Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-16


MANTARAS DE RODRIGUEZ, María Angélica Reg.: A y S t 198 p 4-7.

Santa Fe, 16 de junio del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra el pronunciamiento de fecha 4 de junio de 2003 dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "MANTARAS DE RODRIGUEZ, María Angélica -Concurso Preventivo- Incidente de revisión promovido por A.F.I.P.-D.G.I.(Expte. 294/02)" (Expte. C.S.J. nro. 93, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 4 de junio de 2003 la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la incidentista contra la resolución de fecha 11 de setiembre de 2002 que desestima la revisión.

Contra el fallo de la Sala dedujo la Administración Federal de Ingresos Públicos recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055.

Al referirse a la cuestión constitucional señaló que en el caso nos encontramos frente a un acto jurídico jurisdiccional que prescinde del texto legal aplicable al caso (ley nro. 11683 y la normativa integradora de la misma -Resoluciones del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación-), a la vez que trasluce el papel de legislador que se arrogó el Juzgador, sin sentirse limitado por el ordenamiento jurídico, al confirmar la sentencia de baja instancia que redujo la tasa de interés aplicable al crédito fiscal al 1% mensual, basándose para efectuar su apartamiento de la norma expresamente aplicable en pautas de la ley sustantiva y de la normativa concursal.

Dijo que dicho planteo puede encuadrarse en las siguientes causales de arbitrariedad: a) sentencias que desconocen o se apartan de la norma aplicable, porque el Tribunal de Alzada no aplica la normativa federal con el pretexto de que el juzgador puede morigerar una tasa de interés aun de tipo legal con fundamento en que se vulneran con las mismas principios de Derecho Privado consagrados en el Código Civil, a la vez que la "pars conditio creditorum"; y, b) sentencias que fueron dictadas por jueces que se arrogaron el papel de legisladores y no se sintieron limitados por el orden jurídico porque la Sala confirma la sentencia del A quo que entiende que la tasa de interés que se debe aplicar para los créditos fiscales es del 1% mensual, cuando la normativa federal expresamente establece una tasa de interés distinta.

Adujo también que la cuestión planteada -vinculada al interés del Erario Público en el recupero de la mayor porción posible de sus créditos en el marco del proceso falencial- excede el mero interés de las partes, para proyectarse sobre la comunidad toda.

Luego de referir a los antecedentes del caso, argumentó ampliamente en favor de su postura solicitando, en suma, la admisión del recurso intentado.

2. La Sala mediante decisorio de fecha 2 de marzo de 2004 resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 83/85), lo que motivó la presentación directa de la impugnante ante esta Corte (fs. 88/110 vto.).

3. Ante todo corresponde señalar que el presente planteo guarda similitud con otras presentaciones efectuadas por la recurrente, las que fueron resueltas oportunamente por este Tribunal en sentido adverso a dicha parte (Cfr. "Dillón" A. y S. T. 160, pág. 7; "Osses" A. y S. T. 166, pág. 194; "Toniutti", del 15 de mayo de 2002, entre otros).

Al igual que en dichos precedentes, el recurso aquí intentado no ha de tener favorable acogida, ya que si bien la quejosa ha articulado en abstracto -conforme a su propio planteo- hipótesis encuadrables en tipos doctrinarios y jurisprudenciales de arbitrariedad, al ingresar mínimamente en el ámbito de lo sustancial se advierte que, a pesar de su esfuerzo, no logra demostrar que dichas hipótesis guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso (cfr. "Cerrutti" A. y S. T. 35, pág. 410, por todos).

En efecto, la confrontación de la decisión impugnada con el escrito recursivo autoriza a sostener que no se encuentra configurado en el caso el alegado desconocimiento o apartamiento de la normativa aplicable, arrogándose el sentenciante el papel de legislador.

Ello así, desde que frente a la opinión del Tribunal fundada en la ley y en los principios concursales, favorable al reconocimiento de la procedencia de la morigeración de intereses -no solamente para los convenidos sino incluso para los nacidos por determinación de una dependencia administrativa facultada por la ley para ello-, para no vulnerar el principio concursal de la 'pars conditio creditorum', y ante la necesidad y justicia de equiparar el derecho de los acreedores en el proceso universal, la quejosa intenta hacer prevalecer su postura consistente en la aplicabilidad excluyente de la ley 11683 y su normativa integradora, mas sin alcanzar a acreditar con lo argumentado la efectiva configuración de la arbitrariedad endilgada.

Al respecto, cabe recordar lo que señaló esta Corte in re "Toniutti" antes citado, respecto a que el juzgador adoptó una solución posible, apoyándose en razones suficientes (A. Y S. T. 92, pág. 254; T. 99, pág. 212; T. 113, pág. 232; T. 123, pág. 49; T. 126, pág. 233; T. 152, pág. 320, entre muchos otros).

Destacó, a su vez, que en dicho aspecto la jurisprudencia no es pacífica en el tratamiento del tema bajo examen, y aunque existen opiniones que abonan la postulación de la perdidosa (a manera de ejemplo C.N.Com. Sala B en "Correcaminos SRL s/Quiebra Incidente por Fisco Nacional-DGI", 09/08/99, J.A., 2000-IV- 565; y en "Exacta S.R.L. s/ Quiebra s/ Inc. Verif. por Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", 30/03/1988, L.L., 1998-D, 929, J. Agrup., número 13032), otras voces se han expresado de manera coincidente con el A quo (Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza en L.S. 271-461; 282-278; 285-144; 285-226, 286-210; C.N.Com. Sala C in re "Dirección General Impositiva c. Cristalerías El Cóndor S.A.", 29/11/1996, L.L., 1998-A, 492, J. Agrup. Números 12367 y 12368).

Por ende, cabe reiterar una vez más que resulta claro que la tesis seguida por la Sala no implica que ésta haya soslayado la normativa aplicable en la especie, sino que simplemente se inscribió en una de las posibles interpretaciones que, no obstante no satisfacer a la impugnante, no aparece como grosera, absurda o irracional.

Igual suerte adversa ha de correr el vicio atribuido de arrogarse los sentenciantes el papel de legislador al confirmar la Cámara la sentencia del A quo que entiende que la tasa de interés que se debe aplicar para los créditos fiscales es del uno por ciento mensual, cuando la normativa federal establece una tasa de interés distinta.

Ello así, desde que la quejosa en esta oportunidad tampoco logra demostrar que la referida tasa haya sido establecida o aprobada con fundamento en la sola voluntad del juzgador quien puso de manifiesto que ésta puede ser morigerada judicialmente cuando las mismas exorbitan parámetros de razonabilidad, lo que específicamente en procesos concursales afecta a la "pars conditio creditorum", y cuando aparezcan ostensiblemente apartadas de la realidad económica.

Consideró además que no corresponde otorgar una tasa que otorgue irritantes privilegios para el Estado en desmedro o detrimento de las perspectivas de recomposición eventual del patrimonio del deudor y de cobro efectivo de los créditos de los restantes acreedores verificados (fs. 1/3).

Queda en evidencia, nuevamente, que el criterio para la determinación de los intereses judicialmente reconocidos al ente recaudador, ha sido la equiparación de tasas entre los acreedores, atendiendo a la perspectiva de recomposición eventual del patrimonio del concursado, y de cobro efectivo de los créditos en juego; todo ello con fundamento en derecho, por lo que el agravio analizado resulta inadmisible en orden a lograr la apertura de esta instancia de excepción.

Por último, tampoco puede prosperar en esta oportunidad la invocada gravedad institucional, desde que ésta no constituye una causal autónoma que habilite la apertura de la instancia excepcional, pues para esta Corte, como ya lo ha puntualizado anteriormente, la admisión de aquélla estuvo siempre vinculada a la concurrencia de alguno de los supuestos del artículo 1 de la ley 7055 (cfr. A. y S. T. 143, pág. 111).

A lo que cabe agregar que ella requiere que el conflicto exceda el interés individual de los litigantes, para afectar el de la comunidad toda en sus valores más sustanciales y profundos, circunstancia que no sólo debe ser alegada, sino demostrada por la impugnante (ver A. y S. T. 48, pág. 293; T. 81, pág. 276; T. 98, pág. 317, etc.), lo que no aconteció en el caso concreto. Efectivamente, la compareciente no consigue persuadir que la inteligencia asignada por el A quo a las normas y principios aplicados, dentro del marco del recurso sometido a su jurisdicción, conlleve una ineludible afectación los intereses que se dicen comprometidos (cfr. "MIGRA S.A. sobre concurso preventivo -recurso de revisión sobre queja por denegación del recuso de inconstitucionalidad", A. y S. T. 149, pág. 278; "Toniutti", ya citado).

En suma, pretender abrir ante los estrados de este Cuerpo una tercera instancia ordinaria, que revea lo decidido por los tribunales inferiores en ejercicio de su función jurisdiccional implica desconocer la naturaleza del remedio extraordinario intentado, que tiene por objeto únicamente el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)