Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2007-09-11


San Salvador de Jujuy, setiembre 11 de 2007.

El Dr. González dijo:

El 6 de diciembre de 2006 la Sala Segunda de la Cámara Penal, condenó al procesado David Sebastián Pereyra a cumplir la pena de dos años de prisión en forma de ejecución condicional, por resultar autor material y responsable de los delitos de robo simple y robo simple en grado de tentativa (dos hechos) en concurso real, previsto por los arts. 164 y 164 en función del art. 42 del Código Penal, más accesorias legales y costas.

La defensa técnica del encartado David Sebastián Pereyra interpuso recurso de casación en contra de dicha resolución a fs. 212/220 de los autos principales.

A fs. 222 Presidencia de trámite intimó al recurrente a cumplir con la disposición del art. 469 del C.P.P. en un plazo de 24 horas.

A fs. 226 el tribunal a quo resolvió rechazar por inadmisible, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de Pereyra.

Para así decidir, el a quo consideró, que a pesar de estar la defensa técnica del encartado debidamente notificado, incumplió con el requisito exigido por el art. 469 del C.P.P. (fs. 223) que dispone expresamente que para interponer el recurso de casación, el procesado que se encuentre en libertad, debe presentarse detenido a disposición del tribunal bajo sanción de inadmisibilidad del recurso.

En contra de este pronunciamiento, el Dr. N.A.R. defensor de David Sebastián Pereyra, interpuso recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria a fs. 3/10 de autos.

Solicita el recurrente, que se declare la inconstitucionalidad del art. 469 del Código Procesal Penal, porque -dice- impide que se revise la sentencia condenatoria por vía de casación a menos que su defendido, cumpla el requisito de constituirse detenido. Expresa que, el exceso ritual manifiesto en el caso surge de la inadmisiblidad del recurso, al apegarse al texto literal del art. 469 C.P.P., derivando un menoscabo de la justicia, puesto que se transforma en una barrera que le impide ejercer el derecho constitucional a la revisión de una decisión condenatoria.

Habiendo emitido su dictamen el Sr. Fiscal General (fs. 23/26 de autos), quién aconseja acoger el recurso tentado; y cumplidas las demás diligencias procesales de estilo, la causa se encuentra en estado de resolver.

Adelanto opinión favorable al progreso del recurso.

Ello así, porque el tribunal a quo resolvió condenar a David Sebastián Pereyra, "a cumplir la pena de dos años de prisión en forma de ejecución condicional" (fs. 197) por aplicación de la disposición del art. 26 del Código Penal.

En su mérito, en el ítem III de dicho dispositivo el tribunal a quo ordenó la inmediata libertad de David Sebastián Pereyra. Conforme surge del acta de notificación obrante a fs. 199 del principal, se dio cumplimiento con lo ordenado.

Cabe señalar que, el art. 26 del Código Penal establece que "En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena..." fundada en la personalidad moral del condenado y demás circunstancias "que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad".

La normativa del art. 469 del Código Procesal Penal que aplicó el tribunal a quo para declarar inadmisible el recurso de casación, expresa que "Para interponer recurso de casación contra una sentencia que imponga la ejecución de una pena privativa de libertad, el procesado que estuviere en libertad sin caución juratoria, deberá constituirse detenido a disposición del tribunal, bajo sanción de inadmisibilidad. El mismo tribunal podrá acordar la excarcelación cuando proceda".

De la lectura del texto de dicha normativa, estimo que la misma es inaplicable al caso, porque no cumple el requisito que impone la norma, respecto al "procesado que estuviere en libertad".

Concretado el análisis de las actuaciones surge que el procesado no se encontraba en libertad al momento de dictarse el fallo condenatorio, por el contrario estaba privado de su libertad, de acuerdo al auto de procesamiento y prisión preventiva obrante a fs. 112/118 dictada por el Sr. Juez de Instrucción en lo Penal, y recién recuperó su libertad (fs. 199) en virtud de la resolución emitida por el tribunal a quo a fs. 197, que ordenó la inmediata libertad del procesado como consecuencia de la condena a dos años de prisión de ejecución condicional por aplicación del art. 26 del Código Penal.

De tal modo, no resulta de aplicación al caso de autos la normativa del art. 469 del C.P.P., por ende, no corresponde que el procesado se constituya nuevamente detenido a disposición del tribunal que ordenó su libertad, como requisito para poder interponer el recurso de casación en contra de la sentencia condenatoria.

Por lo cual opino que debe acogerse el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. N. R., defensor técnico del procesado David Sebastián Pereyra. En consecuencia, dejar sin efecto la resolución emitida el 26 Expte. Nº 5170/07, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 117/06 (Sala II - Cámara Penal) David Sebastián Pereyra robo calificado por el uso de arma y robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa en concurso real" de diciembre de 2006 (fs. 226/226 vta. del principal), y ordenar a la Sala II de la Cámara en lo Penal declare admisible el recurso de casación interpuesto, y continúe con el trámite correspondiente.

Se regulan los honorarios del Dr. N. R. en la suma de pesos cuatrocientos cincuenta ($450) conforme el caso "Argentores c/ Video-Bar Luisiño", con más el impuesto al valor agregado, si correspondiere.

Los Dres. Tizón, del Campo y Jáuregui de De Los Ríos, adhieren al voto que antecede.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, RESUELVE:

1º) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos por el Dr. N.R. en el carácter de defensor técnico del procesado David Sebastián Pereyra. En su mérito, dejar sin efecto la resolución emitida el 26 de diciembre de 2006 (fs. 226/226 vta. del principal), y ordenar a la Sala II de la Cámara en lo Penal declare admisible el recurso de casación interpuesto, y continúe con el trámite correspondiente.

2º) Regular los honorarios del Dr. N. R. en la suma de pesos cuatrocientos cincuenta ($450), con más el impuesto al valor agregado, si correspondiere. - Sergio Ricardo González. - Héctor Eduardo Tizón. - José Manuel del Campo. - Mónica Jáuregui de De los Ríos.