marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, efectos de la apertura, ejecuciones especiales, subasta, ejecución prendaria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Chacra, Ricardo Omar c/  s/ concurso preventivo s/incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-21

Procede confirmar la resolución que denegó el pedido del acreedor de ejecutar extrajudicialmente las acciones del concursado que fueran prendadas a su favor. Ello por cuanto, en el caso, contrariamente a lo alegado por la acreedora recurrente, se observa que, por las características que presenta la prenda que se pretende hacer valer, ésta se trata de una prenda común. En efecto, desde lo formal, se observa que no se encuentra registrada en el registro prendario como es de menester, sin que el registro en los libros de la entidad emisora supla dicho requisito esencial. Es que, más allá de la materialización formal de la prenda que debe hacerse al tratarse de una prenda sobre acciones, esto es, su anotación en el libro de accionistas (LGS 215), esa sola circunstancia no convierte a la prenda en una prenda con registro. Véase que, cuando la ley se refiere a la inscripción de la prenda debe entenderse que es en un registro público: el registro de créditos prendarios, lo que no sucede en el caso. Desde otro aspecto, no puede dejar de apreciarse que la cosa prendada, como en toda prenda común se ha desplazado y ha pasado a estar en posesión de un tercero -escribano- como agente de garantía, a los fines de su aseguramiento (según cláusula del contrato) rasgo característico de las prendas comunes, en contrario de lo que ocurre con las prendas con registro, en las cuales el bien prendado continúa en posesión del deudor. Por ende, cabe concluir, como lo hizo la magistrada de grado, en que la prenda que nos ocupa es una prenda común (con desplazamiento).
Facultades del juez, facultades ordenatorias, facultades instructorias
Materia: PROCESAL
Carátula: ARRABAL DE CANALS, Olga y otros c/ E.N. -Ministerio de Justicia- s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-29

El Juez posee facultades para limitar el n° de actores que interpone una demanda y ordenar que el resto de los actores inicie una nueva demanda en virtud de las facultades ordenatorias del art.

36 del C.P.C.C.N. y por no causar perjuicio cierto a los actores.
Residencia habitual del niño, interés superior del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS-CIVIL
Carátula: Cuerpo de apelación en autos: Incidente de aumento de cuota alimentaria en: Z., C. L. c/ A., P. N. - Divorcio vincular c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-03-28

Ante casos vinculados al cambio de residencia de los hijos, la premisa fundamental está dada por el interés superior de los niños y niñas, concebido éste como la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos reconocidos por la ley. Así, cuando existe conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a cualquier confrontación con los de los adultos que puedan perjudicarlos, prevalecerán los primeros ubicándolo en la posición que mejor convenga a sus intereses (art. 3 Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3 de la Ley n.° 26061, art. 3 de la Ley n.° 9944 y art. 639 inc. a del Código Civil y Comercial de la Nación). Así, la mejora en la situación personal y laboral de la progenitora sin dudas redundará también en la calidad de vida de sus hijos menores de edad convivientes.
Intereses, anatocismo, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO MERCANTIL ARGENTINO  S.A. c/ BUSTOS, CARLOS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-27

La referencia a la tasa de intereses que emplea el banco de la nación argentina, no se limita al monto de las tasas que éste aplica, sino a la modalidad con que dicho cálculo se realiza, ya que de otro modo quedaría desvirtuada la sustancia del sistema establecido.

Por consiguiente, cuando se comparan las tasas vigentes por treinta, sesenta, noventa o ciento ochenta días, ha de repararse en que el banco de la nación capitaliza los réditos, por lo que la aplicación de las referidas tasas durante un período determinado resulta equivalente. No se advierte óbice para la utilización de la tasa no regulada, siendo que ella refleja los réditos que la actora hubiese podido obtener en el mercado financiero de haberse hallado en disposición del capital durante el lapso considerado. La aplicación de tales intereses resulta procedente en orden al propósito de la condena, que es el de resarcir al acreedor por la privación del uso del capital a partir de la mora del deudor.
Organismos del Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: La Aseguradora Rio de La Plata Compañia de Seguros S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-07

El vetusto principio que en derecho administrativo la competencia era la excepción y la incompetencia la regla, y que por lo tanto toda competencia debía estar conferida por una norma expresa, ha sido superado por el progreso de las disciplinas jurídicas y los requerimientos de una realidad día a día más compleja, que exige un mayor y más calificado despliegue de actividad administrativa.
Declaración de quiebra, gastos del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE GASTOS 240 INSSJP POR INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-17

Procede reconocer a favor del INSSPJ, en el marco de lo previsto por la LCQ 192-3° y 240, el 30% de los gastos aquí reclamados que se devengaron a partir del decreto de quiebra. Ello así, la LCQ 192-3° parte de una presunción: todos los gastos efectuados durante la explotación de la empresa en marcha benefician a la "masa" y por ende se justifica su reconocimiento como "gastos del concurso" en los términos de la LCQ 240 (cfr. Villanueva, "Privilegios", p. 408); sin embargo, en el caso tal presunción quedó desvirtuada a partir de que la unidad sanitaria disponible de la fallida comenzó a ser explotada para la exclusiva atención de los pacientes del PAMI (entre los cuales existen ex socios de la fallida, pero también otros de distinto origen), motivo por el cual se debe proceder a la determinación del beneficio concreto. Sentado ello y atendiendo las circunstancias expuestas, en especial a la confluencia de intereses por parte del INSSPJ y la quiebra en la explotación y al considerable beneficio que obtiene el Instituto al utilizar la infraestructura disponible del hospital y del hogar de ancianos en forma exclusiva para sus afiliados, como así también la naturaleza y cantidad de gastos, muchos de ellos de origen en común, se juzga adecuado asignar la proporción del provecho que obtiene la masa de acreedores en un 30% de su valor total. Se trata de un reparto de beneficios que pretende alcanzar una solución justa y equilibrada, que contempla -por un lado- la desaparición de una de las razones fundamentales que se tuvo en cuenta al momento de definirse la continuidad del funcionamiento del hospital, esta fue la del mantenimiento allí de la atención médica de afiliados de SEB que por motivo de la quiebra se quedaban momentáneamente sin cobertura (v. resolución del 26/12/17, pto. I: b in fine), y que implica -por otro lado- una razonable retribución de parte de los gastos operativos soportados por el INSSPJ en favor de la quiebra.
Recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL
Carátula: LOHAIZA FIDELIA s/ DENUNCIA-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-10-07

La doctrina de la arbitrariedad no debe llevar a la sustitución del criterio de los jueces de otras instancias por el criterio de la Corte. No se trata de corregir fallos equivocados y de actuar como tercera instancia, sino fulminar las sentencias que se aparten de la ley aplicable, los principios de la doctrina y de la jurisprudencia vinculados con la especie decidida.
Industria pesquera, transporte de carga, resolución ministerial, interpretación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-ECONOMIA
Carátula: ANTONIO BARILLARI S.A. c/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE s/ ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD (PROCESAMIENTO DE PESCADO Y MARISCO EN ESTABLECIMIENTOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-18

Dado que la resolución 524/04 de la Subsecretaría de Actividades Pesqueras del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Pvcia de Bs As alude exclusivamente al obligatorio procesamiento de pescados y mariscos dentro del territorio provincial y al propósito de defener la mano de obra local, la denegación a la actora de guías para el transporte no ha sido otra cosa que el instrumento elegido para ejecución administrativa de las prohibiciones contenidas en dicha resolución, por lo que dicha actividad administrativa y las competencias que ella supone carecen de virtualidad para modificar el sentido y los efectos que las normas sustantivas aplicadas tienen sobre el comercio interprovincial, ni, por ende, para restablecer su validez constitucional (Voto de la jueza Carmen M. Argibay).
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CIA ESTUDIO CONSTRUCCIONES INGENIERO RODOLFO CORNERO SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE PLENA  JURISDICCION.   INCIDENTE DE APREMIO.    RECURSO EXTRAORDINARIO PARA  ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION.     CSJ EXPTE NRO 124-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-10-29

Debiendo las cuestiones constitucionales ser oportunamente introducidas, el planteo de los agravios por primera vez en el recurso extraordinario, implica presentar una reflexión tardía que impide acoger favorablemente la vía excepcional del artículo 14 de la ley 48.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Riveros, Santiago Omar y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-23

No puede servir como fundamento desincriminante el supuesto desconocimiento del plan de represión ilegal, cuando, en casos como el presente, los sentenciantes reconocen la instrumentación de los diversos organismos estatales para sostener la clandestinidad y procurar la impunidad de sus autores, derivándose directamente de ello las dificultades y extensión de la instrucción preparatoria y sustanciación de los juicios para alcanzar la verdad histórica imprescindible.

Resultan abstractos los agravios deducidos respecto de la revocación del arresto domiciliario del imputado.
Costas, caducidad de instancia, costas al demandante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COOP. AGRICOLA COLONIA CHOELE-CHOEL LTDA. c/ ADUN GUILLERMO Y OTROS. s/ OPOSIC. INF. REG. MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-29

Toda vez que la presentación de la actora en su respectivo cuaderno de prueba -posterior al acuse- no cumplió el requisito procesal de impulsar el trámite correspondía declarar perimida la instancia e imponer las costas del juicio a la actora, porque ella fue quien abrió el proceso, incumbiéndole la obligación de mantenerlo vivo, y porque fue también ella quien obligó a la contraparte a litigar.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba crítica, subrogancia del juez, reenvío, recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Díaz, Oscar Marino c/ Grimaldi, Donato s/ Daños y perjuicios. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº   536-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-22

Cuando la prueba en cuestión podría tener aptitud, según como se la interprete, para hacer variar la suerte del litigio, la omisión de dar respuesta a su valor probatorio, configura un vicio con entidad suficiente como para lograr la apertura del recurso de apelación extraordinaria ante la Sala, con sustento en la arbitrariedad, debiéndose anular, por tanto, la resolución denegatoria de la concesión de dicho recurso y remitir los autos a la Sala que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento, conforme lo decidido por esta Corte en los casos "Juan c- Carosso" (AyS T 53 p 43/45); "Infantino c- Pedrozzo (AyS T 68 p 48/51); "Bartolomé c- Daría" (AyS T 68 p 227/229) y "Resumi c- Editorial Diario La Capital SA" (AyS T 97 p 147/150) entre otros, a cuya doctrina deben ajustarse los Tribunales inferiores, magüer su propio criterio sobre el punto. De lo contrario se genera una innecesaria actividad procesal, que conspira contra la recta administración de justicia.
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, personal municipal, nombramiento, intendente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García, Juan Carlos c/ Muncipalidad de Funes s/ Recurso contencioso administrativo (Expte. CSJ Nº 1687-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-30

Cabe declarar improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el decreto municipal que declaró "nula e insanable" la resolución que designaba al recurrente como personal de planta permanente por cuanto el actor no ha puesto en tela de juicio, en abstracto, la facultad de la Administración de revocar sus propios actos; potestad que, por lo demás, ha sido admitida por consolidada jurisprudencia de la Corte provincial. En el caso, entre los vicios que le endilgó la Administración a la resolución para proceder a su anulación, merece destacarse la falta de indicación del cargo en el que se nombraba al agente, omisión contraria a derecho y respecto de la cual el actor no esgrime justificación valedera, y la falta de previsión presupuestaria. Además, y aunque no se menciona explícitamente en el acto de retiro, el actor había ingresado a la planta permanente en categoría 13, sin constar existencia de concurso, examen, selección o competencia previa, por lo que el acto de nombramiento transgredió el artículo 10 del Anexo I y el artículo 11 del Anexo II de la ley 9286.
Resolución administrativa, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Belliski, Alberto F. c/ Caja de Jub. Subs. y Pens. del Personal del Banco de la Prov. de Bs. As.. Tercero: Banco de la Prov. de Bs. As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

El consentimiento al que se refiere el art. 14 del CPCA y que provoca la pérdida del derecho a deducir la acción, es el de la resolución administrativa impugnada (conf. nota al art. cit.).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Buques, consignatarios
Materia: AGUAS-PROCESAL-NAVEGACION
Carátula: Vaccaro, Miguel c/ Méndez, Juan J.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1866-10-27

El patrón de él, es mero depositario de la carga, y no puede lícitamente entregarla sino al fletador de quien la recibió o a su consignatario.
Daños y perjuicios, prescripción
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sieben, María Marta y Otro c/ Jasan, Nilda Susana y Otros s/ Daños y perjuicios - Responsabilidad extracontractual estado
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-02-11

En estos supuestos, donde el daño es consecuencia de una actitud que perdura en el tiempo, es importante que la víctima conozca la existencia del perjuicio, ya que sin ese saber mal podría promover acción alguna. Más este conocimiento no debe ser cabal y en sentido riguroso, sino que basta con la razonable posibilidad de información para que comience a correr el término de la prescripción (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge, "Problemática de la prescripción liberatoria en derecho de daños" en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 22, pág. 34).
Defensa del consumidor, contratos de consumo, contratos informáticos, oferta al consumidor, consentimiento, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: AOL ARGENTINA SRL c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APELACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Gran parte de los contratos informáticos propiamente dichos estarán incluidos en la órbita de los contratos de consumo, ya que una parte importante de ellos será celebrada con personas que contraten "a título oneroso para su consumo final o beneficio propio de su grupo familiar: a) la adquisición de o locación de cosas muebles; b) la prestación de servicios..." (art. 1, Ley 24240).

Las bases conceptuales en el marco de los contratos de consumo tenderán a eliminar los excesos, alentar la competencia leal y descalificar el juego sucio, permitiendo de este modo morigerar el rigor que pueden plantear los sistemas de aceptación que no prevén la posibilidad previa de análisis de las cláusulas contractuales (Andino Dorato, Jimena, El consentimiento en los contratos informáticos en la obra "Obligaciones y contratos en los albores del siglo XXI", Ameal Oscar J. y Tanzi, Silvia Y. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2001).

Ahora bien, en materia de consentimiento, la Ley 24240 prevé en sus artículos 7 y 8 las condiciones de oferta y venta, receptando la idea de oferta permanente que, por la generación de confianza que implica, lleva a considerar como vinculantes las precisiones del oferente que se formulen en la publicidad, anuncios, prospectos, circulares u otros medios de información.

No puede negarse la amplia vigencia que tiene la promesa unilateral como fuente de obligaciones en los contratos informáticos, desde que se establece que la publicidad integra la oferta, tutelando la confianza depositada por los receptores del mensaje publicitario (buena fe objetiva) y garantizando el respeto por la palabra empeñada (Andino Dorato, Jimena, El consentimiento..., p. 563).

Como bien expresa la autora mencionada ut supra, dentro del marco del derecho vigente, salvo la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, en cuanto los contratos predispuestos o de adhesión carecen de un marco regulador propio, habrá que aplicar la normativa de carácter general, haciendo especial resalto en la buena fe contractual. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Procedencia del recurso, cuestión federal, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: SKANSKA S.A. y otros c/  s/ Recursos de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-02

La disidencia sostuvo que la vía intentada resulta procedente, en atención a que se trata de una cuestión federal vinculada con la medida de cautela real (arts. 17, 18 y 75 inc. 22 de la CN, 21 CADH) y con la garantía del ne bis in idem (arts. 18 y 75 inc. 22° CN; 8.4 dCADH; y 14.7 PIDCyP), cuestiones invocadas fundadamente por los impugnantes. Dres. Borinsky, Carbajo, Ledesma -disidencia-.
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Alderete, Víctor Adrián s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-26

Son suficientes las razones de la fiscalía si la oposición se funda en que la imputación, aunque concerniente a una falsedad documental prima facie cometida cuando había cesado en el ejercicio de funciones públicas, tendría por fin justificar el ingreso a su patrimonio y egresos de sumas de dinero, durante el tiempo que ejercía la función pública, y agregó la necesidad político criminal de insistir en la realización del juicio por tratarse de un imputado vinculado a distintos hechos de corrupción de trascendencia pública. (Dres. García, Yacobucci, Mitchell).
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAGARNA REINALDO SENEN c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1989-12-29

El Empleado Público que habiendo alcanzado estabilidad propia resulta beneficiario de jubilación por invalidez encuentra modificada su situación de vinculación activa con la Administración Pública por otra pasiva;desaparecida la causal motivante de la transformación , reaparece la primera por cuanto la vinculación al Estado permanece y lo que se transforma es la modalidad de la misma activa-pasiva-activa-. En consecuencia en el caso ocurrente el actor se encuentra amparado por la garantía de estabilidad que consagra el artículo 21 de la Constitución Provincial.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, derecho a ser oído, perpetuatio jurisdictionis, jueces naturales, juicio sumario en tiempo de paz, competencia federal, Cámara de Apelaciones, avocación jurisdiccional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JORGE RAFAEL VIDELA s/ CAUSA  ORIGINARIAMENTE  INSTRUIDA  POR EL CONSEJO SUPREMO DE LAS  F.A.  EN CUMPLIMIENTO DEL DEC. NRO. 158/83 DEL P.E.N
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-27

La garantía de la defensa en juicio exige que el litigante sea adecuadamente oído y su efectividad no depende del número de instancias que las leyes establezcan. De modo que tanto si se estima que la perpetuatio jurisdictionis no es exigencia de la garantía de los jueces naturales, como si se entiende lo contrario, resulta que la interpretación razonable de ambas disposiciones revela un amplio espectro de matices coincidentes que llevan a excluir la pretensión del apelante en el sentido de que la avocación prevista por el art.

10 de la ley 23.049 importe violación a lo prescripto por la segunda parte de la cláusula del art. 18 de la Constitución, que perfila la garantía de los jueces naturales.
Proceso penal, sentencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Paez, Manuel Oscar s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Juan Carlos Augusto Véliz en causa Nº 37/08, caratulada "Paez, Manuel Oscar p.s.a. Homicidio Agravado - Capital"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-08-18

La fundamentación contradictoria puede consistir en la simultánea aceptación de circunstancias fácticas opuestas entre sí, que no pueden coexistir, ya que una de ellas excluye o repulsa a la otra; también es contradictoria la aceptación de un hecho y su posterior rechazo, o a la inversa; en estos casos la secuencia del razonamiento muestra la admisión de conclusiones opuestas sobre un mismo hecho (Cafferata Nores-Tarditti, "Código Procesal Penal", Comentado; Tomo 2, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2003, ps. 293/294).
Derecho penal, recursos
Materia: PENAL
Carátula: TAPIA, CRISTINA; FORNO, JORGE; FORNO, MIGUEL; ORUE; WALTER ABEL Y VÁZQUEZ, JUAN CARLOS c/  s/ DELITO DE ESTAFA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-22

Si bien la decisión que impidió a la Fiscalía de Estado continuar actuando -en un proceso- en su rol de querellante institucional (por considerarse que la decisión que declaró la nulidad de su requerimiento de elevación a juicio se encontraba firme y, que en consecuencia, no tenía caso penal) no constituye sentencia definitiva, en tanto provoca un agravio de imposible reparación ulterior torna admisible formalmente la impugnación deducida en su contra (unanimidad).
Derecho procesal, recurso de apelación (procesal), prueba, resoluciones inapelables, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RECURSOS   COMUNICACIONALES   SRL c/ TELECOM  PERSONAL  SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

La aplicación del principio según el cual, las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas resultan inapelables (Cpr: 379), no debe exorbitarse de modo de aplicarlo a situaciones no contempladas expresamente, como la del caso, donde la demandada solicitó el desglose de cierto escrito por considerarlo una "dúplica" o "réplica" de su contestación de demanda. En tal cuadro de situación, tal providencia interlocutoria resulta susceptible de apelación por el agraviado, toda vez que dicha materia excede el fin perseguido por el Cpr: 379.