Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-29


SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y UNO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintinueve días del mes de junio de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 74/11, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. José Leonardo Berber, en contra de Sentencia Nº 18/2011 recaída en causa Expte. Nº 31/10 acum. 225/09 y 37/10, caratulada: 1) Bustamante Juan Pablo y otros ss.as. Robo, etc - Capital - Catamarca", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba y a consecuencia de ello, ha aplicado erróneamente el art. 164 del C.P.? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 18/2011, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. El recurso interpuesto es formalmente admisible debido a que fue presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de la sentencia condenatoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 25, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva y, en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 18/2011, dictada el 07/09/2011, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, por mayoría resolvió: ".II) Declarar culpable a Juan Pablo Bustamante de condiciones personales relacionadas en la causa como autor del delito de robo (arts. 164 y 45 del C. Penal), Hecho comprendido en el Requerimiento Fiscal de fs. 219/224, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de tres años de prisión (arts. 40, 41 y concordantes del C. Penal). Unificar la condena establecida precedentemente con relación a la recaída en causa Nº 311/08 acumulado 296/08, Sentencia Nº Nueve/2010 de fecha 27 de abril del año dos mil diez dictada por este Tribunal, por la que se lo condenara por el delito de robo calificado por el uso de armas (arts. 45, 166 inc. 2º primer párrafo, primer supuesto y segundo párrafo del C. Penal), a la pena de diez años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal). Unificándose en la pena única de trece años de prisión con más accesorias de ley conforme lo estatuido por los arts. 58, 12 y concordantes del C. Penal). Con costas (arts. 407, 536 y concordantes del C.P.P.)." II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. José Leonardo Berber, en su calidad de asistente técnico del imputado Juan Pablo Bustamante, e interpone recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en los incs. 1º, 2º y 4º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Luego de efectuar una breve síntesis de la causa, el recurrente denuncia violación al derecho de defensa, al debido proceso, al estado de inocencia, a la igualdad ante la ley, arbitrariedad e irrazonabilidad y falta de fundamentación del fallo. Considera que la sentencia ha inobservado lo dispuesto en los arts. 186 inc. 3º y 187 última parte del C.P.P. Sostiene que se ha acreditado la existencia del hecho, pero no la participación de Bustamante en el mismo. En tal sentido, cuestiona el material probatorio analizado por el tribunal. Critica el testimonio vertido por el comisionado policial Mena, considerando que con su valoración se ha violentado el derecho de defensa. Considera que la encomienda dirigida a la madre del imputado, y que fuera secuestrada, jamás pudo operar en perjuicio de su asistido. De igual modo, cuestiona el reconocimiento efectuado por la víctima de los elementos secuestrados, refiriendo que el mismo fue genérico, lo que lleva a la duda, es decir, si se trata de las mismas cosas, afirmando que han aparecido elementos que jamás fueron denunciados. Asimismo, refiere que pese a que en el lugar del hecho se tomaron huellas dactilares las mismas jamás se adjuntaron al expediente a fin de corroborar la participación del acusado en el hecho. A entender del recurrente, existe orfandad probatoria y un único camino de solución posible, cual es, la absolución de su asistido.

Desde otro ángulo, denuncia violación al principio de igualdad (art. 16 C.N. y 454 inc. 1 C.P.P.). Cita jurisprudencia y pide que se revoque el decisorio al entender que se le ha dado trato discriminatorio e ilegal a su asistido. Argumenta que al haberse absuelto por el beneficio de la duda a dos de sus consortes de causa, igual resultado se imponía para su defendido en base a las pruebas merituadas. También denuncia arbitrariedad en la fundamentación de la sentencia, porque no se ha explicitado cuál es el mecanismo lógico para arribar a sus conclusiones plenamente disímiles con respecto a los llevados a juicio. Enfatiza en que el relato de los hechos efectuado por Bustamante, no ha podido ser desvirtuado, pues la concatenación lógica efectuada por el acriminado permite arribar a una conclusión claramente disímil a la efectuada en la condena, y las pruebas valoradas en su conjunto apoyan esta tesitura que no ha sido desvirtuada, sino por meras conjeturas carentes de sustento. Cita jurisprudencia y finaliza la vía recursiva intentada, formulando expresa reserva del caso federal y del recurso contenido en Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.

III. De los agravios expuestos, se extrae que el primer cuestionamiento a tratar radica en analizar si efectivamente el a quo ha aplicado erróneamente la reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2º C.P.P.), con relación al Hecho contenido en la Requisitoria Fiscal de fs. 219/224 (Expte. Nº 31/10), puesto que las críticas primigenias se dirigen a denunciar la falta de acreditación probatoria en cuanto a la participación del imputado Juan Pablo Bustamante en el hecho de robo simple que se le atribuye.

Antes de avanzar en el tratamiento de la presente cuestión, considero oportuno resaltar el hecho que el tribunal estimó acreditado (art. 403 C.P.P.), el cual se transcribe a continuación: "El día 07 de noviembre del año dos mil seis, en horas de la madrugada, Juan Pablo Bustamante (alias) "Marquito", previo forzar la puerta principal del local comercial denominado "Padel Store", sito en calle Sarmiento Nº 994 de ésta ciudad Capital, propiedad de Claudio Miguel Díaz, procedió a apoderarse ilegítimamente de dos paletas Geo Physic, modelo Padle, dos paletas Steel Custom, modelo Track, tres paletas Dabber, modelo Rober, una paleta Dabber, modelo Patagónica, cuatro remeras mangas cortas marca Full Sport, una chomba mangas cortas marca Full Sport, siete soquetes Full Sport, dos calzas de dama marca Full Sport, cuatro muñequeras marca Full Sport, tres musculosas de varón, siete remeras mangas cortas marca Dunlop, dieciocho gorras con visera marca Niké, Iones y Penn, dos pares de soquetes marca Avia, dos pares de media de dama marca Ellesse, tres chombas de marca Geo cuello mao, dos short marca Geo, seis chombas mangas cortas marca Steel Custodom, dos short marca Steel Custom, una funda de paleta marca Steel Custom, dos bolsos medianos porta raqueta, tres short Niké, siete remeras Niké de algodón, tres bermudas Niké, una remera Nike y un reloj de pulsera Niké, para posterior darse a la fuga".

Adelanto mi respuesta negativa a la pretensión deducida. Ello es así, por cuanto el decisorio resulta fundado conforme a derecho y sus conclusiones, fruto de una meritación integrada e interrelacionada de la prueba colectada, en modo alguno se ven conmovidas por las críticas del recurrente, las que no encuentran sustento en el material probatorio debidamente incorporado y analizado por el tribunal.

En efecto, advierto que el a quo, al valorar la participación responsable del imputado, Juan Pablo Bustamante, en el hecho de robo simple ya despcripto, tuvo en cuenta el testimonio -debidamente incorporado a debate con plena anuencia de las partes (fs. 843 -Acta de Debate-) de Víctor Gabriel Mena (fs. 16 y 22/22 vta.), empleado policial comisionado en la investigación del hecho, quién puntualmente refirió que la mercadería sustraída podría encontrarse en el domicilio de Bustamante, ya que éste había sido visto ofreciendo artículos de deporte; pudiendo determinar luego que estos elementos habían sido enviados a la provincia de Tucumán por medio del servicio de encomiendas "Encomiendas y Servicios" y fueron recibidos por la ciudadana Mónica Albornoz, tía de la pareja de Bustamante, Emilia del Carmen Albornoz. Consecuentemente con ello, el juzgador ponderó que transcurridos ocho días del hecho, se procedió al allanamiento de local comercial "Encomiendas y Servicios" sito en la Terminal de Ómnibus de esta ciudad Capital, lográndose secuestrar parte de la mercadería sustraída que se encontraba dentro de una encomienda remitida desde la provincia de Tucumán por Sandra Albornoz, dirigida a Marta Bracamonte -madre del imputado- (fs. 45/45 vta., 46, 48/49). De igual modo, el sentenciante resaltó que los elementos secuestrados fueron reconocidos por la víctima y entregados a ella, previa presentación de la documentación pertinente en copia fotostática, conforme se constata a fs. 52/58 vta.

Antes de avanzar, corresponde decir, que más allá de los cuestionamientos efectuados por la defensa del acusado, tendientes a desvirtuar el contenido del testimonio brindado por el comisionado policial, Víctor Gabriel Mena, insinuando que tales dichos no encuentran sustento en las constancias de la causa; como así, que la defensa no ha tenido oportunidad de controlar los testimonios en los que basa sus manifestaciones, bajo la tutela del secreto y protección de personajes ocultos para la causa; no pueden tener acogida favorable. Digo ello, porque nos encontramos ante una declaración testimonial que no sólo ha sido recibida en presencia de un funcionario judicial, sino que además, ha sido introducida al debate sin que exista ninguna oposición por parte de la defensa, quien ha consentido dicha incorporación. Tampoco se advierte, ni se ha logrado demostrar, la existencia de animosidad alguna del empleado policial en perjudicar a Bustamante, máxime si se tiene en cuenta que sus dichos resultaron plenamente corroborados por el resto del material probatorio debidamente incorporado y analizado por el a quo.

Tampoco resultan de recibo los agravios expuestos con relación a que la víctima recuperó más cosas que las denunciadas. Lo dicho se sustenta en las constancias obrantes a fs. 2/2 vta. (Acta de Procedimiento) y a fs. 9/9 vta. (Declaración testimonial de Claudio Miguel Díaz, propietario del local comercial y víctima del hecho) de donde surge claramente que la víctima expresó que le robaron prácticamente toda la mercadería, por un valor de $ 4000. Si nos ubicamos a la fecha del hecho (07/11/2006), se advierte claramente la importante cantidad de mercadería sustraída, razonamiento que se complementa con las placas fotográficas del local comercial (fs. 67/69), en donde se vislumbra que efectivamente el mismo fue desmantelado. En la señalada dirección, Díaz también especificó que la indumentaria y demás elementos sustraídos, eran entre otras marcas, "Geo 6.1", "Dabber" y "Steel Custom", aclarando que creía ser el único local que las comercializaba en la provincia de Catamarca. Pretender que la víctima, a horas de cometido el hecho, con todas las consecuencias que ello acarrea para quién ha resultado perjudicado por hechos de esta naturaleza, pueda describir cada una de las prendas robadas, implica un sin sentido que no se condice con las reglas de la lógica ni de la experiencia común. Repárese además, como bien lo ha señalado el tribunal, que el dueño del local presentó documentación pertinente en copia fotostática (fs. 52/58), en donde se advierte además, la compra de las marcas denunciadas como exclusivas del local. A ello se suma lo plasmado en el Acta de Reconocimiento y en el Acta de Entrega de Secuestro, las que se introdujeron al debate por su lectura (fs.57/58 vta. y 843 respectivamente), en donde la víctima no sólo describió puntualmente la gran cantidad de elementos sustraídos, sino que también logró reconocerlos como propios ante la exhibición de los mismos, razón por la cual ninguna duda genera -como pretende el recurrente- en que el damnificado recuperó gran parte de los bienes robados.

Desde otro ángulo, la defensa del imputado denuncia violación al principio de igualdad (art. 16 C.N. y 454 inc. 1 C.P.P.), argumentando que a Bustamante se le ha dado trato discriminatorio e ilegal, porque se absolvió a los dos consortes de causa, igual resultado se imponía para su defendido en base a las pruebas merituadas. Al respecto, cabe decir que el recurrente yerra en su interpretación en relación a la garantía constitucional que invoca. Esta Corte invariablemente ha sostenido que: ".la garantía de igualdad ante la ley sólo comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones..." (S. nº 3, 08/02/2012). En el caso bajo examen, ha existido una imposibilidad procesal constitucional, para resolver en sentido contrario la situación de los consortes de causa, Darío Alejandro Díaz y Luis Esteban Díaz, en razón de que el Ministerio Público Fiscal solicitó en forma expresa la absolución de los mencionados coimputados, por lo que ha existido una limitación y una imposibilidad legal y constitucional de expedirse en sentido opuesto. En efecto, se percibe con claridad -y así lo aclaró el a quo- que es muy distinta la situación del imputado Bustamante, contra quien el titular de la acción penal sí formuló acusación, obligando en consecuencia al tribunal a ponderar la prueba incorporada a debate a fin de acreditar la responsabilidad penal del mencionado imputado en el hecho en cuestión.

Consecuentemente, estimo oportuno aclarar que surge evidente que no resulta atendible la alegada violación a la garantía de igualdad ante la ley, ya que la misma implica que no cabe establecer excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, lo que no ha ocurrido en el caso.

Por último, el recurrente asevera que el relato de los hechos efectuado por Bustamante, no ha podido ser desvirtuado por la sentencia, embate que tampoco puede prosperar. El tribunal concretamente puntualizó que Bustamante, al momento de ejercer su defensa material, reconoció mantener una relación con Emilia Albornoz, aunque -aclaró el tribunal- minimizó la misma señalando que solamente era de amistad, no obstante lo cual manifestó que se quedaba a dormir en su casa, y trató de mejorar su situación procesal, endilgándole la comisión del hecho junto a otros dos tucumanos, desconociendo por qué colocó en la encomienda como destinataria a su madre, Marta Bracamonte. Siguiendo esta línea de razonamiento, el juzgador valoró que esta versión cae por su propio peso, "toda vez que del material probatorio analizado se infiere sin hesitación alguna que parte de la mercadería robada fue reducida por Bustamante en la provincia de Tucumán, utilizando a tal fin un pariente de su concubina (ver Informe Socio Ambiental de fs. 99/100), y una semana después solicitó que le remitieran mediante encomienda el resto -seguramente para tratar de reducirla aquí- indicando, para no levantar sospechas, que se coloque como destinatario el nombre de su madre, Marta Bracamonte, propietaria de un local comercial que se dedica al rubro "tienda", conforme dichos del propio imputado".

En relación a las críticas expuestas, resta decir que pese al esfuerzo argumental esgrimido por la defensa, éste ha quedado desvirtuado con el pormenorizado análisis conjunto efectuado por el tribunal de todas las constancias presentadas en la causa, material probatorio que, como se adelantara, resulta suficiente para dar fundamento a las conclusiones arribadas y consecuentemente acreditar la existencia de la responsabilidad del imputado en el hecho endilgado.

Sentado lo anterior, evoco que la crítica de los elementos de prueba es un acto complejo, que impone no sólo el examen interno de éstos, y el contenido y fiabilidad de la información que los respectivos elementos ofrecen, sino también, su confrontación conjunta, de modo que pueda formularse un juicio de certeza o falta de certeza sobre el hecho que es objeto de la acusación. Sobre el punto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que los jueces incurren en arbitrariedad "cuando consideran los testimonios en forma fragmentaria y aisladamente [...] en especial cuando se ha prescindido de una visión de conjunto y de la necesaria correlación de los testimonios entre sí, y de ellos con otros elementos indiciarios" y que "es arbitraria la sentencia en la cual la interpretación de la prueba se limita a un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa; pero no los integra ni armoniza debidamente en su conjunto, defecto que lleva a desvirtuar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios probatorios" (Fallos: 308:640. "Zarabozo"). Y en circunstancias más específicas, la Corte ha dicho que "la prueba en los delitos contra la honestidad [...] resulta de difícil recolección [...] Ello no significa que resulte de imposible investigación, ni que pueda fragmentarse la prueba [...], quitándole sustento a lo que en su conjunto lo tiene. Todo lo contrario, habrá que valorar las pruebas teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relevantes de la instrucción para arribar a un fallo definitivo que sea comprensivo y abarcador de los elementos de juicio recolectados" (Fallos 320:1551).

En suma, considero que el fallo de marras, a diferencia de lo postulado por el recurrente, ha fundado debidamente la conclusión incriminatoria aquí objetada, con adecuado respeto a las reglas de la sana crítica racional (arts. 18 C.N.; 142 y 408 inc. 3º -a contrario sensu- del C.P.P.).

Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/10 vta., por el Dr. José Leonardo Berber, en su carácter de asistente técnico del imputado Juan Pablo Bustamante. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/10 vta., por el Dr. José Leonardo Berber, asistente técnico del imputado Juan Pablo Bustamante.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza enla Secretaría a mi cargo. Doy fe.