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Actos ilícitos, reparación integral, consecuencias casuales, gastos de reparación del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: CAPANO E c/ GALAN EDUARDO DOMINGO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-26

Como principio general en materia de delitos y cuasidelitos la reparación del daño causado debe ser de carácter integral. Este principio reconoce su límite en el art. 901 del Cód. Civil, o sea que en ausencia de dolo no debe responderse por las consecuencias casuales, entre las que se encuentra la demora en efectuar la reparación del automóvil en virtud de la falta de seguro del damnificado o su situación económica, extremos que no son previsibles al cometerse el hecho ilícito.
Recurso de apelación (procesal), confirmación de sentencia, declaración de inconstitucionalidad, infracciones aduaneras, actualización monetaria, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Benito Roggio e Hijos  S.A. c/ Estado Nacional (ANA.) s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-02

La confirmación por la Cámara del fallo apelado, no puede ser sino entendida como la ratificación de la declaración de inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 21.898, solución que se ajusta a la doctrina de la Corte.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, prueba documental, agregación de la prueba documental, actos y diligencias procesales, plazos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: María de Buenos Aires Sociedad de Capital e Industria c/ Dirección General de Rentas s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Dirección General de Rentas s/ Recurso de Apelación Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-14

El proceso es un método de debate. Se trata de que los actos que componen su cargo avancen y se incorporen en el orden previsto y sin retrocesos, de modo que queden fijados sus efectos de una manera irrevocable y puedan valer de sostén de futuras actuaciones. De allí que el plazo para agregar la prueba instrumental deba considerarse como perentorio, preclusivo o fatal.

Esta exigencia de la incorporación inicial de toda prueba documental tiende a evitar a las partes sorpresas procesales, o sea, la desventaja de ignorar la existencia de algún documento que puede ser fundamental para su defensa en juicio.
Competencia, competencia por la materia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., C. A. s/ tutela S.M., E.R. s/ denuncia Pérez, Berilde Ecilda s/ sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04|1998-04-30|1999-08-18

Los jueces ejercen su jurisdicción en la medida de su competencia y en razón de la materia, por la índole de la acción ejercitada.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sociedad de responsabilidad limitada, socios, responsabilidad del socio
Materia: LABORAL
Carátula: FRANCES, MARIO c/ CANEVARI, JORGE Y/O CONSTRUCCIONES CANEVARI s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-03-10

Conforme al artículo 59 de la Ley 19550, los administradores y los representantes de las sociedades que faltaren a sus obligaciones son responsales de manera ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios que resultaren de su acción. Ello implica respetar los principios de la buena fe, receptados en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo y actuar con lealtad, sin engaños ni falsedades.El incumplimiento de las obligaciones con la seguridad social no solo afecta a los derechos del actor sino al orden público general, por cuanto los aportes y contribuciones evadidos tienen naturaleza fiscal. Tales incumplimientos cosntituyen un ilícito extracontractual por cuanto con culpa grave se incumple con la legislación nacional ocultando la existencia de una relación laboral a los organismos de la seguridad social y efectuando competencia desleal en el mercado.
Ejecución fiscal, prescripción, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Empresa Constructora Delta S.A. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en GCBA Contra Empresa Constructora Delta SA sobre Ej. Fisc. - Ingresos Brutos (Reservado) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

En el caso, los períodos fiscales reclamados también se encuentran prescriptos bajo la aplicación de la ley N° 19.489. Es que si bien ese cuerpo normativo computaba el inicio del plazo desde el 1° de enero siguiente al año en que se produjera el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas o el ingreso del gravamen (art. 2); y para las multas, desde el 1° de enero siguiente al año en que tuviera lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible (art. 3), no se presentan en el caso las causales de interrupción o suspensión allí previstas (arts. 9 y 10), pues la notificación de la determinación de oficio se produjo con posterioridad al vencimiento del plazo de prescripción. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhiere la jueza Marcela De Langhe).
Accidentes de trabajo, acción civil, responsabilidad civil, prueba
Materia: CIVIL - LABORAL
Carátula: PONCE RAMON c/ DELTA  S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-26

El infortunio laboral cuyas consecuencias dañosas y consiguiente reclamo indemnizatorio se funda en la ley común por un accidente de trabajo ocurrido mientras prestaba tareas para la empresa demandada.

Acorde la relación jurídica procesal planteada, el actor debe acreditar en primera etapa, el hecho y luego la causa de la imputación de las consecuencias dañosas al titular del poder jurídico (dueño o guardián) de la cosa.

Quien acciona al amparo del art. 1113 C. Civil debe describir en demanda y, consecuente, probar el desarrollo pormenorizado de las circunstancias del infortunio, de manera tal que no se afecte la posibilidad de defensa de la contraparte.-
Constitucionalismo social, constitucionalismo liberal, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

La evolución que va del Estado liberal de Derecho al Estado social de Derecho ha supuesto un cambio apreciable en la programación legal de la acción del poder ejecutivo y, en particular de la Administración. En este sentido en la Provincia de Santa Fe, el Estado social de Derecho (constitucionalismo social moderado) tiene su base constitucional en la 2da parte del artículo 8 al consagrar la igualdad sustancial para evitar que el principio de igualdad formal no constituya una mera declaración carente de todo sentido si, en los hechos, el individuo no se encuentra en condiciones de gozarla. (Del voto del Dr. Ulla).
Medidas cautelares, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el GCBA en la causa Administración General de Puertos SE c/ GCBA s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-22

Al evitar la cámara cualquier tipo de argumento sustantivo y remitir en la decisión a un precedente por la mera identidad de objeto y de partes en litigio, estamos frente a una fórmula dogmática y no de un argumento sustancial acerca de la procedencia de la medida precautoria, que tiene por consecuencia la transformación de la protección anticipatoria en una decisión permanente por parte de la jurisdicción, desvirtuando así la naturaleza misma del instituto cautelar (Voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco).
Acción de amparo, recurso extraordinario local, conservación del empleo, personal suplente, docentes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL-CULTURA-EDUCACION
Carátula: Fortunato Emilce María y Ot. c/ Dirección General de Escuelas s/ Amparo Sindical (160598) P/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-08-07

Las amparistas pretenden con la reserva de cargo la indisponibilidad de éste mientras dure su función como representantes gremiales, resultando una pretensión de estabilidad sobre el cargo docente que el mismo no conlleva. Por lo que la garantía o tutela de los arts. 48 y 50 de la Ley 23.551 no constituye un privilegio que permita mutar la naturaleza de la relación laboral, contrariamente es el otorgamiento de la tutela lo que generara una modificación de estas condiciones, al amparar un cargo con una cualidad que el mismo no goza.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ruiz, Eduardo y oto c/ La Porta, Dilsia s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

No procede regular honorarios por la tareas cumplidas con motivo de la excepción de incumplimiento contractual. Ello así, por tratarse de una defensa de fondo resuelta en la sentencia definitiva, cuya remuneración se encuentra subsumida en los honorarios que, finalmente, se regulen por el proceso. Sí, en cambio, procede la regulación en caso de las excepciones de litispendencia y falta de legitimación para obrar deducidas por la demanda y resueltas, previa sustanciación, como de previo y especial pronunciamiento, a tenor del art. 47 del Dec. Ley 8904/77 aplicable por analogía, ya que dicho supuesto no se encuentra expresamente previsto por la ley.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Guarda del menor, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: Asesoría Civil de Familia e Incapaces s/ Medida de Protección
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-12-20

El punto de partida es la remanida pero no superada fórmula del "interés superior del menor", verdadera regla de oro a la que no resulta posible sustraerse, por mandato constitucional y por respeto a los principios más elementales del derecho minoril. En su más prístima enunciación, este verdadero postulado quedó expresado en los siguientes términos: "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una condición primordial a la que se tenderá será el interés del niño"(art. 3 párrafo 1°, Convención sobre los Derechos del Niño).
Sumario administrativo, prueba, instrucción del sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Santis, Benedicto c/ Provincia de Buenos Aires (Consejo Provincial del Menor) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

No resulta irrazonable ni arbitrario el criterio de la Administración que tuvo por probado los hechos imputados -golpes propinados a internos de un Instituto de Menores- con las deposiciones coincidentes de dos agentes del establecimiento y de uno de los menores agredidos si de la prueba producida en la causa no surgen circunstancias que resten fuerza de convicción a lo declarado por los testigos cuestionados.
Cultivo de estupefacientes, cannabis medicinal
Materia: PENAL
Carátula: Gago, Esteban Daniel y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-09

El Estado Nacional, receptando un cambio previo en la valoración social, ha tomado el rumbo inequívoco de concebir el aceite de cannabis, y los derivados de esa especie en general en tanto su uso coincida con ello, como una sustancia de uso terapéutico y medicinal, desechando su consideración como estupefaciente.
Acción, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez, Alberto Pedro c/ Municipalidad de San Nicolás s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

El previsto por el artículo 13 del C.P.C.A. es un término fatal, de orden público y no graciable y, por tanto, insusceptible de suspenderse o interrumpirse, por lo que resulta inadmisible la pretensión de que se lo considere interrumpido por medio de una demanda interpuesta ante juez incompetente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción, reglamentación de la ley, integración del tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: AUSONIA S.A. c/ FENOGLIO DE FERRARONS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS  s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-08-25

El art. 271 del CPCC. es una norma reglamentaria del ejercicio de la jurisdicción cuya observancia corresponde respetar, a riesgo de desnaturalizar el sistema procesal previsto por la legislación.

Ello, toda vez que la colegiación requiere, precisamente, la participación de todos los magistrados que componen el Tribunal llamado a resolver en un asunto.
Inimputabilidad, ebriedad, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: Soto, Carlos Luis s/ Robo simple en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-23

El planteo articulado por el encartado de haberse encontrado alcoholizado a punto tal de no recordar si había o no cometido el hecho que se le endilga, debe ser rechazado, por cuanto no resulta creíble que recuerde los momentos anteriores y posteriores del hecho pero no éste, y además ningún elemento de convicción corrobora o, por lo menos, torna verosímil tal defensa material.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: SALOMON, Eduardo Simón c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA Y PROVINCIA DE SALTA s/ QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-10-25

El límite objetivo del conocimiento de la Alzada está dado por la existencia de agravio o interés jurídico.-
Derechos humanos en la administración de justicia, derecho a la vivienda digna, violencia familiar, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: N. M. C. y otro c/  s/ s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: N. M. C. c/ GCBA y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-13

Corresponde rechazar la queja si no rebate en forma suficiente el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad intentado, así como tampoco acredita que los planteos vertidos configuren un genuino caso constitucional -arts. 113, inc. 3, de la CCABA y 26 de la ley 402-. Las manifestaciones relativas a la violencia doméstica efectuadas en el recurso de queja no permiten hacer variar la suerte del examen de admisibilidad del mismo, dado que las instancias revisoras -tanto ordinarias como extraordinarias- no pueden ponderar extremos de hecho que no fueron oportunamente propuestos a los jueces. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Caballero, José María; Camal, José Alberto s/ Homicidio calificado. Robo calificado por el uso de armas. Privación  ilegal de la libertad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia violación del art. 286 del Código de Procedimiento Penal si no se explican las razones por las cuales la construcción de la sentencia sería violatoria de dicha norma.
Transporte de pasajeros, servicio público, transferencia del servicio público, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, empresas del Estado, privatizaciones, legitimación pasiva, empresa ferroviaria, METROVÍAS SA
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Boyacá Comercial e Inmobiliaria S.A. c/ Subterráneos de Bs. As. s/ Daños y Perjuicios Bs. As. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-14

En base a la Ley Nro. 23.696 (que declaró a Subterráneos de Buenos Aires S.E. sujeta a privatización o concesión parcial o total) y al Decreto Nro. 2074/90 (que dispuso la concesión de la explotación de los servicios prestados por SBASE), el Estado Nacional transfirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el control del servicio de transporte ferroviario de pasajeros -subterráneo y premetro- comprendiendo, dicha atribución, el ejercicio de la fiscalización y cumplimiento de la ejecución del contrato de concesión firmado entre el Estado Nacional y Metrovías S.A. aprobado por Decreto Nro. 2608 del 22 de diciembre de 1993. A tales fines, el Decreto Nro. 393/99 contiene los términos de transferencia del control del servicio.
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S. R., A. c/ S. E., J. s/ Tenencia C., E. I. c/ M., L. s/ Filiación Podskoc, José y otro c/ Pardiño, Raúl y otros s/ Daños y perjuicios P., M. D. c/ A., E. s/ Filiación e indemnización por daños y perjuicios Arroyo, Oscar Alberto c/ Jazmín, Maximiliano y otro s/ Daños y perjuicios Manfredi, Miguel Angel y otro c/ Cía. de Colectivos Costera Criolla S.A. s/ Indemnización de daños y perjuicios Díaz Vasallo, Pablo Eugenio c/ Vincenty y Gomara S.R.L. y otro s/ Daños y perjuicios Viviendas Personal Municipal Alte. Brown c/ Pinto, Marcelo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21|1995-10-17|1997-03-04|1998-04-28|1999-05-26|2002-02-19|2004-04-01|2005-07-06

No pueden a través del recurso extraordinario de nulidad formularse alegaciones de índole probatoria, porque su deficiente examen o eventual ausencia de tratamiento no constituyen omisión de "cuestión esencial", ni revisten tampoco esta última calidad los argumentos traídos por las partes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sociedades comerciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rothegerber, Stella c/ Gallardo, Enrique Horacio s/ Disolución de sociedad de hecho Costa, Carlos Antonio Jorge c/ Liniers, Esther Azucena s/ División Sociedad de hecho Bozzo, Emma Damiana c/ Orqueida, Angela Raquel s/ Desalojo Velo, Analía c/ Delorme, Daniel Alfredo s/ Disolución sociedad de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-30|1992-06-23|1995-11-21|1996-06-04

Establecer si determinado elemento de juicio puede o no tomarse como prueba directa o presuntiva de una sociedad, constituye una típica cuestión de hecho, privativa de los jueces de la instancia ordinaria e irrevisible, en principio, en casación, salvo supuesto de absurdo.
Ejercicio profesional, relación de dependencia, carga de la prueba, responsabilidad profesional, facultades disciplinarias del empleador, apreciación de la prueba, determinación de deuda previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - LABORAL
Carátula: COOPERATIVA ELECTRICA DE CHACABUCO LTDA. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-30

No habiéndose determinado si las tareas que desempeña un profesional (en el caso, ingeniero) se encuentran efectivamente subordinadas jurídicamente respecto de una empresa -por ejemplo si ésta puede imponer sanciones o penalidades en caso de incumplimiento, más allá de las propias de responsabilidad por mal desempeño de su actividad profesional- y tampoco cual es la modalidad de ejecución de esas tareas, horarios, etc.; o sea, no probadas todas aquellas circunstancias que permiten al juzgador una más clara visión de la realidad, corresponde revocar la resolución por la que se formuló cargos por cotizaciones previsionales omitidas. Ello así porque quien aduce una relación de trabajo es a quien compete demostrarla, sobre todo en situaciones dudosas u oscuras que admiten la existencia de otro tipo de vinculación.
Recurso contencioso administrativo, policía, cosa juzgada administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: ESCOBAR, RAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 638-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

El control de admisibilidad susceptible de efectuarse en la instancia contencioso administrativa, es respecto de los actos impugnados -que, en el caso, refieren exclusivamente al pedido de revisión formulado en virtud del artículo 129, ley 6769-, con prescindencia de anteriores gestiones iniciadas por el actor, las cuales podrían entenderse denegadas en razón de que en ambas oportunidades se dispuso el archivo de las actuaciones. Sin embargo, ello no justifica considerar la existencia de "cosa juzgada administrativa" -según los términos de la demandada-, dado que el primer pedido no estuvo dirigido a demostrar el error o injusticia del acto de cesantía, y, en el segundo, no se invocaron las causales de revisión en base a las cuales el Poder Ejecutivo dictó los actos cuya legitimidad se somete ahora a la decisión del Tribunal. Tampoco pudo producirse, pues, la perención de instancia administrativa denunciada.
Prescripción, plazo, daños y perjuicios, daño emergente, Recursos naturales, obras públicas, juicios en que es parte una provincia
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Pronar Sociedad Anónima Minera, Industrial y Comercial c/ Buenos Aires, Provincia de. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

Es aplicable el plazo de prescripción del art. 4037 del Código Civil, si se demanda por el daño emergente derivado de los perjuicios sufridos por un establecimiento dedicado a la explotación de yacimientos de sulfato de sodio a orillas de un lago, como consecuencia del avance de las aguas atribuido a obras hidráulicas efectuadas por la provincia demandada.
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Avícola Roque Pérez S.A.C.I.F. c/ Lúquez, Eduardo Genaro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-06

Si bien es cierto que uno de los supuestos de hecho que prevé el art. 209 del Código Procesal, para decretar un embargo preventivo, está dado por "la deuda justificada por libros de comercio llevados en debida forma por el actor" (inc. 4°), no lo es menos que ello no excluye que deba prestarse la pertinente contracautela (art. 199 C.

cit.). (Minoría u opinión personal)
Gravamen irreparable, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lodigniani, José Omar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-07

Es admisible el recurso de casación contra la resolución que restringe la libertad de una persona sometida a proceso antes del dictado de la sentencia definitiva, derivando de allí un perjuicio de imposible reparación ulterior, por afectar un derecho que requiere tutela inmediata. Está debidamente fundada la sentencia que otorgó razones concretas para justificar el mantenimiento de la medida cautelar hasta la finalización del juicio oral, si no se ancló, exclusivamente, en la innegable gravedad de los hechos, sino que se evaluaron los riesgos procesales atendiendo a los estándares fijados por la CS, tratándose de un imputado que se había desempeñado como Jefe de la Agrupación Buzos Tácticos, valiéndose de esa posición de privilegio para llevar a cabo los hechos que se le atribuyen, teniendo en cuenta que para evaluar tales riesgos no debe estarse a la edad o aptitud física del imputado, sino a la capacidad del hombre para influir sobre estructuras de poder que integró y que conformó una red continental de represión. El cese de la prisión preventiva ante el vencimiento de los plazos de la ley 24.390 debe ser analizado en forma armónica con la doctrina de la Corte IDH relativa al enjuiciamiento de graves violaciones a los derechos humanos. Teniendo en cuenta las graves transgresiones a los derechos humanos que se atribuyen, no parece violatorio de sus garantías fundamentales que continúe cumpliendo la prisión preventiva en su domicilio.