marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo público, diferencias salariales, ley vigente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Roble, Carolina c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-13

No corresponde presuponer incluidos en el contrato las soluciones dispuestas por el régimen general al momento de su contratación o uno posterior (en caso de que sea más beneficioso para una de las partes), salvo disposición expresa. Por el contrario, como principio, corresponde aplicar la normativa vigente en el momento en que se ejerce el derecho en cuestión. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano, por remisión a su voto in re: "Garaventa, Liliana Dora s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Garaventa, Liliana Dora c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ despido'", expte. n° 4180/05; sentencia del 15-03-2006). (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Prescripción, interrupción de la prescripción, empleados públicos, resoluciones, legitimación procesal
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: PAPPACENA, Rubén M. c/ Superintendencia de Seguros de la Nación s/ VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

No procede reconocerle efectos interruptivos de la prescripción al reclamo efectuado por otros agentes de la demandada, ni a la resolución administrativa que recayó en dichas actuaciones, toda vez que aquél no revistió la calidad de parte.
Sucesiones, declaratoria de herederos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lavrih, Juan s/ Sucesión Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-22

La registración inmobiliaria de la declaratoria de herederos tiene por efecto la convalidación perfeccionante del título, no obstante, tal operatividad solo alcanza a los bienes heredados; en consecuencia: entre sus finalidades no se cuenta la del perfeccionamiento de aquellos títulos que por derivar de una donación -como la efectuada por el causante en vida-, son ya de por sí imperfectos.
Acción meramente declarativa, partes, pretensión, acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ, EDUARDO JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - REVOCATORIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 739 AÑO 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-03-19

La circunstancia de que la pretensión de la demanda consista exclusivamente en la declaración de nulidad de actos administrativos, no importa que, automáticamente, se considere al juicio como carente de contenido económico. Efectivamente, en numerosos antecedentes este Tribunal ha resuelto en el sentido de otorgar contenido económico a demandas puramente declarativas: así, en el caso de solicitud de reitengro al cargo; de nulidad de acto administrativo que impuso multas a una empresa contratista de obras públicas; de nulidad de acto administrativo por el cual se determina un reajuste impositivo; de resolución de contratos de obra pública o privada ; de nulidad de acto administrativo que declaró la nulidad de un contrato de obra pública, de recurso de inconstitucionalidad que, acogido, anuló la sentencia recurrida que restó contenido económico a un juicio que versaba sobre adquisición por accesión y prescripción de bienes del dominio público del Estado provincial. Sin embargo, en todos estos casos, para arribar a la conclusión de que se trataba de causas con contenido económico determinable, la Corte consideró la efectiva existencia de consecuencias patrimoniales directas e inmediatas contenidas en las pretensiones declarativas propuestas.
Filiación, producción de la prueba, prueba biológica
Materia: CIVIL
Carátula: NN s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-09-07

Importa recordar que la ley de fondo faculta a los tribunales para proveer, aún de oficio, la producción de ciertas pruebas si estas no han sido ofrecidas por las partes, aunque ello haya sido así no ha sido instada oportunamente su realización. Pueden ordenarse y practicarse por impulso del tribunal aún después de clausurado el período probatorio. En este sentido, la ley de fondo, en materia de acciones de filiación autoriza la realización de toda clase de pruebas, incluso biológicas, que podrían ser decretadas, aún de oficio, o a petición de parte (art. 253 C.C.). Ellas se deben hacer efectivas en tiempo oportuno, sin embargo se pueden hacer de oficio. Es que en ciertos casos la preclusión cede frente a la importancia de la materia discutida y la calidad de la verdad perseguida (derecho a la identidad personal). Así es que ellas deben ser ordenadas aunque el período probatorio estuviera ya clausurado, como medida para mejor proveer. Tal criterio se funda, esencialmente, en el hecho de que el impulso procesal de oficio y la necesidad de descubrir la verdad real en la filiación pesan sobre el tribunal. En nuestro procedimiento de familia -de carácter esencialmente inquisitivo en algunas materias- tales principios prevalecen, por lo cual es indiferente la eventual negligencia de las partes. Fundamento de la Dra. Elsa Cabrera de Dri.
Lealtad comercial, agencia de turismo, información al consumidor, precio, multa
Materia: PENAL
Carátula: ASATEJ S.R.L. s/ ley 22.802
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-12

Corresponde confirmar la multa aplicada a la empresa dedicada a la venta de pasajes y paquetes turísticos por infracción al artículo 8° de la ley 22.802, en concordancia con el 2° de la resolución N° 7/2002, reglamentaria de la mencionada norma.

La multa fue impuesta a raíz de haberse detectado que la firma sumariada publicó un aviso, en un diario de gran circulación, donde se ofrecía la posibilidad de adquirir ciertos servicios, sin indicar el precio que el consumidor efectivamente debería abonar para la adquisición de los mismos, como así tampoco la razón social del oferente y su domicilio en el país.

La norma referida es clara en cuanto exige, a quienes ofrezcan voluntariamente bienes o servicios, que indiquen el importe total que efectivamente debe abonar el consumidor, resultando transgredida cuando el anuncio indica un valor que es sólo una parte del total y existen otras sumas que no se encuentran especificadas.

La indicación de la preposición "desde", seguida de un valor, junto a la indicación del servicio ofrecido, resulta un impedimento para que el consumidor conozca en forma clara, precisa e inmediata, el costo del servicio que desea adquirir. Dicha circunstancia también resulta aplicable a la formula "+ imp", dado que dicho valor también integra el importe final que el consumidor deberá desembolsar para la adquisición del servicio y dicha omisión le impide efectuar una comparación con otros oferentes, como así también obstaculiza la transparencia que debe existir en el comercio. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Prueba, simulación
Materia: PROCESAL
Carátula: Olmos, Jorge Benedo c/ Peña, Francisco Justino y Otros. s/ Simulación-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-04-24

La prueba de la simulación es indirecta de indicios, de conjeturas y es la que verdaderamente hiere a fondo la simulación, porque la combate en un mismo terreno. La simulación demandada por los acreedores o terceros se presenta siempre como una cuestión de hecho, supeditada al juicio individual del juez en cada caso particular. Es el juez el encargado de analizar los hechos con criterio imparcial y severo, pero práctico al mismo tiempo; el análisis de ellos, la actitud y las relaciones entre los otorgantes del acto, las diversas circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a él, he ahí los elementos que debidamente comprobados en autos deben servir de base para la sentencia del juez. En ninguna materia, como ésta, el criterio judicial tiene una más amplia libertad de acción.-
Recurso de queja (procesal), sustitución del depósito
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ SECUNDINO c/ DEPINO RICARDOI MANUEL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DIFERENCIAS DE HABERES, RUBROS ADEUDADOS y otros - REC. DE QUEJA  interp. por Dr. J. Lonardi
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-09-09

Si bien la falta de acreditación de la baja del vehículo de los registros de la Capital Federal no es un obstáculo que en sí mismo impida la aceptación del bien como garantía, sí lo es la carencia de pruebas acerca del valor real del mismo.

Ello así porque la Tabla de Valuaciones que arrima la parte no puede asimilarse a la tasación de un bien concreto. Si bien la cifra que se menciona es indicativa del valor que podría tener un automotor de la misma marca y modelo, no hay certeza del valor que tiene el rodado ofrecido, la que únicamente puede recabarse por personas idóneas y con el bien a la vista; de otro modo no puede conocerse el estado de conservación y mantenimiento actual de un automotor de ocho años de antigüedad, por lo que corresponde rechazar el recurso de queja.
Estado Provincial, emergencia previsional, cancelación de deudas, régimen de consolidación de deudas, pago en bonos, mora, intereses, ejecución de sentencia, liquidación judicial, tasas de interés
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FARIOLI, EMILIO MARCOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION -  IMPUGNACION DE PAGO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 481 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-14

El método de recurrir al pago de una deuda en títulos públicos ha sido admitido jurisprudencialmente bajo ciertas condiciones, por lo que debe entenderse que el sistema de la ley 11.373 importó la cancelación de las deudas previsionales consolidadas y las sujetas a un régimen especial de pago, imponiendo una fecha de corte (21.1.96) por cuanto se evaluó que, en dicha fecha, se produjo el pago de la deuda reconocida en la sentencia. Es por esa razón que, a partir de ese momento, no se devengaron más los intereses que ordenaba pagar la sentencia y cobraron vigencia los que el sistema le asignaba a los títulos públicos con los que se entendió que había sido cancelada -desde ese momento- la obligación y más allá de los trámites que demandase su efectiva concreción (liquidación, colocación, etc.).A ello debe sumarse que la Corte local, en aras al sostenimiento del sistema y la mejor conciliación entre los respetables intereses particulares y los públicos ínsitos en la declaración de emergencia, dispuso que, ante la inexistencia de los bonos previsionales se abonase por la privación de la disponibilidad del capital correspondiente a cada amortización trimestral, la tasa pasiva promedio mencionada en el decreto 941/91
Sentencia, mayoría de opiniones, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Truppi, Higinio J. y otro c/ Torres, Norberto José s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

El artículo 156 de la Constitución de la Provincia exige que medie mayoría de fundamentos y no solamente de resultados, por lo que corresponde anular de oficio la sentencia que -aunque parezca coincidente en el resultado- carece de concordancia, en cuanto a la norma legal aplicable al caso, desde que ello impide a la Corte el cabal conocimiento del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto.
Interpretación de la ley, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Raúl  Enrique  Ledesma  y  Hugo  Sebastián  Bustos    Soc.  de Hecho s/ Rec. de Apelación  I.V.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

No resulta admisible una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal si no media debate y declaración de inconstitucionalidad.
Dispensa de la prescripción, caducidad, actos interruptivos, actos suspensivos, ley de contrato de trabajo, reclamo administrativo previo, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: CONTI, JUAN CARLOS c/ FORD MOTORS ARGENTINA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-10

El término de tres meses contemplado en el artículo 3980 del Código Civil no constituye un nuevo plazo de prescripción. Se trata de un verdadero plazo de caducidad, y en consecuencia, no susceptible de ser interrumpido ni suspendido a través de cualquiera de los diversos actos que posibilitan interrumpir o suspender el curso de la prescripción. Por ello, una reclamación administrativa no produce los efectos previstos por el artículo 257 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Ahorro obligatorio, liquidación administrativa del impuesto, inhabilidad de título
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: " F.N.   D.G.I. " c/ Font Ezcurra, Amelia E. s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

Corresponde hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título planteada por la demandada, por no ser acertado el criterio de considerar aplicable al ahorro obligatorio el sistema de la "liquidación administrativa" contemplada en el último párr. del artículo 20 de la Ley 11.683 ya que si bien tal precepto faculta a la D.G.I. a disponer que la liquidación de un gravamen se efectúe de esa manera, requiere, en tal caso que ello sea establecido con carácter general y no existe disposición alguna al respecto.
Derecho laboral, asegurador por riesgos del trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ballesteros Claudio Nicolás c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-07-01

Al disponer el art. 1 de la Ley 27.348 que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales, creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241, constituirá una instancia administrativa previa a la que el trabajador víctima de un infortunio laboral deberá recurrir solicitando la determinación de: "la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad"; el carácter y grado de la incapacidad si la hubiere; y el contenido y alcance de las prestaciones, en especie (art. 22 Ley 24.557) y "dinerarias" (art. 1 Ley 27.348) las transforma en verdaderos tribunales administrativos erigidos como un valladar prejudicial obligatorio e ineludible para la víctima de un infortunio laboral. Y estas competencias, otorgadas a profesionales de la medicina, resultan absurdas (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Recurso de queja (procesal), efecto suspensivo, recurso extraordinario, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Cía. Swift de la Plata S.A.F. y otros. s/ quiebra.-  inc.  de  liquidación  de  Deltec  Argentina S.A. y  Deltec  Internacional Ltd.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-23

La queja por denegación del recurso extraordinario carece de efecto suspensivo. El art. 285, último apartado, del Código Procesal Civil y comercial de la Nación (con las modificaciones introducidas por la ley 22.434) es categórico al expresar: "Mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso"; situación que es la del caso planteado.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad de la obra social, medicina prepaga, asistencia médica, derecho a la vida, derecho a la salud, tratados internacionales
Materia: CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

Lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema) reafirma el derecho a la preservación de la salud - comprendido dentro del derecho a la vida- y destaca la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga.
Homicidio simple, dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: Ren, Daniel R. s/ Homicidio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-19

La cachetada que le aplicó el encausado, teniendo en cuenta el peso, tamaño, estructura ósea y edad de la víctima -un año y tres meses-, resultó un medio razonablemente idóneo para causar la muerte del pequeño, tomando en consideración la gravedad de las lesiones óseas provocadas -fractura de ambos parietales, temporal derecho y occipital- y escoriaciones en el labio inferior, debiendo calificarse el hecho como homicidio simple. de la defensa del objeto, requisito que "es absoluto y
Accidentes de trabajo, accidente in itinere, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: NASELLI, DOMINGO A. c/ CRISTALERIA LA ESPERANZA SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-31

La denuncia del accidente 'in itinere' efectuada por la empresa (artículo 2 del decreto 1005/49) y el pago de los dias de incapacidad - obligación impuesta por la ley 9688 y también por el artículo 208 del RCT. - , No significan aceptación de la veracidad del hecho denunciado por el trabajador, dado que este se produce fuera del ámbito en que el patrono ejerce su poder de dirección y vigilancia.
Temeridad o malicia, conducta temeraria
Materia: LABORAL
Carátula: Lavaque, Grisel Violeta del Milagro c/ Alta Complejidad Médica S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-05-07

Determinada la improcedencia del recurso, queda en evidencia una actitud dilatoria por parte de la apelante, al haber fundado su recurso, primero, en una cuestión inexistente,segundo en un tema salarial, que como patronal no podía desconocer. Por ello y lo establecido por el artículo 30 del código procesal laboral se le debe imponer un interés equivalente al que cobre el Banco de la Nación en sus operaciones de descuento de documentos.-
Competencia, prórroga del plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LOPEZ BERNIS S.R.L. c/ DISTRIBUIDORA CENTRO SOCIEDAD DE HECHO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-12-09

La supuesta prórroga de jurisdicción no resulta atendible, pues la cláusula inserta en las facturas carece de relevancia a los efectos de determinar la competencia, cuando el demandado la ha desconocido, por ende el lugar de pago es el del domicilio del deudor y el que determina el juez competente, como acertadamente lo sostuvo el a quo, trátase de documentos unilaterales extendidos por la vendedora, que carecen de fuerza vinculante para provocar la prórroga de la jurisdicción al no ser expresamente aceptada por el comprador, no pudiendo entenderse que medie conformidad tácita por la recepción de las facturas sin reparos.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes, herencia vacante, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSORCIO PROPIETARIOS CATULO CASTILLO 2539/43 c/ PROP. U.F. Nº25 CATULO CASTILLO 2539/2543 s/ EJECUCION DE EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

Reputada vacante la sucesión del ejecutado, corresponde dirigir el reclamo por expensas contra el Fisco Nacional -representado por el Ministerio de Cultura y Educación-, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento para la denuncia de Bienes Vacantes y arts. 2342, inc. 3º y 3588 del Código Civil.-
Cuestión federal, recurso extraordinario federal, privación ilegal de la libertad, Fuerzas Armadas, gobierno de facto
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Raviolo, Carlos Alberto c/ Mrio. de Justicia y D.D. H.H. s/ Art. 3 - ley 24.043 (resol. 331/01)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24

Es formalmente admisible el recurso extraordinario si se encuentra en discusión el alcance e interpretación de normas federales -leyes 24.043 y 24.906- y la decisión es contraria al derecho que la apelante funda en ellas. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Honorarios, trabajos posteriores a la sentencia, régimen de consolidación de deudas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aimetta Juan F. y Otros c/ E.N. (Mº de Educ. y Just.) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

Los trabajos profesionales que dentro de la ley 23.982 fueron necesarios tanto para determinar el monto de la condena a esa fecha, como para cumplimentar los restantes recaudos que ella requiere para posibilitar, material y jurídicamente, que la Administración cumpla voluntaria y oportunamente la sentencia -entre ellos, la presentación del formulario de requerimiento de pago ante el órgano deudor (arts. 5º de la ley 23.982, 9 y 15 del decreto 2140/91)-, deben ponderarse -a fuer de previsibles, en función de esa necesariedad- a fin de regular los honorarios que corresponden por las tareas realizadas por las etapas del proceso que concluyen con la sentencia definitiva. En ese marco, esos trabajos vienen a satisfacer exigencias impuestas por normas que integran el ordenamiento positivo como condiciones de exigibilidad de la obligación judicialmente declarada, por lo que si bien se tratan de actuaciones materialmente posteriores a la sentencia, en lo conceptual concurren a integrarla. Empero, cuando la labor profesional excede lo necesario para obtener el cumplimiento voluntario y oportuno de la sentencia, procurando en cambio -por incumplir la Administración los deberes que le impone el procedimiento establecido por la ley 23.982- la ejecución forzada de las obligaciones que la resolución judicial declara, se impone la retribución suplementaria de esas tareas con fundamento en el mentado principio de la onerosidad de los servicios profesionales.
Cuestiones de competencia, competencia laboral, competencia comercial, ejecución de sentencia, conclusión del acuerdo preventivo, fuero de atracción, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Manfredi, Vicente Américo c/ c/ Talleres Gráficos Morales e hijos SACIFI s/ s/ Despido s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-02

La existencia de un concurso preventivo obliga a tener especial -aunque no absoluta deferencia por lo decidido por el juez concursal respecto de la admisibilidad de la acción dentro del proceso universal, en razón de que le incumbe establecer si el acreedor será uno en la masa o si lo será por fuera de esta. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).