Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-03-06


AUTOS 55.450 (C.C.Nº19.162) DEL TERCER JUZGADO CIVIL, CARATULADOS: "MILLÁS JOSÉ LUIS C/ ROMERO ROBERTO Y OTRO - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO".

PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2008- del Tº I- Fº48/57.- En la Ciudad de San Juan a 06 días del mes de marzo de 2008, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y los Sres. Vocales Dres. Alejandro Largacha Quiroga y Octavio Augusto Sánchez, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. 283 y 286, contra la sentencia de fecha 24 de noviembre del año dos mil seis, recaída en los presentes autos Nº55.450 (C.C. Nº 19.162) caratulados: "MILLÁS JOSÉ LUIS C/ ROMERO ROBERTO Y OTRO - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", dictada por la Sra. Juez titular del Tercer Juzgado Civil, obrante a fs. 272/281.- EL DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA, DIJO:

La sentencia obrante a fs. 272/281, de fecha 24 de noviembre de 2006, resuelve: 1º) Hacer lugar a la demanda de cumplimiento de contrato promovida por el Sr. José Luis Millás; 2º) Hacer lugar al planteo de pesificación del saldo de precio adeudado que hacen los demandados; 3º) En consecuencia, condenar a los Sres. Roberto Romero y Alicia Nélida Varas de Romero para que en el plazo de diez días abonen al actor la suma de Pesos: Setenta mil ($70.000), con más su actualización con los índices pertinentes (C.E.R., Decreto 214/02), intereses compensatorios y punitorios pactados, con las limitaciones y en la forma dispuesta en los considerandos y desde las fechas allí indicadas y hasta su efectivo pago, 4º) Imponer las costas a los demandados vencidos.

Contra la aludida sentencia, transcripta en su parte resolutiva, se alzan tanto la parte actora como la demandada mediante recursos de apelación concedidos a fs. 283 y 286, respectivamente, sostenidos luego a fs. 299/302 por la demandada y a fs. 307/316 vta. por la actora.

Agravios de la demandada. La parte demandada se agravia en, primer lugar, en cuanto la sentencia en recurso hace lugar a la demanda instaurada en su contra, cuando la única incumplidora y responsable del litigio es la parte "demandada" (fs. 299) (debe haber querido decir actora). Expresa al efecto, que su parte ha ofrecido cumplir y abonar en todo momento la suma adeudada y reclamada, pero no en moneda extranjera como se le reclama, lo que es improcedente conforme lo previsto por la ley 25.261 y Decreto 214 tal como se dice en la sentencia. Concluye diciendo que habiendo su parte resistido exitosamente el planteo de la actora, en el sentido de que no le corresponde cobrar una deuda fijada originariamente en Dólares Estadounidenses en esa moneda sino en forma pesificada a razón de 1 U$S= 1 Peso, de acuerdo a la legislación, doctrina invocada y fallos citados y tal como expresamente ha resuelto la sentencia de primera instancia, corresponde que se revoque la misma y se haga lugar al planteo de pesificación de la deuda.

En segundo lugar, se agravia porque su parte se opuso a la pretensión actora de cobrar los intereses convenidos que eran excesivos solicitando un reajuste dentro de parámetros razonables y equitativos, lo que tuvo acogida favorable en la sentencia, resultando también en eso perdidosa la actora. No obstante ello se hace lugar en todas sus partes a la demanda de cumplimiento de contrato y se aplican el 100% de las costas a su parte.

Finalmente se agravia, en cuanto el Sr. José Luis Millás no se hallaba legitimado para promover la presente acción de cumplimiento de contrato, al no haber cumplido con sus obligaciones a pesar de los requerimientos efectuados por los compradores. Dice al fundar el agravio que el vendedor manifestó en el boleto de compraventa (punto 1) que el inmueble era de su propiedad. Posteriormente y ante averiguaciones de los compradores se constató que el dominio se encontraba inscripto en el Registro General de la Propiedad a nombre de una tercera persona. Ante ello el actor manifestó que el bien era heredado de su padre y que efectuaría todas las gestiones tendientes a lograr la transferencia del mismo a los compradores. De las constancias de autos surge en forma clara que el vendedor no ha acreditado que haya denunciado la venta del inmueble en el sucesorio, ni se puso el mismo en condiciones de que se escriturara a los compradores solicitando el pase a una escribanía, ni que la mora no le fuera imputable. Pero si reclamaba el pago del precio, cuando tal obligación se debía cumplir simultáneamente contra la escrituración conforme lo dispone el punto VII del boleto de compraventa. Esto sin lugar a dudas se constituyó en un elemento obstativo de la mora de su parte porque el vendedor nunca cumplió con su obligación. El comprador reclama en la carta documento de fs. 6 (copia) el pago del saldo del precio, pero de ninguna manera ofrece cumplir con su obligación de escriturar, lo que debía hacerse simultáneamente. No existe ninguna prueba por parte del actor que acredite la posibilidad cierta de estar habilitado o de haber realizado gestión alguna para escriturar el inmueble vendido y no resulta suficiente que el bien se le adjudicara en la partición, pues aunque así fuera podrían existir innumerables contingencias que le impidan la transferencia del mismo, por ejemplo un embargo legal. Y no resulta suficiente que la ley 17.801 lo habilite a transferir, por tracto abreviado, como expresa el a-quo, desde que si no cuenta con la autorización del Juez del Sucesorio la escrituración es imposible. En consecuencia, corresponde la aplicación de la "exceptio non adimpleti contractus" y se revoque la sentencia en todas sus partes, atendiendo a que el vendedor no ha cumplido con las obligaciones a su cargo. De lo contrario se produciría un despojo de los demandados, que se verían obligados a pagar una importante suma de dinero sin la posibilidad de obtener la escrituración del inmueble por el incumplimiento de la obligación del vendedor.

Agravios de la actora. El primer agravio de la actora es contra la parte de la sentencia en que se hace lugar a la pesificación por aplicación de la ley 25561, Decreto 214/02 y ley 25820. Sostiene la apelante, apoyada en abundantes citas de jurisprudencia, que tal normativa no es aplicable al caso y que además es inconstitucional, inconstitucionalidad que pide sea declarada y que por las circunstancias de la causa recién en esta instancia puede plantear y que incluso de oficio el Tribunal puede declarar. Manifiesta que en el caso resulta evidente la violación del derecho de propiedad y del principio de irretroactividad de la ley. Agrega que si bien las leyes en cuestión se fundan es un estado de emergencia que se declara, debe tenerse en cuenta que en virtud de ella no pueden alterarse derechos garantizados por la Constitución Nacional. Sólo puede admitirse excepcionalmente, conforme a la Doctrina y Jurisprudencia Constitucional, una restricción de los derechos en caso de emergencia que sea transitoria y razonable, esto es, que no los modifique en su sustancia o esencia. Agrega que resulta evidente que en el caso de autos se lesiona definitivamente el derecho de propiedad del actor. Aún cuando se pretenda que con la aplicación del C.E.R. se duplica o triplica el monto a pagar - según afirma el a-quo- ello no es así. No sólo porque el valor de la moneda pactada (dólar americano) supera dichos valores, sino porque el C.E.R. fue creado por Decreto 214/02, aplicándose a partir de su sanción: 3/2/06. En el caso de autos la deuda que se reclama es anterior a la vigencia del C.E.R., no habiendo índice aplicable de actualización por el periodo previo a febrero de 2002, lo que pone en evidencia la pérdida irreparable y definitiva del derecho de propiedad del actor. Afirma luego que los valores resultantes de la pesificación, aun con la actualización del C.E.R. (restringida al periodo de su vigencia) ni siquiera se aproximan a los reales valores de plaza del bien objeto del contrato. Se concluye este agravio diciendo que, en definitiva, resulta evidente, manifiesto e incontrovertible que la aplicación de la ley 25820 lesiona gravemente el derecho de propiedad de su parte. Resulta arbitraria la retroactividad de la norma a los contratos anteriores, cuyos créditos constituyen un derecho adquirido, sobre todo cuando los deudores se encontraban en mora. Asimismo es inconstitucional la aplicación del Decreto 214 que impone el C.E.R. a las deudas preexistentes, no sólo porque el P. Ejecutivo invadió competencia legislativa, sino que lesiona la propiedad perjudicando al acreedor en beneficio de los deudores morosos. El coeficiente C.E.R. no repara con equidad los valores convenidos libremente por las partes, ni el valor real de la cosa, lesionando el derecho de propiedad. Por ello solicita que la Cámara declare la inconstitucionalidad de las normas de emergencia aplicadas a la sentencia y prevalezca la voluntad de las partes expresadas en el contrato, respetando el derecho de propiedad.

Se agravia después la actora de lo dispuesto en el punto 3ero. de la resolutiva de la sentencia: ". . . condenar a los Sres. Roberto Romero y Alicia Nélida Varas de Romero para que en el plazo de diez días abonen al actor la suma de Pesos Setenta mil ($ 70.000), con más su actualización con los índices pertinentes (C.E.R., Decreto 214/02), intereses compensatorios y punitorios pactados, con las limitaciones y en la forma dispuesta en los considerandos y desde las fechas allí indicadas y hasta su efectivo pago"; por entender - dejando de lado el tema de la pesificación- que conforme a lo convenido el saldo de precio adeudado no era sólo el importe de las dos cuotas vencidas en diciembre del 2000 y abril del 2001 (U$S 30.000 y U$S 40.000 = U$S 70.000) sino esos importes más los intereses de financiación (compensatorios) pactados (tasa activa, sobre el total del precio convenido desde septiembre de 1999 hasta el vencimiento de las cuotas referidas), lo que elevaba el monto de las cuotas a su vencimiento a las sumas de U$S 59.610 y U$S 47.896, respectivamente, de donde la sentencia debió condenar al pago de esas sumas, ya que se trata del precio pactado por las partes. Esos denominados "intereses compensatorios" pactados en el contrato, forman parte del precio mismo.

Es también motivo de agravio, que la a-quo después de admitir que se pueden acumular intereses compensatorios y punitorios, termine sin embargo expresando que los convenidos en el caso resultan excesivos, correspondiendo morigerarlos y reducirlos en total al 24% anual. Estima la recurrente que ello resulta inaceptable, por violar arbitrariamente el derecho de propiedad y la voluntad de las partes. Entiende que si se pactó una cláusula penal fue con el propósito de asegurar el cumplimiento en término de lo pactado y no con el fin de obtener beneficios abusivos.

Continúa luego la apelante expresando que la sentencia resulta, además, contradictoria cuando dice por un lado que cabe reducir los intereses pactados por todo concepto -compensatorios y punitorios- a un 24% anual, y luego expresa que los primeros deberán computarse en la forma convenida en la cláusula II y partir del vencimiento de cada cuota adicionarse al capital, y sobre esa suma computarse los punitorios convenidos y hasta su efectivo pago. Agrega la sentencia que los intereses punitorios sólo deberán aplicarse sobre el saldo de precio impago y no sobre el total del precio de venta convenido como se refiere el la cláusula V del contrato de compraventa. Ante ello se pregunta la apelante: "Si por todo concepto establece el 24% anual, como se computaran los compensatorios en la forma convenida?" No es posible mezclar los intereses compensatorios con los punitorios, dado que como ha sostenido aquellos forman parte del precio mismo. Además corresponden a distintos períodos, los compensatorios sólo se calculan entre la celebración del contrato hasta el vencimiento de las cuotas. No se superponen con los punitorios ya que éstos sólo se calculan desde que las cuotas vencieron hasta el efectivo pago. Por otra parte, la cláusula penal convenida no es excesiva, puesto que sólo asciende al 3% mensual calculada desde el vencimiento de cada una de las cuotas hasta su efectivo pago y no alcanza a compensar los perjuicios derivados del no pago en término.

Tratamiento de los agravios Comenzaré para un mejor orden con los agravios de la demandada y dentro de ellos con el tercero, que está referido a la falta de legitimación del actor para demandar por cumplimiento de contrato.

Al tratarse esta cuestión la a-quo dijo que: "En el sub lite, el actor se encuentra habilitado para exigir el cumplimiento (art. 1204 del C. Civil) desde que con las constancias documentales agregadas a autos (ver informe del actuario de fs. 259) y de las que surgen de los autos Nº 60.934 "Millás, José Pablo - Sucesorio" a fs. 199, ha acreditado encontrarse en condiciones de otorgar la escritura del inmueble objeto de la presente; ello sin perjuicio del informe de dominio obrante a fs. 53 y vta. y de lo alegado por los demandados en el sentido de que no ha denunciado la operación de venta en el sucesorio, por cuanto al resultar adjudicatario del 100% del mismo -incluso con anterioridad a la suscripción del contrato de compraventa, Marzo de 1988-, lo puede transferir en los términos previstos por el art. 16 inc. b) de la ley 17801. Así las cosas, el actor hizo entrega de la posesión del inmueble y ha ofrecido otorgar la escritura en las condiciones estipuladas en la cláusula VII del contrato, esto es "contra la cancelación del precio en la forma pactada precedentemente". Vale decir que las obligaciones por él asumidas se encuentran cumplidas".

Y bien, estas razones dadas en la sentencia para no admitir la excepción de contrato no cumplido opuesta por la demandada no resultan conmovidas por el recurso en este punto, desde que no se ha probado ni se advierte que pudiere existir alguna razón que impidiera la escrituración del inmueble que el actor está obligado a efectuar al momento en que reciba el pago de lo adeudado (cláusula III del contrato) y que, además, ha ofrecido otorgar cuando promovió la demanda (fs. 11 vta.). Tampoco se advierte ningún riesgo de que los demandados paguen sin que les escrituren, desde que el pago y la escritura deben hacerse simultáneamente, esto es, son actos que están condicionados recíprocamente.

Voto por tanto por el rechazo del recurso es este punto.

Los otros dos agravios de la demandada y que pueden resumirse en que se le imponen la totalidad de las costas no obstante que se rechaza la pretensión actora de que se le pagara en dólares como estaba convenido y con los intereses pactados, disponiéndose pesificar la deuda y reducir los intereses, no son atendibles. Ello en atención a que lo pretendido por la actora era conforme a lo libremente pactado por las partes y la pesificación se debe a la aplicación de leyes de orden público posteriores al vencimiento de la deuda e incluso de la promoción de la demanda. Y los intereses si bien se reducen por estimarse excesivos, tales intereses fueron pactados con la demandada, esto es, los aceptó al tiempo de contratar y dio motivo cuando no cumplió para que se le reclamaran, más allá de que en uso de facultades legales la a-quo decidiera reducir los intereses pactados por considerarlos excesivos.

En definitiva, voto por el rechazo del recurso de la demandada, con costas.

Prosigo ahora con el tratamiento del recurso de la actora, quien se agravia en primer lugar de que en la sentencia se admita la pesificación dispuesta por aplicación de la ley 25.561, Decreto 214/02 y ley 25820. Alega la inconstitucionalidad de dicha legislación de emergencia y propicia que así se declare y mande pagar lo adeudado respetando la voluntad de las partes expresada en el contrato que las vinculó, respetando los derechos adquiridos.

Estimo que la inconstitucionalidad propuesta no es atendible por entender, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, que la legislación de emergencia de que se trata satisface las condiciones de validez constitucional dentro del marco de excepción en que fueron dictadas.

Cito en mi apoyo el fallo dictado por la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II, 22/7/10 - Inversiones Yatay S. A. c / Ferreira, Ramón A. - La Ley, 2002/7/23, 7.- La Ley, 2002/08/07, 15 - LLBA 2002 - 910 - RC y S, 2002 - IV, 183, con nota de Santarelli Fulvio, Germán, publicado en LLBA, 2002 - 908, citado en Digesto Práctico La Ley "Revisión de los contratos", pags. 436/437, parágrafos 2129 a 2131, donde se decide en favor de la constitucionalidad conforme criterios que han venido a tener acogida mayoritaria en los tribunales del país.

Se dice en el fallo referido, entre otras cosas: "Las normas contenidas en la ley 25.561, decretos 214/02 y 320/02 (Adla, LXII-A, 44; LXII-A, 117; LXII-B, 1647) en cuanto disponen la pesificación de las obligaciones constituidas en moneda extranjera, satisfacen las condiciones de validez constitucional desde que, en el marco de la excepcional situación fáctica en que fueron dictadas, responden a los presupuestos caracterizantes del estado de emergencia: real situación de emergencia constatada y declarada por el órgano competente, fin de interés social y público, transitoriedad de la regulación y razonabilidad del medio empleado". [...] "No resulta irrazonable la pesificación de las obligaciones constituidas en moneda extranjera conforme lo establece el decreto 214/02, pues la limitación impuesta a los acreedores encuentra fundado justificativo en la situación de emergencia en la cual se encuentra el país y el empobrecimiento de la población en general merced a la depreciación del signo monetario". [. . .] "La pesificación de las obligaciones constituidas en moneda extranjera conforme lo establecen los decretos 214/02 y 320/02, no vulnera el derecho de propiedad del acreedor, pues si bien la conversión dispuesta perjudica, en principio a éste, la quita o disminución no es definitiva al permitirle requerir un reajuste equitativo del precio, tanto en los contratos bilaterales onerosos como en los unilaterales (mutuo oneroso o gratuito)".

En la obra referida, pag. 435, parágrafos 2121 y 2123, se traen citas de fallos de otros tribunales en el mismo sentido: "La ley 25.561, en cuanto faculta al Poder Ejecutivo por razones de emergencia -hasta el 10 de diciembre de 2003- a establecer la relación de cambio entre el peso y las monedas extranjeras, cumple con los requisitos constitucionales para su sanción, pues es atribución del Congreso fijar el valor de la moneda -art. 75, inc. 11, Constitución Nacional-, y existe una situación de grave emergencia, que amerita la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo prevista en el art. 76 de la Constitución Nacional". (La Ley, 2002/10/08, 7; La ley , 2002/10/23, 13). [...] "El decreto 214/02 -dictado por el Poder Ejecutivo en ejercicio de facultades delegadas por la ley 25.561-, al transformar a pesos las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en moneda extranjera -arts. 3º y 8º- no es irrazonable, a los fines de su impugnación constitucional, pues tiene por objeto armonizar los derechos y garantías individuales con la conveniencia general, de manera de impedir que aquellos corran el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación de la economía estatal " (La Ley, 2002/10/08, 7; La Ley, 2002/10/23, 13).

En sentido concordante con los fallos citados se a expedido también la Sala Primera de esta Cámara en los casos registrados en L. de S. Tº 87, Fº 108/115, 6/5/04 y L. de S. Tº 95, Fº 77/86, 16/ /07.

Me parece oportuno agregar, en contra del argumento de que la legislación referida no puede aplicarse retroactivamente, que las leyes a partir de su entrada en vigencia se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (art. 3 del C. Civil), de donde hay que concluir que alcanzan también a los casos en que el deudor estuviere en mora a dicho tiempo (lo que además en forma expresa dice el art. 3º ley 25.820 -de orden público- que modifica el art. 11 de la ley 25.561) desde que debido al no pago de la deuda la situación no puede considerarse consumada. Se ha dicho al respecto que "El art. 3, Cod. Civ., admite como principio la aplicación "inmediata" de la ley, lo que significa que la nueva toma a la relación o situación jurídica preexistente en el estado en que se halla al tiempo en que la norma es sancionada y para regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos, en tanto que a los cumplidos se los considera regidos por la ley vigente al momento en que tuvieron lugar. El efecto inmediato de la ley ha de constituir la regla originaria, lo que implica que la ley se aplica inmediatamente después de haber sido sancionada, tanto a las relaciones jurídicas que se constituyan en el futuro como a los efectos futuros de las relaciones pasadas; este tocar las relaciones pasadas no implica retroactividad porque lo que de ellas se toca son efectos o tramos futuros". (SCBA., 25/2/97, Juba 7 B23896; SCBA, 23/3/82, ED. 100-316, citados en Código Civil Anotado (Salas - Trigo Represas - López Mesa) - Actualización, Tº 4-A, pag.8, nº5).

Finalmente, cabe también decir que el argumento de que la aplicación del C.E.R. no repara con equidad los valores convenidos libremente por las partes, ni el valor real de la cosa, lesionando en su esencia el derecho de propiedad del acreedor en razón de que el citado índice no contempla actualización de la deuda anterior a febrero de 2002 (fecha desde la que rige el C.E.R.), no es atendible. Ello en atención a que antes de esa fecha no había desvalorización (paridad derivada de la convertibilidad) que requiriera actualización, ello claro está, independientemente de los intereses que pudieran corresponder por la mora.

Por otro lado la recomposición de los créditos mediante el C.E.R., más las tasas de interés adecuada a cada caso, permite llegar a valores cercanos a los que resultaría de la conversión de dólares a pesos a valores actuales con los intereses sobre saldos y corrientes para esa moneda.

En definitiva, voto por el rechazo del recurso de la actora en este punto.

Continúo con el tratamiento de los agravios de la actora que están referidos en lo esencial a la determinación del saldo adeudado según el contrato y a la reducción de la tasa de interés convenido.

Más allá de algunos aspectos destacados por la recurrente en que la sentencia resulta confusa, es claro en la misma que la a-quo ha considerado excesivos los intereses convenidos y que los reduce en total (compensatorios y punitorios o moratorios) al 24% anual, que además manda aplicar sobre saldos.

Estimo que la tasa de interés total fijada por la a-quo reduciendo la establecida en el contrato es justa, aun considerando que el interés reclamado sea sólo el punitorio del 3% mensual (a computar sobre las cuotas vencidas en diciembre del año 2000 y abril de 2001 más los intereses compensatorios convenidos que deben adicionarse a dichas cuotas) desde que tal interés punitorio representa el 36% anual, que en este momento es casi exactamente el doble de la tasa activa anual. Esta tasa de interés punitorio supera ampliamente las que habitualmente se convienen entre compensatorios y punitorios y que ronda el 27% anual, y mucho más si tal tasa de interés se aplica sobre un capital actualizado, aunque dicha actualización (por índice C. E. R.) no llegue exactamente a la que resultaría de convertir dólares a pesos al valor de cambio actual.

Estimo así, que la reducción del interés convenido al 24% anual resulta por demás razonable y justificada conforme lo previsto por los arts. 656, 1071 y concordantes del C. Civil ante lo excesivo de la tasa pactada en el contrato (Conf. L. A. 1996 - I - 174/175; L. A. 1999 - I - 192/196; L. A. 2006 - II - 173/175, etc.).

El otro punto de la sentencia que resulta claro, es que esos intereses totales del 24% anual (2% mensual) deben aplicarse sobre saldos. Esta directriz de la sentencia también me parece justa al tiempo de recomposición del pago de un saldo de precio por la pesificación.

Lo que sí me parece conveniente, sin embargo, es precisar como debe hacerse la cuenta según la sentencia, lo que a continuación hago.

En autos la primera cuota (Pesos o dólares: 70.000) debía pagarse en abril de 2000 y aun con la novación que fracciono el pago podemos considerar que hasta abril de 2000 corresponden los intereses fijados por la sentencia 2% mensual sobre el total de precio Pesos o dólares 140.000 y a computar desde septiembre de 1999. Son 7 meses, esto es el 14% de intereses que representa la suma de P. o Ds. 19.600. A dicho valor corresponde ahora agregar los intereses sobre el saldo adeudado (Ps. o Ds. 70.000) desde abril de 2000 hasta enero de 2002 (22 meses, esto es 44% de interés) lo que nos da un valor en Ps. ó Ds. de 30.800.

También a los efectos de poder hacer la suma al tiempo de la pesificación, corresponde aplicar intereses sobre los Ps. ó Ds. 19.600 que eran los intereses devengados hasta abril de 2000 ya indicados arriba, a computar entre abril de 2000 y enero de 2002 (44%), lo que dá Ps. ó Ds. 8.624. A los items mencionados hay que agregarle para tener el total de dólares a pesificar el saldo de precio adeudado, esto es Ps. ó Ds. 70.000. La cuenta entonces, a enero de 2002 es: 19.600 + 30.800 + 8.624 + 70.000 = 129. 024.

Ahora esta suma de 129.024 hay que aplicarle el valor índice del C.E.R. correspondiente al día de la liquidación y al valor resultante sumarle el interés del 24% anual desde febrero de 2002 hasta el día de la liquidación y ese será el importe que se condena a pagar.

En definitiva, entonces, voto por el rechazo de ambos recursos y por la confirmación de la sentencia en la forma que resulta de los considerandos precedentes. Costas de alzada en el orden causado.

EL DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:	Por razones análogas a las aducidas por el Dr. Alejandro Largacha Quiroga, voto en el mismo sentido.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Rechazar los recurso de apelación concedidos a fs. 283 y 286 contra la sentencia de fs. 272/281, que queda firme en la forma precisada en los considerandos.

II- Imponer las costas de alzada en el orden causado, difiriendo las pertinentes regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.