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Impuestos, competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso contencioso administrativo, competencia civil
Materia: ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO
Carátula: GAYA, ANDRES c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA.     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.      CSJ EXPTE NRO 624-87 SCANER SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA POR COBRO DE PESOS    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 623-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-07|1988-09-14

Por disposición expresa del Código Fiscal la acción de repetición de lo pagado sin causa debe interponerse ante la Corte Suprema de Justicia, sucesora del Superior Tribunal. En esas causas el Alto Cuerpo tiene competencia originaria a ambos fines, contencioso administrativo y civil (artículos 53 y 54 ley 3456), lo que es bueno porque evita las dificultades que suscitaba el sistema opuesto (litispendencia, conflictos, etc) y depara una obvia economía procesal.

De los fundamentos del Dr Iturraspe.
Patrocinio letrado, defensa en juicio, estado de indefensión
Materia: PROCESAL
Carátula: L. G., G. R. s/ QUEJA EN: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA II CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL s/INVESTIGACIÓN L. G. s/PTO. INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO" (Expte. Nº 21197/06 - STJ-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-02

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en resguardo del derecho de defensa, ha sostenido desde antiguo el requisito de la efectiva asistencia legal, en el sentido de que no es bastante con que una persona cuente con asesoramiento legal, sino que debe ser efectivo.
Régimen penal cambiario, tribunal de alzada, recurso de casación penal, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VIACOR S.A. s/ Régimen penal cambiario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-23

1 - Corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto porque el Art. 550 del CPMP, de aplicación supletoria al Régimen Penal Cambiario, establece que contra las sentencias de la Cámara de Apelaciones sólo habrá recurso ante la Corte Suprema Federal, por lo que es improcedente hacerlo ante la Cámara de Casación Penal.- 2 - Por otra parte, la competencia de la Cámara de Casación Penal (Art. 23 de la Ley 23984) sólo es procedente contra las sentencias definitivas o equiparables a tales dictadas por los tribunales en el marco del Código Procesal Penal (Ley 23984).
Acción declarativa de inconstitucionalidad, propiedad horizontal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cáttedra, Ricardo y otro c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-02

La acción declarativa de inconstitucionalidad debe identificar normas específicas, en pugna con las Constituciones Nacional o local, en lugar de pretender la declaración de inconstitucionalidad in totum de tres dispositivos legales -en el caso, ley 941 y su decreto reglamentario 706/03 y disposición 4880/04 de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor- de carácter "eminentemente general". Existen dos requisitos esenciales del trámite preliminar de admisibilidad de la acción declarativa de constitucionalidad: quien la inicia debe precisar con claridad cuáles son las normas de carácter general sobre las que solicita el control de constitucionalidad, y cuáles los preceptos y principios constitucionales con los que las primeras entran en colisión; la actora debe explicar ineludiblemente, y en forma clara y pormenorizada, las razones en las que sustenta la tacha de inconstitucionalidad. Con la vigencia de la ley nº 402 se introdujo un tercer requisito que consiste en la mención precisa de la norma que el accionante estima contraria a la Constitución Nacional o a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los fundamentos que motivan la pretensión, indicando los principios, derechos o garantías constitucionales presuntamente afectados.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: IVE, RICARDO c/ C/DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-21

Aun cuando el pozo que se encuentra en un camino no es una "cosa", sino que lo es el terreno en que se halla jurídicamente aquel obstáculo; por la posición que presenta debe ser considerado cosa en el sentido previsto por el art. 1113, segundo párrafo, segunda parte, del Código Civil. Corresponde encuadrar dentro de la categoría de cosa riesgosa al pozo en cuestión, ya que tal carácter lo es en función de las circunstancias.

Corresponde juzgar la situación de Vialidad Nacional a la luz del articulado mencionado, en virtud de la existencia del pozo en el paso a nivel ferroviario, ya que en razón de él, el camión quedó inmovilizado y fue embestido por un tren, todo lo cual determina como causa directa, inmediata y principal del daño en un vehículo que hasta ese momento circulaba normalmente, máxima si no existe constancia alguna que permita sostener la existencia de un vicio propio del vehículo.

Acreditada la calidad de chofer en trabajos temporarios, la sola privación de esa posibilidad constituye un daño indemnizable.

La falta de pruebas no puede convertirse en fuente de beneficio en favor de quien tenía la carga de aportarlas y obliga a ejercer con suma prudencia la facultad de fijar el resarcimiento.
Despido, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: Centurión Abelino. c/ Abel Flores y/o quien resulte responsable. s/ Indemnización por antigüedad,etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-10-23

Cuando el telegrama de distracto no constituye en sí -por su texto- una interpelación o constitución en mora en los términos del art.3986 del Código Civil, ya que no se reclama pago alguno, simplemente solicita una aclaración a su situación laboral, ni siquiera se intima el reconocimiento del derecho, ni se hace responsable por el despido verbal que menciona el pago de las indemnizaciones de ley; por ello y no constituyendo un acto suspensivo el telegrama por su texto, cabe hacer lugar a la prescripción de las indemnizaciones reclamadas.
Control de constitucionalidad, interés legítimo, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NOVARTIS  PHARMA  AG c/ MONTE  VERDE  SA s/ varios  propiedadindustrial e intelectual.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-01

De acuerdo al criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el control de constitucionalidad es admisible si existe un caso o una controversia, un interés legítimo afectado por la norma tachada de inconstitucional que se concreta en un daño personal del litigante, y una relación de causalidad entre aquella norma y este daño (Fallos: 170:158; 300:353; 301:991 y 994; 302:1666; 310:211; 316: 687; 321:1252; 321: 1288; 323:1861 y 2256). Esa doctrina es un eco de la que ha sentado la Corte Suprema estadounidense (confr. Artículo III, sección 2ª de la constitución de ese país; sobre "case o controversy" ver Muskrat v. United States 219 US 346; sobre "standing" Frothingham v. Mellon 262 US 447 y sobre "injury" y "causation", Flash v. Cohen 392 US 83; asimismo, Nowak John E. y Rotunda Ronald D., "Constitutional Law", West Publishing Co, quinta edición págs. 54 a 83).
Nulidad de matrimonio, nulidad absoluta, impedimento de ligamen, bigamia, mala fe
Materia: CIVIL
Carátula: Z. A. A. y otros c/ F. M. S. s/ nulidad de matrimonio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-30

Debe declararse nulo, de nulidad absoluta, el matrimonio celebrado por los cónyuges que estaban casados al momento de la celebración, incurriendo en doble bigamia recíproca, dado que subsistía un impedimento de ligamen por parte de ambos contrayentes que no era desconocido ni ignorado por los contrayentes y, no obstante, lo soslayaron al contraer el enlace cuestionado, al punto de denunciar ante el Oficial público interviniente un estado civil diferente al real, por lo que también existió una evidente mala fe de ambos al momento de la celebración.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, recurso de queja (procesal), nulidad del acto jurídico
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GUIDETTI, JORGE c/ BANCO SUDAMERIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - MERE DECLARATIVA ? CAUTELAR (EXPTE.: C.S.J. NRO. 328 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

Se le impone al recurrente (artículo 8, ley 7.055) a quien se le ha denegado un recurso de inconstitucionalidad, la carga de fundar la queja en relación a los fundamentos que se expongan en el auto respectivo.

Es decir, deberán rebatirse los argumentos dados por el tribunal de la sentencia definitiva para denegar el recurso, en demostración de los errores en que se los considera incursos. No se trata, por lo tanto, de un replanteo del caso constitucional, como generalmente se cree -y se hace-, sino de una crítica a dicho auto. Por las mismas razones la ley veda al impugnante mejorar el recurso superando omisiones puntualizadas en el auto denegatorio o corrigiendo errores del escrito de fundamentación señalados por el adversario o advertidos por el mismo recurrente.

Esta forma de proponer la queja no se compadece con la exigencia de que el recurso se deduzca en un plazo determinado y por ante el tribunal ordinario que sentenció la causa definitiva, ni desde luego con la defensa en juicio, ya que en la queja no es parte el adversario en la litis, quien así se vería privado de contestar estos nuevos agravios con grave menoscabo de aquella garantía.

Conforme a lo expuesto, el Tribunal no puede en oportunidad de fundamentar el auto denegatorio ampliar argumentos o explicitar los ya vertidos en la sentencia. Si tal circunstancia acontece en la causa, ello determina que el fallo no derive en un acto jurisdiccional válido. (De la Disidencia del Dr. Guti?rrez a la que adhiere el Dr. Spuler)
Homologación judicial, multa civil, obligaciones recíprocas, producción de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: UNION DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS C/ MAUER DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA Y OTROS S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-07

Procede rechazar la pretensión de que por esta vía se apliquen las multas previstas en cierto convenio homologado judicialmente. Ello por cuanto, en el caso, mediante dicho convenio las partes arribaron a un acuerdo a través del cual se dio reinicio a la construcción de un edificio sito en esta ciudad, reglamentando los más diversos aspectos que hacen a emprendimientos de esa naturaleza, incluyendo obligaciones recíprocas; y precisamente el incumplimiento de esas obligaciones asumidas por las partes es lo que motivó los reproches que recíprocamente se endilgaron, solicitando de manera cruzada la aplicación de las multas previstas. Ahora bien, todos los planteos llevan implícita la pretensión de que el juzgado se inmiscuya y actúe como una suerte de árbitro que controle y acompañe la ejecución de la obra y lo cierto es que, nuestro código de rito no contempla quicio procesal para ello, menos aún en el marco de una ejecución, que se distorsionaría por completo si, a cada paso de la obra, hubiera el tribunal de verificar si esas obligaciones recíprocas se encuentran o no siendo debidamente cumplidas. Claro está que este proceso no tiene por función servir de canal para que los contratantes ejerzan en el día a día los derechos que en virtud de lo convenido invocan para sí, en términos tales que, ante cada vicisitud fáctica de una supuesta frustración de esos derechos, el interesado pretenda la intervención del juzgado en los términos y con los alcances expuestos. Es que, el solo hecho de que el acuerdo haya sido homologado no predica nada acerca de si él es o no susceptible de "ejecución" en los términos aquí intentados, ya que para que el título sea ejecutivo, es necesario que mediante él se instrumenten obligaciones unilaterales (CCCN 966; CPR 523), dado que, por la estructura del trámite respectivo no es dable invocar defensas que contradigan la exigibilidad de la deuda en cuya virtud se procede. En conclusión, y dado que las partes asumieron en aquel acuerdo obligaciones recíprocas cuyo cumplimiento, además, no podría tenerse por configurado sin la previa producción de una prueba también incompatible con la aludida estructura de este juicio, la "ejecución" de multas allí prevista no puede ser lograda por esta vía.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pena, prisión perpetua, libertad condicional, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., B. A. c/ J., D. E. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-30

Este Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse concretamente sobre las recusaciones impetradas contra miembros de Tribunales Colegiados, sentando que la intervención de un magistrado como juez de trámite no es causal válida para solicitar su posterior apartamiento del conocimiento de una causa; y si bien es cierto que tanto esta Corte como la Corte Suprema de Justicia de la Nación han reconocido excepciones a aquella regla, atendiendo a los diversos y particulares casos que llegan a sus estrados, la recurrente no logra demostrar siquiera mínimamente -a lo largo de su extenso, confuso y reiterativo escrito- que se den en el presente caso circunstancias que permitan soslayar la ausencia de definitividad del pronunciamiento impugnado, más allá de genéricas y repetidas invocaciones a lesiones de cláusulas constitucionales, vicios de arbitrariedad y supuestas irregularidades procedimentales (errores en las constancias de los expedientes subidos al SISFE, en las carátulas, la tramitación de la causa en diferentes soportes, etc.), que -por lo demás- nada tienen que ver con las causales de recusación contempladas en el artículo 10 del Código Procesal Civil y Comercial. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 285, p 364. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 10.
Sentencia, cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Carlos José y otro s/ Atentado y resistencia a la autoridad. Abuso de armas y lesiones  leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

El tratamiento de circunstancias atenuantes y agravantes constituye cuestión esencial desde que puede incidir en el "quantum" de la pena.
Jubilación de magistrados, haber jubilatorio, acumulación de beneficios, docentes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CARLEN, HORACIO NESTOR c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-08

El haber de la ley 18.464 se calcula exclusivamente con relación a la remuneración del cargo desempeñado al momento de la cesación definitiva en el servicio (art. 4), no siendo aplicable con respecto a los beneficios previstos en ella el tope máximo establecido por la ley 18.037 (art. 7). Por ello, corresponde revocar la resolución administrativa que denegó liquidar los haberes correspondientes a los servicios docentes, como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el art. 55 de la ley 18.037, último párrafo, privándose sin norma expresa a un magistrado judicial comprendido en el art. 1 de la ley 18.464 del goce del haber jubilatorio que le corresponde por su actividad docente; y declarar el derecho a que su haber jubilatorio se determine sumando el que resulte de la ley 18.464 sin el límite del art. 55 antes referido, y el correspondiente a la actividad no judicial en la medida que éste individualmente considerado, no exceda el tope máximo previsto en dicha norma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, concursos, jurisdicción y competencia
Materia: COMERCIAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MANUFACTURA TEXTIL SAN JUSTO  S.A. s/ CONCURSOS - JURISDICCION Y COMPETENCIA - CORTE SUPREMA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

El art. 296, inc. 7, de la ley 19.551, cuando dispone que "no se deba remitir el expediente del concurso a juzgado distinto del de su tramitación" no puede entenderse en el sentido de que prive a la Corte de las facultades a los fines del ejercicio de la jurisdicción que le confiere el art. 101 de la Constitución Nacional, regla el art. 14 de la ley 48, y le reconoce el art. 285, 2do. párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como lo hizo desde el principio el art. 230 de la ley 50. Ello es así, pues la supremacía de la Corte, cuando ejerce la jurisdicción que las leyes le confieren, impone a todos los tribunales nacionales o provinciales, la obligación de respetar y acatar sus decisiones por lo cual este Tribunal posee facultades para disponer las medidas pertinentes, incluso conminatorias, a los fines del adecuado ejercicio de su competencia legal.
Tribunal Fiscal de la Nación, allanamiento, costas
Materia: TRIBUTARIO - PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA    FINANCIERA  CENTRAL  PARA  LA  AMERICA  DEL SUD    S.A. s/ RECURSO DE APELACION - IMPUESTO - CAPITALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05

En los procesos ante el Tribunal Fiscal el allanamiento del Fisco Nacional en su primera presentación no lo libera de cargar con las costas del juicio puesto que al dictar la resolución determinativa del impuesto obligó a la actora a interponer recurso ante el a quo ante el riesgo inminente de ejecución fiscal.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Encina, Francisco c/ Italo Argentina S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Corresponde anular de oficio el decisorio que se pronuncia sobre cuestiones abstractas.
Concurso preventivo, verificación de créditos, modificación de la cosa juzgada, allanamiento, prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Nutribras SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito por transportes alma h srl
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-26

Procede modificar la resolución mediante la cual el juez a quo, pese al allanamiento expreso de la concursada, rechazó la verificación de créditos originados por la prestación del servicio de transporte de mercadería los cuales el incidentista justificó con sendas facturas, de aquellos montos facturados que no poseen respaldo de remito o que cuyos remitos resultan ilegibles o se encuentran incompletos. Ello por cuanto, más allá de la eficacia que pudiera tener el allanamiento de la concursada, resulta relevante el hecho que la deuda reclamada se encuentra registrada en la contabilidad de la sociedad deudora. Es cierto que el silencio posterior a la recepción de una factura tiene virtualidad para acreditar la existencia del contrato y sus condiciones pero no para probar la ejecución del mismo; extremo este último que constituye un prius para hacer exigibles las sumas que se consignan en las facturas, y cuya existencia debe necesariamente demostrar por otros medios quien reclama (Conf. CNCom, Sala D, "Ratto SA c/ Bank Boston NA s/ ordinario", del 13/04/07; íd. Sala SA, "Unisys Sudamericana SA c/ Fibertel TCI SA s/ ordinario", del 14/12/07; entre otros). Los remitos son elementos habitualmente utilizados para demostrar la prestación del servicio de transporte de mercadería contratado. Pero su ausencia, o deficiente emisión, no obsta la posibilidad de recurrir a otro medio probatorio que demuestre que el trabajo haya sido realizado. Por ello es que aquí tiene especial relevancia el hecho de que la concursada tenga asentada la deuda reclamada en su libro de IVA compras. Si esta Sala considera que las facturas, cuya cancelación se reclama, que están debidamente asentadas en la contabilidad del prestador del servicio es prueba suficiente de los términos del contrato -y sobre todo si no se le oponen asientos en contrario ni otra prueba concluyente- (v. "Agrupación de Colaboración Grupo Paramedic y otros c/ Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz s/ Ordinario", del 05/08/21), con mayor razón deben ser consideradas cuando dichos documentos se encuentran contabilizados en los libros de la obligada al pago. Con ello queda claro que, aun ante la deficiencia en la presentación de los remitos, el crédito insinuado en autos debe ser admitido en su totalidad con carácter de quirografario.
Audiencia, comparecencia del procesado
Materia: PENAL
Carátula: Miranda, Roberto Rodolfo s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-19

Corresponde declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia si se ha omitido el cumplimiento de la audiencia prevista en el art.

8 del C.P.P., no tornando abstracto el agravio al respecto la realización de similar diligencia en segunda instancia, pues a ello no sólo se opone el texto expreso de la ley sino que, además, es imposible determinar qué efectos hubiesen podido derivar del debido cumplimiento de dicho precepto en la instancia originaria.
Procedimiento laboral, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Asecan S.A. s/ Caducidad de instancia
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-05-05

En el proceso laboral el acto que inicia el cómputo del plazo de caducidad es la "...constancia de la fecha de...paralización y notificar esa constancia en el domicilio real y legal del actor y del demandado.(Art. 34, Ley 2.884); único acto de oficio a cargo del Secretario y su notificación a las partes.
Contratos, contrato de obra, autorización administrativa
Materia: CIVIL
Carátula: GIMENEZ, Carlos Gabriel c/ Energía San Juan S.A. s/ Sumario - II Cpo.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-06-11

La autorización municipal para la realización de la obra es una exigencia de las normas administrativas, que los profesionales de la construcción deben conocer pero que no incide en la solución de un pleito por incumplimiento contractual, pues se trata de una exigencia que alcanza a las partes, ya sea en su calidad de profesionales o como titulares de la unidad en la que se realiza la obra.

Ambas partes responden según sus incumbencias ante la autoridad administrativa, pero la suerte de los reclamos no depende de esa responsabilidad administrativa, sino del cumplimiento o no de las obligaciones asumidas en el contrato de locación de obra.
Prueba pericial, perito químico, juramento profesional, nulidad procesal, revocación de sentencia, nulidad de sentencia, tenencia de estupefacientes
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTEVES, D. E. s/ PRUEBA DE PERITOS. NULIDAD DE SENTENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-14

Unicamente debe hacerse lugar a la nulidad de un acto, cuando se trata de vicios que han privado al procesado de algún derecho y que la nulidad le reparará el mismo, traduciéndose en una posición más ventajosa a la hora de resolver en definitiva; lo que no ocurre en el caso de autos en que los peritos químicos no prestaron el juramento de ley, pues los únicos perjudicados por la nulidad de la sentencia serían los propios procesados, correspondiendo en cambio la revocación de la misma, absolviéndose a los procesados del delito de tenencia de estupefacientes.
Sentencia, nulidad de sentencia, defectos en la consideración de extremos conducentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Parrado, Osvaldo Ramón. c/ Rougés, Jorge Luis y otro. s/ Cobro ejecutivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-29

Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, la sentencia del tribunal de alzada que omite pronunciarse sobre cuestiones articuladas en los agravios del recurrente y que son conducentes para la solución del caso.