Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-12-29


Autos N° 5.581 (J.P.L. de Valle Fértil N° 464/13), caratulados: "CORTEZ SORIA, Javier Agustín y otros c/ Catanzaro, José Alberto - Interdicto de recuperar la posesión".

-----San Juan, 29 de diciembre de dos mil diecisiete.-------------- -----Visto:------------ -----Para resolver en Acuerdo el recurso de apelación articulado a fs. 296 y vta. por el demandado, quien interviene por apoderado, contra la sentencia obrante a fs. 284/292.-------------------------------------- -----Tal recurso fue concedido a fs. 297 con efecto suspensivo.-------- -----Y Considerando:----------------------------- -----I. La sentencia cuestionada:------------ -----En la parte dispositiva del decisorio atacado el a quo hizo lugar al interdicto de recobrar impetrado, ordenó se restituya a los actores la posesión del inmueble con N.C. 19-50-550310, ubicado en calle Alem s/n°, Villa San Agustín, Valle Fértil; impuso las costas al demandado y reguló porcentualmente los honorarios a los profesionales intervinientes.

-----II. El memorial de agravios, su traslado y réplica:--- -----Con el memorial de fs. 299/306 vta., el apelante centró su queja en que el a quo, teniendo a su disposición en su opinión elementos probatorios ostensiblemente veraces haya desoído la verdad jurídica objetiva soslayando esos elementos so pretexto del límite del interdicto, basando su sentencia en argumentos supuestos (no indiciarios), con los cuales traspasa el propio límite que dice respetar.- -----Básicamente, el apelante señala a modo de discrepancia los siguientes puntos centrales, que pasamos a presentar de manera sintética:-- el a quo no tuvo en cuenta que el inmueble objeto del interdicto se trata de un lote baldío, ni la calidad de frentista y de titular registral que ostenta;-------------------------------------------------------------- el Inferior analizó la prueba de manera antojadiza y arbitraria abundando el apelante en consideraciones sobre el particular, actividad aquélla que lo llevó a arribar a una conclusión contradictoria y errada, puesto que conforme estima no surge de autos ninguna prueba que indique desde cuándo los actores ostentaban la posesión que pretenden recuperar, ni que tampoco la tenían al momento de los hechos que denuncian en su demanda. Asimismo, le agravia que se tenga por probada la violencia y clandestinidad con la declaración de testigos que no presenciaron el acto denunciado; y por último, plantea su disconformidad respecto de "la imposición en costas que hace el Inferior, como los porcentajes regulados como honorarios de la parte actora, por ser excesivos" (fs. 306, in fine).------------------------------------------------------ -----2. A fs. 307 se ordenó el traslado del memorial a los accionantes, quienes lo contestaron con el escrito de fs. 308/313, aunque de modo extemporáneo, lo que así fue resuelto en el decreto de fs. 317.--- -----III. Elevación del expediente a la Alzada y trámite seguido en esta instancia:----- -----A fs. 317 vta., in fine, se ordenó el envío del expediente a la Cámara, lo que se materializó a fs. 318.------------------------------------------ -----Ya en el ámbito de este Tribunal se determinó que el recurso sería analizado por todos sus miembros (fs. 319), decreto que quedó consentido (ver cédulas obrantes a fs. 320 y vta. y 321 y vta.).---- -----A fs. 323 se dispuso el pase de autos a resolver, previo sorteo, lo que fue comunicado a las partes a fs. 324 y vta. y 325 y vta.---------- -----Luego de algunas actuaciones, a fs. 339 se determinó que la causa sería resuelta en Acuerdo, lo que se hizo saber por medio de las cédulas de fs. 340 y vta. y 342 y vta., producto de todo lo cual surge el presente decisorio.---------------------------------------------------------- -----IV. La resolución del recurso:------------ -----1. Liminarmente, por razones de economía procesal y para evitar duplicaciones narrativas estériles, nos remitimos en lo pertinente a la relación de la causa efectuada por el a quo en los 'Vistos' del pronunciamiento resistido, es decir, específicamente a fs. 284/286 del decisorio obrante a fs. 284/292.------------------------------- -----2. Dicho lo anterior, comenzando con el análisis de la cuestión sobre la que corresponde expedirse y ciñéndonos al contenido del pronunciamiento impugnado y a la normativa de aplicación, adelantamos nuestro criterio contrario a la pretensión contenida en el recurso. Ello, en mérito a las consideraciones que pasamos a formular.--------- -----A. Preliminar.---------------- -----Más allá de otras apreciaciones que efectuaremos infra, al solo efecto de contextuar el tema sobre el que gira la causa señalamos que el interdicto de recobrar es la pretensión en cuya virtud el poseedor o tenedor de un bien mueble o inmueble del cual ha sido total o parcialmente despojado, requiere judicialmente que se le restituya la posesión o la tenencia perdida.------------------------------------ -----El fin del interdicto de recobrar es retrotraer las cosas al estado de hecho anterior al despojo y en su trámite no cabe dilucidar el derecho a la ocupación del bien, sino la ocupación misma, es decir, el hecho posesorio o el hecho de la tenencia. Además, no ampara el derecho emergente de relaciones contractuales, para cuyo reconocimiento corresponde acudir al procedimiento adecuado, sino que se trata de mantener el orden y prevenir el uso de la violencia.----- -----Como se ha decidido, quien intenta el interdicto de recobrar solamente debe justificar haber tenido la posesión actual o la tenencia de la cosa mueble o inmueble, sin que esa prueba pueda, por tanto, traspasar los límites expresamente fijados pretendiendo que se acredite el mejor derecho que pudiere corresponder a una de las partes. Es decir, no interesa la causa de la desposesión ni el derecho a la posesión o a la tenencia, ya que resulta ajeno al interdicto de recobrar el esclarecimiento de las relaciones jurídicas que pudieran vincular a las partes, las que deberán ser ventiladas ante el juez competente y en la forma que corresponda (Cám. Nac. de Apelac. Civ. Com. Fed., Capital Federal, Sala II, "Biblioteca del Congreso de la Nación c/ Tapia, Lucas s/ Interdicto de recobrar", 16-06-1989, Mag. Votantes: Quintana Terán, Vocos Conesa y Mariani de Vidal; La Ley, 1990-A-473, también en SAIJ: FA89030130).--------------- -----B. Tratamiento concreto de los agravios.---- -----En el orden propuesto por el apelante, comenzaremos a analizar las quejas que invoca.---------------------- -----a) Primer agravio:-------------- -----Conforme se desprende de autos, el inmueble objeto del interdicto consiste en un terreno ubicado sobre calle Alem s/n°, Villa San Agustín, Valle Fértil, Nomenclatura Catastral 19-50-550310, cuyos demás datos obran en el expediente.-------------- -----Primeramente, existe una cuestión esencial, recurrente y dirimente en el pensamiento del apelante, que se vuelca en este agravio inicial y en otras partes del memorial: aquél procura insistentemente imponer la tesis de que el predio involucrado en autos es un "lote baldío". De hecho, así lo expresa y sostiene a fs. 299 vta., párrafo primero; a fs. 300, párrafo tercero; a fs. 301 vta., último párrafo; a fs. 302 vta., anteúltimo párrafo; y en dos oportunidades más a fs. 304, primer párrafo. Por lo demás, extrae de tal supuesta condición del terreno algunas conclusiones desenfocadas, por ejemplo, cuando alega "la improcedencia del interdicto de recuperar la posesión, pues no existe en autos ninguna prueba que indique desde cuándo los actores tienen la posesión que pretenden recuperar, ni tampoco que la tenían al momento de los hechos que denuncian en la demanda, sobre todo porque como ya dije se trata de un terreno baldío" cursivas y subrayado añadidos (vid. fs. 300, tercer párrafo).-- -----En realidad, y contrariamente a lo puntualizado de modo pertinaz por el quejoso como estandarte principal del agravio, el inmueble no reviste el carácter de "lote baldío", lo que surge de las manifestaciones del propio demandado, Ingeniero Agrimensor José Alberto Catanzaro.- -----Es que, al momento en que este último rindió la confesional y ante la posición vigésimo tercera para que jure como es cierto que denunció que el inmueble de autos es un 'terreno baldío', expresó a fs. 179 vta. que, "como profesional técnico e ingeniero el concepto de baldío es cuando no existe ninguna obra de ninguna especie, incluidos alambrados, cierres, pozos sépticos, apilamiento de materiales, etc." [sic] cursivas agregadas, habiendo quedado suficientemente probado y consentido por las partes que el terreno fue perimetrado, se colocaron alambrados, tranqueras, etc.----------- -----En lo que respecta a la condición de titular registral del accionado, es sabido que como la única finalidad del presente interdicto consiste en la defensa de la posesión o tenencia actual, no corresponde la alegación o la prueba relacionada con el derecho de poseer que puede invocar cada una de las partes.--------------------- -----Así, se ha sostenido que "el objeto de los interdictos es amparar la posesión o tenencia actual en su carácter exterior y, por lo tanto, se encuentra vedado dilucidar en ellos cuestiones de derecho, calidad de los títulos o la naturaleza de la posesión" (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., Sala VI, La Ley, 1975-A-330; Cám. Civ. 2a Cap., La Ley, 59-361).----- -----En igual sentido, y como anticipábamos, repetidamente se ha decidido que resulta ajena a la esencia del interdicto de retener la dilucidación de las relaciones de derecho que pudieran vincular a las partes (Cám. Nac. Civ., Sala J, "Fasan, Pablo E. c/ Bevilacqua, Sara L. y otros", 06-06-1995).-------------------------------------------------------------------- ----- -----En la misma senda, se juzgó que a los fines de la admisión del interdicto de recobrar, no interesa establecer en mérito a qué antecedente se tiene la cosa, ya que lo que se resuelve no afecta los derechos sustanciales de las partes en tanto su resultado se limita a mantener la posesión o la tenencia despojada (Cám. Nac. Civ., Sala L, "Landeira, Divina c/ Fernández, José María", 21-05-2007, Doctrina Judicial, 2007-III-1045).------------ -----En suma, como el interdicto de recobrar no persigue otro objetivo que no sea la tutela de la posesión o tenencia actual, no interesa la dilucidación previa de cuestiones de derecho que deberían sustanciarse por otros trámites, lo que supone que la causa jurídica fundante de la posesión o tenencia pase a un segundo plano.----------- -----Al caer un elemento esencial del punto sostenido persistentemente por el apelante, cuando afirma en el agravio inicial (y en otros pasajes del memorial) que el inmueble es un "lote baldío" y quedar ello desmentido por las expresiones del propio demandado y otras constancias de la causa, la pretendida queja se desvanece y debe ser desestimada.-- -----b) Segundo agravio:---- -----Por su parte, en esta clase de remedio interdictal el único tipo de prueba conducente y relevante, y que debe tener en cuenta el Sentenciante en ocasión de resolver, es aquella que se encuentre dirigida a demostrar el hecho de la posesión o tenencia, la verdad o falsedad de los actos de perturbación atribuidos al demandado y la fecha en que se produjeron.------ -----Así, la esencial diligencia a cargo de quien pretende la restitución de la cosa está constituida por la acreditación de la posesión o tenencia real del inmueble por su parte a la época o al momento en que acaecieron los hechos.---------------------------------------- -----Asimismo, no sólo la posesión actual de los actores, sino también la violencia y la clandestinidad del despojo aparecen confesados a fs. 179 por el Ingeniero Agrimensor José Alberto Catanzaro, quien al momento de absolver la sexta posición que, reformulada en la audiencia, reza: "Para que jure como es cierto que por dicho motivo [escrituración de la parcela 19-50-550310] usted sacó el candado y la tranquera", contestó: "Es cierto pero aclaro que no sólo por haber escriturado sino también por tener la posesión desde el año 1988" (sic) [cursivas y subrayado añadidos].-------- -----En tal sentido, cotejando la declaración testimonial efectuada el día 14 de mayo de 2013 por la Sra. Griselda Antonia Elizondo vecina del predio sobre el que gira el presente interdicto y a quien el demandado manifiesta entrevistar, conforme surge de la actuación notarial de fs. 94/97 (ver aquella declaración a fs. sub 93 del cuaderno de prueba actora), puede advertirse que el cerramiento del inmueble colocación de postes y alambrados, también de un portón en el frente del terreno, e instalación de un candado para que no ingresara nadie fue efectuado a principios del año 2013 por los hoy demandantes lo cual lleva a presumir que en ese momento tenían la posesión del mismo, para luego manifestar que el Sr. Catanzaro sacó el candado que había puesto el abogado Soria, colocó otro candado del cual le entregó una llave [a la Sra. Griselda Antonia Elizondo].--- -----En definitiva, los hechos relatados en la constatación notarial referenciada (sumados a lo puntualizado por el apelante al contestar la posición sexta y a la declaración de la Sra. Griselda Antonia Elizondo a fs. sub 93 del cuaderno de prueba actora) terminan de documentar el acto de despojo de la posesión de los actores, sellando así la procedencia del presente interdicto.----------- -----c) Tercer agravio:----------------------- -----Dado el modo como se resuelve el recurso venido a estudio, desestimándolo, las pretensiones contenidas en el tercer agravio, es decir, redistribución de las costas en la instancia inicial y reducción de la regulación de honorarios por ser excesiva la elaborada por el a quo, merecen ser rechazadas, lo que así se decide.--- -----La primera, se desestima porque el demandado queda encuadrado en la condición de vencido en los términos de los arts. 66, párrafo primero, y ss. del C.P.C., y debe aplicarse en el particular el principio objetivo de la derrota.----------------------------------- -----La segunda, se deniega por cuanto la regulación porcentual efectuada por el a quo no es excesiva en razón de que los honorarios fijados no resultan precisamente irrazonables ni elevados frente a las pautas consagradas por los arts. 10, 12, 14, 15, 19, 30, y ccds. de la Ley Prov. N° 56-O.------------------------------------- -----C. Consideraciones adicionales.------------ -----De lo mencionado hasta aquí se desprende que, pese a las discrepancias que instala y algunas extensas consideraciones dialécticas plasmadas en el memorial, el quejoso no ha logrado conmover la parte medular de la fundamentación obrante en el fallo.--- -----A continuación, marcaremos enunciativamente algunas cuestiones principales y otras suplementarias que refuerzan la plataforma de sustentación de la sentencia frustradamente impugnada:---- que el predio en cuestión no es un "lote baldío" como el recurrente afirma en la expresión de agravios, ya que ha quedado suficientemente acreditado en autos que el terreno ha sido perimetrado, y entre otras cosas, se han colocado en el mismo alambrados, tranqueras;----------- que los actores contaban con la posesión actual del inmueble (art. 593, inc. 1°, del C.P.C.), lo que entre otras probanzas señaladas por el a quo surge de la citada declaración testimonial de la Sra. Griselda Antonia Elizondo de 14 de mayo de 2013, donde relató que a comienzos de 2013 concurrieron al predio el Sr. Javier Cortez Soria y otras personas de su familia y procedieron a cerrar el terreno con postes y alambrado, construyendo un portón en el frente y colocando un candado para que nadie ingresara al mismo, además de dejar en su interior unos blocks apilados (fs. sub 93 del cuaderno de prueba actora);------ la declaración de la citada persona obrante en el Sumario N° 55.375/13, caratulados "c/ Catanzaro, José Alberto s/ Usurpación (E/P de Soria Saavedra, Fidel Tomás)", tramitado por ante el 3er Juzgado Correccional obra en el primer cuerpo del cuaderno de prueba actora a fs. sub 93 y la certificación de autenticidad de tal testimonio por el Secretario del Juzgado figura a fs. sub 94. Tales actuaciones han sido correctamente incorporadas a la causa, puesto que el sumario en cuestión fue ofrecido oportunamente por la parte actora a fs. 62 de los autos principales, dentro del escrito en el que deduce el presente interdicto de recobrar (fs. 59/63 vta.);--------------------------------------- que la aludida Sra. Griselda Antonia Elizondo señaló en tal deposición que el sábado 11 de mayo de 2013 en horas de la mañana se hizo presente en su domicilio el Sr. José Alberto Catanzaro (accionado en autos), quien le comentó que era el dueño del terreno que colinda con el suyo hacia el cardinal sur y que procedería a cerrar el ingreso al lugar colocando un candado. Fue así como el nombrado Sr. José Alberto Catanzaro sacó el candado que había sido instalado en la tranquera por los actores y lo sustituyó por otro, dándole una llave de éste a la Sra. Elizondo. En ese momento, o sea cuando se produjeron tales hechos, se consumó el despojo de la posesión de los actores (quienes hasta entonces la detentaban) a manos del demandado;--- la conducta del accionado encuadra como acción violenta y clandestina en los términos del art. 593, inc. 2°, del C.P.C. La misma está probada y fue admitida por el propio accionado (al responder a la sexta posición reformulada, reconociendo expresamente haber sacado el candado y la tranquera del terreno en conflicto). Al respecto, se ha resuelto que "la violencia no se identifica con cualquier vía de hecho, sino que debe ser uno de los supuestos previstos en la ley. La fuerza puede ser material o moral. La violencia se configura cuando existe un despojo (como quitar o cambiar la cerradura, o impedir el libre acceso al poseedor o tenedor)" cursivas y subrayado agregados (cfr. Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado, concordado, comentado, T° IV, reimpres., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 42);-- o sea, ni más ni menos que lo acontecido en autos: retiro por el accionado del candado colocado por la parte actora en el ingreso del inmueble y sustitución de dicho candado por otro para impedir la entrada a los accionantes. En esa línea, y como mutatis mutandis se ha resuelto, "la violencia se configura cuando se produce un despojo ya por violar o cambiar la cerradura, impidiendo el acceso o la entrada" (Cám. Civ., Sala E, La Ley, 105-949, sum. 7.478). Por su parte, en general se dice clandestina la toma de la posesión de manera furtiva u oculta (Cám. Civ., Sala E, La Ley, 92-3, sum. 302); ello aunque se haga a la luz del día (Cám. 1ª, Civ. y Com., La Plata, Sala III, D.J.B.A., 956-XLVII-29), la que se transforma en violenta si como en el caso se cambia el candado existente en la entrada del terreno por otro que coloca el autor del despojo para que el poseedor o tenedor del bien en cuestión no pueda ingresar al predio;--------------------------------------- que tampoco ha desvirtuado el recurrente la aseveración del Inferior en punto a la temporaneidad del interdicto intentado (art. 600, ibid.) en tanto el desapoderamiento se produjo el 11 de mayo de 2013, día en que se labró el acta notarial de fs. 94/97, y la acción fue interpuesta el 21 de noviembre de 2013 (cfr. cargo de fs. 63 vta., infra), o sea, que fue incoada en tiempo útil: dentro del plazo de un (1) año de producido el hecho en que se funda;--- que a modo complementario, pero siempre en vinculación directa con el inmueble involucrado en la presente causa, se observa que el aquí accionado Ingeniero Agrimensor José Alberto Catanzaro planteó una serie de demandas y otros planteos, a saber: i) interdicto de retener tramitado en Autos N° 105.401, "Catanzaro, José Alberto c/ Soria, Natalio y otros", por ante el 8° Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, donde conforme surge de la copia de la sentencia de la instancia inicial (fs. 29/32 vta.), se rechazó su pretensión por no haber logrado acreditar la posesión efectiva del inmueble ni los actos turbatorios alegados, con lo cual resultó vencido; ii) acción de escrituración en Autos N° 129.426, "Catanzaro, José Alberto c/ Soria, Francisco Pablo y otros s/ Ordinario", discurrido ante el 9° Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, proceso en el que también fue vencido, según emerge de la sentencia de primera instancia obrante en copia a fs. 20/28, de cuya parte resolutiva se desprende no sólo el rechazo de la demanda, sino que también se declaró 'temeraria' la conducta del Sr. José Alberto Catanzaro y se le impuso una multa; y iii) además, ya en palabras volcadas por el a quo en la sentencia cuestionada (fs. 289), habría dejado de impulsar un proceso de posesión veinteñal para posteriormente perfeccionar el dominio del inmueble utilizando una vía distinta y, por último, los actores en el sub examine lograron ante la Dirección Provincial de Geodesia y Catastro la anulación de la mensura del inmueble, lo que fue confirmado por el Poder Ejecutivo provincial al rechazar los recursos administrativos interpuestos por el Sr. Catanzaro (ver copia juramentada del Boletín Oficial de 23 de febrero de 2011 a fs. 35 vta./37 vta.);--------- lo descripto en el punto anterior refleja que los numerosos ensayos jurisdiccionales y administrativos concernientes al inmueble de autos que articuló el accionado le fueron desfavorables en las respectivas sedes a las que acudió con diversas tipologías de procesos: interdicto de retener, acción de escrituración, posesión veinteañal;------------ por su parte, y pese a las quejas vertidas por el apelante, el a quo no ha efectuado una irrazonable valoración de la prueba rendida en la causa, desarrollando una justificación sustentable de la respuesta jurisdiccional proporcionada en la que, al sopesar la secuencia del proceso interdictal y sus probanzas, ha concluido que la ocupación efectiva del inmueble al momento del despojo la ostentaban los hoy accionantes y que el autor de tal desapoderamiento resultó ser el aquí demandado;---------------- en el ámbito del análisis probatorio, consideramos que el Sentenciante de grado ha actuado conforme a las reglas de la sana crítica, que son criterios de lógica que exceden el marco normativo; preceptos de entendimiento y observaciones comunes que permiten deducir o inferir la exactitud y la razonabilidad de un medio de prueba (Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T° 2, 2ª ed. actual. y ampl., Astrea, Buenos Aires, 2001, p. 381), siguiendo los lineamientos fijados por el art. 349, párrafo primero, del C.P.C.;-- de su lado, debe recalcarse que la segunda instancia no importa un nuevo juicio sino solamente la verificación de la justicia de la sentencia sobre la base de los elementos reunidos y examinados por el a quo. El esfuerzo discursivo del apelante encaminado a objetar la valoración de las pruebas que éste efectuara y desacreditar el dictum, es sólo un intento insuficiente para derribar la construcción argumental del Juez. De todas maneras no se alcanza a observar que éste haya incurrido en arbitrariedad evidente al justipreciar las probanzas colectadas; y finalmente y sin perjuicio de todo lo manifestado, corresponde advertir que la solución a la que se arriba surge exclusivamente de las singularidades de esta causa en particular y en modo alguno prejuzga sobre lo que pudiera acaecer en un potencial juicio petitorio.------- -----D. Conclusión.---------- -----En mérito a las consideraciones vertidas, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 296 y vta. por el accionado contra la sentencia obrante a fs. 284/292, con costas a su cargo, dejándose debida constancia de que en la presente instancia no existe actividad susceptible de regulación de honorarios de letrado alguno de la parte accionante.------------------------------------------------------ -----V. Regulación de honorarios de segunda instancia:- -----La confirmación de la sentencia recurrida engloba necesariamente la de los honorarios regulados de manera porcentual en primera instancia (punto dispositivo III fs. 292), por las respectivas actuaciones de los letrados de la parte actora: Dres. Ricardo P. Lloveras y Javier Agustín Cortez Soria; y del abogado del demandado, Dr. Gustavo Eduardo Enrico.--- -----A aquéllos se fijó en forma conjunta, doble carácter y por tres etapas cumplidas el catorce por ciento (14%) de la base regulatoria que oportunamente se determine; mientras que al Dr. Gustavo Eduardo Enrico se instituyó el nueve por ciento (9%) de la referida base, tomando en cuenta los mismos parámetros utilizados para los profesionales de la parte accionante.--------------------------------------------- -----En la presente instancia apelatoria no corresponde regular emolumento alguno a los abogados de esa parte, ya que como se anticipó su contestación del memorial de agravios fue declarada extemporánea a fs. 317, lo que así se deja formalmente establecido.--- -----De su lado, dentro del estrecho marco de acción de este Tribunal que debe seguir los lineamientos del a quo en materia de estipendios en la instancia inicial y la expresa queja del apelante referida a que los honorarios son "excesivos" (fs. 306, in fine), juzgamos adecuado fijar al Dr. Gustavo Eduardo Enrico por su actuación ante este Tribunal, en doble carácter y como perdidoso, el tres por ciento (3%) de la base aludida por el Sentenciante de grado en la parte dispositiva del fallo, tomando en cuenta que en función del art. 21.'a' de la ley arancelaria, por las actuaciones correspondientes a la segunda o ulterior instancia corresponde regular del treinta al cincuenta por ciento (30% al 50%) de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia.-- -----Todo ello se apoya referencialmente en lo preceptuado por los arts. 10, 12, 14, 19, 21.'a', 30, y ccds. de la Ley Prov. N° 56-O.---------- -----Por lo expuesto, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas, en Acuerdo la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada Resuelve:----- Rechazar el recurso de apelación planteado a fs. 296 y vta. por el accionado contra la sentencia obrante a fs. 284/292, con costas a su cargo, dejándose debida constancia de que en la presente instancia no existe actividad susceptible de regulación de honorarios de letrado alguno de la parte actora.-------------------- 1. Regular los honorarios del Dr. Gustavo Eduardo Enrico por su actuación ante esta Cámara, en doble carácter, por el demandado y como perdidoso, en el tres por ciento (3%) de la base cuantificatoria aludida por el Sentenciante de grado en el punto dispositivo III del fallo de primera instancia.--------------------- 2. Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al Juzgado de origen, previa reposición de sellado si así correspondiere.---- Fdo. Dres. María Esthela Tonelli -Presidente- Víctor Bazán -Vocal- y Juan Luis Romero -Vocal --P. de S. N° 16, fs. 21/29