Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-31


En la ciudad de Trelew, a los 31días de Julio del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones bajo la Presidencia del Dr. Carlos Alberto Velázquez y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P., I.

M. c/ M., J. C. s/ COBRO DE HAB. E INDEM. DE LEY" (Expte. nº 22238 - año: 2007).

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 245.- A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari:

I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 228/231 vta.) acogió parcialmente la demanda entablada, condenando al demandado a abonar la suma de $ 52,01 con más sus intereses y distribuyó las costas en proporción a los respectivos triunfos y derrotas.

II. El fallo es apelado por la representación letrada de la actora a tenor de la pieza glosada a fs. 236/240 que contiene, en síntesis, los siguientes motivos de agravio:

1) el juez no consideró como incumplimiento grave y causal de injuria a los fines de despido indirecto el atraso en el pago de un mes de sueldo, al mencionar que se trató de una mora "ocasional" -no legislada en el Código Civil ni la L.C.T. - cuando debió hablar sólo de mora automática (art. 128 y conc., L.C.T.) y nada más, y no tuvo en cuenta el carácter alimentario de dicho crédito y los in-convenientes causados a la trabajadora, que no requieren de prueba alguna;

2) Además el juez omitió valorar importantes medios de prueba al no considerar la documental aportada, tal como las piezas postales intercambiadas -individualizadas en la pieza recursiva- que demuestran la demora habitual de la empresa en el pago de salarios y las actuaciones labradas en sede administrativa, donde estuvo presente muy puntualmente el reclamo por la demora en el pago de los haberes.

Se pregunta cómo puede el a quo afirmar que no existió ningún tipo de inconveniente en el contrato de trabajo con la actora, si ella tuvo que intimar cada vez para que le paguen los salarios y también para que le reciban los certificados médicos.

Afirma que esa interpretación está reñida con la realidad, el sentido común y las normas de protección al trabajador; 3) sostiene asimismo que el sentenciante se equivocó al distribuir los medios de prueba.

Al respecto, señala que puso en duda el testimonio de I. G., cuando no existió ninguna prueba en contrario ni impugnación de su declaración. Destaca luego que el juzgador acogió la alegación de la patronal acerca de que la actora no se presentó a cobrar -tal como lo había sostenido en su comunicación de fs. 21-; es decir, aduciendo como defensa la mora de la acreedora, mas la contraparte nada acreditó en el proceso acerca de este hecho, tal como era su carga.

4) Por último afirma que otro de los errores del sentenciante fue cuando consideró que la enfermedad acreditada de la trabajadora no mantuvo vinculación con la resolución contractual, lo cual causa agravio, por cuanto ello contraría la norma del art. 208 L.C.T., considerando que la actora tuvo que reclamar que le recibieran los certificados médicos sin que nada de esto se tuviera en cuenta a los fines de considerar la gravedad de la injuria patronal.

Por todo ello solicita que se revoque el fallo a fin de hacer lugar al reclamo de las indemnizaciones derivadas del despido indirecto, con costas.- III. Elementales razones de método me llevan a tratar en primer lugar el último motivo de agravio expresado por la apelante, ya que ello determinará el marco y extensión del thema decidendum en esta Alzada.- Aduce la apelante que debió considerarse la conducta patronal en cuanto mostró reticencia para la recepción de los certificados médicos presentados por la trabajadora, valorándose el carácter injurioso de tal comportamiento como factor agravante de la causal para el despido indirecto.

Este planteo es a mi juicio inatendible, por cuanto se aparta de la regla establecida en el art. 243 L.C.T., en cuanto establece que ante la demanda promovida por la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en la comunicación respectiva.- Sobre el punto, esta Alzada ya ha tenido reiterada ocasión de expresar que el texto legal ya citado es claro y categórico en cuanto determina que tanto el despido dispuesto por el empleador, cuanto la denuncia del contrato de trabajo hecha por el trabajador con expresión de justa causa, deben efectuarse por escrito, causal que luego no podrá modificarse en sede judicial.

Ello es así por cuanto dicha notificación tiene carácter recepticio, de manera que una vez que llega a la esfera de conocimiento del denunciado, la extinción contractual queda consumada y es irrevocable (conf. CNTrab., sala VI, 07/07/1989 - D.T. 1989-B, 1581 - id. S.C.B.A., 27-06-1989- T y SS, 1979-1007 ; entre otros - conf. mis votos en Exptes. 18441; 19771; 19782; 20766; 20770; 21199 C.A.N.E.;

21257; 21515; 21924; 21953; 21988; 22127 C.A.N.E; entre otros).

Es que el art. 243 de la L.C.T. persigue el propósito de que las partes conozcan, desde el inicio del pleito y aun antes de la traba de la litis, el contenido cierto e invariable de la misma de la causa del despido, como una forma de salvaguardar el principio constitucional de la defensa en juicio.

En consecuencia, esta norma sólo autoriza a los magistrados a valorar la causal denunciada por escrito para legitimar el distracto (conf. mi voto en Expte. 20766 C.A.N.E. ya citado).

De tal suerte, el hecho invocado como justa causa debe ceñirse al contenido de la comunicación glosada a fs. 28 del cuaderno de pruebas que puso fin al contrato laboral, en la que la hoy actora expresó: "Ante falta de pago de mis haberes correspondientes al mes de Agosto de 2004 y habiendo concurrido en el día de la fecha en compañía de testigos siendo las 19 hs. a percibir el sueldo en el domicilio de P. 1. T. sin que me fuera abonada suma alguna, todo lo cual me causa injuria que no consiente la continuidad del contrato, me considero despedida por su exclusiva culpa..." (textual).

Este marco fáctico, referido a la falta de pago de haberes del mes de agosto, circunscribe y delimita el examen de la justa causa para la ruptura, y a ellos cabe atenerse por aplicación de la norma ya citada.

En consecuencia, los restantes motivos de queja mencionados en su pieza de agravios (atrasos anteriores, dificultades para la entrega de certificados médicos) no forman parte del hecho concreto alegado como injuria por la trabajadora para decidir su despido indirecto.- IV. Hecha esta consideración preliminar, del estudio de la causa se desprende que la prueba aportada por la actora acerca del hecho puntualmente reprochado por la ex dependiente -atraso en el pago de los haberes de agosto de 2004- no resulta plenamente asertiva.

En efecto, según las piezas intercambiadas a este respecto entre las partes, puede observarse que el día 06/09/2004 la actora intimó a su empleador a abonar los haberes del mes de agosto del mismo año (conf. CD 376513771 - fs. 27 - C.P.), intimación respondida por el demandado mediante pie-za fechada el día 13 del mismo mes y año (fs. 21 - C.P.) en la que le comunicó a la trabajadora los haberes de agosto/04 se encontraban a su disposición en ...... El t. I. A. G. afirma haber acompañado a la actora y al hijo de ésta al domicilio ya citado, donde relata que aguardaron en un hall, después fueron a una oficina donde "aparentemente no le dieron nada" (sic); agrega "saber" que "le dijeron que no había nada para ella", aunque manifiesta ignorar "si habrá sido por el tema de la plata o qué" y que luego se retiraron.

Tampoco puede precisar si ese episodio ocurrió a principios o mediados de septiembre (conf. testigo cit., resp. a la 2da. y 5ta. preg., fs. 134).

Sin embargo, este dato temporal queda esclarecido por la documental aportada por la propia actora, donde manifiesta haber concurrido a dicho domicilio (...........) "en el día de la fecha", es decir, el 14/9/2004 (conf. CD 008755002 - fs. 28 - C.P).

Según la secuencia posterior de los hechos, la patronal compareció en la sede de la Subsecretaría de Trabajo - Delegación Trelew el día 17/09/2004 -es decir, casi inmediatamente después de recibir esta última comunicación- afirmando que la negativa aducida por la trabajadora no era real y depositó la remuneración adeudada manifestando, en lo pertinente, que "los haberes siempre estuvieron a su disposición, los cuales ascienden a la suma de $ 324.- adjuntando los recibos oficiales para su suscripción y entrega" (acta de fs. 176-constancia de depósito de fs 177/178).- Así las cosas, si bien estas constataciones denotan en forma objetiva el atraso en el pago de los salarios de agosto de 2004, la actitud de la empleadora debe examinarse en el marco de la situación conflictiva existente entre las partes que reflejan de las actuaciones administrativas glosadas a fs. 145/187.

Según las secuencias reseñadas, la actitud patronal no se exhibe el grado de morosidad y reticencia endilgados por la demandante, ya que sus respuestas a ambas intimaciones fueron efectuadas en plazos razonables y no denotaron oposición acerca del reclamo formulado.

Por otra parte, si bien las secuencias del episodio ocurrido el día 14/09/2004 en la oficina de ......................... no pueden reconstruirse con precisión debido a ciertas vacilaciones en los dichos del testigo, lo cierto es que, ante la segunda comunicación cursada, el demandado procedió a depositar los haberes en la sede administrativa, por lo que la demora imputada no evidencia haber tenido las notas de gravedad y entidad ofensiva en grado de injuria tal como para justificar la medida tan extrema de ruptura contractual dispuesta por la trabajadora.- En este orden de cosas, la doctrina y la jurisprudencia han sostenido desde antaño que si bien la demora en el pago de salarios puede constituir una injuria a los intereses del trabajador, no por ello se convierte automáticamente en causal justificante de un despido indirecto, pues es necesario examinar en cada caso las circunstancias particulares del caso, en función del tiempo de la demora, los motivos que haya determinado el incumplimiento y la conducta general que el empleador observó a lo largo de la relación laboral, a fin de justipreciar, en definitiva, si dicho retraso aquilata la suficiente gravedad para dar motivo al autodespido (conf. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala III o 28/06/1982 o L., O. c. M. de L., R. o DT 1982-B, 1006).

Ello así, por cuanto el mero atraso en el pago, sobre todo cuando es accidental, no es incompatible con el mantenimiento de la relación, razón por la cual el trabajador está obligado a intimar su pago de manera que sea suficientemente explícita su voluntad de no consentir el agravio, dando así una última oportunidad al deudor para que cumpla su obligación (conf. V. V., A.A., "Tratado...", t. 5, pág. 4342 con citas de jurisprudencia - Astrea, 1984 - id.

S.C.B.A., marzo 1 1994 - ED, 158-201 conf. mi voto en Expte. 16289 C.A.N.E.).

En la misma línea conceptual se ha dicho que si bien en principio el atraso en el pago de las remuneraciones importa injuria a los intereses del trabajador, no necesariamente constituye justa causa que legitime el despido indirecto, ya que la valoración de la injuria invocada debe efectuarse teniendo en cuenta los parámetros que dan la causalidad, proporcionalidad y oportunidad (conf. CNAT., Sala VIII, 30/5/91 - Autos " C., A. c/G. S. S. s/Despido" - SAIJ, sum. E0006888 - conf. mi voto en Expte. 21317 C.A.N.E. - S.D.L. 24/2006).

En la especie, los hechos demuestran, en síntesis que: 1) ante la primera intimación, el empleador manifestó que los salarios se encontraban a disposición de la trabajadora en el domicilio indicado (P. 1.); 2) que la concurrencia de la trabajadora a dicho domicilio y la supuesta negativa de pago ofrecen aristas poco claras, a tenor del único testimonio rendido sobre dicho episodio; 3) que ante la segunda comunicación, la patronal, desconociendo la negativa reprochada, procedió a consignar el salario en la sede de la Subsecretaría de Trabajo.

En suma, conforme a los antecedentes obrantes en la causa, no se aprecia que el demandado haya incurrido en una conducta renuente, p., ni injuriosa en grado tal que no consintiera la prosecución del vínculo, y en este contexto, la decisión rupturista de la trabajadora no fue proporcionada a la gravedad de la falta invocada, por lo que -en criterio coincidente con el sentenciante a quo- considero que su autodespido fue apresurado y sin adecuada justificación (conf. arts 242, 246, L.C.T.).

A mérito de lo expresado, en mi opinión, el rechazo de la pretensión indemnizatoria incoada se encuentra ajustado a derecho y merece ser confirmado.- V. Conclusiones:- De compartirse la postura expuesta, opino que el fallo deberá ser confirmado en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas en la Alzada a la parte apelante (art. 59, Ley N° 69).

En tal caso, propongo asimismo fijar las retribuciones de los letrados actuantes en esta sede, Dres. L. C. B. y D. F., atendiendo a la extensión de sus tareas y al resultado obtenido, en el 27% de los estipendios que respectivamente les correspondieron por sus actuaciones en la anterior instancia, con adición del I.V.A. pertinente (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec.Ley 2.200).

Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.-A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso:

En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito a la correcta síntesis que de la decisión atacada y de los agravios vertidos por la recurrente realizara el Señor Magistrado ponente.Concuerda mi opinión con la del colega y para fundar mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos ambos de la ley 4.550), basta con formular las consideraciones siguientes.- I.- Debe notarse que en la comunicación del despido indirecto sólo fue consignado como motivo de éste la falta de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto de 2004 y el haber concurrido la trabajadora, en procura de percibirlos, al domicilio que le fuera indicado con resultado negativo, sin que fueran mencionados en cambio en tal misiva ni atrasos previos en el abono de remuneraciones ni inconvenientes en la entrega al empleador de certificados médicos (fs. 28 del c. de pr.).

Puesto que la razón invocada para producir el autodespido no puede ser modificada con posterioridad a la denuncia del contrato (art. 243 L.C.T.), no cabe analizar la existencia de otro motivo distinto al dado originalmente y la tarea de esta alzada se ciñe entonces a decidir si el empleador incurrió en la concreta causal esgrimida.

II.- Cual en varios precedentes tuviéramos ocasión de declarar, la falta de pago de remuneraciones laborales, previa intimación desoída a abonarlas, constituye, como principio, justa causa para la denuncia del contrato por el trabajador, ya que dada la naturaleza alimentaria del salario su no satisfacción coloca aquél en situación de indigencia, resultando inequitativo que se lo fuerce proseguir con el vínculo tolerando un incumplimiento que destruye la finalidad objetiva de las prestaciones que comprometió (c. 19.428 S.D.L. 20/04, c. 19.557 S.D.L. 31/04, entre otras).- Mas no toda deuda de esta índole alcanza magnitud suficiente para justificar la ruptura -con ser "per se" injuriosa, la falta de pago de haberes puede no asumir una gravedad bastante como para no consentir la prosecución de la relación- y la valoración de la injuria invocada a ese fin debe realizarse atendiendo a los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad reglados en el art. 242 L.C.T.- En la especie considero desproporcionada con el incumplimiento del empleador la reacción de la trabajadora de denunciar el contrato. Al margen pretendidos atrasos anteriores en el pago de los salarios -sobre los que no abro juicio, vedado como me está ante la invariabilidad de la causa del despido que vengo de señalar-, la demora respecto de las remuneraciones de agosto 2004 se extendió por trece días, es decir desde el 4/9/04 en que venció el plazo del art. 128 ley cit. hasta el 17/9/04 en que el empleador las consignó ante la autoridad administrativa.Cierto es que la actora alegó haber concurrido infructuosamente a percibirlos al lugar que le fuera señalado, pero ha faltado una probanza cabal de ese suceso.

A la lumbre de la declaración testifical brindada por I. A. G. no me cabe duda que en efecto la demandante se apersonó en el domicilio que se le indicara (fs. 134), resultando desvirtuada así la versión fáctica del demandado acerca de la inconcurrencia de la trabajadora invocada por él para excusar su morosidad.

Pero esa deposición testimonial no es convincente en punto a que, en verdad, a la dependiente le fuera negado el pago. Obsérvese que el testigo afirmó que "aparentemente no le dieron nada" a la actora, añadiendo que sabía -no explicó cómo lo supo el declarante, ausencia de razón del dicho que quita fuerza convictiva al mismo (arts. 386, 445 párr. 2° C.P.C.C.)- que no había nada para ella, mas ignorando si habrá sido por el tema del dinero adeudado (fs. cit., resp. a la preg. 2da.).

Tal conjunción de declarar en base a apariencias y no fundado en hechos concretamente percibidos, ausencia de razón del dicho e ignorancia sobre una circunstancia clave, tornan al testimonio falto de poder de convicción.

III.- Por las razones mentadas, coincidentes con la vertidas por el ponente, concluyo también de mi parte en que el fallo atacado merece ser confirmado, con costas de segunda instancia a la recurrente vencida en ella (art. 59 de la ley 69) y regulando los honorarios profesionales por las tareas de alzada en las sumas que el preopinante propusiera, adecuadas a la extensión, calidad y resultado de dichas labores (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200).Me expido en esta cuestión pues por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL Dr. Ferrari expresó:

En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto:

I) CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios.

II) Con costas en la Alzada a la actora apelante, fijándose los honorarios profesionales de los letrados actuantes en esta sede, Dres. L. C. B. y D. F., en el 27% de los estipendios que respectivamente les correspondieron por sus ac-tuaciones en la anterior instancia, con adición del I.V.A. pertinente.

Así lo voto.

A DICHA CUESTION FINAL el Dr. Velázquez respondió:El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Ferrari, reflejo fiel de la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre la precedente cuestión. Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por encontrarse en uso de licencia el Dr. Juan Humberto Manino (art. 8 de la ley 1130, To. de la ley 4550).

Trelew, de Julio de 2007.- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones; pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A:- CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios;

Con costas en la Alzada a la actora apelante, fijándose los honorarios profesionales de los letrados actuantes en esta sede, Dres. L. C. B. y D. F., en el 27% de los estipendios que respectivamente les correspondieron por sus actuaciones en la anterior instancia, con adición del I.V.A. pertinente.Regístrese, notifíquese y devuélvase.- FERRARIVELÁZQUEZ REGISTRADA BAJO EL N° 50 DE 2007 - SDL.- Conste.- Rawson, dede 2007.- NOTA n°/07 S.I.J.