Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 124/129.

Santa Fe, 8 de mayo del año 2.018.	VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la resolución 221 del 06 de Julio de 2016, de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, en autos "VARGAS, ROBERTO ORLANDO contra MENGONI HERMANOS SOCIEDAD COL. Y OTROS -DEMANDA LABORAL- (EXPTE. N°: 154/15 - CUIJ N° 21-05093703-5)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511408-7); y,	CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de las presentes actuaciones que la Cámara -en lo que aquí interesa-, revocó parcialmente lo decidido por el Judicante y, en consecuencia, redujo el porcentaje de incapacidad laboral (de 50%) a 32,5% de la total obrera; e impuso las costas de ambas instancias -modificando las de grado- en un 30% al actor y el 70% restante a la demandada (arg. art. 102, C.P.L).

Es contra el referido pronunciamiento que el accionante interpuso recurso de inconstitucionalidad (cfr. fs. 25/42v.).

Expresó que el acuerdo de Cámara redujo la incapacidad laboral del actor por haberse apartado arbitrariamente y sin fundamentación del dictamen pericial médico; del mismo modo que distribuyó erróneamente las costas del juicio por preterir la normativa aplicable al "sub lite" y demás constancias de la causa.

En relación a ello, reprochó por arbitraria la reducción del grado de incapacidad laboral efectuada por el Tribunal con fundamento en la falta de valoración que le atribuyó al Juez de grado respecto de la impugnación de pericia presentada por la demanda en oportunidad de alegar. Al respecto, explicó que los argumentos expresados en dicha impugnación fueron "los mismos" que los expuestos en la aclaratoria de pericia solicitada con anterioridad por la propia impugnante. Por lo tanto, agregó, siendo el dictamen pericial y sus aclaraciones "un todo [y] siendo ese todo, precisamente, lo que valoró el juez a quo en su sentencia... las manifestaciones expuestas por la parte demandada al alegar carecían de toda relevancia desde el punto de vista de la fundamentación de su decisión" (cfr. f. 33).

En ese contexto, cuestionó también las apreciaciones que efectuó la Alzada sobre el dictamen médico, al haberle atribuido falta de fundamento en la graduación de la movilidad de los miembros -inferiores y superiores- por no contar con "goniómetro", cuando en verdad -dijo- la perito respondió con tecnicismos propios de su especialidad, explicando que "es la forma habitual en que suele llevar a cabo dicha evaluación".

En ese mismo orden de reflexión, remarcó que el criterio que hubo aplicado la Sala para dirimir las diferencias entre la determinación de incapacidad de la perito oficial y la efectuada por el delegado técnico de la demandada, se encontró plasmado de errores conceptuales y de cálculos, los que procedió a enumerar. Deficiencias axiológicas -aludió- que llevaron a la Sentenciante a disminuir arbitrariamente el porcentaje de incapacidad.

Por último, en cuanto a la imposición de las costas, le endilgó a la Alzada prescindencia arbitraria del artículo 102 del Código Procesal Laboral. Explicó en tal sentido que dicha normativa exime de cargar con costas a la parte mayormente gananciosa, cuando la reducción de sus pretensiones no supera el 20%, como -a su entender- sucedió en el "sub exámine", donde los rubros admitidos superaron el 90% de los reclamados.

Agregó, que de los propios términos del pronunciamiento dictado por la Cámara surge el error conceptual que le atribuye, por cuanto partió de una premisa equivocada al haber considerado que en primera instancia las costas fueron distribuidas en un 75% a la demandada y en un 25% a la accionante, siendo que, en verdad, sólo se le imputaron al actor las costas -en el orden causado- por la admisión parcial de la excepción de prescripción a la cual se allanó oportunamente.

Finalmente, a modo de conclusión, manifestó que la sentencia recurrida "...vulnera las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso; asimismo, atenta contra la seguridad jurídica y el derecho de propiedad del demandante".

2. El Tribunal A quo, mediante resolución 234 del 03 de julio de 2017, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 64/67), por considerar que los argumentos invocados por el accionante tienden -en definitiva- a lograr una modificación de lo resuelto por el Tribunal de Alzada pretendiendo imponer su particular enfoque de la cuestión litigiosa, empeñándose en reabrir el debate sobre temas que ya han sido materia de análisis y pronunciamiento fundado, lo cual resulta procesalmente inadmisible y contraria a la naturaleza del recurso pretendido.

3. Se adelanta que el presente recurso no puede prosperar, pues, como se advierte de las constancias de autos, el quejoso en su presentación directa incumplió la carga estipulada en el artículo 8 de la ley 7055 de rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Sala para apoyar su decisión de denegar la concesión del remedio extraordinario, trayendo razones de peso a fin de neutralizar la referida fundamentación, especialmente en orden a que la postulación recursiva se limitó a meras discrepancias con los fundamentos expuestos por la Cámara al emitir el pronunciamiento, sin que haya existido un planteo serio fundado en normas constitucionales, no existiendo en consecuencia pretensión constitucional del recurrente.

Es que la lectura del memorial de la queja revela que el quejoso tan solo se limitó a reiterar los planteos ya esgrimidos en oportunidad de enderezar el recurso de inconstitucionalidad local, quedando así -como se dijo- incumplida la exigencia que contempla el artículo 8 ya citado.

Por lo demás, y aun cuando lo expuesto basta para declarar inadmisible la presentación directa, se evidencia que tampoco demostró los supuestos de falta de fundamentación y arbitrariedad que le endilgó al pronunciamiento impugnado.

3.1. En efecto, los reparos enderezados a cuestionar que se haya restado valor a la pericial médica -de la cual surgía una determinación de incapacidad laboral (50%) mayor a la fijada por la Cámara (32,5% t.o.)-, de ningún modo resultan atendibles desde que se tornan insustanciales frente a lo concluido por el A quo, en cuanto a que resulta infundado el grado específico de la movilidad de los miembros inferiores y superiores, sin contar con "goniómetro", es decir, con los elementos necesarios para llevar a cabo dicha tarea evaluadora.

Ello así, por cuanto del análisis íntegro del fallo cuestionado surge que la Cámara, de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, proporcionó argumentos suficientes en orden a disminuir el porcentaje de incapacidad laboral del actor que determinara la perito médico, por entender que si bien el método -"la regla del nueve"- que dijo la experta haber utilizado "ostenta un rigor científico que no cabe despreciar" -más allá de enmarcarse en un sistema legal especial (decreto 659/96), ajeno a la normativa aplicable en el "sub lite" (derecho común)-, la valoración efectuada en la pericia sobre la incapacidad del trabajador respecto de los miembros inferiores y superiores carece de fundamentación, atento a la prescindencia por parte de la profesional médica de las pautas -evaluación de extensión, profundidad, movilidad articular y secuelas- y los elementos -goniómetro- que imponía dicho método para realizar el aludido examen, específicamente, en cuanto al grado certero de movilidad en los miembros.

A lo que cabe agregar también las consideraciones en tal dirección -y con fundamentos vertidos por el delegado técnico- expuestas por la demandada al alegar, que la Sala advirtió fueron soslayadas por el juez de primera instancia al expresar que "así fue lo acontecido en el sub examine, la parte contraria controló la prueba debidamente, solicitó las aclaraciones pertinentes y meritó la misma en oportunidad de alegar, pero de ello no se hizo eco el sentenciante" (cfr. f. 15).

Y en ese aspecto, tampoco le asiste razón al compareciente en cuanto a que resultaba innecesario ponderar la impugnación de pericia efectuada por la demandada. Es que, el hecho de que la perito haya contestado en tiempo y forma la aclaratoria oportunamente requerida por la demandada, la cual contenía similares argumentos a los que expusiera con posterioridad (al alegar), no exime al judicante de su valoración, en tanto tal reiteración de fundamentos no cabe más que considerarse ratificación de los cuestionamientos primigeniamente aludidos.

Tales apreciaciones se imponen más, teniendo en cuenta que los elementos de prueba aportados a la causa y sus eventuales impugnaciones solo pueden ser analizados y ponderados por el juzgador -conforme a las reglas de la sana crítica- recién al momento de sentenciar, tal como se advierte efectuado por la Cámara en el "sub lite" (arts. 59, C.P.L. y 145, C.P.C.C.).

Tampoco conmueven las críticas de la recurrente respecto al método utilizado por el Sentenciante para determinar la incapacidad del trabajador, toda vez que, el Tribunal, con sustento en cita de doctrina que avala su tesitura -en cuanto a las funciones que le son propias-, en una valoración conglobante de las pruebas y demás constancias de la causa (v. gr. "la disminución en la flexo-extensión que impide la posición de cuclillas"; "la disfunción en eminencia tenar") y frente a la "falta de fundamentación en las consideraciones de la perito médica respecto a la afectación de la flexibilidad y extensión de ambos miembros, y a falta de otro parámetro", estimó prudente tomar "la mitad del porcentaje adoptado en la pericia" (cfr. fs. 15/16).

En este contexto, los embates que el recurrente formula no logran demostrar la ilogicidad o absurda valoración desde el prisma de la sana crítica racional en los argumentos utilizados por los Sentenciantes, quienes -como se vio- brindaron fundadas razones para apartarse del dictamen pericial y ello de ninguna manera configura una cuestión constitucional.

Razón por la cual, puede concluirse entonces que, disconforme con la ponderación de prueba pericial que el A quo efectuó en ejercicio de funciones propias -dentro de un marco de razonabilidad que no logra enervar-, el recurrente se empeñó en oponer su propio enfoque de la solución que correspondería al "sub lite".

Y frente a ello, la mera discrepancia no autoriza a recurrir a la doctrina de la sentencia arbitraria, por lo que no cabe la descalificación de la sentencia impugnada en este punto, como acto judicial válido.

3.2. Igual suerte adversa han de correr los reproches relativos a la distribución de las costas efectuada por la Cámara en un 70% a cargo de la demandada y el 30% restante al accionante.

Es que la quejosa le endilga al pronunciamiento impugnado apartamiento de las pautas establecidas en la norma adjetiva (art. 102, C.P.L.) y error conceptual en cuanto a la imposición de costas fijada por el Juez de primera instancia, pero sin con ello acreditar que el A quo al imponer las costas como lo hizo hubiera incurrido en causal de arbitrariedad que permita excepcionar la regla conforme la cual la materia debatida trata sobre una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa, accesoria y, en definitiva, extraña al fin para el cual ha sido instituida la vía excepcional (A. y S. T. 241, pág. 386).

En efecto, cabe recordar que los artículos 101 y 102 del Código Procesal Laboral adoptan, en cuanto a la imposición de costas, la teoría del vencimiento, disponiendo que en caso de ser recíproco se compensarán o distribuirán prudencialmente en proporción al éxito obtenido, previendo que si la reducción de las pretensiones de una de ellas no superase el 20% o dependiere del arbitrio judicial o dictamen de perito, procederá la condenación total al vencido, pudiendo los magistrados eximir total o parcialmente del pago de costas a la parte vencida, siempre que encuentren mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento.

En lo particular, si bien es cierto el error conceptual del cual parte la Alzada en relación a la imposición de costas efectuada en el decisorio de grado (cfr. puntos 1 y 6 de f. 3 "in fine" y v.; y cuarto párrafo de f. 18v.), también es cierto que motivó su decisión de redistribuir las mismas en la valoración que efectuó respecto al "éxito obtenido" de "todos los agravios analizados" y las pautas establecidas por el artículo 102 del Código Procesal Laboral, señalando en tal sentido mediante cita de doctrina postulada por esta Corte provincial que dicho "éxito no debe medirse estrictamente en términos económicos sino apreciando la trascendencia de lo admitido y desestimado en relación con las particularidades del caso" (A. y S. T. 226, págs. 176/179).

Es en ese orden de reflexión que el Tribunal procedió a detallar los rubros cuya solución de grado fue revocada y las modificaciones efectuadas a tal efecto, demostrando de tal modo la entidad jurídica de sus efectos y, por ende, dando razón debidamente fundada de la redistribución de costas adoptada (cfr. f. 19).

Frente a tales consideraciones, la recurrente no alcanza a demostrar suficientemente un supuesto de arbitrariedad, en tanto sus cuestionamientos, de por sí genéricos y globales, se diluyen al dejar incólume el núcleo sentencial de la Alzada antes expuesto. Sin que se revele tampoco un apartamiento de los extremos de la litis ni tampoco de las constancias que existirían en la causa pero que no intenta siquiera desarrollar a fin de dar algún sustento -incluso "prima facie"- a su postulación.

Y más allá de su menor o mayor grado de acierto, la conclusión a la que arribó la Cámara podrá o no ser compartida por el recurrente, pero en la medida que no se demuestre un apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)	Tribunal de origen: Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, Sala Segunda.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral N° 1 de Cañada de Gómez.