Allanamiento domiciliario, consentimiento del morador, prueba prohibida
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BARBOZA, CARLOS ALBERTO s/ HURTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-24

Una íntima tendencia de defensa social acerca a la tesis de que el consentimiento del interesado hace desaparecer el concepto de allanamiento y que, en consecuencia, es válida la prueba obtenida en el recinto privado sin la previa orden judicial pero con la autorización del interesado, sin embargo no existe sustento normativo que la avale.

Podría alegarse, a favor de ella, que hay ciertos bienes jurídicos que son disponibles por su titular, entre ellos la morada, desde que el delito de violación de domicilio (art. 150 del C.P. supone que se lleve a cabo "contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo", lo que a contrario sensu supone que la autorización previa o concomitante torna atípica la conducta del intruso. Si ello es así frente a un hecho delictivo, con mayor razón podría serlo respecto de procedimientos llevados a cabo por la autoridad pública.

Sin embargo, ese argumento no resulta válido, la disposición constitucional del artículo 18 al establecer la inviolabilidad del domicilio y determinar para su allanamiento y ocupación que las excepciones deben ser establecidas por una ley, está dirigida al poder público, con un fin garantizador infranqueable por ella y también por el propio particular beneficiario. Ello así porque en tales casos, no pueden renunciarse las garantías constitucionales ni consentirse, lícitamente, su quebrantamiento, ya que el individuo no está autorizado para cancelar obligaciones impuestas a los representantes del propio Estado, que a través de ellas autolimita su actividad represiva en beneficio de la zona de reserva de los habitantes de la Nación (art. 19 de la Constitución Nacional).

La garantía constitucionales, en suma, cuando están dirigidas al mismo tiempo al individuo y a la autoridad son inderogables y es un deber insoslayable de la segunda ajustarse a ellas. En lo que resalta a la aplicación a la especie, la directiva constitucional expresa que el domicilio es inviolable y que una ley determinará en qué casos y con qué justificación podrá procederse a su allanamiento y ocupación.

El Código de Procedimientos en Materia Penal, que es la ley a que se refiere el art. 18, fijó en qué casos es posible proceder al allanamiento y ocupación: siempre por disposición judicial fundada (arts. 399 y 403), y cuando lo realiza la autoridad preventora, con previa orden judicial de pesquisa domiciliaria (art. 188). Las únicas excepciones se basan en el estado de necesidad y están enumeradas expresamente en el art. 189. No hay otras.

Es del caso señalar que la defensa social, que debe estar en la mira de los magistrados y funcionarios encargados de la prevención y represión de hechos delictivos, como medio de protección de los bienes de la comunidad, no se ve desmedrada por el juicio condenatorio, que implica esta resolución para determinados procedimientos que en procura de un fin lícito, cual es la aprehensión de un presunto delincuente, posiblemente peligroso, recurren a medios que, por no ajustarse a la norma especialmente prescripta por la ley, son ilegales. Y, ello tiene que ser así, porque si se pretende que en el país impere el Estado de Derecho, es menester ajustar todos y cada uno de los procedimientos a los dictados de la Constitución y de la Ley.