marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Revocación del acto administrativo, Inspección General de Justicia, defensa en juicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA C/ GENERAL LIGHTING SYSTEMS SA S/ ORGANISMOS EXTERNOS c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-16

Procede revocar la resolución IGJ 407/21 que dispuso declarar la irregularidad e ineficacia a efectos administrativos de las asambleas de accionistas de la sociedad accionada. Ello por cuanto, en el caso, de ningún modo ha quedado esbozada en el sumario la razón o el motivo de gravedad que justifique haber obviado la sustanciación impuesta, incluso, por la propia reglamentación del órgano art. 1-f) apartados 1 y 2 de la LNPA. Y ello no resulta baladí si se repara que la concesión de la apelación ha sido con efecto devolutivo, lo que supone la posibilidad de ejecutoriar aquel acto que está siendo objeto de apelación por considerárselo ilegítimo, lo que prefigura per se una afectación lesiva para la sociedad. Agrava la situación el hecho que, notificada la sociedad, su representante legal requirió tomar vista de las actuaciones mediante nota escrita fechada la cual se giró a la repartición pertinente para su proveimiento y fue despachada una vez ya vencido el plazo de 15 días que la ley 22315 consagra para apelar y fundar. De allí que resulte válido concluir que aquella concesión para la vista del expediente no llevó más que un mero cometido formal y de acentuada futilidad en tanto permitía el acceso a la información cuando ya no se la podía hacer valer. A esta altura de la exposición, es pertinente recordar que: i) la aplicación del art. 8.1 de la Convención Americana es extensible a las autoridades administrativas; ello no es sino un derivado esencial del "debido proceso", entendido como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Su ausencia determina, implacablemente, la nulidad del procedimiento por violación de las garantías fundamentales, al haberse sancionado a la sociedad sin ninguna forma de sustanciación previa, ni la debida intervención previa de la parte interesada, imposibilitándole la producción y ofrecimiento de pruebas en aseguramiento de su derecho de defensa (Fallos 315:2990).
Internet, medidas cautelares, cosa juzgada formal
Materia: CIVIL
Carátula: Toscanini Yesica Ruth c/ Yahoo de Argentina S.R.L. y otro s/ medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

El carácter provisional de las medidas cautelares fue afirmado por esta Sala en un proceso como el que se examina, así como la inexistencia de cosa juzgada respecto de las decisiones que las decretan (cfr. causa "Ceriscioli" 6087/08 del 29-12-11). Las circunstancias de la causa justificaban aplicar la doctrina del fallo dictado, ante un planteo análogo, por la Sala II de este Tribunal en la causa "Raggi" 4091/06 del 29-4-2011, según la cual las medidas cautelares, como los autos que imponen astreintes, sólo hacen cosa juzgada formal, pero no material, por lo que si bien los decisorios que las establecieron no son recurribles una vez que quedaron firmes -sea por consentimiento o por haberse agotado las instancias de impugnación-, ello no implica que la materia resuelta no pueda ser alterada en el futuro (cfr. causa "Raggi" 4091/06 del 29-4-2011 y sus citas de doctrina: Couture, Eduardo, Fundamentos del derecho procesal civil, Depalma, 3ra. edición, pág. 416; Wetzler Malbrán, Alfredo, "Provisionalidad de las medidas cautelares y cosa juzgada formal", El Derecho, t. 136, págs. 255/56).
Proceso penal, daños y perjuicios, indemnización, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa, vehículo en movimiento, accidente de tránsito, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: ESPINDOLA, JUAN LORENZO c/ SANCHO, MIGUEL A. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   311-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-29

El artículo 1113 del Código Civil, establece específicamente respecto de los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, que el dueño o guardián sólo se eximen, total o parcialmente, de responsabilidad acreditando la intervención de una causa ajena al riesgo o vicio de la cosa (hecho de la víctima, de un tercero por quien no deben responder y, para la mayoría de la doctrina, también el caso fortuito exterior al riesgo o vicio de la cosa); o bien que ella, en el momento del evento dañoso, fue usada contra la voluntad del dueño o guardián. O sea que el fundamento de la responsabilidad no es la culpa, porque aunque el dueño o guardián acrediten una máxima diligencia tendiente a la evitación del daño, su obligación se mantiene. Así la reforma de 1968 al Código Civil ha borrado la distinción entre el hecho del hombre y el de la cosa, en el sentido de que el precepto comprende indiscriminadamente ambos supuestos: el elemento decisivo y aglutinante es el riesgo de la cosa y no el agente (hombre o cosa) que lo ha concretado en daño.
Contratos, locación, contrato de obra, construcción de gasoducto, subcontratación de servicios, sociedades comerciales, aplicación de la ley, tratados internacionales, derecho extranjero
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Vitale, Guillermo Augusto c/ Espasa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

3 - El art. 514 de su lado (al igual que el CCCN 1064) establece que "las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyendo a cada una el sentido que resulta del conjunto del acto". Y finalmente el artículo 520 sienta el fundamental principio de la buena fe (CCCN 960). Allí es dispuesto que "el contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no sólo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de ésta según los usos y la equidad".
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ramirez Clemente. c/ Enrique Welbers S.A.C.I. s/ Indemnización por incapacidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-04-30

Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo que asigna nexo causal entre la incapacidad y el accidente de trabajo sufrido por el actor, ello así, ya que habiéndose reclamado en sede administrativa determinación de incapacidad en los términos del art.8 inc. c) de la Ley 9688, el demandado aceptó la incapacidad del 8 por ciento determinada por Junta Médica Administrativa efectuada por el médico de la Dirección Provincial del Trabajo y el designado por la firma empleadora, y el alta médico ofrecido por el demandado no es válido a los efectos legales por cuanto no se ajusta a lo establecido en el art.26-segundo párrafo- de la Ley 9688, en cuanto prescribe que:

"... en todos los casos, el alta deber ser conformado por la autoridad administrativa".
Poder Judicial, jueces, responsabilidad civil, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ ECHENIQUE, J A M c/ CORTI, BEATRIZ GLADYS s/ RESPONSABILIDAD CIVIL c MAGISTRADOS JUDICIALES      EXPTE NRO 196-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-07-04

La destitución previa de los magistrados incursos en causal de responsabilidad civil, está vedada por la ley 1486 vigente, cuya disposición en relación a los mismos no ha sido puesta en tela de juicio. Por otra parte, la ley 7050 de 1973, repuesta en 1984 de enjuiciamiento de magistrados, no establece como concreta causa de remoción de los jueces, la de la responsabilidad civil de éstos, máxime si se tiene en cuenta que el inciso 1ro. del artículo 7 en el cual podría caber esta posibilidad al referirse a la ignorancia manifiesta del derecho, requiere en principio, que la misma sea "reiteradamente demostrada", lo que no se compadece con la materia en examen toda vez que dicha responsabilidad civil puede hacerse valer ante un solo caso que se presente sin necesidad de reiteración alguna.
Cheque, prescripción, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Jeréz Hnos. Sociedad de hecho c/ Ku Ching Lung s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-10-20

La prescripción de la acción del portador del cheque contra el librador demandado comenzó a correr a partir del 24 de diciembre de 1995 en atención a que el instrumento fue librado el 25 de noviembre de dicho año (conf. arts. 25, primer párrafo y 61, primer párrafo de la Ley 24.452).
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, responsabilidad objetiva, daño causado con la cosa, eximentes de responsabilidad, accidente de tránsito, relación de causalidad, terceros, culpa civil, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: H., A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS EN CONCURSO IDEAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 520 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

Ostenta entidad constitucional suficiente para operar la apertura de la instancia de excepción el planteo del recurrente que le imputa al decisorio A-quo prescindir de las reglas establecidas por el artículo 1113 del Código Civil, desde que sostener que el siniestro se produjo por culpa exclusiva de un tercero, en modo alguno podría entenderse como que el Sentenciante haya analizado la pretensión actoral bajo la lupa de la responsabilidad objetiva en base a la teoría del riesgo creado, en seguimiento de los concretos parámetros que la Corte provincial ha elaborado a través de su jurisprudencia. Y tampoco puede soslayarse que la configuración de las eximentes de responsabilidad requiere la demostración de que éstas tengan entidad suficiente como para romper, total o parcialmente, el nexo de causalidad entre la cosa riesgosa y el daño (a saber, culpa de la víctima, de un tercero, o caso fortuito con aptitud para quebrar tal nexo); siendo una postura afincada en el Máximo Tribunal de la Nación que, pese a la intervención de una cosa riesgosa, puede no haber responsabilidad si se prueba la culpa de la víctima -con aptitud para cortar el nexo de causalidad- pero ella debe revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor. Las pautas sentadas requieren, por ende, el análisis de todos los presupuestos que contiene la norma, circunstancia que podría estar ausente en la especie con el consecuente incumplimiento del mandato contenido en el artículo 95 de la Constitución provincial. (De La Disidencia Del Dr. Falistocco)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentación suficiente, abogados, sanciones disciplinarias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: OLIVERA, ALFREDO MARTIN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-11-25

Corresponde el rechazo de la queja interpuesta, desde que frente al esgrimido agravio de ausencia de fundamentación en el acta del órgano administrativo - Tribunal de Ética del Colegio de Abogados- que decidió suspender al letrado por seis meses en el ejercicio de la profesión, surge de la lectura del decisorio que la Cámara teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 300 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, evaluó que los extremos en que se fundó la sanción aparecen con claridad de las actuaciones acompañadas, ya que el recurrente fue procesado por defraudar a su cliente, quien debió iniciar previamente un juicio de rendición de cuentas con resolución favorable y confirmación de la Cámara Civil y que el procesamiento se encuentra firme y también confirmado, incluso rechazado un planteo de prescripción (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) -
Reformatio in pejus, Ministerio Público, fiscal de Cámara, recurso de apelación (procesal), proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: A, M. A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Robo simple en concurso real con el  delito de robo calificado por el uso de arma (Expte. CSJ Nro. 454-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-11

El acogimiento por el Tribunal a quo del planteo manifestado por el Fiscal de Cámara, al apelar adhesivamente (se agravió de la calificación conferida al accionar del imputado, postulando que la misma se modifique "y se encuadre en el ilícito de robo calificado por el uso de arma", atento a que la ausencia de secuestro de ésta "bajo ningún aspecto elimina la calificante") no se advierte violatorio de la prohibición de reformatio in pejus, a poco que se repare, ante todo, en que la sentencia no fue recurrida "solamente por el imputado o a su favor" (artículo 414 Código Procesal Penal), sino que también medió una impugnación por parte del órgano acusador, planteada en ejercicio de una facultad conferida por la ley adjetiva, y que se tradujo en la proposición ante la Alzada de un agravio concreto que dio lugar al ejercicio de la jurisdicción respectiva por parte de ésta. Además, debe agregarse que el recurrente no ha demostrado el concreto apartamiento de las pautas sentadas por la Corte para el funcionamiento de la "apelación adhesiva", y de cuya operatividad debió hacerse cargo en la presentación que efectúa en la instancia extraordinaria.
Régimen de garantía de los depósitos, banco central, imposición bancaria, declaración jurada
Materia: COMERCIAL
Carátula: Maymo, Alcides Hernán y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

En principio, en el régimen del art. 56 de la ley 21.526, el único requisito exigible por el Banco Central, además de la acreditación de la imposición bancaria de que se trate en cada caso, es la declaración jurada que la ley menciona.
Remuneración, beneficios sociales, medicina prepaga
Materia: LABORAL
Carátula: Nassimoff Andrés c/ Jonson & Jonson Medical S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-29

Si bien podría discutirse la inclusión del uso del automóvil y del celular en el concepto de remuneración, si el vehículo y el teléfono móvil se suministran al trabajador para que cumpla con su tarea o aún para agregarle un grado de confortabilidad, ello no ocurre cuando se trata de un empleado de jerarquía que por su posición social tenía dichos elementos incorporados necesariamente a su estilo de vida. La adjudicación del vehículo y del celular evitó el gasto que de todos modos el actor habría realizado y, en consecuencia, importó una ventaja patrimonial que debe considerarse contraprestación en los términos de los arts. 103 y 105 L.C.T.. Asimismo, la medicina prepaga es un beneficio que si la empresa no hubiera acordado, el trabajador habría tenido que pagar. Nada permite concluir que se trata de una liberalidad, por el contrario, trátase de una mejora en las condiciones de pago que hace tentadora la oferta de integrarse a la empresa y que, por lo demás, reviste lógicamente carácter de habitualidad. De tal manera integra la remuneración.
Despido sin causa, prueba insuficiente, salarios adeudados, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Ayo Ku Marlene Elizabet c/ Duret Julio Alberto Y Otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-06-21

Si bien la demandada ha invocado una causa de justificación para generar el despido entiende que la prueba colectada en la causa ha sido insuficiente a dichos fines, ya que no se ha podido demostrar ni la falta de atención a la madre del demandado, ni una situación de ausencia de limpieza, ni mucho menos aún las numerosas faltas injustificadas, todo lo cual hace que el despido dispuesto deba ser considerado incausado y por lo tanto genera en la reclamante el derecho a la indemnización referida. Finalmente, el S. A. C. sobre preaviso omitido, determinó su admisibilidad porque si el preaviso hubiera sido otorgado, el monto de dicho período hubiera integrado la base del S. A. C. Por ello corresponde el pago de este rubro. El Tribunal rechazó el reclamo de haberes por el año 2010 (de mayo a julio, día 26, inclusive); sueldo anual complementario (2do.semestre, año 2009;1er. semestre, año 2010 y 2do.semestre proporcional, año 2010); vacaciones proporcionales año 2009 2y 2010; diferencia de haberes (diciembre de 2009); integración del mes de despido e indemnización por antigüedad. Observa en relación a este último rubro, que a la fecha de finalización de la relación laboral, la actora no había alcanzado el tiempo mínimo legal. Sostiene que la comunicación dispuesta por el empleador ha sido válida por cuanto la misma fue remitida al domicilio de la trabajadora. Agrega que la actora en misiva cursada al empleador, manifiesta que no se le permitió seguir trabajando, lo que es coherente con la posición asumida por la demandada, ya que el día treinta y uno, coincidía con día lunes, que es cuando la accionante debía retomar sus labores. Que aún cuando no se otorgara validez a la primera comunicación, existe una ratificación, remitida también al mismo domicilio, donde se ratifica la comunicación anterior, por lo que aún si se considera esta fecha y no la anterior, tampoco habría superado la barrera del año que prescribe el decreto 326/56 como período mínimo de prestación para generar derecho indemnizatorio por la extinción del vínculo.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, interposición en subsidio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gomez c/ Maciel s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

Resulta inadmisible la interposición subsidiaria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reparación integral, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Calderón, Rolando Rubén c/ ASOCIART A.R.T. S.A. y El Obrero S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad Obrero S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-11-12

La aseguradora de riesgos del trabajo debe responder de forma integral por la amputación que sufrió un trabajador de su mano derecha al serle succionada por una máquina de panadería, puesto que quedó comprobado no realizó las inspecciones a que está obligada en virtud de lo dispuesto en arts. 31 de L.R.T., 28 Decreto Nº 170/96, apartados 2, 3, 4 y 5 del nuevo art. 4º, conforme Decreto 1270/00, no observó la presencia del técnico en Higiene y Seguridad, y que, tal omisión hace presumir con grado de certeza altamente positivo que hubiera advertido si la máquina que provocó el daño al trabajador tenía o no la tapa de seguridad, y que ninguno de los artefactos peligrosos contaba con paradas de emergencia.
Empleados públicos, aptitud psicofísica, dictámenes, resoluciones irrecurribles, prueba, prueba pericial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA, EULALIO ORLANDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 87-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-10-29

No obstante la existencia de una norma que establecía la irrecurribilidad del dictamen médico, no puede negarse a un agente que en el procedimiento recursorio intente probar que no padece, o que no padece en grado tal, las enfermedades que de acuerdo a la legislación, determinan su calificación como "inapto"; o que es inadecuada la de "inapto relativo", correspondiéndole la de "apto absoluto".

En el caso, a consecuencia de que órganos inferiores jerárquicamente, admitieron la producción de prueba (Subsecretaría de Gobernación), y como en el proceso judicial la demandada no ha producido ninguna que desvirtúe esa pericia favorable al actor, debe acogerse el recurso.
Garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, independencia del Poder Judicial, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Mill  de  Pereyra,  Rita  Aurora;  Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Angel  Celso c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

La intangibilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira de la institución del Poder Judicial, a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión de parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia (Votos de los Dres. Carlos S. Fayt y Augusto César Belluscio y del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Ofrecimiento de la prueba, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: L., M. D. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-06-08

Este Cuerpo interpretó el precepto del Artículo 457° CPCC y dijo que ".Lo dicho no puede ser conmovido por el invocado excesivo rigor formal ni el estado de indefensión que, según entiende el recurrente, implicaría el rechazo de la prueba testimonial ofrecida." Se resaltó que la jurisprudencia ha dicho "...que aquella doctrina debe ser aplicada con ponderada prudencia a fin de evitar la desnaturalización de los propósitos que la sustentan..., ya que ella no sirve para todo ni se la puede hacer jugar como un comodín facilitador del acceso.... El aludido concepto no puede ser entendido como una doctrina abierta, que permita sustituir a los principios de orden procesal, que tienen también su razón de ser al fijar pautas de orden y seguridad recíprocas...".
Cuestiones de competencia, Estado Provincial, Municipalidad, servicio público
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Misiones. c/ Municipalidad de Posadas. s/ Planteo de Competencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-10-24

Es evidente que el constituyente ha querido reservar al estado provincial la atribución de legislación y jurisdicción exclusiva del mismo sobre los servicios públicos de la provincia establecidos fuera de la jurisdicción municipal, en el caso el servicio público educativo al cual, por exceder el marco del interés local, la ha conferido un rango preferente y exclusivo de atención (art.101 inc. 22 y 40, sgtes. y ccdtes. de la C.P.M., y además el art. 51 de la Constitución Federal por su rango imperativo y preeminente); en consecuencia de ellos, compete al Gobernador de la Provincia (art 116 inc. 12) el ejercicio exclusivo del poder de policía pudiendo adoptar a través de los órganos pertinentes todas las medidas que sean necesarias "con miras a la seguridad, tranquilidad y salubridad), desplazando y excluyendo jurídicamente y tornando inoficiosa, toda otra intervención al respecto, debiendo tenerse presente "el principio constitucional en cuya virtud la policía es atributo del gobierno provincial, por ser un poder no delegado (art 104 de la Constitución Nacional).
Delitos contra la Administración Pública, abuso de autoridad
Materia: PENAL
Carátula: R., C. s/ Actuaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-09

"Para la configuración del artículo 248 del Código Penal se necesita que el funcionario actúe dolosamente. Así en las formas de actividad y en un aspecto cognoscitivo, reclama el conocimiento de que la orden o la resolución decretada se oponga a la ley vigente...En el aspecto volitivo el tipo penal reclama la intención de oponerse a la ley, de desconocerla...".
Contrato de trabajo, costumbre, remuneración, aumento salarial, derechos del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: GRANJA, JORGE c/ CIA. FINANCIERA UNIVERSAL  S.A. s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-30

Si la demandada efectuaba una indexación trimestral de los salarios, de acuerdo al índice del costo de vida (INDEC), y dejó de usar tal modalidad, aunque dicho sistema no tuviera por finalidad otorgar a sus empleados sumas graciables, tales liberalidades, al reiterarse en el tiempo, darían lugar a la aplicación de la doctrina obligatoria que establece el fallo plenario 35 in re "Piñol c/Genovessi s.a. "