Ejecuciones especiales, proceso penal, prisión domiciliaria, admisibilidad del recurso, cuestiones procesales, pandemia, coronavirus, derecho a la salud, faltas relacionadas con la higiene y la salud, medidas de seguridad, grupos vulnerables
Materia: PENAL
Carátula: TAVARA HUAMAN, Ana Lucía s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-03

Corresponde hacer lugar al recurso de la Defensa Pública, casar la resolución recurrida -en cuanto rechazó la prisión domiciliaria- y devolver las actuaciones al a quo a fin de que, con la celeridad que el caso impone, se dicte un nuevo pronunciamiento con estricto apego a los términos establecidos en la presente y con especial consideración respecto al referente y domicilio alternativos, y casar la resolución recurrida en cuanto había declarado la inconstitucionalidad de la Acordada n° 9/20 dictada por esta Cámara. En primer lugar, se señaló que las genéricas alusiones del juez a las medidas adoptadas desde el SPF sobre la salud de la encausada no resultan suficientes para justificar, sin más, el rechazo de la morigeración por motivos humanitarios. En efecto, el a quo no ponderó debidamente las múltiples afecciones que aquejan a la encausada, vinculadas a su condición de diabética insulinodependiente e inmunosuprimida, con sus antecedentes oncológicos, que motivaron una histerectomía y hernia derivada de aquella operación. Los padecimientos de salud representan por sí mismos peligros elevados en caso de contraer COVID-19 y, a más de ello, la recurrente reúne comorbilidades que incrementan ese peligro, más aún en el contexto de encierro carcelario, tal como lo señala el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación relativo a la población penal alojada en el SPF sobre las y los internos con riesgo de salud a partir del CORONAVIRUS-COVID 19, que incluye expresamente en su nómina a la causante. En definitiva, el a quo llevó adelante una evaluación desaprensiva de los informes médicos y prescindió tanto de la consideración de la interna como paciente inmunosuprimida, como también de la advertencia de que los controles requeridos para sus condiciones de salud se deberían atender, al menos parcialmente, fuera del establecimiento penitenciario. Se valoró, además, la presentación de la Procuración Penitenciaria de la Nación, donde se sostuvo que: "...el centro médico del CPF IV sólo dispone de 10 camas para internación, no se encuentra equipada con equipos de respiradores para ventilación mecánica y no cuenta con una sala de terapia intensiva.". Todo ello conduce a concluir, en las particularidades de la especie, que la solicitada morigeración del cumplimiento de la pena de prisión se presenta prudente e idónea a los fines garantizar su derecho a la salud y a la vida durante el tránsito de la ejecución de la pena impuesta, bajo las condiciones a imponerse. Por otra parte, la evocación de "impertinencia constitucional" de la Acordada n° 9/20 de este cuerpo incumple los criterios básicos de sobriedad y prudencia -y antes bien de orden técnico- en el ejercicio de la delicada tarea de ejercer el control de constitucionalidad. El a quo señaló sin ninguna incidencia para su decisión que el pleno de este tribunal invade la independencia interna de los tribunales, y evocó la obra del maestro Julio B.J. Maier, quien -por cierto- desechó por incorrecta la interpretación que se realizó de su texto (Vid. Maier, Julio B.J., "Biología y prisión", en El Cohete a la luna, 3/5/20). Distante aparece la hipótesis de la invalidez constitucional que importa la obligatoriedad de los fallos plenarios, denostada como "dictadura de los jueces". Los criterios de los tribunales superiores en la organización judicial deben ser seguidos por los jueces de grado sólo en razón de su fuerza argumental, de la altura moral que representen tales precedentes y de su rigor científico (jurídico), como también por motivos de economía procesal. Y el alcance de esta obligación moral se limita a la necesidad de que los jueces brinden mayores razones que justifiquen una interpretación distinta, de modo tal que se planteen nuevas reflexiones que puedan conmover los fundamentos otorgados. Cuando, como ocurre en el sub lite, ello no tiene lugar ni necesidad, la sentencia resulta arbitraria también en ese aspecto -por falta de fundamentos- y traslada en ese aspecto un dispendio jurisdiccional (Fallos: 212:51; 212:160; 307:1094). De tal suerte, acierta el judicante en destacar la importancia de preservar la independencia -cuanto menos, interna- de cualquier juez. Empero, deviene preocupante la fragilidad que se asume de esa suprema cualidad de intérprete, si acaso puede verse perturbada -según lo indica el magistrado- por las meras recomendaciones de este tribunal. Tanto más, cuando los lineamientos de la Acordada 9/20 están dirigidos a atender cada supuesto individual por parte de los jueces. El voto concurrente señaló que la doble condición de paciente oncológica -inmunosuprimida- y diabética -insulino dependiente-, además de las otras afecciones de salud que padece, lleva a la necesidad de reevaluar la situación, atendiendo muy especialmente los términos del dictamen formulado por la Procuración Penitenciaria ante esta instancia. El tribunal no ha dado respuesta al agravio esgrimido relativo a que la eventual circulación del virus dentro del penal constituye para la nombrada una amenaza grave, cierta y concreta. De igual modo, no tuvo en consideración que, frente a la suspensión de los traslados para controles médicos fuera del establecimiento carcelario mientras perduran las medidas de aislamiento decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional, no podría darse cumplimiento a lo que aconsejaron los galenos; esto es, que para atender a su situación de salud, se podían realizar los controles tanto intramuros como en hospitales fuera del ámbito penitenciario. La disidencia parcial entendió que debía rechazarse el recurso en lo atinente a la improcedencia del beneficio solicitado, en el entendimiento de que las patologías que presenta Tavara Huaman no revisten, por el momento, la entidad suficiente para habilitar su externación, así como que tampoco se sigue una concesión automática de un presunto mayor riesgo de contagio corrido intramuros. Las patologías que registra la interna, son susceptibles de atención adecuada y están dentro de las posibilidades humanas, profesionales y técnicas con las que cuenta la unidad de detención. Reparó, en que Tavara Huamán registra una condena firme de cuatro años y seis meses de prisión como autora de comercio de estupefacientes y que la sanción no se halla próxima a ser cumplida en su totalidad. Tampoco cumple con las condiciones o inminencia para acceder a algún tipo de la libertad anticipada, a la vez que su situación no está contemplada en el resto de los supuestos previstos en la Acordada 9/20. Dres. Slokar, Yacobucci -voto concurrente- y Mahiques -en disidencia parcial-