Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21


Causa Nº 4227-00/CC/2006 Falco, Natalia Soledad s/ exceso de velocidad y otra -Apelación- ///n la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de julio de 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. José Sáez Capel, Elizabeth A. Marum y Marcelo P. Vázquez, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por Natalia Soledad Falco a fs. 60/62 de la presente, de la que, RESULTA:

I.- Que a fs. 1/24 obra el legajo nº 009.899-000/06, en el cual la Controladora Administrativa nº 24, Dra. Mariana Paula Tognetti, resuelve el 2/2/2006: 1) sancionar a Natalia Soledad Falco al pago de la multa de 400 UF (cuatrocientas Unidades Fijas): 200 UF correspondientes al acta de comprobación J 14929671 y 200 UF en relación al acta J 14997044, calificando los hechos como constitutivos del art. 5 párr. 1° de la ley 592; y 2) hacer efectiva la condena en suspenso que obra sobre el legajo n° 24141/00/05 del 11/05/2005, referido a las actas B 0778300 (UF 200) y H 13648388 (UF 100).

II.- Que a fs. 8 la Controladora Administrativa n° 24 remite las actuaciones a esta Justicia Contravencional y de Faltas, en razón de haberlo solicitado la presunta infractora, por no estar de acuerdo con la resolución administrativa.

III.- Que el 14/02/06 la Sra. Juez de Grado, Dra. Cristina Beatriz Lara, dispone notificar a Natalia Soledad Falco y correrle vista al representante del Ministerio Público Fiscal, en los términos del art. 41 de la ley 1217 (fs. 27).

IV.- Que a fs. 30/31 la presunta infractora presenta, ante el Juzgado interviniente, un escrito en el que, si bien entiende que las faltas cometidas son graves, y admite su responsabilidad, señala que no tiene dinero para pagarlas. Considera que las faltas que se le imputan son injustas, pues todas las personas conducen a alta velocidad en la Av. General Paz, máxime en la bajada del puente donde no se puede ver la cámara fotográfica. Manifiesta que vive en Lomas de Zamora y trabaja en Belgrano, lo cual explicaría su apuro en llegar a horario al trabajo. Por otra parte, manifiesta que las faltas fueron cometidas durante los meses de diciembre y enero, cuando la gente está de vacaciones y el tránsito disminuye. Solicita que se la ayude a solucionar su situación, ya que no tiene dinero para abonar las faltas cometidas. Por último, señala que el sistema debería enviarle una multa como advertencia, pero no a razón de casi una por día, a fin de informarse de la existencia de una cámara fotográfica en ese lugar, tal como lo advierten muchos conductores que al pasar por esa zona disminuyen su velocidad retomándola luego.

V.- Que a fs. 35, el Sr. Fiscal de Grado contesta la vista conferida, manifestando que no corresponde su intervención en la presente, puesto que la infracción atribuida no se encuentra contemplada en la resolución 7/04 de la Fiscalía General y no surge de los actuados que se viera comprometido gravemente el interés general.

VI.- Que a fs. 36, la Sra. Magistrada de Grado fija fecha de audiencia de juicio oral para el día 7/06/06.

VII.- Que a fs. 50/51 consta el acta de audiencia de juicio y a fs. 52/58 vta. la sentencia recaída en autos, por la cual la Sra. Juez de Primera Instancia resuelve: I) condenar a Natalia Soledad Falco al pago de la multa de cuatrocientos pesos ($400) por encontrarla autora responsable de la infracción al art. 6.1.28 del anexo de la ley n° 451, por dos hechos, a razón de doscientos pesos ($200) cada uno, correspondiente a las actas J14929671 y J14997044; II) revocar la condicionalidad y hacer efectiva la sanción de multa de trescientos pesos ($300) impuesta el 11/05/2005 en el legajo n° 24141-000/05, según el detalle de doscientos pesos ($200) - acta n° B0778300- y cien pesos ($100) - acta n ° H1364838-; III) disponer que el pago de la cuota se efectúe en siete (7) cuotas iguales, mensurables y consecutivas de cien ($100) pesos cada una.

VIII.- Que a fs. 60/62 obra el recurso de apelación interpuesto por la imputada con el patrocinio letrado del Dr. Enrique Eduardo Sosa, contra la sentencia supra mencionada, en los términos del art. 56 de la ley 1217. En dicha pieza procesal solicita la revocación de la condena y la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 1751 de la CABA, o en su defecto la aplicación de los eximentes y atenuantes previstos en los arts. 78 y 79 de la ley 24.449.

Manifiesta que en ningún momento reconoció la comisión de la falta, tal como lo afirmara el sentenciante, solo se limitó a explicar los motivos por los que se encontraba transitando por Av. Gral. Paz y la sorpresa que le provocó la seguidilla de infracciones detectadas por el controlador fotográfico. Señala que no ha tenido voluntad de cometer las infracciones imputadas, y que el descargo realizado fue hecho el mismo día que se presentó al juzgado, de su puño y letra espontáneamente, sin planificar ninguna defensa, por lo que ese descargo no podría ser utilizado en su contra por el juzgador. Señala que la Magistrada realizó una descripción disvaliosa de su conducta al afirmar que ha quedado demostrado su falta de interés por las normas de tránsito. Manifiesta que conducir a la velocidad que ella lo hizo por la Av. Gral. Paz un 31 de diciembre a las 9.59 hs. no pone en riesgo su integridad física ni la de terceros, pues el resto de los vehículos circulaban a esa velocidad. Por otra parte, señala que la Ley General de Velocidades de la CABA establece un límite de 80 km/h. para circular en autopistas, mientras que la Ley Nacional de Tránsito n° 24.449 dispone el de 120 km/h. Señala que a la luz de esta última normativa no incurrió en ninguna falta, siendo que la ley que se le pretende aplicar es de inferior jerarquía que la nacional. Por otra parte, manifiesta que se le ha aplicado retroactivamente la ley 1751 respecto de la infracción contenida en el acta n° H 13648388, de fecha 23/01/2005, cuando dicha ley no se encontraba en vigencia. Solicita que se declare la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 1751, por con tener disposiciones que contradicen a las de la ley nacional.

IX.- Que a fs. 63/64 vta. la Sra. Juez de Grado concede el recurso de apelación interpuesto por la defensa. Lo hace en relación a los siguientes agravios: 1) la sentencia cuestionada habría sido basada en un reconocimiento inexistente del hecho imputado; y 2) se plantea la nulidad del procedimiento por entender que la ley 1751 habría sido aplicada retroactivamente y, asimismo plantea la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 1751, pues establece una valoración distinta respecto de los límites de velocidad determinados en la ley 24.449, aduciendo que la normativa local (1751) es de inferior jerarquía, resultando antijurídica su imposición. Considera que los agravios expuestos por la defensa encuadrarían en los supuestos de violación de la ley y de arbitrariedad.

X.- Que a fs. 69 pasan los autos a estudio del Tribunal siendo las cuestiones a resolver si el recurso debe considerarse admisible y, en su caso, la decisión a adoptar.

PRIMERA CUESTIÓN:

El recurso de apelación ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, de conformidad con lo normado por el art. 57 de la ley 1217 y por quien posee legitimación procesal para hacerlo.

Con relación al motivo de impugnación que consiste en alegar la arbitrariedad de la sentencia del a quo, que habilitaría la competencia revisora de esta Alzada de conformidad con lo dispuesto por el art. 56 LPF, es menester señalar, tal como lo ha hecho este Tribunal en otras oportunidades, que dicha razón no puede ser genéricamente alegada y detonar de modo automático la competencia revisora de esta instancia, sino que para tener éxito debe explicar de qué manera se hallaría la decisión en crisis incursa en dicha excepcional circunstancia (Godiñho, Juan José s/ tarjeta de chofer vencida, causa N° 362 -00-CC/2004, del 19/11/2004, entre otras).

En efecto, la Corte Suprema de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad de sentencia es estricta en su aplicación, pues atiende a cubrir casos de carácter excepcional (Fallos 312:246; 389:608, entre otros), allí reside la explicación de que su alegación debe poseer una fundamentación seria.

En el caso la recurrente pretende demostrar la arbitrariedad de la decisión en crisis alegando que la Magistrada dio por reconocida la comisión de la falta, por dichos de la imputada que sólo fueron una exposición de motivos a los efectos de explicar las circunstancias por los que se encontraba circulando por la Av. General Paz, no siendo posible utilizar este suceso en su contra.

Sin embargo, tal como surge de la resolución de fs. 52/58 vta., la Magistrada de Grado acredita los hechos imputados a la encartada, tomando en cuenta para ello las actas de comprobación obrante a fs. 4 y 5 que constituyen la prueba documental que fuera incorporada al expediente. Actas cuyo valor probatorio, otorgado por el art. 5 de la ley 1217, no ha sido desvirtuado por los probanzas o dichos de Natalia Soledad Falco.

Por lo expuesto, dicha fundamentación es motivación más que suficiente de la sentencia de la Juez de Grado, por lo que mal puede considerarse arbitraria. El descargo o declaración voluntaria de Natalia Soledad Falco, obrante a fs. 30/31 de la presente, es una prueba más que fue correctamente ponderada por la a quo, y a diferencia de lo que sostiene el Sr. Defensor, sí puede ser valorada a los fines de acreditar la infracción, pues fue presentada por la nombrada, con posterioridad a ser notificada de los derechos que le asisten - entre otros, el de designar defensor, inclusive oficial- y en conocimiento de ello, decidió concurrir ante el Juzgado y presentar dicho escrito. De todas formas, con o sin esta declaración la solución a la que arribó la Magistrada no hubiera variado en virtud de lo expuesto en el párrafo precedente, respecto del valor probatorio de las actas de comprobación.

Sin perjuicio de lo expuesto, es dable recordar que una sentencia resulta arbitraria si (s)e apoya en fundamentos que se apartan de circunstancias acreditadas en el proceso, las que fueron seleccionadas y valoradas fragmentariamente, todo lo cual importa franquear el límite de la razonabilidad que está subordinada la valoración de la prueba y, en esas circunstancias, el pronunciamiento que contiene esos defectos no constituye un acto juridiccional válido ... este defecto de fundamentación constituye una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resiente la motivación lógica del fallo, y desatiende el mandato de los artículos 123 y 404 inc 2 del CPPN, en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas en la causa (CNCP- Sala III Cabral, Jorge Carlos s/recurso de casación, rta. del 18/12/1996). Se advierte que la situación de autos está lejos de poder ser considerada así, por los argumentos supra expuestos. Por ello, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación en relación a la causal de arbitrariedad.

En segundo término, la defensa señala que no se han cumplido las formas sustanciales prescriptas para el trámite, toda vez que se le ha aplicado el régimen de la Ley General de Velocidades de la CABA (n° 1751), bajo la cual su conducta constituiría una infracción, siendo que a la luz de la Ley Nacional de Tránsito (n° 24.449) su conducta quedaría enmarcada dentro del límite de velocidades permitidas. Asimismo, la defensa plantea la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 1751 de la CABA, por contener disposiciones que contradicen a las de la ley nacional 24.449 Dicha circunstancia permite el ejercicio del derecho de defensa por vía de la apelación interpuesta, sin embargo, ello mediante la causal acerca de la correcta o incorrecta aplicación de la ley sustantiva, motivo por el cual, sí debe considerarse bien concedido al recurso, tal como lo ha interpretado la Sra. Magistrada de Grado (fs. 63/64).

En virtud de lo expuesto, éste último agravio será objeto de análisis por parte de esta Alzada.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Ingresando al tratamiento de la cuestión planteada, la impugnante afirma que se la está condenando a pagar dos multas por conducir en la Av. General Paz con un automóvil a 108 y 114 km/h, es decir por debajo del límite de velocidad permitido por la Ley Nacional de Tránsito (120 a 130 km/h). Señala que la Sra. Juez de Primera Instancia aplicó erróneamente la ley local que permite conducir a un máximo de 80 km/h, lo cual entiende que es antijurídico, toda vez que ésta última es de inferior jerarquía que la nacional. Asimismo, plantea la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 1751 por considerarla contraria a las disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito n° 24.449.

Ahora bien, en cuanto a la aplicación de la Ley Nacional de Tránsito el Tribunal Superior de Justicia explicó que dicha norma es (p)ropia del régimen federal, cuyo ámbito de aplicación es la "jurisdicción federal" (art. 1), y a cuyo régimen podrán adherir "los gobiernos provinciales y municipales" (art. 1 y art. 91). La Ciudad de Buenos Aires, en el año 1996, aprobó la ordenanza 50.292, en la que adopta algunos de los criterios de la ley 24.449 y mantiene, en otras materias propias del poder de policía local, pautas que se aplicaban con anterioridad en la Municipalidad de Buenos Aires, y que son adecuadas y razonables para el tránsito urbano (TSJBA, Expte. n° 125/99, "Línea 17 S.A. c/ G.B.A. Justicia Municipal de Faltas s/ recurso de queja", del 31/5/2000).

De la doctrina jurisprudencial expuesta se desprende claramente que no es discutible que las pautas que hacen a la organización del tránsito, la determinación de las faltas que pudieran cometerse y el tipo de sanciones aplicables, son competencia de la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, este Tribunal tiene dicho que en ejercicio de sus facultades de legislación, esta Ciudad Autónoma puede tanto dictar normas diferentes a las contenidas en la Ley Nº 24.449 como también remitirse a normas federales (causa n° 330-00-CC/2005, Beltrame, María Marta Nélida s/violar luz roja- Apelación, rta. 7/10/2005). Lo contrario importaría una afectación a la autonomía otorgada por el art. 129 de la Constitución Nacional, en tanto y en cuanto ella no supone ignorar una atribución legislativa que expresamente le fuera delegada a la Nación en el art. 75 inc. 11.

Por ello, se desprende que la norma local ha sido bien aplicada y que no existe contradicción entre lo dispuesto en la ley 1751 y 24.449, por lo que la pretendida declaración de inconstitucionalidad no podrá prosperar.

Atento lo expuesto, es correcta la aplicación de la norma local por la cual se la condenara a Natalia Soledad Falco al pago de la multa de cuatrocientos (400) pesos, en relación a las infracciones contenidas en las actas J 14929671 y J 14997044, y en consecuencia, corresponde confirmar la decisión que revoca la condicionalidad y hace efectiva la sanción de multa de trescientos (300) pesos, impuesta con fecha 11/05/2005 en relación a las actas B 0778300 y H 13648388, conforme lo dispuesto en el art. 32 de la ley 451.

Respecto de este último punto, la defensa manifiesta que se le ha aplicado retroactivamente la ley 1751 respecto de la infracción contenida en el acta n° H 13648388, de fecha 23/01/2005, cuando dicha ley no se encontraba en vigencia, puesto que la misma ha sido publicada en el BOCABA el 16/09/2005. Ahora bien, cabe señalar que dicha acta quedó firme el 11/05/2005 y no fue cuestionada oportunamente por la infractora, por lo que no corresponde en esta Instancia el tratamiento de la cuestión planteada por la defensa respecto a este punto.

Por lo expuesto, este Tribunal, RESUELVE:

I.- Declarar MAL CONCEDIDO el recurso de apelación respecto de la pretendida arbitrariedad de la resolución en crisis por haber sido basada en un reconocimiento inexistente del hecho imputado (art. 56 de la ley 1217 a contrario sensu) II.- CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 52/58 vta. en cuanto I) condena a Natalia Soledad Falco al pago de la multa de cuatrocientos pesos ($400) por encontrarla autora responsable de la infracción al art. 6.1.28 del anexo de la ley n° 451, dos hechos, a razón de doscientos pesos ($200) por el acta J14929671 y doscientos pesos ($200) por el acta J14997044 (art. 12, 19 y 31 de la ley n° 451; 33 y 55 de la ley n° 1217) y II) revoca la condicionalidad y hace efectiva la sanción de multa de trescientos pesos ($300) impuesta el 11/05/2005 por el controlador administrativo de faltas n° 10, en el legajo n° 24.141-000/05, según detalle de doscientos pesos ($200) -acta n° B0778300- y cien pesos ($100) -acta H 1364388, y en consecuencia condena a Natalia Soledad Falco al pago de la multa de setecientos pesos ($700) en total.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Se deja constancia que el Dr. Sáez Capel no firma la presente por encontrarse en uso de licencia.