marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Funcionarios públicos, responsabilidad del funcionario público
Materia: PENAL
Carátula: ARMELLA ANALIA Y OTRA s/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-06-29

Es autor del delito de utilización de informaciones o datos reservados que reprime el tipo penal del art. 268 C.P., el funcionario público que con fines de lucro utiliza para sí o para terceros informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

La utilización de la información o datos reservados para s i o para un tercero constituye el objeto material del delito, que indefectiblemente debe acompañar al elemento subjetivo -fin de lucro- para que de esta forma el accionar quede consumado.

Las informaciones son las noticias o conocimientos que adquiere el agente sobre decisiones o futuras actividades de la administración, mientras que los datos son los elementos que sirven para completar su conocimiento o para hacerlo efectivo, como por ejemplo las estadísticas, documentos, testimonios, etc. Además, los datos o informaciones tienen que ser de carácter reservado,o sea de los que solo pueden estar al alcance de determinadas personas. No basta con que las informaciones o datos no puedan publicarse, sino que es necesario que no se los pueda comunicar a terceros extraños.

Además, tiene que tratarse de datos o informaciones que el autor haya conocido en razón de su cargo, es decir que recepcione o maneje en virtud de su competencia funcional (Creus, Carlos - Derecho Penal Parte Especial pág. 348).

No tienen carácter reservado los datos o informaciones ya conocidas por haber sido anunciadas o ser de pública notoriedad.-
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Moreno Brondo, Juan Carlos y Ponce de León, Argentino c/ Unidad Ejecutora Portuaria Pcial. y-o Ministerio de Economía de la Pcia. del Chubut y-o Pcia. del Chubut s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-05-12

Desde antiguo, este cuerpo -coincidente con la jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación, viene sosteniendo que para la procedencia del Recurso Ordinario de Apelación se requiere que la Resolución apelada revista el carácter de Sentencia Definitiva, siendo más estricto el criterio utilizado para arribar a tal calificación, que el admitido para el otorgamiento del recurso de casación.
Incapacidad laboral, estibador, aplicación de la ley, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: RUIZ DIAZ, SATURNINO E. c/ ESTIBAJES Y SERVICIOS  S.A. s/ ART. 212 LCT
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12

La vinculación laboral del estibador portuario presenta una doble razón de eventualidad. Una en el proceso de contratación, con la intervención del Engar, el Encom y el efectivo empleador y otra en la prestación de sus tareas pues no sabe a ciencia cierta si continuará laborando para e que lo hizo la jornada anterior. Esos dos aspectos de incertidumbre tornan extremadamente difícil encontrar al agente reparador en los supuestos previstos por el art.

212 LCT. Por ello, esta clase de trabajadores, hasta que no encuentren reparación por vía legislativa o convencional, quedan excluidos de los beneficios de la norma mencionada.
Recurso extraordinario, cámara electoral, cuestión abstracta, lista de candidatos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Apoderados de la UCR. / MOP. y sub lema "Juárez Vuelve" s/ impugnaciones,    observaciones    y  nulidad  de  mesas  comiciales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-08

La Corte no se encuentra facultada - por la vía del recurso extraordinario de la ley 48 y de la ley 4055 - para revisar el acierto o el error de la decisión de la Cámara Nacional Electoral en la que se declaró abstracta la cuestión, por haberse incorporado los candidatos cuestionados a la cámara respectiva.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, acción de amparo, bien jurídico protegido, derecho a la salud, medicina prepaga, rescisión del contrato, contratos de adhesión, abuso del derecho
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Martín de Mur, María del Carmen c/ Medycin y/o Fryasa S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Amparo   (Expte. CSJ Nro.  25-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-08

Deviene inadmisible la queja interpuesta cuando el recurrente le achaca al fallo impugnado carecer de motivación suficiente y sustentarse en afirmaciones dogmáticas al concluir que la rescisión contractual del contrato de medicina prepaga ejercida por su parte resultó abusiva y perjudicial, cuando el impugnante sólo discrepa con el análisis que el Tribunal efectuara, con abundante cita de autorizada doctrina, al describir los rasgos caracterizantes del tipo de contrato suscripto entre las partes, señalando: "...en este tipo de contrato la prerredacción por quien ostenta el poder económico y jurídico genera una situación de desigualdad y desequilibrio en perjuicio del consumidor, facilitando la inclusión de una serie de cláusulas abusivas o vejatorias que traen un perjuicio excesivo al contratante más débil, que afecta en relación de equivalencia del negocio, al desplazar sobre éste gran parte del riesgo económico del contrato, y considerando que se configura un verdadero monopolio de hecho por parte de las empresas prepagas...".Y, en tren de analizar si la cláusula invocada en el caso para rescindir el contrato era abusiva, efectuó un análisis del caso soslayando el tratamiento de la circunstancia alegada referida a la reticencia o falsedad de la declaración jurada con fundamento en que "...excluye la consideración, a los fines de la procedencia o no, del amparo, de circunstancias como la de la reticencia o falsedad de la declaración jurada sobre enfermedades y patologías preexistentes, que no fueran alegadas para la rescisión, y sobre las que, indebidamente por ello, hiciera mérito el a quo" dando de ese modo las razones que motivaron la aludida omisión sin lograr el impugnante rebatir de algún modo el apuntado criterio.
Cuestiones procesales, deberes y facultades del juez, multa
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARFE SACIIYF c/ QUIEBRA s/ INC. EXCUSACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-27

No corresponde se aplique la sanción por incumplimiento trasferencia de ciertos fondos a esta causa, toda vez que como consecuencia de un expediente homónimo que concluyó por caducidad de instancia, los fondos en cuestión no fueron depositados aquí, sino que, por error, lo fueron en otra causa. Ello, descarta la configuración de incumplimiento que pudiera justificar la aplicación de una sanción. Además, pudo el tribunal corroborar -a través de secretaría-, la existencia del juicio al que hizo alusión la demandada, como así también, que en él existen fondos depositados.
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, pedido de quiebra, quiebra a pedido del acreedor, providencia simple, firma del secretario, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: OCAMPO, MARCOS s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR MANANTIAL SEGUROS DE VIDA  SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-13

Procede la apelación deducida contra la providencia suscripta por el secretario, por la cual se requirió al peticionante de la quiebra que, previo a la solicitud de la misma, manifieste y denuncie si el presunto deudor posee bienes registrables. Ello, si -como en el caso, el agravio resulta de la naturaleza del proveído que ha suscripto el actuario -excediendo las facultades que le son propias- a mérito de lo preceptuado por el CPR 242-3º (en el caso, las mentadas facultades han sido exorbitadas, por cuanto la providencia recurrida no se encuentra entre las contempladas por el CPR 38, por lo que corresponde invalidar el auto atacado).
Cláusula penal, intereses punitorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Multicompras S.A. c/ Urquiza, Eduardo s/ Cobro sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

Los intereses moratorios, también llamados punitorios, son debidos a manera de sanción por el retardo en la restitución del capital en tiempo propio, por lo que habiéndose incluidos en el documento base de la acción, no cabe duda que debe respetarse lo pactado (arts.

621, 622, 1197 Cód. Civil).
Recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso, plazos procesales, notificación automática
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Cdad. de Bs. As. c/ Ku Chi Lung s/ Ejecución fiscal Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-16

El Código Contencioso Administrativo y Tributario establece, en el artículo 250 último párrafo, que "el plazo para interponer la queja es de cinco días", el que se computa a partir de que se notifica ministerio legis la denegatoria (art. 117 del CCAyT). Sin perjuicio de ello, nuestro ordenamiento, en forma coincidente con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, impone, en el artículo 251 inciso c), la carga de indicar la fecha en que quedó notificado de la denegatoria del recurso.
Ley de seguros, defensa en juicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: G., J.L. s/ Lesiones Culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-11-26

Desde que la ley 17.418 protege a la vez los intereses del demandante -porque el crédito del damnificado tiene privilegio sobre la suma asegurada y sus accesorios, con preferencia sobre el asegurado y cualquier acreedor de éste, aún en caso de quiebra o de concurso civil-, del demandado -porque el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato- y de la citada en garantía -porque puede incidir en la litis "hasta que se reciba la causa a prueba" para controlar el título que, más tarde, lo vinculará con la cosa juzgada- es dable garantizar a todos ellos, maguer las deficiencias meramente instrumentales, el cabal ejercicio de la defensa en juicio.
Municipalidad, remuneración, política salarial, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Alfredo Romelio c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso Extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción   (Expte. CSJ Nº 34-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-20

El dictado de los actos por los cuales se tendió progresivamente al restablecimiento del sistema de coeficientes que establece el art. 78 de la ley 9286 no resulta en modo alguno incompatible ni contradictorio con la posición asumida por la Municipalidad demandada en orden a rechazar la pretensión del actor de que se le liquide su haber de conformidad a la norma señalada desde que comenzó a tener vigencia el mecanismo establecido por la ley 9996.

Antes bien, podría afirmarse que la presupone y, justamente por esa razón, diseña un plan de jerarquización o de recomposición salarial con el fin de que, paulatinamente y en la medida de las posibilidades, vuelva a aplicarse, aunque más no sea como pauta, en la inteligencia de que aquel sistema respondía a la consecución del objetivo del entonces Gobierno municipal de reconstituir las retribuciones del personal de las categorías 19 a 24 de planta permanente.
Marcas, marcas confundibles, similitud fonética
Materia: COMERCIAL
Carátula: NIKKODO CO LTD c/ BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-17

De Eme Doble Be y Be Eme Be, se confunden. Y si bien no hay coincidencia entre la clase de productos que protegen, automóviles BMW y elementos de audio BMB, una vez ocurrida la confusión en el publico consumidor, por el enorme parecido de las marcas, a nadie escapa la posibilidad de que se crea que BMW, fabrica también productos de audio. A ello sumado que dicha designación, tiene registro en la clase 9 aun cuando como marca de defensa. La circunstancia mas importante para decidir esta dada por la notoriedad y el prestigio, ganados por la marca de la demandada. Su gran amplitud de penetración en el mercado nacional e internacional, reconocido además por la actora, liberan de toda demostración.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Franchi, Juan C. c/ Ferrer, Hector R. y otro s/ Daños y perjuicios. Cuestión a resolver: ¿Corresponde establecer un   monto indemnizatorio mínimo e igualitario por privación de vida   humana con prescindencia de todo otro perjuicio cierto?   Protocolizado Sala II, Folio 176 (Tribunal pleno) (Expte. Nro. 8-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-12

La bien intencionada, pero perversa en sus consecuencias, teoría del "valor vida humana mínimo e igualitario" incurre en un yerro "ab initio" cual es el de no advertir que lo que el ordenamiento jurídico reclama no es mensurar el valor en sí de la vida humana, sino el del monto del perjuicio, es decir de las consecuencias económicas dañosas para terceros provenientes de la supresión de una vida humana. Lo correcto es, entonces, hablar de "valor indemnizable" de la supresión de una vida humana y no directamente de "valor vida" como equívocamente suele hacerse. (Del Voto del Dr.

Peyrano).
Contrato de obra pública, multa, plazo, Administración Pública, razonabilidad
Materia: PENAL - ADMINISTRATIVO - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SEBASTIAN MARONESE E HIJOS SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 58-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-03-05

La inexistencia de plazo legal o convencional para ejercer la potestad sancionatoria, no significa que la administración pueda valerse de ella sine die. Por el contrario, su aplicación estará sujeta al cartabón de razonabilidad, y al adecuado respecto a la naturaleza de tales medidas porque son sanciones y no meras penas, pero para compeler con mayor o menor fuerza, al cumplimiento de lo debido. De allí que no sería válido que la administración demore injustificadamente la aplicación de la multa, prescindiendo de la compulsión directa. Y ello, no sólo en consideración a la naturaleza de esas multas, sino por respeto al principio de buena fe en la ejecución de los contratos, que no admite que se tolere por largos períodos el incumplimiento, para castigarlo luego, optando por un mero efecto indirecto no obstante haber podido lograr antes el efecto coactivo directo, con mayor respeto a la contratista, y con mayor ajuste a la finalidad de estas sanciones, que requiere la oportuna utilización de este instrumento para hacer cesar la transgresión, satisfaciendo la exigencia de normal desenvolvimiento de la relación contractual.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, prueba
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Mizrahi, Aberto s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-05

Si la investigación que se llevó a cabo en las actuaciones resultó compleja por la cantidad de documentación y expedientes sumados a la investigación provenientes de distintas jurisdicciones y fueros, los seis años que duró el proceso no pueden ser evaluados como un lapso violatorio de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. Se encuentran probados los hechos atribuidos al imputado, pues de las constancias de la causa y la prueba reunida durante el debate, se desprende que el encartado se obligó mediante boleto de compraventa a la transmisión del dominio de un departamento en favor del damnificado, quedando obligado de ese modo a hacer la escritura pública (art. 1184 CC), lo que frustró al suscribir con un tercero una escritura pública respecto del mismo bien real, desbaratando el derecho que había otorgado previamente.
Emergencia económica, obligaciones en moneda extranjera, actualización monetaria, pautas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Grundel, Adán c/ Gnoiski Czeslawa E. s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-08-31

Surge del art. 1 de la ley 25.713 que el C.E.R. se aplicará a las obligaciones que en origen hubieran sido expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera y que hubieren sido transformadas en pesos a partir de la sanción de la ley 25.561.

Y si bien el art. 2 de la mencionada norma establece excepciones al principio general del art. 1, no se constituye la misma cuando se trata de una ejecución que continúa por el remanente habido a favor de la actora luego del remate del bien del que da cuenta la escritura hipotecaria glosada en las actuaciones, y en virtud del embargo sobre la parte indivisa y orden de subasta de un bien ganancial de la deudora de autos.

No se está en presencia entonces "ni de un préstamo cualquiera sea su origen o destino, que tengan como garantía hipotecaria la vivienda única, familiar y de ocupación permanente", pues ya no existe derecho real de hipoteca vigente, ni de un préstamo personal en los términos reglados por la ley 25.713 art. 2 ap. "a" y "b" ), por lo que no es dable analizar si los recaudos del apartado "a" del art. 2 de la ley mencionada se cumplen o no. Rige entonces en la especie, el principio general emergente del art. 1 de la ley 25.713, y por ende corresponde aplicar al capital reclamado el coeficiente de estabilización de referencia (C.E.R.).
Procedimiento laboral, recurso de apelación (procesal), ampliación del monto, ejecución fiscal
Materia: LABORAL
Carátula: Unión  del  Personal  Civil  de  la  Nación U.P.C.N. c/ DirecciónNacional del Servicio Penitenciario Federal s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-31

El art. 106 L.O. instituye un régimen orgánico de apelabilidad en razón del monto que es aplicable también a los procesos de ejecución fiscal. Para determinar el interés económico de la cuestión, no cabe computar los intereses del capital pues bastaría el mero transcurso del tiempo para soslayar el límite de apelabilidad establecido por la ley procesal.
Excarcelación, monto de la pena, prevención del delito
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Maximiliano Emanuel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-11

No alcanza para decidir sobre la procedencia de la libertad durante el proceso lo atinente a la gravedad de la pena, máxime si las consideraciones adicionales no constituyen indicios de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, como son la existencia de otras causas en trámite, la violencia alegadamente desplegada o el hecho de que el imputado se encontraba gozando de una excarcelación anterior al cometer el nuevo delito. Las normas que regulan las cárceles de seguridad no permiten atribuir a la prisión cautelar finalidades preventivas de la comisión de nuevos delitos. La disidencia consideró que lo resuelto, en la medida en que fundó el peligro de fuga en la gravedad de los hechos y la severidad de las penas, cumple acabadamente con las exigencias del plenario, dada la extrema gravedad de los hechos atribuidos. (Dres. Mitchell -en disidencia-, García y Yacobucci).
Medidas cautelares, personas con discapacidad, atención médica domiciliaria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Valenzuela Virginia Irene c/ Osde s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

No está controvertida la calidad de beneficiaria de la amparista, de 70 años de edad, la patología que la aqueja -esclerosis múltiple-, que ha determinado el otorgamiento del correspondiente certificado de discapacidad, ni la necesidad de la prestación reclamada -que indica la necesidad de acompañante- y resumen de historia clínica). El art. 39, inc. d) de la ley 24.901 (texto incorporado por el art. 1º de la ley 26.480, B.O. 6-4-09) contempla la asistencia domiciliaria para las personas con discapacidad a fin de favorecer su vida autónoma, evitar su institucionalización o acortar tiempos de internación. En efecto, el legislador ha puesto en cabeza de aquellas entidades alcanzadas por las previsiones de la ley 24.901, entre las que se encuentra la aquí demandada (art. 2º y ley 26.682 -art. 7-, B.O. 17-5-11), la obligación de cobertura de la prestación de asistencia domiciliaria.
Estafa, consunción
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SPOSITO JORGE EDUARDO s/ HURTO SIMPLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-28

Entre el delito de estafa y el de falsificación de documento privado (art. 292 C.P.P.) existe una relación de consunción. Así entre las dos figuras delictivas media una relación evidente porque un hecho comprende al otro como parte suya: la consumación de la estafa se realiza mediante el uso de cheque falso. Por ello, la figura menor se elimina para dar paso exclusivo a la mayor.
Ejecución de sentencia, resoluciones inapelables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA c/ GOLDEN, SAUL Y OTRA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-05-29

En el proceso de ejecución de sentencia como en el principal -por ser sumario-, la apelabilidad ha sido limitada por razones de política legislativa (artículos 482, 495 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial). La resolución donde se admite la actuación de un gestor procesal, se encuentra comprendida en la restricción apuntada y por lo tanto resulta inapelable, al margen de su acierto u error, aspecto en el que obviamente se hace expresa reserva de opinión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, prueba de histocompatibilidad, desaparecidos
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros s/ sustracción de menores de 10 años
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-11

Si se sostiene que la extracción de una muestra de sangre es meramente un procedimiento de obtención de una prueba en los procesos en los que se investigan delitos de sustracción de menores relacionados con la desaparición forzada de personas y no puede asimilarse en medida alguna a una declaración testifical ni importa una comunicación autoincriminatoria cuando el recurrente es precisamente la supuesta víctima del delito, cabe extender, aún con mayor propiedad, dicho razonamiento a una muestra de material biológico, cuya existencia resulta independiente de la voluntad del apelante, y de quien no se ha necesitado colaboración ni presencia para su obtención (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G. de F., E. c/ V., E. y Otro s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-26

La garantía, en esencia, consiste en aplicar la ley a todos los casos según las diferencias constitutivas de éstos, razón por la cual no hay igualdad absoluta sino que es la igualdad para todos los casos idénticos la que permite prohibir el establecimiento de excepciones en las que se excluyen a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias.