marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Doctrina legal, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: D., J. y Otros c/ L. ?? J. SCTTL s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-04

Considero que el apartamiento por parte de la Sala "B" de los precedentes de este Cuerpo en los cuales sentara doctrina, obligando a los actores a acudir nuevamente a esta instancia, ante la presencia de sentencias contradictorias, provoca un dispendio jurisdiccional inútil, en contravención al principio de economía procesal (art. 34 inc. 5°, apartado "e" del C.P.C.C.) y en desmedro de la seguridad jurídica.
Concubinato, uniones convivenciales, sociedad de hecho, disolución de sociedades, liquidación de sociedades
Materia: CIVIL
Carátula: R., R. O. c/ A., T. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2012-06-08

El concubino que alega que los bienes adquiridos por su pareja pertenecen a ambos, debe probar que los dos aportaron dinero para comprarlos o que fueron producto del esfuerzo compartido. Esta regla también se aplica si los bienes adquiridos se registran a nombre de uno de ellos, en cuyo caso el otro, para generar un crédito a su favor, debe acreditar que contribuyó con aportes al concretarse la compra.
Recurso de casación, sentencia, demanda, defensa en juicio
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: CHAVEZ ANDRES c/ HIJOS DE FELIPE ASEF  S.A. s/ DEMANDA - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-10-22

Al no haber acreditado la actora el fundamento fáctico de la demanda, es decir, que a las tareas efectuadas debió sumarse la forma en que tales tareas habrían actuado para generar o agravar las afecciones del actor supuestamente le determinaron tan alto grado de incapacidad, la demanda aparece huérfana de fundamentos restringiendo la defensa en juicio, de allí la resolución a la que arribara la a quo, por lo que debe rechazarse el recurso de casación deducido por la actora.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, derecho electoral, proceso electoral, partidos políticos, leyes, aplicación temporal de la ley, ley posterior, ley anterior
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Mauri, Luis Alberto -Apoderado Partido Demócrata Progresista s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto  por los apoderados del Partido Demócrata Progresista contra el auto  del Tribunal Electoral de la Provincia in re "Mauri, Luis Alberto   Dr. apoderado P.D.P. -Solic. Al Tribunal Electoral se expida   concretamente sobre las normas aplicables para la adjudicación de   bancas" (Expte. CSJ N.  585-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-03

El agravio de la parte recurrente que tildó de arbitrario el decisorio del tribunal electoral que declaró la aplicabilidad del artículo 5 de la ley 9.280 para la adjudicación de bancas, por haber alterado -a su entender- el orden normativo temporal en forma injustificada y contrariado el principio "lex posteriori derogat priori", no puede tener acogida favorable toda vez que la parte no demuestra la irrazonabilidad del punto de partida adoptado por el Tribunal anterior en grado, cual es el de que la propia ley 10.524 (del año 1990) en su artículo 23 priorizó la aplicación de la ley 9.280 en la materia no legislada y en cuanto no se opusiera a ella.

Frente a tal criterio, los impugnantes parten de considerar que la ley 2.756 (que data de 1939), sería posterior a la ley 9.280 (del año 1983), asignándole a la ordenación del texto según decreto 67/85 el efecto de conferirle el carácter de ley posterior, más su tesis carece de idoneidad en orden a habilitar el reproche constitucional de lo decidido, a poco que se repare en que no puede conferirse a un acto formal del Poder Ejecutivo que se limita a efectuar una simple ordenación de los artículos de una ley, el efecto de cambiar la fecha de entrada en vigencia de un instrumento legal que ya se encontraba vigente. De tal manera, la norma contenida en el artículo 99 de la ley 2756 bien podía no ser considerada "lex posterior" a la ley 9.280, y no hay nada de irrazonable en el criterio del a quo en relación a la temporalidad de las leyes en cuestión, por lo que la decisión en el punto aparece exenta de tacha constitucional.
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SVRIZ, FABIAN SEGUNDO c/ CONSEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-21

La acción de amparo se abre, ante la inexistencia de otra acción ordinaria judicial cuando se alegue violación, lesión o limitación al ejercicio pleno de derechos individuales por acto público o privado, no siendo la tutela administrativa suficiente para entorpecer la procedencia de la acción constitucional del amparo, ya que la constitución vigente desde 1994 no expone como valla para interponer la existencia de recursos administrativos previos.
Técnicas de reproducción humana asistida, habeas data, datos biológicos del donante, derecho a conocer la identidad de origen
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: L., N. V. y otro  c/ E.N. - P.E.N. - M. de Salud - Procrearte Red de Medicina Reproductiva y Molecular y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-27

Cabe hacer lugar a la demanda colectiva interpuesta contra el Ministerio de Salud, y ordenar que este arbitre los medios convenientes a fin de proveer el servicio de certificación y registro tendiente a tornar operativos los derechos reconocidos por el Código Civil y Comercial a las personas nacidas por técnicas de reproducción humana asistida, de conformidad con lo establecido en la Res. 2190/2016. Asimismo, debe ordenarse el efectivo cumplimiento del deber de resguardo de la identidad y demás información biológica del donante, y conservación de dicha información más allá de los plazos establecidos en la ley 26.529. La ausencia de regulación específica que determine la obligatoriedad de resguardar la información relativa a los donantes de gametos, así como la falta de un registro público que unifique dicha información para que no quede al arbitrio de los distintos centros de salud o bancos de donantes, implica un riesgo inminente de que se pierdan los datos que registran las instituciones involucradas y, en consecuencia, las personas nacidas en virtud de TRHA sufran una irremediable afectación de sus derechos fundamentales a la identidad, a la verdad, a la información y a la salud.
Recurso de casación, sentencia
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: PONCE FERMIN c/ BROWER Y CIA.  S.A. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-11-06

La omisión en la sentencia que viola los términos de la litis conforme los arts. 94 y 95 inc. 2do. de la Ley 4.163 debe casarse en este aspecto del pronunciamiento. Correspondería en consecuencia, entrar en el fondo del asunto, pero tratándose de un tema que requiere una interpretación legal, no puede privarse a las partes de la resolución de un Tribunal de Mérito que le permita -en caso de configurarse alguna causal de casación- recurrir ante esta Sala.-
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piccone, Carlos Alberto c/ Scaramelo, Nicolás s/ Daños y perjuicios Lagioiosa, Paula c/ Issaly, Héctor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10|1995-11-14

La prioridad de paso por circular por la derecha, debe ser sometida a la valoración derivada de las circunstancias, como es de rigor en toda función estimativa.(art. 71 inc.2 ley 5800, art. 57 ley 11.430 ).
Prescripción, obligaciones naturales
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Delgado, Alejandrina c/ Muhleman, Raúl s/ Indemnización Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-02-15

Encontrándonos frente a una obligación natural por haberse operado la prescripción, la ejecución parcial de su obligación por el hoy demandado no le otorgó ni el carácter de obligación civil ni involucró una renuncia a la prescripción ya incorporada a su esfera de propiedad.
Daño moral, muerte de un hijo
Materia: CIVIL
Carátula: Lopez, Guillermo Ramón c/ Clínica Privada Santa Cecilia S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-11-14

Evaluar el daño moral -en el caso, para determinar la indemnización del daño moral sufrido por el padre ante la muerte de su hijo adulto, con quien ya no vivía y que se encontraba internado por causa de una enfermedad mental-, significa medir el sufrimiento humano, lo cual es imposible de hacer en términos cuantitativamente exactos, pues en cada caso el juez pone en juego su personal sensibilidad para establecer la cantidad de dinero necesaria para servir de compensación al daño.
Municipalidad, personal municipal, personal de planta permanente, personal transitorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Stefanini, Graciela Elvira c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 508-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

El artículo 134 de la ley 9286 señala que aquellos agentes que ingresen a la Administración municipal y/o comunal por los artículos 8 y 9 del Estatuto, al cumplir los tres (3) meses de antigüedad, pasarán automáticamente a revistar en la planta permanente, encasillándose dentro de la función que desempeñe, quedando exceptuados los casos a que refiere la última parte del art. 133, o sea, los contratos que tengan por objeto una obra determinada o tareas de carácter accidental. Por ello, el cumplimiento de las tareas de la recurrente -relacionadas con el otorgamiento de licencias ordinarias o extraordinarias al personal permanente y abarcando, en cada caso, el tiempo que demandaran aquéllas- demuestran el carácter accidental de las mismas, y la naturaleza provisional de su relación.
Recurso contencioso administrativo, prueba, negligencia probatoria, caducidad, confirmación del acto jurídico, impulso procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: DAVALOS, HUGO OSVALDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 362 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-18

Se encuentran configurados los requisitos que, de manera objetiva, hacen viable la declaración de perención, esto es, el transcurso del tiempo estipulado por el artículo 63 de la ley 4.106 y la inactividad procesal de la parte ya que, desde la oportunidad en que se notificó lo manifestado por la parte actora al perito, hasta cuando se solicitó se intime al nombrado a los fines de la devolución de los autos y la presentación de la ampliación de su informe, transcurrió holgadamente el plazo previsto en la norma citada precedentemente.

Así entenderlo importa disentir con la postura de la parte actora basada en el consentimiento de la demandada de los actos posteriores.

Ello, por cuanto, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 62 del Código de rito local (suplet. aplic.), se requería que dichas actuaciones sean notificadas por cédula, extremo no acaecido en la especie hasta el anoticiamiento del proveído que dio lugar al presente planteo y que fue articulado en forma temporánea.

Lo expuesto se complementa al observar que lo actuado con posterioridad al comienzo del plazo de caducidad resulta insuficiente para su purga en virtud de que, para que se subsane la instancia, la comunicación de esos actos debió dirigirse a la parte contraria a la que los promovió, evento que no se ha configurado.)
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Motos, E.J. s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-28

Es cuestión ajena al recurso de nulidad la queja referida a la confesión prestada por el procesado, pues invoca un vicio de juzgamiento.
Concursos, locación, incumplimiento del contrato, demanda, notificación, asegurador, seguro de caución, mora del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA. AZUCARERA DEL NORTE SA s/ QUIEBRA - INC. DE COBRO POR INCUMPLIMIENTO (ART. 199 LC).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

Si se condeno al fallido a pagar cierta suma de dinero -con base en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento- y, se extendió la condena a una aseguradora en virtud del contrato de seguro de caución formalizado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los arrendatarios, resulta improcedente que aquella: a) resista la admisión de los accesorios desde el día siguiente de la emisión de la carta documento por medio de la cual la arrendataria formulo los reconocimientos allí descriptos, y b) postule que al no haber tenido conocimiento del siniestro, los accesorios debían correr desde la fecha de notificación de la demanda interpuesta por el síndico concursal. No empece lo expuesto que, -como en el caso-, no se cuente con constancia de haber comunicado la asegurada a su aseguradora el hecho del incumplimiento contractual por parte de la tomadora del seguro de caución, y que habría tomado conocimiento del siniestro -producido por tal incumplimiento- al serle notificada la demanda;

toda vez que de ello no se sigue que deba asumir el pago de los intereses recién a partir de esa notificación. De modo, que no debe pagar esos réditos en virtud de hallarse la aseguradora en mora, sino en razón del estado moratorio de la tomadora del seguro en el cumplimiento de sus obligaciones emergentes del contrato de arrendamiento, pues en virtud de la naturaleza del seguro de caución, la compañía de seguros debe hacerse cargo "in totum" de las consecuencias del incumplimiento de la tomadora, en la extensión prevista contractualmente.
Confirmación de sentencia, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Federación Argentina de Colegios de Abogados c/ EN- AFIP- DGI s/ Inc. Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-24

El Dr. Gallegos Fedriani -en disidencia parcial- también confirmó la resolución apelada, sin perjuicio de lo cual señaló que no había límite temporal para la vigencia de la medida cautelar dictada en la causa.
Recurso de casación, suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Rios, Victorio Abelardo - Suárez, Sebastián Ismael s/ Homicidio culposo y encubrimiento s/Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-11-12

El imputado tiene el "derecho" de solicitar la suspensión condicional del juicio a prueba, pedido que queda "sometido" al consentimiento Fiscal con el único límite impuesto por la "racionalidad" de su dictamen; pero no debemos confundir "derecho a pedir" con "derecho a obtener", asimilación que a mi juicio se ha generalizado y -entiendo- resulta técnicamente incorrecta. (Del voto del Dr. Chaia)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, beneficios previsionales, aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley, ley derogada, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: NAYGOLDBERG, JEHUDA. s/ S/JUBILACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-12

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que -fundada en que el solicitante no contaba, en la fecha en que dejó de cumplir actividades autónomas en el país, con la edad exigida por el art.

15, inc. a), de la ley 18.038 (t.o. 1974)- rechazó el pedido de jubilación. Ello así, pues el a quo consideró aplicable la doctrina basada en una ley derogada en las condiciones actuales sin dar razón alguna que justifique el mencionado fundamento frente al contenido de la nueva disposición aplicable, la ley 18.038, que no impone la pérdida de la antiguedad ganada bajo su régimen por el hecho de que un afiliado no cumpla actividad en un determinado lapso y, en el caso, el interesado se mostró respetuoso del principio de solidaridad a través del pago de aportes y la cancelación de la deuda.
Honorarios del abogado, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bard Raúl Elias Andrés c/ B.E.R.S.A. S.A. y/o quien resulte responsable s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-08

En la sentencia se expresa que en el principal se ha dispuesto la desindexación de la deuda, por pronunciamiento que se encuentra firme, por lo que ello no puede ser dejado de lado para regular los honorarios puesto que la condena es la referencia para determinarlos, por lo cual el quejoso intentaría dar un nuevo cariz a los hechos en que funda la sentencia, cuestiones estas ajenas a esta instancia casatoria.
Hechos nuevos, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M., C. A. c/ A., A. N. s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2017-02-02

Se denominan hechos nuevos al conjunto de sucesos que ligados inescindiblemente al planteo introductivo y siendo conducentes, acaecen o llegan a conocimiento de las partes con posterioridad a dicho planteo. El artículo 360 del C.Pr. no contiene pautas específicas sobre qué hechos deben ser considerados como nuevos, sólo contiene una pauta temporal: hechos nuevos posteriores a la oportunidad prevista en el art. 369 del mismo ordenamiento. La procedencia del hecho nuevo está sujeta a las siguientes condiciones: tiene que haberse producido o haber llegado a conocimiento de la parte con posterioridad a la oportunidad fijada por el artículo 369 en relación al procedimiento de primer grado y debe tener relación con la cuestión que se ventila.
Primacía de la realidad, trabajadores rurales, in dubio pro operario, presunciones, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Roldán, Sergio Teófilo c/ Gomez, José Abraham s/ Indemnización por antigüedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-15

Si bien el art. 23 de la LCT no es aplicable como tal a los supuestos de trabajo agrario, el principio de primacía de la realidad que se desprende del contenido de dicha norma, no es exclusivo ni privativo de la ley 20.744, sino que constituye uno de los principios fundamentales del derecho del trabajo -que comprende también al trabajo agrario- como derivación necesaria e ineludible del principio protectorio consagrado constitucionalmente en el art. 14 bis de la Carta Magna.
Facultades del juez, interpretación y aplicación de la ley, iura novit curia
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Navarro De Eguía, Norma Ceferina c/ E.P.R.E. s/ Contencioso Administrativo - Inconstitucionalidad y Casación González Martín Francisco c/ Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) s/ apelación de sentencia s/ INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACIÓN (acumulados 7204 y 7205)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-12-19|2021-12-21

Por el principio iura novit curia el Órgano Judicial tiene la potestad de suplir el derecho no invocado, o invocado erróneamente por las partes.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestiones de hecho y prueba, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS c/ BECCALUVA OSCAR s/ VÍA DE APREMIO".- s/ RECURSO EXTRAORD. DE INAPLICAB. DE LEY Y NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-15

Si bien el pronunciamiento de la Excma. Cámara de ApeIaciones que declaró la "caducidad de instancia", constituye una cuestión de hecho y prueba ajena como regIa a la casación, que además no se reputa "definitiva" cuando, como en este caso, no se invocó la pérdida del derecho por prescripción, se advierte que el decisorio se funda en la declaración de inconstitucionalidad de una norma integrante del orden jurídico positivo provincial, lo que no sólo convierte el tema en una cuestión de derecho, sino que excita el contralor del Superior Tribunal de Justicia, a tenor de lo dispuesto por el art. 145 inc. 1º de la Constitución Provincial.-
Competencia, competencia por la materia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nievas, Roberto Domingo c/ Policía de la Provincia de Entre Ríos s/ Ordinario por Daños y Perjuicios s/Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-04-12

Aún cuando pudiesen aplicarse supletoriamente normas del derecho civil en orden a la reparación de los daños, cuando se controvierte la conducta del Estado en su actuación específica y dentro del marco objetivo de su función -como es el modo de selección y designación de agentes públicos- la cuestión se dirime por la vía del proceso contencioso administrativo.-
Costas, honorarios del perito, perito tasador, transporte de carga, verificación de la carga
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Universal Cía. Arg. de Seguros  S.A. s/ Reconoc. Pericial Bq. "Sea Frost"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-24

Con posterioridad a la verificación judicial de la carga, la transportista citada "CIAMAR S.A. " abonó a la consignataria de la partida una suma en concepto de cancelación total y definitiva, comprensiva de todos los rubros que integran el reclamo y, en el instrumento acompañado aquélla convino que la consignataria se haría cargo de los honorarios del perito judicial y que Ciamar S.A. , se responsabilizaría por cualquier otro gasto que los aseguradores pretendiesen o intentaren recobrar del consignatario como consecuencia de la pericia judicial. A fin de evitar que la solicitante del reconocimiento pericial se vea obligada a plantear una acción únicamente para recuperar los gastos que le irrogue el pago de las costas y computando que Ciamar se ha comprometido a hacer efectivo cualquier reclamo de la aseguradora, corresponde que sea aquélla la que cargue con las costas por los honorarios de los profesionales intervinientes con excepción de los correspondientes al perito tasador que estarán a cargo de la peticionaria de la medida.
Nulidad procesal, guarda del menor
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: D. D. M. I. N. M. H. c/ M. G. s/ DEPOSITO/PROTECCION DE PERSONA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-08

Los tratados internacionales incorporados en el art. 75 inc. 22 son normas de jerarquía constitucional, superiores y operativos, para todos los que se encuentran involucrados en un proceso. Los derechos humanos son de todos los que intervienen en el juicio, de la madre biológica también. Su estado de pobreza, ignorancia y marginalidad, dicho claramente, su estado de exclusión social, no debe, bajo ningún pretexto, ser el justificativo para arrasar con su derecho a ser oída y su derecho de defensa en juicio. Es inadmisible que el Estado se transforme en un revictimizador de personas en tal situación de vulnerabilidad. La progenitora de una familia con antecedentes de pobreza extrema y abandono.

Conforme surge de reiterado informes psicológicos, se destaca y subraya que fue abandonada por su madre; no obstante ello, con sus limitados recursos, ella quiso mantener el vínculo con sus hijos. Al respecto la C.I.D.H, en la opinión consultiva 17/2002 sobre "Condición jurídica y derechos humanos del niño" dejó sentado que el niño tiene derecho a vivir con su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función de su interés superior, para separarlo, lo cual debe ser excepcional y, preferentemente, temporal. A su vez, la evaluación debe realizarse a partir de los daños o riesgos reales y no de especulaciones; por lo que no son admisibles los estereotipos o consideraciones de características personales de los padres. Tampoco es admisible la preferencia en base a ciertos conceptos tradicionales de familia. También es cierto que la Corte Interamericana hace referencia a la celeridad en los trámites judiciales y administrativos en donde se encuentren involucrados derechos de los niños, sobre todo en los casos de custodia de menores; pero ello no implica cercenar derechos, y menos aún los de una progenitora presente.

Esta inobservancia de las formas por parte de la juez trae aparejada la nulidad de las actuaciones (art. 165/166 C.P.C.T). Existe una alteración en la estructura esencial del proceso.