Tribunal: Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-12-28


2º Instancia. - Mar del Plata, 28 de diciembre de 2011.

Autos Y Vistos:

Para resolver la apertura jurisdiccional de esta Alzada, instada en mérito a la interposición -a fojas 1015/22 vta. de la presente incidencia- del remedio recursivo previsto en los arts. 59 de la Ley Nro. 13.634 y 439 del ceremonial, por parte de la Sra. Defensora Oficial del fuero especializado, Dra. M. F. S.; ello, contra la resolución dictada en la audiencia que luce protocolizada a fojas 1008/10 de los autos principales, en la cual, el Sr. Juez de Responsabilidad Penal Juvenil, Dr. Néstor Salas, dispuso que "...existe la posibilidad de imponer medida asegurativa a efectos de garantizar el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria, conforme autoriza el art. 371, por ello, considerando que se ha dictado auto de responsabilidad que se encuentra firme, se dispone la anotación conjunta del joven del Juzgado de Garantías del Joven Nº 2 departamental y de este Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 departamental..." Resulta:

Que la letrada de la defensa pública se alza contra el decisorio en crisis, y -tras un raconto, en extenso, de las diversas vicisitudes acaecidas desde la oficiosa libertad dispuesta por el "a quo" en favor del joven S., tras el agotamiento del"...lapso que judicialmente se había dispuesto como razonable de duración del encierro cautelar..."hasta la actual y nueva privación de libertad locomotriz padecida por su pupilo (previo paso por la medida de detención domiciliaria) señala que "...En el supuesto de autos el joven no recuperó la libertad a través del instituto excarcelatorio. Su libertad fue dispuesta sin más trámite por haberse agotado, diecisiete (17) días antes, su encarcelamiento legítimo... Y nada modifica el dictado de una sentencia que lo declara responsable y que fuera conformada por las partes. Pues mal podrá decirse que S. resulta condenado cuando falta integrar la parte m s importante de la sentencia donde se decide la necesidad de irrogar pena y el monto y modo de cumplimiento de la misma...".

Ahora bien, indica entonces la Dra. S. que "...nos agravia que se haya dispuesto la restricción forzosa de la libertad del joven S. como "medida asegurativa" en los términos del art. 371 del Cppba, cuando en verdad es una prisión preventiva que legalmente no es factible dictar en este proceso penal porque el Estado agotó el límite temporal absoluto fijado judicialmente con la gravosa circunstancia que el nombrado estuvo en cautiverio de modo ilegítimo por casi 17 días..." Para concluir, a modo de colofón, expresa que "...la defensa se agravia con la detención del joven S. S. (y) con su ubicación en el Instituto de Régimen Cerrado de Batán..." Y Considerando:

1.- Expuesta sumariamente la queja abogada por la recurrente, y aún frente a la multiplicidad de cuestiones invocadas, nos permitiremos adelantar que - en lo sustancial- la inteligencia defensista no ha de tener una favorable acogida en esta sede revisora.

Con obviedad, la diversidad de fuentes normativas en aplicación -la ley provincial Nro. 13.634, la ley nacional Nro. 22.278 y el digesto bonaerense formal- nos impone la necesidad de un discurso por demás organizado, armónico y de ensamble interpretativo.

2.- Desde esta intelección entonces, analicemos -en primer orden- la legislación específica minoril. Así, el art. 43 establece "...La prisión preventiva no podrá exceder de ciento ochenta (180) días. Transcurrido este plazo, si no se hubiere realizado el juicio, el niño ser puesto en libertad sin m s trámite por el Juez de la causa, sin necesidad de requerimiento fiscal. Si por la complejidad de los hechos investigados o la pluralidad de presuntos autores el plazo establecido resultare insuficiente, el Juez podrá prorrogarlo, a requisitoria Fiscal en forma motivada, por un plazo razonable que no podrá exceder de ciento ochenta (180) días. Vencido el mismo, ser puesto en libertad sin más trámite..." Pues bien, sin hesitación, la norma delinea un espíritu de máxima rigurosidad a la hora de disponer el encierro cautelar de un niño (lo hace desde la gravedad delictual -por una arista- y con un lapso fatal de caducidad en la duración del mismo -desde la óptica restante-); vale decir, en otros términos, recepta la regla de "última ratio" que ha de caracterizar toda detención provisional de un joven menor de 18 años (CDN; 37 inc. "b").

Sin perjuicio de ello, cabe acotar que los límites absolutos de carácter temporales pierden virtualidad una vez que se inicia el juzgamiento, es decir, aquellos ciento ochenta días prorrogables por igual período, de manera motivada y ante la pretensión fiscal en tal sentido- sólo han de computarse como término fatal de la medida cautelar, con la inmediata libertad del encausado frente a su cumplimiento, "...si no se hubiere realizado el juicio..." Sin embargo, lo cierto es que, en la especie, tal estadio ritual ha sido superado con creces. Obsérvese que en el trazo de los sucesos acaecidos -en cuanto aquí interesa- con fecha 23 de marzo del año en curso y en ocasión de celebrarse la audiencia reglada a tenor del art. 338 del C.P.P., luego de que el titular de la vindicta pública efectuara una propuesta de abreviación del juicio para los consortes de causa y la Dra. S. "...adelanta que habiendo conversado con los jóvenes y sus familias previamente los montos de pena solicitadas por el Sr. Fiscal, consideran que están en condiciones de renunciar al juicio oral y aceptar esta forma diferente de finalizar el proceso..." (fojas 421), el juzgador de grado advierte el fenecimiento de la prórroga de 60 días acordado para el mantenimiento vigil de la prisión provisional y dispone "...la inmediata libertad de... S. D. S...." (fojas 421 vta.) para luego -el día 2 de junio- dictar sentencia declarando al nombrado co-autor penalmente responsable de cuatro hechos criminosos, en concurso material entre sí y disponer la "...cesura formal del juicio..." hasta tanto "...se encuentre cumplido el requisito previsto en el inc. 2 del art. 4 de la ley 22.278..." (fojas 888/901).

En consecuencia, no nos hallamos aquí con anterioridad a la instancia del debate propiamente dicho, sino que -muy por el contrario- esta oportunidad ha trascendido en el "sub-lite" y ha sido la misma impugnante quien junto a su asistido -haciendo uso de las facultades conferidas en los arts. 396 y 397 del texto adjetivo provincial- deciden renunciar a su realización, promoviendo el resolutorio final de las actuaciones conforme la mensuración de las constancias escritas adunadas al expediente.

No obstante ello y el -aparente- asentimiento defensista sobre el razonamiento precedente, la Dra. S. parece deslizar una diversa argumentación para el caso "sub-exámine", en razón del holgado vencimiento temporal operado cuando la libertad provisoria de su ahijado procesal se efectivizó en realidad (17 días). No podemos compartir dicha inteligencia.

En rigor, no alcanzamos a vislumbrar cuál sería la causal de excepción en el "sub-judice", pues si bien deviene certera la afirmación en cuanto a la postergación ilegítima de la detención cautelar de los jóvenes, durante 17 días (sin ser ello avizorado por el "a quo", el representante del Ministerio Público Fiscal ni la defensa técnica), lo cierto es que tal circunstancia podría dar lugar a las acciones civiles respectivas pero, en modo alguno, modifica el alcance de la normativa en estudio, ni su preclara interpretación cuando alude "...si no se hubiere realizado el juicio..." 2.- Traspuesto este peldaño entonces y situándonos en un lapso tratamental del joven, sólo restaría discernir al juez -una vez concluido el mismo- la eventual imposición de una pena (con el tope máximo de los acuerdos refrendados por las partes) o su absolución, si "...fuese innecesario aplicarle sanción..." dadas "...las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida..." (Ley Nro. 22.278, art. 4, penúltimo y último párrafos).

Ahora bien, ya en esta instancia judicial, el Dr. Salas estimó en extremo gravosa una nueva medida de encierro riguroso para el encartado (sin perjuicio de la detención peticionada por el Sr. Agente Fiscal, en función de los arts. 148 inc. 2º y 371 del C.P.P. y solicitando "...se cuente a partir de este momento el año de tratamiento tutelar, ya que los requisitos del art. 4 de la ley 22.278 deben cumplirse todos..." -fojas 909-), disponiendo "...que la forma más adecuada... es la medida cautelar de arresto domiciliario, que favorece a los jóvenes porque facilita proseguir sus estudios y recibir abordaje Terapéutico para su resocialización y su compromiso con ella, que también abarca a los familiares de los jóvenes que los tienen en su domicilio... También genera en los jóvenes la obligación de cumplir las reglas que se le impongan, y su cumplimiento da pauta la momento de imponer sanción de la existencia de incorporación de límites internos en los jóvenes... Ante un eventual incumplimiento de las reglas impuestas en el arresto domiciliario llevaría a su revocación y el encierro de los jóvenes en un instituto cerrado..."; resolutorio éste firme en la actualidad y frente al cual, la Dra. S. al notificarse de su contenido, expuso en la misma audiencia que "...Comparte el espíritu del arresto..." (fojas 914/2).

Así las cosas, tal incumplimiento a las reglas conductuales y límites impuestos en la detención domiciliaria aconteció cuando el imputado S., con fecha 12 de septiembre del año en curso, siendo aproximadamente las 19:30 hs, fue aprehendido en "...un comercio de la Avda. Colón a la altura del numeral 2500 de esta ciudad, situación que dio lugar a la formación de la IPP nº 17763-11 seguida contra el nombrado por el delito de Robo calificado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y encubrimiento, todos en concurso real, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven nº 2..." (de la solicitud fiscalista, a fojas 1.002) y, con ello, su derivada consecuencia: la revocación de la medida, su detención conjunta con aquellas actuaciones y su alojamiento en un instituto de régimen cerrado juvenil (fojas 1008/10).

3.- Pemítasenos detener por un momento en esta cuestión, pues -una vez más- deviene indispensable una aclaración respecto a su contexto normativo.

En efecto, la propia recurrente reconoce acertadamente que "...No puede perderse de vista que el joven se encuentra en un lapso de "tratamiento tutelar"..." (fojas 1020 vta./1), haciendo alusión entonces a la imposición de las medidas socio- educativas previstas en el art. 68 de la Ley Nro. 13.634.

Allí, la legislación especializada contempla una serie de disposiciones susceptibles de imponer al niño (algunas de ellas -incs. 4 a 6-, observadas por el Decreto de Promulgación nº 44/07), "...comprobada la participación... en el hecho punible y declarada su responsabilidad... sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de fondo..." Y es aquí donde el articulado provincial, nos deriva al texto sustancial, y con él, al art. 2 -en primer orden- cuando indica "...la autoridad judicial lo someter al respectivo proceso y deber disponerlo provisionalmente durante su tramitación a fin de posibilitar la aplicación de las facultades conferidas en el art. 4...", para luego, hacer lo propio con relación al art. 4, al postular que "...La imposición de pena respecto del menor al que se refiere el artículo 2, estar supeditada a los siguientes requisitos:... 2. Que haya cumplido dieciocho años de edad. 3. Que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad...".

En síntesis, si bien pueden resultar de aplicación durante este período tutelar, algunas de las denominadas "medidas socio-educativas" prescriptas en el art. 68 de la Ley Nro. 13.634, ello -en modo alguno- empece la indicación de un encierro riguroso para el desarrollo tratamental. Aunque le asiste razón a la Sra. Defensora de Oficio, en tanto no son las disposiciones del art. 371 del C.P.P. lo que habilita su imposición, sino la "disposición del menor" aludida en la Ley Nro. 22.278, cuya derivación promueve la ley juvenil bonaerense; deviene perfectamente viable para aquellos casos de suma gravedad o donde otros modos de menor contenido lesivo, han tenido un resultado infructuoso. Tal es el supuesto de autos.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "García Mendez, Emilio y Musa, Laura Cristina s/causa nº 7537", expediente G. 147. XLIV, recurso de hecho, resuelto el 2/12/08, ante la tensión planteada entre la ley 22.278, el sistema de protección integral de las niñas, niños y adolescentes previsto en la ley 26.061 y las distintas normas constitucionales e internacionales que rigen la materia, sostuvo que "...la ley 26.061... únicamente deroga a la ya citada ley 10.093..." y que "...la interpretación de la ley 22.278 no debe ser efectuada en forma aislada sino en conjunto con el resto del plexo normativo aplicable, como parte de una estructura sistemática, y en forma progresiva, de modo que mejor concilie con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales que rigen la materia..." (fallo citado recientemente -en agosto de 2011- por la C mara Nacional de Casación Penal, Sala I, en la causa Nro. 14.941, caratulada "E. R., J. S. s/ recurso de casación").

Con claridad, el arresto domiciliario otrora conferido al joven S., teñido de un ámbito de mayor autogestión y confianza en el cumplimiento de las reglas comportamentales, no alcanzó las expectativas deseadas; sino que -contrariamente y más allá de las implicancias finales que un nuevo conflicto penal puede acarrear en la situación del causante- lo cierto es que los límites de la vivienda fueron transgredidos sin autorización, burlando de tal modo la medida impuesta y ocasionando, como desenlace inescindible, la revocación de esta detención en el hogar para su directa sustitución por una medida imbuida de mayor rigurosidad: el encarcelamiento en un centro cerrado juvenil.

En puridad, estimamos éste el razonamiento adecuado y ajustado a las circunstancias propias del "sub-lite", por lo que hemos de promover su confirmación y así se declara.

Por todo lo expuesto, este Tribunal resuelve: confirmar el decisorio de fojas 1.008/10, en tanto dispone que "...se ha dictado auto de responsabilidad que se encuentra firme, (y) se dispone la anotación conjunta del joven del Juzgado de Garantías del Joven Nº 2 departamental y de este Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 departamental..."; ello, en cuanto fuera objeto impugnativo por parte de la Sra. Defensora Oficial, Dra. M. F. S., a fojas 1015/22vta. de la presente vía incidental (Ley Nro. 13.634, 42 inc. "f", 43, 59 y 68; Ley Nro. 22.278, 2 y 4 y C.P.P., 439 y 440).

Regístrese, notifíquese y devuélvase; haciéndole saber al "a quo" que diligenciada que sea la notificación pendiente, se remitirá por separado. - Esteban Ignacio Viñas. - Marcelo Alfredo Riquert.