marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Querellante, revocación del mandato, defensor general de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: GIOMETTI, VICTOR HUGO c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-05-09

De las constancias de la causa surge que los recurrentes fueron admitidos en su carácter de querellantes con el patrocinio letrado de abogados particulares y que, si bien luego esta intervención cesó al revocárseles el poder, nada impide que en lo sucesivo -designando como patrocinante a quien pueda legalmente asumir tal tarea- continúen su intervención en el proceso, disipándose de este modo la existencia de un gravamen irreparable, ya que toda la formulación de los presentantes intentando demostrar que sólo con el patrocinio del Defensor General estarían a salvo sus garantías fundamentales, no resultan suficientes para acreditar la existencia de un gravamen de imposible reparación ulterior que habilite a sortear en el caso la ausencia del requisito de definitividad.
Despido, violación
Materia: LABORAL
Carátula: ARBURUA RUBEN c/ BANCO SUDECOR COOPERATIVO LIMITADO s/ DESPISO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-11

Si bien en sede penal el actor fue sobreseído por el hecho que se le atribuyera como partícipe necesario de administración fraudulenta (arts. 45, 173 inc. 7mo. del C. Penal, a tenor de lo dispuesto por los arts. 335 y 337 del C.P.C.), ello en nada incide en su responsabilidad en la faz administrativa, la que a la luz del acta del sumario administrativo iniciado por la accionada y del informe pericial contable, aparece claramente comprometida. El propio accionante reconoció al momento de labrarse el acta en el sumario administrativo, que efectuó un gran número de movimientos ajenos a la actividad normal del Banco por ordenes del gerente. Dada la gravedad, la importancia económica y la reiteración de los hechos, comprometieron su conducta como empleado de la institución, pues incumplió los deberes de diligencia y colaboración y de fidelidad o lealtad, previstos en los arts. 84 y 85 de la Ley 20744, respectivamente para con su empleador. El actor dada su antiguedad (doce años) sabía o debía saber cual era el movimiento normal de la caja y todo lo que le hubiere resultado extraño a ese movimiento, debió ponerlo en conocimiento de sus superiores. Si en su situación fue el propio gerente quien le daba las órdenes, debió dar aviso al personal inmediato superior de lo que acontecía. (Voto del Dr. Conti).-
Daños y perjuicios, indemnización, daño psíquico, daño material
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ, ISABEL c/ HERMIDA, JOSE s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-09

El daño psicológico consiste en la perturbación permanente del equilibrio espiritual preexistente y tiene carácter patológico. Será material cuando cause un grado de incapacidad psíquica mensurable en dinero o cuando se reclaman los costos del tratamiento psicológico. También puede producir daños espirituales, pero no es un agravio autónomo.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho administrativo, empleo público, cesantía, salarios caídos, daños y perjuicios, in dubio pro operario
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Angrigiani, Claudio Horacio c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Angrigiani, Claudio Horacio c/ GCBA s/ recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

El actuar ilegal del empleador público trae la responsabilidad del Estado local de reparar de forma integral al empleado que sufrió las consecuencias de aquel acto. Y esa manera integral, efectiva y real de recomposición, incluye, que el demandado deba pagar los salarios dejados de percibir. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Derecho laboral, derecho colectivo del trabajo, sindicatos, asociaciones sindicales, código procesal civil y comercial
Materia: LABORAL
Carátula: SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN JUAN c/ OBDULIO, OMAR V. s/ APELACION DE PROVIDENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-12

Con motivo de la sanción de la ley 24642, la reclamación de los créditos por cuotas y contribuciones sindicales debe efectuarse ante la justicia en lo federal o la civil y comercial de cada jurisdicción a opción de la asociación sindical. El art. 5º de la ley 24642, legislación esta que viene a modificar la competencia que hasta su entrada en vigencia mantenía los tribunales del trabajo, para derivarla, en lo sucesivo al procedimiento establecido por los códigos procesales en lo civil y comercial. El segundo párrafo del citado art. 5º, aclara que la vía de apremio o ejecución fiscal prevista para el cobro de las cuotas sindicales alcanzara a los créditos originados con anterioridad a la presente ley, cuando su determinación se haya producido luego de la promulgación de aquella.
Pueblos originarios, derechos del aborigen, personería jurídica, fallos de la Corte Suprema
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

Humberto QUIROGA LAVIE, Miguel Angel BENEDETTI y María de las Nieves CENICACELAYA, en "DERECHO CONSTITUCIONAL ARGENTINO" indican que La "personería jurídica de las comunidades": es un reconocimiento constitucional de carácter instrumental. "No puede hablarse de protección de la diversidad étnica y cultural y de su reconocimiento, si no se otorga personería a las diferentes comunidades indígenas. Ello es lo único que les confiere status para gozar de los derechos fundamentales y exigir, por sí mismas, su protección cada vez que ellos le sean conculcados" (caso "Grupo Etnico Indígena U'wa", de la Corte Constitucional de Colombia - 1997 -, analizado más abajo).

Que los pueblos indígenas o cumunidades sean personas implica un reenvío al derecho consuetudinario de las propias comunidades tanto para definir su integración como sus autoridades.

Esto convierte en inconstitucional lo dispuesto por la Ley 23302 que exige la inscripción en un registro y que no les reconoce su propia forma de organización a los indígenas forzándolos a hacerlo alrededor de simples asociaciones sin fines de lucro, imponiendo modelos extraños (arts. 2*, 4*).

Al dotarla de personería, se supone que las comunidades indígenas "son partes legítimas para ingresar en juicio en defensa de sus derechos e intereses", como lo sostiene expresamente la Constitución de Brasil (art. 232) y el Convenio OIT N* 169 (art. 12) y nuestra Constitución, al menos por vía del amparo colectivo (art. 43, párr. 2, CN.). Por ello es sumamente grave y equivocado - sostienen - que la Corte, a tres años de nuestra reforma constitucional, afirme en un lamentable obiter dictum que una tribu es una entidad carente de personalidad jurídica (c. 18 de la mayoría y c. 21 de Vázquez, caso "Terrabón c/ Prov. Buenos Aires" - 1997 -, F.: 320: 1571), máxime cuando para ello cita el tardío caso "Guari" de 1929 ya analizado, donde se desconoció hasta la existencia jurídica de las comunidades indígenas y se negó personería para estar en juicio, pretextando que no lo fijaba el Código Civil ni la Constitución.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, thema decidendum
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, VALENTIN RAMON c/ QBE ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-14

No se advierte configurado el supuesto de incongruencia que la actora achaca a la postura del accionado, no bien se repare en que, conforme el relato efectuado por la propia impugnante, el período alegado por el accionado al expresar agravios, y que fuera evaluado por el Sentenciante como de inacción y por ende determinante para declarar la prescripción no sería, en todo caso, más que una porción de un plazo más extenso que habría sido alegado por el demandado mismo en la oportunidad procesal pertinente, por lo que no se verifica la entidad constitucional que la recurrente pretende atribuir a su planteo, ni se evidencia que lo decidido en el punto lo hubiera sido con apartamiento de los términos de la litis.
Tenencia de armas, aplicación temporal de la ley, declaración de negligencia
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: CARRASCO, Matías Leonel y OSRE, Carlos Gabriel s/ Inf. Art. 189 bis C.P. - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-19

No es posible aditar una interpretacion en el sentido que la vigencia de la Ley Nro. 25.886 quedó supeditada al dictado de la reglamentacion por el Poder Ejecutivo, pues ello equivaldria a adoptar una postura en favor de la inconstitucionalidad de la Ley.

El legislador definió la materia que queria regular, la estructuró y sistematizó, expresó su voluntad, que es la voluntad soberana del Pueblo, en un regimen en si mismo completo y terminado, y que de ningún modo quedó condicionado, ni constitucionalmente habría podido estarlo, a la decisión unilateral del Poder Ejecutivo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, asociación ilícita
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BERLARI, OSCAR ROLANDO c/  s/ ASOCIACION ILICITA, ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO AGRAVADO POR SER COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-20

Pese al intento del recurrente de encuadrar sus alegaciones por el delito de asociación ilícita en un supuesto de arbitrariedad, de la lectura del escrito recursivo y de su confrontación con la sentencia impugnada surge que, en sustancia, se discute la interpretación que de los hechos, prueba y derecho común efectuó la Alzada en ejercicio de funciones propias, sin que logre perfilarse la presencia de un supuesto de arbitrariedad que justifique la intervención de esta Corte; teniendo presente que el propósito de esta instancia no es enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental; y que no fueron rebatidos eficazmente los argumentos de la Cámara, que -para confirmar lo decidido por el Tribunal de juicio- aludió a que la organización tenía pluralidad de planes delictivos con algún grado de indeterminación, refiriendo a la logística de la misma y al plexo probatorio valorado, haciendo hincapié en ciertos testimonios y a cómo de los mismos se desprendía la idea de permanencia en los planes criminales, señalando que lo que marca el contexto de la actuación es la permanencia porque esta actividad era su modo de vida, organizada, planificada, con inteligencia previa, distribución de roles y cobertura a aquéllos que -por su detención- caían en desamparo.
Daños y perjuicios, espectáculos deportivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Re, María Ines c/ Jockey Club Mar del Plata s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-08

El carácter de meros organizadores de las instituciones que se dedican a la práctica y fomento del deporte los torna responsables, en principio y al margen del fin de lucro o no que se persiga, de los daños que puedan sufrir tanto los espectadores como los propios protagonistas del espectáculo, como una consecuencia de la aplicación de la responsabilidad objetiva que emana del art.1113 del C.C. y en tanto y en cuanto no se den las causales de exoneración de esa responsabilidad, y ello es así pues con la organización de la reunión deportiva el organizador genera riesgos, que concretados en daños, debe resarcir.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Alvarado López, Leandro Hernán s/ Daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06

Es insuficiente el agravio en el que se impugna formalmente la construcción del indicio, si no se la relaciona con el art. 259 del Código de Procedimiento Penal que enuncia como transgredido.
Inamovilidad de los jueces, derechos adquiridos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZANNI CLAUDIO ERNESTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-08-05

El actor, ex magistrado, fue designado en propiedad por Decreto, durante la vigencia del texto constitucional anterior que facultaba al Poder Ejecutivo por su artículo 141 inciso 16) a la designación de los miembros del Poder Judicial con el posterior acuerdo de la Legislatura; en tanto en esa oportunidad, no estaba integrado el Consejo de la Magistratura creado en el año 1.986. Dicho nombramiento "en propiedad", no pudo ser dejado sin efecto por una reforma del régimen jurídico vigente. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que "nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos ni a su inalterabilidad".

No obstante, también sostuvo que conforme dispone el art. 3 del Código Civil, las leyes en nuestro ordenamiento pueden tener efecto retroactivo, bajo la condición de que su retroactividad no afecte garantías constitucionales. Si las afecta, la ley de que se trate es jurídicamente inválida, mas no por su retroactividad sino por su inconstitucionalidad. Tal lo que sucede, por ejemplo, cuando el efecto retroactivo de una ley atenta contra lo que suelen llamarse derechos adquiridos, que son, por su naturaleza inalterables y no pueden ser suprimidos por ley posterior sin agravio al derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Denegatoria del recurso, postulación como candidato, competencia
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sobre Incidente de Apelación - Causas Electorales - Reconocimiento de Alianza/Oficialización de Candidatos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-21

Corresponde rechazar los recursos de apelación toda vez que el Tribunal Electoral emitió su decisión esgrimiendo las competencias del art. 89, supuesto en que su resolución viene emitida de oficio. A diferencia del supuesto del art. 106 (oficialización de candidatas/os), en que el CE prevé la posibilidad de que las decisiones allí contempladas puedan ser recurridas ante este Tribunal Superior, no está prevista apelación contra las decisiones adoptadas en el marco del art. 89. Naturalmente, tampoco, una directa contra las decisiones de las Juntas Electorales. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Partidos políticos, representación política
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Conservador Popular - orden nacional - s/ inscripción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Es función natural del Poder Judicial velar por la transparente representatividad de la constitución, autoridades y cuerpos orgánicos de los partidos políticos, que incluye tanto el debido funcionamiento de los órganos partidarios como el de las interrelaciones de éstos.
Menores, pena, acusación fiscal, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: C.A.V. s/ Homicidio simple en perjuicio de J.J.S.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-02-26

Si bien la ley 22.278 y su modificatoria 22.803 que regula el régimen penal de minoridad expresa en su art. 4 que el juez determina si es necesario aplicarle o no una sanción al imputado, ello debe interpretarse bajo el prisma del actual digesto procesal penal que deja en manos del Ministerio Público la titularidad de la acusación. En efecto será el fiscal quien meritúe las modalidades del hecho, los antecedentes del menor y el resultado del tratamiento tutelar para determinar la necesidad o no de la sanción que fijará el juez, que, por el contrario, no se encuentra facultado para condenar al acusado sin la previa y renovada del señor fiscal.
Jueces, facultades del juez, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: Rubio, Nélida Virginia c/ Filippini, Víctor Hugo y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

La facultad de calificar las pretensiones de las partes que deriva de la regla "iura novit curia", es potestad propia de los jueces y deriva de los principios esenciales que organizan la función jurisdiccional y su ejercicio solo puede ser cuestionado sobre la base de demostrar que se han alterado los presupuestos fácticos o la causa petendi.
Superior Tribunal de Justicia, reelección, interpretación de la constitución, acción de amparo, rechazo de la demanda
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Frente para la Victoria - Distrito Río Negro y otros c/ Río Negro, Provincia de s/ amparo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-22

Corresponde rechazar la demanda de amparo si la discrepancia con la inteligencia atribuida por el tribunal superior local a la constitución provincial es insuficiente para justificar que la Corte declare que ha mediado un ostensible apartamiento del inequívoco sentido de la norma local y por lo tanto que estén dadas las condiciones para que ella ejerza su jurisdicción revisora en defensa de la supremacía de la Constitución Nacional, y en especial, del sistema republicano que garantiza (Disidencia del juez Rosenkrantz).
Interpretación de la ley, conflicto de leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALSINA, MARIO ANGEL c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE ECONOMIA) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-06

Existente una colisión, discordancia o contradicción entre dos normas, debe estarse en favor de aquella que mejor armonice con las que han quedado consagradas sobre la materia, máxime cuando se trata de derechos que concurren a resguardar la subsistencia de las personas.
Accidente de tránsito, destrucción total del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Urrizmendi, Nélida Noemí c/ Sarmiento, Oscar Jesus s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-25

Siendo que el resarcimiento del daño debe colocar, dentro de la posible y razonable, la reparación de las cosas en su estado anterior (art. 1083, Código Civil), cuando la destrucción del vehículo es parcial (como en el caso) la indemnización debe consistir en el pago de la diferencia de su valor actual y el valor primitivo, según lo establece el art. 1094 "in fine" del Código citado. Por ello, se torna injusto (por abusivo) que el costo de los arreglos del vehículo pueda superar el valor en el mercado de una unidad de iguales características (art. 1071, idem). en tales circunstancias, el monto de la indemnización respectiva ha de estar dado por este último valor, quedando así satisfecho el principio de la reparación plena, que -en caso contrario- resultaría bastardeado, pues el damnificado no puede pretender el reintegro de un costo de arreglos antieconómicos en perjuicio del obligado (arts. 505, 1083, mismo Código).
Personal penitenciario, estado penitenciario, juntas de calificación, dictamen de calificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA c/ OCAMPO HIDALGO, ADOLFO Y OT. s/ ACCIÓN DE LESIVIDAD ACEREDA, OLGA ESTER EN Jº 142.598/35.030 CEREDA, OLGA c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-INCIDENTE DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-07-30|2005-03-16

El art. 36 ley 3.777 ha previsto un supuesto de informe o dictamen obligatorio, esta obligatoriedad no es caprichosa; no se trata de una exigencia aislada, sino plenamente justificada en la especial y delicada función del agente penitenciario (art. 10 y ss. Ley 3.777), a punto tal que la ley ha creado el llamado "estado penitenciario", definido como la situación creada por el conjunto de derechos y deberes que la ley y sus reglamentaciones establecen para los agentes penitenciarios (art. 13 y ss.), prefijándose deberes y prohibiciones específicas (arts. 15 y 16), una organización (art. 20), un escalafón especial (art. 21) e incluso un sistema de responsabilidad civil por los daños que cause a la institución (art. 49). El informe o dictamen debe ser confeccionado por un organismo especialmente creado por la ley: Junta de Calificaciones.

El director Penitenciario puede proponer, pero su facultad es excepcional y exige el cumplimiento de otros recaudos, especialmente la realización de un concurso.
Recurso extraordinario federal, medidas cautelares, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: SOSA EDUARDO EMILIO s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-04-08

Por vía de principio es ajena a la competencia extraordinaria de la Corte Suprema lo resuelto en punto a medidas precautorias, propio de los jueces ordinarios de la causa. Las medidas precautorias carecen de la nota de definitividad y, no pueden constituirse en un anticipo del fallo final de la causa, o un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa; sin que la invocación de arbitrariedad y de garantías constitucionales obvie ese requisito. VOTO: DR. GONZALEZ
Estado Provincial, emergencia económica, bienes, embargo, medidas cautelares, embargo ejecutorio, embargo preventivo, honorarios, juicio de apremio
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Tarcisio, Joaquín c/ Provincia de Santa Fe s/ Incidente de apremio promovido por el Dr. Miguel C. Rodríguez Ortíz   de Rozas (EXPTE CSJ Nº 252-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

El artículo 21 de la ley 10798, dispone la prohibición de trabar medidas cautelares contra el Estado provincial, municipal o comunal, entes descentralizados y empresas del Estado durante la vigencia de la ley. Pero la Corte ya ha declarado, que la prohibición legal sólo está dirigida a los embargos cautelares, y que no son tales, sino ejecutorios, aquellos dispuestos con posterioridad a la sentencia de apremio, no quedando, por tal razón, aprehendidos por la disposición del mencionado artículo.
Requerimiento de instrucción, sumario policial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DOMINGUEZ, Fernando s/ POLICIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

No es necesario el requerimiento fiscal previo normado por el art. 180, C.P.P., como condición de validez procesal, cuando las actuaciones se iniciaron por la autoridad de prevención.
Proceso penal, acción civil, debate, demanda, daño moral, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL - CIVIL
Carátula: GUIDOBALDI HUGO NELSON s/ PROCESO PENAL - ACCION CIVIL - DEFENSA EN JUICIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-07-07

Si en la oportunidad prevista en el art. 406 del C.P.P., el apoderado del actor civil no concretó el monto dinerario del rubro daño moral que peticionaba, su solicitud al respecto no puede considerarse demanda a la luz del sistema jurídico vigente. De admitirse el alegato del patrocinante del actor civil con relación al daño moral, como demanda,se violaría la defensa en juicio del imputado (C.N., art. 18) toda vez que éste no sabría de que defenderse respecto al quantum indemnizatorio pretendido por los accionantes, a la vez que y, en consecuencia se restringiría el contradictorio. Por ello es que debe considerarse que no se emitieron conclusiones sobre el rubro aludido, a las que se refiere el art. 94 del C.P.P. y atento a lo prescripto por esta norma, debe tenerse por desistido en forma tácita a los demandantes, con costas -
Impuestos, facultades tributarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sade S.A.C.C.I.F.I.M. y otra c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección Gral. de Rentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21

El contratista no puede omitir, sobre la base de un manejo empresarial diligente, la previsión en la oferta de la incidencia impositiva cuando las prestaciones acordadas constituyen una actividad habitual y ordinaria del giro común societario.