Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-26


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 84.966 CAUSA NRO. 23.476/05 AUTOS: "MITTELMAN SUSANA RAQUEL C/ LABORATORIOS BACON S.A. S/ DESPIDO" JUZGADO NRO. 21 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de diciembre de 2.007, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR VILELA DIJO:

I)- Contra la sentencia de fs.1.066/1.068 apelan ambas partes, presentando sus memoriales: la actora a fs.1.051/1.052 y la demandada a fs.1.066/1.078. El perito contador apela sus honorarios a fs.1.064.

II)- Se agravia la demandada porque se declaró la procedencia del reclamo indemnizatorio de la actora, argumentando contra la aplicación al caso de la presunción contenida en el art.23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuestiona la valoración de la prueba testimonial, informativa y pericial contable, así como los términos del contrato de locación de servicios suscripto por las partes destacando la calidad profesional de la actora. Solicita se aplique el tope legal a los fines del cálculo de la indemnización por despido y se queja por la antigüedad computada. También se agravia por la compensación admitida por la invención de dos productos, alegando la inexistencia de tales invenciones y que fue contratada para desarrollar los productos, y cuestionando el importe otorgado.

La parte actora se queja por la desestimación de la compensación reclamada por las vacaciones gozadas de los períodos 2003 y 2004, por el salario fijado en origen -insistiendo en el denunciado al demandar-, porque se aplicó el art.16 de la ley 24013, y por considerar exiguo el importe diferido a condena en concepto de resarcimiento por los inventos de dos productos comercializados por la demandada. Respecto de este último punto apela porque no se estableció la fecha a la cual se encontraría determinada dicha compensación.

III)- En orden a la vinculación habida entre las partes, adelanto que el estudio de las constancias de la causa me permite adelantar que la queja de la demandada, en este punto, no obtendrá favorable acogida. La actora, licenciada en ciencias químicas, relató en el inicio haberse desempeñado desde febrero de 1995 a las órdenes del laboratorio demandado, desarrollando tareas propias de su profesión en calidad de "responsable de producto" en el área de tecnología médica, interviniendo también como supervisora de ventas. Indicó que realizaba su trabajo tanto dentro del establecimiento de la demandada como fuera de él, ya que se desplazaba a fin de visitar distintos clientes. Las partes discrepan en torno del encuadre jurídico de la relación que las vinculara, ya que el laboratorio demandado centró su defensa en la existencia de una locación de servicios celebrada con una profesional independiente, que facturaba por los servicios prestados.

Esta Sala ha tenido oportunidad de señalar que en el análisis de profesiones liberales no corresponde partir de premisas fijas dado el carácter particular que reviste cada caso. Así, corresponde al Juez, mediante el examen de los hechos cuestionados y de las relaciones existentes entre los litigantes, darles su auténtico sentido, desentrañando la verdadera figura jurídica que prevalece en una situación dada (cfr. esta Sala I, in re "Joles Viviana c/Lacour Miguel s/despido", SD 80410 del 13/7/99).

Así las cosas, correspondía a las partes acreditar sus respectivas posturas (art.377 CPCC). Resultan significativos los aportes realizados por los testigos propuestos por la demandada - Zubata a fs.396/400, Delle Chiaie a fs.411/415, Ughetti a fs.592/595, Ciliberto a fs.602/606-, por ambas partes -Lucci a fs. fs.506/591- y por la actora -Castelanelli a fs.402/408-. Zubata es directora técnica del laboratorio demandado y sostuvo que Mittelman interactuaba con diversas áreas de la empresa desarrollando tareas de manera coordinada con distintas personas: en control de calidad, en desarrollo de productos, que concurría con la testigo a visitar centros médicos para brindar asistencia técnica en el uso de los productos. Delle Chiaie trabaja para la demandada en recursos humanos, conoce a la actora porque era asesora técnica de algunos productos pertenecientes a la línea tecnología médica, y concurría a hospitales para asesorar a los profesionales. Indicó que no tenía días fijos para concurrir al laboratorio ni existía un sistema de control sobre los asesores, que si no se encontraba allí o haciendo alguna visita se la podía contactar en su domicilio, que en el laboratorio para trabajar compartía un lugar con otra técnica que es la Sra. Castelanelli. Lucci trabaja en producción de tecnología médica y reconoce a la actora como la responsable del área, explicando que se comunicaba con Mittelman para constatar faltantes de mercaderías o materia prima, que de acuerdo a las ventas era quien organizaba la elaboración futura, que para organizar las tareas el testigo solía concurrir al escritorio de la actora -que estaba en el primer piso en la parte administrativa, frente al escritorio de Ciliberto, hija de uno de los dueños del laboratorio-. El testigo también expresó que Mittelman estaba en la parte de ventas, que recorría clínicas y hospitales para promocionar los productos. Sostuvo además que la actora figuraba en el organigrama de la empresa como responsable del área de tecnología médica. Ughetti (fs.592/595) es técnico químico y trabaja en desarrollo de productos -anteriormente lo hacía como jefe de producción-, conoce a la actora desde 1995 o 1996 y ubica a Mittelman como encargada de ventas de Glutarcida. Describe -en forma coincidente con Ciliberto y Castelanelli- que para realizar sus tareas tenía un escritorio en la parte administrativa, que no cumplía un horario pero habitualmente estaba allí salvo cuando salía a visitar proveedores, hospitales, que ha ido junto con el testigo para verificar problemas que podían tener los productos que estaban desarrollando. Ciliberto se desempeña como responsable de finanzas de la demandada -dijo ser integrante de su directorio- y ubica a la actora como asesora técnica de la línea de tecnología médica, con un lugar asignado dentro del establecimiento para desarrollar sus tareas -compartiendo el escritorio con Castelanelli- y que se le proveían los elementos necesarios para ello -computadora, legajos y archivos-, consistiendo sus tareas en aportar información y conocimiento técnico al departamento de investigación y desarrollo integrado por Ughetti, visitar clientes y asesorarlos técnicamente, recabando información sobre requerimientos y necesidades e informándolo luego al departamento de ventas, participar en reuniones de comité, e indica que no estaba sujeta a directivas ni a controles. Castelanelli fs.402/408 es licenciada en instrumentación quirúrgica, conoce a la actora del laboratorio en tanto la testigo se desempeñaba en el área de demostración y venta de los productos glutarcida, DEB y TETRABACON, relató que Mittelman estaba a cargo de la línea en la parte de ventas, órdenes de compra, presupuestos, licitaciones, hacía visitas a farmacias y hospitales junto con la testigo, y en el sector administrativo aquélla tenía un escritorio equipado con los elementos necesarios para desarrollar sus tareas (folletería, PC), mientras que para el desarrollo de los productos utilizaban el laboratorio. Finalmente, el testimonio de la escribana Armella nada aporta a la solución del presente.

La prueba informativa, criticada por el apelante, no hace sino corroborar la actuación de la actora en representación del laboratorio demandado en el trato con los clientes. En efecto, las firmas oficiadas -centros de atención médica a fs.674, 804, 836, 838, 842; empresas vinculadas con la provisión de instrumental a fs.564, 565, 619, 678, 792, 802- así como el Ministerio de Salud y Ambiente -a través del Servicio de Microbacterias del Instituto Malbrán, fs.638- quien fundó su respuesta en documentación cuya copia acompaña -ver especialmente fs.635, dirigida a la actora a la dirección del laboratorio demandado-, y la Dirección de Atención Primaria de la Municipalidad de Vicente López a fs.816 que acompaña a fs.817 copia de un presupuesto suscripto por la actora en nombre de la demandada, no hacen sino corroborar lo expuesto por los testigos. Me he limitado a citar en el presente aquellos informes en los cuales se ha plasmado que la intervención de la actora surge de documentación que las oficiadas tienen en su poder (cfr. arts.396 y conc. CPCC).

El examen y valoración de los elementos apuntados, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, revela que las funciones desplegadas por Mittelman exceden nítidamente el mero asesoramiento técnico propio de su profesión. En efecto, resulta claro que no sólo ocupaba un lugar dentro del organigrama de la empresa como responsable de un área, sino que también intervenía en la venta y promoción de los productos comercializados, respondiendo los requerimientos de los clientes, organizando la producción a partir de los pedidos y compras, y aplicando conocimientos propios de su especialidad en el desarrollo de los productos comercializados por la empresa -tema sobre el que volveré más adelante-. Todo ello demuestra que la relación que unió a la actora con la accionada es laboral, que se está ante un verdadero contrato de trabajo y que a pesar del empeño puesto por la demandada para demostrar una vinculación distinta, las circunstancias del caso prueban la existencia de una relación subordinada. Cabe señalar que el hecho de que exista una mayor o menor elasticidad en el horario de trabajo e incluso hasta cierta discontinuidad en la labor, no descarta la existencia de una relación laboral, en la medida en que haya una incorporación efectiva del trabajador a una empresa total o parcialmente ajena y que reciba por sus tareas una suma determinada o indeterminada en dinero (cfr. Sala I Argento Ricardo c/Asociación Mutual SANCOR s/despido, SD 59201 del 30/11/90). Subrayo asimismo que la circunstancia de que el empleador diera pocas órdenes o ninguna a su dependiente no altera la obligación contractual de éste a obedecer, ya que la libertad que tenga el dependiente para realizar sus tareas, conforme a su competencia, no le quita la condición de subordinado (cfr. Sala I, ya citado). Tampoco modifica la cuestión el hecho de que percibiera una retribución bajo la denominación de honorarios o que gozara de cierta libertad en el cumplimiento de sus labores, lo que no reviste la trascendencia a los fines de caracterizar la relación que pretende la recurrente, en tanto la relación de trabajo es un contrato "realidad", así llamado para indicar que lo determinante son los hechos tal como se dan y no lo que las partes quieren decir de su relación o de las denominaciones o formas que de buena o mala fe adopten para poner un velo sobre lo realmente ocurrido.

Por último señalaré que con arreglo a reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132 y otros).

En mérito a lo expuesto, propongo desestimar este aspecto de la queja de la demandada.

IV)- No obstante el orden en el que fueran introducidos los agravios, continuaré por el tratamiento de la queja relativa al nivel salarial admitido en origen. Por el lado de la actora, el recurrente insiste en la remuneración de $7.459 mensuales que invocara en su demanda, la que adelanto carece de respaldo probatorio. El detalle de la facturación de la actora, realizado por el perito contador a fs.865/vta. indica que durante el último año de prestación de servicios los montos mensuales facturados oscilan entre $2.717 (enero de 2005) hasta alcanzar la suma de $6.168,22 en abril de ese año, importe este último que -subsidiariamente- destaca el apelante. Sin embargo, el perito puntualizó a fs.867vta. que sobre la factura Nro.87 existe una nota de crédito que disminuye su importe en $815,95 (ver fs.46 y fs.47, por lo que en definitiva totaliza la suma de $5.352,27) por lo que no le asiste razón.

Otro tanto acontece con las comisiones que invoca se le adeudarían por operaciones de venta de productos a la firma Kim SRL, operaciones que por cierto no se han individualizado en la demanda ni se han brindado mayores datos que el período de reclamo -febrero a mayo de 2005- y los productos sobre los que sostiene le corresponderían -DEB y TETRABACON-. Adviértase que ni siquiera se explicitaron las condiciones que habrían pactado las partes, tal como puntualiza la Sra. Juez "a quo" en su sentencia, incumpliéndose así con lo normado por el art.65 de la L.O. A ello se suma que los testigos Lucci, Ughetti y Castelanelli no brindan precisión alguna al respecto más allá de ubicar a la actora en tareas de venta -temática sobre la cual ya me explayara en el considerando III- pero no explicitan que fuera ella quien interviniera en las ventas a esa empresa. En el punto, destaco que Castelanelli describió a fs.405/406 la operatoria entre ambas empresas y no mencionó a la actora, siendo que esa testigo había sido enviada a prestar servicios en Kims, lo que se agrega a que individualizó a quien enviaba órdenes de compra desde aquella firma -Sra. Susana Romero, a fs.406 in fine-.

Por todo ello propongo desestimar estas argumentaciones.

La parte demandada se queja por considerar elevado el importe de la remuneración fijada en origen, y estimo que le asiste razón. El promedio de la facturación de la actora del último semestre arroja la suma de $4.193,14, y no habiéndose arrimado elementos que permitan arribar a la suma invocada al demandar, es a este último al que propondré estar a los fines del cálculo de la indemnización sustitutiva del preaviso, la integración del mes de despido y conceptos salariales objeto de condena. Advierto -a todo evento- que este criterio coincide con el propiciado por la Sra. Juez "a quo" a fs.1047 tercer párrafo. A los fines del cálculo de la indemnización por despido y del art. 80 L.C.T., siguiendo el mismo orden de ideas, propondré estar a la suma de $5.448.- correspondientes al mes de julio de 2004..

V)- Continuando con la temática relativa a la remuneración, mas en cuanto se refiere al tope legal para el cálculo de la indemnización por despido, cuya aplicación solicita la demandada en su apelación -siendo que la sentenciante de grado declaró la inconstitucionalidad mas no aplicó limitación alguna-, adelanto que le asiste parcialmente razón.

Corresponde aplicar en el caso la doctrina emanada del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Vizzoti Carlos A. c/AMSA S.A." (Sentencia del 14/9/04).

El Alto Tribunal en el fallo ut-supra citado sostuvo que "...en suma, establecer una pauta en el caso en examen, teniendo en cuenta los principios que han venido siendo enunciados, es cuestión que sólo puede estar regida por la prudencia, y los imperativos de justicia y equidad antes aludidos. En consecuencia, a juicio de esta Corte, no resulta razonable, justo ni equitativo, que la base salarial prevista en el párr.1 del citado art.245 L.C.T., vale decir, "la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor", pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de sus párrs. 2º y 3º. De acuerdo con ellos, dicha remuneración no podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable. Esta pauta, por cierto, recuerda conocida jurisprudencia del tribunal, relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje (Fallos 209:114, 125:126 y 210:310, consid. 6 entre muchos otros). Permitir que el importe del salario devengado regularmente por el trabajador resulte disminuido en más de un tercio, a los fines de determinar la indemnización por despido sin justa causa, significaría consentir un instituto jurídico que termina incumpliendo con el deber inexcusable enunciado en el citado art.14 bis, acerca de que el trabajo gozará de la protección de las leyes, y que éstas asegurarán al trabajador protección contra el despido arbitrario y condiciones equitativas de labor...".

En tal inteligencia, examinando las circunstancias del presente, tenemos que se produce la situación aludida toda vez que la mejor remuneración mensual de la actora a los fines indemnizatorios asciende a $5.448 y el tope legal a $3.462,17 (C.C.T. 42/89). En consecuencia, corresponde aplicar la limitación a la base salarial sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual computable, por lo que esta última asciende a $3.650, 16.

Por ende, propondré reducir este concepto a la suma de $40.151,76, con la consiguiente incidencia sobre las indemnizaciones de los arts.16 de la ley 25.561, 2 de la ley 25.323 y 15 de la ley 24.013, que más adelante se determinarán.

VI)- La parte actora se queja porque se hizo aplicación del art.16 de la ley 24.013, reduciéndose así las multas previstas en los arts.8 y 15 de dicho plexo normativo. No se me escapa que la facultad concedida por el art.16 mencionado debe ejercerse de manera prudencial y excepcional, mas estimo que en el sub-examine se verifican los extremos que habilitan su aplicación. En efecto, nos hallamos frente a una profesional que gozaba de gran autonomía en el desempeño de sus funciones -no estaba sujeta a controles de ninguna clase, no cumplía un horario prefijado-, que se dedicaba a tareas de gran especialidad técnica, extremos éstos que aun cuando no son indicativos de la ausencia de vinculación laboral, tal como explicara en el considerando III de este voto, traslucen la existencia de una "duda razonable" en el empleador acerca de la naturaleza jurídica de la relación laboral. Considero por ende justa y equitativa la atenuación propuesta en origen, por lo que propicio su confirmatoria.

VII)- Con referencia a la compensación por las invenciones de los productos DEB y TETRABACON, temática que fuera objeto de apelación por ambas partes -por los fundamentos expuestos en los respectivos memoriales-, comenzaré por el análisis del material probatorio arrimado a la causa, que ha sido motivo de queja por la parte demandada. Existe un primer punto que ha sido soslayado por el apelante, consistente en la observación que efectúa la Sra. Juez "a quo" respecto de la conducta de la propia parte, quien tanto en su responde como ante esta instancia insiste en que la actora no habría arribado a ningún "invento", sino que se habría limitado a desarrollar productos, lo que según esta tesitura formaba parte del objeto mismo de la contratación. Pues bien, fue la accionada quien solicitó la protección de las denominaciones marcarias correspondientes a los productos aludidos, según resulta de lo informado por la Dirección de Marcas del Instituto de Propiedad Industrial a fs.687/688, en el año 2000 (DEB) y en el 2003 (TETRABACON).

En cuanto se refiere al detergente enzimático DEB, el Ministerio de Economía informó a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (fs.608/609) que el CEQUIPE (Centro de Química y Petroquímica) fue contratado por la demandada para realizar estudios relativos al producto DEB a partir de que la actora se puso en contacto a principios de 1999. Estos datos surgen de las órdenes de trabajo detalladas a fs.608. Con relación a TETRABACON, no sólo los testigos Castelanelli (fs.405) y Lucci ( fs.588) manifestaron haber presenciado el desarrollo de Tetrabacon, sino que la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires remitió copia del expediente que tramitara con motivo de la solicitud de estudios bacteriológicos de ese producto, informándose a través de las Cátedras de esa casa de estudios que intervinieron en esas comprobaciones y ensayos. Por último, tenemos que según lo informado a fs.566/567 por el Laboratorio de Análisis Químicos y Microbiológicos la actora se contactó para que realizaran determinaciones de actividad enzimática en un detergente que estaba desarrollando y se expiden sobre la autenticidad de la documentación obrante a fs.135/137 obrante en sobre por cuerda.

La accionada insiste en el concepto de "desarrollo" frente al de "invención". Considero que, analizando las circunstancias de autos, "desarrollar" un producto luce equivalente -en el caso- a acrecentar sus propiedades para mejorar su rendimiento, lo que se encuentra relacionado con la actividad profesional de la actora en el laboratorio y la utilización de medios proporcionados por la accionada para arribar al resultado novedoso cuyo registro -al que se hiciera alusión anteriormente- solicitara la demandada. El trabajador, en estos casos -sea que el empresario asuma la titularidad del invento o se reserve el derecho a su explotación- tiene derecho a recibir una compensación económica justa, fijada de acuerdo a la importancia industrial y comercial del invento, al valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y a las aportaciones propias del trabajador (art.10 inc.c de la ley 24.481, Litterio Liliana H., "Las invenciones del trabajador" en el Tratado de Derecho del Trabajo dirigido por Mario Ackerman, To.III pág.121). Estimo pues que el aporte personal de la actora a la invención excede el marco del contrato y merece el reconocimiento de una compensación dineraria (art.10 inc.b de la ley 24.481).

Ahora bien, respecto de esto último es la parte actora quien sostiene que resulta exiguo el importe diferido a condena por tal concepto. Según cita la autora mencionada en el párrafo precedente, Sala Franco considera relevante al momento de estimar la compensación económica, "la importancia industrial y comercial del invento, y las aportaciones propias del trabajador, bien materiales, bien de conocimientos teóricos y prácticos que se tengan. y los medios o conocimientos facilitados por la empresa." (op. cit. pág.122). Se trata pues de una cuestión de neto corte probatorio. Conforme al testimonio de Lucci al que me refiriera anteriormente y en lo que respecta a este tema, el declarante -recordemos que se desempeñaba en producción de tecnología médica- ubica a Ughetti interviniendo en los ensayos relativos al producto TETRABACON (fs.588); los testimonios examinados en el considerando III ilustran acerca de la utilización de los medios proporcionados por el laboratorio para la investigación, así como el recurso a las comprobaciones solicitadas a terceros. En cuanto a la facturación por la venta de ambos productos que luce detallada a fs.861 del informe contable, mas las cifras que figuran en el balance por la comercialización de aquéllos arrojan resultado negativo para los ejercicios 2004 y 2005.

Por todo ello considero que el importe fijado en origen por este concepto luce elevado y que asiste razón entonces a la demandada en su apelación a fs.1077, por lo que propiciaré su reducción a la suma total de $20.000 resultantes de un importe de $12.000 por el producto TETRABACON y $8.000 por DEB. Estos importes devengarán los intereses fijados en origen desde la fecha de promoción de la presente demanda, por ser ése el momento de interposición del reclamo de la compensación económica objeto de condena.

VIII)- En cuanto a la antigüedad computada en grado, advierto que ha sido la propia demandada quien ha reconocido a fs.125 que la relación contractual -amén de su encuadre jurídico- se prolongó durante "casi diez años" por lo que no encuentro fundamentos para apartarme de lo dispuesto en origen.

IX)- Asiste razón a la actora en punto a las vacaciones gozadas y no abonadas que fueran objeto de reclamo, por lo que propiciaré modificar en este punto lo dispuesto en origen.

X)- En atención a las modificaciones introducidas a lo largo del presente voto, corresponde reducir la condena a la suma de $211.056, 46 conforme a los siguientes parciales: indemnización por antigüedad, $40.151,76; indemnización sustitutiva del preaviso c/SAC, $9.085,13; integración del mes del despido (7 días), $978,40; art.16 de la ley 25.561, $40.172,23; art.2 de la ley 25.323, $25.107, 65; art.15 de la ley 24.013, $25.107, 75; art.8 de la ley 24.013, $10.704,54; días trabajados de junio, $3.214,71; SAC 2003 y 2004 (se advierte que en el punto se mantiene lo dispuesto en origen por ser ello más favorable a la demandada apelante hallándose vedada la "reformatio in pejus"), $8.447; vacaciones proporcionales, $2.348,08; vacaciones gozadas años 2003 y 2004, $9.395,112; compensación económica por inventos, $20.000; art.80 LCT, $16.344. Todo ello con más los intereses fijados en origen y con excepción de lo dispuesto en el considerando VII in fine respecto del rubro "compensación económica" del art.10 inc.c de la ley 24.481.

XI)- Teniendo en cuenta el nuevo resultado del pleito, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art.279 CPCC).

En lo que respecta a las primeras, es jurisprudencia de esta Sala que en su distribución no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico, atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y los rubros que resultaron procedentes (cfr. esta Sala in re "Salaberry Yatchino Juan c/Piso Uno SA s/despido", SD 58448 del 19/5/90). En el sub-examine, el monto por el que prospera la demanda es bastante inferior al reclamado. En consecuencia, atendiendo a los antecedentes expuestos, al carácter alimentario de los créditos laborales por los que prospera la demanda, las particularidades de la temática objeto de debate y normativa legal aplicable al caso, propicio que se declaren las costas de ambas instancias: el 65% a cargo de la demandada y el 35% a cargo de la actora (arts. 68, 69, 71 y conc. CPCC; art. 38 y 155 LO).

XII)- Teniendo en cuenta el mérito y extensión de los trabajos cumplidos por los profesionales de ambas partes y por el perito contador, las facultades conferidas por el art.38 de la L.O., que la regulación de honorarios debe guardar proporcionalidad con aquello que el abogado logró que ingrese o impidió que salga del patrimonio de la parte a quien defendió (LL 1995-D-232), propongo regular los honorarios por la totalidad de la actuación profesional de la representación letrada de la parte actora y del perito contador en el 20% y 7% del importe de condena (incluyendo los intereses) y para la parte demandada en la suma de $68.000 (valor a la fecha del presente pronunciamiento (art.38 L.O.; leyes 21.839 y 24.432).

XIII)- En definitiva, de prosperar mi voto, correspondería: a)- Confirmar la sentencia en lo principal que decide, reduciendo la condena a la suma de $211.056, 46 con más los intereses fijados en origen y de acuerdo a lo dispuesto en el considerando X; b)- Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art.279 CPCC) y adoptar nuevo pronunciamiento conforme a lo establecido en los considerandos XI y XII por ambas instancias.

EL DOCTOR PIRRONI DIJO: Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a)- Confirmar la sentencia en lo principal que decide, reduciendo la condena a la suma de $211.056, 46 con más los intereses fijados en origen y de acuerdo a lo dispuesto en el considerando X; b)- Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art.279 CPCC) y adoptar nuevo pronunciamiento conforme a lo establecido en los considerandos XI y XII por ambas instancias.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

mig. Ante mi:

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.