Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-09-12


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: 15 En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los 12 días del mes de Septiembre de dos mil cinco, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA; bajo la presidencia del Dr. Oviedo, Secretaría Dra. Cristina del Valle Salas Martínez, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nro. 219/04 "VIZCARRA, Segundo c/ LÓPEZ, Domingo y Otro - s/ Reivindicación - CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

2) Costas. - Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 33 vta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y CÉSAR ERNESTO OVIEDO.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs. 2/15 vta. se presenta el apoderado de los actores interponiendo recurso de casación en contra de la Sentencia emitida por la Cámara de Apelaciones de Primera Nominación, invocando las causales previstas en los incs. "a" y "c" del Art. 298 del C.P.C.C.

Comienza el relato de los hechos señalando que en el año 1.990 se inició el juicio sucesorio de Ramón Ahumada, Dominga Bustamante de Ahumada y Otros. Que, a tal fin, concurrieron los hoy recurrentes en su carácter de nietos y bisnietos, acompañando las partidas correspondientes a los fines de acreditar los respectivos vínculos familiares. Que en el transcurso de dicho trámite y de común acuerdo los únicos y exclusivos herederos decidieron nombrar a dos de ellos administradores provisorios de la sucesión, denunciando, como único bien de la misma, el inmueble que es objeto del presente juicio de reivindicación, contando a su vez y para el inicio de dicho trámite judicial con la autorización del Juez. Que dicha demanda se dirigió en contra Domingo López y de todo otro ocupante. Que notificado que fuera el demandado, se presenta y reconviene por usucapión. Que en primera instancia se rechaza la acción reivindicatoria y se hace lugar a la reconvención, considerando el A-quo para así resolver, la falta de legitimación de los actores. Que apelado por su parte el pronunciamiento referido, resulta modificado en la Alzada solo en cuanto se resuelve que tampoco los actores tenían legitimación para ser demandados, motivo por el cual también se rechaza la reconvención articulada. Que contra dicho pronunciamiento se interpone el recurso de marras.

Así las cosas y en orden a fundar los agravios que le causa el pronunciamiento puesto en crisis, aduce el recurrente que los sentenciantes incurren en error cuando introducen la exigencia de que se justifique el carácter de herederos de la antigua titular registral, a los fines de poder iniciar el pertinente juicio reivindicatorio. Que dicha imposición no tiene en cuenta que los sucesores inician el juicio de reivindicación no en nombre propio, sino en representación de la sucesión para lo cual sólo bastaba la autorización judicial y que, en la especie, la acción reivindicatoria revestía el carácter de acto de administración. Que, por ello, requerir como se hace en las instancias inferiores requisitos distintos a los previstos en la ley, importa incurrir en errónea aplicación de la misma. Que de igual modo la sentencia es arbitraria en tanto al desnaturalizar los hechos de la causa se aparta del derecho aplicable, pues el tema de la legitimación jamás fue cuestionado en la presente litis, ya que al contestar demanda y reconvenir la contraria nada dijo al respecto, encontrándose por ello precluído el tratamiento de dicha cuestión al momento de dictar la sentencia. Que también resulta antojadizo y fuera de todo contexto el argumento esgrimido en torno al consentimiento de todos los herederos que debieron acompañar los actores para así poder demandar. Por otra parte y en relación a la reconvención por usucapion que articulara el demandado, señala el recurrente, que la accesión de posesiones no se opera en el presente caso pues el boleto de compraventa que aquél presenta no es el título traslativo que se necesita, sirviendo únicamente a estos efectos la posesión ejercida por el demandado.

Desde otro ángulo cuestiona la aplicación al sub-examine del Art. 3987 del C.C., pues el mismo está condicionado al supuesto de cosa juzgada sustancial y a que su aplicación sea pedido por la parte interesada. Que por ello resulta erróneo sostener, como se hace en la sentencia de primera instancia, que la demanda no interrumpió el curso de la prescripción. - Por último concluye recordando que se dan en la especie todos los requisitos que viabilizan la acción de reivindicación. Hace reserva del caso federal, y peticiona en definitiva la revocación del fallo, con costas. A fs. 20/22 vta. obra contestación de la contraria, quien solicita por los motivos que allí se exponen el rechazo del recurso promovido, con costas. A fs. 29 la Corte de Justicia resuelve declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.

Agregándose a fs. 30/32 dictamen del Sr. Procurador, con la que la causa, previo llamamiento de autos, queda en estado de ser resuelta.- Preliminarmente estimo útil recordar que la parte recurrente invocando los vicios previstos en los incs. "a" y "c" del Art. 298 del C.P.C.C, aduce que el pronunciamiento impugnado se basa en la sóla voluntad de los sentenciantes, quienes terminan rechazando la acción de reivindicación en base a una selección de normas que resultan inaplicables en la especie. Que ello se manifiesta al imponerse como condición para accionar por reivindicación, la acreditación del vínculo hereditario que aquéllos tenían con la antigua titular del dominio conforme lo prevé el Art. 3410 del C.C. por lo que subsumir la cuestión en aquella norma, importa errar en su elección, al no repararse que la demanda de reivindicación se promovió invocando el carácter de administradores provisorios de la sucesión, contando para ello con la autorización judicial, dado que al ser la promoción de la demanda de reivindicación un acto de administración no era necesario requerir el consentimiento unánime de los herederos. Que de ello surge naturalmente la legitimación para accionar, deviniendo así inoportuno y antojadizo todo el razonamiento desarrollado en la Alzada sobre dicha cuestión.

Expuesta sintéticamente la cuestión litigiosa, he de advertir liminarmente que la sentencia recurrida no es de aquéllas que habilitan la interposición de este recurso extraordinario.

Que ello es así, toda vez que deducida la demanda de reivindicación y contestada que fuera aquélla por la parte demandada quien reconvino por prescripción adquisitiva, el Ad-quem dicta sentencia resolviendo confirmar lo resuelto en primera instancia, en cuanto al rechazo de la demanda de reivindicación y por mayoría decide que si los actores carecen de legitimación activa para reivindicar, tampoco gozan de legitimación pasiva para discutir sobre el objeto de la reconvención.

Y es que, como bien se expone en el pronunciamiento impugnado, no pueden los administradores provisorios de la sucesión iniciar una demanda de reivindicación respecto de un inmueble de la misma, acompañando sólo una autorización judicial, pues dada la naturaleza del acto en cuestión se hacía imperioso contar con la autorización unánime de los herederos. Debiéndose entender "que la plena representación de la sucesión pertenece al conjunto de herederos, y no al que actúe como administrador de los bienes. De modo que, cuando se designa a una persona como administradora de la sucesión, se lo hace para administrar la masa de bienes que integran el patrimonio que se transmite, y la actuación la cumple en nombre y representación de los herederos que son sus propietarios en el estado de indivisión. De ahí que como principio general, el administrador no puede oponer demandas a nombre de la sucesión, salvo autorización unánime de los herederos"( Salas Trigo Represas- Código Civil Anotado- 4B, pág. 176).- En igual sentido, nuestro más Alto Tribunal ha señalado, que el administrador de la sucesión no tiene legitimación activa ni pasiva para estar en juicio, si no media autorización unánime de los herederos, la que no puede ser suplida por la autorización del juez. Y ello es así, toda vez que el administrador de la sucesión sólo tiene facultades conservatorias de los derechos e intereses de la comunidad, quedando excluidos de su gestión los que exceden la conservación, la mera administración y los actos de disposición (Art. 3451, Cód. Civ). Por otra parte y como es sabido, la legitimación para obrar es la cualidad que, emanada de la ley, faculta a requerir una sentencia favorable respecto del objeto litigioso. - Que estar legitimado en la causa significa tener derecho a que se resuelva sobre las peticiones formuladas en la demanda, es decir, sobre la existencia o inexistencia del derecho material pretendido por medio de una sentencia favorable o desfavorable. Por consiguiente, cuando una de las partes carece de esa calidad no será posible tomar una decisión de fondo, y el juez deberá limitarse a declarar que se halla inhibido para hacerlo. Se trata solo de una condición necesaria para poder dictar la sentencia de fondo. (Conf. Morello Cód. Proc. en lo Civ. y Com. de la Prov. de Bs. As. y de la Nación- Comentado y Anotado- IV-B, pág. 257).

Lo expuesto cobra relevancia en el sub-examine, al tiempo de comprobarse que no pueden los administradores de la sucesión invocar esa sola circunstancia y la autorización judicial a fin de iniciar este tipo de demanda, pues conforme surge del plexo normativo aplicable y lo señalado por la doctrina y la jurisprudencia, no son los sujetos habilitados especialmente por la ley. En dicha situación correspondía, como bien se ha hecho, que el órgano judicial se pronuncie "ex officio", no siendo óbice para así proceder el hecho que el demandado no interponga excepción alguna, pues constituye un deber del magistrado verificar si, de acuerdo con las normas vigentes, quienes accionan se encuentran legitimados para pedir.

Siendo ello así, y no pronunciándose la sentencia respecto de la "legitimidad del derecho" o como se ha consignado respecto de la "existencia o inexistencia del derecho material reclamado" sino, antes bien, se resuelve lo concerniente a la calidad de obrar de las partes, no puede sino concluirse en que la misma no reviste el carácter de sentencia definitiva.- Que así las cosas, y teniendo presente que dicho recaudo condiciona la admisibilidad del recurso deducido, al requerir la ley que el caso que se pretenda llevar ante este Cuerpo esté ya acabadamente resuelto, en el sentido que no le quede al quejoso ninguna otra posibilidad de juzgamiento, entiendo deberá rechazarse el recurso interpuesto, pues lo aquí decidido no impide al recurrente reeditar la cuestión de fondo en un proceso posterior. Así voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que analizados el planteo de parte y la Sentencia recurrida que se pronuncia sobre la falta de legitimación activa y pasiva de los recurridos, condición sustancial ésta para el ejercicio o intervención en las acciones propuestas en autos, de lo que resulta que la resolución recurrida adolece del carácter de sentencia definitiva, y en consecuencia inadmisible el recurso de casación por el que se pretende su revisión.

Que por ello y la facultad de este Tribunal para revisar en definitiva la admisibilidad provisional dictada a fs. 29, corresponde declarar su inadmisibilidad. Así voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que adhiero a las consideraciones y conclusión expuestas por el Sr. Ministro que inaugura el acto, Dr. Cáceres, para la solución de la causa, votando en igual sentido. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que conforme al criterio objetivo de la derrota, las costas deben ser soportadas por el recurrente que resulta vencido (Art. 68 del C.P.C.). Así Voto. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que consecuente con lo expresado en la primera de las cuestiones, estimo que las costas deben estar a cargo de la parte actora que resulta vencida. Así Voto. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que una vez mas adhiero a los votos de los Sres. Ministros preopinantes, votando en consecuencia en el mismo sentido. Es mi voto.

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede, por unanimidad de votos, y oído el Sr. Procurador General en su Dictamen Nro. 40/05, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de Casación interpuesto por la parte actora a fs. 2/15 y vta. de autos, por inadmisible.

2) Con costas a la parte actora recurrente.

3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minas de la Primera Nominación, que deberá transferir los depósitos judiciales, obrantes a fs. 2 y 27 de autos, a la cuenta "Ley Nro. 4347 de Casación", que gira bajo el Folio Nro. 23037 del Banco de la Nación Argentina.

4) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes. - 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen. -