, ya que ésta se encamina a reiterar planteos previamente formulados, sin delinear idóneamente un vicio propio del pronunciamiento ni demostrar siquiera prima facie la configuración de algún supuesto hábil para franquear la instancia intentada.	En consecuencia, al no lograr acreditar la presencia de las causales de arbitrariedad invocadas, y resultando innecesario formular mayores consideraciones de conformidad con lo ordenado en el artículo 11 del reglamento antes citado, al no advertirse la configuración de algún supuesto que permita excepcionar la aplicación de lo dispuesto en dicha acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Regístrese y hágase saber. FDO.: GUTIÉRREZ(EN DISIDENCIA)-ERBETTA-FALISTOCCO (EN DISIDENCIA)-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) DISIDENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUTIÉRREZ Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FALISTOCCO:	2. Conforme sostuvimos en oportunidad de entender en el recurso directo presentado ante esta Corte, entendemos que las alegaciones vertidas en dicha oportunidad por la recurrente y las traídas en esta instancia extraordinaria ostentan entidad suficiente como para habilitar la vía de excepción. Es que si bien puede estimarse que el caso remite a cuestiones hermenéuticas y de interpretación y aplicación de normas de derecho común que, en principio, son ajenas a la instancia extraordinaria, consideramos que prima facie podría encontrarse configurada una cuestión federal suficiente para excepcionar dicha regla si en oportunidad de analizar la queja interpuesta se ha descartado el exceso de discrecionalidad en la decisión adoptada por los sentenciantes, omitiendo hacerse debidamente cargo de puntuales achaques de arbitrariedad en punto al análisis de las causales invocadas por el quejoso en orden al apartamiento de las constancias de la causa y el encuadre jurídico del caso, determinantes para incidir en el resultado del litigio. En tal marco, en el sub lite cabe concluir que la compareciente ha logrado plantear un supuesto de posible afectación del debido proceso y el derecho de defensa en juicio, invocando que, mediante una interpretación excesivamente formalista, se ha omitido una valoración razonable de los elementos de prueba colectados en autos, lo que llevó a los juzgadores a sostener la procedencia de la pretensión de la parte actora respecto de los rubros indemnizatorios reclamados en virtud del despido. Por ello, corresponde conceder el recurso extraordinario interpuesto. FDO.: FALISTOCCO-GUTIÉRREZ-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)