Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-06


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los seis días del mes de febrero del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Fernando Nahuelanca y asistencia del señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"C., N. c/ S. N. S.A. s/ SUMARIO", Expte. nro. 12.859/02, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (Expte. nro. 543/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 616), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Julio Antonio Alexandre, Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y Dr. Fernando Nahuelanca.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 566/576? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que la sentencia de fs. 566/576, por la que hace lugar parcialmente a la demanda, rechaza el caso fortuito planteado por la demandada y condena en costas a la vencida regulando los honorarios de los profesionales actuantes, es apelada por ésta última a fs. 581 y a tenor del informe de fs. 594/609, contestada a fs. 611/613. También apelan los letrados de la actora, por derecho propio, considerando baja la regulación de sus honorarios conforme las razones que exponen a fs. 582/583.

Del estudio de las presentes actuaciones dentro del marco jurisdiccional que autorizan los recursos interpuestos, se advierte que ha quedado consentida la responsabilidad atribuida a la accionada limitando sus agravios a todos y cada uno de los rubros que integran el monto de la reparación, considerando que en algunos se ha pecado por exceso y en otros por resultar improcedentes con fundamento en arbitrariedad por incongruencia, en algunos casos por errónea apreciación probatoria y, en otras, por omisión.

Considero importante destacar la omisión consentida por las partes, de dar las razones fundantes de la improcedencia de la inconstitucionalidad de los arts. 7º y 10º de la ley 23.928 y que traería como consecuencia admitir la indexación del reclamo, reiteradamente argumentada por la actora y no ignorada por el a quo en los resultandos de la presente.

Y, aún cuando la ausencia de agravio no requiera decisión alguna en la alzada, hago referencia al tema pues tal como lo he señalado en la causa "G., S. Eñ c/ F. P., O. A. y otra s/ daños y perjuicios", (Expte. nº 13.988/03), RSD nº 69/2004, con cita de José F. Márquez en "Prohibición de indexar e intereses", publicada en JA 2002-IV, fascículo 10, pág. 42, se mantiene la prohibición de reajuste y con la modalidad de uso de la tasa activa ya sea de la banca local o nacional se cubre satisfactoriamente todo desfasaje.

Así, al margen de opinar en cuanto al tema resuelto de manera implícita, permite justificar la procedencia de la tasa utilizada por el sentenciante y desestimar las críticas que formula la demanda en cuanto a esta cuestión. El planteo actual del recurrente supera la mera discrepancia matemática en la fijación de los rubros que integran la condena, ya que al fundamentar su crítica avanza en cuanto a la prueba y magnitud y naturaleza de cada uno de los daños alegados de allí que valga la pena dejar en claro que ya es doctrina aceptada en la materia que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino solo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CS Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc), asimismo que tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que resulten apropiadas para resolver el caso (CS Fallos 274:113; 280:3201; 144:611, entre muchos), por lo que deberá inclinarse por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa.

Y es que importan, en definitiva, y dentro de tal marco jurisdiccional al decir de Aragonés Alonso, los hechos "jurídicamente relevantes" (ver "Proceso y Derecho Procesal", Ed. Aguilar 1960, pág. 971, párr. 1527), o "singularmente trascendentes" como los denomina Calamandrei en su trabajo "La génesis lógico de la sentencia civil" en "Estudios sobre el proceso civil", págs. 369 y ss). (Todo en CNCiv., sala D, 2005/03/17 - T. V. E. S. L. SA c. B. e Hijos SA- Rev. LL de junio 1-2005, 12, fallo 108.984).

Además, tendré en cuenta que resultan extemporáneas las críticas que tienen como sustento presuntos errores u omisiones periciales cuando se ha perdida la oportunidad de impugnarlas en tiempo propio tal como se aprecia en ocasión de la mera manifestación de fs. 409 y como consecuencia de la resolución consentida de fs. 530 (ver v.gr. "El Proceso Civil" por De Santo, Ed. Universidad 2002, t. VII, pág. 323, parág. 5º).

Se cuestiona en discurso cuasi reiterativo (ver alegato), el monto fijado por incapacidad sobreviniente, considerándolo infundado y excesivo, sin prueba cierta que lo avale y sin tenerse en cuenta el real perjuicio patrimonial en atención a la naturaleza de las tareas desarrolladas por la víctima.

Es sabido que la responsabilidad civil, en su función resarcitoria, supone, la equivalencia entre el daño y la indemnización con la cual se lo enjuga. Y es que, el daño resarcible no se circunscribe al evento fáctico disvalioso inherente a un suceso sino que va más allá, requiere que repercuta negativamente en bienes de valor económico y/o que afecten la integridad espiritual o social de la víctima.

Solo apreciando las repercusiones de cada caso, según las circunstancias de hecho y de la víctima, es factible conceder una reparación apropiada e individualizada (ver Matilde Zavala de González, "Actuaciones por daños. Prevenir. Indemnizar. Sancionar", Ed. Hammurabi 2004, pág. 71, parág. 26).

En tal sentido debe tenerse en cuenta que el concepto de indemnización de perjuicios lleva implícita la realidad de estos y para su establecimiento judicial, es necesaria una comprobación suficiente de tal realidad (CS, julio 15-997 - Reyes, P. Á. c. Estado Nacional y/u otros s/ juicio de conocimiento - RED, 32-238; ED, 168-691, nº 1823 y 18224).

Ya no se discute que la indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquella tiene con relación a todas las esferas de la personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. (conf. Llambías, J. J. "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", t. IV-A, p. 120, n. 2373; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio- Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias", comentado, anotado y concordado", t. 5, p. 219, n. 13; Cazeaux- Trigo Represas "Derecho de las obligaciones", t. III, p. 122; Borda, Guillermo A. "Tratado... Obligaciones", t. I, p. 150, n. 149; Mosset Iturraspe, J. "Responsabilidad por daños" t. II-B, p. 191, n. 232; Alterini- Ameal- López Cabana, "Curso de obligaciones", t. I, p. 292, n. 652).

En circunstancias análogas he tenido oportunidad de recordar a Zavala de González cuando enseña que "la actividad doméstica tiene un innegable valor económico, que se cumple en interés propio y de los allegados convivientes y representada tanto por los quehaceres materiales que suscita la atención del hogar, como por la organización y economía familiar y la educación y cuidado de los hijos.

La administración del hogar y la conducción de los múltiples aspectos cotidianos de la vida de los hijos tiene el valor de una verdadera empresa, cuyas ventajas (materiales y morales) son evidentes así no se visualicen desde un punto de vista monetario directo" (Zavala de González, Matilde en "Resarcimiento de daños", 2a., Ed. Hammurabi, Bs. As., 1993, ps. 427/8).

Que si a tales referencias genéricas se suman los elementos probatorios adquiridos en la causa esto es el grado de incapacidad secuela del daño atribuido a la accionada tal como surge tanto de la periciales inimpugnadas como de la historia clínica confrontada con todo el esto de la prueba; las condiciones personales de la víctima, tal como surge de la documental que no ha quedado alcanzada, en atención a su naturaleza jurídica, por el mero desconocimiento inicial y de los demás datos enunciados en la demanda y corroborados por la pericial 199/200 y explicaciones de fs. 400 más la de fs. 381/383, que permiten apreciar las dificultades a la que se verá afectada la reclamante en cuanto a las tareas hogareñas, higiene personal, trato familiar y social.

Y es que, aún cuando el a quo haya sido egoísta a la hora de exponer los elementos que ha tenido en cuenta para fijar el monto en cuestión, no puede inferirse que no fue consecuencia de los datos que tuvo a la vista y confrontó, ya que si relacionamos las circunstancias señaladas con el período de vida útil y pauta salarial adaptable al caso de conformidad dentro de las facultades que otorga el art. 165 CPr. (y no con la rigidez que pretende darle el recurrente a fs. 596vta.), conforme la prudencia aconsejable en la materia tal como surge del art. 1069 CCiv. (y sin que exista conducta alguna que pueda configurar el supuesto "abuso por omisión" denunciado en el memorial), estimo una suma que no difiere con la acordada en el fallo.

Que a partir de fs. 598, la recurrente imputa como desconsiderada y excesiva la suma estimada por año moral. Esto es, no se cuestiona su existencia sino su cuantía.

El pobrísimo tratamiento de este rubro por parte del sentenciante permite compartir, en principio, la opinión del quejoso en cuanto a la mera apariencia de la motivación y, en tal sentido, nuestro Máximo tribunal nos informa que si el juzgador ha prescindido de efectuar un tratamiento adecuado del asunto conforme a las pruebas producidas, y si los argumentos expuestos han franqueado el límite de razonabilidad al que está subordinada la valoración de la prueba, el pronunciamiento no constituye un acto judicial válido (CS, 19/10/2000- Guajardo Sepúlveda, Hernán H. y otros v. Concesionario Ruta Nacional n° 7 Caminos del Oeste S.A., JA 2002-II, síntesis). En el caso considero no resulta necesario llegar a la medida extrema sino admitirlo como cuestión apelada y resolver en consecuencia.

Así, en primer lugar, no comparto el criterio del a quo en cuanto a la doble naturaleza del rubro y ello incide en su determinación, en tal sentido el carácter resarcitorio es sostenido mayoritariamente v.gr. por Planiol-Ripert, "Traite Elementaire de Droit Civil", y. II, pág.328; Busso, "Código Civil Anotado", t. III, pág. 414; Borda, "Tratado de Derecho Civil- Obligaciones", t. I, pág. 190; Orgaz, "El daño moral, ¿pena o reparación?", ED 79-855 y "El daño resarcitorio", pág. 220 y sigts.; Mosset Iturraspe, "Reparación del Daño Moral", JA 20-295; Aída Kemelmajer de Carlucci en "Código Civil y leyes complementarias" dirigido por Belluscio y coordinado por Zannoni, Ed. Astrea 1984, t. 5, pág. 109 y sigtes.; Gabriel A. Stiglitz y Carlos A. Echevesti, en "Responsabilidad civil", dirigido y coordinado por Mosset Iturraspe y Kemelmajer de Carlucci, Ed. Hammurabi 1997, pág. 245.

En la ley civil no hay castigo; con ella no se busca infligir un mal a quien ocasionó un daño; el mal ya está producido y se trata de lograr su reparación (ver v.gr. CNCom. Sala A, marzo 24-2000, ED 188-411; CNCiv., sala M, febrero 5-2001, ED 194-197; CNCiv., sala F, diciembre 6-999, ED 191-178; CS, 28/04/98 - M., D. D. c. Corrientes, Provincia de s/ daños y perjuicios- Rev. ED de febrero 11-999, SJ nº 770).

Además, y tal como lo he sostenido invariablemente en la materia, adhiero a la opinión de Matilde Zavala de González cuando señala que conforme posición decididamente mayoritaria de doctrina y jurisprudencia, no procede fijar el monto por daño moral en una cierta proporción respecto de los patrimoniales, porque no hay relación necesaria ni constante entre ambas clases de perjuicios ("Actuaciones por daños. Prevenir.

Indemnizar. Sancionar", Ed. Hammurabi, 2004, pág. 318 parág. 191 y Corte Suprema de Justicia de la Nación, 20/03/2003, Lema, Jorge H. c. Provincia de Buenos Aires y otros, La Ley Online; CS, 09/12/1993, Gómez Orue de Gaete, Frida A. y otra c. Provincia de Buenos Aires y otros, LA LEY 1994-C, 546).

Más allá de la justicia del reclamo y de conformidad con los lineamientos genéricos deslizados en los párrafos anteriores, nunca ha sido fácil la cuantificación en el caso concreto, de allí que seguiré las pautas dadas entre otros por Daniel Pizarro cuando expone que a tal fin deberán merituarse las circunstancias del caso, teniendo especialmente en cuenta la personalidad del damnificado, edad, sexo, condición social, su particular grado de sensibilidad; si el reclamante es directo o indirecto; en el último caso el vínculo existente; la índole de las lesiones sufridas; la pluralidad de intereses lesionados, la intensidad que conforme el curso natural y ordinario de las cosas, y específicamente en el caso concreto, puede tener el hecho en la subjetividad del damnificado; la posible influencia del tiempo, como factor coadyuvante para agravar o mitigar el daño moral; la mayor divulgación del hecho en relación con la naturaleza del agravio; la gravedad del padecimiento espiritual y las circunstancias cruentas que pudo haber causado el daño; y en el ap.5. de la ob. cit. agrega: el valor de los precedentes jurisprudenciales.

Como se advierte, el autor enrola decididamente en la doctrina que sustenta atender a la gravedad objetiva el daño causado (ver "Daño Moral. Prevención. Reparación. Punición", Ed. Hammurabi 2004, pág. 427, ap. d).

Tales datos surgen sin dificultad de toda la prueba médica, pericial antes señalada, testimonial e informativa por lo que, y en atención a circunstancias análogas, permitirá una estimación parcial a la que se le deberá integrar un plus por daño estético si correspondiera, que es otro rubro cuestionado.

El tratamiento del daño estético merece idéntico reproche que el del rubro anterior, máxime cuando he sostenido invariablemente que carece de autonomía y de haber quedado secuelas antiestéticas que afecten material o moralmente a la víctima integrará uno u otro rubro. Aún cuando, de existir, merezca ser considerado en particular a los efectos de su justo resarcimiento.

En tal sentido se ha resuelto v.gr. que: "El daño estético no es autónomo respecto del material o moral, sino que integra uno u otro o ambos, según el caso" (ver v.gr. CS abril 28-1998 - "Martínez, Diego Daniel c. Corrientes, Provincia de s/ daños y perjuicios" - RED 33-354 nº 161), o que debe ser genéricamente resarcible, razón por la cual debe ser incluido en alguno de los rubros que componen el detrimento patrimonial o moral de la persona ya que lo reparable no es la lesión estética como tal, sino el agravio moral o patrimonial que tiene su origen en aquella (CFed., La Plata , sala III, 2006/02/13, LLBA, 2006-516).

Aclarando mi postura vale recordar que la lesión estética puede o no constituir un daño patrimonial. Lo constituirá si repercute en el futuro sobre las posibilidades económicas de la víctima, es decir si infiere un daño consistente en la imposibilidad de seguir desarrollando su actividad productiva ­como en el caso de un actor de cine, una azafata aérea, una modelo publicitaria­, disminución de ganancias, etc., pero no constituirá daño patrimonial cuando no provoque un perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria. Todo sin perjuicio de que el mismo pesará al momento de considerar el daño moral.

En el caso de autos, de conformidad con los datos que surgen de la prueba adquirida, se encuentra absolutamente probada la secuela estética del daño y los inconvenientes que causa así como la mortificación personal y social permanente. Por tal razón integrando ambos conceptos, en definitiva estimo prudentemente que corresponde un resarcimiento total por "daño moral" de pesos cien mil. Y así lo propongo al acuerdo.

El a quo ha acogido parcialmente el reclamo que se formula en el inicio bajo el rubro daño emergente, sin dar cuenta de tal actitud. Así, entiendo que todo aquello comprendido en el punto b) quedó integrado al rubro "incapacidad sobreviniente" y si tal fue el criterio coincide con el concepto que por tal di oportunamente.

En cuanto al ítem que corresponde al p. a), esto es, gastos correspondientes a tratamiento médicos y psicológicos a los que el a quo agrega los de farmacia sin queja del oponente. Se vuelven a cuestionar por falta de prueba y de descuento de lo percibido por cuenta la frustrada citada en garantía.

Contrariando los argumentos que vierte la recurrente ya he tenido oportunidad de señalar en casos análogos que los gastos médicos y de farmacia son admisibles aún cuando la atención se haya prestado a través de obra social, pues es sabido que éstas no satisfacen todos los gastos que el paciente se ve obligado a realizar, y son indemnizables aunque no existe prueba específica en cuanto a su monto si su verosimilitud resulta cierta como consecuencia lógica y necesaria de las secuelas producidas por el accidente o tratamiento a que ha debido someterse la víctima, quedando librada a la apreciación judicial la fijación del monto siempre que la acreditación del perjuicio esté debidamente probado (en igual sentido ver v.gr. CNCiv., sala K, febrero 4-999, G., M. D. c. B. R. S.A., en Rev. La Ley del 24/11/99, pág.13, fallo 99.587; ídem CNCiv., sala D, 1999/09/09, C., L. B. c. H., A. H. y otro, en Rev. La Ley de 2000/06/28, pág.15, J.Agrup., fallo 15.082; ídem CNCiv., sala K, 1999/02/25, P. De P., A. c. M., L. A., en Rev. La Ley de 2000/06/28, pág.15, J.Agrup., fallo 15.083).

Al respecto abundan fallos y comentarios doctrinarios en los que hasta el cansancio se ha reiterado la procedencia de los gastos de atención médica, farmacéuticos y de traslados cuando existe daño con secuelas en la víctima, aun a falta de comprobantes, pues se presume necesidad de su erogación, aún cuando la víctima cuenta con cobertura por obra social o se atienda en establecimientos públicos, (ver v.gr. CNCiv., sala L, 15/09/95, JA, 1999-IV, síntesis; CCiv y Com., San Martín, sala 2ª, 17/03/95, JA 1999-IV, síntesis; CNCiv. y Com. Fed. Sala I, abril 15-1999, ED 186-440; Aída Kemelmajer de Carlucci, en "Código Civil y leyes complementarias, Comentado, Anotado y concordado" dirigido y coordinado por Belluscio y Zannoni respectivamente, Ed. Astrea 1984, t. 5, pág. 209, p.5).

No obstante se impone suma prudencia respecto de tal acogimiento y así se lee con frecuencia que tales gastos -ya afrontados o de futuro- deben ser reparados aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia -máxime, como en el caso, cuando refiere a gastos futuros- pero ese concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces, sino que encuentra su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba y en la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas y carácter de ellas, así también como el tratamiento que el médico aconseja realizar, y todo ello sí debe ser probado y no puede derivar solamente de la voluntad de la víctima- o del juez (ver v.gr. CCiv. y Com. Morón, sala 2ª 17/08/95, JA 1999-IV, síntesis).

En nuestro caso se ha documentado suficientemente al tribunal respecto de la magnitud y complejidad del tratamiento integral de la víctima y de los presuntos gastos que deberá afrontar de conformidad con la opinión formulada en las experticias.

Ello, y al margen de las ocasionales gastos afrontados por la aseguradora, admiten fijar prudencialmente una suma resarcitoria de pesos veinticinco mil.

De conformidad con lo propuesto el monto indemnizatorio debe reducirse a la suma de pesos ciento setenta y cinco mil ($175.000.00), con más los intereses en la forma establecida en el fallo conforme lo dicho al comienzo.

Por imperio del art. 279 CPr., debiendo readecuarse los honorarios de los letrados intervinientes, han perdido contenido los agravios en cuestión a los mimos.

Lo propuesto al acuerdo torna operable la readecuación prevista en el art. 279 del CPr. lo que implica tornar abstracta la apelación que por derecho propio articularon los letrados de la actora y las quejas de la demandada.

Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada en razón de no encontrarse razones para apartarse del principio contenido en el art. 68 CPr. y se difiere la regulación de honorarios de ambas instancias de los profesionales intervinientes al momento del acuerdo.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada y en consecuencia se reduce el monto indemnizatorio a la suma de pesos ciento setenta y cinco mil ($175.000.00) con más los intereses fijados en el fallo, todo de conformidad con los considerandos pertinentes.

2. Declarar abstracto el recurso interpuesto por los letrados tal como se ha señalado oportunamente (art. 279 CPr.) 3. Costas en ambas instancias a cargo de la demandada y se difiere la regulación de los honorarios al momento del acuerdo.

A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo y los agravios. Remisión.

Desde que comparto plenamente la postura del magistrado preopinante para la solución de caso, es pertinente que me remita a la reseña del pleito, fallo dictado y agravios de la demanda contra el decisorio en crisis, en su voto realizado.

2. El recurso de la parte demandada.

Tres son los agravios que dan fundamento al recurso del demandado: el primero vinculado a la cuantificación de los daños, el segundo a la tasa de interés y el último a la regulación de honorarios calificada como excesiva.

2.a. La impugnación de los montos.

Este agravio abarca la totalidad de los conceptos que integran la indemnización: daño material, daño moral, lesión estética y tratamientos médicos y kineseológicos. En todos los casos se consideran excesivos los montos fijados. En relación al daño material, el recurrente funda la demasía que invoca en la falta de acreditación de tareas remuneradas por parte de la actora, que era ama de casa. Es decir, vincula el monto indemnizatorio exclusivamente a la productividad.

Dos argumentos básicos sustentan el rechazo del agravio; el primero se refiere a la superación del criterio que circunscribe la reparación de los daños, exclusivamente, al desempeño laboral de la víctima; el segundo al contenido económico de la actividad doméstica.

En orden al primero, ya he señalado en anteriores precedentes, que el valor vida tiene base constitucional puesto que como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación es "el primer derecho natural de la persona humana" (Fallos 302:1284).

Se lo consideró, tradicionalmente, un derecho implícito o no enumerado (arg. art. 33 C.N.) y con la reforma de 1994 ha quedado expresamente incorporado al texto constitucional porque de ese modo lo reconoce el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 4.1. Obviamente, como necesaria derivación de éste se reconoce con idéntica jerarquía el derecho a la integridad corporal. Ello, sin dudas, se proyecta en la materia que nos ocupa. Es que la salud tiene un valor para su titular; se trata de un bien jurídicamente tutelado y cuando es lesionado, cuando se afecta su utilidad, el menoscabo integra el contenido de daño.

En esta tesitura, según la cual la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable, se enroló calificada doctrina y jurisprudencia y el criterio quedó ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Dicho tribunal ha sostenido que todo menoscabo permanente de la integridad sicofísica de la persona es un daño resarcible por sí dentro de la categoría de daño patrimonial y desvinculando el concepto de patrimonialidad de la mera pérdida de ganancias al incluir además diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos 315:2834).

Incluso, hace ya más de dos décadas las "Jornadas sobre Temas de Responsabilidad Civil en Casos de Muerte o Lesión de Personas celebradas en Rosario en 1979" recomendaron que para la fijación del resarcimiento debe tenerse en cuenta la persona humana con su multiforme actividad; debiendo computarse y repararse económicamente toda lesión sufrida, ya sea en sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, religiosas, sexuales.

Aída Kemelmajer de Carlucci -en obra ya citada por el anterior votante- invoca esta recomendación para sostener que es ese el criterio, prevaleciente en la actualidad ya que la postura doctrinaria de que sólo las incapacidades que disminuyen la aptitud productiva son indemnizables como daño material ha perdido su antigua importancia ("Código Civil y leyes complementarias. Anotado, Comentado y Concordado", Director Augusto C. Belluscio, Tomo 5, ED. Astrea. Bs.As. 1984; comentario de la autora al artículo 1086, & 13, p. 219/220).

Entonces, al momento de cuantificar los daños materiales, cabe evaluar la incidencia de la lesión a la integridad sicofísica dentro de un espectro más amplio que el propuesto por el recurrente. Por supuesto que lo manifestado no significa desconocer lo estrictamente patrimonial sino advertir que éste aspecto integra el contenido del daño junto con otros también importantes. En el caso, la pericia médica obrante a fs. 397/393 a la que hace referencia el juez de grado, no impugnada por las partes, da cuenta de la existencia de daños corporales -quemaduras cuya extensión total fue calculada en el 10% de la superficie corporal- y de importantes limitaciones en las diferentes funciones básicas de la mano que llevaron a calificar la incapacidad de la actora en un grado del 50,95%. Reitero que tal conclusión no fue impugnada por las partes.

Va de suyo, la indudable repercusión negativa que tal limitación comporta para todas las actividades personales de la vida diaria de la actora, amén de las laborales.

En relación a este aspecto, teniendo en cuenta que la reclamante no estaba vinculada a actividad laboral fuera de la doméstica, corresponde -frente a la crítica del demandado- abordar lo relativo al contenido económico de la actividad doméstica.

La actividad de cualquiera de los cónyuges en el hogar -en el caso de la mujer- es trabajo y tiene un importante valor económico. Grafica claramente lo expuesto una reciente definición recientemente del trabajo doméstico: la producción de bienes y servicios dentro del hogar como resultado de la combinación del trabajo no remunerado y de la adquisición en el mercado de bienes duraderos y no duraderos (OCDE, 1995). Sin dudas, se trata de un trabajo que está fuera de la producción mercantil, pero tal extremo no puede conducir a negar su existencia o a ignorarlo. En definitiva, la gratuidad de estas tareas no es óbice para la procedencia de la indemnización (cfr. J.J. LLAMBIAS, "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", T. IV-A, N° 2373, ps. 120/121).

Incluso es posible su valoración a través de distintos métodos. Estos son el costo de oportunidad -que toma como referencia el salario real o potencial al que el encargado/a de la casa renuncia en el mercado del trabajo-; el costo de reemplazamiento -que toma como referencia el que se incurre al contratar el servicio a tiempo completo-; el más utilizado que es el de servicios -es un refinamiento del anterior, ya que toma como referencia el costo de mercado de cada actividad doméstica por separado- y otros más complejos y menos desarrollados como los que buscan el valor añadido a los bienes (alimentos vestidos), el capital físico (inmuebles, electrodomésticos) y el capital humano (cfr. Carrasco, Cristina "El trabajo doméstico.

Un análisis económico", Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid. Idem, Almudena Baanante Gismero; "El Trabajo Doméstico. Análisis económico desde una perspectiva de género", mayo 2005, Observatorio de género, Universidad Carlos III de Madrid, página web, doctrina).

Las dos premisas reseñadas dan fundamento suficiente al rechazo del agravio vinculado a la cuantificación del daño material. Ello desde que el ensamble del contenido sustancial de los mismos con las particularidades del caso que surgen de las pruebas incorporadas al proceso, demuestra la inexistencia de arbitrariedad en la fijación de dicho monto indemnizatorio.

El siguiente cuestionamiento es al monto fijado en concepto de daño moral. Debo señalar que la queja no contiene fundamentos precisos; se trata de expresiones genéricas que solo demuestran una mera disconformidad con su cuantificación.

No obstante ello, frente a la paupérrima motivación de la sentencia de primera instancia en el punto, es preciso efectuar una breve referencia a los fundamentos que avalan la procedencia del rubro y las pautas objetivas que permiten su estimación.

En primer lugar, señalo que se verifica en el caso el menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales provocados por el evento dañoso y que las mismas deben ser evaluadas atendiendo a la naturaleza jurídica de la reparación, resarcitoria y no punitoria, tal como lo señala el colega preopinante.

En tal orden de ideas señalo que se ha acreditado la alteración permanente de su imagen con sus implicancias mortificantes; la entidad de la lesión a la integridad física que generó intensos dolores y molestias que aun hoy continúan; la realización de un extendido tratamiento médico; la alteración disvaliosa de los estados de ánimos -angustia, tristeza-; limitación de la vida de relación (ver en tal sentido pericial médica y pruebas testimoniales).

Estos extremos demuestran no solo la configuración del daño sino también su extensión y permiten, además, concluir que en la fijación del monto, no hay apartamiento de los hechos probados de la causa. Por otro lado, ha de decirse que tal monto no importa un cambio de vida para la víctima o su familia. Es decir, no es fuente de enriquecimiento. Queda, así sin sustento la queja y adhiero a la proposición de su rechazo.

La crítica siguiente se centra en la improcedencia de la suma fijada en concepto de lesión estética. El argumento nuclear que autoriza su acogimiento es la falta de autonomía del daño estético. El Código Civil establece sólo dos tipos de daños: el patrimonial (arts. 519, 1068 y 1069 Cód. Civil) y el moral (arts. 522 y 1098 Cód. Civil). El daño o lesión estética está referido a un concepto naturalístico, nunca configura un rubro indemnizable en forma autónoma respecto al daño moral y al daño patrimonial.

Tal como se ha dicho en el voto que antecede, se trata de una lesión que puede incidir afectando intereses patrimoniales o extramatrimoniales incrementando, por lo tanto y según su caso, el daño material y moral respectivamente (conf. "Vázquez Ferreyra, Roberto A., "Daños y perjuicios: lesión estética", LL 1992 -B-251; en idéntico sentido Bueres, Alberto "El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general", Revista de Derecho Privado y Comunitario, "Daños a las personas", t. 1, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1994, p. 266).

En base a las premisas reseñadas corresponde hacer lugar a la queja; ello desde que, al momento de fijar el quantum indemnizatorio en concepto de daño moral, se ha proyectado razonablemente el impacto de la lesión estética en los intereses extrapatrimoniales de la reclamante y ésta no ha probado una incidencia específica de la lesión estética en el orden patrimonial.

En cuanto a los gastos médicos, adelanto que no prosperará integralmente la queja. Conforme el orden natural de las cosas producido un menoscabo a la integridad psicofísica de la persona se debe recurrir a la asistencia terapéutica y que ello que implica una serie de gastos.

La jurisprudencia, en forma casi unánime no exige la prueba precisa de tales gastos cuando de las características de las lesiones surgen indiscutiblemente que se han realizado esos gastos ya que no siempre pueden ser suficientemente documentados.

En el caso, existe prueba concreta acerca de la entidad de las lesiones que motivaron la internación de la actora y del grado de lentitud y dificultad de la curación de las lesiones; extremos habilitan la procedencia del reclamo por este concepto.

No obsta a ello el hecho que la demandante haya recibido y reciba atención médica a través de su obra social; desde que éstas no cubren en todos los casos la totalidad de los gastos.

Así, la obra social de la actora identificada en la historia clínica -Seros-, tiene variados costos a cargo del afiliado; por ejemplo 60% de los medicamentos en casos de ambulación y no reconoce todo producto o elemento accesorio para el diagnóstico (Medios de Contraste etc), según resolución N° 1099/00, conforme se puede verificar en su página web.

Ahora bien, lo expuesto si bien -como he dicho- impide el acogimiento total del agravio; autoriza la revisión del monto de condena. Por ello, entiendo prudente y razonable su reducción a la suma propuesta por el anterior votante. Esto es a la suma de pesos veinticinco mil. 2.b. En cuanto al segundo agravio que versa sobre la tasa de interés adelanto que no ha de tener acogida la queja.

Vengo sosteniendo en relación al punto, que la elección de la tasa constituye un ejercicio razonable de la discreción de los jueces de la causa y que es indudable que la tasa activa es la que respeta adecuadamente el carácter alimentario de los créditos y tal carácter es el que revisten los presentes indemnizaciones derivadas de una incapacidad.

Es que no puede perderse de vista que "el fundamento de la tasa de interés es la devolución que ha de hacer el deudor al acreedor del interés que éste pagó o habría pagado para obtener el capital del que se vio privado a causa de la mora en que aquel incurrió" (CNCiv., sala G, marzo 19-1984; ED, 110-616).

En definitiva, cualquiera otra tasa que se pretenda aplicar puede significar un desequilibrio en detrimento de los derechos del damnificado (acreedor), quien seguramente vería como se privilegia las deudas originadas por otros créditos del deudor o por el movimiento empresarial (Cfr. SD Nº "M.. y L., entre otras). Es decir, conduciría a un resultado disvalioso.

2. c. El último agravio, deviene abstracto ya que la modificación de los montos de condena que se proponen determinan la aplicación de la previsión del artículo 279 del ritual.

3. El recurso del letrado apoderado de la parte actora.

Los mismos argumentos que dan sustento a la declaración propuesta en el punto que antecede -2.c- obligan a declarar carente de virtualidad jurídica la resolución del recurso de apelación interpuesto a fs. 582/583 por los letrados apoderados de la actora, por propio derecho, contra la regulación de sus honorarios contenida en la sentencia apelada.

4. Costas y honorarios.

Las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido por aplicación del principio objetivo de la derrota consagrado por el artículo 68 del CPCCCh.

Los honorarios de primera instancia, se fijan de conformidad con las pautas arancelarias establecidas en el artículo 6 y por aplicación de las escalas específicas para el tipo de proceso en el que se han cumplido todas sus etapas.

En base a ello, teniendo presente que el monto del proceso se integra con el capital y los intereses legales de la condena, valorando además la extensión de los trabajos profesionales, la complejidad del asunto, el éxito obtenido, la trascendencia moral y económica del proceso cuantifico los honorarios de primera instancia a favor de los Dres. E. de V. y G. S. en la suma de pesos noventa mil ($90.000,00), los correspondientes al Dr. V. M. C. A. en la suma de pesos sesenta y cinco mil ($65.000), los correspondientes a la perita M. V. en la suma de pesos ocho mil ($8.000) y los correspondientes a la perita S. M. en la suma de pesos ocho mil ($8.000).

Los honorarios de segunda instancia se establecen de conformidad con las pautas generales establecidas en el artículo 6 de la ley arancelaria citada y por aplicación de la escala específica del artículo 14 del mismo ordenamiento, a favor del Dr. E. J. de V. en la suma de pesos ventisiete mil ($27.000) y a favor del Dr. V. M. C. A. en la suma de pesos veinte mil ($20.000). A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

Por todo lo expuesto, adhiero a la propuesta efectuada en el voto que antecede.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que el Dr. Fernando Nahuelanca no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1º) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 581. Modificar, en consecuencia, el punto 1º de la sentencia de fs. 566/576, estableciendo el monto de condena en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($175.000) con más los intereses allí establecidos.

2º) Declarar de abstracto tratamiento la resolución del recurso de apelación interpuesto a fs. 582/583 por los Dres. E. J. de V., G. S. y E. V..

3º) Costas de ambas instancias al demandado vencido.

4º) Regular los honorarios de primera instancia a favor de los Dres. E. de V., E. V. y G. S., en forma conjunta, en la suma de PESOS NOVENTA MIL ($90.000), los correspondientes al Dr. V. M. C. A. en la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000), los correspondientes a la perita médica Dra. M. V. en la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000) y los correspondientes a la perita psicóloga S. M. en la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000).

Regular los honorarios de segunda instancia a favor del E. J. de V. en la suma de PESOS VENTISIETE MIL ($27.000) y a favor del Dr. V. M. C. A. en la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000).

5º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.

Julio Antonio Alexandre- Juez de Cámara- Silvia N. Alonso de Ariet -Juez de Cámara- REGISTRADA BAJO EL nro.03 DEL AÑO 2007 DELLIBRO DE SENTENCIASDEFINITIVAS