marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Engler, Jorge Rubén s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

Debe anularse de oficio todo lo actuado a partir de la providencia donde se procede a efectuar la radicación en la correspondiente Sala, si luego de concedido en relación el recurso interpuesto por el señor Agente Fiscal el expediente es elevado a la Excma. Cámara donde se dicta el auto antes mencionado para luego, y sin solución de continuidad, pronunciar sentencia, si no se notificó ni a la defensa ni al Fiscal de Cámaras la respectiva radicación (art. 330, C.P.P.) ni por lo tanto pudo quedar la causa en estado para definitiva, desde que la providencia no estaba consentida (parte final del art. 330 cit). Paralelamente, la no intervención del señor Fiscal de Cámaras permite afirmar que el posterior decisorio de la alzada fue dictado sin tener abierta su competencia, ya que no existía acción penal legalmente mantenida (art. 304, C.P.P.).
Proceso contravencional, prueba, declaración testimonial, autoridad de prevención, valor probatorio, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: N., R. M. s/ Artículo 75
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-22

No se trata de desvirtuar la declaración testimonial de agentes de las fuerzas de seguridad por el sólo hecho de serlo, ni se busca que en el futuro estos no sean siquiera propuestos por el Ministerio Público a tales efectos, ni tampoco se intenta crear una "especie de "testigos discriminados" producto de una incompatibilidad o inhabilidad que la ley no admite", sino que, el respeto a las garantías constitucionales y a la situación de inocencia construida por la norma fundamental exige que dichos elementos probatorios no puedan ser tenidos en cuenta como plena prueba del ilícito atribuido a quien resulte imputado contravencional.
Empleo público, reincorporación al servicio, recurso de queja (administrativo), cesantía, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ALFONSIN, REYNALDO DANIEL c/ GCBA s/ RECURSO DIRECTO DE REVISIÓN POR CESANTÍAS Y EXONERACIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS (ART. 464 Y 465 CAYT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde rechazar la queja interpuesta toda vez que no rebate el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, que se fundó en la ausencia de un caso constitucional o de un supuesto de arbitrariedad. La sentencia que en último término viene cuestionada hizo lugar al recurso de revisión interpuesto por la parte actora en tanto consideró que el acto administrativo que dispuso su cesantía, contenía un vicio en la motivación por no haber valorado los certificados médicos presentados ante las autoridades del hospital para justificar sus inasistencias. También sostuvo que no podía trasladarse al agente la carga de conocer el procedimiento de su validación. Determinar si la causa de la resolución que dejó sin efecto la designación del agente estaba viciada o no, importa, indefectiblemente, la revisión de la valoración de los hechos y la prueba, así como de la interpretación de la normativa infraconstitucional, realizada por la Cámara. Ello así, los agravios se refieren a cuestiones propias de la competencia de los jueces de la causa, y ajenas a la vía extraordinaria del art. 27 de la ley n° 402. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MECONOR SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO  DE  REVOCATORIA  CONTRA    EL  AUTO  DE  ADMISIBILIDAD.    CSJ EXPTE NRO 441-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-03

Para la habilitación del recurso contencioso administrativo se requiere el agotamiento de la vía administrativa, lo que supone lograr una resolución adversa del Poder Ejecutivo (por vía de revocatoria, apelación, recurso jerárquico, o queja por apelación denegada, según el caso), o colocando a éste en condiciones de conocer y resolver el asunto, a fin de que se configure efectivamente una denegación tácita por parte del Jefe de la Administración Pública Provincial.
Proceso penal, declaración indagatoria, tratados internacionales, defensa en juicio
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: N.N. s/ Régimen penal tributario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-13

La asistencia requerida concerniente a la declaración de quien se encuentra imputado en una causa penal debe practicarse con los resguardos que establece la ley procesal nacional, entre los que se encuentra el derecho de abstenerse de declarar o, de no ser así, de manifestar cuanto crea conveniente en su descargo (Art. 296 y 299 del CPP), por lo que la posibilidad de ejercitar esos derechos vuelve ocioso el pedido de rechazodel defensor oficial a la cooperación internacional requerida (en el caso, por una juez federal de la Republica Federativa de Brasil, conforme el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (conf. Art. 1, punto 2), aprobado por ley 25095).
Compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, tercería de dominio
Materia: CIVIL
Carátula: NELIDA VIRGINIA RUBIO c/ HUGO FILIPPINI Y OTROS s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-04-23

El boleto de compraventa inmobiliaria al no constituir un "título de dominio" (no obstante de la profusa doctrina y jurisprudencia que hoy en día afirma que el poseedor con boleto es un verdadero due/o) resulta insuficiente para fundar una tercería de dominio a la luz de las pervisiones adjetivas locales.
Ministerio Público Fiscal, principio de legalidad, legalidad objetiva
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ DISITEO EDUARDO S.D USURPACION DE PROPIEDAD E.P ZALAZAR PEDRO ROLENDIO. s/ EXCUSACION INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO POR EL DR. ALBERTO LLUGDAR, DEFENSA TECNIC DEL IMPUTADO CESAR FRIAS CONTRA ACTOS PROCESALES EN AUTOS EXPTE. N§ 130/2007-KOBYLANSKY, JOSE DANIEL Y OTROS s.d. DEFRAUDACION CALIFICADA e.p. ESTADO PROVINCIAL s/ EXCUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-15|2008-04-15

El ministerio público fiscal es el órgano público judicial que en materia penal tiene como fundamental misión excitar la actividad del órgano jurisdiccional mediante el ejercicio de la acción. Los funcionarios que lo integran hacen valer la pretensión penal raramente la civil) para que los jueces la satisfagan en los casos concretos. Son órganos de justicia que persigue esa satisfacción y no tan solo el castigo a ultranza del imputado. De aquí que también ejerzan la acción penal cuando persiguen el sobreseimiento o la absolución. El principio de legalidad pone a sus funcionarios en el imperativo de actuación, vedándoles todo poder discrecional. Su actuación solo puede ser condicionada en los casos expresos de la ley (Art. 72 del Código Penal): principio de oficialidad. Este rasgo del Ministerio Fiscal lo distingue de los otros acusadores privados (querellantes) y del público popular y profesional. Más profunda es aun la distinción con el actor civil.
Fondo de comercio, transferencia de fondo de comercio
Materia: LABORAL
Carátula: Block, Antonio c/ Industrias Alimenticias San Cayetano S.R.L. s/ Accidente de trabajo (art. 1113)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-22

Incumplidos los recaudos que la Ley 11.867 establece para la transferencia de fondos de comercio y en lo que atañe al crédito de indemnización por daños y perjuicios del promotor del juicio corresponde hacer extensiva la condena al adquiriente en virtud de la solidaridad impuesta por el art. 11 de la ley 11.867
Denegatoria del recurso, acción meramente declarativa, insuficiencia del agravio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Siphon SA  c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (Art. 277 CCAyT)  s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

Corresponde rechazar la queja que cuestiona la procedencia de la acción meramente declarativa (artículo 277 del Código Contencioso Administrativo y Tributario). En el caso la recurrente no logra exponer un caso constitucional que lleve a considerar que el recurso de inconstitucionalidad ha sido mal denegado y no se vislumbran argumentos que refuten la razón de la Cámara para tener por firme la decisión del a quo sobre la viabilidad de la vía procesal elegida. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Bonos de consolidación de deudas previsionales, depósito, reclamo del haber jubilatorio, ejecución de sentencia, amparo por mora
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Salazar, Osvaldo Delfor c/ A.N.Se.S. s/ Amparo por mora de la administración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-29

Resulta equivocado interponer un amparo por mora de la administración, cuando la pretensión del titular es el cumplimiento de una sentencia firme por la que reclama al organismo que proceda a acreditar los bonos previsionales adeudados. Ello así, por tratarse de una cuestión de hecho y prueba, donde la demandada sostiene haber depositado los bonos reclamados, en tanto que el actor sostiene que aún no fue cumplido en su totalidad. La dilucidación del punto excede los límites asignados a una tramitación como la que se pretende, razón por la cual el accionante debió iniciar, en caso de considerar que la demandada no había cumplido con la sentencia, una acción ejecutoria de la misma.

C.F.S.S., Sala III
Recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad, falsedad material
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Inst. Nac. de Serv. Sociales para jubilados y pensionados s/ 10.1.5 - falsedad documental de certificado de aptitud ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-17

En el caso, el tratamiento de las cuestiones que el quejoso trae en su recurso no devino abstracto, ni es posible hablar de pérdida de interés jurídico en obtener la decisión que nos pide. Ello así, en tanto el acogimiento del planteo de incompetencia del fuero local para conocer en esta causa podría traer aparejada la nulidad de todo lo actuado en consecuencia, incluyendo la sentencia condenatoria dictada. Es decir, la decisión acerca de esta queja tiene virtualidad para modificar la solución final del pleito y no cabe presumir que el recurrente se desinteresó de su planteo. Ese potencial desinterés sólo operaría efectos si fuera manifestado como desistimiento, lo que no ha ocurrido. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Beneficio de litigar sin gastos, realidad económica, facultades del juez, prueba, interpretación de la ley, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: EMPRENDIMIENTOS INDU-SYSTEM S.A. c/ GCBA s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-21

La concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto las pruebas incorporadas a la causa reúnan los requisitos suficientes para generar en el Tribunal la convicción acerca de las condiciones de pobreza invocadas (CSJN, Fallos 311-1374).

Mediante el instituto en cuestión se busca asegurar el acceso a la justicia, no ya en términos formales sino acorde a la situación económica de los contendientes y, por lo tanto, su finalidad se vería seriamente distorsionada si a este beneficio -limitado a concretar la finalidad enunciada- se lo transforma en indebido privilegio.
Expediente, cargo, instrumentos públicos, notificación personal, cobrador fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: GENEA ASESORES PUBLICITARIOS S.A. c/ PRODUCCIONES ARGENTINAS DE TELEVISION S.A.C.I. PROARTEL s/ INCIDENTE DE TASA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

Las remisiones y devoluciones de los expedientes a las oficinas del representante del fisco, se efectúan a través del personal del tribunal. Debe interpretarse entonces que, con la fecha del cargo de recepción de las actuaciones en la respectiva secretaria, queda configurada la notificación del aludido funcionario, pues al margen de que ese acto reviste las características propias de instrumento publico, lo que permite otorgarle autenticidad (cfr. A. M. Morello - G. L. Sosa - R. Berizonce, Códigos procesales en lo civil y comercial de la provincia de Buenos Aires y de la nación, comentados y anotados, 2da. Ed. Reel. y ampl., T. II-b, p. 598), la situación reseñada obedece a una practica aceptada que, aunque no reglamentada en el fuero, escapa a la previsión del artículo 135, penúltimo párrafo, código procesal, que se refiere exclusivamente a los fiscales y asesores de menores (cfr. Auts. y op. Cit., T. II-b, p. 769).
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva
Materia: LABORAL
Carátula: LATRILLA, IRIS MARGARITA c/ PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-08-14

En el caso, la resolución que intenta atacarse por la vía extraordinaria es la que confirma el punto I) del auto recurrido. Va de suyo que la mentada resolución es de mero trámite y sólo tiene por presentada a una persona que comparece en nombre y representación de una institución a estar a derecho. Así, la resolución atacada no es sentencia definitiva ni puede ser asimilable a ellas, ni pone fin al proceso, todas estas condiciones indispensables para que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tenga cabida por lo que, no dándose el requisito de admisibilidad que establecen los artículos 276 y 277 del Código Procesal Civil y Comercial referente a la definitividad del decisorio impugnado, corresponde denegar el recurso.-
Extradición, Estado requirente, Perú, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Materia: PROCESAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Pozo  Gamarra,  Carmen s/ extradición solicitada por la Repúblicadel Perú.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Si bien la parte recurrente no se agravió de la situación del sistema carcelario en el país requirente -República del Perú-, en modo alguno puede soslayarse el tratamiento de ese tema toda vez que puede originar responsabilidad internacional del Estado Argentino la omisión de aplicar las normas internacionales que prohíben conceder la extradición cuando haya motivos serios para creer que la persona requerida será sometida a tortura o tratos crueles (arts. 3.1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes -art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional y ley 23.338- y 13 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura -ley 23.652-) (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Trabajadores de la salud, enfermedad accidente, hepatitis, responsabilidad del empleador, grupos de riesgo
Materia: LABORAL
Carátula: VIDAL, SUSANA c/ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-24

Corresponde responsabilizar a la empleadora en los términos de la ley 9688 en relación al accidente sufrido por la trabajadora que desempeñaba sus tareas manipulando jeringas con sangre y contrajo hepatitis. Ello así pues el oficio de la actora está dentro de los denominados grupos de riesgo, por cuanto debe realizar su trabajo manipulando material de personas infectadas con la suficiente posibilidad de contraer enfermedades.
Recurso contencioso administrativo, demanda, patrocinio letrado
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: LEDESMA, EDGARDO OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTES DE EXCEPCION Y CADUCIDAD - RECURSO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 1-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-02-24

No corresponde extender la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 33 y 35 del Código Procesal Civil y Comercial de tener por no actuar con patrocinio letrado, a un supuesto no contemplado expresamente como lo es el proceso contencioso administrativo, máxime si se tiene en cuenta que esa solución es la que más se compadece con el respeto del derecho a la jurisdicción, pues adoptar el criterio opuesto conllevaría para el recurrente privarlo de la posibilidad de defender ante el Poder Judicial el derecho del que sostiene ser titular; en especial si se tiene en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico no impone la asistencia letrada en el procedimiento administrativo previo, por lo que se puede justificar el error de que el litigante actúe sin patrocinio.
Control de constitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S.R.L. COLOMBRES HNOS. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -DIRECCION GENERAL DE CATASTRO- s/ NULIDAD/REVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-10-19

En cuanto al argumento de que el control de constitucionalidad de oficio debe limitar su alcance a temas de orden público y no a cuestiones de índole patrimonial de las partes -como sería en su opinión la de marras-, cabe poner de relieve que del texto del artículo 88 del CPC no se desprende una limitación de este tipo; por el contrario, allí se expone con claridad que el control de constitucionalidad debe ejercerse por la justicia "en aquellas causas llamadas a su conocimiento". Del mismo modo, del penúltimo párrafo del artículo 24 de la Constitución local se sigue idéntica conclusión, en tanto preceptúa que "Toda ley, decreto u orden que, so pretexto de reglamentación, desvirtúe el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos, o prive a los ciudadanos de las garantías aseguradas, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicadas por los jueces". Lo dicho, sin dejar de tener presente que la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica constituye un acto de suma gravedad institucional y la última ratio del orden jurídico (cfr. Fallos: 247:387; 249:51; 303:248; 304:849; 311:394; CSJT: sentencia Nº 105, del 02-3-2010, entre muchas otras), más allá de que tampoco se advierte la razón por la cual no habría de interesar al orden público la determinación del agotamiento de la vía administrativa en una materia como la que se examina o, desde otra óptica, la perturbación constitucional que se suscita ante la contradicción de una le y con el decreto que la reglamenta.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, monto de la pena, agravantes de la pena, facultades del juez, non bis in ídem
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., F. A. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL VICTIMA MENOR DE 16 AÑOS (ESTUPRO) ABUSO SEXUAL-APELACION DEFENSA SENTENCIA CONDENATORIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-06-27

De la lectura del fallo atacado surge que los Magistrados, luego de explicar por qué la consideración como agravantes de la extensión del daño causado y del grado de culpabilidad no importaban violación a la prohibición de non bis in idem, consideraron que el monto fijado por el Tribunal de grado debía ser confirmado, por no resultar atendibles los agravios de la apelante sobre el punto; y en respaldo de esta conclusión dieron una justificación suficiente y razonable, la que, podrá ser compartida o no por la impugnante, mas al no alcanzar con sus alegaciones a demostrar que lo decidido carezca de suficientes fundamentos dentro de los límites establecidos por las leyes respectivas, así como tampoco la afectación de los principios constitucionales que alude, los planteos no habilitan la apertura de esta instancia de excepción. - CITAS: CSJN: Fallos 312:551; 315:807 y 324:4170; CSJStaFe: AyS T 204, p 224; T 219 p 131.
Juicio de apremio, excepción de incompetencia
Materia: CIVIL
Carátula: Fisco De La Provincia De Buenos Aires c/ Papelcom Srl Y Otro s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-05

Debe anularse la sentencia de primera instancia que mandó llevar adelante un apremio, en virtud de la falta de pronunciamiento expreso de una cuestión esencial, como lo es la excepción de incompetencia del magistrado de primera instancia presentada por la parte coejecutada.
Asegurador por riesgos del trabajo, tasa de justicia, bancos comerciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Junar SA s/ pedido de quiebra (por Provincia ART SA) c/ s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-16

Resulta insoslayable que el Banco de la Provincia de Buenos Aires y Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo son personas distintas con lo cual ésta no puede pues invocar prerrogativas propias del Banco, resultando irrelevante -a los fines pretendidos- que ésta última posea la mayor parte de las acciones de la aseguradora peticionante de la quiebra. Debe remarcarse por lo demás, que la existencia de la aseguradora nace en el plano jurídico mucho tiempo después de la firma del Pacto de San José de Flores por lo que desde tal prisma resulta estar, al margen de las prerrogativas que de aquel instrumento pudieran derivarse, con lo cual no tiene andamiento su petición de exonerarse de tributar la tasa de justicia (cfr. arg. CNCiv, Sala L, in re: "Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/ Irribarren, Alejandro Oreste y otros s/ interrupción de prescripción" del 16.9.10; íd. Sala A, "Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/ Rodriguez Adrián Enrique s/ interrupción de prescripción (CC 3986)" del 15.7.14, CNCom, Sala D, in re: "Provincia ART SA c/ Socorro Médico Privado s/ ordinario s/ incidente de tasa de justicia" del 23.2.17).
Hábeas corpus, Estado policial, policía federal, detención, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: PROCESAL - PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Carballo, Daniel Edgardo s/ hábeas corpus -causa N. 102-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-10

Es improcedente el hábeas corpus interpuesto en favor de un agente de la Policía Federal sancionado con arresto, pues la posibilidad de ser arrestado por faltas disciplinarias es consecuencia de la relación contractual que aceptó libre y voluntariamente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Palacio, Daniel Andrés; Palacio, Carlos Alberto s/ Agresión. Lesiones leves. Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

El ineludible contenido del art. 355 del Código de Procedimiento Penal no se torna irrazonable porque lo alegado tenga que ver con el fenómeno del absurdo y del quebrantamiento de las reglas de la sana crítica y del standard de la apreciación en conciencia pues tales pautas son precisamente las indicadas por la ley procesal para regir la valoración probatoria. Desde la perspectiva de la técnica recursiva ninguna diferencia puede hallarse con otro tipo de cuestionamientos en los que la infracción denunciada se vincula por ejemplo con normas de fondo. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, inconstitucionalidad, recurso de casación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Leim S.A. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-18

Deben desestimarse formalmente los recursos extraordinarios si no se canalizan los agravios por separado, en cada uno de ellos. Por lo mismo que los recursos de inconstitucionalidad y casación responden a motivos y finalidades distintas, (arts. 11 y 15, ley 2275), cuando se deducen contra una misma sentencia, el apartado 2 del art. 2 de la citada ley, exige que se interpongan, "con sus diversos motivos y fundamentación" y por la misma razón, los artículos 13 y 16, imponen que cada uno de ellos debe ser fundado puntualizando clara y concretamente los requisitos formales específicos que en sendas disposiciones legales se indican.