marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Municipalidad, conflicto de poderes
Materia: PROCESAL
Carátula: Tello, Silvia E. (Senadora del Dpto Tinogasta) s/ Denuncia Conflicto de poderes entre la Municipalidad de Tinogasta y el Consejo Deliberante
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-09-06

Carece de legitimación activa para ejercer la acción en un conflicto de poderes suscitado entre los poderes ejecutivo y deliberativo de un municipio la senadora departamental al que pertenece este ultimo. Por lo tanto debe rechazarse la acción intentada, sin costas dada la naturaleza institucional del conflicto.
Locación de cosas, juicio de desalojo, legitimación activa, legatario
Materia: CIVIL
Carátula: CAVIA,  Alejandro  y  otro c/ PÉREZ  ELGORRIAGA, Manuel Ramón yotros s/ DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-05

Los legatarios de un inmueble están legitimados para iniciar un proceso de desalojo con el objeto de obtener la tenencia del bien, contra quien le había locado la cosa el causante porque desde el momento en que les fue reconocida judicialmente su posesión hereditaria con la aprobación del testamento resultan continuadores de la posesión ordinaria que el causante tenía del bien sin necesitar el "corpus" ni el "animus domini". Máxime, si no existen herederos legítimos o instituídos, ni hay un ejecutor testamentario, ni la posesión del inmueble se encuentra controvertida.
Responsabilidad médica, responsabilidad contractual, obligaciones de medio, carga de la prueba, error de tratamiento
Materia: CIVIL
Carátula: AYRALA DORA LORENZA c/ FUNOSA HECTOR D. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - ASISTENCIA MEDICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-05

La responsabilidad de los médicos es de carácter contractual, sin que obste a ello el hecho de que el paciente no haya contratado directamente sus servicios, ni que éstos fueran gratuitos.

Cuando los facultativos prestan sus servicios profesionales no se comprometen a obtener un resultado sino tan sólo a poner los medios adecuados para alcanzar esa finalidad, esto es, lograr la curación del paciente.

En el campo de la actividad médica debe regir el principio de la discrecionalidad, el cual se manifiesta en la libertad de elección que debe reconocerse al médico para la adaptación de los sistemas terapéuticos conocidos, a las particulares características y específicas reacciones de los pacientes sometidos a su tratamiento.

Al distribuirse responsabilidad, la carga de la prueba corresponde a quien la invoca, con mayor motivo si quien pretende una reparación se basa en el mal desempeño del facultativo.
Derecho procesal, costas, pluspetición inexcusable
Materia: PROCESAL
Carátula: MIRANDA CORNELIO RAMON Y OTRA c/ ESTORNELL S.A. s/ PRUEBA ANTICIPADA-HAY SUMARIO-D.S. Y P.S.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-27

El art. 78 tercer parrafo del C.P.C. establece que no se entenderá que hay pluspetición, a los efectos determinados en este artículo, cuando el valor de la condena depende legalmente del arbitrio judicial. Se desvirtúa el carácter inexcusable de la pluspetición cuando el actor condiciona el "quantum" de la pretensión a lo que en más o menos resulte de la prueba a rendir, o cuando el monto se indicó, no como pretensión concreta, sino como estimación que en definitiva quedaba sujeta a la que fijara el juzgador.
Expulsión de extranjeros, derechos de los migrantes, derecho a la reagrupación familiar, fundamentación de sentencias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barrios Rojas, Zoyla Cristina c/ EN -DNM resol. 561/11- (exp. 2091169/06 (805462/95)) y otro s/ recurso directo para juzgados
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

La sentencia que dejó sin efecto la orden de expulsión del país de una extranjera invocando la reunificación familiar debe ser revocada, pue no asumió adecuadamente: i) que en el diseño del artículo 29 de la ley 25.871 la mencionada reunificación familiar no es un derecho absoluto; ii) que la obtención de una dispensa como la pretendida es excepcional y, por ende, de procedencia restrictiva y iii) que no se probó la irrazonabilidad del fundamento que sostiene a la decisión administrativa, ni su carácter discriminatorio (Voto del juez Rosatti).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fundamentación de sentencias, acción de amparo, inadmisibilidad del recurso, colegio profesional, CIRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO, asociaciones profesionales, estatuto de la asociación, denegatoria de inscripción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MAN, EDUARDO LUIS c/ CIRCULO ODONTOLOGICO SANTAFESINO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-AMPARO  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 173 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

Corresponde rechazar la queja interpuesta por el actor contra la sentencia de Alzada que desestimó la demanda de amparo interpuesta contra el Círculo Odontológico Santafesino -frente a la decisión de este último de rechazar la solicitud del amparista de ser reinscripto como socio activo de dicha asociación-, desde que toda la argumentación recursiva traduce, desde diversas perspectivas, tan sólo el cuestionamiento del impugnante a la labor cumplida por el Tribunal en el tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión, en ejercicio de funciones propias, pero sin llegar a persuadir de que en esa faena éste hubiera desbordado el ámbito inherente a sus atribuciones. En el caso, consideró el Tribunal que la entidad puede reglamentar los requisitos necesarios para formar parte de la misma -en el caso, los Estatutos del Círculo Odontológico Santafesino en su artículo 11 establecieron seis requisitos para ser socio activo-, afirmando que "los grupos asociacionales están siempre en aptitud de elegir sus componentes", no admitiendo "la posibilidad de una obligación a cargo de la entidad para recibir en su seno a cuantos quieran afiliarse, aunque estén en condiciones de habilidad para hacerlo", y reconociendo a la asociación "una autonomía y una facultad de autogobierno, sin la cual le sería difícil realizar los fines que son su razón de ser".

La Sala destacó que no hallaba razones como para que jurisdiccionalmente se pudiera suplir la voluntad de la asociación en la que el amparista no había logrado reunir la cantidad mínima de votos favorables a su afiliación, por estar ello de acuerdo con las facultades propias de la institución.
Pago, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: DADINO, Jorge Alberto c/ MODART S.A. s/ Ejecución de Salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-08-03

Cuando el contrato de trabajo se extingue, se produce, a los efectos del pago de los créditos laborales devengados, el vencimiento del período a que alude el artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo, comenzando a partir de la medianoche de ese día a correr los plazos allí previstos.
Juicio ejecutivo, transacción, pago
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE c/ SALMAN, ABRAHAM Y OTRA s/ COBRO DE PESOS  EXPTE NRO 207-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-02

Tanto la transacción de derechos litigiosos como el pago efectuado entre la notificación de la demanda y la citación de remate, no pueden obstar el progreso de la ejecución, en el primer caso, si ello no fue materia de la transacción y en el segundo, porque el pago efectuado en esa oportunidad guarda equivalencia con el allanamiento.
Obligación de seguridad, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FERNÁNDEZ JOSE H. c/ GOBIERNO DE LA PCIA Y OTRO s/ ACCIDENTE DE TRABAJO - EXPTE N° 3-F-00
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-08-28

Resulta inaceptable la pretensión de exculparse con sustento en no haber pedido el trabajador la colaboración de sus compañeros y en los términos del art. 1113 del CC, ya que no puede hablarse de culpa exclusiva de la víctima ante el incumplimiento de sus deberes de seguridad (falta de elementos y organización adecuados), ni sujetar la salud del trabajador a la ayuda que voluntaria y ocasionalmente le pueden prestar.-
Sueldo anual complementario, pago, reglamentación de la ley, facultades no delegadas, facultades del gobierno provincial, derechos y garantías constitucionales, crisis económica, control de razonabilidad, contratos administrativos, empleo público
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Abayu Gabriel Edgardo y otros c/ Pcia. De Río Negro (P. Ejecutivo) s/ Sumarisimo (Ejec.Sentencia) s/ Inaplicabilidad de ley" Simon Alicia Karina c/ Consejo Provincial de Educación de Río Negro y Prov. De Río Negro s/ Sumarisimo s/ Inaplicabilidad de ley Gentili Marcela Andrea c/ Consejo Provincial de Educación - Provincia de Río Negro s/ Sumarisimo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-09-06|1999-09-06|1999-09-29

En autos no se han aducido razones jurídicas concretas de entidad suficiente y raigambre constitucional que indiquen que algunas de las prestaciones inherentes al contrato de empleo público local (la atención del aguinaldo lo es) no pueda ser cumplimentada en la forma y modo diseñados por la normativa local (decreto ley 4/97 etc.), no solamente ante la emergencia o la crisis estructural, sino aún en otras condiciones (ver decretos Nro. 992/68 y 1038/84 entre otros). Todo ello queda ceñido a la competencia legisferante provincial, y el eventual juzgamiento de la mayor o menor razonabilidad de las modalidades elegidas queda, en principio, reservado a las instancias jurisdiccionales locales.
Acción contencioso administrativa, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

El análisis del trámite del recurso contencioso administrativo de ilegitimidad demuestra que si bien se declara que la Administración Pública no es parte (artículo 57, Ley 4106) no solamente suministra "informes y documentos", sino que también puede "formular observaciones y reparos" (artículo 57), "producir pruebas (artículo 59) e informar por escrito o verbalmente el día de la vista de causa" (artículo 60), y que le alcanza la sentencia (artículos 61 y 73), con lo que, virtualmente resulta un "proceso entre partes", sin olvidar que la Administración puede soportar las costas, como así también, en su caso, el recurrente perdidoso (artículos 61, 67, 84 y siguientes)..
Tribunal Municipal de Faltas, tribunal administrativo, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Di Salvo, Octavio s/ habeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

El recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil de la Ciudad de Buenos Aires, previsto por el art. 97, inc.

b) de la ley 19.987, no constituye un control judicial suficiente de las decisiones emanadas de la Justicia Municipal de Faltas de la Capital Federal, cuando se trata de la aplicación de sanciones de naturaleza penal que importen privación de la libertad, en tanto está previsto al sólo efecto devolutivo.
Contratos administrativos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dirección de Vialidad de la Prov.de Bs.As. c/ Municipalidad de Gral.Sarmiento s/ Cobro de pesos - cuestión de competencia art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

Si la actora procura el cobro de las sumas liquidadas como consecuencia del carácter negativo de la certificación de la obra pública que ejecutara la demandada mediante el sistema de convenio celebrado entre ambas, la cuestión principal resulta ser propia de la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte (arts.

149 inc.3º Const. Prov.; 6º, 26 y conc. del C.C.A.), pues esta comprende, entre otras, a las cuestiones suscitadas en torno a la ejecución o interpretación de contratos administrativos (arts. 1º y 3º C.C.A.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Acosta María Beatriz. s/ Recurso de Queja por Denegación de Recurso de Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-04-02

El Código de Procedimiento Penal ha previsto un recurso de casación contra resoluciones definitivas de los Tribunales Penales de Instancia Unica, dejando en manos del órgano apelado la concesión o rechazo del recurso, el único y verdadero Juez del recurso es el Superior Tribunal de Justicia como ya lo tienen dicho en diversos precedentes este Alto Cuerpo quien debe volver a examinar no solamente los recaudos formales sino también las motivaciones de fondo que hacen a la procedencia del recurso de casación intentado. (Dr. Rojas: En disidencia).
Daños y perjuicios, indemnización, pedido de juicio político
Materia: CIVIL
Carátula: MAIZA, María Cecilia c/ PERROTA, Carlos Carmelo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-06

Si el juicio político tiene un fin de derecho público, que es el de destituir a los jueces cuya conducta no esté a la altura de la función, claramente su fin no es el de obtener la modificación de un auto judicial que no está de acuerdo con la opinión del abogado litigante, más aún cuando se trata de una cuestión controvertida de derecho. En este contexto corresponde resarcir el menoscabo sufrido en las legítimas afecciones de un magistrado, con motivo de un pedido de juicio político inadecuado.
Cuestión constitucional, fundamentación del recurso, procedencia del recurso, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FORNASARI, Ángel Eduardo c/ Provincia de San Juan s/ Daños y Perjuicios (en Cont. Adm.) s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2022-08-23

Introducir o, en su caso, mantener la cuestión constitucional implica plantear de antemano la contradicción entre una eventual decisión y un derecho constitucional. En palabras de la Corte, quien la formula debe especificar que, si se resuelve en "tal" sentido, ha de violarse "cierto" derecho, por "determinada" causa. Sólo frente a un planteo así formulado el tribunal de mérito puede expedirse sobre la cuestión constitucional, es decir, juzgar si la decisión que se adopta viola o no el derecho invocado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Pellex, Leonardo Celestino o Papa, Roberto o Soarez Martínez, Walter Omar o Soarez Martínez Plaza, o Pellex Briaberter, u Olea, José Alberto o Unsdrich, Juan Carlos o Pellex, Pedro Celestino o Pellex Bria, Leonardo Celestino s/ Robo simple reiterado (dos hechos) en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-09

Es insuficiente el agravio en el que se denuncia la violación del art. 42 del Código Penal limitándose a alegar que el procesado "no pudo disponer libremente del objeto" sustraído sin que medie explicación alguna sobre la o las razones por las que dicha circunstancia impondría el encuadre legal que se pretende o impediría, por ende, tener por perfeccionado el acto típico de desapoderamiento (art. 355, C.P.P. - según ley 3589 y sus modif.-).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), autosuficiencia, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., V. D. c/  s/ GROOMING-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-09-21

En orden a los reproches por arbitrariedad y vulneración del principio in dubio pro reo esgrimidos por la quejosa, no puede dejar de advertirse de inicio que el memorial introductor del recurso de inconstitucionalidad presenta ciertos defectos en cuanto a la autosuficiencia de sus postulaciones, dado que si bien intenta la interesada una crítica a la valoración probatoria efectuada por los Jueces de Cámara, omite realizar un relato objetivo y completo de los hechos atribuidos, de lo ocurrido en el juicio y de todos los medios de convicción producidos y tenidos en cuenta para fundar la condena a los fines de intentar acreditar la decisividad de sus planteos en relación al resultado de la causa, y de este modo, de la lectura del recurso de inconstitucionalidad -con las deficiencias apuntadas- se advierte que sus pretendidos agravios son una mera reiteración de los expuestos al apelar la sentencia de grado y que fueron abordados y descartados por el A quo con motivación suficiente y razonable.
Recurso contencioso administrativo, costas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sahd, Elda Nelly Alvarez de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 121-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

En cuanto a las costas, habida cuenta que, como consecuencia del decreto 1534/90, pudo razonablemente la actora creerse con motivo bastante para litigar (artículo 84, inciso c) de la ley 4106), máxime cuando, a la época de la deducción de la demanda, no había este Tribunal sentado la jurisprudencia del caso "Garnero", debe estarse a la distribución por su orden.
Pago, pago indebido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Stachelsky, Juan José c/ Avello, Agustín y Cooper de Avello, María A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28

Todo pago hecho por quien no es deudor puede repetirse, sin otra prueba que la inexistencia de la obligación cumplida.
Excepción de pago, prueba del pago, recibo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Valero, Alejandro Francisco c/ Tello, Sergio s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-02-20

El deudor que invoca el hecho extintivo de la obligación, debe acreditarlo mediante documentos que procedan de su acreedor, que indiquen cuál es la deuda saldada, de manera que no queden dudas que el pago se hizo con imputación a la obligación que se ejecuta. El medio por excelencia lo constituye el recibo suscripto por el acreedor o sus representantes y cuando el mismo no existe, los otros elementos deben ser apreciados de modo riguroso, no bastando meros indicios que no alcanzan a ser presunciones, o si lo fueran no son graves, precisas y concordantes o no resultan complementadas por probanzas directas.
Ley de empleo, ingreso al trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Galván, Carlos Horacio c/ Supercongelados del Sur S.R.L. y otros s/ Despido por otras causales
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-12-15

No habiendo fecha de ingreso registrada posterior a la real no corresponde la aplicación de la multa prevista por el art. 9 de la ley 24.013
Concursos, legitimación procesal del fallido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: González Norma Susana s/ Incidente Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

Son sujetos distintos la persona física concursada y la sociedad de hecho, la cual no ha accedido al proceso concursal. Hay que diferenciar los acreedores personales de los acreedores de la sociedad. En el mismo camino nos encontramos con el patrimonio propio de la concursada y el patrimonio de la sociedad. Admitir lo contrario, afecta derechos constitucionales como el de defensa en juicio y el derecho de propiedad. (arts. 17 y 18 de la CON).
Recurso extraordinario, empleados públicos, funcionarios judiciales, remuneración, acordadas
Materia: PROCESAL
Carátula: Arakaki,  Marcela  Noemí y otros c/ E.N. - C.S.J.N. - AC 57/92 s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-07

Es formalmente admisible el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que estableció que los haberes de los recurrentes -empleados del Poder Judicial de la Nación- debían integrarse con el incremento creado por Acordada n° 57/92, pues se halla en juego la interpretación de un acto de autoridad nacional y la decisión ha sido contraria al derecho que el recurrente fundó en él (art. 14, inc. 3°, ley 48).

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Ley tributaria, impuestos
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: OCTAVIO FALASCO E HIJOS  S.A.I.C. Y A. c/ FISCO NACIONAL  D.G.I.  (DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA) s/ REPETICION DE IMPUESTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-17

Ha dicho el Alto Tribunal que las normas impositivas no deben entenderse con el alcance más restringido que su texto admite, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación porque no hay método de interpretación mejor que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad perseguida por la ley, que no debe ser obviada por posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación.

En mérito a una interpretación integrativa de la legislación pertinente, cabe concluir que pese al interregno durante el cual quedaron derogados los tributos que se analizan -léase art. 5 punto 10 de la ley 22.294-, la ley 23.150 en su art. 5 inc. a) modificó la forma de calcular los recursos creados para atender los gastos del Instituto Nacional de Vitivinicultura por el art. 9 de la ley 14 878.

Es característica del impuesto la estrecha relación existente entre el hecho imponible y la unidad de medida a la cual se aplica la tasa de la obligación por lo que se puede comprobar indirectamente que en aquél se realiza el principio de vincular la obligación tributaria con la capacidad contributiva indicada por el hecho imponible.
Responsabilidad extracontractual del Estado, faltas del servicio, responsabilidad del funcionario público, culpa civil, indemnización, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: C., N. G. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-16

La doctrina en general sostiene que se configura la responsabilidad del Estado por falta de servicio cuando "el servicio no funcionó, funcionó mal o tardíamente" debiendo valorarse la relación causal entre la mala organización del servicio y el daño infringido, por lo que se debe responder por los daños que sufran los administrados, sin que sea necesario acreditar la culpa del funcionario.
Sociedades comerciales, domicilio social, domicilio procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: MIGUEL MUÑOZ c/ SOCIEDAD MINERA PIRQUITAS PICHETTI Y COMPAÑIA  S.A. s/ SOCIEDADES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

La calificación de domicilio constituido corresponde al procesal o ad litem fijado a los efectos del proceso, conforme el CPR 40. No procede asimilarlo al domicilio social inscripto, sin desconocer los efectos que la LC 11-2 (t.O. 22.093) asigna a las comunicaciones cursadas a este.
Espectáculos deportivos, delitos en el deporte, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: E., P. s/ Lesiones Leves y Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-01

Una ley penal especial tiene que ser aplicada a las situaciones especiales que ella regula; la violencia en los espectáculos deportivos no es lo mismo que la violencia en un partido de fútbol, aunque las acciones que atenten o lesionen los bienes jurídicos sean idénticas y aunque el juego sea esencialmente el mismo. Es imprescindible algo más; es necesario que la práctica del fútbol importe una oferta intencionadamente dispuesta para el público.
Cheque sin fondos, interpelación, falta de entrega en destino
Materia: PENAL
Carátula: SCHULLER, JORGE s/ Cheque sin fondos Causa 27667
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

La falta de entrega de la intimación dirigida al domicilio registrado ante el banco girado no puede conllevar a la frustración de la diligencia. No parece admisible dejar librado a criterio del autor la posibilidad de que se consume o no su delito. (Del voto en disidencia del Dr. Oyuela).