marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento administrativo, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GAMIETEA DE SAAVEDRA, CLARA MARY c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN TERZANO REMO EDUARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION AYUNTA, MARIO ANGEL c/ SUPERIOR GOBIERMO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-CUADERNILLO  DE SUSPENSION DE LA MEDIDA CAUTELAR CANCINOS, DARIO EDGARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION GAMIETEA DE SAAVEDRA, CLARA MARY c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN LIZONDO JULIO PEDRO c/ MUNICIPALIDAD DE LAS TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION CAROL REMIGIO JOS? c/ HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA Y/O SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-04-07|2005-12-26|2007-02-27|2007-09-20|2006-04-07|2008-05-02|2008-09-11

La Ley de Procedimiento Administrativo otorga la protección cautelar al administrado, dependiendo la concesión de la misma de su correspondencia con las causales de suspensión previstas en el artículo 30, esto es a) Cuando la resolución impugnada sea "prima facie" nula por incompetencia o violación manifiesta de la ley y b) Cuando la ejecución de la misma pueda producir daño irreparable, si a la vez la resolución es "prima facie" ilegal, aunque la ilegalidad lo sea por motivos diferentes del inciso anterior. Asimismo, resultan exigibles además de los presupuestos señalados, que la suspensión solicitada, no se encuentre excluida por los supuestos de excepción determinados por el artículo 31 del código de rito.
Daño moral, carácter resarcitorio, carácter sancionatorio, indemnización, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: ZIPPES, CLAUDIO RAFAEL Y OTRO c/ SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES s/ RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-16

La indemnización por daño moral adquiere un doble carácter a saber de reparación o resarcimiento para el daminificado y de sanción ejemplar para el responsable cuyo monto debe guardar proporcionalidad con el agravio sufrido como modo de restaurar el padecimiento que la situación importó para la víctima.
Daño resarcible, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: M. de V., T. A. c/ General Motors de Argentina SRL s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-27

La disminución en la jerarquía de las funciones del actor tanto como el cambio de ambiente físico y los medios de trabajo proporcionados, sumado a un trato hostil por parte del superior inmediato de la empresa -presidente de la firma-, permiten concluir que la demandada injurió al accionante, lo cual lo habilitó a considerarse despedido en forma justificada.

La indemnización deberá contemplar no sólo la contemplada en el art. 245 LCT, sino también la reparación del daño moral. (En el caso, le asignaron como oficina una sala de reuniones pequeña, sin ventanas, sin armarios y que se encontraba al lado del comedor, con lo cual carecía de confidencialidad. Las oficinas de los restantes directores eran cerradas, con escritorios amplios, ventanas, armarios amplios y con una mini sala de reunión).
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, resolución administrativa, recurso de apelación (procesal), Cámara de Apelaciones, defensa del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: B., L. C. c/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES s/ RECURSO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-29

La Ley Nro. 2817 de la Provincia de Río Negro, prevé respecto a las decisiones de los organismos de la Administración que resuelvan sobre las infracciones allí previstas, sólo un recurso judicial de apelación ante las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería (art. 64 "in fine"); no siendo susceptibles, las decisiones de ese órgano judicial, de recurso extraordinario ante este Superior Tribunal.
Expropiación, lucro cesante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Donato Fidaldo c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-05

En los reclamos por daños derivados de obras públicas, en función de la normativa aplicable por analogía (ley 5708), sólo debe pagarse el valor objetivo del bien y los daños que son consecuencia forzosa y directa de la expropiación, no así el lucro cesante (art. 8, ley citada).
Accidente de tránsito, prioridad de paso, bocacalle
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ Luis Antonio c/ Barcena Elena Mirta y Otra s/ Daños y Perjuicios - II Cpo.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-05-13

Que conforme a lo preceptuado por el art. 49 inc. b de la ley 13893, el conductor que llega a una bocacalle o encrucijada debe en todos los casos reducir sensiblemente la velocidad y ceder espontáneamente el paso a los vehículos que se presentan por una vía pública situada a su derecha. Su violación constituye una contravención grave contra la seguridad del tránsito y crea para su autor en caso de accidentes la responsabilidad inherente a los daños que ocasionare.

La interpretación jurisprudencial que tiende a relativizar la regla del art. 49 inc. b según la cual ésta no rige cuando se llega al cruce con manifiesta ventaja, es decir con anticipación suficiente que le permita pasar la intersección sin riesgos, se aparta del texto expreso de la norma.

La prioridad de paso no exime de responsabilidad al que la tiene a su favor, pues en todo momento debe tener el pleno dominio del vehículo, conforme a las disposiciones legales precitadas. Además, al aproximarse a un cruce debe disminuir su velocidad considerablemente (y aún detener su marcha) conforme a las disposiciones del art. 67 de la Ley 13.893, con lo que se pudo evitar el accidente o atenuar sus consecuencias.
Procedimiento laboral, prueba confesional, absolución de posiciones
Materia: LABORAL
Carátula: Pinkas  Alejandro  Gabriel c/ Vargas  Marta  Graciela s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-14

El art. 425 CPCCN reza "La confesión hecha fuera de juicio, por escrito o verbalmente, frente a la parte contraria o a quien la represente, obliga en el juicio siempre que esté acreditada por los medios de prueba establecidos por la ley. La confesión hecha fuera de juicio a un tercero, constituirá fuente de presunción simple". En este sentido, y tal como lo señala Enrique M. Falcón (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, Tomo III, p. 290/1), la confesión extrajudicial puede ser hecha frente a la contraria, o a su representante legal, o a terceros. En el primer caso, si reúne los requisitos de la confesión y es debidamente acreditada en el proceso reviste el carácter de plena prueba.
Competencia por la materia, competencia comercial, daños y perjuicios, contratos comerciales, tarjeta de crédito
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: GUIXA, Carlos Patricio c/ BANCO FRANCES BBV
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-30

Si se persigue la reparación de los daños y perjuicios sufridos por la emisión de una tarjeta de crédito -en el caso no requerida y con la cual se habrían realizado gastos que no pertenecen al titular-, corresponde intervenir a la Justicia Mercantil; ello, en tanto la cuestión que da origen al proceso gira en torno a una operación de Banco, la cual es considerada como un acto de comercio (art. 81, inc. 31 del Código de Comercio), y en virtud de lo prescripto por el art. 43 bis del decreto 1285/58 (ley 23637).-
Crédito laboral, intereses, quiebra, Organización Internacional del Trabajo
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la señora Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa Club Ferrocarril Oeste c/  s/ quiebra/ incidente de levantamiento/ incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-26

El Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la ley 24.285, contiene claras directivas con respecto al alcance de la protección que debe otorgarse al crédito laboral ante un supuesto de insolvencia del empleador. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Reglamento general de tránsito, policía, actuaciones administrativas, multa, administración de vialidad provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Covacevich, Julio Adrian c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 175-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-23

Si bien la ley 3088 ha sufrido numerosas reformas, ellas no han alterado el artículo 40 originario, el que no puede entenderse modificado ni derogado por la ley 7395 (Orgánica de la Policía de la Provincia). En efecto,vigente la norma que establecía la infracción, y en ausencia de disposiciones que posibiliten a la Dirección Provincial de Vialidad o a la Dirección General de Transportes la aplicación del Reglamento de Tránsito en materia de patente automotor, no sería razonable entender que dicha ley haya venido a derogar esta disposición. Es más, ni siquiera podría afirmarse que haya entre ambos ordenamientos oposición alguna, por el contrario, el contralor y fiscalización de las disposiciones que rigen el tránsito público en el régimen de la ley 7395, no es cometido extraño a la Policía de la Provincia (artículo 9, inciso h).
Queja por apelación denegada, patrocinio letrado, patrocinante de la querella, medidas urgentes, gestor judicial, ratificación de actos procesales, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CLIFFORD, Anne M. M. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-26

La invocación del carácter de gestor  (art. 48, C.P.C. y C.) del letrado de la parte querellante y la posterior ratificación del acto por parte de este en el plazo previsto por la norma, subsana el defecto formal destacado por el juez de grado para declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto (del voto del Dr. Bonorino Peró).

Si el letrado patrocinante de la querella, al invocar su calidad de gestor en los términos del art. 48 del C.P.C. y C., expresó someramente las razones que justificaban la seriedad del pedido -que su defendido se encontraba momentáneamente fuera de la ciudad- y el escrito para interponer la queja fue suscripto por la querella y su representación legal, en donde aquel ratifica la actuación procesal de su letrado, resulta viable la queja presentada (del voto del Dr. Barbarosch).

Por tal razón debe hacerse lugar al recurso de queja interpuesto por el querellante.
Recurso extraordinario, cuestión federal, procedencia del recurso, interpretación de normas y actos locales, Constitución Nacional, impuestos, comercio interior, comercio exterior
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: LOTUS  S.R.L. c/ M.C.B.A. s/ RECURSO    DE   APELACION  -  SENTENCIAS  ARBITRARIAS  -  IMPUESTO  -  INTRODUCCION  DE  LA  CUESTION  FEDERAL  -  OPORTUNIDAD  -  IMPUESTOS  MUNICIPALES COMERCIO INTERPROVINCIAL - COMERCIO EXTERIOR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-18

Procede el recurso extraordinario, si se controvierte la legitimidad de un tributo por considerárselo una regulación local del comercio interjurisdiccional vedada por los arts. 67, inc. 12, y 108 de la Constitución Nacional y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa es favorable a la validez de aquél (art. 14, inc. 2, de la ley 48).
Inconstitucionalidad, régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "ALEMAN  ALBERTO  DANIEL  Y  OTROS c/ ESTADO  NACIONAL  -M°  DEJUSTICIA      DE     LA     NACION     S/ s/ EMPLEO     PUBLICO"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-23

El crédito de los actores se origina en diferencias salariales devengadas desde el año 1987 a 1990, reconocidas mediante el decreto 1770/91 (B.O. 8/10/1991). Y, no se cuestiona la aplicación del régimen de consolidación de deudas del Estado a la acreencia originada, sino el tipo de bono con que aquélla se cancelará. Las sumas originadas en autos se encuentran consolidadas por la ley 25.344 y en atención a la fecha de la sentencia y conforme la normativa reseñada, el crédito debería abonarse mediante la entrega de los bonos de consolidación Octava Serie (sentencia judicial posterior al 30/12/2001 e ingresadas en la Oficina Nacional de Crédito Público luego del 1/1/2010), con fecha de emisión en enero de 2010 y plazo de 12 años y 9 meses (vencimiento 4/10/2022). La pretensión de abonar el crédito reconocido en autos con dichos bonos supera el límite de toda razonabilidad, ya que la aplicación de la norma cuestionada supone que la deuda se comenzará a abonarse mediante pagos parciales en el año 2019 lo que resulta contrario a la tolerancia y lógica temporal. En consecuencia, se declara la inconstitucionalidad de los arts. 64, 2° párrafo de la ley 26.827 y 60, 2° párrafo de la ley 26.546 y se ordena que el crédito reconocido sea abonado con Bonos de Consolidación -Cuarta Serie- conforme las condiciones de emisión prevista en el decreto 1873/02
Contrato de trabajo, fuerza mayor
Materia: LABORAL
Carátula: VARELA OSCAR EDGARDO c/ BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES <S.A.> s/ CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-03-17

Ante la falta de definición expresa por la ley laboral, el concepto de fuerza mayor debe establecerse con los lineamentos del Código Civil. Por lo tanto, fuerza mayor es todo hecho natural ajeno o exterior e inimputable (irresistible e imprevisible), que impide al empleador dar ocupación.

La resolución del Banco Central de la República Argentina que originó las suspensiones al Banco demandado, permite afirmar que ella se originó en hechos no ajenos e imputables a este, circunstancias que lo excluyen en forma contundente para invocar en su favor la fuerza mayor. La mencionada resolución expresa que el Banco del Interior de Buenos Aires no sólo no alcanzó los objetivos perseguidos en un plan de saneamiento que se aprobara oportunamente, sino que, además, con su conducta incurrió en apartamiento normativos, transgrediendo expresas disposiciones de esta institución.

Por otra parte, puntualiza los hechos punibles detectados por la inspección del Banco Central de la República argentina que actuara y alcanzan al Banco del Interior de Buenos Aires, a saber: a) Declaración de arbitrajes inexistentes; b) Giro de billetes al exterior que no los ingresaron a la posición de cambios como divisas; c) Dieron a los fondos captados del público en moneda extranjera, un destino no contemplado por las normas vigentes en la materia; d) Fijaron en el año 1989 la fecha de vencimiento a plazos declarados en la Off Shore Financial Investment Corporation (OFIC), constituida jurídicamente en Panamá a efectos de no cumplir las disposiciones respectivas; e) Utilizaron fondos del exterior para cancelar carteras de depósitos, siendo ésta una fuente no permitida por las normas pertinentes; f) En lugar de suspender el reintegro y captación por 120 días dispuesto por la norma, continuaron con la administración de la cartera; g) Captación marginal de dólares. En cada caso se individualiza asimismo, la norma transgredida. En consecuencia, en el caso, no existió hecho ajeno ni imputabilidad en la fuerza mayor y esta tampoco pudo ser imprevisible.
Sociedad prestadora de servicios médicos, daños y perjuicios, desviación de poder, facultades del directorio, contratos civiles, prueba del contrato, excepción de incumplimiento contractual, sociedad anónima, administración de la sociedad, sentencia, principio de congruencia, iura novit curia, honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL
Carátula: Keller, María Luisa. c/ Ferrari, Daniel y otros. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-05-27

La "suspensión" aunque grave, no es una medida "drástica" o extrema que pudiera considerarse equivalente a la "exclusión" o "expulsión", sino que, como su mismo nombre lo declama, es algo provisional y acotado en el tiempo; no obstante, instaurada la acción judicial y demostrado el incumplimiento de la actora, la única conclusión posible es que la acreedora obró de buena fe y en conformidad con el derecho (arts. 1198, 1er. párrafo, 1201 y cctes. CC), y que, por tanto, la magnitud de dicho incumplimiento habilitó la decisión suspensoria, de lo que fácilmente se infiere que los directores no violaron la ley ni el estatuto y el reglamento sino que, en relación a la cuestión que nos convoca, obraron más bien como el "buen hombre de negocios" mencionado en el art. 59 de la LS, y que, en consecuencia, carece de consistencia el reclamo responsabilizatorio a su respecto en orden a la norma del art. 274 de ese mismo Cuerpo normativo.
Locación, cláusulas del contrato, continuación de la locación, derecho de opción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SUAREZ DE ALLUB GLADYS c/ SALVADOR DESIDERIO BRUNO Y OTROS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-08-18

Al establecerse en un contrato la cláusula de opción a favor de ambas partes, significa que las partes pueden elegir libremente entre no continuar su relación locativa o confeccionar un nuevo contrato que mantenga la relación.-
Banco central, policía bancaria y financiera, certificado de depósito a plazo fijo, títulos de crédito
Materia: COMERCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Sergi Vinciguerra, Antonio c/ B.C.R.A. s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Frente a la ausencia de una norma que disponga lo contrario, no puede pretenderse que, a efectos de facilitar el ejercicio del poder de policía financiero por parte del Banco Central, sean alteradas las consecuencias jurídicas de orden sustancial derivadas de la relación jurídica nacida con motivo de la emisión de un certificado de depósito, consistentes en que, al ser éste un título de crédito que, aunque causal, se rige, en lo pertinente, por las reglas establecidas en el decreto ley 5965/63 (art. 4° de la ley 20.663) (Disidencia de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano y Guillermo A. F.

López).
Proceso penal, efectos de la sentencia penal en sede civil, juicio ejecutivo, competencia penal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Cademartori, Gustavo A. y otros s/ ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-05

Aun cuando el art. 1101 del C.C., al ordenar la suspensión del dictado de la sentencia civil mientras está pendiente el respectivo proceso penal, establece una norma de orden público porque tiene como fin asegurar el respeto del principio de la autoridad de la cosa juzgada criminal, tratando de evitar el escándalo jurídico contrario a la razón y a la verdad que debe suponerse en los juicios concluidos ( nota arts. 1102 y 1103 del C.C.); tal pendencia obsta a que se dicte sentencia civil sólo cuando esta tiene carácter definitiva, y no cuando es susceptible de revisión en un juicio ulterior. De allí que no sea aplicable, en principio, al juicio ejecutivo, ya que queda abierta la repetición en el ordinario posterior ( arts. 551 del C.P.C.C. ) y no se da, en consecuencia, el peligro de que se dicten pronunciamientos contradictorios
Juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: R.U c/ DE LA A. M.C. s/ INC. CESACION DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

Si quien inicia el juicio que establece el art. 553 del Código Procesal, es el ejecutante, tendrá que pagar las costas de la ejecución: si es el ejecutado, deberá abonar el importe de la liquidación que se practique, si el juicio no hubiera terminado con el remate, y en este caso tendría que estar a disposición del acreedor el importe de la liquidación.-
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: NAVARRO MARIA INES c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PCIA. DE ENTRE RIOS s/ SUMARIO s/Rec. de Queja interp. por Dres. Tamaño y Mac Kay
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-12-13

El recurso de inaplicabilidad de ley procede sólo contra sentencias definitivas habiendo decidido con singular reiteración este tribunal -coincidiendo con doctrina y jurisprudencia mayoritarias- que no constituye sentencia definitiva la declaración de incompetencia que no decide sobre la naturaleza del vínculo jurídico entre las partes ni lleva implícita la suerte de ninguno de los derechos que se intenta hacer valer en juicio.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, incumplimiento del contrato, contrato de edición
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Rey, Rosa María c/ Ediciones Colihue SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-19

Cabe hacer lugar al reclamo de indemnización por daño moral, solicitada por la accionante. Ello por cuanto, en el caso, la abrupta caída de las ventas de los libros de su autoría se debió al cambio de paradigmas educativos producido por el Ministerio de Educación, de lo cual no fue advertida oportunamente la escritora a los efectos de actualizar las obras en tiempo adecuado y revertir, así, la calificación negativa que les había sido otorgada a sus obras. Es que para que este rubro resulte procedente, no se requiere la producción de prueba directa, sino que puede tenérselo por configurado ante la razonable presunción de que el hecho que motiva el juicio generó un padecimiento espiritual susceptible de justificar la indemnización reclamada (cfr. Llambías, Jorge J., "Tratado de Derecho Civil", t. I, p. 331; CNCom, Sala A, " Gonzalez, Sandra c/ Transportes Metropolitanos Gral. Roca s/ ordinario", del 19/05/08; íd., en "Piceda, Gustavo Alberto c/ Transportes Metropolitanos Gral. San Martín SA s/ ordinario", del 10/07/07, entre otros). Ese temperamento se encuentra hoy expresamente admitido en el CCCN 1744 que, al regular la prueba del daño, admite que se tenga por acreditado cuando surja notorio de los propios hechos. En ese marco, y dado que eso ocurre con el padecimiento espiritual que cabe aceptar sufrió la demandante frente a la frustración personal implícita en la pérdida de vigencia de su obra, cabe reconocerle por tal concepto la suma que ella misma requirió, que deberá entenderse fijada a la fecha de la presente sentencia.
Recursos administrativos, trámites judiciales, plazo, pronto despacho, Poder Ejecutivo, Administración Pública, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Franchella, Edith Graciela c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 134-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-04-26

La interposición de un pronto despacho ante el Poder Ejecutivo para anoticiarlo de la mora en la que incurre sus inferiores jerárquicos, evita una alongación irracional de los plazos en perjuicio del administrado y del interés general que requiere el respecto de los términos legales.
Recusación con causa, parentesco
Materia: PROCESAL
Carátula: EMSA s/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN AUTOS: "EXPTE. N° 171/2007 - ALLI, MIRTA MIRIAM Y OTROS C/ELECTRICIDAD DE MISIONES S.A (E.M.S.A) S/LABORAL"
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-06-23

El parentesco del magistrado con la Subgerente Adjunta del Departamento jurídico de la empresa demandada no constituye causal de recusación, sino se acredita la participación en la causa, ni se emite opinión respecto de la misma. En consecuencia, corresponde rechazar las recusaciones con causa de los magistrados.(Sumario confeccionado por el Saij)