Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-11


2º Instancia.- Buenos Aires, noviembre 11 de 2008.

El doctor Kiper dijo:

Contra la sentencia dictada en primera instancia (fs. 273/85), que declaró prescripta la acción por la cual la actora perseguía la indemnización de los daños y perjuicios que dice haber sufrido por maniobras y engaños de los demandados, expresan agravios la actora (fs. 303/10) y el codemandado Guillermo Mileo.

La actora se agravia de que se haya declarado la prescripción. Si bien acepta que debe aplicarse el plazo de dos años previsto para la responsabilidad extracontractual, discrepa con la a quo en torno al momento en el que debe correr su curso. Sostiene, en esencia, que al haber estado sometida a un proceso penal, recién al concluir esta causa estaba habilitada para demandar. Además, sostiene que los hechos que motivan su reclamo le provocaron un estado depresivo que le impedía iniciar la acción.

El mencionado codemandado se agravia de que se hayan impuesto las costas por su orden.

Es un hecho no controvertido que la actora le encargó a otra persona -aparentemente con identidad falsa pero que ella ignoraba- que adquiriera con tarjeta de crédito y una larga financiación una gran cantidad de productos electrónicos (especialmente impresoras y televisores) que luego ella revendería. La actora le pagó al adquirente de los objetos una suma inferior a su costo, como contrapartida por adelantarle el dinero. Ahora bien, buena parte de la mercadería la retiró, y cuando fue a retirar de una empresa algunos de los objetos comprados, fue detenida por la Policía y sometida a una causa penal. La investigación se originó al haber denunciado el titular de la tarjeta de crédito (aquí demandado) que la había extraviado y que se estaban haciendo compras con ella, sin su conocimiento ni autorización. Según la actora el titular de la tarjeta, y quien la poseía y realizó con ella las compras, estaban de acuerdo y pergeñaron esta maniobra para estafarla.

Estos hechos ocurrieron entre el 18 y 19 de mayo de 1999, mientras que la demanda se inició el 18 de abril de 2005 (ver cargo de fs. 21 vta).

Como es sabido, por regla, la prescripción, al tratarse de hechos ilícitos, corre desde el día del hecho (Corte Sup., 15/07/1997, Fallos: 320: 1352). El punto de arranque del curso de la prescripción debe ubicarse a partir del momento en que la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer, lo que acontece cuando sucede el hecho ilícito que origina la responsabilidad.

Si el daño sobreviene algún tiempo después del hecho ilícito, la acción empieza a correr desde que aparece el perjuicio, de tal modo que si la concreción del perjuicio es consecuencia de un proceso de duración prolongada, la prescripción corre desde que el daño es cierto y susceptible de apreciación (Conf. Borda, Guillermo, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T. II, pág.79). No es este el supuesto de autos, en el que el daño se produjo a partir de la ocurrencia del hecho.

Entonces, como ya dije, la acción por resarcimiento de los daños derivados de un hecho ilícito corre desde el día que se produjo, aunque haya un proceso penal, puesto que la circunstancia de que el mismo haya dado origen a un juicio criminal no influye sobre el cómputo de la prescripción y no resulta necesario que haya recaído sentencia en éste para iniciar la acción civil (CNEsp. Civ. y Com., sala 3º, 6/4/1987, JA 1988-I-3).

Cuando la víctima de un hecho ilícito querella al victimario, se produce la suspensión de la prescripción de la acción civil resarcitoria derivada de ese hecho, aun cuando en sede penal no se hubiese reclamado, cesando con el desistimiento de la querella o finiquitación del proceso respectivo (CNCom., sala B, 11/9/1989, JA 1990-II-501). Pero este tampoco es el supuesto que aquí se examina, ya que la actora no promovió ninguna querella sino que fue investigada en la causa penal.

Se ha dicho sobre la querella que la suspensión de la prescripción constituye un favor excepcional en tanto concede un beneficio específico que no puede extenderse a otras situaciones diversas, por lo que es menester atenerse a un criterio hermenéutico estricto, máxime cuando no se configuran los supuestos de imposibilidad de obrar que, en general, sustentan el régimen legal (CNCiv., sala G, 22/5/1989, "De las Heras, Lino Luis c/ Herrera de Noble, Ernestina S/daños y perjuicios").

La actora insiste en que recién estaba en condiciones de demandar el 18 de mayo de 2004, cuando fue sobreseída en la causa penal. Sin embargo, como señalé, tal postura no encuentra apoyo en las normas legales. Como bien señaló la a quo, al sufrir el hecho del que se dice víctima, conocía sus implicancias, el daño sufrido, y quienes eran los supuestos responsables. No era menester una causa penal que los dilucidara, ni que hiciera nacer su derecho.

También destacó la juez de primera instancia que la actora ya en el 2001 intimó al demandado por carta documento y promovió un procedimiento de mediación, lo que contradice su postura. Cuando promovió la mediación tampoco estaba concluida la causa penal, pero no se consideró impedida de formular su reclamo.

Es cierto que pendiente la causa penal su situación era más incierta y dudosa, como afirma; o bien que su demanda tenía menos chances de progresar. Pero esto de ningún modo detiene o suspende el curso de la prescripción. No era un obstáculo para promover la acción civil, lo que surge claramente del art. 1101 del Código Civil, que sólo asigna a la acción criminal el carácter de prejudicial. El régimen de la prejudicialidad establecido por los arts. 1101 y ss. del C Civ. -según criterio hoy unánime- no prohíbe que el proceso civil se promueva o continúe mientras la acción penal está pendiente, sino sólo que se dicte sentencia en sede civil antes que en la penal.

No es dudoso que ningún óbice tuvo aquella para iniciar una demanda interruptiva de la prescripción, la cual podría haber ampliado, modificado o, eventualmente desistido, según lo estimara conveniente y de acuerdo a lo que ocurriera en sede penal.

Por último, me referiré al planteo formulado en torno al "síndrome depresivo ansioso", como impedimento para demandar.

En primer lugar, dado lo que dispone el art. 3966 del código Civil, la prescripción corre contra los incapaces que tuvieren representantes legales. Y en el supuesto de ausencia de dicha representación, la ley civil remite a lo dispuesto en el art. 3980 del mismo Código, dispensando de la prescripción cumplida si después de la cesación del impedimento el acreedor hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses.

No hace falta aclarar que la actora no es siquiera incapaz, sino que tan solo dice haber tenido un síndrome depresivo, desencadenado en el año 2000 al fallecer su madre, según sus propios dichos (ver fs. 307). En lo que aquí interesa, mal puede estar la actora en una situación mejor que la de un incapaz. Además, desde otro ángulo, el síndrome depresivo es -como ella admite- ajeno al hecho de esta litis, al que le atribuye el carácter de concausa.

En el mejor de los casos, podría ser aplicable el régimen de dispensa previsto en el art. 3980 del Código Civil, lo que en el caso tampoco es posible. Fuera de que no controvierte adecuadamente las extensas consideraciones vertidas en el fallo apelado, lo cierto es que no se sabría a ciencia cierta cuando es que cesó tal impedimento, para que sea dispensada la prescripción cumplida, si la demanda se deduce en el plazo de 3 meses.

Pero suponiendo, en la mejor hipótesis posible, que se atenuaron los efectos del síndrome depresivo al concluir la causa penal, tampoco se inició la demanda en el plazo previsto para ello.

Por lo demás, el instituto de la dispensa de la prescripción cumplida, por reglar situaciones de carácter excepcional, es de interpretación restrictiva y la facultad conferida a los jueces debe ser ejercida con la máxima prudencia (Corte Sup., 6/3/1990, JA 1990-IV-641).

Y lo que es más importante, debe tratarse de una imposibilidad de hecho de envergadura, que realmente impida iniciar la acción (v.gr.: estar secuestrado). El hecho invocado por la actora ni siquiera alcanza el grado de impedimento en los términos del art. 3980. Una cosa son las "dificultades o imposibilidad de hecho" para accionar y otra muy distinta la posibilidad de ganar o perder un pleito en función de lo que pueda resolverse en una causa penal.

Dicha imposibilidad debe ser consecuencia de un impedimento de carácter particular, pero que presente las características de imprevisibilidad o inevitabilidad; en otras palabras, el obstáculo externo debe haber sido el origen de las dificultades que exige el texto legal citado.

Si bien es cierto que hoy se admite que no es necesario que se trate de un hecho general o colectivo, ya que los jueces también pueden valorar circunstancias particulares, también lo es que debe invocarse un hecho extraordinario. De no ser así, no habría prescripción posible, pues todos los afectados podrían alegar circunstancias semejantes.

En suma, considero que el fallo apelado debe ser confirmado.

Se agravia la parte demandada de la forma en que se distribuyeron las costas. La juez de primera instancia, si bien acogió la excepción, las impuso en el orden causado valorando que "no se consideraron los argumentos expuestos por los incidentistas como tampoco la normativa, jurisprudencia y fundamentos dados en respuesta por la parte actora" (fs. 284 vta).

El apelante se limita a manifestar que hubo una parte vencida, y que al ser el régimen objetivo, el juez debe expresar "las razones en que se funde" para apartarse del principio.

Pues bien, la juez expuso sus razones y ahora debo decir que el apelante debió rebatirlas, lo que no hace. En efecto, debió demostrar que el razonamiento era erróneo, ya sea, por ejemplo, porque la a quo tuvo en cuenta sus argumentos. No hay el mínimo intento de demostrar que se haya incurrido en algún error.

En estas condiciones, entiendo que el recurso está desierto, ya que no rebate -ni siquiera intenta hacerlo- en forma concreta y razonada los argumentos que sustentan la decisión. Aun cuando éstos puedan ser equivocados u opinables, para realizar este juicio es necesario, en primer lugar, que sean atacados.

Por todo lo expuesto, voto para que se confirme la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios; con costas de esta instancia también en el orden causado, teniendo en cuenta la forma en que se resuelve (art. 68, párrafo segundo del Código Procesal).

El doctor Mayo y el doctor Giardulli por las consideraciones expuestas por el doctor Kiper, adhieren al voto que antecede.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide:

I.- Confirmar la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios; con costas de esta instancia en el orden causado, teniendo en cuenta la forma en que se resuelve (art. 68, párrafo segundo del Código Procesal).

II.- A los efectos de conocer en las apelaciones deducidas contra los honorarios regulados en la sentencia de grado, se aclara que es criterio que ha sostenido reiteradamente esta Sala que en los supuestos de rechazo de demanda, debe computarse como monto del juicio el valor íntegro de la pretensión.

Asimismo se tendrá en cuenta la naturaleza del asunto, resultado obtenido, etapas cumplidas por cada uno de los profesionales intervinientes, mérito de su labor apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 8, 9, 19, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432.- En virtud de lo expuesto, por resultar reducidos se elevan los regulados al Dr. G. A. S. a la suma de pesos siete mil quinientos ($ 7.500.-) y los regulados al Dr. A. D., letrado apoderado de la actora a la suma de pesos cuatro mil doscientos ($ 4.200.-). Asimismo, por resultar ajustados a derecho se confirman los regulados a la psicóloga V. N. R.

III.- Por su actuación en la Alzada se regulan los honorarios del Dr. G. A. S. en la suma de pesos un mil novecientos ($ 1.900.-) y al Dr. A. D. en la suma de pesos un mil ($ 1.000.-) (art. 14 del Arancel).- Jorge Alberto Mayo.- Jorge A. Giardulli.- Claudio M. Kiper.