Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-29


Comodoro Rivadavia, 29 de noviembre de 2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "A C A S.A c/ A A S.A s/ Ordinario (Cobro de pesos)" Expte. N° 14.437/2004, venidos del ex Juzgado Letrado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 2 Secretaría Nº 4, actual Nº 1 Sec Nº 2, (Expte. No.2603/1999).

A fs. 441, el 2 de junio de 2004, la parte demandada planteó la existencia de cuestión prejudicial y pidió en consecuencia la suspensión del proceso.

La petición fue resuelta por este Tribunal mediante sentencia interlocutoria nº 48/2005, de fs. 502/503 que declaró la existencia de cuestión prejudicial y suspendió el proceso en segunda instancia hasta que se resuelva la denuncia penal por falsificación de firma interpuesta por la demandada.

A fs. 538, la apoderada de la quiebra de A C y Cía. S.A, solicita se deje sin efecto la suspensión del proceso y se dicte sentencia atento el tiempo transcurrido sin que se haya dictado resolución en el expediente penal. A dicha petición el demandado plantea su oposición.

En primer lugar, corresponde señalar que la suspensión del proceso y declaración de la cuestión prejudicial, tuvo lugar como consecuencia precisamente de la denuncia de la demandada luego del dictado de la sentencia de primera instancia respecto a la falsedad de la firma inserta en el recibo de las facturas título del crédito reclamado, atribuida a la persona del Sr. J O B (apoderado de la firma /*** Automotores SA).

Se sabe que, el principio de prelación del dictado de la sentencia penal respecto de la civil en acciones nacidas del mismo hecho, reconoce como fuente el artículo 1101 del Código Civil. La citada norma prevé dos excepciones que al no quedar configuradas en el caso que nos ocupa habilitaron el dictado de la resolución de fs. 502/503.

Ahora bien, doctrinaria y jurisprudencialmente, ha sido también reconocida la paralización o demora injustificada en la tramitación del proceso penal como causal válida para habilitar el dictado de la sentencia civil.

Esta demora desplaza la aplicación del artículo 1101 citado, pues ésta se torna inconstitucional por vulnerar el derecho de defensa y del debido proceso (CSJN 28/4/98 caso "Ataka" del 20/11/1973, LL 15485 y " Zacarías", JA 19991361; S.C de Mendoza, Sala I, 12/8/93 en autos "Cerdá, Fernández", JA1993IV399 y "Lucero, Pascual G." del 21598; LL 1999 A 63.; CNCom, Sala D en autos "Pesce, JC c/ Banco central de la República" ED 179501; Incivil, Sala A, 25/3/97, "Traversa c/ Delmas", LL 1997D175; C1º Río Cuarto, 2º Circunscripción 1/12/81 ED 97593, esta Cámara Sala B Sent Def. 77/2004 voto del Dr. Alexandre, entre otros).

En base a este criterio que reconoce como sustento normas preeminentes de nuestro ordenamiento corresponde examinar la petición de la actora, teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico no puede quedar reducido a su expresión abstracta formal sino que debe propender a la materialización de la justicia, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso en análisis y procurando la solución de los conflictos judiciales (Sala A Sent. Int. nro 12/2000). En tal marco, corresponde reeditar el examen de la prejudicialidad.

En el presente, dictada la sentencia de primera instancia el 1º de junio de 2004 fs. 418/427 la demandada peticiona se declare la cuestión prejudicial en base a la denuncia penal que realizó el día 3 de mayo de 2004, en los términos del articulo 174 y concordantes respecto a la autenticidad de la firma de la documental (recibo de facturas) obrante en autos.

Declarada la cuestión prejudicial y suspendido el proceso, conforme lo ya precisado, este tribunal ha requerido al Ministerio Fiscal en distintas oportunidades informes sobre el avance de la investigación penal.

De las actuaciones penales surge que se encuentra agregada la pericia caligráfica realizada en julio de 2003 única efectuada hasta el presente, en la que se concluye que la firma inserta en los documentos dubitados corresponde al Sr. B.

Se han tomado declaraciones testimoniales, y se han requerido otras medidas de prueba. Ya han transcurrido dos años y seis meses desde la presentación de la denuncia y no se ha citado a persona alguna a prestar declaración indagatoria porque hasta el momento no se ha podido avanzar respecto a la existencia de un hecho delictual o de sus autores, conforme lo declara el Ministerio Fiscal en sus respectivos informes (fs.522, 527, 533).

Como se advierte, no se puede vislumbrar hasta el momento una próxima culminación de la investigación penal en un plazo razonable y más aun el tiempo transcurrido desde la denuncia e incluso desde la comisión del presunto delito, permite válidamente inferir la aplicación ora de la garantía de juzgamiento penal en un tiempo razonable ora del instituto de la prescripción de la acción penal arts. 292, 62 y 67 del CP. excluyendo así la posibilidad del "strepitum juris" como advierte el artículo 1101 del Cód Civil (conf. CCCMin San Juan Sala 2º 25/2/2000, autos "Ibáñez de Terzi" en Revista de Derecho de Daños 20023 "Relaciones entre la responsabilidad civil y penal" Rubinzal Culzoni, págs. 526/527 y ss).

Frente a esta realidad la aplicación del artículo 1101 no puede mantenerse a ultranza.

Es que, conforme la hermenéutica formulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a la prejudicialidad del art. 1101 del CC y su clásica categorización entre las leyes de orden público, se ha establecido que la misma no es absoluta sino que debe ceder ante otras normas de mayor jerarquía que consagran mandatos respecto de los cuales, de igual modo, está interesado el orden público como lo es la garantía del debido proceso.

La constitución de la Provincia del Chubut integra, expresamente, la garantía del debido proceso con la duración razonable de todo proceso en el artículo 44. En el orden nacional, se trataba se una garantía innominada pero luego con la incorporación de los tratados internacionales (art. 75 inc. 22 de la C.N.)se exteriorizó en forma expresa.

Por lo expuesto, atento que mantener la suspensión del dictado de la sentencia civil como consecuencia de la declaración de cuestión prejudicial, frente a un proceso penal que en un plazo de más de dos años no ha podido siquiera avanzar en la existencia o no de un hecho delictual, implica incurrir en aniquilamiento de la garantía del debido proceso legal al incumplir el el mandato constitucional de dictar sentencia en un plazo razonable.

Por ello, corresponde dejar sin efecto la suspensión del dictado de la sentencia mandando llevar adelante los autos según su estado.

Atento el modo en que se resuelve la cuestión, la naturaleza de la misma, las costas de la Alzada se imponen por su orden (arts. 68 y 69 CPr). Los honorarios de los profesionales actuantes de fijarán conforme la labor desarrollada, éxito obtenido y demás pautas orientadoras de la ley de aranceles profesionales, por lo que teniendo en cuenta que la tarea desempeñada ha consistido en la sola interposición del escrito de petición y oposición, se regulará el mínimo de ley (arts 6, 7, 8, 9, 33, 50 y ss ley 2200 y 4335 t.o).

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Fernando Nahuelanca dijo:

Sin perjuicio que la doctrina y jurisprudencia han reconocido también la paralización o demora injustificada en la tramitación del proceso penal como causal válida para habilitar el dictado de la sentencia civil, demora que desplaza la aplicación del artículo 1101 citado, pues ésta se torna inconstitucional por vulnerar el derecho de defensa y del debido proceso (En este sentido: S.C de Mendoza, Sala I 21598. C.S 28498 caso "Zacarías"; Sala B Sent. Def. 77/2004, entre otros), no resulta que la investigación penal se encuentre paralizada; sino que hay medidas de pruebas pendientes de producción a requerimiento del Ministerio Fiscal que hacen a la investigación respecto de la existencia del hecho ilícito y sus autores.

En cuanto a la petición de la actora, sin dar mayores fundamentos a la misma más que el sólo argumento del tiempo transcurrido, corresponde señalar que la resolución de esta cámara declarando la cuestión prejudicial data de abril de 2005.

Ello permite colegir que el lapso que ha insumido la investigación penal no resulta excesivo si se tiene en cuenta los hechos denunciados y la necesidad de llegar a la verdad objetiva. A ello debe sumarse la carencia de fundamentos de la parte que habilite llegar al convencimiento de la procedencia de modificar lo resuelto por este tribunal en la oportunidad de declarar la cuestión prejudicial.

Por lo expuesto, concluyo en el rechazo de la pretensión de la actora.

Por ello, con la disidencia del Sr. Juez de Cámara, Dr. Fernando Nahuelanca, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción de Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1º). Hacer lugar a la pretensión de la actora de fs. 538 y, dejar sin efecto la suspensión del dictado de la sentencia, debiendo continuar los autos según su estado.

2º). Costas de la Alzada por su orden. Regular los honorarios de la Dra. L J de M en la suma de pesos cien ($100) y los del Dr. J M F de las C, en la suma de pesos cien ($ 100).

3º). Regístrese y notifíquese.

Fdo: Fernando Nahuelanca Presidente; Julio Antonio Alexandre Juez de Cámara; Silvia N. Alonso de Ariet Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL N° 236 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS