Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-08-08


AUTOS N° 21.670 (128.168 - 7° Juzgado Civil) CARATULADOS: "AHUMADA, Carlos Andrés y Otro C/ Almana S.R.L. - Cobro de Pesos" DR. JUAN JOSE VICTORIA - PRESIDENTE; DR. PASCUAL ALFERILLO - VOCAL L.DE A. T° 187, F° 62/64 En la ciudad de San Juan, a 8 días del mes de agosto del año dos mil trece, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los Dres. JUAN JOSE VICTORIA y PASCUAL ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo en estos autos n° 21.670 (128.168 - 7° JUZGADO CIVIL) caratulados: "AHUMADA, CARLOS ANDRÉS Y OTRO C/ ALMANA S.R.L. - COBRO DE PESOS", originarios del 7° Juzgado Civil, sobre el recurso de apelación efectuado por los abogados de la parte demandada excepcionante por derecho propio a fs. 80/81.

El Dr. PASCUAL ALFERILLO, dijo:

El a quo, en su resolución de fecha 13 de diciembre del año 2.012, obrante a fs. 75/77, resolvió: "I) Hacer lugar a la excepción de incompetencia articulada a fs. 45/57 por la demandada. Declararme incompetente para entender en la presente causa, debiendo la misma ser tramitada y resuelta por ante la Justicia Federal, de conformidad con el considerando pertinente.	II) Acoger el planteo de exención de costas impetrado a fs. 62/63.	III) Imponer las costas de la presente por el orden causado.	IV) Regular los honorarios de los letrados por la labor incidental, en la suma de Pesos Un Mil ($1.000,00), por la actuación en forma conjunta y en doble carácter de los Dres. Gustavo Mulet y Carlos Infante; y en la suma de Pesos Setecientos ($700,00) en favor del Dr. Daniel Mallea por su actuación en doble carácter. Ambas regulaciones deben computarse a la fecha del presente resolutorio. IV) Protocolícese, agréguese copia y notifíquese".

Contra esta resolución se alzan los Dres Gustavo Mulet y Carlos Infante quienes, en su expresión de agravios obrante a fs. 80/81, manifiestan que la regulación es errónea por haber considerado el a quo que la excepción de incompetencia impetrada por ellos, no sea susceptible de aplicación pecuniaria; exponen que no puede desconocerse que en autos "si existe un contenido económico" donde la actora reclama sumas de dinero, razón por la cual la demandada se vio obligada a tomar participación y contestar la demanda y oponer excepción de incompetencia.

Expone que el juez no ha tenido en cuenta el monto de la demanda pues considera en forma errada y forzada que la excepción de incompetencia carece de contenido económico.

También exponen que resultan de aplicación las normar del inc. b del art. 191 de la ley 2150, para la actuación de los autos principales y las del 215, inc. a y 216 de la norma citada para la excepción planteada.

Citan jurisprudencia y formula las reserva de presentar los recursos extraordinarios pertinentes.

Los interrogantes introducidos por los apelantes en su recurso de apelación son; primero determinar si la excepción de incompetencia tiene contenido económico y, en función de ello, si la cuantificación efectuada por el a quo para esa tarea es adecuada; en segundo lugar, fijar la base regulatoria para el cálculo de los honorarios por la tarea en el proceso principal.

En torno al primer punto, corresponde señalar que la excepción de incompetencia resulta por sus mismos fundamentos una cuestión incidental de neto corte procesal. Su objetivo, es el impedimento temporáneo de la prosecución de la causa ante un juez inadecuado para resolver el conflicto, evitando sujetar a las partes a una relación jurídico procesal inválida.

Es decir, que el incidente que define la incompetencia del a quo, no tiene una relación directa, con el objeto del pleito en su contenido económico. Siendo así la incidencia que la resuelve queda sin sustento económico, versando lo decidido sobre una evidente cuestión procesal.

Lo apuntado, no significa desconocer, la trascendencia económica que para el demandado vencedor puede tener el resultado de la excepción planteada. Así, tomando en consideración las pautas que brinda el art. 188 de la ley 2150, que en su inc. c, refiere a la trascendencia moral y económica que revisten para el interesado la cuestión debatida, por ello el monto demandado servirá de pauta y no de base regulatoria. Por lo que la queja referida a que no se utilizó el monto del juicio como base cálculo resulta desacertado y tiene que ser rechazado.

La valoración cuantitativa efectuada en el auto regulatorio se estima que es adecuada a los trabajos de defensa cumplidos en el presente incidente y ajustada a las pautas dadas por la normativa arancelaria citada, por lo que debe ser confirmada.

En cuanto al segundo de los interrogantes, cual debe ser la base regulatoria para evaluar los trabajos que el profesional realizó referido al fondo del juicio los que, indudablemente, tienen contenido económico si la causa lo tiene.

Al respecto resulta procedente formular un breve análisis de la situación; conforme al art. 338, inc. 1° del antiguo Código de Procedimientos, correspondía practicar la regulación de honorarios toda vez que el acogimiento de la excepción de incompetencia imponía el archivo del expediente por pertenecer el tribunal competente a jurisdicción que no es de esta provincia.

Sin embargo, la redacción del art. 316 del actual Código de rito, ha suprimido la orden de archivo y solo contempla la continuidad del proceso ante el magistrado competente.

Conforme a lo expuesto, corresponde que sea el Juez que resuelve la excepción de incompetencia el que regule los honorarios profesionales, cuando aquél admite la defensa y el proceso es asumido por otro magistrado de distinta jurisdicción territorial.

Sin embargo, debe ser el juez que dicte la sentencia definitiva, quien al valorar la totalidad de la tarea del profesional fije la retribución correspondiente, ya no en función de lo reclamado, sino de acuerdo al contenido del pronunciamiento.

La modalidad utilizada por el sentenciante, de fijar solamente los honorarios del incidente y en atención a que no se ha ordenado el archivo de las actuaciones no corresponde que sea éste el que fije los emolumentos por la actuación del proceso principal. En este sentido, resulta procedente confirmar el fallo apelado.

Así Voto.

EL DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del Magistrado preopinante.

De acuerdo al resultado de la votación, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia confirmar el fallo dictado a fs. 75/77 en todas sus partes.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.