marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajador autónomo, deuda previsional, aplicación de la ley previsional, principio de solidaridad, aportes previsionales, pago, interpretación de la ley, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MORILLA, BENITA RAMONA c/ A.N.Se.S. s/ TRABAJADORES AUTONOMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-22

La C.S.J.N., al fallar el 20.02.86 en autos "Rei Rosa, Alfredo Francisco", sostuvo que lo prescripto por el art. 31 de la ley 18.038 debía ceder ante lo dispuesto por el art. 34, inc. d) de dicha ley pues, de esa suerte, se respetaba la finalidad tuitiva de las leyes de previsión social mediante las facilidades brindadas al afiliado para cumplir con la obligación, derivada del principio de solidaridad social, de ingresar los aportes adeudados y, al mismo tiempo, se respetaba "la orientación del sistema nacional de previsión en el que no tiene cabida la pérdida del derecho a jubilación por el solo hecho de haberse realizado aportes". Por otra parte, cabe destacar que esa doctrina constituye una pauta hermenéutica merced a la cual se intenta volver compatibles entre sí dichas disposiciones integrantes de un cuerpo normativo que, en cuanto tal, debe ser interpretado de suerte que sus preceptos aislados puedan armonizarse en un todo coherente. En consecuencia, corresponde revocar la decisión que denegó el beneficio solicitado en razón de no haber el titular cancelado su deuda por aportes, conforme lo dispuesto por el art. 31 de la ley 18.038. (Disidencia del Dr. Laclau).
Responsabilidad del juez, responsabilidad civil, inmunidad de jurisdicción, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marincovich, José Antonio c/ Vargas, Abraham Luis s/ responsabilidad civil contra magistrados
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-01

Si bien resulta evidente que el reconocimiento de responsabilidad civil sujeta a los jueces a una instancia de escrutinio de su desempeño profesional, ello por sí solo no alcanza para sostener que, en los términos en que ha sido cuestionada la constitucionalidad del art. 93, inc. 7° de la Constitución de Santa Fe, la ausencia de inmunidad de jurisdicción de los magistrados afecta la sustancia de su garantía de independencia judicial y, dada la conexión del planteo respecto del contenido del principio constitucional señalado en el art. 5°, no se advierte ninguna razón válida para considerar que la sustancia de la garantía se ve afectada por el reconocimiento de alguna forma de responsabilidad civil de los jueces en ejercicio de sus funciones.
Reordenamiento del sistema financiero, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Muñoz  de  Canevaro  Elena  y otro c/ PEN Ley 25.561 Dto. 1570/01214/02". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-08

Si bien es necesario evitar que se utilice las medidas cautelares como presión para lograr una transacción o como un medio de extorsión (cfr. Sala V, "Alsina de Hamman", del 16/8/95), como contrapartida, debe admitírselas cuando su concesión se muestra como un medio idóneo para evitar que siquiera una remota posibilidad de esa presión pueda ser ejercida por alguna de las partes. (Consid. IX).
Acción de amparo, facultades del juez, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: A., S. E. c/Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia de Chubut c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-08-15

Los arts. 7º y 8º de la ley V nº 84 regulan la admisibilidad de la acción de amparo y su examen preliminar resulta insoslayable; como tal, compete a los magistrados y tiene por fin evitar dispendios jurisdiccionales innecesarios o infundados. Para examinar tal admisibilidad debe estarse, ante todo, a la propia Constitución Nacional (arts. 31 y 43), lo que implica juzgar si se satisfacen en concreto -como lo tiene dicho el Superior Tribunal de Justicia Provincial- los requisitos de índole subjetiva (legitimación) y cualitativa (inexistencia de otro medio judicial más idóneo y existencia de un acto/omisión manifiestamente ilegal), a los que cabe sumar el de la oportunidad de su planteo.-
Accidente de tránsito, valor venal, prueba pericial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOYERO RUBEN HUGO c/ PEDRO AMADEO BONFIGLI s/ ORDINARIO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-15

No es requisito para el acogimiento resarcitorio del valor de reventa del automóvil que se haya afrontado el costo de la reparación del vehículo; existe un menoscabo patrimonial que genera per se la pretensión de resarcimiento, sin necesidad de acreditar el pago o por caso el de haber efectuado las reparaciones.

Mayor dificultad habrán de tener los peritos en su gestión auxiliadora al magistrado, para hacer dicho juicio de depreciación del valor venal del automotor sin haberse realizado las reparaciones que sean debidas. Ello sin embargo, no significa absoluta o auténtica imposibilidad, puesto que, mediante las reglas de la experiencia en el arte mecánico, las propias estadísticas generales que en el punto existen y demás datos que el propio hacer técnico de los peritos les proporciona, es factible efectuar una estimación razonadamente fundada de cual grado de desvalorización tendría el vehículo una vez reparado.-
Recurso de casación, accidentes de trabajo, ley de consolidación de la deuda pública, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: Esparza, Juan Tomás c/ Departamento de aguas s/ Ordinario s/Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-06-08

Una conocida doctrina de este Cuerpo ha señalado que, en principio, es formalmente inadmisible todo recurso de casación interpuesto contra aquellas resoluciones pronunciadas con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva y que tienden a hacerla efectiva. Si bien es cierto que la materia decidida por la Cámara ameritó que -en su oportunidad- se incurriese en una excepción a la precitada regla, ello obedeció a que la especial naturaleza de la normativa de emergencia involucrada requería su estudio y un pronunciamiento plenario por parte del máximo tribunal provincial. Pero una vez analizada y resulta por este Cuerpo la cuestión atinente a la aplicabilidad de la ley 2545 a los créditos originados en accidentes de trabajo -y siendo ineludible para las instancias de grado el acatamiento de dicha doctrina- ha desaparecido la excepcionalidad que, en su momento, justificó que se removiera el obstáculo formal precedentemente aludido.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, nulidad del acto jurídico, rechazo de la homologación del acuerdo, situación de vulnerabilidad, liquidación de la sociedad conyugal, menores, autonomía de la voluntad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: G., A. B. c/ M. U. F. s/ divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2021-06-29

Cabe hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocando la decisión de Cámara y de Primera Instancia y, en ejercicio de jurisdicción positiva -art. 284 inc. 3 CPCC-, decretar la nulidad del acuerdo presentado por las partes protocolizado en escritura pública, debiendo acordar uno nuevo que integre la masa de gananciales que corresponda en derecho. Para decidir así, ha de precisarse que si bien la casación está limitada a las cuestiones de derecho, sobre la base de los hechos probados conforme a las facultades privativas de los jueces de grado, no lo es menos que también, aunque excepcionalmente, por vía de la interpretación pretoriana del absurdo la Corte considera las cuestiones de hecho para reparar, entre otras, la iniquidad e injusticia resultante del deficiente tratamiento de las mismas.

Los fundamentos expuestos por las instancias ordinarias, invocan dogmáticamente el respeto a la autonomía de la voluntad para obligarla a la recurrente a atenerse a los términos de un convenio que padece de graves vicios de nulidad, resolviendo la cuestión con un enfoque iusprivatista que no se ajusta al caso particular y soslayando el bloque constitucional y convencional que convoca a la jurisdicción a asumir una actitud proactiva ante situaciones de esta clase, en las que se deja entrever padecimientos de violencia de la clase que sea, a efectos de restablecer la necesaria igualdad que debería existir entre las partes. La homologación de dicho acuerdo, sin más, fue efectuada sin conferir la necesaria participación al Ministerio Pupilar al respecto, no obstante que a esa fecha aún eran menores tres hijos del matrimonio, tornándolo nulo y privando de efectos al acto que no se convalida por la resolución que lo avaló; máxime con absoluta indiferencia a la situación de vulnerabilidad en que claramente estaba inmersa la incidentista. Amén de dicho vicio procesal, también padecía uno sustancial o de fondo, cual es, el objeto de la transacción, al tratarse de la renuncia del derecho de uno sobre los gananciales a favor del otro -art. 1218, CC-, a la que la misma norma califica de "ningún valor".

En definitiva, luce demostrado el contexto de violencia en que se encontraba la recurrente al momento de suscribir el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad conyugal que omitió deliberadamente incluir la masa de gananciales derivados de la empresa en la que laboraba su ex cónyuge, con lo cual se impone revisar su licitud, no obstante el principio de autonomía de la voluntad que cabe respetar en cualquier otra clase de acuerdo privado.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jorgensen, Ingrid c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-25

Si la actora no probó su condición de alumna regular en la forma exigida con respecto al año 1994 -pues la Facultad no le extendió un certificado por no haber rendido exámenes finales- la consecuencia de tal conducta es la suspensión del beneficio de pensión pero nunca su caducidad (conf. arts. 37, dec. ley 9650/80 y 33, decreto 476 81), pues ésta requiere la interrupción definitiva de los estudios, es decir su abandono, el que debe ser comunicado por la beneficiaria o su representante legal, cosa que en el caso no ocurrió.
Recurso de queja (procesal), queja por denegación o retardo de justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Campobassi, Jorge Luis s/ RECURSO POR DENEGACION DE JUSTICIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-27

Es inadmisible el recurso del art. 24 inc. 5 del decreto 1285/58 si la falta de una resolución definitiva sobre el problema debatido obedece a la propia conducta procesal del quejosos, quien, a través de sus constantes presentaciones, ha impedido que la cámara pudiera pronunciarse sobre la cuestión sustancial sometida a su decisión.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, interés legítimo
Materia: PROCESAL
Carátula: De León, Luis María c/ Canessa, Jorge Ricardo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-07

...cuando la parte dispositiva del pronunciamiento no perjudica al impugnante, desaparece el interés jurídico tutelable para criticar la fundamentación del mismo.
Jubilaciones, relación de dependencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GIULIONI DE LA CAMERA, ALBA LIDIA c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - JUBILACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-11-15

Resultando de la prueba rendida la identidad y continuidad de la afección incapacitante actual, que se manifestara con anterioridad a la iniciación de la relación de trabajo, la denegatoria a otorgar la jubilación por invalidez resulta ajustada a derecho.
Expropiación, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Francano de Campana, María A. y otro s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

El art. 37 de la ley 5708 estatuye un sistema que, en definitiva, consagra una sanción para el litigante que, por defecto o por exceso, incurra en una estimación del valor del inmueble alejada de la realidad que la sentencia comprueba y declara, y en tanto concurran en el proceso los tres elementos a que alude el citado artículo (oferta, estimación e indemnización) las erogaciones del pleito deberán ser impuestas según sea el resultado que arroje la comparación de los dos primeros con el último. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad del Estado por actos ilícitos, poder de policía, control sanitario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Friar S.A. c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y S.E.N.A.S.A. s/ daños y perjuicios (ordinario).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-26

En los casos de conducta antijurídica por omisión, sólo le puede caber responsabilidad al Estado Nacional si incumplió el deber legal que le imponía obstar el evento lesivo, máxime cuando una conclusión contraria llevaría al extremo -por cierto absurdo- de convertir al Estado en un ente asegurador de todo hecho dañoso que se cometiera (Disidencia parcial de las Dras. Elena I. Highton de Nolasco y Carmen M. Argibay).
Régimen jubilatorio, reforma del Estado, ley de emergencia económica, entidades financieras, Banco Hipotecario Nacional
Materia: LABORAL
Carátula: VEGAS, RICARDO c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

La resolución 1823/90 que modifica el régimen del complemento previsional, se halla enmarcada por las leyes 23696 y 23697 que definieron los alcances de la emergencia estatal en cuanto declararon especialmente incluídas en este concepto a las entidades financieras oficiales. En tal sentido, los ex agentes jubilados no poseen un derecho absoluto y rígido a una suma precalculada en concepto de complemento, toda vez que las resoluciones 6/87 y 52/87 prevén expresamente la posibilidad de que se rebaje el importe mensual cuando exista un desajuste financiero y se afecte la ecuación aporte-egreso.
Accidentes de trabajo, prescripción, plazo legal, reconocimiento tácito
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz Humberto Reyes c/ Comuna de Río Colorado s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-05-19

Cabe poner de resalto que no resulta aplicable en la especie, el plazo de prescripción de 10 años establecido en el artículo 4023 del Código Civil, atento a que el artículo 19 de la Ley de Accidentes de Trabajo Nº 9688 (modificada por la Ley Nº 23.643), en su parte pertinente, preceptúa claramente que las acciones emergentes de la ley en cuestión, prescriben en el plazo de dos años -en coincidencia con lo dispuesto en el artículo 258 de la LCT-, y siendo que en el caso la controversia se encuentra enmarcada y regulada por la legislación laboral, esto es, por el sistema especial de la Ley de Accidentes de Trabajo aludida. En el caso, no asiste razón al impugnante en cuanto asevera que, en el sub examine, la defensa de prescripción debe rechazarse haciendo aplicación de lo dispuesto en el artículo 3989 del Código Civil, que consagra la interrupción de la prescripción por el reconocimiento expreso o tácito que el deudor haga del derecho de aquél contra quien prescribía. Ello así porque, aceptando que la falta de observación o impugnación de la Comuna de Río Colorado con relación a la notificación de la liquidación de la indemnización, pudo entrañar un reconocimiento tácito por parte de aquélla, lo mismo el plazo de prescripción se debe tener por cumplido, no bien se repara en que al tratarse de un supuesto de interrupción de la prescripción por reconocimiento, la misma habría comenzado a correr de nuevo por el mismo término, inmediatamente después de dicho acto de reconocimiento, en mérito al carácter instantáneo que inviste.
Quiebra, cesión de créditos, perfeccionamiento del contrato, notificación, oponibilidad a terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: CORTESFILMS s/ QUIEBRA -ACCION DE INEFICACIA-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

Del dictamen fiscal 115501: .

Con respecto a la oponibilidad de la cesión a la quiebra en los términos del codigo civil, cabe efectuar las siguientes precisiones: por un lado, con respecto a las partes de la cesión, esto es, el cedente y cesionario, la cesión se perfecciona con el consentimiento de las partes (cciv: 1457;

llambias, "tratado civil - obligaciones", t. ii, p. 28). Sin embargo, con respecto a terceros, entre ellos, la masa de acreedores del cedente, la cesión se perfecciona con la notificación al deudor cedido o de su aceptación de la transferencia (cfr. cciv: 1459; llambias, ob. cit. p. 29). Esta dualidad reside en la necesidad de establecer un sistema de publicidad referente a la transmisión de obligaciones. En este caso, corresponde determinar si la notificación por carta documento realizada con anterioridad a la quiebra, es suficiente para considerar perfeccionada la cesión con respecto a la quiebra. En este sentido el codigo civil contiene cierta ambiguedad porque establece que la notificación debe ser realizada mediante acto público a los efectos de ser oponible a terceros (cciv: 1467). La finalidad de esta exigencia es evitar las colusiones con el deudor cedido, quien podría confesar haber recibido la notificación en una fecha anterior a la real.

Asimismo, dicha interpretación no vulnera el cciv: 1459 de dar publicidad de la cesión, que de todos modos, se funda en una presunción de conocimiento y no en el conocimiento real por parte de los terceros. La notificación por carta documento, como en el caso, configura garantía suficiente de que no hubo colusión con el deudor cedido, por lo que la cesión se perfeccionó con anterioridad a la declaración de quiebra con respecto a la masa de acreedores.
Acto administrativo, leyes, incompetencia, empleados públicos, cesantía, jubilaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASAÑAS, RICARDO SALVADOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 205-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-11-12

Al cuestionarse por el recurrente la nulidad del decreto de cesantía por entender que el Poder Ejecutivo es incompetente para establecer la fecha a partir de la cual la Caja debe abonar los haberes, puede analizarse por vía de hipótesis favorable al impugnante, si el mencionado decreto presenta un grado de invalidez tal (evidente, patente) que "sin que sea necesario investigar vicio oculto alguno, sólo requiera una declaración judicial o administrativa a su respecto y que por ello, pueda hacerse abstracción de la omisión de impugnarlo en el procedimiento administrativo en que fue dictado y en tiempo procesalmente válido.

Sin embargo, en el caso, tal hipótesis debe desecharse, ya que el acto fue dictado acorde con una interpretación (esto es, operación de subsumir hechos en normas), de los artículos 90 y 91 bis y concordantes de la ley 6915 (modificados por leyes 7891 y 7994 y disposiciones legales accesorias), y que al margen de su acierto o error, no presentan una violación manifiesta de la ley (por vicio de incompetencia, causa, fin, etcétera)".
Derecho laboral, relación de dependencia, prueba, familia sustituta
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: PATIÑO, RAMON c/ FUNDACION SAN FRANCISCO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-02-23

Con relación a la vinculación entre las partes -laboral o voluntaria- la Sala se enrola en la línea postulada por la accionada, por cuanto no había elementos que demostraran que la fundación demandada exhibía estructura semejante a una empresa, ni requería de personal en relación de dependencia para poder funcionar, no tenía bienes propios, ni ingresos fijos, ni subvenciones públicas o privadas; sin resultar relevante que los actores no fueran integrantes de la Fundación, destacando que recibir casa y alimentos en el tiempo de prestar las tareas no convertía automáticamente en laboral la relación, siendo los tiempos laborados propios de la tarea, similar a la propia de una familia.

Para así concluir, tuvo en cuenta las testimoniales rendidas y realzó, en el contexto del caso particular, que los actores no hubiesen reclamado nada mientras vivían en el domicilio donde funcionaban como familia sustituta de los niños que derivaba la autoridad judicial.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, accidentes de trabajo, error material, confesión ficta
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rodolfo LARROSA c/ EMACO  S.A.C.I. e I. s/ SENTENCIAS   ARBITRARIAS  -  FALTA  DE  FUNDAMENTACION  SUFICIENTE  -  RAZONABILIDAD  - INDEMNIZACION - CONTRADICCION - ACCIDENTE DE TRABAJO  - ERROR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-17

Corresponde descalificar la sentencia que hizo lugar a la demanda por cobro de la indemnización derivada de un accidente laboral si la existencia de una contradicción explícita respecto a la fecha en que éste se produjo, importa un error inadmisible del fallo impugnado que tuvo por acreditado -a través de la confesión ficta de la demandada- que el accidente aconteció en determinada fecha, sin advertir que el actor no se encontraba aún en relación de dependencia con la empleadora.
Aplicación de la ley, cuota alimentaria, derecho internacional privado, ley más favorable
Materia: CIVIL-INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: F., M.C. c/ K., M. s/ Alimentos Provisorios - Compulsa Compulsa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-08-19

El Código Civil y Comercial aplica el criterio de favor alimentari tanto para determinar la jurisdicción -art.

2629- como el derecho aplicable -art. 2630-.

El último artículo citado dispone que el derecho a alimentos se rige por el derecho del domicilio del acreedor o del deudor alimentario, el que a juicio de la autoridad competente resulte más favorable al interés del acreedor alimentario.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: MONTALIVET CARLOS ALBERTO; GRAMAJO SERGIO OSVALDO Y OTROS s/ S.D. ROBO CALIFICADO, ETC. E-P- FERNANDEZ JOSE ANTONIO Y OTROS  -CASACION OTROS s/ S.D. ROBO CALIFICADO, ETC. E-P- FERNANDEZ JOSE ANTONIO Y OTROS -CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-12-18

El robo agravado por el uso de armas es una figura que importa no sólo una lesión a la propiedad, sino tambiÚn un peligro para la vida o integridad de las personas. De allí, cuando el arma a utilizar está descargada o es inservible, el acto es simplemente intimidatorio, pues la vida o integridad física no está en juego, no configurándose, entonces la agravante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguridad social, aplicación de la ley, equidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vera Barros, Rita Esther c/ Estado  Nacional  (Armada  Argentina  -Dirección  General de Personal Naval-) s/ beneficio de pensión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

En materia previsional, la aplicación de la ley debe efectuarse equitativamente, de acuerdo con la valoración de los hechos específicos traídos a conocimiento de los magistrados.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, acción de amparo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vitale de Martínez, Beatriz c/ Municipalidad de Vicente López y ot. s/ Amparo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-27

La decisión del tribunal del trabajo que rechaza el planteo de incumplimiento de la sentencia de amparo interpuesto por la actora tiene, en el caso, efectos de sentencia definitiva a los fines de la admisibilidad de los recursos extraordinarios, por lo que también lo es el fallo de la Cámara que declara inapelable tal decisión, desde que se genera un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)