marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, contrato de trabajo eventual, fraude laboral, orden público laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Pazzaglini Carlos Darío c/ Sotyl S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-07

Mientras las empresas que operan bajo la modalidad eventual de contratación cumplan acabadamente con los requisitos de ley, ninguna responsabilidad podría caber a la empresa usuaria, pues ambos sujetos de derecho estarían ajustando su actuación a la norma jurídica que las habilita para llevar a cabo el negocio expuesto. Pero, si no se cumpliera algunos de esos requisitos, como por ejemplo que las tareas no fueran eventuales, entonces cae todo el andamiaje y se produce un verdadero fraude a la ley, porque se ha utilizado el art. 29 LCT, como norma de cobertura, generando una tensión entre la misma y el orden público laboral. Es decir, se ha invocado a los efectos de violar el orden jurídico imperativo "in totum". Se produce entonces un vicio en la causa fin del contrato de trabajo y la normativa pretendida pasa a ser automáticamente reemplazada por la que corresponde en su conjunto. En consecuencia, la usuaria deja de ser tal y pasa a ser empleadora. La empresa de servicios eventuales la acompaña en la solidaridad que el legislador ha impuesto con fuente legal como sanción.
Prueba pericial, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruiz Ricardo Aníbal y Verón Ramón Ricardo s/ Recurso de Casación  (L.A. Nº 36, Fº 706/712, Nº 299) Casación  (L.A. Nº 36, Fº 706/712, Nº 299)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-08-18

La pericial ponderada por el Tribunal sentenciante ha sido efectuada con sana crítica racional que son ante todo las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de experiencia del Juez, contribuyendo una y otras a que el magistrado pueda analizar la prueba con arreglo a la razón y a un conocimiento experimental de las cosas.
Acto administrativo, competencia
Materia: PROCESAL ADMINISTRATIVO
Carátula: RUIZ, RAUL c/ Y.C.F. s/ NULIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

La circunstancia de que medien actos administrativos carece de entidad para determinar la competencia de este fuero ordinario de la Administración. Esto porque por tratarse de actos administrativos las resoluciones deben juzgarse, en cuanto a su forma, con relación a las respectivas normas de procedimiento, pero ese aspecto adjetivo no puede desplazar la influencia de las reglas de fondo que rigen el caso, ya que sólo a la luz de éstas podrán aplicarse rectamente las primeras.
Régimen penal tributario, denuncia, denuncia anónima
Materia: PROCESAL - PENAL - TRIBUTARIO
Carátula: Rocatagliata. Renato s/ Procesamiento. Causa 10532
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

La denuncia de un hecho conocido a raíz de la recepción de una misiva anónima y luego de constatarse ciertas irregularidades vinculadas con la ley 23771, resulta válida por reunir los requisitos legales exigidos por la ley ritual.
Acción de amparo, competencia, acceso a la justicia, cobertura médica
Materia: PENAL
Carátula: Gorla , Carlos Jeremías c/ Obra Social Unión personal de la Unión Personal Civil de la Nación s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-19

La accion de amparo comporta una via rapida y expedita para la salvaguarda de los derechos fundamentales, que procura dar cauce al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en nuestro regimen constitucional (arts. 43 y 75, inc. 22 de la Constitucion Nacional, arts. 8.1 y 25 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos). Esa caracterizacion es la que debe presidir cualquier exegesis de las normas adjetivas que regulan su tramite, motivo por el cual no es admisible una interpretacion que suponga prolongar la incertidumbre sobre el juez competente para conocer en la causa (esta Sala, doctrina de la causa n° 45.753/14, del 27.10.14). Esta conclusion es la que mejor se aviene, por otro lado, con la entidad del derecho sustancial que se pretende tutelar, maxime si se pondera que el beneficiario de la accion es una persona que se encuentra internada en un centro de rehabilitacion. por consiguiente, estimo que corresponde hacer lugar a la queja planteada.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, Constitución Nacional
Materia: PENAL
Carátula: García, Fernando G. s/ Inf. art. 96 inc. f) dec. ley 8031 (t.o)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-22

Resulta cuestión ajena al recurso extraordinario de inconstitucionalidad la denuncia de violación de las normas de la Constitución de la Nación.
Procedimiento laboral, consignación judicial, conciliación obligatoria
Materia: LABORAL
Carátula: Ondarreta Viviana Delma c/ Chavez Martina Haydee s/ consignación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-14

Si bien el art. 2 de la ley 24.635 no ha exceptuado a las demandas de consignación de la instancia previa extrajudicial de conciliación, tal omisión no debería considerarse un impedimento absoluto para un examen hermeneútico del régimen legal que contemple los valores en juego y el sistema jurídico en general, en especial frente a la específica norma contenida en el art. 756 del Código Civil que, por su carácter material y nacional, prima sobre la ley procesal local. Dicho art. 756 del Código Civil, aunque norma material, determina que la demanda de consignación debe ser producida ante los tribunales, única sede donde puede efectuarse válidamente el depósito judicial, de modo que la ley 24.635, una norma emanada del Congreso Nacional en ejercicio de sus facultades legislativas limitadas al ámbito local, no podía haber dejado sin efecto tal disposición y menos aún por la vía implícita. En el diseño de la ley 24.635 no se juzgó necesario incluir este supuesto en el art. 2 de la ley 24.635, es decir entre los casos exceptuados de la instancia especial, al entender obvia la sede en la que debe ser presentado el depósito judicial.
Ejecución de sentencia penal, pena privativa de la libertad, trabajo penitenciario, deducciones salariales, inconstitucionalidad
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Méndez, Daniel Roberto s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01

El artículo 121.c de la ley 24.660- de ejecución de la pena privativa de la libertad-al establecer que el 25% del salario que perciben los presos por sus trabajos en prisión se destinará a un fondo de mantenimiento de establecimientos penales-, es inconstitucional, pues no sólo frustra y desvirtúa los propósitos de la ley en la que se encuentra inserto- sustentar el fin de readaptación social del condenado- , sino que colisiona con enunciados de jerarquía constitucional, siendo deber de los jueces apartarse de tal precepto y dejar de aplicarlo a fin de asegurar la supremacía constitucional, sin que se trate de apreciar el mérito, conveniencia u oportunidad de una norma dictada por el legislador, cayendo la cuestión bajo la jurisdicción de la Corte, dado que al Poder Judicial le compete garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que éstos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y decidir las controversias.
Recursos, facultades de la alzada, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: C. D. I. S.A. para fines determinados c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Apelación Art. 7° Ley 4.219
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-10-29

La "ratio legis" del art. 242 del CPA. consiste en limitar las intervenciones del Tribunal de Alzada en consideración a la importancia económica de las causas, a partir del valor cuestionado en la incidencia, con el objeto de aliviar la cada vez mayor sobrecarga de la tarea de las Cámaras de Apelaciones.
CUIL, deberes de la administración, Administración Nacional de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MOLINERO SUAREZ Y CIA. S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-31

Corresponde a la A.N.Se.S. otorgar el C.U.I.L. y/o controlar adecuadamente cualquier irregularidad o peculiaridad que pueda llevar a situaciones de conflicto. Así pues, no sólo está capacitada para detectar los posibles errores, sino para procurar su rápida y efectiva corrección, evitando dispendiosas gestiones que, lejos de favorecer el normal desenvolvimiento de su gestión, la entorpecen y distorsionan con situaciones subsanables y que no ameritan el tiempo y dispendio que con ellas se pierde.
Proceso contravencional, medidas cautelares, secuestro de bienes, nulidad procesal, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, C..A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

Analizadas las presentes actuaciones observamos que si bien en el acta contravencional la medida precautoria estaría confirmada por la Sra. Fiscal interviniente, la misma no ha sido comunicada al Sr. Juez, sino que toma conocimiento en oportunidad de la petición de devolución de los efectos secuestrados hecha por el imputado, procediendo ello dos meses después del labrado del acta.

La inobservancia de los actos procesales dados en los presentes actuados, atentan con lo dispuesto en el artículo 13, inciso 3º in fine de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde establece la nulidad de los actos que vulneran garantías procesales y las pruebas que se hubieren ob
Despido verbal, carga de la prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: CAYO, Carlos Osvaldo c/ ANDRETTA, Antonio Alfredo s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-09-18

Partiendo del principio que quien alega un hecho debe probarlo, el accionante debió acreditar el despido verbal, anterior a la remisión del primer telegrama, invocado por el mismo. No habiéndolo hecho así, no corresponde considerar tal despido.-
Accidentes de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Moreno Francisco y Otra en nombre y representación de los hijos menores c/ Machi Gustavo s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-05-13

La prueba aportada por la parte actora, aún apreciada en su conjunto, está lejos de poner de manifiesto el supuesto presuntivo por lo que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre las condiciones que debe reunir la prueba para acreditar la prestación de servicios constitutivos de un contrato de trabajo y, siendo condición indispensable para hacerse acreedor a la indemnización del artículo 8  de la Ley 24.028, haber sido dependiente de quien se reclama.
Violación, costas, litisconsorcio
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: BIMA SUSANA BEATRIZ c/ CAMARA DE LA MADERA DE CORDOBA s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-04-14

Corresponde desestimar el recurso de casación por la causal del art. 95 inc. 1ro. L.P.T., en cuanto a las costas por la demanda rechazada (diferencia de haberes por categoría superior) que le fueran impuestas a la accionante, si entre el caso de autos y el precedente opuesto como contradictorio no se verifica la necesaria identidad fáctica. En el sub- examen ha existido una acumulación subjetiva de acciones. La causa próxima de la referida a diferencia de haberes fue la creencia del actor de encontrarse incorrectamente retribuido,vigente el contrato de trabajo. Luego se produjo un hecho distinto: el despido dispuesto por la patronal que di o origen a la segunda demanda.Dichas causas sólo se vinculan por el "cuantum". En la opuesta como contradictoria, en cambio, existió una sola acción con diferentes pretensiones, la que fue parcialmente admitida.

Este tribunal se ha pronunciado reiteradamente acerca de la condena en costas en el supuesto de demandas iniciadas antes de la vigencia de la Ley 7269,sosteniendo una situación de "transición" destinada a paliar los efectos de una nueva ley frente a un supuesto no previsto expresamente. Sin embargo,la descripta no es la situación de autos, porque el actor inició su demanda bajo la vigencia de la Ley 6052 y art. 45 L.P.T., que consagraban el vencimiento objetivo, es decir, que en oportunidad de promover la demanda se conoció que en principio, en el supuesto de desestimársela en todo, las costas le serían aplicadas al accionante, a menos que el tribunal justificadamente encontrara razón para eximirlo. Nada cambió al dictarse la Ley 7269 desde este punto de vista,por cuanto siguió el mismo sistema. La situación del actor no puede mejorarse por la circunstancia de que se haya acumulado otra acción, promovida con motivo del despido, hecho que ni siquiera pudo tenerse en cuenta al incoar la primera demanda.

Si no ha existido una acumulación objetiva de acciones, es correcto el criterio de que la rechazada, lo sea con costas a la actora y la admitida por cuenta de la demandada.
Elecciones primarias, candidatos, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Acosta, Leonel Ignacio c/  s/ Impugnación de precandidatos elecciones primarias - Frente Justicialista Riojano
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-22

Debe dejarse sin efecto la sentencia de la Cámara Nacional Electoral que había inhabilitado al interesado para presentarse como precandidato a Senador Nacional en las elecciones primarias, habida cuenta que la decisión resulta arbitraria porque intentó dirimir dogmáticamente la inhabilitación de un candidato con la sola apelación a un fallo del mismo tribunal, al cual le otorgó entidad de precedente sosteniendo que la similitud entre los casos resultaba incontrovertible sin aportar los necesarios elementos que fundamenten adecuadamente tal conclusión. Además el tribunal a quo tampoco tuvo en cuenta los cambios jurisprudenciales operados en lo que respecta al alcance de las garantías que rodean al proceso penal, en especial el derecho a la revisión de las sentencias condenatorias.
Subasta judicial, publicación de edictos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bco.Mayo c/ Pellicioni s/ C. Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-22

La pretensión de que se publiquen edictos en un diario privado sin cargo, pero con derecho a percibirse en forma preferente luego del remate, con fundamentos en los arts. 182 y 273 inc. 8 Ley 24.522, debe ser rechazada en el juicio ejecutivo pues la gratuidad aun temporánea no alcanza aquellos gastos relacionados con prestaciones hechas por terceros, ya que el deber general de los ajenos al pleito de colaboración con la administración de justicia no puede llevarse a tal extremo. (Minoría u opinión personal)
Prueba pericial, dictamen pericial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: VIAJES ATI  S.A.  EMPRESA DE TURISMO c/ M.C.B.A. s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-27

Cuando es terminante la afirmación pericial en el sentido que la contabilidad es llevada en legal forma, de acuerdo con la reglamentación vigente, el dictamen constituye una descripción de la realidad que brinda elementos fehacientes que permitan la adecuada interpretación de los hechos que incumbe establecer.

Los libros de comercio hacen prueba cuando sus asientos se encuentran respaldados por documentación fehaciente, según lo establece el art. 43 del Cód. de Comercio. El atraso en la registración de los asientos no desvirtúa su eficacia probatoria, en la medida que los elementos de convicción que se aportan son corroborantes de la prueba que surge de las demás constancias de la causa.
Allanamiento sin orden, secuestro de personas, nulidad procesal, prueba prohibida, regla de exclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez Carballo, Jorge Horacio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-03

La excepción del art. 227 C.P.P.N. no tiene por base asegurar mayor eficacia de las investigaciones, sino que contempla un supuesto de hecho de defensa necesaria de un tercero y sobre esa base establece una regulación procesal específica. Mientras que por regla la falta de un auto fundado de registro emitido por el juez acarrea la nulidad del acto de inspección domiciliaria, si se da el supuesto de hecho del art. 227 inc. 5°, no se requiere orden judicial ni auto fundado, sólo se requiere examinar si en las circunstancias del caso se daba el supuesto de hecho del art. 34 inc. 7° C.P., en conexión con las condiciones procesales del art. 227 inc. 5 C.P.P.N. Es nulo el allanamiento cuya finalidad no era liberar a la víctima que se encontraba en esos lugares, sino la obtención de informaciones, datos o pruebas de interés, y la fiscalía no tenía a su disposición nada que la llevara a presumir que allí pudiera hallarse el secuestrado. El voto concurrente agregó que la circunstancia de que la regla de exclusión se relacione con la violación de las garantías constitucionales, más allá del efecto orientador sobre los comportamientos de los funcionarios, neutraliza la denominada excepción de la buena fe, que busca limitar los efectos invalidantes de aquella regla. (Dres. García, Yacobucci -voto concurrente- y Mitchell).
Recurso de apelación (administrativo), inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez, Alfredo Hernán s/ Recurso de Apelación contra Resolución nº 917 I.S.S. y S.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-11-05

La ley contempla una vía impugnativa en contra de decisiones del Instituto violatorias de la ley, no según la ley, resultando inaudible el ataque de inconstitucionalidad en el ámbito del recurso así previsto.
Recurso de casación, absurdo, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL
Carátula: SEGOVIA S.A. c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS S.A. s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC. CASACION.- JUGO RUBEN OSVALDO c/ EMPRESA CONORVIAL S.A.Y/O RESPONSABLE s/INDEMNIZACION LEY 23.551, ETC. s/ RECURSO DE CASACION JUGO RUBEN OSVALDO c/ EMPRESA CONORVIAL S.A.Y/O RESPONSABLE s/INDEMNIZACION LEY 23.551, ETC. s/ RECURSO DE CASACION DIAZ, HORACIO DEL VALLE c/ LORENZO DE COSTA, MANUELA Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC.-CASACION LABORAL REYNOSO, JORGE DANIEL. c/ CARRIZO, JOSE LUIS Y/U OTROS. s/ DIFERENCIA DE JORNALES, ETC. - CASACION LABORAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-21|2006-02-14|2006-02-14|2008-12-03|2012-02-15

La revalorización excede a la competencia funcional legalmente acordada al tribunal de casación cuya misión está reservada a debatir la aplcación del derecho en ejercicio de su control de legalidad, pudiendo solamente adentrarse en el examen fáctico de la causa en forma excepcional, en el supuesto que del examen de los hechos y de la producción de la prueba resulte absurdidad, lo que traería aparejado una sentencia injusta e inequitativa, o bien en el caso que se configure arbitrariedad en el decisorio impugnado.
Compraventa de mercaderías, remito
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fides Cía. Arg. de Segs.  S.A. c/ Casuscelli y Abalo  S.R.L. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-22

El remito constituye un instrumento orientado a justificar y acreditar la remisión y entrega de mercadería al destinatario.
Contrato de trabajo, convenios colectivos de trabajo, remuneración, laudo gastronómico, salario básico
Materia: LABORAL
Carátula: Bohl, Eduardo Enrique y otros c/ Diez, José. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

No es posible sostener que, vigente la ley 21.307, a cuyas disposiciones remite expresamente el art. 6° de la ley 22.310, esta última hubiese dispuesto un doble sistema de cálculo de salarios, uno de ellos basado en el promedio actualizado de los últimos 6 meses de labor y el otro en los básicos de convenio para el restante personal del sector - gastronómico -, pues ello se traduce en una indudable desviación de la finalidad perseguida mediante la derogación del método de retribución por porcentajes sobre las ventas, cual es la corrección de un estado de desigualdad en las remuneraciones de una misma actividad, máxime si se tiene en cuenta que el desnivel así creado no se sustenta en la mayor laboriosidad y contracción a las tareas por parte de los dependientes (art. 81, Ley de Contrato de Trabajo) sino en la circunstancia eventual de que la fecha de iniciación de la relación laboral hubiese sido anterior a la sanción de la citada ley.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, silencio de la administración, interpretación de la ley, consentimiento tácito
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Selecto S.A. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Accion meramente declarativa Accion meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-05

El silencio de la administración no equivale a consentimiento tácito de los órganos estatales ya que se trata de una conducta no apta para ser considerada como una manifestación positiva de voluntad pues, salvo disposición expresa del orden normativo, el silencio debe ser interpretado en sentido negativo.

Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reiterado que nada debe tomarse como concedido sino cuando es dado en términos inequívocos o por una implicancia igualmente clara. (Fallos: 308:618, considerando 8 y sus citas y Maruba S.C.A. Empresa de Navegación Marítima c/Estado Nacional, sentencia del 30/06/98).
Ley sobre riesgos del trabajo, daños y perjuicios, reparación integral, accidentes de trabajo, obligación de no dañar, alterum non laedere
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.  s/ accidentes ley 9688
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-21

La Ley de Riesgos del Trabajo ha negado, a la hora de proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador, frente a supuestos regidos por el principio alterum non laedere, la consideración plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación, seguidos por nuestra Constitución Nacional, que no deben cubrirse sólo en apariencia.
Prescripción adquisitiva, pago de tributos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Balmaceda, Lorenzo c/ Rodriguez Cores, Clementina s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

Si bien uno de los elementos de juicio de mayor atendibilidad está dado por el pago de impuestos o tasas que gravan el inmueble "sub -causa", por parte del poseedor, aunque los recibos no figuren a su nombre; dicho extremo se afeblece totalmente cuando la oblación se efectúa en una única ocasión y al filo de la promoción de la demanda.