Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14


SENT Nro. 726 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Seguridad Suat S.R.L. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Inconstitucionalidad".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 164/167 vta., la parte actora plantea recurso de casación contra el punto II de la parte resolutiva de la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 26 de julio de 2002, obrante a fs. 152/160 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 7 de febrero de 2003 (cfr. fs. 173 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto por el artículo 816, in fine, del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del CPA.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso casatorio, revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

El recurso resulta admisible, pues ha sido interpuesto tempestivamente, se impugna una sentencia definitiva; se ha cumplido con el depósito que prevé la ley del rito (cfr. fs. 163) el escrito recursivo se basta a sí mismo y e) se alega infracción a normas de derecho adjetivo.

III.- Sostiene la parte actora, para fundar su recurso, que el fallo de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, al rechazar la acción de repetición con fundamento en que la actora no ha probado los pagos aducidos, ha violado el artículo 39 del CPA (ídem artículo 299, inciso 2º) del CPCC), en cuanto en el responde no ha existido negativa categórica de la documentación acompañada con la demanda ni de su autenticidad, entre las que se incluye pruebas de pagos del tributo efectuados por el actor.

Con cita de jurisprudencia de esta Corte, alega que el tribunal, no obstante reconocer expresamente que la actora acompañó con la demanda los originales de las boletas de pago, sin embargo erróneamente aprecia que la accionada en el responde negó expresamente que se hayan abonado los tributos que se reputan inconstitucionales, cuando "En los párrafos señalados por la Excma. Cámara, lo que en realidad la accionada es el derecho a la repetición, el derecho que se hagan extensivo a otros tributos" (sic).

Agrega que, de su lectura, no surge que se haya cumplido con la exigencia normativa de reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos acompañados con la demanda y por lo tanto ninguna carga probatoria incumbía al actor sobre la autenticidad de documentación no desconocida en el responde, siendo poco razonable exigir al actor un redoblado esfuerzo probatorio.

Aduce contradicción de la sentencia al invertir la carga de la prueba ante un hecho no negado y resolver contra lo dispuesto por la legislación procesal sobre la autenticidad de los documentos y su forma de reconocimiento.

Igualmente y por los mismos motivos, pide modificación de la imposición de costas.

IV.- La sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, en lo que es objeto del presente recurso, rechaza la acción de repetición incoada por la parte actora, con fundamento en que la accionada en el responde niega expresamente que se hayan abonado los tributos que reputa inconstitucionales (párrafos 3 y 5 de fs. 42 vta.).

Sostiene que las pruebas deben recaer sobre los hechos contradichos o de justificación necesaria, correspondiendo la carga de la prueba a quien afirme la existencia de un hecho controvertido (artículo 308 del CPCC), que en la especie se traduce en el pago que la actora dice haber efectuado y la negativa expresa de ello por parte de la demandada.

Ante ello, correspondía a la actora acreditar por los medios probatorios que otorga el ordenamiento procesal, el pago aducido por ella y negado por la contraria.

Considera que conforme surge de las constancias de autos, la prueba pericial contable ofrecida en procura de acreditar la autenticidad de los pagos, no fue producida según surge de Resolución Nº 485/00 (fs. 78/79).

Por lo tanto, concluye que no existe prueba alguna de los pagos invocados y que se pretende repetir, por lo que cabe rechazar la pretensión. Considera que la acción de repetición supone inexcusablemente el previo pago de la obligación tributaria y la prueba debe ser rigurosa, volviéndose la duda en contra del deudor (actor en la especie).

Impone costas de esta acción a la actora.

V.- De la reseña realizada se infiere que la cuestión de derecho central a debatir consiste en la pretendida violación sentencial al artículo 39 del CPA, al no tener por auténticos los recibos de pago de tributos acompañados con la demanda, no obstante no estar negados expresamente en el responde y consecuentemente, rechazar la acción de repetición interpuesta por la actora.

Conforme consta en la causa en lo que al tema se refiere, la actora inició acción de repetición de los tributos reputados inconstitucionales y acompañó con la demanda comprobantes de pago del tributo.

En el responde, la demandada negó que a la actora le "asista el derecho a la repetición de lo que a su entender no estaba legitimada para abonar, como igualmente niego que realmente haya abonado los tributos que ahora reputa inconstitucionales." Igualmente negó "...que la sociedad accionante se halle debidamente empadronada y habilitada como asimismo que oble los tributos cuya inconstitucionalidad persigue." (responde, párrafos 3 y 5, fs. 42, vta.).

Por imperio del artículo 39 del CPA (ídem, artículo 299, inciso 2) primer parágrafo, "in fine", del CPC y C), el silencio, las respuestas evasivas o ambiguas, o la negativa meramente general en el responde, podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos y respecto de los documentos se tendrán por auténticos los mismos, pues en el caso de los hechos, es facultad del tribunal estimarlos como reconocidos, mientras que respecto a los documentos el mandato legal es imperativo y si no se los niega concreta y puntualmente, se los debe tener por auténticos.

Ante tan claro dispositivo legal, en el sub examine se debe entender que, la negativa expresa de la demandada de que la actora realmente efectuara el pago de los tributos, implica la mera negativa del hecho del pago, pero la misma no puede interpretarse o hacerse extensiva a un supuesto desconocimiento de la autenticidad de la documentación que eventualmente acreditaría dicho pago.

Ello, habida cuenta la específica exigencia legal de desconocer o reconocer categóricamente la autenticidad de los instrumentos que se le atribuyen, so pena de que en caso de mediar silencio, respuestas ambigüas o evasivas, ministerio legis, imperativamente, se los tenga por auténticos.

El silencio en el responde respecto a la autenticidad de los documentos acreditatorios del pago acompañados con la demanda, vuelve operativo el mandato legal imperativo previsto en el artículo 39 del CPA, tornando improcedente que el Tribunal exija prueba acerca de la autenticidad de los mismos, a tenor del articulo 308 del CPCC.

Ello así, considero que asiste razón al recurrente. Por lo tanto, corresponde acoger el recurso incoado por la parte actora contra la sentencia atacada, dejando sin efecto el punto II de su parte resolutiva, y la imposición de costas en lo que a éste agravio se refiere, conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse la sentencia que, sin que la accionada haya desconocido expresa y categóricamente en el responde la autenticidad de la documentación acompañada con la demanda, considera que la negativa expresa de la demandada de que la actora realmente efectuara el pago de los tributos, implicita también, el desconocimiento de la autenticidad de la documentación que acreditaría dicho pago." En consecuencia, corresponde remitir estos actuados a la Excma. Cámara, para que por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento sobre la acción de repetición incoada por el actor, conforme a lo considerado y a las pruebas obrantes en la causa.

VI.- Por provenir el vicio de la actuación del órgano judicial, las costas de esta instancia casatoria se imponen por el orden causado.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- 1.- HACER LUGAR, con devolución del depósito de ley, al recurso de casación deducido por la parte actora, contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 26 de julio de 2002, obrante a fs. 152/160 de autos, dejando sin efecto el punto II de su parte resolutiva y la correspondiente imposición de costas, conforme lo considerado. REMITIR estos actuados a la Excma. Cámara para que por la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento, al respecto.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO