Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-08


Causa Nº 138-00/CC/2006 Caratulada: "URDIALES, Miguel Ángel s/ art. 189 bis del CP - Apelación".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los8días del mes de febrero de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz a efectos de resolver la presente causa:

El Jorge A. Franza dijo:

RESULTA:

1) Que el 24 de octubre de 2006 la titular del Juzgado Contravencional y de Faltas nº 21, Cristina Beatrizº Lara resolvió condenar a MIGUEL ANGEL URDIALES a la pena de seis (6) meses de prisión en suspenso y al pago de una multa de mil pesos ($1000) por considerarlo autor del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, con costas, dando sus fundamentos el día 31 de octubre de 2006.

2) Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la titular de la Defensoría Oficial en lo Contravencional y Faltas Nº 8, Marcela Millán cuestionando que: a) la sentencia adolecía de graves defectos de fundamentación; b) la intervención policial no tuvo lugar con motivo de una circunstancia previa objetiva y fundada; c) existía una falta de prueba de la materialidad del hecho y de la responsabilidad de Urdiales y; d) disentía con la calificación legal. (fs. 243/251).

3) El recurso de apelación fue concedido el 10 de noviembre de 2006 (fs. 252/253).

4) A fs. 258/261vta. el Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, propugnó se rechace la apelación deducida por la defensa oficial.

Y CONSIDERANDO:

Primera cuestión: Admisibilidad del recurso:

5) El recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 61 de la Ley Nº 12, cumpliendo con los requisitos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, en cuanto fuera planteado por quien se encuentra autorizada para hacerlo por la ley procesal, y por tener un interés jurídico en la impugnación contra una sentencia definitiva.

En efecto, la Sra. Juez de Grado resolvió condenar a MIGUEL ANGEL URDIALES el día 24 de octubre pasado (fs. 208/215), dando lectura a los fundamentos el día 31 del mismo mes y año (fs. 226/241); la Sra. Defensora Oficial interpuso recurso de apelación el día 8 de noviembre de 2006 (fs. 243/251) mediante escrito fundado con indicación de los motivos de sus agravios, con lo cual el recurso de apelación ha sido interpuesto tempestivamente.

Segunda cuestión: ¿Se ajusta a derecho la sentencia recurrida 6) Corresponde en primer lugar justipreciar los agravios vinculados a la valoración de prueba producida en la audiencia de juicio oral y público desarrollada sin la presencia del suscripto.

Ha resuelto ya con anterioridad esta Sala (in re Causa 469-00/CC/2006, "Alcaraz, Héctor Juan ó Ríos, Ramón Alberto s/inf. art. 189 bis C.P. - APELACION, entre otras) que, si bien el recurso previsto en el art. 61 de la LPC es un remedio limitado, este Tribunal de Alzada se encuentra facultado para llevar a cabo una revisión amplia de los hechos y las pruebas, como único modo de efectivizar la garantía del doble conforme. En este sentido, la doctrina emanada del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sienta las bases para garantizar la doble instancia dentro de los lineamientos instituidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En sus considerandos, dicho pronunciamiento estableció que "...la interpretación restrictiva del alcance de la materia de casación, con la consiguiente exclusión de las llamadas cuestiones de hecho y prueba, viola el derecho del imputado a recurrir la sentencia condenatoria consagrado en el art. 8.2 h de la Convención Americana de Derechos Humanos...", agregando que "...a partir de una interpretación integradora del art. 8.2 h de la Convención Americana de Derechos Humanos y del art. 456 del Cód. Procesal Penal de la Nación, debe concluirse que en nuestro derecho resulta aplicable la teoría del agotamiento de la capacidad de revisión o capacidad de rendimiento, lo cual produce como consecuencia el abandono de la limitación del recurso de casación a las llamados cuestiones de derecho..." (del voto conjunto mayoritario de los jueces Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti), y que "...el carácter integral que debe tener el derecho de revisión de la condena, veda la posibilidad de realizar distinciones que predeterminen la materia a revisar, excluyendo de antemano ciertos aspectos, como ocurre con la clasificación entre cuestiones de hecho y de derecho" (conf. el voto de la Juez Argibay).

7) Delineada ya mi posición con respecto al alcance de las materias revisables por este Tribunal de Alzada, corresponde resolver los agravios deducidos por la Defensora Oficial, sin olvidar que, como se ha expedido, por unanimidad, el Tribunal Superior de Justicia "los jueces no se encuentran obligados a evaluar todos y cada uno de los argumentos sometidos a su consideración por las partes, sino sólo aquellos que estiman relevantes para la decisión que deben dictar. Por ello, la invocada omisión de tratamientos de determinados aspectos del planteo recursivo no resulta idónea para sustentar la vía extraordinaria intentada" (Expte. n° 142/99 "Aldazabal, José Benito s/ recurso de queja", rto. el 24 de abril de 2000).

De ahí que sea menester evaluar si las pruebas rendidas en la audiencia de juicio, analizadas en su conjunto en virtud de las reglas de la sana crítica, permiten tener por acreditada -con el grado de certeza necesario- la conducta imputada al Sr. Urdiales en las circunstancias especificadas por el Sr. Fiscal de Primera Instancia.

8) Al celebrarse la audiencia de debate, el Subinspector Omar Eduardo Guzmán al ser preguntado por la Sra. Fiscal de grado, manifestó que "...recordaba que hubo un choque, había una persona muy alterada y costó bastante tranquilizarla. Que no recordaba la marca ni modelo del vehículo, pero sí que era viejo y su conductor estaba muy alterado por lo que tuvieron que agarrarlo entre dos policías. Recordó que había un arma, que estaba dentro del vehículo dentro de una especie de cartuchera de herramientas, tipo casera, no era del auto, era de cuero o cuerina, en el asiento del conductor -colgando del asiento del conductor- y que si no hubiera nadie sentado, estaría a la vista; estaba abierto, no tenía cierre, ni nada, era un arma calibre 22, si mal no recordaba...fue un poco confuso dado que la persona estaba alterada, no se llamó enseguida a los testigos porque estaba alterado y no sabía por que, sí que había habido un choque. Preguntado si además del arma se secuestró algún otro elemento, refirió que no recuerda si era cocaína o marihuana, en la billetera del conductor, que tenía en el bolsillo, eso fue cuando se lo pudo reducir. Que solicitó a los testigos y se le secuestró la cocaína o marihuana. Se secuestró la sustancia, se dio lectura de derechos, y se vio que en la cartuchera estaba el arma. El arma estaba cargada, con municiones de punta hu eca si mal no recordaba...Preguntado acerca de cómo intervinieron los testigos, refirió que bien no lo podía precisar, que se le leyeron los derechos, se secuestró la sustancia y luego el arma..." Alejandro Daniel Woda explicó que "...él estaba fuera del auto y en el interior su hijo y el amigo. Vio como un auto blanco o gris chocó todo el costado de su vehículo Renault 19...Que en ese momento quien lo chocó le hizo una seña con la mano y se fue. En estado de shock intentó ir a pedirle los datos, y cuando hizo 20 o 30 metros, vio que la policía lo detuvo. Que cuando paró le decía a quien lo había chocado que casi lo mata...Expresó que después la policía lo detuvo y le dijo al dicente que se fuera. Agregó que el hombre gritaba que le estaban pegando, lo que era mentira. Vio que la policía esposó al hombre, luego de lo cual el manifestante se retiró por que se lo indicó la policía...al momento de la detención como estaba el sujeto, dijo que nervioso y que la policía lo trató muy correcto...indicó que la gente no sabía lo que pasó y reacciona pensando que la policía actúa mal, por que no sabe lo que estaba pasando. El no sabe que pasó exactamente." El testigo Gabriel Gregorio Klosewicz, por su parte, refirió que "...recordaba un episodio casi en la puerta de su casa...había un auto chocado y otro detenido, y una persona fuera del auto esposada, que supone que era Urdiales, porque no lo conoce, le pidieron que firmara un acta en la calle, la que firmó, donde si mal no recordaba decía que el hombre estaba armado, lo cual no vio porque (el hombre) estaba esposado en la vereda, se le hizo mención al arma que estaba arriba del capo del auto. Refirió haber visto un arma arriba del capot del auto y unas balas, también arriba del capot del auto color azul. También dijo haber visto cigarrillos armados...Expresó que tiene la costumbre de desayunar en un café del barrio, y cuando volvió, vio un episodio, subió a su casa y cuando escucho gritos bajó. Preguntado por la Dupuy cómo estaba la persona, refirió que arrodillado, esposado y llorando...a los gritos, diciendo que no había hecho nada y había otro coche chocado donde había un señor, muy nervioso, que decía que lo había chocado. Que era un matrimonio en un Renault 19, donde el señor estaba muy nervioso...El choque no lo vio... Preguntado ...si en esa secuencia observó algún maltrato del personal policial hacia el esposado, manifestó que no, que el hombre estaba esposado al lado de un árbol...Preguntado si cuando pasó la primera vez, que venía del bar, estaba la otra persona del Renault 19, nervioso y la mujer también, la persona ya estaba detenida, dijo que sí, estaba esposado y sentado en la vereda, al lado de un árbol, frente a una casa antigua...Preguntado si escuchó que la gente gritara o dijera algo, expresó que no, que la gente estaba observando".

Y Rodolfo Carlos Brancato explicó que "...escuchó ruido y gritos desde el comedor...vio a la policía, aunque siguió haciendo el desayuno. Que luego comenzó a escuchar quejidos en alta voz y creyó que había un herido y no llegaba la ambulancia...vio un vehículo parado en doble fila ...y vio que el origen de los quejidos eran de un señor, que estaba boca abajo, esposado. Indicó que un agente policial le solicitó su participación como testigo, y le dijo que si, entonces cruzó hacia la vereda donde se desarrollaba. Allí había otro señor, a quien reconoce como el que testificó antes de él: le dijeron lo que se trataba, que se acercara al vehículo donde estaba abierta la puerta del lado del volante y del lado derecho sobre el torpedo o asiento, sacaron un arma y se la mostraron y también un puñado de proyectiles que le hicieron notar que tenían la punta ahuecada y eso es lo que visualizó en ese momento...El suboficial de la policía le hizo notar, que en el momento que estaban desarrollando la aprehensión y con posterioridad, que la gente le profería gritos por aparente actitud hacia el detenido, violenta....Preguntado...si escuchó eso, dijo que no...Preguntado si vio algún maltrato, dijo que no. Preguntado si vio el arma, expre só que la sacó el policía de la parte derecha del vehículo. Preguntado si vio las balas, refirió que sí...Preguntado si escuchó quejidos, a lo que respondió que sí...y escuchó gritos como de dolor. Preguntado....acerca de cuando manifiesta haber visto el arma, como la vio, indicó que el policía con la puerta abierta, se estiró hacia el lugar que no recordaba si era el asiento, el torpedo o la guantera, pero que era del lado derecho, y la sacó; no estaba ni en un bolso, ni en un sobre ni en nada".

El oficial de la policía Horacio Javier Curi manifestó en su oportunidad que "...En cuanto al hecho, indicó que fue secundante. Refirió haber visto a la persona reducida y que prestó colaboración al compañero, era chofer del móvil, se encargó de sacar testigos, preparar el acta y poner las pertenencias del detenido, lo que iba a ser el secuestro. Recordó una pistola, no el calibre, aunque si era bajo, y unas semillas verdes que parecían ser de marihuana...Preguntado concretamente acerca de la pistola, dijo que los testigos decían que la había mostrado, que había agredido a una persona y el arma se secuestró del interior del auto, preguntado de que lugar del auto, manifestó que del asiento del lado del conductor...Preguntado para que especifique que sucedió cuando llegó al lugar, expresó que era una incidencia por choque; que hubo problemas con otro agente cuando lo quiso reducir que no recordaba mas nada, sólo que colaboró en el secuestro del arma".

9) De las declaraciones brindadas a lo largo del debate oral surgen contradicciones en torno al lugar donde se secuestró el arma. Así, si bien tanto el inspector Guzmán como el oficial Curi refirieron que el arma estaba del lado del conductor, sólo el primero de ellos hizo referencia a una supuesta cartuchera tipo casera de cuerina, la cual, vale destacar, nunca se secuestró.

En cuanto a los testigos civiles, Klosewicz refirió que vio el arma y unas balas arriba del capot del auto, mientras que Brancato dijo que no recordaba si estaba en el asiento, el torpedo o la guantera, pero que era del lado derecho y que el policía la sacó, no estaba ni en un bolso ni en un sobre ni en nada.

Nótese además la incongruencia de estos dos últimos testimonios, pues conforme surge de los propios dichos de Brancato (vide fs. 181 vta.) cuando él arribo al lugar, Klosewicz ya estaba en la escena. Por lo que no resulta temporalmente factible que quien llegó primero haya visto el arma sobre el capot del auto y quien se acercó después, haya visto el supuesto secuestro de la pistola dentro del vehículo.

Pero además, tornando aún menos disipado el cuadro situacional, los preventores aducen que el arma estaba del lado del conductor, mientras que Brancato afirmó que estaba del lado derecho. Es más, según Guzmán estaba dentro de una cartuchera (reiteramos, nunca secuestrada), pero Brancato fue enfático en negar aquello.

Tampoco puede soslayarse a esta altura lo sucedido con Woda, quien fuera el supuesto damnificado de la colisión. Este refirió en su deposición que la policía le dijo que se fuera. Ello no se compadece con un correcto accionar policial, teniendo en cuenta que estaba tan nervioso como Urdiales -conforme surge de los dichos de Klosewicz- por lo que no correspondía su distanciamiento de la escena. Además, repárese que en momento alguno vio la pistola calibre 22, ni siquiera hizo referencia alguna a la requisa del auto.

10) Las contradicciones apuntadas permiten colegir que el arma fue previamente manipulada por los policías sin la presencia de testigos, contaminando de este modo el plexo probatorio con el que se pretende incriminar al imputado.

Para el suscripto entonces, existe duda razonable por cuanto no puede afirmarse con el grado de certeza necesaria, si la pistola calibre 22, marca STAR LANCER nº 1159382 y las 5 balas, se encontraban dentro del vehículo conducido por el Sr. Urdiales.

La circunstancia que tanto Guzmán como Curi sean oficiales de la Policía Federal Argentina, los hacen versados, no sólo en el manejo de armas, sino también en los pasos que obligatoriamente deben seguirse en casos como el de autos, los que resultan insoslayables para un adecuado respeto a las garantías constitucionales.

De ahí que, habiendo sido reducido el imputado, no habiendo urgencia, pues se había despejado toda posibilidad de peligro (nótese que Curi y Guzmán no eran los únicos policías en el lugar, sino que había varios móviles), aún así, practicaron el secuestro y la requisa del vehículo en forma irregular, contaminando la prueba al no conservar intacta la escena de los hechos.

11) No se ha logrado quebrantar la presunción de inocencia (art. 18 CN) que goza toda persona involucrada en un proceso penal, toda vez que resulta imposible, con el grado de certeza que toda sentencia condenatoria exige, aseverar que Miguel Ángel Urdiales el día 13 de noviembre de 2005 tuviera en el interior de su vehículo un arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal para hacerlo, colocándonos en la necesidad de aplicación del principio "in dubio pro reo" por existir una duda razonable.

Explica Bacigalupo que el principio "in dubio pro reo" en su dimensión normativa "se manifiesta en la existencia de una norma que impone a los jueces la obligación de absolver cuando no se hayan podido convencer de la culpabilidad del acusado o de condenar por la hipótesis más favorable al mismo" y "...el Tribunal no puede fundamentar su certeza en la duda o la mera sospecha de los testigos o de los policías, y si en estas condiciones ha condenado habrá infringido el principio in dubio pro reo, en tanto norma sustantiva que debe observar en la aplicación de la ley penal" (conf. "La impugnación de los hechos probados en el recurso de casación penal", pág. 69/70).

Y Julio B. J. Maier, indica que "...la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia, construida por la ley (presunción), que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución. Cualquier otra posición del juez respecto de la verdad, la duda, o aún la probabilidad, impiden la condena y desembocan en la absolución..." ("Derecho Procesal Penal", Tomo I, "Fundamentos", Ediciones del Puerto, Bs. As., 1996, 20º edición, pág. 492 y ss.).

Y cito un párrafo valioso del voto del Juez Petracchi en el caso "Ricardo Francisco Molinas v. Nación Argentina": "Lo contrario importaría ni más ni menos que echar por tierra un bien que la humanidad ha alcanzado y mantenido a costa de no pocas penurias: el principio de inocencia, el cual, tal como lo señaló la Corte Suprema estadounidense in re 'Coffin vs. United States' (156 U.S. 432, pág. 453 y sgtes.), posee antecedentes muy lejanos en el tiempo. Así, en dicha oportunidad, el citado tribunal recordó lo acontecido en épocas del Imperio Romano: Numerius, gobernador de Narbonensis, se hallaba sometido a juicio criminal, y había asumido su propia defensa negando la culpabilidad y alegando la falta de prueba en su contra. Delphidius, su adversario, previendo el rechazo de la acusación se dirigió a Juliano: '¡Oh ilustre César! -le dijo- si es suficiente con negar, ¿qué ocurriría con los culpables', a lo que Juliano respondió: 'Y si fuese suficiente con acusar, ¿qué le sobrevendría a los inocentes' (Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum LXVIII, C.1). Tan venerable y remoto legado no puede ser desconocido sino a riesgo de negar la propia dignidad humana, y la Constitución Nacional, pues, reza así: 'Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo' (artículo 18). Ello significa que todo habitante debe ser considerado y tratado como inocente de los delitos que se le reprochan, hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme. Tan magno es este principio, que no ha dejado de ser puntualizado por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano -Art. 9-, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano -Art. 11-, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Art. 8, 2°- y diversas constituc iones provinciales de nuestra Nación: La Rioja (Art. 22), Jujuy (Art. 29 inc. 4°), Córdoba (Art. 39), San Juan (Art. 30), Santiago del Estero (Art. 35)" (Fallos: 314:1091)".

12) El art. 61 inc. 3º LPC contempla la posibilidad de recurrir la sentencia definitiva en el supuesto de arbitrariedad en virtud de un inequívoco apartamiento de las constancias de la causa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha esbozado conceptos genéricamente definitorios de arbitrariedad en el sentido que cuadrarían dentro de aquella hipótesis las sentencias que aparecen "determinadas por la sola voluntad del juez" (fallo 238-23), adolecen de "manifiesta irrazonabilidad" (fallo 238-566) o de "desacierto total" (fallo 242-179) o exhiben una "ausencia palmaria de fundamentos" (fallo 296-177).

Asimismo, en razón de que ese tipo de anomalías es incompatible con la garantía de la defensa en juicio, ese Tribunal Superior tiene dicho que "la exigencia de que las sentencias judiciales tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional" (fallos 236-27; 240-160), agregando que es condición de validez de los fallos judiciales que ellos configuren "derivación razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa" (fallos 238-550; 244-521 y 523), descalificando como arbitrarios a los pronunciamientos que no reúnen esa condición. (Lino Enrique Palacio, "El recurso extraordinario federal" Teoría y Técnica, Ed. Abeledo-Perrot, 2º edición, Buenos Aires, 1997, pág. 228).

La sentencia recurrida resulta arbitraria ya que no es una derivación razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa, ya que no pudo comprobarse con el grado de certeza necesaria, si Miguel Ángel Urdiales efectivamente tenía dentro de su vehículo la pistola calibre 22 marca STAR LANCER nº 1159382.

13) Finalmente, si bien el art. 61 inc. 1° párrafo segundo in fine de la LPC reza que se debe disponer la realización de un nuevo juicio, consideramos que el imputado, por cuestiones rituales insuficientes, no debe soportar las consecuencias penosas de un nuevo enjuiciamiento penal. En efecto, ese ha sido el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decidir en el caso "Mattei" que "La garantía de la defensa en juicio consiste en la observancia de las formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia. Sólo en los casos en que se omitan o se violen estas formas es posible retrogradar el proceso haciendo excepción a los principios de progresividad y preclusión. Estos principios, que atienden a la seguridad jurídica y a la necesidad de lograr una justicia rápida, se vinculan con el respeto a la dignidad humana, que incluye el derecho a un pronunciamiento definitivo. El justiciable no debe sufrir las consecuencias de actos ajenos a su responsabilidad que importen la vuelta hacia atrás del proceso. La garantía del debido proceso legal ha sido arbitrada fundamentalmente a favor del acusado. Deben conciliarse el derech o de la sociedad a defenderse contra el delito con el del individuo sometido a proceso".

Así también se han expedido los jueces Julio Maier y Alicia Ruiz en el expediente nº 3790 "Kim, In Jung s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Kim, In Jung s/ Art. 74 del CC", rta. 1/6/2005).

14) En mérito a lo expuesto, considero que se debe REVOCAR la sentencia apelada en cuanto fuera materia de recurso y en consecuencia ABSOLVER de culpa y cargo a MIGUEL ANGEL URDIALES por el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal (arts. 61, párrafo 3º de la LPC y 189 bis, inc. 2 párrafo 1 del CP).

Así voto.

La Silvina Manes dijo:

Me adhiero a los fundamentos y conclusiones del voto de mi distinguido colega, Jorge Franza.

La doctora Marta Paz dijo:

1) Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Miguel Ángel Urdiales contra la sentencia que dispuso condenarlo a la pena de seis (6) meses de prisión en suspenso y al pago de una multa de $ 1000 (pesos un mil) por considerarlo autor del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, con costas.

2) El recurso de apelación fue interpuesto por quien se encontraba legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible (art. 61 de la ley 12).

3) La defensa se agravia de lo que sostiene es una sentencia con defectos de fundamentación, por ende infundada, basada en un hecho defectuosamente descripto por el Ministerio Público Fiscal, que describió el tipo legal y no las circunstancias del hecho. Dicho extremo conlleva -a su juicio- lesión a las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso legal.

Se agravia porque tilda de "confuso" el hecho que dio lugar a la intervención policial y requisa ya que el accidente entre los automotores no habría sido debidamente probado y "motivó la intervención al ser observado" todo lo cual la lleva a sostener que tanto el hecho como la responsabilidad del imputado no están debidamente acreditadas.

Subsidiariamente invoca que "para el caso que el a quo entendiera que la conducta se encuadraba en el supuesto de tenencia, solicitaría también la reducción prevista en el párrafo 6º del inc. 2º art. 189 bis" (fs. 250/250 vta).

Formula reserva de ocurrir ante el TSJ y caso federal.

4) Los hechos de la causa han sido mayormente sintetizados por mi colega preopinante, por lo que resultaría redundante reseñarlos nuevamente.

5) El problema de la decisión consiste, entonces, en la individualización de la hipótesis de máxima correspondencia entre una narración de los hechos y un supuesto de hecho jurídico: la máxima correspondencia se obtiene cuando una narración de los hechos integra perfectamente el esquema fáctico del supuesto de hecho legal destinado a constituir el criterio jurídico de decisión, permaneciendo inamovible que en cierta medida también la elección del supuesto de hecho "justo" depende de la determinación de los hechos y, por tanto, de la narración de los mismos que parezca más aceptable.

Considero razonable esperar que los testigos formulen descripciones levemente discrepantes sobre los hechos sobre los que deponen. La experiencia indica que la regla es la diversidad de matices y la jueza a quo debió evaluar si éstas alteraban la fuerza convictiva de los dichos acerca de la veracidad y concreción del hecho.

Es en este contexto que cabe afirmar que no cualquier discrepancia en los testimonios impone desestimar los mismos reputándolos falsos.

El derecho a la prueba que normalmente se reconoce a las partes sólo puede adquirir un significado apreciable sobre la base de una concepción racional de la convicción del juez. La concepción racional de la valoración de las pruebas incide, en distintos sentidos, sobre la libertad del juez en el uso de las pruebas.

Por un lado, aquella concepción implica que esta libertad esté "orientada" y no equivale a una discrecionalidad absoluta o a una arbitrariedad subjetiva en el juicio de hecho, es orientada desde que el juez debe utilizarla únicamente con el objetivo de alcanzar una determinación tendencialmente verdadera de los hechos del caso y debe usar criterios racionales para ello.

La libertad de elección de los elementos de prueba relevantes para la decisión puede y debe ser ejercida de forma racional y controlable. La obligación de motivar asume aquí un significado muy preciso, consistente en hacer que el juez, justificando mediante argumentaciones racionales sus propias elecciones, las somete al control externo que puede efectivizarse sobre la motivación, que se cumple en el caso de autos, reuniendo tales recaudos la sentencia recurrida, por lo que debe ser confirmada.

6) La prueba producida durante el debate acredita que la intervención policial se inició por comando radioeléctrico (testimonio de Horacio Curi, fs. 209) y de los dichos del Sr. Woda que el automotor del imputado colisionó el del mismo el 13.11.05, continuando su marcha hasta ser detenido por personal policial. Asimismo que el arma cuya tenencia se le imputa al imputado -una pistola calibre 22 marca Star Lancer nº 1159382 conteniendo 5 cartuchos a bala del mismo calibre pero calificadas como munición de guerra o uso prohibido por tratarse de munición de tipo expansivo, punta perforada- fue secuestrada del automotor de Urdiales.

El informe pericial estableció que el arma era apta para el tiro, de funcionamiento normal y la munición apta para su fin.

El RENAR informó que el imputado no estaba inscripto en dicho registro, ni el arma registrada.

Y uno de los testigos civiles, el Sr. Brancato, vecino que bajó desde su departamento al escuchar gritos vio el arma dentro del auto.

El magistrado a quo razonó validamente al otorgar sentido a los testimonios y al resto de la prueba pues se puede señalar que convergen hacia un mismo resultado y no están en conflicto entre sí, ni en referencia a la hipótesis sobre el hecho (sobre el particular v. el análisis de Schafer. The construction of Probability Arguments, en Probability and Inference, p. 82 ss., 255 ss., 280 ss.).

En suma, la prueba producida permite sostener que no hubo arbitrariedad en la sentencia dictada.

En efecto, las pruebas confirman la hipótesis sobre el hecho imputado, dando una respuesta lógica al problema fundamental de toda causa que radica en cómo se analizan y valoran las pruebas. Por otra parte, no existen terceros a quienes considerar posibles autores del ilícito, habiéndose encontrado el arma dentro del automóvil del imputado no existiendo otros ocupantes del vehículo, con lo cual no puede tacharse de arbitraria la conclusión a que se arribó al sentenciar acerca de que el imputado era quien tenía en su poder el arma secuestrada. Todo lo cual impide considerar que se hayan reunido los recaudos para que prospere la tacha de arbitrariedad.

Por último, ha resuelto el TSJ que: "...no parece irrazonable la concesión a las autoridades de la prevención de cierto poder de policía que contenga la posibilidad de examinar personas y cosas en ciertos casos. (cf. art. 230 bis y 185, inc. 5, del CPPN)..." Expte. nº 4012/05 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 5- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: "Otegui, Emanuel Bruno Antonio s/ art. 189 bis CP -apelación-", por lo que tampoco ha de prosperar la tacha de la defensa respecto de la intervención policial y la requisa.

7) Por todo lo expuesto corresponde:

I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa y CONFIRMAR la sentencia recurrida en cuanto ha sido materia de agravio.

II. TENER PRESENTE las reservas de ocurrir ante el TSJ y el caso federal.

Así lo voto.

Por los fundamentos expuestos, este Tribunal RESUELVE:

REVOCAR la sentencia apelada en cuanto fuera materia de recurso y en consecuencia ABSOLVER de culpa y cargo a Miguel Angel URDIALES por el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal (arts. 61, párrafo 3º de la LPC y 189 bis, inc. 2 párrafo 1º del CP).

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase a primera instancia a sus efectos.

Ante mí:

Endede 2007 se notificó al Sr. Fiscal. Conste.

Endede 2007 se libró una cédula. Conste.

Endede 2007 se notificó a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

Endede 2007 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 21. Conste.