Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87.400 CAUSA NRO. 26.195/08 AUTOS: "BUOMPADRE ARNOLDO RAUL C/ GREEN OIL S.A. Y OTROS S/ DESPIDO" JUZGADO NRO. 59 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Febrero de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I.	La sentencia de fs. 577 I/595 I ha sido recurrida por la codemandada Ana María Cricca a fs. 846/852, por la codemandada Laura Alejandra Martinel a fs. 853/862 y por Biogama S.A. a fs. 863/882. También apelan a fs. 843, 844 y 845 la actora y su representación letrada los honorarios regulados en autos.

II.	La coaccionada Biogama S.A. cuestiona el fallo porque se la ha condenado solidariamente por obligaciones contraidas por la sociedad Green Oil S.A., considerando la existencia de grupo económico y fraude laboral, aplicándose el art. 31 de la L.C.T.. Asimismo, todos los demandados se alzan contra el fallo por entender que se ha aplicado erróneamente la presunción del art. 23 de la L.C.T. al valorar la situación del actor con la citada codemandada Green Oil S.A..

Sobre el punto señalo que, dada la forma en que quedara trabada la litis y que los codemandados reconocieron la existencia de la prestación de servicios por parte del accionante, aún alegando que tal prestación no correspondió a una relación laboral dependiente, pesaba sobre ellos demostrar tal extremo. (arts.23 L.C.T. y 377 CPCCN).

Las demandadas hacen referencia al carácter de empresario del Sr. Buompadre, circunstancia que excluiría la presunción aludida. Sin embargo, cabe observar que el hecho de que el actor haya ostentado el cargo de vicepresidente de la empresa Sean Chin S.A. con anterioridad a su vinculación con Green Oil S.A. o que haya constituido en el año 2002 la sociedad Cominkt S.A. y aún que haya sido designado presidente con mandato con vencimiento el día 3/3/2009 no configura la prueba en contrario para desvirtuar la presunción del art. 23 de la L.C.T. en tanto no se ha establecido que la tarea que se comprometió a realizar el accionante para la citada coaccionada lo fuera a nombre de alguna de esas empresas, por lo que la función que haya desempeñado en esas sociedades resulta irrelevante.

Tampoco configura un elemento suficiente para excluir la relación laboral dependiente que el actor haya realizado un préstamo a Green Oil S.A., aun cuando fuera por una suma considerable en tanto lo que debe establecerse es si los servicios personales prestados se encuentran alcanzados por las disposiciones de los arts. 21, 22 y conc. de la L.C.T..

En tal inteligencia, observo que los demandados han invocado la existencia de una vinculación contractual de carácter comercial a través de la suscripción de un contrato de gerenciamiento. Aún cuando haya quedado existido dicho contrato, no puede prescindirse del principio de la realidad que rige en materia laboral consagrado en la primera parte del art. 21 de la Ley de Contrato de Trabajo. Reiteradamente se ha establecido que es trabajador subordinado quien pone su energía de trabajo a disposición de otra persona o empresa, quien con su propia organización hizo converger aquellas energías hasta el logro de los fines que se propuso alcanzar, resultando indiferente para su determinación que los interesados la hayan denominado de otra forma o que, mediante apariencia ajena a su naturaleza, se pretenda excluir de la tutela de normas de origen público como son las que rigen el contrato de trabajo en relación de dependencia (C.N.A.T., Sala I, S.D. 71.359 del 31/10/97, "Calderón, Roberto A. C/Banco de Italia y Río de la Plata S.A. en liquidación y otro").

La prueba testimonial producida en autos permite establecer que existió una inserción del reclamante en la empresa demandada, poniendo sus energías de trabajo a disposición de la organización empresaria ajena, lo que contribuyó al logro de los fines que la sociedad se propuso alcanzar. Al respecto, me remito al análisis de las declaraciones que se realiza a fs. 582 I a 587 I destacando que a través de estos dichos ha quedado establecido que el Sr. Boumpadre realizaba tareas para Green Oil S.A. consistentes en la adquisición de materia prima que producía Biogama S.A. para luego comercializarla, que al efecto concurrió asiduamente a la planta de esta última en la localidad de Garín, donde adquiría el producto, hacía control de stock, hablaba con clientes y, asimismo, ha sido quien contrató personal que se desempeñó en la empresa Green Oil, encargándose en ciertas oportunidades de firmar recibos de haberes de dicho personal. Ello evidencia la disponibilidad del trabajo personal del actor por parte de un tercero (empresario) para el cumplimiento de los fines propios de su actividad, lo que pone al trabajador fuera del libre ejercicio de su tarea y lo incluye dentro de los términos de un contrato de trabajo (C.N.A.T., Sala I, S.D. 54.935 del 31/7/87, "Tedeschi, María Elena c/Estado Nacional Secretaría de Información Pública (LS 83 Canal 9) s/despido").

Las críticas que se formulan en los agravios no bastan para restarles credibilidad a tales testimoniales en tanto se refieren concretamente a las tareas que vieron cumplir al actor. Además, lucen concordantes y coherentes y provienen de compañeros de trabajo con conocimiento directo de los hechos relatados, lo que me conduce a otorgarles valor probatorio (art.90 L.O.).

Como quedara dicho, las demandadas aluden a la existencia de un préstamo de U$S 100.000 que realizó el actor a la sociedad Green Oil S.A., argumentando que se trató de una "inversión" (fs. 847). Sin embargo, de acuerdo a los términos del contrato de mutuo obrante a fs. 125/129 no surge que a través de dicho préstamo se hubieran otorgado facultades al Sr. Boumpadre para participar en la empresa en cuestión. Además, cabe tener en cuenta que dicho contrato fue celebrado en mayo de 2007 en tanto que la prestación de servicios comenzó a partir de octubre de 2006, por lo que no tiene los alcances que pretenden las accionadas.

En relación al contrato de "gerenciamiento" al que también aluden las apelantes, glosado en el anexo 1998, cabe observar que dentro de los derechos y obligaciones del denominado "gerente" (cláusula segunda) se encuentran servicios que también pueden ser prestados por personal dependiente que ostente un cargo de responsabilidad o jerárquico dentro de una empresa (selección, contratación y remoción del personal de administración y ventas de la empresa, con previo acuerdo del Directorio, organización de sistemas de trabajo en orden a una mejor productividad, administración de los fondos de empresa, etc.). Asimismo, la retribución mensual convenida del 20% de las utilidades netas que obtenga la empresa (cláusula cuarta) se compadece con lo normado por el art. 104 de la L.C.T. (participación en las utilidades). Lo argumentado por la recurrente acerca de que es una tasa de retorno por la inversión efectuada por el actor no encuentra adecuado respaldo fáctico sobre todo si se aprecia que el contrato de gerenciamiento resultó suscripto aproximadamente seis meses antes de concertarse el préstamo (v.fs. 125/129).

Por otra parte, dentro de la figura del "gerenciamiento" se pueden prestar servicios en forma autónoma o subordinados. En el caso de los servicios autónomos frencuentemente se trata de la provisión profesional de "management", modalidad consistente en la prestación de servicios por terceros, a cargo de empresas especializadas que, a cambio de un precio, se comprometen a suministrar recursos humanos de jerarquía, idóneos para ejercer el manejo de la empresa usuaria, con la finalidad de enaltecer su eficiencia y competitividad. Esta modalidad del "management" a su vez reconoce algunas variedades o modalidades con las que guarda alguna analogía, pero que se deben distinguir:

1) Los servicios de perfeccionamiento de los "managers" destinado a la "educación" y capacitación, de personal jerárquico o gerentes especializados.

2) El suministro de personal temporario para tareas comunes, alcanzadas por el ordenamiento laboral.

En tanto que la prestación de servicios subordinados tienen lugar a través de una antigua forma de "management", a cargo de un factor de comercio que, a su vez, actúa en relación de dependencia con el empresario que representa. Tiene su origen remoto en la preposición institoria del derecho romano. Es un empleado que tiene capacidad legal para ejercer el comercio, a quien "un comerciante encarga la administración de sus negocios o la de un establecimiento particular", tal como lo prevé el artículo 132 y siguientes del Código de Comercio. Este factor, también llamado gerente, es un mandatario, que no debe ser confundido con el órgano de administración tipificante de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (art. 157, LSC) ni tampoco con el gerente de la Sociedad Anónima previsto en el artículo 270 de la misma ley, ni con el "factor" que aparece como una de las partes en el contrato de factoring (Confr. "Los contratos de Gerenciamiento o Management" por Eduardo M. Favier Dubois, pub. en Revista Doctrina Societaria de Errepar, Tomo XII, Nº 159, febrero/01).

La demandada atribuyó al actor la condición de "gerente" no en el sentido previsto en el art. 270 de la Ley de Sociedades Comerciales sino como la persona a quien se encomendó la gestión y administración del área comercial y administrativa de la empresa (cláusula primera del contrato de gerenciamiento). Al respecto, observo que no se ha demostrado concretamente que el actor, al desarrollar dicha prestación, se haya valido de una organización empresaria propia, esto es, que tuviera a su disposición los medios materiales, inmateriales y personales suficientes ordenados bajo su dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Por el contrario, no existen elementos que permitan controvertir que los testigos Gago (fs. 672), Straus (fs. 677) y María Gabriela Straus (fs. 715) eran dependientes de la codemandada Green Oil S.A. y, aún cuando hubieran sido contratados, o recibido órdenes del actor, ello no significó la existencia de una relación laboral con éste. Además, cabe tener en cuenta que el lugar de trabajo era la sede de la empresa Green Oil S.A. y los sueldos de estas personas eran abonados con fondos de dicha sociedad (lo contrario no ha sido alegado).

En consecuencia, considero que la realización de tareas de administración de los negocios de la empresa encuadra en la figura del art. 132 del Código de Comercio, por lo que ha quedado en claro la existencia de una relación distinta a la invocada por la parte demandada pues, como se señalara, el actor se desempeñaba para la demandada Green Oil S.A. inserto en una estructura empresaria, a disposición de otra persona o empresa, quien con su propia organización hizo converger las energías de trabajo hasta el logro de los fines que se propuso alcanzar. El hecho de que exista mayor o menor elasticidad en el cumplimiento de las obligaciones no descarta la existencia de una relación de trabajo, en la medida que -reitero- haya una incorporación del trabajador a una empresa total o parcialmente ajena y que reciba por sus tareas una suma determinada o indeterminada en dinero o una prestación tal como la oportunidad de obtener ganancias. Asimismo, la circunstancia de que el empleador emitiera pocas órdenes o ninguna a su dependiente no altera la obligación contractual de éste de obedecer lo que surge del contrato y de las características del trabajo, ya que la libertad que tenga el dependiente para realizar sus tareas conforme a su competencia no le quita su condición de subordinado (C.N.A.T., Sala I, S.D. 60.013 del 28/6/91, "Neglie, Flavia V. C/Gutiérrez Ruzo, Cornelio G."). El poder de dirección del empleador no requiere en todos los casos un ejercicio constante y explícito, sino la posibilidad de ejercerlo, extremo éste que surge del hecho de prestarse el servicio en forma personal para la demandada (ver, entre otras, C.N.A.T., Sala I, S.D. 62.652 del 24/3/93, "Klempert, Liliana Felisa c/Círculo de Lectores S.A. s/despido").

Las maniobras fraudulentas de la demandada tendientes a encubrir el vínculo laboral tampoco obstan el reconocimiento de la dependencia dispuesta en primera instancia. Por lo demás, memoro que no es necesario una suma matemática de las notas tipificantes de una relación de trabajo pues existen casos en que la subordinación se da en forma menos rígida que en otros supuestos de vinculación dependiente. Por ello, no encuentro razones suficientes para apartarme de lo decidido por la Sra. Jueza de la instancia anterior, en cuanto al reconocimiento de la relación laboral invocada en el escrito inicial.

En cuanto a las demás alegaciones del memorial recursivo sobre el tema, tengo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320) y, con tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada precedentemente.

III. En los agravios se formulan cuestionamientos acerca del reclamo de salarios adeudados y sobre el importe de la remuneración, señalándose incongruencias en las intimaciones del actor y en los dichos de los testigos cuando se refieren a la retribución percibida.

De acuerdo a lo que surge del contrato de gerenciamiento firmado por las partes, no existen dudas de que se estableció una retribución mensual por los servicios prestados. Asimismo, cabe tener en cuenta que, conforme lo normado por el art. 115 de la L.C.T., el trabajo no se presume gratuito. Ahora bien, en el escrito inicial se denunció que el actor percibía una remuneración mensual, habitual y bruta de $13.850 y, si bien las demandadas negaron dicho monto, no aclararon concretamente cuál era el importe de la retribución ni aportaron otros elementos de convicción para poder pronunciarse sobre la validez del pedido. Sobre el punto, memoro que el empleador demandado ante la Justicia Nacional del Trabajo tiene la carga de cumplir con lo dispuesto por el art. 71 L.O. cuando contesta la demanda y para ello, no le basta negar lo que el actor dijo al demandar, debiendo expresar con claridad cuáles son los hechos que alegare como fundamento de su defensa (arts. 65 L.O. y 356 CPCCCN) y, por ello, con el simple desconocimiento de la remuneración aludida no se ha cumplido en debida forma con la carga aludida, adquiriendo verosimilitud lo denunciado por el reclamante (art. 163, inc. 6 del citado dispositivo legal).

Por otra parte, cabe tener en cuenta que rige contra la demandada la presunción del art. 55 de la L.C.T. en atención a la falta de exhibición de los registros laborales del accionante, en especial, de libro de remuneraciones. Tampoco se acompañó ningún recibo que acredite el pago de haberes durante todo el curso de la relación laboral. En tal sentido, tengo en cuenta que de conformidad a la teoría de las cargas probatorias dinámicas, era la demandada quien se hallaba en mejor posición para demostrar que el monto denunciado no se ajustaba a las pautas establecidas en el contrato de gerenciamiento. Consecuentemente, frente a ello y no resultando irrazonable la remuneración invocada, concuerdo con el importe considerado por la Sra. Jueza. Asimismo, acepto lo expresado por el reclamante en cuanto a que se consignó un importe incorrecto en el recibo de diciembre de 2006 dado que no se acompañaron instrumentos que lo controviertan.

En cuanto a la aplicación del tope a la remuneración computable a los fines del art. 245 de la L.C.T. y el planteo de inconstitucionalidad, cabe tener en cuenta que el último párrafo de la norma establece que el importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un (1) mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo, por lo que habiéndose fijado el monto en el equivalente a un mes de sueldo, resulta inoficioso el tratamiento del recurso sobre el tema.

Con respecto a la multa solicitada con fundamento en el art.80 de la Ley de Contrato de Trabajo, teniendo en cuenta que en el sub-lite la demandada negó la existencia de relación laboral no luce razonable exigir al trabajador la remisión de la intimación prevista por el dec.146/01 para constituir en mora a su empleador luego de transcurridos treinta días de la extinción del vínculo, ya que la aludida negativa del contrato de trabajo revela su postura adversa al reclamo de entrega de certificaciones laborales ( v. mi voto en "Mazzoccoli Guillermo Francisco c/ Clínica Olivos S. A. s/ despido" S.D.Nº 86.890 del 12/8/2011).

Finalmente, también cabe tener por demostrado que no se registró en debida forma la fecha de ingreso sobre todo ante la negativa de la relación laboral, por lo que debe mantenerse la condena al pago de las indemnizaciones de los arts. 9 y 10 de la ley 24.013.

IV. Con respecto a la condena solidaria dispuesta contra las codemandadas Ana María Cricca y Laura Alejandra Martinel, tengo en cuenta que no han negado ostentar los cargos que se consignan en el fallo (ver fs. 593 I).	También cabe observar que, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos anteriores, se ha considerado demostrado que existió una relación laboral entre la emrpesa Green Oil S.Al y el accionante.

Sentado ello, memoro que si una sociedad realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo o articula maniobras para desconocer una parte de la antigüedad o para ocultar una parte del salario, resultaría pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad a los directores por vía de lo dispuesto en el art. 274 de la L.S.. Esta norma contempla ciertos casos en los cuales los directivos de una sociedad incurren en maniobras delictuales o cuasidelictuales que pueden llegar a determinar su responsabilidad solidaria. Estos supuestos no tienen relación directa con la doctrina del "disregard" sino con la comisión de ciertos ilícitos que van más allá del incumplimiento de obligaciones legales o contractuales y para cuya concreción se aprovecha la estructura societaria. Así, el fin para el que fue constituida la sociedad es lícito pues su existencia ideal no fue planteada para encubrir una responsabilidad personal; pero sus directivos (ya sea por incumplimiento de obligaciones "in diligendo" o "in vigilando") no sólo hacen que la entidad incumpla sus obligaciones sino que, además, incurren en actos o maniobras dirigidas a defraudar a terceros (trabajadores, sistema de seguridad social, etc.) o a burlar la ley. Cuando esto último ocurre, quienes ocupan cargos de dirección resultan directamente responsables, más allá de que también comprometan económicamente al ente (confr. esta Sala in re "Rodríguez José Eloy c/Wesson S.R.L. y otros s/despido", S.D. 85.441 del 31/3/09).

En consecuencia, habida cuenta que han existido irregularidades en el registro de la relación laboral, cabe confirmar el fallo en cuanto condena a las citadas personas físicas que han dirigido la citada sociedad. Sin embargo, con relación a la responsabilidad de las persosnas físicas demandadas, en casos como el presente, con sustento en lo normado por los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades, sostengo que debe ser decretada sin limitación alguna, tal como lo ha resuelto la Sra. Jueza que me precedió. No obstante dado que mis distinguidos colegas se han expedido en forma contraria, como se puede apreciar en el precedente "Massa Elida Analía c/ Virginio Ricciardi e hijos S.A. s/ despido" S.D. 87.037 del 26/09/11 del registro de esta Sala y conformar una opinión mayoritaria, dejo a salvo mi opinión y po lo expuesto estimo que la condena deberá quedar limitada a los daños ocasionados de manera directa por su accionar antijurídico. En el caso, la responsabilidad de las Sras. Cricca y Martinel se encuentra limitada a las indemnizaciones derivadas de la deficiente registración del salario y fecha de ingreso (arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013) y de aquellas que son consecuencia de la ruptura contractual, la que guarda directa vinculación con la negativa de la entidad a subsanar tales deficiencias, mas no responde por los créditos salariales diferidos a condena (vacaciones proporcionales, medio aguinaldo junio 2007, aguinaldo proporcional, meses no percibidos).

Con relación a la entrega de los certificados de trabajo y la multa derivada de su incumplimiento, si bien en casos análogos he sostenido que la responsabilidad solidaria, en casos como el que me ocupa, se extiende a todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, circunstancia que incluye la dación de los instrumentos mencionados, siendo que mis distinguidos colegas se han expedido en forma contraria, tal como se puede apreciar en el precedente "Bringas Miriam Beatriz c/ Lekryzon S.A. y otros s/ Despido", S.D. 86.193 del día 08/10/10, del registro de esta Sala y por ende conforman una opinión mayoritaria, dejo a salvo mi opinión y por razones de economía procesal, adhiero a la doctrina jurisprudencial mayoritaria de esta Sala que sostiene que la solidaridad crediticia no alcanza a la obligación de hacer instituida por el art. 80 de la L.C.T. por cuanto el deudor solidario no se convierte en empleador y por lo tanto no está en condiciones de extender certificaciones sobre la base de registros que no tenía obligación de llevar ni conservar. A su respecto, la obligación es de cumplimiento imposible. Por la misma razón, tampoco corresponde el apercibimiento de astreintes ni la multa que prevé la norma referida.

Por las consideraciones expuestas, correspondería revocar lo decidido en origen.

V.	La codemandada Biogama S.A. se agravia porque se la ha condenado solidariamente por aplicación de las disposiciones del art. 31 de la L.C.T..

Las razones expuestas a fs. 881/vta. no tienen entidad suficiente para descalificar la sentencia apelada en este aspecto. Concuerdo con la Sra. Jueza en que existió unidad de explotación por las personas jurídicas contra las que se ha accionado -unidad económica- aspecto que se tuvo por probado como efecto de la carga dinámica de la prueba, con identidad entre los socios y uso común de los medios personales. De acuerdo a lo expresado por los testigos, surge la íntima conexión entre la actividad de producción de lubricantes que efectuaba Biogama S.A. y la comercialización de ellos por parte de Green Oil S.A., observándose la participación indistinta en ambas sociedades no sólo de las Sras. Cricca y Martinel sino de Jorge Ramón Castro y María Laura Acuña quienes han sido accionistas de Biogama S.A. (ver fs. 593 I) y los que constituyeron Green Oil S.A.. En tal sentido, resulta ilustrativo el testimonio de Ricardo Gonzalo Martinel (fs. 743) que alude al parentesco existe entre los diversos accionistas de ambas empresas y al aporte de clientes y marca. El hecho de que Martinel y Cricca no tengan la mayoría accionaria para la formación de la voluntad social de Biogama S.A. no resulta relevante por cuanto, como expresara, los cuatro accionistas de esta última crearon Green Oil S.A.. En tales condiciones y teniendo en cuenta los demás elementos considerados en primera instancia, considero que cabe mantener la condena solidaria de Biogama S.A..

En síntesis, corresponde confirmar la condena dictada aunque en el caso de las codemandadas Ana María Cricca y Laura Alejandra Martinel, cabe limitar su responsabilidad de acuerdo a lo expresado en el considerando IV.	Con respecto a las demás alegaciones del memorial recursivo, tengo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320) y, con tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada precedentemente. VI. Finalmente, los honorarios los encuentro acordes al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, al resultado del pleito y a lo normado por el art. 38 de la L.O. y disposiciones arancelarias de aplicación (arts.1, 6, 7, 8, 9, 19 y 37 de la Ley 21839 y art.3° inc.b y g del D.16638/57 ), por lo que también deberán ser mantenidos.

VII. Por todo lo expresado, propicio que se confirme la sentencia apelada en lo principal que decide y que se limite la condena a cargo de las codemandadas Ana María Cricca y Laura Alejandra Martinel en la forma dispuesta en el considerando IV. Con costas en la alzada a cargo de las codemandadas vencidas (art. 68 C.P.C.C.N.), regulando los honorarios de los profesionales de la actora y de cada codemandada, respectivamente, en el 27% y 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior etapa.

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide. Limitar la condena a cargo de las codemandadas Ana María Cricca y Laura Alejandra Martinel en la forma dispuesta en el considerando IV. Con costas en la alzada a cargo de las codemandadas vencidas (art. 68 C.P.C.C.N.). Regular los honorarios de los profesionales de la actora y de cada codemandada, respectivamente, en el 27% y 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior etapa.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara Gabriela A. Vázquez Jueza de Cámara Jueza de Cámara mig. Ante mi:

Elsa I. Rodriguez En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

Elsa I. Rodriguez En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.

Elsa I. Rodriguez