Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87.584 CAUSA NRO. 20.666/05 AUTOS: "FARIAS HECTOR DANIEL C/ EXPRESO NUEVE DE JULIO S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL" JUZGADO NRO. 3 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Abril de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. Contra la sentencia de fs.439/441 se alza el actor, a tenor del memorial de agravios obrante a fs.449/463. Tal presentación, mereció las réplicas de ambas demandadas obrantes a fs.468/469 y fs.477/482.

Por su parte, el perito contador y la ART codemandada apelan la regulación de honorarios dispuesta en origen (v. fs.442/444 y fs.473).

II. Basándose en el informe del Cuerpo Médico Forense -que determinó que el actor no poseía incapacidad laboral física ni psíquica- y tras considerar no acreditado el infortunio denunciado por el actor, el Sr. Juez de grado resolvió desestimar la demanda.

III. La parte actora apela, en primer lugar, la forma en que el Sr. Juez de grado valoró las pruebas producidas, especialmente la documental y pericial médica. Se agravia por la preeminencia otorgada al dictamen del Cuerpo Médico Forense por sobre el informe realizado por la especialista designada de oficio.

Se queja porque considera que el Sr. Juez omitió valorar que el actor ingresó sano a trabajar para la demandada (aprobando el examen preocupacional) y porque la ART codemandada no acompañó los exámenes periódicos obligatorios, a pesar de que el accidente se encuentra reconocido, a través de la denuncia formulada por la demandada ante su aseguradora.

Apela también que el Sr. Juez, tras descalificar el testimonio del único testigo que declaró en autos, consideró que no se acreditó el infortunio sufrido por el actor. Cuestiona que no haya valorado la prueba informativa, de la que surgiría el ingreso a la guardia de la Clínica Calchaquí por su dolencia, ni la exigencia de las tareas que realizaba.

Ahora bien, advierto que, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en autos, el examen del actor y los estudios médicos complementarios realizados, la perito médica designada de oficio -Dra. Noemí Matrangolo- determinó que el actor presenta ".lumbociatalgia con irradiación a pierna y pie izquierdo, cicatriz de cirugía de hernia de disco en columna dorso lumbar. no podría superar un examen médico preocupacional que demande tareas de esfuerzo. la incapacidad que presenta el actor es del 35% de la to." (ver fs.353).

Dicho informe, mereció las impugnaciones de ambas codemandadas (ver fs.355/356 y fs.357), razón por la cual, el Sr. Juez de grado decidió como medida para mejor proveer, remitir las actuaciones al Cuerpo Médico Forense, a fin de que dictamine si el actor padece incapacidad laboral y, en su caso, grado de la misma y relación causal o concausal con el infortunio denunciado (ver fs.582).

Frente a dicho requerimiento y luego de realizar un nuevo examen clínico y psicológico y un electromiograma para completar los estudios necesarios, el Cuerpo Médico Forense determinó que el actor no presenta incapacidad laboral física ni psicológica derivada del hecho denunciado (ver fs.389/391 y fs.392/393). Pese a la impugnación efectuada por la parte actora (a fs.408/412), el Cuerpo Médico ratificó el informe oportunamente expedido (ver fs.417/418).

Ahora bien, evaluados los informes médicos obrantes en autos, a la luz de lo normado por los arts.386 y 477 del CPCCN, cabe formular las siguientes apreciaciones. En primer término, con relación al dictamen elaborado por el Cuerpo Médico Forense, advierto que los estudios complementarios realizados al actor resultan insuficientes. Como bien lo señala la recurrente, no se utilizaron técnicas de diagnósticos específicas y relevantes para determinar la existencia o no de las afecciones denunciadas por el actor, ni tampoco se efectuó consideración alguna acerca de las tareas denunciadas en el inicio.

Por su parte, advierto que la perito médica designada de oficio, informó haber tenido en consideración una gran cantidad de antecedentes médico legales obrantes en autos, como por ejemplo: el certificado librado por la Clínica Independencia que da cuenta de la cirugía de columna realizada al actor; las constancias expedidas por las Clínicas Calchaquí e Independencia que permiten comprobar la afección que el mismo padecía; el informe de la resonancia magnética nuclear llevada a cabo el día 11.04.05; la historia clínica del trabajador. Asimismo, a los efectos de cumplir con su cometido, efectuó un exhaustivo examen médico al actor y respondió cada uno de los puntos periciales requeridos por las partes, para finalmente concluir que el Sr. Farías presenta secuelas de hernia de disco operada que le provocan una incapacidad del 35 % de la to (v. fs.350/353).

En orden a tales consideraciones, estimo que las pruebas analizadas permiten que me aparte del informe del Cuerpo Médico Forense, sin que ello implique en modo alguno desconocer la jerarquía de dicho órgano colegiado, sino que en el caso que analizo, la ausencia de estudios especializados, vinculados a la dolencia invocada por el actor, las tareas cumplidas reconocidas y el resto de los antecedentes (médicos, contable y técnico), me conducen, a la luz de lo normado por el art.386 del CPCCN, a aceptar el informe de la Sra. perito médica designada de oficio, por haber sido confeccionado de acuerdo a las pautas del art.472 del CPCCN y, en su mérito, otorgarle valor probatorio (conf. art.477 del CPCCN).

Consecuentemente considero debidamente acreditada la incapacidad atribuida al actor, siendo dable resaltar que nuestro más Alto Tribunal ha señalado que ".los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos. no conforman pautas estrictas que el juzgado debe seguir inevitablemente toda vez que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social." (CSJN "Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA s/ Accidente", del día 21.09.04 A.2652.XXXVIII y "Recurso de Hecho Aróstegui, Pablo Martín c/ Omega ART SA y Pametal Peluso y Compañía SRL", del día 04.08.08, A.436 XL).

IV. También debería prosperar el agravio dirigido a cuestionar que el Sr. Juez de grado haya considerado que no se acreditó el infortunio sufrido por el actor el día 16.03.05.

No comparto la valoración del testimonio del Sr. Juan Francisco Romero. Por el contrario, considero que a lo largo de su declaración -que no fue impugnada por las demandadas- el testigo explicó de manera objetiva las tareas que el actor realizaba, el esfuerzo que las mismas le demandaban y la adopción de posiciones viciosas para su organismo. Según lo manifestado por el deponente, el actor ".realizaba tareas de mecánico. consistían en tareas en general y de trabajos de mucho esfuerzo, esas tareas consistían en trabajar en una fosa bajando las cajas de los colectivos, radiadores, cardan, baterías, desarmaba ruedas que se llaman duales, palieres, etc. el actor estaba parado y realizaba sus tareas parado, esto lo sabe porque el dicente trabajaba en mismo tinglado y los separaba al dicente con el actor tres metros. veía como el actor trabajaba. realizó tareas con el actor como por ejemplo, ayudar a remolcar las cajas al lavadero para que el actor las pueda lavar, lo mismo pasaba con las ruedas, los radiadores y los duales, los radiadores pesaban 20 kilos, las ruedas eran lo que más pesaba alrededor de 80 kilos o un poco más y las baterías pesaban 20 kilos. para llevar esas cosas debía el actor recorrer para llevarlo a la gomería unos 30 o 40 metros, la arrastraba, o la levantaba cuando se le caía y la daba vuelta, las cajas eran bajadas del colectivo con un crique y luego las levantaba el actor a mano. no recibieron cursos de capacitación de Riesgos del trabajo, no le daban elementos de seguridad para trabajar, no le hacían exámenes médicos de ingreso. no le hacían exámenes médicos periódicos."(v.fs. 251/252).

A mi modo de ver, el testimonio trascripto -en lo sustancial- debe ser analizado juntamente con el resto de las pruebas reunidas en autos.

De ese modo, se puede advertir que coincide con la información brindada por el perito ingeniero que intervino en autos, que indicó que ".las tareas del actor consistían en trabajos de mecánica de reparación de vehículos de transporte de la empresa que incluía: a) reparación y cambio de cajas de cambio de los vehículos; b) reparación de sistemas de suspensión; c) reparación de sistemas de frenos; d) reparaciones múltiples de accesorios del motor.".

Asimismo, el experto señaló que ".La mayoría de las tareas se realizan en una fosa de aproximadamente 4x1x2 metros ubicada debajo de un tinglado de estructura metálica con techo de chapas galvanizadas sin paredes en el frente."; que ".las cajas de cambio pesan entre 50 y 60 kg. dependiendo del tipo de vehículo y están almacenadas en estanterías de hierro linderas a la fosa, para efectuar la tarea se sigue el siguiente procedimiento: a) se lleva un carro con ruedas accionado manualmente hasta el lugar de almacenamiento de la caja; b)se coloca la caja en forma manual sobre el carro; c) por medio del carro se lleva la caja hasta la fosa.; d) se toma manualmente la caja y se deja caer dentro de la fosa para luego colocarla en el vehículo."; y que ".las posiciones que debe adoptar el operarios son las siguientes: a) debe agacharse para tomar la caja y arrastrarla hasta el carro (lo hace con ayuda de otro operario); b) debe empujar el carro en forma manual; c) debe nuevamente agacharse para tomar la caja y arrastrarla y dejarla caer en la fosa sobre soporte, para luego colocarla en el vehículo; d) introducido en la fosa trabaja de pie con los brazos levantados, con herramientas manuales de mecánico." (v. fs.288/291).

También resulta concordante la prueba documental aportada por las partes, de la que surge con claridad que la demandada denunció ante la aseguradora codemandada el infortunio sufrido por el actor (v. fs.90 y fs.146/147). De dichas constancias se desprende que ".el actor se encontraba trabajando en la fosa cuando, al empujar un carro, sintió un tirón en la espalda que se irradió hacia sus piernas.", versión que coincide totalmente con la brindada por el actor en el escrito inicial (v. fs.7 y fs.146/147).

Los oficios contestados por la Clínica Calchaquí (v. fs.176), Medical Image (v.fs.195/198), Clínica Independencia (v. fs.200/229) y el peritaje médico (obrante a fs.350/353), no hacen más que corroborar el análisis efectuado. De los mismos se desprende que, mientras estaba cumpliendo sus tareas de mecánica habituales, sufrió una lesión por la que debió ser sometido a una intervención quirúrgica en la columna y le provocó una incapacidad del 35 % de la t.o..

En cuanto al examen preocupacional invocado por la demandada (v. fs.96 bis) y referido por la perito contadora (v.fs.210 pto.3), lo cierto es que la copia que oportunamente se adjuntó al responde (v.fs. fs.88) ha sido expresamente desconocida por el actor a fs.112 y, a pesar de ello, la demandada no instó la producción de ningún medio de prueba tendiente a demostrar su autenticidad. Por ese motivo, estimo que carece de valor probatorio.

Desde tal perspectiva y apreciando estos elementos probatorios, integral y armónicamente y de conformidad a los principios de la sana critica (art.386 del CPCCN), lleva a mi convicción que se encuentra probado el accidente sufrido por el actor.

No obstante y para el hipotético caso de que el análisis efectuado -y sus consecuencias- genere algún tipo de duda -no es mi caso-, debe recordarse que se encuentra vigente la directiva contemplada en el art.9 de la LCT, como expresión del Principio Protectorio consagrado en el art.14 bis de la Constitución Nacional y que mediante la ley 26.428 reestableció la regla de interpretación "in dubio pro operario", para el supuesto de duda en la apreciación de la prueba que originariamente se hallaba consagrada en la Ley 20.744, suprimida en 1976. Asimismo y sólo a mayor abundamiento, estimo preciso destacar que aún cuando no se hubiera demostrado concretamente la mecánica del accidente denunciado en la demanda, cuando el damnificado es un trabajador dependiente y el hecho que produjo el daño, cuya indemnización se demanda, ocurrió en ocasión y lugar del servicio laboral que aquél prestaba a su empleadora, no puede prescindirse, a los fines de la apreciación de la responsabilidad, del principio objetivo que emana del artículo 1113, 2° párr. del Código Civil y, en ese marco, basta que el damnificado pruebe el daño y el contacto con la cosa dañosa para que quede a cargo de la demandada, como dueño o guardián del objeto riesgoso, demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (Conf. CSJN, Fallos 329:2667) (esta Sala, en autos "Gómez Sonia Mabel c/ Neiver SRL y otro s/ Accidente" SD.86.607, del 3/5/11).

Ratifica lo expuesto el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído en la causa "Rodríguez, Ramón c/ Electricidad de Misiones SA", del 21/4/09. Asimismo, el Alto Tribunal ha sostenido que a los fines de la operatividad del art.1113 del Código Civil no cabe imponer al damnificado la carga de probar la configuración del riesgo de la cosa dañosa, pues basta con que el afectado demuestre el daño causado y el contacto con aquella (CSJN, 28/04/92, "Machicote, Ramón Hugo c/ Empresa Rojas S.A.". Fallos 315:854 y sus citas). Resulta además aplicable la doctrina emanada del Fallo Plenario Nro.266 de esta Cámara ("Pérez Martín c/Maprico S.A.", del 27/12/1988), cuando ".en los límites de la responsabilidad establecida por el art.1113 del Código Civil, el daño causado por el esfuerzo desplegado por el trabajador para desplazar una cosa inerte, puede imputarse a riesgo de la cosa." (LL 1989-A-561) (confr. esta Sala in re "Saucedo Miguel Angel c/Proactiva Avellaneda SA y otro s/accidente- acción civil", SD.85.460 del 24/4/09).

En tal inteligencia y a falta de invocación de culpa de la víctima o de un tercero por el cual no debe responder, considero que se encuentran configurados los presupuestos necesarios para que se torne viable el reclamo en los términos del Código Civil.

V. Previo a analizar el planteo de inconstitucionalidad incoado por el actor respecto de algunas normas de la ley 24.557, resulta necesario establecer el quantum de los perjuicios materiales a reparar, pues considero que constituye otro de los aspectos relevantes para determinar si existió o no una vulneración de garantías constitucionales.

A esos fines y para fijar la indemnización mediante la cual se repare en forma integral el daño causado a la persona trabajadora con sustento en las normas del Derecho Civil, no puede utilizarse únicamente fórmulas matemáticas preestablecidas y por ende, tampoco aplicarlas en su individualidad, sino que es necesario tomarlas como un indicio e incluirlas dentro de un cúmulo de circunstancias como el grado y tipo de incapacidad física y psíquica; las consecuencias derivadas de ésta en la actividad que desarrollaba o que desarrolle, su incidencia en la vida de relación; el trabajo realizado; el sexo, la edad a la época del infortunio, el estado civil, las cargas de familia, la expectativa de vida, sin que se pueda omitir que conforme ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación ".no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres" y "..que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos.no conforman pautas estrictas que quien juzga deba seguir inevitablemente pues que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social." (conf. CSJN en autos "Aquino Isacio c/Cargo Servicios Industriales SA s/Accidentes Ley 9688", del 21/9/04 A.2652.XXXVIII y "Recurso de Hecho Arostegui, Pablo Martin c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y Pametal Peluso y Compañía SRL" A.436 XL, del 8/4/08 ).

En orden a tales consideraciones, tendré en cuenta que el damnificado al momento del infortunio contaba con 26 años, las características personales que surgen de las presentes actuaciones, el tipo y grado de afección que presenta, el tiempo de vida útil que le resta permanecer disminuido en el mercado de trabajo y sus perspectivas económicas; que padece una incapacidad laborativa del 35 % to, que se desempeñaba como mecánico y que percibía una remuneración de $1.114,72 mensuales (v. fs.211 I), así como el daño emergente y el lucro cesante en que todo ello se traduce (conf. Sala II CNAT, en autos "Alvez Pereyra Ramón c/ Servicios Forestales El Bosque SRL s/ Accidente" SD.94.182, del 27/4/06, con cita de los fallos de la CSJN "Audicio de Fernández c/ Provincia de Salta" del 4/12/80, "García de Alarcón c/ Provincia de Buenos Aires -Fallos 304:125 y "Badiali c/Gobierno Nacional" LL.24/12/86).

Resta señalar, con respecto a la reparación del daño moral, que resulta procedente de acuerdo a la doctrina emanada del Fallo Plenario Nro.243 de esta Cámara y a lo normado por el art. 1078 del Código Civil., respecto del cual considero que se halla configurado por toda lesión a los sentimientos o afecciones legitima de una persona o por los padecimientos físicos en que se traducen los perjuicios ocasionados por el evento y en definitiva, por la perturbación que de una manera u otra, incidió en la tranquilidad y el ritmo normal del damnificado (C.N.Civ. Sala E, diciembre 9-2004 "Mallon, Salvador Tito c/ Diario Electrónico Satelital SA s/Daños y perjuicios) y para establecer su cuantía, tengo en cuenta las vicisitudes por la que atravesó el trabajador detallado por el perito médico a fs.350/351, la operación de columna a la que fue sometido, la evolución de sus dolencias y la angustia provocada por las secuelas incapacitantes.

Conforme a los parámetros expuestos, estimo que el monto del resarcimiento integral e incapacidad constatada que le corresponde al actor -por la vía civil- asciende a la suma de $288.000.- desglosado en $240.000, en concepto de daño material y $48.000.- de daño moral. A dicho importe, deberán adicionarse los intereses desde el 16.03.05 hasta su efectivo pago conforme la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (Conf. arts.8 de la ley 23.928, 7° de la ley 25.561, Acta Nro. 2357 y Resolución Nro. 8/02 de la CNAT, del 7/5/20 y 30/5/02, respectivamente).

VI. En orden a tales consideraciones, acerca del planteo de inconstitucionalidad del art.39 inc.1° de la LRT, efectuado en el inicio, cabe señalar que la reparación consagrada en la ley de Riesgos del Trabajo no resulta plena y presenta una diferencia cuantitativa de tal magnitud que vulnerara las garantías y principios constitucionales básicos que merecen especial protección (ara. Art. 14 bis, 16, 17, 19, 28, 75 inciso 22 y CC. Constitución Nacional; CSJN en A. 2652. XXXVIII -"Aquino Sacio c/ Cargo Servicios Industriales SA s/Accidente- ley 9.688", sentencia del 21.09.04).

Tal ha sido la orientación jurisprudencial de esta Sala en casos análogos (Conf. "Soto c/ Hipermac" SD.82.067, del 25/10/04), cuando es evidente que en el caso concreto la reparación que otorga la LRT es notablemente inferior a la que se fundamenta en el derecho común, por más que no se trate del supuesto contemplado por el art.1072 del Código Civil. Esta Sala ha considerado que el art.39 inc.1° de la ley 24.557 en cuanto exime a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a sus trabajadores y a los derechohabientes de éstos -con la sola excepción de la derivada del art. 1072 de dicho código- viola la garantía de igualdad ante la ley (art.16 de la Constitución Nacional) y el derecho de propiedad (art.17 de la misma) toda vez que impide que una persona, o sus derechohabientes, por su condición de trabajador, que sufra un daño por culpa de otra o por la cosa riesgosa o peligrosa de propiedad del empleador, acceda a una reparación plena en circunstancias que cualquier otra persona podría obtenerla sobre la base de lo dispuesto en los arts.1113 y 1109 del Código Civil. (conf. "Ugalde Juana Manuela y otros c/ El Cóndor ATSA s/ Ind. por fallecimiento", SD.78.176, del 22/06/01).

En el caso que analizo, surge evidente el perjuicio que se causaría al trabajador de aceptarse la viabilidad de la responsabilidad con sustento en las disposiciones del Código Civil, pues se puede corroborar que el monto que le correspondería percibir, de acuerdo al sistema previsto por la Ley de Riesgos del Trabajo resulta sensiblemente menor a la suma de $240.000 que he propiciado sólo en concepto de indemnización por daño material. En efecto, de acuerdo a lo normado por los arts.12 apartados 1 y 2 y 14 apartado 2° inc. a) el monto según la LRT ascendería a la suma de $47.960,47.- (conf. peritaje contable, v. fs.210 vta.). Por ello, se observa las diferencias sustanciales entre ambos sistemas de reparación.

Consecuentemente, considero que la limitación impuesta por el art.39.1 de la ley citada resulta violatoria de principios amparados por la Carta Magna, limita la reparación de los daños a las prestaciones establecidas en la ley 24.557 y elimina el deber de tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, consecuentemente, propicio admitir el planteo de inconstitucionalidad incoado por el actor y condenar a la empleadora Expreso Nueve de Julio SA, en los términos del art.1113 del Código Civil, por su carácter de propietaria y/o guardiana de la cosa riesgosa productora del accidente.

VII. Resta analizar la situación de la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada. De la lectura del escrito inicial surge que el actor sostiene que Asociart ART SA incurrió en responsabilidad por omisión, debido al incumplimiento de las obligaciones que la ley 24.557 le impone a través de su art.4°, encuadrando su petición en lo normado por los arts.1074, 1068 y 1078 del Código Civil.

Resulta oportuno destacar que la ley 19.587, en su art.4º, determina que la higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores; prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo y estimar y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral (incs. a, b y c). Por su parte, la ley 24.557 establece como objetivo principal reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo (art.1º.1.2.a). Asimismo, conforme ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina SA y otro" (Recurso de hecho, 31/3/09, T.205 XLIV, DT. abril de 2009, pág.468 y sgtes.), entre otros aspectos no menos relevantes, que para lograr el objetivo enunciado, la norma creó un sistema donde la ART tienen una activa participación, de allí que le impuso adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir los riesgos del trabajo y destacando además, que son sujetos coadyudantes para la realización plena de los objetivos de prevención de los infortunios, que tienen raigambre constitucional y sustento en el derecho internacional de los derechos humanos con jerarquía internacional y que las obligaciones que se imponen a las aseguradoras exigen un acabado conocimiento de la específica e intransferible realidad del ámbito laboral, el obrar de éstas sobre dicha realidad, para que se adecue, de ser necesario, a los imperativos de la prevención, incluso mediante la denuncia, todo lo cual constituyen las circunstancias sobre las cuales la Ley de Riesgos del Trabajo formula su apuesta innovadora a favor de la actuación de las ART, como vehículos útiles y apropiados para prevenir los riesgos del trabajo.

Desde tal perspectiva, advierto que Asociart ART SA sólo acompañó algunas constancias de visitas (v.fs.35/36), pero las mismas resultan claramente insuficientes, a los efectos de acreditar el efectivo cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente laboral.

Tampoco se ha demostrado el grado con que abordó la capacitación de los trabajadores de la demandada en materia de Riesgos del Trabajo, Seguridad e Higiene, ni que se hubiera efectuado ningún tipo de actividad preventiva.

Nótese que según lo informado por el perito ingeniero, en el período comprendido entre los años 2000 y 2005, la codemandada realizó sólo cuatro cursos de capacitación, pero no existen constancias de que el actor hubiese participado de los mismos (ver fs.289 pto.d). Asimismo, que no existe documentación que acredite la entrega de elementos de protección al trabajador (ver pto.e).

En definitiva, considero acreditado que la aseguradora no cumplió con sus deberes legales y que dicha omisión resultó jurídicamente relevante para el resultado de los acontecimientos, por lo que se verifica un adecuado nexo de causalidad entre los daños cuya reparación reclama el actor y el incumplimiento de Asociart ART SA. (cfr. arts.902, 904 y 1074 del Código Civil; arg. Sala V, "Nieto José c/Transportadora de Caudales Juncadella S.A. y otro", sentencia del 8/5/2006 y esta Sala in re "Casiva María Antonia p/si y en rep. de sus hijos menores Gisela Guadalupe y Maria del Carmen Mansilla y otro c/Dagward S.A. y otros s/accidente-accion civil", S.D. 83.736 del 18/7/06 y "Rodriguez Iriarte Hugo Ramón c/ Schonfeld mario s/ ley 22250" S.D,. 87193 del 9/11/2011).

Lo cierto es que Asociart ART SA no observó la conducta apropiada y necesaria para lograr el fin propuesto por la LRT, que consiste en la reducción de siniestralidad laboral, a lo que cabe agregar que a partir de la vigencia de la norma citada, tanto las aseguradora como los empleadores están obligados adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, extremo que la CSJN ha sostenido en los autos "Recurso de Hecho Soria, Jorge Luis c/ RA y CES SA y otro" S.1478, XXXIX, del 10/04/2007.

Por las consideraciones expuestas, corresponde revocar lo decidido en origen y hacer extensiva la condena por la reparación integral antes dispuesta en forma solidaria a la codemandada ASOCIART ART SA, quien también deberá responder en la misma medida por las costas de primera instancia.

VIII. En cuanto a las demás alegaciones del memorial recursivo, tengo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (ver Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:230, entre muchos otros) y, con tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración precedentemente realizada.

IX. Atento el nuevo resultado del pleito que propicio y lo normado por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar las costas y honorarios.

En primer término, sugiero que las costas de ambas instancias deberán correr a cargo de las demandadas, vencidas en lo principal (art. 68 del citado dispositivo legal).

Por su parte, estimo que también deberían ser dejados sin efecto los honorarios regulados en origen, fijándose los de la actora, de cada codemandada y los de los peritos ingeniero, médico y contador, en el 16%, 14%, 8%, 8% y 8%, respectivamente, que deberán ser calculados sobre el monto total de condena incluidos los intereses (arts.1, 3, 6, 7, 8, 19, 37 y 38 de la ley 21.839).

Finalmente, propongo regular los correspondientes a las representaciones letradas del actor y de ambas codemandadas, por su actuación en esta instancia, en el 30%, 25% y 25%, respectivamente, de los que en definitiva les correspondiera por su actuación en la anterior etapa. (art.14 de la ley 21.839).

X. En definitiva, de prosperar mi voto, propicio: 1) Revocar la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad del art.39.1 de la ley 24.557 y condenar a Expreso Nueve de Julio SA y Asociart ART SA, a abonar al actor, dentro del quinto día, la suma de $288.000.- con más los intereses fijados en el Considerando V del presente; 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art.279 del CPCCN) y adoptar un nuevo pronunciamiento en materia de costas y honorarios (art.279 del CPCCN), de acuerdo a lo dispuesto en el Considerado anterior.

El Doctor Vilela dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad del art.39.1 de la ley 24.557 y condenar a Expreso Nueve de Julio SA y Asociart ART SA, a abonar al actor, dentro del quinto día, la suma de $288.000.- con más los intereses fijados en el Considerando V; 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art.279 del CPCCN) y adoptar un nuevo pronunciamiento en materia de costas y honorarios (art.279 del CPCCN), de acuerdo a lo dispuesto en el Considerado IX.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara Julio Vilela Jueza de Cámara Juez de Cámara mig. Ante mi:

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.