marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derechos subjetivos, jubilaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MALDONADO LARA CARLOS c/ CAJA  DE  PREVISION  Y SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LAPROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - PREVISIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-30

No procede el reencuadramiento pretendido (jubilación voluntaria por una jubilación ordinaria) fundado en la desaparición de la limitación prevista por el artículo 46 de la ley 4474 y en la existencia de aportes por servicios cumplidos en el orden nacional, no computados oportunamente por la caja otorgante, en razón de no contener la ley 6468 previsión normativa alguna al respecto. Al momento de dictarse los actos impugnados, los beneficios estatuidos por la normativa invocada no devenían incompatibles con otros regímenes previsionales -nacional, provincial o municipal-(art. 53 Ley 4474 y art. 69 Ley 6468), no resultando aplicable la ley 6810 y el convenio que esta aprueba en razón de lo establecido en sus artículos 2 y 18. Tampoco resulta atendible el reencuadramiento subsidiario (jubilación extraordinaria) atenta la inexistencia de una norma de cobertura en la ley 6468 que lo sustente. El "status jurídico" de beneficiario previsional se rige por la ley vigente al momento de la concesión, sin que la sustitución de aquel régimen legal, opere, salvo previsión expresa, la modificación de la extensión y alcance de los derechos adquiridos.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Robles, Edison Hector c/ Vera, Mario Elbio s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Ejecutivo. Incidente de levantamiento de embargo (Fallo   antecedente: "Robles, Edison Hector c- Vera, Mario Elbio -Ejecutivo-  Incidente de levantamiento de embargo promovido por Mario E. Vera   s- Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad" Expte..   CSJ Nº 369-97  AyS T 140 p 244). (Expte. CSJ Nº 369-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-14

Si una decisión está sometida a un pronunciamiento posterior que pueda disipar el agravio que ocasiona, no es definitiva para la apelación extraordinaria. Tal aserto rige plenamente en el caso de las medidas cautelares, donde su suerte depende del resultado obtenido en el principal.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, distinta vecindad, causas civiles
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Isoird, Carlos A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

La jurisdicción originaria de la Corte conferida por el art. 101 de la Constitución Nacional sólo procede en razón de las personas cuando a la condición de vecino de otra provincia se une el requisito de que el litigio posea el carácter de "causa civil".
Intervención de terceros, marcas, transferencia de marca
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Drake Beam Morín Inc. c/ Salvat, María Ester y otros s/ Incidente de Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-07

La circunstancia de que la transferencia de la marca "OUTPLACEMENT" no se encuentre actualmente inscripta en el registro correspondiente (art. 6, ley 22.262), a los sumo impide la intervención de la cesionaria en los presentes autos en la calidad prevista en el inc. 2 del art. 90 del Cód. Procesal.

Empero, esa omisión no forma obstáculo a la participación de esta última en los términos del inc. 1 de la norma citada. Ello así, pues sobre la base de la cesión de que da cuenta el documento agregado y aun considerando como fecha de su realización la de la certificación notarial, posterior a la iniciación de la demanda, aquélla quedaría, en el caso, en idéntica situación que la del sustituto procesal cuya intervención no ha sido admitida por el adversario (art. 44, Cód. citado).
Aplicación temporal de la ley penal, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: SECRETARIA DE TRABAJO c/ CORREO ARGENTINO S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- SUMARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 163 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-03-07

Conforme al criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación los efectos de la benignidad normativa en materia penal "se operan de pleno derecho", es decir, aún sin petición de parte.
Juicio por jurados, inadmisibilidad del recurso, recurso de inconstitucionalidad, debido proceso
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: R., C. D. c/  s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 212/2014 (Tribunal en lo Criminal Nº 1) S/s.a. Homicidio culposo en accidente de tránsito. Fraile Pintado
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2017-03-10

La implementación del "juicio por jurados" es atribución de los gobiernos locales, quienes podrán incorporarlo al derecho interno mediante una norma constitucional o legislativa -arts. 5 y 126, CN-, ahora bien, el hecho de que la provincia de Jujuy no haya optado aún por dicho sistema no se exhibe en pugna con la voluntad de la Asamblea Constituyente de 1853, es así toda vez que la garantía del "juez natural" -principio que el recurrente considera vulnerado- también se encuentra preservada en el sistema actualmente instaurado de "jueces profesionales y permanentes"; el que resulta tan válido como aquél, pues ambos están previstos constitucionalmente y limitados por el respeto a la garantía del debido proceso legal.
Impuestos, régimen penal tributario, extinción de la acción penal, delitos tributarios
Materia: PENAL
Carátula: EMERGENCIAS S.A. s/ Régimen penal tributario, incidente de extinción de la acción penal  de Marcelo Sorrentino, Causa: 37972.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

Sin perjuicio que desestimar la declaración de extinción de la acción pese a haber sido aceptada la pretensión fiscal, tornaría inoperante la norma legal aplicable (art. 14 ley penal tributaria) y que postergar esa declaración hasta el pago de la última de las amortizaciones acordadas es evidentemente incompatible con el trámite del proceso penal y conduciría a excluir toda posibilidad de extinción en esos casos, no cabe adoptar la decisión de declarar extinguida la acción penal en la forma autorizada por la norma indicada cuando no hay persona alguna sometida a proceso, a cuyo respecto quepa apreciar si resulta aplicable una condena de ejecución condicional. (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sproviero, Nelson Witman y otro c/ Incidente de nulidad en autos:Schmukler, Simón y otros c/ Fabiero, Pascual s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-09

No cabe acudir en forma directa a las normas del código civil cuando se trata de subastas judiciales, en razón de que éstas se rigen primigeniamente, por las normas procesales, siendo aquellas de aplicación supletoria, al igual que las disposiciones del código de comercio.-
Sistema acusatorio, facultades del fiscal, Ministerio Público Fiscal, portación de armas, armas de uso civil
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Franco David c/  s/ 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

La Constitución de esta Ciudad encomienda al MPF la promoción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, y el resguardo de la normal prestación del servicio de justicia, procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social, organizándolo bajo principios de autarquía e independencia funcional. Esas directrices se materializan, en primer lugar, a través del art. 4 del Código Procesal Penal, entre otros, al instituirlo como titular de la acción penal. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Apreciación del juez, daños y perjuicios, accidente de tránsito, determinación de la incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: RIOS MAXIMILIANO CEFERINO c/ OLMOS MARCELO ANTONIO Y OTRO s/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-01

La valoración efectuada por la A-quo con relación a la incapacidad física no se encuentra avalada por las constancias de autos, desde que si bien es cierto que surge de los informes tanto del Hospital como de la Historia Clínica del Policlínico que el actor presentó un traumatismo del miembro inferior izquierdo, no surge de tales informes que producto del mismo tuviera una tendinitis y el perito no adjuntó a estos autos ningún estudio o elemento de prueba que pudiera acreditar que el actor padece tal afección. Por ello, el exclusivo examen médico no resulta suficiente para tener por probada la determinación de incapacidad efectuada por el galeno, y en consecuencia no es posible tener por acreditada la relación de causalidad existente entre las secuelas que informa y el accidente de tránsito sufrido por el actor.
Tasas, tasa municipal, turismo, ecología, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Cantaluppi, Santiago  c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-02

La denominada ecotasa establecida por la ordenanza fiscal 2374 CM 12 de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche es inconstitucional, pues la inclusión de una disposición residual en la definición de la gabela que alcanza a todo otro servicio turístico exacerba el nivel de indeterminación normativa y genera confusión respecto de los sujetos obligados (Voto del juez Rosatti).
Acción de amparo, peligro en la demora, reclamo administrativo previo
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: Fantin, Clelia Susana s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-02-23

La disposición del art.4º del Dec.583/63 no entra en insalvable colisión con la norma jerárquicamente superior del art.54 Constitución Provincial, máxime que aquel primer precepto limita la exigencia del reclamo previo a los casos en que el acto atacado no haya tenido principio de ejecución, tal cual acontece en la especie, donde, como el Sr. Juez a-quo indicara, ha mediado tiempo para formular reclamo, visto que la temida reducción de la asignación recién se haría efectiva en el próximo mes de marzo.
Procedimiento administrativo, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S., A.T. c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-12-30

El objeto del proceso contencioso administrativo no es necesariamente la decisión previa, sino las pretensiones que el particular deduce frente a los jueces, relacionadas generalmente en forma estrecha con un pronunciamiento, obrar u omisión de la Administración.
Juicio ejecutivo, intervención de terceros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lopez, Jorge c/ Liersch, Alberto s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-10

El instituto de la intervención de terceros, es privativo del proceso de conocimiento y ajeno a los de ejecución, ya que la sumariedad de estos últimos obsta a la incorporación de sujetos distintos de aquellos contra los cuales el ejecutante dirigió la pretensión.
Incompatibilidad de ejercicio, funcionarios públicos, ejercicio profesional, abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: Consejo General de Educación s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-04-05

No es posible admitir que funcionarios del Poder Ejecutivo, intervengan, ni aún aisladamente o subrepticiamente, en juicios en que un organismo Provincial es parte, en contra de los intereses de éste. No solo es antiestética y se presta a una serie de apreciaciones sino que también antifuncional. Por tanto también propongo que se decida remitir copia de la presente al Poder Ejecutivo a los fines que estime corresponder, dada la indebida intromisión de funcionarios de ese poder en actuaciones judiciales y al Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones (art. 12 Ley 267).
Recurso de inconstitucionalidad, Constitución Provincial, garantías procesales
Materia: PROCESAL PENAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: MINETTO ANGEL ALBERTO s/ RECURSO  DE  CASACION  PENAL  -  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD  -  CONSTITUCION PROVINCIAL ASTARLOA GABRIEL MARIA s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-02-23|1991-10-29

Debe discriminarse que el recurso de casación establecido en el código procesal penal de Córdoba, reglamenta el control de las sentencias respecto de posibles defectos de fundamentación arbitraria.

Pero también, estipula el control para otras múltiples situaciones cuales son y sólo a título ejemplificativo, las referidas a la falta de individualización del imputado, la ausencia de enunciación del hecho que fuera objeto de la acusación o la determinación circunstanciada del que el Tribunal estime acreditado, los casos en que falta o es incompleta en sus elementos esenciales la parte dispositiva, etc.

Si lo expuesto es así, dos consideraciones deben hacerse: 1) por un lado, el sistema de la casación funciona para establecer un control de los fallos no sólo para casos en los que, a la vez una norma de rango constitucional pretenda proteger un requisito intrínseco de la sentencia como es el de la fundamentación legal y lógica de la misma, sino para otras muchas situaciones, 2) de otro costado, no debemos olvidar que la Constitución es el grado supremo o desde el punto de vista dinámico, la fuente, el principio del orden estático entero: no se encuentra, en la esfera del derecho interno nada por encima de las reglas constitucionales, nada que les sea superior, porque no hay nada que les sea lógicamente anterior.

Las normas constitucionales -regla de legislación ordinaria o de la Legislación constitucional-son soberanas en el orden interno, no están ni pueden estar limitadas. O, si se prefiere, considerar los órganos de la creación del derecho más bien que las reglas de derechos que ellos crean, el Legislador constituyente -en sentido estricto, es decir, histórico-es jurídicamente soberano: el obligar a pero nada le obliga. La supremacía de la Constitución revestida o no de una forma distintiva- en el Estado confiere a la misma naturalmente la cualidad de medida suprema de la regularidad jurídica. Consecuentemente, la declaración de supremacía constitucional no debe confundirse con la declaración de invalidez constitucional de una norma de rango inferior.

Por ello, es que, frente a la violación de un requisito intrínseco de las sentencias impuesto a la vez legal (C.P.P. 412, 2, 130, 417 incs. 3ro. y 4to. "contrario sensu") y constitucionalmente (Const. Prov. art. 155), cuyo control para sentencias con determinado límite objetivo queda vedado por vía de casación (C.P.

P. 493), debe prevalecer la norma fundamental que implícitamente, al exigir ese requisito, impone, asimismo, su posibilidad de control sin limitación alguna (Voto de la minoría).-
Carga procesal, copias
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Di Terlizzi, Isabel Adriana c/ Huget, alberto Joaquín s/ Daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-11-10

Debe tenerse por satisfecha la carga procesal del recurrente de acompañar las copias que impone el artículo 292 inciso 1 del C.P.C.C. al interponer el recurso de queja por denegación del extraordinario cuando las piezas involucradas se encuentran, algunas adjuntadas en los archivos digitales acompañados y otras identificadas en el recurso de queja, de forma tal que se puede acceder a ellas de modo directo por el sistema informático de gestión, y por tanto, son visibles para este Tribunal sin mayor dificultad al momento de dictar la resolución correspondiente a esta presentación directa (conforme el Reglamento para las presentaciones y las notificaciones electrónicas", Anexo I del Acuerdo 4.013, texto según Ac. 4.039).
Recusación, prejuzgamiento, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Lucrecia Paulina Rodríguez s/ Amparo s/ Recurso de Apelación de No Innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-02-13

Siendo que las medidas cautelares siempre implican el análisis que lleve al juzgador a determinar tal verosimilitud, los fundamentos en que se base su dictado no pueden constituir causal de recusación, mientras no constituyan la emisión de una opinión cierta sobre como quien la dicta resolverá lo principal (art. 17, inc. 7 C P.C.C.).
Vocación hereditaria, error judicial
Materia: CIVIL
Carátula: Martinez, Antonio y Breard, Bernarda y/o Brear, Bernarda y/o Breard, Bernabela s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2014-02-10

En un proceso sucesorio en el que se citó por edictos a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes en dos oportunidades, y se notificó su apertura a los herederos conocidos en tres ocasiones, sin que comparezca persona alguna, corresponde adjudicar la totalidad del inmueble integrante del acervo hereditario a los cesionarios del único heredero declarado y no sólo una porción del bien reservando lo restante para los herederos no comparecientes, toda vez que aquél resulta ser el único titular de derechos hereditarios sobre el acervo, justamente por ser el único que aceptó la herencia, mientras que los demás optaron por no acreditar su vocación hereditaria.
Costas, costas en el orden causado
Materia: CIVIL
Carátula: D´Ercole, Nicolás c/ Embajada de la República Federal de Nigeria s/ Cobro de Sumas de Dinero
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-09

Si bien la regla general en materia de costas aceptada por nuestro ordenamiento procesal determina que éstas se deben imponer en función de la derrota o vencimiento, este principio no implica una suerte de penalidad para el litigante vencido, sino que tiene por objeto resarcir a la contraria de los gastos en que la conducta de aquél lo obligó a incurrir, de allí que la exoneración de su pago reviste carácter excepcional y es de interpretación restrictiva (cfr. esta Sala, causas 2630 del 30/04/84 y sus citas, 3884 del 05/03/87, 6229 del 06/04/93, 9299 del 29/10/93 y 16.200/96 del 12/08/99, entre otras). Ponderando las circunstancias particulares de la causa, corresponde destacar que si bien el incidente fue rechazado, lo cierto es que la parte recurrente pudo creerse con mejor derecho del que en realidad le asistía. Los extremos tratados en los considerandos precedentes permiten concluir que la solución más justa es distribuir las costas -en ambas instancias- en el orden causado (cfr. esta Sala, causa 3628/08 del 22/12/2009, entre otros).
Incapacidad laboral, accidentes de trabajo, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Peralta, José María c/ Provincia de Buenos Aires (Policía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-11-23

Si bien la junta que da un mayor porcentaje de incapacidad fue realizada en el marco de un expediente administrativo cuyo trámite correspondía a una cuestión distinta a la de autos, lo cierto que es que, por aplicación del principio de adquisición constituye una prueba incorporada al pleito, y como tal debe ser tenida en cuenta.(del voto del doctor Soria)
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, sentencia arbitraria, títulos ejecutivos, juicio ejecutivo, juicio ordinario
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva S.A.I.C.I. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Ejecutivo (Expte.: C.S.J. Nro. 35   Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

Se encuentran configurados en la sentencia recurrida los vicios de apartamiento de la verdad real y de errónea valoración de hecho y prueba que la Provincia denuncia en el presente recurso, si los Jueces de la Sala al juzgar la litis han omitido la consideración de un cúmulo de aspectos articulados por las partes -no sólo por la demandada-, los cuales, lejos de ser menores, resultaban de grave entidad e implicaban el compromiso de especiales intereses, por lo que no podía sino concluirse que tenían una decisiva incidencia en las cuestiones debatidas en la causa. En efecto, ante la concurrencia de las aludidas circunstancias excepcionales, los jueces de la causa insistieron en que no correspondía acceder al debate causal, soslayando, de este modo, el adecuado tratamiento de una litis que, en definitiva, y de modo indudable, desbordó el cauce habitual de los juicios ejecutivos, ordinarizándose. Así, fue la propia actora la que vinculó la viabilidad de la ejecución de los pagarés a cuestiones relativas al negocio básico, y, más precisamente, a aspectos que - en su caso-, podrían constituir elementos de comparación con lo actuado por la Administración en concreto (así, por ejemplo, los datos relativos a las tasas requeridas mediante informativa). (Del Voto del Dr. Gutiérrez)
Cuestiones de competencia, fuero de atracción, sucesiones, regulación de honorarios, proceso en trámite
Materia: PROCESAL
Carátula: Marco del Pont, Diego Luis Federico s/ insania.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

No opera el fuero de atracción del sucesorio (art. 3284 inc. 4 del Código Civil), si se encuentra pendiente la regulación de honorarios en un juicio concluido.
Subasta, martillero, designación de oficio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D.G.R. c/ Paka, Alfredo y/u otros s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-11-26

El principio rector, en el caso de ordenarse la subasta de bienes muebles o semovientes, es la designación de un martillero público de oficio. No existiendo expresión de voluntad alguna positiva o tácita (arts. 917 y 918 del Código Civil), como tampoco el silencio de la adversa se puede considerar -en ese caso- como manifestación de voluntad, por no darse los presupuestos legales previstos en el artículo 919 del citado Código. Consecuentemente, cabe afirmar que no existe en autos acuerdo alguno de partes para la propuesta de martillero, por lo que debe estarse al principio general y procederse a la designación de oficio.
Contestación de la demanda, notificación, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S.G. SA c/ Provincia del Chubut s/ Sumario (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-06

Se ha fallado que si bien el art. 486 exige -en el proceso sumario- que con la demanda y contestación debe acompañarse la prueba -instrumental y demás de la que la parte intente valerse- también el art. 135 inc. 1 del CPCC prevé la notificación personal o por cédula de la documental que se acompaña a la demanda y contestación, y si no surge de autos que se ha dado traslado de la contestación afectando la defensa de la accionante cuando contiene hechos no aducidos en la demanda con incidencia directa en la solución del litigio, de conformidad con el art. 486 CPCC corresponde admitir las pruebas que se acompañaron en el tiempo del traslado que se notifica personalmente o por cédula ...
Procedencia del recurso, recurso por retardo de justicia, habilitación de día y hora, prisión domiciliaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Monzón, Miguel Gregorio c/  s/ queja por retardo de justicia
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2021-02-24

Procede hacer lugar a la habilitación de día y hora para tramitar la queja por retardo de justicia presentada, pues si bien resulta escueta la fundamentación para el pedido que se formula, no es menos cierto que su objeto principal apunta a conocer los motivos de la demora para resolver un previo pedido de libertad domiciliaria. Siendo así, se requiere por Presidencia el informe que autoriza el art. 111 del Código Procesal Penal de la provincia de Formosa