Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-20


SENT Nº 267	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veinte (20) de Mayo de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por el señor vocal doctor Antonio Gandur, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán-, y los señores vocales doctores René Mario Goane -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse- y Rodolfo Movsovich -por no existir votos suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia del doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Provincia de Tucumán vs. Medina Reinaldo Antonio y otro s/ Ejecución hipotecaria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor Antonio Gandur, doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores René Mario Goane y Rodolfo Movsovich, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Vienen a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la parte actora -Provincia de Tucumán- a través de su representación letrada (fs. 209/216) contra de la sentencia Nº 319 de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones -Sala II-, dictada en fecha 7 de octubre de 2011 (fs. 203). La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia de fecha 28 de febrero de 2012 (fs. 226) del referido Tribunal de Alzada.

II.- Entre los antecedentes relevantes del caso a los fines de resolver el presente recurso de casación se observa que, en autos, la actora inicia ejecución hipotecaria en fecha 31 de agosto de 2005. Realizada la intimación de pago, los demandados oponen excepción de prescripción (fs. 26/27), la que fuera contestada por la actora a fs. 46/48. Por su parte, una vez ofrecidas y producidas las pruebas e integrada debidamente la litis conforme providencia de fecha 20 de junio de 2007 (fs. 79), se dictó sentencia en primera instancia -de fecha 6 de noviembre de 2008 y obrante a fs. 123/124-, mediante la cual se rechazó la excepción de prescripción y se ordenó llevar adelante la ejecución en los términos de la pretensión incoada en la demanda.

Apelada la sentencia de primera instancia por la parte demandada (fs. 127) y expresados los agravios a fs. 130/131, la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones -Sala II-, resuelve hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada, mediante sentencia de fecha 20 de septiembre de 2010 (fs. 152/153) y, en consecuencia, dispone "hacer lugar a la prescripción liberatoria interpuesta por los demandados y rechazar la acción de cobro ejecutivo interpuesta por la Provincia de Tucumán". A su vez, notificada la sentencia de fecha 20/9/2010 a las partes, el mismo Tribunal que dictó la referida sentencia (Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones -Sala II-) dicta un nuevo pronunciamiento en fecha 5 de octubre de 2010, señalando que en la sentencia de fecha 20 de septiembre de 2010 se había incurrido en un "error material" con relación a la fecha de inicio del presente proceso judicial, resolviendo en consecuencia, declarar la nulidad de oficio de la sentencia de fecha 20 de septiembre de 2010 agregada a fs. 152/153.

Contra la sentencia de Cámara de fecha 5 de octubre de 2010 -que declara la nulidad de la sentencia de fecha 20/9/2010-, la parte demandada deduce incidente de nulidad (fs. 169/171), aduce que la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones -Sala II- no contaba con competencia ni con las facultades necesarias a los efectos de declarar la nulidad de oficio de su propio pronunciamiento, dado que habiendo dictado la primera sentencia, la demandada interpreta que se había desprendido de su competencia. Asimismo, sostiene que no se dieron en la especie, ninguno de los supuestos que justificaría la declaración de la nulidad de oficio que requiere el art. 166 del CPCCT, el cual sólo contempla los casos de defectos en la constitución del órgano jurisdiccional, omisión de aquellos actos que la ley impone para garantizar el derecho de terceros y el supuesto de la alteración de la estructura esencial del procedimiento. En efecto, afirma que la sentencia de fecha 20/9/2010 no incurre en ninguno de los supuestos mencionados y que por ello, resulta un acto jurisdiccional válido. Corrido y contestado el traslado del incidente de nulidad y agregado el dictamen de la señora Fiscal de Cámara (fs. 179/181), la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones -Sala II- dicta sentencia en fecha 7 de octubre de 2011 (fs. 203), por la cual resuelve hacer lugar al incidente de nulidad deducido por la parte demandada a fs. 169/171 y en contra de la sentencia de fecha 5 de octubre de 2010 (fs. 156) y resalta que "se declara la nulidad de la misma, quedando subsistente la sentencia de fs. 152/153 del 20/9/2010". En cuanto a la motivación, se observa que la sentencia de fecha 07/10/2011 remite a los fundamentos expresados por el dictamen de la señora Fiscal de Cámara (agregado a fs. 179/181), el que a su vez, señala que correspondía hacer lugar al incidente de nulidad por cuanto la declaración oficiosa de nulidad sólo resulta procedente cuando concurran defectos en la constitución del órgano jurisdiccional, omisión de aquellos actos que la ley impone para garantizar el derecho de terceros o la alteración de la estructura esencial del procedimiento. A partir de allí, expresa que se observa que la sentencia impugnada de fs. 156, señala que "la resolución de fs. 152/153 se encontraba afectada por un 'error de volición', al que habría sido inducido el Tribunal por ponderar erróneamente las constancias obrantes. Pues bien, los errores de volición no pueden ser corregidos por vía de la declaración oficiosa de nulidad, sino exclusivamente ante el planteo de los recursos previstos por la ley a tal fin". Asimismo, agrega que la sentencia de fs. 156 vulnera el principio de preclusión procesal.

III.- Contra el pronunciamiento de Cámara de fecha 7 de octubre de 2011, la parte actora interpone recurso de casación a fs. 209/216, aduciendo que la referida sentencia incurre en violación de normas de derecho, falta de motivación y en arbitrariedad. Por su parte, la recurrente expresa los argumentos por lo que interpreta que su recurso casatorio debe ser declarado admisible y realiza una descripción de los antecedentes referidos a la causa.

En cuanto al contenido de los agravios, se observa que la recurrente -en primer término- cuestiona al pronunciamiento de fecha 07/10/2011 por considerar que carece de motivación, dado que "contiene fundamentos inadecuadamente escuetos" y "solo se limita a hacer suyos los fundamentos emitidos por la señora Fiscal de Cámara Dra. Elena Sangenis de Terraf en su dictamen de fecha 21/12/2010", por lo que interpreta la recurrente que se ha violado el art. 264 del CPCCT. En segundo lugar, invoca que la sentencia cuestionada constituye un "acto de arbitrariedad decisiva" por dejar sin efecto la sentencia de fecha 05/10/2010, la cual corrigió un grave error en el cómputo de la prescripción, agregando que el referido error no podía ser salvado mediante la aplicación del art. 269 del CPCCT (aclaratoria), dado que en el caso se trataba de una corrección que habría alterado la sustancia de la decisión, materia vedada en la aclaratoria. Por lo señalado, la recurrente cuestiona que mediante la sentencia impugnada se deja vigente un error sobre el cómputo de la prescripción. En tercer lugar, la recurrente cuestiona que se deje sin efecto la sentencia de fecha 05/10/2010, la cual, a su criterio, eligió el camino correcto y resultaba adecuada y justa para reparar un error trascendental que afectaba la estructura esencial del proceso y que, por ello, debía ser removida aún de oficio, y agrega que dejar vigente la decisión cuestionada la ubica en un estado de indefensión.

De conformidad a las consideraciones reseñadas, solicita se haga lugar al recurso tentado y, ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, realiza reserva del caso federal.

IV.- Corrido el traslado de ley del recurso de casación de la actora, la parte demandada contesta y solicita el rechazo del referido recurso, por las razones expuestas en su presentación de fs. 219/222. Por auto interlocutorio de fecha 28 de febrero de 2012, la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones concede el recurso de casación (fs. 226), correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V.- En orden al juicio de admisibilidad del recurso, se verifica el cumplimiento de los requisitos de depósito (fs. 208) y presentación tempestiva. Sin embargo, se advierte que el recurso sub examen no cumple con el recaudo de definitividad que le es propio, por lo que corresponde declararlo inadmisible por las consideraciones que se exponen a continuación.

En primer lugar, corresponde iniciar el examen recordando que el remedio excepcional de la casación está reservado para los supuestos en que el pronunciamiento atacado es definitivo y, en las cuestiones incidentales, sólo en la medida que terminen el pleito o hagan imposible su continuación (art. 748 inc. 1º del CPCCT). En la especie, el recurso de casación interpuesto por la recurrente fue deducido en contra de una sentencia de Cámara que recepta favorablemente un planteo de nulidad contra una sentencia del mismo tribunal (nos referimos a la sentencia de fecha 05/10/2010), no resultando el pronunciamiento impugnado aquí ni el declarado nulo, el que resuelve el fondo del asunto debatido en autos ni revisten virtualidad para poner fin al pleito.

Sobre la temática analizada, resulta necesario recordar la posición sostenida reiteradamente por esta Corte, que consiste en afirmar que cuando la resolución impugnada versa sobre una cuestión procesal que no es la que pone fin al pleito, ni resulta impeditiva de su continuación, no se encuentra presente el recaudo de definitividad del pronunciamiento en cuestión (conf. CSJT, sentencias Nº 789 del 13/8/2007, Nº 122 de fecha 13/3/2012, entre otras).

En la especie, la sentencia impugnada no impide la continuación del proceso, toda vez que, de las constancias de autos, se advierte que una vez dictado el pronunciamiento de Cámara que resuelve la cuestión de fondo (sentencia de fecha 20/9/2010, agregada a fs. 152/153) y notificado el mismo a la parte actora mediante cédula de fs. 154, dejada en casillero el día 28 de septiembre de 2010 -por lo que es retirada en fecha 29/9/2010-, el plazo para interponer el recurso de casación contra la sentencia de fecha 20/9/2010 comenzó a correr recién en fecha 30 de septiembre de 2010, en consecuencia, no se encontraba vencido el plazo para recurrir la sentencia de fondo, cuando la Cámara decidió, en fecha 5 de octubre de 2010 (fs. 156), dictar una nueva sentencia declarando la nulidad de oficio del pronunciamiento de fecha 20/9/2010. Es claro que la sentencia de fecha 05/10/2010, al declarar la nulidad del pronunciamiento de fecha 20/9/2010 -dejando sin efecto también las notificaciones cursadas a las partes-, tornó innecesaria y abstracta la interposición de un eventual recurso contra la sentencia de fecha 20/9/2010.

En ese marco, se observa que si bien la sentencia de fecha 7 de octubre de 2011 (fs. 203) deja sin efecto la sentencia de fecha 05/10/2010, ésta última mantuvo suspendidos los plazos que se encontraban corriendo para impugnar la sentencia de fecha 20/9/2010, dicha paralización de los plazos para impugnar se mantendrá hasta tanto se resuelva definitivamente el planteo de nulidad sobre la misma. Es que como señala calificada doctrina "La suspensión de los plazos procesales puede producirse de hecho, por resolución judicial o por acuerdo de partes. La primera hipótesis se verifica cuando median contingencias procesales incompatibles con la continuidad del plazo fijado para el cumplimiento de uno o más actos" (Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil", Tomo IV, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, página 79). En la especie, resulta claro que el dictado de la sentencia de fecha 05/10/2010 constituyó una contingencia procesal que resultaba incompatible con la interposición de un recurso contra la sentencia de fecha 20/9/2010, en tanto que ésta última ya había sido declarada nula por el pronunciamiento de fecha 05/10/2010; carecía de sentido entonces el ejercicio de una vía impugnaticia contra una sentencia que se encontraba privada de valor, es que otra interpretación sobre la cuestión permitiría privar arbitrariamente al litigante de una vía apta para el reclamo de sus pretensiones, en desmedro de su derecho de defensa (CSJN, Fallos 329:3673). Es decir, las peculiares circunstancias de autos, permiten concluir que el plazo para impugnar la sentencia de fecha 20/9/2010 no se encuentra vencido aún, correspondiendo recordar que "a efectos de considerar la eventual configuración de un supuesto de suspensión de hecho del término de caducidad, los jueces deben valorar las concretas circunstancias del caso y calificarlas positiva o negativamente según su prudente arbitrio (Falcón, Enrique, 'Tratado de Derecho Procesal Civil', t. III, pág. 866)" (CSJT, sentencia Nº 74 de fecha 02/3/2010).

Es por ello también que, aún cuando la recurrente manifiesta que la decisión impugnada, de no ser modificada, produciría un agravio irreparable, tal afirmación no resulta suficiente, dado que no puede interpretarse que la misma obste definitivamente al reconocimiento del derecho pretendido en la demanda del presente proceso. Es por lo expresado, que la sentencia impugnada en esta instancia, claramente no es definitiva, no pone fin al pleito ni impide su continuación.

A partir de lo analizado, surge claramente que el pronunciamiento atacado no cumple con el requisito de definitividad en el criterio de este Tribunal, en el sentido de ser un recaudo propio y autónomo que no se satisface ni se suple por la invocación de arbitrariedad o de infracción a normas de derecho (CSJT, sentencia Nº 937 de fecha 10 de octubre de 2007).

Por su parte, tampoco se configura un supuesto de gravedad institucional, única con la virtualidad para superar el valladar constituido por la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado (cfr. CSJT, sentencia Nº 879 de fecha 03/9/2008). Con relación a la gravedad institucional, la misma no luce configurada en el presente caso, en tanto no se advierte que la cuestión bajo análisis exceda el interés particular de los litigantes, involucre valores que atañen a la colectividad, vulnere algún principio constitucional básico o comprometa el regular funcionamiento del servicio de justicia o la buena marcha de las instituciones.

A su vez, si bien se advierte que la recurrente invoca, como sostén de la pretendida gravedad institucional, la existencia de supuestas sentencias contradictorias entre las Salas de la misma Cámara y en situaciones similares, no menciona cual constituiría la sentencia que resulta contradictoria con el pronunciamiento impugnado en autos, todo lo cual, impide receptar su planteo. Por su parte, y sin perjuicio de lo analizado con relación a la ausencia de los requisitos de admisibilidad, cabe agregar aquí que el recurso analizado, de igual modo, debe ser rechazado, dado que es doctrina reiterada de éste Tribunal, que la declaración de nulidad de una sentencia dictada por el mismo tribunal que dictó el pronunciamiento que se pretende dejar sin efecto, si bien no presenta un impedimento formal sobre la vía (conf. CSJT, sentencia Nº 2 del 03/02/2010), mediante ella no se pueden corregir eventuales errores de juzgamiento, aun cuando pudieran estar referidos a materia de orden procesal, ya que la nulidad sólo puede aprehender vicios de actividad y no de juzgamiento (conf. CSJT, sentencia Nº 83 de fecha 28/02/2005), de igual modo se dijo que "Es reiterada la jurisprudencia de esta Corte en el sentido de que el incidente de nulidad no es la vía idónea para subsanar presuntos errores in iudicando, pues los vicios que deben imputarse en el mismo hacen a cómo el juez 'debe proceder', y no a cómo 'debe decidir' (cfr. CJSTuc., sentencia del 13/5/1997 en autos 'Esteves, Juan Carlos s/ Sucesión testamentaria. Inc. de remoción de administrador' y fallos allí citados)" (CSJT, sentencia Nº 474 del 10/6/2002).

En la especie, resulta claro que la sentencia de fecha 05/10/2010 deja sin efecto la sentencia de fecha 20/9/2010 invocando un error en el cómputo del plazo de prescripción, lo que constituye a las claras un supuesto error "de juzgamiento" (conf. CSJT, sentencia Nº 687, de fecha 27/8/2001), con lo que la sentencia impugnada en ésta instancia resulta ajustada a derecho al dejar sin efecto el pronunciamiento de fecha 05/10/2010, pues la vía de la nulidad de la sentencia no ha sido concebida para corregir eventuales errores 'in iudicando', sino que sólo puede aprehender los vicios de actividad.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso, declarando inadmisible el mismo y, por ende, mal concedido.

VI.- Atento a que la peculiar cuestión planteada puede, legítimamente, suscitar dudas sobre la interpretación correcta de las normas, corresponde que las costas de esta instancia sean impuestas por el orden causado (art. 105, inc. 1º, del CPCCT).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación deducido por la parte actora Provincia de Tucumán contra la sentencia Nº 319 de la Sala II de la Cámara en Documentos y Locaciones del 07/10/2011 (fs. 203). Corrido el traslado previsto por el art. 751 CPCyC, y contestado por la demandada (fs. 219/222 y vta.), el recurso fue concedido por resolución de fecha 28/02/2012 (fs. 226).

El pronunciamiento impugnado hizo lugar al incidente de nulidad promovido por Delia Rosa Martínez, Reinaldo Antonio Medina, Raúl Adolfo Medina, Juan Carlos Medina, Rodolfo Torres Medina y Jorge Orlando Medina (fs. 169/172) contra la sentencia del 05/10/2010 (fs. 156), y declaró su nulidad dejando subsistente el pronunciamiento del 20/9/2010 (fs. 152/153 y vta.). Impuso las costas por el orden causado.

2.- El recurso de casación ha sido interpuesto en término; contra una resolución que puede ser equiparada a sentencia definitiva no bien se advierte que la misma, al anular a la sentencia de fecha 05/10/2010, mantiene el pronunciamiento de fecha 20/9/2010 que dispuso hacer lugar a la excepción de prescripción liberatoria y rechazar en consecuencia la acción de cobro ejecutivo; denuncia infracción normativa, arbitrariedad de la sentencia y gravedad institucional basada en la existencia de pronunciamientos contradictorios entre distintas Salas de la misma Cámara que afectan el adecuado servicio de justicia; se basta a sí mismo; y se efectuó el depósito de ley (cfr. boleta de depósito de fs. 208). Consecuentemente el recurso en examen es admisible.

3.- El caso en examen ha sido objeto de un adecuado tratamiento en el dictamen del Sr. Ministro Fiscal (fs. 245/246 y vta.) cuyos fundamentos y conclusiones comparto. Tal opinión se expide por la procedencia del recurso y propone mantener los efectos anulatorios dispuestos por el decisorio del 05/10/2010 de la Sala II de la Cámara en Documentos y Locaciones (fs. 156) respecto de su sentencia de fecha 20/9/2010 (fs. 152/153 y vta.) y en lo sustancial señala que la decisión aquí impugnada declaró la nulidad de la sentencia del 05/10/2010 en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, lo que importa "un manifiesto exceso ritual incompatible con el buen servicio de justicia", toda vez que la decisión anulada había privilegiado ".la búsqueda de la verdad real que se frustraría por un simple error o una involuntaria omisión acaecida en la sentencia del 20/9/2010".

4.- Corresponde agregar que tal opinión es acorde con el criterio de esta Corte en el sentido que la preclusividad de las etapas procesales debe ser sostenida y defendida ante las efectivas decisiones de los magistrados y no sobre errores completamente ajenos a las mismas que desnaturalizan su objeto (cfr. CSJT, "G.P.D. s/ Abuso sexual con acceso carnal", sentencia Nº 672 del 16/9/2011). Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN) expresó que ".los loables motivos que inspiran el principio de inmutabilidad de las sentencias no son absolutos y deben ceder frente a la necesidad de afirmar el valor jurídico y objetivo constitucional de afianzar la justicia, entendiendo a esta como una virtud al servicio de la verdad sustancial, lo cual se expresa a través de una decisión judicial que conduzca a consagrarla y al reconocimiento de los derechos que surgen evidenciados de las constancias del proceso.(Fallos 310:1797; 311:133 y otros)" (CSJN, "El Soberbio S. A. s/ Conc. prev.", Fallos 327:2321, 15/6/2004, LA LEY 28/02/2005, 7).

En sentido concordante, la CSJN tiene establecido que "la interpretación de dispositivos procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de dar primacía a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento se vea turbado por un excesivo rigor formal, incompatible con un adecuado servicio de justicia y las reglas del debido proceso, máxime cuando reconoce base constitucional la necesidad de acordar primacía a la primera, de modo de impedir su ocultamiento ritual, como exigencia del art. 18 de la Constitución Nacional (v. doctrina de Fallos: 314:493; 317:1759; 320:428, 322:1526; 325:134, entre muchos otros)" (CSJN, "Gozza, Elio M. c. Kenia S.A.", Fallos 327:315, del 09/3/2004, del dictamen del Procurador General que la Corte hace suyo).

A la luz de tales principios, en las particulares circunstancias de la causa y en pos de un adecuado servicio de justicia, desde el máximo Tribunal de Justicia de la Provincia, intérprete final de la Constitución y custodio de los derechos y garantías reconocidos en dicha Ley Suprema, no es posible convalidar un grueso error como aquél en que incurrió la sentencia del 20/9/2010 (fs. 152/153 y vta.), que computó como fecha de interposición de la demanda el día 09/5/2006 cuando de la simple lectura de las constancias de autos surge que la verdadera fecha de inicio del juicio es el día 31/08/2005 (cfr. fs. 01, 13, 14 y 15) y, a raíz de tal equivocación, revocó la sentencia de primera instancia e hizo lugar a la excepción de prescripción liberatoria deducida por los codemandados, rechazando en consecuencia la acción de cobro ejecutivo interpuesta por la Provincia de Tucumán, imponiéndole además las costas (cfr. fs. 153 vta.).

Frente a tal evidente y reconocido error y teniendo en cuenta que su corrección no afectaría el derecho de defensa de ninguna de las partes -pues ambas contaron con las oportunidades procesales respectivas para obtener una sentencia fundada-, los jueces del Tribunal no podían soslayarlo sin incurrir en grave falta consistente en tolerar que se genere o lesione un derecho que sólo reconoce como causa el error (cfr. Doctrina legal CSJT, "Centeno Víctor Enrique vs. Municipalidad de Concepción s/ Enfermedad accidente" sentencia Nº 141 del 22/4/1994; "Gómez, Carlos A. vs. Christie S.A. s/ Indemnización por despido", sentencia Nº 163 del 27/4/1994; "Cía. Azucarera y Alcoholera Soler S.A. s/ Concurso preventivo (hoy Quiebra)", sentencia Nº 111 del 06/3/2001. En igual sentido, CSJN Fallos: 286:291, considerando 18).

En consecuencia -rechazando conducir el proceso en términos estrictamente formales o mecánicos a fin de evitar un ritualismo literal y un formalismo disvalioso en detrimento de una correcta administración de justicia- luce justificada y proporcionada a la finalidad perseguida la anulación de la sentencia del 20/9/2010, medida con la cual, por otra parte, se evita seguir produciendo un desgaste jurisdiccional innecesario. Al respecto la CSJN ha señalado que ".resulta procedente la intervención de la Corte Suprema con el objeto de corregir la actuación de los tribunales inferiores, si se configura un supuesto de transgresión a los principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia, imponiéndose el ejercicio de dicha facultad como un deber indeclinable a fin de preservar la defensa en juicio" (CSJN. "Seco, Nimia del Valle c. Reinoso, Dolores César", del 16/4/2002, La Ley Online - AR/JUR/8516/2002), y que ".esta constante orientación se sustenta en el hecho de que el cumplimiento de una sentencia informada por vicios semejantes, lejos de preservar, conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional, pues aquélla busca amparar, más que el texto formal del fallo, la solución prevista en él (doctrina de Fallos: 308:755)" (CSJN, "Banco Popular de Rosario S.A. c. Chaco T.V. Cable Color S.R.L. s/ Ejecutivo", Fallos 313:1836, 01/9/1992).

La nulidad de la sentencia del 05/10/2010 fue declarada -como bien lo señala el señor Ministro Fiscal- "en el solo interés del formal cumplimiento de la ley", con lo cual se frustró la búsqueda de la verdad real que surge, como dije, de la simple compulsa de las constancias de autos. Al respecto tiene dicho esta Corte que "el excesivo ritualismo que se observa en el pronuncimiento impugnado pone en evidencia el desconocimiento de la estrecha vinculación existente entre las normas procesales con las constitucionales, tanto explícitas (art. 18 de la CN) como las implícitas (gravedad institucional, debido proceso, derecho a una rápida, segura y eficaz solución, etc.); ello es así porque las normas procesales se presumen sancionadas en salvaguarda de los derechos constitucionales de los justiciables" (CSJT, "Luque, Emilio Salvador vs. Yune, Gerardo Miguel s/ Pago por consignación", sentencia Nº 849 del 28/8/2009).

Viene al caso la opinión de Morello en el sentido que ".el exceso ritual, tributario disfuncional del amor al sistema, o del rigor de las formas por las formas mismas, que al romper el equilibrio y la lógica interior del debate menoscaba los fines más encumbrados del proceso: hacer la justicia en el caso concreto, asegurando la paz y los resultados que se aguardan de la necesaria intervención de los jueces, que tienen el deber de preservar la seguridad jurídica (Corte Sup., Fallos 242:502 [JA 1959-III-132])" (Morello, Augusto M., "Lo que los jueces no deben hacer", JA 2003-IV-1243).

En función de todo lo expuesto arribo a la conclusión de que resulta inadmisible para esta Corte -en aras de un ritualista apego a las formas- mantener un pronunciamiento como el del 30/9/2010 que dirimió el caso en análisis sobre la base de un grosero error a partir del cual se puede lesionar un derecho. Insisto, sin temor a ser reiterativa, que la concepción del proceso justo significa ".no sacrificar la finalidad de hacer justicia al amor al sistema, ni privilegiar las formas por las formas mismas" (Morello, op. cit.). Y si bien es cierto que la parte actora podría aún plantear recurso de casación contra la sentencia del 30/9/2010, ello equivale a imponerle una carga procesal originada únicamente en el ostensible y reconocido error del órgano judicial interviniente. Se trata, por lo tanto, de una alternativa que desmerece el adecuado servicio de justicia que esta Corte está obligada a preservar, cumplir y hacer cumplir, y que soslaya por completo el dispendio jurisdiccional y la dilación en el tiempo que implica semejante solución. Ello así porque ".no es dudoso, pues, que nuestra Constitución Nacional -como derivación del derecho al debido proceso- garantice también, de modo innominado, el derecho a que las personas vean definidos sus derechos con arreglo a un proceso sin indebidas dilaciones." (CSJN, "Mezzadra, Jorge Oscar c. E.N. M. Justicia y DD.HH. s/ Daños y perjuicios", Fallos, 334:1302, voto del Dr. Lorenzetti, considerando 10º, 08/11/2011). Las costas originadas en el incidente de nulidad como las de esta instancia extraordinaria corresponde imponerlas por su orden, atendiendo a las concretas y particulares circunstancias del caso en el que el déficit o error del pronunciamiento impugnado proviene del órgano judicial (arts. 105 inc. 1 y 106 CPCyC).

Por todo lo antes considerado, corresponde Hacer Lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora y en consecuencia Casar la sentencia recurrida en base a la siguiente doctrina legal: "Compromete el adecuado servicio de justicia que el esclarecimiento de la verdad material se vea turbado por un excesivo rigor formal", y Disponer sustitutivamente: "I. NO HACER LUGAR al incidente de nulidad promovido por Delia Rosa Martínez, Reinaldo Antonio Medina, Raúl Adolfo Medina, Juan Carlos Medina, Rodolfo Torres Medina y Jorge Orlando Medina contra la sentencia del 05/10/2010 (fs. 156). II. COSTAS por su orden (arts. 105 inc. 1 y 106 CPCyC). III. RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad".

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal, doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Rodolfo M. Movsovich, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo y de conformidad con el referido dictamen fiscal (fs. 245/246 y vta.), la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE y, en consecuencia, MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por la parte actora (fs. 209/216) contra la sentencia Nº 319 de fecha 7 de octubre de 2011 (fs. 203), dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

II.- COSTAS del recurso como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR CLAUDIA BEATRIZ SBDAR RENÉ MARIO GOANE (En disidencia) RODOLFO M. MOVSOVICH ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.