Tribunal: Tribunal del Trabajo Nro 2
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-12-22


Mar del Plata, diciembre 22 de 2008.

Veredicto 1º ¿Ha sido probada la existencia de acuerdo a ley de la codemandada Cooperativa de Trabajo Industrial Coop. Ltda. demandada por los actores y que su funcionamiento correspondiera al tipo de persona jurídica adoptado? 2º ¿Se ha acreditado que la Coop. de Trabajo Industrial Coop. Ltda. contratara o cediera personal en relación dependencia proporcionándolo a Loba Pesquera SAMCI, o que aquella realizara trabajos o servicios propios de la actividad normal y específica del establecimiento de la última nombrada? 3º ¿Fue demostrado que la actora prestara servicios bajo relación de dependencia en beneficio de las dos accionadas, y en su caso, fecha de ingreso, tareas cumplidas, remuneraciones devengadas y percibidas, demás modalidades del vínculo y la forma y fecha en la que se extinguió el contrato de trabajo denunciado en la demanda en caso de haberse celebrado? 1º cuestión.- E l doctor Noel dijo:

Asumen las partes posiciones que difieren con respecto a la existencia de una relación laboral entre las mismas, controvirtiéndose esencialmente por la demandante la calidad jurídica de la codemandada Cooperativa de Trabajo Industrial Coop. Ltda. al denunciar como fraudulenta la forma jurídica de esta, por lo que sostienen haber trabajado en directa relación de dependencia con la cooperativa referida que a su vez brindaba sus servicios a Loba Pesquera S.A.M.C.I.

A su vez la cooperativa co-accionada al contestar la demanda, indica que la accionante era en realidad una más de sus socios, dado que se encontraba legalmente constituida bajo ese tipo jurídico y funcionando legalmente como tal, por lo que rechaza las apreciaciones de la actora.

Para dilucidar la cuestión tan antagónicamente planteada en autos, comienzo por tener en cuenta los informes obrantes a fs. 199, 213 y 229/231 emitidos por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, de los que surge que la Cooperativa de Trabajo Industrial Cooperativa Ltda. por Resolución INAES nº 1555 del 14 de diciembre de 1993 fue autorizada para funcionar, siendo inscripta por el Directorio del Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC) con fecha 14 de febrero de 1994 en la matrícula nº 15.598 y Folio 543 del Libro 3º Acta nº 2543/94.

A su vez el informe pericial contable obrante a fs. 245/258 vta. y sus ampliaciones de fs. 267/269 vta., demuestra que la contabilidad de la cooperativa es llevada en legal forma, que la accionante integró su aporte de capital inicial solicitando en forma voluntaria su inscripción como socia a la cooperativa, que esta emitió las acciones nominativas representativas de la cuotas sociales, que registró el retiro de ganancias por parte de sus asociados, que presentó los balances al cierre de cada ejercicio siendo estos aprobados en las asambleas ordinarias anuales celebradas, y que contrató un seguro que cubriera los accidentes que pudieren sufrir sus integrantes.

Retomando la prueba informativa producida, cuento con que a fs. 232/235 se encuentra glosado informe de la AFIP mediante el que se prueba que la actora se hallaba inscripta en la categoría autónoma del sistema tributario y previsional, y que la Coop. de Trabajo Industrial Coop. Ltda. también se encontraba registrada para el pago de los correspondientes impuestos.

Obra a fs. 145 contestación de COFACO S.R.L. a oficio que le fuera librado, donde manifiesta haber prestado servicios de asistencia médica a la Coop. de Trabajo Industrial Coop. Ltda.

Restándome analizar las pruebas confesional y testimonial producidas en la audiencia de vista de causa, debo decir que nada me aportaron las mismas para dilucidar la presente cuestión con la sola excepción de lo afirmado por el testigo sr. Martínez que dijo haber participado en distintas reuniones de asociados, sin perjuicio de rescatar aspectos que consideraré en la siguiente, del mismo modo que de acuerdo a derecho he de pronunciarme en sentencia sobre el presente extremo, adelantado de acuerdo a las probanzas estudiadas que encuentro debidamente acreditado que la Coop. de Trabajo Industrial Coop. Ltda. se constituyó de acuerdo a ley, funcionando de la misma manera.

Así lo voto (Arg. Arts. 26, 29, 39, 44 y conc. Ley 11.653; Arts. 330, 354, 375 y conc. C.P.C.C.).

La doctora Slavin dijo:

Adhiero al voto del doctor Noel, salvo que a mi juicio la mentada cooperativa funciona con apariencia de legalidad según se desprende del razonamiento que hago en la cuestión siguiente.

Así lo voto (Arg. Arts. 26, 29, 39, 44 y conc. Ley 11.653; Arts. 330, 354, 375 y conc. C.P.C.C.).

2º cuestión.- El doctor Noel dijo:

Señala el perito contador a fs. 248 vta. pto. 27 del informe técnico que realizara, que el objeto social de Loba Pesquera SAMCI según sus estatutos, era el armado de buques pesqueros y el procesamiento, congelamiento y exportación de productos de mar, tal como lo admitiera el representante legal de la dicha persona jurídica al responder a la primer posición del interrogatorio que en la audiencia de vista de causa se le formulara.

También expresó el referido absolvente contestando a la segunda posición, que la empresa ocupaba personal, indicando en relación a esto el informe pericial contable a fs. 247 pto.22 que dicho personal no se ocupaba en tareas de fileteado dentro del establecimiento de la codemandada, porque -según explicaciones del declarante- Loba Pesquera SAMCI no trabajaba dicho segmento productivo.

Volviendo al peritaje reiteradamente referido, en el anexo VI del mismo se detalla la facturación efectuada por la Coop. de Trabajo Industrial Coop. Ltda. como consecuencia de los trabajos que realizara a terceros, entre los que se encontraba Loba Pesquera SAMCI, mientras que a fs. 257 vta. pto. 17 de dicho informe, se indica en coincidencia con lo respondido por el Departamento de Actividades Económicas de la Municipalidad del Pdo. de Gral. Pueyrredón a fs. 209 y 239, que la cooperativa demandada contaba para sus fines productivos con establecimientos propios.

Observo también el informe glosado a fs. 133 de Radio Sur FM 106,7 MHZ del que emana que la cooperativa en cuestión citaba a los asociados a desarrollar tareas para terceros (Frigorífico Barilari, Frigosur, Loba Pesquera, Gaveteco y San Jorge).

Finalmente abordaré el tratamiento de los testimonios recogidos en la audiencia de vista de causa resaltando las discordancias existentes en la versiones de los testigos propuestos por la parte actora, al punto tal de que las sras. Segura y Martínez, quienes dijeron haber trabajado para la cooperativa en el mismo período, no se conocían.

De las manifestaciones de complacencia con la accionante y las contradicciones demostradas por las dos personas nombradas y el sr. Martínez, extraigo exiguas conclusiones que nada nuevo aportan.

Entre ellas, y rescatando las coincidencias, encuentro que los testigos afirmaron que siempre laboraron en las plantas de la cooperativa, que la materia prima con la que trabajaban -pescado-, era llevada al establecimiento por distintos transportes y retirada también por varios entre los que se encontraba una camioneta o camión -según las versiones- de Loba Pesquera SAMCI, y que la Coop. de Trabajo Industrial Coop. Ltda. había contratado la prestación de servicios médico asistenciales para la cobertura de las enfermedades inculpables que pudieren sufrir los asociados.

Consecuentemente, encuentro que no se ha acreditado que la Coop. de Trabajo Industrial Coop. Ltda. contratara o cediera personal en relación dependencia proporcionándolo a Loba Pesquera SAMCI y que aquella realizara trabajos o servicios propios de la actividad normal y específica del establecimiento de la última nombrada.

He de realizar las consideraciones pertinentes a derecho en la etapa procesal siguiente.

Así lo voto (Arg. Arts. 26, 29, 39, 44 y conc. Ley 11.653; Arts. 330, 354, 375 y conc. C.P.C.C.).

La doctora Slavin dijo:

Disiento con el voto del doctor Noel.

De la pericial contable obrante a fs. 245 y aclaraciones de fs. 267 surge que la codemandada Loba Pesquera SAMCI como actividad según sus estatutos puede realizar las tareas de armado de buques pesqueros, procesadora de productos del mar, frigorífico y de exportación; que no posee plantas de fileteado ni personal que se desempeñe en esas tareas; y que en el balance cerrado de 2004 la cantidad de pescado comercializado en el mercado interno y en el exportado asciende a: mercado interno $ 5.370.880,27 y mercado externo $ 26.626.508,80. Que del anexo VI de la pericia se detalla la facturación efectuada por la Cooperativa como consecuencia de los trabajos que realizara a terceros, entre los que se encuentra Loba Pesquera SAMCI.

De la confesional del representante legal de Loba Pesquera SAMCI, y su respuesta por sí a la primera pregunta, se desprende que su representada posee como objeto el procesamiento, congelamiento y exportación de pescado; que al ser preguntado acerca de la propiedad del pescado que procesaba la Cooperativa de Trabajo Industrial Coop. Ltda. respondió que en parte era suyo; y que continúan trabajando con la Cooperativa.

Que de las testimoniales que se brindaron en la audiencia de vista de causa se destacan las afirmaciones coincidentes de las testigos propuestas por la parte actora Segura y Díaz, quienes sostuvieron haberse desempeñado conjuntamente con la actora en autos, para la Cooperativa Agrupar en la planta de la calle Guanahani y haber continuado para la Cooperativa Industrial Coop. Ltda. Que siempre realizaron las mismas tareas, no habiendo existido modificación alguna. Que el pescado llegaba en camiones, algunos con inscripción de Loba Pesquera y otras sin inscripción alguna y que el pescado procesado era retirado en una camioneta blanca con inscripción de Loba Pesquera. Que nunca participaron en asamblea alguna, ni pagaron derecho de inscripción y que era obligatorio firmar la adhesión a la cooperativa para poder trabajar. Que todos cobraban por kilo.

El testigo Martínez, también propuesto por la parte actora manifestó que se desempeñaba en la plata de Guanahani, que el pescado llegaba en distintos camiones y era retirado siempre en las camionetas de Loba Pesquera; que le pagaban por kilo; que los horarios de trabajo se anunciaban por radio como "Industrial Coop. para Loba Pesquera" y que no participó de Asamblea alguna.

El testigo propuesto por Cooperativa de Trabajo Industrial Coop. Ltda., Sr. Daniel Alvarez nada aportó a los fines de dilucidar la cuestión.

Por lo expuesto, me convicciono que la actora desempeñó tareas para Loba Pesquera SAMCI, a través de la Cooperativa de Trabajo Industrial Coop. Ltda. (continuadora de la Cooperativa de Trabajo Agrupar) desde el 1-3-99, devengando mensualmente la suma de $ 1.155,26, realizando tareas de filetera que entiendo como propias de la actividad normal y específica de Loba Pesquera SAMCI.

Así lo voto (Arg. Arts. 26, 29, 39, 44 y conc. Ley 11.653; Arts. 330, 354, 375 y conc. C.P.C.C.).

El doctor Laguyás adhiere por sus fundamentos al voto de la Dra. Slavin, votando con idéntico alcance.

3º cuestión.- El doctor Noel dijo:

Las conclusiones a las que he arribado en las cuestiones antecedentes me llevan a la fundada convicción de la inexistencia del vínculo laboral invocado en la demanda, lo que veda el tratamiento de los demás aspectos de esta cuestión.

Así lo voto (Arg. Arts. 26, 29, 39, 44 y conc. Ley 11.653; Arts. 330, 354, 375 y conc. C.P.C.C.).

La doctora Slavin dijo:

Disiento con el voto del doctor Noel.

La respuesta a la cuestión anterior, en base a la prueba recibida, me lleva a la conclusión de que la actora prestó servicios bajo relación de dependencia en beneficio de las codemandadas, desde el 1 de marzo de 1999, cumpliendo tareas de filetera, con una jornada de lunes a viernes de 4hs. a 15hs. y los sábados de 4hs. a 10hs. y devengando una remuneración mensual de $ 1.155,26 mensuales.

Con fecha 16 de noviembre de 2004 la actora envía TC 60095050 dirigido a Loba Pesquera SAMCI, y con fecha 22/11/04 TC 62278381 a Cooperativa de Trabajo Industrial Coop. Ltda, intimando la registración de la relación laboral, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nacional de Empleo, así como los salarios impagos, diferencia de haberes, asignaciones establecidas por decreto y adicionales de convenio, bajo apercibimiento de considerarse injuriada, y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 25.345 remite copia de su intimación a la AFIP (CD 60095051 del 16/11/04).

La codemandada Loba Pesquera SAMCI rechaza la intimación, negando vinculación laboral, "...o que desempeñe tareas para ella, sea en forma directa o indirecta, autónoma o subordinada..." (CD. Bank Post 48272 del 18/11/04).

La parte actora rechaza por improcedente la respuesta de Loba Pesquera SAMCI y se considera despedida, intimando el pago de los haberes adeudados, diferencias, indemnizaciones y demás rubros de ley, así como la entrega de certificación de servicios, todo bajo apercibimiento de accionar judicialmente (TC 62278133 del 22/11/04).

Respecto a la codemandada Cooperativa de Trabajo Industrial Coop. Ltda., frente al silencio a su intimación, la actora hace efectivo el apercibimiento y se considera despedida, intimando el pago del mismo modo al que realizara a Loba Pesquera SAMCI. (TC 62266425 del 1/12/04).

El 13/12/04 la Cooperativa de Trabajo Industrial Coop. Ltda. rechaza las intimaciones de la actora y su decisión de considerarse despedida, sosteniendo que la Sra. Gamboa reviste como asociada a la cooperativa y por tanto no existe vínculo laboral, ni reclamos de diferencias de haberes (CD.026834758 y 026834744).

El 5/04/05 la actora vuelve a intimar el pago de los haberes e indemnizaciones y la entrega de la certificación de servicios, a ambas codemandadas (TC 60162304 y 60162305).

Loba Pesquera SAMCI no contesta y Cooperativa de Trabajo Industrial Coop. Ltda. responde ratificando sus cartas documento anteriores (CD 180736085 del 8 de abril de 2005).

Las codemandadas no acreditaron haber abonado los rubros y montos reclamados en la demanda, ni haber ingresado los fondos destinados al sistema de seguridad social (arts. 79, 80 y ccds. LCT), sin perjuicio de ponderar en sentencia la procedencia de cada uno de ellos. Tampoco hay constancias de entrega de la certificación de servicios del art.80 de la LCT.

Así lo voto (Arg. Arts. 26, 29, 39, 44 y conc. Ley 11.653; Arts. 330, 354, 375 y conc. C.P.C.C.).

El doctor Laguyás adhiere por sus fundamentos al voto de la Dra. Slavin, votando con idéntico alcance.

Con lo que termino el Acuerdo, firmando los Señores Jueces.- Humberto Omar Noel.- Graciela Eleonora Slavin.- Beltran Jorge Laguyas Sentencia Mar del Plata, diciembre 22 de 2008.

1º ¿Es procedente la demanda interpuesta? 2º ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Noel dijo:

Teniendo presente los extremos probados por la mayoría en el Veredicto dictado tal como surge de la opinión de mis colegas Dres. Slavin y Laguyas y ateniéndome a la realidad fáctica que los dos votos postopinantes han considerado demostrada, sin perjuicio de ello y continuando con la línea del criterio que expuse, diré que, he sostenido oportunamente la existencia legal de la Cooperativa de Trabajo Industrial Coop. Ltda., y posteriormente, la adhesión voluntaria de la actora para hacerse parte integrante de una persona jurídica que ha presentado un funcionamiento sujeto a ley tal como fuera detallado en la primera cuestión de la etapa precedente, en el que no he podido observar fisura alguna por donde pueda abordarme la duda de una falsa fachada.

He tenido oportunidad de expedirme en otras sentencias sobre el meneado thema decidendum, las cooperativas de trabajo y el fraude laboral.

Si bien en ciertos casos he decidido la concurrencia de ambos términos, quiero destacar que los mismos no son sinónimos como a veces parece entenderse.

Las cooperativas de trabajo son personas jurídicas reguladas por la ley en acabada forma, y quien mediante un acto volitivo ingresó a las mismas, debe probar debidamente el fraude que denuncia a posteriori, pues ha de tenerse en cuenta la grave significación jurídica que esa palabra tiene.

El caso de autos es ejemplificativo de una inconsistente imputación de fraude, observándose una carencia absoluta de prueba para atacar la validez de una persona jurídica, demostrando paralelamente la existencia de notas esenciales de un contrato de trabajo.

Por otro costado, la actora en su demanda, intenta también demostrar la existencia de un fraude citando el decreto 2015/94 posterior a la creación de la Coop. de Trabajo Industrial Coop. Ltda., que ordena al Instituto Nacional de Acción Cooperativa un premisa a tener en cuenta al momento de de autorizar el funcionamiento de un cooperativa de trabajo.

Admitiendo que dicha norma podría seguir de guía al juzgador, encuentro que, como dice R. Capón Filas, se encuentra dirigida a "las cooperativas de trabajo que presten servicios en terceras personas empresas ("Cooperativas de Trabajo", Librería Editora Platense, páginas 31 tercer párrafo y 35 principio). En el caso de autos Loba Pesquera SAMCI era uno de los terceros adquirentes del producto final que elaboraba y vendía la Cooperativa de Trabajo Industrial Ltda. Coop. cuestión diferente a la contratación del trabajo individual de los integrantes de la cooperativa, no indicándome en absoluto que esta última estuviera integrada a la actividad de la primera el hecho de que realizara alguno de los fines contemplados en el estatuto social de la sociedad referida y que esta no lo hiciera en su establecimiento.

Al margen de ello, y sin desconocer lo dicho por la SCJBA con respecto a que la exclusividad no es un requisito del art.30 LCT (L.78407; L.72411; L.63720), opinión que por otra parte comparto, es innegable que la dedicación total de una empresa a otra es una pauta de la integración de una al proceso productivo de la otra.

Es decir, una cooperativa de trabajo que lleva a todos sus asociados a cumplir tareas en forma permanente al establecimiento de un tercero que tiene personal propio trabajando al lado de los socio de la cooperativa de trabajo con las mismas modalidades, indudablemente cumple una actividad normal y específica de esa tercera empresa suministrándole personal y cometiendo fraude laboral.

Si bien este es un caso que se ubica en un extremo, encuentro con un absoluto convencimiento que la cuestión de autos se instala en el otro, dándose en la práctica una variedad de situaciones intermedias que debe desentrañar el juez.

Por lo tanto al no haberse demostrado el fraude laboral invocado en la demanda y consiguientemente que las partes de esta litis hubieren estado vinculadas por un relación laboral corresponde rechazar la acción impetrada por la actora y hacer lugar a la excepción de falta de acción opuesta por Loba Pesquera SAMCI, imponiéndosele las costas a la accionante, (art. 499 C.C.).

Así lo voto.

La doctora Slavin dijo:

Disiento respetuosamente y si bien en autos aparece la figura de una cooperativa constituida regularmente, comparto lo expresado por Eduardo Alfonso Depetris, a quien me permito citar: " En primer lugar debemos dejar en claro que por más que nos encontremos frente a una cooperativa de trabajo regularmente constituida, si la misma proporciona sus trabajadores-asociados a otras empresas no está realizando un acto cooperativo, ya que la cooperativa es asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común, a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión democrática y como prestadora de servicios para terceros desvirtúa su propia naturaleza jurídica. Esto también, ya que el negocio fraudulento no es un negocio aparente, por lo que necesita de la constitución regular de la cooperativa de trabajo. El fraude es un negocio jurídico perfectamente serio: quiere realmente la existencia de la entidad cooperativa para lograr su objetivo ilícito. Es más, se quiere tal como se ha realizado, con todas las consecuencias que corresponden a la forma jurídica elegida, logrando con ello evadir la aplicación de toda la normativa de orden público que ampara a los trabajadores dependientes. He aquí el fin ilícito logrado mediante medios lícitos (...) Junto a la transgresión brutal de la ley está el eludirla inteligente y refinadamente, para conseguir el fin prohibido por una vía indirecta (...). Sucede, pues, que se elude la ley en vez de atacarla de frente, que se trata de huir la aplicación de la misma dando una larga vuelta alrededor de ella para evitar toda sospecha (...) los negocios fraudulentos son negocios reales indirectos, que tienden a conseguir, con la combinación de diversos medios jurídicos seriamente realizados, el mismo resultado que la ley prohíbe, o, por lo menos, uno equivalente. Y puesto que la ley de ordinario no se fija en un fin jurídico, sino práctico, la prohibición ha de entenderse dirigida contra cualquier forma con la cual se trate de obtener el efecto prohibido (...) se genera la figura de la interposición, es decir, cuando entre el trabajador y la empresa para la cual efectivamente presto su trabajo se interpone un tercero (agencia) para mantener un carácter que no posee: el carácter de empleador de aquel trabajador. Esta norma tienen un fundamento económico tuitivo para el trabajador, que no sólo significa descorrer el velo de la real relación de dependencia, sino que además posibilita responsabilizar al verdadero empleador (quien se beneficia con su trabajo efectivo) ante la eventual insolvencia de la agencia". (Cooperativas de Trabajo", Equipo Federal de Trabajo-Editora Platense, noviembre de 2003, pág. 404/5).

El fraude a la legislación laboral con el fin de sustraerse a los derechos y obligaciones que protegen al trabajo en relación de dependencia, mediante la utilización de figuras no laborales -de carácter asociativo o comercial, como es el caso de las cooperativas de trabajo-, se encuentra contemplado en la Ley de contrato de Trabajo (arts. 14, 23, 27, 102 y concordantes). Expresamente el art. 102 LCT prevé que "El contrato por el cual una sociedad, asociación, comunidad o grupo de personas, con o sin personalidad jurídica, se obligue a la prestación de servicios, obras o actos propios de una relación de trabajo por parte de sus integrantes a favor de un tercero, en forma permanente y exclusiva, será considerado contrato de trabajo por equipo y cada uno de sus integrantes, trabajador dependiente del tercero a quien se hubieran prestado efectivamente los mismos".

Así también, de lo expuesto en el veredicto, surge que la cooperativa de Trabajo Industrial Coop. Ltda. ha contratado con la empresa Loba Pesquera SAMCI, la colocación de la fuerza de trabajo de sus asociados para la realización de tareas que son propias de la actividad principal de la usuaria, conformando ambas una unidad de ejecución de conformidad a lo establecido en el art. 31 de la LCT. Cabe señalar que si la empresa Loba Pesquera SAMCI necesitaba tercerizar parte de su actividad, no debió contratar los servicios de una cooperativa de trabajo, ya que desde el año 1994 está expresamente prohibido que la fuerza de trabajo de sus asociados sea utilizada por un tercero, habiendo por tanto incurrido ambas codemandadas en un evidente fraude laboral (ley 25.250), siendo por ello solidariamente responsables en virtud de lo establecido en los artículos 29, 30 y 31 de la LCT.

Puede afirmarse que bajo el ropaje cooperativo se han simulado la realización de actividades que no son tal, configurándose los tres supuestos que conforman la relación de dependencia, a saber, subordinación técnica, jurídica y económica.

Obsérvese que de las declaraciones de los testigos, surge que los supuestos asociados desconocían la naturaleza jurídica de las cooperativas y su funcionamiento institucional, ignorando la existencia del principio democrático y los derechos y obligaciones que les cabían en tanto integrantes de la cooperativa, no participando en Asamblea alguna.

En adición a lo expuesto, de la Pericial contable obrante en autos, se desprende que la obligación asumida por la cooperativa mediante el trabajo de sus asociados no concluye con la realización de una obra determinada, sino que es de carácter continuo y constituye el giro normal de los negocios de la empresa usuaria.

Cabe por tanto concluir que la actividad que desempeñaba la actora en autos para la Cooperativa de Trabajo Industrial Coop. Ltda. a favor de Loba Pesquera SAMCI, es propia de una relación de trabajo independiente (es decir, con subordinación económica, jurídica y técnica), y que es utilizada para la realización de tareas normales y habituales propias de la actividad comercial de ésta última.

En consecuencia se condena solidariamente a las accionadas Cooperativa de Trabajo Industrial Coop. Ltda. y Loba Pesquera SAMCI a abonar los rubros e importes que serán seguidamente detallados, por todo lo expuesto corresponde rechazar la excepción de falta de acción opuesta a fs. 35 por Loba Pesquera S.A.M.C.I. (Art. 356 y conc. C.P.C.C).

Para determinar el salario base de la liquidación a practicarse se tiene en cuenta lo denunciado por la parte actora, es decir un salario mensual con SAC de $ 1.251,53 y una antigüedad de 5 años, 8 meses y 21 días (SCBA 27/10/87 "Ojeda, Aparicio c/Swift Armour Argentina S.A" L.38.483 y 01/04/04 "Rinaldi, Rodolfo c/Siderca SA" L 78.983; entre otros).

Haberes mes de noviembre de 2004 e integrativo de mes con más el SAC $ 1.251,53 Indemnización sustitutiva de preaviso c/SAC $ 2.503,06 Indemnización por despido arbitrario c/SAC $ 7.509,19 Vacaciones no gozadas c/SAC (21 días)$ 1.051,11 SAC 2004 proporcional $ 962,71 (arg. arts. 9, 23, 91, 103, 121, 123, 232, 233, 245 y concs. de la LCT).

Indemnización art. 8 Ley 24013: En virtud de que el trabajador cumplió con los requisitos establecidos en el art.11 de la Ley 24013, habiendo consignado la fecha de ingreso y monto de la remuneración- ("Berangel c/Girardi" SCBA 02/07/96 L. 57.604) y ello es insoslayable ("Weinzettel c/Stoppiello" SCBA 08/04/97 L 61647 S); y estando vigente la relación laboral al momento de la intimación ("Crozzoli c/Transportadora" SCBA 25/1197 L 61526 S); entiendo que la misma prospera en un 25% de la remuneración devengada desde el comienzo de la vinculación hasta la fecha de la disolución del vínculo (1.251,53 x 68 meses) $ 21.276,01.

Indemnización art.15 Ley 24.013: Habiéndose producido la desvinculación dentro de los dos años de producida la intimación del art. 11 de dicho cuerpo legal ("Zoratti c/Alfajores" SCBA 21/10/97 L 61405 S y "Ferrin c/Bugiolachi" SCBA 28/10/97 L 61267 S), procede hacer lugar al rubro en su totalidad, estando vedado al sentenciante reducir la duplicación legal ("Alamo c/Programas" SCBA 11/10/95 AyS 1995-III-772) $ 10.012,25.

Agravamiento indemnizatorio de la Ley 25561: $ 8.850,68. Coincido con el voto del Dr. Laguyas en autos "Amarillo, Ezequiel Alfredo c/Villanueva, Jorge Daniel S/Despido" (expte. Nº 45805, el que me permito reproducir: "En cuanto al agravamiento indemnizatorio que prevé tal normativa, debe rechazarse toda objeción constitucional, ya que tiene dicho nuestro máximo tribunal que es facultad del Congreso Nacional fijar la "tarifa" resarcitoria por despidos sin justa causa ("Lantarón c/Banco Español" SCBA 10/05/88 DT/88-B-2166). En nuestro caso fue el Poder Legislativo quien en uso de atribuciones propias (art. 75 inc. 12 Const. Nac.) dispuso duplicar la tarifa indemnizatoria con carácter general, ponderando la emergencia declarada en el art. 1º de dicho cuerpo legal y, simultáneamente, concedió al Poder Ejecutivo las facultades otorgadas en la propia ley ("... delegando al P.E.N. las facultades comprendidas en la presente ley [...] con arreglo a las bases que se especifican seguidamente: [...] mejorar el nivel de empleo... ", entre otras), lo que acató éste al dictar los correspondientes decretos de prórroga; máxime que todo ello ha sido avalado con la sanción de la Ley 25972 (DT/04-B-1703). Quiere ello decir que el Poder Ejecutivo, actuó en el marco de la delegación legislativa (art. 76 Const. Nac.); más allá de la reprochable denominación de "necesidad y urgencia" a que aluden los decretos de marras. Igualmente, a mayor abundamiento, destaco que al Jefe de Gabinete de Ministros le ha resultado de imposible cumplimiento seguir el mandato del art. 99, inciso 3º -cuarto párrafo- de la Const. Nac., puesto que como es público y notorio, hasta esa fecha el Congreso era moroso en la constitución de la Comisión Bicameral Permanente lo que finalmente suplió el 20/07/06 con el dictado de la Ley 26.122. Así habiéndose producido la desvinculación en vigencia de la veda de despidos, procede el agravamiento indemnizatorio de los rubros "Integrativo", "Preaviso" y "Despido", ya que hace a la justa retribución y a la protección contra el despido arbitrario (art. 14 bis Const. Nac.). Sosteniendo la constitucionalidad de la prórroga- se ha pronunciado recientemente la Corte Provincial, cuando dijo: "... Cae bajo las previsiones del art. 16 de la ley 25.561, el despido notificado con posterioridad a la fecha de la entrada en vigencia del decreto 883/2002 (B.O. del 29-V-2002), que prorrogó -por 180 días hábiles administrativos, contados desde el vencimiento del plazo originario- la medida establecida en aquel precepto. ..." (SCBA, 08/07/08, "Battaglia, Juan Bautista c/General Tomás Guido S.A. s/Despido" (L 91418)".

Indemnización art.2 Ley 25.323: $ 5.006,12. Atento no haberse satisfecho los créditos derivados de la ruptura del vínculo laboral habido, debe accederse a la indemnización prevista en el art. 2 de la Ley 25.323.

Decretos 1273/02, 2641/02, 905/02, 392/03, 1347/03: $ 3.510 No habiéndose acreditado el pago de los decretos detallados, cabe condenar a las codemandadas al pago de los mismos.

Prestación por desempleo $ 3.600 Atento que la falta de inscripción de la trabajadora imposibilitó el cobro del seguro de desempleo establecido en la Ley 24.013, corresponde condenar a las accionadas al pago de lo que hubiera percibido la trabajadora de no haber existido el incumplimiento patronal.

Multa art. 80 LCT: $ 3.754,59 Ante la falta de entrega del certificado a que alude el presente artículo y que fuera reclamado en debido tiempo y forma, corresponde disponer el pago de la sanción ahí establecida.

Temeridad y Malicia: En virtud de haberse encuadrado los accionados en la conducta descripta, al no pagar en término y sin causa justificada la indemnización por despido incausado, debe hacerse lugar a la sanción prevista en esta normativa legal estableciéndose la condena en (una vez y media) desde que cada suma es debida hasta su cancelación total, sobre el capital de condena.

Certificación de servicios: intimar a las demandadas, para que dentro del plazo de diez días expidan la certificación de servicios peticionada a fs. 5 vta. ap. II), bajo apercibimiento de imponérseles una multa de cien pesos ($ 100), sin perjuicio de que dicha suma sea reajustada oportunamente de acuerdo a las circunstancias del incumplimiento (Arts. 80 R.C.T., y 666 bis Código Civil).

Inconstitucionalidad ley 10.620: considero que debe decretarse la inconstitucionalidad pedida de la ley 10.620 atento que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho: El ordenamiento en general establecido por la ley provincial 10.620 no debe aplicarse en cuanto concierne a la actuación de los contadores como auxiliares de la justicia, desde que contiene en su articulado diversas disposiciones que contrarían el adecuado funcionamiento de la administración de justicia y elementales garantías de raigambre constitucional tales como el debido proceso, la defensa en juicio, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la jerarquía normativa etc., que -entre otros- consagran los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28 y 31 de la Constitución Nacional y arts. 9, 10 y 27 de la Carta local, SCBA. L.44.096 S.27-11-1990, carátula: Taraborelli, Eduardo Angel c/Coop. Eléctrica de Tres Arroyos s/Indemnización daños y perjuicios por accidente de trabajo; SCBA. L.44.208 S. 28-5-1991, carátula: Guerra, Eduardo Pilar c/Expreso del Sud S.A. de transportes s/Despido; SCBA. L.50.376 S.29-6-1993, carátula: Gauna, Tolentino y otros c/Agencia Marítima Rigel S.A. y otros s/Diferencia de jornales.

Inconstitucionalidad Ley24.432: Debe decretarse la inconstitucionalidad de la ley 24.432 formulado por la demandada, pues en cuanto a la regulación de los honorarios conforme a lo dispuesto por la ley 24.432, tratándose de normas procedimentales contenidas en una ley de fondo -a las que todavía no ha adherido la Provincia de Buenos Aires, pese a la invitación que en forma genérica se le hiciere (conf. art. 16), no corresponde tenerla en cuenta en punto a las limitaciones impuestas en su agregado al art. 505 del CCI, por cuanto la ley arancelaria 8904 mantiene su plena vigencia y es, en consecuencia, la normativa aplicable en materia de honorarios de abogados y procuradores, (Conf. Arts. 5, 75 inc.12, 121 Const. Nac.; 1º Const. Prov., Doc. Art. 1190 del CCI); CC0102 MP 95803 RSI-876-95 I 2-11-1995 carátula: Valeria Muñoz J. c/Padilla Hector s/Daños y perjuicios.

Tasa de Interés: La SCBA a partir del caso "Zgonc c/Asociación Atlética Villa Gesell s/cobro de australes" (Ac. 43.448 del 21 de mayo de 1991) sentó como doctrina judicial la aplicación de la tasa pasiva, la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, a todos los créditos pendientes de pago que hubieran sido reconocidos judicialmente.

No obstante, es dable destacar que "las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores no son normas a las que los inferiores deban ajustarse irremediablemente, en tanto y en cuanto los jueces de grado no pueden ni deben prescindir de las circunstancias del caso que se ha sometido a su juzgamiento" (CSN Fallos 262:101; 302:748; 302:1611; 307:2124; 321:3201).

En este sentido, entiendo que no es misión de los jueces la aplicación automática de los resuelto por el superior jerárquico; por el contrario su deber es brindar una solución al planteo traído por las partes, que le solicitan que "haga justicia", razón por la cual no debe olvidar los intereses sociales en general y especialmente los particulares del fuero al que pertenece -en este caso el laboral- que fue creado para resguardar al trabajador, quien es sujeto de preferente atención constitucional" (considerando 10º Vizzoti CSN, art.14 bis CN, art.39 Const. Provincia de Buenos Aires).

Desde el fallo "Banco Sudameris c/Bellcam S.A.", la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del art. 622 del Código Civil, como consecuencia del régimen establecido en la ley 23.928, queda comprendida en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión.

"La relación entre empleados y empleadores se encuentra signada por dos circunstancias determinantes: mientras constituye un presupuesto jurídico la naturaleza alimentaria del reclamo de los empleados, es un hecho de público y notorio que, en la organización económica actual, es de la esencia de la actividad empresarial, aún en la de más pequeña escala, la regular utilización del crédito" (voto del Dr. Carlos Fayt en autos: Chaine, Gerardo Martín c/Olde S.A. s/despido, CSJN 13/10/94).

"No corresponde mantener soluciones que puedan propender a convertir los tribunales de justicia en fuente de asequible financiamiento ya que tal circunstancia halla una valla decisiva tanto en el interés social en una rápida conclusión de los pleitos como en el individual de quien demanda un crédito alimentario cuya urgencia ontológica aventa la posibilidad de que, en este aspecto, se utilice el pleito judicial como fuente de "indebido enriquecimiento". Frente a reclamos de empleados de naturaleza alimentaria, no resulta de aplicación la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina" (voto del Dr. Carlos Fayt citado).

La tasa activa del Banco de la Nación Argentina, es la más apropiada para su aplicación a los créditos judiciales, ya que equivale, al menos aproximadamente, al costo que el acreedor impago debería afrontar para obtener, en el momento del vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiese retenido.

Comparto la disidencia efectuada por los Dres Vilela, Guibourg, Corach, Fernández Madrid, Morando, Boutique, Bergna y López en el Acta Nro.2100 de la CNAT: "La naturaleza alimentaria de las prestaciones debidas al trabajador no se discute en la doctrina, y fluye naturalmente de considerar, sobre bases de evidencia ajenas a toda polémica, que el destino normal de aquellas es, para la generalidad de los asalariados, el consumo. La causa típica del contrato de trabajo es, para el trabajador, la obtención del salario, como medio de adquirir en el mercado los bienes necesarios para su subsistencia y la de su familia. En caso de mora del empleador-deudor en satisfacer sus acreencias, su posición frente al sistema financiero no es la de un inversor frustrado en su expectativa de procurarse a través de la colocación de sus haberes, un renta, mensurable en consonancia con la tasa pasiva, sino -supuesto su efectivo acceso a dicho sistema- la de un tomador de crédito compelido a sustituir, con los indicados fines de consumo, los ingresos dejados de percibir" ("La tasa de interés aplicable en caso de mora en el pago de las deudas laborales", Oscar Zas, DT año LII, pág. 1831-32).

La aplicación de la tasa pasiva a los créditos laborales produce un enriquecimiento sin causa a favor del deudor, y un perjuicio cierto al acreedor. "Resulta oportuno puntualizar que se trata del interés derivado de la mora del deudor, y no del mero desajuste de las prestaciones; por lo que la tasa de interés debe ser positiva a fin de impulsar el pago. De lo contrario, se alienta el incumplimiento, y se castiga al acreedor laboral con el compromiso serio del principio de afianzar la justicia consagrado en el Preámbulo de la Constitución Nacional" (Oscar Zas, ob. cit. pág. 1844).

Es por lo expuesto que tratándose de créditos alimentarios, entiendo justa la aplicación de la tasa activa, a efectos de preservar el derecho de propiedad del trabajador (art.17 CN), y garantizar la operatividad del art.14 bis (CN) y 39 de la Constitución Provincial.

En cuanto a la inconstitucionalidad planteada a fs. 21, entiendo que ésta debe ser desestimada en virtud de que con la aplicación de intereses a tasa activa no se producen los efectos denunciados por la parte actora, motivo por el cual debe rechazarse el planteo.

Así lo voto.

El doctor Laguyás dijo:

Adhiero al voto de la Dra. Slavin, y agrego que desde el 05/09/03 ("Agüero E. c/La Gran Ciudad S.A." DT/04-A-830) sostengo que a los créditos laborales se les debe adicionar intereses (art. 622 -primer párrafo- del Código Civil) desde el 01/01/02 a tasa activa promedio del Banco de la Provincia de Bs. As.; abandonando el criterio sustentado por la SCBA en "Zgonc c/Asociación Atlética Villa Gesell" (Ac. 43858).

No es un pensamiento simplista que nos lleve a la aplicación de la tasa activa (porque sea mayor que la pasiva); no, las razones están en la naturaleza jurídica de los créditos involucrados, en las circunstancias que rodean tanto al deudor como al acreedor laboral y todo ello sujeto a una conveniente ponderación axiológica. En definitiva procuramos seguir el curso natural de las cosas, a la luz del derecho argentino vigente. Bien dice desde hace más de tres décadas Rodolfo Capón Filas: "El Mundo Jurídico no es un sistema encerrado en sí mismo, como pretende el formalismo. Es una estructura dialécticamente abierta al sistema social y al sistema axiológico" ("La depreciación monetaria ..." Edit. Plus Ultra/1974, pág. 7).

Desde que en 1994 la C.S.J.N. se pronunció en: "Banco Sudameris c/Belcam" (D.T./94-B p. 1973), está claro que: "... La determinación de la tasa de interés ... queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, ...". Así, resulta irrelevante que expresamente se haya pedido la tasa activa. Esto no es más que otorgar vigencia plena a la interpretación más elemental y literal que pueda hacerse tanto del primer párrafo del art. 622 del Cód. Civ., como de la doctrina creada en derredor de la norma.

Si por el texto del Código Civil y por criterio de la CSJN, la determinación de intereses es función propia del juez de grado; entonces la Doctrina Legal no puede regular el instituto.

El fundamento más elemental del planteo es que, mientras la "Tasa pasiva" es la que paga una entidad financiera al "ahorrista", la "Tasa activa" es para quien recurre al crédito: el llamado "tomador". Ante tan esquemática sinopsis, por el carácter alimentario de los rubros involucrados (remuneraciones e indemnizaciones), al trabajador postergado en el cobro no se lo puede ubicar en el lugar de un "ahorrista". La privación en la disponibilidad y goce de su indemnización y/o salario es contra su voluntad, no medió acto deliberado del trabajador (supuesto inversor); posición ésta que no puede sostenerse ni aún a costa de mucha imaginación y esfuerzo dialéctico. "Ahorrista" es quien libremente dispone usar parte de su efectivo (dinero) colocándolo a interés en pos de una ganancia y ello supone que sus necesidades básicas estén obviamente satisfechas. En realidad, en casos como el de autos, el trabajador no ha tenido el dinero en sus manos, sólo es titular de un crédito que no puede efectivizar, pese a su voluntad de cobro, fruto del diferente poder negocial de las partes. Entonces, la figura que analizamos, no es la del inversor. En la mayor parte de los supuestos quien se ve obligado a pleitear tiene sus necesidades personales y familiares IN/satisfechas y la falta de disponibilidad de tales sumas le suele acarrear la privación de servicios tan elementales como la energía eléctrica o el gas para consumo domiciliario. Con estos datos, corroborados por nuestra percepción cotidiana de la realidad, podemos asegurar que quien llega a pleito para percibir un crédito laboral no es un inversionista. El trabajador/acreedor no es un ahorrista, no tiene una suma de dinero ociosa, tampoco ocasión de decidir, no pone dinero a interés, no tiene afán de lucro (ni especula con hipotéticas utilidades); simplemente: no puede cobrar, eso es todo. Al trabajador/acreedor, la decisión, unilateral y ajena a su voluntad (falta de pago del deudor), le da "... derecho para emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado ..." (art. 505 inc. 1º Cod. Civ.).

A su vez, el deudor, con su negativa al pago, se colocó en la posición de "tomador compulsivo de crédito". Con su actitud omisiva priva al trabajador de la libre disposición de su "crédito alimentario" y por eso, debe soportar la tasa activa. Lo contrario, es "premiar al moroso" con la "tasa más baja" que tiene a su disposición. Y lo que es peor: estamos emitiendo una clara señal a la sociedad, impulsando a los empleadores para que adopten una actitud altamente corrosiva; como es dejar de pagar a sus trabajadores y dar a "ese" dinero cualquier otro destino (en contra del carácter alimentario de los rubros).

Recurrir a una entidad bancaria para que "financie" el pago de remuneraciones e indemnizaciones obliga a la previa presentación de avales y garantías, demostrar un puntilloso cumplimiento fiscal y a veces garantizar la operatoria mediante la constitución de hipoteca ó prenda; para devolver el préstamo con una tasa de interés siempre superior a la activa de los bancos oficiales. En cambio, omitiendo el pago de los créditos laborales se eluden las exigencias administrativas, contables y fiscales; se "auto-acuerda" financiamiento a la tasa de interés más baja que existe. Si para pagar al trabajador/acreedor el obligado recurría a un banco ó financiera, el empleador/deudor tenía que aceptar obligadamente la "tasa activa" (sin discusión alguna).

Entonces ¿Que razones jurídicas hay para relegar al trabajador/acreedor a cobrar menos que la "Tasa Activa"? El mismo trabajador para atender necesidades primarias; se ve obligado a financiar la morosidad del deudor acatando sin alternativas la "tasa activa" (o lo que su acreedor le imponga), ya que mientras la morosidad salarial devenga tasa pasiva, la falta de pago de energía eléctrica ó de gas devengan una vez y media la tasa activa.

La "primacía de la realidad" (art. 39 inc. 3 de la Const. Prov.) nos alerta que el interés anual para financiar saldos impagos de tarjeta VISA es del 32,45%, que el Banco de la Prov. de Bs. As (BAPRO) cobra por créditos personales el 34% (Diario Clarín, 07/08/08, pág. 24), que desde el 28/11/03 la Tasa Activa es del 17,00 % y que a partir del 30/04/04 la Tasa Pasiva es del 02,50% El trabajador que pide $ 100.oo en cuatro años debe devolver entre $ 229.80 y $ 236.00 (a Visa o al Bapro); en cambio, por igual suma y mismo plazo el empleador debe pagar $ 168.00 o $ 110.00 (según sea activa o pasiva). Está claro que al tiempo que el trabajador "pierde", simultáneamente el empleador "gana".

Así el trabajador/acreedor -al final del pleito- recibe solo parte de su crédito. No solo se lo priva de intereses por "su dinero", sino que cobra menos capital. Aritméticamente "aparenta" cobrar intereses, pero -en realidad- accede a menos bienes que al generarse su crédito; concretamente: se ha empobrecido. Todo ello induce a los empleadores/deudores a postergar cuanto más sea posible los pleitos, para licuar sus deudas, ya que para pagar la condena judicial hará falta solo una porción del capital.

La mora se produce en forma automática (art. 137 LCT) y la posición del deudor se agrava cuando no solo omitió demostrar "in-imputabilidad" (art. 509 Cod. Civ.), sino cuando, además, obligó al acreedor a recurrir a la Justicia. Tiene "culpa" por la mora (art. 511 y 512 Cod. Civ.); solo la sentencia lo ha de declarar vencido.

Al fijar tasa pasiva, transferimos patrimonio (riqueza) del dependiente (acreedor) a favor del empleador (deudor); y ello es enriquecimiento sin causa, en contra del derecho vigente (art. 499 Cod. Civ.). En esos términos es concederle al deudor moroso, el equivalente a la utilidad bancaria, el llamado "spread" (diferencia entre tasas activa y pasiva). Si el empleador/deudor se incautó del crédito del trabajador (por la fuerza de los hechos); es justo que se le ordene restituir (por la fuerza del derecho) condenándolo al pago de intereses a "Tasa Activa" y no "premiarlo" concediéndole el "spread". Así, no le veo sentido que se prive de aplicar la tasa activa para no otorgar al trabajador/acreedor el "spread", mientras que -en la práctica- se le regala al empleador/deudor.

Conforme lo expuesto, por tratarse de créditos alimentarios, entiendo razonable aplicar la Tasa Activa. En su defecto, se estaría vulnerando el derecho a la propiedad del trabajador/acreedor (art. 17 Const. Nac.), al privarlo de su integral justa remuneración y/o des/protegiéndolo contra el despido arbitrario (art. 14 bis Const. Nac.).

Esta, mi opinión personal al respecto, con base en sólida fundamentación ética impregnó el decisorio aludido en el primer párrafo de este tramo y a la fecha no encuentro razones para cambiar mi pensamiento; la postura (desarrollada con amplitud en DT/03-A-325) es previa al ejercicio de la magistratura, excede su marco funcional y va más allá de toda consideración temporal; es parte del bagaje cultural e ideológico que forma mi esencia personal (íntimas convicciones) y se enraíza en mi conciencia desde tiempo inmemorial. Por ello, frente a sentencias como "Olivera, Juan c/La Voz del Campo SH" (SCBA - 79789) el solo plantear el eventual abandono de mis convicciones, colisiona con la condigna objeción de conciencia (Declaración Universal de Derechos Humanos -art. 18-, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -art. 18- y Convención Americana sobre Derechos Humanos -art. 12-).

Así, como he jurado "... desempeñar lealmente el cargo de Juez del Tribunal del Trabajo Nº 2, observando la Constitución y leyes de la Nación como de la Provincia ..." y no hay motivo que me aparte de esta grata regla de hierro; sostengo mi voto para la aplicación de tasa activa del modo antes indicado.

Para quien se pregunte -o directamente cuestione- la extensión de este voto, respondo que mediante el aporte de estos argumentos contribuyo al cambio de posición del Superior en el sentido indicado supra.

Así lo voto.

El doctor Noel dijo:

Atento el resultado de la votación habida precedentemente, y por los fundamentos legales allí referidos, corresponde rechazar por mayoría la excepción de falta de acción interpuesta por Loba Pesquera SAMCI, en consecuencia hacer lugar a la demanda incoada por Maria Emilia Gamboa, condenando solidariamente a Loba Pesquera Sociedad Anónima Marítima Comercial e Industrial y la Cooperativa de Trabajo Industrial Coop. Limitada a pagarle la suma de pesos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y siete con veinticinco centavos ($ 69.287,25) en concepto de capital, comprensivo de: haberes mes de noviembre de 2004 e integrativo de mes, indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización por despido arbitrario, vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario proporcional 2004, indemnización arts. 8 y 15 Ley 24.013, indemnización art.16 Ley 25.561, indemnización art.2 Ley 25.323, Decretos 1273/02, 2641/02, 905/02, 392/03 y 1347/03, prestación por desempleo, indemnización art.80 LCT y sanción por temeridad y malicia (Art. 356 y conc. C.P.C.C).

Los intereses son liquidados aplicándose la tasa mensual activa promedio que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de descuento de documentos comerciales y sin perjuicio de su oportuno cálculo hasta el momento de su efectivo pago. Así efectuado el cálculo, la suma asciende a $ 109.801,30 (Tasa Activa $ 43.920,52 y art.275 LCT $ 65.880,78) al 08 de Agosto de 2008. Totalizando la demanda en concepto. de capital más intereses en pesos ciento setenta y nueve mil ochenta y ocho con cincuenta y cinco centavos ($ 179.088,55), sin perjuicio de calcular los intereses que correspondan por el período posterior al 08/08/2008 y hasta el momento de su efectivo pago.

Imponer solidariamente las costas a las demandadas (Art. 19 Ley 11.653).

La suma condenada deberá ser depositada dentro de los diez días de notificada la presente, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a la orden del Tribunal y cuenta de autos.

Considero justo regular el honorario del Dr. J. M. V. en la suma de pesos treinta y cuatro mil veintisiete, Dr. C. A. K. en la suma de pesos once mil novecientos nueve, con más el IVA en virtud de tratarse el beneficiario de la regulación de un responsable inscripto, Dr. L. R. T. en la suma de pesos once mil novecientos nueve, (Arts. 14, 21, 22, 23, 28 inc.f, 43, 51, 54 y concds. Ley 8904) a los que se adicionará el porcentaje del Art. 14 Ley 6716 mod. por Ley 8455; los del Contador Público Nacional E. A. L. en la suma de pesos diez mil setecientos cuarenta y cinco, con más el 5% de ley (Arts. 175 y concds. 193 Ley 10.620, Arts. 27 y 33 Ley 12.109 mod. por Ley 13.750, Art. 215 Ley 13.750), regulaciones que surgen del capital más los intereses de Sentencia.

Intimar a las demandadas, para que dentro del plazo de diez días expidan la certificación de servicios peticionada a fs. 5 vta. ap. II), bajo apercibimiento de imponérseles una multa de cien pesos ($ 100), sin perjuicio de que dicha suma sea reajustada oportunamente de acuerdo a las circunstancias del incumplimiento (Arts. 80 R.C.T., y 666 bis Código Civil).

Ofíciese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación (Sistema Unico de Registro Laboral), a fin de dar cumplimiento a los arts. 17 de la ley 24.013 y 6 Dec. 2725/91.

Desestimar el planteo de inconstitucionalidad de la ley 23.928 reformada por la Ley 25.561 peticionado por la actora a fs. 21.

Así lo voto.

Los doctores Slavin y Laguyás adhieren por sus fundamentos al voto precedente, votando con idéntico alcance.

Mar del Plata, diciembre 22 de 2008.

Autos y Vistos: Atento el resultado de la votación habida precedentemente, y por los fundamentos legales allí referidos el Tribunal resuelve:

1. Rechazar por mayoría la excepción de falta de acción interpuesta por Loba Pesquera SAMCI, en consecuencia hacer lugar a la demanda incoada por María Emilia Gamboa, condenando solidariamente a Loba Pesquera Sociedad Anónima Marítima Comercial e Industrial y la Cooperativa de Trabajo Industrial Coop. Limitada a pagarle la suma de pesos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y siete con veinticinco centavos ($ 69.287,25) en concepto de capital, comprensivo de: haberes mes de noviembre de 2004 e integrativo de mes, indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización por despido arbitrario, vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario proporcional 2004, indemnización arts. 8 y 15 Ley 24.013, indemnización art.16 Ley 25.561, indemnización art. 2 Ley 25.323, Decretos 1273/02, 2641/02, 905/02, 392/03 y 1347/03, prestación por desempleo, indemnización art. 80 LCT y sanción por temeridad y malicia, (Art. 356 y conc. C.P.C.C). 2. Los intereses son liquidados aplicándose la tasa mensual activa promedio que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de descuento de documentos comerciales y sin perjuicio de su oportuno cálculo hasta el momento de su efectivo pago. Así efectuado el cálculo, la suma asciende a $ 109.801,30 (Tasa Activa $ 43.920,52 y art. 275 LCT $ 65.880,78) al 08 de Agosto de 2008. Totalizando la demanda en concepto. de capital más intereses en pesos ciento setenta y nueve mil ochenta y ocho con cincuenta y cinco centavos ($ 179.088,55), sin perjuicio de calcular los intereses que correspondan por el período posterior al 08/08/2008 y hasta el momento de su efectivo pago. 3. Imponer solidariamente las costas a las demandadas (Art. 19 Ley 11.653). 4. La suma condenada deberá ser depositada dentro de los diez días de notificada la presente, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a la orden del Tribunal y cuenta de autos. 5. Regular el honorario del Dr. J. M. V. en la suma de pesos treinta y cuatro mil veintisiete, Dr. C. A. K. en la suma de pesos once mil novecientos nueve, con más el IVA en virtud de tratarse el beneficiario de la regulación de un responsable inscripto, Dr. L. R. T. en la suma de pesos once mil novecientos nueve, (Arts. 14, 21, 22, 23, 28 inc.f, 43, 51, 54 y concds. Ley 8904) a los que se adicionará el porcentaje del Art. 14 Ley 6716 mod. por Ley 8455; los del Contador Público Nacional E. A. L. en la suma de pesos diez mil setecientos cuarenta y cinco, con más el 5% de ley (Arts. 175 y concds. 193 Ley 10.620, Arts. 27 y 33 Ley 12.109 mod. por Ley 13.750, Art. 215 Ley 13.750), regulaciones que surgen del capital más los intereses de Sentencia. 6. Intimar a las demandadas, para que dentro del plazo de diez días expidan la certificación de servicios peticionada a fs. 5 vta. ap. II), bajo apercibimiento de imponérseles una multa de cien pesos ($ 100), sin perjuicio de que dicha suma sea reajustada oportunamente de acuerdo a las circunstancias del incumplimiento (Arts. 80 R.C.T., y 666 bis Código Civil). 7. Ofíciese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación (Sistema Unico de Registro Laboral), a fin de dar cumplimiento a los arts. 17 de la ley 24.013 y 6 Dec. 2725/91. 8. Desestimar el planteo de inconstitucionalidad de la ley 23.928 reformada por la Ley 25.561 peticionado por la actora a fs. 21. 9.- Humberto Omar Noel.- Graciela Eleonora Slavin.- Beltran Jorge Laguyas.