Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-05-19


C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dicinueve (19) de Mayo de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la empresa ejecutada Omodeo S.A. en autos: "Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento c/Omodeo S.A. s/Apremio".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 143/160 por el apoderado de la empresa ejecutada, en contra de la sentencia de fecha 10/3/2003 dictada por la Sala II¬ de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

El pronunciamiento mencionado (fs. 138/139) revocó parcialmente, la sentencia de I¬ instancia, modificando el monto de la ejecución promovida en autos.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 4/6/2003 que glosa a fs. 166, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden a la definitividad del pronunciamiento recurrido (art. 813 del CPCC) la exigencia formal puede considerarse satisfecha en la especie. Resulta aplicable al caso, la interpretación según la cual la sentencia emanada del juicio ejecutivo no reviste la calidad de definitiva a los fines del recurso de casación, en tanto proceda una vía posterior mediante juicio de conocimiento (arts. 544 y 814 CPCC); pues existe una excepción restringida al supuesto de rechazo de una excepción de inhabilidad de título en aquellas cuestiones inherentes, exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, que adquieren la calidad de cosa juzgada material; y siendo que tampoco pueden discutirse nuevamente las interpretaciones legales formuladas en la sentencia (art. 544 tercer párrafo CPCC), el pronunciamiento impugnado, por la forma en que fue resuelto -confirmando el rechazo de la defensa de inhabilidad de título-, admite su encuadramiento dentro de la preceptiva del art. 813 inc. a de la ley adjetiva" (CSJTuc., sent. 469, "Banco de la Nación Argentina vs. Seleme José Nicolás y otro s/Ejecución hipotecaria" del 12/6/2001; sent. 473, "Banco de la Nación Argentina vs. Seleme José Nicolás y otro s/Ejecución hipotecaria", del 12/6/2001; sent. 669, "HSBC Banco Roberts S.A. vs. Celano S.A. s/Cobro ejecutivo" del 22/8/2001; entre otros).

III.- Desde la perspectiva del art. 815 procesal, invoca el recurrente, la infracción a los arts. 501, 502 inc. 1, 509, 539, 34, 273 inc. 6 y 286 del CPCC. Expresa que el pronunciamiento impugnado confirma en lo sustancial, una sentencia que manda llevar adelante una ejecución, sin título ejecutivo hábil, y omitiendo expedirse respecto de los planteos de nulidad absoluta opuestos por su parte.

Señala que la existencia de un título ejecutivo previo al ejercicio de la pretensión constituye un presupuesto inexcusable de la acción ejecutiva y que la constatación de este extremo por el juez, es un deber inexorable aun cuando el ejecutado no hubiera formulado planteamiento alguno al respecto. Entiende que el examen vinculado a la existencia y regularidad del título debe practicarse fundamentalmente al momento de despachar el mandamiento de intimación de pago y al dictar sentencia de trance y remate, no obstante lo cual, advertido del incumplimiento de las formalidades legales exigidas, puede de oficio y en cualquier etapa del proceso, pronunciarse sobre el particular.

Afirma que el título debe estar debidamente conformado al promover la ejecución y que resulta inaceptable completarlo o enmendarlo durante la tramitación del juicio. Destaca que las formalidades impuestas al título en cuestión emergen del art. 157 de la ley 5121 (expedido por la autoridad de aplicación, identificación del deudor, domicilio del mismo, períodos adeudados, número de partida, concepto de la deuda, importe original, lugar y fecha de su expedición) y de los arts. 979, 980 (funcionario que obre dentro del límite de sus funciones) y 1001 del Cód. Civil (lugar, día, mes y año). Expresa que el incumplimiento de estos recaudos es sancionado por el art. 986 con la nulidad absoluta, que en el caso de ser manifiesta, debe declararse de oficio (art. 1047).

Reitera que su parte, al oponer excepciones, destacó la incompetencia temporal del funcionario autorizante; la que desde su perspectiva, era manifiesta y debía declararse aún de oficio por el juez.

Alega que aun cuando en el escrito de oposición de excepciones no se hubieran cuestionado las formalidades del título o ésta se hubiera fundado en determinadas razones, es función del sentenciante, verificar la adecuación del título a la preceptiva legal del caso.

Se agravia al considerar que la Sala a quo omitió cumplir con esta carga insoslayable, aplicando la preceptiva antes citada. Considera errónea la aplicación del art. 775 del CPCC en mérito al cual se negó a considerar los argumentos introducidos en la instancia de apelación (los cuestionamientos referidos a que el título carecía de lugar y fecha de emisión). Ratifica su consideración respecto de la calidad de los vicios denunciados (configurativos de nulidad absoluta) y desde esa perspectiva sostiene que la inhabilidad del título era declarable aún de oficio).

De otro lado, sostiene que al plantear la defensa de inhabilidad de título, su parte señaló que el título esgrimido no reunía las condiciones legales exigidas y que si bien ejemplificó "algunos de los requisitos faltantes", ello no importaba renunciar a la demostración de los restantes. Expresa que "dar nuevos argumentos sobre un mismo hecho impeditivo (la inhabilidad del título) no constituye una cuestión nueva" incompatible con el principio de congruencia.

Expresa que en la instancia de apelación, la cuestión introducida (la falta de fecha de emisión del título) se vinculaba a los argumentos de I¬ instancia. Señaló que la fecha contemplada por el juez a quo -la única contenida por la boleta que se ejecuta- no podía ser tenida por válida: ni para la configuración del título, ni para computar el cálculo de los intereses. Afirma que si la fecha era "31/10/95", debía tenerse por inexistente. Destaca que el organismo ejecutante (SEPAPYS) fue creado con fecha 15/5/96 y que el Ing. Hugo Roberto Cecilia (que suscribe la boleta de deuda) fue designado interventor del ente recién con fecha 20/12/98, tal como surge de las constancias de la causa.

Se agravia asimismo de que el tribunal a quo omitiera aplicar el precedente invocado por su parte (SEPAPYS c/Germanó), que considera de estricta aplicación al caso (que admitiera la excepción de inhabilidad de título por incompetencia temporal del funcionario que suscribiera el título).

Entiende que la boleta de deuda que emerge de un procedimiento administrativo viciado (en la causa y la finalidad) resulta nula, de nulidad absoluta.

Reitera que en la composición del capital reclamado, existen rubros incompatibles entre sí, lo que permite sostener la inexistencia de la deuda invocada. Tacha de arbitrario al pronunciamiento que por un apego excesivo a las formas, se niega a considerar las defensas del ejecutado.

Finalmente y en relación a las costas del proceso, se agravia de que las mismas hayan sido impuestas en su totalidad al accionado. Expresa que correspondía hacer excepción al principio objetivo de la derrota (art. 106 del CPCC) en mérito a lo novedoso de la cuestión planteada y a la existencia de razones para litigar, las que fueron alentadas por el precedente citado de la propia Cámara.

IV.- La Sala a quo entendió que los cuestionamientos del ejecutado en su escrito de oposición de excepciones, se limitaron a impugnar la habilitación del Interventor Hugo Roberto Cecilia para suscribir el título cuya ejecución se pretende; argumentos que fueron desestimados atento a las especiales características del título en sí (unilateralidad, formalidad, autonomía, abstracción, etc.) y a las que corresponden al proceso en que se ejerce la pretensión ejecutiva (cfr. sentencia de fs. 90/91).

Asimismo, consideró el tribunal a quo que en el memorial de agravios presentado en la instancia de apelación, el ejecutado sostuvo la inhabilidad de título fundado en argumentaciones diferentes; en el caso, que la boleta de deuda carecía de lugar y fecha de emisión, tal como impone el art. 157 del Código Tributario provincial (ley 5121). Siendo así, entendió que por aplicación del art. 775 procesal, le estaba vedado ingresar al análisis de cuestiones no propuestas en la instancia anterior. Expresó que el ejecutado no había sometido al juez de grado, el planteo mencionado y por aplicación del principio de congruencia, resultaba improcedente su valoración en la alzada.

V.- A fin de resolver la cuestión planteada resulta ineludible considerar:

Que en autos se impugnó la habilidad del título base de la presente ejecución, oponiendo la defensa pertinente.

Que el ejecutado cuestionó en general y en particular, el cumplimiento de algunos requisitos de los previstos por el art. 157 de la ley 5121. En particular, se señaló la incompetencia temporal del funcionario que suscribió la boleta de deuda a la fecha expresada en el título.

Que tal como surge de la sentencia de fs. 90/91, el juez de I¬ instancia rechazó la defensa interpuesta, por considerar que la cuestión propuesta excedía el marco de debate de la acción promovida en autos.

Que apelada la resolución (cfr. expresión de agravios de fs. 121/127), el recurrente reiteró los argumentos vinculados a la incompetencia del funcionario que suscribió el título (art. 157, 1º párrafo de la ley 5121).

Que en vinculación a tales cuestiones, destacó que la fecha señalada para sostener la incompetencia denunciada -la única que consigna del instrumento- no podía ser considerada tampoco, "fecha de expedición" en los términos del art. 157 inc. g de la ley 5121. Y en respaldo de esta afirmación, señaló que a la fecha que surge del título (31/10/95) el organismo actor (SEPAPYS) no estaba creado y que la designación del interventor era aún posterior (20/12/98).

VI.- La cuestión central a resolver es si el tribunal de alzada debía considerar las argumentaciones vertidas en el memorial de apelación, enderezadas a impugnar el pronunciamiento desestimatorio de la defensa de inhabilidad de título opuesta por el ejecutado.

La doctrina tiene dicho que siendo la existencia y habilidad del título, presupuestos para el ejercicio de la acción ejecutiva (cfr. Palacio, Lino, Derecho Procesal Civil, T. VII, pág. 391; Gozaíni, Osvaldo A., Código procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, T. III, pág. 78; Falcón, Enrique M., Comentario al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. II, pág. 847; Arazi-Rojas, Código procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, T. II, pág. 674), corresponde al juez examinar la concurrencia de los recaudos legales al momento de despachar el mandamiento de intimación de pago y, aún a falta de oposición del ejecutado, al momento de dictar sentencia de trance y remate. Este deber legal, en caso de apelación, viene impuesto asimismo, al tribunal de alzada porque el control de oficio de los presupuestos de admisibilidad, es característica del juicio ejecutivo (cfr. Palacio, Lino, Derecho Procesal Civil, T. VII, pág. 391).

Tal como surge de las constancias de la causa, la inhabilidad del título fue planteada por el ejecutado en autos. El pronunciamiento que rechazara la defensa pertinente fue objeto de puntual impugnación mediante el recurso respectivo y la fundamentación se encaminó a cuestionar el criterio adoptado por el juez de grado. En el marco de la estrategia defensiva, el accionado reforzó su posición incorporando nuevos elementos que respaldaban la impugnación oportunamente formulada al título base de la presente ejecución.

En el contexto señalado, correspondía al tribunal de alzada proceder al reexamen de la habilidad del título presentado en autos pues la instancia fue abierta precisamente para revisar el criterio adoptado por el juez a quo al rechazar los cuestionamientos formulados al instrumento cuya ejecución se pretende.

La naturaleza del proceso en el que se ejerce la pretensión ejecutiva, el rol que le compete a los jueces dentro de dicho marco, los antecedentes mencionados y las características del recurso interpuesto imponían valorar la procedencia o improcedencia del remedio incoado; sin que los límites del art. 775 procesal significaran -en el caso- valladar alguno.

Si bien es cierto que esta Corte ha señalado que en la alzada -campo específico del recurso de apelación- el principio de congruencia muestra límites más rigurosos en la competencia del tribunal para resolver los planteos de los apelantes y que el objeto del pronunciamiento se encuentra circunscripto a las pretensiones impugnativas de los recurrentes (cfr. CSJTuc., sent. 642 del 22/8/2000, "Transportes Automotores La Estrella SRL s/Concurso-incidente de verificación tardía"; entre otros), en el caso, el tribunal no podía soslayar la consideración de los argumentos vertidos para cuestionar el criterio adoptado por el juez a quo al desestimar la defensa de inhabilidad de título planteada oportunamente.

El despacho de la ejecución y en su caso, la confirmación de dicha resolución, supone un examen cuidadoso del título que se presenta, máxime cuando -como en el sub lite- fue opuesta la excepción de inhabilidad de título y el pronunciamiento que la desestimara, objeto de concreta impugnación (cfr. a contrario, sent. 1084 del 21/12/2001, "Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán vs. Joaquín Rodríguez y otro s/Cobro ejecutivo"; sent. 674 del 31/8/2000, in re: "Lee Do Hyung vs. Yoon Cheol Sung s/Cobro ejecutivo de pesos").

Si aun cuando el demandado no haya opuesto la excepción de inhabilidad de título, se impone tanto al juez como al tribunal de alzada reexaminar la idoneidad del título, no se explica por qué aquella atribución deberá verse restringida cuando -como en el caso- se planteó la defensa pertinente y el pronunciamiento desestimatorio fue puntualmente recurrido por el ejecutado.

Desde este enfoque, resulta indiferente que en la estrategia defensiva, el apelante recurra a nuevos argumentos que se agregan a los oportunamente propuestos en la excepción de inhabilidad de título tratada por el inferior.

VII.- Corresponde por tanto, dejar sin efecto la sentencia recurrida y disponer el reenvío a fin de que la Excma. Cámara, por intermedio de quien corresponda, dicte nuevo pronunciamiento. Todo ello, conforme la siguiente doctrina legal: "La existencia y habilidad del título constituyen presupuestos inexorables para el ejercicio de la acción ejecutiva. Corresponde al juez examinar la concurrencia de los recaudos legales al momento de despachar el mandamiento de intimación de pago y, aún a falta de oposición del ejecutado, al momento de dictar sentencia de trance y remate. Este deber legal, en caso de apelación, viene impuesto asimismo, al tribunal de alzada porque el control de oficio de los presupuestos de admisibilidad, es característica del juicio ejecutivo. Los límites impuestos por el art. 775 procesal no vedan el reexamen de la habilidad del título cuando el pronunciamiento sobre el particular, fue objeto de apelación".

Lo expresado no implica sugerir el sentido del decisorio a dictarse. El tribunal de alzada habrá de merituar la procedencia o improcedencia del recurso interpuesto, conforme la valoración de los antecedentes de la causa, y la naturaleza del proceso en que se inscriben.

VIII.- Atento a las razones que motivan la nulidad aquí declarada, las costas del recurso deberán ser soportadas en el orden causado (art. 106 inc. 1 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado de la empresa ejecutada, Omodeo S.A., en contra de la sentencia de fecha 10/3/2003 dictada por la Sala II¬ de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, conforme la doctrina legal precedentemente expuesta. En consecuencia, dejar sin efecto la sentencia recurrida y disponer el reenvío a fin de que la Excma. Cámara, por intermedio de quien corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.-	ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA