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Medidas cautelares, personas con discapacidad, prótesis, peligro en la demora
Materia: CIVIL
Carátula: Gimenez David c/ PROFE s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-03

El actor de 47 años de edad, fue amputado de ambos miembros inferiores como consecuencia de padecer diabetes tipo 1, b) que el médico fisiatra -doctor Martín Ramos Moncla- y la doctora María Jesús Von Beschau, pertenecientes al Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, prescribieron las prótesis solicitadas, c) que de la fotocopia de la planilla de solicitud de materiales -suscripta por los profesionales mencionados- así como también por la sub-directora médica del nosocomio referido -doctora María Luisa Rijana-, surge que el pedido se fundó en que es ".un paciente joven con potencial de logro de marcha con prótesis prescripta". El derecho invocado en el presente proceso cautelar luce verosímil. La naturaleza de la discapacidad que presenta el actor y la urgencia de contar con las prótesis requeridas en virtud de los padecimientos físicos que presenta al utilizar las que actualmente posee, resultan suficientes para tener por acreditado el peligro en la demora.
Pagaré, Impuesto de sellos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Distrizub S.A. c/ Falciglia de Ghanguia s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-01

No corresponde abonar Impuesto de Sellos cuando un documento suscripto en la Capital Federal, sea ejecutable en jurisdicción de la Provincia, conforme a lo establecido en el Cód. Fiscal que en su art. 185, exceptúa del pago aquellos actos que estén exentos en el ámbito donde se formalizaron.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arrigoni, Héctro Guillermo y otros s/ Incidente en el art. 202 ley 24522
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-04

La verificación prevista en el art. 202 de la ley 24522, si bien tramita por el procedimiento de incidentes que contempla el art. 280 de dicha ley, se asimila a la verificación prevista en los arts. 32 y ss. de la LC, y le resultan aplicables todas las normas que regulan la materia, en el caso la de la prescripción aún cuando estén contenidas en el capítulo correspondiente al concurso preventivo.
Regulación de honorarios, regla de proporcionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Brunelli, María Dolores c/ Carrefour La Rural y/u Otros s/ Juicio Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-08-01

Corresponde realizar una nueva regulación de honorarios a los abogados que intervinieron en la causa, toda vez que no hay relación ni proporcionalidad al regularse los estipendios en la misma cantidad, tanto para el vencido como para el vencedor, comprometiendo el principio de una correcta retribución por la labor y conducta desarrollada durante el proceso por los profesionales.
Régimen disciplinario administrativo, revisión judicial de actos administrativos, cuestión no justiciable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gonzalez de Gonzalez, Lorenza s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1988-08-31

Las facultades disciplinarias del poder administrador son exclusivas del mismo y excluyentes de toda otra autoridad o poder en lo que respecta a la apreciación de los hechos que motivan las faltas imputadas al agente, como así también en cuanto a la graduación de la pena o sanción a aplicar.
Contrato de trabajo, despido discriminatorio, presunciones, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Álvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud SA s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-25

No corresponde exigir al trabajador plena prueba del motivo discriminatorio, bastando a tal efecto los indicios suficientes en tal sentido (conf. Art. 163 inc. 5 CPCCN). En el reparto de cargas procesales, a cargo de la empleadora debe colocarse la justificación de que el acto obedece a otros motivos. Desde tal perspectiva, la caga probatoria que se impone al empleador en tales casos, no implica desconocer el principio contenido en el art. 377 del CPCCN, ni lo específicamente dispuesto en la ley 23592, ya que "...quine se considere afectado en razón de cualquiera de las causales previstas en esta ley (raza, nacionalidad, opinión política o gremial, sexo, caracteres físicos, etc ) deberá, en primer lugar, demostrar poseer las características que considera motivantes del acto que ataca...y los elementos de hecho, o en su caso, la suma de indicios de carácter objetivo en los que funda la ilicitud de éste, quedando en cabez del empleador acreditar que el despido tuvo por causa una motivación distinta y a su vez excluyente, por su índole, de la animosidad alegada..." (sent. 93623 07707/05 Cresta, Erica c/ Arcos Dorados S.A. s/ Daños y Perjuicios") (del voto de la Dra. González, en mayoría).
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Di Santo, Luis Alberto s/ Formula denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

Es insuficiente el recurso extraordinario de nulidad si el recurrente no expresa clara y concretamente cuál ha sido la transgresión en que -a su juicio- ha incurrido el sentenciante.
Recurso de queja (procesal), recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Viacava, Alejandro Ezequiel c/ GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Viacava, Alejandro Ezequiel c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Viacava, Alejandro Ezequiel c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-13

El referido recurso de reposición se interpuso como derivación lógica del apercibimiento del a quo referido a un recurso de inconstitucionalidad, efectivizado mediante una providencia simple suscripta por el Presidente de la Sala. El remedio intentado en esa instancia, entonces, se mostraba como una vía potencialmente apta o al menos que no lucía improcedente de manera palmaria para atender el reclamo del amparista, tal es así que la Cámara se introdujo en el tratamiento de la cuestión y la resolvió desestimándola.
Pericia caligráfica, perito calígrafo, dictamen pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: Moreira, Eduardo c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Resulta inadmisible el planteo de nulidad del informe pericial formulado sobre la base de una supuesta extralimitación del perito, si éste sólo se ha expedido con relación a los puntos que le fueron propuestos y respecto de las grafías sobre cuya autenticidad fue interrogado el letrado de la demandada.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: MONTAÑANA PABLO c/ SODA MAIPU S.A. Y OTRA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-04-26

El derecho del trabajador a las prestaciones por incapacidad permanente definitiva nace cuando así expresamente lo declara la Comisión Médica, es decir, que se trata de un derecho nacido bajo el imperio del texto original del artículo 14 de la Ley de Riesgos del Trabajo, dado que se trata de una contingencia ocurrida con anterioridad a la reforma que le introduce el Decreto 1278/00, pero si bien la A.R.T. abonó en aquel momento las prestaciones establecidas por aquella norma, lo fue en base a una situación que no tenía resolución definitiva al momento de entrar en vigencia el citado decreto, pues el monto resarcitorio estuvo determinado en relación al grado de minusvalía fijado por la Comisión Médica, el cual ha sido cuestionado en el fallo dictado en primera instancia, el cual ha quedado firme al respecto.

En consecuencia, la obligación resarcitoria de la aseguradora no había sido cancelada al momento de entrar en vigencia el citado Decreto ya que, de la mayor incapacidad establecida en juicio, surge que a esa fecha había parte del monto indemnizatorio no saldado, lo que configura efectos pendientes o no consumidos, a los que corresponde aplicar la nueva normativa por imperio del artículo 3, 1er. párrafo del Código Civil, resultando procedente la pretensión actoral sólo en relación a la diferencia resultante en el porcentaje de incapacidad, según lo dictaminado por la Comsiión Médica y la establecida por el a quo en su fallo, pues lo demás configura consecuencias del infortunio laboral ya consumidas al momento de entrar en vigencia la citada reforma.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: A. B., R. E. c/ E. J. O. s/ Alimentos Tarjetas Cuyanas S.A. (Tarjeta Nevada) c/ Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-07|2019-12-09

Todo escrito recursivo, en cuanto expresión de agravios, debe contener una crítica concreta y razonada del fallo impugnado. El memorial debe expresar con claridad y corrección, de manera ordenada, los motivos de la disconformidad, indicando cómo el juez ha valorado mal la prueba, omitido alguna que pueda ser decisiva, aplicado mal la ley o dejado de decidir cuestiones planteadas. Debe el litigante poner de manifiesto lo más objetiva y sencillamente posible los agravios, cumpliendo así con los deberes de colaboración y de respeto a la justicia y al adversario, facilitando al tribunal de alzada el examen de la sentencia sometida al recurso.
Delitos relacionados con la identidad de las personas, falsificación de instrumento público, cédula de identidad
Materia: PENAL
Carátula: Delneri, Jorge s/ Falsificación de doc. y estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-03

Constituye el delito de adulteración de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas la falsificación de una cédula de identidad.
Prescripción adquisitiva, costas, costas en el orden causado, exención de costas, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: PINAZO, Alicia Carmen c/ ACERBO S.A.C.I.F.I. s/ POSESION VICENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-12

1- Si la intervención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el pleito fue en cumplimiento de una obligación legal y al sólo efecto de verificar si mediaba o no un interés fiscal comprometido (art. 24, inc. d) de la ley 14159 modificada por el decreto ley 5756/58) y no hubo oposición al progreso de la demanda por parte de aquél, es clara la procedencia de la exención en costas por no ser parte vencida.- 2- La circunstancia de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se haya opuesto a la pretensión de la actora, no implica que deban imponérsele las costas a ésta última, si la única vía para el reconocimiento de su derecho era la promoción del juicio de usucapión. Por ende, las costas deben imponerse en el orden causado, pero interpretando que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires queda exento del pago de la tasa de justicia y de los demás gastos, distintos de los honorarios, realizados por el actor para el reconocimiento de su derecho, contenidos dentro del concepto de costas contemplado por el art. 77 del Código Procesal.-
Impuestos, tratamiento de residuos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Civil Alianza para el Uso Racional de Envases en Argentina (AUREA) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-15

Dentro de la regulación legal, la Contribución Económica al Sistema Público de Gestión de Residuos, cuya reglamentación aquí se controvierte, se constituye en una de las alternativas previstas en los tres primeros incisos del artículo 9 de la ley 1.854 enderezadas, todas ellas a atender los problemas que plantea la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en vista a la consecución del objetivo que apunta a lograr el estándar de "Basura Cero". (Voto en disidencia del Dr. José O. Casás).
Régimen de consolidación de deudas, inundación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez Alzaga, Martín c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-28

La agravación -o como es en este caso la persistencia del perjuicio- no implica la existencia de una nueva causa generadora de responsabilidad.
Empresas del Estado, Dirección General de Fabricaciones Militares
Materia: LABORAL
Carátula: CAYUGUEO, MARCELINO A. c/ SOCIEDAD MIXTA SIDERURGICA ARGENTINA Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-13

Fabricaciones Militares es una empresa pública estatal que se mueve como organismo autárquico dentro de la órbita y bajo la dependencia de la administración pública. Por tal motivo son inaplicables a su personal las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo. (Conforme Sala 4, sentencia número 40680, 16 de noviembre de 1976, "Scamilla, Ramón A. c/ Dirección General de Fabricaciones Militares"). Esa persona es el Estado mismo y las relaciones con su personal son las propias del empleo público.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, defectos en la fundamentación normativa, sociedad anónima, caja de valores, suscripción de acciones, derecho de preferencia (comercial)
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Peluso, Norberto y otra c/ IVA   SA. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que consideró útil para poner en conocimiento de los accionistas el ofrecimiento de suscripción preferente (art. 194 de la ley 19.550) la comunicación cursada por la sociedad a la Caja de Valores en razón de que este organismo era depositario de las acciones de los actores, por cuanto la decisión que convalide el empleo de medios no previstos legalmente para enterar a los accionistas de la emisión de nuevas acciones, debe asentarse en la comprobación de que se han satisfecho objetivamente los fines que persigue la exigencia normativa.
Asociación ilícita, concurso de delitos
Materia: PENAL
Carátula: Marín, Héctor Esteban y otros s/ Marín, Héctor Esteban y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-12

El propósito colectivo de cometer delitos en la asociación ilícita exige la finalidad genéricamente delictuosa y dado que la ley requiere que la asociación esté destinada a la comisión de delitos, se trata pues de un fin colectivo, y como tal tiene naturaleza objetiva con respecto a cada uno de los partícipes. En cuanto a este punto, debe existir "indeterminación de delitos", pero ello no se refiere a que los integrantes no conozcan qué delitos van a cometer, sino que se trata de que tenga en miras una pluralidad de planes delictivos que no se agoten en una conducta delictiva determinada, con la concreción de uno o varios hechos. Al interpretar la palabra "delitos" del art. 210 del C.P. debe dársele el sentido de que la asociación tenga unidad de acuerdo y pluralidad de contexto delictivos a realizarse. (Voto del Dr. Tragant)
Derechos de la mujer, obligaciones internacionales, salud reproductiva y sexualidad, responsabilidad internacional del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - Observación General No 24 - Salud reproductiva y sexualidad - Derechos humanos fundamentales de las mujeres c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 1999-02-02

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer no considerará como apropiadas las medidas que adopten los Estados Parte, si carecen de un sistema de atención médica que en forma efectiva y real cumpla con el deber de prevenir, detectar y tratar enfermedades propias de la mujer.
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, cuerpo de abogados del Estado, matrícula profesional, inscripción en la matrícula
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/ EN - PEN - ley 25.414 - dto. 1204/01 s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-04

No asiste razón al colegio actor cuando expresa que al dictar las disposiciones cuestionadas -artículos 3° y 5° del decreto 1204/01 en la medida que pretenden relevar a los abogados del Estado de la obligación de inscribirse en la matrícula que la ley 23.187 pone a cargo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de pagar el derecho fijo establecido por su artículo 51-, el Poder Ejecutivo modificó la ley 23.187, en tanto esta normativa no fue dictada específicamente para regular a los abogados del Estado, sino que a través de esta ley el Estado Nacional creó tal entidad como una persona pública no estatal y le confió -por vía de delegación- el ejercicio de una función administrativa: la regulación de la profesión de los abogados que ejercen la profesión de manera privada, frente a lo cual no actúa por derecho propio, sino que ejerce una potestad cuya titularidad corresponde al Estado Nacional (Disidencia de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco)
Competencia, competencia por conexidad, conexidad subjetiva
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: VIDELA, CARLOS s/ DECLINATORIA DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-01-27

Sin perjuicio de que en el ordenamiento ritual rige la pauta de conexidad subjetiva no guardando relación objetiva los hechos producidos en esta ciudad con lo que se verificaron fuera de ella y ante la ausencia de elementos probatorios comunes a producir para la dilucidación de los sucesos registrados en ambas jurisdicciones debe dividirse la investigación de los hechos entre sendos Jueces Federales.
Contrato de trabajo, concursos, crédito laboral, naturaleza alimentaria, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Cala Néstor Omar c/ Alpargatas Textil S.A. y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-20

La suspensión de intereses que prevé el art. 19 de la ley concursal no resulta de aplicación a supuestos reclamos de acreencias laborales, en el mismo sentido que la doctrina emergente del fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial del 2/11/89 recaído en autos "Seidman y Bonder SCA" (La Ley, 1990-A, 8; DJ, 1990-1-903), cuyo marco de aplicación subsiste a pesar de la reforma de la ley de concursos, en razón de la naturaleza alimentaria de la acreencia vinculada con la subsistencia del trabajo.
Cosa juzgada, estupefacientes, extradición
Materia: PENAL
Carátula: ROSSI, ALEJO s/ Contrabando de estupefaciente, Incidente de excepción de cosa  juzgada Causa Nro. 32265.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-10

1-Corresponde hacer lugar a la excepción de cosa juzgada en el caso del ciudadano argentino detenido y juzgado en Suiza por la introducción de estupefacientes desde nuestro país, al cual fue extraditado siendo juzgado posteriormente en él por contrabando agravado por la exportación ilegal de la misma sustancia.- 2-Si bien el art. 36 de la Convención Unica sobre estupefacientes, párr. 2, ap. a, inc. 1, autoriza a que, cada uno de los delitos enumerados en el inc. 1, si se cometen en distintos países, se consideran como un delito distinto, dicho principio encuentra sus limitaciones en otras partes del citado art. 36. (Del voto del Dr.

Cortelezzi).
Derecho procesal, recurso extraordinario, medidas cautelares, marcas confundibles
Materia: PROCESAL
Carátula: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-15

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las resoluciones atinentes a medidas cautelares (ya sea que las acuerden, modifiquen, sustituyan o denieguen) no son -como principio- susceptibles del recurso previsto en el art. 14 de la ley 48, pues, aparte de tener sustancia procesal, no constituyen sentencia definitiva, salvo que causen un gravamen de imposible reparación ulterior (cfr. Fallos: 303:1617; 305:678,1929, entre otros), situación esta que no se configura en la especie. Ello es así porque la coexistencia de dos signos marcarios ("AWAFRUT" de NESTLE y "SER AQUAFRUT" de DANONE) durante el trámite de la causa no impide la prosecución del proceso de conocimiento ni obsta, eventualmente, a que sean respetados los perjuicios patrimoniales invocados.
Servicio público, extinción de las obligaciones, aceptación del pago, aceptación sin reserva, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL
Carátula: FRAGAL S.A.C.I.E.I. c/ OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-16

La aceptación de la entidad acreedora -prestadora de un servicio público- de los pagos realizados por la deudora sin reserva alguna, implica que ha consentido la liberación de la actora, por lo que mal puede renacer aquella extinta obligación, por un mero recálculo, que fuera realizado de manera inadecuada por la propia empresa, quien no puede alegar su propia torpeza para pretender el cobro de una diferencia, producto de su obrar negligente.-
Efectos del contrato, incumplimiento del contrato, interpretación del contrato, firma
Materia: COMERCIAL
Carátula: Toufik El Souki Victoria y otros c/ Panuccio Luis y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-14

El hecho de poner la firma al pie de un escrito, implica aceptar como manifestación de la propia voluntad el contenido de éste y el reconocimiento de la rúbrica le otorga al instrumento privado igual fuerza probatoria que la que gozan los instrumentos públicos (conf. Bueres, Alberto J., Highton, Elena I., "Código civil y normas complementarias...", T. 2C, pág. 183, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999). De tal modo, lo que la ley ha previsto es una suerte de inescindibilidad entre el reconocimiento de la firma y el reconocimiento del cuerpo del instrumento (conf. Belluscio-Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias", T. 4, pág. 664, ed. Astrea, Buenos Aires, 1994).
Marcas, oposición al registro de marca, marcas confundibles, capacidad de engaño, defensa del consumidor, información al consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: TODOACEITE SA c/ SASETRU SA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

Aún cuando de oposiciones en clases diferentes se trate, lo que debe tender a evitarse cuando los productos protegidos guardan afinidad entre sí, es que generen confusión sobre el origen de los mismos. Vale decir aquélla forma de engaño que puede sufrir el consumidor medio y que es necesario impedir, que consiste en presuponer que lo que se adquiere ha sido elaborado por un fabricante que ya tiene su marca registrada en el mercado (cfr. en tal sentido esta Sala, Causa 7023 del 11.3.94; Causa 4463 del 2.9.94 entre otras e igual sentido comentario al art. 3° de la ley 22.362 en su exposición de motivos).
Sentencia condenatoria, prisión, multa, tenencia de estupefacientes, participación criminal, prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Galian, Matías Marcelo y otros c/  s/ infracción Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2021-05-26

Corresponde condenar a Ariel Eduardo Arce Zapata a la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión en efectivo y multa de pesos un mil ($1000) por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes previsto y reprimido en el art. 14 primera parte de la Ley 23737, por los hechos atribuidos que así se califican, pues no cabe lugar a duda que el imputado tenía en su poder la sustancia estupefaciente, lo cual quedó reflejado en el acta de procedimiento, y era él y nadie más, que tenía plena disposición de dicha sustancia.