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Cumplimiento de la obligación, informe de solución amistosa, derecho a la protección integral de la familia, MENDOZA, REPÚBLICA ARGENTINA, violencia de género, embarazada, grupos vulnerables, situación de calle, responsabilidad internacional del Estado Parte, usurpación, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, derecho a la salud, asistencia médica, obligaciones internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Informe de Solución Amistosa No.197/20, Caso 13.011 - Graciela Ramos Rocha y familia. República Argentina c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-07-12

Resulta íntegramente cumplido el compromiso asumido por la Provincia de Mendoza, mediante el acuerdo de solución amistosa y en lo relativo al derecho a la salud del grupo familiar, celebrado con la mujer víctima de violencia familiar, madre de tres pequeños hijos -una de ellas con una grave discapacidad-, y que encontrándose embarazada y en situación de calle fue condenada por el delito de usurpación a raíz de haber ocupado junto a aquéllos una vivienda que se encontraba vacía, en tanto la Comisión Interamericana tiene por probado que todo el grupo familiar cuenta con asistencia médica, habiendo sido derivados a un centro de salud especializado y dentro de la zona que ahora habitan, a los fines de satisfacer adecuadamente las especificidades sanitarias de la niña quien presenta una discapacidad severa.
Régimen penal cambiario, competencia
Materia: PENAL
Carátula: GI DU HYEONG s/ Régimen penal cambiario Causa 32609 -
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-21

Corresponde devolver las actuaciones para que continúe conociendo en ellas el Juez de Primera instancia del Fuero que declinara su competencia en favor de la Cámara para entender en el pedido de avocación del imputado por infracciones cambiarias en trámite ante el BCRA, pues el Art. 6 de la Ley 24144 contempló expresamente el caso de los sumarios que estuvieran en trámite en el momento de su entrada en vigencia, disponiendo que debían ser elevados a los jueces de Primera Instancia en lo Penal Económico, siendo además que la norma del Art. 9 de la ley 19359 por la que se establecía la competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para conocer en apelación de los recursos contra decisiones del Presidente del Banco Central quedó derogada al sancionarse la citada ley 24144, en su Art. 5.
Inadmisibilidad del recurso, excarcelación, comercialización ilegal de estupefacientes, participación criminal, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: D'Angelo, Brian Alberto Nicolás c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-01

Es inadmisible el recurso de casación deducido contra el pronunciamiento que confirmó el rechazo de la excarcelación solicitada por quien se encuentra imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención organizada de más de tres personas, en tanto la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción de la CFCP, sino que se ha limitado a cuestionar una fundamentación que no se comparte sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dados por el a quo, que tuvo en cuenta que en la causa se encuentran imputadas cinco personas y un prófugo que reuniría la condición de jefe del grupo, que se secuestraron casi noventa kilogramos de marihuana, y que quienes habrían participado contarían con una estructura dotada de cierta organización, sin que se haya demostrado la existencia de cuestión federal o arbitrariedad.Si bien se advierte que el MPF de la instancia anterior compartió la postura de la defensa en orden a la excarcelación, lo cierto es que el principio de ausencia de contradictorio derivado del debido proceso legal (art. 18 CN) no resulta de aplicación al caso, en tanto presupone la existencia de un dictamen fiscal favorable a la pretensión de la defensa, fundado en el derecho aplicable a los hechos y análisis concreto de las circunstancias comprobados en la causa (art. 69 CPPN), extremo que no se verifica en el particular caso en estudio.
Mediación penal, oposición del fiscal, violencia familiar, derechos de la víctima, derecho a ser oído, facultades del fiscal, Ministerio Público Fiscal, deberes y facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Martínez, Cesar Eduardo s/ 183 - daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Corresponde admitir la queja si la protesta ha cuestionado la interpretación y el alcance que los jueces dieron a las normas aplicadas (art. 204 del CPP y ley n° 26.485), a la luz de reglas constitucionales que estructuran las competencias y atribuciones del Ministerio Público Fiscal y de los Jueces del Poder Judicial de la Ciudad (arts. 13.3, 124 y 125 de la CCABA y 75 inc. 22 de la CN) y del principio de supremacía de la Constitución Nacional (arts. 28 y 31 de la CN) y, además, refuta los argumentos utilizados por el tribunal a quo mediante los cuales concluyó acerca de la inexistencia de caso constitucional. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Extinción del contrato de trabajo, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Sálice, Carlos Edgardo c/ SHIRT LINE S.A. y-o quien resulte responsable s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-18

La razón de ser del Art.243 y su prohibición de mudar posteriormente el motivo invocado para producir el distracto, se encuentra íntimamente unido a la necesidad de que la parte denunciada conozca cuales son los motivos que la otra contratante aduce para tomar la medida, en salvaguardia de su derecho de defensa. Si el trabajador no sabe porque es despedido, por contener la comunicación cursada una mera invocación de injuria laboral o mal desempeño etc., su derecho a defenderse de la imputación cuando promueve la pretensión indemnizatoria se encuentra seriamente obstaculizado, resultando aplicable esta consideración al caso en que el denunciado sea el empleador. En definitiva no se trata más que de una nueva aplicación del principio de la buena fé con que ambas partes del contrato laboral han de desarrollar el mismo, sea a su inicio, durante su vigencia o al tiempo de la extinción.
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, índice de corrección, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GUTIÉRREZ, MARÍA LUCÍA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-29

Respecto a las pautas de movilidad a tener en cuenta para el período posterior al 01.04.95, el Tribunal se expidió en autos "González, Elisa Lucinda" (sent. del 16.06.05), "Godoy, Santiago Loreto" (sent. del 29.03.07) y "Barrios, Luis Alberto" (sent. del 12.07.07) -entre otros-, reconociendo el derecho a que los haberes de los beneficiarios se reajustaran conforme los parámetros del AMPO por el período abril '95 / septiembre '96 (26,84%), y a partir del año 2002 -fecha en que se registraron movimientos apreciables en el incremento del costo de vida y en el índice general de las remuneraciones-, en función del Índice de Salarios - Nivel General (INDEC). Respecto al último período, esto es desde el 01 de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, atento lo resuelto por la C.S.J.N. en autos "Badaro, Adolfo Valentín" (sent. del 26.11.07), la prestación deberá ajustarse según las variaciones anuales del Índice de Salarios, Nivel General, elaborado por el INDEC. Asimismo, también de conformidad al referido caso "Badaro (II)", corresponde ordenar al organismo que abone el nuevo haber y las retroactividades que surjan de la liquidación en el plazo previsto en el art. 2 de la ley 26.153, estas últimas con más los intereses a la tasa pasiva según el precedente "Spitale, Josefa Elida" (Fallos 327:3721); autorizándose la deducción de las sumas que pudieran haberse abonado en cumplimiento de las disposiciones del Dec. 764/06
Adopción, diferencia de edad entre adoptante y adoptado
Materia: CIVIL
Carátula: G., R. y G., A. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-08

Si la adopción produce los efectos jurídicos de la paternidad, es lógico que se exijan las condiciones necesarias para que, tales efectos jurídicos, puedan producirse sin contradicción en los hechos. Entre esas condiciones, está, en primer plano, la diferencia de edad, que implica la aptitud a la dialéctica paterno-filial, que no puede, ni debe, confundirse con la fraternal.
Accidentes en el deporte, daños y perjuicios, protección del menor y la familia, entidades deportivas, responsabilidad civil, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: B. S., J. G. c/ Unión Cordobesa de Rugby y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-20

Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia que declaró mal denegado el recurso local interpuesto por el actor- en el marco del reclamo de daños y perjuicios derivados de la lesión sufrida durante un partido de rugby- contra la decisión que dejó sin efecto la condena que el juez de 1º instancia había establecido respecto a las Uniones de rugby, pues el Reglamento no se compadece con la interpretación que de éste se hizo en la decisión de cámara, confirmada por el tribunal superior de justicia provincial, ya que dicho cuerpo normativo no establece que el entrenador es el único responsable de informar al árbitro si uno de los jugadores no se encuentra debidamente preparado para desempeñarse como primera línea, y, ante la falta de una norma que atribuya expresamente esa responsabilidad al entrenador, resulta razonable entender que es el referí -quien según el propio Reglamento debe aplicar imparcialmente todas las Leyes del Juego en cada partido (Ley 6 .A. 4. a, )- el que se encuentra obligado a verificar el cumplimiento de los presupuestos de hecho de dichas normas.
Daños y perjuicios, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TOLEDO LUQUEZ ROBERTO SEGUNDO c/ ESTADO    NACIONAL.    MINISTERIO  DE  DEFENSA.  EJERCITO  ARGENTINO. s/ DAÑOS  Y  PERJUICIOS.  COSTAS. DAÑO MORAL "CHANCE" RIESGO DE LA COSA.  RESPONSABILIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-27

La presunción del art. 1113 en función del riesgo de la cosa se funda en la mera causalidad, por manera que la prueba excusante es solamente la de una causa extraña, en este caso, la culpa de la víctima, causa que no es de inculpabilidad sino de incausalidad. Si esa causa permanece no aclarada, se mantiene la regla de responsabilidad del dueño o guardián que contempla el citado artículo 1113.-
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, delitos contra el honor
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Kelly, Guillermo P. s/ Prescripción de la acción penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-21

Tiene entidad interruptiva del curso de la prescripción de la acción penal ejercida por delito contra el honor, la petición de la querella de que se forme cuaderno de prueba, pedido de colocación de los autos a los fines previstos por el art. 490 del C.P.M.P. y presentación del memorial del querellante alegando el bien probado.
Recursos, recurso de apelación (procesal), auto de sobreseimiento, terminación del proceso, revocación del sobreseimiento, prescripción, imputado, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M.P. c/ RUDA, Luis Urbano s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-29

A más de ello, como bien lo resalta el A quo, tampoco hay constancia alguna de que se haya procurado salvar la duda de si el imputado continúa o no en su accionar delictivo.

La inacción (fundamento mismo de la prescripción) del Juez instructor y en mayor medida el Ministerio Fiscal nada aportaron para quebrar el principio de inocencia del imputado (consagrado en el art. 18 C. N., art. 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica, art. 20 C. Pcial. y 1 del C.P.P., entre otras normas).

Con la postura de la recurrente se estaría invirtiendo la carga probatoria en un proceso penal, lo cual evidentemente resultaría inconstitucional; pues es el Estado quien debe probar la comisión o continuación del delito. Precisamente esa circunstancia, la de no haberse incorporado diligencia probatoria alguna, es lo que permite arribar al A quo al dictado del auto de sobreseimiento que se pretende revertir.

No podemos a esta altura, so pena de seguir aletargando el proceso, pretender salvar dicha morosidad poniendo en movimiento la maquinaria estatal que estuvo detenida por más de tres años; justamente esa quietud, que denota la falta de alarma que surge de todo hecho delictivo, es uno de los fundamentos en que se asienta la extinción de la pretensión punitiva, sumado ello a la necesidad de que el imputado no recaiga en otra conducta reprochada por la ley penal (comisión de un nuevo delito), provocando con ello la destrucción de los efectos morales del delito en la sociedad y la presunción de buena conducta del reo.

Bien se ha dicho que "no es que el transcurso del tiempo -como lo observa von Liszt- tenga un poder místico creador o destructivo del derecho; con ello el orden jurídico no hace más que comportarse, como ordenamiento práctico que es, reconociendo el poder de los hechos, ya que es manifiesta la inconveniencia de una represión muy tardía" (Sebastián Soler, "Derecho Penal Argentino", editorial Tea, 4º edición, año 2000, Tomo II, pág. 541)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho público local, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: EQUIMAC SA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO (CSJ EXPTE Nº 28-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-11

Si el caso sometido a juzgamiento refiere a cuestiones de índole ritual con apoyo a consideraciones de hecho y de derecho público local, la materia es ajena a la instancia de excepción del artículo 14 de la ley 48, por lo que corresponde declarar improcedente el recurso extraordinario interpuesto contra una sentencia provincial que ha dado razones suficientes de aquella naturaleza, irrevisables en esta instancia, de las cuestiones debatidas, otorgándose así validez a la misma e impidiendo su descalificación como acto jurisdiccional.
Prescripción de la acción penal, ley penal más benigna
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PEREYRA HAEDO, Carlos Florencio y otra. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-01

El planteo de inconstitucionalidad de ley 25.990 carece de sustento tanto en lo formal como en lo material, toda vez que, no tan sólo fue sancionada de conformidad con el procedimiento legal previsto por la misma Carta Magna, sino que, a su vez, en lo sustancial tiene en cuenta la necesidad del imputado de obtener un pronunciamiento definitivo en un plazo razonable (arts. 18, 75, inc. 22 de la C.N. y 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), derecho éste que no implica desconocer los intereses de las víctimas de un delito quienes tienen la facultad, conjuntamente con los organismos públicos, de contribuir a la pesquisa. En consecuencia no se observa violación a derecho o garantía constitucional alguna.

Por otra parte, resulta de aplicación la ley 25.990 puesto que "la existencia de la ley penal posterior más benigna opera, en la especie, como una excepción al principio constitucional de irretroactividad (art. 2° del C.P., art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 75, inc. 22, C.N.).
Municipalidad, gasto público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yaregui, Alberto y otro c/ Provincia de Buenos Aires (Trib. de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

La ley orgánica de las Municipalidades y el reglamento de contabilidad establecen el principio que no se autorizará gasto sin la previa fijación de sus recursos.
Facultades del juez, Código Procesal Penal de la Nación
Materia: PENAL
Carátula: Nadal, Guillermo Francisco c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-09

La disidencia sostuvo que en el marco del vigente código procesal, de carácter mixto, corresponde al juez en definitiva la decisión al respecto. (Dres. Slokar, David -disidencia- y Ledesma).
Levantamiento de la inhabilitación, conclusión de la quiebra
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Abbonizio, Pedro Eduardo s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-11-06

Corresponde levantar la inhibición sobre los bienes que fueron adquiridos por el fallido con posterioridad a la fecha de declaración de quiebra, atendiendo además a que si bien la conclusión del proceso falencial por falta de activo implica la presunción de fraude y se debe remitir los antecedentes a la Justicia penal ello no se efectivizó por el fallecimiento del concursado, por lo que no surge proceso penal alguno contra el fallido.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), excusación
Materia: CIVIL
Carátula: MATHIEU DE LLINAS MABEL c/ I.S.S.P. SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO- APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-06-01

La excusación es el medio que la ley proporciona al juez para apartarse espontáneamente del conocimiento de todo proceso respecto del cual o de sus sujetos intervinientes no se encuentra en condiciones de actuar con la plena garantía de imparcialidad e independencia que requiere el ejercicio de la actividad judicial.
Derecho de propiedad, inconstitucionalidad, régimen de capitalización, régimen jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Chocron, Sergio Alejandro c/ Estado Nacional - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y otros s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-20

La ley 26.425 -en virtud de la cual se elimina el régimen de capitalización, que es absorbido y sustituido por el régimen de reparto- establece su art. 7, que se transfieren a la A.N.Se.S. los recursos que integran las cuentas de capitalización de los afiliados y beneficiarios a aquel régimen, cuyos fondos pasarán a integrar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Régimen Previsional Público de Reparto creado por el Dec. 897/07. Dicha normativa constituye una indudable transgresión al derecho de propiedad del aportante, toda vez que las cuentas de capitalización individual eran propiedad de sus titulares. Por tal razón, el citado artículo ha de ser declarado inconstitucional, habida cuenta que entra en colisión con el art. 17 de nuestra Carta Magna. (Del voto del Dr. Laclau).
Recurso de apelación (procesal), apelación en subsidio, gravamen irreparable, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SILVA, ALICIA ESTER s/ Cheque sin fondos, Recurso de queja  por apelación denegada
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-13

El recurso de apelación en subsidio del recurso de reposición interpuesto por la defensa contra el proveído que expresa "tener presente para su oportunidad" no es una de las resoluciones expresamente declaradas apelables por la normativa procesal vigente, ni ocasiona un gravamen de imposible reparación ulterior en los términos del Art. 449 del CPP.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal, divorcio por presentación conjunta, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: K.,J. y J.E. s/ Divorcio (art.67 bis)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-03

Si los cónyuges se separaron por el procedimiento establecido en el antiguo art.67 bis de la ley 2393, que expresamente preveía como efecto la culpabilidad de ambos, la separación así decretada conforme a la legislación anterior crea una situación jurídica definitivamente constituida cuyas consecuencias y efectos quedaron configurados y perfeccionados en ese momento. Ello determina que no sea posible aceptar la aplicación retroactiva de los nuevos arts.205 y 236 del Código Civil.
Administración Pública, facultades de la administración, paralelismo de las competencias
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Martinez, Carlos Ramón y Otra s/ Demanda de Inconstitucionalidad (Decreto N. 2508Ñ88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-08

"...tanto el poder administrador como el poder legislador pueden establecer exenciones al régimen particular que no fueron en su momento contempladas. Y no encuentro motivos para que esa flexibilidad sea otorgada al Congreso y se lo niegue a la Administración. Claro está que una regla ineludible indica que cualquier excepción al régimen general debe ser extendida por la misma autoridad que sancionó la norma, salvo que hubiera mediado delegación expresa; de lo contrario se produciría un agravio al principio del paralelismo de las formas". (Dr. Acosta: En disidencia).
Recurso de queja (procesal), cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-18

Cabe rechazar el recurso de queja si los agravios del recurrente, insisten con argumentos que fueron desestimados en las instancias anteriores, y que demuestran una mera discrepancia con el fallo cuestionado, sin demostrar la existencia de una cuestión constitucional. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto de los Sres. Jueces Alicia E. C. Ruiz y Julio B. J. Maier).
Recurso extraordinario federal, defensor, legitimación procesal
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Amaya, Ramón Antonio y Vallejos, Luis Mauricio y otro s/ Art. 71 -Apelación- s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido y su agregado Expte. Nro. 1911 "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en Amaya, Ramón Antonio s/ Art. 71 -Apelación- s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido y su agregado Expte. Nro. 1911 "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en Amaya, Ramón Antonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-21

Sólo puede recurrir una decisión aquel interviniente al que esa decisión le provoca un agravio. En el caso de que el agravio pretenda emerger de la decisión que rechaza un recurso interpuesto, sólo puede agraviarse aquel o aquellos que lo interpusieron, únicas personas que sostienen todavía vivo el procedimiento judicial. Por lo contrario, quienes aceptaron la sentencia -pudiendo recurrirla- no están facultados por la ley a recurrir la decisión que rechaza un recurso interpuesto por otro interviniente. (Del voto del Dr. Maier)
Costas, doctrina legal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dadario, Rubén Oscar y otra / Alvarez Antonio y otros s/ Daños y perjuicios" y su acumulada Chiapero, José Carlos y otros c/ Alvarez, Antonio y otros s/ Indemnización de daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

En materia de imposición en costas, es justificado apartarse del criterio objetivo de la derrota pues, si bien la imposición de estas por su orden está contemplada para aquellos supuestos en los que el litigante, atento los cambios jurisprudenciales, desiste del juicio evitando así el dispendio de actividad jurisdiccional, resulta equitativo equiparar dicha situación con aquella otra en la que el caso se resuelve con posterioridad a la modificación de la doctrina legal de esta Corte, pero con un margen temporal que no ha permitido aún que la nueva haya alcanzado suficiente difusión.(doctor Pettigiani, sin disidencia)