Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-16


SENT Nº 410	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciséis (16) de Junio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Guntern Graciela María Isabel vs. Mutualidad Provincial Tucumán s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte demandada plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo Sala III de fecha 18 de mayo de 2009, obrante a fs. 265/268 de autos (cfr. fs. 308/311 vta.), que es concedido mediante resolución del referido Tribunal del 14 de octubre de 2010 (cfr. fs. 330 y vta.). Únicamente la parte actora, según surge del informe actuarial de fs. 340, presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del Código Procesal Laboral (en adelante CPL).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Ha sido interpuesto en término; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva en los términos del artículo 130 CPL; se ha dado cumplimiento con el requisito del afianzamiento exigido por el artículo 133 del CPL; el escrito se basta a sí mismo y la impugnación recursiva se motiva argumentando que el Tribunal de grado incurrió en el vicio de arbitrariedad por una valoración irracional y dogmática de los hechos.	Siendo objeto propio del recurso extraordinario local la valoración por este Tribunal Cimero local de la ponderación del referido material -ponderación ésta del a quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen deviene admisible. Ergo, este Tribunal queda habilitado con competencia para examinar la procedencia de aquél	III.- Sostiene la parte demandada, para fundar su recurso de casación, que la sentencia en crisis tiene por admitido y, en consecuencia, exento de pruebas por la Mutualidad Provincial de Tucumán, el despido invocado por la actora (directo injustificado) basándose en una interpretación que pone de manifiesto una total arbitrariedad, con una sentencia condenatoria al pago de rubros indemnizatorios más intereses.

Y, añade, que prescindió de pruebas conducentes para la solución jurídica del caso, debiendo contener un análisis asertivo de los hechos y las pruebas, no dando lugar a hipótesis. Aduce que el hecho que no se hayan cumplido los mecanismos necesarios, autoriza a tener por desestimado el procedimiento preventivo de crisis, lo que de acuerdo al Decreto Nº 264/2002, sólo da lugar a la imposición de multas al empleador, pero de ninguna manera autoriza a tener por cierta la existencia de una crisis económica en la empresa.

A su entender, las pruebas analizadas permiten tener por demostrada las dificultades económicas que atravesaba la Mutualidad al momento del despido de la actora. Cuestiona al órgano jurisdiccional, la aplicación de la indemnización por despido no causado del artículo 2 de la Ley Nº 25.323 y la indemnización del artículo 16 de la Ley Nº 25.561, cuando conforme jurisprudencia de este Tribunal correspondía indemnizar en base al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante LCT) y aduce que resulta de aplicación el artículo 2 de la Ley Nº 25.323, en cuanto dispone que si hubieran existido causas que justifican la conducta del empleador, los jueces mediante resolución fundada, podrían reducir prudencialmente el incremento de indemnizaciones dispuesto por el presente artículo hasta eximir de pago. El fallo basa la aplicación del artículo 16 de la Ley Nº 25.561 en la existencia de un despido directo injustificado, sin tener en cuenta que al momento del distracto la constitucionalidad de la disposición se encontraba controvertida, al igual que su posterior prórroga.

Los agravios desarrollados al efecto, en lo pertinente y debidamente confrontados con las razones que expone el Tribunal de grado y con las constancias obrantes en el proceso, paso de inmediato a ponderarlos.

IV.- ¿Asiste razón a la recurrente?	Preliminarmente, destaco que los jueces no se encuentran obligados a examinar todas y cada una de las pruebas, sino las que juzgan conducentes a la solución del litigio, dando prioridad a unas sobre otras con el debido fundamento.

En el caso, de la simple lectura del considerando del fallo, surge que el Tribunal seleccionó e indicó concretamente las pruebas en las que basó su conclusión, realizando además un prolijo examen de las restantes constancias en un exhaustivo examen de éstas, dando las razones de su acogimiento o, en su caso, rechazo. Todo ello sin que se advierta un discurso irrazonable ni carente de fundamentos.

Siendo ello así, el vicio que se le endilga no se encuentra configurado, sino sólo constituye la pretensión del actor de un nuevo examen, por esta Corte, de las pruebas conforme a otro criterio, lo cual implicaría que ésta desbordaría su competencia jurisdiccional. En efecto, ponderar el material fáctico obrante en el proceso, es competencia exclusiva y excluyente de los magistrados de grado, como es competencia exclusiva y excluyente del Tribunal Cimero local -en la instancia recursiva extraordinaria de casación-, valorar aquella ponderación del inferior, a fin de constatar que tal operación axiológica jurídica no incurrió en el vicio in iuris iudicando.	En el marco de la consideraciones precedentes, sin duda la prueba principal para calificar el distracto de la actora refiere al procedimiento preventivo de crisis, el que fue correctamente analizado por la Cámara destacando en su examen dos hechos sustanciales para considerar injustificado el despido, a saber, el organismo de aplicación no la autorizó a despedir a sus dependientes, abonado la indemnización reducida del artículo 247 LCT y, por añadidura, el pedido de procedimiento preventivo de crisis fue desestimado por la Secretaría de Trabajo.

A mayor abundamiento, y con ello contradice lo aducido por la recurrente de que el pronunciamiento solo tomó en cuenta la desestimación del procedimiento preventivo de crisis, el fallo admite que de las constancias arrimadas en la causa surge la existencia de dificultades económicas por las que pasó la demandada al momento del despido de la actora, y que la crisis de la Mutualidad no está afectada por acontecimientos fortuitos o extraordinarios, motivado por razones externas ajenas al empleador, sino que se trata del riesgo de cualquier empresa en la que no se tomaron las previsiones, no obstante tener tres ejercicios contables que arrojaban pérdidas.

La pretensión de la recurrente de que el fallo considere la situación de dificultades económicas de la parte demandada, no obstante que el organismo de trabajo haya desestimado el procedimiento preventivo de crisis a fin de justificar el distracto, en este caso no puede considerarse pues, como se advierte, el extremo fue analizado pero justamente para declarar injustificado el despido.

Es del caso señalar que el procedimiento preventivo de crisis, contenido en el Capítulo VI del Título III de la Ley N° 24.013, diseña una suerte de instancia administrativa previa a la comunicación por parte del empleador de despidos o suspensiones por fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, destinada a encauzar toda iniciativa de disponibilidad contractual, de incidencia pluri-individual, que impiden desde su notificación hasta la conclusión del procedimiento preventivo de crisis, que el empleador despida o suspenda y se encuentra obligado a dar trabajo a sus dependientes.

Desde esta perspectiva, la circunstancia de que no se haya aprobado u homologado el procedimiento preventivo de crisis (cuestión muy frecuente, habida cuenta que, en suma, constituye un acuerdo entre empleador y organización sindical que puede ser o no homologado o aprobado por la autoridad de aplicación del trabajo), no obsta a que el juez, concluido aquél sin acuerdo, analice la cuestión a la luz del artículo 247 LCT, (es lo que hizo el Tribunal a quo) pues lo decisivo es que exista una crisis concreta y que esté debidamente acreditada por el empleador, lo que no acontece en autos.

Sin embargo, el despido fundado en una crisis (fuerza mayor, falta o disminución de trabajo) exige probar la imprevisibilidad, la inevitabilidad o la calidad de irresistible del hecho para quien la invoca, toda vez que esa situación constituye una excepción a la obligación de dar trabajo y por lo tanto es de interpretación restrictiva.

Inclusive es preciso que el empleador que pretende pagar la indemnización reducida prevista en el artículo 247 LCT, demuestre fehacientemente en el pleito que el estado crítico de la empresa no se debe a su conducta y que se han tomado todas las medidas necesarias para paliar dichas consecuencias.

En el caso, la atenta lectura de la sentencia revela que en ella se ha analizado puntualmente, conforme a las reglas de la sana crítica, el cumplimiento de los aludidos requisitos del artículo 247 LCT, amén de constatar el incumplimiento al deber de diligencia de la demandada en su intención de atenuar los efectos de la crisis. Ej. tener tres ejercicios contables que arrojan pérdidas de más de $2.000.000, con un déficit operativo mensual de $300.000, y de un endeudamiento que ronda los $20.000.000, y no se tomaron otras alternativas de magnitud razonable para superar esos déficit.

Tampoco es exacto que la Cámara no haya tomado en consideración el déficit económico de la Mutualidad, limitándose a considerar que el procedimiento preventivo de crisis no fue aprobado por el organismo de trabajo. Por el contrario, ellos fueron analizados prolijamente por el fallo, llegando a la conclusión que se trató de riesgos de cualquier empresa en la que no se tomaron las previsiones necesarias para evitarlos, siendo insuficiente para justificar el despido.

Asimismo, no obstante mencionarlo en el despido, la demandada no justificó el cumplimiento de los extremos exigidos por el artículo 247 LCT, la sentencia destaca la incongruencia de la accionada de mencionar la aplicación al caso lo dispuesto por el artículo 247 LCT, sin embargo no justificó la demandada el cumplimiento de los extremos exigidos por dicha disposición, ni abonó la correspondiente indemnización que dispone dicha norma.

Por lo expresado, coincido con el fallo en crisis que el distracto de la actora no puede ser subsumido en el artículo 247 LCT y por lo tanto se trata de un despido injustificado.

En síntesis: el vicio de arbitrariedad o la supuesta violación a las reglas de la prueba que se le endilga al pronunciamiento no se encuentra configurado; ergo, debe ser desestimado el agravio en lo que a estas cuestiones se refiere.

En cuanto a los agravios relacionados con los rubros indemnizatorios que el fallo declara procedentes, tampoco asiste razón al recurrente.

Así, el cuestionamiento relacionado con la aplicación de la indemnización por despido no causado, del artículo 2 de la Ley nº 25.323 y la indemnización del artículo 16 de la Ley Nº 25.561 no resulta reprochable pues, respecto al primero, no es exacta la afirmación de la demandada de que conforme jurisprudencia de este Tribunal correspondía indemnizar conforme el artículo 247 LCT. Primeramente porque como claramente quedó de manifiesto en la sentencia, el supuesto del artículo 247 LCT no se había configurado en el caso, tornando el despido directo de la actora en injustificado, siendo de aplicación la indemnización común por antigüedad y por preaviso omitido (artículos 245, 232, y 233 LCT).

En cuanto a la aplicación del artículo 2 de la Ley Nº 25.323, en cuanto dispone que si hubieran existido causas que justifican la conducta del empleador, los jueces mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento de indemnizaciones dispuesto por aquel artículo hasta eximir de pago, en el presente caso, justamente el Tribunal expresamente se hizo cargo de la cuestión, negando en el caso la posibilidad de morigerar el incremento de las indemnizaciones, específicamente por no haber aportado pruebas que demuestren motivos justificados para no abonarle a la actora las indemnizaciones, ni aún las que le hubieren correspondido en la hipótesis invocada (artículo 247 LCT).

Tampoco resulta atendible el argumento de la demandada relativo a la aplicación del artículo 16 de la Ley N° 25.561, de que al momento del distracto la constitucionalidad de la disposición se encontraba controvertida, al igual que su posterior prórroga, toda vez que el tema no ha sido introducido en el debate oportunamente. A partir de allí, como bien lo dice el pronunciamiento, se trata de un despido directo injustificado, dispuesto en período de suspensión de despidos por razones de emergencia económica.

En mérito a lo expresado, en lo que a estos agravios refiere, el recurso de casación resulta improcedente y debe ser rechazado.

V.- Atento a la precedente conclusión inferida, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia extraordinaria deben imponerse al vencido, demandada en autos.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto y adhiero a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de casación deducido por la demandada, expresada en el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane toda vez que ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, denuncia arbitrariedad de sentencia, y se ha cumplido con el afianzamiento a fs. 291/307 y 326 (arts. 130/133 CPT). Asimismo comparto y adhiero a los puntos dispositivos y sus fundamentos del referido voto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación incoado por la parte demandada, contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo Sala III de fecha 18 de mayo de 2009 obrante a fs. 265/268 de autos, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamientos sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00029154-01.