Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-14


AUTOS N° 20.000 (87.930 - 3° CIVIL) "ALVAREZ Omar y Otros C/ Moreno Edgar y Otros - Daños y Perjuicios" L. DE S. T° 105, F° 158/175 En la ciudad de San Juan, a 14 días del mes de octubre del año dos mil nueve, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. PASCUAL E. ALFERILLO, y los señores Vocales DRES. GILBERTO A. RIVEROS y MOISÉS MOYA, a fin de conocer de los recursos de apelación que se interpusieran contra la sentencia recaída en autos N° 20.000 (87.930 - 3° CIVIL) caratulados "ALVAREZ OMAR Y OTROS C/ MORENO EDGAR Y OTROS - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada en fecha dieciocho del mes de noviembre del año dos mil ocho, obrante a fs. 273-290, de estos autos originarios del Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recursos que una vez concedidos tuvieran debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El a quo, en la sentencia dictada en fecha 18 de noviembre de 2008, cuya copia obra agregada a fs. 273/290 encontró fundamento suficiente para rechazar la defensa de caducidad de los derechos asegurativos opuesta por la citada en garantía a fs. 103/104, con costas. En el punto II declara que el accidente motivo del proceso ocurrió por culpa exclusiva del señor Edgar Damian Moreno. En función de ello hace lugar a la demanda y condena a éste conforme al art. 1109 del C.C., al señor Ángel Alberto Lucero en los términos del art. 1113 del C.C. como propietario del automotor Dominio AFT-280 y a la Compañía Aseguradora Bernardino Rivadavia Cooperativa de Seguros Limitada, en forma solidaria, a pagar las sumas indicadas en los considerandos, con más los intereses allí designados. Impone las costas a los demandados.

Contra este decisorio, a fs. 291 la actora y a fs. 294 la aseguradora, interponen sus respectivos recursos de apelación, los cuales debidamente concedidos se elevan los autos a este Tribunal ad quem.

La actora recurrente se presenta a fs. 314 a formular su expresión de agravios, en la introducción, indica que el a quo deja de lado totalmente sus propias manifestaciones relacionadas con las pautas que se deben tener en cuenta para la cuantificación.

En concreto en el punto A) se agravia de que su pretensión por la suma de $ 140.000 reclamados en concepto de valor vida - perdida de chance por la muerte de la señora Julieta Ibañez respecto de sus padres, de los cuales solo se reconoce la suma de $ 20.000.

Para avalar su posición indica que se reconoce probada la capacitación laboral de la señora Julieta Ibañez y los bajos ingresos que percibían sus padres; también que la víctima estaba capacitada para trabajar dado que tenía numerosos certificados habilitantes que podía ejercer el oficio de administrativa, perito mercantil con capacitación bancaria, contable e impositiva, de peluquera y cosmetóloga, de bordado a máquina y a mano.

También sostiene que está probado que era decisión de la pareja que esta comenzara a trabajar y generar así mayores ingresos al grupo familiar.

En síntesis entiende que no ha tomado la sentencia en consideración el a quo las contribuciones solidarias, afectivas, de cooperación, etc. que Julieta brindaba a sus padres con quienes mantenía un vínculo muy cercano. Por ello sostiene que es injusto y arbitrario que no se haya merituado la edad de la víctima, sus expectativas de vida y fundamentalmente su capacitación. Pero además de ello, a pesar de que dice compartir una tesis amplia y solidaria ignora también que una persona que ha demostrado esforzarse en la vida, obteniendo excelentes notas en su etapa escolar y realizando numerosos estudios y prácticas posteriores, es sin lugar a duda un ser humano que cumplirá con la sociedad en la que vive, pero muy específicamente con la familia que integra, brindándole a sus padres no solo ayuda material, sino también apoyo y contención efectiva, atendiéndolos en su mayor edad.

El segundo agravio es focalizado por el recurrente para cuestionar el rechazo de la indemnización por el rubro valor vida - pérdida de chance, por la muerte de la señora Julieta Ibañez, respecto de su concubino, señor Omar Alvarez.

El recurrente dice que la sentencia reconoce que está probada la capacitación laboral, la relación de concubinato en que vivía la fallecida con el señor Omar Alvarez y el costo mensual del servicio doméstico que el concubino debe pagar a terceros desde el fallecimiento de su mujer para realizar las tareas del hogar que esta llevaba a cabo, pero rechaza la pretensión indemnizatoria por entender que los actores han reconocido que la señora Ibañez no se desempeñaba en relación de dependencia por lo tanto no existe un perjuicio patrimonial efectivo que pueda ser indemnizado.

Le agravia que la sentencia sólo haya tomado en cuenta que la víctima del accidente no se desempeñaba en relación dependencia sin merituar que se trataba de una mujer de tan solo 23 años, con un hijo pequeño que a muy corto plazo podía quedarse en una guardería o con un familiar, permitiendo a su madre trabajar, generando entonces un importante ingreso mensual. Tampoco ha merituado, las tareas del hogar que efectivamente realizaba la señora Ibañez y que por su ausencia, deben ser llevadas a cabo por otra persona contratada a tal efecto, a la cual le corresponde el pago de un salario.

En otra palabras, sostiene que existe perjuicio efectivo, debidamente probado, pues la muerte de Julieta produjo consecuencias sobre el patrimonio del concubino, quién no solo se vió privado del ingreso que el trabajo de la fallecida implicaría, sino que además paga desde entonces servicios de terceras personas para que atiendan su hogar mientras sale a trabajar.

El recurrente continúa criticando a la sentencia, particularmente en las contradicciones en que incurre a partir de que desconoce los postulado de la tesis solidaria o espiritualista en la cual dice enrolarse cuando confunde daño moral con el daño efectivamente acaecido por el vacío generado por la colaboración que en todos los órdenes representaba el compañero y al dolor que dicha perdida significa.

En tal sentido asevera que el daño causado al derecho personalísimo a la vida, debe indemnizarse no solamente en su faz material (esperanzas de ingresos) sino también que debe indemnizarse por la pérdida de la faz espiritual, máxime cuando ello ocurrió simultáneamente con la muerte de su único hijo, lo que sin duda torna fundamental esta faz del daño causado.

El tercer agravio está relacionado con la indemnización por la pérdida del valor vida - chance a su padre por la muerte del menor Franco Lautaro Alvarez que fue fijada en la suma de $ 25.000 cuando se reclamó la suma de $ 140.000.

Para avalar su posición cita doctrina judicial y reitera las críticas vertidas anteriormente que se relacionan con la indebida cuantificación del daño atendiendo a los criterio inadecuadamente aplicados por la sentencia.

El cuarto agravio se vincula con la cuantificación del daño moral por los padres de la señora Julieta Ibañez que son fijados en la suma, para ambos, de $ 50.000. Para sostener que es reducida acepta que es un daño que no es cuantificable según parámetros objetivos preestablecidos, su valoración debe ser adecuada al bien jurídico tutelado por los intereses más íntimos y preciados de la persona humana.

En el quinto agravio se queja de la suma, $ 70.000, fijado en concepto de daño moral al padre de Franco Lautaro Alvarez cuando reclamó la suma de $ 120.000.

Al respecto dice que si bien la pena, el dolor que sufre quien pierde un ser querido es única e intransferible, no puede dejar de entender que en el caso es el padre quien repentinamente perdió a toda su familia. En un instante cambió su vida, de un modo total e irreversible, la muerte de su mujer y su hijo lo dejó solo y desamparado. Agrega otros fundamentos y solicita el incremento del monto.

En el sexto agravio sostiene que es también arbitrario el tratamiento que se hace en la sentencia del rubro reclamado en concepto de daño psicológico, tanto para los padres, como para el concubino de la víctima. En este caso se reclamó la suma de $ 8.000 para cada uno, denegando totalmente el rubro para los padres y abuelo y hace lugar solo parcialmente ($ 2.400) para el señor Omar Alvarez. El recurrente denuncia que la sentencia justifica lo resuelto en jurisprudencia que entiende improcedente que considera que el daño psíquico es independiente del daño moral. Por el contrario, sostiene que se trata de daños distintos y dice que se ha acreditado con el informe presentado por el perito la necesidad de tratamiento sicológico/siquiátrico para los tres actores. En ese sentido, sugiere la pericia que al señor Ricardo Ibañez se le debe dar tratamiento sicológico por un término de no mas de tres meses y con una frecuencia semanal con un costo aproximado de $ 600 y a la señora Luisa Tejada un tratamiento de un año calculado en la suma de $ 3.000.

Reitera reserva.

Corrido traslado a la contraria, ésta no responde conforme certificado de fs. 330.

Por su parte, la compañía aseguradora citada en garantía asegura que la sentencia apelada agravia a su parte porque el a quo tras una defectuosa e imparcial meritación de los hechos, prueba, errónea interpretación y aplicación del derecho declara la admisión de los rubros pretendidos, siendo además excesivos, lo que no se encuentran probados.

En concreto en el punto a) sostiene que el monto fijado en la suma de $ 20.000 a la fecha del accidente con mas sus intereses - tasa activa- hasta su efectivo pago resulta excesivo. Para avalar ello, transcribe distintos pronunciamientos de la doctrina judicial y dice que el a quo no ha tomado en cuenta que la fallecida no convivía con sus padres y poseía un hijo a su cargo, es decir que dentro del ámbito de las probabilidades futuras con las que podrían haber contado los coactores se ven desdibujadas y esfumadas. Ello por cuanto resulta extraño e inimaginable que la fallecida, quién no trabaja, con un hijo chiquito a su cargo, pudiere auxiliar a sus padres.

En el apartado b) cuestiona la fijación de la suma de $ 25.000 en concepto indemnizatorio por la muerte del menor Franco L. Alvarez en favor de su padre. El recurrente para avalar su posición hace una transcripción de fallos jurisprudenciales.

Por su parte, en el c), se refiere a la cuantía compensatoria del daño moral, fijada en $ 50.000 para los padres de la señora Julieta Ibañez y $ 70.000 para el señor Omar Álvarez por la muerte de su hijo. En contra de ello, transcribe fallos y pide que por lo manifestado se haga lugar a la disminución reclamada.

Formula reservas de derecho.

Corrido traslado a la contraria, ésta se presenta a fs. 828 y en función de los argumentos que vierte solicita la desestimación de la pretensión recursiva de la compañía condenada.

Planteado de este modo el recurso de apelación corresponde precisar algunos aspecto del método que se seguirá para definir el pleito.

En primer lugar cabe consignar que el contenido de las apelaciones está relacionado con la cuantificación del resarcimiento que le ha de corresponder a los actores reclamantes por la muerte de la señora y de su hijo.

En esa dirección, y particularmente con relación a la indemnización que corresponde en justicia fijar por el fallecimiento de la señora Julieta Ibañez, se debe tener en cuenta que en autos existe concurrencia de reclamantes. Por una parte, vienen los padres de la víctima y por el otro, su concubino.

Este tema tuvo especial tratamiento por la doctrina y se llegó a la conclusión de que en la doctrina judicial Argentina no existe un generalizado y menos tabulado, de cómo distribuir las sumas indemnizatorias de los daños ocasionados a los distintos legitimados, sino que la misma deberá ser resarcida en función del análisis particularizado de los antecedentes de cada caso. (ver P.E.A., "Daño a la vida", Ediciones Jurídicas Cuyo, 2009, pág. 787, sig. y conc.) Ello tiene relación con la circunstancia de que la persona fallecida realiza los aportes tanto económicos como asistenciales a los damnificados indirectos que en caso de pluralidad se deberán dividir entre ellos por cuanto no pueden pretender ser resarcidos como si fueran únicos beneficiarios.

A partir de ello, de igual modo se debe tener en cuenta a la hora de cuantificar el criterio doctrinario que se aplica para un correcto razonamiento.

Bajo esa idea y con la intención de realizar un ordenamiento de las distintas opiniones vertidas por la doctrina judicial en autos Nº 18.221 caratulados "Ontivero Marcelo Nicolás y Palacios de Ontiveros Sara c/ Brizuela Mario y otro - Daños y perjuicios - Sumario", 18/4/2006, L. de S. Tº 93, Fº 140/161, sostuve que "la cuestión relativa a los métodos que se han desarrollado en la doctrina autoral y jurisprudencial con la finalidad de cuantificar el daño que padecen los terceros damnificados por una muerte ilícita, ha sido profundamente debatido en este tribunal en distintos pronunciamientos en los cuales expuse los fundamentos de las distintas posturas (Reclamo iure propio: a) Método económico b) Método solidario y reclamo iure hereditatis), para finalizar aseverando que actualmente, el sistema para ponderar la cantidad indemnizatoria que tiene reconocimiento legal es el integral, solidario o espiritualista, como será expuesto infra. Además, se aseveró que no es jurídico confundir rubros de naturaleza distinta - daño patrimonial y moral- y, a partir de ello, unificar todo el resarcimiento en el segundo rubro. (Ver: autos Nº 16.079 "Di Carlos de Peña, María Elena c/ Energía San Juan S.A. - Daños y perjuicios" (L.de S. Tº79, Fº 109/130, 12/3/2001); autos nº 15.881 "Mercado de Julio, Maris Yolanda y otros c/ Delendatti, Juan Vicente - Daños y Perjuicios - Sumario" (L. de Sent. Tº 79, Fº 5/30 - 7/10/2000), autos N° 14.777 "Morales A. c/ García..." (L.S. T° 71 F° 125/150), N° 14.349 "Alaniz M. c/ García..." (L.S. T° 73 F° 28/45), N° 14858/15095 "Rojas c/ Provincia...y acumulado." (L.S. T° 74 F° 28/63), N° 15329 "Montaña c/ S.E.S...." (L.S. T° 75 F° 13/20), N° 15.412 "Pasten de Castillo c/ S.E.S...." (L.S. T° 75 F° 73/93 y N° 15.308 "Rodríguez c/ Provincia...." (L.S. T° 75 F° 145/172), etc.; monografía "Prospectiva de la legitimación para reclamar el resarcimiento de los daños por fallecimiento" (Revista Foro de Abogados de San Juan", año VII Nº2 - 1999, pág.43);.... ) . La posición doctrinaria que asuma el magistrado, tiene relevancia en el proceso de cuantificación, no solo a los fines de consagrar el principio de congruencia reglado por el Código adjetivo en el inc. 6º del art. 168, entre el reclamo deducido y el pronunciamiento que se dicte, sino además para controlar que el razonamiento efectuado para elaborar la sentencia sea la derivación lógica de los antecedentes de la causa y no la expresión de voluntad del juzgador pasando el límite del arbitrio para configurar arbitrariedad". En el caso de autos, la actora reclamó iure proprio posicionándose en el criterio solidario o integral, reclamando que se tenga en cuenta todos los aportes que realizaba la interfecta, no solo los económicos.

Ingresando al tratamiento de los daños derivados de la muerte de la señora Julieta Ibañez, acaecida en fecha 20 de diciembre de 2005, se debe poner de resalto, ab initio, que a fs. 20 expresamente se dice que la decujus alquilaba con su pareja una casa ubicada en calle Hipólito Irigoyen 123 oeste en el departamento de Chimbas. Además de ello, se debe tener presente que era madre de Franco Lautaro Alvarez Ibañez nacido en marzo de 2003, cuyo padre es el actor en autos.

Es decir, no cabe la menor duda (además de que es un tema no cuestionado) que la fallecida se encontraba viviendo en concubinato con el actor, señor Omar Américo Alvarez con el cual tenía un hijo, lo cual implica que habían conformado una familia autónoma y, por ende, los aportes que realizaba la fallecida, natural y lógicamente, estaban direccionados hacia su propio hogar y no hacía sus padres.

En este punto y a los fines de tratar por un camino lógico, corresponde analizar la procedencia de la reclamación realizada por el concubino que fuere denegada por la sentencia puesta en crisis.

El fallo, adoptó para resolver la cuestión el criterio economicista o materialista, cuando definió, a fs. 285 vta., que los actores han reconocido que la Sra. Ibañez no se desempeñaba en relación de dependencia por lo cual no existe perjuicio patrimonial efectivo que pueda ser indemnizado en los términos previstos por el art. 1079 del Código Civil razón por la cual el rubro valor vida de la señora Ibañez respecto del coactor Omar Américo Álvarez debe ser rechazado.

En contra de este criterio materialista se alza, con éxito, el recurrente.

En ese sentido, he sostenido que "el criterio solidario parte de reconocer que el ser humano (como una integridad cuerpo - espíritu) no solo tiene importancia para sus familiares (y demás congéneres) porque produce resultados económicos sino porque, además, aporta una vasta gama de contribuciones afectivas, de cooperación, de solidaridad, etc...

El criterio integral defiende que para estimar la cuantía indemnizatoria de los damnificados indirectos reclamantes se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios evaluativos: 1. El valor resarcible de la vida humana malograda por un ilícito no resulta apreciable con criterio exclusivamente económico. Es decir, no resulta estimable tan sólo sobre la base de cuantificar solo los aportes materiales ni se trata de medir en términos monetarios (económica) la capacidad de la víctima. 2. La concepción materialista debe ceder frente a una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y cuya reparación no puede ser omitida por la jurisdicción. 3. Las contribuciones solidarias, de cooperación, afectivas, etc. que suelen denominarse comúnmente del espíritu también integran el valor vital de los hombres y, por cierto, deben ser valoradas al momento de cuantificar. Es decir, la opinión solidaria no desecha los parámetros materialistas (aportes dinerarios) expuestos por la tesis economicista, por el contrario, a ellos le suma las actividades solidarias, afectivas, de cooperación, etc. que, de igual modo, realizaba el difunto en favor de sus familiares damnificados por lo cual deben ser resarcidos". (ver P.E.A., ob. cit. pág. 124).

Este criterio, estimamos ha tenido recepción legislativa y, por lo tanto resulta aplicable. Ello es así por cuanto dijimos en el trabajo antes referenciado que "el criterio humanista de la vida que es la base del pensamiento de la tesis solidaria o espiritualista examinada, ha sido recepcionado, en el art. XXX de la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre" que actualmente tiene rango constitucional (art. 75 inc. 12 C.N.), cuando regula que "...toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten".

Por otra parte y, en el mismo pensamiento, en el art. 266 del Código Civil se establece que los hijos aunque estén emancipados, están obligados a cuidar a sus padres en su ancianidad y en estado de demencia o enfermedad y a proveer a sus necesidades, en todas las circunstancias de la vida en que les sea indispensable sus auxilios, aclarando en la parte in fine del artículo que tienen derecho a los mismos cuidados y auxilios los demás ascendientes. En sentido inverso de la relación filial, la patria potestad como conjunto de derechos y deberes de los padres para la protección y formación integral de los hijos (art. 264 C.C.) impone la obligación alimentaria que comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad (art. 267 C.C.).

Para mayor convicción de que la vida en relación no es un aporte exclusivamente dinerario, es dable destacar el contenido normativo del art. 198 del Código Civil, reformado por la Ley 23.515, cuando regula que los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos.

Este artículo cuando es comentado por Belluscio-Zannoni y otros autores enseñan que "con la inclusión expresa del deber de asistencia entre los cónyuges, ha venido a salvarse una omisión en la que había incurrido la Ley 2393, que si bien hacía alusión a la prestación de recursos y a la obligación alimentaria, omitía específicamente aludir a la asistencia que se deben los esposos, obligación que hace a la esencia del deber matrimonial y que resulta comprensiva del deber alimentario y del constante apoyo moral al que el estado matrimonial obliga".

Como se colige de las normas transcriptas, éstas reconocen expresamente que la relación filial o conyugal que se desarrolla en el marco familiar no se agota en un puro materialismo, que se representa en una cuantía dineraria aportada emergente de la capacidad productiva del interfecto, sino que existen manifestaciones del espíritu u otras actividades del ser humano que forman parte de la relación entre los cónyuges, entre padres e hijos. Por lo cual, ante la pérdida de algunos de ellos el otro se ve privado, no solo de los aportes económicos sino también de las otras colaboraciones asistencialistas, por esta razón una justa reparación debe contemplar todos los aspectos del hombre como un ser integral y no como un mero ente productor de bienes.

Para completar la idea que sustenta esta corriente de pensamiento es menester transcribir el pensamiento de Jorge A. Mazzinghi, para quién el deber de asistencia "...se materializa en diversas actitudes que corresponde asumir a los cónyuges en distintos aspecto de su convivencia...", destacando como ejemplo de ello la solidaridad conyugal que implica que "...cada uno tiene derecho a esperar del otro los estímulos necesarios para el logro de su propio destino terreno y trascendente, la ayuda para superar los propios defectos y el aliciente de que reconozca las propias virtudes...". De igual modo, cita la asistencia en las enfermedades, que no implica solo el auxilio material sino también el espiritual, como también la colaboración de los cónyuges en el cuidado del hogar.

A partir de las razones expuestas, el criterio solidario para indemnizar no es una aspiración de lege ferenda sino un mandato legal para interpretar y resolver los reclamos indemnizatorios de los menoscabos emergentes de la pérdida de una vida. Es decir, entendemos que la normativa expuesta acotó el margen de discrecionalidad de los jueces en la aplicación de criterios siendo el método evaluativo integral el que goza de reconocimiento legal". (Ver. P.E.A., ob. cit. , pág. 134).

En el caso, no existe discusión relacionada con la existencia del concubinato, tema que pudo ser resistido por la demandada al responder los agravio pero que no lo hace, razón por la cual se debe tener en cuenta que para sostener que se ha tipificado esta particular relación debe ineludiblemente existir: 1. heterosexualidad de sus integrantes, 2. cohabitación permanente, 3. notoriedad y 4. singularidad.

Por ello, el concubinato ha sido definido por la mayoría de los autores tomando como referencia el concepto expuesto por Bossert, para quién "es la unión permanente de un hombre y una mujer, que sin estar unidos por matrimonio, mantienen una comunidad de habitación y de vida, de modo similar al que existe entre los cónyuges.", precisando que a diferencia de lo que ocurre con el matrimonio consensual, que adquiere pleno vigor jurídico por el mero consentimiento expresado por los contrayentes, en el concubinato sólo ocurre por la convivencia en ciertas condiciones, pero no porque las partes se comuniquen entre si la decisión de tomarse respectivamente, por marido y mujer, en un determinado momento. Por su parte, Mangione Muro entiende "por concubinato al hecho jurídico, voluntario y lícito por el que una pareja heterosexual, decide hacer vida en común con carácter o intención duradera, con la finalidad de formar una familia, sin mediar ceremonia matrimonial civil alguna.". (ver P.E.A., ob. cit., pág. 699) Es decir, el instituto del "concubinato" debe ser reservado exclusivamente para la unión de un hombre y una mujer en aparente matrimonio. Es decir, deberá acreditarse la cohabitación con vocación de permanencia lo cual implica, además de su consolidación temporal, necesariamente la existencia de singularidad que nace de la fidelidad entre los sujetos con vida en común. Por otra parte, la notoriedad de la relación al publicitarla sin ambages en el medio social en el que se desenvuelve importa corroborar y fortalecer los requisitos antes exigidos, dado que se le quita a la relación la tacha de clandestinidad que no se condice con los principios rectores del Derecho.

En el caso de autos ello no está discutido, sino por el contrario, está corroborado por la sentencia criticada, el punto donde se aparta dicho pronunciamiento de lo que juzgamos jurídicamente correcto se focaliza en las siguiente consideraciones:

1. Considera que el concubinato no está beneficiado por la presunción del art. 1084 y 1085 del Código Civil prevista para los cónyuges supértites. Ello es cierto, sin embargo se olvida que además de ello existen las presunciones hominis nacidas de lo que acontece en la vida real y que son inferidas por la jurisdicción. En esa dirección si el Tribunal dice que existió concubinato es porque entendió acreditado la convivencia pública y permanente de los concubinos en una comunidad de vida a imagen y semejanza del matrimonio civil.

Ello implica que deben existir aportes mutuos a esa comunidad familiar que no siempre son en dinero en efectivo como lo entiende el criterio materialista del a quo, sino que, de igual modo, se pueden y de hecho se realizan aportes asistenciales cuantificables en dinero.

Es hoy una antigüedad jurídica sostener que una persona que desarrolla tareas de ama de casa no realiza aportes a su familia y de que ello no es valorable en dinero. Este criterio ha sido superado en la doctrina autoral y judicial.

Sobre el particular hemos aseverado que "con relación al daño material existe concordancia en la doctrina judicial de que aceptada la legitimación del concubino, resulta procedente en la medida de su acreditación. El punto en discusión permanente es el relacionado con el método que se utilizará para mensurar la dimensión del resarcimiento (el materialista o el solidario) dado que en esta hipótesis siempre se debe reclamar la indemnización de los perjuicios vía iure proprio (el concubino no es heredero).

En la Primera Parte de esta investigación se estudio la evolución del pensamiento expuesto por la Corte Federal respecto del tema y la vigencia del método solidario, espiritualista o integral que estimamos de aplicación pues así surge de una correcta hermenéutica de las normas del Código Civil y los Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país que tienen, actualmente, rango constitucional que ven al hombre como una integridad físico-espiritual y no como un ente productor de bienes y servicios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso recientemente estas ideas en el caso "Folgan.", donde específicamente se trata de una hipótesis de reclamación de los daños formulada por una persona que vivía en concubinato con la fallecida.

El valor de la vida humana no debe ser apreciada con criterio exclusivamente económico sino mediante una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, pues el valor vital de los hombres no se agota con la sola consideración de aquellos criterios (v. doctrina de Fallos: 310:2103, 312:1597, entre otros). (del dictamen del Procurador General que la Corte hace propio) Corte Suprema de Justicia de la Nación, F.468. XXXVII "Folgan, Roberto c/ Rivero, Edgardo Sergio y otro", 2/12/2003, Tº 326 pág. 4768	La importancia del fallo radica en que la Corte Federal permite que el concubino reclamante pueda acreditar, no solo el menoscabo patrimonial que padece a consecuencia del fallecimiento sino, también, la privación de los aportes de solidaridad, cooperación que le prodigaba su compañero en vida.

Es de hacer notar que en la relación concubinaria, por ser de hecho y no de derecho, resulta de vital importancia para su vigencia y consolidación la permanente aportación de asistencia entre los compañeros de vida que han definido un destino común. Por ello, se puede asegurar que una vez definido que existe concubinato, se puede presumir hominis que existe aportación de cooperación entre sus integrantes. Sólo se podrá tener duda respecto de la dimensión de la ayuda económica que depende de los ingresos que obtenía el interfecto". (ver P.E.A., ob. cit., pág. 723 )	2. El segundo aspecto que es cuestionado por la actora recurrente y que entendemos le asiste razón, es la descalificación que hace la sentencia de la actividad de ama de casa.

Así, al momento de enumerar las actividades hogareñas que deben ser incluidas entre las que ejecuta una "ama de casa" se debe tener en cuenta que las mismas siempre son incompletas, particularmente en los casos donde el asistencialismo de la madre-esposa, llega de distintas maneras a sus beneficiarios.

A modo de simple enunciación se pueden mencionar como labores u oficios llevados a cabo por ella, los siguientes: 1) ecónoma; 2) cocinera; 3) dietista; 4) lavandera; 5) costurera; 6) niñera; 7) enfermera; 8) encargada de limpieza, 9) planchadora, 10) chofer, 11) maestra de apoyo, etc. Pero, como veremos infra no es la simple sustitución de estas actividades lo que se indemniza, sino éstas se completan o mejor expresado se ejecutan, en el marco de un vínculo afectivo que le da particularidad y no puede ser reemplazado, de modo alguno, por otro a pesar de que pueda realizar las mismas tareas. Para ejemplificar reiteramos, que no es lo mismo para los hijos, la labor de la empleada doméstica que la realizada por la madre en función de "ama de casa". Esta última es materialmente irreemplazable pero si indemnizable porque son susceptibles de apreciación económica.

En algunos fallos se ha intentado realizar la enumeración.	La atención de las demandas de alimentación, indumentaria, crianza de los hijos, cuidados del grupo familiar y aseo del hábitat, comprende, como mínimo, nueve oficios diferentes, a saber: 1) ecónoma; 2) cocinera; 3) dietista; 4) lavandera; 5) costurera; 6) niñera; 7) enfermera; 8) encargada de limpieza, 9) planchadora, etc. Es decir, el trabajo de ama de casa es susceptible de apreciación pecuniaria pues la esposa y madre, ocupada exclusivamente en su casa, no puede ser equiparada, desde el punto de vista económico, a una persona capaz en situación de desocupación o paro, ni a un menor o incapaz. El trabajo domiciliario de la mujer es una profesión y posee un valor económico propio, que no se frustra por la falta de un salario pagado inmediatamente, por un tercero (J. A.-1991-II-300). Desde otro punto de vista, el trabajo en el hogar, de igual modo, es apreciable económicamente, por el ahorro que significa el no tener que recurrir a la contratación de otras personas para que cubran ese puesto.

Cámara Civil, Comercial y Minería de San Juan, Sala 1ª, 19/03/97, autos N° 14453 "Rodríguez, Alicia Beatriz c/ Vitar Vetrugno, Silvia Liliana - Daños y perjuicios - Sumario", L. de S. Tº 70, F° 47/51; en igual sentido, 21/04/1.997, Nº 14.342 "Cepeda, Saturnina c/ S.A.T.A. y Montecino, José Hugo - Daños y perjuicios", L. de S. Tº 70 Fº 64/73, entre otros. También, Juzgado Nacional Civil N° 52, 1a. Instancia firme, 10-04-1.990, "Cortéz, Paulino y otro v. Pernigotti, Maximiliano", J.A. 1.991-II- 300.

Tiene un innegable valor económico la actividad doméstica que se cumple en interés propio y de los allegados convivientes, y representada tanto por los quehaceres materiales que suscita la atención del hogar, como por la organización y economía familiar y la educación y cuidado de los hijos. La actividad doméstica entraña un quehacer productivo, un trabajo como cualquier otro, instrumento de concreción de beneficios materiales y de significación económica, aunque no se remunere ni sea directamente traducible en un específico ingreso dinerario. La administración del hogar y la conducción de los múltiples aspectos cotidianos de la vida de los hijos tiene el valor de una verdadera empresa, cuyas ventajas (materiales y morales) son evidentes, así no se visualicen desde un punto de vista monetario directo.- CC0002 MO 32660 RSD-339-95 S 12-9-1995, "Faiad de Viera, Juana c/ Alarcon, Juan C. s/ Daños y Perjuicios", CC0002 MO 35276 RSD-293-96 S 15-7-1996, "Díaz, Ceferino Antonio c/ Transporte Ideal San Justo s/ Daños y perjuicios", JUBA B2350833 No caben dudas de que debe indemnizarse al cónyuge sobreviviente el perjuicio económico derivado de la muerte de su esposa que, como "ama de casa", estaba dedicada a las tareas hogareñas. Las múltiples funciones que el "ama de casa" desarrolla en su hogar y que son de público y notorio conocimiento, tienen gran valor económico; superior, en muchos casos, al que aporta el hombre que sale de su hogar para conseguir el dinero "contante y sonante" que permita afrontar los gastos cotidianos. Sin embargo, su determinación dineraria resulta sumamente dificultosa, independientemente de que, en el caso, no se produjera prueba alguna al respecto. Es sabido que el "ama de casa" cumple múltiples tareas, ya sea diaria u ocasionalmente, entre ellas: "hacer las compras", lavar, planchar, cocinar, asistir a la mesa, limpiar, coser, zurcir, tejer, decorar, etc. etc.; también es compañía, enfermera, lectora, administradora, jardinera, etc. etc. etc. Muchas de ellas inherentes a los deberes de asistencia y alimentos, que los esposos tienen mutuamente (art.198 del C.Civil). Igualmente deben tenerse en cuenta las funciones que debería haber cumplido en su rol de madre y que, en el caso, aparecen claramente configuradas por el hecho de su maternidad. Consecuentemente, en el actual contexto económico, signado por los bajos salarios y altos niveles de desocupación y subocupación, conforme con las máximas de mi experiencia, estimé que el costo de sustitución del "ama de casa" podía ascender a la suma de pesos trescientos cincuenta mensuales, y en el caso, sumando las funciones que requiere el rol de madre, estimo que resultaría equitativo establecer un valor de pesos quinientos mensuales (arts. 375, 384, 474, 163 inc. 6, 164, 165 y conc. del CPC).

CC0002 QL 4184 RSD-57-1 S 5-4-2001, "Viñolas Walter Jorge y ot. c/ Clínica Privada del Niño y La Familia SRL s/ Daños y perjuicios", JUBA Civil y comercial B2950915 Como se colige, sostener que una mujer que realiza labores de ama de casa no aporta nada a su familia, es desconocer la realidad de la vida y descalificar injustamente la labores hogareñas.

Ahora bien, la frustración de la vida de la señora Julieta Ibañez, sin lugar a duda ha provocado un daño cierto a su concubino que en la actualidad se ve impedido de los aportes que realizaba su compañera de vida a la unidad familiar que, de paso, queda frustrada como proyecto de vida.

Ese aporte de asistencialismo que efectuaba la fallecida a su compañero debe ser cuantificado en dinero.

En esa dirección estimamos como justa, atendiendo la edad de la víctima y del actor que hace presumir, atendiendo la edad promedio actual de vida que está en mas de 70 años, que podrían haber convivido en unión familiar por más de 30 años.

También se debe tener en cuenta que los aportes asistenciales, si la vida hubiera seguido sin la muerte, se repartían en la cuota sibi (auto beneficio o consumo, o cuota propia) y cuota commodi (quota aliena) se debía dividir entre el hijo y el concubino, razón por la cual consideramos que el actor recibía solo para él, mas o menos, el 30 por ciento de todo el aporte asistencial que realizaba la señora fallecida.

Ahora bien, en distintos antecedentes de este tribunal ha tenido en cuenta, como un punto mas de referencia, para cuantificar el trabajo de una ama de casa la cuantía fijada como Salario Mínimo Vital y Móvil. (Cámara Civil, Comercial y Minería de San Juan, Sala 1ª, 19/03/97, autos N° 14453 "Rodríguez, Alicia Beatriz c/ Vitar Vetrugno, Silvia Liliana - Daños y Perjuicios - Sumario", L. de S. T° 70, F° 47/51; en igual sentido, 21/04/1.997, Nº 14.342 "Cepeda, Saturnina c/ S.A.T.A. y Montecino, José Hugo - Daños y Perjuicios", L. de S. Tº 70 Fº 64/73 y recientemente en autos N° 19.569 "Urcullu, Jorge E. c/ Giménez, MIguel B. y TAC Ltda. - Daños y perjuicios - Sumario", 26/11/2008, L. de S. T° 102 F° 83/141) .

En función de ello, y por cierto descartando todo análisis matemático en la ponderación, estimo que se ajusta a derecho fijar la suma de $ 100.000 para resarcir el daño padecido por el actor, señor Omar Américo Alvarez por la muerte de su compañera de vida.

El monto se determina a la fecha de la presente sentencia. En razón de ello y como es una deuda de valor el interés moratorio debe ser puro por lo que se aplica el (8%) ocho por ciento anual desde la fecha del accidente y hasta la fecha de la sentencia. Hacía el futuro y con la finalidad de mantener intangible el capital de condena, se aplicará tasa activa de la ley 4119. Así propongo, al tribunal se declare.

En cuanto a la cuantía fijada para los padres de la víctima en la suma de pesos 20.000 a la fecha de la acaecido el hecho, estimo que resulta elevada atendiendo todo lo considerado precedentemente. En otras palabras, si bien es cierto que los hijos deben asistir a sus padres, especialmente en la vejez, se debe tener presente que esa asistencia se mengua en la medida que el hijo es mayor y aún más cuando conforma una familia independiente con esposo e hijo, como es el caso de autos.

En función de ello y a los fines de guardar debida proporcionalidad entre las compensaciones de los daños, estimo que se debe fijar en la suma de $ 10.000 a la fecha de esta sentencia y con un interés puro desde el hecho hasta la hoy. A futuro hasta su efectiva cancelación, se deberá aplicar interés tasa activa ley 4119 a los fines de mantener la intangibilidad del capital resarcitorio.

Para finalizar el análisis de los agravios vertidos contra la cuantificación de los rubros por el fallecimiento de la señora Julieta Ibañez, corresponde tratar el pedido de morigeración y elevación de la cuantía fijada para resarcir el daño moral padecido por los padres. En ese sentido se debe tener en cuenta todas las circunstancias que rodean el presente caso, donde la fallecida había construido una nueva familia y con ello se produce un alejamiento social de sus padres. Ello implica que en caso de que el hijo la hubiera sobrevivido el daño moral de este hubiera sido cuánticamente superior, al igual que el le hubiera correspondido a su concubino si no hubiera desistido y planteado la inconstitucionalidad de la limitación del art. 1078 del Código Civil.

En función de ello, en este caso, estimo que la suma de $ 50.000 fijada en favor de sus padres resulta elevada y debe ser morigerada a su justa dimensión que considero es la suma de $ 20.000, fijada a la fecha de esta sentencia y con los intereses aplicados de igual modo que los rubros anteriores.

Pasando a la meritación de los agravios vertidos contra la fijación del daño derivado de la muerte del menor de edad en los autos N° 18.221 caratulados "Ontiveros, Marcelo Nicolás y Palacio de Ontivero Sara c/ Brizuela Mario y otros - Daños y perjuicios - sumario" (18/4/2006, L. de S. T° 93 F° 140/161) de características similares al presente, luego de exponer las razones por las cuales se entiende que para la cuantificación del menoscabo debe aplicarse el criterio integral o solidario se juzgó que era justo fijar la suma de $ 60.000 para ambos progenitores en concepto de pérdida de chance.

En función de ello y para el presente caso estimo que la suma de $ 20.000 fijada resulta baja y debe ser elevada a la suma de $ 40.000, a la fecha de la presente sentencia y con los intereses aplicados del mismo modo que en los otros rubros.

Por su parte y con relación al daño moral fijado en la suma de $ 70.000 que ha sido cuestionado por ambas partes, atendiendo las particulares circunstancias del caso y pronunciamiento similares, considero que el mismo debe confirmado.

En cuanto a los agravios vertidos con relación a la reclamación del daño psicológico se debe tener en cuenta que no se hace por ambas partes una critica concreta y razonada contra la decisión de la sentencia que lleve ineludiblemente a modificar la misma. Se ha dicho reiteradamente que no basta con demostrar una mera disconformidad, en este caso contra la cuantía fijada para la atención médica.

El punto fue expuesto en el caso "Urcullu..." antes citado, se debe demostrar fehacientemente el daño a la salud como menoscabo de la psiquis permanente y patológico que no debe confundirse con el daño moral, entendido este como pretium doloris por el fallecimiento del hijo que fuere compensado debidamente en el punto anterior.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. MOISÉS MOYA, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Admitir parcialmente los recursos de apelación deducidos por la parte actora y compañía aseguradora, en el modo expuesto en los considerandos, con costas a la demandada (art. 74 C.P.C.).

Los DRES. GILBERTO A. RIVEROS Y MOISÉS MOYA, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Admitir parcialmente los recursos de apelación deducidos por la parte actora y compañía aseguradora, en el modo expuesto en los considerandos, con costas a la demandada (art. 74 C.P.C.).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.