Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-04-14


Autos N° 4.598 (J.P.L.G.S.J., Rivadavia, N° 16.937/09), caratulados: "DATA 2.000 S.A. c/ Orellano, Delfor Adrián y Ortíz, Erica Paola Ejecutivo Actuaciones para elevar a la Cámara".

San Juan,14 de abril de dos mil dieciséis.

VISTO:

Para resolver el recurso de apelación deducido a fs. sub 41 por el demandado contra el decisorio obrante a fs. sub 38/39 vta., quien al tiempo de incoarlo actuaba con patrocinio letrado.

Tal recurso fue concedido por el a quo sin efecto suspensivo conforme lo prescripto por el art. 250 de la Ley Provincial N° 988 O (C.P.C.), mediante el decreto de fs. sub 42, donde también se le señalaron las copias de las actuaciones principales que se debían acompañar.

Y CONSIDERANDO:

I. Que mediante el pronunciamiento obrante a fs. sub 38/40 vta. el a quo rechazó el pedido de levantamiento de embargo solicitado por el Sr. Delfor Adrián Orellano, quien resulta ser co demandado en autos.

II. Los agravios y su contestación: Contra dicha resolución se alza el accionado, fundando el recurso incoado con el memorial obrante a fs. sub 43/46 vta., pieza en la que, en síntesis, sostuvo:

o Que el a quo ha desoído los expresos mandatos de la Ley Nacional N° 24.522, y del Juez a cargo de la quiebra tramitada en autos N° 1.964, caratulados: "Orellano, Delfor Adrián S/ Quiebra", comunicados mediante oficios que obran adjuntos a las presentes actuaciones.

o Que el titular del Juzgado Comercial Especial ordenó en la sentencia de apertura de quiebra dispuesta el 29 de septiembre de 2009, entre otras medidas, el "cese y levantamiento de cualquier embargo, descuento ... que pese sobre los haberes del deudor ... por causa o título anterior a la quiebra" (sic), habiendo comunicado tal circunstancia al a quo mediante el oficio de fecha 18 de diciembre de 2009.

o Que la Inferior cumplió parcialmente esta medida, pues si bien informó al Juez oficiante la existencia del proceso y puso en conocimiento del actor de la aludida quiebra a los efectos de la opción que prevé el art. 133 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ), permitió que éste continuara con el proceso de ejecución de sentencia en forma individual o particular en su Juzgado, en forma improcedente apartándolo arbitrariamente de la pars conditio creditorum por tratarse de un crédito por causa o título anterior a la sentencia de quiebra , como del fuero de atracción señalado, beneficiándolo con dicha medida.

o Que si bien es cierto que el art. 110 de la LCQ establece que el fallido pierde legitimación procesal en todo litigio respecto de los bienes desapoderados, se encuentra facultado para solicitar medidas conservatorias judiciales hasta tanto el síndico tome participación si lo estima conveniente, desprendiéndose de ello que se encontraba facultado para peticionar la medida conservatoria (ver copia de fs. 22/23 de autos principales). o Que el embargo decretado en autos no se trataba de bienes desapoderados por la quiebra para hacer oponible su falta de legitimación, y si quedara alguna duda, recuperó en su plenitud la legitimación a partir de la rehabilitación ordenada a fs. 52/53 de autos principales (copia resolución de fs. sub 27/28).

o Que el planteo que tuvo por consecuencia el decisorio ahora impugnado, no es una reiteración del incoado a fs. 22/23 como lo sostiene el a quo como fundamento del rechazo, pues la situación del fallido era otra, toda vez que no se encontraba desapoderado de sus bienes y estaba rehabilitado conforme el testimonio de fs. 52/53 foliatura perteneciente a los autos principales que hemos tenido a la vista , por ello, considera que la preclusión o cosa juzgada citada por la Inferior es inexistente o errónea.

o Como segundo agravio considera que la Jueza de grado ha obrado en forma contradictoria, al haber permitido a la actora continuar la ejecución íntegramente ante su Juzgado, cuando de conformidad con las disposiciones del art. 133 de la LCQ que toma como base para ordenar el traslado a la actora en el proveído de fs. 24 de autos principales , sólo es factible hasta el dictado de la sentencia de remate que reconociera su crédito, habilidad, liquidez y fuerza ejecutiva, puesto que una vez obtenida dicha resolución, debió dirigir su pretensión verificatoria con la sentencia ante el "Juez de la quiebra", a fin de que éste dispusiera una verificación formal de la misma e incluyera su crédito dentro del pasivo falencial y proyecto de distribución junto con el auxiliar síndico , pues lo material o sustancial acerca de la existencia del crédito habría sido ya reconocida por la Juez de grado.

o Que recién tomó conocimiento de esta situación irregular cuando la patronal le informa que había mandado a descontar los importes en el porcentaje de ley correspondiente a un embargo de sueldos dispuesto en la presente causa, que se encontraba comprendida en la quiebra, y que por error y desinteligencia de normas falenciales la patronal había reanudado los descuentos luego de la rehabilitación del fallido.

o Que a los efectos del cese del desapoderamiento, el Juez de la quiebra había dispuesto durante un año cfr. arts. 107 y 236 LCQ , el embargo sobre sus haberes para atender a los gastos de dicho proceso, honorarios de síndico, etc., para que con su producido, junto con los demás activos, se distribuya entre los acreedores verificados, una vez satisfechos los créditos privilegiados.

o Que el efecto de la rehabilitación consiste en que no recobren vigencia los embargo anteriores para ser atendidos o satisfechos por el nuevo patrimonio del deudor posterior a la rehabilitación e inconfundible con el anterior existente a la fecha del auto de apertura de quiebra.

o Que no se agravia con la opción que confiere a la actora el art. 133 de la LCQ, conforme lo ordenado por el a quo mediante el proveído de fecha 3 de noviembre de 2010 (copia de fs. sub 9), sino con el hecho de haberle permitido continuar con la ejecución de la sentencia sin siquiera haber verificado su crédito en el proceso falencial.

A fs. sub 47 el a quo dispuso correr el pertinente traslado del memorial de agravios a la actora quien lo contestó con la presentación de fs. sub 50/51, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

III. El trámite ante esta Alzada: El a quo ordenó a fs. sub 53 la elevación de las presentes actuaciones, circunstancia que surge del certificado de fs. sub 54.

Ya en este ámbito, se hizo saber a las partes la integración del Tribunal que intervendría en la resolución del recurso (vide fs. sub 55), resolución comunicada mediante las cédulas agregadas a fs. sub 56 y vta., y sub 57 y vta.

Seguidamente, se puso en conocimiento el nombramiento del nuevo magistrado Dr. Juan Luis Romero en reemplazo de uno de los miembros del Tribunal, la Dra. Alicia Rusansky de Bustos Cano, quien se acogió a los beneficios jubilatorios.

Notificado a las partes y consentido tal decreto, se procedió al sorteo y a la adjudicación de la causa a estudio en el orden establecido a fs. sub 67.

Así, adjudicados a estudio en primer término, fueron solicitados los autos principales al juzgado de origen mediante providencia de fs. sub 68, a los fines de contar con elementos fácticos y documentales útiles para la presente resolución.

Los mismos fueron recepcionados en ésta Alzada, conforme surge de las constancias de fs. sub 70.

IV. Base fáctica: Previo al ingreso a la cuestión sobre la que corresponde expedirse, resulta adecuado efectuar una síntesis acerca del modo en que se desarrolló el proceso, sólo en los que respecta al objeto de la presente apelación:

La Demanda: De las constancias de las copias elevadas a esta instancia surge vide fs. sub 38 in fine , que la demanda fue interpuesta el día 25 de noviembre de 2009.

El trámite que se le impuso a la misma fué el de juicio ejecutivo, atento que la actora DATA 2000 S.A. acompañó como fundamento de su pretensión un pagaré, librado en fecha 31 de agosto de 2009, el que fue tenido a la vista al compulsar los autos principales, y con vencimiento fijado para el día 30 de septiembre de 2009.

o La quiebra del co demandado: En fecha 25 de septiembre de 2009 (según se acredita con las constancias de fs. sub 17/22 vta.), el Sr. Juez con competencia comercial, decretó la quiebra del demandado Delfor Adrián Orellano, en autos N° 1.964, caratulados: "Orellano, Delfor Adrián s/ Propia Quiebra".

Conforme a lo decretado en ésta, ordenó entre otras medidas , oficiar a los juzgados de los diferentes fueros y jurisdicciones, entre ellos el Juzgado de Paz del Gran San Juan con asiento en el departamento Rivadavia (vide Apartado XVI de la aludida resolución), a fin de que remitieran los autos que resulten atraídos en virtud de la actual regulación de la LCQ y para que informaran aquellos procesos que se mantendrían en su radicación originaria, a los fines de la intervención necesaria del síndico designado.

Así, el a quo recepcionó el referido oficio en fecha 16 de diciembre de 2009 (vide fs. sub 32 y vta.), respondiéndolo en la forma que surge de las constancias de fs. sub 36.

Surge de dicho acto de comunicación, que el a quo informó en fecha 23 de diciembre de 2009 al Juzgado Comercial Especial de San Juan, la existencia del presente proceso "a los fines que correspondieran, conforme lo estipulado por el art. 133 de la Ley de Concursos y Quiebras"(sic).

Compulsados los autos principales, se advierte que no surge asentada constancia alguna, tanto de la recepción como de la contestación de dicho requerimiento emanado del Juez Comercial Especial, continuándose el proceso mediante los mandamientos agregados a fs. 5 y vta. y 6 y vta., diligenciados por la actora en fecha 11 y 16 de febrero de 2010 respectivamente, junto con la petición de pase de autos a resolver plasmada a fs. 7, toda foliatura referida al expediente principal.

o La Sentencia de remate: Así, y a solicitud de la actora, el a quo emitió en fecha 30 de marzo de 2010 la sentencia de trance y remate, contra los demandados. Dicho pronunciamiento fue notificado en sus domicilios reales, conforme constancias de fs. 10 y vta. y 11 y vta. de las actuaciones referenciadas.

o El embargo de haberes: Firme y consentida que fuera la sentencia, la actora solicitó la traba del embargo sobre los haberes que percibía el ejecutado Sr. Delfor Adrián Orellano, en su carácter de dependiente de la Policía de la Provincia de San Juan, hasta cubrir la suma reclamada en la demanda, es decir pesos seis mil novecientos cincuenta y dos con ochenta y ocho centavos ($ 6952,88).

A fs. sub 5 obra la providencia de fecha 26 de mayo de 2010, por la que se decretó el embargo peticionado y se ordenó girar oficio a la empleadora a los fines de la anotación y traba del mismo. Asimismo, ordena notificar por cédula el embargo en el domicilio real del demandado.

A fs. sub 6 obra el oficio de embargo diligenciado por ante la Policía de la Provincia de San Juan, recepcionado en fecha 8 de junio de 2010.

No surge de las actuaciones elevadas, pero sí de autos principales ver fs. 14/20 , que la patronal de la embargada, comunica al a quo la imposibilidad de realizar descuento alguno, en virtud de lo ordenado por el Juez comercial en las actuaciones falenciales ya señaladas, frente a ello ordenó la agregación del oficio con conocimiento de los interesados.

o Primera presentación del accionado (en su calidad de fallido): Conforme constancias de fs. sub 7/8, y en virtud de la notificación que se le cursara comunicándole el embargo sobre sus haberes (vide fs. sub 27 y vta.), comparece el codemandado Sr. Delfor Adrián Orellano, con patrocinio letrado, haciendo saber la existencia del proceso de quiebra supra referenciado, solicitando el levantamiento del embargo en virtud de la incompetencia del a quo, fuero de atracción por tratarse de causas o títulos anteriores a la presentación en quiebra.

Que la Jueza de grado no hizo lugar a lo peticionado, por cuanto conforme fundamentara , el peticionante no resultaba legitimado conforme el art. 110 y cctes. de la LCQ.

Asimismo, ordenó notificar a la actora la existencia del proceso de quiebra, a los fines dispuestos por el art. 133 de la referida ley. Dicha providencia data del día 3 de noviembre de 2010 y se encuentra glosada a fs. sub 9 de estas actuaciones y a fs. 24 de los autos principales.

De sus constancias surge que no existieron actos procesales impulsorios (salvo las agregaciones de sendos poderes obrantes a fs. 29 y vta., el 4 de marzo de 2011 y el otro casi un año después, el 3 de febrero de 2012, conforme constancias de fs. 32/33 del expediente principal).

o Depósitos Libramientos: Seguidamente, a fs. sub 11, corre agregado el comprobante del depósito judicial perteneciente a la cuenta N°009 210298 9, por un importe de pesos ochocientos veinte ($ 820,00), efectuado por la Policía de la Provincia de San Juan, en función del embargo ordenado.

Seguidamente, la actora solicita el 21 de junio de 2012, la expedición del libramiento (fs. sub 12), el que fuera otorgado a fs. sub 13, mediante providencia de fechada al día siguiente. De igual manera se procedió con el comprobante del depósito judicial de fs. sub 14, por un importe de pesos novecientos sesenta ($ 960,00), solicitud que fuera plasmada en el escrito de la actora fs. sub 15 y providencia de fs. sub 16, que data del día 30 de julio de igual año.

o Solicitud del demandado (en su calidad de rehabilitado): En ese estado, y adjuntando una serie de copias (fs. sub 17/32 vta.), comparece el Sr. Delfor Adrián Orellano con nuevo patrocinio letrado, solicitando el levantamiento del embargo sobre sus haberes, en virtud que el mismo tiene su causa en un título o deuda a favor de la actora anterior a su presentación en quiebra. Impetra asimismo la devolución de los importes ya descontados.

o El decisorio puesto en crisis: Que mediante la interlocutoria obrante en copia a fs. sub 38/39 vta., el a quo rechaza la petición de levantamiento de embargo, fundada en que no resulta posible expedirse sobre un tema respecto del cual ya se pronunció, que ha pasado en autoridad de cosa juzgada por no haber sido objeto de impugnación alguna en el momento oportuno.

V. Cuestión a considerar: Atento al modo en que han sido expuestos los hechos, concedido y sustanciado el presente recurso, corresponde considerar si es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso.

La quiebra pedida y decretada al Sr. Delfor Adrián Orellano es un proceso universal, denominado por los arts. 288 y 289 de la LCQ como "pequeña quiebra", no fijando un procedimiento que aligere los pasos que hacen al trámite común en materia concursal. Así, se ha dicho que "por pequeña que sea una quiebra, tramitará como las adultas, y por pequeño que sea un concurso preventivo, padecerá la inmodificada y aún acrecida pesantez del régimen anterior" (cfr. Maffía, Osvaldo J. "Procedimiento especial (sólo que sin procedimiento especial) para los pequeños concursos", ED, 165, pág. 1226, 1996).

De lo que se desprende que debe aplicarse al caso concreto, indefectiblemente todos y cada uno de los recaudos y previsiones de la norma específica que regula este tipo de procesos falenciales.

En este sentido, adelantamos desde ahora que la pretensión recursiva del impugnante debe prosperar, ello en virtud de las circunstancias fácticas descriptas en autos y las expresas disposiciones contenidas por la legislación especial en materia de quiebras.

Así, la regla general dispuesta por el art. 132 de la Ley Nac. N° 24.522, modificada por la Ley Nac. N° 26.086, dispone que los juicios de contenido patrimonial en trámite contra el fallido al tiempo de ser declarada la quiebra deben radicarse en el juzgado concursal, donde continuarán con el síndico aunque sin poder llegar a realizarse actos de ejecución forzada hasta que adquiera firmeza la sentencia de quiebra, oportunidad en que quedan suspendidos.

Como se dijo, la demanda fue interpuesta el día 25 de noviembre de 2009, es decir en una fecha posterior a la sentencia de declaración de la quiebra del codemandado Delfor Adrián Orellano, que data del 25 de setiembre de 2009 (vide fs. sub 17/22 vta.). O dicho de otra manera, la declaración en quiebra resulta anterior a la promoción de la demanda ejecutiva.

Si bien la ley concursal no señala expresamente que declarada la quiebra no se puedan ya promover juicios individuales contra el fallido, va de suyo que esa "posibilidad" no es factible en tanto dispone que todos los acreedores por causa o título anterior a la quiebra deben verificar sus acreencias en el concurso [cfr. arts. 126 y 200, Ley Nac. N° 24.522 y modificatorias].

Así, "los juicios de contenido patrimonial no iniciados contra el fallido a la época de la sentencia de quiebra no podrán ser ya iniciados, cupiendo en vez la carga de verificar y, si de todos modos el proceso se iniciara como en el sub exámine , éste debió igualmente radicarse en el juzgado comercial y a más tardar al adquirir firmeza la sentencia de quiebra debería suspenderse (art. 132, 1er párr., 1ª parte y 2° párr., íbid) [Sosa, Toribio E., "El fuero de atracción en la ley 26.086", publicado en La Ley 2006 D, 27/06/2006, pág. 908].

Subsumiendo lo manifestado en el parágrafo anterior al caso concreto, la actora titular de un crédito con causa o título anterior a la sentencia de declaración de quiebra debió verificar dicho crédito ante el Juzgado Comercial Especial, y no haber incoado la demanda por ante un Juzgado de Paz Letrado.

No obstante, iniciado que fuera, y despachada la ejecución, la Jueza de Primera Instancia debió remitir el mismo en oportunidad de recepcionar el oficio que obra a fs. sub 32 y vta., toda vez que dicha ejecución se encontraba comprendida por el fuero de atracción del art. 132 de la LCQ.

Debemos detenernos ahora en la providencia dictada por el a quo a fs. sub 37, en la que ordena el traslado a la actora conforme lo determinado por el art. 133 de la LCQ, configurándose la tercera de las acciones llevadas a cabo en el presente proceso.

Que las copias del traslado conferido a la actora no fueron agregadas a las actuaciones para elevar a esta Alzada, pero sí surgen de fs. 64 y vta. de autos principales.

En efecto, el artículo supra citado contiene precisamente la situación del caso en examen, en donde el quebrado reviste el carácter de un litisconsorte pasivo facultativo.

En dicho caso, la operatividad del fuero de atracción de la quiebra depende de la voluntad del actor: si éste desiste del proceso contra aquél, entonces la causa no cambia de radicación y continúa sustanciándose por ante el tribunal original, claro que sin la participación del cesante.

Si el actor desiste del proceso contra el quebrado, la causa seguirá tramitando por ante el juzgado de origen y la sentencia que allí se dicte no podrá hacer cosa juzgada contra el cesante.

Así, la ejecutante en vez de hacer uso de la opción que le confiriera el a quo con el mentado traslado, se limitó a rechazar la petición de fondo del codemandado, no manifestándose respecto de ésta, por lo que la Juez Inferior debió, en consecuencia, conforme la regla general del art. 132 de la LCQ, ordenar la radicación del proceso en el juzgado de la quiebra.

En consecuencia, en cualquiera de las etapas y por cualquiera de los trámites o procedimientos supra enunciados, el a quo debió ordenar la remisión del presente proceso al Juzgado donde tramitaba la quiebra del codemandado Sr. Delfor Adrián Orellano, razón por la cual corresponde hacer lugar a la petición del apelante.

Respecto de las costas, y atento a la manera en que se resuelve la presente, corresponde sean impuestas a la actora.

Por todo lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citada, esta Cámara de Apelaciones de Paz Letrada RESUELVE:

I. Hacer lugar al recurso de apelación incoado por el codemandado a fs. sub 41 contra el decisorio de fs. sub 38/40 vta.

II. Ordenar el levantamiento del embargo decretado en autos sobre los haberes del Sr. Delfor Adrián Orellano en su calidad de agente dependiente de la Policía de la Provincia de San Juan, y se dispone oficiar a la empleadora a los fines de dar efectivo cumplimiento al levantamiento ordenado.

III. Ordenar a la actora 'DATA 2000 S.A.', que en el término de cinco (5) días de quedar firme la presente, proceda a la devolución de la suma de pesos un mil setecientos ochenta ($1.780) al Sr. Delfor Adrián Orellano, montos que fueran indebidamente percibidos, atento las consideraciones expuestas.

IV. Imponer las costas de la segunda instancia a la actora.

V. Ordenar se protocolice la presente, se deje copia autorizada a los actuados, se haga saber a las partes y que bajen los autos, previa reposición de sellado de así corresponder.

P. de A. N° 90, fs. 47/56