marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, vista de las actuaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Barcos, Benito Alejandro y otra c/ Frigorífico Regional Salto s/ Despido, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

La parte que no ejerció oportunamente la facultad que le otorga el art. 46 del dec. ley 7718/71 no puede alegar en la instancia extraordinaria que se hayan desvirtuado la absolución de posiciones y las declaraciones testimoniales cuyo contenido no consta en el acta de audiencia de vista de la causa.
Proceso judicial, legitimación procesal, ciudadano, Corte Suprema de Justicia de la Nación, ministros de la Corte Suprema, nombramiento
Materia: PROCESAL
Carátula: "Padilla  Miguel  Manuel c/ E.N. -Senado de la Nación s/ proceso deconocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-23

En su car cter de ciudadano -aún calificado por el hecho de ser abogado que litiga en el foro- su situación procesal en la impugnación judicial a la designación del abogado como miembro de la Corte Suprema de Justicia est asistida solamente por un interés simple en el respeto de la legitimidad. (Del voto del Dr. Uslenghi).
Independencia del Poder Judicial, garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Benítez  Cruz, Luis Carlos y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Justicia) s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-28

La independencia del Poder Judicial obliga a concluir que la intangibilidad de los emolumentos de los magistrados es extensible al haber de los jueces jubilados, desde que la posible disminución de los derechos previsionales generaría intranquilidad en el ejercicio funcional, o presión para motivar el abandono de sus cargos de quienes, con ese grado de incertidumbre, tuvieran que administrar justicia .
Impuesto a las ganancias, quebrantos impositivos, crédito fiscal, compensación
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Rohn, Carlos Alberto c/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Resulta equivocado el criterio del a quo en cuanto hizo lugar a la demanda, condenando al organismo recaudador a hacer efectivo el crédito fiscal, con sustento, únicamente, en la constatación de la existencia del quebranto alegado por la actora, sin haberse detenido a considerar si se encontraba reunido el requisito referido a que el contribuyente hubiera obtenido ganancias gravadas en los ejercicios posteriores a las que hubiese podido imputar los quebrantos, que fue, además, previsto explícitamente por la ley 24.463
Garantías procesales, debido proceso
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: R., V. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-07

"El interesado se ve, de forma injustificada, imposibilitado para impetrar la protección judicial de sus derechos e intereses legítimos o cuando la vulneración de las normas procesales o procedimentales lleva consigo la privación del derecho a la defensa con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado al quedar privado de su derecho a alegar, probar y, en su caso, para replicar las argumentaciones contrarias".
Modalidades del contrato de trabajo, trabajo benévolo, trabajo ad honorem, contrato de trabajo eventual, contrato de trabajo por tiempo indeterminado
Materia: LABORAL
Carátula: RICHARD, MAURICIO RAMON c/ LOPEZ, HERNAN s/ RECLAMOS RUBROS LABORALES      EXPTE NRO 19-92
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-08

Reconocida la existencia de la actividad laboral del actor, a partir de ello surgen las obligaciones patronales en orden a lo dispuesto por la ley de Contrato de Trabajo (artículo 52) por lo que el defecto u omisión de presentación de la documentación laboral da lugar a la presunción del artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo. La "eventualidad" en la actividad del trabajador se considera en tareas propias de la empresa pero en circunstancias anormales (ejemplo: demanda extraordinaria de trabajo), en tanto en la "transitoriedad" el servicio es en una actividad ajena a la propiamente dicha de la empresa, pero cubre una necesidad momentánea de ésta (como la instalación de una máquina), cualesquiera de estas modalidades no surge de la voluntad expresa de las partes, sino como consecuencia del trabajo desarrollado; la vinculación permanente no implica la realización de tareas en jornada completa y de todos los días hábiles sino que es una consecuencia de las exigencias de la explotación empresaria.
Competencia, Derecho administrativo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIALMONT S.A. c/ MUNICIPALIDAD CDAD. DE MENDOZA s/ Cobro de Pesos (LIBRO: A124 - 280)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-02-25

Cuando la controversia o litigio ha de resolverse por aplicación del derecho administrativo, en sus normas o principios, corresponde a la competencia procesal administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, o sea, que pertenecen a tal competencia los conflictos que deben decidirse en alguna medida por aplicación de aquella rama o sector del Derecho, quedando la misma excluída en los juicios que deban solucionarse aplicando exclusivamente normas de derecho privado o del trabajo.-
Sentencia, recurso de casación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Compañía Argentina de Teléfonos S.A. s/ Ordinario - Casación (Libro: S064-203)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-03-28

El Tribunal de casación no está obligado a tratar todas las cuestiones de derecho examinadas en la sentencia que son impugnadas, con abstracción de su idoneidad o influencia para llegar a la solución definitiva de la litis, sino solamente aquellas que realmente han podido determinar en base a una errónea aplicación o interpretación legal, la sentencia contraria a la parte recurrente. (doct. art. 159, último párrafo Código Procesal Civil).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, tercero adquirente de buena fe, síndico del concurso, arraigo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Manto Negro SA y otros c/ Banco de las Comunidades s/ Quiebra. Acción revocatoria concursal. Cuestión a resolver: ¿Procede  el arraigo en los juicios seguidos contra un tercero por el síndico  del concurso? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-06-24

En el trasfondo de las opiniones favorables a sujetar al Síndico que promueve una acción concursal de ineficacia a la excepción de arraigo, late la vieja concepción del "Síndico- representante".

Esta, que ha desvelado a sus sostenedores por no poder encontrar a quién o quiénes representaría el Síndico, y, en su caso, cómo podría explicarse la pretendida "representación" de sujetos con intereses contrapuestos como lo son el deudor y los acreedores, ha sido hoy desplazada por la concepción del "Síndico- órgano del proceso concursal". El Síndico actúa como órgano del proceso concursal e inviste, por ello, la tutela de un interés general a él confiado por la ley, que excluye por definición que esté sujeto a las contingencias propias de las partes en el proceso dispositivo, como el arraigo. (Del Voto del Dr. Rouillon).
Tutela sindical, resoluciones judiciales, sanciones procesales
Materia: LABORAL
Carátula: CEDECO Televisión S.R.L. c/ Grigera, Favio Oscar s/ Exclusión-Tutela sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-09-20

Ante la demanda de la patronal, solicitando la exclusión de la tutela sindical de un trabajador-dirigente gremial-, el tribunal sólo debe pronunciarse sobre su procedencia, aunque de la pretensión surja que la obtención favorable de la misma sea para romper el contrato de trabajo por despido. En efecto, el tribunal recoge antecedentes y si corresponde, suspende la garantía y autoriza la sanción, la que queda a exclusivo riesgo y consideración de quien la aplica, no pudiendo adentrarse, al ser un proceso sumarísimo, a determinar si la conducta del dirigente gremial configura abandono de trabajo y genera justa causa de despido, quedando ello reservado al pertinente procedimiento ordinario, donde el trabajador hará valer sus derechos y el empleador que obtuvo la autorización no podrá ser imputado de prácticas desleales.
Concursos, aplicación de la ley, leyes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pezzulli, Marcelino y otro c/ El Rápido S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios Videla, María del Carmen c/ Servin, Emilio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30|1995-12-12

La aplicación de la ley 24.522 es inmediata y rige para los hechos que están "in fieri" o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción (art. 3, C. Civ.).
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: García, Francisco Antonio c/ Alvarez, Pedro Mario s/ Daños y perjuicios Stoyanovich, Gabriel A. c/ Biggieri, Domingo M. s/ Incumplimiento de contrato. Resolución. Daños y perjuicios Andrada, Hugo Viterbo y otros c/ Diario "El Norte" y otros s/ Daños y perjuicios Banco Integrado Departamental Coop. Ltdo. (Su quiebra) c/ Pasero, Néstor A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-17|2000-02-02|2002-02-19|2001-04-04

El recurso extraordinario de nulidad resulta inadmisible toda vez que surge del examen del fallo impugnado, que el mismo tiene respaldo en expresas disposiciones legales y los agravios expresados referidos a supuestos errores de juzgamiento, resultan cuestiones ajenas al medio de impugnación intentado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, ejecución de créditos laborales, procedencia del recurso, despido, multa
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Uga Seismic SA al Crédito de Sergio Anibal González  c/  s/ incidente de revisión de crédito
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-07

Corresponde aplicar la multa prevista por la LCT 80 si los trabajadores intiman a la entrega del certificado pertinente, y la empleadora no lo satisface dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento. En dicho marco, la manifestación de la deudora enderezada a demostrar que la certificación pertinente fue puesta a disposición del acreedor configura una simple alegación abstracta, sin que se haya aportado elemento probatorio concreto alguno sobre tal extremo, razón que -ante el plano meramente conjetural del mismo- resta idoneidad al planteo (cfr. CNCom, Sala B, in re "Integralco SA s/ concurso preventivo s/ incidente de pronto pago por Delgado Mónica Llerena", del 4/11/05; ídem "Federación de Círculos Católicos de Obreros s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación por Fiori Jorge Daniel y otro", del 28/12/06).
Concursos, deliberación, votación del acuerdo preventivo, acreedores del concurso, organismos del Estado, exclusión de votantes
Materia: COMERCIAL-PENAL
Carátula: Majo Construcciones SA c/  s/ concurso preventivo s/incidente art. 250 de afip
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-16

1 - Corresponde confirmar la resolución que admitió la exclusión del organismo fiscal del cómputo de las mayorías. En ese contexto, la Resolución AFIP 3587/2014 modificatoria de la RG N° 970/01 no introduce modificaciones de relevancia, pues no existiendo posibilidad alguna de aceptar quitas, no corresponde que el acreedor reclame participar como un acreedor más. 2 - No excluir al organismo recurrente del cómputo de capital para la determinación de las mayorías necesarias para obtener la homologación del acuerdo que se proponga a los acreedores, implicaría tanto como incluir a quienes de antemano están imposibilitados de analizar sin condicionamientos las diversas propuestas de pago que pudiera formular la deudora; ello conduciría a una contradicción con todo el sistema, no admisible por el tribunal concursal. 3 - Entonces, la exclusión del crédito mencionado en el cómputo de las mayorías está orientada a evitar que la apelante impida la obtención del acuerdo, cuando su acreencia, de acuerdo al régimen legal establecido por ella misma, sólo podrá ser percibida -una vez homologado el acuerdo- con arreglo a las facilidades de pago dispuesto por ese régimen legal (CNCom, Sala D, in re: "Inflight SA s/ concurso preventivo", del 05/03/02).
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, pena, situación del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Dávalos de Maidana, Ascención c/ RUIZ, Raúl Ricardo s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-09-27

Esta Sala ha dicho reiteradamente que el art. 305 del C.P.P. determina que toda persona que se considere imputada de un delito en causa penal, cualquiera sea el estado en que esta se encuentre, podrá solicitar al Juez la Exención de Detención, hasta el momento de dictarse la Prisión Preventiva, o hasta el tercer día de notificado de la audiencia de debate en el Procedimiento Sumario.

El Juez entonces calificará el o los hechos de que se trate y si estimare prima facie que procederá condena de ejecución condicional, podrá eximir de detención al imputado.

De modo que la norma remite al art. 26 del C.P. que faculta en caso de primera condena que no exceda de tres años, se deje en suspenso el cumplimiento de la pena.

Ello es así por cuanto la ley presume que superado los tres años, existe el peligro de que se eluda la acción de la justicia. El art. 26 del CP también establece como requisito que se trate de primera condena.

Establece nuestra ley adjetiva en el art. 270 cuando prescribe que la libertad personal podrá ser restringida ... en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley sustantiva.

A fin de realizar dicho análisis, cabe señalar que en cuanto al primer requisito del art. 270 del C.P.P., esto es la finalidad de asegurar el descubrimiento de la verdad, dado los antecedentes con que se cuenta, el imputado no obstaculizará la marcha del proceso, ni actuará sobre la prueba del delito, ni frustrará ni dificultará su obtención, por las características propias del mismo; de todos modos no consigna el auto que el imputado pueda entorpecer la investigación.

Teniendo en cuenta el principio de "Proceso sin preso", corresponde fundadamente vincular la cuestión a las prescripciones del art. 270 del C.P.P., como se dijo, que fija el marco al efecto, estableciendo que la libertad personal podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley sustantiva, en forma coincidente con la prescripción constitucional del art. 19, adoptando nuestro sistema el criterio procesalista en contraposición a la corriente sustantivista del encarcelamiento preventivo.

Firmado Dres. Raul Román y Julio V. Pancio .
Acción contencioso administrativa, interés legítimo directo y actual, legitimación procesal, contribución de mejoras, pavimentación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Crosetti, Carlos Alberto y otros c/ Comisión de Fomento de Casas s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nro.  609-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-04

El recurso contencioso administrativo de ilegitimidad procede contra las resoluciones ejecutorias que adolezcan del vicio de ilegalidad, aunque sean de carácter general, "siempre que el recurrente acredite un interés legítimo, directo y actual" (artículo 13, ley 4106). En el caso, la invocación de la posibilidad de formular una oposición a la obra de pavimentación del acceso al cementerio, cuya eficacia jurídica depende de la procedencia de algunos de los agravios que postulan, justifica concluir que los actores -contribuyentes indirectos de la zona rural- cuentan con suficiente legitimación para plantear el recurso. Mas, aclarándose que los planteos propuestos en la demanda serán considerados con ese especial alcance, esto es, en tanto y en cuanto resultan conducentes para la tutela de la condición de opositores a la ejecución de la obra.
Aplicación errónea de la ley, defensa en juicio, debido proceso, fundamentación de sentencias, fundamentación del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Muradas, Víctor Hugo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-24

Que en su recurso el impugnante haya apelado a la inobservancia de la ley sustantiva (art. 456, inc. 1°, del Código Procesal Penal), mientras que los argumentos contenidos en el remedio procesal planteado se corresponden con el motivo del inciso 2° de esa misma norma, desde que se refieren tanto a la ausencia de ponderación de un elemento de prueba estimado dirimente, como a la presencia de defectos lógicos en la factura de la sentencia que la hacen pasible de la tacha de arbitrariedad, no es óbice para que el tribunal examine el recurso, pues tiene abierta la jurisdicción ante la invocación de defectos lógicos de motivación del fallo que encaja en uno de los motivos legales de casación y deben ser atendidos, aún de oficio, pues afectan las garantías de la defensa en juicio y debido proceso.
Sepulcros, responsabilidad de la Municipalidad, osario común
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B., E. N. y otro c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-10

Si la autoridad pública debía mantener los restos en la sepultura hasta que caducara la concesión de la misma y frente al hecho concreto de no poder individualizar los restos, es incuestionable la vulneración del derecho del titular de la misma y la procedencia de la reparación que pretende. La Municipalidad debe, en tales casos, ser juzgada a la luz de las normas del Código Civil relativas al incumplimiento de las obligaciones convencionales (arts. 505, 511, 512, 519, 520, 522, 889 y concordantes del Código Civil) ya que, si bien el derecho privado no es supletorio ni subsidiario del derecho administrativo, la falta de regulación por éste de determinadas cuestiones autoriza la aplicación analógica de aquél, con las discriminaciones impuestas por la peculiar naturaleza de las relaciones de derecho público (art. 171, Constitución provincial).
Divorcio, divorcio contradictorio, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: M.R.J. c/ M. C. DE M. D. s/ DIVORCIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-12

No puede decretarse el divorcio sobre la base de testigos que conocen los hechos por referencias de las mismas partes que los proponen, debiendo apreciarse las declaraciones de los mismos en relación con las demás probanzas que se aporten al juicio (conf.

CNCiv. Sala E, L.L.131-1128, 17.831-S).
Deuda previsional, liberación del deudor, reclamo posterior a la sentencia, derecho de propiedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARTIN DANIEL S.A.I.C. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-15

Si el organismo administrativo reconoció expresamente que la apelante no registraba deuda con él, liberándola así de sus obligaciones (cfr. arts. 724 y 868 del Cód. Civil), se torna improcedente el reclamo posteriormente efectuado por hallarse extinguida la obligación pretendida. Sostener lo contrario atentaría contra la seguridad jurídica y violaría el derecho de propiedad, contrariando de ese modo lo dispuesto por el art. 17 de la Constitución Nacional.
Error judicial, prisión preventiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Abeiro   Claudio    Alejandro c/ EN  -  Mº  Justicia s/ daños  yperjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-08

En razón del fundamento y elementos tenidos en cuenta para disponer la detención del actor y su prisión preventiva, así como la prolongación de la privación de libertad hasta la finalización del juicio oral, bien se puede advertir -al sólo y único efecto de la valoración que cabe efectuar en esta instancia respecto de lo actuado por otro órgano judicial-, que a la altura del proceso en que aquella disposición fue adoptada, existían aparentes y suficientes elementos de prueba susceptibles de generar una legítima sospecha respecto de su participación criminal y consiguiente responsabilidad por los hechos investigados.
CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL, código de justicia militar, delito penal
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-06

La infracción prevista en el inc. g) del art. 3 del CEN ha sido derogada y no resulta razonable entender que la "deserción agravada" del Código de Justicia Militar a la que se refiere el CEN es "en realidad" hoy el delito consagrado en el artículo 252 del Código Penal, pues las diferencias entre ambos hechos ilícitos son notorias y la extensión del prohibición de voto a lo dispuesto en el nuevo tipo penal debe hacerse de forma expresa y clara, hecho que indudablemente no ha sucedido. (Voto del Dr. Horacio G. Corti).
AFIP DGI, resoluciones, aplicación de la ley tributaria, impuestos, compensación, imputación de pago
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Tacconi y Cía.  S.A. c/ D.G.I. s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-03

La Resolución General N° 2223 dictada por el director del ente recaudador, en ejercicio de las facultades conferidas por los arts.

8°, 9° y 31 de la ley 11.683, constituye una norma interpretativa de los conceptos de vencimiento general, imputación, compensación y acreditación y devolución, que especifica los presupuestos fácticos requeridos y los alcances atribuidos a las resoluciones mediante las cuales se autorizan compensaciones.
Extorsión, intimidación, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: PENAL
Carátula: G. M., R. y otro. s/ PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-14

La extorsión requiere, además de la intimidación, una exigencia ilegítima que obligue al sujeto pasivo a realizar una disposición patrimonial que lo perjudique como consecuencia de aquélla, no tipificándose esta figura cuando el reclamo se refiere a una deuda real. Los obligados que la reconocieron y saldaron luego de recibir anuncios sobre consecuencias indeseables, fueron atacados en su libre determinación y no en su derecho de propiedad.
Daño psíquico, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: HERNÁNDEZ, Manuel Guillermo c/ Baca, Alberto Walter s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-07-08

En cuanto a que no se acreditó por perito psicólogo, tampoco es una crítica que sea atendible. Esto, porque no puede confundirse daño psicológico con daño moral, ya que el primero apunta a efectivas disfunciones y trastornos de orden psíquico que alteran la personalidad, que debe ser determinado y medido, lo que no ocurre con el daño moral que implica la presencia de molestias o angustias sufridas por la persona, que en el caso vale presumirlas por la frustración del negocio, tanto de compra, como así el de venta posterior del rodado.