Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-16


Salta, 16 de junio de 2011.

______ VISTOS: estos autos caratulados "LAFUENTE, EDUARDO ALBERTO c. TELECOM PERSONAL S.A. - ORDINARIO", expte. de Sala nº 21161/10, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 3, para resolver sobre la admisibilidad formal del recurso interpuesto a fs. 297/309, y ___________________C O N S I D E R A N D O El Dr. Figueroa dijo: la parte actora, interpone recurso de inconstitu-cionalidad en contra de la sentencia de este Tribunal, obrante a fs. 290/293 vta., efectuando inicialmente un resúmen de los antecedentes de la causa y refiriendo a la procedencia formal y sustancial del recurso que interpone.

Explica el gravámen que le produce el decisorio y afirma que la decisión concreta una lesión a las garantías constitucionales de defensa, debido proceso y propiedad (arts. 17 y 18 de la CN). Que al rechazar el recurso de apelación interpuesto por su parte, la sentencia ha incurrido en arbitrariedad manifiesta, ya que configura una decisión infundada y dogmática, producto de la mera voluntad de los jueces. Que no evidencia una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa; que no sólo contiene una fundamentación aparente sino que es autocontradictoria y ello se evidencia en el análisis efectuado del art. 9 de la ley 25.013 y el 2 de la ley 25.323, pues mal puede decidirse válidamente el rechazo de la aplicación de las previsiones del primero, basándose en su superposición con el incremento indemnizatorio dispuesto por el segundo, cuando éste tampoco ha sido acogido. Que se configura, por parte de la Cámara, una interpretación arbitraria de las normas citadas al haber desvirtuado su finalidad, no aplicándolas como han sido concebidas por el legislador. Efectúa consideraciones sobre el tema.

En lo atinente al rubro agravio moral, luego de transcribir párrafos de la sentencia, sostiene que la resolución es arbitraria, dado que se aparta y prescinde de los extremos fácticos y legales del caso, que es voluntarista e incongruente y que ha omitido considerar cuestiones y argumentos decisivos aducidos por su parte en la expresión de agravios. Que resulta inexplicable que tanto la juez a quo como los jueces de Cámara, hayan adoptado sus decisiones afirmando dogmáticamente -y por ende arbitrariamente- que no hubo de parte de la demandada alguna conducta adicional que encuadre en el art. 1109 del CC o que haya ejercido el poder de denuncia del contrato de forma tal que excediera los límites y las necesidades de una comunicación de despido respetuosa del art. 243 LCT, no sólo porque los hechos demuestran lo contrario sino también porque la jurisprudencia, en general, ha acogido favorablemente los reclamos de daño moral en los casos en los que además de despedir, el empleador imputó un delito que luego no probó.

Agrega que al decidir sobre esta cuestión, el Tribunal no sólo ha prescindido de las circunstancias y hechos decisivos comprobados en la causa, sino que ha decidido en contra de ellos. Que contrariamente a la interpretación de la Cámara, la imputación al actor de un delito no probado, ha configurado una conducta disvaliosa adicional que generó su resarcimiento en forma autónoma e independiente de la indemnización tarifada. Cita doctrina.

Sostiene que también resulta dogmática y desacertada, la afirmación de la Cámara, al considerar que la demandada no ha ejercido su poder de denuncia del contrato de forma tal que excediera los límites y las necesidades de una comunicación de despido respetuosa del art. 243 LCT. Agrega que ninguna de las injuriantes acusaciones vertidas por la demandada en la comunicación de despido, han sido acreditadas. Cita jurisprudencia.

Considera que la Cámara también incurre en arbitrariedad, cuando analiza el ilícito penal y el laboral. Transcribe el párrafo y argumenta nuevamente que las consideraciones expuestas son desacertadas, infundadas y dogmáticas, traduciendo un mero voluntarismo de los jueces y demostrando apartamiento de los extremos fácticos y legales del caso. Que no cabe duda que la imputación al actor de un delito no probado, ha configurado una conducta disvaliosa adicional de la demandada, que generó su resarcimiento en forma autónoma e independiente a la indemnización tarifada. Reitera que la demandada no ha aportado ni un mero indicio respecto de la comisión del delito en cuestión y que la inexistencia de una sentencia penal demuestra la conducta abusiva y lesiva de la demandada, por lo que debió atenerse a las consecuencias que generó tal conducta, resarciendo el daño moral que le provocara a su parte. Que ello evidencia la arbitrariedad de la decisión del Tribunal y torna procedente el recurso que interpone.

En lo atinente al rechazo del incremento indemnizatorio previsto por el art. 2 de la ley 25.323, afirma que el fallo de la Cámara se limita a transcribir como único fundamento un fallo dictado por ella, por lo que carece de fundamentación y resulta incongruente al haber omitido considerar los argumentos de su parte expuestos en la expresión de agravios, lo que demuestra la prescindencia de las circunstancias comprobadas de la causa, al citar jurisprudencia manifiestamente inaplicable al caso de autos. Que la arbitrariedad alcanza mayor gravedad, cuando en una inaceptable prescindencia de las previsiones del art. 2 de la ley 25.323, decide rechazar íntegramente la procedencia del incremento indemnizatorio, cuando en realidad el segundo párrafo de la norma, sólo habilita a los jueces en las condiciones allí previstas a reducir prudencialmente dicho incremento indemnizatorio.

Reitera que, surge de las probanzas de autos, que la demandada lo ha despedido imputándole como causal de rescisión del contrato un delito nunca comprobado y efectúa nuevamente comentarios sobre la cuestión y el resarcimiento del daño moral. Expresa que, además, en la hipótesis de la inexistencia de una imputación delictiva, la demandada no aportó elementos de prueba idóneos para sustentar las innumerables supuestas faltas imputadas al momento de despedirlo, ni que existiera causa que justifique su conducta, como lo exige la norma citada para eximirla del incremento dispuesto. Cita doctrina y jurisprudencia.

Concluye, afirmando que según lo expuesto, las arbitrariedades incurridas por la Cámara, tornan infundado el decisorio, por lo que el mismo configura una violación a las garantías constitucionales de defensa y debido proceso (art. 18 CN) y de propiedad (art. 17 CN), por lo que peticiona se conceda el recurso. Mantiene la cuestión federal, oportunamente introducida.

Verificados los recaudos de admisibilidad del recurso deducido, observamos que si bien fue interpuesto en término, contra sentencia definitiva y que se efectuó la pertinente reserva al apelar (v. fs.247), el mismo no puede prosperar pues no plantea un "caso constitucional", y si bien alega como causales de arbitrariedad apartamiento de los extremos fácticos y legales del caso, omisión de consideración de los argumentos de su parte expuestos en la expresión de agravios y sentencia infundada, en realidad refiere a la interpretación de los hechos y las pruebas, como así de las normas de derecho común, lo que constituye cuestión ajena al recurso extraordinario, salvo arbitrariedad que la recurrente invoca pero no logra demostrar.____________ ______ El planteo es, en realidad, aparente y reitera cuestiones ya expuestas al apelar, evidenciando sólo disconformidad con el resultado adverso a sus pretensiones en ambas instancias y olvidando el carácter particularísimo del remedio que impetra.______________________________________________ El Máximo Tribunal local, reiteradamente se ha pronunciado sobre este aspecto, expresando que "corresponde el rechazo del recurso de inconstitucionalidad cuyos agravios remiten al exámen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común que han sido resueltas con argumentos suficientes los que, más allá de su acierto o error, confieren al pronunciamiento validez como acto jurisdiccional y excluyen el supuesto de arbitrariedad que se invoca". ( T.103:285/294, 27-03-06; T.116: 817/824, 21-06-07; T.128:379/384, 3-11-08; T.148:439/448, 16-09-10), entre otros.______ Asimismo ha sostenido que "el rol de la Corte de Justicia está concentrado en el control de la vigencia de las garantías constitucionales, a fin de que los fallos impugnados cumplan con las condiciones necesarias para asegurarlas, pero sin abrir una nueva instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas" (T. 101:283/290, 23-12-05; T. 149:399/414, 19-10-10).________________________________________ Por lo expuesto, voto por la denegatoria del recurso deducido y porque se tenga presente la reserva del caso federal formulada.____________ ______ El Dr. Cabrera, adhiere al voto precedente.

___ Por ello, la CAMARA de APELACIONES del TRABAJO SALA I _______________________R E S U E L V E I) Denegar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

_____ II) Ordenar se registre, notifique y bajen los autos al Juzg