Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-09-02


SENTENCIA NÚMERO: CIENTO VEINTICUATRO. En la ciudad de Córdoba, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil catorce, siendo día y hora de Audiencia, se reúnen en Acuerdo Público los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, doctores, Luis Enrique Rubio, Carlos F. García Allocco y Domingo Juan Sesín, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en estos autos: "Budman Luciano Martin C/ Libertad S.A. - Ordinario -Despido" Recursos De Casacion E Inconstitucionalidad - 58626/37, a raíz de los recursos concedidos a la demandada en contra de la sentencia N° 38/09, dictada por la Sala Sexta de la Cámara Única del Trabajo, constituida en tribunal unipersonal a cargo de la señora juez doctora Susana Velia Castellano -Secretaría N° 12-, cuya copia obra a fs. 257/287, en la que se resolvió: "I. Hacer lugar a la demanda incoada por Luciano Martín Budman en contra de Libertad S.A. y, en consecuencia, condenar a la nombrada razón social a pagar al actor por los rubros reclamados conforme se señala en la segunda cuestión, en concepto de capital la suma total de ciento treinta y un mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos ($131.654) y en concepto de intereses calculados en la forma indicada en la mencionada cuestión, al día de la fecha, la suma total de ciento treinta y cinco mil quinientos setenta y un pesos con setenta y ocho centavos ($135.571,78), los que adicionados al capital hacen un total de doscientos sesenta y siete mil doscientos veinticinco pesos con setenta y ocho centavos ($267.225,78) en el plazo de diez días hábiles a contar desde hoy, con costas a la demandada. II. Emplazar a quien carga con las costas para que en igual término reponga la tasa de justicia (cuenta especial nº 60.052) que asciende a cinco mil trescientos cuarenta y cuatro pesos con cincuenta y un centavos ($5.344,51), bajo apercibimiento de certificar la existencia de la deuda, conforme a lo dispuesto en el art. 256 del Código Tributario y cumplimente con los aportes previstos por la ley 6468 (t.o. ley 8404) que ascienden a dos mil seiscientos setenta y dos pesos con veinticinco centavos ($2.672,25), para cada grupo de abogados, de conformidad al art. 17 inc."a" de dicha ley, bajo el apercibimiento allí dispuesto. Hágase saber a quien carga con las costas que de no cumplimentar dicha tasa y aportes se girarán los antecedentes a la Dirección de Administración del Poder Judicial y a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, respectivamente, a los fines correspondientes. III. Regular los honorarios de los Dres. Daniel Horacio Lazzo y Pablo Gener, en conjunto y proporción de ley, en la suma de pesos XXX($ XXX) y del Dr. Juan José Castellanos en pesos XXX ($ XXX). No regular honorarios al perito contador oficial por las razones dadas al tratar la segunda cuestión. IV.". Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente la impugnación de la parte demandada? SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Practicado el sorteo de ley resultó que los señores Vocales emitieron su voto en el siguiente orden: doctores Luis Enrique Rubio, Carlos F. García Allocco y Domingo Juan Sesín. A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA: El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: I.1. El impugnante denuncia omisión de valorar prueba dirimente y ausencia de fundamento en la condena al pago de reparación por daño moral adicional al despido. Critica, que la Sentenciante no atendiera su defensa referida a que el accionante no acreditó "el padecimiento de sufrimiento alguno", pues luego de la desvinculación regresó a Tucumán y comenzó a trabajar, sucesivamente, en Supermercados Vea y Wall Mart. Sostiene, que la tarifa legal excluye la posibilidad de invocar otros daños provenientes de la ruptura laboral y que el Tribunal no expuso el itinerario lógico para arribar al monto de cincuenta mil pesos en que tasó el perjuicio. 2. La Juzgadora, luego de concluir que "Libertad SA" no acreditó la causa del despido, evaluó que la ruptura se decidió como reacción al reclamo salarial llevado adelante por un grupo de trabajadores que entendían que sus remuneraciones habían quedado rezagadas respecto de otros dependientes incluidos en convenios colectivos y en los incrementos ordenados por el Poder Ejecutivo. Encuadró la conducta en el art. 53 incs. e) g) y j) de la LAS -práctica desleal- y la calificó también de violatoria del ejercicio de los derechos de la libertad sindical, describiendo la contradicción con el marco constitucional, los tratados internacionales y la ley antidiscriminatoria. En esa dirección argumentó que el ordenamiento laboral permite despedir sin causa pero no "discriminar a través del despido". 3. En el ámbito de las relaciones individuales de trabajo, todos los perjuicios generados por la rescisión sin justa causa, son resarcidos por la tarifa del art. 245 LCT. Así funciona el sistema forfatario: el trabajador no necesita acreditar daño derivado del despido, pues el mismo se presume iure et de iure; y el empleador a cambio, tiene limitada su responsabilidad al resultado de multiplicar el sueldo por los años de servicio. Además, este monto repara los daños material y moral emergentes de la ruptura, pero dentro del estándar "ordinario" que de ello deriva (la necesidad de obtener otro empleo que procure la satisfacción de las necesidades básicas, la frustración del principio de continuidad del contrato de trabajo, la interrupción de la carrera laboral, entre otros). Sin embargo, también se acepta la acumulación indemnizatoria del daño moral cuando las condiciones en que se extinguió el ligamen muestran nítidamente la salida de ese estándar -ya de por sí nocivo para el trabajador- que queda comprendido en el remedio del art. 245 LCT. Esta indemnización adicional, procede cuando la actitud de la empleadora en la emergencia excede el ámbito contractual, en detrimento del trabajador, que por esta misma circunstancia, no estaría cubierto por la tarifa. Dicha conducta excesiva deviene lesiva de bienes patrimoniales o extrapatrimoniales del dependiente, que acarrea la obligación de resarcir integralmente esos daños, pues el accionar supera parámetros razonables. En el caso subexamen, se ventila la eventual afectación de derechos personalísimos, que a mi juicio no se encuentra justificada. La conducta que se pretende reprobada no surge del acto mismo del despido, como puede corroborarse con el texto de la comunicación respectiva. Tampoco puede colegirse del contexto fáctico que rodeó a la ruptura. Las circunstancias que el Tribunal evaluó para configurar la represalia no tienen entidad a ese fin, ya que la presentación de la nota en la que se solicitó el inicio de negociaciones tendientes a la recomposición de sus remuneraciones obtuvo favorable respuesta de la patronal, tal como quedó determinado, pues hubo un aumento de los sueldos. Se ha dado relevancia a la "percepción" de los testigos de que se despidió por esa causa, pero en la emergencia, la responsabilidad extra tarifa debe tener asiento en un obrar abusivo efectivamente comprobado. La extinción del contrato aparece entonces dentro del marco propio del ejercicio de facultades organizativas, pese a que no se logró acreditar la justa causa invocada, sin que esté presente ninguna nota agraviante, injuriosa o especialmente mortificante para el involucrado. 4. Corresponde por tanto, anular el pronunciamiento en este aspecto y entrar al fondo del asunto (art. 105 CPT). Por las razones expuestas rechazar la pretensión de daño moral adicional a la indemnización del art. 245 LCT. 5. No corre igual suerte el agravio por el que se cuestiona la conclusión relativa a que no se acreditó la causal invocada para despedir. Si bien acusa arbitraria valoración de la testimonial y de la pericia contable, el recurrente no hace más que discrepar con el mérito del material probatorio. Efectúa una evaluación acorde a su interés alejándose del análisis integral de la causa, lo que sella la suerte de su intento impugnativo. II. La revisión del incremento del art. 2, Ley N° 25.323 tampoco tiene andamiento. Por ambas causales sólo logra mostrar su disidencia con la solución arribada, que hizo pie en la verificación de los presupuestos legales: despido sin causa e intimación al pago. La circunstancia de que el Tribunal no encontrara razones plausibles para morigerar la condena constituye el argumento que el impugnante parece desconocer cuando sostiene que no se observó la última parte del citado dispositivo. En cuanto a los intereses tampoco hace evidente vicio alguno en el pronunciamiento que siguió el criterio sentado por esta Sala desde la sentencia Nº 39/02. III. El planteo de inconstitucionalidad no satisface los requisitos del art. 100 CPT. En el subexamen se admitió el incremento del cincuenta por ciento sobre la indemnización por antigüedad según lo dispuesto por el art. 4, Ley N° 25.972 reglamentado por decreto 1433/05. No obstante ello, el presentante se explaya en censuras de otras disposiciones legales o reglamentarias no aplicadas en el subexamen. En cuanto a la normativa que decidió el caso, ensaya genéricos cuestionamientos de índole constitucional como es el referido a la estabilidad impropia, derecho de propiedad y libertad de comercio e industria, también desvinculados de los argumentos dados por la Sentenciante para resolver el punto. Finalmente, cabe señalar que la validez constitucional de las normas mencionadas fue admitida por este Cuerpo a partir de la Sentencia Nº 77/08 y reiterada en numerosos pronunciamientos (Sents. Nros. 152/08 y 82/09, entre otras), lo que justifica no convocar al Tribunal en Pleno. Ello, por estar unificada la jurisprudencia en torno a la materia y para evitar un mayor desgaste jurisdiccional. Voto por la afirmativa en lo relacionado al daño moral y por la negativa en los restantes agravios. El señor vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo: Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma. El señor vocal doctor Domingo Juan Sesín, dijo: A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor Rubio a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA: El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: A mérito de la votación que antecede corresponde admitir parcialmente el recurso interpuesto por la parte demandada. Rechazar la demanda en cuanto pretende indemnización por daño moral adicional al despido. Desestimar el recurso en lo demás. Con costas a la demandada por resultar objetivamente vencida. Los honorarios de los Dres. Pablo Gener, Daniel Horacio Lazzo y Rodrigo E. Sánchez Brígido, en conjunto, y los del Dr. Juan José Castellanos serán regulados por la a quo en un treinta por ciento, para cada representación letrada, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36, Ley N° 9.459 sobre lo que constituyó materia de discusión (arts. 40, 41 y 109 ib.), debiendo considerarse lo dispuesto por el art. 27 de la ley citada. El señor vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo: Adhiero a las consideraciones expresadas en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo. El señor vocal doctor Domingo Juan Sesín, dijo: Comparto la postura que propone el señor vocal doctor Rubio a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera. Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral, R E S U E L V E: I. Admitir parcialmente el recurso de casación deducido por la demandada y anular el pronunciamiento atacado. II. Rechazar la demanda en cuanto pretendía indemnización por daño moral adicional al despido. III. Desechar la impugnación en lo demás. IV. Con costas a la demandada. V. Disponer que los honorarios de los Dres. Pablo Gener, Daniel Horacio Lazzo y Rodrigo E. Sánchez Brígido, en conjunto, y los del Dr. Juan José Castellanos sean regulados por la Sala a quo en un treinta por ciento, para cada representación letrada, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36, Ley N° 9.459 sobre lo que constituyó materia de discusión. Deberá considerarse el art. 27 ib. VI. Protocolícese y bajen. Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el señor Presidente y los señores Vocales, todo por ante mí, de lo que doy fe.