Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-03-11


--- En la ciudad de Trelew, a los días de marzo del año dos mil trece, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López Mesa y la presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "L., M. E. c/ I., J. I. y/o q´rte. titular de A. G. S. s/ dif. de hab. e Indem. de Ley" (Expte. 10 - año 2013 CAT), venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 215. A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó:	I.- El Señor Juez de Primera Instancia concluyó que la extinguida relación laboral entre las partes, desarrollada en el espacio de una granja avícola dedicada a la obtención de huevos para el consumo, fue regida por la L.C.T. y el C.C.T. 28/89, convención esta de los trabajadores de la industria de la alimentación, rama "Revisación - clasificación - procesado de huevos". Sobre esa base conceptual, el sentenciante hizo lugar a los reclamos de remuneraciones adeudadas, diferencias salariales, indemnizaciones ordinarias derivadas del despido directo sin causa, indemnizaciones especiales de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, salarios por feriados nacionales laborados, así como al reintegro de gastos afrontados por el trabajador en razón de la no provisión por el empleador de la ropa de labor prevista en el art. 54 del C.C.T. 28/89.-	II.- Apeló tal decisión el demandado perdidoso, quien centró su principal agravio en el encuadre legal y convencional elegido, sosteniendo, en apretada síntesis, que las tareas del actor fueron desarrolladas en el ámbito rural y consistieron fundamentalmente en el cuidado de gallinas ponedoras, actividad comprendida en el marco legislativo autónomo del Régimen Nacional del Trabajo Agrario y regida especialmente por la Res. n° 170/89 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, suerte de paritaria permanente cuyas decisiones sustituyen en ese espacio laboral a la convenciones colectivas propias de otras actividades. Añadió que, contra lo aseverado por el sentenciante de origen, el C.C.T. 28/89 no resulta más específico para dicha ocupación, pues él contempla las labores de industrialización del huevo de gallina y no las de su producción. Con tal cimiento argumental peticionó la revocación del fallo en crisis, a fin de eliminar de la condena los rubros correspondientes a un marco normativo equivocado.-	Atacó también el recurrente la condena al pago de la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, objetando que no han concurrido en la especie sus presupuestos de procedencia, puesto que la indemnización de despido fue espontáneamente abonada por el empleador, que a la vez depositó el importe de la liquidación final en la Subsecretaría del Trabajo de la Provincia. A todo evento, solicitó el apelante la exención del incremento de marras ante la existencia de causas justificadas para ello, a tenor de lo previsto en el precepto mencionado.-	Por último, cuestionó el quejoso la distribución de las costas, por entenderla inadecuada al grado de vencimiento sufrido por el actor.-	III.- Acerca de la cuestión debatida en autos he tenido ocasión de pronunciarme ya en un caso sustancialmente análogo a éste, pleito generado contra igual demandado que aquí, en el que participaron los mismos letrados y en el que la sentencia de primera instancia, inspirada en criterio idéntico a la pronunciada en la presente litis, fuera revocada por este Sala (causa "A., N. R. c/ I., J. I. y/o titular de 'A. G. S.' s/ dif. de hab.", expte. 22.043, S.D.L. 24/07 del 18/4/07). No me queda pues sino reiterar conceptos.-	Cabal razón asiste al impugnante en su ataque al marco normativo de la relación seleccionado por el juzgador del previo grado.-	La Ley de Contrato de Trabajo y las convenciones colectivas celebradas regulan las relaciones de trabajo comunes pertenecientes a ámbitos tales como la industria y el comercio, mientras que la Ley 22.248 -que regía a la época de los hechos de esta causa- establecía un régimen especial para el trabajo rural, partiendo de la concepción de que se trata de una relación laboral de caracteres bien distintos a aquéllas, lo que justifica una regulación totalmente independiente de la ley general. Idéntico criterio ha sido seguido en la nueva Ley 26.727 (vide arts. 2, inc. "b" y 100 de la misma y el nuevo texto que su art. 104 diera al art. 2, inc. "c" de la L.C.T.).	-	Para definir el espacio abarcado por el trabajo agrario el legislador adoptó un criterio geográfico y, a la par, otro profesional. "Habrá contrato de trabajo agrario cuando una persona física realizare, fuera del ámbito urbano, en relación de dependencia con otra persona, persiguiere o no ésta fines de lucro, tareas vinculadas principal o accesoriamente con la actividad agraria..." rezaba el art. 2 del R.N.T.A. (los destacados me pertenecen). De forma similar, aunque más precisa, reglan hoy la cuestión los arts. 5 y 6 de la Ley 26.727 al definir el primero de ellos la actividad agraria -como toda aquella dirigida a la obtención de frutos o productos primarios a través de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, sin que media proceso industrial y en tanto se desarrollen en ámbitos rurales- y brindar el segundo la definición de ámbito rural.-	Ambos requisitos concurren en el subexamen. De un lado, contestes están las partes en que el actor se desempeñó en la zona rural de Gaiman, concretamente en la Chacra n° 193. Del otro, sus labores fueron relativas a una de las especializaciones de la actividad agraria, prevista incluso expresamente en los recordados artículos: la avícola; con tal cláusula el legislador buscó poner punto final de una divergencia que provocaran respecto del encuadre de la avicultura encontrados fallos (confr.: Maiztegui Martínez, "El trabajador rural", Rubinzal - Culzoni 2005, pág. 46).-	Es más, a precisar el enmarque de la avicultura en la actividad agraria ha venido la Res. n° 170/89 de la C.N.T.A., mediante la cual fueron aprobadas las condiciones generales y especiales de trabajo en ella, así como la denominación y descripción de las tareas que comprende. El art. 1° de dichas condiciones es definitorio en el caso, en tanto al delinear el espacio subjetivo de aplicación hace referencia a quienes desarrollen tareas en establecimientos avícolas que "ocupen personal dedicado a la producción de huevos". Esta es precisamente la actividad a la que está dedicado el establecimiento del demandado cual las partes están contestes.-	Y no menos dirimente resulta el art. 14 de la mentada resolución, que al indicar las tareas propias del personal de producción enumera, entre otras asignadas al trabajador no calificado, las de dar de comer a las ponedoras, juntar huevos y retirar aves muertas. Dichas faenas eran las que el actor desarrollaba, según él mismo alegara en su escrito de demanda. Cierto es que el demandante adujo realizar también la labor de clasificación de huevos "separando normales de los cascados y aquellos que quedaban sólo con membrana coclear, es decir que no alcanzaban a formar cáscara" (fs. 5), pero tales operaciones no entrañan una auténtica clasificación, sino la primaria "selección de descarte" prevista entre las tareas propias del trabajador semi-calificado de producción (art. 14, cap. "Personal de producción", inc. 2 de la Res. n° 170/89 C.N.T.A.).-	Así entonces, concluyo que la relación laboral entre las partes fue regida por la citada normativa del trabajo agrario, resultando improcedente la aplicación extensiva de la L.C.T. a quien se encontró comprendido dentro del régimen instituido por la Ley 22.248, lo que importaría la violación de lo expresamente establecido en el art. 2 inc. "c" de la primera y art. 3 del segundo (confr.: S.C.B.A., D. J. B. A. 147-6372).-	Tal conclusión no es conmovida por los preceptos del C.C.T. 28/89, que, mal grado lo argumentado en la sentencia atacada, no es más específico para las labores desarrolladas por el actor. Dicha convención comprende a los trabajadores y empleados prestadores de servicios "en la actividad Revisación - Clasificación - Procesado de Huevos" (art. 1), que abarca las tareas de "industrialización, conservación" del producto (art. 5) y que se inicia con la "recepción del huevo" en el establecimiento (art. 22), siendo labores asignadas al operario semi-calificado -categoría en que el demandante alegó revistar (fs. 6, pto. IV)- "las de carga y descarga en general; mesa y mandadores de huevos; cajonero y embalador; operarios de cámara frigorífica" (art. 14), todas ellas bien distintas a la de producción de huevos donde se desempeñaba el actor.	-	Si algún solapamiento entre las citadas disposiciones existe lo es a propósito de la clasificación de los huevos, pero tal tarea la contemplan ambas normativas para su desarrollo en ámbitos distintos: en establecimientos industriales y comerciales el C.C.T. 28/89 y en establecimientos rurales la Res. n° 170/89 C.N.T.A. y aquí entra en la liza el criterio geográfico que para delimitar la esfera de aplicación del R.N.T.A. consagrara el legislador.	-	Por lo demás, la aparente concurrencia de normativas no da lugar a la aplicación del principio de interpretación sentado en el art. 9 L.C.T., puesto que el mismo está reservado exclusivamente para los casos de duda y su proyección y aplicabilidad exige una previa hermenéutica de la norma examinada (confr.: C.S.N., D. T. 1997-A-729, con comentario al pie de Carlos Pose), mientras que en la especie no promedia una real dubitación, ya que cualquier inicial vacilación del ánimo que generen los preceptos es prestamente despejada por la lectura atenta de ellos, reveladora de que ambos rigen en distintos ámbitos geográficos y profesionales.	-	IV.- A partir del indicado encuadre de la relación laboral de autos, hemos de descartar rubros salariales e indemnizatorios que el sentenciante de la anterior instancia acogiera y recalcular los importes de otros.-	Así, deben desagregarse del monto de la condena las diferencias salariales, reclamadas sobre la base de una improcedente aplicación del mentado C.C.T. 28/79.	-	Con todo, debe ser mantenida la condenación a abonar diferencias salariales por los dieciocho días del mes de junio de 2004 durante los cuales perdurara el vínculo, bien que por importe menor al que determinó el "a quo". Es que vista la remuneración mensual de $660 entonces vigente, esos salarios de dieciocho jornadas ascendieron a $ 396, los que restados los $ 330 pagados (fs. 27 doc. res.) dejan un saldo de $ 66.-	Corresponde también detraer la indemnización por omisión de preaviso y la integración de los días faltantes para la terminación del mes del despido, inexistentes en el orden de la labor rural por reemplazarla el plus del art. 76 inc. "b" del R.N.T.A., incremento este que fuera pagado (fs. 22 doc. res.).-	Tampoco hay espacio para las diferencias sobre el s.a.c. proporcional y vacaciones no gozadas, que fueron bien abonadas de acuerdo a las previsiones de los arts. 23 y 42 del R.N.T.A., 1° de la Ley 23.041 y 1° del Dec. 1.078/84 (fs. 27 doc. res.).	-	Cabe igualmente suprimir el reintegro de gastos por falta de entrega de la ropa de trabajo, pues la previsión del art. 54 del C.C.T. 28/89 resulta inaplicable al actor, quien no fue, lo reitero, trabajador de la industria de la alimentación.	-	Tocante a la indemnización por despido, ella debió ascender a la suma mínima equivalente a dos meses de sueldo, conforme lo establecía el art. 76 inc. "a", parte final, del R.N.T.A.(texto del art. 155 de la Ley 24.013), es decir a $ 1.320, resultando insuficiente el pago de $ 660 documentado a fs. 22 doc. res. Sin embargo, no es dado a este cuerpo condenar al abono de la diferencia insoluta, pues el juzgador del otro grado dio por inexistente tal diferencia en perjuicio del trabajador -concluyendo en cambio que la había a su favor (ver fs. 202 vta., renglón 3ero.)-, de modo que pronunciar dicha condenación por la Cámara importaría incurrir en la vedada reforma en perjuicio del apelante, que, como manifestación de la garantía de la defensa en juicio, constriñe a la alzada impidiéndole empeorar la situación del apelante en circunstancia que no ha mediado recurso de su contrincante. La agravación del perjuicio al vencido por conducto del propio alzamiento -sin el cual el "ad quem" no habría conocido del proceso- lesionaría la equidad y la base en que se asienta el esquema de la doble instancia, cuya finalidad es enmendar los agravios causados al apelante por una sentencia errónea, mas no beneficiar a quien se manifestó conforme con ella al consentirla (confr.: Morello y otros, "Códigos Procesales...", 2da. ed., III-109).-	El rubro especial del art. 2 de la Ley 25.323 debe ser mantenido, a pesar del agravio del demandado. Ello en razón de que si bien la indemnización por despido fue abonada sin retraso, es cierto, lo fue en forma parcial, toda vez que -acabo de exponerlo precisamente- de acuerdo al art. 76 inc. "a", parte final, del R.N.T.A.(texto del art. 155 de la Ley 24.013) hubo de alcanzar la suma de $ 1.320 y no los $ 660 pagados. El art. 2 de la ley 25.323 no distingue entre pagos totales y parciales y, sabido es, "ubi lex non distinguit, nec non distinguere debemus". Y tampoco habría correspondido técnicamente que el legislador distinguiera, eximiendo de la consecuencia de aquella norma a quien pagara parcialmente. Paga quien cumple la prestación que hace el objeto de la obligación y para ello debe entregar al acreedor lo adeudado en su integridad y no parcialmente, de manera que si lo entregado es algo incompleto habrá incumplimiento (arts. 725, 742 Cód. Civ., su doc.). Ello se vigoriza si cabe en la esfera del derecho laboral en general, en la que la integridad de los montos a abonar es especialmente considerada (arts. 130 a 135, 260 L.C.T.), y rige igualmente en la órbita del trabajo agrario cual demuestran las normas que fueran incluidas en los arts. 32, 35, 36 y, especialmente, 130 R.N.T.A., disposiciones para las remuneraciones aplicables por analogía a las indemnizaciones (art. 16 Cód. Civ.) y que tienen carácter imperativo por ser de orden público y, en consecuencia, resultan irrenunciables por el trabajador y no discrecionales para el empleador (confr.: López - Centeno - Fernández Madrid, "Ley de Contrato de Trabajo", Ed. Contabilidad Moderna 1978, II-448). Ahora bien, de acuerdo al referido art. 2 de la Ley 25.323 esta indemnización especial debería alcanzar al 50 % de la ordinaria por despido, en la especie entonces a $ 660, mas como aquí el juzgador del previo grado la fijó en $ 376,75 y a la alzada le está impedida, lo recordé ya, "reformatio in peius", hemos de dejar subsistente este último importe.-	Habrán de ser liquidados nuevamente los salarios correspondientes a los nueve días laborados por el actor durante el mes de enero de 2004, según sentenciara el "a quo" en decisión que ganara firmeza por falta de agravios al respecto. Atendiendo al monto salarial vigente en aquella época, su importe cabe fijarlo en $ 174,20.-	Lo propio acontece con la suma debida a consecuencia del trabajo del demandante en días feriados nacionales (art. 26 del R.N.T.A.). Mas aquí sólo son computables los feriados nacionales del 5 y 9 de abril y 1° y 25 de mayo del 2004, no así el Día del Trabajador de la Industria de la Alimentación consagrado en el art. 4 del C.C.T. 28/89 por no haberse hallado el actor comprendido en la citada convención colectiva. Teniendo en cuanta las escalas salariales vigentes en los aludidos meses, el importe del ítem asciende a $ 84.	-	Firme ha quedado igualmente la condena a pagar la indemnización especial del art. 1° de la Ley 25.323. No corresponderá sin embargo reliquidarla en el caso, pues a tenor del resarcimiento reglado en el art. 76 del R.N.T.A. y la constancia de fs. 22 doc. res. ella debería ascender a $ 660, esto es una suma mayor a los $ 642,20 a cuyo pago el sentenciante de la otra instancia condenara. Mal podría esta alzada realizar tal modificación del decisorio en crisis por estarle prohibida, lo reitero nuevamente, el agravamiento en perjuicio del recurrente.-	Por lo expuesto considero que el monto de la condena debe ser reducido a la suma de $ 696,70.-	V.- Por las razones expuestas, considero que la sentencia atacada debe ser parcialmente revocada, a fin de reducir el capital de la condena en la suma de $ 696,70.

De ser compartido mi criterio, por imperio del art. 282 C.P.C.C. habrán de adecuarse a esta nueva decisión la condena en costas pronunciada y los honorarios regulados en la anterior instancia. Ello tornará cuestión abstracta la propuesta por el apelante con el tercero de sus agravios.-	A propósito de las costas pondré de resalto que el demandante resulta triunfador en muy escasa medida y derrotado en mucha mayor proporción. En efecto, terminan prosperando sólo cinco de sus reclamos -salarios del mes de enero de 2004, diferencias salariales de junio del mismo año, remuneraciones por trabajo en feriados nacionales e indemnizaciones de los arts. 1 y 2 de la Ley 25.323- y ello por importes notablemente inferiores a los pretendidos, mientras que sus restantes ocho reclamaciones son finalmente desestimadas "in totum". En síntesis, una demanda por un capital de $7.507,62 prospera finalmente por $ 696,70 -9,27 % de lo pretendido-, resultando desestimada por $ 6.810,92, esto es por el 90,73 %.-	Ante ese progreso tan fragmentario de la demanda el vencimiento parcial y mutuo aparece patente, ya que tanto el actor como el demandado han resultado parcialmente derrotados en las respectivas medidas del rechazo y acogimiento de las pretensiones deducidas y de las defensas articuladas, (confr.: Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Depalma 1998, pág. 123). Ello que autoriza la distribución prudencial de las costas a tenor del art. 72 C.P.C.C., resultando equitativo imponerlas al actor en las porciones de la demanda que se desestiman y al demandado en las fracciones de ella que son acogida, doctrina que sentáramos en el caso "P. vs. P. R. y otra" (c. 16.434 S.D.L. 66/00), reiterada luego en numerosos precedentes (c. 17.556 S.D.L. 45/01, c. 17.781 S.D.L. 17/02, c. 18.409 S.D.L. 3/03, c. 19.751 S.D.L. 51/04, c. 20.514 S.D.L. 43/05, c. 21.588 S.D.L. 47/06, entre otros).-	En cuanto a los honorarios, teniendo en cuanta la extensión, calidad y resultado de las tareas profesionales desarrolladas, caracteres con que se las cumpliera y etapas en que se lo hiciera, propondré fijarlos por la porción en que la demanda prospera y en beneficio de los Dres. J. P. R., D. P. R. y G. H. U., en las sumas respectivas equivalentes al 7,50 %, al 7,50 % y al 10 % del monto total de condena que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución. Ello así en razón que cotejados los mínimos establecidos por el art. 7 de la Ley XIII nº 4, según la reforma de la Ley XIII nº 15, con el monto total del pleito, surge evidente lo desproporcionado e irrazonable de los emolumentos que resultarían de aplicarse aquéllos. Por lo tanto, considerando el tope máximo previsto para la regulación de honorarios en primera instancia (25%) establecido por el art. 505 últ. párr. Cód. Civ., y lo dispuesto por los arts. 13 y 15 de la ley 24.432, propondré regular los honorarios en los importes indicados (arts. 5, 6, 6 bis, 8, 18 de la Ley del Arancel; esta sala, c. 249/11 S.I.E. 26/11, c. 272/11 S.D.L. 28/11).-	Por la fracción de la demanda rechazada, en favor del Dr. G. H. U., propiciaré establecerlos en la suma equivalente al 17 % del monto desestimado y sus intereses a liquidarse hasta la data de este fallo por aplicación de la tasa utilizada por el Banco del Chubut S. A. en sus operaciones de descuento ((arts. 6, 7, 9, 18 de la Ley XIII n° 4; esta alzada, c. 18.739 S.D.C. 45/03), sin que corresponda en cambio determinar emolumentos para los Dres. J. P. R. y D. P. R. por estos segmentos del pleito, vista la condena en costas a su cliente y la vinculación de ambos por el pacto de cuota litis de fs. 3, cuya validez jurídica fuera reconocida en autos mediante la resolución judicial homologatoria de fs. 15 (art. 4 ley cit.).-	Al progresar el principal agravio expresado por el recurrente, resultando en cambio desestimados otros dos de cuantía menor, promedia en esta segunda instancia un vencimiento parcial y mutuo que autoriza a compensar las costas de ella declarándolas en el orden causado (art. 72 C.P.C.C.).-	Propondré regular los honorarios del Dr. G. H. U., por sus labores profesionales de alzada relativas a la porción de la demanda que progresa y atendiendo a las pautas apreciativas ya citadas, así como a la establecida en el art. 13 de la ley arancelaria, en la suma equivalente al 2,50 % del monto total de condena que resulte de la liquidación a practicarse. Por sus tareas de segunda instancia relacionadas con el fragmento de la demanda rechazado en la suma equivalente al 5,10 % de los importes desestimados, con más sus intereses a liquidarse.-	Finalizo pues el tratamiento de esta cuestión primera expidiéndome en ella PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.-	A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Presidente de la Sala A, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: --------------------------	--- Que las cuestiones fácticas han sido suficientemente referidas por el colega de primer voto, motivo por el cual no abundaré en ellas, dando por reproducidos aquí los desarrollos efectuados al respecto por el Dr. Velázquez. Me concretaré, para el sustento individual de mi voto, a analizar los aspectos relevantes traídos a revisión de esta Sala.- --- El apelante cuestiona el encuadre normativo dado al contrato de trabajo sub lite por el a quo. No le falta razón en sus embates contra el mismo.	--- El trabajo rural no es un trabajo más, ni uno cualquiera. A tal punto es ello así que es un trabajo que ha merecido una ley específica, por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo; esta última declara en su art. 2 que "Las disposiciones de esta ley no serán aplicables: a) a los dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo; b) a los trabajadores del servicio doméstico; c) a los trabajadores agrarios".	--- El legislador, a tono con la especialidad de algunas labores, ha establecido en la Ley 20744 -de Contrato de Trabajo- y en las convenciones colectivas pactadas por los sectores en juego, un marco normativo regulatorio de las relaciones laborales ordinarias, dejando a aquellas que por su especialidad no se amoldan al régimen común, deferidas a una regulación específica que captara mejor sus particularidades; en el caso del trabajo agrario ello se produjo antes por Ley 22.248 y desde el 27/12/2011 por Ley 26.727.	--- Las sucesivas normas regulatorias de la actividad agraria han previsto un ordenamiento integral del trabajo del sector, el que es bastante hermético o parcialmente refractario a las disposiciones de la ley laboral común, como surge expresamente del art. 2 inc. b de la Ley 26727, que dispone que "El contrato de trabajo agrario y la relación emergente del mismo se regirán: a) Por la presente ley y las normas que en consecuencia se dictaren; b) Por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. 1976), sus modificatorias y/o complementarias, la que será de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga al régimen jurídico específico establecido en la presente ley;.".	--- El ordenamiento regulatorio del trabajo, antes Ley 22248 y ahora la mencionada en último término, receptan la idea de que la de trabajo agravio constituye una relación de empleo que presenta marcadas diversidades con la estructurada por el régimen común, lo que ha llevado al legislador a darle una regulación autónoma del régimen general.	--- Por ende, bien se ha decidido que -como regla general- es inatendible la pretensión de la aplicación extensiva de la Ley de Contrato de Trabajo a quienes se encuentran comprendidos dentro del régimen de trabajo agrario -ley 22248- sin atender a lo establecido expresamente en contrario por los arts. 3 ley 22248 y 2 inc. c ley 20744 , t.o. - (Sup. Corte Bs. As., 13/09/1994, Gómez, Carlos v. Parra Hnos., JA 1995-III, síntesis).	--- Es importante entonces, para definir las esferas de aplicación de cada norma, recordar que para delimirar el campo del trabajo agrario el legislador ha seguido una tesitura dual: en primer lugar, profesional y, en segundo, estrictamente geográfica, aunque en este caso definida por la negativa a una actividad y por un ámbito determinado, el medio rural.--------------------------------------- --- Sobre estos dos pivotes, el legislador ha establecido en el art. 5º de la Ley 26727 que "Actividad agraria. Concepto. A los fines de la presente ley se entenderá por actividad agraria a toda aquella dirigida a la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que éstos no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanto se desarrollen en ámbitos rurales".------------------------------ --- Completando esta manda dice el art. 6º de la Ley 26727 que "Ambito rural. Definición. A los fines de la presente ley, se entenderá por ámbito rural aquel que no contare con asentamiento edilicio intensivo, ni estuviere efectivamente dividido en manzanas, solares o lotes destinados preferentemente a residencia y en el que no se desarrollaren en forma predominante actividades vinculadas a la industria, el comercio, los servicios y la administración pública. Sólo a los efectos de esta ley, se prescindirá de la calificación que efectuara la respectiva autoridad comunal".----------------------------------- --- Analizadas las constancias del caso de autos, surge claro que no existiendo discrepancia entre las partes acerca de que el trabajador hoy accionante desarrolló su trabajo para la accinoada en la zona rural de Gaiman -C. n° ***-, así como que sus actividades se enderezan a una de las actividad que la normativa agraria capta, esto es, la actividad avícola.	--- A la luz de la normativa referida es dable conceder que los requisitos legales para la aplicación de la normativa agraria se hallan presentes en este caso.--------------------------- --- Habiendo el legislador establecido expresamente que la actividad avícola se encuadraba en esta norma especial, cesan las disquisiciones y sutilezas a su respecto.- --- Por si cupiera alguna duda, que no cabe, la cuestión es captada por la Resolución N° 170/89 de la C.N.T.A., que indudablemente contempla como trabajo agrario a personal de establecimientos avícolas que ocupen personal dedicado a la producción de huevos (cfr. arts. 1 y 14 de la mencionada resolución).-------------- --- Por ende, la relación laboral entre los sujetos procesales de autos queda bajo la égida de la ley especial del trabajo agrario y no dentro del encuadre común de la L.C.T.- --- A partir del indicado encuadre de la relación laboral de autos, hemos de descartar rubros salariales e indemnizatorios que el sentenciante de la anterior instancia acogiera y recalcular los importes de otros.------------------------------- --- En tal situación, corresponde detraer del capital de condena fijado en el grado las diferencias salariales, que fueran reclamadas con pie en la aplicación de normas comunes, ajenas al ámbito del trabajo agrario.--------------- --- En cambio, procede mantener la condena a pagar diferencias salariales por dieciocho días del mes de junio de 2004, en los que el vínculo laborativo continuara vigente; sin embargo, tales diferencias alcanzan a una menor cuantía de la establecida por el juez de grado.-------- --- Ocurre que dada la remuneración mensual de seiscientos sesenta pesos que en su momento regía, los salarios de 18 días ascendieron a $ 396, los que deben detraerse de los trescientos treinta pesos pagados (cfr. fs. 27 de la documentación reservada), arrojando un saldo insoluto de sesenta y seis pesos.-	--- Igualmente procede descontar la indemnización por omisión de preaviso y por integración de los días restantes para el fin del mes del despido, por ser tales rubros inexistentes en el ordenamiento laborativo agrario (arg. C. Nac. Trab., sala 10ª, 31/10/2000, "Santa Cruz, Luis v. San Sebastián S.A. S/ despido", AbeledoPerrot online). --- Similar solución procede dar a las diferencias sobre el s.a.c. proporcional y vacaciones no gozadas, que no son regidas por la Ley 20744, sino por el ordenamiento especial, por lo que fueron satisfactoriamente saldadas, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 23 y 42 del R.N.T.A., art. 1, Ley 23.041 y 1, Dec. 1.078/84 (cfr. fs. 27 de la documental reservada).	--- Lo propio ocurre con el reintegro de gastos por falta de entrega de la ropa de trabajo, al no quedar el accionante captado por el art. 54 del C.C.T. 28/89, el que le resulta inaplicable al mismo, al no ser éste un trabajador de la industria de la alimentación, sino un trabajador agrario o rural.-------------------------------------- --- En cuanto al resarcimiento por despido, éste era de dos meses de sueldo, conforme lo dispuesto por el art. 76 inc. "a" in fine R.N.T.A. -texto art. 155, Ley 24.013-, lo que totaliza en el caso la suma de pesos un mil trescientos veinte ($ 1.320), ante lo cual se aprecia insuficiente el pago de $ 660 que se acredita a fs. 22 de la documental reservada.--------------------- --- Pese a ello, no puede entrar esta alzada a analizar esa cuestión, ya que ello implicaría en el caso plasmar una prohibida reformatio in pejus, conducta que los jueces tienen terminantemente prohibida.------------------------------- --- En lo tocante al art. 2, Ley 25.323, el resarcimiento del rubro ha de ser confirmado, pese al cuestionamiento del apelante, dado que pese a haber sido pagada en tiempo la indemnización por despido, al serlo en forma insatisfactoria por parcial o insuficiente, conforme ya se expusiera supra. -------------------------------- --- El art. 2 de la ley 25.323 en su primer párrafo establece que "Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6 y 7 de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%..."---------- --- Toda vez que la norma no distingue entre un pago parcial o una ausencia de pago en absoluto y ambas situaciones llevan al acreedor a demandar judicialmente, dado que en el caso se le abonó al actor una indemnización insuficiente, ella se corresponde con esta indemnización agravada.	--- El pago es uno de los medios de extinción de las obligaciones que contempla el art. 724 CC, que contiene una enumeración claramente no taxativa.	--- El pago disuelve la relación contractual que existe entre las partes, realiza la obligación y, al realizarla, la liquida; con el pago, por tanto, el vínculo alcanza su plenitud y a partir de entonces, deja de surtir efectos, salvo la subsistencia de la responsabilidad por evicción y vicios ocultos, o la posibilidad de la ulterior invalidación del pago que hace renacer la obligación (C. Nac. Civ., sala I, 7/5/1996, LL 1997-D-450). El pago es un acto jurídico y no un hecho, pues si así se lo considerara, no tendrían cabida los vicios de error, dolo y violencia, que afectan a los actos voluntarios y no a los hechos jurídicos, y quedaría abolida por falta de aplicación toda la teoría del pago por error y del pago obtenido por maniobras dolosas, fuerza o intimidación (Sup. Corte Just. Mendoza, sala 1ª, 4/7/1984, ED 110-520, disidencia Dra. Kemelmajer de Carlucci).	--- Los medios legales en cuya virtud se extinguen las obligaciones han sido clasificados por los autores de diferentes maneras. Pero existen dos clasificaciones que se destacan de las restantes y diferencian a los medios de extinción de acuerdo a los siguientes parámetros:	A) Según si producen o no el cumplimiento de la obligacion. En estos casos, la extinción de la obligación se produce mediante su cumplimiento (directo o indirecto), en el caso del pago, de la dación en pago, de la compensación, de la confusión de la novación, de la transacción.	--- Y la extinción de la obligación se produce sin cumplimiento de ella, en los casos de la remisión de la deuda, de la imposibilidad de pago, de la renuncia de los derechos del acreedor, de la prescripción, de la nulidad (BUFFELAN-LANORE - LARRIBAU-TERNEYRE, por ej) (BUFFELAN-LANORE, Yvaine - LARRIBAU-TERNEYRE, Virginie, "Droit civil. Les obligations", 12ª ed., Sirey, París, 2010, pp. 167 y ss., n°s. 472 y ss.).	--- Ha podido verse que hay medios extintivos obligacionales satisfactivos y no satisfactivos del acreedor; esto es, que todo medio extintivo produce la extinción de la obligación, pero algunos dejan insatisfecho al acreedor, por ejemplo, la prescripción de la acción, la imposibilidad de pago, etc.	--- En el marco de esta clasificación, el pago no es un medio extintivo más sino que es el medio "natural" de extinción de las obligaciones. Es un medio satisfactivo de extinción obligacional.	B) Según si actúan o no de pleno derecho. Medios extintivos que actúan de pleno derecho o "ipso iure", son el pago o la novación, por ejemplo.	--- En cambio, otros funcionan por vía de excepción, como la prescripción, por ejemplo, que requiere su invocación por el deudor interesado en producir su efecto extintivo.------ --- En dicho encuadre, el pago es un medio extintivo que actúa de pleno derecho.-------- --- Agudamente ha expuesto el maestro CASTÁN TOBEÑAS que "la teoría de la extinción tiene gran relieve dentro del Derecho de las Obligaciones, por razón de que, a diferencia de los derechos reales, que tienen, por regla general, una duración ilimitada., los de crédito, son de naturaleza transitoria, ya que solo persiguen satisfacer el interés del acreedor mediante la prestación del deudor o su equivlente económico. Llamamos medios o causas de extinción de la obligación los distintos hechos o negocios en virtud de los cuales la obligación deja de existir. En este sentido general son, pues, causas de extinción todas aquellas que ponen fin a la relación obligatoria ya constituida (a diferencia de las causas de nulidad, que operan sobre una relación originariamente ineficaz)." (CASTÁN TOBEÑAS, JOSÉ, "Derecho civil español común y foral", 16ª edición, Edit. Reus, Madrid, 1992, T. III, PP. 400/405).	--- Al igual que el nacimiento, la extinción de las obligaciones constituye una etapa necesaria en la vida de éstas, las que por así decirlo nacen para extinguirse.	--- Con estilo ha escrito Giorgi que "Nacimiento, vida, muerte, son los tres fenómenos con que todo ser se manifiesta y realiza su carrera en este mundo sublunar. El ente abstracto tanto como el físico, el derecho tanto como la persona o la cosa, la obligación tanto como el derecho patrimonial" (GIORGI, Jorge, "Teoría de las Obligaciones en el derecho moderno", Reus, Madrid, 1930, Tomo 7, p. 11).	--- Y De Ruggiero ha enseñado que "el derecho de crédito es por su naturaleza una relación perecedera, no vive perpetuamente, su fin es proporcionar al acreedor una ventaja patrimonial y cuando realiza ese fin, cuando satisface el interés del acreedor, el vinculo carece de razón de ser, de objeto" (DE RUGGIERO, Roberto, "Instituciones de Derecho Civil", Madrid, Reus, sin fecha, Tomo 2, vol. 1, parag. 80, p. 214).------------------ --- Así, los medios de extinción de las obligaciones son los hechos o negocios en virtud de los cuales la obligación deja de existir: con la extinción de la obligación se producen dos efectos importantísimos: el deudor recupera su libertad jurídica y el acreedor pierde un derecho patrimonial. Con la extinción de la obligación el deudor deja de estar sometido al derecho del acreedor y recupera su plena libertad.	Pero no cualquier pago posee efecto liberatorio. De tal modo, para gozar de efecto cancelatorio el pago debe cumplir cuatro requisitos:	a)	Identidad: debe ser idéntico al objeto debido;	b)	Integridad: debe él ser íntegro y no parcial;	c)	Puntualidad: debe ser puntual, es decir, respetar el tiempo acordado para ser efectuado; y	d)	Localización: debe efectuarse en el lugar designado al efecto.	--- Un pago que cumpla estos cuatro requisitos tiene efectos cancelatorios plenos.	--- En el caso que nos convoca el pago ha sido parcial, lo que afecta su efecto cancelatorio pleno, lo que además es especialmente exigible en el marco del derecho laboral donde nos hallamos y donde rige una norma como el art. 260 LCT, de aplicación subsidiaria al caso, dado que no colisiona con normas especiales.	--- El carácter parcial del pago de la indemnización por despido detona en el caso la aplicabilidad del agravamiento indemnizatorio previsto por el art. 2, Ley 25.323, reparación especial que alcanzará al 50 % de la ordinaria derivada del despido, en la especie entonces a $ 376,75, que fueran fijados incorrectamente por el juez de grado, pero que a esta Sala le está vedado modificar en perjuicio del apelante.	--- Deberán ser liquidados de nuevo los emolumentos derivados de los nueve días trabajados por el accionante en el mes de Enero de 2004, importe que debe fijarse en la suma de pesos ciento setenta y cuatro con veinte ($ 174,20).-	--- Igualmente sucede con el monto debido por el desempeño del actor en días feriados nacionales (art. 26 R.N.T.A.), siendo en este caso solamente admisibles los feriados nacionales del 5 y el 9 de Abril y del 1° y el 25 de mayo del 2004, debiendo denegarse el pago del Día del Trabajador de la Industria de la Alimentación, que fuera reclamado y que no procede abonar, dado el encuadre indebido del reclamo.	--- A la luz de las escalas salariales vigentes en los meses respectivos, el monto del rubro totaliza la suma de pesos ochenta y cuatro ($ 84).	--- También ha adquirido firmeza la condena a abonar la indemnización especial del art. 1° de la Ley 25.323, la que no procede liquidar nuevamente, pues ello configuraría una reformatio in pejus.	--- Lo anteriormente expuesto lleva a concluir que la cuantía de la condena determinada en el grado debe ser aminorada, hasta alcanzar el monto de pesos seiscientos noventa y seis con setenta ($ 696,70); al efecto, debe modificarse parcialmente el pronunciamiento de la instancia anterior.	--- Por ende, de conformidad con lo establecido por el art. 282 C.P.C. y C. debe procederse a la adecuación de la imposición de costas determinada en el grado; en tal circunstancia cabe computar que la demanda ha prosperado finalmente en un porcentual muy menguado, sufriendo un revés el reclamo del actor en una medida muy significativa.	--- Si se piensa que de todos los reclamos del actor (trece) prosperaron solamente cinco -esto es, los reclamos concernientes a salarios Enero 2004, diferencias salariales de junio 2004, remuneraciones por trabajo en feriados nacionales y, por último, indemnizaciones de los arts. 1 y 2 de la Ley 25.323- y se suma a ello que la procedencia de tales rubros ha sido por porcentuales decididamente reducidos en comparación con los respectivos reclamos, amén de que ocho reclamaciones fueron directamente desestimadas, cabe comprender que las costas no pueden ser, en tal caso, impuestas directamente al vencido, en su totalidad, pues ello significaría una manifiesta injusticia, visto el resultado final de la litis.	--- Ya se ha visto que prosperaron cinco de trece reclamos; ahora resta ver el porcentaje de acogimiento sobre reclamación: se demandó por un monto de capital que ascendía a la suma de pesos siete mil quinientos siete con sesenta y dos pesos ($ 7.507,62), logrando ser acogida la pretensión solamente por la suma de pesos seiscientos noventa y seis con setenta ($ 696,70), lo que en guarismos porcentuales significa poco más del nueve por ciento de lo reclamado (9,27 %, en rigor).	--- La pretensión actora ha colapsado en un alto porcentaje, que ronda el noventa por ciento, lo que implica que correlativamente el andamiento de la reclamación ha sido solo de un mínimo porcentaje, lo que patentiza acabadamente una situación de vencimiento parcial y mutuo de los contendientes, ya que ninguno de ellos ha obtenido el total de lo pretendido, siendo desiguales sin embargo las cuotas de ganancias y pérdidas de cada uno. Tal situación amerita la distribución de las costas a tenor del art. 72 C.P.C.C.	--- Que en autos cada parte se colocó en uno de los dos extremos contrapuestos, sin salvedad alguna en cuanto a la posibilidad de una decisión intermedia. Ni la actora ni la demandada tuvieron éxito en la medida de sus pretensiones, por tanto, ninguna de las partes puede ser considerada triunfadora en el 100%. Y si, por la razón que fuere, esa fue la realidad final de la sentencia, débese estimar que tanto una como la otra -objetivamente- obtuvieron un éxito parcial dentro de sus posiciones extremas; éxito parcial que significa al propio tiempo un fracaso parcial. Siendo ello así, la situación encuadra naturalmente en el concepto genérico del vencimiento parcial y mutuo -aunque el resultado fuese fruto de la decisión prudencial del juez-, lo que justifica la distribución de las costas según lo previsto en el CPCC. No es irrazonable considerar que en el pedido de lo más está implícitamente comprendida una pretensión menor, del mismo modo que en la reclamación de la actora (el cobro del 100% de la reclamado) no quedaba excluida la posibilidad de un progreso menor, como ocurrió, siendo la decisión del magistrado una eventualidad previsible dada la exorbitancia del reclamo. De tal manera, no puede sostenerse que la distribución prudencial -y no meramente matemática- que prevé el citado art. 72 CPCC sea cuestionable ni se realice en perjuicio de ninguna de las partes (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 06/09/2000, "Failenbogen Regina V. Cataldo Ernesto Sebastián y otros s/incumplimiento de contrato", AbeledoPerrot online).	--- Para determinar la graduación de tal distribución, debe tenerse presente que bien se ha dicho que si la demandante, en lo que hace al monto del resarcimiento, fue vencida en más de un 55%, de lo cual se debe concluir que el pleito ha resultado parcialmente favorable para ambos litigantes, la distribución de costas debe enmarcarse en las previsiones relativas al vencimiento parcial y mutuo, más aún cuando el reclamo fue categórico y no se sujetó su monto al resultado de la prueba, circunstancia que en oportunidades ha llevado a imponer las costas íntegramente al vencido (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 17/08/1994 -Ganadera Argentina S.A. de Seguros v. Agencia Marítima Sudatlántica S.A. y otro) JA 1998-III-síntesis).	--- En tal situación y visto lo acontecido en autos, lo equitativo aquí transita por imponer las costas al accionante en la medida del rechazo de la demanda y al demandado en la cuantía en que ella es objeto de acogida; ello, dado que la demasía reclamatoria es tan evidente que impide apartarse de la asignación aritmética de las costas, al no existir justificativo alguno que brinde alguna razón o fundamento al exceso de petición.	--- En lo concerniente a los estipendios curiales, propiciaré la regulación de los emolumentos -correspectivos a la fracción en que el reclamo prospera- de los Dres. J. P. R., D. P. R. y G. H. U., en las alícuotas del 7,50 %, del 7,50 % y del l0 % del monto total de condena que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución; tales porcentajes se justifican en atención a la extensión, mérito, calidad y resultado de las respectivas tareas cumplidas en la alzada (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4).-------------------------------------- --- No se atenderá en este caso a los aranceles mínimos determinados por la Ley XIII n° 4, art. 7, texto modificado por Ley XIII n° 15, pues comparados éstos con el monto total del pleito salta a la vista que aplicarlos constituiría un absurdo y una desproporción confiscatoria, en atención a las sumas verdaderamente en juego en este caso. Es este uno de esos supuestos en que se aplica la excepción a la regla y el mínimo arancelario -establecido por la legislación provincial- es apartado del caso por imperio de lo dispuesto en el Código Civil, esto es, concretamente su art. 505 últ. párr., en la medida de lo establecido por los arts. 13 y 15, Ley 24.432.--------- --- Ello así, teniendo en cuenta el límite máximo previsto para la regulación de honorarios en el grado por el art. 505 CC, que asciende al veinticinco por ciento, corresponde determinar los emolumentos de los profesionales ya referidos en los porcentuales ya mencionados supra (cfr. arts. 5,6, 6bis, 8, 18, Ley XIII, Nro. 4 y fallo de esta Sala SDC Nº 11/2012, en autos "C., S. c/ Z., M. s/ Daños y Perjuicios").--------------- --- En tanto, por la porción desestimada del reclamo, los estipendios del Dr. G. H. U., se establecen en la alícuota del 17 % del monto de la pretensión rechazada, con más sus intereses, los que se computarán hasta la fecha del presente pronunciamiento, con aplicación de la tasa utilizada por el Banco del Chubut S. A. en sus operaciones de descuento (cfr. arts. 6, 7 , 9, 18 y cctes., Ley XIII n° 4). --- --- En cambio, no procede regular estipendio alguno para los Dres. J. P. R. y D. P. R. por la porción rechazada del reclamo, en virtud de existir pacto de cuota litis, obrante a fs. 3 de autos y dado que su parte ha sido condenada en costas. -- --- En cuanto a las costas de alzada, también promedia aquí un vencimiento parcial y mutuo, dado el progreso del agravio sustancial esgrimido por el apelante, siéndole rechazado en cambios los otros dos; sin embargo, en este caso, la distribución de costas se efectuará por su orden (cfr. art. 72 C.P .C.C.). - --- En lo tocante a los emolumentos curiales del Dr. G. H. U., por sus trabajos de alzada, en lo concerniente al fragmento acogido del reclamo y de acuerdo a las pautas valorativas ya reiteradamente especificadas y a lo dispuesto en el art. 13 del ordenamiento arancelario, procede determinarlos en el 2,50 % del monto total de condena que resulte de la liquidación a practicarse en etapa de ejecución. ------------------ --- Mientras, en correspondencia a sus tareas de alzada derivadas del segmento rechazado del reclamo, procede determinar sus honorarios en la alícuota del 5,10% de los montos rechazados, más intereses. ----------------------- --- Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO EN FORMA PARCIAL POR LA NEGATIVA.------------------------- ------------ A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió: ------------------------------------	Visto el acuerdo alcanzado al expedirnos sobre la precedente cuestión, corresponde:

A) Revocar parcialmente la sentencia apelada, a fin de reducir el importe del capital de la condena a la suma de seiscientos noventa y seis pesos con setenta centavos ($ 696,70).- ----------------------	B) Imponer las costas de primera instancia al demandado en la fracción de la demanda que es acogida y al actor en la porción de ella que se desestiman.- --------------	C) Fijar, por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. J. P. R., D. P. R. y G. H. U., por sus tareas de primera instancia relacionadas a la porción en que la demanda prospera, en las sumas respectivas equivalentes al 7,50 %, al 7,50 % y al 10 % del monto total de condena que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución; y los del Dr. G. H. U., por la fracción de la demanda rechazada, en la suma equivalente al 17 % del monto desestimado y sus intereses a liquidarse hasta la data de este fallo por aplicación de la tasa utilizada por el Banco del Chubut S. A. en sus operaciones de descuento, sin que corresponda en cambio determinar emolumentos para los Dres. J. P. R. y D. P. R. por ese segmento del pleito.- -------------------------------------	D) Imponer las costas de segunda instancia en el orden causado. -------------------------	E) Regular los honorarios del Dr. G. H. U., por sus labores profesionales de alzada relativas a la porción de la demanda que progresa, en la suma equivalente al 2,50 % del monto total de condena que resulte de la liquidación a practicarse y, por sus tareas de segunda instancia relacionadas con el fragmento de la demanda rechazado, en la suma equivalente al 5,10 % de los importes desestimados, con más sus intereses a liquidarse.-------------------	F) Declarar que todos los honorarios antedichos se incrementarán con el I.V.A. pertinente.--------------------	ASÍ LO VOTO.---------- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: -------------- --- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el Dr. Velázquez en su voto a esta cuestión. ------------------------- --- Tal mi voto.-	--- La presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haber coincidencia de opinión y encontrarse vacante la restante vocalía (Art. 7º Ley V Nº 17).----------------------- --- Trelew,de marzo de 2013.------------------------------ En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:------------------------------------- S E N T E N C I A: ----------------------------------------	REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada, a fin de reducir el importe del capital de la condena a la suma de seiscientos noventa y seis pesos con setenta centavos ($ 696,70).- ------	IMPONER las costas de primera instancia al demandado en la fracción de la demanda que es acogida y al actor en la porción de ella que se desestiman.- --------------	FIJAR, por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. J. P. R., D. P. R. y G. H. U., por sus tareas de primera instancia relacionadas a la porción en que la demanda prospera, en las sumas respectivas equivalentes al 7,50 %, al 7,50 % y al 10 % del monto total de condena que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución; y los del Dr. G. H. U., por la fracción de la demanda rechazada, en la suma equivalente al 17 % del monto desestimado y sus intereses a liquidarse hasta la data de este fallo por aplicación de la tasa utilizada por el Banco del Chubut S. A. en sus operaciones de descuento, sin que corresponda en cambio determinar emolumentos para los Dres. J. P. R. y D. P. R. por ese segmento del pleito.- -------------------------------------	IMPONER las costas de segunda instancia en el orden causado. --------------------------	REGULAR los honorarios del Dr. G. H. U., por sus labores profesionales de alzada relativas a la porción de la demanda que progresa, en la suma equivalente al 2,50 % del monto total de condena que resulte de la liquidación a practicarse y, por sus tareas de segunda instancia relacionadas con el fragmento de la demanda rechazado, en la suma equivalente al 5,10 % de los importes desestimados, con más sus intereses a liquidarse.---------------------- DECLARAR que todos los honorarios antedichos se incrementarán con el I.V.A. pertinente.--------------------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---------------------- CARLOS A. VELAZQUEZMARCELO J. LOPEZ MESA JUEZ DE CAMARA PRESIDENTE ---- REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2013 - SDL.- CONSTE.------------------ JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO.