Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-22


Causa 412-00-CC/2004 "GCBA c/ IMPSAT s/ Ejecución de multas" Honorarios de la Cristina Nélida Pérez En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de septiembre de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, integrada por los Dres. Elizabeth A. Marum, José Sáez Capel y Marcelo P. Vázquez, a efectos de resolver sendos recursos de apelación interpuestos por la otrora mandataria de esta Ciudad así como por la parte demandada, contra la resolución obrante a fs. 272/74 vta. que reguló los honorarios de la Cristina Nélida Pérez en doce mil cuatrocientos pesos ($12.400).

RESULTA:

I) Que a fs. 272/74 vta., a raíz de una expresa solicitud efectuada por la Cristina Nélida Pérez en razón de la revocación del mandato oportunamente conferido por el GCBA (fs. 271), el Juez a quo reguló sus honorarios profesionales por su labor desplegada en los presentes actuados en la suma de doce mil cuatrocientos pesos (12.400$).

Arribó a ese resultado, luego de considerar que, en virtud del art. 7 de la ley 21.839, en los procesos de suma determinada, corresponde regular los honorarios profesionales entre el once y el veinte por ciento del monto del proceso, y que, aún cuándo este proceso no ha superado la primera etapa (toda vez que no se ha dictado la sentencia referida en el art. 456 CCAyT), la profesional en cuestión promovió la demanda, apeló una resolución contraria a los intereses que representaba y arribó a la instancia extraordinaria, donde obtuvo una sentencia favorable, luego que se le denegara su acceso al rechazarse el recurso de inconstitucionalidad.

La suma regulada corresponde, según afirmó el Magistrado de Grado, tanto a la actuación en su instancia como a la actuación por ante esta.

II.) Que a fs. 277 se aprecia la apelación, interpuesta por la Cristina Nélida Pérez, quien consideró bajos los honorarios regulados. Por su parte Eduardo Rubén Ceravolo, apoderado de la firma demandada, "Impsat S.A.", por medio de la apelación fundada que luce a fs. 290, consideró altos los honorarios regulados y se agravió por considerar que la decisión en crisis no fundó, adecuadamente, la aplicación de la ley nacional de honorarios de profesionales abogados y procuradores (N° 21.839, modificada por la ley N° 22.432). Sustancialmente solicita que se revoque la sentencia en crisis y que sea tenida presente para su oportunidad la solicitud de regulación de honorarios efectuada por la antigua mandataria.

III) Que también se presentó en el legajo el Mario Heffes, actual mandatario de la Ciudad y representante de ésta en los presentes actuados, quien ratificó el cese del mandato de la profesional a cuyo favor se regularon los honorarios bajo examen y solicitó se dicte sentencia en los presentes actuados (fs. 280/81).

En su presentación de fs. 292 el actual mandatario hace saber que son múltiples las presentaciones que efectuó la ex mandataria, Cristina Nélida Pérez, solicitando la regulación de honorarios en procesos no concluidos. Entiende que no corresponde efectuar ninguna regulación judicial de honorarios hasta que exista base económica firme para tal situación, por ello solicita se difiera la regulación de honorarios solicitada hasta la conclusión definitiva de la presente ejecución fiscal.

IV) Que corridos los traslados recíprocos de rigor (fs. 296), se presentó la Cristina Nélida Pérez (fs. 300/01), quien consideró que las manifestaciones efectuadas por el actual mandatario, Mario Heffes, excedieron el marco para el que fue citado, por lo que entiende que deben desestimarse por improcedentes. Subsidiariamente contesta sus manifestaciones y expone que, de conformidad con el art. 20 ley 21839, carece de legitimación para peticionar el diferimiento de la regulación de honorarios.

En cuanto a las críticas dirigidas a la regulación en crisis, defiende la aplicación de la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 22.432, expone que la regulación resulta muy baja ya que ha tomado como base regulatoria el monto nominal del proceso sin adicionar intereses; entiende que, atento las intensas y extensas tareas realizadas en defensa de los intereses de la Ciudad, le corresponde un porcentaje mayor que el fijado que deberá calcularse sobre el monto resultante del capital e intereses.

V) Que las actuaciones quedaron a fs. 302 en estado de ser resueltas.

PRMIERA CUESTION Ambos recursos fueron correctamente concedidos toda vez que fueron oportunamente presentados contra una resolución cuya impugnabilidad tiene reconocimiento expreso en el texto legal (arts. 63 in fine, 219 y ss. CCAyT).

SEGUNDA CUESTION En ejercicio de la competencia legítimamente conferida a este Tribunal por efecto de ambos recursos aludidos en la cuestión anterior, corresponde señalar, en primer término, que, como pautas de la decisión, se tendrá especialmente en cuenta el derecho de todo profesional, que efectivamente trabajó, a recibir los correspondientes honorarios profesionales del mismo modo que la circunstancia, también imposible de soslayar, de que la presente causa aún no tiene un destino claro que permita tener certeza acerca de la base definitiva sobre la cual efectuar la regulación solicitada. Es decir, aún no se obtuvo resultado económico alguno.

En efecto, la presente acción que persigue el cobro compulsivo de la suma de ochenta y tres mil catorce pesos, con noventa centavos ($83.014, 90), fue originariamente rechazada por las dos instancias ordinarias por las que transitó, aunque, finalmente, en la instancia extraordinaria local se resolvió, como consecuencia de un recurso de queja interpuesto por la aquí solicitante luego de que se le denegara un recurso de inconstitucionalidad y con sustento en la normativa especial actualmente vigente, revocar el aludido rechazo y ordenar la continuación del trámite de la ejecución fiscal con arreglo a las normas que informan la materia.

Lo expuesto resulta suficiente para advertir que, en caso de que la presente causa se resuelva de un modo favorable a los intereses que representó, a la solicitante se le debe reconocer el derecho al cobro de los honorarios, máxime cuando el nuevo mandatario limitó su labor, por el momento, a solicitar que se dicte sentencia inmediatamente después de que fuera notificado por el Juzgado de Grado de la resolución en crisis.

Es claro que, en caso de corresponder, ambos deben tener derecho al cobro de honorarios por su labor profesional, en la medida estrictamente proporcional a la labor desarrollada, de otro modo el obrar jurisdiccional estaría fomentando un enriquecimiento sin causa. Este criterio de justicia se compadece con las previsiones del art. 10 ley 21.839 en cuanto dispone que, cuando actuaren sucesivamente varios abogados, el honorario correspondiente se distribuirá en proporción a la importancia jurídica de la respectiva actuación y a la labor desarrollada por cada uno.

Sin embargo, como se señaló en párrafos anteriores, la presente causa aún no ha culminado. Es necesario tener especialmente presente, por un lado, que aún no existe condenación en costas firme en el presente proceso y por otro, la posible existencia de otras razones, distintas a las explicadas por la mayoría de este Tribunal en la resolución 87/92, que, aún teniendo presente la autoridad de la doctrina jurisprudencial del máximo Tribunal local, impidan el dictado de una resolución condenatoria en el caso. Al respecto corresponde remitirse a los antecedentes de este Tribunal en las causas "GCBA c/ Woloszczuk, José María s/ Ejecución de multas", Causa 409-00/CC/2005 del 23/03/2006 y "GCBA c/ Florentini Cuba. Julio Cesar s/ ejecución de multas - apelación", Causa 422-00-CC/2005, del 29/03/2006.

Con lo hasta aquí expuesto, queda delineada la distinción conceptual entre las nociones de derecho a la regulación de honorarios y el problema acerca de quien es la persona que debe afrontar su pago, en caso de corresponder.

En relación al primero de los aspectos, el derecho a la regulación, corresponde señalar, en virtud de que se trata de uno de los puntos cuestionados, que ninguna duda cabe que corresponde aplicar la ley nacional 21.839 con sus modificaciones establecidas por la ley 24.432, así lo ha hecho este Tribunal en cada ocasión en que le ha tocado efectuar esta labor en sintonía con la doctrina jurisprudencial del máximo Tribunal local (ver, de este Tribunal, "Gómez, Ignacio Fabián s/ inf. art. 189 bis CP" Regulación de honorarios, causa Nº 38-00-CC/2005, del 26/06/2006 y "GCBA c/ Araujo Recalde, Miguel s/ Ejecución de multas- Regulación de Honorarios Perito- Apelación", causa N° 116-00-CC/2006, del 15/09/2006, por citar las más recientes; y del TSJBA "Martínez y De La Fuente S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Martínez y De La Fuente S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ nulidad de acto administrativo'", Expte. nº 3778/05 del 29/03/2006). Por lo expuesto, es sobre dicha base sobre la cual se debe analizar la petición bajo examen, máxime cuando el cuestionante de este aspecto no aportó ninguna razón de peso para demostrar la irrazonabilidad de dicha aplicación.

En relación al segundo de los aspectos: quién es el obligado al pago, la ausencia de resolución definitiva de la cuestión impide expedirse definitivamente sobre el extremo.

En este sendero de razonamiento y toda vez que como se explicó, la suerte definitiva de este proceso es, en alguna medida, imponderable, al menos por el momento, corresponde establecer que los honorarios deben ser regulados de conformidad con lo normado en los arts. 20 y 21 de la ley 21.839, que prevé el supuesto en que el honorario debe regularse sin que se hubiere dictado sentencia.

Dicha norma establece que cuando el honorario debiere regularse sin que se hubiere dictado sentencia, se considerará monto del proceso la suma que razonablemente hubiera correspondido a criterio del Tribunal (monto que no podrá ser en ningún caso superior a la mitad de la suma reclamada en la demanda) y que si después de fijado el honorario se dictare sentencia, se incluirá en la misma una nueva regulación, de acuerdo con los resultados del proceso.

Lo expuesto en la norma debe ser armonizado con la naturaleza del proceso, toda vez que no se trata de actuaciones en las cuales la suma reclamada esté sujeto al reglado arbitrio de los jueces, sino que, por el contrario, en caso de prosperar la demanda, será la suma reclamada aquella que se fijará. Pero la norma aludida, sí da la pauta de que los honorarios a regular deben ser estipulados con carácter provisorio, lo que así se hará.

Asimismo, estos procesos de ejecución contienen pautas propias para proceder a la regulación, las que no fueron consideradas por el Magistrado de Grado que pareciera haber resuelto a partir de una lectura parcial de la norma aplicada.

En efecto, el art. 40 de la ley 21.389 establece que los procesos de ejecución, se considerarán divididos en dos (2) etapas. La primera, comprenderá el escrito inicial y las actuaciones posteriores hasta el cumplimiento de la sentencia definitiva y corresponde regular, como honorarios, el que resultare del art. 7 con una reducción del diez por ciento (10%), toda vez que hubo excepciones.

Por lo expuesto, en virtud de la errónea aplicación del derecho incurrida, corresponde modificar la sentencia en crisis y proceder a efectuar una nueva regulación de honorarios, de conformidad con las pautas explicitadas anteriormente, dejando en claro que los honorarios regulados lo serán con carácter provisorio, a las resultas de la definitiva resolución del caso así como de su eventual desenvolvimiento.

Por su labor en primera instancia y teniendo en cuenta que, en principio, desde la perspectiva legal y habiéndose resuelto las excepciones, solo restaría el dictado de la sentencia, corresponde regular los honorarios de la Cristina Nélida Pérez, con carácter provisorio, en el siete por ciento (7%) del monto del proceso; ello así toda vez que, a criterio de este Tribunal, corresponde regular el mínimo legalmente previsto, es decir el once por ciento (11%), toda vez que no se advierten circunstancias que permitan apartarse de la merituación que, en el mismo sentido, hiciera el Juez a quo. Simultáneamente corresponde reducir el mínimo legal, hasta el piso del siete por ciento (7%), toda vez que el mismo, de conformidad con las previsiones del art. 10 ley 21.839 para los supuestos de actuación sucesiva, deberá ser compartido, en su eventual caso, proporcionalmente, entre los dos profesionales.

Así las cosas teniendo en cuenta que, sin contar los intereses que eventualmente podrán practicarse al momento de efectuar la liquidación definitiva y con relación a los cuales su pretensora no ensaya ni el más mínimo esbozo de cuantificación, y que, en su caso, se podrá efectuar el reajuste de conformidad con las previsiones del art. 21 ley 21.839, el monto del proceso sería de ochenta y tres mil catorce pesos, con noventa centavos ($83.014, 90) (art. 19 ley 21.839).

Entonces, la suma resultante de la aplicación del siete por ciento aludido (7%) al monto aludido, es de cinco mil ochocientos once pesos con cuatro centavos ($5811,04).

A dicho monto corresponde efectuarle la reducción propia al proceso especial bajo examen, es decir la reducción del 10% toda vez que en el caso se plantearon excepciones (art. 40 ley 21.839). De modo que la suma resultante de los honorarios provisorios que corresponde regular por la actuación en primera instancia de la Cristina Nélida Pérez, es de cinco mil doscientos treinta pesos ($5230).

Ahora bien, en relación a los honorarios que por la labor desplegada ante esta instancia corresponde regular, adviértase al Sr. Juez a quo que del texto del artículo 14 de la ley 21.839 surge que las actuaciones en segunda o ulterior instancia se regularán en cada una de ellas (el destacado no aparece en el texto legal); en el mismo sentido lo interpretó el máximo Tribunal local (ver. "Entretenimientos S. A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo", Expte. n° 320/00 del 16/11/2001).

Aclarado lo anterior, corresponde regular por su actuación ante esta instancia, el 25 % de lo regulado por su labor en la instancia anterior, siempre, claro esta, en carácter de honorarios provisorios, que podrán modificarse, según sea el resultado definitivo del pleito.

Por lo expuesto, corresponde regular los honorarios provisorios de la Cristina Nélida Pérez, por su actuación ante esta instancia en mil trescientos siete pesos con cinco centavos ($1307,05).

Por las razones expuestas y en mérito al acuerdo que antecede, a las normas legales y antecedentes jurisprudenciales citados, el Tribunal, RESUELVE:

CONFIRMAR PARCIALMENTE la resolución de fs. 272/74 en cuanto regula los honorarios de la Cristina Nélida Pérez, modificándose en cuanto al monto escogido que se reduce a la suma de cinco mil ochocientos once pesos con cuatro centavos ($5811,04) por su actuación ante la primera instancia y a la suma de de mil trescientos siete pesos con cinco centavos ($1307,05) por su labor en esta instancia (arts. 7, 10, 14, 20, 21 ley 21.839).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia, a sus efectos.

Ante mí:

Se deja constancia que el José Sáez Capel no firma por hallarse en uso de licencia.