Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-07-05


Expte. Nº 5508/11 "AUTOTRANSPORTES ANDESMAR S.A. s/ Apelación de Resolución Dirección Defensa del Consumidor - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a cinco ( 05 ) días del mes de julio del año dos mil once, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores José Abel Soria Vega, Juan Carlos Caballero Vidal y Adolfo Caballero, a fin de examinar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte apelante, contra la sentencia dictada por el Quinto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha diez de noviembre del año dos mil diez, en autos Nº 98787 caratulados: "Autotransportes Andesmar S.A. - Apelación Resolución Dirección de Defensa al Consumidor".--------------------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJO:--- --- En la sentencia impugnada, el Señor Juez titular del Quinto Juzgado Civil, Comercial y Minería -entendiendo en grado de apelación- admitió parcialmente el recurso interpuesto por la ahora recurrente Andesmar S.A.. En función de ello, modificó la resolución 592 de la Dirección de Defensa al Consumidor, dictada en expediente administrativo 405-1131-D-05, por medio de la cual se le aplicara una multa de doscientos mil pesos, reduciendo la sanción a la suma de veinte mil pesos.---- --- Para fundar su decisión, y en lo que es materia de recurso, el Sr. Juez a quo, luego de analizar la ley nacional 12.346, el decreto nacional 1388/96 y la ley 24.240, concluyó que dicha normativa no se contraponía entre sí, que resultaba aplicable la ley 24.240 y que -en definitiva- la Dirección de Defensa al Consumidor era el órgano competente para entender en la denuncia y aplicar la sanción. Seguidamente, juzgó que era correcto tener por ciertas las manifestaciones vertidas por el denunciante en sede administrativa, en tanto ello se compadecía con la disposición contenida en el artículo 3 de la ley 24.240 que establece que, en caso de duda, habrá de prevalecer la interpretación más favorable al consumidor.-------------------------------- --- De este modo, tuvo por acreditado que la empresa transportista no brindó la información debida a la denunciante (persona discapacitada) en relación al trámite a seguir para obtener el pasaje en forma gratuita, violentando el deber impuesto por el artículo 4 de la ley 24.240. Por esta razón, concluyó que la multa debía mantenerse, sin perjuicio de lo cual la redujo, fundándose en la desproporción con la infracción cometida y al no haberse acreditado su carácter de "reincidente".----- --- La quejosa encuadra su recurso de inconstitucionalidad en las previsiones del artículo 11, inciso 3°, de la ley 2275. Dice que la sentencia es arbitraria, por resultar violatoria de su derecho de defensa, en cuanto carece de los recaudos indispensables para la existencia misma del pronunciamiento, y resultar -en sí misma- incongruente. Dice que el error de razonamiento y fundamentación viola los derechos de su parte consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.------ --- En primer lugar, se agravia señalando que el Juez a quo aplicó el principio de interpretación más favorable al consumidor, cuando -a su entender- la denunciante no cumplió con el procedimiento fijado para acceder al beneficio de la gratuidad del transporte, instituido por decreto nacional 38/04.--------------------------------- --- En segundo lugar, sostiene que el sentenciante pasó por alto que la nota de reclamo del pasaje fue adulterada (en cuanto a su fecha de emisión y fecha en que presuntamente realizaría el viaje), restándole -de ese modo- valor probatorio. Dice que la falta de consideración de esta objeción torna al fallo en una decisión arbitraria.------------------------------------ --- Finalmente, se queja de la irrazonabilidad del monto de la multa, arguyendo que, si bien fue reducida a la suma de veinte mil pesos, aún así carece de relación con el beneficio que pudo haber significado -para su patrimonio- el monto de los pasajes abonados por la denunciante. Dice que la sanción impuesta constituye un exceso de punición que, en tanto confiscatoria, violenta su derecho de propiedad.-------------------------------- --- En lo que respecta al recurso de casación, lo encuadra en las causales de los incisos 1° y 2° del artículo 15 de la ley 2275.----------------------------- --- Critica el fallo impugnado sosteniendo que se han interpretado erróneamente las normas de derecho de fondo (art. 75 inc. 13 de la Constitución Nacional y Ley Nacional de Defensa del Consumidor) al considerar que la Dirección de Defensa del Consumidor es un organismo competente para entender en la denuncia interpuesta en su contra.---------------------------------------------- --- Sustenta su posición diciendo que el servicio del transporte es un elemento del "comercio", y que en tanto actividad interjurisdiccional, está sometida a la regulación del Congreso de la Nación. Remarca que en ejercicio de esta atribución, se dictó la ley nacional 12.346, normativa que en su artículo 3 permite a las Provincias y Municipios reglamentar el tráfico de pasajeros, cargas o encomiendas, sólo cuando los puntos terminales de los mismos se encuentren dentro de su territorio provincial. Como corolario de lo expuesto, afirma que en materia de fiscalización y control del transporte interjurisdiccional de pasajeros (policía del servicio), como en relación a la protección de los derechos de los usuarios (policía de defensa del usuario), la competencia es exclusiva y excluyente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (C.N.R.T.).------------------- --- Tras exponer los antecedentes de los recursos planteados, comienzo por examinar la admisibilidad formal del recurso de inconstitucionalidad. Adelanto que dicho examen conducirá a desestimarlo, en razón de no haber cumplimentado la recurrente los recaudos que exige la ley 2275, y -en definitiva- por no demostrar la arbitrariedad que imputa al fallo.---------------------- --- En primer lugar, debo decir que la quejosa no satisface el recaudo que impone el artículo 12 de la citada ley. Ello así, porque no propuso debidamente la cuestión constitucional al expresar agravios, limitándose a decir: se formula expresamente planteo de caso federal por violación de los artículos 16, 17, 18, 28 y 75 de la Constitución Nacional, para el supuesto improbable de que este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería de la Provincia de San Juan, y/o el resto de las instancias ordinarias, no acogieran las defensas interpuestas formal o sustancialmente, haciendo expresa reserva para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme a las prescripciones del artículo 14 de la ley 48, a fin de articular oportunamente el Recurso Extraordinario, por violación de los preceptos constitucionales individualizados en esta presentación.------------------ --- Este Tribunal tiene dicho que introducir o, en su caso, mantener la cuestión constitucional implica plantear de antemano la contradicción entre una eventual decisión y un derecho constitucional. En palabras de esta Corte, quien la formula debe especificar que si se resuelve en 'tal' sentido, ha de violarse 'cierto' derecho, por 'determinada' causa (P.R.E. S.2ª.-2008-II-400). Sólo frente a un planteo así formulado el tribunal de mérito puede expedirse sobre la cuestión constitucional, es decir, juzgar si la decisión que se adopta viola o no el derecho invocado. Por otra parte, es imprescindible que se invoque la violación constitucional ante las instancias de mérito. Dicha violación ha de ser objeto del posterior recurso extraordinario y, de no planteársela ante los tribunales de mérito, la Corte debería resolver el punto en instancia originaria. En fin, esto explica la razón de ser de la exigencia legal que en definitiva se asienta en el principio de congruencia.-------------- --- Lo dicho hasta aquí permite diferenciar la introducción de la cuestión constitucional de la mera reserva de plantear los recursos extraordinarios (P.R.E. S.2ª 1997-II-230; 1997-I-141; S.2ª 1996-III-419: P.R.E. S.2ª 1995-I-39, etc.). Por otra parte, lo expuesto describe la manera idónea de introducir aquella cuestión: señalando una contradicción concreta y explícita entre determinada resolución y cierto derecho constitucional.------------- --- Como adelanté, la fórmula utilizada por la recurrente no satisface el requisito del artículo 12 de la ley 2275, en tanto resulta ser básicamente una reserva de recurrir ante la Corte Federal y no la introducción de la cuestión constitucional en los términos que exige la ley de recursos extraordinarios local. Por lo demás, la referencia que la recurrente hace a los derechos constitucionales supuestamente violentados (arts. 16, 17, 18, 28 y 75 de la C.N.) tampoco cumple con las pautas enunciadas. Nótese que en ningún momento especifica en qué puntos y por qué razones la resolución que le impuso la sanción, por haber incumplido el deber de información que le cabe respecto del consumidor denunciante (art. 4, ley 24.240), violaría tales derechos. En otras palabras, peca al formular cuestionamientos genéricos y desvinculados de lo que luego trae como tema constitucional en el recurso.--------------------------- --- En segundo lugar, remarco que la queja formulada por la recurrente, en el sentido de que el Juez sentenciante violó su derecho de defensa al no meritar que la nota agregada a fojas 38 fue falseada, resulta ser un argumento inconsistente para rebatir la decisión que impugna. Así lo juzgo, en la medida que la supuesta adulteración de fechas en la nota, no resulta ser un dato conducente para decidir sobre el "deber de información" que le cabía a la empresa de transporte respecto del trámite a seguir para obtener el pasaje gratuito. Tal era el cargo imputado y la razón que luego sustentó la sanción.

--- Esta circunstancia fue oportunamente apuntada por el Director de la Dirección de Defensa al Consumidor, al dictar la resolución 592 D.D.C., cuando en sus consideraciones expresó: . respecto de la nota que consta en fojas 04, impugnada por la denunciada, la existencia o ausencia de la misma resulta intrascendente para el tratamiento de la discusión, ya que si el vendedor del pasaje hubiera brindado al consumidor en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente, sobre el procedimiento que regula la obtención del pasaje gratuito, o en otros términos si hubiese brindado la totalidad de la información requerida por el consumidor, como lo sostiene la denunciada, el consumidor habría obtenido el pasaje requerido y se habría evitado el perjuicio que esa omisión le produjo.----------- --- Este argumento, no fue de ningún modo controvertido por la quejosa al expresar los agravios del recurso de apelación, agravios que estuvieron -en todo caso- encaminados a poner en tela de juicio la obligación impuesta por ley de otorgar el pasaje gratuito a personas discapacitadas, cuando en realidad, lo que debió rebatir, fue la conducta omisiva atribuida. Dicho ello, resulta claro que, para resolver la apelación interpuesta ante el Juez de grado, resultaba irrelevante valorar la supuesta adulteración de aquella nota y ello no constituye una violación a su derecho de defensa.---- --- En lo que al otro agravio se refiere, cuando el Juez a quo concluyó que debía mantenerse la multa, aplicando para ello el principio in dubio pro consumidor (art. 3, ley 24.240), su decisión resulta coherente a las constancias obrantes en el expediente y debidamente fundada en ley, razón por la cual la crítica no puede prosperar.

--- Recalco que fue la propia recurrente la que, en su primer descargo, reconoció expresamente que el 16/12/ 2005 la denunciante se habría presentado en ventanilla a exigir el pasaje (fs.40). Luego, si en fecha 29/12/2005 tuvo que comprar los boletos para poder concretar el viaje en fecha 06/01/2006 (fs. 49/50), es lógico inferir que fue porque no se le brindó la información requerida para cumplimentar el trámite impuesto por decreto nacional 38/04; o al menos, que se le brindó información confusa al respecto.------------------------------------ --- En el sub judice, concluyo que exigir de la persona discapacitada probar la conducta negativa de la empresa de transporte de pasajeros, consistente en no haberle brindado información sobre el trámite a seguir para obtener los pasajes gratuitos, resulta un recaudo extremo, que en el caso, sólo puede superarse si se tiene por acreditada aquella omisión con el hecho positivo de que la denunciante se vio obligada a abonar los boletos. Tal es el criterio interpretativo que subyace en la decisión del Juez a quo cuando invocó el principio de interpretación favorable al consumidor (art. 3, ley 24.240).----------------------------------- --- Así las cosas, el recurso extraordinario fundado en la causal de violación al derecho de defensa no procede, por cuanto la valoración de la prueba y la inteligencia asignada por el Señor Juez a quo a la legislación del consumo, no excede el marco de posibilidades que brindan las normas en juego.------------------------------------ --- Por último, cuando resiste la sentencia fundándose en que el monto de la multa es irracional y desproporcionado, cabe señalar que la queja se limita a ser una mera discrepancia con la solución adoptada, cuestión que excede el marco de conocimiento asignado al recurso de inconstitucionalidad.------------------------ --- Memoro que el a quo, para reducir el monto fijado por la Dirección de Defensa del Consumidor, tuvo en cuenta la sanción originaria (doscientos mil pesos), las consecuencias que ella podía acarrear para su derecho de propiedad y la juzgó desproporcionada. Como consecuencia de ello, e invocando la sana crítica, consideró justo y equitativo disminuirla, fijándola en la suma de veinte mil pesos.---------------------------- --- Nótese que para la graduación de la multa, la ley ha otorgado un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad administrativa, limitándose a fijar parámetros tales como: "el perjuicio resultante para el consumidor", "la posición del infractor en el mercado", y "los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización". En función de estas pautas, y teniendo en cuenta que en sub examine no se han traspasado los límites legales impuestos (art. 47, ley 24.240 y art. 49 inc. b', ley 7714), no puede considerarse que el monto de la sanción incurra en los vicios que le imputa la recurrente. Así, este agravio también debe ser desestimado.--------------------------- --- Paso -a continuación- a tratar el recurso de casación y adelanto que ha de seguir la misma suerte que el recurso anterior, en razón de verificarse defectos en su fundamentación que obstan a su admisión formal.------ --- Comienzo señalando que este recurso tiene como único fundamento que la Dirección de Defensa al Consumidor es un órgano incompetente para entender en la denuncia formulada en su contra, y consecuentemente, inhabilitado para imponerle sanción alguna. Dice que del juego armónico del artículo 75 inciso 13 de la Constitución Nacional, la ley 12.346 (art.3) y la ley 24.240, debe interpretarse que la competencia inherente a la "policía de defensa del usuario del transporte" es exclusiva y excluyente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.--------------------------------------------- --- Memoro que la competencia se define como el complejo de funciones atribuido a un órgano administrativo, o como la medida de la potestad atribuida a cada órgano o, dicho de otro modo, el conjunto de facultades, poderes y atribuciones que corresponden a un determinado órgano en relación con los demás (v. Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1995, pág. 590). Constituye el principio que predetermina, articula y delimita la función administrativa que desarrollan los órganos y las entidades estatales (v. Juan Carlos Cassagne, "Derecho Administrativo", Tomo I, Ed. Abeledo Perrot, 5ª Edición, Bs.As. 1996, pág. 234 y sus citas; Gordillo, Agustín A., "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, 2ª. Edición, Ed. Macchi, Bs.As., 1994, IX-8).------------------------ --- En función de lo dicho, es fácil colegir que todo cuanto tenga que ver con la competencia del órgano estatal para conocer en determinada cuestión, en definitiva, resulta ser una cuestión procesal, que -en tanto vinculada al derecho de defensa- no puede proponerse como fundamento del recurso de casación. Por su parte, la naturaleza procesal o sustancial de la norma no está vinculada al tipo de cuerpo normativo en la cual está inserta (no es necesario que se trate de un código de procedimiento), pues es sabido que existen normas procesales incorporadas a plexos normativos de derecho sustancial. En tal sentido, este Tribunal tiene dicho que ".la naturaleza sustantiva de una norma no le es conferida por el hecho de que se encuentre integrando determinada ley o cuerpo normativo, sino en tanto constituya en sí misma una directiva conforme a la cual debe resolverse la cuestión litigiosa" (P.R.E. S.1ª 2006-II-290).- --- Dicho ello, teniendo en cuenta que los errores de interpretación y de aplicación de la ley procesal pueden conculcar el derecho de defensa, y en su caso, motivar un recurso de inconstitucionalidad, pero no el recurso de casación, que se encuentra instituido para verificar la correcta aplicación e interpretación de las normas que definen la relación sustantiva (P.R.E. 1985-II-288; 1984-III-11/12; S.2ª.-1988-I-5/6; idem 1992-I-180/181; idem 1993-I-152/156), el recurso traído adolece de un déficit de fundamentación que obsta a su admisión en esta instancia.----------------------------------------- --- Al mismo tiempo, si para discernir la cuestión de la competencia, la recurrente confronta normas de derecho de fondo (ley 12.346 y ley 24.240) con la interpretación que propone de un precepto constitucional (art. 75 inc.13 de la C.N.), pone nuevamente a consideración una cuestión atinente al recurso de inconstitucionalidad. Recuérdese que el recurso de casación sólo tiene por objeto verificar la exacta interpretación y aplicación de las normas jurídicas empleadas por los jueces, en la medida que -en esa crítica- no se encuentren comprometidos preceptos constitucionales. En otras palabras, el recurso de casación se circunscribe a un control de legalidad de derecho sustancial, y no al control de legalidad constitucional, que es propio del recurso de inconstitucionalidad. En ese sentido, tiene dicho la Corte que el recurso de inconstitucionalidad es una "casación constitucional" y cualquier interpretación que sobre esta materia deba efectuarse, queda excluida del recurso de casación (P.R.E. 1969-1; P.R.E. 1980-I-151; P.R.E. S.1ª.-1998-I-50).--------------------------- --- Estimo que las razones de índole formal apuntadas precedentemente son suficientes para la desestimación del remedio extraordinario intentado.------------------- --- Por todo lo expuesto, voto por desestimar ambos recursos.----------------------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON:---------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.-------------------------------------------- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: José Abel Soria Vega, Juan Carlos Caballero Vidal y Adolfo Caballero. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.- Df-5508 E.B.T.

P.R.E. S.2ª.- 2011-II-331.