marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia definitiva, liquidación, fianza, capacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cruz, Oscar Tadeo c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-05

La C.S.J.N. ha establecido que para los supuestos en que el ente previsional haya practicado liquidación de la sentencia firme y que de la misma resulte comprobado el perjuicio concreto que ocasiona la apli-cación del sistema de topes en tal medida que la merma del haber resulte confiscatoria, debe declararse la inconstitucionalidad de la normativa que desnaturaliza el fin perseguido por el legislador y la garantía contenida en el art. 14 bis de la C.N. En tal sentido, y también como lo ha sostenido el Alto Tribunal en innumerables precedentes, sólo se considera razonable cualquier reducción que no supere el 15% del haber liquidado, como una contribución solidaria de la Seguridad Social por parte de quienes poseen mayor capacidad económica. En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 24.463 en la medida que su aplicación determine una merma en el haber del interesado superior al límite del 15% admitido por nuestro Máximo Tribunal de Justicia (Fallos 331:1620).
Plan de ahorro previo, prenda
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: González, Diego Alberto  c/ Plan Rombo SA de Ahorro para fines determinados y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-02

Máxime cuando el actor no completó el pago de las 84 cuotas a la que se comprometió incurriendo por ello en mora (estado en el que aun hoy se encuentra), razón por la cual mal puede pretender la cancelación del apuntado gravamen prendario. Es que de acuerdo al principio de indivisibilidad la prenda subsiste mientras no sea cancelada la totalidad de la deuda, o sea, la relación jurídica prendaria permanece inmutable no obstante las alteraciones que pueda sufrir el crédito garantizado.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, moneda
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Alfredo Horacio CECHI c/ AMERICAN EXPRESS ARGENTINA  S.A. s/ TEORIA  DE  LA IMPREVISION - TARJETA DE CREDITO - MONEDA EXTRANJERA -  CONTRADICCION - SENTENCIAS ARBITRARIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

Los agravios referentes al tipo de moneda con que debía satisfacerse la operación concertada entre las partes, como así también el alcance e interpretación de las cláusulas contractuales en que se funda su derecho, remite al análisis de temas de hecho, prueba y de derecho común ajenos, por su naturaleza, a la instancia del art. 14 de la ley 48, máxime cuando el fallo cuenta con fundamentos de igual carácter que, más allá de su acierto o error, bastan para desechar la arbitrariedad que se asigna a la decisión.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PENAL
Carátula: Mujica, Carlos Ignacio s/ Privación ilegal de libertad. Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no vincula las afirmaciones sobre la prueba testimonial con la norma legal pertinente.
Recurso de casación penal, cuestiones de hecho y prueba, ebriedad
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Pizarro, José Jorge; Huechucal, Manuel (Rebelde) s/ HOMICIDIO  Y  ROBO  EN  CONCURSO  REAL  (ARTS.  79,  164 Y SS. DEL CP  )(PIZARRO);HOMICIDIO    SIMPLE    EN   GRADO  DE  PARTíCIPE  PRIMARIO  (HUECHUCAL) S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-02-13

Determinar el grado de alcoholemia que presenta el procesado y consecuentemente, la determinación de la imputabilidad, son cuestiones de hecho, propia del mérito e irrevisables -en principio- en casación, salvo absurdo.
Juicio de desalojo, falta de pago, intimación previa
Materia: CIVIL
Carátula: GIMENEZ, Victoriano c/ RIVERA, Ricardo Osvaldo y PORTAL DE RIVERA, Leonor s/ DESALOJO por falta de pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-05-18

La intimación prevista en la Ley de Locaciones Nº 23091 no está sometida a formalidad alguna, bastando que se cumpla la exigencia de anoticiar al deudor con anterioridad a la promoción del juicio. La finalidad del requerimiento previo es: a) Preavisar al inquilino la promoción del juicio concediéndole un plazo de gracia para que pague lo debido; b) Poner en su conocimiento el importe que debe pagar y c) Preservar al locatario de maniobras por parte del locador.
Justicia militar, delitos militares, actos de servicio
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael. s/ Excepción  de Incompetencia promovida por el procesado en la causa N.  4852
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

Una vez determinado que el hecho está vinculado directamente con un acto de servicio, la desviación que pueda haberse operado en la prestación del servicio no quita al desempeño militar cumplido su encuadramiento en el art. 108, inc. 2°, del Código de Justicia Militar. Ello es aplicable a los hechos cometidos en ejercicio del mando, en tanto importa la facultad de impartir órdenes, pero sólo se refiere a los supuestos en los que durante el ejercicio lícito del mando dentro de las competencias de aquél, se emite un mandato ilícito.
Nulidad del acto jurídico, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: CARABAJAL DE CORONEL, BONIFACIA JESUS c/ MINISTERIO DE SALUD s/ ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-14

La declaración de nulidades, sin distinguir si es a petición de parte, o a iniciativa del juez, concretándola es asegurar la defensa en juicio de la persona y de los derechos, evitando la indefensión.
Accidentes de trabajo, derecho de opción
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez,Juan Osvaldo. c/ A.L.F.A.- S.E.M. s/ Indemnización por Enfermedad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-09-30

Cuando se efectúa la opción por la acción civil de reparación del daño, se renuncia con ello a la acción que tenía por vía de la ley 9688 y su reforma 23643; éste juicio es pues una demanda civil radicada en sede laboral, por lo tanto se debe eliminar toda la normativa de la ley 9688 y 23643 y ajustarse a la vía civil elegida.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, sanciones disciplinarias administrativas, escribanos públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Registro  Nacional  de  la  Propiedad  -  Seccional  Capital  N  41 - s/ comunica    situación   planteada  en  certificación  de  firmas  del  escribano José María Marra  adscripto  al Registro Notarial N 1131 de  la Capital Federal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

La imputación de irregularidad a los escribanos en la función notarial remite al examen de cuestiones de hecho y de derecho común y local que, como regla, son propias de los jueces de la causa y extrañas a la instancia del art. 14 de la ley 48.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Di Renzo, Fernando c/ Gómez s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

La parte actora, en el escrito introductorio de la instancia originaria, se limitó a requerir "globalmente" la indemnización para todos los legitimados activos y, consectariamente, el sentenciante de grado, luego de valorar conjuntamente todas las circunstancias particulares del caso, entre ellas las distintas edades de los accionantes -hijos menores de las víctimas-, estableció el "quantum" del valor vida en una cantidad igual para cada uno de los hijos y, en definitiva, era correcto que así lo hiciera habida cuenta que los actores no habían efectuado un reclamo individual sino conjunto del perjuicio sufrido (arts. 34 inc. 4 -in fine-, 163 inc. 6, 330 C.P.C.C.; texto y doct. arts. 669, 674 Cód. Civil).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre, Dardo Antonio c/ Suavegón Tucumán S.A. s/ Comisiones, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-07

Incurre en absurdo el tribunal del trabajo que descalifica, sin razones valederas, la prueba de informes producida y la absolución de posiciones en rebeldía del demandado prescindiendo además de evaluar la presunción del art. 39 del dec.ley 7718/71.
Medidas cautelares, embargo preventivo, peligro en la demora, contracautela
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Claudio Pablo. c/ Júpiter CompaÑía de Seguros  S.A. . s/ Incidente.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-02

Corresponde señalar, ante todo, que si bien el embargo preventivo participa, como medida cautelar, de todos los caracteres y requisitos de ella, la ley contempla casos específicos que lo tornan procedentes aún en ausencia del peligro en la demora, como sucede con las hipótesis contempladas en los artículos 209 a 212 de la ley ritual.

La demostración o no del peligro en la demora, en el caso, no impide el dictado de la cautela impetrada, correspondiendo compensar la ausencia del aludido requisito mediante la exigencia de una mayor contracautela.
Procedimiento administrativo, pronto despacho, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORIZ, Graciela Mabel c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

El pedido de pronto despacho en sede administrativa es excluyente de la acción de amparo por mora de la administración.

Así, el hecho de que el pronto despacho por vía administrativa no se haya requerido, es lo que habilita el pedido planteado por vía judicial.-
Depósito previo, sustitución del depósito
Materia: LABORAL
Carátula: NAVARRO JUAN CARLOS c/ ROLANDO AUAT Y/O PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE s/ SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO, ETC-RECURSO DE QUEJA POR CASACION  DENEGADA INTERPUESTA POR DR. BONAHORA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-06-06

El requisito del depósito en dinero exigido por el art.142 de la ley 3.603, sólo puede ser suplido por una póliza de caución o algún otro medio similar que preserve la seguridad y agilidad en el cobro de la indemnización por parte del trabajador, como ser cédulas hipotecarias, u otros títulos representativos de valores cuya realización pueda efectuarse lo más sumariamente posible.
Empleo no registrado, despido indirecto, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, OSMAR c/ TROSSERO, JORGE FRANCISCO Y OTROS s/ ORDINARIO - DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-12-05

La negativa del empleador sobre la veracidad de la fecha de ingreso pretendida por el trabajador en su intimación constituye una injuria de gravedad suficiente para justificar el despido indirecto, pues la actitud patronal violó el principio de buena fe y produjo una injuria que por su gravedad tornó imposible la continuación del contrato en los términos del art. 242 LCT.
Acción reivindicatoria, escritura traslativa de dominio, boleto de compraventa, escrituración, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: VILLAR, FERNANDO RAUL. c/ VALDERRAMA, ELFI Y OTRO. s/ ACCIÓN REINVINDICATORIA" (EXP Nº 360739/7) y "VALDERRAMA ELFY ASUNCION C/ COOP. DE VIV. RIO GRANDE LTDA. S/ ESCRITURACION".
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-06-13

Atendiendo al estado del inmueble al momento de la ocupación por los demandados, mal puede hablarse de despojo, cuando el mismo estaba libre de toda ocupación -"posesión vacua"- sin que pueda ello desvirtuarse por la mera afirmación de haberlo visitado el actor, sin concretar acto material alguno de posesión.
Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, Gendarmería Nacional, beneficios previsionales, bonificación por ubicación, procedencia del recurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MANCILLA RAFAEL Y OTRO c/ Estado Nacional - Ministerio de Seguridad - Gendarmería Nacional s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-01

A la luz del texto del artículo 1 de la ley 19.485, los titulares de beneficios de pasividad de las fuerzas de seguridad como los de cualquier régimen tanto general, especial o no contributivo, tienen derecho a la bonificación creada para promocionar el crecimiento poblacional en la región geográfica sur, definida por la norma. Ello conlleva a que no exista razón alguna que resulte valedera para excluir de la bonificación a quienes obtuvieron su prestación a través de no u otro régimen, pues el único objetivo que se desprende de la norma es que cualquier persona, de las aludidas en el art. 1, que titularice o resulte ser beneficiario de un haber cuya financiación directa o indirectamente este a cargo del Estado y se radique en la zona que se intenta poblar, debe acceder a la prestación. Interpretar lo contrario implicaría ubicar al titular en una situación de desigualdad frente al resto de los beneficiarios de haberes de pasividad y que conviven con él en una zona geográfica determinada legalmente, que atenta contra las garantías constitucionales de los arts. 16 y 14 bis de la C.N., negándoles a unos lo que a otros se les reconoce en igualdad de condiciones.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, leyes, interpretación de la ley, donación con cargo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JURETICH, NORMA TOMASA c/ GIMENEZ, RUBEN OSCAR s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-17

El A quo ha sustentado su decisión en el incumplimiento de un requisito formal carente de relevancia en las especiales circunstancias del caso, pues aun cuando hipotéticamente le pueda caber razón a la Cámara de que no basta que la donante manifieste que el cargo no se había cumplido para así disponerlo (por aplicación del artículo 542 del Código de Vélez, que dispone que son nulas las condiciones puramente potestativas), esa circunstancia no resultaba dirimente para la recta solución del caso, desde que fue la misma Sala la que restó decisividad a dicha consideración al concluir que, aun cuando existan en autos pruebas que acrediten el incumplimiento del cargo, la falta de constitución en mora de los donatarios era de capital importancia para resolver la cuestión. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 542
Restricciones al dominio, declaración de utilidad pública
Materia: CIVIL
Carátula: PENSA, NICOLAS C. c/ LO RUSSO, RODOLFO Y/U OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

La exigencia del frente libre, la invasión de la línea de retiro, o alineación de la propiedad, en la medida que no provoque más que algunas molestias al vecino, no es una cuestión con sustento suficiente como para entablar la demanda de demolición, ya que deben tratarse de restricciones en interés público y no de intereses particulares.
Contrato de obra pública, prórroga del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Brave Construcciones S.A. c/ Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Brave Construcciones S.A. c/ Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07|1987-10-20

Cuando por una norma de excepción, dictada para restablecer el equilibrio en la ejecución de las obras públicas en conflicto, es concedido un nuevo plazo contractual de realización de la obra- comprensivo de todos los inconvenientes producidos- ello tiene por efecto eliminar todas las consecuencias de la mora, pues conlleva un suerte de congelamiento temporal del íter del contrato, renanciendo las obligaciones corregidas con el nuevo plazo y demás condiciones.

Pero la propia télesis del dispositivo legal creado especialmente para retrotraer las circunstancias contractuales y corregir las desviaciones económicas no quedaría cumplida si las penalidades económicas impuestas como consecuencia del atraso en la ejecución fueran restituidas a valores nominales por una mera omisión en la redacción de la norma.
Sumario administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lupa, Susana Elena c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud) s/ Demanda contencioso administrativa Philip, Arturo Alfredo c/ Municipalidad de Carmen de Patagones s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04|1996-11-27

La competencia revisora del Tribunal no se extiende a los procedimientos cumplidos en el ámbito administrativo, salvo circunstancias excepcionales que se configuran cuando ha mediado un flagrante atentado al derecho de defensa, determinado genéricamente, por la comprobación de deficiencias insusceptibles de corregirse en la oportunidad que el actor tiene de defenderse, probar y alegar en juicio.
Expresión de agravios, fundamentación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Cancino, Eduardo Agustín c/ Empresa Línea 20 S.A.. y Empresa Transal S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-02-16

Carente de una orientación cierta y manifiesta, que se traduzca en una petición no menos concreta, el escrito recursivo se convierte necesariamente en una sucesión de ideas que no llenan el requisito del art. 255 del CPC, en tanto dista de constituir la crítica concreta y razonada del fallo para convertirse en cambio, en generalizaciones que han sido rechazadas por la doctrina y la jurisprudencia, como expresión de agravios válida.-
Ley de empleo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez de Montenegro, María Luisa c/ Obra Social para el Personal de la Industria Textil - Delegación Resistencia y/u otro y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-09-29

Las normas del art.11 de la Ley de Empleo 24013, mediante la conjunción disyuntiva "o", posibilita que la intimación sea realizada por el trabajador o el Sindicato. Si por cualquier razón, incluso mañosamente elegida por el Sindicato Empleador, no se realizar por la asociación profesional el requerimiento, quedaría siempre la facultad del trabajador de efectivizar la intimación en los términos y condiciones del art. citado.
Recurso contencioso administrativo, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: TOLOSA,  RUBEN ANIBAL (Y SUS ACUMULADOS EXPTES N. 1-1989 Y N. 2-1989) c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 11-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-14

En relación a los intereses posteriores al 31-3-1991, no corresponde fijarlos a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del Decreto Nacional 941-91, sino a la promedio mensual que utiliza el Banco Nación Argentina para operaciones de descuento a 30 días sin capitalizaciones parciales.
Responsabilidad solidaria, fraude laboral, empleador, dolo, daño intencional
Materia: LABORAL
Carátula: ALIANO, LILIANA H. c/ FABRICA DE ARTICULOS ELECTRICOS INFAR  S.A.  Y OTRA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-18

Si bien el fraude a la ley laboral es un recaudo esencial para que se configure la responsabilidad solidaria del art. 31 LCT, ello no significa que deba probarse el dolo del empleador o una intención fraudulenta del mismo. No se requiere una intención subjetiva de evasión respecto de las normas laborales, sino que basta que la conducta empresarial se traduzca en una sustracción a dichas normas.
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL
Carátula: Vásquez, Felipe Alberto c/ Dominguez, Antonio M. y-o Kank, José s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-02-28

Aunque no se comparte la decisión del judex a-quo, en cuanto a la interpretación que hizo del plazo de vencimiento del documento ejecutado, la falta de recurso del acreedor a aquella decisión impone la aceptación de dar por sentado que la obligación, instrumentada en el pagaré base de Ejecución; es pagadero a la vista, pues admitir la revisión de aquella decisión en esta instancia importa tanto como violar el principio de la "reformatio in peius".
Recurso de inconstitucionalidad federal, inadmisibilidad del recurso, competencia provincial, cuestiones de competencia
Materia: Procesal Constitucional
Carátula: Herrera, Julio Roberto Claudio y otros c/ Provincia del Chubut-Superior Tribunal de Justicia s/ Ordinario-Prohibición de Innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-11-20

Las sentencias que resuelvan problemas de competencia entre tribunales de una misma provincia son ajenas a la vía extraordinaria conforme a pacífica jurisprudencia en la materia: "La Corte Suprema carece de facultades jurisdiccionales para dirimir conflictos entre Tribunales de una misma Provincia en situaciones que no excedan el ámbito normativo local y cuya solución, en cuanto importa determinar por el Superior Tribunal de Justicia de aquélla el alcance de su competencia, pone fin a un artículo procesal no susceptible de modificarse a través del recurso extraordinario".
Radiodifusión, gobierno provincial, facultades no delegadas, COMFER, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comodoro Rivadavia T.V. SCC c/ Chubut, Provincia del s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

Debe rechazarse el planteo referido a que la instalación de una repetidora constituye una facultad no delegada al gobierno central, si la reiterada solicitud de autorización al Comité Federal de Radiodifusión indica que la provincia se sometió voluntariamente al régimen de la ley 22.285.
Estupro, violación, prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Brizuela, José Nolberto s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-04-21

Formulada por el imputado la excusación de que la relación sexual con una menor de 14 años fue consentida por ésta, cabe valorar las siguientes circunstancias que tornan inaceptable esta defensa: la impresión del Tribunal de cada uno de los testimonios rendidos en la causa, que le permite concluir que el hecho ocurrió tal como fue relatado por la víctima desde un primer momento; el estado emocional que reveló la menor, aún en el momento del debate, que hizo evidente el grado de intimidación a que fue sometida; el aspecto personal de la víctima, que creó la sensación de ser menor que la edad que tiene según las constancias de autos; el comportamiento ardidoso previo que desplegó el imputado para engañar al padre de la jovencita y lograr su consentimiento para alejarla de su custodia; su conocimiento de que la menor no conocía el medio y le era imposible regresar sola desde el lugar al que la había llevado; el despliegue de mentiras del imputado para colocarse en estado de superioridad, que revela su conocimiento de la ilicitud del acceso carnal que pretendía llevar a cabo, ya que advirtió que, por las circunstancias y por las calidades de la víctima estaba impedida para prestar válidamente el consentimiento necesario para la realización del acto sexual.

Si no se trató entonces ni siquiera de un consentimiento insuficiente -como se lo considera al prestado por menores de quince años y mayores de doce en el estupro- hubo ausencia de asentimiento y por lo tanto, el incoado es responsable penalmente del delito de violación.