Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-04


SENT Nro. 11 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 04 DE FEBRERO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane -por no existir votos suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Sarim, Oscar Rodolfo vs. Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/Indemnización por daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana, Antonio Gandur y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación interpuesto por la representación letrada de la parte actora en contra de la sentencia de la Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción, del 26/8/2002 que no hace lugar a los recursos de nulidad y apelación deducidos por aquélla en contra de la sentencia de primera instancia de fecha 19/12/2000, la cual es confirmada en su dispositivo I y modificada en el II, con costas al actor.

II.- El recurrente ataca la sentencia sosteniendo que ella es desajustada a derecho y desprendida del plexo probatorio por lo que incurre en arbitrariedad.

Menciona que decir que el actor es el autor de un desmán amoral ha turbado el criterio del juzgador que parece defender los intereses capitalistas de la institución demandada y que olvida que no se trata de juzgar la conducta del actor sino saber si es abusivo o no que a un deudor lo ejecuten judicialmente cuando se ha aceptado por el acreedor el pago total de un crédito teniendo éste efecto cancelatorio.

Acuerda en que el acreedor tenía derecho a cobrar lo que se le debía pero explicita que no tiene derecho a abusar del deudor sometiéndolo a un proceso judicial por dos años sólo porque su administración ineficiente no dio noticias a tiempo y no ha desistido posteriormente de la acción.

Le agravia la afirmación del fallo consistente en que su parte debía pagar en la sucursal de Aguilares pues no tiene sustento, tanto más cuanto que el pago fue aceptado por la Casa Central sin reparo alguno; que si ello fue así es porque el pago no necesariamente debía realizarse en la Sucursal Aguilares, no existiendo deber de abonar allí. En cuanto a la mora, le causa gravamen que se la estime como si fuera una capitis deminutio y sostiene que ella quedó purgada por el pago aceptado por la demandada; agregando que tampoco esto fue gratis ya que le abonó a la demandada los intereses moratorios, compensatorios, IVA, comisiones varias y utilidades, y que se abonaron los intereses sobre los cheques diferidos, etc..

Discrepa con la afirmación del fallo en cuanto a que al pago hecho con cheques diferidos se le reconoció efecto cancelatorio el 9/5/96 pues entiende que éste tuvo tal efecto el mismo día en que fue recibido (19 marzo de 1996), cosa distinta es que se efectúe la operación contable al cobro del último cheque diferido; que los cheques diferidos son emitidos por la Pcia. de Tucumán y la demandada forma parte importante de ella, siendo su herramienta financiera; que no existe incertidumbre sobre si se hará o no efectivo el pago de los cheques, que se cobró el desagio y que, en última instancia, aun siendo diferido el pago ello significa la espera y no la ejecución de la deuda; que el acreedor pudo rechazar el pago del deudor moroso y que al no hacerlo está renunciando a las acciones que surgen de la mora, de donde deviene abusivo ejecutarlo en vez de esperarlo. Que el pago tiene efecto cancelatorio por lo que la obligación queda extinguida y por ende, sin sustancia el proceso judicial posterior.

De otro lado, entiende que no hubo mala fe ni deslealtad procesal de su parte, según expresa la sentencia en crisis, pues el ejercicio del derecho a oponer excepciones -y no indicar que la deuda fue pagada en ocasión de la intimación de pago- no lo es. Que no puede pedírsele que indique al Oficial de Justicia que lo intima de pago y embargo que ha pagado o que exhiba documentación sobre ello pues para eso existen las excepciones que resolverá el juez correspondiente y competente, por lo que no puede mal juzgarse este "omisivo silencio" pues no hubo ocultamiento alguno al no poder hacer marcha atrás en la intimación judicial que el Auxiliar debe cumplir.

Respecto a su condición de Juez de Paz y con conocimientos de derecho, que valora la sentencia, entiende que ello no quita que sufra por una acción de cobro de deuda que fue pagada, que su destino le resultó incierto, lo que le causó una lógica aflicción que provocara daños a su salud.

Por ello, considera que no puede haber mala fe de su parte cuando pagó en fecha 19/3/96, la misma en que se inicia el juicio ejecutivo, que fue intimado de pago el 02/5/96 por lo que la Caja Popular tuvo 45 días para dejar sin efecto la ejecución pero no lo hizo, sino todo lo contrario pues, a pesar de las excepciones interpuestas la Caja siguió durante casi dos años el pleito.

En cuanto a que no se probó nada o se produjo prueba inútil, como explicita el fallo impugnado, sostiene que no es verdad; que se probó el evento dañoso (el juicio por el cobro de una deuda pagada), el daño material (la afectación a la salud, con los certificados médicos) el daño crediticio (negación de tarjeta y afectación de firma) y la mala fe de la demandada en la prosecución del juicio pues tuvo fehaciente conocimiento del pago cuando fue excepcionada y sin embargo no desistió del proceso y ello provoca agravio moral por el abuso de derecho que supone.

Le causa gravamen que se rechace el abuso de derecho de la demandada con argumentos referidos a que se trata de un ente burocrático que inició juicio porque se debía por un deudor moroso y que el mismo continuó porque se ocultó en forma culpable por el deudor el pago total, pues ello es arbitrario. Que no puede perdonarse una demanda porque el ente demandado sea burocrático, que la burocracia no es excusa razonable para justificar la negligencia. Que la demandada pudo tener razón probable para iniciar el juicio pero no para proseguirlo después de haber sido formalizada una excepción de pago total. Respecto del silencio, ya se expuso supra las razones por las cuales éste no existe, amén de que, dice, no puede ahora resultar culpable porque se le impuso a la Caja las costas del juicio.

En relación a la afectación de firma entiende que la pericia contable afirma que existió un período de afectación provocada por la Caja Popular sin razón alguna y tal pericia no fue objeto de impugnación. Que la nota que la Caja le entregara solicitando la desafectación de firma a la FET no implica que tenga obligación de gestionarla; que ella le fue entregada por la demandada como constancia de que el trámite de desafectación de firma había sido ejecutado por la Caja y que no se le especificó que él debía diligenciarla Estima que la consideración de la sentencia respecto de que su parte no vio afectación en sus tareas en la Justicia, que nunca dejó de desarrollar o la de que en el juicio ejecutivo la Caja pagó las costas por lo que no hubo perjuicio económico son totalmente desconectadas de la causa puesto que el daño económico fue la injusta privación del crédito, la injusta afectación de firma, el daño a la salud y el agravio moral consecuente. Agrega que si el juzgador no está de acuerdo con el monto reclamado puede fijar el que estima procedente.

Por último, concluye en que la sentencia no tuvo en cuenta piezas procesales de suma importancia que demuestran que el daño existió por parte de la demandada, pruebas decisivas para dirimir la cuestión en debate y que asimismo, deviene desacertada la interpretación en cuanto a los efectos cancelatorios del pago y demás argumentos vertidos que dan la pauta que la resolución debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido en tanto viola el principio de congruencia. Señala, así, que el análisis del plexo probatorio es parcial, sin dar razones bastantes para explicar objetiva y racionalmente el rechazo de la demanda; que los argumentos devienen de un especial estado de ánimo del Juez que le impide alcanzar la convicción de certeza sobre los hechos; que no pueden derivar de la pura subjetividad judicial. Así, menciona, la sentencia dice que no se probó nada sin dar razón alguna pues la Cámara omite examinar la pericial contable, el informe de la FET, certificados médicos, solicitud de tarjeta de crédito, recibos de pago total de crédito de efectos cancelatorios, que son suficientes para hacer lugar a la demanda. Que todo ello hace descalificable el acto por transgredir los arts. 33, 34, 40, 272, 273 inc. 4 y 5 del CPCC.

Propone doctrina legal; hace reserva del caso federal y solicita se conceda el recurso tentado.

III.- Por auto interlocutorio de fecha 20/3/2003 no se hace lugar al recurso de casación impetrado. Interpuesta la correspondiente queja, se abre provisionalmente el recurso conforme resolutiva de este Tribunal de fecha 20/8/2003, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad definitiva y procedencia.

IV.- La sentencia en crisis comienza sosteniendo que este proceso refleja la crisis moral que atraviesa la República Argentina donde, con voracidad insaciable, se pretende enriquecerse indebidamente. Que en el caso, resulta más grave dado que el actor es un funcionario judicial, un Juez de Paz. Que se efectúan estas disquisiciones porque el juzgador es imparcial pero no neutral o indiferente.

Pondera el hecho de que el actor se obligó con la demandada al pago de un crédito personal en doce cuotas mensuales; que hasta el completo vencimiento del mismo no pagó ni una sola cuota; que el crédito estaba respaldado por el pagaré base de la acción ejecutiva promovida por la aquí demandada contra el aquí actor. Menciona que éste paga recién después de dieciséis meses y trece días desde que se encontraba en mora y que la demandada tenía derecho y obligación de cobrar lo que se le debía. Sostiene el tribunal a quo que el pago debía hacerse en Sucursal Aguilares y que el actor incumplió su obligación pagando parcialmente en la casa central sita en San Miguel de Tucumán, un primer pago realizado el 27/02/96 luego de un año y tres meses de morosidad total, y que el segundo pago lo hizo el mismo día en que se presentó la demanda ejecutiva en su contra, el 19/3/96. Agrega que a los pagos, hechos con cheque diferido se le reconoció efecto cancelatorio en 09/5/96. Que mientras tanto el trámite ejecutivo siguió su curso normal intimándolo el 02/5/96 al actor en persona quien nada dijo que ya efectuó el pago como era su obligación legal de buena fe y lealtad procesal, máxime que se trata de un alto funcionario judicial, Juez de Paz, que no puede ni debe ignorar el procedimiento judicial, agregando que ese mismo día notifica a su codeudora de la intimación de pago cumpliendo con su trabajo de juez de paz. Que luego se oponen excepciones y que ello es legal pero que resulta poco ético pues con su omisivo silencio, su falta de disposición para aclarar las cosas, no evitó el dispendio jurisdiccional y las invocadas pérdidas económicas, alteraciones síquicas, emocionales, y demás daños que cita derivados de que no sabía cuál iba a ser el resultado del litigio, como afirma en la demanda. Que ello suena increíble pues proviene de un Juez de Paz que seguramente se mueve como pez en el agua en el tráfago tribunalicio. Que el daño a su salud psicofísica espiritual bien pudo provenir del largo tiempo de sufrimiento por la prolongada mora -antes del juicio- en que cayó pero que los daños al honor, intimidad, imagen, investidura, etc. como dice, deben ser probados fehacientemente y ello no ocurrió pues alegó de todo pero no produjo prueba pertinente, conducente útil y con aptitud convictiva. Rechaza de plano el abuso de derecho por tratarse la demandada de una institución grande con apéndices burocráticos y si bien inició juicio, en ese momento tenía razón para litigar pues hasta entonces se le debía, aunque no fuera el total y que por culpable ocultamiento del actor prosiguió la acción y pagó la Caja sus consecuencias con el rechazo de la demanda y la imposición de costas. Que al pagarse en lugar distinto las comunicaciones no tienen la fluidez que tienen las personas físicas que viven en ámbito geográfico más reducido, y pese a que tiene computadoras; éstas no son infalibles y siempre exi sten fallas humanas. En cuanto a la afectación de firma, afirma que el recurrente mismo reconoce que se le entregó en persona el día de la cancelación (9/5/96) la documentación apta para su desafectación y torpe y negligentemente no la diligencia pues a él, como principal interesado le correspondía, máxime siendo el único obligado a hacerlo pues con su falta de cumplimento de pago generó la afectación de su firma. Que resulta inverosímil que haya creído que el trámite lo había hecho la demandada pues nada de ello surge de la nota y si erró a él mismo debe atribuírsele, desdiciendo ello, por lo demás, con los conocimientos y aptitudes que debe tener como Juez de Paz. Que es este proceso el que constituye abuso de derecho pues ganó el juicio ejecutivo por un cobro de $2.639 con costas, por lo que no hay perjuicio económico para él, y ahora pretende reclamar el monto de $71.000 por supuesto daño, no probado atento el informe del Poder Judicial de que no faltó a su trabajo y seguramente cumpliría regularmente con sus otras actividades comerciales que valoriza como pérdidas o lucro cesante.

A su vez, recogiendo el agravio de la accionada, revoca el fallo de primera instancia y las impone a la actora en su totalidad en ambas instancias y ello, dice, no sólo por la aplicación del principio objetivo de la derrota sino también por castigo o sanción al improbus litigator.

V.- De la confrontación de los considerandos sentenciales puestos en relación con los agravios casatorios, se concluye en que el recurso debe prosperar.

En efecto, como principio, la constatación de los presupuestos de la acción resarcitoria depende de cuestiones de hecho y valoración de pruebas, cuya determinación compete a los jueces de grado y resulta, por tanto, ajenas a la instancia extraordinaria de la casación. No obstante, se convierte en materia propia de este recurso en aquellos casos en que la ausencia de razonabilidad en la estimación de las probanzas, la omisión de valorarlas o la prescindencia de las mismas sin razón adecuada suficiente, produzcan como consecuencia una sentencia arbitraria, lo que acontece en la especie.

Lo dicho por cuanto los motivos ofrecidos por el tribunal a quo a fin de desestimar la acción y confirmar la sentencia de primera instancia no se presentan como derivación razonada del derecho vigente, ni con el adecuado respeto a los principios de la lógica jurídica y la sana crítica racional.

Así (y más allá de la consideración preliminar que hace el tribunal de mérito en relación al afán de enriquecimiento indebido y crisis moral del país y de las numerosas veces que califica la conducta del actor como morosa, desleal y de mala fe, lo que provoca que el recurrente llegue a entender que ello generó un estado de ánimo especial que influyó en la decisión del tribunal de sentencia) los argumentos sustentatorios de la solución expuesta en el fallo en embate aparecen arbitrarios.

En primer lugar, no es correcta la ponderación ni el sentido que le atribuye la Cámara al hecho del pago de la deuda en Casa Central y fuera de la Sucursal Aguilares donde se otorgara el crédito al actor. El tribunal de alzada considera que existía obligación de efectuar el pago en Aguilares, obligación que el actor incumplió al abonar la deuda en Casa Central y deriva de ello la justificación en la demora de las comunicaciones entre la Casa Central y la Sucursal "pese a que tiene computadoras pero éstas no son infalibles y siempre existen fallas humanas". Y es que si el acreedor recibe el pago en su Casa Central, y se extingue por ello la deuda, el tema no puede revertirse en contra del deudor que pagó; esto es: el acuerdo de pagar y recibir el pago en la Casa Central -que surge implícito del hecho de concretarlo en ese lugar y ser aceptado por el acreedor-, no puede devenir en argumento desfavorable para el pagador, pues con ello se rompe el equilibrio del acuerdo.

En segundo lugar, como bien lo menciona el recurrente, no existe carga procesal alguna de manifestar, al momento de la intimación de pago, si la deuda está o no pagada y menos aún que esa carga se genere u origine en el hecho de que el deudor sea Juez de Paz, pues ello implica violar las reglas del debido proceso y de defensa en juicio (art. 18 CN) y el principio de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda (art. 19 CN). Por ello, luce arbitraria la sentencia cuando caracteriza la conducta del actor como violatoria de una "obligación legal de buena fe y lealtad procesal" que le impone, además, en su condición de Juez de Paz; aludiendo a que es "poco ético" su "omisivo silencio".

De semejante valoración subjetiva y arbitraria peca también la Cámara cuando considera el carácter burocrático de la entidad demandada para, uniendo a esta consideración la no menos arbitraria analizada supra (referida al "culpable ocultamiento por parte del actor del pago cancelatorio hecho" -sic fs. 329-) negar de plano la existencia de abuso de derecho imputado a la accionada pues, según el tribunal de alzada tales circunstancias -burocracia de la acreedora y ocultamiento de la deudora- posibilitaron que la acción ejecutiva continúe. Como bien se advierte, ninguna de las dos razones expuestas, por lo que se dijo, tienen virtualidad jurídica suficiente para justificar tal situación y descartar "de plano" la existencia de abuso de la demandada.

A su vez, el fallo expresa que el actor "alegó de todo y no probó nada"; que la prueba fue inconducente, impertinente, inútil, sin aptitud convictiva alguna. Sin embargo no explicita cuál es o dónde radica el fundamento de tal valoración (los argumentos anteriores no sustentan tal aserto), por lo que la sentencia, en el punto deviene inmotivada.

Asimismo, luce subjetiva y parcializada la valoración probatoria referida a que los daños no fueron probados porque el recurrente ganó el juicio ejecutivo con costas; no faltó a su trabajo; "seguramente que cumpliría regularmente con sus otras actividades comerciales" (sic fs.330 vta.) y por resultar "poco creíble" la afirmación de que el juicio le provocara incertidumbres sobre el resultado del juicio y angustias, atento a su calidad de funcionario de la Justicia -cómodo en el tráfago tribunalicio- y con conocimientos en la materia.

La valoración de los hechos involucrados en la controversia debe ineludiblemente fundamentarse con arreglo a las constancias de la causa y pruebas existentes, expresando las razones por las que el tribunal arriba a una conclusión positiva o negativa. En el caso asiste razón a la parte actora, verificándose la configuración de un supuesto de arbitrariedad fáctica, originada en la deficiente valoración de los hechos y del cuadro probatorio, que descalifica el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

Dentro de la doctrina de la arbitrariedad, esta Corte tiene establecido que constituye un supuesto de pronunciamiento que incurre en dicho vicio aquél en que la operación intelectual desarrolla en la sentencia carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las pruebas (CSJTuc. in re "López F.I. s/sucesión, inc. s/ejec. de honorarios", 19/02/95 entre otros), tal lo que acontece en autos, en donde las conclusiones a las que arriba la sentencia en este punto, no se sustentan en fundamento alguno, sino en el mero arbitrio del juzgador, que asigna indebidamente determinadas consecuencias al hecho de que el actor sea un Juez de Paz, que valora determinadas circunstancias y omite otras, contrariando en todo ello las reglas de la lógica y de la sana crítica judicial.

En consecuencia, se hace lugar al recurso en examen, conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia centrada en elementos no relevantes para la solución del conflicto, que incurre en una irrazonable interpretación de los hechos de la causa y medios de pruebas examinados, a la par que omite el análisis de otras pruebas conducentes a la definición de la contienda".

La conclusión a que se arriba lo es sin desmedro del juicio prudencial privativo del tribunal de mérito, a quien compete examinar la configuración de los supuestos de procedencia de la acción intentada en el marco de los agravios de las partes. La causa deberá ser remitida a la Cámara a fin de que, por intermedio de quien corresponda, la Sala que resulte competente dicte nuevo pronunciamiento. El resultado a que se arriba no implica señalar ningún sentido u orientación en el nuevo fallo a dictarse; como tampoco significa emitir juicio acerca de la aptitud conviccional de las pruebas obrantes en la causa, sobre lo que esta Corte no emite opinión.

VI.- Las costas del recurso tentado, de acuerdo al resultado nulificante arribado, se imponen por su orden (art. 106 inc. 1 procesal).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Manifiesto mi disidencia con el voto del señor vocal preopinante doctor Alberto José Brito, y me pronuncio por desestimar el recurso por los siguientes fundamentos.

Los agravios propuestos no bastan para que el memorial recursivo cumpla el recaudo de suficiencia impuesto por el art. 816 de la ley adjetiva. El recurrente no se hace cargo de refutar una cuestión decisiva determinante de la solución a la que arribara el Tribunal a quo, cual es el juicio negativo acerca de la comprobación del nexo causal entre los actos de la Caja Popular de Ahorros y el daño invocado. Los argumentos del recurrente, -de naturaleza eminentemente fáctica-, no están dirigidos contra ese fundamento esencial del fallo, cual es la falta de prueba sobre la relación de causalidad entre los daños cuyo resarcimiento se pretende y la conducta de la demandada. El hecho de que prosperara la excepción de pago del juicio ejecutivo no configura tal vinculación causal. Ello, unido a la circunstancia de que quien demanda el resarcimiento de daños físicos y morales incurrió en una prolongada mora, -de un año y tres meses hasta que efectuó el primer pago-, que el mismo día en el que terminó de pagar la entidad crediticia presentó su demanda, y que no hubo gravamen económico a causa del juicio que se le iniciara, fueron elementos que valoró el Tribunal para fundar su decisión. El recurrente no se hace ca rgo de esos fundamentos, y se explaya por el contrario sobre ciertas expresiones del fallo que, aunque cuestionables, no alcanzan para revertir los motivos fundamentales determinantes de la decisión, por cuanto se advierte que el fallo recurrido contiene fundamentos jurídicos y fácticos que no han sido rebatidos y que bastan para motivarlo. Tiene dicho reiteradamente esta Corte Suprema de Justicia que no es suficiente sostener una determinada solución jurídica, sino que es menester que el recurrente exponga una crítica razonada de la sentencia que impugna, para lo cual tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el decisorio atacado que afecten el derecho del recurrente, para lo cual se debe seleccionar del discurso sentencial la idea dirimente y que constituye la base lógica de la decisión, y demostrar cuál es la falencia que determina el desacierto del veredicto.

Desde esa perspectiva, el examen del escrito recursivo determina que éste no ha alcanzado su finalidad, en tanto la decisión, en lo sustancial, según se expuso, está sustentada en fundamentos que no han sido rebatidos por el recurrente y que alcanzan para motivarlo.

Por lo expresado, corresponde desestimar el recurso, con costas (art. 106 CPCC).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alberto José Brito, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la representación letrada de la parte actora en autos, contra la sentencia de la Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción, del 26/8/2002; en consecuencia CASAR el fallo de acuerdo a la doctrina legal enunciada, y remitir los autos a la Cámara, para que, por intermedio de quien corresponda proceda a dictar nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS, conforme a lo considerado.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR (en disidencia) ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE