marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, derechos exclusivos de comercialización
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Asociación del Fútbol Argentino  c/ Worldeleven Inc y otro  s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-03

Cabe confirmar la medida dictada que ordenó a los demandados a abstenerse de llevar a cabo cualquier actividad que permita vincularla con la demandante, en tanto se centra en la necesidad de resguardar los derechos que hacen al nombre, la trayectoria, el prestigio y la marca de la actora. Ello por cuanto, se encontró demostrado que pese a la existencia de la ruptura contractual del contrato de franquicia suscripto por las partes, la demandada continuaba utilizando y gozando, sin autorización, de los derechos de propiedad intelectual exclusivos de la Asociación. Bajo tales premisas, la pretensión de marras no debió ser atendida como una medida autosatisfactiva que se agota con su despacho, sin que resulte necesario el inicio de una ulterior acción principal, puesto que la propia actora reiteradamente señaló, tanto en el escrito inicial como en la contestación de los agravios, que cada uno de los incumplimientos y alegaciones controvertidas debían ser analizadas en el juicio ordinario posterior que su parte habría de promover. En tales condiciones, es claro que, dado el estado de la controversia instalada a partir del planteo recursivo y su sustanciación, no cabe aquí tener por probada, de modo definitivo, la legitimidad de la resolución del contrato de franquicia que vinculó a las partes.
Rechazo de la demanda, incumplimiento del contrato, defectos de fabricación
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ionar SA  c/ Outokumpu Fortinox SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-10

Cabe rechazar la demanda por incumplimiento contractual. Ello por cuanto, en el caso, no surge que se haya indicado a la accionada que los materiales solicitadas iban a ser aplicadas para la fabricación de un aparato de precisión, cuestión que se estimaría como esencial en aras a anoticiar a las partes si el material debía reunir un proceso especial adecuado para tal fin. No resultó probada la existencia de una diferencia en la calidad de la cosa ofrecida con la finalmente entregada; tampoco resultó acreditado que las alegadas "fallas" hayan tenido su origen en la existencia de un vicio o defecto oculto ni que haya habido mala fe o dolo en el vendedor conforme lo prescribe el CCIV 2176. Se concluye, pues, que el material solicitado a la demandada no fue el adecuado para elaborar este tipo de elementos de precisión, es decir, lo que existió fue un error en la cualidad accidental de la cosa.
Confirmación de sentencia, contrato de trabajo a plazo fijo, contrato de trabajo por tiempo indeterminado, falta de prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Lezcano Monzón Liliana c/ Sanatorio Otamendi y Miroli SA  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-30

La Jueza "a quo" consideró que no surgen demostradas las circunstancias objetivas que justificaran la instrumentación de un contrato a plazo fijo y por ello se agravia la accionada. La actora cumplió tareas comunes y normales y formó parte del desenvolvimiento de la actividad habitual del establecimiento sanitario accionado, quien la incorporó a su estructura organizativa a través de los sucesivos contratos de trabajo a plazo fijo, que transformaron la vinculación en una por tiempo indeterminado (conf. art. 90, 2° párrafo de la LCT). Toda vez que no existen en el pleito elementos de prueba válidos que justifiquen la especial modalidad de contratación pretendida por el sanatorio demandado, el contrato de trabajo celebrado por la actora con la institución sanitaria debe calificarse como de tiempo indeterminado. Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Intereses, declaración de inconstitucionalidad, monto del juicio
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Demoy, Susana Beatriz c/ Travel Rock SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-24

La accionada cuestiona lo dispuesto en grado en materia de intereses con arreglo a lo dispuesto en el acta CNAT 2674/22. Resulta pertinente revisar lo decidido en grado en el punto, declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7° ley 23.928 y 4° de la ley 25.561 por inconstitucionalidad sobreviniente y disponer que el crédito de autos se actualice desde la fecha de su exigibilidad y hasta la de su efectivo pago, de acuerdo al índice de precios al consumidor INDEC (IPC), con más una tasa de interés pura del 3% anual por igual período ambos desde la fecha de exigibilidad del crédito y hasta la de su efectivo pago. Si en la etapa prevista en el art. 132 de la LO, la liquidación que se practique de conformidad con los parámetros anteriormente propuestos arrojara un resultado más gravoso para la demandada que el que daría de estarse a las pautas fijadas en el fallo de grado, habrá de tomarse como límite del monto total de condena la suma que surja, en definitiva, del cálculo allí efectuado, a fin de evitar caer en una reformatio in pejus para la accionada, en tanto que el tópico en estudio no fue cuestionado en la etapa oportuna por la parte actora.
Confirmación de sentencia, despido, reinstalación en el puesto de trabajo, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Nogueira Alejandro Carlos c/ Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-13

El actor fue despedido por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. El actor acciona en procura de obtener su reinstalación en el organismo empleador por considerar que le asiste estabilidad en el empleo por su condición de empleado público. La Jueza de grado consideró prescripta la acción incoada. La decisión de origen se basó en que entre la rescisión contractual y la interposición de la demanda por parte del accionante había transcurrido el plazo determinado por el art. 256 LCT, para tener por operada la prescripción de la acción. La parte actora sostiene que existieron dos actos suspensivos del plazo de la prescripción. Uno de ellos fueron los dos telegramas que enviara a la empleadora, sin embargo estos fueron devueltos con la observación "dirección inaccesible" por lo que no puede considerarse que haya existido una interpelación fehaciente. El otro, fue la instancia incoada ante el SECLO, pero no puede considerarse interruptiva de la prescripción dado que no es oponible al Estado Nacional, que está expresamente exceptuado de ella. Medió un único acto interruptivo de la prescripción ocurrido ante la presentación judicial que se radicó en el mismo juzgado cuya conexidad es automática, toda vez que ante el pedido de reincorporación conforme lo dispuesto por los arts. 2546 y 2547 CCyCN dicha presentación tiene efecto interruptivo hasta que deviene firme la resolución que pone fin a la cuestión. Si bien la rescisión contractual operó el día 30/09/2018 el plazo de prescripción volvió a nacer el 25/06/2019, la demanda fue interpuesta el día 05/11/2021 sin que los actos jurídicos a que alude el apelante hayan tenido eficacia a fin de suspender el plazo de prescripción, pues ni las cartas documentos enviadas han sido dirigidas al domicilio consignado por la demandada en el TCL rupturista ni la notificación emitida por el SECLO tuvo eficacia pues allí se consigna "incompareciente por domicilio inaccesible e intransitable". Es decir que la demandada nunca tomó conocimiento de la acción administrativa intentada, que por otro lado no es oponible al Estado Nacional. Cabe confirmar el fallo de grado.
Encuadramiento sindical, asociaciones sindicales
Materia: LABORAL
Carátula: Unión Obreros y Empleados Tintoreros Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina c/ Asociación Obrera Textil de la República Argentina y otro s/ Ley Asoc. Sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-08

El encuadramiento sindical alude a un conflicto de derecho entre dos o más asociaciones sindicales con personería gremial, que gira en torno de la capacidad jurídica que emana de sus respectivas personerías para representar a determinado grupo de trabajadores (de uno o de varios establecimientos), y que debe ser resuelto cotejando las decisiones administrativas que las acuerdan, en relación con la actividad principal que se lleva a cabo en determinado establecimiento. En otros términos, sólo se produce un conflicto de encuadramiento sindical cuando se discute si un sector de trabajadores que cumple determinadas tareas en cierto ámbito, está representado por un sindicato o por otro; contienda que debe ser resuelta a partir del análisis de las representaciones personales que surgen de las resoluciones que conceden las personerías gremiales que confluyen en la controversia. Son, en consecuencia, irrelevantes los ámbitos de representación que surgen de los estatutos o cartas orgánicas de los sindicatos involucrados, aunque hubiesen sido aprobados por la autoridad administrativa competente en el marco de los artículos 16 de la ley 23.551 y 7 del decreto 467/88. (Pinto Varela-Guisado)
Confirmación de sentencia, modificación del contrato de trabajo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Calvo, Pedro c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilaciones y Pensiones  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-09

La accionada se agravia porque el sentenciante de la anterior instancia consideró que ejerció un "ius variandi" de manera abusiva al reducir la categoría y remuneración del actor y que los cambios de funciones impuestas al accionante, luego de asumidas las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilaciones y Pensiones son ilegítimas. Sostiene que obró conforme las facultades otorgadas al Director Ejecutivo (ley 19.032 de creación del instituto y Resolución 2090/19) y en virtud de ello decidió modificar las funciones desempeñadas por el trabajador hasta ese momento, derivándolo a otro sector. También se fundó en que el actor no era personal con carrera administrativa por concurso y por lo tanto no habría sido designado conforme a las previsiones del CCT aplicable. No se desprende de la ley 19.032 que el Director Ejecutivo tuviese una facultad absoluta para modificar la situación de los empleados sin atenerse a una causa justificada, pues la norma invocada especialmente establece que los "actos o resoluciones" que aquél adopte "sean necesarias para el mejor desempeño de sus funciones" y ninguna razón expuso con relación a ello. El cambio obedeció a que no debía continuar "personal jerárquico heredado de la anterior administración", sin que surjan expuestos concretamente los incumplimientos en que habría incurrido el actor para desplazarlo de su cargo (cf. arts. 377 y 386 del CPCCN y art. 116, LO). Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Fallos de la Corte Suprema, caución real
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: García, Claudio Adrián c/ Galeno ART SA s/ incidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-19

La parte actora apela la resolución del Juez de primera instancia en la que basándose en el precedente de la CSJN "Lacuadra, Jonatan Daniel c/ DIRECTV Argentina SA y otros s/ despido" (Expte. N° 49054/2015/1), consideró que correspondía solicitar a la parte actora y peritos que, en caso de pretender el retiro integral de los fondos por cualquier concepto, prestasen caución real (con accesoria de prohibición de contratar sobre esos bienes - art. 231 CPCCN) para el hipotético caso que sea revocada por la Corte Suprema la decisión de alzada y que, por consiguiente, sea necesario requerir la devolución de las sumas. Para el caso que los intervinientes no ofrezcan caución real con la modalidad antes expuesta, estableció que habrá de disponerse inversión a plazo fijo renovable automáticamente cada 30 días de las sumas depositadas en autos en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales. Contra tal decisión se alza el accionante solicitando se revoque la resolución y se exima al trabajador (actor) de la obligación de tener que prestar una caución real para poder cobrar su crédito laboral en la etapa de ejecución (art. 285 del CPCCN), y que se ordene librar el giro ya solicitado. Teniendo en cuenta las características del proceso y de los créditos en juego, y siendo que el propio juzgador anterior rechazó la suspensión del pedido de ejecución con base en el art. 285 CPCCN, cabe modificar la resolución impugnada, correspondiendo la desafectación y liberación de los fondos. Debe modificarse la resolución impugnada, correspondiendo la afectación y liberación de fondos bajo caución juratoria de garantizar su eventual reintegro y teniendo en cuenta que el proceso se encuentra en la etapa de ejecución, razones de prudencia aconsejan tomar en consideración para la liberación de fondos, la liquidación aprobada con una disminución del 30%.
Indemnización por despido, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: De Vries Schuerzberg, Federico Gastón c/ Axion Energy Argentina SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-07

El actor trabajó durante cinco años en el extranjero en la filial norteamericana de "Axion Energy", y le era abonado un "bonus anual", el cual se le dejó de pagar al regresar a la Argentina, con la consecuente rebaja salarial que ello le implicaba. En el caso de los trabajadores expatriados, el vínculo inicial no tiene solución de continuidad, sino que se suspende y se superpone con la relación jurídica que nace en el extranjero. La asignación a una unidad empresarial ubicada en otro país, incluso cuando se prolongue por años, es siempre temporaria y el empleado, cuando llega a su fin, en principio, tiene derecho a regresar y a que le sean asignadas labores en el lugar de origen o en otro diferente. Este derecho, que podría llamarse "de repatriación", se basa en la permanencia de ese contrato laboral primigenio, pues, de haber cesado, también habría fenecido la obligación de la empleadora de otorgar tareas, en función de lo dispuesto por el art. 78 de la ley 20.774. Así, los beneficios salariales acordados por su desplazamiento por la receptora norteamericana de los servicios prestados, atendieron a garantizar el poder adquisitivo del actor en el marco del costo de vida particular del país de destino, de acuerdo al principio de equivalencia de las remuneraciones y conformaron un atractivo indiscutible que lo llevaron a prestar su conformidad para la transferencia al exterior, a sabiendas del carácter temporario de la asignación y sin que se haya invocado algún vicio de la voluntad que afectase el acto jurídico. A los fines de determinar el monto de la indemnización por despido, el art. 245 LCT, exige adoptar, como módulo, la mejor remuneración mensual, normal y habitual, y la retribución percibida por el demandante durante su desempeño en EEUU fue excepcional y transitoria y escapa, por ende, a las previsiones de la norma citada. Las asignaciones adicionales que percibió el actor durante su contratación fuera del país no revistieron naturaleza salarial. Fueron beneficios que recibió y que no constituyeron una ventaja patrimonial, sino que tuvieron por objeto mantener un estándar de vida y económico, de manera transitoria, a las condiciones de vida en territorio extranjero, enmarcándose en lo dispuesto en el art. 103 bis de la ley 20.774. Se trataba de un plan de incentivo que funcionaba como un esquema de retención de ejecutivos, dicho beneficio no se encontró destinado a retribuir trabajo prestado, sino, a mantener el poder adquisitivo del dependiente mientras cumpliera funciones en EEUU.
Presunción de contrato de trabajo, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Mottchouk Viktor y otro  c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y otro s/ acción declarativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-24

El reconocimiento del carácter laboral se sostuvo en la presunción del artículo 23 L.C.T. y la Resolución N° 886 INSSJP PAMI, fue estrictamente considerada a los fines de establecer la fecha a partir de la cual debió registrarse el vínculo. El actor prestó servicios como médico de guardia en la sede asignada por la propia demandada, atendiendo a sus afiliados, no existiendo ninguna circunstancia práctica y/o normativa que contrarreste los efectos de la presunción del art. 23 LCT. En tales condiciones, el agravio de la demandada, referido a la facultad de nombrar, remover y ascender personal, que le concede la Ley de creación del instituto, es ajeno a las conclusiones del caso. Nótese que las potestades enumeradas, son iguales a las que la Ley de Contrato de Trabajo reconoce a todos los empleadores (arts. 26, 64, 65, 67, entre otros), a fin de organizar y dirigir la empresa. En el caso, no fue la Magistrada de grado quien nombró al actor, sino quien entendió que la modalidad contractual impuesta, defendida por el instituto demandado, configura un fraude a las normas laborales.
Cuenta corriente bancaria, compensación bancaria
Materia: BANCARIO
Carátula: Caros Divisores SRL c/ Metales del Talar SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

La cuenta que aprehende acreditaciones y cargos parciales no es la cuenta corriente, pues el CCCN 1430 dispone que en tal contrato la compensación entre el "debe" y el "haber" se produce ".de una sola vez." al finalizar la cuenta.

Por tal razón, es improponible la compensación de partidas durante el desenvolvimiento natural de la cuenta corriente, ya que no se reconocen en ese periodo ni créditos ni deudas, faltando el requisito de la liquidez y exigibilidad que contempla el CCCN 923-c), (conf. CSJN, in re "Ferrocarriles Argentinos (e.l.) c/ YPF SA s/ incumplimiento de contrato", del 15/03/05, Fallos 328:399, considerando 9°).
Prueba, remuneración
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Stivala, Alejandro Hernán c/ Prometeón Tyre Group de Argentina S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-29

Toda vez que resultó demostrado que el uso tanto del teléfono celular como del automóvil no tenía impuesta por la empresa empleadora restricción alguna, de modo que podían ser válidamente utilizados para fines personales y sociales, la provisión de parte de la empresa de tales prestaciones evitó el desembolso que ineludiblemente el trabajador debió realizar, por lo que constituyó -en la porción utilizada para cuestiones ajenas al trabajo- una clara ventaja patrimonial que determina su carácter remunerativo. Es que al reconocerle al accionante todos los gastos derivados del uso de su automóvil así como de la línea telefónica celular se presenta indudable que se evitaron las erogaciones que de todos modos hubiera debido efectuar el trabajador y, en consecuencia, tal reconocimiento importó una ventaja patrimonial que debe ser considerada como una contraprestación salarial, en los términos que regulan los arts. 103 y 105 LCT.
Nulidad de sentencia, excesos u omisiones en el pronunciamiento, debido proceso, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Bravo, Sergio Fabián c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2025-05-13

La omisión del tratamiento y análisis de cuestiones expresamente introducidas en el proceso configura un grave defecto de fundamentación que afecta de modo directo e inmediato las garantías de debido proceso y la tutela judicial efectiva y conduce a la nulidad de la sentencia. (Del voto de las Dras. Adriana Rodríguez Faraldo, Teresa Ovejero Cornejo y del Dr. Pablo López Viñals)
Despido, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Stivala, Alejandro Hernán c/ Prometeón Tyre Group de Argentina S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-29

Los recargos indemnizatorios previstos en los arts. 1° y 2° de la ley 25.323 no deben ser confundidos con las multas de naturaleza penal, a las que deben aplicárseles las reglas de la norma más benigna, propias del derecho sancionatorio, puesto que su objeto es reparar, subsanar, o resarcir los daños y perjuicios sufridos por la persona trabajadora derivados del incumplimiento de su empleador respecto de la obligación legalmente impuesta y no así de la reafirmación de la vigencia de la norma infrigida a través de la determinación de una sanción pecuniaria o de una limitación de la libertad de la persona más allá del daño hecho como es propio de los imperativos penales. No debe hacerse pues, lugar al reclamo de la demandada sobre la derogación dispuesta por el DNU 70/23 que elimina las sanciones previstas en la ley 25.323, pues ello supondría la aplicación retroactiva de la ley 27.742 ya que debe estarse a la irretroactividad de las leyes instituida en el art. 7 CCyCN. Asimismo, las multas de los arts. 1° y 2° de la ley 25.323 no son sanciones penales regidas por el principio de la ley más benigna.
Nulidad de sentencia, abuso sexual simple, apreciación de la prueba, declaración de la víctima menor
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bravo, Sergio Fabián c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2025-05-13

Es nula la sentencia que ignoró del testimonio de la víctima de un abuso sexual de manera injustificada, habida cuenta que resulta inadecuado invisibilizar los hechos relatados por la menor que, como usualmente sucede en los casos de atentados a la indemnidad sexual, fueron consumados en un ámbito excluido del conocimiento de terceras personas, por lo que la declaración adquiere una fundamental relevancia a los efectos de la reconstrucción de los sucesos. (Del voto de las Dras. Adriana Rodríguez Faraldo, Teresa Ovejero Cornejo y del Dr. Pablo López Viñals)
Procedencia del recurso, derecho de propiedad, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de Recurso de Queja "Gomez, Jorge Omar c/ Yash SA y otros s/ despido c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-23

En primera instancia se hizo una excepción al principio general en materia de apelabilidad de resoluciones dictadas durante el proceso de ejecución de sentencias (cfr. art. 109 de la Ley 18.345) al sostener la actora que lo resuelto en grado afecta los derechos de propiedad y de defensa (arts. 14, 18 CN) por lo que corresponde la apertura de la instancia. Por ello, se hace lugar a la queja y se concede el recurso de apelación. Mientras la Corte no haga lugar a la queja, no se suspende el curso del proceso, lo que incluye todos los trámites de ejecución (cfr. art. 285, último párrafo del CPCC). Mediante Resolución CNAT N° 4/2025 se resolvió "Interpretar que, por aplicación del art. 155 de la ley 18.345, las decisiones emanadas de los órganos que integran la Justicia Nacional del Trabajo, una vez agotadas las instancias respectivas del procedimiento ordinario previsto en dicha ley, son recurribles únicamente en los términos previstos en los artículos 256, 257 y 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.". Por tal razón la única apelación que cabría a la resolución de la Sala era la Extraordinaria, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que en la especie no se ha verificado. La exigencia de una caución es improcedente en un proceso de ejecución, salvo que se dé el supuesto del art. 258 del CPCCn, lo que no sucede. Cabe revocar lo resuelto y dejar sin efecto la caución exigida en grado.