Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-05-04


SENT Nº 370	San Miguel de Tucumán, 04 de Mayo de 2009.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el artículo 14 de la Ley N° 48 ante la Corte Suprema Justicia de la Nación deducido por la parte actora en autos: "Padilla Ernesto José vs. Provincia de Tucumán s/ Especiales (Residual). Acción meramente declarativa"; y	C O N S I D E R A N D O:

1.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia n° 969 dictada por este Tribunal el día 28 de octubre de 2008.

2.- Entre los antecedentes relevantes debemos indicar que el 12 de febrero de 2007 la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán en sesión especial extraordinaria, sancionó cinco proyectos de ley (modificación de la ley provincial de Partidos Políticos; modificación del Régimen Electoral; reconocimiento de la movilidad porcentual de los haberes a los jubilados y pensionados transferidos a la Nación; autarquía financiera de los Poderes Legislativo, Judicial y H. Tribunal de Cuentas; facultad del Poder Ejecutivo de intervenir los organismos autárquicos del Estado) y que en tiempo hábil el Poder Ejecutivo ejercitó su potestad de veto consagrada en el art. 71 de la Constitución de la Provincia emitiendo los decretos 450/14 MGyJ, 451/14 MGyJ, 374/1, 415/3 ME y 375/1 ingresado a la Honorable Legislatura en las fecha 26/02/07, 26/02/07, 22/02/07, 23/02/07 y 22/02/07, respectivamente. Frente a este acto, la mayoría parlamentaria que adhirió con su voto a los proyectos vetados optó por la no insistencia. Seguidamente, en la sesión del 12 de marzo de 2007, la Honorable Legislatura trató nuevamente dichos proyectos y les dio sanción. Ante la insistencia de estos proyectos, el PE resolvió la devolución de las normas, argumentando que no habían sido votados por los 2/3 de los miembros presentes y que se estaba transitando el mismo año parlamentario a aquel en el cual tuvo lugar la originaria sanción de los mismos proyectos, respecto de los cuales ejerció su facultad de veto.

El señor Ernesto José Padilla en su carácter de Legislador Provincial promovió una acción meramente declarativa de certeza (art. 282 del CPCCT) en contra de la Provincia de Tucumán con el objeto que se ponga fin al estado incertidumbre generado por el del Poder Ejecutivo de la provincia. Indicó que estos hechos provocan dos interrogantes que resumió como "la esencia de la incertidumbre que reclama remover" a esta Corte: El primero, luego de recibidos los proyectos sancionados por el Poder Legislativo y en los términos del artículo 71 de la Constitución de la Provincia, puede el Poder Ejecutivo simplemente devolverlos, sin vetar o promulgar los mismos?.. El segundo, a la luz de la Constitución, las leyes y el reglamento de la Honorable Legislatura, los textos legales fueron sancionados regularmente? Corrido traslado a la demanda mediante la resolución del 17 de abril de 2007 (fs. 21) se presentó el letrado Alejandro Torres abogado de la Fiscalía de Estado de la Provincia con Poder e interpuso excepciones previas. Esta parte planteó la incompetencia de este Tribunal para seguir entendiendo en la causa y la falta de legitimación manifiesta para obrar por la ausencia de relación jurídica, de caso o causa y de daño. Este Tribunal en la resolución n° 501 del 22 de junio de 2007 rechazó la excepción de incompetencia y declaró inadmisible la falta de legitimación manifiesta por cuanto ("sin perjuicio de la posibilidad de su reformulación y resolución en las oportunidades pertinentes") en esta etapa del proceso no se encuentra prevista en la ley procesal aplicable al caso. Renovado el planteo respecto a la legitimidad, en la sentencia hoy impugnada, esta Corte sostuvo que la calidad de legislador resulta suficiente para legitimar su pretensión a encontrarse afectado un interés personal y subjetivo del actor.

Concluidas las diferentes etapas del proceso, la Corte en su sentencia n° 969 del 28 de octubre de 2008 sostuvo, mayoritariamente, que: ".las expresiones año legislativo y año calendario, en el actual esquema constitucional son equivalentes y es en este ámbito en el cual puede dictarse una norma y vetarla. De allí que el punto de partida para que una ley pueda ser reeditada en el siguiente período legislativo con mayoría simple es el de las sesiones ordinarias y no en otras. Este esquema permitiría un espacio de tiempo mínimo de reflexión sobre el contenido de las normas que se quieren insistir en el período siguiente. Una interpretación en contrario, no solo sería contradictoria con la normativa constitucional sino que además, desnaturalizaría la figura de veto el cual podría ser "franqueado" a través de sesiones extraordinarias realizadas a días u horas antes del inicio de sesiones ordinarias".

Se afirmó, de igual modo, que ".habría que preguntarse cuál es el fundamento institucional, democrático o simplemente práctico que permite el PL superar el veto reiterando una votación dos días después con la misma composición y con la misma mayoría simple. En el esquema que pretende el recurrente esta pregunta no tiene respuesta legal, constitucional, democrática alguna. Ello surge nítido cuando se advierte que la posibilidad de sancionar leyes con la utilización previa de una sesión extraordinaria se convertiría en una forma ilegítima de sortear naturaleza compleja que implica el dictado de una normativa, es decir, el juego entre el PL y el PE tornando inútil y absurda la institución del veto".

En consecuencia, se rechazó la acción declarativa de certeza promovida por el señor Ernesto José Padilla. Tal decisión es atacada por la parte actora en su recurso extraordinario. Este recurso fue respondido por la parte demandada en los términos del escrito agregado entre fojas 575 a 579.

3.- El recurrente en primer término señala el cumplimiento de los requisitos formales del recurso extraordinario federal y expone los antecedentes de la causa citando doctrina y normativa nacional.

En relación a los fundamentos de su pretensión expresa que la sentencia en crisis violenta los arts. 1, 5, 28, 31 y 33 de la Constitución Nacional puesto que se lesiona el uso de facultades constitucionalmente concedidas al Poder Legislativo Provincial y, en consecuencia, afecta el sistema republicano de gobierno. En particular, indica que esta Corte actuó arbitrariamente realizando afirmaciones dogmáticas con fundamentos aparentes, incurrió en graves omisiones respecto al texto constitucional local y no considera todas las pruebas y antecedentes acercados en autos.

Al analizar el texto de la sentencia afirma que la perspectiva histórica realizada por el Tribunal es parcial y antojadiza. Que señalar que debe existir un tiempo de reflexión para superar el veto del PE es una interpretación arbitraria que no surge de ninguno de los textos constitucionales de la provincia. Que esta es una construcción dogmática que no tiene sustento en norma alguna y que da la espalda a los antecedentes históricos.

Recuerda que el fallo sostuvo que las expresiones año legislativo y año calendario eran equivalentes en el actual esquema constitucional y que el período para que una ley pueda ser reeditada es en las sesiones ordinarias. Al respecto, señala que esta interpretación alteró el equilibrio existente entre el PE y el PL dando preeminencia a aquel sobre la voluntad parlamentaria de insistir o reeditar un proyecto de ley observado. Reprocha que el léxico de la Constitución Provincial es claro al fijar que en el año parlamentario existe un período de sesiones extraordinarias que van desde el 30 de noviembre al 28 o 29 de febrero y que el 1 de marzo se inicia un nuevo año parlamentario con todas las facultades legislativas de reeditar proyectos vetados.

Señala que, contrariamente a lo sostenido por este Tribunal, la redacción del artículo sobre la reedición de la norma vetada fue modificada en la Constitución del año 2006 agregándose el término "en todos los casos. Que este agregado impide la disputa respecto a que la sanción haya o no sido en sesiones extraordinarias. Que también el art. 75 de la Constitución Provincial habla genéricamente de sesiones sin exclusión o precisión alguna que permita excluir a las de carácter extraordinario. Concluye que ni del texto de citado artículo de la Constitución de Tucumán ni de los arts. 81 y 83 de la CN se desprende que "sesiones del año siguiente" o "sesiones de aquel año" estén referidas a las sesiones ordinarias con exclusión de las extraordinarias; en consecuencia, se observa que esta es una interpretación que se aparta de los extremos fácticos y legales.

Expresa, finalmente, que a partir de lo expuesto se advierte que la sentencia resulta a todas luces arbitraria puesto que no es derivación razonada del derecho vigente, excede los límites de las posibilidades interpretativas y aparece inexcusablemente errónea. Cita jurisprudencia de la CS.

4.- No corresponde conceder el recurso extraordinario presentado por la parte demandada, pues es inadmisible por los motivos que a continuación se exponen.

Como marco constitucional y procesal de los agravios planteados, cabe recordar que la Constitución Federal de la República se adoptó para su gobierno como Nación, no para los gobiernos de las provincias, las cuales, según la declaración de los artículos 121 a 123 C.N., tienen derecho a regirse por sus propias instituciones, y elegir por sí mismas sus gobernadores, legisladores y demás empleados; es decir: que conservan su soberanía absoluta en todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación, como lo reconocen los artículos 121, 122 y 123 C.N. (Fallos: 7:373; 317:1195). Es por ello que la misión más importante de la Corte consiste en interpretar la Constitución Nacional de modo que el ejercicio de la autoridad nacional y provincial se desenvuelva armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa. Del logro de ese equilibrio debe resultar la adecuada coexistencia de dos órdenes de gobierno cuyos órganos actúan en dos órbitas distintas, debiendo encontrarse sólo para ayudarse (Fallos: 186:170; 307:360). Esta doctrina fue reiterada por la Corte Federal en sus diversas composiciones desde los albores de su funcionamiento y hasta sus pronunciamientos más recientes, formando una perfecta e integradora amalgama con las normas constitucionales que estructuran el sistema federal imperante en la República (Fallos: 314:1915, disidencia parcial del juez Petracchi y disidencia del juez Fayt, Fallos: 326:2004).

La Constitución Nacional garantiza a las provincias el establecimiento de sus instituciones, el ejercicio de ellas y la elección de sus autoridades. La Carta Magna sujeta tanto a ellas como a la Nación al sistema representativo y republicano de gobierno (arts. 1° y 5°), impone su supremacía sobre las constituciones y leyes locales (art. 31) y encomienda a la Corte de la Nación el asegurarla como último custodio de la Ley Suprema (art. 116). Esa intervención está limitada a los casos en que, frente a un evidente y ostensible apartamiento del inequívoco sentido de las normas de derecho público local, queden lesionadas instituciones fundamentales de los ordenamientos provinciales que hacen a la esencia del sistema representativo republicano que las provincias se han obligado a asegurar. Sólo ante situaciones de excepción como la enunciada, la actuación del tribunal federal no avasalla las autonomías provinciales, sino que procura la perfección de su funcionamiento asegurando el acatamiento a aquellos principios superiores que las provincias han acordado respetar al concurrir al establecimiento de la Constitución Nacional (Fallos: 310:804, considerando 17).

En este sentido, los agravios planteados por la Provincia no configuran materia federal apta para ser considerada y decidida por la vía del recurso extraordinario. Debe resaltarse, en primer lugar, que todos los planteos que efectúa el demandado no configuran una causa federal, pues remiten a la interpretación y aplicación de normas locales. La forma que establece la Constitución Provincial el modo de formación y sanción de las normas así como la forma en que se articula esta actividad entre los diferentes poderes de la provincia hacen referencia a ámbitos y materia que se encuentran fuera del marco de este recurso.

Por tal motivo, la revisión de las decisiones judiciales sobre tales cuestiones adoptadas por los órganos del Poder Judicial de la Provincia fenece dentro del ámbito local, pudiendo admitirse con carácter excepcional la intervención de la Corte Suprema cuando los planteos efectuados en el recurso extraordinario revelen en forma nítida, inequívoca y concluyente un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa, extremo que no se configura en el caso.

Todos los cuestionamientos formulados remiten ineludiblemente a la consideración de temas que pertenecen al derecho público local. El recurrente se opone a la interpretación que realiza este Tribunal respecto a normas de la carta magna provincial referidos a funcionamiento de los distintos poderes frente al acto complejo de la sanción de una norma de carácter provincial.

Los planteos relativos a la afectación del sistema representativo y republicano, y a las garantías del orden constitucional provincial -artículos 1, 5, 28, 31 y 33 de la Constitución Nacional-, carecen de relación directa e inmediata con la cuestión en litigio y con las normas que regulan su solución, cuya naturaleza de derecho público local reconoce la parte recurrente.

En las condiciones expresadas y sobre la base de los antecedentes expuestos, los planteos que la parte actora propone en su recurso extraordinario con sustento en la afectación del orden constitucional provincial, no configuran una materia federal apta para ser admitida y revisada por la Corte de la Nación en ejercicio de la jurisdicción que le reconocen los arts. 116 y 31 de la Ley Suprema, y el art. 14 de la ley 48. Ello es así, en la medida en que aquellas cláusulas fundamentales carecen de toda relación directa e inmediata con la cuestión litigiosa del caso de autos y con las normas que regulan su solución, cuya indudable naturaleza de derecho público provincial ha sido reconocida por el recurrente.

Por otra parte, y en relación a la tacha de arbitrariedad, cabe resaltar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte Federal en un tribunal de tercera instancia ordinaria, sino que procura cubrir casos de carácter excepcional en los que graves deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento jurídico impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como una sentencia fundada en ley, con directa lesión a la garantía del debido proceso (doctrina de Fallos: 308:2351 y 313:1054). Tales vicios no se configuran en el sub lite, por cuanto lo resuelto exhibe fundamentación razonada sobre la cuestión litigiosa. Los agravios desarrollados por el recurrente resultan insuficientes para enervar los argumentos expuestos por en la sentencia impugnada, que en el marco de una cuestión gobernada por el derecho público provincial, ha expuesto un análisis de las circunstancias del caso y un juicio de valoración de éstas.

En síntesis, corresponde denegar el recurso extraordinario federal por cuanto no se encuentran cumplidos los requisitos de admisibilidad exigidos por la ley.

5.- En cuanto a las costas generadas en esta instancia deben imponerse al recurrente.

Por lo expuesto, en coincidencia con lo expresado por el Sr. Ministro Fiscal, y encontrándose excusado el doctor Antonio Daniel Estofán, se	R E S U E L V E :

I.- DENEGAR la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia n° 969 del 28 de octubre de 2008 dictada por este Tribunal.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ALBERTO JOSÉ BRITO (en disidencia) CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA	Voto en disidencia del doctor René Mario Goane:

I.- Comparto lo expresado en los puntos 1, 2 y 3 del voto precedente, mas discrepo con las consideraciones restantes y el resultado a que arriba, por las razones que a continuación paso a desarrollar.

II.- No obstante que es de incumbencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación juzgar en definitiva acerca de la existencia o no de alguno de los supuestos de arbitrariedad, ello no exime a este Tribunal de efectuar el control provisional de admisibilidad verificando si se dan, en el caso, todos los requisitos formales que hagan admisible, con la provisionalidad indicada, al remedio federal incoado en la causa.

Al respecto, cabe poner de resalto que el recurso ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 554, 555 y 572 vta.), por parte legitimada al efecto, y se dirige contra una sentencia definitiva que pone fin al pleito, dictada por el Superior Tribunal de Provincia.

Sin embargo, si bien el tópico debatido en autos es de naturaleza local en tanto se relaciona con la correcta hermenéutica de normas de la constitución de la provincia -lo que en principio excluiría la existencia de cuestión federal suficiente a los efectos de la apertura de la vía extraordinaria federal-, para sortear este obstáculo el recurrente invoca la doctrina de la arbitrariedad alegando que el voto de la mayoría representa una construcción dogmática, caprichosa y antojadiza, concebida a espaldas de los antecedentes históricos que jalonaron la evolución constitucional de la provincia y del texto expreso de la norma vigente (artículo 75), siendo que la idea de que debe existir un tiempo de reflexión para superar el veto del Poder Ejecutivo constituye una interpretación irrazonable que no encuentra apoyatura en norma alguna. Cuestiona con suficiencia la equivalencia trazada por el fallo entre las expresiones "año legislativo" y "año calendario" y la imposición que se infiere del voto mayoritario de esta Corte en el sentido que ambas sesiones legislativas (la de la primera y segunda sanción de las normas) deban ser ordinarias para que se torne operativo el artículo 75 de la carta magna vernácula. En criterio del recurrente, tal hermenéutica altera el régimen republicano de gobierno caracterizado por el equilibrio que debe imperar entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, al darle preeminencia al primero por sobre la voluntad popular expresada por el Parlamento, en franca violación de los artículos 1 y 5 de la ley fundamental. Considera que, tanto en la constitución nacional como local, el "año legislativo" o "parlamentario" se compone de un período ordinario que se extiende entre el 01 de marzo y el 30 de noviembre o diciembre de cada año, que se completa con el período de sesiones extraordinarias que finalizan el 28 o 29 de febrero del año siguiente, y que el 1° de marzo se inicia un nuevo año legislativo del que no forma parte todo lo actuado en el período de sesiones extraordinarias cerradas el 28 o 29 de febrero. Sostiene como fundamento central, que el pronunciamiento impugnado no tuvo en cuenta la modificación introducida en la constitución de 2006 al precitado artículo 75 (agregación de las expresiones "en todos los casos") lo que excluye cualquier controversia respecto a que la sanción originaria de las leyes en cuestión sí pudo válidamente producirse en una sesión extraordinaria, a lo que se suma la alusión genérica a sesiones sin exclusión o precisión alguna que posibilite excluir a las extraordinarias. Asimismo, asevera que ni del texto de aquel artículo ni del de los artículos 81 a 83 de la constitución nacional ni de la opinión de la doctrina constitucional se desprende que la alocución a "sesiones del año siguiente" o "sesiones de aquel año" se circunscriba a las ordinarias, con prescindencia del período de sesiones extraordinarias.

Finalmente, argumenta con elocuencia que los déficit señalados configuran el vicio de arbitrariedad que amerita la existencia de cuestión federal, toda vez que lo decidido no es derivación razonada del derecho vigente (al alejarse de la literalidad del texto del artículo 75 de la constitución provincial que no admite opciones interpretativas), sino el fruto de puros dogmatismos, opiniones personales de los magistrados y omisiones sugestivas y sorprendentes; todo lo cual no hace más que evidenciar con meridiana claridad la existencia de gravedad institucional en la especie, al haberse visto afectado fatalmente con lo resuelto el equilibrio que necesariamente debe existir entre los poderes del estado, lo que agravia al sistema republicano de gobierno tutelado en los artículos 1 y 5 de la ley fundamental de la nación.

III.- En la perspectiva del marco reducido y precario de conocimiento aludido precedentemente se advierte que, a prima facie, aparentemente el vicio de arbitrariedad denunciado se encuentra invocado con suficiencia, al igual que la eventual existencia de gravedad institucional ya que, como se dijo, se aduce con argumentos bastantes que la sentencia en recurso no constituye una derivación razonada del derecho vigente y lesiona la forma republicana de gobierno consagrada en los artículos 1 y 5 de la constitución nacional, de tal suerte que la cuestión debatida, como lo sostiene la CSJN, incidiría en la buena marcha de las instituciones, en la correcta administración de justicia y en el debido respeto a derechos y garantías fundamentales consagradas en el ordenamiento máximo del país. O en otros términos, resulta formalmente admisible la apelación federal incoada por cuanto los agravios del recurrente suscitan cuestión federal en razón de que si bien es cierto que se vinculan con la interpretación de normas de derecho público local, ello no resulta óbice para habilitar la vía extraordinaria cuando el agraviado cuestiona que el tribunal realizó una hermenéutica que equivale a prescindir de la norma aplicable al caso sin una adecuada motivación.

Por lo tanto, encontrándose satisfechos los demás requisitos de admisibilidad de la vía federal intentada y habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 581/582, corresponde declarar admisible el recurso extraordinario federal en examen, imponiéndose las costas por el orden causado, atento a la naturaleza y complejidad de la cuestión controvertida, lo que bien pudo dar razón para oponerse a la demandada.

RENÉ MARIO GOANE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.