Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-04-27


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintisiete (27) de Abril de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana -por no existir votos suficientes para dictar sentencia válida-, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la representaciones letradas de las partes actora y demandada en autos: "Nazar, Juan Santos y otros vs. Algodonera San Nicolás S.A. s/ Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La representaciones letradas de las partes demandada (fs. 836/846) y actora (fs. 848/879), presentan sendos recursos de casación contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, dictada el 9 de abril de 2003, obrante a fs. 770/780 de autos, que son concedidos mediante resolución del referido tribunal de fecha 8 de julio de 2004 (cfr. fs. 911 y vta.). Ninguna de las partes, según surge del informe actuarial de fs. 918, presentó la memoria facultativa prevista en el artículo 137 del CPT.

II.- Siendo competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, juzgar de la admisibilidad de los referidos recursos -no obstante haber sido concedidos por el tribunal de grado- corresponde examinar si los mismos cumplen los requisitos exigidos por el artículo 132 del CPT.

El recurso de la demandada ha sido interpuesto en término, impugna una sentencia definitiva, habiendo dado cumplimiento con el afianzamiento que exige la ley del rito y se alega infracción a normas de derecho. Por tanto, resulta admisible.

En cuanto al recurso de la parte actora, igualmente resulta admisible pues ha sido interpuesto tempestivamente, contra una sentencia definitiva, no siendo exigible por recurrir los actores y se alega arbitrariedad del fallo en la selección del procedimiento para el cálculo de intereses sobre las sumas condenadas.

III.- Corresponde, entonces, ingresar a la consideración de la procedencia de los respectivos recursos de casación.

III. 1.- Respecto al recurso de la parte demandada, advierto en primer lugar que el déficit de fundamentación jurídica de la sentencia en crisis, denunciado por la recurrente no se encuentra, a mi juicio, configurado.

En efecto; si bien se trata de una argumentación indudablemente escueta, el fallo expresa claramente que el despido indirecto de los actores resulta justificado ya que tenían derecho a esperar que no se les supriman los beneficios patrimoniales que se otorgaban cuando implementaron el 4º turno.

Aduce la parte demandada, que dicha afirmación sentencial no encuadra en ninguna normativa jurídica, que no se suprimió ningún beneficio al trabajador sino que se les otorgaron otros más allá de los que exige la ley, pero se trata de adicionales distintos a los antes pactados.

Claro está que no existe normativa que indique concretamente que tipo de beneficios adicionales corresponde acordar cuando se dispone establecer un 4º turno, pero no es menos cierto que los beneficios, implementados a partir de octubre de 1996, siendo distintos a los establecidos anteriormente, a criterio del tribunal, se infieren menores y por lo tanto lesivos a los derechos de los actores, y por lo tanto legitiman los despidos indirectos.

La referencia a beneficios que antes gozaban (35 horas de pago como horas suplementarias conforme el artículo 24 LCT, un doble aguinaldo cada fin de año, más un 9% sobre sus remuneraciones por productividad, más un 4% sobre las remuneraciones a percibirse por horas de trabajo nocturno) y que ahora no contempla el nuevo convenio (no se pagan horas suplementarias, ni otras conquistas) significa, en puridad, en el criterio del tribunal de grado, que se ha afectado la indemnidad en materia remuneratoria, pues el fallo parte de la premisa de que el trabajador espera, en caso de implementarse la modalidad de 4 turnos, que se respeten los adicionales que en tal caso se pactaron con anterioridad o bien que se establezcan otros beneficios de igual característica, pero no que se disminuya sus derechos remuneratorios con relación a idénticos antecedentes.

En suma, no se trata de que el nuevo convenio deba ser igual a los anteriores, ni que el convenio suscripto en 1987 mantenía su vigencia en octubre de 1996, o que no se violó el orden público laboral por tratarse de un convenio colectivo que puede suprimir beneficios, como lo pretende la recurrente. Simplemente la legitimación sentencial de los despidos indirectos de los actores, se sustenta en el ejercicio abusivo del ius variandi que significa la pérdida de beneficios patrimoniales en la implementación del 4º turno en octubre de 1996, con relación a lo que antes percibían los actores cuando se estableció el 4º turno.

Por otro lado, la afirmación de la demandada de que la sentencia, en el entendimiento de las circunstancias de autos, es idéntica a las acaecidas en el caso "Lucero, Juan Bautista y otros vs. Algodonera San Nicolás S.A. s/ Indemnizaciones", hace una interpretación tergiversada del artículo 14 bis del convenio colectivo Nro. 120/90, como lo hizo dicho precedente, por cuanto considera que la disposición tiene una exigencia ("acuerdo con los trabajadores") que la empresa no logró, tampoco resulta atinada, como se verá al tratar el siguiente agravio, vinculado estrechamente con esta cuestión.

Bajo el título de errónea aplicación de los artículos 66 y 202 LCT, de la Ley N° 11.544 y 14 bis del CCT 120/90, la demandada alega que la situación de autos no es similar al precedente ut supra citado, porque la cuestión controvertida en la especie radica en determinar si hubo o no ejercicio abusivo e irracional del ius variandi por parte de la empleadora, en los términos del artículo 66 LCT, pretendiendo con ello que la sentencia debió analizar si cada uno de los actores acreditó que los cambios eran irrazonables, que alteraron las modalidades esenciales del contrato y que sufrieron perjuicios materiales y morales que los obligó a darse por despedidos.

Sin embargo, del texto de la sentencia surge claramente lo siguiente: a) los actores fundan su despido en el ejercicio irrazonable del ius variandi por parte de la accionada; b) como en el caso de autos la medida involucraba a un conjunto de trabajadores, se ha recurrido a la instancia administrativa con la intervención de las respectivas entidades gremiales, arribándose a un convenio suscripto y debidamente homologado, que deja "a salvo los derechos individuales de todos los trabajadores que se consideren afectados moral o materialmente por la implementación del sistema de trabajo en cuatro turnos rotativos por equipos y no acepten ni ratifiquen éste convenio"; c) en virtud de la reserva quedaron fuera del convenio los trabajadores que no lo han suscripto (los actores), resultando por lo tanto inoponible a ellos; d) que la pericia contable de fs. 677 y siguientes, donde se informa que el período 1987-1996, los trabajadores percibían los adicionales que se detallan en el punto "a" de fs. 681, en tanto que en la implementación de 1996 se los deja de pagar; e) ello agrega, que debe considerarse que el cambio de turnos no resulta razonable, atento a la absolución de posiciones (fs. 706), del que surge la afectación patrimonial de los trabajadores, cuando la empresa cambió los turnos de trabajo, modificando unilateralmente las condiciones de trabajo, sin que dicha modalidad se haya tomado conforme la exigencia convencional (artículo 14 bis del CCT Nro. 120/90); f) ello le permite concluir que hubo ejercicio abusivo de la facultad acordada por el artículo 66 LCT, sosteniendo que el criterio es corroborado por la CSJT, sentencia Nro. 107 del 28-3-95, y que el hecho que la demandada no ha obtenido el acuerdo de los trabajadores que exige el artículo 14 bis del CCT Nro. 120/90 (CSJN Nro. 925 del 21-10-02), torna procedente acoger la demanda.

De la confrontación de los agravios con la doctrina que consagra la sentencia, surge evidente que la demandada centra su cuestionamiento en la inexistencia de análisis sentencial de la prueba individual de cada actor sobre los perjuicios que eventualmente le habría producido el establecimiento de los turnos rotativos, a fin de determinar lo que considera el tema central que sería la determinación del ejercicio abusivo del ius variandi.

Sin embargo, el planteo recursivo se desvía del verdadero núcleo de fundamentos tenidos en consideración por el discurso sentencial para hacer lugar a la demanda, a saber, la existencia de un convenio pluriindividual celebrado entre un grupo de trabajadores con intervención de las entidades gremiales (no un convenio colectivo obligatorio como lo pretende la recurrente), en cuya cláusula 7º se deja a salvo los derechos individuales de los trabajadores que se consideren afectados por los turnos rotativos por equipos y no acepten ni ratifiquen el convenio y lo dispuesto por el artículo 14 bis del CCT Nro. 120/90, que establece que cuando las necesidades del trabajo lo requieran o por razones económicas o de productividad, el empleador podrá disponer el trabajo por equipos o turnos rotativos el que se ajustará a lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley N° 20.744 (t.o.) y que el ciclo de rotación y de descanso semanales será acordado con el personal con ajuste a la norma mencionada y a lo dispuesto por la Ley N° 11.544 y la ley de contrato de trabajo (artículo 66).

Ambas cuestiones, desplazan la pretensión de la demandada de que se analice si hubo o no ejercicio abusivo del ius variandi a tenor de lo dispuesto por el artículo 66 de la LCT, exclusivamente.

En el Convenio Colectivo de Trabajo que rige la actividad textil, la facultad del empleador de implementar turnos rotativos por equipo, lleva como contrapartida la necesidad de concertar "acuerdo" con los trabajadores para establecer los ciclos de rotación y descansos semanales, el que debe ajustarse a normas específicas, entre ellas el artículo 66 LCT, lo que implica un condicionamiento a la operatividad de dicha modificación laboral.

Prueba de ello, es que el cuarto turno rotativo, motivo de éste pleito, no se estableció unilateralmente por el empleador sino mediante convenio pluriindividual celebrado entre un grupo de trabajadores y la patronal, con intervención gremial, pero dejando claramente a salvo los derechos de los trabajadores que no lo suscribieron por considerarse afectados en sus derechos.

Esto último significa asimismo que, en el caso, el convenio que implementó los turnos rotativos no les es oponible a los actores que no suscribieron el convenio, máxime cuando conforme al CCT Nro. 120/90, artículo 14 bis, el establecimiento de los ciclos de rotación y descansos semanales necesitaban del acuerdo de los trabajadores para su operatividad, extremo que no se concretó en el sub iudice.

Sin perjuicio de ello -como lo dice la sentencia y a mayor abundamiento-, también ha quedado demostrado por la prueba de absolución de posiciones producida en el expediente de autos (fs. 706 y vta.), similar al caso "Lucero, Juan Bautista y otros vs. Algodonera San Nicolás S.A. s/ Indemnizaciones", que el apoderado de la accionada ha admitido que, con anterioridad al hecho que motiva el presente caso, ya se habían establecido turnos rotativos por equipos, con ciertas ventajas patrimoniales y que en esta nueva implementación algunas fueron eliminadas, acreditación que demuestra cuanto menos una disminución patrimonial para los actores.

Tampoco resulta atendible el agravio de la accionada en lo atinente al cuestionamiento de la interpretación sentencial del artículo 14 bis del CCT Nro. 120/90, según el cual el ius variandi no sería una facultad que pueda ser ejercida unilateralmente por el empleador, sino que necesita del consentimiento del trabajador.

Sin duda que, conforme la aludida norma convencional, el empleador puede disponer unilateralmente el trabajo por equipos o turnos rotativos en las circunstancias que menta el dispositivo, pero dado el caso, el condicionamiento legal de que los ciclos de rotación y de descanso semanales deban ser acordados con el personal con ajuste a la norma mencionada y a lo dispuesto por la Ley N° 11.544 y la ley de contrato de trabajo (artículo 66), limita la operatividad de la decisión y confiere a los trabajadores un cierto control sobre el ejercicio de dicha facultad por parte del empleador, que se expresa en el "acuerdo", en función de las limitaciones legales al ejercicio del ius variandi que establece el propio artículo 14 bis del CCT Nro. 120/90.

En el caso, los actores se negaron a acordar por considerar justamente que la decisión patronal no se ajustaba a los límites impuestos por las normas que menta el dispositivo convencional.

En suma, no se trata de que el empleador carezca de facultades para disponer unilateralmente la modificación de las formas y modalidades de trabajo, como argumenta la demandada, sino que en la especie la norma convencional establece un requisito para la implementación de turnos rotativos por equipos que es "el acuerdo" con los trabajadores, en cuanto a los ciclos de rotación y de descanso semanales y cuya falta, al menos en el caso de autos, expresa la disconformidad de dichos trabajadores con la modificación por no ajustarse a las previsiones del artículo 66 de la LCT, situación que, por otra parte, había quedado a salvo por la cláusula 7º del convenio homologado, suscripto por la propia demandada.

Desde esta perspectiva, no resulta descaminado que ante la imposición a los actores del cuarto turno rotativo en dichas circunstancia, los haya colocado en situación de darse por despedidos con justa causa.

Por las razones expresadas, el recurso casatorio incoado por la parte demandada, debe ser rechazado por improcedente.

III.2.- En lo que respecta al recurso de la parte actora, el mismo se dirige exclusivamente a cuestionar el procedimiento establecido por la sentencia en crisis, para el cálculo de los intereses sobre los créditos por los que progresa la demanda.

Considera que sin razón se seleccionó la inadecuada fórmula del comunicado Nro. 14.290/91 del BCRA, para calcular la tasa pasiva promedio a partir del 01-01-2002 hasta la fecha del efectivo pago, desechando la establecida por la Corte en el caso "Navarro, Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios. Impugnación de planilla". Por otra parte, alega que se vulneró la finalidad "de mantener incólume el contenido económico de la sentencia", previsto en el artículo 10 del Decreto Nro. 941/91, para los intereses que el juez indique en oportunidad de determinar el monto de la condena, menoscabando, a partir del 01-01-2002 las indemnizaciones reconocidas a los litis consortes, no satisfaciedo el resarcimiento del daño moratorio ordenado por el artículo 622 del Código Civil. Agrega, en fin, que el pronunciamiento no tuvo en cuenta que el comunicado Nro. 14.290 del BCRA es sólo una recomendación emitida por sus funcionarios en 1991; y e) no hizo lugar a la aclaratoria porque el fallo no pudo motivar su decisión de aplicar la mentada fórmula bancaria ni indicar cuales son los pronunciamientos de la CNAT que adoptaron el mismo criterio.

Al respecto, viene al caso señalar que esta Corte ya emitió opinión sobre el particular en los autos: "Gallettini, Francisco vs. Empresa Gutiérrez SRL s/ Indemnizaciones", sentencia Nro. 443, de fecha 15-6-2004, en la que expresó que el criterio sentado en fallo N° 756, del 25-10-1996, en autos "Navarro, Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios. Impugnación de planilla", no revestía la naturaleza de doctrina legal de esta Corte.

Asimismo, en dicho pronunciamiento se destacó que "...es doctrina del más Alto Tribunal de la Nación (in re: 'Banco Sudameris c/ Belcam S.A.', de fecha 05-7-1994), que es materia propia de los tribunales ordinarios determinar prudencialmente la tasa de interés que corresponde abonar por los capitales que se mandan pagar en juicio, por lo cual en principio, dicha cuestión es ajena al ámbito propio del recurso de casación, atento a su naturaleza, salvo que se alegue una manifiesta desproporción atendiendo a la índole de los intereses moratorios. En otras palabras, si bien en principio el procedimiento matemático para el cálculo de la tasa de interés moratorio es una cuestión propia de la prudente valoración de los jueces de mérito, teniendo esta última como necesario objeto la razonable ponderación de los datos concretos del caso y de las circunstancias socio-económicas que lo rodean, referida al marco normativo emergente del artículo 622 del Código Civil, cuyo contenido alude necesariamente, al sentido y alcance del resarcimiento del daño moratorio, dicha razonabilidad propicia su tratamiento en esta instancia casatoria, sólo excepcionalmente cuando la misma no aparezca manifiestamente." También se puso allí de resalto que "Durante el año 2001, la fuerte expectativa de la salida del plan de convertibilidad produjo un masivo retiro de fondos depositados en el sistema financiero que desembocó en el llamado 'corralito' del mes de diciembre de 2001. Este factor alteró el comportamiento de los valores ofrecidos por los Bancos llevando los intereses pasivos a valores inusuales en una época de alta recesión y de deflación.

Ello motivó una fuerte distorsión en los valores de las series de tasa pasiva que publicaba el Banco Central y con las que se liquidaban los intereses moratorios en las sentencias. Se advierte así que en el período temporal transcurrido desde el dictado por esta Corte de la sentencia N° 756 -año 1996- hasta el año 2001, han acaecido alteraciones económicas significativas que justifican una variación de criterio, resultando prudente y equitativo modificar la doctrina del referido precedente, ya que mantener el mismo implicaría producir un enriquecimiento sin causa para el acreedor, que sin razón jurídica alguna y por el solo hecho de aplicarse tasas de interés con componentes extraños y distorsionados, se vería indebidamente beneficiado con un procedimiento que alterara sustancialmente el sentido y alcance de los intereses moratorios que prevé el artículo 622 del Código Civil.

En efecto, dicho procedimiento consistente en restar los valores de la serie de tasas, por las variaciones reseñadas, devino un sistema distorsionado que al calcular los intereses, se tornaba cada vez más gravoso sin justificación real alguna.

Por el contrario, aplicando el Comunicado 'A' N° 14.290 del BCRA, se establece un procedimiento de cálculo de los intereses que resulta más adecuado a la realidad a partir del 7 de enero de 2002 -fecha ésta de sanción de la Ley N° 25.661 de 'Emergencia pública y reforma del régimen cambiario', debiéndose utilizar la fórmula para el cálculo de los intereses contenida en la Comunicación 'B' N° 5014 del BCRA del 12-8-92".

Y finalmente, a modo de conclusión, en la sentencia en cuestión el criterio (voto mayoritario) que se consideró apropiado para liquidar los intereses por el monto condenado fue el siguiente: desde que son debidos hasta el 06-01-2002, por el procedimiento establecido en el precedente contenido en sentencia N° 756 del 25-10-96 (in re: "Navarro, Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios, Impugnación de planilla"); y desde el 07-01-2002 con el procedimiento sugerido por el comunicado "A" N° 14.290 del BCRA, y su reglamentario "B" N° 5014, hasta su efectivo pago.

Por lo tanto, siendo el expuesto el criterio adoptado por esta Corte (voto mayoritario) como doctrina legal en el tema en disputa, de obligatoria observancia para los tribunales inferiores, dándose en autos semejanza cualitativa de configuración fáctica respecto a los períodos temporales por los que cabe calcular intereses moratorios, (cálculo de intereses por períodos anterior y posterior al año 2002) corresponde aplicar en la presente causa, dicha doctrina legal.

No obsta a lo señalado la circunstancia que, en la especie, la sentencia en lo que al segundo período se refiere, lo compute a partir del 01-01-2002, por carecer de significación económica relevante (sólo seis días de diferencia) en el marco de la doctrina legal reseñada.

Por las razones expresadas, arribo a la conclusión que el recurso de casación en examen debe ser desestimado.

IV.- Atento al resultado arribado en sendos recursos casatorios, existiendo vencimiento recíproco, por aplicación de lo normado por los artículos 49 del CPT y 109 del CPC y C, las costas de esta instancia deben imponerse por el orden causado.

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Manifiesto mi disidencia con el voto de la mayoría, y me pronuncio en el siguiente sentido.

Remitiéndome a lo expuesto en el voto precedente sobre la admisibilidad, se analiza a continuación la procedencia de los recursos, de los cuales primero se tratará el presentado por la parte demandada.

I - ANTECEDENTES:

Un grupo de ex empleados de la hilandería de la empresa demandada demandó el pago de indemnizaciones derivadas de despidos indirectos fundados en el art. 66 de la L.C.T. por ejercicio abusivo del ius variandi por parte de la empleadora, que impuso un nuevo sistema horario a partir del día 13 de octubre de 1996 al implementar cuatro turnos para reemplazar los tres preexistentes. Argumentaron que el cambio les causó perjuicios morales y materiales porque disminuyó su nivel remunerativo, creó una situación de permanente sujeción horaria a la fábrica al trabajar los sábados y domingos, y los obligó a renunciar a sus hábitos de vida y a otros ingresos provenientes de la actividad cuentapropista. Relataron que desde 1987 hasta enero de 1996 hubo cuatro turnos de lunes a lunes en horarios rotativos por equipos, con jornadas diurnas de ocho horas, durante seis días consecutivos incluidos sábados, domingos y feriados, con descanso durante dos días continuados al final de cada ciclo; expusieron que en esa época por el trabajo de sábados y domingos se les abonaba 35 horas suplementarias conforme al art. 201 LCT, doble medio aguinaldo cada fin de año, un adicional del 9% sobre sus remuneraciones por productividad, y un 4% sobre las remuneraciones por horas de trabajo nocturno. Expresaron que desde febrero de 1996 hasta el 12 de octubre de 1996 la empleadora suprimió el cuarto turno, y los trabajadores dejaron de prestar servicio entre las 13 horas del sábado y las 24 horas del domingo, con la consecuente pérdida de 35 horas suplementarias.

Relataron que desde el 13 de octubre de 1996, la empleadora decidió implementar un cuarto turno, pero sin pagar horas suplementarias ni reconocer los adicionales que tuvieron desde 1987 hasta febrero de 1996. Manifestaron que la empresa acordó esas modificaciones con delegados de la fábrica, con la Asociación Obrera Textil (Asociación Obrera Textil) y con SETIA (Sindicato de Empleados de la Industria y Afines) el día 19 de diciembre de 1996 ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, invocando la necesidad de equiparar los costos de mano de obra para competir en el MERCOSUR, y adecuar las prestaciones a la nueva realidad socio política económica. Expusieron que el Ministerio de Trabajo homologó el acuerdo mediante resolución de fecha 30 de diciembre de 1996, dejando a salvo los derechos de los trabajadores que no aceptaran ni ratificaran el convenio y que se consideraran afectados moral o materialmente por la implementación del sistema de trabajo en cuatro turnos rotativos por equipos.

Expresaron que los actores se opusieron a ese convenio, y no lo suscribieron. Expusieron que el 28/01/1997 enviaron cartas documentos, en las que intimaron volver a la situación anterior al 13/10/96, y que la respuesta de la demandada fue un simple rechazo. Frente a ello, los actores enviaron nuevas cartas documentos en fecha 03/02/1997, reiterando la intimación anterior, que nuevamente fue rechazada sin dar motivos; en fecha 22/02/1997 los actores remitieron cartas documentos reiterando la intimación bajo apercibimiento de considerarse despedidos sin causa, alegando "perjuicio material y moral", por "la significativa disminución que sufrieron sus remuneraciones a partir del 13/10/1996 a consecuencia de la implementación del cuarto turno de trabajo rotativo por equipos". El 6 de marzo de 1997, ante el silencio y la falta de respuesta de la demandada se dieron por despedidos mediante cartas documentos, invocando irrazonable ejercicio del ius variandi por alterar las modalidades esenciales del contrato de trabajo, y ocasionarles perjuicio moral y material. La demandada respondió negando que los despidos tuvieran justificación, ante lo cual los actores enviaron piezas postales reiterando sus expresiones e intimando el pago de las indemnizaciones y rubros proporcionales.

En la demanda resaltaron que el tema litigioso consistía en determinar si fue razonable y ajustado a derecho o si se abusó del ejercicio del ius variandi. Expresaron que la facultad que reconoce al empleador el art. 66 de la LCT tiene como límite la razonabilidad, y que no se alteren modalidades esenciales del contrato, ni se cause perjuicio material o moral al trabajador. Negaron que fuera razonable el cambio, y consideraron que las sucesivas modificaciones fueron una estrategia de la empleadora para eludir el acuerdo inicial y no pagar horas suplementarias los días sábados y domingo,. Alegaron que la implantación del cuarto turno no se debió a una necesidad de la empresa, ni fue cierto el propósito de absorber nueva mano de obra.

Denunciaron que se alteraron dos elementos esenciales del contrato: el salario y el tiempo, y expusieron que aunque trabajaran sábados y domingos la remuneración total mensual sería inferior, porque habría diez horas menos de prestación aproximadamente. Manifestaron que caducaron el 9% más de aguinaldo, y el 4% más por horario nocturno (cfr. fs. 10), y que dejaron de realizar otras tareas extras particulares por no poder prever ningún descanso continuo y estable. Alegaron perjuicio físico y alteración de su vida familiar y espiritual.

La demandada se opuso a las pretensiones señalando que el sistema de trabajo rechazado por los actores rigió durante nueve años en los que no se quejaron. Manifestó que el sistema de trabajo en turnos rotativos por equipos está regulado por la ley 11.544 y su reglamentación y el decreto 16.115, y que en la actividad textil está previsto en el artículo 14 bis del Convenio Colectivo 120/90. Negó los perjuicios invocados por los actores para justificar su despido indirecto, así como la existencia de injuria a los intereses de los trabajadores. Expuso que para el trabajo rotativo por equipos no rige el pago de horas extras por el trabajo de sábados y domingos, ni las normas del descanso hebdomadario. Invocó los artículos 197 segundo párrafo, 202, 64, 65 y 66 de la LCT. Destacó la extemporaneidad por el tiempo transcurrido desde el 13/10/1996 hasta la fecha del despido indirecto. Expresó que la implementación del cuarto turno fue acordada con la Asociación Obrera Textil y homologada por la autoridad laboral. Consideró que no podía calificarse de irrazonable la decisión de la empresa, porque respondió a necesidades de la planta fabril, y los trabajadores ya habían prestado servicios con esa modalidad, y resaltó que la modificación fue acordada con la Asociación Obrera Textil, aceptada por la mayoría de los trabajadores, y homologada por la autoridad laboral administrativa.

La Sala IVa. de la Cámara del Trabajo hizo lugar a la demanda. Consideró que el cambio de turno dispuesto por la accionada constituyó un ejercicio abusivo de la facultad acordada por el art. 66 de la LCT por falta de razonabilidad; que el convenio homologado era inoponible, que la demandada no estaba facultada para la implementación de los cuatro turnos rotativos por equipos, y que el cambio de turnos no era razonable.

II.- La parte demandada interpuso recurso de casación en el que se agravió de que la sentencia carece de fundamentos. El recurrente mencionó las normas jurídicas sobre las cuales se funda el sistema de trabajo por equipos en turnos rotativos y relató la evolución de las modalidades implementadas. Advirtió que fue irrelevante consignar en el convenio que quedaban a salvo los derechos de los trabajadores que no lo aceptaran porque esos derechos son irrenunciables, pero que ello no significa que tienen derecho a ser indemnizados. Resaltó que ninguno de los actores produjo prueba para acreditar cuáles fueron los perjuicios morales y materiales concretos sufridos por cada uno (cfr. fs. 839), y que del modo en que se había planteado la litis, los actores debieron probar que hubo ejercicio irrazonable del ius variandi, que la implementación de cuatro turnos alteró modalidades esenciales de sus respectivos contratos de trabajo, y que ello les causó perjuicios materiales y morales. Señaló que la sentencia no valoró las pruebas ni analizó en las circunstancias particulares si hubo o no ejercicio irrazonable del ius variandi, si la implementación de los cuatro turnos alteró modalidades esenciales de los contratos, y si el trabajo en cuatro turnos le causó a cada demandante concretos perjuicios materiales y morales. La demandada destacó que para resolver si la norma del artículo 66 de la LCT les daba razón a los actores o a la empresa demandada, el Tribunal debió haber analizado y valorado si los actores acreditaron o no que los cambios fueron irrazonables, si alteraron modalidades esenciales del contrato, y si sufrieron perjuicios materiales y morales que los habilitaron para tomar esa decisión. Expuso su interpretación del art. 14 bis del convenio colectivo. Advirtió que la exigencia de razonabilidad del cambio está referida a la necesidad funcional de la empresa, y que la ley de fondo lo admite por necesidad, conveniencia económica o razones técnicas. Por ello calificó de arbitraria la afirmación de la sentencia de que el cambio de turnos no fue razonable porque se eliminaron algunas ventajas acordadas anteriormente. Por último, propuso doctrina legal (cfr. fs. 558).

El recurso de casación fue concedido por resolución de fecha 8 de julio de 2004 (fs. 911 y vta.).

III.- De la confrontación de los agravios planteados con el contenido de la sentencia surge que asiste razón al recurrente pues se advierte un déficit de motivación de la decisión, al haber omitido el Tribunal efectuar un análisis y merituación de las pruebas aportadas relativas a las cuestiones materia de la litis, en el marco del derecho aplicable.

No se advierte que el Tribunal hubiera efectuado una apreciación razonada y concreta de la prueba producida en relación a los hechos alegados por las partes (art. 273 inciso 4 CPCC), particularmente si la cuestión a resolver no fue de puro derecho, sino que el caso exigía que el Juzgador efectuara una prudente valoración de la prueba aportada para resolver si fue justificado el despido indirecto declarado por los actores, en el marco del convenio de empresa homologado para determinar su alcance y efectos, interpretar la cláusula de reserva formulada en relación a quienes se sintiesen afectados, si el empleador ejerció razonable o irrazonablemente el ius variandi en el marco del convenio celebrado y del artículo 14 bis del Convenio Colectivo 120/90, si se alteraron condiciones esenciales del contrato, y si los actores sufrieron los perjuicios invocados al haberse implementado desde el 13 de octubre de 1996 cuatro turnos rotativos de lunes a lunes. Todo ello debía examinarse considerando que en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo establecido en la ley 14.250, están previstos los convenios de empresa (art. 1 de la ley 14.250), que tienen la fuerza legal allí establecida. En ese contexto jurídico se celebró el día 19 de diciembre de 1996 el convenio entre la empresa y la Asociación Obrera Textil de la República Argentina Delegación Tucumán (cfr. fs. 18), que fue homologado por resolución n. 434/1-SET del 30 de diciembre de 1996 (cfr. fs. 41). En ese convenio las partes pactaron cláusulas de carácter normativo, que son aquellas que determinan las condiciones objetivas a las que deberán ajustarse las relaciones de trabajo a celebrarse entre los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación personal del mismo (cfr. C.N.Trab., sala V, 1989/06/30, en "Rodríguez, José c. Sintacol, S.A., D.T. 1989-B, 1578). Entre el sindicato y la empresa se acordó que el objetivo de la negociación fue el mantenimiento y fortalecimiento de la fuente de trabajo, y se pactó la implementación de los cuatro turnos rotativos objetados por los actores, el aumento de $30 a $50 mensuales en ticket canasta, el pago de un adicional mensual de $22 en ticket canasta para los trabajadores representados por el sindicato, más una bonificación de $300 por única vez para los trabajadores que ingresaron antes de julio de 1995.

Sobre los convenios de empresa celebrados por un solo empleador (art. 1 ley 14.250), expresa la doctrina que "se trata de un auténtico convenio colectivo de trabajo con eficacia general, siendo exigible su cumplimiento por los trabajadores de la empresa, siempre que el convenio haya sido homologado por el Ministerio de Trabajo. En tal perspectiva será aplicable durante su vigencia tanto a los trabajadores que se desempeñen en la empresa al momento de su celebración como a los que ingresen posteriormente, y tanto a los afiliados a la entidad sindical que lo celebró como a los no afiliados" (cfr. Rubio, Valentín en "La reforma laboral", Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fé 1998, p. 291; en igual sentido cfr. Capón Filas, Rodolfo, "El nuevo derecho sindical argentino", La Plata, Ed. Platense, 1993, 2ª. Edic. p. 308; Digesto Práctico La Ley de Derecho Colectivo del Trabajo t. II p. 81 parág. 3026 y 3162 p. 104; Etala en "Derecho colectivo del trabajo", Bs. As., Astrea, 2001 p. 139).

Debe también recordarse que el acto de homologación de la convención colectiva tiene el sentido de que las convenciones y acuerdos adquieran oponibilidad erga omnes para toda una categoría o actividad laboral o ámbito empresario. De ello se infiere que este requisito tiene el objetivo de permitir el ejercicio del poder de policía y el control de legalidad por parte de la autoridad administrativa, la cual debe verificar que no se vulnere el orden público laboral o el orden público general (ley 14.250 art. 4) (cfr. Etala, en "Derecho colectivo del trabajo", Bs. As., Ed. Astrea, 2001 p. 143).

En ese contexto se pactaron las cláusulas normativas señaladas, y se hizo la reserva de que quedaban a salvo los derechos individuales de todos los trabajadores que se consideraran afectados moral o materialmente por la implementación del sistema de trabajo en cuatro turnos rotativos por equipos, y no aceptaran ni ratificaran el convenio (cfr. cláusula séptima).

IV.- Dentro de los derechos que la ley otorga al empleador está el del ius variandi, que es la atribución derivada de su facultad de dirección, que debe ejercerse respetando los parámetros que la ley fija. Comentando esta facultad del empleador, expresa Carlos Livellara en la obra" Tratado de Derecho del Trabajo" dirigida por Vázquez Vialard, que "los contratos laborales... son de tracto sucesivo, lo cual implica que su ejecución se prolonga en el tiempo, distribuyéndose o reiterándose durante un lapso, breve o extenso... y que es necesario que para poder subsistir, se vayan adaptando a las nuevas circunstancias planteadas, lo cual indujo a De Ferrari a decir que "lo más característico del contrato de trabajo es que, sin dejar de existir, cambia y se renueva continuamente y deben admitirse como lícitos y procedentes todos aquellos cambios necesarios para su ulterior cumplimiento o existencia". De ahí que la comunidad laboral no constituya una realidad estática, sino que muy por el contrario, está sujeta a los cambios que su propia evolución le marca. Muchas veces son factores externos los que provocan modificaciones (oscilaciones del mercado, decisiones de los poderes públicos, nuevas técnicas, hechos fortuitos, etcétera). Pero también sus exigencias internas llevan a realizar los ajustes necesarios. Así, las ausencias por motivos y duración dispar de algunos trabajadores, deben ser cubiertas por otros, y las diversas necesidades que se van presentando, tienen que ser satisfechas por la empresa adoptando las medidas técnicas, económicas y de organización que mejor convengan a sus intereses". ("Tratado de Derecho del Trabajo" dirigido por Vázquez Vialard, tomo 3 p. 640, Astrea, 1982).

El artículo 66 de la LCT reconoce al empleador el derecho de introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación, norma que admite que el empresario es el único a quien corresponde decidir cuáles son las medidas de orden interno que es necesario adoptar cuando se encuentra con nuevos requerimientos o dificultades en la marcha de la empresa. Evidentemente, la cambiante y compleja realidad económica y social no puede quedar supeditada a una inmovilidad que impida al empresario realizar los cambios que su comunidad empresaria requiera.

V.- La LCT limita el ejercicio de esa facultad al disponer que los cambios "no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador" (art. 66 LCT). De ahí que la LCT haya receptado tres limitaciones fundamentales al ius variandi: a) la razonabilidad de la medida; b) la no alteración de las modalidades del contrato, y c) la inexistencia de daño material o moral al trabajador.

Respecto del primer requisito, se expresa en la obra citada que "la razonabilidad en el ejercicio del ius variandi significa que el empleador deberá hacer de esta atribución un uso funcional, en respuesta a verdaderas necesidades técnicas, administrativas o económicas de la empresa, excluyendo toda conducta abusiva, arbitraria o contraria a la buena fe, que debe regular todas las relaciones entre las partes del contrato de trabajo. La propia LCT, al determinar las modalidades del ejercicio de todas las facultades del empleador, establece que..."siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo en la empresa y el respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso del derecho" (art. 68 LCT)." (ob cit. "Tratado..." tomo III p. 645). En resumen, la facultad de modificar las condiciones de la prestación laboral está otorgada "en función del interés de la empresa, aunque éste coincida con el interés personal del empresario". (cfr. "Ley de contrato de trabajo" coordinada por Altamira Gigena, Astrea, 1981, p. 372).

El segundo requisito se interpreta en el sentido de que las modificaciones esenciales vedadas pueden referirse al sujeto, al objeto o a ciertas condiciones del contrato. La LCT diferencia entre modificaciones y alteraciones del contrato de trabajo. Las primeras, las simples modificaciones, consisten en cambios no esenciales, y son aceptables dentro del ámbito propio del ius variandi. En cambio las segundas, las alteraciones, afectan a condiciones o modalidades esenciales del contrato, implicando un ejercicio inadmisible del ius variandi, en cuanto facultad unilateral del empleador ("Tratado" cit. tomo III p. 647).

El tercer requisito exige que no se violen o lesionen los intereses materiales o morales del empleado. En la obra referida (cfr. "Tratado t. III p. 647) se mencionan ciertas pautas para precisar este concepto: a) si la modificación que se invoca como perjudicial fue tenida en cuenta al concertarse el negocio jurídico, o si contractualmente se facultó al empleador para realizar modificaciones. b) Si el hecho o la modificación que se invoca como perjudicial no fue tenida en cuenta al concertarse el negocio jurídico, debe diferenciarse si el trabajador dentro de la disponibilidad de su tiempo libre contrajo otros compromisos que de algún modo impedirían un ejercicio futuro del ius variandi por el empleador y éste conociendo esas circunstancias las toleró sin invocar intereses prevalentes de la empresa, en cuyo caso no podrá luego introducir tales cambios perjudiciales a aquél, o si el trabajador invoca la situación cuando se le notifica el cambio que de suyo es legítimo, y el empleador desconocía tales antecedentes. (ob cit. "Tratado..." p. 648 y 649). Otra pauta para la ponderación de estas situaciones que ha definido la doctrina, es el principio del mínimo perjuicio posible, para el caso de que una variación resulte inevitable, lo que en algunas situaciones exigirá al empleador una compensación.

VI.- En la obra "Ley de contrato de trabajo" coordinada por Altamira Gigena, se expresa que "las tres limitaciones fijadas por la ley se articulan de modo que operen orgánica y armónicamente. Para ello tenemos que plantearnos el interrogante de si la inobservancia de una de ellas exclusivamente, es hábil para constituir un ejercicio abusivo de la facultad. En relación con la exigencia de razonabilidad, consideramos que actúa con carácter subsidiario y a modo de regulador de las otras dos, para establecer hasta qué punto la variación que se introduce está efectivamente vinculada a las necesidades de organización de la producción empresaria. De lo contrario, se llegaría a admitir que en todos los casos el trabajador está facultado para objetar las decisiones del empleador en cuanto rozaran la situación del personal, con grave deterioro para el ejercicio del poder de dirección. En orden a la alteración, hay que distinguir. Si se produce esta consecuencia sin causar un daño moral o material al trabajador o, si realmente se ha provocado algunos de tales perjuicios. En la primera hipótesis -alteración sin daño- actúa decididamente el elemento razonabilidad, puesto que si falta, la sola alteración no consentida es suficiente para calificar de abusiva la modificación. En cambio, existiendo razonabilidad en la mutación que altera las condiciones de prestación del servicio, sin provocar daños al trabajador, no nos parece que sea suficiente motivo para reputar ese cambio, como abusivo, habida cuenta de que en tal caso se habrían acreditado las exigencias de la empresa... La tercera limitación -la inexistencia de daños- resulta, por el contrario, infranqueable" (ob cit. "Ley de Contrato de Trabajo" coordinada por Altamira Gigena p. 372 y 373).

VII.- El artículo 14 bis del Convenio Colectivo 120/90 para los obreros textiles, expresa que "cuando las necesidades del trabajo lo requieran o por razones económicas o de productividad, el empleador podrá disponer el trabajo por equipos o turnos rotativos; éste se ajustará a lo dispuesto por el art. 202 de la ley 20.744". De ese modo, en el convenio textil hay un reconocimiento expreso de la potestad del empleador para implementar trabajo por equipos o turnos rotativos, lo que implica admitir que se trata de una actividad en la que puede resultar funcional y adecuado el funcionamiento fabril ininterrumpido, en turnos continuos.

La segunda parte del artículo mencionado establece que "el ciclo de rotación y de descanso semanales será acordado con el personal con ajuste a la norma mencionada, y a lo dispuesto por la ley 11.544, y la ley de contrato de trabajo (art. 66)". En el caso de autos, un factor a ser considerado en la resolución del caso es que el sistema de cuatro turnos rotativos objetado por los actores se implementó mediante un convenio de empresa homologado, en el que hubo un acuerdo de las partes sobre la finalidad y el sentido de la negociación, y se pactaron prestaciones recíprocas. En el marco normativo señalado, el Juzgador debió merituar el alcance de la cláusula séptima del convenio, en relación tanto a la ponderación de la razonabilidad de la medida, como de la modificación contractual y la prueba de los perjuicios invocados.

VIII.- En el caso de autos tampoco se analizaron las comunicaciones epistolares entre las partes, en las que se advierte que el motivo invocado por los actores para declarar el despido fue volver a la situación anterior al 13/10/96 (cfr. fs. 47, 49, 50 entre otras), atento a que fue ésa la variación de modalidad por la que se sintieron injuriados, que resulta invariable para ponderar la justificación del distracto dispuesto por los actores (art. 243 LCT). El cambio de modalidad antes y después del 13/10/1996 configuró a criterio de los demandantes el ejercicio abusivo del ius variandi . En ese contexto, sobre la base de pautas objetivas acreditadas con constancias de autos y considerando la existencia de un convenio de empresa homologado referido a la modalidad de trabajo impugnada, el Tribunal debió merituar: a) la razonabilidad de la medida ; b) la alteración de las modalidades del contrato, y c) la existencia o inexistencia del daño material o moral invocados por los actores, analizando y valorando las pruebas para determinar la situación antes y después del 13/10/96.

IX.- En ese contexto, los fundamentos por los que la sentencia se pronunció haciendo lugar a la demanda no resultan suficientes, toda vez que, como quedó dicho, se efectuó una valoración parcializada de las pruebas aportadas a la causa, en relación a las cuestiones sobre las cuales se trabó la litis. Ello demuestra la existencia de un déficit de motivación en el fallo, que lo descalifica como acto jurisdiccional válido, configurándose una causal de arbitrariedad al transgredir el deber de motivación impuesto por el art. 28 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, y lo establecido en los arts. 34, 272, 273 incisos 4 y 5 CPCC, por lo que a tenor de las normas citadas, y lo dispuesto en los arts. 166 y 167 del digesto de forma, la sentencia debe ser declarada nula (cfr. CSJTuc.. in re: "Unión Cañeros Azucarera Ñuñorco Ltda. s/ quiebra, inc. verif. de J. C. Rubio y o.", 18/12/2000; "Filippini, Víctor H. vs. L. O. Amas y o. s/ daños y perjuicios", 23-10-98; "Banco Mayo vs. González R. O. y o. s/ cobro sumario", 13-8-96; "Suc. de A. Castelli vs. M. A. Courel s/ desalojo", 24-11-95; "Chrestia H. E. vs. Espert F. s/ daños", 29-12-93; "Fraile de González H. vs. Mena Serrano s/ cobro ordinario", 03-11-94, entre otros).

Por lo expresado, corresponde casar el fallo en mérito a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse por arbitraria la sentencia que trasgredió el deber de motivación al haber valorado en forma parcializada las pruebas conducentes para la resolución del caso".

X.- Atento a que el motivo por el cual se anula la sentencia se origina en la actuación del Tribunal, corresponde imponer las costas por su orden (art. 106 CPCC).

XI.- Analizando a continuación el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en lo sustancial se agravia del modo en que fueron impuestos los intereses a partir del 01/01/2002 y hasta la fecha de su efectivo pago: tasa pasiva calculada de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 10 del decreto 941/91 y con el fin previsto en el art. 622 del Código Civil, en el comunicado del B.C.R.A. N° 14.290/91. (cfr. fs. 774 vta.). El recurrente pretende que se aplique el sistema que aplicó la Corte Suprema de la Provincia en la sentencia dictada en "Navarro, Lidia Orlanda vs. Superior gobierno de Tucumán s/ daños y perjuicios" no sólo hasta el 31-12-2001, -como dispuso la sentencia-, sino también a partir del 01/01/2002. Para ello expone argumentos que intentan demostrar que la sentencia con esa disposición vulnera la intangibilidad del patrimonio de los actores.

XII.- No corresponde hacer lugar al recurso de casación de la parte actora, por los siguientes motivos.

Se trata de la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina de acuerdo a lo previsto por el art. 8° del decreto 529/91, modificado por el decreto 941/91.

El art. 10 del decreto 941/91 estableció lo siguiente: "Agrégase como segundo párrafo del art. 8º del dec. 529/91, al siguiente: En oportunidad de determinar el monto de la condena en australes convertibles, el juez podrá indicar la tasa de interés que regirá a partir del 1 de abril de 1991, de modo de mantener incólume el contenido económico de la sentencia. El Banco Central de la República Argentina deberá publicar mensualmente la tasa de interés pasiva promedio, que los jueces podrán disponer que se aplique a los fines previstos en el art. 622 del Código Civil".

El Banco Central de la República Argentina, en el Comunicado 14.290 fechado 5 de agosto de 1991, invocando lo dispuesto en el art. 10 del decreto 941/91, dio a conocer una serie estadística de tasas de interés pasiva que puede ser utilizada por los jueces a los fines previstos en el artículo 622 del Código Civil. La tasa pasiva promedio refleja la capitalización de la tasa diaria equivalente a la tasa de interés efectiva mensual promedio ponderada de los depósitos en caja de ahorro común y a plazo fijo, correspondiente al segundo día hábil anterior a la fecha informada, según la encuesta que diariamente elabora la institución bancaria. Las ponderaciones surgen de los montos de los saldos de depósitos en caja de ahorro y de las operaciones concertadas en el día para los depósitos a plazo fijo en distintas entidades crediticias.

El Comunicado 14.290 dictado por el Banco Central de la República Argentina el 5 de agosto de 1991, recomienda calcular los intereses con la siguiente fórmula: : i = [(100 + tm : 100 + to) - 1)] . 100", donde tm es el valor de la serie correspondiente al día hasta el cual se devengan los intereses; to es el valor de la serie correspondiente al día anterior a partir del cual se devengan los intereses. La serie se confecciona con intereses que se capitalizan diariamente, por lo que hay que dividir y no restar, como lo recomienda el Comunicado 14.290. Siendo que el sistema de índices ha sido elaborado para obtener la tasa de interés de un período determinado en base a una expresión algebraica en la que se deben dividir los índices, no existe ningún motivo para apartarse de la misma, por lo que se debe aplicar esa fórmula para efectuar el cálculo de los intereses de tasa pasiva promedio que fija el BCRA..

Por último, cabe agregar que el marco normativo que motivó que el BCRA elaborara la serie estadística vinculada a la tasa de interés, -art. 8 del decreto 529/91 y art 10 del decreto 941/91- no fue derogado ni objeto de reforma por la ley 25561 ni demás legislación concordante y relativa a la emergencia económica a pesar de los cambios operados en el país en este aspecto, habiendo sido, además, reiterada su aplicación en el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en pleno, sentencia de fecha 23/03/2004 dictada en juicio "Alaniz, Ramona E. y otro c. Transportes 123 SACI interno 200", publicado en LA LEY 25/3/2004, 7, manteniendo la doctrina del fallo plenario dictado el 2 de agosto de 1993 en los autos "Vázquez, Claudia Angélica c. Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios".

Cabe advertir que el suscrito en numerosos precedentes se pronunció por la aplicación de este sistema de cálculo sin distinguir períodos antes o después del año 2002. (cfr. fallos "Galletini Francisco vs. Empresa Gutiérrez SRL s/ indemnizaciones", del 15/6/2004; "Laquaire M.A. vs. Asociación de Empleados de la D.G.I. s/ cobros" sentencia del 29/6/2004, "Lascano, Daniel Marcelo vs. Elementos y Materiales Industriales S.R.L. s/ cobro de pesos", sentencia del 11/8/2004, entre otros). No obstante la opinión del suscrito sobre este aspecto, al no existir impugnación sobre el modo de calcular los intereses antes del 01/01/2002, no cabe emitir pronunciamiento sobre el modo de calcular los intereses impuestos en ese período.

Por lo expresado, corresponde rechazar el recurso de la parte actora.

XIII.- En cuanto a las costas del recurso de casación, atento a los precedentes jurisprudenciales divergentes sobre el sistema de cálculo de intereses, corresponde imponer las costas por su orden (art. 106 CPCC).

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en el mismo sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I. NO HACER LUGAR a los recursos de casación deducidos por la parte actora y por la parte demandada, contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, de fecha 9 de abril de 2003, obrante a fs. 770/780 de autos.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR (en disidencia) HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a	305/2005 Veintisiete (27) de Abril de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana -por no existir votos suficientes para dictar sentencia válida-, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la representaciones letradas de las partes actora y demandada en autos: "Nazar, Juan Santos y otros vs. Algodonera San Nicolás S.A. s/ Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La representaciones letradas de las partes demandada (fs. 836/846) y actora (fs. 848/879), presentan sendos recursos de casación contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, dictada el 9 de abril de 2003, obrante a fs. 770/780 de autos, que son concedidos mediante resolución del referido tribunal de fecha 8 de julio de 2004 (cfr. fs. 911 y vta.). Ninguna de las partes, según surge del informe actuarial de fs. 918, presentó la memoria facultativa prevista en el artículo 137 del CPT.

II.- Siendo competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, juzgar de la admisibilidad de los referidos recursos -no obstante haber sido concedidos por el tribunal de grado- corresponde examinar si los mismos cumplen los requisitos exigidos por el artículo 132 del CPT.

El recurso de la demandada ha sido interpuesto en término, impugna una sentencia definitiva, habiendo dado cumplimiento con el afianzamiento que exige la ley del rito y se alega infracción a normas de derecho. Por tanto, resulta admisible.

En cuanto al recurso de la parte actora, igualmente resulta admisible pues ha sido interpuesto tempestivamente, contra una sentencia definitiva, no siendo exigible por recurrir los actores y se alega arbitrariedad del fallo en la selección del procedimiento para el cálculo de intereses sobre las sumas condenadas.

III.- Corresponde, entonces, ingresar a la consideración de la procedencia de los respectivos recursos de casación.

III. 1.- Respecto al recurso de la parte demandada, advierto en primer lugar que el déficit de fundamentación jurídica de la sentencia en crisis, denunciado por la recurrente no se encuentra, a mi juicio, configurado.

En efecto; si bien se trata de una argumentación indudablemente escueta, el fallo expresa claramente que el despido indirecto de los actores resulta justificado ya que tenían derecho a esperar que no se les supriman los beneficios patrimoniales que se otorgaban cuando implementaron el 4º turno.

Aduce la parte demandada, que dicha afirmación sentencial no encuadra en ninguna normativa jurídica, que no se suprimió ningún beneficio al trabajador sino que se les otorgaron otros más allá de los que exige la ley, pero se trata de adicionales distintos a los antes pactados.

Claro está que no existe normativa que indique concretamente que tipo de beneficios adicionales corresponde acordar cuando se dispone establecer un 4º turno, pero no es menos cierto que los beneficios, implementados a partir de octubre de 1996, siendo distintos a los establecidos anteriormente, a criterio del tribunal, se infieren menores y por lo tanto lesivos a los derechos de los actores, y por lo tanto legitiman los despidos indirectos.

La referencia a beneficios que antes gozaban (35 horas de pago como horas suplementarias conforme el artículo 24 LCT, un doble aguinaldo cada fin de año, más un 9% sobre sus remuneraciones por productividad, más un 4% sobre las remuneraciones a percibirse por horas de trabajo nocturno) y que ahora no contempla el nuevo convenio (no se pagan horas suplementarias, ni otras conquistas) significa, en puridad, en el criterio del tribunal de grado, que se ha afectado la indemnidad en materia remuneratoria, pues el fallo parte de la premisa de que el trabajador espera, en caso de implementarse la modalidad de 4 turnos, que se respeten los adicionales que en tal caso se pactaron con anterioridad o bien que se establezcan otros beneficios de igual característica, pero no que se disminuya sus derechos remuneratorios con relación a idénticos antecedentes.

En suma, no se trata de que el nuevo convenio deba ser igual a los anteriores, ni que el convenio suscripto en 1987 mantenía su vigencia en octubre de 1996, o que no se violó el orden público laboral por tratarse de un convenio colectivo que puede suprimir beneficios, como lo pretende la recurrente. Simplemente la legitimación sentencial de los despidos indirectos de los actores, se sustenta en el ejercicio abusivo del ius variandi que significa la pérdida de beneficios patrimoniales en la implementación del 4º turno en octubre de 1996, con relación a lo que antes percibían los actores cuando se estableció el 4º turno.

Por otro lado, la afirmación de la demandada de que la sentencia, en el entendimiento de las circunstancias de autos, es idéntica a las acaecidas en el caso "Lucero, Juan Bautista y otros vs. Algodonera San Nicolás S.A. s/ Indemnizaciones", hace una interpretación tergiversada del artículo 14 bis del convenio colectivo Nro. 120/90, como lo hizo dicho precedente, por cuanto considera que la disposición tiene una exigencia ("acuerdo con los trabajadores") que la empresa no logró, tampoco resulta atinada, como se verá al tratar el siguiente agravio, vinculado estrechamente con esta cuestión.

Bajo el título de errónea aplicación de los artículos 66 y 202 LCT, de la Ley N° 11.544 y 14 bis del CCT 120/90, la demandada alega que la situación de autos no es similar al precedente ut supra citado, porque la cuestión controvertida en la especie radica en determinar si hubo o no ejercicio abusivo e irracional del ius variandi por parte de la empleadora, en los términos del artículo 66 LCT, pretendiendo con ello que la sentencia debió analizar si cada uno de los actores acreditó que los cambios eran irrazonables, que alteraron las modalidades esenciales del contrato y que sufrieron perjuicios materiales y morales que los obligó a darse por despedidos.

Sin embargo, del texto de la sentencia surge claramente lo siguiente: a) los actores fundan su despido en el ejercicio irrazonable del ius variandi por parte de la accionada; b) como en el caso de autos la medida involucraba a un conjunto de trabajadores, se ha recurrido a la instancia administrativa con la intervención de las respectivas entidades gremiales, arribándose a un convenio suscripto y debidamente homologado, que deja "a salvo los derechos individuales de todos los trabajadores que se consideren afectados moral o materialmente por la implementación del sistema de trabajo en cuatro turnos rotativos por equipos y no acepten ni ratifiquen éste convenio"; c) en virtud de la reserva quedaron fuera del convenio los trabajadores que no lo han suscripto (los actores), resultando por lo tanto inoponible a ellos; d) que la pericia contable de fs. 677 y siguientes, donde se informa que el período 1987-1996, los trabajadores percibían los adicionales que se detallan en el punto "a" de fs. 681, en tanto que en la implementación de 1996 se los deja de pagar; e) ello agrega, que debe considerarse que el cambio de turnos no resulta razonable, atento a la absolución de posiciones (fs. 706), del que surge la afectación patrimonial de los trabajadores, cuando la empresa cambió los turnos de trabajo, modificando unilateralmente las condiciones de trabajo, sin que dicha modalidad se haya tomado conforme la exigencia convencional (artículo 14 bis del CCT Nro. 120/90); f) ello le permite concluir que hubo ejercicio abusivo de la facultad acordada por el artículo 66 LCT, sosteniendo que el criterio es corroborado por la CSJT, sentencia Nro. 107 del 28-3-95, y que el hecho que la demandada no ha obtenido el acuerdo de los trabajadores que exige el artículo 14 bis del CCT Nro. 120/90 (CSJN Nro. 925 del 21-10-02), torna procedente acoger la demanda.

De la confrontación de los agravios con la doctrina que consagra la sentencia, surge evidente que la demandada centra su cuestionamiento en la inexistencia de análisis sentencial de la prueba individual de cada actor sobre los perjuicios que eventualmente le habría producido el establecimiento de los turnos rotativos, a fin de determinar lo que considera el tema central que sería la determinación del ejercicio abusivo del ius variandi.

Sin embargo, el planteo recursivo se desvía del verdadero núcleo de fundamentos tenidos en consideración por el discurso sentencial para hacer lugar a la demanda, a saber, la existencia de un convenio pluriindividual celebrado entre un grupo de trabajadores con intervención de las entidades gremiales (no un convenio colectivo obligatorio como lo pretende la recurrente), en cuya cláusula 7º se deja a salvo los derechos individuales de los trabajadores que se consideren afectados por los turnos rotativos por equipos y no acepten ni ratifiquen el convenio y lo dispuesto por el artículo 14 bis del CCT Nro. 120/90, que establece que cuando las necesidades del trabajo lo requieran o por razones económicas o de productividad, el empleador podrá disponer el trabajo por equipos o turnos rotativos el que se ajustará a lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley N° 20.744 (t.o.) y que el ciclo de rotación y de descanso semanales será acordado con el personal con ajuste a la norma mencionada y a lo dispuesto por la Ley N° 11.544 y la ley de contrato de trabajo (artículo 66).

Ambas cuestiones, desplazan la pretensión de la demandada de que se analice si hubo o no ejercicio abusivo del ius variandi a tenor de lo dispuesto por el artículo 66 de la LCT, exclusivamente.

En el Convenio Colectivo de Trabajo que rige la actividad textil, la facultad del empleador de implementar turnos rotativos por equipo, lleva como contrapartida la necesidad de concertar "acuerdo" con los trabajadores para establecer los ciclos de rotación y descansos semanales, el que debe ajustarse a normas específicas, entre ellas el artículo 66 LCT, lo que implica un condicionamiento a la operatividad de dicha modificación laboral.

Prueba de ello, es que el cuarto turno rotativo, motivo de éste pleito, no se estableció unilateralmente por el empleador sino mediante convenio pluriindividual celebrado entre un grupo de trabajadores y la patronal, con intervención gremial, pero dejando claramente a salvo los derechos de los trabajadores que no lo suscribieron por considerarse afectados en sus derechos.

Esto último significa asimismo que, en el caso, el convenio que implementó los turnos rotativos no les es oponible a los actores que no suscribieron el convenio, máxime cuando conforme al CCT Nro. 120/90, artículo 14 bis, el establecimiento de los ciclos de rotación y descansos semanales necesitaban del acuerdo de los trabajadores para su operatividad, extremo que no se concretó en el sub iudice.

Sin perjuicio de ello -como lo dice la sentencia y a mayor abundamiento-, también ha quedado demostrado por la prueba de absolución de posiciones producida en el expediente de autos (fs. 706 y vta.), similar al caso "Lucero, Juan Bautista y otros vs. Algodonera San Nicolás S.A. s/ Indemnizaciones", que el apoderado de la accionada ha admitido que, con anterioridad al hecho que motiva el presente caso, ya se habían establecido turnos rotativos por equipos, con ciertas ventajas patrimoniales y que en esta nueva implementación algunas fueron eliminadas, acreditación que demuestra cuanto menos una disminución patrimonial para los actores.

Tampoco resulta atendible el agravio de la accionada en lo atinente al cuestionamiento de la interpretación sentencial del artículo 14 bis del CCT Nro. 120/90, según el cual el ius variandi no sería una facultad que pueda ser ejercida unilateralmente por el empleador, sino que necesita del consentimiento del trabajador.

Sin duda que, conforme la aludida norma convencional, el empleador puede disponer unilateralmente el trabajo por equipos o turnos rotativos en las circunstancias que menta el dispositivo, pero dado el caso, el condicionamiento legal de que los ciclos de rotación y de descanso semanales deban ser acordados con el personal con ajuste a la norma mencionada y a lo dispuesto por la Ley N° 11.544 y la ley de contrato de trabajo (artículo 66), limita la operatividad de la decisión y confiere a los trabajadores un cierto control sobre el ejercicio de dicha facultad por parte del empleador, que se expresa en el "acuerdo", en función de las limitaciones legales al ejercicio del ius variandi que establece el propio artículo 14 bis del CCT Nro. 120/90.

En el caso, los actores se negaron a acordar por considerar justamente que la decisión patronal no se ajustaba a los límites impuestos por las normas que menta el dispositivo convencional.

En suma, no se trata de que el empleador carezca de facultades para disponer unilateralmente la modificación de las formas y modalidades de trabajo, como argumenta la demandada, sino que en la especie la norma convencional establece un requisito para la implementación de turnos rotativos por equipos que es "el acuerdo" con los trabajadores, en cuanto a los ciclos de rotación y de descanso semanales y cuya falta, al menos en el caso de autos, expresa la disconformidad de dichos trabajadores con la modificación por no ajustarse a las previsiones del artículo 66 de la LCT, situación que, por otra parte, había quedado a salvo por la cláusula 7º del convenio homologado, suscripto por la propia demandada.

Desde esta perspectiva, no resulta descaminado que ante la imposición a los actores del cuarto turno rotativo en dichas circunstancia, los haya colocado en situación de darse por despedidos con justa causa.

Por las razones expresadas, el recurso casatorio incoado por la parte demandada, debe ser rechazado por improcedente.

III.2.- En lo que respecta al recurso de la parte actora, el mismo se dirige exclusivamente a cuestionar el procedimiento establecido por la sentencia en crisis, para el cálculo de los intereses sobre los créditos por los que progresa la demanda.

Considera que sin razón se seleccionó la inadecuada fórmula del comunicado Nro. 14.290/91 del BCRA, para calcular la tasa pasiva promedio a partir del 01-01-2002 hasta la fecha del efectivo pago, desechando la establecida por la Corte en el caso "Navarro, Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios. Impugnación de planilla". Por otra parte, alega que se vulneró la finalidad "de mantener incólume el contenido económico de la sentencia", previsto en el artículo 10 del Decreto Nro. 941/91, para los intereses que el juez indique en oportunidad de determinar el monto de la condena, menoscabando, a partir del 01-01-2002 las indemnizaciones reconocidas a los litis consortes, no satisfaciedo el resarcimiento del daño moratorio ordenado por el artículo 622 del Código Civil. Agrega, en fin, que el pronunciamiento no tuvo en cuenta que el comunicado Nro. 14.290 del BCRA es sólo una recomendación emitida por sus funcionarios en 1991; y e) no hizo lugar a la aclaratoria porque el fallo no pudo motivar su decisión de aplicar la mentada fórmula bancaria ni indicar cuales son los pronunciamientos de la CNAT que adoptaron el mismo criterio.

Al respecto, viene al caso señalar que esta Corte ya emitió opinión sobre el particular en los autos: "Gallettini, Francisco vs. Empresa Gutiérrez SRL s/ Indemnizaciones", sentencia Nro. 443, de fecha 15-6-2004, en la que expresó que el criterio sentado en fallo N° 756, del 25-10-1996, en autos "Navarro, Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios. Impugnación de planilla", no revestía la naturaleza de doctrina legal de esta Corte.

Asimismo, en dicho pronunciamiento se destacó que "...es doctrina del más Alto Tribunal de la Nación (in re: 'Banco Sudameris c/ Belcam S.A.', de fecha 05-7-1994), que es materia propia de los tribunales ordinarios determinar prudencialmente la tasa de interés que corresponde abonar por los capitales que se mandan pagar en juicio, por lo cual en principio, dicha cuestión es ajena al ámbito propio del recurso de casación, atento a su naturaleza, salvo que se alegue una manifiesta desproporción atendiendo a la índole de los intereses moratorios. En otras palabras, si bien en principio el procedimiento matemático para el cálculo de la tasa de interés moratorio es una cuestión propia de la prudente valoración de los jueces de mérito, teniendo esta última como necesario objeto la razonable ponderación de los datos concretos del caso y de las circunstancias socio-económicas que lo rodean, referida al marco normativo emergente del artículo 622 del Código Civil, cuyo contenido alude necesariamente, al sentido y alcance del resarcimiento del daño moratorio, dicha razonabilidad propicia su tratamiento en esta instancia casatoria, sólo excepcionalmente cuando la misma no aparezca manifiestamente." También se puso allí de resalto que "Durante el año 2001, la fuerte expectativa de la salida del plan de convertibilidad produjo un masivo retiro de fondos depositados en el sistema financiero que desembocó en el llamado 'corralito' del mes de diciembre de 2001. Este factor alteró el comportamiento de los valores ofrecidos por los Bancos llevando los intereses pasivos a valores inusuales en una época de alta recesión y de deflación.

Ello motivó una fuerte distorsión en los valores de las series de tasa pasiva que publicaba el Banco Central y con las que se liquidaban los intereses moratorios en las sentencias. Se advierte así que en el período temporal transcurrido desde el dictado por esta Corte de la sentencia N° 756 -año 1996- hasta el año 2001, han acaecido alteraciones económicas significativas que justifican una variación de criterio, resultando prudente y equitativo modificar la doctrina del referido precedente, ya que mantener el mismo implicaría producir un enriquecimiento sin causa para el acreedor, que sin razón jurídica alguna y por el solo hecho de aplicarse tasas de interés con componentes extraños y distorsionados, se vería indebidamente beneficiado con un procedimiento que alterara sustancialmente el sentido y alcance de los intereses moratorios que prevé el artículo 622 del Código Civil.

En efecto, dicho procedimiento consistente en restar los valores de la serie de tasas, por las variaciones reseñadas, devino un sistema distorsionado que al calcular los intereses, se tornaba cada vez más gravoso sin justificación real alguna.

Por el contrario, aplicando el Comunicado 'A' N° 14.290 del BCRA, se establece un procedimiento de cálculo de los intereses que resulta más adecuado a la realidad a partir del 7 de enero de 2002 -fecha ésta de sanción de la Ley N° 25.661 de 'Emergencia pública y reforma del régimen cambiario', debiéndose utilizar la fórmula para el cálculo de los intereses contenida en la Comunicación 'B' N° 5014 del BCRA del 12-8-92".

Y finalmente, a modo de conclusión, en la sentencia en cuestión el criterio (voto mayoritario) que se consideró apropiado para liquidar los intereses por el monto condenado fue el siguiente: desde que son debidos hasta el 06-01-2002, por el procedimiento establecido en el precedente contenido en sentencia N° 756 del 25-10-96 (in re: "Navarro, Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios, Impugnación de planilla"); y desde el 07-01-2002 con el procedimiento sugerido por el comunicado "A" N° 14.290 del BCRA, y su reglamentario "B" N° 5014, hasta su efectivo pago.

Por lo tanto, siendo el expuesto el criterio adoptado por esta Corte (voto mayoritario) como doctrina legal en el tema en disputa, de obligatoria observancia para los tribunales inferiores, dándose en autos semejanza cualitativa de configuración fáctica respecto a los períodos temporales por los que cabe calcular intereses moratorios, (cálculo de intereses por períodos anterior y posterior al año 2002) corresponde aplicar en la presente causa, dicha doctrina legal.

No obsta a lo señalado la circunstancia que, en la especie, la sentencia en lo que al segundo período se refiere, lo compute a partir del 01-01-2002, por carecer de significación económica relevante (sólo seis días de diferencia) en el marco de la doctrina legal reseñada.

Por las razones expresadas, arribo a la conclusión que el recurso de casación en examen debe ser desestimado.

IV.- Atento al resultado arribado en sendos recursos casatorios, existiendo vencimiento recíproco, por aplicación de lo normado por los artículos 49 del CPT y 109 del CPC y C, las costas de esta instancia deben imponerse por el orden causado.

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Manifiesto mi disidencia con el voto de la mayoría, y me pronuncio en el siguiente sentido.

Remitiéndome a lo expuesto en el voto precedente sobre la admisibilidad, se analiza a continuación la procedencia de los recursos, de los cuales primero se tratará el presentado por la parte demandada.

I - ANTECEDENTES:

Un grupo de ex empleados de la hilandería de la empresa demandada demandó el pago de indemnizaciones derivadas de despidos indirectos fundados en el art. 66 de la L.C.T. por ejercicio abusivo del ius variandi por parte de la empleadora, que impuso un nuevo sistema horario a partir del día 13 de octubre de 1996 al implementar cuatro turnos para reemplazar los tres preexistentes. Argumentaron que el cambio les causó perjuicios morales y materiales porque disminuyó su nivel remunerativo, creó una situación de permanente sujeción horaria a la fábrica al trabajar los sábados y domingos, y los obligó a renunciar a sus hábitos de vida y a otros ingresos provenientes de la actividad cuentapropista. Relataron que desde 1987 hasta enero de 1996 hubo cuatro turnos de lunes a lunes en horarios rotativos por equipos, con jornadas diurnas de ocho horas, durante seis días consecutivos incluidos sábados, domingos y feriados, con descanso durante dos días continuados al final de cada ciclo; expusieron que en esa época por el trabajo de sábados y domingos se les abonaba 35 horas suplementarias conforme al art. 201 LCT, doble medio aguinaldo cada fin de año, un adicional del 9% sobre sus remuneraciones por productividad, y un 4% sobre las remuneraciones por horas de trabajo nocturno. Expresaron que desde febrero de 1996 hasta el 12 de octubre de 1996 la empleadora suprimió el cuarto turno, y los trabajadores dejaron de prestar servicio entre las 13 horas del sábado y las 24 horas del domingo, con la consecuente pérdida de 35 horas suplementarias.

Relataron que desde el 13 de octubre de 1996, la empleadora decidió implementar un cuarto turno, pero sin pagar horas suplementarias ni reconocer los adicionales que tuvieron desde 1987 hasta febrero de 1996. Manifestaron que la empresa acordó esas modificaciones con delegados de la fábrica, con la Asociación Obrera Textil (Asociación Obrera Textil) y con SETIA (Sindicato de Empleados de la Industria y Afines) el día 19 de diciembre de 1996 ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, invocando la necesidad de equiparar los costos de mano de obra para competir en el MERCOSUR, y adecuar las prestaciones a la nueva realidad socio política económica. Expusieron que el Ministerio de Trabajo homologó el acuerdo mediante resolución de fecha 30 de diciembre de 1996, dejando a salvo los derechos de los trabajadores que no aceptaran ni ratificaran el convenio y que se consideraran afectados moral o materialmente por la implementación del sistema de trabajo en cuatro turnos rotativos por equipos.

Expresaron que los actores se opusieron a ese convenio, y no lo suscribieron. Expusieron que el 28/01/1997 enviaron cartas documentos, en las que intimaron volver a la situación anterior al 13/10/96, y que la respuesta de la demandada fue un simple rechazo. Frente a ello, los actores enviaron nuevas cartas documentos en fecha 03/02/1997, reiterando la intimación anterior, que nuevamente fue rechazada sin dar motivos; en fecha 22/02/1997 los actores remitieron cartas documentos reiterando la intimación bajo apercibimiento de considerarse despedidos sin causa, alegando "perjuicio material y moral", por "la significativa disminución que sufrieron sus remuneraciones a partir del 13/10/1996 a consecuencia de la implementación del cuarto turno de trabajo rotativo por equipos". El 6 de marzo de 1997, ante el silencio y la falta de respuesta de la demandada se dieron por despedidos mediante cartas documentos, invocando irrazonable ejercicio del ius variandi por alterar las modalidades esenciales del contrato de trabajo, y ocasionarles perjuicio moral y material. La demandada respondió negando que los despidos tuvieran justificación, ante lo cual los actores enviaron piezas postales reiterando sus expresiones e intimando el pago de las indemnizaciones y rubros proporcionales.

En la demanda resaltaron que el tema litigioso consistía en determinar si fue razonable y ajustado a derecho o si se abusó del ejercicio del ius variandi. Expresaron que la facultad que reconoce al empleador el art. 66 de la LCT tiene como límite la razonabilidad, y que no se alteren modalidades esenciales del contrato, ni se cause perjuicio material o moral al trabajador. Negaron que fuera razonable el cambio, y consideraron que las sucesivas modificaciones fueron una estrategia de la empleadora para eludir el acuerdo inicial y no pagar horas suplementarias los días sábados y domingo,. Alegaron que la implantación del cuarto turno no se debió a una necesidad de la empresa, ni fue cierto el propósito de absorber nueva mano de obra.

Denunciaron que se alteraron dos elementos esenciales del contrato: el salario y el tiempo, y expusieron que aunque trabajaran sábados y domingos la remuneración total mensual sería inferior, porque habría diez horas menos de prestación aproximadamente. Manifestaron que caducaron el 9% más de aguinaldo, y el 4% más por horario nocturno (cfr. fs. 10), y que dejaron de realizar otras tareas extras particulares por no poder prever ningún descanso continuo y estable. Alegaron perjuicio físico y alteración de su vida familiar y espiritual.

La demandada se opuso a las pretensiones señalando que el sistema de trabajo rechazado por los actores rigió durante nueve años en los que no se quejaron. Manifestó que el sistema de trabajo en turnos rotativos por equipos está regulado por la ley 11.544 y su reglamentación y el decreto 16.115, y que en la actividad textil está previsto en el artículo 14 bis del Convenio Colectivo 120/90. Negó los perjuicios invocados por los actores para justificar su despido indirecto, así como la existencia de injuria a los intereses de los trabajadores. Expuso que para el trabajo rotativo por equipos no rige el pago de horas extras por el trabajo de sábados y domingos, ni las normas del descanso hebdomadario. Invocó los artículos 197 segundo párrafo, 202, 64, 65 y 66 de la LCT. Destacó la extemporaneidad por el tiempo transcurrido desde el 13/10/1996 hasta la fecha del despido indirecto. Expresó que la implementación del cuarto turno fue acordada con la Asociación Obrera Textil y homologada por la autoridad laboral. Consideró que no podía calificarse de irrazonable la decisión de la empresa, porque respondió a necesidades de la planta fabril, y los trabajadores ya habían prestado servicios con esa modalidad, y resaltó que la modificación fue acordada con la Asociación Obrera Textil, aceptada por la mayoría de los trabajadores, y homologada por la autoridad laboral administrativa.

La Sala IVa. de la Cámara del Trabajo hizo lugar a la demanda. Consideró que el cambio de turno dispuesto por la accionada constituyó un ejercicio abusivo de la facultad acordada por el art. 66 de la LCT por falta de razonabilidad; que el convenio homologado era inoponible, que la demandada no estaba facultada para la implementación de los cuatro turnos rotativos por equipos, y que el cambio de turnos no era razonable.

II.- La parte demandada interpuso recurso de casación en el que se agravió de que la sentencia carece de fundamentos. El recurrente mencionó las normas jurídicas sobre las cuales se funda el sistema de trabajo por equipos en turnos rotativos y relató la evolución de las modalidades implementadas. Advirtió que fue irrelevante consignar en el convenio que quedaban a salvo los derechos de los trabajadores que no lo aceptaran porque esos derechos son irrenunciables, pero que ello no significa que tienen derecho a ser indemnizados. Resaltó que ninguno de los actores produjo prueba para acreditar cuáles fueron los perjuicios morales y materiales concretos sufridos por cada uno (cfr. fs. 839), y que del modo en que se había planteado la litis, los actores debieron probar que hubo ejercicio irrazonable del ius variandi, que la implementación de cuatro turnos alteró modalidades esenciales de sus respectivos contratos de trabajo, y que ello les causó perjuicios materiales y morales. Señaló que la sentencia no valoró las pruebas ni analizó en las circunstancias particulares si hubo o no ejercicio irrazonable del ius variandi, si la implementación de los cuatro turnos alteró modalidades esenciales de los contratos, y si el trabajo en cuatro turnos le causó a cada demandante concretos perjuicios materiales y morales. La demandada destacó que para resolver si la norma del artículo 66 de la LCT les daba razón a los actores o a la empresa demandada, el Tribunal debió haber analizado y valorado si los actores acreditaron o no que los cambios fueron irrazonables, si alteraron modalidades esenciales del contrato, y si sufrieron perjuicios materiales y morales que los habilitaron para tomar esa decisión. Expuso su interpretación del art. 14 bis del convenio colectivo. Advirtió que la exigencia de razonabilidad del cambio está referida a la necesidad funcional de la empresa, y que la ley de fondo lo admite por necesidad, conveniencia económica o razones técnicas. Por ello calificó de arbitraria la afirmación de la sentencia de que el cambio de turnos no fue razonable porque se eliminaron algunas ventajas acordadas anteriormente. Por último, propuso doctrina legal (cfr. fs. 558).

El recurso de casación fue concedido por resolución de fecha 8 de julio de 2004 (fs. 911 y vta.).

III.- De la confrontación de los agravios planteados con el contenido de la sentencia surge que asiste razón al recurrente pues se advierte un déficit de motivación de la decisión, al haber omitido el Tribunal efectuar un análisis y merituación de las pruebas aportadas relativas a las cuestiones materia de la litis, en el marco del derecho aplicable.

No se advierte que el Tribunal hubiera efectuado una apreciación razonada y concreta de la prueba producida en relación a los hechos alegados por las partes (art. 273 inciso 4 CPCC), particularmente si la cuestión a resolver no fue de puro derecho, sino que el caso exigía que el Juzgador efectuara una prudente valoración de la prueba aportada para resolver si fue justificado el despido indirecto declarado por los actores, en el marco del convenio de empresa homologado para determinar su alcance y efectos, interpretar la cláusula de reserva formulada en relación a quienes se sintiesen afectados, si el empleador ejerció razonable o irrazonablemente el ius variandi en el marco del convenio celebrado y del artículo 14 bis del Convenio Colectivo 120/90, si se alteraron condiciones esenciales del contrato, y si los actores sufrieron los perjuicios invocados al haberse implementado desde el 13 de octubre de 1996 cuatro turnos rotativos de lunes a lunes. Todo ello debía examinarse considerando que en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo establecido en la ley 14.250, están previstos los convenios de empresa (art. 1 de la ley 14.250), que tienen la fuerza legal allí establecida. En ese contexto jurídico se celebró el día 19 de diciembre de 1996 el convenio entre la empresa y la Asociación Obrera Textil de la República Argentina Delegación Tucumán (cfr. fs. 18), que fue homologado por resolución n. 434/1-SET del 30 de diciembre de 1996 (cfr. fs. 41). En ese convenio las partes pactaron cláusulas de carácter normativo, que son aquellas que determinan las condiciones objetivas a las que deberán ajustarse las relaciones de trabajo a celebrarse entre los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación personal del mismo (cfr. C.N.Trab., sala V, 1989/06/30, en "Rodríguez, José c. Sintacol, S.A., D.T. 1989-B, 1578). Entre el sindicato y la empresa se acordó que el objetivo de la negociación fue el mantenimiento y fortalecimiento de la fuente de trabajo, y se pactó la implementación de los cuatro turnos rotativos objetados por los actores, el aumento de $30 a $50 mensuales en ticket canasta, el pago de un adicional mensual de $22 en ticket canasta para los trabajadores representados por el sindicato, más una bonificación de $300 por única vez para los trabajadores que ingresaron antes de julio de 1995.

Sobre los convenios de empresa celebrados por un solo empleador (art. 1 ley 14.250), expresa la doctrina que "se trata de un auténtico convenio colectivo de trabajo con eficacia general, siendo exigible su cumplimiento por los trabajadores de la empresa, siempre que el convenio haya sido homologado por el Ministerio de Trabajo. En tal perspectiva será aplicable durante su vigencia tanto a los trabajadores que se desempeñen en la empresa al momento de su celebración como a los que ingresen posteriormente, y tanto a los afiliados a la entidad sindical que lo celebró como a los no afiliados" (cfr. Rubio, Valentín en "La reforma laboral", Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fé 1998, p. 291; en igual sentido cfr. Capón Filas, Rodolfo, "El nuevo derecho sindical argentino", La Plata, Ed. Platense, 1993, 2ª. Edic. p. 308; Digesto Práctico La Ley de Derecho Colectivo del Trabajo t. II p. 81 parág. 3026 y 3162 p. 104; Etala en "Derecho colectivo del trabajo", Bs. As., Astrea, 2001 p. 139).

Debe también recordarse que el acto de homologación de la convención colectiva tiene el sentido de que las convenciones y acuerdos adquieran oponibilidad erga omnes para toda una categoría o actividad laboral o ámbito empresario. De ello se infiere que este requisito tiene el objetivo de permitir el ejercicio del poder de policía y el control de legalidad por parte de la autoridad administrativa, la cual debe verificar que no se vulnere el orden público laboral o el orden público general (ley 14.250 art. 4) (cfr. Etala, en "Derecho colectivo del trabajo", Bs. As., Ed. Astrea, 2001 p. 143).

En ese contexto se pactaron las cláusulas normativas señaladas, y se hizo la reserva de que quedaban a salvo los derechos individuales de todos los trabajadores que se consideraran afectados moral o materialmente por la implementación del sistema de trabajo en cuatro turnos rotativos por equipos, y no aceptaran ni ratificaran el convenio (cfr. cláusula séptima).

IV.- Dentro de los derechos que la ley otorga al empleador está el del ius variandi, que es la atribución derivada de su facultad de dirección, que debe ejercerse respetando los parámetros que la ley fija. Comentando esta facultad del empleador, expresa Carlos Livellara en la obra" Tratado de Derecho del Trabajo" dirigida por Vázquez Vialard, que "los contratos laborales... son de tracto sucesivo, lo cual implica que su ejecución se prolonga en el tiempo, distribuyéndose o reiterándose durante un lapso, breve o extenso... y que es necesario que para poder subsistir, se vayan adaptando a las nuevas circunstancias planteadas, lo cual indujo a De Ferrari a decir que "lo más característico del contrato de trabajo es que, sin dejar de existir, cambia y se renueva continuamente y deben admitirse como lícitos y procedentes todos aquellos cambios necesarios para su ulterior cumplimiento o existencia". De ahí que la comunidad laboral no constituya una realidad estática, sino que muy por el contrario, está sujeta a los cambios que su propia evolución le marca. Muchas veces son factores externos los que provocan modificaciones (oscilaciones del mercado, decisiones de los poderes públicos, nuevas técnicas, hechos fortuitos, etcétera). Pero también sus exigencias internas llevan a realizar los ajustes necesarios. Así, las ausencias por motivos y duración dispar de algunos trabajadores, deben ser cubiertas por otros, y las diversas necesidades que se van presentando, tienen que ser satisfechas por la empresa adoptando las medidas técnicas, económicas y de organización que mejor convengan a sus intereses". ("Tratado de Derecho del Trabajo" dirigido por Vázquez Vialard, tomo 3 p. 640, Astrea, 1982).

El artículo 66 de la LCT reconoce al empleador el derecho de introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación, norma que admite que el empresario es el único a quien corresponde decidir cuáles son las medidas de orden interno que es necesario adoptar cuando se encuentra con nuevos requerimientos o dificultades en la marcha de la empresa. Evidentemente, la cambiante y compleja realidad económica y social no puede quedar supeditada a una inmovilidad que impida al empresario realizar los cambios que su comunidad empresaria requiera.

V.- La LCT limita el ejercicio de esa facultad al disponer que los cambios "no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador" (art. 66 LCT). De ahí que la LCT haya receptado tres limitaciones fundamentales al ius variandi: a) la razonabilidad de la medida; b) la no alteración de las modalidades del contrato, y c) la inexistencia de daño material o moral al trabajador.

Respecto del primer requisito, se expresa en la obra citada que "la razonabilidad en el ejercicio del ius variandi significa que el empleador deberá hacer de esta atribución un uso funcional, en respuesta a verdaderas necesidades técnicas, administrativas o económicas de la empresa, excluyendo toda conducta abusiva, arbitraria o contraria a la buena fe, que debe regular todas las relaciones entre las partes del contrato de trabajo. La propia LCT, al determinar las modalidades del ejercicio de todas las facultades del empleador, establece que..."siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo en la empresa y el respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso del derecho" (art. 68 LCT)." (ob cit. "Tratado..." tomo III p. 645). En resumen, la facultad de modificar las condiciones de la prestación laboral está otorgada "en función del interés de la empresa, aunque éste coincida con el interés personal del empresario". (cfr. "Ley de contrato de trabajo" coordinada por Altamira Gigena, Astrea, 1981, p. 372).

El segundo requisito se interpreta en el sentido de que las modificaciones esenciales vedadas pueden referirse al sujeto, al objeto o a ciertas condiciones del contrato. La LCT diferencia entre modificaciones y alteraciones del contrato de trabajo. Las primeras, las simples modificaciones, consisten en cambios no esenciales, y son aceptables dentro del ámbito propio del ius variandi. En cambio las segundas, las alteraciones, afectan a condiciones o modalidades esenciales del contrato, implicando un ejercicio inadmisible del ius variandi, en cuanto facultad unilateral del empleador ("Tratado" cit. tomo III p. 647).

El tercer requisito exige que no se violen o lesionen los intereses materiales o morales del empleado. En la obra referida (cfr. "Tratado t. III p. 647) se mencionan ciertas pautas para precisar este concepto: a) si la modificación que se invoca como perjudicial fue tenida en cuenta al concertarse el negocio jurídico, o si contractualmente se facultó al empleador para realizar modificaciones. b) Si el hecho o la modificación que se invoca como perjudicial no fue tenida en cuenta al concertarse el negocio jurídico, debe diferenciarse si el trabajador dentro de la disponibilidad de su tiempo libre contrajo otros compromisos que de algún modo impedirían un ejercicio futuro del ius variandi por el empleador y éste conociendo esas circunstancias las toleró sin invocar intereses prevalentes de la empresa, en cuyo caso no podrá luego introducir tales cambios perjudiciales a aquél, o si el trabajador invoca la situación cuando se le notifica el cambio que de suyo es legítimo, y el empleador desconocía tales antecedentes. (ob cit. "Tratado..." p. 648 y 649). Otra pauta para la ponderación de estas situaciones que ha definido la doctrina, es el principio del mínimo perjuicio posible, para el caso de que una variación resulte inevitable, lo que en algunas situaciones exigirá al empleador una compensación.

VI.- En la obra "Ley de contrato de trabajo" coordinada por Altamira Gigena, se expresa que "las tres limitaciones fijadas por la ley se articulan de modo que operen orgánica y armónicamente. Para ello tenemos que plantearnos el interrogante de si la inobservancia de una de ellas exclusivamente, es hábil para constituir un ejercicio abusivo de la facultad. En relación con la exigencia de razonabilidad, consideramos que actúa con carácter subsidiario y a modo de regulador de las otras dos, para establecer hasta qué punto la variación que se introduce está efectivamente vinculada a las necesidades de organización de la producción empresaria. De lo contrario, se llegaría a admitir que en todos los casos el trabajador está facultado para objetar las decisiones del empleador en cuanto rozaran la situación del personal, con grave deterioro para el ejercicio del poder de dirección. En orden a la alteración, hay que distinguir. Si se produce esta consecuencia sin causar un daño moral o material al trabajador o, si realmente se ha provocado algunos de tales perjuicios. En la primera hipótesis -alteración sin daño- actúa decididamente el elemento razonabilidad, puesto que si falta, la sola alteración no consentida es suficiente para calificar de abusiva la modificación. En cambio, existiendo razonabilidad en la mutación que altera las condiciones de prestación del servicio, sin provocar daños al trabajador, no nos parece que sea suficiente motivo para reputar ese cambio, como abusivo, habida cuenta de que en tal caso se habrían acreditado las exigencias de la empresa... La tercera limitación -la inexistencia de daños- resulta, por el contrario, infranqueable" (ob cit. "Ley de Contrato de Trabajo" coordinada por Altamira Gigena p. 372 y 373).

VII.- El artículo 14 bis del Convenio Colectivo 120/90 para los obreros textiles, expresa que "cuando las necesidades del trabajo lo requieran o por razones económicas o de productividad, el empleador podrá disponer el trabajo por equipos o turnos rotativos; éste se ajustará a lo dispuesto por el art. 202 de la ley 20.744". De ese modo, en el convenio textil hay un reconocimiento expreso de la potestad del empleador para implementar trabajo por equipos o turnos rotativos, lo que implica admitir que se trata de una actividad en la que puede resultar funcional y adecuado el funcionamiento fabril ininterrumpido, en turnos continuos.

La segunda parte del artículo mencionado establece que "el ciclo de rotación y de descanso semanales será acordado con el personal con ajuste a la norma mencionada, y a lo dispuesto por la ley 11.544, y la ley de contrato de trabajo (art. 66)". En el caso de autos, un factor a ser considerado en la resolución del caso es que el sistema de cuatro turnos rotativos objetado por los actores se implementó mediante un convenio de empresa homologado, en el que hubo un acuerdo de las partes sobre la finalidad y el sentido de la negociación, y se pactaron prestaciones recíprocas. En el marco normativo señalado, el Juzgador debió merituar el alcance de la cláusula séptima del convenio, en relación tanto a la ponderación de la razonabilidad de la medida, como de la modificación contractual y la prueba de los perjuicios invocados.

VIII.- En el caso de autos tampoco se analizaron las comunicaciones epistolares entre las partes, en las que se advierte que el motivo invocado por los actores para declarar el despido fue volver a la situación anterior al 13/10/96 (cfr. fs. 47, 49, 50 entre otras), atento a que fue ésa la variación de modalidad por la que se sintieron injuriados, que resulta invariable para ponderar la justificación del distracto dispuesto por los actores (art. 243 LCT). El cambio de modalidad antes y después del 13/10/1996 configuró a criterio de los demandantes el ejercicio abusivo del ius variandi . En ese contexto, sobre la base de pautas objetivas acreditadas con constancias de autos y considerando la existencia de un convenio de empresa homologado referido a la modalidad de trabajo impugnada, el Tribunal debió merituar: a) la razonabilidad de la medida ; b) la alteración de las modalidades del contrato, y c) la existencia o inexistencia del daño material o moral invocados por los actores, analizando y valorando las pruebas para determinar la situación antes y después del 13/10/96.

IX.- En ese contexto, los fundamentos por los que la sentencia se pronunció haciendo lugar a la demanda no resultan suficientes, toda vez que, como quedó dicho, se efectuó una valoración parcializada de las pruebas aportadas a la causa, en relación a las cuestiones sobre las cuales se trabó la litis. Ello demuestra la existencia de un déficit de motivación en el fallo, que lo descalifica como acto jurisdiccional válido, configurándose una causal de arbitrariedad al transgredir el deber de motivación impuesto por el art. 28 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, y lo establecido en los arts. 34, 272, 273 incisos 4 y 5 CPCC, por lo que a tenor de las normas citadas, y lo dispuesto en los arts. 166 y 167 del digesto de forma, la sentencia debe ser declarada nula (cfr. CSJTuc.. in re: "Unión Cañeros Azucarera Ñuñorco Ltda. s/ quiebra, inc. verif. de J. C. Rubio y o.", 18/12/2000; "Filippini, Víctor H. vs. L. O. Amas y o. s/ daños y perjuicios", 23-10-98; "Banco Mayo vs. González R. O. y o. s/ cobro sumario", 13-8-96; "Suc. de A. Castelli vs. M. A. Courel s/ desalojo", 24-11-95; "Chrestia H. E. vs. Espert F. s/ daños", 29-12-93; "Fraile de González H. vs. Mena Serrano s/ cobro ordinario", 03-11-94, entre otros).

Por lo expresado, corresponde casar el fallo en mérito a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse por arbitraria la sentencia que trasgredió el deber de motivación al haber valorado en forma parcializada las pruebas conducentes para la resolución del caso".

X.- Atento a que el motivo por el cual se anula la sentencia se origina en la actuación del Tribunal, corresponde imponer las costas por su orden (art. 106 CPCC).

XI.- Analizando a continuación el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en lo sustancial se agravia del modo en que fueron impuestos los intereses a partir del 01/01/2002 y hasta la fecha de su efectivo pago: tasa pasiva calculada de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 10 del decreto 941/91 y con el fin previsto en el art. 622 del Código Civil, en el comunicado del B.C.R.A. N° 14.290/91. (cfr. fs. 774 vta.). El recurrente pretende que se aplique el sistema que aplicó la Corte Suprema de la Provincia en la sentencia dictada en "Navarro, Lidia Orlanda vs. Superior gobierno de Tucumán s/ daños y perjuicios" no sólo hasta el 31-12-2001, -como dispuso la sentencia-, sino también a partir del 01/01/2002. Para ello expone argumentos que intentan demostrar que la sentencia con esa disposición vulnera la intangibilidad del patrimonio de los actores.

XII.- No corresponde hacer lugar al recurso de casación de la parte actora, por los siguientes motivos.

Se trata de la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina de acuerdo a lo previsto por el art. 8° del decreto 529/91, modificado por el decreto 941/91.

El art. 10 del decreto 941/91 estableció lo siguiente: "Agrégase como segundo párrafo del art. 8º del dec. 529/91, al siguiente: En oportunidad de determinar el monto de la condena en australes convertibles, el juez podrá indicar la tasa de interés que regirá a partir del 1 de abril de 1991, de modo de mantener incólume el contenido económico de la sentencia. El Banco Central de la República Argentina deberá publicar mensualmente la tasa de interés pasiva promedio, que los jueces podrán disponer que se aplique a los fines previstos en el art. 622 del Código Civil".

El Banco Central de la República Argentina, en el Comunicado 14.290 fechado 5 de agosto de 1991, invocando lo dispuesto en el art. 10 del decreto 941/91, dio a conocer una serie estadística de tasas de interés pasiva que puede ser utilizada por los jueces a los fines previstos en el artículo 622 del Código Civil. La tasa pasiva promedio refleja la capitalización de la tasa diaria equivalente a la tasa de interés efectiva mensual promedio ponderada de los depósitos en caja de ahorro común y a plazo fijo, correspondiente al segundo día hábil anterior a la fecha informada, según la encuesta que diariamente elabora la institución bancaria. Las ponderaciones surgen de los montos de los saldos de depósitos en caja de ahorro y de las operaciones concertadas en el día para los depósitos a plazo fijo en distintas entidades crediticias.

El Comunicado 14.290 dictado por el Banco Central de la República Argentina el 5 de agosto de 1991, recomienda calcular los intereses con la siguiente fórmula: : i = [(100 + tm : 100 + to) - 1)] . 100", donde tm es el valor de la serie correspondiente al día hasta el cual se devengan los intereses; to es el valor de la serie correspondiente al día anterior a partir del cual se devengan los intereses. La serie se confecciona con intereses que se capitalizan diariamente, por lo que hay que dividir y no restar, como lo recomienda el Comunicado 14.290. Siendo que el sistema de índices ha sido elaborado para obtener la tasa de interés de un período determinado en base a una expresión algebraica en la que se deben dividir los índices, no existe ningún motivo para apartarse de la misma, por lo que se debe aplicar esa fórmula para efectuar el cálculo de los intereses de tasa pasiva promedio que fija el BCRA..

Por último, cabe agregar que el marco normativo que motivó que el BCRA elaborara la serie estadística vinculada a la tasa de interés, -art. 8 del decreto 529/91 y art 10 del decreto 941/91- no fue derogado ni objeto de reforma por la ley 25561 ni demás legislación concordante y relativa a la emergencia económica a pesar de los cambios operados en el país en este aspecto, habiendo sido, además, reiterada su aplicación en el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en pleno, sentencia de fecha 23/03/2004 dictada en juicio "Alaniz, Ramona E. y otro c. Transportes 123 SACI interno 200", publicado en LA LEY 25/3/2004, 7, manteniendo la doctrina del fallo plenario dictado el 2 de agosto de 1993 en los autos "Vázquez, Claudia Angélica c. Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios".

Cabe advertir que el suscrito en numerosos precedentes se pronunció por la aplicación de este sistema de cálculo sin distinguir períodos antes o después del año 2002. (cfr. fallos "Galletini Francisco vs. Empresa Gutiérrez SRL s/ indemnizaciones", del 15/6/2004; "Laquaire M.A. vs. Asociación de Empleados de la D.G.I. s/ cobros" sentencia del 29/6/2004, "Lascano, Daniel Marcelo vs. Elementos y Materiales Industriales S.R.L. s/ cobro de pesos", sentencia del 11/8/2004, entre otros). No obstante la opinión del suscrito sobre este aspecto, al no existir impugnación sobre el modo de calcular los intereses antes del 01/01/2002, no cabe emitir pronunciamiento sobre el modo de calcular los intereses impuestos en ese período.

Por lo expresado, corresponde rechazar el recurso de la parte actora.

XIII.- En cuanto a las costas del recurso de casación, atento a los precedentes jurisprudenciales divergentes sobre el sistema de cálculo de intereses, corresponde imponer las costas por su orden (art. 106 CPCC).

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en el mismo sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I. NO HACER LUGAR a los recursos de casación deducidos por la parte actora y por la parte demandada, contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, de fecha 9 de abril de 2003, obrante a fs. 770/780 de autos.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR	(en disidencia) HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA	MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA