marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ropa de trabajo, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: VELAZQUEZ JUAN JOSE c/ COOPERATIVA AGRICOLA LUCIENVILLE LTDA. s/ INDEMNIZACIONES Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-06-30

Encuadrándose la relación laboral del actor como contrato de plazo indeterminado, el Convenio Colectivo de Trabajo 244/94, en su artículo 35, dispone la entrega de un equipo de ropa y calzado cada seis meses.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, incongruencia, Derecho laboral, despido, discriminación, trabajador con discapacidad, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DORTA, DIEGO RAUL c/ FRIMETAL S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-08

En el fallo atacado, por un lado al rechazar la apelación de la demanda se afirmó que el actor al momento de intimar el reintegro a tareas acordes a su capacidad se encontraba en condiciones de reinsertarse laboralmente; que en virtud de que el trabajador no estaba en condiciones de realizar las tareas que cumplía como consecuencia del accidente sufrido, el empleador debía asignarle otras tareas que pudiera efectuar; que la carga de la prueba respecto a que no existían en la empresa tareas acordes a la capacidad de aquél recaía sobre la patronal, quien debía acreditar y no lo hizo la imposibilidad de asignarle al actor tareas adecuadas a su capacidad sobreviniente; que, conforme a las constancias de autos el actor se encontraba en condiciones de volver a prestar tareas y la empleadora no probó no tener tareas que pudiera realizar conforme a su aptitud física; pero, por otro lado, al tratar el agravio del actor esto no fue tenido en cuenta como indicios razonables a la hora la evaluar un posible despido discriminatorio basado en su discapacidad visual, con la consiguiente inversión de la carga probatoria, lo que denota un razonamiento contradictorio en los distintos tramos del pronunciamiento.
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: "Abagnato  María  Gladys  y  Otro c/ Pen-Ley 25.561-Dtos 1.570/01214/02 (HSBC-BANSUD) s/ Amparo sobre Ley 25.561".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-06

Esta Sala ha tenido ya oportunidad de pronunciarse -respecto al fondo del asunto y con base en jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal- sobre la inconstitucionalidad del bloque de legalidad instituido por el decreto 1.570/01; la ley 25.561 y el decreto 214/02; en cuanto, implicaron la imposibilidad por parte de los ahorristas y depositantes del sistema financiero de disponer libremente de sus acreencias ("Muratorio, Marcelo Luis c/ EN-PEN- Dto 1.570/01 y otros s/ Amparo ley 16.986", 07/08/2002 y "Defensor del Pueblo de la Nación c/ E.N. -P.E.N. Dtos 1.570/01 y 1.606/01 s/ Amparo Ley 16.986", 13/09/2002). No obstante ello, y dejando a salvo la opinión allí sustentada por este Tribunal, resulta aplicable al caso de autos lo resuleto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re; "Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional", 27 de diciembre de 2006. En consecuencia, corresponde modificar la sentencia apelada y, se declara el derecho de la actora a obtener de la entidad bancaria el reintegro de su depósito convertido en pesos a la relación de $ 1,40 por cada dólar estadounidense, ajustado por el CER hasta el momento de su pago, más la aplicación sobre el monto así obtenido de intereses aa tasa del 4% anual -no capitalizable- debiendo computarse como pagos a cuenta las sumas que -con relación a dicho depósito- hubiese abonado la aludida entidad a lo largo de este pleito, así como las que hubiera entregado en cumplimiento de medidas cautelares.
Sentencia definitiva, concurso preventivo, proceso de verificación, cosa juzgada
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carrabota, Rosario c/ Fandiño Hnos. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Carece de significación, para negar el carácter de sentencia definitiva, la circunstancia de que se trate de un incidente tramitado en el contexto de un proceso concursal, pues ello no priva de singularidad a la contienda cuya resolución produce los efectos de la cosa juzgada en lo concerniente al crédito en discusión (artículo 38, ley 19.551), con prescindencia de las alternativas del proceso universal.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, alimentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garritano, Nora Liliana c/ Sheehan, Eduardo Guillermo s/ Alimentos V. de M., D. c/ M., H. G. s/ Alimentos L., N. E. c/ M., S. P. s/ Alimentos y litis expensas B. de C., E. L. c/ C., M. O. s/ Cobro de cuota alimentaria. Recurso de queja A., B. L. s/ Incidente de medidas cautelares en autos A., B. L. c/ p., A. s  /Fijación de cuota alimentaria M., A. M. c/ P., O. s/ Alimentos. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18|1989-11-28|1992-07-07|1991-10-29|1994-08-02|1996-12-27

El pronunciamiento que fija el monto de la cuota alimentaria, no reviste carácter de definitivo en el concepto del artículo 278 del C.P.C..
Indemnización por accidente de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, muerte del trabajador, reparación integral, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Nouche,   Nora   Mabel c/ LAPA   S.A.  Líneas  Aéreas  PrivadasArgentinas S.A. y Otro s/ Accidente-ley 9688.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-12

Al efectuarse una reclamación con base en la responsabilidad civil, tanto para su imputación como para el cálculo de la cuantía debe recurrirse al régimen civil elegido. La percepción por parte de la accionante de la indemnización por muerte, conforme las especificaciones de la ley 24.557 no obsta a la procedencia del reclamo de una reparación integral, por cuanto aquél acto no implica una abdicación toda vez que la ley no contempla la opción con renuncia para someterse a un determinado régimen, máxime si se acredita que el resarcimiento que prevé el sistema resulta exiguo. En el caso, se había acreditado que el causante era el sostén económico de su familia. (Del voto del doctor Capón Filas, en mayoría).
Acta de secuestro, propiedad intelectual, marcas, apreciación de la prueba, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "FERNANDEZ           HUATUCO,           Ñaipac s/ nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-12

Lleva dicho el tribunal que el acta de secuestro es un elemento de prueba que debe ponderarse a la luz de los principios y reglas de valoración de la prueba, y en tal sentido, podrá asignársele mayor o menor potencialidad probatoria en la medida en que ella sea apreciada en consonancia con los restantes medios adquisitivos. ("GONZALEZ LOZADA" del 3.3.2003. "ESQUIVEL" del 21.2.2002 "NALLAR" del 9.4.2002 y "SILVA" del 3.5.2004 entre otras). Por este motivo, la falta de detalle pormenorizado de los discos compactos incautados, no se presenta como una nulidad del acta, siquiera relativa, sino que podrá eventualmente resentir su valor probatorio y, en tal inteligencia, deberá ser valorada en su oportunidad. Ello así, en tanto se pueda sostener que nunca se perdió la cadena de custodia de los objetos, sino por el contrario en todo momento se vieron salvaguardados los extremos exigidos por el art. 233 del C.P.P.N.
Juicio ordinario, honorarios, ejecuciones especiales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lejtman German Pablo c/ Cuello Maria Cristina s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-15

Si bien esta Sala ha aplicado de forma inveterada el fallo de la CSJN in re: "Francisco Costa e hijos Agropecuaria c/ Buenos Aires, provincia de s/ daños y perjuicios" del 12-9-96, la resolución del mismo Tribunal en la causa "Establecimiento Las Marías SACIFA c/ Misiones Provincia de s/ acción declarativa" del 4/9/18, aconseja revisar aquel criterio y aplicar la doctrina que de él emana. En ese contexto corresponderá continuar evaluando las tareas realizadas en etapas concluidas o que hubieran tenido comienzo de ejecución bajo la vigencia de la ley 21839 (modif. por ley 24432) conforme sus estipulaciones; y en los demás casos las previsiones de la ley 27423. En tanto el supuesto de autos encuadra en la primera de las hipótesis señaladas supra, la regulación se realizará conforme las pautas de la ley 21839.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, gravamen irreparable, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: COYANIS, LEONOR G Y OTROS s/ DECLARATORIA DE POBREZA    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 727-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-08-16

Obsta a la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado, desde que no ostenta tal carácter el auto que declara la caducidad de una cautelar -en el caso, medida de aseguramiento de bienes-; máxime, si tampoco se aducen fundamentos idóneos que justifiquen la existencia de un daño irreparable que de acontecer, superaría aquel obstáculo.
Nombre comercial, uso de nombre comercial, nombres confundibles
Materia: COMERCIAL
Carátula: MANUFACTURA ALGODONERA ARGENTINA  S.A. c/ JOMASA  S.A. s/ OPOSICION A USO DE NOMBRE COMERCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-02

La jurisprudencia uniforme de este Tribunal ha dicho "..lo que la ley exige para autorizar la reclamación del caso de la utilización del mismo nombre o de uno análogo es la coincidencia actual de actividades (art. 43 de la ley 3975) y no la mera posibilidad de que ella exista en el futuro..." y "Y a ello no obsta que en los estatutos de la sociedad demandada se encuentren comprendidos actividades que la apelante considera se superponen con la suya..

pues no es el uso potencial del nombre con respecto a determinadas actividades, aunque las mismas resulten incluidas dentro del objeto social, sino el efectivo el que acuerda la propiedad del nombre a que alude el art. 42 de la ley 3975" cabiendo agregar que el art. 28 de la ley 22.362 no innova en la materia y que la marca "MASSA" no es confundible con "JOMASA S.A. ", máxime que queda excluida toda posibilidad de una actitud dolosa por parte de la demandada, ya que "JOMASA" resulta de la combinación de las sílabas iniciales de los nombres y apellidos de familiares de las socias integrantes de esa firma, mientras que "MASSA" es abreviatura de "MANUFACTURA ALGODONERA ARGENTINA S.A. ".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Crespo, Carlos c/ Clubes atléticos calaveras y defensores del este s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-23

Salvo absurdo las cuestiones de hecho quedan fuera del ámbito de la casación.
Proceso penal, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vargas Einer Rosario s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando R. Avila en Expte. Nº 151/03 - Vargas Einer Rosario p.s.a. Homicidio Culposo - Santa María - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-21

Durante el trámite del recurso de casación interpuesto, los impetrantes ponen en conocimiento que se habría operado la prescripción de la acción penal en la causa.

Luego de haber efectuado un pormenorizado análisis de las constancias obrantes en la causa principal, advierto que efectivamente ha operado la prescripción de la acción penal ejercida contra el encartado.

Al momento de dar cumplimiento a la tramitación del recurso de casación, interpuesto ante el Juzgado Correccional en contra de resolución aquí impugnada -es decir, antes de su elevación a esta Corte de Justicia-, ya había operado la prescripción de la acción penal emergente del delito que se le enrostraba al imputado -homicidio culposo-, puesto que entre el auto de citación a juicio -19/9/2003- y la elevación del recurso pertinente a este Tribunal -25/9/2008-, había transcurrido ya el tiempo previsto para ese efecto, esto es, el máximo de duración de la pena privativa de la libertad señalada por la escala penal prevista para el delito que se le atribuye al acusado, es decir, cinco años (arts. 62 -incs. 2do. y 4to., y 84 del C.P.), sin la supuesta comisión de otro delito que interrumpiera su curso (art. 67 -4to. párr., inc. a.-), por lo que irremediablemente se sigue que ha trascurrido el máximo de la pena de prisión aplicable al caso.

Al advertir que ha operado la prescripción de la acción penal emergente del delito investigado en autos, corresponde a esta Corte dictar el sobreseimiento de la causa (art. 350 inc. 4 C.P.P.).

(Disidencia de la Dra. Sesto de Leiva)
Sociedades comerciales, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Krebs Rodolfo Edmundo c/ Clínica Neuropsiquiátrica Plaza Constitución SRL. s/ Remoción de Gerente- Daños y Perjuicios- Intervenc. Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-24

Si bien la intervención judicial a una sociedad -en el marco de lo dispuesto por los art.113 y 114 de la Ley 19550- reviste carácter excepcional, para evitar interferencias a entidades en las que sus órganos permiten conciliar los intereses de sus integrantes, es procedente su dictado cuando se evidencia un estado de cosas totalmente incompatibles con la "affectio" que debe vincular a los socios. En tal sentido las discrepancias entre los mismos, que han desembocado en un entrecruzamiento de reclamos judiciales, exteriorizan claramente la carencia de tal esencial recaudo societario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, fundamentos insuficientes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: B, F. S. y otro s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Violación de sellos y documentos y falsificación de sellos   (Expte. CSJ Nº 2066-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-11-17

El artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación estatuye que el escrito de interposición del recurso extraordinario sea "fundado con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la ley 48", disposición ésta que a su vez prescribe que "cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo anterior, deberá deducirse la queja con arreglo a lo prescripto en él, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos...". De dicha regulación legal surge que pesa sobre la apelante la carga de efectuar en la impugnación una crítica prolija, concreta y razonada de la sentencia atacada así como la refutación de todas y cada una de las motivaciones enunciadas por el tribunal superior de la causa para arribar a las conclusiones que originan sus agravios. En el caso, los argumentos expuestos por el impugnante no resultan suficientes en orden a transponer la admisibilidad de la vía extraordinaria intentada, a poco que se repare en que éste no logra ni siquiera insinuar razones valederas demostrativas de que la Corte, al decidir la inadmisibilidad del recurso directo local, lo hubiese hecho sin fundamentación bastante, de modo arbitrario y lesivo de principios y garantías constitucionales.
Pensiones, pérdida del beneficio, matrimonio del cónyuge supérstite
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALVAREZ, SALUSTIANO VICTORINO s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-07-23

Está encuadrada en la causal de pérdida de derecho a pensión prevista en el artículo 1, inciso a), ley 17562 la mujer que aunque atribuya culpa inicial de la separación al marido incurre en culpa propia cuando antes del fallecimiento del cónyuge vivió en aparente matrimonio con otro hombre.
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, cierre de cuenta corriente, título ejecutivo inhábil, responsabilidad del banco
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DEL BUEN AYRE  SA c/ PARNETTI, ALBERTO. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

El art. 23 de la circular B-382 del BCRA del año 1963 y mantenida en vigencia hasta el año 1988 por la regla 1.1.3.1.3., De la Opasi 1/81 dictada por la misma institución, dispone que corresponde el cierre de la cuenta corriente que permanezca sin movimiento durante un plazo no menor de un año; cumplido dicho término, el banco notificara al cuentacorrentista del cierre, requiriéndole la devolución de los cheques no utilizados y no dará curso a los cheques que eventualmente se presenten al cobro. Por lo expuesto, resulta improcedente que una institución bancaria pretenda ejecutar un saldo deudor conformado por débitos generados en una cuenta que debió cerrar en término y no hizo, toda vez que constituye un título inhábil. Ello, por cuanto tal infracción reglamentaria no puede convertirse en fuente de derechos para el banco que incumplió su obligación y que emitió un certificado que registra una deuda solo originada en su propia conducta omisiva. L error, o en demostrar el equívoco- que aquella anterior declaración
Prueba anticipada, caducidad de la prueba, costas
Materia: CIVIL
Carátula: ALIBERTI S.A s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO-PRUEBA ANTICIPADA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

La prueba anticipada no caduca y si bien se admite la intervención de la futura contraparte a los fines de garantizar el debido control, nada autoriza a que, valiéndose de la valoración de la prueba producida, se sostenga que exista en la causa un perdedor y que corresponda imponerle las costas a quién inició la medida.
Revocación de sentencia, impuesto a las ganancias, bancos
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: BANCO HIPOTECARIO SA-TF 46961-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-23

Se revoca la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que confirmó las determinaciones de oficio del impuesto a las ganancias practicadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección General Impositiva) con sustento en que: (i) sólo las rentas "no gravadas" o "exentas" se encuentran mencionadas expresamente en la regla de "prorrateo de gastos" contemplada en el artículo 80 de la ley 20.628 y del artículo 117 de su decreto reglamentario; y (ii) las rentas "no computables" no solo no se encuentran mencionadas en el presupuesto de "prorrateo de gastos" establecido en esos artículos sino que, contrariamente, el segundo párrafo del artículo 64 de esa ley admite la deducción de todos los gastos necesarios para su obtención. Se concluye en que el criterio sostenido por la administración fiscal para impugnar las declaraciones juradas de la entidad bancaria en el sentido de equiparar a las rentas "no computables" con las "rentas no gravadas" o "exentas" a efectos de aplicar el "prorrateo de gastos" deja sin sentido la previsión contenida en el segundo párrafo del artículo 64 de la LIG que posibilita la deducción de los "gastos necesarios".
Sanciones administrativas, decomiso, principio de legalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernandez Wilmer Norberto c/ Gobierno de la Provincia de Misiones s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-06-16

El decomiso "que constituye una limitación al derecho de propiedad privada en interés público" aparece como una sanción de policía de la propiedad, para que sea aplicada a un caso concreto es menester una norma válida. La posición doctrinaria que aduce que la Ley Formal es fuente del decomiso es la que se impone en la jurisprudencia nacional, ya que las normas que autorizan o dispongan el decomiso, como lo hace la Ley de protección a determinadas especies forestales (Ley N° 2380), ejercen atribuciones exclusivas del órgano legislativo del Gobierno, que expresa o traduce su voluntad a través de la "Ley Formal" ya que implica la pérdida definitiva del derecho de propiedad sobre una cosa (maderas); por lo que va de suyo que su imposición, que se hace conjugando los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional, debe surgir como consecuencia de una Ley Formal. La sanción debe surgir de la Ley pertinente pues el órgano legislativo no puede delegar atribuciones para que el órgano ejecutivo establezca "hechos" que han de ser reprimidos o las sanciones que deban aplicarse; es la propia Ley Formal N° 2380 que pone fuera del comercio a los ejemplares secuestrados, como sanción al quebrantamiento de un imperativo legal.
Superior Tribunal de Justicia, ministros, recusación, rechazo in límine, recusación sin causa
Materia: PROCESAL
Carátula: TALARICO, NADIA LAURA c/ CULASSO, WILFRIDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECUSACION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-24

Corresponde rechazar in limine la recusación formulada, toda vez que los Ministros no pueden ser recusados sin expresión de causa, debiendo ser la causal invocada clara, categórica y no sólo insinuada; y el presente pedido de separación con fundamento en la supuesta relación de amistad del Ministro recusado con el letrado apoderado de la demandada (circunstancia desconocida por aquél) constituye una causal notoriamente improcedente, debiendo asimilarse a la recusación sin causa, sentándose un criterio que recibió consagración legislativa por medio de la reforma que introdujera al artículo 12 de la ley 10160, la ley 11427. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 101, p 351. CSJN: Fallos 244:506; 247:285; 270:415; 274:86; 280:347; 303:1943. CSJStaFe: AyS T 134, p 446; T 101, p 148, 150 y 351; T 41, p 207; T 56, p 461; T 68, p 173; T 75, p 180 y 266; T 114, p 427; T 103, p 265.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, contenido de la demanda, indicación de la causa, deuda previsional, AFIP
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Cueto, Patricio Ignacio c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por fisco nacional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Por lo demás, no puede perderse de vista que el art. 16 de la ley 24241 dispone que el régimen previsional público es un régimen de reparto asistido, basado en el principio de solidaridad, cuyas prestaciones son financiadas con los aportes personales de los afiliados en él comprendidos - trabajadores en relación de dependencia y autónomos-, entre otros recursos (v. arts. 16, 18, 30 -texto según ley 26222- y 82 de la ley 24241), de lo cual se colige que ambos tipos de aportes -además de ser obligatorios- concurren al financiamiento del sistema asentado en el principio de solidaridad previsional (CNCom, Sala D in re "Schuchner, Silvio Fabián s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por AFIP", del 27/08/13; ídem "Koulaksizian, Bernardo s/ quiebra s/ incidente de revisión promovido por AFIP", del 10/07/18).
Beneficios previsionales, matrimonio celebrado en el extranjero, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Canale, Edilia Beatriz c/ Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

Si la unión contraída en México entre el causante y la actora no ha sido privada de validez por sentencia de Juez civil competente dictada en un proceso ordinario promovido por parte legitimada para accionar por nulidad de matrimonio, no se le puede negar efectos previsionales.