marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, seguro de vida, seguro colectivo, agentes de la administración pública, póliza, modificación de la póliza, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, obligaciones del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: PERO, LUIS c/ CAJA NAC- DE AJPRRP U SEGIRP U PTRP s/ NULIDAD DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-02

Se ha señalado en situaciones anteriores que el boletín informativo de ENCoTel, en el que se publicó la emisión de una nueva póliza de seguro colectivo, no está destinado a cada uno de sus agentes, sino a las reparticiones. Es por ello que expresamente previó que los jefes debían compenetrarse en detalle de las modificaciones "notificar de ellas a todo el personal a sus órdenes", extremo que no se probó que se hubiera configurado en el caso del actor. El dato más elocuente de que la notificación de la modificación debía ser controlada por la CNAS. lo constituyó el requisito que contemplan los arts. 5 y 10 de la nueva póliza, en los que se requirió, para quienes ya estaban adheridos al seguro, la presentación de una "solicitud individual" de incorporación, que debía obrar en la Caja en el plazo de treinta días, debiendo ésta emitir un "certificado de incorporación" en el que debían constar los beneficios a que el asegurado tiene derecho. Cabe concluir que a la CNAS le incumbía controlar si cada asegurado estaba o no notificado de la modificación de la póliza y de su incorporación a la nueva, situación que podía haber probado acompañando la nueva solicitud, recaudo que ha sido omitido. En consecuencia, no habiéndose acreditado la notificación o la adhesión del actor a la nueva póliza, le es aplicable el régimen de la anterior (conf. causas 1161/93, de 2.7.93 y 6900/94 de 28.7.94).
Jubilaciones, haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RISULI, SALVADOR T c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 191-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-23

Si bien el rubro "asignación especial no remunerativa en concepto de dedicación exclusiva", establecido en el decreto 507-86 no estaba vigente a la fecha del reclamo administrativo, debe computárselo para determinar el haber jubilatorio del actor, atento a la amplitud de la petición esgrimida en sede administrativa, a los fundamentos genéricos expuestos por la Caja y el Poder Ejecutivo para rechazar los recursos deducidos y por la Provincia en el responde, y el criterio de la Corte Nacional y de este Tribunal respecto a reclamos previsionales.
Trabajadores telefónicos, Telecom, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, NORBERTO c/ ENTEL s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-21

Existen disposiciones normativas particulares relacionadas en el proceso de privatización de Entel, ley 23696 y decreto 1105/89, que al no ser cuestionada en su validez por la parte interesada, desplazan inequívocamente la reglamentación de la LCT en cuanto a la posibilidad de aplicación de los arts. 225 y 228 de dicha normativa.
Notificación, validez de los actos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pavesa, Noemí c/ Caja de Ret. Jub. y Pens. de la Policía de la Prov. de Bs.As. s/ Demanda contencioso administrativa Robledo de Rincón, Elsa c/ Caja de  Ret., Jub. y Pens. de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04|1993-05-18

Si del escrito que fue firmado en presencia del funcionario policial -a efectos de la certificación de la firma- para su posterior presentación ante la Caja demandada, surge de manera indubitable el conocimiento fehaciente, por parte de la actora del contenido del citado acto, se trata de un caso de notificación personal espontánea (conf. arts. 67 dec. ley 7647, aplicable en virtud de lo dispuesto por el art. 1º del citado decreto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Enjuiciamiento de magistrados, excepción de incompetencia, nombramiento del personal judicial, actos del gobierno de facto, incidentes
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: OSVALDO WALTER LAVAO VIDAL s/ ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS.    GOBIERNO DE FACTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-05

Corresponde confirmar la sentencia que rechazó el incidente de falta de jurisdicción con sustento en los arts. 1ro. y 2do. de la ley 23.062. Ello es así, pues las disposiciones en juego suponen que quien reclama su amparo haya sido destituido del cargo por actos de rebelión o de autoridades surgidas de tales actos, requisito que no se da en el caso toda vez que el procesado, además de haber recibido confirmación del gobierno de facto, lo que importó un título nuevo diferente del nombramiento anterior, fue luego separado de las funciones de juez nacional por aplicación del régimen jurídico al que juró acatamiento (art. 5to. de la ley de facto 21.258).
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, principio de progresividad, prohibición de regresividad, derecho a la salud, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, Constitución Nacional, obligaciones internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS-CONSTITUCIONAL-SALUD PUBLICA
Carátula: B., C. B. y otro  c/ IOSPER y otros  s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema), se ha reafirmado en los pronunciamientos de la Corte, el derecho a la preservación de la salud y se ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Voto del juez Rosatti).
Acumulación de acciones, excepciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: MORAEZ   ARGENTINO   RODOLFO c/ ESTADO  NACIONAL  FUERZA  AEREAARGENTINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-27

Al tiempo de ser deducida la excepción sí se había dictado la sentencia de primera instancia, circunstancia que habría impedido la acumulación solicitada en forma subsidiaria, puesto que ella resulta improcedente cuando los juicios se encuentran en diferentes etapas procesales, habida cuenta de que dicha situación no permite su sustanciación conjunta (Fallos 312: 568 y 2345; 319:1397; esta Sala, causas 5453/01 del 18.3.03, 4193/03 del 4.11.03, 6873/01 del 2.12.03, 11.874/03 del 11.3.04).
Costas, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: MENDOZA Carlos Andrés y Otra c/ Videla Rodolfo Amadeo s/ Incidente de Desafectación de Bien de Familia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-10-22

Como principio general, resulta aceptable que cuando la cuestión litigiosa queda finiquitada por una circunstancia sobreviniente que torna abstracta la cuestión debatida, la distribución de las costas no puede seguir el criterio crudamente objetivo de la derrota, por lo que es aconsejable la distribución de costas por su orden.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: López, Gerardo c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-06

El recurso de queja es el único medio que habilita al Tribunal a evaluar la procedencia del recurso de inconstitucionalidad denegado porque, como es sabido, no está procesalmente prevista su interposición directa ante los jueces con competencia para tratarlo. (Del voto de la juez Alicia E. C. Ruiz) Fuente del sumario: OFICIAL
Obras sociales, asistencia médica, responsabilidad de la obra social, cuidado de cadáveres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MAIDANA, ALBERTO VENANCIO c/ SANATORIO SAN CRISTOBAL  S.A. s/ LOCACION DE SERVICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Es obligación específica de la Dirección de cada hospital, extensible a las clínicas privadas, promover la seguridad de sus depósitos de cadáveres. Su incumplimiento compromete la responsabilidad de la Obra Social, la que comprende no sólo las faltas cometidas en la asistencia médica, sino también otras faltas propias de defectos de organización y administrativas, entre las cuales corresponde incluir la inobservancia de las normas del cuidado de los cadáveres. Es la Obra Social quien asume la obligación asistencia por lo que debe responder por su incumplimiento.
Pensiones, concurrencia de beneficiarios, hijos, cónyuge supérstite varón, denegatoria del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: KOSNOVER, Anselmo c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-27

Si bien es cierto que el art. 6 de la ley 23.570 permite su invocación aunque el o la causante hubieran fallecido con anterioridad a su sanción, no es menos cierto que el reclamo de la pensión derivada del fallecimiento del cónyuge no puede prosperar cuando ello implique "...dejar sin efecto derechos adquiridos, salvo los casos de nulidad debidamente establecida y declarada, o de extinción de derechos...", debiendo entenderse que dicha extinción no se ha producido mientras haya beneficiarios con derecho a acrecer (en el caso se denegó el beneficio de pensión al esposo porque existía concurrencia con un hijo menor).
Derecho procesal, notificación por cédula, copias
Materia: PROCESAL
Carátula: CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SANTA LUCIA c/ FERNANDEZ, AVILA ANTONIO Y OTRA s/ SUMARIO-COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-13

Ante la disyuntiva de tener que conferir valor probatorio a la fecha de notificación consignada en el original de la cédula o la que figura en la copia con firma del oficial de justicia, a fin de establecer si el traslado ha sido evacuado dentro del término, mereciendo ambos instrumentos la misma fe, debemos estar a lo más favorable a la conservación del derecho, pues con ello se posibilita con mayor amplitud la defensa en juicio.
Prescripción, responsabilidad extracontractual, actos ilícitos, daño cierto
Materia: CIVIL
Carátula: SAORETTI, ENRIQUE PIO c/ ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-08

Por considerar que la prescripción corre desde el día en que la acción ha podido ser ejercitada, buena parte de la doctrina se inclina por adoptar como punto inicial la fecha en la que el daño se exteriorizó y fue conocido por la víctima o pudo serlo; bien entendido que ello es así en tanto la ignorancia no provenga de negligencia y conviniendo precisar que por conocimiento del hecho dañoso no debe entenderse la noticia subjetiva en sentido riguroso, sino más bien una razonable posibilidad de información por parte de la víctima.

Cuando el daño sobrevino algún tiempo después del hecho ilícito o, en su caso, del incumplimiento contractual, la acción comienza a correr desde que aparece el perjuicio. Si la concreción de éste es consecuencia de un proceso de duración prolongada, la prescripción corre desde que el daño es cierto y susceptible de apreciación.
Acción de amparo, régimen jubilatorio, cobro de retroactivo, prueba insuficiente, facultades del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CHAMPER, ROSA MARIA c/ A.N.Se.S s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-09

Que los hechos relatados por el peticionante como fundamento de la procedencia de la acción de amparo promovida -tendiente a obtener el pago inmediato del retroactivo correspondiente a la primera liquidación del beneficio previsional- no hayan sido acreditados fehacientemente (en el caso, se acompañaron copias simples de la resolución que acordó el beneficio, de la liquidación respectiva y del primer recibo de pago en el que se hacía saber que el retroactivo sería abonado conforme el cronograma en el ejercicio siguiente), no es óbice a la admisibilidad formal de la acción, toda vez que, sin perjuicio de la facultad del juez de requerir la presentación de los originales o la remisión del expediente a la A.N.Se.S, lo cierto es que no se habría afectado el derecho de defensa del organismo si se le hubiera practicado -previo a resolver- el requerimiento de informe circunstanciado a que se refiere el art. 8 de la ley 16.986, de manera que habría tenido la posibilidad de reconocerlos o no. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Escritos judiciales, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Leccese, Miguel c/ García, Mario s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

La falta de firma del escrito de contestación de demanda no es subsanable retroactivamente una vez vencido el plazo que para hacerlo concede el art. 484 del Código Procesal en los juicios sumarios, ya que se trata de un plazo perentorio (art. 155 del Cód.

Procesal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho penal, recurso de casación, situación del imputado, principios procesales, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: CORTEZ, CARLOS c/ VAZQUEZ, GABRIEL HORACIO (P) - VARELA, PAOLA JAQUELINE - VILLAR MONTENEGRO, FRANCISCO LUCIANO (M) s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-04-18

A fin de la admisibilidad del recurso casatorio corresponde verificar la concurrencia de los requisitos formales exigidos por la ley en cuanto a la temporaneidad, legitimación, suficiencia de los agravios y adecuación de las causales establecidas en forma taxativa por el C.P.P.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, monto de la pena, tipo penal, reincidencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FLORES, NAHUEL ALEJANDRO c/  s/ AMENAZAS CALIFICADAS POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y PORTACION DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACION LEGAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-01

En relación a la determinación de la pena, la quejosa insiste con la solución que debería primar en el caso, a partir de consideraciones generales y reiterando las condiciones personales que, a su juicio, le permitirían excepcionar el mínimo de la escala penal; empero, soslaya vincular la alegada desmesura punitiva con la pena aplicada en el caso, toda vez que ni siquiera efectúa un mínimo relato de las valoraciones y los argumentos que efectuaran los Sentenciantes para arribar a la pena de cuatro años de prisión efectiva -con declaración de reincidencia-, a la par de que más allá de la comparación que realiza con otras escalas penales, tampoco aborda suficientemente los fundamentos que tuvo en cuenta el legislador para elevar la punición de las conductas descriptas en el tipo penal cuestionado, extremos que, atento el tenor de sus agravios, resultaban fundamentales a fin de demostrar la pretendida irrazonabilidad de la escala penal y la afectación a las mandas constitucionales aludidas en las circunstancias concretas y particulares del encartado. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Providencia simple, gravamen irreparable, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensor General Dr. Gerardo Tambussi s/Recurso de Queja en autos: "R., J. y otra c/R., J.C. y A., A. s/ Medidas de Protección de Derechos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-21

Una providencia simple causa gravámen irreparable cuando, una vez consentida, sus efectos son insusceptibles de subsanarse o enmendarse en el curso ulterior de los procedimientos; Cuando impide o tiene por extinguido el ejercicio de una facultad, un derecho procesal, impone el cumplimiento de un deber o aplica una sanción. El proveído ?Téngase presente? no importa un gravámen irreparable porque no constituye un pronunciamiento definitivo, sino que difiere la postura a adoptar, sin adelantar cual será la misma, aún cuando finalmente no se disponga la medida.
Publicación de la ley, falta de publicación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PROVENZANO, OSCAR M. s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-12

"Quien detentaba el cargo de Subdirector del Congreso Nacional a la fecha de la promulgación de la ley 22118 que suspendió el beneficio privilegiado que otorgaba la ley 21121 al personal de dicha repartición, no puede ampararse en la falta de obligatoriedad de la norma citada en primer término, derivada de su no publicación en el boletín oficial. Esto es así en base al necesario conocimiento que debió tener por su puesto de trabajo, y a que dicha ley apareció con anterioridad al medio oficial, en publicaciones técnicas de larga y acreditada trayectoria.
Carga probatoria dinámica, fecha de ingreso, relación de dependencia
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: L., B. S. c/ M., F. s/ proceso laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2009-11-03

Como bien dijo el juez "es el empleador, por estar en mejores condiciones que el dependiente, quien soporta la carga de demostrar la fecha de ingreso". Ello es así no sólo por el principio de la carga dinámica de la prueba, sino porque tiene la obligación de llevar el libro especial requerido por el art. 52, LCT, donde debe figurar ese dato (inc. d), así como la de instrumentar los pagos salariales mediante recibos en doble ejemplar, donde también debe figurar la fecha de ingreso (arts. 138, 139 y 140 inc. k, LCT).-
Homicidio culposo, responsabilidad médica, mala praxis, muerte de la víctima, pericia médica, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CERECETTI, Edgardo y otros s/ MALA PRAXIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-26

Con las probanzas básicas que provienen de los peritos médicos y analizada la cuestión desde el punto de vista dogmático, no existe posibilidad de imputar la muerte de la menor a la conducta de los procesados.

El juez debe ajustarse a la prueba colectada y a la opinión casi unánime de los peritos médicos. En este sentido, el juez puede valorar cursos causales existentes, pero nunca inventarlos, ni acudir a su íntima convicción, en el sentido que pueda ir más allá de lo que la ciencia médica puede decir, ni tampoco acudir a conocimientos propios sobre el tema para salvar posibles deficiencias de los especialistas.

Faltan dos elementos básicos del tipo culposo, como la prueba de que se ha violado un deber de cuidado objetivo, ya que de acuerdo a las pericias médicas se actuó dentro de la praxis médica correcta y, en segundo lugar, aun probando que no existió un obrar cuidadoso, no hay nada que acredite que ésa fue la causa de la muerte; así, es imposible, con la prueba existente, unir, desde un punto de vista causal, que la muerte acaeció por el obrar de los médicos.
Prescripción, bienes registrables, garantía al consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORITI,  LORENZO  CARLOS c/ VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-01

Cuando como -en el caso- el actor adquirió cierto automotor en la concesionaria co-demandada y tal rodado ostenta un desperfecto -zumbido proveniente de la caja de velocidades- que, en la versión de las accionadas, no existía al tiempo de la compra del automotor, ante el reclamo de las éstas quienes manifestaron, que cumplieron con su deber de garantía y que la acción se encontraba prescripta en los términos del art. 50 de la Ley 24240, art. 4041 del Cciv. y art. 473 del Ccom, en tal sentido tal defensa se sustentó en las previsiones de los arts. 473 del Ccom. y 4041 del Cciv., ambos referidos a la extinción de la acción fundada en los vicios o defectos ocultos de la cosa. Y lo cierto es que, la base argumental del reclamo concierne al incumplimiento de la garantía legal prevista por el art. 11 de la Ley 24240. En ese marco: si la acción hubiera sido deducida con apoyatura en la responsabilidad por daños del art. 40 de la citada ley, devendría aplicable el término de prescripción trienal establecido por el art. 50 de aquélla normativa. Sin embargo, dado que se demandó aquí por incumplimiento del deber de garantía, la relación jurídica se subsume en la previsión del art. 11 de la LDC, correspondiendo la aplicación del plazo de prescripción previsto por el art. 846 del Ccom. Ello así, procede condenar a las defendidas a la reparación del automotor y el pago de $10.000 por daño moral.
Derechos y garantías constitucionales, principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., P.A. s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-09-29

Se viola el principio de congruencia cuando falta correlación entre la declaración indagatoria, el auto de procesamiento y el requerimiento de elevación a juicio, ya que éste debe abarcar todas las circunstancias, elementos materiales, normativos físicos y psíquicos del hecho, pues todo lo que significa una sorpresa para quien se defiende viola la garantía de defensa en juicio, pero dicha violación no ocurre cuando pese a la disparidad de criterio respecto al encuadramiento típico, el hecho se encuentra adecuadamente descripto en cada una de estas etapas procesales.
Máquinas de juego, defensa del consumidor, información al consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: PROCONSUMER y Otro c/ CIRSA y Otros s/ Proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-01

Las obligaciones propias de las empresas demandadas propietarias de maquinas de juegos referidas al funcionamiento de las mismas no exime al potencial apostador de actuar con una diligencia mínima consistente en examinar y comprender el funcionamiento, máxime teniendo en cuenta que el despliegue del ícono de las reglas de juego se puede realizar sin la necesidad de introducir dinero o medio de pago alguno y existe la posibilidad de acudir a los puestos de atención al cliente o al personal en sala encargado de asistir al público en caso de falta de comprensión.
Recurso de inconstitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, Derecho laboral, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DIAZ, HUGO RAMON c/ BIASSONI E HIJOS S.A.I.C.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-01

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y anular la sentencia impugnada, por cuanto la Sala -al declarar la inconstitucionalidad del tope establecido por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, mandando tomar como base de cálculo de la indemnización pretendida el total del salario devengado por el actor sin limitación alguna- se apartó de la doctrina fijada por la Corte nacional y por esta Corte, según la cual correspondía aplicar la limitación a la base salarial prevista en los párrafos 2do. y 3ro. de la norma en cuestión, sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual computable. - CITAS: CSJN: Vizzoti, del 14/9/2004 (Fallos 327:3677); Martínez, del 2/8/2005 y Bordón Morel, del 8/8/2006. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 245, párrafos 2 y 3. - Jurisprudencia vinculada: Giordanino, AyS T 240, p 369/374, sumario J00 7924.