Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-14


NEUQUEN, 14 de Junio de 2011.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "MUÑOZ ABEL C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOP. LTDA. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", (Expte. Nº 346921/6), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 5 a esta Sala III integrada por el Dr. Marcelo Juan MEDORI y el Dr. Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Medori dijo:

I.- Que la parte demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia definitiva del 11 de agosto del 2.010 (fs. 470/474), expresando agravios a fs. 493/500.

Argumenta que la juez de grado incurre en arbitrariedad al acoger el reclamo de seguro cuando se ha evidenciado el cambio de destino y lugar del automotor, omitiendo el asegurado cumplir con sus obligaciones de información y produciéndose la agravación del riesgo cubierto, lo que implica la suspensión y la exclusión de cobertura.

Reserva el caso federal y solicita se revoque el fallo recurrido, rechazando la acción entablada o en su caso se revise la condena.

Corrido el pertinente traslado la parte actora contesta a fs. 505/509.

Manifiesta que la propia aseguradora no ha comprobado los hechos denunciados para excusar el incumplimiento contractual, omitiéndose la ratificación del informe de investigación y acreditándose el uso personal del vehículo en esta ciudad.

Solicita se rechace la apelación con costas.

Asimismo, la recurrente replantea la prueba pericial contable a fs. 501/503, oponiéndose la contraria a fs. 510/515.

Apela honorarios por bajos el Dr. ... a fs. 484/486.

II.- Entrando al estudio de la cuestión traída a entendimiento resulta que la decisión en crisis hace lugar a la acción por cumplimiento de contrato de seguro con fundamento en que no se han acreditado los hechos impeditivos alegados por la aseguradora para negar la cobertura del seguro, tales que el actor alquilara el vehículo y que se hubiera cambiado el lugar de residencia a tenor del propio informe del liquidador de siniestros y la prueba informativa rendida en autos.

El extenso escrito apelativo, que realiza repeticiones y transcripciones innecesarias, rotulando distintos agravios con títulos que no se relacionan con el contenido ya que en todos insiste en los mismos argumentos, que transcurren en una línea alejada por momentos de la desarrollada por la sentenciante, ciertamente generan dudas en cuanto a la reunión de los mínimos recaudos de admisibilidad (cfme. art. 265 del C.P.C.C.).

De conformidad a los agravios expresados y lo resuelto en definitiva, debía desvirtuarse el análisis probatorio efectuado en el decisorio, más reitera su versión sin hacerse cargo de varios de los cuestionamientos planteados. Imputa falta de información y colaboración del asegurado, ignorando lo resultante de la declaración ante el verificador siniestral traída por ambas partes (ver fs. 344 y ss.) y del hecho que efectivamente contactó al conductor del rodado, no pudiendo responsabilizar al accionante de su negativa a declarar (fs. 397). Acusa modificación en el destino del bien, surgiendo el alquiler de otro vehículo de la informativa de la firma Sat SRL (fs. 318), lo que además no fue oportunamente alegado en la carta documento de rechazo (fs. 347), dejando a salvo cierta contradicción del actor absolvente (fs. 293). Denuncia cambio del lugar de radicación, cuando sólo se evidencia una muda transitoria, según lo admitido por el propio asegurado, de conformidad a lo depuesto por el testigo Sánchez (fs. 198). Y finalmente, introduce hechos nuevos, tal la referencia de que el automóvil fuera dejado con las llaves puestas en la vía pública, lo que además es contradicho por la denuncia formal (fs. 222).

En definitiva, si bien dice al comenzar que ha probado el supuesto que denuncia para negar la cobertura del siniestro, luego responsabiliza de la carga probatoria a la contraria, rechazando que le competa la misma sobre los hechos impeditivos que alega a los fines de no cumplir el contrato de seguro firmado, lo que claramente transgrede lo previsto en los arts. 377 y 386 del C.P.C.C. y sugiere la admisión de las conclusiones probatorias efectuadas supra. (cfme. arts. 17 de la Const. Nac.; 24 de la Const. Prov.; 5, 37, 38, 46 y 70 de la ley 17.418).

La jurisprudencia se ha expedido en tal sentido. La Sala C de la Cámara Nacional Comercial, confirmó la sentencia de grado que había condenado a La Mercantil Andina Cía. de Seguros S.A. a abonar la suma de $23.000, en concepto de indemnización por el robo rodado asegurado, más $4.000 por privación de uso, con más intereses y costas. La aseguradora realiza una exclusión de la cobertura dado que consideró que en el momento de producirse el siniestro el automóvil era utilizado como remis. Los argumentos que presentó La Mercantil Andina no lograron rebatir los fundamentos de la sentencia apelada. Dado que la carga de la prueba en relación a la reticencia o a la agravación del riesgo pesa sobre el asegurador, la aseguradora debe demostrar el presupuesto de hecho que invoque para sostenerlos cual es que la circunstancia omitida o inexactamente declarada existía al tiempo de la celebración del contrato. Además la Sala Sala C de la Cámara Nacional Comercial siempre sostiene que ante un reclamo por incumplimiento de un contrato de seguro por robo de automotor, resultan improcedentes la alegada reticencia y agravación del riesgo sostenidos por la compañía de seguros fundados en que el vehículo, al momento del siniestro, se hallaba afectado a un uso distinto al denunciado -como remis- si el único elemento de prueba arrimado consiste en actas recogidas por los liquidadores del siniestro que, como tales, han de considerarse prueba preconstituida obtenida sin el correspondiente contralor de la contraparte. "ORREQUIA MABEL NOEMÍ C/ LA MERCANTIL ANDINA CÍA. DE SEGUROS S.A. S/ ORDINARIO", 23/09/2010 - CNCom. - Sala C.

"Si un asegurado reclama judicialmente de su aseguradora la cobertura de un seguro "contra robo" con relación a un vehículo de su propiedad que dijo haber contratado, resulta improcedente que aquella entidad alegue a fin de eximir su responsabilidad, que el pretensor había incurrido en "reticencia y agravación del riesgo" por consecuencia de haber afectado al rodado asegurado al servicio de remise, sin que lo haya denunciado en ocasión de celebrarse el contrato respectivo si, -como en el caso-, surge que teniendo la accionada la inexcusable carga procesal de acreditar en legal forma la reticencia atribuida al pretensor, sin embargo, no insto la producción de prueba pericial que constituye el presupuesto legal de la admisibilidad de dicha defensa. En tal sentido es de ponderar, que la comprobación del hecho constitutivo de la reticencia puede acreditarse mediante el empleo de cualquier medio probatorio, mientras que su "influencia" sobre el riesgo cubierto -esto es, la incidencia que habría producido el conocimiento de ese dato fáctico con relación a la contratación en si propia, o a los términos de dicha contratación, desde la perspectiva de la entidad aseguradora- debe establecerse exclusivamente por vía pericial. (En igual sentido: sala a, 3.5.07, "Suarez, Mariela c/ la Buenos Aires Seguros SA s/ ord.")." (Autos: VILLALBA HECTOR RICARDO C/ SUIZO ARGENTINA CIA. DE SEGUROS SA S/ ORD. - Sala: D - Mag.: ROTMAN - CUARTERO - Fecha: 22/12/1999-LDT).

En relación al replanteo de prueba, el mismo no reúne los recaudos formales del art. 260 inc. 2 del C.P.C.C., particularmente, en cuanto se omite atacar el auto de negligencia y se acompaña el exhorto reservado con posterioridad a su decreto (fs. 338), debiendo destacarse además la inconducencia del medio probatorio perseguido ante la circunstancia de que no se ha comprobado el presupuesto fáctico base del juicio de peritos previsto en el art. 5 de la ley de seguros, la reticencia denunciada.

Respecto la solicitud de adecuación de condena resulta totalmente improcedente atento que se trata de la introducción de un hecho no sometido oportunamente a la anterior jurisdicción (fs. 86 y ss. y 422), vedado el análisis del mismo de conformidad a lo preceptuado en el art. 277 del C.P.C.C..

En relación a la apelación honoraria, ciertamente esta Sala se ha expedido in re "Ponchiardi Juan José c/ José Cartellone Construcciones S.A. s/ ejecución de honorarios", (ICL N° 431/4), sosteniendo que los intereses deben incluirse en la base de cálculo para la regulación de los honorarios profesionales. Con tal criterio y de conformidad a las pautas arancelarias establecidas en los arts. 6, 7, 8, 9, 10, 20 y 39 de la ley 1.594 y a los trabajos cumplidos, propicio hacer lugar al recurso, ordenando que en el tribunal de grado se eleven oportunamente los emolumentos del Dr. ..., tomando la base referida al momento de practicarse la planilla de liquidación.

Por las razones expuestas, y en atención a los términos en que se planteó el recurso, propicio el rechazo de la apelación, confirmando el fallo recurrido en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas en la alzada a cargo del recurrente vencido, a cuyo efecto deberán regularse los honorarios profesionales con ajuste al art. 15 de la ley arancelaria.

Tal mi voto.

El Dr. Ghisini, dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede adhiero al mismo, expidiéndome de igual modo.

III.- Por ello, esta Sala III RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fecha 11 de agosto de 2011 (fs. 1122/1127), en todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios.

2.- Ordenar que en la instancia de grado se eleven los emolumentos del Dr. ... tomando como base el capital más los intereses.

3.- Costas de Alzada a cargo del apelante, atento a su carácter de vencido.

4.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia, en el 30% de lo fijado en el pronunciamiento de grado a los profesionales que actuaron por cada parte.

5.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al juzgado de origen.

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 109 - Tº III - Fº 433 / 436 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A III- Año 2011