Competencia contencioso administrativa, denuncia de ilegitimidad, denegatoria del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Kaswalder, Antonio (por Kaswalder Constructora Contenedores) c/ Municipalidad de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-09-21

El voto que me precede realiza la tipificación de la actividad administrativa como denuncia de ilegitimidad, encuadre que comparto, dado que según surge de los fundamentos y motivación del acto impugnado - Decreto Nº 388/09-, el recurso deducido en sede administrativa contra el Decreto Nº 738/98 que no le reconoce al actor los mayores costos en la prestación del servicio de recolección de residuos y de barrido de calles por el período agosto de 1995 a mayo de 1997 ha sido interpuesto en forma extemporánea.

Creo oportuno diferenciar, en este tema, cuando el rechazo se funda en razones formales de aquella otra situación que se produce cuando la Administración, al rechazar el recurso, analiza el fondo de la cuestión planteada.

La temática planteada me obliga a recordar que la denuncia de ilegitimidad es un remedio extraordinario que no habilita, en principio, la instancia judicial. Este es el principio trazado por nuestra Corte Federal en la causa "Gorordo" del 04/02/1999, seguido por la mayoría de precedentes jurisprudenciales, que al abordar la cuestión señalaron que la decisión administrativa que desestima, en cuanto al fondo, un recurso tardío tramitado como denuncia de ilegitimidad, no es susceptible de ser impugnada en vía judicial.

Ahora bien, en términos hipotéticos me pregunto si dicho principio debe ser aplicado sin cortapisa en un ámbito en que se aplica puro derecho administrativo local sin contemplar con un criterio más flexible alguna excepción que justifique su apartamiento.

Al respecto cabe señalar que parte de la doctrina enfatiza que, al disponerse dar trámite a una denuncia de ilegitimidad, ésta se convierte en un recurso administrativo, no pudiéndosele asignar a dicho recurso un tratamiento diferente del resto de los previstos por la ley.

Ello es conteste con la opinión de los autores que afirman que, si la Administración procede a revisar la legalidad de su obrar a través del tratamiento de la denuncia de ilegitimidad, no existe razón alguna que justifique que el nuevo acto, aún confirmatorio del anterior pero producto de la actividad revisora de la Administración, no sea idóneo, a los fines procesales, para su posterior cuestionamiento en sede judicial.

Se dice así que, si se reabre la instancia revisora, no puede negarse al administrado la posibilidad de buscar luego tutela judicial contra dicho acto.

Sin embargo, entiendo que dicha permisión debe ser cuidadosamente aplicada, pues al respecto comparto la idea de que: "no son impugnables ante la justicia los actos administrativos que reproducen uno anterior que motivó el agravio del administrado, y fue rechazado por la justicia o no impugnado dentro del plazo legal". (Luqui, Roberto Enrique, "Revision judicial de la actividad administrativa, juicios contencioso administrativos, 2, págs. 113,114). Con ello, sin duda, como dice el autor citado, a los fines de la impugnación judicial se sustenta el requisito del acto nuevo, que resuelve una cuestión ex novo, porque los presupuestos de hecho que originaron el acto anterior firme y consentido y este posterior no son idénticos.

Dicho requisito podría vincularse, en principio, con aquellas cuestiones no resueltas en modo alguno por la Administración o bien con las razones que se esgrimen, distintas de las formales para rechazar o no la denuncia de ilegitimidad y que se conectan con la cuestión de fondo planteada. Es decir, existe la posibilidad de que la administración resuelva en un sentido u otro la materia; entonces yo me pregunto si esta situación no le estaría generando al administrado el acto nuevo que sí es impugnable judicialmente. No se trata de la repetición del acto originario, pues en ese caso ya se dijo que ningún efecto jurídico nuevo puede derivarse del acto confirmativo.

Solución que no resultaría igual en el supuesto en el que el rechazo de aquella denuncia se hubiere producido por razones formales, como encontrarse excedidas razonables pautas temporales, es decir sin que la Administración analice el fondo de la cuestión. Del voto del Dr. Cáceres.