marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, declaración de la víctima menor, apreciación de la prueba, testimonio, fallos del Superior Tribunal
Materia: PENAL
Carátula: C.J.P. c/  s/ abuso sexual - Ley 5020
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-12-07

Es doctrina legal que los dos principales factores de consideración para valorar el testimonio son la exactitud (o veracidad) de los dichos, esto es, la correspondencia entre ellos y lo realmente sucedido, y la credibilidad (o sinceridad), que es la convicción del testigo en relación con lo que dice (cf. Inés Lucero, "El testimonio de los niños en el proceso penal", Bs. As., Ad-Hoc, 1a ed., 2011, p. 29; STJRNS2 Se. 33/15 "F.I.A.", Se. 195/17 "G.M.E."). (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Proceso contravencional, responsabilidad de las personas jurídicas, representación de personas jurídicas, mandato especial
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Casino Puerto Madero (Responsable) s/ inf. Art. 60 ley 1472. Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-19

En el caso, el apoderado letrado carece de mandato suficiente para asumir en nombre de la persona de existencia ideal la responsabilidad de naturaleza penal a que daría lugar la homologación del acuerdo del juicio abreviado.

Conforme el artículo 268 de la Ley de Sociedades Comerciales, la representación de una sociedad anónima corresponde al presidente del directorio, o a los directores que específicamente autoricen sus estatutos.

Tal como surge del poder obrante en autos el poderdante otorgó poder general judicial amplísimo, a partir de la autorización que a tal efecto le efectuara el Directorio de la sociedad; sin embargo nada refiere de modo especifico a los límites o extensión de su mandato.

Para que el apoderado sea legitimado activamente en el proceso es necesario que el poder especial judicial contenga una manifestación inequívoca de la voluntad de accionar, referencia al delito investigado y juzgado interviniente.

Los principios de derecho común relacionados con el mandato y una correcta interpretación sistemática de normas legales que son aplicables a la querella (artículo 83 Código Procesal Penal de la Nación) obligan a trasladarlos al supuesto que nos ocupa, para sostener la necesidad de la intervención judicial de la persona jurídica imputada por medio de un mandatario especialmente investido para ello.
Movilidad del haber jubilatorio, Constitución Nacional, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, solidaridad previsional
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Benito, José c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. s/ Movilidad del haber jubilatorio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Dado que a partir de la sanción de la ley 24.241 únicamente se ha reconocido un incremento de haberes previsionales inferior al 4%, ello justifica aplicar la pauta que mejor se avenga con la movilidad de las prestaciones consagrada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, dando preferencia a lo dispuesto por los arts. 10 y 11 de la ley 24.463 (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Prescripción de la acción penal, concurso de delitos, ley penal más benigna
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Inc. de prescripción. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-16

La discusión en torno a la prescripción en los supuestos de concurso real de delitos, acerca de la aplicación de las teorías de la acumulación o del paralelismo, ha quedado definitivamente resuelta con la sanción de la ley 25.990 en tanto del último párrafo del art. 67 del C.P., surge que "la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito...".

La existencia de la ley posterior más benigna, opera, en la especie, como una excepción al principio constitucional de irretroactividad (art. 2 del Código Penal, art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 75, inc.

22 de nuestra Carta Magna).

Por consiguiente, corresponde revocar el auto apelado y declarar extinguida la acción penal por prescripción.
Transacción, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Serantes, Miguel Angel y otro c/ Baigol, Walter Alberto y otro s/ Indemnización de daños y perjuicios Mazza de Amicone, Filomena c/ Asociación de Bomberos Voluntarios del Partido de Morón y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06|1999-07-06

Los emolumentos arancelarios tienen que ser regulados tomando como "monto del proceso" el que surge de la transacción, cuando en ella intervino el profesional interesado en la regulación (art. 25 del dec. ley 8904), pero dicho modo de terminación anormal del litigio, no obliga al letrado en la medida que no tuvo participación en el acuerdo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, concursos, fallido, legitimación procesal, interés legítimo
Materia: CIVIL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ESACON SA c/ BARSEAN, JORGE s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 265-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

Siendo el fallido titular actual del patrimonio afectado por la quiebra, asume legitimación para deducir recurso de inconstitucionalidad, pues tiene "interés jurídico", "interés legítimo", "interés actual", e "invoca gravamen".
Empleo público, remuneración, reducción salarial, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Aramo, Viviana Amalia y otra c/ E.N.  (Ministerio de Salud y Acción Social) s/ Empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-13

Procede la demanda de los agentes del Ministerio de Salud y Acción Social por indebida reducción del monto correspondiente al "suplemento por actividad crítica asistencial" dispuesto en el Decreto 1.070/85 ya que habiéndose demostrado una norma en la retribución de los servicios prestados por los actores por la aplicación del Decreto 1.767/87, ha de concluirse que éste viola el derecho de propiedad de los actores al reducirse arbitrariamente sus ingresos.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Pochado, Carlos Alberto s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-25

El art. 166 inc. 2 del Código Penal sólo expresa que el robo se agrava si se comete con armas, esto es usando armas. Por consecuencia no corresponde hacer distingo alguno en cuanto al modo de uso. y, cualquiera sea la postura del intérprete respecto del cuál resulte ser el motivo de la agravante, indudablemente la portación y exhibición de un arma, tanto aumente la capacidad ofensiva del autor cuanto intimida al damnificado y representa para él un peligro.
Pena privativa de la libertad, ejecución de la pena, juez de ejecución, facultades del juez, libertad asistida
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Velázquez, Juan Carlos s/ Hurto automotor s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-12-23

El art. 54 de la ley 24660 de ejecución de la pena privativa de la libertad es una de las innovaciones de esta ley, y permite que el penado recupere su libertad personal antes del vencimiento de la condena. La norma contiene un supuesto de excepción por el cual se faculta al juez de ejecución penal a denegar la libertad asistida:

que esa libertad implique un grave riesgo para el penado o para la sociedad. La denegatoria debe ser por resolución fundada, en la que se expliquen los motivos por los cuales no se concede.
Contratos, buena fe, ejecución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Cortinez, Oscar Enrique c/ Saunders y Larreguy SRL y Otros s/ Resolución de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-10

La directiva de la buena fe que estatuye el artículo 1198 del Código Civil, se extiende a la ejecución o cumplimiento del contrato, y en tal sentido cabe considerar la recíproca lealtad que en todo momento los contratantes se deben, tratándola con un criterio objetivo, o sea, como si hubieran actuado personas honorables o razonables.
Redes sociales, cuestiones de competencia, Internet, ley de protección de los datos personales, competencia excepcional, competencia federal, Facebook
Materia: CONSTITUCIONAL-INFORMATICO
Carátula: Brusco, José Ernesto c/ Facebook Argentina S.R.L. y otros s/ medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-13

En los casos en los que se persigue eliminar datos o contenidos que obran en bases de información de Internet -interconectadas en redes virtuales interjurisdiccionales-, es competente el fuero de excepción, con apoyo en los artículos 36, inciso b, y 44 in fine, de la ley 25.326. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Matrimonio, sociedad conyugal, administración de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez Malanca, Alejandro c/ Vara Molina, Claudia s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-03-01

Durante la unión matrimonial, la sociedad conyugal no constituye una persona jurídica distinta de los esposos. Su vigencia indica que cada uno de ellos tiene la libre administración de sus bienes propios y de los gananciales que adquiera según lo prescripto por los artículos 1276 y 1277 del Código Civil, lo cual conforma un régimen de administración restringida a las ganancias de administración reservada. Por eso los cónyuges responden separadamente por las deudas contraídas en favor de terceros.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Ballesteros, Enrique Daniel; Décima, Agustín Humberto s/ Robo calificado Payong o Payon, Roque Luis s/ Robo agravado Figueroa, Ercio Rodolfo; Ruiz Guadalupe, Dante Rubén s/ Robo simple Ortiz, Oscar Antonio s/ Robo en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22|1998-03-10|1999-08-10|2000-04-12

La ley se refiere al arma en cuanto debe aparecer y exhibirse como un instrumento susceptible de producir un daño físico, pero lo prioritario es el efecto intimidatorio que genera en la víctima la utilización de cualquier elemento de aquellas características que se presente idóneamente a tal efecto. Eso es precisamente un arma. En cuanto a su diversidad de contenidos posibles, ya que la misma puede asumir múltiples formalidades variables según las circunstancias de modo, tiempo, lugar y persona, está receptada en la fórmula plural que utiliza la norma del art. 166 inc. 2° del Código Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario federal, cuestión no federal, sentencia arbitraria, cuestiones de hecho y prueba, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Cúneo, José Esteban y otros c/ El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo Edificación y Crédito Limitada.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia pronunciamientos equivocados o que el recurrente considere tales en orden a temas no federales, pues su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación, ya que lo contrario importaría extender la jurisdicción de la Corte habilitándola a revisar todos los pronunciamientos, con menoscabo de los límites establecidos por la Constitución y las leyes (Disidencia del Dr. Gustavo A.

Bossert).
Acto administrativo, acto administrativo regular, estabilidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Irurueta, Felicia Sofía c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-18

Si la Administración procedió a anular el acto que dio fundamento por más de treinta y cinco años al pago de la pensión de que es titular la actora invocando un vicio que no logró acreditar, ha obrado en contradicción con el principio de estabilidad de los actos administrativos regulares que acuerdan derechos subjetivos que se están cumpliendo (conf. arts. 5 del C.P.C.A., 114 y 117 del dec. ley 7647/70).
Beneficios previsionales, carácter alimentario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Massa, Juan Carlos y Otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-25

Es deber de la judicatura, en su labor de verificación de la razonabilidad de las medidas adoptadas, recordar que tanto el salario como el haber previsional, en virtud de su naturaleza alimentaria, deben ser objeto de tutela, predominando axiológica, sociológica y normativamente.(doctor de Lázzari, mayoría)
Locación de inmuebles, forma del contrato, contrato por escrito, valor probatorio, principio de ejecución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: CORDUA, FRANCISCO c/ HENDLER, NORBERTO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-04

No obstante que la ley 23091: 1, establece que los contratos deben ser formalizados por escrito; ello no empece (según el mismo texto lo consagra), a la validez de aquellos que no fueran plasmados de ese modo, cuando han tenido -como en el caso principio de ejecución. Ello así, toda vez que no media duda que la ocupación del bien constituye -prima facie- principio de ejecución del contrato; maxime, si al no haberse invocado causa de ocupación alguna, los testimonios brindados y las restantes constancias de la causa, en especial la conducta asumida por el accionado, persuaden de la existencia de la locación.
Acción, legitimación activa, colegio profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires c/ Municipalidad de Lomas de Zamora s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

El Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires carece de la aptitud -legitimación- para ser "parte interesada" para obtener el "reconocimiento de los derechos" de carácter administrativo (art.

149 inc. 3, Const. prov. 1934) cuyo ejercicio y preservación se pretenden mediante la demanda y que corresponden como "particulares" a los profesioanles a quienes individualmente alcanzan las normas y decisiones cuestionadas (arts. 1, 28 inc. 3 y conc. del C.P.C.A.).

(Minoría u opinión personal)
Reformatio in pejus, recurso de apelación (procesal), pretensión, jueces, iura novit curia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CIS, MIGUEL ANGEL c/ GOBBO Y BONINO S.C. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-19

La Alzada, en su misión revisora, se encuentra limitada en lo relativo a los hechos, mas no en punto al derecho, por lo que no sólo los litigantes podrán traer argumentos jurídicos no esgrimidos antes, sino que, planteados erróneamente, será la alzada quien, en uso del "iura novit curia" reconducirá la situación. "Esta libertad de argumentar, de la que participa el Tribunal de alzada, lo faculta naturalmente a decidir los pleitos con otros fundamentos normativos que los utilizados hasta entonces".
Marcas, marcas confundibles, cotejo de marcas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SALVI DE FOLCHI M.O. c/ RUBINSTEIN LUIS. s/ OP.  INF.  (EX  CLASES  15  Y  16 'PETUNIA' VS. 'EL ARCON DE  PETULA')
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-29

Los motivos que pudo haber tenido el titular de un registro para tolerar marcas más o menos semejantes a la suya, no proyectan relevancia pues su comparación con aquellas puede arrojar resultados diferentes al que surge de cotejar las que se encuentran específicamente en conflicto.
Personal policial, actos de servicio, accidente en acto de servicio, infarto, relación de causalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MESA, JESUS MARIA c/ ESTADO  NACIONAL (MINISTERIO DEL INTERIOR- POLICIA FEDERAL ARGENTINA) s/ ORDINARIO- PROCEDIMIENTO JUDICIAL-    PRUEBA-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

Debe prevalecer el dictamen de los médicos forenses en punto a que, por razones que expusieron, la enfermedad fue consecuencia de las tareas desempeñadas por el actor -criterio coincidente con el perito médico de lista y con la opinión del servicio policial que atendió al actor cuando tuvo su infarto, dato éste de suma importancia frente al dictamen de la junta permanente de reconocimientos médicos de la policía, que pese a encuadrar reiteradamente las licencias de aquél en el art. 46, Inc. 2do. del DL. 333-58 ("Enfermedad causada por actos de servicio"), entendió luego sin dar razones, que los elementos de juicio aportados no constituirán evidencia que permitiese afirmar que su enfermedad pudiera ser considerada como vinculada al ejercicio de la función policial como consecuencia directa e inmediata de ésta y como riesgo específico y exclusivo de dichas tareas, (art. 490, Inc. a, D.6580 58, Ref. Prov. D.4024-63).
Accidente de tránsito, automotores, legitimación procesal, daños y perjuicios, indemnización, privación del uso de la cosa
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: SANGUINETTI, MARIA KURTZEMAN DE c/ PEDROZA, JOSE EDUARDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 160-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-16

Resulta descalificable la sentencia que hizo lugar a la apelación extraordinaria y rechazó la demanda por daños y perjuicios con motivo de un accidente de tránsito, con sustento básicamente, en la opinión del Vocal preopinante, que señaló que "habiéndose demandado únicamente en calidad de propietaria del rodado, el a quo hizo lugar a los rubros mencionados en el carácter de usuario y guardadora jurídica -calidades no invocadas al demandar- incurriendo en incongruencia", si con los principales a la vista, se advierte que es cierto que la parte sostuvo utilizar el vehículo para "su uso personal", reclamando consecuentemente reparación por la privación del mismo; y, además, acompañó un certificado del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, que fue descalificado por no haber sido ofrecido como prueba.
Recurso de nulidad, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Gaona, Angel c/ Sistema Provincial de Salud s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-04-03

El recurso de nulidad contra la sentencia no es procedente cuando los supuestos defectos aducidos pueden ser reparados por vía del recurso de apelación, consecuencia del principio de la absorción de la invalidación por la impugnación que contiene el artículo 253 del Código Procesal Civil y Comercial.
Honorarios, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL
Carátula: NEONIVEL  S.A. c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

El art. 1 de la ley 23982 dispone la consolidación en el Estado Nacional de las obligaciones vencidas o de causas o título anterior al 1 de abril de 1991 que consistían en el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en éste, encuadrándose en dicho supuesto la obligación de pagar honorarios que reconoce como causa la imposición de costas dispuesta en una causa.
Derecho administrativo, contratos administrativos, vicio de incompetencia, revocación del acto administrativo, conocimiento del vicio, publicidad de los actos de gobierno
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Covimet S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-02

Las potestades de aprobar concesiones, permisos de uso o constituir derechos sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de cinco años, no consisten en la emisión de reglas de alcance general destinadas a establecer obligaciones de las personas en general. Es decir, no son actos típicamente legislativos. Son actos de alcance singular que comprometen al GCBA. En tales condiciones, constituyen parte de la función administrativa, como principio, captada por el citado art. 95 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta posición del inciso 5 del art. 82 de la CCABA importa darles el alcance de excepción a los arts. 69 y 95; como consecuencia de lo cual no cabría una interpretación extensiva. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano). "Covimet S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido y recurso de inconstitucionalidad parcialmente concedido" y su acumulado expte. n° 14490/17
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Vicuña S.R.L. c/ Trapa, Aníbal Hernán s/ Incidente de reajuste Dirección de Personas Jurídicas c/ Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda. s/ Intervención
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-03|1989-09-12

Determinar si en un caso concreto se ha configurado cosa juzgada es una facultad privativa de los jueces de las instancias ordinarias y, por ende, no susceptible de censura en casación, salvo que se alegue y demuestre la concurrencia de un razonamiento absurdo.
Sentencia definitiva, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALTAMIRANO AURORA Y OTROS c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PCIA. DE ENTRE RIOS s/ Sumario s/Rec. de Queja (interp. por Dres. Tamaño y Mac´Kay)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-11-20

No constituye sentencia definitiva la declaración de incompetencia que no decide sobre la naturaleza del vínculo jurídico entre las partes ni lleva implícita la suerte de ninguno de los derechos que se intenta hacer valer en juicio.
Recurso de casación, depreciación monetaria, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: BOHOSLAVSKY GUILLERMO c/ OGRISEK NELMA RAMONA s/ ESCRITURACION-MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-08-29

El principiio de congruencia requiere oportuno planteo en instancia procesal útil, consecuentemente el pedido de computación de la depreciación monetaria para evitar el quiebre de la ecuación económica financiera del contrato, no importa someter al tribunal un capítulo no propuesto a la decisión del juez del primer grado, porque en definitiva lo que se pretende es que se adecue el importe impago al valor actual de la moneda o al 31 de marzo de 1991, que no es más que una aplicación concreta de la regla procesal en cuya virtud el monto debe fijarse al día de la sentencia que pone fín al pleito.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferraro de Leone, Esther y otros c/ Di Modica, Roberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-26

Si los pasajeros del vehículo de transporte advirtieron que la víctima intentaba el cruce de la calle, lo mismo debió haber advertido el conductor de aquél.
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Angelelli, Luis Víctor c/ Guagnano, A. y otro s/ Daños y perjuicios Arasati de Higa c/ Alfaro, Raúl s/ Daños y perjuicios Correia de Torello, E. y otros c/ Alfaro, Raúl A. y otro s/ Daños y perjuicios Correia de Torello, E. y otros c/ Alfaro, Raúl A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-04|1993-08-04|1993-08-04|1993-08-04

El mínimo de fundamentación que exige el art. 472 del CPCC no puede lograrse con la sola observación de las fotografías obrantes y su análisis, pues por más que la especialización y los conocimientos que se ha de suponer posee el perito tienen que haber alimentado tal análisis y sus conclusiones, ellos no pueden quedar "in pectore" del experto, sin posibilidad de que las partes y el Juez conozcan los fundamentos de su dictaminar, permitiendo a los primeros contradecir o discutir aquellas conclusiones y al segundo apreciar la valía del dictamen para aceptarlo o rechazarlo -total o parcialmente- al tiempo de abrevar en él para forjar su convicción (arts. 472, 474, CPCC).