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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, empleados públicos, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ASOCIACION TRIBUNALES DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- INTERPONE RECURSOS DE NULIDAD Y RECONSIDERACION CONTRA EL REGIMEN DE PROSECRETARIOS , PRACTICANTES Y  PASANTES (EXPTE.: C.S.J. NRO. 362 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-26

Resulta inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asociación Tribunales de Empleados del Poder Judicial contra lo resuelto por esta Corte en relación al Régimen de Prosecretarios, Practicantes y Pasantes, ya que lejos está la impugnante de acreditar la conculcación a la garantía constitucional de "igual remuneración por igual tarea" (arts. 14 bis, C.N. y 20, C.P.), por cuanto las funciones que cumple el Secretario no pueden equipararse sin más a las desempeñadas por el Prosecretario sino a riesgo de soslayar las normas que reglamentan su ejercicio.

Repárese, en tal sentido, que del régimen impuesto para estos últimos agentes le impone -en su artículo 5- las siguientes atribuciones y deberes: "Cumplirán la función de auxiliar directo del juez, facilitando la tarea de búsqueda jurisprudencial y material normativo y bibliográfico, y toda otra actividad preparatoria de las resoluciones que se les encomiende, colaborando activamente en la clasificación de la jurisprudencia del Tribunal.

Sin perjuicio de ello, los Prosecretarios tienen los deberes y atribuciones que el Secretario les encomiende dentro del marco legal.

En una enumeración meramente ejemplificativa les corresponderá: firmar cédulas; revisar oficios, solicitar y remitir informes; confeccionar estadísticas, supervisar la ejecución de las órdenes emitidas por el Juez o Secretario; materializar aquellas actividades que haga al funcionamiento administrativo de la oficina, suscribiendo la documentación pertinente".

Y del cotejo de estas tareas con las asignadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial a los Secretarios surge con toda claridad que la equiparación de funciones afirmada por la recurrente no es tal (vid. arts. 174, 175 y 176, ley 10160), antes bien al Prosecretario se le delegan tareas específicas, actuando bajo el control y límites impuestos por el actuario y el Juez.
Control de constitucionalidad, ley de emergencia, razonabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: G. G., A. y Otra c/ C., A. y Otra s/ ORDINARIO s/ CASACION BANCO DE LA PAMPA c/ P. S. A. s/ EJECUTIVO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-28|2004-12-22

Las leyes y demás normas, son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta iniquidad, y el principio de razonabilidad debe cuidar especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Ley Fundamental.
Bienes públicos del Estado, dominio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legajo de juicio en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

Son bienes de uso público aquellos bienes o cosas cuyo uso por el público depende solamente de la decisión de las personas en general, porque hay un acto del estado - publicatio- que dispone que lo pueda usar quien quiera mientras cumpla con determinadas condiciones preestablecidas, una de las cuales puede ser, efectivamente, abonar una tarifa. La tarifa no es un precio pactado por prestador y receptor, es un monto prefijado a que se somete la obligatoriedad de prestar el servicio. El prestador no es dueño de decidir si cierra o no el trato, debe darlo a quien cumple con la reglas fijadas previamente en condiciones de igualdad y generalidad. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, indemnización por incapacidad, accidente in itinere
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEREYRA, RUBEN c/ LA SEGUNDA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-11

El sentenciante deniega la concesión del recurso de inconstitucionalidad por constituir una simple expresión de agravios de una apelación común, al no lograr el quejoso aportar razones valederas tendentes a persuadir a este Cuerpo acerca de que la Alzada -más allá de su grado de acierto o no- hubiese traspuesto el límite de la discrepancia con los fundamentos del A quo, que al confirmar la sentencia que rechazó la demanda de indemnización por incapacidad, determinó la inaplicabilidad al caso de la consecuencia jurídica prevista en el artículo 6to. del Decreto 717/96 en virtud de las carencias del escrito introductorio (omisión de datos esenciales, tales como la identificación del empleador, lugar en el cual prestaba el débito laboral, domicilio, horario de trabajo y su relación con aquél en donde ocurriera el accidente), las cuales -a su juicio- le impidieron tener por configurado el acaecimiento del accidente in itinere. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto 717/96.
Leyes, constitucionalidad, recurso de apelación (procesal), recurso de inconstitucionalidad, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c/ BUGNONE Y CIA LIMITADA s/ APREMIO LEY 5066     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 622-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-13

El planteo de la demandada de inconstitucionalidad de la ley de Apremios Municipales, nro 5066 por privarla de la apelación que reserva con exclusividad al actor, se vuelve abstracta si la demandada resultó vencedora en primera instancia, por lo que carecía de interés jurídico en apelar y de todos modos la segunda instancia fue franqueada por la apelación de la ejecutada y se substanció el trámite en la Alzada con su intervención.
Recusación, excusación, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: LITVACHKES, RICARDO L. s/ MANDAMUS. FRANCO, MARIO J. s/ QUEJA EN: "INCIDENTE DE RECUSACION DE LAS DRAS. MARIA DEL CARMEN  VIVAS DE VASQUEZ Y SUSANA MILICICH DE VIDELA EN AUTOS AGTE. FISCAL  S/ PROMUEVE INVESTIGACION ILICITO EN PERJUICIO DE LA ADM. PUBLICA  (IMP.: FRANCO, MARIO J.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-09-04|1994-12-07

A los fines del prejuzgamiento es necesario que la opinión se haya vertido en el mismo pleito, antes o durante, y no en otro, o que no lo haya sido como producto de la intervención de los jueces en un anterior procedimiento propio de sus funciones legales, ya que tal actuación importa juzgamiento y no prejuzgamiento.
Remuneración, prueba, pago
Materia: LABORAL
Carátula: GUERRA EDELMIRO c/ ASOCIACION ATLETICA QUIMSA Y OTROS s/ SUELDOS IMPAGOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-03-08

El único medio de subsanar la falta de recibo y tener por acreditado el pago es a través del reconocimiento formulado por el trabajador en la causa judicial.
Competencia de la Corte Suprema, interpretación de la constitución, facultades del Poder Judicial, deberes del juez, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mainhard, Edgar Walter s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Sin desconocer el carácter de intérprete final de la Corte como "supremo custodio de las garantías constitucionales", compete a los jueces de cualquier fuero, jurisdicción y jerarquía, nacionales o provinciales, el control -aun de oficio de constitucionalidad, esto es, la misión de velar por la observancia de los derechos constitucionales de los ciudadanos, toda vez que la eventual afectación de una garantía constitucional no podría ser confirmada (Disidencias de los Dres. Carlos S. Fayt y Antonio Boggiano y del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Importaciones, productos electrónicos, valor de la mercadería
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANTORCHA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA Y OTRO c/ STAF s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-22

Es obvio que un producto importado en 1987, perteneciente al ramo de la electrónica, ha perdido su significación económica por haberse vuelto obsoleto (art. 5°, última parte, Decreto 794/94), extremo que le resta toda posibilidad de competir en el mercado y que -pasados casi nueve años- no podría de manera alguna, mantener un precio a los niveles que hubiera tenido al tiempo de su importación (cfr. Sala II, doct. de la Causa "Escandell, José c/ A.G.P.", del 29.12.94, Voto del Dr. Vocos Conesa). En este orden de cosas, es irrazonable pretender que, vgr., a quien no se le entregaron máquinas de escribir o computadoras en el año 1988, deba recibir una suma de dinero equivalente al precio actual de tales aparatos, el cual es notorio que se ha reducido pronunciadamente, tanto por la antigüedad de esos modelos, como por el abaratamiento de los nuevos. Pero, además, constituye un criterio disvalioso, toda vez que muchas veces la dilación del juicio, a la que no ha dado lugar la actora, constituiría un premio para el deudor (cfr. Sala III, doct. de la Causa 11.000/95 "Memotec SA c/ Cap y/u otros Bq Sea Lion", del 22.9.95, Voto del Dr.

Amadeo).
Acuerdo de solución amistosa, cuestión federal, desaparecidos, Poder Ejecutivo Nacional, indemnización, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Hagelin, Ragnar Erland s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Suscita cuestión federal suficiente lo atinente a la interpretación de los alcances del Acuerdo de Solución Amistosa -celebrado entre el Estado argentino y el padre de una persona desaparecida- y el decreto 345/2000 del Poder Ejecutivo Nacional (Voto de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Guillermo A. F. López).
Seguros, seguro colectivo, incapacidad permanente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nieli, José Basilio c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-07

Si bien la cláusula de la póliza no es un modelo de claridad, parece indudable que es el estado de incapacidad y no su causa (en nuestro caso la enfermedad que dio origen a la incapacidad) lo que debe producirse antes de que el asegurado cumpla los sesenta años de edad. Ahora bien, si el actor se incorporó a su empleo y trabajó durante un lapso considerable, no estaba incapacitado durante este tiempo. Por lo tanto, su estado de incapacidad comienza en el momento en que deja de trabajar, y en este momento ya tenía cumplidos los 60 años. Por otra parte, la finalidad de la cláusula en discusión es evitar que el interesado acumule la jubilación ordinaria con el seguro; de ahí la exigencia de que la incapacidad se produzca antes de cumplir los 60 años.
Recurso extraordinario, inconstitucionalidad, depósito judicial
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Mancicni Ernesto Ramón c/ Worrón S.A.I.C. s/ Ejecución de convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-11-06

Es improcedente el recurso extraordinario de incosntitucionalidad interpuesto, ya que, analizada la referida presentación, se advierte que si bien se encuentran reunidos los requisitos formales que habilitan la concesión del recurso, ha sido anunciado e interpuesto en término contra Resolución Interlocutoria que revestiría el carácter de definitiva a los fiens del recurso y, prima facie, se considera fundado en derecho, encuadrándose así en las previsiones de los arts. 26 inc.2, 27 y 28 del Decreto-Ley 1407/62, ley 2383 de facto, art. 139, que rigen la materia. Sin embargo, la demandada no ha cumplido suficientemente con la carga económica impuesta por el art. 140 de la ley 2383 de facto, por no cubrir las sumas depositadas en el principal y ofrecidas, el total de la condena.
Servicio penitenciario provincial, incapacidad parcial, víctima del accidente, seguro colectivo, póliza, apreciación de la prueba, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Correa, Guillermo Hernán c/ Caja de Seguros S.A. s/ Daños y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-04-16

Se hace lugar al reclamo del actor que es empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense quien sufrió un accidente prestando servicios en la Unidad nº 20 por incumplimiento de la Póliza de seguro de vida colectivo suscripto por el Servicio Penitenciario Bonaerense, se solicita aplicación de intereses e indemnización por daños y perjuicios.

La demandada sostuvo que se reclama el beneficio por el riesgo incapacidad parcial derivado de un accidente, la póliza contratada cubre el riesgo de pérdida anatómico-funcional total y contempla otra cobertura parcial por pérdida parcial de órganos o funciones.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, efecto suspensivo
Materia: CONTRAVENCIONAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Martín, Mauro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-20

Por excepción, el Tribunal, mediante resolución expresa, puede suspender el curso del proceso, aún antes de pronunciarse sobre la admisibilidad formal del recurso de queja (art. 33, ley nº 402). (Voto en disidencia del Sr. Juez José O. Casás, al que adhiere la Sra. Jueza Ana María Conde).
Recurso extraordinario, cuestión constitucional, sentencia, fundamentación de sentencias, jubilaciones, aplicación de la ley, retroactividad de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PAGGI, ALBERTO JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso extraordinario por ante la corte suprema de justicia de la Nacion -Recurso contencioso Administrativo (Expte.: C.S.J. Nº. 521 Año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-21

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto desde que carecen de debido sustento el reparo del recurrente referido a que la denegatoria de su beneficio jubilatorio se funda en una ley posterior a la aplicable -en alusión a la ley 11.373- que se aplicó retroactivamente, y, que se contradice con el precedente "Panno" resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello por cuanto pese a todo su esfuerzo, no logra demostrar que su agravio se encuentre efectivamente configurado en autos, pues la Corte analizó el caso a la luz del artículo 14 tercer párrafo de la ley 6915 texto ordenado ley 8618 y denegó el beneficio solicitado con sustento en dicha preceptiva y no en la ley 11.373. E n suma, surge claro que el impugnante no demuestra la identidad fáctica y jurídica con la causa analizada por la Corte nacional en el fallo "Panno", en tanto no se produce en autos la aplicación retroactiva de una disposición posterior que altere un derecho consolidado bajo una legislación anterior.
Falta de contestación de la demanda, rebeldía
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bartels, Jorge Horacio c/ Distribuidora Río Negro s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-22

Aunque al demandado en rebeldía debe tenérselo por confeso acerca de los hechos personales y no obstante, la decisión judicial siempre estará sujeta a las circunstancias de la causa y las demás pruebas producidas, la falta de contestación de demanda determina que se presuma la veracidad de los hechos lícitos, normales, posibles y verosímiles, según las características de la relación concreta invocada por la parte demandante.
Medidas cautelares, caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Agro Entre Rios S.R.L. c/ Guelfi Pierre S. s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-11-23

Si bien no es posible establecer un criterio a seguir de manera inflexible, en principio y en la medida en que no se advierta una voluntad del acreedor de utilizar el poder jurisdiccional para presionar a la otra parte, el cómputo del plazo de caducidad se debe iniciar al completarse la totalidad de las medidas cautelares peticionadas y ordenadas por el tribunal en un acto único.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, mandato
Materia: PROCESAL
Carátula: Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza c/ Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

Es una de las formas sustanciales del juicio, la de que participe en él la parte por sí misma o por medio de mandatario con poder suficiente.
Aplicación de la ley penal, retroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, interpretación de la ley, interpretación amplia
Materia: PENAL
Carátula: Cristalux S.A. s/ ley 24.144
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

No es posible pretender que una rama del derecho represivo o un determinado objeto de protección estén genéricamente excluidos de la esfera de aplicación del principio de la retroactividad de la ley penal más benigna, ya que de otro modo, el camino de una interpretación amplia de este último, supuesto en el propósito de "... que el delincuente se beneficie lo más posible de cualesquier modificaciones ulteriores de la legislación" se vería inicialmente sembrado de obstáculos que un examen particular podría revelar arbitrarios. -De la disidencia del Dr. Petracchi emitida en el precedente "Ayerza"-.
Derecho administrativo, derechos de incidencia colectiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SUMARIO LEY 10000- - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 176-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

Los sujetos previstos en nuestra ley 10000 -de Intereses Difusos- (artículo 5), tienen legitimación de obrar, es decir, gozan de la proporción de idoneidad para realizar un acto singular conmensurada a favor de las circunstancias particulares del caso, y distintas en cada caso, con lo cual se diferencia de la capacidad de obrar, dado que ésta significa proporción de idoneidad del sujeto para un tipo de acto, conmensurado al grado general de desarrollo psíquico adquirido. La diferencia entre una y otra es de calidad, no de cantidad.
Ejecución prendaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giovacchini Angela c/ Yaramani Osvaldo A. s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

El art. 4º de la ley 12962 sólo ha querido significar que la obligación nace y subsiste maguer la falta de inscripción, pero ello no importa alterar el régimen y los requisitos de la acción compulsiva prendaria, uno de cuyos supuestos básicos radica en la inscripción del contrato, tal como se desprende de los arts. 26, 29 y 30 inc. 5º de la ley citada, pues si ésta prevé entre las excepciones oponibles la caducidad de la inscripción, es de rigurosa lógica concluir que la ejecución prendaria es improcedente tanto en el caso de inscripción caduca como en el supuesto de que el contrato no se haya inscripto nunca.
Honorarios del abogado, costas al vencido, cobro al cliente, obligación subsidiaria
Materia: PROCESAL
Carátula: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES c/ EDUARDO CARAMIAN SA. s/ DAÑOS A INSTAL. DE SERV. PUBL. (ENTEL)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

El art. 48 de la ley 21.839 otorga al profesional la facultad de exigir el pago -no sólo al perdedor-sino subsidiariamente a quien le confió la atención de su asunto, pues éste asume una obligación de garantía para el pago de la retribución de quien lo asiste. Pero para poder dirigir esta última pretensión, resulta menester que el condenado en costas no haya cumplido con su obligación, sin que sea necesario ejecutarlo, pues ello no surge de la letra de la ley, ni constituye un presupuesto de aquel procedimiento. Esta obligación de garantía, también llamada subsidiaria (CNCIV., Sala C, 21.8.91, "De la Arena de Ricciardi c/Ricciardi, Uber"; CNCOM., Sala C, 11.7.80, "Vaccaro S.A.", LL., 1980-D, 521), presupone incumplida la obligación que pesa sobre el condenado en costas, o agotadas las posibilidades de obtener coactivamente la prestación debida (aunque no se requiere la ejecución previa del vencido en costas).
Acción de amparo, subsidio estatal, obras sociales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GALLARDO DE CERDA OLGA FELISA Y OTRO c/ INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN -SUBSIDIO DE SALU s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-11-25

Si bien como alega la recurrente surge que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (P.A.M.I.) informó que la coactora "no" se encuentra afiliada a dicho ente, lo cierto es que también del informe de la Anses surge que la coactora es "titular" del beneficio jubilatorio desde febrero de 2007, lo que implica necesariamente que a la misma le practican los descuentos legales en su haber jubilatorio para ser destinados a su obra social, que en el caso de autos, es PAMI, conforme surge de la copia del comprobante de empadronamiento de jubilados y pensionados emitida por la Anses. Por tales motivos, no es veraz la manifestación de la actora sostenida en el informe del I.N.S.S.J. (PAMI) para alegar que no se encuentra afiliada a la obra social, cuando concretamente surge lo contrario, es decir que la misma es titular de un beneficio jubilatorio y que se le practican los descuentos correspondientes a obra social nacional (PAMI). De otra parte, tampoco puede soslayarse la circunstancia de que a la recurrente, por su carácter de jubilada de la Anses, le cabe la aplicación de lo dispuesto por el art. 8, inc. b, de la ley 23.660, que establece que quedan obligatoriamente incluidos, en calidad de beneficiarios de las obras sociales, los jubilados y pensionados nacionales. Es decir, que por una cuestión legal, la coactora goza obligatoriamente de los beneficios asistenciales de salud, y la circunstancia de que la Sra. haya -o no- completado los trámites de afiliación por ante I.N.S.S.J. (PAMI) para gozar de los beneficios asistenciales que provee la obra social nacional, es una cuestión que excede ampliamente el marco de análisis del remedio extraordinario local intentado por la misma. En esta inteligencia, se considera acertada la interpretación efectuada por el Tribunal de grado en lo referido a la ausencia de arbitrariedad manifiesta en la actuación del ente demandado, sin que la recurrente en su presentación impugnativa en examen exteriorizara algún motivo válido o suficiente en contrario, y no cabe duda que no concurre, en el sub lite, el rasgo típico del amparo, verificable a simple vista, cual es que la arbitrariedad o ilegalidad del acto sea patente, lo que en el sub iudice no luce acreditado con la transparencia requerida. En este sentido conviene puntualizar que los elementos existentes en la causa no resultan suficientes para evidenciar la irracionalidad manifiesta que se imputa al comportamiento estatal, como lo sostiene la agraviada en su recurso, y no se alcanza a demostrar sin asomo de duda estar frente a una situación palmariamente ilegal resultante de la irrazonable voluntad del sujeto demandado.