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Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, incendio de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: BTESH, José c/ FERROCARRILES ARGENTINOS y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

Los daños causados por cosas incendiadas, encuadran en los supuestos de daños causados por las cosas, por lo que, además de la responsabilidad del agente que hubiera sido identificado como autor del incendio, aparece la de dueño o guardián de la cosa incendiada que produce daños a otra cosa o personas (art. 1113 del Código Civil).-
Acto administrativo, motivación del acto administrativo, facultades discrecionales, razonabilidad, competencia, empleo público, prescindibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALMADA FANNY ETHEL c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO    ADMINISTRATIVO    -  EMPLEADO  PUBLICO  -  ESTABILIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-10-11

La exigencia de la 'motivación' de los actos resulta aplicable a aquellos dictados en ejercicio de facultades discrecionales, pues, de lo contrario, quedaría librado al albedrío del administrador una garantía constitucional, dándole en los hechos un ámbito de competencia mas amplio que el que se reconoce al legislador, máxime si tal medida queda exenta del juicio de los magistrados, a quienes compete el control de razonabilidad de las leyes y su aplicación (const. Nac., Art. 100; Const. Prov., Arts. 130 Y 132). No surgiendo del acto impugnado, ni habiéndose acreditado en autos la razonable ejecución de la autorización legal, debe concluirse que no reúne los recaudos de una 'resolución motivada' (art. 9 Constitución provincial), lo que lo descalifica como acto estatal apto para extinguir un derecho subjetivo preexistente. Tratándose de un caso en que por razones excepcionales de interés general cede la garantía constitucional de que se trata, autorizándose la separación de agentes públicos por causas que no les son imputables, se requiere que se exterioricen los fundamentos de hecho -no solo de derecho-de la voluntad administrativa que se declara en los actos administrativos y de modo que su legalidad y razonabilidad sean controlables judicialmente.
Seguros, productor asesor de seguros, prima, pago, suspensión de la cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: CUPOLO, Angel Julio César y otro c/ RODRIGUEZ, Miguel Angel y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-10

Si la compañía de seguros aceptó la intermediación del productor y que éste ejecutara a su nombre actos inherentes al vínculo contractual celebrado, no puede tener por suspendida la cobertura si el productor declaró que el asegurado realizó los pagos en la forma prevista.

Las cuestiones sobre si el productor del seguro reintegró a la aseguradora el importe correspondiente que habría percibido del asegurado o no lo hizo, si actuó o no actuó con buena fe o con la diligencia debida, son ajenas a la relación contractual existente entre la aseguradora y el asegurado y, por ende, dichos conflictos inoponibles a éste último.
Remuneración, vales de comida, carácter no remuneratorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA  S.A. s/ IMPUGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

"Los vales que los empleadores entregan a su personal para comidas o refrigerios a consumir fuera del establecimiento, no están comprendidos en el concepto de remuneración del artículo 10 de la ley 18037".
Plazo judicial, suspensión del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Hunagro S.A.-Quiebra s/ "La  Tropa"  S.A.-Legajo para tramitar recurso concedido con efecto  devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-12-15

Los plazos se suspenden cuando en general, cualquier hecho cuya imprevisibilidad y gravedad determinen la razonable suposición de que uno o más actos procesales no tuvieron posibilidad material de ejecución.
Obligación tributaria, solve et repete, control de constitucionalidad, fallos del Superior Tribunal, emplazamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Hotel Casino Tandil S.A. c/ Estado Provincial s/ Acción de Plena Jurisdicción y Anulación o Ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-05-21

La incidencia fiscal sobre las actuaciones judiciales y la obligación del pago previo de tributos son legítimas dentro de nuestro sistema institucional, en tanto convivan adecuadamente con el funcionamiento de las garantías constitucionales de acceso a la justicia y defensa en juicio. Y en sentido contrario, carecen de valor jurídico cuando impiden el ejercicio efectivo del derecho de defensa. Ello significa que la pretensión procesal que alega su inconstitucionalidad no constituye una cuestión de puro derecho que puede dirimirse con generalizaciones normativas como acontece en el sub judice, sino que depende de la alegación y prueba de circunstancias particulares de hecho que configuren un caso concreto de denegación de justicia. Es decir que cuando se pretenda excesiva la incidencia fiscal sobre las actuaciones judiciales, es necesario alegar su extralimitación y probar que ocasiona al litigante un verdadero impedimento imposibilitante para defenderse en juicio. Y en caso de que se considere excesiva la obligación del pago previo, es necesario alegar y probar la desproporcionada magnitud del tributo en concreto y la inexistencia inculpable de capacidad económica suficiente para reunir la suma de dinero que exige abonarlo, ello con fundamento en la jurisprudencia y doctrina citada precedentemente. Conforme a los fundamentos vertidos, debe desestimarse el incidente de inconstitucionalidad planteado por la accionante. Además, esta Corte de Justicia en su actual conformación ha sentando doctrina legal en diferentes precedentes, en los que se han rechazado los incidentes de inconstitucionalidad articulados en contra del pago previo a la interposición de la demanda, manteniendo la exigencia de este requisito formal con los alcances explicitados en dichos decisorios. ( SI Nº0 184/09, SI Nº198/09, SI Nº 197/09). En consecuencia se considera que, resultando la exigencia del pago previo uno de los requisitos extrínsecos de admisibilidad de la demanda, debe emplazarse al accionante para que en el termino de cinco días de quedar firme este decisorio, efectivice el depósito comprensivo de lo requerido en concepto tributo (Art.8 CCA), con exclusión de la multa e intereses, cuya constancia deberá presentarse al Tribunal, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la demanda.
Proceso penal, acción civil, actor civil, muerte
Materia: CIVIL - PROCESAL PENAL
Carátula: SAIRES MARIO ERNESTO s/ PROCESO PENAL - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-10-01

Si el auto de declaratoria de herederos es la resolución jurisdiccional en la que se reconoce como tales a las personas que se invocan en ese documento y presupone, desde luego, el fallecimiento de una persona, una tramitación judicial, que aunque breve, haya permitido discutir la vocación hereditaria y por último una decisión del Juez en la que se declara que por fallecimiento del de "cujus" le suceden los parientes o personas llamadas por la ley a recoger la herencia (Cfr. Carlo, Eduardo -Declaratoria de herederos, Enciclopedia Jurídica Omeba, T. V, pág. 973-), debe concluirse necesariamente que los herederos que pretendan continuar con la instancia de constitución en parte civil presentada por el causante en la medida de la cuota hereditaria (C.P.P., art. 14) si el proceso se encuentra en la etapa de debate el auto de declaratoria de herederos para acreditar sus cuotas partes hereditarias con arreglo a las leyes civiles, máxime cuando el auto de declaratoria de herederos permite a los terceros, no sólo conocer la calidad de herederos, sino también la cantidad y que herederos suceden al causante.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Robles, José Isaías y otro s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-21

Es insuficiente el agravio que se limita a sostener la existencia de equivocidad en el conjunto presuncional, sin relacionar su afirmación con los elementos invocados por el tribunal para completar el medio probatorio escogido.
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Unión Comercial e Industrial Coop. Ltda. (BUCI) s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-10-20

La lesión que agravia al recurrente presentaría un lazo vinculante con las convenciones contractuales, mas no con el régimen sustantivo comercial denunciado, de esta manera lo que menoscaba los intereses económicos del casacionista, según sus dichos, lo constituiría el no acatamiento del fallo, a una norma de las Condiciones Generales y particulares pactadas por los contratantes, para el otorgamiento de la tarjeta de crédito. El hilo de este razonamiento, nos conduce a pronunciarnos por la desestimación del recurso en esta impugnación, porque en el sub examen, no se ha operado el error en la aplicación, ni la violación de una ley, entendida ésta con el sentido y significación conceptual que requiere esta denominación, a los fines del recurso de casación.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, hospitales públicos, mala praxis
Materia: PROCESAL
Carátula: García Acosta, Haydeé Dolores c/ Hospital General de Agudos J.M. Ramos Mejía y otros s/ Daños y perjuicios - resp. médicos y aux. s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-05

Corresponde declarar la competencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con las previsiones de los arts. 1° y 2° del Código Contencioso Administrativo y Tributario, toda vez que se imputa al GCBA la falta de servicio en la que habría incurrido un órgano local, la materia en debate es propia del derecho público local y, por ende, es del resorte exclusivo de los gobiernos locales conocer en tales casos, aunque eventualmente se invoquen o se apliquen de manera subsidiaria disposiciones de derecho común o principios generales del derecho. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Subasta judicial, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Delta S.A. c/ Astilleros y Varaderos Sánchez s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-07

Mas allá de que no exista mora del comprador, no puede validarse que el acreedor, y de quedar remanente también en su caso el ejecutado, se vean perjudicados por un precio disminuido en una suma que bien puede ubicarse en la mitad de precio de subasta. No sólo se daría un enriquecimiento sin causa para el comprador, sino que se vería perjudicado el acreedor y el titular dominial, quien lo sería tanto si no recibe saldo alguno y queda insoluta su deuda, como recibiendo un saldo menguado. Elementales razones de equidad y justicia imponen que, no obstante no existir mora del comprador, se ordene la revalorización del saldo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa inmobiliaria, venta ad corpus
Materia: CIVIL
Carátula: BUCSINSZKY LUDOVICO c/ S.A.F.A.C.S.A. s/ RESTITUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

La inclusión en el contrato de las palabras "ad corpus" no basta para que la venta sea tal, si no ha mediado una intención deliberada en ese sentido por parte del vendedor, en especial cuando inmediatamente de consignar que la venta es "ad corpus", se hace constar la superficie y medidas lineales del inmueble sin ninguna otra aclaración sobre el alcance de dicha expresión (conf. Sala C, 30-11-51, L.L. 65-158, cit. en Belluscio "Código...",T.6,pág.423).
Administración fraudulenta, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Baza, José David s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Rodolfo Augusto Baza en contra de la Sentencia Nº 36/12 dictada en autos Expte. Letra 'B' Nº 67/10 - Baza, José David s.a. Defraudación por Administración Fraudulenta - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-04

La Cámara Penal condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de Administración fraudulenta, condenándolo a sufrir la pena de un año y cuatro meses de prisión en suspenso.

Contra la nominada sentencia, el asistente técnico del imputado interpone el presente recurso de casación.

No tiene razón el recurrente cuando dice que, por ser él uno de los dos únicos socios de la sociedad perjudicada, corresponde reducir a la mitad el monto de la reparación.

Así lo considero en tanto el detrimento patrimonial motivo de reproche en las presentes es el causado a "San Antonio SRL", y no el que eventualmente puedan haber experimentado los patrimonios particulares de los socios de esa sociedad; por lo que la indemnización discernida está destinada a reparar, no los posibles deterioros en la propiedad personal de éstos sino el perjuicio producido a la sociedad.

Por todo ello, el agravio carece de fundamento.
Tutela, legitimación procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. c/ GCBA. s/ amparo (art. 14 CCABA).
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-06

La solución que se adopta no implica emitir opinión sobre la configuración en el caso de derechos de incidencia colectiva ni, por ende, sobre la legitimación procesal de la accionante para actuar en tutela de aquellos ..cuestión que por el modo en que resolvió no fue abordado por la Cámara CAyT... Ello así, sin perjuicio de destacar que el amplio reconocimiento de los derechos sociales podría habilitar algún tipo de reclamo siempre y cuando se presente una plataforma fáctica asimilable a la que quedó configurada en el precedente fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: Halabi Ernesto c/ PEN s/ amparo ley 16.986. Fallos: 332:111, y el objeto de la pretensión se halle debidamente acotado.
Dolo eventual, instrucción, sentencia condenatoria, aplicación errónea de la ley, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: Farias Barrera c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-09

Toda vez que, en efecto, la representación y la indiferencia integran el contenido normativo del dolo eventual de acuerdo con la posición doctrinaria dominante sobre el punto, se presenta razonable que la cuestión sea debatida en profundidad en el marco de un juicio oral y, correlativamente, que resulte prematuro descartarla de plano en este estado primigenio del proceso. Es que, el alcance que cabe otorgarle a la duda en la etapa instructoria adquiere matices distintos a los exigidos para proceder a una sentencia condenatoria, sin perjuicio de existir otras etapas procesales en las que la circunstancia apuntada adquiere mayor relevancia. Entre ellas, el debate oral y público, el que por su propia naturaleza y por mandato legal, se presenta como el escenario más propicio y que mejor posibilita la contradicción, en toda su amplitud, y por ende resulta más adecuado para ventilar, tanto los hechos cometidos como la responsabilidad de los distintos intervinientes. En consecuencia, la resolución impugnada interpretó erróneamente las disposiciones de la ley sustantiva respecto de las exigencias típicas del delito de homicidio calificado, razón por la cual corresponde, revocar la misma. (Dres. Gemignani , Hornos y Borinsky).
Poder Legislativo, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Malaponte, Eugenio Jorge s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

La prerrogativa otorgada a los miembros del órgano legislativo, tiene los siguientes caracteres, a saber, es: a) constitucional (en cuanto establecida por la misma Constitución), b) absoluta (en cuanto a su naturaleza y efectos), c) perpetua (en cuanto a su duración) y d) parcial (en el doble sentido que no vale para todos los actos ni para los actos previstos que, sin embargo, no pueden considerarse cumplidos en el ejercicio de la función).
Repetición de impuestos, debido proceso, juicio
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de apelación ord. denegado en/ Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art. 457 CCAYT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

El esquema general previsto para la impugnación judicial de actos administrativos en la Ley de Procedimientos Administrativos y el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (ver, en particular, el art. 3 inc. 1° CCAyT), no es completamente aplicable en materia tributaria. Y es que para cuestionar la validez de un acto determinativo de oficio no es imprescindible agotar la vía administrativa por medio de los recursos pertinentes -como sí ocurre con el resto de los actos administrativos-, sino que el contribuyente puede evitar la interposición del recurso jerárquico y optar por la vía del pago y posterior repetición judicial. Una interpretación contraria desnaturalizaría el mecanismo de la repetición al limitarlo a una cantidad menor de supuestos en oposición a la propia letra de la ley tributaria -que no establece distinción alguna entre los distintos supuestos de pago indebido o incausado-, alentaría que los contribuyentes no cumplan con el pago inmediato de las deudas que le reclama el fisco -perjudicando de esa manera el cobro regular y oportuno de la renta pública-, y además obstaculizaría el acceso a la justicia del contribuyente al imponer requisitos de admisibilidad formal no previstos en las disposiciones que regulan la acción de repetición. (Del voto en disidencia de la jueza Ana María Conde, que remite a los fundamentos brindados in re "Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art 457 CCAyT) s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. n° 9989/13, sentencia suscripta el 23/12/2015).
Prueba, ofrecimiento de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: SAMAR, Angela Zulema c/ INI, Alberto y otros s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-15

La existencia de divergencias entre los intervinientes en el pleito acerca de los hechos expuestos y el ofrecimiento de prueba que pudieran haber efectuado en sus respectivas presentaciones, no necesariamente conllevan a determinar la procedencia de ordenar su producción, cuando a criterio del magistrado interviniente, ello no es necesario en atención a la forma en que quedara trabada la litis, por obrar en la causa elementos suficientes que permiten resolverlas a la luz de la normativa vigente aplicable a la materia, sin desmedro del derecho de defensa.-
Costas, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUEVARA ALFREDO c/ EMILIO FLUIXA E HILDA SANCHEZ s/ Ejecución Honorarios (LIBRO: S127 - 373)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-10-07

Un juez no puede convertir en solidaria la obligación objeto de la pretensión accionada en el juicio que no lo es. Bien se ha dicho que el carácter declarativo de la sentencia impide mutar una obligación mancomunada en una solidaria. Sin embargo, no veo impedimento en que el juez disponga, con fundamento razonable, la solidaridad de otra obligación, la de epagar las costas, respecto de la cual su decisorio no es meramente declarativo sino constitutivo del derecho. Esta sala ha dicho que la condena en costas tiene naturaleza procesal, por lo que, constitucionalmente, el código local puede establecer los presupuestos y la extensión de esa obligación, No obstante, parece necesario agregar que la facultad concedida al juez para determinar la solidaridad o mancomunidad de las costas no es ilimitada ni puede ser ejecida con arbitrariedad. Si la obligación reclamada en el juicio es solidaria, normalmente también lo será respecto de las costas correspondientes a los deudores que intervinieron en el proceso, si no lo es, el tribunal debe explicitar, con fundamentación bastantee, qué conducta procesal lo lleva a determinar esta solidaridad.-
Derecho procesal, juicio ejecutivo, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA S.A. c/ GIMENEZ, CATALINA ISABEL Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-30

En el proceso ejecutivo no resulta aplicable la disposición general del art. 74 del C.P.C., que faculta al juez para exigir total o parcialmente de costas al vencido si encontrare mérito para ello, porque en dicho proceso rige un sistema especifico distinto al que consagra el art. 74 Y ss., que es el que establece el art 543 del mismo cuerpo legal.
Indemnización por accidente de trabajo, prueba, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Auyero, Julio César  c/ Galeno Art S.A.  s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-07

En autos, fue el actor quien optó por reclamar indemnización por la vía sistémica la cual, como se sabe, aporta ingentes beneficios probatorios pero como contrapartida ofrece una indemnización sujeta al grado de incapacidad y a un quantum indemnizatorio fijado a forfait. Sentado ello, si estamos ante el caso de un dependiente que percibía remuneraciones variables se debe calcular su ingreso diario promedio y para ello debe tomarse como base las remuneraciones percibidas durante los 6 meses anteriores o fracción menor, procediendo a dividir la suma resultante por la cantidad de días efectivamente trabajados en tal período tal como lo indica el art. 208 de la LCT al que remite el art. 6 del decreto 1694/09. Dado ello, el Ingreso Diario Promedio es igual a la suma de las remuneraciones devengadas durante los últimos 6 meses dividida por los días trabajados efectivamente. Con este modo de estimación se logra, a los fines de estimar la ILT, una proyección lógica y razonable del haber mensual correspondiente a un trabajador que presta su débito de modo discontinuo. Sobre esta base y la modificación efectuada por el art. 11 de la Ley 27.348 al texto de la LRT no es válido predicar como ajustado a Derecho "mensualizar" el ingreso diario multiplicando el haber diario por 30 sin más, como pretende el quejoso (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garcia, Carlos A. y otra s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Es procedente el recurso de apelación contra el auto que deniega la declaración de quiebra solicitada por un acreedor.
Proceso judicial, principio de eventualidad, daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arce de Ullón Ramírez Francisca y otros c/ Ramírez Alberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-21

El principio de eventualidad, que es derivación y exigencia del principio de preclusión (art.155 del CPCC), importa la necesidad de aprovechar cada ocasión procesal íntegramente, empleando en acumulación eventual todos los medios de ataque y defensa de los que se disponga. Por ello, si el interesado, quien debía conocer mejor que cualquier otra persona su situación posterior al accidente, nada hizo para acreditar las circunstancias que invocara tardíamente, debe desestimarse su pedimento de tenerlas en cuenta para elevar el monto del daño.