Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-08


SENT Nro. 112 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 08 DE MARZO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Argentana Cecilia del Valle vs. Zamora de Sfriso, María Magdalena y otro s/Nulidad".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 517/528 por la apoderada de la actora Cecilia del Valle Argentana en contra de la sentencia de fecha 03/9/2002 dictada por la Sala Iº de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común.

El pronunciamiento recurrido (fs. 509/512) revocó la sentencia del juez a quo admitiendo la defensa de prescripción de la acción opuesta por la parte acccionada y rechazó asimismo la demanda de daños y perjuicios interpuesta en autos.

A fs. 535/537, los demandados contestan el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 24/3/2003 que glosa a fs. 539, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al recaudo formal del art. 813 del CPCC, puede considerarse satisfecho en la especie. Se trata de una sentencia emanada del tribunal de alzada, que resuelve la cuestión propuesta, de modo definitivo para las partes.

III.- Se agravia el recurrente de que el tribunal de alzada haya revocado la sentencia del juez a quo, declarando la prescripción de la acción de nulidad interpuesta y haya rechazado en consecuencia, los daños y perjuicios reclamados por su parte.

Expresa que la Sala a quo se desentendió del planteo de nulidad concretamente alegado por su parte en el escrito de demanda. Señala que impugnó dos actos jurídicos: el poder irrevocable presuntamente otorgado por la madre de la actora a favor del señor Achile Conrado Sfriso poco antes de su fallecimiento mientras se encontraba internada en el Sanatorio Pasquini de esta ciudad, y la escritura de venta formalizada en su consecuencia, luego de la muerte de aquélla, a favor de la señora María Magdalena Zamora de Sfriso.

Destaca que en ambos casos, se alegó la existencia de vicios que configuraban un supuesto de nulidad absoluta de los actos jurídicos impugnados.

a.- En primer lugar, niega que la madre de la actora haya vendido en vida, el único inmueble que integraba su patrimonio ni que haya recibido suma de dinero alguno por dicha operación. Expresa que por el contrario, la actora conocía -por los dichos de su progenitoria- que una vez fallecida, el inmueble en cuestión sería para ella (única hija de la propietaria soltera).

b.- En relación al otorgamiento del poder irrevocable, señala que se fundó la nulidad en causas diversas:

b.1.- se cuestionó el instrumento alegando que el escribano interviniente no dejó constancia del estado de la otorgante (internada en estado delicado), ni de la presencia de testigos en el acto. Impugnó asimismo la firma a ruego plasmada en la escritura (junto a la impresión digital de la madre de la actora, que era analfabeta) pues señala que quien lo hizo, es la madre de la supuesta compradora del inmueble, demandada en autos. Sostuvo que aprovechando la situación de la supuesta vendedora (analfabeta, internada en una sanatorio, en su lecho de muerte, a días de su fallecimiento) los demandados hicieron formalizar el poder irrevocable mencionado a favor del señor Sfriso (tío político de la demandada y tío del codemandado Sfriso) en perjuicio de sus derechos.

b.2.- alegó por otro lado, la nulidad del mandato pues entiende que el mismo no puede valer como disposición de última voluntad (art. 1983 del Cód. Civil); lo que obstaba a su ejecución una vez fallecida la otorgante.

b.3.- que aún cuando se hubiera convenido que el mandato tendría eficacia luego del fallecimiento de la mandante, aquél quedó resuelto por la existencia de heredero menores de edad (art. 1981).

c.- En relación a la escritura de venta del inmueble ubicado en calle Coronel Zelaya 452/456 de esta ciudad, señala que se invocaron los siguientes vicios:

c.1.- que la venta del inmueble en cuestión (negocio base) nunca fue debidamente acreditada por la demandada compradora (luego, tutora de la actora). Destaca que nunca se probó el precio de la compra, ni su recepción por la supuesta vendedora. Impugna las constancias que sobre el particular, formula el poder irrevocable señalando que este instrumento resulta inadmisible como prueba de aquella operación (no se menciona la fecha de la venta, ni el precio de la misma). Cuestionó asimismo, la referencia sobre el punto, en la escritura de venta, donde se menciona la cifra de "$ 800.000".

c.2.- que en representación de la "vendedora", la escritura pública fue suscripta por quien invocaba un mandato nulo (art. 1983) o eventualmente caduco (art. 1981).

c.3.- que el escribano público actuante indicó que no existían inhibiciones y que el inmueble estaba libre de todo gravamen, omitiendo consignar que el mismo estaba constituido como bien de familia (cuya beneficiaria era la actora, entonces menor de edad) y no obstante ello, formalizó la supuesta venta.

c.2.- que tal como surge de las constancias del informe expedido por el Registro Inmobiliario, la desafectación del inmueble como bien de familia fue tramitada con posterioridad a la toma de razón de la escritura de venta y sin intervención judicial.

Destaca que de la causa surgían elementos que acreditaban la intención fraudulenta materializada por vía de los actos cuestionados: que la demandada era prima de la actora y madrina de la misma, que al momento del fallecimiento fue su guardadora, que tiempo después se concretó el trámite judicial de la tutela y la demandada pasó a ser su tutora, que en el juicio los accionados luego negaron la relación filial de la actora con la causante, el parentesco de los mismos en relación a ella, que invocaron ignorar hechos relevantes como el otorgamiento del poder irrevocable (otorgado a favor de un tío de los accionados), la constitución del bien de familia a favor de la actora, etc.

Desde la perspectiva del art. 815 del CPCC, alega el recurrente la infracción a la preceptiva de los arts. 18, 953, 1040, 1044, 1047, 1051, 1981, 1983, 1977, 1963 inc. 3 y 1965 del Cód. Civil; arts. 37 y 49 de la ley 14.394 (sobre bien de familia) y arts. 33, 34 y 40 del CPCC.

Se agravia de que pese a los vicios alegados por su parte, la Sala a quo haya considerado que se trataba de un supuesto de nulidad relativa (actos celebrados en perjuicio de los intereses de los menores de edad) y por tanto, de actos confirmables por el interesado y de acciones prescriptibles. Entiende que el tribunal de alzada omitió valorar los hechos denunciados que desde su criterio, configuran supuestos de nulidad absoluta, inconfirmables e imprescriptibles. Señala que el art. 4019 hace una enumeración meramente ejemplificativa de los casos de nulidad absoluta y que así debió merituarse.

Sostiene que en el caso, los vicios denunciados se enmarcan en un plexo normativo inspirado en el orden público familiar; lo que excede cualquier interés meramente particular.

A mayor abundamiento, señala que aún en los supuestos de nulidad relativa, el plazo de prescripción comienza a computarse desde que el afectado toma conocimiento de la existencia de los vicios que afectan al acto (art. 4030). Desde esta perspectiva, considera errónea la interpretación conforme a la cual, la actora -al adquirir la mayoría de edad- pudo conocer los vicios que alega y por lo tanto, interponer la acción de nulidad que estimaba pertinente. Alega que esta interpretación contradice la letra de la norma citada y la interpretación doctrinaria sobre el particular. Entiende que el mero hecho de cumplir 21 años de edad no permite inferir el cabal conocimiento de los vicios denunciados; los que sólo pudieron ser conocidos luego de una exhaustiva investigación en los registros públicos (Inmobiliario y el Archivo de la Provincia) y merced a la intervención de un profesional del derecho que asistiera a la actora.

Invoca la errónea aplicación del art. 3980 del Cód. Civil y cuestiona que el pronunciamiento recurrido expresara que transcurridos 3 meses desde la mayoría de edad, la actora debía acreditar la imposibilidad de hecho anterior e interponer la acción de nulidad pretendida. Se agravia de que la Sala a quo haya declarado la prescripción de la acción interpuesta y haya rechazado los daños y perjuicios alegados por su parte.

Sostiene que se trata de una sentencia arbitraria, que prescinde de los hechos invocados y de las constancias de la causa, que ello conduce a una aplicación errónea del derecho del caso y que exhibe una fundamentación aparente y puramente dogmática.

IV.- La doctrina del pronunciamiento impugnado se apoya en las siguientes consideraciones:

a.- que "la nulidad que acarrean los actos jurídicos realizados en perjuicio de los intereses de los menores, no es absoluta sino relativa".

b.- que en razón de lo expresado, la nulidad es susceptible de confirmación por el particular afectado.

c.- que la acción de nulidad interpuesta tenía carácter prescriptible.

d.- que en el caso, la actora debió interponer la demanda dentro del plazo legalmente previsto, el que comenzó a correr desde que la actora adquirió la mayoría de edad (25/11/83).

e.- que la realización de los actos jurídicos impugnados emerge de los asientos existentes en el registro público destinado a la publicidad de los derechos reales constituidos sobre inmuebles, sus gravámenes, transmisiones, modificación y extinción. Como consecuencia de lo expresado, se entendió que los vicios alegados pudieron ser conocidos desde aquella fecha.

f.- que la actora no acreditó la imposibilidad material o jurídica de acceder a dicho conocimiento.

g.- que aún considerando la eventual aplicación del plazo decenal del art. 4023, como el juicio de marras fue iniciado el 18/5/95, la acción se encontraba prescripta.

V.- Asiste razón a la recurrente en tanto la complejidad de la acción deducida imponía analizar los distintos actos jurídicos impugnados y los vicios que en cada caso, se denuncian como configurativos de las nulidades alegadas en el escrito de demanda.

El pronunciamiento recurrido sienta como base de su razonamiento, la premisa según la cual la nulidad de los actos jurídicos realizados en perjuicio de los intereses de los menores, es siempre relativa y por lo tanto, susceptible de confirmación por el particular afectado y de acción prescriptible.

Se advierte sin embargo, que el principio enunciado en la sentencia prescinde de las concretas impugnaciones que se formularan a cada uno de los actos jurídicos tachados de nulidad (el mandato irrevocable y la escrituración de la venta celebrada en su consecuencia) y de la naturaleza de la particular regulación que era aplicable a los negocios mencionados.

a.- En relación al poder irrevocable otorgado por la señora Isolina Argentano, y tal como quedó trabada la litis, se imponía analizar la concurrencia de los elementos definitorios de la figura en cuestión (art. 1977 del Cód. Civil), la naturaleza jurídica del mandato conferido y la aplicación de las normas generales, la vigencia del contrato luego de fallecida la mandante de conformidad a la preceptiva aplicable (arts 1980, 1981, 1982), la existencia de una causa objetiva de cesación del mandato (la muerte de la mandante y la existencia de herederos menores), su conocimiento o ignorancia por el mandatario y los terceros al momento de celebrar el contrato, los efectos del acto celebrado en infracción a las reglas del mandato, etc.

El art. 1977 del Cód. Civil establece: "el mandato puede ser irrevocable siempre que sea para negocios especiales, limitado en el tiempo y en razón de un interés legítimo de los contratantes o un tercero..." El cumplimiento de los requisitos que tornan irrevocable el mandato previsto en el art. 1977 debe surgir de los propios términos del mandato o de la documentación indubitada que lo complemente. Cuando ni del texto del mandato ni de otra documentación indubitada surja el cumplimiento de los requisitos de la norma legal citada, la mera mención del carácter irrevocable es insuficiente para tenerlo como tal ... Cuando en un mandato se enuncia su irrevocabilidad y ésta no existe, subsiste como poder revocable... El mandato revocable, cesa por fallecimiento del mandante (art. 1963 inc. 3) (cfr. Gattari, Revista del Notariado, "El poder irrevocable", pág. 32).

Tal como destaca calificada doctrina (López de Zavalía, Fernando, Teoría de los Contratos, T. 4, pág. 630), el supuesto de fallecimiento del mandante ha sido objeto de una regulación especial pues ésta no pone fin al mandato cuando el negocio debe ser cumplido o continuado después de la muerte de aquél (art. 1980). Se desprende entonces que existen mandatos en los cuales su vigencia post-mortem resulta de la voluntad expresa de las partes (art. 1981) o bien de aquellos en los cuales tal circunstancia deriva de la voluntad presunta del mandante (mandatos destinados a cumplirse en vida del mandante pero que subsisten aún luego de su muerte, arts. 1980, 1982 y 1983).

Sin embargo, en cualquiera de los casos, la subsistencia del mandato está condicionada a que los herederos del mandante fallecido no sean incapaces (López de Zavalía, Fernando, Teoría de los Contratos, T. 4, pág. 633). El principio enunciado por el art. 1981 no admite excepciones respecto de la extinción del mandato. Se desprende de esta norma que el interés en la protección del incapaz - verdadera obsesión en Vélez- está por encima del interés de las partes contratantes (Mosset Iturraspe, Jorge, "Mandatos", pág. 283).

El principio previsto en el art. 1981 constituye una norma de carácter imperativo y es en virtud de ella que se impone admitir la extinción del mandato cuando a la muerte del mandante existen herederos incapaces; directriz que ha sido receptada por la Corte Nacional (CSJN, sent. del 10/11/96, "Barila, Antonia", LL 1998-D, 888 (40.698-S; CNCiv., Sala D, 11/11/81, "Mopin, S. A. c. Binaghi de Mulieri y otros", JA 1983-I, 278).

Al analizar la naturaleza jurídica del poder irrevocable, la doctrina entiende que se trata de una modalidad particular dentro del género del mandato, y en mérito a ello, resultan aplicables los principios y normas generales del instituto (Carminio Castagno, José Carlos, citado por Gattari, ob. cit., pág. 65).

Las normas imperativas definen el estatuto legal que rige ciertas relaciones jurídicas y las partes deben someterse al mismo, sin poder modificarlo. Cuando una disposición legal sustrae del campo de la autonomía de la voluntad cuestiones que como principio eran disponibles, transforma ese terreno regido por una norma imperativa, en cuestiones que involucran un interés público (cfr. arg. CNCiv., Sala C, 14/10/97, "T., J. M. c. Nubial S. A.", LL 1999­A, 286, con nota de Irma Adriana García Netto ­ DJ, 1998­1­1078 ­ JA, 1998­II­450). La imperatividad se relaciona con la autoridad de la ley, surge de ella y dispone soluciones de aplicación inexorable o bien que prevalecen sobre cualquier acuerdo diverso de los particulares sometidos a ella (TSCordoba, Sala Civil y Com, 23/2/96, "Velázquez, Teresa del Valle c. Ferreyra, Miguel A. y/u otros", LLC, 1997-272).

En el caso, y tal como se trabó la litis, el tribunal de alzada debía analizar si los hechos que se denuncian como causa objetiva de cesación del mandato (muerte de la mandante y existencia de herederos menores de edad, conf. art. 1981), eran conocidos o debían ser conocidos por el mandatario (el señor Achile Conrado Sfriso) y/o por los terceros que contrataron con éste (la señora María Magdalena Zamora de Sfriso).

Efectivamente, el art. 1964 del Cód. Civil establece que para cesar el mandato en relación al mandatario y a los terceros con quienes ha contratado, es necesario que ellos hayan sabido o podido saber la existencia de la causal de cesación. Tal como enseña López de Zavalía, "saber y haber podido saber (empleando las diligencias exigibles por las circunstancias) son situaciones equiparables porque al conocimiento equivale la ignorancia imputable (art. 1965) y culpable (art. 1966 y 1967 a contrario)" (López de Zavalía, Fernando, Teoría de los Contratos, T. 4, pág. 613).

El art. 1965 establece que "no será obligatorio al mandante ni a sus herederos o representantes, todo lo que se hiciere con ciencia o ignorancia imputable de la cesación del mandato".

Las normas citadas revelan lo inexorable de valorar los hechos denunciados como causa configurativa de la nulidad aquí planteada, sin que la consideración genérica de los vicios denunciados permitan adoptar una solución acorde a la complejidad del planteo. Desde esta perspectiva, asiste razón al recurrente en tanto se agravia de la insuficiencia de la motivación del pronunciamiento impugnado.

b.- Respecto del acto jurídico de venta del inmueble (la escrituración celebrada como consecuencia del mandato irrevocable otorgado por la vendedora) se imponía analizar la prueba a cerca de la existencia del negocio base -negado por la actora-, la legitimación invocada por el apoderado de la vendedora y la existencia de vicios en el objeto del acto (la naturaleza del bien de familia, la aplicación del art. 37 de la ley 14.394, las consecuencias jurídicas de un acto celebrado en infracción a la norma citada, el interés protegido por la normativa general y especial, el momento en que se concretó la desafectación del bien de familia, etc.).

El art. 37 de la ley 14.394 establece que "el bien de familia no podrá ser enajenado..."; preceptiva que conduce a afirmar que el inmueble sometido al régimen del bien de familia es una cosa que se encuentra fuera del comercio (Guastavino, Elías, Derecho de Familia Patrimonial.Bien de Familia, T. II, pág. 15; Corfiati, Rubén Osvaldo, Bien de Familia-Comentarios a la ley 14.394 , pág. 25; Salvat, Raymundo, Tratado de Derecho Civil Argentino-Parte General, pág. 1468) y que por tanto no puede ser enajenada mientras susbsista la afectación (Guastavino, Elías, ob. cit., pág. 264 y sgtes; Corfiati, Rubén Osvaldo, ob. cit., pág. 80).

Dentro del derecho de familia, una norma es de orden público, cuando su fundamento trasciende el mero interés individual, de tal modo que su vigencia y aplicabilidad no cae bajo las facultades dispositivas de los particulares (CNCiv., Sala F, 23/10/97, "G., M. M. y otro", LL 1989-A, 95, con nota de Omar U. Barbero); por lo que no corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (CNCiv., Sala B, 13/4/82, "T. A., M. A. y otro c. T.C., P. J. M. y otros", JA, 983-I-514 - ED 100-354).

Existe coincidencia al señalar que las enajenaciones realizadas en infracción a la prohibición legal del art. 37 de la ley 14.394 constituyen actos nulos. Pero respecto del carácter absoluto o relativo de la nulidad -punto expresamente debatido en autos- correspondía a la Cámara a quo analizar concretamente el supuesto aquí mencionado; máxime cuando calificada doctrina se pronuncia sobre la nulidad absoluta de los actos celebrados en contra de la preceptiva mencionada (Guastavino, Elías, ob. cit., pág. 281).

Atento a las cuestiones propuestas en la instancia de apelación, las consideraciones generales referidas a "los actos celebrados en perjuicio de los menores", no permiten tener por satisfecho el deber de motivación impuesto al tribunal de alzada. Al analizar la procedencia de la defensa de prescripción opuesta por los demandados, resultaba ineludible la concreta consideración de los vicios denunciados y una toma de posición fundada en suficiencia; extremo que en autos no se encuentra satisfecho.

El déficit mencionado descalifica la sentencia como acto jurisdiccional válido, configurándose a su respecto una causal de arbitrariedad al transgredir el deber de motivación impuesto por el art. 28 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, y los arts. 34, 272, 273 y 280 CPCCT, por lo que al tenor de las normas citadas la sentencia debe ser declarada nula.

VI.- Corresponde por tanto, dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido de conformidad a la siguiente doctrina legal: "Infringe el deber de motivación, el pronunciamiento que al calificar la nulidad planteada omite analizar en concreto, los vicios que se imputan a los actos jurídicos impugnados. Es descalificable como acto jurisdiccional válido, la sentencia que carece de motivación suficiente".

Los autos serán remitidos a la Excma. Cámara a fin de que por intermedio de quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento.

VII.- Atento a las razones que motivan la nulidad aquí declarada, y siendo las partes ajenas a la misma, las costas serán soportadas por su orden.

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto 517/528 por la apoderada de la actora Cecilia del Valle Argentana en contra de la sentencia de fecha 03/9/2002 dictada por la Sala Iº de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, conforme la doctrina legal precedentemente expuesta. Los autos deberán ser reenviados a la Excma. Cámara a fin de que por intermedio de quien corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA