marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Adicionales de remuneración, suplemento por función específica, pago de la remuneración, cobro de retroactivo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: PAU, GABRIEL DANTE c/ CAMARA DE DIPUTADOS Y ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-06-22

Resulta irrazonable que la Administración, ante el reclamo del actor, reconozca solo por el término de dos meses el pago de un adicional por funciones específicas que ella misma asignó y que el agente simplemente acató, pero deniegue su pago retroactivo, ya que el acto administrativo que dispuso el traslado del actor al ámbito de trabajo específico que habilita el cobro de dicho adicional es el que determina el tiempo a partir del cual nace el derecho a su cobro.
Costas, obligaciones simplemente mancomunadas
Materia: PROCESAL
Carátula: Pecci, Manuel; Reimundin, Ricardo c/ La Mata de Díaz Prudencia; La Mata de Figueroa, Juana; La Mata de Toran, Isabel; La Mata, Silvia Noemí; La Mata, José Manuel; La Mata, Emilio Juan; La Mata, Manuel y/o sus herederos y otros. s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-04-09

La condena en costas respecto a varias personas que litigan en común origina una obligación simplemente mancomunada a cargo de aquellas.
Daños y perjuicios, daño estético, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castillo, Héctor Alfredo c/ Rueda, Zenón Alberto s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-18

Si la injuria estética ha tenido una significación mínima -cicatriz de 15 cm. de largo y ubicada en el subabdomen-, tal secuela no supone menoscabo alguno para sujetos comprendidos en un amplio rango de normalidad, vale decir de aquéllos para quienes la exhibición corporal no constituya un medio o estilo de vida; como sí ocurre por ejemplo con los gimnastas o bailarines.
Enjuiciamiento de magistrados, causales de remoción del juez, mal desempeño de funciones, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Brusa, Víctor Hermes s/ pedido de enjuiciamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-11

En la Constitución Nacional hay dos tipos de causales de destitución que deben diferenciarse: por un lado, las vinculadas al "mal desempeño" o "mala conducta"; por otro, la comisión de delitos, ya sea en el ejercicio de funciones, o se trate de crímenes comunes, las del primer grupo no requieren la comisión de un delito, sino que basta para separar a un magistrado la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos exigen; no es necesaria una conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez, estas causales de remoción tienen un sentido amplio, son imputaciones de conducta en el desempeño de las funciones (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, aplicación de la ley, equidad, jurisprudencia contradictoria, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

El rasgo definitorio de la jurisdicción reside en la aplicación de la ley al caso traído al juzgador y en esa aplicación se encuentra implícita y necesariamente contenida su interpretación. De ahí entonces que no pueda estimarse que la tarea de unificación interpretativa, aún cuando pueda reconocérsele carácter singular, no pertenezca a la jurisdicción en sentido propio porque la interpretación entraña precisamente su componente quizá mas significativo, sin perjuicio de señalarse que la sustraería para el futuro de todos los órganos de la Justicia - salvo que mediaren planteos de inconstitucionalidad sobre la interpretación formulada-, cercenando así en todos ellos una función consustancial con el rol del Juez. Ello revela, por lo demás, -y de no cuestionarse constitucionalmente la obligatoriedad de los fallos plenos-, la prudencia con que la cuestión debe ser abordada, limitando la utilización del remedio que consagra la ley para los casos de jurisprudencia contradictoria que ineludiblemente lo requieran -vgr.

por la expansión del fenómeno-, y no propiciándose una mera tarea de unificación preventiva que resulta totalmente ajena a la función de justicia, más allá de los reparos constitucionales ya formulados.

(Del Voto del Dr. Giménez). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Establecimientos penitenciarios, condiciones de detención, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires en la causa Verbitsky, Horacio c/  s/ hábeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

La resolución del terrible problema de las fallas estructurales del sistema carcelario requiere una respuesta judicial, pues no debe olvidarse que en un estado de derecho existe una especial responsabilidad por la población privada de su libertad, que no puede quedar indefinidamente postergada a la espera de la reacción legislativa o ejecutiva (Disidencia del juez Rosenkrantz).
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ganduglia de Casado María M. c/ Caja de Prevision y Seguro Médico de la Pcia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa Maida, Feliciano Sleiman c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-06|1994-04-12

La prescripción anual debe regir en el caso de los haberes previsionales impagos devengados antes de la solicitud del beneficio.
Seguros, costas, costas en el orden causado
Materia: CIVIL
Carátula: Pecorelli, Carmelo. c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro. s/ Cobro de Australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-19

Costas de ambas instancias por su orden en mérito a la naturaleza del asunto y por existir jurisprudencia contradictoria relativamente al tema del efecto liberatorio del pago del seguro (arg. art. 68, segunda parte, Código Procesal).
Honorarios, regulación de honorarios, medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: Prieto, Romero Cleofe c/ Il Cavallino S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-12-30

De acuerdo al artículo 22 de la ley de aranceles corresponde regular honorarios a los abogados por la obtención de medidas cautelares.

Sin embargo la tarea por ellos desplegada debe resultar útil a la parte que representa a fin de lograr el cumplimiento de la decisión recaída en la causa.
Obligaciones en moneda extranjera, intereses, cláusula de actualización
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de Mendoza c/ Petersen S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-21

En materia de deudas en moneda extranjera, en general, se ha admitido la aplicación de un bajo interés anual, propio de la misma moneda en que se ha contratado (ef.Etcheverry, "Obligaciones y contratos comerciales. Parte General", Ed.

Astrea, 1988, p. 60 y jurisprudencia citada por el autor), que coincide con la tasa generalmente admitida como razonable tratándose de obligaciones dinerarias indexadas -esto es entre el 6 y el 8 porc. anual-; ello, atendiendo a la circunstancia de que las monedas del tipo del dólar estadounidense suelen cumplir en los contratos la función económica de cláusula estabilizadora, tendiente a enervar los efectos de la inflación monetaria.
Daño en bienes de uso público, daño simple, colectivo de línea, transporte de pasajeros
Materia: PENAL
Carátula: LAFRANCONI, Miguel s/ DAÑO CALIFICADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-20

El daño reprochado al encartado no encuadra en la figura del art.

183, sino en el art. 184 inc. 5 Código Penal, toda vez que ha sido ejecutado contra un bien de uso público, por cuanto la agravación del delito no atiende al mayor aprecio de la cosa en razón de ser un bien público, sino por ser de aquellos en cuyo resguardo tiene interés la comunidad porque lo usa y lo goza, y en esta categoría se encuentran los colectivos de línea afectados al uso público por ley, concesión o permiso.

NOTA: Se citó: Núñez, t. IV, pág. 548.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Riande, Osvaldo S. c/ Cooperativa Eléctrica Ltda. de Pergamino s/ Cobro de beneficios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que pretende desmerecer el razonamiento seguido en la instancia de grado desentendiéndose del marco fáctico en que el mismo fue elaborado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, abuso sexual, prueba, cámara Gesell
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: T., A. O. c/  s/ ABUSOS SEXUALES SIMPLES AGRAVADOS (POR SER ENCARGADO DE LA EDUCACION) REITERADOS (TRES HECHOS EN CONCURSO REAL)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-09

La Cámara desestimó la invalidez de las declaraciones de las menores peticionada por la Defensa al entender que el traslado de las niñas en el mismo vehículo para su entrevista no permitía inferir que la angustia evidenciada por ellas al recordar los hechos se explique por aquella circunstancia, luciendo el planteo meramente conjetural, puntualizando por el contrario que ese estado emocional constatado y la verosimilitud de sus relatos se estableció a través de la ponderación de distintos indicadores, como lo apreciado por la profesional que realizó la pericia en cuanto a que los dichos de las víctimas lucían libres y no estructurados; y asimismo, el Tribunal valoró por qué las contradicciones aludidas por la recurrente no tenían la entidad pretendida como para desmerecer sus dichos; de qué testigos podían tenerse por acreditados otros extremos criticados -como el bajo rendimiento escolar de las niñas-; y por qué los agravios dirigidos contra las denuncias encontradas en la urna de los secretos no podía tener la decisividad pretendida en el resultado final de la causa, por lo que en definitiva, a través de una profusa argumentación, el A quo brindó las razones por las que cabía arribar a la certeza necesaria para condenar al justiciable -incluso explicó el motivo por el que no correspondía confirmar íntegramente la condena, disminuyéndole la pena única fijada en la instancia de grado-, sin que la impugnante persuada que la fundamentación esgrimida resulte insuficiente ni descalificable desde el prisma de la sana crítica racional.
Prueba testimonial, testigo único, valor probatorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Barrios de López, Juana Nélida c/ Oscar Alberto Yapur y/o responsable s/ Indemnización Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-27

La eficacia probatoria de la testimonial examinada se ve seriamente resentida a causa de su falta de coincidencia en aspectos que son sustanciales para valorar lo que se trata de acreditar -en este caso, la eximente alegada-. Sin duda alguna corresponde otorgarle preeminencia respecto de esta testimonial al relato que efectuara el mismo demandado de contestar la demanda, ya que precisamente el testigo viene a juicio con el fin de corroborar tal situación fáctica narrada por el demandado -que en autos no aconteció-. Así, se llega al convencimiento que dicha testimonial no resulta suficiente para acreditar la culpa de la víctima alegada por el demandado para disminuir su responsabilidad en el evento.
Impuesto a las actividades lucrativas, carga, descarga, estiba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: MARITIMA KEY KAR  S.R.L. c/ M.C.B.A. s/ REVOCATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-06

El estibaje en el puerto es una actividad local que está gravada, como cualquier otro ejercicio comercial, con el gravamen a las actividades lucrativas que es diferente al impuesto a las ganancias.

Estos impuestos se fundan en hechos y en objetos diferentes, el primero se refiere a la contribución municipal por el ejercicio de la actividad comercial en el ámbito de la ciudad, y el otro recae sobre las ganancias que pueda obtener el comerciante en el desenvolvimiento de su negocio.

El gravamen municipal puede transferirse a los particulares como Aerolíneas, porque ésta actúa sustancialmente en el transporte interno, interprovincial o internacional, a diferencia de la empresa de estibaje que opera dentro de la Capital. Es una actividad esencialmente local con indirecta proyección y eventual en el comercio internacional. Aunque se obligue por el impuesto a las ganancias, ello no significa que pague dos veces el mismo al pagar el impuesto a sus actividades lucrativas.
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Muñoz De Segado, Nilda c/ Gobierno de la Provincia de San Luis y/u Otro s/ Medidas preliminares - Recurso extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-04-23

Cabe declarar la caducidad de la instancia, con los efectos que determina el art. 318 del C.P.C. y C. de San Luis, dado que han transcurrido más de seis meses -310 inc. 1º del mencionado código-, desde el último acto impulsorio hasta el acuse de caducidad, sin que la interesada hubiese activado el proceso, lo que evidencia la voluntad de abandono.
Cuestiones de hecho y prueba, empleo público, interpretación de la ley, recursos
Materia: LABORAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Franco, Pedro c/ GCBA s/ recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (Art. 464 y 465 CAyT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-17

Frente a un posible caso de violencia de género -que conforme la Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém Do Pará") exige especiales deberes de diligencia materializados entre otras cosas, en el desarrollo de investigaciones ágiles y con mayor celeridad- resulta exigible del titular exclusivo de la acción disciplinaria su desempeño con el mayor celo. En el caso, la actuación fuera de plazos del órgano sumariante y su retraso será la fuente de las responsabilidades por la posible conculcación de obligaciones internacionales derivadas de dicho tratado; no el control jurisdiccional del respeto al debido procedimiento en cuanto exige el cumplimiento de los plazos preestablecidos para la actividad sancionatoria. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Competencia contencioso administrativa, acción de amparo, presentación extemporánea
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Jalil, Analía c/ Poder Ejecutivo y/o Dirección Provincial de Personal s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-10-05

En atención a la materia traída a resolver, este Tribunal resulta competente en virtud de lo establecido en el Art. 204 de la Constitución Provincial y Art. 1 de la Ley 4998, modificatoria del Art. 4 de la Ley 4642; asimismo, conforme a jurisprudencia reiterada de esta Corte de Justicia.

El Art. 2 inc. e) de la Ley 4642 fija un plazo para la interposición de la demanda de amparo de quince (15) días hábiles de la fecha en que el acto fue ejecutado, debió producirse o el afectado tomó conocimiento del mismo.

Ello pone de manifiesto que debe existir una urgencia objetiva que justifique el uso de esta vía excepcional, dotada de un procedimiento sumarísimo y, precisamente, con plazos reducidos para toda la actividad jurisdiccional.

En el caso de autos, se pretende la suspensión de los efectos del Decreto Acuerdo N° 255/09, emanado del Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca.

Siendo ello así, atento a la fecha denunciada por la actora (cédula de notificación, de la que no se adjuntó copia, del 07/05/09) en la cual se la notifica del mismo y se la intima en un plazo de 90 días para acogerse a los beneficios jubilatorios, al momento de interposición de la demanda -veintiuno de julio de 2009- se encontraría por demás cumplido el plazo de quince días previsto en la ley de rito para la presentación de la demanda de amparo.

Por lo tanto, la acción deviene inadmisible por extemporánea.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, acreedor, verificación de créditos, trámites judiciales, verificación tardía, síndico del concurso, jueces
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la verificación  concursal -tempestiva y tardía- de créditos? ¿En la verificación   concursal -tempestiva y tardía- de créditos, corresponde regular   honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante? Auto sprint sobre  quiebra. Incidente verificación crédito. El presente pleno renueva   la cuestiones planteadas en el acuerdo número 30 del 12.6.1989   dictado por la misma cámara en pleno y en los mismos autos publicado  en JA 1989-III-517 Y LL 1989- C-585. (Expte. Nro. 128-87) -Tribunal   pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-27

Si bien en el artículo 21, inciso 1 de la ley 24522 no existe una definición expresa de los alcances de la intervención del síndico en los juicios de conocimiento iniciados antes de la apertura del concurso y proseguidos en sus ámbitos naturales, ello no obsta para que pueda sostenerse que el papel del síndico ha de ser igual al previsto por el artículo 56 de la ley 24522, para el supuesto de verificaciones tardías, en que se le exige: "...emitir un informe una vez concluida el período de prueba". En este informe, el síndico debe hacer un verdadero dictamen sobre la admisibilidad de las pretensiones creditorias del actor, su cuantía, privilegio, accesorios, etc. fundándose en las constancias argumentales y probatorias obrantes en el proceso. Concluido el período de prueba -y producidos los alegatos de las partes en su caso- debe correrse vista al síndico para la emisión del dictamen o informe sobre el crédito. El juez puede fijar el plazo que estime adecuado, y en defecto de determinación se considera de cinco días hábiles judiciales (artículo 273, inciso 1, ley 24522). Ello así, los honorarios del síndico por su tarea en este medio sustitutivo de la verificación de créditos, ha de ser igual que la considerada en la verificación tardía de créditos. (De los Fundamentos del Dr. Rouillon).
Jubilaciones, pensiones, sistema previsional, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Codecá, Amelia A.V. s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

Si bien el mandato del art. 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto establece que "el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social" y dispone "que las jubilaciones y pensiones serán móviles", se dirige primordialmente al legislador, cuando los cambios circunstanciales hacen que la solución legal -correcta en su comienzo- se torne irrazonable, el cumplimiento del mandato constitucional atañe también a los restantes poderes públicos, los que dentro de la órbita de su competencia , deben hacer prevalecer el espíritu de los constituyentes, en el marco que exigen las diversas formas de justicia.
Contrato de trabajo, prueba, testigos
Materia: LABORAL
Carátula: Alegre, Germán c/ Rabbione su Transporte S.A. y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-10-16

El valor probatorio que referido a la fecha de ingreso registrada en los recibos de pago de remuneraciones, no tiene eficiencia superlativa para cumplir su cometido, no solo porque la Ley no exige que tal hecho sea acreditado por tal medio de tal prueba, sino porque proviene de quien en definitiva está interesado en producirla a su favor, ya que no se oculta que de ordinario es el empleador quien confecciona los recibos de pago, no pudiendo el trabajador impugnarlos, por obvias razones de harto conocida hipersuficiencia.

De acuerdo al plexo probatorio, no puede asignársele mayor credibilidad a lo consignado en los recibos de pago de sueldos que a los dichos de los testigos en cuestión, máxime aún teniendo en cuenta que como se ha jurisprudenciado, se debe partir de la premisa de que el testigo, por principio, no debe mentir, sea porque existe una punición legal, sea porque existe un imperativo moral y ético.
Dictamen pericial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A., N. A. c/ B., A. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-25

Un dictamen pericial donde el experto emplea permanentemente el tiempo potencial para referirse a las causas generadoras de la lesión del actor, sin apoyarse ni en constancias obrantes en la causa ni en la prueba documental acompañada, constituye una simple suposición del perito, por lo que no puede ser prueba de la existencia de la mala praxis del galeno.
Juicios en que es parte una provincia, juicio ejecutivo, acuerdo de partes, pago
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dirección Nacional de Recaudación Previsional c/ Boletín Oficial e Imprenta Provincial de San Juan s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

No corresponde hacer lugar al pedido del ejecutante si del instrumento acompañado surge que entre la Provincia ejecutada y la Secretaria de Vivienda de la Nación, se arribó a un acuerdo en virtud del cual aquélla canceló la deuda cuyo cobro se persigue y ello torna innecesario el dictado de una sentencia que mande pagar sumas que las propias interesadas han considerado canceladas sin perjuicio de los reclamos que pudieran hacerse en el futuro en caso de incumplimiento de las obligaciones allí asumidas.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, daños y perjuicios, caducidad de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROMERO, MARCELINA Y OTROS  c/  s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ROMERO MARCELINA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. MÉDICA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-08

Corresponde rechazar la queja en tanto no logra rebatir los fundamentos del pronunciamiento que declaró inadmisible su recurso de inconstitucionalidad: ausencia de caso constitucional y de arbitrariedad. Si bien cabe destacar que la declaración de caducidad de instancia no constituye técnicamente una "sentencia definitiva", en el sub lite se configura un supuesto de excepción, toda vez que lo decidido generaría a la actora un agravio de imposible reparación ulterior. Sin embargo, la queja no muestra que los aspectos cuya revisión pretende la recurrente -referidos al carácter impulsor o no, de determinadas actuaciones- importen desentrañar la inteligencia de cláusula constitucional alguna. Antes bien, ellos se refieren a cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normativa procesal de carácter infraconstitucional que, como es sabido, resultan -como principio- ajenos a esta instancia extraordinaria. (Del voto en disidencia de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).