Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-07


ANTOLONI, Gaetano contra ACINDAR S.A.

Reg.: A y S t 211 p 108-111.

Santa Fe, 7 de diciembre del año 2005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia de fecha 8 de julio de 2003 dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, en autos "ANTOLONI, Gaetano contra ACINDAR S.A. -Cobro de Pesos- (Expte. 132, año 02)" (Expte. C.S.J. nro.

461, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1.

Por decisorio de fecha 8 de julio de 2003 la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la demandada, reduciendo la suma mandada a pagar y la incapacidad fijada por la sentencia de Primera Instancia, de acuerdo a lo establecido en los considerandos; revocar la sentencia del A quo en cuanto rechaza la defensa de compensación aducida por la empleadora la que ha de tenerse como pago a cuenta de la condena según las consideraciones del fallo; e imponer las costas del juicio por su orden (art. 252 C.P.C. y C.).

Contra dicho pronunciamiento interpuso el actor recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055, afirmando que los sentenciantes arremeten contra la ley, la doctrina y la jurisprudencia imperante.

Luego de referirse a los antecedentes del caso analizó el acuerdo realizado entre las partes.

Dijo que de sus términos surge que la suma entregada como gratificación se otorgaba por el egreso de la empresa, siendo esa la imputación que tenía, no a la incapacidad laboral; y que por ello no se puede destinar parte de esa suma a la reparación de un infortunio de trabajo.

Puntualizó las razones que desvirtúan la compensación pretendida por la demandada.

Dijo que en el caso de autos en realidad hay un despido o renuncia negociada, donde el actor en lugar de una gratificación recibió una indemnización por despido y proporcionada a su antigüedad en la empresa.

A su entender el pago solo puede referirse a lo que es propio de la L.C.T., no al pago de una indemnización de incapacidad laborativa que tiene otra regulación (ley 9688, 23643 y 24028).

Señaló que la suma pagada al egreso constituyó una necesidad alimentaria del actor y su grupo familiar, no siendo compensables las deudas de alimentos según el artículo 825 del Código Civil. Citó también en apoyo de su postura el artículo 12 L.C.T..

Por otra parte afirmó que no están presentes en el caso los requisitos que la ley establece para que haya compensación, ni en lo laboral, ni en lo civil; y que el supuesto mutuo acuerdo de ser interpretado como lo dice la accionada importa una seria restricción a los derechos del trabajador, porque contraría los principios consagrados en el artículo 7, 14 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo.

A su entender, al pretender la demandada compensar la incapacidad con lo otorgado por gratificación, resultaría perjudicado el que es víctima de una incapacidad derivada del trabajo y, en el caso, se violaría el derecho de igualdad ante la ley pues hubo operarios de Acindar S.A. que percibieron las indemnizaciones.

Por otra parte sostuvo que el antecedente "Gatarri" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es de aplicación al caso por ser totalmente diferente, porque en aquél hubo una imputación de pago concreta, y porque la forma de instrumentación y el lugar de la firma son distintos.

Manifestó que el pago de la gratificación es válido únicamente como acto extintivo de la relación laboral, una renuncia negociada y demuestra la inequívoca y concreta voluntad de la demandada de entregarle al actor, luego de 20 años de servicio, una 'gratificación especial y voluntaria por su egreso de la empresa'; nada dice el recibo de gratificación, ni el supuesto mutuo acuerdo con relación a la incapacidad laborativa de su parte.

Insistió en que la demandada quiere ir más allá de lo que el fallo de la Corte Nacional refleja en el caso "Gatarri", siendo diferente al presente, ya que los términos del supuesto acuerdo de egreso fueron distintos en un caso y otro. En el primero estaba expresamente imputado el pago de la gratificación a la incapacidad laborativa; en el presente, en relación al tema de la indemnización de la incapacidad laborativa, nada se dijo, ni tampoco surge de los términos del recibo.

Luego refirió a la conducta de Acindar S.A. en otros juicios y a la legislación aplicable, la que a su criterio impide la transacción en la forma que se hizo. También analizó los artículos 241 y 260 de la Ley de Contrato de Trabajo, destacando que no se aplican a los infortunios laborales que tienen otra naturaleza y distinta regulación.

Afirmó que un fallo contrario a su postura sería violatorio del derecho de propiedad, debido proceso, igualdad ante la ley, división de poderes y defensa en juicio.

Al alegar en torno a la procedencia del recurso puntualizó que la accionada dijo que el actor se fue por renuncia y que se le pagó una suma superior al despido. Agregó que la realidad demuestra que lo que le entregó Acindar S.A. al egreso responde a la dimisión de su parte de la empresa y a los años de trabajo en ella y no a la intención de cubrir incapacidades laborativas, sin imputación específica a ese concepto y con el valladar de los artículos 9, 13, 22 y concordantes de la ley 23643 y artículos 11, 13 y concordantes de la ley 24028.

Insistió finalmente en que la decisión atacada arremete contra expresas disposiciones legales, contraría el Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la causa "Aizaga", doctrina de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires y jurisprudencia actual que cita, como así también derechos y garantías reconocidos por la Constitución nacional y provincial.

2. Por decisorio de fecha 29 de julio de 2004 la Sala resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por entender que las hipótesis de arbitrariedad invocadas no hallan respaldo, ni siquiera mínimo y provisorio, en las constancias de la causa.

Tal denegatoria motivó la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs.55/86).

3. De la confrontación del memorial recursivo con la sentencia atacada surge que el impugnante no logra esbozar la formulación de planteos de jerarquía constitucional idóneos para el franqueamiento de esta instancia de excepción, transitando los agravios vertidos por el carril de la mera discrepancia con lo resuelto por la Alzada.

Así, la liminar lectura del escrito introductorio del recurso de inconstitucionalidad evidencia que el perdidoso, en esencia, discrepa con el criterio adoptado por el órgano jurisdiccional en la solución dada al "sub judice", intentando hacer prevalecer su propio enfoque opuesto al de la Sala, asentado todo ello en su particular apreciación de los hechos y de la interpretación de las disposiciones normativas aplicadas; mas sin lograr persuadir a esta Corte de que en tal labor -más allá de su grado de acierto o error- los sentenciantes se hubiesen apartado de los parámetros fácticos y jurídicos con que contaban para concluir que resultaba receptable la pretensión demandada de compensar la gratificación especial recibida por el actor al extinguirse por mutua voluntad el vínculo laboral.

Para arribar a dicha conclusión, el Tribunal a quo entendió que "es claro que la escritura pública da cuenta de la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, en los términos del artículo 241 L.C.T. y el mismo actor en ningún momento alegó la existencia de vicio formal o sustancial (vi s/ Acción civil"; por lo que concluyó que debía tenerse por abonado a cuenta de lo que debe percibir el actor la suma de $ 21700.

Frente a ello, cabe afirmar que podrá o no compartirse la solución arribada por la Alzada, pero lo cierto es que el perdidoso no logra persuadir con su planteo que resulte irrazonable el criterio adoptado por el juzgador en torno a la posibilidad de compensar, discurriendo los agravios por la senda de la mera disconformidad de lo resuelto.

Así pues, el quejoso no aporta razones en esta sede que convenzan de que la interpretación de la situación fáctica y normativa efectuada exceda los márgenes de legalidad y razonabilidad tolerados que permitan considerarla inadmisible, resultando insuficientes sus alegaciones vinculadas a la violación de normas del derecho civil, laboral o constitucional, o apartamiento de cierta doctrina o jurisprudencia. Ello así, pues el planteo recursivo solo refleja el intento del compareciente de imponer su propio criterio interpretativo respecto de la solución que correspondería al caso, mas sin lograr acreditar la configuración de la arbitrariedad endilgada.

Por último, resta agragar en orden a desestimar los planteos del recurrente, que esta Corte ha señalado en autos "Leyva contra Acindar" (A. Y S. T. 210, pág. 70) que "si del acuerdo de voluntades extintivo de la relación de trabajo surge la posibilidad de compensar lo abonado en el futuro, es razonable suponer que ha sido tenida en miras la posibilidad cierta de que reclamos derivados de circunstancias hipotéticas o eventuales se produzcan.

Ahora bien, el posterior reclamo podría originarse en una incapacidad derivada de algún accidente o una enfermedad, lo cual no dependerá necesariamente de que se hubiera previsto específicamente la compensación futura de un reclamo derivado de tales rubros, dicho esto último a la luz de la interpretación de lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 'Gatarri', ya que en este antecedente En definitiva, todo lo expuesto conduce a concluir que no se advierte en el "sub exámine" la existencia de una cuestión constitucional aprehensible que legitime el franqueamiento de la instancia excepecional ante esta Corte. Es que, la conclusión a la que arribó la Sala podrá o no compartirse, pero en la medida en que no implica un palmario apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)