Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30


L., A. K.

Reg.: A y S t 203 p 250-262.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Rafael Francisco Gutiérrez, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "L., A. K. -Apelación Resolución de fecha 18 de noviembre de 1998- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 338, Año 2002). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro razones para apartarme del criterio entonces sustentado mayoritariamente por este Cuerpo, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 32/33.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo: En el nuevo examen de admisibilidad del recurso he de adherir al criterio sustentado por el señor Ministro preopinante, rectificando de tal suerte el juicio provisorio que efectuara en ocasión de resolver la queja deducida en las presentes actuaciones, toda vez que el estudio de los autos principales me convence de que la postulación intentada reúne los requisitos exigidos en orden al franqueo de la instancia extraordinaria.

Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión el señor Ministro doctor Vigo y el señor Presidente doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. En la presente causa -y por intermedio de la Asesora de Menores- solicitó A. K. L. tomar conocimiento del paradero de sus hermanos A. A., I. M. A. y R. L., a fin de que se le permita "mantener contacto familiar con los mismos" (fs. 631/635 v., expte. 245/91).

A fs. 656/657 v. el señor Juez de Menores N 2 de la ciudad de Santa Fe resolvió no hacer lugar a lo peticionado considerando -en lo esencial- que salvo el caso de A. A., con quien -por lo demás- la solicitante mantenía contacto frecuente, "los otros menores han sido adoptados en forma plena", lo cual tornaba aplicable lo dispuesto en los artículos 323 y 327 del Código Civil.

Deducido recurso de apelación -el que se fundó en la inconstitucionalidad del citado artículo 323 del Código Civil y en la violación de los derechos de K. L. a la identidad y a conocer el paradero de sus hermanos- la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal, previa audiencia del artículo 114 de la ley 11.452, confirmó la resolución por sentencia de fs. 670/672.

Para así decidir consideró el Tribunal que, atento a que los menores I. A. y R. L. habían sido legalmente adoptados según las constancias de autos, resultaba aplicable el artículo 323 del Código Civil, conforme al cual la adopción plena confiere al adoptado una nueva filiación que sustituye a la originaria, dejando de pertenecer aquél a su familia de origen (con la consecuente extinción de todo parentesco); agregó que sin perjuicio de que el artículo 32 2. Contra tal pronunciamiento interpuso recurso de inconstitucionalidad la Asesora de Menores, en representación de K. A. L., agraviándose de que la Sala, al confirmar la decisión de primera instancia, ha violado derechos ("a la identidad, preservación de la menor junto a los miembros de su familia, derecho a la información básica sobre el paradero de familiares de los que fuera separada, y contacto familiar") contemplados en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la Convención sobre Derechos del Niño (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional).

Expresó que la decisión menoscaba derechos básicos de su pupila, pues está probado que la misma conformaba una familia con sus hermanos hasta el momento de ser separados, existiendo entre ellos lazos fraternos muy definidos, y que al cercenarse su derecho a la información básica sobre el paradero de sus hermanos se ha afectado su derecho a la identidad, que no sólo comprende el conocimiento del propio origen "sino el reconocimiento de la existencia y pertenencia a una familia, y desde luego el derecho a ser preservado junto al núcleo familiar, en el medida y bajo las formas que ello sea posible". Agregó que la Alzada examina el derecho a la identidad desde una sola perspectiva -es decir, como un derecho del adoptado-, omitiendo referirlo a la postura de la impugnante, quien por lo demás no ha pretendido que se obligue o condicione a sus hermanos adoptados para que mantengan un contacto personal con ella.

Tras plantear que la cuestión a decidir es si el artículo 323 del Código Civil puede prevalecer sobre los derechos constitucionales que le asisten a la reclamante, afirmó que el criterio adoptado por el tribunal a quo contradice el principio de jerarquía normativa que resulta del artículo 31 de la Carta Magna nacional, pues da prioridad a una norma de derecho civil, desplazando los derechos básicos a la identidad y a la preservación de los vínculos familiares, que junto con el "interés superior del niño" (artículo 3, Conv. cit.) se sitúan en el centro de la causa (fs. 6/10). Denegada que fuera la concesión del recurso (fs. 16/17), el mismo fue admitido por vía de queja, tal como se expresara al tratar la primera cuestión.

3. El estudio de la causa me convence de que la impugnación planteada merece favorable acogida en esta instancia (si bien con los alcances que se indican ut infra), al comprobar que la solución de la Alzada demue En tal sentido, y en orden a un recto análisis del caso, es necesario reconocer ante todo - contra lo sostenido por el Tribunal a La Familie. Les incapacités", n 125 y sgtes., Ed. Dalloz , 6a. ed., París, 1996)", tal como lo expresara el Juez Bossert en la misma causa "Urteaga", incluyendo "sin lugar a dudas el poder conocer lo sucedido a sus familiares" (vide "Engel", Fallos, 322:1478, dictamen del señor Procurador General; también su dictamen en Fallos, 322:1754).

Desde esta perspectiva, la identidad personal del actor, cuya jerarquía constitucional ha sido obviamente reconocida con base, entre otras normas, en el artículo 33 de la Carta Magna (vide "H.G.S", Fallos: 318:2518 [1995]; de esta Corte, "Atieni", R. A. y S., T. 90, pág. 92), fundamentaría específicamente el derecho que intenta hacer valer K. L. en su reclamo.

Pero por otra parte tampoco puede olvidarse que la adopción plena, atendiendo a los efectos que le atribuye la ley (artículo 323 del Código Civil), siempre supone, por la propia naturaleza de las cosas, una ruptura con vínculos familiares biológicos; los familiares "pierden parte de su identidad" -si se permite la expresión- a partir del emplazamiento del adoptado en su familia adoptiva, circunstancia que seguramente no ha escapado a la prudencia del legislador -cuya inconsecuencia o imprevisión no cabe suponer (doctrina de Fallos: 310:195; 312:1614, entre muchos otros)- a la hora de disponer que la adopción plena "confiere al adoptado una filiación que sustituye a la familia de origen.

El adoptado deja de pertenecer a su familia biológica y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta En este punto resulta insoslayable considerar que el legislador goza de un razonable margen de discrecionalidad para, en el ejercicio de su prudencia legislativa, disponer la composición de bienes que estime más adecuada a las finalidades que persigue, dentro de los parámetros que se derivan de los imperativos del bien común, tal como lo ha dicho -por ejemplo- el Alto Tribunal de la Nación in re "Deussen de Páez Vilaró" (Fallos, 322:2701 [1999]), al señalar -si bien en un caso referido a impugnación de paternidad- que "la doctrina del caso "Kroon and others v. The Netherlands", fallado el 27 de octubre de 1994 por la Corte Europea de Derechos Humanos (...) corrobora la idea de que las autoridades de los Estados tienen un razonable margen de apreciación para adoptar la política legislativa que estimen apropiada para asegurar el respeto a la vida familiar y permitir la formación de vínculos familiares perfectos".

Si bien "una distinta composición de los valores en tensión podrá ser eventualmente consagrada por el Poder Legislativo de la Nación en ejercicio de su competencia propia (...)", el deber republicano primario de los jueces es respetar la ponderación vigente que ha realizado el legislador, en la medida que no transgreda los referidos parámetros; si dicha transgresión (que se materializaría fundamentalmente por el arbitrario menoscabo a los derechos humanos) no se verifica, la labor de adjudicación judicial no puede sino concluir en un juicio de compatibilidad constitucional favorable a la norma legislativa, por plasmar una composición de bienes o, en palabras del fallo antes citado, "una reglamentación posible de los valores en tensión, en concordancia con los derechos y garantías de jerarquía constitucional".

Lo dicho -esto es, el respeto que prima facie merecen las decisiones del legislador- no puede significar, sin embargo, que el derecho que en autos invoca A. K. L. deba ceder completamente al punto de pulverizarse o desaparecer, del mismo modo que ella tampoco puede pretender una precedencia absoluta de su derecho, pues aunque goce de fundamentos constitucionales, ningún derecho puede ser absoluto, existiendo "sacrificios que conforman la contraprestación de ventajas exigidas por el bien común" (Méndez Costa, María J., "Encuadre constitucional del derecho a la identidad", L.L., 1992-D, pág. 539), o, como lo ha dicho el Bundesverfassungsgericht al señalar que "derechos fundamentales de terceros que entren en colisión, y otros valores jurídicos de rango constitucional, pueden limitar derechos fundamentales" (BVerfGE 28, 243; vide Alexy, Robert, "Teoría de los Derechos Fundamentales", Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pág. 275).

Es de toda evidencia que especialmente cuando se trata de relaciones fraternales dramáticas como la de autos -donde nos encontramos ante hermanos que, con elemental inocencia de su parte, fueron abandonados por la madre cuando todavía eran niños (A. L. contaba con sólo 10 años, y sus hermanos A. A., I. A. y R. L., con 9, 7 y 3 años, respectivamente), siendo separados a fin de ser internados en distintos establecimientos (vide fs. 40/41)-, subsiste un minimum de derecho que, en palabras de Dworkin, reclama ser "tomado en serio" por los jueces mediante su tutela efectiva, traduciéndose en la posibilidad -también prima facie- de efectuar reclamos como el de autos, los que no podrán merecer respuestas genéricas o apriorísticas, sino necesariamente ajustadas al caso, sin perjuicio de que existan ciertos principios rectores que no puedan ignorarse.

Así, partiendo del espíritu que anima a las normas que aseguran el derecho del adoptado a conocer su realidad biológica (artículos 321 y 328 del Código Ci 4. Distinta es la situación, sin embargo, luego de alcanzada tal edad, momento en el que también entra en juego el aludido derecho del adoptado "a conocer su realidad biológica" (artículo 328, cit.) y se actualiza definitivamente el compromiso de los padres adoptivos (impuesto ministerio legis y sin posibilidad de reserva alguna) de "hacer conocer al adoptado" dicha realidad (vide artículo 321, inciso h, del Código Civil).

Si entonces aparece un planteo como el que aquí efectúa K. L., la respuesta no podría (ni podrá) ser una negativa fundada meramente en la regla del artículo 323, que traduciría un legalismo superado en el panorama actual de la cultura jurídica, concretamente irreconciliable con el imperativo de arribar a una solución justa (no olvidemos la advertencia de Bidart Campos en el sentido de que "una norma general puede no ser inconstitucional en sí misma, pero ser inconstitucional el resultado aplicativo injusto que es capaz de originar para una situación determinada y concreta" [Bidart Campos, Germán J., "El interés superior del niño y la protección integral de la familia como principios constitucionales", en L.L., t. 1999-F, pág. 623 -625-]). Por ello, y teniendo en cuenta que la función de los magistrados, lejos de ser meramente reproductiva de la ley, es la de orientarse a una interpretación creativa de las nor Así voto.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gutiérrez y Vigo expresaron idénticos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Falistocco dijo: 1. De las constancias de la causa se desprende que mediante la acción intentada, A. L., con la representación de la Asesora de Menores de esta ciudad, persigue "conocer el paradero de sus hermanos I. M. A. y R. L., con la finalidad de mantener contacto con los mismos" (fs. 631/635, Expte. 245/91).

Denegada la postulación por el Juez de Menores N 2 de esta ciudad (f. 665/657vto.), la decisión es confirmada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal (fs. 670/672, expte. cit.).

Contra dicha resolución deduce la asistente técnica de A. L. recurso de inconstitucionalidad, ley 7055 (fs. 6/10).

En el memorial introductor arguye que la Sala, al confirmar la decisión de primera instancia, viola los derechos a la identidad, a la información básica sobre el paradero de sus familiares y al contacto familiar, los que se contemplan en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporado luego de la reforma de 1994, al artículo 75 inciso 22 de la Constitución nacional.

Expone que la Alzada examina el derecho a la identidad desde una sola perspectiva, esto es, desde la óptica del adoptado, omitiendo analizarlo desde una visión que contemple los derechos de su representada, quien por lo demás no ha pretendido que se obligue o condicione a sus hermanos adoptados para que mantengan un contacto personal con ella.

Considera que la cuestión reside en que, al decidir que el artículo 323 del Código Civil prevalece sobre derechos de raigambre constitucional, contradice el principio de jerarquía normativa que resulta del artículo 31 de la Carta Magna nacional, pues da prioridad a una norma de derecho civil, desplazando los derechos básicos a la identidad y a la preservación de los vínculos familiares.

La Sala, mediante resolución del 14.5.1999 denegó el recurso impetrado (fs. 16/17), por lo que la interesada ocurrió ante esta Corte mediante el recurso directo previsto en el artículo 8 de la referida ley, el que fue declarado admisible por esta resolución registrada en A. y S. T. 181, pág. 434.

2. Adentrándonos al análisis de los planteos esbozados por la recurrente, debo señalar, en primer lugar, que resulta acertado el criterio del Sentenciante, en tanto desestimó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 323 del Código Civil efectuado por la impugnante.

Ello así por cuanto, tal como lo tiene dicho la Corte nacional, "la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal, o de alguna de sus partes, constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad (Fallos:300:1088; 302:1149; 303:1709 y 315:923); por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocada (Fallos:315:923; 322:1356).

No obstante lo señalado, considero que el recurso debe prosperar.

Es que, a mi entender, la respuesta brindada por el Tribunal al planteo de A. L. evidencia que la interpretación normativa efectuada, si bien aparece ajustada a la literalidad del texto legal, revela -en las concretas circunstancias del caso- un excesivo rigor formal que deja sin protección el derecho invocado por la recurrente.

En efecto, la lectura del decisorio recurrido pone de manifiesto que el A quo basó su posición, esencialmente, en la exégesis de los artículos del Código Civil que regulan el instituto de la adopción.

Pero, adviertase, no se aprecia en el razonamiento del Sentenciante, que la pretensión esgrimida por A. L., se aborde desde una óptica supra legal, con perspectiva constitucional tal como debía ser analizada en razón de los intereses en juego.

Es que un enfoque detenido y pormenorizado de lo perseguido por la accionante evidencia que la materia va mucho más allá de ponderar el alcance y las derivaciones que se desprenden del instituto de la adopción, para instalarse decididamente, en el campo de los derechos constitucionales. En el caso, específicamente, en la preservación del "derecho a la identidad", cuya jerarquía constitucional fue admitida por la Corte nacional, con base en el artículo 33 de la Carta Magna (Fallos:318:2158), y luego de la reforma constitucional, con la incorporación al artículo 75 inciso 22 de los diferentes tratados internacionales suscriptos por nuestro país (Fallos:321:2767).

Y si bien en las especiales circunstancias del caso, la referida prerrogativa puede aparecer en confrontación con otros derechos de idéntica raigambre, como son la preservación de los derechos "a la libertad" y "a la intimidad" que asisten a toda persona -regulados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, resulta aquí aplicable lo expuesto por esta Corte in re "Insaurralde" (A. y S. T. 148, pág. 357) en el sentido de que "la Constitución es una estructura coherente y, por lo tanto, ha de cuidarse la inteligencia de sus cláusulas, por lo que su interpretación no debe, pues, efectuarse de modo tal que queden frente a frente los derechos y deberes por él enumerados, para que se destruyan recíprocamente. Antes bien, ha de procurarse su armonía dentro del espíritu que les dio vida (Fallos:312:508)".

Delimitada, entonces, la materia en cuestión, corresponde ahora tratar de perfilar los alcances del "derecho a la identidad", aquí en análisis.

En esa tarea, se observa que la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por ley 23.849 del 27.9.1990, regula distintas situaciones que, por su expresa determinación y especial incidencia en el caso, considero apropiado remarcar a los efectos de analizar la pretensión esgrimida en el sub lite.

Así, el artículo 8 de la referida Convención prevé que: "1. Los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas".

Por su parte, el artículo 9 del referido ordenamiento, en el apartado 3 refiere que "Los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño"; y en el acápite 4 regula que "Cuando esa separación sea resultado de una medida En esa tarea considero que, en razón de las características propias dentro del cual se enmarca la materia bajo análisis, el impedir a una persona averiguar el paradero de otro sujeto con quien mantuvo durante mucho tiempo un estrecho vínculo afectivo y familiar, no resulta acorde con lo que se desprende de una interpretación lógica e integral del "derecho a la identidad".

Ello así desde que no puede pasar inadvertido que, si bien los menores a los que alcanza la pretensión esgrimida en autos -I. M. A. y R. L.- no tenían, al momento de disponerse la adopción, una estrecha relación con quienes fueran sus padres biológicos (por cuanto precisamente habían sido declarados en abandono), sí tenían una fluida relación con quien ahora viene pretendiendo saber su paradero.

Es que, tal como lo manifiesta Cifuentes y que resulta plenamente aplicable a las particularidades del caso bajo examen, "resulta de mayor importancia para el individuo la cercanía e intensidad con el vínculo afectivo, más que la relación existente por el vínculo de sangre" ("Derechos personalísimos", Ed. Astrea, 1992, pág. 115).

Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que en el caso existen circunstancias que no pueden llevar a desconocer el requerimiento de A. L. con el argumento de que, en razón de lo normado en el artículo323 del Código Civil, ya no le asiste un derecho reconocido en la legislación vigente. Y ello -cabe resaltar- en modo alguno implica poner en tela de juicio la imposibilidad de restablecer el vínculo biológico, extinguido a partir del otorgamiento de los menores Irene M. A. y R. L. en adopción plena, puesto que, como lo postula el artículo 323 C.C., la misma es "irrevocable". Pero, vale destacarlo, ello no formó parte de la pretensión esgrimida por la apelante.

Es que, partiendo de la premisa de que el niño es un ser con necesidades propias que deben respetarse en su individualidad, se deduce que un examen "integral" del derecho a la identidad, no le da al juez un poder absoluto y discrecional a la hora de decidir el conflicto, sino que, por el contrario, lo obliga a analizar la situación en su globalidad adoptando una decisión que no se desentienda de los derechos instituidos en su beneficio (Fallos: 312:1361).

A mi entender, el "derecho a la identidad" lleva ínsito que, por regla general, toda persona tiene el derecho a conocer sus orígenes, y si es su deseo, el conocimiento de sus padres, hermanos, abuelos de sangre, sin que -en principio- ninguna restricción se lo impida.

La excepción, sin embargo, se configuraría en aquellos supuestos en donde la verdad puede ser tan cruel e innecesaria que aconseje no brindarse la información o, en todo caso, postergarse en el tiempo, siempre en franca atención al fin último y fundamental que persigue tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la ley de adopción, esto es, el de proteger el interés superior del niño (vid, entre otros autores, Bíscaro, Beatriz "Los derechos fundamentales en la nueva ley de adopción" J.A. 1998-III-1993).

Sobre el particular, cabe observar que Belluscio se avocó al análisis de la disyuntiva que puede llegar a presentarse entre el impedimento legal que existiría para un sujeto de tener conocimiento de datos que refieran a algún pariente que pueda haber sido dado en adopción, en directa relación con la efectiva operatividad de ciertos derechos y garantías que se desprendan de la normativa constitucional.

En ese sentido, expresa que el instituto de la adopción está en constante actualización, en consonancia con distintas corrientes de pensamiento. Así por ejemplo, advierte el autor que en el otorgamiento de la adopción plena se debe tratar de mitigar una de las consecuencias más severas que la misma lleva ínsita, esto es, la ruptura del vínculo de sangre entre el menor adoptado con su familia de origen o biológica.

Por tal motivo, expresa, los tribunales se orientan hacia el otorgamiento de lo que se ha dado en llamar "adopción abierta", con la que se promueve la recuperación o el mantenimiento del contacto personal entre el menor, su familia de origen y su familia adoptiva, ya sea mediante el trato personal, o bien mediante la comunicación epistolar o telefónica.

Agrega que incluso la jurisprudencia extranjera se inclina en el sentido indicado.

Así, pone de resalto que los tribunales franceses han comenzado un tímido pero firme avance hacia el reconocimiento de algunos efectos sobre los vínculos de origen a pesar de la adopción plena en la que fueran entregados los menores.

En tal sentido, manifiesta que incluso se ha llegado a reconocer el derecho de visita hacia el adoptado de sus abuelos, en una interpretación amplia del artículo 371-4 del Código Civil Francés que no lo prevé expresamente. Alude, al respecto, los argumentos esbozados por la Sala I, de la Corte de Casación de aquél país, en donde se consideró que "...la orfandad o el abandono por los padres, que justifican la adopción plena, no puede afectar un derecho elemental de los abuelos como es el de tener contacto con sus nietos, cuando la situación que dio lugar a la adopción no les es imputable". No obstante, señala que la Corte dejó a salvo que en estos casos "...debe reconocerse el poder soberano de apreciación por los jueces del interés de los menores, el cual debe siempre prevalecer para estimar si es oportuna la reanudación del contacto con los abuelos".

Concluye el citado autor en que, "aún en supuestos en que se ha otorgado la adopción en carácter de plena, ello no justifica la supresión total y absoluta de todos los efectos de la filiación y el parentesco de origen. Y ello así, puesto que la realidad biológica no puede ser suprimida por la voluntad jurídica" (vid, J.A. 1998-III-1001).

4. Teniendo en cuenta, entonces, que los argumentos expresados conllevan a determinar la "elasticidad" con la que debe analizarse hoy en día el instituto de la adopción y las consecuencias que de él se desprenden, es que deberá abordarse la temática de autos, tratando de armonizar una composición de los intereses en juego, teniendo en cuenta no solo lo que se desprende de las normas de derecho común, sino también la efectiva operatividad de los derechos y garantías que surgen de la Carta Magna, en especial referencia a los derechos a la identidad, a la intimidad y a la libertad.

En ese sentido, considero que pretensiones como la esbozada en el sub examine deberán ser abordadas mediante un análisis integral que exigirá por parte del Magistrado un especial tratamiento de las circunstancias y situaciones acontecidas en procura de que, por un lado, no se desatienda la postulación con argumentos que denoten un excesivo apego a la letra de la ley; pero, por otra parte, teniendo en cuenta, también, las eventuales consecuencias que de la misma puedan desprenderse, haciendo especial hincapié en el superior interés del menor destinatario de la misma.

Y en esa tarea, resulta primordial a mi entender, efectuar una distinción de las situaciones que puedan llegar a configurarse en cada caso, a los efectos de su tratamiento, teniendo especialmente en cuenta la edad de las personas destinatarias de acciones como la esbozada en el caso en examen.

4.1. Así, puede suscitarse el supuesto en que los menores involucrados en acciones como la presente, no tengan cumplidos los 18 años de edad. Frente a tal situación, debe señalarse en primer término que no se encuentra en el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño, ni tampoco surge de la normativa del Código Civil, impedimento alguno para que los padres, si así lo consideran, puedan poner en conocimiento de sus hijos adoptados su "realidad biológica".

En efecto, la ley solo le exige el cumplimiento de esa carga a partir de los 18 años de edad, pero no impide que antes de alcanzada dicha edad, tal circunstancia pueda ser puesta de manifiesto.

Por tal motivo, estimo que ante postulaciones como la que se viene pretendiendo en el sub examine, quedará en manos del Magistrado el abordaje de la cuestión, otorgando especial participación al representante del Ministerio Pupilar y de los profesionales especializados que requieran las circunstancias, como así también de los padres adoptantes, a los fines de determinar la conveniencia o no de seguir adelante con lo solicitado 4.2. Distinta será la situación cuando el sujeto destinatario de la acción ya cuenta con 18 años de edad. En efecto, en tales circunstancias, el Magistrado interviniente sin prescindir del procedimiento al que se aludiera en el párrafo anterior, deberá integrar el mismo con la intervención personal de los menores en cuestión, teniendo especialmente e En ese contexto, si se repara en que al momento de dictarse esta resolución, tanto I. M. A. como R. L. (destinatarios de la acción intentada por la recurrente) tendrían 19 y 23 años respectivamente (vid. fs. 76 y 103 de autos), la pretensión deberá ser analizada de conformidad con lo estipulado en el parágrafo 4.2., confiriendo a los menores la intervención necesaria a los fines de expresar su decisión sobre la viabilidad de lo pretendido por A. L.

Por lo tanto, y de conformidad con los parámetros a que se hace referencia en el presente decisorio, que deberán ser tenidos en cuenta por el Sentenciante al momento de fallar la causa, voto, pues, por la afirmativa. A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda, a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez y Vigo y el señor Presidente doctor Falistocco dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda, a fin de que la misma sea nuevamente juzgada. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. Registrarlo y hacerlo saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GUTIERREZ-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)