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Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, cuerpo del delito
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: OSVALDO FRANCISCO DE LUCA Y OTROS s/ FALSIFICACION DE MONEDA EXTRANJERA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-19

No habilita la instancia extraordinaria el agravio referido a la existencia del cuerpo del delito, ya que su contenido remite al examen del criterio empleado por el a quo en la selección y valoración de las constancias del proceso, y la decisión cuenta en ese punto con suficientes fundamentos de hecho y prueba y de derecho procesal que bastan para desechar la arbitrariedad que se invoca
Prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva, prórroga del plazo, sentencia condenatoria, sentencia no firme
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Aguilar Vaca, Guido A. s/ recurso de casación. Causa: 532
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

La norma hace referencia a los plazos previstos en el artículo 1°, ley 24.390, y los prórroga por seis meses más, "cuando los mismos se cumpliesen mediando sentencia condenatoria y ésta no se encontrara firme". A partir de la interpretación gramatical y sintáctica de aquel artículo, no caben dudas de que tanto el lapso general de dos años, como el de tres, deben prorrogarse cuando hubiese recaído sentencia no firme.
Intereses, tasa pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bagnardi, Martín y otro c/ Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

De conformidad con lo establecido por el art. 8º de la ley 23.928, la actualización monetaria o repotenciación de créditos podrá computarse en caso de corresponder, hasta el día 31 de marzo de 1991, debiendo aplicarse a partir de esa fecha, para la liquidación de intereses, la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación.
Accidente de tránsito, responsabilidad del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: CHAVEZ, PEDRO DAMIAN c/ NICASTRO, MARIO Y OTRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-22

La circunstancia de que el accidentado sea menor de edad, no destituye su admisión en orden a que cruzó corriendo desde que se trata de acreditar un hecho, el cruce desatinado, no un acto jurídico, único destinatario de lo dispuesto en los arts. 54 y 59 del C.Civil. La senda peatonal no constituye santuario, ni habilita para cruzarla de manera desaprensiva, visto que su función de proteger al peatón se concreta en la prioridad de paso, sin extenderse a los supuestos imprevisibles que, al cruzar corriendo no parece precisamente accidente sino hecho ilícito del accionante, art. 902 del código citado, pues la carrera del menor descarta que el accionado haya debido encontrarse preparado para frenar, dado lo inesperado y arbitrario del cruce, máxime si el taxista circulaba a baja velocidad, por su carril y en busca de pasajeros. Si hubo culpa exclusiva de la víctima, art. 902 y 1113, párr. 2 del C.Civil corresponde rechazar la demanda.
Fiscal de Estado, allanamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bocazzi S.A. c/ Provincia de Buenos Aires. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

Corresponde admitir el allanamiento formulado por la Fiscalía de Estado a la pretensión actora de reajuste dinerario de una multa impuesta a su parte y cuya devolución parcial se dispuso en consecuencia de un fallo anterior del Tribunal, el que debe computarse a partir de la fecha en que se pagó el certificado de cuyo monto se descontó la multa y no -como lo pide la actora- desde la entrega del certificado 'negociable', toda vez que la mera invocación de este carácter es insuficiente por sí sola para tener por cierto el momento en que se concretó el descuento de la suma retenida.
Recurso de queja (procesal), beneficio de litigar sin gastos, depósito previo, exención de depósito
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Montero, Susana Dolly s/ recurso de queja en causa 46.043.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

El beneficio de litigar sin gastos no es apto para obtener la exención del deber de integrar el depósito previsto en el art.

286 del Código Procesal Civil y Comercial de la NACION si no fue promovido y obtenido en la misma causa en que se pretende hacerlo valer (art. 86, a contrario sensu, del código mencionado).
Nulidad procesal, jueces, delegación de facultades a la Administración, Ministerio Público Fiscal, medios de prueba
Materia: PENAL
Carátula: STEINBERT, Sergio G. s/ INFRACCION LEY 13944
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-20

Las nulidades no pueden decretarse por meras conjeturas, sino sobre la base de hechos concretos y objetivos que atenten los derechos propios y reconocidos de toda persona vinculada a un proceso penal. Del art. 168 del código de formas se infiere que las nulidades deberán ser declaradas cuando impliquen violación de las normas constitucionales, sin poder advertir en dicho texto la presencia de verbo alguno que lleve a extender la aplicación de ésta a una probabilidad, posibilidad o sentimiento, ello, en aras de la interpretación restrictiva a las que se encuentran sujetas. De la lectura del ordenamiento procesal vigente se desprende distintas medidas probatorias, que en principio deberían estar a cargo del juez y en virtud de la delegación prevista en el art. 196 del código de rito, se encuentran a cargo del representante del ministerio público. Es en esta dirección que el legislador previó la incorporación del art. 194 del código de forma, que establece la excepción en relación a la instrucción del sumario, y cuya facultad se encuentra reglada por el art. 209 del cuerpo legal citado. Encuentra limitación tal facultad en el art. 210 del código de rito, último párrafo que determina que la producción de actos que por su naturaleza fueran definitivos e irreproducibles, serán solicitados al órgano jurisdiccional. Refiere la doctrina con referencia al art. 253, C.P.P.N., que pueden disponerlas la fiscalía -arts. 212, párrafo primero y 353 bis-, pese a no existir una norma permisiva expresa, siempre que se trate de un examen de posible reproducción (art. 213). Esa facultad se desprende implícitamente de la de realizar "inspecciones de lugares y cosas" (art. 212, párrafo primero), prueba ésta que puede practicarse en casos "con auxilio de peritos" (art. 218, párrafo tercero) o mediante "operaciones técnicas y científicas convenientes" (*).
Caducidad de instancia, notificación, doctrina
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: STOIZIK c/ CARMONA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A114 - 153)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-02-04

La cédula y oficio que no operaron en el caso las pertinentes notificaciones, ni las denuncias de nuevos domicilios constituyen actos interruptivos de la caducidad, pues aunque exteriorizan una manifestación real y positiva de voluntad de parte, no han impulsado los procedimientos significando un avance en su marcha.
Compraventa inmobiliaria, seña, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: ARGUELLES, RAFAEL G. c/ MANAGER S.C.A. Y OTRO. s/ DAÑO Y PERJUICIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-25

El arrepentimiento sin ofrecerse la seña doblada, sino la mera devolución de lo adelantado a la intermediaria, es incompleto; hubo ejercicio anormal del "jus poenitendi". Máxime si ni siquiera se completó o ratificó con el depósito judicial de lo realmente adeudado la excusa dada al incumplimiento no estaba justificada y demostró la voluntad de no cumplir (conf. C.N.Civ. Sala C, "Miranda, Mirta" E. c- Zein María" del 12-3-85 J.A. semanario nro. 5446, p. 16).
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: BOSSIO JORGE LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE TINTINA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ ACCIÓN DE AMPARO - CUADERNO DE APELACIÓN - APELACIÓN MEDIDA CAUTELAR VILLEGAS ALEJANDRO c/ DIRECCIÓN DE CALIDAD DE VIDA DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL Y/U OTRO s/ ACCIÓN DE AMPARO - CUADERNILLO DE APELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR MEDIDA CAUTELAR VILLEGAS ALEJANDRO c/ DIRECCIÓN DE CALIDAD DE VIDA DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL Y/U OTRO s/ ACCIÓN DE AMPARO - CUADERNILLO DE APELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-09-02|2008-10-09

El amparo consiste en un proceso principal y autónomo, mientras que las medidas cautelares constituyen herramientas accesorias de otro procedimiento.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, relación de causalidad, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Z, E s/ Recurso de Inaplicabilidad de doctrina legal. Homicidio culposo. El  agente productor del daño -Homicidio culposo por el cual fue  absuelto penalmente por duda sobre su culpa-, demandado civilmente  también por el riesgo de la cosa (artículo 1113 del Código Civil),  debe probar la ausencia absoluta de aporte culposo de su parte, para  posibilitar la morigeración de su responsabilidad por la culpa  coadyuvante, no excluyente, de la víctima? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-16

La norma del artículo 1113, segundo párrafo del Código Civil resulta clara al disponer que "...sólo se eximirá... acreditando la culpa de la víctima..." introduciendo por tanto (expresamente desde la reforma de la llamada ley 17711) un factor objetivo de atribución.

Por ello, la reducción (o morigeración) como pretensión del accionado habrá que ubicarla como un factor subjetivo del agente productor del daño con referencia a su aporte culposo en el daño causado o en la dinámica de la causación del resultado. (Del Voto en Disidencia del Dr. Tenedini). En el caso, la cuestión a resolver era si el agente productor del daño en un homicidio culposo por el cual fue absuelto penalmente por duda sobre su culpa-, demandado civilmente también por el riesgo de la cosa, debe probar la ausencia absoluta de aporte culposo de su parte, para posibilitar la morigeración de su responsabilidad por la culpa coadyuvante, no excluyente, de la víctima".
Daños y perjuicios, compensación económica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ VDA. DE ROBLES BLANCA c/ ORGANIZACION NORCEN S.R.L. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO D Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-06-11

Los daños para ser resarcibles deben ser ciertos y probados, esto es que para ser congruentes con los principios del derecho procesal, la demanda debe bastarse a sí misma, para proteger el derecho de defensa del adversario, no correspondiendo complementarla o incorporarle inferencias o interpretaciones implícitas. Así es que, el contratante que invocó los daños y perjuicios irrogados por el incumplimiento, basado en las normas de la responsabilidad contractual, para obtener su resarcimiento debe probar los daños y la indemnización cubrirá tanto el interés negativo como el positivo.
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL
Carátula: Crosta, Marta Olga c/ Neme, William A. s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-03-23

Constituye un requisito de admisibilidad de la excepción de pago que éste se encuentre documentado en instrumento emanado del acreedor o de su legítimo representante y en el que conste una clara e inequívoca imputación del crédito que se ejecuta, por lo tanto, la excepción se torna inadmisible si no surge claramente del instrumento la relación del pago con la deuda reclamada.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Leureyro, Juan Domingo s/ Robo - Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no demuestra que el "conocimiento directo y de visu" producido haya dejado sin cumplir lo reglado sobre el tema en el art. 41 inc. 2 "in fine" del C.P..
Contratos bancarios, contrato de caja de seguridad, responsabilidad objetiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: Kapusta, Teodoro y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-18

Más allá de la discusión doctrinaria del nomen contractual del servicio de caja de seguridad -o sea, si es un contrato de locación o de depósito-, lo que importa aquí es que indudablemente este tipo de contrato tiene como fin principal la custodia de las cosas depositadas en la caja de seguridad. Lo esencial es que tanto lo que busca el cliente como lo que aparentemente ofrecen los bancos a través de su estructura es la seguridad de los valores guardados en los cofres: esa es, precisamente, la motivación del cliente para celebrar el contrato, mientras que la entidad bancaria percibe un precio por la prestación de ese servicio, de indudable naturaleza compleja. Por ende, el banco asume una función de custodia y seguridad que es concebida como una obligación de resultado, siendo responsable por el incumplimiento en caso de robo -o hurto- de los objetos guardados en la caja. Pues el banco no se compromete a prestar determinada diligencia, sino a facilitar a su cliente un resultado que consiste en la tutela y conservación del statu quo de la caja (CNCom, Sala A, 15.11.00, "Fridman, Jacobo, c/ Banco Mercantil SA"; íd., Sala D, 25.11.02, "Sverdin, Raquel y otro c/ Banco Caja de Ahorro SA").
Intereses, tasas de interés, actualización monetaria, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Quilmes c/ Lopez, Lujan Graciela s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

Modificando el criterio anterior de esta Sala, se establece una tasa de interés respecto al crédito del banco accionante del 2% mensual a partir de la mora atento la naturaleza del acreedor y no haber interés convenido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scrocchi, José María c/ Scrocchi, Ernesto Amílcar s/ Simulación y colación La Paraguayita S.A.I.C.F.I. c/ Maderera Lumar s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28|1997-03-11

No transgrede la regla de congruencia el fallo que valora y decide sobre hechos conducentes y controvertidos en la causa, resolviendo en función propia de la judicatura el encuadre jurídico del caso, lo cual cumple con la exigencia del art. 163 inc. 6° del C.P.C.C., que requiere que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa y no tanto a los detalles esgrimidos por las partes en apoyo de sus pretensiones que no comprometen la defensa de sus derechos.
Presidente de la Nación, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Menem, Carlos Saúl c/ Sokolowicz, Fernando Rubén y otros. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO:REQUISITOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Por el respeto y la consideración debidos a la persona de quien ocupa la más alta magistratura política del Gobierno Federal, incumbe a los tribunales idear las soluciones que, sin afectar los derechos de la parte contraria en el proceso, permitan el desarrollo de los actos procesales dentro del marco apropiado a las circunstancias.
Sociedades comerciales, mandato
Materia: CIVIL
Carátula: QUIROS, Moisés Antonio y otro. c/ VARGIU Y ASOC. J.A.P.A. S.R.L. Empresa Constructora y otro. s/ Contratos (ordinarios).
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-03

Tal correspectividad de actividades (entre el contenido del mandato y el objeto de la empresa) no ha sido observada en el fallo en controversia, lo que se traduce en una parcializada e insuficiente ponderación del aludido medio probatorio instrumental; no habiendo merituado debidamente -el sentenciante- si el otorgamiento de tan amplias facultades , podría llegar a significar un supuesto encubierto de delegación prohibida de funciones por parte de los órganos sociales (cfr. doctrina del art. 266 de la Ley de Sociedades Comerciales, en referencia a los directores de las sociedades anónimas), o si por la notoria extensión de las potestades otorgadas por la sociedad, en rigor, no se habría consumando una suerte de designación de administrador de la empresa, que como tal debería haber sido inscripta en el registro correspondiente (cfr. art. 60 de la Ley 19.550); más cuando un sector de la doctrina sostiene que "si bien el art. 60 (de la Ley nº 19.550) se limita a mencionar a los administrador. también se refiere a la designación y cesación de representantes" (Verón, Alberto V, "Sociedades Comerciales", t. I, 2da ed. act. y amp., Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 571); circunstancias éstas de evaluación indispensable a los fines de juzgar la responsabilidad solidaria imputada por el accionante, lo que constituye -en definitiva- el objeto principal de la pretensión incoada. Atento la significativa amplitud de la representación otorgada en el mencionado poder especial, el a quo debió haber valorado si tal mandato importaba o no, un supuesto de apoderamiento en grado inadmisible para el ordenamiento.

En estas hipótesis, no basta con la simple lectura de la instrumental, sino que corresponde un juicio de valor que se funde en los elementos necesarios, para comparar y evaluar si existe un eventual vicio de exceso en la representación o delegación, según sea el caso.

A los fines de explicitar la importancia del debido tratamiento que la temática merece, en orden a la correcta resolución de la acción tentada, es del caso recordar que se ha llegado a sostener que el "apoderamiento con cláusulas que admiten o facultan a enajenar bienes, o constituir derechos reales sobre los mismos, ocasiona que se opte por.considerarlo una delegación prohibida" (Orelle, José María, "Los poderes generales de sociedades anónimas y la indelegabilidad del cargo de directores", en La Ley Sup. Esp. Sociedades Comerciales, 2004 -diciembre-, 94).

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GANDUR - POSSE.
Daños y perjuicios, responsabilidad por embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castro Zinny Hebe c/ El Pegujal S.A. s/ Cumplimiento de contrato Daños y perjuicios Banco Santander S.A. c/ Paz, José M. y otros s/ Ejecución y embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06|1995-03-28

No corresponde formular, en los términos del art. 208 del CPC una condena automática a pagar daños y perjuicios por el mero hecho del levantamiento de la medida cautelar si previamente no se juzgó que la misma había sido trabada con abuso o exceso y que había provocado daño cierto.
Acto administrativo, vicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Benitez Ramon Roberto Y Otros c/ Caja de Jublilaciones y Pensiones de Entre Rios y Estado Provincial s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-08-06

Emerge evidente de ello que la decisión adoptada por la demandada Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, resulta manifiestamente violatoria del principio constitucional de igualdad ante la ley (Art. 16 Constitución Nacional) e intrínsecamente arbitraria, al denegar a unos -los accionantes de autos- lo que ha sido concedido a otros en idénticas circunstancias y condiciones, trasladándose idéntica viciocidad a la tácita denegación, por parte del poder ejecutivo, del recurso de apelación jerárquica oportunamente interpuesto en su contra por los interesados.
Sobreseimiento, instrucción, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: CACACE, HORACIO C.A. s/ Cheque sin fondos Causa 28822
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-12

Es improcedente el dictado de sobreseimientos que parcialicen el objeto del sumario, en forma no permitida por el procedimiento, que impone que el sumario llegue a las partes acusadoras sin retaceos, para que puedan ejercer debidamente los derechos que se señalan a partir del art. 460 del Código de Procedimientos en Materia Penal (Del voto del Dr. Hendler).
Proceso penal, instrucción, prueba de cargo, automotores, secuestro de automotor, requisa del automotor
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., H. s/ Incidente de nulidad (Expte Nº 222-99, Resolución Nº  161, Tomo 5,  Folio 273)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-28

La inspección y requisa cumplidas sobre el automotor secuestrado en la causa, han sido cuestionadas por haberse cumplido sin orden del Juez y sin la presencia de éste ni de la defensa, pese a tratarse de un acto imposible de reproducir. Al respecto, cierto es que el ordenamiento procesal aplicable reclama que las diligencias que realice la prevención sean cumplidas sólo ante el temor de que desaparezcan o cuando medien razones de urgencia, mas, amén de que la urgencia como facultad discrecional que sólo puede en principio ser apreciada por el propia preventor, en el caso que ahora analizamos se percibe que la requisa del automotor era un procedimiento apto para determinar si era o no probable estar ante un responsable del hecho, lo cual amerita la calificación de urgencia habida cuenta de que eventualmente podría haber conducido a una desincriminación del aprehendido. En definitiva pues, no existen razones para nulificar la diligencia estudiada, sin mengua de la valoración que de su producido pueda hacerse en el curso del proceso.
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R., L. P. c/ G., M. E. s/ Alimentos R. V., M. I. c/ I., J. s/ Alimentos S., F. s/ Inc. fij. couta alim. en autos "S., F. c/ S., I. s/ Rec. filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-13|1995-04-18|1996-10-24

Las cuotas de alimentos deben fijarse teniéndose en cuenta el caudal y condición social del alimentante obligado a prestarlas, las necesidades del alimentario, su edad y sexo, así como que tal obligación, como la de educar a los hijos, pesa tanto sobre el padre como la madre, aún en caso de divorcio, y asimismo, ponderándose el nivel económico que mantenían los cónyuges cuando convivían (arts.

207 y 265 del C. Civil).
Debido proceso, defensa en juicio, derecho a ofrecer y producir prueba, sentencia arbitraria, Pacto de San José de Costa Rica, Constitución Nacional, Constitución Provincial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Casalini, Alberto R. y otro c/ La Industrial Maderera S.A y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

La negativa implícita a la producción de prueba pertinente, que porta la sentencia impugnada, que acogió como manifiesta la excepción de falta de legitimación, puede traducirse (como en el caso) en una directa afectación al principio de defensa en juicio y debido proceso (arts. 15 de la Constitución provincial; 18 de la Constitución nacional y 8 del Pacto de San José de Costa Rica)
Empleados públicos, reincorporación, juicio, Administración Pública, recurso de reposición (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SUASNABAR, DAVID MARCELO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 149-76
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-04-24

La reincorporación del agente al cargo que ocupaba antes de la baja, acaecido fuera del proceso, no es más que una manifestación de la actividad administrativa, que de hecho implica el ejercicio de facultades de anulación y revocación de sus propios actos por parte de la administración pública.
Enjuiciamiento de magistrados, tribunal de enjuiciamiento, Cámara de Senadores, recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Gerardo Walter c/ Estado Nacional. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

El Senado de la Nación, constituido en tribunal de enjuiciamiento es el órgano al que la Constitución Nacional (1853 - 1860) ha atribuido la función de juzgar políticamente a los jueces de la República. Se trata de un órgano equiparable a un tribunal de justicia a los efectos de la admisibilidad del recurso extraordinario.