Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-23


SENT Nro. 696 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 23 de Septiembre de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación deducido por la defensa técnica de los imputados, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Penal Correccional del Centro Judicial de Concepción del 14/4/2003 (fs. 347/355), que es concedido por el referido tribunal mediante providencia del 30/5/2003 (cfr. fs. 366 vta.). En esta sede, no se presentó memoria sobre el recurso, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo del recurso intentado (cfr. fs. 375/377). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por el defensor técnico de los imputados, contra la sentencia del Juzgado Penal en lo Correccional del CJC del 14/4/2003, que condena a los acusados por el delito de encubrimiento (art. 278 CP).

II.- El recurrente sostiene que la sentencia es arbitraria, viola doctrina legal en lo que se refiere a la figura delictiva, debido al grave apartamiento del criterio de igualdad ante la ley; que no ha valorado la totalidad de las pruebas y que las mismas se han receptado y formulado erróneamente en la sentencia.

Sostiene que de las pruebas surge que la investigación se desarrolló en base a cinco cabezas de ganado y que sin explicar porqué la sentenciante hace expresa referencia a que se compró en el mercado una cabeza de vaca. Que se hace decir a testigos lo que no dijeron, así en el caso de Manuel Ponce a quien se atribuyen dichos que no fueron manifestados como que la Sra. suele recorrer la zona pues son los únicos que compran animales así, sin pedir certificados de vacunas..., aclarando que el mencionado testigo dijo que la Sra. Giménez de García no fue a su domicilio. Que tampoco surge con claridad de la sentencia quién fue el que compró las cabezas de vaca, si Pérez o Torres. Que todo ello indica que la sentencia incurre en contradicciones y en afirmaciones que carecen de sustento fáctico partiendo de premisas falsas por lo que mal puede arribar a una conclusión correcta.

Manifiesta que quedó plenamente demostrado que la imputada compró dos animales al Sr. Manuel A. Ponce, mencionando las pruebas que acreditan tal circunstancia, añadiendo que no se puede inferir que los vacunos faenados en el domicilio allanado tengan alguna relación con los que fueron sustraídos.

Expresa que merece un especial análisis que fuera condenado también el coimputado ya que éste no es propietario de ningún comercio, ni se desempeña como socio de la imputada, no compra ni vende animales, lo que permite concluir que su conducta no puede ser analizada con idénticos parámetros y que las pruebas supuestamente incriminan a su hermana, no son aplicables a su persona. Que con ese criterio se tendría que haber condenado a quien faenó el animal, a los que lo transportaron, al portero del mercado, a los dueños de casa.

Agrega que de las pruebas que cita surge que es imposible determinar el origen del animal y probar si unas orejas ya separadas se corresponden con una cabeza que se le exhibe y destaca el irregular procedimiento policial; que el perito de la policía no se perfeccionó mediante cursos. Sostiene que deben tenerse en cuenta los extremos requeridos para la figura legal del encubrimiento que no existe conexión alguna con los elementos que se resalta en los fundamentos de la sentencia, lo referente a la deficiencia del control Municipal en el mercado, el faenamiento en domicilio de particulares, la falta de vacunación de los animales, y una serie de infracciones o faltas que no constituyen delitos investigados sino contravenciones cuya competencia se circunscribe al poder de policía de las autoridades sanitarias.

Aclara que nunca fue probada la afirmación sentencial respecto de que la compra a Ponce existió pero no son fruto de ella las cabezas secuestradas, éstas son el producido del hecho delictuoso denunciado en la causa de marras; así como que nunca se probó que las cabezas que se compraron en el puesto de la imputada sean de propiedad del querellante ni del testigo Torres. Agrega que los allanamientos en el domicilio de los imputados fue de resultado negativo; que no hay prueba que sostenga que ellos hayan adquirido los animales faenados en el lugar descripto en la denuncia policial o que hayan conocido el ilícito o que hayan incurrido en encubrimiento del mismo.

Por último destaca la falta de consideración de la sentencia nro. 286 de 2000 del Juez Garzia quien con las mismas pruebas analizadas decide sobreseer a los imputados o el dictamen de la Fiscal de Cámara quien entiende que no resultan suficientes los elementos probatorios para incriminar a los imputados.

Propone doctrina legal y solicita se conceda el remedio tentado y se haga lugar al mismo.

III.- Por providencia del 30/5/2003 se concede el recurso, correspondiendo en esta instancia el análisis de la admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia en crisis, luego de reseñar la prueba ofrecida y producida en el debate, en relación a la existencia del hecho, considera las contradicciones de las declaraciones de los acusados con las otras y entre sí. Así, entiende que la acusada manifiesta haber efectuado una visita previa a la casa de Ponce antes de la jornada de faena, que comprar carne de este tipo le resulta provechoso por ser más barata, dice la Sra. ir juntando cabezas en el freezer, nueve o diez, manifiesta haber verificado la marca sin recordarla, que le dice a su hermano Diego que tenían que faenar al otro día en lo de Ponce, manifiesta que esa carne no se vende en el mercado, que solo la utiliza para hacer embutidos, porque reconoce que la faena se hace sin control, agrega que los animales comprados eran un ternero marroncito y otro animal grande cortándole las astas para poder colocar sus cabezas en el freezer, sostiene que Torres compra en su puesto la cabeza del animal comprado a Ponce, y que las cabezas de las tomas fotográficas no las conoce. Pero su hermano, Raúl, contrariamente dice que su hermana le avisa a él del carneo, en el mercado, que él va a ver los animales, no su hermana, que no verifica la procedencia; que toda la carne va a la venta y que era él quien se encontraba en el puesto por la tarde cuando concurre Torres a comprar las cabezas pues colabora con su hermana en el puesto... Agrega la sentenciante lo dicho por el hermano Diego sobre que quien le pide que maneje la camioneta es Raúl por teléfono la noche anterior, que la faena se hace sin control alguno, que faenan una vaca y un torito. También tiene en cuenta los dichos de Ponce sobre que se trata de una vaca y un torito, que la Sra. no va nunca, que son los únicos que compran animales sin pedir papeles, y lo declarado por el contador de García, José Ibañez sobre que se vende en el puesto toda la carne producto de esta compra sin recordar ver certificado alguno.

A su vez, toma en cuenta que Torres describe claramente los animales faltantes, relata que están las cinco cabezas en la ganchera del puesto de la acusada, que no estaban congeladas, que los rastros a la vuelta de las astas coincidían con las patas y orejas dejadas en el campo y que en ese momento en su poder, que las cabezas, las de las fotos de carpeta técnica estaban tapadas, que tenían astas, todo lo cual es confirmado por Pérez. Se pregunta por qué razón involucraría a la acusada manifestando haber comprado las cabezas en cuestión en su puesto y cómo sabe la acusada que sólo compraron una cabeza si quien estaba en el lugar era el imputado Raúl Giménez. Que las instrumentales de fs. 1 y 4 confirman los dichos de la víctima. Agrega que en idéntico sentido confirmatorio son las tomas fotográficas obrantes a fs. 1 y 2 de la carpeta técnica y las puntas de las astas descornadas como también lo describe como de su autoría Pérez. Que la actuación del Sr. Veterinario es clara en cuanto a la similitud del color del pelaje y si bien en el debate este profesional reconoce no haber redactado personalmente, agrega que lo ratifica pues es el reflejo de lo por él manifestado al personal policial, habiendo firmado, por estar de acuerdo con su redacción, resultando útil el aporte efectuado en el debate sobre que las cabezas estaban con gusanos por haberse cortado la cadena de frío.

Considera el defectuoso control de la carne que ingresa, según los dichos de los empleados municipales, e importante lo dicho por Navarro sobre que se limitaba a anotar los cuartos o medios ingresados, tengan o no sello frigorífico, con el solo interés recaudatorio, agregando que vio a Raúl Giménez ingresando carne en camioneta al mercado. No considera aporte alguno lo dicho por Cisneros en tanto el propio oficial manifiesta no haber realizado curso de capacitación relativo al tema y en razón de no contar con secuestros de cueros.

Estima que de todo lo antedicho se desprende que la Sra. a quien le ofrecen normalmente carne de este tipo por saber la gente de la zona que acostumbraban a comprar sin recaudos y que su hermano Raúl se encarga de completar la operación, controlar peso, descargar y también vender. Que de lo acontecido en el debate surge claramente que la compra a Ponce existió pero no son fruto de ella las cabezas secuestradas, estas son el producido del hecho delictuoso denunciado en la causa pero que el relato de la operación de compra a Ponce le permite conocer el modo de actuar o proceder comercialmente de los acusados, quienes acostumbrar a comprar este tipo de carne, sin ver el ganado, faenada en planchadas sin control, sin exigir documentación relativa a propiedad y salubridad de los animales, por resultarles ello provechoso económicamente vendiendo en el mercado esta carne, la que es llevada a ese lugar en la caja de la camioneta sin preparación para tal fin, sin ser debidamente ello controlado por el ente Municipal, resultando todo ello más gravoso si se tiene en cuenta el hecho de ser proveedores de comedores escolares. A su vez, menciona que el coimputado reconoce colaborar siempre con su hermana, asume como en el caso de Ponce, comprar los animales sin tomar recaudos y los testigos dicen ser él quien baja la carne de la camioneta y estar en el puesto al llegar Torres.

Considera los elementos y características del delito de encubrimiento autónomo, contra la administración de justicia, admitiéndose también que puede encontrarse vulnerado el patrimonio, que si bien el delito anterior es el elemento objetivo no se requiere individualización de la denuncia, acreditación de propiedad o condena; que requiere dolo eventual y que nada impide inferir tal estado subjetivo de elementos probatorios de todo tipo, aun indiciarios y presuncionales. Que las pruebas reseñadas le permiten sostener que los acusados, acorde a su proceder pueden tener conocimiento del origen ilícito de las cosas, de hecho no efectúan medida alguna tendiente a aclarar tal situación, no requieren documentación al efectuar estas compras, solo motivados por la ventaja económica que tales operaciones les traen aparejadas, y en ello se apoya el dolo eventual requerido. Concluye entonces teniendo por acreditado el hurto del ganado y la existencia del hecho reclamado a los acusados, encuadrando el caso en el art. 278 del CP y condenándolos a un año de prisión de ejecución condicional con costas procesales.

V.- Ahora bien, de la confrontación de los argumentos sentenciales, con los agravios expuestos en el memorial casatorio, emerge que el recurso no puede prosperar.

En efecto, el recurrente se limita a discrepar con las explícitas razones sentenciales, con la valoración probatoria por ella realizada, planteando a su vez, su propia versión de los hechos y estimación de las probanzas rendidas sin que se advierta la cuestión jurídica que haría ingresar la cuestión por las vías de la casación.

Se agravia el recurrente por cuestiones que no llegan a acreditar la arbitrariedad sentencial: a) que la sentenciante equivoca al hacer referencia a que se compró en el mercado una cabeza de vaca (pero -más allá de que, por sí solo no es determinante ni conducente a la solución dada al caso- hace esta alusión en referencia a los dichos de la imputada, mientras que de otros considerandos sentenciales surge la descripción de los hechos como se sucedieron según las probanzas analizadas); b) que atribuye dichos a testigos que no fueron manifestados en las declaraciones (lo cual es erróneo pues lo expuesto por la sentenciante ha sido expresado por los testigos, más allá de que el recurrente recalque otros aspectos de la declaración); c) que no surge con claridad quién fue el que compró las cabezas de vacas, si Torres o Pérez, lo que es, dice, de vital importancia pero sin acreditar tal aserto ni relacionarlo con el resultado del juicio. Por lo demás, se debe tener en cuenta que según las declaraciones tanto Pérez como Torres eran dueños de las vacas porque Torres utiliza la marca de Pérez, Pérez menciona comprar una y Torres, reconociendo que algunas pertenecían a Pérez, dice luego que "las compran" por lo que no se advierte vicio en el punto que pueda inducir a un resultado distinto en el pleito; d) que la situación del coimputado no es similar a la Sra. Giménez de García; pero tal situación fue tomada en cuenta por la sentenciante que se refiere singularmente a su persona al expresar que el imputado menciona que es él y no su hermana el que va a ver los animales, que no verifica la procedencia, que toda la carne va a la venta y que era él quien se encontraba en el puesto cuando concurre Torres , pues colabora con su hermana en el puesto. A ello agrega la sentenciante que el hermano Diego dice que es Raúl el que le pide que maneje la camioneta, que la faena se hace sin control alguno; que el testigo Navarro vio a Raúl Giménez ingresar carne en camioneta al mercado; que es la Sra. a quien le ofrecen normalmente carne de este tipo por saber la gente que acostumbran a comprar sin recaudos y que es su hermano Raúl quien se encarga de completar la operación, controlar peso, descargar y también vender; que el acusado Raúl Giménez reconoce estar y colaborar siempre con su hermana, asume, como en el caso de Ponce, comprar los animales sin tomar recaudos, está en el puesto al llegar Torres, descarga la carne.... Es decir que la sentencia considera la situación de cada imputado, a contrario de lo que manifiesta el recurrente; e) entiende que la sentencia se aparta d e pruebas relevantes como son la del Veterinario Cortéz o la pericial de Cisneros; sin embargo, la juez las toma en consideración sólo que deduce de ellas conclusiones distintas a las propuestas por el recurrente (concluye en que la actuación del Veterinario es clara en cuanto a la similitud del color del pelaje y que si bien éste reconoce no haber redactado el informe personalmente lo ratifica por ser el reflejo de lo por él manifestado al personal policial, rescata también de su declaración en el debate de que las cabezas estaban con gusanos por haberse cortado la cadena de frío y, en cuanto a Cisneros considera que no aporta nada atendible por no haber realizado cursos de capacitación y no contar con secuestros de cueros), y esta valoración en tanto cae dentro del ámbito conviccional del juez y no se advierte- dentro de los límites del recurso de casación- arbitraria no llega a conmover los fundamentos sentenciales; f) en cuanto a la actuación del Oficial Ppal. Salas, las supuestas irregularidades que menc iona el recurrente debieron haber sido expresadas oportunamente y no en esta instancia; f) por fin expone su propia posición defensiva entendiendo que el delito no está probado y recurriendo a otras actuaciones (del Juez Garzia y de la Fiscal de Cámara) según las cuales no existen elementos probatorios incriminatorios.

A todo lo expuesto se agrega que el recurso no se hace cargo en ningún momento de la afirmación de la sentencia en cuanto ésta sostiene que los imputados acostumbraban a comprar este tipo de carne sin ver el ganado, faenada en planchas sin control, sin exigir documentación sobre la propiedad o la salubridad de las reses teniendo en mira únicamente sus beneficios económicos.

Y el libelo casatorio no refuta la argumentación referida, toda vez que el tema se encuentra gobernado, entre otras disposiciones, por la Ley 5435 y Decreto 205/3 (BO 12/02/97), normas que persiguen entre otros objetivos erradicar el cuatrerismo.

El decreto citado, en su art. 6°, establece: "Las carnes provenientes de animales sacrificados o faenados en locales no autorizados oficialmente y los de procedencia dudosa, deberán indefectiblemente ser decomisadas y desnaturalizadas en la forma y manera prevista en la Ley 5435". Estas normas excluyen todo tipo de excusa de los imputados y convence del carácter de encubridores -art. 278 CP- por lo cual fueron condenados, por cuanto se trata de normas que, precisamente por la actividad que desarrollan, no pueden ser desconocidas por ellos. En otras palabras: en todo momento las personas que se dedican a la comercialización de carnes "deberán contar con la documentación que acredite la intervención sanitaria de los organismos oficiales competentes" (art. 3 Ley 5435), por lo que en el caso en estudio los imputados debían sospechar que la carne recibida sin la documentación requerida, provenía de un delito.

En este sentido, la jurisprudencia tiene dicho que corresponde la aplicación de la figura de encubrimiento prevista por el art. 278 CP, si no se ha probado cabalmente el conocimiento cierto del origen espurio de los objetos secuestrados, pudiendo sí afirmarse que no pudo el procesado dejar de sospechar esa circunstancia, procediendo la aplicación de la figura del art. 278 CP (LL 1989-E, 98/99); que la receptación de cosa de procedencia sospechosa prevista por el art. 278 CP admite solamente el dolo eventual, que puede ser deducido de las condiciones de la operación, de la calidad de las personas que reciben las cosas o de la naturaleza de los objetos (LL 1990-B, 605) y que de acuerdo con las circunstancias del caso, el art. 278 no exige la efectiva existencia de la "sospecha" del origen ilegítimo de los bienes, sino el incumplimiento del deber de sospechar (SCBA, DJBA, 147, 6740).

Por todo lo expuesto, se concluye en que, en el caso en examen, el juzgador ha dado razones de su fallo y las mismas no se presentan infundadas o arbitrarias. En su contexto, el cuestionamiento a la valoración de las pruebas efectuadas por el juez, carece de entidad para descalificar al pronunciamiento como arbitrario o carente de motivación. El memorial casatorio no logra acreditar la existencia del vicio sentencial de arbitrariedad; tampoco rebate los argumentos vertidos por el sentenciante para acreditar el hecho y el dolo de los imputados sino que se limita a exponer su propia interpretación de los hechos, presentando hipótesis y cuestiones cuya respuesta -a su juicio- la tornarían procedente.

En definitiva, siendo el recurso insuficiente al no haber puesto en evidencia la conculcación a las reglas de la lógica y del sentido común y consistir en la mera discrepancia del impugnante con la forma como el juez a quo hubo valorado el material fáctico del proceso y presentándose la sentencia adecuadamente fundada en las pruebas producidas corresponde no hacer lugar al recurso de casación, con costas al recurrente vencido, por aplicación del principio general contenido en el art. 551 CPP.

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el defensor técnico de los imputados, contra la sentencia del Juzgado Penal en lo Correccional del CJC del 14/4/2003, que condena a los acusados por el delito de encubrimiento (art. 278 CP) a la pena de un año de prisión de ejecución condicional y costas procesales.

II.- COSTAS conforme a lo considerado.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA