Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-04-14


SENT Nº 273	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Catorce (14) de Abril de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la parte actora en autos: "HSBC Bank Argentina S.A. vs. Eberle Mario Orlando s/ Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Claudia Beatriz Sbdar y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto a fs. 123/126 por el letrado apoderado del banco actor, contra la sentencia de la Sala IIIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones del 28/7/2008, que hizo lugar al recurso de apelación y admitió la defensa de prescripción opuesta por el ejecutado, con costas a la actora.

Corrido el traslado de ley, la demandada solicita el rechazo del recurso interpuesto por los fundamentos que aporta a fs. 131/132.

2.- Invoca como motivo de casación la arbitrariedad de la sentencia por adolecer de un déficit de fundamentación que la descalificaría como acto jurisdiccional válido.

Impugna la conclusión a que arriba el a quo según la cual los pagos efectuados por el deudor y expresamente reconocidos por el acreedor demuestran que el pagaré fue presentado con anterioridad al 11/04/01 que es la fecha denunciada por la accionante. Indica que en autos no se ha debatido la existencia de pagos parciales, que fueron desde un inicio denunciados por la propia actora, sino cuál es el efecto que produjeron. En ese sentido puntualiza que su mandante realizó un acuerdo de pago de la deuda con la demandada; y que como ésta lo dejó de cumplir -y en la inteligencia de que el plazo de prescripción corría en su contra- requirió el pago de la cambial, siendo ésta la fecha a partir de la cual se debe computar el plazo de la prescripción liberatoria.

A juicio del recurrente no hay dudas de que la acción cambiaria directa contra el firmante prescribe a los tres años; y que dicho plazo comienza a computarse desde que el pagaré es exigible, lo que ocurre con la presentación al cobro cuando se trata de un pagaré a la vista. Señala que, a tenor de lo dispuesto por el art. 50 del decreto ley 5965/63 y de conformidad con lo sostenido en forma unánime por la jurisprudencia, corresponde al accionado demostrar la inobservancia de dicha presentación, lo que en autos no aconteció; a lo que se añade que en materia de prescripción la interpretación normativa es de carácter restrictivo. Sobre esa base sostiene que corresponde tener como presentado el documento el 11/04/01, que es la fecha denunciada por la actora al iniciar la ejecución; con lo cual el plazo de la prescripción se habría cumplido el 11/04/04, y no el 31/03/04 como erróneamente lo ha dejado fijado la Cámara.

Cita las normas que estima violadas, jurisprudencia que considera aplicable al caso, propone doctrinas legales, formula reserva del caso federal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso intentado.

3.- En orden al juicio de admisibilidad del recurso de casación, cabe efectuar las siguientes consideraciones:

3.1.- El núcleo argumental de la sentencia cuestionada es que si bien en el escrito de demanda el banco actor afirmó que presentó el pagaré y requirió el pago al ejecutado el día 11/4/2001; en esa misma oportunidad reconoció que el deudor efectuó varios pagos parciales, precisando las fechas en que tuvo lugar cada uno de ellos: 11/10/2000; 30/10/2000 19/12/2000; 28/12/2000; 30/01/2001 y 30/3/2001.

Sostuvo, entonces, que la tesis del actor en tanto afirmó que el pagaré fue presentado al cobro el 11/4/2001 resulta inadmisible, por cuanto los pagos efectuados por el deudor y expresamente reconocidos por el acreedor, demuestran que la presentación ha sido efectuada con anterioridad a la fecha denunciada en la demanda.

Con cita de lo dispuesto por el art. 3989 CC, la Sala a quo advirtió que dichos pagos parciales implican el reconocimiento de la deuda y producen la interrupción del curso de la prescripción que hubiese estado corriendo; por lo que el nuevo plazo de prescripción debe computarse desde la fecha del último pago parcial, es decir desde el 30/3/2001.

En consecuencia, teniendo en cuenta que el plazo de prescripción de la acción directa contra el librador del pagaré es de tres años (art. 96 Decreto Ley 5965/63), y que debe computarse desde el último acto interruptivo del curso de la prescripción (30/3/2001), el Tribunal concluyó que al momento de la interposición de la demanda (07/4/2004) ya había operado la prescripción de acción promovida en este proceso.

3.2.- Del juego armónico de los arts. 96 y 103 del Decreto Ley 5965/63 surge que la acción cambiaria directa ejercida contra el librador de un pagaré prescribe en el plazo de tres años. El inicio del cómputo del término de prescripción comienza, como regla, desde el momento en que la obligación se torna exigible. En el caso del pagaré a la vista, el acto de su presentación al pago da inicio al plazo respectivo.

En autos, el Tribunal computó el plazo de prescripción desde la fecha del último pago parcial, con fundamento en que éste presupone la presentación del pagaré para su cobro, y que ello torna exigible la obligación.	Los agravios contenidos en el memorial casatorio no resultan admisibles en los términos del art. 816 CPCC. Ello así porque el impugnante no rebate el argumento central de la sentencia, que es que en el concreto caso de autos existieron pagos parciales, denunciados por el propio ejecutante y admitidos por el deudor accionado, que demuestran que la presentación fue efectuada con anterioridad a la fecha invocada por el actor. Como asimismo que dichos pagos implican el reconocimiento de la deuda por parte del ejecutado y tienen un efecto interruptivo del curso de la prescripción, por lo que el nuevo plazo debe computarse desde la fecha del último pago parcial, concretado el 30/3/2001. Y, por fin, que desde esa fecha hasta la de interposición de la demanda transcurrió el plazo de tres años previsto por la normativa aplicable al caso, habiéndose producido la extinción de la acción por prescripción.

El quejoso hace hincapié en que la existencia de pagos parciales no autoriza a presumir que la presentación al cobro fue anterior a la fecha denunciada en el escrito de demanda, pero sin aportar fundamentos que justifiquen tal aserto. Por el contrario, la sentencia impugnada se halla suficientemente fundada, y aparece como una derivación razonada del derecho aplicable con pertinente referencia a las circunstancias probadas de la causa. En ese sentido cabe observar que la afirmación por parte del acreedor de la existencia de pagos parciales no cuestionados por el deudor, efectuados con anterioridad a la fecha en que el accionante afirma que presentó el título y requirió el pago, comporta presunción suficiente de la presentación al cobro del pagaré a la vista con cláusula de dispensa de protesto en dichas oportunidades. Y habiendo quedado establecido que la fecha del último pago parcial fue el 30/3/2001, la conclusión de la sentencia en tanto afirma que al momento de la interposición de la demanda (07/4/2004) ya se había cumplido el plazo de tres años y había operado la prescripción de la acción promovida en autos, no aparece como infundada ni arbitraria.

4.- De acuerdo a lo considerado, se concluye que los agravios contenidos en el recurso de casación consisten en una mera discrepancia con los fundamentos proporcionados por la Sala de Instancia, pero no resultan eficaces para refutarlos. El recurrente no aporta argumentos idóneos para demostrar el error en el que habría incurrido el a quo, ni para fundar el alegado vicio de arbitrariedad de la sentencia, ni para justificar la modificación de la decisión a que se arriba. Tiene dicho esta Corte de Justicia que el cumplimiento del recaudo impuesto por el art. 816 CPCC exige que se exponga una crítica razonada de la resolución que se cuestiona, para lo cual se deben rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya la sentencia (cfr. CSJTucumán, sentencias N° 140 del 18/3/2003, N° 82 del 27/02/2001; N° 476 del 10/6/2002; entre otras). Tal exigencia no se ha cumplido en este caso, y ello define negativamente la admisibilidad del recurso interpuesto.

En consecuencia, corresponde desestimar el recurso de casación deducido por el letrado apoderado del banco actor, contra la sentencia de la Sala IIIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, del 28/7/2008 (arts. 815 y 816 CPCC).

Las costas se imponen al recurrente vencido, por aplicación de los principios generales en la materia (art. 108 y conc. CPCC).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Alberto José Brito, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos del señor vocal doctor Alberto José Brito, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado del banco actor, contra la sentencia de la Sala IIIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, del 28/7/2008 (arts. 815 y 816 CPCC).

II.- COSTAS, conforme lo considerado (art. 108 y conc. CPCC).

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.