Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-01


En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los un días del mes de septiembre de 2000, siendo las diez horas;

reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal bajo la Presidencia de su Titular doctor Juan Carlos Fernández Madrid, los señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, doctores Antonio Vázquez Vialard, Julio Vilela, Jorge del Valle Puppo, Jorge Guillermo Bermúdez, María Laura Rodríguez, Graciela Aída González, Ricardo Alberto Guibourg, Elsa Porta, Roberto Omar Eiras, Bernardo Joaquín Argentino Lasarte, Julio César Moroni, Diana María Guthmann, José Emilio Morell, Roberto Jorge Lescano, Rodolfo Ernesto Capón Filas, Horacio Héctor de la Fuente, Luis Raúl Boutigue, Juan Andrés Ruiz Díaz, Horacio Vicente Billoch, Juan Carlos Eugenio Morando, Alvaro Edmundo Balestrini, Alcira Paula Isabel Pasini, Héctor Jorge Scotti, Julio César Simón y Gregorio Corach;

y con la asistencia del señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo doctor Eduardo O. Alvarez, a fin de considerar el expediente Nº 24.534/96 - Sala VIII, caratulado "VELOSO, Roberto c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ part. accionariado obrero", convocado a acuerdo plenario en virtud de lo dispuesto por el art. 288 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para unificar jurisprudencia sobre la siguiente cuestión: "¿Cuál "es el plazo de prescripción que corresponde a la acción por los "créditos en favor de los trabajadores que establece el art. 13 de la ley "24.145".

Abierto el acto por el señor Presidente, el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dijo:

La pregunta que nos convoca presenta una formulación atípica porque, a diferencia de lo que podríamos llamar la tradición plenaria, el interrogante no esta redactado de manera afirmativa, para ser respondido "por sí o por no", como lo exige el art. 294 del C.P.C.C., en su último párrafo y lo cierto es que impone precisar cuál es la norma que establece el plazo de prescripción de la deuda cuyo cobro se persigue, con sustento en el art. 13 de la ley 24.145.

No es el apego a la rígida ortodoxia adjetiva, ni la intención de criticar, la que me lleva a resaltar esta circunstancia y la destaco porque es ilustrativa de las dificultades que existen para encuadrar en los preceptos genéricos que fijan el plazo de prescripción a un rubro tan singular y novedoso como el que se reclama, que hizo que los magistrados imaginaran, al menos como posible, la confluencia de diversas normas, ya sea el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, el art. 4.023 del Código Civil, o alguna otra que convoque un ejercicio de analogía interpretativa.

Me he pronunciado sobre el tema que nos reúne (ver, entre otros Dictamen Nro. 23.988 del 5/12/97 en autos "Bardi, Miguel Angel y otros c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ part. accionariado obrero", que la Sala II hiciera suyo en la sentencia definitiva Nro. 82.918 del 6/3/98; etc.) y luego de una nueva reflexión he de ratificar la tesis ya sentada en aquella oportunidad.

En efecto, el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, al que alude la Sala VIII en el pronunciamiento que da origen a la convocatoria, se limita "...a los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias de Derecho del Trabajo...".

Ahora bien, el crédito cuyo saldo se pretende concierne a un sistema de participación muy específico, vinculado al proceso de privatización y que tiene por fundamento una normativa particular, referida a la genérica reforma del Estado, emitida en el marco de las leyes 23.696 y 23.697 y cuya reglamentación concreta, proveniente de la ley 24.145, no es asimilable al supuesto descripto en el ya citado art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Repárese en que el ordenamiento que sirve de causa fuente de la obligación desborda claramente el ámbito de la relación laboral, que sólo aparecería como un elemento más, generador de un derecho que no se sustenta en disposiciones legales de nuestra disciplina.

Este Ministerio Público del Trabajo, desde antiguo y en sus diversas composiciones, ciñó el alcance del art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo a su expresión literal y, en coherencia con esa línea interpretativa, sostuvo que no era aplicable el plazo de prescripción de la mencionada norma a aquellos sistemas autónomos que sólo presentaban una vinculación mediata con la relación laboral (ver Dictamen Nro. 9.125, emitido el 16/6/87 por mi ilustre antecesor, el Dr. Jorge Guillermo Bermúdez, en los autos "Acebedo, Agustín y otros c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales"; etc.).

Creo necesario advertir, ante las invocaciones del Dictamen del Sr. Procurador General de la Nación recaído el 28/8/97 en los autos "Tarifa, Carlos c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales Y.P.F. s/ proceso de conocimiento", que en esas actuaciones se polemizaba en torno de la aptitud jurisdiccional para conocer y no debe confundirse la competencia material con el derecho aplicable, en particular en el marco de la ley 18.345, que consagra un sistema en el cual es esencial la norma que se aduce como fundamento, más allá de lo que oportunamente se resuelva en relación con los dispositivos legales llamados a regir la contienda (ver Dictamen Nro. 12.057 del 20/6/91 en autos "Angiol, Juan Carlos y otros c/ Banco Hipotecario Nacional" y, en doctrina, Amadeo Allocati, "Derecho Procesal del Trabajo", en el "Tratado de Derecho del Trabajo", dirigido por Mario L. Deveali, págs. 214 y sgtes.).

De la lectura atenta del dictamen del Sr. Procurador General de la Nación se infiere que en aquellas actuaciones existía un debate potencial acerca de la prestación de servicios en dependencia hasta la fecha de la privatización y de las circunstancias referidas a la disolución del vínculo y a la venta de activos (ver apartado II, tercer párrafo) y, en ese orden de ideas, se decidió la controversia negativa a la luz de lo previsto por los arts. 20 y 21 inc. a) de la ley 18.345.

Constituye un error que no necesita demasiada refutación el afirmar que el hecho de que seamos competentes para conocer impone la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo y el mismo Procurador General de la Nación, al dictaminar en "Albornoz, Domingo Acencio c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.", propició, en un caso de aristas disimiles, la remisión a la Justicia Federal, aunque sugirió que el sistema de propiedad participada tenía por función dar operatividad al art. 14 bis de la Constitución Nacional, lo cual implica otorgarle un matiz laboral y revela la autonomía de los conceptos.

No soslayo que en los precedentes citados se ha mencionado el carácter accesorio del rubro en relación con la indemnización por cese, pero esta faceta carece de la trascendencia que se le atribuye, porque el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo establece un criterio muy especial en materia de prescripción, que se vincula con la esencia de la fuente normativa, y nadie podría sostener, en mi opinión, que la ley 24.145 es una disposición legal o reglamentaria del Derecho del Trabajo.

Es obvio que el crédito tiene una vinculación innegable con la condición de "trabajador", pero lo relevante es que no emerge de una norma laboral como las descriptas en el art. 256 de la L.C.T., destinado al sinalagma contractual.

También en el sistema de seguridad social de los trabajadores dependientes es trascendente la existencia de un contrato de trabajo como elemento condicionante y a nadie se le ha ocurrido sostener, que yo sepa, que rige el plazo de dos años del citado artículo.

Incluso la jurisprudencia ha ceñido los alcances del art. 256 de la L.C.T. al afirmar, por ejemplo, que las acciones referidas a la cuota sindical que tienen a una asociación profesional como acreedora, prescriben a los cinco años de acuerdo con lo previsto por el art. 4027 del Código Civil (ver, entre otros, Dictamen Nro. 11.280 del 29/6/90, en autos "Federación Unica de Viajantes de la República Argentina y otro c/ NEC Argentina S.A." y Jorge Raúl Moreno "La prescripción en el Derecho del Trabajo", L.TT. XXXII, págs. 9 y sgtes.), lo que demuestra que aquéllo que podríamos llamar la "periferia laboral" no impone, de por sí, el término bianual.

Los razonamientos apuntados, unidos a la ausencia de una norma concreta y precisa, me inclinan hacia el plazo decenal previsto por el art. 4.023 del Código Civil, que rige toda pretensión personal de crédito exigible que no tenga un término expreso disímil.

Por último y como le he dicho en diversas oportunidades, cualquier duda que podría suscitar una cuestión de prescripción debe ser resuelta a favor del plazo más extenso. Esta ha sido la clásica postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo, con énfasis y desde antiguo, que la prescripción debe ser analizada con criterio sumamente restrictivo porque "... si bien es una defensa legítima no debe olvidarse que podría contrariar algunos principios de equidad..." y afectar el derecho a la propiedad (Fallos, J.A. 67:724, etc.).

En el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina civil, que ha sido terminante al expresar que la procedencia de la prescripción debe ser excepcional y que toda inquietud en torno al plazo o a la existencia de inacción debe ser interpretada a favor del término mayor y de la subsistencia de la acción (ver Luis María Rezzónico, "Estudio de las obligaciones en el Derecho Civil", págs. 320 y sgtes.; Manuel Argañaraz, "La prescripción extintiva"; Jorge J. Llambías "Tratado de Derecho Civil" - Obligaciones, T. III, págs. 310 y sgtes.; etc.).------ Por el plazo previsto en el art. 4.023 del Código Civil, votan los doctores: GONZALEZ, SIMON, FERNANDEZ MADRID, BOUTIGUE, SCOTTI, RUIZ DIAZ, EIRAS, PORTA, DE LA FUENTE, BERMUDEZ, RODRIGUEZ, GUTHMANN y CORACH.

LA DOCTORA GONZALEZ, dijo:

Trátase la presente convocatoria de un tema vinculado al instituto de la prescripción liberatoria, esto es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que "la prescripción es una institución de orden público" destinada a consolidar situaciones pendientes en aras de preservar la seguridad jurídica, evitando la incertidumbre que el transcurso del tiempo puede proyectar en las relaciones jurídicas, cuando quien resulta titular de un derecho ha omitido ejercerlo, por lo que la finalidad se centra en velar para que las relaciones de derecho no se mantengan indefinidamente sin solución, por lo que transcurrido un plazo prudencial que la norma legal determina, debe considerarse consolidada la obligación original.

Reiteradamente se ha sostenido que configura una institución que debe interpretarse con carácter restrictivo, lo que lleva en caso de duda, a inclinarse por la subsistencia del derecho (conf. C. N. Fed. Civil y Comercial, Sala II, septiembre 30-991 autos "Prosperi, Enrique M. c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa"). Por lo que resulta una premisa esencial que siempre se opte por la aplicación al caso concreto, del régimen más favorable al acreedor y por la conservación de los actos y negocios jurídicos (C. N. Civil Sala A, mayo de 1985 autos "Fryd, Abraham y otro c/ Impulso S.A.I.F.A.", La Ley 1986, D, 653).

Ello así, en tanto una vez cumplido el término de la prescripción, la obligación civil de indemnizar se transforma en una obligación natural (art. 515, inc. 2º Código Civil), por lo que se convierte en un derecho para el deudor que puede ser materia de renuncia expresa.

En síntesis, la prescripción impide al acreedor exigir compulsivamente el cumplimiento de una deuda.

Ello así, aunque nos inscribamos en cualquiera de las dos interpretaciones esbozadas sobre su naturaleza jurídica, tanto la que conduzca a considerar la caducidad de la acción o la que se abona en la extinción del derecho prescripto.

En consecuencia, debe analizarse con rigurosidad el tema cuando de lo que se trata es de declarar que la acción ha fenecido, para ser reclamada en justicia.

En el caso en análisis, debe ponderarse como lo sostuviera en reiterados pronunciamientos entre otros, en los autos caratulados "Bardi, Miguel Angel y otros c/ Y.P.F. s/ part. accionariado obrero" sentencia Nº 82.919 del 6 de marzo de 1998 del registro de la Sala II, donde debiera dilucidar el tema que nos convoca, que el contrato de trabajo ha obrado como causa fuente de un beneficio que si bien se encuentra vinculado al origen del mismo no puede teñir la naturaleza de la obligación, por constituir el derecho analizado un reclamo que concierne a un sistema de participación, vinculado al proceso de privatización, que tiene como respaldo una normativa específica, concerniente a la reforma del Estado, emitida en el marco de las leyes 23.696 y 23.697 y cuya reglamentación concreta proviene de la ley 24.145, por lo que no es asimilable al supuesto descripto en el art. 256 de la L.C.T., habida cuenta que supera el contexto de un contrato de trabajo que solo aparecería, reitero, como elemento causal generador de un derecho, que no proviene del marco regular del derecho del trabajo.

Lo precedentemente expuesto me lleva a desestimar que el beneficio reclamado configure un crédito proveniente de la relación individual de trabajo que resulte encuadrable en el marco del art. 256 de la L.C.T., aún cuando el reconocimiento requiera la condición de trabajador del titular del derecho o se encuentre vinculado a la resolución contractual, precisamente por configurar un beneficio centrado en un porcentual de las ventas originadas en las privatizaciones, al personal de la Empresa del Estado, de naturaleza jurídica diversa a los reconocimientos provenientes del régimen laboral común, por lo que concretamente propongo que se declare el plazo de prescripción más beneficioso para el acreedor y que resulta aplicable a toda pretensión personal de crédito exigible, que no tenga un término expreso fijado por la normativa aplicable, esto es el plazo decenal que prevé el art. 4.023 del Código Civil.

EL DOCTOR SIMON, dijo Tal como lo sostuviera en diversos precedentes de la Sala que integro (Sala X, S.D. 3.072 del 31-12-97 "Bartucci, Héctor y otros c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ part. accionariado obrero"; id. S.D. 3.719 "Aravena Pino, Angel C. y otros c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ part. accionariado obrero" entre otros) y en consonancia con la opinión de la entonces señora Subprocuradora General del Trabajo, el plazo aplicable a las acciones mediante las cuales se demanda la participación prevista en el art. 13 ley 24.145 y su decreto reglamentario 546/93 es de diez años.

Es que los reclamos versan sobre un sistema de participación singular vinculado al proceso de privatización y que tiene por respaldo una normativa específica de la reforma del Estado cuales son las leyes 23.696 y 23.697 y desbordan el marco del contrato de trabajo que sólo aparecería como un elemento causal generador de un derecho que no proviene del marco regulador de nuestra disciplina.

Desde esta perspectiva, es dable concluir que no resulta aplicable el art. 256 L.C.T. y, por el contrario, debe primar lo dispuesto en el art. 4.023 del Cód. Civil pues el derecho no nace de la relación individual de trabajo sino como consecuencia de ella.

EL DOCTOR FERNANDEZ MADRID, dijo:

La Ley de Contrato de Trabajo sólo reguló algunos aspectos de la prescripción liberatoria y, en lo no previsto expresamente, se remitió a las reglas del derecho común. Esta es la razón por la cual, cuando haya de valorarse el régimen legal que rija el instituto, la norma del art. 256 debe ser analizada en cada supuesto con estricto apego a la letra de su texto.

Desde esa perspectiva observo que, en el caso, el reclamo se fundó en la ley 24.145, norma que aborda diversos temas que hacen al proceso de privatización de Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ya transformada en S.A., iniciado en el marco dispuesto por la Ley 23.696 y que, en su art. 13 concede al personal directamente afectado a cada una de las privatizaciones de los activos de la empresa, el derecho a una alícuota parte en el producido de la operación de que se trate.

La mera circunstancia de que la ley 24.145 aluda a la existencia de una relación laboral no es suficiente argumento para encuadrar al crédito reclamado dentro del régimen previsto en el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque la consideración de ese aspecto es parte de una regulación más amplia, que tuvo en cuenta el espectro de situaciones motivadas en la privatización de esa empresa del estado.

Desde esa óptica, entiendo que el derecho al reclamo se funda en una normativa que no puede calificarse como reglamentaria del derecho del trabajo "stricto sensu" (conf. art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo) por lo que no corresponde aplicar el plazo de prescripción de dos años allí previsto.

Como el interrogatorio sugiere que me pronuncie acerca de cuál ha de ser el régimen legal aplicable a la acción que establece el art. 13 de la ley 24.145, tratándose de un reclamo personal y en ausencia de una norma especial que disponga un plazo prescriptivo, voto por que se aplique el plazo de diez años previsto en el art. 4.023 del Código Civil, adhiriendo a los fundamentos del dictamen del Señor Fiscal General ante esta Cámara.

EL DOCTOR BOUTIGUE, dijo:

Los términos y el sentido de la conclusión expresados por el señor Fiscal General en su dictamen fueron en su oportunidad compartidos y hechos propios por esta Sala VII que integro, al sentenciar en la causa "Obelar, Roberto Fabián y otros c/ Y.P.F. s/ despido" (sentencia Nº 31.917 del 25.III.99), con cita del dictamen en similares términos emitidos -por el mismo señor Fiscal General- en el caso "Garreta Morán, Bienvenido Blas..." (contra la misma demandada, dictamen Nº 24.221, sentencia de esta Sala VII Nº 19.269 del 23.II.98), y referencias del anterior representante del Ministerio Público del Trabajo en "Acebedo, Agustín y otros c/ Y.P.F." que cita en el que encabeza este pronunciamiento plenario.

No encuentro motivos para expedirme en sentido diferente puesto que el tema de fondo sobre el que versa esta causa (la pretensión de obtener una cuota-parte del producido de venta de activos del sector en el que fuese empleado por la demandada) es el mismo que en aquellos casos, y se impone -por las razones expuestas en tales dictámenes- la prescripción decenal. En tal sentido emito, entonces, mi voto.

EL DOCTOR SCOTTI, dijo:

La Sala que integro se ha pronunciado, reiteradamente, en el sentido de que los reclamos referidos a la cuota parte prevista en la ley 24.145 están sujetos al término de prescripción de diez años establecido en el art. 4.023 del Código Civil (Sala X, S.D. 3.072 del 31-12-97, "Bartucci, Héctor y otros c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ part. accionariado obrero"; id. S.D. 3.719 "Aravena Pino, Angel C. y otros c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ part. accionariado obrero", entre otros), tesitura que habré de reiterar en esta convocatoria.

En efecto, tal como lo destaca el señor Fiscal General, el derecho que se pretende con estas acciones excede, con mucho, el marco del contrato de trabajo, el cual -a mi modo de ver- sólo aparece como un elemento más para acceder al mismo, dado que su fundamento normativo emerge, como es sabido, de lo dispuesto en la ley 24.145 y el dec. 546/93, normas que, como es evidente, no pueden ser calificadas como disposiciones legales y reglamentarias del Derecho del Trabajo.

En suma, por estas breves consideraciones, los fundamentos expuestos en los precedentes indicados y lo dictaminado por el señor Representante del Ministerio Público en la Alzada, me pronuncio en el sentido de aplicar el plazo de diez años previsto en el mencionado art. 4.023 Código Civil.

Así lo voto.

EL DOCTOR RUIZ DIAZ, dijo:

Sobre el tema en tratamiento he tenido ocasión de pronunciarme en la causa "Obelar, Roberto Fabián y otros c/ Y.P.F. s/ despido", S.D. Nro. 31.917 del 25 de marzo de 1999, en la que adherí a las conclusiones del Sr. Fiscal General emitidas en el caso: "Garreta Morán, Bienvenido Blas c/ Y.P.F.", dictamen Nro. 24.221. Consecuentemente, y dado que no encuentro motivos para expedirme en sentido diferente, voto porque se aplique el plazo de prescripción decenal a los créditos que establece el art. 13 de la ley 24.145.

EL DOCTOR EIRAS, dijo:

El interrogante que convoca al Tribunal en pleno, refiere a ¿cuál es el plazo de prescripción que corresponde a la acción por los créditos a favor de los trabajadores que establece el artículo 13 de la ley 24.145?. En primer término, cabe resaltar que, el alcance del artículo 256 R.C.T. se ciñe a su expresión literal, por lo que resulta aplicable a aquellos sistemas autónomos que sólo presentan una vinculación mediata con la relación laboral.

En segundo lugar y tal como lo sostuve en reiteradas oportunidades (ver, entre otras, las sentencias Nº 75.547 del 30 de diciembre de 1997 en autos "Garijo, Victorino c/ Y.P.F. S.A.", y la Nº 76.607 del 22 de mayo de 1998 in re "Martínez, José Antonio c/ Y.P.F. S.A.", ambas del registro de la Sala III), los créditos con fundamento en la norma citada en el temario son de carácter especial y atípico, y por lo tanto no asimilables al supuesto descripto en el artículo 256 R.C.T., ya que el contrato de trabajo sólo aparece como un elemento causal generador del derecho, pero éste no proviene del marco regular de nuestra disciplina (cfr. Sala II sentencia Nº 82.918 del 6 de marzo de 1998 in re "Bardi, Miguel Angel c/ Y.P.F. S.A.").

Por lo expuesto, ante la ausencia de una norma expresa y lo dictaminado por el Sr. Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, voto porque se aplique el plazo de prescripción decenal previsto en el artículo 4.023 del Código Civil a los créditos que establece el artículo 13 de la ley 24.145.

LA DOCTORA PORTA, dijo:

Al decidir la causa "Garijo, Victorino c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ despido" (Sentencia Nro. 75.547 del 30.12.97) adherí a los fundamentos expuestos por mi distinguido colega el doctor Eiras, quien sostuvo que "el reclamo de autos se funda en el art. 13 de la ley 24.145, que prevé el beneficio de participación en la transferencia de activos al personal de la demandada. En tal sentido, estimo que el mismo constituye un crédito especial, atípico, que genera una acción de carácter personal, lo cual lleva a aplicar como plazo de prescripción el establecido por el art. 4.023 del Código Civil, y no el estatuido por el art. 256 L.C.T. pues el cuerpo legal que lo crea no es reglamentario del derecho del trabajo (arg. art. 256 L.C.T. 1er. párrafo)...".

Posteriormente ratifiqué dicho criterio al votar, entre otros, en los expedientes Nro. 51.056/95 "Cerrato, José Raúl c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ part. accionariado obrero" (Sentencia Nro. 78.785 del 28.4.99) y Nro. 6.960/97 "Feijoo, Javier Alfonso c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ part. accionariado obrero" (Sentencia Nro. 78.801 del 30.4.99).

Ante el interrogante que hoy nos convoca mantengo dicha postura, pues considero que el beneficio reconocido por el art. 13 de la ley 24.145 no proviene de una norma propia del derecho laboral en los términos del art. 256 de la L.C.T. pues, como bien señala en su voto mi distinguida colega la Dra. González, el contrato de trabajo sólo opera como causa fuente de dicho beneficio, ya que concierne a un sistema de participación, vinculado a la privatización de la empresa en el marco del proceso de reforma del Estado que regulan normas específicas como son las leyes 23.696, 23.697 y en forma concreta, en relación con la demandada, la ley 24.145.

Como Juez de la instancia previa sostuve que -tratándose de un crédito personal- a falta de regulación especial respecto del plazo en materia de prescripción, debe estarse al más beneficioso para el acreedor, que el previsto por el art. 4.023 del Código Civil que consagra la prescripción decenal (Sent. Int. del 15.5.90 en autos "Dufurrena, José Miguel c/ Y.P.F. S.A. s/ cobro", del registro del Juzgado Nro. 42 del Fuero).

Abona esta solución que lo concerniente a la prescripción es de interpretación restrictiva, aún en el ámbito del derecho civil, donde rige el principio a favor del deudor, en la duda debe estarse por la subsistencia del derecho y por el plazo prescriptivo más dilatado (conf. Borda "Tratado de Derecho Civil Obligaciones T. II Edit. Perrot, Buenos Aires, 1989). Ello con más razón en nuestra disciplina, ya que el ordenamiento legal laboral tiene por objetivo la protección del trabajador (art. 14 C.N., art. 9 de la L.C.T.).

En conclusión, en los términos expuestos voto porque se declare que el plazo prescriptivo que corresponde a la acción por los créditos que resultan del art. 13 de la ley 24.145 es el dispuesto por el art. 4.023 del Código Civil.

EL DOCTOR DE LA FUENTE, dijo:

El estudio de la cuestión sometida a debate demuestra que éste es uno de los casos en los cuales las posiciones enfrentadas tienen una sólida base jurídica, como lo prueba el hecho de que, a esta altura del trámite interno del plenario, ocho camaristas apoyan una posición y otros ocho la contraria, después de aportar cada uno de ellos serios y convincentes argumentos jurídicos.

Ante esta verdadera situación de "duda jurídica" considero que el debate debe resolverse teniendo en cuenta los principios generales del derecho, los cuales nos ayudarán a interpretar y precisar los alcances de las normas en juego.

En el caso concreto convergen y resultan de plena aplicación dos principios de derecho; por un lado, uno general, que favorece la conservación de los actos jurídicos, y que exige que se interprete y aplique restrictivamente el instituto de la prescripción liberatoria (conf. mi publicación en Tratado dirig. por Vázquez Vialard, t. 5, p. 679).

Y por otro lado un principio especial de derecho del trabajo, que nos señala que en caso de duda en la interpretación o alcance de la ley debe preferirse la que beneficie al trabajador (art. 9 L.C.T.).

Por lo expuesto, propicio que, en el caso subexamen, se aplique el plazo prescriptivo de diez años previsto en el art. 4.023 del Código Civil.

EL DOCTOR BERMUDEZ, dijo:

Adhiero a los fundamentos expuestos por el Fiscal General y por la Dra. Graciela A. González, y voto por el plazo de prescripción decenal que prevé el art. 4.023 del Código Civil.- LA DOCTORA RODRIGUEZ, dijo:

En respuesta al interrogante planteado dejo expresada mi adhesión al dictamen del Sr. Fiscal General, ya que tal como lo he sostenido en reiteradas oportunidades (expte. Nro. 7.707/96 in re "Rodríguez, Julio Aníbal c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ part. accionariado obrero", sent. 43.756 del 30/4/98 y expte. Nro. 30.934/96 in re "Gerecitano, Jorge c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ part. accionariado obrero", sent. 84.313 del 7/9/98, ambas del registro de la Sala II), la pretensión al reconocimiento del beneficio establecido por el art. 13 de la ley 24.145 resulta ajena al Derecho del Trabajo, por lo que en materia de prescripción de la acción no rige el plazo fijado por el art. 256 de la L.C.T., y ante la ausencia de una disposición expresa y concreta, se impone la aplicación del término decenal establecido por el art. 4.023 del Código Civil, en tanto se refiere al reconocimiento de toda pretensión personal de crédito exigible (conf. dictamen Nro. 23.988 del 5/12/97 de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, emitido en el expte. Nro. 24.245/95 in re "Bardi, Miguel Angel y otros c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.", que esta Sala hiciera suyo en la sent. 82.918 del 6/3/98).

LA DOCTORA GUTHMANN, dijo:

Si bien en la sentencia interlocutoria Nº 34.589 dictada en los autos "Torres, Vicente Roque c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ despido", causa Nº 48.069/95, que lleva fecha 04/02/1998 del registro de esta Sala IV, adherí a la aplicación del plazo prescriptivo prvisto por el art. 256 L.C.T. en un reclamo fundado en el art. 13 de la ley 24.145, posteriores análisis hicieron variar mi criterio sobre el tema que nos convoca y por las razones invocadas en este plenario por el Fiscal General del Trabajo y por los Dres. Graciela González, Boutigue, Ruiz Díaz, Fernández Madrid, Eiras, Porta, Scotti y Simón, adhiero al plazo decenal que prevee el art. 4.023 del Código Civil.

EL DOCTOR CORACH, dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto del Dr. Simón.

Por el plazo previsto en el art. 256 de la L.C.T., votan los doctores: MORANDO, VAZQUEZ VIALARD, GUIBOURG, BILLOCH, CAPON FILAS, BALESTRINI, PASINI, MORELL, PUPPO, MORONI, LASARTE, VILELA y LESCANO.

EL DOCTOR MORANDO, dijo:

I. El art. 256 L.C.T. regula el plazo de prescripción de las acciones "relativas a créditos provenientes de las relaciones de trabajo". Agrega que dicho plazo, de dos años, rige también, en general, para los créditos provenientes de "...disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo".

No es dudoso que la prestación prevista por el art. 13 de la Ley 24.145 es un crédito proveniente de una relación de trabajo y que, cualquiera fuere la naturaleza que se le atribuya en concreto, la prescripción de la acción tendiente a obtener su satisfacción sería la del art. 256 citado.----Cuando la Sala VIII, sea por mi voto, sea por el de mi distinguido colega, el Dr. Horacio V. Billoch, ha hecho referencia, en el tratamiento del tema, a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Tarifa, Carlos v. Yacimientos Petrolíferos Fiscales", no lo ha hecho ignorando que el Alto Tribunal decidió, en la especie, una cuestión de competencia, ni creyendo erróneamente que en todos los casos de competencia de este fuero es aplicable la Ley de Contrato de Trabajo (podría señalar numerosas incursiones en el error especular: afirmar, a partir de la aplicación de la L.C.T., la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo).

Ha remitido, obviamente, a los fundamentos del señor Procurador General, que la Corte hizo suyos y que abonaron la atribución de competencia al fuero del Trabajo. Señaladamente, que "previo a considerar la procedencia de eventuales beneficios derivados del citado régimen jurídico, debe constatarse la existencia de una relación laboral habida entre las partes (anterior a la privatización) y su ruptura unilateral por la accionada, cuestiones -condicionantes de la obtención de la prestación- que atañen ambas a la preceptiva laboral"; que "no resulta inverosímil la caracterización que del beneficio del art. 13 de la Ley 24.145 esgrime el presentante, "equiparándolo a una indemnización especial por despido... circunstancia, allende la naturaleza particular del dispositivo del que resultare, se corresponde con una prestación de raigambre indemnizatoria accesoria al distracto incausado, y por ende, de alcance laboral.

II. En los términos del art. 256 L.C.T., la Corte dijo, en "Tarifa" que la prestación del art. 13 de la Ley 24.145 es un crédito proveniente de las relaciones individuales de trabajo. Ello es suficiente para hacerlo aplicable.

¿Se debería entender que, además, la norma que instituye el beneficio debería ser, ontológicamente una norma "laboral", y que en el caso de verificarse que no lo sea -cualesquiera fueren las hipotéticas pautas de reconocimiento- el crédito tampoco lo es, aunque provenga de una relación de trabajo?.

Tal parece ser el supuesto del que parte un razonamiento que niega que el art. 13 de la Ley 24.145, por encontrarse inserto en una ley cuyo objeto es diseñar el marco de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, genera créditos de naturaleza laboral, aunque los presupuestos de su adquisición sean la preexistencia de una relación individual de trabajo, y el despido del trabajador como consecuencia de actos relacionados con la implementación de la privatización.

No creo necesario extenderme en demasía acerca de la inadmisibilidad de este enfoque. El legislador no se encuentra constreñido por normas de cualquier jerarquía que sea a observar una metodología estricta en orden a la sanción de leyes de objeto único o comprensiva sólo de normas análogas por su contendido. Una norma de naturaleza laboral, a los efectos del art. 256 L.C.T., es una disposición contenida en cualquier ley o cuerpo de leyes, que regula los derechos y las obligaciones de los trabajadores y empleadores, en cuanto vinculados por un contrato de trabajo. (Jamás se discutió que los arts. 154 a 160 del Código de Comercio, según los configuró la ley 11.729, fueran normas laborales, por formar parte de ese Código, ni creo que se podría discutir seriamente que no lo son los arts. 275 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, aunque integren este cuerpo normativo).

En la medida en que prevé una prestación a favor de un trabajador despedido en ciertas condiciones, como consecuencia de la preexistencia de una relación de trabajo y de su denuncia por el empleador, el art. 13 de la Ley 24.145, aunque incluida en una ley-marco de la privatización de una empresa del Estado, es una norma de naturaleza laboral.

Voto en el sentido de que el plazo de prescripción que corresponde a la acción por los créditos en favor de los trabajadores que establece el art. 13 de la Ley 24.145, es el de DOS AÑOS previsto por el art. 256 L.C.T..

EL DOCTOR VAZQUEZ VIALARD, dijo:

La aplicación de la tasa de prescripción a que hacen referencia las normas de fondo (Código Civil, Código de Comercio, L.C.T., etc.), requiere determinar la naturaleza jurídica de la acción promovida, a la que ha de aplicarse aquella. En el caso que convoca este Plenario, se trata del reclamo de un crédito que ha nacido con motivo del distracto que se operó en razón de la transferencia de bienes, a cuya atención estaba afectada la labor de los actores (art. 13, ley 24.145).

Estimó que el crédito que se reclama en la situación de autos, tiene como causa jurídica, la referida rescisión contractual, provocada con motivo de la transferencia de los referidos bienes, lo que le confiere a los ex-trabajadores el derecho a la percepción de la indemnización que, para el caso, determina la L.C.T., a la que se agrega el importe a que hace referencia el referido art. 13 de la ley 24.145 (ver voto -en minoría- del Dr. Guibourg, en la causa "Martínez, José Antonio c/ Y.P.F. S.A. s/ part. accionariado obrero", causa Nro. 24.432/96, de la Sala III, sentencia del 22.05.1998 y mi voto en la causa "Manchuqui, Ricardo Alberto y otros c / Y.P.F. S.A. s/ part. accionariado obrero", sentencia del 30.09.99, Nro. 74.721 del registro de la Sala I).

Frente a la afirmación que formula el Sr. Agente Fiscal respecto a que la ley 24.145 no "es una disposición legal o reglamentaria del derecho del trabajo", considero que, si bien en la práctica, se suele hacer referencia a "leyes de trabajo", en realidad, lo que importa, es la cláusula aplicable al caso (y no la norma dentro de la cual ésta se inserta, que puede tener una finalidad distinta).

Como ocurre en cualquier otra materia jurídica, las normas que tienen como objetivo regular una determinada materia, suelen contener cláusulas que se refieren a otras distintas, tales como -entre otras muchas-, la ley 23.697, referida a la emergencia económica, que establece una cláusula (art. 48) según la cual, durante un plazo quedó sin efecto la forma de liquidar la indemnización por despido, que establece la L.C.T.. En el caso, lo que importa es determinar el carácter de la cláusula aplicable a la relación de trabajo, y no la finalidad global de la norma jurídica, en la que aquélla está contenida. Lo que regula la situación de autos, es el art. 13 de la ley 24.145 y no la finalidad de ésta última.

Por otra parte, la referencia que hace el art. 256 L.C.T. es a "acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general... disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo".

Estimo que, en el caso que se analiza, la acción promovida se refiere a un crédito proveniente de la extinción de una relación individual de trabajo (que genera una pago superior al que fija el citado art. 245 L.C.T.).

A los argumentos señalados, agrego que, según surge del fallo de la C.S.J.N. en la causa "Tarifa, Carlos c/ Y.P.F. S.A.", en que el Tribunal siguió el dictamen del Sr. Procurador General de la Nación, éste señaló en términos que, a mi juicio, resultan claros, que "... no resulta inverosímil la caracterización que del beneficio del art. 13 de la ley 24.145, esgrime el presentante, equiparándolo a una indemnización especial por despido, consagrada en favor del personal de Y.P.F. S.A. que, al momento de la transferencia, se encontrare afectado directamente a cada una de las privatizaciones, exclusivamente respecto del 10 % de las ventas previstas en el anexo V de la ley y en las condiciones que determine la reglamentación; circunstancia que, allende la naturaleza particular del dispositivo del que resultare, se corresponde con una prestación de raigambre indemnizatoria accesoria al distracto incausado y, por ende, de alcance laboral...". Agregó además el citado dictamen que "...abona dicha conclusión, su carácter autónomo respecto del régimen de propiedad participada instaurado por el art. 8, inc. c) y ccs. de la ley 21.145 (texto según ley 24.474); art. 6, ítem b), ap. iii) del anexo I del dec. 1.106/93...".

Existiendo una norma legal aplicable al caso, la cuestión no debe resolverse conforme lo prescripto en el art. 4.023 del Código Civil, de criterio residual, según el cual "...toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial...". Es indudable que en el caso de autos, dicha norma no resulta aplicable, toda vez que existe una disposición que regula la situación planteada (el referido art. 256 L.C.T.).

Por ello, voto en el sentido que el plazo de prescripción aplicable a las acciones reclamadas en autos (en concepto de crédito que surge del art. 13 de la ley 24.145, es el previsto en el art. 256 L.C.T.: dos años.

EL DOCTOR GUIBOURG, dijo:

La causa en la que se ha convocado a este plenario se funda en el artículo 13 de la ley 24.145, que dispone: "Exclusivamente en las ventas previstas en el anexo V de esta Ley, Y.P.F. S.A. concederá al personal que, al momento de la transferencia, se encuentre afectado directamente a cada una de las privatizaciones hasta el diez por ciento (10 %) del producido de la operación de que se trate, de conformidad a las condiciones que se establezcan en la reglamentación respectiva".

Es claro que el derecho que se consagra encuentra su fundamento en el contrato de trabajo y alcanza sólo a empleados o ex-empleados: cualquiera sea el resultado de la acción, el análisis de su viabilidad exige la interpretación de normas y relaciones laborales.

Tal como lo he sostenido en oportunidades anteriores (S.D. 76.607 del 22/5/99 en autos "Martínez, José Antonio c/ Y.P.F. S.A. s/ part. accionariado obrero"), los beneficios como los aquí discutidos constituyen -más allá de las de las condiciones de su procedencia- un "crédito proveniente de la relación individual del trabajo" en los términos del art. 256 de la L.C.T..

Un interesante criterio de análisis es el que distingue la prescripción de algunas obligaciones atípicas según éstas se encuentren finalmente a cargo del empleador (en cuyo caso es bienal) o a cargo de un tercero (seguridad social).

En esta línea de argumentación, es indiscutible que las sumas acordadas por la participación en la venta de los activos (art. 13 Ley 24.145) "deben ser abonadas por el empleador con motivo de un contrato de trabajo" y que las normas que reglamentan tal régimen son "disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo" (art. 256 L.C.T.).

En estos términos dejé expresada mi disidencia con el criterio mayoritario de la Sala que integro en el sentido de que corresponde aplicar la prescripción decenal, como lo expuse en las causas "Núñez c/ Y.P.F." (S.D. 78.837 del 5/5/99), "Martínez, José Antonio c/ Y.P.F." (S.D. 76.607 del 22/5/99) y "Garijo c/ Y.P.F." (S.D. 75.547 del 30/12/97).

En ese contexto, considero conveniente examinar los argumentos en sentido contrario contenidos en el dictamen del señor Fiscal General. Aunque he sostenido y sostengo -sin perjuicio de acatar las decisiones de la Corte Suprema- que la Justicia Nacional del Trabajo es competente para entender en demandas como la de autos, no afirmo que el artículo 256 L.C.T. es aplicable porque el fuero laboral es competente, sino que ambos encuadres, el jurisdiccional y el relativo a la prescripción, son conjuntamente consecuencias de la naturaleza laboral del crédito pretendido. Por otra parte, creo que la "periferia laboral" a la que se refiere la opinión del Ministerio Público puede ser mejor identificada -es decir, delimitada con menor vaguedad- si se aplican los criterios con los que el Derecho del Trabajo ha procurado siempre prevenir simulaciones o ficciones intentadas en perjuicio de los trabajadores.

Si se trata de una prestación debida por el empleador a sus trabajadores en razón misma del vínculo laboral que lo une a ellos, nos hallamos ante una obligación laboral regida por el derecho específico del contrato de trabajo, cualquiera sea el alcance que se atribuya a cada una de sus normas en relación con el caso específico. Este principio ha admitido alguna excepción justificada, como el pago de asignaciones familiares, sujeto a compensaciones y reembolsos por un sistema de seguridad social.

Pero no es éste uno de aquellos casos. El beneficio reconocido por el artículo 13 de la ley 24.145 alcanza exclusivamente a los empleados o ex-empleados que, en el momento de la transferencia, estuvieran directamente afectados al activo enajenado, por lo que constituye un "crédito proveniente de la relación individual del trabajo" en los términos del artículo 256 de la L.C.T.: implica una suerte de mejora en la compensación económica debida con motivo de la desvinculación, en el entendimiento de que la rescisión pudo encontrar alguna causa en la venta de los activos así distribuidos o bien posibilitar de algún modo esta misma venta.

Por los fundamentos expuestos, voto por dejar establecido que la prescripción que corresponde a la acción por los créditos a favor de los trabajadores que establece el artículo 13 de la ley 24.145 está sujeta al plazo bienal dispuesto en el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo.

EL DOCTOR BILLOCH, dijo:

Ha sido convocado el Tribunal Plenario en estos autos para pronunciarse sobre ¿Cuál es el plazo de prescripción que corresponde a las acciones por los créditos en favor de los trabajadores que establece el art. 13 de la Ley 24.145?, y mi respuesta, lo adelanto, es que corresponde el de dos años que contempla el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Soy coherente al seguir el citado temperamento con los pronunciamientos que hemos emitido en diversas causas con mi ilustrado colega el doctor Juan Carlos Morando, preopinando indistintamente, y a cuyos términos me remito.

Adhiero en todas sus partes al voto del doctor Morando en el presente caso, remarcando su referencia al tratamiento conforme a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "in re" "Tarifa, Carlos c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales", y teniendo presente el exhaustivo tratamiento del tema en los citados autos efectuado por el Sr. Procurador General de la Nación.

Entiendo que el beneficio instituido por la Ley 24.145 es accesorio respecto a la ruptura del vínculo laboral, y es en tal inteligencia que me he pronunciado en reiterados casos, y lo hago en el presente en la forma que tengo anticipada.

EL DOCTOR CAPON FILAS, dijo:

I. En materia de prescripción se debe analizar la estructura del crédito. En este caso, el crédito reclamado es de naturaleza laboral porque surge de la relación de trabajo.

II. Por ello, cabe aplicar la prescripción de dos años indicada en R.C.T. art. 256 que no distingue situaciones.

III. Por ello, voto por la prescripción de dos años.

EL DOCTOR BALESTRINI, dijo:

I.- Llegan las presentes actuaciones a fin de evacuar el siguiente interrogante: "¿Cuál es el plazo de prescripción que corresponde a la acción por los créditos en favor de los trabajadores que establece el art. 13 de la ley 24.145".

II.- Al respecto y con igual criterio que el sentado por la Sala IX que integro "in re" "Barón, Roberto Arnaldo c/ Y.P.F. s/ part. accianario obrero", -S.I. nro. 1.926 del 23/3/98- y en "Ortiz, Néstor Hugo c/ Y.P.F. s/ part. accionario obrero", -S.I. nro. 2.126 del 20/5/98-, entre muchos otros, considero que el beneficio previsto por el art. 13 de la ley 24.145, por tratarse de un sistema de participación de los trabajadores vinculado al proceso de privatización, en virtud que dicha norma estableció que en las ventas previstas en el anexo V del mencionado cuerpo normativo se concederá al personal que al momento de la transferencia se encuentre afectado directamente a cada una de las privatizaciones, hasta un 10% del producido de la operación que se trate; debe entenderse que establece un sistema distinto del régimen de propiedad participada previsto en el art. 8 inc. c) de dicha ley, por cuanto en éste último caso se determinó que el personal de la empresa podía adquirir una participación accionaria en la misma.

En tal inteligencia, tratándose de institutos disímiles, estimo que el beneficio del art. 13 de la ley 24.145, resulta una suerte de indemnización o "reparación", destinada a paliar los efectos nocivos de la pérdida del contrato de trabajo, como consecuencia del proceso de privatización de la empresa demandada en el marco del art. 41, cap. V de la ley 23.696.

Sentado lo expuesto, considero que el beneficio de marras es un accesorio de la desvinculación laboral de los trabajadores como consecuencia del proceso de privatización y, por ende, adelanto que corresponde resolver el interrogante que nos convoca a la luz de la normativa laboral vigente (art. 256 de la L.C.T.).

Dicho lineamiento es coincidente con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Tarifa, Carlos c/ Y.P.F." (S.C.Com. nro. 275 L.XXXIII), donde el Procurador General de la Nación, trató la naturaleza del beneficio del art. 13 de la ley 24.145, dejando sentado que "...En tales condiciones y toda vez que previo a considerar la procedencia de eventuales beneficios derivados del citado régimen jurídico, debe constatarse la existencia de una relación laboral habida entre las partes (anterior a la privatización) y su ruptura unilateral por la accionada, cuestiones -condicionantes de la obtención de la prestación- que atañen ambas a la preceptiva del trabajo (art. 11 dec. 2.778/90 y 6 de la ley 24.145), opino que corresponde atribuir al conocimiento de la presente a la justicia laboral, atento a lo dispuesto por los arts. 20 y 21 de la ley 18.345...", "...En ese contexto laboral protectorio, no resulta inverosímil la caracterización que del beneficio del art. 13 de la ley 24.145 esgrime el presentante, equiparándolo a una indemnización especial por despido consagrada en favor del personal de Y.P.F. S.A. que, al momento de la transferencia, se encontrare afectado directamente a cada una de las privatizaciones, exclusivamente respecto del 10% de las ventas previstas en el anexo V de la ley y en las condiciones que determine la reglamentación, circunstancia que, allende la naturaleza particular del dispositivo del que resultare, se corresponde con una prestación de raigambre indemnizatoria accesoria del distracto incausado y, por ende, de alcance laboral...".

En tal marco, tratándose de un crédito cuyo origen es inescindible de la relación laboral habida entre las partes, corresponde aplicar, a fin de resolver la defensa de prescripción que esgrime en cada caso la demandada en relación al reclamo fundado en el art. 13 de la ley 24.145, el plazo bienal que prevé el art. 256 del R.C.T., lo que así voto.

LA DOCTORA PASINI, dijo:

El interrogante que nos convoca, relacionado con el plazo de prescripción que corresponde a la acción por los créditos en favor de los trabajadores que establece el art. 13 de la ley 24.145, en mi opinión merece una respuesta favorable a la aplicación del plazo bienal previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.

Ello es así por cuanto, en punto al tema en debate, he tenido oportunidad de pronunciarme en el sentido precedentemente expuesto en los autos: "Domene, Emilio c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ despido" - S.D. nro. 5.812 del 27/5/99; "Giampieri, Enrique Luis y otros c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ part. accionario obrero" - S.D. nro. 5.943 del 11/6/99; "Tapia, Aristóbulo de Alcalas y otros c/ Y.P.F." -S.D. nro. 5.974 del 11/6/99; "Peralta, Oscar Humberto y otros c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ part. accionariado obrero" - S.D. nro. 6.213 del 15/7/99, entre otros, del registro de la Sala IX), sosteniendo que para resolver sobre los plazos prescriptivos resulta de aplicación el art. 256 de la L.C.T..

En efecto, en dichos precedentes afirmé que el reclamo fundado en el art. 13 de la ley 24.145, está referido a un sistema de participación singular vinculado al atípico proceso de privatización, toda vez que establece que en las ventas previstas en el Anexo V de la misma ley, Y.P.F. S.A., concederá al personal que al momento de la transferencia se encuentre afectado directamente a cada una de las privatizaciones, hasta el 10 % del producido de la operación de que se trate, beneficio distinto, por cierto y autónomo, respecto del régimen de propiedad participada contemplado en el art. 8 inc. c) y concs. de la misma ley, dirigido al personal de la empresa en relación de dependencia que desee adquirir participación accionaria en la misma.

No puedo dejar de advertir que el beneficio referido, comporta en cierto modo el carácter de una indemnización, destinada a evitar los efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo, que el proceso de privatización podría acarrear, tal como lo contemplara el art. 41, cap. V de la ley 23.696.

Cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación "in re" "Tarifa, Carlos c/ Y.P.F." (S.C. Com. Nro. 275 L.XXXIII), al adoptar el dictamen del Procurador General -si bien en relación al tema de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, para entender en acciones fundadas en el art. 13 de la ley 24.145-, sostuvo después de efectuar un acabado análisis de la naturaleza del beneficio derivado del citado régimen, que: "...no resulta inverosímil la caracterización que del beneficio del art. 13 de la ley 24.145 esgrime el presentante, equiparándolo a una indemnización especial por despido consagrada en favor del personal de Y.P.F. S.A. que, al momento de la transferencia, se encontrare afectado directamente a cada una de las privatizaciones, exclusivamente respecto del 10 % de las ventas previstas en el anexo V de la ley y en las condiciones que determine la reglamentación, circunstancia que, allende la naturaleza particular del dispositivo del que resultare, se corresponde con una prestación de raigambre indemnizatoria accesoria del distracto incausado y, por ende, de alcance laboral...".

Desde tal perspectiva, y atento la naturaleza del crédito, voto por aplicar la prescripción bianual establecida en el art. 256 de la L.C.T. a la acción por el beneficio en favor de los trabajadores, que establece el art. 13 de la ley 24.145.

EL DOCTOR MORELL, dijo:

1. La obligación que por el art. 13 de la ley 24.145 se puso a cargo de Y.P.F. lo fue como empleadora del personal que, al momento de la transferencia, se encuentre afectado directamente a cada una de las privatizaciones hasta el 10% del producto de la operación de que se trate.

2. Es la contracara de un crédito en favor de cada trabajador legitimado para el cobro de ese beneficio, en cuanto resultare, de la privatización de los activos del anexo V de esa ley, la extinción de cada relación individual de trabajo.

3. El art. 8 del decreto 546/93 así lo precisa en su segundo párrafo: "El monto del beneficio será distribuido igualitariamente entre el personal afectado en forma permanente a la explotación del activo vendido y que, prestando servicios al día de la apertura de la licitación o concurso para la venta del mismo, se desvinculara de Y.P.F. Sociedad Anónima como consecuencia de dicha venta. Este beneficio no superará un máximo de $10.000 para cada empleado".

4. La Corte Suprema de Justicia ha considerado que "...no resulta inverosímil la caracterización que del beneficio del art. 13 de la ley 24.145 esgrime el presentante, equiparándolo a una indemnización especial por despido consagrada en favor del personal de Y.P.F. que al momento de la transferencia, se encontrare afectado directamente a cada una de las privatizaciones exclusivamente respecto del 10% de las ventas previstas en el anexo V de la ley... circunstancia que, allende la naturaleza particular del dispositivo que resultare, se corresponde con una prestación de raigambre indemnizatoria accesoria del distracto incausado y, por ende, de alcance laboral..." -el subrayado me pertenece- (conf.: sentencia en autos "Tarifa, Carlos c/ Y.P.F." citada en varios votos en este plenario).

5. El hecho de que el Alto Tribunal haya dirimido en ese fallo una cuestión de competencia, no amengua la relevancia de lo dicho para el concreto tema traído al pleno, porque contiene un juicio de verosimilitud acerca de lo qué es, jurídicamente, el beneficio del art. 13, ley 24.145, y cuyo origen (deriva) de la extinción de la relación individual de trabajo de cada trabajador legitimado.

Es un crédito dinerario y tarifado -de raigambre indemnizatoria especial y accesoria- y, como tal, inherente a lo recóndito de la relación individual de trabajo, como fruto póstumo de la muerte jurídica de ésta. En consecuencia, es uno de los créditos comprendidos en el núcleo significante de la norma del art. 256 de la ley de Contrato de Trabajo (R.C.T.) y el plazo para su prescripción es de dos años.

EL DOCTOR PUPPO, dijo:

Respecto del tema por el cual se convocó a Plenario, considero que en la especie es aplicable el art. 256 de la L.C.T. por tratarse de un crédito proveniente de una relación de trabajo.- Por lo tanto, considero que el plazo de prescripción correspondiente a las acciones por créditos a favor de los trabajadores que establece el art. 13 de la ley 24.145 es el de dos años.

EL DOCTOR MORONI, dijo:

Por los fundamentos expuestos por el Dr. Morando voto en el sentido que el plazo prescriptivo correspondiente a las acciones por el crédito establecido en el art. 13 de la ley 24.145 es el de dos años (art. 256 R.C.T.).

EL DOCTOR LASARTE, dijo:

Adhiero a los votos de los doctores Morando y Vázquez Vialard por compartir sus fundamentos y me pronuncio, en consecuencia, porque se aplique el plazo de dos años previsto en el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo a los créditos establecidos por el artículo 13 de la Ley 24.145.

EL DOCTOR VILELA, dijo:

Por compartir los fundamentos expuestos por los Dres. Vázquez Vialard y Guibourg, voto por la prescripción bienal del art. 256 L.C.T. para los créditos que establece el art. 13 de la ley 24.145.

EL DOCTOR LESCANO, dijo:

Que en respuesta al interrogatorio que conforma el temario del presente acuerdo formo convicción que la prescripción que corresponde computar a la acción por los créditos a favor de los trabajadores que establece el art. 13 de la ley 24.145 es la del plazo bienal instituido en el art. 256 de L.C.T..

Teniendo en cuenta que el supuesto que nos ocupa tiene su origen en un reclamo con motivo del distracto que se operó con la transferencia de bienes a cuya atención estaba afectado el trabajo de los actores, vale decir un crédito proveniente de una relación individual del trabajo, es de aplicación el art. 256 de la L.C.T., coincidente con los fundamentos vertidos por los Dres. Vázquez Vialard y Ricardo A. Guibourg.

Ante el resultado de la votación, atento a la paridad de las posiciones, para formar mayoría, el doctor Juan Carlos Fernández Madrid en su carácter de Presidente del Cuerpo vota en el sentido del plazo previsto en el art. 4.023 del Código Civil.

Acto seguido, el TRIBUNAL por MAYORIA, RESUELVE: Fijar la siguiente doctrina:

"El plazo de prescripción que corresponde a la acción por los créditos "en favor de los trabajadores que establece el art. 13 de la ley 24.145 "es el previsto en el artículo 4.023 del Código Civil".

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces y el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, previa lectura y ratificación, por ante mí. Doy Fe 25