Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-07


SENT Nº 107 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Siete (07) de Marzo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Dominguez Rodolfo vs. Vicente Trapani S.A. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- Vicente Trapani S.A., parte demandada en autos, mediante letrado apoderado plantea recurso de casación (cfr. fs. 710/715) contra la sentencia N° 23 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, de fecha 25 de febrero de 2010 corriente a fs. 672/676 vta. de autos, que es concedido por Resolución del referido Tribunal del 13-6-2011 (cfr. fs. 732). Ninguna de las partes presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 137 primera parte del Código Procesal Laboral (en adelante CPL), conforme surge del informe actuarial de fs. 739.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como Tribunal de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto dentro del plazo que consagra el artículo 132 del CPL (fs. 704 y 710/715); se dirige contra una sentencia definitiva conforme al artículo 130 del CPL; la demandada recurrente se encuentra eximida de cumplir con el afianzamiento previsto por el artículo 133 del CPL, de conformidad a lo previsto por el artículo 135 de igual digesto ritual, toda vez que se encuentra concursada (fs. 708/709); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho, en tanto se alega que la sentencia recurrida no se encuentra debidamente fundada, ni guarda relación lógica con la normativa aplicable al caso y, además, evidencia una clara trasgresión a las normas que gobiernan la valoración de las pruebas.

Respecto a esto último, es del caso aclarar que la ponderación por parte de esta Corte de aquella valoración efectuada por el Tribunal de grado -la cual constituye una cuestión de derecho, pues consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de la causa-, resulta objeto propio del recurso extraordinario local por tratarse de una típica cuestión jurídica cual es, la determinación de la existencia de un error in iuris iudicando por parte del Tribunal A quo.

Por lo reseñado, el recurso en examen resulta admisible. Siendo ello así, queda habilitada la competencia jurisdiccional de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

III.- La parte recurrente -demandada en autos- pone en entredicho la sentencia en examen por las razones que argumenta en una serie de órdenes de agravios.

III.1- En el primer orden de agravios, aduce la recurrente que la sentencia impugnada se aparta de las normas que rigen la valoración de las pruebas, toda vez que omitió ponderar elementos probatorios -en especial, los intercambios de correos electrónicos y los testimonios de testigos necesarios- que resultaban de fundamental importancia a los fines de analizar la existencia de justa causa de despido y el conocimiento que habría tenido el actor, al momento de su desvinculación, de las razones que motivaron la decisión de la empleadora de extinguir el contrato de trabajo existente entre las partes.

III.2- En el segundo orden de agravios, expresa la demandada que la Cámara efectuó una incorrecta interpretación del artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante LCT), pues la finalidad de dicha norma es evitar que el trabajador sea sorprendido en su buena fe y permitir su adecuada defensa, sin que el actor se haya visto impedido, en el caso de autos, de contestar u ofrecer pruebas en relación a las causales señaladas en la carta documento que le remitiera la empleadora en fecha 17-3-2001. Agrega que el artículo citado hace referencia a la totalidad de las comunicaciones prejudiciales intercambiadas entre las partes y no a una sola.

Finalmente, señala las pruebas que evidenciarían que el actor habría actuado con desinterés, irresponsabilidad, impericia y negligencia en el cumplimiento de sus funciones, así como el perjuicio que tal accionar causó a la demandada.

III.3- En el tercer orden de agravios, afirma la recurrente que el Tribunal de grado no fundamentó adecuadamente su decisión de declarar la inconstitucionalidad del tope máximo establecido por el artículo 245 de la LCT, toda vez que no expuso los motivos por los cuales consideró que no debía aplicarse el referido tope en el caso de autos. Aduce que tal motivación no puede ser suplida con la simple cita de un antecedente jurisprudencial.

Por último afirma que, en el sub lite, no se encuentra cuestionada por las partes la constitucionalidad de la referida norma.

III.4- En el cuarto orden de agravios, la accionada expone que el artículo 16 de la Ley Nº 25.561 dejó de tener vigencia en fecha 07-6-2002, y que el despido del actor se configuró más de cinco meses después, por lo que la sentencia habría trasgredido la normativa aplicable al momento del despido.

Agrega que el Tribunal no debió conceder al actor lo que no peticionó y que éste no solicitó la aplicación de los Decretos Nº 883/02 y 264/02, por lo que su aplicación deviene arbitraria y claramente agraviante para su parte. Finalmente, esgrime que los referidos decretos resultan inconstitucionales.

III.5- En el quinto y último orden de agravios, la recurrente sostiene que la sentencia en crisis violenta la doctrina legal de esta Corte en relación a la procedencia del rubro SAC sobre la indemnización sustitutiva de preaviso.

Entiende la demandada que la sentencia que recurre se aparta del criterio expuesto por esta Corte en el caso "Pesoa, Alfredo y otros vs. Soc. Arg. de Autores y Comp. de Música (S.A.D.A.I.C.) s/ Cobros", del cual surgiría que no corresponde la condena del rubro arriba mencionado. Esgrime que la solución del fallo que reprocha vulnera los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional.

IV.- ¿Asiste razón a Vicente Trapani S.A. -parte accionada en autos- respecto a los órdenes de agravios expuestos precedentemente? IV.1- Por motivos de orden expositivo, abordaré en primer lugar el estudio del segundo orden de agravios expuesto por la recurrente.

Preliminarmente, cabe puntualizar que el despido con invocación de justa causa dispuesto por el empleador debe comunicarse al trabajador por escrito y en esa comunicación, además, deben expresarse los motivos de la decisión. La inobservancia de esta obligación por parte del empleador transforma al despido, en principio, en carente de justa causa, con la consiguiente responsabilidad indemnizatoria. Esta exigencia se funda en la preservación de la buena fe que debe regir durante todo el contrato de trabajo, aún en el momento de su extinción (cfr. Sardegna, Miguel Ángel, "Ley de Contrato de Trabajo", Editorial Universidad, Buenos Aires, 1999, pág. 770 a 771).

En este orden de ideas, en la notificación de la decisión de extinguir el contrato de trabajo con invocación de justa causa deben emplearse expresiones precisas y ajustadas a los hechos que la motivan y a la verdadera causal que determina la disolución del contrato (cfr. Fernández Madrid, Juan Carlos, "Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Anotada", La Ley, Buenos Aires, 2010, Tomo III, pág. 2045).

Esta Corte ha sostenido que el requisito formal previsto en el artículo 243 de la LCT, en cuanto exige que la comunicación por escrito contenga expresión suficientemente clara de los motivos del despido, tiende a preservar el deber mutuo de buena fe que deben guardarse las partes y la necesidad de conocimiento cierto de los motivos que determinan tan grave decisión; lo que en modo alguno significa exigir formas "ad solemnitatem", pero sí requiere precisiones en cuanto a personas, lugar, tiempo, etc., que permitan la defensa de la contraparte (cfr. CSJT, sentencia Nº 292 de fecha 29/4/2002, "Passadore, Gustavo Martín vs. EDET S.A. s/ Indemnización por despido". En igual sentido, sentencia Nº 566 de fecha 09/8/2010, "Suárez, Juan Emilio vs. Citromax S.A.C.I. s/ Cobro de pesos").

Es al momento del despido cuando corresponde indicar con precisión la causa que pretende justificar la extinción del vínculo laboral, sin que sea posible suplir con posterioridad tal omisión, ya que rescindir el contrato de trabajo y no expresar las verdaderas y concretas causas de tal decisión constituye una actitud reticente y contraria a la buena fe que debe regir en el contrato de trabajo. Así, se ha dicho que "La causa de cesantía debe ser aducida en el momento que se notifique la ruptura del contrato de trabajo, no sólo para que el trabajador pueda formular revisión en el juicio laboral, sino también por ser una exigencia del deber de buena fe" (CNAT, Sala VI, 26-02-1982, "Araujo vs. Plastipol", TySS, 1982-473, citado por Rubio, Valentín, "Derecho Individual del Trabajo", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, pág. 588; y por Rodríguez Mancini, Jorge -Director-, Barilaro, Ana Alejandra -Coordinadora-, "Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Anotada y Concordada", La Ley, Buenos Aires, 2007, Tomo IV, pág. 373).

Excepcionalmente, se admite que las razones invocadas en la notificación del despido se "ajusten", luego, según la realidad, cuando la persona que comunicó la decisión, por razones no imputables a ella (quizás en virtud de la actitud de la otra), no tenía el pleno conocimiento de hechos que aparecieron con posterioridad, o cuando las invocadas tenían una fundada apariencia de ser veraces (cfr. Vázquez Vialard, Antonio - Virgili, Claudio Sebastián, comentario al art. 243 de la LCT en La Ley Online). Sin embargo, estos supuestos de excepción resultarían admisibles, precisamente, en atención a la buena fe que debe imperar en las relaciones laborales, y por cuanto el deber de obrar de buena fe de quien comunicó la decisión de extinguir el vínculo no se encontraría trasgredido por su actitud.

También se ha señalado que, para admitir la eventual existencia de justa causa de despido, la ley exige que la transmisión sea escrita y explicativa, de tal modo que a partir de la comunicación, el trabajador despedido pueda conocer, sin ningún margen razonable de duda, cuales son los hechos que se le imputan como incumplimiento del contrato, que pretenden justificar su rescisión (cfr. Rodríguez Mancini, Jorge -Director-, Barilaro, Ana Alejandra -Coordinadora-, "Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Anotada y Concordada", La Ley, Buenos Aires, 2007, Tomo IV, pág. 365).

No obstante ello, excepcionalmente se ha admitido que los requisitos indicados por el artículo 243 de la LCT puedan obviarse cuando el trabajador, al momento de su desvinculación, tenía conocimiento cierto de las razones que motivaron su cese. Es del caso aclarar que tales supuestos de excepción fueron analizados con prudencia y estrictez por la jurisprudencia (cfr. Sardegna, Miguel Ángel, "Ley de Contrato de Trabajo", Editorial Universidad, Buenos Aires, 1999, pág. 771).

En el caso de autos, el despido del actor fue dispuesto "de acuerdo al marco de reestructuración emprendido por el directorio" (cfr. fs. 222). De los términos empleados en la comunicación de su despido al actor surge que la empleadora no imputó a éste conducta injuriosa alguna, toda vez que la aludida "reestructuración" pudo tener origen en distintas causas vinculadas con hechos de diversa índole, no necesariamente injuriosos ni relacionados con el accionar del actor.

Aproximadamente un mes y medio después de la extinción del vínculo laboral, y en la réplica ante una intimación efectuada por el trabajador a fin que se le abonen las indemnizaciones legales por despido sin justa causa (cfr. fs. 223), recién la empleadora expresó por escrito los motivos concretos que -según sus afirmaciones- determinaron su decisión (cfr. fs. 225/226).

Sobre el particular, se ha puntualizado que "la comunicación telegráfica del despido no debe contener necesariamente la detallada descripción de todas las circunstancias referidas a los hechos constitutivos de la injuria, pero para tener por cumplido el recaudo legal de hacer saber al trabajador los hechos que motivan el despido, ellos deben ser particularmente puntualizados" (cfr. Fernández Madrid, Juan Carlos, "Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Anotada", La Ley, Buenos Aires, 2010, Tomo III, pág. 2051). Asimismo, se ha afirmado que no se cumplimenta el recaudo previsto en el artículo 243 de la LCT si en la comunicación de la ruptura del vínculo laboral sólo se consignó un supuesto fáctico que no constituye injuria laboral y, luego, en la réplica, se esgrimen argumentos que no fueron invocados en dicho despacho (cfr. CNAT, Sala II, 08-8-2001, "Espinoza Guerrero, Ramón E. vs. Sitos Areneros de Buenos Aires S.A., DT, 2.001-B-1925, citado por Sansó, Miguel A. -Compilador- en "Tratado Jurisprudencial del Despido", Ed. Juris, Rosario, 2005, págs. 45 y 46).

A lo expuesto cabe agregar que no corresponde suplir la omisión de invocar causal en la comunicación de despido con la posterior remisión de un telegrama ampliatorio (cfr. Rubio, Valentín, "Derecho Individual del Trabajo", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, págs. 575 a 577 y jurisprudencia que allí se cita).

En el caso de autos, si bien se invocó una causa de despido -la "reestructuración" dispuesta por el directorio-, no se atribuyó conducta injuriosa alguna al actor, lo que impide que con posterioridad la empleadora pretenda invocar válidamente, como justa causa de la desvinculación, incumplimientos graves de sus obligaciones laborales por parte del trabajador.

Reiteradamente se ha sostenido que "Cuando de las causas de cesantía se trata, existe una suerte de fijeza prejudicial en el sentido que no se admitirá la modificación posterior de los motivos en que se funda la ruptura del contrato consignada en la comunicación que se hiciera por escrito al trabajador, según lo dispone el artículo 243 de la LCT, respecto a la invariabilidad de la causa de despido" (SCJBA, 15-5-1984, "Segovia Monjes, Luis y otros vs. Vasa S.A.", DT 1984-B-1101, DJBA 127-26. En igual sentido, 18-8-1980, "Rué, Hugo R. vs. Somisa", DJBA 119-721; 27-10-87, "Ferrigno, Lorenzo A. vs. Tejidos Daitex S.A. -L 38797-", LL 1988-A-176, DJ 1988-1-834, DJBA 134-57; 28-8-1984, "Duete, Alejo vs. Cattorini Hnos. S.A.", DT 1985-A-342, DJBA 128-65, ED 112-337; 05-9-1989, "Medina, Moisés P. vs. Consorcio Mercado Abastecedor de Frutos de Béccar -L 41941-", LL 1990-A-30, DJBA 136-4284; todos citados por Ojeda, Raúl Horacio, "Jurisprudencia Laboral de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2002, págs. 424-425). En igual sentido, doctrinariamente se afirmó que una vez invocada la causa de rescisión contractual en la comunicación cursada a la contraparte, no se la podrá modificar ni ampliar por declaración unilateral, por ninguna de las partes, pues la ley impone una suerte de fijeza prejudicial al acto de invocación de justa causa de rescisión (cfr. Etala, Carlos Alberto, comentario al artículo 243 de la LCT en La Ley Online).

Acertadamente, se ha señalado que no cumple con el requisito que establece el artículo 243 de la LCT, el fundamento explicitado por la empleadora en el telegrama de despido como "razones de reorganización", sin la especificación de los hechos concretos en que se basa la medida (CNAT, Sala I, 16-9-2005, "Rodríguez vs. Juncal", La Ley Online, citado por Rodríguez Mancini, Jorge -Director-, Barilaro, Ana Alejandra -Coordinadora-, "Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Anotada y Concordada", La Ley, Buenos Aires, 2007, Tomo IV, pág. 372).

En el marco fáctico y jurídico arriba delineado cabe concluir que en la comunicación de su despido al actor efectuada por la demandada, no se invocó causa alguna imputable a éste como justificación de tal decisión. Por lo tanto, resultan extemporáneas las invocaciones posteriores efectuadas por la demandada mediante las misivas cuyas copias auténticas rolan a fs. 225/226, en las cuales se atribuyeron al actor incumplimientos de sus obligaciones laborales como constitutivos de injuria en los términos del artículo 242 de la LCT, con el argumento que la "reestructuración" dispuesta por la empresa se debió a tales conductas del actor.

Se ajusta, pues, a derecho la sentencia impugnada en cuanto expresa que la invocación de justa causa de despido efectuada por la demandada en fecha 17-01-2003 resulta extemporánea, por lo que dichas razones no deben ser consideradas como expresión oportuna de las causas concretas en que se fundó el despido, en los términos del artículo 243 de la LCT.

Por los fundamentos expuestos, el agravio bajo tratamiento debe ser desestimado.

IV.2- En cuanto al primer orden de agravios explanado por la recurrente, en vista a las conclusiones inferidas en el precedente apartado, considero que la sentencia impugnada no transgredió norma jurídica alguna al no haber analizado las probanzas que, a criterio de la demandada, acreditarían la existencia de los hechos invocados tardíamente como causa de despido del actor en las misivas cuyas copias auténticas rolan a fs. 225/226.

A ello cabe agregar que, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, el Tribunal de mérito expresó los motivos por los cuales no tuvo en cuenta dichas probanzas. En efecto, a fs. 673 vta., sostuvo que las causas de despido invocadas por la demandada en fecha 17-01-2002 resultan extemporáneas, por lo que no serían consideradas; y que del análisis del material probatorio que reseña surge que la demandada despidió al actor por motivos de "reestructuración", lo que constituye una decisión basada en una facultad exclusiva del empleador, quien debe soportar el riesgo empresario y las consecuencias de sus decisiones resultando, así, injustificado el despido dispuesto.

Acertadamente, se ha sostenido que "No se cumplimenta el recaudo previsto en el art. 243 de la ley de contrato de trabajo, vinculado a la invariabilidad de la causa del despido, si en el despacho rupturista sólo se consignó -un presupuesto que no constituye en sí mismo injuria laboral- y en la réplica se esgrimen argumentos que no fueron invocados en dicho despacho. (...) Resulta irrelevante que no se haya analizado la prueba testimonial a través de la cual se habrían acreditado las invocaciones efectuadas en la réplica, si éstas no se consignaron en la comunicación rescisoria, ya que se ha incumplido con el requisito previsto en el art. 243 de la ley de contrato de trabajo y, en tal contexto, la desvinculación resulta injustificada" (CNAT, Sala II, 08-8-2001, "Espinoza Guerrero, Ramón E. vs. Sitos Areneros de Buenos Aires S.A., DT, 2001-B-1925, citado por Sansó, Miguel A. -Compilador- en "Tratado Jurisprudencial del Despido", Ed. Juris, Rosario, 2005, págs. 45 y 46).

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, y teniendo en cuenta que la recurrente afirma en el primer orden de agravios que la prueba documental que señala resulta de fundamental importancia a los fines de acreditar la existencia de justa causa de despido y el conocimiento del actor de las razones que se invocaran para su despido, considero pertinente efectuar dos precisiones.

En primer lugar, no debe confundir el conocimiento por parte del trabajador de determinados hechos vinculados con su labor en la empresa; con el conocimiento cierto y preciso, al momento de su despido, de que tales hechos constituyen la causa concreta y determinante de la decisión del empleador de prescindir de sus servicios.

Y, en segundo lugar, entiendo que en el caso de autos no se encuentra configurado un supuesto de excepción que admita la dispensa del cumplimiento de los recaudos establecidos por el artículo 243 de la LCT. Ello es así, por cuanto tal excepcionalidad exige el conocimiento cierto e indubitado, por parte de aquel que recibe la notificación de la decisión de extinguir el vínculo laboral, del hecho supuestamente injurioso que motivó la ruptura del contrato de trabajo y sus circunstancias temporales, personales, espaciales, etc. En la especie, la decisión de extinguir el contrato de trabajo se fundó en la "reestructuración" emprendida por el directorio de la empresa que no conlleva, en sí misma, incumplimiento alguno por parte del trabajador, pues las causas que la determinaron pueden ser de diversa índole. De tal modo, en la comunicación extintiva se invocó una causa de despido, sin imputar al actor conducta injuriosa alguna, en los términos del artículo 242 de la LCT.

En base a lo expuesto, entiendo que, independientemente de las causales invocadas extemporáneamente mediante las misivas obrantes a fs. 225/226 -cuya consideración no corresponde, por las razones expuestas en el apartado anterior- y efectuando abstracción de ellas en el razonamiento, tampoco correspondía que en el presente caso, dadas sus singulares peculiaridades, el Tribunal de mérito analizara si el actor conocía, al momento de su despido, los hechos supuestamente injuriosos que determinaron la decisión de despedirlo, por las razones que expusiera al respecto.

Por las razones apuntadas, corresponde desestimar el agravio bajo tratamiento.

IV.3- Respecto al tercer orden de agravios formulado por la recurrente, advierto que, en la planilla de liquidación de rubros y montos reclamados anexa a su demanda, el actor efectuó los cálculos de la indemnización reclamada conforme a lo prescripto por el artículo 245 de la LCT en cuanto dispone la aplicación de un tope máximo de la base de cálculo (cfr. fs. 12); así como que no se encuentra controvertido en autos el monto de la remuneración mensual del actor, ni sus funciones (fs. 164 vta.).

Al alegar la parte actora solicitó que, ante lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 14-9-2004 en los autos "Vizzoti, Carlos Alberto vs. AMSA S.A. s/ Despido", se declare la inconstitucionalidad del tope fijado por el artículo 245 de la LCT con respecto a la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Fundó dicha solicitud en que se encontrarían configurados, en el presente caso, los supuestos en que se basó el referido fallo, puesto que el tope representaría menos del 17% (diecisiete por ciento) de la remuneración mensual, normal y habitual del actor (fs. 504/507).

Ante dicha solicitud, la Cámara dispuso correr traslado a las partes y dar intervención al Ministerio Público, previo a emitir pronunciamiento, por cuanto "la norma a aplicar en autos puede adolecer de alguna objeción constitucional" (cfr. fs. 634). Cumplido el traslado a las partes (cfr. fs. 635/637), la actora reiteró su posición respecto a la procedencia de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 245 de la LCT, párrafos 2º y 3º (cfr. fs. 640/648 vta.). Por su parte, la señora Fiscal de Cámara afirmó que, en su opinión, corresponde hacer lugar al planto de inconstitucionalidad del artículo 245 de la LCT formulado por la parte actora (cfr. fs. 655/656).

En la sentencia impugnada, el Tribunal de grado sostuvo que, no obstante el régimen indemnizatorio tarifado que establece la LCT, el resarcimiento debe ser equitativo y adecuarse a lo dispuesto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en cuanto establece la protección contra el despido arbitrario. Agregó que dicha situación fue analizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Vizzoti vs. Amsa S.A.", donde sostuvo que la limitación a la base salarial de cálculo para la indemnización por despido sin causa sólo debe aplicarse hasta el 33% (treinta y tres por ciento) de la mejor remuneración mensual, normal y habitual computable, pues lo contrario significaría alterar el referido artículo 14 bis y contrariar el principio de razonabilidad contenido en la Constitución Nacional. En base a ello, el A quo expresó que, por los mismos fundamentos sostenidos en el precedente citado por el Máximo Tribunal nacional, considera que el tope establecido por el artículo 245 de la LCT no resulta una reparación equitativa y que resulta violatorio de los artículos 14 bis, 17 y 28 de la Constitución Nacional, por ocasionar un perjuicio económico al trabajador y resultar irrazonable. Finalmente, el Tribunal de mérito dispuso hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del artículo 245 de la LCT incoado por la parte actora y que la indemnización por antigüedad se calcule sin el tope establecido por el artículo 245 de la LCT.

Es del caso recordar que este Tribunal Cimero local, en la causa "Abraham, Jorge Luis vs. Papelera Tucumán S.A. s/ Cobro de pesos" (sentencia N° 730 de fecha 06-8-2007), efectuó un repaso de la posición jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el control judicial de oficio de la constitucionalidad de los actos legislativos y administrativos, al término del cual señaló que el criterio tradicional -según el cual resultaba requisito indispensable para un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de leyes y decretos, la petición de parte de aquellos que afecte la norma- fue finalmente superado en la causa "Mill de Pereyra, Rita A. y otros c. Provincia de Corrientes", cuando el máximo Tribunal de la Nación invirtió su posición sobre el control judicial de oficio de las leyes y decretos, y expresó que "Los jueces están facultados para ejercer de oficio el control de constitucionalidad (...) sin que ello atente contra el principio de división de poderes, pues siendo legítimo el control de constitucionalidad en sí mismo, carece de sentido sostener que no se produce un avance indebido del Poder Judicial cuando media petición de parte y sí cuando no lo hay (...). La declaración de inconstitucionalidad de oficio (...) procede sólo si la incompatibilidad entre la norma invalidada y el texto constitucional resulta manifiesta e indubitable, pues tal medida reviste suma gravedad institucional, debiendo recurrirse a ella sólo cuando la estricta necesidad lo requiere (...). La declaración de inconstitucionalidad de oficio (...) no lesiona el derecho de defensa en juicio, pues lo contrario conduciría a descalificar toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por las partes, so pretexto de no haber podido expedirse sobre su aplicación al caso concreto" (cfr. CSJN, sentencia del 27-9-2001, "Mill de Pereyra, Rita A. y otros c. Provincia de Corrientes").

Reseñó, además, esta Corte en el mismo fallo citado que en autos "Banco Comercial Finanzas (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/ Quiebra" la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó: "Si bien los Tribunales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de leyes en abstracto, no se sigue de ello la necesidad de petición expresa de parte interesada (...) pues se trata de una cuestión de derecho, hallándose comprendida en la potestad de suplir el derecho no invocado o invocado erróneamente, el deber de mantener la supremacía constitucional". Asimismo, que en nuestra provincia la Ley Nº 6.944 (Código Procesal Constitucional), establece en su artículo 5 que: "Los jueces declararán de oficio, en el caso concreto, la inconstitucionalidad de normas o actos contarios a la Constitución, debiendo escuchar previamente a las partes y al Ministerio Público"; por lo que no quedan dudas que esta normativa faculta a los magistrados a realizar un control de constitucionalidad de oficio sin necesidad de que el mismo sea solicitado por una de las partes; y que esta facultad está debidamente respaldada por la Corte Suprema de la Nación no sólo en el precedente "Mill de Pereyra", sino también en el caso "Fernández Valdez, Manuel G." (ED 130:461).

También expresó este Tribunal que en el precedente "Carciotto, Walter Adrián vs. Compañía de Teléfonos del Interior S.A. s/ Cobro de pesos" (CSJT, sentencia Nº 827 del 14-9-2006), en coincidencia con el actual criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como con la normativa provincial, sostuvo que no resulta necesario la solicitud de parte para que los magistrados puedan declarar la inconstitucionalidad de una norma (cfr. CSJT, sentencia Nº 510 del 29-5-2009, "Ramos, Rogelio Sebastián vs. Empresa de Transporte General Balcarce S.R.L. s/ Cobros").

Si bien en el sub examine la declaración de inconstitucionalidad del artículo 245 de la LCT no fue efectuada de oficio por la Cámara, sino a petición de la parte actora efectuada al alegar, las consideraciones ut supra expuestas patentizan la impertinencia del argumento de la demandada en cuanto a que no se encontraría cuestionada en autos la constitucionalidad de la norma, ya que si el órgano jurisdiccional debe declararla de oficio en el caso que estime que concurren los extremos requeridos para ello, es de toda evidencia que también puede hacerlo a requerimiento de parte, aunque dicha petición se hubiera efectuado con posterioridad a la interposición de la demanda y su contestación.

Por otra parte, el Máximo Tribunal de la Nación en la causa "Vizzoti, Carlos Alberto vs. Amsa S.A. s/ Despido", ha dicho que "Permitir que el importe del salario devengado regularmente por el trabajador resulte disminuido en más de un tercio, a los fines de determinar la indemnización por despido sin justa causa, significaría consentir un instituto jurídico que termina incumpliendo con el deber inexcusable enunciado en el art. 14 bis acerca de que el trabajo gozará de la protección de las leyes y que éstas asegurarán al trabajador protección contra el despido arbitrario y condiciones equitativas de labor. Significaría, asimismo, un olvido del citado art. 28 de la Constitución Nacional".

Ha reseñado esta Corte, en autos "Carciotto, Walter Adrián vs. Compañía de Teléfonos del Interior S.A. s/ Cobro de pesos" (sentencia Nº 827 del 14-9-2006), que en distintos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se sostuvo que "La sentencia fundada en precedentes de la Corte es insusceptible de la tacha de arbitrariedad" (Fallos: Tomo 261, pág. 430; Tomo 262, pág. 186). Asimismo, recordó que, en opinión de Elías P. Guastavino ("Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad", Ediciones La Roca, 1992, Tomo 2, pág. 971 y 972), "si bien las sentencias de la Corte Suprema de la Nación sólo deciden en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas, por cuanto por disposición de la Constitución Nacional, dicho Alto Tribunal tiene autoridad definitiva para la justicia de la República. El deber de los Tribunales inferiores de conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte Suprema no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de ésta sino el reconocimiento de la autoridad que inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento. (...) Como aplicaciones específicas de la doctrina resumida se puede recordar que son descalificables, por carecer de fundamento, las sentencias de los Tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, especialmente en los supuestos en los que dicha posición ha sido expresamente invocada por el apelante (Fallos: 307:1.094)".

Por último, cabe añadir que la Cámara -contrariamente a lo sostenido por la recurrente- fundó adecuadamente su decisión al expresar que, por los mismos fundamentos vertidos por el Máximo Tribunal de la Nación en la causa "Vizzoti vs. Amsa S.A.", considera que el tope establecido por el artículo 245 de la LCT no resulta, en el caso de autos, una reparación equitativa y contraría los artículos 14 bis, 17 y 28 de la Constitución Nacional, por ocasionar un irrazonable perjuicio económico al trabajador.

En base a las consideraciones expuestas, a la posición ya fijada por este Tribunal en los precedentes citados, y a que en la sentencia cuestionada la Cámara respetó la doctrina consagrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Vizzoti vs. Amsa S.A." fallada en fecha 14-9-2004, expresando, de modo suficiente, adecuados fundamentos para ello, considero que corresponde desestimar el agravio bajo tratamiento.

IV.4- En relación al cuarto orden de agravios expuesto por la recurrente, es del caso destacar que, en la demanda, la parte actora fundó su derecho en lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley N° 25.561 y sus Decretos reglamentarios, entre otras fuentes de derecho (cfr. fs. 17 vta.).

Resulta, pues, desacertada la afirmación de la demandada respecto a que la actora no habría solicitado la aplicación al caso de los Decretos N° 883/02 y 264/02, sino sólo del artículo 16 de la ley precedentemente referida, cuya vigencia se habría extinguido cinco meses antes del despido del actor; ya que, aún cuando tales Decretos no hayan sido específicamente invocados por la actora, no cabe duda que su reclamo se fundó en el artículo 16 de la Ley N° 25.561 y sus Decretos reglamentarios. Entre éstos se encuentra los Decretos N° 883/02 -mediante el cual se prorrogó la prohibición de los despidos sin causa y la consecuente sanción indemnizatoria para el caso de incumplimiento de tal prohibición- y N° 264/02 -por el que se estableció que la duplicación prevista en el artículo 16 de la Ley N° 25.561 comprendería todos los rubros indemnizatorios derivados de la extinción del contrato de trabajo- a los que alude la recurrente.

En cuanto al reproche que se sustenta en la argumentación que, dichos Decretos, resultarían ostensiblemente inconstitucionales, la Cámara fundó de manera suficiente y adecuada su decisión de rechazar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la demandada.

La Ley Nº 25.561 vigente a partir del 06-01-2002 declaró, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria (artículo 1º) y, por su artículo 16, suspendió los despidos sin causa justificada por el plazo de 180 días, con la consecuente sanción de doble indemnización en caso de producir el empleador despidos en contravención a lo dispuesto. El mencionado artículo 16 de la Ley Nº 25.561 fue prorrogado por distintos Decretos, entre los que se encuentra el Decreto N° 883/02.

Este Tribunal tiene dicho que "los sucesivos decretos que prorrogaron el régimen del artículo 16 de la Ley 25.561 (Decretos Nº 883/2002; 662/2003; 256/2003; 1351/2003; 369/2004 y 823/2004) fueron dictados en atención a que las variables económicas vigentes en el país y que justificaron la sanción de la ley 25.561, no resultaron superadas con posterioridad al plazo que el artículo 16 de dicha norma fijara expresamente. Sobre el particular, la CSJN ha señalado reiteradamente que las circunstancias que caracterizan la emergencia dificultan establecer de antemano el tiempo preciso de su duración, por lo que corresponde afirmar que la emergencia dura todo lo que subsistan las causas que la han originado (Fallos: 243: 449, LA LEY 96 - 18, entre otros)." (CSJT, sentencia N° 932, de fecha 29-11-2010, "Lizondo, Argentina Dolores vs. Embotelladora Torasso S.A. s/ Despido s/ Ordinario").

Respecto al agravio vinculado a la pretensión de la recurrente en orden a la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 264/02 cabe apuntar que, al formularlo, la demandada señaló que "es absolutamente claro que el legislador al penalizar con el doble de las indemnizaciones, está refiriéndose a las que van a resarcir el despido arbitrario, en este caso antigüedad más sustitutiva de preaviso" (cfr. fs. 167). Atento a ello, y a que la sentencia cuestionada expresamente dispuso que la sanción establecida por el artículo 16 de la Ley N° 25.561 y sus modificatorias se apliquen a la indemnización por antigüedad y a la indemnización sustitutiva de preaviso (cfr. fs. 675 y su vta.), el punto sub examine materia de agravio carece de sustento.

Por las razones expuestas, corresponde desestimar el agravio bajo tratamiento.

IV. 5. En el fallo recurrido se declara la procedencia del rubro indemnización sustitutiva de preaviso, así como el SAC sobre la indemnización sustitutiva de preaviso (fs. 675 y vta.).

Tal como lo ha sostenido esta Corte en anteriores pronunciamientos, y conforme la interpretación armónica de los artículos 232 y 121 de la LCT, la remuneración que se devenga durante el lapso del preaviso omitido está compuesta tanto por la que resulta de pago inmediato a la finalización de cada mes (retribución mensual) como por la que es de pago diferido a la finalización del semestre respectivo o sueldo anual complementario (cfr. CSJT sentencia Nº 840 del 13-11-1998 in re: "Pesoa, Alfredo y otros vs. Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (S.A.D.A.I.C.) s/ Cobros"); por lo que la indemnización sustitutiva del preaviso debe liquidarse computando la remuneración que hubiera correspondido al trabajador durante el lapso del preaviso omitido con más la proporción del sueldo anual complementario devengado (cfr. CSJT sentencia Nº 223 del 03-5-2011 en autos: "Serrano, Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido").

Como ya lo aclarara esta Corte, la sentencia Nº 840 de este Tribunal dictada en el juicio "Pesoa, Alfredo y otros vs. Soc. Arg. de Autores y Comp. de Música (S.A.D.A.I.C.) s/Cobros" hace referencia a que el rubro llamado SAC s/ preaviso no resulta procedente por cuanto importaría que la indemnización sustitutiva por omisión de preaviso -de clara naturaleza no salarial- podría generar una remuneración anual complementaria, lo cual luce improcedente. Sin embargo, en ese mismo pronunciamiento este Tribunal dispuso que, por aplicación del principio iura novit curia, el monto de la indemnización por omisión de preaviso sea recalculada incorporando a ella la incidencia de la respectiva porción de sueldo anual complementario, teniendo en consideración que dicha indemnización debe ser equivalente a la remuneración que hubiera correspondido al trabajador durante los plazos señalados en el artículo 231 de la LCT (cfr. CSJT, sentencia Nº 677 del 11-8-2005 in re: "Vera, Víctor Hugo vs. Laroz, Víctor Jaime y otros s/ Cobros"; sentencia Nº 603 del 17-8-2010 en juicio: "Restom de Herrera, Doris del Valle vs. Vicente Trapani S.A. s/ Cobro de pesos"; sentencia N° 36 del 28-02-2011, "Rivadeneira, Andrés Avelino vs. Complejo Agroindustrial San Juan S.A. y otro s/ Cobro de pesos").

En el caso de autos, la indemnización sustitutiva de preaviso no incorporó la porción del sueldo anual complementario, por lo que el rubro SAC s/ preaviso constituye el complemento del correcto cálculo de la indemnización sustitutiva de preaviso. En rigor, el monto condenado es el mismo, ya que igual resultado se infiere no utilizando el término SAC s/ preaviso e incorporando a la indemnización sustitutiva de preaviso, en su reemplazo, la doceava parte de su monto (conf. CSJT, sentencia Nº 677, 11-8-2005, "Vera, Víctor Hugo vs. Laroz, Víctor Jaime y otros s/ Cobros"; sentencia Nº 603, 17-8-2010, "Restom de Herrera, Doris del Valle vs. Vicente Trapani S.A. s/ Cobro de pesos"; sentencia N° 36 del 28-02-2011, "Rivadeneira, Andrés Avelino vs. Complejo Agroindustrial San Juan S.A. y otro s/ Cobro de pesos").

En consecuencia, el agravio debe rechazarse.

V.- Acorde a la conclusión inferida, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia extraordinaria provincial se imponen, en su totalidad, a la parte demandada recurrente vencida (cfr. artículos 49 del CPL y 105 primera parte del CPCC)..

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, puntos I, III, IV y V.

El recurso de casación queda aprehendido entre los recursos extraordinarios, aquellos cuya admisibilidad se halla supeditada a la concurrencia de motivos o causales específicamente establecidas por la ley, y en los cuales, consecuentemente, las facultades del órgano competente para resolverlos están limitadas al conocimiento de determinados aspectos de la resolución impugnada. En la legislación argentina son recursos extraordinarios, en el orden nacional, el federal previsto por el art. 14 de la ley 48 y el de inaplicabilidad de la ley, y en el orden provincial, los de inconstitucionalidad y casación (este último en sus dos aspectos referidos a los errores de juicio y a los defectos procesales) (cfr. Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", Tomo V, pág. 36).

En el marco del alcance y finalidad de la vía extraordinaria local de la casación precedentemente recordada, la ley procesal laboral local dispone en su art. 131 que "el recurso de casación sólo podrá ser interpuesto por los siguientes motivos: 1. Por violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo o adjetivo. 2. Cuando la interpretación de la ley, realizada por la sentencia, resultara contradictoria con anteriores pronunciamientos de las Salas de las Cámaras de Trabajo dictadas en los cinco (5) años precedentes". Asimismo, consolidada jurisprudencia de esta Corte (de sus dos Salas) desde hace varias décadas admite de modo excepcional, como fundamento del recurso de casación, arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, supuesto que afecta las garantías constitucionales de los arts. 18 CN y 30 CP y que remite ineludiblemente a los hechos y pruebas que integran la referida plataforma fáctica (confr. Recientes fallos de este Tribunal, "G.N.C. Alberdi S.R.L. vs. García Miguel Rubén s/ Pago por consignación", sentencia Nº 05 del 14/02/2011; "Platas Robles Miguel Ángel vs. Marino Menéndez Ana Carolina s/ Acciones posesorias", sentencia Nº 253 del 11/5/2011 y "Orellana Vda. de Caña Ana María vs. Raskovsky Luis Raúl s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 824 del 28/10/2010, entre muchas otras). En efecto, no es posible para el tribunal que resuelve el recurso de casación, pronunciarse positiva o negativamente sobre el planteo de arbitrariedad en la valoración de la prueba si, a modo de ejemplo, se basa en que el fallo impugnado ha prescindido de una prueba relevante o, contrariamente, en que se funda en prueba irrelevante o bien, que valora irrazonablemente una prueba, y no examinara -en los dos primeros ejemplos- si la omitida o la considerada se trató o no, de una prueba relevante para la decisión del caso y -en el último- si las declaraciones de partes, o de terceros, o los términos del dictamen pericial, o de un documento han sido, o no, razonablemente interpretados por la Cámara.

Tanto cuando el recurso de casación se funda en violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo o adjetivo, como en el motivo jurisprudencialmente admitido de arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, debe cumplir las exigencias de oportunidad, definitividad del pronunciamiento, suficiencia de la impugnación y afianzamiento, establecidas en los arts. 132 y 133 del CPL. Todos los mencionados requisitos de admisibilidad son primero juzgados por la misma Cámara que dictó la sentencia impugnada (art. 136 del CPL) y, definitivamente por esta Corte en las actuaciones del recurso directo de queja por casación denegada deducido contra el pronunciamiento de la Cámara que declaró inadmisible el recurso de casación (art. 139 del CPL) o bien, cuando los autos principales son elevados porque el recurso ha sido concedido por el Tribunal de grado (art. 136 del CPL).

Efectuadas las precisiones precedentes, cabe señalar que esta Corte coincide con el juicio positivo de admisibilidad del recurso efectuado por la Cámara. Ello así por cuanto fue interpuesto en término, contra una sentencia definitiva, denuncia infracción a los arts. 243 y 245 de la LCT y 16 de la Ley Nº 25.561, violación a las reglas de valoración de la prueba y falta de fundamentación, (arts. 130/132 del CPL) y el requisito del art. 133 del CPL no resulta exigible en atención a que la recurrente se encuentra concursada (art. 135 del CPL). Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia del recurso interpuesto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación planteado, por la parte demandada, contra la sentencia N° 23 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, de fecha 25 de febrero de 2010, glosada a fs. 672/676 vta. de autos.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030662-05.