Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-05


Salta, 5 de febrero de 2016.-	Y VISTOS: Estos autos caratulados: "BRAHIM, ADELA ESPERANZA FALLEC. 18/01/13 POR SUCESORIO" - Expediente Nº 16108/13 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 2º Nominación del Distrito Judicial del Sur - Metán (EXP- Nº 16108/13 de Sala II) y,	C O N S I D E R A N D O:	1º) Vienen los autos a esta Sala con motivo del recurso de apelación interpuesto a fojas 95 por la heredera declarada Marta C. Díaz de Castilla en contra de la resolución de fojas 92/93 que hizo lugar al recurso de revocatoria interpuesto a fojas 83/86 y ordenó oficiar a dos agencias automotrices.	Para así decidir la señora Jueza a quo sostuvo que es la heredera Marta Clelia de Castilla quien denuncia o valúa el valor del automóvil dominio JLL 124 en la suma de $ 75.600 y el coheredero Raúl Víctor Díaz Brahim aclara que es el comprador de la mitad indivisa ya que es co-titular del otro 50 %. Consideró correspondiente, a los fines de resolver la cuestión con equidad y evitar erogaciones innecesarias ya que lo que se discute es el valor del único bien, dejar sin efecto el proveído de fojas 82 respecto de la audiencia dispuesta por el artículo 756 del C.P.C.C. cuarto apartado in fine y ordenar el libramiento de oficio a dos agencias automotrices reconocidas para que informe el valor del bien en cuestión.	Al formular sus agravios a fojas 97/98, la apelante relata los antecedentes de la propuesta de venta. Refiere que la aceptación de la oferta hizo perfecto el contrato ya que hubo oferta de precio de venta y aceptación del comprador lo que hizo manifiesto el consentimiento. Señala que no existe cuestión de equidad a resolver ni menos con asesoramiento técnico. Agrega que debe primar la buena fe en la interpretación y ejecución de los contratos, debiendo respetarse el importe de $ 75.600 convenido como precio de venta de la mitad indivisa del automotor. Asevera que resulta manifiestamente improcedente requerir informes sobre el valor del vehículo, lo que revela una evidente y arbitraria violación de los términos en que fue trabada la litis sobre el precio de venta, transgrediéndose groseramente el principio procesal de congruencia que el fallo debió merituar y cumplir para impedir vulnerar las garantías constitucionales del debido proceso y de la inviolabilidad de la defensa en juicio.	Manifiesta que el precio propuesto y aceptado es irrevisable e inimpugnable ya que al no haber sido oportunamente cuestionado ha operado el principio de preclusión procesal.	Corrido traslado, a fojas 101/105 contesta el coheredero Raúl Víctor Díaz Brahim solicitando su rechazo por las razones que allí expone y a las cuales cabe remitirse.	2º) En el caso se encuentra cuestionada la decisión de la sentenciante de librar oficios a dos Agencias Automotrices a los fines de que informen el valor real del único bien inventariado en autos. Dicha decisión tuvo como fundamento el hecho de que la Proveyente interpretó que se encontraba discutido por los herederos el valor del citado bien.	Pero es del caso señalar que contrariamente al fundamento dado como sustento del fallo impugnado, el valor del bien se encuentra determinado en autos. En efecto, de las constancias del expediente surge que a fojas 54, la apelante formula inventario y avalúo, denunciando como único bien del acervo hereditario el automóvil marca Renault Sandero Stepway 1.6 v, modelo 2010 dominio JLL-124 con un valor real de $ 75.600,00. Puestas en la oficina dichas operaciones a fojas 57 el coheredero apelado presta su conformidad. Cumplidos los pagos proporcionales de tasa de justicia (v. fs. 62 y 65), a fojas 68 se aprueban las operaciones de inventario y avalúo, quedando establecido el valor real del bien en la suma referida, la que también es aceptada como tal por la Caja de Seguridad Social para Abogados.	La situación de controversia se suscita con posterioridad al acto procesal mencionado precedentemente, pues la apelante formula, a los fines de la partición y adjudicación, una propuesta de venta de su parte indivisa. La figura jurídica que se presenta es un contrato de cesión de derechos hereditarios sobre un bien concreto y no respecto de todo el acervo como universalidad jurídica, por lo cual corresponde aplicarle las reglas y principios del contrato de compraventa. Así, surge necesario para su perfeccionamiento, la reunión de sus requisitos esenciales, a saber, concurso de voluntades, coincidencia de ellas y finalidad jurídica.	Dicho ello puede adelantarse que el segundo de estos requisitos se encuentra insatisfecho. Es que resulta ineludible el acuerdo simultáneo o sucesivo entre los interesados para que surja el deber de observarlo como la ley misma según los términos del artículo 1197 (hoy 959) del Código Civil.	El consentimiento debe manifestarse por ofertas o propuestas de unas de las partes y aceptarse por la otra. El obstáculo en el caso es la falta de coincidencia respecto del precio que la ofertante asigna a la parte proporcional que le corresponde y el que el pretenso adquirente ha entendido debe abonar para adquirir dicha porción. En síntesis, no existe una voluntad en común respecto de uno de los elementos esenciales del contrato de compraventa (precio) por lo que éste no se ha perfeccionado.	También debe resaltarse que el contrato de cesión de derechos hereditarios requiere una solemnidad específica que no ha sido cumplida en el caso.	Sin perjuicio de los expuesto, resulta necesario advertir que las disidencias y discordancias evidenciadas en autos que surgen con motivo del valor que la apelante asigna a su porción y en cuanto entiende que su propuesta ha sido aceptada en esos términos por el coheredero, conforma una cuestión que no es motivo del recurso traído a decisión, por lo que no puede ser objeto de análisis. La jurisdicción de los tribunales de Alzada está limitado por la extensión de los recursos concedidos (CApel.CC. Salta, Sala III, 21/06/84 "Alvarez vs. Mascanfroni", Fallos año 1984, pág. 451). Así, se ha sostenido que: "No puede pretender el recurrente que el Tribunal se pronuncie sobre un punto que no ha sido objeto de apelación. El Tribunal de Apelaciones no tiene mas facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del recurso; sólo puede ser revisado lo apelado tal como lo indica el aforismo tantum devolutum quantum apellatum (conf COUTURE: "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", Bs. As., Desalma, 1972, pág. 188 y 368); la competencia del Tribunal de Alzada está limitada por la extensión de los recursos concedidos (CSJN, 23/07/63, Rep.L.L. XXV, pág. 1283, Nº 72; Id. 09/09/63, L.L. 114-630; Id. 02/06/70, L.L. Rep. XXXI 1497, Nº 56) y la prescindencia de tal limitación causa agravio a las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio (CSJN, 15/07/76, E.D. 69-371; Id. 30/04/81, Rep. E.D. 15-801, Nº 64 bis.) (CApel.CC. Salta, Sala III, 16/02/90, "Bergerco vs. García", Fallos año 1990, pág. 24; Id. 26/03/90 "Saravia vs. Robles", Fallos año 1990, pág. 73)	Los agravios de la apelante se centran en la decisión de la sentenciante de ordenar el libramiento de oficios a los fines de determinar el valor del bien, decisión que resulta desacertada pues éste ya ha sido acordado por las partes, en lo que respecta al trámite y operaciones propias del presente proceso, destinado a concretar la transmisión dominial de los bienes que componen la herencia a los sucesores de la causante.	En lo que se refiere a las manifestaciones expresadas en autos respecto de acordar los herederos una cesión de derechos, constituye una cuestión que deberán encauzar por la vía y forma correspondiente y, en caso de arribar a un acuerdo -respetándose tanto la libertad "de contratar" cuanto la de "contratación"-, presentarlo en debida forma al sucesorio a los fines de la adjudicación hereditaria.	Así, la decisión impugnada, a más de exceder el marco del principio de libertad para contratar, no hace al trámite propio del proceso sucesorio.	En este sentido asiste razón a la apelante ya que como se sostuvo precedentemente y lo indica el apelado en su contestación de agravios, el valor del bien a los fines del avalúo del acervo no se encuentra cuestionado, por lo que el libramiento de los oficios resulta una medida innecesaria y sin sustento legal.	En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y en su mérito revocar la resolución de fojas 92/93 en lo que ha sido materia de agravios (libramiento de oficios a dos agencias automotrices), con costas de segunda instancia al vencido por aplicación del principio general de la derrota (art. 67 del C.P.C.C.).	Por ello,	LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,	I.- HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fojas 95 y en su mérito REVOCA la resolución de fojas 92/93 en lo que ha sido materia de agravios. Con costas.	II.- ORDENA se registre, notifique y baje.-	VOCALES: Dra. Hebe Alicia Samsón - Dra. Verónica Gómez Naar