Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-27


Rawson, 27 de Julio de 2.007.

VISTO:

Estos autos caratulados: "Recurso de Queja en autos: "C C, R c/ Pesquera S I S.A. s/ cobro de pesoslaboral" (Expte. 21.983 año 2006)" (Expte. Nº 20.912R2007).

DE LOS QUE RESULTA:

PESQUERA SAN ISIDRO S.A. interpone a fs. 43/51 recurso de queja contra la Sentencia de la Cámara de Apelaciones de Trelew Sala "B" obrante, en copia, a fs. 38/40, que declaró inadmisible la casación por autocontradicción y arbitrariedad que interpusiera contra la definitiva de ese mismo Cuerpo que, también en copia, obra a fs. 5/24, que revocó íntegramente la sentencia apelada, resultando condenada la empresa demandada.

1. La Cámara declaró inadmisible la casación porque faltó impugnar Considerandos puntales de la sentencia definitiva, los detalló, y consignó que ello podía comprobarse de la lectura de los detallados y de su confrontación con los agravios vertidos a fojas 487/495. Postuló que así el recurso no se autoabastecía, pues resultaba insuficiente la casación que no rebatiese en su totalidad las conclusiones del fallo limitándose a objetar la apreciación de parte de los elementos de juicio en que se fundó la sentencia, y por no existir un ataque frontal de los verdaderos fundamentos del fallo, inconmovible con las apreciaciones subjetivas del recurrente.

Resumió las razones por las cuales P S I S.A. consideraba que la sentencia era arbitraria, haciendo lo propio con las referentes a la autocontradicción.

Indicó que las normas señaladas como infringidas fueron los artículos 34 inciso 4°, 163 inciso 6° y 386 del Código Procesal Civil y Comercial, pero que sin embargo, faltó una cabal demostración de la ilegalidad capaz de inferir agravio, subrayando concretamente dónde, cómo y porqué el fallo que se cuestiona conculcó la normativa que se denuncia.

Finalmente, para declarar inadmisible el recurso se argumentó que la casacionista efectuó una exposición confusa de los agravios en el sentido que, a primera vista, pareciera que el motivo denunciado fue "arbitrariedad" (así puede leerse a fs. 485, último ap.). Sin embargo, más adelante, se habló de "autocontradicción" (fs. 492) e incluso ésta tacha parece haberse incluido dentro de la denuncia de arbitrariedad, sin reparar que el inciso "d" del artículo 288 del Código ritual ampara expresamente el caso. Es decir, que se requiere de un análisis adicional para poder precisar inequívocamente cuáles son los agravios que se pretenden sean acogidos y al respecto tiene dicho este Superior Tribunal de Justicia, que los recursos deben deducirse en términos claros y concretos, que el de casación debe bastarse a sí mismo y su sola lectura debe ser suficiente para la comprensión del caso de manera que resulta imprescindible que la adecuada fundamentación sea idóneamente expuesta, a efectos de sostener el recurso y demostrar la ilegalidad del fallo impugnado.

2. La quejosa relata en forma incompleta los hechos relevantes de la causa. Así, resulta insuficiente el de todas las defensas que expusiera al contestar la demanda. Cuando relata los fundamentos de la Sentencia de la Cámara, omite resumir las razones por las que se hizo aplicación, en la especie, del principio iura novit curia; tampoco explica porque se apartó el Cuerpo del sistema de responsabilidad extracontractual en el cual se sustentó el reclamo y lo encuadró en el régimen contractual. Menos aún, informa, cuál fuel razonamiento para el cual partiendo del testimonio del Sr. D A M interpretó que la empresa había incumplido el deber de seguridad.

Tras resumir los agravios que expusiera en su casación, P S I S.A., fundamenta sus críticas a la sentencia que declaró inadmisible su casación. Dice, que la queja reconoce como límite el examen de la denegatoria, sin que corresponda investigar la materia que constituye el contenido del pronunciamiento impugnado.

Sostiene que la incongruencia es una cuestión de derecho, no de hechos, y por ello argumentó arbitrariedad normativa y su demostración resulta palpable con la sola lectura de la exposición de los temas tratados u omitidos en su tratamiento.

Refiere que adujo en su casación, que la definitiva recurrida es arbitraria por que no trató su defensa, volcada al contestar demanda, referente a la constitucionalidad del art. 39 inc. 1º de la L.R.T. y que al no poder apelar la sentencia de Primera Instancia, por serle favorable, debió la Cámara abordar el tema de la constitucionalidad por constituir el vallado a vencer para que pueda prosperar la demanda.

Afirma que esa era una cuestión de derecho, por lo que su falta de tratamiento evidencia una "incongruencia" que autoriza la tacha de arbitrariedad, máxime cuando la actora no demostró la inconstitucionalidad que alegó.

Argumenta que la sentencia también es arbitraria, incongruente, porque se decidió sobre cuestiones no propuestas por la parte, no obstante que se haya sostenido que hacía aplicación del principio iura curia novit. Pues el accionante demandó con amparo previa petición de declaración de inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1° de la L.R.T. en lo dispuesto en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil y el Tribunal aplicó el art. 75 de la L.C.T.. Refiere que debe tenerse en cuenta que se trata de regímenes distintos, que en virtud de las normas invocadas por la actora y, que conformaron la litis, el actor debía acreditar el riego o vicio de la cosa y el nexo de causalidad, mientras que en el supuesto de la norma citada y aplicada de la L.C.T., la responsabilidad objetiva exime de prueba a excepción de la relación laboral.

Aduce que lo más grave y elemental es que, la opción siempre en los casos de accidentes laborales ha significado prescindir del régimen laboral para recurrir al del Código Civil, pero nunca se puede arribar a la conclusión de que se puede optar por otras normas del mismo régimen. Por lo cual no pueden caber dudas de que la sentencia de Cámara es, sencillamente absurda, también en esta cuestión. La opción, dice, no es por lo que le resulte más conveniente al demandante.

Señala que en su casación también manifestó, dentro de la causal de arbitrariedad, que la sentencia lo es al aplicar el artículo 75 de la L.C.T.. Es que, precisamente, de conformidad con dicha norma debía considerarse también, la segunda parte de ese artículo que fuera reformado por la L.R.T. y, lo que allí se indica es que las indemnizaciones no pueden ser otras que las que establece la ley. Agrega que se desinterpretó, a su juicio, la segunda parte del referido artículo y ello es absurdo, porque, afirma, que la meta que se propuso el legislador al reformar esta norma y agregar la segunda parte, es que toda indemnización por accidente laboral resulte indemnizable de conformidad con lo que prescribe la ley de riesgos del trabajo; es decir por el sistema de A.R.T.. Considera, que la postura que expuso, es lo suficientemente clara y la interpretación que efectuó la Cámara es arbitraria e irrazonable pues tomó del art. 75 de la L.C.T., lo que consideró más conveniente y prescindió, de lo que resultaría menos conveniente.

Manifiesta que explicó claramente porqué la sentencia era autocontradictoria, pues, opina que si para acoger la demanda se revocó la sentencia de Primera Instancia que la rechazó, debió declararse la inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1º de la L.R.T. desde que al revocar íntegramente el fallo de origen, también se dejó sin efecto este aspecto, por lo que, a su juicio, era necesario que se mantuviese la inconstitucionalidad en la definitiva de la Cámara, lo que no se hizo al revocarse totalmente la sentencia de Primera Instancia.

Argumenta que se decide en la sentencia que declara inadmisible su casación que la autocontradicción es una motivación independiente y que por ello debió incoarse como tal pero que no se advirtió que, además, este grave defecto es también una de las submotivaciones dentro de la doctrina de la arbitrariedad. Cita doctrina en aval de su afirmación e indica que por otra parte, nada obstaba a que si, así, no se entendiera, se encuadrara según el criterio de la Cámara en una motivación distinta como lo tiene resuelto este Superior Tribunal haciendo aplicación del principio "iuria novit curia". Más, cuando la propia Cámara de Apelaciones, erróneamente, aplicó el referido principio al caso.

Expone que recurrió en casación, argumentando que el fallo incurrió en arbitrariedad táctica al condenarla por rubros indemnizatorios basados en pruebas inexistentes. Es que, en el mencionado pronunciamiento se aceptó lo que denomina incapacidad proyectada en la vida de relación (sic), lo que no es una categoría distinta de daño (material o espiritual) ni se comprende a que se refiere. Y, para su aplicación, toma para ello el costo de contratación de una persona para la realización de tareas del hogar por el término de 8 horas diarias y le asigna un valor determinado. También, se hizo lugar a una presunta asistencia permanente de la demandante, que no se acreditó en la causa y que se apoya en la sola voluntad de los sentenciantes. Sobre estos puntos afirma que no se expidió la Alzada al declarar inadmisible su casación.

Efectúa reserva del caso federal.

CONSIDERANDO:

Conforme el art. 299 del C.P.C.C. corresponde examinar si la casación ha sido bien o mal denegada con arreglo a lo dispuesto por los arts. 286, 288 y 289 del mismo código.

I. Ante las falencias descriptas en las resultas, Pto. 2, sobre el incompleto relato de los hechos relevantes de la causa corresponde declarar inadmisible la queja por falta de autonomía, que impide una adecuada comprensión del caso y hace imposible decidir si en la casación se demostró adecuadamente la arbitrariedad planteada (Conf., S.T.J.CH. SI N° 219/91; 80/S.R.E./02; 14/S.R.E./03; 08, 31, 39, 68, 87 y 114/S.R.E./04, entre muchas otras más).

II.1. Por otra parte, si se soslayase la carga del recurrente de detallar adecuadamente las razones de la Cámara al resolver en la definitiva de un modo, que en su opinión es, arbitrario y acudiendo a la lectura del fallo, se observa, que no se demuestra arbitraria la sentencia que al resolver una cuestión aplica el principio iura novit curia siguiendo, en lo que al mismo respecta, el criterio sostenido por parte de la doctrina, como ser el que enunciaban Jorge E. Oliva Funes y Teresita N. Caracho Cornet en su obra "Nuevo Régimen de Accidentes del Trabajo" Ley 24.028...", Edit. Mateo José García, Córdoba, 1993, pág. 449; el expuesto por el Dr. Barrera Nicholson, Antonio J., "La Responsabilidad contractual por daños en el derecho del trabajo", publicado en Doctrina Laboral ERREPAR (D.L.E.), tomo XVII, pág. 941, en octubre de 2003; ídem.: Lombarda, Juan Carlos, "Artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Deber de seguridad" Reforma de la Ley 24.577 de Riesgos del Trabajo, DT 1996A, 1135 quien expresa: "...La acción será contractual o extracontractual, o ambas (resolviéndose por opción, por acumulación, o por delimitación de la pretensión por parte del juez....", y cita en aval de su posición lo opinado SANTOS BRIZ, Jaime, "La Responsabilidad Civil", p. 95, Ed. Montecorvo, Madrid, 1986; LORENZETTI, Ricardo Luis, "La Responsabilidad por daños y los accidentes de trabajo", p. 50., Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993: "opción, cúmulo y relimitación de la pretensión deducida"; ACUÑA ANZORENA, Arturo, "Estudios sobre responsabilidad civil", p. 159, Ed. Platense, La Plata, 1963; ZAVALA de GONZALEZ, Matilde: "Responsabilidad por riesgo. El nuevo artículo 1113", p. 65, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1987. En el mismo sentido la Corte Nacional en causa "Jaimes, Juan Toribio c/ Alpargatas S.A. s/ Acción Cont. art. 75 Ley de Contrato de Trabajo" dictado en Noviembre de 1996 al igual que Cámara Civil y Comercial N° 1, San Nicolás, Buenos Aires, 9/11/93, "Gajate Carlos c. Gonzalea, Gustavo", Doctrina Judicial, 19942, 211 y este Superior Tribunal de Justicia en S.D. N° 47/94, causa "ARCE, Alberto Nicolás c/Instituto Provincial de Lotería y Casino s/ Ordinario" (Expte. Nº 14.560A1993)".

II.2. Tampoco se demuestra arbitrariedad cuando la Cámara aplica el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin haber declarado la inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1º de la L.R.T. es que como le indicara la Alzada no refutó lo afirmado en cuanto a que: "No omito considerar la nueva redacción dada al art. 75 de la L.C.T. por el art. 49 de la Ley 24.557, por la cual se eliminó el epígrafe "Deber de seguridad", lo cual dio para plantear alguna duda acerca de la subsistencia de ese deber luego de la reforma. En efecto, una interpretación literal y aislada del mencionado artículo 75 de la L.C.T., en su actual redacción llevaría a limitar el alcance del deber de seguridad a cargo del empleador a las siguientes prestaciones: a) observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo; b) hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal. Empero soy de la opinión que, pese a la modificación introducida, subsiste el contenido de la obligación de seguridad del anterior texto legal. Digo así por las siguientes razones: en primer lugar, la referida limitación del alcance de la obligación de seguridad no se compadece con los objetivos de la ley 24557 de reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo, y de promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención (Arts. 1°, inc. 2°, aps. a y d; 42, inc. b, LRT); en segundo término, la ley 24557 no derogó ni modificó toda la normativa de la L.C.T., que tiende a asegurar la indemnidad del trabajador a través de la tutela de su vida, su salud y su integridad psicofísica (Conf. arts. 4°, 65°, 66°, 68°, 70°, 72°, 73° y 77° de la L.C.T.). La enumeración efectuada no pretende de modo alguno ser taxativa ni mucho menos, pero revela que de ningún modo puede interpretarse que hubiera sido suprimido del ordenamiento protectorio laboral el deber de seguridad e indemnidad que debe proveer a la tutela de la integridad personal y de los bienes del trabajador (arts. 75 en conc. con el art. 77 de la L.C.T.).Es en tal contexto que, a mi juicio, la plena vigencia de los deberes de buena fe, diligencia e iniciativa a cargo del empleador, en el marco de un contrato que tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí, permite concluir que el contenido de la obligación de seguridad a cargo del empleador debe ser amplio, pese a la reforma del art. 75 de la L.C.T. dispuesta por la L.R.T.. Esta inteligencia, por otro lado es compatible con la Ley de higiene y seguridad en el trabajo a la cual reenvía el apartado 1° del citado art. 75 de la L.C.T. vigente. Y, por otro lado, antes de todo ello, constituye un principio general del derecho laboral (vide: arts. 4°, 5°, 8° de la ley 19.587)".

Además, se observa que la tesis seguida por la Alzada es la que siguen los autores que cita y la misma, incluso, es sostenida por otros doctrinarios, para el caso, Grisolía, Julio Armando en "Aspectos cuestionables e inconstitucionalidades en la ley de riesgos del trabajo", DT 2000B, 1355.

II.3. Es oportuno señalar, como se expusiera en S.I. N° 30/S.R.E./05, que la doctrina de la arbitrariedad fue acuñada por nuestra Corte Nacional en el año 1909, en la causa "Rey c/ Rocha" y allí se sostuvo que son sentencias con tal característica, las desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan solo en la voluntad de los jueces y no cuando haya simplemente interpretación errónea a juicio de los litigantes (Conf., S.D. Nº 08/S.R.E./2004; 9/S.R.E./06 y 16/S.R.E./06).

Sobre el tópico parece adecuado citar la opinión del Dr. Néstor Pedro Sagüés, en su obra "DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. Recurso Extraordinario", edit. Astrea, 4ta. edición actualizada y ampliada, págs. 181 y siguientes, cuando se refiere a las sentencias que interpretan arbitrariamente la ley y a aquéllas que no merecen tal calificación, porque se consideran sus reflexiones plenamente aplicables al supuesto casatorio contemplado en el inc. "e" del art. 288 de nuestro Código Procesal Provincial y se comparten. Así dice que: "Otra Sugestiva Clase de sentencia arbitraria es aquella que puede emplear la norma pertinente, pero que la interpreta o aplica mal. El defecto exegético del caso admite varias posibilidades: interpretación "errónea", "impropia", "injusta", "irrazonable", etcétera.

Una primera aclaración que resulta vital para el tema que observamos, es la diferenciación entre la interpretación no arbitraria y la interpretación arbitraria para el recurso extraordinario, tal como emerge de la jurisprudencia de la Corte".

También indica: "...para el alto tribunal hay un tipo de interpretación que no es arbitraria para motivar un recurso extraordinario. La exégesis "no arbitraria" se compone, a nuestro entender, de tres clases principales: a. INTERPRETACIÓN ERRÓNEA SIMPLE. Por ejemplo, en "Cazzulino", la Corte puntualiza que el mero error en la interpretación de las normas no es suficiente para calificar de arbitraria a la sentencia del caso. Cabe separar, pues, la "interpretación defectuosa" de la arbitraria.

Esta doctrina distintiva se emparenta, creemos, con la tesis de Imaz, expuesta en 1952.... para quien la sentencia arbitraria era el fallo inexcusablemente erróneo, desacierto que podía provenir tanto de un error grave estrictamente normativo (contradicción lógica: oposición de la resolución judicial al sistema normativo, o vicio de ilegalidad); o de otro, de tipo valorativo (v.gr., deficiencia total axiológica: contradicción con los principios jurídicos vigentes; vicio de injusticia).

Según esta posición, en su consecuencia, la sentencia portadora de un error interpretativo simple no es objetable por medio del recurso extraordinario. Sí, en cambio, el pronunciamiento poseedor de un error inadmisible, obviamente grave: un "maxi error". Claro está que la "medida" de la gravedad no es siempre clara, y de hecho, depende de las pautas de meritación que maneje la Corte Suprema. b. INTERPRETACION Posible. En "Aranda", la Corte indica que la interpretación de una norma no es arbitraria si no excede el marco de posibilidades que ella brinda. En "Cunha" dirá que la interpretación que formula una solución posible autorizada por la ley, no peca de arbitrariedad.

Vienen a colación, en este punto, las reflexiones de Linares, quien ya en 1949 exponía que la sentencia arbitraria era aquella que excedía el límite de las posibilidades interpretativas del juez. El magistrado tiene generalmente, frente a la norma decía Linares un abanico de posibilidades exegéticas: si escoge una de ellas, lo decidido no es arbitrario; pero si opta por una versión ajena a éstas, aparece el fallo arbitrario. Por ello, en conclusión, la sentencia arbitraria es "un modo anormal y antijurídico de producción de derecho".

En otras palabras, sólo la interpretación "imposible" autorizaría el recurso extraordinario por interpretación arbitraria. C. INTERPRETACIÓN OPINABLE. En "Passeron", la Corte explica que el carácter opinable de lo decidido no habilita la instancia extraordinaria de arbitrariedad. Con igual sentido, en "Peláez", agrega que la tacha de arbitrariedad no cubre discrepancias sobre la interpretación de normas de derecho común. En otros fallos se agrega que una interpretación en materia opinable sustentada en parte de la doctrina no es arbitraria.

Afín con la doctrina de la "interpretación posible", la variante de la "interpretación opinable" advierte que si la exégesis del juez versa sobre una temática discutible, formando parte de una de las corrientes de opinión que razonablemente pueden surgir del texto legal, no es arbitraria. Por eso, la no coincidencia de una parte con el criterio hermenéutico del juez, no es bastante para tornar procedente el recurso extraordinario. En resumen, los argumentos de la "interpretación errónea simple", de la "interpretación posible" y de la "interpretación opinable" muestran que una interpretación podrá no ser la ideal ni la mejor, pero no por eso será arbitraria, a los fines del recurso extraordinario." III. Se demuestra con lo expuesto que al dictar la Alzada la sentencia definitiva cuestionada no se incurrió en autocontradicción. Vicio, que por otra parte se encontraba confusamente denunciado, por lo que no existe motivo alguno para apartarse de la doctrina de este Cuerpo seguida en la S.I. N° 17/94 en el sentido de que los recursos deben deducirse en términos claros y concretos, como con acierto lo indicara la Alzada. Más cuando se ha dicho: "una de las características de la casación es que sólo tiene viabilidad en el caso de que exista un motivo legal o causa, por lo que no es suficiente el agravio, sino que se precisa que el defecto o error que se le imputa al pronunciamiento esté expresamente tipificado objetivado por la ley". Y citando a Guasp, "para que funcione esta vía impugnativa, es preciso que se dé una justificación objetiva legalmente establecida" (Expte. Nº 11.288/86). Al Tribunal le está vedada al respecto la aplicación del principio "iura novit curia", pues el recurso de casación es autónomo, debe bastarse a sí mismo y no puede suplir de oficio tal omisión. (Expte. Nº 11.720/87; S.I. Nº 59/90; 35/S.R.E./02; 13/S.R.E./04 y 39/S.R.E./07).

IV. En cuanto a que el fallo incurrió en arbitrariedad fáctica, al condenarla por rubros indemnizatorios, basados en pruebas inexistentes, como se adelantó, en el considerando I., el quejoso no resumió los argumentos por los cuales la Cámara se pronunció sobre la procedencia de los mismos, la presentación directa no es autónoma y el Superior Tribunal no tiene porque suplir los falencias del recurrente. Por otra parte, no se expone cuales fueron, a criterio de la demandada, las normas infringidas por la Alzada al resolver sobre el particular. En este aspecto no cumplió con la carga exigida en el inc. "a" del art. 289 del C.P.C.C..

V. A lo expuesto, corresponde agregar que siguiendo la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este Tribunal ha fallado reiteradamente que, en principio, las cuestiones vinculadas con las obligaciones emergentes de las relaciones laborales mantenidas entre dependientes y patrones son ajenas al remedio extraordinario de la casación (S.I. N° 78/S.R.E./97; 44/S.R.E/02), principio aplicable al caso, en la medida en que se invoca la causal de arbitrariedad.

VI.Atento el resultado al que se ha arribado, corresponde que este Cuerpo se expida sobre las costas (Confr., art. 299, tercer párrafo del C.P.C.C.; S.D. N° 13/S.R.E./05 y S.I. N° 104/S.R.E./06), las que se imponen al recurrente, (Confr., art. 68 del citado código) y se regulan los honorarios de los Dres. R A. S y R C, teniendo en cuenta la calidad, extensión, el resultado obtenido, en un 25%, en conjunto, de lo regulado al representante de la demandada por igual actuación en la Primera Instancia (Conf., art. 14 del Dto. Ley N° 2.200, T.O. Dto. N° 138/99), con más el I.V.A., si correspondiere.

Por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia:

R E S U E L V E 1°) DECLARAR inadmisible el Recurso de Queja interpuesto a fs. 43/51.

2º) IMPONER las costas al recurrente (Conf., art. 68 C.P.C.C.) y REGULAR los honorarios de los Dres. R A. S y R C, en un 25%, en conjunto, de lo regulado al representante de la demandada por igual actuación en la Primera Instancia (Conf., art. 14 del Dto. Ley N° 2.200, T.O. Dto. N° 138/99), con más el I.V.A., si correspondiere.

3°) REGÍSTRESE, notifíquese y por Secretaría remítanse estos actuados a la Cámara de Apelaciones, Sala "B" de la ciudad de Trelew, para que proceda a remitirla al Juzgado de origen, para su posterior agregación por cuerda a la causa principal.

La presente resolución se dicta con dos miembros de esta Sala, por encontrarse ausente, en uso de licencia, el Sr. Ministro Dr. Fernando S.L. Royer.

Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo y José Luis Pasutti.

Recibida en Secretaría el 30 de Julio del año 2007.

Registrada bajo el Nº 80 S.R.E.. CONSTE Fdo. Dra. Carmen Velez Secretaria Rawson, de de 2007.