Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-06


Salta, 06 Abril de 2.011.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: " SÁNCHEZ, Francisco Martín, por Amenazas en perjuicio de AJAYA, Daniela Patricia", Expte. Nº 85345/10, del Juzgado en lo Correccional y de Garantías de 6ta. Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº 27429/10, de la Sala III de la Cámara de Acusación y, ______________________CONSIDERANDO El Dr. Edgardo Francisco Albarracín dijo:

Que vienen los presentes obrados por ante la Alzada, en virtud del recurso de apelación promovido por el señor Fiscal Correccional Nº 6 (fs. 68/71), contra el auto resolutivo dictado por la señora Juez Correccional y de Garantías de 6ta. Nominación (fs. 66/67), por medio del cual se decide el sobreseimiento de Francisco Martín SÁNCHEZ, por el delito de Amenazas, previsto y reprimido por el art. 149 bis, primer párrafo, primer supuesto del Código Penal, con arreglo a lo establecido en el art. 326 inc. 3º del C.P.P.

El recurso fue producido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

La medida desincriminante impuesta, se encuentra apoyada en la falta de elementos probatorios reunidos en la causa que den sustento a la configuración del tipo penal estatuido en el art. 149 bis del Código Penal, en tanto entender la juzgadora que, las manifestaciones vertidas por el acusado han respondido a un momento de ofuscación producto de la discusión mantenida entre las partes, sin que los mismos alcancen la idoneidad requerida por la norma que se examina, carentes del dolo necesario como para que se le pueda atribuir la figura delictiva de amenazas susceptible de excitar el poder punitivo del Estado. Cita jurisprudencia y doctrina en abono del criterio despenalizador seguido.

Por su parte, los agravios del recurrente se fundan en una interpretación opuesta a la exhibida por el tribunal de grado, pues la acusación que se impulsa se encuentra avalada en el hecho de considerar que las frases amedrentadoras lanzadas por el encausado representan un actuar desplegado por el causante, que cumple de modo palmario con las exigencias objetivas y subjetivas exigidas por la norma del art. 149 bis, primer párrafo, primer supuesto del Código Penal, para la configuración del delito de Amenazas.

Es por ello que entiende el apelante que, a los fines de la configuración del delito que se investiga, la norma que se trata demanda como presupuesto insalvable que el sujeto activo anuncie a otro un mal grave, injusto, posible, cierto y futuro, con idoneidad para intimidar, dependiendo dicho mal en forma exclusiva de la voluntad del agente, condiciones éstas que, a juicio de esa Fiscalía, se materializan sobradamente en autos.

En otro orden de cosas, añade el impugnante, se advierte en el acto atacado no sólo determinados vicios que lo tornan nulo por falta de motivación suficiente, sino que tal auto resolutorio luce marcadamente arbitrario, por cuanto una vez verificado el Requerimiento de Juicio por parte de ese Ministerio Público (fs. 11/12 vta.), el tribunal inferior se avocó al conocimiento de la causa, pasando a despachar distintas medidas que impone la legislación ritual en vigencia, interpretándose el avocamiento como un acto jurisdiccional a partir del cual se admite formalmente el Dictamen Fiscal, en la inteligencia que el mismo resulta ajustado a derecho y con ello se realiza en forma preliminar un juicio positivo de tipicidad respecto del hecho traído a conocimiento y decisión.

Al no incorporarse entre el decreto de avocamiento y el auto de sobreseimiento dictado -concluye el recurrente- ningún tipo de prueba objetiva que pudiera excitar en la merituación de la juzgadora la firme convicción que en la realidad el hecho no ocurrió en la forma planteada por ese Ministerio Público, conduce a percibir en el dictado del acto cuestionado cierto signo de arbitrariedad, pues ante la apreciación que el suceso bajo investigación no encuadra en figura penal alguna, mal pudo entonces haberse avocado el tribunal al conocimiento de la causa, ordenando las diligencias de estilo, cuando en rigor correspondía rechazar el Requerimiento de Juicio y dictar en consecuencia la resolución jurisdiccional que se estimase pertinente.

Adelantando el sentido de mi voto, puedo decir que le asiste razón al representante del Ministerio Público Fiscal y por tanto corresponde revocar el auto de sobreseimiento dictado, por las razones que se expondrán a continuación.

Si bien es cierto que se habla de la falta de idoneidad de las amenazas cuando son vertidas en momentos de ofuscación, de peleas o discusiones (lo que ha sido afirmado por esta Sala en varias oportunidades), no deben confundirse las circunstancias fácticas, pues aquél pensamiento está basado en la idea que la reyerta que protagonizan ambas partes hace perder la seriedad de las expresiones arraigadas en ella; en cambio, en el caso que nos convoca, más allá de la mala relación familiar exhibida entre los litigantes, no se advierte que haya existido una pelea previa al incidente entre la denunciante y el denunciado, ni tampoco que la primera pueda haber provocado una reacción en el segundo. Nada de eso surge de la denuncia, pues Daniela Patricia Ajaya expresa: "que, su hijo, el acusado, en momentos en que se encontraba en el domicilio familiar comenzó a pedirle dinero y que ante su negativa, el mismo se ofuscó y le dijo: "dame plata sino te voy a mandar con una pinza" y al proseguir con su actitud, le arrojó una silla de plástico, sin producirle lesiones, manifestando que "todos le hacen dar bronca", siguiendo con insultos como: "cajetuda" y que "al papá lo voy a puntear, ya van a ver me tienen cansado", poniendo de manifiesto la mala e irrespetuosa relación de Francisco Martín con el resto del grupo familiar, que torna dificultosa la convivencia entre todos sus integrantes.

Al reabrirse la citada Acta (fs. 01 vta.), el señor Luis Alberto Sánchez, a la sazón el padre del acusado y pareja de la denunciante, formula una ratificación de los dichos expuestos por ésta, pese a no haber sido testigo presencial de los hechos que se le adjudican al acusado, pues en ningún momento aquélla menciona en su exposición la presencia de persona alguna, por lo que la acusación está basada exclusivamente en las manifestaciones de la denunciante y no por ello cabría su desestimación o descalificación para hacerle perder credibilidad a tales afirmaciones .

Por otra parte, tal como lo sostiene el Fiscal, se advierte "prima facie" una conducta del imputado tendiente a amedrentar a la denunciante, anunciándole un mal grave, injusto, posible, cierto y futuro con idoneidad para intimidar, dependiendo dicho mal, de modo exclusivo de la voluntad del causante.

A su turno Carrara define al delito motivo de estas actuaciones como cualquier acto con el cual alguien, sin razón legítima, deliberadamente afirma que quiere ocasionar a otro algún mal futuro (citado por Carlos Fontán Balestra, "Tratado de Derecho Penal", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, Parte Especial, Tomo V, pág. 289). Cuando se dice que no se tipifica el delito de amenazas por tener como contexto una discusión "acalorada", se está aludiendo a que lo expresado tiene una causa fuente, aunque no lo justifica, sí le quita seriedad en cuanto a la posibilidad que se lleve a cabo efectivamente. Es decir; en el marco en que fue vertida pasaría a formar parte de la misma pelea y no tendría materialidad propia.

En lo que a indagación de tipicidad concierne, no puede decirse que el hecho que el acusado sin motivo -válido- alguno comience a proferirle a su madre una serie de amenazas intimidantes, e incluso, llegue a consumar agresiones físicas con el uso de una silla de plástico arrojada sobre su humanidad, ello no constituya el delito previsto en el art. 149 bis, primer párrafo, primer supuesto del Código Penal, pues una apreciación de la naturaleza apuntada no resistiría el menor análisis frente a circunstancias de carácter fáctico que indican lo contrario.

A pesar que el señor Defensor Correccional a fs. 74/75 vta. expresamente plantea la carencia de agravios observados en la pieza apelatoria que nos convoca y que la prueba a producirse en la etapa plenaria, en su opinión, asoma a todas luces inconducente, procede ajustarse al criterio jurisprudencial que interpreta que luego del avocamiento formulado por el juzgador, en donde se comparte la voluntad incriminante exteriorizada por el titular de la acción pública, sin que antes de decidirse se incorporen elementos de juicio que desvirtúen la presencia del tipo penal que simboliza a la figura sustantiva bajo examen.

Al respecto, ante diversos recursos contra autos de sobreseimientos (o denegatorias de ellos) en el Procedimiento Sumario, en función de lo dispuesto por el art. 359 del C.P.P., la Corte de Justicia local tuvo oportunidad de pronunciarse sobre que: "en el presente caso los fundamentos del auto de sobreseimiento resultan de una notoria incongruencia, pues indicándose como motivo del pronunciamiento liberatorio la causal prevista en el art. 326, inc. 3º -que solo habilita este tipo de decisión por falta de adecuación a una figura penal- no se hace otra cosa que referir aspectos de la prueba que permitirían descartar la existencia de la conducta típica denunciada. Una decisión de tal naturaleza, además de tergiversar el alcance de la disposición legal que aplica, haciéndola jugar en un supuesto completamente ajeno a su objetivo, incurre en un serio desconocimiento de los aspectos estructurales que hacen a la distribución de la actividad probatoria en los procesos por delitos leves, actividad que por razones de celeridad y simplicidad ha quedado concentrada en la etapa plenaria... [...] La prueba destinada a establecer con precisión ese cuadro de hecho (carencia de seriedad en una amenaza) no fue producida, consiguientemente, debe ser producida en juicio, sin que quepan conclusiones anticipadas que en base a los insuficientes elementos colectados en la etapa preliminar confronten la hipótesis fáctica en que se basa el requerimiento del Fiscal Correccional, máxime cuando esa controversia pretende usarse para dar sustento a una resolución de carácter definitivo como el sobreseimiento" (CJS, Expte. Nº 29.185/06, fallo del 22/02/07, registrado en Tomo 112: 1015/1020; se reitera la doctrina del fallo del 22/08/06 en el Expte. Nº 28.481, Tomo 108:37/42).

Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 68/71 y, en consecuencia, revocar el auto de sobreseimiento dictado a fs. 66/67, a favor del imputado de autos. Así voto.

El Dr. Julio V. Pancio dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, _________LA SALA III DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, ________________________RESUELVE:

I) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 68/71 y, en consecuencia, REVOCAR el auto de sobreseimiento dictado a fs. 66/67 a favor de Francisco Martín SÁNCHEZ.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.

rvo Ante mí.