Tribunal: JUZGADO FEDERAL Nro 1
Jurisdicción: Federal — Provincia: Formosa
Fecha: 2004-08-24


1º Instancia. - Formosa, agosto 24 de 2004.

Considerando: A. 1. Que la presente causa encuentra su génesis el día 30 de junio del año en curso, en ocasión en que el Suboficial Inspector del Departamento Informaciones D-2 de la Policía de la Provincia de Formosa -Enzo Centurión- se hallaba cumpliendo sus tareas y recibe una llamada telefónica de parte de una persona de sexo masculino -que no quiso identificarse-, quien manifestó llamar desde la Provincia de Buenos Aires para anoticiar que un grupo de cuatro personas -tres hombres y una mujer- arribaría a la provincia de Formosa con intenciones de cometer un asalto a una entidad bancaria o a una oficina pública de recaudación, agregando que éstos se desplazarían en dos automóviles, un "Citroen" de color gris y un "Chevrolet Astra" de color gris, marrón o bordó, y que dichas personas se presentarían como Laura Bordon -titular del Astra-, Arnaldo Asconia, Ariel Castelli y Ricardo Bordon, los que en durante el trayecto de su viaje a esta ciudad buscarían a otras personas integrantes de la banda. Asimismo, describió a Castelli como una persona robusta (obesa), con pelos ondulados y barba y a Arnaldo Ascona como algo obesa, destacando que los mismos tenían conocimiento sobre el manejo de armas de fuego.

2. Por lo anoticiado se dio intervención a la prevención -testimonial de fs. 1- y en consecuencia -fs. 2- se emitió un radiograma secreto/confidencial a la Delegación D. 2 Pirané de la Policía de Formosa, que textualmente reza: "De tareas de inteligencia llevadas a cabo por personal dependiente de esta división y ante la posible comisión de hechos delictivos que afecten la seguridad pública en la provincia, solicito instruya convenientemente al personal policial a su cargo a los efectos de que se logre la individualización y aprehensión preventiva, conforme las facultades conferidas en el art. 10, inc. b) de la Ley Orgánica Policial 428, de los ciudadanos Ariel Castelli, Arnaldo Ascona, Ricardo y Laura Bordon, quienes se desplazarían en dos vehículos, uno marca Chevrolet Astra color gris, marrón o bordó y el otro marca Citroen color gris. Los mismos conformarían una peligrosa organización delictiva con conocimiento sobre el manejo de armas de fuego y entrenados para cometer atracos. En caso de ser individualizados, ponerlos a disposición de este departamento".

3. A fs. 2 se deja constancia que la Delegación Informaciones con asiento en la ciudad de Pirané informa que, por relevamiento realizado en el centro de dicha localidad se observaron en el "Casino" los vehículos y las personas que responden a las características aportadas, por lo que se solicita la constitución de la prevención para la intervención policial correspondiente, ordenándose por ello el traslado de la comisión.

4. A fs. 4 rola el acta circunstanciada por la que se informa que siendo el día 1 de julio del año en curso, a las 01:00 horas, la prevención se constituye en la Comisaría de la ciudad de Pirané, entrevistándose con el Jefe de la Unidad Regional Dos -Crio. Mayor Alfredo Sánchez- quien confirmó que efectivamente en esa dependencia se hallaban las personas interesadas en averiguación de antecedentes, las que -luego de solicitada la pertinente autorización al oficial superior para mantener un diálogo con estas personas- son identificados como Laura Elizabeth Bordon, Ricarfo Jorge Moreyra, Carlos Fabián Gómez Pareja, Daniel Bernardino Salinas Lotero o (a) Hugo Alberto Elía Skatulak, Arnaldo Ascona Osorio, Alejandro Ariel Cristelli.

5. Que en dicha oportunidad Laura Elizabeth Bordón solicitó hablar con el oficial de mayor antigüedad y, a fs. 5, rola la declaración testimonial por ella prestada -el día 1 de julio a las 02:00 horas- en la que manifiesta ser concubina de Arnaldo Ascona, a quien un mes antes y en varias ocasiones lo escuchó, en momento en que conversaba con Ariel, Ricardo, Fabián y Hugo, que tenían previsto viajar hacia esta provincia para llevar a cabo el secuestro de un médico de apellido González, que tiene una clínica en Ibarreta, y que el contacto en esta ciudad sería alguien identificado sólo como "Mingo", siendo éste quien brindaba información sobre las posibles víctimas; aportando, a su vez, datos precisos sobre el pasar económico, medio de movilidad, grupo familiar, etc., del médico. Que así, el día martes 29 de junio, aproximadamente a las 13:00 horas, partieron de viaje desde la Provincia de Buenos Aires con destino a esta ciudad, haciéndolo ella con su concubino en el rodado marca "Chevrolet Astra", aclarando que viajó sólo por la insistencia de su pareja, padre de sus dos hijos menores -Yazmín de 4 años y Gabriel de 18 meses- que también vinieron. Agrega que en el otro vehículo -"Citroen Xsara" color gris- se desplazaban Ariel y Hugo, en tanto en el "Peugeot 206" -color rojo- lo hacían Fabián y Ricardo. Que arribaron a esta provincia el día 30 en horas del mediodía, se hospedaron en un hotel de la localidad de Palo Santo, y más tarde salieron con destino a Ibarreta, donde su concubino planeaba dialogar con el Dr. González a fin de solicitarle que le cambie unos billetes de dólares estadounidenses por pesos argentinos, con la sola intención de ir preparando el secuestro. Que una vez que llegaron a dicha ciudad, aproximadamente a las 19.00 horas, su concubino se encontró en una estación de servicios con sus amigos y "Mingo" -a quien describe como un hombre de unos 39 años de edad, de contextura delgada, hombros anchos, cutis morocho, cabellos lacios cortos, a quien le faltaban dientes en el paladar superior-, con quien conversaron aproximadamente durante 15 minutos, aclarando que ella no logró escuchar esa conversación; luego se retiraron hacia la Clínica del Doctor y, junto con su concubino, se entrevistaron con el Dr. González, quien les manifestó que en ese momento no les podía cambiar dólares por que estaba esperando a una persona con quien debía negociar euros, que regresen a las 22:00 o 23:00 hs. de ese mismo día. Por tal motivo emprendieron viaje a Pirané, para dirigirse al Casino, planeando que a la hora prevista su concubino junto a sus cuatro amigos regresarían al domicilio de González para concretar el secuestro, en tanto ella permanecería en el hotel junto con sus hijos. Que siendo las 00:00 hs., al salir del Casino, para viajar hacia Palo Santo, fueron interceptados por la policía. Asimismo, manifestó que su pareja junto a sus amigos cometió con anterioridad hechos ilícitos en esta Provincia de Formosa en base a datos aportados por "Mingo". Así, expuso que tres meses atrás su concubino, alias "Japo", y Ricardo viajaron a esta provincia en un automóvil "Ford Escort" para cometer un asalto en la Municipalidad o Correo, delito que perpetraron sin inconvenientes. Manifestó que en ese momento no portaban armas, pero que había escuchado que éstas serían de 9 mm y llegarían por encomienda a la localidad de Fontana en horas de la mañana.

6. A fs. 7 rola acta de elementos interdictados a los detenidos con planilla discriminada del dinero secuestrado, a fs. 9.

7. A fs. 8 se deja constancia -con fecha 01/7/04 a las 03,00 horas- del secuestro de los dos automóviles en que se movilizaban los sospechosos al momento de su aprehensión- "Citroen Xsara" y "Chevrolet Astra"- los que son aparcados en la playa del estacionamiento de la dependencia actuante.

8. A fs. 10/12 se agregan tomas fotográficas.

9. A fs. 13 se agrega una nota -de fecha 30 de junio de 2004- por la que el Departamento Informaciones Policiales de la Policía de la Provincia de Formosa requiere al Jefe de la Comisaría de la localidad de Ibarreta, arbitre los medios para lograr una entrevista con el Dr. Pedro Francisco González para averiguar si durante la semana o mes recibió algún tipo de amenaza contra su familia o persona y sobre posibles robos o secuestros provocado por personas provenientes de otra provincia, precisamente, de la ciudad de Buenos Aires, y en caso afirmativo proceda a recepcionarle declaración testimonial.

10. A fs. 14/16 prestó declaración testimonial Pedro Francisco González, el día 1 de julio del 2004, a las 10,25 horas.

11. A fs. 17 prestó declaración testimonial -el 1 de julio a las 10,50 horas- Domingo González.

12. A fs. 18/20 declaró ante la prevención el testigo Ariel Rolando González, el 01/7/04 a las 11:30 hs.; haciendo lo mismo a fs. 21/22 Dalmira Verón, en fecha 1 de julio a las 18:35 hs.; a fs. 23/24 y en fecha 01/7/04 a las 19:30 hs. declaró Marta Rodríguez; a fs. 25/26 el día 1 de julio a las 20:00 hs. declaró Raúl Domínguez y a fs. 27, en fecha 1 de julio del 2004, a las 20:30 hs. lo hizo el testigo Néstor Ismael Bernal.

13. A fs. 29 se informa que "Mingo" sería Domingo Andrade, domiciliado en la vivienda de su madre C. V., ubicado en el Bº ..., calle B... s/n de la localidad de Ibarreta.

14. Por ello -a fs. 30- la prevención solicita al Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa una orden de allanamiento en tal domicilio, a fin de lograr el secuestro de armamentos varios y otros elementos de interés para la causa, pedido al que se hace lugar mediante la resolución de fs. 31, remitida vía telefax el día 1 de julio del 2004, a las 13:44 hs. -conforme constancia obrante en el encabezado, margen derecha-, orden que en su fundamentación textualmente expresa: "que en mérito de la investigación llevada a cabo por la prevención existen indicios suficientes que en el domicilio de la ciudadana C. V. podrían encontrarse elementos que resultan de interés en las presentes actuaciones, que permitirían arribar al descubrimiento y comprobación de la verdad, por lo cual resulta procedente el pedido de orden de allanamiento", encomendándose la realización de la diligencia al Preventor Comisario Mayor Ramón Figueredo.

15. A fs. 32/33 rola el acta de allanamiento labrada el día 1 de julio del 2004, a las 13:50 horas, en presencia de los testigos Angel Rubén Estigarribia y Darío Benítez Portillo, en el que consta que abierto el acto fueron atendidos por A. G., propietaria del inmueble, quien explica que en dicho domicilio habita Domingo Andrade, ya que la vivienda es alquilada por su madre C. V.; por ello, con ausencia de la Sra. G. se ingresó al patio posterior de la vivienda donde ubicaron a Domingo Andrade, a quien se le dio lectura de la orden de allanamiento, no oponiendo objeción alguna a la realización de la medida. Que en presencia de los testigos la prevención ingresa a una habitación, en la que se observa una cama de dos plazas y una cama cucheta, advirtiéndose que sobre la cama citada en primer término se encontraban cuatro (4) bolsos de viaje con prenda varias y sobre la cama inferior de la cucheta envoltorios de papel diario contenido las siguientes armas de fuego en su interior: 1º) una pistola automática calibre 11,25 mm. Marca "Ballester Molina" ind. Arg. Nº 586 (corredera) y 50248 (empuñadora) con un cargador Nº 30359 con siete cartuchos del mismo calibre; 2º) una pistola automática calibre 9 mm, marca "Browning", Nro. Pol. Cap. 1054, mismo número para la parte fija y móvil, con soporte para silenciador en el cañón, un cargador Nº 1520 con 13 cartuchos; 3º) una pistola calibre 919 marca "Glok", Nº DMB 706 parte fija y móvil, con soporte para silenciador en el cañón, un cargador de la misma marca Nº 3.206 con 17 cartuchos; 4º) una pistola automática calibre 45 mm, marca "Ballester Rigaud" Nº 353, un cargador sin número con siete proyectiles; 5º) una pistola marca "Bersa" calibre 380 mm. Nº Thunder 380 súper, cuya numeración en la parte fija se halla adulterada, con un cargador con diez proyectiles; además una riñonera con 21 cartuchos de 11,25 mm., 17 cartuchos de 9 mm. y dos tambores de silenciadores, teléfonos celulares, herramientas varias, punzón, remachadora, soldadora. Entre los papeles hallados se logró el secuestro de una agenda de color negro con varias anotaciones, una boleta de la empresa "Integral Pack Express S.A." para retirar una encomienda de 5 kg, destinada a Ramon Viza en Comandante Fontana de fecha 29/6/04 procedente de la localidad de Liniers, igualmente se halló un bolso tipo monedero, color verde con vivos rojos, y en su interior anotaciones varias. Al requisarse a Andrade se logró el secuestro de una billetera de cuerina color marrón en cuyo interior contenía pasaje de la empresa "Flecha Bus", y papeles con anotaciones de números telefónicos y nombres.

16. A fs. 34/35 se agrega un detalle de los elementos incautados en poder de Domingo Andrade.

17. A fs. 36, rola una providencia de la prevención en la cual, en virtud de haberse tomado conocimiento que en el Hotel "Palo Santo", propiedad de la señora V. A., se habrían alojado dos integrantes del grupo aprehendido en Pirané, y que en dicho hotel se hallarían depositados efectos personales de los mismos, así como también estacionado el vehículo automotor que les pertenecía, se comisiona a personal policial para llevar a cabo "la diligencia procesal de estilo".

18. A fs. 37, en virtud de la providencia de fs. 36, la prevención dispone labrar un acta con las formalidades previstas en el art. 122 del Código Procesal Penal de la Provincia, la que luce en la misma foja, con fecha 1 de julio del 2004, en la que consta que siendo las 09:45 hs., el personal preventor se hace presente en el Hotel "Palo Santo", donde con el consentimiento de su propietaria y en su presencia de dos testigos, uno de los cuales es la propietaria del hotel, se procede a la apertura de las habitaciones Nº 5 y 6, hallándose en la primera dos bolsos de viaje con vestimentas y dos teléfonos celulares y, en la habitación Nº 6, fueron halladas vestimentas y 3 teléfonos celulares. Igualmente se realizó una requisa sobre el rodado marca "Peugeot 206" color bordó dominio CRO-965, procediéndose a su apertura con la correspondiente llave -la cual también fue dejada en la habitación- hallándose en su interior un teléfono celular, tres linternas, una cinta de embalaje color verde, un cuchillo de mesa y un reloj, efectos que son secuestrados.

19. A fs. 38 se agrega el acta labrada el 1 de julio de 2004, con las formalidades del citado art. 122 del Código Procesal Penal de la Provincia de Formosa, en la que se deja constancia que la prevención se hace presente en la localidad de Comandante Fontana, y siendo las 15 horas se constituye en la finca ubicada en la calle Moreno y Av. San Martín y, en presencia de los testigos Luis Atilio Godoy -comerciante encargado de la boletería de la empresa "Flecha Bus" e "Integral Express"- y Héctor Zárate, se procede a incautar una encomienda boleta Nº 1160-0001010 a nombre de Roman Viza, consistente en un caja de vino fino tinto marca "Lavaque" envuelta con polietileno y embalada, la cual es puesta a disposición del juez interviniente.

20. A fs. 39 la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones D-2 de la Policía de la Provincia de Formosa dispone, el 1 de julio de 2004, iniciar el Sumario Nº 10/04 sobre infracción al art. 189 bis (2) del Código Penal Argentino, dando intervención al Juez de Instrucción y Correccional Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa. Asimismo se ordena notificar a los imputados de su situación legal, realizar pericias sobre las armas secuestradas y demás efectos incautados y realizar cuantas diligencias se adviertan como necesarios.

21. A fs. 40 luce el oficio "J" Nº 101/04 DDC, dirigido al juez interviniente -sin constancia de recepción por parte de éste- con una síntesis del hecho investigado, el que conforme se informa textualmente, ocurrió: "entre las 23:00 hs., del día 30 de junio de 12:20 hs. del 1 de julio", en el que consta la detención de los involucrados, el allanamiento en el domicilio de Andrade con su resultado, la incautación de la encomienda en la localidad de Comandante Fontana, el secuestro de los tres automotores y 8 teléfonos celulares.

22. A fs. 41, siendo las 21:10 hs., del día 1 de julio de 2004 se hace comparecer al despacho de la guardia de prevención a Ricardo Jorge Moreyra, a efectos de notificarle su situación procesal, oportunidad en la que se le hace saber que a partir de las 16:00 de ese día se encuentra detenido por hallarse imputado en el Sumario de Prevención Nº 10/04 registro de la División de Delitos Complejos caratulado "Infracción art. 189 (2)", substanciado con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia. Seguidamente se le hace conocer el derecho que le asiste de designar abogado defensor y que si no lo tuviere será asistido por el defensor oficial, así como también, que será asistido por la médica policial de turno -Dra. Liliana Aguayo-; dejándose constancia que el mismo se da por notificado y que está conforme con la designación de perito médico y que designa al defensor oficial. A fs. 42/43/44/45 y 46 se realizan las mismas actuaciones respecto de Hugo Alberto Elías, Carlos Fabián Gómez Pareja, Arnaldo Ascona Osorio, Alejandro Ariel Cristelli y Domingo Andrade, el mismo día a las 21:15 hs., 21:20 hs., 21:25 hs., 21:30 hs. y 21:35 hs., respectivamente.

23. A fs. 47/52 se oficia a las distancias fuerzas requiriéndose informes sobre pedidos de secuestro del armamento incautado.

24. A fs. 53 la División Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Formosa informa el Juez de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia, con asiento en Las Lomitas, que en esa dependencia se hallan detenidos los imputados de autos y se pone en su conocimiento que algunos de los detenidos, por sus características físicas y morfológicas presentarían similitudes con los identikits confeccionados respecto de los involucrados en el robo a mano armada y privación ilegal de la libertad ocurrido en la oficina del Correo Argentino de la localidad de Pozo del Tigre - Sumario de Prevención Nº 115/03.

25. A fs. 54 se solicita al Departamento Judicial D-5, División Criminalística, la pericia sobre las armas secuestradas.

26. A fs. 55 se agrega el original del Auto interlocutorio mediante el cual se dispuso el allanamiento en el domicilio de C. V. en Ibarreta, remitido vía telefax a las 13:44 del 1 de julio del cte.

27. A fs. 58/79 se agregan las planillas prontuariales de los detenidos, con informe de sus antecedentes y fichas decadactilares.

28. A fs. 80 se agrega un acta circunstanciada, de fecha 1 de julio de 2004, en la que se deja constancia sobre la relación existente entre los imputados Andrade, Ascona y Cristelli, que textualmente expresa: "que habiéndose realizado allanamiento en el domicilio de residencia del ciudadano Domingo Andrade lugar de donde se incautó armamentos y elementos varios, entre los que se destacan recortes de papel con respectivas anotaciones de nombres, alias y números telefónicos, que se identifican de la siguiente manera: Nº 1: 1559115505 - 155228702; Ariel. 2) 1550973734 Japo - Gordo. 3) 1554728293 Beto; y llevando al estudio de comparación los imputados Ascona Osorio Arnaldo y Ariel Alejandro Cristelli, al ser identificados mencionan a la Prevención sus respectivos alias "Japo" y "Gordo" respectivamente lo que determina claramente que Andrade tiene vinculación con el grupo de personas detenidas en la presente causa. Asimismo claramente surge del informe pericial brindado a foja Nº 99 vta. punto 8), donde se establece que uno de los teléfonos celulares responde al número 1550873734, en consecuencia resulta "a prima facie" que existe una relación directa y causal entre la persona de Domingo Andrade y el grupo de imputados en la presente causa, oriundas de la Provincia de Buenos Aires, lo que hace presumir que el armamento incautado en el domicilio del causante correspondería también a los demás detenidos".

29. A fs. 81 se requiere al Director General de Investigaciones del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se informe los antecedentes de las personas detenidas y vehículos en que se trasladaban.

30. A fs. 82/94 se agrega informe de la Sección Modus Operandi.

31. A fs. 97 se agrega informe de la División de Armas y Agencias.

32. A fs. 98 se notifica al Oficial Ppal. Luis Alberto Fernández de su nombramiento como perito de los teléfonos celulares.

33. A fs. 99 el perito actuante informa los resultados de la pericia determinado las marcas, modelos, números de serie y números de teléfonos celulares que figuran en la memoria de cada uno de los equipos, dando sus características.

34. A fs. 100 se designa perito, con constancia de aceptación, a Crispín Cáceres quien debe realizar pericias sobre los vehículos secuestrados, informe que se evacua según constancias de fs. 100 vta.

35. A fs. 101/102 se clausura la investigación prevencional y se eleva al Juzgado correspondiente el Sumario de Prevención Nº 10/04.

36. A fs. 102 vta. se advierte el primer cargo de recepción del Juzgado actuante, en fecha 6 de julio del 2004, a las 20:10 hs.

37. A fs. 103 el juez subrogante, Dr. Héctor Sur, resuelve, en fecha 6 de julio de 2004, que los funcionarios policiales continúen con las diligencias investigativas, de conformidad con lo normado en el art. 170, 4º p. del CPP de la Pcia.

38. A fs. 105 rola constancia de apertura, en fecha 1 de julio de 2004, por el Juez y Actuario del Juzgado interviniente, de una caja no abierta por la prevención y dentro de la que se hallaron vestimentas varias, una mochila color verde, cuatro esposas con sus dos llaves, tres Handy, dos de marca "Motorola" y uno de marca "Charge", un cargador de batería marca "Motorola" y otro marca "Macortec", tres antenas y un porta baterías "Motorola".

39. A fs. 106/107/108/109/110/111 Domingo Andrade, Carlos Fabián Gómez, Ricardo Moreyra, Hugo Alberto Elía, Arnaldo Osorio Ascona y Alejandro Cristelli, respectivamente, nombran como abogados defensores a los Dres. I. R. y G. D., con constancia de aceptación de tales cargos.

40. A fs. 112 el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3 de la 1era. Circunscripción Judicial de la Provincia resuelve ordenar, por auto, la instrucción del sumario contra Domingo Andrade, Alejandro Cristelli, Arnaldo Ascona Osorio, Elía Hugo Alberto, Carlos Fabián Gómez Pareja y Ricardo Jorge Moreira, por el delito previsto en el art. 189 bis del CPA.

41. A fs. 114 prestó declaración indagatoria Alejandro Cristelli, ocasión en la que expuso desconocer los hechos atribuidos, explicando que realizó su viaje con la intención de comprar, junto con Elía, una cabaña prefabricada para comenzar un micro emprendimiento en su campo ubicado en Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Que por tal motivo arribó a Pirané en horas de la siesta del día miércoles, alojándose en un hotel de dicha localidad. Sobre los elementos secuestrados, reconoció como propio el teléfono celular Nokia 1100 y el vehículo "Citroen Xsara" Dominio CMD 986.

42. A fs. 115 prestó declaración indagatoria Carlos Fabián Gómez, quien manifestó, haber llegado a Pirané el día miércoles 30 de julio a las 16:00 a 17:00 hs., procedente de Buenos Aires, viajando en su vehículo "Peugeot 206" junto a Ricardo Moreyra. Que en el "Chevrolet Astra" se encontraba Ascona y en el "Citroen" Cristelli. Como no hallaron hospedaje en Pirané se dirigió a Palo Santo deteniéndose en la estación de servicios de dicha localidad, donde uno de los elementos le indicó las mueblerías en donde podría adquirir muebles de algarrobo. Que se dirigió a una mueblería, donde fue atendido por una secretaria y el jefe de cuadrilla de los carpinteros, luego se retiró al hotel para descansar, desde donde lo buscó Cristelli para ir a cenar.

43. A fs. 116 declaró Ricardo Moreyra, quien manifestó que arribó a la Localidad de Palo Santo para comprar muebles. Por tal motivo llegó a visitar una mueblería y luego de ello se dirigió junto con Gómez a buscar un hotel, donde se registraron y se quedaron a descansar hasta que los pasara a buscar Cristelli para ir a cenar a Pirané, que en dicha circunstancia fue detenido, negando la responsabilidad atribuida.

44. A fs. 117 declaró Domingo Andrade manifestando que las armas secuestradas en su habitación son de su propiedad y fueron adquiridas en el mercado negro en Buenos Aires, y las tenía con intenciones de venderlas en Formosa, agregando que las trajo en un bolso cuando viajó el día 30 de julio desde Buenos Aires a Ibarreta. Sobre el allanamiento llevado a cabo en su domicilio, manifestó que se inició aproximadamente a las once de la mañana del día 1 de julio, negando que en dicha oportunidad se les haya secuestrado la constancia de encomienda y las anotaciones con números telefónicos y nombres, alegando, además, no conocer a los restantes imputados.

45. A fs. 118 prestó declaración indagatoria Arnaldo Osorio, quien manifestó que viajó a Pirané con intenciones de comprar muebles, localidad a la que arribó el 30 de junio del corriente año, pero debido a que en esa localidad no había habitaciones disponibles se hospedó junto con su familia en Palo Santo. Explicó que quince días antes de este viaje ya había realizado un viaje a Pirané con intenciones de llevar folletos y averiguar precios de muebles. Reconoció haberse entrevistado con el Dr. González para cambiar tres mil (3.000) dólares a pesos argentinos, aclarando al respecto que en la anterior ocasión que estuvo en Pirané, en una farmacia le informaron que el Dr. González podía realizarle este cambio, por dicho motivo se apersonó hasta la clínica y se contactó con el Dr. González; asimismo declaró no conocer a Domingo Andrade.

46. A fs. 119 declaró Hugo Alberto Elía, ocasión en la que expuso que el motivo de su viaje hacia esta provincia fue el de comprar una cabaña junto con Cristelli y que estaban cenando en el Casino de Pirané cuando fueron detenidos, declarando no conocer a Andrade y ser inocente respecto del hecho atribuido.

47. A fs. 120/121 el Dr. J. I. R. instó el sobreseimiento de sus defendidos.

48. A fs. 122 se corre vista de dicho pedido al Fiscal, quien, a fs. 123, dictaminó que atento al estado de la causa, los elementos incriminantes colectados y la calificación legal provisoria efectuada por la Fiscalía -Tenencia Ilegal de Armas de Guerra y Asociación Ilícita- no debe hacerse lugar el sobreseimiento impetrado.

49. A fs. 126 prestó declaración testimonial Laura Elizabeth Bordón, quien expuso que nada de lo dicho en la supuesta declaración testimonial prestada en sede policial -obrante a fs. 05/06- es cierto, ya que en ningún momento declaró. Reconoció como suya la firma estampada al pie de dicha acta, afirmando que la suscribió sólo porque los policías la amenazaron, la manosearon y la intimidaron verbalmente con sacarle a sus hijos, de cuatro años y un año y seis meses. Manifestó que viajó hacia el interior de esta Provincia, junto con su concubino Arnaldo Osorio Ascona, para comprar muebles y que fueron detenidos cuando se encontraban cenando en el casino de Pirané. Agregó que no le permitieron leer el acta que suscribió, firmándola bajo presión por estar separada de sus hijos, a los que escuchaba llorar, y por escuchar los golpes que le proferían a su pareja, los que incluso fueron presenciados por uno de sus hijos.

50. A fs. 127/128 por Resolución Nº 37/04, de fecha 26 de julio de 2004, el Juzgado actuante se declaró incompetente en razón de la materia para seguir actuando en la presente causa -por estimar que el hecho punible se ajusta al delito de acopio de armas de guerra- remitiendo en consecuencia las actuaciones a este tribunal por ser el fuero competente para tal delito -acopio de armas de guerra, art. 189 bis del CP-, conf. art. 33, inc. d) del CPPN. - Reforma art. 3º de la ley 25.886.

51. A fs. 130 la defensa interpone recurso de apelación contra la resolución de incompetencia, recurso que es denegado según constancias de fs. 131.

52. A fs. 133 rola acta de recepción de las armas de guerra por este Juzgado, y a fs. 134 se corre vista al Fiscal Federal.

53. A fs. 135 el Fiscal evacua la vista conferida, en la que dictamina que este Juzgado Federal de Formosa es competente para entender en el trámite de la presente causa, por lo que por A.I. Nº 596 de fecha 03/08/04 esta magistratura resolvió declararse competente en razón de la materia, citando a los imputados a prestar declaración indagatoria.

54. A fs. 142 se instruye sumario criminal "prima facie" por la comisión del delito de acopio de armas de fuego y municiones -art. 189 bis 3er. párrafo del CPA, incorporado por ley 25.886-.

55. A fs. 143/145, luego de ratificar la designación de abogado defensor recaída en el Dr. R. -quien presente en el acto acepta formalmente el cargo otorgado- e impuesto de los hechos y pruebas obrantes en su contra, prestó declaración indagatoria Domingo Andrade, oportunidad en la que ratificó lo dicho en sede judicial provincial, reconociendo las armas secuestradas y las municiones que se le exhibieron como las interdictadas al momento de allanarse su domicilio. A su respecto, manifestó que las adquirió por $500 en el "mercado negro" de "Villa Eucalipto" en Buenos Aires, sin documentación de ninguna índole y con intenciones de venderlas en la Provincia de Formosa, aclarando que aún no tenía compradores. Declaró que la guía de encomienda y los papeles con números telefónicos y nombres no fueron interdictados en su domicilio y que no conoce a sus consortes de causa.

56. A fs. 146/149 declaró Ricardo Jorge Moreyra, quien luego de ratificar la designación de abogado defensor recaída en los Dres. D. y R., e impuesto de los hechos y pruebas obrantes en su contra, expuso no reconocer las armas de fuego exhibidas. Ratifica lo declarado en sede judicial provincial, manifestando que el día martes 29 de junio salieron de la Provincia de Buenos Aires, viajando en el automóvil Peugeot 206 junto a Fabián Gómez, que en otro rodado viajaba Azcona con su esposa y Cristelli lo hacía con Elía. Que arribaron a Pirané el día 30, donde no todos consiguieron alojamiento por lo que se dirigieron a la localidad de Palo Santo. Sostiene que realizó su viaje a fin de adquirir muebles de algarrobo para reventa en Buenos Aires, por lo que en esta localidad se dirigieron a una mueblería en donde les explicaron las condiciones de venta y modo de pago, retirándose luego a descansar al hotel, de donde los pasó a buscar Cristelli para ir a cenar al Casino de Pirané, lugar en el que se encontraban cuando fueron detenidos. Afirma que, a excepción de Domingo Andrade, conoce a los demás imputados por ser vecinos y amigos, con quienes viajaban en conjunto para emprender negocio del mismo rubro. Asimismo, que no conoce al Dr. G. ni a su familia, ni la localidad de Ibarreta. Respecto de las condiciones de detención, denunció que todo su grupo fue sometido a agresiones físicas y amenazas.

57. A fs. 151/155 prestó declaración indagatoria Carlos Fabián Gómez, quien luego de ratificar la designación de abogados defensores en los Dres. Riveros y Dorrego, siendo asistido por ellos e impuesto de los hechos y pruebas obrantes en su contra, manifestó no reconocer los elementos secuestrados que le son exhibidos, ni haberlos visto anteriormente. Sobre su viaje, declaró haber arribado a esta provincia el día 30 de junio y, debido a que no consiguieron hospedaje en Pirané, se dirigieron a Palo Santo, localidad en la que junto con Moreyra visitaron una carpintería a la que fueron enviados por un empleado de la estación de servicios que le dio las recomendaciones, donde averiguaron los detalles del negocio y precios, ya que pensaban adquirir muebles para venderlos en Buenos Aires. Que más tarde Cristelli los pasó a buscar para ir a cenar al Casino de Pirané, donde fueron detenidos. Manifestó no conocer a Domingo Andrade ni tener vinculación alguna con él. Asimismo denunció haber sido víctima de malos tratos por parte de personal de la Policía de la Pcia. de Formosa, al igual que el resto de sus compañeros.

58. A fs. 156/159 Alejandro Cristelli prestó declaración indagatoria y, luego de tomar conocimiento del hecho atribuido y pruebas colectadas, ratificó la designación de abogado defensor recaída en los Dres. Riveros y Dorrego letrados que lo asistieron en el acto, declarando que no reconoce las armas y municiones secuestradas, las esposas, los handys, ni la cinta adhesiva color verde, aclarando que le pertenece uno de los teléfonos celulares -Nokia 1100-. Sobre lo ocurrido manifestó su intención de ratificar lo declarado en el Juzgado de Provincia, agregando que viajó desde Bs. As. hacia esta provincia con intenciones de adquirir una cabaña de quebracho que pensaba instalar en su campo de Mercedes, Pcia. de Bs. As., para iniciar un micro emprendimiento; que los datos que poseía sobre dicho negocio se los había comunicado "Coco Marcial" o "Marciali", y como le pareció un buen negocio le propuso a Elías asociarse para llevar a cabo dicha empresa. Agregó que 20 días antes de ser detenido había estado por Formosa, en Pirané, siempre con la misma finalidad de interiorizarse sobre los precios. Que el día 30 de junio, él y Elía se hospedaron en Pirané y el resto del grupo en Palo Santo por que no consiguieron lugar de hospedaje, y que luego de descansar un rato pasó a buscar a Moreyra y Gómez para ir a cenar al Casino de Pirané, donde fueron detenidos. Denunció que, al igual que el resto de sus compañeros, fue víctima de agresiones físicas e intimidaciones y amenazas verbales.

59. A fs. 161/164 Hugo Alberto Elía prestó declaración indagatoria y, luego de tomar conocimiento del hecho atribuido y de ratificar la designación recaída en los defensores Dorrego y Riveros y en su presencia, manifestó no reconocer los elementos secuestrados -armas, esposas, handys, cinta adhesiva- salvo su teléfono celular -Siemens A 56- y su billetera. Sobre el motivo de su viaje, manifestó que pretendía asociarse con Cristelli para comprar cabañas de quebracho e iniciar un emprendimiento, que por tal motivo, y por primera vez, viajó con Critelli desde Buenos Aires hacia esta provincia, arribando a Pirané el día 30 de junio, se hospedaron en un hotel, donde descansaron hasta que fueron a buscar a Moreyra y Gómez a Palo Santo para cenar juntos en el Casino de Pirané, donde fueron detenidos. Dijo no conocer a Domingo Andrade y denunció haber sido víctima de malos tratos y agresiones físicas y verbales, padeciendo en consecuencia serias lesiones.

60. A fs. 165, por las denuncias formuladas por los imputados respecto de las agresiones recibidas, se ordenó la extracción de copias para remitirla al Sr. Fiscal Federal Nº 2 en averiguación por el art. 180 -2º p- y 196 del CPPN, ordenándose asimismo la asistencia médica de los denunciantes e informe de sus diagnósticos.

61. A fs. 169/172 Arnaldo Osorio Azcona prestó declaración indagatoria y, luego de tomar conocimiento del hecho atribuido y pruebas colectadas, ratificó la designación de defensor recaída en los Dres. Dorrego y Riveros, en presencia de los mismos manifestó no reconocer las armas secuestradas, los handys, las esposas y la cinta adhesiva, aclarando que sobre los elementos interdictados sólo reconoce como propios el Teléfono Kyocera S 14 y su billetera, así como los documentos del rodado y su llave. Manifestó que el día 4 de junio del año en curso viajó, junto a su familia, desde Buenos Aires hacia Pirané -alojándose en el Hotel Victoria- con intenciones de recorrer mueblerías para adquirir muebles a buen precio, por eso permaneció en la provincia durante 4 ó 5 días y, el día 7 de junio fueron de visita al camping "La Estrella" de Las Lomitas, al regresar, en Ibarreta se detuvieron en una Farmacia cercana a la terminal para adquirir elementos de higiene para su bebé, compra que pretendió abonar con billetes de dólares estadounidenses, en ese lugar le manifestaron que quien podría cambiarle dicho dinero por pesos era el Dr. G., indicándoles la dirección de la clínica de éste, por ello fueron hasta dicho domicilio donde el Dr. G. les cambió u$s 400. Que una vez que obtuvo todos los presupuestos retornó a Buenos Aires para analizar su conveniencia. Que por ese mismo motivo volvió a viajar el día 29 de junio, ya con intenciones de adquirir los muebles; que por eso, habiéndose hospedado en Palo Santo, fue hasta Ibarreta para que el mismo Dr. G. le cambie los u$s 3.000 que traía, ocasión en la que éste le manifestó que en ese momento no podía cambiarle pero que lo haría al día siguiente. Que luego fueron a cenar al Casino de Pirané, ocasión en la que fue detenido. Denunció que él, sus acompañantes y su esposa fueron víctimas de malos tratos y lesiones y no conocer a Domingo Andrade.

62. A fs. 173 se ordenan medidas de investigación.

63. A fs. 174 se ordena pericia urgente sobre los teléfonos celulares interdictados.

64. A fs. 179/185 se agregan los informes médicos periciales realizados sobre los imputados.

65. A fs. 187/188 prestó declaración testimonial R. A. G., quien expuso que el día 30 de junio en horas de la siesta -a las 13:00 hs, aproximadamente- se dirigió a la localidad de Palo Santo para buscar el repuesto de una cosechadora en el taller del Sr. Princich a quien no pudo ubicar, por lo que fue a buscarlo a su campo, distante a unos 16 o 18 Km. de la localidad de Palo Santo, pasando antes por la estación de servicios de "Alabert" para cargar combustible, y luego emprendió camino hacia el sur. Que estando en el pueblo se le adelantó un vehículo "Peugeot 206" color rojo bordó, de vidrios oscuros, el que al llegar al paso de nivel de Palo Santo le frenó adelante y bajó el vidrio del lado del chofer, pero que prosiguió viaje sin inconvenientes. Una vez de regreso en Palo Santo permaneció en la casa del Sr. Samudio, saliendo nuevamente a la ruta 81 a las 20:00 hs. aproximadamente y, luego de avanzar unos tres kilómetros lo sobrepasó un vehículo con las balizas puestas que le frenaba por delante, impidiéndole pasar, tratándose de un "Astra" color gris, cuyo dominio no recuerda, y que así avanzaron juntos hasta llegar a la Colonia Aborigen Bartolomé de las Casas, donde logró sobrepasarlo hasta llegar al sector iluminado en Fontana, lugar en el que se detuvo en la banquina para ver quién era el del "Astra" y éste pasó. Minutos después se reencontraron, cuando lo volvió a pasar a la altura de la sociedad Rural de Fontana, perdiéndolo definitivamente de vista cuando éste dio vuelta a la altura del destacamento de Vialidad Provincial. Aclaró que él viajaba en su camioneta junto con Domínguez como acompañante y con Martín Armenick, Fernando Aquino y Romero. Que después del viaje llegó a su casa y se acostó a dormir, levantándose al día siguiente cuando la policía ya estaba en su domicilio, a las 6:00 ó 7:00 hs., de la mañana. Aclaró que por averiguaciones de la policía se logró determinar, siendo entre las 09:30 u 11:00 horas, que "Mingo" era Domingo Andrade. Agregó que antes del mediodía se acercó hasta el domicilio de Andrade, donde la policía encontró las armas y que recién en ese momento se dio cuenta que quien él conocía como "Mingo Gómez" -por haberle comprado anteriormente algunas herramientas- era Domingo Andrade. Manifestó que ante personal de la Policía de la Provincia de Formosa declaró la noche del 1º de julio y la mañana del 2 de julio y que sólo en esta última ocasión se labró acta, y que en ambas fechas también prestó declaración su padre. Sobre los demás impuestos declaró reconocer a Osorio Azcona como la persona que en tres ocasiones, en el transcurso de 10 días, fue a su negocio a preguntar el precio del algodón.

66. A fs. 189/190 prestó declaración testimonial Raúl Andrés Domínguez, quien expuso que el día 30 de junio, en horas de la tarde, viajó con A. G., en la camioneta de éste, hasta Palo Santo -agregando que viajaban también Aquino, Romero y Armenik- pasando antes por la estación de servicios de "Alabert" para cargar combustible, lugar donde observó un automóvil "Peugeot 206" cuyo conductor los miraba. Que ya en la ruta, antes de cruzar la vía, el "Peugeot" se hizo a un costado y bajó un poco el vidrio, pero lo pasaron sin problemas. Permanecieron en Palo Santo, en la casa de un amigo, regresando en horas de la noche hacia Ibarreta y, al llegar al cruce de Matacos, se les atravesó un "Chevrolet Astra", dominio DHG 640 de color gris, que les impedía el paso, cerrándoles el camino y poniéndoles baliza. Ya a la entrada de Fontana, donde comienza la luz, pasaron a un costado y el "Astra" pasó, hicieron unos 2.000 metros más y de vuelta se les volvió a cruzar, actitud que se mantuvo hasta llegar al cruce del Campamento de Vialidad Nacional, donde lograron sobrepasarlo y cruzarlo, perdiéndolo de vista. Manifestó que a las 12:30 o 13:00 hs., del día 1 de julio se acercó junto con G. hasta el domicilio de Andrade, observando en el patio seis (6) armas con silenciadores, esposas y una máquina de soldar azul. Agregó que ante personal de la Policía de la Provincia de Formosa declaró el día 2 de julio, en horas de la mañana.

67. A fs. 191/192 prestó declaración testimonial P. F. G., quien expuso que los primeros días del mes de junio se apersonaron a su clínica dos personas -un hombre y una mujer- que se presentaron como compradores de muebles, manifestándole que querían que les cambiara u$s 700, y como él no disponía de dinero en el consultorio los invitó a pasar a su domicilio particular -lindante con el consultorio- lugar donde, luego de una breve charla, le cambió sólo u$s 500 porque 200 le parecieron falsos. Que el día miércoles 30 de junio a las 20:30 hs., aproximadamente, aparece nuevamente la pareja en su consultorio, atendiéndolos a las 20:45 horas, oportunidad en la que el muchacho le manifestó que quería cambiar entre 1.500 y 3.000 dólares para pagar compras de muebles, operación a la que se negó debido a que no contaba con el dinero necesario, haciéndole saber que sólo podía conseguirle una parte de tal suma para el día siguiente, después del horario bancario, propuesta a la que accedieron, conviniendo en encontrarse a las 10:30 hs., del día siguiente para hacer el canje a las 10:30 horas, en el consultorio. Afirma que afuera de su vivienda, estacionado en la oscuridad, permanecía un rodado marca "Citroen" color gris con vidrios polarizados. Que al día siguiente, jueves 1 de julio, siendo las 06:30 o 07:00 hs. llegó el personal de la policía a su domicilio y le pusieron en conocimiento que la pareja con la que se había entrevistado el día anterior fue detenida, hallándose en su poder fotos, dirección, números de documentos de él y su familia y que lo pensaban secuestrar. Que por averiguaciones que hizo la policía se logró determinar que la conexión local era Domingo Andrade -a que conocía previamente, por vínculos comerciales ocasionales- a cuyo domicilio se acercó la policía, el día jueves a la mañana temprano encontrando las armas. Afirma que esto sabe porque, siendo las 08:30 ó 09:00 horas se apersonó un policía hasta su domicilio y le comentó a los demás agentes que allí se encontraban, que habían hallado las armas y que necesitaba la máquina de escribir. Agregó que prestó declaración testimonial ante la policía el día 1º de julio, en horas de la mañana, y el 2 de julio, a la siesta.

68. A fs. 193/194 prestó declaración testimonial Abelina Gallardo, quien manifestó ser la propietaria de la vivienda en la que se llevara a cabo el allanamiento donde fuera hallado Andrade y las armas, aclarando que en tal carácter alquila a Celsa Vera un dormitorio, que se encontraba ocupado el 30 de junio por ésta y sus dos hijos, uno de los cuales es Domingo Andrade, quien vive en Buenos Aires, y que arribó a Ibarreta el día 30 de junio. Sobre el allanamiento declaró que la policía llegó a la vivienda aproximadamente a las 11:00 horas, ingresando con su permiso. Posteriormente se retiraron para regresar con Andrade a las 12:00 del mediodía, ingresando a la habitación que ocupaba éste aproximadamente a las 12:30 horas, lugar donde encontraron las armas y se retiraron a las 15:00 horas.

69. A fs. 195 rola acta de audiencia en la que Alejandro Cristelli se negó a realizar cuerpo de escritura.

70. A fs. 196/199 se agregan los antecedentes que ante el Registro Nacional de Reincidencias poseen Hugo Elía y Alejandro Cristelli.

71. A fs. 201 se disponen medidas de investigación.

72. A fs. 206/209 se agregan los antecedentes que ante el Registro Nacional de Reincidencias poseen Carlos Fabián Gómez y Ricardo Moreyra, y a fs. 208 se da cuenta que Domingo Andrade no registra antecedentes ante dicho organismo.

73. A fs. 213 el Juez del Juzgado de Instrucción y Correccional de "Las Lomitas", oficia informando sobre la situación procesal de Arnaldo Azcona.

74. A fs. 214 se ordenan medidas de investigación.

75. A fs. 218/219 prestó declaración Angel Ruben Estigarribia, testigo presencial del allanamiento, quien expuso que fue convocado en tal carácter aproximadamente a las 12:00 horas y, que al arribar al lugar las armas estaban colocadas en el piso del patio, por lo que no sabe de donde las sacaron, sólo vio que la puerta de la habitación estaba abierta. Asimismo, manifestó no haber estado presente al momento en que se dio lectura a la orden de allanamiento.

76. A fs. 220/221 prestó declaración Darío Benítez Portillo, testigo presencial del allanamiento, quien expuso haber sido convocado a las 12:00 horas del mediodía, y observó que en la habitación las armas estaban en la cama inferior de la cucheta, de donde las retiraron y colocaron en el patio. Manifiesta que la policía no ingresó a la habitación hasta que estuvieron presentes los testigos; no recuerda que antes de iniciar el procedimiento se haya dado lectura de orden o acta alguna, pero si que al finalizar el procedimiento leyeron un papel a la madre de Andrade y a Celsa Vera.

77. A fs. 222/223 rola acta de discriminación de los billetes de peso y dólares estadounidenses secuestrados, los que a fs. 224/228 son depositados en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Formosa.

78. A fs. 229 se agregan fichas decadactilares.

79. A fs. 231 oficia el Juzgado de Lomas de Zamora.

80. A fs. 223/240 se agregan los resultados de los informes de investigación realizados.

81. A fs. 241/244 se agrega el informe de llamadas cruzadas realizadas respecto del teléfono Nº 1154/11020.

82. A fs. 245/252 se agrega el resultado de la pericia efectuada sobre los teléfonos celulares interdictados, cuyo resultado es puesto en conocimiento de las partes.

B. Que en este estado de la causa se advierte la necesidad de detenerse para analizar exhaustivamente el marco legal en que se concatenaron los actos procesales que justificaron la imputación y consecuente privación de libertad de los supuestos responsables del ilícito investigado, adelantando al respecto que se puede observar que los actos principales e incluso los secundarios adolecen de irregularidades de tal magnitud que acarrean la nulidad de todo lo actuado, sanción procesal sobre la que me he de referir más adelante, luego de enumerar taxativamente -invocando, por razones de orden, la misma numeración asignada en el punto A- las dolencias que este Juzgado advierte en todo lo actuado, así tenemos:

I. Actos irregulares observados.

En los puntos 1 y 2: Que ante la "noticia criminis" recibida por personal del Departamento Informaciones D-2 de la Policía de la Provincia de Formosa, interviene la prevención emitiendo un radiograma secreto/confidencial a efectos de lograr la aprehensión de los denunciados. Llama a este respecto la atención que -como surge de fs. 2- dicho radiograma se dirigiera sólo a la Delegación D-2 de Pirané y no, como hubiera correspondido, a las distintas delegaciones policiales de la provincia e incluso a los controles de ruta, toda vez que una medida general preventiva aseguraría el éxito de la investigación sin asunción de riesgos innecesarios, ello, en virtud de que como se expone en dicho documento, ya se advertía sobre la posible comisión de hechos delictivos que afectarían la seguridad pública en la provincia. Más aún, considerando que se contaba con datos filiatorios precisos, con las características de los rodados en que se trasladarían e incluso de que provincia eran oriundas las personas involucradas. Indudablemente advertir de tales datos a todas las delegaciones hubiera resultado lo más aconsejable por lo que lo limitado de la medida permitiría sospechar que la prevención contaba por entonces con datos mucho más certeros que los reflejados en el citado radiograma.

- En los puntos 3 y 4: se advierte que al hallarse a las personas que respondían a las características de las denunciadas se dispuso su traslado hasta la Comisaría de la Ciudad de Pirané en averiguación de antecedentes y al momento en que la prevención oriunda de Formosa se constituyó en dicho lugar, siendo las 01:00 horas del día 1º de julio, tales personas se encontraban ya en esa situación, sin embargo la prevención no labró un solo acta por la que se notificara formalmente a estas personas sobre la causa por la cual se hallaban demorados y, más aún, la normativa que justificara tal medida, carácter de demorados sobre el que me he de referir más adelante.

- En el punto 5: Injustificada toma de declaración testimonial a Laura Bordón el día 1 de julio a las 02:00 horas.

Esta recepción de la declaración de Laura Bordón en carácter de testigo no puede sostenerse en fundamento legal alguno si consideramos que hasta ese momento sobre la citada Bordón existía la misma sospecha criminal que sobre el resto de los demorados, toda vez que la denuncia original en que se basaba el arresto la definía como integrante de la "banda". En caso de que la Sra. Laura Bordón manifestara urgente necesidad de declarar (lo que ella negó en sede judicial), se debió advertir a la pretendiente cual era su situación procesal y los derechos que en tal carácter le asistían, procediéndose como lo ordena el artículo 168 -anteúltimo párrafo- del Código de rito en la Pcia. de Formosa.

- En el punto 6: A partir de la declaración de Laura Bordón, la prevención confirma la especie anónima y accede al conocimiento concreto de la supuesta pretensión delictiva del grupo -efectuar el secuestro de un médico de apellido G., que posee una Clínica en Ibarreta- situación que suponía la inmediata ubicación de los entonces demorados en sospechosos de comisión del delito tipificado en el art. 142 bis de CPA el que, conforme al art. 33 del CPPN, es de competencia federal.

Por ello, a partir de la declaración de la Sra. Bordón debían:

1º) dar intervención a este Juzgado Federal de Formosa, por ser competente ante el supuesto secuestro que fue interrumpido en conato pero con miembros de la banda todavía en libertad, intervención a la que se encontraban obligados por el art. 170 del Código Procesal Penal de la Pcia. de Formosa, normativa que incumplieron.

2º) por ser un delito de competencia federal, debían regir su proceder por el Código Procesal Penal de la Nación.

3º) ante la sospecha concreta, imputar a los supuestos autores haciéndoles conocer formalmente el delito enrostrado, con la lectura de los derechos y garantías contenidos en los arts. 104 -párrafo primero y último-, 197, 295, 296 y 298, todos del CPPCN, y colocarlos a disposición del Juzgado competente, dándose aplicación al art. 184 inc. 10) CPPN que exige tales formalidades bajo pena de nulidad y bajo sanción administrativa, obligación que, evidentemente, se incumplió.

Sin embargo, se advierte de las constancias del expediente en análisis que la prevención tampoco acató ninguna de las disposiciones ordenatorias del Código Procesal Penal de la Provincia (menos aún, las del Digesto Nacional), ni dio tampoco intervención a Juez alguno -ni competente ni incompetente- para que dirija la investigación, no modificó la situación legal de los hasta entonces demorados en supuesta averiguación de antecedentes, que siguieron en dicha condición, inexplicablemente, a pesar de haber adquirido a todas luces el carácter de sospechosos. Tenemos así, que los hoy imputados permanecieron casi 24 horas como "demorados", plazo que con creces infringe el de 6 horas, reconocido por el art. 184 inc. 8º del CPPN Tal grave omisión implica la sospecha de que los funcionarios policiales actuantes habrían incurrido, cuanto menos, en el delito de incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

En el punto 9: Se advierte que con fecha 30 de junio, el Departamento Informaciones Policiales requiere al Jefe de la Comisaría de Ibarreta arbitre los medios para lograr una entrevista con el Dr. P. G. y averigüe si durante la semana o mes recibió algún tipo de amenaza contra su familia o persona y sobre posibles robos o secuestros provocados por personas provenientes de la Ciudad de Buenos Aires.

Este pedido no logra ser concatenado con la secuencia de hechos ocurridos e información lograda, toda vez que conforme a las constancias labradas por la prevención recién a partir de la declaración testimonial de Laura Bordón -el día 1 de julio a las 02:00 horas- se tomó conocimiento de que el Dr. G. sería víctima de un secuestro. Hasta ese momento sólo se tenía conocimiento por un llamado telefónico anónimo que la banda se disponía a realizar un atraco en un banco u oficina recaudadora y que se hospedaría en algún hotel de la ciudad de Formosa, aparentando tratarse de personas con un buen estatus económico. Sumado esto a lo descripto y analizado en el punto 2, se advierte que es lógico concluir que la prevención -como adelanté- contaba con más datos e informaciones que aquellas de las que se dejó constancia y que las actuaciones de fs. 1 no revelan toda la verdad de la información recabada o incluso del medio por la cual se lograra.

- En el punto 10: se observa que la prevención procede a tomar declaración testimonial al Dr. P. G., labrándose acta el día 1 de julio a las 10:25 horas; sin embargo al momento de declarar en esta instancia judicial, el citado Dr. G. refirió que declaró en su domicilio ante personal de la policía en dos ocasiones, los días 1 y 2 de julio, en horas de la mañana y de la siesta, respectivamente, lo cual nos demuestra inicialmente la posible existencia de un delito de acción pública (presunta falsificación de instrumento público).

En la constancia labrada llama la atención que se escriben como palabras propias del testigo: "que le consta sobre una banda de delincuentes que estaban por operar en esta localidad y en especial para causar algún tipo de daño a miembros de su familia o a él, especialmente teniendo en cuenta su profesión y situación política, que inclusive están armados con armas de grueso calibre y que había una persona de la localidad que estarían haciendo los contactos con estas personas para llevar a cabo su raid delictivo, que inclusive es muy allegado o conocido del cliente, y por lo que le comentó su hijo Ariel se trataría de una persona de apellido Andrade o Andrada oriundo de la localidad de Pozo del Tigre Que también es de su conocimiento que esta banda de delincuentes tiene un gran arsenal escondido en algún lugar de esta localidad listo para ser utilizado en cualquier momento". Al ser preguntado sobre el conocimiento que tuviera sobre las armas y el lugar en que estarían escondidas dijo: "que por lo que sabe serían de grueso calibre y que puede tenerlo el tal Andrade o Andrada que sería el contracto de esta banda".

Tal premonitoria declaración merece una apreciación singular para analizar lo narrado, que no sólo -sorpresivamente- aporta elementos que hasta entonces no se advierten en ninguna de las actuaciones anteriores -por ejemplo el referido a que la conexión local era Andrade o Andrada y que él tenía en su poder las armas de fuego de la banda-, sino que se vislumbra una total falta de congruencia ente lo declarado por el Dr. G. ante la prevención policial y lo declarado en esta sede judicial. Notése que el Dr. G. en esta sede judicial manifestó que el día 1 de junio fue sorprendido en su domicilio por personal policial que le comunicó del supuesto secuestro del que sería víctima (alertándolo inclusive con que estas personas tenían en su poder fotografías, direcciones y números de teléfonos de su familia, elementos estos que, de existir, no han sido remitidos a este tribunal), hecho del que afirmó hasta entonces nada sabía, por ende, menos podía conocer sobre la existencia de una conexión local y quién cumplía tal función. De sus propios dichos se desprende, con claridad, que fue el personal policial quien lo interiorizó de la supuesta banda, sus integrantes y su intención delictual, exhibiéndose fotografías de los mismos y comentándole que Andrade sería la conexión local, dato al cual accedieron por investigaciones propias, nunca aclaradas en el sumario.

Tal falsedad narrativa implica, congruentemente con lo analizado supra, la sospecha de comisión de distintos delitos de acción pública por parte del personal policial que direccionó y cofeccionó el sumario prevencional.

- En el punto 12: Igualmente la prevención toma declaración testimonial a A.R.G.el día 1 de julio a las 11:30 horas, sin embargo, al momento de declarar en este Juzgado, el testigo manifestó haber declarado ante personal de la Policía de la Provincia los días 1, por la noche, y 2 de julio.

A fs. 19 se escriben como palabras propias del testigo: "de las averiguaciones llevadas a cabo por el cliente y demás familiares todo lleva a la conclusión de que como lo dijera la banda de delincuentes existe, que es de su conocimiento que están fuertemente armados, y es más, acopian armas por así decirlo en esta localidad por cuanto lo estarían trasladando por algún medio de transporte y que según le refirieron que el entregador es una persona muy allegada a la familia y/o mejor dicho conocido y que estaría residiendo en forma temporaria en Bs. As. Que últimamente viven momentos de angustia por cuanto es todo incertidumbre sobre su situación y del peligro que significa estar amenazados por estos individuos Que recuerda en cierta oportunidad haber adquirido de un ciudadano que se apellida Andrade que es oriundo de la localidad de Pozo del Tigre, una máquina grande" Al ser preguntado sobre la posible residencia de los sospechosos dijo: "el que realiza compras de muebles o actúa de intermediario es un tal Andrade".

Si comparamos tal supuesta declaración con lo que en esta sede judicial manifestó el testigo observamos que, al igual que la relatada en el punto 10º, contiene elementos que no pudieron ser vertidos por el declarante, quien expuso ante el suscripto que recién tomó conocimiento del secuestro del que sería víctima su padre cuando el día 1 de julio en tempranas horas de la mañana se hizo presente en su domicilio el personal policial anoticiándolos de tal evento criminal. Igualmente tampoco es posible que él aportara datos de Andrade, ya que manifestó que se llega a éste por averiguaciones de la policía y que él lo conocía como "Mingo Gómez", de tal manera que lógicamente no pudo ser quien identificó al "entregador".

Siguiendo en este punto, prestó luego declaración testimonial Raúl Domínguez el día 1 de julio del 2004 a las 20:00 horas, sin embargo al declarar ante este Juzgado manifestó que su declaración testimonial se materializó el día 2 de julio, en horas de la mañana. Según la constancia labrada por la policía, este testigo dijo haber visto cuantos ocupantes iban en cada uno de los rodados que les salieron al cruce cuando circulaba junto con Ariel González en la camioneta de éste, e incluso notó que portaban armas. Sin embargo nada de esto fue sostenido en sede judicial, donde declaró sólo haber visto la silueta de las personas, sin siquiera poder describirlas.

Las transcriptas versiones de las declaraciones tomadas por la prevención, claramente falaces, nos indican una vez más que los funcionarios policiales habrían incurrido en delitos de acción pública (presunta falsedad documental y violación de los deberes de los funcionarios públicos).

Igualmente, como se detalla en este punto, declararon el mismo día 1 de julio Dalmira Verón, Marta Rodríguez y Néstor Bernal a las 18:35, 19:30 y 20:30 horas, respectivamente, todo sin intervención judicial. Al respecto es dable destacar que todas las testimoniales citadas fueron supuestamente tomadas en horas posteriores a la realización del allanamiento en el domicilio de Andrade, sin embargo se encuentran agregadas con anterioridad a tal constancia, por lo que no es posible advertir un hilo cronológico entre tales acontecimientos.

- En el punto 13: se observa que en fecha 1 de julio se labra un informe en el que se deja constancia que "Mingo" sería Domingo Andrade, pero no se hace la más mínima referencia a la investigación llevada a cabo para concluir en tal información.

- En el punto 14: se observa que por tal información la prevención solicita el día 1 de julio, orden judicial de allanamiento del domicilio de C. V. en procura de lograr el secuestro de armas de fuego y otros elementos de interés en la causa, fundando tal petición en que el departamento requirente mediante tareas investigativas logró establecer que en dicho domicilio se encontrarían depositados armamentos varios y otros elementos de interés dejándose constancia que la diligencia se llevaría a cabo por el Comisario Figueredo. En consecuencia el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la Pcia. de Formosa emite la orden de allanamiento al domicilio de C. V., orden que es remitida por fax en fecha 1 de julio a las 13:44 horas.

Por una cuestión metodológica he de detenerme primero a analizar la orden en si misma, para luego continuar con las circunstancias de su diligencia y concreción.

Así, de su literal contenido se observa que en los considerandos de la orden se expresa: "en mérito de la investigación llevada a cabo por la prevención existen indicios suficientes que en el domicilio de la ciudadana Celsa Vera podrían encontrarse elementos que resultan de interés que permitirían arribar al descubrimiento y comprobación de la verdad". En este tramo, llama la atención sobremanera que la orden emitida es la primera intervención que realiza el Juzgado, y basa su libramiento, exclusivamente, en la investigación llevada a cabo por la prevención, investigación sobre las que el juez interviniente no estaba anoticiado formal ni informalmente, por lo que mal pudo haberse remitido a situaciones notoriamente desconocidas para el magistrado y que lo inhibían de toda evaluación certera.

Al respecto dice el art. 201 del Código Procesal Penal de la Provincia de Formosa que: "si hubiere motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el juez ordenará por auto fundado el registro de ese lugar. El juez podrá disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o delegar la diligencia en funcionarios de la policía. En este caso la orden será escrita y contendrá el lugar, día y hora en que la medida deberá efectuarse y el nombre del comisionado que labrará un acta conforme lo dispuesto en los arts. 122 y 123".

De la sola apreciación de la orden de allanamiento emitida surge con meridiana claridad su falta de fundamento en las condiciones requeridas por el Código de rito y, por ende, una causa de nulidad del procedimiento emprendido en tales condiciones.

Analizando ya el acta de allanamiento labrada al momento de llevarse a cabo el registro domiciliario, surge sin hesitación que en el acto se observan las siguientes irregularidades.

a) en ningún momento interviene el Comisario Mayor Ramón Figueredo, en quien el juez había delegado la realización de la medida, ni tampoco existe constancia de que haya delegado su función en otra persona.

d) del texto del acta surge que al arribar el personal preventor al domicilio, siendo las 13,50 horas y en presencia de los testigos Estigarribia y Benítez Portillo, fueron atendidos por Domingo Andrade, a quien se le dio lectura de la orden de allanamiento para luego proceder al ingreso de la habitación donde se hallaron las armas.

Sin embargo todo lo narrado en el acta es falso, conclusión a la que se arriba si consideramos que:

I) el allanamiento no se realizó a las 13.50 horas, sino antes, por lo tanto considerando que la orden se remitió por fax a las 13:44 horas, se colige que al momento del ingreso real al domicilio no se contaba con orden judicial ni autorización alguna, ni se hallaban presentes los testigos de actuación, que recién arribaron sobre el mediodía a la vivienda registrada. Grave es referir que se advierte sin ningún esfuerzo que el acta de fs. 32 presenta una adulteración en la hora consignada, con borrado y sobrescrito del horario "13.50 horas". Al respecto debemos considerar lo declarado por el Dr. P. G., quien expuso que siendo las 08:30 ó 09:00 horas del 01/07 se encontraba en su domicilio con agentes, cuando se acerca un policía y comenta que habían encontrado las armas y que necesitaba la máquina de escribir. A esto cabe agregar que en la sinopsis del hecho supuestamente remitida al juez mediante oficio J Nº 101/04 se le comunicaba del hecho ocurrido entre las 23 horas del día 30 de junio a las 12:20 horas del primero de julio, ratificando con ello que el operativo de registro domiciliario llevado a cabo se materializó con marcada antelación al horario de efectiva recepción de la orden judicial respectiva.

II) los testigos Estigarribia y Benítez Portillo reconocieron al declarar en esta instancia judicial -fs. 218/221- que no presenciaron el momento en que se dio lectura a la orden de allanamiento y -más grave aún- coincidieron en que fueron convocados a las 12 horas, cuando ya el personal policial se encontraba dentro del domicilio de Andrade. Inclusive Estigarribia reconoció que cuando llegó al lugar las armas estaban en el piso del patio, por lo que tampoco pudo observar de que lugar las retiraron.

III) también se incurre en una falacia cuando se asevera en el acta respectivo que el personal policial encontró a Andrade en el patio posterior de la vivienda y lo detuvo, ya que ha quedado demostrado, no sólo con la declaración indagatoria de Andrade -a fs. 143/145- sino, fundamentalmente, por los testimonios de Abelina Gallardo -fs. 193/194- y Angel Estigarriba -fs. 218/219- cuando aseguran que en horas de la mañana del 1 de julio, Andrade fue retirado de su domicilio por la policía, para luego regresar y proceder al allanamiento a las 12 horas aproximadamente.

De las circunstancias precedentemente narradas cabe concluir que el personal policial ingresó al domicilio de Andrade en tempranas horas, lo condujo hasta la Seccional para retornar luego, reingresar al domicilio donde halló las armas, todo lo cual se materializó sin orden judicial, ya que la misma se receptó recién a las 13:44 horas del mentado 1 de julio del corriente, hecho que explicaría la razón por la que se sobrerraspó el dato precedentemente impuesto en el acta, que seguramente consignaba el horario real del procedimiento, y se optó por rescribir aquel que se adaptaba (13:50 horas) al horario de expedición en tribunales de la orden de registro.

Estas graves conclusiones, que no sólo acarrean la nulidad de todo lo actuado por la dimensión de las irregularidades observadas, conllevan también a la atribución al personal policial de delitos de acción pública cometidos con la adulteración detectada en un instrumento público y que se traduce, además, en el falseamiento de horarios y fechas de producción de determinados actos procesales y en la falsa aserción de circunstancias que se acomodaban a su necesidad espúria de colectar evidencia incriminante a cualquier costo.

En los puntos 17 y 18: En estos se deja constancia que el personal policial sigue actuando sin intervención ni directiva de juzgado alguno y en tal carácter ingresan con autorización de la propietaria a las habitaciones Nº 5 y Nº 6 del Hotel "Palo Santo" de la localidad del mismo nombre, donde se alojaban algunos de los detenidos y proceden al secuestro de elementos personales de los citados, verificando también el interior del vehículo "Peugeot 206" que se hallaba estacionado en el hotel. De esta medida, que al avanzar en el estudio de la causa ya deja de sorprendernos en cuanto a lo irregular y hasta ilegal del procedimiento, basta decir que se trató nuevamente de un allanamiento de morada sin orden judicial y sin autorización de los ocupantes de las habitaciones alquiladas (los detenidos) quienes seguían detentando por entonces su condición de moradores de tales habitaciones, por subsistencia del contrato de habitación celebrado con la propietaria del hotel, al registrarse con esa finalidad el día anterior.

Cabe observar que si el personal actuante se hubiera regido por la única ley que invocan para justificar su proceder -ley Orgánica Policial 428- debemos concluir que tampoco se avinieron a su preceptos, puesto que el art. 18 de la citada normativa les exige "autorización para allanamiento de dependencias privadas de sus propietarios, entendiendo por tal toda habitación o recinto destinado a vivienda".

Asimismo es oportuno destacar en este sentido que en dichos registros no se observa la preexistencia de ninguno de los presupuestos que facultan al ingreso de morada sin previa orden judicial, cuales son las excepciones previstas por el art. 227 del Digesto Nacional y art. 204 del Provincial.

En este sentido la doctrina de nuestros tribunales desde siempre ha interpretado, en consonancia con la disposición legal que así lo dispone: "Lo primero que conviene puntualizar es que, como regla, los registros domiciliarios deben estar precedidos por una orden de allanamiento que debe ser dispuesta en un decreto por el juez de la causa, el que conforme los arts. 123 y 224 del ordenamiento ritual deberá ser fundado bajo pena de nulidad; sin perjuicio de algunos supuestos expresamente contemplados en el art. 227 del CPPN en que se reconoce a los funcionarios de la prevención la posibilidad de obviar tal recaudo El artículo 18, CN consagra la garantía de la inviolabilidad del domicilio, tendiente a prevenir de forma absoluta los abusos de poder, es por ello que las excepciones a dicho principio deben ser analizadas con restricción. Es que la regla es el pedido de la pertinente orden de allanamiento al juez competente para efectuar la medida, siendo la excepción los casos establecidos en el art. 227 del CPPN que no se dan en autos, circunstancia esta que obliga a ser más estricto en cuanto a la valoración de la legalidad del procedimiento cuestionado en base a circunstancias que rodearon el ingreso a la morada Valorando entonces las específicas circunstancias del caso, concluyo que el allanamiento debe ser declarado nulo (art. 167, inc. 2º, CPPN) pues fue llevado a cabo en violación de lo dispuesto por los arts. 224 y 227 del mismo ordenamiento procesal y del art. 18 de la CN" (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos en la causa Nº 3878 "Martínez Wilfrido Daniel y otro s/recurso de casación" resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal, Sentencia Nº 212 registro 5396/4, dictada el 4 de diciembre del 2003).

"La única autoridad dotada de la facultad de emitir órdenes de allanamiento, es la autoridad judicial, y cualquier otra autoridad que necesite para el cumplimiento de algún fin específico y propio el ingreso a una morada debe justificar sumariamente ante el juez esa necesidad y solicitar la autorización correspondiente La orden de allanamiento que regula la ley procesal no constituye un acto por el cual el juez delega su imperium en un funcionario de policía u otra autoridad, susceptible de ser utilizado discrecionalmente por ésta, sino que por el contrario es un mandato singular que se agota con el cumplimiento de la orden" (conf. CApel. Ros. sala I en lo Criminal, junio 2/945 cit. en Raúl, W. Hablaos, "Código Procesal Penal de la Nación Comentado", Ed. Jurídicas Cuyo, ps. 519 y 530).

"La habitación que alquilaba el imputado era su domicilio, morada o recinto íntimo y no podía la propietaria de la vivienda donde dicha habitación se ubica, suplantar o sustituir el consentimiento que sólo él podía dar para requisarla ante la ausencia de orden judicial de allanamiento; por lo tanto carece de validez el secuestro llevado a cabo en dicho recinto al no contarse con el consentimiento del imputado a pesar de autorizar el ingreso la dueña de la vivienda" (CFedMendoza, sala A, "Fiscal c. T.C.A.", 28/10/91, cit. en "Nulidades en el Proceso Penal", Ed. Ad Hoc, de Sergio Torres, p. 245).

- En el punto 20: Según constancias de fs. 39, en fecha 1 de julio, la División Delitos Complejos del Dpto. Informaciones D-2 de la Policía de la Pcia. de Formosa ordena iniciar el sumario pertinente comunicándolo al Juez según oficio de fecha 1 de julio. Sin embargo, se advierte que el primer cargo judicial de recepción de las actuaciones data de fecha 6 de julio del 2004, a las 20:10 horas -fs. 102 vta.- de lo que se trasluce que se demoró seis (6) días en elevar el sumario al Juzgado que intervino en primer orden. Tal demora implica una evidente transgresión al art. 170 del Código Procesal Penal de la Provincia de Formosa, que le impone la obligación de remitir el sumario de prevención sin tardanza al juez que corresponda dentro de los tres (3) días de su iniciación o cinco (5) fundado en la distancia, plazos prorrogables sólo con autorización judicial y por circunstancias que lo justifiquen, que ha quedado demostrado no se produjeron en autos, por lo que no se entiende la causa de tamaña demora.

- En el punto 22: Respecto de las actas labradas el día 1 de julio a las 21:10 horas, cuando se hace comparecer sucesivamente a cada uno de los detenidos para comunicarles que partir de las 16 horas de la citada fecha se encontraban "detenidos" por hallarse imputados en el sumario de prevención Nº 10/04 del registro de la división actuante se advierte una irregularidad más, trasuntada en la tardía formalización de una condición -la de imputados- que los detenidos padecían desde mucho antes, tal como se ha analizado extensamente en el punto Nº 6. En efecto, recepcionada la declaración de Laura Bordón el 1 de julio a las 02:00 horas, de donde surgían elementos que "a priori" indicaban la disposición de los detenidos para intentar un secuestro extorsivo, resulta notorio que era este momento en el que se erigía imprescindible efectivar la imputación por el delito avizorado a "prima facie", canalizando las garantías propias del acto en cuestión, esto es, la lectura de sus derechos, en orden a la premisa dispuesta bajo pena de nulidad en el art. 184 del CPPN.

Otra irregularidad que no puede dejar de advertirse es aquella que da cuenta, tal como trasluce de los informes logrados por investigación de este Juzgado y por las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares interdictados, ratificando lo declarado por el imputado Cristelli, que luego de ser detenidos a los supuestos "sospechosos" se les permitió -por alguna causa o concesión inexplicable para el suscripto- acceder a sus teléfonos celulares para hacer distintas llamadas, circunstancia que no se condice con el deber que pesa sobre un auxiliar de la justicia fundamental como lo es el personal policial, quien debe lógica y normativamente preservar los elementos interdictados, por tratarse de evidencia necesaria para la investigación, incumpliendo, de este modo, la obligación impuesta por el art. 168, 2º párr. del Digesto Procesal Provincial y art. 184, 2º p. y 231 del CPPN. Nótese que en tal oportunidad, los detenidos pudieron haber alterado la memoria de los celulares para dificultar el acceso a las llamadas "entrantes" y "salientes", con el objeto de diluir sus vínculos con quien fuera descubierto en posesión de las armas de guerra.

II. El proceso penal y la sanción de nulidad.

El éxito de un procedimiento está signado por su regularidad y el irrestricto respeto de las garantías individuales, de los métodos de investigación y de una eficaz obtención de la evidencia que brinde apoyatura a la atribución subjetiva de delitos. Son conceptos y estadios que se complementan y no pueden ser interpretados desde un rango de prioridades que asigne a uno supremacía sobre el otro.

Debe recordarse, en este sentido, que el proceso penal puede ser caracterizado como una serie gradual, progresiva y concatenada de actos disciplinarios en abstracto por el derecho procesal penal, cumplidos por órganos públicos predispuestos y particulares, mediante el cual se procura investigar la verdad real -entendida como la identidad, adecuación o conformidad entre la realidad ontológica y la noción ideológica para dar base cierta a la justicia, excluyendo límites artificiales- y actuar la ley substantiva -penal- para lograr el equilibrio de la paz social.

Este proceso encuentra el límite al poder represivo en las garantías fundamentales de observancia obligatoria, cuales son:

a) Necesidad del Proceso Penal, ley Previa y Juez Natural, fundado en el art. 18 de la Constitución Nacional que dispone: "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso". " Ni sacado de los jueces designados por la ley anterior del hecho de la causa".

b) Debido Proceso y Defensa en Juicio: el Juicio Precio tiene que estar constituido por un debido proceso que, en cuanto tal, asegure la defensa en juicio (art. 11 ap. 1 Declaración Universal). El Pacto de San José de Costa Rica, y otros tratados de raigambre constitución, al igual que el mismo art. 18 de la CN proclaman este principio al consagrar inviolable la defensa en juicio de la persona y de sus derechos.

Esta garantía individual que debe funcionar durante la sustanciación de las diversas etapas de todo el proceso acuerda a las partes el derecho subjetivo de tutelar sus intereses por medio de la defensa material y formal desde el mismo momento en que la libertad queda amenazada.

Por ello, el proceso penal debe cumplir con dos requisitos fundamentales: ser legal -establecido por ley- y ser regular -realizado de acuerdo a la ley-. Cuando alguna o ambas de éstas básicas condiciones son omitidas o incumplidas en los actos procesales, los mismos deberán conminarse, siendo la nulidad la sanción que priva de efectos -eficacia- a un acto procesal en cuya estructura no se han guardado los elementos ejemplares del modelo, en tanto ellos constituyan garantías de los derechos justiciables.

Como he analizado en el punto I), las actuaciones policiales que originan el presente expediente adolecen de numerosas y gravísimas irregularidades, entre las que podemos distinguir aquellas que provocan la nulidad absoluta de las sancionadas con nulidades relativas.

Entre las más graves, por la intensidad de la irregularidad advertida y que se ninguna manera pueden ser subsanadas, debo mencionar las analizadas en los puntos 6º), 14º) y 18º) hechos referidos al evidente incumplimiento de las formalidades expresamente exigidas por el art. 184 inc. 10º) del CPPN bajo pena específica de nulidad y la clara violación a los arts. 224, 225, 228 y concs. del CPPN que imponen las condiciones del allanamiento de morada y el modo de disponer judicialmente una medidas de tales características.

Como lo ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ejemplificador caso Bulacio Walter David c. República Argentina -sentencia del 18 de septiembre de 2003- (LA LEY, 2004-A, 684): "Para que una aprehensión policial sea acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, las causales para privar de la libertad a una persona (mayor o menor de edad) deben estar previamente establecidas por una ley en sentido formal, obviamente de conformidad con la Constitución Nacional. En segundo lugar los procedimientos para llevarlo a cabo deben estar objetivamente definidos en una ley. En tercer lugar, aun cuando la aprehensión policial se ajuste a lo señalado por la ley, no debe ser arbitraria, es decir, debe ser razonable, previsible y proporcional en el caso particular. Asimismo debe asegurarse un respeto irrestricto de las garantías judiciales a toda persona privada de la libertad Esta Corte reconoce la existencia de la facultad, e incluso, la obligación del Estado de garantizar su seguridad y mantener el orden público. Sin embargo el poder estatal en esta materia no es ilimitado, su actuación está condicionada por el respeto a los derechos fundamentales de los individuos que se encuentren bajo su jurisdicción y a la observación de los procedimientos conforme a derecho. En cuando a la facultad del estado de detener a las personas que se hallan bajo su jurisdicción, esta Corte ha señalado, al analizar el art. 7º de la Convención Americana, que existen requisitos materiales y formales que deben ser observados al aplicar una medida o sanción privativa de libertad: nadie puede verse privado de la libertad sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal) Asimismo el detenido y quince ejercen representación o custodia legal tienen derecho a ser informados de los motivos y razones de su detención cuando ésta se produce, lo cual constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad, y, a su vez garantiza el derecho de defensa del individuo Otra medida que busca prevenir la arbitrariedad o ilegalidad es el control judicial inmediato, tomando en cuenta que en un estado de derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido".

"El art. 18 de la Constitución Nacional establece que el domicilio es inviolable y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Se consagra así el derecho individual o la privacidad del domicilio de todo habitante en cuyo resguardo se determina la garantía de su inviolabilidad, oponible a cualquier extraño, sea particular o funcionario público". (Del voto del Dr. Petracchi, CS, noviembre 27/984, DJ, 1985-I, 512 cit. en Código Procesal Penal de la Nación Comentado", Raúl W. Hablaos, Ed. Jurídicas Cuyo, p. 529).

"Los jueces tienen la facultad de disponer allanamientos de moradas sólo para lograr una aprehensión y para la obtención de pruebas, en tanto que la policía que actúa en función judicial no puede en esos dos supuestos obrar por propia iniciativa, sino que debe requerir del Juzgado la correspondiente orden de allanamiento". (CS Enero 9/87 Ed. T. 122, p. 498 obra citada supra).

Siguiendo con el análisis de las graves irregularidades advertidas, debo forzosamente concluir en la nulidad de todo lo actuado en consecuencia de aquellos primeros actos sustanciales insostenibles legal e incluso, racionalmente -conf. art. 172 del CPPN- y en consonancia con lo dispuesto por el art. 168 del CPPN, corresponde declarar de oficio la enunciada sanción, por encontrarse expresamente prevista con tal afectación y por implicar flagrante violación de normas y básicas garantías constitucionales.

"La nulidad de un acto cuando es declarado hace nulos todos los actos consecutivos que de él dependan, por que cada uno de las etapas del proceso penal constituye el presupuesto necesario de la que le subsigue, en forma tal que no es posible eliminar una de ellas sin afectar la validez de las que le suceden El criterio de la dependencia es el primero que utiliza la ley por que con él se refiere al nexo de causalidad existente entre el acto nulo y los que necesariamente se encuentren vinculados a él por una relación de causa a efecto. Producido la nulidad de un acto también acontece la invalidez de los actos que razonable e invariablemente son producto de aquél", (CSJN Ed. 25-206, cit. "CPPN Comentado" por Raúl W. Hablaos, Edic. Jurid. Cuyo, p. 381).

"La ilegitimidad inicial del procedimiento afecta la validez de los actos subsiguientes, pues la regla es la exclusión de cualquier medio probatorio obtenido por vía ilegítima, ya que de lo contrario se desconocería el derecho al debido proceso que tiene todo habitante de acuerdo con las garantías otorgadas por la Constitución Nacional si no hubo varios cauces de investigación sino uno solo, cuya vertiente original estuvo viciada y contaminó todo su curso, invalidando los actos subsiguientes". ("CPPN Comentado" por Raúl W. Hablaos, Edic. Jurid. Cuyo, p. 522).

"Toda investigación tiene por finalidad alcanzar la verdad del objeto que se investiga. Por ello un Código Procesal es un camino, una vía predispuesta por el Estado para alcanzar aquella verdad. Este Código no puede ser una excepción en cuanto a la verdad que el proceso penal pretende alcanzar, por ello la individualización de los responsables y la reunión de las pruebas no puede tener por fin dar a la acusación, sino a la verdad del hecho que se presume cometido La verdad real incrimina gravemente al presunto autor de un delito, y desincrimina al inocente; las pruebas señalan un culpable, pero no a cualquier culpable, de allí que la actividad policial en procura del autor del ilícito no se dirija a un responsable indeterminado sino al autor de la infracción penal -uno o varios-, al auténtico, al único, al que ha delinquido, al violador de la ley penal" ("CPPN Comentado" por Raúl W. Hablaos, Edic. Jur. Cuyo, p. 412).

En el caso bajo análisis el personal interviniente de la Policía de la Provincia de Formosa no sólo ha omitido el cumplimiento de las formalidades legales básicas, sino que como se ha desarrollado en el punto I, habría incurrido en la comisión de delitos (a priori adulteración ideológica y material de las actas labradas e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos), que no pueden dejar de subrayarse por su entidad disvaliosa y el efecto negativo que propaga hacia toda la actuación prevencional, poniendo en tela de juicio hasta aquellos actos que formalmente no han merecido un particular cuestionamiento.

De tal contexto de ilegitimidad no puede provenir evidencia incriminatoria alguna contra los imputados.

Por ello y en base a lo expuesto resuelvo: 1º) Declarar la nulidad de la orden de allanamiento de fs. 31, de los sendos registros domiciliarios practicados y de la obtención de la evidencia lograda en tales condiciones; de las detenciones efectuadas sin la lectura de los derechos y garantías que caben al imputado en los términos del art. 184 inc. 10º del Código Ritual Nacional y de todos los actos subsiguientes y derivados de los mismos, en orden a los fundamentos fácticos y jurídicos desarrollados en los precedentes considerados. 2º) En consecuencia, sobreseer a Domingo Andrade por el delito de acopio de armas de fuego y municiones de éstas, art. 189 bis. 3er. párrafo del CPA, incorporado por ley 25.886 en los términos del art. 336 inc. 2º del CPPN, ordenándose su inmediata libertad. 3º) Sobreseer a Alejandro Ariel Cristelli, en orden al delito de acopio de armas de fuego y municiones de éstas, art. 189 bis. 3er. párrafo del CPA, incorporado por ley 25.886, en los términos del art. 336 inc. 2º del CPPN, ordenándose su inmediata libertad. 4º) Sobreseer a Hugo Alberto Elía, por el delito de acopio de armas de fuego y municiones de éstas, art. 189 bis, 3er. párrafo del CPA, incorporado por ley 25.886 en los términos del art. 336 inc. 2º del CPPN, ordenándose su inmediata libertad. 5º) Sobreseer a Ricardo Jorge Moreyra, por el delito de acopio de armas de fuego y municiones de éstas, art. 189 bis 3er. párrafo del CPA, incorporado por ley 25.886, en los términos del art. 336 inc. 2º del CPPN, ordenándose su inmediata libertad. 6º) Sobreseer a Carlos Fabián Gómez, por el delito de acopio de armas de fuego y municiones de éstas, art. 189 bis. 3er. párrafo del CPA, incorporado por ley 25.886 en los términos del art. 336 inc. 2º CPPN, ordenándose su inmediata libertad. 7º) Sobreseer a Arnaldo Osorio Azcona, en orden del delito de acopio de armas de fuego y municiones de éstas (art. 189 bis. 3er. párrafo del CPA, incorporado por ley 25.886) en los términos del art. 336 inc. 2º CPPN, ordenando su libertad en la presente causa, medida que no se hará efectiva por quedar el citado a exclusiva disposición del Juzgado Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la Pcia. de Formosa -Las Lomitas-.8º) Córrase vista al Fiscal Federal, en los términos del art. 180 -2º P.- y 196 DEL CPPN ante la posible existencia de delitos de acción pública (a priori falsedad documental -material e ideológica-, adulteración de documento público e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos) por parte del personal de la Policía de la Pcia. de Formosa. Igualmente remítase testimonio de la declaración indagatoria de Arnaldo Osorio Azcona, para su acumulación a las enviadas según constancias de fs. 165. 9º) Remitir copia certificada de la presente resolución al Sr. Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo de la Provincia de Formosa -Don Lorenzo Elvio Borrini-y al Sr. Jefe de la Policía de la Provincia de Formosa a los fines establecidos en el art. 184 inc. 10º del CPPN. - Marcos Bruno Quinteros.