Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-10-07


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 07 días del mes de octubre del año dos mil cuatro, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "Y. M., J. L. c/ S. W. T. S.A. s/ ORDINARIO", Expte. No. 14.369/04, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería No. 2 (Expte. No. 1545/98), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 208), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 179/182? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelada a fs.184 por la demandada la sentencia definitiva nro. 752/03 obrante a fs. 179/182, habiéndose concedido a fs. 185 libremente y con efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto.

I.A) A fs. 193/195vta obran agregados los agravios planteados por la apelante demandada.

1)Centra su primer agravio (fs. 193/195) en cuanto el a-quo impuso las costas de Primera Instancia a la accionada en un ciento por ciento (100%) cuando establece como monto de condena una suma notoriamente inferior a la reclamada.

Transcribe parte del fallo aduciendo que el monto determinado constituye solamente el 61% del monto demandado, razón por lo cual su parte obtuvo un resultado favorable del 39% de las mismas.

Solicita que la imposición de costas sea invertida condenándose a la demandada al pago del 61% de las costas y al actor al pago del 39% de las mismas.

Arguye que las costas deben ser impuestas en función del principio objetivo de la derrota.

Cita jurisprudencia y doctrina que hacen a su entender.

2) Funda su segundo agravio (fs. 195/vta.) en la tasa de interés establecida por el juez en el considerando 10 inc. c), alegando que la misma implica un enriquecimiento sin causa del actor, por cuanto la entidad bancaria determinada efectúa elevadísimos intereses que afectan el derecho de propiedad.

A fs. 201/203 contesta la parte actora el traslado de los agravios de la demandada, solicitando el rechazo de las mismas.

I.B-1) En cuanto a los agravios vertidos por la apelante demandada respecto a la imposición de costas (fs. 193/195).

Para que el vencimiento parcial y mutuo pretendido en el caso lleve a una distribución de costas es menester ponderar la respectiva actitud de las partes al tiempo de constituirse el proceso. No se trata de efectuar una comparación puramente aritmética entre lo que se admite y lo que se desestime, sino de valorar los respectivos comportamientos (CNCiv., Sala "G", 11/10/84, ED.116-612, 344 SJ).

Se ha considerado que las reglas procesales no llevan necesariamente a que la demanda parcialmente admitida implique distribución de las costas, ya que no se trata de un caso de vencimiento parcial y mutuo para el que es necesario que existan pretensiones recíprocas deducidas por vía de demanda y reconvención, o bien acumulación de acciones, de las cuales alguna sea admitida y otra rechazada (CNCiv. Sala "C", 23/9/74, ED.59-372, nº19, LL, 1975-A-877, nº883). Hipótesis no verificadas en autos.

En esa línea de pensamiento, se ha decidido que en materia de costas rige el principio de imposición al vencido, esto es, a quien el rechazo total de la demanda obtiene un pronunciamiento adverso, aún cuando la pretensión del actor sólo prospere en parte. En consecuencia, no puede hablarse de vencimiento mutuo si no existen pretensiones recíprocas entre las partes, como sucede en el caso de la reconvención, en el cual las costas se distribuyen en proporción al éxito obtenido por cada una de ellas (SC Mendoza, 8/5/95, citado por DEramo-Santuccione, Costas, LL, 1997-B-833, nº12 y 13 (L. 352249 - "F. P., C. E. c/ C. P. F. C. R. s/ daños y perjuicios -sumario-" - CNCIV - SALA F - 30/09/2002)).

Desde esta perspectiva, con un adecuado criterio hermenéutico, resta inferir que es la demandada quien ha dado lugar a la reclamación, resistió y pretendió el rechazo íntegro de esta demanda (fs. 38/40vta.) resultando, a la postre, sustancialmente vencido. Y en su mérito, las costas fueron bien impuestas por el Juez "a-quo".

En suma la crítica no aporta ninguna pauta relevante para rebatir este aspecto impugnado del fallo adverso, limitándose en lo sustancial, fuera de las alegaciones examinadas, a enunciar citas jurisprudenciales, sin incorporar argumentos sólidos que permitan apartarse del principio objetivo de la derrota, certeramente definido en la instancia anterior (considerando 11, fs. 178 vta.), conforme prescribe el artículo 68 del rito (L. 352249 - "F. P., C. E. c/ C. P. F. C. R. s/ daños y perjuicios -sumario-" - CNCIV - SALA F - 30/09/2002).

Son razones todas ellas por las cuales corresponde rechazar los agravios expuestos por la apelante demandada y confirmar el fallo de primera instancia en cuanto a la imposición de costas determinada.

I.B-2) A fs. 195/vta. la apelante demanda centra sus agravios en cuanto a la tasa de interés determinada por el a-quo.

Entrando en el análisis de dicha cuestión cabe recordar, que para caso como el presente, el Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia en los autos: "S., C. c/ L. P. S.A. y/u otro s/ indem.por Acc.Trabajo", Expte. Nº 15.502-S-1996 y conforme con el art.622 CC, dejó a los Tribunales de la causa la fijación de las tasas de interés conforme a su razonable discreción.

Por ello que en ejercicio de la discrecionalidad que gozan los jueces de acuerdo a la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia que señaló como "razonable discreción de los jueces de la causa", sin reglas inexorables y siendo la aspiración llegar a soluciones justas en los casos concretos será la tasa activa para operaciones de descuentos que aplica el Banco de la Nación Argentina entidad tradicional referente en la materia, a fin de adecuarla a las circunstancias económicas que variaron en el transcurso del año 2002.

Ello así pues, resulta congruente establecer otra tasa activa que se adecue a las circunstancias y variaciones del momento, y la necesidad de unificar índices de cálculo que simplifiquen y no resulten dispares ni variados al momento de efectuarse las liquidaciones judiciales (conf. crit. este Tribunal en "Z. L., E. c/ B., J. y otra", Expte. No. 10.103/98, del de Agosto 2003; "V., M. A. c/ C. S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. No. 13.307/02, Nov. de 2003, entre otras.).

Es por ello que corresponde, acoger los agravios planteados por la demandada y revocar la sentencia estableciendo la tasa activa para las operaciones de descuento del Banco de la Nación Argentina hasta el momento de efectivo pago.

I.C) Atento a como se ha resuelto, es de aplicación lo dispuesto por el art. 279 del CPCCH, las costas de primera instancia se mantienen impuestas a la demandada vencida y las de segunda instancia son impuestas en un 80% a la demandada apelante y en un 20% al actor (art. 68 del CPCH). Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes en cada una de las instancias para el momento del acuerdo donde se los regulará teniendo en cuenta la naturaleza de la acción, su complejidad, la labor desarrollada, y el éxito obtenido en un todo de acuerdo con lo establecido por los arts. 6, 7, 9, 14, 47 y ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el momento del acuerdo la siguiente:

1) Haciendo lugar parcialmente a los agravios planteados por la apelante demandada a fs. 193/195, por los argumentos expuestos en los considerandos pertinentes, revocando parcialmente la sentencia de fs. 179/182 en cuanto a la tasa de interés, la que se determina en la tasa activa para operaciones de descuentos que aplica el Banco de la Nación Argentina desde que fue debida y hasta su efectivo pago.

2) Las costas de primera instancia son impuestas a la demandada vencida y las costas de esta instancia son impuestas en un 80% a la demandada y en un 20% al actor (arts. 68, 71 y 279 del CPCCH). Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes en cada una de las instancias para el momento del acuerdo (arts. 6, 7, 9, 14, 47 y ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335).

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a conocimiento de esta Alzada la sentencia definitiva nro. 752/2003 del Juzgado Letrado en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería nro. 2 de la jurisdicción que rechazó la excepción de falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por la demandada, haciendo lugar parcialmente a la demanda condenando a pagar a W. SA a J. L. Y. M. la suma de $10.664 con más los intereses e impuso las costas a la accionada, contra la misma apeló la demandada (fs. 179/82, fs.184).

Se agravia la demandada por la imposición de las costas entendiendo que hubo una violación al art.71 de CPCCCh, toda vez que el sentenciante de grado hizo lugar al 61% de lo reclamado al demandar, por lo tanto deben modificarse la carga e invertirse, soportando el actor el 61% de las costas y el 39% la demandada. Cita doctrina y jurisprudencia que hace a sus afirmaciones. El segundo agravio es la tasa dispuesta por el Aquo solicitando la pasiva del Banco Nación Argentina (fs. 193/195vta.).

Siendo retrucado por la contraria a fs.201/203.

Sostuve reiteradamente que no pueden imponerse las costas del pleito con un sentido aritmético, sino jurídico, ello implica contemplar tanto el principio objetivo de la derrota como así también las situaciones en las cuales la actora no ha visto satisfecha por completo sus pretensiones contenidas en la demanda. La medida del éxito o el fracaso de cada litigante es la pauta para la distribución prudente y equitativa de las costas (Fenochietto-Arazi "CPCCN" t.I pág. 280).

En este orden de ideas haciendo una síntesis de los pasos procesales, indico que la parte actora reclamó una suma que superó holgadamente la corroborada como debida por las constancia de autos, hecho señalado por el Aquo por omisiones incurridas por la accionante (fs.15/16, fs.181vta.). Estos motivos me llevan a receptar parcialmente el agravio no obstante y como indicara precedentemente no corresponde hacer un análisis meramente matemático de la cuestión, sin dejar de advertir que le fueron desestimadas a la recurrente las excepciones opuestas; y que siendo el principio objetivo de la derrota el seguido por esta Sala, el mismo ha sido atemperado en circunstancias especiales cuya casuística si bien reducida es merituada por las peculiares de la situación y en la convicción que el mismo no es absoluto.

Existió una razón fundada para litigar, el actor accionó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado en el litigio. No se trató de una mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino la existencia de circunstancias objetivas que han demostrado la concurrencia de un justificativo suficiente. Al contemplar el código de procedimiento distintas excepciones algunas impuestas por la ley y otras libradas al arbitrio judicial, tal como lo dispone el art.68 en su párr.2do., norma que importa una sensible atenuación al principio general al acordar a los jueces un marco de arbitrio, que debe ser ponderado en cada caso particular y siempre que resulte justificado el apartamiento.

En el caso el derecho del reclamante no ha quedado desprovisto del respaldo jurisdiccional por causa de la excepción de falta de legitimidad, que la demandada interpuso no obstante, se demostró la existencia de una deuda de la demandada, lo que conlleva a colocar a dicha parte (accionada) en vencida, pero debe ser beneficiada por la regla de excepción contenida en el art.68 del código adjetivo (DJ rep. pág. 423 y 424 109, 105, 80,84), bajo tales parámetros y desestimando la aplicación del art.71 del ritual, modifico la sentencia en este punto, e impongo las costas en un 70% a los demandados y en un 30% a la actora.

El segundo embate contra el fallo es la tasa de interés aplicada, quien considera debe utilizarse la tasa pasiva del Banco Nación, con argumentos que no he de receptar, no obstante variando en este punto la sentencia.

En recientes fallos de este Cuerpo -Sala A- (que comparto), del cotejo de informes del B. C. S.A. y Nación ha permitido comprobar que existen factores ajenos a la realidad económica normal que inciden en la determinación de los institución bancaria local que no deben ser trasladados a quien resultó perdedor del juicio, a lo que debe agregarse que "la determinación de soluciones para la fijación de los intereses resulta esencialmente provisional, pues responde a las fluctuaciones de la economía de un país. Por ello las tasas de interés no permanecen estáticas, sino que con el transcurso del tiempo y por el empleo de distintos factores, varían de un modo considerable lo que puede en cualquier momento revisar los criterios establecidos para adoptarlos a nuevas realidades económicas" (Ariel Barbero "Intereses monetarios", pág. 12 Ed. Astrea-2000, Dr. Julio Alexandre Sent. Def.05/2004).

A todo ello debe agregarse que la doctrina de CSJN y el STJ de nuestra provincia, mantienen el criterio que la determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del art. 622 del Código Civil queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión (B. S. c/ B. S.A..." y "S. ..."). Por lo expuesto modifico la sentencia atacada en este punto e impongo al capital condenado la tasa activa del Banco Nación Argentina.

Las costas de la Alzada se imponen en orden causado, toda vez que prosperaron parcialmente los agravios del recurrente y hubo oposición de la actora (art.71 del CPCCCh). Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para el momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Propongo:

1.- Receptar parcialmente los agravios del demandado recurrente, modificando la sentencia venida en crisis en el punto 2 y 3 del fallo, estableciendo al capital de condena la tasa activa del BNA, e imponiendo las costas en forma proporcional, un 70% al demandado vencido y un 30% al actor.

2.- Las costas de la Alzada se imponen por el orden causado, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo según considerando respectivo.

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs 184) de la sentencia de fs 179/182 en cuanto impone la tasa de interés que aplica el B. C. S.A. en sus operaciones de descuento de documentos a terceros, y establece que se usará el promedio del mes anterior para las fracciones del período mensual en curso, así como la imposición de costas.

A fs 193/195 vta se agrega la expresión de agravios, a la que ya han aludido mis colegas detalladamente, por lo que obviaré tal paso, sin que ello implique incumplimiento a la manda constitucional, toda vez que haré mención a los agravios en las circunstancias que sean necesarios en el devenir del voto.

Asimismo sólo me referiré al agravio relacionado con la imposición de costas, haciendo uso de las facultades que me acuerda el art. 8 de la ley 4550, y atento que mis colegas han concordado en cuanto a la tasa de interés a aplicar.

De la lectura de la causa surge que la actora inició juicio sumario contra la empresa demandada por la suma de diecisiete mil trescientos dieciseis pesos ($17.316), monto que se originó en una relación contractual.

Que a fs 35/36 S. W. T. S.A. oponen la excepción de falta de legitimación pasiva, subsidiariamente impugna la liquidación, contestando demanda a fs 38/40 vta, dejan opuesta la excepción de falta de legitimación pasiva, aunque reconocen que el actor prestó servicios de transporte de personal, pero nunca lo hizo en el marco de una locación de servicios y nunca se le dejó de abonar.

Luego de ordenar la apertura a prueba de las excepciones, se clausura a fs 59 el período probatorio, ante la negligencia de la demandada.

Abierta la causa principal a prueba, a fs 91 se declara la negligencia en la producción de las pruebas confesional y testimonial de la parte actora y a fs 98 la pericial contable.

A fs 119 se da por decaído a la demandada el derecho a la producción de la prueba pericial contable y testimonial y a fs 157 se da por decaído el derecho a producir la prueba confesional ofrecida por la demandada.

La sentencia con el "escaso plexo probatorio", resuelve rechazar las excepciones planteadas, admitiendo la demanda por la suma de $10.664.

En principio he de sostener que en autos no es de aplicación el artículo 71 del CPCCCh, ya que el resultado del pleito no ha sido favorable a ambos litigantes, toda vez que el demandado opuso excepciones que le fueron rechazadas y desconoció deuda alguna con el actor.

La circunstancia de haber sido receptado menor monto del solicitado, no impide que las costas sean impuestas al vencido.

Y he hecho un pormenorizado detalle de la causa, a fin de poner de relieve que el demandado, dilató innecesariamente la causa ofreciendo pruebas, en las excepciones que luego no produjo.

Conocía la quejosa que los requerimientos iban a tener andamiaje, ya que la deuda reclamada constaba en la base de datos del listado de proveedores del sistema contable de la empresa (fs 152).

En consecuencia la actitud remisa de la demandada, es la provocó que se pusiera en marcha el andamiaje judicial, y que la actora debiera soportar durante 5 largos años para poder gozar de aquello que le era debido.

Todas estas consideraciones son las que me llevan a confirmar la imposición de costas de la primera instancia.

No es desconocido que por el principio general del art. 68 del CPCCCh, la parte vencida debe ser condenada en costas, ni tampoco lo que establece el art. 71, no obstante lo detallado con anterioridad, me llevan a coincidir con lo sostenido por Reimundín, "Si la reducción de las pretensiones de una de las partes, fuera relativamente insignificante o pequeña, se entiende generalmente que procede la condenación total en costas del adversario". Asimismo el voto del Dr Martín, en autos "F., B. G. c/ l. I." de octubre de 1997, si bien admite la imposición de costas proporcionales, sostuvo que "La diferencia que resulta en la liquidación, no debe ser considerada para establecer proporcionalidad, pues la indemnización era debida, aunque en monto menor, y asistió razón para litigar".

En punto a las costas de esta instancia, coincidiré con la proporción en que las impusiera la Dra Melero, teniendo en cuenta que se revoca la tasa de interés, ante la modificación que adoptara la cámara desde comienzos de año y el resultado de los agravios respecto a las costas.

A la segunda cuestión la Sra. juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que coincide con la fórmula postulatoria de la Dra Susana Melero, respecto a la imposición de las costas.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia parcial de la Dra. García Blanco, la siguiente SENTENCIA:

1) Hacer lugar parcialmente a los agravios planteados por la apelante demandada a fs. 193/195, por los argumentos expuestos en los considerandos pertinentes, revocando parcialmente la sentencia de fs. 179/182 en cuanto a la tasa de interés, la que se determina en la tasa activa para operaciones de descuentos que aplica el Banco de la Nación Argentina desde que fue debida y hasta su efectivo pago.

2) Costas de primera instancia a la demandada vencida y las de esta instancia en un OCHENTA POR CIENTO (80%) a la demandada y en un VEINTE (20%) al actor. Regúlanse los honorarios profesionales por los trabajos realizados en Primera Instancia a los Dres. A. M. C. D. y D. A. T., conjuntamente, en la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO VEINTE ($4.120) y de los Dres. J. M. y J. L. E., conjuntamente, en la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA ($2.630). Por los trabajos realizados en la Alzada se regulan los honorarios profesionales de los Dres. D. S. y D. A. T., conjuntamente, en la suma de PESOS MIL TREINTA ($1.030) y de los Dres. J. M. y J. L. E., conjuntamente, en la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA ($790).

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO (Presidente) MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS (Juez de Cámara) NÉLIDA SUSANA MELERO (Juez de Cámara) REGISTRADA BAJO EL No. 062 DEL AÑO 2004 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS