Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-10-31


Autos Nº 149950 (N° 12143 SALA III) "LULUAGA Aitor Andrés C/ CATA Internacional Ltda. -Ordinario"	En la ciudad de San Juan, a 31 días de octubre de dos mil dieciocho reunidos los Sres. Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dres. Juan Carlos Pérez y Luis Alberto Recio, a los fines de conocer en estos Autos Nº 12143 "LULUAGA AITOR ANDRES C/ CATA INTERNACIONAL LTDA. (Ordinario)", originarios del Tercer Juzgado Civil, sobre el recurso de apelación interpuesto a fs. 258 por la demandada, concedido a fs. 259. La expresión de agravios obra a fs. 263/269 y su contestación a fs. 275/278	EL SR. JUEZ DE CÁMARA DR. JUAN CARLOS PÉREZ, dijo:

Que el Sr. Juez de la causa en fecha 30 de noviembre de 2017, resolvió: "1) Hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios de autos, condenando a CATA INTERNACIONAL LTDA. a que en el plazo de diez días de quedar firme y consentido el presente pronunciamiento abone al actor las sumas indicadas en los considerandos, con más los intereses allí establecidos; 2) Imponer las costas a la parte demandada vencida; 3) Regular honorarios...".

Contra este resolutorio la demandada plantea recurso de apelación a fs. 258 y funda a fs.263/269. Sustanciado el recurso, la actora contesta la expresión de agravios y formula reserva de derechos a fs. 275/278.

AGRAVIOS	Dice el apelante que la sentencia objeto del recurso agravia los derechos e intereses legítimos de su parte. Afirma que el Sr. Juez no ha tomado en cuenta al momento de dictar sentencia hechos de especial relevancia para la causa, los que detalla a fs. 264 vuelta y me remito y solo se baso en conjeturas, presunciones u opiniones.

Expresa que se ve agraviado cuando el Sr. Juez de la causa aplica el estatuto consumeril por el solo hecho de ser su representada una proveedora de servicio de transporte en una relación de consumo trabada con el actor y en base a ello violaría el deber de información que le impone la ley y la Constitución Nacional.

Dice que se ve agraviado cuando el Sr. Juez resuelve hacer responsable a la empresa de transporte Cata Internacional Ltda. por violar el deber de información por el sólo hecho de haber coincidido el día de partida del viaje con la huelga general de los trabajadores. Expresa que se trata de una situación calificable como caso fortuito o de fuerza mayor en los términos del art. 1730 del .C.C y Com.

En consecuencia alega que el paro general de actividades que impulsó y concretó el propio sindicato afectó al actor dice que es un supuesto de fuerza mayor o caso fortuito en los términos de la ley aplicable, motivo por el cual dice que no puede imputarse al demandado.

En segundo lugar manifiesta que la sentencia le agravia sus derechos e intereses atento a que el Juez hace lugar a todos los rubros demandados, a pesar de que no se dan los supuestos fácticos y jurídicos en autos para decretar su procedencia.

Expresa que no se ha demostrado en la causa que el daño haya sido provocado por el accionar o por la omisión de la empresa sino por una situación ajena. Por ello dice que no corresponde resarcirlo ya que se encuentra eximido de responsabilidad por las consecuencias disvaliosas que provocó el hecho (cfr. art. 1730 del C.C. y Com. de la Nac.)	Continúa alegando que el Juez estimó procedente el daño directo el que fue admitido por una suma superior a la que en derecho corresponde. Atento que el total reclamado es de pesos cuatro mil doscientos setenta y dos ($4.272,00), comprensivo del valor de los pasajes y del porcentaje de la percepción provisoria efectuada por la AFIP.

Por ello dice que en el caso de admitirse el rubro, solo podrá prosperar por el importe efectivamente cobrado por los pasajes vendidos, esto es la suma de pesos tres mil doscientos setenta $3.270,00, detrayendo de lo abonado por el actor, lo retenido y depositado al fisco por la percepción anticipada del impuesto nacional ($552,00).	En tercer lugar dice que se ve agraviado por la sentencia cuando se lo condena indebidamente por daño moral. Expresa que es improcedente y el monto muy elevado e injustificado. Alega que no se ha demostrado el nexo de causalidad entre el hecho generador y el daño.

Asimismo dice que le agravia la admisión en la sentencia del daño punitivo en la suma de pesos diez mil ($10.000,00), en cuanto expresa que no se dan los presupuestos de procedencia de la multa civil (cfr. art. 52 bis de la ley 24.240).

Finalmente manifiesta que le causa agravio la condena en costas dispuesta.	Dice que la admisión parcial de las pretensiones esgrimidas por el actor y el rechazo de las restantes hace que las costas deban ser distribuídas en consecuencia al resultado.

Por todo lo fundado peticiona se revoque la sentencia en todas sus partes, con imposición de costas a la contraria. Formula reserva de derecho.

A fs. 275/278 la actora contesta la expresión de agravios y rechaza los fundamentos de la apelación por carecer de sustento fáctico y jurídico. Formula reserva de derecho constitucional y peticiona se confirme la sentencia de primera instancia.

ANTECEDENTES DE LA CAUSA	Sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por el Sr. Juez del Primer Juzgado Civil, se relatan suscintamente los hechos a los fines de dar una razonable autonomía al presente.	La acción se origina en la demanda por cumplimiento de contrato - daños y perjuicios, contra la empresa Cata Internacional Ltda. (empresa de transporte). Asimismo la actora peticiona se aplique la ley 24.240 y con sus modificaciones.

La actora relata que en fecha 30 de abril del año 2013 compró seis pasajes de colectivo de larga distancia a la empresa demandada, para que el día 03/05/2013 viajen cinco jugadores de voley y su entrenador al país de Chile. Al momento de viajar, se entera por los medios de comunicación que había paro de colectivos de larga distancia; sin embargo la empresa les informó que por tratarse de una empresa internacional no se encontraba adherida a la protesta.

Ante la información brindada los niños y el entrenador concurrieron a la terminal de ómnibus y no había un solo colectivo de larga distancia para viajar. En consecuencia se dirigieron a la sucursal donde compraron los pasajes y el empleado les libero los ticket para que no los perdieran y les pudieran reintegrar el dinero	En fecha 08/05/2013 la actora, con los pasajes y el original del ticket de la tarjeta de crédito firmado por él, reclama el reintegro de lo pagado por los pasajes y el impuesto de la AFIP. La empleada de la agencia le requirió el ticket (copia) de la tarjeta de crédito, sin el cual no podía hacerse el reintegro del dinero.

Ante tal situación la actora interpuso denuncia ante la Dirección de Defensa del Consumidor. Donde se resolvió que ratificar los cargos contra la empresa de transporte (art. 4, 19 y 40 de la ley 24240 y sus modif. Ley 26.361 y art. 42 de la ley 7714) y aplicó un daño directo de cinco mil quinientos ochenta y tres ($5.583) y una multa de $10.000.

En virtud de lo acontecido la actora inicio la presente acción. La demandada comparece (fs. 90) y contesta la demanda a fs. 101/108.

A fs. 251/256 se dictó sentencia definitiva y se condena a la demandada al pago a la actora de lo reclamada con mas intereses y costas.	TRATAMIENTO DEL RECURSO	Entrando al tratamiento de los agravios surge que en la sentencia objeto del recurso el Sr. Juez de primera instancia analiza la totalidad de los hechos y la prueba ofrecida y rendida en autos y le atribuye responsabilidad a la demandada por el incumplimiento del deber de información, consagrado en la Ley de Defensa del Consumidor (art. 4) y en consecuencia por la falta de prestación del servicio contratado por la actora.

En primer lugar corresponde afirmar la existencia de una relación de consumo entre la actora y la empresa proveedora del servicio de transporte. Por lo que corresponde la aplicación de la ley 24.240 que tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario en la relación de consumo.	El deber de información consagrado en el art. 4 de la ley 24.240, es una obligación derivada del principio de buena fe que implica que el proveedor debe dar a conocer al consumidor todas aquellas características del producto o del servicio que presta, en forma clara, cierta, detallada y objetiva. Este conocimiento es necesario para hacer elecciones bien fundadas y estar al tanto de todo aquello capaz de influir en la decisión a la hora de contratar el bien o servicio. No obstante el deber de informar no se agota con la contratación del servicio, en el caso específico de autos se mantiene durante toda la relación de consumo. Tal deber viene a equilibrar las diferencias existentes entre las partes en la relación de consumo, derivadas de situaciones abusiva que se presentan en la vida cotidiana en la relación entre el consumidor y el proveedor.

El Tribunal Supremo de la Nación tiene dicho que "Para resolver la colisión de los derechos de usuarios y consumidores con otras normas que regulan diversas situaciones específicas, corresponde tener en cuenta un doble orden de consideraciones. Por un lado, que en los casos que presentan colisión de normas no es la ley sino la Constitución Nacional la fuente principal de los derechos de los consumidores. Por otro lado, en el derecho argentino rige la interpretación más favorable al consumidor, la precedencia normativa constitucional y la integración con otras normas en el supuesto de ausencia de regulación específica. (Del Voto del Dr. Lorenzetti.) Banco Provincia vs. Dirección Nacional de Comercio Interior - CSJN - 19-03-2014". "La Ley 24.240 de defensa al consumidor fue sancionada por el Congreso, dentro de las facultades otorgadas por el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional llenando un vacío existente en la legislación argentina, pues otorga una mayor protección a la parte más débil en las relaciones comerciales -los consumidores- recomponiendo, con un sentido ético de justicia y de solidaridad social, el equilibrio que deben tener los vínculos entre comerciantes y usuarios, que se veían afectados ante las situaciones abusiva que se presentaban en la vida cotidiana". Flores Automotores S.A. S recurso ley 2268/98 -CSJN 11-12-2001". (sic).

La Constitución Nacional, en su reforma del año 1994, introdujo un capítulo en su parte dogmática denominado "Nuevos Derechos y Garantías", y en particular su artículo 42 consagró los derechos de los consumidores y usuarios en estos términos: ".tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz...".

En el presente caso la empresa prestadora del servicio debió tomar las medias adecuadas e informar en forma correcta a los usuarios, pasajeros, la medida de fuerza adoptada por el gremio de choferes (UTA) consistente en un paro de colectivos que se realizó el mismo día del viaje ya programado (03/05/2013).	Estimo que sin bien fue una medida no dispuesta por la empresa de transporte pudo ser prevista por quienes son los responsables de empresa e informar a los pasajeros de la situación.

El caso fortuito o fuerza mayor para ser considerado como eximiente de responsabilidad como pretende la demandada, debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.

De esta manera si bien la situación acontecida en autos no pudo ser revertida por la empresa demandada, sí pudo prever el hecho y las consecuencias. Por tales motivos la medida de fuerza no puede configurarse como un caso fortuito eximiente de responsabilidad para la empresa proveedora del servicio de transporte.

En consecuencia la demandada no cumplió con el deber de información oportuna y veraz a los usuarios del servicio, respecto a lo acontecido (art. 4 de la Ley 24240). El deber de información es fundamental en todas las etapas de la relación de consumo que los vincula, es decir desde la negociación, las preliminares y la finalización del vínculo o extinción del contrato.

De esta manera ante el incumplimiento del contrato por parte de la empresa, falta de información oportuna y la pérdida de la posibilidad de viajar en el tiempo previsto, el servicio contratado perdió validez, atento a que el viaje poseía un fin específico para los usuario, de cumplimiento imposible fuera de la fecha prevista.	Todo ello habilitó al consumidor a rescindir el contrato y reclamar la restitución de lo pagado (art. 10 bis ley 24.240). Por todo lo cual estimo rechazar el primer agravio.

En relación al segundo agravio, la apelada intenta eximirse de responsabilidad frente al consumidor alegando que, la medida de fuerza fue tomada por la patronal, es decir por un tercero ajeno a ella.

Sin bien la medida de fuerza fue dispuesta por el gremio que nuclea los choferes de colectivo, Unión Tranviarios Automotor (UTA), la empresa de transporte no puede deslindarse de responsabilidad frente al usuario, quien contrato en forma directa con la empresa Cata Internacional Ltda. la prestación del servicio. Por lo que considero que existe responsabilidad de la empresa prestadora del servicio, independiente de las acciones de repetición que puedan corresponder (art. 40 ley 24240).

En relación al daño directo reclamado entendido como "todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios". (art. 40 bis ley 24240).

En el presente caso queda probado el menoscabo económico directo sufrido por el actor, atento que abonó los pasajes y el viaje no se concreto. El perjuicio patrimonial directo sufrido se traduce en la suma de los seis pasajes abonada, más lo percepción de la Afip, siendo un total de pesos cuatro mil doscientos setenta y dos ($4.272).

El daño moral, no obstante encontrarse excluido por el art. 40 bis de la ley 24240, nada impide al consumidor que ha sufrido daño moral utilizar paralelamente la vía judicial para reclamar tal perjuicio, quedando así su derecho completamente amparado.

De manera que estimo que el daño moral, entendido como el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual que en la persona pueden producir determinadas circunstancias como en el presente caso la frustración del viaje, la falta de información correcta ante la media de fuerza adoptada por los trabajadores, la falta de solución inmediata ante un problema grave por parte de la empresa y mas aún los reiterados reclamos en el tiempo para que la empresa de transporte reembolse el dinero que percibió a los fines de la realización del viaje, han quedado plenamente acreditado y con ello el daño moral ocasionado.

En consecuencia ambos rubros daño directo y daño moral resultan procedentes e indemnizables por los montos ordenados en la sentencia de primera instancia, más los intereses correspondientes a la tasa activa desde 03/05/13 hasta su efectivo pago.	En cuanto al daño punitivo (art. 52 bis), estimo procedente la multa impuesta por el Sr. Juez de la causa, atento que la empresa proveedora del servicio de transporte no cumplió en debida forma con la obligación asumida por ella en el contrato de transporte, como así también de las obligaciones que le pesan sobre ella por encontrarse comprendida dentro del ámbito de aplicación de la ley de defensa del consumidor (art. 4, 10 bis, inc. c).

Finalmente en cuanto a las costas impuestas en primera instancia resultan ajustadas a derecho conforme art. 66 C.P.C.

Por los argumentos antes expuesto considero rechazar el recurso de apelación planteado a fs. 258 y confirmar la sentencia de primera instancia en todas sus partes.

Las costas se imponen a la demandada vencida conforme el principio objetivo de la derrota (art. 66 C.P.C).

Se regulan los honorarios del Dr. Sebastián Gómez Cornejo por su actuación en esta instancia en un 30% de la regulación establecida en primera instancia y Dr. Federico Esteybar Damiani por su labor profesional en un 30% de lo regulado en primera instancia (cfr. Art. 21 inc. a) de la ley 56-O).

EL SR. JUEZ DE CÁMARA DR. LUIS A. RECIO, dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Sr. Juan Carlos Pérez.

Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrina citada, SE RESUELVE:

1- Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 258 por la demandada contra la sentencia de fecha 30/11/2017, la que se confirma en todas sus partes por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes.

2- Costas a la apelante vencida.

3- Regular los honorarios del Dr. Sebastián Gómez Cornejo por su actuación en esta instancia en un 30% de la regulación establecida en primera instancia y al Dr. Federico Esteybar Damiani por su labor profesional en un 30% de lo regulado en primera instancia (cfr. Art. 21 inc. a) de la ley 56-O).

Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C.. FDO: DR. LUIS ALBERTO RECIO; DR. JUAN CARLOS PEREZ. ANTE MI DRA. MARIA NOEL VITTAZ- PROSECRETARIA- PROT. SENT. T° II F° 45/51 AÑO 2018