Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-03-23


San Miguel de Tucumán, 23 de marzo de 2005.- AUTOS Y VISTOS: La causa caratulada "BRITOS IRMA RENE C/VERA JOSE FLORENTINO Y OTROS S/COBROS (ORDINARIO)", y CONSIDERANDO:

Vienen los autos a conocimiento y resolución del Tribunal por el recurso de apelación interpuesto a fs.109, por el letrado apoderado de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 22/09/2004, corriente a fs.105.

La parte apelante expresa agravios a fs.111/112, los que son contestados por la contraria a fs. 114/115, con lo cual, y encontrándose firme el proveído que dispone autos para sentencia, la causa queda en estado de ser resuelta.

El recurrente sostiene, que el fallo recurrido no se ajusta a derecho en cuanto el mismo no considera circunstancia atenuantes de la regla del arraigo imponiendo una suma considerable de dinero, la cual supera la lógica disposición de la actora, a la vez que ignora las cauciones personales ya prestadas. En relación a ello, precisa que la sentencia lo agravia en cuanto no toma en cuenta el desarrollo de una actividad comercial en la provincia, como proveedora de los elementos que comercia, circunstancia que surge en forma inequívoca e incuestionable de la documentación acompañada con la demanda. Que tal circunstancia implica el desarrollo de una actividad equivalente a la constitución de sucursal en la provincia de Tucumán por tratarse del desarrollo de una actividad esencial dentro del esquema comercial de su mandante, la que debe ser contemplada sin excesivo rigor formal al cual se ha apegado la inferior en grado. En cuanto al monto del arraigo, destaca que conforme la misma jueza lo sostiene, de tomarse en cuenta el monto de la demanda y demás gastos, la suma fijada equivale casi al 30% del capital reclamado. Porcentaje que considera excesivo por superar con creces cualquier condena eventual futura. Asimismo, arguye que la resolutiva impugnada debió considerar la verosimilitud del derecho, la existencia de la compulsa contable y la medida cautelar dispuesta con caución juratoria, desde que dichos acontecimientos son atenuantes y más aún, suficientes para garantir cualquier costa impuesta. En consecuencia, estima que de considerarse la suma impuesta más la prestada caución personal brindada por su parte se advierte un exceso arbitrario en la determinación del monto cuestionado. Aclara que si bien es cierto que la determinación del monto es facultad del juez, también lo es que dicha facultad debe ejercerse con restricción y prudencia. Por ultimo, puntualiza que, en autos, el monto del arraigo, de tenerse presente la contracautela prestada, importa una determinación de tipo confiscatoria a la vez que virtualmente impide la prosecución del trámite judicial, dado que limita sus derechos constitucionales condicionándolos a la erogación en caución de una suma equivalente al 30% del monto reclamado con el consiguiente perjuicio de mantener inmovilizada dicha suma o bien.

La finalidad histórica del instituto del arraigo es la de asegurar al demandado -habitante de la provincia- la responsabilidad a las resulta del juicio, del actor que no reside en ella. Esta excepción es de interpretación restrictiva y la misma debe ser realizada en consonancia con su finalidad antes descripta. Cabe acotar que en el orden local, la admisibilidad del arraigo se halla supeditada al hecho de que el actor tenga su domicilio real y efectivo fuera de la provincia (art. 294 inc. 5° C.P.C.C., ley 6.176).

Ahora bien, la actora ha reconocido que tiene su domicilio fuera de la provincia, pero interpreta que el hecho de mantener relaciones comerciales con vecinos de la provincia importa una causal eximente de la obligación de arraigar. Este argumento en atención a la finalidad del instituto resulta totalmente incorrecto, puesto que es el domicilio efectivo o real el que posibilita el rechazo de la presente excepción. Más aún la jurisprudencia toma como causal eximente de esta obligaciónde arraigar al supuesto de sociedades comerciales con sucursal en la provincia en atención no a la actividad comercial que ellas desarrollan, sino al hecho de que la existencia de "sucursal" importa la comprobada existencia de una sede habitual de negocios, de la actora, radicada en esta provincia, con lo que se cumple con la finalidad del instituto, cual es la de evitar que, en su caso, el demandado, tenga que hacer efectiva en otra provincia, la responsabilidad de la actora por las resultas del juicio.

Respecto al monto del arraigo se impone una primera precisión consistente en que lo excesivo de su cuantía no debe relacionarse con la condena eventual futura, puesto que la finalidad del instituto en estudio esta vinculada a los gastos del proceso, al buscarse con ella asegurar el cumplimiento de la obligación de responder por los gastos irrogados en el juicio. En consecuencia, no puede afirmarse que el monto resulte excesivo en relación a dicha consideración.

Atendiendo a ello es que debe confirmarse la suma determinada por la juez inferior en grado, toda vez que ella tuvo presente que la cuantía debía guardar proporción con los valores reclamados en la demanda computándose los intereses reclamados y estar estos últimos contemplados a los fines arancelarios (art. 40 inc.1 de la ley 5480). Tampoco resulta procedente la consideración de la atenuación pretendida por el apelante fundada en la existencia de una medida cautelar a su favor en donde prestó caución juratoria como contracautela de la misma, toda vez que la contracautela dispuesta en los términos del art. 229 del CPCC debe ser fijada en atención al importe de los perjuicios posibles que pueda ocasionar la medida cautelar para el caso de haber sido solicitada sin derecho. En otras palabras, la citada contracautela no es prestada a las resultas del juicio, sino de la medida cautelar.

No obstante lo resuelto, este Tribunal considera que debe modificarse la resolutiva apelada en cuanto no se adecua a lo expresamente determinado por el art. 297 inc.5, toda vez que luego de determinar el monto de la caución en la suma de $ 10.000 (pesos diez mil) fija un plazo al actor para producir su cobertura pero sólo en dinero, con lo cual afecta su derecho de dar fianza y garantía suficiente conforme lo preceptúa el citado artículo. Circunstancia que funda la queja de la recurrente relativa a que la erogación en caución importa un perjuicio a su parte al mantener inmovilizada dicha suma.

Las costas de la alzada se imponen al recurrente vencido conforme a lo normado expresamente en los arts. 108; 109 última parte; 106 y 107 de nuestro digesto formal.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 22 de setiembre de 2.004, modificando únicamente el punto primero de dicha resolutiva en el siguiente sentido: que el plazo allí fijado está dado para que el actor cubra el monto de la caución ($ 10.000 -pesos diez mil-) o dé fianza o garantía suficiente.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- OPORTUNAMENTE regulación de hono- rarios.

HAGASE SABER.- SANTIAGO GALLO CAINZO - CARLOS MIGUEL IBÁÑEZ.