marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, embargo, levantamiento del embargo, plazo, Estado, emergencia económica
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: FOGLIA, MARIA SARA PUIJANE DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     OPOSICION AL PEDIDO DE LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO SAVANCO, PABLO JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     OPOSICION AL PEDIDO DE LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO PEREYRA, RAUL OSVALDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO DICHINO, MARIANO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO FERNANDEZ, NARCIZO FLORENTINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     OPOSICION AL PEDIDO DE LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO CASABIANCA, SANTOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     OPOSICION AL PEDIDO DE LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO NAVARRO, ALBERTO EDUARDO JENARO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     OPOSICION AL PEDIDO DE LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07|1992-07-07|1992-07-07|1992-07-07|1992-07-07|1992-07-07|1992-07-07

El plazo de cinco días establecido en el segundo párrafo del artículo 21 de la ley 10798 de Emergencia Económica, para solicitar el levantamiento de todas las medidas cautelares dispuestas en contra de la Provincia, no está indicado como plazo máximo dentro del cual los sujetos públicos afectados deban ineludiblemente requerir el levantamiento so pena de perder el derecho a solicitarlo, sino como un plazo indicativo de la celeridad con que deben actuar, vencido el cual puede generarse responsabilidad para los agentes o representantes de ellos que no hayan actuado en consecuencia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, despido indirecto, empleador, interpelación
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Prunello, Leonardo Joel c/ Orlando Manuel Ageno E Hijos S.R.L. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-15

En relación a los reproches contra lo resuelto respecto al distracto, es de ver que el recurrente no logra acreditar que los Sentenciantes al resolver del modo en que lo hicieron, hubieran transgredido los márgenes de razonabilidad tolerables para permitir la apertura de esta instancia de excepción, en tanto la Alzada, al tratar el agravio del apelante -que postulaba que el intercambio telegráfico no respetaba los tecnicismos legales para hacer efectivos los apercibimientos contenidos en la misiva, por cuanto no había constituído en mora al demandado previo a darse por despedido de forma indirecta- argumentó que la decisión de la A Quo ha considerado que la formalidad cede frente a la actitud de la demandada en tanto ha negando la relación laboral, y frente a este argumento la recurrente no expresa ninguna queja.
Litisconsorcio, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Liga Popular Contra la Tuberculosis de la Pcia. de Bs.As. c/ Bagliardi Pagliattini, Norberto y otra s/ Interdicto de retener
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19

Si en el presente caso la solidaridad de los accionados por las costas impuestas no emerge de ningún principio legal, ni de ninguna manifestación expresa de voluntad al respecto, siendo sólo una obligación mancomunada en los términos de los artículos 691 y 693 del Código Civil, el importe de la condena en costas se divide por el número de los integrantes del litisconsorcio, siendo cada uno responsable por el pago de la correspondiente fracción.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, inexistencia de otras vías
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Arbonés, Mariano Francisco Juan c/ U.N.C. s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-03

No resulta atendible el agravio vinculado a la presunta ineficacia del trámite administrativo, si los argumentos dados para obviar su empleo no son más que simples discrepancias con aspectos de hecho y de derecho procesal, y se sustentan, básicamente, en una conjetural desconfianza por la actitud que asumiría la administración ante la petición deducida con apoyo en el art. 12 de la ley 19.549, sin haberse cuestionado la idoneidad de este remedio para evitar el perjuicio que la dilación propia de los procedimientos ordinarios podría ocasionarle al actor.
Adquisición del dominio, tradición, subasta judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Azzem, Raúl Salím c/ Provincia del Chubut y-o Banco de la Provincia Chubut s/ Demanda Contenciosa Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-22

La tradición, como modo de adquisición de la posesión se verifica cuando una de las partes entrega voluntariamente una cosa a otra y ésta la recibe, y en el caso, la voluntad, el consentimiento del transmitente, aparece debidamente suplida por la actividad jurisdiccional, en razón de que esta función es una actividad sustitutiva que en ninguna otra etapa del proceso se ve mas nítidamente que en la ejecución coactiva. En ese acto, el Tribunal actúa por el vendedor o transmitente y cumple por lo tanto con los requisitos del art. 2.379 del Código Civil.
Homicidio, homicidio preterintencional
Materia: PENAL
Carátula: T.L.A. Y T.C.J. s/ HOMICIDIO SIMPLE EN PERJUICIO DE OSCAR ROLANDO ODORCICH
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-27

La preterintención es una de las modalidades de la culpabilidad, con un comienzo doloso y un resultado culposo mayor, pero previsible y, en el caso del homicidio, el elemento empleado debe ser inidóneo para producir la muerte. Es digno de destacarse también que al aceptarse el dolo eventual en esta delito (homicidio), la preterintención es solo aceptada por la doctrina y jurisprudencia cuando aparece muy claro en el agente el solo designio de lesionar y el medio empleado no debe ser ni intrínseca ni intrínsecamente idóneo para matar.
Sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: LUNA, Enriqueta Ernestina c/ MAMANÍ, Justo Cayetano s/ DESALOJO I., G. R.  p/abuso sexual c/acceso carnal agravado p/la convivencia, en perjuicio de G.B. (M) c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-11-15|2020-03-13

Se verifica la arbitrariedad en el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación, al declarar de oficio la nulidad de la sentencia sobre la base de la existencia de una serie de irregularidades (ausencia de ciertos nombres, firmas y hora -que motivó la declaración de nulidad de las actas de debate y la sentencia-) que no impidieron que el acto cumpliera con su finalidad, máxime al haber sido rubricado por la jueza y dando fe de ello la secretaria y siendo además que tales nulidades no fueron denunciadas por alguna de las partes. Por consiguiente, los vicios de motivación en que incurre la sentencia la afectan "in totum" debiendo declararse su nulidad y devolver las actuaciones para que ese tribunal -con nueva conformación- resuelva el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, admisibilidad del recurso, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Santander Rio SA c/ López, Ana María s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-13

Corresponde admitir la excepción de inhabilidad de título opuesta en el marco de la ejecución de un certificado de saldo deudor, pues si bien como principio general sólo puede invocarse la existencia de inhabilidad de título cuando se atacan las formas extrínsecas del documento; sin embargo, se verifica en el caso el incumplimiento de los recaudos previstos por la LDC 36, que resulta aplicable en la especie, según se comprueba al analizar la documental adjuntada en autos y la composición de saldo.
Actualización monetaria, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lucero, Luisa Idelina c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-20

Corresponde reconocer la actualización monetaria e intereses por el atraso en abonar haberes previsionales devengados, aunque el capital nominal se haya percibido sin reservas, si la demora en realizarlo respondió al obrar de la Administración y ocasionó una sensible pérdida en la significación económica de las sumas recibidas, que importó retacear el cumplimiento de prestaciones de carácter irrenunciable, en desmedro de su beneficio (doctrina de la Corte Suprema Nacional al revocar un fallo anterior del Tribunal que había otorgado efecto cancelatorio al pago fundado en que la actora no había formulado reserva al respecto ni al tiempo de cobrar las retroactividades ni inmediatamente después, arts. 505 y 742 Código Civil).
Representación procesal, acreditación de la personería
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zoppi, Carlos Miguel c/ Monti, Fernando s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-11

El plazo que se concede a los abogados para acreditar la personería en casos urgentes, comienza a correr desde la fecha de presentación, o sea, desde el momento en que se toma intervención en los autos (art. 48 del Código Procesal). Dicho plazo es de carácter perentorio y para su cómputo solo se toman en cuenta los días hábiles por tratarse de un plazo procesal (art. 156 Código Procesal). (Minoría u opinión personal)
Acción meramente declarativa, competencia previsional
Materia: PENAL
Carátula: DI CREDICO ROLANDO PABLO Y OTROS c/ INST.NAC. DE SERV. SOC. PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-14

Resulta competente el Fuero de la Seguridad Social para entender una acción declarativa de certeza articulada por empleados en actividad bajo relación de dependencia del Banco Ciudad de Buenos Aires, contra el I.N.P.S.J y P. con el objeto de hacer cesar el estado de incertidumbre que pesa sobre los alcance del traspaso del sistema jubilatorio de la Ciudad de Buenos Aires estatuido por el Dec. 82/94, en cuanto a la procedencia del descuento de la alícuota del 3 % dispuesta por el inc. c, del art. 8, de la ley 19.032, en cuanto existiría una doble retención con fines de cobertura previsional, vulnerando el principio de igualdad contributiva. (Del dictamen fiscal al que adhiere la Sala).
Recurso de apelación (procesal), principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUÑOZ ROSA MIRTHA c/ MARIA E. CHERLO DE MOYANO s/ Escrituración (LIBRO: S133 - 192)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-30

"... no fue un capítulo propuesto a la decisión del Juez de primera instancia. Así entonces y no configurando la apelación un nuevo juicio, este Tribunal ad-quem sólo puede emitir pronunciamiento válido con respecto a las cuestiones involucradas en la pretensión de la actora y en las oposiciones de los demandados... trabada la litis, no pueden las partes modificarla y a sus límites debe ceñirse el pronunciamiento judicial. El alcance de las palabras o conceptos empleados al trabarse el litigio, no puede rectificarse o aclararse al alegar o al expresar agravios".
Juicio ejecutivo, excepción de espera
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Autoservicio Mayorista Integral Bonanza SA c/ Inciarte, Rodolfo Antonio s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

A tenor de lo dispuesto por el art. 595 del CPCC, la excepción de espera sólo podrá probarse por instrumentos públicos o privados o actuaciones judiciales que deberán presentarse en sus originales o testimoniadas al oponer aquélla. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Haber jubilatorio, régimen jubilatorio, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Godoy, Antonio Hugo c/ Instituto Provincial de Previsión Social s/ Ordinario - cobro de haberes - Instituto Provincial de Previsión Social c/ Godoy, Antonio Hugo s/ Demanda de nulidad y restitución de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-05-27

Y si con todo eso alguna incertidumbre permite abrigar la interpretación del art. 63 del decreto reglamentario, comparto el criterio sustentado por la Fiscalía de Estado en cuanto a que el beneficio de que se trata ha sido excepcional, concesible a un grupo singular de beneficiarios con menores exigencias, por lo que la inteligencia de las normas que lo regulan no se aviene con las reglas amplias de interpretación de los sistemas jubilatorios ordinarios para la generalidad de beneficiarios (del voto del Dr. Carranza).
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Credito Provincial c/ Revoredo María Isabel s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-28

La habilidad de la constancia bancaria del art.793 C.Com. exige que el saldo se determine, sin que sea menester demostrar que ha sido comunicado al cliente o conformado expresa o tácitamente por éste.-
Prueba testimonial, testigos, obligaciones, proceso penal, declaración testimonial, juramento y promesa de decir verdad
Materia: PENAL
Carátula: VERA, AGUSTIN c/  s/ ROBO CALIFICADO EN LUGARES POBLADOS Y EN BANDA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-04-30

Sabido es que el testigo tiene tres obligaciones: de comparecer, de prestar declaración y juramento, mas en este caso, por su especial situación de condenado por el mismo hecho por el que se somete a otra persona a proceso penal, no tiene todas las obligaciones del testigo. Así, tiene deber de comparecer y, por tanto, puede ser traído por la fuerza pública en caso de negarse a hacerlo y tiene obligación de prestar declaración y, en consecuencia, puede ser interrogado por la parte que lo ofreció, y sometido a contraexamen por la contraria. A su vez, sus declaraciones previas -como serían en el caso los registros de audio y video que el Fiscal ofreció- no son pruebas, por lo que no deben ser ofrecidas como tales, pero sí pueden ser usadas para confrontarlo o para refrescar su memoria sin necesidad de ofrecimiento en los términos de artículo 326 del Código Procesal Penal. Pero no tienen que cumplir la obligación de prestar juramento, lo que además importa la imposibilidad de que incurran -eventualmente- en el delito de falso testimonio. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Netri y Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: "Mariaux", AyS T 273, p 428. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 326
Recurso de casación, trámites judiciales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Caceres, Adela Natalicia s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-22

Es facultad del tribunal de mérito efectuar una primera revisión del recurso de casación a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales que la ley prevé y puede avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surja la improcedencia de la vía recursiva. Ello no implica que el tribunal se convierta en juez de su propio fallo, sino que participa en la habilitación de la instancia superior en la medida que el propio Código establece.
Prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Francisco Anibal Tejeda. c/ Empresa Ricardo F. de Elía. S.R.L. . s/ Laboral.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-08-27

Quien reclama el pago de diferencias por horas extraordinarias debe probar que efectivamente las trabajo de tal forma de no dejar dudas sobre el punto, y lógicamente que las mismas no le fueron abonadas.
Excarcelación, dictamen fiscal, flagrancia, prisión preventiva
Materia: PROCESAL
Carátula: V., D. M. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-18

Rodriguez Varela, sin perjuicio de que haber fijado su postura en cuanto al carácter no vinculante que el dictamen fiscal favorable tiene a la hora de tener que resolver la excarcelación (Causa Nº 20.266/19 "Tierno" del 10/4/19), brindó mayores precisiones y fundamentos. Precisó que "(.) mediando la debida promoción de la acción penal por el Ministerio Público Fiscal de la Nación (arts. 180, 181, 188, 185, 195 y 196 del CPP) -a excepción de la que da lugar al procedimiento de flagrancia donde el legislador quiso establecer lo contrario-, los jueces tanto mantienen la jurisdicción en las cautelas personales regladas por los artículos 280, 283, 289 y 312 del CPP, en las que ni siquiera se contempla la opinión previa de la parte acusadora, como en la implicada necesariamente en el supuesto inverso del rechazo de la excarcelación (.)". Agregó "Sin perjuicio de esta consideración general, de todas formas entiendo que la opinión del fiscal contraria al encarcelamiento previo a una condena firme -nuevamente, cualquiera sea la vía por la que se discute la cuestión y salvado el standard del art. 69 del CPP-, si bien no determina la decisión de los jueces, los obliga a responder con especial atención sus argumentos, extremando la ponderación de la naturaleza excepcional de la prisión preventiva; con más razón, en esta instancia, cuando la postura es mantenida por la Fiscalía General. En suma, si ha de resolverse en contra del criterio del Ministerio Público Fiscal favorable a la libertad, entiendo que el ejercicio de la jurisdicción se mantiene pero debe dar cuenta de una ineludible y singular necesidad del grave recaudo en cuestión, superando ostensiblemente la razonabilidad de los argumentos contrarios o valorando elementos de juicio omitidos o abordados de forma defectuosa por el Fiscal". Finalmente, por entender que no se verificaban en el caso a resolver graves razones para contradecir la postura del fiscal, compartía la solución de su colega Lucero.
Monto de la indemnización, cese de uso de nombre comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cese de uso de nombre comercial: Hormigonera Jujuy S.R.L. c/ Urbania S.R.L. y otros s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2021-06-07

Para cuantificar los daños reclamados por el uso del nombre comercial de la actora, es conducente la utilización de distintos criterios, como ser: tanto los beneficios que podría haber obtenido el titular marcario de no haberse sucedido la violación de su derecho, como los que obtuvo el que usó indebidamente la marca; regalías "razonables" acordes a la marca; como así también el precio que este último habría tenido que abonar para su utilización. Por ello luce justo y prudente establecer un porcentaje anual sobre las ganancias producidas, desde el inicio de su actividad hasta la fecha.
Ley de defensa del consumidor, multa, información al consumidor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: La Martina y/o Gomez Celina Teresa s/ Apelacion (Ley Pcial. N° 1480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-03-19

Procede confirmar la multa impuesta a un local comercial con sustento en el art. 5 de la Ley 24.240, dado que se han constatado productos en estado vencido que se encontraban exhibidos en góndola listos para la venta al público, siendo un riesgo potencial para la salud de los consumidores.
Contrato de trabajo, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Delfino, Francisco c/ Lugma S.R.L. y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-29

Teniendo en cuenta la literalidad del art. 2 de la ley 25.323, la multa allí contemplada no resulta aplicable en los casos de omisión de pago de aguinaldos y retribuciones de vacaciones.
Homicidio, legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: R., R.E. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-06-03

Debe descartarse la posición defensiva en la que se colocó el imputado en situación de legítima defensa, porque si bien surge de los dichos de los testigos, hasta del propio hermano de la víctima, que éste fue un hombre problemático, que siempre andaba armado y que fue violento, ello no puede tomarse como basamento de una legítima defensa que presupone, para quien se defiende, la agresión ilegítima, la falta de provocación suficiente y la racionalidad en el medio empleado para defenderse. En el caso sub-exánime se descarta de plano todo ataque de la víctima, que no tuvo tiempo a nada, sino que virtualmente fue ejecutado por el imputado con un disparo letal, que inmediatamente lo arrojó al suelo, como lo reconociera el propio acusado.
Gobierno de facto, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, daños y perjuicios, prescripción, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Miguel, Lorenzo Mariano c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

El plazo de prescripción de la acción enderezada a obtener la reparación de los perjuicios sufridos por la aplicación de la resolución n° 2 de la Junta Militar sólo pudo comenzar una vez cesada la imposibilidad jurídica de demandar existente durante su vigencia, que tuvo lugar con el acta del 5 de diciembre de 1983 (publicada el día 9 de ese mes).

002 5-16
Sociedades comerciales, liquidación de sociedades, perito liquidador, deberes y facultades del juez
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Masur, Carlos Jorge y otros c/ Balari, José y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-24

Los liquidadores judiciales se encuentran facultados para efectuar todos aquellos actos que directa o indirectamente sirven a la finalidad liquidatoria de su misión, siendo una cuestión de hecho dependiente del caso concreto, determinar si un acto u operación está dirigido a ese fin (cfr. Horacio Roitman, "Ley de Sociedades Comerciales. Comentada y Anotada", T. II; pág. 563, La Ley 2006).
Numerus clausus, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LAZZAROTTO, DANISA c/ LITORAL GAS S.A. s/ QUEJA POR ACLARATORIA DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-22

Corresponde declarar inadmisible el recurso de queja por aclaratoria denegada, toda vez que dicha presentación de la recurrente no resulta encuadrable en ninguno de los supuestos que, en numerus clausus, contempla el artículo 93 de la Carta Magna local ni en las leyes correspondientes; y la competencia de este Tribunal no puede ser ampliada por normas infraconstitucionales o vías de hecho, a excepción de aquellos casos en que la propia Ley Fundamental lo autoriza; debiéndose tener presente que el artículo 11 de la ley 10456 contempla la queja que puede presentarse ante el Tribunal de Segunda Instancia y no la vía aquí intentada.
Derecho procesal, medidas cautelares, embargo preventivo, bienes inembargables, sociedades comerciales, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Securitas Argentina SA y otro c/ La Escondida de Manzanares SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-18

La pretensión de que una cuenta a nombre de una sociedad comercial es inembargable en función de la directiva contenida en el CPR 219-1°, es inadmisible. Es que aun cuando se admitiera que el dinero habido en la cuenta bancaria pudiera quedar subsumido dentro de la noción de "instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio" a los que alude el citado artículo, lo cierto es que, la regla de inembargabilidad que respecto de ellos se contempla, no beneficia a las sociedades comerciales (Colombo - Kiper, "Código procesal. Anotado y comentado", T. II, pág. 661, edit. La Ley: Highton Areán, "Código procesal. Análisis doctrinal y jurisprudencial", T. IV, pág. 387 y 394 y jurisprudencia allí citada, edit. Hammurabi).