Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-15


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 74106 SALA V. AUTOS: "RAGO NICOLAS OSVALDO C/ ALBERDI 600 S.R.L. S/ DESPIDO" (JUZGADO Nº 67).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 15 días del mes de mayo de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y la DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

I. Vienen estos autos a esta alzada a propósito de los agravios que con-tra la sentencia de fs. 84/86 formulan las partes a mérito de los escritos que lucen a fs. 87/91 (parte actora) y 93 (demandada); el primero mereció réplica de la demandada a fs. 101/102.

A su vez, a fs. 93 la representación letrada de la demandada apela, por su propio derecho, la regulación de sus honorarios por considerarlos bajos.

II. La queja vertida por la parte actora cuestiona el rechazo de la in-demnización establecida por el art. 80 de la L.C.T. y el reclamo de las certificaciones previstas por dicha norma. Sostiene el apelante que los certificados de trabajo, servicio y remuneraciones no fueron puestos a su disposición al cese de la relación laboral y que ello motivó el emplazamiento a la ex empleadora a su entrega quien, a pesar de responder que los ponía a disposición del demandante, no los entregó y ni siquiera los acompañó en las audiencias de conciliación celebradas ante el SECLO. Añade que el certificado agregado al contestar demanda (a fs. 18/19) no reúne todas las exigencias legales al respecto porque carece la certificación bancaria de fecha, y sólo se trata del certificado de servicios y remuneraciones, y no el de trabajo. También expresa que no constan allí los aportes previsionales (fs. 89).

En este segmento del recurso, más allá de resultar cierto que la em-pleadora puso a disposición del actor mediante carta documento del 7-10-2009 (v. fs. 7 y 25) los "certificados de trabajo y haberes", luego de ser emplazada por telegrama del 5-10-2009 (fs. 6), y que acompañó el certificado de servicios y remuneraciones al responder la acción (v. fs. 18/19, formulario ANSeS PS.6.2), la queja debería ser atendida favorablemente, en primer lugar porque esta Sala reiteradamente ha aplicado analógicamente lo dispuesto en el fallo plenario de la Cámara Nacional en lo Civil de fecha 21-3-1980, y al no haberse acreditado la no concurrencia del actor al domicilio del deudor para recibir el certificado, no cabe tener por cumplida la obligación. Destaco asimismo que la Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Aires ha resuelto que la puesta a disposición del trabajador del certificado art. 80 L.C.T. no constituye el adecuado cumplimiento por parte del empleador de su deber de efectuar la entrega, por lo que es procedente la sanción prevista por el art. 45 ley 25.345 ("Catalano, Mauro J. c/ Sealy Argentina S.R.L. y otro s/ indemnización por despido", sentencia del 6-10-2010, T. y S.S. 2010, pág. 890).

Por lo demás (fs. 87 vta. pto. B y 89), en cuanto a que se acompañó tan solo uno de los certificados y sin que consten aportes, por mi parte en forma reiterada ya me he expedido en cuanto a que el formulario ANSeS PS.6.2 cumplimenta adecuada y suficientemente lo previsto por la L.C.T. art. 80 en lo que respecta a aportes y contribu-ciones (entre muchos otros casos "Espíndola, Juan Jorge c/ Fidelitas S.A. s/ Cert. Serv. y Aport. Previs.", sentencia definitiva de esta Sala nº 67.323 del 28-10-2004 y "Kiernan, María c/ Proyecto Profesional Recursos Humanos S.A. s/ Despido", sentencia definitiva nº 68.399 del 28-4-2006; y posteriormente con la Sala integrada por el Dr. Fernández Madrid ante la vacancia en la vocalía nº 3 entre otros en "Rodríguez, Stella Maris c/ Swiss Medical S.A. s/ Despido", sentencia definitiva nº 70.804 del 30-6-2008 y "López, Paola Vanina c/ Sobreaguas S.A. y otro s/ Despido", sentencia definitiva nº 71.247 del 12-12-2008). Aunque pueda admitirse que, formalmente, no conste en estos formularios mediante los cuales se expiden los certificados, el importe de los aportes y contribuciones efectuados -sí consta la fecha de ingreso y egreso-, éstos se deducen tácitamente de las remuneraciones de las que sí se deja expresa constancia (los porcentuales del aporte surgen de normas legales y/o reglamentarias y, no tratándose de relaciones clandestinas, los trabajadores tienen mes a mes indicados en sus recibos -de los cuales se les suministra copia a esos efectos, entre otros- los montos de las retenciones correspondientes, de modo que no veo que en tales casos se puedan generar dudas tales que impidan el objetivo legal).

Del mismo modo se expidió la Sala en los casos "Dupla'a, Lilian Eve c/ Consolidar A.F.J.P. S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L.25.345" (sentencia definitiva nº 73.305 del 15-7-2011), "Medina Laura Graciela c/ Máxima S.A. AFJP s/ Indem. Art. 80 LCT L. 25.345" (sentencia definitiva nº 73.399 del 31-8-2011), "Acuña Flores, María Elisa c/ Consolidar A.F.J.P. S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L. 25345" (sentencia definitiva nº 73.401 del 31-8-2011) y "Ojeda, Rafael Gerardo c/ Consolidar Comercializadora S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L.25345" (sentencia definitiva nº 73.427 del 20-9-2011).

Considero que lo que la L.C.T. art. 80 prescribe es que debe entregarse una "constancia" de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social. Aquí no está en duda que hay una constancia de las remune-raciones (fs. 18/19); y se está presentando además un certificado plasmado en un formulario que suministra la autoridad pública -en el caso la ANSeS-, con firma certificada (fs. 18), y cuyos requisitos fueron diseñados en su momento por el organismo competente solicitando solo aquellos datos necesarios para esa Administración, ya que los aportes y contribuciones figuran en sus sistemas según reiteradamente ha informado aquella en juicios de similares características (me remito a la sentencia en "Espíndola c/ Fidelitas" antes citada). Además los interesados pueden solicitar, concurriendo perso-nalmente con documento de identidad a cualquier unidad de atención integral de la ANSES, un informe de sus aportes y contribuciones ingresados al sistema; e incluso consultar el tópico vía internet.

En la época en que entró en vigencia el art. 80 cit. en su redacción ori-ginal, el sistema y la forma de retención y depósito de los aportes y contribuciones jubilatorios, eran diferentes a los actuales; no existían las actuales aplicaciones de los sistemas informáticos en las relaciones entre las empresas y los entes recaudadores ni, ciertamente, podía consultar el empleado como particular on line vía "Mis aportes" si el patrono había cumplido o no sus obligaciones; nadie le enviaba a los trabajadores a su domicilio un reporte periódico de los aportes que le habían sido efectuados. Es en ese marco en el que debe juzgarse lo que la norma disponía y su actual aplicación.

Efectuando una interpretación "finalista" de la normativa, no es posible obviar que el objetivo propuesto no es un mero formalismo, ni se busca que aquella disposición resulte ser meramente la vía para obtener una indemnización (art. 80 cit. último párrafo en su actual redacción), sino procurar que el patrono cumpla con sus obligaciones de ingreso de los aportes y que el dependiente esté anoticiado de ello; y desde una perspectiva histórica debe admitirse que el contexto en el que la norma primigenia fue establecida no es igual al actual, y ha perdido de hecho toda utilidad práctica la constancia a los efectos de conocer la realidad de los aportes efectuados, cuando el trabajador puede simplemente obtener el informe por su cuenta directamente con resultados más precisos y ajustados. El simple formalismo no debería prevalecer por encima del real objetivo perseguido por la ley. Sí tiene utilidad práctica -y no ha perdido en modo alguno vigencia- el formulario PS.6.2 cuando se trata de obtener los beneficios jubilatorios y/o el reconocimiento de servicios, pues la agencia gubernamental lo exige. Pero, justamente, en esos casos lo que se necesita es el citado formulario y no otras constancias a partir de las cuales aquella administración no habrá de dar curso al trámite, porque deben necesariamente seguirse los pasos y utilizarse los instrumentos que ella misma diseña.

Así, el citado formulario tiene indudablemente -al menos- una doble finalidad: informativa para el trabajador, y formal necesaria para el trámite que debe forzosamente realizarse ante la autoridad previsional. En tanto que la entrega de otro tipo de constancia por el empleador -cuando la realidad de los aportes (efectuados o no) puede obtenerse por vías mucho más fidedignas en cuanto a su resultado-, resulta ser en definitiva un mero formalismo; y, dado que la finalidad de la norma no es viabilizar un medio para obtener una suma de dinero -ya sea por la vía de las astreintes en caso de no entrega, o a través de la indemnización que el último párrafo del art. 80 prevé- privar al formulario de valor a estos efectos (remuneraciones, aportes y contribuciones) no me parece atendible ni razonable.

Lógicamente lo expuesto reivindica la postura del empleador que sí cumple con sus obligaciones, efectúa los aportes pertinentes y entrega el certificado previsto por la ley y la reglamentación; en modo alguno puede ser utilizado para justificar a aquellos que no cumplen sus obligaciones o no entregan los certificados en legal forma en cuyo caso, sí, deben ser condenados sin duda a la entrega y/o a la indemnización pertinente.

Sin embargo, lo cierto es que en casos de similares aristas (esta Sala, sentencia definitiva nº 73.799 del 8-2-2012 "Echeverría, María Paola c/ Máxima AFJP S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L. 25345" y sentencia definitiva nº 73.789 del 30-12-2011 "Cabral, Claudio Gabriel c/ Transmedic International Group S.A. s/ Despido") los distinguidos colegas de Sala Dres. Arias Gibert y Zas han finalmente coincidido en cuanto a que la obligación comprende la entrega de: a) un certificado de trabajo con indicación de la fecha de ingreso, egreso, categoría laboral y tareas realizadas sin indicar la causa de finalización de la relación laboral con más indicaciones de la capacitación obtenida durante el curso de la relación laboral; b) una certificación (constancia documentada) de pago de las obligaciones de la seguridad social y sindicales; c) un certificado de remuneraciones y servicios de la ley 24.241 establecido en el formulario ANSeS 6.2. y que resultaba insuficiente adjuntar con la contestación de demanda tan solo el formulario ANSeS PS.6.2., por lo que, solo ante razones de economía procesal, -y sin que implique ello en modo alguno abdicar de mi propia opinión al respecto- considero que debo adherir a esa posición mayoritaria y propiciar hacer lugar a la queja de la parte actora.

Agrego que a partir de la decisión de la AFIP relativa a la expedición del certificado por vía informática, es lógico que los empleadores deban adecuarse a tal temperamento. Precisamente, ahora que es esa la forma en que se emite el certificado, ello no hace sino reforzar mi propio criterio, pues el informe que así se emite atraviesa incluso los datos y controles del propio organismo recaudador y así, más que nunca, el citado formulario PS.6.2 adquiere fuerza constatadora de los aportes y contribuciones efectuados y viene a respaldar -desde esa óptica- todo lo que he venido sosteniendo hace años y que aquí expresé.

Pero -reitero- en aras de la economía del procedimiento y para evitar un inútil dispendio, he decidido seguir lo que propugnan los colegas de esta Sala. No obstante, además de lo expuesto, lo que el apelante expresa (fs. 87 vta.) es que no se entregó el certificado de trabajo -común, que no está sujeto a formula-rio de la autoridad previsional- con las indicaciones de fechas de ingreso y egreso; y ello es exacto. Por tanto la apelación en este punto debería admitirse, pues también debe entregarse el certificado de trabajo con los requisitos indicados en la ley 24.576.

En lo referido a la intimación está cumplida a fs. 6 (ver fs. 64).

III. En consecuencia, de acuerdo a lo antedicho en el anterior conside-rando correspondería recalcular el monto de condena con la inclusión de $ 7.222,80 ($ 2.407,60 x 3) en concepto de indemnización prevista por el art. 80 de la L.C.T., que computará intereses desde el 8-10-2009 (v. fs. 6 y 7; y norma precedentemente citada) arrojando en definitiva un monto total de condena de $ 11.983,80. A su vez, corresponde condenar a la demandada a entregar, dentro del plazo de veinte días de intimada, los certificados indicados también en el considerando anterior conforme criterio mayoritario de esta Sala, bajo apercibimiento de astreintes que serán fijadas en su caso por el juez interviniente en 1ª instancia (conf. arts. 666 bis del C. Civill y 37 del C.P.C.C.N.).

IV. La modificación de la sentencia impone la aplicación del art. 279 C.P.C.C.N., resultando innecesario referirse a las apelaciones por honorarios. Deberían imponerse las costas a la parte demandada (art. 68 C.P.C.C.N.) y regularse los honorarios según mérito e importancia de las labores, monto involucrado, etapas procesales (no hubo alegatos) y arts. 38 L.O. y 1, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 ley 21.839 y decreto-ley 16.638/57 en 15% para letrados de la parte actora, 11% para letrados de la demandada y 7% para la perito contadora, todos a calcular sobre el nuevo monto de condena por capital e intereses.

V. En atención al resultado obtenido por el recurso principal, las costas de alzada deberían ser impuestas a la demandada (conf. art. 68 C.P.C.C.N.), regulando a tal fin los honorarios de los letrados firmantes del escrito de fs. 87/91 (Dr. Guillermo A. Palombo) en el 3,60%, y los de quien suscribe fs. 101/102 (Dra. Patricia G. Levaggi) en el 3%, a calcular sobre el nuevo monto definitivo de condena por capital e intereses (art. 14 L.A.).

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT manifestó: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Modificar parcialmente la sentencia de primera instancia y elevar el monto de condena a la suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS ($ 11.983,80) con más los intereses indicados en la sentencia de grado y en el punto III del primer voto de este acuerdo. 2º) Condenar a la demandada a entregar, dentro del plazo de veinte días de intimada, las certificaciones que se indican en el mencionado punto III en el plazo allí expresado, bajo apercibimiento de astreintes que serán fijadas en su caso por el magistrado de grado. 3º) Dejar sin efecto lo dispuesto sobre costas y honorarios, y fijarlos conforme punto IV del citado primer voto. 4º) Imponer las costas de alzada y regular los respectivos estipendios, según se sugiere en el punto V del primer voto. 5º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que el Sr. Juez Dr. Oscar Zas no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

MLF María C. García Margalejo Enrique Néstor Arias Gibert Juez de Cámara Juez de Cámara