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Non bis in ídem, cosa juzgada, sentencia absolutoria, recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, violencia de género, abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Adorno Florentín, Atilio Ramón s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-25

El ne bis in idem se sustenta en la prohibición de un nuevo juicio sobre los mismos hechos que han sido materia de la sentencia dotada con autoridad de cosa juzgada, circunstancia que no se observa en el caso, pues la ley prevé la facultad del fiscal de recurrir la sentencia absolutoria, por lo que no ha quedado firme. Es admisible el recurso del MPF con el fin de determinar si la absolución resultó adecuadamente fundada o si los hechos determinados en el juicio a través de las pruebas válidamente incorporadas pudieron conducir a otro resultado. No se expresó de manera inteligible en qué aspecto radicaría la duda evocada por el a quo si se asignó credibilidad a los dichos de la damnificada, que coincidían con otros testimonios y los informes de los profesionales y se comprobó que el abuso sexual se perpetraba mediante la violencia que ejercía habitualmente el incuso y que la victimización sexual formaba parte de la relación violenta que encerraba a la víctima. No está probado el consentimiento a la violencia sexual, ya que a lo largo de su declaración se demostró que la mujer tenía miedo de confrontar a su marido, pues cada vez que lo hacía, las agresiones empeoraban, configurándose un sometimiento sexual gravemente ultrajante. Es contradictoria la fundamentación de la sentencia cuando se refiere a "abusos sexuales consentidos". El perdón de la víctima no cancela la responsabilidad por las conductas imputadas. La reiteración de los episodios y su conexión con el hábito de consumir alcohol no permite exonerar al encartado, pues el relato de los hechos determina que la bebida desencadenaba impulsos que luego eran reconocidos por el imputado como dañinos y, en esas situaciones, el imputado poseía la capacidad de seleccionar las personas contra las que ejercería violencia. La convalidación judicial de las convicciones del incuso en orden a que el esposo tiene derecho a forzar el sexo con su cónyuge compromete seriamente los objetivos convencionales y puede generar responsabilidad internacional del Estado argentino, pues lejos de cumplir aquellos estándares refuerza la convicción de que el "débito conyugal" puede ser impuesto a las mujeres y que debe prevalecer el deseo sexual del esposo sobre la integridad sexual de la mujer. La disidencia sostuvo que, no obstante la arbitrariedad que el fallo contiene, otorgar la chance al Estado de realizar un nuevo juicio, ante la sentencia absolutoria objetada por el acusador público, implicaría una afectación directa a la garantía de orden superior -ne bis in idem-. (Dres. Slokar, Ledesma -en disidencia- y David).
Autonomía provincial, competencia provincial, recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Roca, Magdalena c/ Buenos Aires, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

El respeto de la autonomía de las provincias requiere que se reserve a los jueces locales las causas en que lo sustancial del litigio verse sobre aspectos propios de la jurisdicción provincial, sin perjuicio de que las cuestiones federales que también puedan comprender estos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por vía del recurso extraordinario.
Contratos, efectos entre partes, incumplimiento del contrato, resoluciones judiciales, rescisión del contrato, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Lyg SRL c/ Telefónica Móviles Argentina SA (Movistar) s/ incumplimiento contractual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-19

Cuando como en el caso el contrato fue rescindido unilateralmente por la demandada en estricto apego a la cláusula que lo habilitaba, procede rechazar el argumento de la actora en cuanto a que la demandada ejerció ese derecho irregularmente. Es que sin perjuicio de que a raíz de las sucesivas prórrogas, ese contrato dejó de regirse por esa cláusula, la que no ha sido cuestionada en cuanto a su validez, para pasar a serlo por las reglas que, al tiempo de los hechos se aplicaban a los convenios que tenían plazo indeterminado (C. Nac. Com., Sala B, "Martinez y Perrota v Esso SAPA s/ Ordinario", ED 164-40, entre muchos otros), la solución habría sido la misma. (En el caso, el contrato base de la acción, se celebró, desarrolló y extinguió antes que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación entre en vigencia)
Carrera hospitalaria, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Filo, José Angel c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

La continua resistencia del accionante a prestar servicios atingentes al cargo que ocupaba, invocando que había sido designado en otro, y las consecuentes inasistencias, convalidan el acto de la autoridad comunal que aplicó la sanción de cesantía por abandono de cargo; por lo demás, un cargo profesional de índole universitaria vinculado al servicio esencial de salud, que bajo ningún concepto podía desempeñarse irregularmente.
Unificación de penas, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: ACUÑA, JOSE MARIA s/ DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COMUN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

Como ha dicho este Tribunal, no existe lesión alguna resultante del proceso unificatorio de penas realizado de forma oficiosa, ya que en nada afecta la garantía de defensa en juicio.
Acción de inconstitucionalidad, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiscal de Estado de Provincia Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad arts. 6 y 7, ley 11.174
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

Las costas deben imponerse a la demandada en la acción de inconstitucionalidad por su objetiva condición de vencida.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, prueba crítica, Derecho laboral, indemnización, pago, efecto extintivo del pago
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, RODOLFO OMAR c/ ESTABLECIMIENTO MODELO TERRABUSI S.A.I.C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 162 AÑO  2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-12

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad impetrado por la empleadora desde que si bien es cierto que la cuestión examinada en el caso remite al análisis de cuestiones de hecho y de prueba, ajenas en principio a la vía extraordinaria, corresponde hacer excepción a tal regla al comprobar que la solución de la Sala no se compadece con las constancias de la causa.

Es que, conforme surge del expediente al momento del distracto el trabajador percibió como liquidación final diversos conceptos -indemnización por clientela, indemnización por vacaciones no gozadas, SAC sobre vacaciones no gozadas y SAC proporcional-, con lo cual queda claro que la aseveración de la Cámara al afirmar que no fueron abonados desconoce, en definitiva, la realidad del expediente y, como lo afirma el compareciente, prescinde del derecho aplicable al ignorar el pago efectivizado y sus efectos cancelatorios.
Honorarios, regulación de honorarios, base, estado de la causa, abogados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMPRESA INGENIERO ARNALDO KHON Y PEDRO ARESCA c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - HONORARIOS -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-04-22

Dado el estado de la causa (sustanciándose), el contenido de la pretensión de la demanda, la estimación efectuada por el letrado peticionario, este tribunal estima provisoriamente el monto del juicio en la diferencia entre los mayores costos calculados según normas contractuales y los pretendidos por la actora, con mas las diferencias en concepto de variación en la tasa de interés de plaza (del voto de la mayoría Dres. Loustau Bidaut y Ferrer Martínez).
Obras sociales, Obra Social para Empleados de Comercio y Actividades Afines, abogados
Materia: LABORAL
Carátula: OSECAC. c/ PADILLA, ALBERTO G. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-30

El personal dependiente que se desempeña en estudios jurídicos esta excluido del regimen de la ley 19772 que creo la obra social para empleados de comercio y actividades civiles, toda vez que el abogado desarrolla una actividad civil sin fines de lucro, lo que torna inaplicable el ordenamiento legal citado.
Regulación de honorarios, exhortos
Materia: LABORAL
Carátula: Kwiatkowski, Mario Alfredo c/ Pangare S.R.L. s/ Exhorto S/Incidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-29

La perito contadora consideró errónea la negativa por parte del Juez de Primera Instancia para ejecutar sus emolumentos en esta jurisdicción y apeló tal resolución. Pero el referido planteo no puede habilitar la intervención del Tribunal de Alzada. El juzgado de primera instancia se encontró convocado simplemente para una actuación delegada, más si se tiene especial atención a las directrices que contiene la ley 22172
Convertibilidad, moneda extranjera, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: PALLOTTI, NORA CRISTINA c/ GARCIA, JOEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-09-10

Las circunstancias relevantes del caso resultan sustancialmente análogas a las consideradas y resueltas por este Tribunal en "Cara de Espinosa", en el cual resultaron decisivas las consideraciones de precedentes del más Alto Tribunal de la Nación, en el sentido que las cláusulas de actualización de la paridad cambiaria del peso con la cotización del dólar tienden al inequívoco propósito indexatorio de las obligaciones pendientes de pago, pues su objeto es estabilizar el valor de las prestaciones vinculándolo con el de una moneda extranjera, por lo que corresponde invalidarla de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7 y 10 de la ley 23928 (texto según ley 25561) y 502, 953, 1038, 1047 y concordantes del Código Civil.
Procedimiento administrativo, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABE ESTRUCTURAS S.A. c/ I.P.V.U. s/ ACCION CONTENCIOSSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION(OBRA 400  VIVIENDAS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-07-11

El administrado-frente a una situación que desconoce sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos-estará obligado a reclamar o recurrir ante la Administración en forma previa al acceso judicial.

Y si bien podrá siempre insistir en obtener la solución en sede administrativa-hasta agotar la vía recursiva-, bastará con que hayan transcurrido tres meses desde la interposición del recurso o reclamo para que quede habilitado su derecho a acudir a la instancia judicial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acciones reales, prescripción adquisitiva, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHAVEZ BRUNO s/ Titulo Supletorio (LIBRO: S061 - 289)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-07-11

Para tener legitimación sustancial pasiva basta que se invoque un derecho sobre el inmueble conforme surge de lo dispuesto por el art. 214 inc. I y III del CPC existente al tiempo de comenzar la posesión.-
Tentativa, dolo
Materia: PENAL
Carátula: M., M.; B., S.I. s/ Administración Fraudulenta en Perjuicio de una AdministraciónPública
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-01

Para que se configure una tentativa sólo se requiere el comienzo de ejecución y la falta de consumación -perjuicio patrimonial en el caso de marras- por circunstancias ajenas a la voluntad del autor.
Daños y perjuicios, responsabilidad del abogado, daño material, indemnización, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Ayala, David Edmundo c/ León, Arturo s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2021-04-26

Cabe hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios por haber obrado el demandado de mala fe al no cumplir con lo acordado como profesional del Derecho, condenando a éste a abonar al actor la suma resultante en concepto de daño material, con más los intereses establecidos -tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días que cobra el Banco de la Nación Argentina- desde la fecha de la presente sentencia y hasta su efectivo pago, y debiendo cumplirse la sentencia en el plazo de diez días. La responsabilidad del abogado lo es por su hecho propio, razón por la cual el factor de atribución ha de ser, en principio, subjetivo: la imputabilidad por culpa, o en su caso por dolo, del agente del daño. Ha de tenerse en cuenta lo prescripto por el art. 512 del CC; por lo cual se puede decir entonces, que existe culpa cuando por negligencia, descuido, desidia, falta de precaución o imprudencia, no se obró como habría debido hacerse, provocándose un daño. En el caso, el demandado no ha aportado prueba suficiente que desvirtúe los dichos del actor, los cuales encuentran su respaldo en lo elementos probatorios analizados.
Relaciones de familia, tutela, responsabilidad parental
Materia: CIVIL
Carátula: S.V.P. c/ S.E.N.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-09-16

La sola circunstancia que los padres carezcan de trabajo en relación de dependencia y/o cobertura social no es causal per se ni justificativo valido para que estos consientan su atribución a terceras personas, ya sean tios, abuelos, hermanos, etc., que si les pueden brindar esos beneficios, y el Organo Jurisdiccional no puede convalidar esa actitud ni resolver inaudita parte sin los presupuestos citados, ya que tal decisorio ademas de constituir una violación legal ,importaria un desmembramiento innecesario e inconveniente de la Patria Potestad.
Instrucción, duración de la instrucción, archivo del expediente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Latorre, Domingo Sergio s/ infr. art. 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-05

El mandato contenido en el art. 104 del CPPCABA tiene por finalidad la realización del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y es la propia ley la que establece, en el art. 105 del CPPCABA, que el cumplimiento del plazo previsto tiene como consecuencia la culminación del proceso a través del archivo de las actuaciones, de modo que no se trata de una simple pauta de razonabilidad sujeta al arbitrio jurisdiccional, sino que el mero transcurso del tiempo agota la voluntad estatal persecutoria. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz, al que adhiere el Sr. Juez Horacio G. Corti).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, remuneración, decreto de necesidad y urgencia, convenios colectivos de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: CARNEVALE, ALBERTO HUGO c/ AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-06-29

Teniendo presente la "atipicidad" del Convenio Colectivo de Trabajo 187/96 E a la hora de regular los "niveles" del personal, aunque se diera por sentado que el incremento establecido por el decreto en cuestión debe integrarse al sueldo básico a fin de que produzca sus efectos legales y convencionales, e integre la base sobre la cual se calculen los adicionales de convenio -tal como, por ejemplo, lo entendió la CNAT en "Aerolíneas Argentinas c. Ministerio de Trabajo" en fallo del 30/9/2009- no aparece como una proyección razonable de esta directiva considerar que debe ser tomado en cuenta a la hora de aplicar los coeficientes de cada nivel, pues -tal como lo destaca el a quo- los resultados que se alcanzarían no sólo no serían los queridos por el Poder Ejecutivo sino que se generarían situaciones distorsivas y disvaliosas para los trabajadores del convenio por crear situaciones de iniquidad no queridas por las propias partes de la negociación (De la ampliación de fundamentos de los Dres. Erbetta, Falistocco, Gastaldi y Netri).
Juicio de desalojo, posesión, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREZ CARLOS ALBERTO c/ EMILIO L. ROJAS Y OTRO s/ Desalojo (LIBRO: S129 - 300)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-21

...son claras las dos posturas que tienen vigencia sobre el tema: según la primera, cuando el demandado alega ser poseedor, no procede el desalojo si el actor no acredita que no es tal, sino tenedor precario o intruso y conforme a la segunda no es viable la acción de desalojo si la accionada demuestra prima facie ser poseedor. Se inclina por ésta última por ejem. Palacio, sosteniendo que el onus probandi le incumbe al demandado, quien debe aportar en consecuencia elementos probatorios que acrediten aunque prima facie, la verosimilitud de su alegación.- Es además la posición tomada por este Cuerpo en anteriores pronunciamientos.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: El incumplimiento en primera instancia de los   requisitos de la presentación preventiva concursal (artículo 11 de   la ley 24522), ¿Es subsanable en la alzada? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-04

La ley 24522 establece en sus artículos 10 y 11 los requisitos exigidos para el pedido del concurso preventivo. En el primero de ellos se refiere a los "Requisitos Sustanciales" (Sujetos con remisión al artículo 2, e inclusión de las personas de existencia ideal en liquidación: representación; y oportunidad de la presentación) y en el segundo a los "Requisitos Formales". (De los Fundamentos del Dr. Serralunga).
Entes autárquicos, Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONSTRUCTORA HIDROVIAL SA c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ REVOCATORIA.    RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 21-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-11-05

Los sujetos autárquicos institucionales, integran la estructura de la Administración del sujeto Provincia (administración descentralizada) y adecuan sus cometidos a sus fines esenciales, magüer la posible diversidad de formas que pueden revestir, por lo que no cabe descartar el control acordado al Poder Ejecutivo destinado a garantir la satisfacción efectiva de dichos fines.
Daños y perjuicios, indemnización, intereses, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Provincia de San Juan c/ Quiroga, Juan Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-07-07

Los intereses se devengarán desde la fecha de la sentencia de primera instancia, al no haber el actor acreditado la efectivización de los gastos de reparación del rodado.
Prescripción, incapacidad permanente
Materia: PROCESAL
Carátula: OJEDA RAMON LUIS c/ AZUCARERA JUAN MANUEL TERAN ING. SANTA BARBARA s/ DIFERENCIAS DE INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-09-23

"Cuando se reclama indemnización por incapacidad permanente, el plazo de prescripción de dos años previsto por la ley 24.028, debe computarse desde la fecha de consolidación del daño (art. 12, inc. d) y se entiende por tal a aquella fecha en que la incapacidad se considera permanente (art. 8 inc. b), lo que acontece transcurrido un año de la primera manifestación invalidante (art. 8 inc. d)".
Cargos gremiales, delegado gremial, juicio sumarísimo, reincorporación
Materia: LABORAL
Carátula: RUIZ, RICARDO c/ BANCO DEL BUEN AYRE  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-30

El delegado gremial que, a través de una sentencia obtenida en un juicio sumarísimo, obtuvo el derecho a la reinstalación en las tareas y destino laboral anterior a su designación, no puede ser reinstalado en otra sucursal, pues esto implicaría el incumplimiento de la sentencia por parte de la demandada y justificaría el despido indirecto decidido por el trabajador.
Impuesto sobre los ingresos brutos, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA (Dr. Hugo Molinero) s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y expte. n° 3006/04 "Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.)' Molinero) s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y expte. nº 3006/04 "Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-29

La Cámara trata las cuestiones propuestas en el recurso judicial de apelación directa y funda ese tratamiento a partir de la afirmación de la competencia tributaria de la Ciudad para regular los impuestos locales y de una interpretación posible del derecho tributario común, respecto de la cual la AFJP discrepa sin llegar a demostrar que provoque afección de los principios que invoca. Se coincida o no con la solución que la Cámara desarrolla, en el marco en que ha sido traído el problema al Tribunal, el recurso de queja no es procedente.
Prescripción, plazo, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, responsabilidad extracontractual, servicio militar, fallo plenario, prescripción bienal
Materia: CIVIL
Carátula: Giménez, Víctor Daniel c/ Estado Nacional - Estado Mayor General de la Armada - s/ Accidente en el ámbito militar y F. Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-26

Se trata de una acción resarcitoria que reconoce como origen la prestación del servicio militar obligatoria por parte del damnificado, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 21 de la Constitución Nacional. El Tribunal ha interpretado que pretensiones como la de autos caen en la órbita de la responsabilidad extracontractual - conf. causa 8248 del 3/9/91 -, toda vez que tratándose de un conscripto (y no de un oficial o un suboficial de las fuerzas armadas), la responsabilidad por los daños relacionados con actos del servicio prescribe - con posterioridad a la reforma de la ley 17.711 - en el plazo de dos años que establece el artículo 4037 del Código Civil, inclusive por actividad lícita o ilícita - conf. causa cit.-, criterio que ha sido confirmado por la Cámara en pleno, in re: "CADE, RUBEN ALBERTO C/ GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA S/COBRO DE AUSTRALES" del 3/11/92, que establece como doctrina legal: "En los procesos iniciados por cobro de indemnización de los daños que los actores sufrieron con motivo de un accidente acaecido en oportunidad de prestar el servicio militar obligatorio, es aplicable el plazo prescriptivo bienal".
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio, apertura a prueba, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ACEVEDO, MARIA V. Y OTRA s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

El decreto de apertura a prueba, el llamado de autos para sentencia y la sentencia condenatoria son actos jurisdiccionales que constituyen secuela de juicio.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, juicio ejecutivo, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional - Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva c/ Diario Perfil S.A. s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

El pronunciamiento que mandó llevar adelante la ejecución no constitye una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48) (Disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay).