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Ley de desindexación, aplicación de la ley, monto del juicio, regulación de honorarios, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SADE S.A.C.C.I.F.I.M. c/ Estado  Nacional  -  Ministerio  de  Obras  y  Servicios  Públicos  - Dirección  Nacional  de Construcciones Portuarias y Vías Navegables - s/ contrato de obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

Es inaplicable la ley 24.283 de desindexación al monto del juicio sobre el que se practicó la regulación de honorarios, si no existe patrón de comparación posible que no implique volver a tramitar el juicio, violando el derecho de defensa de los litigantes.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, Municipalidad, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ríos, Carlos Daniel c/ Municipalidad de Rosario s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-19

La Cámara sustenta la no aplicación de la ley 7234 en el resguardo del principio de igualdad al entender que la facultad de acogerse al régimen de autoaseguro, no puede derivar, en reclamos tarifados, en ventaja alguna sino que debe responder en idéntica medida que una ART, y dicha identidad trazada por el Tribunal -la Municipalidad demandada actuando como una aseguradora- supera cualquier discusión acerca de si actúa como persona de derecho público o privado, habida cuenta que tiene en miras desterrar una desigualdad temporal en la protección de los derechos del trabajador independientemente si se trata de un empleador autoasegurado o con una ART contratada; y no constituye un intento de fracturar aquella doctrina constitucional sobre la Ley de Defensa del Estado, sino que su no aplicación al caso ni siquiera se reconoce como una excepción sino que responde a otro supuesto, que se justifica a partir de la vigencia del principio de igualdad y el sometimiento voluntario a un régimen jurídico, que no corresponde fraccionar. (De la disidencia de los Dres. Erbetta, Falistocco y Coppoletta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7234
Personal municipal, remuneración, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea c/ Municipalidad de Necochea s/ Declaración de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-27

La reducción salarial motivada en la disminución de la jornada laboral en la medida en que sea para el futuro, sin afectar haberes devengados ni se denuncie irrazonabilidad o desproporción en la baja de los salarios -circunstancias que no se ha invocado en el caso- no afecta el derecho de propiedad.
Procedimiento contencioso administrativo, allanamiento, fiscal de Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Staudt, Jorge Alonso y Otros. c/ Provincia de Misiones. s/ Acción contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2002-02-13

Teniendo presente las disposiciones de los Arts. 105 y 116 de la Constitución Provincial de Misiones (Poder Ejecutivo y Atribuciones y Deberes del Gobernador), Arts. 5 y 6 (Instrucciones y Autorización expresas del Poder Ejecutivo) de la Ley Provincial NC 456 de Fiscalía de Estado y Art. 48 de la Ley 3064 (Código de Procedimiento Contencioso Administrativo) de la Provincia de Misiones, que deben interpretarse conjuntamente, la nota que obra en el expediente del Sr. Gobernador de la Provincia, debe ser entendida como instrucción expresa a los efectos de la autorización requerida por el citado Art. 48 del C.P.C.A., respecto del allanamiento formulado por el Fiscal de Estado y Procuradores Fiscales. Se trata de un acto de los que se generan en la actividad interna o ínter orgánica de la administración.(Dr. Dionisi:Según su voto).
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maman Gustavo Oscar c/ Argerich de Locicero Nelida s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

El juez del principal es competente para entender en la ejecución de honorarios, debiendo entenderse comprendidos tanto los regulados en el proceso, como los convenidos extrajudicialmente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Lesiones culposas, accidente de tránsito, avenida de tránsito rápido
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ, MANUEL s/ LESIONES CULPOSAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-02

1- Debe responzabilizarse al procesado por el delito de lesiones culposas, dado que se acreditó que ingresó a una avenida de tránsito rápido sin adoptar las mínimas precauciones, como ser la de verificar si se hallaba habilitado por las luces del semáforo, teniéndose en cuenta que el tránsito, por la avenida donde ocurrió el hecho era muy intenso en esos momentos, por lo que la relación de determinación entre la violación al deber objetivo de cuidado y el resultado lesivo surge manifiesta.

2- Fincar la duda en la posibilidad eventual de evitación del resultado por parte de quien obra adecuadamente, es desnaturalizar el contenido del deber de cuidado objetivo exigible al autor. Es tanto como invertir la teoría de la confianza, y aceptar que se acoja a ella quien transgrede el deber de cuidado, permitiéndole actuar imprudentemente, al poder confiar en que los demás sabrán evitarlo.
Ejecución hipotecaria, ejecución extrajudicial, letras hipotecarias, gastos del proceso, tasa de justicia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: SAPOCHNICK,  DANIEL  EDUARDO c/ STOPPEL EITAN MOSCHE s/ EJECUCIONHIPOTECARIA S/ INCIDENTE DE TASA DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-22

Cabe puntualizar que mediante el procedimiento previsto por la Ley 24441  se agiliza el trámite de la ejecución hipotecaria al autorizar el trámite sin intervención judicial, mas ello no significa que se lo sustraiga del debido control jurisdiccional. El carácter "extrajudicial" del proceso no excluye el cumplimiento de determinados actos (artículos 54  y 64) que importarán, en su caso, la necesidad de una resolución jurisdiccional, como así también en toda otra incidencia que se suscite durante su trámite. En suma, la tasa debe abonarse por el solo hecho de recurrir ante el órgano judicial, con prescindencia de las ulterioridades del proceso. Dicho esto, cabe señalar que el límite de gastos a cargo del deudor impuesto por el artículo 60 de la Ley 24441 no implica una modificación en la Ley 23898, ya que si el legislador así lo hubiera querido, lo habría establecido expresamente. En consecuencia, en el procedimiento especial estatuido por los artículos 52 a 67 de ley citada la tasa de justicia debe ser tributada de conformidad con el valor del objeto litigioso que constituya la prestación del obligado al pago. En efecto, en este tipo de ejecución hay actuación de justicia, ya sea en una etapa de conocimiento limitado como en la de cumplimiento o ejecución y, lo cierto, es que a partir de ella se persigue el cobro de un crédito hipotecario, por lo que no puede sostenerse válidamente que aquella resulte carente de contenido económico a los fines del pago de la tasa judicial (CNCiv., Sala M, 29.09.06, "Trías Sabino c. García Alicia s. Ejecución"; íd. 05.10.98, "Tecrosol SA c/ Gil Fernández s/ Ejecución Hipotecaria"; íd., Sala E, 30.11.01, "Banco Societe Generale SA c/ Rocha Hugo Omar y Otro s/ Ejecución Especial", entre otros).
Actualización monetaria, índices de actualización, realidad económica
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Entidad Binacional Yacyretá c/ Misiones, Provincia de s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Si bien los índices publicados por el INDEC pueden ser actualizados a fin de obtener un resultado que se acerque, en la mayor medida posible, a una realidad económica dada, cuando ella determina resultados injustos o incluso absurdos frente a la realidad, ésta debe privar sobre abstractas y genéricas fórmulas matemáticas.
Remuneración en especie, uso de automotor de la empresa, carácter remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: SEGADE, JUAN FRANCISCO c/ GENERAL MOTORS ARGENTINA SA. EN LIQUIDACION s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-30

La asignación de un automóvil conferido por razones de trabajo y para uso particular, constituye una retribución en especie en los términos del artículo 105 del RCT., e integra la remuneración a los fines de los cálculos indemnizatorios.
Constitución Provincial, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Peche, Carim Antonio y otros c/  s/ acción de inconstitucionalidad y medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2017-06-13

Siendo que se presenta una situación institucional que excede el mero interés de las partes y que de mantenerse, podría afectar de manera directa el correcto funcionamiento de las instituciones de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Constitución Provincial, debemos tener por superados estos avatares formales e ingresar al análisis de fondo de la causa, el ejercicio del poder por parte de los gobernantes se encuentra limitado por la supremacía constitucional, lo que a su vez determina que todas aquellas normas que se dicten como consecuencia de dicho ejercicio, sólo serán válidas y jurídicamente obligatorias cuando no se opongan a la supremacía material y formal de la constitución (cfr. Gregorio Badeni, Tratado de Derecho Constitucional, La Ley, Buenos Aires, 2006, T.I., pág. 242). Sostener lo contrario implicaría que los gobernantes puedan modificar las reglas del juego fundamentales de la sociedad política, con su secuela de arbitrariedad e inseguridad en la regulación de las relaciones de poder (cfr. ob. cit., pág. 242).
Sentencia arbitraria, grupo económico, responsabilidad solidaria, indemnización por despido, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, transferencia del contrato de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Cheli, María Agustina Dora c/ Centro de Actividades Termomecánicas S.A. y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Es arbitrario el pronunciamiento que responsabilizó en forma solidaria a las condemandadas respecto de la condena por despido dictada contra una empresa, en tanto la aplicación al caso de una norma que prevé la responsabilidad solidaria entre empleadores respecto de uno de los supuestos de transferencia del contrato de trabajo -art. 229, ley de contrato de trabajo-, resulta una infundada conclusión a la que se arribó sin mayor sostén que dogmáticas afirmaciones referentes a la existencia del grupo empresario.
Declaración indagatoria, ampliación de la declaración indagatoria, defensa en juicio, decreto judicial
Materia: PENAL
Carátula: PISTOIA, Antonio J. y otro. s/ TENENCIA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-13

Si el defensor del imputado solicitó la ampliación de la indagatoria de su pupilo y solamente recibió por respuesta "téngase presente" por lo que reiteró su pedido, oponiéndose a la elevación a juicio solicitada por el fiscal, y si se tiene en cuenta que el imputado se negó a declarar y que manifestó a través de su letrado su voluntad de hacerlo con anterioridad a que se considerara completa la instrucción, para dar cumplimiento a la garantía de la defensa en juicio, resulta necesario revocar el decreto.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, culpa concurrente, semáforo
Materia: CIVIL
Carátula: BULAN, ANDRES JULIO c/ TROYA, EDUARDO LUIS Y OTROS s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-14

No hay concurrencia de culpas si los automovilistas cruzaron la encrucijada habilitados por las señales mecánicas existentes y a velocidad legalmente autorizada por la legislación local en razón del mal funcionamiento de los semáforos. Y si es cierto que el hecho estaba fuera de todo margen de previsibilidad para el accionante conductor de uno de los vehículos-, lo mismo ha de haber sucesivo con el accionado -conductor del otro-, dado que a ambos los sorprendió el mal funcionamiento de los semáforos, elementos éstos a cargo de un tercero, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por quien no se debe responder, por lo que cabe rechazar la demanda -
Tasa de justicia, aportes previsionales
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BERTARELLI MARIO c/ CAJA  DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ APREMIO - CUERPO DE EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-04-20

El pago de la tasa de justicia, diferido hasta la oportunidad de la planilla en virtud del art. 102 , ley 7269 (art. 106, ley 8226), no es exigible a la Caja de Abogados de la Provincia a quien, por su condición de "persona jurídica de derecho público" (art. 1, ley 6468), le alcanza la exención subjetiva que establece el inc. 1, art. 274, Cód. Tributario, en las mismas condiciones que le alcanzaría a la Caja de Jubilaciones de la Provincia. La Caja de Abogados integra el sistema de previsión social de la provincia (ley 6468); se trata pues, de situaciones análogas que deben someterse al mismo régimen jurídico. Tampoco es exigible a la caja de abogados el aporte jubilatorio del art. 17, inc. a) de la ley 6468 (hoy 8404), aunque haya sido condenada en costas, porque siendo acreedor de esa obligación la propia Caja, el crédito debe reputarse extinguido por confusión (art. 862 C. Civil). Otra cosa es que como condenada en costas, la Caja debe reconocer al letrado demandante el ingreso del aporte en cuestión a los efectos previstos en el art. 18 de la misma ley, este es para el caso de que el conjunto de aportes anuales del afiliado no alcance el haber básico jubilatorio y sea necesario completarlo. Es esta hipótesis la Caja deberá hacer las imputaciones necesarias para acreditar en la cuenta del letrado el valor porcentual que corresponda al aporte del juicio. Pero el reconocimiento de este derecho no puede generar un crédito en la planilla de costas porque no se traduce en el pago de una suma de dinero.-
Contrato de turismo, servicios de turismo, hoteles, plataforma de turismo online, contrato de turismo a distancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: C., M. E. c/ Booking.Com Argentina S.R.L. y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-10

Con arreglo a una norma similar a nuestro art. 1105, CCyC, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha entendido que el contrato celebrado a través de la plataforma de reserva de alojamientos, califica como un "contrato a distancia" anudado entre el comerciante prestador del alojamiento y el consumidor.
Recurso de apelación (procesal), proceso penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C, L A s/ TENTATIVA DE HURTO SIMPLE     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

No obstante el difundido criterio que basa en el principio de igualdad procesal el fundamento de la apelación adhesiva, ello es más propio en el proceso civil que en el penal por cuanto no puede soslayarse la diferente finalidad que orienta a ambos procesos, y fundamentalmente, la naturaleza esencialmente diversa que revisten las consecuencias jurídicas que derivan de uno y otro cuando recaen pronunciamientos condenatorios.

Así, la pena importa siempre una afectación de bienes jurídicos fundamentales -libertad, patrimonio, derechos especiales muchas veces de alta valoración para el sujeto- que trascienden los intereses meramente individuales. De aquí que la misma ley autoriza al Tribunal de Alzada a modificar la resolución en beneficio del imputado aún sin recurso de éste (artículo 414 párrafo segundo, Código Procesal Penal), ni adhesión de su parte al del acusador.
Retiro militar, adicionales de remuneración, adicional por desarraigo
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PINAL, Oscar Benito E. c/ E.N. (Min. de Defensa) s/ RETIRO MILITAR"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-22

Corresponde hacer lugar a la demanda interpuesta por el militar retirado contra el Ministerio de Defensa por el cobro de la asignación que por decreto 2.000/91 P.E.N. y subsiguientes se venía abonando al personal en actividad dado que frente a un adicional análogo al solicitado por el actor en la presente causa,esta Cámara, en pleno, el 27-12-93, in re "Ferrari" decidió que "procede incluir en el cómputo de la Policía Federal, la compensación por inestabilidad de residencia, creada por decreto 2133/91, prorrogado por el 2298/91 como uno de los conceptos integrativos previstos en el art. 96 de la ley 21.965"; y resultando la normativa allí analizada semejante a la del art. 74 de la ley 19.101 (modificada por la ley 22.511) -aunque la doctrina transcripta se refiera a otro Estatuto-.
Procedimiento administrativo, recursos, plazo, verdad jurídica objetiva, denuncia de ilegitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SOSA, Cresccencio Antonio c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-30

Conforme surge de la ley 19.549 y del decreto 9101/72, los plazos para interponer recursos administrativos no tienen carácter perentorio, pues si bien establece como principio general que se pierde el derecho de recurrir una vez vencidos los mismos, frente a este hecho, autoriza a que la petición se considere como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso (art. 1 inc e, apart. 1 y 6), con lo que resulta claro que los remedios procesales presentados fuera de término pueden ser saneados jurídicamente por vía de la citada disposición legal, teniendo en cuenta la necesidad que prevalezca la verdad material sobre la situación procesal derivada de la mera formalidad del vencimiento del plazo, debiendo ser desestimados sólo cuando ello acarree inseguridad jurídica o cuando por demasiada tardanza se estime que ha mediado abandono voluntario del derecho.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Ministerio Público, fiscales, requerimiento de sobreseimiento, principio de contradicción, jueces, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. de inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver: ¿la falta de mantenimiento de la  acusación en la alzada por parte del Ministerio Público Fiscal,   coincidiendo con la instancia absolutoria solicitada por la Defensa,  impone al Tribunal la aceptación de las pretensiones de los sujetos   procesales, impidiendo fallar distinto a dichas peticiones?.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

No hay afectación a derecho o garantía alguna, y por el contrario, la postura y criterio de no impedir la decisión del Tribunal pese a la propuesta absolutoria de la Fiscalía de Alzada, garantiza en plenitud el contradictorio y la defensa de los imputados, la verdad real y la defensa de los intereses de la sociedad, como lo propugna el Pacto de San José de Costa Rica mediante su artículo 32, pues mediando la aplicación del principio enunciado, ocurre la necesaria observancia de las formas sustanciales del juicio, relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales del reo, los que no estarían obligados ni violentados, sino con independencia, ante un dictamen o postulación que ejerce la acción, pero en sentido desincriminatorio carente de entidad vinculante. (Del Voto del Dr. Crippa García)
Exacciones ilegales, sujeto pasivo, intimidación, exacciones ilegales calificadas, concusión, consumación del delito, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Chavez Jorge Abas p.s.a s/ Exacciones ilegales agravadas - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-03-26

En la hipótesis de la exigencia, desde que ésta se consuma con su mera formulación, no cabe requerir el correlato efectivo del temor del sujeto pasivo; basta entonces con que el requerimiento se haya expresado en el abuso del cargo, esto es, aprovechando la desigualdad proveniente de las mayores prerrogativas acordadas por el cargo público de que se trata.

La interpretación contraria restaría protección al bien jurídico considerado preponderante por el legislador. En efecto, tratándose de un tipo de ofensa compleja, que resguarda simultáneamente el correcto desenvolvimiento de la administración pública y la propiedad de los particulares, su ubicación bajo el Título XI y no bajo el X, informa suficientemente que es el primero el interés prevaleciente en la incriminación de estas conductas.

Debe ubicarse el momento consumativo del delito del artículo 268 del C.P. más allá de la sola omisión de depositar o entregar los fondos a la administración, pero sin llegar a exigir el efectivo aprovechamiento por parte del sujeto activo o un tercero. La conversión implica, cuando menos, su transferencia a los patrimonios particulares, sin que sea suficiente la abstención de ingresar el dinero al Estado.

Ello lleva aneja la exclusión de la tentativa para la forma agravada de la exacción, por lo que para los casos en que se ha consumado la exigencia o percepción del dinero, con la finalidad luego truncada de convertirlo en provecho propio, el encuadre correcto es el de exacción simple consumada.
Procedimiento laboral, principio de inmediación
Materia: PROCESAL
Carátula: SANCHEZ VIRGILIO c/ PA-SO S.R.L. Y/O OTROS s/ DIFERENCIAS DE SUELDOS, ETC.-CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-11-28

El Derecho Laboral adopta postulados que le son propios, caracterizándolo y diferenciandolo de los demás procesos. Entre esos principios se encuentra el de la "inmediatez", en virtud del cual "el juez puede conocer por observaciones propias los caracteres de verdad tan vivos y naturales relacionados con la fisonomía, con el tono de voz, con la firmeza, con la sencillez de la inocencia, con la turbación de la mala fe".-
Sucesiones, administración de la herencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernández Bazan, Rodolfo Eduardo s/ Sucesión c/ Muro, Héctor Daniel y/o demás ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-27

A los fines de la legitimación "ad processum", es suficiente la condición de administradora para gestionar judicialmente la recuperación de un bien dado en locación por el causante. Por otra parte, el art. 747 del ordenamiento ritual no distingue -en las facultades que otorga- si se trata de administrador definitivo o provisional (arts. 727 y 744 Cód. cit.), lo que conduce a admitir la posibilidad de demandar por desalojo, ya que es una facultad virtualmente comprendida en la esencia del mandato que desempeña el administrador, cuyo deber más sustancial es el de proveer a la seguridad y conservación de los bienes que le han sido confiados.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)