Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-04-06


En la ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los seis días del mes de Abril del año dos mil once, se reúnen Ss. Ss. los Señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Cristina Irene Leiva, María Laura Niveyro, Jorge Antonio Rojas, Sergio César Santiago, Humberto Augusto Schiavoni, Ramona Bea-triz Velázquez y Froilán Zarza, bajo la Presidencia del Dr. Roberto Rubén Uset, a fin de considerar los autos caratulados: "EXPTE. N° 88-STJ-2010 - DEFENSORA EN LO CORREC. Y DE MENORES Nº 1 DE LA IIª CIRC. JUD. DRA. F. TERESA GOMEZ DE ROTH s/ RECURSO de CASACIÓN en AUTOS: "EXPTE. Nº 281/2007 - M., H. I. . s/ ROBO CALIFICADO POR HABER COMETIDO EN PO-BLADO Y EN BANDA .".- De acuerdo con el sorteo realizado correspon-de votar a los Señores Ministros en el siguiente orden: 1) Dra. Cristina Irene Leiva, 2) Dr. Sergio César Santiago, 3) Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, 4) Dr. Roberto Rubén Uset, 5) Dra. María Laura Niveyro, 6) Dr. Humberto Augusto Schiavoni, 7) Dr. Froilán Zarza, 8) Dr. Jorge Antonio Rojas y 9) Dra. Ramona Beatriz Velázquez.- Concedida la palabra a la Dra. Cristina Irene Leiva, dijo:

Por Resolución Nº 190 del 07 de Julio de 2010 de fs. 142/144, se declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 131/133, por la Dra. Teresa Gómez de Roth, defensora oficial de Héctor Isaías Moraez, contra la sentencia condenatoria de fecha 23 de Septiembre de 2.009, obrante a fs. 125/129 dictada por el Tribunal Penal Nº 1 de la IIª Circunscripción Judicial, que resolvió condenar a Héc-tor Isaías Moraez a la pena de cuatro años de prisión, como autor penal-mente responsable del delito de Robo calificado en Poblado y en Banda y con la Participación de un menor (Art. 167 inc. 2º y 41 quater del Código Penal).- El remedio procesal impetrado fue mantenido en esta instancia a fs. 136, habiendo dictaminado a fs. 139 el Sr. Procura-dor General, quedando la causa en condiciones de ser resuelta.- En lo concerniente a los fundamentos de la ca-sación articulada, la Sra. Defensora señala en primer término que: "Al es-tar del Acta de Debate obrante a fs. 124/129 quedó plasmada la irregula-ridad, puesto que la Sra. Fiscal actuante en uso de las facultades que le otorga el art. 382 del C.P.P., amplió el Requerimiento Fiscal, solicitando una agravante a la calificación inicial, cual fue la intervención en el hecho de un menor de 18 años, de acuerdo al Art. 41 quater del C.P., que agra-va la pena inicial del delito de Robo Calificado en Poblado y en Banda".- Refiere al procedimiento establecido en la se-gunda parte del citado art. 382 del C.P.P., señalando que el Tribunal no informó al defensor del imputado de su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa, "y a continua-ción presidencia concede la palabra para que exprese sus conclusiones" (fs. 131 vta.).- Que de esta manera, entiende se han violado normas del derecho a la defensa y del debido proceso, cuando la obliga-ción de informar está expresamente establecida en el C.P.P., bajo pena de nulidad.- Sigue diciendo que la situación es grave por-que de haber sido condenado su defendido al mínimo por el delito origi-nal, podía haber quedado la pena en suspenso (tres años) conforme al art. 26 del C.P., pero en este caso con la agravante, de la cual no se co-rrió vista a la defensa, se aumenta un año y el mínimo posible es de cua-tro años, no permitiendo de esta forma que la condena sea otorgada en suspenso, debiendo su defendido ser privado de su libertad.- De otro lado, entiende que el Tribunal resuelve condenar a su defendido, pese a que a su criterio no existen pruebas que arrojen certeza en la culpabilidad del mismo, expresando que son los di-chos del denunciante sin corroboración alguna con otra prueba, y que ni los acompañantes del denunciante declaran igual. Seguidamente refiere a los dichos del denunciante y testigos, alegando que en el caso no se des-truyó el estado de inocencia del que goza todo ciudadano.- Ahora bien, entrando a analizar los planteos esgrimidos por la recurrente, en primer término me referiré a la ampliación del requerimiento de elevación a juicio cuya validez cuestiona. Al respec-to, advierto a fs. 122 vta., que una vez finalizadas las conclusiones de la Sra. Fiscal, el Presidente del Tribunal le concede la palabra a la Sra. De-fensora, quedando de este modo resguardado el derecho de defensa, toda vez que sin desconocer las formalidades que exige la letra del artícu-lo 382 del C.P.P., la Defensora estuvo en condiciones de hacer uso de su derecho a solicitar la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa, derecho que no ejercitó pese a tener conocimiento del mismo, resultando insuficiente pretender justificar su omisión en esta instancia, alegando que el Presidente del debate le concedió la palabra para que emita sus conclusiones, circunstancia que no la limitaba para hacer uso del derecho que le otorga la ley.- En efecto, el Tribunal Penal Nº 1 en oportuni-dad de tratar el Recurso de Casación interpuesto a fs. 131/132, destacó que: "...en oportunidad de serle concedida la palabra a la Sra. Defensora, la misma no efectuó cuestionamiento alguno, pasando directamente a desarrollar la defensa sin efectuar ninguna objeción" (ver fs. 134 vta.).- De lo expuesto precedentemente, se evidencia que no existió violación al derecho de defensa que justifique la declara-ción de nulidad solicitada por la Sra. Defensora, desde que más allá de las formalidades exigidas por la norma, no se advierte que la defensa del imputado no haya podido ejercer su derecho a favor del mismo, por lo que no existiendo violación a garantía constitucional alguna, entiendo que una declaración de nulidad por parte de este Alto Cuerpo, devendría en la nu-lidad por la nulidad misma, máxime porque lo invocado por la quejosa trasunta un rigorismo formal, que no reviste entidad suficiente que confi-gure irregularidad pasible de nulidad.- En cuanto al agravio referido a la pena en sus-penso que pudo haber impuesto el Tribunal, entiendo que se trata de una hipótesis de la defensa que no se condice con la realidad, por cuanto la nueva calificación legal sostenida por el Ministerio Público, no es pasible de condena en suspenso, y además mal puede plantearla ahora porque fue conocida por ella y no formuló planteo alguno al respecto durante la audiencia de debate.- Asimismo cabe aclarar que, la circunstancia de que al imputado se lo prive de su libertad, no se debe a que no se le haya "corrido vista" a la defensora como expresamente lo sostiene en su escrito recursivo a fs. 131 vta., sino, a la consecuencia jurídica establecida en un precepto legal ante la conducta que desplegó Héctor Isaías Moraez, se-gún lo entendió el Tribunal.- La privación de la libertad no obedece ni es consecuencia de cuestiones de forma en el desenvolvimiento del debate, sino que responde a la aplicación de la ley penal de fondo por parte de los jueces del Tribunal, como consecuencia de la realización de un proceso válido, por lo cual descarto el planteo que sobre el punto efectúa la recu-rrente.- Finalmente, en lo que hace a la valoración que efectuó el Tribunal de las declaraciones testimoniales, cabe destacar que la apreciación de la prueba constituye en principio facultad exclusiva de los jueces del tribunal y por ende ajena a esta instancia extraordinaria, salvo supuesto de arbitrariedad, que en el caso no se advierte y tampoco ha sido demostrado por la recurrente, máxime porque los Magistrados no han efectuado una valoración caprichosa de las pruebas recibidas en el debate, sino que han realizado una valoración integral de las pruebas aportadas a la causa, entre otras, de las declaraciones del denunciante Ortellado y de los testigos Stelter y Juatoff, -que según sostienen los pro-pios magistrados-, son coincidentes y corroboran a su vez los dichos del denunciante en cuanto a la autoría por parte de Moraez en el hecho (ver fs. 126 vta.).- Asimismo, el acta de inspección ocular y el croquis ilustrativo del lugar del hecho también fueron valorados y espe-cialmente tenidos en cuenta por los sentenciantes, destacándose a fs. 126 in fine la relación directa que guardan dichas pruebas con los dichos del denunciante.- Con lo expuesto precedentemente se advierte que lo alegado por la recurrente respecto a la valoración de las pruebas testimoniales y lo expresado por el denunciante no se condice con las constancias del debate, ni de la sentencia.- En mérito a los fundamentos expuestos consi-dero que, la sentencia en crisis se encuentra debidamente fundada, y re-sulta ser derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las cir-cunstancias comprobadas de la causa.- Por todo lo expuesto, voto por el rechazo del recurso interpuesto.- Concedida la palabra a los Dres. Sergio Cé-sar Santiago, Roberto Rubén Uset, Humberto Augusto Schiavoni, Froilán Zarza, Jorge Antonio Rojas, Ramona Beatriz Velázquez y María Laura Niveyro, dijeron:

Que adhieren al voto que antecede.- Por Secretaría, se deja constancia que no suscribe la presente el Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, por encon-trarse en uso de licencia (Art. 44 Ley IV - Nº 15 - antes Decreto Ley Nº 1550/82).- Por ello, y siendo concordante la opinión de la mayoría (Art. 41 Ley IV - Nº 15 - antes Decreto Ley Nº 1550/82);

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA R E S U E L V E:

I) RECHAZAR EL RECURSO DE CASACIÓN planteado en autos, por los fundamentos expuestos en los consideran-dos.- II) REGÍSTRESE, cópiese, notifíquese y opor-tunamente vuelvan los autos a origen, oficiándose a tales efectos.- d.s.