Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-06-04


AUTOS Nº 5385: "PELLICE Oscar León Y Otros C/ S.E.S. S/ Apelación De Sentencia" ///la ciudad de San Juan, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil diez, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Miguel Ernesto Novoa, Hermes Francisco Carrera y José Dionisio Castro, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia definitiva en autos Nº 5385, caratulados "PELLICE OSCAR LEÓN Y OTROS C/ S.E.S. S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", y de cuyas constancias:

R E S U L T A :

Contra la sentencia pronunciada por la titular del Quinto Juzgado Laboral, obrante a fs. 488/496, la demandada interpone recurso de apelación que se le concede a fs. 502, expresando agravios a fs. 504/511, que la contraria responde a fs. 516/519. Habiéndose dado intervención a la Fiscalía de Cámara, firme el llamamiento de autos y realizado el sorteo para la emisión de votos, se presenta al Tribunal las siguientes cuestiones a decidir:

1º) ¿Es justa la sentencia recurrida? 2º) En su defecto, ¿qué resolución corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JOSÉ DIONISIO CASTRO DIJO: Dice la demandada que se agravia del fallo habido en la anterior instancia, en cuanto se ha rechazado la excepción de prescripción que opusiera al contestar la demanda, por no haber discriminado los rubros que alcanzaría tal defensa, cuando ello debe entenderse que se refiere a los rubros que excedieran los dos años, lo que es de fácil determinación. Como segundo agravio, cuestiona que se haya agregado el B.A.E. (Beneficio anual por eficiencia) para determinar la base indemnizatoria, cuando tal beneficio no es un rubro remunerativo que se perciba en forma normal, mensual y habitual y para lo cual el agente debe cumplir con ciertos requisitos, tales como carecer de sanción ni haber faltado sin aviso, pues, no se trata de una gratificación ni un premio que se cobra en forma automática. Como tercer agravio, se queja la demandada por haberse condenado a la Provincia de San Juan, como consecuencia de considerarse al SES S.E. con la Provincia de San Juan, que debe hacerse cargo del patrimonio de la primera. Como cuarto agravio, la demandada cuestiona la imposición de las costas, para lo cual se decide de oficio la inconstitucionalidad del art. 20 de la Ley 7675, lo que no fue solicitado, por lo que debe excluirse a la Provincia de San Juan. Luego de citar criterios jurisprudenciales para avalar su recurso, la demandada solicita la revocación de la sentencia de Primera instancia en la forma planteada, con costas. La accionante al responder los agravios a fs. 516/519, lo hace entendiendo que lo argumentado por la quejosa no consiste en una crítica razonada al fallo, por lo que debe rechazarse. De igual manera y dando como fundamento la opinión vertida en diversos fallos que al efecto cita, solicita el rechazo del recurso con costas, haciendo reserva de derecho por los recursos extraordinarios.

En conocimiento de las argumentaciones que ambas partes formulan para hacer prevalecer sus posiciones con motivo del presente recurso, procederemos a examinar las diferentes quejas que la demandada propone para su revisión. En primer lugar, cuestiona el rechazo de la excepción de prescripción que opusiera en su litis contestatio, para lo cual, la sentenciante entiende que, tal defensa no resulta procedente por no haberse discriminado los rubros que estarían alcanzados por aquella. Examinando la norma legal que regula el tema (art. 256 LCT), se advierte que la pérdida de la acción está dada para todos los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo, de manera que no se impone una obligación de determinar los rubros, pues, se sobre entiende que la norma apunta a todos aquellos que son reclamados en el proceso. No puede pensarse de otra manera habida cuenta de que con la interposición de la demanda, se interrumpe el curso de la prescripción y, es desde aquel momento, en que debe computarse los dos años de inactividad para establecer si lo que es motivo de reclamo en el proceso cuenta aún con la acción pertinente para ser pretendido válidamente. Por tanto, el agravio debe admitirse.

Como segundo agravio, la demandada cuestiona que se haya agregado la Bonificación anual por eficiencia (B.A.E.), para la determinación de la base indemnizatoria, fundándose para ello en que se trata de una bonificación no remunerativa que no reúne las condiciones de mensual, normal y habitual, por lo que solicita su rechazo. El problema que en este acápite nos toca resolver, no es nuevo en este tribunal, habida cuenta de que en ocasiones anteriores hubo pronunciamiento sobre el particular, resultando de aplicación los fundamentos que se dieron en la solución propuesta en tal oportunidad. Al fallarse in re "Seisdedos, Angel c/ SES S.E." (L. de S. 2000-I-66), se dijo que las normas convencionales (CCT. 36/75; arts. 79-B; 9 y conc.), son terminantes en que, en el supuesto de enfermedad del agente, al mismo no se le puede rebajar las remuneraciones, de manera que, si la mencionada bonificación se le venía haciendo efectiva al comenzar su licencia por enfermedad, no existen motivos para producir una rebaja en el monto de las remuneraciones por el hecho de haberse enfermado, resultando acertado el criterio sustentado por la sentenciante en la solución que dá al tema en consideración. Decimos de lo acertado de la decisión toda vez que, el sueldo incluye la totalidad de los ingresos remuneratorios cualquiera sea su modalidad, los que forman parte del mismo para los efectos legales pertinentes, incluyendo el sueldo anual complementario en razón de tratarse de un salario de pago diferido. En consecuencia, integra la base retributiva de la indemnización por antigüedad la parte proporcional del sueldo anual complementario que se devenga mes a mes, con más los premios y demás ingresos remuneratorios abonados con motivo de la prestación laboral y que conforman la mejor retribución en los términos del art. 245 LCT. (D.T. Carpetas, 2585). El art. 79-B CCT. 36/75, en la reglamentación del pago del BAE, inc. 11°, se determina que los trabajadores ausentes por enfermedad se les liquidará tal beneficio sobre su remuneración íntegra, siendo igual solución para los trabajadores jubilados (inc. 4°), de manera que para la determinación de la base indemnizatoria, debe incluirse lo correspondiente al SAC y BAE, tal como lo decide la sentenciante, por lo que el agravio debe rechazarse.

En el tercer agravio, la recurrente cuestiona la responsabilidad patrimonial que se le atribuye a la Provincia junto a la demandada, al entender que se trata de dos personas jurídicas distintas, por lo que la Provincia carece de responsabilidad patrimonial. Sostiene que la ley de liquidación del SES sólo establece que la gestoría de los juicios se hará por medio de Fiscalía de Estado y que la Provincia no ha tenido oportunidad de defenderse, de contestar la demanda y oponer excepciones y ofrecer prueba. La sentenciante resuelve el problema referido a la intervención de la Provincia, recurriendo a una norma de la constitución local (art. 263), como también a la Ley 7026 de liquidación del SES. Según esta última, las deudas demandadas como los créditos reclamados en gestión judicial, pasarán a la órbita de la Fiscalía de Estado (art. 4°). En un correcto razonamiento, la sentenciante concluye que tal decisión, reconoce como finalidad que la Provincia de San Juan se hace cargo de aquellos créditos y deudas demandadas. No cabe otra interpretación al texto del citado art. 4°, si se tiene en cuenta la misión específica de la Fiscalía de Estado, cual es, la de representar al Ejecutivo en defensa del patrimonio provincial. Por otro lado y contrariamente a lo sostenido por la recurrente, la Provincia fue citada a instancia de la demandada (fs. 219), notificándosele para que conteste la demanda, ofrezca prueba y plantee excepciones (fs. 211), lo que hace a fs. 216/217, sin haber cuestionado su citación como tercero interesado ni haber opuesto las excepciones cuyo tratamiento se pretende, limitándose a plantear la caducidad de la instancia y adherirse a la contestación que efectúa el SES SE., de manera que ello no formó parte del thema decidendum, por lo que debe rechazarse el agravio.

Repárese que, tal como se desprende del art. 4° de la Ley 5558, la Fiscalía de Estado representa a la Provincia de San Juan y a todos los organismos centralizados, descentralizados y autárquicos, dada la participación que el Ente provincial tiene en los mismos. Es por ello que, por el art. 1° de la Ley 7026, se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la disolución y liquidación de SES SE., debiendo absorberse por el Ejecutivo, la situación laboral del personal (art. 7°). Por tanto, no existe una desvinculación entre los entes jurídicos mencionados, tal como lo pretende la recurrente.

Por último, debemos ocuparnos del tema costas que también resulta cuestionado por la Provincia de San Juan, argumentándose que, en la sentencia, de oficio se resuelve la inconstitucionalidad del art. 20 Ley 7675, sin que se haya solicitado, por lo que debe excluirse a la Provincia de su pago. Sobre la inconstitucionalidad declarada de oficio, nuestra Corte de Justicia tiene dicho que los tribunales inferiores están obligados a ejercer "ex-officio" el control de la constitucionalidad de las leyes, debiendo abstenerse de aplicarlas si se encuentran en oposición a la Constitución, sin que sea necesario la petición expresa de parte pues, el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de un hecho, por lo que es potestad de los magistrados suplir el derecho que las partes invocasen, conforme al principio iura novit curia. (PRE Sala 2da. 2007-I-175; Sala 2da. 2009-II-340). Este tribunal tuvo ocasión de pronunciarse al expedirse en los autos "Vega c/ Municipalidad de Albardón", en fecha 4/3/10, sobre la constitucionalidad del art. 20 de la Ley 7675, entendiendo que la mencionada norma es contraria a expresos principios que se consagran en las Constituciones nacional y provincial respectivamente, tales como los de propiedad e igualdad.

Obsérvese que el Estado, al actuar como persona de derecho privado, cuenta con las mismas prerrogativas y obligaciones que los particulares, lo cual está indicando que le es aplicable las consecuencias que se derivan del principio objetivo de la derrota (art. 125 CPL). Con el dictado de la norma en cuestión, el Estado, en alguna medida, estaría en una situación de Juez y parte en manifiesta contradicción con el principio constitucional de igualdad ante la ley (arts. 16 C.Nac. y 24 C.Prov.), lo que se reafirma en el art. 8 Const. Prov., cuando se establece la posibilidad de que el Estado sea demandado ante la justicia ordinaria sin privilegio alguno. El derecho de propiedad también resulta conculcado, como lo refiere la sentenciante, en cuanto el crédito del deudor, reconocido en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, se vería disminuído si el reclamante tuviese que soportar el pago de las costas generadas con motivo del proceso que debió iniciar para asegurar su derecho, al no haberle sido satisfecho en la oportunidad debida y verse obligado a tal promoción. Como bien ha desarrollado la sentenciante este tema, se evidencia la oposición que la norma contenida en el art. 20 de la Ley 7675 contiene respecto de aquellos derechos que reconocen protección en la carta magna, por lo que sólo cabe la convalidación de la decisión que se adopta en la sentencia recurrida sobre este aspecto de la litis, lo que conlleva al rechazo del agravio tratado.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. JOSÉ DIONISIO CASTRO, DIJO: En atención a las razones expuestas precedentemente, se propicia la admisión parcial del recurso planteado por la demandada, debiendo modificarse la sentencia del Inferior en lo que respecta a la excepción de prescripción opuesta por la accionada, defensa que habrá de tenerse en cuenta al momento de practicarse la liquidación de los rubros de condena. Las costas de la alzada se imponen a la demandada, conforme lo estatuído en el art. 125 del CPL. Así lo voto.

EL DR. MIGUEL ERNESTO NOVOA, DIJO:

I.-Que con relación a la excepción de prescripción, disiento con el voto del vocal preopinante, en tanto como se señala por el A-quo en su pronunciamiento y el Sr. Fiscal a fs. 529, la demandada, al contestar la demanda, no ha indicado ni fundado con precisión cuáles son los rubros prescriptos y por tanto no ha dado cumplimiento a la disposición del art. 75, inc. b) del CPL, que dispone que el accionado debe: "Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa". En otras palabras, la omisión no ha permitido a la contraria ejercer su derecho de responder una oposición concreta y el Tribunal pronunciarse sobre un punto específico de la litis y no sobre generalidades; razón por la que la excepción de prescripción se encuentra -a mi criterio- bien desestimada.

Que sin perjuicio de ello, advierto que es solamente la codemandada Energía San Juan S. A., la que opone la defensa de fondo citada a fs. 170, en la forma genérica aludida; de modo que habiéndose desistido por los actores a fs. 318/321 con relación a la misma, de la acción y el derecho, no advierto que exista litis o punto a decidir en la causa vinculado con la prescripción, en tanto la defensa no ha sido opuesta por la codemandada Servicios Eléctricos Sanjuaninos S.E.

Que aún en el supuesto que se entendiera que la codemandada SES S.E. ha hecho valer tal defensa sustancial a fs. 186, habrá que concluir que la ha opuesto solamente con relación a los rubros: refrigerio y presentismo por el período de la licencia por enfermedad; pero como tales créditos se reclaman (el más antiguo) desde mayo de 1994 (fs. 7) y la demanda se presentó el 29/12/95, ninguna duda cabe que la prescripción no se ha operado, conforme lo dispuesto por el art. 256 de la LCT, debiendo rechazarse la defensa mencionada también por dicho motivo.

II.-Que sin perjuicio de lo expresado, adhiero por sus fundamentos al voto del Dr. Castro. No obstante ello, considero conveniente hacer las siguientes consideraciones:

1) Con relación al B.A.E. (Bonificación Anual por Eficiencia), advierto que reúne los requisitos exigidos por el art. 245 de la LCT, para ser tenida en cuenta a los fines del cálculo de la base de la indemnizatoria.

Que no debe perderse de vista que dicha retribución es mensual, en tanto en el caso, como el sueldo anual complementario (sobre el que ya se ha expedido nuestra Excma. Corte de Justicia), se trata de una remuneración que si bien se paga anualmente, se va generando mes a mes. Adviértase que el carácter mensual de la generación del crédito, se ve corroborada porque dicha bonificación anual por eficiencia, se va adquiriendo durante el transcurso del año, porque es condición que no se sufra ninguna deducción en el período que se percibe.

Que también estamos en presencia de una retribución que tiene el carácter de normal, en razón que es lo que ordinariamente ocurría en materia de remuneración y que responde a la forma como se ha desarrollado el contrato; siendo lo opuesto lo anormal, que es un ingreso desde todo punto de vista excepcional. (Etala, nota art. 245, pág. 634, último párrafo).

Que finalmente la habitualidad, está dada por la repitencia o reiteración de la remuneración; es decir, la reiteración de pagos por determinados conceptos, por más que en algunas ocasiones no se abonen. (Obra y pág. citadas).

EL DR.HERMES FRANCISCO CARRERA, DIJO:

Adhiero por sus fundamentos a las conclusiones a que arriba el Dr.Castro en su voto, excepto en lo que respecta a la excepción de prescripción sobre la cual, comparto las consideraciones realizadas por el Dr.Novoa.

Por todo ello, el Tribunal R E S U E L V E :

I) Admitir parcialmente el recurso de reposición planteado por la accionada, modificándose la sentencia de fs. 488/496, en la forma indicada en la segunda cuestión. II) Imponer las costas de la alzada a la demandada, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad.

III) Tener presente la reserva de derecho formulada por la actora.

IV) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al Juzgado de origen.-