marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad procesal, declaración de oficio, recusación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: José Alejandro Avellaneda c/ Yersiplast S.A. s/ Daños y perjuicios - Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-03-27

Corresponde declarar de oficio la nulidad de la resolución emitida por el A-quo y ordenar en consecuencia al mismo que proceda a remitir al Sr. Juez que sigue en orden de turno la causa, y forme el incidente respectivo con el escrito de recusación y el informe que le impone la ley ritual. Ello en virtud del carácter excepcional que reviste el caso traído a resolver, puesto que, habiéndose deducido el recurso de queja por apelación denegada, se ordena reencausar el procedimiento, teniendo en cuenta para resolver en tal sentido que en el caso de autos el accionante interpone la queja en contra del proveído del A-quo que desestimó el recurso de apelación intentado, ya que a su juicio la resolución que decide el rechazo de una recusación es inapelable. Por ello, considerando las circunstancias de ser el mismo juez recusado quien rechaza la recusación y a su vez desestima la apelación incoada, se impone, sin perjuicio de entender que en principio el proveído dictado por el iudicante sea correcto, que la resolución que rechazó la recusación sea apelable al ser dictada por el mismo juez recusado y ser éste incompetente. En esa inteligencia, la doctrina ha señalado que a partir del momento en que la recusación se deduce y hasta que ésta se resuelva por la Cámara, el juez recusado debe abstenerse de continuar interviniendo ya que, conforme a la ley adjetiva, el tribunal competente para conocer en la recusación no es el mismo juez recusado, que en el caso se estaría erigiendo en su propio juez.
Recurso de casación penal, excarcelación, condiciones personales
Materia: PENAL
Carátula: Lugo, Jorge s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-27

Es inadmisible la queja por casación denegada, por cuanto el recurrente sólo manifestó su disconformidad con los argumentos expuestos por el a quo para denegar el recurso de casación, sin lograr refutarlos a través de sus agravios, defecto que obstaculiza la habilitación de esta instancia, tanto más cuanto la decisión atacada está suficientemente fundada (del voto de la Dra. Catucci).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, restaurante con juegos, interpretación del contrato, obligación principal, obligaciones accesorias, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: ROFFE, VANESA IRMA Y OTRO c/ SEDARQUI S.R.L. RESTAURANTE CASIMIRO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-05

El público que asiste a un restaurante con juegos para niños, lo hace con la finalidad no sólo de consumir alimentos y pasar un momento agradable con parientes o amigos, sino también de permitir que sus hijos pequeños participen enlos entretenimientos que la empresa habilita a tal fin para su esparcimiento. Es así que en dicho marco, la firma está obligada a asumir por su actividad, un deber secundario de velar porque no se produzca ningún daño en la persona o los bienes de quienes concurren a su establecimiento.

El contrato contiene entonces dos obligaciones: una principal, consistente en ofrecer el servicio prometido, de mesa para los mayores y de esparcimiento y recreación para los niños, y una accesoria de seguridad. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L.V. y otra c/ N. T. y/o sucesores s/ Exclusión hereditaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-07

El juez moderno no es un juez inanimado sino un sujeto dotado de sensibilidad y de razón, que tiene el deber de expresarse superando los puro esquemas silogísticos. Al apreciar la prueba testifical, por exigencias de la sana crítica, debe poner en juego, dentro del sistema probatorio del proceso, tanto sus condiciones de lógico como su experiencia adquirida en el contacto con los hombres y las cosas.
Prisión preventiva, plazo
Materia: PENAL
Carátula: GUARDO CARLOS F.; LOPEZ CARLOS J.; LAZARTE SERGIO S.D INCENDIO AGRAVADO POR HOMICIDIO Y ENCUBRIMIENTO E.P. CHAVEZ SILVIA A. Y CHAVEZ ESTELA (PEDIDO  DE EXCARCELACION A FAVOR DE CARLOS GUARDO) s/ CASACION CRIMINAL FRIAS, JUAN MARCELO s.d. ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA (ART. 166 INC. 2º DEL C.P.) e.p. QUIROGA, MARGARITA Y OTROS INCIDENTE DE CESACION DE PRISION) s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-12-22|2009-10-06

Ley 24.390 (modificada por Ley 25.430), en su artículo 1 dispone que la prisión preventiva no podrá ser superior a los dos años sin que se haya dictado sentencia; a su vez, y como excepción, estipula que el encierro podrá extenderse -prorrogarse- por un año más cuando la cantidad de delitos imputados o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de una sentencia en el plazo de dos años.

De esta forma, la citada norma fija un límite al encarcelamiento preventivo durante el curso del proceso penal, teniendo en consideración que se trata de una medida cautelar tendiente a asegurar el desarrollo del juicio y, en su caso, el cumplimiento de la condena que eventualmente se imponga. Tal limitación temporal a la prisión preventiva encuentra sustento legal en los numerosos tratados internacionales incorporados con rango constitucional por el art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna Nacional, los que a partir de la reforma introducida en el año 1994 deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.

Estos instrumentos, por lo tanto, con jerarquía superior a las leyes, han enriquecido la protección a la garantía de la libertad, consagrando que durante el proceso penal la regla imperante es la de la libertad y que su privación constituye una excepción en aquellos supuestos en que la restricción sea imprescindible para una eficaz administración de justicia.
Sobreseimiento, prueba insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: BARRAL, Diego c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

El voto concurrente agregó que para el dictado de un sobreseimiento se exige de parte del juzgador una certeza apodíctica en orden a la concurrencia de alguna de las causales previstas en el artículo 336 del C.P.P.N. De tal suerte, y más allá de la posibilidad de actuar conforme a dicha norma cuando se considere que la investigación se ha agotado y la prueba reunida resulta insuficiente a tales fines, la desvinculación del imputado del proceso debe siempre respetar el principio de motivación de los actos procesales, dando razón del porqué de dicho temperamento liberatorio. (arts. 123 y 404, incisos 2) y 4) del C.P.P.N.). Dres. Catucci, Gemignani -voto concurrente- y Riggi
Principio de legalidad, aplicación de la ley penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Gerstein, Myriam Noemí s/ infracción ley 20.771, art. 2, inc. a), c) y d)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-20

Del principio de legalidad consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional nace la necesidad de que haya una ley que mande o prohiba una conducta, para que una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido, y que además se determinen las penas a aplicar.
Contaminación de aguas, vertimiento de desechos, competencia federal, límites jurisdiccionales
Materia: MEDIO AMBIENTE-PROCESAL
Carátula: Fernández, Miguel Ángel c/  s/ infracción ley 24051
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-22

La solución del caso que involucra una cuenca hídrica interjurisdiccional debe ser abordada desde una perspectiva integral ya que requiere la adopción de medidas referidas a la cuenca en general y no limitadas a las jurisdicciones territoriales, porque los conflictos ambientales no coinciden con las divisiones políticas o jurisdiccionales.
Daños y perjuicios, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: C., M.B. c/ H., J.L. y Otra s/ Cumplimiento de Contrato -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-07

La inejecución de un contrato no constituye por sí misma una presunción de daño a favor del acreedor, y en consecuencia, quien demanda la indemnización por esa causa, debe acreditar de manera fehaciente el menoscabo económico sufrido, requiriéndose que dicha prueba sea directa y propia.
Daño moral, defecto legal
Materia: PROCESAL
Carátula: PANETH PEDRO J. Y OTRO c/ MASSUH ANEIN Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-26

El monto por daño moral está sujeto a la apreciación judicial, por lo que su falta de indicación en la demanda no puede dar andamiento a la excepción de defecto legal.
Estafa, tentativa, falsificación de instrumento privado, boleta de empeño
Materia: PENAL
Carátula: LOIZA DE BARRAGAN, R. s/ FALSIFICACION  INSTRUMENTO  PRIVADO.  DEFRAUDACION. ESTAFA TENTATIVA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-22

El FORMULARIO DE PRENDA no constituye instrumento público sino privado, a pesar de la anotación en el registro de créditos prendarios, porque es otorgada siempre por particulares y aquélla anotación sólo tiene por objeto producir efectos respecto de terceros.

Configura el delito de tentativa de ESTAFA mediante falsificación de instrumento privado, la acción de la procesada que adulteró boletas de empeño y las presentó ante el Bco. de la ciudad de Bs.

As. para el rescate de alhajas, siendo notable que la comisión delictiva tuvo comienzo y fin bajo una resolución única, la de engañar a la institución bancaria pignoraticia para obtener esos bienes.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, despido, indemnización, doctrina de los actos propios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GUEVARA, GUILLERMO LUCAS c/ BASSO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-17

Las argumentaciones del recurrente no logran traspasar el límite de la mera discrepancia en torno a lo sostenido por la Alzada en el sentido de que si bien el trabajador reclamó en un primer momento la reincorporación a su puesto de trabajo -postura que mantuvo al interponer la demanda-, luego retiró del Banco el monto que le había sido depositado por la empleadora en concepto de indemnización por despido y salarios de reinstalación, sin hacer reserva ni objeción alguna, revelando dicha actitud -a la luz de la teoría de los actos propios- una renuncia a la pretensión expresada en primer lugar y una opción por la otra conducta que ofrecía la ley, de darse por despedido y percibir indemnización y salarios por todo el período de mantenimiento de su trabajo.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, relación de dependencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PITRIQUEO, JOSE SERVANDO Y OTROS c/ INVAP SE. s/ DESPIDOS S/INAPLICABILIDAD DE LEY DEL RIO, ALEJO c/ INVAP SE. s/ DIFERENCIAS SALARIALES Y DESPIDO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-10-05|1993-10-05

Las cuestiones entre empleador y empleados que atañen a derechos que emanan de la relación laboral remiten al análisis de temas de hecho, prueba y derecho común, ajenas a la instancia extraordinaria, máxime si el pronunciamiento impugnado cuenta con fundamentos del mismo carácter que lo sustentan suficientemente.-
Sentencia, diagnóstico médico, historia clínica, médicos, homicidio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SALAZAR, JUAN CARLOS s/ AUTOPSIA - TESTIMONIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1979-02-13

Si la sentencia se basa en un informe médico, en la historia clínica y en la declaración testimonial de un médico, esos elementos de juicio han permitido a la Cámara vincular la acción cumplida por el imputado,con el resultado letal que causó mediante las múltiples y graves lesiones que infirió a la víctima.-
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guerra, Rosa Susana c/ Agostini de Etchehandy y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-15

Si la excepcionante no ha desconocido la firma estampada al pie del instrumento base del compulsorio, ni tampoco ha invocado supuesto alguno de adulteración material del mismo, razón por la cual ha quedado reconocido el cuerpo del instrumento que contiene una obligación de dar sumas de dinero, ciertas y exigible (arts. 1026, 1028 del Cód. Civil), revistiendo la apelante carácter de libradora, aceptante del pagaré en ejecución, mientras que ante la eficacia vinculante de la prealudida falta de desconocimiento de la firma, se aprecia la impropiedad de argüir la ausencia de un expreso reconocimiento de la deuda quedando, purgada cualquier deficiencia formal sobre la que se pretenda cuestionar la habilidad del título.
Contratos comerciales, incumplimiento del contrato, resolución del contrato, intimación previa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, SALVADOR c/ TEJERA, ABEL ENRIQUE s/ RESOLUCION DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-07-05

Respecto a los agravios del tercero citado referidos a los vicios de la intimación de cumplimiento como previo al pedido judicial de resolución contractual, corresponde señalar que el artículo 1204 del Código Civil -conforme artículo 216 del Código de Comercio- permite la opción entre resolución judicial o extrajudicial. Según la doctrina vinculante en nuestra Provincia, "la jurisprudencia es unánime en el sentido de que el requerimiento contemplado en el artículo 1204 del Código Civil sólo constituye un requisito indispensable para la resolución extrajudicial, pero no representa un presupuesto necesario para reclamar judicialmente la resolución".

No es necesario en la intimación el empleo de términos sacramentales. En los casos en que se omite la fijación del plazo, rige el mínimo legal de quince días, lo mismo que cuando la intimación se ha hecho por un término menor.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Barra, Miguel c/ Lara, Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-18

La pauta rectora en materia de tránsito en la vía pública en los términos de la ley 5800, y en su adecuación con el derecho substancial, es la exigencia de conducción con el máximo de atención y prudencia dentro de los límites de velocidad y de las normas que regulan la marcha, es decir, no omitiendo aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de personas, tiempo y lugar (art. 512 del Cód. Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, incumplimiento de resolución judicial, dolo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., G. R. c/  s/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR EL VINCULO Y DESOBEDIENCIA A UNA ORDEN JUDICIAL, EN CONCURSO REAL EN CALIDAD DE AUTOR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-08-06

En relación a la falta de configuración del delito de desobediencia, debe desestimarse la falta de acreditación del dolo en la conducta del agente -alegando desconocer la orden de restricción emanada del Tribunal de Familia-, en tanto la Alzada consideró probado el mismo a través del relato del a directora de la escuela a la que concurre el menor, quien diera cuenta de la presencia del imputado en horario de clases y que, ante la manifestación de que no podía estar allí, recibir como respuesta de éste una afimración sobre el conocimiento de la medida judicial.
Actividades subversivas, cooperación internacional, represión de delitos, tratados internacionales
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Liendo Arriaga, Edgardo s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

La persecución del delito de terrorismo no interesa exclusivamente al Estado directamente perjudicado por sus acciones sino que se trata de una meta cuyo logro beneficia, en última instancia, a todas las naciones civilizadas, que por ello están obligadas a cooperar en la lucha mundial, tanto por la vía de los tratados internacionales vigentes, cuanto por la coordinación de sus derechos internos encaminada a la mayor eficacia de aquella lucha (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Condominio, facultades de los condóminos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Persoglia, Osvaldo c/ Plencovich, Carlos s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

Sabido es que al constituírse un condominio, todos los condóminos son dueños de toda la cosa; pero su derecho a ella no es pleno, sino que está naturalmente limitado por el derecho análogo de los restantes condóminos, ejerce su derecho por su cuota parte o parte indivisa, pero no por ello deja de ser un derecho de dominio sobre la cosa (art. 2673 CC).-
Cámara de Apelaciones, competencia, sentencia firme, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL
Carátula: Lentini, Osvaldo Miguel y otra c/ Fábrica Argentina de Herramientas cortantes Domingo Lentini S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Simulación. Nulidad (Expte. CSJ Nº   613-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-02

La potestad decisoria de la Alzada está limitada por los agravios vertidos, regla que se plasma en el conocido aforismo "tantum apellatum quantum devoluntum", que se complementa con la prohibición de empeorar la situación en perjuicio del propio apelante sin recurso del adversario -prohibición de "reformatio in peius"-, de lo que se desprende que los tramos de la sentencia inferior que no merecieron cuestionamiento, quedan firmes.
Derecho procesal, proceso penal, situación del imputado, sobreseimiento, prescripción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LLANES LUCAS EDUARDO s/ Prescripcion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-15

El interés social de que los delitos cometidos sean perseguidos y castigados, y el respeto de las garantías individuales de los ciudadanos, entre las cuales se encuentran la de obtener justicia en un plazo razonable, del debido proceso legal, y de los principios de inocencia, legalidad, preclusión y progresividad que gobiernan el proceso penal, constituyen objetivos cuyo alcance debe reputarse indispensable para su correcto desenvolvimiento de la administración de justicia.-
Despido con causa, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Almirón, Cristian Andrés c/ Farmacia del Pueblo S.C.S. y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-03-21

Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que considera al despido con causa. Ello así, ya que el hecho de que el actor haya agredido físicamente a un compañero de trabajo, no autoriza a inferir sin más un contenido injurioso, por lo menos de una gravedad tal que impide la prosecución de la relación laboral, habida cuenta que el material probatorio allegado al proceso, no permite extraer deducciones útiles para precisar quién realmente provoca el altercado. Tal vez una sanción disciplinaria hubiera bastado para provocar en su momento la corrección del defecto de conducta del actor.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, falta de fundamentación autónoma
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Silva, Ana Belén c/ Vega, Jesús Luis s/ Ejecutivo S/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-07-07

En el marco de un juicio ejecutivo se deduce recurso de casación en contra de la sentencia interlocutoria dictada por la Alzada que resolvió rechazar el recurso de apelación deducido en contra del proveído del juez de primera instancia que señala que no existe actuación procesal susceptible de ser ratificada.

La viabilidad del recurso de casación está condicionada a que la sentencia que se desea impugnar revista carácter de definitiva. Tal concepto está vinculado con la cosa juzgada material o sustancial, por lo que las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos son, en principio, inadmisibles como regla, toda vez que cabe al perdidoso la vía ordinaria posterior.

Se ha sostenido reiteradamente que cuando queda otra vía hábil para que puedan hacerse valer los derechos no cabe el recuso extraordinario, pues no se trata de una sentencia definitiva.

En el caso no se da ningún supuesto de excepción que autorice la apertura de la instancia, puesto que no se ha demostrado, ni siquiera invocado, un daño irreparable o de tardía reparación ulterior que pudiera equiparar a sentencia definitiva a la resolución que se impugna.

Por otra parte, el recurso es inatendible también porque carece de la debida fundamentación autónoma, toda vez que la sentencia claramente expresó que las actuaciones realizadas y ratificadas en el carácter de gestor brindan un efecto retroactivo sobre ellas, pero no producen efectos futuros, por lo que la apelación deducida por el Dr. M P M, no es admisible por no ser parte del proceso. Dichos conceptos no fueron atacados por el recurrente. El discurso argumental expresa la simultaneidad de las presentaciones de ratificación y apelación, siendo que de las constancias de autos claramente se infiere que se ratificó lo actuado en el carácter de gestor y con posterioridad apeló el profesional sin la firma del representado, lo que demuestra que no hubo tal simultaneidad. Tampoco logra demostrar el excesivo rigorismo formal que intenta aducir. Por todo lo expuesto, el recurso de casación resulta formalmente inadmisible.
Querellante, calumnias, injurias, juicio por delitos de acción privada, gerentes, Superintendencia de Seguros de la Nación, competencia federal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Pavolo, Fernando y otro s/ c. 44.057
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-07

Corresponde que intervenga la Justicia Federal si la querellante por calumnias e injurias es gerente de la Asesoría Jurídica de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Cuestiones de competencia, juez de ejecución, ejecución de sentencia penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Abdian, Víctor Joaquín s/ Competencia. Causa: 1399
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-03

El Juzgado de Ejecución Penal es competente para determinar el lugar que entendiere más conveniente para el cumplimiento de las tareas asignadas.
Juicio de desalojo, legitimación activa, poseedor
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Knaus, Luis Aniceto c/ Raúl Oscar Martina y/o ocupante s/ Desalojo. Knaus, Luis Aniceto c/ Raúl Oscar Martina y/o ocupante s/ Desalojo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-04-29|1994-04-29

Sólo se encuentran legitimados para promover este tipo de proceso, el propietario, el locador, el locatario principal, el poseedor, el usufructuario, el usuario y el comodante. Además en nuestro derecho no se adquiere la calidad de propietario antes de la tradición (art.577 Cód.Civ.) de modo tal que no puede llamarse propietario a quien no se le haya hecho tradición del inmueble mediante el concurso de dos voluntades (la del tradens y del accipiens) coincidentes, proyectadas en un acto exteriorizado, revestido de la materialidad. Partiendo de dicha premisa y estudiadas las constancias de la causa, surge que el actor no encuadra en ninguna de las personas legitimadas, ya que si bien resulta adjudicatario del inmueble cuyo desalojo persigue, de las pruebas aportadas no surge que haya tenido en algún momento la posesión de dicho bien, no resultando así la persona idónea o habilitada por la Ley para discutir el objeto sobre el cual versa el litigio, enervando tal circunstancia la pretensión del demandante. Por ello, quien sólo posee un boleto de adjudicación, y no ha probado que haya tomado la posesión del inmueble no puede usar la vía del desalojo para obtener una posesión que nunca tuvo, debiendo por lo tanto recurrir el actor a las vías pertinentes a tales fines, como lo advierte la Juez de Primera Instancia.