marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Revocación de sentencia, prueba, aplicación errónea de la ley, tipo penal, declaración jurada, funcionarios públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Mario César. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-31

La disidencia parcial sostuvo que correspondía casar y revocar la decisión impugnada y condenar a Gómez por la conducta delictiva por la que viene acusado (arts. 172 y 174, inc. 5°, del Código Penal) en tanto la absolución se fundó en una valoración parcial y sesgada de la prueba que derivó en una errónea interpretación y aplicación del tipo penal. Si bien el contenido de la declaración jurada fue el que reveló que Gómez manifestó no estar alcanzado por el Decreto 894/01 cuando sí lo estaba, ello no puede ser el único extremo para determinar la configuración de la conducta que se le imputa. Es que el deber de fidelidad con la normativa vigente por parte de quien ostenta un cargo público deviene insoslayable. El conocimiento de Gómez respecto de la incompatibilidad de la percepción paralela de estos dos ingresos, y del deber que le imponía la normativa de ejercer la referida opción o requerir la suspensión del cobro del haber jubilatorio, se encuentra acreditado a partir de ciertos elementos, como lo manifestado en la declaración jurada que presentó al ingresar a la esfera pública; en su calidad de funcionario público y por su profesión de abogado. Lo expuesto refleja la idoneidad del ardid desplegado con su omisión de ejercer las opciones impuestas por el decreto 894/01, a lo que sumó su manifestación jurada de no encontrarse sometido a dicho régimen opcional; conducta que deja en evidencia la configuración de una concreta actuación dolosa tendiente a engañar a la Administración Pública para lograr, al menos, la continuidad de la disposición patrimonial perjudicial en su beneficio, y el consecuente perjuicio al erario público que de ello directamente se derivó. Dres. Carbajo, Hornos-en disidencia parcial- y Borinsky.
Recurso de apelación (procesal), adhesión al recurso, facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bonomi, Hugo c/ Shell C.A.P.S.A. s/ Daños y perjuicios. Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

No infringiéndose lesión al derecho cuyo reconocimiento se gestiona no existe "obligación" (rectius: razón) de apelar o manifestar disconformidad con las apreciaciones de derecho que el sentenciador haga al pronunciar su fallo. Como lo sostienen los tratadistas, el interés es la medida del derecho y la apelación no procede sino por su lesión, que consiste en el perjuicio que al apelante cause la parte dispositiva de la sentencia. De manera que si la resolución que favorece a una parte es apelada por otra, toda la cuestión materia del litigio, de acuerdo con la regla que dejo establecida, pasa al superior en la misma extensión y con la misma plenitud con que fue sometida al inferior. Por la apelación, lo único que se hace es transportar el derecho de un tribunal a otro y por esta razón esta Corte ha consagrado el principio de que en las sentencias las cuestiones deben plantearse de conformidad con lo alegado y probado y de lo resuelto por el inferior.
Malos tratos o actos de crueldad contra animales, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: F. c/ Sieli Ricci, Mauricio Rafael s/ maltrato y crueldad animal
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-04-20

Corresponde aplicar el máximo punitivo al imputado por el delito de "maltrato y crueldad animal" -arrastre de la perra a tiro de un vehículo-, en tanto debe considerarse el grado altamente disvalioso de la acción por recaer sobre un ser sintiente, al que además se abandonó en estado de no poder valerse por sí mismo; que requirió de sutura de las heridas, vendajes y tratamiento posterior, lo que da cuenta de un resultado intensamente lesivo para el animal.
Quiebra, continuación de la empresa, terceros, liquidación y distribución, grupo económico
Materia: COMERCIAL
Carátula: COVINCO SOCIEDAD ANONIMA s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-24

La continuidad empresaria decretada en la quiebra no implica una decisión vinculante para terceros, aunque un tercero, también en quiebra, sea una sociedad del mismo grupo. La continuación empresaria no puede interferir en la liquidación de la quiebra en la cual no se la ha decretado por resultar una medida independiente;

habrá que arbitrar, en todo caso, los medios para que la continuación pueda proseguir mediante los recursos propios de la quiebra o, en su caso, de ser muy perentorios los fines sociales que se deben preservar, la ayuda estatal permitida por la ley. La discutible ayuda financiera que pudiere existir entre las quiebras del grupo no puede ser extendida a otros supuestos que no sean la propia asistencia financiera, que de ningún modo puede ser considerada como habilitante de una disposición de bienes muebles o inmuebles entre quiebra del mismo grupo.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Derecho ambiental
Materia: PROCESAL
Carátula: Busti,  Jorge  Pedro  y otros s/ denuncia art. 55, ley 24.051, en grado de tentativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

Si bien la Corte ha admitido algunos supuestos de excepción en los que procedía la jurisdicción exclusiva del Tribunal ante una cierta o inminente afectación de las relaciones con potencias extranjeras, tales circunstancias extraordinarias no concurren respecto de la causa instruida por infracción al art. 55 de la ley 24.051, a raíz de la instalación de dos fábricas sobre las márgenes del Río Uruguay, en territorio uruguayo. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Beneficios previsionales, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: YERBA, HECTOR FERNANDO c/ DEVOTO, NORMA VELIA s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-07-17

Las jubilaciones y pensiones -como la de la especie que ha sido otorgada por la Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles- están regidas por la Ley 24.241, artículos 14 inciso c) y 45 inciso c) (anteriormente ley 18.037) y por ende, exceptuadas de embargos, salvo por alimentos y litis expensas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acuerdo preventivo, presentación de las ofertas, plazo legal, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Brañas de Poujade, Nilda C. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-08-31

El error en que incurrió el veredicto, dictado en mayoría de la Cámara -atacado- radica en que ha quebrantado con exagerado rigorismo formal la interpretación de los art. 43 y 84 inc. 1 y 296 inc. 1 de la Ley 19.551 -al pie de la letra sin tener en cuenta que guardan estrecha conexión- tal como fuera alegado por la concursada tenazmente, lo cual conduce inexorablemente a propiciar su descalificación como acto judicial válido.
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Peluc, José y otros c/ Rawson Cable s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-02

La conjunción de los dos requisitos del art. 90 de la L.C.T., (para tener acreditado el contrato a plazo fijo), tiene como finalidad evitar los posibles fraudes a la ley laboral, cuando se pretenda disfrazar relaciones de naturaleza indeterminada apelando a formas de contratación con limitaciones temporales.
Filiación extramatrimonial, daño moral, monto de la indemnización, conducta procesal, demandado
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: N. N. c/ N. N. s/ Filiación Extramatrimonial - con Beneficio Nº 23481-R
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-11-23

La imposición del mismo responde primordialmente a sancionar la antijuricidad del actuar del progenitor quien lesiona un derecho personalísimo del hijo al no realizar de manera oportuna su reconocimiento.

Lo expresado demuestra que el demandado ha tenido una conducta pasiva aunque no obstructiva en el proceso, lo cual queda evidenciado también con su actuar posterior a la fecha del resultado de la prueba biológica (mayo del año 2013), en cuanto no se avino espontáneamente a realizar los trámites pertinentes para el reconocimiento, muy por el contrario aguardó al dictado de la sentencia que recién se produce en noviembre del año 2013.

El perjuicio que genera no emplazar al hijo en el estado que le corresponde no se funda en una responsabilidad objetiva derivada del no reconocimiento. Se atribuirá responsabilidad a quien sabiendo que es padre o madre omitió reconocer a su hijo y a quien demandado no contribuyó a despejar las dudas que razonablemente puede albergar acerca de la filiación que pretende oponérsele. Desde luego deberá analizarse la conducta del progenitor no sólo antes de la demanda, sino también en el juicio, ...". Así considero que el juez a-quo para arribar al importe fijado tuvo presente tanto el retardo en el ejercicio de la acción por parte de la actora, la conducta asumida por el accionado, antes, durante y después de la acción, como así también la situación patrimonial del obligado al pago acreditada en autos.
Seguros, inhabilitación para conducir, licencia de conducir, vencimiento de la licencia
Materia: CIVIL
Carátula: NUÑEZ, Francisco Esteban c/ Flores Mario y Araya Juan Carlos s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-10-24

No se infringe la cláusula contractual que libera al asegurador cuando el vehículo es conducido por una persona no habilitada para hacerlo durante los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de la licencia, en tanto la renovación se produzca dentro de él.
Instrumentos privados, firma
Materia: LABORAL
Carátula: TORRES, EMILIO PANTALEON Y OTROS c/ COOPERATIVA  DE  PROD.ALIMENTICIOS  PARA  COMERC.MIN."GRAL.SARMIENTO" LIMITADA y/o quien res.responsable s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-24

La impresión digital ha sido expresamente admitida como expresión de voluntad y consentimiento, en tanto otros elementos de prueba concurran a acreditar la efectiva realización del acto, artículo 59 Ley de Contrato de Trabajo, requisito que en el caso quedó cumplimentado con la intervención del oficial público.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Soria, Elpidio Eleodoro s/ Robos reiterados Cabrera de Puricelli, Elsa Rene s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21|1997-05-20

Encontrándose firmes dos indicios -que satisfacen lo requerido en el art. 256 inc. 4º (n.a.) del Código de Procedimiento Penal- es innecesario considerar las impugnaciones de los demás elementos de la prueba presuncional y de la compuesta (art. 256 inc. 2º -n.a.- y 359, C.P.P.).
Trabajadores de la construcción, fondo de desempleo
Materia: LABORAL
Carátula: CONTRERAS CISTERNAS, JOSE ESCINDO DEL CARMEN c/ IANUA SA. s/ DESPIDO BLANCO, RAUL VICENTE c/ CONSTRUCTORA LEO SAI. Y F. s/ DESPIDO FRAIZ, SAUL JUAN REINALDO c/ CHRISTIANI Y NIELSEN COMPAÑIA ARGENTINA DE CONSTRUCCION s/ DESPIDO SILGUERO, ATILIO RUBEN c/ BONSIGNORE Y COMPAÑIA SA. s/ LEY 17258
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1975-08-25|1975-10-14|1975-09-19|1976-10-08

El fondo de desempleo estatuido por la Ley 17258 constituye una forma de seguro social que sustituyó a las indemnizaciones por despido y falta de preaviso, y no un sistema indemnizatorio establecido en razón de la antigüuedad, por lo que no es aplicable el incremento del 50 % que prescribe el artículo 266 de la LCT.
Hurto simple, tentativa, remoción de la cosa
Materia: PENAL
Carátula: Demarco, Luis A. s/ Hurto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-18

Habiendo sido arrojada la cosa objeto de la sustracción dentro del mismo edificio en que se había comenzado a ejecutar el apoderamiento, su mera remoción no importaba, aún, la consumación de aquel, no siendo relevante para resolver la cuestión, el tiempo demorado para hallar el objeto ajeno, pues la mora o ineficacia de la pesquisa es tema relativo a la prevención y no a la ejecución del hecho, que debe ser calificado como hurto en grado de tentativa.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la persona, hábeas data, entes autárquicos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: González, Juan Carlos c/ B.C.R.A. y otros s/ hábeas data.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-28

Corresponde a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal conocer en el caso donde se solicita recabar información que poseen ciertas entidades bancarias y su eventual rectificación si, ante la falsa y errónea información se vieran afectados los derechos a la intimidad y honor, ya que resulta relevante el poder de policía que compete al Banco Central de la República Argentina como autoridad de aplicación y de control sobre las entidades crediticias de todo el país.
Declaración indagatoria, derecho a conocer el hecho imputado, recurso de nulidad, improcedencia del recurso, fundamentación del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MUNAFO, DOMINGO FRANCISCO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

Carece de fundamento el planteo de la nulidad de la declaración indagatoria por falta de intimación del hecho calificado si de la lectura de esa pieza sumarial resulta que el propio imputado hizo expresa mención del documento y rechazo la imputación de que hubiese sido secuestrado en su poder. Tal expresa manifestación de descargo deja claro que el imputado ha sido indagado por ese hecho.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, inexistencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

Una de las caracterizaciones definitorias del instituto del amparo -en orden a la procedencia de la pretensión- es la manifiesta arbitrariedad o ilegitimidad del acto u omisión de que se trate. La calificación de "manifiesta" implica que los vicios "deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial", es decir, cuando "el ataque es tan patente que se manifiesta -podría decirse en forma física- visible, ostensible y notoria". La pretensión de amparo, pues, no es viable cuando la situación fáctica que le sirve de sustento aparece opinable o discutible y, por ende, requiere amplitud de debate y prueba, cuestión que se entronca con el requisito de la inexistencia de "un medio judicial más idóneo".(Del voto del Dr. Falistocco).
Régimen penal cambiario, ley penal más benigna, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: COMPESCA S.A. s/ Régimen Penal Cambiario Causa 31127
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-30

1- La ley penal cambiaria (art. 20 inc. a) excluye expresamente la aplicación del art. 2 del Código penal.- 2- El art. 2 CP. tiene raigambre meramente legal y no resulta impuesto por cláusulas de la Constitución Nacional, por lo que su aplicación puede ser perfectamente excluida por el legislador.- 3- El principio de retroactividad de la ley penal más benigna-aun en ausencia de disposición expresa que lo excluya- ha sido considerado inaplicable en casos de normas penales contenidas en leyes regulatorias de la economía que, por su propia índole, suponen la variación relativamente frecuente de los preceptos reglamentarios con los que se integran.- 4- La prueba en contrario con la que puede destruirse la presunción de la negociación indebida de cambio, cuando se sostiene que no ha habido percepción del precio de lo exportado incumbe al propio exportador, que es quien tiene los datos y elementos que pueden dar cuenta de lo ocurrido.
Contratos administrativos, licitación pública, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FUNDACION HERMANDAD INTERNACIONAL DE ESCORPIONES c/ Estado Nacional -Min. de Trabajo- y otra s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-18

La licitación pública es un procedimiento de elección del cocontratante mediante el cual el ente público invita a los interesados para que, de acuerdo con las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas entre las que se seleccionará la más conveniente. La ley de la licitación o ley del contrato es el pliego donde se especifican el objeto de la contratación y los derechos y obligaciones del licitante, de los oferentes y del adjudicatario (Fallos 308:618, considerando 6).
IVA, contrato de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: GARDEBLED HNOS SA Y GESIEMENS SACI Y AG c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 2-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-13

Caracterizándose el Impuesto al Valor Agregado como un impuesto que recayendo sobre el consumidor final, que es quien en definitiva lo paga a través de sus consumos, ha de ser ingresado al fisco por cada una de las etapas del proceso económico de producción, distribución y comercialización, en proporción al valor que cada una de ellas incorpora al producto; no hay duda de que conforme a lo normado por el artículo 3 de la ley 20631, el contrato de obra pública está alcanzado por este impuesto, siendo el consumidor final la Municipalidad demandada.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, violación de las formas procesales, sentencia, voto de adhesión, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Pisano, Alberto c/ Rodriguez, Pedro Salvador y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-02-27

En nuestra provincia son concordantes los arts. 9° de la ley 1130 y 271° del CPCC, sosteniendo que cada miembro deberá fundar su voto en cada una de las cuestiones que deban resolver, pudiendo adherir al de otro siendo tanto más amplia como clara -a mi criterio- solución dada por la ley orgánica de las Cámaras de Apelaciones (art. 9° ley n° 1130) cuando expresa "...pudiendo adherirse a los votos anteriormente emitidos" no estableciendo distinciones en cuanto a la cronología de su emisión.

Así planteada la cuestión, es una facultad del vocal de Cámara adherir a un voto precedente entendiendo que la normativa vigente deja salvada la cuestión, no significando esto que no se comparta lo dicho por este Cuerpo en anterior composición cuando con voto del Dr.

Heredia se dijo: "Si bien de 'lege lata' no puede inferirse, para el caso de autos otra solución, es recomendable, de de 'lege ferenda', que los vocales de Tribunales Colegiados fundamenten su voto en oportunidad de definir una cuestión que divide la opinión de los votos precedentes; ello concederá mayor fuerza motivante a la posición prevalente, evitando que la misma surja de una simple suma de votos coincidentes, también proporcionará una mejor visualización del derecho aplicado, que se hace concreto en el acto jurisdiccional por excelencia, la sentencia".
Trabajadores portuarios, policía del trabajo, Ente de Contratación, Prefectura Naval
Materia: LABORAL
Carátula: ANGELETTI, VICENTE c/ ENCON s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

No es el ENCON sino la Prefectura Naval Argentina, art. 4 de la ley 21429, el organismo facultado para habilitar el desempeño del estibador portuario, después de que a éste le retiraron su tarjeta plástica debido a una infracción cometida y comprobada por el Ministerio de Trabajo y la Capitanía del Puerto de Buenos Aires. En tanto el ENCON no está facultado para fiscalizar el régimen laboral portuario y sancionar las infracciones, tampoco podía devolver la tarjeta retenida si las autoridades competentes no le daban la instrucción de hacerlo.
Procedimiento contencioso administrativo, defensa en juicio, debido proceso adjetivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B. M., C. F. c/ Instituto Provincial de Vivienda de Salta (I.P.V.) s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-04-08

La Administración tiene el deber de resolver las cuestiones planteadas por los particulares y esa obligación deriva del derecho a la tutela administrativa efectiva -consagrada en los arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. "a" y "b", y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, que supone la posibilidad de ocurrir ante las autoridades administrativas y obtener de ellas una decisión útil relativa a los derechos que le asisten.

En el caso, resultaba necesario y útil para evitar mayores perjuicios -especialmente en razón de la expresa manifestación por parte de la adjudicataria de sus dificultades para habitar la vivienda en relación a sus condiciones familiares- que el organismo se pronunciara respecto del pedido de autorización de prórroga para habitar el inmueble, pues resulta evidente que de haber asumido la Administración una conducta diligente en tal sentido, la actora podría haber contado con reglas claras que le permitieran adoptar las medidas que estimara útiles para conservar la vivienda. (Del voto en minoría del Dr. Vittar y Dra. Bonari)
Multa, ejecución de multas, competencia, competencia civil
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LABORATORIOS SHABBA S.R.L. s/ Ejecución fiscal.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-22

- En materia de ejecución el Art. 567 del CPMP se remite a los procedimientos civiles, asimismo el CPP (Art. 516) establece que las sentencias se ejecutarán con arreglo al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Del voto del Dr. Hornos, en disidencia).
Despido con causa, pérdida de confianza, denuncia, abuso sexual, establecimientos asistenciales, sobreseimiento, estado de sospecha
Materia: LABORAL
Carátula: D. C. A.  c/ Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Médica  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

Si bien el trabajador de un establecimiento asistencial que fue despedido por pérdida de confianza tras haber sido denunciado por una paciente por abuso sexual resultó sobreseído en la causa penal, no puede soslayarse que el despido no se basa en la imputación lisa y llana de la comisión de un delito sino, en la pérdida de confianza que deriva del estado de sospecha que genera la participación que tuvo el actor en sucesos sumamente delicados.
Obligaciones a plazo, obligaciones de dar sumas de dinero, desagio
Materia: CIVIL
Carátula: ARO S.A. c/ D.N.V. s/ CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

No procede la aplicación mecánica del desagio a todos los supuestos de obligaciones a plazo pues la expectativa inflacionaria no se presume. Por el contrario, se trata de un presupuesto fáctico que condiciona la aplicación del desagio y que debe constatarse en cada caso (C.S.J.N. in re Mancina , del 25-10-87).