Embargo, remisión del expediente, límites del pronunciamiento, doctrina de la arbitrariedad, falta de fundamentación, querellante, acción de reducción
Materia: PROCESAL
Carátula: Recaudaciones Computarizadas SA c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-03

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante de la Unidad de Información Financiera, anular la decisión y reenviar las actuaciones al tribunal de origen a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho. Sin entrar a considerar los argumentos expuestos por el recurrente en punto a la extensión de la medida cautelar y su adecuación a los fines que le son propios, cierto es que la decisión no permite observar las concretas circunstancias del caso que fueron valoradas por los sentenciantes para arribar al monto de embargo oportunamente impuesto. Es que, el a quo al momento de resolver se limitó a indicar que ".interpretamos que la actual situación de los apelantes que representan a la empresa exige atender el agravio considerando la normativa prevista en los arts. 23, 303 y 304 del C.P., la eventual multa y los gastos del juicio. Ello nos conduce a aplicar una reducción que establezca el monto en la suma de tres millones quinientos mil pesos a Recaudaciones Computarizadas SA...". En efecto, se desconocen las premisas del razonamiento seguido para descalificar el monto impuesto por su par de grado y la fijación de aquel que ahora se impugna. La mera enunciación de las normas aplicables sin un mínimo desarrollo argumental que las vincule con los pormenores relevantes del caso resulta insuficiente para tener por válido el temperamento adoptado. El voto concurrente resaltó que el colegiado anterior omitió explicar por qué motivos concretos, a tenor de las circunstancias del caso, arribó al monto de embargo aquí objetado y en qué medida éste resultaría suficiente para satisfacer los fines que persigue la cautelar. El tercer voto, destacó que el aseguramiento de las herramientas de las que disponga un Estado para prevenir, detectar y contribuir a la represión penal del Lavado de Activos así como para avanzar en esta línea en las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito en forma oportuna y eficaz, es fundamental. Agregó que el Estado Argentino, se encuentra obligado, en razón de los compromisos internacionales asumidos, a adoptar las medidas pertinentes para garantizar el recupero de los bienes provenientes de los delitos de lavado de activos. La determinación del monto del embargo debe guardar el mayor correlato posible para garantizar esos rubros, teniendo en cuenta que el artículo 23 del Código Penal autoriza al juez a adoptar las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso de todo bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso puede recaer. En tal sentido el recupero de las sumas que fueron objeto de los delitos investigados, con los intereses correspondientes, no es lo único que el embargo debe garantizar -junto con aquellos rubros dispuestos por el artículo 518 del C.P.P.N.-, en virtud de lo antes expuesto, sino también, y a la luz de lo normado por el citado artículo 23 del código de fondo, las ganancias que sean el producto o el provecho del delito. Dres. Carbajo, Borinsky -voto concurrente- y Hornos -voto concurrente.