Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2006-03-09


San Luis, marzo 9 de 2006.

1º ¿Es formalmente procedente el Recurso de Casación? 2º ¿Existe en la sentencia recurrida algunas de las causales enumeradas en el art. 4º de la ley 3278? 3º Caso afirmativo a la cuestión anterior, ¿cúal es la ley a aplicarse o la interpretación que debe hacerse de la ley o norma en el caso en estudio? 4º ¿Qué resolución corresponde dar al caso en estudio? ¿Cuál sobre costas? 1º cuestión. - El doctor Gatica dijo:

Que a fs. 308/309 y vta. y 312, obra sentencia definitiva de Primera Instancia que hace lugar a la demanda laboral por cobro de pesos, que Ricardo Darío Quiroga promueve contra la empresa Brillapel S.A., e impone costas a la demandada vencida. La actora en consecuencia articula recurso de apelación (fs. 314), que concedido y elevado es resuelto a fs. 360/364 por la Cámara Civil, Comercial, Laboral y Minas Nº 1 rechazándose y confirmando la sentencia apelada, lo que provoca la interposición del Recurso de Casación a fs. 369 siendo fundado a fs. 389/400 y vta.

Que en el tratamiento de la medida recursiva incoada corresponde determinar si se han dado cumplimiento a las exigencias establecidas por la Ley de Casación, a los efectos de la admisibilidad formal del recurso en estudio.

Que surge de las constancias de autos que el recurso contra la sentencia definitiva de la Excma. Cámara ha sido interpuesto y fundado en término, acompañándose la constancia de depósito a fs. 372, con lo que se han cumplimentado los requisitos formales establecidos en los arts. 2º, 6º y 7º de la ley 3278 (actuales 286, 287, 289 y 290, C. P. C. y C.).

Por ello, voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

Los doctores Rubio y Uria, comparten los fundamentos expuestos por el doctor Gatica, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido esta primera cuestión.

2º cuestión. - El doctor Gatica dijo:

1) Que el recurrente funda su recurso, básicamente, sosteniendo que el actor no gozaba "del derecho que demandaba a la estabilidad en el empleo previsto en la ley nacional 23.551, ya que el sindicato al que pertenecía a la fecha del distracto, era una asociación sindical sin personería gremial y por tal motivo sus representantes y/o miembros cualquiera fuera su calidad, no tienen derecho a la tutela legal, que precisamente la ley fija, pero solamente para las entidades sindicales con personería gremial. El actor Quiroga ocupaba un cargo electivo, en una asociación sindical sin personería gremial, tal como quedó probado en estos autos con la prueba informativa rendida y la demás, de la cual surge sin duda que el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Papel de la Provincia de San Luis, es una entidad que goza de simple inscripción gremial en los términos de la ley 23.551 (ver fs. 229) y las copias remitidas de la desafiliación que realizara ese sindicato de la Federación de Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos el 6 de mayo de 1997 (ver fs. 173/233), quien si tiene personería gremial y con actuación en la zona"... "esto implica que sus derechos y obligaciones son únicamente los consagrados en el art. 23 de la ley 23.551, y de ningún modo le resultan aplicables las demás disposiciones de esta misma ley para garantizar la Tutela Sindical, arts. 47 y sigtes. y por lo tanto la condena dictada carece de fundamentación legal para sustentarse, salvo la sola y exclusiva voluntad del tribunal sentenciante".

2) Que a fs. 404 se da por perdido el derecho a la actora de contestar el traslado del recurso por vencimiento del término.

3) El Procurador General contesta Vista a fs. 435/436 vta. dictaminando que debe rechazarse el recurso de casación por las razones que expone y a las que me remito.

4) Que la cuestión a decidir se centra en establecer si alcanza al empleado que ejerce un cargo electivo en una asociación sindical sin personería gremial, la estabilidad laboral que consagra la ley 23.551 a sus representantes. Y establecer si el marco normativo de figuración en el fallo impugnado, ha sido acertadamente escogido, interpretado y aplicado, que no es otra la misión del recurso extraordinario de casación. El decisorio impugnado sostiene su coincidencia con el fallo de primera instancia, en tanto considera inconstitucional limitar la protección sólo a los representantes gremiales pertenecientes a una asociación sindical con personería gremial. Cita doctrina expuesta por C. A. Etala en su "Derecho Colectivo de Trabajo", en el que se concluye que tal criterio afecta la libertad sindical.

5) La Carta Internacional Americana de Bogotá de 1948 en su art. 26 establece que "los miembros de las directivas sindicales, en el número que fije la respectiva ley y durante el período de elección y mandato, no podrán ser despedidos, trasladados de empleo ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, sino por causa justificada, calificada previamente por la autoridad competente". En el mismo sentido, la 56 Conferencia de la OIT de 1971 aprobó un convenio que tuvo un pronunciamiento favorable de la delegación argentina, y Carta Internacional Interamericana de Bogotá de 1978. Esto es fuente del art. 52 de la ley 23.551 de 1988, ello sin perjuicio de que el derecho de reinstalación (en su caso), vaya acompañado por la opción del trabajador para considerar extinguido el vínculo con derecho a percibir indemnizaciones especiales.

Ahora bien, el art. 47 de la ley consagra una protección amplia a todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos que la ley garantiza.

El art. 21 de la ley 23.551, establece que la solicitud de inscripción de los trabajadores para ejercer su derecho a constituir organizaciones, debe presentarse haciéndose constar: a) nombre, domicilio, patrimonio y antecedentes de su fundación; b) lista de afiliados; c) nómina y nacionalidad de los integrantes de su organismo directivo; d) estatutos. Cumplidos dichos recaudos la inscripción se ordena dentro de los 90 días. La asociación, a partir de su inscripción adquiere la condición de persona jurídica (arts. 22 y 23). Es fuente el art. 2º del Convenio de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (num. 87), que formula el principio según el cual: "Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción... tienen el derecho de constituir las organizaciones...". Ello está de acuerdo con el principio de "asociarse con fines útiles" del art. 14 de la Constitución Nacional y 14 bis, "organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial".

Rodolfo Capón Filas en "El Nuevo Derecho Sindical Argentino", explica que: "De acuerdo a la personería, distinguimos dos tipos de asociaciones sindicales: 1. la simplemente inscripta con personería jurídica. Actúa de modo primario respecto a sus afiliados. En relación al universo de trabajadores funciona de modo solidario en determinadas situaciones específicamente normadas. 2. la habilitada con personería gremial respecto de sus afiliados y con referencia al universo de trabajadores representados funciona de modo primario"... "... ante sus afiliados ambas asociaciones actúan de modo primario porque defienden y representan intereses de aquellos...", "... Respecto de la personería gremial la asociación simplemente inscripta puede pretenderla. Si compite con una asociación con personaría gremial, esta se defiende en el proceso correspondiente" (ps. 146/7).

Como se ve, de hecho ambas asociaciones coinciden en la defensa de los derechos de los trabajadores, y si, eventualmente pudiera ser necesario dirimir incumbencias entre sí, ello no puede aprovechar o ser opuesto por la patronal en caso de conflicto singular o colectivo. Se concluye entonces que frente a iguales cometidos, corresponden iguales garantías y derechos.

Por otra parte, de los términos del art. 47 ya mencionado se desprende que los beneficiados por los derechos establecidos en los arts. 4º y 5º de la Ley, son todos los trabajadores y las asociaciones gremiales que los nuclean sin excepción, ya que no distingue entre asociaciones con personería gremial o simplemente inscriptas. Ello se acentúa en el caso que nos ocupa, por cuanto surge de autos que el Sindicato de Obreros del Papel de esta ciudad se había desafiliado de la Federación cuestionando el porcentaje de retención en concepto de cuota sindical, y en la circunstancia la empleadora comienza a retener conforme al criterio del sindicato local.

Es que, como vimos, los sindicatos tienen su fuente jurídica en el art. 14 bis, de la Constitución Nacional que garantiza la libre organización sindical, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Los arts. 23, 25, 31 y concs. de la ley 23.551 confieren la extensión de los derechos y facultades como entes gremiales representativos de los trabajadores a las asociaciones sindicales que hubieran obtenido su inscripción.

Guillermo A. F. López en "Derecho de las Asociaciones Profesionales", p. 110, entiende que "los sujetos beneficiados de la estabilidad sindical son los siguientes: a)... b)... c)... d) Los representantes de un cargo de representación sindical, y a partir de su postulación. La protección en nuestra opinión, comprende tanto a los candidatos de entidades con personería gremial como de la simplemente inscripta, pues el art. 50 de la Ley no establece distinciones sobre el particular".

Esta es la doctrina que armoniza con el Convenio 87/48 de la OIT, de jerarquía constitucional conforme al art. 75 párrafo 22 de nuestra Carta Magna, y que debe entenderse complementario de los derechos y garantías que la misma reconoce.

A su vez, Jorge Rodríguez Mancini en "Cuestiones Constitucionales en la Nueva Ley Sindical", considera que entre las lesiones que pueden observarse en la ley 23.551 y sus reglamentaciones referidas a garantías de la Constitución, se encuentran .... "c) Las disposiciones del art. 31 de la ley se refieren a los derechos de las asociaciones con personería gremial declarando que son exclusividad de estas. Considero que aún en un régimen de asociación más representativa, la única forma de compatibilizar este sistema con la garantía constitucional y de la libertad sindical asegurada por los convenios internacionales, es reconocer a las primeras ciertos derechos mejores que los de las asociaciones que carecen de personería pero no al punto de eliminar -como parecería hacerlo los distintos incisos del artículo que comento-, los derechos de los sindicatos simplemente inscriptos a negociar colectivamente con efectos normativos de alcance distinto del que la ley general -hoy 14.250- prevé para la negociación colectiva con efectos normativos generales o a tener y administrar obras sociales aunque distintas de las que la ley 23.551 parece referirse sin explicitar, con carácter obligatorio y general" (DT, 1998-B, 1213).

En virtud de todo ello, no cabe menos que ratificar la procedencia de la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la Cámara Civil, Comercial, Laboral y Minas Nº 1, fundada en lo reglado por el art. 210 de Carta Provincial (fs. 360/364).

Que en conclusión y con arreglo a todo lo expuesto, entiendo correcta la aplicación e interpretación de la normativa en que se ha fundado el fallo a estudio materia de Casación - ley 23.551, Constitución Nacional y Constitución de la Provincia de San Luis.En mérito a lo expuesto voto a esta segunda cuestión por la negativa.

Los doctores Rubio y Uria, comparten los fundamentos expuestos por el doctor Gatica, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido esta segunda cuestión.

3º cuestión. - El doctor Gatica dijo:

Dada la forma como se ha votado la cuestión anterior, no corresponde su tratamiento.

Los doctores Rubio y Uria, comparten los fundamentos expuestos por el doctor Gatica, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido esta tercera cuestión.

4º cuestión. - El doctor Gatica dijo:

Corresponde rechazar el Recurso de Casación planteado. Costas a la recurrente vencida.

Los doctores Rubio y Uria, comparten los fundamentos expuestos por el doctor Gatica, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido esta cuarta cuestión.

En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, se resuelve: Rechazar el Recurso de Casación planteado. Costas a la recurrente vencida. -Oscar E. Gatica. - Florencio D. Rubio. - Omar E. Uria.