marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Intendente, concejales
Materia: CONSTITUCIONAL - ELECTORAL
Carátula: SALINAS, NILDO SERGIO Y AGUADO DE SANCHEZ VALTIER, AMALIA s/ CONFLICTO DE AUTORIDADES MUNICIPALES AMALIA s/ CONFLICTO DE AUTORIDADES MUNICIPALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1985-07-02

El término "autoridades municipales" se refiere en sentido estricto al Intendente Municipal -Departamento Ejecutivo- y al Presidente y Vice-Presidente del Honorable Consejo Deliberante Departamento Deliberante-, y según los arts. 141 inc. 8 de la Constitución Provincial y 20 de la Ley Provincial N. 162 también a los concejales.
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: VALENTINI, P.-SOSA, G. s/ Robos calificados...
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-04

El hecho de que se hallen objetos ajenos en poder del reo, sus malos antecedentes y la inverosimilitud de que adolezca su declaración indagatoria, constituyen presunciones graves en su contra que reunidos, pueden fundar una condena.
Indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DE MATEOS FERMIN RAMON c/ ESTADO NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-10

Para una persona que trabaja la sola privación del vehículo del cual se sirve constituye un perjuicio indemnizable. (S2,1930 100383)
Impuestos, Administración Pública, constitución en mora, obligación de restituir, restitución de sumas de dinero, actualización monetaria, aplicación supletoria de la ley
Materia: TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
Carátula: CIA. ARG. DE SEGUROS MINERVA  S.A. c/ D.G.I. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-11

La ley 11.683 resulta de aplicación supletoria de la ley 21.859 y, el art. 159 de la primera determina las situaciones que resultan eficaces para que el Estado quede constituido en mora en la obligación de restituir sumas indebidamente percibidas en calidad de gravámenes y, con ello posible la actualización de las mismas siempre que no existan normas que admitan el reajuste desde un tiempo anterior a aquellas situaciones.
Recursos, recurso de apelación (procesal), obras nuevas y modificaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COMPULSA EN J: PINCHEIRA c/ G. DE PASTORINO s/ (LIBRO: A069 - 167)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-10-21

La resolucion judicial que ordena la suspension de una obra, es inapelable. El recurso solo procede en las acciones posesorias contra la sentencia y auto que resuelve excepciones previas.-
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, pena privativa de la libertad, error judicial, error excusable, ley penal más benigna
Materia: CIVIL
Carátula: Ribeau, Germán Jesús c/ Estado de la Provincia del Chubut s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-02-27

La presentación y acudimiento desordenado y tardío -no con antelación necesaria- y la mala y equívoca presentación -varias que a mi juicio alteran y entorpecen el tratamiento normal de toda la causa- incidieron para que no se dé el trámite necesario para la decisión y ejecución judicial, llevando a inducir a error al juzgador por el hecho de la víctima, en cuyas manos estuvo superarlo recurriendo a la instancia superior, como acertadamente lo expresa el Señor Procurador General. Advertimos que si bien es principio general que la ley más benigna opera de pleno derecho, la actuación judicial por razones obvias no es de oficio. La petición pues, deberá ser a instancia de parte sin olvidar la existencia y vigencia del mandato del Defensor Particular que es quien ordena y formaliza normalmente el trámite con facultad para peticionar la revisión.
Defraudación, abuso de firma en blanco, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: MICHALAKAKIS CONSTANTINO Y OTRO s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-05-14

El delito de abuso de firma en blanco presupone que el firmante del pliego se le hubiere confiado al autor, total o parcialmente en blanco, para un fin distinto del documentado por este. El perjuicio para el signatario o para el tercero, debe surgir de lo documentado abusivamente. El delito que es de daño efectivo, se consuma cuando, por la naturaleza dispositiva de lo documentado o por la efectivización de la obligación simulada, el dador de la firma o el tercero sufren la defraudación . El delito admite tentativa (nuez, ricardo -manual de derecho penal parte especial pág. 241) Son extremos del delito de abuso de firma en blanco la entrega voluntaria y con un objeto determinado, de un documento firmado en blanco y en donde el tenedor extiende dolosamente un acto contrario al convenido y con el cual se comete defraudación con perjuicio patrimonial del firmante o de un tercero. Para la configuración del delito del art. 173 inc. 4to. C.P., es preciso que la firma en blanco se haya otorgado para un fin distinto de aquél que se ha empleado o usado y que ello cause perjuicio.-
Exceso ritual manifiesto, derechos y garantías constitucionales, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gil Combes, Eduardo Ignacio y Otro c/ Atento Argentina S.A. y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-12

La cámara incurrió en un excesivo rigor formal al no tratar una cuestión conducente que había sido planteada en forma oportuna. En consecuencia, le correspondía determinar si las codemandadas incurrieron en una interposición fraudulenta de personas, en perjuicio del trabajador -abonándole una remuneración inferior a la que, alega, tenía derecho a percibir- y con el fin de disminuir sus costos laborales. En ese orden de ideas, el análisis de este punto es esencial para determinar el encuadre convencional aplicable en el sub lite. En tales condiciones, la sentencia del superior tribunal provincial que confirmó, en ese aspecto, el pronunciamiento apelado carece de la debida fundamentación exigible a las decisiones judiciales y lesiona las garantías constitucionales consagradas en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 307:1054; 312:1036, entre muchos otros), por lo que corresponde descalificarlo como acto judicial sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad, sin que esto implique emitir juicio sobre el fondo del asunto. (Del Dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte)
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, inadmisibilidad formal, teoría de la imprevisión, estado de necesidad, presunción de onerosidad
Materia: PROCESAL-CIVIL-PENAL-LABORAL
Carátula: Wazuga SA c/ Macromet SA y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-14

En el marco de un proceso ejecutivo sustentado en un contrato, corresponde rechazar el planteo atinente a la excesiva onerosidad sobreviniente derivada de la "alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al momento de la celebración del contrato". Ello así, pues de acuerdo a la naturaleza ejecutiva del proceso, la defensa en cuestión (excesiva onerosidad sobreviniente) no es - como regla general invocable- en el juicio ejecutivo, donde las excepciones deben ceñirse a las formas extrínsecas del título, con prescindencia de lo que pudiese eventualmente decidirse al momento de liquidarse el crédito del ejecutante (CNCom, Sala D, in re "Iglesias, María Margarita y otros c/ García, Valeria Fernanda y otros s/ ejecutivo", del 24/06/13) o al promoverse la acción ordinaria que prevé el CPR 553 (Sala C, in re "Francisco L. Gerardo c/ Malenchini, Sonia" del 29/12/94; ídem "Semiian c/ Córdoba s/ ejecutivo", del 04/05/90; entre otros).
Ministerio Público Fiscal, fotografía
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Quantin, Norberto Julio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-19

Entre los actos expresamente vedados por el artículo 213 al Ministerio Público Fiscal (y cuya inobservancia se sanciona con pena de nulidad) no se encuentra el reconocimiento de personas mediante la exhibición de fotografías, lo que nos conduce a recordar que con relación a la eficacia jurídica de un acto procesal, la ley adopta la regla general de la taxatividad, estableciendo que sólo serán nulos cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad (artículo 166 del Código Procesal Penal de la Nación). (Voto del Dr. Riggi).
Deuda previsional, procedimiento de impugnación de deuda previsional, caducidad, excepción de prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PROMOVIAL S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-01

El art. 1, inc. c), pto. 9 de la ley 19.549 exceptúa de la caducidad de los procedimientos a los trámites relativos a previsión social, y lo concerniente a impugnaciones de deudas previsionales constituye una especie del género comprendido en la norma aludida. A mayor abundamiento, se incluye en la excepción al principio general de plazos de caducidad aquellos casos en los que esté comprendido el interés público o los que la Administración entienda que deben continuar por sus particulares circunstancias, principio donde debe encuadrarse lo vinculado a las recaudaciones previsionales por su finalidad social y notoria repercusión. En consecuencia, corresponde desestimar la excepción de prescripción opuesta en base a la fecha en que se originaron las actuaciones y el tiempo que insumió la tramitación.
Responsabilidad de la Municipalidad, apertura de calles, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: FARIA Y DEMARCHI DE DRAGONETTI DE TORRES MARIA E.C. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1954-12-10

La decisión municipal por la que se deniega la apertura de calles dentro del perímetro de la Ciudad de Buenos Aires, no genera por sí sola un derecho a ser indemnizado por daños y perjuicios a favor de los particulares propietarios.
Competencia, competencia federal, Estado, sujeto pasivo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Gutierrez, Antonio Rubens c/ Correo Argentino S.A. s/ Entrega Acciones Obreras.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-12-20

La Justicia Federal, además de las distintas clases de competencia que le son comunes a la ordinaria tiene la referida a las personas, dentro de la cual está la Nación y sus entidades (art.116 Const. Nac.; art.2 inc.6, ley 48). La circunstancia de demandarse al Estado Nacional crea la posibilidad, que pueda resultar afectada su responsabilidad, determinando que el reclamo no deba ventilarse ante los órganos jurisdiccionales ordinarios, aunque no se accione individualmente contra la Nación y lo sea en calidad de tercero obligado, siendo competente la Justicia Federal cuando una entidad Nacional es citada en los términos del art.94 del C.P.C.C., sin que implique distinguir respecto al grado y carácter de tal participación procesal.
Reconstrucción del hecho, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Jorge Enrique González Nieva en la causa González, Jorge Enrique s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley en causa n° 43.787 y 43.793 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-08

La reconstrucción de los hechos que lleva a cabo el juez penal en sus sentencias presupone -entre otros aspectos- la comparación de las diferentes pruebas, la evaluación de las condiciones de cada proveedor de prueba respecto de su posibilidad de conocer, su interés en la causa y su compromiso con el acusado o el ofendido.
Establecimientos penitenciarios, estupefacientes, tentativa inidónea
Materia: PENAL
Carátula: Guevara Zanfagnini, Fernando Maximiliano c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-12

El voto concurrente destacó que el medio elegido por el autor resultaba idóneo para lograr introducir el estupefaciente hallado en el Complejo Penitenciario, por lo que corresponde el rechazo del planteo relativo a tentativa inidónea. (Dres. Gemignani, Borinsky -voto concurrente- y Hornos).
Honorarios, regulación de honorarios, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Morales, Mario Luis c/ Argón S.A. y/o quien resulte responsable s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-02-09

No es procedente el planteo de inconstitucionalidad de la ley 24432 en la que se alega que los honorarios profesionales en la medida cautelar deben regularse conforme ley 2011 y sus modificatorias, que, la ley nacional aplicada les causa gravamen irreparable, por violar preceptos constitucionales. Ello así, ya que las costas, por ser una institución procesal, está regulada por leyes locales en las Provincias, siendo el proceso el que las ocasiona, produce gastos que integran las costas y el órgano jurisprudencial con quien establece la obligación de pagarlos. Que el poder de las Provincias no es absoluto ya que el Congreso puede regular el procedimiento cuando lo considera necesario para asegurar los derechos sobre los que legisla. Analizadas las constancias de autos, surge que la aplicación de la Ley 24432 no le causa perjuicio al recurrente, por cuanto el tope de la responsabilidad que establece, no supone la derogación ni inaplicabilidad de las leyes arancelarias locales.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gleizer, Carlos Enrique c/ Mussa, Marcela Laura y otro s/ Cobro ejecutivo Banco Mayo Coop.Ltda. c/ Venturino Cecilia s/ Ejec.Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-10|2000-03-01

De la definición abstracta del cheque de pago diferido, no contempla, como no lo hace ninguna otra disposición normativa, el supuesto que el librador, al confeccionar el cheque, ordene al banco su pago inmediato. No le está vedado al titular de la cuenta, restringir su derecho al pago diferido, ya que los fondos de su propiedad se encuentran en una única cuenta bancaria; y es así entendido por el banco, que procedería a pagar la libranza sin más escrúpulos, de no mediar la contraorden del emisor, como se hace constar en el dorso del documento Entonces, la excepción de inhabilidad que trae el ejecutado es expresión de su propia torpeza, sin que la contraorden de pago, se justifique por alguna razón válida, y no satisface sino una teórica legalidad, en pugna con la buena fe que debe presidir toda transacción comercial y la emisión de las ordenes de pago (arts. 791; 793 Cód. Com.; 54; 65 ley 24.452).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, código civil, falta de prestación de servicios, arma reglamentaria, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, Prefectura Naval
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: L.L.A y otros c/ Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina - s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29

El Estado Nacional es responsable por el homicidio y lesiones que cometió un agente de la Prefectura Naval contra su concubina e hijastra respectivamente con un arma de fuego, en función de lo dispuesto en el art. 1112 del Código Civil, pues reconoció que el autor del daño era su dependiente y no ha negado que el arma utilizada perteneciese a esa institución naval.
Reglas de la sana crítica, apreciación de la prueba, medios de prueba, dictamen pericial, reconocimiento por fotografía
Materia: PROCESAL
Carátula: Barrios, Luján Dario  c/ Bur, Juan Carlos  s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-13

Cabe asignar valor probatorio a las fotografías o una exposición policial, como medio de prueba, cuando son corroboradas por otros medios. Se trata de documentos representativos, no declarativos, por lo cual pueden aducirse como pruebas en cualquiera de nuestros procesos. Las fotografías de personas, cosas, predios, etc. sirven para probar el estado de hecho que existía en el momento de ser tomadas de acuerdo con la libre crítica que de ellas haga el juez, pero como es posible preparar dolosamente un conjunto fotográfico, es indispensable establecer su autenticidad mediante las confesión de la parte contraria o de testigos presentes en aquel instante o que hayan formado parte de la escena captada o intervenido en el desarrollo posterior del negativo o mediante dictamen de peritos, o por un conjunto fehaciente de indicios, por corroboración a través de testimonios. Igual suerte corre la exposición policial, pues es una declaración unilateral de parte (Voto Stettler. Adhesión Romero)
Locación, fianza, fiador, principal pagador liso y llano
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tomasini, Elida Lydia c/ San Martín, Jorge y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Si conforme el contrato resulta vinculado el ejecutado en el carácter de fiador liso, llano, principal pagador y codeudor solidario de todos los alquileres que pueda adeudar el locatario, respondiendo también en modo directo a todas las obligaciones contraídas por el locatario y por todo el tiempo que éste ocupe el inmueble y aún en el caso de finalizado el término del contrato, agregándose, inclusive, si vencido el contrato el inmueble fuera ocupado por terceros y hasta que el locador reciba el inmueble totalmente desocupado y a su entera satisfacción, es indudable que la garantía cubre mas allá del término de locación pactado y no puede pretenderse la extensión de la garantía hasta el término del contrato originario y su mantenimiento sólo con más un tiempo razonable para obtener el desalojo.
Expropiación, declaración de utilidad pública, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Procurador Fiscal de Santa Fe c/ Hué, Francisco s/ expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1867-06-18

Las leyes de 27 de junio de 1855 y 2 de mayo de 1863, no son inconstitucionales, porque el inciso 2° del artículo 17 de la Constitución, libra a la discreción exclusiva del Congreso, calificar la utilidad pública en los casos ocurrentes.
Certificado de trabajo, obligaciones del empleador, sanciones conminatorias, astreintes
Materia: LABORAL
Carátula: ELIZONDO, Ricardo c/ ARCUCCHI, Oscar y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

La entrega de los certificados es una obligación de hacer cuyo cumplimiento puede asegurarse mediante las astreintes, pero éstas no se devengan en forma automática como los intereses (arts 509 y cc del C. Civil) ni son de imposición obligatoria para el juez, quien podría dispensarlas, según las circunstancias del caso. Por ello, no tiene sentido imponerlas retroactivamente.
Prueba pericial, pedido de explicaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gutierrez, María Cristina y otro c/ Valderrey, Oribe y/o propietarios s/ Cobro de medianeria Garelik, Rolando Raúl c/ Construcciones Mar del Plata S.C.A. s/ Nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-23|1988-07-05

No se puede atacar en segunda instancia una pericia que no fue observada en primera instancia, dejando transcurrir en silencio los términos procesales respectivos, omitiendo así que llegaran convenientemente debatidos a la alzada aquellos puntos que se estiman erróneos.
Locación de contenedores, transporte marítimo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ELMA c/ SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTES TRANSATLANTICOS  S.A. s/ LOCACION  DE  CONTENEDORES.  RESPONSABILIDAD  POR  LA  DEMORA  EN  LA  DEVOLUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-27

El contrato de locación de contenedores -anulado originariamente por el cargador y transferido, según lo que normalmente acontece, al consignatario- es jurídicamente autónomo respecto del contrato de transporte marítimo.-
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos, licencia de uso, marcas, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Latin Shoes SA c/ KA Argentina SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

Procede revocar la resolución que desestimó la pretensión del actor, de ser restituido de todo lo que le abonó a la demandada en concepto de regalías, por asesoramiento y por unos hologramas de seguridad, en tanto arguyó que lo constituía un enriquecimiento incausado; ello en tanto se encuentra comprobado que el contrato de "asesoramiento técnico y comercial" que reglaba la producción y distribución de calzado -no deportivo con cierta marca italiana para el mercado local, fue ilegítimamente suscripto porque la accionada no se encontraba en condiciones de sublicenciar sus derechos a terceros según se desprendía del documento firmado con la titular de la marca. El basamento jurídico que le otorga el derecho a ser indemnizado es la garantía de evicción. Es que a la luz de lo dispuesto en el CCIV 2118, por remisión del art. 2158 (vigentes al momento de los hechos), el cesionario tendrá derecho a la restitución del precio pagado. En efecto, la solución dada por el ordenamiento se basa en el principio de la condittio indebitti. Es decir, que -si la cosa fue reivindicada por un tercero, en la especie el titular del derecho de propiedad intelectual- el pago del precio contractual que efectuó el adquirente evicto del derecho era sin causa.
Concursos, privilegios (comercial), acreedores del concurso, gastos de conservación, gastos del proceso, pago, realización de bienes, honorarios
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Cascallana, Marta Isabel c/ Troisi, Elina Nora y otros s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-27

Corresponde confirmar la resolución de grado que dispuso como requisito previo a fin de tener por compensado el crédito hipotecario contra el valor del inmueble subastado, el depósito de cierta suma de dinero. Ello así, pues de conformidad con la LCQ 244, antes de abonarse el crédito privilegiado se debe reservar del precio del bien sobre el que recae, los importes por gastos de conservación, custodia, administración y realización de los mismos, como también una cantidad para atender los gastos y honorarios de los funcionarios del concurso que correspondan exclusivamente a diligencias sobre tales bienes.
Aportes sindicales, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: UOMRA. c/ SINTERMETAL SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-11-20

Resulta procedente la aplicación del plazo de prescripción bienal (conforme artículo 256 LCT.) cuando la causa de las contribuciones reclamadas tiene su origen en las previsiones del artículo 41 de la ley 20615 (en el caso la Sala modifica el criterio sustentado en autos 'UOMRA. c/ FAGA SA.', sentencia número 41539, 21 de julio de 1981).
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, síndico del concurso, sanciones procesales, quiebra, multa, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Cetra, Luis María c/  s/ quiebra s/incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-06

Corresponde revocar la resolución de grado que impuso una sanción de multa al síndico en tanto la regla de gradualidad y proporcionalidad luce desatendida. Ello es así, pues el Juez de grado llamó la atención a la contadora, y la intimó a proceder de manera diligente conforme los deberes que la ley concursal le impone, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el art. 255 de dicho plexo normativo. Ante ello, la referida funcionaria dedujo revocatoria, y en oportunidad de resolver tal planteo, el magistrado consideró que el actuar negligente de la síndico persistía a esa fecha, razón por la cual le aplicó directamente una multa.

Ahora bien, conforme la ya mencionada regla de gradualidad, lo correcto hubiera sido aplicar a la recurrente en esa ocasión la sanción de apercibimiento; para recién luego, ante un nuevo y eventual incumplimiento, imponer una sanción pecuniaria.