Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-15


NEUQUEN, 15 de diciembre de 2014.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "CLAIR STELLA MARIS C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ AMPARO POR MORA", (Expte. Nº 503388/2014), venidos en apelación del JUZGADO LABORAL 2 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo:

I.- La parte demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia de fs. 67/70, que hace lugar a la acción de amparo, con costas al vencido.

A) 1.- La recurrente se agravia porque la jueza a quo ha reconocido expresamente que el pedido de pronto despacho presentado por la actora ante la demandada fue extemporáneo, pero no obstante ello hizo lugar a la demanda.

Sostiene que el fallo de grado olvida que la ley exige que debe mediar un pedido de pronto despacho que constituya en mora a la Administración, conforme lo disponen los arts. 162 y 171 de la Ley 1.284. En tanto, señala la apelante, que el pronto despacho extemporáneo carece de efectos jurídicos.

Entiende que la actora debió presentar el pedido de pronto despacho cuando transcurrieron noventa días de presentado el reclamo, y recién entonces se encontraba habilitada para plantear la acción judicial por mora.

Manifiesta que la sentenciante de primera instancia sorteó indirectamente el procedimiento administrativo previsto en la Ley 1.284, permitiendo a la amparista no peticionar el pronto despacho exigido por ley, en violación del principio de igualdad ante la ley.

Cita jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia.

2.- Formula queja porque la condena del fallo de grado le otorga un plazo de diez días para emitir el acto administrativo pertinente, y para el supuesto que ello no suceda, aplica astreintes. Entiende que con esta última resolución, la jueza de grado se apartó de la ley de amparo, para hacer aplicación directa de los arts. 509 y 666 del Código Civil, contradiciendo lo dispuesto en el art. 27 de la Ley 1.981.

Recuerda que las disposiciones del Código Civil y del CPCyC son de aplicación subsidiaria en materia de amparo, y para el supuesto de vacío legal, circunstancia que no se produce en autos, ya que la Ley 1.981, en su art. 27, regula específicamente los efectos del no cumplimiento de la sentencia.

Explica que el fundamento del ya citado art. 27 es dar continuidad al trámite del reclamo y brindar celeridad.

3.- Cuestiona la aplicación de astreintes por improcedente, señalando que el deber impuesto por el fallo judicial es el de dictar el acto administrativo dentro del plazo de diez días hábiles, por lo que vencido ese plazo, el deber jurídico fenece de pleno derecho en virtud del art. 27 de la Ley 1.981, ya que a partir de ese momento se considera denegada la petición.

Califica como equívoco el apercibimiento de aplicar astreintes, en tanto que cuando se cumpla el plazo fijado en la sentencia ya no habrá deber jurídico que cumplir. Agrega, al no haber deber jurídico, recaudo esencial en toda conminación, no pueden aplicarse astreintes.

B) La parte actora contesta el traslado de la expresión de agravios a fs. 79/80 vta.

Dice que en el caso de autos la Ley 2.865 establece plazos perentorios y en días corridos, no siendo compatible con la forma de computar los plazos establecida en la Ley 1.284. Aclara que la ley especial desplaza a la ley general.

Cita el art. 6 de la Ley 2.865 y señala que al momento de efectuar su petición, con fecha 4 de noviembre de 2013, la actora acompañó toda la prueba documental que acredita que fue despedida ilegalmente por la dictadura militar. Cita la prueba acompañada.

Advierte que la propia funcionaria encargada de tramitar los pedidos realizados en virtud de la Ley 2.865 no requirió la apertura a prueba ni el acompañamiento de algún otro tipo de documento, por lo que la administración debía resolver en el plazo establecido en la ley especial.

II.- A efectos de resolver correctamente el recurso planteado en estas actuaciones por la parte demandada debe tenerse presente que el trámite administrativo, en cuyo marco se ha instado esta acción de amparo por mora administrativa, está regido por la Ley 2.865.

Ello es importante de destacar ya que la Ley 2.865 ha establecido plazos para que la autoridad administrativa se expida distintos a los fijados por los arts. 154, 159 y 162 de la Ley 1.284. Si bien la ley general de procedimiento administrativo ha de ser aplicada supletoriamente, ello no puede importar la desnaturalización o frustración de la voluntad legislativa que ha sido la de implantar un trámite ágil y rápido a efectos que los interesados puedan percibir la indemnización que la Ley 2.865 estatuye.

Por aplicación del art. 6 de la Ley 2.865, una vez presentada la prueba, la autoridad de aplicación debe expedirse por resolución fundada, señalando a continuación dos plazos diferentes. Dice la norma legal citada que si el cese laboral se ha determinado por la normativa de facto, el plazo es de 30 días corridos, y, en los demás casos, este plazo es de 90 días corridos.

Resulta claro que no rige en este trámite la modalidad de contar los plazos por días hábiles administrativos, toda vez que el legislador expresamente establece días corridos. El art. 28 del Código Civil señala que en todos los plazos que señalasen las leyes o los decretos de gobierno se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así.

En el caso que nos ocupa el legislador ha ratificado claramente que los plazos comprenden los días feriados.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I (autos "Crosta c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía", 23/3/2006, LL on line AR/JUR/4532/2006) tiene dicho que "corresponde tener en cuenta lo dispuesto en los arts. 27 y 28 del código de fondo en cuanto -en lo que aquí interesa- disponen que todos los plazos serán continuos. De lo expuesto cabe concluir que -como principio- los plazos se computan teniendo en cuenta tanto los días hábiles como los feriados, pudiendo inclusive terminar en uno de ellos.".

Por ende, habiendo presentado la amparista su reclamo ante la autoridad de aplicación en fecha 4 de noviembre de 2013 -extremo no cuestionado por las partes-, y teniendo en cuenta que la peticionante no acompañó una norma legal que determinara su cese como agente de la Legislatura Provincial durante el período contemplado en la norma legal, el plazo que tenía la Administración para expedirse, en este caso concreto, era de 90 días corridos, venciendo, por ende el día 2 de febrero de 2014.

Conforme lo explicado los asuetos administrativos que pudiera haber decretado el Poder Ejecutivo Provincial no influyen en el cómputo del plazo, ya que la Ley 2.865 determina que éste se computa en días corridos.

Tampoco resulta de relevancia lo dispuesto en el art. 6 del Decreto n° 143/2014, ya que su publicación es posterior a las fechas del trámite de la demandante, por lo que no resulta de aplicación en el sub lite.

Luego, la presentación del pedido de pronto despacho, que lleva fecha 5 de febrero de 2014 (fs. 4) no es extemporánea sino temporánea, debiendo, entonces, desestimarse el primer agravio formulado por la demandada.

Si bien es cierto que la amparista no recurrió la sentencia de grado, ya que en definitiva y más allá de la apreciación de la a quo sobre la presentación prematura del pedido de pronto despacho, la sentencia le ha sido favorable, sí introdujo la especialidad de los plazos de la Ley 2.865 al contestar la expresión de agravios.

III.- Respecto de los agravios referidos a la aplicación de astreintes, la cuestión ha devenido abstracta desde el momento que a fs. 82/87 se ha acompañado el acto administrativo dictado por la autoridad de aplicación, por lo que se ha cumplido con la sentencia de autos sin que llegara a hacerse efectivo el apercibimiento dispuesto, no existiendo, entonces, un agravio actual para la apelante.

IV.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo se rechace el recurso de apelación de la parte demandada y se confirme el resolutorio apelado.

Las costas por la actuación en la presente instancia se imponen a la demandada perdidosa (arts. 20, Ley 1981, y 68, CPCyC), regulando los honorarios de la Dra. ... en la suma de $ ..., de conformidad con lo establecido por el art. 15 de la ley arancelaria.

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta SALA II RESUELVE:

I.- Confirmar la sentencia de fs. 67/70, en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios.

II.- Imponer las costas por la actuación en la presente instancia a la demandada perdidosa (arts. 20, Ley 1981, y 68, CPCyC), regulando los honorarios de la Dra. ... en la suma de $ ..., de conformidad con lo establecido por el art. 15 de la ley arancelaria.

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA.