Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-07


Y VISTOS: Estos autos caratulados "Gasnor S.A. vs. Provincia de Salta - Sumario: Repetición de pago", Expediente Nº 359.647/11 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación; Expediente Nº 359.647/11 de esta Sala Tercera, y ____________________ C O N S I D E R A N D O I) Vienen estos autos a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 170 por la doctora Virginia Gabriela Loutaif, representante de la Provincia de Salta, contra la sentencia de fs. 165/167, la cual rechazó la excepción de incompetencia deducida a fs. 146/150.

Concedido el recurso, a fs. 177/181 la apelante presenta su memoria. Dice, allí, tras efectuar una breve reseña de los antecedentes de la causa, que agravia a su parte la declaración de la competencia civil y comercial efectuada por el señor Juez de Primera Instancia, con sustento en el entendimiento que en autos se ventila un asunto de naturaleza netamente patrimonial y que, por ello, debe ser resuelto en el ámbito de las normas del derecho civil. Señala que yerra la sentencia recurrida, pues la repetición de tributos es una cuestión regida por el derecho público local, con su ámbito específico de tratamiento en las normas del Código Fiscal -específicamente su artículo 83- y las resoluciones reglamentarias de la Dirección General de Rentas. En ese sentido, manifiesta que la decisión atacada contiene vicios y defectos estructurales graves que la tornan arbitraria.

Apunta que la relación que vincula a Gasnor S.A. con la Provincia de Salta es de derecho público, en tanto nació como consecuencia del ejercicio de la potestad tributaria del Estado, en cuyo marco se determinó y exigió el pago de sumas en concepto de impuestos omitidos; y que, en esa inteligencia, la acción de repetición del pago de dichos tributos sería, a su entender, un litigio concerniente a las secuelas de un vínculo de naturaleza administrativa, cuya fuente normativa se encontraría en la regulación del derecho público local.

Continúa diciendo que las relaciones entre acreedores y deudores de obligaciones fiscales se encuentran reguladas exclusivamente por el Código Fiscal y, por ende, son ajenas al conocimiento de los jueces civiles. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso.

Se agravia la quejosa, también, de la imposición de costas a su parte. Mantiene la reserva del caso federal, y solicita se revoque la sentencia recurrida, con costas.

Corrido traslado del memorial a la apelada, ésta lo contesta a fs. 183/185, por intermedio de su representante, doctor Carlos Alberto López Sanabria. Indica que el señor Juez, para resolver la excepción opuesta por la apelante, analizó y tuvo en cuenta la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 15 de setiembre de 2015, en el expediente Nº 629/2007, caratulado "Gasnor S.A. vs. Provincia de Salta - Acción declarativa de certeza", cuya copia certificada obra a fs. 115/126; por medio de la cual, concluyó todo tipo de interpretación respecto de cual norma del Convenio Multilateral debía aplicarse para determinar el impuesto a las actividades económicas a abonar por la accionante y, de tal manera, agotada la vía administrativa.

Expone que, como consecuencia de la sentencia del Máximo Tribunal Nacional referida, tanto la aplicación como la interpretación de las normas de carácter administrativo ya fueron dilucidadas en el expediente Nº 629/07, con lo cual la acción de repetición de pago promovida en estos autos quedó expedita, y sometida al derecho privado. Razón por la que, el debate en el presente se limita al cumplimiento de una obligación civil y sus accesorios, regida por el Código Civil y Comercial de la Nación, sin que sea necesario recurrir a resolución o disposición alguna de derecho público o administrativo, pues la cuestión a resolver se trata de una típica "causa civil".

Finalmente, entiende que la tacha de arbitrariedad efectuada por la Provincia de Salta a la sentencia apelada, habría sido formulada con ligereza, atendiendo a que, al contestar la demanda, no se cuestionó la procedencia de la acción en cuanto al capital reclamando, limitando el planteo al modo de liquidar los intereses. Pide se rechace el recurso de apelación interpuesto, con costas.

A fs. 195/196, formula su dictamen el señor Fiscal de Cámara, doctor Ramiro Michel Cullen, donde argumenta que, sin perjuicio que la repetición de tributos se encuentre normada en el artículo 83 del Código Fiscal, no se advierte que deban aplicarse normas de derecho público para la solución del caso, ni que corresponda la interpretación y examen de actos administrativos, postulando el rechazo del recurso interpuesto.

Consentida la integración de la Sala, a fs. 197 se llaman autos para resolver, providencia consentida por las partes.

II) En un primer orden, cabe recordar que la jurisdicción es para el juez el deber y el derecho de administrar justicia; en tanto que la competencia es el derecho y el deber de juzgar un caso concreto sometido a su conocimiento, con excepción de otros órganos jurisdiccionales. Es decir, la competencia es la aptitud del magistrado para ejercer su jurisdicción en un proceso determinado, comprendiendo todos los poderes inherentes a la función judicial, se refieran ellos a la cognición o a la ejecución (La Ley, 1998-B, pág. 752, y SCBs.As., D.J.B.A., 123-379).

A su vez, la competencia se determina en cada caso, según los elementos integrantes de la pretensión deducida en la demanda. En sentido concordante, la Corte Federal sostuvo que a los fines de determinar la competencia, debe atenderse -de modo especial- a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda, y después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho invocado como fundamento de su pretensión (Fallos, 308:2.230; 312:808; 323:470, entre otros), como así también que, a tales efectos, se debe indagar la naturaleza de la pretensión (Fallos, 321:2.916; 322:617; CJSalta, Tomo 127:1.171).

Cabe traer a colación el art. 2° de la ley 6.569, de creación del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, el cual dispone que será de su competencia entender en los juicios de expropiación y procesos contenciosos administrativos que se deduzcan contra la Provincia, sus reparticiones descentralizadas y municipalidades, reclamando por la vulneración en su carácter de poder público, de derechos subjetivos e intereses legítimos del reclamante. A efectos de precisar lo que debe entenderse por causa contencioso administrativa y determinar el tribunal competente, tiene dicho la Corte de Justicia Provincial que habrá de valorarse la presencia de dos datos esenciales: la Administración actuando como poder público -en ejercicio de sus prerrogativas como tal- y la lesión, por parte de la autoridad demandada, de una situación jurídica administrativa preexistente (esta Corte, Tomo 85:971; 161:693).

También, se ha pronunciado el Máximo Tribunal local en el sentido que, a fin de precisar lo que debe entenderse por causa contencioso administrativa y determinar el tribunal competente, habrá de valorarse la presencia de dos datos esenciales: la Administración actuando como poder público -en ejercicio de sus prerrogativas como tal- y la lesión, por parte de la autoridad demandada, de una situación jurídica administrativa preexistente (Tomo 90:865; 98:1.073, entre otros); y que no todos los derechos vulnerados por actos del poder administrador son susceptibles de producir una acción contencioso administrativa; para ello deberá reclamarse por la afectación de un derecho subjetivo o interés legítimo de carácter administrativo, es decir, regido por el derecho administrativo y no por el derecho civil, penal u otro (Tomo 90:865; Tomo 213:1.005/1.026).

III) Siguiendo tal orden de ideas, cabe precisar que, en el caso, Gasnor S.A. dedujo una pretensión de repetición de pago de impuestos -fs. 3/6-, abonados éstos bajo protesto; invocando, simultáneamente, haber demandado a la Provincia de Salta por acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin que dicho Tribunal se pronunciara sobre cual era el régimen de liquidación del Convenio Multilateral aplicable -si el general establecido por el artículo 2º o el especial para el transporte del artículo 9º-, pues de la divergencia de criterios entre las ahora apelante y apelada, había surgido el importe determinado, abonado, y cuya devolución se pretende en autos.

Pues bien, según constancias de fs. 115/126 -copias certificadas reservadas en Secretaría, que se tienen a la vista-, el 15 de setiembre de 2015, en el expediente Nº 629/2007, caratulado "Gasnor S.A. vs. Provincia de Salta - Acción declarativa de certeza", el Tribunal Cimero estableció, contrariamente a lo que disponían los actos administrativos citados por la recurrente en su memoria -fs. 178 y vuelta-, que correspondía aplicar el régimen general establecido en el artículo 2º del Convenio Multilateral, con lo cual, para seguir a la recurrente en sus manifestaciones, "se generó el derecho de la empresa a repetir los montos abonados en exceso" -sic, fs. 178, tercer párrafo-.

De tal manera, no pudiendo volverse sobre la cuestión administrativa por haber sido ésta definitivamente resuelta en la sentencia del 15 de setiembre de 2015, ha quedado determinado un caso civil, puro y simple, de carácter netamente patrimonial, el cual, en los términos del artículo 12º de la Ley Orgánica de la Justicia Civil y Comercial Nº 5.595/80, cae inexorablemente en la esfera de competencia del fuero civil y comercial.

Es que el reclamo encierra una pretensión de naturaleza eminentemente patrimonial, en tanto el Juez deberá resolver, exclusivamente, respecto a la procedencia o no de la demanda de repetición dirigida en contra de la Provincia, sin dilucidar en esta litis, ningún supuesto relativo a lesiones a una situación jurídica administrativa preexistente por parte de la autoridad administrativa, ni respecto de un acto administrativo denegatorio que vulnere un derecho administrativo establecido a favor de un reclamante por una ley, un reglamento u otra disposición administrativa anterior, como así tampoco se persigue la revocación de un acto administrativo, cuestiones ya decididas por la Corte Suprema en el mes de setiembre de 2015, al establecer el marco aplicable a los fines de la determinación del impuesto cuya devolución se persigue.

Se concluye entonces, en concordancia con lo dictaminado por el señor Fiscal de Cámara, que corresponde rechazar el recurso de apelación articulado por la Provincia de Salta, debiendo continuar entendiendo en estos autos el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación, en razón de tratarse de un supuesto de competencia en razón de la materia, en donde está en juego el orden público (CJSalta, Tomo 98:1073; 106:281, entre otros).

IV) Las costas, también en esta instancia, se imponen a la recurrente vencida, a mérito del principio objetivo de la derrota (artículo 67 del Código Procesal Civil y Comercial).

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE PROVINCIA DE SALTA, I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 170 por la doctora Virginia Gabriela Loutaif en representación de la Provincia de Salta, contra la sentencia de fs. 165/167. CON COSTAS, según considerandos.

II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE.

SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE PROVINCIA DE SALTA. VOCALES: MARCELO RAMÓN DOMÍNGUEZ JOSE RUIZ - SECRETARIO: JAVIER GARCÍA PECCI. SALA III, T. 2018 - INTERLOCUTORIOS, Fº 65/67, 07/03/2018. EXPTE. N° EXP - 359647/11.