Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-26


2a instancia. Buenos Aires, 26 DE NOVIEMBRE DE 2009.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Vienen estos autos a la alzada a propósito de los agravios que, contra la sentencia de fs. 575/592, expresó la parte demandada a fs. 600/609 y que merecieron réplica de su contraria a fs. 611/614.

Por su parte, la perito contadora apela sus honorarios por considerarlos bajos a fs. 595.

II) Se agravia la demandada porque la Sra. Jueza a quo consideró no acreditadas las causales invocadas para despedir a la actora.

Sostiene, en síntesis, que el despido de la actora es "el corolario de una suma de acciones reñidas con la buena fe". En consecuencia, cuestiona que se haya considerado cada hecho en forma aislada, omitiendo, a su entender, valorar el "accionar de la actora visto desde su integralidad".

Adelanto mi opinión en sentido desfavorable al progreso de la queja, por las consideraciones que paso a explicar.

Ante todo cabe recordar que, conforme surge de la cartular rupturista, a la actora se la despidió porque "por medio de su TCL recibido 26 de agosto de 2006 quedamos notificados del nacimiento de su hija, el que según sus dichos acaeció 45 días antes de que se dispusiera a notificarlo. Esta notificación tardía resulta violatoria del art. 178 L.C.T., dado que comunica el nacimiento una vez concluida su licencia post-parto y sin acreditarlo de manera fehaciente..." (cfr. telegrama de fs. 32). Pero además, a ello le suma una serie de incumplimientos que le imputa a la actora que, a juicio de la accionada, configuraron el accionar de "mala fe", "abuso del derecho por embarazo y maternidad", "invocación de hechos falsos referidos a su registro" y "malicia" (cfr. telegrama de fs. 32).

Ahora bien, la sentenciante, lejos de "esquematizar arbitrariamente la espistolar que documentó el despido" -como pretende la recurrente-, efectuó un análisis detallado de cada uno de los incumplimientos objetivos imputados a Redondo.

En tal sentido destaco, que el accionar de "mala fe" imputado a la actora no es más que una apreciación subjetiva de la demandada. En consecuencia, para que el despido resulte legítimo hace falta que ese accionar se torne operativo en base a incumplimientos objetivos de la trabajadora que traduzcan el obrar a ella endilgado y la consecuente imposibilidad de que la relación de trabajo continúe vigente.

Precisado ello, observo que la apelante insiste en afirmar (sin sustento alguno) que la carta documento de la actora, por medio de la cual "informa licencia por maternidad" y el nacimiento de su hija, fue remitida por ésta "una vez finalizada la licencia post-parto cuarenta y cinco días después del alumbramiento". Sin embargo, no refuta en modo alguno fundamentos esenciales de la sentencia, como son los referentes a que: a) "establecida la fecha de inicio de la licencia por la accionante el día 26/06/06 -en ejercicio de la opción prevista en el art. 177 de la LCT-(reitero, sin objeción de la accionada) y ocurrido el parto a los 16 días (el 12/7/06, conf. partida de nacimiento obrante en sobre de fs. 72), le restaban por gozar 74 días de licencia, es decir que ésta debía finalizar el día 23/09/06. Por lo tanto, cuando el 25/8/06 (45 días después del nacimiento) informó 'licencia maternidad nacimiento mi hija Angelina día 12/7/06', efectivamente se hallaba en pleno goce de una licencia que aún no había finalizado", y b) "que más allá de esa comunicación fehaciente que formuló la accionante, si la empleadora pretendía que se acreditara el nacimiento mediante la partida correspondiente, así debió hacérselo saber en forma explícita (conf. arts. 62 y 63 LCT) antes que proceder a su despido pretendiendo ignorar el conocimiento efectivo que tenía del alumbramiento (cfr. telegrama resolutorio)".

El argumento de la recurrente, acerca del supuesto conocimiento de la actora de la obligación de acreditar el nacimiento mediante la correspondiente partida (alegando que ésta era estudiante de derecho y un supuesto vínculo familiar con "especialistas en Derecho Laboral"), además de no haber sido acreditado dicho extremo, tampoco resulta idóneo para desvirtuar lo decidido. Máxime si se tiene en cuenta, que la no presentación de la referida partida no autoriza per se a sentirse liberado de la limitación para despedir (cfr. Podetti y Banchs, "Trabajo de mujeres", Editorial Hammurabi, Bs. As. 1980, pág. 26).

Respecto del resto de los incumplimientos endilgados a la trabajadora, la apelante no se hace cargo de que la Sra. Jueza a quo, además de hacer notar la falta de contemporaneidad entre el cese y los incumplimientos alegados consideró que: a) la accionante notificó su cambio de domicilio y el retorno al anterior mediante cartas documentos, este hecho y la falta de acreditación de la autenticidad del informe de FAMA impiden tener por acreditado que efectivamente haya existido una violación del derecho a efectuar el control médico; b) lo expuesto anteriormente, a su vez, impide tener por acreditado el alegado impedimento de acreditar la autenticidad de los certificados presentados "por la actitud asumida con los médicos enviados por la empresa"; y c) en lo concerniente al abuso del derecho a requerir licencia por causa de embarazo: la propia demandada no cuestionó oportunamente las sucesivas comunicaciones remitidas por la accionante en las que informaba que continuaba enferma, ni la intimó en ningún momento a retomar tareas bajo el apercibimiento correspondiente, como correspondía hacer si hubiese considerado que su inasistencia no se encontraba justificada. Por lo demás, la propia accionada sostiene que interpretó que el hijo por nacer constituía una "carga de familia" en los términos del art. 208 LCT y que por lo tanto correspondía otorgarle a Redondo seis meses de licencia, con lo cual cabe memorar aquí la doctrina de los propios actos, en tanto no puede imputar luego a la accionante haber incurrido en abuso al gozar una licencia de nueve meses en total.

La apelante no refuta eficazmente esos argumentos y esta circunstancia, a mi juicio, sella la suerte del agravio. Pero al margen de ello, y aún colocándonos en una postura más favorable para la demandada, en el hipotético caso que se hubieran comprobado los incumplimientos imputados a la actora, no resulta ocioso recordar que se ha dicho que "si es el trabajador el que reiteradamente incumplió con su débito, para que ello sea justificativo de la denuncia con causa del contrato debió mediar una actitud constante y perseverante del empleador, tendiente a corregir previamente al dependiente, de modo tal de posibilitar la prosecución del contrato conforme a lo que es debido". De no procederse de tal manera, se entenderá que el empleador consintió esos incumplimientos (por más que efectivamente existan) y por aplicación de la doctrina de los actos propios, luego no podrá invocarlos como antecedentes justificantes del despido, aunque sí podrá aplicar otras sanciones disciplinarias cuando el empleador concluya que su actitud benevolente frente a los incumplimientos es perjudicial a los fines empresarios o a la comunidad laboral" (cfr. Raúl Horacio Ojeda, en Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Concordada, dirigida por Antonio Vázquez Vialard, T III, pág. 358 y 359). En cambio, la demandada no cuestionó el accionar de la trabajadora sino hasta la comunicación del despido.

Resta entonces analizar, la alegada invocación de "hechos falsos referidos a su registro" -en relación a la fecha de ingreso y pagos en negro-, es dable destacar que arriba firme a esta instancia, que en el caso de autos, se tornó operativa la presunción en contra de la empleadora, que dimana del art. 57 de la LCT (cfr. fs. 585). En consecuencia correspondía a esta última demostrar la veracidad de los hechos por ella alegados, sin embargo, la recurrente no alega ni una sola prueba que desactive la presunción referida.

Para más, también arriba firme a esta instancia, que frente al reconocimiento de la firma y los términos del art. 1.028 del Cód. Civil, debe tenerse por reconocido el contenido del certificado acompañado por la accionante, en donde se consigna que se desempeñaba como empleada administrativa desde el 1/5/94 hasta la fecha de su expedición -27/11/03-. La recurrente, se limita a reiterar que el referido certificado fue expedido como "favor" a pedido de la actora, donde se declara una fecha "falsa" de antigüedad, para que pudiera solicitar un horario especial en la facultad -hecho que no ha sido acreditado-.

La manifestación de la recurrente acerca del "ocultamiento" por parte de la actora del referido certificado, al momento de promover la demanda, no tiene asidero. Ello es así, puesto que, es la propia ley la que faculta al actor a ofrecer la prueba de la que intente valerse, dentro del tercer día de notificado de la contestación de la demanda (cfr. art. 71 de la L.O.). Por otra parte, el mismo cuerpo legal, impone reconocer o desconocer los documentos acompañados en esa oportunidad en el plazo establecido en el art. 82 inc. b), por lo que no se vio vulnerado su derecho de defensa en juicio.

No existe entonces ningún elemento de juicio que avale la versión de la demandada. Como lo ha dicho la jurisprudencia, quien -como la demandada- dice haber extendido un certificado para engañar a un tercero no puede pretender que se le crea que es sincero ahora, es decir cuando se dirige al tribunal (CNAT, Sala X, 31/8/98, "Bayonne, Luis E. c/ Expreso Jaime S.A.").

Respecto del restante incumplimiento registral imputado a la accionada -pagos clandestinos-, cabe recordar, que en virtud de la presunción antes referida, correspondía a ella probar la inexistencia de los aludidos "pagos en negro".

En relación a ello, luego de un minucioso análisis de la prueba testifical aportada por la accionada, la sentenciante concluyó que "la prueba testimonial aportada por la demandada no logra desvirtuar los efectos de la presunción derivada de su silencio...ni las constancias que se desprenden de la prueba testimonial rendida a instancia de la parte actora, la que, en líneas generales avalan la posición sustentada en el inicio, tanto en cuanto a los pagos en negro como al tiempo de prestación laboral".

La demandada se limita a manifestar que no existe una sola prueba que avale los pagos "en negro", lo cual resulta falso, puesto que Verón (fs. 220) efectivamente dio cuenta de esos pagos, no siendo eficaz para desvirtuar sus dichos las manifestaciones esgrimidas por la apelante. Máxime cuando, reitero, no refiere ni una prueba que avale la postura por ella sustentada.

Tampoco resulta atendible el argumento fundado en la falta de reclamo en concepto de "salarios adeudados" por supuestos "pagos en negro", pues implicaría admitir la presunción de renuncias a derechos derivados del contrato de trabajo en abierta contradicción con el principio de irrenunciabilidad que emana de los arts. 12, 58 y concordantes de la LCT.

Toda vez que el argumento en que se basa el apelante para impugnar la liquidación es la supuesta "arbitrariedad" de la valoración del despido. En virtud de lo señalado en el presente considerando, se impone también desechar esa impugnación.

Por todo lo expuesto, propicio rechazar la queja, y en consecuencia confirmar la sentencia apelada en esos aspectos.

III) Finalmente, en cuanto a la regulación de los honorarios de la perito contadora, en atención al resultado del pleito, a la calidad y extensión de las tareas por ella desempeñadas y a lo dispuesto en el art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9 y conc. de la ley 21.839, y art. 3º del decreto 16.638/57, estimo que no lucen bajos, por lo que propongo su confirmación.

En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de apelación. 2) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior. 3) Imponer las costas de la alzada a la demandada vencida (art. 68 del Cód. Procesal).

La doctora Estela M. Ferreirós dijo:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de apelación. 2) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior. 3) Imponer las costas de la alzada a la demandada vencida (art. 68 del Cód. Procesal). ESTELA M. FERREIRÓS. HÉCTOR C. GUISADO á