Tribunal: 2da CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL,COMERCIAL,MINAS,DE PAZ Y TRIB.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-03-19


Mendoza, 19 de Marzo de 2.012.

Y VISTOS:

Estos autos N° 156.520/36.285, caratulados "LLOYDS BANK (BLSG) C/ CARMONA PEDRO RODOLFO P/ EJEC. CAMB.", llamados a resolver a fs. 464, y	CONSIDERANDO:

I. Que a fs. 418, el Sr. Carmona, por su derecho, interpone recurso de apelación contra el auto de fs. 411, que desestima el recurso de nulidad interpuesto por el demandado a fs. 398/401. El Sr. Juez de la causa para resolver de dicho modo tuvo en cuenta que el Sr. Pedro Rodolfo Carmona interpone incidente de nulidad de todas las notificaciones electrónicas dirigidas a la casilla del abogado mat. 4691 en las que se ha consignado erróneamente notificar al Dr. Sergio Quiroga, por la demandada (fs. 322, 336, 345) y de todas las actuaciones que son su consecuencia; y a partir de la declaración de dicha nulidad, solicita se dé traslado de la impugnación de la liquidación a la actora en función de la prescripción liberatoria de la actio judicata, que interpone en el mismo escrito.

Luego de ese relato manifiesta, el juzgador, que desestimará el incidente de nulidad porque del expediente surge que no ha existido error procesal capaz de causar nulidad, que las pretendidas irregularidades han sido consentidas, que las notificaciones cumplieron el fin para el cual estaban destinadas porque fueron dirigidas al domicilio legal constituido por el demandado, conforme la reglamentación de la notificación electrónica. Que además existen una serie de notificaciones posteriores a la cuestionada, por ej. fs. 316, que se practicaron correctamente, que implican que dicha irregularidad ha sido consentida. Por último, sostiene, que las notificaciones cumplieron el fin para el cual estaban destinadas porque sustituyendo la notificación electrónica a la notificación al domicilio legal, de manera que al notificarse el abogado Quiroga, en este proceso, es como si se hubiese notificado en el domicilio legal constituido por el demandado. Cita jurisprudencia.

II. Contra esta resolución se alza el incidentante, quien funda recurso, según memorial que obra a fs. 451/453, sostiene que debe revocarse la resolución atacada porque le provoca los siguientes agravios:

oEs escandaloso que el juez no advierte el error procesal, cuando de la simple lectura de las cédulas se advierte que no han sido dirigidas al destinatario correcto, por tanto no se cumplido con los recaudos legales. Se agravia por la liviandad con que el juzgador considera cumplido con el art. 70 bis CPC.

oSe agravia porque la resolución indica que notificando al profesional se notifica a la parte, cuando la notificación debe ser hecha a la parte y el profesional no es parte en el proceso, por tanto notificar al abogado es como notificar a un tercero, por lo cual la parte no puede consentir ni expresa o tácitamente.

oQue para el juzgador no importa a quien vaya dirigida la cédula, con tal que se encuentre en la casilla del profesional, que no es parte en el proceso.

oQue la falta de conocimiento, también, se funda en que el expediente ha estado por seis años sin movimiento alguno.

III. A fs. 458/461 contesta recurso la incidentada, quien solicita se rechace el mismo y se apliquen intereses sancionatorios, conforme las razones que allí desarrolla a las cuales nos remitimos en honor a la brevedad.

IV. Antes de ingresar en el análisis de la cuestión planteada, adelantamos nuestra opinión contraria a su procedencia. Cabe recordar que el incidente de nulidad de procedimientos sólo es procedente si se verifican todos sus presupuestos de procedibilidad, a saber, el apartamiento de normas de forma, de modo tal que no hayan permitido que se cumpla la finalidad para la cual se crearon, que haya interés jurídico en la declaración de nulidad, sin que el afectado haya provocado el vicio ni consentido el mismo (art. 94 del CPC). Si no se advierte la presencia de todos y cada uno de los recaudos reseñados, la nulidad no resulta viable, a lo que se añade su carácter excepcional y, por ende, de interpretación restrictiva, pues es el último remedio al que cabe recurrir en la defensa del derecho de la defensa en juicio.

En el caso que nos ocupa, el apelante plantea que la norma inaplicada ha sido el art. 70 bis CPC, cuando señala que en la cédula electrónica debe consignarse el nombre de la persona a quien se notifica. Que el juez efectúa "livianamente" una interpretación de la norma y que entiende que es igual notificar al profesional o la parte, cuando el primero no es parte en el proceso.

Que si bien las cédulas enviadas a las casillas electrónicas de los patrocinantes del demandado, no consignan el nombre y apellido del demandado y que no lo notifican en forma personal, sino, que notifica al Dr. Quiroga por el demandado, entendemos que este error en la confección de la cédula, no le impide al demandado tomar conocimiento de lo notificado, atento a las particulares características que al sistema de notificación previsto por el Código Procesal Civil, le ha impreso el sistema de notificación electrónica y, muy especialmente, el sistema de constitución de casilla o domicilio electrónico.

Recientemente en los autos n. 36272, caratulados: "Salzano Adriana N. c/ Pinto Carlos y ot. p/ fraude soc. Con. y.", explicamos que: "La ley 7855 dispuso agregar al Art. 21 del Código Procesal Civil de Mendoza (Ley 2269), el siguiente párrafo: "La Suprema Corte de Justicia podrá sustituir el domicilio legal constituido por un domicilio o casilla de carácter electrónico, donde se practicarán todas las notificaciones que deban realizarse por cédula en ese tipo de domicilio".	Y por otro lado el art. 70 bis: "Las notificaciones por cédula previstas en el Art. 68 de este Código, que deban practicarse en el domicilio legal, podrán ser realizadas por medios electrónicos o informáticos, a través de documentos firmados digitalmente, conforme la reglamentación que dicte al efecto la Suprema Corte de Justicia.".Con posterioridad a esta ley se dictaron una serie de acordadas reglamentando el funcionamiento de esta normativa."	Enseñan al respecto los Dres. Carlos y Ariel Parellada que:: ". la Suprema Corte de Mendoza, -en ejercicio de la facultad conferida por el párrafo agregado al art. 21 del C.P.C.- ha proveído un sistema de casillas electrónicas para los abogados y procuradores matriculados al cual dirigir las notificaciones por medios electrónicos, casillas consideradas "oficiales" y que residen en un servidor del Poder Judicial destinado exclusivamente a ese efecto. La necesidad de que el sistema de casillas sea de propiedad del Poder Judicial responde a los requerimientos establecidos por el art. 70 bis -también agregado por la ley Nro. 7855-, que exige para la implementación del sistema de notificación por medios electrónicos que se asegure "la inviolabilidad de la comunicación desde su emisión hasta su recepción" -inc. II-, que se utilicen "mecanismos que den certeza a la emisión de la comunicación y de su recepción por parte del destinatario" -inc. III- y que se realice "a través de servicios informáticos previstos a tal fin, que sean de propiedad del Poder Judicial". (Parellada, Ariel; Parellada, Carlos A. Las mejoras tecnológicas en la prestación del servicio de Justicia. El caso de la Provincia de Mendoza con especial referencia a las notificaciones electrónicas LLGran Cuyo 2010 (mayo), 305).

Destacan los autores locales citados que: "Resulta así que cada profesional cuenta con una casilla electrónica en el sistema oficial donde son depositadas las "cédulas" electrónicas. El sistema así planteado ofrece la posibilidad de constituir un domicilio electrónico con la única limitación de que éste debe necesariamente ser elegido entre las casillas correspondientes a los profesionales -abogados o procuradores- de la matricula local. Si bien el sistema de notificación "en papel" también contiene una limitación respecto de la elección del domicilio procesal "físico" -dentro de las 50 cuadras del Tribunal-, esta limitación no veda la posibilidad de que la parte constituya como domicilio especial un lugar directamente relacionado a su quehacer, y de ese modo recibir personalmente -o por lo menos en su ámbito- la comunicación." Especialmente señalan que, a diferencia del sistema de constitución de domicilio "ad litem" tradicional, "El sistema de notificación electrónica, no permite esta posibilidad, ya que deberá elegirse una casilla perteneciente a un profesional de la matrícula, por lo que resulta al menos implicado, el principio del patrocinio facultativo, que permite a las partes actuar personalmente, requiriendo el asesoramiento profesional obligatoriamente sólo para algunos actos trascendentes del proceso -art. 33, C.P.C.Mza.-. En la práctica, la limitación de las casillas a los profesionales del derecho, condiciona a la parte a no poder prescindir de los servicios de quienes titularizan las casillas a fin de -al menos- atender y comunicar las notificaciones que sean practicadas electrónicamente." (Parellada, op. cit.)	En similar sentido Vázquez, también, destaca el impacto que ha tenido el sistema de notificación electrónica en la casilla del profesional, como único domicilio electrónico válido y el patrocinio del letrado, diciendo que: "Queda claro que la notificación "electrónica" descripta en el punto anterior trata de suplir la notificación al domicilio legal "ad litem", y no al real. Aunque no es necesario "constituir domicilio electrónico", ya que el mismo Poder Judicial crea la "casilla electrónica", coincidente con el número de matrícula profesional del abogado. De todos modos lo cierto es que el sistema modifica el de la "cédula" original, ya que en el sistema tradicional de constitución de domicilio "ad litem", si bien de consuno los litigantes eligen el estudio de su abogado, nada indica que necesariamente deba ser así. El litigante (o también su abogado) pueden preferir que el domicilio constituido sea otro, incluso el del propio litigante. Esto no es posible con el "casillero electrónico" que establece la Corte, y que es siempre el mismo: el del abogado." (Vázquez, Oscar Eduardo, "La notificación por vía electrónica en Mendoza. Certezas y dudas", LLGran Cuyo 2011 (junio), 433).

De este modo, el abogado que patrocina o representa, a su cliente, sabe que inexorablemente, todo los actos procesales notificados en su casilla electrónica, implican la notificación al cliente, es por ello que asiste razón al Sr. Juez cuando dice que notificado el abogado se notifica la parte, especialmente ante la imposibilidad, como surge de la normativa y los autorizados juristas locales citados, de que "la parte", pueda constituir un domicilio electrónico distinto a la casilla de su letrado, por lo tanto este domicilio subsiste hasta tanto no sea expresamente cambiado, en el caso subsistió hasta que lo cambió al incidentar de nulidad (art. 21 CPC), de tal modo es dable sostener que el defecto procesal alegado, como lo hace el juez "a quo", no impidió tomar conocimiento del contenido de lo actuado en autos y notificado.

De la compulsa del expediente no surge que el demandado incidentante haya modificado su domicilio legal y/o el casillero electrónico. Tampoco existen constancias de que los letrados patrocinantes, hayan dejado de patrocinarlo hasta el acuse de nulidad. Por otra parte surge de autos que se han recibido, tanto en el domicilio legal constituido a fs. 17 (ver fs. 316 cédula notificando al demandado), como en las casillas electrónicas, todas las cédulas relacionadas con este juicio, notificándose al Dr. Quiroga por la demandada y por sí.

Teniendo en cuenta esta nueva forma de notificación electrónica, que debe ser dirigida a la matrícula del letrado ya sea mandatario o patrocinante, es razonable entender que el letrado anoticiará a su representado o patrocinado, de todas las notificaciones allí recibidas y, en caso de perder contacto, debería hacer saber tal situación al juez. Lo contario implicaría vulnerar la certeza de las notificaciones que deben practicarse en los casilleros electrónicos, en desmedro de la seguridad jurídica, la celeridad y economía procesal que se ha pretendido encontrar con la notificación electrónica. En similar sentido ha dicho la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F o Gaviero, José A. c. Chiarini de Fasse, Adela o 06/07/1982 o LA LEY 1984-A LA LEY 1984-A, 498 o AR/JUR/1988/1982, que: "si la nulidicente constituyó expresamente domicilio en el estudio de sus ex-apoderados, en el mismo escrito en que éstos renunciaban al poder y continuaban no obstante con el patrocinio letrado, las diligencias de notificación fueron correctamente practicadas en ese domicilio, de conformidad con las normas procesales que rigen la materia (arts. 40, 41 y 42, Cód. Procesal -ADLA, XLI-C, 2975-). El hecho de que sus letrados patrocinantes devolvieron cédulas no puede, por sí, constituir causa de nulidad, como tampoco el supuesto desconocimiento alegado por la interesada de la marcha del proceso. Lo contrario, importaría conculcar la necesaria certeza que es dable exigir en las notificaciones que deben practicarse en el domicilio constituido regularmente, cuando ellas resultan carentes de vicios procesales en mengua de la seguridad jurídica a la que apunta su recepción normativa. (Gaviero, José A. c. Chiarini de Fasse, Adela o 06/07/1982 o LA LEY 1984-A LA LEY 1984-A, 498 o AR/JUR/1988/1982). Es por ello, que estimamos, al igual que el juez "a quo", que las pretendidas irregularidades procesales, o el tiempo que el expediente estuvo paralizado, no han impedido tomar conocimiento de lo actuado en autos, sostener lo contrario, tornaría vulnerable el sistema de notificación electrónico.

Por último, con respecto a la aplicación de intereses sancionatorios pedidos por la parte actora apelada no corresponde ingresar a su análisis por tratarse de una "cuestión novedosa" no propuesta al Inferior, ya que, el ámbito de decisión de ésta se encuentra limitado por el contenido de las cuestiones sometidas al juez de la primera instancia. Este Tribunal, en anterior integración ha dicho que: ".la función esencial de la alzada es revisar la decisión de primera instancia, además de estar limitada por el contenido de los agravios, también lo está por las pretensiones y oposiciones que fueron formuladas en primera instancia, que es sobre lo único que pudo pronunciarse el juez de primera instancia y, consecuentemente, lo único que puede revisar el tribunal ad quem; un pronunciamiento por la alzada sobre cualquier cuestión que no hubiera sido planteada ante la instancia anterior no implicaría revisión de una decisión de la instancia anterior, sino un pronunciamiento en primera instancia realizado por la Segunda Instancia."(1/09/2000 causa Nº 493/6/1F-33.404 caratulada: "TESORO IVANA MA-RIELA C/ GONZALEZ ANTONIO ALEJANDRO P/ EJECUCION DE ALI-MENTOS).

Finalmente, de acuerdo con el análisis desarrollado corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada nulidicente y, confirmar, en todas sus partes el auto atacado de fs. 411.

V. Atento al resultado que se arriba, las costas corresponde imponerlas a la apelante vencida (art. 35 y 36 ap. I del CPC).

Por ello, el Tribunal	RESUELVE:

1)Desestimar el recurso de apelación de fs. 418 en contra de la resolución de fs. 411 y vta., la que se confirma en todas sus partes.

2)Imponer las costas al apelante vencido.

3)Regular los honorarios profesionales de los DRES. GONZALO GUIÑAZU (H); GONZALO GUIÑAZU Y EDGARDO PRISCO en las sumas de PESOS CUARENTA Y TRES CON 60/00 ($43,60); PESOS TRECE CON 08/00 ($13,08) y PESOS TREINTA CON 52/00 ($30,52), respectivamente. (arts. 15, 3 y 31 LA.).

NOTIFÍQUESE Y BAJEN.