Fundamentación de sentencias, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Moreno, Ricardo Héctor s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Fernando Ramón Avila por la defensa del imputado Ricardo Héctor Moreno en contra de la Sentencia Nº 19/09 recaída en causa Expte. Nº 153/99 caratulado Moreno, Ricardo Héctor y otros - ss.as. Peculado reiterado, etc. - Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-23

La defensa del imputado plantea Recurso de Casación contra la sentencia que lo declaró culpable como coautor penalmente responsable de los delitos de peculado en forma continuada -veintinueve hechos- e hizo lugar parcialmente a la acción civil instaurada por la parte actora civil, Estado Provincial, por resarcimiento del daño material que surge de los respectivos montos correspondientes a los delitos por los cuales fuera condenado.

Alega el recurrente que no se tuvieron en cuenta los principios de beneficio de la duda y onus probandi, manifestando que la causa se ha construido a partir de una duda, el desconocimiento del destino dado a los fondos; que ese desconocimiento ha llevado a concluir que se había quebrado la esfera patrimonial del Estado, por lo que en los casos en que se pudo acreditar el destino de los fondos se consideró que ese quiebre no se había producido; que no es el imputado quien debe probar su inocencia sino que es a cargo del Estado la prueba fehaciente de la culpabilidad del imputado y que si ésta no puede ser acreditada el imputado debe ser absuelto.

Invoca preceptos de la Constitución Nacional y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y cita doctrina y conceptos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, cuestiona la condena por considerar que el Estado no pudo demostrar, al menos por indicios, el destino de los fondos y si éste fue ilícito o privado.

Sobre el punto cabe decir que no se advierte, ni ha demostrado el recurrente, que se haya vulnerado el principio de inocencia. Contrariamente a lo que éste sostiene, del análisis de la sentencia a la luz de las constancias del acta del juicio y de la prueba incorporada al debate resulta que, sin dudas, los jueces tuvieron por confirmada la sospecha que, en grado de probabilidad, había llevado al imputado al juicio, y dieron fundamento suficiente de su convicción en ese sentido, sustentándola en los elementos de juicio que invocaron y valoraron adecuadamente en sus respectivos votos, razón por la que supra consideré que no se había verificado la violación a las reglas de la sana crítica racional denunciada por el recurrente.

Es que el cuadro probatorio reseñado en la sentencia es suficiente para concluir, como lo hicieron los jueces, con el grado de certeza requerido para condenar, que los hechos investigados efectivamente se habían consumado, en los términos que quedaron fehacientemente establecidos en el juicio. Y esos extremos legitiman la condena impuesta, atento que las objeciones opuestas por el recurrente no logran desvirtuar el mérito efectuado en el fallo.

No se ha condenado al imputado por desconocerse el destino que le ha dado a los fondos que tenía bajo su administración sino por haberse establecido, con certeza, que esos fondos fueron sustraídos por el mismo - con el alcance que cabe asignarle en el caso al término sustraer-. La condena descansa en esa certeza sobre la sustracción de los fondos.

Como consecuencia, no puede hacerse lugar a este agravio.