Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-08-26


NEUQUEN, 26 de agosto de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "CHACHO RODRIGUEZ MAXIMILIANO C/ CABANAY ANDREA BEATRIZ Y OTRO S/ DETERMINACION DE HONORARIOS" (EXP Nº 473238/2012) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 3 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

1.- A fs. 31 el Sr. Juez intima al presentante a fin de que en el término de un día de notificado, acredite la personería en debida forma. Explica que del poder acompañado no surge la representación que invoca del co-demandado D´Amato.

En el mismo auto de fecha 23 de abril de 2013, se indica que -al no haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo 4905, punto 8, inc. 4- se tiene por constituido el domicilio en los estrados del Tribunal.

A fs. 32 se presentan los letrados y fijan casilla a los efectos de practicar las notificaciones electrónicas.

A requerimiento de la contraria, y no habiendo dado cumplimiento a la intimación efectuada en orden a la acreditación de la personería invocada y ante la falta de comparecencia de la restante demandada, se les da por decaído el derecho a contestar la demanda.

A fs. 45 se presenta Juan Carmelo D´Amato por su propio derecho.

Interpone revocatoria contra los dos autos mencionados y ratifica la gestión efectuada por sus letrados al contestar la demanda.

Indica que, en el poder que otorgó, se señala que lo hace para que intervengan en nombre y representación de Olivia Catering S.R.L; pero que si bien ello es así, se desprende del mismo texto que interviene "por sí".

Sostiene que ese poder es insuficiente para acordar representación en nombre de la sociedad, en tanto no surge de su texto, de dónde provendrían tales facultades.

Agrega que si el magistrado entendió que sus letrados carecían de facultades suficientes, debió intimar a su parte, en forma personal y en su domicilio.

Por otra parte, indica que acordar un plazo tan exiguo y notificar la intimación en los estrados del Tribunal, es un rigorismo formal extremo que pone en juego el derecho constitucional de defensa en juicio.

Sostiene que si bien a esa fecha regía la notificación electrónica, pudo notificarse el proveído en la casilla del Dr. Ochoa, que fue quien invocó el mandato que se tuvo por no acreditado.

Concluye en que, en autos, hubo un excesivo rigorismo formal, que choca contra las garantías constitucionales del derecho de defensa en juicio.

Agrega que, ante la falta de acreditación de personería, como mínimo, debió tenerse al letrado por presentado como gestor procesal.

Cita luego antecedentes de esta Cámara y del TSJ, en apoyo de su postura. Sustanciada la presentación, es contestada a fs. 55/56, solicitándose el rechazo del planteo.

La revocatoria es desestimada a fs. 57, por lo que corresponde que esta Alzada aborde el tratamiento de la apelación deducida en subsidio.

2. Ahora bien, los planteos que efectúa el recurrente abarcan distintos aspectos del proveído en crisis.

En primer lugar, debo señalar que de acuerdo a las pautas establecidas por el TSJ en autos "PUCHETA", las cuales he seguido en anteriores oportunidades, no corresponde equiparar el supuesto en análisis al de gestor procesal, sino que debe intimarse al letrado que invoca la personería y no a la parte.

Así señaló:

".la materia debatida se subsume en lo dispuesto por el Art. 47 del C.P.C.y C. -por aplicación supletoria conforme a la remisión dispuesta por el Art. 54 del ritual laboral-, norma que regula la representación procesal de origen convencional. En el análisis del tema a decidir, insoslayable es considerar aspectos centrales de la representación procesal, que nos remite al examen conjunto de los Arts. 46 y 47 del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto prescriben:

"La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste" (Art. 46 C.P.C.y C.).

"Los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder" (Art. 47 C.P.C.y C.).

Ahora bien, un proceso regularmente constituido requiere, además de la competencia del juez, que las partes tengan capacidad para estar en juicio y en el supuesto de actuar con representante, que éste tenga poder suficiente y válido para actuar. La representación es así un presupuesto del proceso.En nuestro ordenamiento, las normas mencionadas supra regulan las clases de representación: legal y convencional. En ese sentido, el Art. 47 del código de forma contempla la representación procesal voluntaria, la cual exige a los letrados que acrediten su personería en el primer acto judicial que realicen en nombre de sus poderdantes, mediante la adjunción de la correspondiente escritura de poder general o especial. (Y conforme el Art. 7 de la Ley 921, simple carta poder o poder apud-acta). Y aquí cabe destacar que si bien el texto bajo análisis establece la carga procesal de acreditar ab initio la personería de quien se presenta en juicio en nombre de otro, lo cierto es que la norma no limita su justificación cuando dicha etapa ha sido superada. Ello así, porque el precepto legal no prevé sanción alguna. Entonces, debe acudirse a otras disposiciones del Código adjetivo y, de manera fundamental, a los deberes procesales tipificados en su Art. 34, inc. 5° b), que tienden a la aplicación del principio de saneamiento, conforme al cual atañe al judicante disponer que se subsanen las deficiencias, irregularidades o ausencia de poder. Estamos ante un vicio básicamente subsanable a través de una intimación (Art. 354, inc. 4, del C.P.C.y C.).

En los presentes, el letrado no acreditó su carácter de apoderado. Pero tal falta luce infructuosa para modificar la condición de su intervención procesal. El encuadre de la situación exige algunas consideraciones sobre los conceptos de representación, mandato y poder, que nos brindarán los estándares a partir de los cuales encontrará su adecuado tratamiento. Y en lo que a ello concierne, este Tribunal ha señalado en un asunto similar "PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ MASA JORGE ALBERTO S/ SUMARISIMO ART. 52 LEY 23.551" (Ac. 29/07, Expte 66 -año 2006 del Registro de la Actuaria) que la representación es:

"[...] aquella institución en cuya virtud una persona, debidamente autorizada o investida de poder, otorga un acto jurídico en nombre y por cuenta de otra, recayendo sobre ésta los efectos normales consiguientes" (Cfr. MOSSET ITURRASPE, Jorge, Mandato, Edit. Rubinzal-Culzoni, 1996, Santa Fe, Pág. 70). También se dijo que la relación entre representación y mandato lo es de género a especie. Y que el instituto principal conoce dos causas fuentes: la ley y la voluntad. La primera, por ejemplo, en los menores de edad importa la representación legal de los padres y la segunda -la representación convencional- puede surgir, entre otras, del mandato. Asimismo, que la manifestación hacia terceros del mandato, en pos de conocer con quién en definitiva se están vinculando, se realiza a través del apoderamiento, que justifica la representación y la exterioriza, como también importa la intervención del tercero en la relación. Igualmente, que la delegación del ejercicio del derecho de postulación procesal (ius postulandi) configura la hipótesis de la representación voluntaria, la que se halla regulada por las disposiciones del contrato de mandato (Arts. 1869 y ss. del C.C.) en tanto ellas no se opongan a las contenidas en las leyes procesales (Art. 1870, inc. 6°, del C.C.) con cita de PALACIO, Lino Enrique - ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1992, Tomo Segundo, Pág. 424. En el sub-lite, contrariamente a lo sostenido por la Alzada, la situación en juzgamiento cae en la órbita de los Arts. 46 y 47 del Código Procesal Civil y Comercial, y es ajena totalmente a la presentación de urgencia regulada por los Arts. 9 de la Ley 921 y 48 del Código Procesal.

(.) En todo caso, debió intimar al abogado apelante para que justifique en debida forma la personería invocada. Por otra parte, cabe señalar que el principio rector que orienta todas las resoluciones judiciales de naturaleza procesal es el que más favorezca a la protección de la garantía constitucional de defensa en juicio (Art. 18 de la Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Y ello así, en tanto los requisitos de forma tienen como finalidad el resguardo de exigencias de orden externo. De tal suerte que, sin más, el Art. 9° de la Ley 921 importa aferrarse a un rigorismo formal, que no se compadece con una adecuada administración de justicia, amén de advertirse la relatividad de la falencia puntualizada. Y son precisamente los jueces los llamados a ponderar la realidad, so pena de caer en lo que la Corte Suprema ha calificado tantas veces de exceso de rigorismo formal." (el resaltado es propio). Aunque la cita es extensa, me he permitido transcribirla, en tanto permite dar respuesta a varias de las cuestiones planteadas: esto es, no era aplicable -de oficio- el instituto del gestor procesal; el instrumento debe ser suficiente e idóneo para acreditar personería y quien debe ser intimado, es el letrado y no la parte.

3. Sentado lo anterior, corresponde abordar el tratamiento acerca de la regularidad de la notificación practicada y si fue correcta la efectivización del apercibimiento efectuado a fs. 31, dando por constituido el domicilio en los estrados del Tribunal.

En este punto debo señalar que, a la fecha del proveído, se encontraba vigente el régimen de notificación electrónica. El contexto de análisis aplicado por el magistrado es correcto. También lo es que -ante la falta de constitución/denuncia del domicilio electrónico- y actuando dos letrados en la causa, debía hacerse efectivo el apercibimiento con relación a la parte.

Ello así, en tanto en correlato a lo dispuesto en la ley 2801 y, de conformidad a las facultades establecidas en el artículo 5, el TSJ dictó el respectivo reglamento (Ac. 4905, punto 8).

En los aspectos procesales se estableció:

2) Sujetos alcanzados: Toda persona que litigue por derecho propio, con patrocinio letrado o en ejercicio de una representación legal o convencional, los peritos, síndicos y demás auxiliares deberán constituir domicilio electrónico conforme lo dispone el Art. 3º, Ley 2.801). Esta constitución deberá efectuarse en la primer presentación en juicio o audiencia a la que se concurra, si es ésta la primera diligencia en que interviene (Art. 40 del C.P.C. y C.).

A los efectos del presente artículo, los sujetos alcanzados deberán gestionar la asignación, por el Poder Judicial, de una casilla de correo electrónico, en la forma prevista en el anexo I de este Reglamento.

3) Unificación de domicilio electrónico. En los casos en que se registre más de un letrado por parte, se consideran notificados todos en el domicilio electrónico que se constituya como principal en el expediente.

4) Incumplimiento. En caso de incumplimiento de lo establecido precedentemente, las notificaciones que deban practicarse en el domicilio electrónico se tendrán por efectuadas en los estrados del órgano interviniente (cfr. Art. 3º, Ley 2.801).

Es decir que las partes deben constituir, en el expediente, un domicilio electrónico (denunciar, expresar, explicitar, indicar, exteriorizar, etc. Se eligió el vocablo "constituir" para seguir la lógica del domicilio procesal del CPCC al que estamos habituados: en realidad, es un "domicilio procesal-electrónico").

La parte -ya sea que concurra por su propio derecho o por apoderado- es quien tiene que hacerlo (sigue la regla del C.P.C.C).

3.1. Ahora bien, el domicilio electrónico no puede ser cualquier casilla de correo, sino que a los fines de la confiabilidad del sistema, el Poder Judicial concede las casillas y las asigna a abogados: el "justiciable", las personas que no son abogados matriculados en la Provincia, no tienen posibilidad (al menos, actualmente y en el sistema vigente) de obtener un domicilio electrónico propio, tienen que utilizar el asignado a los letrados que los patrocinen o representen (a elección). Tal como surge de la normativa transcripta en el inicio y venimos desarrollando, las partes litigantes tienen la carga de constituir/ denunciar un (único) domicilio electrónico en el que se practicarán las notificaciones que deban ser efectuadas por medio electrónico.

Como toda carga, es un imperativo del propio interés y de no cumplirse, tiene una consecuencia: la parte queda notificada en los estrados del Tribunal. Es la misma solución que se aplica a la falta de constitución de domicilio procesal.

Entonces: qué pasa si la parte no constituye domicilio electrónico? La respuesta es clara, tanto desde el texto de la ley marco, como de la reglamentación: queda notificado en los estrados del tribunal en aquellos supuestos en que debía ser notificado electrónicamente.

Estas claras directivas que surgen del sistema, tal como originariamente fue diseñado, encuentran una excepción en la situación contemplada por el Acuerdo Extraordinario 4955, el que dispuso el agregado de la siguiente disposición transitoria:

"11.3) En los expedientes en trámite, en los que las personas litigantes concurran con una única asistencia profesional, ya sea en el carácter de patrocinante o en el doble carácter de patrocinante y apoderado, si no se constituyere el domicilio electrónico en el término de cinco días previsto precedentemente, se tendrá por constituido automáticamente, en la casilla asignada por la Secretaría de Informática del Poder Judicial. Con excepción de este supuesto, en todos los demás casos, la falta de constitución determinará que las notificaciones se tengan por efectuadas en los estrados del órgano interviniente".

Esta disposición -que, como se indicó, no estaba originariamente contemplada- encontró su justificación en las circunstancias coyunturales que rodearon a la implementación del sistema (a ellas se hace alusión en los considerandos del Acuerdo 4955).

Por ello se consideró que, en los supuestos en que hubiere un único domicilio electrónico posible de ser constituido, aunque el letrado no cumpliera con tal carga, se lo tendría por constituido en el acordado por el Poder Judicial.

Para dejar plasmada esta situación y el alcance de tal disposición, se recurrió a una terminología -si se quiere- impropia de la materia procesal (recordemos que el origen y justificación se encuentra en la posibilidad técnica del sistema, que despliega el domicilio electrónico asociado al profesional y va a trasmano de las reglas hasta entonces vigentes frente a la falta de constitución de domicilio) y así se plasmó la solución adaptada a las circunstancias imperantes, tratando de conjugar la eficiencia, eficacia, previsibilidad y seguridad del sistema.

3.2. Ahora bien, volviendo al supuesto analizado, debe notarse que la intimación no se realizó a la parte, sino al presentante, esto es, al Dr. Ochoa, quien invocaba la personería insuficiente. (lo cual fue correcto, siguiendo a los lineamientos establecidos por el TSJ).

Por ello estimo que, en este particular supuesto, teniendo en cuenta que el sistema se encontraba en el primer período de aplicación obligatoria, que la intimación era al abogado y no a la parte, debió notificarse al letrado en su casilla electrónica, puesto que era a él, a quien estaba dirigida la intimación y no, insisto, a la parte representada. Tomo aquí, nuevamente, los conceptos vertidos por el TSJ, en cuanto a que el principio rector que debe orientar todas las resoluciones judiciales de naturaleza procesal, debe ser el que más favorezca a la protección de la garantía constitucional de defensa en juicio y que son, precisamente, los jueces, los llamados a ponderar la realidad, so pena de caer en lo que la Corte Suprema ha calificado tantas veces de exceso de rigorismo formal.

Considero, entonces que, en este caso, hubiera correspondido intimar al letrado en su domicilio electrónico (el que es asignado por el TSJ en forma personal a cada abogado de la matrícula), para que adjuntara la documentación correspondiente en un plazo (me inclino por el de cinco días establecido por la Cámara en autos Pucheta, al seguir los lineamientos del TSJ), el que se presenta más acorde a la finalidad del acto a cumplir, al sopesar los trámites necesarios para dar cumplimiento (vgr. Otorgar un nuevo poder en legal forma).

Al no haberse efectuado, entiendo que la solución dada es incorrecta porque no contempla la complejidad de la4 situación planteada en el caso; desde ello, y más allá de la falencia en la que se incurre con relación al poder y a la falta originaria de constitución de domicilio electrónico, estimo que la solución que más se adapta a la protección de la garantía constitucional de defensa en juicio, es la de tener por subsanado el defecto con la presentación de fs. 50/52.

Con este alcance entiendo que debe hacerse lugar al recurso de apelación, teniendo por acreditada la personería invocada y por contestada la demanda, debiendo seguir los autos según su estado.

En atención a las particularidades del caso, considero que las costas deben imponerse en el orden causado. TAL MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: Comparto los fundamentos expuestos en los puntos 2 a 3.1 del voto que antecede, aunque difiero con la solución propuesta en el punto 3.2 por cuanto los letrados, a la fecha de la providencia de fs. 31, aún no habían unificado su domicilio electrónico (Acuerdo N° 4905, punto 8, inc. 3) sino que lo hicieron posteriormente, el 16/05/13 (la entrada en vigencia de las notificaciones electrónicas fue el 27/12/12 y la presentación de fs. 27/29 vta. fue del 08/03/13), de tal forma que correctamente el A-quo tuvo por constituido el domicilio en los estrados del Juzgado al no haberse cumplido con lo dispuesto por el Acuerdo N° 4905, punto 8, inc. 4. Además, tampoco se trata del supuesto de una única asistencia profesional en los términos del Acuerdo N° 4955. Tal mi voto.

Existiendo disidencia en los votos emitidos precedentemente, se integra Sala con el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, quien manifiesta: Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de la Dra. Cecilia PAMPHILE adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto, POR MAYORIASE RESUELVE:

1.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el codemandado Juan Carmelo D'Amato, y por subsanado el defecto con la presentación de fs. 50/52, teniendo por acreditada la personería invocada y por contestada la demanda, debiendo seguir los autos, según su estado.

2.- Imponer las costas en el orden causado, en atención a las particularidades del caso.

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE - Dra. Federico GIGENA BASOMBRIO Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.