Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2006-03-23


Formosa, marzo 23 de 2006.

La doctora Colman dijo:

Que llegan al Acuerdo estas actuaciones como consecuencia de la presentación de fs. 09/10 que realizara el apoderado de la Municipalidad de la localidad de General Belgrano por la que promueve Conflicto de Poderes contra el Honorable Concejo Deliberante de General Belgrano peticionando la declaración de nulidad de las Ordenanzas Municipales 693/04 y 698/04 y la res. 133/05, todas dictadas por el Departamento Legislativo de la citada comunidad, por entender que tales actos "administrativos" fueron emitidos contrariando las disposiciones de la ley 1028.

Que en tal sentido indica que la Ordenanza 693/04 dispone en su art. 1º "Comuníquese a este Honorable Concejo Deliberante cuando el Intendente Municipal se ausentare en forma transitoria y menos de cinco días para cumplimentar en lo establecido en el art. 14 de la ley 1028", disponiendo en su art. 2º "Solicítese autorización a este Honorable Cuerpo cuando el Intendente Municipal deba ausentarse por un término mayor de cinco (5) días, en su reemplazo y todos los casos de ausencias, quedara a cargo de la Intendencia, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, según lo normado en el art. 86 inc. 10 de la ley 1028". Ante el veto que sufriera la Ordenanza por el Ejecutivo Municipal (dec. 684/04), el Departamento Legislativo insiste con su sanción mediante la mayoría agravada que establece la ley, quedando en consecuencia ratificada la Ordenanza 693/04 por la Ordenanza 698/04.

Que argumenta el presentante que tales actos legislativos imponen una flagrante violación a los derechos constitucionales de su mandante "derecho de libre circulación (art. 14 Constitución Nacional)" así como un evidente abuso de los Concejales quienes van mucho más allá de lo que les corresponde que es legislar, modificando el verdadero espíritu de la norma la cual, indica, prevé que el Intendente sólo debe comunicar cuando se ausentare por un término mayor a cinco (5) días, hecho este último que no cuestiona en su demanda.

Que sindica finalmente que dichos actos jurídicos son violatorios del principio republicano de División de Poderes, creando inseguridad en la Administración Municipal al derogar las mismas a la ley de fondo.

Que a fs. 32/34 rola escrito de contestación del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de General Belgrano por la que solicita se rechace la pretensión de la actora por estimar que los actos impugnados son conformes a la ley y dictados de conformidad a las atribuciones que le son propias como Organo Legislativo municipal.

Que a fs. 36/37 obra en autos el dictamen que sobre el particular emitiera la Procuración General.

Que llegado a este estadio en el análisis queda claro que la esencia del conflicto radica en lo normado en el art. 1º de la Ordenanza 693/04, ya que nadie discute la validez y vigencia del art. 2º de la misma Ordenanza, que en palabras de la actora "... es similar a lo establecido en el art. 86 inc. 10 de la ley 1028 que el Honorable Concejo Deliberante solo copia fielmente" y que establece el deber del Departamento Ejecutivo de solicitar autorización al Concejo Deliberante ante ausencias mayores de cinco (5) días en el cargo.

Que el tema se trata entonces en analizar un supuesto exceso o no en las atribuciones del legislativo al disponer la obligación del ejecutivo de comunicar al Departamento Legislativo toda ausencia inferior a los cinco días en que incurriera en la función.

Que la misma Ley Orgánica de Municipios es la que ofrece la solución al caso en su texto. Dice el art. 14: "En caso de ausencia transitoria del titular del Departamento Ejecutivo comunal, quedará a cargo el Presidente del Concejo Deliberante". Asimismo el art. 81 inciso 10 establece que es atribución y deber del Presidente del Concejo Deliberante "Reemplazar al Intendente... en caso de muerte, renuncia, destitución, inhabilidad declarada, ausencia transitoria, y de acuerdo a la forma prevista en el art. 14 de la presente Ley". El marco legal se completa con lo normado en el art. 86 inciso 10 cuando establece que el Intendente debe: "Solicitar autorización al Concejo para ausentarse por un término mayor de cinco (5) días. En su reemplazo y en todos los casos queda a cargo el Presidente del Concejo Deliberante".

Que de la lectura de los instrumentos impugnados por la actora y de los términos legales expuestos en la ley 1028 no se vislumbra elementos que contaminen de nulidad a las ordenanzas atacadas.

Que no puede soslayarse que la Ley Orgánica de Municipios es una ley general que regula la vida institucional de los municipios sin carta orgánica -en los hechos todos los municipios de la provincia-, pero que la misma no impide que sean los mismos estados comunales los que completen sus previsiones -dentro del marco legal- dándole el cariz especial que la dinámica propia de cada sociedad municipal imponga.

Que en autos se trata nada más y nada menos, que de la puesta en práctica de las potestades legislativas propias del Concejo Deliberante, en aras a lograr establecer las condiciones de operatividad de la norma consagrada en el art. 14 de la ley 1028 respecto al reemplazo del Intendente frente a eventuales ausencias transitorias menores a cinco días.

Que señala bien el Procurador General que de hacerse lugar a las nulidades planteadas, no sólo se vulneraría el sistema de reemplazo fijado por la normativa aplicable, sino que el Departamento Ejecutivo municipal quedaría acéfalo por el término de ausencia de su titular y la comuna carecería de dirección, hecho desde ya, no querido por la ley de fondo.

Que tampoco se observa menoscabo a derechos constitucionales, cuando nunca se impide al Intendente su derecho a circular libremente; simplemente se busca anoticiar al Concejo de tal circunstancia para impedir la acefalía municipal. El Intendente no debería olvidar que amén de ciudadano, reviste la calidad de representante del Organo de conducción y gobierno de su comunidad por la confianza que en él depositaron los electores de General Belgrano, y como tal, no puede dejar a dicha comunidad sin dirección y al arbitrio de eventualidades que podrían dañarla severamente. Es por ello que la inteligencia de la ley 1028 dispone que: "... en su reemplazo y en todos los casos queda a cargo el presidente del Concejo Deliberante" (art. 86 inciso 10 segunda parte). Inteligencia reflejada en la Ordenanza 693/04, cuya validez y legalidad, así como la de los actos que son su consecuencia, se impone confirmar.

Que en conclusión se impone el rechazo de la pretensión de conflictos de poderes en todas sus partes, imponiendo las costas a la perdidosa según el principio objetivo de la derrota (art. 68 Código Procesal Civil y Comercial) y regulando los honorarios profesionales del abogado O. R. C. en la suma de treinta (30) "Jus" y los del abogado G. F. E. en la suma de veinte (20) "Jus" (conf. arts. 8º y 43 ley 512).

El doctor González, adhiere al voto de la doctora Colman.

El doctor Hang dijo:

Que se comparten los argumentos vertidos por quienes me preceden en la votación. No obstante quiero señalar la liviandad del argumento con que se pretende justificar la demanda y poner así inmotivadamente en curso la actividad jurisdiccional. Se menta sin ningún pudor jurídico el art. 19 de la Carta Nacional cuando refiere que las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los Magistrados. Va de suyo que quien ostente un cargo público (para más resultado de la elección popular) no puede compararse en sus derechos puramente individuales puesto que es un hombre público y aquellos se hayan sujetos a determinadas restricciones, las que son puestas en beneficio del servicio. De admitirse tan peregrino criterio podría un funcionario del Estado Provincial fijar domicilio en otras provincias, puesto que tal situación no podría ser evitada por la ley, so color de violentar cláusulas constitucionales (que cada uno viva donde quiera).

En cuanto a un mentado espíritu de la ley (sabido es que hay que cuidarse del animismo jurídico porque puede servir tanto para un barrido como un fregado) no se explica suficientemente en que consiste, señalándose que en el caso de ausencia menor de cinco días lo que se le pide es comunicación y no permiso. Esto es lógico en una perspectiva sistémica, si se tiene en cuenta que alguien debe reemplazar al Intendente y que la ley señala que es el Presidente del Concejo Deliberante.

Por lo expuesto propongo que respecto de los honorarios del actor se aplique el art. 10 de la ley de honorarios en su mínimo legal (ocho "Jus"), en mérito a la calidad, eficiencia y extensión del trabajo (art. 8º inc. d, ley de honorarios).

El doctor Coll dijo:

Que adhiero a las opiniones que anteceden y particularmente a la reducción de honorarios profesionales que propone el doctor Hang, en orden a la pobreza de argumentos expuestos para movilizar la actividad jurisdiccional.

No puedo negar que provoca alarma que un funcionario municipal, elegido por la ciudadanía, para una función a la cual él se propuso -sin que nadie lo obligara- pueda alegremente pretender que se le consienta ausentarse de las funciones ejecutivas que ejerce, sin siquiera comunicar a aquel otro funcionario, que por mandato legal está llamado a reemplazarlo.

Habría que explicarle al Intendente de General Belgrano -y esa era también función de su asesor letrado- lo que significa vivir en un régimen republicano, donde los funcionarios no son los dueños del poder, sino sólo mandatarios de quienes lo votaron, y que si la legislación comunal contempla que en ausencia del Intendente, lo reemplaza el Presidente del Concejo Deliberante, lo menos que puede hacer el titular de la Intendencia, es avisarle que estará ausente, para que el Concejal que preside el Departamento Deliberativo se haga cargo de la Administración comunal en su ausencia. En todo caso, lo que ha hecho la Ordenanza 693/04, al disponer que debe comunicarse al Concejo Deliberante cuando el Intendente se ausenta, es una disposición de sentido común, porque alguien tiene que quedar a cargo de la Administración comunal si su titular se ausenta de la localidad.

También provoca estupor el argumento sustentado en el art. 19 de la Constitución Nacional, cuando pretende equiparar las acciones privadas de los hombres -ámbito que regula la cláusula constitucional- con la función pública. La Municipalidad no es un coto privado del Intendente, la función que cumple y por la cual los vecinos le pagan un sueldo, no es una tarea privada, alejada del contralor de los Magistrados y sólo reservadas a Dios como consigna la cláusula constitucional citada. El tema decidido, que resulta por cierto nimio y que no debió haber llegado a esta instancia, revela en el fondo, una concepción del poder totalmente nociva a la democracia que los argentinos pretendemos, no con poco esfuerzo, construir día a día.

Voto en consecuencia por el rechazo del conflicto de poderes planteado, imponiendo las costas al presentante y regular los honorarios del letrado de la parte actora, en el modo indicado por el doctor Hang.

El doctor Tievas adhiere al voto de la doctora Colman.

Por todo ello, con las opiniones concordantes de los doctores Colman, González y Tievas, que forman la mayoría absoluta que prescribe el art. 25 de la ley 521 y sus modificatorias y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, suscribiendo el presente los doctores Hang y Coll -por sus fundamentos-, el Excmo. Superior Tribunal de Justicia resuelve: 1. Rechazar la acción de Conflicto de Poderes presentada por el apoderado del Intendente de la localidad de General Belgrano contra el Honorable Concejo Deliberante de dicha localidad. 2. Imponer las costas del proceso a la perdidosa (conf. art. 68 Código Procesal Civil y Comercial) y regular los honorarios profesionales del abogado O. R. C. en la suma de treinta (30) "Jus" y los del abogado G. F. E. en la suma de veinte (20) "Jus" (conf. arts. 8º y 43 ley 512). -Arminda del C. Colman. - Carlos G. González. - Héctor Tievas. - Eduardo M. Hang. - Ariel G. Coll.