Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-14


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Diecisiete San Fernando del Valle de Catamarca, 14 de agosto de 2012.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N°33/2009: "DE LA BARRERA, María Soledad y Otras c/ PROVINCIA DE CATAMARCA - s/ Acción de Ilegitimidad y de Plena Jurisdicción", en los que a fs.88 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art.39 del Código Contencioso Administrativo, obrando a fs.89/90vta. Dictamen N°116/2011, llamándose autos para Sentencia a fs.91.- En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

1) ¿Es procedente la Acción de Ilegitimidad y de Plena Jurisdicción interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde? 2) Costas.- Practicado el sorteo conforme al Acta obrante a fs.93 dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, JOSÉ RICARDO CÁCERES y ENRIQUE ERNESTO LILLJEDAHL.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que a fs.21/26vta. de los presentes autos, profesionales abogados dependientes de la Administración Pública, interponen demanda Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción en contra del Estado Provincial solicitando la equiparación de remuneraciones correspondientes al adicional por tareas jurídicas específicas en igualdad de condiciones al adicional gozado por abogados de Fiscalía de Estado y Asesoría General de Gobierno, mas las diferencias salariales generadas a partir del primero de enero del 2006, fecha de modificación del Decreto Nº1689/96 e intereses.- Que ingresando a la relación de hechos de la causa, la actora expone que por Decreto Nº2406/92 se crea el adicional por tareas jurídicas específicas de exclusiva y excluyente aplicación para el personal profesional con efectiva prestación de servicios en Fiscalía de Estado y Asesoría General de Gobierno, estableciéndose una escala remuneratoria diferencial según la antigüedad. Que por Decreto Nº1689/96 se modifican los valores monetarios para cada tramo de la escala de antigüedad.- Sigue exponiendo que por Decreto Nº1575/98 se establece un adicional de productividad por tareas jurídicas específicas para los abogados de la Administración Pública Provincial y Organismos descentralizados, disponiéndose en el Art.2 que el monto de dicho adicional será idéntico al fijado por el Decreto Nº1689/96, disponiéndose también el cumplimiento de algunas condiciones para su efectiva percepción. Por fin el Decreto Nº2388/05 modifica las escalas de montos del Decreto Nº1689/96 y se ratifica su aplicación a los profesionales de Fiscalía de Estado y Asesoría General de Gobierno.- Que a criterio de la actora la equiparación remuneratoria se funda en el principio de igual remuneración por igual tarea, en tanto afirma que son análogas las funciones desempeñadas por cada asesor jurídico en distintas dependencias del Estado que las prestadas por abogados de Fiscalía de Estado o por Asesoría General. Que la falta de equiparación viola el Art.22 del Estatuto de la Administración Pública la regla de igualdad del Art.14 bis de la Constitución Nacional, argumentando por fin que el Decreto Nº2388/05 no ha derogado el Art.2 del Decreto Nº1575/98 que igualaba la escala remuneratoria del Decreto Nº1689/96, ofrece prueba y solicita en definitiva se haga lugar a la acción, esto es equiparación, retroactividad e intereses tal como fueron peticionados.- Que a fs.34/35 este Alto Tribunal declara su competencia para entender en autos.- Que a fs.46 se tiene por no contestada la demanda y decaído el derecho por parte del estado demandado. Que a fs.47 vta. se abre la causa a prueba, clausurándose el período a fs.77.- Que a fs.82/84vta. y 85/87 corren agregados los alegatos de parte.- Que a fs.89/90vta. obra dictamen de la Sra. Procuradora Subrogante, ordenándose a fs.91 el llamado de autos.- Que ello así, la cuestión de autos se resume a la equiparación de remuneraciones solicitadas por profesionales beneficiarios del adicional por productividad por tareas jurídicas específicas, aplicables a todos los abogados que prestaren servicios en la Administración Pública con el adicional por tareas jurídicas específicas establecido en favor exclusivo de los profesionales que se desempeñan en Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno.-	Que de la sola lectura de los instrumentos jurídicos que crean sendos adicionales se perciben significativas diferencias en orden a la naturaleza de los adicionales, que la actora caracteriza como análogos, pues por una parte se advierte en el anexo K -punto E-, primer párrafo, la naturaleza particular del adicional por tareas jurídicas específicas, pues se lo otorga con carácter exclusivo y excluyente a los abogados de Fiscalía de Estado y Asesoría General con la sola condición de pertenecer a dichas áreas y por efectiva prestación de servicios, mientras que el adicional de productividad por tareas jurídicas específicas no solo no coincide en su denominación con el primero sino que depende para su percepción, del cumplimiento de condiciones esencialmente temporales, voluntarias, dependientes de las necesidades de la oficina de afectación y esencialmente revocable por cualesquiera de las partes, esto es el agente, o por el jefe de la dependencia de que se trate.-	Por otra parte resulta claro de la minuciosa descripción realizada por la Procuración General en su dictamen que el volumen y naturaleza de las tareas profesionales en ámbitos de la Fiscalía de Estado o la Asesoría General de Gobierno en relación a las cumplidas por otros profesionales en el ámbito genérico de la Administración Pública son cualitativa y cuantitativamente diferentes, bastando como ejemplo que mientras el asesoramiento o defensa del patrimonio estatal en el caso de una dependencia, se limita exclusivamente a los requerimientos profesionales en élla, a la Fiscalía de Estado le corresponde por mandato constitucional, la defensa del patrimonio estatal en todo el territorio de la provincia, y la Asesoría General de Gobierno asiste al Poder Ejecutivo en toda cuestión jurídica o técnica que interese al Estado Provincial y en las funciones colegislativas del Gobernador, deberes de tal amplitud, en ambos casos, que no pueden razonablemente ser parangonados a las tareas de asesoramiento desplegadas en una dependencia específica de la Administración, ni mucho menos el nivel de responsabilidades que debe asumirse en una u otra función. En este sentido la Corte Suprema tiene dicho "que el derecho de los agentes estatales a una remuneración justa no significa el derecho a un escalafón pétreo, a la existencia de adicionales invariables o a un porcentaje fijo de bonificaciones, siempre que se respeten los principios constitucionales de igual remuneración por igual tarea y que tales variaciones no importen una disminución de haberes" (fallos: 319:1201). Asimismo, sostuvo que "la garantía constitucional de igualdad no puede considerarse vulnerada si la norma no fija distinciones irrazonables o inspiradas con fines de ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de personas. Tal principio no impide que se contemple en forma distinta situaciones que se consideran diferentes aunque su fundamento sea opinable (fallos 301:1185; 302:457), pues nada obsta a que se trate de manera diferente a aquéllos que se encuentran en escalafones distintos por sus actividades específicas". Corte Suprema de Justicia de la Nación, Diarte José A. y otros c. Lotería Nacional Soc. del Estado 21/08/2003, publicado en DJ2003-3, 1104- LA LEY 2004-A, 39. Cita Fallos: 326:2880, Cita online: AR/JUR/329/2003. "El principio constitucional de igual " remuneración por igual tarea "es entendido como aquel opuesto a situaciones que implican discriminaciones arbitrarias, como serían las basadas en razones de sexo, religión o raza y el derecho a una remuneración justa no significa el derecho a un escalafón pétreo, a la existencia de adicionales invariables o a un porcentaje fijo de bonificaciones, siempre que se respeten los principios constitucionales de igual remuneración por igual tarea y tales variaciones no importen una disminución de haberes" (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema Facciuto, Omar Alberto y otros c/ E.N. - M. de Justicia s/ empleo público, sentencia del 28 de febrero de 2006).- Por último cabe apuntar que las ocurrentes no han probado en autos, correspondiéndoles procesalmente tal carga, la analogía de funciones para poder acceder al goce de igual remuneración, limitándose a incorporar en autos a fs.55 un memorándum de AGG reglando la obligación del dictamen previo del Asesor Legal de cada Organismo, anterior a la remisión de la actuación administrativa de que se trate, y que como resulta obvio, aparece como la mínima obligación exigible en relación al cargo que se detenta.- Que por todo lo expuesto corresponde no hacer lugar a la acción intentada. Es mi voto.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que adhiero al meduloso fundamento y solución propiciada por la Sra. Ministro que me precede en el Acuerdo, por lo que voto en el mismo sentido.-	A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Lilljedahl dijo:

Que examinada la causa en estudio y compartiendo el criterio y el alcance del análisis efectuado por la Sra. Ministro que inaugura el Acto, me inclinan a la adhesión de su razonamiento y resolución, votando en igual sentido.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Conforme lo resuelto en la primera cuestión planteada, las costas deben imponerse a la parte actora que resulta vencida. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que una vez mas adhiero al voto de quien inaugura el Acuerdo, votando en el mismo sentido.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Lilljedahl dijo:

Con costas a la parte actora que resulta vencida.- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe.- Fdo: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva (Presidente), José Ricardo Cáceres (Ministro), Enrique Ernesto Lilljedahl (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - San Fernando del Valle de Catamarca, 14 de agosto de 2012.- ­Y VISTOS:

El Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) No hacer lugar a la Acción de Ilegitimidad y de Plena Jurisdicción interpuesta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2) Imponer las costas a la parte actora que resulta vencida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fdo: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva (Presidente), José Ricardo Cáceres (Ministro), Enrique Ernesto Lilljedahl (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia)