Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-20


Reg.: A y S t 281 p 289/292. Santa Fe, 20 de marzo del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de A. B. A., contra el acuerdo 231 del 18 de abril de 2017, de los Jueces del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial, en autos "A., A. B. -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'A. B. A. S/ HOMICIDIO AGRAVADO'- (CUIJ 21-07003165-2)" (EXPTE C.S.J. CUIJ N°: 21-00511499-0); y, CONSIDERANDO: 1. Por acuerdo 231 de fecha 18 de abril de 2017, los Jueces del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial, revocaron la sentencia de grado apelada, en cuanto absolviera a A. B. A. por la comisión del delito de homicidio agravado por uso de arma de fuego; disponiendo reenviar la causa al subrogante legal para que dictara una nueva resolución (fs. 2/7). Contra dicho decisorio, la defensa técnica de A. B. A. interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 9/30v.). En el memorial introductor, expresa que el acuerdo impugnado resulta arbitrario por no satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda el artículo 95 de la Constitución provincial. Por cuanto los sentenciantes, al revocar el fallo dictado en primera instancia, habrían proporcionado al juez del reenvío la valoración que de la prueba correspondía efectuar; con lo cual "...se afecta seriamente el principio de independencia del juzgador..." (f. 10). Asimismo, alega la existencia de "cuestiones constitucionales complejas", ante la contradicción entre normas locales de procedimiento y de organización jurisdiccional y las constituciones provincial y nacional; lo que resultaría violatorio del principio de supremacía constitucional. Señalando que ello derivaría de la amplias facultades otorgadas por la ley santafecina al fiscal para apelar; que implicaría afectación al principio del "juez natural " y "non bis in idem" (fs. 10v./11). En tren de fundar el recurso, se efectúa una reseña de los antecedentes de la causa: refiere que por sentencia del 1 de marzo de 2016, la Jueza de Menores N° 4 (de Rosario) absolvió a A. B. A. por la comisión del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Y que apelado el decisorio por el Fiscal, la Alzada lo revocó, disponiendo el reenvío al subrogante legal para que dictara una nueva sentencia (f. 11). Como causales de procedencia del recurso, en primer lugar refiere al derecho a la jurisdicción. Y alude a la garantía a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, consagrado por los tratados de derechos humanos. Señalando, en particular, que el fallo impugnado proporciona al juez que deba dictar el nuevo fallo la valoración que corresponde hacer de la prueba; con lo que no resultará efectivizada la garantía a la imparcialidad respecto de la señorita A. (fs. 27v./28). Asimismo, tacha de inconstitucional a la facultad concedida al fiscal para apelar,entendiendo que el derecho al "doble conforme" sólo ha sido acordado al imputado y que dicha facultad podría implicar afectación a la garantía del "juez natural"y del "non bis in idem" (fs 28v./30). 3. La Alzada, por resolución 647 del 30 de agosto de 2017, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con fundamento en la ausencia de definitividad del pronunciamiento recurrido y de "cuestión constitucional" a los efectos de la instancia extraordinaria (fs. 31/33v.); lo que motiva la presentación directa ante esta Sede (fs. 35/41v.). 4. Las postulaciones de la compareciente cuentan "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa y ostentan entidad constitucional como para operar la apertura de esta instancia de excepción. Dicho esto, desde el análisis provisorio propio de este estadio y sin que tal conclusión implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir la queja interpuesta y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad. Disponer que por Presidencia se ordene la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda. Regístrese y hágase saber. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-GASTALDI(POR SU VOTO)-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) VOTO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI: En el presente caso, los Jueces del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial, ante el recurso fiscal, revocaron la absolución dictada por la Jueza de Menores en favor de A. B. A., y ordenaron reenviar al Tribunal de grado que corresponda para el dictado de un nuevo fallo, conforme los alcances establecidos en el fallo "Chiazza" (fs. 2/7). Contra dicha resolución, la Defensora Pública interpone recurso de inconstitucionalidad a favor de la justiciable. Reprocha la inconstitucionalidad del recurso fiscal (art. 396, ley 12734) contra la sentencia absolutoria, alegando que desnaturaliza la garantía del derecho al recurso (art. 8.2.h, C.A.D.H.) al concederle dicho beneficio al ministerio fiscal -en tanto "es un órgano del Estado y no es el sujeto destinatario" (f. 29)-. Afectando con ello, el derecho a la jurisdicción, supeditando la causa a un "virtual forum shopping"; vulnerando la garantía de juez natural (art. 18 C.N.; 9, C.p.), el "estado de inocencia" y el "in dubio pro reo" que amparaba a la justiciable. Revocando la absolución a favor de la imputada y reenviando para que otro Juez de grado dicte nueva sentencia (art. 404, C.P.P.) violentando así los principios de "imparcialidad e independencia", "non bis in idem", "plazo razonable", "progresividad y preclusión". Atento la invocada afectación de principios y garantías constitucionales, en las concretas y particulares circunstancias de la causa, entiendo que corresponde hacer excepción a la doctrina según la cual no revisten la calidad de sentencia definitiva las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso penal. Ello así, por entender que las alegaciones de la recurrente logran estructurar un supuesto de posible afectación de garantías que giran -esencialmente- en torno a los presupuestos y alcances del recurso fiscal y el juicio de reenvío a tenor de las normas citadas (arts. 396 y 404, C.P.P.) cuya inconstitucionalidad reprocha con invocaciones a las garantías del "derecho a recurso como garantía del imputado", "imparcialidad" y "múltiple persecución penal". En tal sentido, se coincida o no con el alcance amplio de la garantía de "non bis in idem" por la que aboga la defensa (arts. 8.4, C.A.D.H.; 14.7, P.I.D.C.P.; 75 inc. 22, C.N. y 6, C.P.P.), lo cierto que en la presente causa las alegaciones defensivas logran estructurar un supuesto que impone analizar si la revocación y reenvío impugnados, se sustentan en "vicios graves o esenciales" del razonamiento absolutorio del Tribunal de grado o en una dispar valoración de la prueba. Por ello, y como ya lo sostuviera, considero que media suficiente interés institucional ante la necesidad de aventar que en todo caso, y con fundamento en una nueva valoración de la prueba, el sistema procesal conduzca a la mera búsqueda de un Juzgador que condene; con posible distorsión del sistema de enjuiciamiento implementado por Ley 12734 y afectación de las garantías del imputado (cf. Voto propio "Suarez" A. y S. T. 252, pág. 482 y "Olivera" del 14.2.2018). Sentado lo precedente, considero que las postulaciones defensivas, desde una apreciación mínima y provisoria, cuentan "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa y suponen articular con seriedad un planteo que exige examinar, con los principales a la vista, si la sentencia reúne o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial. Por lo expuesto, debe admitirse la queja y en consecuencia conceder el recurso de inconstitucionalidad. FDO.: GASTALDI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Colegio de Jueces de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctores Depetris, Acosta y Llaudet. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Menores N° 4 de Rosario, Jueza doctora Aguirre Guarrochena.