Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2011-03-17


Resistencia, marzo 17 de 2011.

I.- ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuestos en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.-áA la primera cuestión La sra. jueza María Luisa Lucas, dijo:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud de los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuestos a fs. 186/207. por la parte actora contra el pronunciamiento dictado por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad, que obra a fs. 177/180. Concedidos tales recursos y elevada la causa, la misma se radica a fs. 220 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra definitivamente con los suscriptos. A fs. 226/228 emite su dictamen Nº 352/10 el Sr. Procurador General. A fs. 232 se llama autos para sentencia, lo que deja la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- A los fines de la consideración de los recursos incoados comenzare en orden a su jerarquía y efectos, por el de inconstitucionalidad. a) Recurso de inconstitucionalidad: Siendo este Tribunal el juez de los recursos extraordinarios para ante él intentados, corresponde examine previamente la concurrencia de los extremos que habilitan esta instancia extraordinaria. En tal cometido, advierto que el mismo consulta los recaudos de interposición en término, legitimación para recurrir, oportuno planteo de la cuestión constitucional y la decisión constituye una sentencia definitiva.

Consecuentemente corresponde ingresar en el tratamiento del remedio en su faz sustancial. : Refiere el recurrente que se configura un supuesto de arbitrariedad sorpresiva de la Cámara al introducir una cuestión novedosa, no debatida en la sentencia del juez a-quo, en tanto deniega el argumento atinente a la inexistencia de inicio del cómputo de la prescripción liberatoria conforme constancias de autos, en base a meras aseveraciones dogmáticas y omitiendo toda referencia a la normativa aplicable para esta controversia. Lo agravia la omisión en el fallo recurrido de referencia a la normativa aplicable para resolver la prescripción declarada así como determinar la fecha de inicio del término de la prescripción, circunstancias que configuran la arbitrariedad por prescindencia de la ley aplicable (art. 258 LCT) y fundamentación solo aparente. También lo agravia que la Cámara haya omitido referencia en su decisión a la norma del art. 4037 del CC. y art. 258 LCT. en orden a la prescripción alegada y aduce que la cuestión omitida tiene importancia a los efectos de la determinación del inicio del computo del termino prescriptivo. Aduce que el pronunciamiento resulta viciado ya que los camaristas aseveran que el actor tenía conocimiento de su minusvalía afirmación que sustentan en meras afirmaciones dogmáticas, vicio que invalida la sentencia recurrida. Además al prescindir de la aplicación del texto expreso del Art. 258 de la LCT se ha incurrido en un doble vicio y por ende el fallo no resulta derivación razonada del derecho vigente, toda vez que no se expide sobre el término de la prescripción, ni sobre la normativa que juzga aplicable ni sobre el inicio del cómputo de la misma. En apoyo de su pretensión nulificatoria cita fallo del STJ en autos: "Romero Elsa c. Winnik y otros s. indemnización art. 212 LCT, etc.", que descalificó pronunciamiento de la Cámara. Continúa el recurrente explicitando agravios y refiere que la Alzada prescinde de la norma legal (art. 3986 CC.) con fundamentación solo aparente ya que se ha basado en meras aseveraciones dogmáticas carentes de sustento objetivo y desvinculadas de las constancias de la causa. Frente a la reseña efectuada cabe destacar que el más Alto Tribunal de la Nación tiene establecido que: "La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia sentencias equivocadas o que el apelante considere tales a raíz de su discrepancia con el alcance atribuido por el juzgador a principios y normas de derecho común o con la valoración de la prueba, sino que reviste un carácter estrictamente excepcional" (Fallos 287:173, 329, 548, 558; 298:561, entre muchos otros. De ahí que: "El pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común local,...es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si -como sucede en el caso- no media una decisiva carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso" (Fallos 300:200, cit. en Sent. Nº 444/02, entre otras). Conforme el marco teórico expuesto cabe señalar que no han sido debidamente rebatidos los principales fundamentos de la Alzada para confirmar la dictada por la juez a-quo. Ellos fueron: a) que la causa caratulada: "Machuca N. y otros c/ Indunor S.A.C.I.F.I.F. y/o q.r.r. s/ Medida Preparatoria", expte. 15075/00 no ha operado como interruptivo del plazo de prescripción como lo sostiene el apelante, por cuanto las medidas solicitadas en dicha causa, no guardan relación con las presentes actuaciones para que pueda considerarse un reclamo válido sobre daños y perjuicios por el accidente de trabajo que dice haber sufrido el actor durante la vigencia de la relación laboral; b) sostienen las camaristas que no se efectuó referencia alguna a la existencia de un accidente de trabajo, y tampoco se alegó que se le adeudara indemnización por tal concepto, ni las medidas peticionadas tienen relación a tales aspectos en cuanto al Sr. Machuca; c) afirman que igual que la juez a-quo entienden que la medida preparatoria carece de fuerza interruptiva del plazo de prescripción, al no traducir intención de mantener vivo el derecho que se pretende hacer valer. De la reseña precitada se advierte que las señoras camaristas, al confirmar la sentencia dictada por la juez a-quo y admitir la excepción de prescripción opuesta por la demandada, han dado fundamentos suficientes que -más allá de que puedan o no ser compartidos- alejan al decisorio de la tacha endilgada. Enfrentada la sentencia recurrida a tales principios, arribo a la conclusión de que no se ha demostrado la arbitrariedad del decisorio, coincidiendo así con la opinión del Sr. Procurador General: "Por tal motivo, considero que los agravios expuestos por el recurrente aparecen como una mera discrepancia con la solución arribada en la causa, reeditando su personal tesitura acerca de la apreciación de los hechos, de la prueba ofrecida y de la inteligencia que debe asignársele a la normativa que considera aplicable, mas no alcanzan para dar vida al remedio en trato." (fs. 227 vta.), frente a lo cual surge que las magistradas han efectuado un análisis pormenorizado y exhaustivo del material probatorio en el contexto de la causa expresando los fundamentos de tales valoraciones, lo que permite afirmar que la interpretación efectuada por la Cámara aparece como una lectura posible de las circunstancias de autos, facultad exclusiva de la instancia ordinaria y por tanto irrevisable por la vía extraordinaria recursiva. A mayor abundamiento destaco que la fundamentación del fallo se apoya en una interpretación de los hechos del proceso que coloca al tema debatido fuera de la órbita del recurso extraordinario por no advertirse excesos que justifiquen su análisis en esta sede. Sobre el particular esta Sala, ha sostenido reiteradamente que si lo resuelto por la Cámara cuenta con el adecuado sustento y se encuentra dentro del marco de facultades decisorias que les son propias, ello impide su revisión por parte de este Tribunal pues lo contrario importaría incurrir en exceso de atribuciones que le son conferidas por vía del recurso extraordinario (conf. Sent. Nº 335/00, entre otras). A la luz de lo afirmado cabe destacar que la cita efectuada por el recurrente acerca del fallo: "Romero Elsa c. Winnik y otros s. indemnización art. 212 LCT, etc.", en modo alguno modifica la interpretación aquí efectuada ya que refiere a una situación no asimilable al presente ya que aquel pronunciamiento fue anulado debido a la omisión de tratamiento de cuestiones oportunamente introducidas, circunstancia no acontecida en estos autos. En este aspecto, vale recordar que se ha precisado: "Lo relativo a la determinación del plazo de prescripción y el momento en que ha de comenzar su cómputo y si ha de estimárselo cumplido es cuestión de derecho común que no autoriza la apertura de la instancia federal."(Fallos 297:392; conf. sent. Nº241/97; Nº271/99, entre otras). En razón de lo expuesto me expido por la improcedencia del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, votando negativamente a esta cuestión. b) Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal: También este remedio fue interpuesto en término, por la parte legitimada para recurrir y la sentencia atacada es definitiva. No obstante, adelanto mi opinión en el sentido de la inadmisibilidad de la queja articulada, dada la manifiesta insuficiencia técnica del escrito que pretende sustentar la revisión casatoria. Se observa que el casacionista remite a los argumentos vertidos en los fundamentos que sustentan el memorial de agravios del recurso de arbitrariedad, invocando que se ha inaplicado el art. 258 de la LCT. Dados los términos de la queja esbozada, debo señalar que esta Sala en forma reiterada ha sostenido que la adecuada fundamentación del recurso de inaplicabilidad de ley, reclama imperativamente que se baste a si mismo, se cite la ley que se dice infringida, se indique en que consiste la infracción o inaplicabilidad, se intente cuanto menos la demostración de la infracción que se sustenta y además, se impugnen las conclusiones del fallo que pudieran darle consistencia, demostrando que esas conclusiones son susceptibles de caer bajo la jurisdicción casatoria (conf. Sent. Nº 346/98, Nº 24/02, entre muchas otras). De allí que sea insoslayable cumplimentar: 1) La mención explicita de las normas y principios infringidos, 2) El análisis razonado y critico de los motivos del pronunciamiento. Si uno u otro no existen o resultan vaciados de entidad, o bien no se respalda, en invocación y censura nítida de la violación del precepto legal especifico o el intento se evade a una genérica alusión de presuntas infracciones, el recurso naufraga en la insuficiencia. Desde esta perspectiva, considero que el libelo recursivo adolece de inoperancia técnica, ya que la parte impugnante se abstuvo de demostrar el error de la decisión de la Alzada, ciñéndose su genérica protesta a mostrar una conceptuación propia, distinta de la de los sentenciantes, sin explicitar pormenorizadamente los motivos que sustentan su queja. En consecuencia de lo expuesto, también me expido por el rechazo del remedio en trato, votando negativamente a esta primera cuestión.

Así voto.

I.- A la primera cuestión el sr. juez Rolando Ignacio Toledo, dijo:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el propio en idéntico sentido. Es mi voto.

II.- A la segunda cuestión la sra. jueza María Luisa Lucas, dijo:

Atento a la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se desestimen los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos por la parte actora a fs. 186/207 contra la sentencia dictada a fs. 177/180 por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad. Las costas de esta instancia, dado el resultado que propicio y lo dispuesto por el art. 129 de la ley 2383, deberán imponerse a la recurrente vencida. Los honorarios de los profesionales intervinientes se regulan de conformidad a las pautas de los arts. 3, 5, 6, 7, 11 y 20 de la Ley Arancelaria, tomando como base el monto reclamado. Efectuados los cálculos correspondientes, estimo para los abogados F. A. A. en la suma de pesos tres mil treinta y siete ($3.037,00) como patrocinante, y a P. M. Z. la suma de pesos un mil doscientos cinco ($1.205,00) como apoderado.

áAsí también voto.

II.- A la segunda cuestión la sra. jueza María Luisa Lucas, dijo:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del colega preopinante, respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y regulación de honorarios profesionales. Es también mi voto.

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, resuelve: i.- desestimar los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos por la parte actora a fs. 186/207, contra el pronunciamiento dictado a fs. 177/180 por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad. II.- imponer las costas de esta instancia a la parte recurrente vencida. III.- regular los honorarios profesionales de los abogados F. A. A. en las sumas de pesos tres mil treinta y siete ($3.037,00) como patrocinante y a P. M. Z. la suma de pesos un mil doscientos cinco ($1.205,00) como apoderado. IV.- regístrese. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico, a la Sra. Presidente de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad y al Sr. Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.- María Luisa Lucas.- Rolando Ignacio Toledo.- á