Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-22


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.076 CAUSA N° 3.540 /2010 SALA IV "SEGURA ROJO EUNISE BETSABE C/ GARBER ELBA EDITH S/ DESPIDO" JUZGADO N° 78.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 22 DE FEBRERO DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 130/133 que hizo lugar a la demanda en lo principal, se alzan la actora (fs. 134/136), su abogado (fs. 136 vta.) y el perito contador (fs. 137), los dos últimos en defensa de sus respectivos honorarios.

II) La actora se queja, en primer lugar, del rechazo de la indemnización del art. 245 de la LCT, pues entiende, en síntesis, que dado que el contrato de trabajo no se encontraba registrado, no regía el período de prueba y, consecuentemente, carecía de interés que la trabajadora tuviera menos de tres meses de antigüedad. A todo evento, aduce que, con el cómputo del preaviso omitido, superaría ese lapso.

Anticipo que la queja no merece acogimiento.

En efecto, el art. 19 de la LCT establece que "se considerará.tiempo de servicio el que corresponde al plazo de preaviso.cuando el mismo hubiere sido concedido", de lo que se deduce sin esfuerzo que el plazo del preaviso no incrementa la antigüedad cuando (como ocurre en el caso de autos) no ha sido otorgado (cfr. Etala, Carlos A., "Contrato de trabajo", Astrea, Bs. As., 1998, p. 63).

Queda firme entonces la conclusión de que la actora no alcanzó a trabajar un período mayor a tres meses, por lo que es de aplicación la doctrina plenaria sentada en el fallo "Sawady, Manfredo c/SADAIC" que estableció los alcances del art. 245 de la L.C.T. Dicha doctrina plenaria afirma que resulta improcedente la indemnización por despido en aquellos casos en que el trabajador tenga menos de tres meses de antigüedad, y esto no implica una violación al art. 14 bis de la C.N. (CNAT, Sala VI, "Moya Díaz Juan Domingo y otro c/Computación Integral y Sistemas SRL y Otros s/despido" del 26/06/08).

Aún en casos como el presente, en que el empleador no registró la relación de trabajo, -lo que lleva a entender que renunció a valerse de los beneficios del período de prueba en materia indemnizatoria-, cabe entender que conforme el espíritu del plenario citado (acuerdo nº 218 del 30/3/79, que recobró actualidad en virtud de la derogación del art. 7º de la ley 25.013 por la ley 25.877 y de la redacción actual del primer párrafo del art. 245 y del art. 92 bis de la L.C.T.), para acceder a la reparación por antigüedad pretendida por el trabajador, los días trabajados deberán al menos superar la fracción de tres meses (esta Sala, 26/5/10, "Maffei, Adriana Estela c/ De Armas, Evelia Elena y otro", DT, 2010-2392.; CNAAT, Sala X, 16/07/07, S.D.15.423, "Schlindwein, Daniel c/Las Heras 101 S.A. y otros s/despido"; íd., Sala X, 29/2/08, "Pérez, Carlos Román c/ Galileo Protección Médica SA". En igual sentido -esto es, por la susbistencia del requisito de antigüedad mínima aunque el empleador no pueda valerse del período de prueba-: CNAT, Sala II, 03/03/10, S.D. 97.713, "Rossi, Carlos Alberto c/ SEGLOG SA s/ despido" -con disidencia del Dr. Maza-; íd., Sala V, 31/3/10, "Sena, Juan Ignacio c/ Gonzalvo, Miguel Salvador y otro").

Consecuentemente, corresponde confirmar la sentencia en este aspecto de la cuestión en debate.

III) En cambio le asiste razón a la actora en cuanto denuncia la existencia de un error en el cálculo de la indemnización del art. 8° de la ley 24.013, por cuanto el magistrado la fijó en una suma ($ 1.437,50) inferior al mínimo establecido en el segundo párrafo de ese precepto ("tres veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo [t.o. 1976]").

Corresponde entonces reajustar ese rubro a la cantidad de $ 6.900 (3 x $ 2.300), con lo que el monto de condena se eleva a la suma total de $ 30.026,03 ($ 24.563,53 + $ 6.900 -$ 1.437,50), con más sus intereses en la forma establecida en origen.

IV) El abogado de la trabajadora y el perito contador cuestionan sus respectivos emolumentos por bajos.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, los honorarios regulados a la representación letrada de la actora (que incluyen trabajos ante el SECLO, según expresa aclaración de fs. 132) lucen reducidos, por lo que sugiero elevarlos al 17% (16% por la actuación judicial y 1% por la actuación ante el SECLO) del monto total de condena incluidos los intereses; en cambio, los fijados a favor del perito (cuya labor se redujo a la aceptación del cargo y a la presentación de fs. 78) no resultan bajos, por lo que cabe confirmarlos (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3° y conc. dec. ley 16.638/57).

V) El actor se queja también porque el magistrado no se expidió sobre su planteo de inconstitucionalidad de los arts. 9 y 11 de la ley 24.432 en cuanto reformaron el art. 77 del Cód. Procesal y el art. 38 de la L.O.

Ahora bien, tal planteo resulta extemporáneo por prematuro, porque no ha mediado hasta el momento reclamo de honorarios al actor de parte del perito. Consecuentemente, resulta inoficioso su examen en este estado del proceso, ante la ausencia de gravamen actual.

VI) En síntesis, voto por: 1) Modificar la sentencia apelada, elevando el monto de condena a la suma total de $ 30.026,03, con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Elevar los honorarios de la representación y patrocinio del actor al 17% (16% por la actuación judicial y 1% por la actuación ante el SECLO) del monto total de condena, incluidos los intereses. 3) Imponer las costas de la alzada en el orden causado (art. 71 del Cód. Procesal).

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto precedente.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:1) Modificar la sentencia apelada, elevando el monto de condena a la suma total de $ 30.026,03, con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Elevar los honorarios de la representación y patrocinio del actor al 17% (16% por la actuación judicial y 1% por la actuación ante el SECLO) del monto total de condena, incluidos los intereses. 3) Imponer las costas de la alzada en el orden causado (art. 71 del Cód. Procesal).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. GRACIELA ELENA MARINO	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria