Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-06-17


En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina a los diecisiete días del mes de Junio del año dos mil once, reunidos en el recinto de acuerdos de la Sala Tercera de la Cámara en lo Civil y Comercial, los Sres. Jueces CARLOS MARCELO COSENTINI y NORMA BEATRIZ ISSA, bajo la presidencia del primero de los nombrados, ven el Expte. Nº B-153.592/06, caratulado: " ORDINARIO POR COBRO DE PESOS: LEONCIO AQUINO RUEDA C/ INSTITUTO DE PSICOPATOLOGÍA Y CLÍNICA DE REPOSO S.R.L." en los que, El Dr. CARLOS MARCELO COSENTINI, dice:

Que a fs. 4/6 se presenta el Dr. MARCELO OMAR MIRANDA representando al Sr. LEONCIO AQUINO RUEDA, promoviendo demanda por cobro de pesos que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más los intereses para operaciones comerciales, gastos y costas, en contra del INSTITUTO DE PSICOPATOLOGÍA Y CLÍNICA DE REPOSO S.R.L..

Expresa que el día 29/7/93 su mandante ( en adelante el contratista) firmó un contrato de locación de servicios y/o contrato de provisión de mano de obra de albañilería y hormigón armado sin provisión de materiales con el instituto señalado ( en adelante el propietario), representado por los socios gerentes Dres. Francisco Antonio Muñoz y Gastón Pablo Mesple.

Que por dicho acuerdo el propietario contrató los servicios de su representado para ejecutar la construcción del edificio que sería sede de la sociedad, en el lote Nº 5-6 de la Manzana 28, ubicado en calle San Martín Nº 141/149 de esta ciudad, por lo cual aquél debía proveer los materiales necesarios para la realización de la obra, quedando los servicios de mano de obra bajo la inspección y conducción técnica de la arq. María Elena Aguirre Champeau ( contratada por el instituto) a quien su mandante debía comunicar todas las novedades que se fueran produciendo en el desarrollo de los trabajos.

Luego de detallar el precio por m2 y m3 de la obra a desarrollar, agrega que el contrato se prologó hasta el mes de febrero del año 2002, en el que se dieron por concluidas las prestaciones requeridas a su representado.

Que la ejecución del contrato se realizaba a través de los sucesivos arquitectos que fueron contratados por el propietario, quienes indicaban las tareas que debía cumplir el contratista, y éste las realizaba, confeccionándose luego las respectivas certificaciones de obra y de trabajo; y las prestaciones fuera de lo pactado, facturados y abonados como trabajos adicionales.

Que las certificaciones de trabajo eran abonadas por el propietario con anticipos a cuenta y por períodos más o menos cortos de tiempo, se cotejaba lo abonado, se determinaba lo adeudado y se saldaban los montos resultantes.

Que dicha operatoria se cumplió regularmente hasta el año 1995 inclusive, pues a partir del año 1996 y hasta la finalización del contrato, el propietario realizó únicamente anticipos a cuenta por los trabajos efectivamente realizados y comprobados en las certificaciones de obra y trabajo, pero nunca cotejó ni verificó los servicios prestados pendientes de cancelación y mucho menos abonó las sumas adeudadas por dicho concepto.

Que es así que año a año se fueron acumulando saldos por los trabajos realizados que nunca fueron cancelados hasta la actualidad, estimando que su monto asciende aproximadamente a la suma de $ 63.295,92 o lo que en mas o menos resulte de la prueba a producirse, a lo que debe adicionarse los intereses legales hasta la fecha del efectivo pago.

Que por otro lado, desde el inicio mismo del contrato, los precios de mano de obra sufrieron importantes aumentos por acuerdos celebrados entre la Unión Obrera de la Construcción, la Unión Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de la Construcción, la Federación Argentina de Entidades de la Construcción, el Centro de Arquitectos y Constructores y el Ministerio de Trabajo de la Nación, que debían ser asumidos por la demandada según cláusula décima del contrato, los que nunca fueron reconocidos, abonándose durante todo el tiempo de ejecución del mismo los trabajos según el precio estipulado en el contrato, no obstante lo cual su representado debió abonar los jornales con las actualizaciones pertinentes.

Que, por lo tanto, mes a mes y hasta la finalización del contrato, fueron generándose por aumento de salarios un saldo a favor de su representado, consistente en las diferencias entre lo que se abonaba y lo que se debía abonar, teniendo en cuenta los aumentos del precio de la mano de obra, aclarando que además del pago total de los servicios efectivamente prestados, se adeudaban los aumentos salariales por todos los períodos que no se encuentren prescriptos hasta la actualidad, destacando que el reajuste de los precios, fue reconocido por ciertos períodos por el propietario y los adeudados fueron insistentemente reclamados por su mandante.

Destaca que reclama por un lado, el pago del saldo adeudado por el demandado por los trabajos realizados y por otro, el pago de las actualizaciones de los salarios de los obreros de la construcción, todo con mas los intereses legales, gastos, costas y honorarios, con cita del derecho y ofrecimiento de pruebas.

A fs. 7 se lo tiene por presentado reservándose los autos en secretaría a los fines de ampliar la demanda, lo que se produce a fs. 487 en similares términos, rectificando que el monto reclamado asciende a la suma de $ 63.200 en concepto de trabajos realizados o lo que en más o en menos surja de la pericia contable que ofrece como prueba, como asimismo peticiona el pago de los aumentos que han sobrevenido en concepto de mano de obra, rubro éste que en ningún caso fue reconocido por el accionado quien continuó abonando los precios pactados originalmente hasta la finalización del contrato a pesar de haber sufrido los mismos importantes aumentos desde el inicio del acuerdo; todo ello con mas intereses legales desde la mora hasta la fecha del efectivo pago y las costas del juicio, con ofrecimiento de pruebas.

A fs. 491 se corre traslado de la demanda y su ampliación, bajo apercibimiento de tenerla por contestada si no se hiciere.

A fs. 492 se notifica a la demandada, quien no contesta, haciéndose efectivo el apercibimiento a fs. 493vta., designándose a la Defensora de Pobres y Ausentes en su representación.

A fs. 500 se presenta el Dr. MARIO RODOLFO A. MALLAGRAY representando al INSTITUTO DE PSICOPATOLOGÍA S.R.L. teniéndosele por presentado a fs. 500vta. y cesando en consecuencia (fs.502) la participación de defensoría oficial.

A fs.515vta. y 519 como medida para mejor proveer, se ordena la producción de prueba pericial contable, la que se produce a fs. 548/551.

A fs. 618 la parte demandada observa el informe pericial, observación que es impugnada por la actora a fs. 627/8.

A fs. 629 del informe pericial se corre vista a las partes y la perito contadora, lo que es contestado por la actora con reclamación ante el Cuerpo por haberse tenido presente la impugnación de observación de pericia formulada, sin haberse ordenado el desgloce de la documentación y los escritos agregados por la demandada en forma improcedente y extemporánea, lo que previa vista ( fs. 632), es contestada a fs. 636 por el demandado.

A fs. 647/8 contesta la perito, la que es impugnada por la demandada a fs. 652.

A fs. 652vta. se llaman los autos para resolver, lo que es revocado a fs. 656 fijándose audiencia de vista de la causa y apertura a prueba, de lo que se agravia la actora a fs. 659/60 con reclamación ante el Cuerpo y previa vista a fs.661 es contestada por el demandado a fs. 664, resolviéndose (fs. 665) no hacer lugar a la reclamatoria interpuesta.

Producidas las pruebas faltantes, se celebra audiencia de vista de la causa (fs. 682) la que es suspendida, y continuada que es a fs. 685, se pasa a un cuarto intermedio, fijándose nueva fecha para continuar el acto a fs. 698, el que suspendido a fs. 718 es celebrado a fs. 724 quedando los autos en estado de resolver.

Reiteradamente hemos sostenido que la incontestación de la demanda importa la adopción de una conducta procesal que "puede" interpretarse como una confesión de verdad de los hechos lícitos articulados, por lo que producida la falta de contestación "pueden" tenerse por acreditados los hechos y por auténticos los documentos acompañados.

En este caso, la falta de negativa categórica de los hechos expuestos en la demanda no puede interpretarse sin mas como un reconocimiento de la deuda reclamada, dado que el silencio del demandado no obliga al juez a tener por admitidos los hechos invocados por el actor, situación que queda librada a su criterio según las reglas de la sana crítica y a las pruebas corroborantes que se han producido en autos (art. 16 del C.P.C.).

Así, de las constancias del expediente se desprende que (fs. 515vta. y 519), como medida para mejor proveer, se designó perito contable, cuyas conclusiones y observaciones servirán para determinar si avalan las afirmaciones del actor, ya que éste no se encuentra eximido en caso de incontestación de la carga de producir prueba corroborante.

En mérito de ello y considerando que la perito contadora oficial afirmó (fs.549 y s.), teniendo en cuenta las constancias de los libros y documentos de la demandada, que el Sr. Rueda percibió de parte de ésta por el período Enero/1996 a Febrero/2002 la suma de $ 210.587,36 en concepto de trabajos realizados durante su contrato.

Que el total de ingresos por trabajos con certificados de obra es de $ 125.251,76 y el total de ingresos por trabajos adicionales asciende a la suma de $ 85.335,83.

Que del total de $ 210.587,36, se obtuvo certificado de obra o nota auxiliar del detalle del trabajo realizado, en donde ambas partes prestan consentimiento del mismo, no existiendo otra documentación que permita verificar si existe trabajo realizado y no percibido, o pendiente de facturación.

Sin embargo informa que, teniendo en cuenta los montos anteriores, el saldo a favor del actor que surge entre la diferencia de los montos efectivamente facturados y los percibidos asciende a la suma de $ 13.900,90, según planilla de fecha 2/2002, fecha correspondiente a la finalización de los trabajos. Dichos montos según la perito, no se pudieron verificar, por falta de respaldo.

Que los aumentos del precio de la mano de obra de los obreros de la construcción a partir del 1 de agosto de 1993 representan un porcentaje de aumento con respecto a los valores anteriores, del 40,78% (DNRT Nº 1138/93 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social) y que a partir del 1/9/98 implicaron un aumento del 25% con respecto a los valores de 1993 (Decreto Nº 6209), los que a su criterio, son aplicables al personal incluido en el convenio colectivo CCT 76/75.

La perito expresa además que teniendo en cuenta los aumentos reconocidos en los salarios durante el periodo del contrato, el producido en el período 1998 representa un 25 % de incremento respecto al anterior, de 1993, aplicable a mano de obra, según metodología de cálculo que señala como imposible de aplicar, debido a que no figura en el contrato la incidencia de este ítem en los precios acordados entre las partes según ejemplificaciones que efectúa. Teniendo en cuenta los certificados de obra que obran en el expediente en los cuales la metodología de cálculo fue aplicar el primer incremento del 40,78% al total del precio del contrato y así obtener un nuevo valor incrementado, procede de esta manera para llegar al total de incrementos producido desde septiembre de 1998 a la finalización del contrato, lo que asciende a $ 3.113,75 por el año 1998, $ 9.167,25 por el año 1999, $ 10.727,79 por el año 2000, y $ 8.025,00 por el año 2001, lo que implica, a su criterio, un incremento total de $ 31.033,79.

Que los aumentos de la mano de obra fueron reconocidos por cierto período o para ciertos pagos en particular por el accionado, es decir que éste reconoció en el mes de Agosto de 1993 el aumento del 40,78%; llegando a determinar la experta una deuda total de $ 98.982,29, calculando el aumento del 25% , los intereses a tasa pasiva del B.C.R.A. desde la fecha de recibo hasta el día de realización de la pericia y actualizando la diferencia entre los montos efectivamente facturados y lo percibido.

La impugnación a la pericia (fs.618/20), con el agregado de pericia de parte (fs.556/562), no importa traer al juicio argumentaciones que debieron haberse efectuado al contestar la demanda, dado el carácter eminente contable de la cuestión traída a estudio, por lo cual a los fines de la resolución de la causa no se tendrán en cuenta las referencias improcedentes que debieron plantearse en la contestación respectiva, por el contrario, se considerarán, atendiendo a sus específicas circunstancias, los elementos de convicción que se hayan producido, y así, Asiste razón al impugnante cuando manifiesta que en los recibos que ha tenido a la vista la perito judicial no existe reserva de cobro de diferencias por incrementos salariales de ninguna naturaleza del Sr. Rueda al recibir los respectivos pagos, lo que es ratificado por aquélla a fs. 647 a) y por lo tanto aplicable en la especie lo dispuesto por el art. 624 del Código Civil.

En relación al recibo Nº 69 de fecha 18/1/96 por valor de $ 1.250 (fs. 350 del expte. ppal. y fs. 35 de la cautelar, Expte. Nº B-148115/05), y dado que el Sr. Rueda lo expidió y suscribió (en concepto de saldo de Certificado Mano de Obra Nº 3 de Hormigón Armado, Bases y Viga de Fundación del Sector B) habiendo recibido cheque B.N.L. Nº 60632166, se lo tiene por válido, conforme lo informado por la perito judicial a fs. 693-1.- y en consecuencia por pagado el certificado referido.

Respecto al recibo Nº 70 de fecha 25/1/96 por valor de $860 (en concepto de trabajos adicionales de demolición, etc.) (fs. 351 del expte. ppal. y 36 de la cautelar mencionada) y no obstante lo informado por la perito oficial (fs.647) acerca de que carece de respaldo por resultar insuficientes, a su criterio, las anotaciones manuscritas de la demandada, debe ser tomado, no obstante ello, por cobrado por el Sr. Rueda, en atención a la firma de recepción que ha estampado en el mismo, sin que razón alguna justifique la postura tomada por la perito desconociendo la pertinencia de la documentación atribuida al actor, mas aún cuando en la Audiencia de Vista de la Causa del día 4/10/10 ha reconocido que el recibo pertenece al talonario del Sr. Rueda.

En cuanto al recibo Nº 77 de fecha 6/5/96 por valor de $ 1.677 (fs. 358 del expte. ppal. y fs. 43 de la cautelar) en concepto de liquidación de un saldo de certificación de mano de obra Nº 3- definitivo, se lo tiene por cancelado y si bien, para la perito, no se habría acreditado el pago del cheque mencionado (Nº60706431- fs.693), se lo tiene por cancelado y en consecuencia no adeudado por la demandada en atención a que el recibo de cobro ha sido firmado por el actor, circunstancia que hace plena fe, sin que se haya argüido de falso.

En relación al recibo Nº 86 de fecha 21/8/96 por $ 1500 ( fs. 367 del expte. ppal. y fs. 52 de la cautelar), en concepto de cancelación de un certificado de bases y otros, que se dice pagado en efectivo (fs.618vta.), dado que el mismo ha sido suscripto por el Sr. Rueda en concepto de pago y no habiéndose demostrado que la firma es falsa, corresponde reconocer el mismo como pagado.

El recibo Nº 104 del día 2/5/97 por valor de $ 913,67 (fs.385 del expte. ppal. y fs. 70 de la cautelar) en concepto de saldo final de un certificado de obra del 5/9/96, expedido y suscripto por el Sr. Rueda, se considera válido y pagado en efectivo por iguales motivos que antecede.

En cuanto al recibo Nº 125 de fecha 3/9/98 por valor de $ 6.700 que corre a fs. 406 del expte. ppal. y señalado a fs. 647 por la perito oficial, se lo tiene por válido, no correspondiendo reconocer el mismo al actor por haberlo suscripto como pagado y en consecuencia se lo tiene por cancelado, no habiéndose cuestionado la validez de la firma.

Del recibo Nº 129 de fecha 3/11/98 por valor de $ 1.500 (fs. 410 del expte. ppal. y fs. 90 de la cautelar) en concepto de albañilería general se puede decir que ha sido expedido y suscripto por el Sr. Rueda, y así fue reconocido por la perito contadora en la Audiencia de Vista de la Causa del día 4/10/10 (fs.685) cuando sostiene que el recibo fue expedido por aquél, razón por la cual se considera válido y en consecuencia cancelado al actor.

Por todo ello, y en relación a dichos recibos, se considera pagada la planilla de fs. 542 por valor de $ 13.900,67 (arts. 619, 624, 1012, 1017, 1020, 1026, 1028, 1029, 1031 y c. del Cód.Civil), sin que corresponda reconocer el monto reclamado en concepto de incrementos salariales, por falta de prueba fehaciente, ya que la perito contable informa a fs. 695 que no surge de la documentación analizada, la forma en que el Sr. Aquino tomó el valor de la mano de obra o que incidencia tenía ésta en los totales pagados en los certificados, ni que cantidad de mano de obra fue empleada en cada trabajo realizado o la calificación profesional de los obreros.

En mérito de ello, y dado que la falta de contestación de la demanda no implica que el juez deba apartarse del derecho vigente ni que se daban reconocer sumas no adeudadas, ya que implicaría un enriquecimiento sin causa del actor, y atento que los recibos suscriptos por éste nos refleja que ya ha cobrado, por lo que reconocer nuevamente el pago implicaría una doble contraprestación totalmente inadmisible y por lo tanto una solución contraria a derecho, corresponde sin mas rechazar la demanda con costas (art. 102 del C.P.C.), más aún cuando tampoco se ha probado si los aumentos salariales durante la vigencia de la relación hubieren sido computados en las certificaciones presentadas para el cobro.

Propongo regular los honorarios profesionales de los letrados MARIO RODOLFO A. MALLAGRAY y MARCELO OMAR MIRANDA en la suma de $ 4.200 (PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS) y $ 5.880 (PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA), respectivamente y los de la perito contadora CLAUDIA A. MOLINA en la suma de $ 1.260 (PESOS MIL DOSCIENTOS SESENTA), por la labor desarrollada en autos, teniendo en cuenta el mérito y eficacia de la labor desarrollada, el carácter de la intervención profesional, las etapas en que intervino cada letrado y dispuesto por los arts. 2, 4, 6, 10 último párrafo de la ley arancelaria local.

Tal es mi voto.

La Dra. NORMA BEATRIZ ISSA se adhiere a lo manifestado por Presidencia, previa deliberación.

Por lo expuesto, la SALA TERCERA DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE JUJUY, R E S U E L V E 1) No hacer lugar a la demanda interpuesta por el Sr. LEONCIO AQUINO RUEDA en contra del INSTITUTO DE PSICOPATOLOGÍA y CLÍNICA DE REPOSO S.R.L..

2) Imponer las costas al vencido (art. 102 del C.P.C.).

3) Regular los honorarios profesionales de los letrados MARIO RODOLFO A. MALLAGRAY y MARCELO OMAR MIRANDA en la suma de $ 4.200 (PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS) y $ 5.880 (PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA), respectivamente y los de la perito contadora CLAUDIA A. MOLINA en la suma de $ 1.260 (PESOS MIL DOSCIENTOS SESENTA), por la labor desarrollada en autos, debiendo liquidarse los mismos con mas IVA si correspondiere.

4) Regístrese, agréguese copia en autos, notifíquese por cédula, dése intervención a la C.A.P.S.A.P. y Dirección Provincial de Rentas.

El presente fallo es firmado por dos integrantes de la Sala, conforme Acordada Nº 71/08 del S.T.J..