marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., J. c/ Ministro de Gobierno y Justicia s/ Mandamiento de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-25

La prueba que destruya la presunción de eficacia del sistema procesal compete al amparista, quien tendrá la carga procesal de demostrar que el amparo incoado no persigue eludir las normas generales, sino que fue interpuesto atendiendo a la previsible inutilidad de los remedios comunes para tutelar en forma efectiva el derecho que dice violentado.

Ello significa que el juzgador "in concreto" debe efectuar un pronóstico objetivo y razonable de probabilidad en torno de la relación causal que se cierne entre la remisión a los procedimientos judiciales y el daño grave e irreparable que dicha remisión provocaría en los derechos que se intentan tutelar.

Si de este pronóstico surge que el uso de los remedios comunes no provoca daño irreparable, deviene claro que no se da la relación causal antedicha y por ende no quedará constitucionalmente justificada la utilización de la vía del amparo. Una inteligencia contraria conduciría a admitir esta acción siempre y en todos los casos que se planteen ante la justicia, porque siempre -en mayor o en menor medida- un derecho constitucional está en juego, subyacente en la concreta pretensión.
Costas, pluspetición inexcusable
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bocchio, Marta Esther c/ Bocchio, Augusto Ramón y otro s/ Incidente Presentación de Cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-10

No basta la simple diferencia entre el monto reclamado en la demanda y el admitido en la sentencia, para admitir la existencia de pluspetitio, toda vez que para que la misma se de es necesario además que la parte demandada haya admitido el monto que se le reclama hasta el límite establecido en la sentencia.-
Domicilio, domicilio del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Frías Ariel Rodolfo c/ Federación Patronal Seguros SA s/ Accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-01

El domicilio de las corporaciones, establecimientos, asociaciones autorizadas por leyes o por el gobierno, es el lugar donde está situada su dirección o administración, si en sus estatutos o en la autorización que se les dio, no tuviesen un domicilio señalado (conf. art. 90 inc. 3 y 11 inc. 2 L.S.C.). Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el art. 90 inc. 3º del Cod.Civil, sólo éste (y no cualquier otra sucursal o sub sede) puede ser considerado como "domicilio" a los fines de la competencia territorial. (Del voto del Dr. Maza, que adhiere al de la Dra. Pasten).
Competencia federal, ENCOTESA
Materia: PROCESAL
Carátula: Carrizo, Carlos Roberto c/ Encotesa s/ Proceso Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-11-03

Cuando el capital es enteramente estatal en realidad no se trata de una sociedad anónima con participación estatal "mayoritaria", esto es, un tipo de sociedad mixta, sino que es una sociedad exclusivamente del estado, porque son asimilables a las sociedades del estado llamadas sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria...cuando el capital es enteramente estatal.
Estelionato, ardid, dolo, culpa
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, Walter s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-03

El sujeto activo debe utilizar un ardid que tenga la idoneidad de engañar al sujeto pasivo que compra lo ajeno seguro que se está realizando una operación legal; la duda, sospecha o la actitud dolosa del comprador, excluye la defraudación.
Unificación de penas, graduación de la pena, cómputo de la pena, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: P., J. M. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. HOMICIDIO  AGRAVADO, ETC (EXPTE.: C.S.J. NRO. 250 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-03

Siempre respecto de los problemas interpretativos que se generan en relación con el tope de la pena unificada y el juego de los artículos 55, 56 y 58 del Código Penal, se ha considerado que "si el hecho determinante del nuevo juzgamiento es posterior a la sentencia definitiva, a los efectos del límite mencionado, sólo debe computarse la pena a ejecutar" (Núñez); que "la limitación penal de l art. 55 importa establecer que a nadie puede imponérsele, a partir del hecho posterior, una pena que supere ese límite" (Soler, entendiendo -además- que la acumulación no se efectúa sobre la base de la totalidad de la pena correspondiente al primer delito, sino solamente sobre la que falta cumplir); que "el límite máximo fijado por el código para la acumulación de penas ... debe calcularse tomando como punto de partida para contar el tiempo de la pena la fecha en que queda firme la última sentencia dictada"; o que "las penas que se unifican son la del nuevo delito con lo que resta por cumplir del primer delito (y que) la pena así compuesta es la que no puede superar los máximos legales y se computa desde el momento de la sentencia firme que las unifica" (Zaffaroni).

Una pauta distinta a este último criterio se expuso en el pleno "Hidalgo" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (LL 1990-C, 322), en el que se concluyó que "la unificación de penas prevista por el art. 58 del Cód. Penal se realiza unificando la totalidad de la pena anterior con la pena impuesta en la sentencia unificadora".
Empleados públicos, nombramiento, estabilidad del empleado público, jubilaciones, retiro militar
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ROBERTO OSVALDO FERRER c/ MRIO. DE DEFENSA s/ RESOL. NRO. 361
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-25

Los arts. 23 y 49 de la ley 22.140 no formulan distinciones acerca de la índole del beneficio previsional. De modo que, con respecto a la estabilidad, el art. 15 de la mencionada ley supone que la jubilación proporciona a quien la disfruta los medios necesarios para subvenir a sus necesidades más esenciales y ello le permite privarse de los emolumentos propios del empleo que debe abandonar.
Instrucción, declaración testimonial, asistencia del querellante
Materia: PENAL
Carátula: SCHENONE, LUIS HECTOR s/ Cheque sin fondos Causa 34747
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-24

Por razones de equidad, aunque la ley no lo diga, si el defensor puede asistir a la declaración de testigos, también puede hacerlo el querellante.
Simulación, prescripción, rechazo de la demanda, costas en el orden causado, fundamentación de la resolución, fundamentación insuficiente, principio objetivo del vencimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Brugo, Marcela Lucila c/ Eskenazi, Sebastián y otros s/ simulación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-10

La sentencia que confirmó el rechazo de la demanda de simulación por prescripción de la acción pero consideró que las costas debían distribuirse en el orden causado no dio debido cumplimiento con lo prescripto por la norma del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y su exigencia de fundar adecuadamente la posible excepción al principio básico allí sentado, ya que de la regla general se desprende que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho, sin que la existencia de jurisprudencia o doctrina discrepante resulten razón suficiente para apartarse del principio objetivo de la derrota, y máxime ante la ausencia de agravio de la actora, que no había formulado crítica alguna sobre el particular.

-Los jueces Highton de Nolasco y Petracchi, en disidencia, consideraron que el recurso extraordinario cuya denegación originaba la queja era inadmisible-.
Poder Legislativo, legisladores, sanciones disciplinarias
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Malaponte, Eugenio Jorge s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

La prerrogativa de la irresponsabilidad, tutelando la libertad de opiniones y de votos de los miembros del Parlamento, garantiza la independencia de las Cámaras, pero para su eficacia no es necesario asegurar a los parlamentarios una libertad de opinión y de voto tan absoluta de modo que importe el arbitrio de lo ilícito. Basta en cambio, atribuir a las mismas Cámaras, como sucede en todos los ordenamientos demoliberales, la represión, por vía disciplinaria, de los actos ilícitos cometidos por los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones. Esto impide a los otros órganos estatales abusar de sus poderes a fin de someter a sus eventuales designios hegemónicos la función parlamentaria, pero, al mismo tiempo, afirma el principio universal de la responsabilidad también frente a los representantes del pueblo... la libertad de opinión y de voto de los miembros del Parlamento no debe contraponerse con el orden ético y con el jurídico...

Siempre y en cualquier parte la prerrogativa está limitada por los poderes disciplinarios de las Cámaras.
Prueba testimonial, delito formal, competencia por el territorio, lugar del hecho, cuestiones de competencia, proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: JUEZ DE INSTRUCCION DE LA SEPTIMA NOMINACION DE ROSARIO s/ CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA      CSJ EXPTE NRO 414-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-14

Atendiendo al carácter formal del delito de falso testimonio, y a la imposibilidad de precisar con certeza su lugar de comisión, corresponde dirimir la cuestión de competencia entre dos jueces que no tienen superior común, en favor del juez que previniera, en virtud de lo normado por el artículo 32 del Código Procesal Penal.

De la ampliación de fundamentos de los Dres. Alvarez e Iribarren.
Régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia, reciprocidad jubilatoria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rodriguez, Antonio c/ ANSES s/ dependientes: otras prestaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

Lo expresado por el apelante en punto a que la alzada no aplicó el art. 80 de la ley 18.037, constituye una afirmación dogmática carente de sustento, por cuanto de las constancias de la causa surge que el actor, por haberse desempeñado durante más de doce años en relación de dependencia, había cumplido con los requisitos que exige la disposición mencionada y estaba habilitado para optar, como lo hizo, por la procedencia de la ley 18.037 (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Daño calificado, delitos informáticos, correo electrónico, concurso de delitos, concurso ideal, entorpecimiento de comunicación telegráfica o telefónica
Materia: PENAL
Carátula: MARCHIONE, Gabriel s/ sobreseimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-15

La maniobra consistente en una secuencia de ataques masivos a un sistemas informático, mediante la introducción de miles de correos electrónicos, acompañados en ocasiones de virus informáticos o programas "crash" de destrucción, generando procesos de borrado de archivos constituye el delito de daño previsto y penado por el art. 184, inciso 5° en función del art. 183 del Código Penal.

Si como consecuencia de ello se vieron suspendidas o demoradas las comunicaciones del correo electrónico, y si la interrupción de este medio de comunicación alteró uno de los elementos importantes de su mecanismo de producción y perjudicó su operatoria habitual resultando además, un medio idóneo para producir el daño calificado al que se aludiera, se ve configurado el delito de interrupción o entorpecimiento de línea telefónica previsto por el art. 197 del Código Penal. Ambas figuras así descripto el caso concurren en forma ideal.
Recurso extraordinario, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Brandi, Eduardo Alberto y otros c/ Gobierno de la provincia de Mendoza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-23

Frente a los efectos extintivos del proceso que podría dar lugar el acuerdo que el Estado provincial invoca como concluido con los demandantes, y sobre la base del deber de la Corte de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes al recurso extraordinario, corresponde suspender el trámite de la presentación directa y devolver los autos principales al tribunal de radicación originaria a fin de que se resuelva lo conducente frente a la situación invocada.
Competencia correccional, instancia única, recurso de casación, juzgado de menores, recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada, recursos, juez de instrucción
Materia: PROCESAL
Carátula: D., R. G. s/ Lesiones leves y amenazas s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

Conforme a lo expuesto, el art. 24 inc. 2 del código ritual (cf. Ley 2549 - B.O. 21-12-92) no podría interpretarse como una asignación de competencia a la Cámara en lo Criminal para que entienda como tribunal de alzada contra las resoluciones de los Jueces en lo Correccional, porque ello implicaría admitir una incoherencia y una consecuente inconsistencia normativa en el Código Procesal que, por un lado, establece el juzgamiento en instancia única respecto de los tribunales mencionados (y así lo opuesto a la posibilidad de revisar la decisión), y a renglón seguido dispondría el derecho de revisión mediante un recurso amplio como es el de apelación.
Locación de obra, recepción de la obra sin reserva
Materia: CIVIL
Carátula: BELLOCQ HECTOR A c/ VERONELLI FERNANDO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-10

La recepción de la obra sin reserva ni reparos obliga a inferir que los propietarios han renunciado tácitamente a todo reclamo ulterior. Esta conclusión no sólo resulta plenamente aplicable al supuesto de los vicios aparentes (art. 1647 bis del Cód. Civ.), sino también cuando existe una diferencia entre lo realizado y lo convenido, como concretamente lo contempla el dispositivo legal al vedar toda oposición tardía por esta razón.
Amenazas simples, calificación legal, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Cayeta, Natalio y otro s/ coacción (Art. 149 bis) s/ conflictos de competencia I c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-04

La probabilidad de progreso del encuadre legal en el delito de amenazas simples determina que sea el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas el competente para intervenir en las presentes actuaciones. La calificación legal que en definitiva pueda recibir el hecho investigado no obsta a lo afirmado precedentemente. (Del voto de los jueces Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Facultades discrecionales, régimen disciplinario administrativo, control de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Figueroa de Bazán, Antonia del Carmen c/ Poder Ejecutivo de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción y nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-10-13

Ante la acción impugnatoria articulada por la actora respecto a los decretos ordenatorios de cesantía en carácter de sanción, cabe advertir que dicha actividad de la administración encuadra en atribuciones que le son propias-actos discrecionales-, como es el ejercicio de las facultades disciplinarias, salvo el caso en que adolezcan de vicio de ilegitimidad, respecto del cual, el control judicial, se circunscribe a un control de legalidad del acto, competencia que se extiende a determinar si los hechos o antecedentes invocados por la Administración para emitir el acto sancionatorio, han existido o no en la realidad, es decir, si se trata de una afirmación verdadera o falsa acerca de la situación de hecho que sirvió de base para la emisión del acto administrativo.
Queja por denegación o retardo de justicia, pronunciamiento inoficioso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dres. Norberto Tesy Wernicke y Laura Jacobacci-Defensores de Luisa María Tchijik de Nielsen. s/ Recurso de Queja por Retardo de Justicia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2003-02-13

Toda vez que la angustia provocada por el invocado retardo en precisar la situación procesal de la encartada, ha sido despejado con su procesamiento dispuesto por el Juez de la causa en ejercicio de su competencia, la queja por retardo de justicia carece de sustento pues deberá ahora responder como autora responsable del delito de defraudación.(Dr. Bertolini: Según su voto).-
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso
Materia: ELECTORAL
Carátula: Juan Antonio Larrea Apoderado del Partido Comunista distrito San Luis s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-29

Las decisiones que declaran la inadmisibilidad de los recursos deducidos por ante los Tribunales de la causa no pueden reverse, como regla, en la instancia extraordinaria (Fallos 303:219;

306:885 y 951; 307:152; 311:358 y 1513 y 313:77) salvo los supuestos de excepción.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, expropiación irregular, compraventa, bienes inmuebles, tradición, cesión de derechos
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: KOPP, ELDO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ORDINARIO  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 199 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-15

No resulta contradictorio el fallo recurrido, por cuando explicita fundamentos que se compartan o no, no resultan absurdos o irrazonables al concluir en la innecesariedad de la cesión por entender que no obsta a la procedencia de la acción de expropiación inversa que el actor comprara el inmueble teniendo pleno conocimiento de la situación del bien porque debe considerarse que, con la transmisión del dominio, se ha cedido la acción de expropiación por la porción correspondiente pues, si se transfiere la propiedad o la posesión de una cosa, el adquirente puede ejercer sobre ella todas las atribuciones del propietario o poseedor, o sea, todas las ventajas que la ley reconoce al actor (quien invoca un derecho accesorio del que ha adquirido).

Y no puede sostenerse que el Tribunal a quo incurra en contradicción con lo preceptuado por el artículo 1434 y ss. del Código Civil, pues dicho planteo, en realidad denota el disenso para con lo resuelto por parte del ente territorial quien, sin más argumentación que una simple afirmación genérica, sostiene la necesariedad del acto de cesión del derecho a ser indemnizado, el que a su entender, no se transmite con la venta del inmueble.
Veredicto, contenido de la sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Lezcano, Víctor Francisco c/ Firedman S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29

El veredicto debe contener como requisito inexcusable la determinación de las cuestiones de hecho a partir de las cuales pueda resolverse el litigio, lo cual significa que en dicha etapa procesal deben plantearse y decidirse en conclusiones claras, los presupuestos fácticos esenciales de la controversia; exigencia que no se satisface con la mera y parcial transcripción de los dichos de los testigos, al no extraerse de sus declaraciones mediante una evaluación de su mérito conclusiones claras sobre cuestiones fácticas de imprescindible dilucidación.
Aplicación de la ley, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, cobro de sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: Balbi Miguel Ángel c/ Arriaga Sebastián Miguel y otro s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-18

Habiendo quedado claro que los codemandados obraron in frauden legis, manteniendo a su trabajador en una situación de clandestinidad por un prolongado periodo (más de 3 años), y que inexplicablemente, siendo chofer de -camión, lo registraron como peón rural, no advierto razones valederas para que no deban abonar el incremento reparatorio que contempla el art. 2º de la ley 25.323. La norma es clara y terminante: el empleador fehacientemente intimado que no paga las indemnizaciones derivadas del distracto debe abonar un incremento indemnizatorio; y en el presente, no se presenta ninguna situación excepcional que permita morigerar -y menos quitar- esta reparación (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Hurto calificado, autoría
Materia: PENAL
Carátula: Bernis, Roberto C. y otro s/ Hurto de Ganado Mayor
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-04-27

El haber sustraído del interior de un previo rural, que se hallaba cerrado, sin candado ni llave, dos yeguarizos, que sabían que no eran de propiedad de los procesados, es conducta que queda atrapaba en el tipo penal del hurto agravado, artículo 163 inciso 1 del Código Penal.
Seguros, denuncia del siniestro, hurto de mercaderías, inventario de cosas muebles, obligaciones del asegurador, derechos del asegurado
Materia: COMERCIAL
Carátula: LARNA y MARJO SRL c/ SOLVENCIA  SA  DE  SEGUROS GENERALES s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-30

En una acción en la que se reclama a una compañía de seguros el cobro de cierta suma de dinero en concepto de indemnización por el acaecimiento de un siniestro consistente en la sustracción de mercaderías, cabe precisar que el inventario post siniestro no es necesario que lo confeccione el asegurado, quien solo debe individualizar los bienes faltantes y aportar la prueba documental, pudiendo ser confeccionado por la aseguradora como medio de corroborar la veracidad del contenido del reclamo dentro de la etapa de liquidación.
Nombre comercial, marcas de servicio, marcas confundibles, superposición de servicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: DI TOMASO, ALEJANDRO FABIAN Y OTRO c/ TREVI GROUP S.A. Y OTRO s/ CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-02

No puede cuestionarse validamente que no exista una identidad de actividades entre ambos negocios. En efecto, ambos se encuentran dirigidos a explotar la actividad gastronómica, con preferencia o especificación principal en el rubro de la "pizzería". Lo que se discute en el pleito es la similitud o identidad del nombre comercial dentro de una misma actividad, de tal modo que los torne confundibles. Frente al criterio de los accionados de hacer prevalecer la "inconfundibilidad" derivada de la modalidad en la que realizan la explotación del negocio gastronómico -materia eminentemente subjetiva-, no puede prescindirse del análisis de la existencia de una supuesta "confundibilidad" objetiva entre el signo que identifica el servicio (que se intenta registrar como marca) con el que se designa a la sociedad que también lo presta con anterioridad utilizándolo como nombre comercial.
Títulos de crédito, intereses convencionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ORFICA S.C. c/ OMAR ESTERGIDIO ALOMO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-08-27

Si el título de crédito permite a las partes "estipular" cláusulas sobre intereses corresponde responder el deudor conforme lo hubiesen pactado (art. 52 decreto ley 5965/63). En el supuesto de no mediar estipulación la ley dispone que los intereses se fijan al tipo corriente en el Banco de la Nación a la fecha de pago. (MINORIA U OPINION PERSONAL)