marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, jubilación por invalidez, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: De Gregorio de Scalas, Santa c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Es admisible el recurso extraordinario contra la sentencia que había hecho lugar a la reapertura de la instancia administrativa y denegado la jubilación por invalidez, pues aun cuando los planteos de la recurrente remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, temas ajenos, como regla y por su naturaleza, al remedio del art. 14 de la ley 48, ello no es óbice para la procedencia de la vía intentada cuando el a quo, con menoscabo del derecho de defensa en juicio, omitió tratar planteos oportunamente deducidos y valorar pruebas regularmente incorporadas y conducentes para la correcta resolución de la causa, lo que condujo a la pérdida de derechos que cuentan amparo constitucional.
Concursos, transporte de pasajeros, permiso de transporte, competencia, competencia contencioso administrativa, medida de no innovar, seguridad jurídica
Materia: COMERCIAL
Carátula: RUTATLANTICA SA s/ CONCURSO PREV. - INC. DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-17

Resulta improcedente que la concursada solicite cautelarmente que se dispusiera no innovar respecto de ciertos permisos que oportunamente le fueran otorgados por la comisión nacional de regulación de transporte, con base en que: a) al disponer la secretaría de transporte de la nación -por medio de la resolución n 392/1999 la caducidad del permiso que le fuera otorgado para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros y de las habilitaciones y/o inscripciones de trafico libre en las trazas identificadas como servicio público N? 1 y servicios de trafico libre N? 9, 10, 11 y 12, y b) efectuó todas y cada una de las defensas a su alcance (recursos), e inclusive interpuso una medida de no innovar ante un tribunal en lo contencioso administrativo federal. Ello pues, considerando que la seguridad jurídica constituye un principio fundamental de nuestro ordenamiento legal -subsumido en el mandato constitucional de afianzar la justicia (preámbulo)-, y en tanto comprende, entre otros, a aquel según el cual no debe juzgarse dos veces el mismo hecho (non bis in idem), en el descripto contexto resulta improcedente que este tribunal se pronuncie sobre la materia propuesta por el deudor.

Por tanto, si el análisis de la razonabilidad de la citada resolución será hecho por el órgano jurisdiccional del fuero contencioso administrativo, es ese órgano el que debe decidir sobre la procedibilidad de la medida cautelar solicitada, o la falta de ella. Es decir, que no procede la formulación de peticiones idénticas sobre la misma situación ante diversos tribunales, pues ello violaría los principios jurídicos antes referidos.
Sociedades comerciales, rendición de cuentas, juicio ejecutivo, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARANTIZAR SGR C/ WALIORS SA Y OTROS S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-29

La figura del contrato de garantía recíproca constituye una modalidad contractual prevista por la ley 24467 cuya finalidad es la de promover el crecimiento y desarrollo de pequeñas y medianas empresas (art. 1). Las sociedades de garantía recíproca tienen por objeto facilitar a las Pymes el acceso al crédito, a través del otorgamiento de garantías del cumplimiento de prestaciones dinerarias u otras prestaciones susceptibles de apreciación pecuniaria asumidas por sus socios partícipes frente a acreedores de éstos. Así las cosas, con el objeto de puntualizar la relación negocial subyacente en la operatoria de garantía recíproca, apúntase que, a través de esta contratación, la SGR asume el carácter de fiador o deudor solidario frente a un acreedor (generalmente una entidad financiera) de la Pyme y se compromete a abonar a aquél, a su requerimiento, el crédito otorgado a esta última en caso de que ella no lo abone. De modo que las modalidades que deben seguir las relaciones existentes entre la sociedad de garantía recíproca y la entidad financiera que otorga la financiación al socio partícipe y en caso de que esta última pretenda ejecutar a la sociedad de garantía recíproca, están regladas por la ley 24467: 70. Por tanto, cabe sostener que la exigencia allí establecida hace al derecho del acreedor financiero contra la sociedad de garantía recíproca y, por ende, no es aplicable cuando la SGR reclama la restitución de lo pagado por ella a la entidad financiera, contra el socio partícipe y/o quienes hayan afianzado la obligación de éste (cfr. arg. CNCom, Sala B, in re: "Garantizar SGR c/ Díaz Oscar s/ ejecutivo", del 08/06/07; Sala C, in re: "Garantizar SGR c/ Romay Pablo s/ ejecutivo" del 19/07/07; Sala E, in re: "Garantizar SGR c/ Noli Carlos y otros s/ ejecutivo", del 15/5/09).
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal, mala administración de bienes, dolo, error como vicio de la voluntad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Olivieri, Patricia c/ Bossio, Raul s/ Demanda - Incidente nulidad de convenio - Liquidación soc. conyugal   (Expte. Nro.319-99, Resolución Nro.88, tomo 01, folio 230/233)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-21

En materia de partición de bienes conyugales, el "dolo" del art. 931 CC suele ir unido al "error" que se provoca con la maquinación.

Si bien se presume que cada cónyuge conoce exactamente cuáles bienes se encuentran bajo su gestión personal, se puede originar el error respecto de la existencia, cualidad o condiciones de los bienes que se hallan bajo el gobierno del otro cónyuge y esa ignorancia sólo puede proceder de la falta de información o falsa creencia producida por la maquinación del consorte. Se trata de yerro originado en el dolo del esposo-administrador.
Inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, escritos judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: U.O.C.R.A c/ A.D.O.S. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1992-12-21

En principio la interpretación de escritos judiciales está vedada en la instancia extraordinaria, salvo el caso de existencia de arbitrariedad, que se configura en este supuesto cuando da al escrito, o mejor, a lo en él expresado, un alcance distinto y contrario a la voluntad concretada y expresada de manera más o menos clara en la actuación en cuestión.
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, prisión
Materia: PENAL
Carátula: A., H. R. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-12-30

Corresponde confirmar la sentencia que condenó a la pena de prisión al autor del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en forma continuada (arts. 1 ley 13.944 y 55 contrario sensu del Código Penal), pues las censuras esgrimidas sin sustento en argumentos hábiles que evidencien la irrazonabilidad de las pautas seleccionadas por el tribunal o la incongruencia de la sanción impuesta en relación al injusto cometido, no alcanzan para demostrar la arbitrariedad de la condena en función de los límites casatorios previamente referidos. Máxime cuando no se advierte una evidente desproporción en la condena impuesta toda vez que dentro de un marco punitivo que oscila entre un mes y los dos años de prisión, la establecida de un año y un mes no aparece como irrazonable o desmedida en razón de los hechos cometidos por el acusado, en perjuicio de sus cinco hijos.
Renta vitalicia previsional, sucesores
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Benedetti, Estela Sara c/ P.E.N. ley 25.561 dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-16

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 8º del decreto 214/02, las resoluciones 28.592 y 28.924 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y normas concordantes en lo que a la modalidad de renta vitalicia previsional concierne, y confirmar la sentencia que admitió la disponibilidad en efectivo de los dólares estadounidenses que fueron pactados en origen mediante dicho contrato de seguro para derechohabientes por muerte del trabajador afiliado al régimen de capitalización, pues ante la indudable naturaleza previsional y el carácter aleatorio del contrato en examen, con la consiguiente responsabilidad asumida por la entidad aseguradora, resulta razonable que ésta última deba soportar las consecuencias del contrato en su condición original.
Sentencia, firma de la sentencia, nulidad de sentencia, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castillo o Castillo Pan, Clara M. c/ Argentini, Héctor Marcelino s/ Nulidad de actos jurídicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

Es nula la sentencia firmada por un juez que no se encontraba habilitado para hacerlo.
Excarcelación, conducta del interno
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BELIZAN, MANUEL G. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-19

Superado el límite de ocho años de prisión previsto como primera hipótesis de soltura en el art. 379 inc. 1 del C.P.M.P., debe desecharse la excarcelación pretendida en virtud de los antecedentes condenatorios que registra el procesado ya que impiden la concesión del beneficio que acuerda el art. 26 del C.P. y así la soltura reclamada.
Violencia como vicio de la voluntad, exclusión del hogar, situación de calle
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C. C. A. c/  s/ violencia (f)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2022-04-12

Corresponde disponer, atento a la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la denunciada -quien tiene a su cargo una niña de 6 años de edad-, y resultando imprescindible que las mismas no queden en situación de calle, requerir al denunciante que proponga un lugar de residencia para la Sra. S y la niña, toda vez que la medida ordenada no contiene apercibimiento alguno y tampoco deja sin efecto ni revoca la exclusión originariamente decretada; otorgando luego, amén de que pueda o no proponer el denunciante un lugar de residencia para la denunciada y su hija, un plazo de dos meses a la Sra. S para permanecer en el inmueble en cuestión. Y agrega que, al no existir apercibimiento alguno, la carga que dice el recurrente que le fuera impuesta no le causa agravio, en tanto que su incumplimiento no acarrea consecuencia alguna que pudiera representar la pérdida de algún derecho.
Interpretación de la ley, convertibilidad, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López, Antonio Manuel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A. s/ Accidente - Acción Civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

La ley 23.928 de convertibilidad del austral constituye una decisión de las autoridades políticas de contener la inflación, por lo que corresponde que los jueces interpreten las disposiciones de aquellas autoridades de modo de dar pleno efecto a la intención del legislador. Sumario confeccionado por el SAIJ.
Medidas cautelares, ombudsman, aumento de tarifas, servicios eléctricos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires c/ Min. de Infraestructura, Viv. y Serv. Pub. s/ Pretensión anulatoria - Otros juicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-06-16

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y suspender los efectos de la Resolución 419/17 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que aprueba los nuevos valores del cuadro tarifario del servicio de electricidad en el territorio provincial, dado que la norma cuestionada resulta ilegítima por violar el art. 39 de la Ley 11.769, cuyo texto establece que "los servicios públicos de electricidad suministrados por los concesionarios serán ofrecidos a tarifas justas y razonables, teniendo en cuenta el derecho de acceso a la energía de todo habitante de la Provincia de Buenos Aires"
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, extinción de la acción penal, extinción de la acción penal por pago de multa, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: LUSTIG, T. s/ EXTINCION DE LA ACCION. MULTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-21

Si el procesado obló el máximo de la multa y también depositó la suma correspondiente al daño moral, procede la extinción de la acción (art. 64 CP), no obstante no tratarse de un delito reprimido únicamente con esa especie de pena -incumplimiento de los deberes de asistencia familiar- pues, dado que las condenas sólo fueron apeladas por la defensa del condenado, la situación de éste no puede empeorarse ni en punto a la sanción penal, ni en lo relativo a la condena a resarcir.

La única justificación que tendría no hacer lugar a la extinción de la acción penal, sería la de la posible mantención por 5 años en el Registro de Reincidencia de una anotación de condena (art. 51 CP), que no puede originar reincidencia, con lo que no se agrava, porque no existe amenaza alguna; mientras que siempre será posible a los familiares del procesado, aportar noticias de lo ocurrido, en caso de que el procesado incurriera en otra omisión.
Pago, prueba, juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Municipal de La Plata c/ Dasewille, Horacio Alfredo y otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

La expresión pago documentado empleada por el inciso 6° del art. 542 del ordenamiento adjetivo, ha de interpretarse en el sentido de que tal hecho debe acreditarse sobre la base del acompañamiento del instrumento emanado del ejecutante y que se refiere clara y concretamente a la obligación que se ejecuta.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, abuso sexual, corrupción de menores, concurso ideal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Z., C. A. c/  s/ APELACION DEFENSA SENTENCIA CONDENATORIA Y APELACION FISCAL PUNTO 2 DE LA SENTENCIA Y MONTO DE LA PENA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-10

Respecto a la alegada violación de la prohibición de doble valoración que según la quejosa habría implicado la condena por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores en concurso ideal, la impugnante no sólo no se hizo cargo de rebatir la respuesta que la Cámara le diera sobre el punto, sino que con sus alegaciones no ha logrado demostrar que la condena por dos tipos penales en concurso ideal importara una doble valoración de las mismas circunstancias vedada por la prohibición de doble punición con impacto en la escala penal aplicable en el caso y, en consecuencia, este planteo tampoco habilita la concesión de la vía extraordinaria pretendida.
Quiebra, sentencia de quiebra, recursos, depósito, fallido
Materia: COMERCIAL
Carátula: MALGRINO LUIS s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

Atento a quien se presenta en el proceso en oportunidad y según lo preceptuado por la ley de concursos: 101 no puede hallarse en mejores condiciones que quien lo hace en los términos del ley de concursos: 91 -respecto de la cuantía del depósito para demostrar hallarse en fondos-cabe extender al caso la aplicación de la doctrina emergente del fallo plenario del fuero in re: Zadicoff.
Peatones, responsabilidad del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: C., P.A. c/ J.C., R. y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-01

En determinadas condiciones, la conducta del peatón adquiere ciertas características que la hacen imprevisible para el conductor y tornan inevitable el hecho, por lo cual no puede responsabilizarse a este último por las consecuencias dañosas. Si se desconociera este principio, entonces se suprimiría el análisis de la responsabilidad; bastaría con la ocurrencia de un accidente en el que han intervenido un vehículo y un peatón para automáticamente responsabilizar al primero, y eso no condice con la normativa legal aplicable a la materia.
Síndico del concurso, deberes del síndico del concurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zimermann, Horacio s/ Incidente de verificación tardía (en autos "Bianchet, Mario s/  Quiebra")
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Si el Síndico interviniente no contestó el traslado que se le corriera, ello no altera la secuela procesal, no hay razón suficiente para quebrar el principio de igualdad procesal en favor de un funcionario incumplidor, por lo que -reitero- ha de prescindirse de la opinión ausente (art. 34 inc. 5, ap. c, Código Procesal). Pero tal conducta debe ser tenida en cuenta para apreciar el debido cumplimiento de sus deberes por parte de este funcionario concursal (arts. 254, 255, ley 24.522).
Derecho procesal, injurias, exceptio veritatis, cuestiones prejudiciales
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Romero, Sabino Francisco- Injurias s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-05-28

En ninguna parte del Código Procesal Penal de la Provincia se encuentra establecido que para poder condenar por el delito de injurias, aún en el caso de admitirse la prueba de la verdad, sea menester resolver como cuestión prejudicial, la existencia de los hechos justificantes de la expresión injuriosa, lo dicho no significa negar que en ocasiones pueden presentarse cuestiones que a juicio del Tribunal deben resolverse como previas, obligando a suspender el procedimiento hasta la resolución de aquél.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, prueba testimonial, víctima menor de edad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., C. A. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL VICTIMA MENOR DE 16 AÑOS (ESTUPRO) ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-10

Las quejas por el delito de promoción de la corrupción de menores -con base en que se habría condenado a los imputados por un delito de omisión no previsto en el tipo penal en cuestión- no son suficientes para configurar un supuesto que habilite la intervención de esta Corte, toda vez que el agravio fue descartado por la Alzada al expresar que sólo a partir de un desconocimiento de la fuerza probatoria de los testimonios de los niños y de los medios de confirmación que se correspondían con los mismos, podía afirmarse que no estaban demostrados los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales en los que la acusación y los Jueces de grado habían subsumido los hechos; y tal justificación no ha sido rebatida por la impugnante, quien no demuestra su ilogicidad o insuficiencia, al mismo tiempo que no persuade a esta Corte de que la condena por el mencionado delito no se correspondiera con las conductas que se le atribuyeron oportunamente al imputado al describírsele la plataforma fáctica en la audiencia imputativa.
Acción de inconstitucionalidad, partidos políticos, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alvarez, Argentino s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-09-01

En singular concordancia con la normativa impuesta por el art. 80 del Constitución Provincial, la legitimación de la que, eventualmente, pueden quedar revestidos los partidos políticos para iniciar acciones como la de autos surge clara y manifiesta atento cumplir aquéllos la función de nexo permanente entre electores y elegidos. En efecto, la acción de inconstitucionalidad ha sido instituida teniendo en consideración a ordenamientos jurídicos designables como "ley" tanto en el sentido formal cuanto en el sentido material del vocablo. Esto implica que el objeto exclusivo de esta acción lo constituyen aquellos ordenamientos jurídicos que tienen en común, con abstracción de la denominación que se le haya dado, el constituir mandatos generales abstractos e impersonales dirigidos a la comunidad, y es precisamente cuando tal mandato entra en colisión con las normas constitucionales de la Provincia que cobra vida la mentada acción originaria.
Competencia civil, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, causas de justificación, solicitud de audiencia
Materia: CIVIL
Carátula: J., P. F. c/ M., F. C. M. s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-17

La escucha del menor de edad, por tratarse de un derecho suyo, puede ejercerlo peticionando ser escuchado, solicitándolo de modo directo, a través de sus representantes o del Ministerio Público de la Defensa. Si el juez denegara esta audiencia, debería hacerlo motivadamente.
Arraigo, honorarios, costas
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CRUZ DEL SUR SA DE TRANSPORTES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   EXCEPCION DE ARRAIGO INTERPUESTA POR LA DEMANDADA.     CSJ EXPTE NRO 132-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-07-02

El arraigo -medida de naturaleza cautelar- ha sido establecida por el legislador para asegurar en principio el pago de los honorarios correspondientes a los profesionales de la parte contraria, y demás gastos integrativos del concepto de costas. De allí, que para enervar la petición de arraigo, sería necesaria la acreditación de un estado patrimonial de la actora que no deje dudas sobre su solvencia, proporcional a las costas, estimables en función de la trascendencia económica que directa o indirectamente se pueda asignar a los intereses en litigio. Tal es el sentido lógico y jurídico del artículo 330 inciso 1 del procesal civil y comercial, o sea la exigencia de que el actor posea en la provincia un patrimonio bastante para garantizar el pago de las costas.
Embargo, bienes inembargables, máquinas, elementos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz Moreno Rosa c/ Ruiz Moreno Daniel s/ Incidente de Ejecución de Sentencia-Apelación de Resolución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-06-24

La inembargabilidad sólo beneficia a los instrumentos necesarios para el desempeño individual de una profesión, arte u oficio y no se extiende a las maquinarias, instrumental mecánico e instalaciones afectadas a un establecimiento industrial o comercial, porque en tal caso aparece configurada una acumulación de capital o una empresa mercantil que excede el marco delineado por el CPCN 2219, 1º y normas provinciales concordantes. La inemabargabilidad con relación a los bienes necesarios para el ejercicio de una profesión, arte u oficio, no comprende a la actividad desarrollada en forma de empresa.
Impuestos, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Waitz de Luque, Ana Silvina s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-03-08

No es inconstitucional que el Fisco cobre tasas moratorias más elevadas que las aplicadas por los bancos a sus clientes que pagan puntualmente.
Defensa del consumidor, sujetos del acto jurídico, sociedades comerciales
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Kopar SA c/ Banco Itau Argentina SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-18

Corresponde conceder provisoriamente el beneficio de justicia gratuita solicitado por la sociedad anónima actora hasta tanto se determine su calidad de consumidora. Ello así, pues de los términos de la LDC 1 -modificado por las leyes 26361 y 26694- no emerge óbice alguno que impida que las sociedades comerciales puedan ser consideradas consumidores y gozar del halo de protección que de ella emana (cfr. Daniel R. Vítolo, "Defensa del Consumidor y del Usuario", ed. Ad Hoc, 2015, pág. 108).