Encubrimiento, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Villafañez, Oscar Rodolfo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en contra de la Sentencia Nº 18/2013 referente a Expte. Letra 'V' Nº 129/09 - Villafañez, Oscar Rodolfo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-08-16

La Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: Iº) No hacer lugar a la nulidad articulada por la defensa técnica del imputado.

IIº) Declarar culpable a O. R. V., como autor penalmente responsable del delito de Encubrimiento agravado, previsto y penado por los arts. 277 inc. 3º, apartado "b" en función de los arts. 277 inc. 1º, apartado "e" y 45 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo (arts. 40 y 41 del Código Penal), ordenándose en consecuencia su inmediata detención (.).

Contra dicha sentencia, el defensor del imputado interpone recurso de casación invocando los motivos previstos en los incs. 4º y 2º del art. 454 del C.P.P.

Como primer agravio denuncia la nulidad absoluta del decreto de determinación del hecho y, consecuentemente, de todos los actos que de él dependen. Aclara que esta nulidad ya fue solicitada durante los alegatos -y rechazada en la sentencia-, pero que, al ser absoluta, puede plantearse en cualquier momento del proceso, incluso hasta podría ser declarada de oficio.

Sostiene que la referida nulidad ha vulnerado el derecho de defensa y el principio de congruencia. En tal sentido, refiere que no se ha identificado debidamente, por las características, el elemento sustraído el cual fue objeto de encubrimiento.

A fin de dar respuesta al planteo de nulidad absoluta solicitado por el recurrente, seguiré el criterio sentado en S. nº 43, 29/08/2012; S. nº 30, 29/06/2012 y S. nº 33, 14/09/2010, en donde sostuve que: "Para hacer efectiva la garantía procesal constitucional de la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio (arts. 18, 75 inc. 22 C.N.; arts. XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 9 inc.

3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; art. Const. Pcial. arts. 25, 27 y 31; y art. 1° C.P.P.), se hace necesario que, "entre la acusación intimada (originaria o ampliada) y la sentencia, debe mediar una correlación esencial sobre el hecho, la que impide condenar al acusado por uno diverso del que fuera objeto de la imputación formulada (ne est iudex ultra petita partium)" (Vélez Mariconde, Alfredo "Derecho Procesal Penal", T. II, p. 233, ed. 3ra., primera reimpresión, actualizada por los Dres. Manuel N. Ayán y José I. Cafferata Nores, Lerner, Córdoba 1982; cfr. Clariá Olmedo, Jorge Andrés "Tratado de Derecho Procesal Penal", T. I, p. 507, Ediar, Bs.As. 1960).

Ello por cuanto de nada valdría afirmar que no hay juicio sin acusación, al igual que ésta debe ser correctamente intimada, si no se suma la exigencia que el Juez únicamente puede condenar al acusado como culpable del hecho sobre el que versó la actividad defensiva. De no ser así, se impone la nulidad absoluta de la sentencia por cuanto se afecta la defensa del imputado en lo que hace a su intervención y asistencia en el proceso penal (art. 186 inc. 3° y 187 segundo párrafo del C.P.P.), en virtud que se coarta la defensa material y técnica, las que tuvieron como referencia para su desarrollo el hecho contenido en la acusación.

Lo dicho precedentemente impone aclarar, que no toda diferencia menoscaba esta facultad del imputado; sólo concurre tal perjuicio, cuando la diversidad le restringe o cercena la factibilidad de presentar pruebas defensivas (NUÑEZ, Ricardo C., "Código Procesal Penal", Lerner, Córdoba, 1986, nota 1° al art. 414, pág. 385).

Consecuentemente, se ha dicho, en relación a la conexión existente entre intimación y la garantía de defensa en juicio, que "para que la defensa sea un elemento efectivo del proceso y el imputado pueda negar o explicar el hecho que se le atribuye, o afirmar alguna circunstancia que excluya o atenúe su responsabilidad, u ofrecer pruebas de descargo, o argumentar en sentido contrario a la imputación, es necesario que ésta sea intimada, es decir, puesta en conocimiento de la persona contra la cual se dirige" (Vélez Mariconde, Alfredo, "Derecho Procesal Penal", T. II, Marcos Lerner Editora Córdoba, p. 221).

Corresponde, entonces, no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.