Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-12-13


Salta, 13 de diciembre de 2006.

Y VISTOS: Estos autos caratulados ?MORA, Carlos Daniel vs. NORAUTO S.A. y otro - SUMARIO?, Expte. Nº 10600/00 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 1ª Nominación, Distrito Judicial del Norte, Tartagal; Expte. Nº 154675/06 de Sala y C O N S I D E R A N D O La doctora Graciela Carlsen dijo:

I. La sentencia de fs. 252/255 hizo lugar a la demanda por resarcimiento de daños y perjuicios y condenó en forma solidaria a Norauto SA y Fiat Auto Argentina SA, a abonar al actor la suma de $ 9.000 en concepto de daño moral en el término de diez días, bajo apercibimiento de la aplicación de intereses a la tasa del 12% anual y las costas.

Apelaron las demandadas (fs. 256 y 260), y al fundar el recurso manifiesta la firma Norauto S.A. a fs. 265/266, que se agravia del fallo en cuanto la condena en forma solidaria con el fabricante, ya que el supuesto desperfecto del motor que no ha sido probado, se trata de un defecto de fábrica por el que tiene que responder Fiat Auto Argentina SA y no su parte. Niega haber incurrido en el incumplimiento contractual de seguridad.

Afirma que la sentenciante incurre en contradicción cuando reconoce que su parte dio cumplimiento con los servicios y testeos del automóvil en sus talleres de la ciudad de Jujuy, haciéndose cargo de todos los gastos.

Afirma también que la actora no ha probado el perjuicio invocado pues de la documental arrimada no surge que se haya visto privada del uso del automóvil, en lo que la sentenciante sustenta la condena y que éste ha sido mas que normal como lo acredita el hecho que en tan solo nueve meses se le hizo 30.000 km al rodado.

Agrega que no obstante que la sentenciante reconoce que no se produjo prueba pericial mecánica para acreditar los desperfectos o vicios ocultos, ni de ningún otro tipo salvo la prueba unilateral y ex proceso realizada sin el debido control, lo condena a pagar daño moral.

Afirma por último, que es Fiat Argentina S.A quien otorga el certificado de garantía (fs. 11 de autos), a partir de la fecha de entrega y por el término de un año, por lo que en el caso de existir el defecto, es responsabilidad del fabricante pues su parte se limitó a la comercialización.

Que no existe, en consecuencia, el nexo causal entre el supuesto daño y la actividad desplegada por Norauto S.A.. Agrega consideraciones y solicita se revoque la sentencia, con costas.

La codemandada Fiat Auto Argentina S.A. afirma al sostener el recurso a fs. 269/272, que el fallo es incongruente, pues pese a afirmar que no se acreditaron los vicios ocultos por lo que desestima la demanda por daño material, acoge la demanda por daño moral.

Agrega que la sentencia falla extrapetita pues el actor reclamó daño por vicios ocultos los que se estimó no acreditados, y no obstante se condena a su parte con sustento en el hecho de haber brindado ayuda técnica al actor, el que se interpretó como un reconocimiento.

Dice que es verdad que se hizo evaluar el automóvil en service autorizado, el cual dio como resultado que no tenía ninguna falla, o sea no tenía vicios ocultos, por lo que si existía algún problema se debía a su uso inadecuado por el actor, como lo demuestra el hecho de que el mismo reconoce que comenzó a tener problemas a los tres meses de la entrega. Agrega que los supuestos daños no han sido acreditados por cuanto no se realizó prueba pericial mecánica, lo que debe incidir en contra del actor.

Se agravia por último del monto de la indemnización y solicita, en subsidio, que en caso de confirmarse la sentencia se lo reduzca según parámetros objetivos, teniendo en cuenta que el actor conserva su automotor, del que nunca fue privado, y que su parte brindó el servicio técnico sin costo alguno para aquél.

Contestado el traslado de los memoriales por la parte apelada con fundamentos de apoyo al fallo impugnado (fs. 274/276), y llamados los autos para sentencia (fs. 284), queda la causa en estado de resolver.

II. En materia de vicios redhibitorios, si bien el esquema troncal de la institución se encuentra en la normativa del Código Civil, existen simultáneamente normas especiales en el Código de Comercio, aplicables a los contratos comerciales.

Las acciones que tiene el comprador son la acción redhibitoria, cuyo objeto es la resolución del contrato, y la acción estimatoria, cuyo objeto es la disminución proporcional del precio teniendo en consideración la gravedad del vicio y su incidencia en la aptitud de la cosa para cumplir su finalidad.

Asimismo, se ha sostenido que las dos acciones previstas en el art. 2174 del Código Civil corresponden a las dos situaciones que la ley contempla al dar la noción de vicios redhibitorios: el caso en que por la gravedad de los vicios o defectos no la hubiera adquirido, correspondería a la acción redhibitoria, y en el caso en que, a pesar de ellos, la hubiera adquirido pero por un precio menor, a la acción estimatoria o quanti minoris (Salvat-Acuña Anzorena, "Tratado de Derecho Civil Argentino. Fuente de las obligaciones, 2a ed., T. III, n° 2360).

Por otra parte, se ha considerado que la acción de daños y perjuicios prevista en el art. 2176 del Cód. Civil no es autónoma, sino accesoria o complementaria de la rescisoria por vicios ocultos, cuando el vendedor es de mala fe, por lo que si no se inicia esta última tampoco es viable el reclamo de la indemnización, y desistida aquélla, no prosigue ni puede promoverse la subsidiaria, quedando excluida esa reclamación si el comprador promueve la quanti minoris (cf. Belluscio-Zannoni "Código Civil y leyes complementarias, T. 9, pág. 800, ed. Astrea, 2004).

Finalmente, en el mismo sentido, se ha sostenido que la acción estimatoria brinda al comprador el derecho a obtener una disminución del precio en proporción al deterioro de la cosa, dejando firme la relación contractual que une a las partes, y buscando únicamente la restauración del equilibrio entre las prestaciones.

Por ello no se exige que los vicios hagan a la cosa impropia para su destino, sino sólo que el adquirente demuestre que el defecto tiene relevancia suficiente como para haberlo inducido a pagar un precio menor, si lo hubiere conocido.

En esta hipótesis, la solución es la misma sea el vendedor de buena o de mala fe: estará obligado a reembolsar al comprador una parte del precio, que consistirá en el costo de los trabajos de subsanación, si el vicio es subsanable, o en el equivalente a la proporción de desvalorización que ha sufrido la cosa, es decir, la diferencia entre el precio abonado y el valor de la cosa en el mercado, considerando para ello el vicio manifestado.

Y la razón que se ha dado para justificar que en este supuesto no proceda la acción resarcitoria es que el art. 2176 la limita al caso de la acción de rescisión, por cuanto se entiende que si el comprador acciona por la estimatoria -y decide permanecer con la cosa defectuosa- se debe presumir que la misma le resulta igualmente de utilidad, y que el perjuicio que eventualmente pudo sufrir se ve resarcido con la devolución proporcional del precio oportunamente abonado (Bueres-Higthon, Código Civil Comentado, págs. 756/757, comentario al art. 2174 num. 3, con cita de Machado, "Exposición y comentario del Código Civil argentino, ed. 1898., T. V., p. 596).

III. Habiendo negado las accionadas en su responde, la existencia del vicio al tiempo de la adquisición del automotor, y habiéndose agraviado en la alzada de la sentencia por estimar que este no ha sido acreditado durante el juicio, corresponde examinar si el accionante ha acreditado, que el vicio que supuestamente padece el automotor adquirido de la concesionaria demandada, existía al tiempo de la adquisición del mismo.

Ello así además, desde que establece el art. 2168 del Código Civil, que incumbe al adquirente probar que el vicio existía al tiempo de la adquisición, y no probándolo se juzga que el vicio sobrevino después.

A ese efecto el actor ha ofrecido en la demanda prueba pericial mecánica del automotor (fs. 16), pero la misma ha sido omitida en oportunidad de proveerse la prueba ofrecida por las partes (fs. 59/60), sin que tal omisión mereciera reparo alguno de su parte.

Las demandadas también han ofrecido en sus respondes la prueba pericial mecánica pero tampoco han instado su producción (fs. 27 y 54), declarándose, a instancias de la parte actora, la caducidad de dicha prueba (fs. 209). Así las cosas, y siendo que como en el caso, el informe del experto resultaba indispensable para tener por acreditado o no el supuesto vicio alegado por el actor, por tratarse de una cuestión estrictamente técnica ajena al hombre de derecho, las declaraciones testimoniales rendidas en autos no pueden suplir en modo alguno la prueba pericial mecánica omitida.

En efecto, del testimonio brindado a fs. 158/161 por Humberto Wuiler Pozzi, de profesión mecánico, se extrae que si bien el mismo anduvo y condujo el vehículo del actor, no lo revisó por encontrarse en garantía, por lo que no pudo establecer específicamente la falla.

Por su parte Pedro Antonio Villalba, de profesión ingeniero mecánico, que trabajó en el servicio técnico de la empresa Norauto S.A. y realizó el primero y tercero servicio postventa del automotor en cuestión (cfr. fs. 11/vta.), declara a fs. 163/164 que si bien en su momento el funcionamiento del vehículo no era normal, no conoce de que índole era el desperfecto.

Declara asimismo, que de la revisión en talleres especializados de la ciudad de Jujuy, no se detectó ninguna falla. A su vez, la declaración de Pozzi debe ser confrontada con el acta notarial incorporada por el actor como prueba en autos (fs. 2/3), realizada sin supervisión de los interesados, en la que si bien describe las fallas que habría presentado el automotor, luego en su declaración prestada en sede judicial declara que no pudo establecer específicamente la falla.

Cabe destacar asimismo, que el acta notarial referida se labró un año después de la entrega del vehículo (cfr. fs. 2, 4 y 11), lo que no permite inferir en modo alguno, que las fallas detectadas hayan provenido de fábrica.

Sostiene Salerno que "el recaudo sobre la existencia temporal del vicio en la cosa adquirida está impuesto en el art. 2164 del Cód. Civil... Va de suyo que el defecto o imperfección se exteriorizará después de la entrega de la cosa, pues antes se encontraba oculto, en estado latente, sin exhibir su entidad.

La dificultad consiste en establecer cuándo nació el vicio, prueba que a veces no es sencilla de producir, según la naturaleza del objeto, lo cual exige el dictamen de expertos (Salerno, Marcelo Urbano, "Vicios redhibitorios: tres notas fundamentales", La Ley, 1994-E, 651).

Agrega además el prestigioso autor que "El problema se vincula obviamente con la exteriorización del vicio a poco de ser receptada la cosa, pues a medida que el tiempo transcurra parece más difícil atribuir que su causa ya existía a la fecha de la tradición. Nada dice la ley civil al respecto, pues no fija un plazo dentro del cual deberá aparecer el defecto; ni siquiera lo hace en materia de locación de obra (art. 1647 bis, Cód. Civil), lo cual ha merecido justificadas críticas.

Sería conveniente establecer un plazo de caducidad para la garantía legal de los vicios redhibitorios, como lo hiciera la ley de defensa del consumidor (art. 11, ley 24.240, disposición vetada por el dec. 2089/93) y como lo propone el Proyecto de Reformas preparado por una Comisión especial designada por dec. 468/92 (art. 928, parte 2ª)".

La prueba rendida en autos, no permite establecer que la falla que presentó el vehículo pueda ser atribuida a defecto de fábrica, por el que resulten responsables las accionadas en su calidad de concesionaria o fabricante.

El art. 377 del CPCC establece que incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal de alzada no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.

El incumplimiento de la carga probatoria expone a la parte al riesgo de no lograr la demostración de los hechos afirmados en sus alegaciones, ya que la prueba tiende a producir en el ánimo del juzgador una certeza sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados. Si la parte no ha aportado los elementos que eran carga suya traerlos al juicio, tal omisión solo a esta parte perjudica, como ocurre en todos los supuestos de incumplimiento de una carga procesal.

La carga procesal, como dice Couture, es un imperativo del propio interés, es decir, es un imperativo legal previsto en beneficio del propio sujeto sobre quien se impone la carga, y cuyo incumplimiento implica para él la pérdida de ese beneficio o ventaja (cf. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, ed. 1972; Reimundín, Derecho Procesal Civil, ed. 1957, t. I, p. 127, citados en fallo de la CApelCCSalta, Sala III, 1991, fº 416).

No habiendo acreditado el actor, en consecuencia, que los vicios existían al tiempo de la adquisición del vehículo, de conformidad con lo establecido por la norma referida precedentemente (art. 2168, Cód. Civil), cabe presumir que los mismos sobrevinieron después.

Se encuentra ausente por ello, el presupuesto de hecho de la norma invocada como fundamento de la pretensión resarcitoria accionada, esto es, la existencia de los vicios redhibitorios en el automotor objeto de autos, por lo que la demanda no puede prosperar.

Cabe señalar por último, que las conclusiones de la sentencia relativas a la inexistencia de los desperfectos que motivaron el rechazo de la pretensión de resarcimiento por daño material, conducen necesariamente al rechazo también del daño moral por ausencia de uno de los presupuestos de la responsabilidad cual es la del incumplimiento contractual (arts. 505, 519, 520 y concordantes, Cód. Civil).

Los agravios, en consecuencia, devienen admisibles, por lo que cabe acoger los recursos de apelación deducidos por las demandadas y revocar la sentencia, con costas (art. 67, Cód. Civil).

El doctor José Gerardo Ruiz adhiere al voto que antecede.

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) HACE LUGAR a los recursos de apelación deducidos a fs. 256 y 260, en su mérito REVOCA la sentencia impugnada y RECHAZA la demanda por resarcimiento de daños y perjuicios. Con costas.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.