Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-26


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 26 días del mes de septiembre de dos mil once, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia, con la Presidencia del Dr. Fernando Salvador Luis ROYER y asistencia del Sr. Ministro Dr. Daniel Luis CANEO para dictar sentencia en los autos caratulados: "P. C. R. S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA s/ Ordinario" (Expte. N° 22.116-P-2.010). Teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 537, de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas N° 3.202/00 y 3.204/00, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. CANEO, ROYER y PASUTTI.-- Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión el Dr. CANEO dijo:

ANTECEDENTES: - I.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

A fs. 391/404 obra sentencia dictada por el juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la cual declaró la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal N° 3.145/88; hizo lugar parcialmente a la demanda de repetición promovida por "P. C. R. S.A." contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y condenó a esta última a pagar a la primera la suma de pesos nueve mil seiscientos noventa y seis con cincuenta centavos ($ 9.696,50), con más intereses a liquidarse en la etapa de ejecución de sentencia. Las costas del proceso las impuso a la demandada.-- El fallo es apelado por el municipio a fs. 416; el recurso es concedido a fs. 417; la expresión de agravios obra agregada a fs. 431/442, mientras que, su contestación, luce a fs. 446/451.

II.- SENTENCIA DE CÁMARA: -- A fs. 469/494 se pronunció la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones. Resolvió hacer lugar al recurso de apelación y en consecuencia revocó la decisión de primera instancia, rechazó la demanda de repetición deducida por "P. S.A." contra el Municipio de Comodoro Rivadavia e impuso las costas de ambas instancias a la actora vencida.- La Dra. Silvia ALONSO de ARIET consideró que el meollo de las cuestiones a dilucidar se encontraba en torno a la naturaleza jurídica de la prestación pecuniaria que el Municipio estableció mediante Ordenanza N° 3.145/88; pues precisamente el recurrente insistía en la naturaleza tributaria de la prestación pecuniaria que la Municipalidad reclamó por vía de ejecución fiscal invocando precedentes de la sala.

Evocó las consideraciones de varios fallos de ambas Salas, que efectivamente confirmaron la naturaleza tributaria de la prestación exigida. Agregó que el examen del art. 157 de la Ordenanza N° 3.172/87 que obra a fs. 40/41 de los autos correspondientes a la ejecución fiscal, demostraban que concurrían todos y cada uno de los presupuestos de una relación jurídica tributaria sustancial: Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho jurídico tributario.-- Señaló que el hecho imponible lo constituía, para el caso, la ocupación de bienes del dominio privado del municipio al cual se había vinculado el nacimiento de la obligación impositiva municipal que tenía naturaleza económica y evidenciaba capacidad contributiva. Es decir, el Estado Municipal había fijado la prestación pecuniaria a cargo del sujeto pasivo fijando el hecho imponible con base en una situación económica de la persona física o jurídica a la cual el legislador le atribuía potencialidad para contribuir a los gastos públicos. Agregó que el sujeto activo era el titular de la pretensión tributaria cuyas facultades se vinculaban, directamente, con el derecho constitucional con lo que se había dado en llamar, el reparto constitucional de potestades tributarias, y que el sujeto pasivo, deudor principal del tributo, era toda persona física o jurídica a quien se le atribuyera el hecho imponible.

Para la Magistrada era indudable la existencia de la relación jurídica tributaria al verificarse el acaecimiento del hecho imponible respecto de "P. C. R. SA". Ergo -dijo- la prestación pecuniaria que se había exigido con sustento en las previsiones del Código Tributario Municipal (Ordenanza N° 3.172/88), en cuyo marco se emitió el 1º de agosto de 1.989 la boleta de deuda N° 22.254 y se reclamó judicialmente, por vía de apremio, el pago del canon al uso u ocupación sobre bienes del dominio privado municipal por el período enero-febrero de 1989, era un tributo.- A criterio de la votante, resultaba indiferente la denominación dada por el legislador o las partes al concepto enjuiciado, toda vez que lo importante era atender a su verdadera naturaleza jurídica para determinar si se estaba o no, frente a un tributo. Renglón seguido se remitió a la redacción del art. 7 del código tributario municipal.

En consonancia con esas consideraciones, entendió que correspondía hacer lugar a los agravios. Sostuvo que no se trataba de una indemnización tarifada, más allá de la imprecisión técnica de la ordenanza, extremo en que el juez focalizó el examen de la norma.-- Añadió que el carácter impositivo quedó demostrado a partir del análisis de su estructura jurídica que permitía constatar que se trataba de prestaciones pecuniarias de un particular, en favor del Estado, establecidas por voluntad unilateral de ése, manifestada en una ley y, obligatorias a partir del acaecimiento de los presupuestos de hecho descriptos en la norma. Las mismas no tenían contraprestación específica, y se calculaban en función de una manifestación de riqueza del sujeto alcanzado, cuyo incumplimiento de pago, daba lugar a un proceso de ejecución fiscal.- Puntualizó que el pago que hoy se repite por el período indicado, fue efectuado en el marco de una ejecución judicial y que, el Código Tributario Municipal (Ordenanza N° 3.172/88), incorporó al canon como uno de los tributos municipales. Se refirió a la ordenanza impugnada (N° 3.145/88) al solo efecto de la medición de la base imponible. Por lo demás -dijo-, más allá de la promiscuidad técnica en sus considerandos, también hizo referencia a las facultades de imposiciones de las Corporaciones Municipalidad, extremo que demostró el sesgado análisis de la sentencia impugnada.

Todas estas razones, demostraban que la incorporación del documento, al que hacía referencia el apelado a fs. 450 vta., no tenía la entidad que se pretendía, ni tampoco descalificaba la aplicación de la doctrina que emanaba de los precedentes de ambas Salas del Tribunal.- Párrafo aparte, expresó que la caracterización del tributo descripta, no alcanzaba para el acogimiento integral de los agravios y resultaba necesario tratar las cuestiones introducidas por la parte actora, que no tuvieron respuesta en la primigenia decisión atinente a la caracterización de la prestación como resarcitoria.- Concretamente, se refirió a la ilegitimidad argüida en el punto 27 a 32 del escrito inicial (fs. 12/13 de los presentes autos), en los que se planteaba la colisión entre la pretensión municipal y las precisiones del art. 403 del Código de Minería. Este último estableció que ningún otro impuesto provincial o municipal podrá imponerse a la explotación de hidrocarburos. Se remitió a la argumentación de la demandada quien sostuvo que dicha norma no era aplicable, toda vez que la concesión minera de las tierras no fue otorgada en el marco de la Ley N° 12.161, sino en fecha anterior a la vigencia de aquélla. Por ende, había de estarse al status jurídico vigente en ese entonces.

Dio por sentado que la cuestión debía resolverse en base a los hechos probados de la causa, así, se refirió a los informes incorporados que demostraban que la titular de la concesión de las minas, era la "C. A. D. C. R. D. E. D. P." (fs. 250); que las concesiones a dicha persona jurídica fueron otorgadas por el período comprendido entre los años 1.914 a 1.932 (fs. 313). En función de su contenido, coligió que la actora tenía registradas a su nombre y era titular de los yacimientos mineros que indicó, concedidos conforme el régimen del código de minería y ubicados dentro del ejido de Comodoro Rivadavia. Y ello, como textualmente lo señaló la Dirección General de Minas y Geología en informe glosado a fs. 77 en autos caratulados: "P. C. R. S.A. c/ M.C.R. s/ Ordinario" (Expte. N° 1.104/91), agregados por cuerda.

A juicio de la dicente estas constancias eran relevantes a los fines de determinar el régimen aplicable, ello por cuanto el C.M. sancionado en noviembre de 1.886, reguló, por primera, vez la materia sub examine, hasta la sanción de la Ley N° 12.161, publicada en el boletín oficial el 26 de marzo de 1.935.-- Manifestó que las fechas indicadas y la naturaleza de los derechos concedidos en el período señalado, impedían la aplicación de regulaciones posteriores, entre las cuales se encontraba el art. 403 del C.M.-- Recordó la Jueza que los yacimientos de hidrocarburos pertenecían, originalmente, a la Nación o a las Provincias según el territorio en que se encontraran, y que debían entregarse a los particulares que lo solicitaran, mediante concesiones de duración ilimitada, salvo aquellas zonas que, por disposiciones ulteriores al código, quedaron reservadas a la exploración y explotación fiscal.-- Afirmó que no era el caso de autos y que no era necesario repasar que existían reservas amparadas por la Ley N° 4.167, otras especiales y decretos nacionales y aún, normativas provinciales.-- De modo pues, en este contexto fáctico jurídico, la pretensión de la actora -en opinión de la Dra. ALONSO- de prevalecerse de una previsión contenida en un régimen legal posterior, era inaudible, porque los derechos y deberes del concesionario de la mina quedaron establecidos en el marco jurídico vigente. Mas -abundó-, en tal marco y en el vigente, la propiedad de los yacimientos no correspondía al dueño del inmueble civil, sino que la propiedad correspondía, exclusivamente, a los sujetos que la hubieran adquirido a partir de una concesión legal o bien por compra u otro modo de transmisión de la propiedad de quien lo hubiera adquirido de aquel modo.

En el caso -señaló-, la concesión legal databa de las fechas indicadas con base en las posteriores transmisiones de la propiedad minera, así que no era posible la aplicación de un régimen legal ulterior y por ende, la exención consagrada a partir de 1.935 como lo pretendía la actora.-- Con apoyo en doctrina y jurisprudencia acerca del reconocimiento de las facultades impositivas locales, siempre que no menoscaben ni condicionen la consecución del interés nacional, y su consagración constitucional a partir de la redacción del art. 75, inc. 30, luego de la reforma de 1.994.-- Por último, consideró que no se había acreditado en autos el menoscabo a la consecución del interés nacional y dio valor al informe pericial de fs. 201 y propuso revocar el fallo de grado en forma integral.-- Impuso las costas de ambas instancias a la actora vencida.

La Dra. REYNOSO de ROBERTS, resumió los antecedentes de la causa, y en lo principal, compartió los fundamentos de la primer votante. Coincidió con la definición de canon dada por la accionada, e interpretó que el cobro efectuado por el municipio, tenía "plasmados los presupuestos del tributo, sujeto, hecho imponible y modo de establecer el monto". Diferenció el canon de la regalía minera, y a su vez, éstos del impuesto establecido en la ordenanza cuestionada.-- Consideró la importancia de la autonomía en materia tributaria local, reconocida en fallos de la Cámara de Apelaciones local y de este Superior Tribunal. Se refirió a lagunas de las normas del Código de Minería, para tener por cierto que la concesión de la explotación petrolera, no implicaba la cesión de dominio el cual era del patrimonio del Estado. Así, refutó lo decidido por el juez a quo respecto de la concesión de uso.- Afirmó que no debían superponerse tributos, pero que en el caso, el aplicado por el municipio, más allá de su denominación, era absolutamente válido en la medida que difería de las regalías y no se aplicaba ni sobre el subsuelo ni sobre el derecho del superficiario, que ostentaba la comuna. Citó jurisprudencia y doctrina en apoyo de sus argumentos.- Hizo referencia a la "legislación exclusiva" del Congreso y señaló que existían opiniones diversas, donde lo excluyente era considerado tal, estrictamente, algunas veces y otras, con un criterio inclusivo mucho más amplio donde admitía compartir la legislación con la local cuando no se interfería con el fin nacional tenido en cuenta por la norma. Describió la posición de la Corte con sus variaciones de criterio según las distintas integraciones.

Analizó el Código minero y los preceptos de la Constitución Provincial para concluir que no había interferencia por parte de la comuna accionada, para percibir el impuesto cuestionado. Coincidió en revocar la sentencia de grado, rechazar la acción de repetición y fijar las costas a la actora vencida, en ambas instancias.- EL RECURSO DE APELACIÓN ORDINARIA:

A fs. 495 la actora interpone Recurso de Apelación Ordinaria el cual es concedido a fs. 496. La demandada interpone revocatoria contra este último proveído, la que es rechazada por la Alzada por tratarse de una decisión irrecurrible.

En su expresión de agravios (fs. 513/521), la actora se queja del pronunciamiento por cuanto se omite tratar una regla de rango constitucional para dirimir la naturaleza impositiva o no del canon y porque, además, no se aplica el art. 403 del Código de Minería, cuando la explotación data de fecha anterior a la actual redacción.

Con relación al primero de sus planteos, transcribe parte de su contestación a la expresión de agravios de la actora contra la sentencia de grado. Allí relata la evolución de la percepción de impuestos en nuestro país. Arriba a la declaración de Derechos y Deberes del Hombre para sostener que la misma modificó la percepción del impuesto al quedar vinculada con el servicio público como contraprestación concreta.

Por tal motivo, todo análisis sobre la facultad impositiva del Estado -sostiene-, debe correlacionarse con el servicio público que se presta. Si éste no existe, el impuesto deviene inconstitucional e ilegítimo.

Sostiene que solamente la Dra. ALONSO de ARRIET registró su argumentación pero con una única mención, que transcribe, y que tiene un claro propósito descalificante.

Considera que, al ser el canon de naturaleza resarcitoria, se lo ha impuesto para prevenir presuntos daños que la demandada dijo padecer como consecuencia de la actividad petrolera. Por ende no puede aplicarse al pago de servicios públicos que el Estado debe brindar al ciudadano.- Insiste en la necesaria aplicación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, que ha sido omitida en el fallo opugnado y ello descalifica al decisorio, en su opinión, como acto jurisdiccional válido.

Indica que la clase política está atacando la República porque rompe el equilibrio y reparto de las atribuciones propias del Estado en muchos aspectos, que enumera. Resalta que el Poder Judicial debe controlar los excesos en los que incurre el poder político y no incurrir en "inaceptable lenidad" a favor de una concepción "idolátrica del estado".-- El segundo agravio se centra en el impedimento legal para el cobro del canon cuestionado, por expresa aplicación del art. 403 del Código de Minería. Transcribe parte de la sentencia donde se aborda este tema. Señala que no se puede aplicar ningún otro impuesto nacional, provincial o municipal a la explotación de minas de hidrocarburos fluidos. Su aplicación no varía ni por la calidad de su origen legal o administrativo, ni por la fecha en que ello tuvo lugar. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema que entiende favorable a sus pretensiones.-- Formula reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de demandar a la Provincia del Chubut en los términos del art. 60 de la C.P.

A fs. 524/530 y vta., la demandada contesta los agravios de la actora. Mantiene la reserva del caso federal. Considera que no puede plantearse el recurso de apelación ordinaria, por cuanto la actora carece de legitimación por no estar en juego ningún interés del fisco. Así, tilda de errónea la concesión de la vía articulada. Cita jurisprudencia de este Cuerpo que entiende acorde a sus pretensiones.- -- Considera, asimismo, que el memorial no constituye una crítica concreta y razonada en los temas de agravio, ya que lo dichos de la actora representan una mera discrepancia con lo resuelto en la instancia anterior, donde se vislumbran palabras teñidas de un "alto grado de dogmatismo e ideología política".

Transcribe parte del primer agravio de la actora y considera que yerra en su interpretación del art. 36 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por cuanto significa una versión muy parcializada de la aplicación del impuesto. El canon dispuesto consiste en un gravamen distinto del impuesto y de la tasa. Cita doctrina y señala que el poder impositivo del Estado constituye un instrumento de regulación, no sólo para recaudar sino para impulsar determinada política estatal.

Agrega que por medio del impuesto se retribuyen funciones y servicios indivisibles, prestados por el estado a toda la comunidad. Sostiene que no es aplicable lo resuelto en el fallo "Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Intercorp S.R.L." puesto que se refiere a la imposibilidad de que los funcionarios del Fisco, detenten funciones judiciales.

Considera al art. 16 de la Declaración Americana citada por la actora, como una norma operativa y al art. 36, como de carácter programático. Este último, postula uno de los deberes que deben cumplirse, precisamente, para el sostenimiento de los servicios públicos.- Considera que la Ordenanza responde a una de las facultades propias de los municipios, revisable judicialmente sólo cuando excede los límites constitucionales, pero jamás respecto de su oportunidad o conveniencia. Por lo que entiende que el agravio sobre este punto, debe rechazarse.-- Con relación al segundo agravio, del cual transcribe algunos párrafos, entiende inaplicable el art. 403, dado que a la fecha de concesión de la explotación minera se encontraba vigente el Código de Minería sancionado en noviembre de 1886, lo que impide el empleo de previsiones posteriores. Sostiene que no resultan pertinentes los fallos citados por la recurrente. Pide, en consecuencia, que se confirme la sentencia recurrida. - A fs. 532/535, emite su dictamen el Señor Procurador General Adjunto, quien tras resumir los antecedentes del recurso, entiende que se han planteado dos agravios. Uno relativo a la supuesta omisión de la Alzada en no vincular el poder tributario con la prestación de servicios públicos. El segundo se refiere a la interpretación y aplicación de la ley que debe regir el caso.

Señala que los jueces no están obligados a expedirse respecto de todos los puntos sometidos a su consideración sino solamente los que fueren adecuados para resolver el juicio. Así, el primer agravio del recurrente respecto del escaso análisis dado al art. 36 de la Convención que cita, no modifica lo resuelto en modo alguno.-- Considera además, que es falaz el argumento del recurrente, por cuanto todos los impuestos que se establecen tiene como objeto solventar gastos públicos. Es la fuente del Estado para cumplir con sus finalidades. Lo mismo ocurre con el municipio demandado, los puede fijar para solventar aquellos gastos necesarios para satisfacer necesidades o servicios públicos.

Considera que la definición dada por la Cámara al llamarlo "contribución especial", no contradice lo normado por la Convención en su art. 36, ya que el producido del ingreso es para afrontar gastos públicos por parte de la comuna. En cuanto a la crítica dada a la aplicación del código de minería dispuesta por la sentencia opugnada, no fue rebatida en aspectos centrales y por ende, no alcanza para modificar lo decidido sobre este punto.-- Agrega que no se ha discutido sobre la naturaleza fiscal municipal de los predios ocupados por la actora, sino sobre la base de cálculo del impuesto que, a su criterio, válidamente puede aplicar el municipio por tratarse de una facultad no delegada. Esa carencia argumentativa impide, en sus términos, avanzar sobre los aspectos en discusión. Por ello opina que el recurso debe rechazarse.-- ANÁLISIS: -- Comenzaré mi voto con cita de lo que ya dije en la S.D. 23/SROE/11, donde concordé con el Ministro que en ese entonces me antecediera en la emisión del mismo. Señalé allí que "Como lo expone el colega que me precediera en el voto, interpreto que no puede ser ya objeto de debate que se encuentran legitimados para interponer el Recurso de Apelación Ordinaria -de darse todos los recaudos que el mismo establece-, tanto el Estado (receptor primigenio de dicha normativa), como la parte que litiga contra él. Esto por cuanto aún cuando el decisorio no afecte los intereses del fisco, debe procurarse no violar la igualdad entre las partes y el derecho de defensa en juicio. Lo dicho, sin dejar de mencionar que este Tribunal ha también reconocido limitaciones en materia de honorarios cuando el Estado no estaba condenado en costas (S.I. N° 17/S.R.O.E./07). Mas no dándose este supuesto en autos, considero que corresponde abordar el análisis de este andarivel recursivo". Tales afirmaciones me llevan a considerar que en estos autos también es procedente la vía intentada por la parte contraria al Estado Municipal. ASÍ LO VOTO.

Sobre la revisión de la sentencia solicitada, ha sostenido el Cuerpo en frecuentes oportunidades (SD. N° 26/90; 20/SRE/99; 25/SRE/01; 01/SRE/02; 5/SRE/03 y 06/SRE/04, entre otras), que el Recurso de Apelación Ordinaria, como medio impugnatorio que permite al justiciable elevar al conocimiento de un Tribunal Superior la solución que estima injusta para que la modifique o revoque, no está concebido como un "novo iudicium", sino como una remisión del material incorporado a la instancia de origen, a fin de reparar los posibles errores que expuestos en la expresión de agravios, exhiba la sentencia. Así como el principio dispositivo deja en manos de las partes la fijación y el alcance del contenido de la pretensión y oposición en todos sus elementos, sujeto, objeto y causa, el principio de preclusión indica que desde que el proceso se desarrolla en forma sucesiva (progresividad) con la clausura definitiva de cada uno de los estadios que agotan su desenvolvimiento, la determinación de aquellos elementos debe concretarse a las piezas liminares del proceso. A su vez, el principio de consumación impedirá reeditar el ejercicio de tales facultades procesales, salvo en hipótesis excepcionales. El acatamiento de estos principios liminares del Derecho Procedimental aseguran aquellos otros que consagran la bilateralidad del contradictorio, la igualdad de las partes y el equilibro procesal.

También es preciso recordar que quien recurre debe denunciar el yerro de la sentencia que pretende contraria a su derecho, y encauzar su embate contra todos los argumentos dirimentes del decisorio. Esto por cuanto la expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino un análisis razonado de la sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos que se tiene para considerar que ella es errónea. "Aunque se apele en todas sus partes, quedan consentidas aquellas respecto de las cuáles no se formulan agravios, y firmes las consideraciones del fallo apelado no rebatidas" (CS Salta, 29/2/88, E.D., 130-119). Las cuestiones no propuestas entonces a la revisión en la expresión de agravios quedan excluidas del conocimiento de esta instancia, pues de lo contrario actuaría en menoscabo de su propia competencia y de las garantías de la propiedad y la defensa en juicio. No puede, por lo dicho, esta Sala examinar un aspecto que por consentimiento de los legitimados para impugnarlo, ha pasado en autoridad de cosa juzgada. - Los conceptos vertidos han de ser aplicados al análisis del memorial de agravios traído a esta instancia. De su lectura surge claramente que la recurrente infiere que ha quedado firme la aserción de la sentencia de primera instancia en orden a que el canon que se debate en estos autos posee carácter resarcitorio. Sostiene por ello que la sentencia en recurso no le asignó una naturaleza distinta, y que ésta deberá ser considerada una cuestión no controvertida (fs. 516 vta). -- El repaso de la decisión recurrida me permite descartar de plano tal aseveración, pues lejos de mantener las afirmaciones efectuadas por el Juez a quo, la Cámara de Apelaciones sostuvo textualmente que "No estamos ante una indemnización tarifada, más allá de que no es la precisión técnica lo que ha caracterizado los vistos de la Ordenanza N° 3145/88, extremo en el que el juez focalizó el examen de la norma" (voto de la Dra. ALONSO a fs. 473 vta.). -- La inexactitud en la interpretación que sobre el fallo efectúa el apelante lo ha colocado, en relación a este fundamento dado por la Alzada, en una absoluta ausencia de refutación, y por lo tanto, tal argumento deviene firme al encontrarse no controvertido. Y ello ha derivado también en un tránsito recursivo equivocado, pues el quejoso se afinca en la naturaleza resarcitoria del canon, y en base a ello arriba a la conclusión que ha sido instituido con la finalidad de reparar presuntos daños que la demandada dice padecer como consecuencia de la actividad petrolera. Queda entonces incólume no sólo la afirmación efectuada en el fallo en crisis en cuanto a que se trata de un tributo impuesto por el Estado Municipal, sino que del mismo modo deviene inconmovible la aseveración formulada por la misma primer votante en relación a que la prestación pecuniaria establecida a cargo del sujeto pasivo contribuye a solventar los gastos públicos (fs. 472 vta.).- Sentado ello, es evidente que el apelante desarrolla un discurso paralelo al de la sentencia, de la que se desentiende, y culmina su total desapego a las cuestiones resueltas en el decisorio cuando afirma que si la finalidad del canon es reparar presuntos daños esa circunstancia excluye todo otro fin, y entre ellos la de aplicarse al pago de servicios públicos que el Estado debe brindar.-- Lo que he expuesto hasta aquí me exime de formular mayores apreciaciones en orden a tal agravio, dado que el recurrente lo entrelaza en forma indefectible con aquella primera equívoca conclusión sobre la naturaleza resarcitoria del canon a la que antes hice referencia, y por lo tanto, al partir de una premisa incorrecta no puede ser sostenido como argumento válido. Y para finalizar, sin perjuicio que con lo dicho es suficiente para proponer al Acuerdo que se declare la deserción del recurso, no puedo dejar de señalar que el segundo agravio que introduce el apelante no configura un análisis serio, razonado y crítico de los fundamentos desarrollados en el fallo para establecer la inaplicabilidad del art. 403 del Código de Minería. Lejos de refutar las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, ha expuesto el apelante su propio parecer, con lo que ha soslayado que "Es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz a las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado; tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante." (SCBA, Ac. 39831, 28-2-1989; Ac 45956 S 17-12-1991; Ac 45692 S 17-3-1992; Ac 58045 S 20-8-1996; Ac 56662 S 12-8-1997; Ac 58116 S 10-3-1998; SCBA, Ac 80070 S 11-7-2001; AC 80011 S 19-2-2002; Ac 92125 S 26-10-2005; SCBA, Ac 94218 S 25-4-2007; C 86832 S 17-9-2008; C 103971 S 18-11-2009; C 106767 S 22-12-2010; entre muchos otros).

En definitiva, las falencias apuntadas hacen que el recurso en estudio deba ser declarado desierto, por imperio legal, y así lo dejo propuesto al Acuerdo. ASÍ LO VOTO.- A la misma cuestión el Dr. ROYER dijo: - Tal como lo hice en la reciente S.D. 23/SROE/11, comenzaré por el cuestionamiento que introduce la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en orden a la legitimación de la parte recurrente para interponer el presente Recurso de Apelación Ordinaria. Del mismo modo que ocurriera en aquel juicio, también en éstos sostiene esa parte que la vía intentada sólo se concede en exclusivo interés del fisco, y al no existir éste en autos, es imposible tratar la impugnación. - -- Itero entonces lo dicho en este último decisorio, en tanto manifesté que "No tengo dudas que el planteo así expuesto es errado, ya que desde anteriores composiciones el Tribunal ha admitido que pueden intentar este remedio las partes que litigan contra el Estado (S.D. 4/S.R.E./02). También lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al tratar el recurso de idéntica naturaleza, y al respecto ha señalado que si bien éste resulta viable en principio, en las causas en que el Estado directa o indirectamente sea parte, no puede de ello interpretarse que haya sido reconocido exclusivamente a favor de aquél, dado que también pueden interponerlo los particulares que litigan con él (Fallos 310:434; 317:263; 323:3765; 327:4271). Abunda en esto Guido S. TAWIL, cuando expone que según el Alto Tribunal, de procederse en sentido contrario se estaría consagrando un desmesurado privilegio en favor del fisco, y se frustraría el principio de igualdad de las partes en el proceso y el derecho de defensa en juicio. (Recurso Ordinario de Apelación ante la Corte Suprema de Justicia, Ed. Depalma, pág. 189)". Entiendo entonces que no es aceptable el planteo efectuado por la demandada y por lo tanto, encuentro que la actora se encuentra legitimada para interponer la vía recursiva que pretende. ASÍ LO VOTO. - Al comenzar el análisis del recurso no dejaré de recordar en la presente el criterio sólidamente edificado luego de muchísimo precedentes atinente a los recaudos de la expresión de agravios.

Es condición de aquélla que constituya una exposición jurídica y lógica que demuestre que la sentencia es injusta y agraviante, indicándose porqué lo es. Requiere un estudio crítico, razonado, punto por punto de los errores en la apreciación de los hechos, la interpretación de la prueba o la aplicación del derecho. No basta hacer consideraciones generales en torno al fallo; es menester hacer mérito de los motivos y razones legales que fundamentan el pedido de rescisión. En este orden de ideas cabe precisar que no está permitido ignorar la previsión del art. 268 del C.P.C.C. - Ya en el año 2005 en SD. N° 05/S.R.O.E., sostuve y lo revalido ahora que la norma es clara y no admite irresolución, exige que el debate se mantenga en un plano intelectual y no verbal. Pero además de ello, otra prevención insoslayable es saber discernir y luego seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento dirimente que luego forma la parte lógica de la decisión y le da sentido. - Esa tarea sólo le incumbe al recurrente. A él le cabe, la no siempre fácil tarea de señalar cuál punto del desarrollo argumental mismo constituye una errata en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que a la postre lleva al desacierto ulterior concretado en el veredicto. Si este embate no se cumpleyop o se lleva a acabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la alzada, la que no está facultada institucionalmente para suplir los déficit argumentales del recurrente, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo. (Conf. Juan Carlos Hitters, "Técnica de los Recursos Ordinarios, 2da. edición, Ed. Platense, año 2004, pág.455). -- Cuando el atacante contraviene estas premisas y se disipa en una continuada contradicción respecto del desarrollo explícito del magistrado, sólo puede inferirse una tarea profesional que irremediablemente tendrá destino la derrota por falta de material crítico, mucho antes que por la solidez de la sentencia no examinada.-- Convengo que la expresión de agravios, me obligó a ir más allá de lo expresado en el último párrafo y fue menester una lectura meticulosa y detallada del fallo en crisis, sin embargo esta tarea no hace mengua en mi opinión que anticipo, esto es, que la pieza recursiva no satisface los postulados "supra" descriptos del art. 268 del C.P.C.C.

En efecto las demostraciones dirimentes e influyentes que da cuenta el fallo, no fueron suficientemente rebatidos por el apelante. Más aún -y lo digo sin temor a equivocarme- siquiera fueron rebatidos, será ello, producto quizás de una apresurada lectura de aquél, pero lo innegable es que la expresión de agravios se estructura detrás de una falsa proposición.

Me explico. Afirma el apelante a fs. 516 vta. "La sentencia en recurso no ha asignado al canon una naturaleza distinta, por lo que la misma deberá ser considerada una cuestión no controvertida" luego párrafo aparte "... estando acreditada en autos la naturaleza resarcitoria del canon, resulta indudable que ha sido instituido con la finalidad de reparar presuntos daños que la demandada dice padecer como consecuencia de la actividad petrolera" (los resaltados son de mi autoría).

Transcribí estas citas pues ellas son absolutamente indicativas del yerro del recurrente que lleva al infortunio toda la línea argumental desarrollada en su presentación, pues fácil es concluir que la motivación esencial del fallo, no fue rebatida. El apelante ni siquiera consideró esos fundamentos, dio por sentado algo que no lo fue. - Afirmó el juez de primera instancia para sentenciar del modo en que lo hizo que "el reconocimiento económico intentado por el municipio con la ordenanza en cuestión, por el uso dado a las tierras fiscales traduce un fin indemnizatorio distorsionado..".-- Mas luego, las magistradas, a la hora de revocar la decisión primigenia, echaron por tierra esa afirmación.

Rotundamente, luego de analizar la imprescindible concurrencia de los presupuestos que caracterizan al tributo previsto en la Ordenanza N° 3145/88, arribaron a la conclusión de que se encontraban frente a una relación jurídica tributaria sustancial y con ello contrariaron en sus respectivos votos aquella aserción que le asignaba una finalidad resarcitoria. -- Esa directriz que orienta el decisorio, no sufrió la acometida puntual, precisa de quien ocurrió ante este estrado y todo el discurso apuntala la premisa falsa a la que ya hice referencia y que -reitero- fue tener por acreditado la naturaleza resarcitoria del canon.-- Evidenciada entonces en el recurso en cuestión la falta de crítica razonada de los argumentos esgrimidos en el fallo, no existe otra alternativa posible que la solución que propone el art. 268 del C.P.C.C., esto es declarar la deserción del recurso. ASÍ LO VOTO.

A la segunda cuestión dijo el Dr. CANEO: -- Tal como voté en la primera cuestión, propongo al Acuerdo declarar desierto el Recurso de Apelación Ordinaria intentado por P. C. R. S.A. contra la Sentencia Definitiva N° 28/10 de la Cámara de Apelaciones, Sala "A", de la ciudad de Comodoro Rivadavia.-- Las costas de la presente instancia deben imponerse a la recurrente (art. 69 del C.P.C.C.). Regular los honorarios del Dr. P. H. C., letrado apoderado de la parte demandada, en un 35% de lo regulado a esa parte en Primera Instancia, y los del Dr. J. M. F. D. L. C., apoderado de la actora, en el 25% de los que fueron establecidos en primera instancia a favor de su parte (conf. arts. 5, incs. "c" y "d" y 13 de la Ley XIII N° 4). Todos con más IVA si correspondiere y sin perjuicio de lo establecido en el 2 de la Ley XIII N° 4. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. ROYER expresó : -- Según voté la Primera cuestión acuerdo con la solución dada por el Dr. CANEO. ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente: -- - S E N T E N C I A -- 1°) DECLARAR desierto el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por P. C. R. S.A. contra la Sentencia Definitiva N° 28/10 de la Cámara de Apelaciones, Sala "A", de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

2°) COSTAS en esta instancia a la recurrente (art. 69 del C.P.C.C.).- 3°) REGULAR los honorarios del Dr. P. H. C., letrado apoderado de la parte demandada, en un 35% de lo regulado a esa parte en Primera Instancia, y los del Dr. J. M. F. D. L. C., apoderado de la actora, en el 25% de los que fueron establecidos en primera instancia a favor de su parte (conf. arts. 5, incs. "c" y "d" y 13 de la Ley XIII N° 4). Todos con más IVA si correspondiere y sin perjuicio de lo establecido en el 2 de la Ley XIII N° 4. - 4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase. - La presente sentencia se dicta por dos Miembros del Tribunal en virtud de encontrarse ausente, en uso de licencia, el Sr. Ministro Dr. José Luis PASUTTI y haber concordado en la solución del caso sendos votantes (art. 28 Ley V Nº 3).-- Fdo.: Dr. Fernando Salvador Luis ROYER - Dr. Daniel Luis CANEO.

RECIBIDA EN SECRETARIA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N° 25 S.R.O.E. CONSTE.