marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pensiones, beneficiario previsional de escasos recursos, acumulación de beneficios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DINARDO, LAUREL ARTENTINA c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-12

El hecho de percibir un beneficio previsional no es obstáculo para acceder también al de pensión en caso de tratarse de personas con ingresos reducidos. En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la resolución que denegó la petición, sin agotar las gestiones tendientes a verificar la dependencia económica y la inexistencia de otros sustentos económicos de la peticionante. (Disidencia del Dr.

Wassner).
Jubilaciones, interpelación, Administración Pública, facultades discrecionales, empleados públicos, estabilidad del empleado público, cesantía
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALMITRANI, ROBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 129-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

El verbo "podrá", utilizado en el artículo 73 bis de la ley 6915 y en el artículo 25 segundo párrafo de la ley 8525, debe interpretarse referido al ejercicio discrecional de la potestad de la Administración, de requerir o no el cese, y no a primera intimación misma, en cuanto recaudo para que se produzca el cese de la estabilidad.
Recurso extraordinario, cuestión de derecho común, sentencia arbitraria, interpretación del contrato
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Marotte, Isabelino c/ Y.P.F.  y otro s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Si bien lo atinente a la exégesis de la voluntad contractual es materia de derecho común ajena al recurso extraordinario, ello reconoce excepción cuanto los jueces asignan a las cláusulas de un contrato un alcance reñido con la clara intención de las partes, y lo decidido no se basa en explícitas razones suficientes de derecho.
Locación de cosas, responsabilidad del locatario, daños en el inmueble, daños y perjuicios, lucro cesante, gastos de reparación del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: SUAYA CARLOS c/ NAFTALI ALBERTO s/ LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-09

Si por devolverse una cosa con deterioros, el locador debe efectuar reparaciones, tiene derecho a que el locatario le pague en concepto de lucro cesante el importe de los alquileres que hubiera podido percibir durante el tiempo probable que puede demorar la realización de aquellos trabajos.
Contratos, incumplimiento del contrato, daño moral, carácter resarcitorio, carácter sancionatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MULLER   ERWIN c/ SMG  COMPAÑIA  ARGENTINA  DE  SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

El agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas; entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad psíquica, los afectos familiares, etc. (conf. CNCom., Sala B, in re: "Katsikaris A. c/ La Inmobiliaria Cía. de Seguros s/ ordinario", del 12.08.86). No se reduce al pretium doloris, pues involucra todo daño a intereses jurídicos extrapatrimoniales (conf. CNCom., Sala B, in re: "Galán, Teresa c/ Transportes Automotores Riachuelo SA s/ sumario", del 16.03.99). Se trata de una lesión susceptible de causar lo que una aguda fórmula ha llamado "modificaciones disvaliosas del espíritu" (v. Pizzarro Daniel, "Reflexiones en torno al daño moral y su reparación", JA del 17.09.86, especialmente pág. 6 y doctrina allí citada). Si bien la indemnización por daño moral exhibe un carácter eminentemente resarcitorio (conforme CNCom., Sala C, in re: "Rinavera Norberto Luis c/ Lafuente Ricardo Guillermo y otro s/ ordinario", del 27.12.2006; Juzgado Comercial N° 12, in re: "Stoessel Rodolfo c/ Sancor Coop. de Seguros Ltda. y otro s/ ordinario", del 21.06.2006; ídem., in re: "Clementi Marcelo Hermes c/ HSBC Banco Roberts s/ ordinario", del 14.03.2006; ídem., in re: "Martínez Raúl Andrés c/ Nexo Asociación Civil y otros s/ ordinario", del 20.09.2005; ídem., in re: "Acosta José Ramón c. Empresa de Microómnibus 25 CISA y otros c. daños y perjuicios", del 07.03.2005; entre muchos otros); también procede atribuirle a ese concepto, carácter sancionatorio o ejemplificador (conf. Sala C, in re "Albin Gabriel F. y otro c/ Club Vacacional SA -Rincón Club- y otros s/ ordinario", del 20.04.2007). La indemnización del daño moral en el caso de incumplimiento contractual se encuentra regulada en el artículo 522 del Código Civil. Preciso es señalar en esta directriz, que su admisibilidad es facultativa para el Juez, toda vez que el precepto dice "podrá", con lo cual se está significando que no le impone al tribunal la necesidad de hacerlo. El carácter restrictivo que la jurisprudencia asigna a la reparación de esta clase de daño en materia contractual, tiende esencialmente a excluir de este ámbito las pretensiones insustanciales, basadas en las simples molestias que pueda ocasionar el incumplimiento del contrato (conf. Guillermo A. Borda, "La reforma de 1968 al Código Civil", p. 203; Ed. Perrot, Bs. As., 1971). Sin embargo, esa razonable restricción no puede erigirse en un obstáculo insalvable para el reconocimiento del agravio moral cuando el reclamo tiene visos de seriedad suficientes y encuentra base sólida en los antecedentes de la causa (Sala C, in re: "Giorgetti Héctor R. y otro c/ Georgalos Hnos. S.A.I.C.A. s/ ordinario", del 30.6.93; in re: "Miño Olga Beatriz c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario", del 29.5.2007).
Duración del proceso, morosidad del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en  autos incidente de excepción de falta de acción en autos Villalba, Julián y otros s/ infr. art. 96, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-23

La voluntad estatal persecutoria, manifestada a través del poder legislativo, no puede ser modificada pretorianamente por los jueces en perjuicio del imputado, máxime cuando dicha interpretación parece destinada a justificar una indebida inacción o demora por parte de los órganos responsables. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Honorarios del abogado, deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zabeo, Diana Edith c/ Empresa de Transporte Peralta Ramos SACIF s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-04

Los honorarios provisorios siempre deben ser soportados por el poderdante o patrocinado (sin distinguir el origen o la causa de ese apoderamiento), en tanto que los honorarios definitivos se encuentran a cargo de quien, al final del proceso, haya sido señalado como el responsable de las costas generadas en la defensa del asegurado.
Daños y perjuicios, prescripción, cómputo del plazo, falsa denuncia, sobreseimiento definitivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MARTINEZ, Enrique Luis y otro c/ MARCOLINI, Rubén Héctor s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-09

Si bien la prescripción inicia su curso desde el hecho generador configurado por la denuncia, hasta la absolución o el sobreseimiento media una situación asimilable a la que contempla el art. 3980 del Código Civil, por lo que corresponde liberar al damnificado de las consecuencias de la prescripción cumplida en ese interregno, siempre que haga valer sus derechos en el término de tres meses de cesado el impedimento. De ahí que, si a partir de la fecha en que fue dictado el sobreseimiento desde el 25 de septiembre de 2001 hasta el 5 de diciembre, cuando se inició la mediación, transcurrieron dos meses y cinco días. Y si este último trámite finalizó por decisión de las partes el 6 de febrero de 2002, corresponde adicionar a partir del día siguiente el plazo de 20 días contemplado en el decreto 91/98 (B.O. del 29/01/1998), más los 25 días que restaban para finalizar el plazo de gracia de tres meses, que fue suspendido el 5 de diciembre con la mediación, con lo cual al iniciarse la demanda el 12 de abril de 2002 la acción se encontraba prescripta.

Del voto en disidencia del Dr. Galmarini.
Recurso de apelación (procesal), nulidad procesal, delitos contra la propiedad, agravantes de la pena, calificación legal, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: SEGURA Adriana Esther c/ ISLAS ROMERO Cristian, DOUSDEBES Héctor Alfredo s/ REVOCATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-08-08

Lo que sí asiste razón a ambos apelantes, es el erróneo agravamiento de la figura delictiva, ya que al no haberse secuestrado la supuesta arma blanca utilizada, no puede inferirse su portación por las heridas ocasionadas a la víctima, ya que estas últimas conforme así lo da cuenta el informe médico, no condice su naturaleza con las que eventualmente puede ocasionar un elemento punzo-cortante y sí acorde a las "producidas por trauma con o contra elemento contundente", al tratarse de equimosis en oreja derecha y de escoriaciones en región lumbar derecha.En efecto, se sabe que la equimosis representa lo que vulgarmente se conoce como moretón, mientras que las escoriaciones importan de igual modo lo que se conoce como raspaduras, resultado ambas que no condicen con un hipotético uso de un arma blanca o elemento punzo cortante, de modo tal que el simple hecho de su presencia, jamás puede demostrar por su resultado de que estas heridas fueron ocasionadas con elementos de esas características. Por ende, presentándose dudas en cuanto a la materialización de la calificante, su interpretación lo debe ser a favor del reo y por ende subsiste la figura básica del Robo.
Inconducta procesal, multa
Materia: CIVIL
Carátula: GUAMAN VDA. DE GOMEZ MARÍA EUGENIA c/ GRIGUOLI ANITA ISABEL s/ COBRO DE PESOS - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-16

La multa contemplada en el art. 45 del C. P. C. y C. tiene como propósito fundamental el de preservar los principios éticos y de celeridad que deben regir las contiendas judiciales, sancionando la inconducta procesal de quien utiliza en forma arbitraria, manifiesta y sistemática, defensas palmariamente improcedentes destinadas a entorpecer el avance del proceso o perjudicar al adversario en contraposición a los fines de aquél. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución de sentencia, suspensión del proceso judicial, impuestos, caución juratoria
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Tabacalera Sarandí S.A. c/ E.N.-AFIP-DGI  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-06

Corresponde la suspensión del incidente de ejecución de sentencia en tanto se invoca que el a quo, mediante la admisión de una pretendida ejecución anticipada de la sentencia declarativa de la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la ley 27.430 -y acudiendo al artículo 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación-, en la práctica, ha inhibido potestades fiscales por un monto excepcionalmente elevado y alterado el efecto del recurso interpuesto por la apelante contra la sentencia de fondo, requiriendo para ello solamente la caución juratoria de la parte apelada (Voto de los jueces Rosatti y Maqueda).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, defectos en la fundamentación normativa, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Luna, Juan Carlos y otros c/ Cía. Naviera Pérez Companc S.A.C.I.M.F.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01

No obstante tratarse de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, procede el recurso extraordinario si la sentencia impugnada se aparta de las constancias de la causa y de las normas conducentes a su debida solución, todo lo cual redunda en evidente menoscabo de la garantía de defensa en juicio y de la correcta fundamentación exigible a los fallos judiciales.
Asesor de menores, excusación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., M. de los A. s/ Su insanía
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

Corresponde desestimar la excusación del Asesor de Menores, si los hechos en que se basa no encuadran en ninguno de los supuestos legales que aprehende el art. 17 del C.P.C.C.
Contratos, pacto comisorio, resoluciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DE BLASI FELIPE c/ BEATRIZ RODRIGUEZ s/ Cobro Pesos (LIBRO: S083 - 009)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-06-07

La obigación del adquirente incumplidor es la devolución del inmueble, y existe desde que el contrato quedó resuelto ministerio legis, más allá del crédito que tiene contra el vendedor por la devolución de su prestación parcial.- Mientras lo ocupe, esa ocupación es sin derecho, porque la sentencia que declara resuelto el contrato -y ordena la devolución de las prestaciones recíprocas- no la convierte en lícita y de buena fe... Si la accionada quiere liberarse de las consecuencias dañosas de esa ocupación debe entregar el inmueble o al menos, ponerlo a disposición del Tribunal. Intertanto no lo haga, su ocupación, que causa perjuicios al actor, origina su obligación de resarcir.-
Competencia, tasas de interés, tasa activa, cosa juzgada
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: HARTTIG, GERARDO c/ GRAFO S.A. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-28

Desde que la CSJN abandonó la tesis referente a la naturaleza federal de las controversias sobre las tasas de interés y devolvió a los jueces las facultades derivadas del art. 622 del C. Civil, esta Cámara dejó sin efecto el art. 6º de la Resolución 6/91. Informalmente se generalizó el criterio de imponer tasas de interés diferenciadas y desde el 1/1/02 hasta la fecha de pago, la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos. En tal sentido el Acta 2357 del 7/5/02 modificada por la Resolución 8 del 30/5/02 carece de obligatoriedad jurídica y como se estableció en sus considerandos, sólo se traduce en la exteriorización del criterio que la Cámara adopta en materia de intereses a aplicar desde la fecha mencionada a fin de hacer frente a las nuevas circunstancias. La aplicación de tal criterio queda supeditada al caso concreto y en la hipótesis de la eventual interposición del recurso sobre el punto. Pero resulta improcedente su aplicación cuando existe en la causa sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Una solución distinta afectaría la seguridad jurídica, la perentoriedad de los plazos procesales y los principios de la preclusión procesal y de inviolabilidad de la defensa en juicio.
Delitos, amenazas, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, etapas del proceso, extorsión, declaración de incompetencia
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN AUTOS RAMÍREZ, MIGUEL SOBRE 168 - EXTORSIÓN c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde mantener la competencia de la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas que previno, si todavía no se han efectuado las medidas investigativas mínimas que permitan establecer correctamente la significación jurídica de los hechos denunciados. En particular, no se pudo tomar contacto con la denunciante a efectos de que brinde las mínimas precisiones necesarias para la adecuada delimitación de los hechos, lo cual se observa absolutamente imprescindible a los efectos de expedirse en forma fundada respecto de su eventual significación jurídica. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Alicia E. C. Ruiz, por remisión al dictamen fiscal).
Amparo por mora, partes del proceso, Administración Pública, calidad de parte
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aciar, Mario Edgardo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-04-12

La Administración no es parte en el juicio de Amparo por mora de la Administración Pública, por cuanto en el breve esquema procedimental que admite en nuestro caso el art. 28 2da. parte de la Constitución Provincial -para no desnaturalizar el instituto- está destinada nada más que a verificar una situación de mora objetiva, y, en su caso, ponerle fin.

El funcionario requerido tiene únicamente el deber de responder el pedido de informes que el Juez le efectúa, pudiendo añadir las consideraciones que estime pertinentes respecto de las razones de la mora.- Pero no asume con ello la calidad de parte, razón por la cual no es pertinente correrle traslado de la demanda.

Sí exige el texto constitucional, el pedido de informe al funcionario, porque de no hacerlo se corre el riesgo de ordenar el cumplimiento de un acto que ya ha sido concretado, tanto más cuando ha transcurrido un apreciable período de tiempo desde que la demanda fuera promovida (más de 6 años), pudiendo haber variado las condiciones fácticas desde aquel momento hasta hoy.
Juicio de alimentos, cuota alimentaria, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: T., L.E. c/ M., G. s/ Alimentos - custodia - régimen de comunicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-03

"La naturaleza de alimentos fijados en la resolución apelada, es la de una tutela provisional anticipada, que se adopta al inicio del proceso o durante su desarrollo y que resulta independiente de lo que posteriormente se decida en el pleito, conforme los hechos de la causa". Y, en este orden, debe estarse a la acreditación de la "verosimilitud del derecho", no siendo exigible en cambio la demostración puntual del peligro en la demora, pues este elemento fluye de la propia naturaleza de la prestación provisoria requerida.
Proceso penal, facultades jurisdiccionales
Materia: PENAL
Carátula: Incidente  de  nulidad  por  inconstitucionalidad  en autos: Fretes, Hernán Urso s/ Homicidio-art. 84 C.P. autos: Fretes, Hernán Urso s/ Homicidio-art. 84 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-03-20

En el proceso penal, la regla "ne procedat iudex ex officio" origina un fenómeno singular, ya que como la acción es ejercida generalmente por un órgano del Estado (el Ministerio Público), salvo los casos de las "acciones privadas", y la regla en cuestión exige que no se atribuya a un mismo órgano dos funciones diferentes -la de deducir la pretensión jurídica-penal y la de juzgar después acerca de su fundamento- en definitiva impone un desdoblamiento formal del Estado, puesto que, sustancialmente, éste es actor y juzgador. Este desdoblamiento obedece a dos razones diversas, ninguna de las cuales debe olvidarse, por una parte, prestándose atención al órgano jurisdiccional, asegura que éste actuará con toda objetividad y será absolutamente imparcial, y por la otra, atendiéndose al sujeto contra el cual se dirige la pretensión, asegura la defensa mas adecuada del imputado. Lo último es evidente, primero, porque al preceder el ejercicio de la acción a la actividad jurisdiccional, el imputado conoce oportunamente el hecho que se le atribuye y queda así en condición de poder defenderse (nadie puede defenderse de lo que ignora); segundo, porque el imputado sabe que su conducta no será juzgada por el mismo sujeto que admitió inicialmente -aunque fuera de modo hipotético y provisional- la existencia del delito que se le atribuye y su culpabilidad, salvo el caso de los delitos correccionales, donde este concepto no se verifica, poniendo de relieve la vulneración de la imparcialidad.
Robo con armas, arma impropia, delito penal, extorsión, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: C., C. s/ Robo (Expte Nº 128-93, Resolución Nº 70, Tomo 2, Folio 3)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-30

¿Cuál es el correcto encuadramiento jurídico de un hecho consistente en un apoderamiento de cosa ajena merced a la intimidación lograda con un arma descargada y/o con desperfecto en su funcionalidad?. La respuesta que parece obvia es la de que debe ubicársele como un robo simple, mas, no es ella correcta, toda vez que no existiendo actualmente la figura del robo con intimidación, todo hecho que pretenda ser robo deberá contar en su haber con otro despliegue de violencias físicas sobre las personas y/o con el de fuerza sobre las cosas que no sea el uso del arma que no es tal, y, además, porque la presencia en nuestro catálogo penal de una figura cual la extorsión, que contiene como medio consumativo propio a la intimidación, puede reclamar para sí la subsunción típica en cuestión. En principio puede señalarse que si en un hecho no hubo ningún tipo de violencias físicas ni fuerza sobre las cosas, presentándose sólo la intimidación derivada del arma aparente, deberá apelarse a la figura de la extorsión, dado que a través de ese medio habría obligado a otro a entregar o poner a disposición ajena una cosa, sin embargo ¿que ocurrirá cuando -como en el caso- junto a la intimidación derivada del uso del arma, hubo violencia física -mínima, pero violencia al fin- desplegada sobre la víctima del hecho?. En tal hipótesis se presentaría nítidamente un conflicto de normas, ya que si por una parte la instrumentación de ese mínimo de violencia induce a la aplicación de la figura del robo, no puede ignorarse que el uso de intimidación lo hace hacia la de extorsión.
Retiro voluntario, extinción por mutuo acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: FRAMIL, ALFREDO c/ TELEFONICA DE ARGENTINA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-11

La opción del retiro voluntario no puede nunca equipararse al despido, ya que en este caso se entiende que se ha quebrado la expectativo del trabajador de conservar su puesto. En cambio, cabe asimilar el retiro voluntario a la extinción prevista en el art. 241 LCT, ya que aún para el caso en que el acuerdo extintivo no hubiera sido homologado por la autoridad de aplicación, estaríamos frente al caso previsto en el último párrafo del citado art., de comportamiento concluyente y recíproco de las partes que traduce inequívocamente el abandono de la relación.
Acusación, requerimiento de pena, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ DELGADO s/ ACUSACION - NULIDAD PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-28

Es NULA la acusación que, sustentándose jurídicamente en los arts 296 y 292 C.P. -falsificación de documento público- se limita a pedir genéricamente sanción en un apartado, sin reiterarlo en el petitorio, olvida determinar la cantidad de pena que estima aplicable y no discrimina entre las de reclusión y prisión, alternativas para dicho delito; todo lo cual empece a una buena defensa técnica e impediría, en el supuesto de efectivizarse la cautela personal de los acusados, obtener la excarcelación una vez dadas las condiciones a que se refiere el art. 379 incs. 3ro. y 4to.

C.P.C.