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Acción de inconstitucionalidad, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 Dra. Maria Teresita Berti de Benmaor. s/ Cuestión de Competencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-05-23

En el sistema judicial que nos rige existen diferentes modos de control de constitucionalidad de las leyes y dentro de ellos el instituto típico para afianzar la supremacía constitucional es la declaración de inconstitucionalidad, legislada en nuestro código de forma en los arts. 785 y siguientes y que es de competencia del Excmo. Superior Tribunal de Justicia. No es la única vía para lograr la no aplicación de una ley, decreto, ordenanza, resolución o reglamento, pues el principio de supremacía de la Constitución, obliga a que todo Juez ante el caso concreto traído a su decisión, examine si la norma legal que debe aplicar guarda o no conformidad con la Constitución, de manera de no aplicarla si se halla en oposición con ella, en el caso tal como ha sido planteada por el recurrente se trata de la acción de inconstitucionalidad prevista por la citada disposición legal y debe sustanciarse y resolverse en el Excmo. Superior Tribunal de Justicia. (Dra. Ferreira de Negro:

Según su Voto).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia, principio de congruencia, unión transitoria, balance, rendición de cuentas
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: RECHTER, CAROLA c/ EMACO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-12-07

Es inadmisible la queja interpuesta desde que no se advierte que falte correspondencia entre lo reclamado y resistido por las partes por un lado y lo resuelto en la sentencia por el otro al considerar que si bien no incumbía la rendición de cuentas, a tenor del régimen jurídico y contable de la unión transitoria de empresas, correspondía la entrega de balances.

En efecto, una inteligencia integral del pronunciamiento demuestra que nunca se perdió de vista lo requerido y lo repelido, en definitiva, el objeto de la "litis". Ello así, toda vez que la presentación de balances decidida en la causa no es más que una particular forma de acreditar el resultado económico de la gestión o la situación del estado de cuentas de las partes, a tenor de la especial relación que las unió (U.T.E.), quedando los cuestionamientos formulados reducidos a mero disenso con lo resuelto por el Tribunal.
Fuentes del derecho, jurisprudencia vinculante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO FEIGIN S.A. c/ ANDINA DEL SUR S.A. s/ Ejec - Prend (LIBRO: S084 - 281)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-29

Los antecedentes jurisprudenciales, en especial cuando son pronunciamientos de nuestro Tribunal Superior local -y no son plenarios- señalan pautas importantes sobre temas fundamentales, que deben tenerse en cuenta por los tribunales inferiores al resolver, pero sin perder de vista que han sido vertidos ante situaciones fácticas determinadas, casi nunca idénticas a otras, en donde deben considerarse las personas, los tiempos, los intereses en juego. Es decir, en cada proceso el juez tiene una realidad distinta a la que no puede aplicar cartabones preestablecidos.
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Labarta, Oscar Esteban s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

Incumplimiento no es sinónimo de insolvencia, aunque muchas veces la insolvencia se manifiesta por el incumplimiento. No siempre que se incumpla habrá insolvencia. Por eso, la ley específica "estado de", y no lo identifica con el incumplimiento, sino con una situación de impotencia patrimonial que no permite cumplir con las obligaciones contraídas.-
Asociaciones sindicales, aportes sindicales, contrato de comisión, estado de incertidumbre
Materia: LABORAL
Carátula: Ferro Argentina SA c/ Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas y otro s/ consignación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-30

Resulta procedente la acción por consignación (art. 757 inc.4 CC) iniciada por la empleadora si alegó un estado de incertidumbre respecto a la asociación profesional de trabajadores con legitimación para percibir el pago de los rubros que se pretendía consignar - la contribución especial prevista en el art. 88 CCT 77/89, el aporte solidario y la contribución extraordinaria pactada - , motivada por la desafiliación de ciertos sindicatos de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria Química, y la conformación de una nueva entidad sindical de segundo grado, cuando el pago de los rubros objeto del pleito eran reclamados por más de un sujeto, quienes se atribuían el carácter de acreedor, circunstancia que, evidentemente, encuadra cabalmente en la normativa en que se fundó la demanda (conf. Dictamen FG N° 46.930 del 22/9/08, Dr. Álvarez).
Marcas, medicamentos, marcas confundibles, superposición de productos, defensa del consumidor, derecho a la integridad física
Materia: COMERCIAL
Carátula: SYNCRO ARGENTINA S.A.Q.I.C.I.F. c/ LABORATORIOS RONTAG S.A. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-28

La regla fundamental en la materia, de cuya observancia depende que se cumplan los objetivos de la Ley de Marcas -tutela del consumidor y amparo de prácticas mercantiles sanas-es que los signos sean claramente distinguibles (cfr. Causas: 1790 del 18.3.83; 2323 del 25.11.83; 2495/93 del 19.7.95, etc.), extremo que debe ser exigido con particular cuidado cuando ellos han de ser aplicados a especialidades medicinales. Porque un error en la adquisición de un fármaco puede tener serias consecuencias perjudiciales para la salud: si un enfermo necesita un "antiinfeccioso" y por el parecido marcario el dependiente de la farmacia le entrega un producto "neurológico y psiquiátrico", es claro que la infección no habrá de ceder y esto implica innegablemente un daño para la integridad física. Lo propio cabría decir en el caso inverso de reemplazo indebido de un específico neurológico por un fármaco antiinfeccioso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, adhesión al recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bustos, Luis C. y otra c/ Murray, María G. y otro s/ Daños y perjuicios Bonomi, Hugo c/ Shell C.A.P.S.A. s/ Daños y perjuicios. Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03|1997-08-12

Si el agravio que le infería la sentencia fue satisfecho mediante aclaratoria por el tribunal (lo que tornó innecesario recurrir por la vía extraordinaria), y si a través del recurso interpuesto por la contraria se impone la revocación de aquélla, resulta aplicable el principio de la apelación adhesiva.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, fundamentación del recurso, publicidad de los juicios, proceso penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Milagro Amalia Ángela Sala en la causa Sala, Milagro Amalia Ángela y otros c/  s/ p.ss.aa. de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-15

Corresponde desestimar el agravio por el que se aduce la vulneración del principio de publicidad del juicio, y por medio del que se propugna su nulidad, toda vez la parte denuncia dogmáticamente la violación a dicho principio sin explicar cómo puede compatibilizarse semejante proposición con la circunstancia objetiva de que el juicio no fue secreto y que se desarrolló por medio de audiencias a las que no solo asistieron las partes, sus letrados y diversos auxiliares de la justicia -en un número cercano al centenar- sino también el público en general y la prensa, cuyo ingreso fue autorizado expresamente por el tribunal.
Responsabilidad objetiva, cosa riesgosa, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Young de Aguirre, Beatriz Hebe c/ Empresa  Líneas  Marítimas  Argentinas  Sociedad  Anónima (ELMA S.A.) s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Constituye un apartamiento de lo dispuesto en el art. 1113, segundo párrafo del Código Civil, imponer al damnificado la carga de probar la existencia del riesgo de la cosa dañosa, ya que para la operatividad de dicho régimen basta con que el afectado demuestre el daño causado y el contacto con la cosa, frente a la presunción de que el daño fue causado por el riesgo creado.
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pizarro, Diego O. y otros c/ Demichelis, Luis y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

La admisión de la existencia del lucro cesante presupone una prueba certera de la cuantía de las ganancias dejadas de percibir, demostración de la cual solo cabe dispensar a quien formula el reclamo cuando concurran circunstancias particulares que tornen si no imposible, al menos muy dificultosas la prueba del hecho dañoso.-
Prioridad de paso, reglas de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: MENDEZ, RICARDO JORGE. c/ LUCERO, CARLOS ANDRES Y OTRO. s/ D. Y P. USO AUTOMOTOR (SIN LESION).
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-18

La prioridad de paso en el caso surge no porque circulara por la derecha, sino por la señal de "PARE", que impone detener totalmente la marcha.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: GERDENITSCH DE CACERES MARIA; CAMPOS LUIS ALBERTO; CORONEL REYNALDO AUGUSTO; HERRERA JOSE RUBEN s/ S.D. DEFRAUDACION CALIFICADA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS  DEBERES DEL FUNCIONARIO PUBLICO Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS;  TODOS EN CONCURSO REAL DE DELITOS E.P. DE MUNICIPALIDAD DE ATAMISQUI -CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-08-18

Es insuficiente el recurso de casación que denuncia la errónea evaluación de las circunstancias de hecho si, por el contrario la Cámara los ha analizado pormenorizadamente y en extenso fallo, haciendo uso del principio de la sana crítica racional, sin incurrir en arbitrariedades palmarias, recorriendo en su sentencia todos los elementos incorporados a la causa, siendo en rigor lo que genera la instancia extraordinaria el modo de concluir adverso a las pretensiones del recurrente.
Depósito judicial, fiscal de Estado
Materia: LABORAL
Carátula: Superior Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos c/ Redruello, Donato Ramón y otros s/ Exclusión de tutela sindical-Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-07-10

No se encuentra eximido de efectuar el depósito previsto en el artículo 280 del Cód. Procesal Civil y Comercial cuando el recurso es interpuesto por el Fiscal de Estado en representación del Estado Provincial. Se declara mal concedido el recurso.
Lesión subjetiva, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINO, JUAN ALBERTO c/ CESARINI, JORGE VICTOR Y OTRO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22

Cuando el art. 954 del Código Civil atiende en su segundo párrafo a "una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación", para definir el elemento objetivo del vicio de lesión, quiere establecer que esa desproporción injustificada debe ser cierta y clara. Es decir, debidamente acreditada, de la que ya no se puede dudar. En cambio, cuando el precepto alude a una "notable desproporción de las prestaciones" como factor que hace presumir los elementos subjetivos, introduce la directiva de la magnitud superlativa de dicha desproporción. De acuerdo con el diccionario, el adjetivo notable en su segunda acepción quiere decir "...Lo que es grande y excesivo, por lo cual se hace reparar en su línea...".

Si existe una evidente (clara e indudable) desproporción de las prestaciones que no esté justificada, pero que no llegue a ser notable (grande y excesiva; ponderación librada al prudente arbitrio judicial), el accionante carga con la prueba de la situación de inferioridad (necesidad, ligereza o inexperiencia) y de su explotación. En cambio, cuando la desproporción injustificada adquiere una magnitud a la que quepa el calificativo "notable" (grosera, resaltante) se invierte la carga de la prueba y se presume tanto el estado de inferioridad como su explotación.
Ejercicio ilegal de la medicina, curanderismo
Materia: PENAL
Carátula: BARBOSA, CARLOS. s/ EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-09

Configura el delito de ejercicio ilegal de la medicina curanderismo-, la acción del procesado que sin tener título habilitante, trataba a los pacientes por medio de alocuciones, rezos, supuestos pases magnéticos, todos los cuales eran supuestamente curativos, que efectuaba en algunos casos, previo pago de sumas de dinero; habiéndose afectado el bien jurídico tutelado, es decir, la salud pública.
Establecimientos asistenciales, medicina prepaga
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ GALENO ARGENTINA SA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-19

La empresa de medicina prepaga debe saldar la deuda con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires originada en la prestación de servicios de atención médica integral a sus afiliados en hospitales de la Ciudad, pues en virtud de la presunción de legitimidad de la que gozan las actuaciones administrativas queda en cabeza de la demandada la carga de aportar prueba tendiente a desvirtuarlas, cosa que no ocurrió en el presente, dado que la accionada simplemente se ha limitado a desconocer la existencia de deuda alguna, defensa que resulta insuficiente para atacar las actuaciones del GCBA y su contenido.
Concesión parcial del recurso, regulación de honorarios, declaración de inconstitucionalidad, derecho de propiedad, sentencia arbitraria, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: Armata, Policarpo c/ Insumo del Norte S.R.L., Higiene Urbana Argentina S.R.L. s/ Ordinario por cumplimiento de contrato/obligación, indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2021-09-20

Procede parcialmente el recurso de inconstitucionalidad incoado por la parte actora, pues asiste razón al recurrente atento a que como consecuencia de la oficiosa declaración de inconstitucionalidad del art. 24 de Ley 6112, se lo condena a pagar una exorbitante suma a los letrados intervinientes, lo que importa una violación al derecho de propiedad que consagra la CN en su art. 17. Cabe señalar en torno al deber de los magistrados de controlar de oficio la constitucionalidad de las normas, que el pronunciamiento del a quo no cumple con el standard exigible para efectivamente declarar la inconstitucionalidad del mencionado artículo. Por tal motivo, la retribución justa debe fijarse según las pautas del art. 17 de la Ley 6112 y de las demás previsiones legales, también debe aplicarse el art. 28 que se omitió mencionar en la sentencia cuestionada.
Competencia, competencia federal, Superintendencia de Seguros de la Nación, daños y perjuicios, seguros
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Falavigna, Jorge Adolfo c/ Superintendencia Seguros de la Nación s/ Varios seguros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-04

La acción de daños y perjuicios entablada se dirige fundamentalmente a cuestionar la legitimidad de la Resolución Nro. 19.737/88, dictada por la Superintendencia de Seguros en ejercicio de las facultades que le competen como organismo regulador del mercado asegurativo. Y no sólo se cuestiona la apuntada legitimidad de ese acto de sustancia típicamente administrativa sino que, además, la acción está dirigida contra la Superintendencia de Seguros cuestionando, de un modo implícito pero no menos real, el ejercicio que ese organismo efectuó de sus facultades propias. A lo que cabe añadir que la procedencia de la acción supone también definir la incidencia de otro acto administrativo general, como lo es la Resolución Nro 19.757/88, agregada a fs. 25/27. En tales condiciones, habida cuenta de que el contrato de seguro cuya indemnización habría sido retaceada no guarda relación inmediata con el tema básico a definir, la causa debe ser emplazada en el fuero en lo contencioso administrativo federal, que es el especializado en las controversias de sustancia administrativa.
Honorarios del perito, regulación de honorarios, regulación provisoria, proceso en trámite, ejecución de honorarios, gravamen irreparable, fallos de la Corte Suprema, ley arancelaria, voluntad del legislador, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL
Carátula: SUDAMERICANA DE INTERCAMBIO SACI Y F c/ A.N.A. Y OTRO s/ INCIDENTE DE HONORARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-22

Frente a una ejecución de honorarios "provisionales" promovida por un perito contra la actora en un juicio donde todavía no se había dictado sentencia condenando al Estado Nacional ni decidido sobre las costas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que no correspondía admitir tal ejecución de honorarios, pues de seguirse adelante con su trámite, se causaría a la actora un perjuicio irreparable al conminarla "... Al pago de una suma de dinero en efectivo cuando dicha parte, de resultar vencedora en la litis, jamás podría repetir íntegramente dicho pago de la demandada en la medida que ésta sólo cancelará sus obligaciones de conformidad con el sistema emergente de la consolidación ...". Agregó la Corte en ese precedente, que "... Además del irreparable perjuicio ..., el perito adquiriría ... una condición de acreedor preferente ... que contradice abiertamente la voluntad del legislador, puesto que el silencio de la ley sobre un supuesto tan singular como el examinado, exige ... superar la evidente imperfección técnica de la instrumentación ..." de la Ley 23.982 en este aspecto (cfr. Corte Suprema, in re "Aslana SA c/Estado Nacional - Ministerio de Economía - y Banco Central" del 7.5.95, espec. Considerandos N° 10 y 11, La Ley 1995-C, 119). En su voto concurrente, el Ministro Dr. Eduardo Moliné O'Connor, añadió que la iniquidad a que conduce la admisión de la ejecución de honorarios contra la actora previo a obtener una eventual sentencia de condena contra el Estado Nacional que pudiera resultar "consolidada", se advierte en el hecho de que el perito interesado que obtuvo una regulación anticipada de sus honorarios, sería el único profesional en la litis que gozaría del privilegio de estar al margen del régimen establecido por la Ley 23.982; recordando, además, que los autos regulatorios resuelven únicamente sobre el monto de las sumas con que la tarea profesional es remunerada, pero no fijan sobre el derecho a percibirlas, ni nada anticipan sobre la procedencia y forma de su cobro, por lo cual en casos como el examinado dicho cobro debe ser diferido hasta tanto medie pronunciamiento firme sobre el fondo del asunto y el cargo de las costas (cfr. Causa cit., considerandos 8° y 9° del voto concurrente indicado).
Facultades del Poder Judicial, decreto de necesidad y urgencia, aeropuertos, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

La declaración de invalidez de la decisión judicial dictada con ausencia de jurisdicción no importa una convalidación del decreto 842/97, en tanto esa norma, como integrante del ordenamiento jurídico, es susceptible de eventuales cuestionamientos constitucionales siempre que, ante un "caso" concreto conforme las exigencias del art. 116 de la Constitución Nacional, se considere en pugna con los derechos y garantías consagrados en la Ley Fundamental.
Plan de ahorro previo, compraventa de automotores, resolución del contrato, restitución de sumas de dinero, indemnización, incumplimiento del contrato, vencimiento del plazo
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: VARDARO, MARIO JOSE c/ CIRCULO DE INVERSORES SA Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-12

En una acción por la cual un suscriptor de un plan de ahorro previo para la adquisición de un automotor reclama la declaración judicial de resolución del contrato por incumplimiento o culpa de la defendida, la restitución de las sumas pagadas, y la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por consecuencia del incumplimiento, carece de relevancia que -como en el caso-, la entidad defendida alegue "haber puesto a disposición" del pretensor el vehículo objeto del plan de ahorro (lo que habría hecho por misiva) cuando ya se hallaba largamente vencido el plazo que tenia para cumplir su prestación de entrega. Ello pues, "poner a disposición" no equivale a entregar, tanto mas cuando el deudor de esa entrega absolutamente nada dijo sobre los daños e intereses moratorios corridos hasta ese momento. Por ende, el acreedor de esa incumplida prestación, tuvo derecho a no recibirla en esas condiciones y reclamar la resolución del contrato.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRUTI, Rodolfo Alfredo y GARCIA GONZALEZ, Rebeca s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-12

Los autos regulatorios resuelven únicamente sobre la suma con que los trabajos han de ser remunerados, nada fijan acerca del derecho a esos honorarios así como tampoco sobre la procedencia y forma de su cobro.
Responsabilidad del Estado, gobierno provincial, secuestro de bienes, procedimiento policial, allanamiento sin orden
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Paloika, David Daniel c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Compromete la responsabilidad provincial el secuestro de mercadería por una comisión policial sin orden de allanamiento.
Farmacias, farmacéuticos
Materia: CIVIL
Carátula: Nemzoff, Jaime c/ Poder Ejecutivo s/ Inconstitucionalidad (Libro: S062-094) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-08-16

Para la ley 926, la farmacia es propiedad exclusiva del farmacéutico; su apertura y funcionamiento se autoriza en su favor, en atención a su idoneidad profesional. Toda otra persona está colocada al margen de esa actividad, prohibiéndole la ley toda participación, intervención o ingerencia en su dirección, administración o gobierno.
Decretos, decreto de necesidad y urgencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Camaño,  Graciela  -Inc.  Med.  (3-III-10)  y  otros c/ EN -Dto.2010/09 18/10 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-30

Si bien la ley 26.122 no fija plazo para el pronunciamiento de la Comisión Bilateral y de las Cámaras "La directriz constitucional (del art. 99, inc. 3) es sumamente clara, por lo que, en verdad, no hay necesidad de determinar por ley el plazo:

(...) 'de inmediato' significa eso y no otra cosa (...) si cada sala está constitucionalmente conminada a conocer y a tratar 'de inmediato' al DNU, también tendrá que expedirse, sin demora alguna, una vez concluido el tiempo razonable e indispensable para un debate sobre esa norma" (Sagues, Néstor P. "La regulación legislativa de los decretos de necesidad y urgencia", JA 2006-IV, pp. 1040-1044) (Del voto del juez Coviello, Cons.

VII.1).