marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, costas, recurso extraordinario, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Central  Puerto  S.A. c/ Secretaría  de  Energía N. - resolución259/94 (Resol. 16/93 ENRE.).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

Si bien lo atinente a la imposición de costas efectuada por la cámara compromete el interés económico de la Nación, corresponde diferir su tratamiento si - en virtud de la interposición del recurso extraordinario - todavía está pendiente la decisión definitiva sobre el fondo del asunto y ella podría, por hipótesis, modificar la imposición de costas resuelta por el a quo.
Honorarios, cómputo de intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: "Eceinca   Empresa   Constructora c/ Entel s/ contrato  de  obrapública".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-29

No se deben intereses compensatorios durante el tiempo transcurrido entre ambas regulaciones habida cuenta que aquéllos -que constituyen la contraprestación por el uso de un capital ajeno- sólo proceden frente a la ley que los establezca o convenio de partes que los estipulen (cfr. art. 621 del C.C.).

(Sala I, "Intersec S.A. c/D.N.V. s/contrato adm.", del 18/10/96).

Los únicos intereses que cabe aplicar son los moratorios calculados a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. de conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la ley de arancel -de aplicación supletoria- (C.S.J.N. in re "José Minetti y Cía.

Ltda. SACI c/E.N.", del 12/12/95).
Acción de amparo, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Scatena, Dante. s/ Amparo. Mandamus.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-03-03

Corresponde rechazar el amparo que pretende la actualización retroactiva y futura de los salarios percibidos y a percibir por un legislador rionegrino en ejercicio de sus funciones, si -como en el caso de autos- el accionante convalidó con su presencia y voto la ley (1966) que se aprobó por unanimidad y que fijaba la dieta a percibir, cuya inconstitucionalidad no demandó oportunamente, habiendo vencido todos los plazos para intentarlo.
Proceso penal, fiscales, Ministerio Público, acusación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Marcilese,  Pedro  Julio y otro s/ homicidio calificado -causa Nº15.888/98-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

En nuestro sistema de enjuiciamiento penal es el Estado, el que por sí mismo se encarga de la persecución penal (principio de oficialidad). Por tal razón el principio acusatorio sólo puede ser concebido en su acepción formal, es decir aquélla según la cual se ponen en manos de un órgano especial, distinto del que declara el derecho, el cometido de excitar la jurisdicción mediante el ejercicio de la acción (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Daños y perjuicios, responsabilidad indirecta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aranda de Ponti, Nélida c/ Clínica Santa Cecilia S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

En la responsabilidad obligacional indirecta, para que el deudor sea civilmente responsable por el hecho del auxiliar no es necesario que exista una relación de dependencia o subordinación.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: GODOY ERMINIO c/ GRAFA S.A. s/ INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD, ETC. - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-20

El ámbito de aplicación del recurso extraordinario tiene carácter excepcional y absolutamente restringido. No se ha creado una tercera instancia normal, ni se revisan por este medio los errores que puedan presentar las sentencias, ni las divergencias del apelante con la doctrina sentada en las mismas. Si el dictum se encuentra suficientemente fundado cualquier fuese su acierto o error es insusceptible de la tacha de arbitrariedad.
Mala praxis, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: SUAREZ BENITO Y OTROS c/ SANATORIO MODELO Y OTROS S/COBRO DE PESOS s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-08

En materia de prueba de la mala praxis, donde se trata de situaciones complejas que no resultan ser de fácil comprobación, cobra fundamental importancia el concepto de "la carga dinámica de la prueba" o "prueba compartida", que hace recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo.
Prueba pericial, perito de oficio, dictamen pericial, carácter vinculante
Materia: PROCESAL
Carátula: J., R. O. c/ P., M. A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-07-26

El perito es un auxiliar de la justicia por lo que no puede pretenderse que su dictamen sea obligatorio.

El juez puede apartarse del dictamen pericial, desde que éste no lo enlaza necesariamente y aun cuando sus conclusiones resulten terminantemente asertivas. Pero para hacerlo legítimamente ha de expresar los fundamentos de su convicción contraria.

Siendo el perito un mero auxiliar del juez, no puede pretenderse que su dictamen sea en manera alguna imperativo y obligatorio. Lo contrario, importaría acoger la doctrina que los peritos se desempeñan con autoridad decisoria dentro de los procesos o lo que es lo mismo, que las sentencias podrían ser, cuando menos parcialmente adelantadas por quienes carecen de la facultad para decidir.
Intereses, anatocismo, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco del Buen Ayre SA c/ Sotelo Jorge Horacio y Otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-19

El control de los intereses excesivos atribuido a los tribunales tenían sustento en el CCIV 502 y 953, cuando ellos constituían una causa ilegítima de las obligaciones. Por ello y advertida esa circunstancia, correspondía reducirlos en términos de equidad, decretando la nulidad parcial de los intereses excesivos (CNCom, Sala B, in re, "Banco Itaú Buen Ayre SA c/ Pino, Francisco y otro s/ ejecutivo", 19-10-16; y sus citas). 2. Esta prerrogativa actualmente es regulada en el Código Civil y Comercial: 771, norma que permite a los magistrados reducir los réditos no sólo cuando sea abusiva la tasa fijada sino también cuando su aplicación evidencia una clara desproporción de los valores económicos en juego y prescinde de la realidad económica, sin que obste a ello la existencia de sentencia firme que dispuso la aplicación de tales intereses, pues no es posible que -so pretexto de preservar la autoridad de lo decidido con carácter firme- se arribe a resultados que quiebren toda norma de razonabilidad y violenten los principios establecidos en el CCIV 953 y 1071 (CCCN 279 y 10 -respectivamente-). 3. Porque en tales casos no habría violación de la cosa juzgada, sino -por el contrario- decisión de preservarla, evitándose que sea vulnerada mediante la alteración de la significación patrimonial de la condena dictada (Fallos 255:119; 245:429; 252:186; 270:335; 316:2054; 319:92). Así, cabe acatar la doctrina de la CSJN (in re, "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cohen, Rafael y otro s/ ejecutivo", 12-6-12) que descalificó la capitalización mensual de los intereses devengados de un saldo deudor de cuenta corriente bancaria cuando por su exorbitancia genera un resultado irrazonable.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, legitimación procesal, derechos de incidencia colectiva, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucional
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-18

Si bien la acción declarativa de inconstitucionalidad no requiere que el promotor del proceso ostente la condición de titular de la situación jurídica involucrada en la norma de alcance general cuestionada, tampoco excluye del universo de legitimados a quienes se encuentran dentro de su ámbito de aplicación, en la medida que estos últimos circunscriban su pretensión a requerir la declaración de inconstitucionalidad como requiere el art. 113, inc. 2, de la CCBA. (Voto en disidencia del Dr. Luis F. Lozano).
Acción reivindicatoria, subasta judicial, responsabilidad del Estado, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Cincotta, Salvador A. c/ Provincia de Río Negro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-07-18

La reivindicación que -como en el caso- intente el comprador de un inmueble en una subasta judicial con título sin tradición frente a un ocupante con boleto (art. 1185), es una decisión jurídica propia e instransferible del interesado. De la suerte de esa acción se derivará la posibilidad o imposibilidad cierta de perfeccionar el dominio. Pero la indemnización debida por la presente ilegitimidad del remate judicial en contra de quien lo dispuso u ordenó y/o en contra de quien por él responde en autos, -el Estado Provincial- no depende y no podría depender de la suerte de tal juicio por cuanto se trata de una acción independiente.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jo Jung Soon y Otros c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Recusación s/ Recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-11

Dictada una medida cautelar por un juez incompetente, no es este sino el competente quien debe proveer su levantamiento.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Nieto, Oscar Osvaldo s/ Robo calificado, privación ilegal de la libertad calificada,  violación agrabada por el número de personas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

El elemento "arma" contenido en el art. 166 inc. 2 del Código Penal simboliza un objeto apto, en el caso concreto y según el modo en que fuera utilizado, para dañar, con exclusión de todo aquéllo que parezca un arma sin serlo. La ofensividad consiste en su aptitud para funcionar de modo dañoso en el caso, debiendo tal circunstancia acreditarse según las normas respectivas.
Requerimiento de pena, pena única, concurso de delitos, capacidad procesal, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: NEGRETE, HORACIO ANSELMO s/ Pena única
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1949-06-01

Debe considerarse "parte" al representante del Ministerio Fiscal, a los efectos de petición de pena única en el caso de mediar dos o más condenas por sentencia firme, dictadas con violación a las reglas del concurso de delitos.
Estafa, ardid
Materia: PENAL
Carátula: Martínez Pico o Martínez Picos, Pablo Darío s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-03-17

La conducta desplegada indujo a engaño a quien le vendió las cubiertas y la cámara para el automóvil; el encartado obtuvo la mercadería mediante el engaño de hacer creer que pagaba con una orden legítima, obteniendo un beneficio para él y un perjuicio para el comerciante vendedor. En definitiva, la actividad orientada a obtener las gomas para el auto pagando con un cheque que se conocía de origen espúreo le dio el resultado buscado y la maniobra fue idónea.
Cuestión justiciable, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Y.P.F. (Sociedad del Estado) c/ Administración Nacional de Aduanas s/ demanda contenciosa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-13

No existe obstáculo para que los tribunales, en cualquier etapa del proceso, resuelvan acerca de la justiciabilidad de las cuestiones sometidas ante ellos.
Accidente de tránsito, daño causado con la cosa, culpa civil
Materia: CIVIL
Carátula: TADAJEWSKY, Luis c/ GRILLO, Héctor Antonio s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

Las motocicletas -como los automóviles- deben calificarse entre las cosas a que se refiere el art. 1113 del C. Civ. y, por tanto, en el caso de colisión con otros vehículos debe analizarse la conducta de quien la conduce para determinar la culpa que pudo caberle en el hecho.
Deudas impositivas, regularización impositiva
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Cookery S.A. s/ ejecución fiscal'".
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-11

El a quo estimo probado que el contribuyente no había regularizado el total de las obligaciones que adeudaba al fisco en concepto de ISIB y frente a ello, la sentencia no explica cómo pudo sortear las previsiones legales que sujetan la operatividad de los beneficios previstos en el régimen de regularización al acogimiento total de la deuda (vgr. art. 3 de la ley 2406 y cc. del decreto 1228/07); exigencia cuya inconstitucionalidad no fue impetrada, de modo que ese acogimiento parcial conduce a sostener que la solución adoptada por la Cámara implica haber rechazado -en su mayor parte- la ejecución instada, pero sin haber logrado descalificar el contenido de la certificación que sustenta este proceso respecto de los conceptos allí consignados, aunque aquí sólo se ha discutido lo relativo a la multa.

(Voto en disidencia del Dr. Luis F. Lozano).
Amenazas, coacción
Materia: PENAL
Carátula: Gimenez, B. S.  c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-26

Tanto las amenazas como las coacciones tienden a quebrantar la tranquilidad espiritual del individuo. Así, el bien jurídico en juego es la libertad individual en su esfera psíquica, que es la libertad de determinarse, de obrar conforme a su propia voluntad.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, contenido de la demanda, indicación de la causa, certificado de deuda, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Marlenheim SA c/  s/ concurso preventivo s/ inc. verificación por obra social de la industria molinera
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-26

Procede confirmar la resolución por la cual se admitió parcialmente el crédito insinuado por cierta Obra Social. Ello por cuanto, lo dispuesto en la ley 23660: 21 habilita a concluir que los certificados de deuda expedidos por las obras sociales gozan -en principio- de presunción de legitimidad (esta Sala, "Asociación Colegio Saint Jean s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación (OSPLAD)", del 05/03/13; "Marlenheim SA s/ concurso preventivo s/ incidente de verificacion de credito de Obra Social del Personal de la Industria Molinera (OSPIN)" -expte. n° 35161/2015/7-, del 28/06/18), de manera que las liquidaciones presentadas por los organismos con potestades equivalentes a la incidentista, configuran, por lo menos, un indicio altamente calificado acerca de la existencia y legitimidad de la deuda cuya verificación es pretendida (esta Sala, "Buchanan, Diego s/ quiebra s/ incidente de AFIP", del 07/07/16; "Cristalería El Cóndor SA s/ inc. de verif. por Fisco Nacional - DGI", del 29/12/95 y sus citas). Es que se trata de documentación que tiene la eficacia probatoria de los instrumentos públicos (CCCN 293, 296 y cc.) y que, por ende, debe considerarse idónea para crear esa fuerte presunción acerca de la existencia del crédito, presunción que es de orden legal (ley 19549: 12), como se desprende de la circunstancia de que su emisión es el modo previsto por la misma ley para habilitar el cobro de los créditos respectivos. Es verdad que, no se trata de una presunción iure et de iure y que ella debe ceder cuando existen elementos que permitan inferir una indebida determinación de la deuda por parte del organismo facultado a emitir dicha documentación, no obstante, en el caso, el incidentista no se limitó a acompañar los referidos títulos de deuda, sino que indicó expresamente cuál era la causa que había motivado su libramiento, aclarando también que la determinación de la deuda había sido efectuada con base en las propias DDJJ que la concursada había presentado ante la AFIP, informando cual era el personal beneficiario de la obra social. En conclusión, resulta claro que para eximirse de su obligación, la concursada no le bastaba con alegar de modo genérico la inexistencia de la deuda, cuya causa aparece respaldad en la evidencia de que ella contó con dependientes afiliados a la incidentista durante el período reclamado y que no fue acreditada la realización de ningún pago.
Segunda instancia, competencia, recursos, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Di Rienzo, Mario Miguel c/ Círculo de Oficiales de Mar s/ cobro de sumas de dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

Las facultades jurisdiccionales del tribunal de grado, cuya intervención obedeció a razones funcionales y no de superioridad jerárquica, en los términos del art. 24, inciso 7°, del Decreto- Ley N° 1285/58, se encuentran limitadas por los efectos del recurso concedido. Ello es así por cuanto los órganos judiciales de apelación no pueden fallar sobre capítulos no propuestos hasta ese momento en la litis, ni sobre cuestiones respecto de las cuales no haya mediado agravio concreto del recurrente.
Código civil, competencia, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: A., S. S. c/ S., E. F. y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-12-04

La restrictiva competencia conferida a Superior Tribunal de Justicia no puede hacerse extensiva, sin más, a supuestos que no logran ser encorsetados en la previsión legal atributiva de aquella. Dígase que, como se juzgó recientemente en al SI N° 25/SROE/16, reiterados las SI N° 30/SROE/16 y 135/SCA/16, en concordancia con el Alto Tribunal de la Provincia de la Pampa: "... el nuevo código de fondo no modificaba las competencias de los tribunales transformando a la responsabilidad del Estado en una acción de naturaleza contencioso administrativa, sino que, ello se vinculaba, concretamente, con las normas de fondo que debía aplicar el juez para resolver un litigio en el cual el Estado es demandado como responsable de un daño de evidente y exclusivo contenido patrimonial.
Acción de amparo, asociaciones de consumidores
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur -PROCONSUMER c/ Estado Provincial - Superintendencia de Servicios Públicos - Empresa Jujeña de energía - Empresa Jujeña de Servicios Eléctricos Dispersos s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en expediente nº B-62985/00 Amparo. L.A. Nº 44 Fº 1081/1089 Nº 478 del Sur -PROCONSUMER c/ Estado Provincial - Superintendencia de Servicios Públicos - Empresa Jujeña de energía - Empresa Jujeña de Servicios Eléctricos Dispersos s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en expediente nº B-62985/00 Amparo. L.A. Nº 44 Fº 1081/1089 Nº 478
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-10-12

Resulta procedente la acción de amparo prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional promovida por un grupo de usuarios nucleados en la asociación demandante ante la futura ejecución de lo decidido en un convenio celebrado entre el Estado Provincial y las razones sociales concesionarias del servicio de energía eléctrica, aprobado por decreto emanado del Titular del Ejecutivo Nº 1652-OP-2000 atento al origen estatal de la decisión adoptada, su incidencia sobre el derecho de propiedad de los usuarios, la inminencia de su aplicación y la no negada inexistencia de remedios procesales -administrativos o judiciales- alternativos y eficaces para enervar la producción del eventual perjuicio constitucional. Ello así por cuanto la materia del debate propuesto por la amparista no excede los límites marcados por la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y la naturaleza de la pretensión ajusta a lo exigido por el artículo citado de la Constitución Nacional en orden a extender la tutela judicial efectiva demandada. Por lo demás, por imperio de lo decidido en la Causa "Figueroa c/ Estado Provincial" registrada en L.A. Nº 44 Fº 475/476 Nº 187 la norma contenida en el artículo 4 de la Ley 4442 es inconstitucional, resultando competente para entender en pretensiones como la presente el Tribunal en lo Contencioso Administrativo. En mérito a lo expuesto, cabe concluir que el caso fue sometido a conocimiento y decisión del órgano jurisdiccional constitucional y legalmente habilitado para resolverlo.
Cosa juzgada, homologación del acuerdo laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Fondo Compensador Para Jubilados y Pensionados Telefónicos c/ Telefónica de Argentina SA s/ Diferencia de aportes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-07

El ordenamiento adjetivo es muy claro al señalar que la competencia del juez se agota por preclusión una vez emitida su decisión definitiva sobre la cuestión. Al respecto la previsión del art. 166 es más que categórica al disponer que pronunciada la sentencia, concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla. Por ello, en el caso, la magistrado de grado no homologó el acuerdo acompañado con posterioridad a que quedara firme la sentencia definitiva dictada en autos y se limitó a tenerlo presente como acuerdo de pago. En tal sentido, el monto de condena, con más sus intereses, dejó de ser disponible para las partes desde el momento en que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada.
Garantías procesales, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., M. s/ Trámite de preso s/ Ejecución de pena
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-01-14

El código de rito garantiza la inviolabilidad de la defensa en el procedimiento y reconoce la potestad del condenado de ejercer, durante la ejecución de la pena, todos los derechos y las facultades que el Código Penal, las leyes y los reglamentos le otorgan y plantear ante el tribunal de ejecución todas las observaciones que estime convenientes. Establece, además, que tendrá derecho a la defensa técnica.
Accidente de tránsito, rutas nacionales, aplicación de la ley, vehículo embistente, presunción de culpa
Materia: CIVIL
Carátula: Poligas S.A. e Invergas S.A. c/ Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-06-30

La presunción de culpabilidad que genera el embestimiento debe ser aplicada con mucha prudencia, pues bastará que uno de los vehículos se cruce imprudentemente en la línea de circulación del otro para que éste sin culpa lo embista -tal el caso de autos-, o sea una cosa es tomar en consideración adversa la condición de vehículo embistente y otra es la misma condición cuando un vehículo se atraviesa indebidamente en el camino de otro que obviamente resultará embistente, pero estará eximido de culpabilidad, pues la maniobra peligrosa del otro lo exonera totalmente. En el caso, no es la velocidad el factor desencadenante del accidente, ya que ésta -80 Km p/h es la requerida para transitar por zonas rurales para los camiones, en consecuencia, aunque la misma haya podido ser algo superior a la autorizada, no cabe computar tal exceso como causa determinante del choque, si otro rodado se erigió en obstáculo imprevisto ante la línea de avance del conductor del camión que circulaba por ruta nacional y el conductor del rodado menor que giró a su izquierda para ingresar a un sitio poblado. Así, concurren sobre cabeza del apelante dos violaciones a la Ley de Tránsito; la primera, detenerse en la cinta asfáltica en forma irregular, la segunda detenerse sobre su propia mano para girar a la izquierda, por lo que su actitud autoriza al conductor del camión a pensar que el vehículo va a aguardar paso para recién efectuar el giro, ya que si se detiene sobre su mano y siendo el caso de dos vehículos que circulan en el mismo sentido, se obstruye al camión su vía de circulación, siendo imperioso para este último abrirse para la izquierda y no resulta atinado pensar que el camión deba frenar para esperar que el automóvil gire. Por lo tanto no debe hacerse lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.