marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, homologación del acuerdo
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDITORIAL PERFIL SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

Cabe homologar la propuesta de acuerdo ofrecida oportunamente por la concursada, toda vez que, la mejora propuesta por esta ha previsto, finalmente, el pago de intereses, los que inicialmente habían sido negados y, aunque pueda ser afirmado que tales accesorios son bajos, cabe recordar que quien ofrece pagar es una empresa que, por su situación de insolvencia, ha debido pedir la convocación de sus acreedores y propuso una quita y espera combinadas para sortear su hipotética quiebra; ello así, el mínimo de recomposición antes aludido se halla cumplimentado; además, no fue objetivamente demostrado que la propuesta de pago signifique un beneficio para los acreedores menor que el dividendo que pudieren obtener en una liquidación de quiebra; por el contrario, en los cálculos requeridos al estudio sindical, este concluyó que el pago dentro del concurso sería sustantivamente mayor que en una hipotética falencia; de tal manera, se encuentra superada, la pauta valorativa referida por la ley 24522: 52-2°, ap. iv, que si bien aparece como formalmente vinculada a la operatividad del denominado "cramdown power" (conf. Araya, T., "No corresponde homologar acuerdos cuya propuesta de pago sea inferior a la eventual cuota de liquidación que recibirían los acreedores quirografarios en caso de quiebra", en aa.vv., "VI Congreso argentino de derecho concursal y IV congreso iberoamericano sobre insolvencia", Santa Fe, 2006, t. i -"Moralización en los procesos concursales"-, p. 41), constituye, en rigor, un requisito intrínseco de viabilidad de toda propuesta de concordato, como lo explica la doctrina italiana (conf. Bonsignori, a., "Il fallimento", en Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'econonmia, dir. galgano, f., cedam, padova, 1986, t. ix, p. 745; ragusa maggiore, g., "istituzioni di diritto fallimentare", cedam, padova, 1994, p. 505).
Contratos civiles, interpretación del contrato, consentimiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SERVI-CAN Seguridad Privada S.R.L. c/ La Jirafa Azul S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-19

Predominando entre nosotros el principio del consensualismo de las formas, cuando la ley o la voluntad de las partes no hayan designado o elegido una forma especial para algún acto jurídico, los interesados pueden usar las formas que juzgaren conveniente (arts. 974, 1182 y concs. del CC). Formas, que en lo relativo a la exteriorización del consentimiento, no tienen porque ser escritas, pudiendo manifestarse en forma tácita (art. 1145 del CC).

No imponiendo ni en la ley ni en la convención la forma escrita para que el optante exteriorice su aceptación, esta -y el mutuo consentimiento naciente a partir de la misma- ha de presumirse inequívocamente de la regular e ininterrumpida prestación de sus servicios por la actora más allá de lo primigeniamente pactado para la duración del contrato.
Proceso penal, sentencia arbitraria, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vivo, Hugo Arnoldo s/ Recurso Extraordinario deducido en Expte. Corte Nº 39/08: Recurso de Queja por Casación denegada presentado por el Dr. Hugo Marcelo Bustamante en Expte. Letra 'V' Nº 41/08 caratulados: Vivo, Hugo Arnoldo, Recurso de Casación c/ Auto Interlocutorio Nº 29/08 de Expte. Letra 'V' Nº 100/07 Capital - 12/05/08'
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-09

El recurso extraordinario interpuesto contra el fallo por el que esta Corte resuelve no hacer lugar a la queja deducida por recurso de casación denegado es inadmisible, en tanto reiteradamente ha dicho el Máximo Tribunal que no procede el recurso contra las decisiones de que no hacen lugar a los recursos locales, salvo el caso de arbitrariedad, la que no acredita el recurrente, quien se limita a expresar su disconformidad con lo resuelto por esta Corte y la Cámara de Apelaciones en el marco del art. 455 del digesto procesal de la provincia.-
Proceso penal, imputado, libertad, falta de mérito, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: D., W. Y OTRO s/ Libertad provisional (Expte Nº 94-95, Resolución Nº 48, Tomo 2,  Folio 351)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-07-20

La libertad por falta de mérito (art. 308 CPP) tiene carácter subsidiario respecto a lo que podríamos denominar sistema primario o principal de recuperación de libertad (se trataría de una subsidiariedad expresa), al aludir el precepto en cuestión a que no hubiere sido procedente la libertad bajo promesa o caucionada.
Usurpación, posesión clandestina
Materia: PENAL
Carátula: Luna, Jorge Antonio s/ psa usurpación por despojo - recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2008-02-20

El análisis en conjunto de las pruebas, llevaron al a quo a establecer que el imputado usurpó por despojo mediante modos comisivos de clandestinidad y violencia aprovechándose de la ausencia del poseedor para derribar la totalidad del monte renoval que cubría una fracción de campo compuesta de 25 has., invadiendo el inmueble cuya posesión animus domini ejercía el denunciante en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida y unida a sus antecesores en el título, modificando con dicho accionar las condiciones en que lo mantenía para cambiar su destino arándolo para la siembra de trigo, permaneciendo en la ocupación.
Cuestiones prejudiciales, sentencia penal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Bojorque Oscar Orlando c/ Policía de Entre Ríos y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-04-05

Si los imputados tienen dictado a su favor auto de falta de mérito, habiendo transcurrido más de cinco años y seis meses, ello permite inferir que no se puede prever una resolución definitiva en sede penal en un lapso más o menos razonable, por lo cual en tales circunstancias resulta inaplicable la prejudicialidad establecida por el art. 1101 del Código Civil desde que la incertidumbre generada por la falta de definición civil perjudica directamente la garantía constitucional de la defensa en juicio. En el caso se mandó dictar sentencia al juez civil.
Reclamo salarial, diferencias salariales
Materia: LABORAL
Carátula: NYSZEZUK BASILIO c/ ASCENCIO ROSA GOMEZ Y OTROS s/ DEMANDA POR DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-03-20

Las reclamaciones judiciales por diferencias de haberes deben estar precedidas de conductas que importan disconformidad del dependiente, ya que la percepción de los haberes durante un largo período, sin impugnar y oponerse al criterio del empleador vuelve improcedente la reclamación, salvo prueba concluyente.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, queja por apelación denegada, efecto suspensivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SINDICATURA BID COOPERATIVO LTDO. c/ CATALDI, ROBERTO VENANCIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-17

En vinculación con el requisito de definitividad del auto impugnado, echa de verse que el interesado admite haber interpuesto queja por apelación denegada ante la Cámara local, recurso que -según informa- fue acogido, habiéndose concedido la apelación ordinaria con efecto suspensivo, por ello, contando el recurrente con remedios ordinarios previstos por las normas procesales para lograr la revisión de la resolución que lo agravia, el tránsito directo hacia esta Corte conculca, en el caso, el recaudo de definitividad del decisorio atacado, lo que sella sin más la suerte adversa de la queja. - CITAS: CSJN: AyS T 155, p 292/293; T 227, p 276/278. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Improcedencia del recurso, monto de la pena, agravantes de la pena, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Jarnub, Axel Nahuel Xamil c/  s/ Hurto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-15

Corresponde rechazar el recurso de casación mediante el cual se cuestionó el monto de la pena impuesta al imputado, si éste resultó suficientemente argumentado y ajustado al marco normativo e interpretativo correspondiente, tanto en lo tocante a la pena principal como a la pena única a la que se arribó. Al respecto, el a quo respetó la pretensión fiscal y se brindaron suficientes razones en el sentido indicado, pues se relevaron diversas circunstancias agravantes y atenuantes, tanto objetivas como subjetivas, para arribar al monto en cuestión -los hechos se perpetraron aprovechando la nocturnidad y respecto de bienes desprotegidos por hallarse en la vía pública, y el valor de uno de ellos; también sus condiciones particulares, su historia de vida situación actual de vulnerabilidad y actitud mostrada-. Asimismo, cabe ponderar el destino de los bienes que se intentó sustraer a la víctima -pues éste los emplearía para tareas laborales, circunstancia que da cuenta de la magnitud del daño que se causó, previsto específicamente como circunstancia objetiva agravante en el art. 41 inc. 1 CP-, razón por la cual debe descartarse que se trate de un supuesto de decisión extra petita que vulnere el derecho de defensa ya que es claro que la limitación a la potestad jurisdiccional constituida por la pretensión punitiva del fiscal no alcanza aquel extremo, sino que se refiere a la delimitación de los hechos, su calificación legal, monto sancionatorio y consecuencias de la condena, con lo que es tarea del juez fijar la pena respetando los parámetros mencionados en este punto (voto del juez Jantus).
Habilitación de feria, acción de amparo, medida cautelar innovativa, gastos médicos
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CALZADA, ELDA EVA c/ STAFF MEDICO SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-01-11

Procede la solicitud de habilitar la feria judicial a fin de que sea atendida cierta medida innovativa en el marco de una acción de amparo, mediante la cual se pretende que se intime cautelarmente a la defendida a cubrir los gastos por servicios medicos requeridos por el pretensor (internación, estudios,analisis, medicación, etc.) cuando, -como en el caso-aparecen configurados los requisitos del reglamento para la justicia nacional: 4, habida cuenta del cuadro del paciente (demencia vascular terminal con rigidez generalizada y doble incontinencia de esfínteres) y de la necesidad de internación, que reconoce su apoyo en la pertinente prescripción medica. En tal sentido cabe precisar, que si bien la internación es de larga data, no cabe soslayar la relevante cuantia de los gastos que ella irroga y que deben ser afrontados mensualmente. El hecho de que tales erogaciones hayan sido realizadas fundamentalmente por terceros carece de relevancia, habida cuenta la condición de jubilado del requirente y los haberes que percibe en tal virtud, así como la denuncia de imposibilidad de seguir afrontando tales gastos, lo que conduciria a la externación del paciente en caso de no abonarse los correspondientes al mes en curso, con las consiguientes secuelas disvaliosas para la vida y la salud de aquel.
Recurso directo, competencia, interpretación de la ley, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: MORALES GLADYS MARGARITA Y OTROS c/ GCBA s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-29

A los fines de la impugnación de los actos administrativos de alcance particular, el legislador ha previsto una vía procesal ordinaria ante los jueces de primera instancia. Sin embargo, cuando el acto impugnado tiene por objeto la cesantía o exoneración de agentes dependientes de una autoridad administrativa, el particular puede interponer recurso de revisión por ante la Cámara.

Esta última constituye una vía procesal específica, con reglas especiales de admisibilidad y trámite, que versa sobre la impugnación de actos administrativos de alcance particular que disponen cesantías o exoneraciones de agentes públicos.

Ahora bien, la atribución de competencia a la Cámara excluye la intervención de los jueces de primer grado (Cam. Cont. Adm. y Trib., Sala II, in re "El Libertador S.A. c/ G.C.B.A.-D.G.R. s/ Recurso de apelación judicial", RDC nº 82).

Por lo tanto, la regulación legislativa del recurso directo comporta la asignación de competencia a esta Cámara, en forma exclusiva, para conocer sobre las pretensiones de impugnación de los actos indicados.

El hecho de que el artículo 464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, disponga que se puede interponer recurso de revisión ante la Cámara, no desvirtúa la interpretación sustentada (ver al respecto el criterio establecido en Fallos, 295:994, postura mantenida en Fallos, 310:2336 y 312:1724).
Robo calificado, robo en banda
Materia: PENAL
Carátula: Giser, Pedro; Córdoba, Héctor G. s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15

Es procedente la denuncia de violación del art. 167 inc. 2 del Código Penal si, en el caso, está acreditado que el robo fue perpetrado por una pluralidad de sujetos lo que basta para tener por configurado el elemento "banda" de la figura legal en cuestión. Ello abre la competencia de esta Corte para conocer sobre la existencia del elemento descriptivo "en lugares poblados" que exige la misma, ya que debe resolver lo necesario para aplicar la ley (art. 365, C.P.P. - según ley 3589 y sus modif.)
Recurso extraordinario, cuestión federal, riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Mederos de Echegaray, Ramona Adela c/ Bagley S.A s/ Daños y Perjuicios rec.casac.rec.ext.de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-10

Existe cuestión federal si se pone en juego la inteligencia de un pronunciamiento de la Corte Suprema dictado con anterioridad en la misma causa y la solución escogida consagra un inequívoco apartamiento de lo allí dispuesto, desconociendo en lo esencial aquella decisión , pues el precedente del Tribunal reiteró la posibilidad de que en la controversia pudiera comprobarse la existencia y realidad de las circunstancias que invocara el interesado como sustento de la impugnación constitucional del art. 39.1 de la ley 24.557, extremo cuya realización se vio impedida por el fallo apelado, que fue dictado en un estadio procesal en el que no ha sido siquiera abierta la etapa probatoria.
Empleo público, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MORALES OMAR HUMBERTO c/ CAJA SOCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-09-15

La perspectiva que propicia la conciliación del ejercicio de la potestad sancionadora al principio de legalidad, tiene dos vertientes: la de heterovinculación de la Administración Pública respecto de las sanciones que tienen fundamento en leyes en sentido formal y la de autovinculación, cuando las mismas se sujeten a disposiciones reglamentarias, ello en atención al principio de inderogabilidad singular de los reglamentos que convierte a la potestad en análisis, en el ejercicio de una facultad reglada. La interpretación propuesta requiere de un catálogo de sanciones tal como el propuesto por la Ley Nro. 5.642, sin embargo admite excepciones en aquellos casos en que no está prevista la sanción a una determinada conducta.
Despido, indemnización, ley de empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez, José c/ Edgardo Antonio García y otros s/ Diferencia de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-03-03

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia del a-quo que no hace lugar a la indemnización prevista en el art.8 de la ley 24013. Ello así, ya que no se encuentran implementados los requisitos del art. 11 del citado cuerpo legal. Asimismo la norma prevista en el art. 3 inc. 1) del Decreto Reglamentario, 2725/91 expresamente establece que la intimación debe efectuarse estando vigente la relación laboral.

Dicha norma reglamentaria integra la ley 24013 por cuanto, a mi modo de ver, respeta su espíritu, toda vez que como bien lo señala Foglia Ricardo, en "Las indemnizaciones de los arts. 8, 9, 10, 11 y 15 de la mencionada ley. Requisitos para su procedencia": "Es indudable que la ley al exigir que la relación laboral esté vigente al momento de percibir el empleado la intimación del trabajador, quiere evitar todo tipo de reclamaciones resarcitorias sobre vínculos laborales extinguidos con anterioridad a ese momento..." Añado por otra parte que la finalidad de la Ley 24013 es propender a la regularización de las relaciones laborales total o parcialmente clandestinas y no tan solo la de posibilitar el cobro de nuevas indemnizaciones.
Revocación de sentencia, estafa, querellante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Berra Rojo, M. G.  c/  s/ estafa (Causa Nº 19.760/2023)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-26

Querellante.

Magistrado que instó a los querellantes a que unifiquen su representación.

Imputado que desde el año 2020 y hasta la actualidad habría conformado un complejo entramado societario y publicitario generador de confianza en los clientes que, en la creencia de que habían contratado paquetes turísticos -con traslados incluidos-, concretaron disposiciones patrimoniales que les provocaron el perjuicio económico denunciado. Maniobras que serían similares. Reconocimiento en la actualidad del rol de querellante a sesenta de los clientes.

Magistrado que frente a la negativa debió proceder según lo establecido por los artículos 54 y 55 del Código Procesal Civil y Comercial. Unificación ordenada que resulta prematura.

Revocación.
Medidas cautelares, principio de inmediación, interés superior del niño
Materia: PROCESAL
Carátula: I. M. S. s/ Cautelar Mansilla, Ivone Delia Cristina c/ Mogro Orlando y Soto de Mogro, Marta Graciela s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte.   Nº 12.828/12 (Sala I - Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial) Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2014-11-03|2014-03-21

Tratándose de una medida cautelar, y habiéndose iniciado el juicio de tenencia en la Provincia de Mendoza -lugar del domicilio actual del menor- y atendiendo el Interés Superior del niño, corresponde declarar la incompetencia para continuar entendiendo en relación a la restitución y tenencia del menor, toda vez que resulta de suma utilidad la inmediación del Juez y el niño- sujeto del proceso- para posibilitar que aquél pueda ejercer con efectividad y temporáneamente las medidas protectorias que resulten adecuadas al interés superior del mismo. Así resulta conveniente posibilitar el permanente contacto "de visu" respecto del niño y toda la prueba que se deba producir para el dictado de la sentencia.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, promoción comercial
Materia: LABORAL
Carátula: GARABAN  LORENA  KARINA c/ IMPACT MARKETING S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-25

Las tareas de promotora llevadas a cabo por la trabajadora, promocionando la bebida alcohólica Fernet Branca, hacen responsable en los términos del art. 30 L.C.T. a Fratelli Branca Destilerías S.A. por resultar indispensables para su operatoria de "producción y comercialización de bebidas alcohólicas".
Concursos, competencia, sociedades comerciales, inscripción de domicilio social, doble inscripción
Materia: CIVIL
Carátula: I.P.V.U. c/ OMEGA SEGUROS S.A. y/u OTROS s/ COBRO DE PESOS-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-08-29

Si existen dos inscripciones con motivo de la inacción de la sociedad deudora, quien no activó los trámites que conducían a la cancelación del domicilio original, éste último debe considerarse subsistente a los efectos legales y en protección especial de los intereses de terceros y es el que determina el Juez competente para la radicación del concurso.
Daños y perjuicios, prestación de servicios, fuerzas de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ  RAMON  Y  OTROS c/ CAP. Y OTROS BQ.  "MC EMERALD" s/ COBRO DE ASISTENCIA Y SALVAMENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-14

Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que fue establecido, debiendo responder por los perjuicios que causa su incumplimiento o irregular ejecución de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1112 del Código Civil, es claro que la actuación de las fuerzas de seguridad no justifica una represión errónea o un procedimiento que si bien puede ser legítimo en su origen, ocasiona un daño derivado de un obrar que ha sido cometido con la intención de dañar, pues atendiendo a la profesionalidad del autor no podía éste ignorar las consecuencias que traería aparejada su conducta (conf. Fallos: 306:2030; 312:1656; 321:1129; C.S.J. causa del 23-5-06 "Tortorelli, Mario Nicolás c/ Prov. de Buenos Aires y otros s/ daños y perjuicios", E.D. diario del 31.8.06; en igual sentido, esta Sala, causa n° 2666/99 del 25.6.02; Sala I, causa del 27.12.96, LL t. 1997-D, pág. 95; Sala III, causa del 16.12.88, LL t. 1989-B, pág. 368; entre otros).
Ley procesal, ley de orden público, derechos adquiridos
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Firmenich, Mario Eduardo. s/ INCIDENTE  DE  DECLARATORIA DE JURISDICCION INTERPUESTO POR OSVALDO J  BEATTI  - GUSTAVO  A.  SEMORILE  Y  FERNANDO  E.TORRES  EN  CAUSA  50
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-08

La facultad de cambiar las leyes procesales es un derecho que pertenece a la soberanía y no existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento, pues las leyes sobre procedimiento y jurisdicción son de orden público, especialmente cuando estatuyen acerca de la manera de descubrir y perseguir los delitos.
Carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba, presunción de inocencia
Materia: PENAL
Carátula: Y., R. J. c/ C., R. s/ Querella s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-04

"De modo concordante, este Cuerpo entiende que Nemesio González confirma esta postura, cuando dice que '... el enjuiciado prosigue siendo poseedor o titular de la citada presunción de inocencia, y el onus probandi tendiente a demostrar el hecho delictivo y su autoría y participación, está exclusivamente a cargo de la parte acusadora, salvo situaciones en que el imputado esgrima defensas e invoque hechos controvertidos con los probados por la acusación. En tales excepcionales casos, el imputado deberá incorporar prueba corroborante de los hechos por él invocados...'".
Transporte ferroviario, transporte de pasajeros, responsabilidad de la empresa ferroviaria, obligación de seguridad, pasajero de tren, pasajero damnificado, robo de viajeros, lesiones graves, deber de obrar con prudencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERRAROTTI MARTA CONCEPCION c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ LESION Y/O MUERTE DE PASAJEROS TRANSP. FERROVIARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

Aunque se considerara a la agresión concreta como un hecho imprevisible (que no lo es, ya que lamentablemente las crónicas periodísticas ponen de manifiesto la reiterada comisión de hechos análogos al que aquí se trata), ni siquiera fue alegado que resultara imposible la adopción de medidas aptas para que ello no se produjera. Tiene decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "la obligación de seguridad del transportista ... También le imponía adoptar las medidas conducentes para evitar que pudieran perpetrarse hechos delictuosos durante el viaje, en la medida en que, supuesto el adecuado conocimiento de las condiciones en que se realiza el transporte, tales hechos pudieron ser objeto de previsión y prevención" (causa "Santamarina, M. C/Empresa Ferrocarriles Argentinos", del 13.11.90).