Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31


"Buenos Aires, 31 de octubre de 2002.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I- Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 34/5 por el doctor Héctor Furlong -en su carácter de apoderado de Carlos, María Susana, María Graciela y María del Carmen Asa-, contra el auto de fs. 32/3 por el cual el señor juez de primera instancia resuelve no hacer lugar al pedido de la parte en relación a dejar sin efecto la medida cautelar y la incautación decretadas sobre los bienes inmuebles hipotecados a su favor, como así tampoco el levantamiento del embargo que pesa sobre los mismos.

El citado apoderado efectúa su presentación ante esta Sala a fs. 49/52, esgrimiendo, básicamente, que la parte que él representa tiene un derecho preferente y privilegiado sobre los bienes, reconocido por sentencia civil que ha ordenado la subasta de los mismos, la cual ha sido suspendida por las medidas adoptadas en la presente causa que, a su entender, resultan innecesarias y violatorias del derecho de propiedad. Agrega a ello, que el derecho de propiedad de "Estancias El Espejo" es imperfecto ya que está gravado por la hipoteca que la parte tiene a su favor, por lo que el Estado no puede disponer de la totalidad de esos bienes afectando derechos de terceros de buena fe.

Si bien reconoce el derecho que tendría el Estado sobre ellos, manifiesta el deber del señor juez de ordenar se prosiga con la subasta en sede civil de manera tal que ellos puedan cobrar lo correspondiente por su crédito y el Estado el remanente, advirtiendo para ello, que no existe ningún motivo por el cual deba esperarse a una sentencia condenatoria en causa penal -con el fin de decomisar los bienes-, toda vez ya se ha despoderado de esos bienes a los aquí imputados en la sentencia civil.

II- Ahora bien, esta Sala adelanta que comparte la solución adoptada por el "a quo" en tanto no procede el levantamiento de las medidas cautelares, si bien será materia de discusión cual será la que en definitiva corresponda adoptar.

En primer lugar, debe decirse que la presente causa se encuentra en plena investigación y que los bienes inmuebles de los que se trata habrían sido adquiridos a nombre de "Estancias El Espejo S.A." con dinero proveniente del narcotráfico, y que aún, más allá del derecho que tendría la parte recurrente, siguen perteneciendo a los imputados.

Ello habilita al señor juez a adoptar en la causa que conoce, aquellas medidas que tiendan a asegurar los bienes vinculados.

Lo expuesto, como así también el destino que habrá de darse a los mismos, se desprende de los artículos 518 del Código Procesal Penal de la Nación, artículos 25, 30 y 39 de la ley 23.737, artículos 23 y 29 del ordenamiento de fondo y artículos 3, 5 y 12 de la Ley N? 20.785 de "Procedimiento Judicial sobre bienes secuestrados", con relación a lo que aquí se investiga.

En el artículo 518 del Código Procesal se establece el deber del magistrado de ordenar el embargo de los bienes del imputado en la cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria.

Los artículos 23 y 29 del Código Penal establecen que la condena importará la pérdida de los instrumentos del delito que serán decomisados, a la vez que la condena podrá ordenar indemnización a un tercero y la restitución.

Por último, la Ley de estupefacientes básicamente, establece en los citados artículos que se dispondrán las medidas procesales para asegurar las ganancias o bienes presumiblemente derivados de los hechos descriptos en la ley, y que la condena decidirá definitivamente respecto de ellos.

Cabe recordar aquí que lo atinente a la aplicación del artículo 25 de la Ley 23.737 ya ha sido materia de análisis por parte de esta Alzada al momento de resolver, en esta causa, el auto de procesamiento y prisión preventiva de Nicolás Di Tullio, habiéndose esgrimido en esa oportunidad los motivos por los cuales devenía acertada tal figura (confr. C. N? 33.332 "Di Tullio", Reg. N? 45 del 13/2/02).

De este modo, de la lectura de la normativa citada surge claramente, por un lado la facultad del "a quo" de adoptar, cuando lo entienda necesario y fundadamente, las medidas cautelares necesarias durante el proceso y por otro, que las mismas tienen, en principio, el carácter de provisorias toda vez que la condena será la que decida en forma definitiva sobre los bienes.

Así, el ordenamiento jurídico argentino, por aplicación de las normas reseñadas y en cumplimiento del deber de garantizar la satisfacción de la pena de decomiso, habilita a los jueces a aplicar medidas cautelares sobre los efectos producidos por el delito (confr. C.C.C.F., Sala I, C. N? 34.435 "Olivera", Reg. N? 962 del 16/9/02).

En tal sentido, debe decirse que la adopción de medidas cautelares respecto de bienes involucrados en la investigación, no implica efectuar juicio de valor alguno sobre los derechos que la parte recurrente invoca que, en principio y según lo ha determinado una jueza en lo civil, le corresponderían.

Y es que, el carácter del proceso ejecutivo permite el pronunciamiento de una condena cuando la existencia del derecho y del incumplimiento son todavía inciertos -aunque verosímiles-, y el proceso puede continuar con una segunda fase -juicio ordinario (confr. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - Anotado-Concordado-Comentado", T. III, Ed. Abeledo Perrot, 1992, p. 717).

Si bien es cierto que existe un avanzado estado de la causa radicada en sede civil en lo que concierne a la subasta de esos bienes y que la parte tendría un derecho preferente y privilegiado, no menos cierto es que los juicios ejecutivos no hacen cosa juzgada material sino sólo formal, motivo por el cual la condena que se obtiene en estos procesos se conoce generalmente como condena con reserva, quedando abierta la vía para que el deudor inicie el juicio ordinario para obtener la reparación a que se creyese con derecho (C.C., Sala "D", C. N? 012408 "Rodríguez" del 10/4/97; Sala "E", C. N? 213164 "Vallejo" del 25/6/97; Sala "F", J.A. 965 -I-102; entre otras).

Deviene también atinente señalar a la parte, que el presente proceso puede asemejarse, por lo menos en cuanto a alguno de sus efectos, a un juicio de los conocidos como "juicio universal" según lo regula la legislación civil y procesal comercial, en el cual se agrupan diversos procesos por los que se encuentra comprometido el patrimonio de una persona que, considerado como universalidad jurídica, impone la vigencia del fuero de atracción (confr. "Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", T. IX, Ed. Abeledo Perrot, 1992, p. 199).

Sin perjuicio de las obvias diferencias, puede hacerse un paralelo señalando que la parte peticionante ha obtenido una verificación de su crédito -en el juicio ejecutivo-, y que debe aguardar para su cobro hasta tanto se finalice con el proceso -penal.

Cabe asimismo, recordar nuevamente que esta causa se encuentra en pleno proceso y que, hasta tanto no se arribe eventualmente a una condena, rige a favor de los imputados el principio de inocencia (art. 18 de la C. N.).

III- En lo que respecta a la medida cautelar que corresponde adoptar respecto de los inmuebles, resulta correcto el embargo de los mismos -registrado con fecha 12/1/00-, como así también la medida de no innovar adoptada con fecha 14/7/00, resultando, en cambio, contraria a derecho la incautación resuelta con fecha 23/10/00.

En efecto, de la lectura de las normas legales citadas anteriormente se desprende que tanto el decomiso como la incautación se encuentran establecidos para supuestos distintos del que aquí se plantea.

Por su parte, el decomiso, como se sostuviera más arriba, constituye una pena accesoria o una consecuencia accesoria de la condena, por lo que, obviamente, requiere como presupuesto para su dictado que el titular de los bienes sea condenado -circunstancia que no se verifica en la presente (confr. Baigún, David; Zaffaroni, Eugenio y Marco Terragni "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial.", TI, Ed. Hammurabi, p. 309).

La incautación procede en los casos de hallarse beneficios económicos o para la documentación de entidades financieras, circunstancias que tampoco concurren en el caso.

La Cámara Nacional de Casación, al resolver un planteo similar en esta causa, entendió que la incautación importaba la privación de los objetos en razón de su pérdida y no podía confundirse por ejemplo con la medida de secuestro que tiene como fin asegurar los objetos a los efectos de la prueba o de los resultados del juicio (Sala III, C. N? 3638 "Burgues", Reg. N? 240 del 14/5/02).

Por ello, la Sala entiende que los bienes objeto de la causa deben quedar asegurados a través de un embargo conjuntamente con la medida de no innovar, deviniendo también procedente la administración judicial ordenada y que no ha sido cuestionada (arts. 518 del C.P.P.N., art.25 de la Ley 23.737).

Conforme lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR PARCIALMENTE el auto de fs. 32/3 en cuanto NO HACE LUGAR al levantamiento de las medidas cautelares -embargo y medida de no innovar-, y en consecuencia REVOCAR la incautación decretada sobre los bienes por los que se presenta el doctor Furlong.

Regístrese, hágase saber y devuélvase, sirviendo la presente de atenta nota de envío."