marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución de la pena, sentencia firme, queja por recurso denegado, presunción de inocencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Surita, Luis Alberto c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Legajo de juicio en autos Surita, Luis Alejandro s/ inf. art. 149 bis, CP'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-27

Si el inicio de ejecución de una pena supone el dictado de una sentencia firme y, en el ordenamiento local, la queja deducida contra el rechazo del recurso de inconstitucionalidad no conlleva -por regla- efecto suspensivo, cabe concluir que la decisión de la Cámara mediante la cual se declara la improcedencia formal del remedio intentado contra una sentencia (que es la definitiva conforme el art. 26 de la ley n° 402) habilita la ejecución de ésta y por lo tanto, a considerarla firme. Ello, en tanto la presunción de inocencia, principio constitucional que atraviesa todo el proceso penal, impide la ejecución de una pena sin una sentencia firme previa que determine la culpabilidad del penado. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Demanda, notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio Edificio Portofino II c/ Scherini Vera Nilda y/o quien resulte propietario s/ Ejecución de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-21

La notificación de la demanda diligenciada bajo responsabilidad de la parte actora, no exime del formalismo del aviso de espera que dispone el art. 338 2° párrafo del CPC, que encuentra sustento en el carácter personalísimo de la citación para contestar aquella y en la necesidad de asegurar la validez y eficacia de este acto fundamental del proceso. (Minoría u opinión personal)
Intereses, intereses compensatorios, obligación tributaria, pago, falta de pago, pago parcial
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: FELMAR S.H. De Martinez Enrique G. y Felipe (T.F. 10260-I) c/ D.G.I. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-14

El art. 42 de la ley 11.683, luego de señalar que la falta de pago en término de la obligación fiscal hace nacer automáticamente el derecho del Estado de percibir un interés "resarcitorio", especialmente dispone que "la tasa de interés y su mecanismo de aplicación serán fijados por la Secretaría de Hacienda" no pudiendo el tipo de interés que se fije exceder del doble de la mayor tasa vigente que perciba en sus operaciones el Banco de la Nación Arg.

(segundo párrafo, art. cit.). En tal sentido, no está demás recordar que la Resolución n° 22/91 -B.O. del 11/11/91, con vigencia a partir del 1/12/91: art. 5, de la Secretaría de Ingresos Públicos, estableció la tasa de interés resarcitorio en el 3% mensual (art.

1°) y fijó del 4,5 mensual para los intereses punitorios del art. 55 (art. 2°).
Denuncia de ilegitimidad, saneamiento del vicio, recursos, verdad jurídica objetiva, Administración Pública, facultades discrecionales
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: UMBERTO M. TARABINI e Hijos c/ Dirección Nacional de Recaudación Previsional s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

La denuncia de ilegitimidad tiene por objeto el saneamiento jurídico de los remedios procesales (recursos) presentados fuera de término, haciendo que prevalezca la verdad material sobre la mera formalidad. Pero el análisis de la viabilidad de la denuncia constituye una facultad discrecional de la autoridad administrativa, que no puede ser atacada en sede judicial mediante simples consideraciones genéricas.
Nulidad de sentencia, acusación fiscal, calificación legal, homicidio en riña, coautoría, legítima defensa de un tercero, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, Víctor y otro s/ NULIDAD    SENTENCIA   -  IMPROCEDENCIA  -  JUICIO  PLENARIO  AUTORIA  CONCOMITANTE - HOMICIDIO  EN  RIÑA -  EXCESO  LEGITIMA DEFENSA DE UN  TERCERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-20

1) No es nula la sentencia que condenó por homicidio cometido con exceso en la legítima defensa de un tercero cuando el Fiscal acusó por homicidio en riña, por cuanto la necesaria coherencia que debe existir entre acusación, defensa y sentencia en resguardo de las garantías constitucionales del debido proceso legal, se limita a la descripción del o los eventos que le sirven de base y a la prueba que se haya producido, sin que por ello deba subordinarse el derecho invocado por las partes (del voto del Dr. Madueño).

2) El delito de homicidio en riña supone una gresca, lucha o pelea tumultuaria en que más de dos personas se acometen y donde se confunden los roles de víctima y victimario con un resultado letal, sin que puedan determinarse los actos de cada uno (del voto del Dr.

Madueño).- 3) Proponer ante el Tribunal de juicio un hecho como constitutivo de un homicidio en riña importa tanto como predicar de él que se comporta como una hipótesis de comprobación dual o alternativa, desde que afirmar que ha mediado riña supone tanto como sostener que solo uno o alguno de los corrientes ha materializado en el plano de la realidad extraprocesal el homicidio, pero de ningún modo importa excluir la eventualidad de que todos ellos lo hayan ejecutado.

Si ello es así, fácil es percibir que toda imputación bajo aquél título delictivo lleva aneja la relevante posibilidad de que el acto sentencial asigne a la hipótesis propuesta por el acusador, la comprensión jurídica que responde al segundo término de la alternativa (esto es, en el plano de la tipicidad: homicidio simple del art. 79 C.P.), sin que ello envuelva demasía decisoria por exhorbitancia del thema decidendum (del voto del Dr. Almeyra).- 4) No es fácil de concebir un supuesto de autoría concomitante en una riña que concluya con un homicidio.

No existe autoría concomitante si ambos imputados se presentan como virtuales cotitulares de la resolución criminosa y de la realización en común del tipo objetivo (Del voto del Dr. Almeyra).

5) Deviene a nivel absolutamente secundario el cuestionamiento de la defensa a la medida para mejor proveer dispuesta por el a-quo con el objeto de determinar pericialmente cuál de cada una de las heridas vitales resulta atribuible a cada uno de los procesados, pues en la coautoría media división de trabajo y distribución de funciones.

La coautoría es supuesto excluyente del homicidio en riña (Del voto del Dr. Almeyra).
Honorarios, carácter alimentario, derecho a la justa retribución
Materia: PROCESAL
Carátula: FORD MOTOR ARGENTINA (AUTOLATINA  S.A. ) c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-14

El crédito por honorarios amparado por el derecho constitucional a la justa retribución del trabajo personal (art. 14 bis, CN; y por ende de carácter alimentario, está excluido por regla del decreto 679/88 conforme su art. 10; sin que corresponda hacer excepción en el caso a este precepto en razón de su monto.
Excusación, tribunal plenario, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: "REJO  CECILIA  MARIA  VICTORIA  Y OTROS c/ EN-CSJN-CONSEJO DE LAMAGISTRATURA       ART       110      S/ s/ EMPLEO      PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-21

En esta causa, "la mayoría de los Magistrados que la integran se excusaron de intervenir en función de lo dispuesto en los arts. 17, inc.2°) y 30 del CPCCN, toda vez que la naturaleza de la cuestión planteada guarda relación con sus retribuciones, por lo que existen razones de delicadeza y decoro que justifican su apartamiento". Por las razones apuntadas, el Tribunal en pleno "se ve imposibilitado de pronunciarse"; y "aún el Poder Ejecutivo Nacional no ha confeccionado la lista de conjueces a la que se refiere el art.3° de la ley n°26.736, que imposibilita la integración del Tribunal para entender en la causa"; con lo cual, "La falta de Magistrados hábiles provoca el retardo de justicia al que se refiere el inciso 5° del art.24 del decreto 1285/58". A mérito de las consideraciones precedentemente enunciadas, el Tribunal en Pleno RESUELVE: "elevar las actuaciones a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que se sirva adoptar las medidas pertinentes para la solución de la cuestión planteada".
Impuestos, aplicación de la ley tributaria, interpretación de tratados internacionales, promoción de exportaciones
Materia: TRIBUTARIO - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Cafés La Virginia S.A. s/ apelación (por denegación de repetición).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

El silencio de la ley 23.101 respecto de la mercadería amparada por tratados internacionales, no puede interpretarse como una voluntad de gravarlas en violación de éstos.
Accidentes de trabajo, muerte del trabajador, subcontratación laboral, responsabilidad del consorcio
Materia: LABORAL
Carátula: GUTIERREZ, RAMONA Y OTROS c/ CONSORCIO DE COPROP. MISIONES 354 s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

No es responsable el consorcio de copropietarios por el accidente de trabajo que provocó la muerte del obrero que dependía de la empresa que fue contratada para la realización de diversos arreglos en el edificio. En tal sentido dicho consorcio no tiene responsabilidad por las consecuencias propias de la falta de diligencia en que incurrió su contratante, pues es evidente que no estaba afectado a la obligación que el art. 75 LCT impone sobre el empleador.
Establecimientos educacionales privados, personas con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: L.M.I. y D.P.M. c/ I.C.M. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

La matriculación de un alumno con discapacidad -en el caso, auditiva- implica para el colegio hacerse cargo de las dificultades inherentes a esa situación de desventaja y asumir institucionalmente el compromiso de desplegar los esfuerzos necesarios para lograr superar las barreras, a través de un entorno educativo propicio.
Ley procesal, aplicación analógica de la ley
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, RUFINO s/ Cheque sin fondos Causa 34367
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-04

1-Es lógico pensar que si el legislador previó un control adecuado del dictamen de fiscal al cierre de la instrucción, éste puede ser utilizado cuando el funcionario no excita la jurisdicción por asumir una postura desincriminatoria. Los posibles requerimientos fiscales de conclusión del procedimiento no deben resultar obligatorios para el juez, titular de la potestad jurisdiccional, que podrá disentir con su criterio, resultando razonable que sea la Cámara, la que en ambas situaciones, dirima la cuestión ejerciendo el debido control de legalidad.- 2-La analogía prohibida en el derecho de fondo (art. 2, cód. proc.

penal), es admisible en la ley procesal cuando determinada situación no está prevista expresamente. En el aspecto procesal jamás se habrá de encontrar un cuerpo normativo que prevea todas las situaciones.

En tales casos se habrá de recurrir a la analogía.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Eduardo Alberto s/ Homicidio culposo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-06

Es infundado el recurso de inaplicabilidad de ley que no logra refutar los argumentos de la sentencia, ni demuestra transgresiones legales ni absurdo valorativo.
Declaración del imputado, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Procurador Fiscal s/ Queja por Apelación Denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-01

"Sabido es el carácter solemne que inviste el acta de declaración indagatoria, solemnidad que no admite desplazamiento alguno, habida cuenta de que aquella constituye uno de los pilares básicos del derecho constitucional de la defensa en juicio, cuyo eficaz ejercicio supone a su vez una determinación circunstanciada y unívoca de los extremos fácticos a cuya consecuencia tal acto tiene lugar".
Embargo, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PEREZ, ARGENTINO c/ HACHE, JOSE ALDO s/ COBRO DE PESOS MARCOUX DE CARABAJAL, ROSA MARIA c/ HACHE JOSE ALDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-02|2000-10-10

Corresponde se ordene el levantamiento de embargo que recae sobre la parte proporcional de haberes jubilatorios, por estar determinada la inembargabilidad de las jubilaciones cualquiera sea el monto de los haberes (Ley Nº 24.241 art. 14, inc. c).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, Municipalidad, personal municipal, facultades de la Municipalidad, Administración Pública
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández de Luco, Manuel Alberto c/ Municipalidad de Rosario s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad-Recurso  Contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.: C.S.J.  Nro. 211 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-03

No puede prosperar el recurso interpuesto por la Municipalidad demandada, si toda la sustancia impugnativa gira en torno al particular enfoque que la quejosa le imprime a la plataforma fáctica de la causa, pero sin lograr demostrar que el Tribunal, al evaluar el cúmulo de situaciones que nutría el caso llevado a sus estrados y poner el acento, esencialmente, en los aspectos vinculados a la marginación de los antecedentes del actor, en la necesidad de que la autoanulación se produzca en un plazo razonable y en la omisión de audiencia previa al acto de retiro, hubiera obrado con la arbitrariedad que se le achaca.
Inimputabilidad, estado de inconsciencia
Materia: PENAL
Carátula: Robledo, Carlos I. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-17

Habiendo una probabilidad cierta de establecer objetivamente la existencia de un motivo impulsor del acto homicida -en el caso; los celos del imputado- ello significaría echar por tierra la teoría de que solo ante un estado de inconciencia transitoria podría explicarse el matar a quien no se tenía razones para hacerlo. Fundamento del Dr. R. Castillo Giraudo.
Recurso de reposición (procesal), trámites judiciales
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: AVILA ANTONIO c/ TORTONE S.A. s/ RECURSO  DE REPOSICION - CASACION LABORAL - RECURSO DIRECTO - TRAMITE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-09-18

Corresponde rechazar el recurso de reposición interpuesto en contra de la interlocutoria de esta sala, en virtud de la cual se declaro desierto el recurso de casación en cuanto había sido concedido, no obstante que el impugnante haya planteado queja por los aspectos denegados. Dicha decisión se fundó en una interpretación de la ley procesal acerca de los requisitos que deben cumplimentarse a fin de mantener el recurso y la necesidad de comparecer ante el superior en forma autónoma para cada una de las impugnaciones intentadas.
Declaración indagatoria, incapacidad sobreviniente, nulidad procesal, solicitud de excarcelación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: P.  C.; C. F. s/ excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-01-28

Si la dolencia de la que da cuenta el informe medico, indica un proceso psicorgánico crónico, severo e irreversible, de progresión lenta y progresiva que afecta su capacidad para ejercer sus derechos procesales y que hace suponer que al imputado le aquejaba idéntica sintomatología desde y en la oportunidad de prestar declaración indagatoria, debe anularse esta y todos los demás actos que resulten su consecuencia. Suspendido el trámite del proceso, la excarcelación solicitada deviene abstracta, debiendo procederse de conformidad con lo dispuesto por el art. 77 del Código de Procedimientos en Materia Penal.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, incidentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dasti S.A.C.I.F.I. c/ Ghizzoni, Guillermo y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-07

Como principio general, las resoluciones que deciden y ponen punto final a incidentes de nulidad no revisten el carácter de sentencia definitiva en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Cuestiones de competencia, agente de transporte aduanero, facturas impagas
Materia: CIVIL
Carátula: OVERSEAS ARGENTINA SA c/ TRAJTENBERG DIEGO FERNANDO s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-11

La parte actora relata que, en su condición de agente de transporte aduanero, facturó al demandado la intervención en el transporte de dos contenedores de 40 pies desde Ningo -China-, hacia la ciudad de Montevideo -Uruguay-, con destino final en Córdoba, República Argentina. Descata que el destinatario final de la carga era el demandado en autos, a cuyo nombre emitió las facturas que pretende cobrar a través del presente litigio. La Sala entiende que el lugar de cumplimiento de la obligación resulta ser la Ciudad de Córdoba, computando tanto el lugar de entrega de las mercaderías como el domicilio del demandado (conf. Sala III, causa 8131 del 1.9.93), por lo que la decisión del magistrado de este fuero es acertada.
Recurso de inaplicabilidad de ley, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Escudero, Héctor Daniel c/ Laboratorios Cerificados S.A.C.I y/u ot. s/ Indemnización por despidos,etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

La interpretación de las cláusulas convencionales constituye una cuestión de hecho cuya valoración queda privativamente reservada a los jueces de la instancia de grado y sus conclusiones son irreversibles en casación salvo el supuesto de absurdo que debe ser denunciado y demostrado por quien lo invoca.
Medidas cautelares, acoso escolar, asistencia psicológica, interés superior del niño, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: X c/ Colegio X S/ Y 2023 s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-03-01

Cabe hacer lugar a la medida cautelar, y en consecuencia, ordenar al colegio que en forma urgente e inmediata cambie a la niña de división para que comience las clases del año e imponer a la institución que efectúe un informe quincenal acerca del seguimiento psicopedagógico que le deberán efectuar a la menor; asimismo, disponer que deberán las partes realizar todo el esfuerzo posible para que el problema no siga escalando ni sea objeto de polémicas en los ámbitos donde se encuentre la niña, guardando reservas y prudencia, es decir, evitando que la solución que se decide aquí se convierta en un nuevo foco de conflicto que lógicamente impactaría en quien se debe proteger. Por último, se exhorta a los padres a fin de que arbitren los resortes necesarios para que la menor retome su tratamiento psicoterapéutico con la misma profesional tratante y que ambos realicen sesiones de psicoterapia de crianza orientativa, circunstancias -ambas- que deberán ser acreditadas. Ello pues, es sabido que el interés superior del niño resulta ser el principio rector bajo el cual se ponderarán todas las medidas y/o decisiones a adoptarse que involucren derechos de niños, niñas y adolescentes -art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño-. Resulta trascendental valorar la palabra de la niña, quien fue escuchada y expresó de manera libre sus deseos y opinión, ello a la luz del ejercicio de sus derechos, garantizándose el respeto a la capacidad progresiva y la progresión de su autonomía personal -arts. 5 y 12 CDN-. Es por eso que luce prudente, atento las constancias de autos, brindar y fortalecer un espacio adecuado para que se promueva su desarrollo educativo y social, valorando la importancia que tiene el cambio de aula para ella en su carácter de adolescente y tal como fuera descripto en el informe psicológico correspondiente.
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la privacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alejandro Carlos CAPALBO c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES Gustavo Mario BAZTERRICA c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29|1986-08-29

La garantía del art. 19 de la Constitución Nacional establece la existencia de una esfera privada de acción de los hombres en la que no puede inmiscuirse ni el Estado ni ninguna de las formas en que los particulares se organizan como factores de poder.
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, cruce de calles, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: S., J. c/ D.S., A.D. y Otro s/ Sumario (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-22

A fin de demostrar la culpa ajena, tratándose de un accidente de tránsito que se desenvuelve en una intersección, la determinación de quien es culpable sólo puede decidirse, conociendo cuál de dichos conductores se encontraba habilitado para el cruce, resultando irrelevantes las presunciones de culpabilidad fundadas en la calidad de embistente, ni la derivada de la prioridad de paso.
Prescripción adquisitiva, medida de no innovar, cesión de derechos hereditarios
Materia: CIVIL
Carátula: Cantini, Transito Abel  c/ Manzo, Anacleto Pilar Y Otra s/ usucapión s.incidentes civil s/ incidentes (civil) (legajo apelación art. 247 cpcc)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-22

Si un tercero efectúa una oposición a la posesión alegada por el usucapiente, y para ello invoca el carácter de cesionario de los derechos y acciones hereditarias sobre el inmueble que se intenta usucapir, tal situación resulta, en principio, suficiente para tener por acreditada la verosimilitud del derecho y alcanza para el decreto de la cautelar de no innovar.
Estado, régimen de consolidación de deudas, Estado Provincial, Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MIÑO, MANUEL ANGEL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 370-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-23

La Ley 23928, por la que se consolidan las deudas a cargo del Estado nacional, dispuso que similar criterio podrían adoptar las Provincias con las obligaciones que reúnan las condiciones establecidas en su artículo 1., y que -a este respecto- las respectivas administraciones, entes descentralizados, municipalidades serán consideradas un conjunto económico (artículo 19) a los fines del cumplimiento de la norma. Dicho régimen excepcional en cuanto se vincula con el llamado "poder de policía de emergencia"- autoriza a las provincias a consolidar sus deudas, entre ellas las de sus municipalidades, pero no faculta a éstas a sancionar un ordenamiento ajeno a sus competencias (argumento artículo 75, inciso 12, Constitución Nacional). Por lo tanto, al dejar de tener vigencia la ley provincial N. 10798 que instrumentó la consolidación de deudas en la Provincia -incluidos los municipios- no hay más posibilidad de que se aplique dicho régimen al caso en estudio.