marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Autoridad administrativa de última instancia, agotamiento de la instancia administrativa, recurso de reconsideración
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Hidalgo, Rodolfo Alberto c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-05-31

Si bien en doctrina existe controversia en relación a la obligatoriedad del particular de interponer recurso de reconsideración cuando el acto administrativo emana de una autoridad de última instancia, en el caso su planteo se torna obligatorio, porque si no la vía administrativa no se agota.

En efecto, la resolución que cause estado no puede dictarse de oficio, vale decir sin reclamo, para lo cual el reclamante debió interponer recurso de reconsideración contra el Decreto 938/02 -que dispuso su separación del cargo previo sumario-conforme lo disponen los arts. 120 y 121 del C.P.A y, precisamente, esta última norma citada en su parte final refiere que cuando el acto fuera de autoridad de última instancia, este recurso agota la vía administrativa.

La razón que justifica la exigencia de un acto administrativo previo que cause estado, cerrando la instancia administrativa por haber sido dictado una vez agotado todos los medios de impugnación por la mas alta autoridad competente, es la conveniencia de filtrar las contiendas que llegan a pleito, sea provocando una especie de conciliación con el Estado en sede administrativa, sea dando al Estado la oportunidad de repensar el asunto y revocar ese error y, además, la conveniencia de que lo que se lleve a los jueces sea una situación contenciosa.

En el caso, durante el procedimiento administrativo, el Ejecutivo provincial nunca se enteró que el Decreto que se impugna, constituía un acto lesivo al destinatario al no haber ejecutado reclamo y, en consecuencia, tampoco hubo denegación ni expresa ni tácita de derecho por parte de la autoridad competente de última instancia que habilite la competencia de este Tribunal -Art. 204 C.P., por ello la demanda debe rechazarse.
Leyes, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sayco S.A. y Prealco SAICI y I c/ DOSBA s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-11

Las leyes 10235 y 10867 regulan especialmente pero con diferentes alcances y procedimientos, la cuestión concerniente al carácter declarativo de las sentencias condenatorias contra el Estado Provincial, circunstancias que resultan demostrativas de la existencia de una incompatibilidad entre la norma anterior y la posterior, al extremo de configurarse entonces una derogación tácita de la primera, por lo que la colisión de las normas debe resolverse en favor de la vigencia de la que fue dictada en último término.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Autonomía municipal, Constitución Nacional, jerarquía constitucional, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Asoc. Pers. Munic. las Colonias c/ Fed. Sind. Trab. Munic. Festram y otros s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-29

La falta de adaptación de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, vigente desde 1962, al standard del art. 123 de la Constitución Nacional, importa -entre otras consecuencias- mantener formalmente la vigencia de leyes que, como ley 9286, no operan como garantías de funcionamiento y autodeterminación sino como un valladar de la autonomía de los municipios.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obras sociales, competencia, competencia federal, ley procesal, ley provincial, jerarquía administrativa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Sindicato de Estaciones de Servicios OG, P y LA c/ Leiva, Juan y José María y/u otro s/ Aportes. Cuestión a resolver: La Justicia Provincial ¨Es competente   Para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y   Contribuciones de las obras sociales reguladas por las leyes 23660 y  23661? Y, en su caso ¨Bajo cuales circunstancias? (Expte. Nro. 113-98) -Tribunal Pleno- Leiva, Juan y José María y/u otro s/ Aportes. Cuestión a resolver: La Justicia Provincial ?Es competente   Para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y Contribuciones de las obras sociales reguladas por las leyes 23660 y  23661? Y, en su caso ?Bajo cuales circunstancias? (Expte. Nro. 113-98)  -Tribunal Pleno- Leiva, Juan y José María y/u otro s/ Aportes. Cuestión a resolver: La Justicia Provincial ?Es competente   Para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y   Contribuciones de las obras sociales reguladas por las leyes 23660 y  23661? Y, en su caso ?Bajo cuales circunstancias? (Expte. Nro. 113-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-04

Establecido que las causas que persiguen el cobro de aportes y contribuciones de las Obras Sociales reguladas por las Leyes 23660 y 23661 son materia federal, es inocua la disposición del artículo 2 de la ley 10160 (último párrafo) -norma que veda la declaración de incompetencia que se hubiere previamente consentido- habida cuenta que aquélla deriva de la Constitución Nacional y no puede ser desnaturalizada por leyes locales conforme la regla de suprasubordinación de su artículo 31, debiendo entenderse que la hipótesis refiere a la actuación de los jueces de distinto fuero en pleitos relativos a materia ordinaria. (Del Voto del Dr. Machado). En el caso, la cuestión a resolver es si la justicia provincial es competente para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y contribuciones de las Obras Sociales reguladas por las Leyes 23660 y 23661. Y, en su caso, bajo cuáles circunstancias.
Conjueces, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional c/ N.N. y/o Varela, Juan Pedro s/ Expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

No aparece como irrazonablemente desproporcionada a las circunstancias del caso, la regulación de honorarios al conjuez que representa una proporción inferior al 4% del monto del juicio, si éste demandó un grado de dedicación que no es el que usualmente el cargo de juez reclama.
Derecho procesal, juicio ejecutivo, inhabilidad de título, nulidad del acto jurídico, interpelación
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE POCITO c/ VITIVINICOLA VENADO S.R.L. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-06

No debe resolverse la nulidad si no se entregaron las copias, junto con la cedula, pues ello solo autoriza a suspender los términos, salvo el derecho a intimar para que se subsane la deficiencia, igual temperamento debe adoptarse si se ha entregado una copia incompleta, cuando la copia del mandamiento hubiese carecido de firma y las copias del traslado fueran incompletas, si los ejecutados comparecieron en termino a ejercer sus defensas, ello no puede enervar la validez del acto de intimación de pago y sólo da lugar, eventualmente, a la suspensión del plazo previsto por la ley procesal.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: GÓMEZ RAÚL ALFREDO c/ AUDIO CAR S.H. Y OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS - CASACIÓN LABORAL DIFERENCIA DE SUELDOS - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-03-05

Al calcularse -en la etapa procesal oportuna- el rubro Indemnización por Antigüedad, deben incluirse también, aun cuando no se haya reclamado expresamente, las indemnizaciones previstas en los arts. 16 de la Ley 25.561 y las contempladas en los arts. 1 y 2 de la Ley 25.323.
Contratos, locación, contrato de obra, explotación de minerales, minería, canteras, concesión comercial, accesorias legales, impacto ambiental, obligaciones de las partes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PENAL
Carátula: Perales Aguiar SA  c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por santa teresa sa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

Las canteras pertenecen a los particulares como propietarios de la superficie y, en consecuencia, el propietario puede explotarlos por sí o mediante contratación con terceros (art. 203 del Código de Minería), debiendo inscribirse en el registro de canteras que fijan las disposiciones reglamentarias "concernientes a la policía y seguridad de las labores" (art. 204 del Código de Minería).

Lo más común en la práctica es que el superficiario contrate directamente con una empresa o con un particular la explotación de su cantera, mediante un simple contrato con las estipulaciones que libremente convengan, pero estos contratos deben inscribirse en los registros de canteras que existen en cada jurisdicción y quedan luego sometidos a las normas de inspección fijados en los respectivos reglamentos de policía y seguridad de las labores (conf. Ramírez, Mariano, "Derecho Minero, Código de Minería, Marco Jurídico", pág. 276, Ed. Jurídicas Cuyo, 1999).

Cierto es que, en general, la explotación de las canteras existentes en terrenos privados no están sujetas a otro trámite que su registro, con fines estadísticos y de policía minera (conf. Catalano, Edmundo, Curso de Derecho Minero, 4° Edición, Zavalía Editor, 1975). Sin embargo, tras la incorporación de la ley 24585 de Protección Ambiental para Minería al texto del Código, se estableció la obligación de presentar, antes de iniciar cualquier actividad minera, un informe de impacto ambiental, carga que se impuso al titular de la explotación minera.
Derecho contravencional, suspensión del juicio a prueba, daño resarcible, daño material, responsabilidad civil, responsabilidad penal, prueba confesional, apreciación de la prueba
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín s/ s/ Inf. Arts. 111 y 114 ley 1472 - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-20

El supuesto de acuerdos económicos expuestos propiamente en la fase penal, se da -en el orden nacional- en el caso de la suspensión de juicio a prueba, circunstancia en que ambos aspectos -de índole civil y penal- pueden coexistir independientemente y fuera de la comprobación penal del suceso, aunque obviamente sujeto a las características propias del instituto.

La reparación patrimonial que ofrezca justamente quien aparece como presunto autor de un hecho, no implica "confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente" y obviamente tampoco penal, puesto que justamente se intenta suspender su comprobación sujeta a determinadas pautas, conforme lo previsto por el artículo 76 bis del Código Penal. Resulta así, que el imputado debe ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño, dentro de sus posibilidades; la parte damnificada puede aceptarlo o no y en tal caso, le queda expedita la acción civil, en un primer momento.

Por otro lado, puede ocurrir que el sometido a prueba posteriormente incumpla las reglas de conducta o la reparación fijada o cometa un delito, razón por la cual le sea revocado el beneficio y en consecuencia, se reanude el trámite de juicio; o también, puede resultar absuelto y a pesar de ello, no tiene derecho a reintegro de la reparación cumplida y además, puede subsistir la acción civil o haber finiquitado en forma adversa para ese entonces, si la parte damnificada optó por esa vía. Lo reseñado pretende mostrar la independencia de un mismo conflicto que abre la posibilidad de reparación por distintas vías.
Derecho electoral, partidos políticos
Materia: ELECTORAL
Carátula: Calvo, Liliana Cristina s/ Plantea nulidad - impugna elección interna de convencionales metropolitanos Partido Federal C.F.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-28

Debe confirmarse la resolución que no hace lugar a la demanda interpuesta por quien, invocando el carácter de delegado interventor de la convención metropolitana de un partido político, solicita la nulidad de la convocatoria a elecciones internas para elegir Convencionales Metropolitanos y la proclamación de los candidatos de la única lista presentada, toda vez que la presentante no agotó la vía interna, no siendo esta una mera formalidad sino un requisito de cumplimiento ineludible para habilitar el conocimiento de la Justicia Electoral.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, entidades financieras, quiebra, leyes, aplicación de la ley, Banco Central de la República Argentina, liquidación de entidades financieras, órgano liquidador, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Banco del Interior y Buenos Aires S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Quiebra, incidente de nulidad,   fraude procesal y reposición (Expte. CSJ Nº 930-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-14

No depara cuestión constitucional lo atinente a la aplicación o no del artículo 91 de la ley 19551 en los supuestos de quiebra de entidades financieras, por cuanto es una cuestión opinable de derecho común, cuya decisión es propia de los jueces de la causa e irrevisable en principio en la instancia extraordinaria. No merece reproche la decisión del Juez de Primera Instancia que declaró la quiebra sin previa sustanciación por entender que, la quiebra de las entidades financieras se encontraba regida por la ley 19551 con las salvedades de las leyes 21526 y 22529 y que, no encontrándose prevista la posibilidad de un procedimiento de antequiebra, juzgó suficiente la legitimación del Banco Central para la solicitud de la declaración de quiebra por imperio de los artículos 49 y 50 de la ley 21526, no siendo pertinente para tal trámite y en esa etapa, acordar intervención a los representantes estatutarios de la entidad liquidada, sin perjuicio de la posterior intervención que sí pudiera corresponderles para promover las cuestiones que estimaran de su interés de conformidad con las disposiciones de la Ley Concursal y con el alcance que la misma ley 21526 les otorgara. (Del Voto del Dr.

Ulla).
Empleados públicos, jubilaciones, otorgamiento del beneficio, reajuste jubilatorio, personal no docente, universidades
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: NAPOLI, ALFREDO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-29

Habiendo obtenido el peticionante el beneficio de jubilación luego de haberse desempeñado durante más de quince años en una Universidad Nacional, corresponde se lo incluya en el régimen de la ley 22.955, reajustándose la prestación según lo establecido en el art. 11 de la citada norma. No obsta a tal conclusión la circunstancia de que, a la fecha del cese, el personal no docente no se encontrara incluido en los decretos 6666/57 y 1428/73, ya que ni la ley referida ni su decreto reglamentario establecen expresamente una exclusión por tal motivo. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).
Trabajadores marítimos, contrato de ajuste, competencia federal
Materia: LABORAL
Carátula: S.G., R.O. c/ C., SA s/ Cobro de Pesos -Laboral-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-10-22

"Justificado que el demandante presta servicios como "marinero" en un buque destinado a la navegación interprovincial e internacional, la causa promovida por extinción del contrato de ajuste corresponde, en consecuencia, a la competencia de la justicia federal" (arts. 515 y 516, Ley 20.094).
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZAVAGLIA VICENTE c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-24

La constitución en mora del deudor tiene lugar a través de la interpelación -judicial o extrajudicial- del acreedor, es decir de la exigencia categórica, indudable, apropiada, coercitiva, de ejecución factible y circunstanciada del cumplimiento de la obligación, de la que surge con claridad la voluntad actual de aquél de reclamar el pago del débito. Toda vez que la pieza telegráfica reúne los requisitos apuntados, tuvo virtualidad suspensiva de la prescripción; conclusión que no se altera por la circunstancia de que el referido telegrama sea "simple" y no colacionado, puesto que no fue negada su autenticidad y recepción en el responde, ni tales extremos aparecen controvertidos en el memorial. (S2,1877 240583)
Daños y perjuicios, empleada doméstica, incapacidad sobreviniente, indemnización, lesiones gravísimas
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ, NORMA BEATRIZ c/ E.N.T.E.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

Se trata de una persona que a la fecha del ilícito contaba con 50 años de edad, que en oportunidad de trasladarse a su trabajo, sufrió en forma intempestiva y violenta una caída en una cámara de luz colmada de agua, de aproximadamente dos metros de profundidad, dañándose en forma irreversible, acontecimiento que le provocó lesiones que pueden calificarse como "gravísimas", atento a que debió inevitablemente ser intervenida quirúrgicamente en reiteradas oportunidades, no pudiéndosele salvar la pierna afectada pese a numerosos esfuerzos, resultando finalmente amputada. De lo precedentemente expuesto, surge -con claridad meridiana- la sinrazón del agravio en punto a que la accionante "puede desempeñarse en otras tareas y aún en las mismas al recuperar su deambular mediante una prótesis o con una simple muleta como tantos otros lo hacen ..." (sic.), toda vez que la pericia médica, sumada a los demás elementos convictivos de la causa, surge que -dejando de lado tan sólo por un instante el terrible daño estético, físico y psicológico que la víctima ha padecido-, sus posibilidades laborales reales han disminuido sustancialmente (por no decir que desaparecieron). Nótese que es dable presumir que un eventual empleador frente a dos trabajadoras -en un oficio como el de la actora-, en donde una de ellas ha sufrido la amputación de un miembro (independientemente de la prótesis que sea susceptible de serle colocada), y otra que se encuentra en perfecto estado de salud, que aquél seleccionará -sin ninguna duda- a esta última.
Excepción de prescripción, demanda, ampliación de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nieto, Eugenio Clemente c/ Provincia de Bs. As. y Sieglidez M. L. V. Marcheta E. V. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-03

En el escrito de inicio la accionante no incluyó en forma precisa y expresa a los ahora recurrentes en calidad de accionados sino que, lo hace con posterioridad presentando un escrito ampliatorio de la demanda. Tal presentación ha constituido una expresa ampliación de la misma y no una individualización de sujetos demandados como lo pretende la actora. A la fecha de presentación de dicho escrito ya había transcurrido el plazo de prescripción liberatoria que estatuye el artículo 4037 del Código Civil motivo por el cual cabe tener por operada la extinción de la acción y admitir la defensa opuesta.
Incapacidad, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BRAVO, RUBEN ALBERTO c/ EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO LEON GALLO Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-12

El rubro incapacidad es independiente de los rubros daños corporales, gastos médicos y gastos de medicamentos. La procedencia del rubro incapacidad queda supeditada a las condiciones físicas del actor antes y después del evento dañoso, así como a las posibilidades ulteriores de mejorar sus ingresos tomando como parámetro la situación desventajosa en que quedare con su incapacidad probada en juicio. En tanto los daños corporales, gastos médicos y de medicamentos, integran el Daño Emergente, es decir los gastos terapéuticos orientados al restablecimiento de la integridad psicofísica de la víctima del hecho, y su resarcibilidad ha sido contemplada por el art. 1086 del Código Civil
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, entrega del certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Vergara,  Rene  Antonio c/ Julián  Álvarez  Automotores SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-23

Dado que la codemandada responsable solidariamente en los términos del art. 30 L.C.T. no ha sido la empleadora del actor, no le cabía la obligación de registrar la relación laboral y por lo tanto no puede ser condenada a expedir el certificado del art. 80 L.C.T., ya que no puede ser condenada a expedir certificaciones respecto de datos que no le correspondía registrar.
Recurso contencioso administrativo, demanda, personería, poder
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL CIVIL
Carátula: PADUAN, ALBERTO ANGEL Y PADUAN, FERNANDO JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 94-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-06-05

Para que se inicie la instancia contencioso administrativa se debe acreditar previamente, la personería del compareciente. Admitir lo contrario, importaría no sólo un dispendio de actividad que, al cabo, podría resultar ineficaz si no se acreditare el extremo invocado, siendo que posibilitaría que quien no sea parte ni tercero interesado, ponga en funcionamiento la actividad jurisdiccional y coloque a la administración en el deber estatuido en el artículo 26 de la ley 4106 con los evidentes trastornos y-o perjuicios que ello generaría en el normal desenvolvimiento de la relación entre los intervinientes en el procedimiento administrativo.
AFIP DGI, funcionarios de la DGI, orden de allanamiento, competencia contencioso administrativa, régimen penal tributario
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: AFIP. D.G.I.- Región 7 c/ Korea Storage Battery Ltd. y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-10

Es competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal el dictado de ordenes de allanamiento solicitadas en los términos del art. 35 inc. e) de la ley 11.683 (t.o. 1998). (Confr. art. 45, inc.

b, de la ley 13.989), quedando excluída cuando esas medidas se vinculan con la investigación de delitos tributarios (confr. arts.

21 y 22 de la ley 24.769). (Consid. II).
Procedimiento tributario, pretensión fiscal, medidas cautelares, interpretación restrictiva, validez de los actos procesales, validez del acto administrativo
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Tucumán, Provincia de c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ acción declarativa de certeza - incidente de  medida cautelar - IN1.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

El régimen de las medidas cautelares suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez y con la necesaria prudencia, que deriva también de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y de la consideración del interés fiscal comprometido. Abstencion: Lorenzetti, Zaffaroni, Argibay Mayoria: Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi, Maqueda
Transporte aéreo de pasajeros, transporte aéreo sucesivo, accidente de aviación, responsabilidad del transportador, billete de pasaje
Materia: AERONAUTICO
Carátula: Landázuri, Graciela María Scagnetti viuda de c/ Empresa Aerolíneas Argentinas S.E. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-18

La existencia de un espacio en blanco en el billete de pasaje en el casillero correspondiente a la compañía transportadora del tramo donde ocurrió el accidente, no es suficiente para atribuir responsabilidad a la empresa emisora de dicho billete, si no surge inequívocamente que se hubiera obligado a realizar el transporte por ese segmento del itinerario o que hubiera asumido expresamente su responsabilidad por la totalidad del trayecto.