Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-15


En Buenos Aires, a los 15 días del mes de junio de dos mil reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: "MENDEZ LUCAS ANIBAL Y OTRO C/POLICIA FEDERAL ARGENTINA Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS", respecto de la sentencia de fs. 218/284, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden; señores Jueces de Cámara doctores Marina Mariani de Vidal y Eduardo Vocos Conesa.

A la cuestión planteada, la señora Juez de Cámara doctora MARINA MARIANI DE VIDAL dijo:

I.-El día 15 de marzo de 1995 el sargento de la Policía Federal Argentina Héctor Gabriel Méndez mató a Gloria Isabel Jahana -con la que había convivido varios años y tenido dos hijos- y luego se suicidó, empleando el arma reglamentaria que le había sido provista por aquella institución.

Los hijos menores de la pareja -Javier Hernán y Lucas Aníbal Méndez Jahana-, representados por su tutor Roberto Oscar Jahana, promovieron este juicio contra Policía Federal Argentina - Ministerio del Interior - Estado Nacional, con el fin de que se les indemnice los daños y perjuicios que el fallecimiento de sus progenitores les significó, reclamo que concretan en diversos capítulos (valor vida, daño moral, daño psíquico y sicológico y gastos de tratamientos futuros), por un monto total de $ 820.000 -o lo que en más o en menos resultare probado en los autos-, con más sus intereses desde la ocurrencia del hecho y las costas del proceso.

La pretensión fue resistida por la emplazada, pero la sentencia de fs. 281/284 vta. hizo lugar a la demanda y condenó al Estado Nacional (Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina) a pagarle la suma de $ 101.920 al menor Lucas Aníbal Méndez y la de $ 105.120 al menor Javier Hernán Méndez. Con intereses a partir del 16 de marzo de 1995 a la tasa que prevé el art. 6 de la ley 23.982 y con más las costas del juicio.

Apelaron ambas partes. La actora expresó agravios a fs. 303/308, a los que adhirió la señora Defensora Oficial y que no fueron contestados. La demandada hizo lo propio a fs. 299/302 vta., respondiendo su contraria a fs. 310/16. Median también recursos por los honorarios regulados, los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.

II.-Me ocuparé en primer término del tema medular de la responsabilidad, que el fallo en crisis endilgara a la demandada, sobre la base de la que incumbe al principal por la elección y vigilancia de sus dependientes y porque el uso inapropiado del arma reglamentaria "no incide en la evaluación, puesto que su tenencia obligatoria implica una delegación y presupone un irrenunciable deber del Estado de ejercer un control eficaz en la elección de quienes deben cumplir tales funciones de preservar la seguridad de la comunidad".

Considera el Estado Nacional equivocado el criterio que presidió su condena, pues sostiene que observa la debida diligencia en la elección de su personal, sometiéndolo a estricto examen y exhaustiva capacitación y también porque el hecho dañoso no aconteció en ejercicio de la función encomendada o con motivo de ésta, sino que se trató de una contingencia de la vida privada de su agente, aun cuando aquél hubiera sido cometido con el arma reglamentaria.

Cabe señalar liminarmente que la diligencia exigible al principal -sobre todo si se trata de una institución como la Policía Federal Argentina, por la índole de las funciones cumplidas por sus integrantes- no se agota en la elección de su personal, sino que también le incumbe el estricto control de su desempeño y conducta, aún más si se tiene en cuenta que a sus agentes les hace entrega de un arma -cosa indudablemente peligrosa-, la que deben portar en forma obligatoria en todo momento, aun cuando se hallaran franco de servicio (arg. arts. 512 y 902, Código Civil).

Ha quedado acreditado en la causa que el sargento Méndez mató a Gloria Jahana con su arma reglamentaria, cuando no se encontraba cumpliendo sus tareas específicas y por motivos propios de su relación privada con ella.

En tales condiciones, juzgo que la presente hipótesis guarda sustancial analogía con la resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 13-6-78 in re "Panizo, Manuel N. c/Ricciardelli, Oscar".

Resolvió el Alto Tribunal en dicho precedente que "si bien el acto imputado no fue realizado dentro de los límites específicos de la función propia del cargo, no hay duda que encontró fundamento en aquélla, toda vez que sólo fue posible en la medida que derivó de sus exigencias. En efecto, el arma utilizada había sido provista por la repartición y era obligación de ... portarla permanentemente. Es preciso reconocer entonces que la función guardó conexidad con el hecho producido ... Que habida cuenta de lo expuesto, es evidente que existió una razonable relación entre el cargo y el daño producido ... facilitado por el suministro del arma y las obligaciones del servicio, lo que compromete la responsabilidad del Estado provincial. Ello no importa, desde luego, desconocer las necesidades que impone la eficaz protección de la seguridad pública en que las fuerzas del orden se ven empeñadas".

Tales consideraciones resultan enteramente aplicables al sub lite y contestan en lo sustancial las argumentaciones de la demandada, de modo que con lo expuesto quedaría sellada la suerte de su recurso (conf., en igual sentido, esta Sala, doctrina de la causa 9189/92 del 1-10-98 y sus citas; Sala III, causas 5256/91 del 25-2- 99; 22.267/96 del 22-4-99; etc.).

Empero, aunque esto no se considerara así, en la particular especie de autos existen otras circunstancias que surgen del estudio de los expedientes que -en sus originales algunos y en fotocopias otros-corren por separado y que convencen acerca de la indudable responsabilidad que cabe a aquélla. Sobre estas circunstancias voy a detenerme.

El día 9 de diciembre de 1994 (es decir unos tres meses antes del suceso que desencadenó este pleito) un agente de la Policía Federal Argentina fue convocado por el Comando Radioeléctrico a constituirse en el departamento D, de la Planta baja del edificio de Sarmiento 4265, de esta ciudad, debiendo intervenir en una discusión entre Héctor Gabriel Méndez y Gloria Isabel Jahana motivada en una "ruptura sentimental" y, aunque el problema pareció solucionarse, tuvo lugar una segunda convocatoria, originada en una denuncia de la mujer respecto de amenazas que le habría proferido Méndez durante varias horas (conf. fs. 8/2 a 8/3, sumario administrativo). En ese sumario consta que, al ser arrestado el sargento Méndez el 9-12-94, "no se realizó la lectura de derechos del causante en razón de encontrarse en estado de ebriedad"; y también consta que Gloria Jahana declaró -el mismo día del hecho- que "en una incidencia que tuvo" con Méndez éste "le apuntó con el arma reglamentaria, apretándole el cuello con fines de lesionarla ... en ese momento se encontraba alcoholizado ... Insta la acción penal por las amenazas recibidas ... Que anteriormente tuvo similares problemas con su pareja, pero nunca lo había denunciado, ya que le faltaba poco para cumplir con los años de servicio en esta Institución" (conf. fs. 8/4 a 8/5 del mismo sumario); aunque luego, el 10-1-95, dijo que "creía tener en claro que Méndez no la amenazó ni tuvo intención de hacerlo y que a raíz de la discusión se sobredimensionaron los hechos" (conf. fs. 11 vta., mismo sumario), estas manifestaciones no alcanzan a diluir la importancia de cuanto dijera antes, el mismo día de los sucesos denunciados, oportunidad en la que narró con detalle las amenazas proferidas por Méndez.

Me parece claro entonces que en la especie la responsabilidad del Estado surge evidente porque, hallándose perfectamente anoticiado de la denuncia a la que acabo de referirme -como que con motivo de ella ordenó la instrucción de un sumario administrativo, en el que se recomendó imponer a Méndez sanción de arresto de 32 días (el que no pudo concretarse porque éste se suicidó)-, así como también de los términos en que fue formulada (con puntual mención de eventos anteriores de parecido tenor, en los que también se había utilizado el arma provista por la Policía) y del estado de ebriedad que presentaba Méndez en ese momento, se desentendió desaprensivamente de todo ello y se abstuvo de adoptar la más elemental medida de precaución con respecto a un agente de las características observables en Héctor Méndez, a pesar de que lo obligaba a llevar consigo en todo momento y circunstancia el arma reglamentaria con la que, precisamente, poco tiempo después -y también en estado de ebriedad, como fue comprobado en la autopsia practicada en la causa penal que corre por separado- cometió el homicidio y suicidio que desencadenó este pleito. En síntesis, porque omitió adoptar las diligencias requeridas por la naturaleza de su obligación y las circunstancias de personas, tiempo y lugar, es que debe responder (arg. art. 512, Código Civil), y porque "cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos" (art. 902, Código Civil).

III.-Los montos que fijara el Juez de la anterior instancia a fin de resarcir el daño material, el daño moral y los gastos por tratamiento psicológico de los menores, mueven las críticas de ambas partes, obviamente de signo contrario.

La demandada se limita a formular afirmaciones axiomáticas y genéricas, que se contentan con calificar de irrazonable a la indemnización y a predicar la necesidad de correlacionar el resarcimiento por daño moral con el concedido en concepto de daño material, pero sin individualizar constancias concretas de la causa que demuestren el error que se achaca al Magistrado. Su memorial, entonces, no aparece técnicamente fundado y su recurso al respecto se debe considerar desierto (arts. 265 y 266, Código Procesal).

Y lo mismo cabe predicar respecto de los gastos de tratamiento futuro de los niños, porque no puede ser acogido el intento de descalificar el fundado dictamen de fs. 200/231 con expresiones genéricas, carentes de todo sustento científico y desde que no resulta feliz la remisión que formula la demandada a una impugnación suya, no sólo porque cae en la prohibición del art. 265 de la ley adjetiva, sino porque esa impugnación fue puntualmente contestada por la perito psicóloga designada de oficio en autos (conf. fs. 245/261), habiendo aquélla guardado silencio frente al traslado que se le corrió de tales explicaciones.

La actora también se queja y funda su apreciación crítica de los montos concedidos.

b.1) Respecto del valor vida que reclamara, sabido es que bajo ésta expresión -sólo admisible por una licencia del lenguaje, porque el valor de cualquier vida humana es inconmen-surable- se computa, en verdad, la pérdida económica que sufren quienes dependían de los aportes económicos del causante para su propia subsistencia, es decir, que se trata de establecer el daño que con motivo de la muerte han sufrido quienes reclaman la pertinente reparación (conf. esta Sala, causas 7722 del 4-5-79; 3073 del 17-10-84; 5481/91 del 24-10-95; entre otras).

Es por ese motivo que, a fin de determinarla, se debe tomar en cuenta las condiciones personales del muerto y de quienes pretenden ser resarcidos (edad, sexo, condición económico-social, actividades cumplidas y condiciones de progreso, etc.). Pues bien, ponderando esas condiciones personales en la medida que surgen del expediente (el padre tenía 47 años al momento de fallecer y había alcanzado el grado de sargento en la Policía Federal Argentina; la madre, 40 años y era empleada del Banco de Tokyo, en el que había ingresado en 1973 y en el que, por sucesivos ascensos, se desempeñaba como 2do. Jefe de Oficina de 2da. Categoría; además, era propietaria del inmueble donde habitaba con los niños, según resulta del expediente sobre tutela que corre por separado en fotocopias. Los pequeños tenían 5 y 4 años al quedar huérfanos) y que el a quo mandó indemnizar a los niños por el fallecimiento de ambos padres -conclusión que se encuentra consentida-, hallo que las cantidades fijadas son algo escasas, por lo que propondré elevarlas a la suma de $ 70.000 para cada uno de ellos, a valores de la fecha de la sentencia de primera instancia.

b.2) En cuanto a los gastos de tratamiento psicológico, pienso que corresponde también elevar las sumas que se reconoce a ese efecto en la sentencia.

Y es que, de conformidad con el peritaje psicológico (conf. explicaciones de fs. 245/261, especialmente, fs. 247), el tratamiento aconsejado debería prolongarse hasta que concluya la adolescencia de los menores, de modo que el monto reconocido por el Juez impresiona como exiguo, apreciando el costo informado a fs. 247.

No obstante, toda vez que durante este largo período (los niños tienen actualmente 9 y 10 años) los pacientes pueden experimentar una cierta mejoría que disminuya el rigor del tratamiento y que recibirán la indemnización imputable a este capítulo por adelantado y de una sola vez -lo que permitirá una adecuada inversión que la acrecentará-, estimo que no cabe apegarse al respecto a cálculos matemáticos estrictos. Es por ello que creo apropiado -y así propondré-cuantificar este rubro de la indemnización en la suma de $ 70.000 para Lucas Aníbal y $ 62.000 para Javier Hernán, -a valores de la fecha de la sentencia de primera instancia-.

b.3) La actora también quiere que se aumente la suma fijada para restañar el daño moral.

Opino que le asiste razón.

La sola lectura de las constancias del expediente convence acerca del inmenso sufrimiento espiritual experimentado por los reclamantes, quienes se vieron privados de sus progenitores súbitamente, en el mismo momento y en su más tierna infancia. Y este sufrimiento se prolongará indudablemente a lo largo de todas sus vidas, acrecentado por las traumáticas circunstancias en que se produjeron las muertes, de las que algún día habrán de tomar conocimiento.

En tales condiciones, y aunque resulta ciertamente dificultoso traducir en dinero el perjuicio moral apreciando el carácter sustancialmente resarcitorio que este ángulo del daño resarcible reviste a criterio de la Sala, considero que deberá elevarse la suma concedida por el Juez. Y así, propiciaré que se fije en $ 80.000 la indemnización correspondiente a cada uno de los menores -a valores de la fecha de la sentencia de primera instancia-.

IV.- La sentencia manda pagar intereses a partir del día del hecho y a la tasa que contempla el art. 6 de la ley 23.982.

Empero, en el sub lite no se configura un supuesto de deuda consolidada del Estado Nacional, habida cuenta de que la causa de la acreencia (el fallecimiento de los padres) es de fecha posterior al 1-4-91.

Consecuentemente, cabe hacer lugar a la queja de la actora sobre el particular y establecer -en concordancia con la jurisprudencia sentada sobre el punto por las tres Salas de esta Excelentísima Cámara (conf. esta Sala, causas, 6378/92 del 8-8-95; 1707/94 del 10-10-95; 4413/98 del 29-2-2000; etc.; Sala 1, causas 6596/92 del 26-5-94; 2469/92 del 22-11-94; 21.960/94 del 22-6- 99;etc.; Sala III, causa 6370/92 del 6-4-95 y otras)- que los intereses que se condena pagar a la demandada deberán ser calculados a la tasa vencida que percibe el Banco de la Na-ción Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días.

V.-Por lo expuesto, propongo modificar la sentencia apelada en el sentido que surge de los Considerandos precedentes.

La La demandada cargará con las costas de ambos recursos, porque en ambos resulta vencida (art. 68, primer párrafo, Código Procesal).

Es mi voto.

El señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por la señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, adhiere a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 15 de junio de 2000.- Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, modifícase el capital de condena y la tasa de interés aplicable en los términos que surgen del primer voto, e impónese las costas de ambos recursos a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

De conformidad con lo establecido en el art. 279 del citado Código, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, el monto de la sentencia que surge de este pronunciamiento (computando capital e intereses, de conformidad con la doctrina del fallo plenario "La Territorial de Seguros S.A. c/STAF", del 11-9-97), y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, fíjase los honorarios de los doctores María Marta Texidor y Mauricio Cukierman en el 7,20% y 9,60%, respectivamente, sobre la indicada base regulatoria(arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).

En atención al carácter de las cuestiones sobre las que debió expedirse la perito psicológa Bárbara Schmitz, cuyo dictamen y explicaciones de fs. 200/231 y fs, 245/261 comprenden el estudio de los dos menores, y consi-derando la calidad de la tarea desarrollada y su extensión, así como también su incidencia en la solución de la causa, determínase sus honorarios en el 7% de la base arancelaria adoptada en el fallo plenario antes citado.

Por alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado de las apelaciones, regú-lase: a) en el recurso del Estado Nacional, tomando como base la condena de primera instancia (capital e intereses a la tasa del art. 6 de la ley 23.982), en el 4,20% los honorarios del doctor Mauricio Cukierman; y b) en el recurso de la parte actora, computando la cantidad por la que prospera en concepto de capital e intereses, en el 3,60% y el 1,44% los emolumentos de los doctores María Marta Texidor y Mauricio Cukierman, en ese orden (art. 14 del arancel vigente).

Déjase constancia de que la tercera vocalía de la Sala hállase vacante.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- FDO.: MARINA MARIANI DE VIDAL - EDUARDO VOCOS CONESA