marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley de Obediencia Debida, Ley de Punto Final, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Cabanillas, Eduardo Rodolfo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-07

La ley 25.779 que declaró insanablemente nulas las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final resulta constitucional, pues la misma formalizó la manda internacional impuesta al Estado argentino de avocarse al cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos por medio de la eliminación de todo obstáculo para que la justicia investigue debidamente los hechos alcanzados por dichas leyes y, de este modo, subsanar la infracción al derecho internacional que ellas representaban.
Entidades financieras, quiebra, competencia contencioso administrativa, competencia federal, competencia comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Bs. As. Building Society S.S. c/ B.C.R.A. s/ Apelación Resolución N. 483/90
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-05

La eventual declaración de quiebra de una entidad financiera deberá basarse en la circunstancia de encontrarse ella en estado de cesación de pagos (art. 1, ley 19.551), cuestión que excede la competencia de la Cám. Fed. por pertenecer su conocimiento al fuero comercial en atención a la materia de que se trata, ello así por cuanto, presentada la insolvencia, el Banco Central se halla legitimado para requerir su quiebra, aun cuando medie apelación contra la resolución administrativa que dispuso la liquidación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, recurso contencioso administrativo, docentes interinos, cesantía
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CANTARINI, ALICIA LUJAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-06-21

Corresponde el rechazo de la queja interpuesta, desde que la presentante no logra replicar el argumento esencial por el cual se denegó su recurso extraordinario, toda vez que insiste en la inconstitucionalidad de las disposiciones reglamentarias de la docencia provincial invocadas, sin hacerse cargo de que el decreto de cese que cuestiona no refería a las horas prestadas en calidad de titular sino en carácter de interina.

Los Sentenciantes puntualizaron la diferencia entre titulares e interinos y su incidencia en la regla de la igualdad, ya que éstos -a diferencia de aquéllos- están dominados por la nota de "transitoriedad", estableciéndose con la Administración una relación efímera y precaria.

Citaron al respecto jurisprudencia de la Corte nacional en el sentido de que la garantía de la igualdad ante la ley radica en consagrar un trato igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias, lo que no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal, de clase o de ilegítima persecución (Citas: CSJN: Fallos 310:849; 330:855)
Acción penal, debido proceso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Provincia del Chubut c/ C. C.; N. J. F.; B. W. D. y T. A. C. s/ Robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda en grado de tentativa s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-13

La pluralidad de instancias y el derecho a la defensa son fundamentales e imprescindibles en un debido proceso que permite a toda persona hacer frente al Sistema Penal en una formal contradicción.

Ello habilita a la instancia ulterior a un debido pronunciamiento y, consecuentemente -desde esa óptica y perspectiva- los derechos de las personas estarían totalmente garantizados y respaldados al aplicarse en forma concreta los requisitos de forma y fondo señalados expresamente en la normativa aplicable.

La acción penal es una potestad que radica en el poder jurídico de promover la actuación jurisdiccional con el propósito de que quienes tienen a su cargo la tarea de juzgar se pronuncien, en las sucesivas instancias, acerca de la punibilidad de los hechos que el fiscal propone como constitutivos de delitos.
Aclaratoria (procesal), procurador general de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: González,Sonia Beatriz s/ desaparición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-15

No corresponde hacer lugar a la aclaratoria deducida por el Procurador General cuando ésta contradice los términos del dictamen que él mismo produjo antes de la decisión cuya aclaratoria pretende, y en el que propiciaba una solucion a la cuestion planteada que se basaba en fundamentos semejantes a los que expreso la Corte.
Juicio de desalojo, restitución del inmueble, mora del acreedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barraco de Barnardi Sofía c/ Roberto M. Ceballe, Jose A. Parnisari Cayetano H. s/ Desalojo (LIBRO: S002 - 020)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-03

Habiéndose producido el vencimiento del contrato de locación incurre en mora el acreedor que no ha concurrido a recibir las llaves del inmueble el día del vencimiento, ya que de esta manera ha imposibilitado el cumplimiento de los actos necesarios para que el locatario pudiera cumplir la prestación a su cargo, es decir, la entrega de la cosa locada.- La consignación de las llaves es facultativa para el deudor por lo que no acarrea responsabilidad por incumplimiento si no consigna judicialmente.-
Marcas, marcas confundibles, razón social, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: VAUQUITA S.A. c/ VAQUERITA S.R.L. s/ CESE DE USO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-13

El conflicto no se agota en una mera confrontación teórica o abstracta de las designaciones enfrentadas sino que se requiere tener en cuenta el conjunto de circunstancias adjetivas en que se ambienta la contienda, extremo éste que sólo será posible a la finalización del proceso, luego de que ambas partes hayan tenido oportunidad de alegato y prueba (confr. esta Sala, causas 4232/97 del 30.4.98 y 9478/01 del 3.12.02). La verificación antes apuntada basta para adoptar la medida solicitada, aunque limitada al uso de la marca "Vaquerita" para identificar productos comprendidos en la clase 30 del nomenclador marcario, ya que con relación a la designación social de la demandada, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su inscripción ante la autoridad administrativa correspondiente y la falta de elementos de convicción relativos al perjuicios irreparable que la actora pudiera experimentar en caso de no ordenarse en forma inmediata a la modificación de la razón social de su adversaria, estima el Tribunal que, en el estado actual de la causa, no corresponde admitir la medida precautoria en ese ámbito.
Recurso extraordinario, selección de causas, certiorari, leyes, constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: VERA, ALBERTO TOMAS c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO EXTRAORDINARIO -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-QUEJA POR  DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 289 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-05

No corresponde que esta Corte Provincial emita pronunciamiento sobre la postulada inconstitucionalidad del artículo 280 del C.P.C.C.N., habida cuenta que el mentado artículo establece una herramienta de selección de casos que corresponde evaluar al Tribunal Supremo Federal en orden a establecer la 'importancia', 'relevancia' o 'significancia' de la supuesta cuestión constitucional; por consiguiente, compete al Alto Cuerpo expedirse al respecto, en el supuesto que decidiera aplicar el instituto en cuestión.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, financiamiento de campaña electoral, sanciones partidarias, alianzas partidarias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles y otros c/ Estado Nacional s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-12

Debe denegarse el recurso extraordinario contra la sentencia que dispuso rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 64 quarter del Código Electoral, ya que los agravios no sustentan adecuadamente la cuestión federal, en tanto no especifican dónde residiría esta, ni desarrollan la pertinente argumentación, sino que solo traducen una mera disconformidad con el criterio expuesto en la decisión recurrida.
Falsificación de cheque, uso de documento falso, cheque privado
Materia: PENAL
Carátula: JALABE, SALOMON JORGE s/ FALSIFICACION.  CHEQUE:  ENCUADRE  EN  LA  NORMA  DEL  ART.  296 C.P.  DOCUMENTO PRIVADO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-19

la conducta del procesado que utilizó un cheque falsificado debe encuadrarse en la figura de uso de documento privado adulterado del art. 296 C.P.; Sin que proceda efectuar la equiparación del cheque según los términos de otro artículo del código penal, pues la legislación vigente-ley 23.077-No hace equiparación alguna respecto del cheque, debiendo considerárselo un simple documento privado.

(Del voto del dr. Escobar al que se adhirió el dr. Campos).
Cosa juzgada, conciliación, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Garcia, Carlos c/ Gerardo, Ramón s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-21

Si bien los letrados recurrentes no intervinieron en el acuerdo conciliatorio celebrado en autos, el mismo fue homologado en los término del art. 15 de la LCT, decisión que se halla firme y que, por ende, confiere carácter de cosa juzgada a los aspectos que el referido acuerdo involucra, entre ellos, la imposición de las costas. Esta circunstancia determina la oponibilidad a los quejosos de la distribución de costas convenida, pues tal convención abarcó la totalidad de las costas del proceso, que incluyen las correspondientes a sus honoraros.
Obligaciones de dar cantidades de cosas, actualización monetaria, desagio
Materia: CIVIL
Carátula: LEGNANI LUIS ANGEL H c/ SUIPACHA 1235  S.R.L s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-12

El desagio es aplicable cuando en la obligación se prevé estimativamente un índice de inflación futura que incide en la tasa de interés o, directamente, en el capital nominal (conf. Alterini, "El austral (decreto 1096/85..", L.L. 1985-C-1978).

Si no existe esa "inflación incorporada" no corresponde efectuar la referida conversión, pues de lo contrario el deudor se vería injustamente enriquecido, en perjuicio del patrimonio del acreedor (conf.CNCiv. Sala F, c. 18.958 del 19.12.85; id.id., c.20.182, del 5 3.86; id.id. c.20.984 del 2.7.86).

Tal es la situación que se presenta cuando el reajuste de las cuotas previstas en el convenio que vincula a las partes no responde a la inflación futura, sino, por el contrario, a la efectivamente ocurrida.

Tampoco es aplicable la escala del art. 4 del decreto 1096/85 cuando el mecanismo de actualización surge de una transacción, dado que ésta goza de autoridad de cosa juzgada (conf. art. 850 del Código Civil) y ello importaría alterar su inmutabilidad (conf.Alterini, op cit., p.1) 84; CNCiv. Sala F, c.19587 del 3.4.86.).
Juicios contra el Estado, suspensión de juicios contra el Estado, transporte aéreo de carga
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Independencia Cía. Arg. de Segs.  S.A. c/ Aerolíneas Argentinas s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-26

La cuestión planteada encuadra estrictamente en los términos del art. 50 de la Ley de Reforma del Estado en tanto media una condena al pago de una suma de dinero contra uno de los entes anunciados en el art. 1 de la citada normativa resultando, por ende, inaplicable la prescripción contenida en el art. 54, inc. g) del mismo ordenamiento desde que la excepción al principio general allí previsto se encuentra inequívocamente limitada a "los créditos GENERADOS en la actividad mercantil de los bancos oficiales y de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro", (la mayúscula pertenece al Tribunal), hipótesis que no concurre en la especie donde el origen del reclamo se ubica en el incumplimiento de un contrato de transporte aéreo de mercaderías.
Convenios colectivos de trabajo, aplicación de la ley, nulidad del convenio
Materia: LABORAL
Carátula: Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/ otros reclamos-acción ord. de nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-21

El ámbito de representatividad de la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina, es el de los trabajadores que se desempeñan en establecimientos hoteleros, bien que aquellos que se dedican, en tales sitios, a la actividad gastronómica, lo cual se encuentra plasmado en su estatuto y otorgada la personería por el Ministerio de Trabajo en el año 1949. Por lo tanto, la suscripción del C.C.T. 479/06 entre la entidad mencionada y la Unión de Hoteles Confiterías Bares Cafés Restaurantes y Afines (de la Pcia. de Tucumán) en el cual no se distingue entre los empleados que se desempeñan en la actividad comercial proveedora de servicios de alimentación (bares, restaurantes, confiterías, etc.) y aquellos que lo hacen en función de un servicios que se presta en entidades dedicadas al alojamiento de personas (hoteles, hostels, hosterías, albergues, cabañas, etc.), entraña una ampliación ilegítima, inconsulta y unilateral de su ámbito de representatividad y de aplicación. Asimismo, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios no fue convocada, citada ni escuchada en el trámite de la negociación que se llevaba a cabo en tales actuaciones, por lo que no tuvo posibilidad de participar en el debate ni, por lo tanto, ejercer su derecho de defensa en tiempo oportuno. Por lo tanto, la homologación del C.C.T. 479/06 por parte del Ministerio de Trabajo deviene nula, en la medida en que se pronunció sin intervención de la actora, máxime, cuando tal decisión administrativa la involucra y le origina un perjuicio, al detraer parte del personal comprendido en su ámbito de representación (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), a favor de otro sindicato que carece de personería para representar a aquellos trabajadores que no se desempeñan en la actividad hotelera y que sí lo están bajo una regulación convencional distinta.

Fuente del sumario: OFICIAL
Jueces, recusación, cónyuge
Materia: PROCESAL
Carátula: DIEZ, DENIS; CACERES, DIEGO Y SANTANA, GASTON c/  s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-10

Corresponde desestimar la causal subjetiva de excusación invocada por uno de los magistrados llamados a integrar el Tribunal de apelación, por resultar su cónyuge Jefa Regional del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y haber tenido participación activa en el legajo en cuestión, por cuanto ella no revistió en la causa la categoría de Defensora o Defensora adjunta que amerite razonablemente su apartamiento de los actuados, más allá de la asistencia administrativa que hubiera podido prestar en aquel ámbito.
Queja por casación denegada, sanciones procesales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: V., H.R. s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-29

La sanción de multa por inconducta constituye una facultad propia de los tribunales de grado, irrevisable en casación. En este sentido, se ha pronunciado este Cuerpo en su actual integración en SI N° 111/SRE/04 siguiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando sostuvo reiteradamente que "la aplicación de las medidas disciplinarias autorizadas por la ley no pueden reverse en la instancia extraordinaria".
Procesos de ejecución, intimación de pago, mandamientos, acta notarial
Materia: PROCESAL
Carátula: PREVENCION ART SA c/ PATAGONIA SEGURIDAD SRL s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-05

Resulta improcedente que el mandamiento ordenado sea diligenciado mediante un acta notarial como pretende la actora, máxime, cuando el domicilio del demandado es en extraña jurisdicción. Ello así por cuanto, el mandamiento de intimación resulta un trámite irrenunciable, y la diligencia de dicha pieza debe ser realizada por el oficial de justicia con jurisdicción para ello, no encontrandose contemplado en norma alguna que la actuación de dicho auxiliar de la justicia pueda ser reemplazada por un escribano público.
Inadmisibilidad del recurso, dictamen fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Sbatella, José Alberto c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-08

No corresponde hacer lugar al planteo de nulidad del MPF, por entender que el juez de grado debía pronunciarse sobre el mérito de la denuncia frente al dictamen desestimatorio del fiscal de grado, pues quien impetra la declaración de nulidad debe demostrar el perjuicio que el acto presuntamente válido le deparó.
Indemnización por accidente de trabajo, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Rudaz, Alfredo Raúl c/ Jorge L. Tolosa S.A. y otro s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-19

El demandado resulta ser responsable en los términos del art. 1113 del Código Civil, toda vez que el piso del frigorífico donde trabajaba el actor - zona de deportación - al estar siempre mojado y con restos de grasitud, resultó ser la "cosa riesgosa" que le provocó la caída sufriendo daño en su rodilla derecha.
Apreciación de la prueba, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: C., M.D. s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-16

Sin dudas, cualquiera sea el sistema de valoración de la prueba en que halle alojado, el juez realiza siempre su faena siguiendo un mismo camino, sin apoyarse, a priori, en ninguna directiva legal extrema. "Por eso la discrepancia con la valoración de la prueba no constituye impugnación atendible de arbitrariedad...".
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Naser, Carlos Alberto s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-20

Existen dos oportunidades para impugnar la fecha de cesación de pagos que es un solo y único trámite, la primera, desde la presentación del informe general del síndico quince días anteriores a la reunión de la junta de acreedores hasta los cinco días que preceden a la fecha de esa asamblea. La segunda, desde la conclusión de la junta de acreedores hasta diez días después y si no se celebró, el plazo se computa desde la fecha fijada para ese acto, por lo cual es nula la decisión del juez determinando la fecha de cesación de pagos con anterioridad a la realización de la junta.
Seguros, régimen de contralor, prima, falta de pago, pago en cuotas, suspensión de la cobertura
Materia: CIVIL
Carátula: AGOTEGARAY, Luis Alberto c/ CORTESE, Rodolfo s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

La Superintendencia de Seguros de la Nación siempre excluyó de sus reglas de caducidad automática por falta de pago de los seguros cuya prima se oblaba en cuotas.
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MENDEZ PEDRO c/ CRIADO CARLOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

Si el perito en su dictamen expresa que los deterioros pudieron "...haberse producido ...como consecuencia del siniestro", (afirmación no contundente), procede disponer la reparación de los daños mencionados, en cuanto los mismos involucran a las partes colisionadas y no lucen como evidentemente desconectados de esa referencia de partida. Ello, en tanto y en cuanto no acredite el responsable lo contrario conforme la respectiva probatoria que le incumbe (art. 375 Cód. Proc.).
Contrato de trabajo, injuria laboral, pago de la remuneración, mora del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Rodriguez Fernández, Luis Alberto c/ Echenique, Ana Mary L. de s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-30

Es necesario el requerimiento previo bajo apercibimiento de darse por despedido, porque con éste último pone el trabajador de manifiesto que se considera injuriado por la mora salarial y que asigna a la tal injuria una gravedad que no consentiría la continuidad de la relación.
Notificación, sociedades mutuales, validez de los actos procesales
Materia: LABORAL
Carátula: Soto, Hugo Oscar c/ Asociación Mutual de Trabajadores del Azúcar del Ingenio San Martín del Tabacal s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-04-02

Resulta válida la intimación efectuada por el actor y recepcionada por el Secretario de la antigua comisión directiva de la demandada, resultando real que la actual comisión directiva de la mutual accionada no ha recibido las intimaciones pero si la hizo antigua, cambios a los que es ajeno el actor que ha cumplido con intimar a su empleadora.-
Prescripción decenal, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: SUCESION DE GERMAN HANSSEN c/ RUPERTO RAMIREZ s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-07-01

El plazo de diez a/os contemplado en el artículo 4023 del Código Civil, es aplicable a los honorarios ya regulados, cuando el pronunciamiento judicial se encuentra firme y consentido por el obligado.
Despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: PESOA ISMAEL SALVADOR c/ EMPRESA SAN JOSE S.R.L. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-11-22

Averiguar si el mismo perseguía o no, producir un perjuicio económico a la empresa, considero que no corresponde, basta con probar como lo ha sido probado en autos que tal hecho ocurrió y que el mismo le causa perjuicio económico y por lo tanto deviene en una conducta que produce, lo que se conoce como "Pérdida de Confianza".
Calificación legal, requerimiento de elevación a juicio, sentencia condenatoria, prisión, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Báez, Lázaro Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-06

Se destaca que conforme la calificación legal expuesta en los requerimientos de elevación a juicio, el mínimo legal de la pena en expectativa implica que, en la hipótesis de que recaiga condena contra el imputado, esta sería de efectivo cumplimiento y si bien estos indicadores, por sí solos, no resultan suficientes para justificar la imposición o la continuidad de una medida de coerción como la aquí dispuesta; sin embargo, sí es posible su valoración en forma conglobada con otras pautas para hacer presumir fundadamente la presencia de riegos procesales.

No puede obviarse que en el marco de la causa CFP 3017/2013/TO2, conexa a estas actuaciones, el encausado fue condenado a la pena de prisión de doce (12) años, como coautor del delito lavado de activos agravado, cometido en dos oportunidades que concurren materialmente entre sí. Esta circunstancia se presenta también, de acuerdo con el citado art. 221, inc. "b", del C.P.P.F. -correctamente aplicado por el quo-, como indicadora del riesgo de elusión.

También debía valorarse -como se hizo en el fallo- los recursos económicos y el relevante patrimonio del acusado, aludidos en extenso por la acusación, extremos que razonablemente permiten inferir de su parte cierta facilidad para abandonar el país o permanecer oculto. Estos parámetros, conjugados con los anteriores en forma conglobada, resultan asimismo indicativos de un indicio de peligro de contumacia en los términos del art. 221, inc. "a" del C.P.P.F.