marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedades comerciales, daño moral, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALTMAN CONSTRUCCIONES SA c/ MURESCO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-14

1 - El desprestigio o pérdida de confianza planteado por una sociedad comercial, no se asimila al daño moral que pueden sufrir las personas físicas, pues como ha sostenido el máximo Tribunal, su capacidad jurídica está limitada por el principio de especialidad -artículos 35 del Código Civil, y 2 de la Ley 19550-, y su finalidad propia es la obtención de ganancias -artículo 1, ley citada-, por lo que todo aquello que pueda afectar su prestigio o su buen nombre comercial, o bien redunda en la disminución de sus beneficios o bien carece de trascendencia a los fines indemnizatorios, dado que se trata de entes que no son susceptibles de sufrir padecimientos espirituales (conf. C.S.J.N., 22/03/1990, "Kasdorf SA c/ Provincia de Jujuy y otro"; doctrina reiterada en fallo "De la Matta, Manuel H. y otro c/ Gas del Estado y otros", del 3/11/1992). Las personas jurídicas o de existencia ideal pueden ser sujetos pasivos de perjuicios indirectos si son vulnerados sus derechos extrapatrimoniales como el buen nombre, la probidad comercial y su buena reputación, si repercuten desfavorablemente en el patrimonio (cfr. Jorge Bustamante Alsina, "Las personas jurídicas no son sujetos de daño moral", publicado en ED el 12/07/1990). 2 - Se debe proceder con estrictez y es a cargo de quien lo reclama su prueba concreta. Pero además de probarse la existencia del agravio, debe acreditarse, de alguna manera, su cuantía o, cuando menos, las pautas de valoración que permitan al Juzgador proceder a la determinación del mismo. De otra manera la indemnización podría configurar una confiscación o enriquecimiento sin causa a favor del reclamante.
Conciliación, homologación del acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: Peñalva, Miguel Angel c/ Automóvil Club Argentino s/ Rubros adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-10-26

Los acuerdos extrajudiciales celebrados en sede administrativa cuando ya se ha extinguido la relación laboral, requieren homologación conforme lo dispone el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 241 de dicha ley legisla para el caso de extinción de la relación por mutuo acuerdo, situación ajena a la de autos.La ley 20.744 en su artículo 12 consagra la irrenunciabilidad de los derechos cuyo reconocimiento en estos acuerdos se demanda, lo que faculta a los trabajadores a cuestionar cualquier arreglo que los afecte.
Queja por casación denegada, autosuficiencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Zudich, Milano y otro s/ QUEJA  EN:'COBLAZ,  JUAN  BRUNO  Y  OTRO  C/ ZUDICH, MILANO Y OTRO S/  ORDINARIO Auquen SA. s/ QUEJA EN:'TULA, NORMA C/ AUQUEN SA. S/ TRANSFERENCIA Galicia y Río de la Plata Compañía de Seguros SA. s/ NULIDAD. Belleggia, Primo Luis s/ QUEJA EN: 'BELLEGGIA, PRIMO LUIS S/QUIEBRA S/INCIDENTE' Albamonte, Francisco s/ QUEJA  EN:'ALBAMONTE, FRANCISCO C/COSTAGUTA, HUGO Y OTROS S/ORDINARIO Bussi, Antonio s/ QUEJA    EN:'BUSSI, ANTONIO  C/GALASSI,  JUAN  CARLOS  S/SUMARIO'.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-07-06|1989-08-04|1989-11-21|1990-02-27|1990-06-29|1990-08-17

El principio relativo a la autosuficiencia que todo recurso de queja debe tener, -invariablemente exigido por el Superior Tribunal de Justicia- surge implícitamente del art. 299 inc. 2do. CPCC. dado que, entre otros, las fechas de notificación y de interposición constituyen recaudos necesarios para que este Cuerpo meritúe si la queja es procedente o no.
Concursos, quiebra, liquidación y distribución, martillero
Materia: COMERCIAL
Carátula: BIGGEST BANK SA c/ LOPEZ BELLIZI, MARIO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

Si el magistrado dejó sin efecto una subasta y efectúa un llamado a mejorar las ofertas formuladas, procede la fijación de un nuevo porcentaje a los fines de la retribución del martillero interviniente. (En la especie, se desestimó la oposición del martillero a la decisión judicial que disminuyó el porcentaje de su comisión, la cual se fijó en un 2% del precio a obtenerse del inmueble y en un 7% de los muebles).
Ley sobre riesgos del trabajo, prescripción, pago único, plazo, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Carabajal, Ana c/ Servicio Penitenciario Federal s/ Accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-28

En el caso, la parte actora reclamó el pago las prestaciones de la ley 24.557, que derivan del estado definitivo de una incapacidad. Ahora bien, la prescripción de las acciones derivadas de la ley 24.557 está regulada en el art. 44 ap. 1 de la norma, y debe ser interpretada en forma conjunta con lo dispuesto por los arts. 7º y 9º de la LRT. Ello implica que las acciones correspondientes a prestaciones de pago mensual prescriben a partir de los dos años desde que se devengó cada crédito mensualmente; y las acciones que corresponden a prestaciones de pago único prescriben a partir de los dos años a contar desde que se configuró el hecho que torna exigible dicho crédito (es decir la declaración definitiva de la incapacidad permanente parcial, total o gran invalidez o la muerte del trabajador). Cabe puntualizar que el art. 9 ap. 2 de la ley 24.557, estableció que la incapacidad laboral permanente se configura con carácter "definitivo", a la fecha del cese del período de incapacidad temporaria. Asimismo, el art. 7 de la LRT establece que la incapacidad temporaria cesa -entre otras razones- por alta médica, o bien al haber transcurrido un año desde la primer manifestación invalidante. En resumen, en los supuestos de accidente, el cómputo del plazo bianual prescriptivo establecido por el art. 44 de la LRT que corresponde a la acción por el resarcimiento del daño que pudiera haber originado el infortunio comienza: a) con el alta médica otorgada antes de que transcurriera el año desde la ocurrencia del episodio accidental; o b) al cumplirse un año desde el acaecimiento del infortunio o desde el comienzo de la incapacidad temporaria, si durante el transcurso de ese año no se hubiera otorgado el alta médica definitiva.
Estado Provincial, ríos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ acción posesoria de aguas y regulación de usos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

Si al considerar la queja interprovincial (art. 109 de la Constitución Nacional) resulta que el cabal reconocimiento de los derechos de la Provincia de La Pampa sobre las aguas del río Atuel sería de una excesiva onerosidad en relación al beneficio que significaría para ella, debe reconocerse su pretensión en una medida que armonice la totalidad de intereses en juego.
Cancelación del pagaré, exención de la contracautela
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE GALICIA Y Buenos Aires SA Y OTRO s/ CANCELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-22

Si en los términos previstos por el Decreto Ley 5965/63: 89, se acogió el pedido de cancelación de pagaré efectuado por una entidad bancaria y por una sociedad anónima y, se dispuso con carácter previo que se preste caución real por un importe coincidente con el denunciado como perteneciente al título que se procura cancelar, resulta improcedente que -como en el caso-, los accionantes pretendan que con base en la previsión del CPR 200 y, alegando notoria solvencia del banco, se reemplace ese requerimiento por la caución juratoria que prestarían sus letrados. Ello pues, la fianza que debe otorgar el que solicita la cancelación es para resguardo de los derechos del tenedor: pues la sentencia cancelatoria reemplaza al título; y ella refiere a cualquier garantía personal o real, apreciada por el tribunal según las circunstancias de cada caso, importe de la cambial, solvencia del peticionante, causa del procedimiento, etc. (Conf. Héctor Cámara "letra de cambio y vale o pagaré", t. III, pág. 119, Ediar, 1979). A más, el alegado perjuicio económico que se seguiría de esa exigencia no puede ser asumido jurisdiccionalmente en la medida en que, por determinación legal, debe tutelar adecuadamente los eventuales derechos de terceros.
Recurso extraordinario, excepción de prescripción, resolución de las excepciones, resoluciones anteriores a la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Lelli, Antonio y otros c/ Taller Regional Quilmes y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

Si el recurso extraordinario que se interpusiera contra la decisión que rechazó la excepción de prescripción se denegó por no constituir la impugnada sentencia definitiva, reproducidos los agravios al recurrir del fallo definitivo, corresponde examinarlos y resolverlos en forma previa a toda cuestión.
Caducidad de instancia, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Elma  S.A. c/ Agrícola Pareja  S.A. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

Por ser la caducidad de la instancia un modo anormal de terminación del proceso de indudable interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a esas características sin llevar con excesivo ritualismo el criterio que la preside más allá de su ámbito propio; máxime cuando el trámite del juicio se encuentra bastante avanzado.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M, C E y OTROS s/ PRIVACION EXTORSIVA DE LA LIBERTAD. REVISION PENAL. RECURSO   EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION   (CSJ EXPTE Nº 452-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-21

La doctrina de la Corte Nacional sentada a partir del caso "Strada" y ratificada y explicitada en pronunciamientos posteriores, refiere a que se requiere como presupuestos inexcusable para el empalme del recurso extraordinario, el agotamiento de todas las vías locales -ordinarias y extraordinarias- potencialmente aptas (idóneas, útiles) para el tratamiento de la cuestión federal.
Astreintes, indemnización, guardias pasivas
Materia: CIVIL
Carátula: B., L. A. c/ CONSEJO PCIAL. DE SALUD PUBLICA PCIA. DE RIO NEGRO. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-07-07

Las astreintes no son ni pueden ser equiparadas - o compensadas, como ha sucedido en la especie - con una indemnización de daños y perjuicios [.] Entiendo a las astreintes con una sola función procesal, cual es la de lograr hacer respetar el mandato del magistrado o, dicho de otro modo, su imperium.

Indirectamente, apuntalan el cumplimiento de la obligación a que tiene derecho el acreedor, en forma compulsiva.

Para el caso de autos, no existe impedimento alguno en que el actor, por un lado, perciba las astreintes que se aplicasen en el marco del Expte.

10253-CTC-05 y, por el otro, cobre indemización por los días de guardia pasiva a que tenía derecho por el impedimento injustificado que le impuso su empleador respecto de aquellas (hecho jurídico no controvertido que surge firme del precitado Expte. 10253-CTC-05). (Voto del Dr. Barotto en disidencia)
Coacción, extorsión
Materia: PENAL
Carátula: Legajo de Apelación (en autos: Santoro, Daniel y otros por asociación ilícita - extorsión c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-12-11

Resulta procedente dictar la falta de mérito al periodista imputado como autor del delito de coacción y extorsión en grado de tentativa, toda vez que los hechos atribuidos al acusado sólo pueden encuadrarse dentro de un neutral ejercicio de su actividad profesional y no permiten por sí solos considerarlos como contribuciones directas a un plan criminal, pues de las constancias colectadas por la instrucción no se desprende ningún elemento que permita atribuirle participación alguna en los delitos sobre los que se apoyó la decisión de su procesamiento.
Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, competencia derivada, revisión judicial de actos administrativos, interpretación de la ley, ley vigente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL c/ BUSTAMANTE, Carlos Alberto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

La C.N.A.S.S., sólo tiene competencia derivada, no originaria, para entender en la revisión de la decisiones determinadas en el art. 8 de la ley 23473, no hallándose normado en dicha disposición ni en ninguna otra de la citada ley, acciones de naturaleza cautelar, situación que no ha variado con la vigencia de la ley 23769 (art.

14 y 15).
Asignaciones familiares, CASFEC, Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Materia: LABORAL
Carátula: CONSEJO  PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-12

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires es una persona jurídica de derecho público no estatal, creada por la ley 7195 y ajena a la jurisdicción de CASFEC por aplicación de lo dispuesto por la ley 16459. Sobre esa base deben devolverse los aportes efectuados con las adecuaciones pertinentes de acuerdo a la ley 21864 e intereses al 8 % anual.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, aceptación, indemnización, firma, desconocimiento de firma
Materia: COMERCIAL
Carátula: Rodriguez Lucero, Margarita Ester c/ Caledonia Argentina Compañia De Seguros SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-07

Cabe revocar el pronunciamiento que desechó la excepción opuesta y mandó llevar adelante la ejecución por capital, intereses y costas. En el caso, al tiempo de oponer su defensa la demandada desconoció la grafía inserta en el cheque en ejecución, sin formular mayores precisiones. No obstante ello, ofreció prueba informativa a la entidad financiera girada para obtener copia del registro de firmas de la aseguradora y pericial caligráfica para que "dictamine sobre la no pertenencia de las firmas que se le atribuyen al ejecutado en el título de esta ejecución".

La decisión en crisis asignó prevalencia a las contingencias procesales ulteriores a la intimación cursada, soslayando completamente el ofrecimiento probatorio que la apelante había sugerido como mecanismo para acreditar sus asertos. Ciertamente, la alusión que el pronunciamiento realiza sobre la distribución de la carga probatoria y el reproche en torno a la ausencia de respuesta tempestiva, sin contemplar aquel aspecto omitido ni mediar juzgamiento sobre su eventual impertinencia o ineficacia (CPR 364) lo descalifica como acto jurisdiccional, por prematuro.

En concreto, resultará conducente disponer las medidas probatorias tendientes a asegurar la verdadera eficacia del proceso judicial, siempre procurando el mayor de los respetos a las garantías constitucionales en juego: el debido derecho de defensa y el aseguramiento del principio de bilateralidad (esta Sala, Mutatis Mutandi 9/2/10, "Leuchi Julio J. c/ Banco Itau Buen Ayre SA s/ ordinario", Expte. COM 030352/2009; íd. 22/12/16, "Cabrera, Cristian Angel c/ Wal- Mart Argentina SRL s/ ordinario", Expte. COM29012/2016; íd. 25/6/19, "Jocri SA y otro s/ quiebra s/ incid. Art. 250 CPR", Expte. 7613/2017/21).
Derecho civil, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: RICCIARDULLI CARLOS ALBERTO c/ GARRO VICTOR FABIAN s/ D. Y P. POR USO AUTOM. (SIN LESION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-04

Si bien la prioridad de paso la tenía el conductor de la motocicleta -demandado/reconviniente- (art. 41 de la Ley de Tránsito), lo cual en principio haría totalmente responsable al actor reconvenido conductor del rodado mayor -utilitario-; advierto que en el presente caso, la motocicleta, en alguna medida, ha contribuído a la producción del accidente, ello en función de haber circulado por encima de la velocidad máxima permitida (30 km/h). Por lo tanto, la situación descripta, amerita distribuir la responsabilidad entre los protagonistas de este accidente, de manera distinta a la consagrada en la sentencia de grado: 100% de responsabilidad al demandado, determinándola de la siguiente forma: 60% a cargo del actor y 40% a cargo del demandado reconviniente. (Del voto del Dr. Ghisini, en minoría).
Responsabilidad objetiva, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: C., L.A. c/ F.D., R.S. y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-05-05

En materia de responsabilidad objetiva por el riesgo creado, la inversión del "onus probandi", permite concluir que la culpa no es relevante para fundar la acción sino para excluirla, por lo que es el demandado quien -para liberarse de imputación- debe poner de relieve una culpa ajena u otro factor eximitorio que enerve la presunción de causalidad entre su elemento de peligro -en el caso automotor que embiste al peatón- y el daño padecido por el actor.
Cómputo de servicios, despido del delegado gremial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: STEIMBERG, ROSA s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-08-29

No puede exigirse, para la aplicación de la Ley 20565, que los motivos políticos o gremiales de una cesantía, consten en antecedentes documentales, toda vez que, generalmente, los mismos se manifiestan a través de disposiciones administrativas que no expresan causa o indican una causa meramente formal.
Subasta judicial, reintegro de gastos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aitor S.A. c/ Ferreyra, María Rosa s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-08

Los únicos obstáculos para aprobar la suma abonada por el martillero en calidad de propaganda adicional (sin perjuicio de la exigibilidad del acompañamiento de los respectivos comprobantes), sería que el monto invertido para tal destino resulte desproporcionado con relación a las circunstancias del caso: o que haya sido manifiestamente inútil como medio adicional de publicidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Casco de Saraví Cisneros, Inés y ot. (Suc. Adolfo Saraví Cisneros ) c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Si el acto administrativo que dio por terminadas las funciones del causante no fijó la fecha a partir de la cual se hacía efectivo el cese y está suficientemente acreditado el momento en que el mismo se produjo -que fue el tomado en cuenta para determinar las condiciones de la jubilación-, no puede válidamente sostenerse que la fecha del cese es la del acto que lo dispuso.
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Orozco, Carlos Williams y otros c/ SES s/ Apelación de Sentencia - Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-14

La fundamentación del recurso federal versa sobre la aplicación e interpretación de normas convencionales, por principio, insusceptible de ser consideradas por el Superior Tribunal de la Nación.
Financiamiento de los partidos políticos, boletas de sufragio
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Liga Socialista Revolucionaria - Capital Federal s/ Incidente de control patrimonial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-27

El aporte para impresión de boletas (art. 35, Ley 26.215) forma parte del financiamiento público de las campañas electorales (cf. Título III, Capítulo III de la Ley 26.215), por lo tanto, es aplicable lo establecido en el artículo 40 respecto de los aportes extraordinarios de campaña y su consecuente sanción.
Honorarios del abogado, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GOLDARACENA HERMANOS LIMITADA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR BANCO BAIRES S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-05-06

El supuesto de pedido de quiebra por acreedor no decretada, no está previsto en su aspecto arancelario en la ley 19551, ni tampoco en la Ley arancelaria 7046 en forma específica. Las referidas actuaciones no son suceptibles de apreciación pecuniaria directa, resultan inexistentes los montos contemplados por los artículos 289 y siguientes de la ley 19551; tampoco cabe admitir el monto del crédito del acreedor que pidió la quiebra, pues esta no constituye un medio o precedimiento directamente vinculado al cobro individual de cada crédito.
Procedimiento laboral, honorarios, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: MONTAÑA, SERAFIN CECILIO c/ ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A. s/ APELACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-13

En el proceso laboral, a los fines de la regulación de honorarios aquél se divide en las siguientes etapas y porcentajes: 1)Demanda hasta contestación del traslado, 3/6 partes; 2)Producción de pruebas ofrecidas 2/6 partes; 3) Alegatos y cualquier actuación posterior a la sentencia definitiva 1/6. Lo que hace un total de 6/6 partes.
Extinción del contrato de trabajo, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Costa, Silvia Edith c/ Reesfgaard, Jorge s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-25

La notificación que efectúa una de las partes sobre la finalización del contrato de trabajo es una declaración unilateral recepticia y que una vez perfeccionada no puede ser revocada, si no media voluntad concurrente de ambas partes.
Revocación de sentencia, acción de repetición, repetición de impuestos, intereses compensatorios
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Establecimientos Textiles La Suiza Industrial  S.A. s/ recurso por retardo - impuesto sobre los capitales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que admitió el cálculo de intereses resarcitorios a partir de la presentación del reclamo administrativo de repetición aun cuando no fueron objeto de petición expresa si del art. 161 de la ley 11.683 (t.o. 1978) no puede inferirse la intención del legislador de suplir ciertas condiciones de forma imprescindibles para el reconocimiento judicial del derecho a los accesorios, como la circunstancia de que el acreedor haya deducido la pretensión correspondiente por la vía y en el momento oportuno.
Administración Pública, dictámenes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SCARANO, LUIS DANTE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 817 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-02

El parecer emanado de un órgano consultivo -salvo el excepcional supuesto de norma expresa en contrario- no constituye una manifestación de voluntad susceptible de obligar a la Administración.

(Del Voto Del Dr. Spuler)