Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-12-15


Daños por incumplimiento - deber alimentario.- Expte. N°: 47424 FERNANDEZ MARIA CRISTINA C/ LANZA JUAN CARLOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.POR DEL.Y CUASID.SIN USO AUTOM.(SIN RESP.EST.) N° Orden: 253 Libro de Sentencia Nº: 52 /NIN, a los 15 días del mes de Diciembre del año dos mil once, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, PATRICIO GUSTAVO ROSAS Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa Nº 47424 caratulada: "FERNANDEZ MARIA CRISTINA C/ LANZA JUAN CARLOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.POR DEL.Y CUASID.SIN USO AUTOM.(SIN RESP.EST.)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Rosas y Castro Durán.- La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1a.- ¿ Se ajusta a derecho la sentencia apelada ? 2a.- ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Guardiola dijo:

1) En la sentencia dictada a fs. 512/519vta. se hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por Carolina Andrea Lanza y Melina Natalia Lanza contra su padre Juan Carlos Lanza , condenándolo al pago de la suma de $ 5.000 para cada una de ellas por daño moral derivado del incumplimiento de su obligación alimentaria; rechazando en cambio los reclamos por daño psíquico y emergente. Desestima también la acción dirigida contra Hugo y Daniel Lopez como empleadores de aquel por el incumplimiento de la orden judicial de retención y depósito judicial de la cuota fijada. Impone las costas por el rubro que progreso al demandado Lanza y por los conceptos rechazados respecto de la totalidad de los demandados por su orden.

Apelaron los apoderados del Sr. Lanza Dra. María Virginia Aloe (fs. 524) y de las actoras Dr. Miguel Alberto Piedecasas (fs. 525) En la expresión de agravios de la parte actora, la crítica se centra en primer lugar en el rechazo de la pretensión contra los Sres. López en razón de que contrariando la cita que efectúa la Sra. Jueza del fallo Marzoa de la Cámara de San Isidro entendió que la desobediencia en que incurrieran por la que el Sr. Juez de Paz ordenó la aplicación de astreintes no guarda vinculación con los daños invocados, atribuyéndoselos al incumplimiento de los deberes de la relación paterno-filial. Sostiene que si la conducta fue antijurídica deben responder por los daños materiales y morales causados, derivados de los trastornos de no disponer del dinero en tiempo y forma. Estima exigua la cuantificación del daño moral. Luego objeta el rechazo de los otros daños: destaca que la sentenciante ha tenido una concepción restrictiva del daño psíquico, comprobado pericialmente y formula consideraciones doctrinarias sobre la procedencia de daños frente al incumplimiento de los deberes de asistencia (Gunthardt de Leonardi "Responsabilidad paterna por violación de los deberes de asistencia, educación y tenencia" en RDD 2002-2 "Menor dañino y menor dañado"), respecto de los cuales los intereses y astreintes se revelan como insuficientes. Menciona que tal conducta que tipifica como dolosa persistió durante enorme cantidad de tiempo y aún hoy no se ha logrado regularizar el cumplimiento ( ver fs. 546/550) Por su parte la demandada en su memoria de fs. 551/553 se disconforma del pronunciamiento señalando que en clara violación a lo dispuesto por el art. 163 inc. 5 CPCC no se ha valorado elemento probatorio alguno que permita acreditar que el padre se ha desentendido de sus hijas. Aduce que además no está demostrada la relación de causalidad entre ese supuesto desinterés y los padecimientos espirituales alegados, los que tienen en todo caso base en la separación y mala relación entre los padres y no en el pretendido incumplimiento alimentario. Apunta que no se trata de un padre que ha ocultado bienes , sino de un tractorista de escasos recursos que dentro de sus posibilidades se ha hecho cargo de la cuota alimentaria para sus hijas , teniendo que alimentar también a otros hijos. Concluye que no se dan los presupuestos subjetivos - dolo o culpa - para responsabilizarlo por daño moral. Finalmente se queja de la imposición de costas por su orden, apartándose del criterio objetivo de la derrota respecto de los daños desestimados.

Habiendo ejercido el recíproco derecho de réplica, resistiendo las impugnaciones a fs. 563//565 y 561/562 respectivamente, y no habiendo hecho uso del mismo los codemandados López, firme que quedó el llamado de autos para sentencia de fs. 567, las actuaciones están en condiciones de ser resueltas (art. 263 del CPCC).

2) Desde la primera oportunidad que tuve de pronunciarme sobre reclamos de daños en un divorcio ( Expte 36905 sent. del 17/9/2002 LS 43 n° 325 ) y de manera más frecuente ante la falta de reconocimiento oportuno de la filiación extrapatrimonial ( ver a título ejemplificativo Expte. Nº 40261 sent. del 24/2/2005 LS 46 nº 40) he adscripto a la mal llamada tesis intermedia, de la que verbigracia pueden considerarse exponentes - aunque con matices diferenciales - muchos de los distinguidos miembros de la Cámara Nacional en lo Civil en oportunidad del acuerdo plenario del 20-9-94 (ED 160- 162) y que conformaron la mayoría: Dres. Ana María Luaces, Hugo Molteni, José Luis Galmarini, Mario Calatayud, Carlos Degiorgis, Emilio Pascual, Jorge A. Giardulli y Luis G. Lérida; y en la que también se enrolan Ramón D. Pizarro (Daño Moral p. 522 y ss) y Eduardo Zannoni ("Repensando el tema de los daños y perjuicios derivados del divorcio" JA 1994-II- 823). Y digo que a mi parecer es inexacta su denominación como intermedia y más si se la llama restrictiva, ya que en rigor solo es estricta. Ello por cuanto la misma es igualmente reacia a la postura que por la especialidad del derecho de familia bloquea el ingreso de toda norma civil que no esté expresamente confirmada en ese ámbito, haciéndola un coto impenetrable para el derecho de daños, cuanto a la que propende a la generalización indiscreta de criterios reparatorios entre miembros de una familia, soslayando que las circunstancias propias de las relaciones en la comunidad doméstica , con fines específicos y hasta superiores a los de sus mismos integrantes, requieren un análisis y juzgamiento bajo una óptica especial.

Así invariablemente he expresado que " descartar o aplicar la normativa que regula los hechos ilícitos a las relaciones y deberes derivados del vínculo familiar, sin más de forma automática e indiscriminada, ya sea por la especialidad del Derecho de Familia o por el carácter general de las normas del responder civil, sin la visión específica de aquella rama y descarnadamente de la realidad a la que se aplican, importa una simplificación inadecuada, al menos para una valoración judicial, y que no basta la procedencia de la acción -divorcio por culpabilidad del cónyuge o en el caso de reclamo de filiación- para que proceda el resarcimiento del daño moral, si no se encuentran reunidos los presupuestos comunes de antijuricidad, culpabilidad, relación causal y daño debidamente comprobado. O para decirlo generalizando las palabras del Dr. Galmarini que en dicha oportunidad cité: "no es que las normas de los hechos ilícitos penetran en el Derecho de Familia, sino que la conducta del ofensor adquirió tal trascendencia que excedió, desbordó la protección de la familia que hace a lo propio de esa especialidad del Derecho, y por ello su comportamiento y consecuencias dañosas lo colocaron en el marco general de la responsabilidad civil" Los dogmatismos opuestos, a la par de las paradojas que a veces consagran (vgr. por un lado, cuando la familia ha quedado reducida en el mejor de los casos a lo biológico, sin posibilidad de restañarla, so pretexto de preservar lazos afectivos y espirituales quebrados, continuar negando la única reparación posible al injusta y gravemente afectado, o por el otro desterrar las causales subjetivas de divorcio y con ello las sanciones propias de la materia bajo el abrigo amorfo del desamor o "desquicio matrimonial", mientras se extiende la reparación a la ruptura prenupcial o de las uniones de hecho) pueden conducir también a que por principismo se prescinda del análisis de las circunstancias fácticas, para comprobar si se encuentran configurados los extremos propios de la responsabilidad, dándolos de antemano por inexistentes o cumplidos, con tal de mantener enhiesta la validez de las premisas de las que parten.

Si bien no puede afirmarse que obedezca a esto último ciertos defectos de exposición y valoración de los antecedentes concretos y situaciones generadas que dan fundamento fáctico a la admisión o rechazo de los daños invocados, que puntualiza en su recurso la parte demandada, lo cierto es que rozaría la nulidad un pronunciamiento que en base a consideraciones generales o abstractas sobre antijuricidad y causalidad decida la suerte del litigio. Por ello y sin perjuicio de fijar de inicio algunos conceptos que me han de servir de guía en el derrotero, mi labor se centrará fundamentalmente en dar ese soporte necesario a una decisión cuyo resultado, adelanto, estimo justo.

3) Tal como expresara el Dr. Lázzari ( SCBA C. 107.684, "G. , R. S. contra P. , M. Á.P. . Alimentos" 1/5/2011) el crédito por alimentos " exige una protección especial (arts. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 6, 12y 27 de la Convención de los Derechos del Niño; 75 inc. 22, Const. nac.y 7 de la ley 26.061, ver mi voto Ac. 93.508, resol. del 5-III-2008) y que debe ser satisfecha en forma integral (arts. 207, 267y 372 del C.C.) en relación al daño que provoca la mora y que el ordenamiento jurídico no puede avalar, por la gravedad que tiene para la sociedad toda, el incumplimiento del deber alimentario atento a su incidencia en el derecho a la vida y al pleno desarrollo del niño y por contradecir la indispensable protección de la responsabilidad familiar en ambos progenitores (arts. 18.1, 27.2 y 4 de la Convención de los Derechos del Niño; 75 inc. 22 de la Const. nac.; y mi voto Ac. 87.970, sent. del 5-XII-2007)." Las vías ejecutorias y compulsorias (astreintes ) no en todos los casos alcanzan y son suficientes. Como reflexiona Sandra Prevalil ("Medidas frente al incumplimiento alimentario" en "Alimentos a los hijos y derechos humanos" Cecilia P. Grosman y colab. Ed. Universidad p. 335): " Las cuotas no pagadas a su debido tiempo pueden causar daños al alimentado por no poder contar con el aporte económico del alimentante. Acreditados tales perjuicios y demostrada la relación causal con el incumplimiento, la acción por daños y perjuicios habrá de prosperar, porque será muy difícil invocar alguna causa de justificación que bien pudo hacerse valer oportunamente en un incidente de reducción o cese de cuota" ( el subrayado me pertenece) Entre esos daños cobra relevancia el daño moral. Al respecto se ha sostenido: " El incumplimiento de la obligación alimentaria genera un daño moral objetivo, el menoscabo o lesión que sufre la persona socialmente; y un daño moral subjetivo, las angustias y aflicciones que produce esta situación en quien la padece. La reparación del daño moral en estos supuestos tiene un doble carácter: resarcitorio y a la vez punitorio o ejemplificador sobre la conciencia social." (Francisco A. M. Ferrer "Daños resarcibles en el divorcio" Abeledo Perrot en Cap. XIV Otros daños que pueden dimanar de situaciones conexas p. 97/8); "Es resarcible el daño moral derivado del incumplimiento de la obligación alimentaria" (Ponencia de los Dres. Minyersky, Flah y Viggiola en las Segundas Jornadas Mendocinas de Derecho Civil abril de 1991 Comisión 2 "La prestación alimentaria su protección" JA 1991-II-849); Augusto R. Sobrino, Blanca S Revoredo y Verónica Alvarez (" Alimentos y daño moral" JA 1998-II-688) consideran que si el obligado no acredita fehacientemente que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de cumplir, se debe considerar que voluntariamente incumple con su obligación alimentaria, correspondiendo que indemnice al hijo en concepto de daño moral.

Pero también en algunos casos se configura un perjuicio patrimonial adicional, sin que los intereses moratorios impidan su resarcimiento (art. 508 CCivil) en concepto de pérdida de chance si se demuestra que el incumplimiento ha frustrado la posibilidad de determinado logro o bien ( Claudio Belluscio "Incumplimiento alimentario respecto de los hijos menores" Ed. La Rocca p. 148/162; CSJMendoza Sala I 28/5/04 causa 78885). "El incumplimiento de la obligación alimentaria es idóneo para comprometer la responsabilidad civil por daño patrimonial y moral del progenitor. Es una conclusión razonable, que valora el carácter antijurídico e imputable que tiene dicha conducta dañosa" (Ramón Daniel Pizarro "Daño moral" p. 527/8) Con lo sintéticamente expresado resulta claro que no comparto en términos generales la opinión del distinguido jurista Eduardo A. Sambrizzi en trabajo publicado en la Ley 2003-A,1014: "Improcedencia del reclamo de daños por incumplimiento del pago de la cuota alimentaria..." Ello, insisto, siempre que se den "...los presupuestos de la responsabilidad extracontractual derivada de la comisión de un hecho ilícito: antijuricidad, imputabilidad y relación de causalidad entre el hecho y el menoscabo sufrido por el niño" ( Grossman Cecilia P "La responsabilidad de los cónyuges entre sí y respecto de los hijos" en "Los nuevos daños... "Ghersi Coord. Hammurabi p. 414) 4) Pasando sin más a los antecedentes de este reclamo, corresponde reseñar que luego de desestimada una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (causa 21.352 del año 1993), en Febrero de 1995 se inició ante el Juzgado de Paz de Rojas juicio por alimentos ( expte. 36255), arribándose a un acuerdo que fuera homologado a fs. 37/39 de esas actuaciones -marzo de 1995-, por el cual el padre depositaría $ 30 semanales en una cuenta bancaria.

Casi de inmediato se comenzaron a denunciar en forma reiterada incumplimientos (v fs. 53, 56, 69, 118, 157) en primer lugar del Sr. Lanza y luego de los sucesivos empleadores ( los últimos los codemandados López) en la retención y depósito de las cuotas pactadas.

En noviembre de 2002 la madre de las ahora actoras Sra. Fernandez inicia incidente de aumento de cuota alimentaria ( expte. 41255 también acollarado), arribándose a sentencia de esta Cámara el 9 de diciembre de 2004 ( fs. 150/154) por la que se hizo lugar al aumento de cuota alimentaria desde la fecha de notificación del incidente 17/3/03 hasta el 13/12/03 en que Carolina Andrea llegó a la mayoría de edad fijando la cuota en $ 200 y a partir de dicha fecha únicamente para su hermana Melina Natalia en $ 150. Por dicho pronunciamiento se entendió que no correspondía valorar la afección oftalmológica por ser un "gasto extraordinario" que tiene una vía de reclamo diferente.

Más allá de algunas presentaciones que se sucedieron desde julio de 2005 hasta agosto de 2008 en el expte. 36255 ( ver fs. 201 a 259) del Dr. Piedecasas, Lopez y Lanza, se desconoce si la suma por alimentos atrasados que en su última determinación ascendió a $9.281 fue cancelada y como fue el cumplimiento de la mensualidad establecida, al no existir otro tipo de actuaciones (art. 645 CPCC).

En relación a los codemandados López el 19 de diciembre de 2001, la Sra. Fernandez efectúa denuncia por el delito de desobediencia (causa C-723/2005) En la declaración testimonial que brinda Dario José a fs. 17 manifiesta ser contratista rural , que Lanza trabaja en forma discontinua, que a veces le entregaba el dinero retenido en forma directa a la actora y que para no tener más problemas acordó con su hermano que los próximos pagos se harían por la entidad bancaria. El 15 de Febrero de 2006 se acordó la suspensión del juicio a prueba, lo que no implica reconocimiento de responsabilidad alguna y el 24 de mayo de 2007 la extinción de la acción penal y su sobreseimiento ( fs. 128/9).

5) Aun cuando no es posible una reconstrucción detallada de la entidad y duración de los incumplimientos alimentarios del Sr. Lanza, entre otras causas por la ausencia de liquidaciones que reflejaran los pagos parciales y saldos correspondientes, obvio resulta que los mismos existieron. La propia contestación de agravios en el incidente de aumento de cuota alimentaria señalando que no es justificativo para ello los trámites efectuados para cobrar cuotas impagas (ver fs. 141 vta. del expediente respectivo) me exime de mayores comentarios. Independientemente de la efectividad o no de la estrategia judicial desplegada, innegable es que ella fue necesaria por la morosidad y reticencia del demandado en la observancia fiel de lo inicialmente convenido.

Ese comportamiento, de ninguna manera aparece justificado por dificultades económicas que aunque hubieren existido estuvieron exentas de apreciación judicial en tanto ningún planteo concreto hubo al respecto. Dicha omisión antijurídica resulta entonces imputable al menos a título de culpa, correspondiendo así responsabilizarlo por las consecuencias dañosas que en nexo adecuado de causalidad provocó (arts. 512, 901,906 y 1109 CCivil).

El daño moral provocado a las propias hijas en cuanto a las aflicciones y padecimientos que hubieron de soportar desde pequeñas por la incertidumbre familiarmente vivida de contar con el aporte económico del padre, según considero surge in re ipsa (art. 1078 CCivil). Ahora bien, sin penetrar en la debatida cuestión de la naturaleza de este perjuicio, en la siempre difícil tarea de cuantificar dinerariamente la lesión de bienes precipuos de naturaleza espiritual de la vida del hombre, no debe dejar de computarse parámetros que lo dimensionan en su entidad objetiva, tales como las circunstancias personales de las damnificadas y quien lo produjo, las razones invocadas y los indicios que adicionalmente se aportaron para demostrar su relación ( incrementándo o disminuyéndolo) con el que razonablemente podría haberse configurado conforme al curso normal y ordinario de las cosas, su perduración en el tiempo, la realidad económica, su incidencia en las distintas esferas o ámbitos de la personalidad, etc. (ver Pizarro obra citada p. 340 y ss, 568 ) Debe asimismo tenerse presente que el mismo no es el medio para reparar las frustraciones o desilusiones de una mala relación paterno-filial, cuyas consecuencias aunque psicológicamente y moralmente importantes no incursionan en la responsabilidad civil.

Ello así, y considerando que en cuanto a su entidad se invocaron (fs. 36vta) dificultades visuales de Carolina no atendidas con repercusiones educativas negativas, lo cual como se verá no tuvo la significación ni proyecciones asignadas; que pese a las dificultades económicas se trata de una familia de clase media con buen nivel cultural, ambas con estudios secundarios y la mayor con una especialización como perito recibidor de granos ( informe social de fs. 133/135); que la situación económica de Lanza es precaria viviendo con otros dos hijos en una prefabricada de su actual compañera (informe social de fs. 142/143); que la pericia psicológica sobre la que luego volveré determina que la afectación en el área afectiva está configurada por la ausencia de un progenitor como figura edificante, al tratarse de un padre ausente, desconocido o negado( ver pericia de la Lic. Bruno de fs. 145/6 y 158); que en los testimonios rendidos (fs. 340/342) se ha puesto particular énfasis en el sufrimiento por la imposibilidad de afrontar económicamente la cirugía visual y que no se ha logrado precisar la entidad, períodos y duración exacta de la falta de sostén económico paterno, es que considero prudente y equitativa la suma de $ 5000 fijada en forma igualitaria para cada una de sus hijas por este concepto (art. 384 CPCC) 6) Respecto de los dos rubros patrimoniales rechazados, sin perjuicio de señalar que no se requirió el resarcimiento propio por el incumplimiento de una obligación traducida monetariamente (aunque en su esencia los alimentos constituyan una obligación de valor) esto es los intereses que moratoriamente se hubiesen devengado, ni se requirió oportunamente y por la vía específica -alimentos extraordinarios- se solventaran erogaciones por problemas oftalmológicos de Carolina, comparto la opinión de la sentenciante de que no se ha demostrado la existencia y relación causal de los perjuicios invocados para estimarlos daños resarcibles.

En efecto, el perito oftalmólogo Dr. Materazzo informó que Carolina fue operada de estrabismo cuando tenía cuatro años , que presenta astigmatismo hipermetrópico ( que no es causado por el estrabismo y que este actualmente es de poco monto ) por lo que debe usar anteojos en forma permanente, que la cirugía refractiva (previos estudios) se puede realizar solamente con el objetivo de no usar anteojos aéreos, y que las afecciones no se agravarán si no se realiza cirugía refractiva ( ver fs. 179 y 183; art. 474 CPCC).

Dichas conclusiones son terminantes en el sentido de que no existió ningun agravamiento o secuela incapacitante derivada siquiera mediatamente por la falta de prestación alimentaria oportuna , sino en el mejor de los casos de una comodidad esperable de una cirugía que no se considera imprescindible. No existe entonces un daño cierto (arts 1068,1069 CCivil y 375 CPCC). En relación al daño psíquico, la Perito Bruno determinó "que el estado psicológico de las hermanas examinadas es normal en términos generales"; que las consecuencias de la actitud paterna (en sentido general) son "de carácter afectivo, porque aún cuando existiese un cuadro psicopatológico, éste no puede atribuirse exclusivamente al abandono paterno". Como se ve, las secuelas afectivas - amén de no configurar siquiera un daño psíquico conceptualmente autónomo y por ende en abstracto quedar subsumidas en el item del art. 1078 CC- no guardan relación con la cuota alimentaria, sino derivadas de la conflictiva relación paterno-filial, que el resarcimiento pecuniario no debe ni puede reparar. De lo contrario sí se incurriría en una de las exageraciones esgrimidas para censurar la admisión de daños en el derecho de familia: con éste criterio en mayor o menor medida las frustraciones, complejos, traumas, etc de los hijos podrían ser siempre imputados a defectos en cumplimiento de deberes de la patria potestad. El desamor como tal de los padres, cónyuges o hijos tiene sus sanciones y castigos propios, siempre morales, a veces sociales y jurídicos (vgr. injurias en el divorcio, desamparo moral para la pérdida de la patria potestad) pero nunca resarcitorios.

7) En cuanto a la responsabilidad de los codemandados López como empleadores por su falta de retención oportuna de las cuotas alimentarias, interesa efectuar algunas aclaraciones.

Nuestra país, a diferencia de otros (El Salvador, México, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador ver trabajo de Sandra Prevalil citado) no contempla sanciones específicas para el pagador de salarios en caso de incumplir con la orden judicial de retención de los importes correspondientes a cuotas alimentarias o de obstaculizar de algún modo su cobro. Ello pese al reclamo del VII Congreso Internacional de Derecho de Daños. Responsabilidades en el Siglo XXI Bs. As. Octubre de 2002 : "1) se recomienda la incorporación de un texto similar al del art. 226 del código penal español de 1995 según el cual se aplicará pena de arresto durante los fines de semana a quien dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad (mayoría). 2) se propone modificar el art. 324 del C.C. de la siguiente forma: "quien no cumpla inmediatamente la orden judicial de retener la suma correspondiente a una obligación alimentaria será solidariamente responsable de los perjuicios que deriven de su conducta". (mayoría)." Esa carencia no ha sido óbice para que una jurisprudencia, a mi juicio acertada como la que se cita en el fallo, haya establecido que en tal caso ese tercero "se verá alcanzado así por la responsabilidad sobre su propio patrimonio que el juez podrá hacer efectiva en mismo expediente por vía de incidente o -como en el caso que nos ocupa- por juicio sumario (art. 531 del C.P.C.; art. 736 del Cód. Civil). Cuando el tercero empleador, a pesar del embargo, no retiene la cuota alimentaria fijada respecto de los haberes del cónyuge deudor, sin perjuicio de la responsabilidad penal que podría caberle por tal incumplimiento, es responsable de los daños que su actitud produzca al alimentista, pudiéndole reclamar éste al agente de retención incumplidor, el pago de los montos no retenidos." CC0002 SI 94176 RSD-160-4 S 29-6-2004, Juez Krause "Marzoa c/ Ford Argentina s/ Daños y perjuicios" Ahora bien, "el obligado a pagar la cuota no es el empleador, sino el alimentante" CC0103 LP 236348 RSI-451-00 I 12-10-2000. Su responsabilidad, ante la falta de una norma legal como la propuesta, no es solidaria (art. 701 CCivil). La misma derivará de la omisión culpable o dolosa en el acatamiento de la orden judicial o de las acciones desplegadas para entorpecer su cobro (arts. 1066, 1067, 1072,1074,1109 y conc. CCivil) y se extenderá a todas las consecuencias que, en relación de causalidad adecuada según el caso, su comportamiento haya provocado. Y en ese análisis corresponde ser prudente ya que si bien en lo que hace al daño emergente (cuota no retenida -1069 CCivil) la vinculación y su imputación aparece sencilla ; en el caso del daño moral, aunque en abstracto su inclusión sea admisible, corresponderá valorar en cada caso si en alguna medida su aporte a esa privación - temporaria o definitiva- lo pudo generar (arts. 901, 904 y 1109 in fine CCivil).

Aclarado ello, no obstante la multa que como sanción les fue aplicada ( ver fs. 140 expte. 36255; que aunque se encuentra firme no nos vincula en cuanto a la valoración de la conducta que conlleva en cuanto a sus efectos y a los fines de este reclamo) y las actuaciones penales descriptas por el delito de desobediencia (cuya resolución como dije nada predica en los presentes), no estimo en el caso suficientemente acreditados (art. 375 CPCC) los extremos para incluirlos concurrentemente en la condena por el daño moral admitido.

Se aduce recursivamente que los empleadores en determinadas oportunidades retenían las sumas y no las depositaban pero de ello no hay prueba siquiera indiciaria alguna.

Las actuaciones que contra ellos se desplegaron no revelan fehacientemente el tiempo y frecuencia en que se extendió la demora en la retención y depósito de las cuotas, máxime existiendo comprobadas percepciones en forma extrajudicial. Debe apreciarse igualmente la naturaleza de la actividad (contratista rural con trabajo intermitente) y que pese a los inconvenientes que a ellos también les generó el incumplimiento del alimentante no medio de su parte una sustracción de la relación laboral.

La presente acción contra ellos enderezada aparece más intentada en procura de encontrar un bolsillo solvente que por la contribución causal de una actitud con idoneidad dañina.

Si el daño moral en lo que hace al incumplimiento paterno es in re ipsa, en este caso debió no sólo ser explicitado como se configuró sino probatoriamente de alguna manera aunque sea en forma indiciaria, ponerse en evidencia cómo durante los períodos de demora - ni siquiera establecidos concretamente- esa privación produjo una perturbación espiritual o anímica en las reclamantes. Sin eso, en el presente insatisfecho, falta la certeza del daño, el que como conjetural aunque sea extrapatrimonial no es resarcible.

8) Para finalizar, en lo atinente a la distribución de costas según los conceptos admitidos y rechazados, aplicando estrictamente las reglas jurisprudenciales ( SCBA AC 78451 S 29-10-2003, Ac 85695 S 10-11-2004, Ac 93236 S 26-9-2007), que en la responsabilidad civil rigen la materia, sería procedente conforme postula recursivamente la apoderada del demandado.

Sin embargo entiendo que la imposición como viene decidida por su orden por los rubros rechazados, se atiene a los criterios especiales en materia de reclamos de índole alimentaria que aún en sus derivaciones deben tener preeminencia, estando suficientemente justificado el discernimiento como se efectúa ya que si no se incrementaría la privación que el incumplimiento del demandado y los alegados retardos de sus listisconsortes provocaron (art. 68 in fine CPCC).

Las de Alzada, habiendo sido desestimado ambos recursos propongo sean por su orden (art. 71 del CPCC).

ASI LO VOTO Los Señores Jueces Doctores	Rosas y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.- A LA SEGUNDA CUESTION el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, corresponde:

I-CONFIRMAR la sentencia apelada, desestimando los recursos interpuestos. Costas de Alzada por su orden (art. 71 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).

ASI VOTO.

Los Señores Jueces Dres. Rosas y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, PATRICIO GUSTAVO ROSAS Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ante mí, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).- //NIN,	15	de Diciembre de 2011.- AUTOS Y VISTOS:

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, SE RESUELVE:

I-CONFIRMAR la sentencia apelada, desestimando los recursos interpuestos. Costas de Alzada por su orden (art. 71 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.- FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, PATRICIO GUSTAVO ROSAS Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ante mí, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-