Solicitud de libertad condicional, recurso de casación, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Zárate, Gaspar Edgardo s/ Libertad condicional
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-07-02

Por Auto Interlocutorio, el Juzgado de Ejecución Penal resolvió no hacer lugar a la libertad condicional solicitada por el condenado, atento lo señalado en los considerandos III y IV Art. 13 del C. P. y 28 de la ley 24.660.

Contra el decisorio aludido, comparece el defensor del imputado e interpone recurso de casación.

La lectura del memorial recursivo, permite adelantar que efectivamente la resolución impugnada presenta el defecto que le es atribuido. Digo ello, porque de las constancias de la causa resultan datos objetivos que permiten adelantar la respuesta afirmativa a la cuestión planteada.

Surge de las actuaciones que el aspecto principal en el que se asienta la decisión atacada para denegar la libertad del condenado, es la conclusión de que el interno no ha terminado y por lo tanto no se ha interesado en culminar su educación primaria, que resulta obligatoria; lo que llevó a la juez a quo a valorar en forma negativa la no incorporación al área educativa a los fines de culminación de estudios primarios conforme lo establece el art. 134; 137 último apartado de la ley 24.660.

Pero del análisis de las certificaciones incorporadas en la causa, surge que, contrariamente a lo sostenido en el auto denegatorio, el interno ha finalizado el cursado de escolaridad primaria en la institución penitenciaria.

Corresponde aquí reiterar lo sostenido en innumerables oportunidades por esta Corte de Justicia, en cuanto al valor de la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales, en las que se debe consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen.

De esa dirección, resulta oportuno también recordar que el contenido que la motivación debe guardar, requiere la concurrencia de dos condiciones. Por un lado, debe consignarse expresamente el material probatorio en el que se fundan las conclusiones a que se arriba, describiendo el contenido de cada elemento de prueba. Por otro, es preciso que éstos sean merituados, tratando de demostrar su ligazón racional con las afirmaciones o negaciones que se admitan en el fallo. Ambos aspectos deben concurrir simultáneamente para que pueda considerarse que la sentencia se encuentra motivada. Cualquiera de ellos que falte (tanto el descriptivo como el intelectivo) la privará de la debida fundamentación.

En relación al primer momento, la descripción, cabe consignar que la autosuficiencia de la sentencia en orden al arsenal conviccional en que se basa, es el presupuesto mínimo del contralor de logicidad de la conclusión fáctica a que el Tribunal a quo arriba.

Dicho control demandará que en la sentencia se precise el contenido de la prueba, enunciando, describiendo o reproduciendo concretamente el dato probatorio, pues sólo así será posible verificar si la conclusión a la que se arriba deriva racionalmente de esas probanzas, invocadas en su sustento.

Esta exigencia, claro está, sólo adquiere sentido en cuanto la descripción que la sentencia efectúa de determinado elemento de juicio, sea fiel al contenido de éste, puesto que si resulta de algún modo modificado, alterado o parcializado, la valoración que sobre él se construya carecerá de apoyo en la prueba rendida, nulificando el decisorio si ésta es de valor dirimente.

Bajo ese parámetro, cabe considerar que la fundamentación de la sentencia denegatoria del pedido de libertad condicional resulta inidónea, entonces, cuando el pronunciamiento se basa en afirmaciones que no se sustentan en las constancias glosadas a la causa, yerro que constituye un vicio de la debida motivación, yerro en la percepción, o inadvertencia en la consulta de los autos.

De esta manera, la inconclusa instrucción primaria de la que la juzgadora infiere que Z. no se encuentra comprometido integralmente con el tratamiento penitenciario, aclarando que parte de él también comprende la educación del interno como parte del proceso resocializador y progresivo de la condena, resulta contradictorio con lo constatado en la causa, lo cual denota el mencionado error en la fundamentación de la resolución.

Por ello, corresponde casar la sentencia, anular el auto dictado por el Juzgado de Ejecución Penal y bajar las actuaciones al tribunal de origen a fin de que dicte nueva resolución conforme a derecho atento lo aquí señalado.