marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Deudas impositivas, competencia contencioso administrativa, conflicto de poderes
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Huillapima c/ Estado Provincial y Capdevilla Empresa Constructora S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-05

La demanda lisa y llana de un municipio del interior provincial, por cobro de pesos emergentes de una supuesta deuda tributaria por falta de pago de tasas o contribuciones municipales en contra del Estado Provincial, no constituye materia contencioso administrativa, en la que este Tribunal de competencia originaria deba conocer.

Tampoco se configura un Conflicto de Poderes ya que este supone, en general, la asunción de competencias de un Poder por parte de otro que altera el normal funcionamiento de las instituciones y que no encuentra vías de solución en el ámbito de los Poderes en pugna, en tanto el conflicto se desata "cuando uno de los órganos representativos del Poder ejerce las atribuciones constitucionales y legales que corresponden al Poder que se siente lesionado configurándose una invasión a extraña jurisdicción o cuando uno de los Poderes impide al otro el ejercicio de sus facultades", y esto no sucede en autos, por lo tanto la presente cuestión no resulta de la competencia originaria que marca la Constitución Provincial.

Del voto del Dr. Cippitelli según su fundamento por la mayoría.
Daños y perjuicios, establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alba, Antonia Elena y otro c/ Municipalidad de Trenque Lauquen s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-10-27

El nosocomio público se encuentra obligado constitucionalmente a organizar el servicio de salud y frente a un deficiente funcionamiento del mismo, el Estado responde directa y objetivamente, pues hace a su propia función, y no a la actuación del profesional o dependiente. De tal modo, si el servicio no funcionó, funcionó mal o tardíamente, queda atrapada la responsabilidad del Estado, pues parte de una situación objetiva de falta o deficiencia del servicio que el Estado por mandato constitucional debe garantizar, pues justifican su propia existencia.
Procedimiento administrativo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: :  "Gardebled  Hnos  SA c/ EN - DNV -resol 777/01 y otras (expte10042/10      y      otros) s/ proceso     de     conoc
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-01

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que "cabe distinguir entre la vía impugnatoria -que presupone el agotamiento de las instancias administrativas reglamentadas en los arts. 23  y sigts. de la ley 19.549- cuyo resultado sería necesariamente la declaración de ilegitimidad del acto administrativo, de la reclamación del reconocimiento de un derecho -aun originado en una relación preexistente- basada en lo dispuesto por los arts. 30 y concordantes de ese mismo cuerpo legal." (Fallos 312:1017). Si bien dicha doctrina es anterior a la sanción de la ley 25.344, la distinción de ambas vías de acceso a la revisión judicial, impugnativa y reclamativa, no aparece modificada por esta última.
Concursos, principios generales del Derecho, competencia, excepciones procesales, desplazamiento de la competencia, competencia por conexidad, quiebra, fideicomiso, separación de patrimonios, dictamen jurídico
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ali, Paula Andrea c/ Pilar Business Center s/ liquidación judicial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-28

Del Dictamen Fiscal N° 24/20:.

Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio bajo titularidad del fiduciario y están destinados a cumplir con la gestión encomendada. Para asegurar el cumplimiento del cometido, la ley les otorga la calidad de patrimonio separado de los patrimonios de cualquiera de las partes intervinientes, fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario, lo que le confiere un blindaje respecto a pretensiones de sus acreedores y los constituye en garantía de cobro de las deudas generadas por la actividad del fiduciario (cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis, "Código Civil y Comercial de la Nación", T VIII, pág. 223)
Proceso penal, recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso, plazos procesales, días inhábiles, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez,  Rubén Gerardo s/ inf. Art. 189 bis CP" CP"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-26

En el caso, no resulta aplicable para el computo del plazo del recurso de queja la resolución Nro. 270/2006 del Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, en la cual se dispuso establecer como día inhábil el viernes 28 de abril de 2006 para todas las dependencias que funcionan en la sede de la calle Tacuarí 138 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello debido a que tanto las sedes de la Fiscalía que lleva el expediente como la de esta Sala -donde debe presentarse el recuso de queja conforme el artículo 476 Código Procesal Penal de la Nación- no se encuentran en aquel domicilio.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO. PROCESAL
Carátula: MALVICINO SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 785- 95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-04

Procede hacer lugar a la suspensión de medida administrativa peticionada, si de la apreciación propia del juicio de probabilidad que se formula en las medidas cautelares -que no requieren la comprobación de los extremos requeridos para la procedencia de la demanda, sino que se conforman con un juicio más rápido y superficial dirigido a controlar los presupuestos sustanciales de la cautelar administrativa- se permite concluir que, en el caso, éstos se hallan reunidos.
Locación de servicios, rescisión del contrato, pago de la remuneración
Materia: CIVIL
Carátula: RABINOVICH, Oscar Mauricio c/ SANATORIO SANTA CECILIA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-19

Cuando un profesional toma a su cargo las prestaciones de un servicio médico especializado dentro de un establecimiento asistencial, debiendo proveer los materiales necesarios para el funcionamiento de ese sector, a la par que obtiene como contraprestación sumas mensuales de dinero que varían en función de las prestaciones realizadas, puede afirmarse que se está ante un contrato de locación de servicios. Al respecto, si no media una específica reglamentación del trabajo y no se ha convenido su duración, le asiste a ambas partes, en cualquier momento, la facultad de rescindir unilateralmente el contrato. Cuando ese derecho, así delimitado, es ejercido por la locadora, ésta sólo debe remunerar los servicios efectivamente prestados por el locatario hasta la fecha del distracto, pero no el trabajo o utilidad frustrada, previsto en el art. 1638 del Código Civil para la locación de obra.
Intereses, tasa activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: NEME, PALMIRO A. Y OTRA c/ COOP. DE TRANSPORTES LA UNION LTDA. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-07-06

Al tratarse en el caso de una responsabilidad que encuadra en el art. 184 del C. de Comercio -por tanto de naturaleza comercial- los intereses a aplicar también deben ser los previstos por este mismo ordenamiento en el art. 565, es decir, tasa activa. (Minoría u opinión personal)
Incapacidad laboral, porcentaje de incapacidad, indemnización por incapacidad, capacidad residual
Materia: LABORAL
Carátula: MOIRE DE VERDE, MARIA c/ ROVIA SAIC. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-29

Todo trabajador que tiene una incapacidad de más del 66 % está en condiciones de obtener la indemnización del artículo 212, cuarto párrafo de la LCT., sin que esté obligado a poner su capacidad remanente a disposición de la demandada (Sala III, 30 de octubre de 1981, 'Atanasoff, Juan A. c/ EFA.', LT. 1982 (XXX-A,78).
Sentencia definitiva, auto de procesamiento
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Pino, Néstor H. y otros s/ HURTOS Y ROBOS REITERADOS S/ INCIDENTE REVISIóN. Re, Luis s/ QUEJA EN: 'RE, LUIS S/ DESACATO CALIFICADO S/ APELACIóN   PROCESAMIENTO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-09-05|1990-12-12

El auto de procesamiento constituye una situación insusceptible de ser comprendida dentro de las resoluciones definitivas o con el alcance de tales, únicas hipótesis recurribles por la vía excepcional de la casación penal. Ello así, en tanto su contenido resulta ser apenas una breve relación de los hechos acaecidos y su adecuación al derecho aplicable prima facie conforme una primera evaluación de los elementos de cargo reunidos hasta ese momento y es factible de ser revocado aún de oficio.
Ofrecimiento de la prueba, oportunidad procesal, plazo
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pereyra, Amelia Argentina c/ Macho, Miguel s/ Divorcio Vincular y Disolución de la Sociedad Conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-05-24

...si bien el art. 367 del Código ritual dispone que las pruebas deben ofrecerse dentro de los diez días del plazo de prueba, ello debe entenderse dirigido más a concluir una etapa del proceso que a señalar al ofrecimiento de prueba un orden determinado en la sucesión de las actividades procesales, pues, en verdad, el ofrecimiento anticipado de la prueba -que es lo que ha ocurrido en la especie- no perturba el buen orden del juicio ni causa agravio a la contraparte o al órgano judicial, lo cual impone cierta flexibilidad en la interpretación, sobre todo cuando con ello, dado la trascendencia del acto, se asegura al máximo el derecho de defensa.
Hecho imponible, tasa de justicia, servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Almada Aníbal Roberto c/ Policía Federal s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07

El hecho imponible que origina la obligación de pagar la tasa de justicia, es la prestación de un servicio por parte de la Administración Pública que se configura con la promoción dela demanda y la reconvención (LL. 1985-A, pág. 613).
Costas, juicio de alimentos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: W., T.B. c/ J., M.A. s/ Incidente de aumento de cuota alimentaria.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-21

Por las particularidades del incidente de aumento de cuota alimentaria, las costas deben aplicarse según el principio que establece que no deben imponerse al alimentado, aun cuando resulte perdidoso en el incidente, para no disminuir la cuota que recibe y siempre que haya asumido una actitud razonable al demandar el aumento o, eventualmente, al rechazar el pedido de disminución.
Condena condicional, revocación de la libertad condicional, comisión de nuevo delito
Materia: PENAL
Carátula: GARAY HUMBERTO s/ PENA.    CONDENA  CONDICIONAL.  (ART. 27  C.P.).  REVOCACIÓN  DE  LA  CONDICIONALIDAD  AL  NO  HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO MÍNIMO DE CUATRO  AÑOS. IMPROCEDENCIA DE QUE  EL  JUEZ  JUZGUE EL ACIERTO O ERROR DE LA NORMA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-29

corresponde revocar la condicionalidad de la pena que se le impusiera al condenado en la otra causa, porque frente al texto expreso del art. 27 C.P. Que exige un plazo mínimo de cuatro años desde la fecha de la sentencia condicional firme para que ésta pueda tenerse como no pronunciada, al juzgador no le queda otro camino que revocar la condicionalidad si al dictar sentencia por nuevo delito no ha transcurrido ese lapso.

Es que careciendo de facultades colegislativas, no incumbe al juez meritar el acierto o error de la norma, sino limitarse a aplicarla, salvo en los casos excepcionales en que, por conculcar ella una garantía fundamental, se declare su inconstitucionalidad. (Del voto del dr. Valdovinos al que se adhirió el dr. Escobar).
Seguros, acción de retrocesión
Materia: COMERCIAL
Carátula: Segurometal Cooperativa de Seguros Limitada c/ INDER Soc. del Estado en liquidación s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-12

El contrato de retrocesión del reaseguro es un contrato asegurativo en el cual el retrocedente re-asegurador (INDER) asume el papel de asegurado y el retro-cesionario el de asegurador. En definitiva puede conceptualizárselo como el seguro que presta cobertura contra el riesgo de nacimiento de una deuda sobre el patrimonio del retrocesionario, a consecuencia de la obligación de indemnizar a su asegurado en virtud de un siniestro. De lo expuesto surge claro que el retro-seguro del reaseguro participa de la naturaleza jurídica del reaseguro y del seguro y de sus caracteres esenciales. Es que el contrato de retrocesión del reaseguro presupone la existencia tanto de un contrato de seguro como de otro de reaseguro. Dicho en otros términos: es evidente la dependencia operativa de la retrocesión sobre el reaseguro.
Recurso extraordinario, facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bevilacqua, Teodosio c/ Mario Brain Saquer y/u ocupantes s/ Desalojo Mateo, Roberto Joaquín s/suc. c/ Montecino Zapata, Maximiliano s/ Desalojo Municipalidad de Merlo c/ Langune, Julián y otro s/ Adquisición de dominio por abandono
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-01|1995-05-09|1996-05-28

Los tribunales de apelación deben limitarse a constatar si concurren o no los requisitos procesales que condicionan la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto; se arrogan funciones que le corresponden a la Suprema Corte si rechazan el mismo por motivos vinculados a su procedencia.
Astreintes, terceros
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de apelación en los autos caratulados: Actuación administrativa interna s/ control patrimonial elecciones 28-06-2009
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-21

El artículo 37 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé expresamente la posibilidad de imponer astreintes a personas distintas de los litigantes.

Munné)
Medidas cautelares, estado de emergencia, empresa de navegación, regularización impositiva, pequeña y mediana empresa, igualdad ante la ley, discriminación
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Marítima Maruba c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-06

Cabe hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la empresa naviera, y permitir su acogimiento al Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (art. 8, Ley 27.541), puesto que el requisito de encontrarse inscripta como pyme para acceder a dicho régimen resulta violatorio del derecho consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional, en tanto se excluye a todos aquellos contribuyentes que no encuadren como tales, dado que se aprecia, prima facie, el presunto trato discriminatorio pues se advierte que la peticionante ha cumplido con los restantes presupuestos y condiciones previstos en el régimen aplicable.
Derecho procesal, partes del proceso, cuestiones procesales, gestor, subsanación de la falta, juicio ejecutivo, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Libertador Factoring SA c/ Alquimaq SACIF y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-24

Cuando, como en el caso, el acto cumplido por el gestor se trató de la interposición de excepciones al progreso de la acción ejecutiva; en ese marco, si bien de la lectura de dicho escrito se desprende que omitió toda referencia a la razón que motivó su presentación en los términos del CPR 48, por lo que, desde esta perspectiva, el decreto apelado que rechazó la presentación, se ajustó a las constancias del proceso, sin embargo, sin perjuicio de haberse desatendido, en su momento, la carga de explicar adecuadamente los motivos excepcionales que impidieron la actuación de la parte, entiende esta Sala que la acreditación de la personería invocada con el poder acompañado con el memorial efectuada dentro del plazo previsto en el art. 48 del ritual -cuarenta (40) días hábiles- y la justificación médica agregada, tienen la virtualidad de purgar los vicios que hubieran podido afectar la presentación atacada por lo que, encontrándose, como en el caso, comprometido el derecho de defensa, habida cuenta la relevancia que reviste en el proceso la interposición de excepciones, ante una cuestión dudosa de entidad meramente formal, corresponde inclinarse por la solución que mejor preserve el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva.
Principios procesales, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: BUSTOS DE MERCADO Edicta Esmilda c/ Bustos de Blanc Jesús Apolonia s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-05-26

El recurso debe ser rechazado en virtud del principio de preclusión procesal, el que como dijimos en el caso registrado en L. A. 2003 T°II - F°176/178 es la ". . . garantía que impide el debate respecto de aquellas cuestiones que han sido decididas en la causa mediante resoluciones firmes (conf. Palacio "Derecho Procesal Civil", t. I, p. 282), debiendo destacarse que éstas no sólo adquieren tal carácter para las partes, sino también para el tribunal que las dictó, quien se ve impedido de revocarlas o modificarlas cuando han quedado consentidas por las partes y se trata, como en el caso, no de una cuestión de orden público sino de derechos disponibles para ellas".
Prueba documental, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bruccieri, José Oscar c/ Alcala, Jorge Walter s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

En el ámbito del comercio, la factura suele ser el instrumento natural para comprobar la adquisición de mercaderías; por caso, repuestos de automotores (doct. art. 474 del cód. de comercio). Y así mismo es un instrumento de singular importancia para demostrar la contratación de algunos trabajos de mano de obra (art. 208 inc. 3ro. del cód. de comercio; arts. 1190 y conc. del cód. civil).

Destacando que a su vez se acredita debidamente que se trata de instrumentos fehacientes (art. 384 del cód. procesal).-
Despido sin causa, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ GRACIELA DEL CARMEN c/ VIVES LUIS DANIEL Y OTRA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-11-27

Resulta evidente que en autos no hay prueba alguna que pueda razonablemente ser imputada como que haya existido un distracto sin causa justificativa, es que pese al razonable esmero del letrado apoderado de la accionante, es a su parte a quien correspondía probar que tal despido era incausado y por ende hacía responsable a los demandados a indemnizarlo.
Prisión preventiva, falta de auto de prisión preventiva, sentencia absolutoria, nulidad de sentencia, doble instancia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ROMBOLA, Antonio s/ absolución Causa 29.629
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-15

Si el sentenciante anula todo lo actuado desde la acusación fiscal por no haberse dictado auto de prisión preventiva, absolviendo a los encartados, obviamente sin entrar en la evaluación del mérito de la prueba ni de la responsabilidad de los imputados, a fin de preservar la doble instancia, corresponde en caso de no compartirse el criterio nulificante del juez de grado, anular la sentencia absolutoria para el dictado de una nueva.
Régimen de faltas, Código de edificación, teatro, interpretación de la ley, bien jurídico protegido
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: SEBASTIAN MARTINEZ S.A. s/ NO ADECUO LOS CARTELES DE MEDIO DE SALIDA Y OTRAS - apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28

Corresponde descartar el argumento en cuanto a que los términos en que fueron redactadas las normas aplicables al caso devienen en una ambigüedad tal que no permite su acatamiento, en tanto es posible deducir sin mayor esfuerzo tanto la conducta que se desvalora en el artículo 2.2.4 del Código de Faltas -infracción al Código de la Edificación- como la que se demanda en el texto que completa el tipo en blanco -adecuación a los estándares del artículo 4.7.1.4 del Código de Edificación, según Ley Nro. 962-, en miras del bien que se pretendió resguardar, esto es, la seguridad de los asistentes a las funciones del "cine-teatro" inspeccionado en el caso.
Adopción, citación de los padres de sangre
Materia: CIVIL
Carátula: W.M.S. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-23

Dentro del régimen de nuestro Código Civil, el emplazamiento en el estado de hijo extramatrimonial se obtenía a través del reconocimiento voluntario del padre o madre o, en su defecto, por sentencia judicial que declarase la paternidad o maternidad no reconocida en aquella forma (conf. Zannoni, "Derecho de Familia", t.

II, p. 424, nro. 805). La reforma introducida por la ley 23.264 incorporó la determinación legal de la maternidad que tiene lugar, aún sin mediar reconocimiento expreso, a través de la sola comprobación del nacimiento y la identidad del nacido y la correspondiente inscripción en el Registro Civil (conf. nuevo texto del art. 242 del Cód. citado). El reconocimiento constitutivo del emplazamiento en el estado de hijo extramatrimonial sólo es el que se realiza ante el oficial público del Registro Civil en ocasión de denunciarse el nacimiento o con posterioridad a dicha denuncia. Aun cuando parte de la doctrina ha atribuído también aquella virtualidad al reconocimiento realizado en escritura pública, judicialmente o por testamento, este último criterio no es compatible ya que en nuestro derecho sólo son títulos de estado, formalmente suficientes para oponer en plenitud el estado de familia, las actas o partidas del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y sus testimonios (conf. art. 25 del decreto-ley 8204/63). Si no se posee ese título formalmente hábil para obtener el emplazamiento, no puede gozarse de éste, aunque preexisten los presupuestos idóneos para lograrlo (conf. Zannoni, op. y loc. cit. pág. 425 y ss.; Bossert Zannoni, "Régimen legal de filiación y patria potestad", p. 76 y ss ). Las manifestaciones vertidas por la presunta madre del menor ante la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y que dan cuenta de un supuesto reconocimiento anterior de aquélla no exteriorizado ante el Registro Civil son insuficientes por sí solas para emplazar al niño en el estado de hijo extramatrimonial, conclusión ésta que torna improcedente su citación al proceso en los términos del art. 12 de la ley 19.134, máxime si la persona a quien se atribuye la maternidad -de nivel socioeconómico medio y buen nivel intelectual- ha explicitado en forma inequívoca en sede administrativa su intención de desconocer la filiación y de desentenderse por completo de la niña.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, derecho de propiedad
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Galanti, Carlos Alberto c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

Para que proceda la indemnización de los daños ocasionados en el cumplimiento de las funciones administrativas es imprescindible la concurrencia de dos presupuestos: que medie una privación o lesión al derecho de propiedad y que aquélla sea consecuencia directa e inmediata del obrar del Estado.