Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-25


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 95.933 SALA II Expediente Nro.: 16.478/07 (Juzg. Nº56) AUTOS: "DEL VALLE, ANA BELÉN c/CARDINAL SERVICIOS INTEGRALES S.A. s/DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	25/07/08	, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Llegan los autos a conocimiento de esta alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva de primera instancia obrante a fs.166/171, que acogió la pretensión con fundamento en la L.C.T.

La demandada se queja porque el Sr. Juez a quo consideró que ninguna prueba fue suficientemente idónea para acreditar la causa invocada para despedir a la actora; cuando -a su entender- las pruebas testimonial y pericial del técnico analista en sistemas son contundentes a tales efectos. Específicamente, sostiene que de tales medios probatorios surge que Del Valle fraguó información que debía ingresar en el registro, para obtener la aprobación de la tarjeta de crédito que intentaba vender; violentando de esa manera el deber de buena fe que debe regir en todo contrato de trabajo. Sostiene -contrariamente a lo afirmado por el magistrado de grado anterior- que tal irregularidad fue consignada con exactitud y claridad en la misiva resolutoria (y corroborada con la producción de prueba testimonial, documental y pericial); y que la pericial ingeniera rebate la errónea calificación realizada por el Sr. Juez a quo respecto de sus sistemas, a los que consideró susceptibles de manipulación. Finalmente, manifiesta que no debió haber sido condenada al pago de la multa prevista en el art.80 de la LCT, toda vez que entregó el certificado de trabajo a la actora, dentro del plazo de 30 días que prevé el dec.146/01 (cfr. fs.176/180).

Delimitados de tal modo los cuestionamientos sometidos a estudio de este tribunal, creo conveniente señalar en primer término que está fuera de toda discusión y surge de las constancias de autos, que Ana Belén Del Valle ingresó a trabajar a las órdenes de Cardinal Servicios Integrales S.A. con fecha 24 de enero de 2006, que cumplió tareas de lunes a viernes de 10 a 15 hs. en el call center "realizando llamadas a terceros, a fin de ofrecer tarjetas de crédito de American Express"; que era remunerada a través de un sueldo fijo y premios por ventas; y que fue despedida el 8 de mayo de 2007, en los siguientes términos: ".Por medio de la presente se le notifica que ha quedado Ud. despedida con justa causa a partir del día de la fecha en virtud de la grave irregularidad detectada los días 13/04 y 30/04/05 en la cual usted ha fraguado información consistente en enviar intencionalmente ingresos erróneos del posible cliente de manera de que se acepte su solicitud a los fines de obtener más comisiones por ventas. En consecuencia, atento a la grave pérdida de confianza que su accionar ha ocasionado a la empresa, la misma ha decidido su despido con justa causa" (cfr. intercambio telegráfico transcripto por ambas partes en los escritos constitutivos).

La accionante negó haber incurrido en las irregularidades referidas; calificó de falsas las causales alegadas para sustentar el despido y centró sus argumentos en los reparos que -a su entender- merecía la comunicación resolutoria, en los términos del art.243 LCT.

En mérito a ello, y en primer lugar, corresponde puntualizar que "la obligación de notificar las causas del despido y no poder modificar éstas en el juicio, responde a la finalidad de dar al dependiente la posibilidad de estructurar en forma adecuada la defensa, pues se trata del basamento mismo para que los preceptos contenidos en el art.18 de la C.N. puedan hallar plena vigencia en la solución del conflicto a desarrollarse. Empero, el detalle de esa información sobre las causas no puede importar un formulismo taxativo, ya que de interpretarse de tal modo la norma inferior, se arribaría al extremo no deseado de cercenar el debate judicial con la consiguiente lesión de los preceptos constitucionales invocados (v. doctrina de Fallos 316:145 y 319:636, voto de los Dres. Moliné O'Connor, López y Vázquez). (Del dictamen del Procurador General de la Nación, al que adhieren los Ministros Moliné O'Connor, Belluscio, Fayt, Lopez y Bossert; CSJN V. 107 XXXV "Vera, Daniel c/ Drogueria Saporitti SACIFI Y A", del 9/8/01).

En ese orden de ideas, observo que, en la comunicación resolutoria, la accionada no se limitó "a mencionar el motivo en forma genérica, tal es el supuesto de 'grave irregularidad"-como sostiene el magistrado de anterior grado- sino que describió en qué consistía el hecho que se le imputaba a la accionante, generador de la pérdida de confianza en ella; y que, si bien no se brindaron ciertos detalles -como ser, el nombre del cliente-, "la aplicación del art.243 de la LCT no puede importar un formulismo taxativo en aquellos casos en que el trabajador no puede ignorar las causas que determinaron la ruptura del vínculo y está en condiciones de preparar su demanda cuestionando el hecho imputado (Conf. CSJN "Riobo C/ La Prensa SA" 16/2/93 DT 1993-A-435; TSS 1993-509)" (conf. CNAT, Sala V, S.D. Nº63.991 del 29/12/00, "Novo Iglesias, Herminio c/Bugarín, Ricardo s/Despido"). En efecto, como se detallará más adelante, la actora era conocedora de los hechos que se le imputaban, ya que los testigos fueron contestes en afirmar que se le hizo escuchar la grabación de la venta telefónica, requiriéndosele las explicaciones del caso (cfr. fs.69/70 y 85/86).

Por otra parte, tampoco comparto la apreciación efectuada por el magistrado de grado anterior, en cuanto consideró que en la contestación de demanda se cambió el relato de los hechos, ya que -a su entender- se sustituyó "enviar intencionalmente ingresos erróneos" por "datos no ingresados por la accionante que no coincidían con los reales". Así lo sostengo porque de una atenta lectura del escrito de responde, surge que la frase correcta es la siguiente ".toda vez que los datos de una posible cliente, Sra. Liliana Inés Salinardo, DNI ., que fueran ingresados por la accionante, no coincidían con los datos reales" (cfr. fs.27/32).

Sentado lo expuesto, a cargo de la empleadora se encontraba acreditar la existencia y entidad de los motivos en los que pretendió fundar su decisión extintiva (art.377 CPCCN).

En orden a analizar tal circunstancia, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que el despido fue motivado por la pérdida de confianza generada a partir de una irregularidad, la cual habría consistido en fraguar información, a través del envío intencional de datos erróneos de un posible cliente (específicamente, sus ingresos) para que su solicitud fuera aceptada y, así, obtener mayores comisiones por ventas. Por lo tanto, habrá de analizarse la prueba producida en autos a efectos de determinar si se han acreditado razones objetivas que justifiquen la pérdida de confianza alegada. Ello así, pues "no debe soslayarse que la 'pérdida de confianza', expresión latina que refleja solamente un sentimiento subjetivo de quien la emite, no constituye un supuesto autónomo de justa causa de despido, ya que en los términos del art. 242 de la LCT, el juez debe ponderar hechos u omisiones imputables al contratante denunciado, la carga de cuya acreditación pesa en la esfera del denunciante (art.377 CPCCN), a fin de evaluar si ellos constituyen incumplimientos imposibilitantes de la continuación de la relación de trabajo" (conf. esta Sala, S.D. Nº94549 del 23/10/06, in re: "Santillán, Analía Verónica c/Bijou Castelli S.A. y Otro s/Despido").

En tal contexto, estimo conveniente puntualizar que, en el escrito inicial, la actora expresó que se había desempeñado como telemarketer, realizando llamadas a personas que surgían de un listado otorgado por la accionada, a quienes debía realizarles una serie de preguntas (derivadas de un cuestionario fijo, también proporcionado por la demandada) a fin de determinar si reunían los requisitos que American Express exigía para otorgar la tarjeta American Gold. Si el cliente los reunía, le ofrecía la tarjeta; y si se interesaba en adquirirla, tomaba sus datos, los cuales eran ingresados al sistema informático (al igual que las respuestas brindadas al cuestionario referido precedentemente); (cfr. fs.5/vta.).

A su vez, la demandada explicó en el responde que una de las preguntas más significativas, y excluyente para el otorgamiento de la tarjeta de crédito (comprendida dentro de ese cuestionario obligatorio, referido por la accionante), era el monto de los ingresos de la persona (cfr. fs.28/vta.); circunstancia que -como luego se verá- aparece corroborada por los dichos de los testigos que depusieron en autos.

Ahora bien, concretamente en relación con los hechos que derivaron en la desvinculación de la accionante, la demandada precisó en el responde que, en abril de 2007, American Express realizó una auditoría interna, debido a una irregularidad detectada en las solicitudes de tarjetas de crédito: los datos consignados por la actora, pertenecientes a una posible cliente -Liliana Inés Salinardo- no coincidían con los reales. Con relación a ello, observo que tanto en el testimonio de Claudia Ventura (quien dijo ser supervisora de ventas de la demandada y que había sido jefa de la actora) como en el de Carrera (quien también dijo ser supervisora de la demandada y que trabajaba al lado de Ventura, haciendo la misma tarea), se hizo alusión a la existencia de una queja o reclamo por parte de American Express (cfr. fs.70 y 85/86). Por otra parte, la demandada acompañó un correo electrónico remitido el 30/04/07 por Fernanda M. Cotsilianos (cuya dirección de correo pertenece al dominio "aexp.com") dirigido a "Claudia" (concretamente, "claudiav"), donde se indica que se auditó la solicitud de Liliana Inés Salinardo y que dicha venta había quedado cancelada por Auditoría "ya que el prospect percibe ingresos de $1.900.- y figuran $3.000.- en la solicitud" (cfr. fs.22); y -también- una copia de la cuestionada solicitud (formulario informático), en la cual luce consignada la suma de $3.000.- como ingreso mensual de Salinardo; y el documento nacional de identidad de Verónica Paula De Pinto para una tarjeta adicional (cfr. fs.20/21). Creo necesario destacar, con respecto a esta documentación, que su valor probatorio es relativo, ya que la solicitud ha sido desconocida por la parte actora y porque el correo electrónico ni siquiera fue exhibido a la testigo Ventura, a quien -según se desprende- habría sido dirigido. Por otra parte, en virtud del compromiso oportunamente asumido por la accionada, a fs.97 se la tuvo por desistida de la declaración de Cotsilianos. Tratándose de prueba informática "es por lo tanto el razonamiento valorativo crítico del juez el que considerará la importancia que pueda otorgársele a los medios de prueba de esta clase", aunque "obviamente que producidos ellos, su falta de consideración implicaría un excesivo rigor formal con violación de la defensa en juicio" (conf. Casimiro A. Varela en Valoración de la Prueba, procedimientos civil, comercial y penal, 2da. Edición, Buenos Aires, 1999).

Sostuvo la demandada que, a raíz de tal circunstancia, inició una investigación interna que incluyó la escucha de llamadas y el cotejo de solicitudes enviadas con los datos recolectados por American Express; a través de la cual se descubrió que la actora había fraguado información de gran importancia: el monto de los ingresos y el documento nacional de identidad del beneficiario de la tarjeta adicional.

La testigo Ventura manifestó que la actora había realizado una venta fraudulenta, que si mal no lo recordaba el nombre de la cliente era "Liliana Salsinati o Salinato" ("no recuerda el apellido"), que había sido detectada a través de una grabación que la testigo escuchó personalmente en mayo de 2007. Relató que, a raíz de ello, llamó a la actora "para que le explicara por qué razón había puesto en la solicitud del supuesto cliente de American Express, unos ingresos que jamás le había preguntado" y le hizo escuchar la grabación para que constatara que de ella no surgía importe alguno referido a sus ingresos (pregunta que calificó de fundamental, "porque si no califica al cliente, no puede avanzar con la solicitud"); (cfr. fs.69/70).

A su vez, la testigo Carrera refirió haber presenciado la escucha de la grabación de la venta aludida (cfr. fs.85/86).

El testigo Del Papa (quien dijo ser jefe de call center y haber intervenido en la evaluación del despido de la actora) corrobora los testimonios que anteceden, toda vez que manifestó que la supervisora Ventura acude a él a raíz de un reclamo de su cliente American Express, informándole que había una solicitud de ventas en la cual figuraba mal el ingreso de la persona a quien se le estaba vendiendo (y destaca que tal dato es clave para poder aceptar o no una tarjeta o producto). Tal solicitud correspondía a la actora, circunstancia que dijo conocer debido a que en ellas figura el nombre y apellido del cliente, más el nombre del operador que vendió (cfr. fs.71/72).

Cabe ponderar en primer término, que de los testimonios colectados surge que la accionante receptó los datos de una clienta identificada como Liliana Salinardo, sin recabar el informe correspondiente a sus ingresos mensuales, dato que se reputa esencial para concertar la venta de la tarjeta de crédito.

No obstante, no pueden admitirse, analizados los términos de los deponentes conforme el criterio de la sana crítica, las intenciones que atribuyen a la trabajadora ni obviamente la calificación de la conducta en que ella incurriera, pues tales expresiones configuran juicios valorativos de carácter subjetivo y, por el contrario, no se refieren al acaecimiento de presupuestos fácticos que hayan transcurrido en su presencia y sobre los que estén en condiciones de deponer.

Con relación a ello, es menester memorar lo expresado por Devis Echandía en su obra "Teoría General de la Prueba Judicial", cuando, citando a Florian, dijo que ".el juez debe examinar los testimonios libre de prejuicios, convencido de que la mayoría de los actos humanos no responden a la lógica; cabe separar aquellas partes que le parezcan sinceras y veraces, de las otras que crea mendaces o erradas, porque no hay indivisibilidad de testimonio, y el testigo puede recordar unas circunstancias y otras no, unos aspectos del hecho y otros no; para esto debe buscar, en primer término, los motivos o fuentes de donde el testigo dice haber recibido la información o el conocimiento, que son los que determinan la credibilidad" (Tomo II, Quinta Edición, 1981, pag. 274 y ss.).

Además, si bien los testimonios provienen de personas que formaron parte de la comunidad de trabajo en la cual se desarrolló la relación de que se trata, se ha sostenido que "el material probatorio debe ser apreciado en su conjunto, mediante la concordancia o discordancia que ofrezcan los distintos elementos de convicción arrimados al proceso, por lo que declaraciones de testigos que individualmente consideradas pueden ser objeto de reparos, ser débiles o imprecisas, en muchos casos se complementan entre sí de tal modo que unidas llevan al ánimo del juez a la convicción de la verdad de los hechos" (conf. CNAT, Sala I, Sent. 74565 del 16/7/99, autos "Bellucio, Domingo c/Sed Metal SRL S/despido").

Ahora bien, con respecto a la grabación a la cual se ha hecho referencia en reiteradas oportunidades, el perito ingeniero comprobó y describió el uso de dos sistemas en la empresa demandada: el utilizado por los telemarketers para registrar los datos de las llamadas (denominado "Omnia") y el sistema telefónico que registra la actividad realizada por un operador en el teléfono (denominado DAL Recorder).

En las sucesivas presentaciones que efectuó, el experto informó que, al comenzar la jornada laboral, el operador ingresa "su usuario y clave" (identificador de usuario y contraseña) tanto en el sistema Omnia, como en el teléfono correspondiente a su posición de trabajo, para así obtener el listado de los clientes a llamar y habilitar el teléfono para cumplir dicha tarea. Luego, por cada llamada que realiza, el operador registra en el sistema Omnia si el cliente acepta o no la venta de la tarjeta de crédito; y, en caso de aceptarla, se le solicitan datos específicos para llenar la pantalla e imprimir un formulario que será enviado a American Express con el fin de solicitar la tarjeta respectiva (en tal descripción encaja la solicitud acompañada por la demandada en el responde, aunque -debo destacar- no se le requirió al experto que se expidiera en tal sentido). A su vez, el sistema telefónico registra automáticamente en una base de datos todo lo referido a la llamada realizada: fecha, hora, nombre de quien la realizó (lo que permite identificar a quien la hizo o la contestó), duración, lo que se discó y la llamada misma, desde que se establece la comunicación hasta que se corta; lo que permite a los supervisores obtener reportes de estadísticas de cada operador.

Específicamente con respecto a la seguridad de los sistemas referidos -tópico recurrentemente cuestionado por la parte actora en las sucesivas impugnaciones formuladas a los informes de este perito- señaló que, si bien una persona puede habilitar un teléfono utilizando la clave de otra, ello podría ser detectado por los supervisores en los controles de rutina al comparar los datos de ambos sistemas, ya que las llamadas grabadas estarían asociadas a un usuario mientras que los datos cargados en el sistema Omnia habrían sido ingresados por otro. Y si además se habilitara también este sistema con la clave de esa otra persona, si bien en ambos quedaría registrado el usuario titular de la clave, en el sistema telefónico quedaría grabada la voz de quien utilizó la clave ajena; y los supervisores mediante la escucha de la grabación de llamadas (el sistema no tiene un detector o identificador de voz), podrían detectar que la voz grabada no pertenece al usuario con el cual está asociada la grabación. De ahí que el perito lógicamente no puede asegurar -como inquiere la parte actora- que dicho sistema sea cien por ciento seguro y no deje lugar a dudas, ya que la escucha e identificación, en el caso referido (que una persona utilizara un identificador de usuario y contraseña ajenos) se realiza en base a la capacidad de identificación del supervisor por medio del oído humano. Igualmente -aclaró- quien conociera el "password" telefónico de otra persona, solo podría ingresar a un teléfono y habilitarlo para hacer llamadas, pero no tendría acceso a las llamadas realizadas anteriormente por el dueño de la contraseña. Además, el perito pudo comprobar que ninguno de los dos sistemas permite que un usuario tenga más de una sesión activa al mismo tiempo; es decir, que si ingresa su "usuario y contraseña", no podrá hacerlo en otra pantalla o teléfono hasta salir del primero. Destaco tal circunstancia en orden a que, según informó el experto, la grabación en cuestión se realizó el 13/04/07 a las 14:29 hs., dentro del horario de trabajo de la actora; y en ningún momento se ha alegado que, en tal fecha, la actora no hubiera concurrido a trabajar.

También a requerimiento de la accionante el perito ingeniero en sistemas informó que, si bien el sistema DAL Recorder permitía a los supervisores "exportar" una grabación (convertirla en un archivo con extensión "wav", que puede escucharse con cualquier reproductor multimedia y editarse fácilmente), por más que esta fuera modificada, el original seguiría existiendo en la base de datos del sistema sin alteraciones. Explicó -además- que modificar una conversación almacenada en el sistema sería una simulación tan compleja que, si bien no considera imposible de realizar, solo podría ser llevada a cabo por una persona con conocimientos informáticos y específicos de la arquitectura interna del sistema, por ejemplo, personal interno de la empresa desarrolladora del sistema Dal Recorder.

Me he permitido realizar tal reseña a efectos de ilustrar mi desacuerdo con las apreciaciones efectuadas por el magistrado de anterior grado, en cuanto consideró que "no se trata de un sistema invulnerable, y que podría ser susceptible de manipulación o introducción posterior de datos anteriormente inexistentes, por la persona que cuente con el nivel de autorización suficiente". A mi criterio, no son tales las conclusiones que se desprenden de una atenta lectura de las presentaciones efectuadas por el Ingeniero en Sistemas (cfr. fs.92/94, 113/114, 116/120 y 135), cuyo valor probatorio no logra ser depreciado por las sucesivas impugnaciones realizadas por la accionante, basadas, fundamentalmente, en minimizar las características de seguridad de los sistemas analizados. En efecto, sin perjuicio de que la actora desconoció toda la documentación aportada por la contraria, incluyendo "el CD que la demandada dice acompañar del cual no se me adjuntara copia" (cfr. fs.37); sus impugnaciones respecto de la comunicación telefónica bajo análisis se fundamentan en la pretendida falta de certeza del sistema para determinar que la voz grabada en el registro transcripto pertenezca a la actora (cfr. fs.125 y 141); y -como ya lo he mencionado- ante las claras manifestaciones efectuadas por el experto en orden a los sistemas de registro empleados por la demandada, tales consideraciones no logran enervar su valor probatorio, sobre todo si se tiene en cuenta que la accionante en ningún momento alegó -ni en el intercambio telegráfico, ni en la demanda- que podría haber sido víctima de la usurpación de su identificación de usuario y contraseña, ni atribuyó semejante maniobra a ningún integrante de la empresa.

Resta señalar, con respecto a la eficacia probatoria de las grabaciones, que la doctrina generalizada las incluye dentro de las previsiones del art.378, 2º párrafo, del CPCCN, aunque "en realidad, se trata de medios no tipificados como autónomos, porque previstos están, justamente, en el art.378", de ahí que ".los hechos conducentes y controvertidos que es menester acreditar a los fines del éxito de la pretensión no sólo han de probarse a través de los medios de prueba previstos en el código . sino también por cualquier medio de prueba que no afecte la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o que no esté prohibido para el caso; tales como cintas grabadas, películas, videos.".; y, respecto de éstos, "para llegar a constituir prueba, requieren el apoyo de algunos de los otros medios clásicos e indiscutiblemente autónomos, esto es, exigen una acumulación de medios de prueba (complementariedad)"; (conf. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado por Carlos J. Colombo y Claudio M. Kiper, T.IV, La ley, Buenos Aires, 2006, pág.89 y sigs.). Carlos Colombo, en la obra precitada, sostiene que ".debe distinguirse la admisibilidad, de la eventual eficacia probatoria, y no descartar una prueba porque en determinada hipótesis pueda carecer de valor. la pertinencia de esta observación es manifiesta si se tiene en cuenta que alguna vez se ha dicho que las grabaciones, fotografías, películas cinematográficas, etc. deben ser desechadas porque pueden prestarse a trucos o combinaciones artificiales . con este criterio habría que declarar inadmisibles la prueba testimonial porque hay testigos mendaces y la instrumental porque hay documentos adulterados . eliminadas tales interferencias en la argumentación, la cuestión de la admisibilidad de las grabaciones como prueba se simplifica y queda centrada en su verdadero ámbito: es admisible, si se ha obtenido de modo regular, como ha de serlo toda prueba; tiene eficacia probatoria, absoluta o relativa según que el perfeccionamiento técnico la asegure en determinado grado y lo que resulte del resto de la prueba." (conf. ob cit).

Sentado lo expuesto, observo que el perito informó que, en el sistema telefónico DAL Recorder se encontraban registradas dos llamadas salientes, de fecha 13/04/07 a las 14:27:41 la primera, y a las 14:29:25 la segunda, realizadas por el operador 1463 (Ana Belén Del Valle) a los números que menciona; y a las cuales transcribe en su informe (es decir, transcribe las grabaciones originales extraídas propiamente del sistema DAL recorder; cfr. fs.116 y 135).

De una atenta lectura de dicha transcripción, se desprende que, en un primer intento de comunicación, se solicita contactar a "Liliana Salinardo" por parte de quien se presenta como "Ana de American Express" y luego -una vez que dicha persona atiende la llamada- como "Ana del Valle". A continuación, la Sra. Salinardo solicita que se la llame a otro teléfono porque el que estaba usando no se escuchaba muy bien, y es así que se produce la segunda comunicación -cuya transcripción, en términos generales, coincide con la agregada por la demandada al contestar la pretensión- en la cual el operador, ante el requerimiento de la clienta para contactarla en caso de dudas, se identifica como "mi nombre es Ana, mi apellido Del Valle".

En tales condiciones, y en atención a las constancias probatorias hasta aquí reseñadas -principalmente derivadas de la prueba testimonial y pericial en sistemas- estimo que se encuentra suficientemente acreditado que la operatoria relacionada con la obtención de los datos necesarios para la eventual venta de una tarjeta de crédito por parte de American Express a la Sra. Liliana Salinardo -domiciliada en Río Grande, Tierra del Fuego- fue llevada a cabo por la aquí accionante. No empece a ello la falta de ofrecimiento de dicha persona en calidad de testigo, ya que, como acabo de mencionar, la prueba rendida en el sub exámine es -a mi entender- suficientemente idónea para establecer la vinculación referida.

Ahora bien, de una atenta lectura de la transcripción realizada por el perito ingeniero en sistemas, se desprende que en ningún momento de la comunicación se le preguntó a la Sra. Salinardo sobre sus ingresos; y que -además- la nombrada no contaba con el documento nacional de identidad de la persona a quien consignó como beneficiaria de una tarjeta adicional. A mayor abundamiento, los datos consignados a lo largo de la comunicación transcripta coinciden con los que fueron volcados en la solicitud que luce a fs.20/21 (que vendría a ser, según lo informado por el perito ingeniero en sistemas, la impresión como formulario de los datos específicos con que se llena la pantalla durante la comunicación telefónica, para enviar a American Express), a excepción del valor del inmueble, además del "ingreso mensual" y el documento correspondiente al beneficiario del adicional, que -como ya he mencionado- no surgen de la transcripción analizada precedentemente.

En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, y teniendo en cuenta que -como ya lo he mencionado en párrafos precedentes- el material probatorio debe ser apreciado en su conjunto, mediante la concordancia o discordancia que ofrezcan los distintos elementos de convicción arrimados al proceso; arribo a la convicción de que, efectivamente, se encuentra suficientemente acreditado que Ana Belén del Valle recabó los datos necesarios para la eventual venta de una tarjeta de crédito por parte de American Express a la Sra. Liliana Salinardo; y que existen suficientes indicios de un incumplimiento contractual, cuya gravedad -a mi entender- no es la que pretendió adjudicarle la accionada.

Me explico. En primer lugar debo señalar que, sin perjuicio de lo dicho sobre la idoneidad de los testigos que depusieron en autos -en el aspecto anteriormente analizado-, reitero que tales testimonios no son suficientes a efectos de acreditar que la actora habría enviado "intencionalmente ingresos erróneos del posible cliente de manera de que se acepte su solicitud a los fines de obtener más comisiones por ventas", según se consignó en la comunicación rescisoria.

En efecto, con relación al valor probatorio de los testimonios de los cuales se extraería la existencia de una confesión extrajudicial, cabe señalar que Devis Echandía, en Teoría General de la Prueba Judicial (Tº1, 5ª Edición, 1981, pág.673 y ss.) sostuvo que "la confesión es una declaración de ciencia o conocimiento, de naturaleza similar al testimonio, no obstante las grandes diferencias que entre ellos existen, en cuanto al sentido, alcance, objeto y requisitos del acto. En ambas pruebas la justicia se basa en la credibilidad del testimonio humano, pero en la confesión esa credibilidad resulta más lógica y tiene poderosas razones sociológicas y morales en su favor, porque se trata de aceptar hechos que son jurídicamente desfavorables. además se trata de hechos personales o de los cuales tiene conocimiento el confesante y por ello existirá una perfecta razón del dicho, es decir una suficiente explicación de sus declaraciones. Las razones de lógica y moral que conducen a darle credibilidad al testimonio humano sirven para otorgársela, relativamente al menos, a la declaración de parte favorable a ella misma, es decir, como prueba incompleta o de simple indicio.".

Asimismo, con relación a la confesión extrajudicial propiamente dicha, el citado autor expresó que ".debe probarse en el proceso en el que se aduce, para lo cual generalmente sólo se dispone de testimonios . resultando así que la confesión extrajudicial indocumentada es una prueba que puede calificarse de segunda mano, por lo cual se justifica que en los sistemas de libre valoración, el juez le otorgue generalmente el valor de indicio o de prueba incompleta, pudiendo reconocerle el de prueba en algunos casos especiales. El texto legal argentino se refiere tanto a la escrita como a la oral y dice que "obliga en el juicio" cuando es hecha "frente a la parte contraria o a quien la represente", creemos que si consta por escrito tiene el valor propio del documento y si fue hecha oralmente, el mismo valor que la confesión con la excepción que el mismo texto consagra para cuando la prueba de confesión oral consista en testimonios".

Nótese que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prescribe, en su art.425, que "la confesión hecha fuera de juicio, por escrito o verbalmente, frente a la parte contraria o a quien la represente, obliga en el juicio siempre que esté acreditada por los medios de prueba establecidos por la ley. Quedará excluida la testimonial, cuando no hubiere principio de prueba por escrito. La confesión hecha fuera de juicio a un tercero, constituirá fuente de presunción simple".

El autor citado sostiene que al decir "cuando no hubiere principio de prueba por escrito", se refiere "a los casos en que la ley . prohíba la prueba por testigos de ciertos actos, porque si ésta es admisible y conducente no hay razón para negarle valor a la confesión extrajudicial que se demuestre con testimonios, de lo contrario se dejaría prácticamente inoperante la confesión extrajudicial verbal. se debe aplicar un criterio de rigurosa crítica a esos testimonios y a la apreciación de la seriedad de la confesión . con las máximas generales de la experiencia y los hechos notorios, de la posibilidad física y lógica del hecho, y en general, de todas las circunstancias que puedan influir en su credibilidad" (conf. esta Sala, S.D. Nº91.137 del 21/11/02, in re: "Giardino, Carlos Domingo c/Amepba").

En ese orden de ideas, creo conveniente memorar aquí lo declarado por los testigos al respecto: Ventura manifestó que, tras cuestionar a la actora sobre por qué había consignado en la solicitud unos ingresos que jamás había preguntado, le contestó que "se olvidó de preguntarle", circunstancia que la testigo señaló como imposible, ya que la actora estaba en la empresa hacía un año y "sabía que el requisito para solicitar la tarjeta era esa pregunta". Además, declaró que al preguntarle "de dónde había sacado el importe que colocó en la solicitud" le contestó que "como le daba bien el escore al cliente, le puso esos ingresos porque de esa manera llegaba a un premio". Adujo que estas conversaciones ocurrieron en mayo de 2007, en la oficina del segundo piso, "más cerca del horario del mediodía, después del horario del almuerzo de 12 a 13.30 hs. aproximadamente", "y estaba también con la testigo el agente de calidad" y los backoffices "-personal que se encarga de reportes para los clientes" (cfr. fs.69/70).

A su vez, la testigo Carrera -quien dijo haber presenciado la conversación y la escucha- señaló que, cuando la supervisora Claudia "le preguntó a la actora qué había pasado, ella dijo que no le había preguntado y se había olvidado de cargar este dato importante, que cree que tenía que ver con el sueldo del cliente y la actora manifestó que en realidad lo pasó para tener una venta más". Además, indicó que si bien no recordaba bien quiénes estuvieron presentes en el momento de la escucha, había más personas que las que aludió en su declaración (cfr. fs.85/86).

Como se puede apreciar, tales testimonios no son suficientes a la hora de tener por acreditada una confesión extrajudicial por parte de la accionante, toda vez que -en orden a la estrictez que impone el examen de la prueba que se analiza, señalada más arriba con las citas del maestro Devis Echandía- no son suficientemente concordantes en relación a la respuesta brindada por la actora: si bien ambas sostienen que, en principio, sostuvo que se había olvidado, al explicar los motivos que habría alegado para justificar su accionar, Ventura refirió que la respuesta fue que "le puso esos ingresos porque de esa manera llegaba a un premio"; y Carrera, que "en realidad lo pasó para tener una venta más". Si bien ambas frases refieren una misma idea, no son coincidentes entre sí y, en orden a ello, no puede tenerse por acreditado -reitero, con el rigor analítico que requiere el hecho que se intenta probar- que efectivamente, la actora haya confesado haber tenido tales intenciones (arg. art.90 LO).

En segundo lugar, considero el incumplimiento en el marco de la tarea realizada y de la responsabilidad atribuida a la dependiente, y en consecuencia, cabe concluir que la acreditación de un único incumplimiento referido a un actuar de la dependiente, consistente en omitir preguntar la entidad de los ingresos de la hipotética clienta, no configura un acto de suma gravedad insusceptible de admitir la prosecución del vínculo contractual y por ende no revestía carácter impeditivo del mantenimiento de la relación, en atención a que la actora bien pudo haber sido sancionada a través de una medida proporcionada a su significación (conf. arts.67 y subs. LCT) antes que adoptarse la extrema decisión de resolver el vínculo existente (arg. arts.10, 62 y 63 del citado texto legal).

Así lo sostengo, sobre todo si se tiene en cuenta no sólo la falta de antecedentes disciplinarios desfavorables, sino que Del Valle no era la responsable de la concreción de la venta de la tarjeta de crédito: su tarea consistía en recabar los datos necesarios para enviar una solicitud a American Express, y dicha empresa, en definitiva, era quien concretaba la operación, y por ende, quien necesariamente tendría a su cargo la responsabilidad de constatar los datos que se le suministraban. En tal orden de ideas, sólo se trató de un incumplimiento referido a recabar datos, esenciales sin duda, pero no definitorios, en la medida que debían ser controlados por la empresa aludida.

Desde tal perspectiva, el despido directo se fundó en un solo incumplimiento; y por razones que -a mi juicio- no configuran una injuria que hiciera insostenible el mantenimiento del vínculo, ya que no se ha probado en autos que se tratara de un incumplimiento reiterado ni mucho menos frecuente. En tales condiciones, la decisión resolutoria adoptada por la demandada, valorada en el contexto precitado, se habría apartado de las directivas que emanan de los arts.10, 63 y 242 de la LCT, por lo que resultaría desprovista de causa que la justifique.

Así, se ha sostenido que "el despido por justa causa requiere la concurrencia de los recaudos de causalidad, oportunidad y proporcionalidad. Sobre tal base, aunque se hayan verificado los dos primeros, si la falta cometida no fue de entidad suficiente para legitimar el distracto, el trabajador tiene derecho al cobro de las indemnizaciones legales, teniendo en cuenta que en todo caso, la empleadora puede adoptar otras medidas disciplinarias previas, pues la relación contractual exige que cada una de las partes haga lo necesario para que la misma se mantenga, de modo que la resolución es excepcional y sólo procede en casos de gravedad (Conf. CNAT Sala III sent. 31/3/78 L.T. XXVI-553)"; conf. CNAT, Sala X, S.D. Nº4652 del 31/08/98, in re: "Popok, Hernán c/Bestov Foods S.A. s/despido").

En consecuencia, corresponde desestimar la queja formulada por la demandada y confirmar el fallo apelado, en cuanto admitió las indemnizaciones derivadas de un despido incausado.

Resta analizar el agravio relativo a la admisión de la multa prevista en el art.80 LCT. Sostiene la quejosa que su parte entregó a la actora el certificado de trabajo en oportunidad de comparecer ante el SECLO, dentro de los treinta días previstos en el decreto 146/01. Al respecto, observo que si bien en el escrito inicial -como sostiene la apelante- la actora reconoció que tal documento le había sido entregado, su reclamo al respecto se fundamentó en que, en aquella oportunidad, la demandada había omitido entregarle el certificado de trabajo y la constancia de aportes establecidos en el art.80; razón por la cual, el 12/06/07 la intimó en procura de dicha documentación. A mayor abundamiento, observo que a fs.23 luce un certificado de trabajo acompañado por la demandada en oportunidad de contestar la pretensión, fechado el 06/08/07.

Al respecto, reiteradamente he sostenido que el certificado debe contener la totalidad de la información que resulta obligatoria, de acuerdo al artículo mencionado, es decir: la indicación del tiempo de prestación de servicios (fecha de ingreso y egreso); naturaleza de los servicios (tareas, cargos, categoría profesional, etc.); la constancia de los sueldos percibidos; la constancia de los aportes y contribuciones efectuados por el empleador con destino a los organismos de la seguridad social; y la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación (conf. ley 24.576); (in re: esta Sala, S.D. Nº95.320 del 22/10/07, "Smolarczuk, Mariano Javier c/Actionline S.A. s/Certificado de Trabajo", Expte. Nº807/07). En tales condiciones, entiendo que asiste razón a la actora en su reclamo y, en orden a ello, propicio confirmar este aspecto del decisorio apelado.

En virtud de todo lo expuesto, propicio se confirme el fallo apelado, en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravio.

En atención al resultado del recurso deducido, cabe imponer las costas de alzada a la demandada (cfr. art. 68 CPCCN) y regular a los letrados firmantes a fs.176/180 y fs.182/188, por su actuación en la alzada, el 25% de lo que a cada uno le corresponde percibir por su labor en origen (art.14 ley 21.839).

En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif. por Ac. C.S.J.N. N°19/05), sin que esto implique abrir juicio acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, cabe hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Adhiero al voto precedente por compartir sus conclusiones y por análogos fundamentos. Empero, deseo aclarar que, en mi opinión, el incumplimiento atribuido a la demandante y comprobado en autos según el voto de la Dra. Graciela A. González resultó grave y fue merecedor de una sanción severamente correctiva para la trabajadora.

En efecto, a mi modo de ver Del Valle no podía desconocer la esencial importancia que tenía el dato salarial para calificar a las personas que se iban a presentar a la entidad emisora de las tarjetas de crédito y los testimonios evaluados por mi distinguida colega me hacen colegir que la omisión fue dolosa puesto que cuando Del Valle advirtió su olvido nada le impidió volver a llamar a la persona y solicitarle el dato salarial que, reitero, era esencial y la actora no lo podía desconocer por su experiencia en el cargo. Por otra parte, esto se desprende del hecho de que, de todos modos, llenó el formulario con un dato salarial falso pero elevado, lo que desnuda su intencionalidad.

Además, dicho olvido constituye un nivel de incumplimiento pero haber cubierto su originaria negligencia con un dato falso agravó su inconducta contractual, visiblemente reñida con lo que se espera de un buen dependiente.

Por último, quiero remarcar que valoro muy negativamente su mala fe en el proceso ya que en el escrito de demanda optó por una cerrada negativa de los hechos en lugar de haber explicado lo sucedido, actitud adjetiva desleal hacia el Tribunal.

II.	Por ende, opino que Del Valle merecía una severa sanción tendiente a corregir su actitud profesional, proporcional a la gravedad de la falta cometida.

Complementariamente debo decir que aunque grave, y en esto termino coincidiendo con mi distinguida colega de Sala, el descripto incumplimiento no tornó imposible la prosecución del contrato ya que no trajo consecuencias para la demandada por las razones que expuso con claridad la vocal preopinante y, además, en virtud de la falta de antecedentes de la trabajadora.

Por eso, opino que Del Valle debió recibir una severa sanción pero no merecía por esa sola falta el despido, conforme las reglas que emanan de los arts. 10, 62/63 y 242 de la LCT.

III.	Aclarado este matiz de enfoque, repito que adhiero al voto de la Dra. González.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la demandada; 3) Regular a los letrados firmantes a fs.176/180 y a fs.182/188, por su actuación en la alzada, el 25% de lo que a cada uno le corresponde percibir por su labor en origen; 4) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N°6/05 (modif. por Ac. C.S.J.N. N°19/05) y que deberán proceder con arreglo a lo establecido en el considerando pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza Graciela A. González Juez de Cámara Juez de Cámara