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Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia del Chubut c/ A.A.A. y Otros s/ Amparo - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-31

La procedencia de la apelación contra el decisorio que declara la deserción del recurso no es una vía admitida en forma pacífica. Así, la Cámara de Apelaciones de Trelew, en composición única, señalaba que la deserción del recurso no resulta susceptible de apelación, ni directamente ni en subsidio. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires también entendió que para ello la queja era la vía idónea (Ac. 43.579). Este Superior Tribunal, en anterior conformación, recordó también la opinión de Adolfo A. Rivas, para quien "la decisión de deserción puede cuestionarse por revocatoria con apelación en subsidio o apelación directa, a opción del recurrente, y no por queja".
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, derivación no razonada del derecho vigente, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALVAREZ, ANA MARIA Y OTROS c/ COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA 2DA. CIRCUNSCRIPCION s/ RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

Habiendo sido recurrida la resolución del Juzgado por no haber resuelto, ni mucho menos brindado fundamentación alguna en relación a quién debía hacerse cargo del pago de los honorarios del recurrente, y pese a que la propia Cámara incluso tildó de inmotivado el auto recurrido, luego incurrió en idéntico vicio, al efectuar una escueta interpretación de la situación suscitada en autos, sin apoyo de principio o norma legal, doctrinaria o jurisprudencial alguna, en un plano en el que la cuestión merecía una especial valoración, dado que su actuación se enmarcaba en lo descripto por el artículo 114, 1° párrafo, del Código Procesal Laboral, por lo que las razones aquí expuestas me conducen a colegir que la respuesta jurisdiccional, en razón de la falta de motivación apuntada, no puede ser aceptada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias del caso y, por lo tanto, no reúne las condiciones exigidas por el orden fundamental para la satisfacción del derecho a la jurisdicción del impugnante. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Netri y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral, artículo 114, 1° párrafo
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, jurisprudencia, fallos de la Corte Suprema, ley de emergencia, decretos, decreto de necesidad y urgencia, emergencia económica, entidades financieras, banco central, depósito bancario, depósito a plazo fijo, cancelación de deudas, bonos externos
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Manzi, Carlos A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Es descalificable el pronunciamiento que atribuyó supuestamente una responsabilidad al Estado que ha sido desconocida de una manera específica por la Corte Suprema en supuestos análogos, ya que importó también convalidar una postura del demandante manifiestamente contradictoria e igualmente inadmisible, pues no formuló cuestionamiento alguno respecto al decreto 36/90, sino que expresamente reconoció en el inicio y ratificó con posterioridad el carácter de "reglamento de necesidad y urgencia" de esa disposición y, en particular, su "legitimidad" (Disidencia parcial del Dr.

Eduardo Moliné O'Connor).
CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL, ley vigente
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-06

No puede caber duda, en este caso, sobre la continuidad, vigencia y convalidación legislativa del Código Electoral Nacional aprobado por la Ley 19.945, por cuanto dicho plexo normativo fue objeto de tratamiento expreso en oportunidad de experimentar sucesivas modificaciones por el Congreso de la Nación, lo que importó, aunque más no sea tácitamente, que el Poder Legislativo federal al no derogarlo, ha confirmado su vigencia, cosa que también ha ocurrido con la Legislatura de la Ciudad, a partir de la sanción de unos pocos preceptos que se proyectan, con carácter singular y local, a los procesos electorales en éste ámbito. (Voto en disidencia del Dr. José O. Casás).
Impuesto sobre los ingresos brutos, transporte interno, coparticipación federal, facultades tributarias provinciales
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: TRANSPORTES VIDAL S.A. c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-31

El reparo formulado al precepto de la ley 20.221, modificado por la ley 22.006, que permite gravar con el impuesto a los ingresos brutos el transporte interjurisdiccional en la forma prevista en el Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977, promueve el exámen de una cuestión insustancial, ya que el otorgamiento de esa facultad no importo acordar una prerrogativa que las provincias no se hubieran reservado.
Costas, desistimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: LLOYDS BANK c/ SAN ROMAN CARLOS F. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-10-31

Todos los códigos del mundo, modernos y antiguos, hacen recaer sobre el desistente la responsabilidad por las costas. Sólo algunos admiten excepcionalmente motivos de exoneración, como el Código de la Nación cuando el desistimiento "se debiere exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia" producidos durante el curso del pleito (art. 73).

Nuestro Código no cuenta con una norma general en esta materia sino sólo para el caso especial del desistimiento o abandono de los recursos, supuesto en el cual las costas se imponen al desistente sin consideración alguna de orden subjetivo (art. 360). Pero el criterio no puede ser distinto para el desistimiento en primera instancia porque el supuesto de hecho es exactamente el mismo.

La falta de culpa del desistente no justifica la exoneración puesto que la responsabilidad por las costas no está fundada en la culpa sino en el hecho objetivo de haber llevado a juicio al adversario y haberle generado gastos que a la postre resultan innecesarios. El uso mismo del proceso -culpable o no, no interesa- es lo que genera esta responsabilidad; la parte que promueve el juicio lo hace por su cuenta y riesgo, sabiendo que sólo podrá liberarse de las costas si el adversario es vencido. Faltando ese vencimiento, precisamente porque el actor lo hace imposible evitando la sentencia,no hay fundamento alguno para trasladar aquella a quien no promovió el juicio.

Cosa distinta ocurre en un caso de allanamiento, ya que son distintos los principios que regulan las costas con respecto al desistimiento, la falta de culpa exime de costas en el allanamiento, no así en el desistimiento.
Impugnación de la paternidad, derecho a la identidad, reconocimiento de hijo extramatrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: Taffarel, José Luis Ramón c/ Taffarel, María Lucrecia y Otro s/ ordinario (ap. al 8306)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-10-19

En la impugnación del reconocimiento de filiación extramatrimonial, si se acredita los extremos habilitantes de la acción (art. 593 CCC), ésta debe prosperar, no estando contemplada por la norma como circunstancia obstativa de su procedencia la tutela del derecho a la identidad en su faz dinámica de la persona reconocida.
Querellante, secreto del sumario, vista de las actuaciones
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "ANACABE, Omildo N....". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-01

No habiéndose decretado el secreto del sumario, la decisión restrictiva de no permitir a la querella el acceso al expediente, sustentada únicamente en la circunstancia de no haberse indagado a persona alguna, resulta contraria al derecho constitucionalmente reconocida a esa parte de actuar y formular acusación en el enjuiciamiento que, en consecuancia con las reglas fijadas en el ordenamiento ritual y con el fin mismo de la instrucción, incluiye la posibilidad de identificar y perseguir penalmente a los responsables del presunto delito cometido en su perjuicio.
Seguros, asegurador, acreedor hipotecario, incumplimiento del contrato, siniestro, indemnización, cesión de derechos, subasta de inmuebles, venta forzosa, interés asegurado, desaparición del interés asegurado
Materia: COMERCIAL
Carátula: AUTOMOVILES  VICENTE LOPEZ  S.A.C.I.F.I. c/ LA REPUBLICA COMPAÑIAARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-22

Cabe rechazar la demanda promovida contra una compañía de seguros por el acreedor hipotecario de la asegurada, por cumplimiento del contrato de seguro celebrado por su deudora en resguardo del inmueble sobre el que recaía el derecho real de hipoteca, a raíz de la ocurrencia del siniestro; toda vez que, si bien la accionante ya es mencionada en la póliza como cesionaria de "los derechos a la indemnización que correspondan para la póliza de referencia, en caso de siniestro."; sin embargo, tal condición no la constituye como parte en el contrato, y menos aún como "tomadora" del seguro; no obsta tampoco a lo resuelto, la circunstancia de que la accionante adquiriera el inmueble en la subasta judicial ordenada en la ejecución que, aquella misma, inició ante el impago de su crédito; que abonara el precio mediante compensación, le fuera entregado el testimonio para la inscripción de la venta y tomara posesión efectiva del bien meses antes del siniestro, y que a partir de allí, concediera autorización a una inmobiliaria de la zona, para enajenar el inmueble; pues, el accionante no informó a la aseguradora el cambio de titularidad del interés asegurable, tal como lo exige la Ley 17418: 82; además, la ley expresamente extiende la exigencia de esta norma al caso de la venta forzada (Ley 17418: 83) fijando el "dies a quo" del plazo para hacerlo, en la fecha de la aprobación de la subasta, y no lo hizo, pese a que tal carga recae sobre el nuevo titular del interés, que desee continuar con el amparo del seguro (cfr. Meilij Gustavo R. y Barbato Nicolás H., "Tratado de Seguros, Contrato de Seguro - Seguros de Daños", p. 56); es que al asegurador no le es indiferente la persona del asegurado; al contrario, tiene muy en cuenta esa circunstancia, al celebrar el contrato de seguro; tanto es así que la ley faculta al asegurador, cuando se transfiere el interés asegurado, para rescindir el contrato, si no le satisface la persona del nuevo titular del interés asegurado (cfr. Soler Aleu Amadeo, "El nuevo contrato de seguro", p. 16); por lo que cabe concluir que al tiempo del siniestro, la aseguradora ya había quedado liberada de cumplir su prestación conforme a la mentada Ley 17418: 82, párr. 5°; es que transcurrieron más de 22 días desde que la subasta fue aprobada, número que comprende los siete días que el nuevo titular tiene para comunicar el hecho y los quince que deben transcurrir para que la aseguradora quede liberada (LS: 82, último párrafo).
Estado Provincial, régimen de consolidación de deudas, emergencia económica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cía. de Estudios y Construcciones Ingeniero Rodolfo Cornero SRL c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Incidente de apremio. Solicitud de Homologación Judicial de convenio  de pago (EXPTE CSJ Nº 251-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

La Ley 23696 sólo legisló para el ámbito nacional y de la Municipalidad de Buenos Aires, y de igual manera, la ley 23982 dispone -en el artículo 19- que las provincias "podrán" consolidar las obligaciones a su cargo que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 1 con la única limitación de que las normas locales respectivas no podrán introducir mayores restricciones a los derechos de los acreedores que los que establece la ley respecto a las deudas del sector público nacional, otorgando a los estados provinciales una autorización meramente facultativa para el caso de que éstos encontraran reunidas en sus respectivos territorios las condiciones de la emergencia. En la Provincia de Santa Fe, el instrumento jurídico fue la ley 10472, prorrogada por ley 10798 y decreto 4449. Este conjunto normativo fijó, en definitiva, el período de duración de la emergencia provincial y, acorde con ella, el término de su vigencia. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr.

Barraguirre).
Honorarios, proceso judicial, principios procesales, sentencia definitiva, cumplimiento de la ley, regulaciones parciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Alvarez, Francisco Baltasar c/ Celsur Logistica SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-27

Procede revocar la resolución que difirió la regulación de honorarios para el momento de dictar sentencia. Ello por cuanto, si bien, en principio, los emolumentos profesionales se deben fijar en la sentencia definitiva o, en su caso, en el decisorio que pone fin al litigio, ello no obsta la procedencia de regulaciones anticipadas, o de incidencias ya resueltas -CPR 69-. En tal marco, cumplida la labor profesional por parte de los profesionales y resuelta -en el caso, con carácter firme- la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta como de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente y oportuna la fijación de la retribución, toda vez que si bien en la especie el a quo no denegó la regulación de los estipendios, sino que la difirió para la oportunidad de dictar sentencia, tal temperamento torna inaplicable el principio establecido en la norma citada (conf. CNCom, Sala B, "Alagro SA c/ Ceres Agropecuaria SA s/ ordinario" del 18/4/07).
Presunción de inocencia, sentencia condenatoria, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Jorge Enrique González Nieva en la causa González, Jorge Enrique s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley en causa n° 43.787 y 43.793 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-08

Resulta decisivo que el juez, aún frente a un descargo que pudiera estimarse poco verosímil, mantenga una disposición neutral y contemple la alternativa de inocencia seriamente, esto es, que examine la posibilidad de que la hipótesis alegada por el imputado pueda ser cierta; desde esta perspectiva, la presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional puede ser vista, en sustancia, como el reverso de la garantía de imparcialidad del tribunal.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, jubilaciones, pensiones, Suprema Corte de Buenos Aires, proceso penal, acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL -
Carátula: Otaño, María Magdalena c/ Caja  de  Jubilaciones,  Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Pcia de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-21

No procede la tacha de rigorista y arbitrario contra el pronunciamiento de la Suprema Corte de Buenos Aires que consideró formalmente improcedente la acción contenciosoadministrativa contra la resolución de una caja de jubilaciones que dispuso mantener pendiente una solicitud de jubilación ordinaria hasta que resolviese la causa penal instruía a la actora, fundándose en que este acto administrativo no denegó definitivamente el derecho reclamado, limitándose a postergar su tratamiento.
Gastos del proceso, costas, vencimiento parcial y mutuo, recurso de inconstitucionalidad, incongruencia, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Alfonso, Hugo c/ Asociación Mutual Ruta s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Regulación de honorarios (Expte.:  C.S.J. N  296 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-03

Si el Tribunal estimó que la "declaración del derecho" a favor del accionante era parcial, esa es, sin más, la medida que determina el pago de los gastos del proceso; por lo tanto el "sub judice" no puede asimilarse a aquellos supuestos donde el Sentenciante sólo desestima algunos argumentos -razones alegadas por las partes en defensa de sus postulaciones-. En consecuencia, del carril de la aludida autocontradicción en que incurre la Sala para imponer las costas del litigio a la ahora recurrente, también se desprende que ésta propicia una hermenéutica equivocada de la normativa que considera que rige el "sub lite", ya que la caracterización de parte "vencida" -a los efectos de aplicar el artículo 251 del código de rito- importa necesariamente que haya obtenido un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso, salvo un resultado favorable insignificante, circunstancia que, en modo alguno, acontece en la especie; por lo tanto, el pronunciamiento en crisis no constituye derivación razonada del derecho en vigor y, por ende, debe ser anulado.
Revocación del auto de procesamiento, delitos contra la salud pública, falta de mérito, prueba, adulteración de medicamentos, falsificación de medicamentos
Materia: PROCESAL
Carátula: Zanola, Juan José y otros c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-08

Procede revocar el decisorio en cuanto dispusiera el procesamiento de Guillermo Luis Kenny Gabrielli y Warren James Grimberg, y disponer que no existe mérito suficiente como para procesar o sobreseer a los nombrados en orden a los hechos por los que fueran indagados. Ello así por cuanto, por un lado, el informe técnico contable elaborado por la División Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal Argentina, si bien ha permitido corroborar las sospechas que existían en tomo al modo en que se ejecutó el contrato, no vinculó a los fiduciarios con los hechos endilgados -asociación ilícita y coautores de la defraudación a la Obra Social Bancaria Argentina-. De acuerdo a ello, y en la medida en que ninguna constancia se incorporó que permita sostener que los nombrados 110 sólo estaban en conocimiento de algunas de las irregularidades que se detectaron en tomo a las solicitudes de pagos que recibían, sino que además participaban de los hechos del modo que exige la figura contenida en el art. 210 del CP, es que los procesamientos son revocados.
Posesión, frutos
Materia: CIVIL
Carátula: Los Alpatacos SCC. c/ García Salguero, Roberto H. s/ SUMARIO S/CASACIóN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-06-23

Si bien la situación del poseedor a que refiere el art. 2433 del CCI. es semejante a la de un administrador de la cosa, dicho régimen es diferente a la del poseedor de buena o mala fe, ya que éste, a contrario del primero no hace suyos los frutos percibidos y no responde como el segundo por los frutos que se hubieran podido percibir, igualmente tampoco carga con el deterioro o pérdida de la cosa por caso fortuito.
Estafa, idoneidad de la falsificación, ardid
Materia: PENAL
Carátula: Miño, Cipriano s/ Estafas Reiteradas
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-06-01

Si bien es cierto que puede aparecer burdo el ofrecimiento de una jubilación o pensión en los términos en que se habría sido efectuado, no lo es menos que tal accionar se ha pergeñado en un especial contexto social y ante una situación socio-económica de innegables carencias donde, curiosamente, imperan regímenes de privilegio o situaciones de igual tenor dentro del contexto previsional ordinario. Siendo ello así, fácil resulta colegir que atendiendo a la condición social de los nueve damnificados, bien pudieron dar crédito a los "buenos oficios" de quien se decía vinculado políticamente con el partido entonces gobernante. Debemos convenir que sin perjuicio de que no obre documental alguna, no es factible suponer una suerte de conjura entre nueve vecinos que coincidentemente lo sindican al imputado como autor de tal accionar, por lo que en este estado y en el marco de provisoriedad que el auto de procesamiento requiere, cabe confirmar el auto apelado.
Acción de amparo, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "AGUILERA,   PABLO  MANUEL  Y  OTROS c/ A.N.Se.S. s/ Amparos  ysumarísimos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-24

Si bien la Constitución Nacional no incluyó como requisito del amparo lo dispuesto en el art. 2, inc. a) de la ley 16.986, en cuanto a la inexistencia de otro medio administrativo más idóneo, ello no implica -aún cuando la reforma constitucional produjo una trascendente innovación a favor del acceso a la justicia por parte de los administrados- que el trámite del amparo se haya ordinarizado y dejado de ser un instituto de excepción. En consecuencia, desprendiéndose de las constancias de la causa que la cuestión en debate requiere un estudio más complejo que el que resultaría posible efectuar en un proceso de carácter sumarísimo como el amparo, por cuanto impondría -en el caso- entrar a analizar, entre otros aspectos, los alcances de los términos de la transferencia de un sistema de previsión social provincial, al no haberse debatido adecuadamente sobre los aspectos mencionados atento el prieto marco procesal del remedio intentado, debe concluirse que la acción incoada no resulta admisible. (Del dictamen Fiscal al que adhiere el voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, plazo, defensa en juicio, Constitución Nacional, proceso penal
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Mevopal  S.A.  y otra c/ Banco Hipotecario Nacional s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-26

El art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por referirse específicamente al recurso ordinario de apelación ante la Corte, debe prevalecer sobre el art. 244, principio del que sólo se ha hecho excepción en cuestiones de índole penal donde se halla comprometida la posibilidad de una efectiva defensa en juicio del afectado.
Empleados públicos, aptitud psicofísica, dictámenes, resoluciones irrecurribles, recursos administrativos, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA, EULALIO ORLANDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 87-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-10-29

La irrecurribilidad consagrada en el artículo 8 del decreto 1120 80, esteriliza definitivamente el sistema de recursos que no solo la ley, sino la Constitución estatuyen, porque quedarían hueros de todo contenido propio y limitados a ser una simple formalidad para acceder a la vía judicial. Siendo preciso recordar que "la garantía de la defensa no ha de transformarse en un mero ritualismo, sino que consiste en la posibilidad de efectiva participación útil del administrado".