Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-11


R., O. A Reg.: A y S t 206 p 481-487.

Santa Fe, 11 de mayo del año 2005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de O. A. R. contra la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2002, dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto en autos "R., O. A. y otros -Administración Fraudulenta- (Expte 230/01)" (Expte. C.S.J. Nro. 438, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisorio de fecha 18 de noviembre de 2002, la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto resuelve -en lo que aquí es de interés- confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto condena a O. A. R. por la comisión del delito de Administración fraudulenta (Arts. 45 y 173 inc. 7º del Código Penal).

Contra dicha resolución, la defensa interpone recurso de inconstitucionalidad.

Señala que, en primera instancia, ofreció como prueba los caratulados "Banco Birco Cooperativo Limitado s/ Quiebra", que tramitaban ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Rufino, que dicha prueba fue admitida pero que los autos no fueron remitidos.

Afirma que no es ajustado a los principios del debido proceso legal y defensa en juicio lo expresado por la Sala a quo, de que existen fotocopias correspondientes a los autos de la quiebra agregadas en la causa penal, pues considera que debe analizarse todo el expediente y no fotocopias seleccionadas para mensurar si existió o no perjuicio, cuál era la calificación de conducta, si existieron ahorristas perjudicados, constancia de aprobación de los actos jurídicos que se cuestionan, etc. Agrega que el análisis de la prueba documental ofrecida demostraba que los actos administrativos desarrollados por R.

y los demás miembros del Consejo de Administración habían sido previamente acordados y aprobados.

Argumenta que la omisión en acompañar y valorar el expediente concursal privó de analizar lo dispuesto en el artículo 1104 del Código Civil y que estamos en presencia de una cuestión prejudicial que versa sobre la calificación de la quiebra decretada. Entiende que, si bien en el momento de dictarse el auto declarativo de quiebra regía la ley 19.551, y que el artículo 242 de la misma establecía la independencia entre la acción civil y penal y que aquella no obligaba al juez penal, esta norma no puede derogar la disposición de fondo contenida en el Código Civil. Concluye que la no agregación de pruebas esenciales, tramitadas en el juicio concursal, que guarda relación de causalidad con el sumario penal, determina que el decisorio no constituya un acto jurisdiccional válido.

En otro orden, analiza el tipo penal en el que se subsumió el hecho e invoca la inexistencia de dolo, manifestando que no se puede enrostrar ardid o engaño pues las decisiones fueron tomadas por la totalidad del Consejo de administración, avaladas por Asambleas ordinarias y extraordinarias y aprobadas por el ente controlador de la actividad -el INAC-. Dice que el consentimiento excluye la tipicidad.

Sostiene que el problema sufrido por el Banco Birco en el año 1989 se repitió en nuestro país en el año 1995 -efecto tequila- y en el año 2002, en los que numerosas entidades bancarias fueron liquidadas como producto de un problema de política económica del Estado y no de administración fraudulenta dolosa de los integrantes de las mismas.

Cuestiona el fundamento vertido por la Sala basado en una pericia contable, pues los supuestos enumerados son -en todo caso- producto de un obrar culposo, son riesgos o "aleas" propios del negocio comercial.

También se agravia de que el Tribunal haya analizado la relación de causalidad efectuando una serie de consideraciones conforme a los principios de la teoría de la imputación objetiva, siendo que los lineamientos de esta teoría no están receptados en el Código penal y que, de conformidad con el principio de culpabilidad y participación criminal, cada uno responde por lo que hace o promete hacer.

Señala que no está probado ni mensurado el perjuicio económico experimentado por los socios del Banco Cooperativo, ni que los socios, inversores o depositantes no hayan podido recuperar sus depósitos, ni un manejo irregular que derivara en la obtención de un lucro indebido para sí o para un tercero, siendo que la figura de la administración fraudulenta pone el acento en la necesidad del perjuicio patrimonial.

2. La Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto, por auto de fecha 1 de abril de 2003, resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad, entendiendo que las hipótesis de arbitrariedad articuladas no guardan elemental conexión con la realidad del caso, aún estimada en una apreciación mínima y provisional.

Tal denegatoria motiva la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs.

64/68).

3. En primer lugar, resulta oportuno recordar que el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en una tercera instancia ordinaria ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, según la divergencia del apelante con respecto a la inteligencia que los jueces de la causa asignen a los hechos y a las leyes comunes. Su aplicación, por tanto, debe quedar reservada para aquellos supuestos en que una total carencia de fundamentos o el apartamiento injustificado de la solución legal prevista para el caso, convierten al pronunciamiento en un mero acto de voluntad, incompatible con la exigencia del adecuado servicio de la justicia que garantizan los artículos 95 de la Constitución Provincial y 18 de la Constitución Nacional.

Dicho lo cual, corresponde ingresar al análisis del primero de los agravios articulados por el impugnante, vinculado a la omisión de prueba decisiva.

En la resolución impugnada, la Cámara señala que "... el Dr. Domínguez ofreció como prueba documental los autos 'Banco Birco Cooperativo Ltdo. s/ Quiebra' (...) solicitando se agreguen al expediente, copias de los distintos Libros de Actas, de Asambleas, Balances, Memoria, Informes de Auditorías Interna y Externa y operaciones de créditos celebrados con los acusados Aranguren, Torós y de la Iglesia", que admitida la prueba y remitido exhorto al Juzgado de Primera Instancia de Distrito de la ciudad de Rufino, éste órgano "requirió, a su vez, al Sr. Juez exhortante, de ser posible determine las fojas del expediente a fotocopiar, atento a que el expediente principal constaba ya de siete cuerpos, a los que se sumaban otros dos cuerpos del incidente de calificación de conducta y otros incidentes que tramitan agregados por cuerda, explicando que la extracción de fotocopias de la totalidad generaría inconvenientes de índole económica a la Habilitación de ese órgano ... En respuesta, el Juzgado requirente especifica los puntos señalados por la Defensa en su escrito de ofrecimiento de prueba. Documentación que -en referencia a Estados Contables, Balances, Memoria, Informes de Auditoría Interna y Externa y de la Sindicatura ... fue remitida en fotocopias por el Juzgado exhortado, la que obra agregada a fs. 1137/1265" (f. 8 y vta. de autos).

Frente a ello, el recurrente se agravia "pues debía analizarse todo el expediente y no fotocopias seleccionadas" y dice que "el análisis de todo el expediente, permitía mensurar si existió o no perjuicio, cual era la calificación de conducta, si existieron ahorristas perjudicados, constancia de aprobación de los actos jurídicos que se cuestionan etc." (f. 46 vta.).

También afirma que "... la omisión en acompañar y valorar el expediente concursal, privó de analizar lo dispuesto en el artículo 1104 del Código Civil" y que "estamos en presencia de una cuestión prejudicial, que versa sobre la calificación de la quiebra decretada". Explica que "en el momento de dictarse el auto declarativo de quiebra regía la Ley 19.551. Si bien el artículo 242 de ésta Ley establecía la independencia entre la acción civil y penal y que aquella no obligaba al Juez Penal, ésta norma no puede derogar la disposición de fondo, contenida en el Código Civil" (f. 47).

El agravio, tal como está planteado, carece de idoneidad para lograr la apertura de la instancia de excepción.

Es que "la pertinencia o idoneidad de la prueba que se dice omitida para cambiar el resultado del pleito tiene que justificarse razonablemente" (A. y S. T. 108, pág. 219. En sentido similar: T. 68, pág. 18; T. 133, pág. 343; T. 162, pág. 479, entre muchos otros). En el caso, ello no ha acontecido, pues el impugnante no explica concretamente de qué modo el análisis de la totalidad del expediente concursal podría contradecir la valoración efectuada por la Cámara del plexo probatorio incorporado a la causa -que incluía fotocopias de las partes de dicho expediente relacionadas con los puntos señalados por la defensa en su escrito de ofrecimiento de prueba (documentación referida a Estados Contables, Balances, Memoria, Informes de Auditoría Interna y Externa y de la Sindicatura)- y modificar el pronunciamiento en su favor.

La mera mención de que dicha prueba permitía determinar la existencia o no de perjuicio, la calificación de la conducta y la aprobación de los actos jurídicos controvertidos no satisface la exigencia apuntada, pues cada una de estas cuestiones recibió específica consideración en la resolución de la Cámara, con suficientes referencias normativas, doctrinarias, jurisprudenciales y apoyo en el plexo probatorio, de manera que las conclusiones arribadas en torno de las mismas no pueden tildarse de groseras, absurdas o irracionales a punto tal de descalificar la sentencia como acto jurisdiccional válido desde el plano constitucional.

Así, con relación al consentimiento, la Cámara analizó una serie de testimonios rendidos en la causa y las constancias del Libro de Actas de las sesiones del Consejo de Administración, para concluir que "... toda esa actividad decisoria era solo aparentemente llevada a cabo por todos los que integraban el Consejo de Administración, pues en verdad quienes decidían, dirigían y coordinaban intelectualmente eran los Consejeros imputados, integrantes del núcleo con poder de decisión real, que tenían el dominio del hecho (quienes gestionaban representando y obligando a la entidad) es decir, los integrantes de la Mesa Directiva, cuyas 'propuestas' eran 'aceptadas' (o avaladas) por el Consejo. En tal caso, no puede considerarse que el tipo penal queda excluido frente al consentimiento válido del titular del patrimonio. En primer lugar, tratándose de sociedades, la mera aprobación de los estados contables no implica la aprobación de la gestión de quien está a cargo; y en segundo lugar, tampoco es válido el consentimiento, si la conducta del administrador viola el deber para perjudicar. De modo que aún la decisión de la asamblea carecerá de eficacia, aunque sea unánime (Ley Sociedades Comerciales, artículo 275)" (f.

34 y vta.).

La cuestión de la calificación legal de la conducta también fue contemplada y resuelta por la Cámara tras una extensa valoración del material fáctico y la normativa.

Con apoyo en doctrina y jurisprudencia, la Cámara analizó los requisitos del tipo penal - tanto los elementos objetivos (las acciones abusivas e infieles) como los subjetivos (tanto cognitivos: conocimiento de la violación de los deberes o quebrantamiento del compromiso de fidelidad, como volitivos: propósito lucrativo indebido y el fin de daño)- y citó actos que han venido siendo considerados como de administración fraudulenta y superadores del riesgo propio de la actividad financiera -como las operaciones preferenciales con directivos o personas vinculadas, los manejos respecto de las tasas de interés para beneficiarse lucrando con las diferencias en la operatoria financiera, la transgresión a los límites de endeudamiento, la no diversificación de deudores o el otorgamiento de crédito a deudores insolventes-. Respecto de los elementos subjetivos del tipo, la Cámara valoró el funcionamiento de la Mesa Directiva y el mecanismo de toma de decisiones de la entidad y señaló que "la actividad decisoria y de gestión que realizaron los administradores del Banco -su Mesa directiva- estaba necesariamente relacionada con las infracciones a las reglamentaciones emanadas del Banco Central" (f. 34 vta.). También analizó la irregular relación con la Asociación Mutual Interregional, los muy significativos aumentos de los gastos de estructura, la operatoria "clandestina" en una oficina en Buenos Aires y la concentración crediticia en contraposición a lo prescripto por el B.C.R.A., entre otros aspectos, para concluir que "no cabe duda que son acciones abusivas y/o infieles las realizadas por los imputados" y que las mismas "fueron llevadas a cabo con conocimiento de estar violando los deberes o quebrando el compromiso de fidelidad, al perjudicar u obligar abusivamente y con voluntad de hacerlo" (f. 36 vta.).

Finalmente, respecto del perjuicio a los intereses confiados, la Cámara evaluó una serie de operaciones preferenciales con directivos o personas vinculadas, manejos respecto de las tasas de interés y transgresiones a los límites de endeudamiento y a las reglas sobre canalización de cartera activa y consideró, con apoyo en la jurisprudencia, que constituían el resultado típico. Así, el Tribunal a quo señaló que "de la operatoria del Banco BIRCO, llama la atención la que mantenía con la 'Asociación Mutual Interregional', por empezar porque esta era dirigida por las mismas personas que integraban los órganos de gobierno y administración del Banco BIRCO (Carnevale, Libonatti, Torós, Aranguren, Cardo, Ruitort, Chasco, Lara ...). Según se desprende de los elementos obrantes en la causa, esta Asociación Mutual comienza, a poco de su creación, a captar fondos de pequeños ahorristas de la ciudad de Rufino, que eran hasta ese momento depositantes del BIRCO ....

al fin de cada día, por la sumatoria de los pequeños depositantes, la Mutual hacía una imposición de gran monto a plazo fijo en el Banco BIRCO, consiguiendo una tasa superior a la más alta que había pagado ese día el BIRCO en cualquiera de sus sucursales" (f. 18), agregando más adelante que "la tasa que se pagaba a la Mutual era mayor que la tasa obtenida por el Banco en 'call money', lo que se agrava al considerar el efecto de los encajes en el costo financiero de captación". Continuó expresando que "de la misma documentación reservada en Secretaría surgen las constancias de los numerosos depósitos de la Mutual Interregional, además de los depósitos a plazo fijo a nombre de familiares de Consejeros y empresas vinculadas, todos con tasa preferencial" (f. 19) y que "se comprobó asimismo asistencia crediticia a clientes vinculados, contraviniendo el límite establecido por la Com. 'A' 615, punto I ... Se apreció un crecimiento paulatino de tales excesos, pese haber sido observados por el Síndico ... Además, se observó como objetable las facilidades otorgadas a clientes vinculados a través del Presidente (Presidencia de Torós) en la deuda a nombre de Hilda Acuña de Torós (cónyuge del Presidente) y del Pro- tesorero del Consejo de Administración, Oscar Ferraris, en la deuda a nombre de Juan Ferraris e hijos" (f. 19). Por último, también se mencionó la operación de crédito de José Avelino de la Iglesia entre las notoriamente ventajosas para clientes vinculados con los directivos y anormales para la clientela en general (f. 19 vta.).

En base a estas y otras consideraciones, la Cámara concluyó que "los administradores, al perjudicar u obligar abusivamente a la entidad bancaria, violando sus deberes o quebrando su fidelidad, contribuyeron al peligro que culminó en el resultado típico en grado superlativo al ser declarada en estado de quiebra. Perjuicio que afectó a la entidad pero también a sus asociados, sus depositantes e inversores, quienes no se hicieron de sus capitales al vencimiento de sus respectivas operaciones. De los autos de Quiebra surge, además, que muchos de ellos solo percibieron como cancelación- un porcentaje de su acreencia a cargo del Banco Central quien, en definitiva, respondió por los quebrantos causados -operatorias con porcentajes garantizados-" (f. 37 y vta.).

Como se relató, el recurrente también adjudica relevancia a los autos de la quiebra apuntando a la existencia de una cuestión prejudicial.

Cabe señalar que, más allá de la particular opinión del quejoso relativa a la supuesta vigencia del inciso 2º del artículo 1104 del Código Civil, frente a lo normado en los artículos 178 de la ley 11.719 y 242 de la ley 19.551 y la clara doctrina al respecto [Vgr.: "La única cuestión prejudicial que subsiste en nuestro Código Civil es la referente a la declaración de nulidad o validez de los matrimonios (art. 1104, inc. 1º, Cód. Civ.) .... porque el inciso 2º del artículo 1104 ... fue derogado ..."; Clariá Olmedo, Jorge A., "Derecho Procesal Penal", Tomo I, actualizado, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 181]-, su argumento, en verdad, remite a las condiciones requeridas para el ejercicio de la acción que deriva de los delitos previstos en el Capítulo V del Código Penal -Quebrados y otros deudores punibles- (arts. 176 a 180), o a los elementos típicos de tales figuras; mientras que la conducta de Ruitort fue subsumida en el tipo del artículo 173, inciso 7º (Administración fraudulenta o infiel), en el que la existencia de un comerciante declarado en quiebra no está prevista como elemento del mismo.

En suma, el recurrente debió demostrar la incidencia que provocaba en todo el plexo probatorio valorado por el Tribunal a quo el elemento a que alude en el recurso como preterido -la totalidad del expediente concursal-; al no hacerlo deja sin justificar la decisividad de esa prueba y, por ende, de su agravio (A. y S. T. 55, pág. 5; T. 68, pág. 264).

Bajo el acápite "Análisis del tipo penal enrostrado", el impugnante expone el segundo de sus agravios. Menciona y reitera allí diversos planteos como la exclusión de la tipicidad en virtud del consentimiento de los actos controvertidos, la imputación de los problemas de la entidad bancaria a la política económica del Estado, la índole -en todo caso- culposa de determinados actos riesgosos propios del negocio comercial, la adopción de teorías no receptadas en el Código Penal o la falta de acreditación del perjuicio económico.

En torno a los mismos es dable observar que el libelo recursivo carece de mayor desarrollo argumental, empleándose una crítica genérica que impide comprobar el nexo entre el vicio acusado y la norma constitucional supuestamente vulnerada. Frente a ello, se advierte que cada una de las cuestiones traídas a esta instancia extraordinaria fueron ponderadas en la resolución impugnada, recibiendo un tratamiento concreto, con expresión de razones de hecho y de derecho suficientes para sustentar las conclusiones.

Así, con relación al consentimiento, la acreditación del perjuicio o la imputación de determinadas acciones al dolo del autor, cabe remitirse a los párrafos transcriptos en oportunidad de tratar el anterior agravio. Respecto de la incidencia de la política económica en la situación de la entidad bancaria, la Cámara señaló: "Obra también en la causa el Dictamen Pericial Contable - prueba pedida por la Defensa, Dr. Domínguez- en la que la Perito Contador designada concluye '... que la crisis (del BIRCO) no se debió solo a la disposición del Ministerio de Economía fijando el canje de Bonex por plazos fijos, sino que el Banco ya tenía problemas anteriores ..." (fs. 26/27) y postuló que "no puede atribuirse el cese y falencia de la entidad a la situación general de la economía del país en ese tiempo (...) sí a las frecuentes transgresiones a los límites de endeudamiento y otras reglamentaciones dictadas" (f. 37 vta.).

Con relación a la aplicación de la teoría de la imputación objetiva, no se observa que el Tribunal a quo haya desbordado, en el sub iúdice, los alcances de la misma -que se limita a suministrar criterios y herramientas conceptuales en orden a la delimitación de la tipicidad objetiva de la acción-, ni haya enervado el principio constitucional de culpabilidad, pues se limita a citarla en el análisis de "la conexión entre la acción y el resultado", valorándola como "la más efectiva para resolver el delito que nos ocupa" (f. 30 vta.).

Además de todas estas cuestiones, la Cámara analizó otras que también sirvieron de fundamento para la confirmación de la condena de primera instancia y respecto de las cuales el recurrente nada plantea. Así, con relación a los gastos administrativos, expresó: "Al profundizar el análisis surge, vinculado al llamativo aumento de gastos de estructura administrativa, destacados en los informes de Inspecciones del B.C.R.A., de los que emerge que mientras la actividad financiera propiamente dicha disminuyó en términos reales entre mayo de 1989 y mayo de 1991 en aproximadamente un 70%, los gastos de la estructura aumentaron en un 28%, produciéndose el principal incremento tanto en valores absolutos como relativos, en Honorarios y servicios administrativos contratados" (f. 17).

También entendió comprobado "en relación a O. R., que en numerosos casos coincidían gastos efectuados por el mismo, en su condición de Presidente de la entidad, mediante tarjetas de crédito que le suministraba el Banco y que pagaba el propio Banco, con otros gastos por los que R. había solicitado el reintegro, como si los hubiera cancelado con dinero propio" (f. 20 vta.).

Por lo demás, en el rechazo del recurso de inconstitucionalidad, la Cámara ya había respondido los cuestionamientos relativos a la ausencia de dolo y el impugnante, en su escrito de queja, se limita a insistir en su agravio vinculado con la omisión de prueba decisiva mas sin intentar, siquiera, rebatir -como era su carga- las consideraciones efectuadas por la Cámara al respecto.

En síntesis, la Cámara de Apelación pondera minuciosamente, en su resolución, el plexo probatorio de la causa, interpretándolo conforme los criterios de la sana crítica racional. En contraposición, los agravios del recurrente constituyen una mera discrepancia con la forma con la que el Tribunal, en ejercicio de funciones propias, analizó los hechos, valoró las pruebas aportadas y aplicó las normas en juego, ámbito que, en principio, resulta ajeno al remedio excepcional intentado.

Y es sabido que el acierto o error de los juzgadores en la realización de esta tarea no depara caso constitucional idóneo para franquear la instancia extraordinaria, cuya misión es efectuar el control de adecuación de la sentencia al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional (A. y S. T. 95, pág. 341; T. 100, pág. 251, T. 202, pág. 453., etc. En sentido análogo: A. y S. T. 99, pág. 102; T. 101, pág. 408; T. 137, pág. 341, entre muchos otros).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)