marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de competencia, entes autárquicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García Alejandro c/ Dirección Provincial de Vialidad s/ Contencioso Administrativo (Libro: S064-312)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-04-30

Si un ente autárquico considera que otro ha invadido la esfera de su competencia, el ente afectado por el exceso de poder del otro mediante resolución fundada debe dirigirse a éste pidiendo que así lo reconozca y se inhiba de entender o continuar entendiendo; si se accede a la inhibitoria no habrá conflicto y la resolución del inhibido equivale a la revocatoria de lo resuelto anteriormente por el mismo, si por el contrario no se accede a la inhibitoria, surgirá recién conflicto de competencia dirimible por la Suprema Corte, cuando cualquiera de los entes deduzcan la acción correspondiente (art. 226 del Código Procesal Civil).
Tasa de justicia, pago parcial, intereses moratorios
Materia: PROCESAL
Carátula: Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ Estado Nacional (D.G.I.) s/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

En tanto la actora efectuó en autos un pago parcial de la tasa de justicia, resultaría de aplicación el procedimiento al que hizo referencia esta Sala en las causas "Bagley S.A. c/ Estado Nacional (Mº de Economía)
Despido, ley de empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, Leticia Mabel c/ Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú s/ Rubros adeudados, Indemnizaciones ley 24013 y Certificaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-07-13

A los fines de resolver la procedencia o no de las indemnizaciones de los artículos 9 y 15, corresponde establecer si la intimación formulada por la actora en la carta documento, que quedó depositada en la casilla de correo de la demandada y retirada por éste después de remitir la comunicación del despido, ha de ser considerada previa a la extinción del vínculo. El depósito de una correspondencia en la casilla de correos de alguien en rigor es la entrega de la misma a su destinatario, ya que a partir de ahí está a su disposición y, en consecuencia, ha ingresado en la esfera de conocimiento del mismo y a partir de ese momento es de su exclusiva decisión imponerse del contenido de dicha correspondencia. No se puede invocar responsabilidad de la remitente por el medio empleado ya que ese medio -la empresa postal- ha cumplido con su cometido de acuerdo a lo que era el modo habitual de entregar la correspondencia destinada a la demandada y si el efecto de la comunicación no llega a cumplirse por una causa imputable al destinatario, ello es exclusiva responsabilidad del mismo.
Recurso de casación, depósito
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO QUILMES S.A. c/ PAPPALARDO DE DURÁN STELLA, DURÁN FRANCISCO DEL VALLE Y URIARTE OSCAR RODOLFO s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA (CUADERNILLO DE EJECUCIÓN DE HONORARIOS) -  QUEJA POR CASACIÓN DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-05

La manda procesal establece que el depósito debe ser "previo" o "concomitante" a la interposición del recurso de casación, pero de ninguna manera posterior al plazo perentorio fijado.
Coautoría, privación ilegal de la libertad, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

El Teniente personal de inteligencia que se desempeñó durante el gobierno militar resulta coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad, cometido por un funcionario público, agravado y homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar su impunidad, conforme a la teoría del dominio funcional del hecho en virtud del reparto de tareas dentro del centro de detención y la alternancia de los ejecutores directos, debiendo considerarse su rol preponderante en el centro, donde se desempeñaba en el área de inteligencia, y su participación en los operativos y los interrogatorios de las víctimas.
Contratos administrativos, prueba del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: F.L., J.R. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-17

Es criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la prueba de la existencia del contrato administrativo se halla íntimamente vinculada a la forma en que dicho contrato queda perfeccionado, pues esa formalidad impuesta por la legislación es requisito esencial de existencia. Así lo dispuso en el caso citado por la Provincia.
Apercibimiento, interpretación restrictiva, copias, falta de copias, recurso de apelación (procesal)
Materia: COMERCIAL
Carátula: GATIC  SA s/ CONC. PREV. S/ INC. DE MEDIDAS CAUTELARES - INC. PORLA CONCURSADA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-30

El apercibimiento previsto por el C.P.C.C. Art. 250-Párr. 3°, por omisión de la carga procesal de presentar las copias para la formación del incidente de apelación debe interpretarse con criterio restrictivo, de modo que no cabe hacer efectivo el apercibimiento contenido en la norma, cuando la providencia que concede la apelación en efecto devolutivo, no indica -como en el caso- las copias que deben acompañarse dentro del quinto DIA ("Código Procesal Civil y Comercial, comentado y concordado" por Carlos E. Fenochietto - Roland Arazi, T. I, Pág. 885 y jurisprudencia cit.; id. "Código Procesal Civil y Comercial comentado, anotado y concordado" por Santiago C. Fassi y Cesar Yánez, T. 2, Pág. 314).
División de condominio, costas en el orden causado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: SLELAT c/ KAHAN s/ DIVISION DEL CONDOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-09

En los juicios de división de condominio, la litis se origina en la necesidad de la actora de partirlo y disponer de la parte que le corresponde. Y si nadie pretende el todo y la demandada se allano, el objeto del juicio es para cada uno la porción que le pertenece sobre el bien. En consecuencia, las costas deben imponerse en el orden causado, y los honorarios de cada profesional han de regularse sobre el valor de la parte de su mandatario o patrocinado.
Delitos, represión de delitos, Poder Legislativo Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Ramos, Raúl Alberto c/ Batalla, Eduardo I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1970-10-21

Si el delito es común por su naturaleza, su represión corresponde al Congreso de la Nación ­art. 67, inc. 11­, con total prescindencia del medio empleado para cometerlo, y sin perjuicio de que el juzgamiento del hecho corresponde a los tribunales nacionales o provinciales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, acto administrativo, pretensión, thema decidendum
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TEMPORELLI S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-23

Los Sentenciantes consideraron que el quejoso soslayó los precisos señalamientos de la Corte dictados en "Temporelli S.A.", donde afirmó que la ejecutabilidad del título de crédito depende de la discusión y posterior declaración de legitimidad o ilegitimidad de los actos administrativos de carácter general y particular en los que aquél se sustenta; y en tal sentido, se advierte que -conforme lo resuelto por esta Corte en el precedente citado al declarar la legitimidad del artículo 3 del decreto 3199/93- los decretos de alcance individual 344/97 y 2256/99 eran revisables; sin embargo, la Cámara afirmó que ello no formó parte de la litis al no ser introducidos -ni siquiera mencionados- en su demanda, y la recurrente en su escrito recursivo no logra demostrar la arbitrariedad de tal decisión. (De la disidencia del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJStaFe: Temporelli, AyS T 272, p 490/494 y 495/499. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decretos 3199/93, 344/97 y 2256/99.
Privilegios (civil), gastos del proceso, honorarios del abogado, sucesiones, cobro de expensas comunes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: RELLAN, Luis María c/ GALLEGO, Mónica Beatriz Hortensia s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-23

En tanto el art. 3879 del Código Civil no diferencia los gastos que se hubiesen producido en diferentes procesos para asignarles el privilegio de gastos de justicia, aquéllos producidos en la ejecución de alquileres gozan del mismo privilegio que los honorarios devengados en el juicio sucesorio en el que se individualizó a los herederos que debían responder y, si los fondos no alcanzan, ellos deberán distribuirse a prorrata entre los créditos devengados como gastos de justicia.
Recurso de inconstitucionalidad, competencia de la Corte Suprema, cuestiones de competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: CURIESES, ELVA DEL CARMEN c/ CAJA  DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE SANTA FE s/ QUEJA    POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 166-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-11-27

Habilita la instancia extraordinaria, la alternativa entre la competencia que el artículo 93 inciso 3 de la Constitución de Santa Fe asigna a la Corte suprema y la que corresponde a los tribunales comunes conforme a la ley orgánica de tribunales, si la decisión de la justicia ordinaria lo fue en pro de la segunda alternativa, con el consiguiente rechazo de la excepción de incompetencia que ante las instancias civiles opusiera el recurrente de la competencia de esta Corte por vía contencioso administrativa.
Abogados, jubilaciones, cancelación de la matrícula
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bejar, Moises c/ Caja de Prevision Social para Abogados s/ Demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-05-22

El Tribunal ha sostenido al resolver casos similares, que no resulta descaminado interpretar la exigencia del art. 39 de la ley 6716, cuando habla de 'cualquier jurisdicción', en el sentido de que se refiere a las que pueden coexistir con la provincia en el territorio respectivo. Esta interpretación se afianza teniendo en cuenta la naturaleza y peculiaridades del sistema previsional de que se trata:

en efecto, la obtención del beneficio jubilatorio es una consecuencia de la acción común y solidaria de todos los profesionales colegiados, y por tanto, es obviamente justo que quien la obtiene merced al cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello, no quede colocado en una situación de privilegio inaceptable, que se concretaría ejerciendo la profesión en el mismo ámbito donde se despliega ese esfuerzo comunitario y se cumplen sus fines específicos.
Recurso extraordinario, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Lara, Martín s/ prevención.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

Es improcedente el remedio federal cuando tiene sustento en el interés de terceros no representados por el recurrente, toda vez que la defensa de sus derechos sólo a ellos les corresponde.
Quiebra, leyes
Materia: COMERCIAL
Carátula: Chico, Raúl Osvaldo s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-07-26

La norma procesal del art. 286 de L.C., como las restantes previstas en la ley concursal, rigen en todo el trámite del concurso regulado por ella, incluso en las instancias previas a la apertura de la quiebra a través de la sentencia declarativa.
Ejecución de sentencias contra el Estado, suspensión de la ejecución, indemnización
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ELIZONDO, MARIO H. c/ INSTITUTO FORESTAL NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

Si la indemnización fue fijada en el equivalente del monto de honorarios que la actora dejó de percibir en razón de la ruptura de la relación contractual, debe concluirse que el perjuicio es un daño en cosas entendido en sentido general que constituyen elementos de trabajo, art.54 inc. d ley 23696.
Materia: CIVIL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Soria, María Isabel c/ Estado Provincial - Superior Gobierno de la Provincia s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-06-03

En el caso, la Sra. Presidente de esta Corte de Justicia, Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva, se excusa de entender en la presente causa en virtud de lo dispuesto por el Art.30 del C.P.C.P., por motivos de decoro y delicadeza y lo dispuesto por el Art.17, inc. 7º del mismo ordenamiento legal. Siendo de recibo las razones invocadas en la excusación que se formula y conforme a las previsiones de los Arts.30 y 17 inc. 7º) del Código Procesal Civil y Comercial, corresponde hacer lugar a la excusación formulada, quedando el Tribunal integrado con los suscriptos
Subasta judicial, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Filgueiras de Dietl, Esperanza y otro c/ Sorhamet, Alfredo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

La falta de culpa del adquirente en la demora de la aprobación de la subasta, hace que se reajuste el saldo de precio en un ochenta por ciento de lo que resulte repotenciar el capital conforme a los índices oficiales correctores de la depreciación monetaria, tendientes sólo a mantener el valor económico real frente al paulatino envilecimiento de la moneda, tanto de la obligación como del crédito. No existe pues, modificación de la obligación, sino determinación del "cuantum" en que ella se traduce cuando ha existido variación en el valor de la moneda. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Interrupción del plazo, libros del tribunal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOSA RAMON HIPOLITO c/ OSCAR JIMENEZ Y/O HEREDEROS Y/O QUIENES RESULTAN s/ DERECHO S/TRANSFERENCIA DE RODADO AUTOMOTOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-10-21

La constancia en los libros de notificaciones impide la notificación, pero no puede tener la virtud de interrumpir un plazo que está corriendo.-
Trabajadores aeronáuticos, inhabilitación del trabajador, indemnización reducida
Materia: LABORAL
Carátula: MOLINA, SUSANA R. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-04-14

Si la afección que inhabilitó a la trabajadora aeronáutica para el cumplimiento de sus tareas especificas no implico una carencia de requisitos técnicos - ni aun de carácter físico de acuerdo a la tarea desempeñada - exigidos por la habilitación especial, no puede subsumirse su caso en las previsiones del artículo 254, segundo párrafo, LCT.
Usurpación de inmueble, extinción del contrato de trabajo, trabajador, sereno
Materia: PENAL
Carátula: Bustos, Dante s/ Usurpación de Inmueble.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-18

Es constitutiva del delito de usurpación la conducta del empleado que culminada la relación laboral permanece ocupando la vivienda que le había sido otorgada en virtud de su trabajo -sereno-.
Culpa, imprudencia
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA OSCAR ESTEBAN S.D LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO E.P DIAZ ARIEL Y OTRO. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-08

En las incriminaciones culposas de la parte Especial del Código Penal están presentes una serie de actitudes que caracterizan el obrar culposo: imprudencia, negligencia impericia en el arte o profesión e inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo. Imprudencia es el defecto de prudencia y ésta es una de las virtudes cardinales que enseña al hombre a discernir lo bueno de lo malo para actuar en concordancia. Es sinónimo de cordura, templanza, moderación en las acciones; supone sensatez, tacto fino y sobre todo reflexión. El imprudente realiza acciones que no ha meditado previamente, de allí el punto de contacto con la negligencia. Se dice que hace más de lo que debe y es cierto, pero llega a omitir el cuidado debido. Eso lo conduce a obrar de manera arriesgada, precipitada o temeraria. Imprudente es pues quien realiza una acción arriesgada, más allá de lo que debe admitir para que no se causen daños.
Daños y perjuicios, derecho a la intimidad, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: H. DE P. C.A. c/ CIENTIFICA EFRAIN AMUCHASTEGUI <S.R.L.> s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-04-28

La exhibición pública de una fotografía sin el consentimiento de su titular constituye un acto desaprobado por el ordenamiento jurídico (art. 1071 bis C. Civil y 31 de la Ley 11723) que viola el ámbito de la autonomía individual, cuya divulgación por los extraños significa un peligro potencial o real para la intimidad. El bien jurídico protegido por el derecho a la privacidad es una libertad soberana, a la que el hombre es acreedor en el ámbito de lo íntimo.

El daño moral tiene carácter marcadamente resarcitorio del detrimento causado y procura satisfacer a la víctima mediante la entrega de una suma de dinero que, no borra los efectos del hecho dañoso, pero que tiene virtualidad para compensar al damnificado por el año sufrido. Evaluar el daño moral es medir el sufrimiento humano, tarea en la cual cada juez pone en juego su especial sensibilidad para cuantificar el daño.-
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad -Medida Cautelar deNo  Innovar-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-18

Resulta de la naturaleza de las medidas cautelares que no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, o probabilidad. Es más, el juicio de verdad en esta materia, se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad, ya que de lo contrario peligraría la obligación que sobre pesa sobre los magistrados de no prejuzgar, de no emitir decisión anticipada.
Divorcio contradictorio, sociedades civiles, sociedades comerciales, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: T.F.D. c/ L. de T.M.G. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-02

Durante la tramitación del juicio de divorcio, pueden decretarse medidas cautelares como consecuencia de la participación de los cónyuges en sociedades civiles y comerciales (conf. Guaglianone, "Disolución y liquidación de la sociedad conyugal", p. 166; Rébora, "Instituciones de la familia", t. III, p. 490; Belluscio, "Manual de Derecho de Familia", t. I, núm. 249, párr. 2, p. 392, Escribano, "Medidas precautorias en juicio de divorcio y separación de bienes", 2 ed., núm. 45, p. 108).- No obstante la amplitud que se ha reconocido al art. 1295 del Código Civil, las medidas que autoriza tienen por única finalidad garantizar los derechos de los cónyuges a las resultas del objeto perseguido, pero nunca pueden exceder esa finalidad, pues si su alcance fuera más allá, el cónyuge que así lo solicitara incurriría en ejercicio abusivo del derecho (conf. CNCiv., Sala A, E.D. 63 377). De manera tal que, cuando haya que decretarlas en sociedades en las que el esposo es socio, hay que actuar con suma cautela y acreditar con "fuerte verosimilitud" que los socios o por lo menos los administradores de la sociedad, han concertado un acuerdo con aquél a fin de coartar o disminuir los derechos de quien solicita la medida, o cuando el cónyuge tiene en el capital social una proporción tan importante que prácticamente le permite disponer de la sociedad como dueño absoluto (conf. Guaglianone, op. cit., p.

174, nro. 165 y jurispr. cit. nota 9 p. 175).-
Informalismo a favor del administrado, trámites administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Club Atlético Gualeguay Central s/ apelación resol. DIPJ
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-03-22

El invocado principio de informalidad administrativa solo resulta operable en el ámbito interno del trámite administrativo, y no puede trasladarse sin mas a la esfera Judicial. Por otra parte, este Tribunal no se encuentra obligado por lo que, en orden a la viabilidad formal del recurso, hubiere dispuesto el Órgano de la Administración Pública.
Reingreso a la actividad remunerada, contrato de trabajo, determinación del haber jubilatorio
Materia: LABORAL
Carátula: D'ARRUDA, DANIEL PASCUAL c/ CIOCCA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-24

El carácter de titular de una prestación jubilatoria no crea una incapacidad de derecho para celebrar contrato de trabajo, aunque esta conducta puede tener trascendencia en orden a la determinación de los haberes de pasividad.
Despido, leyes, constitucionalidad, veto, Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: JUNCO, JOSE M c/ BANCO UDECOOP COOPERATIVO LIMITADO s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 287-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, por no ser razonable el planteo del recurrente respecto a la inconstitucionalidad del veto puesto por el Poder Ejecutivo a la ley 23080 -que volvía a establecer la estabilidad del empleado bancario, exigiendo para su despido falta grave y sumario-, so capa de haber sido refrendado por el Ministro del Interior y no del Trabajo, toda vez que, en caso de duda el asunto debe tramitarse por el Ministro que designare el Presidente de la Nación (artículo 6to de la ley 14439) y el artículo 2do inciso 2do de dicha norma, otorga a todos los Ministros la facultad de refrendar y legalizar con su firma los actos de aquél. En cuanto a la ley 20524, otorga a cada Ministerio indiscriminadamente la potestad de refrendar y legalizar con su firma los actos del Presidente de la Nación (artículo 2do inciso 2do) y el artículo 8vo, a los efectos del artículo 87 de la Constitución Nacional, distribuye los asuntos "sin que esto importe limitar las diversas materias que deben comprometer los distintos departamentos". Además, la ley 23080 al ser vetada no fue publicada (ADLA XLIV-D 1984 P 3699), no pudiendo, por tanto ser obligatoria aunque hipotéticamente el veto fuera nulo (artículo 2do, Código Civil). Y por último, la misma data del 23 de agosto de 1984, siendo los hechos objeto de este juicio, anteriores, por cuya razón, en el mejor de los supuestos no podría ser aplicable al caso con ultraactividad por hechos acaecidos antes de su sanción.
Consejo Nacional de Desarrollo, subsecretario de Estado, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARTINEZ NOGUEIRA, ROBERTO s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-31

El cargo de Subsecretario del Consejo Nacional de Desarrollo no se encuentra incluido en las previsiones de la ley 20524, pues no se ha dictado ninguna norma o acto expreso de carácter legislativo o reglamentario que asimile el cargo a los mencionados en la ley 21121, requisito indispensable para considerar a los servicios como privilegiados.