marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), depósito
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, Juan Alberto c/ Romero, Juan José Antonio y/u otros s/ Despido y preaviso
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-27

Debe confirmarse el resolutorio que, teniendo en cuenta que la actora se había dado por satisfecha con la medida cautelar trabada en juicio sobre los mismos automotores, por un valor poco menor que el que se debía afianzar a los fines recursivos, consideró que mediante la ampliación de dicha medida hasta cubrir el monto resultante de la condena más el treinta por ciento que determina el artículo 125 inciso a) del Código Procesal Laboral cumplimentaba el requerimiento de dicha norma a los fines de conceder la apelación interpuesta. Resulta decisivo para considerar que el recurso ha sido bien concedido la expresa disposición del citado artículo que, luego de establecer la exigencia del depósito de la condena, en su segundo apartado consigna que dicho requisito no se exigirá cuando existiere embargo de bienes del empleador dentro del proceso, en cantidad que cubra las sumas mencionadas, requisito éste que se cumplimentó al disponer el a quo, previo a la concesión del recurso, la ampliación de la medida cautelar decretada en el transcurso del juicio hasta cubrir el monto requerido por la norma.
Recurso de casación penal, improcedencia del recurso, sentencia definitiva, desestimación de la denuncia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GROSSKOPF, SERGIO MARIO s/ INFRACCIÓN LEY 24.769.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-14

Corresponde no hacer lugar al recurso de casación incoado puesto que la resolución recurrida, en cuanto confirma la desestimación de la denuncia, no constituye sentencia definitiva y no puede equipararse a ella en tanto carece de los efectos de la cosa juzgada y no es susceptible del recurso interpuesto (conf. artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación). (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Compraventa, boleto de compraventa, cesión de boleto, obligación de escriturar
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ, Sara Beatriz y otro c/ TORRES, Carlos Armando y otro s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

1- Cuando el comprador transfiere a un tercero el crédito referente al inmueble, el vendedor queda automáticamente obligado a escriturar en favor de ese tercero, sin perjuicio de su derecho de reclamar, en el mismo acto, el pago del precio al comprador originario.

2- No corresponde condenar a escriturar al cedente de un boleto de compraventa, pues no tiene el dominio, sino sólo un derecho creditorio, es decir, derechos y acciones de carácter personal que le competen contra su deudor y que transfirió al cesionario.
Club de campo, expensas comunes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Casabal, Adolfo Antonino c/ Country Club Los Cerrillos del Pilar S.A. s/ Acción Declarativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-11

El club de campo constituido antes de la entrada en vigencia del decreto 8912/77 de la Pcia. de Buenos Aires se encuentra legitimado para liquidar y exigir el pago de expensas a los vecinos del barrio, pues dicha norma y el decreto local 9404/86 contemplan a los denominados complejos urbanísticos nacidos con anterioridad a su dictado, previendo incluso el cerramiento del área y la prestación de servicios bajo la responsabilidad de la institución peticionante, con convenio con la respectiva municipalidad, aún cuando el predio incluya calles públicas.
Beneficio de litigar sin gastos, defensa en juicio, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Ahumada,  Lía  Isabel c/ Buenos  Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

El beneficio de litigar sin gastos encuentra sustento en la garantía de la defensa en juicio y la de la igualdad ante la ley, pues por su intermedio se asegura la prestación de los servicios de justicia no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a la situación económica del litigante.

Empero, no debe olvidarse que frente a los intereses del peticionario se hallan los de su contraria, tan respetables como los de aquél, los que podrían verse complicados si a un limitado beneficio se lo transforma en indebido privilegio.
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: BASUALDO, Moine G. c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-14

En lo relativo a la cláusula penal, el art. 656 del C.C.

establece que los jueces podrán reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuren un aprovechamiento de la situación del deudor (2° párrafo). Es decir, los elementos que condicionan la anulación de la pena abusiva son: 1) la ausencia de equilibrio entre la pena establecida y el reproche que ha merecido la conducta del deudor, la desproporción entre ambos considerando el valor de las prestaciones (no sólo su valor económico sino también el valor de afección perjudicado por el incumplimiento pues si se ha querido asegurar la obtención de la prestación, es justo también atender a la función compulsiva pretendida. 2) El abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. La obtención de una ventaja evidentemente desproporcionada y sin justificación (Jorge Joaquín Llambías, "Código Civil Anotado", T.II-A, págs. 436/437).
Cosa juzgada administrativa, jubilaciones, pensiones, sistema previsional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Rocca, Licio s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Si bien es cierto que a la cosa juzgada administrativa se le otorga un alcance menos restrictivo que a la judicial, en la medida en que el poder administrador puede volver sobre lo que está juzgando cuando se trata de corregir sus propios errores, ello no importa reconocer, -aun cuando se trate de materia previsional- que lo decidido por los tribunales judiciales igualmente pueda ser revisado indefinidamente, pues tal circunstancia implicaría un menoscabo de la garantía de la cosa juzgada (art. 17 de la Constitución Nacional).
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rio, Ruben Daniel c/ Viñolo, Juan Rafael s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-16

Deviene improcedente si el experto no inspeccionó la unidad siniestrada luego de su reparación, ni pudo constatar la real y concreta existencia en la misma de imperfecciones o defectos que pudieran eventualmente incidir en su precio de reventa en el mercado.
Incapacidad laboral, licencia por enfermedad, extinción por incapacidad o inhabilidad del trabajador, salarios por enfermedad
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO, ANTONIO MARIA c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-15

La disolución del contrato de trabajo por incapacidad absoluta durante la vigencia de la licencia paga prevista en el artículo 208 de la LCT. (To), extingue la obligación de pagar los salarios por incapacidad temporaria correspondientes al periodo restante (conforme sala 3, sentencia numero 39388, 17 de marzo de 1980, 'Margon, Ornella Beatríz c/ Ferrocarriles Argentinos').
Derechos y garantías constitucionales, proceso penal, debido proceso, doble instancia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Iujvidin, José Horacio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-21

La garantía de la doble instancia en materia penal prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8 inc. 2° apartado h), como así también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5), que adquirieron jerarquía constitucional tras la reforma (art. 75 inc. 22 párr. 2°), hace expresa referencia a la persona "inculpada de delito", por lo que "resultan ajenas a su ámbito las sentencias absolutorias (cualquiera sea el monto de la pena o sanción pecuniaria pedidas por el Ministerio Público, el querellante o el actor civil). (Voto del Dr. Riggi).
Procedimiento administrativo, pronto despacho, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DOMINGUEZ BUGALLO, Julián c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-06

Si bien ante una situación concreta de mora administrativa, el administrado puede elegir la vía que según las circunstancias le convenga, una vez interpuesto el pronto despacho del art. 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo -denuncia de la mora-, no podrá articular la reclamación en queja ni la acción de amparo por mora, por cuanto rige el principio según el cual elegida una vía, no es posible luego intentar la alternativa.-
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castaño, Maria del Carmen c/ Zurro, Antonio A. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-09

Quien tiene a su cargo la conducción de un vehículo, asume sobre sí la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos que, en el curso ordinario del tránsito, puedan presentarse de manera más o menos imprevista. Así, la aparición de la figura del peatón distraído o del ciclista desaprensivo, son hechos que se presentan, si no normalmente, al menos ocasionalmente. Y el conductor debe estar lo suficientemente alerta como para sortear esas emergencias, salvo por supuesto casos excepcionales.-
Competencia por la materia, competencia federal, fundamentación de la demanda, empresa telefónica, sociedades comerciales, comisión liquidadora, convocatoria a la asamblea de accionistas, prestación del servicio público
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferrero, Juan Carlos y otros c/ Comité Ejecutivo de la Sindicación de Acciones del Programa  de Propiedad  Participada  de Telecom y Comisión Liquidadora de dicho programa  y  Sr.  Alcides  Solis s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

No es competencia federal la demanda, con fundamento en el art. 251 de la ley 19.550, por la que se objeta el accionar de un órgano - la comisión liquidadora - que se dice inexistente, el modo confuso de la convocatoria a asamblea y el ejercicio de funciones dentro de la misma pues, al no afectarse la prestación del servicio de telecomunicaciones, además de no ser parte, no se halla comprometida en modo alguno en la acción, la participación del Estado Nacional.
Accidentes de trabajo, culpa de la víctima, prueba, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: CHIGANER, HENRIQUE c/ NISALCO SA s/ INDEMNIZACION  DA#OS  Y  PERJUICIOS  POR  ACCIDENTE  DE  TRABAJO     EXPTE NRO 91-92
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-17

La culpa de la víctima no puede presumirse, debe probarse. El artículo 1113 del Código Civil es un ejemplo de las reglas de la carga probatoria que se pone en cabeza del responsable a priori del daño, si éste no prueba la culpa de aquélla responde a título objetivo por tener un deber pleno de seguridad. El actor, según lo demuestra la prueba, no pudo evitar el daño, por la sencilla razón de que éste fue ajeno a su voluntad y no se ha acreditado que trabajara con elementos de protección o seguridad.
Daños y perjuicios, indemnización, gastos de traslado
Materia: CIVIL
Carátula: Paolini, Roque Ramón. c/ Parolín, Oscar Mario. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-15

Los gastos de traslado, se aceptan corrientemente sin que sea necesaria la presentación de recibos para su admisión, debiendo atenderse fundamentalmente a la entidad de las lesiones sufridas por la víctima y a la necesidad de concurrir a establecimientos asistenciales para su tratamiento.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba, medios de prueba, teléfono celular
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BORDIGA, JORGE ANTONIO c/  s/ APELACION PRISION PREVENTIVA Y PLANTEO DE NULIDADES EN CARPETA JUDICIAL SANCHEZ, GERARDO Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13

Las postulaciones vinculadas con presuntos vicios constitucionales en la recolección de evidencia en los teléfonos celulares, no cuentan con un adecuado relato que permita otorgarle decisividad a la cuestión y mucho menos relacionarla con el gravamen constitucional que invoca, puesto que la resolución cuestionada exhibe variedad y cantidad de evidencias, las que son analizadas por el Magistrado interviniente y que, en su conjunto, no demuestran un absurdo lógico o normativo para sustentar la revocación de la prisión preventiva dictada. (De la ampliación de fundamentos del Dr. Falistocco)
Despido sin causa, comunicación del despido
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Zarza Raúl A. c/ Puca Blanca y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-10

Conforme el criterio mayoritario, en los casos de despido sin causa no es necesaria, para tenerlo por configurado, la comunicación escrita formal.
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, empleados públicos, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Devoto, Hilda Rosa c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Revocatoria  (Expte. CSJ Nro. 706-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-04

Para que se configure la denegación tácita que torne admisible el recurso contencioso administrativo en los supuestos del artículo 6 del código de rito es imprescindible que la parte haya sometido el caso a consideración del Poder Ejecutivo, que tiene constitucionalmente atribuida la decisión final en la esfera administrativa, lo cual provoca la obligación de pronunciarse sobre la situación jurídica subjetiva que se aduce afectada. Por ello, corresponde rechazar la revocatoria deducida si, tal como lo entendió la Presidencia de la Corte, la impugnación deducida contra la suspensión aplicada a la actora no llegó, en momento alguno de su trámite, a conocimiento o resolución del señor Gobernador.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: PAEZ, ENRIQUE ANTONIO c/ IMLAT  S.A.  EMPRESA CONSTRUCTORA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-24

Aun cuando no sea determinable en términos absolutos la incidencia que tuvo la modalidad del trabajo en la eclosión de la enfermedad del obrero, corresponde la indemnización cuando no es descartable la gravitación de aquélla y existen circunstancias que conducen, por vía de presunción, a concluir en este sentido (conforme Sala V, sentencia del 28 de febrero de 1974, 'Gómez, Adelmo c/ Pond's Argentina S.A. ').
Procedencia del recurso, habeas data, ley vigente, antecedentes penales, derecho a la identidad, derecho a la intimidad, derecho al honor
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: L. S., J. O. c/ Policía de la Provincia de Salta s/ hábeas data - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-02-01

Procede hacer lugar al recurso de apelación deducido por actor, y en consecuencia, revocar la sentencia -que había rechazado la acción de hábeas data- y ordenar a la División de Antecedentes de la Policía de la Provincia de Salta se abstenga de informar como antecedentes penales del actor, las causas "Sobre falsificación" y "Lesiones y amenazas", ello pues, conforme lo dispuesto por el art. 89 de la Constitución de la provincia de Salta, toda persona podrá interponer acción expedita de hábeas data para tomar conocimiento de los datos referidos a ella o a sus bienes, y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes. En caso de datos falsos, erróneos, obsoletos o de carácter discriminatorio, se podrá exigir la supresión, rectificación confidencialidad o actualización de aquéllos; no podrá afectarse el secreto de las fuentes periodísticas. El marco normativo específico en relación a esta garantía se completa con la Ley Nacional 25356 de Protección de Datos Personales a la que por Ley 7935 adhirió la Provincia de Salta. Asimismo, Con una redacción semejante, el art. 43 de la CN contempla la acción de hábeas data junto con las garantías constitucionales de amparo y hábeas corpus. En el caso, la antigüedad de los datos -casi 40 años de uno y 30 años del otro- y principalmente el hecho de que se trate de actuaciones penales en que no habría recaído sentencia condenatoria, permite advertir la inutilidad e impertinencia de aquella registración para cumplir los fines a los cuales se encuentra encaminada. A su vez, la Ley 25326 consagra también el derecho al olvido respecto a los datos personales registrados con fines policiales, que deberán cancelarse cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento. Las circunstancias descriptas al descartar una colisión entre los principios involucrados en el caso, ponen en evidencia la ostensible afectación señalada por el actor en su derecho a la identidad, intimidad y honor respecto de datos que resultan, indudablemente, sensibles a tenor de la incidencia que provocan en su vida, especialmente, en el ámbito laboral donde su registración se constituyó en un obstáculo para la toma de posesión de cargos que consiguió en el devenir de su vida profesional.
Procedimiento laboral, segunda instancia, producción de la prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Albarracín, Julio César c/ Transporte Garbi e Hijos S.R.L. s/ Beneficios Laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-04-24

En el caso no se materializa ninguno de los supuestos contenidos en el art. 112 del C.P.T. para que proceda la producción de prueba en la segunda instancia, toda vez que no hubo prueba denegada y tampoco declaración de negligencia en primera instancia. Pero además existen otras circunstancias que frustran la pretensión.

En efecto, el actor alega en su agravio la falta de producción de la prueba pericial contable por cuanto el demandado jamás proporcionó los elementos necesarios para realizarla y con fundamento en ello pide que se disponga su producción en esta Alzada. Ahora bien, conforme a las constancias de autos la demandada cumplió lo requerido por el perito proporcionando documentación, sin que el contador designado haya realizado la pericia ni formalizado objeción o requerimiento de otros documentos, sin embargo la actora no ha instado la concreción de esta prueba. Por el contrario y a pesar de su falta de realización, pide que se pongan los autos para alegar.

Ello así, nada justifica la producción de prueba en segunda instancia, pues las facultades a las que alude la segunda parte de la norma mencionada supra no autoriza a suplir el desinterés de la parte, es a la interesada en la producción de determinada prueba a quien incumbe procurar que la misma sea completa; de lo contrario deberá cargar con las consecuencias del propio desinterés. En consecuencia, este agravio debe desestimarse.
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Gago, Sergio Alfredo c/ Libra S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

Basada la responsabilidad civil en la culpa del principal, es a cargo de la parte actora la prueba de su existencia.
Procedimiento laboral, jurisdicción y competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: R., D.P. c/ C.T.T.S.L. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-30

Las normas que contiene la Ley Nro. 69 deben interpretarse teniendo en cuenta que la misma se dictó para la mejor defensa de los derechos de los obreros y yo creo que a la hora de aplicarse las mismas esta directiva debe tenerse en cuenta.

Por lo tanto, es de suma importancia, que en respeto de sus derechos y porque el legislador entendió que para su mejor defensa era correcto que pudiesen optar ante qué juez demandar en los límites que les acuerda el art. 1°.
Cese de uso de marca, grupo económico, contenido de sitios de Internet, libertad de expresión
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. c/ Castaneda, Matías s/ Cese de uso de marcas / daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-11

El pedido de cese del uso de la marca "Clarín" como parte de la denominación de un blog dedicado a realizar un análisis crítico del referido grupo multimedios, involucra dos intereses esenciales que necesariamente deben ponderarse, por un lado el derecho de la sociedad a estar informada y a expresar todo tipo de opiniones e ideas a través de un medio de gran difusión como Internet -con sus efectos positivos y negativos-; y por el otro, los derechos -personalísimos o a la propiedad- de las personas físicas o jurídicas que puedan resultar afectados por el uso que se haga del referido medio.
Recurso extraordinario, recurso de inconstitucionalidad, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SECRETARIO Y SUBSECRETARIO DE LA GOBERNACION s/ PRESUNTAS IRREGULARIDADES-QUEJAS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-23

Habiendo sostenido el recurrente que a los afines del recurso de inconstitucionalidad la sentencia es una ley en sentido lato o amplio, la C.N.C.P. dijo, que ha de entenderse que entre las resoluciones cuya inconstitucionalidad puede cuestionarse están excluidos. precisamente, las sentencias judiciales.
Marcas, superposición de productos, marcas confundibles, oposición al registro de marca, falta de prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PLAZA  OESTE  SA c/ PEREZ  CUESTA  SACI s/ cese de oposición alregistro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07

Tal como ha sostenido esta Cámara, quien se opone a la solicitud de un registro debe sustentarla en un interés legítimo (art. 4º de la ley marcaria), esto es, acreditar la existencia de un derecho o, inclusive, de una situación de hecho digna de tutela jurídica, sea para evitar el aprovechamiento indebido de un signo ya registrado (Fallos: 280:373) o que, sin estarlo, ha sido usado en forma continua, intensa y pública, generando así una clientela que susceptible de ser captada merced a la confusión con la marca pedida (esta Sala, causa 3405/93 del 9-3-94; Sala II, causa Nº 6919, del 17-12-89). Y lo cierto es que de la prueba ofrecida y producida por la oponente no se desprende ninguno de los extremos apuntados. Ello torna irrelevante la modificación del Nomenclador introducida por el decreto 558/81 pues no se demostró la superposición de productos invocada; además, conduce a descartar la hipótesis de confusión indirecta, ya que no se ve de qué modo el público consumidor podría asociar una gama de productos o servicios inexistentes con los de la actora, y atribuírles a éstos un origen común con el de su adversaria.
Competencia, competencia por la materia, competencia comercial, daños y perjuicios, entidades financieras, liquidación de entidades financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: FINBER COMPAÑIA FINANCIERA SA (EN LIQUIDACION) c/ B.C.R.A. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

El reclamo por daños y perjuicios por la gestión que le cupo al Banco Central de la República Argentina en su carácter de liquidador de una entidad financiera, esta regida por el derecho común y resulta de competencia de la justicia comercial.