Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-18


SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y SIETE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los dieciocho días del mes de septiembre de dos mil trece, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, reunida en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 54/13, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Sergio Andrés Guillamondegui en contra del Auto Interlocutorio Nº 15/2013 referente a Expte. Letra "A-D" Nº 37/12 - Acosta, Jorge Exequiel y Delgado, Gabriel Benjamín - Robo doblemente calificado (.)", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la resolución por haber inobservado o aplicado erróneamente el art. 76 bis del C.P.? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? Entiende esta Corte que cabe reputar formalmente admisible el recurso interpuesto por el Dr. Sergio Andrés Guillamondegui, en su carácter de asistente técnico de los imputados Jorge Exequiel Acosta y Gabriel Benjamín Delgado, desde que ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva (S. Nº 4/09 "Herrera"; S. Nº 17/09 "Vargas"; S. Nº 07/10 "Segura"; S. Nº 20/10 "Agüero", S. Nº 43/11 "Finazzi"; S. Nº 44/11 "Londero", S. 01/12 "Delgado", entre otros).

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 09, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva, y en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 15/2013, dictado el 30/04/2013 por la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación, en su con-formación unipersonal, resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado oportunamente.

El hecho por el cual se elevó la causa a juicio es el siguiente: "Que el día 26 de Marzo de 2010, entre la hora 21:50 y 22:00 aproximadamente, Gabriel Benjamín Delgado Jorge Exequiel Acosta, junto a otras dos personas del sexo masculino aun no identificadas por la instrucción, quienes se conducían en dos motocicletas YAMAHA CRIPTON de 110 cc, una color roja y otra de color azul, se habrían hecho presentes en el local comercial denominado "Supermercado La Costanera", sito en calle Sarmiento (Norte) Nº 25 de esta ciudad Capital, y mientras uno de ellos aguardaba afuera del local, los tres restantes habrían ingresado al interior de dicho comercio y esgrimiendo armas de fuego, una de las cuales resultó no apta para ser disparada, y apuntando con dichas armas a las personas que lo hacían en el interior del comercio, procedieron a reducir al personal y clientes circunstanciales que lo hacían en el lugar, apoderándose ilegítimamente de una suma de dinero que hasta el momento no pudo ser especificada, correspondiente a la recaudación diaria del negocio, para luego darse a la fuga del lugar a bordo de las motocicletas con el dinero sustraído en su poder".

II. Contra dicha resolución, comparece el Dr. Sergio Andrés Guillamondegui, asistente técnico de los imputados Jorge Exequiel Acosta y Gabriel Benjamín Delgado e interpone recurso de casación invocando los motivos previstos en el inc. 1º del art. 454 del C.P.P.

II. a. En la señalada dirección denuncia la errónea aplicación del art. 76 bis del C.P. Sostiene que la pretensión de sus defendidos cumple con los requisitos exigidos para la concesión del beneficio de la probation y que el fallo atacado les ha provocado un perjuicio grave e irreparable.

Manifiesta que la sentencia tuvo como criterio el no analizar la solicitud planteada por no contar con la aprobación del representante de los intereses sociales -MPF-, considerando a su dictamen como vinculante.

Reitera los argumentos efectuados al solicitar la suspensión del juicio, argumentando que sus defendidos cumplen con los requisitos del art. 76 bis -tercer párrafo-, que no poseen antecedentes penales, que ambos tuvieron una conducta intachable y que el informe socio ambiental les resulta favorable, por lo que de recaer condena la misma sería de ejecución condicional -asevera-.

Insiste en que el tribunal sólo se limitó a argumentar la oposición fiscal como negativa a su decisión.

Finaliza formulando reserva del caso federal.

III. Después de estudiar el planteo efectuado, estimo que los agravios que invoca el recurrente no son de recibo.

Por el contrario, constato que la resolución impugnada tiene suficiente sustento en la negativa fiscal a la concesión de la solicitada suspensión del juicio, en tanto, la opinión del representante del Ministerio Fiscal no es arbitraria, caprichosa ni ilógica, encontrándose su dictamen adecuadamente fundado en circunstancias pertinentes.

Contrariamente a lo postulado por el recurrente, esta Corte ha sostenido en distintos precedentes (S. Nº 14/2012, Nº 23/09 y Nº 34/09), que si se encuentra debidamente fundada la oposición fiscal a la suspensión del juicio obliga al Tribunal, por lo que, en honor a la brevedad, y para evitar repeticiones innecesarias, me remito a las consideraciones efectuadas en las nominadas resoluciones.

En cuanto a las razones suministradas por el Representante del Ministerio Público, considero que constituyen adecuado fundamento de su oposición en tanto se vinculan con circunstancias de imprescindible ponderación a los fines de formular un pronóstico serio sobre la probable modalidad de ejecución de la pena.

Por la escala punitiva conminada en abstracto prevista para el delito atribuido a los imputados, esto es, robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego no apta para el disparo y por ser cometido en poblado y en banda, la procedencia del instituto debe ser analizada en los términos del art. 76 inc.4º del Código Penal, que categóricamente exige consultar las circunstancia del caso, dado que, en ese marco legal, sólo éstas pueden permitir dejar en suspenso el cumplimiento de la eventual condena.

Sentado lo anterior, debo resaltar que, en la audiencia respectiva (art. 355), el Fiscal interviniente invocó razones de política criminal al opinar que, con arreglo a las circunstancias del caso, estimaba que no pediría la aplicación de una pena de ejecución condicional para los acusados (fs. 325 vta./326).

En lo medular de su exposición, surge que su postura se apoya en que el investigado se trata de un delito consumado, que produjo un daño de relevante entidad, nunca se recuperó el dinero sustraído, que se efectuó en un comercio donde había gente a la que redujeron y que en esta clase de delitos contra la propiedad, el Estado tiene interés en intervenir, incrementado el poder punitivo previsto para estos casos.

En esas condiciones, el tribunal a quo no constató vicio de logicidad ni de motivación, ni otra deficiencia que afectara el carácter vinculan-te del dictamen fiscal, el que fue considerado como debidamente fundado, y el recurrente no señala errores graves en la interpretación del Instituto ni en la de los motivos legales que obstan a su aplicación.

El representante de los intereses sociales -sin consultar los elementos de prueba incorporados a la causa, por no corresponder en la instancia- estimó que el tipo de delito investigado ameritaría la imposición de una pena que va del mínimo para arriba (más de tres años de prisión), con lo que la ejecución en suspenso de la pena no resultaría viable.

Sobre el punto, el recurrente se limitó a mencionar que la carencia de antecedentes y los informes socio ambientales favorables, hacen merecedores a Jorge Exequiel Acosta y a Gabriel Benjamín Delgado de una respuesta positiva a su pedido, pero no refuta las restantes consideraciones asumidas por el titular de la acción penal y que fueron explicadas como razones de política criminal que determinan el interés del Estado en la realización del juicio y eventualmente, la solicitud de aplicación concreta de pena a quien resulte considerado como autor de tales hechos cometidos contra la propiedad ajena.

Por lo expuesto, considero que la decisión impugnada, de no hacer lugar a la solicitud formulada (para que el juicio sea suspendido) se sustenta de manera suficiente en fundamentos formalmente admisibles cuya injusticia en el caso no ha sido desvirtuada en esta presentación recursiva.

Con arreglo a las consideraciones expresadas, mi respuesta a la primera cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/3, por el Dr. Sergio Andrés Guillamondegui, en su carácter de asistente técnico de los imputados Jorge Exequiel Acosta y Gabriel Benjamín Delgado. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal (art. 14 y 15 de la Ley 48).

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Cáceres dijo:

Estimo adecuada la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/3, por el Dr. Sergio Andrés Guillamondegui, en su carácter de asistente técnico de los imputados Jorge Exequiel Acosta y Gabriel Benjamín Delgado.

II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

IV) Téngase presente la reserva del caso federal (art. 14 y 15 de la Ley 48).

V) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen es-tos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del V. Sesto de Leiva ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.