Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-09-19


SENT Nº 799	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciocho (18) de Setiembre de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Palacio Estela del Valle vs. Valenciano de Ruíz Mabel Carolina y otros s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la parte actora (fs. 273/278), contra la sentencia Nº 335 de la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, dictada en fecha 28 de octubre de 2011 (fs. 266/268 y vta.). La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia de fecha 19 de abril de 2012 (fs. 292) del referido Tribunal de Alzada.

II.- En fecha 1 de junio de 2005 la parte actora inicia el presente juicio de cobro de pesos por la suma de $ 2.140,43 más intereses, gastos y costas, en contra de Mabel Carolina Valenciano de Ruiz, Luís Carlos Ruiz y Francisco Raúl Fernández. En cuanto a los motivos que justifican su reclamo, expresa que en fecha 16 de diciembre del año 2002 celebró un contrato de locación con los demandados Mabel Carolina Valenciano de Ruiz y Luís Carlos Ruiz, en el cual el Sr. Francisco Raúl Fernández se constituyó como fiador y principal pagador de las obligaciones a cargo de los locatarios. Señala que los locatarios incumplieron con diversas obligaciones a su cargo y que vencido el contrato -en fecha 30/11/2004- no le fue devuelto el inmueble, lo que provocó que intime -en fecha 07/12/2004- a los locatarios y al garante el cumplimiento de sus obligaciones, ante lo cual -destaca la actora- recibe una misiva en fecha 16/12/2004 en las cual el apoderado de los demandados le intima a hacer entrega del recibo de recepción de las llaves del departamento y que de haber algún gasto pendiente se impute al pago de los mismos el depósito en garantía. Agrega la actora, que tal misiva fue rechazada por su parte mediante carta documento de fecha 21/12/2004, manifestando que a esa fecha no había recibido las llaves del departamento ni la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los locatarios e intimando la entrega efectiva del inmueble. Asimismo, señala en su demanda, que en fecha 10/02/2005 tomó posesión del departamento, conforme surge de acta de escribano realizada al efecto.

En atención a ello, reclama el pago del mes de diciembre en concepto de alquiler y de diversos rubros (expensas, gastos, impuestos, tasas, servicios convenidos) relativos a periodos anteriores y posteriores a la fecha de vencimiento del contrato de locación -sobre la interpretación que el inmueble no fue entregado en la fecha del vencimiento contractual-, todo lo cual alcanzaba la suma demandada.

Corrido el traslado de la demanda, se presenta -mediante letrada apoderada- el demandado Francisco Raúl Fernández (fs. 66/67), en lo sustancial, señala que efectivamente reviste la calidad de garante del contrato de locación en cuestión, pero manifiesta que una vez operado el vencimiento del contrato, los locatarios desocuparon el inmueble y convinieron la entrega de las llaves para el día 1 de diciembre de 2004, fecha en la que entregaron las llaves a la actora y que, no obstante ello, la locadora se negó a entregar el recibo de recepción de dichas llaves. A partir de allí, interpreta que los rubros reclamados por la actora resultan ilegítimos, en tanto resultan posteriores a la fecha de desocupación del inmueble y expresa que en el caso de existir alguna deuda por servicios deberá compensarse con el depósito de garantía. Asimismo, plantea nulidad e inconstitucionalidad contra la cláusula decimoquinta del contrato, que establece que "Al finalizar el contrato la entrega de llaves o de la propiedad sólo se justificará por escrito emanado del locador o su representante, no admitiéndose otro medio de prueba.". Finalmente, solicita el rechazo de la demanda.

A fs. 85/86 se presentan los demandados Mabel Carolina Valenciano de Ruiz y Luís Carlos Ruiz -locatarios-, mediante letrada apoderada, niegan los hechos, oponen excepción de pago parcial con relación al periodo de expensas del mes de febrero de 2004 adjuntando boleta de pago, plantean compensación, solicitan la nulidad de la cláusula decimoquinta del contrato de locación y describe los hechos en forma similar a los expuestos por el demandado Francisco Raúl Fernández.

En fecha 25 de octubre de 2010, se dicta sentencia en primera instancia (fs. 233/239), en la que se hace lugar parcialmente a la demanda, sólo por la suma de $ 666,87. Para alcanzar dicha solución, se interpretó con relación al planteo de nulidad e inconstitucionalidad de la cláusula decimoquinta del contrato, que "han devenido en cuestiones abstractas" por cuanto "en las concretas circunstancias de la causa la parte demandada ha gozado de amplitud probatoria ya que no se ha restringido de modo alguno su derecho a utilizar cualquier medio de prueba". Por su parte, en cuanto al momento de entrega del inmueble locado, destaca que mientras la actora alega haber tomado posesión del bien en fecha 10/02/2005, los demandados sostienen haberle entregado las llaves en su estudio jurídico el 01/12/2004 -es decir, el día posterior al vencimiento del contrato- sin que se les entregara el pertinente recibo, en ese contexto la sentencia de primera instancia estima que existen indicios que permiten concluir que el inmueble se encontraba desocupado a partir de enero de 2005, principalmente, lo relativo a boletas de servicios que exhiben una disminución en el consumo a partir de enero de 2005.

Es a partir de esa conclusión, que la sentencia de primera instancia recepta los reclamos por rubros referidos a periodos anteriores al 1º de enero de 2005 y rechaza los referidos a periodos posteriores a la fecha indicada, condenando en consecuencia, la suma de $ 666,87 y distribuyendo las costas en un 70% a la actora y un 30% a la parte demandada.

Interpuesto el recurso de apelación por la parte actora (fs. 244) en contra de la sentencia de primera instancia y expresados los agravios a fs. 252/255, la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones dicta sentencia Nº 335 de fecha 28 de octubre de 2011 (que obra a fs. 266/268). La referida sentencia de Cámara realiza un tratamiento puntual de los agravios de la parte actora; en cuanto a la crítica referida a la falta de tratamiento de los planteos de nulidad e inconstitucionalidad de la cláusula decimoquinta del contrato de locación, la sentencia de Cámara analiza los planteos y desestima los mismos, no obstante ello, agrega que en la interpretación de los contratos "debe investigarse la voluntad real de las partes sin atenerse al sentido literal de las expresiones empleadas, ya que la voluntad no consiste sólo en los términos con que se exterioriza, sino en las circunstancias externas con las cuales puede el autor de la declaración contar para determinar el alcance exacto de ellas, y tal interpretación debe regirse por los principios de la buena fe", a partir de allí, considera que debe confirmarse la sentencia de primera instancia en cuanto al momento en el cual los demandados desocuparon el inmueble y los efectos derivados de ese extremo, en tanto que estima -la sentencia de Cámara- que, el tenor de las cartas documentos de fecha 07/12/2004 y 07/02/2005, y el contenido del acta notarial de fecha 10/02/2005 "constituyen indicios capaces de generar una presunción que resulta contraria a la posición sustentada por la apelante y permite inferir, de acuerdo a las circunstancias del caso., que el inmueble se encontraba desocupado durante el mes de enero. Robustece aún más el criterio sustentado la circunstancia que la accionante reclame únicamente el alquiler del mes de diciembre de 2004".

En consecuencia, la Cámara interpreta que los argumentos de la apelante, no logran revertir los fundamentos del fallo apelado, por lo que "resulta conforme a derecho lo resuelto por la Aquo en lo referente a los rubros reclamados por resultar acertada la premisa que se tomó como punto de partida para determinar los mismos". Asimismo, confirma el pronunciamiento de primera instancia sobre la distribución de las costas, resolviendo el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia.

III.- Ante ello, la representación letrada de la parte actora, deduce recurso de casación (fs. 273/278) contra la sentencia de fecha 28 de octubre de 2011 (fs. 266/268). La recurrente manifiesta que el pronunciamiento de Cámara "resulta arbitrario, incomprensible, infundado e impreciso", aduciendo que ha obviado considerar los fundamentos jurídicos sobre los cuales reposan sus conclusiones y que incurre en incongruencia por omisión, "que afecta no sólo el principio de congruencia, sino también el derecho de defensa, ambos de raíz constitucional (arts. 17 y 18 C.N.), por lo que cabe descalificar al fallo como acto jurisdiccional válido". A su vez, expone los motivos por los que interpreta que se encuentran cumplidos los requisitos de admisibilidad del recurso y realiza una reseña de los antecedentes del caso.

En cuanto al contenido concreto de los agravios, en primer término, la recurrente afirma que la sentencia impugnada "ha omitido cumplir con la normativa prevista en el inc. 5 del art. 265 del CPCC, por cuanto amén de carecer de una estructura sentencial válida, con relación al visto, las resulta y los considerando, omite precisar cuales son las cuestiones planteadas por las partes, y las que corresponde resolver al tribunal", cuestionando que no se haya detallado claramente cuales resultaban los agravios contra la sentencia de primera instancia, sino realizando una simple remisión a la foja del expediente en donde se encontraban explicitados. Por ello, interpreta que existían cuestiones propuestas que no fueron analizadas. También cuestiona que, a pesar de haber rechazado los planteos de inconstitucionalidad y nulidad de la parte demandada, se omitió pronunciar con relación a la incidencia que generó su deducción, afirmando que el rechazo expreso de los planteos fue lo solicitado en su recurso de apelación y que, por ello, correspondía cuanto menos el prorrateo de las costas.

Por su parte, cuestiona la sentencia de Cámara por no haber receptado ni resuelto sus agravios referidos a impugnar el extremo consistente en que existen indicios para sostener que el inmueble se encontraba desocupado en enero de 2005, apartándose expresamente de lo dispuesto de la norma convencional. Interpreta que la sentencia impugnada "no solo se basa en una irrazonable aplicación de indicios y presunciones con relación a los medios de pruebas oportunamente ofrecidos por esta parte, sino que omite el análisis de otras pruebas conducentes para la definición de la contienda". Sostiene que la sentencia de Cámara ha procedido a valorar de una manera deficiente las pruebas ofrecidas por su parte para fundar la vigencia del contrato de locación y en especial de la cláusula decimoquinta del mismo, basándose en supuestos indicios y presunciones que -a criterio del recurrente- no pueden sostener el razonamiento de la sentencia, y expresa "¿Cómo puede fundar la sentencia tal conclusión, cuando existe una norma expresa que prevee que la entrega de las llaves sólo puede probarse por escrito? ¿Cómo puede la prueba indiciaria primar sobre la efectiva prueba documental del contrato válido, escrito y reconocido por las partes?".

A partir de allí -interpreta la recurrente-, que el hecho de la entrega de las llaves debió ser probado por los demandados, que ellos no ofrecieron pruebas, que el tribunal ha suplido su inactividad probatoria recurriendo a indicios y presunciones, por lo que considera que se ha incurrido en arbitrariedad y se ha quebrado el principio de igualdad ante la ley. Específicamente, cuestiona que se haya considerado que de los términos de la carta documento de fecha 07/02/2005 se pueda inferir que el inmueble se encontraba desocupado a la fecha de efectuada el acta pertinente y cuestiona que se haya recurrido a indicios cuando -a su criterio- existían elementos probatorios suficientes para fallar sin recurrir a indicios o presunciones.

Asimismo, afirma que la sentencia ha arribado a conclusiones decisivas a partir de consideraciones abstractas, vacías de contenido probatorio y jurídico, que la descalifican como un pronunciamiento jurisdiccional válido, que además, ha resuelto con prescindencia de las pruebas ofrecidas y producida por la recurrente, que ha omitido considerar adecuadamente las cuestiones conducentes para la decisión del litigio (valoración de la totalidad de las pruebas ofrecidas y producidas en autos) y que no ha fundado acabadamente sus conclusiones.

De conformidad a las consideraciones reseñadas, propone doctrina legal, solicita se haga lugar al recurso tentado, y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

IV.- Corrido el traslado de ley, la parte demandada solicita el rechazo del recurso de casación interpuesto, por las razones expuestas en su presentación de fs. 282/288. Por auto interlocutorio de fecha 19 de abril de 2012 (fs. 292), la Cámara concede el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de presentación tempestiva, depósito de ley (fs. 272) y definitividad de la sentencia recurrida. Por su parte, los agravios invocan violación a normas jurídicas y se dirigen a impugnar la validez del pronunciamiento, por violación a las reglas de la lógica y de la sana crítica racional al valorar las pruebas y fijar los hechos del proceso. Finalmente, los fundamentos recursivos se vinculan circunstanciadamente con los antecedentes de la causa; con lo cual se ven satisfechos los recaudos de admisibilidad previstos por la ley adjetiva.

VI.- Del análisis de las constancias de la causa y de los fundamentos del pronunciamiento impugnado a la luz de los agravios de la recurrente, se advierte que el recurso sub examine no puede prosperar por los fundamentos que se exponen a continuación.

En primer lugar, cabe señalar que no se observan en la sentencia de Cámara, errores en su estructura que permitan afectar su validez -como lo pretende la recurrente-, por el contrario, dicho pronunciamiento aborda las cuestiones planteadas, considerando las misma de conformidad a lo establecido en los arts. 732 y 265, inc. 5 del CPCCT, este último artículo invocado por la recurrente, correspondiendo recordar a su vez, que dicha norma destaca que las sentencias deberán contener "La consideración por separado de las cuestiones planteadas. Sin embargo, el juez sólo está obligado a considerar aquellas que a su criterio tengan relevancia en la solución a dar al asunto". Además, se advierte que si bien la recurrente impugna la supuesta falta de transcripción y tratamiento de sus agravios, no precisa con claridad cuales resultarían los agravios sustanciales y concretos que fueron dejados de lado en el análisis sentencial, extremo que resultaba esencial a los efectos de justificar su pretensión de nulidad.

Por su parte, en cuanto al tratamiento y rechazo de los planteos de nulidad e inconstitucionalidad de la cláusula decimoquinta del contrato de locación, más allá de la denominación que se haya adjudicado a esos planteos, se observa que el pronunciamiento de Cámara analizó los mismos en el marco de sus facultades (conf. art. 713 del CPCCT) estimándolos insuficientes, no obstante, la imposición de costas a la actora -apelante- establecida en la sentencia impugnada, no resulta manifiestamente arbitraria ni irracional, toda vez que el rechazo de los referidos planteos no tuvo incidencia en la solución del recurso de apelación deducido oportunamente por la actora, el cual fue rechazado en cuanto a la sustancia de la decisión cuestionada y se confirmó en pronunciamiento de primera instancia, por los fundamentos expuestos en la sentencia atacada, es decir, no tuvo relevancia en la solución dada al asunto bajo análisis. En efecto, no se observa una arbitrariedad o irracionalidad al imponer las costas del recurso de apelación a la actora, cuando el mismo fue rechazado.

A su vez, en cuanto al agravio dirigido a cuestionar la solución de la Cámara en lo relativo a la confirmación del razonamiento sentencial de primera instancia que otorga valor a los indicios y presunciones existentes en la causa a los efectos de probar el momento de la desocupación del inmueble, no puede tener acogida, en atención a los siguientes fundamentos.

En primer lugar, corresponde señalar que la cláusula decimoquinta del contrato de locación -por la que se establece que la desocupación del inmueble sólo se justificará por escrito emanado del locador, no admitiéndose otro medio de prueba- no puede, de ningún modo, condicionar al juez es su labor de determinar y valorar los hechos de conformidad a las herramientas probatorias producidas en el proceso. Sobre el particular, calificada doctrina ha señalado que no cuenta con valor los pactos, convenios o contratos que "intentan quitarle o disminuirle a un medio de prueba el valor que la ley le asigna o que el juez libremente pueda reconocerle (según el sistema de valoración que rija) o exijan un medio especial de prueba que la ley no requiere (que en el fondo equivalen a desconocerle a los demás su propio mérito probatorio)" (Hernando Devis Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", T. 1, ed. Rubinzal Culzoni, 2000, pág. 219 y ss.). Asimismo, el referido académico colombiano Devis Echandía, en su obra "Teoría General de la Prueba Judicial", resalta la opinión de autorizada doctrina internacional, destacando que -entre otros- Chiovenda dijo que "no cabe pretender en juicio la observancia de los contratos relativos a las pruebas", que Rosemberg señaló que "Son éstos los contratos que tienden a restringir la apreciación libre de la prueba por parte del juez, por ejemplo, al admitir sólo determinados medios de prueba, en particular documentos, o al excluir ciertas especies de prueba, o al fijar la fuerza probatoria de algunos medios de prueba, o al querer obligar al juez a aceptar sin más o bien a concluir de la existencia de ciertas circunstancias la verdad o la falsedad de determinados hechos. Tales contratos son efectivamente inadmisibles y nulos porque significan una intromisión en la actividad del juez, y porque la convicción judicial no puede ser objeto de convenios entre las partes.", y que Guasp consideró que "las normas procesales sobre la prueba procesal tienen carácter de ius cogens y no ofrecen campo adecuado a una regulación convencional por los sujetos que en la prueba intervienen" (Hernando Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial" T.1, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1970, pág. 511 y ss.).

En la especie, el extremo sobre el cual se pretende imponer un determinado medio de prueba, constituye un extremo fáctico o "hecho" -la desocupación del inmueble alquilado- (es decir, no se trata de un contrato con una forma esencial establecida por ley) y, en consecuencia, el juez, para desentrañar el suceso histórico que constituye el objeto de su proceso, no puede encontrarse limitado o condicionado por un pacto o cláusula, por el contrario, debe contar con libertad -en lo relativo a los medios de prueba- en su proceso de convencimiento (conf. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, in re "F. c. P. C., J. C. y otros", del 03/5/2002, publicado en LLGran Cuyo 2002, 744), sin perjuicio de valorar los mismos de conformidad a las reglas de la sana crítica (conf. art. 40 del CPCCT). Es que la pretensión de la recurrente -exigiendo que se respete el medio de prueba requerido por la cláusula decimoquinta del contrato de locación- conduciría a una renuncia conciente a la verdad, lo que no resulta compatible con un adecuado servicio de justicia (CSJN, Fallos 238:550; 326:1395, entre otros).

En ese marco, se observa que la decisión de recurrir a indicios o presunciones se compadece claramente con el sistema de la sana crítica vigente en nuestra ley (conf. CSJT, sentencia Nº 172 del 26/3/2007) y por ello, no se observa arbitrariedad en el pronunciamiento de Cámara cuando confirma la decisión contenida en la sentencia de primera instancia en cuanto a la fijación de la fecha de desocupación del inmueble por parte de los demandados, ya que ante las posiciones encontradas sobre el referido extremo fáctico, deben tenerse en cuenta los diferentes elementos que surgen de la causa para alcanzar la verdad sobre los hechos analizados, resultando sobre el particular -como lo indican ambas sentencias- que existen indicios que permiten inferir -con entidad dirimente- que en el mes de enero del año 2005, el inmueble alquilado se encontraba desocupado, resultando al efecto ilustrativa la disminución del consumo de gas y energía eléctrica a partir del mes de enero en el departamento en cuestión, la conducta desplegada por la locadora durante el año 2005, el acta notarial de fs. 36/38 y la falta de reclamación de los alquileres referidos al año 2005, todo lo cual nos convence de que no existe arbitrariedad en el razonamiento sentencial de la Cámara. Es por ello también, que a diferencia de lo afirmado por la recurrente, no se observa que el a-quo haya suplido la actividad probatoria de la parte demandada o que haya quebrado el principio de igualdad ante la ley, como tampoco se advierte en la sentencia atacada, la ausencia de fundamentación imputada a la misma, por el contrario, la decisión del pronunciamiento de Cámara luce suficientemente motivada y adecuada en el marco procesal de autos.

Finalmente, la recurrente se agravia por cuanto interpreta que la sentencia impugnada omitió valorar elementos probatorios producidos por su parte, que -a su criterio- resultaban decisivos para la correcta solución del litigio, sin embargo, no menciona cuales resultaría ser las pruebas que supuestamente debieron ser tenidas en cuenta a los efectos de determinar con precisión la fecha de desocupación del inmueble en cuestión, es decir, imputa la falta de valoración de elementos convictivos, sin aclarar cuales y de que modo habrían colaborado a probar la versión de los hechos afirmados por su parte. Con lo cual, tampoco se observa la invocada incongruencia por omisión.

Por lo expresado, corresponde el rechazo íntegro del recurso de casación interpuesto por la parte actora, de conformidad a los fundamentos anteriormente expuestos.

VII.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, en atención al resultado a que se arriba, corresponde imponerlas a la parte recurrente vencida.

Los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur, votan en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia Nº 335 de la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, dictada en fecha 28 de octubre de 2011 (fs. 266/268), conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00032201-01