Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-03-28


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: 7 San Fernando del Valle de Catamarca, 28 de Marzo de 2.006.

Y VISTOS:

Estos autos Corte Nro. 224/04 "DUEÑAS QUISPE, Herbert Bernardo c/ Ministerio de Salud y Acción Social y Pcia. de Catamarca Acción de Plena Jurisdicción", en los que a fs. 53 tiene lugar la audiencia que prescribe el Art. 39 de la Ley 2.403; llamándose autos para Sentencia a fs. 54. En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es procedente la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta?. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?. Practicado el sorteo, conforme al acta obrante a fs. 55, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y JOSÉ RICARDO CÁCERES. A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que la parte actora en autos promueve recurso de plena jurisdicción en contra de la Resolución ministerial Nro. 1959 de fecha 09/11/04, que rechaza el recurso jerárquico.

En referencia a los hechos señala que en 1999 a raíz de un informe elevado por la Directora del Hospital de Chumbicha se inicia el Expte. Nro. 1782/99 Hospital Distrital de Chumbicha área programática Nro. 4 s/ eleva denuncia presentada por el Dr. Herbert Bernardo Dueñas, donde se pone en conocimiento una supuesta irregularidad parto con feto sin vida, ocurrida en ese centro hospitalario entre el 24 y 25 de septiembre de 1999.

Con fecha 23 de abril del 2003 la Dirección Provincial de Medicina Asistencial, dicta Resolución Nro. 19 notificada el 29 de marzo de 2.004 en la que se dispone instruir sumario al personal del hospital entre ellos a la actora Dra. María Antonia Acosta de Nieva; que en esa oportunidad advierten que el sumario administrativo estaba incurso en caducidad conforme al Art. 131 del CPAd. puesto que, desde el 28 de junio de 2.000 y hasta 09 de diciembre de 2002 la administración dejó pasar un año y medio sin haber efectuado acto procesal válido para instarlas. De este modo sostiene que las actuaciones posteriores nunca fueron consentidas y se encuentran perimidas de acuerdo a lo prescripto por el Art. 131 del C.P.Ad.. La administración rechaza el pedido de caducidad aduciendo que el último acto administrativo es de fecha 23 de abril de 2003, notificado a las partes el 29 de marzo de 2004, quedando firme el mismo pues produce sus efectos a partir de la notificación.

En este orden el actor destaca, que se había solicitado el pedido de caducidad a partir del 28 de junio del 2.000 fs. 242, dado que hasta el 09 de diciembre de 2002 fs. 243 habían transcurrido en demasía los plazos prescripto por el Art. 131 y la administración ha resuelto rechazando el pedido de caducidad sin ajustarse a derecho y a las constancias de las causa. Que esa resolución fue recurrida mediante recurso de reconsideración el que es erradamente rechazado por extemporáneo equívoco en el conteo de plazo, por lo que interpone jerárquico el que también con total arbitrariedad resuelve no hacer lugar mediante Resolución Ministerial Nro. 1959, lo que motiva la presente acción. Insiste que su parte no ha consentido ningún acto posterior al 28 de junio de 2.000, pues no tuvo participación en la causa ni fue notificado de los actos administrativos efectuados en dicho plazo y la primera oportunidad que tenía para articular la caducidad fue al ser notificado de las actuaciones en fecha 29 de marzo de 2004. Funda el derecho en los Arts. 18 de la CN, 10 Inc a) de la ley 2403, 131 del C.P.Ad. y jurisprudencia citada.

Ofrece prueba documental e informativa y hace reserva del caso federal. A fs. 36, previa vista al Sr. Procurador de la Corte, se declara prima facie la competencia y jurisdicción de este Tribunal para entender en la presente causa.

A fs. 39/41 responde traslado la demandada negando cada una de las alegaciones del actor y aduce que este Tribunal no interviene en contra de actos administrativos discrecionales y contra resoluciones que importen el ejercicio de facultades disciplinarias, salvo que se encuentren viciadas de ilegitimidad: que esta vía resulta improcedente para impugnar actos preparatorios. Que el inicio de un sumario administrativo es un acto preparatorio y es un proceso de investigación unilateral, no intervienen los administrados hasta que se lo notifica de la audiencia.

Que abierta la etapa probatoria a su término la demandada alega sobre el mérito de la causa. Firme el proveído de autos para resolver se procede al sorteo determinante del orden de estudio y votación y conforme a su resultado emprendo el examen de lo sometido a decisión. Que en tal sentido observo que la vía administrativa se encuentra debidamente agotada y en consecuencia ratifico lo resuelto por este Tribunal en cuanto a la competencia y jurisdicción para intervenir en la presente causa. Que en relación a la cuestión de fondo a decidir anticipo mi opinión en sentido contrario a la pretensión del actor y doy mi razón. La perención es un hecho que se produce ante la inactividad en un proceso por el transcurso del tiempo, y para que esta situación fáctica de inactividad produzca efectos jurídicos necesita de una declaración que así lo disponga, si ello no sucede y posteriormente, no obstante el tiempo pasado, se ha continuado con la actividad el plazo se reinicia. En tal sentido nuestro Código de procedimientos administrativo, si bien establece que la inactividad en el trámite de un expediente por un tiempo por si sola produce la perención de la instancia, impone que debe ser declarada es decir no deja lugar a duda que requiere el dictado de un acto administrativo expreso que así lo disponga, no opera de pleno derecho ya que la ley no lo establece expresamente y, además, por que no guardaría coherencia con los principios generales del procedimiento consagrados en la Ley. Dicha inteligencia surge de la interpretación armónica del 129 y 131, en efecto, el primero refiere a la paralización del trámite del expediente atribuible al administrado o interesado, entonces la perención pasado tres meses se produce por si misma, y se "declara" de oficio, ello implica el dictado de un acto expreso que así lo establezca y se notifique pues, a su vez, puede ser recurrida. Entonces en la cuestión planteada si bien es cierto la inacción de la administración de un año y medio, según surge patente de fs. 242/243, la misma no fue declarada, no hubo un pronunciamiento en ese sentido, luego los actos posteriores demostraron la voluntad de la administración de continuar con el trámite, en etapa donde procedía inaudita parte, sin tener la obligación de notificar dado que no había interesados individualizados, era una investigación general donde el único interés en juego era el interés general y el orden público, hasta que, realizado el acopio de datos, informaciones y elementos de juicio necesarios, se llega a la resolución que dispone iniciar sumarios individualizándose el interés y generándose la obligación de notificar a los involucrados, siendo para ellos este el último acto dictado en este expediente realizado por la administración.

Notificado del inicio del sumario los involucrados podrán ser oídos, presentar pruebas y controlar a partir de esa resolución todo lo concerniente a su derecho de defensa y el debido proceso.

Vale señalar que la mayoría de los códigos de rito administrativo no contemplan este instituto de la caducidad por perención referido a la administración, en tal sentido oportuno es el comentario de Julio Rodolfo Comadira, Procedimiento Administrativo Ley Nacional de Procedimiento Administrativo Anotada y Comentada tomo 1, cuando expresa: "la aplicación de la caducidad a la administración debe descartarse, ya que del propio texto legal se desprende que el sentido esencial del instituto radica en otorgar a aquélla un medio para archivar expedientes paralizados por causas imputables a los particulares, y en los que no se justifica el mantenimiento de la instancia ante un interés público que no existe, con perjuicio de situaciones jurídicas existentes y legalización de desorden en la actividad administrativa". Sin embargo y como nuestro Código lo contempla, estimo que en la hipótesis como la ahora analizada en que la administración inició y siguió el trámite inaudita parte y la inactividad se produjo en esta etapa, su aplicación solo es posible cuando la administración la declare por si misma al considerar que el interés general que motivara el trámite se halla extinguido y a pedido del administrado, interesado o tercero, cuando al tomar conocimiento sea realmente el último acto dictado o diligencia realizada.

En consecuencia de lo expuesto concluyo que la acción debe ser rechazada y en esa dirección doy mi voto. Con costa a la vencida.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Comparto las fundadas razones y conclusión arribada por el Dr. Oviedo, motivo por el cual me adhiero y voto en igual sentido. En consecuencia las costas deben ser impuestas a la parte actora que resulta vencida. Es mi voto. A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que adhiero a los fundamentos y conclusión a las que arriban los colegas que me preceden en el Acuerdo, por lo que emito mi voto en igual sentido. Con costas a la accionante.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe.

San Fernando del Valle de Catamarca, de Marzo de 2.006.

Y VISTOS:

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1º) Rechazar la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta. 2º) Con costas a cargo de la parte actora.

3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base suficiente para ello. 4º) Protocolícese, hágase saber y firme o ejecutoriada, por Secretaría procédase a devolver los expedientes administrativos a los Organismos correspondientes y oportunamente archívense.