Derecho constitucional, acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares, interpretación restrictiva, interés público
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Paez, Alberto Alejandro (Intendente de la Municipalidad de Andalgalá) c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-07-08

Vienen a despacho las presentes actuaciones a los fines de resolver la admisibilidad formal de la demanda interpuesta por el actor, invocando el carácter de Intendente de la Municipalidad de Andalgalá, mediante letrados patrocinantes, que tiende a la declaración abstracta de inconstitucionalidad del Decreto Acuerdo Nº202/13, por mediar exceso al reglamentar el Art. 5 de la Ley 5128, (que establece la administración de los fondos de regalías mineras por parte de los Municipios), infringiendo -en consecuencia- el Art.31 de la Constitución Nacional y los Arts. 244 y 252, inc.12, de la Constitución Provincial y 123 de la Constitución Nacional afectando la autonomía municipal.

Respecto a la tutela cautelar peticionada, tendiente a suspender los efectos del Decreto-Acuerdo cuestionado, esta Corte de Justicia, en principio, asume un criterio restrictivo en orden a su procedencia y admisión, porque tanto los actos legislativos como los administrativos tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legitimo de la actividad legisferante y administrativa, por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ella debe necesariamente ser alegada y probada en juicio.

(Conf.: Doctrina de Fallos 234:344, entre otros).

No obstante, en medida de la prevalencia de los intereses públicos y sociales del derecho procesal, que tienen en cuenta el interés del estado por mantener el imperio del derecho objetivo y los derechos colectivos por la justa composición del litigio, el criterio interpretativo se amplía, estableciendo en los casos que corresponda, una mayor contracautela en compensación. De tal modo se garantiza no sólo el interés individual, sino también la eficacia y seguridad de la actividad jurisdiccional impidiendo que puedan tornarse ilusorios los mandatos judiciales. De allí que el sentenciante se encuentre autorizado para obrar según su prudente arbitrio, en busca del justo equilibrio en honor al servicio de justicia.

En esta tarea axiológica, en el sub judice se advierte la concurrencia del interés público, tanto de afianzar la justicia como de hacer exigible la sentencia. Satisfecho tal extremo, los restantes requisitos del proceso cautelar, verosimilitud del derecho y peligro de que cause un daño grave e irreparable, se hallan relacionados de tal modo que a mayor presencia de uno, disminuye la exigencia respecto del otro.

De ello resulta, que para el otorgamiento de la medida cautelar se vislumbra no sólo el humo de buen derecho en orden a las cláusulas constitucionales y legales invocadas e implicadas en el contradictorio, sino también el peligro en ciernes de afectar derechos colectivos y económicos propios de la entidad municipal. Conforme al Art. 200 del CPCC, de aplicación supletoria, el peticionante se encuentra exento de prestar contracautela.

Por ello, normas legales citadas y oído el Ministerio Público, me pronuncio por la procedencia formal de la acción autónoma de inconstitucionalidad, que debe tramitarse conforme se resuelve en los considerandos. En consecuencia, por la admisión de la medida cautelar solicitada, debiendo notificarse al Poder Ejecutivo Provincial a fin de que se abstenga de aplicar el Decreto Acuerdo Nº 202/13, hasta que se resuelva el principal.

Por lo expuesto, corresponde declarar formalmente admisible la acción autónoma de inconstitucionalidad y hacer lugar a la medida cautelar peticionada.

(Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, por la mayoría)