marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: Merlo, Alberto Eduardo s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-24

Analizando y meritando el plexo probatorio en todo su contexto y a la luz de la sana crítica racional, le asiste razón a la defensa, toda vez que la orfandad de prueba cargosa que desvirtúe la versión del imputado no puede cargársele en su contra. Si no hay testigos presenciales del hecho que enerven lo sostenido por el mismo, en el sentido de que fue agredido ilegítimamente con un arma blanca, mostrando incluso los signos de la misma, constatados por el médico sin mayores precisiones y corroborado en todos los momentos anteriores y posteriores al hecho por los demás testigos, no hay razón lógica para desmerecer y fraccionar su defensa material en el momento crucial, en el acaecimiento del luctuoso suceso que sesgó la vida de la víctima. Lo sostenido por la acusación, al disvalorar como conducta defensiva la del encartado, no pasa de ser mera conjetura, que no ha encontrado en todo el decurso del farragoso proceso ningún sustento convictorio. Por el contrario, cualquier déficit investigativo, probatorio, como la ausencia de tan importantes testigos en la audiencia de debate, no pueden cargarse en la cuenta negativa de quien por imperio constitucional goza de todas las garantías del debido proceso, del derecho de defensa -estado de inocencia incluido-; en caso de sostener lo contrario, estaríamos invirtiendo la carga de la prueba haciendo naufragar los pilares de las garantías antes citadas. Concluyo teniendo por cierta la versión del imputado que se defendió de una agresión ilegítima, que utilizó un medio razonable para repelerla y que no medió provocación de su parte. No puede perderse de vista que tanto la doctrina como la jurisprudencia sostienen sin ambages -y por otra parte así lo indica también el sentido común- que no pueda exigírsele a quien se defiende, una conducta heroica.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Carruchthers, Claudia c/ Sánchez, Humberto s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-06-04

Es la cualidad emanada de la ley, que faculta a requerir una sentencia favorable respecto al objeto litigioso. En el análisis de la excepción "sine actione agit" incumbe al juzgador investigar la calidad de quién intenta la acción; y no averiguar si ostenta la titularidad del derecho primario, o si esa titularidad ha sufrido menoscabo. Así, se ha declarado que la legitimación en la causa en lo que respecta al demandante, es la titularidad del interés materia del litigio, por ser la persona llamada a contradecir la pretensión del demandante, o frente a la cual permite la ley que se declare la relación jurídico material, objeto de la demanda.

Lo esencial de la cuestión, se encuentra en distinguir entre la mera titularidad de una relación jurídica en que se funda una pretensión y la fundabilidad de ésta. Solamente la primera se vincula con la legitimación para obrar y cumple una función procesal, a saber, que el proceso se desarrolle entre los sujetos que, respecto de la pretensión deducida, puedan ser los destinatarios de lo efectos del proceso. De ahí que la legitimación para obrar, y para contradecir, se circunscriba al ámbito del vínculo entre las partes, y la relación jurídica sustancial a la posición jurídica que concierne a los sujetos con relación al objeto del juicio, a las condiciones que hacen a la calidad de las partes, pero no a la legitimidad del derecho ni a la determinación de lo que es objeto de la tutela que ha de realizarse a través del proceso.
Recurso de casación penal, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: Gentil, Miguel Raúl y otro s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-28

El auto de procesamiento no forma parte de las decisiones especialmente previstas por la ley como recurribles en la instancia de casación, ni es tampoco sentencia definitiva, auto que ponga fin a la acción, a la pena o que haga imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena, en los términos del art. 457 CPPN, sin que corresponda hacer excepción a la regla general con invocación del "derecho al recurso" puesto que sólo la existencia de agravio federal podría incitar la vía intentada. La disidencia sostuvo que el "derecho al recurso" impone la apertura de la instancia casacional y que el auto de procesamiento es un "auto procesal importante" alcanzado por el derecho al recurso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: N.N. c/ Taborda, J.O.; Pratti, S.R.; Gallo, J.C. y otros s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-19

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que al invocar infracción del art. 256 "in fine" del C.P.P. no demuestra en mínima forma en qué consiste tal infracción.
Ofensas cometidas por medio de la prensa, delitos militares, infracciones en el desempeño del cargo, abuso de autoridad por calumniar o injuriar a un subalterno
Materia: PENAL
Carátula: Presunta  comisión  de  infracciones  militares  (arts. 702 y 704 del Código de Justicia Militar) s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

El hecho de que las declaraciones del imputado aparezcan formuladas directamente ante la prensa y dirigidas a la opinión pública, es demostrativo de que ellas no se restringen al ámbito interno de la relación de subordinación entre superior y subalterno, especialmente tenida en cuenta por el art. 704 del Código de Justicia Militar, y excede el ámbito interno disciplinario de los ejércitos.
Sistema de gobierno, sistema representativo, elecciones, soberanía
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Justicialista - Distrito Neuquén - s/ presentación suma de candidatos boletas PJ. - UCD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

En la forma representativa de gobierno el pueblo, como entidad política, es la fuente originaria de la soberanía, que se pone en ejercicio a través de la elección de los representantes por el cuerpo electoral sobre la base de la representación libre.
Queja por casación denegada, gravedad institucional, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO ROBERTS S.A. c/ JORGE LUIS ROUGES s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-11

Así entonces el impugnante no puede fundar la gravedad institucional invocada en la omisión en el tratamiento de cuestiones referidas a la aplicación de la LDC o a los arts. 42, 43 CN toda vez que estos planteos no son susceptibles de ser acogido desde que "la naturaleza del juicio ejecutivo, con un limitado ámbito cognoscitivo, excluye todo aquello que va más allá de lo meramente extrínseco, pudiendo el ejecutado oponer al progreso del juicio, por vía de excepción, las deficiencias formales del título; la controversia sobre lo sustancial, sobre la legitimidad de la causa quedará -en todo caso- reservada para un juicio ordinario en el cual es posible un amplio debate.
Recurso de apelación (procesal), beneficios previsionales, prueba, sentencia, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Nally, Adolfo José c/ ANSeS s/ presentaciones varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

Corresponde revocar la sentencia que confirmó el fallo que había rechazado la demanda dirigida a obtener la jubilación ordinaria si no ponderó correctamente las pruebas documentales y testificales producidas en la causa, en particular el dictamen del especialista que determinó que podía inferirse con cierto grado de verosimilitud que el demandante prestaba en forma diaria servicios directamente afectados a procesos de producción del acero en lugares de alta radiación térmica, peritaje que no mereció objeción alguna de parte de la demandada.
Tasa de justicia, monto de la demanda, escritura pública, redargución de falsedad
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTERKIN, Sara c/ CLAVELLI, Rubén Darwin y otros s/ REDARGUCION DE FALSEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-08

Demandada la redargución de falsedad y nulidad de la escritura pública que instrumenta un mutuo con garantía hipotecaria, la tasa de justicia se calcula sobre el monto del gravamen instrumentado en el mutuo cuya nulidad se pretende.-
Prueba testimonial, testigo calificado
Materia: PROCESAL
Carátula: Alvarez, Nélson Eladio c/ Level S.R.L. y Otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-07

Tener juicio pendiente contra la demandada no constituye un factor que "per se" permita descalificar un testimonio ni reste fuerza convictiva a una declaración; simplemente hace a su declaración susceptible de ser apreciada con mayor exigencia.
Imputado, defensa
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Q, L s/ HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-12-23

En el marco del sistema legalista, el ordenamiento positivo santafesino estructura como nulidades genéricas la inobservancia de las disposiciones legales concernientes a la intervención del Ministerio Fiscal en el proceso y a la asistencia y representación del imputado (artículos 162 inciso 2 y 3). En este sentido la ausencia de participación de dichos sujetos en los casos en que la ley expresamente la establezca implica la verificación de un tipo genérico de nulidad, cumplimentando la regla de especificidad (pas de nullite sans texte), pues la actividad desarrollada se ha practicado en violación de una disposición de la ley y encuadra en la conminación de la sanción explícitamente prescripta.
Concursos, competencia, sociedad constituida en el extranjero, Inspección General de Justicia, facultades jurisdiccionales, jueces
Materia: COMERCIAL
Carátula: ATLANTIC  SUN s/ QUIEBRA S/ INC. DE NULIDAD PROMOVIDO POR PINTO,CARLOS M.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-13

Del dictamen fiscal 90953:

Resulta improcedente solicitar la nulidad del auto de quiebra con base en que la sociedad fallida fue constituida en Uruguay con el fin de realizar una transferencia simulada o fraudulenta de un inmueble embargado en distintos juicios laborales cuando, -como en el caso-, se verifica que la entidad deudora es una empresa que realiza su actividad en nuestro país, y que se encuentra debidamente inscripta en la Inspección General de Justicia, y posee un activo propio ya liquidado. Ello pues, la sociedad extranjera que realiza actividad en Argentina y que cuenta con sede inscripta ante la autoridad de control, en los términos de la L.S. art.118, no puede, bajo el solo argumento de su origen foráneo, sustraerse de los efectos de las normas locales y de la jurisdicción de los jueces argentinos (arg. L.S. art. 124).

Por ende, tales extremos constituyen suficiente razón para postular que debe aplicarse la norma antes referida y todas las reglas locales a las que, sin duda, la actividad de la quebrada se halla sometida. En tal sentido cabe ponderar, que tratándose de una sociedad extranjera, con sucursal en el país, la L.S. art.119 y 120, fuera de la imposición material y especial de contabilidad, funcionan como normas de policía que conducen exclusivamente a la aplicación de la L.S. Argentina; dichas normas de policía no constituyen ningún limite al principio de extraterritorialidad sino, directamente, implican la exclusión del derecho extranjero (cfr. Boggiano, "Sociedades y Grupos Multinacionales", pag. 71, Bs. As., Depalma, 1985). A más, la L.S. art. 124, ha eliminado la condición de que la sociedad posea la mayor parte de sus capitales en la republica, o que tenga aquí su directorio central, o que aquí se lleve a cabo su asamblea de socios. Por el contrario, basta para la aplicación a su caso de la ley local, y para que pueda ser accionada ante nuestros tribunales, que aquí tenga sede y que aquí este llamado a cumplirse su principal objeto. Por otra parte, resulta aplicable el Tratado de Montevideo de 1940 que establece que si el fallido tiene dos o más casas comerciales independientes en distintos territorios, serán competentes para conocer en el juicio de quiebra de cada una de ellas, los jueces o tribunales de sus respectivos domicilios.
Liquidación, ejecución de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Toledo, Delfín de Jesús c/ Conet s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

La C.S.J.N. sostuvo que la liquidación configuraba una etapa preliminar para que resultara procedente el embargo preventivo, que era el acto de insoslayable cumplimiento sólo con el cual comenzaba el proceso de ejecución (17/3/98, "Río Negro, provincia de c/ E.N.

-Mº de Economía- Secretaría de Estado de Hacienda").
Demanda, notificación, domicilio
Materia: PROCESAL
Carátula: CANO DE PIAZZINI UBELINA J. c/ MC. GOVERN DE VENTUREYRA ELISA s/ NOTIFICACION - DOMICILIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1954-06-10

El domicilio constituido en instrumento privado, mientras no haya sido reconocida la firma asentada por la persona a la cual se opone, o dado judicialmente por reconocida la misma, es ineficaz para notificar el traslado de la demanda; en consecuencia, a tal efecto, debe ser denunciado el domicilio real del demandado.
Usurpación de inmueble, retención indebida, sociedad irregular, sociedad de hecho, sentencia absolutoria, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: CROCAMO DE MURIAS. s/ SOCIEDAD  DE  HECHO-  USURPACION- DEFRAUDACION-  RETENCION INDEBIDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-05-06

1) Por aplicación de la norma beneficiante contenida en el artículo 13 C.P.C. debe absolverse a la procesada de los delitos de usurpación y defraudación por retención indebida, consistente su accionar en cambiar la cerradura del local que explotaba con la querellante y vender mercadería sin rendirle cuentas; dado que no se probó acabadamente la existencia de la relación societaria.

2) Es que por más irregular que sea la SOCIEDAD requiere la concurrencia de algunos presupuestos básicos como la existencia de un capital social distinto del patrimonio de los socios o la participación efectiva en las ganancias o las pérdidas extremos probados en autos, destacándose además la particular reserva que a los efectos de acreditar la existencia de una sociedad irregular, merece la prueba de testigos.
Facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Municipalidad de Sarmiento s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-15

"En principio, los magistrados no pueden hacer mérito de hechos que las partes no invocaron, aun cuando resulten de los autos".
Clasificación de delitos, homicidio calificado, concurso real, abigeato, unificación de penas, competencia
Materia: PENAL
Carátula: SALVATIERRA, ESTEBAN GERMAN c/ NIETO, DANIEL ALBERTO s/ HOMICIO AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-13

Las sentencias fueron dictadas por un mismo tribunal y en distintas fechas, el art. 58 del C.P. dispone la unificación de dichas sanciones a fin de evitar que una misma persona quede sometido a un régimen punitivo plural, considerando la responsabilidad del condenado, fijando una pena global, que deberá cumplir, siendo de aplicación las reglas del concurso real, art. 55 del C.P., toda vez que los hechos por los que fue condenado son independientes entre sí tanto objetiva como subjetivamente.- Determinado el modo de acumulación de pena es oportuno poner de resalto que la fijación de una pena única dentro del límite establecido por la suma de ambas condenas es facultad discrecional de los jueces de la causa (Conf. Fallos 308: 2547) con fundamento en la doctrina y jurisprudencia.

Sin embargo en coincidencia con lo que destacaba Soler se concluye en que sólo pueden presentarse dos hipótesis en lo que hace al fondo de la cuestión, pues en la mencionada norma también se tratan temas de orden jurisdiccional, en tanto hace referencia al órgano judicial que debe intervenir en los casos en los que haya que aplicar la aludida disposición legal.
Trabajador en relación de dependencia, prueba, trabajadores del turf
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OTIÑANO, RAMON JESUS s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-23

El cuidador de caballos de carrera que pretenda ser incluído en el régimen previsional de trabajadores dependientes debe aportar la prueba que acredite la existencia de una relación laboral. La resolución 1743/77 del MBS. que intentó aclarar la resolución 5500 de la CNPIC. y AC. condicionó la incorporación al régimen de dependientes de los cuidadores a la prueba sumaria de su subordinación a los propietarios de los equinos, o a los Jockeys Clubes en cuyos hipódromos actuara. (Conforme Sala 4, sentencia número 51254, 29 de noviembre de 1983, 'Prindisi, Genoveva Elvia s/ pensión').
Accidentes de trabajo, toma de conocimiento de la incapacidad, alta médica, prescripción, daño
Materia: LABORAL
Carátula: GALVEZ, JUANA c/ COMERCIO INTERNACIONAL S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-23

No se debe confundir la llamada toma de conocimiento, ni la del alta médica, que determinan respectivamente cuándo se encuentra el acreedor habilitado para demandar la satisfacción de su crédito (lo que se relaciona con el curso de la prescripción) y desde cuándo es aquél exigible del obligado (lo que determina el curso de los intereses); con la de la manifestación del daño, determinante de la ley aplicable y de la vigencia de la relación jurídica de aseguramiento.
Trabajador, engaño, datos personales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: Kimberly Clark Argentina S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-18

En orden a la "falsa declaración" respecto de datos de los empleados, cabe remarcar que la conducta objeto de reproche está descripta en la normativa, y no da necesariamente la idea de ardid o engaño, sino de que no se corresponde con la verdad, por cuya razón no es menester indagar acerca de la inten-ción con que se hayan asentado los datos, ni si el responsable se valió de alguna maniobra.
Acción de inconstitucionalidad, iura novit curia, acción directa, tasas, facultades tributarias
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustibles y Afines de Salta c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-12-04

De acuerdo con la distribución de competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos (art. 75). Dentro de ese contexto, cabe entender que las prerrogativas de los municipios derivan de las correspondientes a las provincias a las que pertenecen (arts. 5º y 123). Como lo tiene dicho la misma Corte Federal desde antiguo, es indudable la facultad de las provincias de "darse leyes y ordenanzas de impuestos locales y en general, todas las que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que las enumeradas en el art. 108 (actual 126) de la Constitución Nacional", toda vez que "entre los derechos que constituyen la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención alguna de autoridad extraña".
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Perú, Pedro Horacio c/ Vadillo, Pedro Angel y otro s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-28

Si la pérdida de confianza señalada en la comunicación del despido no es referible a ningún episodio concreto por sí sola no habilita la rescisión del vínculo contractual con justa causa (art. 242, L.C.T.).
Usufructo, extinción del usufructo
Materia: CIVIL
Carátula: Pomar, Gregorio c/ López de Aimone s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

Al cesar el usufructo, el dominio vuelve a recuperar su plenitud.

Y la consecuencia esencial de la extinción es, la obligación del usufructuario de restituir la posesión de la cosa al propietario. El usufructuario en sus relaciones con el nudo propietario es un simple tenedor.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Casal, José alberto c/ Distribuidora La Estrella S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

La cita genérica de que se habrían quebrantado preceptos de la Constitución Nacional no tiene eficacia si no se expresa claramente de qué manera el Tribunal del Trabajo incurrió en tal supuesta violación constitucional.
Multa, pena
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: D DE G, A M s/ FALSA DENUNCIA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 656-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-14

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha clarificado el diversificado tema de la naturaleza de las multas, diferenciando aquellas de carácter penal de las que tienen carácter reparatorio, en tanto las primeras tienden a prevenir y reprimir la violación de disposiciones legales y no buscan indemnizar los daños que se han causado.
Costas, exención de costas
Materia: LABORAL
Carátula: URQUIZA, SAMUEL HUMBERTO c/ AGUAS DE SANTIAGO S.A. Y/O PROP. Y/O RESP. s/ OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-08-04

La facultad de eximir de costas al vencido, total o parcialmente, es de carácter excepcional y de interpretación restringida -arts. 68 y 69 C.P.C.y C.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, carácter excepcional, policía, personal policial, retiro obligatorio, junta médica, dictámenes, incapacidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Florito Zapata, Miguel Angel c/ Provincia de Sante Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Incidente   de suspensión de medida administrativa (Expte. CSJ N. 360-1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-21

Los pedidos de suspensión de medida administrativa son viables sólo si se comprueba que concurren las circunstancias taxativamente indicadas en el artículo 30 de la ley 4106. Quien las solicita debe aportar los elementos demostrativos de que, efectivamente, está configurada la situación prevista en la norma. En el caso, las razones expuestas por el actor en sustento de su pretensión cautelar -alude a supuestas irregularidades que meritaban la suspensión de los efectos del acto que dispuso su pase a retiro obligatorio sin derecho a haberes jubilatorios por cuanto mediaba impugnación al dictamen de Junta Médica- no son suficientes para entender configurado alguno de los supuestos contemplados en el artículo 30 de la ley 4106; y tampoco lo son los argumentos en que basa su pretensión substancial. Es que de un análisis liminar de la presente causa no puede extraerse que el retiro dispuesto por la Administración resulte "prima facie" ilegítimo, toda vez que no surge manifiesto que el recurrente no hubiera "alcanzado un máximo de dos años de licencia por enfermedad y no pudiera reintegrarse al servicio por subsistir las causas que originaron aquélla" (art. 16, inc. 1, de la ley 6830, norma en la que se basa el decreto impugnado).
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Alvarez Domínguez, José María s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

La Corte no está habilitada para tratar la omisión de pronunciamiento en que habría incurrido el a quo al no pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de los arts. 53 y 55 de la ley 18.037 si el recurso extraordinario no fue concedido en ese aspecto y la parte no dedujo recurso de queja.