Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2004-06-08


Neuquén, junio 8 de 2004.

1º ¿Resulta procedente el recurso de inaplicabilidad de ley deducido? 2º En caso afirmativo, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? 3º Costas.

El doctor González Taboada dijo:

I. A fin de lograr una mejor comprensión de los agravios vertidos por la quejosa, creo necesario efectuar una breve reseña de los hechos relevantes de la causa, que se vinculan con los motivos casatorios esgrimidos en el recurso bajo análisis.

A fs. 375/389 obra la sentencia de primera instancia que hace lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida en los presentes, contra Carlos Alberto Betancur (conductor del automóvil), Raquel Betancur (guardadora del vehículo), Gustavo Rennes (titular registral) y La Perseverancia del Sur Sociedad Anónima Argentina de Seguros (citada en garantía), condenando en consecuencia a éstos a abonar a los actores Alicia Gloria Orlandi y Luis Antonio Zanoni la suma de $ 150.000, en virtud de los daños y perjuicios sufridos a raíz del accidente de tránsito ocurrido el día 14 de mayo de 1994, del que resultare la muerte de la menor V. P. Z., hija de los actores, quien era transportada -junto con otras seis personas más- en el vehículo Fiat, Super Europa, dominio R076447, cuyo conductor era el demandado Carlos Alberto Betancur.

Sostuvo el sentenciante que el hecho dañoso se encuentra debidamente acreditado, según surge de la causa penal caratulada "Betancur, Carlos Alberto s/homicidio culposo en concurso real con lesiones culposas" (expte. Nº 1061, folio 151, año 1995) que tramitara ante el Juzgado Correccional Nº 1 de esta ciudad, en la que se condenó al codemandado Betancur a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para conducir automotores por seis años, por haber sido encontrado responsable penalmente del homicidio culposo y las lesiones graves consecuencia del accidente, según se extrae de la sentencia obrante a fs. 221/225 de las actuaciones penales referenciadas, en la que se determinó la culpa del conductor del automóvil, fundada en el estado de ebriedad en que éste conducía, la falta de adopción de las medidas básicas de seguridad y la circulación a exceso de velocidad, sellando la atribución de la responsabilidad del codemandado Betancur, la que por imperio de los arts. 1102 y 1109 del Cód. Civil se tuvo por plenamente fundada. Luego, consignó el a quo que no habiendo invocado ninguna de las demandadas la culpa concurrente de la víctima, no correspondía considerar este tópico.

Asimismo, rechaza las defensas opuestas por la aseguradora. En orden a la alegada exclusión de cobertura, fundada en la circunstancia de que según las constancias de la causa penal, eran transportadas en el automóvil ocho personas, y este hecho es tipificado como exceso de personas transportadas que supera con creces la capacidad indicada en las especificaciones de fábrica, admitida como máxima para el uso normal del rodado, conforme surge de la cláusula 1 del volante B de las condiciones generales de la póliza acompañada, entendió el magistrado, en función de la pericia accidentológica producida en autos a fs. 281/282, que no habiéndose acreditado que la circunstancia de que la joven V. P. Z. fuera transportada con siete personas más, en un vehículo preparado para transportar un máximo de cinco, haya tenido una incidencia decisiva a la hora de los daños, ni que por ello haya resultado despedida en los vuelcos realizados por el auto, y finalmente aplastada por éste, concluyendo, en base al criterio sentado por la misma Cámara "in re": "Puebla", en que para que opere la causal de exclusión, la circunstancia invocada debe tener una adecuada relación causal con el evento dañoso, lo que considera no ha ocurrido en los presentes.

Luego, respecto a la culpa grave del asegurado, invocada por la aseguradora para exonerarse de su responsabilidad, desestimó esta defensa en base a que la misma no resulta oponible a terceros, ante quienes deberá responder, sin perjuicio de repetir del asegurado lo que hubiera pagado.

Contra esta sentencia se alza la citada en garantía, expresando agravios a fs. 432/442, cuestionando la extensión del seguro y subsidiariamente el monto de los daños resuelto.

La Cámara sentenciante dicta pronunciamiento a fs. 450/453vta., revocando el decisorio de la instancia inferior, en cuanto condena en la medida del seguro a La Perseverancia del Sur Sociedad Anónima Argentina de Seguros, y en consecuencia rechaza la demanda a su respecto.

Sostuvo el ad quem que en el caso se está frente a una cláusula de exclusión de cobertura o no seguro que se refiere a una situación prohibida por la ley, por lo que el riesgo no puede ser cubierto por la póliza, ya que el art. 2º de la ley 17.418 establece que el contrato tiene por objeto cubrir "toda clase de riesgos, salvo prohibición de la ley", y entre los riesgos "no asumidos", conforme el art. 11 de la misma ley, se encuentran aquellos siniestros ocurridos en infracción a las leyes y reglamentos sobre seguridad, desde que todo acto jurídico no puede tener por objeto cosas o hechos imposibles, ilícitos o prohibidos por la ley (art. 953, Cód. Civil).

Asimismo, entendió la Cámara que la jurisprudencia citada por el juez a quo "in re": "Puebla", no resulta asimilable al caso de autos, habida cuenta que en aquel supuesto no surgía violación a la capacidad permitida, ya que aludía a la falta de comodidades del habitáculo, pero no al exceso de peso, y en los presentes no se dio cumplimiento a las normas de seguridad que autorizaban un máximo de cinco personas, con lo que al llevar ocho personas se excedió tal cantidad y con ello el peso admisible, con lo que se configuró una situación de no seguro, oponible al tercero asegurado.

Como argumento central del decisorio, sostuvo que no puede aceptarse la falta de causalidad señalada por el sentenciante de la instancia anterior, toda vez que -como lo señala el apelante- no quedan dudas que la circunstancia de viajar sobre la falda de otro de los pasajeros aumenta las posibilidades de ser despedida del vehículo, por no contar con ninguna de las formas de seguridad disponibles hoy en día y de uso obligatorio, como lo es el cinturón de seguridad, "además de hacer notar que el desplazamiento hacia el centro del peso claramente determina una menor estabilidad del vehículo que deja de estar repartido y sin duda guarda relación con el zig-zag impreso al rodado, el que no halla explicación sino por la velocidad impresa por el conductor sin consideración al exceso manifiesto de la cantidad de personas transportadas y que mereciera la condigna condena en sede penal". Concluye así la alzada expresando que lo manifestado respecto a la interpretación que cabe hacer de la exclusión del riesgo de la póliza, con relación al caso concreto de autos, permite sostener que no cabe analizar la culpa grave del conductor ni la culpa de la víctima, siendo suficiente la defensa de la compañía de seguros y acreditada en cuanto a la cláusula de exclusión invocada.

II. Contra el pronunciamiento de la alzada, la parte actora impetra recurso de casación por inaplicabilidad de ley, con fundamento en las causales contempladas en los incs. b, c y d, del art. 15, de la ley 1406, esgrimiendo que la sentencia en crisis interpreta erróneamente el art. 118 de la ley de seguros y controvierte doctrina sentada sobre el particular por este Tribunal Superior de Justicia, a más de incurrir en absurdo en la valoración de la prueba rendida en autos.

Sostiene la quejosa que la interpretación de la Cámara sentenciante prescinde en su fundamento principal, de toda consideración acerca de la culpa del asegurado y de la víctima, y ello implica no sólo un virtual desconocimiento de la inoponibilidad de la culpa grave del asegurado al damnificado -que es doctrina legal respecto al art. 118 de la ley de seguros-, sino al mismo tiempo de la cláusula de exclusión, cuando el hecho al que ésta se refiere o prevé no fue la causa del daño. También entiende que el criterio sentado por la Cámara, en cuanto a la interpretación del riesgo cubierto, llevaría a la virtual no cobertura de casi la totalidad de los daños ocurridos en los accidentes de tránsito, que en su mayoría involucran en su etiología la comisión por parte del asegurado de alguna infracción a las normas de tránsito, o algún hecho o conducta prohibida por la ley.

Afirma que en el fallo impugnado se interpreta incorrectamente el art. 118 de la ley de seguros y no se siguen los precedentes de este Tribunal Superior de Justicia, citados oportunamente, a saber: "Avendaño", "Sepúlveda" y "Puebla", señalando puntualmente la doctrina que emerge del último precedente mencionado, en el sentido que las cláusulas de exclusión pueden ser opuestas al damnificado, en la medida que en el caso concreto hayan tenido un nexo de causalidad adecuada con el siniestro. Entiende que en el "sub lite" se conculca tal doctrina, por cuanto la Cámara ha prescindido en su fundamento principal de todo análisis respecto a la culpa, y por ende del nexo de causalidad adecuada entre la cláusula motivo de exclusión (exceso de pasajeros) y la causa del accidente. Por ello, afirma, que se encuentra configurado el vicio de errónea aplicación de la ley y la doctrina legal.

Como fundamento de la causal contemplada por el inc. c, del art. 15 del ritual, alega que el razonamiento vertido en el fallo impugnado, en punto a "que tampoco puede aceptarse la falta de causalidad señalada por el tribunal de la anterior instancia", deviene irrazonable, por falta de sustento en las reglas de la sana crítica y ausencia de basamento suficiente en las constancias de la causa, lo que lleva una clara transgresión de lo preceptuado por el art. 386 del CPCyC.

Ello así, en el entendimiento que el ad quem se basó únicamente en lo que sobre el particular expuso la citada en garantía al expresar agravios, más no examinó adecuadamente la prueba decisiva y reveladora de la causa por la cual se produjo el accidente y que no fue el exceso de pasajeros.

Afirma que las disquisiciones efectuadas por la alzada, en punto al zigzagueo, que incluyen un injustificado reproche al a quo por la supuesta falta de ajustado análisis de los elementos probatorios arrimados a la causa, evidencia que no se ha tomado en cuenta lo que significa desplazarse como mínimo a 82 km/h, tal como surge de fs. 162 de la causa penal, como así tampoco se han valorado las fotografías obrantes a fs. 167 de la misma causa, que demuestran de un modo palmario el grado de destrucción del automotor siniestrado, indicativo de la altísima velocidad a la que conducía Betancur. Agrega que el exceso de pasajeros, si bien es un dato más de las circunstancias del caso y de un modo objetivo puede agravar el riesgo, no tiene carácter de nexo causal en el caso concreto, habida cuenta que, a su criterio, en modo alguno puede razonablemente hallarse en este hecho un vínculo causa-efecto-resultado, entre el motivo por el cual se produjo el accidente, en el caso: la velocidad excesiva, más el exceso de alcohol del conductor, ambos muy unidos, que determinaron la pérdida del control del vehículo (zigzaguear para hacerse ver) y la colisión contra un árbol, vuelco y aplastamiento de la víctima, con conducta e imprevisión alguna de esta última.

Señala que no es posible afirmar que la menor debiera o pudiera prever que siendo ocho pasajeros podía pasar lo que pasó. En efecto, entiende que V. P. Z. no podía pensar que el auto que se detuvo y cuyo conductor y acompañantes ofrecieron trasladarla junto a sus amigas, momentos después arrancaría de "un tirón", imprimiría gran velocidad al vehículo y, a menos de dos cuadras comenzaría a zigzaguear, impactando contra un árbol, ni que daría varios tumbos y ella sería despedida y aplastada; siendo además imposible encontrar un nexo objetivo adecuado entre la causa del accidente y la cantidad excesiva de pasajeros, toda vez que no existió ninguna causa técnica decisiva (desplazamiento del peso, etc.) que no fuera la elevadísima velocidad y la conducta temeraria del conductor ebrio, que determinaran o coadyuvaran a la producción del accidente, pues la conducta de la víctima y el hecho objetivo, potencialmente agravador del riesgo no fue el motivo o causa del evento dañoso.

Aduce que en otras condiciones, esto es, conduciendo a 40 km/h, que es la velocidad máxima permitida y en estado de sobriedad, que permitiese el control del rodado, el accidente no hubiera ocurrido, pues era posible frenar y evitar no sólo la colisión y los tumbos, sino cualquier contingencia del tránsito; en cambio, con la excesiva velocidad descripta, sumada al altísimo nivel de alcohol en sangre, el accidente se hubiera producido igualmente, aunque en lugar de ocho personas hubieran viajado cinco o tres.

Sostiene que el ser despedido del habitáculo no depende de que se esté sentado o no en la falda de otro, ni es lógico que ello fuera en el zigzagueo, a más de no encontrarse acreditado que V. P. Z. viniera sentada de tal modo, siendo lógico afirmar que fue despedida al impactar o durante alguno de los tumbos y, en estos casos, poco importa cuántos sean los ocupantes del vehículo. Agrega que no se puede discutir en sede civil las características de la culpa probada y declarada por sentencia penal firme (art. 1102, Cód. Civil), como tampoco minimizar ni ocultar circunstancias ampliamente probadas en sede penal y civil, suficientes para entender el nexo de causalidad, no siendo necesario buscar otras causas generadoras del accidente o que incidieran decisivamente en su acaecimiento, máxime cuando, como en el caso, la aseguradora reconoce expresamente la culpa grave del asegurado.

Luego, abunda en consideraciones acerca de la prueba rendida, en especial los testimonios de Karina Elizabeth Guzmán (fs. 160/161vta.) que da cuenta de la excesiva velocidad y de P. P. (fs. 162), que declara que V. iba sentada entre medio de K. y V. -y no como da por cierto la Cámara que lo hacía sobre la falda de alguna de ellas-, a más de lo expresado por el agente fiscal en la causa penal (fs. 223 de dicha causa), y lo que surge del informe del ingeniero Mancuso a fs. 281, en el que se expresa "... no siempre una cantidad de ocupantes mayor a cinco determina una carga mayor a la de diseño y por ende que la masa inercial y la ubicación del baricentro se desplace hacia fuera del entorno de diseño".

Considera la quejosa que de lo expuesto cabe preguntarse con qué grado de certeza o en base a qué fundamentos se dice en la sentencia impugnada que "... el desplazamiento hacia el centro del peso claramente determina una menor estabilidad del vehículo que deja de estar repartido y que sin duda guarda relación con el zig-zag impreso al rodado el que no halla explicación sino por la velocidad impresa por el conductor sin consideración al exceso manifiesto de la cantidad de personas transportadas y que mereciera la condigna condena en sede penal...".

Agrega que tampoco analizó el ad quem las declaraciones vertidas en el sumario penal sobre los motivos por los cuales el automóvil comenzó a zigzaguear.

Concluye afirmando la recurrente que todos los caminos, incluso el reconocimiento de la aseguradora, conducen a la culpa grave del conductor del rodado, y ésta resulta inoponible al damnificado, pero puede el asegurador repetir del asegurado; y a su vez, remarca que la cláusula de exclusión sólo puede ser opuesta al damnificado en la medida que ésta, en el caso, exceso de pasajeros, haya tenido un nexo de causalidad adecuada con el siniestro, incurriendo la sentencia impugnada en arbitrariedad al considerar configurada en el "sub lite" tal incidencia causal.

III. Entrando al análisis y consideración de los agravios vertidos por la quejosa, dable es advertir que la crítica de la recurrente se centraliza en cuestionar la ponderación de la plataforma fáctica y probatoria efectuada por la Cámara sentenciante que, en el caso, llevara a determinar la existencia de una relación de causalidad adecuada entre el supuesto contemplado en la cláusula de exclusión prevista en la póliza acompañada (exceso de personas transportadas, en transgresión a la capacidad máxima admitida) y la producción del daño asegurado. Y sobre el particular, se esgrime la causal de arbitrariedad prevista en el art. 15, inc. c, de la ley 1406, en íntima vinculación, tal como se desprende de las argumentaciones vertidas en el escrito casatorio, con la impugnación efectuada en punto a la subsunción de los hechos de la causa en la normativa y doctrina aplicables, cuya infracción se denuncia.

Sabido es que la causal de arbitrariedad contemplada por vía del recurso de inaplicabilidad de ley, refiere a un vicio descalificante que tiene cabida, conforme el concepto acuñado por este cuerpo, en la especial hipótesis en que el juez de grado al sentenciar, lejos de ser coherente, incurre en una operación intelectual que lo lleva a premisas o conclusiones que transgreden las leyes de la lógica o del raciocinio (cfr. acuerdos Nº 50/92, 80/93, 115/95 y RI Nº 1391/96, 94/01, entre muchas otras).

En los términos de la doctrina desarrollada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a los cuales este tribunal superior ha adherido, el absurdo en la valoración de los hechos y pruebas es un supuesto excepcional, que permite la revisión de esta materia, y debe ser entendido como el error grave y manifiesto, que nace cuando la apreciación no es razonable, y conduce al juzgador a conclusiones claramente insostenibles e incompatibles con las circunstancias objetivas de la causa (cfr. Juan Carlos Hitters, "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", Ed. Platense, La Plata 1984, p. 356 y Augusto M. Morello, "La Casación. Un modelo intermedio eficiente", Ed. Abeledo-Perrot, 1993, p. 348).

Sobre la temática referida, este cuerpo ha sostenido que el tema de la valoración de la prueba es -en principio- ajeno a esta instancia, pues la función de la casación en este aspecto se limita a tratar de evitar que las valoraciones de los jueces de grado pudieran ser anómalas, en cuanto desvirtúen los principios que gobiernan el recto desarrollo del pensamiento, reglas insoslayables por constituir el presupuesto básico de cualquier libertad de convicción, que no se califique como arbitraria o signifique abuso del poder jurisdiccional, en tanto este tribunal no constituye una tercera instancia ordinaria, razón por la cual no puede volver a juzgar sobre los hechos invocados por las partes, salvo que se demuestre cabalmente la existencia de vicios en la valoración material, al interpretar las pruebas, o formal, al vulnerar las leyes de la lógica (acuerdos Nº 65/89, 54/93, 171/96, entre otros).

En los presentes, la quejosa ha denunciado la violación de las reglas de la sana crítica en la valoración del material fáctico de la causa, que condujera a la Cámara sentenciante a admitir la defensa de la aseguradora, en orden a la cláusula de exclusión alegada, por lo que he de analizar si en el "sub lite" la tacha invocada en el remedio casatorio, se encuentra o no configurada, teniendo presente que el tema central sobre el que radica el tópico recurrido, consiste en determinar la existencia o inexistencia de relación causal entre los presupuestos de hecho contemplados en la mentada cláusula y el daño producido.

Los actores en su demanda relataron que el día 14 de mayo de 1994, su hija salía de una confitería bailable llamada "Concreto", ubicada en la intersección de la calle Alderete y Diagonal España de esta ciudad, junto con seis amigas, y que dirigiéndose rumbo sur-oeste, cruzaron la calle Alderete hacia avenida Argentina, donde se detuvieron dos automóviles que circulaban en dirección sur-norte por dicha avenida, cuyos ocupantes les ofrecieron ir a otra confitería bailable, lo que las jóvenes aceptaron, ascendiendo al vehículo marca Fiat, modelo Super Europa, dominio R-076447, cuyo conductor era el demandado Carlos Alberto Betancur, la hija de los demandantes y cuatro amigas más, hallándose también en dicho auto Emilio Gabriel Pérez Venegas y Marcelo Gómez, y otras dos menores ingresaron en el otro automotor, un Fiat 147, que salió antes que aquél con destino a la estación de servicio Esso, ubicada en calle Dr. Ramón. Señalan que luego de que ingresaran todas la jóvenes al vehículo conducido por el demandado, el mismo partió en igual dirección que el otro rodado, y a pocos metros de cruzar la intersección de avenida Argentina con calle Teniente Ibáñez, Betancur comenzó a realizar "zig-zag" con el auto, perdiendo el control del vehículo que conducía, colisionando con un árbol situado en la acera este de la Avda. Argentina, comenzando a raíz del impacto a dar vuelcos; y en esas circunstancias, la menor V. P. Z., hija de los actores, fue despedida del habitáculo, quedando debajo del auto cuando éste terminó de dar tumbos, sufriendo un gravísimo traumatismo de cráneo que le produjo la muerte. Sostiene que la exclusiva responsabilidad del conductor del automóvil en la producción del accidente, como la muerte de la nombrada, se encuentra debidamente acreditada en la causa penal caratulada "Betancur, Carlos Alberto s/homicidio culposo".

La citada en garantía, La Perseverancia del Sur Sociedad Anónima Argentina de Seguros, comparece a fs. 66/75. Rechaza la citación, invocando en primer término una causal objetiva de exclusión de cobertura, con fundamento en que la póliza contratada incluye en la cobertura la responsabilidad civil por daños corporales y/o muerte únicamente sufridos por terceros transportados, siempre que su número no exceda la capacidad indicada en las especificaciones de fábrica admitidas como máxima para el uso normal del rodado. Y en el caso, sostuvo que en un automóvil de capacidad limitada a cuatro personas, viajaban ocho, circunstancia que configura el presupuesto de la exclusión de cobertura invocada, y que constituyó una causal irrebatible de la despedida de la víctima del habitáculo del auto. En segundo lugar, alegó la culpa grave del asegurado y en su consecuencia, el rechazo del siniestro amparado en las condiciones generales, particulares y en la ley nacional de seguros. Ello así, en la consideración que de las constancias de la causa penal, surgen circunstancias subjetivas del andar conductivo del demandado Betancur, que patentizan la culpa grave del mismo, tales como, conducir a altísima velocidad, zigzagueando y con exceso de pasajeros, todo lo cual llevó a la pérdida del control del vehículo y al desenlace fatal producido. Asimismo, invocó la culpa de la víctima, en el entendimiento que la misma tenía capacidad para discernir el riesgo potencial de viajar en las condiciones descriptas.

A fs. 169 de estos autos, obra el informe de la Municipalidad de Neuquén -Dirección de Control de Tránsito- en el que se consigna que la cantidad máxima de plazas y ocupantes de un vehículo Marca Fiat 128 - Modelo Super Europa CL es de cinco personas (asientos delanteros: conductor y acompañante; asiento trasero: tres ocupantes). En idéntico sentido, informa la Dirección de Tránsito de la Policía de la Provincia (fs. 163vta.), el perito mecánico (fs. 281) y Ferrat S.A. (321vta.), señalando, asimismo, esta última que la capacidad máxima de carga es de 400 kg.

Conforme surge de los antecedentes de la causa, no constituye un hecho controvertido que eran ocho los ocupantes del vehículo conducido por el demandado Carlos Alberto Betancur, estando, asimismo, debidamente demostrada la grave imprudencia en su accionar (conducir zigzagueando, a exceso de velocidad y en estado de ebriedad), que como bien señala la Cámara sentenciante, mereciera la condena en sede penal y la atribución de responsabilidad en los presentes del codemandado Carlos A Betancur, en función de lo prescripto por los arts. 1102 y 1109 del Cód. Civil.

Empero, sí existe controversia en punto a la ubicación de la víctima en el habitáculo del automóvil y a la incidencia causal de este factor en la producción del daño, en íntima vinculación al exceso de personas transportadas.

Sobre el particular, cabe remarcar las declaraciones de los testigos presenciales del accidente. Así, K. E. G. depone a fs. 161 y vta., expresando que en el asiento trasero iban "P. P., después yo, después V. P., S. P. y V. Z., sentada arriba de las piernas de S. P. ..."; Marcelo Oscar Gómez dice: "Que el conductor iba en su butaca, en la de al lado iba yo con otra chica, y atrás iban cuatro sentados y 1 chica arriba de alguno de ellos..." (fs. 191vta.); V. E. P. manifiesta que "atrás iba un pibe, al lado yo, al lado mío mi hermana, encima mío P. y encima de mi hermana V. ..." (fs. 192vta.).

En la causa penal agregada por cuerda a los presentes, A. S. P., en relación al lugar que ocupaba la víctima, declara que "lo hacía en el asiento trasero, lado derecho detrás de la puerta del acompañante del conductor, sentada sobre las piernas de la dicente..." (fs. 118); V. P. manifiesta que "V. Z. se ubicó también en la parte de atrás sobre las piernas de su hermana S., al lado de la puerta derecha trasera... Que las puertas estaban cerradas normalmente y sólo recuerda que primeramente no se podía cerrar por cuestiones de espacio la puerta trasera derecha para lo cual su hermana S. pidió que se corrieran y allí se cerró la puerta para lo cual debieron dar un golpe fuerte, aparentando que había quedado bien cerrada" (fs. 119 y vta.); K. G. expresa que la víctima iba sentada sobre las piernas de S. P. (fs. 120vta.); P. S. P. dice: "iba sentada arriba de las piernas de una chica, en el asiento de atrás" (fs. 137).

De allí que, la afirmación de la recurrente en el sentido que no se encuentra acreditado en autos que la víctima del accidente fuera sentada sobre las piernas de otra de las ocupantes, carece de sustentación, toda vez que los dichos de los testigos presenciales del accidente son coincidentes en este aspecto.

En la pericia mecánica producida en la causa, el experto afirma que "El evento de trato de marras ha sido el resultado de todos los factores accidentológicos que lo determinaron como tal en su exacta conjugación. La alteración de cualquiera de tales factores habría determinado un evento distinto. ¿En qué medida tal hipotético evento se habría distanciado del tratado? Dependerá del factor alterado y el grado de su alteración".

Luego, el perito señala los factores que han tenido gravitación en la causa presente, entre ellos, la carga del vehículo y su distribución, a más de la velocidad preimpacto del automotor, focalización del impacto, estado de las cubiertas, ubicación y tipo de árbol, columna de alumbrado, superficie de sustentación, capacidad conductiva del chofer (su accionar), gradiente de calzada, altura del cordón, estado de la elastoamortiguación del automotor, estado de sus puertas, trayectoria preimpacto, condiciones de la calzada, etc.

Asimismo, se informa en la pericia que "A los fines accidentológicos una mayor carga dentro del habitáculo se traduce (más allá de la cuestión reglamentaria y bajo el aspecto técnico) en una mayor masa inercial respecto del entorno de diseño, una reubicación del baricentro (más alto que el entorno de diseño y más atrás)". Y a continuación, agrega "Pero no siempre una cantidad de ocupantes mayor a cinco, determina una carga mayor a la de diseño y por ende que la masa inercial y la ubicación del baricentro se desplace hacia fuera del entorno de diseño".

La recurrente sólo toma el contenido de la última afirmación reseñada, para fundar la arbitrariedad en la apreciación de la prueba pericial que endilga al fallo en crisis.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que eran ocho personas las que ocupaban el vehículo (cinco en el asiento trasero y tres en los delanteros), y que la capacidad máxima de carga es de 400 kg. (fs. 321vta.), entiendo que no resulta ilógico inferir la existencia de exceso de carga y, en consecuencia, una menor estabilidad del vehículo, tal como se concluye en el decisorio en crisis. Ello también encuentra respaldo en la respuesta dada por el perito al punto c) del dictamen (incidencia de la cantidad de ocupantes respecto de la maniobrabilidad, tenencia y seguridad de un automotor. Ver fs. 74, puntos de pericia), en tanto, en el mentado informe se consigna que "si la cantidad de ocupantes y su distribución determina que se eleve la carga dentro del habitáculo por sobre los niveles de diseño, la elevación sustancial del baricentro y si además éste se desplazare en tal medida hacia atrás, obviamente se traducirá esa condición de carga en una tendencia a la inestabilidad, mayor a la contemplada y para la cual se diseñó la unidad, tendencia que se acentuará en cuanto y en cuando el aumento de la sobrecarga, el desplazamiento del baricentro crezca y/o se encuentre deteriorado el sistema de elastoamortiguación...".

Siguiendo las leyes de la lógica, si a lo expuesto sumamos que la víctima se ubicó sobre las piernas de otra de las ocupantes, al lado de una de las puertas del vehículo, obviamente, en razón de la falta de espacio, estimo que tampoco puede tildarse de irrazonable la afirmación efectuada por el ad quem, en el sentido que no puede aceptarse la falta de causalidad señalada por el sentenciante de la instancia anterior, por cuanto la circunstancia descripta "aumenta las posibilidades de ser despedida del vehículo, por no contar con ninguna de las formas de seguridad disponibles hoy en día y de uso obligatorio, como lo es el cinturón de seguridad".

Del análisis de los fundamentos expuestos en la sentencia recurrida, se advierte que los magistrados no desconocieron -a contrario de lo afirmado por la quejosa- la incidencia causal en la producción del evento dañoso del obrar culposo del conductor del automotor. Así, la Cámara refiere a las maniobras de zigzagueo, en vinculación a la altísima velocidad a que circulaba, sumando a ello el exceso de pasajeros, la menor estabilidad del vehículo por la sobrecarga y las condiciones de inseguridad en que era transportada la víctima (su ubicación en el rodado, como consecuencia de la cantidad de ocupantes). Luego, a los fines de resolver la defensa opuesta en primer término por la aseguradora, el ad quem debía analizar, y así lo hizo, la relación de causalidad entre el presupuesto de hecho contemplado en la cláusula de exclusión invocada (exceso de la capacidad máxima admitida de personas transportadas) y el daño, para poder determinar si éste se encontraba o no incluido dentro del riesgo asegurado.

Ello así, por cuanto sabido es que la cuestión del nexo causal entre el evento y el daño a resarcir o la prestación a ejecutar, se halla vinculada a la delimitación del riesgo asegurado, y de allí la necesidad de examinar dicha relación, para no caer en una aplicación mecánica o rígida del presupuesto excluido de cobertura. Es decir, siguiendo el criterio de la causación adecuada (art. 906, Cód. Civil), ha de verificarse si la situación descripta en la póliza resultó una condición que concurrió a favorecer la producción del resultado dañoso, o por el contrario, si fue extraña o indiferente al mismo (cfr. Rubén S. Stiglitz, "Derecho de Seguros", t. I, ps. 181/182 y 193).

Llegando a esta altura del análisis, cabe reflexionar acerca de la afirmación efectuada por la recurrente, en orden a que el accidente igualmente se habría producido, aunque en lugar de ocho personas hubieran sido cuatro las transportadas, en atención al obrar imprudente del conductor. Y a ello estimo que corresponde responder, que en la relación evento-daño no puede tomarse como un factor ajeno e irrelevante, o como un mero efecto tangencial o relativo, la circunstancia comprobada de las condiciones en que era transportada la víctima por el exceso de ocupantes, pues este presupuesto acentuó notablemente la probabilidad de ser expulsada del rodado y la intensidad de las consecuencias dañosas.

En la especie, la póliza en cuya virtud se aseguró el rodado conducido por el demandado Carlos A. Betancur, obrante a fs. 56/60, determina en las "Condiciones generales para el seguro de vehículos automotores y/o remolcados", "Capítulo 'A' Responsabilidad Civil hacia terceros", Cláusula 2 - Riesgo cubierto: "En relación a los alcances de la cobertura hacia personas transportadas, la responsabilidad asumida por la aseguradora se extiende a cubrir dentro del límite indemnizatorio por acontecimiento señalado precedentemente, los daños corporales únicamente sufridos por terceras personas transportadas en el habitáculo destinado a tal fin en el vehículo asegurado siempre que su número no exceda la capacidad indicada en las especificaciones de fábrica o admitidas como máximo para el uso normal del rodado...".

La Cámara sentenciante al analizar la defensa esgrimida por la aseguradora, con sustento en la cláusula referenciada, entendió que en el caso se encontraban debidamente acreditados los presupuestos configurativos de la exclusión del riesgo que se invocara. Y de allí que, razonablemente, concluyó en que no resultaba menester el tratamiento de la otra defensa alegada (oponibilidad de la culpa grave del asegurado frente al tercero damnificado), pues obvio resulta que devenía innecesaria su consideración si se estimó comprobada la hipótesis de exclusión contemplada en la póliza. Por lo que los agravios desarrollados por la recurrente respecto a la infracción del art. 118 de la ley de seguros no aparecen debidamente fundados. Y sobre el particular, cabe remarcar, asimismo, que la expresión "en la medida del seguro" contenida en el 3er. párr. de la disposición mencionada, significa que el seguro se encuentra limitado no sólo por un tope monetario, sino también por las diversas limitaciones o exclusiones de responsabilidad que se estipulan en el contrato, por ende, el damnificado que cita a juicio a un asegurador lo hace conociendo que será indemnizado bajo las condiciones estipuladas en la póliza pertinente.

Este tribunal superior, en los autos "Sepúlveda Ricardo c. Servicios Industriales S.A. s/laboral por accidente" (acuerdo Nº 42/97), sostuvo que conforme la doctrina sentada en esta materia, las cláusulas de la póliza deben ser interpretadas literalmente cuando han sido redactadas en forma clara y precisa, de acuerdo con lo preceptuado por el art. 1197 del Cód. Civil, ya que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, siendo jurídicamente reprochable una interpretación extensiva del contrato que favorezca a cualquiera de las partes. Pero en el supuesto de ser redactadas de manera equívoca o confusa y ante el caso de duda acerca de la extensión de la cobertura, deben ser interpretadas en contra del asegurador, quien ha sido el que las ha redactado y está en mejores condiciones para fijar precisamente y de manera indubitada la extensión clara de sus obligaciones.

Luego, este cuerpo en la causa "Puebla" (acuerdo Nº 25/01), en la que se alegaba una cláusula de exclusión de cobertura de idéntico contenido a la aquí esgrimida, decidió casar la sentencia de la instancia anterior que rechazaba la defensa invocada por la aseguradora. Ello así, siguiendo una interpretación literal del contrato de seguro por resultar claros los términos de la cláusula en juego, y sobre la plataforma fáctica fijada en la causa (comprobación del nexo causal entre el hecho excluido y el daño), se concluyó en que el riesgo superaba el límite de la cobertura asegurativa contratada.

Se dijo en el precedente "supra" citado que "El punto central del seguro lo constituye el riesgo, evento alrededor del cual giran todos los aspectos de la relación asegurada, toda vez que la responsabilidad del asegurador depende de la realización del siniestro que ampara. El mismo ha sido caracterizado como la contingencia o probabilidad de provocar el acaecimiento de un daño a un tercero y su fundamento radica en la incorporación al medio social de un elemento dotado de peligrosidad. Por ello el riesgo debe ser cuidadosamente individualizado y precisado. La determinación del riesgo implica dos fases: 1) La individualización del mismo consiste en la indicación de la naturaleza del hecho de cuyas consecuencias se busca amparo (por ejemplo: granizo, muerte, etc.) 2) La determinación del riesgo que resulte de la fijación del límite concreto de ese riesgo. Cuando dicha delimitación es de carácter convencional, aparecen las llamadas cláusulas de exclusión de cobertura o de no seguro o no garantía. Estas cláusulas señalan hipótesis que, o bien resultan inasegurables, o bien son intensamente agravantes del riesgo y por ello son colocadas fuera de la cobertura... En otros términos, la delimitación del riesgo consiste en excluir o restringir los deberes del asegurador por la no asunción de alguno o algunos riesgos: implica un no seguro. Ausencia de tutela o garantía, la existencia de daños no asumidos. Estas cláusulas no atribuyen directamente derechos ni obligaciones sino que su función consiste en describir el ámbito dentro del cual el seguro brindará su amparo; son esencialmente descriptivas, marcando el área de aseguramiento mediante la mención de inclusiones y exclusiones, definiendo el marco operativo del contrato... las cláusulas redactadas con claridad, donde se halla debidamente expresada la extensión de la garantía, la determinación del riesgo, sus límites, etc., deben interpretarse literalmente".

Sabido es que la interpretación de los contratos es una cuestión de hecho reservada a los jueces de las instancias ordinarias y excluida de la casación, salvo que se demuestre absurdo o violación de las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (cfr. Hitters, op. cit., ps. 303/304).

Trasladando los conceptos vertidos al caso "sub examine", fuerza es concluir que no se encuentra configurada la alegada violación a la doctrina sentada por este cuerpo en materia de interpretación del contrato de seguro, ni se han conculcado las normas específicas que rigen este tópico, como tampoco -reitero- las reglas de la lógica, habida cuenta que no media una alteración en el proceso lógico de revisión, confrontación, selección y calificación de las probanzas que delimitan el fundamento fáctico del decisorio cuestionado (cfr. ac. Nº 65/89; 171/96 y 2/98, entre otros).

En la especie, la quejosa no ha logrado demostrar que el juicio valorativo efectuado por el ad quem -si bien diferente al realizado en el recurso- haya violado las reglas de interpretación, como colofón de una operación carente de lógica o coherencia; es decir, no se ha acreditado la configuración del grueso y evidente error en que incurriría la sentencia atacada, para dar cabida al inequívoco caso de carácter excepcional susceptible de conmover el fallo, cual es el absurdo probatorio. Y mal puede perseguirse, mediante fundamentos que tienden a controvertir el criterio empleado por el tribunal en lo que respecta a la elección y valoración de las pruebas computables, que caiga la sentencia impugnada, la cual no resulta descalificable como acto jurisdiccional válido, toda vez que contiene el resultado de un razonamiento lógico que permite inferir sin esfuerzo el camino intelectual seguido por los magistrados para arribar a la solución del caso.

Por todo lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, he de proponer al acuerdo, la declaración de improcedencia del recurso impetrado por la actora, con costas (art. 17, ley 1406), debiendo regularse los honorarios de la presente instancia a la luz de lo previsto en el art. 15 de la ley arancelaria. Voto por la negativa.

El doctor Otharán dijo:

Por compartir los fundamentos expresados por el doctor González Taboada, es que emito mi voto en idéntico sentido. Voto por la negativa.

El doctor Fernández dijo:

Adhiero en un todo al voto del doctor González Taboada, pronunciándome en igual sentido. Voto por la negativa.

El doctor Badano dijo:

Comparto el criterio expuesto por el vocal preopinante doctor González Taboada, por lo que expreso mi voto en el mismo sentido. Voto por la negativa.

El doctor Sommariva dijo:

Adhiero al bien fundado voto del doctor González Taboada, pronunciándome en idéntico sentido. Voto por la negativa.

De lo que surge del presente acuerdo, por unanimidad, se resuelve: 1º) Declarar improcedente el recurso de casación por inaplicabilidad de ley impetrado por la actora a fs. 465/477, confirmándose, en consecuencia, el decisorio dictado a fs. 450/453vta., por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería -sala II- de esta ciudad, en base a los fundamentos expuestos en los considerandos del presente pronunciamiento. 2º) Imponer las costas de esta instancia a la recurrente perdidosa (art. 17, ley 1406), a cuyo fin y de conformidad a lo establecido por el art. 15 de la ley 1594, regúlanse los honorarios profesionales de los doctores: O. A. B. -letrado apoderado de los actores- en la suma de pesos cuatro mil cuarenta y dos ($ 4.042); F. M. G. -letrado apoderado de la citada en garantía- en la suma de pesos un mil seiscientos cincuenta ($ 1.650); G. R. B. y S. D. V. -patrocinantes de la misma parte- en la suma de pesos cuatro mil ciento veinticinco ($ 4.125), en conjunto. - Jorge O. Sommariva. - Marcelo J. Otharán. - Arturo E. González Taboada. - Eduardo J. Badano. - Roberto O. Fernández.