Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-26


SENT Nro. 369 San Miguel de Tucumán, 26 DE MAYO de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por la parte actora en autos: "Vidal, Juan Nicolás vs. Armería Express s/Amparo al consumo"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal la presente queja por casación denegada interpuesta por la parte actora, en contra de la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 25/02/2003, por la cual se declara inadmisible el recurso de casación incoado en contra de la sentencia de fecha 03/12/2002.

II.- El Tribunal a quo sostiene que la sentencia objetada carece de definitividad (art. 813 CPCC) toda vez que fue planteada en un proceso sumarísimo de amparo, existiendo otras vías eficaces para actuar las pretensiones incoadas en la demanda. Que no se trata de un acto jurisdiccional que decida actuar o denegar las pretensiones, que dirima la controversia poniendo fin al pleito; no se pronuncia sobre la cuestión de fondo integrativa de la litis ni impide la prosecución por otro proceso ordinario de conocimiento. Cita a este alto Tribunal in re: "EDET S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Amparo" en que se dijo que la cuestión respecto a la cual las partes debaten, tanto por los actos jurídicos estatales involucrados como por la perspectiva que abra la disposición constitucional en su art. 123, entraña una complejidad tal que resulta incompatible con la vía sumarísima del amparo cuya admisión supone que el acto de autoridad pública exhiba arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta (CN, art. 43) extremo que no se da en el caso.

Por ello, concluye en que, no cumplimentándose el recaudo previsto en el art. 813 procesal, a la luz de lo normado por el art. 819, declara inadmisible el recurso de casación interpuesto, con costas a la actora vencida.

III.- De un examen liminar de las constancias de autos se observa con claridad que el recurso interpuesto cumple con los requisitos de presentación temporánea, depósito de ley y presentación de las copias requeridas por el art. 820 del digesto procesal civil de la provincia y definitividad de la sentencia recurrida.

En efecto, en este último aspecto, se advierte que, como lo expone el quejoso, la sentencia fue dictada en un proceso ordinario que tramita por las reglas del juicio sumarísimo, por lo cual adquiere el carácter de definitiva. Que la misma Cámara ha seguido este criterio en distintos precedentes, lo cual fue alegado por el quejoso (CCCC Tuc., Sala IIIa., sentencia Nro. 170/99, del 14 de Junio de 1999, in re: "Amaya vs. Caja Popular de Ahorros s/Acción de Amparo", en igual sentido CCCC Sala IIa., sentencia Nro. 290 "Castillo, Juan Carlos vs. E.D.E.T. S.A. s/Daños y Perjuicios" del 29/5/2002).

A ello cabe añadir que en la especie, la sentencia no se limita a un mero juicio negativo sobre la admisibilidad de la vía procesal intentada sin adentrarse en la fundabilidad de la pretensión demandada, sino que se pronuncia sobre la misma al denegar la pretensión esgrimida por el actor explayándose sobre aspectos que hacen a su fundabilidad. Así, de la lectura de la sentencia recurrida en casación surge que la misma rechaza la acción porque ha entrado a considerar el fondo de la cuestión controvertida, no advirtiéndose que deje abierta una vía de reparación posterior con amplitud de debate y sin restricción en materia de ofrecimiento y producción de pruebas (arts. 813, inc. a y 814 a contrario CPCC).

IV.- Ahora bien, sentada la definitividad de la sentencia corresponde analizar si existe cuestión de derecho suficiente para la apertura de la instancia extraordinaria de la casación (art. 815 procesal). Al respecto, el quejoso en la vía casatoria sostiene que la sentencia de Cámara ha violado el art. 3 y 37 de la ley 24.240 en tanto ha soslayado la norma exegética del "in dubio pro consumidor". Que la misma sentencia considera que el caso es complicado siguiéndose para su decisión el principio de la sana crítica y experiencia común cuando debía haberse aplicado el principio aludido, lo que daría como resultado una solución diferente. Manifiesta que la regla del art. 1198 CC aplicada por la Cámara en forma plena -y no, cuanto menos, en forma subsidiaria o coordinada con la ley 24.240- cede primacía a la norma exegética del art. 37 de la ley citada, la cual se aplica al caso pues el tribunal a quo manifestó dudas cuando expresó que "el tema no es sencillo y no pueden darse reglas únicas". Señala que, conforme a tal principio exegético debió interpretarse el art. 52 de la LDC en tant o la conciliación arribada en sede administrativa no obsta a que el consumidor inicie las acciones judiciales para obtener el resarcimiento de los daños. Que siendo la conciliación un acto contractual debió interpretarse en el sentido que más favorezca al consumidor según la normativa citada; tanto más cuanto que, como dice, la Dirección de Comercio no tiene facultades para aplicar indemnización de daños y perjuicios.

Expresa que también se ha violado el art. 34 CPCCT en tanto para la sentencia en crisis la responsabilidad es contractual cuando se han demandado tanto daños contractuales como extracontractuales los cuales excedían las cuestiones ventiladas y supuestamente conciliadas por ante la Dirección de Comercio, tales como la discriminación de la que fue objeto en oportunidad de una compra distinta, la falsa denuncia penal de robo de documentación, etc.. Que los daños reclamados en la demanda derivan principalmente, no del cumplimiento contractual defectuoso, sino del trato recibido al momento de efectuar el reclamo. De allí que, dice, la Cámara calificando erróneamente la relación sustancial no advirtió que el organismo citado no tiene jurisdicción para aplicar indemnización de daños extracontractuales; que, por lo demás, siendo así, no sería aplicable el art. 1189 CC -pues a ello se opondría el art. 1107 CC- y por ende, no se hubiera generado la convicción sentencial en este sentido.

De otro lado, se agravia por la violación de los arts. 835, 850, 874 del CC en tanto mandan interpretar con criterio restrictivo tanto la transacción como la renuncia de derechos, infringiéndose en consecuencia, también el art. 272 del CPCCT. Sostiene tal aserto manifestando que cuando en la conciliación se dice que las partes declaran que nada más tendrán que reclamarse con motivo de dichas actuaciones no han renunciado tácitamente a sus derechos ni han conciliado en forma implícita la indemnización de daños como lo entiende el tribunal de mérito; pues cuando se dice "con motivo de las presentes actuaciones" se refiere a lo que fue objeto de la litis administrativa: el cumplimiento del contrato; el único derecho conciliado fue el de recibir un nuevo cañón para su pistola y un certificado de garantía en forma, renunciándose sólo a reclamar la restitución de lo pagado, la entrega de una pistola nueva o la reducción del precio, pero nunca su derecho a la percepción de daños y perjuicios (arts. 10 bis y 17 ley 24.240). Por último, considera que se ha violado el art. 41 y 59 de la ley 24.240, atribuyendo a la Dirección de Comercio funciones de arbitraje que no tiene y, por ende, también el principio de división de poderes pues no le corresponde al órgano jurisdiccional atribuir competencia a los entes administrativos. Señala que si la sentencia no hubiera confundido arbitraje con conciliación y si hubiera advertido que las funciones de la Dirección de Comercio son sancionatorias, se habría dado cuenta de que no se puede reclamar ante dicho organismo indemnizaciones de daños y perjuicios pues escapa a su ámbito de competencia el atri buir tales indemnizaciones.

V.- Ahora bien, de un análisis pormenorizado de las constancias de autos, en especial de los recursos casatorios y directo interpuestos, en relación con los argumentos de los fallos de Cámara, se colige que asiste razón al tribunal de alzada al denegar el ingreso a la instancia extraordinaria de la casación.

En efecto, de un lado, cabe explicitar que no existen dudas sobre las atribuciones de la autoridad administrativa, tanto para sancionar infracciones como para intentar la conciliación entre empresarios y consumidores (Ley de Defensa del Consumidor, con nota de Gabriel Stiglitz, Serie de Textos Actualizados, La Ley, Bs.As, 1999, p. XXII). La ley misma pretende que antes de proceder a su trámite la autoridad de aplicación procure que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio (Farina, Juan M., "Defensa del Consumidor y del Usuario", Ed. Astrea, Bs.As., 2000, pág. 451). Ello surge del espíritu de la ley, a través de lo dispuesto en los arts. 45, 46, 58 párr. 3°: toda autoridad de aplicación debe procurar, en la medida de lo posible el acuerdo conciliatorio como solución satisfactoria para las partes (Farina, op. cit., pág. 458/459). Esto es lo que expresa la sentencia y, en ello, no alega desacuerdo el recurrente quien, en el punto, se agravia de las atribuciones de arbitraje de las que la Cámara admitiría goza la Dirección de Comercio. Sin embargo, no es dicha atribución efectuada por el tribunal la que sostiene la solución del conflicto, sino, como explícitamente lo dice el tribunal a quo, la conciliación pasada entre las partes, por intermedio de la autoridad administrativa. De allí que no resulte dirimente el agravio casatorio que refiere a la confusión entre conciliación y arbitraje efectuado por la Cámara, así como la violación al art. 41 de la ley 24.240.

De otro lado, no cabe duda alguna de que, dado el poder de policía reservado a las Provincias, el art. 41 reconoce a los gobiernos la facultad de actuar como autoridades locales de aplicación en forma autónoma o bien concurrente con la autoridad nacional (Farina, Juan M., "Defensa del Consumidor y del Usuario", Ed. Astrea, Bs.As., 2000, pág. 428). A su vez, es obvio que los gobiernos provinciales podrán delegar sus funciones en organismos de su dependencia.

De lo expuesto resulta que las autoridades administrativas provinciales tienen las mismas facultades que las autoridades administrativas nacionales en el control, vigilancia, sustanciación de procesos y aplicación de sanciones. Cualquier otra interpretación sería tanto como determinar la necesidad de creación, a los fines de esta ley, de delegaciones de la Secretaría de Industria y Comercio en todo el ámbito del país, con un atentado a la economía nacional de proporciones significativas. Si se tiene en cuenta cuáles son las facultades no delegadas en el art. 43 inc. c), d) y f) que se refieren a la reglamentación de la ley, elaboración de políticas generales de defensa del consumidor, resoluciones de carácter general, etc., no cabe duda alguna que las provincias y municipios delegados son autoridades de aplicación plenas. (Reyes Oribe, Aníbal - Iraola, Franciso, "Cuestiones procesales en la ley de defensa del consumidor", Rev. De Der. Priv. y Com. Nro. 5, "Consumidores", pág. 276/277).

No se puede receptar el agravio referido a que la Cámara atribuye competencia al organismo administrativo para decidir sobre indemnización de daños y que si el tribunal hubiese advertido que en la especie se reclamaban también daños extracontractuales no habría podido considerar tales atribuciones de la Dirección de Comercio, por cuanto más allá del carácter de los daños reclamados, el sostén fundamental del pronunciamiento en crisis refiere a la facultad de las partes para resolver el litigio mediante la conciliación que fuera homologada por la autoridad administrativa, la que, tal como el tribunal lo entiende, no está ceñida a facultades sancionatorias sino que posee facultades suficientes para proponer a las partes la conciliación, siendo la Autoridad de Aplicación de la LDC.

Lo dicho se ve reforzado por la reglamentación del art. 45 de la ley sub examine que dispone que el procedimiento administrativo se suspenderá por el acuerdo conciliatorio homologado por la autoridad de aplicación. Ello supone, entonces, que la composición del conflicto se produce, no por resolución que sobre el tópico emita el organismo administrativo pertinente, sino por el propio acuerdo de partes -que disponen de sus derechos- recibiendo éste la pertinente homologación.

Ello así, en el caso, no se advierte que sea como resultado del procedimiento administrativo dirigido de oficio por la autoridad de aplicación que se determinó el resarcimiento al damnificado, pues éste, en puridad, sólo puede concluir en la aplicación de sanciones, sino que la solución del conflicto provino de la propia voluntad de las partes, voluntad que recibió homologación en sede administrativa. Por ello mismo, si bien es cierto que cuando la ley en su art. 52 dice "sin perjuicio de lo expuesto", se refiere al procedimiento ante el órgano administrativo y las sanciones que éste pueda aplicar al infractor y que, por ende, no obsta a las acciones judiciales de indemnización de daños, lo cierto es que, en el caso, dicho procedimiento administrativo concluyó, no por efecto de la autoridad de aplicación ejerciendo sus facultades sancionatorias, sino por acuerdo de partes. De allí que el punto nodal de la cuestión radica en la determinación del contenido y la extensión de los efectos de lo acordado.

Ahora bien, los acuerdos conciliatorios celebrados con intervención de funcionarios administrativos sólo tienen efecto de cosa juzgada, cuando, como en el caso, han sido objeto de homologación por autoridad competente (SCBA, 1990/02/13, LL, 1990-C, 137). A ello se agrega lo dispuesto en el art. 46 que otorga gran virtualidad a los fines de la ley a los acuerdos conciliatorios, disponiendo que su incumplimiento se considerará violación a esta ley, contemplando sanciones al infractor y el cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieran acordado.

Es que, como bien se ha expresado, en lo atinente propiamente a las actuaciones administrativas, cabe destacar que a través de ellas, no se trata de operar sobre la relación de derecho privado entre consumidores y empresarios. Esa es una incumbencia excluyente del Poder Judicial, sobre la base de la cual le compete aplicar las soluciones de fondo emergentes de la ley 24.240 y de las otras normas que integran el sistema de protección jurídica del consumidor; entre ellas: la reparación de los daños, la nulidad del contrato o de cláusulas abusivas, la interpretación del contrato, etc.. Sobre estas cuestiones de fondo, propias de la relación de derecho privado entre empresarios y consumidores, la autoridad administrativa no tiene competencia, en cambio, para operar disponiendo las soluciones legales. Sin embargo, ello le está admitido, en el ejercicio de las instancias administrativas de tipo conciliatorio, que permiten llegar a una solución de fondo, por acuerdo de las partes, aunque a partir de la mediación e intervención de la autoridad. Se trata de una instancia -la conciliatoria- de suma utilidad, pues permite lograr la satisfacción de los intereses del consumidor, a través de un procedimiento más ágil, gratuito, y a la vez descongestiona la sobrecarga de tareas del Poder Judicial. Pero si la instancia conciliatoria fracasa, la solución para los intereses de los consumidores sólo puede obtenerse vía judicial, pasando la competencia administrativa. Y así, los mismos hechos serán juzgados por la administración para sancionar al infractor y por la justicia para atender los derechos del consumidor (Stiglitz-Stiglitz, "Derechos y Defensa del Consumidor", Ed. La Rocca, Bs.As., 1994, pág. 340). Ello se ve reforzado no bien se comprende la télesis del ya citado artículo 46 en tanto dispone que si existe acuerdo y éste se incumple el mismo podrá ser objeto de ejecución por ante la Justicia pues el imperativo cumplimiento alude a dicha ejecución, atribución excluyente del Poder Judicial (ibídem, pág. 341).

Si bien se observa, los argumentos recursivos, si bien extensos y pormenorizados, no dan cuenta acabada de las razones sentenciales que aluden a la existencia de una conciliación pasada ante autoridad competente y al hecho de que las partes no hayan efectuado reserva alguna de acciones y derechos cuando expresaron no tener nada más que reclamarse con motivo de estas actuaciones. La interpretación a este respecto no luce arbitraria ni violatoria de las normas del CC a que alude el recurrente. Y es que si las partes han expresado en las actuaciones administrativas que nada más tendrían que reclamarse como consecuencia del hecho que las motivara, sin efectuar reserva sobre ningún aspecto o ítem de eventual resarcimiento, el accionante no puede demandar la indemnización de los daños invocados sin contrariar sus propios actos y violar el principio de buena fe-lealtad estatuido en el art. 1198 del CC. La lectura de esta cláusula del acuerdo debe ser interpretada dentro de las pauta de conducta del remitente y del mar co de sentido que le da el uso general y que revela -dentro, incluso, del horizonte normativo protectorio del consumidor- que el accionante renunció a reclamar en el futuro cualquier reparación pecuniaria al no dejar a salvo su derecho al resarcimiento del daño pretendidamente sufrido (conf. CNCom., Sala E, 13/12/2002, "García Segura, Carlos A. c. Ford Argentina S.A. s/sumario). El actor acudió a la vía de los arts. 52 y 53 de la ley 24.240 y, por tanto, debe asumir las consecuencias de sus actos propios, tales las derivadas del acuerdo conciliatorio. De allí que no se advierta las violaciones normativas alegadas por el recurrente.

Desde otra perspectiva, tampoco se observa duda alguna que pudiera hacer variar la solución del caso, tal como ha sido dada. Que la Cámara aluda a la falta de "sencillez" del tema y a que las respuestas deben darse conforme a cada caso con sus particularidades propias, no significa que la materia en estudio les haya generado incertidumbre o duda alguna plasmada al momento de sentenciar. Antes bien, al considerar las particularidades del caso, el tribunal de alzada interpreta el contenido de la conciliación efectuada; interpretación que no colisiona con las normas del derecho de fondo que se pretenden violadas pues el principio contenido en ellas reza: "en la duda, no hay renuncia", lo cual supone en la existencia de dicho presupuesto de hecho (duda o incertidumbre) que no está demostrado en el presente caso y que, como tales, siendo eminentemente fácticos exceden el marco casatorio sin que se advierta arbitrariedad en el punto. A ello se añade que las afirmaciones sentenciales son lo suficientemente sólidas como para fundamentar la solución dada a la materia litigiosa.

Por todo lo expuesto, se concluye que el recurso de queja no logra traspasar el valladar impuesto por el art. 815 y 816 del CPCC al no refutarse adecuadamente los motivos sentenciales; ni existir cuestión de derecho relevante, violación de los preceptos legales que regulan la actividad procesal cuestionada, por lo que el mismo deviene insuficiente para hacer penetrar al presente caso por la vía del recurso extraordinario de la casación.

Por ello, y conforme a lo concluido por el Ministerio Fiscal a fs. 43/44, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 25/02/2003, con pérdida de los depósitos.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA