Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-01


--- En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los ....01........ días del mes de Septiembre del año dos mil ocho, reunido en acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contenciosa Administrativa, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, con la Presidencia a cargo del Dr. José Luis Pasutti y asistencia de los Dres. Fernando S.L. Royer y Daniel Luis Caneo, para dictar sentencia en los autos caratulados: "B. B. S.A. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Apelación art. 7 Ley 4219" (Expte. Nº 21.033-B-2007), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 192, de conformidad con las Acordadas N° 3.202 y 3.204, el Acuerdo N° 072/08 Sala Civil y el Acuerdo Plenario N° 3699/08, no habiendo emitido su voto el Dr. Pasutti con anterioridad al 1º de Abril del corriente año, correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. Royer, Caneo y Pasutti.- --- Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Casación? Y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.--------- --- A la primera cuestión el Dr. Royer dijo:-- --- I) -ANTECEDENTES- --- 1.- A fs. 142/148 vta., B. B. S.A. interpuso Recurso de Apelación en los términos del art. 7 de la Ley N° 4219, contra la Resolución N° 57/07 de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que le impuso una multa de pesos un mil quinientos ($1.500), por infracción al art. 4° bis de la Ley N° 24.240, por falta de información precisa al cliente, más la suma de pesos ciento cincuenta ($ 150,00), correspondiente a gastos de publicación conforme lo dispone la ley mencionada.--------- --- A fs. 149 la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, concedió la apelación en relación y con efecto suspensivo.---- --- II) SENTENCIA DE CÁMARA.- --- Por resolución obrante a fs. 152/153, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ( S.I. N° 122/2007), declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto, por aplicación estricta de la regla de inapelabilidad de las sentencias definitivas y demás resoluciones en las que el valor cuestionado no exceda, la suma de $ 2000 conforme lo dispone el último párrafo del art. 242 del C.P.C.C..-------- --- Entendió que la multa dispuesta, encuadraba en esta regla, habida cuenta, que la "ratio legis" del citado artículo, consiste en limitar las intervenciones del Tribunal de Alzada en consideración a la importancia económica de las causas y, con ello aliviar la sobrecarga de tareas.----- --- III) RECURSO.- --- Contra la resolución denegatoria de la apelación, la actora interpuso, a fs. 158/167 vta. recurso de casación por arbitrariedad (art. 288 inc. "e" del C.P.C.C.).-- --- Aduce violación a los arts. 18 y 109 de la C.N.; 18 inc. 9 de la C.P.; 7 de la Ley N° 4.219 y 8 del Pacto de San José de Costa Rica; grave error conceptual de equiparar el acto administrativo recurrido a una resolución judicial; y ausencia de tratamiento de los argumentos vertidos en la apelación.------------- --- En su argumento defensivo, alega que lo que está en juego en realidad, es el verdadero control de legalidad de la Administración Pública, que la Constitución ha puesto en manos del Poder Judicial y que la Cámara reniega asumir recurriendo a una fundamentación formal e inconsistente, como es la sobrecarga de tareas. En esencia, afirma que la interpretación que se efectúa del art. 242 del C.P.C.C., es contraria al propio texto legal, pues, no solo se refiere a resoluciones judiciales, sino que impone como requisito que medie una "demanda" por un monto inferior a $ 2.000, circunstancia que no se verifica en autos, por tratarse de un procedimiento administrativo contravencional cuyo objetivo es juzgar conductas violatorias de la Ley de Defensa al Consumidor y su eventual sanción. En conclusión, entiende que la interpretación de la Cámara, ha generado una verdadera privación del acceso a la justicia.--------- ------Ratifica reserva del caso federal.-------------- --- IV) ANÁLISIS.- --- La Ley Provincial N° 4219, que adhiere a la Ley Nacional N° 24.240, contempla en forma explícita que la sanción que emana y aplica la autoridad de aplicación, en ejercicio del poder de policía que le incumbe en la materia, está sujeta a revisión por ante la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción de que se trate -en este caso de Comodoro Rivadavia- constituyéndose así, en órgano de apelación de decisiones administrativas.---- --- Vistas las actuaciones de autos, no puedo dejar de considerar que la temática que el casacionista ha traído a esta senda extraordinaria, en lo pertinente, ya ha sido objeto de debate, tratamiento y evaluación detallada por este Cuerpo. Es más, precisamente, en S.D. N° 18/S.R.E./02; y recientemente a principios del año en curso, en S.D. N° 01/S.R.E./08, tuve la oportunidad de expedirme, como segundo votante. Por ello, en esta nueva ocasión, no haré más que ratificar aquel criterio; y en cumplimiento estricto de la manda constitucional (art. 169 C.P.) expondré mis argumentos con una inevitable repetición, que trataré de resumir y adaptar a las circunstancias particulares de estas actuaciones.------- --- I.- En principio advierto, que la resolución en crisis, no reviste el carácter de definitiva que impone la normativa procesal como uno de los requisitos de admisibilidad formal de esta vía recursiva. No obstante ello, y como lo expusiera en los precedentes citados, en este caso especial, se encuentran en juego garantías de raigambre constitucional -derecho de defensa en juicio- que me autorizan de modo excepcional a desplazarme de tal requisito, para alinearme al criterio según el cual "no hay excusa para la indeferencia de los jueces respecto de la objetiva verdad en la misión de dar a cada uno lo suyo" (Conf.: C.S., "Ordenes, Roberto...", del 20/09/88), legitimando el rito y privilegiando la utilización mecánica de las formas procesales (Conf.: C.S., "Garcia...", 5/7/94). Es más, la entidad de la arbitrariedad alegada y acreditada por la recurrente es la que permite abrir la válvula de esta instancia, dado que la decisión del Tribunal de Alzada ha incurrido en un verdadero exceso ritual manifiesto, lo que es incompatible con las reglas del debido proceso y el adecuado servicio de la justicia; no constituyendo bajo ningún punto de vista, obstáculo alguno las circunstancias de que los agravios se refieran a cuestiones estrictamente procesales (Conf., v. gr., C.S.J.N., Fallos, 308:2658; 308:1380; 292:211; 302:494; 303:1134; 304:1265, entre otros muchos más).

--- II.- En un segundo aspecto, creo pertinente recordar que también este Cuerpo, después de analizar las distintas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, sentó criterio en orden a la naturaleza jurídica del recurso jurisdiccional que la misma Ley Provincial N° 4.219 prevé en su art. 7 para acceder al control judicial de un acto administrativo que pudiera haber dictado algún órgano de aplicación de la citada normativa. De este modo y diferenciándose esta vía recursiva con las acciones judiciales propiamente dichas, sostuve que aquélla permite efectuar una revisión inmediata de la decisión administrativa en una gradualidad mínima, limitada a la legalidad de los procedimientos y decisiones seguidas por la Administración, más no importa un juicio pleno, con prueba y debate, reservado a las acciones (Conf.: S.D. N° 18/S.R.E./02 y N° 01/S.R.E./08). En fin, la revisión o apelación directa en tratamiento es conferida, en los casos en que la Administración "juzga" en ejercicio del poder de policía y en cumplimiento de funciones reglamentarias, fiscalizadoras, sancionatorias, periciales, etc.; y presentándose como una suerte de privilegio que hace, al decir de E. G., "más expedita y efectiva la tutela de los intereses públicos" (Conf.: autor citado, obra: "Tratado de la "Jurisdicción" administrativa y su revisión judicial", Ed. Germano Artes Gráficas S.R.L., Año 1987, Tomo I, pág. 269). Este criterio fue afirmado por la Corte Suprema de la Nación, v.gr. en Fallos: 247:646.---- --- III.- Por último, y en un tercer aspecto, he de considerar esta vía recursiva en relación estricta al monto de la sanción en juego y la aplicación supletoria de la inapelabilidad normada en el art. 242 del C.P.C.C., en este caso, por la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, por ser en definitiva el tema central a dilucidar. Al respecto, también esta Sala sentó criterio, que ratifico en este voto, por no vislumbrar argumento alguno de peso jurídico considerable que permita adoptar uno distinto. Es más, es conveniente que así quede plasmado; en la medida que he observado que tanto las Salas de la Cámara de Trelew como las de Comodoro Rivadavia, han adoptado criterios diferentes, algunos con anterioridad a los precedentes de este Superior y otros con posterioridad (v.gr., Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala "A", S.I. N° 59/2002; 35/2003; 141/2003; 20/2006; Sala "B", S.I. N° 180/2001; 241/2004; 14/2005; 9/2007, entre otras; y Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala "A", S.I. N° 136/2001; 156/2002; 158/2003; 181/2003; Sala "B", S.I. N° 123/2001; 26/2003, entre otras); cumpliendo sin duda, la función uniformadora y reguladora de las decisiones judiciales como garantía positiva de certidumbre jurídica, que por vía de casación, compete a la Sala. En este sentido, la Corte de la Nación ha dicho reiteradamente que la estabilidad de los fallos judiciales, en la medida que configura un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia de orden público y posee jerarquía constitucional; y esta uniformidad también es necesaria en el orden interno de cada tribunal, que no puede resolver, en forma contradictoria, dos casos idénticos, salvo, por supuesto, una evolución o cambio de criterio (Conf.: C.S.J.N., 13/09/79, "Rodríguez, M. Eugenio c/ Municipalidad de Chascomús", Der., fallo N° 32.460, v. 85, p. 606 citado por Juan Carlos Hitters, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", 2da. edición, Ed. Platense S.R.L., año 1998, pág. 170).---------- --- En esta línea de pensamiento, y -reitero- confirmando mi posición, digo que privar la vía recursiva prevista en una Ley Especial, por una razón adjetiva o ritual que la misma norma no contempla, vulnera definitivamente la garantía de la defensa en juicio. En otros términos, no se puede hacer aplicación supletoria de las normas pertinentes del C.P.C.C., cuando ello, se traduce en un verdadero obstáculo judicial que impide totalmente la revisión judicial. En el sub-lite es inaplicable el límite cuantitativo del art. 242 del C.P.C.C. porque al recurrente se le cierra el camino para ejercer el derecho de acceso ante la justicia; y máxime si se tiene en cuenta que el art. 7 de la Ley N° 4219 no establece límites pecuniarios o de otra índole (v. gr., Conf.: con el considerando 3° de mi voto en S.D. N° 01/S.R.E./08). Por otra parte, la propia finalidad de la Ley al acordar el Recurso directo tiene por objetivo, garantizar la celeridad, en resguardo de los intereses de ambas partes, aligerando las cargas judiciales, evitando por ejemplo que el sancionado deba acudir a un juicio ordinario con todas las vicisitudes que ello implica.----------- --- Para finalizar, considero que esta interpretación normativa, se la debe conjugar, ineludiblemente, con el espíritu propio que emana de la Ley de Defensa del Consumidor y de las demás normas tuteladoras que vienen a integrar el denominado "derecho del consumidor y usuario". En este sentido, más allá del monto que pueda estar involucrado, o si se quiere, por más que pareciera insignificante la infracción, lo que verdaderamente se busca es el ordenamiento de la actividad comercial, la defensa de los derechos de los potenciales consumidores a estar debidamente informados de las características de los bienes o servicios que se le ofrecen (CNPenal Económica, Sala A, "Auchan Argentina S.A.", 31/05/2004, y Sala B, "Garbarino S.A.", 17/09/2001, La Ley 2002-A, 659).-------- --- Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo admitir el recurso impetrado y revocar el fallo de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, a la que debe devolverse la causa para el conocimiento de fondo de la cuestión en debate. ASÍ LO VOTO.--- --- A igual cuestión el Dr. Caneo dijo:--------- --- 1.- Luego de un detenido análisis de la causa, llego a la conclusión que el recurso no debió superar la valla de admisibilidad, y ello por cuanto la sentencia de la Alzada no es definitiva a los fines de la casación, pues "a la luz del art. 286 del C.P.C.C., para determinar la definitividad o no de una sentencia, debe tenerse en cuenta el criterio de supervivencia o no de la acción, por cuanto mientras ésta subsista, y el pleito pueda continuar, no habrá sentencia definitiva" (Conf., S.I. Nº 50/90; 87/90; 6/94; 35/99).------ --- Puesto que el acto administrativo por el cual se aplicó una multa a B. B. puede ser luego atacada por una acción contencioso administrativa de nulidad, carece la sentencia opugnada de las notas distintivas necesarias para ser considerada sentencia definitiva (Conf., Fallos, 242:460; 245:204; 248:402; 307:784).----- --- Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta las particularidades del presente caso, acuerdo con el prevotante en darle un tratamiento de excepción, recordando la señera jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que este Tribunal adhiere, que indica que "el proceso no puede conducirse en términos estrictamente formales, estando vedada la aplicación mecánica de los principios jurídicos que conducen a la frustración ritual en la aplicación del derecho..." pues debe darse primacía a la verdad jurídica objetiva, acorde con el adecuado servicio de justicia y compatible con la garantía constitucional de la defensa en juicio" (Conf., S.T.J.Ch., S.I. N° 13/03).

--- 2.- El recurso traído es de aquellos otorgados por distintas leyes contra decisiones administrativas, a los que M. califica de "mínima revisión", limitados a "control judicial suficiente" de la decisión emanada del órgano administrativo, actuando el Tribunal como de "derecho", decidiendo sobre la correcta aplicación de las normas por parte de aquel (Conf.: S.T.J.Ch., S.D. Nº 28/S.R.E./00).

--- Así la Corte tiene declarado, desde antiguo, que la facultad deferida por la ley a la autoridad administrativa para juzgar y reprimir contravenciones sólo es admisible con la condición de que se preserve la revisión judicial de las decisiones adoptadas en el ámbito de otro poder (Fallos, 187:79; 247:646; 267:97; 228; 407; 274:157; 301:1217, entre otros). En particular, en el mencionado precedente, Fallos, 247:646, precisó los alcances de esa exigencia de control judicial suficiente respecto de la decisión emanada de los órganos administrativos, que fueran detalladas por el colega que me precediera en el voto.---- --- En tanto G. S. T., al referirse al control judicial suficiente señala, que la Corte intentó precisar en "F. A.", un criterio al que ya se había referido anteriormente en Fallos: 244:548; 247:344, entre otros, y que a su entender debía, considerarse rector a fin de admitir la constitucionalidad del ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la Administración: que la revisión judicial posterior sea suficiente. Y que en su delimitación, del alcance de ese concepto -típicamente indeterminado- el tribunal se pronunció empero, por una interpretación flexible de él, al señalar que el control debería ser "más o menos extenso y profundo según las modalidades de cada situación jurídica" (considerando 14) y que luego la Corte Suprema reiteró esa doctrina en la causa "G. Hnos. S.R.L." (Fallos, 249:715), al expresar que "la determinación del carácter de suficiente del mencionado control judicial es difícilmente practicable de manera genérica. Pero se estableció igualmente que se trata de que la intervención, en cada caso, de los órganos permanentes del Poder Judicial, ocurra en la media que razonablemente se requiera para proscribir la discrecionalidad y la prescindencia arbitraria de la Ley" (Conf., autor citado en "Administración y Justicia - Alcance del Control Judicial de la Actividad Administrativa-", Ed. Depalma, Bs. As., 1993, págs. 301/302).----- --- Por su parte, este Superior Tribunal de Justicia al tratar este tipo de recursos, ha considerado que son de conocimiento limitado, en tanto "se satisfacen en la medida que constituyen un control judicial suficiente de la decisión emanada del órgano administrativo, exigencia asegurada en tanto el Tribunal actúa como de "derecho", decidiendo sobre la correcta aplicación de las normas jurídicas, poseyendo asimismo, la facultad de revocar o anular aquella decisión, si no fuera suficientemente razonable o se apoyara tan sólo en la voluntad arbitraria o caprichosa de los funcionarios, o implicara la denegación de la defensa en juicio, control que podrá ser más extenso o profundo según las modalidades de cada situación jurídica, previo análisis de los aspectos específicos que singularizan la materia litigiosa..." (Conf.: S.T.J.CH. S.I. N° 162/90, 225/92, 25/94, 56/96, 90 y 119/S.C.A./97, 31 y 70/S.C.A./98, y muchas otras), acotados a la "revisión" de la legitimidad del acto, sin que proceda en principio, la producción de pruebas (S.T.J.Ch., S.D. N° 18/S.R.E./02 y Nº 01/S.R.E./08).

--- En este criterio, se sostuvo que este tipo de "Recursos" ante órganos del Poder Judicial, están previstos como una posibilidad intermedia de tutela, que no es administrativa por el órgano, pero tampoco estrictamente judicial, por cuanto la decisión que se admite "apelar", deviene de un órgano administrativo. Integran así un sistema de impugnación o de control de la actividad de la Administración, cuya naturaleza difiere de las acciones judiciales, razón por la cual los fallos dictados en los mismos no hacen cosa juzgada material, ergo, no constituyen sentencia definitiva, no deciden de manera final respecto del derecho que pueda asistir a la parte, ni impiden la tutela del actor por las vías ordinarias de acción judicial. Esto es, la cuestión puede reeditarse por medio de las acciones previstas en el ordenamiento adjetivo vigente.------------- --- Así este Cuerpo, sigue, en cuanto al objeto y la amplitud revisora, los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dado en Fallos, 193:408; 240:235; 244:258; 247:646; 249:716; 265:252 y otros, que no determinan una fórmula general y taxativa, sino genérica en tanto la medida del control judicial se discierne en cada caso de un conjunto de factores y circunstancias variables y contingentes, entre las que cabe destacar la naturaleza del derecho en debate, la magnitud de los intereses públicos comprometidos, la mayor o menor centralización, descentralización y/o especialización el órgano administrativo emisor del acto cuestionado, mas se aparta y difiere cuando determina a esta jurisdiccionalidad como optativa, y acuerda consecuentemente distintos efectos al fallo.

--- 3.- Denuncia la actora, que la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia al rechazar el recurso interpuesto en función de lo dispuesto en el art. 242 del C.P.C.C., 3° párrafo ha incurrido en arbitrariedad, pues -dice- que yerra al interpretar tal precepto equiparando un acto administrativo a una resolución judicial.-------- --- Considero que asiste razón al recurrente, respecto a la interpretación que efectúa la Cámara del art. 242 del C.P.C.C., que declara inapelables las sentencias o resoluciones judiciales dictadas en procesos en los cuales el monto de la demanda sea inferior a $ 2000, circunstancias que no se verifican en el presente, pues lo que se recurre es una acto administrativo que impone una sanción pecuniaria en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor; de ahí que hacer extensiva la limitación impuesta por el art. 242 del C.P.C.C., cuando la Ley N° 4.219 no prevé tal recaudo, afectaría considerablemente los derechos de la actora.-- --- Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse al límite impuesto por el art. 242 del C.P.C.C.: "que estando en juego la exégesis de una norma procesal, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta su contexto general y los fines que las informan (Fallos, 284:9 y 293, entre otros) y de la manera que mejor se compadezca con los principios y garantías constitucionales, en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso (Fallos, 256:24, cons. 4° y sus citas; 262:168). A ese respecto la inteligencia admitida por el fallo impide de manera efectiva la posibilidad de ocurrir a la justicia privando al sancionado por una decisión jurisdiccional administrativa de la única instancia judicial, recaudo que ésta Corte ha entendido que es esencial para garantizar el derecho de defensa" (causa: F.475, XVII, R.H. "Fundación Universidad de Belgrano s/Sumario de fecha 5 de Octubre de 1978)" (Fallos, 301:1159).------------ --- También cabe señalar, que si el recurso judicial es la primera y única posibilidad de acudir a un tribunal judicial, porque la etapa anterior contra cuya decisión el recurso se habilita ha sido sustanciada en sede administrativa, entonces sí esa "segunda" instancia judicial queda obligatoriamente impuesta por la Constitución. O sea que si lo que equivale a una "primera" instancia es un procedimiento administrativo que culmina en una decisión de tipo jurisdiccional por parte de un órgano de la administración o de un tribunal administrativo, la doble instancia es requisito constitucional porque la segunda instancia debe necesariamente sustanciarse en sede judicial. Esto es ya de antigua data, desde que la Corte falló el caso "Fernández Arias c. Poggio", cuya ejemplaridad ha conducido al seguimiento ulterior del criterio aludido: las decisiones jurisdiccionales de la administración deben contar con la posibilidad de un ulterior control judicial suficiente. (Conf.: Germán J. BIDART CAMPOS, "Pluralidad de instancias y defensas", E.D. 80-658).

--- Es que, cuando el derecho a acceder a una segunda instancia está consagrado en la ley, integra la garantía constitucional de derecho de defensa en juicio (Conf.: C.S.J.N., 17-11-83, E.D. 107-431). Y la frustración a su acceso -a menos que resulte imputable al propio justiciable- configura un agravio definitivo a dicha garantía (Conf.: C.S.J.N., 25-8-83, E.D. 106-227).------ --- Por ello, entiendo oportuno rememorar lo sostenido por el Dr. Pasutti en S.D. N° 18/S.R.E./02, y N° 01/S.R.E./08 cuando expresa, que la negativa de la Cámara a dar tratamiento al Recurso, le imponía al agraviado acudir a un juicio pleno, el contencioso, y no lo conformaba esta solución en el caso particular en conflicto. Especialmente, cuando es imprescindible a la correcta administración de justicia, no hacer caer en cabeza del justiciable, una interpretación de rito equivocado -a su criterio-, que hizo el órgano judicial, remitiéndolo a un proceso -que en ausencia de Código específico es el ordinario- con el consiguiente desmedro en costos y tiempo, que conspira contra la inmediata satisfacción de su derecho, por el medio que al efecto el legislador ha previsto, por considerar que aquél así lo merece. En otros términos, el afectado ha sido privado del remedio rápido y más eficaz que la ley le confiere, y que eligió seguir.---------- --- También sostuvo el colega nombrado, al votar en dichos precedentes, criterio que comparto en el sentido que, si se tiene en cuenta que la Ley Provincial N° 4219 no prevé trámite alguno para la sustanciación del recurso que contempla en su art. 7°, sino que dispone que supletoriamente se aplicarán las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial. Por ello, la privación de esa vía jurisdiccional, por una razón ritual no contemplada en la norma, importa definitivamente una afectación de la garantía de la defensa en juicio, en el marco del procedimiento previsto.---------- --- A más, si el Juez natural en los recursos judiciales es el tribunal de Alzada que ha sido creado con competencia específica por ley anterior al hecho que da origen al proceso de Primera Instancia, todo justiciable que por ese hecho que lleva al proceso tiene derecho a una vía recursiva futura, no puede ya en adelante ser privado de su eventual uso. La supresión de la instancia revisora, o su entorpecimiento indebido, heriría en tal supuesto, además de la garantía del debido proceso, el derecho a no ser sacado de su juez natural, que es el señalado por ley anterior al hecho del proceso. (Conf.: Germán J. BIDART, Ob. Cit., pág. 659 y el mismo autor en "El Juez Natural de los Recursos Judiciales, E.D. 79-287).-------------- --- Por lo expuesto, propongo al acuerdo admitir el recurso impetrado. ASÍ LO VOTO.---------- --- A igual cuestión, el Dr. Pasutti dijo:------- --- De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. Royer y Caneo, los que conforman la voluntad de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario Nº 3.555, en concordancia con los arts. 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 5.475 y el Acuerdo Nº 3.202.----- --- A la segunda cuestión el Dr. Royer dijo: - --- Tal como he votado a la primera cuestión, propongo al acuerdo: 1º) Declarar procedente el Recurso de Casación impetrado por B. B. S.A., y en consecuencia, revocar el fallo en crisis y declarar admisible la Apelación deducida. A dicho fin, y firme la presente, los autos serán devueltos, para que se tramite el Recurso del art. 7° de Ley N° 4219, y se emita -oportunamente- el respectivo pronunciamiento; 2º) No imponer costas, por ausencia de contradictorio (Conf.: art. 68 del C.P.C.C.); 3º) Regular los honorarios del Dr. E. V., por sus tareas desarrolladas ante esta instancia, teniendo en cuenta la naturaleza, extensión, calidad y resultado obtenido, en un 30% de los estipendios que se le fijen por sus labores en el procedimiento del Recurso (art. 14 del Dto. Ley N° 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99), con más el I.V.A. si correspondiere.------------- --- A igual cuestión el Dr. Caneo dijo:--------- --- Tal como he votado la primera cuestión, acuerdo con la solución que propicia el Dr. Royer.- --- A la misma cuestión el Dr. Pasutti dijo:--- --- Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.------- --- Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictar la siguiente:--------- ---------- S E N T E N C I A ------- --- 1°) DECLARAR PROCEDENTE el Recurso de Casación impetrado por B. B. S.A., y en consecuencia, revocar el fallo de fs. 152/153 de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

--- 2°) DECLARAR admisible la Apelación deducida y firme la presente, devolver los autos para que se tramite el Recurso del art. 7° de Ley N° 4219, y se emita el respectivo pronunciamiento.--------- --- 3°) SIN COSTAS, por falta de contradictorio------- --- 4°) REGULAR los honorarios del Dr. E. V., en el 30% de los estipendios que se le fijen en el procedimiento del Recurso (art. 14 del Dto. Ley N° 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99), con más el I.V.A. si correspondiere.------ --- 5°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.---------- Fdo. Dres. José Luis Pasutti - Fernando S.L. Royer - Daniel Luis Caneo.- Recibida en Secretaria el 02 de Septiembre del año 2008.- Registrada bajo el N° 08 S.R.E. Conste.- Fdo. Dra. Carmen Velez - Secretaria.-