Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-28


Salta, 28 de febrero de 2018.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "TARJETAS CUYANAS S.A. CONTRA SEQUEIRA, SEBASTIAN FELIX POR PREPARACION VIA EJECUTIVA" - Expediente Nº 465.821/14 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 3ª Nominación (CAM - 476490/14 de Sala II) y, C O N S I D E R A N D O:

La doctora Hebe Alicia Samsón dijo:

1º) Vienen estos autos a la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la actora a fojas 16 contra la resolución interlocutoria de fojas 15, en cuanto declara la incompetencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos de Tercera Nominación del Distrito Judicial Centro, con fundamento en que el domicilio real del deudor se encuentra en la ciudad de Orán.

Para así decidir, la señora Jueza sostuvo - en síntesis - que para que se configure en autos la situación que hace procedente la declaración de incompetencia de oficio, es fundamental que concurran los siguientes extremos: a) el carácter de compañía financiera de la ejecutante, b) el monto por el cual se instrumentan el resumen de cuenta ($11.954,05), c) el carácter de persona física del librador; y d) el domicilio real del demandado, denunciado por el actor (Orán, Provincia de Salta). Hace aplicación del principio según el cual en caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) debe prevalecer la norma más favorable al consumidor.

Indicó que al haberse solicitado la preparación de vía ejecutiva de un saldo deudor de tarjeta de crédito, por resumen de cuenta, tal situación permite inferir que tal instrumento fue realizado a los fines de garantizar un crédito para consumo, por ello considera que resulta de aplicación el artículo 36 de la LDC, de orden público. En consecuencia, la prórroga de jurisdicción implícita al consignar como lugar de pago del documento la ciudad de Salta resulta nula.

A fojas 18/19 formula sus agravios la apelante. Manifiesta que es sabido que la competencia territorial es esencialmente prorrogable de manera tácita o expresa. Señala que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor no tiene por objeto derogar las normas vigentes, ni las del Código de fondo, ni las de los Códigos procesales, sino que al insertarse en el plexo normativo deberán interpretarse sus normas conjuntamente con la restante legislación. Que si bien el artículo 36 de la citada ley dispone que el tribunal competente para intervenir es el correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario, no puede dejar de valorarse las normas específicas que regulan la competencia territorial.

Sostiene que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien no son legalmente obligatorios para todos los tribunales del país, constituyen precedentes que están moralmente obligados a seguir citando un precedente donde el alto Tribunal Nacional ha dicho que de conformidad a lo establecido por el artículo 4º tercer párrafo del C.P.C.C. de la Nación el juez no puede declarar de oficio su incompetencia en asuntos exclusivamente patrimoniales, cuando ella se funda en razón del territorio, porque puede ser prorrogada por las partes.

Finalmente destaca que el Fiscal judicial omitió pronunciarse sobre la incompetencia, condicionándolo al previo traslado a la contraria, habida cuenta de la prorrogabilidad de competencia según lo dispuesto por el artículo 4º del C.P.C.C.

A fojas 27 emite dictamen el señor Fiscal de Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral, quien se pronuncia por el acogimiento de los agravios.

2º) En estos autos se ha iniciado preparación de la vía ejecutiva en los términos del artículo 535 del C.P.C.C. y 39 de la Ley 25.065 (v. fs. 9/10) a los fines de ejecutar el saldo impago de cuenta por el uso de la tarjeta de crédito a cuyo titular se demanda.

El artículo 52 inciso a) de la Ley 25.065 -de aplicación al caso dispone que, serán jueces competentes, en los diferendos entre emisor y titular, el del domicilio del titular, extremo este que resulta concordante con lo dispuesto por el artículo 36 in fine de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece la competencia del tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor para entender en el conocimiento de los litigios relativos a los contratos regulados por el citado artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Debe tenerse en cuenta que conforme lo establece el artículo 3º de la Ley de Tarjeta de Crédito, las relaciones por operatoria de tarjeta de crédito quedan sujetas a dicha ley y supletoriamente se aplican las normas de los Códigos Civil y Comercial de la Nación y de la Ley de Defensa del Consumidor.

En tal sentido, sostiene Lorenzetti que "De conformidad con la ley, que se declara de orden público, el régimen suministra las reglas aplicables en tanto norma especial, desplazando tanto la autonomía individual como otras leyes especiales, que se aplican supletoriamente. Tal el caso del reenvío a la ley 24.240 y al régimen procesal, que de conformidad con el texto citado son aplicables para suplir lo no previsto en la ley" (Ricardo Luis Lorenzetti - Cláudia Lima Marques, "Contratos de Servicios a los Consumidores, pág. 432/433, editorial Rubinzal -Culzoni, Santa Fe, 2005).

Ahora bien, cotejada la prueba documental arrimada a tales fines, se desprende del contrato de tarjeta de crédito (v. fs. 6/7) y del resumen de cuenta (v. fs. 3/5) que se consignó como domicilio del deudor señor Sebastián Félix Sequiera, el sito en calle Moro Díaz nº 50, Bº Caballito 1, Ruta 50, de la localidad de Orán; lo que se corrobora con el denunciado por la propia actora en el escrito de preparación de la vía ejecutiva de fojas 9/10.

En atención al contexto normativo señalado, y considerando que se pretende la preparación de la vía ejecutiva respecto de un contrato del que emerge una relación netamente consumeril, y no de un título abstracto, la declaración de incompetencia -de oficio- resulta procedente. En este mismo sentido se ha expedido la Sala III (Interlocutorios t. 2015, fs. 180) y la Sala IV en precedente citado en autos.

Por su parte la Sala I ha sostenido que siendo la ley 25.065 -al igual que la Ley de Defensa del Consumidor- de orden público (art. 57), la eventual declaración de incompetencia de oficio por el Juez de otra jurisdicción resulta, en principio, ajustada a derecho (Fallos año 2013, fº 377).

En consecuencia, por los argumentos expuestos cabe rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora a fojas 16 y confirmar la resolución de fojas 15. Con costas por su orden al no haber mediado sustanciación (art. 67 apartado segundo del C.P.C.C.).

La doctora Verónica Gómez Naar dijo:

A partir del fallo "Valle Fértil S.R.L. vs. Coria, Carlos Daniel Francisco - Ejecutivo - Medida Cautelar - Piezas Pertenecientes- Competencia" (Tomo 195:517/524), la Corte de Justicia de Salta ha sentado doctrina en el sentido de que en las relaciones vinculadas a un crédito para el consumo, el juez puede declarar de oficio su incompetencia por aplicación del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24240 que asigna competencia a los jueces del domicilio del demandado. En consecuencia, atento que en la especie se trata de una relación de consumo emergente de la contratación de una tarjeta de crédito, corresponde seguir la interpretación del Alto Tribunal provincial que resulta obligatoria para todos los tribunales (cf. art. 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 5642).

En virtud de ello, me adhiero al voto que antecede, sin perjuicio de dejar aclarada mi posición jurídica sobre la cuestión, plasmada en anteriores fallos de esta Sala (Libro Interloc. año 2014, fº 215/217; 253/255; entre otros). En efecto, considero que la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales en los que se debate derechos emergentes de un contrato de tarjeta de crédito es prorrogable, de acuerdo a la ley específica que rige en primer término la materia (art. 14 inc. "i" de la Ley Nº 25.065) y que difiere gramaticalmente del artículo 36 citado, al determinar la nulidad de tales cláusulas, lo cual implica que para que medie pronunciamiento jurisdiccional sobre tal condición es preciso que, en principio, la cuestión haya sido articulada por las partes mediante acción o excepción.

Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I.- NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la actora a fojas 16 y CONFIRMA la resolución de fojas 15. Con costas por su orden.

II.- ORDENA se registre notifique y baje.- SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. VOCALES: HEBE ALICIA SAMSÓN VERÓNICA GÓMEZ NAAR - SECRETARIA: DRA. SECRETARIA: DRA. JULIA RAQUEL PEÑARANDA SALA II, T.1ª PARTE INTERLOCUTORIOS, 2018, Fº 62/64,