Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-08-13


Expediente: Nº 4448, "BENITEZ, Sergio Adolfo - Amparo - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a trece (13) días del mes de agosto del año dos mil diez, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha veintinueve de abril del año dos mil ocho, en autos Nº 19.581 (102.571) caratulados: "BENITEZ, Sergio Adolfo - Amparo"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos?. En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? --- EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO:

--- En la sentencia recurrida el Tribunal rechazó la apelación de la demandada. De esta manera, confirmó la resolución de primera instancia que, pese a declarar abstracto el amparo, había impuesto a dicha parte las costas del proceso.

--- La actora encuadra su recurso de inconstitucionalidad en la causal prevista en el inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. Dice que el Tribunal ha violado su derecho de defensa, al considerar legítimo el amparo cuando esa vía no estaba habilitada y al incumplir su misión como tribunal de apelación.

--- La recurrente se agravia de las consideraciones del fallo sobre la hipotética procedencia del amparo, utilizadas para imponer a su parte las costas del proceso. Dice que planteó al a quo que el amparo no hubiera sido procedente. Que ese planteo se basaba en que, tratándose de una cuestión administrativa, el amparista no tenía habilitada esa vía porque no había solicitado previamente en esa sede la suspensión de los efectos del acto impugnado. Señala que la sentencia es arbitraria por no haber receptado esta argumentación. Agrega que el Tribunal no se pronunció sobre tales argumentos. Al respecto, expresa que el a quo ha omitido cumplir su objetivo como tribunal de apelación, que es abordar los argumentos de la recurrente, analizarlos y pronunciarse. La Cámara, prosigue, no cumple su función simplemente controlando si el inferior fundamentó "de algún modo" su pronunciamiento (lo que sí es propio de los recursos extraordinarios), sino controlando si son válidos esos argumentos. En nuestro caso, concluye, ni siquiera hizo suyos los argumentos del fallo de primera instancia; se limitó a decir que existían.

--- La actora encuadra el recurso de casación en la causal contemplada en el inciso 1º del artículo 15 de la ley 2275. Dice que el a quo no ha aplicado la norma del artículo 12 1ª parte de la Ley de Procedimientos Administrativos (3784), que acuerda la posibilidad de pedir en sede administrativa la suspensión de los efectos de un acto de esa especie.

--- Los recursos fueron admitidos formalmente mediante interlocutoria de fojas 35; se corrió traslado a la parte actora y al Defensor del Pueblo, quienes han contestado mediante escritos respectivamente agregados a fojas 40/50 y 54/56. También se corrió traslado al Fiscal General de la Corte, quien ha dictaminado a fojas 59/60.

--- Expuestos los antecedentes del planteo, paso a examinar su procedencia sustancial. Adelanto que dicho examen conducirá a acoger uno de los agravios planteados en el recurso de inconstitucionalidad, aquél referido a la omisión de pronunciamiento del Tribunal a quo.

--- Memoro que la sentencia de primera instancia declaró abstracto el amparo y, sin perjuicio de ello, impuso a la demandada las costas del proceso. Cuando ésta apeló la imposición, señaló que el amparo no hubiera sido procedente porque el amparista no tenía habilitada dicha vía. Al expedirse sobre el agravio, el Tribunal enuncia las razones por las que el juez de primera instancia impuso las costas, tras lo cual expresa: "Como se colige, no existe omisión del a quo en fundamentar las razones por las cuales entendió que debían ser impuestas a la demandada, constituyéndose la presentación de la recurrente en una mera queja contra ello, mas cuando se advierte que la Resolución Nº 255-SPP-08 del 20 de febrero de 2008 por la cual devino abstracto el proceso de amparo es posterior a la toma de conocimiento de la resolución dictada por el A quo por la cual se decretó la Medida de No Innovar consistente en ordenar la suspensión de los efectos de la Resolución Nº 170-SPP-08 de fecha 04 de febrero de 2008 respecto del señor Sergio Adolfo Benitez." --- Siendo la transcripta la única fundamentación del fallo, adelanto que en mi opinión la omisión de pronunciamiento ha quedado configurada, porque aquella no atiende el agravio de la apelante.

--- Como se ha visto, el texto comienza por referir que no existe omisión de fundamentación por parte del juez de primera instancia. Respecto de dicho enunciado, parece fundada la acusación de la recurrente relativa a que el a quo parece haber actuado como un tribunal extraordinario. En efecto, cuando esta Corte examina un recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad, su función se limita a controlar la legalidad del fallo en cuanto acto jurisdiccional, lo que excluye aquellos agravios referidos al mérito de la decisión. Es decir que en dicho contexto la misión de esta Corte está restringida a vigilar que no se configuren hipótesis extremas como insuficiencia de fundamentación, fundamentación ilógica, apartamiento de la solución normativa inequívocamente aplicable, etc. (P.R.E. S.2ª.-1990-I-97; S.1ª.-1990-II-1; etc.).

--- Pero la función de un tribunal de apelación no tiene tales limitaciones. La apelación es un recurso ordinario (CPC, Libro I, Título IV, Cap. V, Sección 3ª), con lo que el tribunal debe examinar y resolver "las cuestiones de hecho y derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubieren sido materia de agravios" (art. 262 del Código citado). En la primera parte del fallo impugnado el Tribunal parece limitar su actuación a un control de la legalidad de la resolución de primera instancia (en este caso, ceñido a su fundamentación). Por ende, el fallo no juzga en lo pertinente la justicia de la decisión, lo que conlleva omisión de pronunciamiento.

--- Tampoco la última parte del texto transcripto constituye fundamentación suficiente. El a quo refiere que la resolución de la Administración es posterior a la medida de no innovar. Pero no extrae consecuencias de tal referencia, con lo que el texto no pasa de mero enunciado. Podría entenderse, es cierto, que dichas consecuencias están implícitas y que son negativas para la posición de la apelante; y ello, a su vez, podría considerarse como un fundamento relativo a la justicia de la decisión. Ahora bien, incluso en esa hipótesis subsistiría la omisión de pronunciamiento. Es que el referido enunciado sigue sin responder al agravio de la demandada, quien planteó que lo que debió analizarse era la viabilidad del amparo y que éste nunca pudo prosperar.

--- Cabe agregar que dicho agravio es conducente a la cuestión planteada y cuenta con entidad suficiente como para ser analizado, por lo que debe considerarse arbitrario el fallo que omite hacerlo. Ha dicho esta Corte al respecto que un pronunciamiento es arbitrario si los jueces omiten decidir una cuestión oportunamente propuesta y conducente a la solución del litigio. También ha dicho que no considerar circunstancias, hechos o defensas conducentes a la solución del litigio significa no escuchar a quien los expuso, lo cual quebranta la garantía de la defensa en juicio. Ha expresado, en fin, que dicha garantía resulta violada cuando las partes no pueden hacerse oír y ejercer sus derechos, pero también cuando se ven privadas de un pronunciamiento que defina su posición; esto es, cuando no se atienden las cuestiones y argumentaciones expuestas, máxime cuando son de entidad suficiente para influir en el decisorio (PRE 1990 S1ª 163, P.R.E. S1º-2003-II-351, etc.).

--- Resultando procedente la causal de omisión de pronunciamiento, no corresponde expedirse sobre la otra causal alegada en el recurso de inconstitucionalidad; tampoco sobre el recurso de casación.

--- Por lo expuesto, voto por acoger el recurso de inconstitucionalidad, con costas a la contraparte vencida, y por declarar abstracto el recurso de casación. También voto por anular el fallo impugnado y por reenviar la causa a un tribunal sustituto para que se expida sobre la apelación de la demandada.

--- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON:

--- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

--- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido, anular la resolución recurrida y devolver la causa al Tribunal de origen para que, previo conocimiento, la remita al que sigue en orden de nominación a fin de que dicte nuevo fallo con arreglo al presente. II) Declarar abstracto el recurso de casación. III) Imponer las costas a la parte vencida. IV) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos y a los autos principales que deberán bajar al Tribunal de origen. Notifíquese y oportunamente archívense.