Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-11


000019/2009 --- En la ciudad de Trelew, a los 11 días de mayo del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S. J. D. c/ B. M. S.A. s/ Cobro de Pesos - Laboral Ficha 9467" (Expte. 19 - Año 2009 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 187.-------- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:	--- Vienen estos actuados a conocimiento de la alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 174) en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 172/173 y vta.) por el cual se hace lugar parcialmente a la demanda condenando a "B. M. S.A." a que, en el plazo que fija, le abone la suma de $ 277,39, con más los intereses determinados en el considerando II; imponiendo las costas por el orden causado.--------------------- El informe previsto por el art. 62 de la ley 69, luce agregado a fs. 178/180 vta..------------ Ordenado su traslado a la contraria (fs. 181), éste es evacuado por escrito que se encuentra glosado a fs. 182/183. I.- Se agravia de que se hubiera desestimado la procedencia de la indemnización prevista por el art. 80 de la L.C.T., último párrafo incorporado por el art. 45 de la ley 25.345, por considerar que la certificación entregada lo ha sido en los términos previstos en la citada norma. Señala que la Sra. Juez a quo argumentó para rechazar el rubro en cuestión que al haber reconocido su parte la firma inserta en el documento de fs. 33, debe considerarse cumplida por la demandada tal obligación. Indica que omitió la sentenciante considerar que la firma inserta en el documento de fs. 33 sólo demuestra que recibió el original del certificado de trabajo pero nada dice respecto de las constancias documentadas de ingreso de aportes exigidas por el párrafo primero del citado art. 80 de la L.C.T.. Sostiene que de la literalidad del primer párrafo aludido surge diáfanamente que la obligación de ingresar los fondos de la seguridad social configura una obligación contractual y la obligación de extender la constancia documentada que acredita el cumplimiento cabal de esta obligación debe considerarse accesoria de dicha obligación personal. La constancia documentada, expresa, es un requisito inserto en la ley y no puede ser soslayado mediante otro documento. A mayor abundamiento, resalta que la propia accionada ha reconocido textualmente no haber entregado la constancia de aportes y contribuciones al SIJP. De ello se desprende, dice, que la interpretación que realiza la sentenciante no sólo deviene en forzada sino también arbitraria pues tenemos por un lado a la demandada reconociendo no haber dado cumplimiento a la exigencia impuesta por el primer párrafo de la norma y por el otro, a la magistrada que omitiendo el reconocimiento expreso, considera que la certificación entregada lo ha sido en los términos del art. 80 de la L.C.T.. Destaca que su parte requirió la entrega del certificado de trabajo con los requisitos consignados en el apartado primero de la norma. Por ello, postula que si ha cumplido su parte con los requisitos establecidos por el art. 45 de la ley 25.345 y Dcto. 146/01, y la accionada no ha dado cumplimiento a la obligación impuesta por la norma, frente a su morosidad, debe condenarse a abonar la indemnización establecida para tal supuesto. En tal sentido, continúa, el citado artículo 80 de la L.C.T. establece una indemnización a favor del trabajador en caso que el empleador incumpliera, a saber: a) con la obligación de dar consistente en la entrega de la constancia documentada de los aportes y contribuciones que deben ingresar a los organismos de la Seguridad Social; y b) con la obligación de hacer referida a la entrega de un certificado de trabajo. Cita jurisprudencia de esta Cámara de apelaciones a la que remito por razones de brevedad. Insiste que su parte, conforme surge del telegrama remitido con fecha 08/01/07 intimó fehacientemente a su ex empleadora a fin de que diera cumplimiento a lo establecido en los apartados primero, segundo y tercero del art. 80 de la L.C.T. y esa intimación tuvo por objeto exigir las constancias referidas al ingreso de los fondos de Seguridad Social y los sindicales a su cargo. Es por ello, concluye, que la copia del certificado de trabajo entregado obrante a fs. 33, la demandada no cumplió cabalmente con los requisitos dispuestos por la norma. Asevera que el citado documento no satisface los requisitos fijados por el art. 80 párrafo primero de la L.C.T. pues no acredita el cumplimiento de la obligación de dar constancia documentada de los depósitos realizados, para lo cual debió entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. Por ello, expresa, ante el requerimiento de su parte la demandada ha quedado incursa en el incumplimiento tipificado por la norma: la falta de entrega de constancias documentadas del ingreso de los fondos a la seguridad social y sindicales. Recuerda lo resuelto por el S.T.J.Ch. in re SER N° 23/06 del 26/12/07, en párrafo que trascribe. Asimismo, señala, que si bien la finalidad de la ley 25.345 es evitar la evasión fiscal, ello no impide otorgar al trabajador la indemnización prevista en el último párrafo del art. 80 de la L.C.T., agregado por la referida ley, si se configura por el empleador alguno de los incumplimientos que la misma contempla, apoyándose para ello en antecedente de ésta Sala B de la Cámara de apelaciones al que remito. Cita jurisprudencia del S.T.J.Ch. en apoyo de su posición a la cual también remito. Afirma que la demandada solo cumplió parcialmente, al omitir entregar la constancia de aportes y contribuciones, por lo que corresponde se condene a abonar la multa establecida en el citado art. 80 de la L.C.T..-------------- II.- En los límites demarcados por el agravio antes reseñado comenzaré por resaltar que la Sra. Juez a quo estableció lo siguiente: "Finalmente y atento el reconocimiento de firmas que efectuara el actor en oportunidad de recibir la prueba confesional (ver fs. 89, primera posición) corresponde desestimar el reclamo de la multa prevista por el art. 45 de la ley 25.345, en tanto la certificación entregada lo ha sido en los términos del art. 80 L.C.T."(sic)(ver: 4to. párrafo del considerando de fs. 173).--------------------------------------- Efectivamente, se constata que el actor al responder a la posición primera de su confesional reconoció la firma obrante al pié de la documental agregada a fs. 33 (vide: fs. 89). Si nos remitimos al instrumento cuya firma fuera reconocida por el actor, se observa que la leyenda que precede a la suscripción ológrafa de S. dice los siguiente "En la ciudad....recibo un original del presente certificado, el Certificado de Remuneraciones y Servicios de la ANSeS (Formulario PS6.2) y mi libreta de Fondo de cese laboral RI NC 508275144 cuya rúbrica se hizo el día 26/05/2006"(sic)(fs. 33).----------- Ahora bien, es cierto que ante la intimación oportunamente cursada por el actor por vía del T.C.L. 67367952 de fecha 08/01/2007 (fs. 4 y 30), la patronal respondió específicamente haber entregado el certificado de trabajo donde consta expresamente que realizó los aportes y contribuciones correspondientes de ley remitiendo a continuación a que lo corrobore en los siguientes términos: "No obstante ello, y en el supuesto en que Ud. quisiera corroborar en el organismo recaudador la existencia de tales aportes, podrá hacerlo ingresando a través de internet, a la página WWW.anses.gov.ar en el sitio "mis aportes" donde ingresando su número de CUIL, obtendrá la mencionada información" (sic) (ver: C.D. ********** del 11/01/2007 -fs. 5 y 29-).-------------------------------------- Y, efectivamente, habiendo seguido tal constatación para lo cual se requiere utilizar el número de CUIL del Sr. S. que surge de su ficha de legajo personal (fs. 31) -lo cual no hice por razones obvias- pude acceder fácilmente a las puertas de acceso a dicha información, lo cual no concreté por cuanto se exige una clave que debe auto-generarse y habilitarse con posterioridad con la impresión y presentación al C. A. u O. de un formularios que emite el sistema informático del ente recaudador acompañando el documento de identidad del titular o requirente de la información de los datos personales obrantes en la ANSeS. Dicho procedimiento no parece inaccesible de modo alguno, desde que cualquier persona, aún neófita en el manejo de los medios virtuales, con solo seguir las instrucciones puede proveerse por sí misma de la información relativa a los aportes ingresados por su empleador al Sistema de seguridad social y previsional.------------------------ De tal modo, se satisface el interés perseguido por el trabajador y por la misma norma de mentas (Art. 80 de la L.C.T.) cual es, acceder a la información veraz. Esto es, saber cuánto y cuándo se depositó, de modo de permitir al trabajador reclamar por sus derechos de seguridad social o sindicales en los ámbitos que corresponda.-------------------- Ello no implica desconocer que efectivamente, tal como lo postula el recurrente la obligación de entrega de las constancias documentales del pago de las cotizaciones a ingresar con destino al sistema de seguridad social y los aportes sindicales consiste en una obligación de dar las constancias documentales -comprobantes de depósito de las contribuciones debidas como obligado directo por el empleador y de los aportes y cuotas a cargo del trabajador retenidas por aquél-. Mientras que la obligación de entrega del certificado si bien se perfecciona con un dar, esto es se materializa con la misma, el contenido relevante de dicha obligación es la de proveer la información que corresponda al tiempo de prestación de servicios; esto es: la naturaleza de éstos; los salarios percibidos; los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social; y, la calificación profesional obtenida. Todo ello sin exigencia de respaldo documental alguno, lo cual supone en su esencia un hacer (Conf. Ackerman, Mario en "La modificación del artículo 80 de la LCT", en Revista de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal Culzoni, número extraordinario "La reforma laboral-II", año 2001, págs.41 y sgtes.).--------------------- Empero se ha entendido con razón que "El cumplimiento de la obligación patronal prevista en el art. 80 LCT ha de juzgarse de acuerdo con las circunstancias normales que la enmarcan y habida cuenta de la disponibilidad permanente de la información en cuanto a los aportes, al exceder notablemente el nivel de disponibilidad permanente de la información en cuanto a los aportes, al exceder notablemente el nivel de disponibilidad previsto en su momento por el legislador, hace razonable el desuso en que ha caído esta parte de la norma primitiva" (Conf. CNTrab., Sala III, 20/12/04, in re: "Luna, Paola c/ Fidelitas S.A. s/ Certificación de servicios", cit. por Fernández Madrid, Juan Carlos, en "Tratado Teórico Práctico de Derecho Laboral", Ed. La Ley, ed. Año 2007, T. II, pág. 1976, n° 15.41.3.).------ Por lo expuesto, entonces, concluiré proponiendo al acuerdo la desestimación del recurso de apelación planteado. Así lo voto.---------------------- III.- Conclusión:	--- Por lo que vengo de decir, pues, corresponderá confirmar el fallo venido en apelación en lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a cargo de la parte actora recurrente vencida en ella (Conf. Arts 59 de la ley 69 y 279 del C.P.C.C.).------ Los honorarios de la Dra. J. L. F., letrada apoderada del actor, por sus tareas de segunda instancia, apreciándolas por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado fijarlos en la suma de $ 125, con más el I.V.A. pertinente (Conf. Arts. 6, 7, 8, 9, 14 y 19 de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).-------------- Finalizo expidiéndome en la presente cuestión por la AFIRMATIVA.--------------------------- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 174, que fuera concedido a fs. 175, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 172/173 y vta. que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por J. D. S. y condenó a B. M. S.A. al pago dentro del plazo de cinco días de la suma de $277,39.-, con más sus intereses, en concepto de adicional extraordinario adeudado y diferencias sobre el sueldo anual complementario, en tanto que rechazo las diferencias reclamadas por el mes de julio de 2006 y la indemnización prevista por el art. 45 de la ley 25.345, con imposición de costas por su orden y las comunes por mitades.	El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 178/180 y vta., el traslado conferido a fs. 181 fue evacuado por su contraria a fs. 182/183, y la relación sucinta de la cuestión planteada fue desarrollada por el Dr. Lucero, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en su caso corresponda realizar.	2. No es hecho controvertido que se le entregara al actor la certificación de servicios y remuneraciones mediante el formulario PS 6.2. pues ese dato fáctico fue admitido en el escrito inicial de demanda (ver p. III, fs. 17, renglones 15 a 17), por lo que el reconocimiento de firma efectuado por esa parte de la documental que luce a fs. 33 (respuesta a la 1ª posición, fs. 89) no resulta dirimente para dilucidar la cuestión planteada.	En efecto, el reclamo indemnizatorio se basó en la circunstancia de que la entrega de esa certificación se efectuó " ... sin dar cumplimiento a las demás exigencias establecidas por la citada norma. ...", motivo por el cual "... intimó mediante telegrama de fecha 08/01/07 a efectos de que ... se le haga entrega del certificado de trabajo con las constancias de ingreso de aportes y demás requisitos establecidos en el Art. 80 LCT ..." (fs. 17, renglones 17 a 19, 20/21, y 22 a 24, respectivamente).	Y esa intimación cursada por el accionante contiene, entre otros reclamos, la de "... hacer entrega del certificado de trabajo con las constancias de haber ingresado los aportes previsionales correspondientes al sistema de seguridad social y demás requisitos establecidos en la citada norma ..." (telegrama del 08/01/2007, fs. 4).	Ante dicho requerimiento en su contestación la hoy demandada señaló que entregó el certificado "... en el cual consta expresamente que hemos realizado los aportes y contribuciones correspondientes de ley ..." (carta documento del 11/01/2007, fs. 5).	Con tales alcances, corresponde precisar que el último párrafo del art. 80 de la L.C.T., agregado por el art. 45 de la ley 25.345, establece una indemnización a favor del trabajador en caso que el empleador incumpliera, a saber: a) con la obligación de dar consistente en la entrega de la constancia documentada de los aportes y contribuciones que deben ingresar a los organismos de seguridad social; o b) con la obligación de hacer referida a la entrega de un certificado de trabajo.	Y el art. 80 de la L.C.T. impone al empleador dos obligaciones que se diferencian por su objeto. El primer párrafo, luego de atribuir carácter contractual al deber del empleador de ingresar los fondos de seguridad social y los sindicales a su cargo, sea como obligado directo o como agente de retención, le impone el deber de entregar al trabajador constancia documentada de ello subordinado a su requerimiento expreso. El objeto de esta obligación de dar es la entrega de copia de los comprobantes de depósito de las contribuciones debidas como obligado directo por el empleador y de los aportes y cuotas a cargo del trabajador retenidas por aquél con destino a la seguridad social o sindicales. El segundo párrafo establece una obligación que consiste en otorgar al trabajador un certificado de trabajo ... El otorgamiento del certificado es así comparable a la locación de obra, cuyo objeto no deja de suponer principalmente una obligación de hacer, aunque lógicamente ella presuma su entrega al comitente (Ackerman, "La indemnización por incumplimiento de las obligaciones del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo (t.o.)", D.T. 2001-A, 544/545 y 546, respectivamente).	En el primer supuesto se trata de una obligación de dar una constancia documentada del cumplimiento de la obligación del empleador de ingresar los fondos de seguridad social y los sindicales que se satisface con la entrega de copia de los depósitos efectuados.	En el segundo supuesto la norma impone una obligación de hacer que consiste en la entrega al momento de la extinción de la relación laboral de un certificado de trabajo, conteniendo entre otros datos "constancia . de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social".	Y si bien el actor admitió expresamente la recepción del formulario ANSES PS.6.2 (demanda, fs. 17; absolución de posiciones, respuesta a la 1a posición, fs. 89) es evidente que con la entrega de dicho formulario la empleadora no cumple acabadamente con la obligación de otorgar el certificado de trabajo.	Es que, el citado formulario no satisface los requisitos fijados por el art. 80, segundo párrafo, de la L.C.T., pues por tratarse de un certificado de servicios y remuneraciones no precisa dato alguno respecto de los aportes y contribuciones efectuados a los organismos de seguridad social, y no hay cumplimiento si la información resulta incompleta.	Es criterio sentado por esta sala B, c. 20.030, S.D.L. 03/05, c. 20.134, S.D.L. 9/2005, c. 20.176, S.D.L. 20/2005, c. 20.321, S.D.L. 26/2005, c. 20.647, S.D.L. 53/2005, c. 21.532, S.D.L. 39/2006, c. 22.143, S.D.L. 41/2007; y también por la sala "A", c. 19.982, S.D.L. 66/2004, c. 20.144, S.D.L. 08/2005, c. 20.175, S.D.L. 21/2005, c. 20.993, S.D.L. 06/2006.	En este direccionamiento, no cualquier certificación cubre la obligación impuesta por el art. 80 de la L.C.T, por lo que cabe tener por insatisfecha la obligación si la información volcada no resulta veraz y exacta.	Es criterio de esta sala "B", c. 19.766, S.D.L. N° 54/2004; y c. 19.783, S.D.L. 58/2004.	Y en ese direccionamiento, el certificado que en copia luce a fs. 35 no satisface los requisitos fijados por el art. 80, segundo párrafo, de la L.C.T., pues en el mismo no se precisa dato alguno respecto de los aportes y contribuciones efectuados a los organismos de seguridad social.	Así, con la entrega de dicha constancia la obligación de hacer a cargo del empleador está incumplida, pues la falta de integridad importa inejecución, ya que si en materia convencional el obligado a hacer debe ejecutar el hecho en tiempo y modo propio y si de otra manera lo hiciere se tendrá por no hecho (art. 625 del Código Civil), más aun cuando se trata del cumplimiento de una obligación legal.	Y una de las obligaciones del empleador que nacen de la extinción del contrato de trabajo, es la de otorgar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre: el tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos, constancia de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social, calificación profesional obtenida. El empleador cumple, en este caso, suministrando, por escrito, la información que corresponda a estas circunstancias. En el caso del certificado de trabajo, si bien el cumplimiento se perfecciona con su entrega, lo relevante es la información que el empleador debe incluir en él, lo que supone un hacer. No habría cumplimiento, en cambio, si la información fuera inexacta o incompleta (Ackerman, comentario citado precedentemente, D.T. 2001-A, 545/546 y 550, respectivamente).	Y la incompleta información contenida en dicho documento no queda subsanada por una eventual falta de cuestionamiento de la parte actora al momento de su entrega, toda vez que los recaudos exigidos por el art. 80, segundo párrafo, de la L.C.T. y la sanción contemplada en el último párrafo de la citada norma no es materia disponible para el trabajador por ser alcanzada por el principio de irrenunciabilidad, una de las manifestaciones del orden público laboral (art. 12 L.C.T.).	Es criterio sentado por esta sala "B", c. 20.321, S.D.L. 26/2005.	Tampoco se subsana con el denominado "Certificado de Trabajo" que luce a fs. 33 pues el mismo se limita a indicar "... habiéndose realizado los aportes y contribuciones correspondientes de ley", y en consecuencia no brinda los datos referidos a los importes y fechas en que se efectuaron los mismos.	De tal modo, el incumplimiento tiene por fundamento la incompleta información que resulta del certificado de trabajo y de la certificación de servicios y remuneraciones (Formulario ANSES PS 6.2.) que lucen a fs. 33 y 35, respectivamente, y ello constituye el presupuesto de hecho para la procedencia de la indemnización contemplada en el último párrafo del art. 80 de la L.C.T. (agregado por el art. 45 de la ley 25.345).	Así tuve oportunidad de votar en caso similar al presente, en c. 20.316, S.D.L. 23/2005, y en la que dirimiera la disidencia el Dr. Velázquez al expresar en el mismo sentido que " ... el formulario del ANSES denominado P.S.6.2, que no satisface los requisitos establecidos en el art. 80 párr. 2º L.C.T. ... pues se trata de un certificado de servicios y remuneraciones que no consigna en cambio dato alguno acerca de los aportes y contribuciones efectuados a los organismos de seguridad social ... Tampoco los cumple el autodenominado "certificado de trabajo" de fs. 34, limitado como fue a hacer constar el lapso de los servicios, las remuneraciones percibidas y manifestar que se efectuaron los correspondientes aportes y contribuciones, pero sin informar dato alguno en cuanto sus precisos importes y fechas en los que se habría efectuado ... ".	Con tales alcances, el hoy actor cursó requerimiento en forma oportuna el 08/01/2007 atendiendo al plazo previsto por el art. 3 del decreto 146/2001, por lo que resulta acreedor a la indemnización dispuesta por el último párrafo del art. 80 de la L.C.T., agregado por el art. 45 de la ley 25.345).	Tocante al monto por considerar debe señalarse que el módulo indemnizatorio establecido por el art. 80, último párrafo, de la L.C.T. es idéntico al previsto por el art. 245 de la L.C.T.	En ese contexto, la habitualidad implica la persistencia de rubros remuneratorios en la retribución, es decir, la reiteración de pagos por determinados conceptos, puesto que habitual significa, en el texto legal, aquello que se produce con continuidad, que se repita o reitera. Lo normal es aquello que ordinariamente ocurre y en materia remuneratoria es un término que puede ser conceptualizado en virtud de lo opuesto: lo anormal, que sería un ingreso desde todo punto de vista excepcional y que no responde a la forma como se ha desarrollado el contrato (Etala, "Contrato de trabajo", Astrea, 2000, págs. 578/579).	En ese marco, la habitualidad y normalidad en modo alguno responde a la noción de una remuneración sin variaciones, pues lo que fundamentalmente interesa para la definición legal es la persistencia de conceptos remuneratorios en la retribución mensualmente considerada, y no su monto (Meilij, "Contrato de trabajo", Depalma, 1981, T. II, par. 1936, pág. 500, y cita de fallos en su nota n° 1976).	Y el concepto de sueldo o salario abarca la totalidad de las retribuciones debidas al trabajador por los servicios que presta al principal, incluyendo las variables que dependen de la extensión o resultado de la jornada de trabajo, tales como las comisiones, los premios a la producción, el pago de la labor a destajo y el de las horas extraordinarias. Así se pronunció el Superior Tribunal de Justicia, ya que toda bonificación o gratificación que se abone con motivo del contrato de trabajo debe reputarse como remuneratoria, tanto en cuanto dependa de circunstancias vinculadas con la empresa (producción, venta, etc.) o con el trabajador (dedicación, pautas de conducta o producción) (S.T.J. en autos "R., J. A. c/A. *******.", S.I. 86/87).	En tales condiciones, la cuestión no finca en que se traten de remuneraciones que oscilan en su monto, sino de que los rubros tenga persistencia, de modo de excluir del cálculo de la indemnización aquellos rubros extraordinarios.	Caso contrario, si la remuneración se integra por elementos fijos y variables, y estos últimos han sido normales y habituales, sus importes se integran en forma mensual a los fijos, y el resultado se traduce en la "mejor remuneración mensual" que deberá tomarse como base de cálculo.	Esta es la postura adoptada en minoría por el suscripto en c. 19.783, S.D.L. 58/2004 de esta sala "B", y a cuyo respecto el S.T.J. en S.R.E. 01/06 del 16/02/2006 tuvo oportunidad de señalar que el art. 245 de la L.C.T. alude a "la mejor" remuneración y no a promedio alguno, y que cuando la norma a estudio alude a la "mejor remuneración", está partiendo de la premisa de la variabilidad, por cuanto no se puede sostener que una cifra es "mejor" si todas son idénticas. Mientras que la "habitualidad" implica la persistencia de rubros remuneratorios en la retribución es decir, la reiteración de pagos por determinados conceptos, puesto que habitual significa, en el texto legal, aquellos que se produce con continuidad, que se repita o reitera. En cuanto al término "normal" es aquello que ordinariamente ocurre (del voto del Dr. Pasutti).	Por ello, desde que las horas extras forman parte del salario y se computan (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 3ra. ed. act., 2007, T. II, págs. 1988/1989), y que la remuneración debe considerarse computando los importes brutos y no los netos (esta Cámara ya en su composición de sala única, c. 10.836, S.D.L. N° 31/94; sala A, S.D.L. 46/97 y 36/01; y por esta sala "B", c. 15.700, S.D.L. 04/00, c. 19.345, S.D.L. 20/2004, c. 19.629, S.D.L. 46/2004, y c. 22.488, S.D.L. 19/2008), en atención a los recibos incorporados a la causa (fs. 6/14 y 42/49) y sin considerar el mes de septiembre de 2006 por incluir la liquidación final, estimo apropiado efectuar el cálculo en función de los haberes del mes de agosto de 2006 que asciende a $2.760.- (1ra. y 2da. quincena: $1.783.- más $977.-, fs. 11 y 12), por lo que el monto de la indemnización asciende a $8.280.- (3 por $2.760.-).	Tales razones llevan a acoger favorablemente el agravio y ello conduce a incrementar el monto de condena por el referido rubro.	3. En consecuencia, propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para elevar el capital de condena a la suma total de pesos ocho mil quinientos cincuenta y siete con treinta y nueve centavos ($8.557,39.-), como consecuencia de acoger favorablemente el rubro indemnización art. 80, último párrafo, de la L.C.T., agregado por el art. 45 de la ley 25.345, con más los intereses establecidos en la anterior instancia.	La revocatoria que se propicia lleva a adecuar las costas y honorarios establecidos en la anterior instancia (art. 279 del C.P.C.C.).	En lo que hace al régimen de costas, el art. 59 de la ley 69 no establece un principio general de aplicación mecánica y automática, ya que permite siempre discernir la condición de derrotado o vencido en un enfoque global del resultado del pleito, mediante un prudente análisis particularizado a la cuestión en debate (conf. S.T.J. en autos caratulados "C. L. c/Pcia. del Chubut", S.D. 7/91; y "C. de R. c/Chubut Construcciones y otro", S.D. 3/93).	Así, debe ponderarse la naturaleza de la acción entablada, el principio establecido por la ley de procedimiento laboral, y el resultado económico del pleito, atendiendo para ello a los rubros pretendidos que fueran acogidos y el monto definitivo de condena.	Con tales pautas y teniendo en cuenta que de las pretensiones deducidas (fs. 18 vta./19) prosperan las referidas al adicional extraordinario, diferencias sobre el sueldo anual complementario e indemnización art. 80 de la L.C.T., las de mayor contenido económico, estimo prudente imponer las costas de primera instancia en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% a cargo del actor, por ajustarse así en forma proporcional y adecuada al resultado de la litis, en concordancia con el principio antes señalado y los vencimientos recíprocos habidos en función del resultado final del proceso (arts. 59 de la ley 69 y 71 del C.P.C.C.).	Asimismo, al adecuar a este decisorio los honorarios de la anterior instancia, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales, entiendo que resulta prudente fijar los emolumentos de las Dras. J. L. F. y C. B., letradas apoderadas de las partes actora y demandada, en las sumas porcentuales equivalentes al 18,2% y 15%, respectivamente, del importe del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 8, 9, 19, 39, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.	El éxito del único agravio traído por el apelante llevan a imponer las costas de segunda instancia a la parte demandada vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).	Finalmente, conforme a las pautas apreciativas ya indicadas y lo dispuesto por el art. 14 de la ley del arancel, entiendo prudente regular los honorarios de las Dras. J. L. F. y C. B., por las tareas desplegadas en esta instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 5,46% y 3,75%, respectivamente, del ya aludido importe del proceso, con más el I.V.A. pertinente.	Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.	--- A ESTA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó:	--- Soy convocado a dirimir la disidencia entre los colegas que me precedieran en la votación, remitiéndome a sus respectivos votos en cuanto al relato de los hechos y determinación de los agravios, ello en homenaje a la brevedad. Los señores vocales preopinantes han discrepado en cuanto al rechazo que, en la sentencia de origen, se estableció en cuanto al reclamo de la multa prevista por el art. 45 de la ley 25345, dado que la certificación entregada por la demandada lo fue en los términos del art. 80 de la LCT (ver fs. 173, 4to. párrafo).---- I.- La discrepancia entre los colegas se circunscribe a si el certificado de trabajo de fs. 33, reconocido por el actor a fs. 89 -primera respuesta- cumple con lo dispuesto por el art. 80 de la LCT, dado que en él surge que el actor recibió un original del mismo así como el formulario ANSeS PS.6.2.--- --- En otros antecedentes de esta Sala ya me he expedido sobre la cuestión traída a decisión (ver mi voto en CANE, Sala "B", SDL Nº 73/07 del 28/12/07, in re: "A., A. M. c/ I. S.A. s/ cobro de pesos. laboral"; y SDL Nº 36/09 del 05/05/09, in re: "P., J. O. c/ De la C. P. S.A. s/ indemnización de ley"). En dichos precedentes consideré que el art. 3 del decreto 146/01, que reglamenta el art. 45 de la ley 25345, que a su vez modifica el art. 80 de la LCT reza: "El trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los aps. 2 y 3 del art. 80 de la LCT 20744 (t.o. por decreto 390/76) y sus modif., dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo". El actor cumplió con la intimación referida en el plazo legal, esto es luego de los 30 días de extinguido el vínculo, tal como surge del telegrama de fs. 04, frente a lo cual la demandada contestó a fs. 05, manifestando que ya había cumplido con dicha obligación mediante la entrega del referido certificado de fs. 33.-	Al respecto, es del caso señalar, como lo dijera en los antecedentes citados, que en el art. 80 de la LCT se regula lo que a nivel doctrinario y jurisprudencial se afirma que son dos obligaciones del empleador a las que se refiere la citada norma: a) la entrega de la constancia documentada del depósito de los aportes y contribuciones correspondientes a la seguridad social y sindicales y b) la entrega de un certificado de trabajo, con las indicaciones que prevé el segundo párrafo del mismo artículo, a las que debe adicionarse la información sobre la formación profesional adquirida por el trabajador, de acuerdo con la modificación introducida por la ley 24756 (conf. Livellara, Carlos A., en Rodríguez Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, 2007, Tº II, págs. 1024/1025).-	Con relación concreta a la entrega de la constancia documentada del depósito de aportes y contribuciones, se ha dicho que junto a la obligación principal de ingresar los fondos destinados a sindicatos y organismos de la seguridad social, el art. 80 de la LCT estatuye a cargo del empleador el deber accesorio de entregar al trabajador, si éste lo solicita, al extinguirse el contrato, constancia documentada de haber realizado tales depósitos; y durante el tiempo de la relación, se debe otorgar dicha constancia, sólo cuando medien "causas razonables" (art. 80, parte 2da. LCT) (conf. Livellara, op. cit., ídem, pág. 1028). En cuanto a la vigencia de esta obligación y la dificultad del empleador de cumplirla, la tendencia jurisprudencial mayoritaria, que sigue opiniones doctrinarias relevantes, indica que cuando se reclama la entrega de una constancia documentada, ello significa que se debe dar al trabajador "copia de los comprobantes de depósitos" (conf. SCJ Mendoza, Sala II, 16/10/03, in re: "Millán, Viviana c/ Máxima AFJP", DT, 2004-A-371). Se ha reconocido que esto trae aparejado diversas dificultades para las empresas sobre todo cuando se trata de trabajadores con cierta antigüedad, y la obtención de copias de todos los depósitos efectuados a través de los años no es fácil, a lo que se agrega que en los últimos años, los depósitos se hacen en forma unificada y sin individualización del trabajador (conf. Livellara, op. cit., ídem, pág. 1029). Esto ha llevado a la consideración de la constitucionalidad de la norma, por considerarse que la misma afecta el principio de razonabilidad al tornarse en muchos casos una obligación de cumplimiento imposible (conf. Cortiñas, Manuel: "Inconstitucionalidad del art. 80 de la ley de contrato de trabajo", Rev. del Foro de Cuyo, Suplemento mensual de Enero 2006, pág. 8). Estas dificultades condujeron asimismo a que en los últimos tiempos se abriera paso una nueva corriente jurisprudencial a partir de diversos pronunciamientos de la Sala III de la CN del Trabajo que considera que el reclamo de la entrega de las certificaciones o constancias documentadas no resulta admisible, porque ha perdido toda utilidad práctica a partir de la circunstancia que el trabajador puede obtener esa información directamente del ANSeS (inre: "L., P. S. c/ B. SA s/ certificación de servicios" y "A., W. O. c/ E. SA s/ despido", RDLSS, MJ, 2005-215).-	Se ha señalado que es tan contrario al sentido de la norma la circunstancia de que el empleador emita una certificación de depósitos que falsee la realidad, como cuando el trabajador requiere esa constancia sólo para especular con la posibilidad que frente a un incumplimiento de aquél opere la indemnización a su favor, máxime cuando ahora el ANSeS emite informes a los trabajadores sobre los depósitos efectuados por las empresas (conf. Livellara, Carlos Alberto: "Las certificaciones del art. 80 LCT y su problemática", DT, 2004-A, 371). A partir de tales cuestiones se sostuvo que los jueces, al evaluar la aplicación de la sanción del art. 80 de la LCT, con relación a la entrega de una constancia documentada de los depósitos previsionales, deberán hacer mérito de las particularidades del caso y de las conductas de las partes dentro de los carriles de la buena fe contractual (conf. art. 62 , 63 y conos. de la LCT) (conf. Livellara, op. cit., ídem, pág. 1031). En la especie, en primer lugar, la demandada no solicitó la inconstitucionalidad de la norma en cuestión. Amén de ello no se advierte una actitud especulativa por parte del actor. Es así que habré de coincidir con el Dr. Vergara, en cuanto a que la entrega del formulario ANSeS PS.6.2 no cumple con los requisitos de la norma en cuestión, tal como lo ha sostenido esta Cámara en diversos antecedentes (conf. CANE, Sala A, SDL Nros. 44/03 7 66/04, y Sala B, SDL Nro.08/05, entre otros).	En cuanto a la obligación de entregar el certificado de trabajo, contenida en el 2do. parágrafo del art. 80 de la LCT, y que fuera reclamada en la intimación de fs. 04, también habré de concordar con el Dr. Vergara, ya que en el certificado de fs. 33 no se precisan los datos referidos a los importes y fechas en que se efectuaron los aportes y contribuciones debidas.-	En consecuencia, no habiéndose acreditado el cumplimiento oportuno de ninguna de las dos obligaciones impuestas por el art. 80 de la LCT, comparto la conclusión a la que arribara el Dr. Vergara respecto a que procede acoger la indemnización del último parágrafo del artículo citado, acogiendo el recurso de la actora.-	II.- En cuanto al monto a reconocer, el último párrafo del art. 80 de la LCT establece una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor, situación esta última, que se presenta en la especie.-	--- Es decir que, como bien lo señala el Dr. Vergara, el estándar indemnizatorio es el mismo que el contenido en el art. 245, 1er. párrafo de la LCT, por lo que sólo cabe excluir gratificaciones extraordinarias, sueldo anual complementario u otras prestaciones que por su naturaleza no sean susceptibles de ser ganadas todos los meses (conf. CNTrab., Sala III, 11/08/94, cit. en Rodríguez Mancini-Barilaro, op. cit., Tº IV, pág. 473). En función de ello habré de coincidir con el colega mencionado en tomar como base del cálculo respectivo la remuneración bruta correspondiente al mes de agosto/06, que asciende a $ 2.760 (ver fs. 11/12), debiéndose incrementar el monto de condena al de pesos ocho mil quinientos cincuenta y siete con treinta y nueve centavos ($ 8.557,39).------------- III.- En consecuencia de lo antedicho, coincido con lo propuesto por el Dr. Vergara, por lo que corresponderá revocar parcialmente la sentencia recurrida para elevar el capital de condena a la suma total de pesos ocho mil quinientos cincuenta y siete con treinta y nueve centavos ($ 8.557,39), con más los intereses determinados en la sentencia de origen.-------------- --- Dada la revocatoria parcial dispuesta corresponde readecuar la imposición de costas y la regulación de honorarios de la sentencia de la instancia anterior (conf. art. 279 del CPCC). Es así que, teniendo en cuenta que prosperan las pretensiones con mayor incidencia económica dentro de las deducidas, encuentro que por aplicación del art. 71 del CPCC (conf remisión del art. 76 de la ley 69), resulta prudencial la distribución propuesta por el colega citado, en cuanto se impongan las costas en un 80% a la demandada y en un 20% a la actora.

--- Respecto de los honorarios, en base al mérito y extensión de la labor desarrollada así como al resultado del pleito, concuerdo en establecer los de la instancia originaria en un 18,2% para la Dra. J. L. F., letrada apoderada del actor, y en un 15% para la Dra. C. B., letrada apoderada de la demandada, en ambos casos sobre el monto total de condena y con más el IVA correspondiente (conf. arts. 6, 9, 19 y 47 del arancel y leyes 23349 y 23871).---------------- --- En lo referente a las costas de esta sede, dado que el apelante ha sido victorioso en su planteo, en virtud del principio objetivo de la derrota, las mismas se imponen a la demandada vencida (conf. art. 68 del CPCC). A tal fin, y en base a los parámetros ya enunciados al efecto de adecuar los honorarios de la instancia de grado, corresponde regular los honorarios de los Dras. F. y B., en conjunto, en un 5,46% y 3,75%, respectivamente, del monto de condena total (conf. arts. 6, 7, 9, 14 y 47 de la ley 2200), con más el IVA correspondiente (cnf. leyes 23349 y 23871).------------------------ --- Así lo voto.----------------------- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:	--- El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo que fuera materia de agravios. 2) IMPONER las costas de segunda instancia a la parte actora recurrente vencida en ella. 3) REGULAR los honorarios de la Dra. J. L. F., por sus tareas de alzada, en la suma de $ 125, con más el I.V.A. pertinente.------ ASI LO VOTO.-	--- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:-------- Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para elevar el capital de condena a la suma total de pesos ocho mil quinientos cincuenta y siete con treinta y nueve centavos ($8.557,39.-), con más los intereses establecidos en la anterior instancia; b) imponer las costas de primera instancia en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% a cargo del actor; c) fijar, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de las Dras. J. L. F. y C. B., por sus tareas de primera instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 18,2% y 15%, respectivamente, del importe del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia; d) imponer las costas de Alzada a la demandada vencida; e) regular los emolumentos de las Dras. J. L. F. y C. B., por los trabajos cumplidos en esta instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 5,46% y 3,75% respectivamente, del ya aludido monto del proceso; y f) declarar que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.	Así lo voto.	A ESTA ÚLTIMA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo:	En atención a la solución por la que me inclinara al tratar la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara.-	--- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, pasándose a dictar: ------ S E N T E N C I A: ---- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:-------------- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia venida en apelación para elevar el capital de condena a la suma total de pesos ocho mil quinientos cincuenta y siete con treinta y nueve centavos ($8.557,39.-), con más los intereses establecidos en la anterior instancia.-------------------------------- IMPONER las costas de primera instancia en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% a cargo del actor.---------- FIJAR, POR ADECUACION al presente decisorio, los honorarios de las Dras. J. L. F. y C. B., por sus tareas de primera instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 18,2% y 15%, respectivamente, del importe del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia.------------------------------- IMPONER las costas de Alzada a la demandada vencida. REGULAR los emolumentos de las Dras. J. L. F. y C. B., por los trabajos cumplidos en esta instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 5,46% y 3,75% respectivamente, del ya aludido monto del proceso.------------------------------- DECLARAR que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.	--- Regístrese, notifíquese y devuélvase.----------------------- --- REGISTRADA BAJO EL N°__38_______DEL AÑO 2009 - SDL - CONSTE.-	CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA