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LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, leyes, interpretación de la ley, asociaciones civiles
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BERRUTI, RICARDO ANGEL c/ CIRCULO ODONTOLOGICO SANTAFESINO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 582 AÑO  2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-12

La limitación que -por directa incidencia de la ley 22.262 alcanza a las libertades asociativas, se traduce en un correlativo derecho de los particulares interesados en ingresar en dichas asociaciones a que sus solicitudes respectivas se tomen en serio mediante respuestas fundadas en caso de ser negativas, significando lo contrario una auténtica discriminación en cuanto se niega sin justificación válida al sujeto particular el ejercicio de derechos (que implica el goce de bienes comunes y particulares) en desmedro de las elementales exigencias de la justicia, resultado que se constata como inconciliable con la esencial participabilidad y comunicabilidad de ese bien común que debe constituir el "principal objeto" de las asociaciones civiles a tenor del artículo 33 del CCiv., pauta ésta que debe presidir el ejercicio por tales entidades de los derechos inherentes a las mismas, como lo son los relativos a la admisión y expulsión de sus miembros. (Del Voto de la Mayoría)
Cuestión federal, reserva de la cuestión federal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Provincia de Misiones - Expte. N° 279-STJ-2.011 s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en Autos: "Expte. N° 599/03 - Municipalidad de Garuhapé c/ Provincia De Misiones y/o Q.R.R. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-02-22

Resulta insuficiente para introducir el caso federal que el recurrente se limite a expresar que cualquier sentencia contraria a sus pretensiones incurriría en violación de las garantías de propiedad, igualdad y defensa en juicio, cuando la latitud y vaguedad de sus expresiones no fueron vinculadas en forma ordenada con el art. 15 de la ley 48
Asignaciones familiares, actualización monetaria, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CASFEC. c/ CONSORCIO PROPIETARIOS MAIPU 629 s/ RECURSO DE HECHO ASIMRA. c/ VIRASON SAIC. s/ LEY 18610
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-02-04|1977-04-04

No es aplicable la ley 21281 para la actualización de los créditos provenientes de la obligación de depositar los aportes y contribuciones que determinan las leyes de asignaciones familiares.

La ley que debe aplicarse es la 21235.
Servicio público, concesión comercial, transporte de energía eléctrica, regularidad del servicio, responsabilidad del concesionario (administrativo), sanciones administrativas, sanciones pecuniarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Transener S.A. c/ Resolución ENRE 70/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-17

Todo menoscabo o desconocimiento a esta regla desvirtúa el instituto mismo y por ello, el Estado debe establecer los mecanismos tendientes a evitar situaciones que puedan comprometer no sólo su eficacia sino su continuidad en pro de la satisfacción del interés y las necesidades de carácter general (Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", T.II, págs. 61/82). Uno de los instrumentos empleados a tal fin es la sanción pecuniaria, mecanismo que compensa los sobrecostos producidos en el sistema eléctrico, a la vez que cumple un efecto correctivo o disuasivo, tendiente a lograr la mejor y veloz reparación de instalaciones y equipos. Cuando tales resultados no son los adecuados, se generan incumplimientos a los correspondientes regímenes de calidad del servicio, lo que autoriza a imponer sanciones a las concesionarias cuya aplicación, como señal, induce a mejorar la calidad del servicio. En el caso del transporte, además de no percibir el transportista la remuneración correspondiente a las líneas y/o equipos indisponibles, le son aplicables penalidades, lo que induce al mejoramiento del servicio para evitar tales consecuencias (ENRE, "Jornadas Jurídicas sobre Servicio Público de Electricidad", Bs.As. 8 y 9 de junio de 1995.

"La reestructuración del sector eléctrico argentino a través del actual marco regulatorio: aspectos novedosos", Dres. Silva de Alfano y Schneider). (Del voto de la Dra. Garzón de Conte Grand, consid.

VI).
Prescripción de la acción penal, calificación legal, falta de calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: Weinstein, Rubén Guillermo s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-10

No siendo posible, por ahora, conceptuar fehacientemente probado un hecho que produce determinada calificación legal del delito imputado, siendo necesario que esas probanzas se completen o sean sometidas al posible examen, control y dilucidación en el juicio contradictorio del plenario, no procede declarar prescripta la acción si no ha transcurrido el tiempo necesario para que ella se opere teniendo en cuenta la calificación más grave (Voto del Dr.

Mitchell -en mayoría-).
Excepciones procesales, litispendencia, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL
Carátula: Holodovsky c/ Stanga s/ Ejecución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-04

Si bien la acumulación que pretende el ejecutado a través de la excepción de litispendencia no procede en virtud de la doctrina plenaria emanada de la Cámara Nacional Especial en lo Civil y Comercial ("Investa S.A.Maner S.A.I.J." del 25/11/77;

"Alvarez de Balbo Bonoma Vital" del 27/8/82;"Asplanatti A. Pioli de Tedesco M.P." del 21/10/69), el hecho de haber iniciado juicio ordinario antes de que se promoviera la ejecución hipotecaria, encontrándose aquél finalizando la etapa de prueba, demuestra que el propósito del deudor no es desvirtuar el principio de celeridad propio de la ejecución, ni eludir el cumplimiento de sus obligaciones mediante planteos meramente dilatorios. En tales circunstancias corresponde suspender el conocimiento de las defensas opuestas por el ejecutado a las resultas del juicio ordinario pues si bien la sentencia de trance y remate, firme, produce sólo efecto de cosa juzgada formal, ello no es óbice para que pueda producir, en ciertos casos, consecuencias difícilmente reparables en el proceso ordinario.
Prescripción, dispensa de la prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: Troiani, Pedro Norberto c/ Ford Motor Argentina  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

No es función de los jueces establecer el contenido de los modelos de excelencia ética de los individuos, sino a todo evento y en el caso concreto, tener en cuenta las pautas de lo que es posible y racional.
Actos de los poderes públicos, políticas sociales, actos u omisiones de autoridades públicas, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GARCIA DORA RAQUEL c/ OSCBA s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-13

El derecho a condiciones mínimas de asistencia e inclusión social es un derecho fundamental que resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía individual (conforme artículo 19 de la Constitución Nacional). Esta autonomía consiste básicamente en la posibilidad de cada individuo de elegir y materializar su propio plan de vida.

El Estado no sólo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales sino que tiene, además, el deber inexcusable de realizar prestaciones positivas, de manera tal que el ejercicio de aquéllas no se torne ilusorio. (in re "Pérez Víctor Gustavo y otros C/GCBA s/Amparo", expte. 605 del 26/01/01; en sentido concordante, "Benítez, María Romilda y otros c/ GCBA. s/Medida Cautelar" Exp. 2069, J. 2, S. 3 del 16/11/01).
Elecciones, elecciones provinciales, lista de candidatos
Materia: ELECTORAL
Carátula: FRENTE CIVICO Y FEDERAL UCR - CONFE EN J 607 NAMAN MARIA ALEJANDRA s/ S/ FORMULA DE RESERVA S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-05-20

Desde una interpretación literal del art. 82 inc. b) Ley 2.551, surge con evidencia que "lista" refiere, necesariamente, a una nómina ordenada, que, aplicada al ámbito del derecho electoral, permite ser interpretada como nómina de candidatos, propuesta por el/los partido/s político/s, y no debe identificarse necesariamente, como lista partidaria. Por ende, en cuanto tal, puede ser presentada y compartida por dos o más partidos políticos como surge de los arts. 60 y 80 ley 2.551. Desde una interpretación sistemática de las leyes en cuestión - ley 4.746 y 2.551 - y del ordenamiento jurídico considerado en su totalidad, se refuerza la interpretación indicada de lista en el sentido de nomina de candidatos y no lista partidaria. Si bien lista y partido pueden coincidir, puede que ello no ocurra, cuando el legislador ha querido referirse al partido lo ha hecho expresamente, por ejemplo al fijar el porcentaje del 3% para determinar como consecuencia jurídica la extinción de la personería del partido político. En consecuencia el art. 82 inc. b) de la ley 2.551 se aplica cuando una lista, en el sentido expuesto, individualmente propuesta por un partido o resultado de la sumatoria de votos de los distintos partidos que proponen idéntica lista, no supera el 3% del padrón electoral. (Voto MINORIA - Disidencia Dr. Claudio Leiva)
Administración Nacional de la Seguridad Social, resoluciones, revisión judicial de actos administrativos, derecho fijo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: COLOMBO, CARLOS CESAR c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-14

El cambio en el procedimiento de impugnación judicial de las resoluciones dictadas por la A.N.Se.S.-ley 24.463-no puede ser perjudicial para el litigante. Por ello, si el mismo respetó el procedimiento vigente al momento de interponer el recurso regulado por la ley 23.473, acompañando el bono de derecho fijo, corresponde revocar la resolución del juez "a quo" que ordenó dar nuevamente cumplimiento a tal obligación ante la iniciación del juicio sumario-conforme lo ordenado por sentencia de la C.S.S.-por considerar que este significaba una nueva demanda.
Malversación de caudales públicos, peculado, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Fernández Multiva, Virgilio s/ Defraudación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-20

Cuando no sólo se perjudica patrimonialmente a la administración pública sino también principalmente los diversos bienes jurídicos protegidos por el Título XI, Capítulo VII del Código Penal, la norma penal aplicable es la contenida en el artículo 261, primera parte, de dicho código. Así, se ha sostenido que en el peculado, son varios los bienes jurídicos afectados; en primer lugar, la sustracción del bien afecta la propiedad (en el sentido penal); se afecta conjuntamente la seguridad con que la Administración trata de preservar los bienes públicos, la fe o confianza pública depositada en el funcionario encargado del manejo o custodia de esos bienes, y también el normal funcionamiento de la administración en su aspecto patrimonial. Pero, de lo que no cabe duda es que, entre nosotros, se hace predominar la preservación de la seguridad administrativa de los bienes públicos como garantía del normal cumplimiento de la función patrimonial del Estado, al colocarse el peculado entre los delitos contra la administración y, especialmente, como tipo dentro del cuadro de las malversaciones.
Declaración testimonial, exhortos, defensa en juicio, derecho penal internacional
Materia: PENAL
Carátula: Galvarini, Rubén Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-08

El hecho de que la declaración prestada por el testigo Harold de Pomyers haya sido mediante exhorto internacional, no implica una automática aplicación de los estándares probatorios que ha fijado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Benitez", por entender que medió transgresión del debido proceso y defensa en juicio por no haber tenido posibilidad de controlar dicha prueba. Debe referirse que la medida de prueba practicada - declaración testimonial- configura un aspecto del derecho penal internacional, vinculado con la colaboración judicial mutua que se brindan los Estados a fin de afrontar aquellas limitaciones espaciales que afectan los objetivos de la actividad procesal. El derecho penal internacional suministra las herramientas para que las actividades cuyo ejercicio compete a un Estado no se vean limitadas por el hecho de trascender su territorio, y a la vez que se respete plenamente la soberanía de otros Estados.

Frente a ello, no se observa de qué modo la declaración testimonial prestada por medio de un exhorto internacional, que la defensa controló mediante preguntas enviadas por mail al propio testigo, genera una lesión constitucional como la que plantea el recurrente.
Menores, medidas tutelares, facultades del juez
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Horacio David Delgado s/ Incidente  de  cuesti"n  de juris. ref. regimen tutelar-causa 7543/85
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01

La inexistencia de institutos provinciales en condiciones de coadyuvar a la formación y protección del incapaz, no puede ser fundamento de una delegación de funciones sino una evidencia de la impracticabilidad de la medida, que corresponde rever al magistrado que la ordenó, quien se encuentra en condiciones de resolver lo necesario para el logro de los fines previstos por la ley.
Prueba biológica, prueba hematológica, extracción forzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros s/ sustracción de menores de 10 años -causa nº 46/85 A-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-11

Cabe confirmar la sentencia que ordenó al recurrente someterse a la extracción de sangre, pues si bien en el precedente "Vázquez Ferrá" (Fallos:326:3758) se entendió que la medida resultaba idónea en relación con el éxito que eventualmente puede obtenerse a raíz de la realización de los análisis respectivos, en éste caso- a diferencia del precedente citado- la medida cuestionada, hasta este estadio procesal, es la única alternativa capaz de dar respuesta a la cuestión debatida, otorgando mayor fundamento a la necesidad de su producción (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, estafa procesal, proceso penal, presunciones, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Luis ZARABOZO s/ PRUEBA  - PRESUNCIONES - ESTAFA PROCESAL - INDICIOS - JUICIO CRIMINAL  - SENTENCIAS ARBITRARIAS - TESTIGOS - SANA CRITICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-24

Si bien las cuestiones que se suscitan en torno a los hechos y las pruebas aportadas al juicio -en el caso, prueba por presunciones de estafa procesal- son ajenas, como regla, a la vía del art. 14 de la ley 48, ello no es óbice para que la Corte pueda conocer en los casos cuyas particularidades hacen excepción al principio, con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Concurso especial, costas
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. c/ Miguel Gardiol S.A. s/ Concurso especial (Expte Nro.  167-01, Resolución Nro.  252, Tomo 9, Folio  223)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-30

En tanto que las costas devengadas en un concurso especial son, en principio, los gastos y honorarios que correspondan a la ejecutante, necesarios para hacer efectiva la garantía dentro de un sistema de ejecución particular reconocido como facultad a los acreedores que menciona el art.209, L.C.Q.; debe rechazarse el recurso de apelación si se encuentra firme la resolución que ordenó la subasta de los bienes prendados, disponiendo que las costas son a cargo del acreedor.
Alimentos, cuota alimentaria, porcentaje de los ingresos
Materia: CIVIL
Carátula: N. N. y N. N. s/ Incidente de Alimentos Provisionales - Conexidad con Expediente 17920
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-03-04

Fijar una cuota alimentaria equivalente al 35% del monto total que percibe como remuneración por sus trabajos (salarios y S.A.C.) con la única exclusión de los descuentos obligatorios de ley, más el salario familiar.

Las actuaciones habidas en la causa, las actuales y nuevas modificaciones e incrementos en la remuneración del progenitor, conllevarán una mejor adecuación de la prestación alimentaria, que se verán beneficiadas cada vez que su padre obtenga una mejora en su salario.

El límite de la cuota alimentaria va a estar dado por las necesidades de las hijas y no por la fortuna del progenitor, ya que no se trata de que ambos compartan ganancias, sino que se vean satisfechas las necesidades materiales y espirituales de las alimentadas.
Daños y perjuicios, transporte benévolo, responsabilidad civil, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ceveiro, Carlos Alberto y otra c/ Jaime, Carlos Mario y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

No cualquier actuar imprudente del asegurado, constituye la eximente que prevé el art. 70 de ley 17418; y aún cuando tal imprudencia o negligencia, tenga entidad suficiente para imputar responsabilidad en el hecho, ello no conlleva la culpa grave señalada. La culpa grave que libera de responsabilidad a la aseguradora es la que tiene el carácter inexcusable, lindante con el dolo, casi como si el infortunio se provocara.
Accidente de tránsito, interrupción de la prescripción, interposición de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: LAFUENTE COMBUSTIBLES S.R.L c/ MARTINEZ, Nélida s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

El art. 3986 del Cód. Civ. sustenta el principio de que la sola interposición de la demanda exterioriza por parte del actor su voluntad de no dejar prescribir su derecho, resultando aplicable cuando no se haya individualizado correctamente el nombre del propietario del vehículo que participó en el accidente, máxime si en el escrito de demanda ha hecho reserva de perseguir el cobro a quien resulte responsable civilmente y/o titular del automóvil aludido.
Alimentos, divorcio del 67 bis, reserva del derecho alimentario
Materia: CIVIL
Carátula: A. DE P.G. c/ P.R.L. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-08

En el divorcio legislado por el artículo 67 bis de la ley de matrimonio civil, se equiparan sus efectos al decretado por culta de ambos cónyuges, pero éstos pueden pactar la subsistencia del derecho alimentario en favor de uno de ellos. La citada norma no señala fórmula alguna para dejarlo a salvo, de allí que se justifica una interpretación amplia y acorde con el fin de que se trata (conf. C.N Civ. Sala A, c.214.310 del 31-12-76; sala B, c.216.099 del 22-3-77;

íd. E.D.78-292; Sala D, c.207.655 del 19-4-76; íd. C.210.968 del 28 9-76; sala F, c.260.426 del 25-6-80) y no cabe exigir el empleo de fórmulas sacramentales, resultando suficiente cualquier constancia que no deje dudas sobre la intención de ambos de excluirlos del efecto que, con carácter general, preve la norma (conf. C.N.Civ.

Sala C, E.D. 74-594, Nro.53; Sala E, c.217.055 del 25-3-77; sala F, causa citada "supra").
Fiscal de Cámara, deberes y facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: García Corral, Alejandro A. s/ Violaciones reiteradas en concurso real con robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

No puede ser traída a conocimiento de esta Corte (art. 314, C.P.P.) la violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal por no haber considerado el a quo una circunstancia agravante si lo resuelto en contrario en la instancia originaria fue consentido por la acusación al delimitar el señor Agente Fiscal su recurso.
Recurso de inaplicabilidad de ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Estado Provincial de Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-29

Los fallos de la Corte Suprema de Justicia, más allá de la autoridad ejemplarizadora que de ellos emana, no son legal ni constitucionalmente obligatorios para los Tribunales inferiores, razón por la cual éstos pueden postular criterios divergentes, lo que es una consecuencia natural de la autonomía de los jueces para resolver conforme sus propias convicciones, si con ello no se infringe la ley. (Dr. Acosta: En disidencia).
Recurso de casación, sentencias contradictorias, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Hipotecario S.A. c/ Gularte, Waldemiro Jesús s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-09-25

El recurso de casación interpuesto en los términos del artículo 383 inciso 3) del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba resulta procedente, pues se advierte una contradicción entre el decisorio impugnado y la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, ya que si bien ambas refieren a ejecuciones hipotecarias en las que se persigue el cobro de una deuda hipotecaria contraída por un particular con una entidad bancaria, mientras que el Tribunal Superior se pronunció sobre la inaplicabilidad de la ley 26.167, el fallo recurrido dispuso lo contrario.
Ley vigente, prescripción adquisitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Chumba Alberto Gregorio y Chumba Lucía del Valle  c/ Muñoz Agustín Néstor, Muñoz Elena y Muñoz Silvio José  s/ prescripción adquisitiv
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-02-27

En virtud de la entrada en vigencia del CCCN (Ley 26.994) desde el 1° de agosto del año 2015 -conf. Ley 27.077- atenta a la naturaleza de la pretensión esgrimida en la que se invoca una situación jurídica anterior a la entrada en vigencia del CCCN, corresponde aplicar las normas del Código Velezano sin perjuicio de aclarar que muchas de las disposiciones del nuevo Código, recogen las normas y criterios doctrinales y jurisprudenciales nacidos durante la vigencia del CC (Ley 340), por lo que la solución del caso no sería diferente de aplicarse uno u otro ordenamiento.
Extinción de las obligaciones, reserva a la percepción de intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Macagnani, Néstor Hugo y otros c/ B.N.A. y otros s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

La obligación del banco de restituir a los actores el importe de los plazos fijos en dólares, no se encuentra extinguida, pues éstos al recibir el capital, en virtud del acuerdo con la entidad bancaria, hicieron reserva por los intereses, indicando que los mismos no podían ser materia del amparo, sino de otro juicio, razón por la cual no existe la cosa juzgada al respecto.
Demanda, falta de contestación de la demanda
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCÍA JURJO, HAYDEE. c/ OERTEL, RICARDO. s/ LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-06-26

NO OBSTANTE TRATARSE DE UNA FACULTAD PRIVATIVA DE LA INSTANCIA ORDINARIA, CUYO EJERCICIO ES IRREVISIBLE EN PRINCIPIO POR CASACIÓN, SI UN HECHO PERTINENTE Y LÍCITO QUE ENCUENTRA ADECUADO ENCUADRAMIENTO EN EL DERECHO APLICABLE, NO ES NEGADO POR EL DEMANDADO QUE ADEMÁS OMITE PRODUCIR PRUEBA EN CONTRARIO, Y EL ACTOR ARRIMA ALGUNA PRUEBA CORROBORANTE, DEVIENE MANIFIESTAMENTE ARBITRARIA LA SENTENCIA QUE NO LO TIENE POR ACREDITADO.