Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-03-19


SETENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Cinco.

En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y MARÍA CRISTINA CASAS NÓBLEGA; bajo la presidencia del Dr. Oviedo, Secretaria Dra. CRISTINA DEL VALLE SALAS MARTÍNEZ, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 07/06 "Federación Económica de Catamarca. c/ Edecat -s/ Acción de Amparo Judicial de Intereses Difusos o Derechos Difusos- s/ Int. RECURSO DE CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto?.

En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

2) Costas.

Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 29, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y MARÍA CRISTINA CASAS NÓBLEGA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

La parte actora en autos interpone recurso de casación en contra de la Sentencia Definitiva Nº 66/05 dictada por la Cámara de Apelación de 2da. Nominación, que confirma la regulación de honorarios dispuesta en Primera Instancia, al considerar que es arbitraria e ilegal y se aparta de las normas que establecen las pautas para la regulación.

Del relato de los hechos surge que la Federación Económica interpone acción de amparo colectivo en contra de Edecat. S.A. reclamando el cumplimiento de la resolución del En.Re 076/01, que aprobaba el régimen tarifario para el quinquenio 2001 al 2006, y la obligación de reparar el daño causado al interés individual y colectivo en razón de la sobrefacturación, mas intereses compensatorios, punitorios e indemnización del Art. 31 de la ley de Defensa al Consumidor.

El A-quo hace lugar a la acción y regula honorarios a los profesionales de la parte actora en la suma de Pesos Ocho Mil, con fundamento en que el proceso de amparo es de aquéllos que carecen de base económica a esos fines.

Apelada la regulación la Cámara ratifica, insistiendo el recurrente en esta instancia.

Funda el recurso en las causales de los Incs. "a" y "c" del Art. 298 del CPC.

A tal fin denuncia que se han violado los Arts. 6 Inc. a) y 19 de la Ley de Aranceles de la Provincia y los Arts. 17 y 18 de la C.N.. Que la regulación debió regirse por los Arts. 6 Inc. a) y 7 de la ley 3956.

Que la arbitrariedad surge del propio texto del fallo ya que, admite, el proceso de esta acción es distinta al proceso del amparo común; que se le otorgó trámite de juicio sumario y no obstante que se ordena reintegrar los importes facturados de más a los usuarios del servicio eléctrico de la provincia, mas indemnizaciones e intereses a los usuarios adheridos, concluye que el proceso es insusceptible de apreciación pecuniaria y termina regulando sumas irrisorias de dinero.

Arguye que la Alzada reconoce que al proceso se le dio trámite de juicio sumario, pero que ello no es indicativo de un contenido económico.

Para sustraerse del claro contenido económico del pleito aduce la existencia de valores económicos en juego, afirmando que en estos casos cuando se da esta diferencia queda librada a criterio del tribunal si corresponde desde el punto de vista económico tomarse en cuenta los beneficios obtenidos por los amparados o solo se deben valorar pautas indicativas, la calidad, eficacia y extensión de la labor profesional.

Argumenta el recurrente, que el claro contenido económico del pleito surge de la sentencia condenatoria que ordena a reintegrar una suma de dinero fácilmente determinable y calculado en la etapa de ejecución de sentencia.

Que el fallo sienta un criterio totalitario al distinguir contenido económico de valores económicos, sin explicar cu l es su diferencia conceptual; por que la suma que se ordena pagar es valor económico y no monto del proceso y por que en estos casos queda a criterio del tribunal si se tiene en cuenta, desde el punto de vista económico, los beneficios obtenidos por las personas amparadas, o si, por el contrario, sólo se deben valorar como pautas indicativas para la regulación la calidad, eficacia y extensión de la labor profesional, lo novedoso del planteo, etc.

Que también resulta ilógico y absurdo sostener que no obstante ordenar pagar suma de dinero no se trata de suma líquida y que, como no hay suma líquida, el monto de juicio es insusceptible de apreciación pecuniaria.

Al respecto expresa que hay un sinnúmero de juicios en donde se condena a reintegrar suma de dinero que no son líquidas o no están liquidadas, sin que por ello se pueda sostener que esos juicios carezcan de contenido económico o que, teniendo condena de suma de dinero, sean insusceptibles de apreciación pecuniaria por que las mismas no están liquidadas.

Que nuestro régimen arancelario establece que toda regulación debe estar guiada por el Inc. a) del Art. 6 y el margen de los porcentuales se regula por el resto de lo incisos del Art. 6, que el monto del proceso es definitorio para la justa retribución profesional.

Solicita se dicte nuevo pronunciamiento, regulando los honorarios sobre todo los montos de la condena. Que se habilite una etapa de ejecución de sentencia a fin que se determine dicho monto y se aplique las costas a la demandada.

A fs. 11/16 responde traslado la contraria oponiéndose al recurso.

A fs. 24 se declara formalmente admisible el recurso.

A fs. 25/27 y vlta. obra dictamen de la Sra. Procuradora General subrogante opinado en sentido contrario al recurso.

Que así se llega al momento de dictar sentencia y en mérito al orden asignado conforme acta de sorteo emprendo el estudio del planteamiento.

Se cuestiona aquí lo fallado por la Cámara en cuanto confirma la regulación de honorarios dispuesta por el A- quo en base a que, si bien la acción se entabla como amparo, se le otorga trámite de proceso sumario, ello no es determinante de contenido económico, que si se puede hablar de valores económicos en juego, derivados de los intereses afectados y que en dicho caso queda a criterio del tribunal si corresponde tomarse en cuenta desde el punto de vista económico los beneficios obtenidos por las personas amparadas o solo se debe valorar como pautas indicativas la calidad, eficacia y extensión de la labor profesional, lo novedoso del planteo, etc. y que, no obstante existir condena de reintegro de dinero no es una suma líquida, por ende, el monto del juicio es insusceptible de apreciación pecuniaria.

Que lo así resuelto es recurrido bajo las causales de errónea aplicación de la ley y arbitrariedad.

Que respetando el orden asignado en el memorial a los motivos invocados, se impone recordar que la doctrina de la arbitrariedad es particularmente restringida en materia de honorarios, ya que las normas arancelarias conceden amplio margen a la razonable discrecionalidad de los jueces y no basta, por ello, la mera disconformidad con el criterio con que éstos han valorado la cuestión para que su invocación resulte eficaz, dado que este principio solo admite excepción cuando la decisión regulatoria deja de ser una derivación razonada de las normas arancelarias vigentes con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa.

Que, en tal sentido, no observo que la situación expuesta permita dejar de lado este principio toda vez que lo decidido se sustenta en una interpretación razonable de la normativa en juego en relación con lo obrado en autos y no se visualiza un apartamiento inequívoco que justifique la censura del pronunciamiento, sino una mera discrepancia del recurrente con la solución dada, sobre el punto de naturaleza fáctica y procesal.

Cuadra señalar que "el tema de los honorarios regulados judicialmente es ajeno al recurso de inaplicabilidad de ley tanto en su cuantía como en las pautas tenidas en cuenta para graduarlo" SCBs. As. 26/4/83, Rep. ED., T 19 p. 1072), ello por cuanto, "es cuestión de hecho, no susceptible de revisión por la Corte, lo relativo a los montos y pautas que deben servir de base a la regulación de honorarios de letrados y peritos" (Sc Bs. As., 13/11/79, ED, T. 889, p. 264).

Desde este perfil aprecio que la regulación de los emolumentos en cuestión, se torna indiscutible en este marco recursivo, al exhibir razones valederas y ajustadas al momento de dictarse sentencia definitiva, en función propia de los jueces de la causa, trasluciendo la crítica del recurrente meras discrepancias con los fundamentos del fallo en torno a pautas, monto y oportunidad de fijarlos, sin demostrar defectos graves que conduzcan a un desacierto de la solución jurídica prevista para el caso, sólo su real intención de que se difiera esta tarea al momento de la ejecución de sentencia.

En cuanto a la causal del Inc. a) del Art. 298 que también invocó el casante, no observo individualizado ni desarrollado el agravio, pues solo se limita a citar la normas y transcribir su texto que, en su criterio, debieron regir la regulación, mas omite expresar por qué razones no correspondía las aplicada en el fallo, cómo variaría la solución, cu l es la influencia en el resultado, cual es el perjuicio causado.

Es sabido, que "Para la viabilidad del recurso de inaplicabilidad de ley, es preciso que quien se queje demuestre en forma clara de qué manera los textos legales que cita han sido violados en el caso concreto, y cómo habría influido para torcer la solución a que arriba el fallo" (SCBsAs. 25/2/75, Rep. ED, t. 9), de igual modo "La sola denuncia de violación de normas constitucionales no sirve para fundamentar un recurso, por que no basta decir que se cercena una garantía para dar base a un reclamo atendible; es preciso señalar de qué manera es transgredido." (SCBsAs. 1/6/84, JA, t. 1984 -IV-, Índice, p. 120) .

Que a la luz del panorama descripto cabe concluir que la impugnación resulta insuficiente y, por ende, considero que el recurso debe ser rechazado. Así Voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

En el sub-judice, tal como se expone en el voto que me precede, los recurrentes invocando los vicios de errónea aplicación de la ley y la arbitrariedad de la sentencia, pretenden que este Alto Cuerpo revise el criterio empleado por el juez de grado, quien al regular honorarios consideró que el juicio de amparo no era susceptible de apreciación económica, razón por la cual subsumió la cuestión en los Incs. "b" y siguientes de la ley 3956.

En tal sentido aducen, que el error de juicio reside en haber regulado sus estipendios en base a la naturaleza sumarísima del juicio de amparo, cuando las circunstancias que obran en la causa demuestran que el trámite procesal cumplido se correspondió al de un proceso de pleno conocimiento, donde hubo demanda, contestación, traba de la litis, ofrecimiento y producción de prueba, incidentes y sentencia definitiva.

Desde otro ángulo sostienen, que el juicio tiene una base económica determinable, la cual está conformada por las sumas sobrefacturadas que la demandada debe restituir a los usuarios, con más los intereses compensatorios, punitorios e indemnizatorios fijados por la ley de Defensa del Consumidor.

Siendo ello así, he de recordar que el amparo es un proceso sin monto litigioso, y que aún cuando directa o indirectamente pueda tener significancia pecuniaria para quien pretenda la declaración o el reconocimiento de un derecho, carece de contenido económico.

En dicho sentido, forzoso es señalar que la pretensión esgrimida con la promoción del presente amparo refería principalmente al cumplimiento de la Resolución En.Re. Nº 076/01, que aprobaba el nuevo régimen tarifario vigente.

Si bien el reclamo ventilado mediante esta acción tendió a producir determinados efectos jurídicos de consecuencias materiales, pues en forma subsiguiente se reclamó una indemnización como consecuencia del incumplimiento de aquella resolución, la misma no puede ser tenida como "monto del proceso" en esta causa, pues sabido es, la apreciación económica susceptible de formularse a que alude la ley arancelaria, refiere a la posible cuantificación pecuniaria del "directo interés perseguido como objeto de la causa".

Siendo ello así, no puede invocarse a los fines solicitados las características del procedimiento asignado, pues si bien ello debe ser tenido en cuenta al momento de practicarse la regulación, lo cierto es que ser en definitiva la "naturaleza y el objeto de la pretensión" lo que, en mi opinión, definir la cuestión, pues de ella surgir si hay o no un directo interés económico en discusión.

En consecuencia estando en juego normas de la ley arancelaria y cierta discrecionalidad del magistrado, los montos regulados en base a las pautas de valoración contenidas en los Incs. b) a f) del Art. 6 de la ley Nº 3956, resultan razonables.

Por lo que adhiero al voto que me precede en cuanto considera inapropiado tratar a través del recurso sub examine la cuestión referente a la base tenida en cuenta a efectos de regular honorarios a los abogados de la parte actora.

En efecto, sabido es que las providencias que fijan honorarios, tanto en lo que hace al monto de los mismos, como a las pautas regulatorias, comportan una típica cuestión de hecho que resulta inabordable en casación salvo que se demuestre acabadamente que el razonamiento desarrollado por el juzgador fue afectado por un error grave y manifiesto que lleve a efectuar conclusiones contradictorias e incoherentes en el orden lógico-formal e insostenibles en la discriminación axiológica. Así Voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Casas Nóblega dijo Que adhiero a las consideraciones expuestas por el Sr. Ministro que me precede en el Acuerdo, Dr. Cáceres, para la solución de la causa, votando en consecuencia por el rechazo del recurso interpuesto. Así Voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo Que, en consideración al principio objetivo de la derrota, las costas deben aplicarse a la recurrente que resulta vencida. Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo Que consecuentemente con lo expresado en la primera de las cuestiones, estimo que las costas deben estar a cargo de la parte actora que resulta vencida. Así Voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Casas Nóblega dijo Que adhiero a la conclusión expuesta por los Sres. Ministros preopinantes para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido. - En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y oída la Sra. Procurador General subrogante en su Dictamen Nº 109/06 y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE: 1) Rechazar el Recurso Casación interpuesto por la parte actora a fs. 2/8 y vlta. de autos, por improcedente.

2) Costas a la parte actora que resulta vencida.

3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minas de Segunda Nominación, que deber transferir el depósito judicial obrante a fs. 1 de autos, a la cuenta "Ley Nº 4347 de Casación", que gira bajo el Folio Nº 23037 del Banco de la Nación Argentina- Suc. Catca. - 4) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes.

5) Protocolícese, Hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen.