Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, CONTENC. ADM.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-09-17


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: NOVENTA Y TRES En la ciudad de Río Cuarto a los diecisiete días del mes de Septiembre de dos mil doce, se reunieron en Acuerdo Público los Señores Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, todo por ante mí Secretaria autorizante, a efectos de dictar sentencia en estos autos caratulados "SERRA, MARTÍN EDUARDO Y SERRA, RUBÉN DARÍO SH - CONCURSO PREVENTIVO - RECURSO DE REVISION DEDUCIDO POR BORGES, HILDA" (Expte. Nº 408575), elevados en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, a cargo del Dr. José Antonio Peralta, quien por Sentencia Número ciento ochenta y ocho (fs. 42/45), dictada con fecha veintinueve de julio de dos mil once, resolvió: "I) No hacer lugar al recurso de revisión interpuesto por la Sra. Hilda Cristina Borges. II) Imponer las costas a la revisionista, regulando los honorarios de la Sindicatura en la suma de pesos mil ochocientos ($ 1.800), y los de su letrado Dr. Dionisio Cendoya, en la suma de pesos dos mil setecientos ($ 2.700), con más la suma de pesos quinientos sesenta y siete ($ 567) en concepto de IVA. Protocolícese.".

El tribunal estableció las siguientes cuestiones a resolver:

1era.) ¿Corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte revisionista? 2da.) ¿Qué pronunciamiento debe dictarse? De conformidad con el resultado del Acuerdo, se estableció que el orden de emisión de los votos sería el siguiente: señores Vocales José María Ordoñez, Daniel Gaspar Mola y Horacio Taddei.

A LA PRIMERA CUESTION, el señor Vocal José María Ordoñez dijo:

I) Breve relación de lo actuado.

Contra la sentencia dictada, y que contiene una relación de la causa que satisface los recaudos exigidos por la ley del rito (art. 329, CPCC), por lo que a la misma me remito en homenaje a la brevedad, se levantó la revisionista a fs. 50, interponiendo el recurso de apelación que nos convoca, el que fue concedido a fs. 51.

Elevados los autos ante este tribunal de alzada, la apelante expresó agravios mediante el escrito que luce a fs. 62/66, pretendiendo la revocación de la sentencia y que se declare verificado su crédito quirografario, con costas. Corrido traslado a la concursada para refutar aquellos, su apoderado lo evacua según presentación de fs. 69/vta., peticionando el rechazo de los agravios y la confirmación de la resolución, con costas. Hecho lo propio con la Síndico, ésta lo contesta según escrito de fs. 74/vta., postulando se rechace el recurso y se confirme el fallo, con costas.

Resta señalar, para completar lo actuado, que dictado el proveído de autos a estudio (fs. 75), firme y consentido el mismo, quedó la impugnación en condiciones de ser resuelta.

II) Agravios.

Fincan los mismos, en apretada síntesis, en que se le ha negado la verificación pretendida porque el mutuo celebrado con la concursada, cual es la causa u origen del crédito, documentado en dos pagarés de $ 45.000 cada uno, no tiene fecha cierta. Reflexiona al respecto que si el mutuo tuviera fecha cierta el crédito sería verificado.

Aclara que el problema se plantea con relación a los títulos abstractos como los cheques o pagarés, no así en otros tipos de crédito, como venta de mercadería, cumplimiento de contratos, daños y perjuicios, etc., pues aquellos son creados con independencia de su causa u origen y se bastan a sí mismos.

Considera, por ello, que es incongruente que se le exija una prueba suplementaria y externa a los mismos títulos que demuestre la causa de su creación cuando son presentados al concurso del deudor que los emitió. Y una contradicción que la ley comercial, por un lado, incentive al acreedor a recibir cheques o pagarés garantizándole la vía ejecutiva para su cobro, y que, por otro lado la ley concursal les quite toda eficacia si no están respaldados por un contrato con fecha cierta.

Desde otro ángulo, manifiesta que la exigencia de probar la causa del pagaré no proviene de la ley (arg. art. 32 de la LCQ), sino que es una elaboración jurisprudencial (plenarios "Translínea" y "Difry") que no resulta obligatoria.

En ese sentido, señala que la razón de esa exigencia fue impedir que el deudor "fabricara" créditos falsos en connivencia dolosa con acreedores ficticios, logrando mayorías para las votaciones de su propuestas concordatarias, lo que no ocurre en el presente caso en donde no hay ninguna razón para sospechar que el crédito no sea real, máxime cuando ya ha pasado el período para los acuerdos, por lo que no podrá tener incidencia en la votación. A partir de ello, refiere a que se incurrió en un exceso de esa jurisprudencia de la Cámara Nacional Comercial, que transcribe en lo pertinente, y citando doctrina y otros fallos hasta llegar a la actualidad, a todo lo cual cabe remitir en homenaje a la brevedad, concluye en que se morigeraron las exigencias formalistas de aquellos plenarios, solicitando se apliquen al caso de autos estos últimos criterios de la doctrina y jurisprudencia que cita, considerando injustificado que se le exija la fecha cierta del contrato de mutuo, lo que va mucho más allá de lo que la ley establece siendo que no hay razón para que se señale a su crédito como fraudulento.

Agrega, finalmente, que con ese formalismo a ultranza se logra que los verdaderos acreedores no puedan cobrar sus créditos, y que los deudores queden liberados de lo que deben licuando sus deudas, lo que lleva al descreimiento de las leyes y al escepticismo de los mecanismos de la justicia por parte de la población, lo que pide se tenga presente al resolver.

III) Contestación. Opinión de la sindicatura.

Como se anticipara al relacionar lo actuado, tanto la concursada como la sindicatura, al refutar los agravios de la recurrente, y por los motivos que cada una de estas partes expresan, sostienen que ninguna prueba aportó la quejosa en este incidente que permita hacer variar lo resuelto, pronunciándose en definitiva por el rechazo del recurso y la confirmación del fallo. A los respectivos escritos me remito en honor a la brevedad.

IV) La solución.

En estricto rigor, considero que el escrito impugnativo no trasunta una auténtica expresión de agravios. En primer lugar, cabe señalar que el análisis de admisibilidad del recurso puede -y debe- ser abordado por este tribunal de grado con prescindencia de que la parte apelada formulara una petición en tal aspecto. Ello así toda vez que, como custodio final de su competencia, le corresponde a la Cámara determinar si, efectivamente, el escrito presentado por la parte apelante constituye una expresión de agravios en el sentido técnico que a la misma se asigna para el cometido que se propone (conf. "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba", Director FERRER MARTINEZ, Advocatus, sobre el tema: FONTAINE, T. I., pág. 709).

En segundo término, soy de la opinión que por más esfuerzo que pueda hacerse en pos de habilitarlo desde lo formal -conforme ha sido costumbre inveterada de este Tribunal-, esto es cuando se advierta que medianamente existe una crítica a las conclusiones a que arribara la sentencia, en salvaguarda del derecho de defensa, dejando para casos extremos, es decir para cuando no queden dudas que el embate no reúne los requisitos indispensables que debe contener una expresión de agravios la posibilidad de declarar la deserción del recurso, nos encontramos con que este es, justamente, uno de esos supuestos en que las censuras que se han intentado levantar contra el resolutorio apelado no merecen ser admitidas. Doy razones.

Por expresión de agravios se entiende el acto escrito por el que se funda la apelación, mediante la crítica total o parcial de las diversas conclusiones del fallo (cfme. VENICA, "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.", pág. 457, nota 7, con citas de PALACIO-ALVARADO VELLOSO Y LÓPEZ CARUSILLO). Requiere que contenga un análisis puntual de la sentencia, en los aspectos que se consideran equivocados, demostrando los errores, sin que a esos fines sea válido remitirse a escritos anteriores al fallo, o la reiteración de argumentos prescindiendo del fallo mismo que se intenta modificar. El escrito debe bastarse a sí mismo "como si con anterioridad a él no existiese en el proceso ningún otro elemento". Por lo tanto, constituyen requisitos o presupuestos de una correcta expresión de agravios: acometer la resolución apelada; tener en claro lo que es materia de apelación; hacer una crítica fundada, precisa y clara; atacar punto por punto; y concretar los agravios con argumentación lógica y suficiente, considerándose que no se cumplen esos requisitos si existen repeticiones argumentales, o simplemente se disiente sin dar mayores explicaciones con el fallo (cfme. aut. y ob. cit., pág. 457/460, con numerosas citas de doctrina y jurisprudencia en notas Nos. 9, 10, 11. 13, 14 y 19, entre otras, a las que me remito, el destacado me pertenece).

Que así las cosas, se aprecia del escrito pertinente presentado por la apelante que el mismo no reúne las exigencias antes señaladas. En efecto, basta cotejar la aludida pieza procesal, cuya reseña se efectuara más arriba, para concluir -sin lugar a duda alguna- que ella no muestra más que una mera disconformidad, y nada más, con la sentencia que se pretende impugnar.

Tiene dicho la jurisprudencia que la exigencia de que la expresión de agravios contenga una crítica concreta y detallada del decisorio, no se satisface con disentir en su interpretación judicial. En efecto, la crítica es un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores fácticos y jurídicos que ésta pudiere contener; en cambio disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia (cfme. CNCiv., sala A, 3/11/89, "Svetec de Surbek c. Maidana, Ramón", ídem, 20/11/89, "Rodellar, Rafael, suc. c. Gracia, Timoteo, suc.", LA LEY 1990­C- 576, J. Agrup., caso 7154; ídem 16/3/90, "Ferrari Hardoy, Jorge A.", LA LEY, 1990­C 439 y DJ 1990­2­821).

Es que no es posible para la Cámara, efectuar un análisis ex novo de la cuestión, ya que se trata de una instancia revisora que sólo le acuerda competencia funcional y material sobre los aspectos del fallo que se introduzcan a través de una auténtica expresión de agravios, salvo que disponga declarar la nulidad del fallo en cuyo caso debe resolver el fondo sin reenvío (arg. art. 362 in fine del CPCC).

Al expresar agravios se requiere una crítica puntual de los considerandos de la sentencia que son motivo de agravio, por lo que todas aquellas motivaciones de la sentencia apelada que no son objeto de una crítica concreta y razonada devienen firmes; en consecuencia, la Cámara no puede examinar una cuestión decisiva si al expresar agravios el quejoso no efectúa a su respecto planteamiento expreso, puesto que en definitiva son las partes las que fijan los horizontes posibles de las decisiones jurisdiccionales (conf. CCC Azul, 19/3/96, "Lucas, Francisco c. Rocchia, Domingo", LLBA, 1996­358 y DJBA 150­3245).

Para ello, tengo en cuenta que el Juez a quo, como fundamentos de su resolución, argumentó puntualmente que el concurso resulta un tercero frente al concursado y el pretenso acreedor, y es por ello que la ley les impone a los acreedores la carga de verificar; que si bien el revisionista se limita a cuestionar los argumentos esgrimidos en oportunidad de la sentencia verificatoria, no ofreció ni diligenció prueba alguna tendiente a corroborar sus afirmaciones. Agregó que en el proceso de revisión se permite aportar elementos probatorios de cualquier tipo que sustenten la pretensión por ser un procedimiento de conocimiento pleno, por lo que no invocándose ni presentándose nuevos elementos impide al tribunal modificar lo resuelto.

Del análisis preliminar efectuado, se advierte que la apelante sigue insistiendo con su postura inicial, pero sin rebatir idóneamente la resolución que pretende impugnar, lo cual es claramente insuficiente según lo desarrollado precedentemente. Por lo tanto, resultan aplicables al caso los conceptos elaborados por autorizada doctrina y jurisprudencia que enseñan que cuando la resolución se encuentra afirmada en varios fundamentos, cada uno de ellos susceptible de sustentarla independientemente de los otros, el embate, para tener éxito, debe dirigirse contra todos, pues aún siendo valedero el recurso parcial, el decisorio continuaría con suficiente motivación (conf. VENICA, ob. cit., T. III, p. 403 y sus citas).

De todas maneras, y para que no se interprete que el tribunal se aferra a una cuestión formal, para satisfacción del justiciable cabe agregar que esta Cámara comparte el criterio en que se sustenta el fallo bajo anatema.

Y no es que desconozca la posición que sostiene la apelante, puesto que tanto en anteriores integraciones como en la actual, ha hecho referencia a que la acreditación de la causa de la obligación en materia de títulos cambiarios, se ha flexibilizado en cierto modo cuando éstos se encuentran rodeados de otros elementos que permiten inferir sin dudas la existencia del crédito, a fin de aventar sospechas de connivencias entre deudor y acreedor para fraguar el pasivo que es, al fin y al cabo, aquello que la ley quiere evitar.

En esa inteligencia, ha destacado que tan nocivo resulta el ingreso de un crédito falso como la expulsión de uno verdadero, por lo que es necesario aguzar el ingenio para que, en la medida de lo posible, ninguno de aquellos extremos se presenten, pues el concurso preventivo no puede ser elemento de que se valga el deudor para desembarazarse a su arbitrio de acreedores indeseables (en el sentido expuesto pueden consultarse: Sent. N° 96 del 27/8/2004, in re: "Rehace Expte. en: "Incidente de Revisión deducido por Bansud S.A. en autos: "ESPINA, José Antonio y Olga CESARE de ESPINA - Conc. Prev. Hoy Quiebra"; Sent. N° 42 del 27/5/2005, in re: "Recurso de Revisión interpuesto por ISHIHARA de ARGENTINA SA en autos: AGROVET SRL - Pequeño Concurso Preventivo"; Sent. N° 27 del 20/04/2011, in re: "Recurso de revisión deducido por Marby S.A. y Formar S.A. en autos: "Valsecchi S.A. - Pequeño Concurso Preventivo", entre otros, citando a Galíndez: "Verificación de créditos - Procedimiento según la ley 24.522", Astrea, 2° edic. actul., pág. 10; más precedentes de esta misma Cámara -causa "Bonamico - Quiebra pedida (Incidente de revisión de Sader)", Sent. Def. Nro. 69, del 06.11.96-, también de la Cám. de 1ª. Nom.: "Savoretti en Delfino y otra - Conc. Prev.", LLCba., 1998-1007, a los que pueden agregarse muchos más: CNCom. Sala B, 23/8/2002 en "Banco Privado de Inversiones s/ inc. de rev. a Edredon's SRL", fallo publicado en LL 2003-B-688 y en IMP. 2003-A-1487; CNCom., Sala E, 6/11/2007 in re: "Vali SACIF s/Conc. Prev. s/ inc. de rev. por Bourie Corneille Alberto Enrique", publicado en Suplemento de Concursos y Quiebras de La Ley 2008 (abril), p. 76; C.1ª.CCRC, 14/3/2008, in re: "Faber, Gaspar Juan", publicado en La Ley Online, por sólo citar algunos precedentes; un resumen de toda la doctrina y jurisprudencia sobre el tema, y su evolución, puede verse en ROUILLON, "Ley de Concursos y Quiebras", comentario al art. 32 LCQ, por el mismo autor y FIGUEROA CASAS, en Ed. La Ley Online).

Empero, no es esa la conclusión a la que corresponde arribar en el supuesto de autos, pues tampoco se han brindado mínimas explicaciones acerca del negocio jurídico subyacente que originara los títulos cambiarios presentados, ni al mutuo presuntamente celebrado para la emisión de los mismos.

En tal sentido, hemos tenido oportunidad de señalar en un caso de similares características al que aquí se ventila (conf. Sent. N° 110, del 01/12/2004, in re: "Vizzo, Hugo Alberto; Juan Carlos Vizzo en representación de Vizzo, Juan Carlos y Vizzo, Hugo - Sociedad de Hecho - Concurso Preventivo (Incidente de Revisión deducido por el Sr. Carlos Alberto Rinaudo)", en que si bien es cierto que en la etapa preliminar o tempestiva de la verificación, el texto de la ley sólo hace referencia a la obligación del pretensor de "indicar" la causa de su crédito, entre otras, no lo es menos que ello debe ir acompañado de una explicación que brinde los detalles de la operatoria o del negocio subyacente concertado entre las partes, y adjuntando la documentación con que se cuente a los fines de acreditar esos extremos, o señalando donde puede ubicarse la misma a los efectos de que el síndico efectúe las compulsas indispensables para verificar la concurrencia de los requisitos legales de su admisión al pasivo (cfme. MAFFIA, Osvaldo, "Verificación de créditos", Depalma, Bs. As. 1989, p. 132, entre otros).

Ahora bien, si quien pretende ser admitido no está de acuerdo con las observaciones que se le hacen a su presunta acreencia, la ley le permite acudir por la vía de este instituto en el que con mayor amplitud de debate y prueba, podrá "demostrar" la existencia del crédito en toda su magnitud y dimensión. Empero, y tal como se señalara más arriba, la revisión implica un proceso de pleno conocimiento en el que únicamente por cuestiones de interpretación respecto de los elementos acompañados en su oportunidad podrá -eventualmente- modificarse la resolución de verificación, o por errores manifiestos que surjan sin hesitación de las propias constancias de la causa. Si ello no es así, como sucede en la especie en la que se han dado fundadas razones para no admitir el crédito según se verá, entonces el revisionista deberá aportar nuevos elementos de juicio para que el juzgador pueda tener por acreditada la causa, monto y privilegio del crédito, en su caso; o sea, en síntesis, "probar" su existencia (conf. GRAZIABILE, Darío J., "Incidente de revisión concursal ¿Acción o recurso?", LA LEY 2005-B-1383, y sus citas, entre otros).

Señalábamos también que no se podía perder de vista que los títulos cambiarios (con todas sus características de abstracción, autonomía, literalidad, etc., aplicables conforme a la ley comercial), resultan oponibles en la relación entre partes, es decir acreedor y deudor como ocurre en una ejecución individual, más no es posible trasladar dichos atributos cartulares al concurso, por la sencilla razón de que aquí no estamos en presencia de una contienda o litigio entre partes, sino que nos encontramos en un proceso universal por el cual en virtud de la "pars condictio omnium creditorum" hay terceros, los restantes acreedores, cuyos intereses deben ser resguardados, por lo que la presunción de legitimidad que el título acuerda al portador cede a favor de aquél principio y, además, porque la decisión que recaiga sobre el crédito - según se adelantara - tiene los efectos de la cosa juzgada material, es decir que aquí, a diferencia de lo que ocurre en una ejecución individual, se indaga la causa de la obligación.

Añadíamos que tampoco es posible soslayar la categórica disposición del art. 2246 del Cód. Civil, en cuanto prescribe que "el mutuo puede ser contratado verbalmente; pero no podrá probarse sino por instrumento público, o por instrumento privado de fecha cierta...", al margen de lo normado por el art. 2242, ibídem, el cual señala que solo queda perfeccionado por la entrega de la cosa, dada su naturaleza real.

A esto último indudablemente se ha referido el Juez a quo cuando, al resolver en la etapa de verificación tempestiva (según puede leerse a fs. 40vta.), señalaba que no se había acreditado "el efectivo egreso patrimonial del acreedor y su correlativo ingreso al patrimonio de la concursada".

De tal guisa, y no configurándose en el caso los presupuestos para acordarle fecha cierta con relación a terceros (cfme. art. 1035, CC), caen sin mayor esfuerzo los agravios relativos a que no debe haber más exigencias que las que prevé la ley por no existir indicios que lleven a sospechar que el crédito es fraudulento.

En conclusión, y conforme a lo desarrollado, debe rechazarse el recurso, tanto desde lo formal como por su improcedencia substancial, confirmándose el fallo objeto de apelación en todo cuanto decide.

Me pronuncio por la negativa y así lo dejo votado. A LA PRIMERA CUESTIÓN los señores Vocales Daniel Gaspar Mola y Horacio Taddei dijeron:

Que adherían al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION, el señor Vocal José María Ordoñez dijo:

I) De conformidad con el resultado de la votación a la anterior cuestión, proponía que se sentencie esta causa rechazándose formal y sustancialmente el recurso apelación interpuesto por la parte revisionista, y que se confirme el pronunciamiento recurrido en todo cuanto resolvió.

II) En lo que respecta a las costas, considero que las mismas deben ser soportadas íntegramente por la parte revisionista (conf. PESARESI, Guillermo M., "Honorarios en incidentes concursales tramitados en la Provincia de Córdoba", publicado en LLC 2004 (julio), 569, citando: TSJ, Sala CC, 18/4/00, in re: "Alba", LLC 2001-440, y ED 190-242, con nota favorable de TRUFFAT; C2ªCCCba., 15/8/02, LLC 2003-321; íd., 3ª Nom., 20/8/02, LLC 2003-205; ésta Cámara, por Sent. N° 110, del 01/12/2004, in re: "Vizzo, Hugo Alberto; Juan Carlos Vizzo en representación de Vizzo, Juan Carlos y Vizzo, Hugo - Sociedad de Hecho - Concurso Preventivo (Incidente de Revisión deducido por el Sr. Carlos Alberto Rinaudo", entre otros).

Estimo que corresponde regular los honorarios de los Dres. Facundo Clodomiro Carranza y Guillermo H. Masciarelli, en conjunto y proporción de ley, en el equivalente al 40% (art. 40, CA), del mínimo de la escala del art. 36 elevado en un punto, con la reducción prevista en el art. 83 inc. 1, segundo párrafo, del CA vigente, ley 9459, de aplicación al caso, lo cual se traduce en la suma de pesos un mil ciento treinta y cuatro ($ 1.134) salvo error u omisión, conforme al criterio regulatorio que esta Cámara tiene sentado, en cuanto a que procede partir del mínimo de la escala (único parámetro que atiende a la cuantía del asunto) y desde allí elevarlo en tantos puntos porcentuales como se estime necesario hasta llegar al porcentaje que retribuya adecuadamente la tarea desarrollada (conf. Auto N° 199 del 10/09/02, in re: "Lisa c/ Fernández y/o quien resulte ocupante del inmueble - Despojo" - "Incidente de regulación de honorarios deducido por el Dr. Jorge González Schiavi", reiterado en pronunciamientos posteriores dictados por este Cuerpo con su actual integración), atendiendo además a las pautas de evaluación cualitativas y cuantitativas establecidas en los incs. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10 del artículo 39 del código arancelario. Para el primero de los nombrados debe añadirse el IVA, según su condición impositiva acreditada en autos, que implica la suma de pesos ciento diecinueve con siete centavos ($ 119,07). En lo que concierne a los honorarios de la Síndico y su letrado, corresponde, teniendo en cuenta las mismas pautas, que sean fijados en conjunto y proporción de ley, en el 40% del mínimo de la escala aumentado en dos puntos, en virtud de los citados arts. 40 y 83 inc. 1, segundo párrafo, CA, lo cual representa la suma de pesos un mil ciento ochenta y ocho ($ 1.188), con más de la de pesos ciento veinticuatro con setenta y cuatro centavos ($ 124,74) en concepto de IVA para este último.

Debe aclararse al respecto, que no se modifica la regulación practicada en la instancia inferior por no haber sido objeto de agravio subsidiario, empero esta es la forma en que, a criterio de esta Cámara, se deben regular los honorarios del síndico y su letrado, en seguimiento de numerosos precedentes (entre ellos, el antes citado caso "Vizzo."), conforme al temperamento que sobre el tema tiene sentado el Excmo. Tribunal Superior de Justicia (conf. TSJ, Sala Civ. y Com., 18/10/2005, in re: "Bechara Antonio Narciso - Quiebra propia Bank Boston S.A. - Incidente de Revisión en: "Bechara, Antonio Narciso - Quiebra propia - Recurso de Casación").

Se difiere la regulación de honorarios del Dr. Omar López de Alda para cuando ello sea solicitado (arg. art. 26 "a contrario sensu" del CAAP, ley 9459).

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN los señores Vocales Daniel Gaspar Mola y Horacio Taddei dijeron:

Que adherían al voto que antecede.

Por el resultado del acuerdo y por unanimidad del tribunal;

SE RESUELVE:

I) Rechazar formal y sustancialmente el recurso apelación interpuesto por la parte revisionista, y en su consecuencia confirmar el pronunciamiento recurrido en todo cuanto fue motivo de agravio.

II) Imponer las costas devengadas en la alzada a la parte revisionista, regulándose los honorarios de los letrados del concursado Dres. Facundo Clodomiro Carranza y Guillermo H. Masciarelli, en conjunto y proporción de ley, en la suma de Pesos un mil ciento treinta y cuatro ($ 1.134), con más la suma de pesos ciento diecinueve con siete centavos ($ 119,07) para el primero en concepto de IVA.

Regular los honorarios de la Síndico Cra. María Elena Grassi, y su letrado Dr. Dionisio Cendoya, en conjunto y proporción de ley, en la suma de pesos un mil ciento ochenta y ocho ($ 1.188), con más de la de pesos ciento veinticuatro con setenta y cuatro centavos ($ 124,74) en concepto de IVA para éste.

PROTOCOLÍCESE Y BAJEN.