Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-23


Causa Nº 050-00/CC/2006 caratulada CEDAFA S.A. s/ falta completar cerramiento de escalera de PB a subsuelo y otras - APELACION.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de mayo de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS A fs. 205/220 el Sr. Jorge Raúl Césaro, en su carácter de representante legal de CEDAFA S.A. -conjuntamente con su letrado defensor, el Dr. Jorge Raúl Césaro (h)- interpone recurso de apelación contra la sentencia recaída en estos autos a fs. 197/203 -cuya parte dispositiva luce, asimismo, a fs. 195vta-. La pieza decisoria, suscripta por el Dr. Gonzalo Segundo Rúa -titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 6- dispone rechazar el planteo de nulidad introducido por la firma con relación a las actas nº 2-0749939 y 2-07499342 y condenar a la encartada a la pena de multa de mil seiscientos pesos por las faltas que resultaron objeto de juzgamiento, eximiéndola del pago de las costas del proceso.

Luego de declarar la validez formal de la totalidad de los documentos imputativos y de considerar también acreditada la materialidad infraccional a partir de su admisión por parte del representante de la sociedad y su asistente (fs. 199vta.), el Magistrado realizó un pormenorizado análisis en relación a la normativa aplicable a cada una de las imputaciones evaluadas y determinó con precisión los fundamentos del encuadramiento típico de las conductas endilgadas (fs. 199vta./201).

Acto seguido, abordó los descargos efectuados por la encausada durante la audiencia de juicio. En primer lugar, desestimó la pretensión de nulidad dirigida a las actas nº 2-0749939 -respecto de la cual entendió que describía con suficiente detalle la falta reprochada- y 2-0749942 -cuya tacha se fundaba en su defectuosa individualización por parte del Controlador Administrativo, que el a quo consideró, a la luz del sentido general de la resolución de él emanada, un mero error de tipeo- (fs. 201 y vta.).

Desechó luego las alegaciones en relación a su incursión en error de prohibición (fs. 202), entendiendo que el desconocimiento de las normas que rigen la actividad de la firma -cuidado de ancianos en el instituto geriátrico que explota comercialmente- no puede invocarse por quien, además, se ubica en posición de garante con respecto a los alojados en la sede inspeccionada. Esta circunstancia, bajo la óptica del Juez de grado, restringía aun más el criterio de evaluación del argumento defensista.

Rechazó el último de los señalamientos vertidos por la imputada -haber sido sancionada por faltas en las que no se evidenciaba peligro concreto alguno- afirmando que, en la materia, la sola adecuación típica de la conducta reprochada resulta suficiente para la aplicación de la sanción correspondiente.

Una vez acreditadas y encuadradas jurídicamente las infracciones objeto del proceso, y meritados insuficientes o inhábiles los descargos opuestos, el sentenciante efectuó el correspondiente análisis de individualización de la pena en función de los principios de racionalidad y proporcionalidad y de las pautas de mensura del art. 28 de la Ley 451. De este modo arribó a la disposición descripta en el primer párrafo y estableció que el efectivo cumplimiento de la multa impuesta podía efectuarse en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas de ochocientos pesos, a la vez que eximió a CEDAFA S.A. del pago de las costas procesales (fs. 202vta./203).

El recurrente formula un conjunto de agravios, si bien abordando tópicos relacionados con su particular visión del funcionamiento institucional de la Ciudad y reeditando elaboraciones ya ensayadas -incluso con expresa remisión a su presentación incorporada por lectura durante la audiencia de debate (ver punto V del libelo impugnaticio)-.

De la pieza recursiva traslucen críticas y alusiones de diversa índole. La selección de las jurídicamente relevantes demanda una dedicada tarea de desbrozamiento e identificación, habida cuenta del manifiesto desorden expositivo de la presentación. En lo que concierne al ámbito específico del remedio intentado, el primer embate contra la sentencia se centraría en que ésta se habría dictado en violación de la ley sustantiva, toda vez que, al haberse acreditado que la infraccionada subsanó los defectos con posterioridad a la inspección, la sanción se habría extinguido y la multa impuesta resultaría, así, ilegal. Además, por generarse en una respuesta irracional del poder punitivo, devendría Causa Nº 050-00/CC/2006. Sala II.- desproporcionada en relación con el daño efectivamente causado por el administrado.

Existiría, del mismo modo, una violación -esta vez genérica- de la normativa jurídica, verificable por el hecho de que, al desestimar el a quo el presunto error de prohibición que habría afectado a la encartada, se estaría atribuyendo responsabilidad a título objetivo, quedando así derogados tanto el derecho criminal, parte general (fs. 213) -al pasarse por alto que el error, en cualquiera de sus formas, exime de responsabilidad (fs. 209) y que el error, como eximiente [sic] de responsabilidad sigue existiendo (fs. 213)- como el derecho de daños. Ello resultaría aun agravado por la circunstancia de ser a su criterio el Estado quien indujo a su representada al vicio de marras, lo que se constataría con sólo atender a la ausencia de actas de infracción como resultado de las más de cuarenta inspecciones efectuadas durante catorce años a la sociedad; tal actitud por parte de los funcionarios de la Ciudad se traduciría en la razonable creencia de la imputada de que las normas que se reputan violadas en la especie habrían caído en desuetudo (conf. fs. 206, 207, 211, 212, 213, 214 y 218). De allí la alegada violación de los principios del derecho criminal y del civil -en relación a éste último, la ilegalidad estaría dada por el carácter de tercero por el cual la accionada no debe responder asumido por el Estado (fs. 214) , lo que tornaría ilegítima la sanción a ella dirigida-.

Advierte también el apelante diversas inobservancias por parte del sentenciante de las normas que rigen el procedimiento de faltas, que constituyen, en su apreciación, vulneraciones a la garantía del debido proceso. Aduce que los inspectores debieron intimar a la realización de las mejoras necesarias antes que labrar las actas imputativas (conf. fs. 211 y 212); que, ya en sede judicial, sólo conocimos la imputación al momento de padecer la condena (fs. 217; en el mismo sentido, fs. 218); que durante la audiencia de debate el Juez debió haber interrogado al representante de la firma, a fin de que éste ejerciera cabalmente su derecho de defensa -y no estar a las manifestaciones que unilateralmente vertiera, pues nosotros no podemos explicar lo que no se nos pregunta (fs. 219)-; finalmente, el Magistrado debió haber ordenado la persecución de los funcionarios que actuaron en los procedimientos anteriores, en los que se determinó la inexistencia de irregularidades, por no aplicar la ley (conf. fs. 209 y 210).

En relación a la causal de arbitrariedad, el impugnante señala varias falencias de las que adolecería el decisorio en crisis. La primera de ellas, vinculada con el argumento de la pérdida de vigencia de las disposiciones que se reputaron infringidas, se encolumna en la pretensión de encontrarse sostenida la sentencia en viejas normas que históricamente no eran exigidas (fs. 206). Encuentra que la sentencia resulta contradictoria, toda vez que en ella se meritan violadas reglas que se consideraron observadas al momento de gestionarse -por dos veces- la habilitación de la explotación; de este modo, la decisión sólo reposaría en la imaginación, aplicada en contra del encausado (fs. 209); a su juicio tal imputación, esgrimida oficialmente, no existe en el expediente, no existe en el mundo jurídico, ni en el mundo real. Es más, es un insulto a nuestra inteligencia y un disparate enfermizo, si a lo contrario se le llama sana crítica (fs. 209, punto 6). En relación a la posición de garante de la seguridad de las personas alojadas en el instituto geriátrico, manifiesta que desconocemos la garantía a la que se refiere el Juez en materia criminal (fs. 213), circunstancia que erige en agravio sobre el que se encolumna la tacha de arbitrariedad, sin pasar por alto que tal garantía (fs. 213 y 214) no se halla por encima del error. Esto que hemos visto en la sentencia, no existe como concepto jurídico.

Otro perfil de la arbitrariedad invocada puede colegirse de la idea de que, ante la ausencia de un verdadero daño y frente a la particularidad de no responder las faltas reprochadas a figuras de peligro concreto ni abstracto, la multa impuesta sólo se encontraría aparentemente justificada (conf. lo vertido a fs. 215/217). En último término, alega que la ausencia de preguntas por parte del Juez al citado le impidió dar explicaciones en procura de su defensa; en este sentido, el sustento de la decisión se encontraría en la sola imaginación del Magistrado, quien debió haber absuelto a la imputada, tanto por no verificarse una verdadera construcción condenatoria como por haberse generado, al menos, una duda razonable (conf. fs. 219).

Por último, aduce haber sido arbitrariamente multada la sociedad por una infracción específica -falta de inscripción como generador de residuos patogénicos- no prevista por la ley respectiva ni su decreto reglamentario en relación a los institutos geriátricos como el sancionado.

Radicados los autos en esta Sala, a fs. 227/229 el Sr. Fiscal de Cámara postula que se declare mal concedido el recurso, pues los motivos expuestos por el quejoso sólo perfilarían una diferente interpretación de la normativa reputada Causa Nº 050-00/CC/2006. Sala II.- aplicable por el a quo. Subsidiariamente, sostiene que debe rechazarse la apelación interpuesta y confirmarse la sentencia recurrida.

Cumplidos los plazos y pasos procesales pertinentes, se encuentra el expediente en estado de ser resuelto.

Y CONSIDERANDO 1.- En cuanto al análisis de admisibilidad formal, el remedio cumple los requisitos dispuestos por los arts. 56 y 57 de la Ley de Procedimiento de Faltas; esto es: fue interpuesto contra la sentencia definitiva dentro de los cinco días de notificada, mediante escrito en principio fundado, ante el Magistrado que dictó la resolución y por quien tenía derecho a hacerlo.

Deberá efectuarse, en consecuencia, un análisis de los diversos agravios presentados por el recurrente, a fin de determinar si se adecuan a las causales legales de impugnación; esto es: si en el pronunciamiento se omitió manifiestamente la observancia de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa, o en violación a la ley, o si resulta arbitraria -e inválida como acto jurisdiccional-. A tal fin, se evaluarán los motivos expuestos por el representante de la firma y su patrocinante, en miras de determinar si ellos son susceptibles del encuadramiento mencionado o si, por el contrario, sólo constituyen meras discrepancias con las derivaciones lógico-jurídicas que surgen del decisorio.

Como se adelantó en el acápite anterior, el libelo de fs. 205/220 contiene manifestaciones de muy variado carácter. De ellas, sólo las relevadas supra serán objeto de tratamiento, puesto que las restantes expresiones, relacionadas con la particular visión sociológica y política del presentante, están desconectadas de la materia específica del recurso.

En este orden de ideas, aparece en primer término infundada la primera cuestión identificada en el confuso escrito recursivo. En efecto, pretende la quejosa que la subsanación de los defectos constatados por el personal de inspección extingue la posibilidad de penar al imputado por las faltas endilgadas. La falsedad de tal aserto resulta palmaria no bien se considere que -como también expresó el Sr. Juez de grado- la sola alegación de reparación supone admitir la comisión anterior de la conducta reprochada -por aplicación de las reglas de experiencia común, sólo es susceptible de subsanarse una situación irregular, en el caso, la vulneración de las normas contenidas en el Régimen de Faltas que constituyó objeto del proceso-. Por lo demás, la propuesta del apelante se traduciría en garantía de impunidad frente al quiebre del orden jurídico, habida cuenta de que, bajo esta peculiar óptica, la posibilidad de ejercicio del ius puniendi estatal quedaría supeditada a la actitud posterior a la consumación del obrar antijurídico, y ocluida en los casos de reparación total del daño ocasionado por ta l conducta o de adecuación del estado de cosas irregular al estatuido por ley.

Consecuencia de este denuesto será el rebatimiento de lo que por derivación obtiene el impugnante: que al haber obrado el Estado irracionalmente -pues no debía penar-, la multa resulta desproporcionada. Sentada la ineptitud de la premisa, deviene inatendible el reclamo de ella deducido.

Lo mismo resulta aplicable a la elaboración ensayada en relación al error de prohibición en que habría incurrido la imputada, desoído por el a quo. Aunque la firma ha actuado con patrocinio letrado, frente al yerro conceptual evidenciado al respecto en el escrito recursivo, con el fin de despejar toda duda acerca del alcance del instituto, cabe citar su definición. Así, se llama error de prohibición al que recae sobre la comprensión de la antijuridicidad de la conducta. Cuando es invencible, es decir, cuando con la debida diligencia el sujeto no hubiese podido comprender la antijuridicidad de su injusto, tiene el efecto de eliminar la culpabilidad. Cuando es vencible, para nada afecta a la tipicidad dolosa o culposa que ya está afirmada al nivel correspondiente, teniendo sólo el efecto de disminuir la reprochabilidad, es decir, la culpabilidad, lo que se traduce en la cuantía de la pena (Eugenio Raúl Zaffaroni: Manual de Derecho Penal, Parte General. Buenos Aires, Ed. Ediar, 1987, pág. 543). El error de prohibición puede afectar el conocimiento de la antijuridicidad o consistir en un error de comprensión -que impide la internalización o introyección de la norma-. A su vez, el error generado por desconocimiento de la antinjuridicidad admite un grado directo de manifestación -cuando recae sobre el conocimiento de la norma prohibitiva- y uno indirecto, cuando el sujeto supone falsamente la existencia de un permiso que en verdad la ley no otorga, o que se halla en una situación de justificación -op. cit., pág. 544 -.

Causa Nº 050-00/CC/2006. Sala II.- Al amparo de esta contextualización, emerge manifiestamente inviable la invocación en tratamiento, la cual puede resumirse en el siguiente esquema: la empresa recibió más de cuarenta inspecciones en el lapso de catorce años y nunca fue multada por las infracciones que aquí se juzgan; tal ausencia anterior de reproches generó en la procesada una conciencia acerca de la ausencia de prohibición de las conductas que ahora se endilgan; en consecuencia, el Estado se encuentra impedido de aplicar sanción alguna, pues su pasiva, indulgente o desidiosa actitud anterior indujo el error de la encartada en relación a la punición de los hechos que constituyen faltas y que aquí se ventilan.

Más allá de que la recepción de este argumento conllevaría a aceptar la absurda eventualidad de que el Estado ha promovido el accionar antijurídico a fin de tender una celada al administrado -contribuyendo así al quiebre de las mismas reglas que lo constituyen y sostienen-, no es posible separar del análisis la circunstancia de que el instituto exculpatorio requiere su invencibilidad para operar, y aquí es donde el andamiaje defensista no logra conmover la articulación efectuada por el sentenciante, de momento que no ha quedado acreditado cuál era el especial condicionamiento que obstaba a la firma al conocimiento de la legislación vigente y a la adecuación a ella del desempeño de su actividad específica. Tampoco se advierte -en atención a la sustancia del pretendido agravio- de qué manera le es dable a la autoridad, dentro del modelo republicano en que se inserta el gobierno autónomo, inducir al error en torno a la vigencia de normas positivas; esto es, generar en el justiciable la creencia -con grado de certeza apodíctica- de que tales disposiciones han sido derogadas; menos aun estimular -y obtener- la generación de un estado de ignorancia en relación a la permanencia en el tiempo de la ley. Ocioso resulta recalcar que sólo estrictamente un acto derogatorio, canalizado por los mecanismos diseñados normativamente, es hábil a efectos de restar positividad a una disposición materialmente legal, y que en modo alguno tal acto de poder puede entenderse reemplazado -como alega la impugnante- por la mayor o menor eficacia de la actividad de control que los agentes del sistema proyectan sobre aquellos a quienes tales normas se dirigen. No otra conclusión deriva de la máxima que rige toda estructuración jurídica de una comunidad: el orden social justo no tolera la alegación de desconocimiento de la ley como dispensa del deber de su cumplimiento.

Por otra parte, la pretensión de absolución fundada en la reparación unilateral del daño ocasionado no puede encontrar andamiento en el marco del derecho represivo, que persigue la aplicación de sanciones por la verificación de quiebres a las disposiciones que reglamentan las actividades por ellas alcanzadas. De este modo, la alegación de que el Estado local adopta el carácter de tercero por el cual la firma no debe responder -figura del derecho privado contenida en el art. 1.113 del Código Civil- deviene ineficaz a los efectos que el presentante procura, pues la diferente índole de la responsabilidad objetiva diseñada en el citado cuerpo y la reglada por el Régimen de Faltas torna imposible el trasvasamiento de los elementos rectores de aquella rama de la ciencia jurídica a ésta; se trata, en suma, de institutos distintos. En consecuencia, la vulneración de los principios del derecho civil esgrimida como agravio por la recurrente -que, como quedó dicho, no se da en el caso- aparece ajena al ámbito de competencia del fuero y palmariamente extraña a la materia en tratamiento, originada en las facultades ordenatorias del poder político y por ello de naturaleza esencialmente pública.

Todo lo hasta aquí vertido obsta al éxito de las pretensiones absolutorias de la defensa, fundadas en que ha sido condenada en quebrantamiento de la ley.

Las manifestaciones vinculadas con no haberse sustanciado debidamente el proceso que culminó en la condena de la impugnante tampoco enervan la sentencia en que ésta se halla inscripta. En primer lugar, en relación a la actividad de los inspectores, ya hemos tenido oportunidad de sentar que: tanto en el presente régimen como en el inmediato anterior, constituye imperioso y prístino deber de los funcionarios, anejo al ejercicio del poder de policía que detentan, el de documentar la falta sin solución de continuidad con el momento de su constatación () el labrado del acta constituye la regla en aquellos casos en que la actividad de verificación sea llevada a cabo por el órgano administrativo en ejercicio del poder de policía que ejerza el respectivo contralor (causa nº 306-00-CC/2005, CIA EXHIBIDORA CINEMATOGRAFICA LOS ANGELES S.R.L. S/ CABLES EXPUESTOS Y OTROS - APELACION, rta. el 16/12/2005); temperamento que fundamenta suficientemente el rechazo de la propuesta de la defensa consistente en que el personal de verificación debió haber intimado la realización de las mejoras necesarias para subsanar las anomalías detectadas.

Tampoco resulta cierto que el recurrente haya conocido la imputación al momento de padecer la condena, como expresa en su libelo (ver fs. 217). Antes Causa Nº 050-00/CC/2006. Sala II.- bien, obran en el legajo precisas constancias que documentan la efectiva transmisión a la sociedad infraccionada de los hechos que se le reprochan en esta tramitación, a saber: actas de infracción de fs. 10/14 en las que se aprecia la firma del imputado; decreto de fs. 114 en el que se individualizan pormenorizadamente cada una de las acusaciones, debidamente notificado según cédula de fs. 117 y constancia de fs. 118; finalmente, acta de debate de fs. 193/194vta. que da cuenta de la exhibición de las actas de comprobación obrantes a fs. 10, 11, 12 y 15 (fs. 193) y de que se consulta al compareciente si ha comprendido cabalmente los hechos que se le imputan a su mandante, a lo que éste responde que sí, afirmación ésta última que exime de mayores consideraciones al respecto.

El agravio referido a la actuación del Magistrado durante la celebración de la audiencia de juzgamiento -en la que no solicitó explicaciones al encausado en relación a los hechos reprochados- es también insusceptible de meritarse como una inobservancia de las formas procesales previstas. Debe una vez más recordarse que en el procedimiento de faltas el imputado es quien lleva la carga de revertir la imputación a él dirigida; ello, tanto en función de la presunción de legitimidad de la que goza todo acto administrativo -en el caso, las actas de las que surgen los hechos infraccionales- como en orden a lo expresamente previsto en el art. 5º de la Ley de Procedimiento de Faltas, nº 1.217, que prescribe que el acta de comprobación de faltas que reúna los requisitos del artículo 3º se considera, salvo prueba en contrario, prueba suficiente de la comisión de las mismas. Tal criterio ha sido seguido y mantenido en la totalidad de las causas sometidas a conocimiento del Tribunal (v.g., nº 165-00-CC/2004, rta. el 07/07/2004; nº 141-00-CC/2005, rta. el 05/07/2005; nº 283-00-CC/2005, rta. el 16/09/2005; nº 411-00/CC/2005, rta. el 16/12/2005, entre otras), e implica asi gnar al presunto infractor tanto la tarea de rebatir la acusación como la de generar en el sentenciante convicción en sentido contrario al valor probatorio del documento. En atención a ello, y a que aun en el procedimiento penal el Juez se encuentra impedido de dirigir la declaración del encausado en algún sentido -conf. art. 296 y Sección II del Capítulo II, Título I, Libro III del C.P.P.N.- es que habrá de rechazarse el embate ensayado en este sentido. Lo contrario devendría en el desatino de atribuir incorrecto desempeño procesal al Magistrado por las manifestaciones que el imputado decidió oportunamente mantener in pectore y que, como ahora revela, hacían a la esencia de su defensa.

Estos principios también atañen a la tacha de arbitrariedad, fundada primeramente en haberse aplicado reglas que históricamente no eran exigidas, pues las normas en juego, como se señaló, se hallan vigentes. En modo alguno, entonces, queda sostenida la sentencia en la imaginación, aplicada en contra del encausado (ver fs. 209).

Lo mismo cabe decir de la consideración del proveyente relativa a la posición de garante que adopta Cedafa S.A. en cuanto a la seguridad de quienes se alojan en el instituto inspeccionado, que luce armónicamente articulada con la naturaleza de la actividad desarrollada por la encausada. Obsérvese que -independientemente de traslucirse nuevamente en el escrito una confusión entre las nociones de garantía y posición de garante- la estructura de este agravio, como expresamente reconocen los firmantes, reposa en el desconocimiento de la figura y en una inexistente vinculación jerárquica entre ésta y aquel error de prohibición que fuera ya denostado, elementos que, en conjunto, quitan toda corporeidad a la pretensión.

La aparente carencia de sustento de la pena impuesta, que el presentante denuncia, se originaría, asimismo, en no responder las infracciones a figuras de peligro concreto ni abstracto, y por lo tanto, su comisión no generaría daño alguno. A ello cabe oponer la letra misma de la Ley 451, en tanto se sancionan allí infracciones a: a. las normas de la Ciudad de Buenos Aires destinadas a reglamentar, en ejercicio de las facultades ordenatorias atribuidas por la Constitución al Gobierno de la Ciudad, el desenvolvimiento de actividades comerciales, y todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad. b. las normas dictadas como consecuencia del ejercicio de las facultades ordenatorias delegadas por la legislación nacional al Gobierno de la Ciudad como autoridad local de aplicación. En esta orientación, el a quo no ha hecho más que aplicar la normativa vigente en la materia, que diseña un sistema de ilicitudes relacionado con un orden políticamente delineado en función tanto de la regularidad y eficacia en el desempeño de las actividades regladas, como del resguardo de la seguridad puesta en riesgo por ellas. Por otro lado, y sin pasar por alto que no corresponde al Tribunal evaluar el acierto o error de los poderes con facultades ordenatorias en el diseño de ese orden, el re currente no aporta explicación alguna que ilumine acerca de los defectos que señala en los tipos infraccionales, ni mucho menos propone un camino de razonamiento que conduzca a concluir que el a quo debió haberse apartado de la específica prescripción de la ley y absolver -solución que, Causa Nº 050-00/CC/2006. Sala II.- de adoptarse, vendría así a convalidar el mismo vicio reprochado, aunque esta vez en beneficio del imputado-.

Sólo resta tratar la alegación de ausencia de sustento legal en relación a la falta de inscripción de la sociedad como generadora de residuos patogénicos. Esta obligación surge, como bien observa el sentenciante, de la específica Ley nº 154, que define a tales residuos como todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que presumiblemente presenten o puedan presentar características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, o causar contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera que sean generados en la atención de la salud humana o animal por el diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios, así como también en la investigación o producción comercial de elementos biológicos o tóxicos. Encuadran en ella, sin duda, los excrementos humanos, sea que provengan de personas sanas o en tratamiento de enfermedades, máxime si se tiene en cuenta que éstos no quedan excluidos por el art. 3º de la misma norma. A ello no obsta la nueva redacción impresa al art. 2º del Dec. 1886/001 -invocado por el Juez de grado- por el Dec. 706/005 -que lo estructura en sólo ocho incisos-, pues el Anexo II de aquél -Manual de Gestión de Residuos Patogénicos- incluye a los Fluidos Corporales entre estos desechos especiales. Por otra parte, cierto es, como también advierte el a quo, que el hecho de que la firma cuente con una enfermería constituye serio indicio acerca de la generación de residuos originados en prácticas clínicas o de primeros auxilios, alcanzada s por la citada ley. En todo caso, y como difícilmente pueda considerarse que los desperdicios generados por el uso, entre otros elementos, de pañales descartables diariamente utilizados por hasta cincuenta y cuatro residentes -conf. ampliación de descargo de fs. 31- sean domiciliarios -art. 3º in fine de la citada ley-, se exige que en caso de oposición a ser considerado generador de residuos patogénicos, el afectado deberá acreditar, mediante el procedimiento que al respecto determine la reglamentación, que no es generador de Residuos Patogénicos en los términos del artículo 2º de la presente Ley (art. 20), actividad que no ha desplegado en autos la encartada.

En consecuencia, los agravios hasta aquí examinados no resultan enervantes de la resolución impugnada. Por tanto, deberá ser confirmada.

2.- Tratamiento específico -aunque breve- merecerán ciertos pasajes del escrito recursivo en tanto parecen implicar una transgresión atentatoria de la seriedad y el decoro que deben regir el correcto desempeño abogadil, en consonancia con lo dispuesto en el Código de Ética regulatorio del ejercicio de la profesión en la Ciudad.

Ello, en virtud de que los prejuicios e imperativos apriorísticos que la pieza asigna al personaje ideal motejado idiota peligroso en el Capítulo 5 -Los sospechosos de siempre, fs. 208/209- parecen responder en su totalidad a las parámetros de derivación empleados por el a quo para arribar a su decisión condenatoria. En especial, el párrafo octavo del acápite describe que el idiota peligroso no entiende de error, de desuetudo, ni entiende el mundo real. A continuación, asegura que tampoco su doble moral le exigirá probar su falsa imputación, en razón de su lógica maniquea y su patético y limitado universo. Sostiene que el estado de error de prohibición alegado en la audiencia de debate y fundadamente rechazado por el sentenciante configura una realidad incomprensible para el idiota -último párrafo de fs. 208-.

No menos inadecuadas resultan las referencias a la actividad intelectiva desplegada por el Sr. Juez de grado, toda vez que, en tanto entiende que la sentencia no se encuentra fundada en ley, se verificaría un insulto a nuestra inteligencia, y un disparate enfermizo, si a lo contrario se le llama sana crítica -negritas en el original de fs. 209, antepenúltimo párrafo-.

La misma calificación, considerada contextualmente, merece la referencia final relativa al descargo efectuado por el representante de la firma imputada: la garantía constitucional de no tomarle juramento de decir la verdad, no ha sido ideada para que pueda ser utilizada en su contra () Si la Constitución le confiere esa gracia, no es para que luego un Juez relativice sus dichos (fs. 219).

En atención entonces a que las figuras retóricas empleadas y las herramientas lingüísticas seleccionadas por el patrocinante que suscribe la pieza podrían haber excedido el marco de actuación descripto en los incisos a) y b) del art. 22 del mencionado ordenamiento disciplinario, corresponde remitir las copias pertinentes al Sr. Presidente del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a los efectos que estime corresponder.

Causa Nº 050-00/CC/2006. Sala II.- En razón de lo hasta aquí dicho, oído el Sr. Fiscal de Cámara y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE I.- CONFIRMAR la sentencia obrante a fs. 197/203 -cuya parte dispositiva luce, asimismo, a fs. 195vta- en todo cuanto ha sido materia del presente recurso.

II.- EXTRAER TESTIMONIOS del escrito de fs. 205/220 suscripto por el Dr. Jorge Raúl Césaro y de la presente, y REMITIRLOS mediante oficio de estilo al Sr. Presidente del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a sus efectos.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente cúmplase con lo ordenado, debiendo el Sr. Magistrado a quo practicar las restantes notificaciones.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.