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Liquidación judicial, errores en la liquidación, revisión de la liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: Garín, Juan Carlos c/ Gobierno Nacional (M. de Defensa) s/ Cobro Haberes Militares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

La aprobación judicial de las liquidaciones no causa estado y aunque tal característica no resta virtualidad al auto aprobatorio, tampoco lo dota de una intangibilidad tal que impida la corrección de los errores en los que se pueda haber incurrido al elaborar o aprobar las liquidaciones.
Administrador del consorcio, honorarios del administrador judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARRIGOSI, CARLOS Y FRANCISCO ANGELONI c/ DIRECCION COOPERATIVA DE MENDOZA s/ rec - Amparo (LIBRO: A158 - 499)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-08-11

Para la fijación de honorarios de un administrador judicial con funciones equivalentes a un administrador de consorcio de propietarios de una edificio de propiedad horizontal hay que tener en cuenta la remuneración que perciben quienes ejercen esa función y no las disposiciones del art. 120 del C.P.C. ni las del art. 17 ley 3522 por no ser funciones propias de un graduado en ciencias económicas.-
Daños y perjuicios, indemnización, Municipalidad, beneficio industrial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M.C.B.A c/ MULVIHILL EUGENIO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-15

Si bien el art. 1 del decreto municipal 6973/82 dispone que la Dirección General de Obras y Mantenimiento incluirán en el costo integral del las tareas obras y/o servicios que realice, un porcentaje en concepto de beneficio industrial, esta norma no se refiere en forma expresa a casos originados en la comisión de hechos ilícitos, ni es ello lo que se sigue de los arts. 2do. y 3ero., los cuales, por el contrario, parecen aludir a supuestos de trabajos realizados por la comuna para otros organismos o personas, o sea, convencionalmente.
Derecho procesal, medidas cautelares, embargo preventivo, contratos informáticos, billetera virtual
Materia: PROCESAL
Carátula: Schraer, Matías Leandro  c/ Smile Technologies SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-22

Corresponde desestimar el pedido de embargo preventivo, solicitado en el marco de una acción de daños y perjuicios promovida por el propietario de un establecimiento hotelero contra una empresa proveedora del servicio de cobros en moneda extranjera, con motivo de la imposibilidad de retirar los fondos en dólares de la plataforma digital de cobros contratada. Ello así, pues los elementos documentales incorporados al expediente resultan insuficientes para tener por acreditada sumariamente la verosimilitud del derecho invocado. Lo atinente al saldo existente en la cuenta perteneciente al actor al tiempo en que la plataforma electrónica de pagos dejó de funcionar deberá ser materia de debate y prueba.
Usurpación de inmueble, despojo, coacción calificada, amenaza con arma, concurso aparente de leyes
Materia: PENAL
Carátula: CORREA, MILAGRO s/ USURPACION    COACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-07

Habiéndose comprobado tanto el disparo del arma por parte de la procesada con la finalidad de lograr el desalojo del inmueble, como la efectiva y pacífica tenencia del mismo por parte de los desalojados hasta el momento del hecho, en que la perdieron con la intrusión violenta de la procesada y sus acompañantes; la conducta constituye el delito de usurpación consumado, porque el despojo se agotó con la huída de los desalojados y porque los daños causados en propiedad parcialmente ajena -rotura de puertas, cerraduras y candados- deben ser tomados como integrantes necesarios de la violencia utilizada para despojar.

El accionar de los enjuiciados buscó y obtuvo afectar el bien jurídico que protege la figura del art. 181 C.P., más allá de la alteración de la libertad de decisión propia de la coacción. Si entonces puede pensarse en un concurso aparente de leyes, la especialidad hace desplazar la figura del art. 149 C.P., aclarándose que la mayor penalidad en abstracto de la escala penal asignada, no es criterio para la selección del tipo en casos como el presente.

La alusión al medio violento que trae el tipo del art. 181 C.P.

comprende y caracteriza la modalidad emprendida en el hecho de autos.
Locación, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: NUÑEZ ERNESTO JORGE JOSE s/ INFORMACION SUMARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-03-06

Sólo en los casos de desconocimiento del paradero del locatario y ante la demostración del abandono, es que la ley otorga esta especialísima vía para preservar los derechos del locador. Mas si aquél es habido, o se conoce su paradero, debe desestimarse el camino voluntario elegido, debiendo ocurrirse por el andarivel contradictorio normal que la ley otorga.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), ley sobre riesgos del trabajo, enfermedad accidente, relación de causalidad, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CORVALAN, JOSE O. c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-04

No obstante las alegaciones de arbitrariedad y lesión a garantías constitucionales, el recurso no pasa de ser una mera manifestación de disconformidad para con la sentencia de la Sala, que por mayoría rechazó los argumentos de la demandada relativos a la defensa de prescripción, a la declarada inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgos de Trabajo, a la valoración de la prueba y atribución de causalidad acogiendo la pretensión del actor, por considerar -a la luz de las constancias obrantes en la causa, la prueba rendida, la normativa aplicable, la jurisprudencia y la doctrina especializada- acertada la valoración del nexo causal entre las condiciones inadecuadas del ambiente laboral, la insuficiencia de elementos de seguridad y el daño producido, situación prorrogada a lo largo de 29 años de relación laboral, obrando como elemento desencadenante, provocador o acelerador del proceso patológico, resultando endebles los argumentos del quejoso frente a lo así concluido (Del voto de la mayoría. En disidencia parcial: Dres. Gutiérrez y Spuler. En disidencia: Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 39.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, ley anterior, principio de legalidad, Pacto de San José de Costa Rica, tratados internacionales, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

El principio nulla poena sine lege previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional -garantía liminar del derecho penal liberal recibida unánimemente por todas las constituciones de los países civilizados- además de ser reiterado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fue acompañado en ella por el art. 7, párrafo 2. En consecuencia, la propia Convención impide introducir una condición de punibilidad que no se hallaba "fijada de antemano" en la normativa vigente al momento de la comisión de los hechos, que es el texto de la Constitución de 1853/60 y la legislación penal dictada en su consecuencia, de conformidad con la cual la acción penal se hallaba sujeta a la prescripción (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Recurso de inconstitucionalidad, autosuficiencia, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., M. E. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL POR LA CONVIVENCIA Y PROMOCION DE LA CORRUPCION DE MENORES AGRAVADO POR LA EDAD DE LA VICTIMA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-09

Los genéricos cuestionamientos que introduce la impugnante en su recurso de inconstitucionalidad -por las deficiencias obervadas en relación al recaudo de autosuficiencia- sólo se reducen a una expresión de mera disconformidad -sin entidad constitucional- con lo decidido. (Del voto de los Dres. Spuler y Gutiérrez) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 3.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: MONTAÑA, ORLANDO DANIEL Y OTROS c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION (OSPECON) s/ COBRO  DE AUSTRALES (DIF DE SUELDOS, INDEMNIZACIONES, MES DE DESPIDO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-07-13

La actitud de los actores de presentarse a trabajar, concurriendo a un lugar donde formalmente sólo hacían acto de presencia, ya que incumplían la prestación de servicio, en razón que la demandada había retirado el mobiliario y la documentación necesaria, constituye -en rigor- una injuria hacia el empleador de tal gravedad que torna inconsistente la continuación de la relación laboral (arts. 243 y 244 de la Ley de Contrato de Trabajo).
Decreto reglamentario, facultades del Poder Ejecutivo, reglamentación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CENTRO  DE  CAPITANES  DE  ULTRAMAR Y OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE c/ ESTADO NACIONAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-23

El PEN al dictar el dec. 817/92 se extralimitó en el ejercicio de las facultades que le otorga al Presidente de la Nación el art. 86 inc. 2 de la CN, in fine, a saber: expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. También el art. 28 de la CN porque si los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio, con mayor razón tampoco lo pueden hacer los decretos.
Beneficio de litigar sin gastos, caducidad de instancia, agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: Ale, Rómulo Rodolfo. s/ Beneficio de litigar sin gastos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-24

Aún compartiendo la autonomía de este proceso y la finalidad de política judicial que tiene el instituto de la caducidad de la instancia con el objeto que no se prolonguen injustificadamente, considero que la vigencia del expediente por el que se pretende la exención de los gastos y honorarios es relevante para evaluar el interés de la contraparte en la perención de la causa para obtener tal beneficio, y que aquí, en la única intervención - al único fin de que se extinga el proceso - no lo trasunta la citada en garantía, compartiendo en este sentido la opinión del Dr. Silva Zambrano cuando [...] en "S.E.I.C.O. S.A. S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS" Exte. 1661-CA-3 (PI-2004-I-075- 142/145, Sala II), señaló que: "Estimo que la caducidad de la instancia en el beneficio de litigar sin gastos prosperaría únicamente cuando mediara un interés relevante de la contraparte, como podría ser en el supuesto extremo de que se hubiera deducido el mismo antes que el proceso principal y, sin que éste se haya instalado, puede advertirse que el efecto interruptivo del curso de la prescripción que se sigue de la sola inacción de aquel según lo a admitido la jurisprudencia, pudiera considerarse como "no sucedido" de conformidad de la norma del art. 3987 C.C.

En el presente la ausencia de interés semejante por parte de la contraria y la economía procesal hacen aconsejable sin aferrarse en excesiva estrictez a las normas que rigen la materia, el rechazo del pedido de caducidad. [...]". ( del voto en mayoría del Dr. Medori).
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, plazo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: L., D. G. y A., C. M. s/ Lesiones graves culposas (Expte. Nro. 178-00, Resolución Nro. 44, Tomo 41  Folio 66)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-11

El modo de fijar la ley el tiempo de la prescripción, se compadece racionalmente con la ocurrencia de actividad definidamente interruptiva, dentro de todo ese tiempo. La acción penal, por determinación legal, tiene un tiempo para ser ejercitada que va desde la medianoche del día de comisión del delito hasta la medianoche del día que completa el término de prescripción.

Ejercicio de la acción existe desde el origen o inicio de las actuaciones judiciales destinadas a poner en movimiento la pretensión punitiva, pues es un concepto que no está referido exclusivamente a la actividad del juicio en el sentido restringido del contradictorio propio del plenario. Y se supone que la totalidad del tiempo hábil para activar originalmente ese ejercicio, va desde el inicio mismo hasta la finalización misma del plazo.
Prueba, presunciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ ODEMAR CARLOS c/ VENER MERELLO LUIS ALBERTO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-09

La operatividad de las presunciones -Artículo 160 inciso 5º Código Procesal Civil y Comercial- como labor intelectual del juez para extraer conclusiones de los indicios, no lo releva del examen integrativo de los restantes elementos probatorios de la causa.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentación suficiente, derecho de habitación del cónyuge supérstite
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: PERRONE, LORENZO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-07-31

Corresponde rechazar la queja desde que la recurrente no demuestra que el razonamiento seguido en la sentencia se encuentre reñido con el sustento tanto normativo como fáctico con que cuenta al destacar -con sustento en jurisprudencia y doctrina - que para que proceda a favor de cónyuge supérstite la prerrogativa consagrada en la norma del artículo 3573 bis del Código Civil, el inmueble no debe estar en condominio con terceros, fueren parientes o no; y determinaron que en el caso el derecho en cuestión no puede oponerse a los hijos del primer matrimonio del causante cuando ellos resultan condóminos, toda vez que no puede trascender o escapar los límites que impone la propia sucesión en cuya órbita se origina. Y concluyeron que "la reglamentación legal del derecho de habitación pretendido por la apelante constituye una decisión legislativa que concreta a la vez un modo de tornar operativo el derecho fundamental reconocido en la Constitución y los Pactos Internacionales y también... armoniza ese derecho con el de los demás interesados que eran titulares de parte del bien antes de la apertura de la sucesión del causante"; observando que la compareciente no había acreditado que esa regulación fuera irrazonable o caprichosa y que tampoco se hizo cargo de que los derechos de la coheredera oponente también encuentran protección en la Constitución nacional.
Concesión errónea del recurso, presentación extemporánea, desglose, resoluciones inapelables
Materia: COMERCIAL
Carátula: USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS C/ VOLKSWAGEN SA DE AHORRO P/F DETERMINADOS S/ OFICIOS LEY 22172 c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-14

Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación sobre la decisión que dejó sin efecto la providencia dictada y en razón de su extemporaneidad disponer el desglose del informe del consultor técnico. Por sobre cualquier consideración no puede soslayarse que el pronunciamiento cuestionado versó en torno a la temporaneidad del informe presentado por del Consultor Técnico, con lo cual, resulta materia sometida al régimen de inapelabilidad del CPR 379. Es que todo lo relativo a la prueba, por vía de principio, sea que la cuestión se refiera a aspectos relacionados a la producción, denegación y sustanciación, o cualquier resolución vinculada con estos temas, está involucrado en el art. 379 de la legislación adjetiva, siendo suficientemente amplia como para incluir las distintas hipótesis que puedan darse en esa materia (Highton - Areán, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. 7, pág. 400, Hammurabi, Buenos Aires, 2007; esta Sala, 16/12/10, "Rossi Laura Viviana c/ Whirlpool Argentina SA s/ Oficios Ley 22172 s/ Queja"). En tal contexto, la cuestión a considerar no excedió el fin perseguido por la citada norma concebida con la finalidad de evitar múltiples dilaciones que produce la interposición y trámite de los recursos durante el período de prueba; máxime que no se trata en el caso de situación que comprometa a la totalidad de la prueba ni la oportunidad de su ofrecimiento (conf. esta Sala, 1/12/09, "Pérez Mas Sebastián s/ tercería en autos: "Cocca Ignacio c/ García Rubén Orlando s/ ejec. s/ queja", íd. Sala A, 7/9/07, "Covello Omar c/ Unilever de Argentina SA s/ ordinario s/ queja"; íd. Sala B, 37/8/00, "Papel Misionero SA c/ Principi, Alberto s/ ejecutivo s/ queja"; íd. Sala D, 27/10/06, "Molinos Balaton SA c/ Guerra Claudia Gregoria s/ ordinario s/ queja"; entre otros).
Recusación por prejuzgamiento, declaración de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Witzke de Radke, R s/ Recusación con causa al Juez de feria
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-01-14

En el supuesto en que cualquier juez, sin decidir sobre la suerte del derecho invocado, se declara incompetente por razón de la materia o cualquier otra, supuesto en que al resolverse en definitiva la causa puede radicarse incluso en quien se declaró incompetente, sin que tal cuestión (la competencia) tenga necesariamente influencia alguna sobre el derecho invocado por el actor. Tal resolución nunca tendrá efectos de un prejuzgamiento puesto que ningún efecto puede producir en el expediente principal.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, desalojo anticipado, costas, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Wasserman, Julio y otros c/ Funes, Leticia s/ Cuestión a resolver: ¨En las demandas anticipadas de desalojo,  Corresponde imponer la totalidad de las costas al demandado que no  Contesta la demnada? (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 154-78)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1979-06-07

El carácter anticipado de la acción de desalojo margina toda posibilidad de mora o de motivación por parte del demandado. Por tanto, la falta de responde -o su ineficacia por cumplimiento tardío - y, por ende, de oposición al reclamo del actor, no puede generar la total imposición de las costas devengadas a cargo del demandado. Si bien se requiere el expreso y oportuno allanamiento para que la actora soporte las costas (artículo 3 ley 7897), resultaría inequitativo imponérselas en su totalidad al accionado, ante la ausencia de oposición de su parte. (Del Voto del Dr. Davidovich -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es: Si en demandas anticipadas de desalojo, corresponde imponer la totalidad de las costas al demandado que no contesta la demanda.
Recurso de apelación (procesal), memorial
Materia: PROCESAL
Carátula: FARIÑA SOSA, DAVID c/ E.N. (MIN. DEL INT.) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-05

Si el impugnante se limita a formular suscintamente un parecer contrario al expuesto por el actor Juez, sin hacerse debido cargo de todas y cada una de las diversas razones aportadas en la prolija sentencia recurrida, el memorial carece de virtualidad en los términos que consagra el art. 265 y ccds. del código de rito.
Recursos, recurso de apelación (procesal), trámites judiciales, plazo, feria judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BERCHESSI c/ HERRERA s/ (LIBRO: A068 - 174)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-02-04

En el plazo para apelar deben computarse los dias de la feria si la misma ha sido habilitada.-
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOURGUET DIEGO c/ FERNANDO BORZOTTA s/ Escrituración (LIBRO: S117 - 020)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-08-11

El principio de autonomía de la voluntad consagrado por el Código Civil no significa que las cláusulas deban admitirse en forma absoluta, y corresponde a los jueces reducirlas a límites adecuados, cuando su monto resulta lesivo a la moral y al sentimiento de justicia, por ello, la pena debe aplicarse dentro de los límites que fijan los principios rectores de nuestro ordenamiento, consagrando la supremacía de la moral sobre los fueros de la autonomía de la voluntad, consolidados por la ley 17711 con el agregado introducido al art. 656, CCI.

Ciertamente, que el daño es un presupuesto de la responsabilidad ajeno a la aplicación de la cláusula penal, pero, sin dudas y dada la latitud del lenguaje empleado por el legislador, el Juez podrá tenerlo en cuenta en la apreciación de si es o no excesiva la pena pactada, pues una de las funciones típicas de ésta, es justamente, el resarcimiento del perjuicio que ocasiona la inconducta del deudor
Proceso penal, acción civil, debate, demanda, desistimiento tácito, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: PPIPINO, ARTURO s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1976-10-18

A pesar de que la defensa no consintió la intervención del actor en las circunstancias que, según su interpretación, importaba el desconocimiento de lo prescrito por el art. 94 C.P.P. y que hizo reserva de recurrir en casación, como la situación planteada durante el desarrollo del juicio no es de las previstas por el artículo citado, como causal de caducidad, por cuanto ha quedado establecido que la ausencia del actor no se produjo en la primera audiencia del debate, no se alejó sin formular conclusiones o en la oportunidad prevista por el art. 406 C.P.P., el recurso debe ser rechazado.
Corretaje, frustración del negocio, comisión del corredor
Materia: COMERCIAL
Carátula: VIDELA, HAYDEE BEATRIZ c/ GONZALEZ, HECTOR ALBERTO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-09

Si quien actuó como intermediario en la transferencia de un fondo de comercio, percibió del comprador (accionante) cierta suma de dinero a título de depositario -u$s 9600-, quien a más, le había prometido determinada suma en concepto de comisión -u$s 1900- (a la cual éste tiene derecho pues concluyó exitosamente su tarea) y, -como en el caso-, la transferencia se frustró por responsabilidad de ambas partes intervinientes; procede que el corredor pague al reclamante una suma equivalente a descontar de lo que recibió en depósito, la cantidad correspondiente a su comisión.
Derecho laboral, ejecución de sentencia, concursado, verificación de créditos, concurso preventivo
Materia: LABORAL
Carátula: Otero Elbio Damián c/ Obras del Litoral S.R.L. y otros s/ Ejecución de sentencia (7180) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-07

Una vez notificado el trabajador que había "ganado" el juicio iniciado contra Obras del Litoral SRL y Gas Nea S.A., si quería percibir su acreencia de esta última, debió presentarse al Juez ante el cual tramitaba su concurso a verificar su crédito. Y no puede argüir que no sabía del mismo porque en el trámite de proceso principal se le dio intervención al síndico. La ley no autoriza al acreedor laboral que cuenta con una sentencia favorable dictada en un proceso de conocimiento, iniciar una ejecución individual cuando un "trámite de ejecución forzada colectiva" se encuentra en marcha; y menos podría tolerársele la "viveza" de deja pasar el tiempo, esperando que el proceso universal culmine, para volver por sus fueros e intentar percibir un crédito preconcursal sin tener que transitar las vicisitudes del trámite concursal o quiebra como sus pares, pues además de estar prohibido por los arts. 21 y 132 de la LCQ, permitiría eludir los efectos del primero de los principios que orientan la legislación concursal, la pars conditio creditorum (Voto Ronconi. Adhesión Romero)