marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento laboral, rebeldía
Materia: LABORAL
Carátula: Pizzata, Roque José c/ Nadalich Silvina Edit s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-12

La situación de rebeldía de la accionada, permite presumir la remisión de la comunicación a la AFIP prevista en el art. 11 de la ley 24013. En este sentido, la solución que prevé el art. 71 de la LO "es imperativa y terminante y constituye una directiva ineludible para el juez, a diferencia del proceso civil y comercial..."(Dr. Miguel Angel Maza en "Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, Comentada, Anotada y Concordada", dirigida por Amadeo Allocati, T II págs 127 y 128, Ed. Astrea, 1999). Tal directriz reconoce como límite el análisis de verosimilitud de los hechos alegados que debe realizar el sentenciante, pues sólo debe considerarse su veracidad, en tanto éstos sean posibles y verosímiles. Por ende, si bien la norma prevé la posibilidad de que se desvirtúen los efectos del reconocimiento ficto mediante la producción de prueba en contrario, si dichas probanzas enervatorias no se producen, una vez analizada la verosimilitud y licitud de los hechos reconocidos por esa vía, el magistrado se encuentra totalmente habilitado para dictar sentencia sobre dicha base.

(Del voto del Dr. Pirolo, en mayoría).
Medidas cautelares, dirigente gremial, licencia gremial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ JULIO ERNESTO c/ DIRECCION PCIAL. DE ENERGIA DE CORRIENTES s/ SUSPENSION DE DECISION ADMINISTRATIVA"EXPTE.N 10862/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-11-27

No habiéndose probado la apariencia del derecho (fumus boni iuris), lo impugnado es ejecución de lo dispuesto en un acto administrativo que le da origen,Decreto N° 449/98 que "prima facie" aparece acorde con la legislación vigente,Ley Nacional N° 23.551, y Provincial N° 4067, legislación que por su parte no ha sido impugnada por la actora, por lo que no se observa dentro del marco planteado la lesión a un derecho garantizado por la ley ni un interés jurídico protegido que justifique una cautelar que se anticipe al resultado de un proceso.
Notificación, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: Molina, Andrés Oscar o La Casa del Chevrolet - Ford s/ quiebra - pedido de extensión de quiebra a Repuestos Paraná SRL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-21

Si el incidentista había requerido aclaración al juez de grado respecto de la forma de notificación aplicable a los fines de recurrir el pronunciamiento, y en esa oportunidad se le hizo saber que debía estarse a la notificación por cédula, dicha circunstancia generaba en esa parte la razonable expectativa de que serían notificadas por idéntico medio las resoluciones dictadas en ulteriores instancias.
Competencia, ejecución de sentencia, crédito laboral, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASTRO VIRGINIO MARIO Y OTROS c/ ORTIZ Y FENOGLIO S.A. s/ DEMANDA  DE  HABERES  Y  SU  ACUMULACION  -  CUESTION  DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-09-23

Existe en el caso cuestión de competencia desde que no se trata de un juez "superior" que ha ordenado una medida a un "inferior" (quien estaría obligado a cumplimentarla en los términos del art. 3000 C.P.C.), sino de dos tribunales distintos, de diferente jurisdicción, que reclaman para si el conocimiento de los autos en su etapa actual (ejecución de sentencia) cuyo superior común es el tribunal superior, a quien corresponde dirimir el conflicto. En la etapa de ejecución de sentencia referida a créditos laborales anteriores a la sustanciación del concurso, encontrándose en pleno cumplimiento el acuerdo preventivo presentado por los acreedores, corresponde intervenir al tribunal civil donde se halla radicado el concurso, desde que la atracción de este, también alcanza a las causas laborales (art. 265 LCT), ya sea como una forma de ejecución colectiva, que concluye con el cumplimiento total del acuerdo (art. 70 Lc) o por interrupción de su cumplimiento, lo que conduciría a la declaración de quiebra (art. 74 Lc). En tal supuesto, el patrimonio común del deudor conforma una unidad que excluye la ejecución individual (art. 22 Lc) y los acreedores forman una colectividad con igualdad de tratamiento (art. 20 Lc) y adecuada protección de sus créditos. Los actores (en el juicio laboral) deben participar con el privilegio que les otorga la ley laboral dentro del concurso y solicitar la verificación de sus créditos (arts. 33 Y 67 lc), ya que es el juez del concurso quien decidirá la forma de ejecutarlos, de conformidad con lo establecido en la ley de concursos.

La circunstancia de que acuerdo homologado solo comprende a los acreedores quirografarios no modifica la conclusión, porque si bien de no existir un acuerdo los créditos privilegiados deberían pagarse íntegramente, pueden existir otros acreedores con mejor privilegio y todo ello debe ventilarse ante el juez del concurso, a quien la ley ha concedido el fuero de atracción.
Actos voluntarios, relación de causalidad, causalidad adecuada
Materia: CIVIL
Carátula: E., C. H. c/ B. B. F. S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-10-23

"Para la teoría de la adecuación, no toda condición del resultado concreto es causa en sentido jurídico, sino sólo aquella que generalmente es adecuada para producir el resultado. Una acción será adecuada para producir un resultado cuando una persona normal, colocada en la misma situación que el agente, hubiera podido prever que, en circunstancias corrientes, tal resultado se produciría inevitablemente.

Pero previsible objetivamente lo es casi todo. Por eso la teoría de la causación adecuada recurre a otro criterio limitador de la causalidad, el de la diligencia debida, ya que si la acción se realiza con la diligencia debida, aunque sea previsible un resultado, se mantiene en el ámbito de lo permitido jurídicamente y no se plantea problema alguno. Previsibilidad objetiva y diligencia debida son, por consiguiente, los dos criterios selectivos que sirven para precisar cuándo una acción es adecuada para producir un resultado.

Pero con estos criterios se está ya abandonando el ámbito ontológico de la causalidad, para convertir el problema en normativo".
Derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión, moral y buenas costumbres, bien común
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

La tutela constitucional de la libertad de expresión encuentra límite en la necesidad y el deber de preservar la moral pública inherente al bien común, en el sentido del art. 33 del Código Civil.
Agente encubierto, prueba, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: TEST, RELAC. CON EL PROCESAMIENTO DE JOSE LUIS GALLO s/ PRUEBA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-29

La validez de las pruebas obtenidas por el agente encubierto requiere que este se mantenga dentro de los principios del estado de derecho, esto no sucede cuando el agente se involucre de tal manera que hubiese creado o instigado la ofensa criminal en cabeza del delincuente.
Defensa del consumidor, obligación de seguridad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Coto Centro Integral de Comercialización SA y otros c/ Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-06

Corresponde confirmar la multa impuesta por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al shopping por el hurto dentro del auto de un cliente ocurrido en el estacionamiento del centro comercial, toda vez que el deber de seguridad no abarca exclusivamente el sector de góndolas o cajas, sino que también se extiende al predio en su conjunto incluyendo las playas de estacionamiento, los sectores de esparcimiento, los patios de comida, etc.
Obligaciones del médico, obligaciones de medio, carga de la prueba, culpa civil, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: ANSIN FRANCISCO ROBERTO c/ INSTITUTOS MEDICOS ANTARTIDA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-30

La obligación medical o galénica -conectada con el quehacer de la clínica-, entraña normalmente un deber de medio. De donde el paciente debe probar la culpa del facultativo, no ya para patentizar un deber reflejo del sanatorio, sino para evidenciar a las claras la transgresión del crédito a la seguridad. A su vez, el ente de salud podrá probar, en la profía procesal, la no culpa del galeno ("tertiem quid" situado entre el confín de la culpa y el "casus") como eximente de "inculpabilidad" y en el plano de la autoría, o bien la causa ajena en sentido amplio a efectos de fracturar la relación de causa a efecto -factor de incausalidad- (doctrina de los arts. 512 y 513 del Código Civil).
Marcas, oposición al registro de marca, nombre
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lacoste, Jean René c/ Modart SACIF e I. s/ nulidad de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-06

No empece al derecho que posee una persona de proteger su nombre, la circunstancia que hubiese cedido el uso comercial de su apellido a una empresa que ella misma constituyó y dirigió, dado que tal hecho no lo priva de accionar para protegerlo, en cuanto constituye un atributo de la personalidad, contra el uso indebido por parte de un tercero.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba pericial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Farías, Marta Beatriz c/ Municipalidad de Tres Lomas y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-03-19

Cuando se impugna una tarea propia de las instancias ordinarias, -tal como lo es la valoración de prueba pericial- es imprescindible demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico-jurídico empleado por el juzgador resulta irrazonable y contradictorio con las circunstancias de la causa.
Contratos innominados, contrato de tiempo compartido, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Volpe, Jorge Omar y otro c/ Ebi Propiedades SRL y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-06

Sea cual fuere en que se encuentre estructurado jurídicamente el sistema de tiempo compartido, surgirán tres relaciones contractuales relacionadas entre sí: a) el contrato de entrega del bien, b) el contrato entre el usuario y el administrador, c) el contrato que vincula al usuario con la cadena de intercambio. Por lo que, por el efecto de la conexidad descripto, ante el incumplimiento de uno de los sujetos podrá reclamarse a todos los integrantes de la cadena de comercialización. La facultad que refiere al usuario del servicio también se encuentra amparada por la ley de defensa del consumidor, en tanto la ley 24240: 1, mod. por ley 26361 coloca dentro de su ámbito de aplicación las adquisiciones de derechos en tiempos compartidos. Por lo demás, y a modo de pauta referencial, cabe señalar que el CCCN 2100 establece que la relación entre el propietario, emprendedor, comercializador, y administrador del tiempo compartido con quien adquiere o utiliza el derecho de uso periódico se rige por las normas que regulan la relación de consumo, previstas en este Código y en las leyes especiales.
Concurso preventivo, resoluciones inapelables, cuenta corriente bancaria, recurso extraordinario, orden público, reglas procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: ECOAVE SA c/  s/ QUIEBRA S/RECURSO DE QUEJA POR PEREA DIEGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-23

Resulta jurídicamente incorrecto afirmar que se ha desconocido la preferencia de cobro del crédito laboral sobre el fiscal, ello en el marco de recurso extraordinario interpuesto, en cuanto fue denegada la apertura de una cuenta bancaria de carácter inembargable. Así, no hay posibilidad de planteo de un conflicto de prelación o entre privilegios fiscales y laborales. Ello por cuanto, el privilegio "general" laboral sólo es susceptible de invocación, como todos los privilegios generales, exclusivamente en los procesos universales (CCCN 2580), de suerte que no hay privilegio general invocable en una situación como la de autos, como tampoco siquiera en el marco de una acción individual de cobro como las que, en su caso, podrían proponer los trabajadores de la concursada para el cobro de sus créditos "posconcursales"; y porque el privilegio "especial" laboral, que sí podría ser invocado fuera de un proceso universal, no tiene sin embargo asiento en los depósitos en cuenta bancaria del empleador. En tal sentido, corresponde señalar que la indicación contraria que resulta de la ley 20744: 268, segunda parte, debe entenderse implícitamente derogada por la ley 24522: 241, inc. 2°, que limitó el asiento de los privilegios especiales laborales a las mercaderías, materias primas y maquinarias que, siendo de propiedad del deudor, se encuentren en el establecimiento donde el trabajador haya prestado sus servicios o que sirvan para su explotación (conf. CNCom, Sala C, 8/7/97, "Camarasa, José c/ Celulosa Jujuy SA", LL 1997-F, pág. 814; Vázquez Vialard, A. y Ojeda, R., Ley de contrato de trabajo comentada y concordada, Buenos Aires, 2005, T. III, p. 620; Ribera, C., El crédito laboral en el Código Civil y Comercial, RCCyC, AÑO V, n° 2, marzo 2019, pág. 126; Porta E., Créditos del trabajador en quiebra o concurso del empleador, LL 2014-C, pág. 192; Martorell, E., Ley de concursos y quiebras comentada, Buenos Aires, 2012, t. V, ps. 823/824 y su cita de la opinión concordante de Rivera, Roitman y Vítolo en nota n° 107; Rouillón, A. y Alonso, D., Código de
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis, beneficio de litigar sin gastos, Impuesto de sellos, exenciones impositivas
Materia: PROCESAL - CIVIL - TRIBUTARIO
Carátula: Heredia, Mercedes Francisca c/ Perugini, Miriam y/u otro s/ Cobro - Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

La actora se encuentra actualmente eximida del impuesto de sellos respecto del pacto de cuota litis habida cuenta de que comporta un derecho del beneficiario escoger que su representación sea asumida por un profesional de la matrícula lo cual conduce a aceptar también aquella posibilidad. De todos modos, dicha exención alcanza sólo al 50% de lo que corresponde tributar por aquel concepto, toda vez que la mitad restante, que se encuentra a cargo del profesional también interesado en el pacto aludido, obviamente no debe ser incluida en los alcances del beneficio provisional de que goza sólo la accionante.
Proceso penal, prisión preventiva, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: AZATEGUI JUAN DOMINGO s/ SOLICITA CESE DE PRISION(CUAD.)-CASACION GOMEZ RAMON s/ HABEAS CORPUS CORRECTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-03-04|2003-04-23

El principio fundamental que regula el encarcelamiento preventivo durante el proceso es el de excepcionalidad. Este principio es la idea fundamental que lo limita. Éste carácter excepcional surge de la combinación entre el principio de los principios, el principio de inocencia y del derecho general a la libertad ambulatoria. Por ello, debe evaluarse muy cuidadosamente toda medida que impida el ejercicio de los mismos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Clenar, Roberto y otros c/ Cosflet de Olegario F. Costas y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-01

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que discrepa con la prueba que tuvo en cuenta el tribunal del trabajo para arribar a la solución cuestionada, pero omite la imprescindible denuncia de violación de la norma que regula la tarea axiológica de los tribunales del fuero (art. 44 inc. "d" de la ley 11653), tornando inacogible su impugnación recursiva (art. 279 CPCC).
Sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal, convenio de partición de bienes, nulidad del convenio
Materia: CIVIL
Carátula: O. de G.N.H. c/ G.F. s/ NULIDAD  DE  CONVENIO  -  CALIFICACION  Y  LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-14

Corresponde declarar la nulidad del convenio de partición de la sociedad conyugal si uno de los cónyuges recibió bienes que en total triplican y hasta cuadruplican los que se adjudicaron al otro aprovechando su estado de necesidad dado el apremio económico por el que atravesaba.-
Pena, Poder Legislativo Nacional, ley penal más benigna, código penal, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Julio Alfredo SOLIS s/ CONMUTACION  DE  PENA  - INDULTO - AMNISTIA - CONSTITUCION NACIONAL -  GOBIERNO NACIONAL - PODERES  NO  DELEGADOS - PROVINCIAS - CONGRESO DE  LA NACION - CODIGO PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

La atribución del Congreso de la Nación de disminuir las sanciones de los delitos previstos en el Código Penal con el efecto retroactivo que a tal decisión atribuye el art. 2 de ese cuerpo legal, sólo debe ser ejercida dentro de los límites constitucionales si es general y abstracta, esto es, si se refiere a determinadas figuras delictivas.
Automotores, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Meneses, Hilda E. c/ Eyherabide, Mario H. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

La inscripción registral del vehículo, ya sea la misma constitutiva o declarativa de la propiedad, es una presunción " juris tantum " destruible por prueba en contrario.
Internación, medidas de seguridad, imputado
Materia: PROCESAL
Carátula: E., J. R. c/  s/ medida de seguridad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-20

Magdalena Laíño, de conformidad con cuanto sostuviera en "S. L. s/internación", Causa Nº 33.394/2018, rta.25/6/18, Sala VI, acompañó la solución propuesta.
Indulto, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Riveros, Santiago Omar y otros s/ privación    ilegal  de  la  libertad,  tormentos,  homicidios,  etc.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

La interpretación de los indultos no debe ser restrictiva.
Sentencia arbitraria, recurso extraordinario, sentencia condenatoria, querella, legítima defensa, debido proceso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Marino de González, Adriana del Carmen c/ Mordacci de Alonso, María Cristina. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

Pese al carácter restrictivo de la tacha de arbitrariedad cuando se articula respecto de pronunciamientos que resuelven recursos extraordinarios locales, la sentencia que revocó una anterior absolutoria y condenó a la querellada sobre la base de jurisprudencia y doctrina excluyentes de la legítima defensa, sin relacionarlas con las circunstancias concretas de la causa, importa flagrante violación a las reglas del debido proceso.
Jubilaciones, leyes, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TISSEMBAUM, MABEL GARCIA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 484-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

La ley 9423 instituyó en 1973 el régimen de jubilaciones y pensiones para los funcionarios, empleados, obreros y demás agentes civiles de la Provincia de Santa Fe. Asimismo, incorporó a la ley 6915 el artículo 73 bis, respecto del cual la Corte Suprema de Justicia local tiene dicho que no refiere al monto del haber con que puede concederse el beneficio, sino exclusivamente al cumplimiento de los requisitos que permitan obtenerla, por lo que la remisión que efectúa al artículo 14 de la ley 6915 debe entenderse limitada a lo que dicha norma dispone respecto a esos requisitos.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Astarsa s/ Inc. de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

Corresponde anular de oficio la decisión que se apoya en criterios anteriores del Tribunal sin determinarlos con precisión, lo que impide la tarea impugnativa del recurrente que debió enfrentarse a un razonamiento que por su hermetismo impide ser desentrañado a ese efecto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Gabri, Domingo y Otra s/ Amparo  - Actuaciones para elevar a Cámara por Recurso Concedido con  Efecto Devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-03-21

Conforme lo contempla el C.P.C., es principio en la materia que solo procede el recurso de apelación contra la sentencia (art. 594), y la adopción de medidas de no innovar (art. 585), con lo que quedaría fuera del marco recursivo el auto impugnado.

Ello es así porque el amparo es un juicio sumarísimo y de conformidad con la naturaleza abreviada y sumaria de este proceso, y la celeridad buscada, debe interpretarse restrictivamente la apelabilidad.

Ahora bien, aunque la apelabilidad es restrictiva en el amparo pero ha de entenderse que ello es así siempre que se trate de un proceso regular, típico y adecuado a las normas procesales especiales que lo rigen y que en consecuencia, no puede cercenarse el derecho a apelar cuando se trata de una situación irregular o atípica pues ello atenta contra el derecho de defensa en juicio que el ordenamiento constitucional protege en forma irrestricta.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, inadmisibilidad del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: LUGONES DE RUIZ TABOADA BLANCA c/ LUJAN OSCAR S. s/ VENCIMIENTO DE CONTRATO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-20

La deficiencia técnica del recurso casatorio, por ausencia del análisis crítico del considerado aspecto del fallo, aduna la circunstancia de que lo resuelto involucra cuestiones de índole estrictamente fácticas, de naturaleza procesal que obsta a la intervención del Superior Tribunal por la vía casatoria intentada.

Ello así, pues no cabe asignar otro carácter al examen de los presupuestos de hecho concurrentes en el caso, que permitan establecer, desde el punto de vista jurídico la correcta calificación, sea de poseedor, sea de tenedor que corresponda a la parte demandada.
Contratos, incumplimiento del contrato, contratos administrativos, Administración Pública, excepción de incumplimiento contractual
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berron, Roberto Jesús c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nro.   660-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-27

Para Roberto Forte y Adriana do Campo, la exceptio non adimpleti contractus es aplicable en los contratos administrativos, siendo ésta la posición sostenida por la mayoría de la doctrina, para cubrir aquellos casos en que el incumplimiento del Estado obsta a que el cocontratante pueda a su vez cumplir con las prestaciones que el contrato ponía a su cargo, por considerarse este un supuesto de hecho jurídicamente asimilable al caso fortuito. Alegan que la determinación de la gravedad del incumplimiento del Estado que viabilice en cada caso la aplicación del instituto, es cuestión de hecho librada a la apreciación judicial, pero se conceptúa que dicha conducta debe ser tal que imputablemente produzca en el particular una imposibilidad razonable de llevar a cabo en término su propio cumplimiento.