Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-05-19


C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a	Diecinueve (19) de Mayo de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por Estela Mena Aybar de Porcel y Silvia Aurora Rojas de Amaya, con patrocinio letrado, en autos: "Mena Aybar de Porcel, Estela y otra c/Coop. de Enseñanza Gral. San Martín Ltda. s/Nulidad de acto jurídico".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por Estela Mena Aybar de Porcel y Silvia Aurora Rojas de Amaya, con patrocinio letrado, contra la sentencia de la Sala II¬ de la Cámara Civil y Comercial Común, del 17/10/2003.

2.- Invocan como motivo de casación la lesión a la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso legal, por cuanto la sentencia que impugnan ha declarado de oficio la procedencia de una excepción de falta de acción que no fue planteada por la demandada, quien recién al plantear el recurso de apelación formuló agravios vinculados a actos que fueron expresamente consentidos por su parte. A ello añaden que aun en la expresión de agravios los fundamentos de la accionada se refirieron al derecho aplicable al caso y al correcto encuadre jurídico de la cuestión, pero no atacó el obrar de la parte actora. No obstante ello, prosiguen, la sentencia impugnada consideró que la recurrente hace mención a una evidente falta de acción por haber dejado entrever lo injusto del fallo, al condenar a su parte en razón de una medida que quedó firme por no haber planteado las accionadas el recurso de apelación ante la Asamblea; y sobre la base de la consideración de que aquello se trataría de una defensa de falta de instancia judicial, la examinó y resolvió de oficio.

Indican que la tesis de la sentencia resulta improcedente, desde que a los jueces les está vedado purgar la negligencia de las partes. En consecuencia sostiene que si la demandada no dedujo excepción alguna, la falta de acción no puede ser creada sorpresivamente por el Tribunal, supliendo la negligencia de aquella, y despachando la cuestión por supuesta omisión de recaudos formales inexistentes, dejando sin resolver el fondo del asunto, con lo que se afecta la correcta Administración de Justicia.

Citan jurisprudencia que estima aplicable al caso, formula reserva del caso federal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso tentado.

Corrido el traslado de ley, la contraparte solicita el rechazo del recurso de casación, conforme a los fundamentos vertidos a fs. 861/864.

3.- Por auto interlocutorio del 26/12/2003 se concede el recurso interpuesto, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

4.- El recurso de casación en examen ha sido deducido en término, contra una sentencia definitiva. Los agravios formulados satisfacen los recaudos procesales impuestos en los arts. 815 y 816 CPCC, por lo que corresponde analizar su procedencia.

4.1.- Las actoras de autos promovieron demanda en contra de la Cooperativa de Enseñanza General San Martín Ltda, solicitando que se declare la nulidad del sumario administrativo Nº 10/98 instruido por el Consejo de Administración de la cooperativa mencionada; la resolución Nº 13/99, emanada del Consejo de cita, que les aplicó una sanción de suspensión por 30 días; y la resolución Nº 14/99 que rechazó el recurso de reconsideración deducido en contra de la resolución 13/99, haciendo saber que la suspensión comprende la prestación laboral de las actoras.

La sentencia de primera instancia, del 30/12/2002, hizo lugar a la demanda, conforme a los fundamentos proporcionados a fs. 814/821 vta..

El recurso de apelación interpuesto por la demandada fue acogido por sentencia de la Sala II de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, del 17/10/2003, con fundamento en que no surge de autos que las actoras hayan agotado las vías societarias de impugnación, de conformidad a lo normado por los estatutos que rigen el funcionamiento de la cooperativa. Que el recurrente hace mención a una evidente falta de acción por parte de las actoras, toda vez que "deja entrever lo injusto del fallo al condenar a su parte en razón de una medida que devino en firme por no haber las accionadas articulado el recurso de apelación ante la Asamblea conforme lo normado por el art. 17 del Estatuto Societario". Y que "Si bien técnicamente no se adecua a la denominación de excepción de falta de acción, por cuanto más bien se trataría de la defensa de falta de habilitación de la instancia judicial, la misma debe ser entendida en este último sentido, o sea la falta de acción debe entenderse como la carencia o falta de habilitación de la vía judicial para ejercer el derecho de pedir la nulidad de la resolución. Esta ausencia de legitimación, activa o pasiva, torna admisible la denominada defensa de falta de acción (sine actione agit) la que al ser manifiesta debe ser resuelta en la sentencia. Requisito de admisibilidad de la pretensión que no puede dejar de valorar el sentenciante y ante cuya ausencia procede la declaración de oficio" (cfr. fs. 846).

4.2.- De la lectura del escrito de contestación de la demanda, obrante a fs. 373/377 de autos, surge que la accionada contestó la demanda efectuando una negativa general de todos los hechos que no fueran objeto de expreso reconocimiento por su parte y una negativa puntual con relación a determinados hechos (cfr. fs. 373 y vta.); se refirió luego a su versión de los hechos de la causa, destacando las omisiones y falsedades en que habrían incurrido las actoras en su relato (cfr. fs. 373 vta., 374 vta.); explicó detalladamente las alternativas en que se desarrolló el sumario ordenado por resolución 10/98 (cfr. fs. 374 vta., 376); y también proporcionó los argumentos por los que estimó que debía desestimarse la nulidad planteada por las actoras.

Ahora bien, expresamente a fs. 376, luego de referirse al recurso de reconsideración planteado por las hoy demandantes ante el Consejo de Administración, la demandada sostiene: "Tal presentación debió ser desestimada en función de su improcedencia, con fundamento en las expresas disposiciones del Estatuto Social -art. 17- que, para el caso, preveía como medio impugnativo el recurso de apelación ante la asamblea ordinaria o extraordinaria, regulando el plazo y requisitos de admisibilidad y con efecto devolutivo".

Más aún, a fs. 377, la accionada, luego de hacer presente que en el estatuto y en la ley de cooperativas se establecen con claridad los derechos y obligaciones de los asociados y la forma en que deben ser ejercitados, afirma que esas obligaciones no fueron cumplidas por las demandantes asociadas, y agrega textualmente "como tampoco hicieron uso del derecho de apelar la medida dispuesta ante la Asamblea de Asociados, sea ordinaria o extraordinaria, acordado por el art. 17 del Estatuto" (sic).

De lo reseñado se infiere, sin lugar a dudas, que la demandada opuso en primera instancia como defensa la falta de interposición del recurso de apelación ante la Asamblea.

Cuestión que mantuvo al deducir recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, en los términos que surgen de fs. 834 y vta.

Para el adecuado examen y resolución de la cuestión planteada, y tratándose de un conflicto suscitado en el seno de una asociación como la demandada en autos, cabe observar, en primer lugar, que el poder disciplinario del ente es una potestad, un derecho vital, que posee por el solo hecho de existir como ser social organizado, lo cual supone una jerarquización que hace posible la vida regular y autárquica del organismo (Páez, Juan L., "El derecho de las asociaciones", Kraft Ltda., Buenos Aires, 1940, pp. 305 y ss.; Llambías, J. J., "Código Civil Anotado", t. I, Abeledo-Perrot, 1978, pp.103 y ss).

En esa dirección se ha señalado que la potestad sancionatoria reconocida a la asociación encuentra su fundamento en la necesidad de defender los intereses de la misma entidad, y del grupo de asociados. Caso contrario, si el ente asociativo no tuviera facultades para hacer cumplir las reglas del estatuto, o las resoluciones de sus órganos de gobierno, se podría quebrar la cohesión del grupo humano que se ha reunido para alcanzar a través de la asociación un objeto común (cfr. Borda, Tratado de Derecho Civil Argentino, Parte general, T.1, Perrot, 1976, p. 550; Bueres-Higthon, "Código Civil. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Hammurabi, Buenos Aires, 1995, p. 371).

El ejercicio de la potestad disciplinaria está sujeta al control judicial, pero el Poder Judicial no debe sustituir a los órganos estatutarios competentes para suplantarlos o constituirse en tribunal de alzada en las cuestiones que hacen al ejercicio de aquélla, ya que si se recurriese al auxilio prematuro de órganos externos de control, podría privarse a la institución de un remedio que hace a su armónica existencia y al cumplimiento de sus objetivos, socavando al propio tiempo los cimientos autárquicos de la estructura en que reposa y que son los que le permitirán alcanzar las metas planificadas en común (cfr CNCivil, Sala I, La Ley 1998-D, 542).

En ese contexto se enmarca la regla de que la posibilidad de recurrir a la instancia judicial para impugnar una medida disciplinaria exige como requisito previo que se haya agotado la instancia corporativa, deduciendo los recursos estatutarios pertinentes.

En el caso, como se dijo precedentemente, la demandada opuso la defensa de falta de habilitación de la instancia judicial por falta de agotamiento de las vías en sede de la sociedad, aunque no la denominara formalmente así, pero, de los párrafos de su defensa de fs. 376 y 377 que han sido transcriptos, surge que expresamente planteó al contestar la demanda, como defensa, el no uso del derecho de las actoras de apelar ante la Asamblea, derecho que estaba previsto en el estatuto.

El no ejercicio del tal derecho acarrea como consecuencia jurídica el consentimiento de lo decidido por el Consejo de Administración. Cuando el art. 17 del Estatuto prescribe que el "asociado afectado por la medida podrá apelar, sean ante la Asamblea ordinaria o extraordinaria...", establece un derecho-poder en cabeza del asociado, facultativo obviamente, y tanto su ejercicio como su no ejercicio aparejan efectos jurídicos al tratarse de una facultad derivada y vinculada a un acto antecedente del Consejo de Administración que modifica e incide en la esfera de los derechos de los asociados en cuestión.

El argumento de que la Asamblea no garantizaba la imparcialidad a los actores por cuanto se trata de los mismos socios que solicitaron la sanción y que ello significaría dilatar más los términos de la sanción (fs. 855 vta), no puede ser compartido desde la perspectiva del derecho asociativo, por cuanto la asamblea es un órgano esencial de la cooperativa, puesto que en la organización jurídica de ésta y especialmente teniendo en cuenta su concepción como persona jurídica, su voluntad no puede ser confundida con las voluntades de los asociados singulares, y es precisamente la asamblea la que tiene la función de sustituir a tales voluntades particulares, o a la del órgano de administración, formándolas, transformándolas, reduciéndolas a una síntesis para lograr la voluntad del ente.

De acuerdo a lo expresado ut supra, el planteo acerca de que el tribunal no podía expedirse sobre la falta de habilitación de la instancia judicial, carece de sustento, por cuanto la demandada opuso la defensa respectiva al contestar la demanda, y la mantuvo al apelar. Y, en definitiva, el no uso del derecho de apelar la decisión del Consejo de Administración torna procedente la defensa opuesta oportunamente por la misma.

Corresponde, en consecuencia, desestimar el recurso de casación con costas a la parte recurrente por ser de ley expresa (arts.106 y 108 CPCC), y pérdida del depósito.

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.-RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por Estela Mena Aybar de Porcel y Silvia Aurora Rojas de Amaya, con patrocinio letrado, contra la sentencia de la Sala II¬ de la Cámara Civil y Comercial Común, del 17/10/2003.

II.- COSTAS del recurso de casación a la parte recurrente.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA