Prisión preventiva, prisión domiciliaria, admisibilidad del recurso, dictamen fiscal, fundamentación de la resolución, diagnóstico médico, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Infantino, Carlos Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-21

Corresponde hacer lugar al recurso fiscal, anular la decisión y reenviar a su origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento pues el decisorio recurrido no supera el test de fundamentación exigido para ser considerado un acto jurisdiccional válido de conformidad con el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación. En efecto, el arresto domiciliario concedido por el tribunal a quo halló exclusivo fundamento en la edad de Carlos Alberto Infantino, incurriendo el a quo de 35 ese modo en una errónea interpretación del alcance de la ley aplicable y en una causal de arbitrariedad, en los mismos términos de lo resuelto por esta Sala IV el 26/08/19 (cfr. Reg. 1680/19). Al respecto, cabe señalar que la ley no prescribe automáticamente la ejecución de la pena bajo modalidad domiciliaria cuando se presenta alguno de los supuestos de hecho del art. 32 de la ley 24.660 o del art. 10 del Código Penal, sino que la sujeta a apreciación judicial. En consecuencia, la normativa aplicable condiciona la concesión del arresto bajo esta modalidad a los informes médico, psicológico y social solamente para los casos de internos enfermos que no gocen de adecuado tratamiento intramuros y tampoco corresponda su alojamiento en un nosocomio - inc. a)-, o al interno que se encuentre en el período terminal de una enfermedad incurable -inc. b)-, o al interno discapacitado al que, en virtud de su condición, la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le ocasionara un trato cruel, inhumano o degradante -inc. c), todos del art. 32 ibídem-. En el caso, se advierte que los magistrados de la Cámara Federal no han realizado un análisis acabado de los informes médicos cuya producción ordenaron luego del reenvío dispuesto por esta Sala. De adverso, se limitaron a afirmar que la condición etaria del nombrado (72 años, en ese momento) justificaba per se conceder el instituto bajo estudio, desatendiendo de esta manera las pautas fijadas por el Tribunal en el decisorio antes referido. En ese sentido, se observa que no se han brindado en el fallo razones concretas y suficientes -de cara a los informes médicos producidos- en virtud de las cuales pueda concluirse que la permanencia del encausado en su lugar de detención le impediría tratar adecuadamente sus dolencias, de modo tal que habilitase la procedencia del instituto peticionado a tenor del art. 32 de la ley 24660. En definitiva, con estricta sujeción a las constancias de autos y examinada la cuestión en forma conglobada, no se encuentra acreditado, de momento, que el encarcelamiento ponga en riesgo la vida del encausado o se observen, en este contexto, razones extraordinarias que justifiquen disponer lo contrario. El criterio mantenido por el a quo adolece de la omisión de un estudio global y razonado de las particularidades que reviste el caso y de las condiciones de salud y dolencias actuales de Infantino -informadas y constatadas por los médicos intervinientes-, y se funda, por el contrario, únicamente en el cómputo de su edad. El voto en minoría postuló la devolución de las actuaciones a su origen, pues, habida cuenta la emergencia sanitaria frente a la pandemia declarada por la aparición del Coronavirus (Covid-19), de conformidad con lo dispuesto mediante D.N.U. 260/2020, 297/20 y 325/20 PEN y las Acordadas n° 4/20, 6/20 y 8/20 de la C.S.J.N. y Acordadas 3/20, 4/20, 5/20, 6/20 y 7/20 de esta Cámara Federal de Casación Penal; esta situación debía ser considerada en el particular frente a lo invocado por la defensa en las breves notas presentadas ante esta instancia, dado que no pudo ser valorada por el a quo al momento de dictar la resolución aquí cuestionada.Dres. Carbajo, Hornos y Borinsky -en minoría-.