Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-06


Salta, 6 de Abril de 2011.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ABRAHAM, MARIA EUGENIA vs. TRANSPORTE AUTOMOTORES SALTA S.R.L.; GOMEZ, ALFREDO ORLANDO - RESCISION O RESOLUCION DE CONTRATO" - Expte Nº 77.653/03 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 1º Nominación (Expte. N° CAM 309.896/10 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

I.- A fojas 225 la actora interpone incidente de caducidad de la instancia recursiva respecto el recurso de apelación interpuesto por la contraria a fojas 215; sustentada en que ante la inactividad de la apelante ha transcurrido el plazo establecido en el art. 310 inc. 2º del CPCC.

Corrido el traslado de ley la contraria a fojas 228/230 plantea excepción de costas impagas, solicitando la paralización del trámite de la caducidad introducida hasta tanto la incidentista deposite los honorarios que por sentencia firme y consentida han sido determinado a su favor y se encuentran pendientes de pago; ello, acorde lo dispuesto por el art. 68 2º ap. del CPCC.

Asimismo solicita declaración de conducta maliciosa y temeraria a la contraria.

Contestando el traslado de la excepción introducida por la contraria, a fojas 237/239 la incidentista solicita el rechazo de la defensa; sustentado, entre otras cuestiones, en el hecho que la caducidad se plantea en una apelación de objeto foráneo e independiente del expediente principal.

Por lo demás entiende que forzar su aplicación exegética lleva a injusticias, discriminación e imposibilidad de acceso a la justicia.

II.- La defensa de costas impagas introducida en autos, se encuentra prevista en el art. 68 2º ap. del CPCC, que alude a la imposibilidad del condenado en costas de promover otro incidente mientras no depositare el importe de la condena; en sentido concordante se encuentra contemplada en el art. 347 inc. 9º del mismo precepto legal con relación al proceso principal.

La mentada disposición tiene por finalidad disuadir y desalentar la promoción indiscriminada de incidentes que demorarían y encarecerían innecesariamente el proceso. (LL, 1998-B, 84).

Importa una restricción al derecho de las partes para peticionar en el proceso, por lo que debe ser interpretada en forma estricta de modo que sólo cabe aplicarla cuando se trata propiamente de un incidente, no pudiendo ser ampliada más allá de ese supuesto. (Conf C. N. Civil, Sala E, Der. Ver 44, pg. 359).

La acepción incidente está referida a todas las cuestiones litigiosas que pueden suscitarse durante el desarrollo del proceso, que tengan una vinculación inmediata con él y guarden relación con el tema de fondo; así lo expresa el art. 175 del CPCC al aludir que es "toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito...".

En cuanto al planteo efectuado por la actora, caducidad de instancia, constituye un instituto procesal de orden público cuya finalidad excede el mero beneficio de los litigantes tendiente a la agilización del reparto de justicia, evitando la duración indefinida de los procesos ante la presunción de abandono en el ejercicio de las pretensiones, valores jurídicos de paz y seguridad subyacen en él.

Es un modo anormal de terminación de un proceso, que se origina con motivó de él, pero no tiene vinculación directa con el fondo de la cuestión que se ventila.

Concerniente a la sustanciación de la caducidad, las normas procesales le acuerdan un trámite abreviado (art. 315 CPCC), lo que lleva a atribuirle semejanza con los incidentes aunque no participa de la finalidad intraprocesal y accesoria que refiere la norma en análisis. (art. 68 2º ap.CPCC).

En efecto, resulta autónomo y concomitante a la existencia del proceso y su eventual acogimiento va a alterar su secuela, en el sentido de darlo por terminado, en tanto que denegado continúa la causa en su trámite normal.

Las consideraciones efectuadas permiten determinar que la excepción no resulta aplicable al planteo de caducidad de segunda instancia, por lo cual se impone su rechazo.

III.- Ahora bien, analizando el pedido de perención de la instancia recursiva interpuesto, resulta que recepcionados los autos en la Sala por providencia del 3 de junio de 2010 (fojas 224), se dispone notificar personalmente o por cédula la radicación de los autos e integración; tras ello, no hay actividad con idoneidad impulsoria por la interesada hasta la presentación de la actora solicitando se declare perimida la instancia el 9 de setiembre/2010 (fojas 225), por lo cual el plazo que exige el art. 310 inc. 2º CPCC se encuentra vencido.

No hay duda que al apelante le corresponde impulsar el procedimiento en la alzada, y realizar la actividad conducente para que el expediente arribe al dictado del decisorio y sobre él recaen las consecuencias de la omisión en el obrar.

Ello así, toda vez que en el proceso civil el impulso procesal, es genéricamente facultad de todas las partes y específicamente carga de la que promovió el proceso o cuestión incidental (Colombo, Cód. Proc.C. y C., T. I, pg. 270, Ed. 1975); quien tiene la obligación de hacerlo avanzar hasta que se encuentre en estado de dictar sentencia.

Finalmente, en cuanto a la sanción por temeridad o malicia solicitada por el incidentado, en razón de prosperar el planteo de la contraria no corresponde entrar en su análisis.

Por ello, se declara la caducidad de la segunda instancia respecto del recurso de apelación interpuesto a fojas 215; con costas a la vencida (arts. 67, 68 y 73 del CPCC).

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.