Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-24


TS07D40996 PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 40996 CAUSA Nº: 15.480/07 - SALA VII - JUZGADO Nº: 26 En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de junio de 2.008, para dictar sentencia en estos autos: "ARROBIO, CARLOS ALBERTO c/ BANCO MACRO S.A. s/ Despido"; se procede a votar en el siguiente orden: EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I) Ambas partes apelan disconformes con distintos aspectos del fallo de grado que hizo lugar en lo principal a la demanda por despido incausado por aplicación de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.

RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA. II) La accionada basa su crítica recursiva en el hecho de que el sentenciante de grado habría efectuado un análisis incorrecto de la prueba rendida y soslayado elementos de crucial importancia, que -a su modo de ver- permitirían concluir que tuvo motivos concretos y valederos para despedir en forma directa al trabajador.

A mi juicio, no tiene razón la recurrente.

En primer lugar, debo destacar que es sabido que conforme el art. 377 del C.P.C.C.N., a las partes les incumbe acreditar los hechos expuestos como fundamento de sus pretensiones, es decir que tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo del propio interés. Y no es el que niega una situación fáctica descripta por el adversario el que debe probar, sino el que afirma la configuración del supuesto de hecho con el que intenta beneficiarse. Así, el reparto de la carga de la prueba se regula a tenor del principio de que la probanza de hecho debe darla aquella parte que tiene interés en afirmar su existencia en cuanto le es favorable su efecto jurídico (cfr. Palacio - Alvarado Velloso, "Código Procesal.", Tomo 8, pág. 95).

En tal sentido, discrepo con el razonamiento argumental planteado en el escrito en análisis, dado que -en mi opinión- la prueba rendida en la causa no permite concluir como se afirma que el actor hubiera incurrido, puntualmente, en una conducta lesiva a los intereses de la dadora de trabajo e impeditiva de la prosecución del vínculo.

Digo ésto, por cuanto no está en discusión que el trabajador fue despedido a tenor del despacho que luce agregado a fs. 16 oportunidad en la cual se le atribuyó lo siguiente: "Habiéndose verificado que el día 03.01.07 se registró un faltante de $ 100 en una de las "balas" precintadas por usted en el Tesoro General del Banco y analizados los videos que registran la operación pudo notarse un movimiento de su parte ajeno al procedimiento de fajado de los estirados. Pedida la explicación del caso, sus dichos no aclaran la situación pues en rigor no explican la razón de esos movimientos. La función que usted cumple lleva consigo la necesidad de mostrar una intachable conducta. Su actuación en la emergencia implica pérdida de confianza pues no explica la causa de ese movimiento ajeno a la actividad que estaba cumpliendo, además y objetivamente el faltante de $ 100.- no pudo ser desentrañado. Esto configura injuria laboral imposible de consentir. Notificamos en consecuencia despido con justa causa. Haberes pendientes a su disposición y certificado de trabajo en términos plazo legal..." (sic). La primer consideración que veo necesario puntualizar al respecto es que el despacho transcripto es muy vago e impreciso, ya que en él se refiere a un "movimiento ajeno al procedimiento" al cumplir las funciones del conteo de billetes, pero no se señala cuál habría sido éste, o en qué consistiría; menos aún se precisa cuál sería -eventualmente- la consecuencia lógica que surgiría de su realización, por lo que los términos vertidos al despedirlo lindan con lo violatorio de la regla del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo que impone la obligación de especificar la causal o pluraridad de las mismas que motivaron la injuria.

Sin perjuicio de ello, comparto la conclusión a la cual arribó el " a quo" en el sentido de que la lectura integral de las declaraciones de Tristant (v. fs. 160), Veich (v. fs. 162), Ahedo (v. f.s 164) y Bianchi (v. fs. 167) no esclarecen, a ciencia cierta, cómo se produjo el faltante de dinero (que sería, en definitiva, el resultado motivador del distracto), ello más allá del relato acerca de un movimiento inusual especificado por Tristant pero que no llega a esclarecer ni a evidenciar que el actor se hubiese quedado con un billete.

También destacó el Dr. Candal, con criterio que comparto, que a pesar de que los declarantes refieren que todos eran responsables del conteo, puesto que todos los empleados participaron en el recuento, sólo se demoró al actor para que explicase lo acontecido (art. 90 de la LO). La descripción que, con extremados detalles y pormenores realiza en el recurso respecto del proceso por el cual se lleva a cabo el "conteo" de dinero en el cual intervienen el encargado de efectuarlo, la máquina denominada "Numeron", todo ello bajo la estricta custodia materializada por la filmación del proceso, es un proceder que quedó abonado con los testimonios que se citan en el recurso (vgr. Bianchi y Veich); sin embargo, ello no demuestra más que el prolijo desarrollo llevado a cabo por la entidad bancaria con relación a los bienes en custodia y también el faltante de dinero, pero no justifica ni corrobora las inferencias que realiza la demandada por las cuales concluye acerca de la eventual participación del actor en una conducta indebida.

En síntesis, todo el razonamiento defensivo de la dadora de trabajo es elíptico, puesto que no hay ningún elemento cierto y concreto que permita verificar o suponer siquiera que que -tal como se le imputó al despedirlo- el "movimiento" del actor que la demandada consideró sospechoso (corporal, se presume) tuviera una necesaria correspondencia con el referido faltante del billete de $ 100 (art. 377 del C.P.C.C.N.).

Tampoco puede soslayarse que el actor tenía una trayectoria de aproximadamente 30 años de trabajo continuos (en primer orden para el Banco Shaw, luego para la entidad demandada), de una presumida confianza frente a la circunstancia de que no tuvo antecedentes desfavorables o sanciones por el motivo de marras ni ningún otro, elemento que torna aún mas gravosa y desproporcionada a la máxima medida de ruptura adoptada (art. 386 del C.P.C.C.N.).

Siguiendo tal razonamiento, en el caso de que la accionada hubiera tenido algún reparo respecto del "movimiento" del trabajador, hecho -en definitiva- que despertó sus sospechas y que vinculó con el faltante de dinero verificado, bien pudo advertir (siquiera con una sanción, por el faltante de dinero), aunque sin llegar a la máxima sanción de distracto. La conducta de la firma, en el contexto de lo expuesto, fue intempestiva y no se condice con los principios de conservación del contrato de trabajo y buena fé que imponen los arts. 10 y 63 L.C.T.

Por todo ello, estimo que -en este particular supuesto- la eyección del trabajador, sin lugar a dudas, resultó inmotivada (cfme. art. 242 de la L.C.T.).

III) En cuanto al planteo realizado referido a que al tiempo del despido el índice de desocupación estaba ya por debajo del 10%, comparto la postura del Dr. Fernández Madrid referida a que el hecho de que la ley en cuestión haya excluido la expresión "de pleno derecho" que contenía el decreto 823/04 descarta la posibilidad de que se tenga por cumplida la condición mencionada en la norma legal sin una declaración expresa del Poder Legislativo o Ejecutivo en tal sentido ("La extensión del plus indemnizatorio por despido arbitrario", pub. En DEL Nº 266, Octubre 2.007, T. XXI, pág. 919).

A ello, debo agregar que como correctamente señalara en minoría la Dra. Porta en la causa "De la Fuente, Mónica Gladis y otro c/ Swiss Medical S.A. s/ despido" S.D. Nº 89.714 del 30.5.08 existen ambigüedad e imprecisión respecto de cuál es la fecha en que la indemnización agravada dejó de tener vigor que tienen consecuencias disvaliosas porque impiden a las partes del contrato laboral tener cabal conocimiento de cuál es la situación vigente al momento de extinguirse el vínculo, afectando el efecto liberatorio del pago y conspirando contra la eficacia de un instrumento esencial del derecho del trabajo como son las reparaciones tarifadas que favorecen la autoaplicación de las normas.

Por ello, ante una situación tan incierta, era necesario un acto expreso que declarara cumplida la condición prevista por el citado art. 4 de la ley 25.972, ya que ello confiere seguridad y certeza tanto a las partes del contrato como a los operadores jurídicos. En consecuencia, que el agravamiento en cuestión perdió eficacia el día de entrada en vigencia del decreto 1224/07 (B.O. 11/9/07), es decir el 19/9/07( cfrme.art. 2º del C.Civil).

RECURSO DE LA PARTE ACTORA. IV) No veo atendible el planteo en lo inherente al pretendido incremento de los montos de condena en base a adicionar un salario mayor, en tanto -mas allá de que no se señala cómo y en qué medida quedaría reexpresada la condena en razón de la hipotética adopción de un salario mayor- de la constancia de pago del mes de diciembre de 2.006 a la cual se alude en el recurso no surge la suma pretendida sino, precisamente adoptada por el "a quo" (v. recibo de $ 2.843,59; v. fs. 38). V) En cuanto a la pretensión de que se incremente la condena con el rubro reclamado por "daño moral", cabe rememorar que "el daño moral consiste en una pretensión autónoma e independiente del despido, vale decir, tiene su causa fuente en un ilícito ajeno al contrato de trabajo que desborda los límites tarifarios y que debe ser resuelta en consecuencia, acudiendo a los principios generales del Derecho de Daños." (Isidoro H. Goldenberg: "El Daño Moral en las Relaciones de Trabajo", en "Daño Moral", pág. 265 "Revista de Derecho de Daños", Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1999).

"En efecto, las conductas lesivas a la dignidad, honor o reputación del dependiente por aseveraciones temerarias, descalificantes, ofensivas, de mala fe, divulgación de datos íntimos o situaciones penosas, no pueden quedar desguarnecidas de tutela legal por el sólo hecho de que las partes se encontraban ligadas por un contrato de trabajo" (Goldenberg, loc. Cit.).

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, el 31 de julio de 1979, en fallo donde llevó la voz el doctor Ricardo A. Guibourg, expresó: "Cuando -en ocasión de la ruptura del contrato o fuera de ella- el empleador incurre en conductas que causan perjuicio al trabajador desde el punto de vista extracontractual, es decir, cuando se causa un daño que resultaría indemnizable - aún en ausencia de una relación laboral - tal responsabilidad no puede verse condenada mediante el simple pago de la indemnización tarifada. Encontrándose la conducta genéricamente comprendida en los artículos 1072, 1078 y 1109 del Código Civil aún con total prescindencia del contrato de trabajo que le ha servido de contexto, compromete a su autor a la responsabilidad prevista por daño moral sin perjuicio del pago de la indemnización tarifada que corresponde al ámbito de los incumplimientos contractuales" (El Derecho, 29-07-80).

"La valoración del daño moral no está sujeta a cánones estrictos, correspondiendo a los jueces de la causa establecer su procedencia y el quantum indemnizatorio, tomando en consideración para ello la gravedad de la lesión sufrida y el hecho generador de la responsabilidad" (Cám. Nac. Cont. Adm. Federal, Sala I, 17-VIII-97:"Sandez, Marta Susana C/ Consejo Federal de Inversiones S/ Empleo Público").- Carlos A. Ghersi, en el libro primeramente citado, pág. 58, destaca la reformulación del daño moral en la Reforma de 1968, a partir del riesgo creado (Art. 1.113, segunda parte, párrafo segundo), la equidad (Art. 907, párrafo segundo), la buena fe (Art. 1.198, párrafo primero), y el ejercicio abusivo de los derechos (Art. 1.071), entre otras disposiciones, enfatizando que "esta corriente renovadora del derecho, con hondo contenido social, se acerca más al hombre en sí mismo y se aleja del economicismo como meta central de protección, que imperaba en Alberdi y Vélez".

Por otra parte, Jorge Mosset Iturraspe propone la sustitución del concepto de "daño moral" por el "daño a la persona", de mucha mayor amplitud y mayor compatibilidad con las orientaciones modernas del derecho (conf.: su trabajo: "Daño Moral. Noción. Crítica a la denominación. Daño extrapatrimonial. Daño a la persona", en loc. Cit. pág. 7 y ss).

La irrupción de los Derechos Humanos a partir de la posguerra de 1945 hizo sentir su creciente influencia en el Derecho Universal, comprendido nuestro país, que en la Reforma Constitucional de 1994 incorpora a la Ley Suprema " la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", cuyo Art. V dispone que "Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar"; "la Declaración Universal de Derechos Humanos", cuyo artículo 2º - 1 reza: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición", y otras normas de específica aplicación al sub lite (Art. 75, inc. 22, C.N.).

La propia Corte Suprema expresó, aún antes de la Reforma Constitucional que: "El daño moral tiene carácter resarcitorio y no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un accesorio de éste" (Autos: "Forni C/ Ferrocarriles Argentinos, 7/IX/89. ID:"Bonadero Alberdi de Inaudi C/ Ferrocarriles Argentinos" 16/VI/88).

Ya la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", aprobada en 1948, destaca que los derechos esenciales del hombre...tienen como fundamento los atributos de la persona humana", y en su artículo V impera que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida familiar".

En el caso que nos convoca, no tengo dudas de que si bien no se le imputó al dependiente en forma expresa el haber cometido un delito, sí se puede inferir de la particular redacción del despacho de ruptura tal acusación, de forma tal que -en mi punto de vista- la pretensión de pago de un resarcimiento adicional encuentra un pleno justificativo válido desde el punto de vista fáctico y normativo (cfme. arts. 1.072, 1.078 y 1.109 del Código Civil).

Propicio, en consecuencia, que se revoque parcialmente el fallo recurrido, y se adicione al capital de condena determinado en grado ($ 135.957,23) la suma de $ 20.000 por el concepto "daño moral" (cfme. arg. arts. 163 y 165 del C.P.C.C.N.), lo que totaliza un valor de condena final de $155.957,23, suma que devengará intereses en la forma y conforme la tasa de interés indicada en el fallo de grado, que llega incólume en ese aspecto. VI) De tener adhesión mi voto, propongo que las costas de alzada -al igual que las de primera instancia- sean soportadas por la parte demandada (arts. 68 del Código Procesal), sin alterar la cuantía de los honorarios fijados a favor de los profesionales intervinientes en grado, que deberán aplicarse sobre el nuevo monto de condena más intereses (art. 38 de al ley 18.345 y ley 24.432). Con ello dejo así también tratados los recursos en este aspecto. Asimismo, propicio regular los honorarios de esta instancia en favor de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora y demandada en el 30% y 25% de lo fijado, en favor de cada uno de ellos, por su actuación en la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839 -modificada por ley 24.432-). LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede y añado:

1) Con relación al pretendido cese de la vigencia de la ley 25.972 (B.O. 17-12-04), debo destacar que el art. 4° de dicha norma expresamente estableció lo siguiente: "Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el artículo 16 de la ley 25.561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10%)...".

En primer lugar deseo dejar sentado que no comparto la corriente jurisprudencial que considera que, dicha norma supeditó la caída de la multa a una condición vinculada al empleo (disminución de la tasa de desocupación en la medida antes indicada) y que ésta se cumplió en el mismo momento en que disminuyó la tasa de desocupación por debajo de niveles indicados (según las publicaciones periódicas que realiza aquélla institución).

Por el contrario, a mi modo de ver, el mencionado artículo 4 de la Ley 25.972 sólo expresa un proyecto de política económica sujeto a que, a posteriori, se resuelva concretamente el momento en que se tome la decisión de manera efectiva.- Y ello ha ocurrido con el dictado del decreto 1224/2007 (BO 11-09-07) en que efectivamente se dispuso "Declárase cumplida la condición prevista por el primer párrafo del art. 4º de la Ley 25.972...".

La norma tuvo en cuenta la última información que surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el INDEC, en cuanto a que la tasa de desocupación se encuentra por debajo del porcentaje del 10% y, en consecuencia declara cumplida la condición.

El art. 4 de la ley 25.972 (B.O. 17-12-04) expresamente estableció lo siguiente: "Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el artículo 16 de la ley 25.561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10%)...".

Sobre esta base, es lógico concluir que corresponde el pago de agravamiento sólo a los despidos ocurridos hasta el 19 de septiembre del 2007.

El tema, no sólo contiene el interés propio de las consecuencias prácticas que produce, sino que da cuentas del necesario direccionamiento que se debe mantener con miras a la seguridad jurídica.

No me parece atinado decidir el contenido de una norma jurídica, por la manifestación de una decisión proyectada para tomarse en el futuro.

Sí, que adelantado, el hecho de que así se ha resuelto que se va a decidir, se estatuya en el momento preciso.

Es que la seguridad es conducente a la justicia y el tiempo de vigencia de las obligaciones, constituye parte de esa seguridad.

2) Respecto a la procedencia del rubro "daño moral", veo necesario agregar que, como regla general, los distractos en los cuales se invoca como elemento justificativo de la ruptura la "pérdida de confianza" del trabajador normalmente no conllevan necesariamente un resarcimiento adicional. En el caso de autos, no puede soslayarse que la atribución de la conducta formulada al dependiente, vinculada finalmente al faltante de dinero, encapsula, en definitiva, una acusación de haber cometido un grave ilícito, conducta susceptible de ser encuadrada como un ilícito que conduce al presupuesto del art. 1.078 del Código Civil. EL DOCTOR JUAN CARLOS EUGENIO MORANDO: No vota (art. 125 de la ley18.345 -modificada por ley 24.635-). Por lo que resulta del acuerdo que precede, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar parcialmente el fallo recurrido y elevar el monto de condena a la suma de $ 155.957,23 ( PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTITRÉS CENTAVOS), más los intereses respectivos. 2) Mantener los porcentajes de honorarios fijados en primera instancia, que deberán aplicarse sobre el nuevo monto de condena mas intereses. 3) Imponer las costas de alzada a la parte demandada. 4) Fijar los emolumentos de alzada en favor de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora y demandada en el 30% y 25% de lo fijado, en favor de cada uno de ellos, por su actuación en la instancia anterior. 5) Se hace saber también que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1.181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada C.S.J.N. No. 6/05).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.