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Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, reglamento de copropiedad y administración, inscripción registral
Materia: PROCESAL
Carátula: LEON ALPEROVICH S.A.C.I.F.I. c/ FLORES REYNALDO ALBERTO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-11

Resulta acertada la decisión del Tribunal por cuanto no corresponde que en el ámbito de la excepción de inhabilidad de titulo se planteen cuestiones que excedan la aptitud ejecutiva del titulo que consistan en impugnación de la exigibilidad de la obligación por incumplimiento de prestaciones del vendedor derivadas de la ley 19.724.

Sin perjuicio de lo expresado, puede observarse que el contrato de compraventa tiene fecha 30/10/87 y que la inscripción del reglamento de copropiedad y administración se efectué el 19/11/87.

El planteo formulado por el recurrente fue rechazado por la jurisprudencia, pudiendo citarse la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala B:

La posterior inscripción del reglamento de copropiedad y administración suple la omisión de afectación del inmueble al régimen de prehorizontalidad e inscripción de los respectivos boletos en el Registro desde que con aquélla quedó cumplida la finalidad tuitiva perseguida por el art. 12 de la ley 19.724.

Ello es así por cuanto inscripto el Reglamento de Copropiedad y Administración cesa la prehorizontalidad..

Atento a lo expresado, los agravios que pretenden que el titulo es inhábil porque no hay obligación exigible si no se cumplieron los preceptos de la ley de prehorizontalidad, resultan improcedentes en el caso, por lo que corresponde su rechazo. (DEL VOTO EN DISIDENCIA DR. GANDUR).
Dictamen fiscal, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: BANEGAS, Jorge Oscar c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-10

El voto concurrente destacó que al dictaminar el representante del MPF ante esta instancia, no analizó circunstancias concretas de la causa referentes a que en el caso, el imputado transportaba en una camioneta ciento sesenta y ocho kilogramos (168,460 kgs.) de clorhidrato de cocaína de alta pureza (62,96 el mínimo y 89,12 el máximo), ocultos en un doble fondo en la caja de dicho rodado y en el sector del asiento del acompañante.
Comisiones médicas, accidentes de trabajo, inconstitucionalidad, enfermedad profesional, ley vigente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: García Yamila c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-23

No comparto en que siempre el sistema ante las Comisiones Médicas resulte contrario a la constitución nacional y/o provincial, pues considero que el trámite ante dichas Comisiones resulta inconstitucional cuando su actuación solo esté dirigida a establecer la naturaleza laboral del accidente o el carácter profesional de la enfermedad (apartado 1 inc. a) del art. 21 de la ley 24557), ya que en dichas situaciones se requiere de actividad jurisdiccional con aplicación del derecho vigente además de la ponderación y valoración de hechos y pruebas a los efectos de establecerse la causalidad entre las tareas y el daño, o determinarse si se esta ante un accidente por el hecho o en ocasión de trabajo, o "in itinere", etc., situaciones que solo pueden ser dirimidas por los jueces naturales o del trabajo, y no por médicos (Voto Romero)
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegador en "Morlan, Fernando Luján c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni remuneración) denegador en "Morlan, Fernando Luján c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni remuneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-11

Obsta a la procedencia del recurso de queja que el escrito mediante el cual se pretende defender el recurso de inconstitucionalidad denegado no satisfaga la carga de efectuar una crítica concreta y fundada del auto denegatorio, ni rebata argumentalmente los fundamentos por los cuales la Cámara decidió no concederlo. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde, al que adhiere el Sr. Juez Julio B. J. Maier).
Uniones convivenciales, derechos patrimoniales, compensación económica, atribución de la vivienda
Materia: CIVIL
Carátula: R., L. M. c/ G., C. A. s/ ordinario (compensación económica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-03

Reclamo de compensación económica en uniones convivenciales- busca compensar los desequilibrios económicos sufridos por uno de los miembros de la unión disuelta con respecto al otro a raíz de la ruptura, en cuanto ésta ponga a la luz que a raíz de la convivencia y sus condicionamientos, uno de los miembros de la pareja no puede lograr un desenvolvimiento económico independiente, provocando una desigualdad y una suerte de enriquecimiento injusto de quien logró esa condición merced a condicionamientos sufridos por el primero.
Derecho procesal, terminación del proceso, transacción, homologación judicial, sentencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONIPA  SA c/ APACHE  ENERGIA  ARGENTINA (ANTES PIONNER NATURALRESOURCES AR CHAUVO RESOURCES) S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-10

Tanto un convenio o una transacción entre las partes como la sentencia dictada por el juez, son dos modos distintos de conclusión del proceso (artículos 308 y 309 Cpr), y que no sería dable admitir que aquél pudiera "concluir" mediante la aplicación de ambas modalidades. Ello así, en el caso, de la lectura del acuerdo presentado se extrae que la intención de las partes fue reajustar sus pretensiones y arribar a una autocomposición de sus intereses en conflicto, solución que vino a reemplazar a la sentencia que había sido dictada y estaba recurrida. Fue en función de la firma de dicho convenio, que ambos contendientes consideraron que los recursos deducidos contra el pronunciamiento eran abstractos, por lo que acordaron desistir de dichas apelaciones En este marco, se aprecia que en este muy particular caso, la regla de interpretación a aplicar emana del artículo 218, incisos 1°, 2° y 4° del Código de Comercio. El desistimiento de los recursos de apelación interpuestos por las partes fue el correlato del convenio al que arribaron y cuya homologación solicitaron, actuación que tuvo lugar cuando aún no había sentencia firme y, en consecuencia, ese pronunciamiento aún no era definitivo, por lo cual en esta secuencia fáctico procesal, aquél convenio vino a sustituirla.

Ello así, toda vez que el acuerdo recayó sobre una cuestión de índole netamente patrimonial y por tanto disponible por las partes (Cciv 1197), y en tanto, no se halla afectado el orden público, no se advierte óbice para admitir la homologación del acuerdo presentado, en reemplazo de la sentencia dictada y no consentida (en igual sentido: esta CNCom, Sala D, 17/4/98, "Armando J. Rios SA c/ Transtita SA s/ ejec. prendaria s/ queja"; íd. Sala E, 7/3/06, "Sciammarella Evelina c/ Gomez Mauricio s/ ejec. prendaria"). Máxime cuando la petición ha provenido de ambas partes.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: W., A. A. c/ S., W. C. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-20

"para apartarse el juzgador de las conclusiones alegadas por los expertos, debe tener razones fundadas. Esto resulta así, pues si bien en las normas procesales no se otorga al dictamen el carácter de prueba legal y se permite al magistrado formar su propia convicción al respecto, es evidente que esto, en tanto y cuanto comporta la necesidad de una apreciación crítica del campo de saber de aquel experto, aparece naturalmente ajena al hombre de derecho y lo obliga a apoyarse en otros elementos de juicio que permitan concluir en el error o en el inadecuado juzgamiento que el perito haya hecho de los conocimientos científicos de los que, por su profesión o título habilitante, necesariamente ha de suponérselo dotado".
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, tercera instancia, reconocimiento en sede judicial, intereses, crédito verificado, trámites judiciales, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Santa Fe S.A.P.E.N. en autos "Didier, Orlando y otros - Quiebra" c/ Didier, Orlando y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Quiebra.   Incidente de Revisión (Expte. CSJ Nº 157-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-05

Corresponde desestimar la queja interpuesta, si de la lectura del pronunciamiento cuestionado se desprende que el A quo, a fin de fijar la suma por la que finalmente declaró verificado el crédito del acreedor, tomó como base el monto global de la deuda informada por el Banco Central de la República Argentina al 30.11.1989 repotenciando ese capital histórico conforme a índices que estimó aplicables -previa desestimación del criterio de actualización valor dólar, sostenido en el fallo de primera instancia-, y explicitando la razón por la cual dejaron de lado el sistema propuesto por el verificante, esto es, la facultad que, en el caso, le asistía de sustituir, aún en forma oficiosa, los intereses convenidos cuando resultaran excesivos.

Ello así, por cuanto los vicios imputados no permiten advertir que, en dicho cometido, el Tribunal haya desbordado el marco propio de sus atribuciones, por lo que, independientemente de su acierto o error, no incumbe a la Corte revisarlo.
Honorarios, regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Ayala Sergio Darío c/ Marmolería Romero y Godoy y otro s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-12-05

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora por la regulación de honorarios a sus letrados que considera bajos. Ello así, ya que analizada la cuestión, se desprende que los honorarios de los profesionales de la actora fueron regulados tomando como base el monto de la planilla aprobada, aplicándose indicativamente el 16,24% del art.5; el 33,5% del art.6 de la ley 2011, de lo que se desprende que tales honorarios no resultan bajos sino que se adecuan a la calidad, eficacia y extensión de la labor desarrollada, más allá que al letrado de las co-demandadas se le hubiere regulado por cada litis consorte, por lo que procede su confirmación.
Derechos de autor, televisión por cable, local comercial, doctrina legal
Materia: CIVIL
Carátula: SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA c/ BAR DRUGSTORE ESTACION DE SERVICIOS EL SOL Y OTRO s/ COBRO (SUMARIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-07-08

Es deudor de los aranceles correspondientes a derecho de autor que cobra SADAIC, el bar que propaga música a su público consumidor a través de un aparato televisor que recibe señales de cable, y esto con independencia de que se hayan excluidos los canales que difunden exclusivamente música funcional o del hecho de que la empresa de cable abone asimismo, a dicha asociación de autores, arancel por igual concepto.
Medidas de fuerza, conciliación obligatoria, competencia, facultades de la administración, poder de policía, costas
Materia: LABORAL
Carátula: S.O.E.M.C. c/ PROVINCIA DEL NEUQUEN. s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2010-08-24

Si la Provincia del Neuquén conserva y ejerce plenamente todo el poder no delegado en la Constitución Nacional a la Nación, la forma en que se manifiesta tal autonomía es en materia administrativa, y precisamente en lo laboral, cuando regula de los conflictos colectivos de trabajo por ser esta atribución esencialmente local. Así, resulta la incongruente invocar la previsión de la Ley 1973 como fundamento de una inexistente delegación de competencia, cuando la resolución de la administración es suficientemente indicativa respecto a la aplicación de la Ley 1.625, de la que se desprende la facultad de intervenir en conflictos colectivos de trabajo que posee la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia del Neuquén. (Del voto del Dr. Marcelo Medori, en mayoría).
Estado Nacional, deudas del Estado, deuda previsional, compensación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VENTURA MAR DEL PLATA S.A.I.C. c/ I.N.P.S. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-16

El legislador fue terminante al señalar que las deudas y créditos entre particulares y el Estado no son compensables si las deudas y los créditos no fuesen del mismo departamento o ministerio (cfr. art. 823, inc. 2 Cód. Civil). Por ello, aún aceptando que el Instituto Nacional de Previsión Social fuera un ente estatal, no cabría aceptar la legitimidad de la compensación en razón de la autonomía patrimonial que le ha otorgado el legislador al organismo recaudador.
Cuestiones de competencia, competencia civil, acción civil por accidente de trabajo, reparación integral
Materia: PROCESAL
Carátula: Santos Fernando Ezequiel c/ Swiss Medical A.R.T. S.A. y/u otros s/ Daños y Perjuicios - Cuestión de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2019-12-30

Conforme al principio de determinación de la competencia en función a los términos y pretensiones del escrito de demanda (reparación integral del infortunio laboral), no podemos sino concluir en que se ha promovido una demanda por daños y perjuicios originados presuntamente en un hecho dañoso, fundado en las normas sustanciales del derecho civil y, en modo alguno, en normas laborales; por lo cual corresponde declarar la competencia de la justicia civil.
Mandato, extinción del mandato, abogado apoderado, renuncia del apoderado
Materia: PROCESAL
Carátula: MARIA ELENA AUVIEX DE CHAYA c/ CIRCULO DE PERSONAL CIVIL Y MILITAR COMPAÑIA ARSENAL 5 "MIGUEL DE AZCUENAGA" Y OTRO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-05-06

La renuncia al mandato (Poder General para Juicios), al poder otorgado, sin ningún tipo de salvedad, reserva o limitación, tiene como resultado, al manifestarse dicha respecto a su mandante, el cese, la extinción de la representación, conforme a las pautas de los artículos 1963, 1964, 1978 y concordantes del código civil, si en relación a determinado juicio el letrado apoderado resolvió renunciar al mandato y ello tuvo como consecuencia en el pleito el concluir con dicha representación, es legalmente inadmisible que el mandatario reasuma el mandato y pida que se lo tenga nuevamente por parte, pues el mandato había concluído y no puede renunciar por su propia voluntad. Las reglas particulares contenidas en el artículo 69 y concordantes de la ley adjetiva referidas a la notificación del mandante, plazo y citación para presentarse en la causa por sí o con nuevo apoderado, de manera alguna modifica la conclusión se/alada de que la renuncia produce sus efectos desde la exteriorización de esa decisión.
Participación criminal, coautoría, robo en poblado y en banda, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: CABALLERO PAIVA s/ ROBO - ARMAS - COAUTORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

No puede aplicarse al procesado -coautor que llevó a los autores hasta el lugar del atraco y los aguardó para fugar con el botín- la circunstancia agravatoria del uso del arma, porque no hay ninguna referencia que permita endilgarle conocimiento sobre las modalidades del apoderamiento, ni siquiera por vía de inferencias de él y aceptación eventual a partir de que supiera de la portación de armas por los otros, o la creyera posible.

En virtud de lo expuesto, el título de la condena debe cambiarse a coautoría de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, circunstancias calificantes que sí consta en autos conocía.
Recurso de apelación (procesal), recursos, prescripción, extinción de la acción penal, cómputo del plazo, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMERO, Josefina c/ SAYAGO, Marcos Francisco s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-14

Los agravios del Sr. Fiscal son expuestos con claridad sólo respecto a la falta de los requisitos establecidos para tener por acreditada alguna de las causas interruptivas de la prescripción, refiriéndose en concreto que el informe de R.N.R. fue expedido en forma nominativa, toda vez que no se acompañaron las fichas dactilares del imputado en el respectivo pedido.

Sin perjuicio de señalar que si bien el criterio aludido por el Ministerio Fiscal fue opinión constante y uniforme de este Tribunal de apelación atento el carácter definitivo que implica un auto de sobreseimiento, a más de evitar informes equivocados ante la posibilidad cierta de tratarse de homónimos, se impone priorizar otros principios como lo son la seguridad jurídica y resolución de los conflictos en tiempo oportuno, atento al tiempo de tramitación que lleva la causa sin desvincular al imputado, habiendo superado con creces el máximo de la pena prevista para los delitos que se le incriminan ( Lesiones leves y Amenazas), computable desde la fecha del hecho ocurrido el día 20/11/05.

Tal ha sido el criterio aplicado por la Corte de Justicia de Salta en la causa "C/C Cuellar, Mario y otros- Recuso de Casación", donde expresó que: "La cuestión traída a examen se encuentra regida por un orden normativo de jerarquía superior a las disposiciones de la ley penal de fondo, que no puede ser objeto de conculcación mediante una aplicación irrazonable de ésta última."( C.J.S. Expte. Nº 30560/07, 09/06/08).

En el fallo citado el Alto Tribunal, atendiendo al prolongado tiempo que llevaba el trámite de la causa, al derecho que tiene todo ciudadano a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, reconocido por normas internacionales de jerarquía constitucional, y sobre las precisiones establecidas en materia de prescripción por la Corte Federal en el caso "Amadeo Roth" (Fallos 323:982), resolvió rechazar el recurso de casación interpuesto por la Sra. Fiscal de Cámara de Acusación contra el auto de Sobreseimiento por prescripción de la acción, dictado por el A-quo en base a un informe nominativo expedido por el R.N.R..
Código procesal penal, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., P.A. s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-09-29

En principio y según el criterio sostenido por este Tribunal, la ley 4743 no cercena a los sujetos a proceso la garantía de la defensa en juicio consagrada expresamente por el artículo 18 de la Constitución Nacional, dado que la doble instancia permanece incólume ante la facultad de recurrir que se encuentra abierta luego del dictado de la sentencia que pone fin al proceso, proceso en el que, salvo el dictado del auto de procesamiento en las condiciones que fija la nueva normativa, hace que el imputado permanezca en libertad y sin que sobre él pese la sospecha que tal auto trae aparejada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Rio Negro y Neuquén S.A. c/ Erlij, Ricardo Luis y otro s/ Cobro de pesos Ojunián, Daniel Gustavo s/ Incidente de nulidad en autos: `Metalúrgica El Tronador y otra.  Quiebra'.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16|1995-04-11

La mera enunciación de las normas violadas no cumple una de las más elementales exigencias contenidas en el art.279 del C.P.C., explicar y demostrar cómo y de qué manera se habrían producido las infracciones legales que se denuncian.
Improcedencia del recurso, juicio unipersonal, cuestiones de competencia, resoluciones irrecurribles, inexistencia de cuestión federal suficiente, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Queja interpuesta por la Dra. Stella Maris Zabala, en su carácter de Fiscal de Estado de la Provincia de Formosa c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-26

Corresponde no hacer lugar a la queja interpuesta por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Formosa contra la resolución la Cámara de apelación -en forma unipersonal- que declaró la competencia federal toda vez que las resoluciones que deciden cuestiones de competencia, por regla general, no constituyen una sentencia definitiva ya que su dictado no imposibilita la prosecución de las actuaciones (cfr. C.S.J.N.?Fallos 341:327; 339:901; 314:1741; 311:1232; 303:1542 y 302:417; entre muchos otros). Y si bien el Alto Tribunal ha admitido excepciones a esa regla general cuando hubiera una denegatoria del fuero federal (Fallos: Fallos: 341:1207, 339:1342; 329:5776; 314:733; 313:249; 311:605; 310:1425; 308:2230, 306:2101, entre tantos otros), ello no se constituye en el presente caso en el que en la resolución que se impugna, justamente, se ha asignado competencia a este fuero de excepción. Asimismo, no se vislumbra, ni la recurrente alcanzó a demostrar que la resolución impugnada genere un agravio de tardía o imposible reparación ulterior o que involucre el debate de una cuestión federal, a efectos de equipararla a un pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así la intervención de esta Cámara (Fallos: 328:1108).
Impuesto sobre el patrimonio neto, inmuebles situados en el país, declaración de inconstitucionalidad, igualdad ante la ley
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Hoechst A.G. c/ DGI s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Resulta infundada la tacha de inconstitucionalidad dirigida contra el art. 14 de la ley 21.282, modificado por la ley 23.297 si aquel no lesionó el derecho de no ser discriminado en virtud de la nacionalidad, reconocido en el art. 24 del tratado vigente con Alemania (Voto de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano, y Guillermo A. F. López).
Cheque, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREYRA, ALDO ENERIO c/ MARIA TERESA ROMERO ARTIGUES s/ COBRO DE PESOS.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-08-08

Si bien la legislación vigente en materia de cheque faculta al librador a ordenar al banco pagador no hacer efectivo este, su rechazo por dicha causal "orden de no pagar" no enerva la ejecutoriedad que emana del titulo, en la medida que el no pago es paralizante únicamente, y se adopta bajo responsabilidad de quien avisa la perdida, adulteración o vicio del consentimiento.-
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación del recurso, inadmisibilidad del recurso, despido indirecto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: URIBURU, CARLOS ENRIQUE c/ ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SALTA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-13

Analizando la concesión del recurso opuesto en los términos del art. 299 del C.P.C.YC. de aplicación al fuero por el art. 69 del C.P.L., se recuerda su carácter restrictivo y excepcional y la conveniencia de no convertir a la Corte de Justicia local en una tercera instancia ordinaria, donde vuelvan a discutirse cuestiones que las partes entienden de decisión equivocada.- Las cuestiones planteadas, más allá del acierto o error en la decisión, que no incumbe a éste Tribunal evaluar en éste estadio procesal, solo implican desacuerdos con la forma en que se resolvió la cuestión frente a la sentencia que ahora le resulta adversa, en directa relación con la aplicación e interpretación de normas de derecho común laboral y de Convención Colectiva del Trabajo, fruto del estudio efectuado de los hechos y pruebas obrantes en el expediente y que arribara al resultado atacado por la vía de inconstitucionalidad de la sentencia, elegida por la parte actora.- Ninguna de éstas cuestiones entonces, habilitan la instancia extraordinaria, por tratarse de temas de decisión privativas de los jueces de la causa, recordando lo ya considerado en el sentido que, el recurso opuesto sirve para el estricto control de constitucionalidad pero no constituye la apertura de una tercera instancia como revisora de sentencias de los tribunales de apelación.