Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-08


Expte. nº 14720/17 "Ministerio Público -Defensoría General de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'H.C.P. s/ art. 189 bis, CP'" y su acumulado expte. nº 14426/17 "Ministerio Público -Defensoría General de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'H.C.P. s/ art. 189 bis, CP'" Buenos Aires, 8 de agosto de 2018 Vistos: los autos indicados en el epígrafe Resulta 1. El Defensor General de la Ciudad y el Defensor General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas interpusieron dos quejas por denegación de los recursos de inconstitucionalidad acompañados a fs. 31/38 y 84/91.

La queja n° 14426 se corresponde con la impugnación que la defensa oficial había formulado contra la decisión de la Sala I de la Cámara que, al revocar la de primera instancia, ordenó la prisión preventiva de H.C.P., por el delito de portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal (art. 189 bis, inciso segundo, párrafo tercero, CP).

Y la queja nº 14720 concierne a un similar cuestionamiento pero, esta vez, dirigido contra la segunda resolución de la Sala interviniente que también dejó sin efecto una decisión posterior de primera instancia y dispuso mantener la prisión preventiva a la que se hizo referencia en el párrafo anterior. Para así resolver, la Cámara consideró que se mantenían los riesgos procesales que ya había evaluado en su anterior intervención, como eran la falta de arraigo; que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo; las rebeldías anteriores que registraba y especificó que frente a los padecimientos psiquiátricos del imputado, y en contra de lo considerado por el juez de primera instancia, en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza funcionaba el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino -PRISMA- y el Programa de Tratamientos Interdisciplinarios -PROTIN-, al que aquél podría ser derivado, según lo informara la encargada del programa.

2. En el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra esta última decisión, que es lo que aquí interesa, la defensa oficial denunció la afectación a los principios de legalidad, favor libertatis, pro homine e inocencia. En concreto, cuestionó la valoración que habían hecho los camaristas respecto de la presunta falta de arraigo dado que la defensa había aportado los domicilios de la hermana y sobrina de su asistido quien, además, venía cumpliendo con un tratamiento ambulatorio en el Hospital Borda y concluyó en que dada "la existencia de arraigo suficiente y el contexto de gravedad psicofísica que aqueja[ba] al acusado, en nada indica[ba]n que el imputado t[uvier]a medios económicos suficientes para abandonar el país o que c[ontara] con posibilidades de permanecer oculto" (fs. 38).

3. El Fiscal General (a/c), al tomar intervención, postuló el rechazo de las dos quejas por ausencia de caso constitucional (fs. 117/118 y 122).

4. Con posterioridad al llamado de autos se requirieron y obtuvieron copias certificadas del legajo de juicio (fs. 125 y 129) y también se recibió, después, copia de una posterior resolución de la Sala I que había dispuesto confirmar la decisión -adoptada por otro juez, el de juicio- de suspender el proceso en los términos de los artículos 34 y 35 del CPP y mantener la internación de H.C.P. en el programa Prisma, de conformidad con los plazos e informes periódicos establecidos en la ley nº 26657 de Salud Mental, hasta tanto se determinara que aquél podía estar en juicio (fs. 134/144).

Fundamentos El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Corresponde rechazar las dos quejas presentadas porque la situación tenida en cuenta por los jueces de mérito y por la propia defensa oficial al interponer los recursos de inconstitucionalidad ha variado sustancialmente a partir de las nuevas circunstancias tenidas en cuenta tanto en la resolución adoptada por el juez de juicio como en el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones a los que se hizo referencia en las resultas.

En efecto, mientras aquí tramitaban las quejas interpuestas por la defensa oficial, en la instancia de grado se dio intervención al juez de la etapa de juicio y, estando en libertad, H.C.P. fue detenido por una nueva causa iniciada el 16 de agosto de 2017, por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal, ante el Juzgado Criminal y Correccional n° 50 de esta Ciudad. Fue así que el día 12 de septiembre, con H.C.P. detenido, se dio inicio al juicio oral y luego de una incidencia, la defensora solicitó la realización de un examen pericial para analizar la capacidad psíquica de su asistido. Después de escuchar a todos los peritos que participaron en la discusión sobre los padecimientos del acusado, el juez entendió que correspondía, y así lo resolvió, "suspender el proceso en los términos de los artículos 34 y 35 del Código Procesal, mantener la internación de [H.C.P.] en el programa PRISMA del Complejo de Ezeiza, en función de su incapacidad mental, donde deberá continuar con el tratamiento adecuado a la patología que padece, en los términos del art. 20 de la ley 26657, con el alcance del artículo 24 de esa ley." y dio intervención a la Asesoría Tutelar y a la Justicia Nacional en lo Civil (fs. 95/107 del legajo de juicio, en copia).

2. Cabe señalar que, en la misma audiencia de juicio y ante un pedido de aclaración de la defensora oficial sobre la vigencia de la medida cautelar pues, según su parecer, si H.C.P. "carec[ía] de capacidad para estar en juicio no p[odía] subsistir la prisión preventiva", el juez contestó: "en el marco de la ley de salud mental ordené la internación involuntaria para contener la situación que afronta el imputado. Tal medida, en mi criterio, no se encuentra en conflicto con la prisión preventiva que se encuentra bajo estudio del Tribunal Superior de Justicia" (fs. 106 vuelta del legajo de juicio).

3. Pues bien, al recurrir la decisión, la defensora oficial planteó, como primera cuestión, que es la que aquí interesa: "el cese de la detención cautelar dispuesta" porque consideró que "e[ra] consecuencia necesaria de la decisión de suspender el proceso" (fs. 135 vuelta, punto VII).

Al corrérsele vista al MPF, el fiscal entendió que sobre ese agravio debía declararse la inadmisibilidad del recurso "en cuanto solicita el cese de prisión preventiva, cuando en rigor -dice- nada se dispuso al respecto (fs. 136, punto IX).

Sin embargo, los camaristas entendieron lo contrario. Bajo el título: "Agravios de la Defensa Pública acerca de la compatibilidad de la prisión preventiva con la declaración de incapacidad transitoria para estar en juicio", el tribunal de alzada ponderó la aclaración que había brindado el juez de juicio ante el pedido de la defensa y sostuvo que "[b]ajo tales condiciones puede considerarse que al no disponer el cese, la medida se mantuvo y en consecuencia puede apreciarse que la apelación es procedente en relación al objeto que expresa perseguir" (fs. 136 vuelta).

Y así fue que los jueces de la Sala I volvieron a tratar la pertinencia de la prisión preventiva pero esta vez a la luz de la resolución adoptada por el juez de juicio y de la nueva imputación por la que H.C.P. había sido detenido y procesado con prisión preventiva por la justicia criminal y correccional, lo que les llevó a afirmar que los riesgos procesales que ya habían valorado en sus anteriores pronunciamientos "no sólo se han mantenido, sino que se han intensificado" (fs. 138).

4. Queda así demostrado que el caso traído a estos estrados por la defensa oficial ha variado sustancialmente y, además, existe un nuevo pronunciamiento del tribunal de alzada que, por tercera vez, analizó la pertinencia de la medida cautelar con el proceso suspendido y con el nuevo hecho presuntamente cometido por el imputado. En esas condiciones, los agravios, tal como fueron planteados por la defensa oficial, han perdido actualidad al haber quedado circunscriptos a la situación anterior a la tenida en cuenta, ahora, por los jueces de mérito.

5. Por lo expuesto, corresponde rechazar las quejas interpuestas y por las razones que desarrollé al votar in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad en: 'Ronchetti, Leonardo s/ art. 47, CC -apelación- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado'", expte. nº 3996/05, resolución del 14/09/05, a las que me remito, no corresponde exigir el depósito previsto en el art. 33 de la ley n° 402.

La juez Inés M. Weinberg dijo:

Corresponde rechazar los dos recursos de queja interpuestos en tanto los agravios presentados por la defensa oficial en ambas presentaciones han perdido actualidad. En efecto, conforme surge del punto 4 de las resultas y de lo relatado en el voto del juez Luis F. Lozano, el caso traído a consideración de este Tribunal ha variado sustancialmente, se dictó una tercer sentencia de Cámara que valora esas nuevas circunstancias y aquella decisión se encuentra firme (fs. 149). Por lo tanto voto por rechazar los recursos de fs. 50/57 y 102/108 y tener presente el beneficio de litigar sin gastos concedido.

La jueza Ana Maria Conde dijo:

1. Comparto en lo sustancial los desarrollos contenidos en el voto que lidera el Acuerdo, pues, en atención a lo resuelto en la última resolución del tribunal a quo (fs. 134/144), la discusión que la Defensa pretendió someter a la consideración del Tribunal mediante ambas impugnaciones ha variado de manera significativa. En efecto, pienso que en la actualidad ya no es posible que este estrado evalúe si fueron o no acertados los fundamentos a partir de los cuales el tribunal a quo concluyó que concurrieron determinados riesgos procesales que justificaron la pertinencia de ordenar la prisión preventiva del involucrado, o su mantenimiento, pues esa evaluación aun en el hipótesis de que implicase una controversia constitucional no podría ser encarada de un modo totalmente descontextualizado con lo que la alzada tuvo presente con posterioridad en esta causa, al destacar, aún más, la razonabilidad de que el encarcelamiento cautelar oportunamente resuelto permaneciese vigente. En tales condiciones, considero que los motivos de impugnación propuestos por la Defensa ante esta instancia, cualquiera que haya sido su acierto o error al momento de ser formulados, quedaron circunscriptos a una situación previa, que en palabras del tribunal a quo no sólo no habría desaparecido, sino que se habría "intensificado, teniendo en cuenta que [H. C. P fue] (.) procesado con prisión preventiva [-por un tribunal en lo Criminal y Correccional-] por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal [-prima facie ocurrido mientras se intentaba materializar la detención cautelar emitida por segunda vez en el marco de estas actuaciones-], con lo que la amenaza penal se ha visto sustancialmente aumentada, y con ello (.) igual efecto se ha dado con respecto al riesgo de fuga" anteriormente analizado en ocasión de decidir su excepcional privación de libertad (fs. 138).

Lo expuesto no importa, naturalmente, abrir un juicio con relación a lo que el tribunal a quo decidió en su último pronunciamiento que al parecer no fue objeto de recurso alguno de la Defensa; ni obstaría a que llegado el caso el Tribunal considere útilmente la cuestión referida a la libertad del imputado en un proceso que, a pesar de estar momentáneamente suspendido el juicio en función de los arts. 34 y 35 del CPP (a resultas de los informes periódicos encomendados para dilucidar su concreta capacidad de comprensión de los actos procesales), aún protagoniza en el supuesto de que las circunstancias adicionales exteriorizadas por la alzada desaparezcan, varíen en lo sucesivo o si la medida hasta aquí adoptada se torna desproporcionada o irrazonable.

2. En mérito a lo apuntado corresponde: (a) rechazar los recursos de queja deducidos; (b) estar a lo resuelto el día 13 de noviembre de 2017 por la Cámara de Apelaciones (fs. 134/144); y (c) tener presente el beneficio de litigar sin gastos concedido (fs. 150/151 y 40/41 del incidente respectivo).

Así lo voto. La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

De conformidad con lo establecido en el punto 4 de los resultas, el juez de grado dispuso la suspensión del proceso en los términos del artículo 34 del CPP, decisión que fue confirmada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones con fecha 13 de noviembre de 2017 y que se encuentra firme. Atento a que dicha situación se mantiene corresponde suspender el trámite de toda actividad procesal. Así lo voto.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

La resolución firme mediante la cual el juez del juicio dispuso suspender el proceso respecto del imputado, en los términos del art. 34 del CPP (ver fs. 95/107 y 134/144 del legajo de juicio), impide, en el caso, expedirse acerca de los planteos formulados en las quejas.

Corresponde, por ello, suspender la tramitación de las quejas agregadas a fs. 31/38 y 84/91, devolver las actuaciones principales y solicitar al magistrado que interviene que informe al Tribunal si desaparecen las causas que provocaron la suspensión del procedimiento y toda novedad de interés para la continuación del trámite de las quejas interpuestas ante estos estrados.

Así lo voto.

Por ello, y habiendo tomado la intervención que compete al Fiscal General a cargo, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar los recursos de queja interpuestos.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.