marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excarcelación, tráfico de estupefacientes
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PONS, SERGIO s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-23

Superado el límite de ocho años de prisión que como primera hipótesis de soltura contempla el inc. 1 del art. 379 del C.P.M.P.

en función de la adecuada calificación efectuada por el a quo- y atento a la gravedad de una de las conductas que se le atribuyen al encartado -tráfico de estupefacientes en la modalidad de suministro , permite descartar que en caso de resultar condenado en estas actuaciones vaya a resultar acreedor del beneficio que surge del art. 26 del C.P.
Subrogancia del juez, reenvío, derivación no razonada del derecho vigente, juicio, prueba pericial, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: UNLIMITED SERVICES SRL c/ NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-08

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la omisión de los jueces de analizar si la posibilidad de probar había sido limitada por una conducta procesal sancionada por el derecho menoscaba la garantía de defensa en juicio, en tanto ella salvaguarda no sólo el ofrecimiento y producción de los medios de confirmación, sino la posibilidad de obtener un pronunciamiento que los valore debidamente a fin de obtener su convalidación como acto judicial ajustado a los preceptos constitucionales.

Lo dicho en precedencia conduce a colegir que la respuesta jurisdiccional no reúne las condiciones exigidas por el orden fundamental para la satisfacción del derecho a la jurisdicción del impugnante, debiendo remitirse los autos al subrogante legal a fin de dar respuesta suficiente acerca del mérito probatorio de las periciales y las conductas procesales desplegadas respecto de ellas, así como de las demás constancias de la causa.
Recurso de casación penal, ley penal tributaria, régimen penal tributario, regularización impositiva, regímenes de presentación espontánea, extinción de la obligación tributaria, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Passero, Jorge Luis y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-19

Respecto de la cuestión planteada por el señor Fiscal General -relativa a la necesidad de cancelación total de las obligaciones tributarias incumplidas- habré de proponer que se haga lugar al recurso de casación interpuesto, en orden a la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el precedente "Backellián", en el cual se sostuvo que el art. 73 de la ley 25.401 establece en todas sus hipótesis, como requisito adicional para la concesión del beneficio en discusión, el pago total de las obligaciones tributarias; pero que "la previsión por parte del legislador de un plazo para el cumplimiento de las obligaciones que es condición para la extinción de la acción importa, implícitamente, una suspensión... del trámite del proceso y de la prescripción de la acción... hasta tanto el contribuyente cumpla satisfactoriamente con la totalidad de los pagos estipulados en el régimen de regulación...". (Dr. Hornos en disidencia parcial).
Personas con discapacidad, empleados públicos, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TOLEDO, LUCIANO ANDRES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-09-27

Corresponde rechazar la queja desde que el recurrente no logra demostrar que los argumentos expuestos por la Cámara luzcan reprochables -más allá de su mayor o menor grado de acierto- desde el punto de vista constitucional, alegando básicamente que el fallo se ha sustentado en normas administrativas retrógradas en el tiempo justificando la inacción del Estado con base en la teoría de la operatividad derivada de los derechos de las personas con discapacidad en contra de los principios constitucionales consagrados desde 1994; que hay una arbitraria valoración de la prueba y de los hechos al invocarse primero el Decreto 2699/07 del Poder Ejecutivo provincial y luego la sentencia de la Cámara para justificar que no se acreditó omisión irrazonable del Estado, cuando fue éste el que dio cumplimiento a la sentencia y luego tuvo lugar el acto administrativo; y que se propone una analogía desafortunada del presente con el caso "Duarte", por cuanto existen diferencias sustanciales entre ambos. A este respecto, cabe agregar que el recurrente insiste en la firmeza que adquirió el fallo de la Cámara de Apelación Laboral que ordenaba su designación en el cargo público, pero sin demostrar la decisividad y conducencia de dicho planteo para acreditar su derecho a una indemnización civil por daños y perjuicios causados por la demora en la designación (privación de remuneración, daño a la libertad y proyecto de vida, daño moral y psicológico) y enervar el razonamiento de la Cámara en el sentido de que no existía un deber estricto del Estado de nombrar al actor en el cargo pretendido y que no se había acreditado una omisión ilegítima como para verificar el factor de atribución "falta de servicio" atribuido al Estado.(Del voto de la Mayoría. En Disidencia: Dr. Gutiérrez)
Impuestos municipales, impuesto inmobiliario, revalúo impositivo, cobro de retroactivo, constitucionalidad
Materia: TRIBUTARIO-CIVIL
Carátula: OPTIMAR S.A. c/ G.C.B.A. s/ ACCION DECLARATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

Si el contribuyente incurrió en incumplimiento respecto de su obligación de denunciar en tiempo oportuno, las modificaciones realizadas en la finca de su propiedad, tal omisión obsta al otorgamiento de efectos extintivos a los pagos realizados en concepto de impuestos y contribuciones devengadas en relación al inmueble. Por ende no cabe cuestionar la constitucionalidad del reclamo efectuado por la Comuna, respecto de las diferencias correspondientes a períodos anteriores ya abonados
Incapacidad laboral, demanda laboral, pluspetición inexcusable
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUILERA, SATURNINO c/ QUIMICA ESTRELLA SACI. E I. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-04

La alegación de un porcentaje de incapacidad superior al probado no constituye un supuesto de pluspetición inexcusable encuadrable en el artículo 72 del CPCCN., pues el trabajador no es un experto en ciencia médica, ni normalmente lo son sus asesores letrados, no siendo exigible que se valore con exactitud el grado de minusvalía derivado del accidente.
Concubinato, juicio de desalojo, prueba del concubinato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BRUNO, LORENZO SEGUNDO c/ LUZ PAZ DE GALEANO s/ DESALOJO POR VENCIMIENTO DE COMODATO PRECARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-10

La calidad de concubina no confiere derecho a repeler la acción de desalojo intentada por el concubinario, atento a que dicha relación no otorga derecho alguno en lo que hace a la ocupación del inmueble donde vive la pareja; puesto que el concubinato no le da derechos respecto de la titularidad del inmueble, aunque invoque la existencia de una sociedad de hecho con su concubino, mientras no pruebe dicha existencia y, además, que el bien pertenece a dicha sociedad.
Competencia por la materia, competencia civil, sucesiones, exhortos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: FRANCO, MARIANNE POR HILU DAVID
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-12

Si se trata de un exhorto librado con el objeto de notificar el traslado de una demanda por cobro de honorarios devengados en una sucesión, corresponde la competencia al juzgado civil patrimonial.
Jueces, Cámara de Apelaciones, lealtad procesal, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-08

Los juzgadores, como sujetos del proceso, deben dar cumplimiento al principio de lealtad procesal y, en consecuencia, hacerse cargo de los propios precedentes, pues, de lo contrario, ello representaría un comportamiento que se desentiende de la doctrina de los propios actos -venire contra factum proprium non valet-. (Voto en disidencia del Sr. Juez José O. Casás).
Marcas, marcas confundibles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Milkland S.A. c/ Milkaut S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-11

La aprehensión fresca, espontánea y prerreflexiva de los signos enfrentados (MILKLAND vs MILKAUT) me provoca una clara sensación de semejanza, impresión que se ve corroborada por el análisis pormenorizado de las marcas, que revela que tienen más puntos de contacto que aspectos disímiles (confr. esta Sala, causa Nro. 16.898/95 del 07/07/98, entre muchísimas otras). Respecto de la raíz "MILK", sostiene la actora que dicho término es de uso común en la clase 29 y que tal circunstancia lo convierte en un elemento débil, debiendo estarse entonces a las diferencias que surgen de sus desinencias. Lo cierto, es que en casos como el presente, en los que las raíces de los signos en pugna son iguales o resultan de uso común en una clase, los restantes elementos deberán otorgar un carácter fuerte y claramente diferenciador, lo que no sucede aquí.
Prenda comercial, prenda con registro, ejecución prendaria, actualización monetaria, convertibilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIRCULO DE INVERSORES  S.A. c/ ARANCIRIA, JORGE s/ EJEC. PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-07

En las ejecuciones prendarias no corresponde proceder a la actualización con posterioridad al 31.3.91 en virtud del decreto del p.E.N. 959/91, el que no puede ser derogado por la resolución conjunta del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 950/91 y 351/91, atento a la jerarquía normativa.
Sueldo anual complementario, liquidación
Materia: LABORAL
Carátula: GUERRA EDELMIRO c/ ASOCIACION ATLETICA QUIMSA Y OTROS s/ SUELDOS IMPAGOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-03-08

El art. 123 L.C.T., faculta al trabajador o sus derechohabientes a percibir el sueldo anual complementario en el supuesto de extinción de la relación laboral, cualquiera sea la causa que haya dado lugar al distracto. Prescribe la norma que su liquidación se efectuará teniendo en cuenta la doceava parte de las remuneraciones devengadas en la fracción del semestre trabajado, hasta el momento en que el trabajador dejó de prestar servicios.
Pacto de cuota litis, juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Barlett, Daniel E. c/ Forte, Miguel A. s/ Cobro de Honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

El convenio de honorarios puede hacerse cumplir efectivamente por la vía ejecutiva en caso de estas suscripto por el obligado y reconocido judicialmente.
Derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social, movilidad del haber jubilatorio, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

La movilidad que los constituyentes consagraron en el art. 14 bis de la Constitución Nacional no tiene por qué estar necesariamente relacionada con la actualización de la moneda (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Medidas cautelares, acto administrativo, leyes
Materia: PROCESAL
Carátula: Coto  Centro  Integral  de  Comercialización  S.A. c/ Entre Ríos,Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

Si bien por vía de principio, las medidas cautelares no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Disidencia parcial de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano).
Testigos, extinción del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: Ascar Maximiliano c/ Eco Satelitar S.R.L. y otra y/o Quien resulta responsable s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral", Expte. Nº 1350/SL c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-26

De los testigos surge sin hesitación alguna, que la demandada DirecTV era la que diagramaba y digitaba todo, organizaba los cursos y no la codemandada Eco Satelital como se argumenta. Obsérvese que todas las órdenes de instalaciones eran recibidas de DirecTV, sumado a que la desvinculación del primero de los testigos, se acordó con ambas accionadas, y DirecTV se hizo cargo de parte de sus haberes, cuando supuestamente era empleado de Eco Satelital, sumado a los dichos de un segundo testigo que sostuvo que extinguido el vínculo con Eco Satelital, fue DirecTV quien lo direccionó a él a otra firma -Win SRL- (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Falsificación de instrumento público, registro de la propiedad automotor, competencia, competencia federal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Abarca, Mariano s/ Archivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

No es competente la Justicia Federal para entender en la falsificación de documento público, que no posee el carácter de nacional, presentado ante el Registro de la Propiedad Automotor como parte de una maniobra tendiente a la transferencia ardidosa de un automóvil, si ha sido el mismo organismo el que puso en conocimiento de la justicia tal hecho.
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Clemeno, Nicolás c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-12-03

Sabido es que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad. Pero cuando se configura el silencio de la autoridad administrativa, la aplicabilidad de aquella presunción iuris tantum ha de restringirse, por cuanto tal obrar omisivo, contraviene las normas y las garantías antes referidas, así como el derecho a una resolución fundada que cabe reconocer a todo interesado en el procedimiento administrativo ( arts. 1 y 15 constitución provincial; art. 108 decreto ley nro. 7.647/70).
Abandono de personas, muerte de la víctima, inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Cañete Cabiu, Mirtha del Valle s/ Abandono de Persona Agravado por el Vínculo (Víctima: NN Cañete Cabiu).
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-06

Es improcedente el planteo de inimputabilidad por la causal del art. 34, inc. 1° del Código Penal, formulado respecto de la joven acusada por el delito de abandono de personas con la agravante prevista en el art. 107 del Código Penal, luego de haberse internado en un monte, dado a luz a su hija y haberla abandonado a su suerte, pues el "estado puerperal" invocado por la defensa, como causal de ininputabilidad queda desmentido por las conclusiones de los referidos informes, por la coherencia y precisión de sus actos y movimientos inmediatamente posteriores al hecho, y por la riqueza argumental de la historia de ribetes cinematográficos (el "secuestro") que fabrica a continuación para "justificar" su temporaria ausencia, con detalles de tiempos, lugares, protagonistas, trayectos, colores, diálogos, etc., que no deberían sorprender demasiado por ser su autora una estudiante universitaria. (Del voto del Dr. Emilio Páez de la Torre)
Proceso penal, juicio, reapertura del debate
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., F. s/ Homicidio (Expte Nº 234-97, Resolución Nº  9, Tomo 5, Folio 32)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-23

Conforme resulta de lo regulado por el artículo 400 del Código Procesal Penal, la reapertura de la causa a prueba podrá ser dispuesta por el juez cuando lo considere de absoluta necesidad, de lo que sigue: a) que se trata de una facultad otorgada al juez de la causa y, b) que solo excepcionalmente puede acudir a ella.
Derecho procesal, partes del proceso, costas, allanamiento, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Otero, Christian c/ Sergio Trepat Automoviles SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-23

Procede revocar la resolución mediante la cual, fundada en el allanamiento del actor, haya distribuido en el orden causado los gastos causídicos derivados de la admisión de la excepción de incompetencia opuesta por la demandada. Ello en tanto no existen razones atendibles para apartarse del principio objetivo de la derrota, en tanto no concurren ninguno de los supuestos previstos por el CPR 70 y 76. Es que no puede pasarse por alto que, en las presentes actuaciones el accionante demandó por incumplimiento contractual requiriendo la devolución de las sumas abonadas al concesionario oficial por la compraventa de cierto rodado con más la indemnización de daños y perjuicios, en sede civil. Y al tratarse de un reclamo originado en una compraventa de un automotor efectuado con una sociedad comercial, debía tramitar ante el fuero comercial de conformidad con lo previsto por el decreto ley 1285/58: 43 / 43 bis. Sobre tales bases, cabe señalar que en este supuesto no se involucra una cuestión que permita considerar dudosa la competencia de este fuero para entender en la demanda (arg. CPR 70-1°). Ello así, más allá del allanamiento del actor a la defensa planteada, no se aprecia atendible apartarse del principio objetivo de la derrota reglado por el ley ritual, toda vez que no concurren circunstancias excepcionales que justifiquen la distribución de costas en el orden causado.
Alimentos, alimentos atrasados
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S. DE Z. c/ Z. s/ ALIMENTOS B. DE P.M. c/ P.R. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19|1992-03-19

Habiéndose practicado liquidación de cuotas atrasadas, utilizando valores actualizados, cabe -a efectos del pago de tal liquidación- fijar cuotas suplementarias actualizadas hasta el momento del efectivo pago de cada una de ellas, a fines de que el valor real de la prestación no sufra la degradación del aguamiento del dinero que provoca el proceso inflacionario. Tal actualización deberá detenerse el 31 de marzo de 1991, conforme lo prescripto por el art. 7mo. de la Ley 23928.
Rendición de cuentas, Derecho comercial, obligaciones del mandatario, obligaciones de hacer
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPTE Nro. 37953 - CLUB DEL PERSONAL DEL BANCO DE MENDOZA c/ GONZÁLES, CARLOS ALBERTO s/ RENDICIÓN DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-02-10

La rendición de cuentas es una verdadera obligación para quien debe efectuarla, y por sus modalidades debe incluirse entre las obligaciones de hacer, ya que no consiste en pagar una suma de dinero a la parte que tiene derecho a solicitarla, sino en presentar a la misma un estado detallado de su gestión, consistente en una exposición ordenada de los ingresos y egresos con sus comprobantes respectivos.
Actuaciones administrativas, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cobeñas Ricardo Julian s/ Regulación de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-14

Si al presente nadie o casi nadie niega la aplicación de la doctrina de los propios actos a la Administración Pública, también es cierto que ello admite algunas limitaciones. La principal es aquella que impide acudir a la regla del venire para convalidar actos ilegítimos. En principio, el acto estatal ilegítimo no constituye factum propium... de poco servirían las normas sobre competencia y procedimiento que ordenan el quehacer administrativo, si los particulares pudiesen de todos modos hacer valer los actos que las infringen por tratarse, en definitiva, de conductas imputables al Estado.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: PENAL
Carátula: Lezcano, Raúl Francisco y otro s/ Abuso de autoridad - Apremios ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad que cuestiona la constitucionalidad del art. 26 del C.P. con relación, no a la Constitución Provincial, sino frente a normas de la Constitución Nacional, desde que el recurrente equivocó la vía pues debió efectuar el planteo por medio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Daños y perjuicios, daño moral, muerte de un hijo
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARIÑO LOLO, ANGEL c/ GUILLENI, HECTOR s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-13

Al proceder a reconocer el daño moral cabe tener en cuenta el padecimiento de los padres de la víctima, quienes a raíz del accidente y muerte de su hijo debieron quedar anímica y afectivamente agredidos por el lamentable suceso, situación cuya apreciación esta diferida a lo que crea oportuno el juzgador, quedando en consecuencia la suma determinada por las circunstancias.

A este fin corresponde utilizar parámetros de derecho positivo, pues ninguna suma podrá compensar a los padres la perdida de un hijo. (En el caso, se estableció una indemnización de $3.500 reajustable y con intereses desde la sentencia).
Recurso extraordinario, traslado, acción de amparo, depósito bancario
Materia: PROCESAL
Carátula: Beratz, Mirta Ester c/ P.E.N. s/ amparo - med. cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-03

No corresponde hacer lugar al traslado a las partes a fin de que manifiesten lo que consideren pertinente con relación al decreto 1836/02, pues ello implicaría un retardo incompatible con el carácter de acción "expedita y rápida" que, de acuerdo con el art. 43 de la Constitución Nacional, tiene el amparo, así como contrario al espíritu de los arts. 8, 11 y 16 de la ley 16.986, máxime frente al constante e ininterrumpido dictado de normas de distinta jerarquía vinculadas al tema (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Teoría de la imprevisión, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Lefevbre, Jorge Andrés y otro c/ Corporación de Fomento del Chubut -CORFO Ch.- s/ Juicio Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1987-07-07

La parte que alega la imprevisión contractual debe probar, concretamente, que el hecho imprevisible produce efectivamente en el contrato la excesiva onerosidad sobreviniente.
Daños y perjuicios, hurto de automotor, consorcio de propietarios, partes comunes de uso privativo, automotor en garaje
Materia: CIVIL
Carátula: Díaz Carlos R. c/ Consorcio de propietarios Posadas 1560/1580 s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-16

No puede prosperar la demanda contra el consorcio de propietarios de un edificio en propiedad horizontal, por los daños sufridos a raíz de la sustracción de una moto, si el lugar donde se guardó el vehículo robado es de propiedad exclusiva de uno de los copropietarios ya que tal circunstancia desvirtúa la existencia de un contrato de garage que vincularía al damnificado con el consorcio y no existe constancia acerca de la explotación comercial del garage por parte del demandado. Al quedar acreditado el uso exclusivo de sus propietarios y que algunos de ellos cedían en alquiler sus espacios, la responsabilidad del consorcio no queda comprometida.