Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-07-02


SENT Nº 450 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dos (02) de Julio de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Cantero Juan Víctor vs. Tipa S.R.L. y otro s/ Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- Juan Víctor Cantero, parte actora en autos, plantea recurso de casación (fs. 429/432 y vta.) contra la sentencia N° 86 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, de fecha 27/4/2012 (fs. 423/426 y vta.), que fue concedido mediante resolución del 07/12/2012 (fs. 446 y vta.). De acuerdo al informe actuarial de fs. 455, ninguna de las partes presentó la memoria facultativa que autoriza el art. 137 del Código Procesal Laboral (en adelante, CPL).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo como Tribunal de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el a quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto dentro del plazo que consagra el art. 132 del CPL (cfr. escrito de fs. 435 y cargo actuarial de fs. 432 vta.); se dirige contra una sentencia definitiva con el alcance del art. 130 del CPL; el afianzamiento previsto en el art. 133 del CPL no resulta exigible al no mediar condena a la parte recurrente -actor en autos- (cfr. art. 133 del CPL, a contrario sensu); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos; y la impugnación se motiva en la infracción a normas de derecho y arbitrariedad en la valoración de las pruebas obrantes en la causa.

Respecto de esto último, es del caso aclarar que la ponderación por parte de esta Corte de aquella valoración efectuada por el Tribunal de grado, la cual constituye cuestión de derecho pues consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de la causa, resulta objeto propio del recurso extraordinario local por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por lo señalado, el recurso en examen es admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia jurisdiccional de este Tribunal Cimero local para ingresar al análisis de procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

III.- La parte recurrente -actora en autos- sostiene que el fallo impugnado es arbitrario e incongruente, que se ha apartado de los elementos de juicio reunidos en el expediente e ignorado aspectos propios del fraude laboral, y que ha prescindido del derecho aplicable al caso.

Refiere que, en razón de la incontestación de la demanda, el Tribunal fijó la aplicación del art. 58 del CPL, pero que luego la abandonó sin explicitar el motivo de tal apartamiento. Sostiene que si el principio legal es que se presume la veracidad de lo alegado por el trabajador salvo prueba en contrario, la Cámara debió señalar concretamente cuál es la prueba en la que se basa para apartarse de tal presunción. Afirma que señaló en la demanda la absoluta confusión entre las figuras de las dos sociedades demandadas (Tipa S.R.L. y Corpap S.R.L.) y que el principio consagrado en el art. 58 del CPL también alcanza a la relación del actor con Corpap S.R.L., ya que alegó la total confusión entre ambas empresas, que estaban integradas por los mismos socios y desarrollaban la misma actividad, de modo tal que no era posible distinguir cuándo y de qué manera el actor prestó servicios para una y otra empresa. Ante la inexistencia de prueba en contrario que demuestre que no existió tal confusión, tacha de abritraria la conclusión sentencial de desestimar la condena solidaria, fundada en el art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante, LCT), a la empresa Corpap S.R.L.

Por otro lado, afirma que existió una lectura desajustada de la demanda y niega que el planteo de inconstitucionalidad haya sido formulado en términos genéricos y sin especificar en qué forma se verían afectados los derechos constitucionales del actor, como se sostiene en el fallo impugnado. Explica que en la demanda pidió la aplicación del art. 276 de la LCT y planteó subsidiariamente la inconstitucionalidad de cualquier texto legal que lo contravenga y que la Cámara, en lugar de resolver en forma concreta el planteo sobre la aplicación del art. 276 de la LCT, avanza dogmáticamente sobre una cuestión constitucional articulada en forma subsidiaria.

Alega finalmente que el fallo yerra al desestimar el pedido de aplicación de la multa prevista en el art. 2 de la Ley Nº 25.323 y afirmar que la misma se encuentra supeditada a despidos en los que el empleador resulte moroso. Afirma que la ley no dice nada sobre las causales a las que limita la sanción y que el art. 212 de la LCT expresamente refiere que se abonarán al trabajador las indemnizaciones previstas en el art. 245 de la LCT.

IV.- ¿Asiste razón a la recurrente, parte actora en autos? IV.1- De acuerdo a las constancias de autos, ninguna de las dos empresas demandadas contestó la demanda entablada en autos por el señor Juan Victor Cantero (cfr. providencia de fs. 82). Esta circunstancia determinó que el Tribunal sentenciante haya dispuesto la aplicación del art. 58 del CPL que prescribe que "en caso de falta de contestación, se presumirán como ciertos los hechos invocados y como auténticos y recepcionados los documentos acompañados a la demanda, salvo prueba en contrario. Esta presunción procederá si el trabajador acreditare la prestación de servicios". En razón de ello, la Cámara tuvo por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda acerca de la fecha de ingreso del trabajador, la realización de tareas de peón cosechero y el acaecimiento de un accidente cerebro vascular.

El recurrente cuestiona el fallo impugnado sosteniendo, con relación a esta cuestión, que medió una inadecuada aplicación de las presunciones contenidas en el art. 58 del CPL ante la falta de contestación de la demanda por parte de las dos empresas demandadas, por cuanto tal incontestación no sólo alcanza para tener por acreditados sus dichos respecto de las tareas desempeñadas sino que también alcanza a sus alegaciones referidas a la responsabilidad que le cabe a ambos demandados en virtud de lo dispuesto por el art. 31 de la LCT.

Para un adecuado análisis del planteo referido a la infracción al art. 31 de la LCT por parte de la sentencia, conviene transcribir la disposición legal implicada en el agravio. Establece el art. 31 LCT: "siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria".

De acuerdo con esta disposición, son dos los requisitos que deben concurrir para que exista solidaridad: a) debe existir un grupo de empresas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente; y b) deben haber mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria (cfr. CSJT, sentencia Nº 850 del 28/8/2009, "Coronel, Miguel Armando vs. Barone S.A. y otros s/ Despido").

Remitiéndonos a lo expresado en la demanda, el actor sostuvo que demandaba a Tipa S.R.L. y a Corpap S.R.L. "toda vez que los servicios del señor Cantero fueron usufructuados indistintamente por ambas empresas"; a lo que agregó que "la confusión entre ambas personas jurídicas es además notoria, comparten socios (Pavón y Paz), oficinas y personal, empleados cosecheros y objeto social, de forma y modo tal que los empleados cumplen órdenes dadas por ambas razones sociales" (fs. 3). Luego, en el apartado referido a los hechos en los que fundó su demanda (fs. 4), sostuvo haber ingresado a trabajar en abril de 1990 y alegó haberse desempeñado como peón cosechero de citrus hasta febrero de 2004, cuando sufrió un accidente cerebro vascular que le impidió cumplir con sus tareas habituales.

Como puede verse en la transcripción precedente, no existe en la demanda ninguna descripción de hechos concretos que configuren una maniobra fraudulenta y que, como consecuencia del mandato legal de tener por probado los hechos invocados por el trabajador ante la incontestación de la demanda, justifique la extensión de responsabilidad solidaria prevista en el art. 31 de la LCT.

Siguiendo a calificada doctrina en la materia, podemos decir que maniobras fraudulentas son las conductas o actitudes orientadas a burlar los derechos del trabajador, a través de traspasos, artificios o manejos, cualesquiera que sean, con la finalidad de sustraerse a las obligaciones que impone la legislación laboral o de la seguridad social (cfr. Vázquez Vialard, Antonio y Ojeda Raúl Horacio, "Ley de Contrato de Trabajo comentada", Tomo I, págs. 377 y 378). Jurisprudencialmente se ha sostenido que: "para que resulte operativa la solidaridad establecida por el art. 31 LCT, deben mediar maniobras fraudulentas o conducción temeraria" (CNTrab., Sala VIII, abril 30-998, DT, 1998-B, 2274); "Si no se prueba la existencia de maniobras dolosas ni fraudulentas, ni de un obrar que persiguiese fines extra societarios, no son aplicables los arts. 31 LCT y 54 LS"; "El hecho de que ambas sociedades estén integradas por las mismas personas, que ambas tengan idéntico administrador o que el lugar de trabajo fuera un ámbito de propiedad de una de ellas, no implica maniobras dolosas o conducción fraudulenta que permitan que cobre virtualidad la normativa contenida en los arts. 31 LCT y 54 LS (CNTrab, Sala VII, sentencia del 14/10/1997 in re: "Alarcón, Alberto y otros c. González, Norberto y otros" DT, 1998-A, 912", citadas en CSJT, sentencia Nº 1202 del 18/11/2008, "Castillo, Hugo Segundo vs. Dealer S.A. y otro s/ Cobros").

El actor simplemente sostuvo que los servicios subordinados que realizó "fueron usufructuados por ambas empresas", pero no adujo ni explicó cuál era la maniobra fraudulenta que justificaría la aplicación del art. 31 de la LCT. Siendo así, la prueba sobre la configuración de la situación fáctica prevista en dicha norma no se encontraba alcanzada por la presunción que se sigue de la incontestación de la demanda (cfr. art. 58, CPL), sencillamente porque no fueron alegados hechos configurativos de una maniobra fraudulenta, sino solo la existencia de una unión entre las dos empresas como consecuencia de compartir socios, oficinas y objeto social.

La acreditación de los supuestos de hecho que justificaban la extensión de responsabilidad prevista en el art. 31 de la LCT se encontraba entonces regida por las reglas generales de distribución de la carga de la prueba y, por ende, recaía sobre el actor la carga de demostrar, por un lado, la existencia de un grupo económico formado por las empresas Tipa S.R.L. y Corpap S.R.L. y, por otro, la realización de hechos que impliquen maniobras fraudulentas o constituyan una conducción temeraria por parte de esas empresas.

Ante el incumplimiento de la carga de demostrar la concurrencia de tales circunstancias fácticas, la conclusión sentencial acerca de que "no ha quedado demostrada la existencia de maniobras fraudulentas o conducción temeraria entre las accionadas que permitan extender solidariamente la responsabilidad de Tipa SRL a Corpap SRL" resulta acertada, al fundarse en una adecuada valoración del cuadro probatorio y de las reglas que gobiernan la distribución de la carga de la prueba y, por ende, no merece reproche alguno.

IV.2- En un segundo orden de agravios, el recurrente se queja acerca del tratamiento de su pedido de aplicación del art. 276 de la LCT y del planteo de inconstitucionalidad de cualquier norma que se oponga a la actualización de créditos prevista en esa norma.

Considero que le asiste razón respecto de este agravio al recurrente. En efecto, de acuerdo al texto de la demanda entablada en autos, el actor reclamó el pago de los rubros enumerados en el apartado III.a. de su escrito de demanda (fs. 3 vta.) y solicitó que a los montos que surjan de la liquidación correspondiente se añadan "actualizaciones hasta la fecha del efectivo pago, conforme a las previsiones del art. 276" de la LCT (fs. 4). Por su parte, el planteo de inconstitucionalidad de "toda norma que impida la actualización de créditos laborales" fue opuesta en forma subsidiaria a la inaplicación del mecanismo de actualización previsto en el art. 276 de la LCT, afirmando el actor que lo dejaba interpuesto "a todo evento", es decir, previendo la posibilidad de que alguna norma impida la actualización por él pretendida con fundamento en el art. 276 de la LCT.

El planteo principal formulado en la demanda con relación a la actualización de créditos laborales no fue juzgado por la Cámara, que se abocó directamente al análisis de la inconstitucionalidad planteada sin advertir que para su tratamiento resultaba indispensable analizar previamente el pedido de aplicación del art. 276 de la LCT formulado por el actor. Recién a partir de que fuera descartada la aplicación al caso de esa norma por la existencia de otra que impidiera el mecanismo indexatorio previsto en ella, se actualizaba el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por el actor en forma subsidiaria. Si bien el planteo principal de aplicación del art. 276 de la LCT puede considerarse implícitamente denegado, al no incluirse ningún dispositivo de actualización monetaria al capital en la liquidación de la sentencia, ello no relevaba al Tribunal de la carga de justificar adecuadamente los motivos que lo condujeron a tal decisión.

La omisión del a quo de tratar las cuestiones propuestas por las partes que tienen entidad para la solución del caso, y de fundar adecuadamente sus conclusiones, de conformidad con las normas jurídicas aplicables al caso, constituye una infracción al deber constitucionalmente impuesto a los jueces de motivar sus sentencias (cfr. art. 30 de nuestra Constitución Provincial), y tiñe de arbitrariedad al pronunciamiento impugnado, por cuanto éste se aparta de lo normado por el art. 18 de la Constitución Nacional -que garantiza el debido proceso legal- y los arts. 33 y 264 del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante, CPCyC), aplicables supletoriamente en virtud de lo dispuesto por el art. 46 del CPL.

Por lo expuesto, el agravio bajo tratamiento debe ser receptado.

Corresponde destacar, por lo demás, que ello no significa en modo alguno adelantar la opinión de esta Corte sobre la cuestión planteada en forma principal por el actor (referida a la aplicación de la actualización monetaria prevista en el art. 276 de la LCT) ni tampoco sobre su planteo subsidiario (relativo a la inconstitucionalidad de toda norma que se oponga a ello), sino simplemente puntualizar que constituía un deber ineludible del Tribunal el de motivar adecuadamente su decisión de descartar el primero para poder avanzar en el juzgamiento de la cuestión constitucional propuesta en subsidio.

IV.3- Finalmente, con relación al rechazo de la sanción prevista en el art. 2 de la Ley N° 25.323, cabe señalar que el incremento previsto en la norma citada se encuentra supeditado a los supuestos de despidos en los que el empleador resulta moroso en el pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233, 245 de la LCT y 6 y 7 de la Ley N° 25.013.

En el caso que nos ocupa, la extinción del vínculo contractual operó en virtud de lo dispuesto en el art. 212, cuarto párrafo de la LCT y, como señala acertadamente el fallo impugnado, el hecho de que deba abonarse una indemnización igual a la contemplada en el art. 245 de la LCT no autoriza a realizar una interpretación extenisva del incremento establecido en el art. 2 de la Ley N° 25.323. No debe perderse de vista que la norma en cuestión indica expresamente los supuestos en los cuales resulta procedente el incremento indemnizatorio y no menciona entre ellos al supuesto en que la indemnización establecida en el art. 245 de la LCT deba ser abonada como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo por la incapacidad sobreviniente del trabajador contemplada en el art. 212, cuarto párrafo, de la LCT (en igual sentido se han pronunciado en doctrina Juan Carlos Fernandez Madrid y Diego Fernandez Madrid, "Injurias, Indemnizaciones y Multas Laborales. Un análisis integral de la jurisprudencia" Ed. La Ley, Bs. As., 2011, pág. 664).

En virtud de ello, el agravio planteado por el recurrente debe ser desestimado.

V.- En mérito a las razones argumentadas en el parágrafo IV.2, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia N° 86 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, de fecha 27 de abril de 2012, corriente a fs. 423/426 y vta. de autos; y casar dicha sentencia, dejándola sin efecto únicamente con relación al rechazo del planteo de inconstitucionalidad formulado por el actor, conforme la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que omite el tratamiento de pretensiones oportunamente deducidas por las partes con relevancia para la solución del caso, infringiendo el principio de congruencia". Por consiguiente, deben remitirse estos actuados al referido Tribunal a fin que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado, sin que lo dicho suponga adelantar opinión sobre el tema. VI.- En cuanto a las costas del recurso, las mismas deberán ser distribuidas en el orden causado, en atención a que el déficit que determina la anulación parcial del pronunciamiento impugnado proviene de la actuación del órgano jurisdiccional (art. 49, CPL y art. 105, inc. 1°, CPCyC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, puntos I, III, IV, IV.1, IV.2, IV.3, V y VI.

El recurso de casación queda aprehendido entre los recursos extraordinarios, aquellos cuya admisibilidad se halla supeditada a la concurrencia de motivos o causales específicamente establecidas por la ley, y en los cuales, consecuentemente, las facultades del órgano competente para resolverlos están limitadas al conocimiento de determinados aspectos de la resolución impugnada. En la legislación argentina son recursos extraordinarios, en el orden nacional, el federal previsto por el art. 14 de la Ley Nº 48 y el de inaplicabilidad de la ley, y en el orden provincial, los de inconstitucionalidad y casación (este último en sus dos aspectos referidos a los errores de juicio y a los defectos procesales) (cfr. Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", Tomo V, pág. 36).

En el marco del alcance y finalidad de la vía extraordinaria local de la casación precedentemente recordada, la ley procesal laboral local dispone en su art. 131 que "el recurso de casación sólo podrá ser interpuesto por los siguientes motivos: 1. Por violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo o adjetivo. 2. Cuando la interpretación de la ley, realizada por la sentencia, resultara contradictoria con anteriores pronunciamientos de las Salas de las Cámaras de Trabajo dictadas en los cinco (5) años precedentes". Asimismo, consolidada jurisprudencia de esta Corte (de sus dos Salas) desde hace varias décadas admite de modo excepcional, como fundamento del recurso de casación, arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, supuesto que afecta las garantías constitucionales de los arts. 18 CN y 30 CP y que remite ineludiblemente a los hechos y pruebas que integran la referida plataforma fáctica (confr. recientes fallos de este Tribunal, "G.N.C. Alberdi S.R.L. vs. García Miguel Rubén s/ Pago por consignación", sentencia Nº 05 del 14/02/2011; "Platas Robles Miguel Ángel vs. Marino Menéndez Ana Carolina s/ Acciones posesorias", sentencia Nº 253 del 11/5/2011 y "Orellana Vda. de Caña Ana María vs. Raskovsky Luis Raúl s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 824 del 28/10/2010, entre muchas otras). En efecto, no es posible para el tribunal que resuelve el recurso de casación, pronunciarse positiva o negativamente sobre el planteo de arbitrariedad en la valoración de la prueba si, a modo de ejemplo, se basa en que el fallo impugnado ha prescindido de una prueba relevante o, contrariamente, en que se funda en prueba irrelevante o bien, que valora irrazonablemente una prueba, y no examinara -en los dos primeros ejemplos- si la omitida o la considerada se trató o no, de una prueba relevante para la decisión del caso y -en el último- si las declaraciones de partes, o de terceros, o los términos del dictamen pericial, o de un documento han sido, o no, razonablemente interpretados por la Cámara.

Tanto cuando el recurso de casación se funda en violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo o adjetivo como en el motivo jurisprudencialmente admitido de arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, debe cumplir las exigencias de oportunidad, definitividad del pronunciamiento, suficiencia de la impugnación y afianzamiento, establecidas en los arts. 132 y 133 del CPL. Todos los mencionados requisitos de admisibilidad son primero juzgados por la misma Cámara que dictó la sentencia impugnada (art. 136 del CPL) y, definitivamente por esta Corte en las actuaciones del recurso directo de queja por casación denegada deducido contra el pronunciamiento de la Cámara que declaró inadmisible el recurso de casación (art. 139 del CPL) o bien, cuando los autos principales son elevados porque el recurso ha sido concedido por el Tribunal de grado (art. 136 del CPL).

Efectuadas las precisiones precedentes, (en igual sentido, sentencias Nº 930 del 06/12/2011, "Calderó, Leonor vs. Clínica Casa Grande SRL s/ Cobro de pesos"; Nº 932 del 06/12/2011, "Catalán Juan Héctor vs. S.E.T.I.A. s/ Cobro de pesos"; Nº 974 del 14/12/2011, "Rubí, Carlos vs. Erogas SRL s/ Cobro de pesos"; Nº 993 del 16/12/2011, "Rodríguez, Mónica vs. Rivadeneira, Juan René s/ Cobro de pesos"; Nº 1021 del 21/12/2011; "Tevez, Victoria vs. Barros Marta s/ Indemnización por despido"; Nº 1035 del 28/12/2011, "Roldán, Gloria Elena vs. GNC Plus SRL s/ Despido"; Nº 74 del 29/02/2012, "Jiménez Vanina vs. Sanatorio 9 de Julio SA s/ Cobro de pesos"; Nº 167 del 21/03/2012; "Acuña, Gladys Graciela vs. Empresa de Distribución de Energía de Tucumán SA -EDET S.A.- s/ Indemnización"), cabe señalar que esta Corte coincide con el juicio positivo de admisibilidad del recurso intentado por la parte actora efectuado por la Cámara (fs. 446). Ello así por cuanto fue interpuesto en término contra una sentencia definitiva, denuncia infracción normativa y arbitrariedad en la valoración de la prueba, se basta a sí mismo y el requisito del afianzamiento no resulta exigible (art. 133 CPL). Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia del recurso interpuesto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia N° 86 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, de fecha 27 de abril de 2012, corriente a fs. 423/426 y vta. de autos, con relación a los agravios tratados en los apartados IV.1 y IV.3 de los considerandos de la presente sentencia.

II.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación deducido por el actor contra la sentencia N° 86 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, de fecha 27 de abril de 2012 (fs. 423/426 y vta.) dejándola sin efecto únicamente con relación al rechazo del planteo de inconstitucionalidad formulado por el actor, conforme lo tratado y la doctrina legal enunciada en el considerando IV.2. DISPONER la remisión de los presentes actuados al referido Tribunal a fin que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado.

III.- COSTAS, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.