Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-03-17


L. DE S. T° 103, F° 70/75 En la ciudad de San Juan, a 17 días del mes de marzo del año dos mil nueve, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. PASCUAL E. ALFERILLO, y los señores Vocales DRES. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS y GILBERTO A. RIVEROS, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 19.816 (16.326 JUZ. DE FAMILIA N° 1) caratulados "D. P., S. A. C/ M., M. A. FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL", dictada en fecha diez del mes de julio del año dos mil ocho, obrante a fs. 35/38, de estos autos originarios del Primer Juzgado de Familia, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El A quo en la sentencia dictada en fecha 10 de julio de 2008, cuya copia obra a fs. 35/38, encontró fundamento suficiente para hacer lugar a la demanda de filiación promovida por la señora S. A. de P., declarando que N. N. es hijo extramatrimonial del señor M. A. M.. En el punto II se fijó la cuota alimentaria en la suma de $ 200 y se hace lugar al pedido de reparación del daño moral fijando la suma de $ 2.000.

Contra este decisorio, la parte actora introduce el recurso de apelación a fs. 39, el cual es concedido en forma libre y con efecto suspensivo.

Elevado los autos a este Tribunal ad quem, el recurrente a fs. 48 procede a exponer sus cuestionamiento contra la sentencia precisando que le causa agravio las cuantías fijadas como cuota alimentaria, daño moral y en honorarios.

Con relación a la cuota alimentaria sostiene que el monto fijado resulta totalmente insuficiente para cubrir las necesidades mínimas del menor. En ese sentido, critica que se haya fijado un monto fijo, el cual rápidamente se verá deteriorado. Cita fallos para fundamentar su posición.

En el párrafo siguiente recuerda que la suma de $200 fue la ofrecida por el alimentante, mientras que su parte aceptaba la suma de $ 300 y que se oficiara para conocer los ingresos y se fijará la definitiva en el 30% de los ingresos más salario familiar. Que los ingresos del demandado son perfectamente determinables.

En cuanto al monto fijado para satisfacer el daño moral sostiene que la suma es sumamente exigua y por lo tanto insuficiente para compensar el daño sufrido.

El argumento esgrimido por el sentenciante de que el menor tiene escasa edad por lo cual los daños no serían significativos, recordando que la omisión de reconocer espontáneamente al hijo es un acto contrario a derecho y encuentra sustento en el principio de no dañar a otro. Cita abundante doctrina autoral y judicial en aval de su posición que indica que el daño moral es presumido por la sola existencia de los perjuicios derivados del no reconocimiento de donde surge la importancia de su determinación por parte de la jurisdicción.

Finalmente apela los honorarios del Dr. Romero por bajos.

Corrido traslado a la contraria, ésta no responde los mismos.

Planteado de este modo el recurso de apelación, cabe consignar que en el tema de la fijación de la cuota alimentaria, especialmente en épocas presididas por una economía inflacionaria, resulta conveniente procesalmente la fijación de la misma en porcentajes de los ingresos del alimentante. Con ello, se evita la proliferación de incidente de adecuación de las mismas cuando se producen desfasajes inflacionarios o se le otorgan aumentos en el salario.

En ese sentido, resulta un desacierto que se haya fijado la cuota en una suma fija, la de $200. Evidentemente, es conveniente que se precise un determinado porcentual.

En esa dirección, en el presente caso se trata de cumplir con el deber alimentario de un solo menor que debe ser prestado por un padre que tiene como profesión y trabajo, agente de seguridad de la policía provincial, se encuentra casado y con hijos. En función de ello y siguiendo criterios anteriormente expuesto por este tribunal en casos similares, en sentencias dictadas en fecha 26/11/2008 en los autos N° 19.817 y N° 19.836, se estima razonable fijar una cuota alimentaria equivalente al 20% del monto total que percibe como remuneración por sus trabajos (salarios y S.A.C.) con la única exclusión de los descuentos obligatorios de ley, más el salario familiar. La suma será descontada por planilla y depositada en el Banco de depósitos judiciales a nombre del tribunal y como perteneciente a este proceso.

En cuanto a la suma por daño moral, este tribunal comparte la idea de que este menoscabo a la persona no necesita ser acreditado con prueba fehaciente, sino que el mismo se debe inferir de la clase de hecho dañino para la personalidad del perjudicado.

En general la doctrina jurisprudencial ha sostenido que "el derecho del hijo a reclamar la reparación del daño moral surge del principio constitucional "alterum nom laedere", pero en este ítem el mismo se halla recogido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fundamento en el art. 19 de la Constitución Nacional (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Agosto, 5-1986. ED. 120-651. En el fallo se asignó valor constitucional al principio según el cual deben ser reparados "los daños resultantes de culpas civiles imputables a personas físicas o jurídicas de derecho privado, cualquiera sea su gravedad").

Esta regla general se complementa con la vigencia en el plano constitucional -art. 75, inc. 22, Constitución Nacional de la Convención sobre los Derechos del Niño cuyo principio rector es el mejor interés del niño -art. 3° y que en concordancia con ello consagra expresamente el derecho a la identidad en sus arts. 7º y 8º entre la nómina de derechos fundamentales reconocidos.

El interés protegido por el Derecho es el emplazamiento de hijo y éste sólo puede ser ejercido por él, por tratarse de una acción personalísima, ello sin perjuicio de que por su minoridad esté representado por la madre y/o tutor. Sólo quien se encuentra facultado para exigir una determinada conducta jurídica puede reclamar el daño moral que la violación de tal conducta le ha ocasionado.

Si bien el reconocimiento de un hijo constituye un acto jurídico voluntario unilateral, ello no implica que dicho reconocimiento constituya una mera facultad del progenitor, no es discrecional. "Por el contrario, ante el derecho que tiene el hijo de ser reconocido por su padre, con la consiguiente acción para lograrlo, fácil resulta concluir que este último no puede omitir tal conducta y que la negativa constituye un acto ilícito (Tribunal Colegiado Nº 5 de Rosario, 27/04/2007. "A., D. y otros c/ A., N. S/ Filiación extramatrimonial", Revista "Familia y Minoridad" Nº: 41; Actualidad Jurídica on line código: 11872).

Por su parte, este tribunal se ha pronunciado sosteniendo que "dependa de la iniciativa privada, no implica que el ordenamiento niegue el derecho del hijo a ser reconocido por su progenitor; y si el hijo tiene el derecho a obtener su emplazamiento respecto del padre o madre que no lo ha reconocido espontáneamente de otro modo no se le conferiría la acción del art. 254 -, es obvio que éste asume el deber de reconocer al hijo, que, como tal es un deber jurídico" (Cámara Civil, Comercial y Minería San Juan, Sala Primera, 12/12/2002, autos Nº 16.989 "M., S. J. c/ F., H. Filiación Extramatrimonial", L. de S. Tº 84, Fº 13/16).

Es decir, "los padres, no pueden eludir el deber legal de emplazar a sus hijos en el estado de familia que les corresponda; y la omisión a tal deber trae consigo las consecuencias propias que el orden jurídico vigente determina (arts. 19 Const. Nac.; 246, 247, 249, 254 Cód. Civil)". (Cámara Civil, Comercial y Minería San Juan, Sala Primera, 11/05/2005, autos Nº 18.000 "M., M. C. c/ L., M. A. Filiación", L. de S. Tº 90, Fº 99/207; 28/10/2004, autos Nº 17.663 "G., M. G. c/ A., R. Filiación", L. de S. Tº 89, Fº 57/61).

Ello por cuanto "quien elude su deber jurídico afrenta el naeminem laedere deber jurídico de no dañar que lo hace jurídicamente responsable de los daños que cause a quien tenía derecho a esperar el cumplimiento de ese deber. Esta noción básica liminar, traducida en el art. 1074 del Código Civil, habilita al hijo, damnificado por la omisión al reconocimiento espontáneo de su padre, a reclamar el resarcimiento del daño que ha sufrido como consecuencia de su conducta omisiva. (Cámara Civil, Comercial y Minería San Juan, Sala Primera, 12/12/2002, autos Nº 16.989 "M., S. J. c/ F., H. Filiación Extramatrimonial", L. de S. Tº 84, Fº 13/16).

En otras palabras, "independiente de los motivos que lo condujeron al causante a sustraerse del mismo durante el transcurso de su vida, la renuencia en efectuar ese reconocimiento, constituyó el incumplimiento a un deber jurídico que lo hizo jurídicamente responsable de los daños sufridos por su hija, ante la falta del reconocimiento espontáneo, cargando, por ello, con las consecuencias que esa omisión acarrea". (Cámara Civil, Comercial y Minería San Juan, Sala Primera, 28/10/2004, autos Nº 17.663 "G., M. G. c/ A., R. Filiación", L. de S. Tº 89, Fº 57/61; autos Nº 18.000 "M., M. C. c/ L., M. A. Filiación", L. de S. Tº 90, Fº 99/207).

A partir de ello se ha determinado que "no se trata del resarcimiento por las carencias afectivas que pudo sufrir en estos años, frente a su padre, ya que ello pertenece al aspecto espiritual de las relaciones de familia, sobre el cual el derecho no actúa, salvo que trasciendan en determinadas conductas como son, por ejemplo, el abandono, que permitiría accionar por privación de la patria potestad, pero lo que aquí se debe resarcir, específicamente, es el daño que se deriva de la falta de emplazamiento en el estado de hijo por no haber mediado reconocimiento voluntario". (Cámara Civil, Comercial y Minería San Juan, Sala Primera, 12/12/2002, autos Nº 16.989 "M., S. J. c/ F., H. Filiación Extramatrimonial", L. de S. Tº 84, Fº 13/16).

Por ello, y teniendo en cuenta que la ratio legis de indemnizar el daño moral es eminentemente resarcitoria y no punitiva de la inacción del progenitor, se estima razonable tomando en consideración las particularidades del caso, donde se verifica que el demandado trabaja como agente de la policía de San Juan que procesalmente se allanó a las pretensiones deducidas, como asimismo lo resuelto en casos anteriores (ponderación judicial indicativa) (autos N° 18.353 sentencia del 22/12/2005, salario $ 600 resarcimiento $ 5.000, no se allana, se somete al ADN; N° 16.989, 12/12/2002, Albañil, $ 4.000), elevar la suma indemnizatoria a la cantidad de pesos cuatro mil ($ 4.000). En cuanto a los honorarios del abogado Ricardo Daniel Romero que fueron fijados en la suma de $ 1.360 por su actuación en simple carácter y una etapa, se estiman bajos por cuanto se fija una suma única por tareas acciones que pudieron ser actuadas en forma independiente, como es la fijación de la cuota alimentaria de la reclamación de la filiación más daños y perjuicios. En función de ello y teniendo en cuenta los arts. 187, 188, 194, 206 y conc. de la Ley 2150, se estima ajustado a derecho fijar por todo concepto la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.000).

A partir de ello y teniendo en cuenta el resultado del presente recurso se regulan los honorarios del abogado patrocinante de la actora, Dr. Ricardo Daniel Romero, en la suma de pesos seiscientos ($ 600).

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora. En consecuencia fijar una cuota alimentaria equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total que percibe como remuneración por sus trabajos (salarios y S.A.C.) con la única exclusión de los descuentos obligatorios de ley, más el salario familiar. La suma será descontada por planilla y depositada en el Banco de depósitos judiciales a nombre del tribunal y como perteneciente a este proceso. Elevar el monto indemnizatorio por daño moral a Pesos Cuatro mil (4000$). II) Fijar los honorarios profesionales del abogado Ricardo Daniel Romero, a la suma de pesos Dos Mil ($2.000) por todo concepto. Regular los honorarios profesionales generados en segunda instancia en la suma de pesos Seiscientos ($600). III) Imponer las costas al demandado (art. 74 del CP.C.).

Los DRES. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS y GILBERTO A. RIVEROS, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora. En consecuencia fijar una cuota alimentaria equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total que percibe como remuneración por sus trabajos (salarios y S.A.C.) con la única exclusión de los descuentos obligatorios de ley, más el salario familiar. La suma será descontada por planilla y depositada en el Banco de depósitos judiciales a nombre del tribunal y como perteneciente a este proceso. Elevar el monto indemnizatorio por daño moral a Pesos Cuatro mil (4000$). II) Fijar los honorarios profesionales del abogado Ricardo Daniel Romero, a la suma de pesos Dos Mil ($2.000) por todo concepto. Regular los honorarios profesionales generados en segunda instancia en la suma de pesos Seiscientos ($600). III) Imponer las costas al demandado (art. 74 del CP.C.).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.