marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Novación, manifestación expresa, acreedor, extinción de las obligaciones, delegación imperfecta, efectos con relación a terceros, efectos entre partes
Materia: CIVIL
Carátula: SEGURO DE DEPOSITO S.A. EN J: 10731 PACIFICO TITARELLI S.A. - EXPTE. N° 29243 s/ CONCURSO PREVENTIVO S/INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-11-02

Para que haya novación es indispensable que el acreedor (delegatario) declare expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo (delegante) pues ante la falta de una manifestación clara del acreedor en tal sentido, es decir, de desobligar al deudor originario, la delegación no es novatoria, sino imperfecta o acumulativa con lo cual se adiciona un nuevo deudor (delegado) sin liberar al primero.
Administración fraudulenta, sociedad anónima, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: DINALDI, RICARDO G. s/ DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-09-26

A pesar de que no se acreditó la invocada situación financiera por la que pasaba la sociedad anónima, ni el destino dado a los fondos obtenidos de la venta parcial del inmueble societario, operación que no contaba además con la formal autorización de todos los socios; al no poderse despejar la duda acerca de si esa venta fue realizada para evitar el remate total del inmueble, salvaguardándose así parte del patrimonio y posibilitando una eventual y futura recuperación; cabe concluir que no pueden darse por reunidos los extremos exigidos en el artículo 366 del C.P.C.

para la procedencia de la medida cautelar recurrida.
Industria pesquera, permisos de pesca, ley provincial, interpretación de la ley, competencia provincial
Materia: ECONOMIA
Carátula: PESCARGEN S.A. Y OTRA c/ CHUBUT, PROVINCIA DEL s/ ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-18

El art. 14 de la ley local 5639 crea una condición para el otorgamiento o renovación de los permisos de pesca -respecto a la relación entre la capacidad de bodega de los buques y la generación proporcional de puestos de trabajo en tierra-, que en su aplicación traspasa la esfera de la competencia provincial (Voto de la jueza Elena I. Highton de Nolasco)
Prueba, libre convicción
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ALVAREZ CASIANO HIPOLITO Y OTROS s/ CASACION  PENAL  -  LIBERTAD  PROBATORIA  - SISTEMA DE PRUEBA LEGAL -  POLICIA JUDICIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-02-24

En nuestro ordenamiento procesal rige, como ya se dijo, el principio de libertad probatoria, solo restringida para las cuestiones relativas al estado civil de las personas (C.P.P.. 215).

El sistema normativo de la libre convicción (C.P.P.. 410 2do.

Parrafo) no se singulariza solo en que la ley no preestablece el valor de las pruebas, ocupándose de regular la forma de su ingreso y consagrando la libertad del juez para valorarlas con arreglo a las reglas de la sana crítica; también se caracteriza porque la ley no limita la prueba del cuerpo del delito; no exige que la existencia material de un hecho delictuoso se demuestre de un modo determinado y no por otros medios.
Denegatoria del recurso, rechazo in límine
Materia: PENAL
Carátula: Fernández de Kischner ,  Cristina E. y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-02

Atento el estado de las actuaciones, el RE resulta insustancial y manifiestamente dilatorio, correspondiendo su rechazo in límine (Ac.CS 4/2007 -art. 11-).
Auto de procesamiento, nulidad procesal, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Rodríguez, Marcelo F. s/ Auto de procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-26

La formalidad del procesamiento está impuesta imperativamente (art. 308 del C.P.P. ) y su dispositivo debe ser la expresa declaración de procesar al imputado que se identificó, con respecto al hecho descripto y estimado probable como delito y en el cual participó, citando las normas penales que lo captan como tal en el correspondiente tipo, grado, desarrollo o pluralidad. La exclusión de alguno de ellos haría imposible poner a cargo del imputado un delito, a los fines que responda penalmente por él. Esto conduce a valorar, a más de la tipicidad y participación que fueran suficientes para el llamado a indagatoria, la presencia o ausencia de otras circunstancias que excluyan la acción, la antijuricidad, la imputabilidad, la culpabilidad o que eximan de pena.

Debe haber una línea de congruencia entre procesamiento y acusación, mostrada en la indispensabilidad del primero para la existencia válida del segundo, y en la relativa inmutabilidad de los elementos de hecho. El motivo de la acusación debe responder al núcleo fáctico del procesamiento, aunque puedan variar las circunstancias, ampliarse algunos elementos no esenciales, o modificarse la valoración jurídica en cualquiera de sus aspectos.

Es nulo el auto de procesamiento en el que se describen dos acciones delictivas y que no obstante ello en su punto dispositivo se decreta el procesamiento exclusivamente por uno de ellos, sin especificarse a cual se refiere, ni expedirse sobre el segundo, no dándose así cumplimiento al art. 308 del C.P.P. (arts. 168, 170 de mismo cuerpo legal).
Compraventa de acciones, vicios redhibitorios, buena fe, interpretación del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: Inversiones y Servicios  S.A. c/ Estado  Nacional  Argentino s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Si las partes no limitaron el objeto del negocio a la transferencia de las cuotas de capital representadas por las acciones vendidas, sino que expresamente vincularon el compromiso de la vendedora con la consistencia patrimonial que atribuyeron a dichas cuotas, las contrataciones - cuyo carácter ruinoso para el interés de la sociedad se invocó - no importan vicios redhibitorios del objeto vendido, sino violación del estándar de buena fe exigible a los contratantes en la ejecución de las obligaciones que asumen (art. 1198 del Código Civil).
Impuestos, régimen penal tributario, delitos, sobreseimiento definitivo
Materia: PENAL
Carátula: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVAD.G.I. s/ Ordenes de allanamiento en Talcahuano 139, 141 y 143 de Cap. Fed.  Causa 32232
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

No se ajusta a derecho la clausura del proceso en el que se dictó sobreseimiento fundado en que los hechos investigados no constituían los delitos previstos en los Art. 1 y Art. 2 de la Ley 23771, si han quedado al margen de la investigación ciertas conductas que fueron denunciadas en la causa dando cuenta de presuntas importaciones subfacturadas como así también de la evasión de aportes sociales.
Novación subjetiva, delegación imperfecta
Materia: CIVIL
Carátula: Poeig, Héctor Alfredo c/ Barbosa, Josefina s/ Juicio Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-16

Los pretendidos efectos liberatorios de la novación que se derivan del art. 724 del Código Civil, como extinción de la obligación de la demandada, no aparecen ni resultan comprobados en autos con la asertividad que este instituto exige por disposición del art. 814 del Código citado. Se ha dicho que la delegación de deuda puede revestir el carácter de delegación perfecta liberando al deudor original o el de delegación imperfecta donde el primer deudor no queda liberado.
Cuidado personal compartido, sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: R. H. D. Y OTRO s/ HOMOLOGACION DE CONVENIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-05-18

Es principio en materia de tenencia de menores, que todas las decisiones se adoptan con un carácter provisional, y son susceptibles de modificación, siempre que los presupuestos fácticos y el interés de aquéllos lo tornen conveniente. Para resolver, los jueces deben atender primordialmente al propósito de asegurar, en la medida posible, el bienestar de los menores y a su beneficio.

En todo caso, las cuestiones que se susciten en un incidente de disposición tutelar deben ser juzgadas de acuerdo con la verdad objetiva y los intereses del menor, atendiendo a lo que mejor resulte para su persona y desarrollo espiritual, mental y psicológico. Este es el criterio que se infiere de lo dispuesto en los arts. 3.1 y 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (Adla, L-D, 3693). Desde este enfoque, la afirmada ausencia de gravamen irreparable no ha sido explicitada por el Tribunal a quo en relación al menor cuya tenencia disputan ambos padres.

Lo expuesto priva también de sustento real al pronunciamiento de la Sala a quo; toda vez que la mera afirmación sobre inexistencia de gravamen irreparable es insuficiente para motivar un decisorio de esta naturaleza, cuando han sido soslayadas las proyecciones de lo resuelto frente al proceso de que se trate, de acuerdo al caso concreto y sus circunstancias. Tal proceder importa violación al principio constitucional del debido proceso, conforme al cual las sentencias deben ser un acto motivado y razonado (art. 28 de la Constitución de la Provincia y art. 272, CPCC), significando una desconsideración a los agravios expuestos por el recurrente a la vez que una transgresión a elementales principios constitucionales.
Organización de la justicia, juzgados federales, Ministerio Público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor General de la Nación y el Defensor Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. s/ Conflicto de competencia entre el Defensor General de la Nación y el  Defensor Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

El art. 120 de la Constitución Nacional no derogó lo establecido en el art. 3° de la ley 24.091.
Recurso de inconstitucionalidad, auto de procesamiento, resoluciones irrecurribles, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Cazón, Julio Emilio s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. 16/04 Recurso de Apelación interpuesto en expte. Nro. 1346/03. L.A. N 47 F 938/939 N 407 interpuesto en Expte. Nro. 16/04 Recurso de Apelación interpuesto en expte. Nro. 1346/03. L.A. N 47 F 938/939 N 407
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-07-05

Si bien el auto de procesamiento no reviste el caracter de definitivo cabe hacer excepción al principio de irrecurribilidad en tanto se conculque el derecho al debido proceso y el de defensa en juicio en perjuicio del inculpado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, apreciación de la prueba, exceso ritual manifiesto, recurso contencioso administrativo sumario, acción de amparo, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ANNOVAZZI, FRANCISCO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y COMUNA DE THEOBALD s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LEY 10.000 - CONDENACION EN COSTAS Y  REGULACION DE HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 270 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-20

No puede merecer favorable acogida el reparo que los profesionales representantes de los actores centran en una supuesta valoración irrazonable del plexo probatorio de la causa, desde que la mayoría del Tribunal al afirmar que la ley 10.000 era similar al amparo y que por ende resultaban aplicables, en orden a determinar los estipendios profesionales, las pautas del artículo 12 inciso 1 e in fine de la ley de aranceles, tuvo en consideración que se trataba precisamente de "un proceso de naturaleza altruista de contenido institucional y no patrimonial". Lo propio sucede con el endilgado excesivo rigor formal en que habría incurrido el A quo al desestimar la tesitura de los ahora impugnantes, afirmando que no había habido en el caso postulación recursiva concreta, al no haberse mencionado cual era el monto específico por el que reclamaran la elevación de los honorarios, ante lo afirmado por la mayoría del tribunal respecto de que " no se trata... de que el tribunal deba conjeturar cuanto desea el recurrente que se le regule, sino que este puntualice específicamente su pretensión, como estuvo en condiciones de hacerlo".
Expropiación, Tribunal de Tasaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ejido Inmobiliaria S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Expropiación inversa. Recurso de nulidad (Expte. CSJ Nº 300- 90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-09-28

La citación -por radiograma- a la expropiada para que integrara la Comisión de Tasaciones era idónea en orden a la producción de los efectos previstos en el Reglamento Interno, entre ellos, el de hacer surgir para las partes el derecho a solicitar -sin un plazo determinado (siempre que el pedido no se efectúe con posterioridad a la sesión)- se postergue la reunión y se fije una nueva. Dicho Reglamento Interno expresamente dispone que los representantes de las partes "podrán requerir de la Presidencia la postergación de la misma y la fijación de la nueva sesión" (artículo 11, inciso e), y, en verdad, es razonable afirmar que su ejercicio genera el correlativo deber de la autoridad respectiva de resolver -favorable o desfavorablemente- los pedidos que en ese sentido se le efectúen.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Sr. Fiscal de Cámara subrogante J. C. Reynaga s/ Casación en autos 07/93 sumario instruido a raíz de la muerte de  María Soledad Morales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1993-04-19

Constituyendo la valoración de la prueba testimonial una facultad propia de los Magistrados, éstos bien pueden inclinarse hacia aquellas declaraciones que les merecen mayor fe para eliminar los hechos de que se trate, quedando, en definitiva, su apreciación al prudente arbitrio del juzgador.
Instrucción sumaria, defensa en juicio, agravio concreto, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PIERRI, Roberto s/ queja) Causa 29.825
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

Toda vez que la disconformidad respecto de la aplicación del art. 353 bis del C.P.M.P. podría afectar el derecho de defensa en tanto prevé un trámite específico, le causa agravio a la defensa la decisión que lo dispone, máxime cuando la propia norma le garantiza tal derecho.
Defensor de menores, proceso penal, legitimación procesal
Materia: PENAL
Carátula: BASUALDO TOMAS S.D ABUSO SEXUAL E.P GONZALEZ YESICA A. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-05

La defensora de menores, defensora ad hoc de la víctima, a quien todavía no se concedió la participación solicitada, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 127 del Código de rito, no es parte en el proceso y atento que para el Art. 390 segundo párrafo del mismo cuerpo legal, solo quienes revisten tal condición se encuentran legitimados o habilitados para interponer válidamente los recursos que la ley procesal acuerda, no está legitimada para apelar.
Fondo compensador, convenios colectivos de trabajo, homologación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: Vukosavljevic de Ascalia c/ Fondo Compensador s/ Reintegro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

La homologación expresa de la Convención Colectiva de Trabajo 95/75 y del Reglamento del Fondo Compensador que la integra, así como el requisito a que alude el art. 59 de éste último para toda modificación que se introduzca a su texto, traducen inequívoca y contundentemente la necesidad de la homologación expresa por parte del Ministerio de Trabajo de la modificación introducida en el art.

38 de dicho Reglamento.
Aplicación de la ley, alimentos, porcentaje máximo de retención, costas en el orden causado
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: A. M. S. O. S. c/ C. S. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-18

En cuanto a la forma de pago (depósito en cuenta judicial) no le causa agravio a la demandada. Ello sin perjuicio de recordar que ante un eventual incumplimiento injustificado -ya sea en el monto o en la fecha de pago- se debe proceder, sin más trámite, a ordenar al empleador que proceda a la retención de la cuota en cuestión de los haberes del progenitor, dado que la obligación alimentaria incluye la de hacer llegar a los beneficiarios de los alimentos, la pensión mensual íntegra en el tiempo debido.
Recurso extraordinario, cuestión federal, cuestiones federales simples, interpretación de tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 de Código Penal -causa N° 3221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17

Al hallarse cuestionado el alcance de una garantía del derecho internacional, el tratamiento del tema resulta pertinente por la vía establecida en el art. 14 de la ley 48, puesto que la omisión de su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico supranacional.
Recurso contencioso administrativo, honorarios, prescripción, caducidad, plazo, ejecución de sentencia, incidentes, trámites judiciales, juicio sumarísimo, ley procesal, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: GIACOMINO, ROBERTO DANTE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- CADUCIDAD  DE LA INSTANCIA DE LA INCIDENCIA SOBRE PRESCRIPCION DE HONORARIOS  REGULADOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 182 AÑO 1986)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

Si el decreto de Presidencia dispuso -en virtud de lo establecido en el art. 23 del Código Contencioso Administrativo- dar a un incidente "trámite de juicio sumarísimo", el régimen procesal que debía aplicarse a la tramitación era el previsto en los artículos 326 y siguientes y 387, 413, 414 y 415 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial. En las particulares circunstancias del caso -incidente de prescripción de honorarios-, resultaría irrazonable disponer la aplicación de un determinado régimen procesal para la tramitación de la incidencia y luego apartarse de él al solo efecto de determinar el plazo de caducidad a aplicar. La adopción de un criterio que desatendiera estas circunstancias importaría la convalidación de una situación de incertidumbre en cuanto a las reglas aplicables de por sí incompatible con el respeto a la garantía constitucional de la defensa en juicio. En función de los particularísimos extremos descriptos en precedencia puede afirmarse que, en esta incidencia, deben aplicarse las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial (art. 232, primera parte, C.P.C. y C.). (De La Disidencia De La Dra. Gastaldi)
Transacción, forma ad solemnitatem, simulación
Materia: CIVIL
Carátula: CAMPOS VIRGENES  S.A. c/ SANTA CATALINA ESTANCIAS s/ NULIDAD  DE  ACTO  JURIDICO  -  INCIDENTE  REGULACION  DE  HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-08

El carácter de acto formal solemne de la transacción no impide verificar su existencia oculta a través de otro acto de simulación relativa. Las proyecciones de la respectiva normativa (arts. 955 y siguientes del proyecciones de la respectiva normativa (arts. 955 y sig. de solemnidad absoluta. Ningún texto expreso de la ley impone una limitación de esa suerte.

Si bien existen actos formales solemnes en los que no cabe invocar la simulación por razones de orden público, como el matrimonio o la adopción, o por imposibilidad del concierto simulatorio, como el testamento, existen muchos otros que si son susceptibles de ser encubiertos bajo una apariencia negocial. Tal el caso de la donación de bienes inmuebles, o de prestaciones vitalicias, acto formal solemne de acuerdo con el art. 1810, t. o. ley 17.711, del Código Civil, cuyas posibles simulaciones, a través de escrituras públicas con otro objeto aparente, han sido propuestas y declaradas frecuentemente por los tribunales, pudiendo decirse que bajo el disfraz de a compraventa es el ejemplo típico.

No existe obstáculo en develar la existencia simulada de una transacción, máxime cuando los actos aparentes cumplen el requisito de solemnidad de la presentación en el pleito.
Acción civil, cuestiones prejudiciales, cosa juzgada, sentencia absolutoria, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: GASCINI DE BERDARDINI MARTA A c/ MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA NACION s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-02

No puede concederse autoridad de cosa juzgada en lo civil a una decisión absolutoria en lo criminal que niega relación de causa a efecto entre el perjuicio sufrido por la víctima y la culpa del acusado, pues ésta para generar responsabilidad penal ha de ser la condición generadora inmediata, principal y directa del evento, mientras que en el ámbito del derecho privado son imputables al mencionado demandado, no sólo las consecuencias inmediatas, sino también y aún las casuales.
Responsabilidad del empleador, grupo económico, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: ROMANO, CAYETANO c/ ARIZU, ENRIQUE E HIJOS  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-09

Si el trabajador laboró para una empresa que formaba un conjunto económico con otra, para la cual realizaba algunas tareas, no puede reclamar resarcimiento alguno a esta última, con posterioridad a la obtención de la indemnización por despido de la principal. Ello es así pues, hubo un sólo salario y un sólo empleador y la ruptura del contrato indemnizaba por la primera hizo cesar al actor en las labores principales y en las complementarias que cumplía, por acuerdo empresario, para la otra sociedad.
Relación de causalidad, daño, culpa civil, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: K, I. J. c/ N., M. H. y Otros s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-05-03

La atribución de culpa presupone un análisis minucioso de la prueba a los fines de determinar la relación de causalidad; en otros términos, un análisis que permita establecer cuándo y en qué condiciones un daño debe ser imputado objetivamente a la acción de una persona, sin confundir cómo se desprende de los considerandos de la sentencia en crisis, la causa con las consecuencias producidas, perdiéndose de vista que el hecho que motiva el "sub - discusio" no es la muerte del afiliado del I.PRO.S.S., ni el incumplimiento del deber de asistencia, el cual se prestó satisfactoriamente a la luz de lo probado en esta causa, sino la muerte del médico en el viaje llevado a cabo una vez cumplida la atención y asistencia del afiliado por parte del I.PRO.S.S., sin que hubiera mediado autorización para asistir al paciente durante el trayecto conforme a la normativa aplicable al respecto, ni facturado tal prestación a la víctima, y sin que hubiera una concreta necesidad de atención médica permanente durante el traslado, conforme surge del informe del Hospital Italiano y que no fuera impugnado. No debe ser ajeno a quien efectúa el análisis del caso que la relación de causalidad jurídicamente relevante es la que existe entre el daño ocasionado y el antecedente que lo produce normalmente, conforme con el curso ordinario y natural de las cosas. No todas las condiciones "sine qua non" del daño son equivalentes; sólo la condición que típicamente origina esa consecuencia dañosa puede ser considerada causa adecuada del daño; es decir, no basta comprobar que un hecho ha sido antecedente de otro para que sea su causa eficiente, para ello es necesario que tenga, por sí, la virtualidad de producir semejante daño.