Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-25


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 25 de 2007.

La doctora Wilde dijo:

Contra la sentencia de fs. 599/603 vta. se alzan la parte actora, quien expresa agravios a fs. 645/649, y las codemandadas "Carmelo Pulice Hnos. SA" y "Constructora Sudamericana SA", quienes hacen lo propio a fs. 650/654 vta. y fs. 658/665 vta. respectivamente. Corridos los traslados de ley pertinentes, los mismos fueron evacuados a fs. 670/672 por "Carmelo Pulice Hnos. SA", a fs. 678/685 por la accionante y a fs. 686/689 y fs. 690/692 por "Constructora Sudamericana SA". Con el consentimiento del auto de fs. 695 quedaron los presentes en estado de resolver.

I. RESPONSABILIDAD.

I. a) Se agravia la codemandada "Carmelo Pulice Hnos. SA" por la atribución de responsabilidad a su parte. Funda su queja en que la responsable del hecho fue la empresa codemandada "Constructora Sudamericana SA", la que tenía a su cargo la obra en construcción y subcontrató con una empresa de montajes y herrería la provisión e instalación de techado metálico de protección. Si bien reconoce que aquélla empresa contrató con su parte la provisión de una grúa con un único operario para su movimiento, alega que de la prueba testimonial rendida surge que dicho operario recibía instrucciones y direcciones por parte de dependientes de la empresa "Constructora Sudamericana SA", quienes eran los encargados de mover las sogas para ubicar la cabriada. Por lo que concluye que la operación de armado, sujeción, agregado de la plancha de hierro y la ubicación de la cabriada en su lugar de apoyo era una tarea que se efectuaba con personal ajeno a su parte, en tanto la operación de la grúa requería de las instrucciones de un supervisor (Sr. Díaz), quien era el responsable y propietario de la empresa de montajes subcontratada por la empresa codemandada "Constructora Sudamericana SA". Por último, refiere que su alegación se ve reforzada por el hecho de haber pagado dicha empresa constructora los cuatro días que le fueron facturados mientras la grúa se encontraba inmovilizada en la obra a raíz del hecho, tal como surge de la prueba documental acompañada. Por lo que concluye solicitando la modificación de la sentencia y la eximición de responsabilidad su parte. (Ver fs. 650 vta./652 vta.).

I. b) En el caso de autos, la actora interpuso demanda conforme la norma prevista en el art. 1113 del Código Civil, el que establece que: "En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero cuando el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usado contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable".

Hallándonos entonces frente a un caso de responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa, correspondía a la actora probar los siguientes extremos: a) la existencia del daño; b) el contacto físico con la cosa riesgosa o viciosa; y c) la relación de causalidad entre ambos. En cambio, incumbía a las demandadas acreditar, para eximirse de responsabilidad, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, caso fortuito o fuerza mayor.

Desde este punto de vista, habrán de analizarse las probanzas producidas en relación a la cuestión.

De las probanzas rendidas en autos, así como del reconocimiento formulado por la codemandada, surge que la grúa de propiedad de la aquí apelante tuvo participación activa en la operación de elevación y montaje de la cabriada de la cual se desprendió el suplemento metálico que ocasionó siniestro.

Asimismo, ambas partes se encuentran "contestes" en que el desprendimiento de dicho objeto se produjo por el golpe de la cabriada contra una de las paredes debido a movimientos oscilantes, no resultando claro si dichas oscilaciones se debieron a malas maniobras o negligencia de quienes manipulaban las sogas que la sujetaban o si lo fueron por una mala maniobra en la elevación por parte del gruista -Sr. Gryszkiewicz-, dependiente de la aquí apelante.

Cabe remarcar que la mayoría de los testigos ofrecidos por ambas empresas en estos autos son dependientes de éstas, y resultaron imputados "prima facie" del delito de lesiones en la causa represiva instruida, atribuyéndose la culpa en forma recíproca al momento de prestar declaración indagatoria (Ver declaraciones de fs. 210/211, fs. 232/233, fs. 235/236, fs. 525/527, fs. 528/530, fs. 531/533 de causa penal, y testimoniales de fs. 351, 365, 377, 372 y 404 de autos).

Es dable destacar que en el terreno de la apreciación de la prueba y en especial de la prueba testimonial, el juzgador puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado (conf. CNEsp.Civ.Com., Sala I, "Martorelli, Miguel Angel c. Levi, Ezra s/sumario", 9-10-87).

La credibilidad de una prueba testimonial no depende del número de deponentes llamados a esclarecer a la justicia, sino de la verosimilitud de sus dichos, probidad científica del declarante, latitud y seguridad del conocimiento que manifiesta, razones de la convicción que declara, confianza que inspira, etc. Por ello, carece de importancia que uno de los testimonios sea individual o singular con relación a las circunstancias del caso, pues la verdad se examina ponderando todas las circunstancias que, analizadas con criterio objetivo, valoran el dicho de los declarantes (CNCiv. Sala H, "Esteban, Héctor Eduardo y otro c. Arcena, María Susana s/daños y perjuicios", 13-3-96).

En el caso concreto de autos, como ya se ha dicho, la mayoría de los testigos que declararon, no sólo resultan ser dependientes de las empresas demandadas, sino que también revistieron el carácter de imputados del delito de lesiones en la respectiva causa penal.

Es sabido que tratándose de prueba testifical es condición de credibilidad, conforme elementales reglas de sana crítica, la extraneidad del testigo respecto de la parte que lo propone y por ello, no cumplido dicho requisito es preciso que el testimonio sea tomado en relación con otras probanzas que den color a la versión del relato, ya que por sí solo no puede constituir prueba idónea (Cam.Nac.Esp. Civ. y Com., Sala I. "Fleury E. c. Pérez L. s/sumario"). Asimismo, la circunstancia de ser testigo dependiente de alguno de los litigantes constituye una inhabilidad, sobre todo cuando al dependiente puede atribuírsele responsabilidad en el hecho (Cfe. Fassi. Cód. Proc. 2da. ed. t. II pág. 299) (Cám.Nac.Esp.Civ. y Com., Sala III, "MCBA c. Ekman SACI s/daños y perjuicios" 27/03/81).

Se encuentra acreditado en autos que en el hecho tuvo participación activa la grúa de propiedad de la aquí apelante (cosa riesgosa), la que a su vez era operada por un dependiente suyo.

Más allá de lo dictaminado en la pericia técnica de fs. 353/359 de causa penal (basada principalmente en las declaraciones de los intervinientes más que en elementos técnicos), así como las reflexiones esbozadas por la jueza penal en su sentencia de fs. 568/575 respecto de la conducta desplegada por el operario de la grúa -Sr. Gryszkiewicz-, y teniendo en cuenta que dicha conducta analizada desde la óptica civil puede llevar a apreciaciones distintas, cabe concluir que la codemandada no ha acreditado la ruptura del nexo causal a través de la configuración de la eximente de culpa de un tercero por quien no debe responder.

Los factores de atribución de responsabilidad pueden ser subjetivos u objetivos; culpa y dolo son las dos facetas del primero, en los cuales se requiere que "el agente sea no sólo, el autor material del incumplimiento de la obligación, sino la causa inteligente y libre de ese comportamiento" (J.J. Llambías), mientras que la culpa objetiva que no se asimila a la responsabilidad objetiva, entiende la existencia de alguna significación en la conducta del autor material, en comparación con la actitud que se hubiera considerado diligente.

"La culpa objetiva no se identifica con la responsabilidad objetiva; en la responsabilidad objetiva rige la simple causalidad material, aunque la conducta del responsable haya sido totalmente correcta; en tanto la culpa objetiva supone algún descarrió de la conducta del autor material (Mazeaud)" Derecho de las Obligaciones VIII Responsabilidad por incumplimiento Factores de atribución Ed. Abeledo Perrot, 1995 Alterini A., Ameal O., López Cabana R. Pág. 180).

En la reforma introducida cuando el daño es causado "por el riesgo o vicio" de la cosa, allí la responsabilidad es objetiva.

No sólo por el simple uso de la cosa, todas las situaciones quedan enmarcadas en la norma del art. 1113 C. Civil, es necesario que el daño se produzca por "riesgo de la cosa" cuando su uso produce riesgo, así de ese modo se acrecienta el "peligro potencial" de que acontezca el daño, (Kemelmajer de Carlucci, Aída en Cód. Civ. Y Leyes comp. anot. Y concord. T. 5 art. 1113 - Bs. As. 1984 Dirección Belluscio Coordinación Zannoni, E.A., pág. 421), o por el "vicio de la cosa" cuando ella posee un defecto que no la torna hábil para su fin normal.

En el caso concreto de autos, se encuentra acreditada la participación del accionar del operario de la empresa codemandada y la utilización de la grúa en la manipulación de las vigas o cabriadas. No existen pruebas que permitan tener por configurada la eximente de culpa de un tercero por quien no debe responder, ya que sólo se han aportado declaraciones de testigos dependientes y cuya responsabilidad se halla comprometida en la causa penal, no habiendo arrimado elementos o producido pericias técnicas que permitan corroborar que aquél accionar no revistió la condición, de causa eficiente del siniestro.

Los argumentos vertidos por la apelante no alcanzan a conmover los fundamentos brindados por el primer sentenciante en el fallo en recurso.

Por lo que la conclusión a la que arribara el juez de la anterior instancia, resulta adecuada a derecho y a las constancias de autos, proponiendo se desestime la queja planteada en este aspecto y se confirme el fallo recurrido sobre el particular.

II. INCAPACIDAD FISICA.

II. a) Se agravia la actora por la desestimación de este rubro. Funda su queja en que no se ha tenido en cuenta lo dictaminado por el perito médico en cuanto a la existencia de una cicatriz de 3 centímetros de extensión en la región parietal izquierda. (Ver fs. 648/648 vta.).

II. b) En primer lugar, debe establecerse que es criterio reiterado de esta Sala que la estimación del daño por incapacidad sobreviniente no sólo abarca las limitaciones en el ámbito laboral específico, sino en cuanto pueda afectar la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la vida de relación.

En efecto, la noción de "lo patrimonial" en el derecho de daños es más amplia que la de patrimonio en estricto sentido técnico, pues debe abarcar, más allá de los bienes exteriores pertenecientes a la persona, las potencialidades humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica, que, aunque desprovistas de valor económico en sí, lo adquieren indirectamente al ser aplicadas al logro de finalidades productivas. Así la integridad de la persona presenta un valor económico instrumental como capital destinado a ser fuente de beneficios económicos y de toda índole, cuya afectación cercena posibilidades de desenvolvimiento futuro, con lo cual se tiene que el daño en esta esfera resulta ser susceptible de apreciación pecuniaria, como lo exige el art. 1068 del Código Civil, y, por ende, indemnizable. Como afirma Mosset Iturraspe, "en el examen complejo de su multiforme actividad, al margen de la laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de ella, tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc., y los deterioros o menoscabos en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de carácter patrimonial" ("Responsabilidad por daños", t. II-B, p. 194).

Asimismo, deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta circunstancias particulares como su edad, sexo, condiciones socio-económicas, actividad laboral anterior, incidencia real de las lesiones en su actividad actual, etc.

Desde este punto de vista habrán de analizarse las probanzas producidas en relación a la cuestión.

En el caso concreto de autos, la pericia médica de oficio producida a fs. 516/524 dictaminó la inexistencia de secuelas incapacitantes de orden físico. (Ver fs. 523 vta.).

Sin embargo, reclama el apelante por la existencia de una cicatriz de 3 cm. en la cabeza. Sobre este punto el experto dictaminó: "En la región parietal izquierda se constata una cicatriz de 3 cm. de extensión, imperceptible a simple vista, por encontrarse cubierta por cabello." (Ver fs. 521 vta. pto. 5).

Es así que la cicatriz señalada no resulta visible y por ende no reviste entidad para configurar un daño estético.

Debe apreciarse la magnitud de un eventual daño que configuran las cicatrices de acuerdo con parámetros objetivos.

En el caso concreto de autos, la cicatriz resulta imperceptible, por lo que nada corresponde indemnizar por este rubro.

Por lo que, desestimando la queja, propicio la confirmación del fallo sobre el particular.

III. INCAPACIDAD PSIQUICA.

III. a) Se queja la accionante por la suma otorgada por este concepto, a la que considera reducida, por lo que solicita su elevación. Funda su queja en que no se ha tenido en cuenta el porcentaje de incapacidad dictaminado pericialmente. (Ver fs. 645/645 vta.).

III. b) Se agravia la codemandada "Carmelo Pulice Hnos. SA" por el monto concedido en este carácter, al que considera elevado, por lo que solicita su reducción. Funda su queja en que no se han tenido en cuenta las condiciones personales previas del actor, ni la actividad desempeñada, así como tampoco la escasa influencia que ha tenido el cuadro detectado en su vida de relación. Argumenta que no se ha merituado la impugnación formulada por su parte a la pericia psicológica, así como que de la prueba informativa rendida surge la aptitud del reclamante para prestar servicios tal como lo venía efectuando con anterioridad al accidente. (Ver fs. 652 vta./654).

III. b) Se agravia la codemandada "Constructora Sudamericana SA" por la procedencia de este rubro, por lo que solicita su rechazo. Funda su queja en que el daño psicológico no es autónomo y que se encuentra subsumido en el daño moral. Asimismo, argumenta que en la pericia psicológica se dictaminó un porcentaje de incapacidad por demás elevado y que la misma carece de rigor científico; hace alusión a la impugnación formulada por su parte al respecto. (Ver fs. 659 vta./663 vta.).

III. c) En la sentencia en recurso se estableció una indemnización de $ 20.000 por este concepto. (Ver fs. 600 vta./601 vta.).

III. d) En cuanto al tratamiento del daño psíquico juntamente con el daño moral, la jurisprudencia es conteste en admitir que se tratan de conceptos diferentes. En efecto, el primero se configura mediante una alteración patológica de la personalidad, una perturbación del equilibrio emocional que afecta toda el área del comportamiento, traduciéndose en una disminución de las aptitudes para el trabajo y la vida de relación y que, como toda incapacidad, debe ser probada en cuanto a su existencia y magnitud. Se trata de una alteración o modificación patológica del aparato psíquico como consecuencia de un trauma que desborda toda posibilidad de elaboración verbal o simbólica.

En cambio, el daño moral es una lesión a los sentimientos, que puede definirse como la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor importante en la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la integridad física y los demás afectos.

La diferencia, pues, es clara, pues al resarcir el daño psíquico no se trata de comprender ni de identificarse empáticamente o moralmente con el damnificado, sino de objetivar un diagnóstico clínico que tenga entidad psicopatológica. En cambio, el daño moral supone un sufrimiento subjetivo que puede no trascender en modificaciones psicopatológicas que tengan entidad clínica, por lo que su evaluación queda sometida a los valores de quien lo estima. (Ghersi, Carlos A., Accidentes de Tránsito - Derechos y reparación de daños, pág. 130/137).

Asimismo, y tal como se ha señalado en el punto anterior, la indemnización por incapacidad no puede fijarse meramente en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la bese de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta circunstancias particulares como su edad, sexo, condiciones socio-económicas, actividad laboral anterior, incidencia real de las lesiones en su actividad actual, etc. Por ello es que el porcentual determinado pericialmente cobra un valor meramente indiciario y no matemáticamente determinante del monto a reconocer.

La pericial médica de fs. 516/524 dictaminó que "el actor presenta una depresión endoreactiva que le determina una incapacidad parcial y permanente que se evalúa en un 20% de la total obrera y de la total vida".

Dicho dictamen mereció las impugnaciones de fs. 526 por la actora, fs. 533/534 por la codemandada "Carmelo Pulice Hnos." y fs. 541/543 por la codemandada "Constructora Sudamericana SA", lo que mereció la contestación de la experta a fs. 537, fs. 545/547 y fs. 552/553, ratificando sus conclusiones.

Del análisis del dictamen pericial, así como de las contestaciones a las impugnaciones formuladas, surge la existencia de rasgos propios de la personalidad de base del actor, los que se omiten en el informe, así como una incidencia concausal del siniestro en la persona del reclamante (ver pto. 2.i.e) de fs. 546 vta.: "vínculo concausal"; ver también fs. 522 vta. y fs. 523).

En cuanto a este planteo es dable recordar que para establecer el daño psíquico se ha de proceder de la misma manera que para determinar el deterioro físico. En el caso de que se probare la existencia de dicho daño, será necesario distinguir entre el que se ha producido como consecuencia directa del acaecimiento del siniestro y aquél que se ha derivado de la situación personal anterior del damnificado.

La distinción es útil porque el causante del hecho ilícito sólo debe cargar con las consecuencias derivadas de aquél y paliar esas secuelas exclusivamente, porque las restantes que aparezcan teniendo como etiología una estructura de personalidad proclive a la descompensación y la derivada ampliación del perjuicio no deben ser receptadas.

Asimismo, en un individuo sano, las perturbaciones podrán conmover o alterar momentáneamente el equilibrio por un lapso, mas lo normal es que pueda evitar el acarreamiento de connotaciones de índole patológica a través de sus propias defensas.

Es por ello que entiendo que el porcentaje de incapacidad dictaminado resulta un tanto elevado. A mayor abundamiento, cabe señalar que tampoco ha sido correctamente fundamentada esa proporción.

Ahora bien, en cuanto al rubro, lo considero procedente y su monto, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, la entidad de la lesión y las condiciones personales de la víctima, tales como sexo (masculino), edad (33 años), ocupación (sargento de la Gendarmería Nacional), estado civil (casado y con 3 hijos) y situación socioeconómica (ver beneficio de litigar sin gastos (Expte. Nº 1.747/02) a fs. 25 y fs. 50/52), considero la suma fijada un tanto elevada, por lo que propicio su reducción a $ 10.000 (Art. 165 CPCC).

IV. GASTOS POR TRATAMIENTO PSICOLOGICO.

IV. a) Se agravia la actora por la desestimación de este rubro. Funda su queja en que el "a quo" se ha apartado del dictamen pericial que estableció la necesidad de este tratamiento, más allá de la eventual cobertura que pueda brindarle la obra social. (Ver fs. 646/647).

IV. b) En primer lugar, debe decirse que es criterio reiterado de este Tribunal que el actor debe recibir una suma para hacer frente a un tratamiento que extinga, o por lo menos disminuya al máximo las secuelas del infortunio.

En el caso concreto de autos, a fs. 523 de la pericial médica se dictaminó lo siguiente: "La manera como vive su enfermedad, y el quantum de la signosintomatología, hacen imperativa la instauración de un abordaje psicoterapéutico que le permita descubrir y movilizar recursos internos, evitando que el trastorno psiquiátrico que padece se agrave y profundice en forma de una entidad psiquiátrica con mayor estructuración, en virtud de que dado el tiempo transcurrido, puede estimarse que el trauma psíquico se ha estabilizado e incorporado en forma definitiva en la personalidad del examinado".

Asimismo, el perito concluyó que el actor "debe ser sometido a tratamiento médico psicoterapéutico, de acuerdo a un plan de una sesión semanal durante un año, con un costo estimativo de cien pesos ($ 100) por sesión". (Ver pto. 2 de fs. 523 vta.).

Del análisis del dictamen surge que el tratamiento aconsejado tiene por: inevitar un agravamiento o cronificación del cuadro ya instalado en la personalidad del actor.

Más allá de lo que surge del informe de fs. 428 referido la cobertura del 100% en tratamientos que brinda la obra social del damnificado, debe reconocerse a éste un prudente margen de opción del profesional con quien tratarse, pudiendo no resultar satisfechas sus exigencias dentro de la cartilla de prestadores que ofrece la obra social del Ejército.

Por lo que entiendo que el rubro deberá ser admitido, aunque parcialmente.

Asimismo, cabe remarcar que el valor estimado pericialmente resulta un tanto elevado, siendo que el valor promedio por sesión que comulga con el reiterado criterio de este Tribunal oscila en los 50$.

Es por ello que admitiré el presente rubro por la suma de pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400). (Art. 165 CPCC).

V. PERDIDA DE TIEMPO - INCAPACIDAD TRANSITORIA.

V. a) Se agravia la actora por la suma otorgada por este concepto, a la que considera reducida, por lo que solicita su elevación. Funda su queja en que no se ha merituado acabadamente las dificultades sufridas, el tiempo perdido en declaraciones policiales y judiciales, traslados a hospitales, centros asistenciales, farmacias y demás actividades que debió desarrollar su parte. (Ver fs. 649).

V. b) Se agravia la codemandada "Constructora Sudamericana SA" por la procedencia de este rubro. Funda su queja en que el "a quo" reconoció la procedencia del rubro en concepto de "incapacidad transitoria", más no fue ello lo peticionado por el accionante, quien reclamó por la "pérdida de tiempo" en la realización de trámites y traslados a centros de atención médica, por lo que se ha violado el principio de congruencia, al conceder una suma no peticionada en la demanda, debiendo contemplarse este aspecto dentro del rubro daño moral. (Ver fs. 664 vta.).

V. c) El juez de primera instancia concedió una suma de $ 500 en concepto de "incapacidad transitoria", (Ver fs. 602/602 vta.).

V. d) En primer lugar, debe decirse que toda ineptitud transitoria o mera lesión física o psíquica sin secuelas permanentes, no puede ser objeto de resarcimiento, en sí misma considerada, sino en sus efectos. Estos pueden recaer en la esfera afectiva de la víctima y, así, incidirán en la cuantía del daño moral, o en la órbita patrimonial, como, por ejemplo, si ella ha debido o deberá efectuar gastos médicos, de tratamiento, de farmacia, etc. (Malvetti, María c. Microomnibus Norte S.A. Línea 60 Int. 199 y otro s/daños y perjuicios. Sentencia Definitiva - CNCiv - Sala E - Nro. De Recurso: E231845 - Fecha: 16-12-1997. El Dial, CNCiv: 10680).

Ahora bien, más allá de ser ese o no el encuadre que pretendió darle al reclamo el accionante en su escrito de demanda, considero que lo peticionado ("pérdida de tiempo" -fs. 20-) resulta una parte integrante de los padecimientos sufridos por el Sr. Méndez y por ende se encuentra comprendido dentro del daño moral.

Es por ello que propicio la modificación de la sentencia y la desestimación de este rubro.

VI. DAÑO MORAL.

VI. a) Se agravia la actora por la suma concedida por este rubro, a la que considera reducida, por lo que solicita su elevación. Argumenta que tanto su vida laboral, de relación como su carrera universitaria se vieron afectadas por el episodio de autos (Ver fs. 647/648).

VI. b) Se queja la empresa codemandada "Carmelo Pulice Hnos. SA" por la procedencia de este rubro y subsidiariamente por su cuantía. (Ver fs. 654).

VI. c) Por su parte, se queja la coaccionada "Constructora Sudamericana SA" por la procedencia de este rubro, argumentando que el actor no ha sufrido secuelas de orden físico ni psíquico. (Ver fs. 663 vta./664).

VI. d) El primer sentenciante concedió un monto de $ 6.000 por este ítem. (Ver fs. 601 vta./602).

VI. e) Es dable recordar que la indemnización por daño moral no configura una sanción al ofensor sino la satisfacción de legítimos intereses de contenido extrapatrimonial que hacen a derechos inherentes a la persona, debiendo evaluársela con la apreciación objetiva del padecimiento, sin que configure fuente de indebido lucro.

Como ya sostuviera este Tribunal "si por reparación se entiende el restablecimiento del desequilibrio patrimonial y es de contenido pecuniario, los intereses que carezcan de ese contenido deben ser satisfechos, puesto que según el diccionario de la Real Academia, "satisfacer", en una de sus acepciones, significa sosegar o aquietar una queja o un sentimiento, expresión acorde con el sentido de nuestra ley al otorgar a la víctima el derecho a reclamar la reparación, cualquiera sea el grado de reproche que genere la conducta del agente del daño, sin perjuicio de valorar a ésta como un elemento más para determinar la cuantía indemnizatoria" (autos "Corzo de Torres, C.P. c. Lumicot S.A. y otros s/sum." del 31.03.81).

De las constancias médicas de autos surge que el actor sufrió, como consecuencia del accidente, traumatismo encéfalo craneano, con pérdida de conocimiento, y herida contuso cortante en cuero cabelludo suturada, siendo atendido primeramente en el Hospital Argerich, para luego ser derivado al Hospital Militar, permaneciendo internado durante un lapso de dos días. (Ver historia clínica de fs. 431/435 y pericial médica de fs. 516/524).

Asimismo, cabe remarcar que lo referido por el accionante en sus agravios constituyen cuestiones ajenas a esta litis (por ejemplo, sus traslados, etc.) que no tienen relación de causalidad con el siniestro, por lo que dichas situaciones no forman parte de los padecimientos que deban ser objeto de resarcimiento alguno.

En ese sentido, cabe remarcar que el perito médico dictaminó a fs. 546 vta./547 que "el actor evidenció poseer un carácter disciplinado proclive a la obediencia de las reglamentaciones, manifestándose cómodo bajo el mando y la rigurosa disciplina militar, lo cual torna dicha profesión y traslados, pericialmente irrelevantes". En igual tenor, los informes de fs. 427 y 428 emanados de la Gendarmería Nacional muestran que los traslados se debieron a razones de servicio y que los estudios que se le realizaron lo encontraron "apto para todo servicio".

Ahora bien, en cuanto al rubro, lo considero procedente y a su monto, teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima, entidad de las lesiones, circunstancias particulares del caso, tiempo de convalecencia, atenciones y tratamientos médicos recibidos, así como los demás dolores y sufrimientos padecidos, lo considero un tanto reducido, por lo que propicio su elevación a $ 8,000. (Art. 165 CPCC).

VII. GASTOS DE TRASLADO.

VII. a) Se queja la accionante por la suma otorgada por este rubro, a la que considera reducida, por lo que solicita su elevación. (Ver fs. 648 vta.).

VII. b) Por su parte, se agravia la codemandada "Constructora Sudamericana SA", entendiendo que el monto concedido resulta improcedente, atento a la orfandad probatoria del rubro y a los magros ingresos y situación socioeconómica del reclamante. (Ver. fs. 664/664 vta.).

VII. c) El primer sentenciante otorgó una indemnización de $ 200 por este rubro. (Ver fs. 602).

VII. d) Reiteradamente se ha pronunciado este Tribunal en el sentido de que para que proceda la reparación de este tipo de daños no es necesaria la existencia de prueba fehaciente, sino que en atención a la entidad de las lesiones se puede presumir su extensión, mas ante la falta de prueba acabada, la estimación debe hacerse con suma cautela.

De las constancias médicas de autos surge la entidad de las lesiones padecidas por el actor, por lo que cabe presumir que haya efectuado erogaciones y que haya recurrido al uso de vehículos de alquiler, tales como taxis o remises.

Ahora bien, en cuanto al rubro, lo considero procedente y a su monto, ajustado a derechos y a las constancias de autos, por lo que propicio su confirmación. (Art. 165 CPCC).

VIII. GASTOS DE VESTIMENTA.

VIII. a) Se agravia la actora por la suma otorgada por este concepto, a la que considera reducida, por lo que solicita su elevación. (Ver fs. 648 vta./649).

VIII. b) En la sentencia en recurso se estableció una indemnización de $ 15 por este ítem. (Ver fs. 648 vta./649).

VIII. c) Conforme surge de las actuaciones obrantes en causa penal, así como de las constancias médicas ya citadas, es dable presumir que el accionante haya incurrido en gastos ya sea de lavado como de reposición de algunas de las prendas que vestía al momento del accidente.

Es por ello que habré de admitir parcialmente la queja vertida, por lo que propicio la elevación del monto concedido por este concepto a la suma de $ 100 (Art. 165 CPCC).

IX. COSTAS.

IX. a) Se agravia la codemandada "Constructora Sudamericana SA" por la forma de imposición de costas en primera instancia, argumentando que varios de los rubros reclamados en la demanda fueron desestimados, por lo que entiende que debe aplicarse lo previsto en el art. 71 del CPCC).

IX. b) Como se ha resuelto reiteradamente, las costas son erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso, para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden (Podetti, Tratado de los Actos Procesales, pág. 111), siendo principio general en la materia que el objetivamente derrotado debe resarcir íntegramente las mismas al vencedor" (conf. Morello, Cód. Proc. Comentado y Anotado, Tomo II, pág. 363, ed. Abeledo Perrot).

En el caso de marras, si bien no fueron acogidos favorablemente algunos de los rubros indemnizatorios pretendidos, lo cierto es que la demanda prosperó, aunque parcialmente.

Por ello debe imponerse la totalidad de las costas a las demandadas, pues el principio objetivo de la derrota consagrado por el art. 68 del ritual debe ser aplicado sea cual fuere la medida en que prospera la demanda, cargando en consecuencia las accionadas con la totalidad de las costas del juicio, dado que éstas, al negar su responsabilidad, han dado lugar a la prosecución del proceso, y la condena en costas debe formar parte de la indemnización integral que adeudan a la actora.

Es por ello que, desestimando la queja vertida, propicio la confirmación del fallo sobre el particular.

En consecuencia, doy mi voto para que:

I. Se modifique parcialmente la sentencia recurrida:

I. a) Reduciendo la suma otorgada en concepto de "Incapacidad Psíquica" a pesos diez mil ($ 10.000).

I. b) Haciendo lugar al rubro "Gastos por tratamiento psicológico" por la suma de pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400).

I. c) Elevando la suma otorgada en concepto de "Daño Moral" a pesos ocho mil ($ 8.000).

I. d) Elevando la suma otorgada en concepto de "Gastos de vestimenta" a pesos cien ($ 100).

I. e) Desestimando el rubro "Pérdida de tiempo - Incapacidad Transitoria".

II. Se la confirme en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y de agravios.

III. Se impongan las costas de esta instancia en el orden causado en atención a los vencimientos parciales y mutuos.

Las doctoras Mattera y Verón adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.

Visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

I. Modificar parcialmente la sentencia recurrida:

I. a) Reducir la suma otorgada en concepto de "Incapacidad Psíquica" a pesos diez mil ($ 10.000).

I. b) Hacer lugar al rubro "Gastos por tratamiento psicológico" por la suma de pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400).

I. c) Elevar la suma otorgada en concepto de "Daño Moral" a pesos ocho mil ($ 8.000).

I. d) Elevar la suma otorgada en concepto de "Gastos de vestimenta" a pesos cien ($ 100).

I. e) Desestimar el rubro "Pérdida de tiempo - Incapacidad Transitoria".

II. Confirmar en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y de agravios.

III. Imponer las costas de esta instancia en el orden causado en atención a los vencimientos parciales y mutuos.

IV. En orden a lo normado por el art. 279 del CPCC, déjense sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia a fs. 603/603 vta.

En atención al monto de capital de condena, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 37, 39 y conc. de la ley 21.839, regúlense los honorarios de los Dres. B. de G. y A. F. de G., por la representación ejercida en nombre de la parte atora, en conjunto, en la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000); los de los Dres. R. Z., M. S. y G. C., por la representación ejercida en nombre de la codemandada "Constructora Sudamericana SA", en conjunto, en la suma de pesos dos mil ($ 2.000); los de los Dres. J. B., D. F. y E. H., por la representación ejercida en nombre de la codemandada "Carmelo Pulice y Hnos. SA", en conjunto, en la suma de pesos dos mil ($ 2.000); los de los Dres. H. G. y M. A. S., por la representación de la citada en garantía, en conjunto, en la suma de pesos dos mil ($ 2.000).

Asimismo, de conformidad con lo normado por el artículo 478 del CPCC, regúlense los honorarios de la perito médico Dra. M. N. M. en la suma de pesos setecientos ($ 700), ello, teniendo en cuenta la proporcionalidad que deben guardar los honorarios de los peritos con los regulados a los letrados que han actuado a lo largo de todo el proceso y en sus distintas etapas (conf. arts. 1, 9 y 10 de la ley 24.432. CSJN Fallos 246:293, 243:296, entre otros; CNCiv., Sala "E", 86.315, "Baruj, Osvaldo R. c. Transportes El Pampero SA s/sumario", 25/02/89).

Por la labor realizada en la Alzada, de conformidad con las pautas del art. 14 de la ley 21.839, regúlense los honorarios de los Dres. B. de G. y A. F. de G., en conjunto, en la suma de pesos un mil trescientos ($ 1.300), los del Dr. R. Z. en la suma de pesos seiscientos cincuenta ($ 650) y los del Dr. J. B. en la suma de pesos seiscientos cincuenta ($ 650).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. -Zulema Wilde. -Marta del Rosario Mattera. -Beatriz A. Verón.