Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-10


RAWSON, 10 de Diciembre de 2009.- VISTOS: - Estos autos caratulados: "G., E. R. c/ Instituto Autárquico de Colonización de la Provincia del Chubut y Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa- Integrada la litis de oficio con K., M. J. y AL B. S.A." (Expte. N° 21.171- G- 2007).-- DE LOS QUE RESULTA:

1.- Que a fs. 5/15 vta. el Sr. E. R. G. promovió acción contencioso administrativa contra el INSTITUTO AUTÁRQUICO DE COLONIZACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT y la PROVINCIA DEL CHUBUT, a los efectos de obtener la declaración de nulidad del Decreto Nº 1676 dictado el 12 de Noviembre de 2001 (B.O. 27/11/01), mediante el cual el Poder Ejecutivo Provincial resolvió otorgar el título de propiedad -emitido por la Escribanía General de Gobierno- a favor del Sr. M. J. K. de la superficie que indica.- Solicitó que se retrotraiga el procedimiento a lo actuado en el Expediente N° 22.321 - IAC del año 1989, "volviendo las cosas al estado anterior a los fines de que... pueda solicitar la anuencia del IAC para obtener la escritura que le pertenece como único dueño del campo "Establecimiento Los Guanacos" (punto 5) del Petitorio).- Que por SI N° 28/SCA/09 (fs. 147/150) este Cuerpo resolvió integrar la litis con el Sr. M. J. K. y con la firma "AL B. S.A.".- Se ordenó citarlos para que en el plazo de quince (15) días -con más cuatro (4) en razón de la distancia el primero- tomasen en la causa la intervención que pudiera corresponderles en defensa de sus derechos, suspendiéndose el desarrollo del proceso hasta la comparencia o hasta el vencimiento del plazo.

A fs. 158/159 vta. obran las constancias de aviso judicial y cédula de notificación practicada al Sr. K. el 29 de Julio de 2009; y a fs. 156/157 la correspondiente a "AL B. S.A." del 8 de Julio de 2009.-- A fs. 180 por providencia del 3 de Septiembre de 2009 el Sr. Presidente de esta Sala declaró vencido el plazo otorgado en aquel Interlocutorio para que compareciera el Sr. M. J. K..- A fs. 185 -punto II- el actor solicita que, atento el estado y las constancias de autos, se decrete la rebeldía del nombrado.- 2.- Que a fs. 174/178 vta. se presenta "AL B. S.A.".- Plantea en el punto IV -fs. 175 y vta.- la falta de jurisdicción de este Superior Tribunal de Justicia para el conocimiento de la causa.- Entiende que el actor pretende la nulidad del Decreto Nº 1676/01 y que exclusivamente la acción está referida a lograr la nulidad de ese instrumento.- Encuentra "claro" que aquél no ha planteado ni requerido la nulidad de todos y cada uno de los actos administrativos que le son antecedentes hasta llegar al dictado de aquel Decreto.- Insiste en que el accionante no hace referencia alguna que demuestre que pretende atacar alguna de las resoluciones y/o actos administrativos que sirvieron de motivación al Decreto de marras.- Hace notar que si este último es el resultado o consecuencia de actuaciones firmes y consentidas por el actor, se arriba inexorablemente a la conclusión -arguye- de la inexistencia de nulidad alguna, por lo que el actor está planteando la nulidad por la nulidad misma.- Aún así -advierte y sintetiza la secuencia administrativa seguida en el Expte. N° 22.908- del mismo surge que el IAC, por Resolución N° 232/91 concede anuencia previa al actor para que venda y transfiera sus derechos a K., resolución notificada a G. el 11/07/91 (remite a fs. 18); mediante la Resolución Nº 96/94 aprueba la transferencia de mejoras y cesión de derechos efectuadas por G. a K., acto firme y consentido -sostiene- debidamente notificado al actor, y por ello la que el apoderado de éste procede a efectuar la escritura pública de cesión de derechos a favor de K..- Señala que con posterioridad a este acto -la cesión de derechos, aclara- el accionante manifiesta "su arrepentimiento, acto este que está vacío de contenido" -subraya- atento que la cesión ya había producido los efectos que la ley le otorga.- Además, con la Resolución Nº 308/94 IAC se dan por cumplidas las obligaciones legales y se propone el Poder Ejecutivo la extensión del Título de Propiedad.- Machaca que todos estos actos anteriores han quedado firmes y consentidos porque no fueron objeto de recurso y han adquirido "plena validez y eficacia, cosa juzgada administrativa, con la presunción de legitimidad que gozan los actos del Poder Ejecutivo, lo que impide la posibilidad de revisión judicial de oficio".- Insiste en que el Sr. G. no ha impugnado nunca estos actos administrativos que se fueron dictando hasta arribar al Decreto N° 1676/01 y que "no ha instado la jurisdicción revisora" como requisito previo.- Se funda en el art. 138 y siguientes Dto. Ley 920, atento la presunción de legitimidad de la que gozan los actos administrativos solicitando el rechazo in limine de la acción.-Manifiesta adherir a las argumentaciones del IAC y Provincia del Chubut.

A fs. 186/189 -en el punto III- el actor contesta el traslado de este último planteo de falta de jurisdicción, rechazándolo.- Aduce que no es cierto como dice la contraria que él no ataca el procedimiento administrativo que ha motivado el dictado del Dto. N° 1676/01, atento que es consecuencia de un procedimiento irregular, lleno de vicios y que en su génesis deviene de un acto totalmente revocado, considerándolo "antijurídico".- Sostiene que el mandato se acaba por la revocación efectuada por el mandante, de manera unilateral, hecha en un Expediente Administrativo, con conocimiento efectivo de sus partes -se apoya en el art. 1963 inc. 1° del CC.- Entiende que por ello es materia probatoria y susceptible de jurisdicción plena de este Tribunal.- Encuentra inútil que en el planteo se refiera a su "arrepentimiento" en realidad revocación de poder; que el acto de la misma y los posteriores se encuentran vacíos de contenido.- Así porque -aduce- al no estar todavía resuelta la cuestión en sede administrativa, luego de la revocación caen todos los actos jurídicos administrativos posteriores; que la revocación del poder se realizó el 15 de Abril de 1992 y la Resolución N° 96/94 que aprueba la anuencia y para la cual el supuesto poder revocado fue hecho -aclara- se dictó el 14 de Marzo de 1994, dos años después -resalta- careciendo de los efectos jurídicos que el IAC le pretende hacer tener.- Insiste en que no es un acto administrativo, ni firme ni consentido por él, por los efectos de la revocación del poder con justa causa -se funda en el art. 1977 CC-, y que todas las demás actuaciones son inexistentes o nulas y encuentra patente el vicio, dado que la revocación fue impetrada en un Expediente Administrativo en tiempo propio y tomó el rango de instrumento público.- Añade que la excepción de falta de jurisdicción no puede ser opuesta como de previo y especial pronunciamiento dado que no existe como tal en el Código Procesal, ni en la Constitución Provincial, debiendo ser rechazada con imposición de costas a "AL B. S.A.".- A fs. 191 se agrega el Dictamen del Señor Procurador General.- Respecto de la declaración de rebeldía del Sr. M. J. K. entiende que fue debidamente notificado el 29 de Julio de 2009 y que a la fecha en que aquélla se solicitó -9/09/09- se encuentran reunidos los requisitos exigidos para hacer lugar a la misma.- En cuanto a la excepción de falta de jurisdicción planteada remite a su Dictamen N° 10/09 -agregado a fs. 121/123.-- CONSIDERANDO: - 1.- Que con respecto a la defensa que opone la citada "AL B. S.A." de Falta de Jurisdicción (fs. 175 y vta.), ya esta Sala tuvo oportunidad de pronunciarse en SI N° 9/SCA/09, en los planteos que -con similares argumentos y objeto- dedujeron en estos autos al contestar la demanda, por un lado, la Provincia del Chubut como Falta de Jurisdicción (fs. 90), y el IAC, al incluirlo en el Acápite III bajo el título de "falta de acción" (fs. 70 vta./71).-- Que cabe reiterar en consencuencia, lo ya dicho frente a los mismos:

"Que es amplia y profusa la jurisprudencia del Cuerpo -que data desde 1990- que ha asentado -en concordancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación- el criterio que indica, que en mérito a la presunción de legitimidad propia de los actos administrativos, y al republicano principio de la división de poderes, está vedado a los jueces el controlar la validez de aquéllos por propia iniciativa -esto es, de oficio- lo cual induce a declarar la falta de Jurisdicción cuando la declaración de nulidad no ha sido expresamente peticionada, y ella constituye el presupuesto necesario de la condena pretendida (SD Nº 13/90, 10/91, 69/92, 9, 37 y 38/93, 4,5,7,26, 38 y 51/94, 20, 22 y 23/95, 6/SCA/97, 8/SCA/98, 4, 8, 9, 15/SCA/00 y 57/SCA/01 -CS Fallos 190:142, 205:165, 291:499, 310:1014- Cam. Nac. Cont. Adm. en pleno - ED 118-391 - Sala IV - 19/6/96 LL 1/4/97), lo cual debe ser analizado en cada caso concreto (SD Nº 20 y 22/95; 02/SCA/02, entre otras)".

Que atenta la jurisprudencia del Cuerpo, "corresponde dar a esta defensa opuesta un tratamiento previo de excepción, aún cuando el ordenamiento -que no es contencioso administrativo por carencia de legislación ritual- sino el ordinario del procedimiento civil, no la contemple expresamente.- Así, con fundamento en el principio de ahorro procesal, a fin de evitar que se tramite la causa hasta arribar a su conclusión, para decidir a la postre que no existe jurisdicción, con el consiguiente dispendio que ello implica (Conf. SD Nº 8/SCA/98; SI Nº 101/SCA/01, N° 7/SCA/03 y 55/SCA/05, entre otras)".- Desde antiguo, se ha advertido: "que la aplicación de esta doctrina no es automática.- En Sentencias Definitivas N° 20 y 22/95, con cita de Rodolfo BARRA -"Aspectos Procesales de la nulidad del acto administrativo", (ED 121-278-) se explicó la necesidad de determinar previo a su aplicación en cada caso concreto, cuándo el acto afecta la situación jurídica de las partes, o si simplemente le introduce una modificación accesoria a la relación jurídica que no la afecta esencialmente.- Esto es, cuándo la reclamación que es objeto de la acción depende de la invalidez del acto, siendo su declaración imprescindible para su procedencia o no.- (Conf. SD N° 02/SCA/02)", por lo que, resolverla como de previo y especial pronunciamiento, dependerá también del caso particular en conflicto.

"Que la pretensión deducida en autos alcanza -expresamente y se reitera- a la declaración de nulidad del Dto. N° 1676/01, por lo que no cabe sino establecer, coincidiendo con lo dictaminado por el Sr. Procurador General, que la jurisdicción está habilitada.- Las apreciaciones relativas a falta de impugnación de actos previos en el procedimiento administrativo seguido, y su eventual influencia sobre la posibilidad de declarar nulo el expresamente opugnado, es cuestión que ha de considerarse como defensa de fondo, y resolverse en el fallo definitivo a dictarse".-- "Consecuentemente, los planteos involucrados en el Acápite III- de la contestación del IAC bajo el título de "falta de acción" en este sentido, y el planteo formal de la Provincia del Chubut sobre el particular, quedan diferidos para esa oportunidad, lo que determina además que no cabe imponer costas en esta instancia".- Que en forma idéntica -por los mismos argumentos- ha de resolverse el planteo de "AL B. S.A.", atendiendo -por remisión expresa- al mismo Dictamen del Sr. Procurador General citado, desestimando la falta de jurisdicción opuesta, tratando las cuestiones que opuso para fundarla en la Sentencia Definitiva.

2.- En lo que refiere a la rebeldía que el actor solicita respecto del Sr. K. (a fs. 185-punto II), ha de considerarse que esta declaración, se halla subordinada a la concurrencia de los siguientes presupuestos: la debida citación, la incomparecencia o abandono del juicio, la falta de alegación y prueba de circunstancias que hubieran obstado a la comparecencia oportuna y la petición de la contraparte (conf. art. 59 párrafo 1° del CPCC, y comentario respecto de ese precepto con igual número y texto en el Ordenamiento Procesal Nacional, por Atilio Carlos GONZÁLEZ en "Silencio y rebeldía en el proceso civil", ASTREA, 2da. Edición).

PODETTI interpreta que en el supuesto que el juez de oficio o a petición de cualquiera de las partes, ordenase integrar la litis, fijando un plazo para que aquélla se haga efectiva, durante el cual se suspende el desarrollo del proceso, la incomparecencia del citado dentro del plazo fijado, autoriza a declarar su rebeldía o dar intervención al señor defensor oficial, según corresponda ("Tratado de la Tercería", pág. 381, 3ra. Edición EDIAR S.A. Editora, Comercial, Industrial y Financiera; con cita de PALACIO, "Derecho Procesal Civil", T° III- pág. 213).- Este último supuesto, para el caso de desconocerse su domicilio, en tanto rigen para la citación los arts. 145 y 343 (conf. comentario al art. 59, ARAZI-ROJAS, CPCC de la Nación, com. anot. y concordado con los Códigos Provinciales-T° I-pág. 225/226, Rubinzal-Culzoni Editores, año 2001).

Que en el sublite todos los presupuestos concurren.- El Sr. K. ha sido debidamente citado conociéndose su domicilio -atento que se notificó al que aparece en la copia de la Escritura Pública de fs. 30/33, mediante cédula agregada a fs. 158/159 vta. y diligenciada el 29 de Julio de 2009.- No se presentó en el término acordado -ni posteriormente-, declarándose vencido el plazo otorgado en aquel Interlocutorio para que compareciera, por providencia del 3 de Septiembre de 2009 (fs. 180) suscripta por el Sr. Presidente de esta Sala.-- En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el art. 59, primer párrafo, del CPCC, corresponde declararlo rebelde, haciéndole saber que las sucesivas providencias y resoluciones le serán notificadas por ministerio de la ley (art. 133 del mismo Código de Rito).

Que las costas de esta incidencia están a cargo de quien se declara rebelde (art. 60 del CPCC).- Que por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia:- R E S U E L V E 1°) DESESTIMAR la Falta de Jurisdicción opuesta a fs. 175 y vta. por "AL B. S.A.", sin costas, en tanto la cuestión que propone para fundarla será tratada, mas allá de la calificación jurídica dada, como defensa de fondo en la Sentencia Definitiva.

2º) Atento que el término acordado al Sr. Marco Javier KNOBEL para que compareciera a estar a derecho se encuentra vencido con resultado negativo, de conformidad con lo dispuesto por el art. 59 del CPCC, decláraselo rebelde, haciéndole saber que las sucesivas providencias y resoluciones le serán notificadas por ministerio de la ley (art. 133 del CPCC).- Notifíquese esta resolución al rebelde, personalmente o por cédula (art. 59 2° párrafo del CPCC).- Costas a cargo del rebelde (art. 60 del CPCC).- Atento el domicilio del Sr. K., líbrese cédula de notificación la que deberá ser remitida a la Excelentísima Cámara de Apelaciones de la ciudad de Esquel para que por intermedio de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones se diligencie la misma, y una vez cumplido, se remita en devolución directamente a la Secretaría en lo Contencioso Administrativo de este Superior Tribunal de Justicia.

3°) Según se resuelve, los honorarios que corresponden por la defensa de falta de jurisdicción serán considerados en la regulación atinente al proceso en el fallo definitivo.- Por el incidente de declaración de rebeldía regular los honorarios del Dr. E. G. de B., en la suma de CINCUENTA PESOS ($50.-) (art. 6 y 33 del Dto. Ley N° 2.200 T.O. Dto. N° 138/99).

4°) REGÍSTRESE y notifíquese.

La presente se firma con dos miembros de la Sala, por encontrarse el Sr. Ministro Dr. Fernando S.L. Royer en uso de licencia.

Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo - José Luis Pasutti.

Recibida y Registrada en Secretaría el 16/12/09 Bajo el N° 65/SCA709