Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-10


RAWSON, 10 de Abril de 2006.- VISTO: - Estos autos caratulados: "Recurso de Queja en autos: "V., H. R. c/A. M. del P. J. de la Z. N. de la Pcia. de Santa Cruz s/Desalojo (Expte.Nro. 83/05 CANO)" (Expte. Nro. 20.333-R-2005).

DE LOS QUE RESULTA:

Llegan los presentes a conocimiento del Tribunal en virtud de la presentación directa de la parte actora, efectuada a fs. 54/74 vta., en contra de la Interlocutoria de la Cámara de Apelaciones de Esquel, obrante en copia a fs. 50/51, que declaró inadmisible el recurso de casación que interpusiera contra la definitiva que también en copia luce a fs. 25/28 vta.

1.- La casación se declaró inadmisible por carecer la sentencia impugnada del requisito de definitividad exigido por el art. 286 del CPCC; y porque no basta la mera disconformidad del recurrente con los fundamentos jurídicos del decisorio para que quede configurada la causal de arbitrariedad. Además, porque de la sentencia dictada se desprende que el thema decidendum excede el objeto y ámbito propio de la acción de desalojo, pues no se está discutiendo la tenencia o el uso de la cosa, sino la posesión legítima y el derecho de propiedad. Y también por cuanto la falsa imputación de violación de normas tributarias locales, debe ventilarse en otro proceso.

2.- El quejoso relata los hechos relevantes de la causa.

Considera que la Cámara interpreta arbitrariamente la norma relativa a la definitividad de la sentencia a los fines del Recurso Extraordinario de Casación, pues entiende que para determinar la existencia de tal requisito es necesario adentrarse en el objeto propio del proceso de desalojo, y en el carácter de la sentencia dictada en dicho juicio.-- Expresa que para declarar la improcedencia de la acción de desalojo, no basta la invocación de la posesión legítima, sino que es menester además la demostración prima facie de tal extremo, no sólo en los hechos sino también en el derecho.--- Manifiesta que la sentencia dictada en una causa de desalojo, donde simplemente se alega posesión y/o propiedad, sin demostración alguna de los hechos y el derecho, resulta efectivamente definitiva, sin contar con otra vía procesal apta e idónea donde ventilar la acción.

Señala que este Superior Tribunal de Justicia ha fijado el criterio referido precedentemente, en autos: "Herederos de J L B y D T de B c/A M C s/Desalojo" (STJCh., SD Nro. 35/74 - Digesto Jurídico La Ley, t. IV, I-Z, pág. 699, párrafo 5851 -Lex Doctos 8.0-).

Aduce que son innumerables los pronunciamientos en los que se ha dado el carácter de sentencia definitiva a la sentencia de desalojo, cuando se ha demostrado más o menos fundada la posesión del demandado, haciéndose lugar al recurso extraordinario planteado. Cita la Sentencia Definitiva de este Superior Tribunal Nro. 03/74 y el Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Pérez Borrego, Antonio c/Guerrina, Antonio Humberto", 01/01/49.

Aclara que si este Superior Tribunal de Justicia en el precedente que cita no hubiera considerado definitiva la sentencia, no hubiese existido pronunciamiento ya que se habría rechazado el recurso planteado por inadmisible.- Refiere que en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fernández de Velasco, Martina c. Charón, Virgilio A.", 1982/03/09, se le otorgó carácter de no definitiva a la sentencia que rechazó el desalojo, porque se acreditó prima facie la efectividad de la posesión; y que ello evidencia que debe estarse al caso concreto y teniendo en cuenta el dictado de la sentencia acorde a derecho, sin arbitrariedad, fundada en hechos demostrados en la causa.

Arguye que en el presente caso, el carácter de sentencia no definitiva lo otorga el juzgador por su sólo arbitrio, disponiendo así también la posibilidad de un juicio posterior, sin que ello sea la derivación razonada de los hechos comprobados de la causa ni del derecho vigente.

Indica que en el presente caso, donde sólo ha existido alegación de posesión y ninguna probanza al respecto, se rechaza la acción de desalojo, desnaturalizando el proceso y violando la defensa en juicio, ya que el pronunciamiento, amén de ser una sentencia dictada sin motivación, es contraria a los hechos de la causa, al derecho todo, a la jurisprudencia, y vulnera las garantías constitucionales del art. 18 CN.

Destaca que además se vulnera el art. 19 de la C.N., al forzarlo a instar un nuevo proceso de materia posesoria, al que no está obligado, cuando no existe en el desalojo ningún indicio de que se haya acreditado prima facie la posesión alegada por la demandada, lo cual le causa gravamen irreparable.

Citando fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, alega que si bien las cuestiones relativas a la interpretación de normas procesales son ajenas a la instancia extraordinaria, tal principio reconoce excepción cuando la declarada improcedencia de una apelación puede restringir indebidamente el derecho de defensa y causar la frustración del derecho federal que asiste al interesado. Y que tal principio ha sido aplicado para evitar un exceso ritual, es decir cuando la aplicación de preceptos procesales exceden los límites que impone la garantía de defensa en juicio.

Entiende que los Magistrados para fundamentar la posesión pretendida por la demandada, han ponderado el boleto de compraventa, lo cual no ha sido meramente un obiter dictum como refiere la sentencia impugnada, sino que ha sido decisivo dicho contrato para fallar del modo en que lo han hecho.

Afirma que de la lectura del boleto de compraventa, se desprende que los Magistrados fallan expresamente contra prueba, toda vez que la cláusula quinta del aludido contrato refiere a la transmisión de la tenencia precaria, y nunca de la posesión y/o propiedad del bien. Y que el fallo luce absolutamente contrario a las probanzas, lo que vulnera el derecho de defensa y debido proceso.

Expresan que el rechazo de la casación, en consecuencia se presenta absolutamente arbitrario, siendo una afirmación meramente dogmática de los juzgadores, sin sustento en las probanzas de la causa, lo que vulnera el derecho de defensa y el debido proceso, garantías constitucionales tuteladas por el art. 18 de la Constitución Nacional.

Agrega que la Cámara vuelve a fallar contra la ley, cuando cita el art. 997 del Código Civil, puesto que la interpretación que efectúa del mismo y de la Escritura de protocolización resulta contraria a dicho artículo.

Argumenta que en autos no resulta aplicable el art. 997 del CC, por cuanto el acto ha sido otorgado en territorio de esta Provincia para producir efectos en ella, lugar donde debe efectuarse el sellado, razón por la cual entiende aplicable el Código Fiscal. Agrega que la protocolización efectuada no necesita ser redargüida de falsedad, puesto que en la Escritura Pública no consta el pago del sellado correspondiente.- Resalta que la sentencia impugnada vulnera su derecho de propiedad tutelado por el art. 17 de la C.N., al impedirle el libre ejercicio del bien, por no poder contar con su restitución.

CONSIDERANDO:

A tenor de lo dispuesto por el art. 299 del C.P.C.C., corresponde examinar si el recurso ha sido bien o mal denegado de conformidad a las normas de los arts. 286, 288 y 289 del mismo código de rito.- I.1.- Conforme el art. 286 del CPCC el recurso de casación sólo procede contra sentencias definitivas, entendiéndose por tales aquellas que terminen la litis o hagan imposible su continuación, por lo que y como reiteradamente lo tiene dicho este Cuerpo, "a la luz de tal disposición y para determinar la definitividad o no de una sentencia, debe tenerse en cuenta el criterio de supervivencia o no de la acción, por cuanto mientras ésta subsista y el pleito pueda continuar no habrá sentencia definitiva" (Exptes. Nro. 11.241, 11.712, 12.877, entre otros).

De tal suerte que sólo se consideran sentencias definitivas, las que ponen fin a la controversia o impiden su continuación, privando al interesado de los medios legales para la tutela de sus derechos, las que ponen fin al pleito y resuelven la causa con fuerza de cosa juzgada material, y no hace excepción a este principio la circunstancia de invocarse un gravamen irreparable. (C.S., Fallos: 249:172, 259:312, 261:178, 265:179, 275:271, 302:927, 305:141; ídem.: LL 1992-B-410 , febrero 18-992 "Banco del Chaco c. Banco Central").

Reiteramos, es requisito de admisibilidad de la vía casatoria que lo sea contra sentencias definitivas, tenidas por tales, aquellas que dirimen los procesos de conocimiento, o que siendo conclusivas de procesos autónomamente regulados, producen efecto de cosa juzgada en sentido material, o bien, de autos interlocutorios que terminen el pleito o hagan imposible su continuación, lo que no ocurre en el sub-examine, desde que la cuestión traída podrá ventilarse en un juicio posterior, puesto que desborda el objeto de la acción de desalojo al discutirse en autos la posesión legítima y el derecho de propiedad del demandado.

Así se ha sostenido que: "El pronunciamiento de la Cámara que desestimó la acción de desalojo por no ser ésta la vía apropiada para ventilar cuestiones relativas a la posesión no reviste carácter de definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que quedan expeditas para el recurrente el ejercicio de acciones posesorias y petitorias correspondientes" (SCBA AC 58801 S-26-9-1995, "M, L D c/D, C y otros s/Desalojo"; SCBA -Ac 70728 I -14-4-1998, "M, R c/A, S C y ots. s/Desalojo"; SCBA- Ac 92989- 9-2-2005, "B, M C. c/C, M F s/Desalojo-Recurso de Queja". En el mismo sentido: SCBA Ac 61818 I- 19-12-1995, "G, S M c/R, A A y otro s/Desalojo"; SCBA Ac 64678 I - 22-10-1996, "N, A A. y Ot. s/Desalojo".

I. 2.- Respecto al precedente de este Cuerpo que cita la actora, autos: "F, M y B, M F de c/M R de G s/Desalojo" (Expte. Nro. 7871-F-1973), SD Nro. 3/74, cabe señalar que en dicho caso se consideró sentencia definitiva la que hizo lugar a la acción de desalojo, teniendo en cuenta que para el apelante, la parte demandada, que había alegado y probado derechos posesorios, la sentencia tenía ese carácter. También ha de recordarse que en dicho precedente este Superior Tribunal revocó la sentencia del a-quo y rechazó la acción de desalojo promovida.

Además debe indicársele al quejoso que se confunde cuando expone la forma en que decidió este Cuerpo en el que menciona y a más, debe hacerse mención que si bien este Superior Tribunal en algunas oportunidades pudo haber hecho aplicación del principio de la "justicia del caso concreto", ello no la obliga a proceder del mismo modo en todos los casos sino cuando circunstancias particulares de la causa así lo aconsejen.--- II.- Tilda de afirmación puramente dogmática lo decidido por la Cámara al rechazar la casación. En tal sentido este Superior Tribunal de Justicia tiene dicho en Sentencia Interlocutoria Nro. 92/SRE/2004, que: "corresponde indicar siguiendo a G E. de M, que las decisiones que se sustentan en afirmaciones dogmáticas son las que "sientan la premisa mayor del silogismo jurídico pero omiten la menor: exponen el argumento general y allí cesa la motivación, prescindiendo de explicitar por qué él es aplicable al caso subexamen" ("Casación Constitucional de las Sentencias Dogmáticas", Revista de Derecho Procesal -Medios de Impugnación, Recursos II, Ed, Rubinzal-Culzoni, Editores 1999, p. 276/277)". Situación que no se halla configurada en autos, en razón de que a fs. 25/28 vta., y a fs. 50/51 han quedado legalmente merituadas las circunstancias de hecho y de derecho que determinaron el modo en que se ha resuelto.

III.- También se advierte que el quejoso tan sólo demuestra un criterio disímil al empleado por la Cámara en sus fundamentos y ello no es suficiente para demostrar que la Alzada se encontraba errada en su argumentación. Su crítica no es eficaz (CS, Fallos: 305:500; 306:93 y 1123; 307: 723; 308:200 y 726).--- Reiteradamente este Superior Tribunal ha manifestado que "La procedencia de la tacha de arbitrariedad requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación" (SI Nro. 72/89, 58, 96, 176, 223/92) "...es de carácter estrictamente excepcional y no autoriza la sustitución del criterio de los jueces de la causa en la interpretación de las normas y preceptos comunes, ni en la apreciación y valoración de los hechos y pruebas del proceso...", "aún cuando se pudiera extraer otra conclusión con fundamento igualmente razonable, no es ello suficiente para impugnar de arbitraria una sentencia, cuando la misma cuenta con fundamentos bastantes que obstan a su descalificación como acto jurisdiccional..." (SI Nro. 124, 200, 211/91; 137/93; 49/SRE/97 y 85/S.R.E./98, y SD Nro. 17/94).- Por ello, el Superior Tribunal de Justicia:--- R E S U E L V E -- 1º) DECLARAR INADMISIBLE el recurso de queja interpuesto a fs. 54/74 vta.--- 2º) REGÍSTRESE, notifíquese y por Secretaría remítanse estos actuados a la Cámara de Apelaciones de Esquel, para que proceda a remitirla al Juzgado de origen, a efectos de que agregue por cuerda esta queja al principal.-- Fdo.: Dres. Fernando S. L. ROYER - José Luis PASUTTI - Daniel Luis CANEO RECIBIDA EN SECRETARÍA EL 17 DE ABRIL DE 2006.- REGISTRADA BAJO EL Nro. 45/S.R.E./06.- Fdo.: Dra. Cármen VELEZ.