marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, efectos de la apertura, fuero de atracción, ejecución prendaria, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO MACRO SA c/ TRANSPORTES AUTOMOTORES 12 DE OCTUBRE SA s/ EJEC. PRENDARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-20

El juez interviniente en el concurso preventivo de la persona accionada en una ejecución prendaria, es competente para entender en este proceso, conf. resulta de la LC 21 art.2º. Ello pues, la citada norma preve como consecuencia para el supuesto de ejecuciones de garantías reales, "la suspensión del trámite o la imposibilidad de iniciarlo", hasta tanto se presente el pedido de verificación de crédito garantizado, es decir que la ley no preve la exclusión del fuero de atracción.
Concursos, recusación, recusación con causa, desestimación de la recusación
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMPLEJO  HABITACIONAL  NUEVO SUTERH I Y II c/ SINDICATO UNICO DETRABAJADORES  DE  EDIFICIOS  DE  RENTA Y HORIZONTAL S/ s/ ECUSACIONCON CAUSA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-10

Del Dictamen Fiscal 99483: Resulta improcedente invocar la causal de reacusación prevista en el CPCCN art. 17 inc. 9 con base en que la accionante es una sociedad civil representada por el interventor judicial designado por el a quo, entendiéndose que esta circunstancia generaría en cierta medida desigualdad procesal habida cuenta de que su designación como interventor obedece al conocimiento y confianza que merece el mismo de parte del juez interviniente cuando, -como en el caso-, surge que no se verifica un sustento fáctico observable, independientemente de que luego se le otorgue o no entidad para configurar la causal que se traiga a colación. Es decir, que la mera atribución de una relación de confianza endilgada al magistrado respecto del interventor judicial por su condición de tal, carece de sustento suficiente para justificar el apartamiento del juez a quo.
Contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: M. J. A. c/ M., C. y/o C. M. C. s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-27

La prestación de servicios que genera la presunción prevista en el art. 23 de la LCT es aquella realizada bajo la dependencia de otro, ya que los arts. 21 y 22 del cuerpo normativo citado sólo contemplan dicho tipo de relaciones.
Accidente de aviación, daños y perjuicios, indemnización por muerte, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: GUIDI  CECIL  MARIANA  Y  OTROS c/ ESTADO NACIONAL FUERZA AEREAARGENTINA Y OTROS s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01

Para efectuar la valuación es menester ponderar las condiciones particulares tanto del causante como de quienes reclaman por su muerte, en la medida en que surgen de las constancias de autos, esto es, las referidas a la edad del fallecido, su preparación intelectual o capacitación para el trabajo y el nivel socio-económico en el que se desenvolvía. Aunque para ello, claro está, deben meritarse también aquellas condiciones personales de los beneficiarios, que constituyen igualmente variables futuras, que incidirán en la definitiva cuantificación del resarcimiento. Sobre la base de tales pautas, juzgo exiguas las indemnizaciones acordadas, por lo que propongo elevarlas a $ 120.000 para la cónyuge y en $140.000 para cada uno de los hijos. Con este alcance, admitiré, pues, las quejas de los actores.
Vivienda adecuada, trabajador migrante, personal de casas particulares, obligaciones del Estado miembro, cooperación internacional, consulados, patrocinio gratuito
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares - Observación general No. 1 - Trabajo doméstico y migrantes - Obligaciones de los Estados de origen, de tránsito y de empleo c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2011-02-23

Si bien el Estado de empleo es el principal responsable de proteger los derechos de los trabajadores domésticos migratorios, las embajadas y los consulados de los Estados de origen deben participar activamente en la protección de los derechos de sus nacionales empleados como trabajadores domésticos migratorios, coordinando con las autoridades de los países de empleo la existencia de una línea telefónica de urgencia para recibir y tramitar las denuncias, la prestación de asistencia jurídica, la facilitación para la obtención de alojamiento apropiado, muy en especial, a las mujeres y niños, acelerando la expedición de documentos de viaje temporales y de billetes de vuelta para evitar que los trabajadores domésticos migratorios en dificultades, queden atrapados en centros de acogida durante largos períodos.
Nulidad procesal, allanamiento
Materia: PENAL
Carátula: BERTRAN JOSE L. s/ NULIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-21

Corresponde rechazar la nulidad planteada por el defensor del imputado fundada en la falta de acción y de impulso fiscal sobre el allanamiento de la línea telefónica de su pupilo, pues, a lo largo de las actuación se acreditó el requerimiento de instrucción efectuado por el fiscal indicando la línea de investigación y los hechos denunciados, como así también el consentimiento del representante de la acción pública para el llamado a declaración indagatoria y el procesamiento del imputado, razón por la cual debe darse preeminencia a los principios de conservación y trascendencia del proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, Cámara de Apelaciones, competencia, recurso de apelación (procesal), accidentes de trabajo, incapacidad, indemnización, jurisdicción, debido proceso, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Verón, Roberto José María c/ Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) S.A. y otros s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción:  — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-28

La demandada aseguradora expresó agravios únicamente respecto del error en la determinación de la incapacidad y solicitó que se modifique la sentencia sobre ese aspecto, sin embargo, el A quo en lugar de tratar dicha cuestión ingresó en un razonamiento totalmente ajeno al tema debatido y, excediendo abiertamente los límites de su jurisdicción, revocó la indemnización sistémica estimada por el Sentenciante de baja instancia con sustento en el carácter excluyente de la opción dispuesta por el artículo 4 de la ley 26773; en consecuencia, la jurisdicción apelada no se encontraba habilitada para rechazar íntegramente la reparación tarifada estimada por el Juez de grado en perjuicio de la actora, toda vez que este aspecto de la decisión solo mereció reproche de la demandada en el porcentaje de incapacidad, incurriendo por tanto la Cámara en un desborde de su competencia funcional, con lesión de las garantías del debido proceso y de la propiedad, que merece reproche constitucional en los términos del artículo 1, inciso 3) de la ley 7055. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26773, artículo 4; Ley 7055, artículo 1, inciso 3).
Recusación sin causa, carácter excepcional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ramos, Gabina c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-14

Que en el corto lapso de tiempo transcurrido desde la primer descarga masiva de escritos de recusación sin causa análogos al de autos (05.07.11 hasta el 12.07.11, inclusive) se hayan contabilizado 163 presentaciones idénticas, casi todas correspondientes a juicios por reajuste de haberes que son resueltos por el Tribunal en consonancia con la doctrina sentada -en lo sustancial- por la C.S.J.N. en los casos "Sánchez, María del Carmen" (sent. del 17.05.05), "Badaro, Adolfo Valentín" (sent. del 08.08.06 y 26.11.07) y "Elliff, José Alberto" (sent. del 11.08.09), entre otros, indica a las claras que se trata de una deliberada política institucional adoptada por el organismo para apartar a uno de sus jueces del conocimiento de los expedientes sometidos a su decisión, en lo que puede calificarse como un abuso del derecho (art. 1071 Cód. Civil), configurado por el ensanchamiento de las formas mediante el empleo inusitado y generalizado de la figura de la recusación sin causa.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castaño, Maria del Carmen c/ Zurro, Antonio A. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-09

Cualquiera haya sido la opinión del juez penal sobre la conducta de la víctima, ello no obliga al juez civil; es función de la justicia del crimen juzgar la conducta del imputado, quedando reservado al fuero civil, en cuanto atañe a los daños del juzgamiento de los demás protagonistas del hecho.-
Fallos de la Corte Suprema, gravamen actual, circunstancias sobrevinientes, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Escudero, Maximiliano Daniel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Las sentencias de la Corte Suprema deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento en que se las dicta, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Abuso sexual calificado por acceso carnal, Ministerio Público Fiscal, tribunal de impugnación penal, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Enriquez, R. A.  c/  s/ abuso sexual con acceso carnal agravado por la edad de la víctima conviviente
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-16

Tal línea analítica fue seguida por el Tribunal de Impugnación, quien hizo amplias referencias al artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y de la Resolución n° 9/14, aunque sin explicar de qué modo esa irregularidad podría haber repercutido en el derecho de defensa o en las garantías del imputado (cfr. fs. 76 vta. y ss).
Adopción, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: F., V. s/ Adopción plena
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-11

Corresponde brindar prevalencia a la opción legal que edicta el art.

10 inc. b de la ley 19134, por sobre el artículo 10 inc. d, del dec.ley provincial 10067, en virtud de estarse en presencia de una prerrogativa que consagra en favor de los justiciables una legislación sustancial (C.N., art. 31; CPC; arts. 34 inc. 5, 161, 163 inc. 6, y concds. Código Procesal). La preindicada interpretación es lo que mejor se adecua a los propósitos que inspiran a la ley de adopción, satisfaciendo el más dinámico acceso a la justicia, con agilización de trámites y evitando contemplar ritualismos "prima facie" innecesarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, tercera instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: A, J. J. y otro s/ Recurso de Inconstitucionalidad en incidente de oposición a   constitución de actor civil (Expte. Nº 170-2000, Resolución Nº 82,   Tomo 56, Folio 239)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-14

No procede el recurso de inconstitucionalidad intentado si, el accionante en modo alguno invoca principio constitucional que se considera conculcado, simplemente enuncia hipótesis abstracta de arbitrariedad e insiste en argumentos ya rechazados en una maraña expositiva, y la cuestión queda supeditada dentro de la ponderación que efectuara este Tribunal colegiado de cuestiones de hecho, derecho común y adjetivo, materia propia de la esfera de la facultad de los magistrados del juicio, al decidir las causas respectivas e insusceptibles de revisión por la vía excepcional intentada, so pena de constituir una tercera instancia judicial ordinaria.
Querella, trámites judiciales
Materia: PENAL
Carátula: Cristófaro, Luis Angel s/ Promueve querella por calumnias e injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

El juicio de calumnias e injurias reglamentado por el art. 423 del C.P.P. sólo puede terminar por abandono, desistimiento o sentencia, dictada ésta después de cumplirse el trámite establecido en esa prescripción legal. El apartamiento de este trámite sólo es admisible cuando el acusado se retracta públicamente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Administración Pública, sanciones administrativas, pena, multa
Materia: ADMINISTRATIVO. PENAL
Carátula: Turcato, Sergio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 155-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12

No se pueden equiparar las sanciones administrativas con las penas propias del ámbito de la responsabilidad penal, puesto que la multa aplicada reviste carácter administrativo por haber sido impuesta en base a un poder administrativo y mediante un procedimiento administrativo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), derechos y garantías constitucionales, violación, sentencia, reenvío
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sindicato de Peones de Taxis de Rosario (SPT) c/ Figueroa, Eduardo Raúl s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-09-12

El trámite del recurso de inconstitucionalidad no se ha completado en legal forma, dado que -como afirma el presentante- quien debía sustanciarlo y expedirse sobre su admisibilidad no era el mismo órgano jurisdiccional que dictó el pronunciamiento anulado por esta Corte sino el subrogante legal que, de acuerdo con lo previsto por el artículo 71 de la ley 10160, es el que le sigue por orden de número; y tal irregularidad procesal altera gravemente la administración de justicia y vulnera normas y garantías constitucionales, tornando impugnable la decisión a dictarse por no estar debidamente conformado el Tribunal, razón por la que corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento, como así también todo lo obrado que se relacione con la actuación nula, y remitir los autos para que el subrogante legal tramite el recurso de conformidad con lo dispuesto por la ley 7055. (De la disidencia de los Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 315, p 145. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 71
Proceso judicial, procedimiento administrativo, prescripción, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Burgwardt  y  Cia  S.A. Industrial Comercial y Agroganad c/ E.N.-Mº de Economía- Y.P.F. s/ Contrato administrativo".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Mal puede válidamente sostenerse que los procedimientos administrativos en que se sustanciaban los reclamos del actor -en los cuales, por entonces, ya habían sido suscriptas por YPF S.E. las 4 Actas-Acuerdo del 22/12/93- no hubiesen tenido "actuación útil" -la que pudo haber provenido de la propia demandada- dentro del plazo de 60 días hábiles computados desde la fecha de pubicación de la ley 24.447, cuando los respectivos expedientes administrativos -ofrecidos como prueba por el actor no fueron presentados en el pleito por la demandada, parte a la cual -de haber planteado la caducidad del procedimiento administrativo que tuvo por operada el a quo- le hubiese incumbido la carga de probar los presupuestos fácticos que tornaban de aplicación la disposición contenida en el art. 26 de la ley 24.447 y, consecuentemente, debería sufrir las consecuencias de no haber acreditado los hechos en que hubiese fundado esa eventual defensa. (Del voto del juez Buján, cons. III. 2.1.).
Personas por nacer, despenalización del aborto
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: B. C. G.  c/ B., J. B.  s/ medidas precautorias (art. 232 del CPCC)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-20

En cuanto a la colisión de derechos que dice el presunto padre que existiría entre los de él y los de la presunta persona gestante, se trata de decidir si respecto de esa colisión de derechos que trae al ruedo el recurrente en su memorial, han mediado motivos que habiliten pasar a debatir en sede judicial si debe primar o no el derecho otorgado a la persona gestante en el artículo 2 inciso a) de la ley 27610 de decidir si interrumpir el embarazo frente al derecho de quien alega ser el presunto padre que se encontraría reconocido, según expresa, en los arts. 646, 647 y concordantes del CCyC. En ese camino, ha de tenerse presente que la CIDH ha sostenido que el derecho a la libertad personal "incluye un concepto de libertad en sentido extenso como la capacidad de hacer o no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. La libertad. definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta a toda la Convención Americana". La Corte Interamericana señala que la maternidad -y agrega 'voluntaria'- es inherente al derecho de la libertad personal y vida privada, por lo cual imponerla a través de la prohibición del aborto o los anticonceptivos, o negándola a través de políticas de reducción de la población, constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres (ver "Código Civil y Comercial de la Nación y Leyes Especiales", t. 1, páginas 152/153, Directoras Marisa Herrera - Natalia de la Torre, editores del Sur, año 2022, con cita de Casas Becerra Lidia, en "Los Desafíos para Chile de la decisión Artavia Murillo c/ Costa Rica de la Corte IDH: algunos comentarios"). Esa autonomía de la voluntad de la persona gestante se ha visto ampliada y profundizada -como se advierte en la obra citada en al párrafo anterior- en el caso denominado "Manuela y otros c/ El Salvador" (2/11/2021), en el que la Corte Interamericana asevera que la libertad y autonomía de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva ha sido históricamente limitada, restringida o anulada con base en estereotipos de género negativos y perjudiciales. Ello se ha debido a que se ha asignado social y culturalmente a los hombres un rol preponderante en la adopción de decisiones sobre el cuerpo de las mujeres y a que las mujeres son vistas como el ente reproductivo por excelencia..." (v. obra citada, pág. 153 que remite al párrafo 252 del fallo que comenta).
Declaración de inconstitucionalidad, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Lapatovski, Susana y otros c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-06

Es posible que los magistrados no compartan la reasignación de competencias que se adopta en el decreto nº 132/2008 objetado y aporten argumentos fundados para respaldar su criterio, pero la solución que brindaron en este caso avanza sin justificación jurídica suficiente sobre las facultades organizativas propias del Poder Ejecutivo, al decidir por fuera de un caso judicial. (Voto del Dr. José O. Casás).
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-17


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 17 de 2008.

Y Vistos: I.- Apeló la concursada la resolución de fs. 39/41. El memorial se agregó a fs. 65/67 y solamente fue contestado por el síndico a fs. 70.

II.- En el decreto de fs. 39/41 el juez de la instancia anterior desestimó la defensa de prescripción opuesta por la concursada, porque consideró que no se encontraba consumido el plazo previsto en el art. 56 de la LCQ, desde que había quedado firme la sentencia dictada en sede laboral hasta la fecha de inicio del presente incidente.

III.- Si un acreedor laboral promovió juicio de despido ante el fuero del trabajo, el plazo de prescripción previsto por el art. 56 de la ley 24.522, comienza a transcurrir desde el dictado de la sentencia de Cámara, cuando la de primera instancia fue recurrida (esta Sala, 18/2/00, en "Bodegas y Viñedos Saint Remy s/conc. preventivo s/inc. de verif. por: Colombo Antonio Atilio").

No existe controversia entre las partes desde cuando debe computarse el inicio del plazo de prescripción -6/11/07, v. fs. 28 y fs. 23, punto c-, esto es, desde el momento en que quedó firme la sentencia dictada en el fuero laboral.

El plazo de prescripción, previsto en el art. 56 de la LCQ se encuentra consumido -seis meses desde el dictado de la sentencia en distinta sede-. Ello porque el argumento esgrimido por el síndico en cuanto que debe descontarse el mes del feriado judicial no es atendible por cuanto dicho plazo es de naturaleza civil -art. 28 del Código Civil- y comprende también las ferias judiciales (CNCiv., Sala I, 6/6/98, en "Calvelo, Francisco c. Heredia, Jorge L. s/daños y perjuicios"; CNCom., Sala B, 20/12/06, en "López Marcos c. La Nueva Cooperativa de Seguros Ltda. s/ordinario"; Bueres-Highton, "Código Civil y normas complementarias", T. 6B, págs. 590/591).

Luego y a tenor de lo que fluye de la fecha de inicio de la presente demanda incidental (16/5/08, v. cargo a fs. 11) cuadra admitir la pretensión recursiva y declarar prescripta la acción de verificación intentada por la incidentista. Así, el examen de los restantes agravios resulta inoficioso, a tenor de lo ahora decidido -art. 2º de la ley 27-.

Por ello, se admite el recurso y se revoca la resolución de fs. 39/41 en lo que fue materia de apelación; con costas (art. 68 del Código Procesal).

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana actúa conforme lo dispuesto en la resolución Nº 542/06 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo del 15/11/06 de esta Cámara de Apelaciones. - José Luis Monti. - Bindo B. Caviglione Fraga. - Juan Manuel Ojea Quintana.
Garantías procesales, recurso de queja (procesal), procedimiento laboral, control de constitucionalidad, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Noa Valores S.A. c/ Tuyá Maffei, Jaime; Patrón Costas, María Marta; Tuyá Maffei Patrón Costas, Jaime s/ medida cautelar Castro, Lina Mariana c/ P.C. Salta S.R.L.; Cardozo, Raúl Ernesto y otros s/ queja por recurso de inconst. denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-13|2019-12-03

Sólo se configura violación a la garantía a un debido proceso cuando hay una grave privación o restricción del derecho de defensa en juicio -supuesto cuya concurrencia, en el caso, no ha sido demostrada-, y tal alegación no es atendible si el interesado no prueba la eficacia de su queja, esto es, la defensa de que habría sido privado para lograr una solución distinta a la recaída en el pleito. (Del voto en Minoría de la Dra. Bonari y del Dr. Catalano)
Representación procesal, gestor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Provincia de Buenos Aires c/ Rodriguez, Roberto s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06

El plazo que se concede a los abogados para acreditar la personería en casos urgentes, comienza a correr desde la fecha de presentación, o sea, desde el momento que se toma intervención en los autos.-