marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba pericial, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLAGRA, ELEODORO c/ SULU SA. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-21

Si bien las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, cuando el mismo comporta la necesidad de una apreciación específica del saber del perito, para desvirtuarlo, es imprescindible valorar los elementos de juicio que permitan advertir fehacientemente el error o el uso inadecuado que el técnico hubiese hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o título ha de suponérselo dotado. Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables, y no existe otra prueba que lo desvirtúe, corresponde aceptar sus conclusiones (conforme sentencia del 7 de abril de 1983, C.N.Civil, Sala C, 'Mallo Angel s/ sucesión').
Excepción de prescripción, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zendri, Horacio Néstor c/ Peralta, Gustavo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-08

Es deber ineludible de quien opone la excepción de prescripción, comprobar -con el expediente a la vista-, si efectivamente ya se ha operado el transcurso del término respectivo (art.4037, C.Civil); y si no tomó tal recaudo, de nada vale alegar una supuesta confusión con relación al plazo prescriptivo, de allí que es justo que soporte las costas originadas por el rechazo de la referida excepción (art.69, C.P.C.C.).
Defensa en juicio, doble instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calderón Ramón en J:Loviur S.R.L. c/ Calderón Ramón s/ Recurso Directo (LIBRO: A110 - 358)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-08-07

La doble instancia no integra la garantía de la defensa en juicio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Claudio s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

La alegación de que se ha acogido el planteo de la acusación omitiendo descalificar la impugnación realizada por la defensa al trabajo pericial es tema ajeno al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Inadmisibilidad formal, inexistencia de cuestión federal suficiente, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Escurra, Daniel Alejandro y otro c/  s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-22

Como reiteradamente ha sostenido la CSJN el recurso extraordinario exige entre otros requisitos para su procedencia, que la sustancia del planteo en que se funda implique el debate de una cuestión federal, lo que en la especie no ocurre. Tampoco cabe hacer la excepción de la arbitrariedad de sentencia, por cuanto, en atención al carácter restrictivo de la admisión de dicha doctrina, para que prospere la impugnación con ese respaldo, es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual la defensa no ha conseguido acreditar en autos. (Dres. Gemignani, Hornos y Borinsky)
Aclaratoria (procesal), honorarios, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Echevarría, Raúl c/ Aguirrezabala, Arturo s/ QUERELLA S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-03-29

No procede el recurso de casación en materia penal interpuesto en lo referente a "falta de tratamiento del recurso de apelación con relación a los honorarios regulados en Primera Instancia" cuando como en el caso-: 1ro) ante la omisión regulatoria no interpuso aclaratoria en la misma instancia; 2do.) no destruye el fundamento de la Cámara cuando ésta meritúa "que no ha mediado recurso expreso" pues el escrito obra presentado en representación del defendido y 3ro.) aunque hipotéticamente quisiera considerárselo como a la apelación del letrado por derecho propio contra los honorarios, no se encuentra delimitado ni fundado conforme exigía el art. 31 de la Ley Arancelaria entonces vigente, siendo extemporáneo cualquier intento posterior al respecto.
Daños y perjuicios, incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kuhnle, Graciela c/ Rivas, Victor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-05

Para determinar el daño ocasionado hay que valorar el perjuicio que la incapacidad produce, sobre el patrimonio de quien reclama la indemnización por tal y fundamentalmente hay que apreciar respecto de la víctima, su sexo, edad, tiempo probable de vida útil, su educación, profesión u oficio, caudal de sus ingresos a la época del suceso, sus probabilidades de progreso y ahorro, aptitudes de trabajo, nivel de vida y condición social.
Derecho procesal, recurso de casación, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, crítica concreta y razonada
Materia: PROCESAL
Carátula: Sudan, Alejandro c/ Compañía Argentina de Petróleo S.A. (C.A.P.E.S.A.) y otras s/ Despido y cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-04-23

Corresponde rechazar el recurso de casación articulado, sobre la base de los agravios en los que la codemandada no ataca la presunción del artículo 50 de la Ley nro. 1444, indicando las razones por las que no se deben aplicar la presunción emergente de la incontestación de la demanda, reiterando la línea argumental del recurso de apelación sin que despliegue una motivación idónea de impugnación, careciendo de una crítica razonada, profunda concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada, toda vez que sólo se ha exhibido un criterio discordante con el de los jueces de grado, sin que se acredite el vicio estructural que se alega.
Proceso judicial, principio dispositivo, impulso procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE CREDITO ARGENTINO c/ MARTA PATRICIA RAGO s/ COBRO DE PESOS.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-07-10

Como consecuencia del principio dispositivo que rige el procedimiento civil, es menester que las partes activen la prosecución de la causa a efectos de que se cumplan las diversas etapas procesales, para concluir por medio de la sentencia la cuestión debatida.
Petición de herencia, prescripción, reclamación de la filiación
Materia: CIVIL
Carátula: A. , N. M. c/ S.J. ,A. s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-03-05

Dado que la prescripción no corre contra los derechos o las acciones que aún no han tenido nacimiento, el derecho de la accionante a la petición de herencia recién pudo hacerse valer una vez reconocido su carácter de hija legítima del causante mediante la resolución de la acción de filiación promovida y, por ello, no corresponde considerar cumplido el plazo de prescripción de veinte años para promover la acción de petición de herencia.
Medidas cautelares, libertad de expresión, funcionarios públicos, derecho al honor
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: C. I. F. c/ E. E. M. s/ medida cautelar (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-27

configura entre el derecho a la libertad de expresión -en otras de libertad de prensa- y el derecho al honor y reputación de los funcionarios públicos, si bien quienes ejercen una función pública gozan de una esfera de intimidad que la Constitución resguarda, al igual que su derecho al honor y a la reputación, su estándar de protección es atenuado, por cuanto, se debe partir de la consideración además que sus actividades en el marco de una sociedad democrática salen del dominio de la esfera privada para insertarse en el debate público, estando los mismos más expuestos al escrutinio, la mirada y crítica del público en general.
Confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, privación del uso del automotor, daño moral, incumplimiento del contrato, plan de ahorro previo
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Olas Layla Luciana Soledad  c/ Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados y Otro s/ Contratos
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-08-11

La privación de uso configura por sí sola un daño indemnizable, y la privación basta para demostrar el daño, dado que en general no se tiene un automotor sino para utilizarlo. Por otro lado, es procedente el reclamo de indemnización por daño moral incoado contra las demandadas ante la falta de entrega del rodado cuyo precio abonó la actora; ello así, porque es perceptible que ha padecido una modificación disvaliosa en su espíritu merecedora de ser indemnizada -art. 1738 del CCyCN-, a raíz del incumplimiento de las accionadas y de los sucesivos reclamos y gestiones que efectuó como consecuencia de la demora en la entrega del vehículo.
Trabajadores portuarios, contrato de trabajo eventual, estibador
Materia: LABORAL
Carátula: GALEANO, ANTONIO c/ ENGAR s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-23

La mera presentación del estibador al turno, no puede entenderse como un día de trabajo efectivo a los fines del cálculo de las vacaciones. El artículo 152 Ley de Contrato de Trabajo no es aplicable en tanto el ENGAR y el ENCON no son empleadores del trabajador y no están obligados a dar ocupación, amén de que el contrato de trabajo del estibador portuario es de corte típicamente eventual.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-03-01


Salta, 1º de marzo de 2010.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ANDESMAR S.A. vs. SOL Y VALLES S.A. - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" - Expte Nº 146.712/06 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 3º Nominación (Expte. N° CAM 248.006/8 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

I) Que vienen estos autos a fin de resolver el recurso de revocatoria interpuesto a fs. 392 y vta. por la demandada, contra los decretos de fs. 386 y 391.

Sostiene el recurrente que el art. 21 de la ley de concursos y quiebras no establece la conexidad de estos autos con el expediente del concurso, sino que la excluye, dado que por ser el presente un proceso de conocimiento en trámite que prosiguió ante el tribunal originario, de ninguna manera se hace mención a conexidad alguna, ni en primera ni en segunda instancia. Destaca que, reiteradamente se ha sostenido que la conexidad surge de la ley y se aplica restrictivamente, y que por ende, no existe motivo alguno para apartar la Sala que resulto sorteada. Afirma que, sería absurdo que si no existió conexidad en primera instancia no obstante se verifique en la segunda. Pide que se declare incompetente esta Sala y se remitan las actuaciones a la Sala IV.

Corrida vista a la Sra. Fiscal de Cámara, se pronuncia a favor del acogimiento del planteo de incompetencia de la Sala II.

II) De las constancias de autos surge que a fs. 386, la Sala IV de esta Cámara, declaro su incompetencia con fundamento en el principio de prevención establecido en el art. 5 de la Acordada 5293 y en las previsiones del art. 21 de la LCQ, disponiendo la remisión a esta Sala; a fs. 391 se dispuso hacer conocer la radicación de los autos ante este tribunal, planteando el apoderado de la demandada el recurso de revocatoria en análisis, contra las anteriores resoluciones.

Las vías por las que se puede llegar a la incompetencia son tres: la incompetencia oficiosa, la incompetencia a pedido de parte por vía de inhibitoria, y la incompetencia a pedido de parte por vía de declinatoria. La oportunidad y los requisitos constituyen uno de los parámetros fundamentales en las cuestiones de competencia, la cuestión de competencia no puede plantearse fuera de los períodos legales establecidos, pues si bien las normas sobre competencia tienen carácter de orden público, el mismo rango tienen las que la limitan con el fin de terminar prontamente los procesos, si no se oponen a ello principios fundamentales que pudieran impedirlos (cf. Falcón, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ed. Rubinzal Culzoni, T. I, pag. 141/143). El art. 7 del CPCC dispone, en relación a la procedencia de las cuestiones de competencia, que sólo podrán promoverse por vía de declinatoria. Así entonces, tal como lo expresara la Sala IV a fs. 420, la cuestión de competencia debió formalmente plantearse en los términos de los arts. 7 y 8 del CPCC.

Por ello y habiendo efectivamente prevenido esta Sala, se confirman los decretos cuestionados a fs. 386 y 391.

REGÍSTRESE, notifíquese.
Despido indirecto, incapacidad laboral, enfermedades inculpables
Materia: CIVIL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Rodríguez de Wild, Irma c/ LU6 Emisora Atlántica y otros. s/ Laboral (Reg. 12934)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-19

Cabe a la actora que se consideró en situación de despido indirecto la justificación de las causales invocadas (art. 377 CPCCN, por remisión art. 155 LO).

La concausa de la incapacidad laboral es indemnizable por ley 24.028. Sin perjuicio de que el trabajo sea considerado en autos como un factor con incidencia en la incapacidad que en la actualidad presenta la demandante, no puede tomarse dicha incidencia como desencadenante de una enfermedad concausal en los términos del los arts. 208 y 211 de la LCT.

Dentro del esquema de la ley de accidentes de trabajo, comprobada la incidencia del factor trabajo en la incapacidad del trabajador, ésta debe indemnizarse. Distinto es el caso en el marco de la ley de contrato de trabajo, pues la enfermedad que padece la trabajadora no deja de ser inculpable para ella, originada por causas o factores ajenos al trabajo, en cuyo proceso actuó el factor laboral, como así también la multiplicidad de otros, debidamente detallados.

Lo que interesa resaltar es la importancia que debe asumir dicho factor en uno y otro régimen: para que sea indemnizable la incapacidad en el régimen de accidentes de trabajo, alcanza con que dicho factor haya actuado como concausa (actuando sobre un proceso de deterioro en curso) de las afecciones que provocan la incapacidad.

En cambio, en el régimen de la LCT, dicha incidencia no alcanza para afirmar que la enfermedad sea producto del trabajo desempeñado. En este caso, resultan de aplicación las previsiones de los arts. 208 y 211 de la LCT, en consecuencia, los haberes reclamados corresponden al plazo de conservación de empleo que refiere el art. 211 de la misma ley, período en que el empleador no tiene la obligación de abonar haberes al trabajador enfermo.

Ello no justifica la actitud de la trabajadora de ponerse en situación de despido indirecto cuando, a la fecha del distracto, había agotado ya el plazo máximo de su licencia por enfermedad inculpable, y se encontraba dentro del período anual de conservación de empleo establecido por el art. 211 de la LCT, considerando asimismo, que la demandada le hizo saber que se conservaba su puesto de trabajo por el término legal. (del voto del Dr. Tazza, adhesión Dr. Ferro)
Daños y perjuicios, prueba, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Biagiotti, Martín Agustín y otra c/ José Barrera y Cía. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

El perjuicio representado por la pérdida de la contribución al sustento que brindaba el hijo de crianza a sus padres de crianza y la frustación de la esperanza en éstos de la ayuda de aquel en el ocaso de sus vidas, puede ser probada por todo medio probatorio, sin que quepan levantar, a tal trajín, los límites propios de la prueba de los contratos (arts. 1068, 1069, 1077, 1079 y concs. del CC).
Caducidad de instancia, aplicación de la ley, ley supletoria, interrupción de la prescripción, letra de cambio
Materia: CIVIL
Carátula: MULHALL JULIO A. c/ NOUGUIER PABLO s/ COBRO DE PESOS - CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1924-03-12

El efecto interruptivo de la prescripción, causado por la instauración de la acción, se mantiene, mientras no se declare la caducidad de la instancia.

Las disposiciones del Código Civil son supletorias de las del Código de Comercio y si en éste no existen reglas terminantes y expresas, es aquel otro, en primer término, la fuente hacia la cual debe acudirse.

Consentida la resolución que no hizo lugar a la perención de la instancia, es improcedente la prescripción que se funda en que la ejecución de la letra de cambio se paralizó durante más de tres años contando para ello el tiempo que sirvió de base para alegar la perención rechazada.
Responsabilidad del abogado, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL
Carátula: ALLENDE VIUDA DE CLAVANI, MERCEDES BEATRIZ c/ ARTURO LERGA ARMENDARIS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-08-31

Los mandatarios conjuntos son responsables ante el mandante en forma simplemente mancomunada, no hay solidaridad entre ellos, a menos que entre las partes se hubiere convenido lo contrario (art. 1920 C.C.).

en consecuencia cada uno de los mandatarios responde solamente por sus faltas o hechos personales (art. 1992 C.C.).
Recurso de casación penal, emoción violenta
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: GNAVI, HUMBERTO ANIBAL s/ PROCESO PENAL - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1971-10-05

Si la Cámara hubiera aceptado la existencia de un estado emocional en el homicidio, y lo que realmente el impugnante niega fuera solamente la excusabilidad de ese estado, sí resultaría revisable la decisión de la Cámara de no aplicar el art. 81, inc.

1ro., C.P., pues aquel estado es un juicio de valor jurídico, sometible al control propio del recurso de casación.-
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, protección de la flora y fauna silvestre, inconstitucionalidad, penas conjuntas, multa penal, pena de inhabilitación, decomiso, non bis in ídem
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: César y Antonio Karam  SCICA. s/ Contencioso  Administrativo  de  plena  jurisdicción  e  ilegitimidad  c/decreto N. 2.423/83 del P.E.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

Procede el recurso extraordinario deducido por quien - en base a la ley 22.421 sobre conservación de la fauna silvestre - que sancionado con mas de una pena: decomiso, multa e inhabilitación, por una sola infracción ya que - teniendo en cuenta que la prohibición de la doble persecución penal tiene rango constitucional - ello implica cuestionar su validez constitucional.
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, legitimación activa, Ministerio Público Fiscal, Consejo de la Magistratura
Materia: PROCESAL
Carátula: Arriolo, Matías s/ s/infr. art. 72 CC Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-03

No es equivalente la tutela jurisdiccional -acceso o legitimación activa- de las personas como sujetos propios de derecho que la de los órganos del Estado, meramente competentes y como tales subyugados a obligaciones y deberes funcionales vinculados a su rol institucional en la dinámica jurídico-política, que por supuesto se orienta a la plena vigencia de los valores republicano-democráticos a través de leyes y actos válidos -en forma y sustancia-. La consecuencia relevante es que mientras a unos se les reconoce ampliamente la garantía de defensa de sus intereses ante la judicatura, a los otros se les concede restrictivamente de acuerdo a sus competencias predeterminadas normativamente, de modo que todo reclamo -aún sea de interés o de reserva de competencia (en función de la representatividad del interés público)- exigirá su canalización institucional por el órgano facultado por mandato legal expreso, pero siempre en el marco de los presupuestos procesales objetivos y subjetivos toda vez que el pre-establecimiento y división orgánico-funcional del poder público, genera límites al mismo.

Entiende esta alzada que el -potencialmente- legítimo reclamo en nombre del interés general -buena gestión del presupuesto público para la eficiente administración de justicia- articulado ante la judicatura -a través de un recurso de apelación- por el representante del Consejo de la Magistratura, no convierte a este último en el órgano competente para interponerlo, puesto que para tal tarea eventualmente está constituido el Ministerio Público Fiscal como parte interviniente en el proceso jurisdiccional en trámite, en defensa de la legalidad de acuerdo con los intereses generales de la sociedad.
Juicio de apremio, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION GENERAL DE RENTAS c/ SEGAL JAIME LEON Y OTRO s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-08-24

La introducción del cumplimiento de un deber formal, luego de opuesta la excepción de pago total sin que se haya hecho mención alguna de ello al promover la demanda, constituye una variación inadmisible de los términos de la pretensión, que colocaría en desventaja a la excepcionante, imposibilitada de replicarla y desvirturla por prueba en contra luego de introducida por la excepcionada. La mentada intimación de la D.R.G. debería ser cuanto menos alegada en el escrito inicial del apremiante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, cosa juzgada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LA ANUNCIADA  S.A.C.I.A. c/ ESTADO NACIONAL s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

Cabe hacer la salvedad que, cuando se dispongan medidas cautelares, las mismas siempre tienen carácter provisional, y deben ser modificadas o suprimidas atendiendo a la variación de las circunstancias, pues no cuadra invocar cosa juzgada material o formal.
Prueba de informes, negligencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Guillermo Balbino Rodríguez c/ Poder  Ejecutivo  de  la Provincia de Santa Cruz y Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz s/ Demanda Contecioso Administrativa - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1990-10-11

No basta sólo la presentación del instrumento para su firma en secretaría. El retiro del mismo, también queda a cargo de la parte interesada dentro de los cinco días que marca el art. 361 del C.P.C.

y C., y su incumplimiento pone de relieve la inactividad y desinterés de la parte en su producción, dando lugar a la declaración de negligencia y la pérdida del Derecho a producirla.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la intimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., S. J. c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y otra. s/ daños
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14

Nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, promiscuidad de causales
Materia: PROCESAL
Carátula: Rial, Aníbal Agustín c/ Aluar Aluminio Argentina S.A.I.C. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1988-10-06

Se encuentra vedada a los recurrentes la invocación promiscua de argumentos para procurar la apertura de más de una vía impugnativa.

En tal sentido, sin perjuicio de los argumentos esgrimidos por la Cámara al rechazarlo, se advierte a partir de las piezas acompañadas que el Recurso de Inconstitucionalidad no resulta fundado en forma independiente respecto del de Casación, habiéndose en cambio utilizado el mismo orden de argumentos.