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Querella, delitos contra el honor, falsa denuncia, falsificación de documentos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: De Santis, Miguel Clemente c/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-10

La desestimación por inexistencia delito recaída en la primera causa iniciada por querella por los delitos de calumnias e injurias surte efectos de cosa juzgada respecto a la posterior en la que se querellaba a las mismas personas por falsa denuncia, pues ha mediado identidad de sujetos activo y pasivo y también de objetos del proceso. En el caso, la falsedad de las rúbricas de un matrimonio en la escritura de renta que labrara el notario interviniente.
Deberes del juez, Derechos humanos
Materia: CIVIL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

Los jueces cuando resuelven sus casos derivan (o deben derivar) razonadamente desde "todo el derecho vigente" la solución justa para el conflicto que disciernen imperativamente. De una manera explícita o implícita, en las respuestas jurídicas esta presente todo el ordenamiento jurídico, al modo -como metafóricamente lo expresara Cossio- de una esfera que se apoya en un punto pero sobre ese punto descansa todo el derecho. Esta visión sistemática del derecho implica distinguir y jerarquizar sus distintos componentes, y en este punto considero acertada la perspectiva que, además de normas, reconoce la existencia de principios y valores; es que, precisamente el núcleo de validez jurídica primaria desde donde se ordenan y justifican las normas son los principios, o sea, los derechos humanos, que a su vez pueden ser atribuidos o remitidos a valores.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., M. R. c/ Provincia del Chubut s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-10-18

No se visualizó menoscabo a la garantía de igualdad que consagra el art. 16 de la Constitución Nacional y los arts. 6, 9 y 18 de la ley fundamental provincial, desde cuando no resulta irrazonable la distinción efectuada por el legislador, quien ha contemplado una instancia ordinaria adicional ante este Superior Tribunal, para las sentencias definitivas, en aquellos procesos judiciales en los que interviene la Provincia, los municipios o entidades autárquicas o descentralizadas, sean parte directa o indirecta y exista una condena de alto impacto en las finanzas públicas.
Acción de revisión, imputado, prueba de cargo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GAUNA, MARIA ANTONIA c/  s/ REVISION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-12-20

En la causa se evaluaron dos posibles sucesiones fácticas, o bien que la imputada causó la muerte a su esposo y luego intentó quitarse la vida actuando sola dentro de la vivienda familiar, o bien que los acontecimientos fueron provocados por su cuñado, siendo ella y su cónyuge víctimas del ataque; mas -pese a la declaración de la encartada que desde un principio sostuvo la autoría de su cuñado- la investigación se cerró desde sus inicios a la primera hipótesis incriminante, sin vislumbrar la posibilitad de otras alternativas, lo que más allá de lo cuestionable que pueda resultar implica que la condena de aquélla sólo podía sostenerse en la medida en que no se demuestre que físicamente resultaba imposible que una sola persona con sus características físicas realizara ambas conductas, dado que en ningún momento se atribuyó o consideró por parte de la acusación -ni incluso la actora civil- que ella hubiera actuado en connivencia con otra persona; resultando además dificultoso -al presentar la imputada lesiones en sus dos brazos- que con un brazo herido pudiera lesionarse el otro, ya que si las lesiones de su brazo izquierdo eran de cierta gravedad ello podría impedir que utilizara tal mano para producirse el corte en la derecha, lo que hacía tal hipótesis insostenible y por tanto, debía absolverse a la imputada. (Del voto del Dr. Erbetta, que hizo mayoría. En disidencia: Dres. Netri y Falistocco).
Daños y perjuicios, personas jurídicas, daño moral
Materia: COMERCIAL
Carátula: TURISMO INTERNACIONAL  SRL c/ ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE INC. s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-20

Los perjuicios extrapatrimoniales de una persona de existencia ideal no son de naturaleza subjetiva -por ende ésta no puede ser sujeto de daño moral-, y deben recompensarse por vía del daño directo.
Beneficios previsionales, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Legora de Pérez Segretin, María Angélica c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

No corresponde asimilar al cargo de subdirector de personal a los efectos previsionales de quien no prestó nunca servicios en tal condición y tampoco ha acreditado la designación en el cargo de subjefe de personal, que le sirviera de correlato.
Abuso sexual calificado por acceso carnal, víctima menor de edad, recurso de casación, violencia de género
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: R., R.R. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Orlando del Señor Barrientos, defensor técnico de R., R.R. en contra de la Sentencia Nº 02/2014
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-08-26

La Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, por mayoría, en declaró culpable a R. R. R. como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas (víctima menor de edad), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de catorce años de prisión con más accesorias de ley.

Contra esa resolución el defensor del imputado interpone recurso de casación.

No resiste el menor análisis, y en nada incide a fin de desvincular al imputado en el hecho que se le atribuye, su pretensión de intentar responsabilizar a la menor M., desprestigiando su integridad moral y sexual. Recuérdese aquí, que lo que se preserva es la libertad sexual de la menor víctima, la que ha resultado lesionada conforme se constata con el material probatorio incorporado a debate.

En el caso, nos encontramos ante un típico caso de violencia de género, en donde ha existido una evidente supremacía o superioridad del imputado (50 años al momento de cometer el hecho) por sobre la vulnerabilidad de la menor víctima (13 años), traduciéndose esto en un total desequilibrio y desigualdad entre las partes.

En tal sentido, estimo oportuno decir que el razonamiento del tribunal de mérito resulta ajustado a lo dispuesto en el art. 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto a que la garantía de la protección a la persona menor de edad de toda forma de abuso sexual exige investigar el delito de esa naturaleza del que haya sido víctima, con arreglo a un procedimiento judicial favorable a ella, y realizar el juicio para que, en su caso, el autor sea declarado culpable y condenado a sufrir la pena justa.

Lo cual, además, se compatibiliza con las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscripta en Belém do Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994, aprobada por Ley del Congreso Nº 24.632, el 13 de marzo de 1996.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, cuestión no decisiva, pena
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., J. A. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-07

Se advierte que la decisión del A quo de reducir la pena impuesta al condenado en la de 20 años de prisión, por considerar excesiva la determinada por el tribunal de grado, cuenta con adecuada fundamentación, no evidenciando los interesados que las razones aportadas por los Judicantes resulten insuficientes o irrazonables o que no se correspondan con las constancias de la causa, ni que la respuesta jurisdiccional no sea acorde con las normas aplicables a las decisiones de los tribunales colegiados en relación al monto de la respuesta punitiva, o que sus planteos sean decisivos para la solución del caso. (Del voto del Dr. Erbetta. En disidencia: Dres. Falistocco y Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal, artículo 138
Derecho procesal, medidas cautelares, finalidad de la ley, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: O., A. C. y otro c/ S. A. I. S. A.  s/ Medida cautelar -Emb. preventivo p/honorarios regulados en expte. 405/2021)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-11-30

La finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia de la sentencia. En tal lineamiento, el Art. 200 dispone "Las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento. Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notificarán personalmente o por cédula dentro de los TRES (3) días. Quien hubiese obtenido la medida será responsable de los perjuicios que irrogare la demora".
Estado Nacional, representación procesal, querellante
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-PENAL
Carátula: Braun, Eduardo. s/ Evasión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

La norma general del art. 4° de la ley 17.516 (modificada por la ley 19.539) debe adecuarse a lo que, en particular, ha sido atribuido a cada organismo estatal.
Trato digno, derechos del consumidor, daño moral, discriminación
Materia: CIVIL
Carátula: Leguizamón, Maria Guadalupe c/ INC S.A.-Supermercados Carrefour y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-09-17

La exigencia de condiciones de atención y trato digno apunta al respeto del consumidor como persona que no puede ser sometida a menosprecio o desconsideraciones, de modo tal, resulta lógico que frente a su violación se originen no sólo la infracción de la ley 24.240 reformada por la leyes 24568, 24787, 24999 y 26361, sino también la de otras normas previstas en leyes especiales: tal el caso del trato discriminatorio y lo regulado por la ley 23.592. En consecuencia, encontrándose acreditados los hechos fundantes de la demanda de autos, los cuales han producido un menoscabo en la esfera de los derechos de la accionante, propongo revocar la sentencia de grado, acogiendo la demanda promovida.
Compraventa de automotores, falta de prueba, plan de ahorro previo, responsabilidad de la administradora del plan, responsabilidad del fabricante, falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Formía, Fabricio Luciano c/ Pettiti Automotores S.A. y Otro s/ Abreviado
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-03-14

No se ha acreditado el hecho base de la acción, es decir, que la compra del automotor efectuada mediante plan de ahorro se hubiera contratado con la empresa aquí demandada y dedicada a la fabricación y venta de automotores, a lo que se suma que, anoticiada de la defensa opuesta, no desistió de la acción, y que la responsabilidad que se le pretende adjudicar a la demandada es la extensiva. Por ello, se hace lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva interpuesta.
Trabajadores telefónicos, Telefónica de Argentina, responsabilidad solidaria, cesión del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: BACHMMAN, ELISEO c/ ENTEL s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-14

En los casos de transferencia de establecimiento, art. 225 y sg.

de la LCT sólo procede la solidaridad cuando existe un vínculo de sucesión directa o convencional. En el caso de ENTel y Telefónica de Argentina tal sucesión no se da toda vez que habiendo efectivizado el dec. 1105/89 la facultad delegada por la ley 23696, dicha circunstancia excluye el amplio aspecto de responsabilidad que prescribe la LCT más allá del concepto que se le otorgue al término "transferencia".
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, daños y perjuicios, reconvención
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mulet W., Daniel c/ Drohny, Rodolfo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-12

Frente a lo normado por el art. 1113 C. Civil, si el accionado entendió que debía contradecir la posición del actor fue menester que coetáneamente dedujera reconvención orientada a que aquél se hiciera cargo de los perjuicios que le ocasionó con el automóvil conducido. Pues, si la hubiese articulado el demandante habría estado constreñido a justificar las hipótesis exculpatorias contempladas en el prealudido artículo. Y he aquí que al no haberse dado la situación comentada, al actor le bastó justificar el contacto de su vehículo con el tripulado por el demandado, las derivaciones dañosas engendradas y la relación causal enlazante (arts. 1067, 1068, 1113: 2do. párr., 2da. parte C. Civil).
Caducidad de instancia, remisión del expediente ad effectum videndi
Materia: PROCESAL
Carátula: Gerosa Gustavo Daniel c/ Iaroschersky Debora y otro s/ quiebra s/ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-30

La caducidad no se configura cuando el expediente se encuentra fuera del Juzgado, pues es obvio entonces que -como regla general- la causa no se halla en condiciones de ser impulsada (conf. CNCom, Sala B, 19.9.13, "Palmeiro, Guillermo Cesar c/ Parador Norte SA y otros s/ ordinario", 28.11.06, "Institución Financ. Ext. Intercontinental Bank -Urug.- SA c/ EABSA SA s/ ejecutivo").
Derecho procesal, recursos, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lupadit Lardizabal y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-14

No puede tenerse en cuenta la ampliación que solicita el señor fiscal ante este Cámara Nacional de Casación Penal debido a que el mismo fue introducido recién en la oportunidad prevista por el art. 466 del C.P.P.N. y no fue motivo expreso de agravio del recurso de casación. En la ocasión prevista en el artículo citado no se otorga la facultad de introducir nuevos agravios , sino ampliar o desarrollar los fundamentos expuestos en el escrito de interposición de la vía casatoria (Voto del Dr. David).
Constitución Nacional, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Tachella,  Mabel  Angela c/ D.G.I.  - Administración Federal deIngresos Públicos s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

El examen de razonabilidad de las leyes en punto a su constitucionalidad no puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las previsiones en ellas contenidas y de modo alguno sobre la base de los posibles o eventuales resultados obtenidos en su aplicación, pues ello importaría valorarlas en mérito a factores extraños.
Daños y perjuicios, indemnización, gastos de traslado
Materia: CIVIL
Carátula: MANCINI DE BORRESCIO, OLGA c/ ALCALDE, JORGE Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

El hecho de que no se hayan demostrado los viajes en taxímetros ni su número, no basta para rechazar la reposición del gasto, ya que se sabe que no es costumbre ni obligación entregar comprobantes por parte del transportista y, desde otro ángulo, el uso de dichos aparece justificado por la naturaleza de la afección y el tipo de tratamiento así como por la distancia desde el domicilio de la actora hasta el lugar en que era atendida.
Acción de amparo, plazo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Berenguer de Baldo, Micaela del Carmen y María G. Baldo de Solon c/ Provincia del Chaco y/o I.P.S. y/o INSSSEP s/ Acción de Amparo. Berenguer de Baldo, Micaela del Carmen y María G. Baldo de Solon c/ Provincia del Chaco y/o I.P.S. y/o INSSSEP s/ Acción de Amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-10-23|1996-10-23

Es dable poner de resalto que el tribunal ha incurrido en un error procesal al poner los autos a los fines del art.32 de la ley 2011, toda vez que la apelación no estaba dirigida a cuestionar la regulación de honorarios, sino únicamente la imposición de costas.

Lo correcto hubiera sido poner los autos a los fines del art. 246 del CPCC. Por los mismos motivos expresados en el punto anterior, la contestación del traslado deviene extemporánea. Los agravios de la demandada con relación a la imposición de costas debieron contestarse dentro del mismo plazo de dos (2) días que sin ningún tipo de diferenciación, impone el art.476, inc.2 del CPC.
Fianza, fiador, principal pagador liso y llano, locación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salvatoris, Ana c/ López, Elba Ramona y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Si bien el asumir la calidad de fiador solidario no le quita a la fianza el carácter de accesorio que la tipifica, no ocurre lo mismo con quien se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, pues en este caso es un codeudor solidario, aun cuando se lo califique de fiador. En su mérito, quien asume una obligación de tal naturaleza en un contrato de locación hasta la restitución del inmueble, debe responder durante dicho lapso de las sumas que adeude el locatario como consecuencia del contrato, aun cuando éste hubiera vencido o hubiese sido prorrogado por las leyes de emergencia o por acuerdo de partes (arts. 699, 705, 1582, 2003, 2004, 2005 Cód.

Civil).
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cester de Hernández, Cristobalina c/ Rohweder, Enrique s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-29

Respecto a la edad de quien resulta beneficiaria del resarcimiento cabe señalar que si bien una mayor edad deja suponer una menor expectativa de vida, lo cierto es que la misma circunstancia hace necesitar con más urgencia el apoyo familiar para afrontar los mayores gastos y la imposibilidad de proporciones sustento que trae aparejada la vejez.
Recurso de queja (procesal), cuestión constitucional, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Huarte, Aida Margarita c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. medica) denegado en "Huarte, Aida Margarita c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. medica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-04

La ausencia de caso constitucional determina la improcedencia del recurso de inconstitucionalidad, situación que se verifica cuando el tribunal superior de la causa ejerció criteriosamente las facultades previstas en el art. 310 del CCAyT; y no se advierte que de su actividad se afecten garantías o derechos constitucionales, ni que ello refiera a una cuestión, en la que la interpretación de una norma de ese rango, resulte dirimente.

(Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Monzón, Juan M. (Inc.rec. nulidad) s/ Homicidio calificado por Alevosía en conc. real con Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-07-12

El único dio de impugnación de la sentencia y de los demás actos procesales que de ella dependan, lo constituye el recurso de casación, legislado y articulado en forma taxativa, en cuanto al riguroso acatamiento de las formas, como condiciones prescriptas y exigidas, bajo pena de inadmisibilidad, temporaneidad y en cuanto a la expresa, clara y concreta indicación del o de los agravios, que le causan los vicios planteados, y en su caso, qué solución propone.

La mera indicación de una supuesta omisión, como sería la de la presencia en el debate de un representante del Ministerio Pupilar, no constituye per se, un agravio causante de la nulidad que se pretende, toda vez que el supuesto vicio, no pasa de ser una formalidad carente de mayor trascendencia, en forma tal que puede ser causa de nulidad. Ello es así toda vez que el menor ha tenido y seguirá teniendo todas las garantías constitucionales previstas en la Constitución Nacional y el llamado Código o Convención de los Derechos del Niño, incorporado con rango constitucional a partir de la reforma de 1994 (artículo 75 inciso 22). La falta del Ministerio Pupilar en la audiencia de debate no constituye un vicio invalidante de lo actuado, toda vez que el menor en todo el decurso del proceso, no solo ha contado con defensa técnica, sino con la asistencia e intervención del Ministerio Pupilar y de la Justicia de Menores, que ha sido y seguirá siendo quien en definitiva resuelva sobre las medidas tutelares que estime pertinente y, en su caso, integrar la sentencia, decidiendo lo más importante para la suerte del menor, si aplica o no pena. Concretamente, el Tribunal solamente ha declarado la autoría material y responsable del imputado. Lo expresado demuestra la falacia y sinrazón del planteo de la defensa, que dable es destacar, en ningún momento hizo planteo alguno ni formuló reserva de acudir en casación, con lo cual ha consentido el pretendido vicio que hoy invoca.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, tenencia de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Méndez, Dardo Leopoldo s/ INFRACCION LEY 20771
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-08

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que absolvió al imputado del delito de tenencia de estupefacientes, prescindiendo de considerar el art. 6 de la ley 20.771, que resulta conducente para la correcta solución del caso.
Juicio, decretos, recurso de reposición (procesal), costas, cuestión abstracta, trámites judiciales, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: SAN CRISTOBAL S M S G c/ OSELLA DE VARBELLO, NORMA ESTRELLA s/ CONSIGNACION     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD     REVOCATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-12

Tratándose de una actividad impugnatoria generada por el propio Tribunal, no corresponde la imposición de costas.
Pesca, recursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: "Sallustio  Salvador  Pascual  y  otros- c/ SAGP y A- Disp 368/05(Expte. 800006616/01)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-11

El recurrente cuenta con cinco días hábiles para interponer la apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (art. 59 de la ley 24.922 modificado por el art. 9 de la ley 25.470) que es quien evaluará la procedencia formal a la misma. No hay, entonces -en la práctica- "elevación" posterior a la facultad recursiva sino que existe apelación directa" y a consecuencia de su ejercicio, se elevan las actuaciones administrativas al órgano judicial (Cons.

II).