marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad procesal, inexistencia del acto jurídico, veredicto
Materia: LABORAL
Carátula: Giacobbo, Rubén D c/ Asociación Fomento Barrio Alfar s/ Indemnización, despido, preaviso, etc Indemnización, despido, preaviso, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-06

Si el magistrado que votó en segundo término omitió expedirse sobre las circunstancias fácticas que integraban el interrrogatorio propuesto en la segunda cuestión, al carecer de voto individual en la parte señalada, dicho decisorio constituye un acto jurídico procesal inexistente ya que carece de los presupuestos necesarios para incoar una relación de derecho adjetivo, por lo que dicho acto, no podría ser convalidado ni verse beneficiado con los efectos de la preclusión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, deberes del síndico del concurso, remoción del interventor, multa
Materia: COMERCIAL
Carátula: Centro Productivo de Diseño SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-10

Corresponde morigerar la resolución que removió de su cargo e inhabilitó por cuatro años al síndico, reduciendo la sanción a la aplicación de una multa en los términos de la LCQ 255. Ello así, pues si bien la sindicatura incurrió en incumplimiento de sus deberes y en un desempeño que podría tildarse de negligente, las justificaciones brindadas resultan suficientes para reducir la sanción impuesta que aparece como excesiva. En ese sentido, la enfermedad que padeció el síndico, sumado a que no se produjeron perjuicios para la masa y que, en definitiva, el informe de la LCQ 35 fue presentado solo con cinco días de atraso, ameritan resolver del modo adelantado.
Estafa, cheque de pago diferido, mutuo dinerario, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL
Carátula: BONAPARTIAN, JUAN s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-11

No comete el delito de estafa quien entrega cheques de pago diferido a cambio de préstamos de dinero que el querellante efectuó al librador pues, por la naturaleza del cheque de pago diferido, se determina la existencia de la concesión de un término para que el librador pague el importe correspondiente, por lo que la entrega de los cheques no fue determinante de la contraprestación. [Nota de publicación: La corte Suprema de Justicia tiene dicho que ya se trate de cheques entegados en pago de mercadería a recibir por parte del imputado o de préstamos dinerarios recibidos por éste contra entrega de garantía de cheques diferidos, dichas maniobras constituirían delito de estafa ya que la entrega de los referidos documentos aparecería como el ardid o engaño determinantes de la prestación efectuada por quien se presenta como damnificado. ("Marrone, Carlos A.", Mar.25.82)].
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, sentencia condenatoria, estupefacientes, sistema acusatorio, tipo penal, agravantes de la pena, participación criminal
Materia: PROCESAL
Carátula: Coppede, Eugenio Ramiro y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

Uno de los votos concurrentes agregó que en cuanto a la violación al principio acusatorio basado en que el Fiscal General al momento de emitir su alegato negó tener certeza sobre la finalidad ilegítima del tipo penal enrostrado, luego de examinar el registro fílmico del alegato efectuado durante la audiencia de debate no se advierte la alegada vulneración. El representante del Ministerio Público Fiscal fundó debidamente su alegato, apoyando su postura en jurisprudencia de esta Cámara Federal y en doctrina, explicando que las exigencias del tipo penal en cuestión -esto es, el art. 5° inc. "c" de la ley 23.737- se habían comprobado en la causa, pues a su modo de ver era suficiente que intencionalmente se comercie con precursores químicos, y que esos precursores químicos sirvan para fabricar estupefacientes. El otro voto concurrente señaló que en el caso quedó comprobado que se trató de un hecho en el que hubo una organización de tres personas en la que cada una cumplió con un rol diferente, sin que el alegado desconocimiento entre los imputados alcance para descartar la aplicación de la agravante como pretende la defensa, pues lo relevante es la actuación coordinada de cada uno de los partícipes en el ilícito a sabiendas de que es parte de una organización compuesta por tres o más personas .Dres. Figueroa, Petrone y Barroetaveña -votos concurrentes-.
Documento nacional de identidad, valor probatorio, domicilio
Materia: CIVIL
Carátula: T.R.B. ADOPCION s/ ADOPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-10-29

El Documento Nacional de Identidad -creado por la ley 17671 y expedido por el Registro Nacional de las Personas- constituye un instrumento idóneo para acreditar no sólo la identidad de una persona, sino también aquellos datos y antecedentes imprescindibles para su expedición, entre los que se encuentra fecha de nacimiento Tal eficacia probatoria resulta corroborada por lo estatuido en el art. 47, 1er. párrafo de dicha ley al expresar que " la edad y el último domicilio anotado en el documento nacional de identidad, son los únicos válidos a los efectos militares y electorales que determinan las leyes respectivas". El Decreto Ley 8204/63 extiende la validez en juicio para probar derechos o actos "a los documentos que expida el Registro Nacional de las Personas en ejercicio de sus facultades" (art.25).-
Competencia federal, competencia por la persona, Estado Nacional, emergencia económica
Materia: PROCESAL
Carátula: Turturo,  Gustavo  Roque c/ PEN  - ley 25.561 - dtos. 1575/01 y 214/02 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

Resulta competente la justicia federal ratione personae si más allá de que la relación jurídica se encuentra principalmente regida por leyes de naturaleza civil, la pretensión se dirige, en forma nominal y sustancial, contra el Estado Nacional, en su carácter de órgano emisor de la legislación cuya aplicación se intenta suspender -ley 25.561 y su decreto reglamentario 214/02-.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Derechos y garantías constitucionales, jueces, deberes del juez, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GONZALEZ, GONZALO LUIS s/ APELA DENEGATORIA LIBERTAD CONDICIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

La inexistencia de una prohibición expresa a nivel constitucional no neutraliza el deber judicial de determinar el alcance de los principios constitucionales (non bis in idem, culpabilidad, acto, resocialización, proporcionalidad) y de evaluar, en función de ello, si la aplicación de una norma infraconstitucional (arts.

50 y 14, C.P.) suprime la operatividad de esos principios en el caso concreto. Y el tema es aún más relevante luego de la reforma constitucional de 1994 y del alcance para todos los supuestos, tal como he anticipado en orden al principio resocializador, de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Almonacid" y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Mazzeo" (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba confesional
Materia: PENAL
Carátula: Gómez Robles, Alan Daniel s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la Excma. Cámara declaró divisible la que consideró confesión del procesado y, en consecuencia, atribuyó a éste la carga de probar sus "excusas" sin resolver la concurrencia del requisito que a tal efecto prevé el art. 239 (ó 236 -n.a.-) del Código de Procedimiento.
Registro de marca, oposición al registro de marca, marcas confundibles, marca notoria, cotejo de marcas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Garúa Ferrín Gerardo Vicente c/ Manufactura  de  Art.  para el Hogar "Aurora"  S.A.  Ind. Com. Inm. y Financ. s/ Op. Reg. Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-26

Ningún conflicto marcario puede resolverse prescindiendo de lo que la doctrina ha dado en llamar las circunstancias adjetivas de la causa. En el caso, debe ser tenida en cuenta la notoriedad de la marca "Aurora", de gran amplitud de penetración, en el mercado, en el rubro de los artículos para el hogar, que además se encuentra registrada en una enorme cantidad de clases del nomenclador. Esa notoriedad tiene decisiva gravitación a los fines de realizar el cotejo y, si bien es jurisprudencia pacífica de esta Cámara que no puede pretenderse monopolio alguno sobre cierta marca, para lo cual resulta suficiente con agregar a ella algún ingrediente que le imprima al conjunto una relevante fuerza distintiva, esta no es la situación que aquí se plantea. En efecto, si de lo que se trata es de cotejar Aurora con Aurora Computer Type, no puede dejarse de lado el conocimiento, que de la primera designación tiene el público, que es en definitiva el que debe ser resguardado en sus intereses. Desde esta perspectiva, cualquier consumidor desprevenido podrá imaginar, asociando las designaciones, que la marca Aurora ha ampliado su ramo hacia computadoras y máquinas de escribir. Es que los agregados que la aquí actora ha hecho a la designación Aurora, es decir Computer Type, no alcanzan para desvirtuar la confusión, justamente porque el primer componente es conocido en el comercio por sí mismo, y se corre el riesgo de que se aproveche un prestigio que no es propio.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, medidas de seguridad curativas, rehabilitación de drogadictos, deberes del juez, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: López, Jorge R. s/ Ten. de estupefacientes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-24

Teniendo en cuenta el fin perseguido por la ley al prever medidas curativas tendientes a la rehabilitación o desintoxicación del acusado, su aplicación resulta imperativa para el juez por lo que no se vulnera el principio de "reformatio in pejus" la adopción de ella aún cuando no haya sido peticionada por el Fiscal.
Enfermedad profesional, daños y perjuicios, acción civil por accidente de trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: HERRERA, GREGORIO F. c/ CATAMARCA RIOJA REFRESCOS S.A. s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD PROFESIONAL - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-12-07

La Alzada resuelve revocar sentencia de primera instancia que hizo lugar a una demanda por daños y perjuicios por enfermedad profesional-no incluida en el sistema-, y declara la improponibilidad de la acción con fundamento en que se debió plantear la inconstitucionalidad de la LRT como una cuestión accesoria a la demanda principal a fin de derribar la valla del art. 39.

Ahora bien y sin perjuicio de que la insuficiencia del agravio provoca la improcedencia del recurso de casación por errónea aplicación de la ley , cabe aclarar que sobre la cuestión de fondo se han generado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia tres posiciones en cuanto al régimen de la ley de riesgos del trabajo.

A ello se suma que la CSJN sostuvo que el art. 39 de la LRT era constitucional sentando su criterio en el caso Gorosito y luego resolvió la inconstitucionalidad de dicha norma en autos Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA, entonces la cuestión merece un análisis y justifica un pronunciamiento previo al respecto para despejar la aplicabilidad normativa específica y habilitar otra posible.

Ello así, el fallo impugnado se apoya en una de las posturas interpretativas de la doctrina y en base a ello considera necesaria la declaración de inconstitucionalidad para que pueda prosperar la acción, haciendo hincapié en su no declaración de oficio. Este razonamiento fundado en una de las posibles corrientes de interpretación con un margen de logicidad aceptable, resultaría irrevocable por no configurarse la causal invocada, aún si se hubiera sorteado el obstáculo de la inadmisibilidad apuntada supra.
Funcionarios judiciales, jueces, acción meramente declarativa, Consejo de la Magistratura, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Carranza Guido y Spano, Mirta Beatriz c/ A.N.Se.S. s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-01

Si bien al momento del dictado de la sentencia de primera instancia no habían transcurrido aún cinco años desde el dictado de la Res. 196/06 del Consejo de la Magistratura, lo que motivó que el a quo rechazara la acción meramente declarativa por resultar prematura la petición esgrimida, habiendo transcurrido dicho plazo al presente, y en atención a que la peticionante se desempeña como Jefe de Despacho de Primera en dependencias del Poder Judicial de la Nación, dicha situación justifica el interés actual del esclarecimiento del derecho invocado, y torna viable y procedente la declaración de certeza en los términos del art. 322 del C.P.C.C.
Recurso extraordinario federal, caducidad de instancia, impulso procesal, interrupción de la caducidad, suspensión de la caducidad, purga de la caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: LAS TRES NENAS S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-12-12

Así, se ha dicho que tanto la interrupción como la purga implican la realización de actos útiles, impulsorios del procedimiento. Consecuentemente, todo cuanto aquí diga parte de la base de que el acto en disputa sirve, en abstracto, para llevar el proceso a su destino final, la sentencia. Pero sólo puede hablarse de interrupción (y también de suspensión) cuando los plazos están en curso. La purga (subsanación, convalidación, saneamiento o redención de la perención), en cambio, supone siempre la realización de actos impulsorios del procedimiento acaecidos con posterioridad al vencimiento del plazo legal.
Procedimiento tributario, recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JOHN WYETH LABORATORIOS  S.A.  Y OTROS s/ RECURSO TRIBUNAL FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

Dado los límites del recurso previsto por el art. 1180, inc. b) del Código Aduanero debe estarse a la apreciación de los extremos fácticos que formuló el Tribunal Fiscal, no es en principio revisable en esta instancia, y toda vez que en el caso, del ejercicio que el a- quo realizó de sus facultades propias no surge que hubiese mediado error de magnitud suficiente para apartar aquel principio.
Propiedad horizontal, partes comunes, encargados de casas de renta, uso de vivienda
Materia: CIVIL
Carátula: ROCA, María Ester c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS TRIUNVIRATO 2922 s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-04

El servicio de portería reviste importancia en la actualidad, especialmente en edificios de varios pisos o gran número de unidades funcionales. Y el local o departamento destinado a la vivienda del encargado de la portería, como otros destinados a dicho servicio, propiamente dicho, opera en beneficio de la comunidad consorcial, tratándose de cosas de uso común, aunque los copropietarios no tengan acceso a tales lugares.-
Prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Brat de Peechenik, Bejla c/ Lischinsky, Julio y otros s/ Simulación Lischinsky, Julio c/ Varano, Víctor H. s/ Acción revocatoria concursal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-19|2001-06-19

Para determinar la carga de la prueba importa atender a las características del objeto controvertido, a las posiciones concretas y dinámicas de las partes en el espejo de la colaboración debida al propósito de esclarecer y arribar al acceso de la verdad. No parece atinado, por consiguiente, sentar criterios absolutos, de validez general; por el contrario se estará más cerca de lo atendible diversificando las categorías de los litigios pues no es lo mismo la manera de traducir la cooperación en procesos de simulación o fraude que en el más simple de daños y perjuicios originados en un accidente de tránsito. Cada controversia tiene su perfil, su identidad, sus propios contornos y sus dificultades o rebeldías...Esas tonalidades desembocan en que la facultad se trueque en un deber y que ese deber sea exigible, con las consecuencias que de ello se sigue para la suerte del pleito.
Control de constitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, iura novit curia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., S.H. c/ L.A.I. y E. de La Patagonia y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-17

"Si bien los jueces no pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley en abstracto, es decir fuera de una causa concreta sometida a su juzgamiento, de ello no se desprende que necesariamente la parte interesada deba requerir en forma expresa el control de constitucionalidad, ya que éste constituye una cuestión de derecho, ínsita en la facultad de los jueces que se resume en el antiguo adagio romano iura novit curia y que incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución. Este principio, por el que se le concede a los jueces la potestad de suplir el derecho que las partes no invocan o que invocan erróneamente, incluye el deber de mantener la jerarquía normativa de nuestro orden jurídico, de allí que una sentencia que aplique normas inconstitucionales se subleva en contra de aquélla".
Admisibilidad formal, recurso de casación, autosuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Vera Cuba, César Antonio  c/  s/ Daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-10-24

Procede declarar formalmente admisible el recurso de casación planteado en función del art. 422 del CPP de la Provincia de Formosa, pues fue presentado temporáneamente y con las formalidades de ley, surgiendo de su lectura una exposición seria de los agravios referidos a la falta de certeza para condenar al imputado por el delito investigado.
Injurias, jueces, desestimación de la querella
Materia: PENAL
Carátula: F.S.,J. s/ CALUMNIAS E INJURIAS. DESESTIMACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

Las expresiones del Juez vertidas en expediente judicial y publicadas en un diario: "escritos que producen confusión y alteran la investigación", son sólo demostrativos de la postura asumida por el Magistrado en aras de una mejor dirección del proceso y en uso de sus facultades legales y atribuciones, que revelan que no ha tenido intención de agraviar a la querellante, debiendo confirmarse la resolución que desestima la querella promovida contra dicho Magistrado, por injurias, con costas de alzada.
Prefectura Naval, documentación del buque, registraciones inexactas, sanciones administrativas, seguridad de la navegación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BATTISTA, JOSE MAMIAN s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-28

La falta de veracidad en las registraciones exigidas por la autoridad marítima no requieren, para configurar infracción, la existencia de dolo en su autor, pues lo que se procura con ello es la preservación de un eficiente control respecto de la seguridad en la navegación asegurando las medidas necesarias para impedir acaecimientos dañosos, o, de ocurrir éstos, individualizar a sus responsables.
Concurso de delitos, robo con armas, robo en despoblado y en banda, consunción
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, MARCELINO A. s/ CONCURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

En los casos de robo agravado por su comisión en banda y con armas, ambas agravantes concurren entre sí, pudiéndose aplicar conjuntamente sin que la de mayor severidad subsuma a la otra.
Derecho de propiedad, pueblos originarios, obligaciones internacionales, propiedad comunitaria de la tierra, derecho a la identidad, acceso a la tierra
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay s/ Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-06-17

Ante los conflictos que se presentan entre la propiedad privada y los reclamos de reivindicación de propiedad ancestral de las comunidades indígenas, los Estados deben considerar que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida.
Robo calificado, robo de automotor, pena, constitucionalidad, derecho a la vida
Materia: PENAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: ACUÑA CARLOS OMAR s/ ROBO    CALIFICADO    -  ROBO  DE  AUTOMOTOR  -  INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-09-22

Para el código penal la vida no se comporta como el supremo valor. En efecto, entre las reglas de la parte general puede observarse como la vida del agresor queda subordinada a la defensa legítima de cualquier otro bien, sin otros recaudos que los que señala el art. 34 in. 6to. C.P., los que a un gozan m as de una presunción legal, en los casos de nocturnidad de la defensa privilegiada, que puede justificar cualquier daño que se cause al atacante.

En la parte Especial del Código Penal, se observan igualmente distintas hipótesis en las que la vida queda subordinada a otros valores como ocurre en la gestación interrumpida mediante aborto justificado del art. 86 inc. 2do., no obstante no mediar peligro para la vida de la madre.

No puede sorprender,entonces, que el Código Penal haya previsto penas m as severas en la protección de otros bienes o que la común protección otorgada a la vida aparezca reforzada cuando es el resultado de la lesión a otros valores jurídicos. Es así como el legislador ha establecido una mayor penalidad para el rapto de una mujer casada que ofende su honestidad (C.P., art. 130 2do. párrafo) que para la muerte de la madre y el feto en gestación, en el caso del art. 85 inc. 2do. "in fine".

Tampoco faltan casos en los que se equipara la penalidad no obstante existir distintos resultados -muerte o lesiones- como ocurre en los supuestos de los arts. 95, 97 inc. 2do. y 99 inc. 2do. C.P., ni otros en los que el resultado muerte tiene una penalidad mayor que la de homicidio, por derivar de la ofensa a otros valores jurídicos, como ocurre en los casos del C.P., arts. 124, 144 ter, 165 y 200 párrafo 2do. (Voto de la minoría, Dr. Jorge Montero(h)).-
Tasa de justicia, integración de la tasa de justicia, gastos del proceso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: AMADO, Glenda María c/ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE SALTA y/o PROVINCIA DE SALTA s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-02-29

En orden a la cuantía de la multa, no hay un agravio constitucional en tanto los litigantes antes del comienzo del juicio deben saber o al menos pueden calcular a cuánto va ascender el importe total de la tasa.

Ello así, no puede decirse que siguiendo el desarrollo del proceso la parte obligada no haya podido efectuar una previsión en tal sentido para efectuar el pago a tiempo y evitar la imposición de la multa por su morosidad y, en su defecto, para eso cuenta con el beneficio de litigar sin gastos, contemplado por los artículos 78 y siguientes del ordenamiento procesal.

El pago de la tasa y su cuantía no es una situación imprevista en el judicando. Su estimación en el monto y en tiempo de pago es la conducta mínima exigible de un accionar diligente por parte de quien litiga y su inobservancia no puede justificar la inconstitucionalidad de la norma.

No veo entonces cómo el contribuyente incumplidor, en caso de tener que pagar la multa del modo indicado, vería cercenado su derecho de propiedad o denegado su acceso a la justicia.