Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2003-05-28


Nro.··52···/ En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil tres, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, RICARDO FERNANDO FRANCO Y MARIA LUISA LUCAS, quienes emitirán su voto en ese orden, asistidos por el Secretario Autorizante MIGUEL ANGEL LUBARY, tomaron conocimiento del expediente nº 52.619, año 2003, caratulado: "RECHE OSCAR HORACIO S/HOMICIDIO", con el objeto de dictar sentencia conforme los artículos 434 y 446 del Código Procesal Penal.- Seguidamente la Sala Segunda plantea las siguientes ····C U E S T I O N E S 1°) ¿Es procedente el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 374/390? 2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION, RICARDO FERNANDO FRANCO dijo:

I- Llega el expediente a conocimiento de esta Sala Segunda en virtud del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa de OSCAR HORACIO RECHE, contra la sentencia de fecha 29 de octubre del 2002 obrante a fs. 345/373 y vta. dictada por la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Pcia. Roque Sáenz Peña, por la que se resolvió CONDENAR al nombrado como autor responsable del delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA (arts. 79 y 41 bis del C.P.) a la pena de DOCE AÑOS DE PRISION e inhabilitación absoluta por igual tiempo de la condena y demás accesorias del art. 12 C.P.; con costas.- Concedido por el a quo el remedio intentado mediante decisorio de fs. 391 y vta., las actuaciones fueron elevadas a la instancia extraordinaria (fs. 402 vta.), radicándose en esta Sala Segunda, donde se le imprimiera la pertinente tramitación.- Luego de exteriorizar el objeto de su presentación; antecedentes vinculados con su legitimación activa para recurrir y procedencia de la impugnación, expone el contenido del fallo en cuanto al hecho plasmado en la requisitoria fiscal y al que la Cámara consideró probado. Transcribe tópicos en los que se descarta el suicidio, aduciendo que para ello no se realizó una selección "bastante, eficaz e idónea" de la prueba de la causa. Recuerda dichos del imputado y su coincidencia con los testimonios de Catalina Miranda y Lorenzo Sosa los que -dice- fueron tildados de mendaces por el a quo, en una conclusión producto de un análisis parcializado de tales versiones, desechando las explicaciones que racionalmente probarían el suicidio.- Refiere a los testimonios del Dr. Jorge E. Villaverde, Hugo Miguel del Valle, Miguel Angel Roveda y a manifestaciones de la víctima vertidas en la causa 796/01 del Juzgado de Paz de Quitilipi, vinculados con los trastornos siquiátricos que ésta padecía y con las posibilidades de que se haya suicidado, sosteniendo que nada de ello fue meritado en el fallo con violación de los principios de la sana crítica, la lógica y la experiencia común, lo que deja carente de motivación al fallo y conduce a su nulidad. Cita y transcribe doctrina y jurisprudencia.- Indica que es incomprensible lo establecido por el Tribunal en cuanto a su convencimiento de que Mabel Chará no fue asesinada en su domicilio sino en el trayecto de su casa a la Comisaría, porque las razones dadas (inexistencia de manchas de sangre; que solamente se halló el arma y una vaina servida; que no fue perturbado el sueño de los menores que dormían en la habitación contigua) no son indicios para tal negación. Sostiene este agravio con los dichos del Dr. Oscar Arguello, Adela Emilia Olivera y Eduardo Estanislao López, de los que surge que las tres heridas no fueron sangrantes; que del allanamiento no se constata que se realizó una minuciosa búsqueda de los proyectiles faltantes y que ninguno de los menores testificaron en la causa.- Cuestiona lo sostenido por la Cámara en relación al documento de identidad de la víctima con sustento en lo dicho por la enfermera Adela E. Olivera, por contraponerse con la constancia del policía Rodolfo Aguirre que secuestró entre otros efectos también ese documento diciendo que estaba en poder de la occisa.- Consigna todas las probanzas que a su entender acreditan que el hecho se produjo en el interior del dormitorio de la familia Reche, exteriorizando para ello el contenido de las mismas. Califica de subjetiva y antojadiza la conclusión del a quo, por no tener ninguna apoyatura probatoria, de que el imputado regresó a su vivienda no preocupado por haber dejado la puerta abierta, sino para construir el falso escenario de los hechos, olvidando depositar las otras dos vainas servidas y simular manchas de sangre en el piso o en la cama; que ello torna arbitrario al fallo y abre la brecha casatoria en toda su extensión, tornándolo nulo por falta de motivación. Exhibe profusa doctrina y jurisprudencia.- Afirma que toda la prueba se orienta a desvirtuar la autoría del imputado y que fue la víctima quien se efectuó los disparos. Que al tenerse por acreditado en el fallo que el hecho se produjo dentro de la camioneta, sin pruebas para ello, implica una modificación del hecho que vulnera la defensa en juicio y el debido proceso al no permitirle a aquél ofrecer pruebas de su quehacer luego de que saliera del hospital de Quitilipi.- Dice que en el caso, las circunstancias de lugar fueron objeto de mutación, pues en la sentencia fue cambiado el escenario de los hechos llevándolo del citado dormitorio al interior de la camioneta, lo cual viola los citados principios por privarse al encartado de producir pruebas sobre la referida actividad. Que dicha violación a la inmutabilidad del fallo lo torna insalvablemente nulo.- Finalmente, peticiona la nulificación del pronunciamiento en crisis y se proceda conforme al art. 448 del C.P.P.- En su memorial potestativo de fs. 415/422 y vta., la nueva defensa del imputado ataca las razones por las que el fallo descarta la posibilidad de un suicidio, considerándolas viciadas en cuanto al razonamiento lógico que se utilizó para valorar la prueba y llegar a las mismas, distorsionándose el contenido de los dichos del médico forense y el perito de la causa. Atribuye similar vicio lógico a la conclusión de la Cámara de que la muerte no ocurrió en el domicilio de la víctima sino en el trayecto de su casa a la comisaría, por sustentarse en prueba indiciaria, como que: en la vivienda no había manchas de sangre; solo se halló una de las vainas servidas; las detonaciones debieron haber perturbado el sueño de los menores; la víctima aceptó presentarse en la comisaría, porque llevaba su documento en el bolsillo del vaquero. Cita doctrina y jurisprudencia.- Aduce que con los mismos argumentos usados por la Cámara para negar que los disparos se produjeron dentro de la vivienda, también debe descartarse que los mismos se efectuaron dentro de la camioneta, para que no incurra en flagrante contradicción. Ello porque tampoco se probó la existencia de manchas de sangre en la camioneta; no se halló ninguna vaina servida en el vehículo, ni se secuestró el arma dentro del mismo. Que tal conclusión positiva del a quo -disparos en el rodado- está viciada lógicamente por no observar el principio de razón suficiente.- Transcribe el hecho descripto en el requerimiento de elevación a juicio, observando que en el caso y no obstante a los elementos con que contaba, el Sr. Agente Fiscal no precisó las circunstancias de lugar en que ocurrió el hecho, limitándose a decir que lo fue en Quitilipi. Que tal indeterminación, incide en el derecho de defensa del imputado que se ve sorprendido cuando en el fallo se lo fija como ocurrido en la cabina de la camioneta. Señala que esta nulidad es absoluta por que hace a la intervención del imputado según el art. 161 inc. 3° C.P.P.- Consigna que la sentencia es nula por violación del principio de congruencia, que requiere que los hechos se mantengan idénticos en las distintas instancias procesales. Que el mismo Tribunal reconoció haber "mutado" el factum sostenido por la acusación, y que lo hizo en relación a circunstancias de lugar y forma.- Luego de transcribir el hecho conforme al requerimiento de elevación a juicio y como lo fijara el fallo, advierte que las variantes del segundo en cuanto a que "ocurrió dentro de la camioneta" y que el imputado regresó a su casa "para construir un falso escenario de los hechos", resultan violatorias del derecho de defensa por haber estado el imputado impedido de ser oído y ofrecer pruebas al respecto, dado el momento de la introducción de tales variantes. Transcribe doctrina y jurisprudencia que considera aplicables a sus argumentos. Concluye solicitando se tengan por ampliados los fundamentos recursivos en los términos del art. 443 del ritual.- II- a) Expuestos los agravios del caso en los términos supra relacionados, es posible determinar que un arista de los mismos conforme al planteo del recurrente se fundamenta en que se ha quebrantado la necesaria correlación entre acusación y sentencia, el que será considerado en primer término, sin perjuicio del orden en que fuera planteado, en atención a las consecuencias que la procedencia del mismo acarreará sobre el pronunciamiento en crisis.- Es que resulta tarea prioritaria constatar el respeto a las garantías constitucionales en este proceso porque su inobservancia conduce a la nulidad de la sentencia. En el caso, debo anticipar que se advierte la existencia del vicio invocado casatoriamente, toda vez que en la labor jurisdiccional se tuvo por acreditada una circunstancia esencial diversa a la intimada, violándose así el derecho de defensa del imputado Reche.- Practicado un análisis del requerimiento de elevación a juicio de fs. 216/235 (en lo que resulta de interés para este planteo), base del plenario, y con el que fuera ilustrado oportunamente el imputado al procederse a su lectura en el inicio del debate conteniendo la necesaria extensión del factum atribuido -sin disimular que no constituye una pieza jurídica irreprochable-, se advierte que en el epígrafe "RELACION DEL HECHO" se ha expresado que: "El 26 de abril de 2002, a las 23,30 hs. aproximadamente, en la ciudad de Quitilipi, OSCAR HORACIO RECHE previo a mantener una discusión con su concubina Mabel Griselda Chará, le efectuó tres disparos con una pistola calibre 22, marca Bersa, Nro. 232374, que impactaron en la zona del abdomen provocándole lesiones y posteriormente su deceso. Se damnifica por este hecho Mabel Griselda Chará". Luego, integrando ya su fundamentación, la representante del Ministerio Público agregó que se trataba de un arma que había en su domicilio y que los disparos fueron realizados a quemarropa (fs. 233 vta./234), oportunidad en que descartó lo dicho por Sosa en su ampliación de declaración testimonial de que el imputado estaba fuera de la casa cuando se produjeron los disparos, sosteniendo la Sra. Agente Fiscal que "no obstante las testimoniales incorporadas y producidas con posterioridad al dictado del resolutorio que lo involucra, se debe considerar que existen idénticas condiciones para estimar probable la participación del imputado en la producción del evento criminoso" (cf. fs. 234 vta.), en evidente referencia al auto de prisión preventiva de fs. 131/145 y vta. donde se determinó que Oscar Horacio Reche estaba dentro del domicilio al momento de los disparos. De todo ello puede concluirse que en este documento acusatorio se estableció que los disparos que provocaron la muerte de Chará fueron efectuados en el interior de la vivienda donde habitaban el imputado y la víctima.- Por su parte, la Cámara tuvo por acreditado "en grado de certeza y a título de dolo que en la ciudad de Quitilipi, Chaco, el día 26 de abril de 2002, siendo aproximadamente las 0,40 horas, Oscar Horacio Reche, en oportunidad de trasladar en una camioneta a su concubina Mabel Griselda Chará para que esta última se presentara en la Comisaría de esa ciudad a la que había sido convocada a raíz de un altercado que había tenido momentos antes con sus vecinas Mónica González y Catalina Miranda, le efectuó tres disparos con una pistola calibre 22, largo, produciéndole heridas a raíz de las cuales falleció mientras era trasladada al Hospital 4 de Junio de P.R.Sáenz Peña, derivada a este nosocomio desde el Hospital de Quitilipi".- Enfrentadas ambas determinaciones fácticas, no presenta dificultad la percepción de que se ha operado en el fallo una variante mayúscula en lo que respecta al lugar en que se ha consumado el hecho, en relación al que ha sido establecido en el documento acusatorio. Tanto es así que tal circunstancia es reconocida de inmediato por el Sr. Juez de primer voto quien -con la adhesión de los restantes-, exterioriza su esfuerzo en dar razones por las que entiende que tal modificación no lesiona la garantía constitucional de la defensa en juicio. Pero sus argumentos genéricos no se ajustan a las circunstancias particulares del caso bajo tratamiento.- Recuérdese que la requisitoria fiscal de elevación a juicio cumple los efectos de notificación de la acusación del Ministerio Fiscal, haciéndole conocer al imputado el hecho que se le atribuye, su calificación legal, elementos probatorios y demás antecedentes del proceso ; la imputación concreta para que con pleno conocimiento se prepare la defensa contra la acusación; en definitiva, es la notificación de los hechos por los cuales va a ser juzgado. En el sub-caso no obstante estar en juego la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 C.N.), la hipótesis fáctica contenida en la requisitoria de elevación a juicio -que, reitero determina y circunscribe la actividad de los sujetos del proceso, es decir la defensa del imputado, la prueba y la discusión- no concuerda con la decisión definitiva, en lo que hace a una circunstancia fáctica de carácter esencial para el caso, como lo es el lugar del suceso, ya que una cosa es acusar a Reche de haber efectuado los disparos mortales en el dormitorio que compartía con la víctima como surge del requerimiento de elevación a juicio examinado en todo su contexto y se sostiene en los alegatos tanto del Fiscal de Cámara como del Querellante Particular, y otra distinta es tener por comprobado en el fallo que dicha acción fue consumada en el interior de una camioneta en la que el imputado trasladaba a aquélla a presentarse a una Comisaría.- En este caso, la variación fáctica consignada se presenta como bastamente idónea para viciar el pronunciamiento por haberse quebrantado el principio de correlación entre acusación y sentencia -o de congruencia, que es lo mismo-, toda vez que fue alterada una trascendental circunstancia de lugar directamente vinculada con la consumación del hecho, suficientemente apta para sorprender -en el caso concreto- tanto a la defensa como al imputado, quienes pudieron haber presentado válidamente otros elementos probatorios, además de que el segundo pudo haber adecuado su defensa material, ejercitando su derecho a ser oído y a contestar la acusación eficazmente, en relación a la circunstancia no contenida en aquélla requisitoria fiscal ni tampoco en la acusación oral. De tal modo, se ha lesionado el derecho de defensa en juicio del acusado y por tal razón, corresponde declarar la nulidad del pronunciamiento impugnado.- En relación a ello, oportuno es recordar lo sostenido por Ricardo Nuñez en cuanto a que "no toda la diferencia material de los hechos produce la nulidad de la sentencia condenatoria. Sólo la produce si esa diferencia hubiere perjudicado la posibilidad del imputado de presentar pruebas defensivas. Las posibilidades defensivas del imputado se perjudican no solo si la sentencia modifica la materialidad del hecho, alterando así su tipicidad delictiva o agregándole circunstancias modificatorias de su calificación, sino también si modifican circunstancias de modo, tiempo y lugar, que caracterizan e individualizan la concreta comisión delictiva imputada en la acusación". ("Comentarios Código Procesal Penal de Córdoba", págs. 385/386, Ed. Lerner) como ocurriera en el sub-caso, según su modalidad.- Adviértase que todos los argumentos de defensa, tanto de la material ejercida por el imputado como de la técnica a cargo de su letrado, tuvieron como único lugar de ejecución de los disparos mortales el interior de la vivienda de aquél, coincidentemente con lo que se desprende de la respectiva requisitoria y reafirmado luego en los alegatos por el Fiscal de Cámara y el Querellante particular, quienes incluso precisan que lo fue en el dormitorio. Es notorio entonces, que fue sorpresivo el cambio de escenario introducido por la Cámara, vedándoles la posibilidad de alegar lo que hubieran considerado defensivamente útil y favorable para Reche, como fuera supra consignado.- Debe recordarse que la garantía de la defensa en juicio implica la necesidad de la existencia de una acusación concreta que el imputado debe conocer en forma oportuna y específicamente detallada. Asegura, además, que aquél tiene el derecho de ser oído y que debe encontrarse en condiciones de ejercitar todos sus derechos. En otras palabras, el acusado de haber cometido un delito determinado debe conocer el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se presume cometido; y tiene derecho de acreditar su inocencia o cualquier circunstancia que atenúe o disminuya su responsabilidad (Cf. Facultad de Derecho Córdoba -Instituto de Derecho Procesal- Cuaderno n° 105, pág. 178).- A los fines de que se tratan, "hecho es una alteración de la realidad, un acontecimiento histórico, una conducta humana que constituye el objeto del proceso penal. Es una noción naturalística (diferente de la elaborada por el derecho penal) cuyo fundamento debe buscarse en la exigencia constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio. Desde el punto de vista procesal, entonces, es correcto afirmar que el hecho es la acción humana efectuada y las circunstancias son los accidentes que como el lugar, tiempo y modo, están unidos a la sustancia del hecho" (T.S.J. de Córdoba, BJC., T.XXVIII, Vol. 2, pág. 301).- En la sentencia en crisis, como ya se indicara, los sentenciantes han tenido por cierto un extremo fáctico de esencial relevancia para la reconstrucción del acontecer histórico ventilado en las presentes actuaciones, del que no ha sido intimado el imputado en la etapa procesal oportuna, dando lugar con ello a una variación brusca y sorpresiva capaz de conmover la labor defensista por ausencia de identidad -en el aspecto señalado supra- con el hecho llevado a debate.- Resulta oportuno recordar expresiones de Julio B. J. Maier en cuanto a que "Todo aquello que en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, en el sentido de un dato con trascendencia en ella, sobre el cual el imputado y su defensor no se pudieron expedir (esto es, cuestionarlo y enfrentarlo probatoriamente), lesiona el principio estudiado -derecho de defensa- y esta pauta hermenéutica decide en los casos concretos. ("Derecho Procesal Penal", t. I, Fundamentos, p. 553, Ed. Del Puerto S.R.L., Bs. As., 1999, 2° ed., 1ra. reimpresión) lo que se conexiona con la situación aquí tratada, donde fue comprometida la posibilidad del imputado de explicar situaciones fácticas o afirmar otras que excluyeran o atenuaran su responsabilidad y ofrecer prueba de descargo o argumentar en sentido contrario a ese aspecto del factum determinado jurisdiccionalmente -no contenido en la acusación- y del que recién toma conocimiento en el momento de efectivizarse la lectura de la sentencia.- b) No obstante a que el vicio advertido recursivamente y comprobado del modo supra consignado conduce -por sí- a la sanción de nulidad del pronunciamiento, lo que tornaría inoficioso el tratamiento de otros agravios propuestos por la defensa, en mi opinión deviene conducente exteriorizar -aunque brevemente- algunas observaciones en torno al modo en que los sentenciantes han arribado a la conclusión de que aquellos disparos se efectuaron en el interior de la camioneta, desplazando lo sostenido anteriormente de que lo fueron dentro de la vivienda.- Destácase que esta Sala -con distintas integraciones- ha entendido que la motivación se presenta resquebrajada cuando el fallo no contiene una exposición razonada de los fundamentos generadores de la convicción del Juez para arribar a una conclusión. A veces, los juzgadores creen haber explicado con suficiencia la causa y razón que los llevan al convencimiento de tener por acreditados -entre otros aspectos- determinados extremos fácticos del caso,cuando en realidad el acto sentencial no traduce ese razonamiento, ni en consecuencia, un convencimiento pleno que conduzca a la certeza, análisis éste concretado desde un punto de vista crítico y a la luz de los principios de la sana crítica (Cf. S.T.Justicia de La Pampa in re "Fernández...s/...Recurso de Casación", 12/08/86, Jur. de Cortés y S.T. de la Prov., I, p. 237).- En la situación supra señalada, se advierte que el decisorio soslaya el principio de razón suficiente, en virtud del cual el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de las sucesivas conclusiones que en base a ellas se vayan estableciendo, con sujeción a las reglas de la sana crítica, toda vez que las conclusiones de los sentenciantes no se solidifican con pruebas lógicamente aptas en recíproca complementación, de las que la referida conclusión pueda ser adecuadamente extraída.- En el aspecto que se analiza y como se advierte a partir de fs. 369, el a quo niega que el hecho se produjo en el domicilio porque allí "no se constató la existencia de manchas de sangre"; "solamente se halló el arma y una vaina servida"; "Las detonaciones...deberían haber perturbado, en mi parecer, el sueño de los menores, pero nada de esto sucedió"; también -entre otros aspectos- porque la víctima llevaba su DNI en el bolsillo y por el horario estimativo del hecho. Sostuvo que ocurrió en la cabina de la camioneta por el lugar y la trayectoria de los impactos, sin otra argumentación de que ello es una inferencia razonable. Tuvo por cierto que Reche regresó del hospital a su casa "para construir el falso escenario de los hechos.- Se olvidó -sin embargo- depositar las otras dos vainas servidas y simular manchas de sangre en el piso o en la cama", para lo cual tampoco exterioriza las fuentes de su convicción.- Frente a estas afirmaciones y negaciones, debe aceptarse lo sostenido por la defensa en cuanto a que no se ha comprobado que en la cabina del rodado existieran manchas de sangre ni que allí fuera hallada alguna vaina servida; como tampoco se escuchó judicialmente a los menores para verificar si percibieron o no los disparos referidos. Estas circunstancias neutralizan aquellos argumentos del fallo tornándolos ineficaces para constituir un necesario eslabón de la cadena fáctica construida jurisdiccionalmente, por no ser un producto sostenido por los medios que autoriza nuestro ordenamiento procesal. Si bien la Cámara ha partido de hechos conocidos-acreditados y no discutidos (como ser, v. gr., que el cuerpo de la víctima presentaba tres impactos, que le causaron su muerte y que fueron efectuados con el arma de fuego secuestrada), al ser relacionados con lo que se pretende probar (lugar de producción de los disparos), se llega a determinar esto último, sin fundamentación capaz de impedir su control por vías de la casación.- Por todo ello, doy respuesta afirmativa en esta primera cuestión. ASI VOTO.- A LA PRIMERA CUESTION, MARIA LUISA LUCAS dijo:

Comparto las razones expuestas precedentemente por el Ministro Ricardo Fernando Franco y adhiero a sus conclusiones. En consecuencia, voto afirmativamente. ES MI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION, RICARDO FERNANDO FRANCO dijo:

Atento al resultado de la cuestión anterior, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 374/390, declarando la nulidad total de la sentencia dictada a fs. 345/373 de autos y de los actos del debate, el que deberá efectuarse nuevamente ante la Cámara Segunda en lo Criminal, con comunicación a la Cámara Primera, ambas de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, mediante remisión de fotocopia certificada de la presente. Sin costas, salvo los honorarios de los Dres. HOMERO ALFREDO MASI y JUAN CARLOS SAIFE -por su actuación en esta sede- los que se regulan en la suma de Pesos Cuatrocientos ( $ 400,00) para el primero y Trescientos ($300.-) para el restante, de conformidad con las leyes arancelarias vigentes. ASI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION, MARIA LUISA LUCAS dijo:

Comparto la solución propiciada precedentemente, por lo cual adhiero a ella. ES MI VOTO.- Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo precedente, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mi, Secretario que doy fe.- ····S E N T E N C I A Nro.··52··/····Resistencia, 28 de mayo de 2003.- Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE:

I- Hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 374/390, declarándose la nulidad total de la sentencia obrante a fs. 345/373 y de los actos del debate, como derivación de los fundamentos expuestos en los considerandos y lo establecido por el art. 448 del CPP, el que deberá efectuarse nuevamente ante la Cámara Segunda en lo Criminal, con comunicación a la Cámara Primera, ambas de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, mediante remisión de fotocopia certificada de la presente. Sin costas, salvo los honorarios de los profesionales intervinientes.- II- Regular los honorarios profesionales de los Dres. HOMERO ALFREDO MASI y JUAN CARLOS SAIFE -por su actuación en esta instancia- los que se regulan en la suma de Pesos Cuatrocientos ( $ 400,00) para el primero y Trescientos ($300.-) para el restante, de conformidad con las leyes arancelarias vigentes.- III- Regístrese. Notifíquese. Tome conocimiento Caja Forense y oportunamente bajen los autos al tribunal correspondiente.