Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27


SENTENCIA DEFINITIVA N° 63952 SALA VI Expediente Nro.: 1403/09 (Juzg. N° 41) AUTOS: "REALES MARCELO OSCAR C/MINERA ALUMBRERA LIMITED S/DESPIDO" Buenos Aires, 27 de ABRIL de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda, se agravian la parte demandada y parte actora a tenor de sus escritos de fs. 323/331 y fs. 335/337, respectivamente, que recibieron réplica de sus contrarias a fs. 342/345 y 347/349.

Por su parte, la perito contadora apela los honorarios regulados a su favor, por bajos (fs. 334) y la demandada la totalidad de los fijados, por altos (fs. 331).

Por razones de método trataré en primer lugar el agravio de la parte demandada, quien cuestiona que el Sr. Juez "a quo" haya considerado procedente el reclamo de la indemnización prevista en el Art. 212 1° párrafo de la LCT, al entender que se encuentran acreditados los recaudos exigidos por la norma.

En síntesis y en lo que interesa, sostiene que se ha omitido analizar el intercambio habido entre las partes, del que surge que el actor se encontraba de licencia y no podía prestar tareas, aún vencido el periodo de reserva del puesto de trabajo.

Considero que no asiste razón al recurrente. Y digo ello pues la cuestión relativa al estado de salud en que se encontraba el actor en momentos en que se produjo el distracto fue zanjado por el informe medico obrante a fs. 267, que da cuenta de una patología en su columna cervical, que lo limita funcionalmente y le genera una merma en su capacidad laboral del 25% de la TO.

Es entonces que resulta procedente el pedido formulado por el actor con el fin de que la empleadora le otorgara tareas acordes a su nueva capacidad (conf. fs. 98), por lo que la conducta observada por la accionada resultó violatoria de los deberes establecidos en los arts. 62, 63 y 78 de la LCT.

Asimismo, y en el caso de que la accionada hubiera tenido dudas respecto de la condición física del actor para reincorporarse a sus tareas, en modo alguno se encontraba habilitado a rescindir sin más el contrato, sino que por el contrario, los deberes de colaboración y buena fe le exigían que tomara los recaudos necesarios a los fines de determinar el verdadero estado de salud de Reales (conf. Art. 210 LCT), en un actuar respetuoso del principio de continuidad previsto en el Art. 10 de la LCT.

Por lo expuesto, de prosperar mi voto, propongo confirmar en este aspecto la sentencia recurrida.

Seguidamente se agravia la demandada porque entiende que no correspondía hacer lugar a la reparación en concepto de daño moral y por su cuantía. Al respecto, sostiene que no tuvo lugar un despido sino una rescisión por vencimiento de la reserva del puesto de trabajo y que no existió acto de la empleadora que pudiera calificarse como discriminatorio.

Estimo que la queja tendrá favorable recepción. De conformidad con lo resuelto ut supra, se advierte que el actor tenía derecho a que le otorgaran tareas acordes a su nueva capacidad laboral, y que por lo tanto la accionada no estaba habilitada a rescindir el vínculo por vencimiento del plazo de reserva de puesto de trabajo.

La conducta reprochable observada por la demandada, tiene como sanción la prevista en el Art. 212 de la LCT, y es por ello que he propuesto que se confirme la condena a abonar la indemnización allí prevista, que remite en definitiva a la establecida en el Art. 245 de la LCT.

Ahora bien, del relato de los hechos realizado en el escrito de inicio (conf. fs. 7vta./19 y 24vta./27, y de la prueba producida en consecuencia, no se desprende que la accionada haya llevado adelante alguna conducta que pueda ser calificada como discriminatoria conforme lo previsto en la ley 23.592 y que consecuentemente genere el derecho a percibir una reparación por daño moral.

En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, de prosperar mi voto, propongo modificar la sentencia recurrida, y restar del monto de condena la suma de $40.000.-, resultando abstracto lo sostenido por la actora respecto de la cuantía del rubro.	Lo articulado respecto del rubro de salarios adeudados no puede prosperar dado que el recurrente reitera las defensas opuestas en oportunidad del responde, pero no se hace cargo de que debió otorgar tareas acordes a la nueva capacidad del actor, por lo que corresponde confirmar lo decidido en los limites del reclamo (conf. fs. 5 y 189).

Por último, resulta procedente la inclusión en el capital de condena de la indemnización prevista en el Art. 2° de la ley 25.323, dado que el actor tuvo que iniciar las presente actuaciones con el fin de percibir los rubros salariales e indemnizatorios reclamados.

Seguidamente, la parte actora se agravia por la falta de tratamiento de la indemnización reclamada en los términos del Art. 232 de la LCT y del sueldo anual complementario proporcional.

Al respecto, corresponde confirmar lo decidido en la instancia de grado con relación a la indemnización prevista en el Art. 232 de la LCT, dado que no resulta procedente en casos como el de autos, donde se resolvió que la rescisión tuvo lugar en los términos del art. 212 de la LCT.

En cambio considero que cabe hacer lugar al reclamo en concepto de SAC proporcional, de conformidad con lo previsto en el Art. 123 de la LCT. Teniendo en cuenta que el contrato de trabajo se rescindió con fecha 7 de mayo de 2008, corresponde integrar al capital de condena la suma de $1.624.82 (conf. fs. 189vta.).

En atención a la extensión e importancia del trabajo realizado, valor económico del litigio y pautas arancelarias de aplicación estimo que los honorarios regulados a los profesionales intervinientes se ajustan a derecho, por lo que propongo que sean confirmados, sobre la base del nuevo monto de condena (Art.38 L.O., 279 CPCCN y normas concordantes).

Que sobre dicho monto, cabe aclarar, deberá computarse -también- la incidencia del porcentual correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, que integrará los mismos, en la inteligencia que el tributo se traslada a quién ha de pagar por el servicio gravado y ello de conformidad con lo resuelto por la C.S.J.N. (C. 181 -XXIV- 16/06/93, in re "Cía General de Combustibles S.A. s/ Recurso de Apelación).

Por lo hasta aquí expuesto, propongo imponer las costas de alzada en el orden causado (conf. Art. 71 CPCCN), a cuyo efecto propongo que se regulen los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior instancia.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Adhiere al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345, el Tribunal RESUELVE: I) Modificar la sentencia apelada, fijando el monto de condena en la suma de $86.313,61. II) Imponer las costas de alzada en el orden causado (conf. Art. 71 CPCCN). III) Regular los honorarios de los letrados actuantes en el 25% de lo fijado para la instancia anterior, con más la incidencia del porcentual correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

GRACIELA L.CRAIG	JUEZ DE CAMARA	LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA