marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Falsificación de instrumento público, prueba
Materia: PENAL
Carátula: MARIO HUMBERTO BARCIA SALAMONE s/ UTILIZACION  DE  DOCUMENTO  PUBLICO  ADULTERADO   EXPTE. N. B-624-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-03-15

Habiéndosele solicitado al imputado su carnet de conductor, se constató que su plazo de duración se hallaba vencido y adulterado al momento en que le fue requerido por la autoridad policial lo que desvirtúa la exculpación que pretende dando así cabida al elemento subjetivo - dolo - que el tipo requiere para su encuadramiento en el Código Represivo, máxime mediando independencia entre la prueba de la adulteración del documento y su uso, figuras completamente autónomas.
Nulidad procesal, determinación de impuestos, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: DYZENCHAUZ, JULIO M.-FINGUERET DE DYZENCHAUZ, MANUELA. s/ Régimen Penal Tributario, incidente de nulidad promovido por la defensa de los imputados.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-04

1 - Corresponde confirmar la resolución que rechazó el planteo de nulidad de todo lo actuado toda vez que, aún para los casos en que la ley 24769 es aplicable, la circunstancia de haberse concretado la denuncia y requerido la instrucción sin la determinación de oficio de la deuda tributaria, no impide la demostración en el proceso de inexistencia de los extremos fácticos que son materia de imputación, ni se advierte que se afecten de algún modo las garantías constituticonales referentes al debido proceso legal y al derecho de defensa en juicio (Sala B, Reg. 203/98, 250/04 y 883/04).- 2 - No se advierte que por el Art. 18 de la ley 24769 se haya establecido alguna excepción a la previsiones del Código Procesal Penal, por el cual se supedite el impulso de la acción de los delitos de acción pública, por parte del Ministerio Público Fiscal, a la realización del procedimiento administrativo de la determinación de oficio de la deuda tributaria (Sala B, Reg. 501/2004 y 883/2004).
Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., G.S. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-07

"El principio de igualdad se ve afectado cuando se practican distinciones basadas en factores sobre los cuales el ser humano no tiene control, tales como su raza, color, linaje, religión, nacionalidad, sexo, clase social, etc. El valor de la igualdad consiste, precisamente, en el igual valor asignado a todas las diferentes identidades que hacen de cada persona un individuo diferente de los demás y de cada individuo una persona como todas las demás".
Acción civil, prescripción, querella, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: DE LAS HERAS, LINO LUIS c/ HERRERA DE NOBLE, ERNESTINA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-22

El art. 3982 bis del Código Civil menciona una determinada forma de interdependencia entre la acción civil y penal en tanto dispone que "si la víctima de un acto ilícito hubiere deducido querella criminal contra los responsables del hecho, su ejercicio suspende el término de prescripción de la acción civil, aunque en sede penal no hubiere pedido el resarcimiento de los daños; cesa la suspensión por terminación del proceso penal o desistimiento de la querella".

Razones de índole práctica justifican esta causa de suspensión de la prescripción, pues permite esperar el resultado de la acción penal antes de accionar por resarcimiento, sin correr el riesgo de demandar apresuradamente cargando luego con las costas del desistimiento en sede civil.

El desistimiento de la pretensión produce el efecto de tener por no sucedida la interrupción de la prescripción (conf. art. 3987), pero este principio no es absoluto, pues existen excepciones como las demandas iniciadas ante juez incompetente, o con defectos de forma, o con incapacidad legal del demandante para presentarse en juicio, o en todos aquellos supuestos de carencia de algunos requisitos fundamentales, que justifican los desistimientos para corregirlos, en orden a la armonización de dicha norma con el art. 3986, primera parte, del mismo cuerpo legal.

Ante el claro texto legal cabe concluir que el reclamo resarcitorio se trata de un supuesto de suspensión de la prescripción, aunque pueda resultar contradictorio que dicho efecto se derive de la actividad del acreedor, pues en general el fundamento de la suspensión en los casos previstos por el Código Civil estriba en la existencia de una imposibilidad o grave dificultad -material o moral- de obrar por parte del titular del derecho.

La suspensión de la prescripción constituye un favor excepcional en tanto concede un beneficio específico que no puede extenderse a otras situaciones diversas, por lo que es menester atenerse a un criterio hermenéutico estricto, máxime cuando no se configuran los supuestos de imposibilidad de obrar que, en general, sustentan el régimen legal.

A partir de la retractación, determinante del sobreseimiento y del fin de la acción penal, no existe obstáculo para el ejercicio de la acción civil.
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, daños y perjuicios, indemnización
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Iannicelli, Mirta Liliana c/ Marabi, Marcos y otra. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03

Si bien las cuestiones de hecho y derecho común son ajenas, en principio, a la instancia extraordinaria, cabe hacer excepción a este principio si la decisión recurrida no se fundamenta ni basa en elemento probatorio alguno, para determinar la acumulación de la pérdida de lo entregado a cuenta de precio con la indemnización de daños y perjuicios reconocida.
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: PEREZ WALTER HORACIO c/ CANO ALONSO PABLO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-08

El término "demanda" que utiliza el art. 3986 del Código Civil a los efectos interruptivos del curso de la prescripción, no puede significar otra cosa que la expresa manifestación de voluntad del acreedor, mediante una pretensión de mantener vivo su derecho. Es una inequívoca interpelación del titular de derecho, como expresión de su intención de exigir el cumplimiento de la obligación que le es debida, que encuentra como contrapartida, el derecho del obligado a la liberación si su obligación se encontrare prescripta.

La demanda, en la acepción del art. 3986 del Código Civil, exige que se mencione y emplace a la parte demandada, lo que resulta de su texto al establecer que se trata de "demanda contra el poseedor o deudor". Si no se mencionara al demandado, la pretendida "demanda" constituiría en realidad un mero trámite unilateral con efectos oponibles a quien no fue oído.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, prueba crítica, apreciación del juez
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL - PROCESAL
Carátula: BONAHORA, CARLOS H c/ EPSTEIN DE BELFER, PERLA Y-O RESPONSABLE s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 657-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-01

Si la confesional del actor no resulta decisiva para la sentencia, el a quo está obligado a dar razones de ello, pues los jueces no tienen obligación de explicar por qué desechan cada una de las pruebas cuando ellas no son conducentes para la solución del pleito y no es razón por lo tanto,para afirmar que la sentencia adolece de vicios que la descalifiquen como decisión jurisdiccional.
Trabajadores ferroviarios, licencia por enfermedad, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: TORRES, BENJAMINA c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PERSONAL FERROVIARIO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-09

De la lectura del art. 23 del CCT 72/75 surge que no fue intención de las partes la acumulación lisa y llana de todo beneficio vinculado con el receso por imposibilidad de cumplimiento del contrato derivado de incapacidad absoluta del trabajador, sólo se limita a no excluirlo. Por el contrario, dicha norma sugiere que procuraron incorporar el beneficio de la ley en forma definitiva, al menos durante la vigencia del convenio, al abrigo de una eventual derogación de aquélla.
Daños y perjuicios, actividad riesgosa, trabajadores de la salud, enfermedades, SIDA
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: MN 200169 c/ M.C.B.A. s/ daños y perjuicios (accidente de trabajo)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-15

La actividad médica de un residente, en sí misma y en toda circunstancia, no puede calificarse como riesgosa, más lo es si está en continuo contacto con enfermos a quienes se les debe extraer sangre contaminada; máxime en el caso de menores de muy corta edad que no pueden tener actitud colaborativa con la situación asistencial, que se mueven permanentemente y tienen vasos sanguíneos pequeños por lo cual la práctica debe hacerse con mucha rapidez de movimientos.(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Daños y perjuicios, derecho a la libertad, responsabilidad del Estado, gobierno de facto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cuesta,  Lucrecia  Silvia c/ M°  J y DD.HH. - art. 3 ley 24.043(resol. 550/01).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-28

La situación de la recurrente encuentra cabida en la ley 24.043 y sus complementarias en tanto las condiciones en las que tuvo que permanecer y luego abandonar el país demuestran que su decisión fue la única y desesperada alternativa que tuvo para salvar su vida ante la amenaza del propio Estado o de organizaciones paralelas o, cuanto menos, de recuperar su libertad pues, al momento de su decisión de extrañarse, ya sufría la mengua de tal derecho básico. -Del precedente "Yofre de Vaca Narvaja", al que remitió la Corte Suprema-.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-12


T., H. contra T., M. de los M.

Reg.: A y S t 193 p 164.

Santa Fe, 12 de noviembre del año 2.003 VISTOS: Estos caratulados "T., H. contra T., M. de los M. -Divorcio por separación de hecho, mayor de tres años, Tenencia y Régimen de Visitas- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. C.S.J. N 628, año 2001)", venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por la demandada para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia de este Tribunal de fojas 512/519; y, CONSIDERANDO:

1. La impugnante interpuso su recurso extraordinario contra el decisorio de este Cuerpo del 12.03.2003, registrado en A. y S., T. 186, pág. 297 (fs. 512/519).

2. El juicio de admisibilidad que corresponde a este Tribunal efectuar revela la extemporaneidad en la interposición del recurso extraordinario.

En efecto, de conformidad con el artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciera un plazo (en el caso, en fecha 10.04.2003), sólo podrá ser entregado válidamente en la secretaria que corresponda el día hábil inmediato dentro de las dos primeras horas del despacho (en el "sub lite", el 11.04.2003 hasta las 9.15 horas). Y es el citado precepto procesal el que resulta aplicable en la especie, y no los que puedan contener las legislaciones de forma provinciales para determinar si el escrito de interposición fue presentado o no dentro del término de gracia (sent. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 15.07.1982, en la causa "N., R."), porque para el recurso extraordinario rigen los plazos establecidos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 257) y ello se cuentan según las normas de ese ordenamiento (Fallos: 303:435).

En autos, la mentada extemporaneidad surge, pues, de la confrontación de la fecha de notificación del decisorio al interesado -26.03.2003 (f. 26)- y la fecha y hora de presentación del escrito recursivo -11.04.2003 a las 12:30 horas (f. 536 v.).

Por todo ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas a la vencida.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)
Remuneración, vales de consumo, beneficios sociales, pago en especie
Materia: LABORAL
Carátula: Maldonado Roxana c/ Formatos Eficientes SA s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-17

Los bonos entregados por la empleadora al trabajador en compensación a la suma retenida al liquidarle los rubros salariales, para la compra de mercadería en otras de las sucursales de la firma, no constituyen beneficios sociales en los términos del art. 103 bis LCT, en tanto no son otorgados a través de empresas habilitadas por la autoridad de aplicación, y porque a través de esos vales se puede adquirir sólo mercadería de la empresa. Es evidente que el pago de una parte de la remuneración mediante tales bonos reviste carácter salarial y constituye un pago en especie (conf. art. 105 LCT).
Leyes, interpretación de la ley, entidades financieras, quiebra
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Banco del Interior y Buenos Aires S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Quiebra, incidente de nulidad,   fraude procesal y reposición (Expte. CSJ Nº 930-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-14

La materia concursal compromete el interés público, estando en juego el bien común en dicha problemática, excediendo el ámbito de los intereses privados. A tal punto ello es así que el propio constituyente, atento a la entidad del tema, dispuso que corresponde al Congreso de la Nación establecer una legislación general sobre bancarrotas (artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional).

En el caso dicha premisa cobra singular relevancia, atento a la importancia de la institución financiera recurrente y a la trascendencia de los distintos conflictos que se vinculan con la causa, afirmación que se condice con lo resuelto por el Poder Ejecutivo nacional mediante decreto 1021/96 que consideró que las cuestiones allí tratadas "...revisten significativa trascendencia e interés para el Estado..." (Considerando 3º) encomendándose al Ministerio de Justicia "...la preparación del compromiso arbitral tendiente a la solución de los conflictos allí planteados" (Artículo 2). En tales condiciones, no puede descartarse, sin más, la incidencia que cabría reconocer a las disposiciones contenidas en el precitado decreto en torno a la situación de la entidad recurrente y a los conflictos a ella vinculados, más aún si se considera que en las causas que se someterían a arbitraje, estarían en discusión cuestiones que, prima facie, pueden considerarse relacionadas con el estado patrimonial de dicha institución y, por ende, con el presupuesto objetivo de la quiebra que motiva el recurso en examen.

(De la Disidencia del Dr. Iribarren).
Procedimiento administrativo, ley vigente, radicación del expediente, recurso de apelación (procesal), Cámara Federal de la Seguridad Social, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CATENA, FRANCISCO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

Habida cuenta de las peculiaridades del procedimiento que debían seguir los reclamos bajo la vigencia de la ley 23.473, debe considerarse que el litigio quedó radicado ante el Tribunal aún antes de haberse sorteado la Sala y hecho saber cual de ellas iba a conocer, si el expediente que contenía el recurso de apelación se encontraba en Secretaría General y en él se planteaba el incidente de inconstitucionalidad que originó su posterior sorteo y revisión, en el caso, a la Sala III. No entenderlo de ese modo haría cargar sobre el peticionante, además de la tortuosa y dilatada tramitación del expediente en el administrativo, las dificultades de la Cámara Federal de la Seguridad Social para proceder a su ingreso y sorteo inmediato, la demora en producir las medidas para mejor proveer dispuestas, etc. En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 24 de la ley 24.463. (Del voto del Dr.

Fasciolo).
Homicidio preterintencional, homicidio simple
Materia: PENAL
Carátula: M.I.A. psa. s/ Homicidio simple - Rinconada
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-08-21

Quien profirió golpes a la víctima causándole un traumatismo de cráneo, que posteriormente le produjo la muerte, debe ser condenado en orden al delito de homicidio simple y no preterintencional, ya que se representó o tuvo que representarse el resultado muerte, habida cuenta que atacó al occiso con golpes de puño y puntapiés, aún reducido en el piso, perdiendo sangre, al punto de que él mismo termina ensangrentado y luego de propinarle la feroz paliza lo dejó tirado en el patio de la casa para irse a seguir tomando alcohol, lo que indica un total desprecio hacia el bien jurídico atacado "vida".
Recurso contencioso administrativo, caducidad, demanda, notificación
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PELSUD SACI c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 247-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-07-18

El principio relativo a que la perención de la instancia procede aun cuando no se haya notificado la demanda, cobra vigorosa relevancia en el contencioso administrativo. Pretender, como lo hace la recurrente dar al término "juicio" empleado en el artículo 63 de la Ley 4106 el alcance de "litis trabada" significa no sólo desnaturalizar la institución de la caducidad, sino el sistema mismo del proceso aludido, en el cual el instituto en cuestión apunta a garantizar que la actividad administrativa se desenvuelva sin el obstáculo que significa la inseguridad acerca de la validez de sus propios actos.
Seguro de responsabilidad civil, citación en garantía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Basabé, Luis Alberto c/ Márquez, José Alberto s/ Daños y perjuicios Tonelli, Ideler Santiago y otro c/ Veck, Horacio Ramón y otro s/ Daños y perjuicios Vallejos, Tomás c/ Díaz, Eduardo Rubén y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28|1994-04-19|1994-08-30

Cuando se produce el hecho del cual deriva la obligación de indemnizar por parte del asegurado al tercero, simultáneamente se torna exigible otra obligación: la de mantener esa indemnidad. Se trata de dos obligaciones independientes entre sí.
Cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia, régimen penal de la minoridad, tribunal oral
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Godoy, Luis Alberto s/ competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23

Si bien es cierto que el presente legajo ha sido elevado a la etapa de plenario respecto de un imputado mayor de edad ante la ley penal en el propio requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio, el señor fiscal actuante solicitó que se adoptaran las medidas necesarias para recibirles declaración indagatoria a tres personas que serían menores de edad. Por lo tanto, la actual situación de hallarse dirigida imputación respecto de menores y la posibilidad de que resulten ellos en el futuro sometidos a juzgamiento -de acuerdo al régimen previsto por la ley 22.278- determina que deba intervenir en esta causa el Tribunal Oral con competencia especial (art. 28 del C.P.P.N.), a los fines de evitar la existencia de soluciones dispares o incluso contradictorias, en desmedro del adecuado servicio de justicia. (Voto de los Dres. Berraz de Vidal, Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia).
Regímenes jubilatorios especiales, contadores públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vidal, Arturo Alberto c/ Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

La percepción de haberes retroactivos importa el goce del beneficio durante el lapso en que ellos se devengaron.
Tasa de justicia, hecho imponible
Materia: CIVIL
Carátula: MUSLERA ALFREDO s/ SUCESION AB-INTESTATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-19

El hecho imponible que origina la obligación de pagar la tasa de justicia, es la prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional respecto de la pretensión deducida (conf. C.N.Civ.

Sala A, R. 254.163 del 27-3-79). De allí que el artículo 1 de la ley 21.859, establezca como principio general que todas las actuaciones judiciales tributan la referida tasa.
Salario mínimo, vital y móvil, convenio de alimentos, embargo
Materia: CIVIL
Carátula: P., E. P. c/ B., M. G. s/ sumarísimo por Alimentos Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-05-15

Corresponde admitir la demanda de alimentos y en consecuencia ordenar el embargo del 30% de los haberes que el demandado percibe como dependiente, ya que más allá del reconocimiento ficto de los hechos que se invocan en la demanda, producido como consecuencia de la conducta omisiva de éste en contestarla, se encuentra acreditado el vínculo padre hijo, lo cual implica que, el alimentado no tiene necesidad de probar que le faltan medios para alimentarse y que no le es posible adquirirlos con su trabajo.
Accidentes de trabajo, daños y perjuicios, aplicación de la ley, responsabilidad del empleador, responsabilidad objetiva, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL - LABORAL
Carátula: BENITEZ RITO c/ CARGOS S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-21

Si se ha optado por entablar la acción resarcitoria dentro del ámbito civil, no resulta aplicable la solidaridad pasiva que consagra la ley de accidentes de trabajo (art. 4º, ley 24.028) respecto de las empresas de servicios eventuales y las empresas usuarias, desde que no podría involucrarse a un sujeto que no hubiese incurrido en culpa aquiliana o bien respecto de quien le serían extraños los factores de atribución que consagra el art.

1113 del Código Civil. Por lo tanto, si el empleador no es dueño o guardián de la cosa dañosa, ni culpable por las deficiencias relativas a bienes que no se hallaban bajo su control, no puede ser alcanzado por las disposiciones que regulan la responsabilidad civil.-
Despido, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: Mensi, Oscar Antonio c/ Cid, Alvaro y otro s/ Proceso Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-10-21

Si un empleador resuelve despedir a un dependiente, lo adecuado es que asuma plenamente su responsabilidad y le haga saber, en forma fehaciente, tal decisión, lo que permitirá al trabajador tanto tener una prueba de que ha sido despedido como conocer hasta qué fecha exacta su fuerza laboral estará a disposición del aquél. El principio de "buena fe" requiere que las partes deban expresarse con la mayor claridad, sin reticencias ni ambigüedades, en forma tal que no dejen lugar a dudas acerca de qué es lo que piden, qué es lo que rechazan o qué es lo que comunican, pues en orden a esas manifestaciones han de requerirse conductas correctas a las partes.
Responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, médicos, relación de dependencia
Materia: CIVIL
Carátula: CASTAÑOS, JOSE ANGEL c/ S.E.G.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

Si el sanatorio se limitó a otorgar el uso de sus instalaciones (quirófano, habitaciones) y la provisión de material descartable, comprobándose asimismo que las lesiones padecidas por el paciente no obedecen a aspectos paramédicos, no corresponde responsabilizar al mencionado ente por la conducta fallida del médico interviniente, ajeno a dicho establecimiento asistencial, porque la relación entre el profesional y el paciente es res inter alios acta respecto del sanatorio.