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Derecho procesal, prueba, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, auto de procesamiento
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: TESTIMONIOS DE SUMARIO s/ av. infrac. ley 23737 Causa nro. 11.817
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-27

Tal como lo establece nuestro ordenamiento procesal los elementos de prueba reunidos deben ser meritados según la regla de la sana crítica (art. 398 del C.P.P.), debiéndose tener en cuenta que en el dictado del auto de procesamiento se trata de la valoración de elementos probatorios suficientes para producir probabilidad, aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.
Prisión domiciliaria, interés superior del niño, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Rojas, Miguel Angel c/  s/ Incidente de prisión domiciliaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-03

En los supuestos de hombres que solicitan la aplicación del instituto de la prisión domiciliaria en los términos del art. 32 inc. f) de la ley 24.660, la hermenéutica de la norma exige ir más allá de la mera literalidad de la regla e integrarla, en su definición y contenido, en función del interés superior del niño; y que si bien en principio corresponde estar a la expresa letra de la ley y atender a sus términos, una aplicación analógica in bonam partem no se encuentra prohibida -no la limita el principio fundamental de legalidad-, con lo que el precepto debe ser exceptuado en estos supuestos para garantizar la satisfacción del estándar en cuestión. La disposición en examen no está dada por el interés del condenado, sino por el interés de los niños, por lo que se debe evaluar en beneficio de los menores involucrados (voto del juez Jantus) Cita de "Silva", CNCCC 43935/2014/TO1/3/CNC1, Sala 3, Reg. nro. 191/2015, resuelta el 23 de junio de 2015; "Acosta Cuba", CNCCC 13234/2015/TO1/1/CNC1, Sala 3, Reg. nro. 409/2016, resuelta el 24 de mayo de 2016; "Orellano", CNCCC 36903/2012/TO1/5/CNC1, Sala 3, Reg. nro. 1023/2016, resuelta el 13 de diciembre de 2016, "Carbone", CNCCC 247/2005/TO1/16/CNC1, Sala 3, Reg. nro. 1031/2016, resuelta el 20 de diciembre de 2016 y "Bertolo", CNCCC 26757/2013/TO1/8/1/CNC6, Sala 3, Reg. nro. 1221/2017, resuelta el 22 de noviembre de 2017
Agente de carga, contratos comerciales, operaciones bursátiles
Materia: COMERCIAL
Carátula: Agricultores Federados Argentinos SCL c/ Akto SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-13

1. La modalidad contractual denominada "contratos forward" debe ubicarse dentro de la categoría de los contratos derivados, compartiendo sus características esenciales. En consecuencia, podemos decir que son: a) bilaterales, porque existen obligaciones a cargo de ambas partes y la obligación de una de ellas, es el presupuesto de la obligación de la otra parte (CCIV 1138); b) consensuales, por cuanto quedan perfeccionados para producir sus efectos propios, desde que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su consentimiento (CCIV 1140); y c) onerosos, en tanto las ventajas que procuran a una u otra de las partes no les es concedida sino por una prestación que ella le ha hecho o que se obliga a hacerle (CCIV 1139). 2. En cuanto a la caracterización de aleatorio o conmutativo, es relevante la cuestión de la causa fin, ya que si la finalidad es de cobertura, resulta análoga al contrato de seguro o previsión; mientras que si es especulativa, es referente el contrato de juego (Lorenzetti, Ricardo Luis, "Tratado de los contratos", T. III, pág. 408, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2000). 3. En otras palabras, cuando lo que se persigue es la obtención de ganancias o beneficios económicos relacionados con los cambios de precios de un producto determinado, nos encontramos ante un contrato meramente especulativo; en tanto que si la finalidad es protegerse de las variaciones de los precios de un producto asumiendo una posición en el futuro con el objetivo de reducir el riesgo de la variación de los precios, nos hallamos ante un contrato de cobertura (conf. Malumián, Nicolás, "Contratos Derivados...", pág. 22/23, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2003). 4. Además, en los forwards las obligaciones de las contrapartes se encuentran sujetas a término y son de ejecución diferida (ver Luegmayer, Sebastián "Contratos Bursátiles y Derivados Financieros", págs. 151/155, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010).
Acción, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sabatella, Antonio Ricardo c/ Provincia de Buenos Aires (A.G.O.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Soria, Carlos Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (A.G.O.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04|1997-04-22

Para que una cuestión pueda radicarse ante este Tribunal ha de reclamarse previamente ante la sede administrativa y, recaída resolución definitiva sobre el planteo del administrado, recién puede recurrirse ante esta Corte. Así el particular tendrá que pedir el reconocimiento de su derecho, sea en forma originaria a través de un reclamo, o alzándose contra una decisión dictada de oficio por la autoridad administrativa. En ambos supuestos tiene que agotar la instancia administrativa interponiendo todos aquellos recursos previstos en la normativa general o especial de procedimiento, para alcanzar el dictado del acto final que causa estado, único que podrá atacarse judicialmente.
Nulidad de la resolución, prisión domiciliaria, salud del imputado
Materia: PENAL
Carátula: ANTON, Mirta Graciela c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-06

Corresponde anular la resolución que rechazó la solicitud de la encartada para poder acceder a la prisión domiciliaria por cuestiones de salud (art. 32, inc. "a" ley 24.660), sin dar la debida intervención al Cuerpo Médico Forense. (Dres. Gemignani, Borinsky, Hornos).
Homicidio calificado, tentativa, lesiones agravadas por el vínculo, dolo, prisión, pena de inhabilitación, pericia psicológica, amenazas
Materia: PENAL
Carátula: Ocampo, Juan Marcelo c/  s/ p.s.a. amenazas, daño, lesiones leves calificadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2018-04-06

El acusado resulta autor penalmente responsable del hecho tipificado como homicidio doblemente calificado en grado de tentativa y cabe aplicarle para su tratamiento penitenciario la pena de doce años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, decomiso y costas -arts. 5, 6, 12, 23, 29 inc. 3, 40, 41, 42, 44, 45, 80 inc. 1 y 11, del CP y arts. 408, 409, 412, 550 y 551 del CPP-, en virtud de la pericia psicológica que se le efectuó, surgiendo que posee baja tolerancia a la frustración, con baja capacidad de reflexión y proclive a conductas como las achacadas; en el caso existió la intención de darle muerte a la víctima, dado que la atacó con un arma blanca con clara potencialidad para dar muerte, en una zona vital -en el caso en el cuello y cerca de la arteria principal del cuerpo-, es por ello que la conducta llevada a cabo por el acusado, conforma justamente la puesta en marcha de un anticipado designo criminal, pues ya le había manifestado con anterioridad a la víctima que tenía la intención de matarla.

Fuente del sumario: SAIJ
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, liquidación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CAMPODONICO, NIDIA SUSANA c/ EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-02-12

Si bien esta Corte tiene dicho que las resoluciones dictadas después de la sentencia definitiva -generalmente de orden procesal y encaminadas a la ejecución de aquélla- no son impugnables a través de la vía prevista por la ley 7055 por no resultar -por regla- un decisorio definitivo ni equiparable, corresponde hacer excepción en el presente, desde que resulta descalificable constitucionalmente el principal argumento utilizado por la Alzada para desestimar la apelación, vinculado al supuesto incumplimiento del artículo 139 II del Código Procesal Laboral; pues tal afirmación implica apartarse de las constancias de autos que dan cuenta que la ART no sólo cuestionó fundadamente la liquidación impugnada sino que realizó el cálculo alternativo que exige la normativa en cuestión, explicando las dificultades con las que se enfrentaba para realizarlo -no contar con los últimos doce recibos de sueldos previos al fallecimiento del trabajador-. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhiere el Dr. Gutiérrez) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral de Santa Fe, artículo 139 II; Ley 7055, artículo 1
Impuestos, defraudación fiscal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Gelblung Samuel (TF 22676-I) c/ DGI". s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

En el art. 46 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) se sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa perjudicare al Fisco con liquidaciones de impuestos que no correspondan a la realidad. En el art. 47  se establece la presunción de existencia de la voluntad de producir esos actos cuando medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del art. 11 (inc. a), o cuando la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base, proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso (inc. c). La defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio, de un engaño, de una conducta dirigida a evadir el tributo y evitar las consecuencias sancionatorias (conf. esta Sala, 15-10-98, "Alonso Mario Oscar"; Sala II, 25-10-94 "San Justo S.A."; Sala V, 29-3-99 "Batello, Tarcisio L." y 8-2-99 "Casino del Litoral c/D.G.I.").
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, defectos en la consideración de extremos conducentes, sentencia arbitraria, licitación pública
Materia: COMERCIAL
Carátula: Raffo y Mazieres  SA s/ contencioso  administrativo  de plena  jurisdicción  e ilegitimidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Es descalificable la sentencia que consideró que una resolución significaba la adjudicación de una licitación, pues dado que en ella se resolvió preadjudicar la ejecución de la obra, ha tergiversado de manera evidente su contenido.
Juicio de apremio, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Papeo, Jorge c/ Gutierrez, María y otro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

La circunstancia de que la ordenanza 165/73 haya dispuesto la publicación de un edicto no implica que ante su omisión el título se vea perjudicado en su habilidad, pues la notificación de la demanda constituye una interpelación válida a los fines de la constitución en mora del accionado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, ejecución fiscal, sentencia de trance y remate, recursos, recurso extraordinario, recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: "AFIP DGI 42169 c/ Garcés, Gabriel Adrían -RQU- s/ Queja".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-08

Los vicios de que pudiera adolecer la sentencia de trance y remate para la que el legislador ha previsto una sola instancia sólo son susceptibles -si se cumplen los requisitos para su procedencia- del recurso extraordinario, pues aquel pronunciamiento es la sentencia definitiva a que se refiere el art. 14 de la ley 48 (esta Sala "Recurso de queja en autos "Fisco Nacional (D.G.I.) c/ Sol Petróleo S.A.", del 28/11/91).
Defensa del consumidor, consumidores, legitimación procesal, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ive, Adriana Elizabeth y otro c/ Adt Security Services SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-22

Procede hacer lugar a la indemnización pretendida por los actores a raíz del robo que habían sufrido en su inmueble, como consecuencia del defectuoso cumplimiento del servicio de seguridad contratado con la demandada. Mas, en el caso, procede hacer lugar a la falta de legitimación de la actora para reclamar ninguna indemnización personal por un servicio que no contrató, aun cuando también ella lo hubiera utilizado, en tanto el reclamo fue canalizado por su cónyuge. Es que si bien el concepto de "consumidor equiparado" (LDC 1) se refiere a quien usa un bien ajeno o se beneficia de un servicio contratado por otro, este no reemplaza a su titular en la legitimación que le corresponde para reclamar. Es que la legitimación le corresponde al adquirente del bien defectuoso o del servicio mal prestado, por lo que el consumidor equiparado debe considerarse desplazado, o si se quiere, portador de un interés subjetivo que se confunde con el del principal y, por ende, no es susceptible de dar nacimiento a una acción propia. Diferente se juzgaría si quien utiliza un bien adquirido por otro sufre un daño personal que le da título propio para demandar, supuesto en el que, aquí si, nos encontraríamos ante esa noción que otorga la ley. Nótese que si la vivienda hubiese albergado además de los actores a varias personas más, cada una de ellas tendría derecho a reclamar, lo cual no puede ser aceptado.
Accidentes de trabajo, acción civil, responsabilidad civil, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Zutara, Fernando Gustavo c/ Aprile, Raúl; Compañia Argentina de Seguros Latitud Sur S.A. s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-11-18

Corresponde hacer lugar a una demanda por accidente de trabajo fundada en el derecho común contra la aseguradora de riesgos habiéndose tenido por acreditada la relación de causalidad entre el hecho dañoso y la cosa, imputando peligrosidad, vicio y riesgo al cuerpo extraño que se incrustó en el ojo derecho del actor, la inexistencia de medidas de seguridad destinadas a su protección visual y el incumplimiento de su deber de prevención en el marco de la ley 24.557, toda vez que en el establecimiento donde prestaba servicios el trabajador se ha incumplido con la normativa de prevención, en tanto la A.R.T. infringió el deber de protección del dependiente y por ello deben responder civilmente por las consecuencias de tal omisión en los términos de los arts. 512 y 1.074 del C.C., puesto que esta última debió exigir, entre otras cosas, que se capacitara a todos los trabajadores en los riesgos que implicaban las tareas que a diario realizaban, como así también dictar cursos en materia de seguridad e higiene y controlar la provisión y utilización de elementos de seguridad adecuados a las tareas inherentes a las funciones del actor.
Sanciones procesales, intervención de terceros, legitimación pasiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIAPARELLI, HECTOR c/ MARTINEZ, MARTHA s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

Los terceros presentados en una causa carentes de todo asidero fáctico y jurídico y cuya legitimación pasiva fuera desconocida por la actora no son sujetos pasibles de sanción.
Sociedad cooperativa, impuestos
Materia: CIVIL
Carátula: C.O.T.T.I. Ltda. c/ Municipalidad de la Capital s/ Recurso de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-21

El artículo 50 de la vieja Constitución Provincial, confería a las cooperativas una exención impositiva, del que derivaba un derecho directa y plenamente operativo a favor de éstas, cuya exención se limitaba específicamente a la materia de impuestos. El texto no exige mayores interpretaciones que no sean las que emanan de su propia letra y espíritu, y en ese sentido debe interpretársela; aunque, sin embargo, dicha interpretación no se agota en el contenido de la norma, sino que responde a una razonable valoración jurídica armonizadora del conjunto de las demás normas y principios que emanan de la Constitución.
Violencia de género, femicidio, procesamiento, homicidio calificado por el vínculo
Materia: PENAL
Carátula: Sosa García, Adrián Walter Edgardo s/ Sup. Homicidio Agravado por la Relación de Pareja con la Víctima, cometido contra una mujer mediando violencia de género. VTMA.: Elizabet Antonia Verón - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-08-08

Debe disponerse el procesamiento del imputado por resultar "prima facie" su accionar incurso en el delito de homicidio agravado, por la relación de pareja con la víctima y por mediar violencia de género, (art. 80 incs. 1° y 11° del Código Penal), ya que habría atacado a golpes a su concubina en el interior del departamento que alquilaban, la cual tras salir del inmueble y caminar una corta distancia se desplomó cayendo en la vía pública y falleció con posterioridad en un hospital.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: O.T.I.C.  S.C.A. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-09-13

Lo concerniente a los honorarios regulados en las instancias ordinarias constituyen materia ajena al recurso del art. 14 de la Ley Nº 48.
Inmunidades del juez, diligencias preliminares
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CASTEJON, FERNANDO (DR.) s/ JUEZ
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-07

Las diligencias judiciales previas, en un juicio criminal o correccional, donde resultare parte imputada un Magistrado, pueden llevarse a cabo sin que ello afecte su investidura, excepto cuando deba dictarse su procesamiento, orden de detención o cualquier acto procesal cuyo cumplimiento se traduzca en una restricción de su libertad ambulatoria, actos que sólo podrán materializarse en tanto el Senado, en la actualidad, o bien el Consejo de la Magistratura próximo a crearse, hicieran lugar a su desafuero.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Irghinero, Francisco P. s/ Denuncia. Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

Respecto del planteo de inconstitucionalidad referido al art. 350 del Código de Procedimiento Penal, habiendo quedado firme la resolución denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley al no haberse deducido contra la misma el recurso previsto por el art.

356, último párrafo del Código citado, carece de virtualidad su consideración desde que cualquier pronunciamiento sobre tal cuestión deviene abstracto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Notificación automática, prueba, libro de asistencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Salvador, Arturo R. s/ Recurso de Queja por Apelación Denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-07-03

"Conforme el art. 133 del Cód. Procesal, para que la notificación por nota no se considere cumplida no basta que el expediente no se encuentre en secretaría, pues la ley exige, ineludiblemente, otro requisito: la constancia del interesado de esa circunstancia en el Libro de Asistencia. Esa constancia no es simplemente un medio de prueba para acreditar que los autos no estan disponibles, sino la única prueba hábil a ese objeto de la concurrencia. Se trata, en definitiva, de documentar la asistencia, pero no con sentido probatorio, sino como condición de existencia de un derecho: no quedar automáticamente notificado. El empleo de la conjunción "y" en el texto de la norma aleja toda duda respecto de su correcta interpretación.
Sistema acusatorio, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Arroyo, Adrián Francisco. c/  s/ Art. 129, parr. 1, exhibiciones obscenas, CP (p/L 2303) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-12

El decisorio en crisis no impide, como debiera, que el juez tenga la posibilidad de conocer por adelantado los elementos incriminantes aportados por los acusadores, quienes deben poder hacerlo en el debate, pero en presencia de su contradictor, oportunidad en la cual el juez podrá apreciar su valor probatorio (voto del Sr. Juez Lozano)
Expropiación, sentencia, indemnización, depreciación monetaria, intereses, liquidación, tasas
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ MENDY,  MARIO  JUAN Y  SUCESORES DE LUIS NORBERTO MENDY Y-O QUIEN EN DEFINITIVA RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION.    IMPUGNACION DE LIQUIDACION.     CSJ EXPTE NRO 122 BIS-78
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-02-28

Si la sentencia recaída en un juicio expropiatorio, determinó el capital actualizado según el último índice publicado a la fecha de aquélla, y ordenó el pago de intereses a la "tasa bancaria vencida para descuento de documentos" (en lugar de la del 6% reconocida sobre capital actualizado) desde esa fecha hasta el efectivo pago, a fin de compensar el deterioro del signo monetario al par que el no uso de capital, sin perjuicio del posible reajuste de capital con correlativa reducción de la tasa al 6%, y ninguna de las partes ha optado por este último mecanismo de salvaguarda del poder adquisitivo del monto indemnizatorio fijado (sin que se adviertan razones para aplicarlo de oficio), la materia a resolver por esta Corte se limita a lo referente a la liquidación de los intereses a la tasa bancaria para descuentos de documentos practicada por el demandado según tasa efectiva anual, y que impugna la actora, por entender aplicable la vigente para períodos de treinta días.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sánchez Juan Carlos M. c/ Municipalidad de Gualeguay s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-12-30

El actor prestó servicios desde el inicio del vínculo como "personal jornalizado" de la Municipalidad de Gualeguay, de acuerdo al Decreto 037/98 del 27-01-98. Si se colige este acto administrativo con el artículo 10 de la Ordenanza Nº 1789/89, promulgada el 18-11-87, se puede avizorar la irregularidad del acto de designación del actor, pues se ha omitido expresar tanto las funciones a desempeñar, la duración de las mismas, como su retribución, tal como expresamente lo exige la última parte de la citada norma.
Daño moral, muerte de la madre, hijo menor de edad
Materia: CIVIL
Carátula: M.A. y Otros c/ Estado Nacional Ministerio del Interior - Policía Federal y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20

Procede el daño moral reclamado por la hija de la víctima, pues el rubro es pertinente incluso en ausencia de toda prueba y, en autos, resulta claramente de los dictámenes periciales que la niña, de doce años al tiempo de los exámenes, no había superado el dolor ni asimilado el duelo. La parte demandante ha reclamado daño psíquico, pero es línea jurisprudencial de esta Sala no reconocer el rubro como categoría autónoma con relación al daño material o moral, pues la incapacidad afecta al ser humano como unidad personal, si bien puede proyectar su influencia a través de consecuencias que repercuten en las distintas esferas de la vida. En este sentido, puede advertirse en algunos supuestos la pérdida de ventajas económicas (esta Sala, causa 2765/98 del 31/10/00 "Cooke") o, con mayor frecuencia, incidiendo en los padecimientos morales (esta Sala, causa 3309/98 del 14/3/00, entre muchas). En los precedentes que he tenido la ocasión de juzgar, el daño psíquico se ha presentado con consecuencias en la vida espiritual de la persona (esta Sala, causa 5684/99 "Di Rizzo Gabriel Alejandro y otros c/Estado Nacional-Poder Judicial de la Nación y otros s/daños y perjuicios", del 12/8/2003, voto del Juez Dr. de las Carreras).