Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-04


Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.

Visto: el expediente citado en el epígrafe, resulta:

Ricardo Félix Baldomar y Carla Cavaliere se presentan a fs 99/101 por su propio derecho, invocan el carácter de jueces de primera instancia en lo Contravencional y de Faltas de esta Ciudad, y plantean una medida cautelar autónoma contra la resolución n° 4/08 de la Junta electoral -"conformada a los efectos de llevar adelante el acto eleccionario tendiente a elegir representantes de los Jueces e integrantes del Ministerio Público al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jurado de enjuiciamiento de Jueces, integrantes por los Jueces al Consejo Académico del Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de integrantes del Ministerio Público"-, y contra la resolución del mismo órgano del 3/3/2008.

Expresan que la primera de las resoluciones en cuestión, que aprobó el padrón definitivo de electores, modificó de oficio los padrones provisorios aprobados por la res. N° 2/2008 de la Junta Electoral conformada por el Plenario del Consejo de la Magistratura, y los excluyó "de dicho padrón lo que [les] ocasiona un daño grave e irreparable", ya que impide su participación en el acto comicial de mención y lesiona sus derechos electorales "constitucionalmente protegidos".

Agregan que la exclusión ha sido ratificada por la segunda de las resoluciones citadas, adoptada por la Junta Electoral al decidir la petición que pretendía su reincorporación al padrón. En lo sustancial alegan que: a) fueron mal excluidos por aplicación del art. 9, in fine del reglamento Electoral (resol. N° 143/04, CM) que expresa que "quienes se encuentran en uso de licencia no tienen derecho a voto", pues las licencias de ambos, otorgadas por las respectivas resoluciones n° 841/07 (Cavalieri) y 863/07 (Baldomar), concluyeron el día 29 de febrero de 2008; b) en la medida de que no hubo impugnaciones al padrón provisorio, "la nueva Junta Electoral no estaba habilitada para efectuar modificación alguna a dichos padrones"; c) la licencia sin goce de sueldo otorgada a los efectos del ejercicio de la función de consejeros por el estamento judicial, no puede "interpretarse como un cercenamiento del derecho a elegir y ser elegidos".

Fundamentan el peligro en la demora en que, de acuerdo al cronograma electoral aprobado por resolución n° 2/08, el 5 de marzo vence el plazo para la presentación de listas de candidatos. En cuanto a la verosimilitud del derecho expresan que la exclusión les impide votar, la posibilidad de ser candidatos al Jurado de enjuiciamiento, y la de avalar una lista de candidatos.

Fundamentos Los jueces José Osvaldo Casás, Luis Francisco Lozano y Ana María Conde dijeron:

1. Ya se ha afirmado la competencia del Tribunal en la presente causa, lo mismo ha ocurrido en supuestos análogos referidos a procesos electorales para integrar el Consejo de la Magistratura de la Ciudad (conf. art. 113, inc. 6º, CCBA y exptes. nº 1187/02 "Arias, Cesar Augusto c/Colegio Público de la Capital Federal -Junta Electoral- s/amparo", sentencia del 4/11/2002 y nº 2956/2004 "Garavano, Germán Carlos y otra c/ consejo de la Magistratura - Junta Electoral s/ medida cautelar autónoma", sentencia del 23/3/2004; así también, los precedentes: expte. n° 4124/05 "Baldomar, Ricardo Félix s/ amparo", resolución del 19 de septiembre de 2005, y expte. n° 4576/06 "Busso, Ricardo Mario c/ Consejo de la Magistratura - Junta Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo", resolución del 22 de marzo de 2006). En todos ellos, la materia electoral estuvo dada por la existencia de procesos comiciales en curso o de consecuencias directas de procesos electorales concluidos para la integración de los miembros del Consejo de la Magistratura por los estamentos de los jueces y los abogados.

2. Por otra parte, independientemente del nomen juris otorgado a la presentación en examen, ella debe ser considerada como una apelación de la decisión de la junta Electoral con fecha 3 de marzo del corriente, de ratificar la exclusión de los presentantes del padrón electoral destinado a la elección mencionada en el resulta.

En este sentido, el juez Casás ha señalado en el precedente "Garavano", citado supra, que " ... la competencia de este estrado se ve también respaldada por la disposición transitoria sexta del Reglamento Electoral en tanto allí se dispone que, a todo efecto, mientras no se sancione el Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aplicarán supletoriamente a las elecciones de jueces para integrar el Consejo de la Magistratura y de jueces e integrantes del Ministerio Público para formar parte del Jurado de Enjuiciamiento, el Código Electoral de la Nación, en todo lo que no se oponga a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que, en el sub examine debe entenderse que este Tribunal cumple las funciones de la Cámara Nacional Electoral para conocer de los planteos que se incoen contra las decisiones de la Junta Electoral local constituida al efecto." Lo señalado no importa desconocer que, como principio, la Junta Electoral es el órgano a quien incumbe privativamente disponer la aprobación de los padrones y los conducentes al desarrollo del proceso electoral. Pero, sin perjuicio de ello, corresponde a este Estrado en su condición de Tribunal Electoral, destacado a ese fin por el art. 113 de la Constitución, y conforme lo ha establecido en precedentes citados, revisar lo que se resuelva en aquellas situaciones en las cuales pueda quedar afectado un derecho de raigambre constitucional.

3. En el sub judice no se discute el momento establecido por la Junta Electoral como fecha de cierre del padrón definitivo. Se controvierte, en cambio, cuál debía ser la fecha tenida en consideración a los fines de establecer, desde la perspectiva del 27 de febrero de 2008 -fecha de aprobación del padrón definitivo-, la capacidad electoral de los presentantes y, por ende, su inclusión o exclusión de dicho padrón. En su propia óptica debía serlo al día de los comicios o al día inmediato anterior y, desde la óptica de la Junta, el 27 de febrero.

En otras palabras, lo que en sustancia, está en discusión, es la recta interpretación del artículo 9, in fine del Reglamento Electoral, en cuanto dispone que "quienes se encuentran en uso de licencia sin goce de haberes no tienen derecho a voto", y restringe la capacidad electoral de los "jueces/as de primera y segunda instancia y los integrantes del Ministerio Público que componen el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designados por concurso y en el ejercicio de sus cargos".

Sentado ello, la plena garantía del derecho de sufragio -activo y pasivo- de los jueces e integrantes del Ministerio Público consagrada específicamente en los arts. 115, 121 y 126, CCBA, permite discernir -como mejor solución destinada a satisfacerla en forma íntegra- que la restricción antes apuntada deba verificarse al día de la elección, pues es ese día y no otro cuando se ejerce el derecho a votar.

Ello es así, porque, como principio, la capacidad para ejercer un derecho es la que existe al tiempo en que el acto se lleve a cabo. En tales condiciones, la fecha en la que deben quedar reunidos los requisitos que brindan la capacidad electoral es precisamente la fecha de los comicios, cualquiera sea la oportunidad en que se la aprecie, y, si ella difiriere, como ocurre en el caso, de la ocasión en que la capacidad será ejercida, según los datos de que se disponga a ese momento y con las correcciones que pudieran ser necesarias en el futuro si ello fuera posible.

Este es el principio que inspira el art. 25, párrafo segundo del Código Nacional Electoral en cuanto dispone, desde la perspectiva de los 180 días antes de los comicios -fecha de cierre de los padrones- que se incluya a quienes estarán en edad de votar a la fecha la elección.

Aplicado este principio al caso que nos ocupa, no es dudoso que el respeto del derecho electoral de los presentantes obligaba a tener en consideración la información que se disponía al día 27 de febrero acerca de su estado de actividad o licencia al día de los comicios.

A partir de lo expuesto, y de la circunstancia de que la licencia sin goce de haberes de los recurrentes finalizó el día 29/2/2008 (según surge de fs. 50 y 51 y de la resolución de fecha 3/3/2008 de la Junta Electoral) corresponde ordenar a la Junta Electoral que incluya en el Padrón de Electores a los jueces Ricardo Félix Baldomar y Carla Cavaliere, a todos sus efectos.

En razón del estado del proceso electoral y la inminencia del vencimiento de sus plazos, la comunicación a la Junta Electoral y la notificación a los recurrentes se hará con carácter urgente y con habilitación de día y hora. A estos efectos se designará como oficial notificador ad hoc al Secretario Letrado, Dr. Alberto Elgassi.

Así lo votamos.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El Tribunal resulta competente para entender en la cuestión planteada (conf. art. 113, inc. 6º, CCBA y el criterio establecido en el expte. nº 1187/02 "Arias, Cesar Augusto c/ Colegio Público de la Capital Federal -Junta Electoral- s/amparo" entre otros).

2. Los hechos relatados por los actores, permiten inferir que existen buenas razones para afirmar que están habilitados a recurrir ante este Tribunal en tutela de los derechos constitucionales que entienden vulnerados con independencia del nomen iuris que ellos dieran a su presentación -tal como lo señalan los jueces Casás, Lozano y Conde en el punto 2 de su voto conjunto-.

3. La cuestión a resolver es el alcance de la restricción contenida en el art. 9 in fine del reglamento electoral, el cual debe ser analizado a la luz de los derechos electorales reconocidos a los jueces e integrantes del Ministerio Público en su calidad de tales (conf. arts. 115, 121 y 126 CCBA).

Esta pauta hermenéutica conduce a limitar la restricción aludida sólo a aquellos jueces o integrantes del Ministerio Público que al día de la elección se encuentren en la situación prevista en la última parte del art. 9.

4. La opinión que expreso en el apartado anterior no desconoce que la Junta Electoral es el órgano que, en principio, tiene atribución para disponer la aprobación de padrones y la adopción de todas las medidas que tiendan a asegurar la realización del acto comicial en la fecha establecida. Sin embargo, la actuación de la Junta en el marco de su competencia siempre podrá ser discutida ante el Tribunal cuando el afectado denuncie la violación de derechos y garantías constitucionales.

5. Por lo expuesto voto por ordenar a la Junta Electoral que reconozca a los presentantes el carácter de electores y su incorporación al padrón electoral a los efectos que corresponda.

El juez Julio B. J. Maier, dijo:

1. Cabe remitirse a la explicación de la competencia del Tribunal que funda el voto conjunto de los jueces Casás, Lozano y Conde , según se observa, admitida por el Tribunal en múltiples ocasiones, conforme a su competencia electoral.

Por lo demás, resulta innegable que, como guardián de la Constitución, característica definitoria del TSJ en la CCABA (art. 113), él tiene la misión de expedirse en aquellos casos concretos para dilucidar el alcance del ejercicio de los derechos electorales activo y pasivo emanados de la ley fundamental de la Ciudad. La petición de los jueces nombrados en la relación de esta causa pone en acto esa competencia, se llame como quiera llamarse esa acción y, eventualmente, ese recurso contra la decisión de la junta electoral establecida para los comicios antes detallados, que los margina de la elección como posibles electores y elegidos.

2. No pretendo, por ello, con mi opinión, criticar la resolución de la junta electoral y mucho menos conforme a las reglas comunes (infraconstitucionales) vigentes, salvo en aquello que se refiere al agravio de los requirentes de esta decisión, que quieren tomar parte en los comicios.

No parece racional que, tras haber cesado la licencia concedida a ambos y, por tanto, la causa de su exclusión del padrón electoral, siga rigiendo una limitación al derecho de elegir y ser elegido. Hoy en día ellos reúnen todos los requisitos de capacidad como electores y, por ende, debe permitírseles el ejercicio de sus derechos políticos básicos. Se reconocería un exceso de rigidez y de formalidad de negárseles intervención en los comicios, sobre todo si se advierte lo pequeño del padrón electoral, según su destino, y la facilidad, por ello, para introducir modificaciones menores que intenten no agraviar los derechos políticos de algún interesado.

La razón por la cual se produjo la exclusión -inexistente ahora- se comprende como racional cuando se trata de licencias todavía de largo plazo y de plazo no vencido, pero caduca no bien el juez de reincorpora a su función y la licencia cesa, incluso por voluntad del interesado. La rigidez de la resolución formal, relativa al cierre del padrón definitivo, se comprende también -incluso allí con excepciones posibles- en comicios universales, de gran envergadura, por la necesidad de producir un padrón definitivo por circunscripciones y mesas de votación antes de los comicios, para dedicar todo el esfuerzo organizativo a tareas inmediatas a los comicios, pero deja de ser racional en comicios pequeños, no bien su aplicación rígida signifique negar derechos electorales para cuyo ejercicio el reclamante está totalmente legitimado.

Por lo tanto, voto por permitir a los requirentes el ejercicio de sus derechos electorales y, para ello, por ordenar se los agregue al padrón electoral de los comicios antes determinados.

Por ello, El Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Ordenar a la Junta Electoral que incorpore al padrón definitivo a los jueces Ricardo Félix Baldomar y Carla Cavaliere a todos sus efectos.

2. Mandar que se registre, y con carácter urgente y habilitación de día y hora, se notifique a los recurrentes y se haga saber a la Junta Electoral para su cumplimiento. A estos efectos se designa como oficial notificador ad hoc al Secretario Letrado, Dr. Alberto Elgassi.