Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-09-26


Salta, 26 de septiembre de 2016.	Y VISTOS: Estos autos caratulados "H., J. A. vs. T., R. H. - ORDINARIO: Disolución de Sociedad de Hecho (Concubinato)" - Expte. Nº 183863/07 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 7ª Nominación; Expte. Nº 183863/07 de Sala, y	____________________C O N S I D E R A N D O	La doctora Graciela Carlsen dijo:	I. La señora J. A. H. dedujo demanda contra el señor R. H. T., a fin de que se reconozca la existencia de una sociedad de hecho entre ambos, se liquide la misma, y se mande a entregar a su parte del 50% de los bienes que le corresponden. Reclamó, igualmente, la restitución de un televisor de su exclusiva propiedad. Adujo que ambos mantuvieron una relación convivencial durante más de veinticinco años, y que con el fruto de su trabajo adquirieron un automóvil en la ciudad de Buenos Aires, el que posteriormente permutaron, al radicarse en la ciudad de General Güemes de esta Provincia, por animales vacunos y yeguas, a los fines de la explotación conjunta de esta actividad, que realizaron hasta la interrupción de la vida en común (fs. 10/13 y vta.).	Producida la prueba, la sentencia de fs. 244/247 y vta. hizo lugar a la demanda, y condenó al demandado a entregar a la actora catorce vacunos, las crías que produzcan hasta el efectivo cumplimiento de la obligación, más un televisor marca Goldstar de 20 pulgadas, en el plazo de diez días de su notificación, o, en caso de imposibilidad física o jurídica por causa imputable al accionado, resolver la obligación en daños y perjuicios, a determinar en la etapa de ejecución de la sentencia. Para así decidir, consideró probada la unión convivencial en el caso, no así la existencia de una sociedad de hecho. Calificando la acción deducida como división de condominio, tuvo por acreditado, mediante la prueba rendida, que los animales pertenecían a ambos litigantes; y que el televisor había sido adquirido únicamente por la actora.	Disconforme, el demandado interpuso recurso de apelación (fs. 252), fundado por memorial de fs. 287/288 y vta. Se agravia, en primer lugar, de que se haya calificado la acción como división de condominio, que dice incongruente con la pretensión de la actora y la defensa esgrimida por su parte. Entiende que, incluso dentro de ese encuadre jurídico, la prueba ha sido valorada erróneamente y en contradicción con las reglas de la sana crítica, pues se ha omitido ponderar un informe que su parte considera esencial, cual es el de la S. de la P. (fs. 130), del que surge que la marca registrada a nombre de ambos litigantes venció en fecha 29/7/1992. Añade que se encuentra vigente, a partir de entonces y bajo el registro nº 2000, la marca de exclusiva titularidad de su parte (fs. 110), y se queja de que nada diga la juez sobre el inventario efectuado por la Policía de la Provincia en fecha 21/9/2006 (fs. 8), del que se desprendería la identidad de la marca del ganado identificado con la informada a fs. 110. Tampoco se analizaron razonablemente, sostiene, los certificados de vacunación obrantes a fs. 4/5 de autos, que reflejan que su parte, durante el período 2004/2005, fue único dueño de los animales vacunos; destacando, además, que las actas se realizaron en finca El Algarrobal, en donde siempre vivió solo. Señala que el registro de los animales a nombre de ambas partes data del año 1982, y que esta marca no se renovó luego de su vencimiento, en 1992. Que tampoco la actora ha probado prestación personal alguna para el mantenimiento o conservación de los animales que reclama como propios, más de quince años después. Por último, con relación al televisor que se manda a restituir, se queja de que se haya acordado validez probatoria a la documental, acompañada en copia simple y que su parte ha desconocido, además de lo cual -afirma- en caso de existir el derecho de propiedad invocado por la actora, este se habría extinguido por abandono (art. 1907 CCCN). Hace reserva del caso federal y solicita se revoque la sentencia impugnada.	A fs. 290/291 contesta el traslado la parte actora y solicita el rechazo del recurso, según fundamentos que se dan por reproducidos por razones de brevedad.	Con el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara de fs. 304/305 y vta., a fs. 307 quedan los autos en estado de dictar sentencia.	II. En primer lugar, debe señalarse que en fecha 1/8/2015 ha entrado en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la ley 26.994, que en su art. 7º dispone: "A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales..."	Las consecuencias a que refiere la norma son las derivaciones o efectos que reconocen su causa eficiente en las relaciones o situaciones jurídicas. Afirma la doctrina que la palabra "consecuencias" empleada por la ley se refiere a derivaciones fácticas y no a efectos jurídicos que la nueva ley puede atribuir a hechos pasados (conf. Llambías, Jorge J., Tratado de Derecho Civil- Parte General, 4ta. ed., Perrot, Bs. As., 1970, t. I, p. 147).	De tal manera, de acuerdo al principio de irretroactividad consagrado legalmente, que veda aplicar las nuevas leyes a situaciones o relaciones jurídicas ya constituidas, o a efectos ya producidos, agotados o extinguidos, y teniendo en cuenta que, en el caso, han transcurrido alrededor de doce años desde que se concretara la separación de las partes conforme luego se analizará-, el caso debe resolverse a la luz del Código Civil de Vélez.	De la misma manera, cabe anticipar que únicamente se valorarán las pruebas esenciales y decisivas para el fallo de la causa (arg. del art. 386 del CPCC), así como -siguiendo el inveterado criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- solo se hará mérito de los agravios que resulten conducentes para la solución del caso, desde que, en términos del Máximo Tribunal, la omisión de tratamiento de cuestiones oportunamente sometidas a consideración del juez de la causa, no afecta por sí la garantía de la defensa en juicio, porque los jueces no están obligados a meritar cada uno de los argumentos de las partes sino los que a su juicio sean decisivos para la correcta solución del caso. Tampoco los jueces están constreñidos a seguirlas en la evaluación de todos y cada uno de los agravios expresados, sino a atender a aquellos que estimaren conducentes para resolver la cuestión debatida (Fallos: 300:522 y 1163; 301:602; 302:1191).	III. En autos, la cuestión objeto de litis versa sobre la propiedad y adjudicación de bienes semovientes (ganado vacuno) y de un bien mueble del hogar (televisor), esto es, las consecuencias patrimoniales que, afirma la actora, se originaron con motivo de su relación convivencial con el demandado.	La unión convivencial ha sido negada por el demandado a lo largo del juicio, actitud que no ha importado sino haberse puesto en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta, deliberada, jurídicamente relevante, y plenamente eficaz (CJS Fallos-, tomo 127: 549/558, entre otros). En efecto, de las constancias del Expte. Nº 1-164661/2006, a la vista, emergen actuaciones por violencia familiar iniciadas a instancias del señor T., en fecha 23/10/2006 (es decir, con anterioridad a la demanda promovida en autos, el 23/5/2007, v. cargo de fs. 13 vta.), quien denunció a la señora H. por la retención de documental relativa al pago de impuestos de finca "E. A." (fs. 1). Afirmó, en dicha oportunidad, que "hace aproximadamente treinta años vivió en concubinato con la acusada, en el domicilio de calle L. 1041" (coincidente con el domicilio real denunciado por la actora en autos), y que "hace dos años que están separados".	La relevancia jurídica de este antecedente, sumado a la declaración testimonial del joven R. I. H. -quien fue citado en autos como testigo necesario, afirmó ser hijo de ambas partes, y haber convivido con ellos y su abuela desde la niñez (fs. 70/71, respuesta a la cuarta pregunta), es suficiente para considerar acreditada -más allá de que la actividad agropecuaria se llevara a cabo en finca "E. A."- la unión convivencial o como pareja de las partes, desde la época denunciada por la actora (año 1980).	Ahora, de esta comunidad de vida durante más de veinticinco años no deriva, necesariamente, la existencia de un condominio o sociedad de hecho. Se ha dicho que la sola existencia del concubinato no hace presumir ni una sociedad de hecho ni un condominio sobre las cosas, y aunque la prueba debe analizarse con severidad, pues de otro modo el concubinato podría llegar a producir los mismos efectos patrimoniales que el matrimonio, no puede dejar de constatarse que las relaciones patrimoniales entre concubinos, quiérase o no, existen y, además, son inevitables (cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída, "Protección jurídica de la vivienda familiar", pág. 384; Suprema Corte Mendoza, Sala I, 15/2/89, La Ley, 1991-C, 378; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G- 13/02/2009 DJ 09/09/2009 , 2546 - AR/JUR/714/2009).	En la especie, las circunstancias en que la actora sustenta su reclamo no encuadran en un supuesto de disolución y liquidación de una sociedad de hecho. Ello así, pues no persigue un beneficio distribuible -propio de tal figura societaria- sino que ha acumulado dos pretensiones: la primera, enderezada a la división de condominio del ganado, con fundamento en su carácter común; la segunda, tendiente a la reinvindicación o restitución de un bien mueble, que dice de su exclusiva titularidad. Es en el marco de las normas que regulan ambos institutos, entonces, que corresponde examinar el caso.	En tal tesitura, la argumentación que el quejoso expone como primer agravio no puede tener cabida, pues no se afecta el derecho de defensa, ni se vulnera el principio de congruencia si, partiendo de los hechos presentados por los litigantes, se decide el pleito con arreglo a razones jurídicas distintas de las invocadas (Clemente Díaz, "Instituciones de Derecho Procesal", Bs. As., Abeledo-Perrot, tomo II-B, pág. 218/220).	IV. Corresponde desentrañar, a la luz de la prueba rendida, el carácter de los bienes objeto del juicio, recordando que cada integrante de la pareja es dueño exclusivo de lo que gana con su trabajo, de los bienes que adquiere a su nombre y de los frutos que estos producen, salvo que se pruebe que esas adquisiciones se hicieron con dinero aportado por ambos, regla que, se destaca como referencia, no ha sido modificada por el CCCN vigente (arts. 518 y ss). Consecuencia de ello, sostiene la jurisprudencia, es que para afirmar la existencia de un condominio -caso de autos- o de una sociedad de hecho, no basta probar la convivencia durante largos años, y ni siquiera que ambos trabajaban y poseían bienes, pues de ello sólo puede inferirse que ambos aportaban para subvenir a las necesidades comunes, pero no que lo que cada uno adquirió a su nombre se haya hecho con aporte de los dos, generando el aludido condominio o la pertenencia de un bien a la referida sociedad de hecho en lugar del adquirente. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, V. E., M. L. c. M. A., A. s/ disolución de sociedad, 21/11/2012- La Ley Online AR/JUR/68390/2012).	Con respecto al origen de los fondos para la adquisición del ganado -que la actora dice provenientes de la compra en conjunto de un automóvil, posteriormente permutado por semovientes-, se trata de un hecho no probado por ninguna de las partes -vgr., constancias regístrales-, como apunta el Sr. Fiscal de Cámara. Es inconducente, a tales efectos, la testimonial del señor Ch., quien a fs. 98 y vta. declara que vendió animales al señor T., y realizó tratativas con éste para comprarle un automóvil, que abonó en efectivo.	Sin embargo, el informe de la Secretaría de la Producción de fs. 110 da cuenta que las partes se encuentran inscriptas en la Dirección General de Agricultura desde el 29/7/1982 -fecha coincidente con la época de adquisición de los animales señalada por la actora- y que han registrado a nombre de ambos -es decir, como cotitulares- la marca del ganado, cuyo título se agrega a fs. 119.	En materia de propiedad de semovientes, rige en todo el territorio nacional, unificando la regulación sobre la materia, la ley 22.939 de marcas y señales de ganado (ADLA 1983-D, 3397), que en su art. 9º dispone que se presume, salvo prueba en contrario, que el ganado mayor marcado pertenece a quien tiene registrado a su nombre el diseño de la marca aplicada al animal. En concordancia, la ley provincial Nº 7360 dispone, en el art. 2º: "Presunción. El ganado mayor marcado y/o señalado y el ganado menor señalado, se presume pertenece a quién tiene registrado, a su nombre, el diseño de la marca y señal aplicada al animal, salvo el régimen especial de propiedad para los ejemplares de pura raza. De igual manera, se presume que las crías no marcadas o señaladas pertenecen al propietario de la madre, siempre y cuando las mismas se encuentren al pie de éstas. Las presunciones creadas por esta norma, admiten prueba en contrario".-	De la presunción "iuris tantum" consagrada legalmente deriva que el sujeto sobre quien opera la presunción debe tener la posibilidad de desvirtuarla (CSJN, Fallos: 322: 2701), lo que implica la inversión de la carga de la prueba. Es decir, en el caso, competía al accionado probar, que el ganado era de su exclusiva propiedad; lo que no hizo, conforme se analizará.	Nada aportan al respecto, lo declarado por el señor R. (fs. 93 y vta.) en cuanto a que "los vecinos le contaron que la hacienda era de él", ni por el señor Ch., conforme antes se dijo. Pero, fundamentalmente, el accionado ha centrado su defensa en la no renovación del registro, y el vencimiento de la marca original el 29/7/1992 (v. informe de la Secretaría de la Producción de fs. 130), así como en la posterior inscripción, el 18/9/2006, de una marca de su exclusiva titularidad (fs. 110). Se repara, coincidiendo con lo apuntado por el Sr. Fiscal de Cámara, que ambas marcas tienen un diseño prácticamente igual, y que la nueva marca fue registrada por el accionado con posterioridad a la demanda de prueba anticipada y embargo preventivo que la actora promoviera en su contra bajo Expte. 153300/06, reservado en el Tribunal y a la vista (el 18/5/2006, v. cargo de fs. 7/9 y vta) y solamente tres días antes de practicado el inventario de bienes e individualización del ganado (fs. 20).	No ha arrimado el accionado elementos de los que pueda extraerse que el ganado originalmente adquirido -y sus crías- ya no integraba el patrimonio común, como tampoco el título de adquisición del ganado identificado en el inventario, y que afirma le pertenece exclusivamente. Incurre en confusión conceptual al asimilar el título de propiedad de la marca con el título o causa de la adquisición de los animales, pues el hecho de aplicar al ganado la nueva marca -si así hubiera sido- no lo convierte en dueño exclusivo de éste, ni puede tener por objeto desplazar a la condómina y extinguir sus derechos. Menos aún puede tener tal efecto la pérdida de vigencia de la marca por su no renovación dentro del plazo legal, sanción que solamente atañe a la posibilidad de la utilización de la marca por terceros (arts. 3 y 13 de la Ley 7360).	En suma, el demandado no ha desvirtuado la existencia del condominio invocado por la actora, situación jurídica que se refuerza con la documental aportada al juicio, es decir el certificado de C. G. del año 1983, expedido a nombre de ambas partes (reservado en autos y a la vista), y certificados de vacunación de los animales durante el período 2004/2005 (fs. 5/6 del Expte. 153300/06), es decir, anteriores a la inscripción de la nueva marca. Se presume entonces que el condominio se mantenía al practicarse la individualización del ganado, como razona el fallo impugnado, cuyos fundamentos no ha controvertido el recurrente de manera eficaz.	Concerniente al bien mueble -televisor- que es también objeto de la demanda, conforme el principio instituido en el art. 2412 del C.Civil (actual art. 1895 del CCCN), la posesión de buena fe equivale a título, presunción que se aplica respecto de terceros, mas no en las relaciones respecto de aquel que, como en el caso, discute la causa misma de la posesión, y sostiene que esta obligado a restituir esos muebles en virtud de una obligación personal (Cám.Nac.Com., sala D, 27/5/2005, JA 9/11/2005).	En el caso, la actora ha arrimado un recibo, que consigna como fecha el 11/10/2004, suscripto por quien -denuncia- habría sido el vendedor. Si bien no ha instado prueba tendiente a corroborar la autenticidad del instrumento privado, y éste ha sido desconocido en la contestación al traslado de la demanda, el demandado se ha opuesto a la pretensión con el argumento de que la compra se debió a un encargo que efectuara a la actora, con antelación a la fecha mencionada en el recibo, "hecho que realizó, comprando el televisor que yo traje a mi domicilio". Ello importa, por un lado, el reconocimiento de la operación instrumentada en el recibo; por el otro, la introducción de una circunstancia o presupuesto de hecho -el mandato- que esa parte omitió probar (doctrina del art. 377 del CPCC), y sobre la que no existe evidencia alguna en autos.	V. Con estos fundamentos, corresponde confirmar el fallo 244/247 y vta., y rechazar el recurso. Con costas, de acuerdo al principio objetivo que consagra el art. 67 del CPCC.	El doctor José Gerardo Ruiz adhiere al voto que antecede.	Por ello,	LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL	I. NO HACE LUGAR al recurso de apelación deducido por la parte demandada a fs. 252. Con costas.	II. REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.	SALA IV, T. XXXVIII-S, fº 221/225, 26/09/16. VOCALES: Dra. Graciela Carlsen - Dr. José Gerardo Ruiz. SECRETARIA: Dra. Cristina Juncosa.