marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento laboral, sentencia, sentencia arbitraria, relación de dependencia, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: EL SALTEÑITO DE SERVICIOS Y SISTEMAS S.R.L. c/ DIREC GRAL. PCIAL.  DEL TRABAJO -APELACION A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-28

El art. 2 del anexo II de la ley 5298/78 que (con algunas modificaciones) rige el proceso laboral y, en el caso, la competencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, establece que la misma "conocerá ..... en los recursos contra las resoluciones definitivas dictadas por la autoridad administrativa competente, que sancionen infracciones a las normas legales o reglamentarias del derecho del trabajo".

Lo que sin duda deberá ajustarse a las pautas del capítulo V, Recursos, entre ellas las del art. 60, "Inapelabilidad", que establece que "serán inapelables todas las sentencias y resoluciones dictadas en el juicio, cuando la suma reclamada en la demanda ..... no exceda del monto de dos mensualidades del salario mínimo vital vigente al momento de interponerse la demanda".

Si esa norma resulta operativa para reclamos de naturaleza alimentaria, protegidos por el orden público laboral, con mucha mayor razón deberá aplicarse cuando se trate de apelaciones de sanciones administrativas, de contenido esencialmente económico como la que nos ocupa, cuya cuantía se halla por debajo de los dos salarios mínimos (Expte. Nº Cam. 12130/5, DPT c. Elemnor S.R.L.; 24-05-05).
Prueba documental, firma
Materia: CIVIL
Carátula: SALGUERO, Juan Carlos c/ SOLIDA CONSTRUCCIONES y/o DAPENA, Amadeo Hernán s/ COBRO DE PESOS Y HONORARIOS - PROHIBICION DE INNOVAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1988-10-20

La documentación no firmada por el demandado carece de eficacia para comprometerlo judicialmente, pero sí tiene fuerza probatoria contra quien lo presentó. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho laboral, procedimiento laboral, derechos y garantías constitucionales, prueba documental, sentencia arbitraria, principio de congruencia, relación de dependencia, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, CARLOS FEDERICO c/ ALTO MOLINO S.R.L. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-10-13

La sentencia recaída en autos, analiza los contratos celebrados por las partes y concluye "que la prestación del actor se correspondía con un contrato a plazo fijo al encontrarse cumplidos los requisitos de forma, como de orden material...", y que los contratos del actor no superan el tope (5 años) fijado por el art. 94 de la LCT.

La conversión del contrato en uno de plazo indeterminado, se produce por la falta de preaviso, y porque el actor continuó prestando servicios después del vencimiento del último contrato. En efecto, la sentencia considera que el actor "cubría necesidades de la empresa producidas por ausencias del personal, tan es así que como surge de los recibos de haberes las unidades por las que la empresa le abonaba diferían en forma mensual.
Cuota alimentaria, personas con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: L., A. E.  c/ M. K., E. G.  s/ incidente de aumento de cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-05-28

Resulta procedente hacer lugar al recurso interpuesto dejando sin efecto el cese de la cuota alimentaria por mayoría de edad respecto del hijo de veintiocho años de edad, quien padece retraso mental moderado y se encuentra bajo el cuidado exclusivo de su progenitora, pues si bien la obligación alimentaria cesa de pleno derecho cuando el hijo cumple veintiún años o veinticinco, en caso de que se capacite; si se trata de una persona afectada en su capacidad que no puede procurarse su sustento, tal obligación debe mantenerse, no basada en los deberes emanados de la responsabilidad parental, sino como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones inmanentes al principio de solidaridad familiar.
Carrera hospitalaria, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cacciatore, José y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

El art. 64 del dec. ley 7878 -texto según dec. ley 10042- constituye un precepto totalizador que establece la remuneración correspondiente a las funciones de Director, Subdirector o Director Asociado. Nada indica que el mentado artículo consagre un "bonificación" bajo el rótulo de "remuneración" y que aquélla no esté incluida en el art. 63 de esa norma -que específicamente las regula- sólo por tener una base diferente para su liquidación.
Prescripción de la acción penal, admisión del querellante, secuela de juicio, interrupción de la prescripción de la acción penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Landau, Carlos Luis s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-08

La presentación en virtud de la cual el damnificado manifiesta su voluntad de constituirse en parte querellante, a la vez que articula un reclamo resarcitorio contra funcionarios dependientes de una Provincia (su policía), debe ser interpretada con un criterio amplio atribuyéndole los efectos propios de una acción encaminada a obtener la indemnización por los daños emergentes del delito y que por ende interrumpe el plazo de la prescripción respecto de los funcionarios imputados así como de la Provincia que ellos dependen, la que fue mencionada por el actor en el escrito promotor del reclamo. Por otra parte el tiempo que la causa estuvo paralizada por circunstancias ajenas al actor (cinco años), eventual privación de justicia, no puede repercutir doblemente en perjuicio del actor. (Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Fégoli y David).
Cómputo de la pena, tiempo de detención
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Corpus, Walter Gabriel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-03

Debe contabilizarse en el cómputo de pena el lapso sufrido en detención en una causa paralela que aún se encuentra en trámite, más allá de la excarcelación que se le hubo otorgado en el proceso, en tanto que la omisión de la anotación conjunta en tiempo oportuno no puede perjudicar al encausado. La disidencia sostuvo que no corresponde incluir en el cómputo de la pena el lapso de detención cautelar atinente a un proceso no concluido, sin perjuicio de que en su oportunidad y en caso de ser procedente, se considere tal período. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso -en disidencia-, Fégoli).
Nulidad de sentencia, libertad condicional, transporte de estupefacientes, sentencia condenatoria, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Benegas, Bruno Javier c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

Corresponde anular la resolución que concedió la libertad condicional al encausado toda vez que el actual artículo 14 inc. 10° del Código Penal se exhibe como un obstáculo insalvable para acceder a dicho beneficio. Atento a que el transporte del material estupefaciente por el que se condenó al imputado tuvo lugar el 6 de agosto de 2017, conforme se desprende de la misma sentencia de fecha 12 de junio de 2019, fecha en la cual regía ya la ley 27.375 que impide el acceso al beneficio en cuestión para los delitos por el que fuera condenado (transporte de estupefacientes doblemente agravado por la pluralidad de intervinientes y por su calidad de funcionario público reprimido en el artículo 5 inc. "c" y en el artículo 11 incs. "c" y "d" de la ley 23.737), la solución expuesta en el pronunciamiento recurrido no resulta ajustada a derecho. En consecuencia, atento al desajuste que se observa en la aplicación de la ley sustantiva, se concluye en que la resolución es arbitraria y viciada de nulidad en los términos de los artículos 123 y 404 inc. 2° del C.P.P.N.
Obligaciones, compraventa mercantil, desagio, índices de actualización, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: SALLORENZO, Luis c/ LYN SOCIEDAD ANONIMA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-03

Es aceptable el argumento de que el incremento del 42% correspondiente al mes de junio de 1985 (según índice de precios mayoristas) puede estimarse mayormente operado durante los catorce primeros días de ese mes, pues la aplicación del denominado plan austral tuvo por efecto reducir drásticamente el nivel inflacionario en el lapso posterior inmediato a su adopción.

También constituye un elemento de juicio valedero el criterio consistente en que, siendo exigible el precio de la compraventa el 7 de junio de aquél año, en el mismo puede haberse incorporado un adicional destinado a compensar la expectativa inflacionaria por ese período.

La corrección de valores procedente en virtud del desfasaje producido por la depreciación del signo monetario debe ser el resultado de una justa ponderación de los distintos elementos de juicio disponibles en el expediente que, en la medida de lo posible, contemplen objetivamente la realidad económica. En este sentido, si bien debe procurarse una adecuada protección del patrimonio del acreedor, es menester velar que no exista una lesión innecesaria de los intereses del deudor.

Por otra parte, si bien los índices oficiales proporcionados por el INDEC constituyen una pauta casi imprescindible para la actualización de la moneda, el tribunal no debe aplicarlo de manera inexorable si advierte que determinadas circunstancias del caso particular bajo su examen, ponen de manifiesto que con ese obrar se contrarían los principios de equidad.

Por ello, sin omitir tener en cuenta los aludidos índices, estímase razonable y prudencial incrementar un 30% el adeudo para compensar la depreciación monetaria por el período de que se trata.
Doctrina de la arbitrariedad, divorcio, cónyuge culpable, tenencia de hijos menores, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BITTLESTON, MIGUEL RODRIGO c/ IRIS MARGARITA GOÑALONS DE BITTLESTON s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-15

La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales a raíz de las diferencias del apelante con lo decidido. Es de carácter estrictamente excepcional, lo que debe ser subrayado en juicios de la naturaleza del presente-en el que, al revocar el fallo de la anterior instancia, se declaró el divorcio por culpa exclusiva de la esposa y se otorgó al padre la tenencia de la hija menor-, cuya solución depende de la valoración de complejas situaciones personales, particularidad esta que torna prudente dejar librada dicha valoración a los jueces de grado, en tanto no medie un apartamiento palmario de los hechos, del buen sentido o de las reglas de la sana crítica (Disidencia de los Dres. Adolfo R.

Gabrielli y Abelardo F. Rossi).
Legitimación activa, impugnación de la paternidad, concubinato
Materia: CIVIL
Carátula: M.M.J. c/ V.R.G. y V.C.V. s/ Impugnación de paternidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2015-05-28

Cabe rechazar por falta de legitimación activa la acción de impugnación de paternidad solicitada por la concubina del supuesto padre, invocando las previsiones del art. 263 del Código Civil alegando un interés económico - su pareja fue demandada por alimentos por quien no sería su hijo -, pues si bien la paternidad puede ser impugnada por todos los que tengan interés en hacerlo, la normativa tiene un límite no solo cuantitativo en razón del plazo - debe iniciarse la acción dentro de los dos años de haber conocido el acto -, sino también cualitativo, puesto que el interés debe ser legítimo, máxime cuando el único interés argumentado es evitar el pago de una cuota alimentaria y no el verdadero estado de hijo o en su caso heredero.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, fondo de garantía, depósito en sede administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: QUIROGA, HORACIO c/ ALGODONERA HURLINGHAM Y OTRO s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-12

Si la parte demandada no contestó demanda, y la aseguradora que sí lo hizo, no manifestó que hubiera existido el depósito en sede administrativa, no puede pretender su deducción del monto de condena. Esto es así, pues quien pretende aquélla deducción, en moneda actualizada, está cargado con la manifestación de introducirla temporáneamente en juicio, con la suficiente circunstanciación de modo que surja razonablemente su voluntad de poner a disposición del actor, los fondos que hubiera depositado a su orden en la Caja de Accidentes, y éste lo puede conocer.
Sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: P., E.C. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-17

Si en el concepto de las Haciendas Paraestatales -conforme la Ley del Tribunal de Cuentas en análisis- se incluyen "aquellas entidades de derecho público o privado...", no empece al control al que está obligado por manda constitucional el Órgano que en dicho art. 1 de la Ley Nº 4164 se aluda a una SAPEM "de derecho privado".- Como ocurre con otros tipos de Sociedades en las que participa el Estado, existen diferentes clasificaciones que utilizan los autores y sus opiniones pueden ser discordantes, pero el "encaje" lo darán las normas.- En otros términos, el hecho de que esa norma estipule que se trata de una "Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, de derecho privado, regida por las normas de los arts. 308 a 314 de la Ley 19.550, t.o. Dto. 841/84" no determina que ello implique que sea esta Ley de Sociedades la única que pueda serle aplicada, o el derecho privado en forma exclusiva.
Concurso preventivo, propuesta de acuerdo preventivo, jueces, deberes del juez, revisión judicial, derechos y garantías constitucionales, continuación de la empresa, buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: VICENTIN S.A. c/  s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-29

No escapa a este Tribunal la importancia económica y social que el referido concurso tiene para la Provincia de Santa Fe y para el país en general, lo cual ha derivado en la intervención de otros actores en el proceso que exorbitan los parámetros ordinarios; es más, la extraordinariedad del caso ha constituido un entramado procesal complejo, que además cuenta con la interferencia de otros procesos judiciales, incluso penales y ante la jurisdicción federal; por ello los jueces tienen una alta responsabilidad institucional en el procesamiento y juzgamiento de la controversia, imponiéndose una vez más señalar que las decisiones deben guiarse por la suma prudencia en el control de legalidad que les compete realizar, a fin de mensurar y poner a seguro resguardo los derechos y garantías de los justiciables; siendo oportuno mencionar que es doctrina de la Corte nacional que, en el análisis del abuso del derecho relacionado con la admisibilidad de una propuesta de acuerdo preventivo, el juez debe apreciar objetivamente si el deudor, en el ejercicio de su derecho, ha contrariado la finalidad económico social del mismo que, en la especie, no está solamente dada por la conservación de la empresa como fuente de producción y trabajo, sino que también está definida por el logro de una finalidad satisfactiva del derecho de los acreedores, la cual naturalmente resulta negada cuando la pérdida que se les impone a ellos resulta claramente excesiva, o cuando sea abusiva o en fraude a la ley, debiendo esta toma de decisiones estar acompañada del riguroso respeto de los deberes procesales de buena fe y probidad que deben guardar los restantes operadores del concurso. - CITAS: CSJN: Fallos 330:834.
Recursos, recurso de apelación (procesal), auto de sobreseimiento, terminación del proceso, revocación del sobreseimiento, prescripción, imputado, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M.P. c/ RUDA, Luis Urbano s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-29

Para no abundar en otros aspectos sobre el tema de la prescripción del delito de incumplimiento a los deberes de asistencia familiar, parece oportuno señalar que "El término de prescripción para los delitos continuos debe computarse desde que cesaron de cometerse, no es menos cierto que respetándose el principio de congruencia, aquello por lo que debe responderse es en relación al término comprendido en la denuncia, no existiendo en autos constancia alguna que demuestre que el imputado continuó sin cumplir su obligación alimentaria...".

Más adelante se agrega que: "Para concluir debe recordarse que la carga probatoria contra cualquier imputado está a cargo del propio Estado, que en el caso concreto de autos es del titular de la acción penal; es decir del Sr. Fiscal y no el imputado debe probar su inocencia, la que ya la tiene en virtud del principio constitucional contemplado en el art. 18 de nuestra Carta Magna", más las normas supranacionales y provinciales antes indicadas.
Compraventa inmobiliaria, transferencia de línea telefónica
Materia: CIVIL
Carátula: LUGANO GUILLERMO D. c/ GOMEZ TRANSITO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-24

La obligación de transitar la titularidad de una línea telefónica no configura un negocio de objeto prohibido o contrario a la regla moral o a las buenas costumbres, siempre que se convenga la transferencia de la misma conjuntamente con la constitución de una obligación de transmitir el dominio del inmueble en el que está instalada, cuando el titular del servicio es el mismo titular del dominio. Lo que el ordenamiento prohibe es la comercialización de la línea telefónica de la que es titular el adjudicatario del servicio o abonado mediante un contrato autónomo que genere la obligación de transmitirla. Tal prohibición deriva del art. 58 de la ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798 en cuanto dispone que el servicio domiciliario se prestará por tiempo indefinido en el domicilio del usuario titular, de las normas dictadas para regular el cambio de titularidad de la línea (Decreto 8599-69) y demás disposiciones reglamentarias establecidas por ENTEL en virtud de las atribuciones conferidas por su Estatuto (Decreto 2748-78).-
Responsabilidad extracontractual, daños y perjuicios, trabajadores de casinos, prueba, fraude
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Arias, Oscar Rafael y otro  c/ Casino Magic Neuquén S.A.  s/ d y p derivados de la responsabilidad extracontractual de particulares
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-09-13

La posibilidad de que el casino se encuentra habilitado a anular tickets provenientes de fallas en el funcionamiento del sistema, de ningún modo puede considerarse excluida de este proceso, pues en definitiva la existencia del fallo no está cuestionada, sino que lo cuestionado es la existencia de la manipulación fraudulenta sobre la máquina y el derecho del casino a negarse al pago de los tickets provenientes de la falla de la máquina. En ese sentido, la preservación de la prueba y su constatación por parte de un tercero imparcial aparece como una cuestión obvia, y aun cuando no se dude de la constatación efectuada por la escribana, más allá de que los actores no tuvieron ninguna participación ni control sobre esa actividad, -y aun cuando no la redarguyeron de falsa-, las circunstancias que allí se describen tampoco resultan suficientes para otorgar la convicción necesaria de la conducta imputada. La existencia de una manipulación manual sobre la ruleta con un objeto similar a un alambre no pasa de ser una hipótesis que, pese al férreo convencimiento que de ello tiene la demandada no puede tenerse por acreditada en este proceso. Concurre a esta circunstancia otra cuestión y es que de admitirse la postura del casino, se llegaría a concluir en la existencia de un hecho ilícito, pues se trataría de una defraudación, claramente, en relación a la cual la existencia de pruebas con el grado de certeza y control en su construcción que ello requiere, luce ausente.
Comercialización ilegal de estupefacientes, sentencia condenatoria, prueba, testigos, reglas de la sana crítica, intervención de línea telefónica
Materia: PENAL
Carátula: Quiroga, Walter Germán c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

En relación al delito de comercio de estupefacientes por el cual fue condenado el encausado, no obstante no haberse secuestrado estupefacientes, elementos de corte, peso y distribución o dinero en efectivo, como adecuadamente puntualizaron los jueces, las numerosas comunicaciones en las que inequívocamente el nombrado realiza transacciones de compra/venta de estupefacientes resultan patentes. Sometidas estas escuchas a las reglas de la experiencia surge patente que al encartado lo llamaban distintos sujetos siempre con la intención de adquirir estupefacientes, actividad que desplegaba principalmente en su inmueble y durante diferentes horarios. Por lo demás, los testimonios escuchados en el debate corroborar el contenido y adecuada interpretación que se le otorgaron las referidas escuchas, ya que dan cuenta en forma precisa y suficiente de las conductas que el nombrado realizaba vinculadas al tráfico de estupefacientes, en la modalidad que el a quo tuvo por acreditada. Así las cosas, los hechos y circunstancias que describieron los testigos valorados de acuerdo con la sana critica racional y en conjunto con las transcripciones de las escuchas telefónicas que lo vinculan decididamente con la comercialización de estupefacientes.
Prueba pericial, autopsia, notificación, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: VIVES, JOSE ROSENDO s/ PERICIA- AUTOPSIA - NULIDAD - TESTIMONIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1956-11-07

Tanto en el caso común, como en el caso de excepción, no se puede prescindir de la notificación del imputado. En el primero, es éste, en efecto, una de las "partes" que menciona la disposición legal, en el segundo, es el único interesado cuya notificación, en los términos formales que la norma establecerá,está prescripta bajo pena de nulidad.

Aunque la ley sólo menciona la notificación a las "partes" o al "imputado" -es decir, a las personas mismas que tengan tal calidad- una interpretación armónica de los textos legales supone que las pericias deben notificarse no sólo al imputado, sino también al defensor,porque son actos cuya naturaleza exige, para el debido ejercicio de la facultad de intervención y decisión, el concurso de la defensa material y de la defensa técnica en un recíproca complementación.-
Juicio abreviado, oportunidad procesal, presentación extemporánea, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LIACHOVITZKY, Pedro M. s/ JUICIO ABREVIADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-29

No reúne las condiciones de admisibilidad por extemporánea, el acta entre las partes que formaliza el acuerdo, cuando ya se ha requerido la elevación a juicio, art. 346, C.P.P.