Abuso sexual simple, víctima menor de edad, recurso de casación, tratados internacionales
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: R., H.A. s/ Recurso de Casación interpuesto por H.A.R. en Expte. 50/12 R.H.A. p.s.a. Abuso Sexual Simple - Santa María
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-22

El Juez Correccional de Primera Nominación resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba interpuesto por la defensa técnica del imputado por abuso sexual simple.

Contra la resolución denegatoria, la defensa técnica del imputado recurre en casación, invocando la errónea aplicación de la ley sustantiva.

Cuestiona que tanto la fundamentación dada por el Fiscal en su dictamen, como la del juez a quo al rechazar la solicitud de suspensión del juicio a prueba, se haya basado solamente en lo dispuesto en tratados internacionales y precedentes jurisprudenciales.

Las razones suministradas por el Representante del Ministerio Público, constituyen adecuado fundamento y se compatibilizan con el criterio sostenido por esta Corte en precedentes V. (S. nº 14, 13/05/2012) y A. (S. nº 37, 02/08/2012), por lo que los agravios invocados por el recurrente no pueden tener acogida favorable en esta instancia.

Antes de finalizar, y con el único objetivo de dar un abordaje integral a la problemática en estudio, corresponde mencionar las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia, marzo de 2008), a las que esta Corte -al igual que la gran mayoría de los Máximos Tribunales provinciales del país-, ha adherido mediante Acordada Nº 4102 (27/05/2009).

Si bien estas Reglas no forman parte de una ley; resulta importante citarlas en oportunidad del fallo que se analiza, ya que las mismas han servido para establecer bases de reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad -entre las que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género-; como así, recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial.

No solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y de quienes intervienen de una u otra manera en su funcionamiento.

En este orden de ideas, resáltese que sin bien se ha sostenido que la necesidad de encontrar alternativas para la resolución de conflictos, se funda en criterios de oportunidad política, económica y social, y que el objetivo principal radica en "mejorar la calidad del servicio de justicia"; entiendo que el servicio de justicia que requieren los casos a los que se alude, se verá sumamente enaltecido si sus operadores logran garantizar la efectiva defensa de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad.

En efecto, asegurar en estos casos el acceso de la mujer a la justicia para que se protejan sus derechos, constituye un deber estatal indeclinable.

En atención a lo hasta aquí expuesto, debo decir que prescindir en este caso de la sustanciación del debate implicaría contrariar una de las obligaciones asumidas por el Estado al aprobar la "Convención de Belem do Pará" para cumplir con los deberes de prevenir, investigar y sancionar sucesos como el aquí considerado.

Sobre el tema, estimo necesario destacar que idéntico criterio fue sustentado por la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, con fecha 7 de diciembre de 2010, en causa en la que se investigaba la presunta comisión del delito de abuso sexual simple cometido en perjuicio de una mujer ("Ortega, René Vicente") y recientemente, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Recurso de Hecho "Góngora, Gabriel Arnaldo s/ causa nº 14.092", G. 61. XLVIII (23/04/2013).

Por ello, considero que la impugnada denegatoria de la suspensión del juicio a prueba, resulta ajustada a Derecho por expresar conformidad con lo dispuesto en las normas referidas y la debida diligencia comprometida por el Estado argentino ante la comunidad internacional para la prevención, sanción y erradicación de toda forma de violencia en contra de la mujer.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.