Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-05


SENT Nº 480 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cinco (05) de Junio de dos mil seis, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el actor en autos: "Valdez, Víctor Hugo vs. Ocampo, Miguel Ángel y otro s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala VI de la Excma. Cámara del Trabajo el 12/9/2005 (fs. 499/503), el actor dedujo recurso de casación, que fue concedido mediante resolución del 21/11/2005 (fs.

530). Consta en informe actuarial de fs. 540 que únicamente la demandada Gasnor S.A. ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- El fallo recurrido resolvió hacer lugar a la demanda deducida en contra del Sr. Miguel Ángel Ocampo por la suma de $29.829,14, y admitió la excepción de falta de acción opuesta por la demandada Gasnor S.A.

La sentencia considera que no corresponde declarar la responsabilidad solidaria de Gasnor S.A., en tanto entiende que el párrafo incorporado al art. 30 LCT por ley 25.013, no desplaza al régimen de solidaridad previsto por el art. 32 de la ley 22.250, ni opera en forma paralela a éste. Por tales razones, interpreta que sigue firme el plenario 265, según el cual el art. 30 LCT no es aplicable a las relaciones regidas por ley 22.250, en razón de que ésta tiene una norma que contempla específicamente la cuestión.

La Cámara argumenta que la nueva disposición no establece que sus normas sean aplicables a las relaciones regidas por el estatuto de la construcción independientemente de lo establecido por el art. 32 de la ley 22.250, interpretando que su aplicación sólo es posible dentro del marco de solidaridad específico previsto por el citado art. 32.

El pronunciamiento puntualiza que, en el esquema previsto por el art.

32 ley 22.250, dentro de cuyo marco específico de regulación son aplicables las disposiciones del art. 30 LCT, sólo es posible extender la responsabilidad en forma solidaria al contratante principal en la medida que éste despliegue una actividad comprendida en el ámbito de la industria de la construcción, por lo que siendo la actividad de Gasnor S.A. la distribución de gas natural y no la de la industria de la construcción, al no desempeñarse como constructora de obra, no corresponde que se le extienda la responsabilidad.

3.- El recurrente esgrime que el fallo le causa agravio en cuanto considera que no corresponde declarar la responsabilidad solidaria de Gasnor S.A. al no revestir como empresa que se desempeñe como constructora de obra, sin analizar ni merituar que existe unidad técnica de ejecución entre Gasnor S.A. y el contratista Ocampo.

Objeta que la sentencia se funde en el plenario CNAT n° 265 del 27/12/88, pues el art. 30 LCT que el mismo interpretaba, sufrió trascendentales modificaciones en virtud del art. 17 de la ley 25.013.

Sostiene que la intención de la reforma consiste en aumentar los requisitos formales a cargo de las empresas principales, para asegurar la plena responsabilidad de éstas y sus contratistas. Indica que ese objetivo se extiende expresamente al régimen de solidaridad de la ley 22.250, según reza el último párrafo incorporado al art. 30 LCT, y en ese sentido determina que lo dispuesto le es aplicable también a los trabajadores de la construcción, por lo que el art. 32 del mentado estatuto debe ahora adecuarse al nuevo texto del art. 30 LCT.

Señala que si bien Gasnor S.A. acreditó que el Sr. Ocampo se encuentra inscripto como empresa bajo el carácter de constructora, ello es insuficiente para eximirla de toda responsabilidad, habida cuenta de que el nuevo art. 30 LCT impone el deber de control a los empresarios para liberarse de responsabilidad solidaria. Entiende que por lo tanto, rigen para Gasnor S.A. las cargas que el art. 30 LCT impone al empresario principal, y la consecuente responsabilidad solidaria que deriva de la omisión de cumplir con esas cargas.

En cuanto al argumento de la sentencia referente a que Gasnor S.A. no es constructor de obra, puntualiza que si bien es cierto de que la firma no se dedica a la actividad de la construcción como habitual o lucrativa, sí se desempeña como constructor de obra en los casos señalados, por cuanto las actividades subcontratadas completan y complementan la actividad normal y específica de la empresa. Refiere a que según los dichos de testigos, era Gasnor S.A. quien daba las directivas e indicaciones y ejercitaba la supervisión de las obras realizadas.

Sostiene que aun cuando no obstante lo expuesto, se resolviera que Gasnor S.A no reviste el carácter de constructor de obra en los términos de la ley y en caso de excluirse la responsabilidad solidaria del art. 32 de la ley 22.250, igualmente existiría responsabilidad solidaria en los términos del art. 30 LCT, pues estamos probadamente ante un supuesto de contratación de trabajos y servicios correspondiente a la actividad normal y específica propia de Gasnor S.A., y además existe un incumplimiento de dicha firma a las obligaciones formales introducidas por ley 25.013.

Transcribe cláusulas de los contratos de servicio suscriptos entre Ocampo y Gasnor S.A. adjuntados como pruebas a fs. 89/93, agraviándose de que ellas no fueron merituadas ni analizadas por el fallo. Expresa que se acreditó el derecho que le asiste al actor al cobro de las sumas reclamadas, como así también la responsabilidad solidaria de la empresa Gasnor S.A. con el demandado Ocampo respecto de dicha deuda, dado su carácter de contratista de la empresa y subcontratista del actor para obras que esencialmente completaban y complementaban la actividad específica y propia de la empresa Gasnor S.A., aludiendo seguidamente a las pruebas que acreditarían aquellos extremos y el incumplimiento de la obligación de controlar en que habría incurrido la empresa.

4.- El recurso fue interpuesto en el término que prevé el art. 132 CPTT, se dirige contra una sentencia definitiva (art. 130 CPTT), se invocaron suficientemente los motivos del art. 131 CPTT y no es exigible el afianzamiento del art. 133 CPTT en razón de que es la parte actora quien recurre. Encontrándose cumplidos los requisitos de admisibilidad de la casación, corresponde abordar el examen de procedencia de los planteos realizados.

5.- La cuestión planteada en casación impone determinar cuál es el alcance de la modificación introducida por el art. 17 de la ley 25.013 al régimen de solidaridad del art. 32 de la ley 22.250.

Así, mientras la Cámara interpreta que el régimen de solidaridad específico previsto por el art. 32 de la ley 22.250 no resulta desplazado por el nuevo art. 30 LCT, el recurrente postula que esta norma resulta de total aplicación al régimen de solidaridad contemplado en el art. 32 de la ley 22.250.

Para dirimir esta cuestión, resulta decisivo tener en cuenta el texto del art. 17 de la ley 25.013, disposición que se proyecta en dos direcciones distintas, pues por un lado modifica el art. 30 LCT sustituyendo parte de su antigua redacción, y además determina la aplicación de sus disposiciones al régimen de solidaridad específico previsto en el art. 32 de la ley 22.250.

La mencionada norma establece textualmente: 'Sustituyese el segundo párrafo del artículo 30 del Régimen de Contrato de Trabajo (Ley 20.744, t. o. 1976) por el siguiente texto:

"Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo.

Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa.

El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social".

Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la Ley 22.250'.

Cabe poner de relieve que cuando la norma transcripta comienza diciendo "sustitúyese el segundo párrafo del art. 30 del Régimen de Contrato de Trabajo por el siguiente texto: ...", está circunscribiendo la modificación del art. 30 LCT únicamente a los tres párrafos que a continuación se encuentran entrecomillados. El artículo agrega un último párrafo excluido del entrecomillado, que integra el propio texto del art. 17 de la ley 25.013.

Corresponde interpretar entonces que, cuando en su último párrafo el art. 17 de la ley 25.013 establece que "las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la Ley 22.250", ello significa que la modificación introducida al régimen de solidaridad del estatuto de la construcción, abarca únicamente las exigencias insertas en el art. 17 de la ley 25.013, es decir los tres párrafos entrecomillados incorporados al art. 30 LCT, sin que ello implique la aplicabilidad 'in totum' del sistema de solidaridad establecido en el art. 30 LCT al régimen de la construcción.

A la luz de las consideraciones efectuadas, en el presente caso en donde resulta indiscutido que la relación base mantenida entre el actor y el demandado Ocampo se encuentra regida por la ley 22.250, debemos atenernos a lo dispuesto por su art. 32 para determinar el ámbito de aplicación subjetivo de la solidaridad, de donde resulta acertada la decisión de la Cámara, en cuanto determina que sólo es posible extender la responsabilidad en forma solidaria al contratante principal en la medida que éste se desempeñe como constructor de obra (art. 32 ley 22.250).

En mérito a ello, debe desestimarse la crítica efectuada por el recurrente en casación, toda vez que la misma se sustenta principalmente en que la actividad que Gasnor S.A. contrató para que sea realizada por el demandado Ocampo correspondería a la actividad normal y específica propia de esta empresa, lo que no alcanza para demostrar el desempeño de dicha firma como constructor de obra en los términos del art. 32 de la ley 22.250, no resultando por lo tanto posible extenderle a dicha firma la responsabilidad por vía de la solidaridad aun cuando se constatare el incumplimiento de las exigencias incorporadas por ley 25.013.

En consonancia con lo señalado, se ha sostenido a nivel nacional que "no rigen las cargas que el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo (t.o.) (DT, 1976-238) impone al cedente o empresario principal, ni la responsabilidad solidaria que de la omisión de esas cargas deriva, esto es así antes y después de la modificación que esa norma introdujo la ley 25.013 (DT, 1998-B, 1888), ya que la extensión de las cargas en cuestión al ámbito del art. 32 del estatuto de la construcción (DT, 1980-1071) rige para esa actividad, pero no para empresarios de otras que celebren contratos de locación de obra con empresas constructoras, es decir que la solidaridad resulta aplicable sólo para estas, respecto de sus contratistas o subcontratistas" (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VIII -19/8/2003- Villalba, Juan F. c. Lombas Ing. S.A. y otros. DT 2004 -A-, 517).

Consecuentemente, las consideraciones expuestas determinan que el recurso intentado por la parte actora resulte improcedente.

6.- Las costas del recurso deben ser afrontadas por la parte actora vencida (art. 106 primera parte del CPCC, aplicable supletoriamente en virtud del art. 49 del CPTT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Alfredo Carlos Dato, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia dictada por la Sala VI de la Excma.

Cámara del Trabajo el 12/9/2005 (fs. 499/503).

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

M ARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.