Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-25


Trelew, 25 de julio de 2.006.- VISTO: - El recurso de apelación interpuesto a fs. 149, contra lo resuelto a fs. 142/144, concedido que fuera el mismo a fs. 150, fundado mediante el memorial de agravios de fs. 151/154, corrido traslado a la contraria a fs. 155.

Y CONSIDERANDO:

I.- Resuelve la Sentenciante de Grado rechazar el incidente de nulidad procesal intentado por la Sra. L. G.. Funda lo resuelto en la falta de individualización del acto procesal que se ataca de nulo y de individualización del vicio o violación de las formas procesales que determinaría la procedencia de la nulidad. Señala que debe tenerse en cuenta que en materia de nulidades procesales su interpretación ha de ser restrictiva, pues la declaración de nulidad es un remedio excepcional último.

Asimismo, con fundamento en un antecedente emanado de esta Sala de la Cámara de Apelaciones, resuelve admitir la intervención como tercero adhesivo simple de la Sra. L. G., en representación de sus hijos menores de edad B. y J.

II.- A fs. 151/154 expresa agravios el apelante de fs. 149. Antes de ingresar al desarrollo de los agravios que le ocasiona a su representada el decisorio en crisis, efectúa una breve reseña de los antecedentes de la demanda principal, lo pretendido, su fundamento, la posición procesal asumida por la demandada, el modo en que transitó el proceso, el planteo de nulidad, la petición de incorporación al proceso principal y de los fundamentos dados en la decisión judicial apelada.

Afirma que constituye un dislate jurídico permitir el avance de una nulidad societaria fundada en hechos y actos jurídicos de terceros a la sociedad, sin su participación sea como partes obligadas o simplemente como prueba de lo realmente ocurrido, permitiendo, sostiene, una clara connivencia con el solo objeto de buscar el dictado de un acto jurisdiccional que así lo declare.

Concreta a continuación tres agravios: 1) El rechazo de la petición de nulidad con una argumentación abstracta y dogmática, sin análisis concreto de las irregularidades procesales denunciadas. Destaca que la irregularidad invocada no es un acto jurídico procesal positivo sino precisamente la inexistencia de el.

Puntualiza que tanto el Juez como las partes debieron, en base a los hechos invocados en la demanda, integrar la litis en forma obligada como terceros con al menos R. R. E. F. o sus herederos. Resalta que jamás se puede argumentar válidamente que el rechazo de la petición de nulidad proviene del hecho formal de no señalar el vicio o violación de las formas procesales que determinarían la procedencia de la nulidad, porque ello fue repetido hasta el cansancio en el escrito de interposición. Refiere a la intencionalidad del proceso de nulidad societaria promovido.

2) Documental aportada por actor y demandado. Señala que el presente proceso fue promovido por el Síndico de la empresa C. sin legitimación y habiendo prescripto la acción y la demandada se allanó en forma incondicional, reconociendo además la documental aportada por el actor. Se pregunta si pueden dos partes ajenas a un acto jurídico celebrado en el extranjero reconocer mutuamente la existencia y veracidad del mismo con efecto jurídico para los que supuestamente lo celebraron. Cita lo normado por el art. 1.031 del C.C.

3) Improcedencia de la intervención obligada como tercero. Invoca que frente a la omisión de las partes el Juez puede integrar la litis si considera que la sentencia carecería de sentido sin su presencia en juicio.

Esgrime que está bastante claro -desde el lado de las partes del proceso-, que existía un interés concreto en que R. R. E. F. o sus herederos estuvieran en el mismo. Efectúa consideraciones finales en las que pone de resalto que el presente proceso constituye un eslabón de una cuidadosa estrategia procesal enderezada a un fin mucho más sublime y complejo que peticionar una nulidad societaria.

Reitera que el proceso principal fue ofrecido como prueba documental e instrumental en otro proceso judicial seguido contra R. R. E. F.. Puntualiza que en este eslabón de la cadena, su parte compareció en tiempo oportuno, peticionando una nulidad procedente y su intervención obligada, para permitir un debido proceso judicial protegido por la Constitución Nacional.

Reserva Caso Federal. Peticiona se revoque en todas sus partes la sentencia dictada, se lo admita como tercero obligado en el proceso principal y se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir de la interposición de la demanda, con expresa imposición de costas en ambas instancias. III.- Señalan la Sentenciante de Grado y el propio apelante que en los autos principales se persigue la declaración de nulidad de la Asamblea General Ordinaria Nro. 30 del 15 de agosto de 1.995 y en virtud de la fusión por absorción que C. realizó de H. y C. H. A. de P. S.A., de la Asamblea General Ordinaria Nro. 7 del 22 de agosto de 1.995. En las mismas se aprobaron por unanimidad las gestiones de los Directores, entre ellos, R. R. E. F. y sus renuncias a cargos de Directores titulares.

La vía elegida, tal como lo señalara este Tribunal al resolver mediante SIC 55/04 y 82/04 anteriores incidentes de nulidad articulados respecto del mismo juicio principal en aquellas oportunidades por los Sres. C. A. R. y G. R. S., respectivamente, es la acción ordinaria de nulidad prevista por el Código Civil, en virtud de haberse alegado la existencia de una nulidad absoluta (art. 1.047, 2do. párrafo, C.C.). - La ley de sociedades comerciales contempla, principalmente a partir del art. 251 de la misma, la posibilidad de impugnar de "nulidad", "toda resolución de la asamblea adoptada en violación de la ley, el estatuto o el reglamento". Esta acción deberá ser ejercida "contra la sociedad", "dentro de los tres meses de clausurada la asamblea" y se ha entendido que trata precisamente la impugnación de acuerdos sociales viciados de nulidad relativa.

De esta manera queda consagrada la norma societaria por excelencia la cual, dada su especificidad viene a trazar el punto de partida para la impugnación de Asambleas Societarias, sobre todo en el plano de las sociedades anónimas (María Gabriela Ralló, "Impugnación de asambleas de Sociedades Anónimas", L.L., 25/02/04,; esta Sala, SIC 55/04, 82/04).

Supletoriamente, para todo lo no resuelto por la ley mercantil y en cuanto resulte compatible, ha de acudirse a las normas del Código Civil (art. 384, L.S.; art. 207, C.Com.).

Ello así, se ha entendido que se excluye del margen de aplicación del art. 251, L.S.C., a la acción social que impugne una asamblea que viole el orden público, por verse afectado con una nulidad absoluta, considerando quienes así lo entienden imprescriptible la acción y el acto inconfirmable, quedando sometida al régimen del derecho común (María Gabriela Ralló, "Impugnación de asambleas de Sociedades Anónimas", L.L., 25/02/04), siendo ésta última la acción, cuya admisibilidad en este momento no es objeto de análisis, la que se pretende ejercer en los autos caratulados "E., E. M. c/ C. C. A. de P. S.A. s/ Ordinario" (Expte. N° 289/02), aspecto sobre el cual no se pronuncia esta alzada en esta etapa procesal por no corresponder (esta Sala, SIC 55/04, 82/04).

Tal como se señalara en la Sentencia Interlocutoria Civil Nº 55/04, del 26/04/04, para el dictado de la cual se tuvieron a la vista los autos principales, la Asamblea General Ordinaria N° 7, cuya declaración de nulidad se persigue, celebrada en fecha 15/08/95, por los Accionistas de H. C. H. A. de P. S.A., por unanimidad aprobó las respectivas gestiones de los tres directores -Sres. J. A. C., R. R. E. F. y G. R. S.- y también por unanimidad aprobó las renuncias de los Sres. R. R. E. F. y G. R. S. a sus respectivos cargos de Directores Titulares. La Asamblea General Ordinaria N° 30, cuya declaración de nulidad también se persigue, celebrada en fecha 22/08/95, por los Accionistas de C. C. A. de P. S.A., por unanimidad aprobó las respectivas gestiones de los tres directores -Sres. J. A. C., R. R. E. F. y G. R. S.- y también por unanimidad aprobó las renuncias de los Sres. R. R. E. F. y G. R. S. a sus respectivos cargos de Directores Titulares.

Ha de reiterarse lo que señalara este Cuerpo al momento de dictar la Sentencia Interlocutoria ut supra identificada -SIC 55/04- y al dictar también, luego, la sentencia interlocutoria civil nro. 82/04. La acción de nulidad se promueve contra la sociedad, la que estará en juicio por medio de su órgano representativo, conforme a su propio estatuto (Halperín, "Manual de Sociedad Anónima", Buenos Aires, 1.962, pág. 353). Es que, la acción de impugnación en nuestro ordenamiento es una acción social promovida contra la sociedad (Alberto Víctor Verón, "Sociedades comerciales. Ley 19.550 y modificatorias comentada, anotada y concordada", Editorial Astrea, Buenos Aires, 1.986, t. 3, pág. 921).

La acción de nulidad de asambleas o decisiones asamblearias debe promoverse contra la sociedad, por ante el juez de su domicilio social (Ricardo A. Nissen, "Curso de Derecho Societario", Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2.003, pág. 446).

Ello así, descartada a los fines de la acción intentada la intervención obligada, en puridad intervención provocada, debido a que la presentación de la incidentista ha sido espontánea y no en respuesta a una citación judicial, no existiendo tampoco un litisconsorcio necesario entre la sociedad y los directores cuya gestión y renuncia fuera aprobada o sus herederos, la incidentista ha sido admitida en el proceso en representación de sus hijos menores y como tercera adhesiva simple. Y, el tercero coadyuvante no reviste el carácter de parte autónoma, por cuanto su legitimación para intervenir en el proceso es subordinada o dependiente respecto de la que corresponde al litigante con quien coopera o colabora, estableciendo el art. 93 del Código Procesal Civil y Comercial que en ningún caso la intervención del tercero retrogradará el juicio ni suspenderá su curso.

El interviniente voluntario debe aceptar la causa en el estado en que se encuentre en oportunidad de ingresar a ella (Lino Enrique Palacio, "Manuel de Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2.000, pág. 284).

En tal marco, la intervención admitida de la Sra. L. G. en los autos principales, en el carácter de intervención voluntaria adhesiva simple, conforme lo dispuesto por la norma citada en el párrafo precedente descarta el incidente de nulidad planteado.-- Solo a mayor abundamiento cabe puntualizar que si era necesaria la citación de los directores para que la actora pruebe lo alegado, será una cuestión a resolver al momento del dictado de la sentencia definitiva.-- En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut RESUELVE:

Confirmar el decisorio de fs. 142/144. - Imponer las costas de Alzada a la parte apelante vencida (arts. 68, 69 y concs., CPCC), regulándose los honorarios correspondientes al Dr. J. G., en mérito a la calidad, extensión y eficacia de la labor profesional cumplida ante esta Alzada y al resultado obtenido en un 25 % de los que a su favor han sido establecidos por su actuación en la instancia antecedente (art. 14, ley 2.200 y modif.). - Tener presente la reserva de caso federal.- La presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por ausencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Edgar Maria de la Fuente (art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550). Regístrese, notifíquese y devuélvase. - Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL Nº 95 DE 2006 - SIC.- CONSTE.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA