Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-14


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 85217 CAUSA NRO. 2.888/07 AUTOS: "AGUIRRE EMILIO RICARDO C/ LA NUEVA METROPOL S.A. EJECUCION DE APORTES" JUZGADO NRO. 46 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de julio de 2.008 , reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden:

El Doctor Vilela dijo:

I)- Contra la sentencia de fs.170/171 apela la parte actora, presentando su memorial a fs.175/179. La perito contadora apela sus honorarios a fs.174.

II)- Se queja el actor porque se desestimaron sus reclamos tendientes a obtener la entrega de un nuevo certificado de trabajo, que refleje los datos relativos a la fecha de ingreso y salario invocados al demandar, así como la multa del art.80 tercer párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, al reputar incorrecto el certificado ya recibido de la empleadora. Como consecuencia de la clandestinización parcial del vínculo invocado -entre 1990 y 2003, fecha de la registración-, solicita el pago de "daño previsional" y de diferencias en el pago del aguinaldo y las vacaciones proporcionales. Apela la imposición de las costas.

III)- Memoro que el actor invocó en el inicio (fs.6/vta.) haber comenzado a trabajar en tareas de vigilancia y recaudación, a las órdenes de la empresa demandada, el 1 de junio de 1990, a cambio de una remuneración mensual de $2.000. Sostuvo que recién fue registrado el 10 de abril de 2003, por una remuneración inferior (de $1300), hasta que egresó el 22 de mayo de 2006, momento en el que recibió el certificado de trabajo (el 26 de mayo, ver fs.25), que luego impugnó, mediante la misiva remitida el 5 de junio de ese año. La demandada negó tales extremos en el responde (fs.44/50). La pericia contable informa que lleva los libros en legal forma, y que Aguirre figura registrado con fecha de ingreso el 10 de abril de 2003, con la categoría de "recaudador", y las remuneraciones que surgen del detalle de fs.134.

El recurrente destaca en el memorial los testimonios de Bravo (fs.120/121) y de Haitzaguerre (fs.122/123). El primero trabajó para la demandada desde 1999 hasta el 2006, y manifestó que el actor ya estaba, realizando tareas de recaudador, que consistían en sacar las monedas de la máquina y llevarlas a la oficina, en horario nocturno. Haitzaguerre también fue compañero de trabajo, lo veía realizando las mismas tareas en idéntico horario, desde marzo de 1996, época en la que ingresó el testigo. Ambos testigos coinciden, pues, en señalar que Aguirre estaba prestando servicios con anterioridad a la fecha de ingreso registrada por la demandada. La observación realizada por la demandada a fs.125/vta. no altera las conclusiones expuestas, puesto que se refiere al cese del trabajador, aspecto secundario de los testimonios y sobre el cual no se debate en el presente. Distinta suerte correrá la pretensión relativa a la existencia de pagos al margen de los registrados en la contabilidad de la demandada, puesto que el testimonio de Haitzaguerre luce aislado y carece, en ese aspecto, de fuerza convictiva suficiente, máxime que Bravo nada dice sobre la existencia de pagos clandestinos, y los testigos propuestos por la demandada, Sres.Parziale (fs.109/110) y Caniggia (fs.111), coinciden con Bravo en que los haberes eran abonados mediante depósito bancario. Este temperamento implica desestimar las diferencias salariales peticionadas.

La circunstancia de que el trabajador hubiera recibido los certificados confeccionados por la demandada, y diez días después haya procedido a impugnar su contenido y requerir una nueva entrega, conforme a los datos que invocó en autos, de los cuales ha quedado demostrado que la fecha de ingreso no se condice con la consignada en ellos, no empece al derecho que aquí intenta ejercer. De acuerdo con los principios de la primacía de la realidad y buena fe (arts.11, 12, 14, 62, 63 y conc. de la Ley de Contrato de Trabajo), no puede prevalecer una conformidad del trabajador en la recepción del certificado de trabajo, si medió oportuna impugnación, y se acredita la falsedad -en el caso- de alguno de los datos que el certificado contiene, máxime frente al principio que prohíbe la renuncia a derechos indisponibles (arts.12 y 58 de la L.C.T.). Así las cosas, toda vez que los testigos antes examinados, demuestran que el actor comenzó a trabajar con anterioridad a la fecha que surge de los registros laborales de la demandada , puesto que empezaron a verlo desde que los propios testigos ingresaron a la empresa. Sus dichos desvirtuan las aludidas constancias registradas y arrojan luz sobre la irregularidad denunciada en la demanda. En atención a ello, propongo condenar a la demandada a hacer entrega al actor de un nuevo certificado, con los datos exigidos por el art.80 de la Ley de Contrato de Trabajo, consignando como fecha de ingreso, el 1º de marzo de 1996.

En cuanto se refiere a la multa peticionada con sustento en el art.80 tercer párrafo de aquel cuerpo normativo, teniendo en cuenta que en el sub-lite la demandada negó que el certificado entregado contuviera datos inexactos -entre ellos, la fecha de ingreso-, más allá de que se considere o no exigible al trabajador la remisión de la intimación prevista por el dec.146/01 para constituir en mora a su empleador luego de transcurridos treinta días de la extinción del vínculo, lo cierto es que la aludida negativa revela su postura adversa al reclamo de entrega de certificaciones laborales, conforme a los datos verídicos de la relación habida entre las partes. Por ende, propongo diferir a condena por este concepto la suma de $4.208,70 ($1.402,90 x 3, pericia contable a fs.134, salario de mayo de 2006), la que devengará intereses conforme a lo establecido en el Acta Nro.2357 de esta Cámara y Res. Nro.8/02, desde el 14 de junio de 2006 (fecha de la misiva en la cual se rechaza la impugnación al certificado entregado).

IV)- Distinta suerte correrá el cuestionamiento relativo a la pretensión de reparación por el que denomina "daño previsional", por el período anterior al reconocido en el considerando precedente. Amén de recordar que el trabajador carece de legitimación para reclamar el pago de aportes, no nos hallamos frente a un daño actual y cierto, puesto que el trabajador cuenta a la fecha con cincuenta años de edad, por lo que no reúne los recaudos necesarios para acceder a alguno de los beneficios jubilatorios contemplados por la ley 24.241, el que -por ende- no ha peticionado ni se le ha denegado. Es obligación insoslayable de quien demanda probar la existencia del daño resarcible que reclama, cuya certeza debe ser indubitable, por ser éste un recaudo esencial (conf. arts. 519 y 622 del Cód. Civil), por lo que debe ser real y efectivo, no meramente conjetural o hipotético (cfr. C. N. A. Civil, Sala A, in re "Soler Miguel y otros c/Coca Cola SAIC, del 11/12/2006, publicado en L.L. del 24/10/2007).

Propongo confirmar el rechazo dispuesto en origen.

V)- En atención al nuevo resultado del juicio, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art.279 CPCC). Respecto de las primeras, si bien en su distribución no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico, atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y los rubros que resultaron procedentes (cfr. esta Sala in re "Salaberry Yatchino Juan c/Piso Uno SA s/despido", SD 58448 del 19/5/90), en el sub-examine el monto por el que prospera la demanda es bastante inferior al reclamado. En consecuencia, atendiendo a los antecedentes expuestos y a la normativa legal aplicable al caso, propicio que se declaren las costas de ambas instancias: el 75% a cargo del actor y el 25% a cargo de la demandada (arts. 68, 69, 71 y conc. CPCC; art. 38 y 155 LO).

En cuanto a los honorarios, debe señalarse que la estimación del monto del proceso a los efectos regulatorios, debe ser apreciada por el Tribunal en cada caso en particular, según las circunstancias, procurando conservar la ratio legis que orienta la referencia legal a dicha cuantía, y el grado de responsabilidad profesional por los intereses en juego y el mérito de la labor desempeñada. Dentro del margen de apreciación y discreción que le confiere la ley de aranceles profesionales, el tribunal debe determinar la "entidad económica del litigio", concepto que, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, es indeterminado, por lo que corresponde al intérprete hacer la precisa determinación en cada caso concreto (CSJN, Sentencia del 31 de Octubre de 2006, in re "Romero S.A: S/ Quiebra S/ Incidente de Revisión P/ Fisco Nacional DGI", en el mismo sentido, Sala I, "Viscusi Humberto C/ SEGBA S/ Cobro de Pesos", SD 60998 del 24/3/92, entre muchos otros; Sala II "F.E.T.A.P. C/ Estado Nacional y otro S/ Nulidad resol. M.T., SD 95.319 del 22/10/07). Así las cosas, atendiendo al mérito y extensión de los trabajos realizados, valor del litigio, facultades conferidas por el art.38 LO y normativa legal aplicable, propongo regularlos, por la totalidad de la actuación profesional de la representación letrada del actor, de la demandada y perito contador, en las sumas de $5.000, $7.000 y $3.000 (art. 38 LO; art.13 de la ley 21839 y ley 24432).

VII)- En definitiva, de prosperar mi voto, correspondería: a)- Revocar parcialmente la sentencia, y condenar a la demandada a abonar al actor, dentro del plazo de cinco días de notificada la liquidación prevista en el art.132 de la L.O, la suma de $4.208,70, y a hacer entrega del certificado de trabajo previsto en el art.80 de la L.C.T., conforme a la fecha de ingreso determinada en el considerando III, bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, decidiera imponer el Juez de primera instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (cfr. arts.37 del CPCC y 666 bis del Código Civil); b)- Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios, y adoptar nuevo pronunciamiento, conforme a lo dispuesto en el apartado V. c) Ordenar se libre oficio por secretaria del Juzgado interviniente, al Sistema Ünico de Registro Laboral y a la Administración Federal de Ingresos Públicos, en los términos de los arts. 17 de la Ley 24013 y art. 46 de la ley 25345.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero a las conclusiones del voto de mi distinguido colega Dr.Julio Vilela, con la siguiente aclaración: Con arreglo a lo expuesto al votar en la causa "Muñoz Cid Juan Enrique c/Consorcio de Propietarios del Edificio Raúl Scalabrini Ortiz 2922 s/despido" (SD 85.158 del 30/5/2008, del Registro de la Sala I), entiendo que la reclamación oportunamente formulada ante el SECLO (ver fs.3) satisface el cumplimiento de la requisitoria exigida por el art.3 del dec.146/01; y, en esa inteligencia, adhiero a la propuesta de mi distinguido colega, referida a la sanción que prevé el art.80 de la Ley de Contrato de Trabajo.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a)- Revocar parcialmente la sentencia, y condenar a la demandada a abonar al actor, dentro del plazo de cinco días de notificada la liquidación prevista en el art.132 de la L.O, la suma de $4.208,70, y a hacer entrega del certificado de trabajo previsto en el art.80 de la L.C.T., conforme a la fecha de ingreso determinada en el considerando III, bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, decidiera imponer el Juez de primera instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (cfr. arts.37 del CPCC y 666 bis del Código Civil); b)- Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios, y adoptar nuevo pronunciamiento, conforme a lo dispuesto en el apartado V. c) Ordenar se libre oficio por secretaria del Juzgado interviniente, al Sistema Ünico de Registro Laboral y a la Administración Federal de Ingresos Públicos, en los términos de los arts. 17 de la Ley 24013 y art. 46 de la ley 25345.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Ante mi En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.