marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, representación procesal, sindicatos, trabajadores marítimos, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Sindicato    de    Conductores  Navales  de  la  República  Argentina c/ Estado  Nacional  -  Ministerio  de  Economía  y  Obras y  Servicios Públicos - Secretaría de Transportes. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

El pronunciamiento que rechazó el amparo - deducido por apoderados de entidades de trabajadores marítimos contra la validez del decreto 1772/91 - debe ser equiparado a definitivo a los efectos del art. 14 de la ley 48, en la medida en que resulta verosímil que pueda irrogar agravios de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior.
Competencia federal, ley federal, partidos políticos, elecciones partidarias
Materia: PROCESAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Juzgado Electoral y de Registro de la Provincia de Tierra del Fuego s/ pedido de inhibitoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Cuando una entidad política funciona tanto como partido provincial cuanto de distrito, pero con autoridades únicas a ambos fines, lo concerniente a la elección de autoridades internas partidarias se debe regir por normas federales y pertenece a la competencia de la justicia federal.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, incompetencia, sociedad cooperativa, fiscal de Estado
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA ELECTRICA Y TELEFONICA "CAMILO ALDAO LTDA" s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-28

No puede entenderse configurada la causal del artículo 30 inciso a) de la ley 4106, y por lo tanto corresponde no hacer lugar al pedido de suspensión del acto administrativo, si no se advierte que sea prima facie ilegal por incompetencia del órgano del cual emanó, la resolución de la Dirección Provincial de Cooperativas por la cual se declaró irregular e ineficaz a los efectos administrativos "el acto" de la Asamblea faculta a Fiscalía de Estado a solicitar la intervención judicial de la Cooperativa en cuestión, desde que no surge -con la evidencia que exige la norma-, que cuando se trata de decisiones asamblearias no puede la fiscalización pública valerse de las facultades establecidas en el artículo 100, inciso 9 de la ley 20337, cuestión que en todo caso resulta opinable.
Costas
Materia: LABORAL
Carátula: JAZMIN PEDRO OMAR c/ ALBERTO ROMANO MUDANZAS s/ LEVANTAMIENTO DE EMBARGO INICIADO POR ANALIA E. DI BENEDETTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-03-20

No puede eximirse de la imposición de costas o imponerse costas por su orden cuando resulta evidente un dispendio jurisdiccional desplegado, máxime cuando una de las partes ha debido esmerarse, estudiar y producir pruebas para tratar de justificar que su accionar ha sido correcto y que la otra parte ni tan siquiera se preocupó en presentarse a estar a derecho, ergo se impone la imposición de costas a la vencida, consecuente con ello.
Nulidad procesal, inexistencia del acto jurídico, honorarios, acción de reintegro
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CUADERNILLO DE COPIAS ART. 250 C.P.C.Y C. s/ BANCO FRANCES S.A. C/ PAZ, ELSA EVA S/COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-07-06

La anulación de los actos procesales realizadas por el gestor que invoca el art. 48 del C.P.C.C. implica también la inexistencia de lo realizado. No puede pretenderse el cobro de honorarios de un acto procesal (contestación de demanda), que nunca tuvo virtualidad de producir efectos, y si se lo ha percibido, resulta un cobro indebido y corresponde su reintegro.
Prescripción adquisitiva, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARAGON DE MARIN LULU c/ PANIZZA JOSE JUAN s/ PRESCRIPCION VEINTEAÑAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

Para adquirir el dominio por intermedio de la posesión "animus domini", es necesario, acreditar una posesión continua e ininterrumpida durante el lapso de veinte años, sin necesidad de título y buena fe, siendo si necesario justificar su inicio como único medio de demostrar el cumplimiento del plazo.-
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Lorna  S.A. c/ Copropietarios Charcas 3611/21 s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

Si se solicita que el juez haga uso de la facultad morigeradora contemplada en el segundo párrafo del art. 656 del Código Civil, la función ambivalente que la mayoría de la doctrina ha reconocido en la cláusula penal, considerando que tiene tanta importancia la finalidad compulsiva como la resarcitoria (Art. 652, Código Civil), podría quedar desvirtuada si aún no se ha cumplido la obligación y la función compulsiva podría perder eficacia como estímulo psicológico que compete al incumplidor a la satisfacción de aquello a lo que específicamente se obligó.

Para hacer uso el tribunal de las atribuciones contempladas por el art. 656, debe examinar si se presentan los presupuestos previstos en dicha norma. De modo tal que la ley otorga al tribunal la posibilidad de estudiar en cada supuesto en particular con amplitud de criterio, entre otros aspectos, la situación patrimonial de las partes, las ventajas que puede obtener el deudor por su inejecución e incluso al daño efectivamente sufrido por el acreedor pues aunque el daño es un presupuesto de la responsabilidad ajeno a la aplicabilidad de la cláusula penal, dada la latitud del lenguaje empleado por el legislador, el juez podrá tenerlo en cuenta en la apreciación de si es o no exclusiva la pena pactada.
Recurso de casación, contrato de trabajo
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: CASTRO, CESAR E. c/ TRANSPORTE MARTINEZ SRL. s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-04-19

Es inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley que pretende la modificación del encuadre legal de la relación que vinculó a las partes, entendiendo que se trató de un contrato de objeto prohibido y no de objeto ilícito. Ello porque tal planteo constituye a tenor de la doctrina que este Superior Tribunal de Justicia ha ido elaborando, una cuestión irrevisible en casación.
Honorarios, accidentes de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Gallardo Burgos, José c/ José Pedro Tarres Coss s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-09-25

Es procedente aplicar la normativa vigente, ley 24028 artículo 17 para la determinación de los honorarios de los señores letrados por sus labores profesionales y cuyo espíritu no es otro que el proporcionar a los profesionales, honorarios que guarden relación con los valores económicos reales confiados a su ministerio y por consiguiente impedir un despropósito como sería el que la demandada se viera obligada a pagar una suma mayor en concepto de honorarios que la que habría oblado de haber perdido el juicio.-
Concursos, tasa de justicia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Genender, Bernardo s/ Incidemte de revisión en autos: "Campo, Luis s/ Concurso" Nieto, Hortencio s/ Incidente de revisión en autos: "Campo, s/ Concurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12|1991-03-19

El art. 249 inc. d de la ley 10397 determina que debe tributarse la correspondiente tasa de justicia en los incidentes promovidos por los acreedores, en base al crédito en que se funda la acción sin hacer distinción alguna. La revisión prevista en el art. 38 de la ley 19551 es una petición que se rige por el trámite de los incidentes y no un mero "recurso", por lo tanto cabe subsumir este proceso dentro de la normativa legal citada ordenándose la tributación de la tasa de justicia correspondiente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad del Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Britez, Norma c/ Municipalidad de Moreno s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

Es ajena a la competencia originaria y exclusiva que sobre la materia contencioso administrativa tiene atribuida la Suprema Corte (art. 1º, 28 y conc. C.P.C.A.) la responsabilidad aquiliana del Estado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, procedimiento laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Buffa Carlos A. c/ Paranatex S.A. s/ Ejecución de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-05-14

Siendo el Superior Tribunal de Justicia el órgano supremo en la resolución de los conflictos de competencia entre jueces de distinto fuero (artículo 37 inciso 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6902-) y habiéndose pronunciado en el sentido de que, homologado acuerdo preventivo en el concurso, en el que no se incluía el crédito laboral en ejecución, cesa el fuero de atracción del proceso concursal y recobra su competencia el Juez del Trabajo, razones de economía procesal imponen aceptar tal criterio.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS (DR.VARGAS GOMEZ) en autos:ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES c/ MARIA DEL R. CORRALES ABELENDA DE TORRENT Y OTRO Y QUIEN RESULTE PROPIETARIO Y SE CONSIDERE CON DERECHO s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-02-17

A los fines de la regulación arancelaria, el letrado que satisfizo solo dos de las etapas de labor en la Alzada, y al que se le redujo a un 15% el porcentual del 40% legalmente prevenido para la tarifación de una tarea profesional completa, no traduce - ni remotamente - la "justa retribución que la Carta Magna garantiza" (art. 14 bis. de la Constitución Nacional), tornándose violatoria de la mentada garantía.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, Seguridad social
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ponce, José Cipriano c/ Estado Nacional. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

La última parte del art. 8x de la ley 23.473 se refiere a supuestos en que la caja o el instituto son demandados a raíz de cuestiones ajenas a lo específicamente previsional y están investidos de la calidad de partes en conflicto.
Jueces, deberes del juez, facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LEDESMA TENRREYRO DE BOLZON, NORMA c/ LUCIANO BOLZON s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-10

A la determinación de las normas aplicables al caso a resolver ,el Juez debe atenerse a su conocimiento del orden jurídico vigente; y por lo tanto, está facultado para prescindir de las argumentaciones formuladas por las partes - iura novit curia-, siempre que ello no signifique modificar los elementos de la pretensión o de la oposición.
Materia: PENAL
Carátula: CUADERNILLO DE APELACION EN AUTOS EXPTE.No.120-C/05 MURAD SCHARD, HIPÓLITO Y OTROS s/ s.d.DE FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PUBLICO Y DEFRAUDACION  CALIFICADA EN CONCURSO REAL(ART.292,173 INC.8 Y 55 C.P)e.p.DE JOSE  ALEJANDRO AGUIRRE" DENUNCIA FORMULADA POR ARCE MIRIAM GRACIELA C/ PAZ FELIX s/ APELACION DENUNCIA INTERPUESTA POR IGNACIA DEL VALLE MEDINA DE SVITAK CONTRA DIMAS AGUSTIN BAZAN s.d. A ESTABLECER s/ RECURSO DE APELACION REYES, OSCAR RAMON; PEREZ FABIO ENRIQUE; REA, RAMON ESTEBAN; SOSA, DANIEL EDUARDO S.D DE USURPACION DE PROPIEDAD E.P FLINEE, GLADYS NORMA". s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-15|2006-06-28|2006-08-08|2007-02-22

La investigación preparatoria se legitima, como una actividad cautelar, por el temor de un daño jurídico, vale decir,ante el temor de que si el estado no obra inmediatamente después de planteada la hipótesis del delito, se oculte la vardad y se torne inaplicable la ley penal, ya sea por la desaparición o adulteración de las pruebas, ya sea porque el delincuente logre eludir la acción de la justicia.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-24


EXPEDIENTE DE SECRETARÍA Nº 102/1999.- CNACIV. SALA "G"- R 277333- 24-09-1999 Autos "TROVATO GUSTAVO FABIAN C/ REGISTRO DE LA PROPIEDAD. INMUEBLE S/ RECURSO" Y VISTOS: CONSIDERANDO:

Tras la sentencia de esta Sala atinente a la materia, el Sr. Director del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, rechazó el recurso de apelación interpuesto a fs. 16/17 por el profesional autorizado a diligenciar el instrumento que pretendió hacerse valer ante aquel organismo, para inscribir y efectivizar la forma como acordaron los litigantes liquidar la sociedad conyugal respectiva. - Sobre el punto la Sala quiere establecer en primer término, que los hijos son terceros en la relación jurídica que ocupa; circunstancias que, por indiscutibles, seguidamente conducen a la ponderación y aplicabilidad del art. 1184, inc. 1º del Cód. Civil; o sea trátase en el caso de la transmisión de la propiedad sobre un inmueble o parte de éste.

Igualmente, la decisión del órgano administrativo tampoco debe interpretarse como encuadrada en los límites del contrato de donación; aunque estas expresiones estén incorporadas a fs. 7.- La detenida lectura de la resolución no deja margen de dudas, ya que está basada en las excepciones que expresamente contempló el art. 1455 del código citado, razón por la cual es inatendible la orientación que trata de otorgar la crítica al asunto.- De ahí, que en términos concretos cobren también relevancia, contra los argumentos que contiene el memorial, las disposiciones coincidentes con tales principios; es decir las de los arts. 1183, 1185 y concts. del cuerpo legal citado; fundamentos que destacó la decisión subexámine; donde, por otra parte, se aprecian congruencias con la sentencia de la Sala, cuyo contenido es la expresión anticipada del resultado a que se sometía, el intento de inscripción a través del testimonio agregado a fs. 1/3 (conf en especial, fotocopia certificada de fs. 13 vta 3er. párrafo).

En efecto, diferenció las facultades de acordar que poseen los cónyuges en lo relativo a la liquidación de la sociedad conyugal; de la instrumentación o concreción del contrato.- Donde como ocurre en este caso, va ínsita la cesión del progenitor a favor de sus hijas en lo que a la cuota parte del inmueble se refiere.- Todo lo cual lleva a poner en juego, además, la regla del art. 1444 y concts. del Cód. Civil.- En síntesis, el reproche hizo hincapié en la calificación del acto, pero llega a las mismas conclusiones; es decir, además de tratarse de una cesión hay que agregar que ésta recae sobre parte de un bien inmueble y es entonces esa causa, la que requiere formalizar mediante escritura pública.- Por todo ello, SE RESUELVE: Confirmar la resolución de fs. 26/28.- Notifíquese y devuélvase al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal a sus efectos.- Firmado: Carlos A. Bellucci - Leopoldo Montes de Oca - Roberto E. Greco
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, derechos sociales, principio de progresividad
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Ministerio Público - Asesoría Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

La Constitución de la Ciudad invita a dar preeminencia a los más carenciados por sobre aquellos que pudiesen llegar a necesitar de la misma ayuda dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos -art. 31.1 CCABA-, lo que impone una consideración preferencial de aquellas personas que están en peor situación, circunstancia que permite, atendiendo al carácter limitado de los recursos y aún frente a la necesidad de aprovechamiento máximo de los recursos disponibles, que ellos se distribuyan entre quienes se encuentran en un estado más crítico. (Voto en disidencia parcial Dra. Elizabeth A. Marum).
Procedimiento laboral, plazo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Nieva, Juan Francisco c/ Radio Victoria Catamarca S.A. s/ Haberes Adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-04-13

La carga de presentar el instrumento acreditante de la personería o la ratificación de lo actuado que impone la norma del art. 27 del C.P.T., a quien invoca la figura del gestor, debe cumplirse dentro del plazo de 10 días, el que se cuenta a partir del momento de la notificación del proveído que lo tiene por parte en tal carácter.

Ahora bien, el proveído en cuestión se notifica por nota, toda vez que no se encuentra consignado en la enumeración de los arts. 24 y 41 del rito. No se trata de una intimación, pues la presentación de los instrumentos o la ratificación de lo actuado es una obligación nacida con la sola invocación de urgencia del requirente, razón objetiva que autoriza la actuación del gestor, correspondiéndole a él acreditar el motivo de su actuación en tales circunstancias, siendo único responsable en caso de incumplimiento.

Tampoco es un emplazamiento, pues se produce durante la secuela del juicio, en pleno trámite, circunstancia que debe motivar a quienes son parte o tomar los recaudos del caso para encontrarse adecuadamente representados, por lo que no corresponde cargar ni al juzgado ni a la contraria de la notificación personal o por cédula, de una circunstancia que no le resulta imputable y sólo beneficia a quien la solicita.

Por ello, habiendo transcurrido con exceso el plazo fijado por la norma aplicable, corresponde declarar la nulidad de lo actuado por el gestor, imponiéndole al abogado requirente de tal calidad las costas por su actuación, no correspondiendo lógicamente el tratamiento del agravio articulado por la presente apelación.
Compraventa inmobiliaria, saldo de precio, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: SOUTO INSUA LUIS c/ VARELA DE BLANCO ELVIRA s/ Suc. s- Escrituración.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-06

Cuando no existe mora del deudor y el reajuste del precio se determina en base a los principios genéricos de justicia o de la teoría del ejercicio antifuncional de los derechos (art. 1071 del Código Civil, no corresponde aplicar los índices oficiales suministrados por el I.N.D.E.C en forma rígida, sin defecto de que ellos -o uno de ellos, constituyan una pauta más, entre otras tantas para arribar a buen puerto en equidad.-
Autoría mediata, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: ORTUVIA SALINAS, Enrique Manuel y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-24

La autoría mediata a través de aparatos o estructuras de poder organizadas explica con claridad la voluntad de dominio del hecho en casos como los que se encuentran acreditados en el sub lite, en los cuales los hechos que configuran delitos fueron llevados a cabo por aparatos organizados de poder.
Sentencia, fundamentación de sentencias, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: G., C. D. y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-07

La duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que ese especial estado de ánimo debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso, lo que, ocurrió en la especie. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell).
Daños y perjuicios, incumplimiento del contrato, compraventa inmobiliaria, reserva de compra, demanda en dólares, obligaciones en moneda extranjera
Materia: CIVIL
Carátula: B., J. c/ V., D. B. M. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-30

Revocó parcialmente la sentencia que, en el marco de una demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios derivados de la frustración de la reserva de venta de un inmueble, dispuso que el actor debía readecuar el monto reclamado en dólares a la moneda de curso legal. Refiere que no se trata de una demanda de daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito en el que estos se cuantifiquen arbitrariamente en moneda extranjera, sino de un reclamo por incumplimiento de un contrato en el que se habrían establecido prestaciones en dólares, y más allá de la eventual aplicabilidad e interpretación del art. 765 del Código Civil y Comercial, no corresponde exigir la adecuación a pesos de la suma demandada, cuando esta correspondería a una estipulación contractual cumplida en dólares, según el documento de reserva de venta invocado.
Sucesiones, venta de bienes, legados, interpretación del testamento, captación de la voluntad del testador
Materia: CIVIL
Carátula: Muñiz Fonseca, Josefina s/ sucesión - causa nº 95.110/2006
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-28

La posibilidad de hacer efectiva la voluntad de la causante mediante la entrega del producido de la venta de la cosa legada, cuando este valor subsiste depositado en autos y la previsión testamentaria no puede cumplirse en términos literales por causas ajenas, desconocidas por aquélla y sobrevinientes a su declaración de insania, no importa una solución disvaliosa- lesiva del derecho de terceros- ni un inequívoco modo de variar dicha voluntad, pues a la luz de los principios de la buena fe y del favor testamenti, configura una vía apta, eficaz y razonable para cumplir el objetivo perseguido, sin que la inexistencia de la cosa en su individualidad pueda constituir obstáculo insalvable cuando, en el caso, sólo obró como un medio para concretar el beneficio económico querido por la disponente. (Disidencia de los jueces Carlos E. Fayt y Juan Carlos Maqueda. La mayoría declaró inadmisibles los recursos extraordinarios- art. 280 C.P.C.C.N).
Jueces, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: GUTIERREZ, ZULMA BEATRIZ c/ RESTAURANT LA CALESITA Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC. Galvan, Antonio c/ Grafa S.A. s/ Preaviso, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-16|1999-07-15

El juez ha de proceder a efectuar, con los elementos aportados a la causa, una reconstrucción de lo sucedido; y en esta tarea lógico jurídica, es legítimo que acepte algunos elementos y desestime otros, cuando aquellos creen convicción, conforme con el art. 119 del C.P.L. 3603 que recepta el principio de "apreciación probatoria de la libre convicción" que implica el deber de apreciar la prueba pero no significa obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, sino que permite seleccionarlos a fin de fundar el fallo en los más eficaces. Todo lo cual por cierto, no significa una incitación a determinarse con arreglo a impresiones superficiales y juicios caprichosos, sino que logre un convencimiento último sustentado en la prueba de la causa y, al que ha de llegarse por el método de la persuasión racional.
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Requena, Braian Emanuel y otros c/  s/ infracción ley 23.737 y infracción art. 303
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-05-26

La criminalidad económica permite que el producto o las ganancias provenientes de actividades ilícitas (tráfico de drogas, de armas, etc.) puedan ser inyectados en el mercado de capitales y bienes mediante diversas maniobras con viso de legalidad. Se define al "lavado de dinero" como la conversión de dinero ilegítimo en activos -monetarios o no- con apariencia legal. De esta forma, los autores de este delito lucran con la recepción de dinero o bienes de origen ilícito y le brindan una apariencia de ilicitud. Es frecuente que las organizaciones criminales utilicen entidades bancarias, financieras o distintos tipos de inversiones inmobiliarias para legitimar sus activos de procedencia ilícita (Aboso, Gustavo E., op. cit. p. 1541 y ss.).