Vivienda única, bienes inembargables, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MANZANO NICOLAS c/ ONOFRI CARLOS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-03-13

La Constitución Nacional afirma que es el Estado Argentino el que garantiza a todos los ciudadanos la defensa del bien de familia y el acceso a una vivienda digna. Es que la tercera parte del art. 14 bis de la Const. Nacional está destinado a la protección integral de la familia y el acceso a una vivienda digna.

En este sentido la Const. Provincial en el art. 58 es consecuente, más la novedad de ella radica en la declaración de la inembargabilidad de la vivienda única (primer párrafo, art. cit.).

La inembargabilidad de la vivienda única, significa que el inmueble no puede ser ejecutado y esta inmunidad de la misma, se sujeta a que se cumplan las condiciones que fija la ley.

El texto constitucional no otorga un derecho absoluto a la inembargabilidad, como tampoco podría haberlo consagrado, y la ley reglamentaria no puede omitir la vigencia de la Ley Nacional 14394.

No podría acordarse semejante extensión al precepto sin violar el principio de superior jerarquía puesto que está implícito en varias disposiciones del Código Civil (arg. art. 31 de la Const. Nacional) de que el patrimonio del deudor es la garantía de los acreedores. Y al reglamentar la norma constitucional se transgrede el límite jerárquico señalado.

Así nace en 1991 la Ley 8067 que reglamenta el art. 58 de la Const.

Provincial, el que para hacer operativo el art. constitucional citado, declara la inscripción automática como bien de familia de la vivienda única que cumpla con las condiciones que fija la Ley Nacional 14394 y la Ley Provincial correspondiente ambas de bien de familia.

De ello se desprende que la vivienda única se declara bien de familia si cumple los requisitos del caso, naciendo a su respecto el efecto jurídico de la inembargabilidad. El art. 2do. de la ley citada, indica que los efectos principian luego de la promulgación de la ley. Cabe anotar la diferencia de esta norma con el art. 35 de la Ley 14394 que regla que los efectos de la figura del bien de familia comienzan a partir de la inscripción en el registro inmobiliario pertinente.

Ahora bien, la ley provincial no pudo incursionar en el régimen de bien de familia que establece la ley nacional 14394 que ha establecido para todos los habitantes de la nación la exigencia del acto constitutivo de naturaleza administrativa para que el bien de familia produzca efectos (inscripción en el registro respectivo), particularmente en lo relativo a los elementos esenciales como los bienes afectables y sujetos, las formalidades y en especial los efectos.

La Ley 8067 en varias de estas cuestiones incursiona en materia propia de la ley nacional, transgrediéndola, y también en los derechos consagrados en la Constitución Nacional.

Corresponde al Congreso de la Nación legislar en materia de fondo, a la que pertenece el tema de la inembargabilidad (art. 121 Const.

Nac.); la provincia modifica el sistema de afectación creado por la Ley Nacional, pues el ordenamiento local estatuye una afectación automática con efectos a partir de la vigencia de la Ley 8067.

Resulta constatable que la mayoría de la doctrina registralista, con apoyo en el art. 35 de la Ley 14394, sostiene que la inscripción del bien de familia es de naturaleza constitutiva. Se ha sostenido igualmente que "Las provincias pueden regular los aspectos relativos a las facultades no delegadas a la Nación. Consecuentemente, frente a la vigencia de la Ley Nacional 14394, carecen de aplicabilidad las constituciones y leyes provinciales que declaren la inembargabilidad absoluta y/o automática de la vivienda familiar".

Debe destacarse que la Ley 14394 satisface desde su sanción la inmunidad de la vivienda del núcleo familiar (arts. 37, 38, 46 y concordantes) beneficio que se obtiene con un simple trámite administrativo. Cabe resaltar que la inscripción automática como pretendido bien de familia de la vivienda única no cumple con las condiciones que fija la Ley Nacional 14394 -en palabras de la Ley 8067-, que exige los requisitos ya apuntados.

La Ley Provincial 8067, reglamentaria del art. 58 de la Constitución Provincial es inconstitucional frente a la ley fundamental de la Nación, pues el régimen de las obligaciones, de las cosas, del patrimonio y de la sujeción o no de los bienes del deudor al cumplimiento de las primeras son materia propia del derecho civil, derecho común cuya regulación ha sido expresamente delegada por las provincias al Congreso de la Nación.-