marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba pericial, designación de perito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bernadotti Daniel Amilcar c/ L. K. Servicios y otros s/ Cobro de pesos.Incidente de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-09

Si la parte impugnante de la pericia, respecto de los puntos que considera omitidos el juzgador, no sugirió de modo alguno que el perito contador debía contituirse en los organismos correspondientes, lo que después sí sugiere sin explicación que lo justifique, con lo cual sustituyó la prueba informativa -medio probatorio adecuado- ni tampoco se le impuso tal actividad al perito por decisiones del magistrado vinculadas con la cuestión, no se encuentra justificada la remoción dispuesta.-
Daños y perjuicios, responsabilidad del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fragnul c/ Arazi s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-08-31

La aceptación del criterio conforme al cual los jueces deben reparar los daños cuando se acredite que actuando con negligencia o impericia han emitido resoluciones contrarias al ordenamiento jurídico que causan perjuicio, implica negar que su responsabilidad civil tiene especiales características; principalmente que la acción sólo puede intentarse después de que el magistrado haya cesado en sus funciones por un motivo legal.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, proceso penal, sentencia condenatoria, nulidad procesal, acusación, principio de congruencia, preclusión
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: GARCIA, ANTONIO Y OTROS. s/ FALSO TESTIMONIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-18

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que anuló la condena dictada por el juez de grado por considerar al recurrente como autor del delito de falso testimonio, sobre la base de que no había mediado acusación por tal hecho, y decretó asimismo la nulidad de dicha acusación en cuanto imputó al nombrado el delito de falsedad ideológica de instrumento público por la cual no había sido indagado, ordenando en consecuencia la vuelta de las actuaciones a la justicia de instrucción para el cumplimiento de tal extremo. Ello así, pues en el caso, las nulidades decretadas por la Cámara responden justamente a la inobservancia de las formas sustanciales del juicio por inexistencia de correlación entre la sentencia y la acusación, y entre ésta y el hecho por el cual se indagara al procesado.
Lesiones culposas, prueba, reglas de la sana crítica, presunciones
Materia: PROCESAL CIVIL - PENAL
Carátula: S, J F Y OTRO s/ LESIONES CULPOSAS.     CAP EXPTE NRO 214-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-27

Es propio del sistema de valoración de las pruebas de la sana crítica, que el juzgador presuma la mecánica del evento. La presunción judicial es un medio probatorio al que se arriba merituando los elementos de juicio que proporciona la causa y el único ataque que puede formularse al criterio del agente de la jurisdicción, es el error de la apreciación o el haber prescindido de los elementos de juicio.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, sana crítica racional, declaración de la víctima, violencia de género, tratados internacionales, sentencia condenatoria, debido proceso, defensa en juicio, presunción de inocencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., M. F. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO PARENTESCO-APELACION DEFENSA SENTENCIA CONDENATORIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-14

El núcleo argumental de la Alzada en virtud del cual los jueces entendieron que la totalidad del plexo probatorio permitía arribar a una conclusión condenatoria, no logra ser desmerecido por la recurrente, quien genéricamente insiste con su postura en base a su particular interpretación de las significaciones de ciertos elementos de convicción, mas no persuade de la ilogicidad del razonamiento sentencial que, teniendo presentes las mayores dificultades probatorias que presentan este tipo de delitos, indicando cómo las pautas establecidas en instrumentos internacionales vinculadas a cuestiones de violencia contra la mujer deben servir en el proceso de intermediación entre el hecho y la norma, sin que por ello se vean afectadas las garantías del debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia, consideraron haber dado adecuado tratamiento a la totalidad de los elementos probatorios arrimados al proceso, los que valorados con arreglo a la sana crítica racional, dieron especial relevancia a la declaración de la víctima por entender que lucía espontánea, sincera coherente y evaluaron los restantes medios de prueba -testimonios de allegados y profesionales intervinientes- que, a juicio de los Magistrados, otorgaban veracidad a su relato.
Recurso contencioso administrativo, poder, suficiencia
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: ROMERO, RUBEN CARLOS c/ COMUNA DE ROMANG s/ EXCEPCION DE FALTA DE PERSONERIA - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 183-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-17

Aún reconociendo que existen fórmulas de mandato que por su generalidad, pueden ser más adecuadas para determinar la pretensión formulada en autos, no cabe exigir una fórmula sacramental si la resistente puede conocer "ab initio" lo que quiere su contraparte, máxime en un juicio contencioso administrativo donde la estructura del proceso administrativo exige articular el reclamo, previamente a la instancia judicial, ante la misma autoridad emisora del acto cuestionado.
Amparo por mora, AFIP DGI, existencia de otras vías
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CHAVAS  S.A. c/ D.G.I. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-15

La ley 11.683 -t.o. 1978 y modif.-, prevé un recurso de amparo ante el Tribunal Fiscal en los supuestos de demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la D.G.I. (arts. 164/165 y art. 1 inc. 6 del decreto 9101/72). Siendo ello así y toda vez que la aplicación de la ley 19 549 resulta sólo supletoria dentro del ámbito reglado por la ley 11 683 (art. 12 del mismo texto), cabe concluir que en el caso de autos la vía del amparo por mora que regula el art. 28 de la ley 19.549, no resulta procedente por encontrarse previsto un recurso específico.
Daños y perjuicios, establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Degue, Herminia Antonia c/ Hospital San Martín y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-24

En un establecimiento dedicado a la existencia de la salud de la población, es obvio que para cumplir con ese servicio público debieron cuidarse celosamente los aspectos preventivos de la asepsia destinados a preservar de la acción infecciosa que puede derivarse de todo insecto. Y si en el lecho que ocupaba el paciente internado en una sala de la institución pública apareció un arácnido del género loxosceles, que picara al damnificado, ello se ha debido a que no se cuidaron debidamente las condiciones para excluir y eliminar a los insectos (arts. 513, 514, C. Civil). Ello no puede ser cohonestado con la mera alegación de que la limpieza habitual que se realizara de las instalaciones del nosocomio, resultó suficiente para prevenir que los pacientes fueran afectados por gérmenes e insectos que normalmente se desarrollan o se encuentran en dichos ámbitos, pues esa tarea de rutina, sin escatimar los cuidados de la desinfección y asepsia, devino insuficiente para repeler y extinguir a los insectos contagiosos.
Acción de inconstitucionalidad, caducidad, servicio público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Franco, Jorgelina del Carmen c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta; Agrotécnica Fueguina S.A.I.C.F.; Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta s/ Amparo Andreussi, Agustín c/  s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-26|2019-12-23

El art. 704 del C.P.C.C. establece, para promover la acción de inconstitucionalidad, un plazo de treinta días a partir de la afectación de hecho de los intereses del actor por la norma general atacada. El plazo, de naturaleza preclusiva, debe computarse desde la alegada conculcación de los derechos del demandante, por el precepto impugnado, lo que se configura cuando sus disposiciones le son aplicadas.

De las constancias arrimadas a la causa surge que la prestataria categorizó el suministro del NIS 5214093 con la tarifa T4 en los períodos 12/17 a 03/18, por lo que el régimen cuestionado había sido aplicado al aquí accionante con anterioridad; por su parte, el usuario efectuó reclamos en Edesa S.A. entre el 25/10/16 y el 02/05/18, por divergencias en la categoría tarifaria asignada y el 02/05/2018 denunció a la compañía distribuidora de electricidad por los mismos motivos ante la Secretaría de Defensa del Consumidor, declarándose fracasada la respectiva instancia conciliatoria. Siendo ello así, el plazo en cuestión no puede computarse desde la fecha de notificación de la factura correspondiente al período 06/18 como pretende el accionante, sino que debe serlo desde que la aplicación efectiva del régimen normativo cuestionado afectó de hecho los intereses en juego. En consecuencia, la demanda de inconstitucionalidad presentada el 21/08/18, resulta manifiestamente extemporánea, lo que conduce a su desestimación.
Accidente de tránsito, citación en garantía, rebeldía, asegurado
Materia: CIVIL
Carátula: CHAIEL c/ CALDERON, Juan s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

La presunción emergente de la rebeldía del demandado no obsta a que la negativa expresa y detallada de los hechos alegados por el actor, formulada por la citada en garantía, sea eficaz para exigir a su respecto que se debe hacer mérito de las pruebas aportadas, pues el carácter de parte con plena participación en el proceso que cabe otorgar a la citada en garantía obliga a que se admita con amplitud su derecho de defensa en especial si se considera que por regla general, los reconocimientos fictos de un litisconsorte no obligan a los demás.
Recurso de inconstitucionalidad, mantenimiento del recurso, cuestión constitucional, queja por apelación denegada
Materia: PROCESAL
Carátula: Fonzalida, Ernesto Daniel c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Fonzalida, Ernesto Daniel c/ GCBA s/ revisión cesantías o exoneraciones de empleo público
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Corresponde rechazar la queja si el recurrente no logra derribar las premisas que sustentaron el pronunciamiento atacado, relativas a que no había aportado prueba suficiente para desvirtuar las sanciones impugnadas, y que la ausencia de delito no implicaba la inexistencia de falta grave administrativa. Ciertamente, el agravio relativo al exceso de punición, expresado en forma genérica -en tanto el recurrente sostiene que para aplicarle la cesantía se tuvo en cuenta que había sido sancionado con dos suspensiones que no se hallaban firmes- no rebate el fundamento de la Cámara. Según este, si bien dichas sanciones de suspensión fueron mencionadas en la resolución aquí impugnada, lo cierto es que la cesantía se apoyó en incumplimientos del recurrente que por sí solos resultaban suficientes para justificarla. (Del voto de las juezas Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Temeridad o malicia, multa procesal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Yoan, Daniel Atilio c/ Atlas Copco Argentina S.A.C.I. s/ despido c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-28

Es descalificable la decisión que impuso a la actora una multa por temeridad y malicia que fijó en el máximo de la escala legalmente prevista, mediante una genérica remisión a su anterior fallo y sin precisar -como correspondía- las conductas procesales concretas que la hubieran hecho merecedora de tal condena.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, admisibilidad formal, inhabilidad de título, contrato de garantía recíproca, fianza, principal pagador liso y llano, deudor principal, concursado
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. c/ ISERSKY, GABRIEL MARCELO Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-08

En esa línea, resulta carente de sustento postular por parte de los fiadores del deudor principal -en concurso-, que el Banco ejecutante pretendería cobrar dos veces la misma deuda. En efecto, la LCQ 55, establece que la novación no causa la extinción de las obligaciones de quienes resulten ser codeudores solidarios junto con el concursado, ni la de los fiadores de este último.
Estado Provincial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: UNION CIVICA RADICAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ PROVINCIAS  -  AUTONOMIA  PROVINCIAL - CORTE SUPREMA - INTERPRETACION  DE  LA  LEY  -  JUECES  -  ELECCIONES   -  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  IMPROCEDENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-22

Ante deficiencias que comprometen la cabal vigencia de la forma de gobierno representativo y republicano, la intervención de la Corte federal no avasalla las autonomías provinciales sino que procura la perfección de su funcionamiento, con lo que en conclusión asegura el cumplimiento de la voluntad del constituyente.
Administración fraudulenta, entidades deportivas, concurso ideal, uso de documento falso, coautoría
Materia: PROCESAL
Carátula: P., D. A. y otros c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-29

Los vocales analizaron pormenorizadamente cada uno de los episodios de esta gestión global y dieron respuesta a los diversos planteos defensivos de sus letrados, concluyendo que dicha comisión directiva del club, en clara violación del artículo 64 del Estatuto del mismo (que les imponía el deber de lealtad y diligencia hacia la institución) incurrió en una administración fraudulenta (173 inciso, 7, CP) en concurso ideal con uso de documento privado falso. Resaltaron que ".si bien es cierto que en alguno de los episodios no todos habrían tenido una participación directa, su intervención surge como necesaria para perfeccionar la maniobra defraudatroria, bajo una coautoría funcional que "es realización del tipo mediante ejecución con división del trabajo. El dominio del hecho del coautor se deriva de su función en la ejecución; asume una tarea que es esencial para la realización del plan del hecho y le hace posible el dominio del conjunto del acontecimiento a través de su parte o participación en el hecho" (Claus Roxin, "Derecho Penal, Parte General", tomo II "especiales formas de aparición del delito", editorial Thomson Reuters, Buenos Aires, 2014, página 146)..". Que ".La coautoría por división de tareas exige que el aporte que realicen cada uno de los intervinientes sea de una entidad tal que puedan de manera conjunta o alternativa dar inicio, modificar el desarrollo o poner fin al curso causal a las conductas reprochadas.."
Bien de familia, afectación del inmueble (civil), concubinato
Materia: CIVIL
Carátula: Piñeyro Ernesto c/ Registro de la Propiedad Inmueble s/ Reg.Prop.Inmueble.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-12

Si bien la doctrina ha planteado la cuestión, acerca de la posibilidad de constituir el bien de familia sobre un inmueble común por los condóminos que se encuentran unidos de hecho en virtud de la apariencia de estado familiar que el concubinato provoca, se ha entendido que no es posible extender el preciso significado del término cónyuge contenido en el art. 36 al caso, por lo que dicha afectación no resulta viable (conf. Belluscio - Zanoni "Cód, Civil.", Tomo 6, Pág. 335, Editorial Astrea, Bs. As., 1.986 ).
Ejecución fiscal, facilidades de pago, novación
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Terminales Portuarias Argentinas SA s/ queja por recurso de inconstitucio- nalidad denegado" en: "GCBA c/ Terminales Portuarias Argentinas SA s/ ejecución fiscal - Plan de facilidades de pago recurso de inconstitucio- nalidad denegado" en: "GCBA c/ Terminales Portuarias Argentinas SA s/ ejecución fiscal - Plan de facilidades de pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-05

La segunda solicitud de facilidades de pago importa negar la novación y dicha solicitud no ha sido impugnada aún. Las condiciones del segundo plan expresamente autorizaban a normalizar deudas que hubieran vencido con anterioridad al 30/4/00, incluida aquella que hubiera formado parte de algún plan de facilidades caduco siempre que dicha caducidad no hubiese sobrevenido después del 30 de abril de 2000. La conclusión anterior no se ve alterada por ninguno de los argumentos desplegados por la Cámara ni por el GCBA.

En cambio, la decisión apelada supone desechar la declaración jurada contenida en el segundo plan de facilidades sin observar el procedimiento previsto por la ley (Código Fiscal arts. 116, y arts. 131/143, t.o. 2000, y arts. 121 y 143/152, t.o 2004)
Concursos, liquidación y distribución, cesión de derechos, licitación pública, competencia
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERRODUCTIL  S.A.C.I.  S/QUIEBRA s/ INCIDENTE DE LICITACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-09

El cesionario de un bien de la fallida -adquirido en su oportunidad por licitación pública-, no puede pretender que sea el juez del concurso quien intervenga en la posterior disputa suscitada entre cedente, cesionario y ocupante de la planta fabril, respecto de la posesión -aún cuando por una decisión de orden formal haya aprobado la cesión-, en tanto éste es un tema ajeno al concurso, que deberá ventilarse por la vía pertinente y ante el juez que corresponda, toda vez que la adjudicación del juez del concurso finalizó al concluir el trámite licitatorio con la entrega de la posesión del bien al adjudicatario.
Deudas impositivas, cobro de sumas de dinero, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Huillapima c/ Estado Provincial y Capdevilla Empresa Constructora S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-05

En el caso, analizada la cuestión de autos, las pretensiones de parte y el voto precedente, corresponde la adhesión a los análisis y conclusiones a los que arriba, en tanto lo que la actora-municipio del interior provincial- pretende es lisa y llanamente el cobro de una potencial acreencia monetaria, derivada de la falta de pago de una tasa municipal sin que se cuestione en ningún momento un acto administrativo del Estado que haya afectado derechos subjetivos de alguna manera o, en su caso, el ejercicio exorbitante de competencias, por lo que la materia objeto de la controversia no se encuentra regida por el derecho administrativo y, en consecuencia, resulta exenta de la competencia originaria de este Alto Tribunal según lo prescripto por el Art. 204 de la Constitución Provincial.

Del voto de la Dra. Sesto de Leiva-según su fundamento-por la mayoría
Derecho ambiental, biodiversidad
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: B. S. A. s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-03-17

Que el marco normativo relacionado con la cuestión traída a juicio está integrado en la actualidad por diversas normas entre las cuales pueden citarse: el Convenio sobre Diversidad Biológica (Nairobi, mayo de 1992), con la suscripción del convenio por parte de la CNUMAD. en Río por más de 150 Naciones. El Convenio sobre la Diversidad Biológica advierte ya en su Preámbulo que las partes Contratantes son conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica así como de los recursos genéticos, y reafirma que los Estados son responsables de la conservación de la diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos.
Derecho de trabajar, pena
Materia: PENAL
Carátula: C, N R s/ RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD  -  LESIONES CULPOSAS (CSJ EXPTE Nº  434-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-26

No puede deducirse violación a la libertad de trabajo de la condena de inhabilitación especial, porque toda pena implica la afectación de un bien jurídico y porque con tal entendimiento deberían invalidarse con mayor razón las penas de prisión y reclusión que, al afectar la libertad personal, objetivamente más valiosa que la otra, impiden además el ejercicio de otros derechos que la exigen como presupuesto, desbaratándose el régimen penal.
Martillero, matrícula profesional, concursos, rehabilitación profesional
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CABRERA GUSTAVO ALBERTO s/ CONCURSO PREVENTIVO-HOY QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-06-11

Siendo la inhibición general para disponer y gravar bienes registrales del fallido consecuencia forzosa del desapoderamiento, al cesar éste por efecto expansivo de la rehabilitación del quejoso, no cabe duda que corresponde acceder a su levantamiento perseguido con la única y reseñada finalidad del ejercicio de la matrícula de martillero.-
Seguros, seguro colectivo, asegurador por riesgos del trabajo, acción de reintegro, procedencia del recurso, obligaciones solidarias, cosa juzgada
Materia: COMERCIAL
Carátula: Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/ Muelle Ocho SA s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-14

Cabe hacer lugar a la demanda, a fin de que la empleadora accionada abone a la aseguradora lo abonado por ésta en sede laboral a un dependiente de la primera. Ello así cabe hacer lugar al reclamo de la restitución del 50% correspondiente al monto abonado en concepto de capital, intereses, honorarios y tasa de justicia correspondiente a la indemnización tarifada por daño material -incapacidad sobreviniente- a que se hizo lugar en el fuero laboral, ello con mas sus respectivos intereses desde que se produjo cada erogación a la tasa activa Banco Nación para sus operaciones de descuento a treinta días, hasta su efectivo pago.
Intervención federal, interventor federal, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Graboski, Alicia Liliana c/ Interventor federal de la Provinciade Corrientes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-04

Los interventores federales, no son funcionarios de las provincias, sino que sustituyen a la autoridad local y ejercen facultades que la Constitución Nacional, provincial y las leyes respectivas reconocen.
Honorarios, base regulatoria, inventario y avalúo, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Giampaolo, Pablo Martín c/ Edificio El Águila  Consorcio de Propiedad Horizontal Sistemas Rubio SCA s/ usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-04-05

Habiéndose dispuesto que la regulación de honorarios se estimaría de acuerdo al avalúo fiscal actual de inmueble usucapido, cuestión que luce firme y consentida por ausencia de cuestionamiento al respecto, resulta desacertado que la estimación fuese practicada en base a la tasación posteriormente presentada, pues ello contraria lo normado por el art. 39 de la LA que solo otorga la posibilidad de disconformarse con la valuación fiscal del bien con anterioridad a que los autos ingresen a despacho para el dictado de la sentencia. Por ello, en el entendimiento que no se puede convalidar un vicio trascendente del procedimiento a raíz de una cuestión alcanzada por la autoridad de la cosa juzgada, amén de no contar ni con el conocimiento ni el consentimiento de los poderdantes, corresponde declarar la nulidad de las regulaciones de honorarios practicadas.