marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Multa tributaria, actualización monetaria, ley penal más benigna
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FRIGORIFICO GUALEGUAYCHU  S.A. s/ RECURSO DE APELACION - ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

El régimen penal más benigno en el caso es el establecido por la ley de Aduana y las leyes mencionadas, criterio éste avalado por distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

"D'ambra Salvador Osvaldo", del 15 de junio de 1982, referente a la inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 21.898; "Giganto y Castro", del 28 de diciembre de 1982, en lo concerniente al momento a partir del cual procede la revalorización y su inaplicabilidad al caso en examen y "Pitblado, Héctor Eduardo" del 8 de septiembre de 1983 en cuanto a que el juzgador debe abstenerse de aplicar la ley posterior, cuando ésta consagra un tratamiento más riguroso que la anterior aún cuando aspectos aislados de aquélla pudieran resultar más ventajosas.

El Dr. Barletta dijo: Atento a la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia señalada, dejando a salvo mi opinión personal (indexación de las multas) adhiero a la solución propuesta.
Recurso de apelación (procesal), derechos y garantías constitucionales, fallos de la Corte Suprema, depósito previo, imposibilidad de pago
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CONSORCIO  DE  PROPIETARIOS  EDIFICIO  ALMIRANTE  BROWN  2255ROSARIO - SANTA FE c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-16

Si bien el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que el requisito impuesto por el art. 15 de la ley 18.820 para la viabilidad del recurso de apelación no importa una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418;

247:181; 261:101; 288:287; 296:57, entre otros), existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquélla así ha considerado:

desproporcionada magnitud del monto del depósito en relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (Fallos 247:181; 250:208; "Mussio Hnos. S.A.", del 25.3.86); el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101); y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos, se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación del poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287, consid. 10). En consecuencia, si la recurrente ofreció como justificativo de su imposibilidad económica el resumen de expensas agregado a los obrados -el que da cuenta de que la suma que se le reclama es evidentemente superior al total mensual y anual facturado por el consorcio-, corresponde encuadrar la situación en la primera de las hipótesis de excepción creadas pretorianamente por la C.S.J.N., y declarar abierta la instancia judicial. (Del voto de la mayoría. El Dr.

Fasciolo votó en disidencia).
Justicia militar, Fuerzas Armadas, privación ilegal de la libertad, apremios ilegales
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Ramón Absalón FUENTES ORO s/ COMPETENCIA  MILITAR  - PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD - APREMIOS  ILEGALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-20

Es competente la justicia militar para entender respecto de la causa seguida a personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Penitenciarias por privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales, pues al actuar bajo el control operacional de aquéllas, las imputaciones concretas desechan la intervención de la justicia federal por el carácter de militar en servicio de las personas posiblemente implicadas en el hecho.
Recurso de casación, reformatio in pejus
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ VDA. DE VEGA MIRIAM INES c/ PESCASUR  S.A. s/ DEMANDA LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-05-30

El Tribunal de Alzada excedió los límites que el apelante impuso al recurso; sin tener el pleno dominio de las facultades para modificar la sentencia en perjuicio de aquél al no existir apelación interpuesta por su propio derecho por el letrado. Este criterio dió lugar al empeoramiento de una situación jurídica frente a un recurso que la ley concede para lograr una eventual mejora y estabilidad de las resoluciones judiciales que, en los aspectos no impugnados, configuran un derecho adquirido para la parte a quien benefician, visto que la sentencia de la Alzada afecta directamente el principio de congruencia, lo que determina su insanable nulidad (art. 34 inc.

4 del C.P.C.C., 165, 270, 276, 277, y ccs. del Código ritual), ya que se entiende por congruencia el requisito de conformación de la sentencia con el pedimento.
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Catrilguecay S.A. Inc.de impug. en Irastorza s/ Concurso preventivo Labrisca Dora P.y otra inc.de rev.en Coop.Ltda. de Cnel.Dorrego s/ Conc. Vom Banco Español c/ Berrocal, Enrique s/ Concurso preventivo s/inc. de revisión La Unión Gremial c/ Monte Paco s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23|1989-03-21|1982-07-13|1981-08-06

Si el acreedor que pidió verificación no impugna el dictamen adverso del síndico en la oportunidad del art.36 de la ley de concursos, no puede promover el incidente de revisión del art.38 de la misma ley.
Robo con violencia en las personas, tentativa, desistimiento voluntario
Materia: PENAL
Carátula: URIAR BELMAR s/ ROBO. VIOLENCIA EN LAS PERSONAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-26

Constituye el delito de robo con violencia en las personas, la acción de los prevenidos que ejerciendo violencia, asaltaron a la damnificada en el interior de un ascensor, despojándola de objetos, excluyéndose la existencia de un desistimiento voluntario a la luz del art. 43 C.P., porque enfrentados a la imposibilidad de huir y viéndose totalmente descubiertos quisieron aparecer como desistiendo y con un arrepentimiento que, de ser real, fue extemporáneo;

debiendo modificarse la calificación efectuada por el Juez a-quo que encuadró el hecho en la figura de tentativa de robo de automotor
Trabajador, cambio de categoría, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Troncoso Fernando Miguel c/ Zapatería Tachuelas y/o Farmacia Ameghino S.C.S. y/o Zapico de Picón María Silvia y/o Rousselot de Zapico María Teresa y/o Picón Bernardo José Dimas, como titular de la firma Tachuelas y/o Zapico Ezequiel Luis y/o quien Res. responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-08-16

Debe rechazarse el agravio del actor, doliéndose porque la sentenciante lo incluye dentro de la categoría laboral de administrativo "A" del Conv. Col. Nro. 130/75, alegando que realizó tareas tales como pagar sueldos, retirar documentos descontados, solicitar saldos de cuenta corriente, etc.

Ello así, ya que lejos están los servicios prestados por el actor de dar la idea que a su cargo estaba la gerencia tanto de la farmacia, como de la zapatería. Además otro elemento de juicio desfavorable a esta invocación, lo constituye precisamente la referida ausencia de la nota de exclusividad, la que por principio no es dable suponer en el desempeño del cargo de la naturaleza en cuestión.

Si bien es cierto que nada obsta a que por encima de la escala salarial prevista para dicha categoría, las partes hubieran pactado libremente otro monto remuneratorio, no es menos cierto que en la especie no existe constancia alguna de dicho proceder, mal puede acudirse entonces al art.56  de la ley 20744, pues no se trata de prueba insuficiente del monto pactado, sino precisamente de la inexistencia de tal acuerdo.
Acción de amparo, competencia, ESTATUTO PARA LOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE LA SANIDAD, competencia laboral, empleo público
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: ASOCIACION DE ENFERMERIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ AMPARO- COMPETENCIA- CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA PLANTEADO  ENTRE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-09

El Estatuto y Escalafón para los Profesionales Universitarios de la Sanidad -ley 9282- comprende a los "Profesionales Universitarios de la Sanidad" que se encuentren en algunas de las siguientes situaciones: "a) bajo dependencia remunerada de la Administración o Entes autárquicos del Estado Provincial; b) bajo dependencia de entidades privadas..." (art. 1 , ley cit.).

En el caso, lo solicitad o por la Asociación amparista radica, en definitiva, en que los Licenciados en Enfermería -con título universitario y debidamente matriculados- que trabajen en el ámbito de la Administración Pública de la Provincia, ligados a esta, por lo tanto, por una relación de empleo público ("bajo dependencia remunerada de la Administración"), sean incorporados al Estatuto y Escalafón de la ley 9282; extremo que también se extiende a aquellos facultativos que laboren en el ámbito privado ("bajo dependencia de entidades privadas").

Consecuentemente, la competencia de los Juzgados del Trabajo se impone toda vez que la pretensión esbozada estaría vinculada en última instancia tanto al régimen de empleo público provincial como al sistema de empleo privado.

Siendo ello sí, en cuanto al primero, la competencia en materia de amparo le corresponde a dichos Órganos Jurisdiccionales de conformidad a la doctrina de esta Corte sentada a partir de la causa "Sale" (A. y S., T. 99, pág. 96) y, desde la óptica del empleo privado, a la misma conclusión se debe arribar en virtud de la distribución de competencia efectuada por la ley de amparo (art. 4, ley 10.456), máxime si se considera que el artículo 68 de la ley 9282 establece que "corresponde ... a los Tribunales del Trabajo el conocimiento de todas las cuestiones que se susciten en la aplicación de las disposiciones de esta Ley en la actividad privada."
Revocación de sentencia, concurso preventivo, acuerdo preventivo, competencia por conexidad
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Transporte Automotor Plaza SACEI c/  s/ concurso preventivo s/ incidente actualización contraprestación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-11

Procede revocar la resolución que rechazó en forma liminar las actuaciones donde el concursado solicitó que se actualicen los valores de las cuotas pactadas en el contrato celebrado entre su parte y cierta sociedad. Ello por cuanto, en el caso, el contrato de cesión de permisos de explotación -cuya celebración fuera autorizada en sede concursal en los términos de la LCQ 16 se habilitó en el marco de la propuesta de acuerdo preventivo finalmente homologada, y en razón de haberse presentado, entre otras, como una operación mediante la cual se obtendrían fondos para lograr el cumplimiento total de los pagos allí comprometidos. Entonces y si bien se trata de una pretensión deducida por la apelante como "actora", la que no está sometida al fuero de atracción concursal, razones de conexidad justifican que tramite por ante el juzgado que entiende en el proceso universal, pues podría proyectar relevantes efectos sobre el desarrollo del concurso (v. en sentido similar: esta Sala "Transporte Automotor Plaza SACEI c/ La Central de Vicente López SAC s/ medida precautoria", del 28/12/18). De este modo, no debió rechazarse la acción liminarmente.
Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marenco, Guillermo Julio c/ Estado Nacional - Min. de Acción Social y Salud Pública s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Los preceptos constitucionales deben ser interpretados concertadamente, de manera que se los armonice y no se los oponga respectivamente (Fallos 258:267), ya que la Ley Fundamental, al igual que el ordenamiento jurídico del que es base normativa, constituye un todo coherente y armónico donde cada precepto recibe y confiere su inteligencia de y para los demás, sin que ninguno de ellos pueda ser interpretado aisladamente sino en función del conjunto normativo (Fallos 259:413, voto del Dr. Boffi Boggero).

(Del voto del juez Buján, cons. IV.1).
Asegurador por riesgos del trabajo, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: NORIEGA ALBERTO RAMON c/ ASOCIART S.A s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-06-13

El art. 4 de la ley de riesgos del trabajo le asigna a las aseguradoras un deber de seguridad en materia de asesoramiento y contralor del cumplimiento de la normativa sobre seguridad e higiene, tal como surge de los arts. 1.2 a, 4.1, 4.2, 31.1 de la ley 24.557 y decr. reglamentario 170/96.
Caducidad de instancia, fundamentación de la resolución
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: MÁXIMA SA AFJP s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en MAXIMA SA AFJP c/GCBA s/impugnación actos administrativos inconstitucionalidad denegado en MAXIMA SA AFJP c/GCBA s/impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-16

La decisión que confirmó la caducidad de instancia dispuesta de oficio en primera instancia, en el marco del proceso instado por la actora para impugnar la determinación de la deuda tributaria en concepto de impuesto a los ingresos brutos y la imposición de una multa, practicadas por el Fisco local, consideró sólo formalmente los argumentos formulados por la recurrente contra la decisión apelada. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano, al que adhieren los Sres. Jueces Ana María Conde y José O. Casás).
Amicus curiae, legitimación procesal, asociaciones civiles, abogados, Colegio Público de Abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-31

En el proceso que se discute una acción en la cual el colectivo presuntamente afectado involucra a los y las profesionales de la abogacía, surge claramente de la determinación del colectivo afectado, de las características de la asociación civil peticionante integrada por abogados y de los términos de la propia presentación, que la pretensión de intervenir en la causa no proviene de un tercero ajeno a la disputa, sino de personas que integran el propio colectivo representado por la actora en esta causa, lo que evidentemente obsta a su participación en las condiciones pretendidas.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, sentencia, circunstancias sobrevinientes, prescripción, acción penal, jueces, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: M, C F F Y OTROS s/ PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. QUEJA POR DENEGACION DEL   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 365-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-04

Es doctrina aceptada que al resolver el recurso de inconstitucionalidad debe atenderse a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes a la interposición del mismo. Por lo tanto, si en el caso se advierte que aparecería cumplido el plazo establecido por el artículo 62 del Código Penal, pudiendo encontrarse prescripta la acción, mediaría un obstáculo legal impeditivo de la continuación de la función jurisdiccional, el que debe ser resuelto por el Juez de la causa, por exceder este aspecto la competencia de la Corte Suprema de Justicia.(De la disidencia del Dr. Alvarez).
Resolución administrativa, ejecución de resolución administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: Fernandez, Hugo R. c/ Protelar SA  y otros s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-02-12

Tramitando en sede administrativa del trabajo provincial la denuncia de un accidente de trabajo y aceptado el procedimiento que establece la ley 10.149 y dec. regl. 6409/84 la resolución definitiva que dicte el órgano administrativo será ejecutable ante los tribunales del trabajo con jurisdicción en el lugar donde se prestó el servicio (arts. 38, ley 10.149 y 81, dec. reglamentario 6409/84).
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, concordato, obligaciones en moneda extranjera, actualización monetaria, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: San Isidro Textil Argentina SA s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-04

Cabe revocar la sentencia que al desestimar la apelación de la concursada confirmó el fallo que ordenó a abonar a la acreedora las cuotas concordatarias vencidas en dólares estadounidenses convertidos a moneda nacional según la cotización del Banco Nación del día anterior, tipo vendedor para transferencia al exterior, en los términos del acuerdo homologado el 31/7/2000, con más un interés del 6% anual desde cada vencimiento, pues el Tribunal, en el precedente "Souto de Adler" (Fallos:330:3593, consid. 9º a 11), ha establecido que el mandato del art. 3º de la ley 25.820 (sust. art. 11 ley 25.561) no debe ser interpretado como un precepto autónomo o aislado que se contraponga con el resto del plexo normativo, sino que, para asignarle el debido alcance, debe tenerse presente que la interpretación de las leyes debe hacerse evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, debiendo adoptar como verdadero el que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos.
Concursos, honorarios, quiebra, levantamiento de clausura
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Argenta Energía SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-23

A los fines de la regulación de honorarios en el marco de una quiebra levantada en los términos de la LCQ 96, se tiene dicho que la falta del presupuesto para aplicar la ley concursal conlleva a que no resulte operativa la retribución mínima allí contenida y que, por tanto, para regular honorarios en ese particular supuesto deben aplicarse -a tales efectos y en función de la regla de supletoriedad- las pautas generales de la normativa arancelaria (CNCom, Sala D, in re "5 Al Día SRL s/ quiebra", del 15/03/18, y "Traumedical Implantes SA s/ quiebra", del 15/07/14, entre muchos otros).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, depreciación monetaria, cómputo de la actualización, mora
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: García, José Osvaldo y otros c/ Aerolíneas argentinas. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-17

La sentencia que, sin dar razón plausible y mediante afirmaciones dogmáticas, restringe el cómputo del reajuste por depreciación monetaria a partir de la interpelación a la demandada y obliga a los demandantes a percibir su acreencia sensiblemente disminuida en su significación económica real, es decir en un 80 % menos de lo que correspondería de aplicarse los índices pertinentes desde el nacimiento de la obligación contractual, es descalificable como acto judicial al haber interpretado las normas que regulan las consecuencias de la mora en una forma inadecuada con grave lesión de la entidad del crédito.
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Compartir SRL s/ Pedido de quiebra Pesquera Celosor SAIP s/ Solicitud de quiebra Pintado, Hector R. s/ Quiebra - Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-07|1993-06-08|1995-02-16

La resolución que rechaza el pedido de quiebra solicitado por un acreedor, resulta inapelable según el principio general establecido por el artº 296 Inc. 3º de la ley 19551.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CARLINO, JUANA DE Y OTRO c/ DECAVO SAMICA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE  PESOS (CSJ EXPTE N. 249-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-27

El pronunciamiento que hace lugar al recurso de apelación contra un auto interlocutorio y declara nulo el procedimiento a partir del mismo y en lo que fuera su consecuencia, carece del recaudo de definitividad que exige el artículo 1ro de la ley 7055 -toda vez que la Cámara ordena la remisión de los autos al juzgado que le sigue en turno a efectos de que trámite la causa y, en definitiva, dicte resolución-, lo que obsta a la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad.
Juicio correccional, prueba testimonial, interrogatorio de testigos, oportunidad procesal, plazos procesales
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ CAMPOS, L. s/ PRUEBA TESTIGOS - INTERROGATORIO - JUICIO CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-05-21

1) Conforme lo establecido en el art. 483 C.P.C. no procede admitir la prueba testimonial cuando la solicitud no va acompañada de los interrogatorios correspondientes, principio que rige también en los juicios correccionales.

2) Si bien se ha aceptado excepcionalmente la procedencia de la prueba testimonial sin las exigencias legales, ello se ha hecho a condición de que los defectos de que adoleciera el pedido se subsanaran antes del vencimiento del término para ofrecer testigos, circunstancia que no se da en autos, toda vez que los escritos presentados para subsanar la omisión, fueron presentados cuando había transcurrido con exceso el término previsto en el art. 477 del C.P.C.
Delitos contra la integridad sexual, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Valle, José Alberto s/ VIOLACION EN CONCURSO IDEAL CON CORRUPCION DE MENORES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-11-05

Es conteste la jurisprudencia en considerar que en los delitos contra la honestidad la prueba debe ser analizada con cierta liberalidad, dada la naturaleza de la actividad delictiva, ordinariamente oculta; por lo tanto el deber de salvaguardar los intereses sociales tutelados por la norma punitiva impone -sin perjuicio de los derechos del individuo- que todos los elementos de conocimiento que el juicio ofrece hayan de admitirse con la liberalidad ya mencionada. Los efectos probatorios han de reputarse logrados cuando del examen y compulsa de las piezas de autos se desprende un cúmulo de presunciones claras, precisas, graves y concordantes, que revisten la necesaria fuerza demostrativa y plena eficacia legal para tener en su base por verificado, tanto la realidad del hecho incriminado cuanto la culpabilidad de los encausados como ejecutores.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Espósito, Salvador s/ Robo calificado y privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22

El recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido, es manifiestamente inadmisible, desde que en el mismo no se cuestiona la validez constitucional de ninguna ley, decreto, ordenanza o reglamento en los términos de los arts. 149 inc. 1 de la Constitución de la Provincia y 349 inc. 2 del Código de Procedimiento Penal, sino la validez del acta de secuestro y la inconstitucionalidad de la sentencia misma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Expropiación, indemnización, abandono de la expropiación, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Petruccelli, Fidel Primo y otra c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

El art. 29 de la ley 21499, se limita a establecer la potestad del expropiante para desistir de la acción promovida, en tanto la expropiación no haya quedado perfeccionada, cargando con las costas causídicas, pero nada dice acerca de otros posibles daños que se hubieran causado con motivo de la sujeción del bien a utilidad pública y su posterior desafección, los que enmarcan dentro de la responsabilidad administrativa derivada de una conducta lícita.