Ofensas cometidas por medio de la prensa, real malicia
Materia: PENAL
Carátula: MORALES SOLA, JOAQUIN s/ Injurias, Causa 9648
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A. BOSSERT Considerando:

1º) Que contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que condenó a Joaquín Miguel Morales Solá a la pena de tres meses de prisión de ejecución condicional, como autor del delito de injurias (art.

110 del Código Penal), interpuso el querellado recurso extraordinario, cuya denegación dio lugar a la presente queja.

2º) Que Dante Ariel Giadone promovió querella contra Joaquín Miguel Morales Solá a raíz de las expresiones publicadas en el libro Asalto a la ilusión en el que el imputado narró diversos acontecimientos ocurridos en el gobierno constitucional de 1983, entre ellos el siguiente: Los días inaugurales de la democracia fueron testigos de disparates notables entre los civiles que llegaban al poder. Por ejemplo, un viejo amigo de Alfonsín, el abogado Dante Giadone, que se había retirado como suboficial del Ejército, propuso al Presidente sacarle el uniforme al Regimiento de Granaderos (tradicional custodia de los mandatarios) y vestirlo de civil. Alfonsín levantó la mirada y le suplicó: Por favor, piensen lo que dicen antes de hacerme perder el tiempo. Pero la fiesta parecía interminable y se suponía que había espacio para cualquier algarada....

El magistrado de primera instancia absolvió al querellado por la falta de acreditación del dolo requerido para la tipificación del delito de injurias, el que estimó integrado con el elemento subjetivo del animus injuriandi.

3º) Que la cámara revocó la sentencia absolutoria y condenó al querellado por el delito de injurias. Estimó que en el tipo penal del art. 110 del Código Penal los animus o elementos subjetivos del tipo no se hallan ni siquiera mencionados en la figura legal citada. En este aspecto expresó que basta pues, en el delito de injurias, con que el autor actúe con dolo, esto es, conocer y tener la voluntad de realización del tipo objetivo, que en el caso, no es otra cosa que saber que la imputación que se hace a la persona es descalificable para su honor. Y en este sentido, no hay duda [de] que Morales Solá sabía lo que decía, y es más, conocía el carácter disvalioso de la imputación que hacía, tal como él mismo lo ha reconocido y más aún debía tener serias dudas, como mínimo, sobre la verdad de la afirmación.

Refirió que no existe protección constitucional para contar hechos que no han pasado.

Consideró aplicable al caso la doctrina de la real malicia de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, por haberse probado la falsedad de la imputación, el conocimiento por parte del autor de la falsedad o inexactitud de la información y la despreocupación para indagar acerca de la veracidad o falsedad de aquélla. Destacó la existencia de la llamada imprudencia temeraria en la forma de buscar la noticia.

Por último expresó que no se trata en el caso de la libre crítica de los funcionarios públicos por medio de la prensa en razón de actos gubernamentales, por carecer el episodio narrado de actualidad y de relevancia institucional.

4º) Que el querellado dedujo recurso extraordinario basado en tres agravios: a) violación de la garantía constitucional de la libertad de prensa al desconocer el a quo la presunción de licitud que ampara a la prensa cuando cumple con el deber de informar sobre asuntos vinculados a la cosa pública y especialmente al interpretar erróneamente la doctrina de la falsedad de la información por parte del acusado, b) violación del principio de inocencia que se habría configurado el expresar la cámara que si bien Morales Solá sostiene que su fuente de información era un ex ministro de gobierno, tampoco puede corroborar ese dato, debido al fallecimiento del Dr. Borrás, que ocupaba dicho cargo, en aquel momento, c) arbitrariedad de la sentencia basada en la errónea valoración de los elementos del tipo penal de injurias, y respecto a la interpretación del carácter de interés público de la información que motivó la litis.

5º) Que la inteligencia asignada por la defensa a la garantía constitucional de la libertad de prensa no ha sido distinta de la que efectuó el a quo en su fallo, de modo que el recurso deducido no resulta procedente ante la ausencia de una decisión contraria en tal sentido (art. 14, inc. 1, de la ley 48; autos S.723 XXIV Suárez, Facundo Roberto s/ querella c/ Cherashni o Cherashny, Jorge Guillermo por calumnias e injurias del 4 de mayo de 1995). En efecto, el recurrente postula la aplicación del criterio sentado por la doctrina judicial norteamericana in re:

New York Times Co. vs. Sullivan (373, U.S. 254, 271)con arreglo al cual la protección constitucional se extiende a las expresiones inexactas o falsas, cuando las mismas se refieren a funcionarios públicos respecto de temas de relevancia institucional, salvo que se probare que el periodista hubiera tenido conciencia de la falsedad de la noticia, o imprudente o notoria despreocupación por indagar sobre si eran o no falsas.

En este sentido, no fue otra la doctrina aplicada por el a quo como fundamento de su decisión, al sostener que se había probado el conocimiento de la falsedad o inexactitud de la imputación por parte del autor del hecho, y la despreocupación por indagar acerca de la falsedad, inexactitud o veracidad de la manifestación pública, cuando sin duda se disponía de los medios para tal fin (fs. 200 vta.), conclusión que no parece como resultante de una interpretación constitucional contraria a los derechos del recurrente, ya que se trataría de un juicio naturalmente vinculado con los extremos fácticos y probatorios de la causa.

Que tampoco corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de las modalidades que el régimen de injurias exhibe en el plano infraconstitucional, dada la naturaleza común de las normas que la informan (arts. 14 y 15 de la ley 48), materia propia de los jueces de la causa.

6º) Que sin perjuicio de lo expresado, atento a los términos de los votos que se refieren a que basta en el delito de injurias con que el autor actúe con dolo, esto es conocer y tener voluntad de realización del tipo objetivo con prescindencia de la veracidad o falsedad de la afirmación -a pesar de que luego resuelve la cuestión a la luz de la teoría de la real malicia corresponde señalar que esta Corte coincide con lo expresado por varias jurisdicciones constitucionales en el sentido de que la libertad de expresión no comprende tan sólo la tutela de las afirmaciones verdaderas, sino que se extiende a aquellas que, aun no correspondiéndose con la realidad, han sido emitidas de una forma tal que no merece un juicio de reproche suficiente; en tal sentido resultan invocables los conceptos expuestos por la Corte Norteamericana en New York Times vs. Sullivan, 373 U.S. 254, 271, que han sido extendidos al área penal en Garrison vs. Lousiana 379 U.S. 64, 74-1974; Gertz en 418 U.S. 323, 340; del Tribunal Constitucional español, sentencia 6/1988, Jurisprudencia Constitucional, tomo XX, pág. 57; y del Tribunal Constitucional Alemán en el caso Böll (BVerfGE 54, 208, transcripto por Martín Kriele en ESJ Grundrechte, Munich, 1986, pág. 425).

7º) Que a igual conclusión cabe arribar respecto a la doctrina establecida por esta Corte, referente a la protección más atenuada al honor que tienen los funcionarios y figuras públicas conforme a la Constitución Nacional (Fallos: 310:508, considerandos 10 a 14), puesto que si bien el a quo en sus consideraciones ha dejado traslucir ciertos reparos respecto de la mencionada doctrina, lo cierto es que evaluó el caso a la luz del mencionado precedente, para, luego de interpretar las circunstancias fácticas, concluir que la información disparatada del querellado carecía de toda relevancia política e institucional. Sin perjuicio de ello, estas últimas afirmaciones fueron impugnadas a la luz de la doctrina de arbitrariedad de sentencias.

8º) Que por el contrario, existe cuestión federal suficiente respecto a los siguientes agravios: violación al principio de inocencia al invertir el a quo la carga de la prueba; al atribuir a Morales Solá el conocimiento de la falsedad de la noticia, y finalmente al afirmar el tribunal que la noticia suministrada por el periodista carecía de interés público.

Si bien los agravios señalados remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba ajenas como regla a la vía prevista en el art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción cuando las mismas guardan relación directa con garantías constitucionales.

9º) Que respecto a los descargos del imputado en cuanto manifiesta, que no tenía por qué dudar de la veracidad de lo afirmado por el doctor Borrás, el tribunal anterior en grado invierte la carga de la prueba en perjuicio del imputado (Fallos: 292:561; 311:444) y resuelve la cuestión con flagrante violación al principio de inocencia, al decir: Si bien Morales Solá sostiene que su fuente de información era un ex-Ministro del gobierno, tampoco puede corroborar ese dato debido al fallecimiento del Dr. Borrás, que ocupaba dicho cargo, en dicho momento.

10) Que, con referencia a la actitud subjetiva del querellado, la cámara realiza una afirmación dogmática al expresar no hay duda [de] que Morales Solá sabía lo que decía, y es más, conocía el carácter disvalioso de la imputación que hacía, tal como él mismo lo ha reconocido y más aún debía tener serias dudas, como mínimo, sobre la verdad de la afirmación.

En efecto, la mencionada afirmación carece de razonabilidad, dado que no dice el a quo por qué el imputado debía tener dudas sobre la verdad de la afirmación, y ello más aún ante la referencia efectuada por el doctor Alfonsín (fs. 67) al explicar cuál ha sido el motivo de confusión, esto es el consejo de Giadone que el Oficial de servicio, también usara uniforme de Granadero (fs. 198).

Asimismo la cámara omite ponderar que el relato de Morales Solá ya había figurado en una nota publicada, años antes del libro, en el diario Clarín (fs. 3, 17 vta. y 167 vta.), sin que -en esa oportunidad del querellante Giadone hiciera ningún planteo como el que le suscitó posteriormente Asalto a la ilusión.

11) Que también corresponde descalificar la sentencia en cuanto expresa que ...no se diga que estamos ante la libre crítica a los funcionarios públicos por medio de la prensa y en razón de los actos gubernamentales, reconocida como manifestación esencial de la libertad de prensa... Aquel episodio comentado por Morales Solá en Asalto a la ilusión carece de significación política, carece de actualidad, y no tiene el menor relieve institucional....

No cabe duda de que la alusión que el querellado efectúa en el mencionado libro respecto del hecho supuestamente protagonizado por el querellante -subsecretario general de la Presidencia de la Nación desde fines de 1983 hasta comienzos de 1986 reviste interés actual, por cuanto el texto que habría provocado la deshonra del querellante debe apreciarse en el contexto de la narración, atinente al clima anti militarista propio de los primeros tiempos del restablecimiento de las autoridades democráticas, una vez desplazados los militares del gobierno, de manera que había un interés público en conocer las dificultades y los excesos de esa etapa histórica. Además de tratarse de un hecho referente al Regimiento de Granaderos a Caballo, que interesa a la comunidad, más aún cuando el destinatario de la absurda recomendación habría sido el presidente de la Nación.

12) Que, puesto que la sentencia impugnada ha decidido que el imputado ha actuado con real malicia, atribuyéndole el conocimiento de la falsedad de la noticia, despreocupación para indagar acerca de la verdad de lo expresado e imprudencia temeraria en la forma de buscar la noticia, todo ello mediante afirmaciones dogmáticas y razonamientos que implican la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del querellado, no cabe duda de que, tal como han sido expuestos, han frustrado de manera directa e inmediata concretas garantías constitucionales.

Que las razones expuestas determinan que la decisión recurrida sea dejada sin efecto como acto jurisdiccional válido.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario, se deja sin efecto el pronunciamiento de fs. 198/206, a fin de que se dicte nueva sentencia sobre la base de las consideraciones expuestas. Con costas. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase. GUSTAVO A. BOSSERT.