Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1963-07-08


DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERALáDE LA NACION:

Suprema Corte:

Decide el a quo, luego de extensas consideraciones, que sólo -se encuentran comprendidos en la excepción del art. 39, inc. b), de la ley 11.544- que dispone que "cuando se efectúen por equipos, la duración del trabajo podré ser prolongada más allá de 8 horas por día y de 48 semanales, a condición de que el término medio de las horas de trabajo sobre un período de tres semanas, a lo menos, no exceda de 8 horas por día o 48 semanales"- aquellos trabajos que por la índole del servicio, que prestan no admiten interrupción, estableciendo que en autos no se ha demostrado que los realizados por los actores hayan sido de tal naturaleza. Y resuelto el punto en el sentido indicado -que por lo demás, por tratarse de cuestiones de hecho y prueba y de derecho común, no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria- estimo que no corresponde la consideración del agravio relativo a la interpretación de la Convención sobre limitación de la jornada laboral aprobada por la Primera Conferencia Internacional del Trabajo reunida en Washington en 1919 (ley 11.726), que el apelante juzga errónea.

En lo que respecta a la presunta violación de la garantía de la propiedad sobre la base de la doctrina de la Corte Suprema referente al efecto liberatorio del pago, observo que el apelante invoca concretamente su carácter constitucional, por primera vez, en ocasión de la interposición del recurso extraordinario de fs. 308, por lo que no estando comprendida dicha cuestión en la reserva del caso federal hecha en oportunidad de la contestación de la demanda (ver escrito de fs. 67/75), pienso que tal omisión obsta a su consideración por-V. E. (Fallos: 249: 538 y 683; 250: 342 y 464 y los allí citados, y posteriormente en las causas "Arraigada, Pedro .J. y otros c/ Hilanderías Gaby Salomón s/ dif. de salarios" y "Calderone, Ernesto y otros c/ Textil Yute S. A. s/ cobro de salarios", sentencias ambas del 3 de agosto de 1962).

En cuanto a la tacha de arbitrariedad que igualmente se formula, me parece claro que no puede prosperar en razón) de que, cualquiera sea su acierto o error, la sentencia apelada no carece de fundamentos en medida que autorice su descalificación como acto judicial (Fallos: 250: 205, 306, 312, 488, 744 y 867; 252: 94 y muchos otros).

A mérito de lo expuesto considero que el recurso extraordinario intentado es improcedente, y que corresponde, en consecuencia, declarar que ha sido mal concedido a fs. 354 vta. por el a quo. - Buenos Aires, 20 de marzo de 1963. - Ramón Lascano.

á FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 8 de julio de 1963.

Vistos los autos: "Abraham, Domingo Ángel y otros c/ Ducilo S. A. s/ dif. de salarios".

Y considerando:

1º) Que las cuestiones decididas por la sentencia de fs. 288 son de hecho, y de derecho común, insusceptibles como tales de revisión en la instancia extraordinaria.

2º) Que, además, tratándose de un fallo suficientemente fundado, no es admisible la tacha de arbitrariedad, con el alcance de la jurisprudencia establecida sobre la materia y con prescindencia del acierto o error del fallo en la causa.

3º) Que, con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte, la invocación de la ley 11.726, aprobatoria de la Convención de Washington de 1919, no "autoriza la modificación del pronunciamiento.

4º) Que, en efecto, como se ha resuelto en Fallos: 216:395 y, análogamente, en Fallos: 186:268 y 249:677, la inclusión en tales convenciones de una cláusula como la que lleva el nº XIX y con arreglo a la cual cada miembro que ratifique la convención se obliga a aplicarla desde cierta fecha "ya adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas sus disposiciones", condiciona la incorporación de las normas del Tratado a una ley que lo haga efectivo.

5º) Que de lo expuesto se sigue que el caso ha sido resuelto con base en la ley común 11.544 y sus decretos reglamentarios y que la ley 11.726 no justifica la intervención del Tribunal en la causa. No habiéndose presentado razones aptas para la prescindencia de esta doctrina, la sola referencia a la Convención de Washington-resulta insustancial a los fines del otorgamiento de la apelación -Fallos: 248:189 y otros-.

6º) Que median, además, las razones concordantes del dictamen del Señor Procurador General, con arreglo a las cuales el recurso extraordinario deducido a fs. 308 debe declararse improcedente.

Por ello, y lo dictaminado por el Señor Procurador General, se declara improcedente el recurso extraordinario deducido a fs. 308. - Benjamín Villegas Basavilbaso - Aristóbulo D. Aráoz de Lamadrid - Ricardo Colombres - Esteban Imaz - José F. Bidau.