Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-05-13


N° 612 En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los trece días del mes mayo del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y MARÍA LUISA LUCAS como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente:

"HERNANDEZ, C. N. C/ NATIONALE NEDERLANE COMPAÑÍA DE SEGUROS ING. INSURANCE S/ MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS", N° 53.456, año 2003, venido en apelación extraordinaria en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos a fs. 130/140 vta.

C U E S T I O N E S I.- ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuestos en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal articulados a fs. 130/140 vta. por la demandada contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad de Resistencia, que obra a fs. 118/125.

Concedido los mencionados recursos y elevada la causa, la misma se radica a fs. 149 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra definitivamente con los suscriptos a fs. 153 y vta.

A fs. 156/157 emite su dictamen N° 1328/03 el Sr. Procurador General; a fs. 160/170 corre agregado memorial potestativo presentado por la accionante y a fs. 172 vta. se llama autos para sentencia, lo que deja la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- A los fines de la consideración de las vías articuladas, en orden a su jerarquía y efectos comenzaré por el recurso de inconstitucionalidad.

a) Recurso de inconstitucionalidad: En el análisis de la concurrencia de los extremos que habilitan esta instancia extraordinaria, encuentro reunidos los de anuncio e interposición en término, legitimación para recurrir, la resolución reviste carácter definitivo y media oportuno planteo de la cuestión constitucional.

La quejosa atribuye arbitrariedad al fallo por contradecir abiertamente los precedentes emanados de los máximos Tribunales de esta Provincia y de la Nación, agravado por la circunstancia de que se sustenta en una decisión dictada en fecha anterior a dichos decisorios ("Margoni, Ariel A. c/ Scotiabank Quilmes" del 12.02.02), es decir conforme a una doctrina judicial desactualizada frente a una cuestión que quedó zanjada con los fallos dictados en "B.B.V.A. Banco Francés s/ Acción de Amparo", Expte. Nº 50.376/02 y en "Melli, Hugo Ariel c. Banco Río de la Plata Suc. Resistencia s/ Acción de amparo y medida cautelar", cuyos párrafos transcribe.

Señala que pese a la expresa invocación de la solución adoptada en el primero de los citados, el a quo siquiera lo mencionó, ignorando lo prescripto en el art. 22 de la Ley Orgánica de Tribunales. Aprecia que el apartamiento de la recta solución normativa aplicable al caso cobra mayor dimensión en presencia del pronunciamiento concordante del Alto Tribunal de la Nación in re "Melli".

Denuncia que las arbitrariedades del fallo se traducen en la afectación directa de sus derechos de propiedad y defensa en juicio, al tiempo que se ha impedido a su parte ser juzgado por el juez natural, lo que lesiona el adecuado ejercicio de su derecho de defensa en juicio.

Reseñados en estos términos los agravios, liminarmente se observa que la demandada finca con exclusividad su queja extraordinaria en el trato adverso que la Alzada deparó al planteo de competencia introducido por su parte.

Abocado al examen de la cuestión, es de recordar que dentro del doble orden judicial instituido por nuestra Ley Fundamental, el fuero federal inviste carácter excepcional en tanto forma parte de los limitados y definidos poderes que los estados provinciales han delegado al gobierno central, y de imposición exclusiva ante los supuestos previstos expresamente en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional (este último, definiendo los casos atribuidos en competencia originaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

Dado el antecedente cuyo seguimiento invoca el recurrente, debo señalar que el Superior Tribunal de Justicia, según el voto de la mayoría de sus miembros, en Expte. Nº 50.736/02 "B.B.V.A. Banco Francés S.A. s/ Acción de Amparo" (Sentencia Nº 176 del 23.04.02) proclamó la incompetencia de la justicia provincial para entender en dicha causa, promovida con el objeto de que se decrete la nulidad de resoluciones dictadas en ciertos procesos donde -a su vez- se ventilaron pretensiones de ahorristas, enderezadas esencialmente a obtener la restitución de sumas depositadas en entidades bancarias, cuya liberación fue restringida a partir del Decreto Nº 1570/01.

En particular se expuso que ". la normativa aludida . que entraña la adopción de medidas transitorias de emergencia tendientes a preservar el orden público económico nacional, ha sido pergeñada teniendo en miras intereses superiores de la comunidad, con el afán de conjurar una crisis financiera sistémica, que pudiera perjudicar a los ahorristas y a la economía toda.", precisándose que "Por dichas razones, . la legislación comprometida en este proceso . excede el marco del derecho común, al constituir el esquema regulatorio del sistema financiero y de la economía nacional, determinando la competencia del fuero federal.".

A su turno, el Tribunal Cimero de la Nación en "Melli" reconoció en la justicia federal incumbencia para entender en la acción de amparo instada por el titular de un certificado de depósito a plazo fijo en dólares estadounidenses, contra una institución crediticia y/o contra el Estado Nacional, a fin de que se suspenda a su respecto la aplicación del decreto-ley del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1570/01 y de la Resolución Nº 850/01 del Ministerio de Economía de la Nación.

En el dictamen emitido por el Sr. Procurador General de la Nación, sobre cuya base emitió su pronunciamiento el más Alto Cuerpo, se consignó que ". si bien el actor interpone acción de amparo contra actos emanados de un particular (el Banco Río de la Plata S.A.), dichos actos se cuestionan por fundarse en normas nacionales (decreto-ley 1570/01 y la resolución 850/01) que -a su entender- colisionan con leyes nacionales y con preceptos de la Constitución Nacional, por lo cual, los actos impugnados interfieren con un fin nacional, circunstancia que resulta suficiente para pronunciarse a favor de la competencia federal para entender en este proceso, en razón de la materia".

Además la ley 25.561 otorgó facultades al Poder Ejecutivo para proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambio (art. 1º), y dentro de ellas las atinentes a la liberación de sumas de dinero depositadas en entidades bancarias o financieras, que fue el supuesto excluyente de los antecedentes citados.

Siendo tales las circunstancias fácticas que rodean ambos pronunciamientos, sin ambages se infiere que sus conclusiones no deben extrapolarse a la hipótesis de marras, donde se reclamó que se haga efectivo el pago de un seguro de vida con capitalización, con más la cobertura adicional por muerte accidental, contratado con la compañía demandada, en billetes dólares estadounidenses.

En la inteligencia, pues, que el sublite guarda distancia con las prenotadas causas y con aquellas muchas pretensiones que por exhibir la misma plataforma y objeto (ahorristas que atacaban normativa que contenían prohibiciones y/o restricciones a la operatoria bancaria, transferencia y retiro de fondos en la moneda de origen de las entidades financieras) merecieron la aplicación de la doctrina emergente de las primeras, aparece inaudible la queja esbozada por el recurrente.

Desde esta óptica, lo decidido por las señoras camaristas, en este aspecto, no merece descalificación en el marco de la doctrina de la arbitrariedad, al no constatarse la existencia de los vicios que le atribuye el quejoso.

Por todo ello, me expido por la improcedencia del presente recurso.

b) Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal: Constatada la concurrencia de los recaudos atinentes a la admisibilidad formal del recurso, abordaremos el examen de las quejas desarrolladas. Sostiene el casacionista que, acorde surge de la propia fundamentación del fallo en crisis, se ha violado la ley o doctrina legal aplicables en la especie, cual es la emanada del Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia in re "B.B.V.A. Banco Francés s/ Acción de Amparo".

Que, en consecuencia, y a la luz de lo dispuesto en el art. 22 de la Ley Orgánica de Tribunales, postula la descalificación de lo resuelto por la Alzada.

El planteo del casacionista lleva a recordar que el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, dada la importancia que reviste dentro del sistema global del servicio de justicia y los fines que persigue, exige para su proposición y decisión una adecuada técnica.

Reiteradamente se ha señalado que es requisito ineludible para el andamiento de este conducto impugnativo la cita de la norma o de la doctrina legal infringida. Tal condicionamiento es fácilmente explicable si se para mientes que el recurso sub examine procede por violación o aplicación errónea de la ley o doctrina legal (conf. Hitters, "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", pág. 425/426) (cit. en Sent. Nº 177 del 28.96.96, de esta Sala Primera).

Y en orden al concepto de doctrina legal ha sido expuesto que ". el recurso de inaplicabilidad de ley se extiende a toda la legislación vigente y puede originarse no sólo en la violación o errónea aplicación de la ley, de la doctrina legal, entendiéndose por tal la que se derive de la letra o del espíritu de la ley, en cuya virtud se decidió que no constituye "fundamento viable del recurso la afirmación de haberse juzgado contra la opinión de tal o cual autor de derecho o de la doctrina admitida por la jurisprudencia" (CS., A. y S. 1958, X, 336; LL, 86-100), "por autorizada o reiterada que fuere una u otra, si no se ha infringido la doctrina legal" (L.L. 75-134).

El recurso de casación tiene por finalidad la uniforme aplicación de las normas jurídicas vigentes, y ni la jurisprudencia en general, ni la opinión de los justos constituyen derecho positivo" (conf. Sent. Nº 368 del 12.12.95, Expte. Nº 38.167/94, de este Tribunal).

A la luz de lo que antecede, el escrito recursivo devela una insuficiente fundamentación habida cuenta que -vertebrado en presunta violación de doctrina legal- la invocada por el recurrente no es la requerida a los fines de la vía intentada, ya que como tiene dicho esta Sala, en nuestra Provincia a efecto de operar el recurso previsto en el Decreto Ley 1413/62, es necesario que se cite expresamente el antecedente del Tribunal dictado en casación, dentro del marco del art. 22 de la Ley Orgánica de Tribunales.

En mérito a ello, me expido por el rechazo del presente recurso, votando negativamente a esta cuestión. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Que del examen detenido de las constancias de la causa, arribo a la conclusión de que coincido con el trato deparado por el colega preopinante al recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y la solución propiciada respecto del recurso de inconstitucionalidad en cuanto es declarado improcedente en función de la disímil plataforma fáctica que entraña el sublite con los supuestos contemplados en las causas "B.B.V.A. Banco Francés S.A. s/ Acción de Amparo" y "Melli, Hugo Ariel c/ Banco Río de la Plata S.A. Suc. Resistencia s/ Acción de Amparo y medida cautelar", a lo que aduno el personal criterio de la suscripta sustentado en la primera de tales causas.

Estimo necesario precisar frente a la problemática traída a conocimiento de este Tribunal, que en dicha ocasión (confr. Sentencia Nº 176 del 23.04.02) me pronuncié reconociendo en la justicia provincial competencia para intervenir en causas promovidas para obtener la restitución de sumas depositadas en entidades bancarias, cuya liberación fue restringida por conducto del Decreto Ley 1570/01 y demás normativa que impuso limitaciones al retiro de fondos en el sistema financiero.

Aboné mi prédica en aquel entonces en el carácter de excepción y consecuente interpretación restrictiva que cabe acordar al fuero federal con asiento en las provincias, a tenor de uniforme doctrina de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación; y a partir de tal directriz, desentrañando que el origen del conflicto que presentaba dicha causa remitía al contrato de depósito bancario y el incumplimiento que se atribuía a la institución financiera, es decir a una relación jurídica de indudable naturaleza común, reputé que debía aplicarse en su elucidación el derecho común, lo que llevó a proclamar la competencia de la justicia ordinaria local, dado -en suma- que la legislación a interpretarse y observarse no eran las disposiciones de orden federal que se entendían aplicables, por no guardar relación directa e inmediata con el tema debatido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se desestimen los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos a fs. 130/140 vta. por la parte demandada, contra la sentencia dictada a fs. 118/125 por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de esta ciudad de Resistencia.

Las costas de esta instancia, dado el resultado de los recursos y lo dispuesto por el art. 68 del CPCC, deberán imponerse a cargo del recurrente.

La regulación de los aranceles profesionales cabe ser diferida para la oportunidad en que se determinen los correspondientes a las instancias ordinarias. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del Dr. Ramón Rubén Ávalos respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y diferimiento de honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, de lo que doy fe.

MARIA LUISA LUCAS RAMON RUBEN AVALOS JUEZ PRESIDENTE SALA 1ra. CIV., COM. Y LABORAL SALA 1ra. CIVIL, COM. Y LABORAL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA ABOGADA SECRETARIA SALA PRIMERA CIVIL, COM. Y LABORAL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA S E N T E N C I A N° 612 RESISTENCIA, mayo 13 de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- DESESTIMAR los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos a fs. 130/140 vta. por la parte demandada, contra la sentencia dictada a fs. 118/125 por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de esta ciudad de Resistencia.

II.- IMPONER las costas de esta instancia a cargo del recurrente vencido.

III.- DIFERIR la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en el Acuerdo que antecede.

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación a la Sra. Presidente de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, y remítase copia autenticada de la presente a la Sra. Presidente de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.