marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Amenazas, principio de congruencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Castro, Marcelo J. s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-07

La base fáctica que delimita la jurisdicción del tribunal está dada por los requerimientos de elevación a juicio y de los alegatos tanto del representante del MPF como por los de la querella. Ello por cuanto el querellante puede actuar en soledad en el proceso penal. Por ello, habiendo la parte querellante efectuado el correspondiente requerimiento de elevación a juicio, en relación a todos los hechos por los cuales el imputado fuera indagado, no se vislumbra afectación al principio de congruencia. La disidencia sostuvo que el tribunal oral incluyó una serie de sucesos que no habían sido objeto de impulso por el fiscal en ningún momento del proceso, ni de acusación formal al momento de requerir la elevación a juicio o al pronunciar su alegato al término del debate. Tampoco podría zanjarse la afectación al derecho de defensa con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la querella, como hizo el tribunal oral, pues, ello exhorbita la letra del art. 374 CPPN que sólo dispone la lectura de la acusación fiscal en la apertura del debate. Así, solo esa pieza acusatoria fija el objeto sobre el cual se desarrollará el debate oral. Por estas razones corresponde declarar la nulidad parcial de la sentencia en cuanto se ha pronunciado por hechos no contenidos en la acusación fiscal y por aplicación de los principios de progresividad y preclusión, absolver al imputado respecto de los mismos. (Dres.

Cabral -en disidencia-, Figueroa y Gemignani).
AFIP DGI, percepción de impuestos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, fondo de estímulo, aplicación temporal de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Criado, Jorge  Eduardo c/ Ministerio  de  Economía s/ proceso deconocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

Al momento de la sanción de la ley 23.410, o al de su publicación en el Boletín Oficial, las sumas adeudadas por YPF. a la DGI. en concepto de impuestos a los combustibles eran una expectativa de recaudación por parte del Fisco Nacional, dado que no se había realizado ingreso alguno por dichos montos, por lo que resulta patente la ausencia de todo acto recaudatorio.
Prescripción, crédito laboral, interpretación restrictiva
Materia: LABORAL
Carátula: VIOLLAZ RICARDO ABEL c/ RESYDER S.R.L. s/ / DIFERENCIA INDEMNIZACION Y OTROS RUBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-06-29

Tratándose de créditos laborales prima un criterio restrictivo en la interpretación y aplicación de las normas que rigen la prescripción liberatoria, debiendo en caso de duda decidir por aquella solución que conduzca a la conservación del derecho.
Estafa, engaño, sujeto pasivo
Materia: PENAL
Carátula: TOROK, Juan C. s/ I.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

No es dable exigir al sujeto pasivo de un delito una conducta que exceda la costumbre, ni proporcionalidad con la "viveza" del autor porque de ser así desaparecería el elemento básico de la convivencia que es la buena fe. La tutela penal no se restringe a los casos en que se venza la astucia del más inteligente o del más prudente.
Acción meramente declarativa, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: Garre, Alfredo Antonio c/ Estado Nacional (Dirección General Impositiva) y otros. s/ Resolución General 3624
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

La acción de mera certeza está destinada, por su índole, a agotarse en la declaración del derecho, limitación que, en principio, obsta a que pueda configurarse el recaudo que atañe al "peligro en la demora", máxime cuando las consecuencias que podrían derivar para la actora, al no accederse a su pretensión, son de estricto carácter patrimonial y ésta podría obtener la pertinente reparación - por el medio procesal que corresponda - en el caso de que resultase de la decisión final de la causa, que la actividad estatal le hubiera ocasionado un daño injustificado.
Juicio ejecutivo, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA S.A. c/ INZAURRALDE, ERNESTO Y OTRA s/ COBRO EJECUTIVO DE DINERO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Entiendo que no corresponde, frente a la ejecución de un pagaré con la claúsula sin protesto y pagadero a la vista, ingresar al estudio de las modalidades convenidas en el instrumento de préstamo personal de dinero así como en el analisis de la operación que eventualmente se convino con el banco ejecutante. Ello, claro esta, sin ignorar la actual vigencia de una jurisprudencia que -en la búsqueda de atenuar el rigor formalista de la ley procesal y en aras de humanización del proyecto ejecutivo- ha ido ampliando el marco de posibilidades de ingresar en el estudio de la causa habiéndose declarado que la regla que limita el exámen del título ejecutivo, no puede llevarse al extremo de admitir una condena fundada en una deuda inexistente.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, aplicación de la ley, equidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

La sociedad sigue estando regulada por lo normativo, como el instrumento más apto para que el hombre en sociedad, pueda viabilizar sus opciones civiles y políticas. Esa sociedad sigue cohesionada por el derecho, como norma de imposición, formal y proyectadora de acciones hipotéticas, en un futuro discernible, en que el hombre no renunciará a tratar de preservar a aquella por medio de ésta; pero habremos de tener presente que el Derecho, como secuencia vital, germina, actúa y se corporiza en el espíritu del hombre, que cree en el progreso, en el crecimiento de la sociedad que requiere dinámica, y no quedándose en el crecimiento cero, para el que sería suficiente un derecho cristalizado, de escasas variables. (Del Voto del Dr. Crippa García -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Notificación por cédula, nulidad del acto jurídico, demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Couto, Carlos y otro c/ Berot, Fernando O. s/ Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios Mariani de Diodatti, Inés c/ Demetrio, Yani s/ Cumplimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-13|1996-02-13

La falta de notificación del traslado de la demanda conlleva la afectación de las garantías constitucionales del debido proceso y principio de igualdad, ya que la especial trascendencia del emplazamiento para contestar la demanda tiene su génesis en que de él nace la relación jurídica procesal y su ausencia genera nulidad pues no hay litis.-
Lesiones culposas, proporcionalidad de la pena, derecho a la dignidad, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL
Carátula: B., N. C. c/  s/ prescripción-lesiones culposas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-05

Mariano Scotto, en disidencia, entendió que no advertía en el caso ninguna afectación al principio de culpabilidad ni al principio de proporcionalidad. Precisó que es discutible que toda imprudencia deba residir por debajo de toda forma dolosa del mismo delito. Agregó que "(.) tampoco cabe predicar que la pena prevista sea cruel, que consista en una mortificación mayor que aquella que su naturaleza impone, o que exprese una falta de correspondencia tan inconciliable entre el bien jurídico lesionado por el delito y la intensidad o extensión de la privación de bienes jurídicos del delincuente como consecuencia de la comisión de aquél, que resulte repugnante a la protección de la dignidad de la persona humana (Fallos: 314:441). (.)" y que tales consideraciones eran aplicables al caso porque al imputado se le atribuyó el haber creado un riesgo jurídicamente desaprobado cuando al encontrarse al volante de su vehículo, omitió corroborar que no hubiera peatones cruzando y embistió a quien lo hacía correctamente por la senda peatonal y con semáforo habilitante, provocándole lesiones leves, no siendo por ello sostenible que la pena máxima de tres años de prisión contemplada resulte desproporcionada. Finalmente, indicó que es en la etapa de juicio oral de donde surgirá la pena ajustada a la culpabilidad del imputado (arts.40 y 41 CP).
Extradición, pedido de extradición, tratados internacionales, inconstitucionalidad, soberanía, jerarquía de las leyes
Materia: PROCESAL-PENAL-INTERNACIONAL PUBLICO-CONSTITUCIONAL
Carátula: RAMOS MORA, SEBASTIAN J. Y OTRO s/ RECURSO DE CASACION Causa 214
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

No se ha declarado la inconstitucionalidad de ninguna de las normas del tratado que forma parte de la ley 24.036, incluido su artículo 10, de modo que su vigencia es indiscutible y, opiniones o críticas al margen, su cumplimiento obligatorio. En rigor si se accede a la petición, no se resignará en un ápice la soberanía argentina, desde que se estará ejerciendo en un caso concreto (o en dos si se quiere), las disposiciones de un tratado internacional, fruto justamente del imperio del estado en su máxima expresión.
Daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mamana, Pascualino c/ Traba, Jose Herminio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-06

Si la base de la pretensión se funda en una sentencia incumplida que decide el pago de la indemnización de los daños y perjuicios, las actuaciones iniciadas sólo tienen por objeto la determinación de los montos, pero no su procedencia o admisibilidad.
Sentencia arbitraria, revocación de sentencia, debido proceso, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por A. N. G., en su carácter de curadora de R. A. V. en la causa G., A. N.  c/ S., R.  s/ filiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-15

Si bien los jueces de la causa no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino solamente aquellas que estimen apropiadas para fundar sus conclusiones, cabe apartarse de dicho principio cuando se efectúa un examen parcial o fragmentario o se excluye un elemento oportunamente introducido en el juicio y que debió ser considerado desde que aparecía conducente para la dilucidación del pleito.
Competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-06-10

No es competencia de la Corte de Justicia decidir en un conflicto suscitado entre la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. (EDESA S.A.) y el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) por la resolución que fija la tasa por mora e intereses a aplicar por EDESA S.A. a los usuarios morosos en el pago de las facturas de servicios eléctricos, pues no se trata de un supuesto en el que el Ente hubiera ejercido la potestad jurisdiccional que le confiere la ley 6835 arts. 14 y 15- sino la actividad reglamentaria, enmarcada en el poder de policía económico.
Contrato de trabajo, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Odrizola, Nancy Susana c/ Lee, Yae Young s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-06-11

La obligación de expedir el certificado de trabajo no implica que el patrón deba agregar los elementos probatorios en cuanto al rubro constancias de los aportes y contribuciones ya que la misma debe ser resguardada por éste a los fines tributarios y previsionales, de modo que la previsión del art. 80 de la LCT se concreta con la formalidad de una certificación sin necesidad de agregar comprobante alguno.

Resulta sobreabundante el requerimiento de documentación referente a los aportes sociales del trabajador bastando la mera mención de los mismos al tiempo de expedir el certificado de trabajo. Tras discurrir respecto de la doctrina elaborada en torno al tema que me ocupa, puedo afirmar sin hesitación alguna que las certificaciones descriptas no se integran ni complementan, mantienen independencia y la certificación referida en el ordenamiento previsional no se encuentra subsumida en el art. 80 de la L.C.T..
Derechos del asegurador, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Maidana Victor Hugo c/ Municipalidad De Cordoba s/ Ordinario - Daños Y Perj. - Otras Formas De Respons. Extracontractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-10-21

El derecho de la aseguradora se circunscribe a ser indemnizada por el daño que se le ha producido y alcanza al monto que entregó a la asegurada para su satisfacción.
Trabajadores rurales, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Riquelme, Edith Jannet c/ Cultivos S.A. s/ Salarios e indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

No corresponde el pago de haberes por horas extra a los trabajadores agrarios regidos por la ley 22.248
Poderes del Estado, división de poderes, distribución de competencias, competencia de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

Es del resorte de la Corte Suprema juzgar la existencia y límites de las facultades privativas de los otros poderes y la excedencia de atribuciones en la que éstos pueden incurrir.
Juegos de azar, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Lotería Nacional de Beneficencia y Casinos
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: González, Carlos Alberto y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos Alberto y otros s/ Ley 255' de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos Alberto y otros s/ Ley 255'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-09

El Convenio entre el P.E. local y Lotería Nacional Sociedad del Estado reafirma la competencia regulatoria de la Ciudad. Por otra parte, no corresponde a este Tribunal sino a los tribunales de mérito, interpretar este convenio conforme a las leyes regulatorias comunes respectivas, y mucho menos ingresar a una cuestión de prueba acerca de una autorización que no ha sido reconocida por los tribunales de mérito en la valoración de la prueba.
Municipalidad, autonomía municipal, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 306 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-25

En la determinación del concreto 'alcance y contenido' de la autonomía municipal en los ámbitos institucional, político, administrativo, económico y financiero, los ordenamientos provinciales deben ser juzgados según el principio de razonabilidad contenido en el artículo 28 de la Constitución nacional, en virtud del cual no pueden, bajo la apariencia de reglamentar tal autonomía, trasponer los límites de lo racional y razonable para la vigencia efectiva de los municipios.

Ello debe considerarse que ocurre, por ejemplo, cuando se los priva de las atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de su cometido, se compromete efectivamente suexistencia, se les impide subsistir como unidad política, se altera substancialmente su esfera de atribuciones propias, se pone en peligro su subsistencia como entidad con vida propia, o se compromete su existencia patrimonial.
Actualización monetaria, intereses, pautas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA ANDRES HILARIO c/ LUIS ALBERTO ALTUNA Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-11-06

Con posterioridad al primero de abril de 1991 en adelante, sólo se deberán intereses, que de acuerdo a la jurisprudencia sentada por los Tribunales de Grado, es lo que cobre el Banco de la Provincia de Córdoba en operaciones de descuento ordinarios a treinta días, interés vencido.
Jueces, deberes del juez, proceso judicial, buena fe
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aguirre, Edgardo s/ Incidente de aplicación de multa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

El principio de buena fe, que rige en todo el ámbito del derecho, obviamente no podría ser descartado como directiva procesal específica, y ha sido plasmado, con mayor o menor rigor, de acuerdo con el medio social y con las concepciones de las distintas épocas. Desde esta perspectiva resulta imprescindible la convivencia de que el juez aparezca en el proceso con poderes suficientes como para disponer de medios mas realizadores a fin de impedir las actitudes deshonestas y asegurar el clima ético de la justicia.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Complejo Habitacional Cerrito c/ Tiribelli SACIFI y otros s/ Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

Si la notificación del traslado de la demanda es normalmente un acto interruptivo, el fracaso de dicha diligencia por circunstancias ajenas a la actora también tiene ese valor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, allanamiento, Estado Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Misiones, Prov. de c/ Estado  Nacional  (M  de  Economía  -  Sec.  de  Estado  de Hacienda) s/ coparticipación    federal   de  impuestos  (ley  20.793,  art.  3x).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-29

Corresponde eximir al Estado Nacional de la carga de las costas, pues las exigencias del art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación cuando se dan en su totalidad, tiene como resultado inexcusable la exención de aquéllas, pero la falta de alguna de ellas no impide la aplicabilidad al caso de la salvedad contenida en la segunda parte del art. 68 del Código de rito.
Quiebra, calificación de conducta, aplicación de la ley, aplicación temporal de la ley, ley penal más benigna
Materia: COMERCIAL
Carátula: Agroexa SA s/ Inc. de calificación de conducta
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-14

Si bien el dec. 267/95 observó el art. 290 de la Ley 24522, que contenía disposiciones transitorias relativas a tres aspectos:

a) fijó un plazo de 90 días para la entrada en vigencia de esa nueva ley, b) precisó que se aplicaría a los concursos presentados y quiebras declaradas con posterioridad a ese lapso, c) estableció la caducidad de pleno derecho de los incidentes de calificación de conducta, e impulsó la exigencia de aplicación del nuevo régimen en forma inmediata, con los alcances del CCIV 2 y 3, sin embargo, la genérica observación a dicho artículo - sin hacer referencia a la materia de calificación de conducta - podría plantear dudas acerca de la vigencia específica de esa disposición, por lo que esta fiscalía estima conveniente precisar que cualquier cuestionamiento se disipa y se considera que el régimen de la calificación de conductas tiene carácter represivo, lo que conduce a aplicar el principio de la ley más benigna consagrado por el CP: 2, remitiendo a los fundamentos expuestos en el plenario dictado por la Cámara Comercial in re "Armadores Argentinos SA", 27.4.88, ante una situación análoga.
Requisa personal, flagrancia, falta de orden del juez
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ABELLA, DANIEL l. s/ consulta Causa nro. 27484
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-14

Desde el punto de vista del lenguaje natural flagrantes es, efectivamente, aquello que se está ejecutando actualmente y, en este sentido, podría decirse que los delitos de tenencia, en general, siempre se están ejecutando; sin embargo, no es este el concepto procesal de flagrancia, el cual se vincula más estrechamente a otra de las acepciones vulgares:"De tal evidencia que no necesita pruebas". La flagrancia que permite prescindir de orden judicial se da sólo en tanto y en cuanto la comisión del delito sea exteriormente reconocible, "ex ante"; es a todas luces incorrecto hablar de flagrancia cuando la comisión del hecho sólo pudo ser advertida como consecuencia de la requisa.
Daño moral, damnificado indirecto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villalobos Mirta y Miguel Barreiro c/ Ruben Alfaro s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S143 - 133)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-08-07

El damnificado indirecto "es la persona que padece un daño propio, derivado de un ilícito que tiene por víctima a un tercero, respecto de quién existía un interés patrimonial o extrapatrimonial, que resulta conculcado"
Acción de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad, división de poderes, facultades reglamentarias, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ávila, Bernardino - Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSA) c/  s/ acción popular de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-10-02

El amparo del derecho a la igualdad no encuentra desmedro ante leyes que contemplan en forma distinta situaciones que se consideran diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupos de personas. (Del voto de Dres. Posadas, Vittar, Dra. Bonari, Dr. Catalano y Dra. Ovejero Cornejo)
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Balmaceda, Juan R. -Romero, Isidro R.- Miño, Jorge A. s/ Triple homicidio en riña
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

Debe anularse de oficio la sentencia y lo demás actuado en el juicio oral si el tribunal no decidió si la agresión inicial por parte de las víctimas está o no probada, ya que del contexto de lo resuelto sobre la cuestión en el veredicto no resulta si la tuvo por acreditada o si sólo la consideró a título de hipótesis subsidiaria.

Pero lo importante es que en cualquiera de ambos casos no resolvió en que habría consistido tal agresión (su comienzo o la evidencia de que se iniciaría, sus caracteres, su finalización) y ello ocasionó que a los recurrentes les resultara impracticable no incurrir en insuficiencia pues no pudieron intentar la demostración de que la agresión (suponiendo que existiera) originó una defensa legítima (suponiendo que lo fuera) (art. 34 inc. 6º, C.P.).
Accidentes de trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Moschini, Daniel Oscar c/ CRYBSA S.A. y Cía. de Seguros La Previsión s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-11-12

Conforme a la nueva ley de accidentes de trabajo -ley 23643 art.

19- la relación jurídica que nace con el accidente se consolida en el momento en que la víctima o sus derechohabientes conocen la incapacidad o el deceso.
Delitos contra el honor, calumnias, paralización del expediente, litispendencia
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ, A.C. s/ CALUMNIAS  E  INJURIAS.  PARALIZACION:  LITISPENDENCIA  CON CAUSA POR  DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA. (PROCEDENCIA).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-26

corresponde paralizar la querella por calumnias, dado que los hechos por los que se agravia la accionante consistieron en declaraciones judiciales de terceros en las que habria afectado el honor de aquélla, pero tambien fueron materia de cuestionamiento en cuanto a la veracidad de dichos testimonios, por lo que actualmente se está investigando tal extremo, siendo un típico caso de litispendencia.

No es objetable que el instructor haya paralizado la causa de oficio,por cuanto se trata de una cuestión que compromete el orden público.