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Sentencia penal, prueba, presunciones, impugnación de los fundamentos
Materia: PROCESAL
Carátula: Parma, Roque Alberto s/ Recurso de Casación interpuesto en causa 175/05 Jiménez Daniel Edgardo y otros ss.as. Robo en Concurso Ideal, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-10-05

Cuando se cuestiona una sentencia fundamentada en prueba indiciaria, es necesario analizar todos los indicios en conjunto y no en forma separada. Ello es así pues es probable que los indicios individualmente considerados sean ambivalentes, por lo que se impone su análisis conjunto, a los efectos de verificar que no sean equívocos, esto es, que todos reunidos no puedan conducir a conclusiones diversas.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fraquelli, Emilio c/ Machado, Guillermina Celeste s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

El art. 676 del Código Procesal Civil y Comercial no limita el ejercicio de la acción de desalojo a los propietarios poseedores, y como en muestro derecho nada se opone a que se den en locación cosas ajenas, resulta claro que ante el incumplimiento de la locataria, el locador se halla legitimado para demandar el desalojo (arts. 1493 y 1494, Código Civil).
Apoderamiento, disposición de la cosa, consumación del delito, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Oviedo, José A. s/ Concurso de Delitos - Robo - Encubrimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-08

Disidencia del Dr. Ocampo: Existe una clara posibilidad de disposición de los objetos sustraídos, si los mismos fueron sacados del inmueble - garage - ubicándolos en un automóvil estacionado en la calle, donde finalmente fueron secuestrados, independientemente de la detención de los autores, a quienes en un primer momento se los vinculó con una infracción a un edicto policial, debiendo entonces reputarse consumados los delitos.
Accidente de tránsito, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Matamala, Juan Carlos y Otra c/ Corvalán, Ricardo Elpidio y Alicura S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-19

El daño moral procura reparar en la medida de lo posible el menoscabo espiritual y anímico inferido a la víctima del accidente y nada tiene que ver con la división por días imposibilitados de trabajar. Atiende al dolor y su proyección en el tiempo y a la intensidad de la aflicción que se produce por el evento.
Eficacia del acto jurídico, banco central, facultades del banco, obligaciones del depositante, declaración jurada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SPOTORNO, RODOLFO c/ B.C.R.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23

Si conforme a la ley 22.051 y al punto 7.1.4.3. de la circ. OPASI 1 (com. A-59, modif. por com. A-145) los depositantes no estaban obligados a presentar una declaración jurada, y el Banco Central facultado a requerirla- no le comunicó al actor que debía presentarla ni publicó de modo idóneo una nota múltiple en que lo disponía (art. 11, ley 19.549; art. 108, D. 1759/72), la falta de aquel recaudo no perjudica el progreso de la pretensión de éste.
Despido, indemnización por despido, indemnización sustitutiva de preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: ORTIZ JOSE MARIA c/ ZIMMERMANN NESTOR s/ HABERES ADEUDADOS - PREAVISO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-05-28

Habiendo realizado el demandante tareas por un tiempo menor a tres meses, no le corresponde la indemnización por antiguedad pretendida,tal como reiteradamente lo ha sostenido doctrina y jurisprudencia.

Para acceder al derecho a la indemnización sustitutiva de preaviso, no es exigible tiempo mínimo trabajado; es tema decisivo para la procedencia del preaviso y consecuentemente, para la indemnización sustitutiva del mismo (artículos 231 y 232 Ley Contrato de Trabajo) la justa causa de despido, ya que cesa la obligación de preavisar cuando existe injuria, como causa de despido.
Sociedad conyugal, bienes de la sociedad conyugal, calificación de bienes, origen de los fondos, bienes gananciales
Materia: CIVIL
Carátula: D.G., L.S. c/ L., J.A. s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-25

La circunstancia de que el cónyuge, en el acto de la adquisición del inmueble, no haya dejado constancia acerca del origen de los fondos con los que realizaba la operación -esto es, que compraba con dinero proveniente de la venta de un inmueble propio- (recaudo exigido por la norma del art. 1246 del Código Civil, resulta aplicable también al marido), no impide que éste acredite la calidad de propio de tales inmuebles. Y aún cuando dicha exigencia no resultara aplicable al esposo, su falta llevará a reputar ganancial el bien y no podrá enajenarlo sin el consentimiento de su mujer o, de lo contrario, produciendo la prueba de que el bien es propio.
Derecho procesal, recursos, recurso de casación, procedencia del recurso, aplicación errónea de la ley, acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, cuestiones opinables
Materia: PROCESAL
Carátula: Ulloa, Ana María s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-06-25

Debe revocarse la sentencia de la alzada que incurre en el vicio contemplado en el art. 3 inc. a) de la Ley nro. 1687, en cuanto ha aplicado erróneamente la ley al hacer lugar a la acción de amparo cuyo planteo se reduce a cuestiones opinables, ajenas a la acción de amparo no encontrándose cumplimentado el carácter "manifiesto" (art.

43 de la Constitución Nacional y art. 2 de la Ley 1.117 y modif..), inequívoco, palmario requerido para la procedencia de la acción de amparo, toda vez que no se ha acreditado con "nitidez", las violaciones denunciadas, y dado además que la amparista procedió al pago de la tasa especial cuestionada, que efectivizó con posterioridad al inicio de la acción de amparo, sin realizar reservas expresas, cumpliendo voluntariamente de la ordenanza cuestionada, lo que obsta a la impugnación con base constitucional y la procedencia en consecuencia de la acción incoada.
Ejecución hipotecaria, nulidad de la subasta
Materia: PROCESAL
Carátula: YPF SA c/ DOTTA OSCAR ATILIO s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-29

Lo relativo a la nulidad de la subasta debe ser interpretado con criterio restrictivo, evitándose crear un estado de incertidumbre y un clima contrario al que debe de inspirar esta clase de ventas judiciales.
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, acuerdo de partes
Materia: PROCESAL
Carátula: Atienza, Marta Araceli c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-12

No corresponde aplicar el mecanismo de actualización previsto en el art. 5° de la ley 27.260 (RIPTE), toda vez que el actor no adhirió al programa de Reparación Histórica ni suscribió el acuerdo transaccional que ella reglamenta.
Acción de amparo, existencia de otras vías, competencia electoral, tribunal electoral, partidos políticos, lista de candidatos, oficialización de listas, junta electoral, convocatoria a elecciones, elecciones municipales
Materia: ELECTORAL
Carátula: C., V. s/ AMPARO s/APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-04-17

El amparista ha pretendido ejercer a modo de recurso una acción excepcional que fue prevista y reservada por el constituyente de 1988 para especialísimos supuestos, y aquí a través de la magra y poco fundada apelación..., sin haberse demostrado en la causa un grave error jurídico certeramente apuntado, no mediando arbitrariedad expresa y manifiesta e inobservando los procedimientos que han sido reglados en el ámbito de la Municipalidad de Villa Regina conforme los arts. 225, ss. y cc. de la C.P. y en especial por el plexo normativo del Fuero Electoral de los arts. 213, 239 inc. 2) y cc. de la misma C.P. y las Leyes Nro. 2430, Nro. 2431 y cc.. Por ello propongo, mi voto por la negativa respecto del recurso de apelación deducido.
Defraudación, desbaratamiento de derechos acordados
Materia: PENAL
Carátula: VERBECK, Luis Eduardo y otra s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

Habiendo estado el encartado y su cónyuge en posesión del bien inmueble objeto de destrucción, la ausencia de denuncia ante las dependencias policiales competentes, pese a lo ingente del daño causado a la finca y a sus condiciones de habitabilidad, indica claramente que no se trató de un delito originado en el comportamiento de terceros sino de una actitud voluntaria y consciente de los encausados; en el caso destinada a desmedrar el objeto de cuyo goce futuro aparecían privados por un procedimiento judicial tramitado en sede civil, cuyo resultado les fue desfavorable.-
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Esperón, José Luis c/ Transportes Comodoro S.A. s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-02-18

"No se acredita en autos que el agravio ocasionado sea de imposible o insuficiente reparación ulterior, y al haber el recurrente omitido hacerse cargo de dichos argumentos, obsta a la procedencia del recurso extraordinario toda vez que éste se encuentra privado del fundamento necesario para demostrar su procedencia
Cheque, cheque en blanco, terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: JEIFETZ ISAAC c/ GONZALEZ MARTA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-03

Con relación al tercero de buena fe receptor del cheque sin culpa grave, es improcedente la excepción fundada en que el instrumento no fue llenado al momento de su creación.
Acción de amparo, carácter excepcional, derechos y garantías constitucionales, actos u omisiones de autoridades públicas, agravio concreto, peligro en la demora
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VAZQUEZ, Mirta Isabel c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-05

En cuanto al requisito referido al peligro en la demora, ha puntualizado la Corte de Justicia de Salta que, al tratarse de un proceso sumarísimo cuyo límite se acerca a una medida de aquella índole -como ya se señaló precedentemente- corresponde vincular este requisito necesariamente con la irreparabilidad o gravedad del daño (Tomo 160:547).

Es de público conocimiento que entre la diagnosis del cáncer y el inicio del tratamiento correspondiente no debe mediar demora, pues ello incide en el agravamiento de la salud del paciente y pone en riesgo la eficacia de aquél, lo que evidencia el peligro que implicaría para la accionante la tardanza en recibirlo.	De tal modo, denegar en el presente caso la cautelar peticionada podría llevar a tornar ilusorios los derechos fundamentales protegidos por las Constituciones Nacional y Provincial y por los instrumentos de Derecho Internacional a los que refiere el art. 75, 22 de la Constitución Nacional.	Finalmente, resulta menester destacar que, no obstante los derechos que pudieran asistir al organismo demandado, y que podrán hacerse valer en las oportunidades pertinentes durante la tramitación del presente amparo, sin dudas resulta imperativo dictar una decisión que impida perjuicios irreparables a la salud de la amparista, teniendo en cuenta que los daños que a aquél pudieran irrogarse como consecuencia de lo aquí decidido resultan susceptiblemente menores que los que derivarían de negar la petición.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Prato, Susana c/ Mauritania S.A. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

Sabido es que tratándose de un recurso de apelación concedido en relación y sin efecto diferido, el apelante tiene la carga de fundar el mismo dentro de los cinco días de notificada la providencia que lo concede (art. 246 Código Procesal). Así entonces, el recurso deducido contra el auto que regula honorarios a un profesional no comprendidos por la ley 10.620 y el decreto ley 8904/77, debe seguir los carriles de la ley procesal, observándose lo dispuesto por el art. 246 del ordenamiento adjetivo. Cabe a su vez señalar que la decisión del "iudex aquo" de tener por agregado en plazo el memorial no vincula al tribunal de alzada, porque éste se encuentra facultado para examinar todo lo relativo a la concesión del recurso, si quien lo dedujo es parte o tiene interés en su interposición, si ha sido deducido en término y si se lo concedió con el efecto que corresponde, pues se trata de cuestiones en las que está comprometido el orden público por referirse a la jurisdicción y competencia funcional de la Cámara, sin encontrarse obligada ni por la voluntad de las partes, ni por las resoluciones del juez de primer grado, por más que se hallen consentidas. De tal modo, cabe concluir que los recursos de apelación deducidos respecto a los honorarios del perito ingeniero, deben ser declarados desiertos por no haberse fundado en término.
Superior Tribunal de Justicia, sentencia definitiva, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SALTA c/ HOYOS, Simón Agustín s/ QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-02-25

Contra las resoluciones definitivas dictadas por la Corte, sea por competencia originaria o derivada, no cabe recurso alguno en el orden local. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficios previsionales, suspensión del beneficio, interpretación de la ley, derechos adquiridos, revocación del acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos, nulidad del acto administrativo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: GUANDALINI, MARTHA SILVIA c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

La trascendencia y gravedad que han de derivar de los efectos de una medida que se dicte en cumplimiento del art. 15, 2do. párrafo, de la ley 24.241 (disposición que reproduce, en su esencia, el art. 48 de la ley 18.037), obliga a realizar una interpretación restrictiva, toda vez que constituye una excepción al principio consagrado en el art. 17 de la ley 19.549 que impone que el acto irregular que estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos adquiridos, sólo podrá ser dejado sin efecto mediante la vía de la declaración judicial de nulidad. En consecuencia, esta disposición operará en casos de nulidad absoluta e insanable, como ser la existencia de un error esencial que vicie la voluntad de la administración, a raíz de dolo, en cuanto se tengan por existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos, simulación absoluta, etc. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).
Ejecución de sentencia, excepciones procesales, resolución denegatoria, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección General de Rentas c/ Minar S.A.P.S.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Es descalificable el pronunciamiento en el que el a quo, al desconocer que la excepcionante había carecido de toda oportunidad previa para introducir los planteos a que se creía con derecho, hizo prevalecer óbices formales resultantes de una inadecuada inteligencia de los preceptos legales que rigen la cuestión (Voto del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Medianería, adquisición de la medianería, muro contiguo
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO RIVADAVIA 6027/29 c/ SEREBRINSKY, ALBERTO M s/ MEDIANERIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

El régimen del derecho de dominio determina que el muro construido junto al límite de dos heredades, pero íntegramente en el terreno de su constructor, pertenece a quien lo construyó, art. 2728 del C.Civil, surgiendo el condominio forzoso únicamente si se pretende apoyar en él.
Obligaciones del Estado miembro, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, supervisión de cumplimiento de sentencia, sentencia definitiva, resoluciones inapelables, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Caso Kimel Vs. Argentina c/  s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-02-05

Los Estados Parte de la Convención Americana tienen la obligación de implementar tanto a nivel internacional como interno y de forma pronta e íntegra, lo dispuesto por la Corte Interamericana en las Sentencias que a ellos conciernan, sentencias definitivas, inapelables y con efecto de cosa juzgada, que vinculan a todos los poderes y órganos estatales y, que de no ser cumplidas, deriva en ilícito internacional.
Elementos del acto administrativo, competencia administrativa, interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Coop. de Serv. Pub. y de Viv. de Salliquelo Lida (COSPYU) c/ Distribuidora de Gas Pampeana S.A. Resol. ENARGAS 48/95.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

La atribución de competencia jurisdiccional a los órganos y entes administrativos debe ser interpretada -a la luz de la preceptiva constitucional- con carácter estricto (Fallos 234:715, Guastavino, Elías P.: Tratado de la jurisdicción administrativa y su revisión judicial, Buenos Aires 1987, t.I, pág. 253; Comadira Julio Rodolfo: Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1996, págs. 241 y sigs.; Aguilar Valdez, Oscar: Reflexiones sobre las "funciones jurisdiccionales" de los entes reguladores de servicios públicos a la luz del control judicial de la Administración, Anuario de Derecho 1994/1 de la Universidad Austral, págs. 181 y sigs., esp. p.

219-220). (Cons. 8º).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho público local, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, facultades disciplinarias, sanciones disciplinarias, prescripción, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D. C., E. D. F. c/ PUCCIO, LILIANA NORMA s/ Recurso Extraordinario. Recurso de Inconstitucionalidad. Denuncia   (Expte. CSJ Nro.  772-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-08

Corresponde denegar la concesión del remedio extraordinario federal, cuando la postulación del recurrente sólo permite inferir su disconformidad con la solución arribada por la Corte -en ejercicio de atribuciones derivadas de su función de gobierno del Poder Judicial-, que decidió que no había transcurrido el plazo legal para que operara la prescripción de la acción sancionatoria disciplinaria. En efecto: el planteo impugnatorio concierne pura y exclusivamente a la interpretación asignada por el Organo a una norma contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ámbito que escapa a la revisión por el Alto Tribunal de la Nación en el marco del recurso previsto por el artículo 14 de la ley 48, por remitir al examen de cuestiones de derecho público local, sin que se hayan aportado argumentos en el escrito recursivo que demuestren siquiera en grado liminar la efectiva violación de cláusulas de rango superior o la presencia en la resolución cuestionada de graves defectos de fundamentación que la torne inaceptable desde el plano constitucional, con lo que no se demuestra la concurrencia de ninguna de las limitadas excepciones que reconoce la aludida regla jurisprudencial.
Ministerio Público Fiscal, peligro en la demora, delitos contra la libertad individual, secuestro extorsivo, comunicación telefónica
Materia: PENAL
Carátula: FARFAN, Maximiliano Gonzalo, CABALLERO, Emilio Alejandro; LACALLE, Cristian Alejandro, SALAZAR, María Cristina, LEDESMA, Fabián Armando, RIVERO, Raúl Ramiro, GRAMAJO, Gastón, SOFÍA, Sergio Sebastián y BENÍTEZ DÍAZ, Shiva Narada s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-19

El accionar desplegado por el fiscal se ajustó a las disposiciones del código de rito concernientes al desarrollo de investigaciones vinculadas a la comisión de los delitos previstos en el art. 142 bis o 170 del CP toda vez que, el Ministerio Público Fiscal es, para este tipo de delitos, el órgano que debe llevar cabo la investigación y, para ello se lo faculta a disponer medidas que por regla general sólo puede realizar el juez. En esa línea el fiscal solicitó el listado de llamadas entrantes y salientes mediante auto debidamente fundado tanto en lo tocante a la existencia de "peligro en la demora" como en lo atinente a la necesariedad para avanzar en la investigación. El requisito de que exista "peligro en la demora" se ve satisfecho en todos aquellos casos en los que el devenir de la investigación permita inferir que las dilaciones que puedan resultar del pedido de autorización al juez por parte del fiscal generaran un riesgo cierto de que se pierdan elementos de prueba esenciales para el avance de la pesquisa. En el caso, la urgencia con que se necesitaba la obtención de los registros de llamadas entrantes y salientes, queda acabadamente demostrada, puesto que no se trataba de evitar que se descartaran los teléfonos usados durante el secuestro, sino de individualizar a los posibles autores de dicho delito antes de que desparecieran los rastros que pudiesen conectarlos con su comisión. De tal modo la medida dispuesta por el fiscal contó con fundamentación suficiente, siendo posteriormente, convalidada por el juez competente, salvaguardándose de este modo las garantías constitucionales del titular de la línea.
Prórroga de la prisión preventiva, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Suris, Juan Ignacio y otros c/  s/ legajo de prórroga de prisión preventiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-11

En atención a los fundamentos dados por el tribunal de juicio, en ejercicio del control que incumbe a la CFCP de conformidad con el art. 1° ley 24.390, habrá de tomarse nota de la prórroga de prisión preventiva dispuesta respecto del imputado, por el término de seis meses. (Dres. Borinsky, Hornos y Figueroa).
Contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, granos y semillas, contrato de transporte, transporte de carga, exportaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Gauna, Tolentino y otros c/ Agencia  Marítima  Rigel    S.A.   y Nidera Argentina  S.A.  y otros. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

Si una empresa se dedica a la carga, y la otra a la exportación de granos, sin otra relación entre ellas que la atención de esa carga, no se configura una hipótesis de prestación por un tercero de una "actividad normal y específica propia del establecimiento", generadora de solidaridad: art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Igualdad ante la ley, garantías procesales, querella
Materia: PENAL
Carátula: Braga, Rafael Mariano y Otros s/ Recurso de casación Herrero, Carlos Omar y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-03|2015-07-17

El principio de igualdad de armas no resulta vulnerado ante la pluralidad de acusadores en el proceso pues la intervención de las querellas surge porque la legislación procesal así lo autoriza -artículos 67, 82 y siguientes y 104 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación- y en el proceso tanto la acusación -Ministerio Publico Fiscal y querellas- como las defensas y los acusados contaron con igualdad de posibilidades de articular todos los planteos que consideraron convenientes a su parte.
Jueces, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PICHETTO, MIGUEL ANGEL s/ MANDAMIENTO DE PROHIBICION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-04-16

En el control de constitucionalidad de las leyes -difuso o concentrado- está en juego algo más que los derechos subjetivos particulares:los derechos subjetivos públicos, y por tal la tradicional legitimación atribuida a la parte interesada para peticionar la inconstitucionalidad de una ley, reclama en la actualidad una ampliación, a los efectos de tutelar derechos e intereses que con apoyo directo en las garantías constitucionales superan la esfera individual, para alcanzar el interés de toda la comunidad.-