marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Facultades del intendente, carta orgánica municipal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Uslenghi Figueroa, Carlos Reinaldo c/ Municipalidad de Recreo - Dpto. La Paz s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-03-30

El actor inicia demanda Contencioso Administrativa en contra del Decreto Nº 136/08, emitido por el Intendente de la Municipalidad de Recreo, Departamento La Paz, por el que se dispone su remoción del cargo de Fiscal Municipal. Solicita se declare su nulidad y el reconocimiento de sus derechos cercenados con efecto retroactivo a la fecha del dictado del instrumento impugnado.

A fin de abordar la cuestión de fondo, cabe recordar que la crítica puntual radica en la falta de motivación del acto.

En tal sentido, en el instrumento en cuestión, en la parte del considerando, se expresa: "Que el Art. 98 de la Carta Orgánica Municipal, dispone que el Fiscal Municipal será designado por el Intendente Municipal, con Acuerdo. Podrá ser removido por el Intendente Municipal". ".en virtud de las facultades conferidas por el Art.98 de nuestra Carta Orgánica Municipal, el Señor Intendente se encuentra facultado para la emisión del presente decreto".

Ante ello, en mi apreciación, el acto administrativo cuya impugnación se pretende integra el mundo de los llamados actos políticos.

En esa línea de razonamiento corresponde tener en cuenta que los actos políticos, en principio, no son justiciables, pero no por su carácter de tales. En efecto, la inmunidad judicial no se apoya en el hecho de ser acto político, sino en la inexistencia de derecho subjetivo, conferido por el derecho objetivo, que habilite a los individuos a cuestionar esos actos en lo que respecta a su contenido o materia.

Es sabido que no hay juicio sin acción, y no hay acción donde el derecho objetivo no protege un interés propio.

En nuestro sistema jurídico político, para impugnar un acto administrativo ante la justicia es preciso que el agraviado invoque la lesión de un derecho subjetivo o, si se quiere, de un interés protegido por el derecho, pues solo en ese caso tendrá "acción".

Y, como ese derecho o interés, para ser tal supone la existencia de una norma o de un principio general del derecho que lo establezca o reconozca -esto es, que se sustente en el derecho objetivo- para cuestionar judicialmente un acto administrativo es necesario, no solo invocar una infracción jurídica, sino también que esa infracción cause agravio a un derecho protegido por la ley, en sentido lato.
Concursos, juez del concurso, competencia, sociedades comerciales, domicilio social
Materia: COMERCIAL
Carátula: CRISTALERIA DE CUYO  S.A. s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

Según lo dispone la ley 19.551, resulta competente el juez del domicilio social inscripto, debiéndose entender por tal el que a la fecha de la presentación en concurso se encontraba inscripto, y no uno anterior aunque éste fuera el domicilio establecido en el acto constitutivo.

En caso de cambio del domicilio -coincidente en el tiempo con el pedido de concurso ante el juez correspondiente al domicilio anterior inscripto- el concursado debe extremar los cuidados y denunciar al juez el hecho.

Así, corresponde al juez del domicilio concursal reclamar su competencia: la jurisprudencia ha sostenido que este principio no es absoluto y cede en el caso de que el nuevo domicilio sea ficticio o haya sido constituido al solo efecto de dificultar la acción de los acreedores o para eludir la competencia de determinados tribunales;

y que no obsta a tal conclusión la circunstancia de que la concursada o fallida haya desarrollado su actividad exclusivamente en otra jurisdicción donde incluso puede tener su principal establecimiento, todo lo cual deberá ser alegado -en su caso- por el juez de extraña jurisdicción si decide mantener su competencia.
Pagaré, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giometti, María c/ Esquiaga, Juan Andrés s/ Cobro de pesos ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-06

Al no mediar pacto de intereses en el documento base de la ejecución cabe estar a lo estatuido por el art. 52 inc. 2 del decreto ley 5965/63, al que remite el art. 103 según el cual corren los establecidos por el Banco de la nación Argentina al tipo corriente en la fecha de pago.
Patria potestad, bienes del menor, usufructo de los bienes de los hijos
Materia: CIVIL
Carátula: M., J.C. y otro c/ L., G.D. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-22

En los casos en que los padres reclaman el usufructo sobre los intereses del capital integrante de condena indemnizatoria a favor del hijo menor, no corresponde clasificar a los intereses entre frutos civiles o no porque si ley no hace distinciones, no corresponde que sus intérpretes la hagan. En consecuencia, los intereses así devengados son frutos civiles del dinero de los hijos y están sujetos al usufructo paterno en virtud de lo dispuesto por el art. 287 del Código Civil, comprensivo de las cargas que establece el art. 291 del mismo cuerpo normativo y de los deberes que la patria potestad les impone. En consecuencia, los padres pueden retirar un cheque por los intereses devengados por una indemnización otorgada al hijo menor -sin autorización previa para su disposición-. (Sumario N°20333 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Transportador, contrato de trabajo, daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION CIVIL HERMANOS MISERICORDISTAS c/ PILAN DANIEL s/ PAGO POR CONSIGNACION-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-12-20

La responsabilidad que contrae el transportador por el daño que sufran los pasajeros durante el transporte, tiene su razón de ser en el deber de seguridad que el respectivo contrato impone a aquél, en virtud d
Concursos, quiebra, acuerdo resolutorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Boeing SA c/  s/ quiebra s/incidente de inmueble Miraflores UF 231/2 Escobar PCIA. de Buenos Aires
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-12

Si bien existe una imposibilidad de continuar este trámite incidental como secuela procesal de la falencia pues la conclusión de ésta ha determinado la cesación del fuero de atracción, razón por la cual no cabe continuar este incidente al amparo de la normativa concursal; sin embargo, toda vez que en la especie ya se ha dictado sentencia de venta nada obsta para reconducir y recaratular las actuaciones, continuándolas conforme al estado procesal en que se encuentra, por vía singular, para que la fallida al readquirir la legitimación, pueda seguir el reclamo patrimonial que iniciara la sindicatura en el mismo juzgado y secretaría. Máxime cuando ya se encuentra determinada la existencia de un crédito en su favor, ello por sentencia firme.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: ELIPINALI JORGE A. Y OTRO c/ GARCIA GARCIA SCC CERAMICA SAN JOSE s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-08

Si entendemos por arbitrario, lo contrario a lo razonable, esto es, lo irrazonable, lo que debe aparecer de un modo evidente, palmario o notorio. Pero cuando la sentencia resulta fundada, y contenga un razonamiento lógico y no surja un flagrante y grosero error, por mas que el fundamento pueda o no compartirse, ello no autoriza a anularla por arbitrariedad. (P.R.E. S. 2º - tº ii - fº 243/245; 1995 - s 2º - tº i, fº 50/52; 1993 - s. 1º - tº i - fº 36/39; 1992 - s. 1º - tº i - fº 29).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, relación de causalidad, prueba, empleados públicos
Materia: LABORAL
Carátula: TORRES, ROSALINO c/ COMUNA DE COLONIA ALDAO s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ Expte  N. 250-82)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-08

No habiendo acreditado el trabajador la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre la lesión que padece y el hecho cuya responsabilidad se le imputa al empleador, extremo que la ley especial requiere para hacerlo acreedor de una indemnización, corresponde rechazar la pretendida indemnización solicitada por el actor en concepto de accidente de trabajo, ley 9688.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Gutiérrez, Stella María c/ Juan Domingo López s/ Despido González, Osvaldo R. c/ Línea Expreso Liniers S.A.I.C. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06|1999-08-10

Si los mismos hechos que motivan el despido del dependiente originaron la sustanciación de una causa penal, el tribunal del trabajo no puede válidamente pronunciarse en sede laboral acerca de la existencia de aquellos supuestos que son materia de investigación exclusiva en el fuero criminal, desconociéndose si en sede penal ha recaído o no sentencia definitiva y en su caso el contenido de la misma pues media a su respecto la prejudicialidad prevista en el art. 1101 del Código Civil.
Recurso extraordinario, recurso de casación penal, interposición del recurso, plazos procesales, sentencia condenatoria, sentencia definitiva, Código Procesal Penal de La Pampa
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Machuca, Rubén Sergio s/ lesiones gravísimas (art. 91) c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-23

El artículo 430 del código procesal penal de La Pampa prevé tres plazos diferentes para la interposición de la impugnación que, por remisión del artículo 444 quáter, para el recurso de casación son: diez días para la sentencia definitiva, tres para el supuesto del inciso 5° del artículo 430 (auto que deniegue la excarcelación) y cinco para "los demás casos" que comprende a los restantes incisos del artículo 430 (incs. 2°, 3° y 4°), y en ninguno de los cuales puede encuadrarse la decisión impugnada, ya que no se trata de un auto que ponga fin a la acción o a la pena, ni haga imposible que continúen o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena, la suspensión del proceso a prueba o el juicio abreviado; y tampoco constituye una resolución que imponga una medida de seguridad por tiempo indeterminado o que condene a la restitución de objetos (art. 433, incs. 3° y 5°), por lo que la pretensión de la defensa se dirigió contra sentencia condenatoria definitiva. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Principio de legalidad, insuficiencia del agravio, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Vargiú, Pablo s/ estafa, etc. s/ rec. extraordinario c/ sent. nº 03/20 de expte. Corte nº 102/19 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2020-06-30

Para el derecho nacional e internacional el principio de legalidad proscribe la aplicación de pena por una conducta si ésta no ha sido descrita como delictiva en una ley anterior a su ocurrencia (de la máxima nullum crimen, nulla poena sine praevia lege).Sin embargo el impugnante no desarrolla un argumento para demostrar el alcance que le da a ese principio con base en el art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual era menester, desentendiéndose también de lo dispuesto en la reglamentación procesal penal de la provincia sobre el ámbito temporal de aplicación de la ley procesal (art. 3, CPP), Tampoco demuestra la equiparación de las cuestiones de derecho de fondo a las que refiere el nombrado principio, con las de naturaleza reglamentaria que discute en el recurso en base a la cual fue declarada extemporánea la petición de suspensión.
Aclaratoria (procesal), sentencias de segunda instancia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: D, M G s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Homicidio  calificado. Incidente de recusación. Aclaratoria (Expte. CSJ Nro.  680-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-21

Debe prosperar parcialmente la aclaratoria formulada por el recurrente en cuanto a la errónea designación del auto anulado, por lo que, en los términos del artículo 248 del Código Procesal Civil y Comercial, supletoriamente aplicable, corresponde aclararse que lo es el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, de lo que se debe tomar nota marginal en el pronunciamiento mencionado.
Ejecución hipotecaria, ley vigente
Materia: CIVIL
Carátula: Amestoy de Vocos, Rosa María y otro c/ Nazar, Ezequiel Osvaldo y otros - Ejecución hipotecaria, expediente n.° 6068801 - Recurso directo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-03-02

La inconsistencia racional de la decisión en crisis se aprecia ostensible cuando la cámara concluye que cualquiera sea la normativa que se aplique al caso bajo examen (Código Civil -CC- o Código Civil y Comercial de la Nación -CCC-), la solución resulta idéntica. Mal puede el órgano de alzada reputar irrelevante la subsunción jurídica del caso bajo uno u otro ordenamiento sustancial y evadirse, con ello, de esclarecer el particular dilema interpretativo elevado a su decisión (esto es, la vigencia intertemporal del nuevo CCC -art. 7-), sin asumir previamente su explícita adhesión a la tesis que habría podido llegar a sustentar aquella equiparación, ni -menos aún- exteriorizar las razones que, a su modo de ver, justificarían imponer esa inteligencia al caso concreto. En efecto, se evidencia déficit motivacional cuando el fallo no ilustra juicio de valor alguno con aptitud para evidenciar, con el mínimo grado de certeza asequible, el propio criterio que el órgano de alzada alberga respecto de la cuestión debatida.
Concurso de delitos, prisión preventiva, cómputo de la pena, pena única
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: T., S.A. s/ Incidente de ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-22

Una cosa es una prisión preventiva anterior por un delito que provoca la absolución posterior al nuevo ilícito -donde la privación de la libertad no puede computarse a la condena porque no coinciden los sucesos de la pena con la restricción sufrida- y otra, distinta, un delito, una prisión preventiva, otro hecho y su prisión preventiva y la condena por el primero -aquí sí la reacción total del estado coincide con la pena sancionada-.
Daños y perjuicios, indemnización, gastos de farmacia
Materia: CIVIL
Carátula: Paolini, Roque Ramón. c/ Parolín, Oscar Mario. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-15

Los gastos de farmacia como el material descartable y los medicamentos, son indemnizables aunque se carezca de la prueba de su real desembolso.
Delitos, portación de armas, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Bastianes, Adrian Marcelo c/  s/ Usurpación de título s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-11

Corresponde que las actuaciones por las cuales se investiga el delito previsto en el art. 247 del Código Penal sean tramitadas ante la justicia de esta Ciudad, ya que la denuncia tuvo lugar a partir de la declaración testimonial labrada con posterioridad a la transferencia de la mencionada figura al fuero local. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi y del voto del juez Luis Francisco Lozano y de la jueza Alicia E. C. Ruiz, por remisión al dictamen fiscal).
Recurso de casación, nulidad de sentencia, allanamiento
Materia: PENAL
Carátula: Olivera Jesús María y su acumulada s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-30

Es improcedente el recurso de casación interpuesto por los condenados por la supuesta nulidad del allanamiento practicado y el respectivo secuestro en su domicilio dado que no es el momento oportuno para solicitar la nulidad impetrada, ya que la misma es propia de la investigación penal preparatoria, debiéndose articular en ese periodo procesal, por lo tanto su planteo no puede tener favorable acogida en virtud del límite temporal que impone la norma del art. 205 y 338 del Código Procesal Penal
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, interpretación de la ley, ley federal, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bodegas Galardón de Galanterik Hnos.  SA. c/ INV. s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Si las cuestiones referentes a la interpretación de disposiciones federales y a la arbitrariedad atribuida a la sentencia impugnada se encuentran inescindiblemente ligadas entre si, corresponde que la Corte examine los agravios con la amplitud que exige la garantía de la defensa en juicio.
Enfermedad profesional, empleados públicos, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: VALLEJOS, JOSE M Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      CSJ EXPTE NRO 239-89 VILLALOBO, RAMON ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      CSJ EXPTE NRO 313-89 VALLEJO, JOSE MARIA Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      EXPTE NRO 565-89 VILLALOBOS, RAMON ANTONIO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      EXPTE NRO 566-89 VALLEJOS, JOSE M Y OTROS s/ SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA     RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION VILLALOBO, RAMON ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA     RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-13|1989-12-13|1989-12-28|1989-12-28|1990-10-10|1990-10-24

El decreto 4210-82 que regula el "Régimen de licencias, justificaciones y franquicias para el personal de la administración pública provincial", establece que "Se considera enfermedad de trabajo la que sea efecto principal de la tarea realizada por el agente" (artículo 23), concluyendo que "Resulta aplicable supletoriamente la ley 9688 y sus modificatorias". Asimismo el artículo 24 dispone que en caso de accidente o enfermedad de trabajo el empleado tiene derecho hasta dos años de licencia.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: pano, Vicente Osmar y otra c/ Empresa Hípica Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios -Beneficio-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-26

No infringe el principio de congruencia el fallo que, en función propia de la judicatura, resuelve el encuadre jurídico del caso en función de la norma de fondo que rige la materia de que se trata.

Ello no implica infracción a las reglas que rigen la competencia funcional de la Cámara ni una incorrecta aplicación del principio del "iura novit curia", en tanto no se alteren los hechos, la relación procesal, ni la naturaleza de la acción interpuesta.
Empleo público, sumario administrativo, presunción de inocencia, presunciones, prueba directa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zorzenon, Maria Eugenia y otra c/ Municipalidad de Córdoba s/ - Plena Jurisdicción - Recurso directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-08-09

1- El derecho a la presunción de inocencia en el derecho administrativo sancionador, sólo puede ser desvirtuado cuando la responsabilidad administrativa imputada a un agente, se apoye en pruebas legalmente practicadas a lo largo del sumario, que sean suficientes para sancionarlo. Tal actividad probatoria no necesariamente debe referirse a prueba directa, siendo válida la prueba indiciaria o indirecta, que es aquella que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son los constitutivos de la falta administrativa, pero de los que puede inferirse ésta última, como así también la participación del agente utilizando al efecto un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se trata de probar. Por consiguiente, no configurándose una hipótesis de duda en cuanto a las circunstancias de hecho, no se torna operativa la norma constitucional contenida en el articulo 41 -in fine- de la Constitución Provincial.-
Concurso preventivo, quiebra, prenda, actos ineficaces de pleno derecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ANTONIO GOÑE CONSTRUCCIONES-SOCIEDAD DE HECHO-HOY QUIEBRA c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ ACCION DE INEFICACIA CONCURSAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-04-12

El artículo 122 inciso 4 de la Ley Concursal comprende únicamente aquellas obligaciones que originariamente carecían de garantía manteniendo la validez de aquellas constituidas simultáneamente aún durante la época de cesación de pagos de la deudora.- La indivisibilidad de la garantía prendaria no excluye en absoluto la divisibilidad del mutuo al que accede como accesorio del crédito principal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad del personal judicial, secretario judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: R., V. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-07

"Los Secretarios son los principales auxiliares de los jueces y tribunales e integran. el grupo superior del personal auxiliar. Sin perjuicio de su subordinación jerárquica al o a los elementos juzgadores del órgano no judicial, los secretarios son, por un lado, los jefes directos e inmediatos del personal auxiliar subalterno.

Por otro lado le corresponde el cumplimiento de parte de las funciones ordenatorias del proceso (vgr. Dictado de ciertas providencias de trámite), así como la actividad específicamente referida a la formación material y a la custodia de los expedientes judiciales".
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, comercialización
Materia: PROCESAL
Carátula: Benavidez, José Antonio c/ Big Brands SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-25

El actor apela la sentencia de primera instancia y solicita se condene solidariamente a IRSA, con fundamento en el art. 30 L.C.T. La proyección al caso de la solidaridad que emerge de la norma bajo análisis emana de la constatación del despliegue por parte de las empleadoras del actor de una actividad comercial que -en sana crítica y con criterio de razonabilidad en orden a la finalidad de la norma citada- resulta inherente y se encuentra integrada inescindiblemente al desarrollo de la actividad propia y específica de la codemandada Irsa Inversiones y Representaciones S.A. y, por tanto, resulta coadyuvante y necesaria para que esta última empresa cumpla con sus fines, extremo que torna operativa la responsabilidad solidaridad prevista por la norma bajo análisis. De modo que, por encontrarse configurados en la especie los elementos objetivos que habilitan la procedencia del referido art. 30, considero que en el caso corresponde extender la condena en forma solidaria a la codemandada Irsa Inversiones y Representaciones S.A.(Del voto de la Dra. Craig en mayoría).