Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 206/208.

Santa Fe, 19 de junio del año 2.018.

VISTOS: Los autos "BARRIOS, VANESA -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'GOROSITO, SILVANA JESICA; BARRIOS, VANESA; CANTERO, ARIEL MÁXIMO Y OTROS S/ASOCIACIÓN ILÍCITA - APELA DECOMISO-' (CUIJ 21-07002877-5) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511317-9), venidos para resolver la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpuesto por la defensa técnica de Vanesa Jaquelina Barrios contra la decisión de este Tribunal del 28.11.2017; y, CONSIDERANDO:

1. En el "sub examine" esta Corte desestimó la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad local (ley 7055) interpuesto por la defensa técnica de Vanesa Barrios, contra la resolución de los Jueces del Colegio de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, quienes declararon inadmisible y mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la justiciable contra la decisión de grado del 14.04.2016 que, a su turno, había dispuesto el decomiso de los instrumentos y efectos (tanto directos como indirectos) oportunamente secuestrados y mantenidos en ese carácter y/o bajo otros rótulos de cautela real en las causas N° 7/2015 y N° 32/2015 (fs. 65/70v.; A. y S. T. 278, págs. 490/495).

Contra la resolución de esta Corte, deduce su recurso extraordinario federal -Ley 48- la defensa técnica de la justiciable (fs. 74/81v.).

En sus alegaciones recursivas invoca "cuestión federal simple". Alega que a su defendida le fue privado o negado del derecho de propiedad (art. 17, C.N.) y el principio de legalidad (art. 18, C.N.) al decomisar sus bienes sin que se haya dictado sentencia condenatoria en su contra, en total violación del artículo 23 del Código Penal. Violentando -asimismo- la garantía de "doble instancia" (arts. 8.2.h, C.A.D.H.; 14.5, P.I.D.C.P. y 75, inc. 22, C.N.) ya que afirma se declaró inadmisible la apelación interpuesta por su parte impidiendo que un Tribunal superior revise y controle lo dispuesto por los Sentenciantes de grado. Con afectación del principio constitucional de personalidad de la pena "al trasmitir los efectos de la condena impuesta a otros coimputados que consintieron un procedimiento abreviado, a los bienes de mi pupila que todavía no ha sido juzgada" (f. 78). Reprocha -asimismo- rigorismo formal excesivo por parte de este Tribunal e invoca la doctrina de "gravedad institucional".

2. Que en el recurso extraordinario deducido por la compareciente (art. 14; Ley 48) no demuestra ni logra advertirse un supuesto de excepción que habilite la admisibilidad de esta instancia extraordinaria.

En primer lugar, resulta inadmisible por cuanto no cumple con los recaudos establecidos en el artículo 3 -incisos "d" y "e"- del reglamento aprobado por la acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al no efectuar la recurrente una crítica prolija y razonada de la sentencia atacada, refutando todas y cada una de las motivaciones enunciadas por este Tribunal Superior de la causa, y sin lograr demostrar que medie una relación directa e inmediata de las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y que la decisión impugnada sea contraria al derecho federal invocado.

En efecto, la recurrente reitera alegaciones recursivas; sin hacerse cargo de controvertir idóneamente los fundamentos centrales del decisorio de esta Corte, cuando señalara que "la resolución de decomiso -en resumidas cuentas impugnada- no reúne la calidad de sentencia definitiva ni auto interlocutorio equiparable, no suministrando la impugnante razones suficientes para convencer de que se tratare un supuesto de excepción", por cuanto los Jueces de grado sustentaron la medida de decomiso en su carácter de "prestanombres"; puntualizándose además la ausencia de oportuna introducción y mantenimiento de la cuestión constitucional, afirmando los Tribunales de grado que las cautelares de los bienes reconocía antigua data y concreta inacción por quienes a la postre aparecen pretendiendo derechos sobre los mismos, y que al sustentarse en el artículo 23 del Código Penal expresamente alude a la acción de restitución -sea civil y administrativa- de quienes se pretenda afectado en sus legítimos derechos.

Destacándose que ya en la resolución impugnada se advertía que fue "erróneamente canalizada la postulación de reclamo sobre los bienes -como instancia directa- e inadmisible como ensayo impugnativo de la resolución adoptada por el Juez penal, en tanto cualquier hipótesis de perjuicio, lejos de su irreparabilidad, reconoce suficiente previsión normativa y trámite en las acciones de restitución que habilitan por medio de las instancias administrativas o civiles correspondientes, y eventualmente, ante las respectivas jurisdicciones" (f. 69v.). Evidenciándose claramente insuficientes sus alegaciones, cuando en pretendida demostración de irrepabilidad del perjuicio alegara "la ajenidad de alguno de los bienes o que otro fuera ofertado en la suspensión del juicio a prueba". Por cuanto, la medida de decomiso -venido en recurso- se sustentó en su calidad de "testaferro" o "prestanombre". Y en punto a ello, se consideró, que lo resuelto no cancela la posibilidad de entablar -por quienes se consideran afectados en sus derechos- las acciones por las vías correspondientes, sean administrativas o civiles (art. 23, C.P.).

Todo lo cual, se consideró decisivo para la desestimación de la vía recursiva extraordinaria provincial.

Venidos ahora en recurso extraordinario federal (fs. 74/81v.), la quejosa insiste con sus alegaciones recursivas mas sin rebatir ni demostrar que lo decidido por este Tribunal violentara las garantías constitucionales genéricamente invocadas.

En suma, la defensa técnica no logra controvertir ni superar la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado, no demostrando "perjuicio concreto" ni la tal alegada "gravedad institucional". Por lo cual, resultando innecesario formular mayores consideraciones de conformidad con lo ordenado en el artículo 11 del reglamento citado. Y no advirtiéndose razones para excepcionar la aplicación de lo dispuesto en dicha Acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ - GASTALDI - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, doctores Llaudet, Depetris y Orso.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Sentencia N° 6 de Rosario, Tribunal Pluripersonal, doctores Fertitta, Kesuani y Mascali.