Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-18


///dad Autónoma de Buenos Aires, 18 de mayo de 2006.- Y VISTOS: Estos autos para resolver los recursos de apelación interpuestos por el Consejo de la Magistratura a fs. 174/84 y por Alejandro Gastón Petrucci a fs. 196/206 contra la sentencia obrante a fs. 56/57; y CONSIDERANDO: 1. Que la señora juez a quo resolvió a fs. 56/57 declarar la nulidad absoluta e insanable de la resolución 963-CM-2005, por la que se designó al Dr. Alejandro Gastón Petrucci en el cargo de Asesor Tutelar de Primera Instancia ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, hasta tanto se substancie el concurso para la cobertura de dicho cargo. Para así decidir, destacó que la transparencia en los actos de gobierno es un principio contenido en el artículo 54 de la Constitución porteña y que el vicio de procedimiento en que incurrió el Consejo de la Magistratura consiste en la designación de un magistrado "hasta que substancie el concurso" pasando por alto que no hay otro modo de designar un magistrado que no sea como conclusión de un concurso, y con la debida intervención de la Legislatura de la Ciudad. Asimismo, hizo suyos "todos y cada uno de los fundamentos expuestos en la sentencia 'Rosciano'" del Juzgado Nº3, por lo que señaló que su decisión "se completa en sus fundamentos con los que luce dicho pronunciamiento". Por último dispuso notificar al actor, al Dr. Petrucci y al Consejo de la Magistratura, y comunicar la sentencia mediante oficio a la Asesoría General Tutelar, al titular de la Asesoría Tutelar Nº1, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma y a la Comisión de Justicia de dicho cuerpo, "a fin de que esta última ponga en conocimiento de sus miembros la i rregularidad advertida". 2. Que contra lo resuelto en primera instancia dedujeron recurso de apelación el Consejo de la Magistratura (fs. 174/84), el Sr. Asesor General Tutelar (fs. 185/95) y el Sr. Alejandro Gastón Petrucci (fs. 196/206). Entre otros agravios, el Consejo de la Magistratura planteó -fundado en el art. 229 del CCAYT- la nulidad del procedimiento "desde el mismo momento en que se ha omitido deliberadamente otorgar traslado a [esa] parte del dictamen dictado por la Sra. Fiscal, Dra. Mariana Pucciarello, de fs. 30 (...) en base al cual se ha decidido la nulidad absoluta e insanable de la Res. CM Nº 963/05". En el mismo sentido, sostuvo que de tal modo se violó "flagrantemente el derecho de defensa de [esa] parte (art. 18 CN), el principio de bilateralidad y el debido proceso". Por su parte, Alejandro Gastón Petrucci, previo a desarrollar otros argumentos, afirmó que la sentencia apelada constituye una nueva violación de su derecho de defensa, pues no ha sido siquiera oído antes de su dictado. Exp resa que tal vicio surge "de forma tan palmaria que [lo] exime de agotar a los Sres. Jueces con mayores argumentos sobre este aspecto", por lo que solicita "que sin más se revoque el nulo pronunciamiento apelado" (fs. 196/206). 3. Que la Señora Fiscal de Cámara dictaminó que debería hacerse lugar a los recursos de apelación deducidos y revocar el pronunciamiento apelado (fs. 228/29). Para fundar su opinión se remitió a los términos de lo expuesto en autos "Rosciano", donde, entre otras valoraciones, manifestó que desiste "de continuar [la] intervención del Ministerio Público Fiscal de primera instancia". 4. Que tras la deducción de la presente acción de amparo, la a quo corrió vista al Sr. Asesor Tutelar, Dr. Gustavo Moreno, quien señaló que atento la fecha de inicio de la causa, debía darse vista a la Asesoría Tutelar Nº2, a cargo del Asesor Tutelar interino, Dr. Alejandro Petrucci (fs. 9/10). Luego del dictamen respectivo (fs. 11/12) se hizo lugar a la cautela requerida (fs. 13/vta.), tras lo cual se corrió nueva vista "al denominado Sr. Asesor Tutelar Nº 2 Dr. Alejandro Gastón Petrucci" y se le solicitó "informar a este Tribunal mediante remisión de copia del acto de su designación, acerca de la calidad y origen de la representación invocada en autos" (fs. 14). El Dr. Petrucci se notificó de la cautelar dispuesta y expuso que "la información solicitada excede el marco de este proceso [y] se deberá obtener por la vía que la Señora Jueza estime pertinente" (fs. 15). Así, la magistrada de primera instancia ofició al Consejo de la Magistratura, que remitió copia de la Resolución CM Nº963/05 por la que se designó al Dr. Alejandro Gastón Petrucci en el cargo de Asesor Tutelar de Primera Instancia hasta tanto se sustancie el concurso para la cobertura de dicho cargo (fs. 25/27). En ese estado corrió vista al Ministerio Público Fiscal (fs. 28), que dictaminó que "correspondería declarar la nulidad de la resolución C.M. Nº 963/2005 por inconstitucionalidad, solicitud que se deja planteada" (fs. 29/34). Recibido nuevame nte el expediente en el Juzgado, su titular requirió la remisión de copias certificadas del pronunciamiento recaído en los autos "Rosciano, Elida Inés c/GCBA y otros s/procesos incidentales", tras lo cual, y sin más trámite, dictó la sentencia que aquí se cuestiona. 5. Que, previo a todo, corresponde tratar los planteos de nulidad efectuados por los apelantes. En ese sentido, cabe recordar que, tal como esta Sala ha manifestado en reiteradas ocasiones, las nulidades del procedimiento deben ventilarse a través del incidente respectivo del modo prescripto en los artículos 152 y ss. del CCAyT. Sin perjuicio de ello, cabe efectuar una excepción a dicho trámite cuando el vicio alegado resulte -como en el sub lite- inmediatamente anterior al dictado de la sentencia, en cuyo caso la cuestión deberá resolverse en el marco del recurso de apelación. Tal solución se ve robustecida tomando en cuenta el abreviado trámite de la acción de amparo, en la que, en principio, no procede la formación de incidentes. 6. Que, sentad o ello, corresponde adentrarse en el tratamiento específico de la tacha de nulidad efectuada por los recurrentes. Así, a efectos de resolver la cuestión cabe en primer lugar recordar que -como ya señalara esta Sala en autos "Oliveira, Alicia (Defensoría del pueblo) c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)", sentencia del 19/9/2002, entre muchos otros- el principio de contradicción, llamado también de bilateralidad deriva de la cláusula constitucional que asegura la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 18 CN y 13, inc. 3 de la CCABA), es inseparable de toda administración de justicia organizada y encuentra expresión en el precepto romano: audiatur et altera pars. Tal precepto es un principio inherente a la justicia misma, o sea su nota típica de alteridad o bilateralidad. No es solo una expresión de la sabiduría común, es una regla necesaria del derecho procesal (Eduardo J. Couture, Estudios del Derecho Procesal Civil, Depalma, T. 1, p. 46; CSJN, Fallos: 316:1545, voto de los D res. Belluscio y Petracchi). En términos generales implica la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución o dispongan la ejecución de alguna diligencia procesal, sin que, previamente, hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieren verse directamente afectados por tales actos. En consecuencia, y al amparo de este principio constitucional, toda persona ha de tener la posibilidad efectiva y concreta de realizar todos los actos encaminados a su defensa en juicio de acuerdo al marco procesal aplicable (conf. esta sala in re "GCBA c/ Heredia José del Carmen s/ ejecución fiscal", expte. Nº 403.438, sentencia del 14/8/2003). 7. Que de la compulsa de las constancias de este incidente -y de los autos principales que fueron requeridos a tal efecto- surge que la sentencia tachada de nulidad por los recurrentes fue dictada sin que aquéllos tuviesen oportunidad alguna de expedirse respecto de lo solicitado por la Sra. Fiscal de Primera Instancia con carácter previo a que la a quo decidiera la cuestión. T al carencia no puede ser subsanada por la valoración efectuada por el sentenciante de los autos "Rosciano" respecto de los traslados allí conferidos al Dr. Petrucci y al Consejo de la Magistratura, por cuanto tales presentaciones han tenido lugar en el marco de un proceso diferente, en trámite ante otro Tribunal. De esta manera, la "adhesión" que formula la a quo a los términos de la sentencia dictada en tales actuaciones, en modo alguno puede extender a la presente los efectos de las diligencias procesales allí cumplidas y aquí omitidas. Así, en virtud de las razones expuestas y de los antecedentes fácticos reseñados cabe admitir la nulidad alegada en el caso, y remitir el expediente a un nuevo juez a efectos de que sustancie adecuadamente la cuestión y, oportunamente, dicte sentencia. Por las razones expuestas, y habiendo dictaminado la Señora Fiscal de Cámara, el tribunal RESUELVE: declarar la nulidad de la sentencia apelada y remitir el presente a la Secretaría General a efectos de que sea designado un nu evo juez para entender en las actuaciones, para lo cual deberá requerirse la remisión del principal y toda otra actuación vinculada al caso. Regístrese, notifíquese -a la mencionada funcionaria en su despacho- y ofíciese a la titular del Juzgado Nº 4, remitiéndose copia de la presente.