Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-08-24


SENT Nº 823	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veinticuatro (24) de Agosto de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Tercer Milenio S.R.L. vs. Escudero Teresa Ángela s/ Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, y doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 366/376, por la demandada Teresa Ángela Escudero, por intermedio de letrado apoderado, contra la sentencia de fecha 31/10/2008, dictada por la Sala IIIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones. El pronunciamiento mencionado (fs. 360/361) dispuso hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocar la sentencia dictada por el juez de primera instancia y rechazar la excepción de falsedad material opuesta por la ejecutada, mandando llevar adelante la ejecución promovida en autos.

2.- Explica la recurrente que la parte actora inició juicio ejecutivo con base en un título ejecutivo -un pagaré-que sostenía emitido por la ejecutada. Expresa que en ocasión de contestar el traslado de la demanda, su parte opuso como defensa, la excepción de falsedad material, pues el documento acompañado no había sido suscripto por la demandada. Señala que a los fines de probar dicho extremo, ofreció como prueba pericial caligráfica.

Destaca que dicha prueba fue aceptada, que el juez de primera instancia procedió al sorteo de perito calígrafo, que ni el actor ni la demandada designaron peritos de parte y que la pericial caligráfica se llevó a cabo "con asentimiento de ambas partes". Menciona que en dicho acto procesal se hizo formar cuerpo de escritura a la señora Escudero, que el perito procedió luego a un exhaustivo examen de los rasgos de la escritura, que elaboró el pertinente, para concluir que la firma inserta en el documento base de la ejecución, no pertenecía a la actora.-	Sostiene que el día 28/4/2006, el juez a quo dictó sentencia, acogiendo la excepción de falsedad material opuesta por la ejecutada y dispuso rechazar, por tanto, la presente ejecución. Señala que contra la sentencia recaída en autos, el actor interpuso recurso de apelación, "fundando sus agravios en una suerte de impugnación en contra de la pericia caligráfica que se llevó a cabo" en autos. Alegó asimismo, que el juez "no tuvo en cuenta los instrumentos que introdujo mediante un mentado hecho nuevo", referido a la existencia de dos juicios caratulados "Pujol, María Jacqueline vs. Escudero, Teresa s/cumplimiento de contrato" y "Marder, Oscar Ruben vs. Granado, José Alfredo s/cobro ejecutivo", en los que su parte no ejercitó su "derecho de defensa ...por cuanto nunca se había enterado de la existencia de dichos juicios". Destaca que en ocasión de contestar el hecho nuevo, su parte negó la autenticidad de toda la documental que en esos juicios se le atribuía. Pone de resalto que en este último juicio, había participado quien hoy resulta actor.

Expresa que en la instancia de apelación, la accionante pidió la realización de una nueva pericial caligráfica, lo que el tribunal de alzada en un primer momento rechazó, por entender que dicha prueba ya se había producido. Señala sin embargo, que el día 02/7/2007 se dictó una providencia por la cual "en uso de las facultades conferidas por el art. 39 inc. 4º C.P.C.y C., y en el carácter de medida para mejor proveer, se disponía oficiar al Juzgado Civil en Documentos y Locaciones Ia. Nom., solicitando la remisión a la vista de los autos "Pujol María Jacqueline vs. Escudero Teresa s/cumplimiento de contrato", Expte. Nº 11239/99, y al Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la IVa. Nom., solicitando la remisión de los autos "Marder Oscar Rubén vs. Granado José Alfredo s/cobro ejecutivo", Expte. Nº 9136/01". Destaca asimismo, que se ordenaba al Juzgado de origen remitir a la Cámara la totalidad de la documentación presentada en autos (T35-01) y la reservada en Secretaría según cargo de fecha 10/8/2005 -fs. 184 vta.- (T15-05) y según cargo del 17.08.05 -fs. 187- (T15-05).

Sostiene que "mas tarde el día 30-11-2007, en uso de las facultades que le acuerda el art. 39 inc. 3 del código de forma dictó un nuevo proveído conforme el cual, "En uso de las facultades conferidas por el art. 39 inc. 3º C.P.C. y C. y en el carácter de medida para mejor proveer, conforme a lo previsto por el art. 359 C.P.C. y C., y a efectos de asegurar la necesaria primacía de verdad jurídica, concorde con el adecuado servicio de justicia, procédase por sorteo a la designación de nuevo perito calígrafo de la lista de inscriptos en la Exma. Corte Suprema de Justicia, fijándose a tal efecto el día 19 de Diciembre del cte. año, a horas 10,00, o día subsiguiente hábil a la misma hora en caso de feriados, debiendo excluirse del sorteo al perito calígrafo anteriormente designado José Omar Zafe...". Destaca que en dicha providencia, el perito designado debía dictaminar sobre los siguientes puntos: "1.- Si la firma que suscribe el pagare base de la demanda, librado en fecha 9.6.01 por la suma de u$s14.820,00, con vencimiento el 30 de Junio del mismo año, pertenece a la demandada Teresa Ángela Escudero: 2.- Si la firma insertada en el citado pagaré pertenece a la misma persona que suscribe como remitente (parte inferior derecha) los siguientes instrumentos: a) cartas documentos nº 19.607.301 3AR y 29.450.396 8 AR remitidas en fechas 30/6/99 y 8/7/99 respectivamente; b) igual dictamen respecto de las firmas que suscriben como endosantes los cheques nº 67423075 y 67423076, librados por José Alfredo Granado contra Citibank a la orden de Teresa Ángela Escudero, ambos en fecha 7/2/01. Para su cometido deberá el perito tener como firmas indubitadas las que suscriben las citada cartas documentos, pudiendo solicitar, si lo considera necesario, la formación de cuerpo de escritura por parte de la demandada, y presentar su informe en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de aceptación del cargo".-	Alega que "el Tribunal a quo, en ésta instancia empezó sus iniquidades procesales, ya que sin sustento de ninguna naturaleza, dijo que la pericia se iba a efectuar sobre carta documento y cheques de los juicios mencionados en el decreto de fecha 02-07-07, por entender que esos instrumentos le pertenecían a la demandada".

Cuestiona que la Cámara ni siquiera ordenara "librar oficio al correo a los fines de que se determine, quien había remitido las cartas documentos, atento a que firmaron dos personas". Afirma que "tampoco se detuvo a analizar si la carta documento y los cheques constituyen instrumentos públicos para ser tenidos como indubitados. Tampoco llamó a la demandada para el reconocimiento de las firmas insertas en los mismos como de su pertenencia. Tampoco advirtió que se trataba de instrumentos que no habían sido presentados por la accionada".

Expresa que como la medida dictada era irrecurrible, no pudo ejercer ningún recurso en contra de la misma. Sostiene que igualmente solicitó en fecha 27-03-2008, que se le exhibiera la documentación original, para que reconociera como de su pertenencia los instrumentos que se le imputaba como tales, a lo que la Cámara decretó en fecha 01-04-2008 "Agréguese y resérvese para proveer lo pertinente sólo si por derecho correspondiere".

Señala que el nuevo perito elaboró su informe, donde manifestó que un elemento indubitado es el cuerpo de escritura realizado en primera instancia y que la firma, del pagaré y de los cheques no coinciden con dicho cuerpo, sin embargo dijo, que la firma del pagaré resultaba coincidente con la firma de carta documento y cheque que fueron introducidos en los juicios donde su parte no participó. Expresa que el perito dijo "que pertenecían a la misma mano caligráfica de quien había suscripto el instrumento base de éste juicio", pero no que perteneciera a la señora Teresa A. Escudero. Sostiene que el perito no afirmó este extremo "por cuanto no hay certeza de que la firma del cheque y del pagaré pertenezca a la demandada".

Advierte que al correrle traslado de la pericia, su parte impugnó la misma atento a que se reputaba como documentos emitidos por su mandante los que se encontraban en los juicio traídos mediante el incidente de hecho nuevo, además de denunciar el quiebre de la igualdad procesal y haber suplido la negligencia de la contraria; impugnación que "iba a correr la misma suerte de anteriores presentaciones, puesto que el Tribunal inferior, no quiso retroceder de sus arbitrariedades".

Alega que el pronunciamiento recurrido consideró que los instrumentos presentados en los juicios ut supra citados fueron emitidos por la ejecutada, "sin que se pueda conocer el basamento jurídico y fáctico". Cuestiona que el tribunal a quo haya establecido que la firma del pagaré que se ejecuta en este juicio pertenezca a su parte, pues a dicho razonamiento se llegó sin haber realizado cuerpo de escritura, sin que haya mediado reconocimiento de firma sobre los instrumentos presentados en otros juicios, y sin que dicha documentación le fuera exhibida.

Con cita de doctrina, expone argumentos vinculados a la doctrina de la arbitrariedad, señalando que en autos se han violentado derechos y garantías de rango constitucional tales como la garantía de defensa en juicio y el debido proceso. Expresa que las sentencias deben ser fundadas y una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de las causas; premisa que a su entender no luce observada. Alega que la sentencia impugnada "presenta graves defectos en la fundamentación, ya que resolvió asignar como de pertenencia de mi mandante instrumentos que nunca fueron reconocidos como emitidos por la misma, tampoco presentó dicha documental en los juicios en los que se encuentra incorporada la instrumental y lo peor se le negó el derecho a que se le exhiba la documental que se le atribuía como de pertenencia". Insiste en que "se ha tenido por probados extremos no acreditados debidamente en el expediente, cual es la pertenencia de la firma de las cartas documentos y de cheques, los cuales al decir del Juez de primera instancia, son de dudosa autenticidad y procedencia".

Cuestiona que el tribunal sostenga que las providencias que así lo disponían hayan sido notificadas a las partes, sin objeción alguna. Recuerda que se trata de resoluciones irrecurribles y que ello explica que su parte no haya impugnado lo resuelto en la alzada. Afirma que pese a la arbitrariedad de la Cámara solicitó que se le exhibiera la documentación original que se iba a tomar como firma indubitada para que proceda a su reconocimiento, pero que el tribunal, por decreto de fecha 01-04-2008 dispuso "Agréguese y resérvese para proveer lo pertinente sólo si por derecho correspondiere".

Desde otro enfoque, señala el art. 39, 1º parte del CPCC impone límites al juez que no han sido observados al disponer la medida para mejor proveer. Cita en apoyo de su alegación, un precedente que estima de aplicación al caso.

Se agravia de que la sentencia sostenga que su parte pudo cuestionar que se tomara como indubitadas las firmas de los cheques y de las cartas documentos. Reitera que solicitó la exhibición de la documentación original para proceder al reconocimiento de los instrumentos, pero que a dicha petición fue decretada con un "oportunamente", privando a su parte de la posibilidad de conocer la documentación. Alega que no podía impugnar lo que no conocía, lo que no se le exhibió.

Señala que la sentencia impugnada adhiere al dictamen pericial y se limita a sostener que la firma inserta en el pagaré es de la misma mano que la que aparecen en cheques y cartas documentos aportada en otros juicios, (documentación no reconocida, que no podía ser atribuida a la señora Escudero), y que correspondían a la ejecutada. Expresa que "el argumento más serio que brinda la Cámara sobre éste punto, es que en la carta documento aparece el número de documento de la Sra. Escudero, lo cual hace que la firma le pertenezca". Considera que esta aseveración no resiste el menor análisis. Dice que el tribunal inferior "no advirtió que en dicha carta documento aparece otra firma además de la que se reputa a mi poderdante". Señala que "la única fundamentación que expone el tribunal en el párrafo 13 de los considerandos, es que por aparecer el número de documento de la Sra. Escudero, el cual está escrito a máquina, significa que las mismas fueron remitidas por ella". Insiste en que "no hay constancias y por lo tanto no se sabe quien remitió dichas cartas documentos, por cuanto existen dos firmas en los mentados instrumentos".

Desarrolla conceptos vinculados a la noción de gravedad institucional, y sostiene que el supuesto invocado luce configurado en autos, por la irregular prestación del servicio de justicia que deriva del pronunciamiento impugnado.

De conformidad a las alegaciones reseñadas, propone doctrina legal y pide se admita la procedencia del recurso interpuesto.

3.- El tribunal expresó que con carácter previo al dictado del pronunciamiento, dispuso que el juzgado de origen remitiera la documentación reservada en caja fuerte según constancias de fs. 184 vta. y 187 -las cartas documentos y los cheques ofrecidos por la parte actora como hecho nuevo- y que requirió asimismo, la remisión de los expedientes judiciales en los que fueron presentados los citados instrumentos (providencia de fecha 02/7/2007 de fs. 243). Destacó que mediante providencia de fecha 30/11/2007 (fs. 270), el tribunal dispuso asimismo, como medida para mejor proveer, "y a efectos de asegurar la necesaria primacía de la verdad jurídica, concorde con el adecuado servicio de justicia", designar un nuevo perito calígrafo, que debía dictaminar respecto de: a.- si la firma que suscribe el pagaré base de la demanda pertenece a la demandada Teresa Ángela Escudero; b.- si la firma inserta en el citado pagaré pertenece a la misma persona que suscribe como remitente las cartas documento y endosa los cheques, instrumentos que fueron remitidos por disposición del inferior, por los juzgados donde tramitan los autos caratulados "Marder vs. Granado" y "Pujol vs. Escudero Teresa". Advirtió que en la misma providencia, el tribunal dispuso que debía el perito tener como firmas indubitadas las que suscriben las citadas cartas documento, pudiendo solicitar si lo considera necesario, la formación de cuerpo de escritura por parte de la demandada.

Puntualizó que "esa providencia fue notificada en forma personal a las partes, sin objeción de ninguna de ellas". Señaló que "la demandada pudo cuestionar que se tomara como firmas indubitadas las insertas en las cartas documento y los cheques, y pudo también ofrecer otras firmas indubitadas para la producción de la prueba" pero nada hizo. En esa línea argumental, consideró que el planteo de nulidad por supuestos vicios procesales que efectúa después de conocer el resultado adverso de la pericia (fs. 350/351) resultaba extemporáneo. Entendió que "no solo que resulta extemporáneo sino también poco serio, el planteo de nulidad argumentando que no podía tomarse como firmas indubitadas las insertas en las cartas documento presentadas en otro juicio, y que no fueron reconocidas por ella, cuando consintió la providencia que así lo dispuso, por lo que no puede invocar el quiebre de la igualdad de las partes, ni la violación al derecho de defensa".

Expresó que "si bien es verdad que la doctrina mayoritaria niega carácter de instrumento público a la carta documento, en éste caso se trata de un instrumento que se encuentra agregado al juicio caratulado "Pujol vs. Escudero Teresa" que se tuvo a la vista, y que sirvió de fundamento central de la sentencia que condenó a la demandada, la que se encontraba firme.

Sostuvo que "de las cartas documento cuyas fotocopias corren agregadas a fs. 37/38, -originales que también tenemos a la vista en éste acto- surge que fueron remitidas por la misma persona demandada en éste juicio". Advirtió que "pese a que la aclaración de las firmas sólo dice Teresa Escudero, la coincidencia del numero del documento de identidad que se consigna en ambas cartas: 12.607.673, coincide con el que figura en la escritura de poder general para juicios otorgada por la demandada, corriente a fs. 263". Concluyó que esta coincidencia es lo que llevó al tribunal a ordenar la producción de una nueva pericia caligráfica que tuviera en cuenta, también, las firmas insertas en las cartas documento mencionadas.

Señaló que el nuevo informe pericial corriente a fs. 311/325 arrojaba las siguientes conclusiones: 1.- que la firma dubitada que suscribe el pagaré, no se corresponde con las firmas indubitadas insertas en el cuerpo de escritura de la señora Teresa Ángela Escudero; 2.- que la firma dubitada inserta en el pagaré se corresponde con las firmas que suscriben como remitentes las cartas documentos, o sea que fueron insertas por la misma mano caligráfica. Destacó que el mismo perito aclaró a fs. 348, que cuando afirma que la firma dubitada no se corresponde con las firmas indubitadas insertas en el cuerpo de escritura, "no significa que no sea de la señora Escudero". Dio especial importancia al hecho de que en la misma aclaratoria, el perito expresó que "del cotejo entre las firmas dubitadas e indubitadas surge la presencia de características extrínsecas e intrínsecas idénticas, y que ese solo elemento común en las dos firmas es harto suficiente para concluir que la firma dubitada fue puesta por la mano caligráfica de la señora Teresa Ángela Escudero".

Finalizó señalando que "el análisis de la instrumental acompañada por la parte actora a fs. 37/38, y los fundamentos técnicos y científicos expuestos en el dictamen pericial producido.nos lleva a la conclusión de que la firma puesta en el pagaré que se ejecuta corresponde a la misma persona que formó cuerpo de escritura en el Juzgado, aunque, obviamente, presentan una conformación distinta", esto es, que pertenecía a la demandada.

4.- El recurso ha sido interpuesto en término, la recurrente acompaña constancia del depósito impuesto por el art. 817 del CPCC y la sentencia resulta definitiva, en los términos del art. 813 procesal. No obstante ello, confrontados los agravios que sustentan el recurso, con los fundamentos expuestos en la sentencia que se impugna, se advierte que el recurso no puede prosperar.

El tribunal de alzada consideró que para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que acogió la excepción de falsedad material opuesta por la ejecutada -recurso que en lo sustancial se fundaba en las deficiencias atribuidas a la pericia caligráfica y en la existencia de otros elementos de prueba que respaldaban la autenticidad del instrumento base de la ejecución, que se denunciaban omitidos por el juez a quo era necesario cotejar la totalidad de la documentación aportada a la causa y la realización de una nueva pericia caligráfica.

El pronunciamiento destacó que las medidas para mejor proveer dispuestas por la Sala sentenciante -tanto la que mandaba remitir la totalidad de la documentación aportada al proceso (y entre ella, los instrumentos y los autos mencionados al denunciar el hecho nuevo de fs. 51/53), y la que ordenaba la realización de una nueva pericia caligráfica, fueron debidamente notificadas a las partes, "sin objeción de ninguna de ellas"; extremo que es admitido por la recurrente.

Frente a los cuestionamientos referidos a la documentación que el tribunal mandaba cotejar en la nueva pericia, el tribunal a quo sostuvo que nada impedía a la demandada cuestionar que se tomaran como firmas indubitadas, las insertas en las cartas documento y en los cheques mencionados; alegación ésta que la recurrente no logra rebatir pese a los argumentos que ensaya en tal sentido.

En efecto, de un lado, y tal como emerge de la doctrina del pronunciamiento cuestionado, el carácter irrecurrible de la resolución referida a la producción de la prueba (art. 307 del CPCC) no impedía la observación de la documentación en base a la cual se practicaría la pericia en cuestión. Por otra parte, que la ejecutada haya solicitado la exhibición de la documentación mencionada, y que frente a tal petición la Cámara haya decretado un "oportunamente", no resultan alegaciones idóneas para revertir el criterio adoptado, cuando no manifestó disconformidad ni reiteró su pedido.

La Sala a quo sostuvo que los vicios procesales y la nulidad invocados después de conocer el resultado adverso de la pericia resultaban extemporáneas pues la ejecutada consintió que la pericia se llevara a cabo, confrontando como firmas indubitadas, las insertas en las cartas documento presentadas en el juicio antes mencionado. Con este fundamento, el tribunal rechazó las alegaciones encaminadas a cuestionar la autenticidad e idoneidad de los citados instrumentos.

En esta instancia extraordinaria, la recurrente insiste en sostener que no se trata de documentos aportados por ella, que fueron obtenidos de causas judiciales en las que no tuvo intervención y en las que no pudo ejercer su derecho de defensa, que no existe certeza acerca de si la firma que se le atribuye efectivamente le pertenece, etc.; pero tal como se advierte, dichos argumentos resultan ineficaces para descalificar lo resuelto por el tribunal de alzada. La Sala sentenciante expresó que si la ejecutada entendía que existían razones, en oportunidad de impugnar la documentación mencionada, pudo ofrecer otras firmas indubitadas para la producción de la pericia caligráfica, cosa que la ejecutada no hizo.

El tribunal consideró que al haber consentido la providencia que ordenó la realización de la nueva pericia, en las condiciones allí establecidas, no podía invocar la afectación del debido proceso ni la violación al derecho de defensa; conclusión que no logra ser rebatida por la recurrente. En efecto, los argumentos propuestos no resultan adecuados para demostrar que se vio privado de intervenir y controlar la producción de la prueba en cuestión.

La crítica fundada en la infracción a la preceptiva del art. 39 procesal -referida a la facultad de los jueces para disponer medidas para mejor proveer- luce tardía e ineficaz para impugnar el pronunciamiento dictado por el tribunal de alzada. Ello así, en tanto, de haber considerado que la medida dispuesta por el tribunal infringía la preceptiva legal vigente, debió haber cuestionado la misma en tiempo oportuno y por la vía impugnativa pertinente.

Tal como se advierte, el tribunal de alzada dispuso rechazar la excepción de falsedad material opuesta por la ejecutada, por entender que el dictamen pericial elaborado en la segunda instancia permitía concluir que la firma inserta en el pagaré ejecutado, efectivamente pertenecía a la señora Teresa A. Escudero.

Pese a las observaciones que formula el recurrente respecto de lo inmotivado del pronunciamiento, se advierte que el mismo exhibe razones que respaldan el criterio adoptado. El tribunal expresó que la carta documento que se impuso como documento indubitado, corría agregada al juicio caratulado "Pujol vs. Escudero" que se tuvo a la vista, y que sirvió de fundamento central de la sentencia que condenara a la demandada en tales actuaciones. Señaló que las cartas documento cuyas fotocopias corren agregadas a fs. 37/38, -cuyos originales fueron tenidos a la vista- fueron remitidas por la misma persona demandada en este juicio. Puntualizó que "pese a que la aclaración de las firmas sólo dice Teresa Escudero, la coincidencia del número del documento de identidad que se consigna en ambas cartas: 12.607.673, coincide con el que figura en la escritura de poder general para juicios otorgada por la demandada, corriente a fs. 263"; y destacó que esta coincidencia es lo que llevó al tribunal a ordenar la producción de una nueva pericia caligráfica que tuviera en cuenta, también, las firmas insertas en las cartas documento mencionadas.

Al momento de valorar el nuevo informe pericial, el tribunal sintetizó las conclusiones a las que el perito arribara. En primer término, destacó que el experto sostuvo que la firma dubitada (estampada en el pagaré ejecutado en autos) no se correspondía con las firmas indubitadas insertas en el cuerpo de escritura de la señora Teresa Ángela Escudero. Pero a renglón seguido, puso de resalto la segunda conclusión del perito; esto es, que la firma dubitada inserta en el pagaré sí se corresponde con las firmas insertas por la remitente en las cartas documentos ut supra mencionadas. Destacó que el perito fue categórico al afirmar que la firma del pagaré fue inserta por la misma mano caligráfica que la de las cartas documentos. El tribunal asignó relevancia a la expresión del dictamen conforme la cual "del cotejo entre las firmas dubitadas e indubitadas surge la presencia de características extrínsecas e intrínsecas idénticas, y que ese solo elemento común en las dos firmas es harto suficiente para concluir que la firma dubitada fue puesta por la mano caligráfica de la señora Teresa Ángela Escudero". Con esta referencia probatoria, la Sala sentenciante adquirió convicción respecto de la autenticidad del documento ejecutado, que motivara la revocación del pronunciamiento de primera instancia y el rechazo de la excepción de falsedad opuesta por la demandada.

Aun cuando existen opiniones diversas respecto de la idoneidad de ciertos instrumentos para servir de base al cotejo del perito, no es menos cierto que autorizada doctrina reconoce esa eficacia a las cartas documentos remitidas por el sujeto que a su vez niega la autenticidad de la firma inserta en otro documento (Roldán, Patricio. R., Documentación pericial caligráfica, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 2001, pág. 153; Guzmán, Carlos A., El peritaje caligráfico, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1999, pág. 141 y sgtes.).

Los elementos indubitados son los que se consideran verdaderos en cuanto a la persona de quien emanan y no admiten duda acerca de su autenticidad y de allí que se los denomine como elementos auténticos, legítimos, verdaderos, indubitados (cfr. López Peña, Fernando, La prueba pericial caligráfica, Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 57 y sgtes.; De Santo, Víctor, La prueba pericial, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1997, pág. 187 y sgtes.; Roldán, Patricio. R., Documentación pericial caligráfica, cit., pág. 153; entre otros) Se ha dicho que "los elementos indubitados han de reunir, de ser posible, para su validez como muestra comparativa, las siguientes características: originales, espontáneos, hechos en condiciones normales, coetáneos..." (Roldán, Patricio. R., Documentación pericial caligráfica, cit., pág. 154); recaudos que no pueden negarse al instrumento base del cotejo realizado en autos.

El recurrente, sin negar la autenticidad de los documentos que este tribunal propuso para el cotejo, se limita a sugerir que no existe certeza sobre si la firma inserta en la carta documento le pertenece. Tal como se advierte, las alegaciones en relación a que se trata de un documento obtenido de actuaciones en las que no tomó intervención y en las que no ejerció su derecho de defensa, resultan igualmente inconsistentes.

El tribunal entendió que se trataba de un instrumento idóneo, lo impuso como elemento de cotejo, ello no mereció cuestionamientos de las partes, el perito procedió a la confrontación de los elementos de cotejo aun cuando pudo, si así lo entendía, desechar por inidónea dicha muestra o proponer otros elementos a considerar- y así se elaboró el dictamen. El pronunciamiento justificó la realización de la nueva pericia, reseñó las aristas principales del dictamen pericial producido en la instancia de apelación y ofreció las razones que explicitaban su adhesión a la opinión del experto.

Tampoco resulta eficaz el argumento referido a que el dictamen se elaboró sin haber realizado con carácter previo, el cuerpo de escritura. Este elemento de cotejo -que el perito actuante en la primera instancia hizo confeccionar- fue analizado por el perito designado en la alzada, como una muestra más a confrontar con el título dubitado, y mereció una particular referencia en el dictamen. Se ha expresado que el cuerpo de escritura tomado en sede tribunalicia es una de las fuentes a las que el experto puede recurrir para obtener elementos de estudio y cotejo (Guzmán, Carlos A., El peritaje caligráfico, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1999, pág. 141) y como se señalara, dicha muestra comparativa fue analizada por el experto, al momento de elaborar su informe técnico.

Pese a la crítica de la recurrente, la tacha de arbitrariedad que se formula contra el decisorio no luce configurada. La lectura del fallo impugnado revela la inexistencia de un déficit en la motivación del acto sentencial, que justifique su descalificación como acto jurisdiccional válido. El recurso interpuesto exhibe un mero desacuerdo del impugnante respecto de las apreciaciones del tribunal de mérito, insuficiente per se para justificar la procedencia del mismo.	Es criterio monocorde de este Tribunal, que por tratarse de un remedio excepcional, el absurdo o la arbitrariedad deben ser apreciados con un criterio restrictivo (cfr. CSJT, sentencia 1007 del 03/11/2008, "Banco Comafi S.A. vs. Viola Juan Gustavo y otros s/Cobro ejecutivo"; sentencia 659 del 27/7/2007, "Resola, Javier Alberto vs. Ariza Luis Javier y otro s/ Daños y perjuicios"; sentencia 1160 del 30/11/2006, "Viluco S.A. vs. Sánchez Mercedes s/ Desalojo"; sentencia 202 del 26/3/2004, "Molina Francisco Javier vs. La Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A. S/Cobro de seguros; sentencia 660 del 08/9/2003, "Rodríguez Zaira vs. La Casa del G.N.G. s/Daños y perjuicios"; sentencia 438 del 04/6/2002, "Silva Walter Fabián vs. Arzobispado de Tucumán s/Daños y perjuicios"; entre otras), pues de otro modo, la sola alegación de arbitrariedad o de haberse conculcado las reglas de la sana crítica racional, bastaría para habilitar el remedio extraordinario local, convirtiéndolo en una instancia revisora de los aspectos fácticos del juzgamiento.

5.- Corresponde, por tanto, rechazar el recurso interpuesto por la demandada, con costas, por ser ley expresa (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la demandada Teresa Ángela Escudero contra la sentencia de fecha 31/10/2008, dictada por la Sala IIIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.