marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Publicaciones obscenas, bien jurídico protegido, delito de acción pública, perdón de parte ofendida
Materia: PENAL
Carátula: CARIGLINO s/ PUBLICACIONES OBSCENAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-30

Se revocó la sentencia apelada, absolviéndose al procesado. "..

El bien jurídico tutelado por el art. 128 del Código Penal no es disponible por los particulares pues aquél protege el pudor público en forma impersonal; es la moral pública el objeto de la protección cuya existencia -definitivamente cierta (art. 19 de la Constitución Nacional)- se pone en situación de peligro al ejecutarse las conductas que se reprimen en aquella disposición del Código Penal, disposición que si al presente existe y se mantiene es por la definida voluntad legislativa tendiente a dar protección adecuada a tan esenciales valores. El delito en cuestión, no admite, en consecuencia, una suerte de tácita derogación por vía de algo así como el perdón del ofendido o el consentimiento del interesado pues no estamos frente a un mero derecho subjetivo privado; es un delito de acción pública, cuya estructura no contempla requisitos en orden a la forma de presentación de la publicación obscena, de manera que hacerla encubierta, obscura o cerrada, o con leyendas de advertencia, no altera la tipicidad del hecho ni justifica el proceder que consiste en poner la revista pornográfica a disposición del público en general. En el caso no concurren las circunstancias del art. 34 inc. 1 del Código Penal para volverlo admisible; y tampoco lo es el supuesto desconocimiento del contenido de la revista, precisamente por la modalidad de su distribución pues sería absurdo la adopción de los recaudos antes aludidos si se tratara de una publicación ajena al marco normativo del art. 128 del Código Penal; además, si la distribución de la revista era una actividad lícita porqué dejó de llevarse a la práctica, renunciándose a ello?.

Y habida cuenta del carácter integralmente obsceno de la publicación secuestrada por la cual se promueve y se incita a la homosexualidad masculina, voto por la íntegra confirmación del fallo en crisis en todo lo que fuera materia de impugnación, con costas de Alzada, sin ver necesidad de extenderme en mayores argumentos, por conocer las coincidencias que en esta materia guardan mis colegas de sala.
Jurisdicción y competencia, competencia contencioso administrativa, honorarios, honorarios del abogado, convenio de honorarios, Instituto nacional de previsión social
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Luqui, Juan Carlos c/ Instituto Nacional de Previsión Social s/ ejecución previsional. Social s/ ejecución previsional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

Es competente la Justicia Nacional en lo Contenciosoadministrativo Federal para entender en el reclamo contra la resolución de la autoridad previsional por la que se rechazó el pedido de reajuste de honorarios oportunamente percibidos por el peticionario, derivados del convenio que celebrara con el ex Instituto Nacional de Previsión Social referido a honorarios extrajudiciales pactados con relación al resultado del pleito de origen previsional, en los cuales el reclamante actuó como abogado de los litigantes.
Revocación de sentencia, interrupción de la prescripción, ejercicio profesional
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Szulba, Eugenio Ricardo  c/ CPACF  s/ ejercicio de la abogacia - ley 23187- art. 47
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-27

Se admite, por mayoría, los agravios ofrecidos por el defensor designado de oficio y se revoca el pronunciamiento apelado. La sala considera que toda vez que la ley 23.187 no prevé expresamente las causales de interrupción del curso del plazo de prescripción, resultan aplicables las causales previstas en el Código Penal. Desde esa perspectiva, el tribunal indica que el acto que produjo un efecto interruptivo del curso de la prescripción es aquel que notificó al defensor designado de oficio de los cargos formulados a efectos de presentar el descargo, pues dicho acto es asimilable al "llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado". La sala concluye en que desde esa fecha hasta el dictado del pronunciamiento apelado no hubo ninguna actuación con carácter interruptivo y, por tanto, que en el momento en que el Tribunal de Disciplina dictó la sentencia el plazo de prescripción de dos años se hallaba cumplido.
Medidas cautelares, embargo preventivo, embargo ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ, Rogelio Vicente y Otros c/ Riveros, Rodolfo Roberto y Otras s/ Revocacion de Acto Juridico
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-06-06

La cautelar "está dirigida a la cosa mueble en su totalidad", "Ello significa que no se limita el embargo a la suma expresada en el oficio de embargo que pudiera inscribirse en el Registro pertinente. La garantía del acreedor es el bien embargado, aislado de otros que componen el patrimonio del deudor; se busca resguardar el crédito en toda su extensión, de donde el importe que pudiera surgir del título no es suficiente para desinteresar al acreedor".

"El embargo tiene como objeto separar la cosa afectada en el patrimonio del deudor, a los fines que el acreedor vea asegurado su derecho, sin que aquél se vea impedido del goce o disposición de la cosa. Pero para satisfacción del acreedor, el embargo tiene como meta afectar un bien determinado a un proceso, dirigiéndose la cautelar a la cosa inmueble en su totalidad, lo que debe entenderse que el embargo no se restringe a la suma expresada en el oficio de inscripción en el registro pertinente, en atención que el acreedor debe ser satisfecho en la totalidad de su acreencia.

El embargo como medida cautelar es una garantía a favor del acreedor que no puede limitarse en sus efectos por un acto de enajenación, pues de otra manera, se afecta seriamente el derecho de propiedad del actor embargante como el principio de buena fe que integra todo acto jurídico (art. 1198 del CC)".
Consejo de la Magistratura, designación de jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13) s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18

La principal finalidad de la inserción del Consejo de la Magistratura ha sido la de despolitizar parcialmente el procedimiento vigente desde 1853 para la designación de los jueces, priorizando en el proceso de selección una ponderación con el mayor grado de objetividad de la idoneidad científica y profesional del candidato, por sobre la discrecionalidad absoluta a los fines de abandonar el sistema de selección exclusivamente político-partidario.
Licitación pública, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Merayo, Mariano s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1977-10-19

"Cualquiera de los oferentes tiene el derecho de denunciar las cláusulas oscuras, equívocas, contradictorias, ilegítimas o violatorias de reglas técnicas o comerciales consagradas. Este derecho se puede ejercer por medio del pedido de aclaraciones o de la interposición de recursos administrativos de impugnación. El obrar legítimo de la administración no queda excluido durante el desarrollo del proceso seleccionario, pues éste configura una actividad jurídica de la administración y, por lo tanto, responde sin excepciones a los principios que rigen su juricidad".
Revocación de sentencia, costas al vencido, ley de defensa del consumidor, caducidad, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Oiza, Gabriel Hernán c/ ALRA S.A. y otros s/ daños y perj. incump. contractual (exc. Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-05-14

Procede revocar la sentencia apelada en cuanto a las costas impuestas al consumidor vencido en el incidente de caducidad de instancia, a quien se exime de su pago por encontrarse actualmente amparado por el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor, que no se agota en la mera eximición del pago de la tasa de justicia y sellados de actuación, sino que comprende también a las costas del juicio; no obstante ello, se deja a salvo la facultad de la demandada de hacer cesar el beneficio acreditando la solvencia del consumidor mediante el incidente respectivo, de conformidad con lo dispuesto en nuestra Carta Magna, preservando así el derecho de defensa en juicio de esta otra parte.
Estafa, acción civil en el proceso penal, indemnización, bancos, simple damnificado
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: TOROK, Juan C. s/ I.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

Igualmente debe rechazarse la indemnización dado que los damnificados directos con el obrar del encartado son los inversores y no el banco, que no sufrió perjuicio alguno, ya que se trataba de una operatoria inexistente, con firmas apócrifas y sin sello de tesorería por lo que no podrían ser cobrados, ya que no estaba asentada la operación, en consecuencia no tuvo pérdida y no existió daño a resarcir.
Competencia contencioso administrativa, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Mutual Esloveno Yugoslava Triglau c/ Instituto Nacional de Acción Mutual s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-26

La creación de un sistema específico para el control judicial de ciertas decisiones administrativas indica el propósito legal de asignar al tribunal especializado en la materia, con exclusión de otros órganos judiciales, aquella función (Fallos 295:994, cons. 3 y 7; Sala III, "Gutierrez, Ambrosio" del 8-5-86 y Garro, Luis O. del 4 6-86").
Accidentes de trabajo, títulos ejecutivos, dictámenes
Materia: LABORAL
Carátula: GUAYARE JORGE OSVALDO c/ PROVINCIA ART s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-09-06

La constancia de notificación a la ART de la homologación o dictamen en el cual se determina la incapacidad, a efectos del pago correspondiente, se convierte en un requisito de cumplimiento imprescindible, cuya omisión impide el tratamiento y consideración de las equiparaciones a sentencia o títulos ejecutivos, correspondiendo confirmar la resolución que desestimó la acción instaurada.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad por omisión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acuña, Luis E. y otros c/ Rosano, Mariano E. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-11

Resultan aplicables a la abstención ilícita los mismos requisitos derivados del régimen general de responsabilidad. En consecuencia, como en toda pretensión indemnizatoria que involucre una reparación de daños y perjuicios no puede estar ausente el nexo causal entre el daño invocado y la prescindencia estatal, de manera que pueda serle objetivamente imputado. Así, sólo deberá responder si el perjuicio es consecuencia de la omisión en una relación de causa a efecto sin elementos extraños que pudieran fracturar la vinculación causal. Dentro de este marco, quien reclame la correspondiente indemnización deberá probar como principio, esa relación de causalidad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Naves, Silvia L. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

Resultan abstractos los planteos relativos a la violación de los arts. 62 y 67  del Código Penal, 255 y 256 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- y 5 de la ley 22.117, si el acusado -según constancias de la causa- no registra antecedentes con virtualidad interruptiva del curso de la prescripción.
Improcedencia del recurso, asegurador por riesgos del trabajo, confirmación de sentencia, facultades de la alzada, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Gómez, Enrique Daniel  c/ La Segunda Art S.A.  s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-04-17

Disiento en que pueda en esta instancia reducirse el grado de incapacidad que viene impuesto de la sentencia de primera instancia, pues dicha cuestión no fue motivo de agravios ni queja alguna por parte de la ART recurrente, (por lo que tal situación arribó firme a esta alzada), y por ende entiendo que no corresponde darle tratamiento. Es que la competencia funcional del tribunal de alzada, en cuanto órgano revisor, está sujeta a una doble limitación en orden a su necesaria congruencia: a) por un lado, sólo puede examinar el foco litigioso planteado en primera instancia, y que no es otro que el que resulta de la relación procesal allí trabada; de ahí que -como principio- queda vedado a la cámara tratar argumentos, planteamientos o defensas no propuestas en los escritos constitutivos de la litis (demanda y contestación) y, b) por el otro, está sujeto a la propia limitación que el apelante haya impuesto a su recurso, siendo la expresión de agravios la que señala el marco de la competencia del tribunal, no pudiendo éste resolver de oficio cuestiones ajenas a las planteadas en la impugnación, o respecto de las cuales no hubiere recaído sentencia de primera instancia; o dicho en otros términos, la cámara puede abrir sus compuertas cognoscitivas en la medida del agravio traído por el quejoso que, de ese modo, le fija indeleblemente los límites dentro de los cuales debe moverse el organismo "ad quem"; límite éste, expresado a través el aforismo "tantum devolutum quantum apellatum" (Voto Romero, en disidencia. Adhesión Ronconi)
Aduanas, infracciones aduaneras, reincidencia
Materia: ADUANERO
Carátula: "Scania Argentina S.A. (T.F. 15.781-A) c/ D.G.A.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-01

El hecho de la existencia de dos antecedentes infraccionales que se remontan a más de doce años anteriores a la comisión de los que son objeto de este recurso impide descalificar la conducta de la imputada agravando la sanción considerando reincidente al infractor.
Acción civil en el proceso penal, indemnización, daño material, daño moral, pérdida de la chance, homicidio culposo
Materia: PENAL
Carátula: BUSTOS, Roberto de Jesús s/ ACCION CIVIL - DAÑO MATERIAL - DAÑO MORAL - HOMICIDIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-09-30

Para fijar la indemnización por daño material y moral a los padres de la occisa (trátase del delito de homicidio culposo), hay que tener en cuenta que la víctima tenía 17 años y se dedicaba a estudiar, razón por la cual el cálculo de la indemnización no puede ser otro que el de la "pérdida de la chance", es decir que se indemniza la frustración de la legítima esperanza que los padres podrían abrigar con respecto a su ayuda y sostén; pero la pérdida de esa esperanza, se nutre también con el daño moral indiscutible en la especie.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de enseñar y aprender, discriminación por razones de sexo o inclinación sexual, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: González de Delgado, Cristina y otros c/ Universidad Nacional deCórdoba.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

La alternativa de creación de un colegio similar al Nacional Monserrat pero femenino únicamente es concebible desde un punto de vista estrictamente lógico, pues sólo la opción de educación mixta en el ya existente resulta compatible con la obligación impuesta en el inc. c) del art. 10 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Ejecución fiscal, títulos ejecutivos, medidas cautelares, excepciones procesales, título ejecutivo inhábil, solve et repete, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Calvano, Norberto c/ Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires. s/ Acción meramente Declarativa Aires. s/ Acción meramente Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-30

La ausencia en el ámbito local de una norma que establezca la exigencia del pago del tributo adeudado o de la multa impuesta como condición previa para impugnar su causa, no lleva aparejado la imposibilidad de que la Administración expida títulos ejecutivos para procurar el cobro de tributos o multas a través de un proceso judicial especial de ejecución, proceso que no puede ser interrumpido mediante la tramitación de medidas cautelares ajenas a su propio marco.

Si bien como principio la defensa de aptitud de título en el proceso ejecutivo se limita a cuestionar la idoneidad formal y extrínseca del instrumento, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa, la regla no es absoluta, pues cede cuando existe la seria posibilidad de que la condena se funde en una deuda inexistente y esta circunstancia resulte de las constancias de la causa (conf. Palacio, Lino E. Derecho Procesal Civil, T. VII, págs. 429, 434 y 768; y doctrina de Fallos, 278:346; 290:420; 295:338; 311:1397; entre muchos otros).
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, indemnización, acción civil, reparación integral, responsabilidad civil
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CRISTALDO, ROQUE ALBERTO c/ SADESA S.A. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-30

El pronunciamiento atacado no se presenta como una derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias comprobadas en la causa, toda vez que la Sala -al fundar su decisión de revocar el fallo apelado y rechazar la demanda contra la asegurada- efectuó un razonamiento que se desentiende del verdadero alcance de la temática involucrada -responsabilidad de la ART por accidente de trabajo cuando es demandada juntamente con el empleador en el marco de una acción civil-, pues si bien el actor dedujo una acción civil contra su empleadora, la demanda fue ampliada contra la aseguradora, como así también la empresa demandada solicitó su citación para el caso de ser condenada, a efectos de que ésta responda en los límites del contrato celebrado; y la Jueza de Primera Instancia, a su turno, consideró probada la ocurrencia de un accidente de trabajo por parte del actor, con secuelas incapacitantes que debían ser reparadas, concluyendo que al quedar la reparación a cargo de la empleadora y comprendida dentro de la reparación especial que para el caso es superior, devenía abstracto el reclamo contra la empresa, debiendo responder la aseguradora conforme a la reparación tarifada. Es decir que rechazó la demanda contra la empleadora no porque la empresa no pudiera responder en base a las reglas del derecho común, sino por la suficiencia del sistema tarifado conforme criterios jurisprudenciales vertidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; por lo que cabe concluir -contrariamente a lo sostenido por la Sala-, que no hubo sustitución del empleador por la ART, sino que resultando comprobada su responsabilidad, la condena a éste -al tratarse de un accidente alcanzado por la ley especial- se vio absorbida por la de la aseguradora, de acuerdo a lo expuesto en la sentencia apelada. (De la disidencia del Dr. Gutiérrez, a la que adhiere el Dr. Spuler)
Cesantía, tribunal de disciplina, falta de intervención, autonomía municipal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARRIZO ESTELA DEL VALLE c/ MUNICIPALIDAD DE COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-03-19

En cuanto a los argumentos que fundan la demanda, respecto que la cesantía afectaría los arts. 32, 33, 118 inc. 5º y 123 de la Constitución de la Provincia por falta previa del Tribunal de Disciplina, y a que la sanción no tiene defensa de ninguna naturaleza, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse este Tribunal, manifestando que expresamente nuestra Constitución Provincial, coherente con los principios establecidos en el art. 5º de la Constitución Nacional dispone en su art. 140 que: "...La autonomía de las Municipalidades será asegurada por una ley orgánica que deberá establecer de acuerdo a lo estatuido por esta Constitución..." y la Ley Provincial nº 55 en el Capítulo 1º art. 58 y siguientes, concretamente en el art. 61 inc. "d" faculta al departamento ejecutivo a aplicar medidas disciplinarias y disponer la cesantía de los empleados del departamento ejecutivo. Principio autonómico municipal que fue expresamente ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Contrato de trabajo a plazo fijo, estabilidad laboral, salarios adeudados
Materia: LABORAL
Carátula: BELLOD ORTIN, JOAQUIN c/ GANERCO SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-30

El trabajador amparado por la garantía de estabilidad contenida en un contrato a plazo fijo celebrado por escrito, tiene derecho a percibir los salarios restantes hasta el vencimiento del plazo (artículos 95, 247 y 250 LCT. (to.) aunque las modalidades de las tareas, razonablemente apreciadas, no justifiquen una contratación a plazo, toda vez que se pactó en su favor un beneficio mayor al establecido por la norma general (artículos 1 y 7 de la LCT. (to.).
Proceso judicial, juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, instrumentos privados
Materia: CIVIL
Carátula: "Pitarello Sara Luisa c/ EN -SIDE- s/ Habeas Data".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-17

Cuando un documento si bien cuenta con ciertos requisitos formales -deuda liquida, fecha, nombre de los obligados, etc.- no fue reconocido judicialmente ni protocolizado ante escribano público no es título ejecutivo hábil en los términos del art.

523, inc. 2 del C.P.C.C.N. (Cons. V).
Competencia, cuestiones de competencia
Materia: PENAL
Carátula: FAECO S.A. s/ Régimen penal tributario Causa 35555
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

Frente a la cuestión de competencia negativa entre dos juzgados del Fuero, debe seguir entendiendo en la causa aquel que previno pues la circunstancia de tener que tramitar una y otra causa por leyes procesales diversas, no es óbice a la determinación de competencia que establece el art. 42 del Código Procesal Penal (Ley 23984) en tanto la acumulación no impide su trámite separado (Cf. art. 42 cit., "in fine").
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: JOSE Y DANIEL BOLO S.R.L. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1985-07-11

EL PAGO EXTRAJUDICIAL DE HONORARIOS NO EMPECE A QUE SEAN REGULADOS POR EL JUZGADO AL MOMENTO DEL DICTADO DE LA SENTENCIA, SIN PERJUICIO DE QUE EL OBLIGADO PUEDA HACER VALER DICHA CIRCUNSTANCIA EN LA FORMA Y POR LA VIA QUE CORRESPONDA.
Prejuzgamiento, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Matmetal S.A. c/ T.A.M.S.E.  y  Estado Nacional s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

La difusión del sentido en que se orientarían los votos de los jueces, no significa prejuzgamiento. De otra manera las maniobras dolosas consistentes en la apropiación de los borradores de los votos en circulación, o aquéllas otras que resulten de la difusión culposa o dolosa de algún proyecto de voto, se verían premiadas con la inhibición del juez cuya opinión ya emitida se hiciera pública.
Prueba, prueba confesional
Materia: PROCESAL
Carátula: VEZENYI, MARGARITA c/ GARCIA, JOSE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-04-21

Tratándose de interpretar la prueba de posiciones, la valoración del juez, debe basarse en la regla de la sana crítica (artículo 370 del C.P.C.). Corresponde expresar que la eficacia de las contestaciones dadas a la prueba de confesión, deben ser apreciadas en su conjunto y no en el sentido que se le atribuye a la respuesta dada a una sola posición, desde que la absolución constituye un acto único y las respuestas equivocas o contradictorias no deben ser tomadas en forma aisladas, sino como parte de un todo coherente.