Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-03-19


En la ciudad de Puerto Madryn, a los días del mes de marzo de 2012, se reúne la Excma. Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Heraldo Enrique FIORDELISI, la asistencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S. S. F. C/ A. J. y/o quién resulte responsable s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 117/2011) venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial (Expte.N°201/08), en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Corresponde tener presente el desistimiento del recurso de apelación de la parte demandada y citada en garantía articulado a fs. 307? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿ Fue bien concedido el recurso interpuesto a fs. 274? TERCERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada? CUARTA CUESTIÓN: ¿Son justos los honorarios regulados a favor de los Sres. letrados de la parte actora? QUINTA CUESTIÓN: ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse conforme el sorteo practicado a Fs. 314.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis Vivas, dijo:

1.

A fs. 263/267 la Sra. Jueza de la Instancia anterior dictó sentencia admitiendo la demanda incoada por S. F. S. en contra de J. A., haciendo extensiva la condena a A. C. A. DE S. S.A. hasta el límite de la cobertura por la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 78/100 ( $ 9.175,78), con más intereses.

En lo pertinente sostuvo que los daños del automotor surgen de las fotografías de fs. 01/08 y de lo establecido en el acta policial de fs. 113.

Asimismo entendió que la pericia mecánica de fs. 221/223 refirió a los presupuestos y facturas acompañados en al documental por el demandante y que los mismos se condicen con los daños aludidos, admitiendo por este rubro la suma de $ 6.675,78, con más intereses.

2.

La parte demandada y citada en garantía apelaron el decisorio a fs. 273 y lo desistieron a fs. 307.

La actora apeló la sentencia a fs. 274 y fundó su recurso a fs. 305/306. Del mismo se corrió traslado a la contraparte (fs. 308), el que no fue contestado.

Asimismo, la parte actora apeló los honorarios de la Dra. V. P. a fs. 276, por considerarlos elevados y el Dr. C. D. T. apeló los suyos a fs. 277, por considerarlos bajos.

3.

Con relación al recurso de apelación interpuesto por la demandada y citada en garantía a fs. 273 y desistido a fs. 307, corresponde tener presente dicho desistimiento, sin imposición de costas por no haber sido sometido a contradictorio (art. 69, 2ª. Parte del CPCC).

Por tal razón, voto por la AFIRMATIVA A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, dijo:

En el voto precedente el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis Vivas ha hecho una reseña de los antecedentes del caso y de lo resuelto en la sentencia por la Sra. Magistrada del inferior. Asimismo, detalló quiénes apelaron el decisorio de primera instancia e hizo referencia a que la parte demandada y la citada en garantía desistieron del recurso de apelación que oportunamente interpusieran y que les fuera concedido. Por lo tanto, no resultará necesario abundar acerca de dichos aspectos ya que se encuentran cumplidos los requisitos de ley exigidos al respecto. En consecuencia, abordaré directamente las cuestiones planteadas al Acuerdo y que debe resolver esta Alzada.

Coincido con lo propuesto en el voto que me antecede del Sr. Juez de Cámara Dr. Vivas, en cuanto a que con respecto al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y por la citada en garantía (fs. 273), el cual ha sido desistido mediante la presentación de fs. 307, se debe tener presente el mismo sin que corresponda expedirse sobre la imposición de las costas atento no haberse sustanciado la incidencia (conf. art. 69, 2ª parte, CPCC).

A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi vota por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN: el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis Vivas, dijo:

Se queja la parte actora pues el decisorio de autos no ha considerado, como comprensivo del valor indemnizatorio, el correspondiente al reclamo por la reposición de la óptica delantera izquierda de su rodado, el que estimó en $ 300 en su libelo de demanda y resultó de $ 252,96 a la luz del informe de fs. 227 (ver fs. 127).

El art. 244 2ª. parte, 1er. párrafo del CPCC -dispone que "serán inapelables las sentencias definitivas y las demás resoluciones cualquiera fuera su naturaleza, que se dicten en procesos en los que "el valor cuestionado" no exceda la suma de PESOS DOS MIL ( $ 2.000.-). Agrega el 2° párrafo que "Dicho monto se determinará atendiendo exclusivamente el capital reclamado en la demanda...".

De tal guisa se desprende que el monto reclamado por el rubro en cuestión no supera la valla que dicha norma establece.

Cuadra señalar entonces, que la apelabilidad por monto, como regla, tiene como fundamento limitar el acceso a la revisión por un tribunal superior, circunstancia que convierte al juez de primera instancia en superior tribunal de la causa.

Es decir, no impide el acceso jurisdiccional, sino que lo limita.

Tengo para mi que, si bien el principio de la apelación de las resoluciones judiciales aparece como un aspecto de la garantía del debido proceso, no es un imperativo constitucional y diversas razones encuentro para afirmar que sus límites por razones pecuniarias se encuentran sólidamente justificadas (cfr. D. CAPM SDC N° 29 /11).

Jurisprudencialmente se ha sostenido que la doble instancia judicial no es exigencia de naturaleza constitucional, tal como refería anteriormente. No existe preceptiva en nuestra carta Magna que así lo establezca.

De allí que el legislador puede consagrar una única o múltiple instancia sin que aquélla se vea afectada.

Pero, claro está, que establecido normativamente más de un grado de la jurisdicción, su privación ilegítima conspira contra el debido proceso al reducir la extensión a que tiene derecho la parte, configurándose en ese supuesto violación de la garantía constitucional mencionada. Resulta insoslayable que el justiciable pueda utilizar todas las instancias que la preceptiva vigente autorice y que su criterio le aconseje. Obviamente cumpliendo con los requisitos estatuidos; su cercenamiento arbitrario importa una verdadera denegación de justicia ( cfr. TS Córdoba, Sala Civ. y Com., 22.09.95; in re: "O. de P, M. R. Y P.H.A", LLC, 1996-330, Rep. L.L., 1996 (LVI)-1943).

Además, no podrá pensarse que existan jueces aprendices para resolver mal los asuntos y otros experimentados encargados de corregir los errores de aquéllos. Sería una inaceptable conclusión.

A su tiempo, también es necesario recordar que no se trata en el presente supuesto de denegar el acceso a la jurisdicción, sino el de hacerlo en su etapa de revisión. Ha habido un magistrado que ha decidido en autos.

Es decir, la segunda instancia es de revisión y no de creación, como la etapa de defensa restringida a que da lugar el juicio ejecutivo debe ejercitarse en el primer grado jurisdiccional y no en la alzada, que no admite la oposición de excepciones ni otras defensas ni menos aun la apertura a prueba.

He señalado en otro voto (cfr. D. CAPM SDC 29/11; L. SDL CAPM 74/11) que la jurisdicción de alzada no puede dispersarse en causas que, desde lo subjetivo pueden tener trascendencia pero que, desde lo objetivo, no merecen la afectación de los escasos recursos humanos con que cuenta el Poder judicial provincial. Esa fue sin duda, fuente inspiradora de la norma: impedir el colapso de los Tribunales de Alzada.

Se ha dicho que la ratio legis de la norma consiste en limitar las intervenciones del tribunal de alzada, en consideración a la importancia económica de las causas, a partir del valor cuestionado en ellas, el cual constituye un límite para la apelación en el recurso intentado ( cfr. CNCiv. Sala H, 29.03.96, in re: "Rodríguez M. c/ La Sudamericana Constructora Inmobiliaria", J.A. 1997-II, sínt.).

También se ha dicho que tal limitación contenida en la norma está instituida, no sólo en interés de las partes, sino primordialmente del Estado, ya que la extensión de un litigio de escasa significación económica, tiene como consecuencia un exceso de trabajo para los tribunales y una dilapidación de tiempo y dinero para los litigantes, todo lo cual no torna irrazonable ni contraria a principios constitucionales esta restricción ( Cfr. CNCiv. Sala I, 06.11.97, in re: "Consorcio Montevideo 569/71/73 c/ Pontieri, Lydia D.", J.A., 2001-III, sint.).

Además, no puedo soslayar que el art. 44, 4° párrafo de nuestra Constitución provincial edicta que "todo proceso debe concluir en un término razonable". Por eso, cuando el legislador procesal estableció un tope monetario mínimo para acceder a la segunda instancia generó una norma congruente con el resto del sistema jurídico, en especial con los postulados constitucionales, tales como el enunciado precedentemente y sin mengua del debido proceso.

El monto -de por sí exiguo- contemplado en la norma del art. 244, del CPCC, constituye una pauta objetiva que, sin más, tiende evidentemente a no desgastar a la jurisdicción de alzada ante agravios económicos de escaso valor pecuniario.

Por ello, frente a posturas doctrinarias que descalifican la norma apelando a frases emotivas o invocaciones vinculadas con la "verdad jurídica objetiva" he de señalar con BENABENTOS, (BENABENTOS, Omar A, "Recursos de apelación y nulidad", Ed. Juris, p. 35/36), que tales aseveraciones responden más a una línea ideológica que forma parte del "decisionismo judicial" (o la arbitrariedad) , que al modesto fin que debe alcanzar un proceso: obtener la certeza jurídica.

Tales posturas responden, en definitiva, a criterios personales de justicia y verdad, olvidando la existencia de una norma vigente y válida del ámbito procesal.

Es así, que desde esta arista sostengo que en el presente caso, es perfectamente aplicable la norma del art. 244, 2ª. parte del CPCC.

La regla jurídica en tratamiento hace referencia al "valor cuestionado".

Es más. De ponderarse en una incidencia un valor distinto al cuestionado, esta Cámara estaría afectando el límite de su conocimiento y se admitiría un recurso sobre una base pecuniaria no controvertida ni materia de agravio.

Por ello, varios tribunales han sostenido desde antaño que para determinar el límite pecuniario de apelabilidad (art. 244, CPCC), corresponde atenerse al valor cuestionado en la incidencia del recurso (arg. CNCom. Sala B, 19.02.96; in re: "Perelsstein de Nerguizian, Aída s/ Quiebra, en L.L. 1996-C-397, DJ, 1996-2-188; idem, 29.03.96; in re: "Corner Company Export.Imp. S.A. s/ Quiebra, DJ, 1996-2-520, Rep. L.L., 1996 (LVI)-1953; CNCiv. Sala A, 11.12.95, ED, 169-57, Rep. ED, 30-1070; idem. Sala misma Cámara, Sala G, 18.12.95, JA, 1997-II-181, índice; ídem, misma Cámara, Sala A, 28.03.96; in re: "Consorcio Juncal 1283 v. Perzzo, Ernesto, JA 1997-II-181,índice; CNCom. Sala B, 21.06.96; in re: "Acmar S.A. s/ Concurso Preventivo s/ Inc. de pronto pago", JA, 1996-IV-56, JA 1996-IV-63, índice; idem, CNCom. Sala A, 30.08.95; in re: "Welbers Ltda.. S.A. s/ quiebra s/ Inc. verific.", DJ, 1995-2-839, Rep. LL, 1995 (LV)-1843, JA, 1996-II-262, índice).

En síntesis, y tal como lo sigue sosteniendo un importante sector de la jurisprudencia (aun después de la reforma operada por la ley 26.356 en la ley adjetiva nacional), el límite cuantitativo de apelabilidad establecido en la primera parte del art. 242 del CPCCN ( art. 244 de nuestro ordenamiento procesal) es el del monto individual de cada acción y no el de la totalidad de ellas ( cfr. CNCom., sala D, 14.12.2010, in re: "Baffi, Gustavo R. Y o. c/ Zetune de Levin, Nélida R. y o.", L.L.07.04.2011, Sup. Doctrina Judicial Procesal 2011 (mayo), 43, DJ 08.06.2011, 71, AR/JUR/87453/2010).

Por tal razón, considero que el monto del rubro discutido es inferior al establecido en el referido precepto legal.

Y en esa línea argumental, atento la naturaleza de orden público de la instancia recursiva, por dimanar de la ley y no de la voluntad de las partes, el tribunal de alzada se encuentra facultado y obligado a declarar la inadmisibilidad formal de los recursos.

Por ello, propondré al Acuerdo se declare mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 274.

5.

Con respecto a las costas de esta Instancia, la cuestión debe ser declarada abstracta. Ello así, en atención al modo en que se resuelve la precedente cuestión, ya que propondré al Acuerdo que no se regulen honorarios al Sr. letrado de la parte actora, atento la inoficiosidad de sus tareas y al hecho de no haber tenido intervención alguna en esta Instancia la representación letrada de la demandada y citada en garantía (art. 69, 2ª. Parte del CPCC).

Por las razones expuestas, voto por la NEGATIVA A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, dijo:

Estimo que, en el caso, es aplicable la regla de inapelabilidad por el monto contenida en el art. 244, 2ª parte, del CPCC dado que el recurrente plantea su queja con respecto a un accesorio cuyo costo fue estimado en la demanda en $ 300.- (Trescientos Pesos) y que conforme el informe obrante a fs. 127 su valor es de $ 252,96.- (Doscientos cincuenta y dos pesos con 96/100).

Monocordemente, a través del tiempo, se ha sentado la doctrina legal de que por tratarse de una cuestión en la cual está comprometido el orden público, toda vez que se refiere a la jurisdicción y a la competencia funcional, la Cámara tiene facultades que la habilitan para examinar la procedencia del recurso de apelación, sin estar obligada ni por la voluntad de las partes, ni por la concesión hecha por el juez inferior, por más que se halle consentida (conf. SCBA, Ac. y Sent., 1959, v. II, p. 712 y 795; 1961, V. III, p. 22; 1962, v. III, p. 619; 1963, v. II, p. 49).

Y los tribunales de la instancia ordinaria, transitando por el mismo andarivel, vienen reiteradamente subrayando que, cuando se trata de normas relacionadas con la jurisdicción que ejerce la administración de justicia y el derecho de defensa en juicio, las resoluciones que conceden recurso deben ser revisadas, lo cual puede realizarse oficiosamente en uso de las potestades indelegables de la Cámara de Apelación.

Debe, consecuentemente, investigar los presupuestos que hacen a la admisibilidad del recurso, antes de entrar al fondo de la causa (conf. COSTA, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Bs.As., 1950, pág. 65, N° 41y nota 130; JOFRE-HALPERIN, "Manuel", 5ª ed., T.IV, pág. 218, N° 7, pág. 225, N° 9, notas 148 y 149).

De allí que si bien el recurso lo concede el sentenciador de primera instancia, el juez del mismo es siempre el tribunal de apelación (conf. IBAÑEZ FROCHAM, "Tratado de los recursos en el proceso civil", 3ª ed. N° 46 y jurisprud. cit. por MORELLO, A.M., "Cód.Proc.Civ.Com.", T. III, pág. 393).

Obviamente, como ya se expusiera, la Cámara está habilitada para determinar y decidir, entre otras cosas, si el recurso ha sido bien o mal otorgado o si es inapelable; o si debe declararse mal concedido si el valor controvertido resulta inferior al límite de apelabilidad impuesto por el artículo 242 del ordenamiento procesal (conf. C.N.Civ., Sala A, 05/04/84, LL 1984-D, pág. 681, 36.711-S).

Teniendo en cuenta lo dicho en esta introducción, toca resolver ahora si el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en estos autos ha sido bien concedido por la Jueza a quo.

En el caso en tratamiento la sentencia ha sido apelada únicamente por la parte actora quien se agravia porque la sentencia no ha admitido que se la indemnice con el costo de reposición de la óptica delantera izquierda del vehículo siniestrado cuyo costo lo he referido supra. Por lo tanto, tengo para mí que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 244 del CPCC, la sentencia en tratamiento es inapelable dado que el valor cuestionado no excede de la suma de $ 2.000.- (Dos mil pesos).

Advierto que no constituye obstáculo para decidir la inapelabilidad el hecho de que la norma procesal disponga que el monto se determinará atendiendo exclusivamente al capital reclamado en la demanda, actualizado a la fecha de la resolución, dado que -tal como antes remarcara aquí- la sentencia ha sido recurrida únicamente por la actora quien pretende se le admita un rubro indemnizatorio por una suma inferior a la fijada por el ritual como límite para la apelabilidad, por lo que el monto en discusión en el recurso es inferior al que fija la norma procesal antes aludida.

Es de destacar que es criterio pacífico y uniforme en la jurisprudencia en el sentido que deben considerarse inapelables aquellas cuestiones en las cuales la cuantía económica comprometida en el recuso resulta inferior al monto previsto por el artículo 242 del CPCC de la Nación (similar al art. 244 del CPCC de la Provincia) (conf. C.N.A.Com., Sala A, 8.5.95, "Banco Alas Coop. Ltdo. s/ Quiebra s/ inc. prom. por Jorge Gonzalvez y otros"; íd., íd., 30.8.95, "Welbus S.A. Ltda."; íd., Sala B 19.2.96, "Perelestein de Neguizian Aida"; íd., Sala C, 18.11.88, "Jimenez Zapiola Viviendas"; íd., 09.03.89, "Flores de Russo c/ Flores E."; íd., Sala D, 10.7.06, "Nuevo Banco Santurce S.A. s/quiebra s/inc. de verificación de crédito por Fainguerch Juan E."; íd., Sala E, 30.5.97, "Banco del Buen Ayre c/ Scrosería"; entre muchos otros).

Esta solución, que pondera la apelabilidad limitada a la cuantía económica que es materia de recurso, tiene su fundamento en que la intervención de la Alzada debe centrarse en aquellas cuestiones económicamente trascendentes, tal es la ratio legis de la citada regla procesal. Por otro lado, si se considerara un monto distinto a ésta, se afectaría implícitamente la premisa de que el agravio es el límite de conocimiento para el Tribunal de revisión (CPCC: 280), puesto que se admitiría un recurso sobre una base pecuniaria no controvertida ni materia de agravio; una adecuada interpretación de la norma no puede conducir a que esta última haya sido la intención del legislador (conf. C.N.A.Com., Sala C, 09.03.89, "Flores de Russo", antes citado; íd. 18.7.01, "Supermercado Aragone S.A. s/concurso preventivo s/inc. de revisión por Etamine s/queja"; en idéntico sentido, Sala D, 29.3.84, "Barco Tomás c. Centro de Suboficiales Retirados del Ejército y la Aeronáutica"; íd. Sala E, 20.5.83, "Soifer Alberto Daniel c. Viola Oscar s/ejec."; CNCiv., Sala A, 3.3.83, "Ripolli de Belluoni M. s/ Suc."; íd. Sala B, 24.2.83, "Villadóniga Guillermo s/ Suc."; íd. Sala E, 26.10.84, "Bukchstein de Schpolansky c. M.C.B.A. s/ expre. inv."; íd. Sala G, 16.2.82, "S. de G.D.R. s/alimentos"). Este criterio también ha sido el que ha asumido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en materia de recurso ordinario de apelación (art. 24 inc. 6 ap. a) del Decreto-Ley 1285/58), al disponer que a esos efectos debe estarse "al valor disputado en último término" (cfr. "Menem Carlos c. Gobierno Nacional", del 3.8.85; "Hilanderías Olmos S.A.", del 28.6.84; "Empresa Constructora Provenzani S.R.L.", del 3.11.83; entre otros).

En la especie, siendo que el monto de la cuestión traída a análisis no supera el mínimo de audibilidad, estimo -en coincidencia con lo fundamentado en su voto por el Sr. Juez de Cámara Dr. Vivas- que el recurso ha sido mal concedido y así debe declararse. Tal es mi propuesta al Acuerdo.

Las costas de la Alzada.

Teniendo en cuenta la forma como he propuesto se resuelva la cuestión en tratamiento, que no existió sustanciación del recurso y que la labor del letrado de la parte actora ha resultado inoficiosa, la cuestión relativa a las costas de la Alzada ha devenido abstracta y así propongo al Acuerdo sea declarada (arg. art. 69, 2ª parte, CPCC).

A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi vota por la NEGATIVA.

A LA TERCERA CUESTIÓN: El Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

Que en atención al modo en que se resuelve la cuestión anterior, deviene en abstracto el tratamiento de la presente.

A LA TERCERA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, dijo:

Atento la forma como he propuesto resolver la cuestión anterior, coincido con lo propuesto en su voto por el Sr. Juez de Cámara Dr. Vivas en que la cuestión deviene abstracta. Así lo voto.

A LA CUARTA CUESTIÓN: El Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo: Se agravia la parte actora en orden a que los honorarios de la Dra. V. P. han sido regulados en exceso (fs. 276), en tanto se agravia el Dr. C. D. T. por considerarlos bajos (fs. 277).

Debo señalar en primer término que, con respecto al primero de los recursos, el apelante parte de una falsa premisa: entender que la regulación del 15,6 % fijada en Primera Instancia a favor de ambos letrados conjuntamente, implica que debe atribuirse el 50% ( 7,95% ) a cada uno de los letrados. Tal aserto no surge de manda legal alguna. Es una mera conjetura de la apelante.

Y este error deriva de otro error, a mi juicio, incurrido en el decisorio de la Instancia anterior al no atribuirle a cada letrado el porcentaje del emolumento que le corresponde por su tarea profesional, ya que obliga al magistrado a quo a realizar una doble operación, la que se completaría discriminando, en un paso posterior, lo que a cada profesional le corresponde.

Razones de economía procesal y con el fin de aventar el consecuente dispendio jurisdiccional (art. 34, ap. 5°, inc.e) del CPCC), me habilitan a tratar el recurso interpuesto, atendiendo a lo dispuesto en el art. 9, 1ª. parte de la ley arancelaria, y aplicando por analogía la 2ª. parte de la mencionada manda legal.

Y en esa línea de ideas, atendiendo a la naturaleza, resultado obtenido y mérito de la labor profesional de los letrados de la parte actora mencionados, corresponde dejar sin efecto la regulación de sus honorarios de la Instancia anterior, fijando el honorario por su actuación en ella de la Sra. letrada V. P. en el 3,50% del monto del proceso que en definitiva resulte. Asimismo corresponde fijar y elevar el honorario del Sr. letrado C. D. T. en el 13,50% del monto del proceso que en definitiva resulte (arts. 5,6,9 y cc. de la ley arancelaria).

Por tal razón, voto por la NEGATIVA A LA CUARTA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, dijo:

Esgrime su agravio la parte actora sosteniendo que son elevados los honorarios regulados a la Dra. V. P. y, por otra parte, se agravia el Dr. C. D. T. considerando bajos los honorarios que le fueran regulados en la instancia inferior.

Coincido con lo expresado en su voto por el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario L. Vivas en cuanto a que nada hace suponer que la regulación practicada por la inferior deba ser distribuida en un 50% para cada letrado ya que ello no surge ni del cuerpo de la sentencia ni de la normativa legal aplicable.

Por otra parte, hubiese sido más sencillo y se evitarían planteos como el que aquí estoy resolviendo, que en la sentencia de primera instancia se regulen los honorarios de los letrados intervinientes en forma individual y no conjunta. Y ello conduciría también a simplificar la cuestión porque al existir regulación conjunta y ante la petición de cualesquiera de los letrados interesados, la Sra. Magistrada del inferior deberá discriminar cuál es el porcentual que le corresponde a cada uno de ellos. Con lo cual no sólo tuvo que practicar la regulación al sentenciar sino que con posterioridad debe discriminar cuánto es lo que le corresponde a cada uno de los profesionales.

Por lo tanto, a fin de dar solución al planteo y en uso de las facultades conferidas a este Tribunal por el art. 34 y concs. del CPCC y lo dispuesto por el art. 9 de la Ley XIII N° 4 y su modificatoria, coincido con mi colega preopinante Dr. Vivas sobre la forma como debe ser considerado el mismo.

Por ello, teniendo en cuenta las pautas que fija la norma del art. 5 de la ley arancelaria, esto es, la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y el mérito de la labor profesional desempeñada por los profesionales que intervinieron en el proceso por la parte actora, procede dejar sin efecto la regulación de los honorarios practicada a los mismos en la instancia inferior y regular los mismos a la Dra. V. P. en el 3,50% del monto del proceso. Por otra parte y coincidiendo también con el voto precedente del Sr. Juez de Cámara Dr. Vivas, corresponde elevar los honorarios del Dr. C. D. T. en el 13,50% del monto que resulte del proceso (conf. arts. 5, 6, 9 y concs. Ley XIII N° 4 y su modificat.). Así lo voto.

A LA CUARTA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi vota por la NEGATIVA.

A LA QUINTA CUESTIÓN: El Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

En caso de ser acompañado mi voto por mi colega de Cámara, el pronunciamiento que correspondería dictar es el siguiente:

1. TENER PRESENTE el desistimiento del recurso de apelación deducido por la demandada y citada en garantía a fs. 307;

2. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto a fs. 274; 3. DECLARAR ABSTRACTA la cuestión de las costas de Alzada en atención al modo en que se resuelve, no correspondiendo regulación de honorarios al Sr. letrado de la parte actora, atento la inoficiosidad de sus tareas y al hecho de no haber tenido intervención alguna en esta Instancia la representación letrada de la demandada y citada en garantía (art. 69, 2ª. Parte del CPCC).

4. DECLARAR ABSTRACTA la tercera cuestión atento al modo en que se resuelve;

5. DEJAR SIN EFECTO la regulación de honorarios de los letrados de la parte actora, practicada en la Instancia anterior, FIJANDO el honorario por la actuación en Primera Instancia de la Sra. letrada V. P.en el 3,50% del monto del proceso que en definitiva resulte. Asimismo corresponde FIJAR y ELEVAR el honorario del Sr. letrado C. D. T. en el 13,50% del monto del proceso que en definitiva resulte (arts. 5,6,9 y cc. de la ley arancelaria).

6. REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.

Así lo voto.

A LA QUINTA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, dijo:

Compartiendo los fundamentos vertidos en su voto precedente por el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis Vivas, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que el mismo propone.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos jueces de Cámara por haber alcanzado mayoría, pasándose a dictar sentencia.

Puerto Madryn, de marzo de 2012.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Puerto Madryn pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A 1. TENER PRESENTE el desistimiento del recurso de apelación deducido por la demandada y citada en garantía a fs. 307;

2. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto a fs. 274; 3. DECLARAR ABSTRACTA la cuestión de las costas de Alzada en atención al modo en que se resuelve, no correspondiendo regulación de honorarios al Sr. letrado de la parte actora, atento la inoficiosidad de sus tareas y al hecho de no haber tenido intervención alguna en esta Instancia la representación letrada de la demandada y citada en garantía (art. 69, 2ª. Parte del CPCC).

4. DECLARAR ABSTRACTA la tercera cuestión atento al modo en que se resuelve;

5. DEJAR SIN EFECTO la regulación de honorarios de los letrados de la parte actora, practicada en la Instancia anterior, FIJANDO el honorario por la actuación en Primera Instancia de la Sra. letrada V. P. en el 3,50% del monto del proceso que en definitiva resulte. Asimismo corresponde FIJAR y ELEVAR el honorario del Sr. letrado C. D. T. en el 13,50% del monto del proceso que en definitiva resulte (arts. 5,6,9 y cc. de la ley arancelaria).

6. REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL N° /12. SDC.