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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, contratos, rescisión del contrato, extinción del contrato de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: BURLANDO, JUAN CARLOS E IMHOFF DE BURLANDO, MARIA c/ DEMARCHI, JOSE MARIA Y LORENTE, GLORIA s/ ORDINARIO     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 169-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-14

Corresponde rechazar la queja, si del desarrollo de los agravios, en su confrontación con los fundamentos de la sentencia impugnada surge que no obstante la tacha de arbitrariedad, en los planteos del perdidoso prima la disconformidad con lo resuelto por los juzgadores en ejercicio de funciones propias, sobre cuestiones de hecho, prueba y derecho común, que escapan a la materia específica del recurso de inconstitucionalidad.

En el caso, no se advierte que el fallo incurra en contradicción con la materia de la litis, con las constancias de autos, los hechos analizados y el derecho aplicable, ya que de su simple lectura se colige que la solución propiciada por la Cámara -al descartar la nulidad del contrato de compra-venta y concluir, en la existencia de rescisión por distracto o por mutuo disenso mediante una manifestación de voluntad exteriorizada de un modo atípico, eliminando ambos contratantes las firmas del documento-, deriva razonadamente de la aplicación del derecho común (invoca, entre otros, los artículos 1200, 1198 y 812 del Código Civil) a los hechos comprobados de la causa en base a un análisis pormenorizado de la demanda, responde, expresión de agravios, contestación y pruebas admitidas.
Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-16


NEUQUEN, 16 de Diciembre del año 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "VASQUEZ CARLOS ALBERTO C/ QUINTANA NELLY Y OTROS S/ PRESCRIPCION" (Expte. Nº 433930/2010) venidos en apelación del JUZGADO CIVIL N° 1 a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, CONSIDERANDO:

Viene la presente causa a estudio en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora contra la resolución de fojas 144/145 que declara la caducidad de la instancia.

En los agravios de fojas 150/151, manifiesta la accionante que se ha declarado la caducidad de la instancia por no considerar acto impulsorio el pedido de desarchivo de las actuaciones, así como el acuerdo extrajudicial celebrado entre su parte y los codemandados. Peticiona de revoque el decisorio atacado con costas a la contraria.

Analizada la cuestión, se adelanta que el recurso no ha de prosperar.

En efecto: analizada la causa se observa que ante el planteo de caducidad de la instancia, el juzgado ordena el desarchivo de los obrados, actuación que la actora pretende hacer valer como interruptiva de la caducidad.

Esta Cámara ha sostenido que para interrumpir el curso de la perención de la instancia basta el propósito del litigante de mantener vivo el proceso, materializado mediante una expresa y concreta actuación tendiente a lograr la prosecución de la relación procesal, independientemente de que efectivamente lo logre o no (Conf. PI.1995- Tº II- Fº 208/209-Sala II; PI T°II F°237/238 AÑO 2011 SALA III, entre otros).

Ello así, cabe destacar -aunque en el caso se ordenó de oficio- que el pedido de desarchivo del expediente, no constituye de por sí un acto capaz de purgar la perención cumplida puesto que no produce un impulso procesal idóneo, por cuanto en sí no modifica ni tiende a adelantar el estadio anterior del proceso.

Se ha dicho:

"La petición de desarchivo de un expediente para proseguir el juicio, por sí sola no implica impulsar el desarrollo de la instancia, pues es externa y ajena a los propios trámites del proceso civil" (LDT CASACION (Nº Fallo 64199220) (Ubicacion S091-N15) (Nº Expediente 25547) 03/11/64 - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CIRCUNS.: 1 SALA: 1).

Por otra parte, pretende el quejoso otorgarle virtualidad interruptiva al acuerdo celebrado extrajudicialmente en mayo de 2012, y que recién se presenta en el responde del planteo de caducidad a fs. 138/139, pero en dicho instrumento no tuvo intervención la que aquí plantea la perención Por lo expuesto, se impone confirmar la caducidad decretada en la anterior instancia, con costas a la recurrente perdidosa -art. 68 del CPCyC-.

Por ello, esta Sala III RESUELVE:

1.- Confirmar la resolución de fs. 144/145, en lo que ha sido materia de recurso y agravios.

2.- Costas de Alzada a la actora.

3.- Regístrese, notifíquese y vuelvan los autos al juzgado de origen.

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA.
Organismos previsionales, costas, exención de costas, ley vigente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: VERA, Miguel Angel c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-20

No corresponde la imposición de costas a los Organismos Previsionales ya que, habiendo sido vetado el art. 11 de la ley 23.473 por el Decreto 2312/86, mantiene vigencia el art. 1 de la ley 18.477 que los exime de las mismas.
Recurso de revisión (procesal), competencia
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ REYNA, CARLOS s/ RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-16

El Tribunal que dictó la sentencia definitiva abarcativa de todas las anteriores, es al que corresponde intervenir en el recurso de revisión interpuesto.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Oliva, Adela y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Medida   cautelar innovativa (Expte. CSJ Nº 529-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-09

Aún cuando la causa arribe a los estrados de la Corte por remisión de la justicia ordinaria (y no a su requerimiento), se encuentra habilitada para pronunciarse sobre si el caso corresponde a su competencia contencioso administrativa, cuando en su sede se dio suficiente oportunidad a las partes para pronunciarse al respecto.
Personal municipal, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CANTEROS OLEGARIO c/ MUNICIPALIDAD DE SALADAS s/ DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA"EXPTE. N9092/93
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-11-27

Para la aplicación de la cesantía el art. 171 del régimen del Empleado Municipal prevee que esta sanción ser aplicable previa instrucción sumaria.Este procedimiento está resguardando el derecho de defensa de la parte y la facultad de investigación del Municipio para lograr la verdad real.
Daños y perjuicios, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bavaud, José M. y otro c/ López, Sol y otra s/ Indemnización daños y perjuicios Ragone, Miguel R. y otro c/ Virgili, Héctor O. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16|1986-12-18

En los juicios por "daños y perjuicios" el éxito parcial de la demanda no obsta a que las costas se impongan íntegramente a la accionada máxime que los honorarios habrán de calcularse sobre el importe por el que en definitiva prospera la acción.-
Excarcelación, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MARTINEZ, HORACIO IGNACIO s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1978-04-27

Si la calificación legal contenida en el auto denegatorio de excarcelación no fue punto específico de agravio en el acto impugnativo, la Cámara de Acusación carece de competencia funcional para tratar la modificación de la calificación legal pretendida por el apelante en el informe del art. 488 C.P.P. (C.P.P., art. 471 y 478).-
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Anchou Eduardo c/ Santandreu Etelvina s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-26

Cuando son varios quienes han contribuido concausalmente a la producción del hecho y se ha distribuido en sentencia la responsabilidad en forma proporcional, siendo entre sí terceros por quien no deben responder recíprocamente, no juega la solidaridad sino la eximente de responsabilidad prevista en el art. 1.113 del Código Civil, cabiendo liberar a cada uno, respecto de la víctima, en la cuota parte de responsabilidad atribuida al otro.
Responsabilidad de la obra social, acción de amparo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A.P.A. c/ O.S.P.R.E.R.A. y Otro s/ Amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-15

Con la integración de ambas leyes se estaría ampliando la protección de una persona trabajadora y afiliada a una Obra Social (en este caso OSPRERA) frente a una situación especial, el conflicto que pueda suscitarse entre la Obra Social y la ART no puede ir en detrimento de los derechos del afiliado pues se estaría vulnerando principios constitucionales.

En síntesis: la obra social no queda relevada de sus obligaciones por la responsabilidad que la ley prevé para la ART. Por ende la invocación genérica del art. 20 de la ley 24.557 no basta para rechazar la acción en su contra. Teniendo en cuenta los valores reconocidos, se advierte que la obra social en primer lugar debió haber puesto a disposición del afiliado las entidades que se encontraban en condiciones de brindar las prestaciones que le fueron prescriptas al enfermo y requeridas mediante las cartas documentos y luego eventualmente, repetir lo abonado del empleador o de la ART, según fuera el caso.
Contrato de trabajo, conciliación, revisión judicial, nulidad del acto jurídico
Materia: LABORAL
Carátula: SALTO LUCIANA BEATRIZ Y OTRAS c/ HOGAR GERIÁTRICO VIDA Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-10

Si de los acuerdos suscriptos por las partes y homologados por el Ministerio de Trabajo surgen violaciones al orden público que implican la renuncia de derechos (art. 12 LCT), tales actos no sólo pueden ser cuestionados por las vías previstas en la ley 19549 o mediante redargución de falsedad, sino que, al no haber una justa composición de los derechos e intereses de las partes (art. 15 LCT), pueden ser declarados inválidos por el juez competente -art. 1047 CCiv-.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Cuestas c/ El Productor (Expte. Nº 070/07) s/ Ejecución de Honorarios Dra. Alcazar s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-07-07

Se interpone recurso de casación en contra de la sentencia interlocutoria dictada por la cámara de apelaciones que no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la ejecutante, confirmando la sentencia del juez de grado que rechaza el incidente de impugnación de planilla.

La recurrente sostiene que la sentencia ha incurrido en error en la valoración de los honorarios profesionales que le corresponde percibir por su actuación en la causa y los gastos efectuados, por lo que solicita su revisión.

Corresponde en primer término analizar las actuaciones conforme las disposiciones de la Acordada 4070/08 dictada por este Tribunal en la que expresamente dispone los recaudos formales que debe contener la presentación del recurso a los fines de su viabilidad.

En ese orden se observa en relación a lo dispuesto en el Art. 2º- f) que no determinó la fecha de notificación de la sentencia que pretende impugnar; h) tampoco el valor de la cuestión traída a debate resultando de la lectura del memorial un valor inferior al establecido como límite para acceder al recurso de casación. Art. 3º a) no demostró que la sentencia sea definitiva o equiparable a tal; 3º b) si bien enunció en la carátula que el recurso se asienta en las tres causales de casación, no ha desarrollado ninguna de ellas; 3º c) no contiene el relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes de la causa, especialmente de los fundamentos del fallo, lo que demuestra que no se basta a sí mismo; 3º d) carece del capítulo correspondiente a la crítica del fallo; 3º e) no ha efectuado un desarrollo independiente de cada una de las causales invocadas ni ha refutado todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión recurrida en relación a las causales que motivaron el recurso, lo que conlleva una falta de fundamentación autónoma evidente.

De lo que surge que el recurso no satisface mínimamente los requisitos formales necesarios para su viabilidad, por lo que corresponde declarar inoficiosa la presentación efectuada. Con costas a la recurrente.
Empleo público, personal contratado, tareas de limpieza, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: GOETT, Silvia c/ INST. NAC. DE OBRAS SOC. P/ EL PERSONAL DE LA ADMN. PUB. NACIONAL s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-11

No resulta aplicable la doctrina emanada del fallo de Corte "Leroux de Emede, Patricia C/ Municipalidad de Bs As" (30/4/91. DT 1991-B- 1847) al caso de una empleada contratada por la Adm. Pública Nacional para desempeñarse en tareas de limpieza, con las características propias de la celebración de contratos en el ámbito privado y sin la existencia de la resolución administrativa correspondiente.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, contaminación ambiental, responsabilidad del Estado, litisconsorcio, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Ecológica Social de Pesca, Caza y Náutica c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-12

No procede la competencia originaria de la Corte ratione personae,si la acumulación subjetiva de pretensiones que intenta efectuar la actora contra la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional por daños derivados por la contaminación ambiental es inadmisible, toda vez que ninguno de ellos es aforado en forma autónoma a esta instancia, ni existen motivos suficientes para concluir en que dicho litisconsorcio pasivo sea necesario en los términos del art. 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y el hecho de que se atribuya responsabiidad al Estado Nacional, sobre la base del art. 9º de la ley 24.145, no exige que ambas cuestiones deban ser acumuladas en un único proceso.
Robo de automotor, motocicleta, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: DI PIETRO, Adrián s/ Causa 2.600
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-24

Disidencia del Dr. Escobar:No resulta ajustado al principio de legalidad la inclusión de los ciclomotores al régimen del decreto-ley 6582/58, en base a la resolución ministerial 586/88, ya que no se puede por esa vía ampliar el tipo penal, al no tratarse de un caso de ley penal en blanco y máxime cuando la ampliación la asume el Secretario de Justicia en nombre del Poder Ejecutivo.
Cuidado personal compartido, plan de parentalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G.,, A. c/ C., M. V. s/ Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

El menor que la incidencia involucra y cuya tranquilidad, en las más diversas áreas donde su personalidad puede exteriorizarse, debe concitar la preocupación concurrente de las partes, sus letrados y del Estado Provincial que interviene, en este caso, mediante la actuación del Poder Judicial. (Minoría u opinión personal)
Renuncia al empleo, extinción por mutuo acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: Cilia, Ricardo Heraldo c/ Asociación Ayuda Mutual y Acción Social All y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-12-15

La circunstancia de que el empleador le hubiere propuesto al trabajador una negociación encaminada a lograr su renuncia no puede considerarse como un despido, acto que se ocultó bajo la apariencia de una `renuncia´, ya que este no estaba obligado a aceptar la propuesta que se le había formulado.
Usurpación de inmueble, despojo, cambio de cerradura
Materia: PENAL
Carátula: Fernández Chamorro, Guillermo s/ Usurpación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-06

La conducta de quien, para impedir el ingreso a un local, cambió la cerradura de la puerta es atípica, toda vez que el delito de usurpación previsto en el art. 181 del C.P. exige que la violencia sea utilizada como medio para ocupar un inmueble.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, acceso a la justicia, normas operativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Urdiales, Susana Magdalena c/ Cossarini, Franco y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

El derecho al acceso a la justicia es un derecho operativo que es una natural derivación del derecho a la defensa en juicio, y que encierra una potestad que se desarrolla en varios y sucesivos momentos: derecho de acceder al órgano judicial; de deducir las pretensiones; de producir pruebas; de obtener un pronunciamiento justo y de ejecutarlo y de recurrir a las instancias superiores para obtener una revisión de lo decidido (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Inscripción registral, registro de la propiedad inmueble, escribanos públicos, obligaciones del escribano
Materia: CIVIL
Carátula: SILBERGLEIT  FERNANDO MARTIN Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIODE JUSTICIA S/ s/ AÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

Corresponde abonar a los actores la suma de $ 60.000, correspondiente al precio de lo pagado por el inmueble (conf.

copia de la escritura y la suma de $ 2.256 en concepto de honorarios y gastos del escribano interviniente. Este último, es también un daño que es consecuencia inmediata del incumplimiento del Registro (art. 901 y 1109 del Código Civil), siendo procedente que también integre la indemnización. En lo que atañe al cómputo de intereses, en supuestos como el de autos, la interpelación deviene superflua, pues la mora se produce desde el momento en que se consuma el daño (conf. Sala III del fuero, 03/02/09, "Soberon c/ Gendarmería Nacional"). Dadas las particularidades del caso, corresponde fijar el inicio del cómputo de los intereses a partir del momento en que se efectuó el pago del precio del inmueble en cuestión, es decir el 27.02.1998.
Prescripción, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ADM. CORTESE DE SAULI c/ SEGUNDO LLANOS s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S083 - 449)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-11-24

El hecho de que los daños y perjuicios se determinen de acuerdo al término de la demora en restituir conforme lo expresamente pactado por las partes, en modo alguno ello cambia la naturaleza de la obligación. No se confrontan consiguientemente "atrasos" en el pago de "arriendos" o de obligaciones que deben pagarse o cobrarse por años o plazos periódicos más cortos. Sino que el tiempo transcurrido aquí determina el quantum de los daños y perjuicios ocasionados por la indebida retención y la acción para reclamar la suma adeudada resultante no es sino "la acción personal por la deuda exigible" originada por el incumplimiento contractual y que consiguientemente vence a los diez años de producidos aquéllos.
Relación de dependencia, comisiones
Materia: LABORAL
Carátula: González Cabrera, José Hugo c/ Cafés La Virginia S.A. y/o quien resulte responsable s/ Reintegro de descuento, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-08-28

Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del A-quo que lo condena a abonar comisiones por cobranza, entendiendo que es aplicable al caso el Convenio Colectivo de Trabajo 97/90. Ello así, ya que dicho convenio no es aplicable al sub-júdice, habida cuenta que la categoría específica de chofer repartidor que detentaba el actor, no está referida en dicha Convención Colectiva, la actividad de trabajadores a que se refiere el mismo está circunscripta a corredores y/o vendedores exclusivos; vendedores y repartidores exclusivos y cobradores exclusivos de la industria de la alimentación. En cambio la actividad de chofer sí está comprendida en la Convención Colectiva Nro.89/90 genéricamente aplicable a obreros y empleados de la industria de la alimentación, dentro de los cuales está específicamente la categoría de choferes y más precisamente la de choferes repartidores, en manera alguna puede considerarse que la tarea de chofer sea subsidiaria de la de cobro, puesto que este servicio sobreviene a consecuencia de aquél otro, motivo por el cual, al no haberse convenido la comisión o retribución extra en forma expresa, la misma no resulta procedente, por lo menos sin menoscabo de la voluntad de las partes. En la esfera de la Ley de Contrato de Trabajo (20744), es necesario que la comisión por cobranza sea pactada expresamente para que se devengue.
Poder Judicial, funcionarios judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carretto, Pedro J. c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-01

El Poder Legislativo a través de la ley 10.620, ha fijado como pauta general la contraprestación que debe percibir el profesional que experimente un bloqueo de su título profesional en razón de las tareas que desempeña en relación de dependencia, atento la inhabilidad legal que se puede generar por la oposición entre los intereses entre los agentes y los de la administración o ente privado al que pertenezca, más dicho texto resulta impreciso, incompleto y necesitado de una regulación posterior que integre en cada ámbito a los que se refiere los aspectos antes señalados pues, de otro modo, carece de operatividad inmediata. (Minoría u opinión personal)
Excarcelación, cauciones
Materia: PENAL
Carátula: CHAVEZ, Victor M. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-07-06

La circunstancia que anota el a-quo en el sentido de que en la sub -causa aparece prima-facie que en caso de condena la misma podrá dejarse en suspenso en cuanto a su ejecución, no implica como consecuencia ineludible y necesaria que la libertad caucionada que se dispone, lo sea bajo el simple juramento del encausado de someterse a sus obligaciones dentro del proceso, emergente de su condición de tal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruiz, Gisella Elizabeth s/ av. lesiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-26

La mera circunstancia de que un delito tenga lugar dentro del perímetro reservado exclusivamente al Estado Nacional no atribuye, por sí, competencia al fuero de excepción si aquél no afecta intereses federales o la prestación del establecimiento nacional. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Control de legalidad, Consejo de la Magistratura, concurso de cargos judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Acosta, Guillermo José c/ Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-22

La revisión de los actos del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán, en el marco de los procedimientos de selección de los candidatos a jueces, queda limitada al control de legalidad y a comprobar la existencia de transgresiones -de suficiente nitidez y gravedad-, a la normativa aplicable, es decir, al control de legalidad de los actos emitidos dentro de los procedimientos de selección de magistrados, y a comprobar la existencia de infracciones, lo que en modo alguno implica desconocer las atribuciones asignadas al CAM para arbitrar los procedimientos encaminados a valorar las cualidades científicas, éticas y profesionales de los candidatos a cubrir cargos judiciales, así como del compromiso de ellos con los valores esenciales del Estado democrático de derecho (del voto en disidencia del Dr. Posse).