Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-16


Rawson, 16 de Mayo de 2.007.- VISTO:- Estos autos caratulados: "Recurso de Queja en autos: "C., L. J. c/ C., A. O. s/ INTERDICTO DE RECOBRAR - MEDIDA CAUTELAR" (Expte. Nº 21659 - año 2006). (Expte. Nº 20.746-R-2006).

DE LOS QUE RESULTA: Llegan los presentes autos en virtud de la presentación directa de la Sra. L. J. C., de fs. 59/85 vta., contra la resolución de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew -obrante en copia a fs. 57/58 vta., que declaró inadmisible la casación, que interpusiera contra la definitiva, que también en copia luce a fs. 21/24 vta., por la cual se confirmó el fallo de Primera Instancia que rechazó el interdicto de recobrar entablado, con costas a la actora vencida.- 1.- Se rechazó la casación de la actora porque no se denunció el agravio de manera concreta y precisa; no se criticaron fundamentos dirimentes de la sentencia, se los indicó; porque el contenido de su discrepancia revela que la pretensión del casacionista radica en que el fallo en cuestión sea encauzado por el carril de razonamiento que él considera correcto y porque se atacó el fallo sólo por existir discrepancia subjetiva en la apreciación de los hechos o en la interpretación de las normas de derecho común y la sentencia se funde en razones que, al margen de su acierto o error, bastan para sustentar el pronunciamiento como acto jurisdiccional.- 2.- Realiza la quejosa un relato de los hechos relevantes de la causa y para criticar la sentencia desestimatoria sostiene que la Alzada entendió perfectamente que el motivo del recurso de casación es el enunciado por el art. 288 inc. "e" del Código de rito, y que toda la pieza recursiva pone de manifiesto el vicio de arbitrariedad que exhibe el fallo.- Dice que erróneamente, y en razón de que el presente recurso se trabajó sobre otro modelo en cuanto respecta a los recaudos formales, quedó inserta la frase "d) contuviere disposiciones manifiestamente contradictorias", que fue inadvertida, pero aclara que el motivo de agravio es el indicado en el inciso e), por arbitrariedad de sentencia, y así se reitera a lo largo de todo el escrito recursivo y en particular en el acápite 6 donde se enuncia específicamente.

Señala que surge que la sentencia fue impugnada por arbitrariedad porque la Alzada no trató los agravios tercero a décimo, ni las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del Juez de Primera Instancia.

Afirma que en el acápite 2 indicó que la impugnación pretende que se declare procedente el recurso, se case la sentencia y resuelva conforme a la ley y la doctrina aplicables, ello de acuerdo al primer supuesto del art. 296 del C.P.C.C. ajustable al caso de violación o aplicación errónea de la ley o doctrina legal con relación a la jurisprudencia invocada.

Aduce que el recurso no fue motivado ni fundado en mérito a la causal del art. 287 del C.P.C.C., por quebrantamiento de forma, por lo que las referencias al trámite de dicha causal por la Alzada son ociosas, toda vez que no fue expresada como motivo de agravio.

Insiste en que no planteó otro motivo de agravio que el previsto por el inciso e) del art. 288 del C.P.C.C. y que el recurso es formalmente admisible a su respecto.

Arguye que la casación al margen de las fallas que pueda exhibir, contiene referencias concretas a los elementos probatorios de la causa y a su vinculación con las cuestiones de derecho planteadas e indica los motivos por los que se reprocha la arbitrariedad constituyendo una crítica razonada del fallo al cual se atribuyen errores en el enfoque de los temas fundamentales de la litis y omisiones en el tratamiento de los agravios planteados.- Asevera que la sentencia impugnada adolece de injustificado rigor formal que afecta el principio de defensa en juicio y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Colalillo" precisó los rasgos que presenta la doctrina del "exceso ritual manifiesto"; que detalla.

Agrega que el Alto Tribunal en el caso "BOGADO" (ED t. 70 p. 172) remarca que los excesos rituales se oponen al valor justicia, que es una virtud al servicio de la verdad sustancial.

Aduce que al negar la Alzada la admisibilidad del recurso por la causal de arbitrariedad, perfectamente determinada e individualizada, desnaturaliza su finalidad en desmedro de la garantía de la defensa en juicio y frustra por esta vía el derecho de fondo en juego, que le asiste.

Sostiene haber rebatido todos y cada uno de los argumentos invocados por la Alzada, en particular la afirmación que medió un abandono voluntario de la vivienda por parte de la actora, a cuyo respecto dijo que era una afirmación apodícita y dogmática sin sustento en la prueba y comprobación de los hechos fácticos que resultan de autos y desprovista de sustento legal por las siguientes razones: a) el abandono no se presume, debe existir una manifestación voluntaria expresa, a tenor del regímen legal previsto en el código de fondo; b) está acreditado que no hizo abandono del inmueble porque concurrió todos los días hasta el 20 de Enero de 2004, en que no pudo ingresar por el cambio de cerradura; c) hasta la fecha indicada tuvo el inmueble bajo su poder de disposición, lo ocupó personalmente y con sus pertenencias y cosas, quedando el mismo cerrado con sus propias llaves, concurriendo diariamente; d) tiene derecho para usucapir por ser poseedora treintañal, en tal circunstancia no puede presumirse que haga abandono tácito; e) simultáneamente a la fecha que ocurrieron los hechos hizo valer sus derechos en el juicio sucesorio de su ex suegro, en carácter de poseedora, y esta conducta impide presumir el abandono; f) la circunstancia de utilizar más de una vivienda no evidencia el abandono de la ocupación anterior, de lo contrario ninguna persona podría tener dos o más propiedades, o residir alternadamente en diversos domicilios por las causas que así lo justifiquen; g) el motivo del traslado transitorio fue explicitado y tuvo por objeto la orden judicial de la prohibición impuesta al Sr. G. para residir en el inmueble, de quien era concubina y por ende debía acompañarlo, asimismo para evitar que se generaran otras situaciones de violencia en su grupo familiar, etc..

Señala que acerca del carácter definitivo de la sentencia y la imposibilidad futura de debatir los derechos sustanciales de las partes aludió en el acápite 4 de este recurso ante la valla que impone el art. 623 del C.P.C.C., al cual remite.

Considera que tenía derecho para reclamar como lo hizo y por la vía intentada, por lo que aún cuando la demanda se desestimara es procedente la imposición de costas por su orden.

Refiere que ha indicado claramente la falta de ponderación y valoración de la prueba testimonial que resulta relevante, por tratarse la ocupación del inmueble de un hecho que sólo puede acreditarse por este medio probatorio, principalmente por la declaración que realizó la vecina del inmueble.

Entiende que corresponde establecer la verdad jurídica y seguir las reglas de la lógica, porque era ella quien ocupaba el inmueble hasta la fecha en que sufrió el despojo denunciado por el cambio de cerraduras en el mes de Enero de 2004, y en consecuencia la acción intentada cumplió satisfactoriamente con todos los requisitos procesales de viabilidad.- Dice que la Alzada puede invocar fundamentos diferentes a los esgrimidos por las partes y el juez de grado, pero esta facultad no la exime de atender y resolver los agravios concretos que han sido formulados. La regla "iura novit curia" tiene por objeto la aplicación del derecho, y no exime al Tribunal de Alzada de analizar puntualmente los agravios ni de comprobar las circunstancias de hecho para esclarecer la verdad jurídica objetiva.- CONSIDERANDO:- Conforme el art. 299 del C.P.C.C. corresponde examinar si el recurso ha sido bien o mal denegado con arreglo a lo normado por los arts. 286, 288 y 289 del mismo código de rito.- I.- Advierte la actora su error al plantear los motivos casatorios, pues alega haber trabajado sobre un modelo, quedando inserta en los recaudos formales la frase "d) contuviere disposiciones manifiestamente contradictorias", más con ello no alcanza a demostrar claridad en su exposición, pues de la lectura del líbelo recursivo, se evidencia que asiste razón a la Cámara cuando sostiene: "Por otra parte, en el último apartado de esa misma foja, anunció que "en el acápite SEXTO se enuncian separadamente los motivos que hacen a la procedencia del recurso". Por existir más de un acápite con ese número a lo largo del frondoso escrito, resulta difícil ubicar con exactitud cuál es dicho acápite, mas de resultar el que obra a fojas 289, no esclarece definitivamente la cuestión, al referir sólo al artículo 288 inciso "e" del Código de rito.". Lo mismo ocurre en cuanto al previsto en el art. 287 del C.P.C.C., pues si bien hace alusión a lo dispuesto por el art. 296 de la norma citada y lo sostenido por este Cuerpo al respecto, nada dice, de lo afirmado por la Cámara respecto a que en varios pasajes de su casación sostiene que la sentencia adolece de nulidad; es decir no demuestra haber sido preciso y contundente en la individualización de los mismos.- Al respecto, este Superior Tribunal tiene dicho: "una de las características de la casación es que sólo tiene viabilidad en el caso de que exista un motivo legal o causa, por lo que no es suficiente el agravio, sino que se precisa que el defecto o error que se le imputa al pronunciamiento esté expresamente tipificado -objetivado- por la ley". Y citando a Guasp, "para que funcione esta vía impugnativa, es preciso que se dé una justificación objetiva legalmente establecida" (Expte. Nº 11.288/86). Al Tribunal le está vedada al respecto la aplicación del principio "iura novit curia", pues el recurso de casación es autónomo, debe bastarse a sí mismo y no puede suplir de oficio tal omisión. (Expte. Nº 11.720/87; SI Nº 59/90; 35/S.R.E./02 y 13/S.R.E./04).- Al no ser claro y concreto en la individualización de los motivos casatorios, pretende el quejoso que ex-oficio el Tribunal discierna -sin conocer cual es su pretensión precisa- la causal de casación que prevista por la ley ha de ser el pilar para la estructuración del recurso, y además que resuelva en su consecuencia, y según lo estime como conclusión de aquél análisis, cuál ha de ser el resultado de la decisión.

Resulta oportuno señalar, que las atribuciones del Tribunal sobre el particular, perfectamente delimitadas por los arts. 295 y 296 del C.P.C.C., son independientes de la carga que incumbe al recurrente, impuesta por el art. 289 inc. a, recaudo de admisibilidad que habrá de sortear para hacer viable el tratamiento del recurso por imperio legal.- II.- Impugna la actora la sentencia que declara inadmisible su casación por exceso ritual manifiesto. Es preciso advertir que para reputar de arbitraria a una sentencia, por exceso ritual manifiesto debe demostrarse cómo este se produce, y además que es manifiesto o notorio (Fallos, 247:176; 284:375; 301:750; íd, 14/11/78, ED, 81-530), e irrazonable (Fallos, 301:1067), exigencia que no satisfizo la quejosa.- Cabe decir también, que por tratarse de una figura de excepción, el exceso ritual no se presume, de modo que recae sobre el interesado la carga de probarlo en forma indubitable (Cfr. DE SANTO, "Tratado de los Recursos" -Recursos Extraordinarios- Tomo II, pág. 338, Ed. Universidad, Bs. As., 1988; Sagüés, Néstor Pedro, "Derecho Procesal Constitucional -Recurso Extraordinario", Ed. Astrea, Bs. As., 2002, Tº 2, pág. 198), para que posteriormente este Cuerpo pudiera verificarlo, y en la especie tal extremo no se ha acreditado.- Es más sobre el exceso ritual manifiesto este Tribunal ha precisado: "La jurisprudencia tiene dicho que "la doctrina del exceso ritual manifiesto no puede ser entendida como doctrina abierta, que permita sustituir a los principios de orden procesal, que tienen también su razón de ser al fijar pautas de orden y seguridad recíprocas" (SCBA, AyS 1992-III-398, AyS 1995-III-545, ED 176- 320, entre muchos otros). La ley otorga al Juez facultades-deberes para mantener el buen orden procesal -en beneficio del orden público comprometido- evitando que se desvirtúe su finalidad.- Y ninguna causa atendible que justifique un apartamiento del ordenamiento procesal vigente ha sido expuesta" (Conf. SI Nº 17/S.C.A./04).

III.- No demuestra la recurrente haber efectuado la crítica atinada a los argumentos dirimentes señalados en el punto 3 de la sentencia opugnada como no rebatidos en su casación, así no alcanza a demostrar el desacierto de la Cámara cuando sostiene en el punto 3, acápite 6) "...está ausente un elemento esencial para la procedencia del interdicto de recobrar (conf. Art. 614, inc.1°, C.P.C.C.)"; máxime cuando afirma en el acápite 9) "la decisión recaída en estos actuados, sólo resuelve el conflicto sobre la posesión actual, más no afecta los derechos sustanciales de las partes ni impide el ejercicio de otras acciones de fondo....", y sobre ello nada alega la quejosa; tampoco logra convencer con sus argumentos que su crítica al acápite 8) fuera precisa y concreta pues nada dice, de lo sostenido en el mismo de que ha operado como factor obstativo, la ausencia de los requisitos procesales y condiciones fácticas para su procedencia...."; ni se hace cargo de las razones por las cuales las costas le fueron impuestas, pues efectúa alegaciones paralelas a las dadas.- Sobre el particular se ha dicho, en más de una oportunidad que en la queja debe realizarse una crítica concreta, circunstanciada y prolija de todos y cada uno de los fundamentos esenciales del fallo cuestionado, ya que deben rebatirse todos los argumentos en que se funda. (Conf.: STJCH. SI. N° 69/S.R.E./98).

En tal sentido cabe recordar que este Superior Tribunal de Justicia en forma reiterada tiene dicho: "Que el recurso de queja, es típicamente una presentación formal que debe examinarse con estrictez, sin que pueda de oficio suplirse las omisiones en que incurre la parte, circunstancia esta última que le está impedida al tribunal por la limitación de su propia competencia excepcional; él debe autoabastecerse y demostrar el desvío jurisdiccional en el rechazo de la casación, para lo cual ésta debe quedar adecuadamente vinculada y a estos fines acompañarse" (STJCH, Exptes. Nº 12.089/88, 12.151/88, 15.862/97, entre otros), "el control de las formas impuestas es un remedio extraordinario y el tribunal debe evitar que en la práctica se desvirtúe" (Exptes. Nº 11.192/86, 12.002/88, 12.728/90, 15.862/97, entre otros).

IV.- En cuanto al agravio relativo a la falta de valoración de la prueba testimonial, ha de decirse que: "la valoración de la prueba en general, y su análisis en una típica cuestión de hecho, propia de las instancias ordinarias, no revisable en principio en casación. Es entonces imprescindible demostrar -además de denunciar- que el procedimiento lógico jurídico empleado por el juzgador ha devenido irrazonable y contradictorio con las circunstancias de la causa para así poder llegar a determinar que el fallo resulta arbitrario. (STJCh., SD Nº 01/S.R.E./99).

A más, sobre la arbitrariedad se ha sostenido que: "ella es de aplicación excepcional y cabe descartar dicha tacha cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto, limitándose a aquellas sentencias desprovistas de todo apoyo legal y fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces de modo que ello impida considerarlas como actos jurisdiccionales, no constituyendo una tercera instancia que tenga por objeto corregir pronunciamientos equivocados o que el recurrente estime por tales según su divergencia con la interpretación asignada por los jueces a los hechos y leyes comunes, ni sustituir el criterio de éstos en la solución de los temas que le son privativos" (SI N° 42 y 62/94, 118 y 120/S.R.E./04; SD N° 16/90; 18/98; 02 y 08/SRE/04, entre otras).- V.- Atento el resultado al que se ha arribado, corresponde que este Cuerpo se expida sobre las costas (Confr. art. 299, tercer párrafo del C.P.C.C.; S.D. N° 13/S.R.E./05 y S.I. N° 104/S.R.E./06). Las mismas se imponen a la actora vencida (art. 68, 1ra. Parte del C.P.C.C.) y se regulan los honorarios del letrado interviniente Dr. Luis María SOLIVELLA, teniendo en cuenta la calidad, extensión del recurso y el resultado obtenido, en un 25% de lo fijado por su actuación en la Primera Instancia, con más el I.V.A. si correspondiere (art. 14, Dto. Ley N° 2.200, modificado por Ley N° 4335, T.O. Dto. N° 138/99).

Por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia:

- R E S U E L V E - 1°) DECLARAR inadmisible el Recurso de queja interpuesto a fs. 59/85 vta.- 2º) IMPONER las costas a la actora vencida (Conf., arts. 68, 1ra. parte y 299, tercer párrafo del C.P.C.C.) y REGULAR los honorarios del letrado interviniente, Dr. L. M. S., teniendo en cuenta la calidad, extensión del recurso y el resultado obtenido, en un 25% de lo fijado por su actuación en la Primera Instancia, con más el I.V.A. si correspondiere (art. 14, Dto. Ley N° 2.200, modificado por Ley N° 4335, T.O. Dto. N° 138/99).

3°) REGÍSTRESE, notifíquese y por Secretaría remítanse estos actuados a la Cámara de Apelaciones, Sala "A" de la ciudad de Trelew, para que proceda a remitirla al Juzgado de origen, para su posterior agregación por cuerda a la causa principal.

La presente resolución se dicta con dos miembros de esta Sala, por encontrarse ausente, en uso de licencia, el Sr. Ministro Dr. José Luis Pasutti.

Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo y Fernando S.L. Royer.- Recibida en Secretaría el 18 de Mayo del año 2007.- Registrada bajo el Nº 39 S.R.E.. CONSTE Fdo. Dra. Carmen Velez -Secretaria-