marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Bustos, Manuel A. s/ Denuncia. Rec. de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-09-04

El recurso extraordinario de nulidad deducido resulta también improcedente, toda vez que el mismo no se halla fundado en lo dispuesto por los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, conforme dispone el art. 349 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.-, sino en la existencia de un supuesto error de juzgamiento, como es la conculcación del principio de congruencia e irracionalidad y absurdo valorativo del fallo, temas estos ajenos al mencionado recurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAVALLIN FILLINO. c/ HIPASAN. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-14

Los profesionales de las partes carecen de interés para recurrir por derecho propio- la forma de imposición de las costas, pues élla no les ocasiona un agravio actual; limitándose su derecho a la impugnación de la regulación de sus honorarios. (Sala 1,2138 141083)
Marcas, oposición al registro de marca, medicamentos, cotejo de marcas, jurisprudencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Laboratorios Bagó  S.A. c/ Laboratorios Elea  S.A. s/ Oposición registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-04

Cuando se trata de cotejar marcas destinadas a individualizar medicamentos, no corresponde aplicar un "criterio benigno", sino un "criterio circunstancial". Este consiste en no ir más allá de exigir una razonable diferenciación de las designaciones, para determinar la cual el juzgador deberá emplear las tradicionales pautas sentadas por la jurisprudencia del Tribunal respecto de la generalidad de las categorías del Nomenclador.
Absurdo, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: M., P. y otro c/ Clínica Boedo S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-08

La prescindencia de pruebas que pueden ser esenciales para la resolución de la litis constituye uno de los supuestos típicos de absurdo, pues aunque los jueces tienen gran amplitud para valorar en conciencia el material probatorio y aún seleccionarlo, ello no implica que puedan desconocer los elementos de juicio que en cada caso adquieren particular significación.(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Beneficio de litigar sin gastos, integración de la prueba, proceso contravencional
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Prio, Juan Martín s/238 4 - atentado contra la autoridad agravado por poner las manos en la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

No corresponde exigir en el caso el depósito previsto en el art. 32 de la ley n° 402 por las razones apuntadas en mi voto in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad en: 'Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC -apelación- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado'", expte. n° 3996/05, sentencia del 14/09/05, a las que me remito. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano). Corresponde la exención del pago cuando el recurso procede de la defensa oficial. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Juicio por delitos de acción privada, secuela de juicio, traslado, acusación de la querella
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DE LA FUENTE, Marcos s/ Prescripción de la acción penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-19

Constituye secuela de juicio la primera petición de traslado de la acusación, solicitada por la querella en delitos de acción privada, no así sus reiteraciones.
Intereses moratorios, intereses punitorios
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Latincor SA c/ Eiroa Pedro Jorge y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-06

Con prescindencia de la diferencia habida entre los intereses moratorios y punitorios, lo cierto es que, en rigor, las partes al contratar se refirieron a ellos de modo indistinto. En ese contexto, dicha ambigüedad debe ser interpretada en función de la regla favor debitoris, de modo que los únicos intereses acordados no pueden ser otros que los moratorios. Por lo demás, el hecho de que la ejecutante haya abonado la tasa de justicia teniendo en consideración ambos tipos de intereses, no modifica la solución adelantada. Ello así, puesto que en definitiva, el hecho de que su pretensión no haya tenido favorable andamiaje, no es óbice para que la integración de la gabela se efectúe de acuerdo con alcance de aquella (ley 23898: 4 inc. a).
Prueba pericial, dictamen pericial, impugnación de la pericia, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: BOSCH DE MERCURIO SUSANA MARTA c/ DOMINGUEZ OCTAVIO Y OTRA s/ SUMARIO - PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-28

Quien impugna el presupuesto, cuya autenticidad hubiera sido reconocida, asume la carga de acreditar que los daños no obedecieron al mismo accidente o que el precio es excesivo. Esta carga no se satisface con la mera expresión de objeciones que carecen del necesario respaldo técnico o documental. De ahí que cuando los daños presupuestados son acordes con la mecánica del hecho, ello le permite al perito concluir en la razonabilidad del gasto incurrido, atendiendo a las variaciones del mercado. No es censurable que el sentenciante hubiera sustentado sus conclusiones en las brindadas por el técnico pues, si lo que se pretendía era el apartamiento del dictamen pericial, debió la aseguradora aportar en la oportunidad correspondiente los elementos que demostraren el acierto de la objeción que formula.
Ejecución de sentencia, prescripción, plazos procesales, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ c/ ARTIGAU s/ EJEC. HIP.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-26

El plazo de prescripción de la ejecución de sentencia es el ordinario establecido en el art. 4023 del C.Civil. No existe obstáculo alguno para que se deduzca la prescripción en la etapa del cumplimiento de la sentencia de remate, pudiendo efectivizarse a través de un incidente, por cuanto el juicio no está definitivamente concluido, resultando notorio el dispendio jurisdiccional que significaría obligar a intentarlo por medio de una nueva acción declarativa. Tampoco es una valla lo dispuesto en el art. 3962 del C Civil, ya que dicha norma no contempla la prescripción de la actio judicati, sino del crédito originario que luego fuera reconocido en la sentencia, como se colige de su lectura. Ni lo es lo prescripto en el art. 346 del C.Procesal, que se refiere a la misma situación.
Actor civil, ley supletoria, representación procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: POLITANO, Daniel Héctor s/ ESTAFA A EMPRESA DE TRANSPORTE LUIS B. CHAVEZ
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-02-23

En todo incidente de Actoría Civil debe aplicarse supletoriamente el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia para la dilucidación de los problemas planteados y en tanto y cuanto estas situaciones no estén expresamente contempladas en la ley procedimental penal. Cuando la acción civil es ejercida por medio de mandatario tal hecho debe estar debidamente acreditado por medio del correspondiente poder realizado en la forma que manda la ley. En caso de invocar "personería de urgencia", tal personería debe acreditarse dentro de los treinta días, tal como lo determina el artículo 48 del Código de Procedimientos Civil y Comercial.
Empleo público, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Quiroga, Karina Elizabeth c/ Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Tinogasta s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-15

Se deduce acción de amparo por la cual la actora pretende que se declare la nulidad del acto administrativo que dispuso la modificación de su situación de revista -de categoría 22 a la categoría 10-, y el cambio de lugar de prestación de servicios,-del Área de Hacienda y Finanzas la trasladan al Dpto. de Inspección de Tránsito-, sosteniendo que tal decisión afecta de manera cierta sus derechos adquiridos.

En el sub lite por una parte la función que la parte actora desempeñó durante el período 2005/2007-categoría 22- como auxiliar de la Secretaría de Hacienda, era por esencia temporaria, pues su promoción fuera de la carrera administrativa para cubrir un cargo de confianza de las autoridades superiores, dejaba entrever que su designación y remoción quedaban siempre sujetas al criterio y juicio de quien lo designó. Por otra parte, ni el transcurso del tiempo ni la continuidad en la prestación de los servicios pueden trastocar por sí solos los caracteres propios de la vinculación, razón por la cual resulta de fundamental importancia, examinar detenidamente en el momento de aceptar tal tipo de ofrecimientos, los caracteres propios de la relación, para esclarecer la nómina de derechos y obligaciones que le incumben al cargo que se acepta.

En esa inteligencia, no surgen en forma clara e inequívoca los vicios de arbitrariedad o ilegalidad que el actor le endilga al Decreto que dispuso su reubicación en la categoría 10 y su traslado al Departamento de Inspección de Tránsito, por lo que se impone el rechazo de la acción intentada.
Honorarios del perito, cobro a las partes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lavié, Horacio c/ Juárez, María s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-05

Son concurrentes y no conjuntas ni solidarias las obligaciones de pagar los honorarios del perito que tienen como deudores al que solicitó la pericia -art. 1627 C.C.-, a la otra parte en los supuestos del art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial y al condenado en costas.
Tercerías, tercería de dominio, sentencia firme, condena a escriturar
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARTINOTTI, OSCAR s/ TERCERIA  DE  DOMINIO EN: TAQUINI  S.A.  CIA. FINANCIERA (EN LIQ. POR   B.C.R.A.  C/ FOLGAR, CONSTANTINO S/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

No resulta procedente la tercería de dominio de un inmueble acompañando una sentencia firme que condena a escriturar el inmueble en cuestión, pues tal sentencia no constituye título suficiente para probar el dominio, por cuanto confiere derecho a la cosa y no en la cosa.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General De La CABA S/ Queja Por Recurso De Inconstitucionalidad Denegado en Incidente de Apelación en Autos Scillone, Hernán Carlos Saverio S/ 92 - agravantes (conductas descriptas en los artículos 89 / 90 Y 91) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde admitir la queja dado que fue interpuesta en tiempo y forma, contra la sentencia definitiva del proceso y contiene una crítica suficiente del auto denegatorio (arts. 27 y 33 de la ley n° 402). Sin embargo, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad dirigido contra la sentencia que confirmó la condena a una pena de cinco años de prisión. Ello así, toda vez que al margen del acierto o error de lo resuelto en la causa, la argumentación ofrecida por la defensa solo pone de manifiesto su disconformidad con una respuesta jurisdiccional adversa y no alcanza a justificar de manera razonada la configuración de cuestión constitucional alguna ni evidencia que estemos ante una decisión arbitraria. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Derecho penal, estafa, competencia criminal y correccional, competencia nacional, cuestión justiciable
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Préstamo Solidario c/ s/ Infr. art. 149 bis, CP - amenazas con armas o anónimas s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde asignar competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional pues los hechos objeto de esta causa, denunciados a través de una página web de reclamos, respecto de lo actuado por quienes manejarían un sitio web por el cual se otorgarían préstamos, podrían resultar subsumibles en el delito previsto en el art. 172, CP. (Del voto del juez Santiago Otamendi
Recurso de casación penal, sobreseimiento
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Castillo, Isaac; Medina, Gustavo s/ HURTO AUTOMOTOR S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-08-24

Corresponde hacer lugar al recurso de casación penal interpuesto por el Fiscal contra la sentencia que sobresee al procesado por considerárselo inimputable -art. 307 inc. 3 del CPP.- en un estadio procesal inoportuno -art. 305 del CPP.- como lo es la etapa de juicio y más precisamente durante el debate como cuestión preliminar, no encuadrando en ninguna de las excepciones contenidas en los arts. 307 inc. 4 -extinción de la acción- y 332 del CPP. Ello en tanto viola la garantía constitucional del debido proceso legal art. 18 de la CN-, ya que las formas impuestas por la ley, como en el caso, en forma imperativa, encuentran su fundamento en la salvaguarda del orden público, por lo que el principio de indisponibilidad para las partes y aún para el magistrado de aquellas normas rituarias resulta de plena aplicación.
Robo calificado, robo con armas, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: BERNARDEZ ARIEL GUSTAVO s/ ROBO CALIFICADO Y ROBO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-02-08

A lo largo del tiempo desde su integración originaria y de las distintas conformaciones que la sucedieron, la jurisprudencia quieta y pacífica de la Sala ha sido la de fijar una escala punitiva que tiene en su extremo inferior la mitad del mínimo previsto por la ley para el ilícito consumado mientras que el tope mayor está dado por el máximo de la pena reducido en un tercio. Sin embargo la Sala en lo Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia en su actual integración fijó como criterio en el tema en análisis que: a la tentativa le corresponde una escala abstracta reducida respecto de la que corresponde al delito consumado que se compone de un mínimo equivalente a los dos tercios del mínimo de la escala de referencia y como máximo la mitad del máximo fijado para la escala del delito consumado. Así las cosas y pese a juzgar que aquella postura eventualmente puede resultar más favorable a los condenados, en aras de la unificación jurisprudencial en la materia y más allá de tratarse de uno de los aspectos deonde la facultad del Tribunal de Juicio aparece como privativo tal como lo señala el Dr. Chiara Díaz en la causa "LANFRANCO , JUAN PEDRO - VIOLACION EN GRADO DE TENTAVIA- RECURSO DE CASACION", se juzga conveniente y oportuno adecuar el criterio de esta sala a la señalada línea jurisprudencial.
Tratados internacionales, Constitución Nacional, jerarquía de las leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Méndez Valles, Fernando c/ A.M. Pescio SCA. s/ ejecución de alquileres.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

Los tratados integrados al texto de la Carta Magna tienen "jerarquía cuasi constitucional", asignada por la Convención Constituyente, en tanto que los que resulten incorporados a la legislación en vigor, si bien tienen un rango superior a la ley, su validez y eficacia depende de su conformidad con el respeto a los principios constitucionales y al procedimiento establecido para su incorporación al sistema jurídico nacional (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Juicios en que es parte una provincia, régimen de consolidación de deudas, ley provincial, jerarquía de las leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Kasdorf. S.A. c/ Jujuy, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Si bien en la instancia originaria de la Corte los estados provinciales pueden invocar y hacer valer las leyes de consolidación que dictan sobre la base que les confirió el art. 19 de la ley 23.982 y la Corte se encuentra facultada para examinar y aplicar las disposiciones locales relacionadas con el tema sometido a su decisión, dicha aplicación es posible en la medida en que las normas legales que se invocan, y los actos que se realizan en consecuencia, se ajusten a las previsiones contenidas en la ley nacional 23.982 y no presenten un conflicto con el art. 31 de la Constitución Nacional.
Derecho procesal, recursos, recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso, recurso de apelación (procesal), oportunidad procesal, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: Ricale Viajes SRL c/  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-27

Procede rechazar la queja contra la denegatoria de la apelación que dedujo el actor, contra la resolución mediante la cual se hizo efectivo cierto apercibimiento y se tuvo por habilitada la ejecución de honorarios allí dispuesta en relación a los emolumentos del letrado de la parte demandada. El juez de grado basó el rechazo en que "...el decisorio atacado deviene inapelable, toda vez que remite a otro anterior que adquirió firmeza respecto de la recurrente...". En ese marco, tal decisión ha sido correcta por ajustarse a los particulares antecedentes del caso. En efecto, en el recurso interpuesto la accionante sólo expuso el gravamen irreparable que le causaba la sentencia dictada, pero sin hacer mención a la regulación de honorarios allí fijada, ni mucho menos a indicar el sentido de la queja a su respecto ("altos" o "bajos"). Así, el a quo sólo se limitó a darle curso al recurso contra la sentencia y conceder "libremente" la apelación (cfr. CPR 243, segundo párrafo), sin aplicación de la específica norma del CPR 244 para el supuestamente implícito recurso de honorarios. No se desconoce que, a pesar de ello, la quejosa fundó sus agravios contra los honorarios al mismo momento en que presentó su memorial ante esta Alzada en relación a la sentencia definitiva. Pero tal fundamentación resultó extemporánea. Recuérdese que, de conformidad con lo previsto por el CPR 244, la fundamentación de los recursos contra las regulaciones de honorarios resulta facultativa para el recurrente, la que, en su caso, debe necesariamente producirse dentro del plazo previsto en la norma legal citada para apelar.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, indemnización por despido, despido indirecto
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: BRAVO, WALTER c/ PERESSOTTI, DANIEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-10-08

Resulta improcedente la postulación recursiva, dado que la sentencia posee fundamentos fácticos y jurídicos que -al margen de su grado de acierto o error- resultan suficientes para sustentarla como acto judicial válido. En efecto, la Sala, luego de valorar la prueba incorporada a la causa -específicamente los despachos postales remitidos por el actor-, entiende que en momento alguno formaliza un despido indirecto, ni reclama los rubros correspondientes a un despido incausado, limitándose a reclamar los haberes adeudados y daños y perjuicios, por lo que no cabe interpretar extensivamente sus comunicaciones otorgándoles un sentido que ni siquiera genéricamente fue expresado, considerando además que no corresponde asimilar la rescisión del contrato de adscripción a un despido (De la disidencia de los Dres. Spuler, Gutiérrez y Netri)
Honorarios, bioquímicos, relación de dependencia
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ HECTOR PAUL c/ CLINICA PRIVADA MEDICOR  S.R.L.  Y/U OTROS s/ RELACION DE DEPENDENCIA HONORARIOS - CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-11

La fijación de aranceles y sus variaciones, de observancia obligatoria, por parte de distintas entidades profesionales y en ejercicio de la delegación de facultades efectuada por la Provincia, mediante diversas normas que regulan el funcionamiento y atribuciones de aquéllas, no se refieren a los aranceles que deben cobrar los profesionales en relación de dependencia. Esto es así porque dentro del sistema jurídico político adoptado por la Constitución Nacional, es facultad reservada al Gobierno Federal -en virtud del principio denominado de "unidad legislativa" contenido en el art. 67 inc. 11 de la Carta Magna- el regular aspectos sustanciales de los contratos de trabajo, entre los cuales los salarios o remuneraciones constituyen uno de sus capítulos mas destacados.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), compraventa, estado de necesidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Dopkin, Samuel c/ Casado, María Cristina e Irastorza J. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-27

El achaque relativo a la falta de configuración en autos del elemento subjetivo previsto en la normativa aplicable, es decir, el estado de necesidad, la ligereza y la inexperiencia del vendedor, así como también el aprovechamiento que de ello hiciera la parte demandada, fue abordado por los accionados desde distintas causales de arbitrariedad, mas sin conseguir enervar la argumentación del Tribunal a quo, desde un punto de vista constitucional, en tanto la Sala, ulteriormente a considerar que para que se dé el supuesto de hecho captado por la normativa aplicable bastaba con que se acredite la presencia de alguna de las tres situaciones de inferioridad contempladas, describió cada una de éstas y examinó si el accionante había logrado levantar la carga que pesaba sobre sí; no obstante, los juzgadores destacaron que ello junto con otros elementos de juicio denotaba un estado de necesidad de corte moral y que surgía, además, evidente la ligereza e inexperiencia del actor, concluyendo en que se estaba ante una persona en evidente estado de carencia moral, que vivía en condiciones prácticamente infrahumanas en un inmueble con enorme potencial, que alquilaba la planta baja a un precio irrisorio y que no era capaz siquiera de comprometerse a pagar un canon mensual en lo que sería luego su nueva vivienda, por lo que su conducta y su modo de vida, al momento de contratar, irradiaban una arraigada ligereza y una profunda inexperiencia, coligiéndose de ello que se configuraba en su persona el estado de inferioridad que requiere la norma para permitir la declaración de nulidad del acto viciado. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 954
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: Nú$ez, Fermín Angel s/ lib.cond.en  autos:  "Figueroa,  Rolando y otros s/ doble homicidio y  lesiones " - expediente numero 478/74.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

La doctrina de la gravedad institucional no basta para el otorgamiento de la apelación establecida por el art. 14 de la ley 48 si no media la existencia de cuestión federal.
Representación procesal, gestor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sandoval, Norma Haide s/ Incidente de beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-15

El mecanismo del art. 48 del C.P.C.C. establece una facultad excepcional y por ende de interpretación restrictiva porque, atendiendo la necesidad de evitar que una parte caiga en indefensión cuando obstáculos momentáneamente insalvables impidan la exhibición, en tiempo propio, de un mandato debidamente expedido, autoriza un apartamiento de las reglas relativas a la representación en juicio.