marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Indemnización por despido, producción de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Buono, Patricia Lilian  c/ Tormene Americana S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-09

La actora laboraba como responsable de planificación y control de ingeniería para la accionada y el incumplimiento registral por parte de la empleadora generó el reclamo de la trabajadora. La prueba testimonial producida da cuenta que la accionante percibía una parte de sus salarios por recibo de sueldo y la otra facturando como monotributista en mano, o de manera informal. Asimismo, la documentación acompañada por la trabajadora -facturas- fueron siempre confeccionadas a favor de la empresa en forma correlativa no sólo en numeración sino también realizadas todos los meses por montos superiores a los que figuraba en sus recibos de sueldo por los mismos períodos, todo ello verificado por el perito contador en los libros laborales y contables que la empresa le exhibió. Así entonces, los incumplimientos registrales en torno a la real remuneración de la trabajadora -y que le endilgó a la accionada- los cuales fueron probados en autos, revisten suficiente gravedad como para impedir la continuidad del vínculo, justifica la decisión rescisoria adoptada por aquélla en los términos de los arts. 242 y 246 LCT y la condena a la empleadora al pago de las indemnizaciones previstas en los art. 245, 232 y 233 de la LCT, estos dos últimos con más la incidencia del SAC y art. 2 de la ley 25.323 tal como lo decidió el juez de grado.
Confirmación de sentencia, producción de la prueba, presunción de contrato de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Viganotti, Roberto Leopoldo  c/ Organización Coordinadora Argentina SRL.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-21

La prueba rendida en la causa resultó insuficiente para acreditar la prestación que tornara operativa la presunción contenida en el art. 23 LCT lo cual motivó que la a quo desestimara en lo sustancial la demanda. Por ello se agravia la accionante. La demandada reconoció la prestación de servicios por parte del actor, y este reconocimiento importa dar por acreditado el presupuesto fáctico que lleva a aplicar lo previsto por el art. 23 de la LCT, norma que establece que reconocida o demostrada la prestación de tareas, dicha circunstancia hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, relaciones o causas que lo motiven se demostrare lo contrario. Así, será el pretendido empleador quien deberá probar que dicha labor constituye la excepción contemplada en la última parte del 1° párrafo del art. 23 LCT, en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio. La prueba producida da cuenta de la no sujeción del actor al poder de dirección de la demandada, ni a órdenes e instrucciones de sus empleados jerárquicos, pues la aquí accionada se limitaba a proveer al trabajador la hoja de ruta con la mercadería a transportar, controlar la carga del día antes de sus traslado y que se cumpliera la prestación, así como también supervisar la posterior devolución de los bienes que no habían sido entregados y recibir la rendición de cuentas de las entregas diarias. Así entonces las pruebas arrimadas a la causa desvirtúan la presunción contenida en el art. 23 LCT, por lo cual no existe elemento objetivo alguno que permita considerar que el accionante se encontrara vinculado con la demandada mediante una relación de dependencia. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia.
Confirmación de sentencia, despido, tipo de cambio, dólares
Materia: LABORAL
Carátula: Mata García Tomás José  c/ Repsol Exploración Advanced Services AG y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-31

La codemandada YPF apela el decisorio de la juez de la anterior instancia que dispuso intimar a la parte actora para practicar una nueva liquidación, descontando las sumas dadas en pago, utilizando el valor del dólar MEP. La demandada REPSOL cuestiona que se emplee la cotización del dólar MEP. Esta Sala en su actual integración, dejó a salvo que la deuda podría ser cancelada por su equivalente en pesos. El decisorio del magistrado de la anterior instancia dispuso que si se pretende cancelar en pesos una deuda en dólares, se deberá tomar como cotización la cantidad de pesos necesarios para adquirir en el mercado la suma de que se trate. Por ello, si resulta de la propia decisión de la accionada, no abonar la deuda en moneda extranjera, deberá tomar como referencia el valor del dólar MEP (dólar del mercado electrónico de pagos) del día anterior al del pago, pues resulta este el medio alternativo por el cual es factible la operación en cuestión. Así entonces es una ficción que se mantenga equivalencia alguna entre el monto de condena y el pago en pesos al tipo de cambio oficial que propone YPF S.A, pues aceptar tal maniobra constituiría un enriquecimiento sin causa para la demandada, quien sí tiene acceso y recibe gran parte de sus ingresos en dólares estadounidenses, y que en su caso no tendría inconveniente en acceder al MULC (Mercado Único Libre de Cambios) para comprar los dólares a cualquier de los distintos precios permitidos por las normas cambiarias. Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Monto del juicio, accidentes de trabajo, crédito laboral, intereses
Materia: PROCESAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Ruiz, Ramón Aldano  c/ Asociart SA ART  s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-23

A partir del Fallo de la Corte en la causa "Lacuadra" la Cámara mediante Acta N° 2788 dejó sin efecto las Actas N° 2783 y 2784, por lo cual no corresponde actualizar el capital de condena mediante la aplicación de tasas. Así, partiendo de la base de que se trata de un accidente del trabajo (LRT), que contiene un régimen especial en materia de accesorios, a fin de evitar resultados desproporcionados y teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria de los créditos laborales, se considera prudente y razonable que la prestación dineraria se determine a la luz del decreto 669/19. Por lo tanto, la compensación tarifada fijada en origen debe recalcularse desde la fecha del siniestro y hasta el momento en que se practique la liquidación del art. 132 LO según variación del índice RIPTE (cfr. inc. 2° art. 12 LRT, texto según Decreto 669/2019 aplicado al IBM, debiendo añadirse al resultado un interés puro del 6% anual -entre iguales fechas-. Ello independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante o el alta médica (cfr. art. 3 Decreto 669/2019). Si bien el monto que se ordena repotenciar hace a la indemnización debida y no al IBM, lo cierto es que el resultado numérico no variaría de establecerse el IBM a valores de la fecha en que deba practicarse la liquidación y sobre tal base aplicar la fórmula polinómica del art. 14 LRT; por lo que, a fin de evitar complicaciones se partirá del monto histórico de la condena. Ante el retraso en la publicación de los índices RIPTE, resulta prudente y razonable que en tales casos se adopte como punto de partida, el índice RIPTE correspondiente a tantos meses anteriores a la fecha de la contingencia como meses transcurrieron desde el último RIPTE publicado al tiempo de practicarse la liquidación. En caso de mora, deberá actuarse como lo dispone el art. 770 CCyCN (al que remite el actual art. 12 ley 24.557), por lo que se capitalizarán todos los accesorios calculados en la liquidación y, al producido, se le aplicarán nuevos intereses, con capitalización semestral desde la mora judicial y hasta la efectiva cancelación del crédito, conforme el interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina. (Del voto de la Dra. Craig, en mayoría).
Confirmación de sentencia, despido indirecto, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Loto, Adolfo Eduardo  c/ Lluvatar S.R.L.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-24

La accionada se agravia porque la Magistrada de la instancia anterior consideró extinguido el vínculo laboral en función del despido indirecto que materializó el accionante a través de su despacho telegráfico. Las cartas documentos enviadas por la accionada a fin de notificar al actor de su despido resultaron ineficaces, por cuanto fueron devueltas por el distribuidor del Correo con la observación "dirección inaccesible", circunstancia que obsta a que el fracaso de la notificación pueda ser imputado a su destinatario. Esa observación no permite inferir que el fracaso de la notificación obedeció a causas imputables a su destinatario pues, en la materia se utiliza como directriz la regla pretoriana que establece que quien elige el medio de comunicación corre con las consecuencias que de él se derivan, principalmente cuanto concierne a su ineficacia o a su entrega tardía y además porque las comunicaciones tienen el carácter de recepticias, de modo que el contenido del despacho respectivo carece de efectos jurídicos hasta el momento en el que es recibido por el destinatario o entra en su esfera de conocimiento. De lo informado por el Correo Argentino no se desprende que las cartas documentos en cuestión hubiesen sido devueltas por causas imputables al actor, de modo que mal puede considerarse eficaz la comunicación para configurar la decisión extintiva. No se le puede reconocer eficacia alguna a la notificación, pues no sólo no se evidencia la recepción de la carta documento extintivo, sino que tampoco surge que el actor hubiera obrado con mala fe como sostiene la demandada. Si bien es cierto que el actor remitió sus dos primeras intimaciones desde el domicilio que denuncia como propio y respecto del cual fracasaron las misivas impuestas por la demandada, se advierte que en su segunda intimación el trabajador constituyó un nuevo domicilio junto a su letrado patrocinante, lo cual lejos de demostrar una actitud tendiente a impedir las futuras notificaciones que se le practicaran, reflejan la buena fe de su conducta. Frente a ello, era la accionada quien debió dirigir sus subsiguientes cartas documento a este nuevo domicilio y, pese a ello, continuó con la actitud negligente de enviar sus posteriores despachos telegráficos al domicilio en el que ya habían fracasado sus comunicaciones anteriores. En consecuencia no puede considerarse cumplido el requisito formal que establece el art. 243 de la L.C.T. para la comunicación válida del despido dispuesto por justa causa. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Confirmación de sentencia, despido, período de prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Radisic, Mariano Favio  c/ Nokia Solutions and Networks Argentina S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-01

El accionante cuestiona que en la instancia anterior se haya desestimado que se compute como período de prueba, el tiempo que prestó servicios para la co-demandada. El art. 18 de la LCT habilita el cómputo de la antigüedad anterior "cuando el trabajador, cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo empleador". La codemandada no fue el mismo empleador que la demandada y ello sólo bastaría para desestimar la pretensión. Tal como surge de la informativa de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y de la IGJ, ambas empresas no se fusionaron y la operación de concentración económica consistente en la adquisición del 76,31% de las acciones emitidas y en circulación de la firma de la codemandada se produjo con posterioridad a la fecha de desvinculación del actor. La adquisición del paquete accionario mayoritario impide considerar que ambas empresas se integraron y pasaron a ser una sola. Para el actor a partir de ese momento pasaron a componer un grupo económico, conservando su individualidad jurídica, pero no fueron las mismas empresas. La demandada absorbió a la codemandada y el compromiso de fusión fue aprobado por las respectivas asambleas extraordinarias de accionistas. Cabe confirmar lo resuelto en la instancia anterior.
Confirmación de sentencia, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Viganotti, Roberto Leopoldo c/ Organización Coordinadora Argentina SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-21

El actor no demostró la prestación de tareas que permita activar la presunción del art. 23 de la LCT. Ello así, toda vez que no se encontraba sujeto a un jornada de trabajo, ni tampoco al poder de dirección de la accionada, ni a órdenes e instrucciones de sus empleados jerárquicos, pues a demandada solo se limitaba a proveer al actor la hoja de ruta con la mercadería a transportar, controlar la carga el día antes de su traslado y que se cumpliera la prestación, supervisar la devolución de los bienes que no habían sido entregados y recibir la rendición de cuentas de las entradas diarias. El actor no utilizaba el mismo uniforme que los demás empleados, no surgía que el rodado que utilizaba contara con identificación del logo de la accionada. y si tenía algún desperfecto se encontraba imposibilitado de laborar, lo cual reafirma el carácter autónomo de la actividad de su actividad y, por consiguiente la no existencia de un contrato de trabajo. Así entonces, las pruebas arrimadas a la causa desvirtúan la presunción contenida en el art. 23 de la LCT. Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Despido, apreciación de la prueba, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: González Herrera, Federico Carlos  c/ Banco Santander Río S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-18

La demandada se agravia por entender que la juzgadora desconoció la prueba obrante en las actuaciones y consideró que el despido directo dispuesto resultó injustificado, atacando el decisorio de grado. La relación que unía a las partes finalizó por decisión de la demandada, quien consideró al trabajador incurso en abandono de trabajo, luego de haber sido evaluado por el control médico laboral donde se le informó que contaba con el alta médica debiendo reincorporarse a su trabajo. El actor se negó a dichas intimaciones en reiteradas oportunidades, dado que contaba con distintas prescripciones de sus médicos particulares que le fueron renovando las licencias médicas, y cuyas opiniones relativas a su salud eran contrarias a las del profesional laboral dado que no lo consideraban en condiciones de reintegrarse a prestar sus tareas habituales. Todo ello dio lugar a comunicaciones cruzadas, donde ambas partes reiteraron sus posiciones encontradas respecto al estado de salud del reclamante, culminando la demandada, ante la negativa del actor a retomar tareas, a considerarlo incurso en abandono de trabajo y despedirlo (art. 244 LCT). Ante la discrepancia de diagnósticos, en donde la médica convocada por la demandada fue elegida unilateralmente por la misma, la demandada debió arbitrar los medios necesarios para dilucidar la controversia, tal como fuera sugerido por el propio accionante mediante junta médica, y si ello no era posible en un ámbito administrativo, quedando también la posibilidad de ocurrir a una instancia jurisdiccional. Tomando en cuenta el marco fáctico, mal puede considerarse que el actor hubiera abandonado la relación de trabajo o que tuviese la intención de hacerlo, nota distintiva que caracteriza a esta causal extintiva de la relación laboral prevista por el art. 244 de la LCT, por lo que la accionada debió privilegiar la continuidad del vínculo (art. 10 LCT). Aún de considerarse en forma hipotética que la accionada pudo estimar que le asistía algún derecho derivado de los eventuales incumplimientos, las mismas no deben confundirse con el abandono de trabajo que regula el art. 244 citado que requiere el hecho subjetivo relativo a la voluntad del actor de no continuar con la relación, presupuesto que no ha sido acreditado. La actitud de la empleadora dando prevalencia a lo diagnosticado por su médica sin intentar dilucidar el verdadero estado de salud del trabajador procurando salvar el contrato por vía de la espera, implicó el desplazamiento del principio de conservación del contrato de trabajo que como es sabido es uno de los principios rectores de la LCT. La ausencia de este curso de acción es lo que descalifica la validez de la extinción resuelta debiendo la demandada cargar con las consecuencias legales de su obrar ilegítimo (cfr. art. 245 LCT). Por ello, se ratifica la condena a la accionada impuesta en la instancia de grado.
Denegatoria del recurso, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Perezlindo, Horacio Hugo  c/ OMINT ART SA  s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-28

La accionada apela la resolución mediante la cual se rechazó la excepción de incompetencia material y falta de acción interpuesta por ella, por incumplimiento de la instancia previa administrativa dispuesta por la ley 27.348 por parte del actor quien invocó en su escrito de inicio la inconstitucionalidad de dicha ley con fundamento en el art. 18 C.N, siendo decisivo que la demandada dejó que continuara la tramitación de la causa hasta el dictado de la sentencia definitiva sin formular objeción. En tal contexto, es que en el momento de la apelación de la sentencia definitiva resulta inadmisible el planteo de incompetencia que la parte formula en su escrito recursivo, por lo que se desestima el mismo.
Modificación de la cosa juzgada, hostigamiento o maltrato, daño moral, monto de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Focante, Leonardo Julian  c/ Cepas Argentinas S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-31

El actor se agravia por el rechazo del daño moral ante un hostigamiento que realizó la accionada con una actitud de persecución que afectó negativamente su salud física y psicológica. El resarcimiento por daño moral generado en el incumplimiento de los deberes de conducta del empleador no tiene correlación directa con un supuesto de daño psicológico que pueda reclamarse en forma autónoma. La afección del fuero íntimo de un ser humano implica un daño que, de comprobarse, debe ser reparado más allá de la existencia de daño psicológico. La causalidad requerida para configurar una reparación extratarifaria apunta a la vinculación que pudiera existir entre los hechos injuriosos e indecorosos imputados a la empleadora y la incidencia que dichas acciones generen en el sujeto que las sufre. El resarcimiento del daño moral es la consecuencia resarcitoria por ese dolor injustamente causado en la autoestima. Las conductas atribuidas a la demandada revelan la comisión de actos ilícitos que refieren un hostigamiento y destrato que lesionó dignidad e integridad moral del trabajador. En el caso no se trató de una situación de presión por las tareas que desempeñaba en su cargo jerárquico, sino por la configuración de acoso laboral direccionado hacia el trabajador (clima hostil y destrato). La conducta asumida por la demandada constituyó un ejercicio abusivo de los poderes de organización y dirección que le impone el ordenamiento jurídico, y violentó el deber contractual de preservar y guardar el debido respeto a la dignidad de los trabajadores (arts. 68 y 75 de la LCT). Ello, conlleva la modificación de lo decidido en la instancia anterior y realizar la cuantificación por daño moral.
Revocación de sentencia, despido, pago de la remuneración, empleo no registrado
Materia: LABORAL
Carátula: Focante, Leonardo Julian  c/ Cepas Argentinas S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-31

La accionante se agravia porque en primera instancia se rechazó la multa prevista en el art. 10 LNE, no obstante el reconocimiento de parte del salario pagado en especie. El reconocimiento del carácter remuneratorio de las prestaciones en especie habilita el incremento indemnizatorio previsto en el art. 10 de la ley 24.013, por cuanto la percepción de parte del salario en especie configura una omisión parcial en los registros de una remuneración inferior a la percibida, que se asimila a una relación sin registrar o que lo estuvo de modo deficiente. Dicha norma sanciona supuestos en los cuales se consignare una remuneración menor que la percibida por el trabajador/a pues ello determina que la relación resultó deficientemente registrada en los términos del artículo 7 LNE. El reconocimiento salarial de los conceptos abonados por la demandada en forma parcial - como el uso del teléfono celular, el pago de medicina prepaga o el uso de automóvil- implica una defectuosa registración de la real remuneración percibida por el actor. Cabe revocar este tramo de la sentencia dictada en grado.
Confirmación de sentencia, indemnización por despido, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Insogna, Miguel Dino  c/ Al Mundo.Com SRL  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-11

Si bien el actor no demostró la notificación fehaciente de la fecha en que iba a contraer matrimonio, se encuentra probado que la ex empleadora se encontraba anoticiada de las nupcias del actor, por cuanto sí logró probar que el pedido de licencia por matrimonio fue ingresado al sistema informático utilizado por Al Mundo.com S.A. para conceder vacaciones y otras licencias, hecho acreditado mediante Acta de Matrimonio enviada por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La notificación no tiene porqué cursarse forzosamente por escrito, ya que puede hacerse de otro modo, con la condición que se llegue a la convicción que se ha realizado. De esa manera, encontrándose probado el conocimiento real del matrimonio del trabajador, en el caso, la notificación fehaciente se convierte en una pura formalidad y su imposición no resulta compatible con lo normado por los arts. 62 y 63 de la LCT. Asimismo, de la prueba testimonial rendida en autos surge que el accionante fue el único empleado desvinculado del área de calidad de la empresa y todos los testigos fueron contestes en afirmar que, contrariamente a lo sostenido por la accionada, luego del despido del actor continuó ingresando nuevo personal a la empresa, por lo que la alegada reestructuración quedó desvirtuada. Así entonces, la empleadora tuvo conocimiento que el trabajador iba a contraer matrimonio y que el despido se produjo por dicha causa, en el marco de lo previsto por los arts. 181 y 182 de la LCT. Tal temperamento torna operativa la presunción contenida en dicha norma, por lo que le correspondía a la accionada la carga de desvirtuarla mediante la demostración de una causa distinta que no sea imputable al matrimonio, pero no lo hizo. Sentado ello, rige el agravamiento indemnizatorio reclamado toda vez que el distracto del actor se produjo diecinueve días antes de su matrimonio. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia.
Despido por matrimonio, prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Moni Bauducco, Antonela -3-  c/ Ruiz Esquide Canale, María Ximena  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-09

La actora cuestiona que no se admitiera su reclamo de "indemnización especial por matrimonio" (art. 181 LCT) cuando cumplió con la carga legal de notificar a su empleadora. La accionante acompañó el correo electrónico que le remitió a su empleadora mediante el cual le notifica que se iba a casar y que se tomaba luna de miel. El certificado de matrimonio da cuenta del enlace celebrado cuyo valor como instrumento público fue efectuado por el Juez de grado en los términos del artículo 289 del Código Civil sin que hubiera mediado oposición alguna a lo allí resuelto por la partes. El distracto quedó configurado dentro del plazo establecido por el art. 181 LCT y por ende, activa la presunción legal allí establecida la que no fue desvirtuada por prueba en contrario. Cumplido los requisitos formales para la procedencia del rubro en cuestión, cabe modificar y hacer lugar a la indemnización por matrimonio (art. 182 LCT).