Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-10-04


NEUQUEN, 4 de octubre de 2011 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "GOROSO FLORENTINO C/ ZOPPI SAC. E I. S/ ACCIDENTE ACCIÓN CIVIL" (EXP Nº 340904/6) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 a esta Sala I integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Federico GIGENA BASOMBRIO, en subrogancia legal -Acuerdo N° 4689 del TSJ- con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Patricia CLERICI dijo:

I.- A fs. 330/340 se dicta sentencia rechazando la excepción de prescripción opuesta por la demandada, declarando la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley de Riesgos del Trabajo, y haciendo lugar a la demanda; en consecuencia condena a Zoppi Hnos. S.A.C e I. a abonar a la actora la suma de $28.437,30 con más sus intereses y las costas del juicio.

La decisión es apelada por actora y demandada a tenor de los escritos de fs. 365/367 y 370/376 respectivamente, siendo contestados los mismos a fs. 378/380 (citada en garantía), fs. 382/385 (demandada) y fs. 387/389 (actora).

II.- Agravios de la actora: Luego de plantear la cuestión constitucional y hacer reserva de interponer recurso extraordinario federal, cuestiona la falta de consideración del grado de incapacidad determinado en la pericia médica y psicológica producidas en autos, como así también la cuantificación del daño patrimonial.

Sostiene que, contrariamente a lo afirmado por la a quo, en la demanda no se delimitó la pretensión indemnizatoria al 26,23% de incapacidad sino que se dejó supeditada la cuantificación del daño a lo que "en definitiva resulte de la prueba a producirse en autos y determine V.S de acuerdo a las constancias de la causa".

En tal sentido, afirma que de las periciales médica y psicológica practicadas en autos, surge que la actora presenta una incapacidad del 97,90%, por lo que debe elevarse la cuantificación del daño patrimonial.

Finalmente se agravia del monto determinado en la sentencia en concepto de daño moral, solicitando su elevación.

Agravios de la demandada: En primer término critica que la sentenciante haya considerado como fecha de inicio a los fines del cómputo del plazo de prescripción, la de la sentencia dictada en el juicio laboral.

Afirma que en el caso de autos, al momento de iniciarse las actuaciones, había transcurrido con exceso el plazo de prescripción de las acciones de reclamación indemnizatoria por responsabilidad derivada de accidentes o enfermedad del trabajo, conforme a las prescripciones del art. 258 de la LCT y 4037 del Código Civil.

A esos fines sostiene que resulta relevante la consideración de los siguientes hechos: que el actor afirmó que el accidente ocurrió el 29/10/2002; que el 11/09/2003 fue dado de alta; que el 07/10/2003 la Comisión Médica Nº 9 determinó que el actor había sufrido una "limitación funcional de hombro izquierdo", asignándole un porcentaje de incapacidad definitiva del 7,75%; que con fecha 14/11/2003 el Dr. Carlos Lozano extendió un certificado médico dando cuenta que al paciente, como consecuencia del accidente, se le produjeron lesiones en ambos hombros y dolor crónico en columna dorsolumbar, informando una incapacidad del 40% del VTO.; que la relación laboral concluyó por decisión del empleador con fecha 02/05/2003; que el juicio que tramitó ante el Juzgado Laboral Nº 3 (expte. nº 308518/4) -promovido el 20/05/2004- tenía por objeto el reclamo de la indemnización derivada de la LRT 24557 y no la del derecho común y, finalmente, que la presente demanda fue iniciada el 05/09/2006, sin que interín haya mediado algún acto suspensivo o interruptivo.

Concluye que si el actor pudo iniciar una acción judicial tendiente a percibir la indemnización derivada de la ley de accidentes de trabajo, bien pudo simultáneamente promover una acción civil por responsabilidad derivada del riesgo o vicio de la cosa, al margen de los concretos porcentajes de incapacidad que pudieran fijarse oportunamente, pues la acción se encontraba expedita desde entonces.

Se agravia asimismo por cuanto la sentencia exime de responsabilidad a la codemandada Liberty ART S.A. en clara violación, dice, a la doctrina judicial vigente en nuestra jurisdicción.

Destaca que la sentenciante, luego de considerar que el daño provenía de los vicios de los elementos utilizados en la obra de zanjeo, contradiciendo a los planteos del actor y a los propios argumentos dados en la sentencia, concluye que no medió por parte del empleador violación a su deber de seguridad, excluyendo a la aseguradora de la responsabilidad derivada de su falta de controles y de su omisión de las más elementales diligencias tendientes a prevenir la configuración del daño.

Por último, cuestiona que la sentencia hace correr el curso de los intereses desde el momento del hecho, lo cual se contradice con los argumentos referidos al curso de la prescripción, correspondiendo que aquellos sean calculados desde el dictamen de la Comisión Médica.

III.- Entrando al tratamiento de la cuestión traída a debate, diré que por un orden de metodología en la consideración de los agravios, y atento la naturaleza de los mismos, comenzaré por el primero de los cuestionamientos formulados por la parte demandada, referido al rechazo de la excepción de prescripción, el cual, adelanto, habrá de tener favorable acogida.

A esos fines, en primer lugar cabe recordar que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia en forma reiterada, debe tenerse en cuenta que la prescripción hace a la seguridad jurídica, ya que impide que los conflictos humanos se mantengan indefinidos, pero, a su vez y como se trata de un remedio por el cual se extingue el derecho a la acción, su interpretación debe ser restrictiva y en caso de duda debe estarse por la subsistencia del derecho.

En el caso de autos no se encuentra controvertida la aplicación de las normas de la legislación civil, atento a que la actora ha iniciado un reclamo por la vía del derecho común para obtener la reparación por accidente o enfermedad del trabajo, como así tampoco que el plazo que debe considerarse es el previsto por el art. 4037 del C.Civil, el cual establece que: "Prescríbase por dos años, la acción por responsabilidad civil extracontractual".

Así, en el caso, el conflicto se genera en cuanto al momento a partir del cual se debe comenzar a computar el curso de la prescripción, controvirtiendo el recurrente el criterio sustentado por la "a quo" que afirma que el plazo de dos años comenzó a correr desde la fecha de la sentencia que determina el porcentaje de incapacidad padecido por el Sr. Goroso, por considerar la sentenciante que a partir de ese momento el daño se muestra cierto y susceptible de apreciación y, como consecuencia, puede motivar el actual reclamo de daños y perjuicios.

Por su parte, la demandada sostiene que ya sea que el plazo comience a contarse desde el 29/10/2009 -fecha del accidente sufrido por la actora- o desde el 07/10/2003 -cuando la Comisión Médica determinó que el actor había sufrido una limitación funcional del hombro izquierdo asignándole un porcentaje de incapacidad definitiva del 7,75%- o desde el 14/11/2003 -cuando el Dr. Carlos Lozano extendió un certificado médico informando que el actor como consecuencia del accidente posee una incapacidad del 40%- lo cierto es que al momento de iniciarse la presente acción, el plazo de prescripción se hallaba cumplido.

De lo expuesto y analizadas las constancias de la causa y del expediente laboral nº 308518/4 que tengo a la vista, encuentro que asiste razón a la demandada en cuanto a que al momento de iniciarse la presente acción -04/09/2006- la misma se encontraba prescripta.

En torno a la acción civil, resolvió la C.S.J.N. que "la prescripción liberatoria no puede separarse de la causa de la obligación jurídicamente demandable" (C.S.J.N. "Minond, Luis c. Pcia. de Buenos Aires" 05/12/2000) y que "el punto de partida de la prescripción del art. 4037 del Código Civil debe considerarse desde que el actor tuvo conocimiento que la acción indemnizatoria quedó expedita en su favor." (C.S.J.N. Gallo, María D. c. Pcia. de Buenos Aires, 21/10/1982).

De este modo para que la prescripción comience a transcurrir, lo que se requiere es la toma de conocimiento por parte del trabajador de su incapacidad, circunstancia que, considero, no ha sido debidamente valorada por la jueza de grado.

En tal sentido, juzgo que a partir de que la Comisión Médica nº 9 determinó los daños físicos que fueron secuelas del accidente, diagnosticando al actor una incapacidad laboral permanente y definitiva del 7,75%, él pudo merituar que la reparación del régimen de la LRT sería a su juicio insuficiente y, en consecuencia, ejercer la acción resarcitoria del derecho común, por lo que a partir de ese momento comenzó el plazo de prescripción de esta acción de responsabilidad extracontractual.

Ello es así, no obstante que el porcentaje de incapacidad fuera luego modificado en la sentencia dictada en el expediente laboral nº 308518/4 que iniciara el actor, en virtud de la impugnación al dictamen de la Comisión Médica Nº 9, puesto que lo cierto es que el daño para entonces era conocido por el accionante, más allá de la disconformidad con su cuantificación y pudo ejercer la acción resarcitoria del derecho común.

A lo dicho cabe agregar: "...el comienzo del plazo de la prescripción no puede estar referido a hechos que dependan simplemente del voluntarismo de alguna de las partes, sino que debe atenderse a hechos objetivos sobre los cuales no se genere duda para el comienzo del cómputo del mismo.

En este aspecto el plazo de prescripción no puede quedar abierto ni cerrarse a voluntad de la actora o de la demandada, ya que en este caso le bastaría a la primera efectuar una simple manifestación al promover el juicio sobre la fecha de toma de conocimiento para, en el caso, invalidar los efectos de la prescripción, o a la contraria, de igual modo, hacer valer la prescripción opuesta." "En autos se ha establecido en forma concreta y fehaciente, la fecha en que el actor tomó conocimiento de su incapacidad, para poder así establecer un cómputo válido y objetivo." ("Iranzo Anibal Sixto C/ MALLARD DRILLING OF S. AMERICA Y Otro S/ Indemnizacion", PI 2001- Tº IV- Fº687/689- Nº 346 30/10/01).

Por lo expuesto, no cabe más que concluir que desde el 07/10/2003 -dictamen de la Comisión Médica- y hasta la interposición de la demanda, transcurrieron casi tres años, que superan el bienal del art. 4037 del C.Civil, señalando que ni se alegó ni se advierte causal de suspensión o interrupción de la prescripción por parte del accionante.

En virtud de ello, deviene abstracto el tratamiento del resto de los agravios formulados por las partes.

IV.- Propongo, en consecuencia, se haga lugar al agravio de la demandada y se revoque la sentencia cuestionada haciendo lugar a la defensa de prescripción y rechazando la demanda, con costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 68 CPCyC).

Dado el resultado de la apelación, corresponde proceder a la regulación de los honorarios de primera instancia y de Alzada de acuerdo con la Ley arancelaria.

Tal mi voto.

El Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRÍO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede adhiero al mismo.

Por ello, esta SALA I RESUELVE:

1.- Revocar la sentencia de fojas 330/340 haciendo lugar a la defensa de prescripción y, en consecuencia, rechazar en todas sus partes la demanda incoada por FLORENTINO GOROSO contra ZOPPI HNOS SACI.

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 68 CPCyC).

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en la anterior instancia los que, adecuados al nuevo pronunciamiento, se fijan en las siguientes sumas: ...

4.- Regular los honorarios de Alzada en las siguientes sumas: ..., (art. 15, LA).

5.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRÍO - Dra. Patricia M. CLERICI Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 178 - Tº V - Fº 883 / 887 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2011.