Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-11


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 11 de 2008.

A la cuestión propuesta el DOCTOR ZANNONI, dijo:

1. La sentencia dictada a fs. 365/368, rechaza, con costas, la demanda promovida por Gustavo Ramón Contreras contra Daniel Luis Koraj y la citada en garantía, Cooperativa de Seguros Luz y Fuerza Limitada, en los términos del art. 118 de la ley 17.418.

El objeto perseguido en esta acción es la indemnización de los daños sufridos por el actor a raíz del accidente de tránsito acaecido el 20 de agosto de 2002 en horas del mediodía. En esa ocasión, según la versión del actor, él conducía el automóvil Peugeot 504 por la Ruta 201 en dirección hacia Hurlingham, y a la altura de la intersección de Avenida Márquez y Matienzo, fue colisionado por el Volkswagen 1500 al mando de Koraj, que circulaba en sentido contrario por la misma ruta quien, al perder el dominio del vehículo, invadió la mano contraria y embistió al Peugeot 504 en el sector frontal y lateral izquierdo con su parte delantera y lateral derecha.

El sentenciante rechaza la demanda en razón de no haber logrado el actor acreditar su versión del hecho habida cuenta que, amén de desistir de la prueba confesional ofrecida, fue declarado negligente en la producción de la prueba testimonial y desistió de la pericial mecánica por él ofrecida. Los agravios del actor contra lo decidido obran a fs. 396/399 y no fueron contestados por el demandado ni la aseguradora.

2. Cierto es que no existen en autos testimonios producidos acerca de la ocurrencia del hecho y que, inexplicablemente, el actor desistió de la pericia mecánica ofrecida.

Pero no es menos cierto que a fs. 202/204 de autos la Cooperativa de Seguros Luz y Fuerza Limitada, aseguradora del demandado -en razón de la intimación dispuesta por el Juzgado a fs. 159 vta.- acompañó documentación bastante acerca del siniestro.

En primer término, a fs. 202 obra copia de la denuncia de choque firmada por Koraj en el que él denuncia que el vehículo nº 1 (el VW 1500) "circulaba por Ruta 201 desde Hurlingham hacia Palomar cuando fui encerrado por otro vehículo Peugeot 505 bordó que se dio a la fuga, por lo que me tira contra el pianito de la ruta. Pierdo el control y me fui de costado contra el vehículo nº 2 (el Peugeot 504) que circulaba por la Ruta 201 desde Palomar hacia Hurlingham".

En términos análogos el demandado Koraj hizo la denuncia ante su aseguradora, que glosa a fs. 203: "circulaba por Ruta 201 desde Hurlingham hacia Palomar cuando al llegar a la curva donde se achica la calzada es sobrepasado por un Peugeot 505 color bordó que cierra su línea de avance rápidamente para tomar la curva; para evitar la colisión [el asegurado] volantea hacia la izquierda y, estando el piso resbaladizo por llovizna anterior, pierde el control del vehículo, siendo colisionado en la parte lateral derecha por el Peugeot 504 que venía por la mano contraria". Esta denuncia también está firmada por Koraj, al dorso, y en ella se especifican los daños al vehículo del asegurado, del tercero y daños a la persona.

A fs. 204 luce la "Orden de Inspección y Reparación" de la Sección Automotores de la aseguradora del demandado suscripta por su inspector, en la que constan los daños sufridos por el VW 1500 de Koraj.

Nos hallamos, pues, ante un reconocimiento del demandado de que a causa de la maniobra de sobrepaso de un tercer automóvil, esto es, un Peugeot 505 de color bordó que cerró su línea de marcha en la curva, el accionado "volanteó" hacia la izquierda, lo que a su vez, por la humedad y estado resbaladizo del asfalto, provocó que perdiese el dominio de su vehículo y se fuera de costado contra el Peugeot 504 que avanzaba en dirección contraria.

Si bien es cierto que el acta de choque, e incluso la denuncia del asegurado, sólo constituyen manifestaciones unilaterales de uno de los partícipes del hecho que no prueban suficientemente en favor de quien las hace, en este caso se trata del acta y la denuncia que fueron hechas y firmadas por el propio demandado contra quien sí son oponibles (arg. 1029 del Cód. Civil). Llego de este modo a la conclusión de que las meras negativas que agotaron su contestación de la demanda, y las de la aseguradora, revierten al cabo en perjuicio de ambos pues tales negativas les ha impedido invocar y probar, en su caso, la existencia de eximentes de la responsabilidad endilgada.

Voto, en consecuencia, por revocar la sentencia en este aspecto y, de consiguiente, entrar al análisis de los ítems indemnizatorios reclamados (conf. art. 278 del CPCC).

3. Incapacidad física y psíquica. Al promover la demanda, el actor sostuvo que, a consecuencia del accidente, fue asistido en la guardia del Hospital Municipal de El Palomar, en la cual le diagnosticaron "traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, traumatismo y posible fisura del tabique nasal y huesos propios de la nariz, esguince cervical, traumatismo toráxico, lumbar y politraumatismos varios".

El dictamen del médico legista, doctor Raúl René Ugarte, obrante a fs. 261/269, da cuenta de los estudios radiográficos que ordenó realizar al actor y apunta que la radiografía de tabique nasal y huesos propios de la nariz "no se evidencia lesión ósea traumática en la incidencia efectuada", pero sí "desviación del tabique nasal a la izquierda". En cuanto a la radiografía de columna cervical muestra espondilosis interapofisaria posterior y de las masas laterales y signos de uncoartrosis y espondilodiscastrosis a nivel de las vértebras cervicales 5, 6 y 7, y la radiografía de columna lumbosacra denota signos incipientes de espondiloartrosis, pinzamiento posterior a nivel de la quinta vértebra lumbar y primera sacra, osteofitosis marginal anterior y calcificación del ligamento vertebral anterior. Finalmente, y en lo que interesa a los capítulos resarcitorios, la radiografía de hombro izquierdo, no evidencia lesiones osteoarticulares.

De la prueba producida sólo contamos con la hoja de guardia del Hospital de El Palomar correspondiente al día 20 de agosto de 2002, agregada a fs. 225, que da cuenta de que el actor fue atendido ese día aunque no es posible a su lectura establecer diagnóstico alguno. De atenernos a las constancias extendidas por el doctor José Roque Macri, médico de dicho hospital, el actor fue asistido en guardia por traumatismo de huesos propios de la nariz y una semana más tarde -el 27 de agosto- fue dado de alta (ver fs. 220). La dirección del nosocomio informa a fs. 224 que no ha podido constatar la autenticidad de estas constancias por cuanto el doctor Macri ha fallecido. Pero sus constancias quedan ratificadas por los certificados de otro médico, el doctor Daniel Horacio Bartola, agregados a fs. 237, y reconocidos a fs. 236, quien dice haber concurrido al Hospital de El Palomar por pedido de la esposa del actor y haberlo revisado al día siguiente del accidente, diagnosticando traumatismo de nariz, hueso propio, indicándosele reposo y la medicación correspondiente. Con fecha 24 de septiembre, es decir un mes después, certifica que el actor continúa con dolores a raíz de un traumatismo de nariz. Agrega este certificado que se indica una radiografía y se lo medica con antiinflamatorios; se recomienda reposo e interconsulta en el servicio de traumatología.

En cuanto a la atención que el actor habría recibido en el Hospital Durand, nada puede decirse por cuanto a fs. 286 desistió de la prueba informativa ofrecida a dicho establecimiento asistencial.

Así, pues, parece claro que el actor, a consecuencia del accidente, sufrió una lesión traumática de la nariz que ha dejado como secuela la desviación del tabique nasal por la cual el perito estima una incapacidad física del 1,65%.

En cuanto a las restantes secuelas informadas por el perito en columna cervical y lumbosacra -espondiloartrosis interapofisaria, signos de uncoartrosis, etcétera- se trata, sabido es, de procesos crónicos y progresivos de origen artrósico y, por mucho que el perito atribuya al accidente una incidencia concausal, no explica de qué modo operaría dicha concausalidad, máxime cuando no existen constancias fehacientes de haber sido atendido, con posterioridad al accidente, por lesiones vinculadas a la columna vertebral. En este aspecto, bueno es recordar que en materia de daños y perjuicios es menester verificar con precisión autoría y causalidad, determinar la relación causal, no como vínculo meramente posible, sino mediante la efectiva comprobación de la atribución del daño al hecho, cuya demostración incumbe a la parte actora en todos los casos (conf., Trigo Represas-López Mesa, Tratado de la responsabilidad civil, Bs. As., La Ley, 2004, t. I, pág. 627 y sus citas en notas 1030 y sigtes.). El pretensor debe demostrar en todo caso la conexión entre el hecho y un cierto resultado, porque la causalidad no se presume (conf., Bueres, Alberto J., Responsabilidad civil de los médicos, t. I, pág. 306).

En lo relativo a las secuelas de tipo psíquico, el perito informa que el actor presenta una sintomatología reactiva que se manifiesta en la exacerbación de los mecanismos defensivos- reacción vivencial anormal neurótica con manifestacones depresivo-fóbicas de grados I a II- en la que el accidente incidió concausalmente, por lo que le asigna una incapacidad parcial y permanente del 2,5% aclarando que el cuadro no requiere tratamiento psicoterapéutico ni farmacológico.

A la vista de todo ello, juzgo razonable estimar la indemnización por estos rubros - incapacidades física y psíquica- en la suma de $ 4.500.

4. Daño moral. S bien el resarcimiento del daño moral queda librado al criterio prudente de los magistrados, deben computarse la entidad y magnitud de la lesión o agravio inferidos en función de las proyecciones de la persona en sus esferas existencial y psíquica, de sus padecimientos, de su dolor físico, de sus miedos, angustias y sufrimientos. En el presente caso, la escasa prueba existente acerca de este tipo de afecciones provocadas por las lesiones causadas por el accidente, me inclinan a considerar prudente la suma de $ 3.000 en carácter de resarcimiento de dicho daño.

5. Lucro cesante. El actor afirmó al demandar que reclamaba en concepto de lucro cesante la suma de $ 15.000 -$ 2.500 mensuales- en razón de haberse visto privado de continuar desempeñándose como remisero que realizaba en forma independiente y con movilidad propia durante seis meses de incapacidad real e inmovilización parcial "hasta la consolidación del cuadro de minusvalía permanente".

Por un lado, advierto que en modo alguno puede considerarse probado que el actor debió dejar su actividad durante seis meses en razón de las lesiones que se han probado como consecuencias del accidente. Fue dado de alta, sin perjuicio de tener que someterse a los controles de rigor, a la semana de acaecido el accidente, según lo informa el certificado del doctor Macri del que antes hice mérito y que luce a fs. 220.

Si bien es cierto que a fs. 213 está agregado el informe brindado por la Agencia de Remises Oasis según el cual el actor trabajaba en forma independiente para tal agencia y que el 20 de agosto de 2002 "debió suspender su actividad previo aviso", lo cierto es que no existen siquiera constancias en el juicio del tiempo que demandó la reparación del automóvil, ni una estimación pericial a ese efecto, por cuanto el actor desistió de la prueba pericial mecánica que ofreciera.

Este Tribunal ha resuelto en diversos precedentes que cuando se reclama un resarcimiento por lucro cesante éste debe ser cierto. Es decir, el perjuicio debe surgir de pruebas que se asienten en base reales, ciertas, no meramente conjeturales o hipotéticas. La carga de la prueba pesaba sobre el actor. Aún cuando pueda sostenerse que al hacerse la liquidación del lucro cesante actual quedan comprendidas las ganancias frustradas sobre la base de cálculos que toman en cuenta beneficios probables, el actor debió acreditar las circunstancias objetivas que permiten inferir que las ganancias se habrían previsiblemente logrado de no acaecer el hecho perjudicial (Conf., Trigo Represas, Félix A., Prueba del daño emergente y del lucro cesante, en: "Revista de Derecho de Daños" 4-58 y jurisprudencia que cita en notas 42 y siguientes).

Ante tal orfandad probatoria voto por rechazar el rubro en examen.

6. Gastos por reparación del rodado. Con la factura agregada a fs. 193 emitida por el taller de chapa y pintura "Esthetic Cars", reconocida a fs. 192, surge que el actor abonó por las reparaciones de su automóvil Peugeot 504 la suma de $ 4.200, reclamados en la demanda. Considero que en virtud de dicha prueba cabe acoger el reclamo, al cual no obsta la circunstancia de que Contreras no fuese el titular registral del rodado, es decir su propietario, pues es jurisprudencia pacífica que puede hacer el reclamo no sólo quien prueba la titularidad del dominio sino también quien pruebe haber efectuado los pagos con la respectiva factura y la informativa que da cuenta de su autenticidad (conf., Sala H, 11/9/96, "Martorelli c./ M.C.A.", Sala L, 13/12/95, "Orrego c./ Giglio", ídem, 28/3/96, "Díaz, Edith c./ Díaz, Gaspar", etcétera).

7. Gastos de remolque. Es prudente computar su necesidad porque es razonable aceptar que el automóvil del actor haya debido ser trasladado de ese modo al taller mecánico que realizó las reparaciones. Aún en ausencia de comprobantes de pago del acarreo, considero justo acordar al actor, por este rubro, la suma de $ 75.

8. Gastos de farmacia, radiografías, asistencia médica, atención y cuidado y de traslado. Aunque el damnificado haya sido asistido en un nosocomio público, ello no impide el reconocimiento de gastos médicos, farmacéuticos y de traslados, aun en ausencia de comprobantes o facturas, pues, sabido es, existen erogaciones que no son cubiertos totalmente por el establecimiento público o por las obras sociales. Se trata de la estimación del magistrado ante la ausencia de prueba de esos gastos (art. 165 del CPCC), presumiendo que el actor ha debido incurrir en tales gastos durante la convalecencia.

Teniendo en consideración las lesiones acreditadas como consecuencia del accidente, considero prudente estimarlos en la suma de $ 200.

9. Gastos de atención kinesiológica. No existe prueba de la necesidad ni de la realización de tales gastos, por lo que corresponde rechazar el rubro.

10. Gastos por tratamiento psicoterapéutico. Al hacer el análisis del informe producido por el perito médico, no observado por el actor, destaqué que éste señaló que el cuadro de neurosis reactiva no requiere tratamiento psicoterapéutico ni farmacológico. Así, pues, no debe acogerse este rubro indemnizatorio.

11. Privación del uso del rodado y su desvalorización. La sola privación del uso del vehículo dañado en un accidente constituye en sí mismo un daño indemnizable, aunque no se acredite concretamente el perjuicio experimentado. No se puede exigir que el usuario de un automóvil use los transportes colectivos públicos mientras dura la reparación de su automóvil cualquiera sea su actividad, por lo que resulta razonable la restitución de lo que se hubiere gastado o debido razonablemente gastar en automóviles de alquiler; es impropio exigir comprobantes dado que en la práctica no es habitual que se otorgue recibo por este servicio. En todo caso, debe aceptarse que para realizar cualquier desplazamiento en condiciones similares a las que proporcionaba el automóvil particular dañado es preciso incurrir en gastos, y que la sola privación del uso de un automotor autoriza a reclamarlos, con independencia del destino que se dé al vehículo (esta Sala, Libre 203.952 del 8/6/76, JA, 1977-II- 99; Libre 191.554 del 29/8/96; Libre 358.258 del 16/5/03; Libre 374.486 del 6/10/03, entre otros).

El monto debe ser estimado prudencialmente teniendo en cuenta el tiempo razonablemente necesario para la reparación del vehículo sin que quepa agravar la responsabilidad del deudor por la demora incurrida por el damnificado para llevar a cabo esa tarea, aun cuando ella provenga de una supuesta falta de fondos, pues no existe al respecto una relación de causalidad adecuada (esta Sala, Libre 223.597 del 28/9/98; Libre 369.757 del 1/6/04, entre otros). Aunque no ha sido estimado pericialmente -ya que el actor desistió de la prueba pertinente para acreditar ese perjuicio- creo prudente estimar una indemnización de $ 450 computando la privación por quince días a razón de $ 30 diarios.

En cuanto a la desvalorización del vehículo, comienzo por recordar que la Sala tiene resuelto que si el perito con la ciencia y experiencia que corresponde a su profesión indicó que no era posible determinar el perjuicio por desvalorización del rodado, por no haber podido examinarlo, y se desconoce cuáles son las secuelas o vestigios, no se puede exigir que lo haga el juez en base a la observación de los mismos elementos que tuvo a su disposición el experto (esta Sala, 13/10/98, en autos "Michanie, Alberto c./ Robles Chena, Lucila", y 25/11/98, en autos "Marchetti de Berkesy c./ Bazán", entre otros). Con mayor razón si, como acaece en el caso, no existe informe pericial no resulta posible estimar este daño con sujeción al prudente arbitrio que autoriza el art. 165 del CPCC.

El resarcimiento derivado de la sola privación del uso, que se traduce en un daño emergente, no debe confundirse con un lucro cesante como daño mayor a aquél (pérdida de ganancias), que en todo caso debería ser probado por quien lo invoca. Como tal prueba no ha existido, no cabe reconocer un rubro por tal concepto.

12. Intereses. Sobre el capital de la condena deberán adicionarse los intereses que se liquidarán a la tasa pasiva promedio dispuesta por el art. 10 del decreto 941/91, por aplicación de la doctrina del fallo plenario en "Vázquez c./ Bilbao" de 1993 (LL, 1993-E, 126), que constituye doctrina legal del fuero, y que fuera ratificada respecto a los intereses devengados aún después del 6 de enero de 2002, en el fallo plenario del 11/11/2003 en la causa "Alaniz, Ramona E y otro c./ Transportes 123 SACI" del 23/3/04, LA LEY, 2004-C, 78, computando dichos intereses desde la fecha del hecho o desde la de cada perjuicio objeto del reclamo (conf., esta Cámara, en pleno, 16/12/58, LL, 93-667).

13. Síntesis. En suma, si se comparte mi criterio, corresponde revocar la sentencia apelada, haciendo lugar a la demanda de Gustavo Ramón Contreras contra Daniel Luis Koraj y la citada en garantía, Cooperativa de Seguros Luz y Fuerza Limitada en la medida del seguro (art. 118 de la ley 17.418), condenándolos a pagar al actor la suma total de $ 12.425, los que deberán ser abonados en el plazo de diez días con más los intereses a la tasa pasiva promedio dispuesta por el art. 10 del decreto 941/91, computándose éstos desde el día del hecho o, en su caso, desde la efectiva producción del perjuicio, y las costas del juicio.

Por análogas razones a las aducidas por el vocal preopinante, los DOCTORES Posse Saguier y Galmarini votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada, haciendo lugar a la demanda de Gustavo Ramón Contreras contra Daniel Luis Koraj y la citada en garantía, Cooperativa de Seguros Luz y Fuerza Limitada en la medida del seguro (art. 118 de la ley 17.418), condenándolos a pagar al actor la suma total de $ 12.425, los que deberán ser abonados en el plazo de diez días con más los intereses a la tasa pasiva promedio dispuesta por el art. 10 del decreto 941/91, computándose éstos desde el día del hecho o, en su caso, desde la efectiva producción del perjuicio, y las costas del juicio. Toda vez que se ha modificado lo decidido por el Sr. Juez a-quo, deberán adecuarse los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal.- Por ello, en atención al monto del proceso (capital e intereses), trabajos realizados, apreciados por su importancia, extensión y calidad, etapas cumplidas -primera y segunda-; resultado obtenido y lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 11, 33, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 y en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan los honorarios del DR. ..., letrado apoderado de la actora en PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500.-). Asimismo, se regulan los honorarios de los DRES...; ... y ..., letrados apoderados de la citada en garantía, en PESOS SETECIENTOS ($700.-); PESOS DOSCIENTOS ($200) y PESOS CIEN ($100.-), respectivamente y los del DR. ..., patrocinaante de la demandada, en PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750.-), por el principal y en PESOS DOSCIENTOS SETENTA ($270.-), por el incidente resuelto a fs. 126.- En atención a los trabajos realizados por el perito médico DR. ..., apreciados por su importancia y calidad y teniendo en cuenta lo dispuesto en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios, en PESOS SETECIENTOS ($700.-).

Por la tarea realizada por el perito ingeniero ... -que consistió en la aceptación de cargo de fs. 168 y presentaciones de fs. 171 y fs. 173- apreciada por su importancia y calidad y teniendo en cuenta lo dispuesto por decreto ley 7887/55 (modif.por el dec. ley 16.146/57 y ley 21.165), y en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios, en PESOS DOSCIENTOS ($200.-).

Por la labor de Alzada (art. 14 del arancel), se regulan los honorarios del DR. ..., en PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($1.300.-). - José Luis Galmarini. - Eduardo A. Zannoni. - Fernando Posse Saguier.