Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-05


SENT Nro. 415 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 05 DE JUNIO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada, al efecto, por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Rodolfo N. Novillo, vocal de la Cámara Contencioso Administrativa Sala IIa., -por excusación de los señores vocales doctores Alberto José Brito, René Mario Goane y Antonio Gandur-, bajo la Presidencia del doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Construcción y Diseño S.R.L. vs. Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano s/Acción contencioso administrativo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Rodolfo N. Novillo, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala IIIa, con fecha 31 de agosto de 2000 (fs. 319/ 320 y vta.), la actora a través de apoderado, interpone recurso de casación, el que es concedido, previa sustanciación, mediante auto del 23 de noviembre de 2000 (fs. 355 y vta.).

2.- El fallo atacado no hace lugar al recurso de revocatoria interpuesto por la misma parte contra la resolución del 19/4/2000 (fs. 305/306), imponiéndole las costas.

Considera que los argumentos no resultan atendibles, pues la base propuesta no es otra que el monto de la demanda, en un todo de acuerdo a la fórmula de liquidación de los mayores costos, más los intereses desde Febrero de 1981, entendiendo que el de los profesionales es el mismo que reclamó la parte actora.

Agrega que de la vista a la condenada en costas, nada dice la recurrente, centrando su posición en torno a que una eventual condena habría estado alcanzada por la consolidación de deudas dispuesta por la ley 6271, la que se atendería por bonos, cuya cotización no llega al 50% del valor nominal de la deuda.

Por lo demás considera extemporánea toda consideración sobre la base regulatoria, pues el planteo debió efectuarse al contestar la vista, no habiendo posibilidad de reabrir el debate, resultando los restantes argumentos inatendibles, por la estrecha vinculación con el mismo tema.

3.- Los agravios comienzan relatando los antecedentes de la causa, y transcriben lo resuelto en la sentencia recurrida, y expresan que el criterio de los profesionales no ha sido seguido por el IPVDU, que al contestar la vista no se conocía el informe de la repartición mencionada, que sí tenía que ver con la base la deuda consolidada, y que no se contaba con algo que era cronológicamente posterior.

Postula que hay una irregularidad del trámite, lo que se trata de un tema de casación, transcribiendo lo dispuesto por los arts. "3" y "4" de la ley 5480, explayándose en torno a que el informe podría ser tomado como la conclusión de un perito, recusable por su obvia parcialidad hacia uno de los grupos.

Además pregona que presentado lo que considera un dictamen debía correrse traslado, explicando que aún una vista debió ser diligenciada por cédula.

Imputa violación al principio de congruencia porque omite considerar los argumentos de su parte, se aparta de la propia estimación de los letrados, y que la base es deuda consolidada.

Explica cuales serían las disposiciones aplicables, para decir que en el mejor de los casos se le hubiera pagado con devaluados títulos públicos que no llevan intereses, siendo elemental en su criterio que la solución sea idéntica cualquiera fuere el vencedor.

Considera que hay anatocismo, pues se multiplica por tres el valor actualizado del pleito, apartándose de las pautas que fija el art. 623 del Código Civil.

Agrega que una planilla aun consentida no obliga al Juzgador a violar la ley, citando sobre el particular las disposiciones que considera aplicables, desde el punto de vista procesal.

Propone finalmente doctrinas legales, refiriendo que ha satisfecho las condiciones de admisibilidad de la casación.

4.- Reexaminada la admisibilidad advertimos que hay temporánea interposición contra sentencia definitiva, y cumplimiento de las exigencias de los arts. 816 y 817 del CPCCT, por lo que corresponde abordar la procedencia.

5.- Asiste razón al recurrente en el sentido que de prosperar la demanda, se estaría en presencia de una deuda consolidada a tenor de lo que dispone el art. 1° de la ley 6271, en cuanto alcanza " a las obligaciones vencidas o de causa o títulos anteriores al 31 de marzo de 1991, que consistan en el pago de suma de dinero o se resuelvan en el pago de sumas de dinero", incluyendo a las correspondientes a los Organismos Autárquicos como la demandada.

Más ello no se extiende a la obligatoriedad del pago con los "bonos independencia", pues estaba planteado como una opción del acreedor para suscribir los mismos a la par, según art. 11 del mismo ordenamiento, si no hubiera preferido la previsión del art. 10, en el sentido de que con los informes o requerimientos judiciales la Legislatura debía votar anualmente los recursos respectivos.

De manera que la argumentación y prueba en cuanto a que la base debía ser modificada en función del valor de uno de los medios de pago previsto, no aparece con sustento suficiente.

Este Tribunal dijo que: "la acumulación de intereses admitidos jurisprudencialmente como correctos, aplicados a un capital expresado en moneda constante, es decir al monto indexado de la condena (con los límites dados por la Ley de Convertibilidad), no constituye anatocismo. La actualización del capital por desvalorización monetaria solo tiende a mantener incólume el valor del capital que se manda pagar. En cambio, los intereses son la compensación debida por el uso del capital que debiendo haber sido oblado, no lo fue" (CSJT sent. nro. 233 del 12/4/96).

Asimismo se ha dicho que ; "el art. 623 del C. Civil, norma de orden público, antes o después de la reforma de la ley 23.928, sólo autoriza a la capitalización de los mismos en dos situaciones: 1) cuando exista pacto entre las partes y 2) cuando exista deuda liquidada judicialmente con los intereses, orden del juez disponiendo el pago y resistencia del deudor. De ello, el cómputo de los intereses que agregado al capital originario pasa a redituar nuevos intereses, constituye anatocismo, prohibido por el art. 623 del C. Civil (SCBA. 13/3/96, Zaranzotti Clementina vs. Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda Contencioso Administrativa). En el mismo sentido, "admitir la liquidación de intereses sobre un capital al que ya se la adicionó réditos, conlleva un enriquecimiento sin causa del acreedor, por cuanto elevaría la tasa por encima de la aceptada como compatible con los principios de la moral y con el orden público" (C.N.C.: La Grottería A. vs. Vargas E. s/Ejecución Hipotecaria 23/6/94). Al respecto, podemos decir que el criterio no resulta novedoso y ha quedado establecido en numerosos tribunales del país, en tanto ya desde 1992 se viene sosteniendo que "el cambio monetario fue cuestión de derecho monetario público que no alteró las relaciones interindividuales de derecho privado. Ese fenómeno monetario no impuso la capitalización del interés, en tanto ninguna norma le asignó ese efecto. Ello así, el monto que devenga intereses a partir del 1 de abril de 1991 será el capital indexado hasta esa fecha. Los intereses llamados doctrinariamente 'puros' devengados hasta el 01/4/91 se debitarán en la liquidación" (CNCom. Sala D., febrero 20/992 Iberia Líneas Aéreas de España S.A. c. Pérez Francisco y otro -LL.-D, 223). En igual sentido la C. Civ. y Com. de Mar del Plata, Sala II, junio 30-992 en la causa Finsa S.A. c. Paredes Piermanttei S.A., sostuvo "No corresponde sumar al capital los intereses devengados, ya que por este medio se llegaría a violar la norma del art. 623, Cód. Civil no se deben intereses de los intereses, salvo obligación posterior convenida entre deudor y acreedor. A pesar de que el art. 623 ha sido reformado por la ley 23.928, ello a partir del 1 de abril de 1991, y, aún en caso de desde esa fecha solamente se autoriza la capitalización en caso de que exista una convención expresa entre las partes" (D.J.,1992-2-554). En nuestro tribunales, la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común, conforme el precedente de los autos "Capolungo Osmar vs. Gómez Ramón s/ Daños y Perjuicios" (CSJT sent. nro. 562 del 24/7/97).

Lo hasta aquí dicho, son conceptos vigentes en el campo de las relaciones privadas civiles o comerciales, cuando como vimos estamos examinando una no cuestionada consolidación legal fundada en la emergencia económica de la Provincia la que adquiere por ello la condición de deuda reconocida y unificada.

Constituye un nuevo importe que adiciona capital y frutos, con las modalidades de pago más arriba señaladas y otro plazo, que no hace incurrir en anatocismo, pues se trata de un nuevo capital.

Además se estableció que "a partir del 01/4/91, las liquidaciones judiciales que se practiquen y a las que corresponda reconocer intereses para mantener incólume el capital, se les aplicará la tasa de interés pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina" (CSJT sent. nro. 476 del 06/12/93).

Imputa incongruencia a la sentencia, desde que la misma se ha apartado del propio pedido de los letrados interesados, formulados a fs. 203, agregando argumentos acerca del carácter no vinculante de las liquidaciones practicadas.

El fallo explica que de esa presentación se dio vista, por providencia del 18 de marzo de 1997 (fs. 203), y que contestado a fs. 276, nada dice sobre la base regulatoria propuesta, por lo que el oficio a fs. 284, se tiene por no impugnado, tomándoselo a los efectos indicados.

Se advierte fácilmente que el error está en que el informe del IPVDU, toma el capital actualizado a marzo de 1991, calculando intereses compuestos como bien lo afirma el presentante, haciendo caso omiso de la consolidación legal que habría sufrido la deuda, conforme a la ley 6271.

De manera que la base debe estar constituida, a tenor de las disposiciones legales aplicables, por el capital actualizado, por el índice que corresponde al reclamo (BHN- Construcción), hasta el 31 de marzo de 1991, lo que asciende a $ 70.344,40 con más un interés del 6% anual, desde el mes de febrero de 1981, hasta la fecha indicada es decir $ 42.910,08. A la cifra así obtenida se adicionará la tasa pasiva del BCRA al 31/7/2002 que asciende a $ 130.193,41, con una suma total a julio del 2002 de $243.447,89.

Atento ello, el pronunciamiento impugnado, debe revocarse a tenor de la siguiente doctrina legal: "Viola el art. 40 de la ley 5480, la sentencia que adopta como base regulatoria una liquidación que no computa al monto reclamado como consolidado por la ley 6271" y dictar como sustitutiva la siguiente: " I.- REGULAR HONORARIOS al letrado apoderado de la parte actora, Dr. Julio Marcos Víctor Rougés, en las siguientes sumas: $22.497,00 por el fondo del asunto; $4.150,00 por el incidente de prescripción resuelto a fs. 96; $2.264,00 por el incidente de perención de instancia de fs. 267 y $250,00 por el incidente de levantamiento de medida cautelar resuelto a fs. 249/250. II.- REGULAR HONORARIOS a los letrados María Isabel Bravo y Sergio Gandur, en las sumas de $20.800,00 y 20.800,00, respectivamente por el fondo del asunto. III.- REGULAR HONORARIOS al letrado apoderado Guillermo Marcelo Chañi, en la suma de $1.980,00, por la medida cautelar resuelta a fs. 202 y $300,00 por el incidente de levantamiento de la medida cautelar de fs. 249/250".

6.- En virtud del resultado a que se arriba, resulta inoficioso el tratamiento de los restantes agravios, imponiendo las costas en el orden causado, en todas las instancias, por haber razón probable para litigar (art. 89 CPA y 106 inc. 1° del CPCCT).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Rodolfo N. Novillo, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala IIIa, con fecha 31 de agosto de 2000 (fs. 319/ 320 y vta.), en base a la doctrina legal que da cuenta el punto "5" de los considerandos. En consecuencia se revocan los puntos "I" y "II" resolutivos del referido pronunciamiento, dictándose como sustitutiva la siguiente: I) HACER LUGAR al recurso de revocatoria interpuesto por la parte actora a fs. 310/312, contra la resolución de fecha 19/4/2000 (fs. 305/306). En consecuencia REVOCAR los puntos resolutivos "I", "II" y "III" de la mencionada resolución y DISPONER en su sustitución: "I.- "REGULAR HONORARIOS al letrado apoderado de la parte actora, Dr. Julio Marcos Víctor Rougés, en las siguientes sumas: $22.497,00 por el fondo del asunto; $4.150,00 por el incidente de prescripción resuelto a fs. 96; $2.264,00 por el incidente de perención de instancia de fs. 267 y $250,00 por el incidente de levantamiento de medida cautelar resuelto a fs. 249/250. II.- REGULAR HONORARIOS a los letrados María Isabel Bravo y Sergio Gandur, en las sumas de $20.800,00 y 20.800,00, respectivamente por el fondo del asunto. III.- REGULAR HONORARIOS al letrado apoderado Guillermo Marcelo Chañi, en la suma de $1.980,00, por la medida cautelar resuelta a fs. 202 y $300,00 por el incidente de levantamiento de la medida cautelar de fs. 249/250. II) COSTAS, por su orden (art. 89 CPA y 106 inc. 1° CPCCT)".

II.- COSTAS del recurso, como se tratan.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RODOLFO N. NOVILLO