Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-17


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 17 de 2008.

El doctor Kiper dijo:

Contra la sentencia dictada en primera instancia (fs. 262/71), que hizo lugar a la demanda por la cual se perseguía la indemnización de los daños sufridos por el actor, en su momento menor de edad, al ser golpeado por el demandado, también en su momento menor de edad, expresan agravios los actores a fs. 295/99 y el demandado a fs. 302/5. Ninguna de las partes contestó el traslado conferido del memorial de su contraria.

El demandado H. H. F. cuestiona, esencialmente, que se haya tenido por acreditado el hecho que motivó este litigio. Sostiene que la intención de dañar (dolo) debe ser acreditada por la otra parte, que el agredido no vio al agresor, que le atribuyó la golpiza a otro sujeto (Palavecino), y que el a quo le dio preferencia a las constancias de la causa penal sobre las de la civil. Invoca también a su favor que la causa penal haya terminado con una "probation". Señala también las contradicciones existentes en los peritajes.

La parte actora, en cambio, discrepa con los montos fijados en concepto de indemnización para la incapacidad física y psíquica, los gastos por tratamiento, y el daño moral. Hace hincapié en el peritaje realizado y los porcentajes de incapacidad determinados por el perito.

Como es lógico, comenzaré por el examen de lo resuelto en cuanto a la responsabilidad. No se discute en esta instancia que el entonces menor de edad, J. M. A., el 9 de noviembre de 2000, aproximadamente a las 4,00 hs, fue golpeado por otra u otras personas a la salida de la discoteca "Coyote", hasta que fue separado por personal policial. Lo que cuestiona el demandado es que se le haya atribuido a él la autoría del hecho.

El día del hecho, declaró el agente de Policía Federal Darío Ludueña que "observó a una persona del sexo masculino que por sus apariencias denotaba ser menor de edad, que salía del local bailable denominado Coyote, comenzando a caminar hacia la parada de taxis que se encuentra debajo del puente y frente al local denominado Manolo; también observó que un grupo de jóvenes de entre cuatro o cinco personas, todas del sexo masculino, que se encontraban en la playa de estacionamiento, y que al ver que había salido la persona que antes indicara el dicente, comenzaron a caminar hacia donde él se encontraba, y al acercarse uno de los integrantes del grupo, el que tenía la cabeza rapada y vestía una remera gris, le propinó (...) un golpe de puño desde atrás que impactó en su cabeza o nuca, haciendo que pierda la estabilidad y se caiga al piso, sumándose las restantes personas que conformaban el grupo a golpear a quien se había caído".

Dicho agente, además de llamar a la ambulancia y de tomar datos de testigos, detuvo a algunos de los agresores, entre ellos G. H. F., aquí demandado (ver fs. 1/2 de la causa penal 23496 que tengo a la vista). F. fue examinado por el médico de la dependencia policial, quien constató "equinosis en dorso de mano derecha" que podría haber sido producida por golpe" (fs. 22, causa cit.).

F. declaró en la causa penal que se acercó al lugar con el fin de auxiliar a quien estaba siendo golpeado, cuando los golpeadores huyeron, llegó la policía, y lo confundieron a él con los agresores. Los policías, dijo, lo inmovilizaron, lo golpearon, y al esposarlo le lastimaron la mano (fs. 78/9, causa cit). Los testigos que declararon en dicha causa mencionaron que la Policía detuvo a los que habían agredido, e incluso que uno de los detenidos seguía golpeando cuando la policía lo sujetaba (fs. 112 vta.). Fue así que el Juez Correccional consideró que había elementos de prueba suficientes para atribuir a los imputados responsabilidad penal y dispuso su procesamiento (fs. 117/8, causa cit.), decisión confirmada por la Cámara (fs. 145). Posteriormente, F. solicitó la suspensión del juicio a prueba y se ofreció a realizar tareas de bien público (fs. 192/3), lo que fue aceptado como forma de extinguir la acción penal.

En relación al valor probatorio del expediente penal, la jurisprudencia ha señalado que "Las constancias de la causa penal promovida por el accidente de tránsito reúnen un caudal probatorio formativo de convicción para el juez que de ninguna manera puede desecharse, no sólo porque tienen la fe que la ley asigna a los funcionarios públicos dentro de la esfera de sus atribuciones, sino porque estos son ajenos a las partes y carecen de interés en relación al resultado final del pleito" (CNCiv., Sala L, 29/4/94, in re "Bustos, Juan M. c. Vázquez, Jorge A.", Fallo nº 92.580, diario LA LEY, 11/10/94).

También se dijo que aun cuando la prueba de testigos de la causa penal se haya producido sin el control recíproco de las partes, ello no le quita valor probatorio ni viola el principio de defensa en juicio, pues en el proceso civil las partes tienen la oportunidad de arrimar las pruebas de descargo que estimen convenientes (CSJN Fallos 182-502; 183-296; 188-6; 228-530; CNCiv., Sala H, 17/3/2003, S. A. O. c. I. F. M. s/Divorcio; sala J, 12/2/1998, Rodríguez, Joaquín c. Patrici, Martín E. s/Daños y perjuicios; entre otros).

Ahora bien, el apelante, en su expresión de agravios, se limita a afirmar que el juez se inclinó por la prueba existente en la causa penal, en desmedro de la producida en sede civil, pero no indica cuáles son esas pruebas que desvirtuarían lo que surge de la primera.

Por otra parte, la versión que ofrece es poco creíble ya que, sostiene, llegó la Policía cuando el actor estaba siendo golpeado y, en vez de detener a los agresores, apresó a quienes se acercaron para ayudar. No es lo que ordinariamente sucede de acuerdo al curso natural de los acontecimientos, ni hay elemento de prueba alguno que respalde esta teoría.

Por el contrario, los testigos que respaldaron la versión del actor estaban presentes en el lugar del hecho, mientras que los que ofrecieron una versión diferente -como señaló la juez de primera instancia- o bien no estuvieron en el lugar del hecho, o no lo estaban en el momento de la detención. Este razonamiento de la a quo, no sólo no es rebatido, sino que ni siquiera es mencionado por el apelante, quien está obligado a formular una crítica concreta y razonada de todos los fundamentos del fallo.

Finalmente, en lo que concierne a la suspensión del juicio a prueba ("probation"), habiendo en el caso cumplido el demandado con las reglas de conducta que le fueron fijadas, ninguna veda legal se advierte para el dictado de la sentencia que examine la responsabilidad civil (CNCiv., Sala D, 29/8/2008, Fernández Ordas, Beatriz c. Cons. de Prop. Tucumán 1436/ 1438/40, La Ley Online; Sala F, 13/3/2007, ED 224-201). Atento que el art. 76 bis del Código Penal expresamente instituye que formular el pedido de suspensión del juicio a prueba no implica confesión o reconocimiento de la responsabilidad civil en contra del imputado, el acto de solicitar la "probation" no podrá ser invocado en su favor por la contraria para eximirse de probar en el proceso civil los extremos fácticos que perfilen la procedencia de la reclamación resarcitoria (CCiv. y Com., Mercedes, sala II, 20/3/2007, LLBA, 2007-1181). Admitido ello, entiendo que todos los medios de prueba son admisibles, incluso las constancias de la causa penal (ver sobre el tema Moeremans, Daniel, "La aplicación del instituto de la probation faculta a continuar en sede civil, en el estado en que se encuentra, la acción civil intentada en sede penal", LLNOA, 2007-983).

Lo cierto es que, como ya expuse, se ha acreditado la participación del demandado en el hecho. Probado el hecho, la responsabilidad es indiscutible, sin que me parezca necesario -en este caso- examinar los agravios del demandado sobre la prueba del dolo.

Por todo lo expuesto, propongo confirmar lo resuelto en primera instancia sobre la responsabilidad civil del demandado, y la de sus padres.

Examinaré a continuación los agravios expuesto por el actor en torno a los montos fijados para resarcir el daño sufrido.

El perito médico designado en autos informó que el actor sufrió politraumatismos y diagnosticó desviación de tabique nasal y cicatrices de 4 cm de longitud en la piel, a nivel de la 8º vértebra dorsal, entre otras. El diagnóstico coincide y tuvo en cuenta la historia clínica del actor así como los estudios realizados y que constan en la causa penal. Se realizó una rinoplastía pero no superó la deformación nasal derivada del hecho. Según el perito, una nueva intervención quirúrgica tampoco aseguraría la desaparición de la deformidad (fs. 190/1). El peritaje no fue impugnado.

A su vez, la pericia psicológica detectó la existencia de diversos tipos de neurosis, que implican incapacidades parciales diversas. Además, recomendó la realización de tratamientos psicológicos (ver fs. 101/2).

Con estos elementos, y teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima, considero razonable la indemnización fijada en primera instancia para compensar los daños referidos. No puedo aceptar la propuesta de los actores de sumar los distintos porcentuales, pues esta sala desestima semejante método.

En efecto, resolvió este tribunal que el porcentaje de menoscabo a la víctima establecido en la pericia médica sirve como argumento simplemente aparente para la determinación del "quantum" de la indemnización, pero es el juez el que, a partir de aquélla, debe comprender qué posibilidades de actividad restan al damnificado y cuáles ha perdido como consecuencia del hecho (2/5/2000, Tan, Nancy Beatriz v. CUSA /Transporte Colectivo de Pasajeros L. 106 s/Daños y perjuicios, citado por la juez de primera instancia).

En suma, propongo que se confirme lo resuelto al respecto.

Suscita también agravios de la parte actora lo decidido sobre los gastos. En reiteradas oportunidades se ha dicho que los gastos de traslado, farmacia y tratamiento no necesitan de una prueba especial, ya que se presume su realización. La a quo, en uso de sus facultades fijó por este concepto la suma de $800, que critican aquellos señalando que hubo una larga internación y la necesidad de someterse a una intervención reparadora.

Si bien esto es cierto, también observo que la víctima fue asistida en un hospital público, y luego en una clínica de una entidad de medicina prepaga. Me llama la atención que si los padres realizaron gastos extraordinarios, no hayan traído al juicio las facturas que los comprueben. Se limitan a afirmar que "se encuentra suficientemente probada la magnitud de los mismos a través del medio de prueba idóneo, como lo es el informe pericial" (ver fs. 298).

Entiendo que si la cirugía reparadora fue costeada por ellos (los padres) debieron ya acreditarlo en forma expresa, ya que lo que se puede presumir, sin necesidad de una prueba especial, son aquellos gastos mínimos y razonables.

Sin perjuicio de lo expuesto, teniendo en cuenta lo sucedido, y ejerciendo también con prudencia la facultad-deber que otorga el Código Procesal, propongo elevar a $1.500 la indemnización comprensiva de los gastos.

Por lo demás, lo relativo al costo del tratamiento psicológico fue resuelto por separado, y la cantidad de $7.000 admitida por la a quo me parece harto razonable.

Finalmente, también se cuestiona la indemnización del daño moral, reputada insuficiente por el actor.

La valuación del daño moral no está sujeta a cánones estrictos y corresponde a los jueces establecer prudentemente su quantum. Para ello, deben tener en cuenta la gravedad de la lesión padecida, su función resarcitoria, y el principio de reparación integral. Ninguna relación forzosa existe entre el perjuicio material y moral; ambos cuentan con presupuestos propios y concurren a su determinación por razones diferentes.

Teniendo en cuenta las pautas referidas, considero que es razonable la cantidad fijada por la a quo y que los agravios no pueden progresar.

Por todo lo expuesto, propongo que se eleve a la suma de pesos mil quinientos ($1.500) la indemnización por gastos de farmacia, tratamientos y traslados, y que se la confirme en todo lo demás que decide; con costas de esta instancia al demandado en un 80%, teniendo en cuenta la índole de los planteos y la suerte corrida por ellos (art. 68, párrafo segundo del Código Procesal).

Los doctores Jorge Alberto Mayo y Jorge A. Giardulli por las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper, adhieren al voto que antecede.

Y Visto, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: Elevar a la suma de pesos mil quinientos ($1.500) la indemnización por gastos de farmacia, tratamientos y traslados y confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide; con costas de esta instancia al demandado en un 80%, teniendo en cuenta la índole de los planteos y la suerte corrida por ellos (art. 68, párrafo segundo del Código Procesal). - Jorge Alberto Mayo. - Jorge A. Giardulli. - Claudio M. Kiper.