marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, políticas sociales, carecientes, Naciones Unidas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández, Silvia Graciela c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Bs. As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-28

El Comité para el Desarrollo Económico y Social, dependiente del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) ha delineado el contenido del derecho al acceso a una vivienda, interpretando que no debe dársele un sentido restrictivo o que lo equipare con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza, debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Ello por cuanto la necesidad de establecer la armónica relación del mentado derecho con la dignidad humana, impone el reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada, tal como lo refiere el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("El derecho a una vivienda adecuada", párrafo 1 del artículo 11 del PIDESC, Observación General Nro. 4, correspondiente al sexto período de sesiones, año 1991, puntos 7 a 9).

En relación con los deberes que implica la tutela de tal derecho para los estados partes del Pacto, se ha establecido que deben otorgar prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables, concediéndoseles una atención especial. No resultan óbice para ello las dificultades económicas que pueda padecer un estado para cumplir con aquellos deberes (conforme punto 11 de la Observación General Nro. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Para la realización de este derecho se requiere la adopción de una estrategia de vivienda que defina los objetivos para el desarrollo de condiciones de vivienda, determine los recursos disponibles para lograr dichos objetivos y busque la forma más efectiva de utilizar dichos recursos en función del costo, además de lo cual establece las responsabilidades y el calendario para la ejecución de las medidas necesarias. Tal estrategia deberá reflejar una consulta extensa con todas las personas afectadas y su participación, incluidas las personas que no tienen hogar, las que están alojadas inadecuadamente y sus representantes.
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Santa Ana, Héctor Jorge y otros s/ abandono de personas y encubrimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31

No cabe acoger el remedio federal si el escrito mediante el cual se lo articula no incluye una crítica concreta y razonada de los argumentos que sustentan la sentencia recurrida.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, cesación de pagos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Carnes Pampeanas S.A. s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Es arbitraria la sentencia que dejó firme la fecha de inicio de la cesación de pagos, sin ponderar si el desequilibrio aritmético de la fallida, la colocaba efectivamente en una imposibilidad real y definitiva de solventar sus deudas (Voto del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Derecho procesal, medidas cautelares, incidentes, improcedencia del recurso, restitución de sumas de dinero
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Carrio Amoros, Roberto Daniel c/Banco Supervielle SA s/incidente art 250 c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-18

En consecuencia, la medida cautelar podrá ser ampliada, mejorada o sustituida, en cualquier momento luego de la petición correspondiente y examen sumario de la cuestión por parte del Tribunal, pero siempre que los interesados demuestren la configuración de una plataforma fáctica o jurídica distinta de la ponderada al ser dispuesta o rechazada la medida respectiva.
Movilidad del haber jubilatorio, confiscatoriedad, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DEMONTY, JORGELINA IVONNE PINAUD DE s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-27

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 53 de la ley 18037 (to. 1976) Si el porcentaje de reducción de los haberes resultantes de la aplicación de ese regimen de movilidad implico una 'reducción superior al 22 %' en relación a los que hubiera debido percibir el beneficiario aplicando el sistema establecido por la ley 14473.
Sanciones conminatorias, rescisión del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Sea Containers Ltd. c/ Estado Nacional y Otros s/ Rescisión de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-23

G.V. de 11 años de edad es afiliada a OSDE, padece de retraso madurativo global (v. copia del certificado de discapacidad), y que requiere de educación común con integración (v. certificados médicos). La elección del "Colegio Armonía" no resulta antojadiza, en virtud de que así ha sido indicado por la profesional que asiste a la menor (neuróloga infantil) quien contraindicó el cambio de institución. OSDE se limitó a enumerar las escuelas dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aceptaban proyecto de integración sin ofrecer detalles respecto de si cubren las necesidades de la hija de los actores ni si contaban con la vacante correspondiente para su desempeño escolar. Resulta pues, lesivo al derecho a la salud que la accionada niegue la cobertura de la prestación solicitada, e intente invertir la carga probatoria y colocarla en cabeza de la actora cuando dicho requisito no se encuentra impuesto por la ley 24.901, ni por Resolución 428/99 del Ministerio de Salud y Acción Social. En ese sentido, afirmar lo argüido por la demandada implicaría desconocer el espíritu que anima la ley 24.901, que contempla la posibilidad de brindar educación especial en institutos de escolaridad común y de carácter privado.
Accidentes de trabajo, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Gamboa Claudio Marcelo c/ La Caja ART SA s/ Accidente-ley especial Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-04

Los intereses moratorios deben computarse desde la consolidación de la minusvalía del reclamante, es decir desde el momento en que corresponde considerar permanente la incapacidad. Ahora bien, el art. 2 de la Res. Nº 414/99 otorga un "plazo de gracia" de 30 días corridos a partir del momento en que la prestación debió ser abonada y difiere la configuración de la mora al vencimiento de dicho plazo, por lo que cabe concluir que los intereses deben correr una vez cumplidos los 30 días posteriores a la consolidación jurídica del daño.
Recurso contencioso administrativo, recurso de nulidad, costas, juicio, partes
Materia: PROCESAL
Carátula: SOVRANO, EDUARDO y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - NULIDAD  (EXPTE.: C.S.J. 140 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-07

Carece de entidad suficiente como para sustentar la viabilidad del recurso de nulidad deducido por la actora contra el decisorio que rechazó un planteo formulado por su parte, el fundamento de que la imposición de costas es defectuosa por cuanto se habla de "parte actora" en singular cuando debió decirse "partes actoras" en plural, habida cuenta de que "parte" en el proceso resulta ser la actora y la demandada, independientemente de que estén integradas por un único o múltiples sujetos.
Decomiso, pena accesoria
Materia: PENAL
Carátula: VARGAS MENDEZ, Patricia Mercedes c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-15

El decomiso es una disposición imperativa para el juzgador, pues se trata de una pena accesoria.
Prisión preventiva, funcionarios públicos
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: COLLINO ARSENIO MIGUEL s/ DEFRAUDACION CALIFICADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-12-11

Según el inc. 1ro. del art. 281 C.P.P., para afirmar dicha hipótesis deben tenerse en cuenta los presupuestos fijados para la condena de ejecución condicional (art. 26 C. Penal).

En el caso, si se tiene en cuenta la naturaleza del hecho imputado;

la personalidad moral del encartado: presidente del directorio del Banco Social de Córdoba durante 12 años; que su función estaba reglada en el art. 18 de la Carta Orgánica del Banco Social de Córdoba; que siendo funcionario de un banco que tiene una "finalidad predominantemente social" -art. 1ro. C.O. Banco Social de Córdoba- no cumplió con los deberes a su cargo y perjudicó los intereses confiados y de las demás pautas de valoración para la imposición de la pena contenida en los arts. 41 y 42 del C. Penal se llega a la conclusión de que la condena será de ejecución efectiva. Por otra parte, la existencia de una prisión preventiva dictada por otro Tribunal, constituye vehemente indicio de que tratará de eludir la acción de la justicia (art. 281 inc. 2do. C.P.P.).-
Estado, régimen de consolidación de deudas, Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MIÑO, MANUEL ANGEL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 370-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-23

Procede el pedido de consolidación de deudas cuando la obligación por la que se demanda tiene su causa o título anterior al 1-4-1991.
Acción de inconstitucionalidad, caducidad de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiscal de Estado s/ Inconst. arts. 22 ley 10.857 y 3, ley 10.877
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

Sin perjuicio de la falta de idoneidad de las notas puestas en el libro de Secretaría por abogados sin representación de partes ;la mera ausencia del expediente de la Mesa de Entradas no interrumpe ni suspende la caducidad de la instancia desde que los interesados debieron instar el trámite con presentaciones procesales (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sobreseimiento, transmisión de acciones, acción penal, impulso procesal, deberes del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: López, Cristóbal Manuel y otros c/  s/ averiguación de delito
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-13

Existe una traba legal que impide la prosecución de las actuaciones -investigación de la supuesta venta ilegal de las acciones de un grupo empresario-, pues el titular de la acción penal ha optado legal y fundadamente conforme el artículo 69 CPPN por no impulsarla y, más aún, por cerrar el sumario tomando un temperamento de carácter definitivo al no haber sido posible comprobar los extremos de la denuncia. En ese sentido, corresponde señalar que es claro que los fiscales deben ser objetivos en el cumplimiento de su función y sujetarse estrictamente a la ley, por lo que cuando no encuentran reunidos los extremos necesarios para proseguir con la acusación, deben pedir la conclusión de la misma.
Sucesiones, prescripción adquisitiva, abogado apoderado, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Oilher, Juan Carlos c/ Arenillas, Oscar Norberto s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-12-23

Si la actora confirió poder para iniciar el juicio sucesorio y la persona que como juez dictó la declaratoria de herederos es la misma que como abogado la representó en la demanda de usucapión, promovida tres años después, habiéndose incluido en aquélla otros herederos cuya mención se omitió al iniciarse el juicio de prescripción adquisitiva, me es descalificable la afirmación del a quo de resultar insuficientes e inverosímiles las razones esgrimidas por la actora para demostrar que no tuvo en su momento conocimiento del proceso sucesorio y que ello le impidió proporcionar en tiempo dicha prueba en primera instancia (Del voto de los Dres. Gabrielli y Guastavino).
Prueba pericial, designación de perito, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Banco de Boston s/ Denuncia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-04

Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los arts.

254 y 259 del C.P.P., en tanto le impone a la querella la aceptación de un perito desconocido en defensa de sus intereses, toda vez que el perito no defiende un interés de parte, sino que su función consiste en asesorar al juez en los puntos que éste desconoce, o sobre los que quiere una opinión especializada. Por otra parte, si bien la elección obligatoria de uno de los integrantes de las listas no garantizan la idoneidad del perito, sí aseguran su imparcialidad, que es lo que el legislador buscó al redactar los artículos en cuestión.
Medidas cautelares, suspensión del acto administrativo, aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: SALA PATRICIO ADOLFO Y OTROS c/ GCBA s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-26

El Código local (Ley Nro. 189) regula de forma separada del resto de las cautelares la medida de suspensión del acto administrativo, la cual posee regulación específica en el artículo 189, y cuya procedencia queda supeditada a la verificación de al menos uno de los extremos previstos en la norma, con prescindencia de analizar los requisitos comunes a las demás medidas cautelares, a saber, verosimilitud del derecho y peligro en la demora.

Ello, sin perjuicio de la aplicación analógica de la normativa vigente en materia de medidas cautelares, la cual procederá sólo ante vacíos legales y no por subsidiareidad (Conf. Cassagne, Juan Carlos, Las medidas cautelares en el Contencioso Administrativo, La Ley, 28.03.2001).
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Bonsoir, Ramón Salvador y otros s/ contrabando de estupefacientes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-16

Por su naturaleza, todas las resoluciones judiciales deben estar fundadas en debida forma.
Jubilaciones, actualización monetaria, índices de actualización, salario del peón industrial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sánchez, Arnaldo Víctor s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

Si bien el método de actualización propuesto por la alzada es válido en términos generales, en el caso este sistema no cumple su cometido, ya que el índice del salario del peón industrial de la Capital no sanea el deterioro ocasionado en el haber por el sistema de coeficientes que establece la ley de fondo.
Impuestos, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marina, Jorge Luis s/ Inconstitucionalidad art. 119, Código Fiscal, ley 10.397
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-09

La potestad de la Provincia de Buenos Aires para determinar - por intermedio de su legislatura- los plazos de prescripción en materia tributaria local deriva del poder reservado en su carácter de Estado Federal y por ende no contraría la supremacía que el art. 31 de la Constitución nacional confiere a las leyes de la Nación, ni vulnera ninguna de las garantías que reconocen tanto la Constitución provincial como la nacional.
Recurso de apelación (procesal), deserción, expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arce de Ullón Ramírez Francisca y otros c/ Ramírez Alberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-21

A fin de que la expresión de agravios sea atendible, es necesario mencionar, más o menos específicamente, según las circunstancias del caso, los elementos de prueba y los argumentos de hecho y de derecho que justifiquen la impugnación. Si no se satisface la exigencia legal del art.260 del CPCC, se impone declarar desierto el recurso.
Robo con intimidación en las personas, establecimientos geriátricos
Materia: PENAL
Carátula: P. I., R. R. c/  s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-02

Precisaron Lucero y González Palazzo que P. I. "(...) se habría apoderado del dinero de O. mientras ésta se encontraba presente y sin oponer resistencia alguna, dado el contexto de maltrato que la damnificada refirió, que consistía en que si no le entregaba dinero al imputado, éste la golpeaba, provocando temor en aquella, lo que a nuestro entender configura la intimidación que requiere la figura del robo. En efecto, el contexto de maltratos y violencia al que estaba sometida la víctima, consistente en reiterados maltratos por parte de un empleado del hogar geriátrico donde se hallaba internada, sumado a que no poseía familiares a quien recurrir, constituye a nuestro entender una situación paralizante frente a las exigencias del imputado, bloqueando cualquier resistencia que pudiere oponer la víctima frente a la conducta del autor, de modo tal de colmar los requisitos típicos de la figura en cuestión. (...) la doctrina ha señalado que: ".debe considerarse comprendido dentro del concepto de violencia física no solamente la acción que recae sobre la víctima puramente como cuerpo, con absoluta prescindencia de su voluntad, sino también aquella que quebranta o paraliza la voluntad sin motivarla" (Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", Tomo IV, 4ª edición, Ed. Tea, Buenos Aires, 1987, p. 227) y que la intimidación o vis compulsiva consiste ".en la presente e inmediata amenaza del empleo de la violencia, que afecta la libertad de opción de la víctima, obligándola a actuar con voluntad viciada, entregando lo que el ladrón le pide o aceptando que éste se lleve la cosa." (Donna, Edgardo Alberto. "Derecho Penal parte especial", Tomo II-B, Ed. Rubinzal Cuzoni, Santa Fe, 2001, p. 115)..." .
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ares de Gimeno, Ofelia c/ Ciupa, Juan Carlos s/ Cumplimiento de contrato Buceta, Manuel c/ Vedovaldi, Ricardo Antonio s/ Consignación de documentación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09|1995-02-09

El principio de congruencia exige mantener el pronunciamiento dentro de los límites de las peticiones de las partes y no se puede modificar o completar, aunque fuere para su mejoramiento. La decisión jurisdiccional debe expedirse en los términos que se haya trabado la litis. El tema decidendum se perfila por las acciones deducidas, es decir, el quid pretitum y el quid exceptus contenidas en la demanda y contestación, que constituyen así, la materia del litigio.
Movilidad del haber jubilatorio, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Preiti, Nélida c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-05

No habiéndose suministrado elementos que autoricen a apartarse de lo resuelto por el a quo, corresponde desestimar el agravio del organismo que cuestionó la aplicación del precedente "Badaro" (Fallos 329:3089 y 330:4866) para determinar la movilidad del haber del titular.
Concursos, honorarios, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Tradefin SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-06

Procede dejar sin efecto la regulación de honorarios dictada en el marco del presente concurso preventivo. Ello por cuanto, si bien este proceso tramitó junto a otros cuatro concursos en los términos de la LCQ 68, homologándose una propuesta unificada, ello no autoriza a efectuar una única regulación de honorarios destinada a remunerar los trabajos realizados en todos esos juicios (en similar sentido, CNCom, Sala A, en autos "Tenuta Marios s/ concurso preventivo", del 14/09/98; "Supercanal Holding SA s/ concurso preventivo", del 07/10/14; Sala E, en autos "Arimex Importadora SA s/ concurso preventivo", del 06/09/04; Pesaresi - Passaron "Honorarios en concurso y quiebras", pág. 135, dit. Astrea, y jurisprudencia allí citada), lo que se comprueba a poco que se tenga presente que una determinación global de esos estipendios desatenderían la efectiva actividad desarrollada por cada uno de los profesionales en cada uno de esos procesos, que si bien tramitan de manera coordinada, lo hicieron a través de expedientes distintos. Asimismo, se confirma la decisión a la luz del hecho de que esa única regulación no sería posible sin desatender también las específicas pautas arancelarias que, por aplicación de la LCQ 266, deben ser valoradas en el concurso, en cuanto se exige en él, como regla, que las retribuciones se fijen en función del monto del activo que, como es obvio, no tiene por qué ser el mismo en todos los concursos tramitados del modo antes descripto.
Recurso de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso, efecto suspensivo, fundamentación del recurso, fundamentación suficiente, jurisprudencia contradictoria
Materia: PROCESAL
Carátula: PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANCO NAC. DE DESARROLLO c/ PESQUERA AMIPEZ S.A. s/ INCIDENTE DE TASA DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-21

Toda vez que existe contradicción acerca de la cuestión debatida, entre los precedentes de las Salas de esta Cámara invocados por el recurrente; que el recurso aludido reúne los requisitos de admisibilidad establecidos por los arts. 288, 289 y 292 del Código Procesal, y que las alegaciones que se refieren a su procedencia son suficientemente fundadas, corresponde declarar admisible y conceder con efecto suspensivo el recurso de inaplicabilidad de la ley deducido (art. 293 del Código Procesal).
Verificación de créditos, crédito laboral, concursos, compensación
Materia: COMERCIAL
Carátula: OLMOS, Valentín c/ SAN ANTONIO COMERCIAL AGROPECUARIA S.C.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-09-18

La compensación del crédito laboral emergente de la condena a la concursada a pagar las indemnizaciones por despido reclamadas en dicha sede, con el crédito que la concursada tiene a su favor por entrega de mercaderías al ex-empleado verificante, es improcedente por imperativo de la ley que rige las relaciones laborales, en virtud de la cual el empleador tiene que pagar en dinero la deuda reconocida en favor del ex-empleado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, falta de fundamentación, honorarios del abogado, regulación de honorarios, concursos
Materia: PROCESAL
Carátula: F.SACIFIA s/ Concurso preventivo s/Inc. Revisión -DGI- s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-03-04

Le asiste razón al recurrente que se agravia de la regulación de honorarios practicada por el grado. Ello, en la consideración de que la sentencia impugnada omite tratar expresamente los agravios expuestos por el letrado patrocinante, formulados en la expresión de agravios, así como citar el derecho que aplica en el caso para regular los honorarios fijados en el resolutorio. En efecto, de la simple lectura de la sentencia en crisis, se observa el total incumplimiento de la Acordada Nro. 9 de fecha 1.02.84 dictada por el Superior Tribunal de Justicia, la cual dispone que en toda regulación de honorarios efectuada en causas judiciales se deje constancia del Monto Base, coeficientes utilizados, normas legales aplicadas y todo otro dato que permita recomponer y controlar la decisión del Juzgador. Tal omisión, esto es el incumplimiento de la Acordada Nro. 9/84, a lo que se suma la aludida falta de la cita de la norma legal aplicada por el Tribunal de grado para la regulación de los honorarios del abogado recurrente (carga que también se halla incluida en la cit. Acordada), determina ahora la imposibilidad de controlar y/o verificar la correcta o incorrecta aplicación del derecho, y en consecuencia la procedencia del planteo arancelario deducido. En el caso -conforme lo establecido por el citado art. 287 de la Ley de Concursos y Quiebras Nro. 24522-, y como acertadamente argumentara el recurrente, resultan aplicables para la regulación de los honorarios, los arts. 31, 6, 7 y 33 de la Ley de Aranceles de Abogados Nro. 2212.