marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cesión del establecimiento, relación de dependencia, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Duarte, Amelia Inés y otros c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otros s/ Despido Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-10

Dado que la actora - a quien le correspondía acreditar la existencia del vínculo laboral con el CEMIC o alguna circunstancia que permitiera establecer la responsabilidad solidaria entre dicha coaccionada y la que fue su empleadora - , no ha podido acreditar el haber laborado bajo la subordinación del CEMIC ni tampoco que hubiese existido un transferencia del establecimiento ni cesión de personal entre las coaccionadas en los términos de los arts. 225, 228 y 229 LCT, resulta improcedente condenar a la codemandada CEMIC con fundamento en dicha normativa. (del voto del Dr. Zas en mayorìa)
Competencia federal, hábeas data, buscadores de Internet
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Minoyetti, Federico c/ Google y Otro s/ Habeas Data (Art. 43 C.N.)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-05

En virtud de lo dispuesto por el art. 36 de la Ley n° 25.326, la acción de habeas data dirigida contra un buscador de internet no corresponde a la competencia federal -que por su naturaleza es limitada, de excepción y debe ser interpretada restrictivamente descartando su aplicación analógica a situaciones no expresamente contempladas-, razón por la cual el conocimiento de la causa corresponde a la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Civil.
Prisión domiciliaria, recurso de casación
Materia: CIVIL
Carátula: Boccalari Gustavo Abel (D) s/ Incidente de prisión domiciliaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-06-05

El recurso de casación interpuesto contra la resolución que revocó el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado al imputado por cuestiones de salud, debe ser rechazado, pues si bien las decisiones revisten en principio carácter de sentencia definitiva, en virtud del perjuicio de tardía o imposible reparación ulterior que es capaz de generar, debe tenerse presente que el recurso presentado no reúne los recaudos exigibles a una adecuada fundamentación, es que, no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que permita hacer una excepción al principio general, toda vez que se invocó defectos de motivación en la resolución que lo llevan a sostener una opinión diferente de la hermenéutica realizada por la cámara, pero que no representa una cuestión federal susceptible de ser recurrida en casación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maggi, Carmen c/ Altube Rodolfo José y otra s/ Resolución de contrato L. B. de N., M. T. c/ N., H. A. s/ Divorcio. Tenencia de hijos Fernández Rivas de Di Nucci, María Inés c/ Yanuzzo, José s/ Disolución de sociedad Martín, Liliana c/ Da Bove, Miguel s/ Resolución de contrato. Cobro de pesos. Daños y perjuicios Engel de Casas, Mirta c/ Chalukian, Roberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08|1992-06-16|1996-10-08|2001-11-21|2000-11-08

No resulta suficiente la mera denuncia de la violación de la doctrina legal si no se la vincula con el precepto legal presuntamente infringido, estando vedado a la Suprema Corte suplir de oficio o por inferencia las menciones legales que debió formular el recurrente.
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: FRANCISCO HERNANDEZ c/ ROSA AISPURU s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-23

El instrumento en el cual se sustenta la excepción de pago debe aludir -entre otros recaudos- concreta e inequívocamente a los títulos ejecutados.

Si para relacionar los papeles se requiere de elementos de prueba en su apoyo, debe recurrirse al proceso de conocimiento que contempla el CPR 553.
Ley vigente, presunción de inocencia, prueba, honorarios, exacciones ilegales calificadas, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: CÁMARA, José Ernesto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-15

Respecto al agravio en concreto introducido por la defensa oficial, debo señalar que el legislador en el uso de sus funciones privativas derivadas de la Constitución Nacional de incriminar conductas y fijar penas, ha sido claro en cuanto a establecer el riesgo prohibido para este tipo de casos. De tal suerte, el desvío de dinero público por fuera de los fines asignados por las normas, constituye per sé, un riesgo que la sociedad no tolera y que, para su vigencia, recurre al derecho penal, en el marco de la razonabilidad exigida por nuestro texto constitucional (arts. 14 y 28 de la CN). En definitiva, la reafirmación de la norma, no puede quedar supeditada solamente a la afectación o no de un bien jurídico en concreto, sino a la verdadera vigencia de la norma, lo cual no puede ser objeto de cuestionamiento alguno. En cuanto al cuestionamiento de la aplicación de los arts. 266 y 268 del CP, contrariamente a lo sostenido por la defensa, el tribunal antecesor explicó con la solidez necesaria para lograr desvirtuar el estado de inocencia del encausado por qué imputó las conductas típicas allí descriptas, al expresar que: "Como surge de la prueba colectada, resulta insoslayable la percepción de sumas de dinero, abonadas por contribuyentes, en el estudio del agente fiscal Cámara, sumas que se decían imputar -lo que no se verificaba o sólo se verificaba en parte al pago de honorarios o gastos generados en juicios fiscales cuya tramitación le fue confiada a aquél por AFIP; conducta que, en algunos casos, se completó con la falta total de rendición -que debía hacerse por sistema de lo percibido y en otros casos, con la rendición parcial de lo correctamente percibido, todo ello en expresa contravención a las resoluciones de AFIP que establecían cuándo correspondía el cobro de tales conceptos, en qué cuantía y cómo debía procederse con los importes percibidos. "Asimismo, resulta especialmente relevante la gran cantidad de maniobras detectadas y juicios en los que se verificaron las mismas, lo cual, a la luz de la finalidad misma que otorga sentido a la función púbica encomendada al causante, resulta cabalmente demostrativo del dolo del imputado, en su carácter de abogado, agente fiscal y de percepción de tales conceptos."
Mensura, posesión, título de la posesión
Materia: CIVIL
Carátula: Glastra  SAC. e I. c/ Estado Nacional y otros s/ prescripción adquisitiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-07

Si la falta de mensura impide conocer el alcance del título sobre el terreno, ello relativiza la aplicación del art. 2411 del Código Civil, que limita el efecto de la posesión fundada sobre un título a la extensión que resulta de éste, ante la imposibilidad de precisar físicamente la extensión del apoderamiento transmitido por el vendedor.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, alimentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA EN AUTOS:"MANCHIAMELO ALBERTO RAMON Y VALLEJOS DE MANCHIAMELO, ELSA s/ DIVORCIO POR PRESENTACION CONJUNTA"EXPTE. N 11452/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-05-08

..por eso, es de juzgar que aquella decisión(fijación de cuota alimentaria por parte de la Cámara),sí importa sentencia definitiva y, por consiguiente, que lo resuelto en contrario por el tribunal a quo deja algo muy importante comprometido: es el derecho a la jurisdicción, a la garantía del juez natural y en suma, al derecho constitucional del debido proceso, que resultan lesionados cuando se niega la apelabilidad de una resolución que de acuerdo con la ley resulta apelable.
Cuota alimentaria, actualización monetaria, convertibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: L., R. R. y otro c/ B. E. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

La ley 23.928 no prohíbe el aumento de precios, sino por el contrario, en la reglamentación del Ministerio de Economía se establece la libertad de precios. Esto puede conllevar a un aumento nominal del monto de los alimentos. Es por tal razón que el art. 4° del Decreto Reglamentario 529/91, dispone que el art.

9° de la ley 23.928 no alcanza a las obligaciones dinerarias derivadas de las relaciones laborales, alimentarias o previsionales.

El art. 7° de la ley 23.928 al expresar que "el deudor de una obligación de dar una suma determinada de australes cumple su obligación...dando la cantidad nominalmente expresada", está aludiendo única y exclusivamente a las obligaciones de dar "sumas de dinero" y no comprende entonces a las denominadas "obligaciones de valor", las que vienen a constituir una categoría distinta que comprende a aquellas obligaciones derivadas de relaciones laborales, alimentarias o previsionales.
Juicio de desalojo, legitimación pasiva, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Paz, María c/ Gorosito, Martín Alejo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-16

Los efectos de la cosa juzgada se extienden, además de la persona del accionado, también a quienes componen su núcleo familiar. No resulta óbice para ello la alegada circunstancia de la separación de hecho, habida cuenta que, además de constituir ello un hecho no probado, debe agregarse que no han invocado un derecho mejor o un título autónomo para permanecer en el inmueble (art. 3270 Código Civil).
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL
Carátula: CORONEL JULIO CESAR Y OTRA c/ SAYAGO JUAN MANUEL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-30

No se guardan las precauciones necesarias que impone la ejecución de una maniobra peligrosa de giro hacia la derecha, al no asegurarse antes de hacerlo que no existe peligro para terceros, a cuyo fin, no es suficiente prevenir tal intención con la sola indicación de la señal de giro, sino que además, el conductor debió asegurarse de que la maniobra se haga sin peligro para terceros.
Procedencia del recurso, acción meramente declarativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Siphon SA  c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (Art. 277 CCAyT)  s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

Corresponde hacer lugar a la queja dirigida, en última instancia, a cuestionar la admisibilidad de la acción declarativa de certeza (artículo 277 del Código Contencioso Administrativo y Tributario) si, aunque hubiese sido viable en un principio, conforme el cuadro de situación que se le presentó al juez de primera instancia al resolver la excepción de inhabilitación de la instancia, tal situación se hubiera transformado en insuficiente e inidónea para resolver los planteos de fondo, ante los hechos acaecidos; como en el caso, que se inició una acción judicial de impugnación de acto determinativo de oficio en la que se discuten los mismos planteos. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Recursos, recurso de queja (administrativo), rechazo del reclamo, medidas cautelares, resoluciones apelables, intereses, suspensión del acto administrativo, intimación a jubilarse
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en DE KEHRIG, GUIDO PABLO FRANCISCO MARIA SANTIAGO Y OTROS c/ GCBA s/ INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR - IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Corresponde admitir la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la medida cautelar dispuesta en autos, que suspendió el cese de los actores a los fines jubilatorios, hasta que se les efectuase la integración o depósito de sus aportes previsionales. Los jueces de la Cámara que integraron la mayoría omitieron efectuar el análisis impuesto por la normativa aplicable. (arts. 42 y 67 de la ley n° 471). En el caso, no se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho. Ello así, toda vez que el artículo 67 de la ley n° 471 no supedita la validez del acto del cese a la integración de los aportes y contribuciones, y el actor no niega reunir las condiciones legales de edad y años de servicio exigidos por el artículo citado para acceder al beneficio jubilatorio; ni tampoco impugna judicialmente la validez de los actos administrativos por medio de los cuales se lo intimó a jubilarse y, luego, se determinó su cese. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg, al que adhiere la jueza Marcela De Langhe).
Recurso de casación, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Avila, Amaranto Mario s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1986-03-04

El gravamen irreparable debe surgir en forma evidente de los argumentos específicos dados con esa finalidad por el casacionista, puesto que no se trata de una cuestión subjetiva ni apreciable de oficio, es decir que el tribunal no puede pronunciarse sobre la configuración de esta calidad procesal si no media invocación y demostración concreta de las partes.
Accidentes de trabajo, dependientes
Materia: LABORAL
Carátula: Kowaluk, Angel Adán c/ Banco de Quilmes S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

No puede considerarse dependiente de la entidad bancaria contratante de los servicios de policía adicional (art. 1113 primera parte Cód.

Civil), al agente de la Policía bonaerense que cumplía tales servicios en el establecimiento bancario según el régimen de la ley provincial 7065.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, sentencia, intendente, concejo deliberante
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rousselot, Juan Carlos c/ Concejo Deliberante de Morón s/ conflicto art. 187 de la Constitución Provincial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Quien omitió ejercer su derecho constitucional de defensa por su libre voluntad, mal puede fundar en sus propios actos la violación de dicho derecho.
Proceso penal, lesiones culposas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Eroles, Alberto Esteban s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Oscar E. Romero en contra de Sentencia Nº 078/2008, de Expte. Nº 092/05 - Eroles, Alberto Esteban - Lesiones Culposas - Polcos - Valle Viejo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-31

Contra la sentencia que ordenó el sobreseimiento total y definitivo del imputado por lesiones culposas, por prescripción de la acción penal, recurre en casación el apoderado del querellante particular e invoca como motivo de casación, "la inobservancia de las reglas de la sana crítica en la apreciación de los términos procesales y de la apreciación de las pruebas".

El recurrente ha omitido indicar concretamente en qué motivo de procedencia (art. 454 del C.P.P.) estima que encuadran los agravios que esgrime.

Además, de modo alguno pueden satisfacerse los recaudos previstos en el art. 460 de la ley de forma, puesto que el recurrente ha prescindido fundar de manera clara y precisa cada uno de los motivos que invoca. Ni siquiera rotula o titula sus embates en una de las causales legalmente previstas. Tal proceder impide a esta Corte la comprensión misma de la pretensión.

Por todo lo expuesto, el presente recurso debe ser declarado formalmente inadmisible.
Relación de dependencia, prueba, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Aballay, Juan Carlos c/ Juan Cecilio Rotger y/o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-11-30

No procede el agravio de la parte demandada alegando que la actora no probó que haya trabajado para él. Ello así, ya que con relación al período laborativo y a que cada grupo, los del actor y demandado, responde conforme al lapso alegado por su proponente en los escritos constitutivos de la litis, pero sin embargo el actor cuenta a su favor con la presunción derivada del art.85, inc.5, Ley 2383, respecto a la inexistencia del libro legal, donde las fechas de ingreso y egreso, como categoría laboral debían contar.
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández, Moisés Antonio c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Debe rechazarse la demanda que persigue el reconocimiento del derecho a computar en el haber jubilatorio la bonificación por "dedicación funcional", percibida por quienes se encuentran en actividad, en tanto dicha bonificación no es inherente a la función desempeñada ni resulta de las constancias de la causa que el actor la hubiera percibido de haber continuado en actividad (del art. 16 inciso "g" de la ley 10.384 y su decreto reglamentario surge que es una asignación "personal" sustentada en al "disponibilidad permanente" que la A.G.O.S.B.A. requiera de un agente para cumplir funciones encomendadas y que debe existir de un acto expreso de la administración que establezca el derecho a percibir esa bonificación).
Daños y perjuicios, transporte benévolo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ramírez, Oscar y otro c/ Córtez, Rolando y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-07-08

Resulta de aplicación a la controversia el principio legal que impone al dueño o guardián de la cosa por cuyo riesgo o vicio sobreviene un daño, la prueba de una excepción prevista por el art. 1113, 2do. párr. in fine del C.Civil sin que ello varíe por la circunstancia de tratarse de un transporte gratuito o de cortesía.

Y, es que aún teniendo en vista las particulares circunstancias en que se suele originar este tipo de transporte, el demandado es el que debe aportar los antecedentes necesarios para eximirse en todo o en parte de responsabilidad (art. 1113 del Código Civil).

Ello así, porque una maniobra susceptible de causar tal daño a quien ocupa el rodado escapa al curso normal y ordinario de las cosas, y el riesgo que asume el transportado benévolamente no alcanza al de perder la integridad física o la vida a menos que, debido a las particulares circunstancias del caso concreto, esa consecuencia hubiera podido habitual o razonablemente sobrevenir, lo cual permitiría entonces una asimilación a la culpa.
Competencia, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LUCAS GONZALEZ c/ UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL Y OTRO s/ MEDIDA CAUTELAR S/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-05-22

Al plantearse la cautelar aquí articulada como una pretensión accesoria de la futura promoción de un conflicto de índole estrictamente contractual y de carácter eminentemente patrimonial, respecto del cual no se ha buscado una decisión definitiva y causatoria de estado en el ámbito administrativo susceptible de constituir el presupuesto inexorable de habilitación de la jurisdicción contencioso - administrativo de este Superior Tribunal (cfme. : arts. 167, inc. 3, Const. de E. Ríos, y 1, 2, 4, 5, 10, sigts. y ccdts., Dec. Ley Nro. 7061/83, ratif. por Ley Nro. 7504), tampoco es posible prever un eventual conocimiento de la causa por este Cuerpo en ejercicio de su competencia especial en esta materia, por lo que cabe establecer la competencia del Juzgado Civil y Comercial de Nogoyá ante el cual se dedujo la pretensión, para entender y decidir en la cuestión aquí planteada.
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Agropecuaria Mistol Ancho S.A. c/ Municipalidad de Santa Rosa s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-11-06

En el caso, analizando las constancias de autos, se advierte que la pretensión cautelar se identifica con la pretensión principal de la acción intentada, obteniendo, en el supuesto de resultar procedente, la posibilidad de continuar con la realización de la obra actualmente paralizada, y la inaplicabilidad o suspensión de los efectos del acto atacado, debiéndonos remitir, en el caso, a los precedentes de esta Corte de Justicia (S.I. Nº 234/01 en autos Corte Nº 151/00, S. I. Nº 146/09, autos Corte N° 026/09, entre otros), con respecto a que, en principio, la tutela cautelar "...no puede tener por objeto la finalidad del proceso, pues resulta incongruente por la naturaleza de la medida que con ella se obtenga lo que se persigue con la sentencia definitiva y por la brevedad de los plazos impresos a la causa, la misma no puede prosperar; salvo supuestos de rigurosa excepción en que mediante este procedimiento judicial excepcional y breve no pueda garantizarse la tutela judicial efectiva." (S.I. Nº 49 de fecha 30/05/08, autos Corte N° 040/08: "Alaniz, Enzo Martín c/ Provincia de Catamarca s/Acción de Amparo").

Es que el invocado incumplimiento de preceptos constitucionales y administrativos presupone un juicio de certeza propio de la cuestión de fondo, y no puede receptarse en esta instancia.

Por otra parte, la justificación, en la fundamentación de la medida por parte del actor, de los requisitos propios de la tutela impetrada, no alcanza para merituar razones urgentes de interés público que justificarían su otorgamiento en este fuero contencioso-administrativo, implicando un obstáculo de orden procesal que exime al Tribunal de toda consideración al respecto. En consecuencia, corresponde no hacer lugar a la tutela requerida.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: De la Puente, Gustavo Héctor s/ cuestión de competencia art. 6 CPCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Corresponde atribuir carácter definitivo a las decisiones que, si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, precisamente porque no habría oportunidad en adelante para volver sobre lo resuelto.
Juicio de desalojo, acciones posesorias, posesión, verosimilitud del derecho invocado, prueba de la posesión
Materia: CIVIL
Carátula: SEPULVEDA ARAVENA MANUEL c/ FIGUEROA MARCELO s/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-28

La acción de desalojo no resulta la vía procesal adecuada para requerir la restitución de la vivienda cuando la demandada invoca y demuestra verosímilmente la posesión del inmueble, tal como esta Cámara lo señalara en reiteradas oportunidades.

Sobre el punto hemos dicho en la causa "KONRAD JOSE MARIA CONTRA PRADO JAVIER Y OTRO S/DESALOJO", (Expte. Nº 301069/3), que:

"El juicio de desalojo no puede dirigirse contra el poseedor, sino que, en tal caso, se debe acudir a las acciones posesorias o petitorias que correspondan".

En tal sentido se ha señalado que: "La acción personal de desalojo reglada por el art. 676 del C.P.C.C. no constituye una vía sucedánea de las acciones petitorias o posesorias. Es decir: no procede, si el accionado comprueba prima facie la efectividad de la posesión que invoca, justificando lo verosímil de su pretensión. Toda investigación que la trascendiera desnaturalizaría la acción en la que está excluido lo referente al derecho de propiedad, al ius possidendis o el ius possesionis. CPCB Art. 676" (SCBA, Ac 35351 S 12-6-86, Juba). Además: "La prueba de la posesión alegada en el juicio de desalojo, no requiere el grado de fehaciencia o certeza propia del juicio de adquisición del dominio por prescripción adquisitiva (art. 679 inc. 1 Cód. Procesal), bastando con que "prima facie" se acredite la verosímilitud de los actos posesorios. CPCB Art. 679 Inc. 1 (CC0201 LP, B 76566 RSD-412-93 S 21-12-93, Juba).