Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-31


Reg.: A y S t 283 p 438/440.

Santa Fe, 31 de julio del año 2018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la resolución número 652, de fecha 4 de diciembre de 2017, dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 1 de la ciudad de Santa Fe, en autos "AGUIAR, Laura Ofelia contra PROVINCIA DE SANTA FE -Medida Cautelar Autónoma- (Expte. 118/17 CUIJ 21-17477441-9)" (Expte. C.S.J. CUIJ N° 21-00511725-6); y CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que, por resolución de fecha 6 de julio de 2017 (A. y S. T. 53, págs. 159/165), la Cámara de lo Contencioso Administrativo N°1 rechazó el pedido cautelar peticionado por la actora a fin de que se suspenda la ejecución de la resolución número 108/17 dictada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante la cual se le impuso la sanción de quince días corridos de suspensión.

Contra tal decisión dedujo la actora perdidosa recurso de inconstitucionalidad (fs. 10/15v.), fundando el mismo en el artículo 1, inciso 3ro de la ley 7055.

Sostiene, en primer lugar, que el Tribunal A quo al rechazar la cautelar deducida permite que la resolución despachada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cumpla sus efectos afectando derechos protegidos constitucionalmente, como lo son el alimento y la salud.

Continúa diciendo que si bien no se le asigna carácter definitivo a las resoluciones de este tipo, la impugnación extraordinaria debe proceder "cuando el perjuicio de la decisión pueda ocasionar un grave perjuicio, o cuando su magnitud o las circunstancias del caso lo justifiquen u originen un agravio que puede volverse irreparable".

Luego de hacer un reconto de los antecedentes de la causa, se explaya sobre los agravios que considera hacen que la resolución dictada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo no sea una derivación razonada del derecho vigente y por lo tanto deba ser dejada sin efecto anulando la resolución administrativa impugnada.

En este aspecto, considera arbitrario lo dicho por la Cámara al sostener el rechazo de la cautelar nada más "porque se deban discutir en un proceso con mayor amplitud de valoración y elementos probatorios los elementos errantes en el proceso sumarial"; como así también que ante el auxilio de protección de derechos de neto raigambre constitucional "no existan razones para la intervención anticipada del Tribunal".

Por último sostiene, teniendo en cuenta el principio de ejecutoriedad de los actos, que el Tribunal no haya supuesto que una de las consecuencias de llevar adelante la ejecución de la resolución era la pérdida de sus haberes, y que la no mención de ello por su parte hacía suponer lo contrario.

2. Por decisorio número 652 del 4 de diciembre de 2017 la Cámara denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 30/34v.), lo que motivó la presentación directa de la recurrente ante esta Corte (fs.37/44).

3. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, se adelanta que no corresponde en el caso franquear el acceso a esta instancia de excepción.

En efecto: tal como se sostiene en el auto denegatorio -y no logra rebatir la impugnante en el escrito de queja-, dejando con ello incumplida la carga que establece el artículo 8 de la ley 7055- el artículo 1 de la ley 7055 establece que el recurso de inconstitucionalidad, como exigencia fundamental para su admisibilidad, debe dirigirse contra una sentencia definitiva dictada en juicio que no admita otro ulterior sobre el mismo objeto o contra un auto interlocutorio que ponga término al pleito o haga imposible su continuación. En ese orden de ideas, conviene recordar que es una posición pacíficamente aceptada por esta Corte y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que las resoluciones que decretan, modifican, levantan o deniegan medidas cautelares no constituyen -como principio- sentencia definitiva a los fines de habilitar el recurso de inconstitucionalidad de la ley 7055 y la instancia extraordinaria del artículo 14 de la ley 48 (cfr. A. y S. T. 30, pág. 150; T. 93, pág. 40; T. 191, pág. 36; T. 206, pág. 366; T. 223, pág. 389, y en sentido concordante Fallos 256:150; 257:147; 258:262; 262:136; 265:265; 267:432; 271:319; 310:681; 313:116; 316:2153; 326:25; entre muchos otros).

Y si bien en ciertos casos, como estricto supuesto de excepción a ese principio, se han equiparado a sentencia definitiva las resoluciones que producen un gravamen irreparable o un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior (así por ejemplo en A. y S. T. 69, pág. 61; T. 108, pág. 278; T. 159, pág. 40; T.192, pág. 312; T. 196, pág. 206; y Fallos 251:162; 257:301; 265:326; 308:1107; 312:409, 326:1471; entre otros), no es una situación predicable en estos autos. En efecto, la jurisprudencia tiene resuelto que no basta con alegar un perjuicio sino que es preciso señalar y demostrar cómo y dónde surgirá un agravio de esa índole y magnitud (A. y S. T. 88, pág. 262; T. 94, pág. 457; T. 104, pág. 312; T. 202, pág. 331; y Fallos 303:658, 306:140; 311:612; 316:1870, entre otros); y, en el caso, los argumentos vertidos en el auto denegatorio en cuanto a que "no demuestra la recurrente que el decisorio impugnado provoque un agravio que autorice a hacer la excepción a tales principios, máxime si se atiende a la 'especial interinidad' de las medidas cautelares autónomas -tal la que pretende la actora en autos- (...) y al peculiar objeto de impugnación -sanción de 15 días corridos-", no han sido idóneamente desvirtuados en la presentación directa, en la que se insiste con la irreparabilidad de los perjuicios sin dar razones suficientes para perfilar un gravamen de esa naturaleza a los efectos de excepcionar el requisito impuesto por el artículo 1° de la ley 7055.

A la luz de tales directrices no puede sino concluirse que, por su propia naturaleza cautelar, la resolución que se impugna en el sublite no constituye una sentencia definitiva o un auto equiparable y obsta, por ende, a la admisibilidad de este recurso. Dicha conclusión se ve reforzada toda vez que tampoco se advierte perfilado un gravamen irreparable que torne inexcusable la vigencia de las excepciones que esta Corte tiene admitidas.

En efecto, la mera postulación formulada por la impugnante a través de todo el proceso cautelar de que la producción de los efectos de la resolución impugnada vulnera derechos constitucionalmente protegidos, como ser el alimento y la salud, sin aportar ningún argumento sólido, resulta claramente insuficiente en orden a argumentar que concurren en el caso gravámenes insusceptibles de oportuna reparación, ya que en definitiva, siendo que todos los derechos tienen de alguna manera fundamento en la Constitución Nacional, la jurisdicción de esta Corte no tendría límite alguno.

En suma, corresponde desestimar la queja interpuesta, en razón de la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-NETRI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de Origen: Cámara de lo Contencioso Administrativo N°1, Santa Fe.