Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-23


B. 195. XXXVI.

ORIGINARIO Buenos Aires, Provincia de c/ Edenor S.A. s/ remoción de electroductos.

- 1 - S u p r e m a C o r t e:

- I - A fs. 84/88, la Provincia de Buenos Aires promueve demanda contra EDENOR S.A. -con fundamento en los arts. 51 y 121 de la Constitución Nacional- para que se la condene a remover, a su costo, los electroductos de su propiedad ubicados en el Partido de Morón, por interferir en la ejecución de la obra pública provincial denominada "Saneamiento de la cuenca superior y media del arroyo Morón -I Etapa- Reestructuración de tramos a cielo abierto y obras complementarias", contratada con la empresa Victorio Américo Gualtieri S.A.

Narra que EDENOR S.A. se negó a cumplir la intimación que le había cursado la Dirección de Hidráulica Provincial, mediante la disposición 485/98 -acto que, según expresa, se encuentra firme y consentido por la demandada-, para que removiera esos electroductos en el plazo de 30 días, invocando la cláusula 21 del Contrato de Concesión celebrado entre EDENOR S.A. y el Estado Nacional -aprobado por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 714/92-, por la cual toda controversia que se suscite al respecto deberá ser resuelta por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (en adelante ENRE).

Manifiesta que dicha autoridad nacional dictó la resolución 300/99 -con fundamento en las leyes 14.772, 15.336 y 24.065, que integran el marco regulatorio eléctrico nacional- por la que dispuso poner en conocimiento de la Provincia de Buenos Aires que ella debía hacer frente a los gastos que la reubicación de los electroductos ocasione.

Sostiene que las cláusulas del Contrato de Concesión de servicios eléctricos suscripto entre EDENOR S.A. y el Estado Nacional, en cuanto afectan el ejercicio de los derechos de la Provincia sobre el dominio público provincial no - 2 - delegados, le resultan inoponibles, dado que la Provincia no ha sido parte en el acuerdo (arts. 1161, 1195, 1199 del Código Civil) e implican, en su concepto, un exceso de facultades que se ha arrogado la Nación en detrimento de los poderes locales, que lesiona los principios sobre jurisdicción que surgen de los arts. 18 de la ley 15.336, 29 de la ley 24.065 y, especialmente, del art. 98 del decreto reglamentario de esta última (1398/92).

Entiende que el permiso de uso que el Estado Nacional pudo conceder a las empresas concesionarias sobre el dominio público provincial consiste en que la Provincia tolerará el uso de sus bienes para el asentamiento de las instalaciones necesarias para dicho fin, pero ello no permite interpretar que se ha conferido a la Nación la facultad de imponer cargas a la Provincia, sin su expreso consentimiento para el pleno ejercicio de dominio en su propio territorio.

En tales condiciones, afirma que, si para la obtención de fines comerciales EDENOR S.A. usa sectores de dominio público provincial, con el consecuente beneficio económico que ello le depara, es razonable, también, que se haga cargo de los costos derivados de su emprendimiento, entre los que se encuentra la remoción del electroducto que aquí se peticiona, en beneficio del interés general que tiene para los habitantes de la Provincia el entubamiento y canalización del arroyo Morón.

Por último, pide que se cite al Estado Nacional como tercero, en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, atento a que incurrió en exceso de facultades al celebrar los contratos de concesión de servicios públicos de electricidad, pues comprometió intereses patrimoniales de la Provincia para lo cual carecía de atribuciones.

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ORIGINARIO Buenos Aires, Provincia de c/ Edenor S.A. s/ remoción de electroductos.

- 3 - - II - A fs. 144/156, EDENOR S.A. contesta la demanda y solicita su rechazo, con costas.

Relata que frente a la controversia planteada con la Dirección Provincial de Hidráulica y en el marco de las normas que regulan la prestación del servicio público, solicitó la intervención del ENRE, quien mediante la resolución 300/99, ordenó poner en conocimiento de la Provincia de Buenos Aires que le correspondía hacer frente a los gastos que demande la reubicación en profundidad de tres ternas de 132 kv. (que se individualizan con los nros. 653, 674 y 666) que cruzan subterráneamente el arroyo Morón, pertenecientes a EDENOR S.A, decisión que, a su entender, a la fecha se encuentra firme, por haber sido consentida por ambas partes.

Señala que es concesionaria del Estado Nacional para la prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en la Zona Norte de la Ciudad de Buenos Aires y veinte partidos del conurbano bonaerense, como consecuencia de la privatización de la Empresa de Servicios del Gran Buenos Aires S.A., dispuesta por el art. 83 de la ley 24.065 y en el marco de la Ley de Emergencia 23.696.

Afirma que la prestación del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica se encuentra sujeta a la jurisdicción nacional, de acuerdo a lo que disponen las leyes 14.772 (art. 11), 15.336 (art. 61) y 24.065 (art. 89), que reglamentan la Ley Suprema (art. 75, incs. 13 y 18 y art. 126) y que tal actividad ha sido calificada por el Estado Nacional de interés nacional y afectada a su política económica. Añade que las condiciones en que dicho servicio se presta también resultan del contrato de concesión suscripto con el Gobierno Nacional, cuyos términos fueron aprobados por el decreto 714/92. Estas circunstancias, en su opinión, - 4 - convierte en inaplicables aquellas normas de carácter local que, ya sea provinciales o municipales, tengan alguna incidencia, dificulten, obstaculicen, frustren o entorpezcan la prestación de tal servicio.

Recuerda que tanto en el contrato que regía la actividad de la ex -concesionaria Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. (SEGBA S.A.) (art. 21), como en el que ahora regula las condiciones de la prestación del servicio a su cargo (art. 17), se les confirió el derecho de hacer uso y ocupación de los lugares de dominio público nacional, provincial y municipal, incluso su subsuelo y espacio aéreo, que fuesen necesarios para el desplazamiento de sus instalaciones destinadas a la prestación del servicio.

En ambos casos se estableció que, una vez autorizada la respectiva colocación de cables y demás instalaciones en la vía pública o en otros lugares del dominio público, no podía obligarse a la concesionaria a removerlos o trasladarlos a menos que fuese necesario en razón de obras a ejecutarse por la Nación, la Provincia de Buenos Aires o las Municipalidades, con cargo a la autoridad o empresa que haya requerido la realización de los trabajos, los gastos de remoción, retiro, traslado o modificación que fuese necesario realizar (art. 31, del contrato de concesión de SEGBA S.A. y art. 21 del contrato de concesión de EDENOR S.A.).

Tal clase de atribuciones y derechos -agrega- fueron conferidos por aplicación del art. 18, inc. 21 de la ley 15.336, en cuanto dispone que en toda concesión de servicio público de jurisdicción nacional deberán preverse las condiciones de uso y ocupación del dominio público con los bienes e instalaciones del concesionario.

Destaca que el Estado Nacional, cuando ejercita tal clase de atribuciones, no invade ni interfiere con las faculB.

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- 5 - tades de las provincias, sino que, por el contrario, ejerce en plenitud los poderes que le fueron delegados por la Constitución Nacional, puesto que es facultad exclusiva del Gobierno de la Nación reglar el comercio de las provincias entre sí (art. 75, inc. 13 de la Constitución Nacional), carácter del que participan los servicios públicos de electricidad conectados.

Aclara que esta forma de confluencia de una y otra jurisdicción se encuentra plasmada en la ley 14.772, que además de declarar sujeta a jurisdicción nacional la prestación de los servicios públicos de electricidad interconectados que se presten en el ámbito de la Capital Federal y en los partidos circundantes de la Provincia de Buenos Aires señala, expresamente en su art. 51, que la prestación de estos servicios se desarrollará respetando los poderes locales en todo aquello que sea compatible con la jurisdicción técnica y económica que corresponde al Estado Nacional y que en la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo de la Nación deberá reconocerse el porcentaje que, sobre las entradas, corresponde a cada municipio.

Interpreta que esta disposición responde a la necesidad de que el servicio pueda prestarse en función de determinadas pautas de carácter técnico que respondan a cierta unidad de criterio imprescindible para asegurar su prestación a millones de habitantes y, en lo que hace a los aspectos económicos, someterlo a normas comunes en materia tributaria que permitan mantener la unidad tarifaria en todos los municipios donde se encuentre sometido a la jurisdicción nacional.

Aprecia que el uso y ocupación del dominio público provincial aparece adecuadamente recompensado con una retribución única destinada a la Provincia, lo cual implica que ese uso y goce, en las condiciones del contrato de concesión, - 6 - entre las cuales se establece que no podrá obligarse a la distribuidora a la remoción de dichas instalaciones sin el pago de los gastos que ello origine, no es producto de una concesión graciosa del Estado local, sino un correlato de otra obligación que pesa sobre la concesionaria. Por ello -infieremal puede sostenerse que el uso del dominio público tiene carácter precario y puede ser revocado sin recurso alguno cuando la Provincia lo considere conveniente, toda vez que por ese uso y ocupación abona una contribución.

- III - A fs. 170/183 se presenta el Estado Nacional y contesta la citación en calidad de tercero interesado. Coincidió, en esencia, con la posición de EDENOR S.A., motivo por el cual relataré sólo aquello en lo que difieren sus argumentos.

Afirma, en primer lugar, que no surge que haya sido codemandado, ni que se le considere corresponsable del accionar de la demandada EDENOR S.A.

Desde esta perspectiva, esgrime que el derecho de citar a terceros compete exclusivamente a quien pretende que debe ser coadyuvado en su postura, esto es a la parte actora, cuando el tercero es citado al pleito en apoyo de la demanda y al demandado cuando el tercero lo sea en apoyo de su rechazo.

En su concepto, esto es así porque la función del art. 94 es que cualquiera de las partes pueda citar al pleito como coadyuvante suyo a aquel con quien lo liga un nexo extraprocesal para que coopere en la controversia que a ambos interesa, con la finalidad de que quede sujeto a su resultado eventualmente adverso. De allí que la actora no pueda citar a alguien cuyo interés sea común con el demandado sino, en tal caso, es este último quien debe pedir la citación. El actor, si quiere hacer valer la sentencia contra un tercero cuyo interés es común al del demandado, no tiene otro camino que B. 195. XXXVI.

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- 7 - lisa y llanamente demandar a dicho tercero.

Alega que la actora ha basado la comunidad de controversia en el exceso en que habría incurrido al suscribir los contratos de concesión, toda vez que comprometería el patrimonio provincial por carecer de facultades para ello. Sin embargo -asevera- resulta contradictoria dicha actitud en razón de que, por un lado, imputa a la Nación haber actuado en exceso de facultades y, paralelamente -sin demandarla-, pretende su apoyo por vía de la citación como tercero coadyuvante en una interpretación contraria al texto expreso del decreto 714/92 y del contrato que lo integra como Anexo.

Tras reafirmar el carácter federal de la jurisdicción en materia de distribución de electricidad en el área en que se ejecutan las obras hidráulicas en virtud de las leyes 14.772 y 15.336 y de las respectivas cláusulas de las Constitución Nacional (art. 75, incs. 13, 18 y 30 y arts. 126 y 31), rechaza su citación en calidad de tercero, porque la actora no solicitó la declaración de inconstitucionalidad de las aludidas leyes, como tampoco la ilegalidad del decreto 714/92, ni lo ha demandado formalmente, ni pretende resarcimiento alguno de su parte.

- IV - V.E. es competente para seguir conociendo de la presente causa a tenor de lo dictaminado a fs. 90/91.

- V - Para resolver la cuestión de fondo planteada vale tener presente que, de acuerdo a la configuración político- institucional adoptada por la Constitución Nacional, la regla -y no la excepción- consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias. En consecuencia, deben ser interpretadas las normas de aquélla de - 8 - modo que las autoridades de la una y de las otras se desenvuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro de las facultades provinciales y viceversa (Fallos:

271:186; 293:287; 296:432) y procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse (Fallos: 286:301 y 293:287).

A la luz de ese dato básico y esencial, frente a las eventuales colisiones normativas, se impone aplicar la pauta hermenéutica indicada reiteradamente por V.E. en el sentido de que la Constitución Nacional debe ser analizada como un conjunto armónico, dentro del cual cada una de sus disposiciones se interprete de acuerdo con el contenido de las demás (Fallos: 167:121; 190:571; 194:371; 240:311; 296:432), o dicho de otro modo, que la inteligencia de las normas constitucionales no debe hacerse en forma aislada e inconexa, sino como partes de una estructura sistemática considerada en su totalidad.

Creo conveniente recordar que, de acuerdo, también, a una arraigada doctrina de la Corte, lo atinente al régimen de energía eléctrica se inscribe en el marco de regulación federal incorporado al concepto abarcativo que se asigna a la inteligencia del art. 75, inc. 13 de la Constitución Nacional (Fallos: 322:2624 y 323:3949). Así, pues, también lo sostuvo V.E. en Fallos: 320:1302 al expresar que, "En esa inteligencia el Congreso dictó las leyes 15.336 y 24.065 y así lo admite ... al reconocer que es competencia de aquél dictar la legislación destinada a planificar, establecer pautas generales y ordenar la política energética. Estas facultades inspiran el régimen legal vigente y se justifican si se advierten las modalidades asumidas por la explotación de la energía que integra el llamado Sistema Argentino de Interconexión los puntos de generación y consumo que pueden originarse en diB.

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- 9 - versas jurisdicciones" (v. considerando 51).

Ello resulta particularmente aplicable en la especie, pues el contrato de concesión celebrado entre el Estado Nacional y la demandada, aprobado por el decreto 714/92, lo ha sido en ejercicio de facultades conferidas a aquél por la ley 14.772, 15.336 y 24.065, que integran el marco de regulación eléctrico.

La ley 14.772, que declaró la jurisdicción nacional de los servicios públicos de electricidad prestados en la Capital Federal y en varios partidos de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos el de Morón -donde se construye la obra pública que motiva la demanda- (art. 1), estableció que el Estado Nacional deberá proveer lo conducente a la solución integral de los problemas de electrificación relativos a este servicio, formulando los programas de obras y de prestación que contemplen los intereses generales de la Nación y, consecuentemente, las necesidades y derechos de los municipios interesados (art. 21), y por el art. 51, que la prestación del servicio se desarrollaría respetando los poderes locales en todo aquello que fuera compatible con la jurisdicción técnica y económica que corresponde al Estado Nacional.

Por su parte, la ley 15.336 declara sujeta al ámbito de la jurisdicción nacional las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de energía eléctrica (art. 61) y dispone que en dicho ámbito, el Poder Ejecutivo nacional otorgará las concesiones y ejercerá el poder de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional (art. 11), y que, en las concesiones, se deberán establecer, especialmente, las condiciones de uso y ocupación del dominio del Estado con los bienes e instalaciones del concesionario, cuando fuere pertinente (art. 18, inc. 21).

En ese orden de ideas, la ley 24.065 dispone que la - 10 - distribución de electricidad sólo podrá ser realizada por empresas a las que el Poder Ejecutivo les haya otorgado una concesión de conformidad con lo dispuesto por la ley 15.336 (art. 50) y por el art. 98 se invita a las provincias a adherir a su régimen, sin perjuicio de la aplicación de las normas de naturaleza federal contenidas en ella.

Lo expuesto sólo importa, a mi modo de ver, el ejercicio por parte de la Nación de las facultades que le confiere el art. 75, inc. 18 de la Constitución Nacional, en cuanto pone a cargo del Congreso "proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias", mediante "leyes protectoras de estos fines".

En ese sentido, es conveniente recordar que el art.

21 del contrato de concesión celebrado con el Estado Nacional establece que "Todos los gastos de remoción, retiro, traslado, modificación, acondicionamiento, sustitución y prolongación de cables e instalaciones que fuera menester realizar, para que quede en perfectas condiciones de seguridad y eficiencia desde el punto de vista técnico y económico, deberán serle reintegrados a la Distribuidora, por la autoridad, empresa, usuario o vecino que haya querido la realización de los trabajos". "Toda controversia que se suscite con motivo de estas solicitudes será resuelta por el ENTE".

Es claro -en mi entender- que el propósito que inspira dicha cláusula es evitar que la empresa que presta un servicio público nacional pueda ver comprometido su normal desenvolvimiento si, por continuas traslaciones a la que pudiera quedar sujeta por los gobiernos provinciales y municipales, se la obligase a imprevisibles erogaciones en caso de no resultar obligatorio que los costos de los traslados no fuesen afrontados por los gobiernos causantes de ellos (Fallos:

304:1186 y 305:1847).

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- 11 - Y, contrariamente a lo sostenido por la actora, considero que dicha cláusula le resulta oponible, pues la jurisdicción de las provincias sobre los bienes de domino público local se ejerce, en tanto no menoscaben o dificulten el ejercicio, por parte de la Nación, de los poderes que aquéllas delegaron en ésta para el logro de propósitos de interés general (doctrina de Fallos: 297:236). Cierto es que, en tanto los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 121 de la Constitución Nacional) y los delegados a la Nación son definidos y expresos, no lo es menos que estos últimos no constituyen meras declaraciones teóricas, sino que necesariamente han de considerarse munidos de todos los medios y posibilidades de instrumentación indispensables para la consecución real y efectiva de los fines para los cuales se instituyeron. De no ser así, dichos poderes resultarían ilusorios y condenados al fracaso por las mismas provincias que los otorgaron.

De aquí que los poderes locales no pueden pretender que se ampare una conducta que interfiera en la satisfacción de un interés público nacional (doctrina de Fallos: 263:437), ni que justifiquen la prescindencia de la solidaridad requerida por el destino común de la Nación toda (Fallos: 257:159 y 270:11). El sistema federal importa asignación de competencias a las jurisdicciones federal y provincial, ello no implica, por cierto, subordinación de los estados particulares al gobierno central, pero sí coordinación de esfuerzos y funciones dirigidos al bien común general, tarea en la que ambos han de colaborar para la consecución eficaz de aquel fin. No debe verse aquí enfrentamiento de poderes, sino unión de ellos, en vista de metas comunes (Fallos: 304:1186).

Si bien es muy cierto, y la Corte lo ha señalado en forma reiterada, que todo lo que encierra el riesgo de cerce- 12 - nar las autonomías provinciales debe manejarse con suma cautela a fin de no evadirse del contexto de los arts. 51 y 121, que trasuntan el sentido histórico de nuestra organización política, no es menos cierto, ni mucho menos delicado, cuidar de evitar que pueda quedar cercenado el libre ejercicio de la autoridad nacional, pues ello también lesionará dicho sentido histórico.

En el sub examine resulta claro, a mi juicio, que la regulación del servicio público de electricidad por parte de la autoridad nacional en la Capital Federal y el Gran Buenos Aries es el interés primordial que debe ser atendido por virtud de la esencia misma de la Constitución Nacional, condensada en el primacía que establece el art. 31. En tal sentido, lo que debe quedar muy en claro es que la Nación no actúa como poder concedente del servicio público de que se trata en virtud de una gracia o permiso revocable de la Provincia, sino en el ejercicio de su competencia y de las facultades delegadas por la Constitución.

En virtud de lo expuesto, estimo que el contenido de la referida cláusula dista de ser irrazonable y, por ende, está lejos de implicar el ejercicio abusivo de la potestad legislativa nacional a la cual se refiere la actora. Ello es así porque deviene, como dije, de la necesidad de armonizar los intereses de ambas jurisdicciones. No resulta ocioso recordar, una vez más, que "la interpretación de la Constitución Nacional debe hacerse de manera que sus limitaciones no turben el eficaz ejercicio de los poderes del Estado para la comunidad" (Fallos: 277:147) y "las provincias, dada la posición que ocupan dentro del régimen constitucional, deben observar una conducta que no interfiera ni directa ni indirectamente, la satisfacción de servicios de interés público nacional, con independencia de los efectos transitorios de su B. 195. XXXVI.

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- 13 - prestación. Las facultades de las provincias, por importantes y respetables que sean, no justifican la prescindencia de la solidaridad requerida por el destino común de los demás estados autónomos y de la Nación toda" (Fallos: 263:437; 257:159 y 270:11).

De ese modo, la cláusula contractual aparece doblemente razonable, en tanto consagra el derecho resarcitorio de la empresa concesionaria y, a su vez, hace jugar la solidaridad de las provincias, al participar en la colaboración del buen funcionamiento del servicio público nacional de que se trata. Parecería excesivo que la empresa que, valga repetirlo, presta un trascendente servicio público nacional, pueda verse comprometida en su normal desenvolvimiento, a raíz de las continuas y hasta simultáneas traslaciones de sus implementos a que puedan sujetarla los gobiernos provinciales y municipales, al obligarla a imprevisibles exigencias, en el caso de que los costos de los traslados no fueran afrontados por los gobiernos causantes de ellos. De tal manera, cabe entender que con esa norma las provincias vienen a participar con una cuota natural y razonable en el apoyo de la prestación de un servicio público federal (confr. dictamen de este Ministerio Público en Fallos: 305:1847) .

Por otro lado, según lo ha expresado la Corte ante planteos análogos a los aquí efectuados "no resultan atendibles los argumentos de la actora acerca de los alcances de su adhesión a la ley 24.065, toda vez que pretender la inaplicabilidad de la ley y sus normas complementarias en el caso sub examine, en cuanto interesan al régimen federal de la energía, resulta exorbitante respecto de las potestades propias del Estado Provincial (art. 98 de la ley)" (Fallos: 323:3949, considerando 91).

-14- - VI - Opino, por tanto, que corresponde desestimar la demanda.

Buenos Aires, 11 de agosto de 2005.- RICARDO O. BAUSSET ES COPIA B. 195. XXXVI.

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-15- Buenos Aires, 23 de octubre de 2007.

Vistos los autos: "Buenos Aires, Provincia de c/ Edenor S.A. s/ remoción de electroductos", de los que Resulta:

I) A fs. 84/88, la Provincia de Buenos Aires promueve la presente demanda, con fundamento en normas del Código Civil y en los arts. 5 y 121 de la Constitución Nacional, contra EDENOR S.A., a fin de que se la condene a remover, a su costo, los electroductos de su propiedad ubicados en el partido de Morón, en tanto interfieren en la ejecución de la obra pública provincial denominada "saneamiento de la cuenca superior y media del Arroyo Morón CI EtapaC Reestructuración de tramos a cielo abierto y obras complementarias", contratada con la firma Victorio Américo Gualtieri S.A.

Relata que la demandada, ante la intimación que le cursó la Dirección de Hidráulica Provincial mediante la Disposición 485/98, por la que se le ordena que remueva los referidos electroductos en el plazo de 30 días, "a sus costas, bajo apercibimiento de autorizar al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes" (art. 1°) (v. fs. 22/23), se negó a cumplir con tal obligación invocando lo acordado en el art. 21 del contrato de concesión, celebrado entre EDENOR S.A. y el Estado Nacional y aprobado por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 714/92, según el cual toda controversia que se suscite al respecto deberá ser resuelta por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad CENREC (fs. 29).

Afirma la representación provincial que las cláusulas del contrato de concesión, en la medida en que afectan el ejercicio de sus derechos sobre el dominio público provincial, no delegado, resultan inoponibles dado que la provincia no ha sido parte en ese acuerdo (arts. 1161, 1195 y 1119 del Código Civil).

-16- Estima que la cláusula contractual que origina la controversia denota un exceso de facultades por parte de la Nación en detrimento de los poderes locales, vulnerando así lo establecido en el art. 18 de la ley 15.336, en el art. 29 de la ley 24.065 y, especialmente, en el art. 98 del decreto reglamentario de esta última.

Aduce que el permiso de uso que el Estado Nacional pudo haber reconocido a favor de las empresas concesionarias sobre el dominio público provincial, consiste en que la provincia tolere el uso de sus bienes para el asentamiento de las instalaciones necesarias a ese fin, pero ello no permite concluir que se ha conferido la facultad de imponer cargas a la provincia sin su expreso consentimiento, en un aspecto que se relaciona con el pleno ejercicio del dominio eminente en su propio territorio.

Argumenta que si para la consecución de sus fines comerciales EDENOR S.A. utiliza sectores de dominio público provincial, con el consecuente beneficio económico que ello le depara, resulta razonable también que se haga cargo de los costos derivados de su emprendimiento, entre los que se encuentra la remoción del electroducto que aquí se pide, en beneficio del interés general que reviste para los habitantes de la provincia el entubamiento del arroyo Morón.

Por último, requiere la citación como tercero del Estado Nacional, en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en razón de que al celebrar el contrato de concesión habría comprometido intereses patrimoniales de la provincia cuando carecía de atribuciones para ello.

II) A fs. 144/156, EDENOR S.A. contesta la demanda y solicita su rechazo, con costas.

Manifiesta que frente a la controversia planteada B. 195. XXXVI.

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-17- con la Dirección Provincial de Hidráulica y en el marco de las normas que regulan la prestación del servicio público, solicitó la intervención del Ente Regulador de la Electricidad CENREC órgano que dictó la resolución 300/99, por la cual, con fundamento en las leyes 14.072, 15.336 y 24.065 que componen el marco regulatorio eléctrico nacional, ordenó hacer saber a la Provincia de Buenos Aires que le correspondía asumir los gastos que irrogue la reubicación en profundidad de las tres ternas de 132 kv., pertenecientes a la empresa Cindividualizadas con los números 653, 674, 666C que cruzan subterráneamente el río Morón; decisión que, a su juicio se encuentra firme, por haber sido consentida por ambas partes.

Afirma ser concesionaria del Estado Nacional para la prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y veinte partidos del conourbano bonaerense, como consecuencia de la privatización de la Empresa de Servicios el Gran Buenos Aires S.A. (SEGBA S.A.), dispuesta por el art. 83 de la ley 24.065, en el marco de la ley 23.696 de Reforma del Estado.

Observa que la prestación de servicio público en cuestión se halla sujeta a la jurisdicción nacional, en mérito a lo dispuesto en el art. 1° de la ley 14.772, los arts. 6° de la ley 15.336, y 89 de la ley 24.065, con base en la Constitución Nacional (sus arts. 75, incs. 13 y 18; y 126).

Destaca que la actividad que lleva a cabo fue declarada de interés nacional y afectada a la política económica del Estado. Aduce que los términos y condiciones en que presta el servicio público en cuestión resultan del contrato de concesión, suscripto con el Estado Nacional y aprobado por el decreto 714/92. Frente a esa regulación nacional considera inaplicables, a su criterio, las normas de carácter provincial -18- o municipal, en tanto entorpezcan u obstaculicen el bien general tenido en miras al otorgarse la concesión.

Explica que tanto en el contrato que regía la actividad de la ex concesionaria SEGBA S.A. (art. 2°), como en el que actualmente regula la prestación del servicio a su cargo (art. 17 del contrato de concesión de EDENOR S.A.) se les confirió a las entidades antedichas el derecho de hacer uso y ocupación de los lugares de dominio público nacional, provincial y municipal Cincluso su subsuelo y espacio aéreoC que fuesen necesarios para el desplazamiento de sus instalaciones.

Señala que el art. 21 del contrato de concesión expresa que una vez autorizadas dichas instalaciones, todo gasto de remoción, retiro, traslado o modificación de cables que fuera menester realizar en el área, en razón de obras públicas a ejecutarse por la Nación, la provincia o los municipios, estarían a cargo de la autoridad o empresa que lo hubiere requerido, como así también lo preveía el art. 3° del contrato de SEGBA S.A. Añade que el art. 18, inc. 2°, de la ley 15.336, reconoció aquellas atribuciones, al disponer que en toda concesión de un servicio público de jurisdicción nacional deberían preverse las condiciones de uso y ocupación con relación a los bienes e instalaciones del concesionario.

Reafirma que, al realizar este cometido el Estado Nacional no interfiere ni invade las facultades provinciales sino que ejerce poderes delegados por las provincias para regular el comercio, en virtud del art. 75, inc. 13, de la Constitución Nacional, que abarca a los servicios públicos.

Explica que la ley 14.772 declara sujeta a la jurisdicción federal la prestación de servicios públicos de electricidad interconectada, extremo que obedece a la necesidad de que dicha prestación sea brindada en función de determinadas pautas técnicas que respondan a una unidad de criterio B. 195. XXXVI.

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-19- imprescindible para asegurar el servicio a los usuarios.

Aduce que el uso y ocupación del dominio público provincial se ve recompensado en forma adecuada con una retribución única destinada a la provincia, por lo que Cen las condiciones del contratoC dicho uso y goce no es producto de una concesión graciosa del Estado local, sino el correlato de una obligación que pesa sobre la distribuidora. Al respecto, dice que se ha pactado, como contribución a la provincia, el pago del 6% sobre las entradas brutas recaudadas por todo ingreso asociado a la venta de energía eléctrica, en jurisdicción provincial (conf. arts. 20, del decreto 714/92 y 34, del contrato de concesión). Por ello, concluye en que la exigencia de la Provincia de Buenos Aires en punto a la remoción del electroducto y a la asunción por parte de la empresa de su costo evidencia un proceder reñido con su propia conducta, pues al percibir dicha contribución, en alguna medida, se le retribuye el uso del dominio público provincial.

III) A fs. 170/183, se presenta el Estado Nacional y en primer lugar sostiene que no existe el requisito de causa común que justifique su citación como tercero ordenada a fs.

192, ante el pedido efectuado por la actora.

Al coincidir, en lo sustancial, con la posición esgrimida por la empresa demandada, ratifica que la jurisdicción nacional en materia de distribución de electricidad, en el área en que se ejecutan las obras hidráulicas provinciales, resulta del juego armónico de las leyes 14.772 y 15.336, con base constitucional.

Dice que el contrato, aprobado por el decreto 714/92, es claro en el sentido de que los costos de reinstalación de equipamientos afectado por la concesionaria a la prestación del servicio público deben ser sufragados por la autoridad local, que efectuó el requerimiento. Destaca el -20- necesario contralor del ENRE, resultante del art. 21, in fine, del ya referido contrato.

Observa que la actora no ha requerido la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 15.336 y 14.772 ni tampoco ha impugnado el decreto 714/92 o demandado al Estado Nacional ni pretende de éste resarcimiento alguno.

Indica que la utilización del dominio público provincial se halla compensada económicamente con la contribución fijada en el contrato y en el referido decreto.

Arguye que la inclusión de un rubro, relativo al costo por remoción de instalaciones, en los documentos licitatorios de la obra pública local, implica el reconocimiento por parte de la provincia demandante de que tal costo debe ser, en definitiva, asumido por ella.

IV) A fs. 185, se abre la causa a prueba.

A fs. 404/405 y 406/418, las partes presentan sus respectivos alegatos. A fs. 419/420, alega el Estado Nacional.

A fs. 90/91, obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de la competencia del Tribunal.

Considerando:

1°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2°) Que la cuestión en debate requiere determinar si la empresa distribuidora de energía eléctrica EDENOR S.A. es sujeto obligado para asumir el costo de remoción de los electroductos conformados por tres ternas de 132 kv. (individualizadas con los números 653, 674 y 666), que Csegún la representación provincialC interfieren con la ejecución de una obra pública relativa al entubamiento del arroyo Morón encarada por la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires. Corresponde aclarar a este respecto que la emB.

195. XXXVI.

ORIGINARIO Buenos Aires, Provincia de c/ Edenor S.A. s/ remoción de electroductos.

-21- presa no se opone a la remoción de los electroductos sino a aportar los fondos que ello demande.

3°) Que ello exige interpretar, en primer lugar, el alcance de las normas constitucionales y legales en juego, en tanto aquéllas regulan, en el art. 75, incs. 13 y 18 de la Constitución Nacional, las facultades del Congreso de la Nación y reservan para las provincias el ejercicio de los poderes no delegados en el gobierno central, conforme el art. 121 de la Ley Fundamental.

4°) Que, en mérito a las prerrogativas constitucionales, enunciadas precedentemente, el Congreso de la Nación legisló la materia que da origen al presente litigio por medio de las leyes 14.772, 15.336 y 24.065.

En efecto, la ley 14.772, del 17 de octubre de 1958, en su art. 1°, declara la jurisdicción nacional de los servicios públicos de electricidad prestados en la Capital Federal y en diversos partidos de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos el de Morón. Dispone, además, que el Estado Nacional deberá proveer lo conducente a la solución integral de los problemas de electrificación relativos al servicio, formulando los programas de obras y de prestación que contemplen los intereses generales de la Nación y, consecuentemente, las necesidades y derechos de los municipios (art. 2°). Por su parte, el art. 5°, establece que la prestación del servicio se desarrollará respetando los poderes locales en todo aquello que fuera compatible con la jurisdicción técnica y económica que corresponde al Estado Nacional.

A su vez, la ley 15.336, del 15 de septiembre de 1960, declara sujetas a la jurisdicción federal a las obras de instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica (art. 6°) y dispone que, en dicho ámbito, -22- el Poder Ejecutivo Nacional otorgará las concesiones y ejercerá el poder de policía y demás atribuciones inherentes a la jurisdicción (art. 11). En lo que aquí interesa, la norma determina que las concesiones deberán establecer, "las condiciones de uso y ocupación del dominio del Estado con los bienes e instalaciones del concesionario, cuando fuere pertinente" (art. 18, inc. 2°).

Por último, la ley 24.065, del 19 de diciembre de 1991, luego de calificar en su art. 1°, al transporte y distribución de electricidad como "servicio público", fija los objetivos para la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad. Por el art.

54, se crea el Ente Nacional Regulador de Electricidad, como órgano de control de la actividad del sector. El art. 3° dispone que tales operaciones deberán prioritariamente ser realizadas por personas jurídicas privadas a las que el Poder Ejecutivo les haya otorgado las correspondientes concesiones, de conformidad con las disposiciones de las leyes 15.336 y 23.696.

5°) Que, con fundamento en dicha previsión legal, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 714/92, el 28 de abril de 1992, por el cual se aprobaron los términos y condiciones del contrato de concesión celebrado bajo un régimen de naturaleza federal, entre el Estado Nacional (la concedente) por una parte y la empresa distribuidora Norte CEDENOR S.A.C (la distribuidora), por la otra, y cuyo objeto consiste en otorgar en concesión a favor de la distribuidora la prestación en forma exclusiva del servicio público en el área definida en el contrato (art. 1°) (v. copia del contrato a fs. 122/142).

Como confirmación del ámbito de validez material en que se desenvuelve el sub examine, el art. 44 establece que el B. 195. XXXVI.

ORIGINARIO Buenos Aires, Provincia de c/ Edenor S.A. s/ remoción de electroductos.

-23- contrato será regido e interpretado según las normas y principios del derecho administrativo, sin perjuicio del marco legal sustancial aplicable, conformado por las leyes 14.772, 15.336 y 24.065, sin que ello obste a que las relaciones de la distribuidora con terceros se rijan por el derecho privado (fs. 379/398).

6°) Que, sentado ello cabe indicar que en las causas registradas en Fallos: 304:1186 y 305:1847; 322:1781; 325:723;

327:2369, y más recientemente in re "Yacylec S.A." (Fallos:

329:358), esta Corte ha considerado y decidido cuestiones sustancialmente análogas a las aquí debatidas y con fundamentos de orden constitucional Cen cuanto a que el régimen de energía eléctrica se inscribe en el marco de la regulación federalC que resultan plenamente aplicables al sub lite, a los que cabe remitir en razón de brevedad.

7°) Que, en la misma línea hermenéutica, el Tribunal ha sostenido que todo servicio público reconoce un titular, pero nada más que uno: el Estado o poder concedente, que tan sólo delega la prestación. El servicio, pues, se halla bajo la inspección y el control de ese poder concedente, con exclusión de toda voluntad extraña, lo cual resulta comprensible o, más bien, inevitable, por cuanto dentro de la coordinación armónica de intereses entre concedente Co titularC y concesionario Co delegadoC no cabe la intromisión de otra autoridad soberana (Fallos: 188:247; 183:429; 189:272, y 316:2892, considerando 6°).

8°) Que, en tales condiciones y como bien lo destaca el señor Procurador Fiscal subrogante en su dictamen de fs.

423/427, se ha reconocido la preeminencia del ordenamiento federal sobre el local en el caso de la distribución de electricidad, de acuerdo con el sistema adoptado por la Cons- 24- titución y el marco regulatorio dictado en su consecuencia.

Por ende, cabe considerar que la regulación de la distribución de la electricidad en la zona determinada en el contrato de concesión, aprobado por el referido decreto 714/92, resulta alcanzada por los poderes que el art. 75, incs. 13 y 18 de la Constitución Nacional confiere al Gobierno Federal (Fallos:

304:1186; 305:1847 y 320:1304). En virtud de ello y sobre la base de lo establecido en los textos constitucionales y normativos examinados, la autoridad federal rige el contrato de concesión cuya regular ejecución no puede verse afectada por medidas provinciales que dificulten su objeto y fin, en orden a la circulación y distribución de la energía eléctrica, máxime si se tiene en cuenta que los servicios que presta benefician directamente a la comunidad local. En esta línea argumental, cabe sostener que el cumplimiento de las obligaciones resultantes del contrato, y de la regularidad del servicio a cargo de la concesionaria, que es consecuencia del principio de continuidad, beneficia a los usuarios residentes de la zona próxima al arroyo Morón, por cuyo interés público integral ha de velar la Provincia de Buenos Aires.

9°) Que, en tal sentido, debe entenderse la facultad del Estado Nacional Cen su carácter de concedenteC de establecer los términos y condiciones contractuales para obtener el fin público perseguido. Ello se inscribe en el contexto del reconocimiento del Tribunal de que "quien tiene el deber de procurar determinado fin tiene el derecho de disponer los medios para su logro efectivo" (Fallos: 304:1186 y 322:2624).

10) Que, en ese marco, resulta jurídicamente relevante lo dispuesto en el art. 21 del contrato de concesión, en tanto exime a la empresa de responsabilidad por los costos derivados de la remoción de los electroductos en cuestión, al B. 195. XXXVI.

ORIGINARIO Buenos Aires, Provincia de c/ Edenor S.A. s/ remoción de electroductos.

-25- establecer que: "Una vez autorizada por la autoridad respectiva, la colocación de cables y demás instalaciones en la vía pública u otros lugares de dominio público, no podrá obligarse a la DISTRIBUIDORA a removerlos o trasladarlos sino cuando fuera necesario en razón de obras a ejecutarse por la Nación, la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las municipalidades de los partidos de la Provincia de Buenos Aires, comprendidos dentro del ÁREA o empresas concesionarias de servicios u obras públicas. En tales casos, la autoridad que ordene la remoción y/o traslado deberá comunicarlo, a la DISTRIBUIDORA, con una anticipación suficiente" [...] "Todos los gastos de remoción, retiro, traslado, modificación, acondicionamiento, sustitución y prolongación de cables e instalaciones que fuera menester realizar, para que queden en perfectas condiciones de seguridad y eficiencia desde el punto de vista técnico y económico, deberán serle reintegrados a la DISTRIBUIDORA, por la autoridad, empresa, usuario o vecino que haya requerido la realización de los trabajos".

"Toda controversia que se suscite con motivo de estas solicitudes será resuelta por el ENTE" (fs. 386).

11) Que, frente a la claridad del texto de la cláusula contractual transcripta, la preexistencia de las instalaciones eléctricas en el lugar del conflicto Ccomo requiere su primer párrafo y según surge de fs. 348/349C, y los términos de la fundada resolución del ENRE 300/99, del 3 de marzo de 1999, contraria a la pretensión del Estado local (fs.

371/397), no cabe duda de que su remoción debe ser sufragada por la Provincia de Buenos Aires, criterio que surge sin fisura de los recordados precedentes de Fallos: 304:1186 y 305:1847.

Al adoptar el temperamento enunciado en esos deci- 26- sorios, el Tribunal ha dicho que: "Las facultades provinciales no pueden amparar una conducta que interfiera en la satisfacción de un interés público nacional, ni justifica la prescindencia de la solidaridad requerida por el destino común de la Nación toda. El sistema federal importa asignación de competencia a las jurisdicciones federal y provincial; ello no implica, por cierto, subordinación de los estados particulares al gobierno central, pero sí coordinación de esfuerzos y funciones dirigidos al bien común general, tarea en la que ambos han de colaborar, para la consecución eficaz de aquel fin; no debe verse aquí enfrentamiento de poderes, sino unión de ellos en vista a metas comunes" (Fallos: 304:1186 y 305:1847, ya citados).

12) Que por las razones expresadas no corresponde que EDENOR S.A. remueva a su costo los electroductos en cuestión.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante, se decide: Rechazar la demanda seguida por la Provincia de Buenos Aires contra EDENOR S.A. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), con excepción de las correspondientes a la intervención del Estado Nacional, que se distribuyen por -//- B. 195. XXXVI.

ORIGINARIO Buenos Aires, Provincia de c/ Edenor S.A. s/ remoción de electroductos.

-27- -//-su orden (art. 1° del decreto 1204/01). Notifíquese, envíese copia de esta decisión a la Procuración General de la Nación, y, oportunamente, archívese. RICARDO LUIS LORENZETTI - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA Nombre de los actores: Provincia de Buenos Aires Nombre de los demandados: EDENOR S.A.

Terceros citados: Estado Nacional Profesionales intervinientes: doctores Alejandro Fernández Llanos por la Provincia de Buenos Aires; Ana María Murias, por Edenor; María Ida A. A. Ricardone y Guillermo I. J. Hunter por el Estado Nacional