Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-21


ASOCIACION MEDICA DEPTO SAN CRISTOBAL y 9 DE JULIO contra POLICLINICO RAFAELA y otros Reg.: A y S t 211 p 224-232.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ASOCIACION MEDICA DEPTO SAN CRISTOBAL y 9 DE JULIO contra POLICLINICO RAFAELA y otros -Ordinario- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 191, Año 2002). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Netri, Falistocco y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 178, pág. 439, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad deducido por la actora contra la sentencia del 17 de marzo de 2000, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, por entender, en una apreciación mínima y provisoria, que la postulación de la recurrente contaba con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular, con seriedad, planteos que podían configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad para lograr la apertura de esta instancia de excepción, no advirtiendo -prima facie- obstáculos formales que impidieran la viabilidad de la impugnación.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7.055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 692/694.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Falistocco y Gastaldi expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1.1. Conforme surge de autos, la actora promovió demanda contra "Policlínico Rafaela S.A.", "Tita Hnos. S.A." y "Clínica Parra S.R.L." a fin de que se los condene solidariamente al pago de la suma reclamada, con más intereses y costas.

En su presentación, relató que su parte celebró un convenio con los demandados el 7.09.1994, mediante el cual se comprometió -a través de los profesionales, clínicas y sanatorios inscriptos en la Asociación- a la prestación de servicios médicos a los beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (P.A.M.I.) en el ámbito territorial de los Departamentos San Cristóbal y Nueve de Julio de esta Provincia, mientras que las sociedades prestatarias se obligaron a retribuir tales servicios mediante el pago de una cápita, la que se convino en la suma de $ 12,20 por afiliado, con exclusión de los de las localidades de Moisés Ville, Palacios y Las Palmeras.

Agregó que dicho acuerdo se formalizó por el término de ciento ochenta días contados a partir de su celebración, quedando facultadas las partes para rescindirlo sin causa después de dicho plazo sin otro requisito que la notificación previa con treinta días de antelación.

Señaló que por dicho acuerdo se sustituyó el pago por el sistema de prestación de acuerdo a aranceles pactados entre las partes establecido en el contrato suscripto el 16.02.1994 (hasta el 31.08.1994) pero se ratificaron las cláusulas primera, quinta, décimosegunda, décimotercera y décimocuarta del convenio anterior.

Explicó que cumplido el primer período de prestaciones por el sistema capitado -del 7 al 30 de setiembre de 1994- las accionadas abonaron el importe de la cápita convenida, el que surge de multiplicar el número de afiliados de ambos departamentos por el importe pactado, computando los 23 días de vigencia del contrato durante ese mes. Empero, prosiguió, por el mes de octubre de ese año, las deudoras entregaron un monto "a cuenta" el 28.11.1994, quedando un saldo cuyo pago fue requerido por su parte, lo cual fue rechazado por las entidades sanatoriales -con el argumento de que en virtud del acuerdo, debía debitarse de la cápita la facturación de afiliados de la jurisdicción de la Asociación por prácticas de primer y segundo nivel realizadas en Rafaela-, quienes tampoco abonaron la cápita pactada en los períodos posteriores.

Expresó que antes de la promoción de esta acción judicial, convocó a una reunión de la Comisión Mixta, tal como lo prevé el artículo 4to. del convenio, a los fines de considerar la cuestión suscitada, la que fracasó por la incomparecencia de los representantes de las accionadas.

Alegó que el pretenso débito es improcedente por cuanto: a) se había fijado contractualmente una cápita fija, no sujeta a deducción alguna; y b) ello también surgía de lo que verosímilmente las partes habían entendido o habrían podido entender (art. 1198, C.C.), ya que el importe de la cápita había sido establecido en función de la relación contractual anterior y de la cantidad promedio estimada de pacientes derivados y autoderivados con domicilio en los Departamentos aludidos que requerían atención en Rafaela; dicho monto habría sido mayor si la totalidad de las prestaciones correspondientes al primero y segundo nivel se hubiera realizado por intermedio de los prestadores de su parte.

Añadió que si se hubiera producido un incremento notable de esas derivaciones o autoderivaciones, las sociedades demandadas habrían podido solicitar una revisión de la cápita pero no descontar lisa y llanamente un monto que no correspondía, improcedencia que se evidenciaba por la ausencia en el convenio de pautas de fiscalización de las prestaciones que constituyeron el objeto del débito.

Finalmente, postuló la aplicación de la teoría de los actos propios, habida cuenta de la contradicción en el proceder de las demandadas con respecto al seguido en relación al mes de setiembre, respecto del cual habían abonado la cápita sin quitas y en función de los días de vigencia del contrato (fs. 44/48).

1.2. A su turno, las accionadas plantearon la falta de legitimación de la actora -por no haberse expedido la Comisión Mixta de acuerdo a lo previsto contractualmente- y se opusieron al progreso de la demanda. Luego de reconocer los dos convenios y sus diversas modalidades de pago, admitieron, con respecto al celebrado en fecha 7.09.1994, que el primer pago comprendió íntegramente la cápita por cuanto a la fecha en que se efectivizó (17.11.1994) "no obraban aun en su poder los elementos respaldatorios (sic) de las prestaciones brindadas que le permitieran establecer cuáles habían sido las que efectivamente se habían realizado por parte de la prestadora y en su zona de cobertura", pero señalaron que del convenio original se mantenían dos elementos 1.3. Sustanciada que fuera la causa, el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Correccional de San Cristóbal -ante quien quedara radicada en razón de la excusación del Juez en lo Civil- acogió la demanda, con más intereses y costas (fs. 593/599), pronunciamiento que fue revocado en la Alzada por decisión mayoritaria (fs. 642/654) 2. Contra el fallo de la Cámara, interpone la actora recurso de inconstitucionalidad con sustento en el inciso 3ro. del artículo 1ro. de la ley 7.055, por resultar violatorio de su derecho a la jurisdicción.

Le imputa al decisorio contradecir constancias de autos, pues afirma que mientras las partes, en los escritos constitutivos de la litis, admitieron que se trataba de un contrato de riesgo, la mayoría del Tribunal le dio tratamiento de conmutativo pero respecto de uno de los litigantes, además de atribuirle a su parte una obligación dineraria cuando del contrato surge claramente que las obligaciones a su cargo eran exclusivamente de hacer.

Además, le endilga prescindir totalmente y sin fundamentación de pruebas decisivas -las que detalla- demostrat Aduce que también se sustentó en afirmaciones puramente dogmáticas sin base en la realidad de la causa ni en un razonamiento que permita justificarlas. Menciona: a) las reiteradas alusiones al escrito de expresión de agravios "sin que se aporte un fundamento propio del órgano jurisdiccional, ni las razones que llevan a la adhesión que reiteradamente se proclama, y sin la mínima referencia a las fundadas argumentaciones contrarias contenidas en el escrito de contestación de agravios"; b) la aseveración de que se arribaría a un resultado absurdo y perjudicial para la demandada de no convalidarse los descuentos, cuando consta en autos que la facturación de los prestadores de la Asociación fue superior al monto de la cápita total, aun sin considerar tales débitos; y c) la afirmación de que las prestaciones médicas en el Departamento Castellanos a afiliados de su jurisdicción generaban créditos dinerarios compensables frente a su parte, la que carece de sustento contractual y legal.

Por último, acusa que la mayoría de la Cámara se arrogó el rol de legislador, al modificar el artículo 819 y derogar parcialmente éste y el artículo 820 del Código Civil, pues no es lo mismo obligaciones "líquidas" que "liquidables" y mientras las obligaciones contraídas por las demandada son dinerarias, su parte sólo asumió obligaciones de hacer, excluidas de la posibilidad de compensar.

Como consecuencia de todo ello, sostiene que los fundamentos del fallo atacado son sólo aparentes (fs. 660/664).

3. Adelanto mi opinión en sentido favorable a la postulación recursiva, pues si bien es cierto que los planteos articulados remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común -ajenas, por vía de principio, a esta instancia extraordinaria-, ello no resulta óbice para el acogimiento de la impugnación cuando lo resuelto satisface de manera sólo aparente la exigencia de constituir derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos del caso.

El voto que hiciera mayoría consideró, en síntesis, que la sentencia del inferior había realizado "una interpretación del contrato contraria a su finalidad o lo que es lo mismo, contraria a lo que las partes entendieron o pudieron entender", ya que de no haber los demandados procedido a descontar del crédito de la actora la suma necesaria para abonar a quienes prestaran efectivamente los servicios, "... estarían obligadamente pagando dos veces la misma prestación (...) lo cual configuraría para la hoy reclamante un enriquecimiento ilícito y para los demandados, obligados a pagar dos veces lo mismo, una solución contraria a la equidad". También encontró razón a la parte demandada, en cuanto a la procedencia de la compensación y el consecuente rechazo del reclamo de la demandante, por tratarse de créditos "dinerarios (art. 820 C. Civil) y liquidables (art. 819 C.

Civil)"; a lo cual agregó que el sistema de crédito automático adoptado se encontraba avalado por la costumbre en el ámbito donde se había realizado la contratación, siendo la adoptada la solución que más se ajustaba al principio de la buena fe.

Entiendo que al resolver como lo hizo -bajo el tratamiento que se le dio al convenio en el ejercicio de sus funciones propias y sin que ello haya supuesto un inaceptable apartamiento de los términos de la litis (vid. f. 47 del escrito de demanda)- se desentendió, no obstante, de elementos de prueba fehacientemente incorporados en autos, invocados por la actora en pos de la confirmación de sus aseveraciones, cuya debida valoración por los juzgadores pudo conducir a modificar el resultado que se impugna por esta vía extraordinaria.

Sabido es que no pesa sobre el Tribunal el deber de respaldar su pronunciamiento en la totalidad del material probatorio, sino que puede escoger aquellos medios que estime adecuados en orden a lo decidido finalmente (cfr. A. y S. T. 93, p. 198; T. 128, p. 263; etc.), pero también ha dicho este Cuerpo que una válida labor jurisdiccional exige que se haga mérito de todas aquellas pruebas que resultan decisivas para avalar las respectivas posiciones de las partes en el proceso (cfr., por todos, A. y S. T. 189, p. 448), pues su prescindencia injustificada configura un supuesto de arbitrariedad por ausencia de motivación suficiente que invalida la sentencia como acto jurisdiccional.

Desde luego, no concierne a esta Corte indicar a los Tribunales de la causa el concreto mérito que tienen las probanzas de autos, ni mucho menos, imponerles el dictado de una resolución contraria a la aquí impugnada. Empero, sí debe descalificar las deficiencias en que incurren los juzgadores de grado en el determinante mundo de los hechos, al caer en desviaciones que importan su desconocimiento del material de la causa.

En consecuencia, tales elementos tendrán o no el valor que el tribunal ordinario determine dentro de sus facultades propias mas no puede admitirse que se los deseche sin dar un fundamento razonable que conspire contra el adecuado servicio de Justicia (cfr. A. y S.

T. 98, p. 307; T. 164. p. 1).

Así, resulta sorprendente que si los sentenciantes orientaron su tarea hermenéutica en orden a la determinación de "lo que efectivamente quisieron las partes contratantes", de acuerdo además a los lineamientos que emanan de los artículos 1198 del Código Civil y de los artículos 217 y 218 del Código de Comercio (vid. f. 646 vto.), hayan luego marginado las contestaciones dadas por los representantes de "Tita Hnos. S.R.L." y de "Clínica Parra S.R.L." (fs. 140 y 150 respectivamente) a lo requerido por la actora en la posición 13ra.

(cfr. pliego obrante a fs. 134/135), declaraciones en las que esencialmente se basó ésta para demostrar la principal postulación de su reclamo: la improcedencia de los débitos por cuanto las prestaciones de primero y segundo nivel a los afiliados de su jurisdicción realizadas por profesionales del Departamento Castellanos -atento a la libertad de elección del prestador que les asiste (cuestión que, vale aclarar, fue admitida por la accionada, vid. f. 625) y de acuerdo a la relación contractual anterior- fueron contempladas al convenirse en el acuerdo del 7.09.1994 la fijación de la cápita.

El estudio de esas pruebas muestra que tales dichos -apreciados, en cambio, por el vocal disidente- revestían una singular y particular relevancia para la solución de la litis, en tanto que podían gravitar decisivamente en la revalorización del plexo probatorio (en particular, en conexión con las afirmaciones realizadas por el representante legal de la Asociación, respuesta a la posición 4ta., fs. 226/227) para conmover la convicción del doble pago al que quedaría obligada la parte demandada de no haber realizado los controvertidos descuentos y, asimismo, la concurrencia en la especie de la "recíproca" calidad de deudor y acreedor entre las partes, presupuesto necesario, al margen de los restantes requisitos legales, para que pudiera tornarse operativa la compensación admitida en la sentencia.

Esa sola omisión, por su gravedad, sería suficiente para la descalificación de lo resuelto. Empero, debe consignarse que la demandante también insistió en el argumento de que la posibilidad de efectuar tales débitos se pacta en forma expresa, como -según afirma- resultaría acreditado por los convenios celebrados por la Asociación Médica del Departamento General Obligado glosados en autos (copias obrantes a fs. 454 y 462).

Dicho extremo, lejos de carecer de entidad, revela su trascendencia a poco que se lleve a cabo un examen integral del testimonio del Jefe de Prestaciones Médicas del P.A.M.I., doctor García. En efecto, el ponente declaró que los débitos son realizados "de acuerdo a los contratos que hayan firmado las partes (entendiéndose como partes las de este juicio)" y con relación a las operatorias de los mismos, que "el instituto (I.N.S.S.J.P.) no ocupa ningún rol ya que entre las partes acordaron la modalidad de pago y las prestaciones a brindar" (la cursiva me pertenece, f. 308 vta.) mas los magistrados soslayaron absolutamente tales dichos y sólo tuvieron en cuenta la respuesta a una anterior pregunta formulada por el representante de la parte demandada (pregunta 4ta.) para considerar avalado el proceder de ésta por la costumbre.

El olvido incurrido tampoco puede ser excusado por este Cuerpo desde que esas aseveraciones podían encontrar su correlato en las cláusulas correspondientes a los contratos presentados como prueba documental para torcer, eventualmente, el entendimiento de la mayoría respecto a la vigencia del "sistema de crédito automático" practicado por la Institución en el particular contexto del vínculo contractual que unía a las partes.

A su vez, mediante la invocación de prescindencia de prueba y de dogmatismo, la recurrente cuestiona el criterio del A quo en el sentido de que una solución distinta conduciría a un resultado absurdo y perjudicial para la demandada.

De la lectura de la sentencia impugnada se desprende que la entidad se agravia de lo sostenido por el Tribunal en punto a que "... la receptada en este voto, es la solución más ajustada al principio de buena fe, que impone el art. 1198 C.C., pues de lo contrario, desvirtuando la verdadera finalidad del convenio, se llegaría al absurdo de que aun cuando los beneficiarios acudieran en su totalidad a profesionales de otras jurisdicciones, los prestatarios deberían pagar completo el precio por cápita a ellos, y además, pagar el precio de las prestaciones a los profesionales que las efectuaron, lo que (...) viola ostensiblemente el (citado) principio ...".

El análisis de ese planteo a la luz de las constancias de la causa autoriza a colegir que la tesis de los sentenciantes exhibe de nuevo una falencia reprochable. Ello es así, por cuanto el debido respeto al propósito de preservar la "igualdad" de las partes expresado en el voto de la mayoría (vid. f. 648) exigía en todo caso una prudente apreciación de los posibles perjuicios que, en función del contrato, podían padecer ambos celebrantes, lo que no se advierte haya acontecido en el sub júdice, toda vez que no se desprende del pronunciamiento la consideración de la pericial contable de foja 199, conforme a la cual, según lo argumentado por la recurrente, resultaría demostrada la existencia de un resultado desfavorable para la Asociación en el mes de octubre de 1994, sin poder reclamar una suma mayor dado el reemplazo en el nuevo convenio del sistema de pago por prestaciones (acordado en el anterior) por el sistema de cápita fija.

Dable es añadir, a mayor abundamiento, que el correcto juzgamiento del caso desde el mentado principio rector requiere de los jueces una detenida valoración de las particulares circunstancias que rodearon la contratación -sus antecedentes y conductas sobrevinientes- en orden a reconstruir el contexto negocial que motivó la expresión de voluntad común (cfr. Fallos, 324:606, disidencia parcial del doctor Moliné O'Connor).

Asimismo, ha dicho el Alto Tribunal de la Nación que la buena fe implica un deber de coherencia del comportamiento que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever (Fallos, 325:2935), debiendo desestimarse toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que -merced a sus actos anteriores- se ha suscitado en la otra parte (cfr. Fallos, 315:890; 325:1787; 325:2935).

Y ello no parece haber sido atendido cabalmente en el voto que hiciera mayoría, toda vez que, no obstante la trascendencia que -por dichos lineamientos- ostenta el proceder de los celebrantes para el esclarecimiento de lo efectivamente querido en la concertación del negocio jurídico, dejó de lado ciertos aspectos fácticos que surgen de un minucioso examen de los autos, como el pago de la cápita del mes de setiembre sin deducciones por parte de la demandada, extremo expresamente propuesto por la Asociación (aludido también en el escrito de contestación de agravios, v. fs. 633 vto. y 634 vto.), cuyo desmerecimiento inmotivado también refuerza el reproche constitucional que le cabe al fallo traído en recurso.

Así visto, no satisface el derecho a la jurisdicción el decisorio que prescinde de elementos decisivos para la suerte de la causa utilizando una fundamentación tan sólo aparente y contraria a las constancias de autos, lo cual deja incumplido el deber de suficiencia que impone el artículo 95 de la Constitución Provincial (cfr. A. y S. T. 83, p. 71).

La motivación suficiente exigida por la Ley Suprema no impone un cartabón de "quantum", sino de calidad de las argumentaciones que le sirven de sustento, lo cual supone correlación entre aquéllas y lo resuelto. Es decir, no existe una medida en la fundamentación de la sentencia judicial, sino que bastará con que la misma contenga fundamentos mínimos suficientes, debida fundamentación o sustento necesario como condición de validez.

En otros términos, la justificación del razonamiento decisorio judicial exige una fundamentación suficiente -que exprese todos los argumentos "fuertes" que se pueden aducir en favor del resultado interpretativo defendido- e integral, o, en otras palabras, una argumentación que se haga cargo de todas las dimensiones o materias involucradas decisivamente (regulatoria, fáctica, lingüística, lógica y axiológica) -cfr. al respecto: Vigo, Rodolfo, "Problemas y teorías actuales de la interpretación jurídica" en "Interpretación jurídica (del modelo iuspositivista legalista decimonónico a las nuevas perspectivas", Rubinzal-Culzoni, Bs.As., Santa Fe, 1999, págs. 13 y ss. y "Razonamiento justificatorio judicial", en "DOXA - Actas del XVIII Congreso Mundial de la IVR (Buenos Aires,1997)", 21, Vol.II, Cuadernos de Filosofía del Derecho, INGRA Impresores, España, 1998, págs. 483 y ss.)- como condición de su validez (cfr. A. y S. T. 189, p. 448).

Exigencia que, en suma, no se encuentra cumplida en la especie.

Las consideraciones expresadas bastan para concluir en la procedencia de la impugnación articulada, toda vez que tales anomalías verificadas en el ámbito de lo fáctico se proyectan sobre todo el decisorio, tornándose inoficioso el tratamiento de los restantes agravios articulados.

De todo lo expuesto ha de colegirse que el pronunciamiento no se adecua al ordenamiento jurídico fundamental, correspondiendo su anulación para que la causa sea nuevamente juzgada.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Adhiero a la solución propiciada en el voto del señor Ministro preopinante, por coincidir en lo sustancial con los fundamentos allí vertidos, entendiendo que en el caso luce suficientemente demostrado el apartamiento normativo reprochado por el recurrente, por lo que la sentencia, basándose en invocaciones genéricas de un enriquecimiento sin causa, se desentendió del contrato de cápita y su alcance.

Por su parte, la justificación de los descuentos en que se basó la Cámara para revocar la sentencia, invocando una costumbre en contrario, carecen de suficiente motivación, en orden al contrato suscripto, y cuando se advierte que para tenerlo por acreditado, los Sentenciantes se basaron en una parcializada consideración de las constancias de la causa. Circunstancias a las que detalladamente se indica en el voto al que adhiero.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- , el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas (artículo 12, ley 7.055). Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Falistocco y Gastaldi dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas. Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda, a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)