Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-23


RAWSON, 23 de Septiembre de 2.011.- VISTO: - Estos autos caratulados: "S., C. E. s/ Acción de Nulidad e Inconstitucionalidad" (Expte. Nº 22.322-S-2.011).

DE LOS QUE RESULTA: -- Llegan estos autos a conocimiento de este Tribunal en virtud de la presentación efectuada a fs. 49/58 vta., donde se entabla acción autónoma de nulidad de sentencia írrita contra D. E. P. y M. C., para que se declare la nulidad de las providencias de fecha 3/2/11 y 22/2/11 (fs. "657" y "639", respectivamente). En éstas, se intimó al presentante, a acompañar las copias del escrito por el que interpuso Recurso Extraordinario en los autos: "S., C. E. c/ Sucesores de F. P. s/ Ordinario" (Expte. N° 21.891-S-2.010), y se tuvo a la intimación por incumplida por no haberlas adjuntado en tiempo procesal oportuno. Plantea la inconstitucionalidad y nulidad de ambas providencias y de las resoluciones consecuentes, para que se incorpore -a continuación-, el Recurso Extraordinario y se envíen para su sustanciación, a la Corte Suprema de Justicia.

El planteo efectuado por la actora busca anular dos providencias dictadas por este Cuerpo en los autos: ""S., C. E. c/ Sucesores de F. P. s/ Ordinario" (Expte. N° 21.891-S-2.010), en cumplimiento de lo normado por el código de rito. La primera de ellas, de fecha 3/2/11, ordenó al quejoso que acompañara las copias del escrito recursivo para su traslado a la contraria (art. 121 del C.P.C.C.), indispensables para tal fin, en los términos del art. 260 de la misma ley ritual.

La otra providencia cuestionada es la de fecha 22/2/11, que hizo efectivo el apercibimiento dispuesto en el párrafo segundo del art. 121 al haber transcurrido el plazo legal sin que el presentante acompañara las copias requeridas.-- Obtenida la nulidad de ambos proveídos, su petición principal se dirige a lograr que se incorpore el escrito continente del Recurso Extraordinario que se ordenara devolver a su parte. Funda su acción en que no le fueron indicadas ni cuántas ni cuáles eran las copias que debían acompañarse, cuando era "muy obvio que por no residir en la ciudad de asiento del Tribunal, no habría de concurrir martes y viernes a la oficina." Agrega que "resulta a todas luces inconstitucional en el caso pues impone a quienes residen fuera del asiento del Tribunal, como en mi caso 400 Kms de su sede, como es público y, por tanto, notorio, una carga de imposible cumplimiento". Así considera que el domicilio constituido es donde debió notificarse cualquier circunstancia "anormal" que pudiere presentarse y califica de falta de debido proceso y exceso de ritual, desglosar una pieza tan importante como el recurso extraordinario por el solo hecho de no acompañar las copias.-- También calificó de arbitrarios a ambos proveídos por violación del debido proceso legal, así como del derecho y garantías de la propiedad, ya que el principio ordenatorio del art. 121 del código adjetivo, termina por anular derechos sustanciales. Ello constituye según sus términos, una "sentencia arbitraria" susceptible de reproche en tanto viola la ley o doctrina legal y resulta axiológicamente "injusta". Así, el art. 260 alude al traslado a las parte interesadas del memorial de agravios y por ende no significa que deban notificarse todas las partes del proceso. Entiende que la única parte interesada es la contraria que tiene "una representación unificada (Estudio Raso)", y no puede incluir a las restantes que son litis consortes de su parte.

Así, la interpretación de las normas procesales locales, ponen en pugna el orden constitucional y conculcan el debido proceso legal. Solicita se dicte cautelar innovativa antes del traslado de su presentación que suspenda el trámite de los autos: "S., C. E. c/ Sucesores de F. P. s/ Ordinario" (Expte. N° 21.891-S-2.010).- CONSIDERANDO: - I.- Planteada la problemática de la demanda y resumidas las pretensiones del actor, corresponde ahora, abordar las normas en juego y la jurisprudencia adecuada a los efectos de analizar la viabilidad preliminar de la acción entablada.

Toda vez que se pretende reestablecer el tratamiento y envío a la Corte Suprema del Recurso Extraordinario devuelto al presentante, es dable analizar si los recaudos exigidos para su procedencia por el ordenamiento vigente, fueron cumplidos por la parte actora en debidos tiempo y forma.

Dentro de las normas adjetivas, el art. 260 del C.P.C.C. impone la notificación personal o por cédula del recurso articulado para que las partes del litigio, tomen efectivo conocimiento de éste y, en su caso, puedan ejercer su derecho a contestarlo.- La forma y cantidad de copias requeridas, son especificadas en el art. 121 del código de rito el cual establece la obligación de acompañar tantas copias de los escritos como partes intervengan en el juicio, bajo apercibimiento con indicación expresa que si no se acompañaren dentro de los dos días posteriores a los de su notificación ministerio legis, se tendrá por no presentado el escrito y se devolverá al presentante.-- La norma no sólo exige el acompañamiento de copias para traslado, sino que, además, exige el número de ellas como partes intervengan; o sea, que es menester tener en cuenta no sólo a la parte contraria, sino a todos los litisconsortes -activos o pasivos- que actúen en el proceso (Conf.: MORELLO, SOSA y BERIZONCE, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, T° II - B, Ed. ABELEDO - PERROT, segunda edición, año: 2.002, pág. 572). Donde la ley no distingue no corresponde hacerlo al juzgador.-- La notificación automática o ministerio legis encuentra su fundamento en la carga que tienen las partes de concurrir a Secretaría los días hábiles, mientras dura el proceso. El instituto depende del juego armónico de los valores: la celeridad y la economía procesal, por una parte, y la garantía de defensa en juicio, por la otra. No prospera esta notificación en los supuestos que el expediente no se encontrare en letra los días previstos para dicha notificación (martes y viernes, art. 135 del C.P.C.C.). Al pertenecer al género de las notificaciones fictas, participa de la finalidad de ellas, que es, precisamente, la necesidad de impulsar el proceso hacia su culminación, dada la imposibilidad de comunicar expresamente todos los actos procesales (Conf.: MAURINO, Alberto Luis, "Notificaciones procesales", Ed. ASTREA, tercera edición actualizada y ampliada, año 2.009, pág. 171).

Dicho esto, se puede colegir que la importancia de un recurso como el extraordinario, tal como lo expresa el actor, obliga su seguimiento procedimental hasta el momento en que los autos pasen a sentencia. Es absolutamente irrelevante que el trámite se efectúe en otra jurisdicción, pues en tal caso deberá el interesado constituir el domicilio procesal en la jurisdicción asiento del Tribunal respectivo, y llevar a cabo las acciones conducentes para tomar conocimiento del estado del juicio en todo momento. No puede soslayarse la falta de solidez del planteo del recurrente, quien se considera excusado de estas obligaciones procesales bajo la premisa de no vivir en Rawson, y asegurar que dicha circunstancia constituye una "carga de imposible cumplimiento". Si se hiciera lugar a dicho razonamiento, se estaría generando un privilegio a favor de quienes no se domicilian en la jurisdicción donde quieren hacer valer sus peticiones, que si constituiría para las restantes partes del pleito, una clara conculcación del principio constitucional del debido proceso.- II.- Para dejar sin efecto los proveídos señalados, el presentante entabla acción de nulidad por sentencia írrita para revertir las decisiones judiciales firmes. Y aquí se enfrenta el principio de seguridad jurídica con el de sentencia justa.

Este instituto procesal no tiene regulación específica en nuestra legislación, ya que se ha ido perfilando en forma jurisprudencial y doctrinaria. Juan Carlos HITTERS ("Revisión de la cosa juzgada", Ed. Librería Editora Platense, Año: 2.001, pág. 145/146), ha dicho que "la sentencia tiene en principio una supervivencia indefinida; una vez firme el pronunciamiento se desenvuelve en forma infinita, salvo que aparezcan motivos de excepción que le ponen límite a su génesis...". "La inmutabilidad de los decisorios judiciales, o sea la vocación de eternidad que tiene toda sentencia firme sólo puede ser quebrada en los casos que opera a) un cambio de las circunstancias que le dieron origen al fallo o b) cuando se detecten ciertos vicios que lo hacen intolerablemente injusto".- La Corte Suprema de Justicia, ha delineado el marco legal donde se funda la acción y ella se relaciona con la detección de vicios graves en el resolutorio atacado. Así, ha sostenido que: "No puede reconocerse eficacia final a la sentencia dictada en juicio en que se ha incurrido en estafa procesal" ... "No puede invocarse el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada cuando no ha existido un auténtico y verdadero proceso judicial" (Conf.: CS, febrero 19-971, "CAMPBELL DAVIDSON Juan C. c/ Provincia de Buenos Aires", E.D. 36-1971-288).

Augusto MORELLO, en su comentario al fallo individualizado en el párrafo precedente, escribió elogiosas palabras con respecto a la penetración de la Corte en un aspecto no legislado, pero de gran trascendencia jurídica, al sortear vallas formales de índole procesal. Para dar "virtualidad plena del derecho de defensa no cabe acordar eficacia final a la sentencia fraudulenta o dictada en virtud de cohecho. Pues el reconocimiento de la cosa juzgada se halla condicionado a la inexistencia de esos vicios y supone la estructuración y agotamiento de un juicio regular, fallado libremente por los jueces" (autor citado, E.D. 36-971 pág. 290).

Ahora bien, la descalificación de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada debe estar contaminada de circunstancias gravísimas que justifiquen modificar un decisorio firme, que lo conviertan en un acto jurisdiccional irremediablemente injusto. No cualquier hecho perjudicial puede generar, de por sí, tan grave sanción.

Cabe recordar lo dicho también por la Corte Suprema al expresar: "Es que ni esta Corte, ni ningún otro tribunal, puede eludir los efectos de una decisión judicial firme sin negarse a si mismo, es decir, sin poner las condiciones para que nuestro propio fallo sea también revocado en el futuro con argumentos contrarios, esto es, alegando error, injusticia, etcétera. Si el propio juicio sobre el desacierto de un fallo pasado (ver Fallos: 308:1150, considerando 4°; 319: 2527, 2532) o la diferente concepción de la equidad o la justicia (ver Fallos: 315:2406, considerando 7º) que anima a los jueces actuales, pudiese dar lugar a una revisión de las sentencias judiciales firmes, el carácter final de las decisiones que estamos tomando vendría a significar apenas más que nada, pues sólo sería respetado por los jueces futuros en la medida que fueran compartidos por ellos... La excepción a la regla que asigna efectos irrevocables a un fallo judicial, conocida como "cosa juzgada írrita", no tiene absolutamente nada que ver con el acierto de los jueces que lo dictaron, sino, principalmente con su decencia y su libertad de conciencia. Es la desviación en el cumplimiento de sus deberes, por dolo o coacción, lo que les quita el carácter de jueces, y, por ende, la importantísima atribución de resolver con carácter definitivo las causas sometidas a su decisión" (Fallos, 330:3.248, MAZZEO, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad").

No se advierte en la acción entablada, que se acrediten extremos de tal gravedad que tornen injustos los proveídos atacados. El excesivo rigor formal que aduce el actor, podría haber sido objeto de tratamiento por otra vía impugnatoria, que como ya se expresara ut supra, pero no por medio de la acción de nulidad entablada. Tampoco se constata en la lite, que el actor hubiera articulado contra los decisorios que cuestiona, los medios recursivos con los que contaba para impugnar y subsanar, de algún modo, el eventual perjuicio que éstas le hubieren ocasionado. Así, quedaron firmes ambos decisorios y se encuentra precluída la oportunidad de su planteo.-- Este criterio es el que sigue la jurisprudencia y la doctrina al momento de evaluar la procedencia de la declaración de nulidad de sentencia, ya que se excluye la impugnación, cuando se invocaren vicios en la actividad procesal, errores de juzgamiento o, en general, aquellos agravios cuya corrección debió procurarse a través de los incidentes o recursos pertinentes (Conf.: MORELLO y otro, "El proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires - estado actual", en J.A. 1997-IV-1140).- III.- A mayor abundamiento, todas las providencias que se dictan en los expedientes que tramitan por ante este Tribunal, se publican en la página web del Poder Judicial por medio del sistema SERCONEX. Ello torna innecesario el traslado a su sede para tomar conocimiento de las resoluciones dictadas en los diversos juicios. Toda vez que consta el registro del letrado apoderado en el sistema de control de expedientes por internet, se desvanece la excusa esgrimida en la acción entablada para justificar o tornar procedente la tacha nulidificante de los decisorios opugnados.-- No se puede soslayar que cuando media mandato para representar a una parte en un proceso judicial, el art. 50 del C.P.C.C., establece que los letrados apoderados deben asumir todas las responsabilidades que las leyes le imponen y, por ende, sus actos obligan a la parte que representa como si las realizare ella misma. Por su parte, el art. 51, dispone que el apoderado en un juicio, estará obligado a seguirlo mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces, todas las citaciones y notificaciones que se practicaren en el domicilio constituido por el letrado apoderado o que operaren por ministerio de ley, tendrán la misma fuerza que si se hicieren al poderdante con excepción de las que deban ser notificadas personalmente a la parte.- Lo cierto es que las providencias cuya revisión se requiere, fueron consentidas y han quedado firmes para la parte que actualmente pretende impugnarlas, lo que descarta la procedencia de la acción promovida.

IV.- Conforme se resuelve la presente, no corresponde tratar la cautelar peticionada. Sin costas, por cuanto no ha existido contradictorio, y sin regular honorarios dada la inoficiosidad del planteo (art. 69 del C.P.C.C., arts. 3 y 5 de la Ley XIII N° 4, respectivamente).-- Por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia:

-- R E S U E L V E 1°) RECHAZAR in límine la acción de nulidad entablada a fs. 49/58 vta.

2°) SIN COSTAS por cuanto no ha existido contradictorio y sin regular honorarios dada la inoficiosidad del planteo (art. 69 del C.P.C.C., arts. 3 y 5 de la Ley XIII N° 4, respectivamente).-- 3°) REGÍSTRESE, notifíquese y archívese.- Fdo.: Dr. Fernando S. L. ROYER - Dr. Jore PFLEGER - Dr. Alejandro Javier PANIZZI.- RECIBIDA EN SECRETARIA EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N° 24 S.R.O.E. CONSTE.