Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19


LOBOS, José Ernesto contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELA Reg.: A y S t 197 p 55-62.

En la ciudad de Santa Fe, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "LOBOS, José Ernesto contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELA sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (expte. C.S.J. nro. 142, del año 1994), de conformidad con el acuerdo celebrado el día doce del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo: I.1.

José Ernesto Lobos deduce recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Municipalidad de Rafaela a los fines de que se declare la nulidad de la resolución 9396 y que, a consecuencia de ello, se disponga el restablecimiento de la vigencia de la resolución 8890 del 14.10.1991, como así también la anulación del traslado dispuesto de la Dirección de Estudios y Proyectos a dependencias del Obrador Municipal; y se lo reintegre al cargo de chofer de unidades automotores que venía desempeñando con anterioridad y hasta el día 14.9.1992.

También solicita el pago del daño moral irrogado por la medida dispuesta, y del suplemento por operador de equipo pesado, desde la fecha en que la Municipalidad dejó de abonar dicho concepto, todo ello en valores debidamente actualizados y/o intereses que legalmente correspondan hasta el día del efectivo pago.

Alega que la autoridad, al disponer en forma unilateral su traslado, no ha reparado en lo que dispone el artículo 57 del estatuto vigente, según el cual, "el personal tiene derecho a ser trasladado a su solicitud".

De allí extrae que la Administración no puede imponer unilateralmente el traslado de un agente integrante de la planta de personal permanente y que cumple funciones inherentes a un cargo que hace a su carrera administrativa en el agrupamiento en que revista, "por tratarse de un derecho de éste y no del cumplimiento de una obligación a su cargo".

Añade que el artículo 15 de la ley 9286 confirma lo precedentemente expuesto, al enumerar entre los derechos del personal municipal el de solicitar traslado.

En otro orden, dice que la medida adoptada no se adecua al fin propuesto, y que, de allí, resulta irrazonable.

Sostiene que la Municipalidad no acredita en las razones invocadas que el traslado dispuesto estaba dirigido a lograr un mejor y adecuado ordenamiento funcional en la prestación del servicio como chofer de unidades automotores, y que se traduzca en el logro de una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus fines.

También destaca que accedió legítimamente al cargo a través de la resolución 8890; que demostró idoneidad; que no recibió sanciones disciplinarias; y que la Administración invoca motivos "incompatibles con el concepto de estabilidad", carentes de entidad para la satisfacción del interés público.

Explica que ello es así porque "el cambio de funciones, marcadamente diverso de las que cumplía ...

y respecto de las cuales habría acreditado idoneidad específica, implica una violación a su derecho y resulta una descalificación con relación al ejercicio del cargo que desempeñaba".

También, que si la Administración tenía necesidad de afectar personal para conducir la unidad de la que fue despojado para la obra de gas natural, y cuya ejecución está a cargo del propio municipio, nada más apropiado y ajustado a derecho que confiar dicha tarea a personal idóneo como era su caso; y no tronchar su carrera administrativa confinándolo a un destino donde ni siquiera conoce con antelación las tareas que se le encomendarán.

Señala que el hecho de la ley provincial 10.798 y la ordenanza 2513, invocadas en los considerandos de la medida atacada, prevean la posibilidad de efectuar traslados de agentes, no implica atribuir una facultad absoluta omnímoda "ya que siempre se deberán respetar los derechos consagrados en el Estatuto del Personal Municipal sobre la materia".

Afirma que en el caso, el cambio de funciones que impone el traslado importa una desjerarquización que aparece como ilegítima, ya que no debe desconocerse que en todo procedimiento de reordenamiento administrativo debe existir una adecuación de las funciones asignadas a la respectiva ubicación escalafonaria alcanzada -"que, en el caso, es la de chofer de unidades automotores"-.

Destaca también que la medida implicó una disminución de la remuneración, al privársele del cobro del suplemento por equipo pesado "que, como tal, integra el sueldo", según -dice- lo establece la jurisprudencia de este Tribunal.

Finalmente, solicita el pago de daño moral por la aflicción que, según afirma, debió y debe sufrir como consecuencia de la situación creada con la medida que impugna.

Solicita, en suma, se haga lugar a la demanda, con costas.

2.

Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso (foja 15), se emplaza a la demandada a que comparezca a estar a derecho; lo que hace a foja 26. A foja 36 contesta la demanda.

Ante todo, niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocado, como así también la procedencia del recurso, por considerar ajustada a derecho la resolución impugnada.

Afirma que si bien el traslado aparece en la ley 9286 como un derecho del agente, no deja además de entenderse como una potestad de la Administración, implícitamente reconocida en los artículos 18, 35 y 124 de dicha ley.

"Por ende -agrega- debe entenderse que si el servicio lo requiere, puede la Administración trasladar al agente a otras dependencias dentro del municipio, con los lógicos límites que impone el correlativo derecho del agente".

Destaca que Lobos fue designado mediante resolución 8890 como chofer de una unidad de colectivo en el ámbito de la Subsecretaría de obras Públicas, dependiente de la Dirección de Estudios y Proyectos; que dicha unidad fue afectada a partir del 14.9.1992 a la obra de red de gas natural, requiriéndose entonces que tal unidad sea conducida por personal afectado a esa obra, dejando en consecuencia el vehículo de cumplir el destino que tenía previamente asignado.

De lo expuesto, colige que "resulta más que justificado y razonable el traslado, no siendo cierto, como sostiene el recurrente, que el mismo no sea razonable, ya que el mismo obedeció a la necesidad de afectar la unidad a otro destino, y, por ende, encomendar su manejo a personal que reviste en la misma área en que se utilizaría el rodado, independientemente de la idoneidad de Lobos para su manejo".

Recuerda que la reubicación se efectuó durante la vigencia de la ley 10.798 y de la ordenanza 2513 que la recepta, "es decir, que regían para el caso, los particulares justificativos y fundamentos que informaban la emergencia económica en la provincia de Santa Fe en esos momentos".

Niega que al demandante le asista derecho de reclamar la reparación por daño moral, ya que, conforme la reiterada y constante jurisprudencia en materia laboral, los reclamos que hagan a cuestiones derivadas de las relaciones de empleo no son susceptibles de generar derecho a la reparación de daño moral.

En cuanto al argumento sustentado en el derecho a la estabilidad y al mantenimiento del nivel escalafonario alcanzado como derecho adquirido, no puede olvidarse que ninguno de estos beneficios puede ser considerado como derecho absoluto, ya que siempre se encuentran condicionados a la razonable existencia de necesidad e interés público que impongan y sustenten la racionalización o variación en las condiciones del servicio.

Por otra parte, dice que no puede dejar de tenerse en cuenta que el actor ha promovido otra causa por ante este mismo Tribunal, objetando la resolución 6456, del 21.1.1988, por la que rechaza el recurso contra la resolución 5636 del 10.11.1986, mediante la cual se dispuso su traslado del Departamento de Espacios Verdes de la Secretaría de Servicios Públicos al Departamento Desagües de la Secretaría de Obras Públicas, solicitando que se lo restituyera a su anterior tarea de chofer de conductor de tractores.

Por ende -señala- tanto el presente planteo, como el efectuado en la causa citada "resultan cuestiones referidas a un planteo incompatible, ya que el acogimiento de alguno de los reclamos tornará imposible el tratamiento del otro, ya que no resulta factible que el agente, de entender que pueda proceder alguno de los planteos, pueda ser considerado con derecho a ocupar dos cargos anteriores a un mismo tiempo", cuestión que solicita sea tenida en cuenta al sentenciar.

Peticiona, en suma, el rechazo del recurso, con costas al actor.

3.

Abierta la causa a prueba (foja 38), se produce la que consta en autos. A foja 83 se agrega el informe sobre el mérito de la causa producido por la demandada.

A foja 85 se llaman autos para resolver.

Firme dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

II.

Tal como surge de lo expuesto, el actor cuestiona la legitimidad de la resolución 9396, por la cual la Administración dispuso trasladarlo de la Dirección de Estudios y Proyectos al Obrador Municipal.

Lo hace con base en diversos argumentos, los que seguidamente se analizan.

1.

En primer término, sostiene que el traslado constituye sólo un derecho del agente público, y que no puede ser dispuesto unilateralmente por la Administración.

Las razones expuestas por este Tribunal en la causa "Juárez" (de A. y S. T. 88, pág. 385) -a las que corresponde remitir en honor a la brevedad- bastan para rechazar este planteo.

Puede recordarse que en esa oportunidad el Tribunal, luego de efectuar un repaso de las normas de la ley 9286 referidas al traslado de personal, concluyó en que "la circunstancia de que no haya norma en el estatuto que expresamente prevea el traslado del empleado de una dependencia a otra dentro de la misma sede, no es, empero, obstáculo para reconocer esa facultad.

La ausencia de previsión normativa en este sentido se debe a que estos estatutos miran preferentemente al empleado, determinando prolijamente sus derechos y deberes, pero no regulan a la par de modo explícito las facultades, derechos y deberes de la Administración.

Estos, sin embargo, pueden surgir indirectamente de aquéllos"; como así también que "la no inclusión expresa no autoriza a entender que la Administración tenga prohibido trasladar a sus empleados fuera de aquellas situaciones típicamente reguladas".

El análisis sistemático del estatuto aprobado por la ley 9286 permite arribar a esa conclusión, porque si en el supuesto del artículo 35 se reconoce a la Administración municipal la facultad de trasladar al personal a otra sede, afectando la situación del agente de modo radical como es el cambio de residencia, "por razones de servicio", si bien abonándole la indemnización por desarraigo cuando el traslado es un carácter permanente, no puede negarse la posibilidad de que si "el servicio lo requiere" se disponga el traslado a otras dependencias dentro de la misma sede.

Por las razones expuestas, el agravio no puede ser acogido.

2.

También sostiene que la medida resulta irrazonable por cuanto "no se adecua al fin propuesto" y que "sólo trasunta un fin perseguido por la autoridad, carente de entidad para la satisfacción del interés público" (foja 8 vto.).

Este planteo exige repasar los fundamentos de la resolución 9396.

En los considerandos de dicha medida, se observa que el Intendente, luego de tener presente que Lobos anteriormente había sido trasladado a la Subárea de Estudios y Proyectos y de que se le había encomendado la tarea de chofer del colectivo nro. 21, señala que "según informa la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la mencionada unidad, a partir del 14 de septiembre de 1992, es afectada a la obra Red de Gas Natural para la ciudad y será conducida por personal dependiente de esta obra, siendo necesario encomendar una nueva tarea al agente Lobos".

También, que "en dependencias del obrador municipal es menester contar con personal para realizar tareas variadas a ejecutar en el mismo"; como así también que "la medida adoptada se hace efectiva en el marco de adhesión a la ley de emergencia económica nro. 10.798, a través del Municipio mediante ordenanza nro. 2513".

Tal como se observa, la Administración, al fundamentar el acto ahora impugnado, aludió a la ocurrencia de circunstancias muy concretas: por un lado, la necesidad de afectar la unidad de colectivo a la obra de gas; por otro, la necesidad de personal que existía en el Obrador municipal.

Tales razones se ven precisadas por el informe del Director de Estudios y Proyectos de la Municipalidad, según el cual "el tema de la movilidad - conducida por Lobos, en el caso- era importante" a los fines de efectuar diversos estudios vinculados con el aumento de nivel en las napas freáticas de la ciudad, y que "con los datos suficientes se discontinuaron los estudios, el Sr. Lobos recibió un nuevo destino y el colectivo comenzó a utilizarse en otras tareas totalmente ajenas a esta Dirección" (foja 57).

Tal como se observa, la resolución se funda en concretas razones de servicio que son definidas de un modo preciso por el Intendente municipal, las cuales guardan una innegable relación con la atención de cometidos públicos: por un lado, está la necesidad de que la unidad automotor nro. 21 sea afectada a la ejecución de una obra, que va vinculada con la decisión de que ella sea conducida por personal que se desempeña en dicha obra; y, por otro, el hecho de que resulta menester contar con personal para realizar tareas en el obrador municipal.

El actor alega la irrazonabilidad de dichos motivos.

Pues bien: se trata de una afirmación que no alcanza a ser probada en autos.

En efecto: en la etapa respectiva, el recurrente ofreció como prueba las actuaciones administrativas reservadas para esta causa; solicitó que se oficie a la demandada para que remitiera los recibos de haberes correspondientes al lapso transcurrido entre el mes de julio de 1991 y septiembre de 1992; y solicitó que aquélla informara acerca de la situación escalafonaria del agente que pasó a conducir la unidad de colectivo nro. 21 y respecto de la existencia de sanciones disciplinarias aplicadas mientras se desempeñó como chofer.

Las actuaciones administrativas, tal como se dijo, se encuentran reservadas en la causa -se trata del expte. adm. Letra S-nro. 135.819-1-Fichero 49- y contienen una copia de la resolución interna nro. 417/91 -por la cual el Secretario de Obras y Servicios Públicos resuelve trasladar a Lobos al Subárea Estudios y Proyectos-; otra de la resolución 8890/91 -por la cual el Interventor municipal resuelve encomendarle a Lobos la tarea de chofer de la unidad colectivo nro. 21-; también una constancia de la resolución 9396; y, en fin, los reclamos del actor previos a la deducción de la demanda de autos. Por su parte, los recibos de haberes son agregados a fojas 60/76 de autos; y a foja 57 vto. se informa que "a partir de la afectación d Es que el análisis de este tipo de aspectos resulta, en principio, de difícil acceso para este Tribunal, el cual no podría desde luego sustituir a la Administración en la valoración de los precisos modos en que debe instrumentarse la provisión y conducción de una unidad móvil para una obra pública -cuyas características concretas, por lo demás, no constan en la causa-.

Es por ello que en este tipo de cuestiones, salvo una clara violación de ley, las posibilidades de control por el Tribunal quedan limitadas a la razonabilidad de las medidas adoptadas, y particularmente condicionadas a la demostración de la efectiva existencia de una causal de ilegitimidad que permita un adecuado control jurisdiccional.

En el caso, aquella violación no aparece configurada, y la única prueba que aportó el actor vinculada con este punto tiene que ver con que el cargo de conductor de la unidad fue asignado a otro agente municipal, lo que desde luego resulta manifiestamente insuficiente para probar la irrazonabilidad alegada.

Queda de este modo, desechado el agravio en cuestión.

3.

Finalmente, sostiene el actor que la medida resulta violatoria de su derecho a la estabilidad.

En este punto expresa ante todo que tiene un derecho adquirido al mantenimiento del cargo que desempeñaba (punto "III-D" de la demanda; f. 9). Este argumento no puede prosperar.

Este Tribunal tiene dicho en numerosos precedentes ("Bilicich", de A. y S. T. 109, pág. 198; "Márquez", de A. y S. T. 119, pág. 160; "Alfirevic", de En otro orden, afirma que en el nuevo destino le fueron asignadas funciones marcadamente diversas con respecto al cargo que desempeñaba anteriormente.

El análisis de este planteo se ve impedido por cuanto el recurrente no ha siquiera ofrecido prueba vinculada con las tareas que le fueron asignadas en el obrador.

A ello corresponde agregar que no surge ni del expediente judicial ni de las constancias administrativas datos que ilustren acerca de tal extremo, el cual desde luego resulta indispensable a la hora de efectuar la comparación que el agravio supone.

Ello basta para rechazarlo.

Finalmente, dice que el hecho de haber dejado de percibir el suplemento por equipo pesado en el nuevo destino también supone una violación a su derecho a la estabilidad.

Indica que dicho suplemento, según la jurisprudencia de este Tribunal, integra el sueldo.

Adelanto que se trata de un argumento que tampoco puede ser aceptado.

En efecto: la supuesta "pérdida" del suplemento establecido en el artículo 64 de la ley 9286 (Anexo II), no puede sin más constituir una violación al derecho invocado.

Ello, en base a las siguientes razones -las cuales, agrego, han sido señaladas de modo constante por la jurisprudencia de este Tribunal-.

La primera tiene que ver con el criterio -seguido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- consistente en que la estabilidad del empleado público no importa un derecho absoluto a permanecer en la función (como ya se dijo), sino un derecho al cargo presupuestario.

Y la segunda, conque el suplemento previsto por el artículo 64, Anexo II, ley 9286, "operadores de equipos pesados", es de aquellos para cuya determinación se toma en cuenta el trabajo efectivamente prestado ("Pavón" y "Operto", A. y S. T. 109, págs. 373 y 388, respectivamente: "Lobos", de A. y S. T. 165, pág. 266), ya que se liquida "a razón de una treinta-ava parte de la misma por cada día de servicio efectivamente prestado". Esto, a su vez, tiene que ver con lo afirmado por el actor en en lpunto "III.E" de la demanda, en el sentido de que el suplemento en cuestión, en efecto, integra la retribución del agente (art. 47 - Anexo II, ley 9286), mas ello es así -se debe agregar- en la medida en que "correspondan a su situación de revista y condiciones especiales".

De hecho, si se analizan las pruebas producidas en la causa, puede observarse que el propio recurrente, mientras se desempeñaba en la Dirección de Estudios y Proyectos, percibió en algunos meses el equivalente a 21 "unidades" del suplemento (noviembre de 1991; v.

fotocopia del recibo de haberes de foja 64); en otros, a 19 unidades (diciembre de 1991; foja 65); en el mes de febrero de 1992, percibió el equivalente a 12 unidades (foja 69) y en marzo de ese año, a 4 unidades (marzo de 1992; foja 70).

Es por ello que, en las condiciones apuntadas, el hecho de que el actor haya dejado de percibir este suplemento en su nuevo destino -que, insisto, se corresponde inexorablemente con la efectiva prestación de tareas descriptas por la norma- no torna ilegítimo el acto de traslado.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto.

Las costas se impondrán al actor (art. 84, ley 4106).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Gutiérrez y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto; con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)