Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-07


Expte. n° 9247/12 "Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de incons-titucionalidad denegado en: 'Arévalos Benítez, Feliciana s/ infr. art(s). 189 bis CP'" Buenos Aires, 7	de junio de 2013 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. El Defensor General de la Ciudad interpuso recurso de queja (fs. 48/54) contra la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas (fs. 43/46) que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad, deducido, a su turno, contra la resolución agregada a fs. 27/29. Este último pronunciamiento confirmó la resolución de primera instancia que había rechazado la excepción de atipicidad opuesta por la defensa oficial en favor de Feliciana Arévalos Benítez, fundada en que la pistola secuestrada, por carecer de municiones, no podía considerarse un arma de fuego, a los fines del art. 189 bis, inciso 2°, párrafo primero, del Código Penal .

2. En el recurso de inconstitucionalidad, denegado por los jueces de la Sala II, la Defensora Oficial explicó que la decisión impugnada generaba un gravamen irreparable al permitir la prosecución del proceso contra su defendida y, a su vez, vulneraba los principios de lesividad y legalidad pues indebidamente consideraba que el tipo penal antes aludido se configura con la simple tenencia de un arma descargada. Además sostuvo la arbitrariedad del pronunciamiento al no expresar el motivo por el cual se consideraba acertado ese punto de vista.

3. La Cámara denegó el recurso por entender que la resolución impugnada no constituía una sentencia definitiva ni era equiparable por sus efectos y descartó también la arbitrariedad alegada. 4. El Fiscal General, por su parte, opinó en el mismo sentido que los jueces y, en consecuencia, solicitó el rechazo de la queja (fs. 58/63).

Fundamentos El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La queja deducida por la defensa debe ser rechazada atento a que el recurso de inconstitucionalidad, cuya procedencia defiende, no se dirige contra una sentencia definitiva en los términos del art. 27 de la ley nº 402, ni la defensa ha logrado acreditar que el pronunciamiento impugnado ponga en crisis una garantía constitucional o federal sólo susceptible de tutela inmediata.

2. La parte recurrente se agravia de la sentencia del a quo que resolvió confirmar la sentencia del juez de grado en cuanto había rechazado la excepción de atipicidad interpuesta respecto de la conducta que se le imputa a la acusada en las presentes actuaciones -simple tenencia de arma de fuego de uso civil-.

Para así decidir, el tribunal de mérito sostuvo que el transporte en lugar público o acceso público de un arma descargada y en condiciones tales que no sea admisible la posibilidad de su uso inmediato constituye el delito previsto en el art. 189 bis, inc. 2°, párr. 1°, CP. El a quo, en lo que aquí importa, tuvo por probado que a la Sra. Arévalos Benítez ".se le secuestró una pistola semiautomática [apta para producir disparos y de funcionamiento normal; cf. fs. 7 vuelta] (.) sin municiones en su cargador y su recamara (.), sin la debida autorización para ello [es decir, para tenerla como para portarla; cf. fs. 7 vuelta], la que llevaba en el interior de un bolso cuando se encontraba en el sector arribos internacionales perteneciente a la Terminal de Pasajeros de Ómnibus de Retiro" (fs. 29).

A criterio de la defensa, ".la simple posesión de un arma de fuego descargada y sin que la autora tenga proyectiles a su alcance, no configura el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil." (fs. 34). En este sentido, afirma que la interpretación efectuada por la Cámara de la normativa penal en cuestión, en tanto ".otorga[] la calidad de arma de fuego, a un instrumento -que en las circunstancias en que fue incautado-jamás pudo haberse constituido en un medio idóneo para causar un peligro [al bien jurídico tutelado por el tipo penal]" (fs. 53), es arbitraria y atenta contra el principio de lesividad y legalidad en perjuicio de su asistida.

3. Cierto es que, aunque no se cuestiona la validez de aquella norma penal sí, en cambio, si su interpretación es sostenible. Pero, vale aquí recordar que, conforme lo tiene dicho la CSJN, para un recurso de similares características, "...la invocación [.] de arbitrariedad no suple la ausencia de definitividad de la resolución impugnada..." (Fallos: 310:1486 y 314:657, entre muchos otros). En consecuencia, no está dentro de las atribuciones de este Tribunal corregir una situación como la traída por la defensa, pues no acredita que la mera prosecución del proceso provoque, como afirma, un perjuicio irreparable a la aquí acusada.

4. Por lo demás, la invocación que el Defensor General hace a fs. 53 de lo resuelto por este Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de prisión preventiva en: 'CN 8891/11 Cabanillas, Jorge Alberto s/ infr. art. 189 bis CP'" -expte. n° 8143/11, sentencia de fecha 03/10/2012- no resulta atingente toda vez que en ese caso, el Ministerio Público Fiscal venía cuestionando una resolución que -sobre la base de una arbitraria exégesis del art. 189 bis, ap. 2°, del CP- había puesto fin a la acción penal y, consecuentemente, reunía el carácter de sentencia definitiva.

Sin perjuicio de lo expuesto, la cuestión que busca traer a conocimiento de este Estrado el recurrente encuentra en dicho pronunciamiento respuesta contraria a la solución que pretende.

Por ello, voto por rechazar la queja obrante a fs. 48/54. La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto del señor juez de trámite, doctor Luis Francisco Lozano.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La queja fue interpuesta por escrito, ante el Tribunal y en tiempo oportuno (art. 33, ley nº 402), sin embargo, no puede prosperar pues, tal como lo expresa en su voto el señor juez de trámite, Luis Francisco Lozano, a través de ella se pretende la revisión de una resolución que no es la sentencia definitiva ni puede ser equiparada a tal (art 27, ley nº 402).

2. El pronunciamiento de la Cámara objetado se limitó a confirmar la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad interpuesta por la defensa. Resulta aplicable, entonces, la constante jurisprudencia de este Tribunal que sostiene que, por regla, las decisiones referidas a medidas o provisiones adoptadas durante la tramitación del proceso no constituyen sentencia definitiva en el sentido del art. 27 de la ley nº 402 (cf. este Tribunal in re: cf. "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/infracción ley 255 -apelación-'", expte. n° 3338/04, resolución del 1/12/2004, entre muchos otros).

3. Tampoco se han dado argumentos suficientes que autoricen a considerar que la decisión en cuestión pueda ser equiparada a una sentencia definitiva, con fundamento en las garantías que se invocan. En suma, la resolución impugnada no pone fin al pleito ni impide su prosecución y no se ha demostrado que la decisión de la Cámara pueda generar, en cabeza de la persona imputada, un agravio de imposible o insuficiente reparación posterior.

Al respecto, el recurrente señala "que se le ocasiona a [su] asistida un gravamen actual de imposible reparación futura, pues impide que ejerza su derecho -constitucional- a la conclusión en tiempo oportuno de la persecución que la tiene por objeto" e invoca, en síntesis, "el derecho a evitar la continuidad de un proceso penal innecesario" pues se le reprocha una conducta no punible para nuestro ordenamiento penal (fs. 50/vuelta). Las aserciones que realiza en ese sentido resultan infundadas e ineficaces para demostrar que los agravios invocados son insusceptibles de encontrar remedio durante el proceso cuya continuación se pretende evitar, pues se trata de afirmaciones efectuadas en abstracto y descontextualizadas de cualquier elemento que permita inferir que la persona imputada ha sido sometida a cargas que excedan de aquellas tolerables por el ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho para el sometimiento a un proceso penal. En efecto, no se ha alegado la existencia de dilaciones o trastornos irrazonables que puedan generarse en el caso más allá de las cargas implícitas a la mera realización del debate.

En síntesis, no se ha logrado poner de resalto motivo alguno que permita apartarse de la constante jurisprudencia de este Tribunal, aplicable al caso (cf. "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benítez, Sergio David s/ art. 189 bis del CP'", expte. n° 4994/06, resolución del 23/5/2007; "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 5- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Erice, Fabián; Erice Ariel y otros s/ inf. arts. 116 y 117 ley 1472'", expte. n° 5285/07, resolución del 12/9/2007; "Cóceres, Alfredo Gabriel y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Cóceres, Alfredo Gabriel y otros s/ inf. art. 116 CC, organizar y explotar juego sin autorización, habilitación o licencia -incidente de recusación-'", expte. n° 5507, resolución del 9/4/2008 y "Dolmann, Franciso y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Dolmann, Francisco s/ infr. art. 78, obstrucción de vía pública -CC-?", expte. nº 6061/08, resolución del 11/2/2009). A todo evento, corresponde agregar que la pretendida cuestión constitucional resuelta por una decisión no definitiva, eventualmente, podrá ser planteada ante el Tribunal en ocasión del recurso de inconstitucionalidad que quepa deducir contra la sentencia que ponga fin al juicio, si persisten y se mantienen los agravios pertinentes.

4. Por lo expuesto, corresponde rechazar la queja interpuesta a fs. 48/54.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Recurso de queja:

1. El recurso directo interpuesto por el Sr. Defensor General es formalmente admisible, y contiene una crítica suficiente del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, circunstancia que autoriza el tratamiento de los agravios allí expresados.

Recurso de inconstitucionalidad:

2. El conflicto constitucional que trae la defensa en su presentación se circunscribe a la interpretación realizada por la Alzada del art. 189 bis inc. 2 párrafo primero del CP al sostener que ".el transporte en la vía pública o en lugares de acceso público de un arma apta para el tiro -extremo no controvertido- que no se encuentre en condiciones de uso inmediato por no hallarse cargada y por no llevar el sujeto consigo las municiones requeridas para hacerlo,.configura la hipótesis residual de tenencia (art. 189 bis, inc. 2, párr. 1, CP) en la medida que el actuante, por supuesto, no resulte un legítimo tenedor de tales elementos" (fs. 28).

La defensa plantea que "la simple posesión de un arma de fuego descargada y sin que la autora tenga proyectiles a su alcance, no configura el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil,." (fs. 34). Explica que, se vieron afectados los principios de lesividad y legalidad.

3. No advierto que, como consecuencia de lo decidido por el a quo se hayan visto lesionados los principios constitucionales de lesividad y legalidad, tal como pretende demostrar la defensa, ni que la sentencia sea arbitraria. En efecto, más allá del acierto u error de la decisión de la Cámara, el temperamento por ella adoptado se encuentra debidamente fundado, y se ajusta al principio de razonabilidad.

La defensa yerra en demostrar que su postura sea más favorable en términos constitucionales que la que propicia la Cámara. En este punto, el conflicto -dado el tenor de los argumentos poco convincentes de la defensa- se traduce en un mero disenso respecto del alcance que los jueces a quo asignaron a una norma de rango infraconstitucional, cuya validez no fue impugnada.

4. Por lo expuesto, voto por hacer lugar a la queja de fs. 48/54 y rechazar el recurso de inconstitucionalidad de fs. 31/40.

Por ello, y habiendo tomado la intervención que compete al Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja interpuesto.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.