Recurso de casación, nulidad de sentencia, falta de motivación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PEREZ, ROBERTO JOSE s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-23

La instancia de mérito omitió describir en el punto 1 B) de su pronunciamiento en qué consistió el accionar típico de Pérez y más aún al proceder a la calificación legal adjudicada a los hechos solo mencionó el nomen iuris del delito utilizando únicamente el concepto legalo constitutivo del tipo penal visto, sin la debida precisión que requiere toda decisión judicial. Si el tribunal oral calificó el comportamiento de Pérez como incurso en la figura prevista por el art. 277, inc. 3º, del C.P. -receptación real- debió consignar en cuál de las acciones típicas descriptas por la norma se encuadraba su conducta, ello así toda vez que la receptación de cosas que se saben provenientes de un delito admite tres acciones típicas que el texto del precepto legal en cuestión enuncia taxativamente: "adquirir, recibir u ocultar" dinero, cosas o efectos que el sujeto activo sabía provenientes de un delito o intervenir en la adquisición, recepción u ocultamiento, con fin de lucro. En este sentido lo adquiere el que obtiene el objeto en propiedad o con voluntad de ejercer sobre él cualquier otro derecho real, cualquiera que sea el modo (compra, permuta, donación) o el título (oneroso o gratuito). Lo recibe el que lo toma, admite o acepta, de quien se lo da o envía por un modo que no importe la transmisión de la propiedad u otro derecho real (vgr. depósito, recepción en garantía, etc.). Lo oculta el que lo quita de las posibilidades de localización por parte de terceros; la ocultación no exige el traslado del objeto, es suficiente su disimulación por cualquier medio, incluso la destrucción con la voluntad de lograr que no lo encuentren los terceros. También pune el tipo la intervención en cualquiera de esas actividades en cuanto cooperación en ellas. Tampoco surge con claridad el objeto en torno al cual el a quo dio por acreditada la actividad delictiva si se advierte que el fallo en discusión, en uno de sus tramos hace alusión exclusiva a la cédula verde y en otro -"al mencionar el hecho de que Pérez no podía desconocer la procedencia ilícita del objeto en cuestión"- se refiere tan sólo al vehículo. Con relación al aspecto subjetivo del tipo en estudio estimo del caso destacar que en la instancia inferior no se han analizado adecuadamente los elementos que lo integran, cognoscitivo el uno y volitivo el otro. Señala Creus al desarrollar este tema que deberá tenerse en cuenta que el agente debe saber que el objeto (dinero, cosas, efectos) proviene de un delito, es decir que fue obtenido por quien se lo da o por un tercero por medio de una acción típica -aspecto cognoscitivo-; a este saber no equivale ni la sospecha ni la duda: tiene que tratarse de un conocimiento positivo. Además, la acción debe haber sido realizada por el agente con fin de lucro, para obtener una ventaja económica, ya de la cosa misma por su valor, ya por las prestaciones que otros realicen en su beneficio -aspecto volitivo- (Cfr. Creus, Carlos, "Derecho Penal - Parte especial", Tomo 2, págs. 358 y 359). En síntesis como quedó visto el tribunal de juicio omitió consignar expresamente en qué consistió la acción desplegada por Pérez en la receptación real que se le endilga, enunció de manera imprecisa los objetos respecto de los cuales se habría desarrollado aquélla y analizó de modo parcial e infundado el elemento subjetivo del tipo en cuestión no obstante lo cual dio por acreditada su responsabilidad en el hecho. Se advierte de esta forma que la instancia de mérito no ha dado cumplimiento debido a la exigencia legal de motivar la sentencia pues no efectuó una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho ni de las pruebas y tampoco argumentó sobre la calificación legal al no describir la acción típica desplegada por el imputado. Tal como lo sostuve in re: "Pinna, Daniel Eduardo" resuelta por esta Sala el 15/9/93, darle a lo expuesto inteligencia contraria, implicaría sin más convertir el pronunciamiento jurisdiccional en una mera afirmación o negación basada en el íntimo y exclusivo arbitrio de los jueces, insusceptible de ser revisada en la instancia superior. La jurisprudencia de la Corte Suprema al descalificar sentencias por arbitrariedad en la fundamentación, así como también la doctrina procesal, permiten establecer cuál debe ser el contenido de la motivación en los pronunciamientos judiciales. Si bien es necesario como regla general, no basta para satisfacer el deber de fundamentación suministrar apoyo legal o normativo a la sentencia. Ella ha de contener una leal y completa meritación de los hechos y una racional comprobación de su existencia, pues un arbitrario manipuleo del factum puede conducir a una errónea selección de la norma aplicable (Cfr. Elías P. Guastavino, "Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad", Tomo I, pág. 535).