Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-30


--- En la ciudad de Trelew, a los 30 días de marzo del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones bajo la Presidencia del Dr. Juan Humberto Manino y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Alberto Velásquez y Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C, M A c/ A S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" (Expte. nº 21777 - año: 2006). Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 359.

---A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Velázquez expresó:

---I.- La sentencia de origen acogió las pretensiones deducidas por la actora, declarando satisfechas las obligaciones dinerarias emergentes de los contratos prendarios, ordenando la cancelación de esos gravámenes y condenando a la demandada a reintegrarle a la actora la suma de $1.536,35, con más sus intereses, que ésta pagara a la primera en exceso de su deuda. Al propio tiempo, el fallo desestimó la reconvención por reajuste del precio de la compraventa en razón de que la reconviniente no demostró, practicando los cálculos pertinentes, que el valor actualizado de mercado del automóvil vendido era superior al precio pactado ajustado mediante el C.V.S.

---Apeló tal decisorio la demandada reconviniente, expresando contra el mismo los tres siguientes agravios:- ---A) Al declarar satisfechas las obligaciones dinerarias que para la compradora nacían de los contratos prendarios, la sentenciante desvirtuó la legislación de emergencia económica de orden público, pues no atendió a que los pagos realizados por la deudora fueron hechos "a cuenta", sin que ellos cercenaran el derecho de su parte a obtener un reajuste del precio de acuerdo al valor de reposición de la cosa con componentes importados que le reconoce el dec. 320/02.

---B) Fue errado desestimar su reconvención por no haber practicado los cálculos enderezados a demostrar que el precio ajustado por el coeficiente correspondiente resultaba inferior al valor del vehículo, porque ese requisito la ley no lo impone. No cabía además omitir la aplicación del art. 2 del dec. 320/02, que atrapaba el caso por tratarse de la compraventa de un automóvil con componentes importados, norma que desplaza a las disposiciones sobre el C.V.S. y el C.E.R.

---C) En cuanto a la suma que se la condena a restituir a la actora, no hubo pagos indebidos por parte de ésta, puesto que aquélla representaba los importes adeudados en concepto de intereses moratorios derivados de los atrasos en el abono de las cinco últimas cuotas de la financiación, que la recurrente discriminó. Esos agravios recibieron la réplica de la actora obrante a fs. 352/356.

---II.- No lleva razón la recurrente en el primer agravio, pues parte su argumentación de una concepción de pagos "a cuenta" que en nuestra normativa de emergencia económica tuvo una limitadísima vigencia temporal, la que no alcanzó a la especie.

---Para demostrarlo hemos de recordar la evolución experimentada en la materia por dicha legislación de contingencia.

--- El primitivo texto del art. 11 de la ley 25.561, entrado en vigencia el día de la promulgación -6/1/02-, dispuso que, tratándose de prestaciones dinerarias originadas en contratos celebrados entre particulares y pactadas en dólares, las partes debían negociar "la reestructuración de sus obligaciones recíprocas, procurando compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio". Para ello creó un procedimiento de pagos "a cuenta" y fijó un plazo máximo de ciento ochenta días para la aludida negociación, tras la cual, de no mediar acuerdo entre los contratantes, podían éstos acudir a los procedimientos de mediación -si existían en su jurisdicción- o a la instancia judicial para dirimir sus diferencias. Lo procurado por el legislador en suma era una "pesificación negociada" y la eventual intervención de los jueces se daba en el marco de una suerte de jurisdicción de equidad, donde el magistrado había de decidir cuál debía ser el tipo de conversión de la moneda aplicable, tratando de distribuir entre las partes de manera ecuánime los efectos de la modificación de la relación de cambio entre los signos monetarios en juego. En este marco de futuro acuerdo de partes o decisión judicial sobre el tipo de cambio a aplicar se inscribió la previsión de los pagos "a cuenta".

Poco duró la vigencia de ese régimen, pues a menos de un mes de instaurado, el 3/2/02, el art. 8 del dec. 214/02 dispuso la conversión a pesos de todas obligaciones dinerarias expresadas en dólares y alcanzadas por la anterior ley a la relación 1 dólar = 1 peso más un ajuste por aplicación de un coeficiente. Se pasó de ese modo de un sistema de "pesificación negociada" a otra de "pesificación compulsiva" que invadió así todas las esferas del derecho público y privado (confr.: Bidart Campos-Gil Domínguez, "Constitución y pesificación de las obligaciones contraídas en moneda extranjera fuera del sistema financiero", L.L. 2002-F-1225; en similar sentido, Nicolau, "Las obligaciones de derecho privado no vinculadas al sistema financiero en el nuevo régimen de emergencia pública", L.L. 2002-C-1046). Desde la entrada en vigencia de esta nueva norma la cuestión ya no fue negociar entre las partes el tipo de cambio, pues él venía imperativamente impuesto por el precepto, pero se le añadió a dicha regla general, a modo de única válvula de escape, una suerte de seguro contra la injusticia: si esa conversión arrojaba un monto superior o inferior al valor de la cosa, bien o prestación al momento del pago, las partes podían solicitar el reajuste equitativo del precio (confr.: Casiello, "La pesificación retaceada", L.L. 2004-E-292). Esta normativa no incluyó disposición ninguna acerca de pagos "a cuenta".

---Así pues, los pagos "a cuenta" realizados en la especie desde febrero de 2002 (fs. 111y sgts.) no fueron, ni pudieron ser, los previstos en el primitivo texto del art. 11 de la ley 25.561 -esto es, los realizados mientras las partes negociaban la pesificación de la deuda-, pues para las datas en que ellos se hicieron ya estaba en vigencia del dec. 214/02, que cambió el sistema de "pesificación negociada" al otro de "pesificación compulsiva" y no previó pagos "a cuenta" de ningún tipo, los que fueron reintroducidos en nuestro derecho -bien que en el marco de un debate entre las partes distinto al de la pesificación, como lo es el de reajuste del precio- con la reforma que al art. 11 de la ley 25.561 hiciera la ley 25.820, nuevo texto que entró en vigencia recién el 5/12/03 (art. 5 de la última normativa indicada).

---El tratamiento a dar a los pagos "a cuenta" que, no obstante lo anterior, se hubieran realizado fue establecido en el art. 8 del anexo I del dec. 1.242/02 -norma que atrapa al caso, pues es reglamentaria del dec. 762/02, cuyo art. 5 a su vez establece que sus disposiciones de orden público son aplicables a las relaciones jurídicas vigentes al 3/2/02-, según el cual tuvieron efectos cancelatorios tanto por las cuotas pagadas como por el importe pertinente de la obligación. Al conceptuar así los pagos realizados, la juzgadora de la previa instancia no cercenó el derecho de la vendedora a obtener un reajuste del precio y si desestimó la pretensión en ese sentido reconvencionalmente insertada fue por la falta de concurrencia de un requisito que creyó ineludible. Pero este tema nos conduce al tratamiento del segundo de los agravios.

---III.- Contra lo manifestado por la reconviniente, las últimas dos disposiciones citadas no fueron desplazadas en su aplicabilidad por el art. 2 párr. 2° del dec. 320/02. Este precepto, como él mismo indica, vino a aclarar al art. 8 del dec. 214/02 -única normativa que en ese momento regía la pesificación-, estableciendo que para el ajuste equitativo del precio "previsto en dicha disposición" (sic) debía tenerse en cuenta el valor de reposición de la cosas, bienes o prestaciones con componentes importados. Esto es, que el mentado art. 2 párr. 2° del dec. 320/02. no creó un régimen especial de pesificación para este tipo de bienes, diferenciado del imperante para los restantes sin componentes importados, sino que fijó una pauta a atender para realizar el ajuste del precio contractual en aquellos supuestos en que él fuera procedente según las normas generales (esta alzada, c. 20.839 S.D.C. 5/06, c. 21.122 S.D.C. 23/06).

---Allende fuera o no menester que la reconviniente por reajuste de precio practicara los cálculos enderezados a demostrar que el precio ajustado por el coeficiente correspondiente resultaba inferior al valor del vehículo, señalaré que ella no aportó al proceso prueba idónea para acreditar el mayor valor en plaza del automóvil vendido. Es que los únicos elementos arrimados en relación a ese valor del vehículo fueron la copia auténtica de una revista obrante a fs. 156 y el informe de fs. 281 -las constancias de fs. 150, 152, 154 , 155 y 316 se refieren a otros modelos de automóviles- , que resultan inhábiles para demostrar el superior valor de la cosa en el mercado a la data que en la especie interesa. En efecto, cual tuviéramos necesidad de resaltar en ya varios precedentes (c. 20.839 S.D.C. 5/06, c. 20.939 S.D.C. 9/06, c. 21.122 S.D.C. 23/06, c. 21.236 S.D.C. 38/06), el art. 11 párr. 2° de la ley 25.561 -texto del art. 3 de la ley 25.820- establece como supuesto fáctico para la procedencia de la revisión del precio contractual que su monto, reajustado por aplicación del coeficiente que corresponda, resulte superior o inferior al valor en plaza de la cosa, bien o prestación "al momento del pago". Es decir que el cotejo del precio ajustado debe hacerse con el valor que la cosa tenía el día del pago de aquél, no con el que luego pudo ella alcanzar tras la evolución posterior de los precios en el mercado. De idéntico modo lo dispone incluso la fuente histórica de dicha norma, esto es la ley 24.283, de actualización del valor de bienes o prestaciones, en su art. 1° últ. parte.

---Es que el equilibrio o desequilibrio de las prestaciones recíprocas debe juzgarse al instante en que ellas son ejecutadas y no a posteriori. La comparación ha de realizarse entre precio y valor de una misma época, pues de lo contrario, de utilizarse módulos de valor diversos, no coincidentes en el tiempo, la confrontación sería engañosa y no revelaría desproporciones, sino diferencias derivadas del uso de distintas unidades de medida. Si los coeficientes de acuerdo a los cuales debe reajustarse el precio contractual -sea el C.E.R. o C.V.S.- son aplicados hasta el día en que éste debe pagarse (doc. del Anexo I de la ley 25.713, últ. párr. y del Anexo II del dec. 1.242/02), el valor de plaza a comparar debe también ser el de ese día.

---Si en el caso los pagos de la cinco últimas cuotas del precio tuvieron lugar entre enero y mayo de 2004 -así lo refirió la propia apelante a fs. 349 vta. "in fine"-, el valor del automotor a comparar era el que éste tenía para esas épocas y no los posteriores de septiembre de 2005, al que se refirió la copia de revista de fs. 156, o de marzo de 2006, sobre el que versó el informe de fs. 281.

--Así pues, la decisión desestimatoria atacada debe mantenerse en esta instancia, aunque por razones diversas a la apuntada por la juzgadora del previo grado. Recordaré en este aspecto los poderes que asisten al órgano "ad quem", que si bien ha de ceñirse a los puntos objetados con los recursos, al tratarlos tiene amplias facultades, iguales a las que sobre la materia poseía la "a quo", siéndole dado utilizar fundamentos de derecho distintos de los invocados por el juez de primera instancia (art. 271 últ. párr. C.P.C.C., su doc.; esta Cámara, c. 11.984 S.D.C. 32/96, c. 15.509 S.D.C. 1/00, c. 15.756 S.D.C. 10/00, c. 18.622 S.D.C. 21/03 y sus citas). Que el tribunal de apelación resuelva con fundamentos diferentes a los del fallo del anterior grado sólo supone el ejercicio por los jueces de la causa de la facultad que les incumbe de determinar y aplicar el derecho que la rige, en tanto no se alteren los presupuestos fácticos (confr.: C.S.N., L.L. 149-411).

---IV.- Al fundar su decisión favorable a la restitución de pagos indebidos, la Señora Magistrada "a quo" sostuvo que en el responde a la demanda la legitimada pasiva no negó en la forma categórica exigida por el art. 356 inc. 1° C.P.C.C. la existencia de esa obligación suya de restituir, de modo que debía tenérsela por cierta, tornándose entonces procedente la pretensión (fs. 332 vta. últ. párr.). Para embatir contra tal determinación la recurrente expuso en su pieza de agravios que la sumas cobradas lo fueron en concepto de intereses moratorios derivados de los atrasos en el abono de las cinco últimas cuotas de la financiación, que discriminó.

--Cotejado el argumento conclusivo expuesto por la sentenciante de origen con aquellos otros que la apelante incluyera en su pieza de agravios, se advierte que estos últimos no satisfacen los requisitos impuestos por el art. 265 C.P.C.C. como una carga que el apelante habrá de cumplir para la suficiencia técnica del escrito de impugnación. En efecto, la quejosa no ha intentando rebatir la idea dirimente que vertebrara la decisión de la precedente instancia, es decir la ausencia en el responde a la demanda de una negativa categórica de la existencia de una obligación suya de restituir, limitándose en cambio a brindar explicaciones acerca de las imputaciones de los últimos pagos que ella percibiera de su adversaria.

--Cual es bien sabido, por imperio del recordado art. 265 C.P.C.C. la expresión de agravios ha de contener una crítica concreta y razonada de la parte del fallo que el recurrente considera equivocada y para que esa carga quede adecuadamente satisfecha es menester que las proposiciones del sentenciante sean objeto de preciso y fundado ataque.

-La ley procesal requiere, a efectos de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo que significa que la parte debe seleccionar del discurso del juzgador aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego al apelante la tarea de señalar en cuál punto del desarrollo argumental se ha incurrido en una errata, sea en las referencias fácticas o en la interpretación jurídica, que conduce al desacierto ulterior. Cuando el litigante no formula los agravios de esa manera, cae derrotado, antes que por la solidez de la sentencia todavía no revisada, por la falta de instrumental lógico de crítica. Es que la función esencial del órgano "ad quem" consiste en confrontar los argumentos del "a quo" con aquellos otros que, de contrario, aduce el recurrente, de modo que ante la ausencia de concretos y razonados agravios queda la Alzada desprovista del material indispensable para el desarrollo de su labor (este cuerpo, c. 18.086 S.D.C. 28/02, 19.003 S.D.C. 47/03, c. 20.915 S.D.C. 3/06, entre otras). Opino pues que media en este aspecto una parcial deserción del recurso (art. 266 cód. cit.).

-Por lo demás, y así sea a mayor abundamiento, he de poner de relieve que si ante la pormenorizada explicación del origen de los pagos indebidos hecha por la actora en su escrito liminar (fs. 133/134, pto. IV), la demandada se ciñó a negar "que el monto peticionado de $1.536,35 tenga relación alguna con lo peticionado en la demanda" (fs. 172 vta., pto. "n"), no promedió en verdad una negativa categórica suya, cual destacara la juzgadora del previo grado. Intentar recién al expresar agravios explicar el porqué de los cobros resulta extemporáneo por tardío, en tanto que todas las defensas que no tengan carácter de previas deben ser opuestas al responder la demanda (art. 356 regla 1° C.P.C.C.).

--V.- Las razones expuestas me conducen a propiciar la confirmación de la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a la apelante vencida en ella (art. 68 C.P.C.C.), regulando los honorarios de los Dres. M A. M I, F O. V y J C. S, por sus labores de alzada y atendiendo a la extensión, calidad y resultado de ellas, en las sumas respectivas equivalentes al 4,50 %, al 1,58 % y al 2,75 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución, con más el I.V.A. pertinente (arts. 6, 7, 9, 13, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200).

---Consecuentemente, en esta cuestión me expido por la AFIRMATIVA. --- A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari:

--- I. El Dr. Velázquez ha reseñado convenientemente los aspectos del fallo que motivan el recurso incoado, de modo que resulta innecesario abundar en estos detalles. Por consiguiente, en los apartados que siguen me pronunciaré directamente sobre dichas cuestiones.

--- II. Acerca de la imputación de los pagos "a cuenta":

--- El agravio basado en esta argumentación no puede ser atendido en los términos en que ha sido planteado. Como bien lo señalara el colega preopinante al historiar la evolución de la legislación de emergencia, el efecto jurídico de los pagos realizados varió sustancialmente con el dictado del decreto 214/02 para los contratos en moneda extranjera, por cuanto, al modificarse el sistema original de sometimiento a la negociación entre las partes, en principio aquellos debían imputarse desde la vigencia de dicho decreto al pago de las sumas adeudadas, convertidas a pesos y ajustadas según los coeficientes respectivos, con efecto cancelatorio; ello sin perjuicio de la facultad prevista en el art. 8° de solicitar el reajuste equitativo de precio sobre las bases allí previstas, además de las señaladas en el posterior decreto 320/02.

--- Ello da por tierra con la postura de la aquí apelante en punto a las imputaciones de los pagos referidos, que se rigieron en cambio por la regla del art. 8, Anexo I del decreto 1242/02, reglamentaria del decreto 762/02, por lo que el criterio de la sentenciante a quo estuvo ajustado a derecho en este aspecto, sin que dicha decisión ello causara el gravamen invocado por la aquí recurrente.

--- III. Interpretación y alcances del decreto 320/02 en la especie:

--- En relación a la pauta de ponderación establecida por el art. 8° del Dec. 214 ya citado -esto es, si "valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o inferior al del momento de pago" de las sumas pesificadas y ajustadas- el decreto del título vino a aclarar algunos conceptos referidos a aquella norma, y esa función aclaratoria está señalada de manera expresa en el art. 1° del mismo. En ese sentido fue que introdujo una pauta referida a las cosas, bienes o prestaciones con componentes importados (ver, entre otros, Falcón, E.M. - Aspectos procesales de la revisión contractual" en "Obligaciones en Pesos y en Dólares" - pág. 478 y ss. - Rubinzal-Culzoni, 2003), sin que ello en modo alguno pueda interpretarse -tal como pretende el apelante- como un "desplazamiento" liso y llano de la regla general ya mencionada, ni mucho menos la inaplicabilidad al caso del posterior Decr. 1242/02, por más que esta último no contenga referencias expresas sobre los bienes o productos de tales características.

IV. El reajuste de precio:

--- Tal como lo ha puntualizado el magistrado prevotante, lo que sella la suerte adversa de esta pretensión, en concreto, es que la parte interesada no logró acreditar el mayor valor invocado. Al respecto, he tenido ya la ocasión de expresar en circunstancias análogas que la comparación de valores ya mencionada debe efectuarse al momento del pago final de la obligación, ocasión en que el deudor pretende ser liberado de la misma (conf. mi voto en Expte. 20439 C.A.N.E.; entre otros). Dicha exigencia probatoria no se satisface con los informes de precios incorporados a la causa, pues ellos no prueban dicho valor al "momento del pago" e impiden, en consecuencia, realizar un adecuado cotejo de guarismos para así verificar el presupuesto contemplado por la norma. El Dr. Velázquez ha expresado en detalle las fechas de pago de las cuotas a los fines de la comparación, lo cual denota la ineficacia de los elementos aportados por la reconviniente, de manera que -si bien por argumentos distintos a los empleados por la juzgadora de grado anterior- coincido en que el rechazo de esta pretensión reconvencional debe ser confirmado.

--- V. Restitución de pagos indebidos:

--- En plena coincidencia con mi predecesor en el voto, considero que las argumentaciones expuestas por la recurrente acerca de este rubro no llegan a constituir una crítica concreta y razonada con el grado de exigencia técnica prevista en el Rito (art.265, C.P.C.C.), pues en efecto, no existió una negativa precisa y categórica de la demandada respecto del hecho alegado por la actora como presupuesto de su reclamo, en la forma determinada por el art. 356, inc. 1° del C.P.C.C.; fundamento que no es en modo alguno rebatido ni superado por las objeciones expresadas en la pieza de agravios, incurriendo de tal modo en una deserción parcial del recurso (conf. art. 266, C.P.C.C.), lo que así corresponderá declarar.

--- VI. Conclusiones:

--- A mérito de las consideraciones precedentes, comparto la resolución que formula el colega prevotante, así como su propuesta en materia de costas y honorarios de Alzada. En cuanto a las primeras, como lógica consecuencia del principio general contenido en el art. 68 C.P.C.C., y acerca de los estipendios profesionales -que doy aquí por reproducidos, por razones de brevedad- en tanto los mismos constituyen una adecuada retribución por las tareas efectuadas en esta instancia a tenor de las pautas previstas en los art. 6, 14, 47 y conc. de la Ley 2.200.

--- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA. --- ---A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió: --Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a la apelante y regulando los honorarios de los Dres. M A. M I, F O. V y J C. S, por sus trabajos profesionales de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 4,50 %, al 1,58 % y al 2,75 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución, con más el I.V.A. pertinente.

---ASI LO VOTO.

--- A ESTA ULTIMA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó:

--- Tal como lo he adelantado, comparto la resolución propiciada por el Sr. Vocal preopinante en todos sus términos, votando en sentido idéntico.

--- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. de la ley 4550).

--- Trelew, 30 de marzo de 2007.

--- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones; pronuncia la siguiente:- -- S E N T E N C I A: --- --- CONFIRMAR la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a la apelante y regulando los honorarios de los Dres. M A. M I, F O. V y J C. S, por sus trabajos profesionales de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 4,50 %, al 1,58 % y al 2,75 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución, con más el I.V.A. pertinente.

--- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL N° 13 DE 2007 - SDC.- Conste.-