Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-16


Buenos Aires,	16	de julio de 2008.

Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Las actuaciones principales que dan origen a este expediente fueron promovidas por el letrado apoderado del GCBA contra el señor Javier Oscar Acuña con el fin de obtener el cobro compulsivo de una deuda en concepto de gravamen de patentes sobre vehículos en general y Ley Nacional Nº 23.514. Conferido el traslado de la demanda ejecutiva, se presenta el demandado con el patrocinio letrado del Dr. Guillermo Agustín Eduardo Gracia quien invocó la condición de Defensor Oficial ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad (fs. 6/7). El tribunal requirió al letrado interviniente que acreditara su condición de matriculado del CPACF; en su defecto se le requirió que acreditara su condición de integrante del Ministerio Público de la Defensa (fs. 8). En respuesta a dicho requerimiento, el Dr. Gracia acompañó la Res. CM 51/2006 mediante la cual se lo designó en el cargo con carácter interino, hasta tanto se sustancie el concurso para la cobertura de dicho cargo (fs. 9/11).

2. Por providencia del 2 de junio de 2006 el magistrado dispuso correr vista a la Sra. Fiscal a efectos de que dictamine acerca de la "regularidad del acto de designación acompañado" (fs. 26). En su dictamen del 06/06/06, la Sra. fiscal de primera instancia n° 3 dictaminó que "correspondería declarar la nulidad de la resolución CM 51/2006 por inconstitucionalidad" (fs. 27/32), solicitud que planteó en ese acto. Al proveer el planteo del Ministerio Público Fiscal, el juez dispuso que la cuestión debía ser tramitada por vía incidental (fs. 19).

Formado el incidente, el juez dio traslado del planteo al Dr. Gracia y al Consejo de la Magistratura (fs. 20). El Dr. Gracia solicitó el rechazo del planteo efectuado por la señora Fiscal aduciendo la inexistencia de "causa o controversia" y argumentando que ni la fiscal ni el juez de primera instancia han impugnado la normativa que establece el mecanismo de reemplazo de los integrantes del Ministerio Público para los casos de recusación, excusación, impedimento, licencia o vacancia. Invocó, además, la presunción de legitimidad de los actos administrativos y los derechos adquiridos (fs. 22/31). El Consejo de la Magistratura interpuso recurso de apelación y nulidad contra la providencia de fecha 15/06/06 por la que el a quo dispuso sustanciar el planteo de la fiscal. Subsidiariamente, contestó el traslado dispuesto en dicha providencia (fs 223/231). El juez consideró inadmisible el recurso de apelación por dirigirse contra una providencia que no le causa al Consejo un gravamen irreparable (fs. 243).

3. Al fallar el incidente, el juez de primera instancia resolvió: a) no admitir la presentación del Dr. Gracia como letrado patrocinante en los autos principales, en representación del Ministerio Público de la Defensa, en virtud de la nulidad absoluta e insanable de la Resolución Nº 51/2006 por inconstitucionalidad y, b) "remitir las actuaciones principales al titular de la Defensoría Oficial Nº 1 en su calidad de subrogante en la Defensoría Oficial Nº 2 ante este fuero. Ello, sin perjuicio de que el Defensor General o su reemplazante legal pueda disponer que, bajo las directivas de dicho subrogante actúe otro integrante del Ministerio Público" (fs. 244/260 vuelta).

El Consejo de la Magistratura (fs. 274 y 305/313) y el Dr. Guillermo A. E. Gracia interpusieron recursos de apelación contra la sentencia (fs. 276/304), los que fueron concedidos por el juez de grado (fs. 275 y 304, respectivamente). La Sra. fiscal de primera instancia procedió a contestarlos (fs. 315/322 vuelta). Tras ello se remitieron los autos al tribunal de alzada (fs. 323).

4. Requerido su dictamen, la Sra. Fiscal ante la Cámara de Apelaciones procedió a desistir de la actuación y la intervención que le cupo a la Sra. Fiscal de primera instancia, de acuerdo con las atribuciones propias conferidas por el art. 22, inc. 1º de la ley n° 21 y por el art. 33 de la ley n° 1903. Por ello, solicitó al tribunal la revocación de la sentencia recurrida (fs. 326/331).

La Sala II de la Cámara de Apelaciones al resolver los recursos, por mayoría, dispuso "Rechazar los recursos de apelación deducidos por el Consejo de la Magistratura y el Dr. Guillermo Gracia y confirmar la sentencia apelada" (fs. 333/347).

5. Contra la sentencia dedujeron recurso de inconstitucionalidad la Sra. fiscal ante la Cámara (fs. 349/357), el Consejo de la Magistratura (fs. 363/380) y el defensor oficial cuestionado (fs. 385/400).

La Sala declaró parcialmente admisibles los recursos reseñados, salvo aquellas quejas que tenían relación con el motivo de arbitrariedad, manifestando que en sentido similar se ha expedido en autos: "Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales", en fallo del 19/06/07 (fs.492/495).

6. El Consejo de la Magistratura planteó recurso de queja contra la inadmisibilidad parcial de su recurso dispuesta por la Sala II (fs. 497/509).

7. El Fiscal General Adjunto propició que se haga lugar a los recursos de inconstitucionalidad deducidos, se revoque la sentencia atacada y, sin más, se deje sin efecto todo lo actuado en este expediente, con remisión a los fundamentos expuestos en el expediente nº 5427/07 "Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", dictamen de fecha 11 de septiembre de 2007 (fs. 535/536).

Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. La cuestión planteada en estas actuaciones resulta sustancialmente análoga a la resuelta por este Tribunal en los autos "Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido"; expte. n° 5427/07, resolución del 12 de marzo de 2008. En aquella oportunidad adherí al muy bien fundado voto del juez de trámite, Dr. Julio B. J. Maier, cuyas consideraciones hago mías y doy aquí por reproducidas, acompañando copia certificada de la sentencia.

Sin perjuicio de ello, efectuaré algunas consideraciones propias acerca del tema en debate que resultan pertinentes en esta oportunidad.

2. Cabe señalar que, a diferencia del citado precedente, se trata en esta ocasión de un proceso de ejecución fiscal y el funcionario cuya representación no es admitida es el Sr. Defensor Oficial de Primera Instancia, Dr. Guillermo Agustín Eduardo Gracia, designado por la Resolución n° 51/2006, disposición que ha sido declarada nula por inconstitucional en el marco de un "incidente" originado de oficio con la finalidad de "establecer la regularidad" (fs.12) del nombramiento.

Ninguna de las particularidades que son propias de esta causa modifican la cuestión objeto del recurso, que resulta similar a la que exhibe el precedente referenciado y que consiste en la inadecuada actuación de un grupo de magistrados y funcionarios judiciales que extralimitaron sus funciones y actuaron por fuera del marco establecido por las leyes, persiguiendo un interés ajeno por completo a las partes y al proceso principal.

3. En segundo lugar, pero de forma central con relación al debate planteado, parece necesario puntualizar -una vez más- el error conceptual en que incurre este grupo de magistrados y funcionarios judiciales, ubicado en la génesis misma de esta cuestión que se han encargado de promover "incidentalmente". Está fuera de toda duda que el juez interviniente en un proceso, tiene el deber de verificar el correcto cumplimiento de las formalidades procesales requeridas por el código de forma para dar curso a las presentaciones de los sujetos que intervienen en la causa. También es correcto afirmar que una de estas formalidades consiste en que los escritos presentados lleven firma de letrado patrocinante (art. 50 CCAyT citado por el juez al intimar al Defensor Gracia a justificar su representación en autos, fs.8), mientras que otra de ellas es que los diferentes sujetos acrediten su personería cuando no actúan por si.

No obstante ello, con igual firmeza debo señalar que, de ninguna manera queda comprendida dentro de estas obligaciones la de establecer la legitimidad o "regularidad" del acto de designación de un funcionario judicial emanado de un órgano constitucional, como lo es el Consejo de la Magistratura. En efecto, la dilucidación de este aspecto ha de conformar el objeto de un proceso autónomo -de impugnación de un acto administrativo- , constituyendo la que se dicte una sentencia que declare la validez o invalidez del acto cuestionado. En suma, se trata de una acción de fondo, no derivada de deberes ni de facultades de corte procesal.

Al respecto, es contundente el dictamen del Sr. Fiscal General Adjunto que señala: "no puede confundirse el deber de establecer la personería de los sujetos procesales, que sí pesa sobre el tribunal y que se satisface con la presentación de los respectivos instrumentos legales, reglamentarios o convencionales, con la pretendida facultad de revisar la aptitud de tales instrumentos" (fs. 426/427 en la causa "Skiba", al que se remite en esta oportunidad).

4. Corresponde asimismo destacar que la cuestión relativa a la personería del Dr. Gracia y su consiguiente legitimación para intervenir, como defensor, en el proceso principal no tuvo vinculación, en ningún momento, con una razón personal, es decir relativa a la persona del funcionario involucrado, ni a sus condiciones o calidades. Tampoco fue alegado, ni en la resolución que motivó el dictamen de la fiscal de primera instancia ni en otra oportunidad, la necesidad, a los fines de la tramitación del proceso de ejecución fiscal, de dilucidar la validez de la designación del Dr. Gracia. Ello comprueba, ciertamente, que la cuestión generada por el juez interviniente y secundada por la fiscal de primera instancia, resultaba completamente ajena a los autos que se tramitaban y en los cuales se comenzaban a generar innumerable cantidad de escritos, recursos y peticiones que culminaron con tres cuerpos de actuaciones judiciales incidentales.

A los fines del proceso, no cabe duda que la participación del defensor Gracia se encontraba suficientemente respaldada por un acto del Consejo de la Magistratura, la Resolución n° 51/2006. En efecto, este acto administrativo de designación emplazó al mencionado funcionario en su carácter de "Defensor Oficial de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario" (resolución obrante a fs. 9/10) y con ello quedaba habilitado a intervenir en todo proceso que le fuera asignado. Descartadas entonces estas posibilidades, y sin poderse suponer cuál otra relevancia pudiera tener la investigación sobre la legalidad de la designación del Dr. Gracia para el juicio concreto de ejecución fiscal contra el Sr. Javier Oscar Acuña, solo cabe inferir que, en verdad, el trámite incidental desarrollado bajo directiva del juez interviniente tenía otro objeto -general y no relacionado con la causa-, consistente en cuestionar la validez constitucional de las subrogancias judiciales.

Así, el incidente, bajo la apariencia de comprobar un requisito procesal -la personería- e invocando facultades del juez para verificar recaudos formales (patrocinio letrado, art. 50 CCAyT) fue utilizado para llevar adelante, por fuera de los carriles institucionales y judiciales aptos para ello, un debate que les era completamente ajeno e indiferente a las partes actora y demandada. En suma, esta ficción de incidencia ha evidenciado una actitud inadmisible de un grupo de magistrados y funcionarios que -utilizando una forma procesal prevista en las normas de procedimiento y bajo el tópico de velar por los intereses de la sociedad- pretendieron imponer su propio criterio con relación al modo de suplir la vacancia de los cargos judiciales, avasallando por este medio facultades de otros órganos constitucionales y abusando de su poder para ello. Esta mecánica de acción no resulta tolerable en quienes son designados para desempeñarse como jueces o funcionarios de este Poder Judicial.

Este comportamiento, además y fundamentalmente, desvirtúa el correcto servicio de justicia que se le debe brindar a los justiciables, algo que lamentablemente no fue advertido, en su entidad, por la Cámara, que ignoró el desistimiento formulado en un dictamen contundente por la Fiscal de segunda instancia -pese a que el art. 125 CCABA y el art. 6° de la ley 21, entonces vigente, imponían, como criterio rector, la sujeción de la actuación de los funcionarios del Ministerio Público a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica- y siguió adelante con el trámite incidental, cuando era notoria la falta de conexión con las actuaciones principales y su falta de aptitud como vía procesal para cuestionar la validez de un régimen general.

5. De acuerdo con el mandato constitucional el Ministerio Público es un órgano del Poder Judicial con competencias exclusivas. Se encuentra conformado por tres ramas - la Fiscal, la Tutelar y la de Defensa- en un pie de igualdad y sin relación de subordinación entre ellas de acuerdo con los principios de "autonomía funcional" (art. 124 CCABA).

En este contexto, no resulta posible que jueces o fiscales cuestionaran la validez del acto del Consejo de la Magistratura que designó, en forma transitoria frente a la vacancia de un cargo en el Ministerio de la Defensa, a un funcionario para cubrir tareas que no admitían dilación, mediante un procedimiento "sui generis" llevado adelante por fuera de lo previsto en las normas adjetivas que rigen los procesos judiciales. En efecto, el régimen procesal que regula la tramitación de las causas en el ámbito judicial resulta ser, para los ciudadanos, una garantía de la instrumentación del debido proceso legal y, por ello, no puede ser alterado, modificado o soslayado a voluntad de quienes tienen el deber de aplicarlo.

Por el contrario, la posibilidad de revisar judicialmente los actos de los distintos órganos o poderes que conforman el diseño institucional de la Ciudad encuentra su canalización a través de procesos específicos cuya viabilidad los interesados deberán explorar. De todas formas, no cabe duda de que, cualquiera sea el cauce, deberá tratarse de un proceso autónomo.

6. Corresponde señalar que lo aquí expresado se circunscribe a la actuación procesal llevada adelante por la vía incidental y no implica pronunciamiento sobre la decisión del Consejo de la Magistratura para designar funcionarios, en forma transitoria, con el objeto de cubrir cargos vacantes en el Ministerio Público.

Por lo expuesto, de acuerdo con lo manifestado por el Sr. Fiscal General Adjunto en su elocuente dictamen, por compartir los fundamentos expresados por el juez Julio B. J. Maier en la causa "Skiba" ya citada, cuya copia se agrega a la presente, así como las consideraciones expuestas por los jueces Lozano y Casás en igual oportunidad, voto por hacer lugar a los recursos interpuestos, revocar la sentencia de Cámara de fs. 333/347, dejar sin efecto todo lo actuado en este "incidente" y ordenar su archivo.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

La cuestión planteada en estas actuaciones, tal como señala mi colega, jueza Ana María Conde, es análoga a la resuelta por este tribunal in re "Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 5427/07, resolución del 12 de marzo de 2008.

En consecuencia, por los argumentos que desarrollé al expedirme en el precedente aludido, a los que remito en honor a la brevedad y que serán agregados en copia para formar parte de este pronunciamiento, voto por hacer lugar a los recursos planteados, revocar la sentencia de fs. 333/347, dejar sin efecto el procedimiento seguido para desconocer la designación del Dr. Guillermo Agustín Gracia y ordenar su archivo.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

Como lo indica la Sra. jueza de trámite, Dra. Ana María Conde, advierto que la cuestión debatida en estas actuaciones resulta sustancialmente análoga a aquella planteada en el caso "Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 5427/07, resolución del 12 de marzo de 2008.

Si bien en apariencia la resolución impugnada no parece ser, en principio, una sentencia definitiva, que dé pie al recurso interpuesto, como exige la ley para el caso (ley local nº 402, art. 27), y dada la confusión que incorpora la formación del llamado "incidente", referido a un litigio institucional entre partes distintas de aquellas verdaderamente en conflicto en el caso, y por un objeto también distinto del caso judicial planteado, lo cierto es que resulta descabellado ocultar bajo el rótulo de un incidente y una decisión interlocutoria, con protagonistas oficiales ajenos a las partes de un proceso judicial concreto, una disputa de otro nivel jurídico-institucional acerca de las facultades y limitaciones de un órgano estatal, ajeno también por completo al litigio real trabado. Incluso el llamado "incidente" traduce también escaso respeto procesal por la opinión de quien, en el caso, resulta defendido. Además, la Sra. Fiscal de Cámara desistió del planteo "incidental", conforme a la regla de la verticalidad que rige el oficio por definición, cuestión que tampoco interesó a los jueces que decidieron, a pesar del desistimiento. Como se observa, se trata de una decisión institucional definitiva escondida tras el llamado incidente de un juicio extraño a ella.

En atención a ello, por razones de brevedad, me remito a los fundamentos desarrollados en aquella oportunidad -incorporados mediante el agregado de copia de esa decisión para integrar este pronunciamiento- para concluir que en el caso corresponde: a) hacer lugar a los recursos de inconstitucionalidad planteados por la Sra. Fiscal ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, por el Consejo de la Magistratura de la CABA y por el Defensor Oficial, Dr. Guillermo A. E. Gracia; b) revocar la sentencia de fs. 333/347; c) dejar sin efecto el procedimiento seguido con ocasión del desconocimiento de la designación del Dr. Guillermo A. E. Gracia y d) ordenar su archivo.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Tal como lo destacan la señora jueza de trámite, doctora Ana María Conde, en su voto y el señor Fiscal General Adjunto en su dictamen (fs. 518/536), más allá de las particularidades que presenta el sub examine, la cuestión planteada en autos resulta sustancialmente análoga a la abordada por este Tribunal el día 12 de marzo del corriente año in re: "Skiba, Juán Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 5427/07, y su acumulado, expte. nº 5381/07, "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales' en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)'".

En consecuencia, por los fundamentos pertinentes que fueran expresados por el suscripto en aquella oportunidad -a los que cabe remitirse como parte integrante de este pronunciamiento-, corresponde hacer lugar a los recursos planteados por la Sra. Fiscal ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, por el Consejo de la Magistratura y por el Defensor Oficial Guillermo Agustín Eduardo Gracia, revocar la sentencia recurrida, dejar sin efecto todo lo actuado en la presente pieza procesal y ordenar su archivo sin más trámite. Por Secretaría deberá agregarse a este expediente copia del citado precedente.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja interpuesto en legal tiempo y forma por el Consejo de la Magistratura, dirige una crítica concreta contra el auto parcialmente denegatorio de su recurso de inconstitucionalidad. Luego, corresponde declarar procedente la queja.

2. Los recursos de inconstitucionalidad deducidos por la Sra. Fiscal ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Defensor Oficial Guillermo Agustín Eduardo Gracia, parcialmente concedidos, han sido interpuestos en legal tiempo y forma.

3. De conformidad con los señalado, corresponde tratar los agravios que fueron considerados admisibles, respecto de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Sra. Fiscal ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario y por el Defensor Oficial Guillermo Agustín Eduardo Gracia, y conocer de la totalidad de los agravios vertidos en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de la Magistratura.

4. Si bien la cuestión planteada en estas actuaciones se presenta en el marco de un proceso de ejecución fiscal e involucra, en este caso, al Sr. Agustín Eduardo Gracia, el tema resulta sustancialmente análogo al que resolviera el Tribunal en los autos "Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido"; expte. n° 5427/07, resolución del 12 de marzo de 2008.

Por razones de brevedad, doy aquí por reproducidos las consideraciones efectuadas en la citada causa y voto, en consecuencia, por: a) declarar admisible la queja y los recursos de inconstitucionalidad; b) rechazar por improcedente los recursos de inconstitucionalidad, con costas y, c) confirmar la decisión recurrida.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar a los recursos de inconstitucionalidad planteados por la Sra. Fiscal ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Defensor Oficial Guillermo Agustín Eduardo Gracia, revocar la sentencia de fs. 333/347, dejar sin efecto el procedimiento seguido con ocasión del desconocimiento de la designación del Dr. Guillermo Agustín Eduardo Gracia y ordenar su archivo.

2. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal de fecha 12 de marzo de 2008, en los autos "Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (expte. nº 5427/07).

3. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto anterior y, oportunamente, se devuelva.