Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-07


Nro. de Sentencia: 001 En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 7 días del mes de febrero del año dos mil seis, reunido en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular Dr. Daniel Luis Caneo y asistencia de los Sres. Ministros Dres. Fernando S. L. Royer y José Luis Pasutti, para dictar sentencia en los autos caratulados: "C., A. M. C. c/Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/Ordinario (contenciosoadministrativo)" (Expte. N° 20.118C2005), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 400, de conformidad con las Acordadas N° 3202 y 3204, y atento la abstención de fs. 401 correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. Pasutti y Royer.

Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. Pasutti dijo:

Interpuso la Sra. A. M. C. C., a través de apoderado, demanda por reliquidación y pago de haberes adeudados contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con Sesenta y Siete Centavos ($ 38.492,67), los que surgen de las retenciones de sueldos indebidamente practicadas desde el mes de Diciembre de 1999 hasta el día de la interposición de la acción. Indicó que ampliaría mes a mes con los sucesivos descuentos indebidos que se le practiquen. Peticionó intereses conforme la tasa activa del Banco del Chubut S.A. para operaciones de descuento de documentos. En forma subsidiaria dejó planteada la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal Nº 5855/95.

Relató como antecedentes del reclamo, que ingresó a trabajar en el Municipio de Comodoro Rivadavia en el año 1980, que mediante Resolución Nº 15/81 la actora fue incorporada a planta permanente; y posteriormente fue nombrada a cargo del Tribunal de Faltas Municipal creado por Ordenanza Nº 5240/94, mediante Ordenanza Nº 5380/94, el que ocupa desde el día 17 del mes de Abril de 1995.

Expresó que las funciones, deberes y atribuciones del cargo que desempeña actualmente la actora se encuentran fijados en el Capítulo IV, de la Sección II de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Que del texto de dichas normas surge que el Juez de Faltas Municipal es un poder autónomo del Estado Municipal, encargado de administrar justicia en el ámbito de aplicación de las ordenanzas y resoluciones con vigencia dentro del ejido urbano, y relaciones de derecho sometidos a la potestad del Municipio de Comodoro Rivadavia.

Expuso que dentro de la estructura del Estado Municipal existen tres tipos de poderes: la Intendencia (Poder Ejecutivo Municipal), el Honorable Concejo de Representantes (Poder Legislativo Municipal) y los Juzgados de Faltas Municipales (Poder Judicial Administrativo), y que la Carta Orgánica dictada por el poder constituyente ha establecido la separación de poderes en el art. 57 de la C.O.M. sancionada en el mes de Septiembre de 1989, básicamente respetado en el texto de la Carta Orgánica dictada en el mes de Agosto del año 1999.

Indicó que dentro de las distintas categorizaciones de los empleados públicos, se encuentra el personal de planta permanente y/o contratado, el personal político, al que identificó como el que es elegido periódicamente mediante el voto de la ciudadanía (Intendente, Concejales, integrantes del Tribunal de Cuentas, etc.) o designado por estos últimos (Secretarios y Subsecretarios, Asesores, etc.), y personal elegido mediante procedimientos especiales, siendo ese el caso de los integrantes del Poder Judicial Administrativo y de la Defensoría de la Comunidad. Expresó que estos últimos no son personal político, y que están destinados a permanecer en sus cargos por tiempo indefinido, salvo el supuesto de juicio político por mal desempeño en el cargo. Afirmó que tal es la diferencia y autonomía que el propio texto constituyente le asigna al Juez de Faltas la facultad de elaborar su propio presupuesto de ingresos y egresos, y de designar al personal de su Juzgado. (arts. 140 y 141 de la C.O.M.).

Continuó relatando que pese al claro texto constitucional la gestión municipal ha considerado a la actora como personal político con la única finalidad de practicarle indebidamente un descuento de haberes previsto por el Poder Legislativo únicamente para el personal político, a través de la Ordenanza Municipal Nº 5855/95, artículo 2. Indicó que la accionante efectuó reclamos ante el Sr. Secretario de Hacienda del Municipio demandado, los que no fueron contestados, ni reliquidados sus haberes. Argumentó que con dicha actitud se violó la Carta Orgánica Municipal, art. 143 que establece la no reducción de los salarios o asignaciones de los miembros de la Administración de Justicia Municipal.

Agregó que mensualmente la Sra. C. reclamó la improcedencia de los descuentos de haberes, sin obtener respuesta a ello, por lo que debió promover la acción judicial. Efectuó la determinación de la pretensión reclamada, y formuló reserva de ampliar.

Efectuó planteo de inconstitucionalidad del art. 2 de la Ordenanza de emergencia Nº 5855/95, atento la violación del art. 143 de la Carta Orgánica Municipal. Formuló reserva de plantear Caso Federal, ofreció prueba y realizó petitorio de estilo.

A fs. 94/100 vta. contestó demanda la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y efectuó distintas negativas. Sostuvo que los Jueces de Faltas se encuentran subordinados jerárquica y funcionalmente al Poder Ejecutivo Municipal, que ello no surge de la Constitución Provincial ni de la Nacional, y que la Carta Orgánica Municipal de 1989 no previó la Justicia de Faltas como un poder independiente, pues no se designa a la Justicia de Faltas como "Poder Judicial Municipal". Que la vieja C.O.M (refiriéndose a la de 1989) habla de "Justicia Municipal" acorde con la plena autonomía funcional y administrativa (art. 131), y que la actual (alude a la del año 1999) ubica a los Juzgados de Faltas dentro del concepto de "otros organismos" denominándolos "Tribunal Administrativo Municipal de Faltas".

Afirmó que de esta manera queda claro que se está en presencia de una actividad administrativa jurisdiccional del Estado Municipal desplegada a través de órganos dependientes funcional y jerárquicamente del Poder Ejecutivo Municipal, y que una muestra clara de ello lo constituye la Ordenanza de Faltas Nº 5830/95, que prevé en su artículo 56 al Intendente Municipal como tribunal de alzada, la que jamás fue cuestionada por la actora.

Indicó que como el concepto de personal político no se encuentra definido en ninguna norma legal vigente, debe arribarse a él por exclusión, y que siendo que todo el personal que desarrolla actividades dentro del Estatuto para el personal municipal reviste el carácter de personal de planta, quien no quede incluido dentro del mencionado Estatuto es personal político, alcanzado por la Ordenanza de emergencia Nº 5855/95.

Expuso que al no formar la actora parte de la planta permanente de la Municipalidad por estar excluida del Estatuto queda comprendida dentro del concepto de personal político. Que esto se corrobora por ambas Cartas Orgánicas al incluir a los Tribunales de Faltas dentro de los organismos políticos del Estado Municipal.

Sostuvo que no se violó el art. 143 de la C.O.M., y que teniendo en cuenta que los jueces de faltas no constituyen un poder judicial independiente, sino un órgano administrativo más, no están alcanzados por la garantía de la intangibilidad de sus remuneraciones prevista por la Constitución Nacional. Que la previsión del art. 143 de la C.O.M. no queda excluida de los alcances de la legislación de emergencia y debe ceder ante ella atento que tiene su origen en circunstancias graves y de fuerza mayor que imponen la necesidad de que todos los habitantes colaboren con su cuota de sacrificio a fin de superar la especial situación de emergencia. Abundó que la actora sólo esgrime la violación del art. 143 de la antigua C.O.M. sin invocar perjuicio alguno ni el carácter confiscatorio de la reducción practicada. Ofreció prueba y efectuó peticiones de rigor.

A fs. 301/307 dictó sentencia el Sr. Juez de Primera Instancia. Afirmó que la doctora C. como funcionaria municipal lleva una verdadera carrera administrativa de carácter permanente e ininterrumpida desde el 02/05/1980, que al 02/05/2004 sería de 24 años; que tal su encuadramiento, no puede ser considerada como personal político de la comuna; por lo que concluyó que los descuentos efectuados fueron ilegítimos, demostrativos de un claro e írrito desconocimiento de la carrera administrativa de la actora. Expresó que el sueldo que la actora percibiera no puede ser disminuido ni suprimido, por el principio de intangibilidad de las remuneraciones, ni aun en los casos de una disposición general, que afectara por igual a todos los funcionarios públicos, por su naturaleza alimentaria pues se le paga para subvenir a las necesidades esenciales de su propia existencia y familia y porque viola los derechos consagrados en los arts. 14 bis, 16 y 17 de la C.N., y 6, 10, 18, 19 de la Constitución Provincial. Por lo que condenó a la demandada a abonar a la actora las sumas de los descuentos porcentuales indebidos practicados, con más intereses conforme la tasa activa promedio mensual del Banco del Chubut S.A., para operaciones de descuento de documentos a terceros y le impuso las costas.

Contra esta decisión se alzan ambas partes; la actora mediante recurso de apelación cuyo memorial de agravios obra a fs. 329/332; y la demandada por idéntico remedio glosado a fs. 337/341 vta.

A fs. 356/365 obra la Sentencia Nº 20/2005, dictada por la Cámara de Apelaciones, Sala "A", por la que se confirma la sentencia de Primera Instancia.

Sostuvo el Magistrado votante en primer término que la Municipalidad recurrente consiente que hubo una etapa de carrera administrativa, pero que fue interrumpida con la designación de la Dra. C. como Juez de Faltas, dejando sin explicación que la nombrada fue incorporada como personal de planta permanente por Resoluc. N° 15/81 de fecha 12/1/81, con cargo y escalafón en la Asesoría Letrada y Categ. 23, cuando resulta de los antecedentes que se venía desempeñando como Juez de Faltas. Expuso que es claro lo que sostiene la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que el Estatuto y Escalafón Municipal entonces y el actual por su art. 4, es aplicable exclusivamente al que revista en carácter de personal permanente de planta, del que está excluida la actora, pero debe responder entonces por qué designa a la Dra. C. en tal carácter por Res. Nº 15/81 de fecha 12/1/81, desentendiéndose de la tesis que ahora sostiene, porque la Dra. C. se desempeñaba como Juez de Faltas. Señala la improponibilidad del agravio, por violación de la teoría de los actos propios, negando ahora el carácter de personal permanente de planta que había concedido anteriormente por acto administrativo, aplicando la primera parte del Estatuto (Ord. 110/74), su igual el art. 2 inc. a) del Estatuto de Personal de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia (Ord. 153/74).

Citando a Marienhoff afirma que la circunstancia que determinados servidores del Estado estén excluidos del Estatuto del Personal, "no significa que dichas personas no sean funcionarios o empleados públicos, sólo significa que no están regidos por dicho Estatuto" y que no habría inconveniente en aplicar supletoriamente el Estatuto General cuando se trate de normas que hacen a los derechos del funcionario, pero no cuando se trata de aplicar limitaciones o deberes, pues de otro modo la exclusión dispuesta quedaría sin sentido. Que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en tanto otorgó a la funcionaria y parte actora, el derecho a la estabilidad por aplicación de la norma general del Estatuto de Personal, pudo hacerlo por aplicación supletoria del mismo, pero resulta improcedente privarla del mismo por aplicación de normas subsiguientes (art. 3º Ord. 153/74 o art. 4 de la Ord. 6418/97).

Agregó que la demandada argumenta que la característica de "permanencia" no puede sostenerse, ya que el art. 110 de la C.O.M., exige a los jueces obtengan el Acuerdo del Concejo Deliberante cada cuatro años, lo que evidencia el carácter temporario como de personal político de la parte actora. La tesitura precedente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia vuelve a ponerse en contradicción con sus propios actos, porque si así lo entendía debió obrar en consecuencia. Que siendo la actividad del Estado Municipal esencialmente administrativa, debía el acto administrativo expreso si entendía que con la Carta Orgánica Municipal del año 1999, en virtud del art. 110, imponía a la parte actora la renovación o reválida del acuerdo cada cuatro años. La Municipalidad no demuestra ninguna conducta administrativa por la que se haya resuelto el pedido de Acuerdo del Concejo Deliberante para el cargo de Juez de Faltas de la parte actora, sin perjuicio en su caso, del cumplimiento de las previsiones de la Ley de Proced. Adm. Nº 920, principios generales de los arts. 26 inc. 1º y 2º, y concords.

Respecto de la calificación de personal político que se le asigna a la actora, coincide con lo expresado por el Juez de la instancia anterior en el sentido que la propia ordenanza explicita la voluntad administrativa de abarcar al personal político resultante de un mandato electoral, calificativos que por definición excluyen a la parte actora.

Resuelve a continuación los agravios de la parte actora, e indica que se constata que la accionante formuló al demandar reserva de ampliar el monto de la demanda, que hizo efectivo con anterioridad a la notificación de la demanda, por lo que receptó estos agravios, aceptando la procedencia de la condena por los descuentos porcentuales practicados indebidamente a partir de diciembre de 1995. El segundo votante afirmó que en el mensaje de elevación del proyecto de la Ordenanza Nº 5855/95 se destaca la emergencia económica que venía padeciendo el Municipio local y el esfuerzo que a modo de ejemplo debe dar la autoridad gobernante del mismo con una reducción remuneratoria del 20% que alcanzará al Intendente y al resto del personal político que tiene retribuciones determinadas en porcentajes del salario de aquél, y que "se daría un mensaje claro a los agentes municipales y a la comunidad en general en el sentido que el sacrificio será de todos y con mayor dureza para quienes el pueblo honró con un mandato electoral y el de quienes acompañan transitoriamente en las funciones de altísima responsabilidad...". Asevera que pese a que por Resolución 1980/92, se le fija al Juez de Faltas una remuneración proporcional al 80% de la que percibe el Intendente, no se cumple el resto de los recaudos principalmente el electivo, y en consecuencia la accionante ha sido mal incluida en la nómina de personal político.

En relación a los agravios de la actora, los admite, teniendo en cuenta la falta de controversia puntual a la ampliación de demanda efectuada, y la prueba pericial inimpugnada.

I. EL RECURSO:

A fs. 383/394 se presenta la letrada apoderada de la demandada y funda el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto a fs. 370 contra la sentencia N° 20/2005 dictada por la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En primer lugar le imputa al fallo violación del principio de congruencia al incorporar hechos que no lo fueron por las partes al trabarse la litis, con la consecuencia de afectar el derecho de defensa en juicio. Sostiene que el Dr. N. se refirió a la actora diciendo que fue incorporada como personal de la planta permanente por Resolución N° 15/81, con cargo y escalafón en la Asesoría Letrada y Categoría 23, cuando resulta de los antecedentes que se venía desempeñando como Juez de Faltas; que también expresó que la Dra. C. venía contratada en la Asesoría Letrada como Juez de Faltas, sin que resultaren observaciones al respecto en la resolución de incorporación a la planta permanente, con arreglo a la categoría 23, Asesoría Letrada sin otros aditamentos.

Señala además que en otro párrafo el magistrado indicó que "debe responder entonces, porque designa a la Dra. C. en tal carácter por resolución N° 15/81 de fecha 12/01/81 desentendiéndose de la tesis que sostiene, porque la Dra. C. se desempeñaba como juez de faltas..". Éstas dice la recurrente han sido circunstancias de hecho que no fueron invocadas por las partes, y sí introducidas por el sentenciante tornando incongruente el fallo.

A renglón seguido refuta las afirmaciones del votante en cuanto señala que la demandada viola en forma patente la teoría de los actos propios al decir que se niega ahora el carácter de personal permanente de planta que había concedido anteriormente por acto administrativo.

Estos argumentos expresa de modo alguno sirven para aplicar la doctrina precitada ya que la circunstancia de que la actora haya ingresado mediante resolución N° 15/81 como planta permanente de la Municipalidad nada tiene que ver con que con posterioridad haya accedido al cargo de juez de faltas, que como se sabe la excluye del Estatuto por aplicación del art. 4to.

Añade que no se entiende como el juzgador puede considerar que se ha violado la doctrina de los actos propios cuando no puede dudarse que si un personal permanente asume un cargo de funcionario sea o no electivo enmarcado en alguno de los procedimientos especiales previstos en la Carta Orgánica Municipal, modifica necesariamente la condición del agente de planta permanente con que pueda haber contado el nombrado al cargo en su ingreso a la administración, pues no puede ejercer ambos cargos en forma simultánea. Ello agrega no importa la pérdida del cargo de planta permanente, pues si cesa en su carácter de funcionario, en principio no existiría obstáculo para retomar el ejercicio de su cargo de empleado de planta permanente con su consecuente sometimiento a las normas estatutarias del personal municipal.

A renglón seguido desdice las afirmaciones del "a quo" cuando sostiene que el Municipio en tanto otorgó a la funcionaria el derecho a la estabilidad por aplicación de la norma general del Estatuto del Personal, pudo hacerlo por su aplicación supletoria resultando improcedente privarla del mismo por aplicación de normas subsiguientes. Para la recurrente en modo alguno puede considerarse que la actora goza del derecho a la estabilidad en el cargo de Juez de Faltas como pretendería el Camarista intentando aplicar el Estatuto General en forma supletoria, pues ello importaría generar a favor de la actora prerrogativas especiales reprochables en un Estado de Derecho. Agrega que no puede pretenderse aplicarle el estatuto a la actora en su carácter de Juez de Faltas en tanto detente dicho cargo, pues no sólo está excluida en forma expresa del mismo, sino que además las normas que le son aplicables no son otras que las establecidas para todos los jueces de faltas en la Carta Orgánica Municipal.

La recurrente vuelve a negar violación de sus propios actos al rebatir la afirmación del Dr. N. para quien la característica de permanencia en el cargo a la que hace referencia el juez de primera instancia queda fuera de toda posibilidad de sostenimiento en orden a lo dispuesto por el art. 110 de la Carta Orgánica Municipal que exige que los jueces de faltas obtengan Acuerdo del Concejo Deliberante cada cuatro años para permanecer en su cargo, porque así lo entendía debió obrar en consecuencia, en razón de las relaciones precedentes. Respecto a tal afirmación sostiene que no se trata de interpretar o colegir que los jueces de faltas deban obtener Acuerdo del Concejo Deliberante cada cuatro años para permanecer en su cargo pues hay una norma que así expresamente lo prevé, ésta es el art. 110 de la COM, plenamente vigente, por lo que mal puede entenderse que la misma no resulta operativa y menos aún bajo la pretensa aplicación de la doctrina de los actos propios, ésta, de corte netamente civilista resulta inadmisible e importaría desconocer no sólo la autonomía del derecho administrativo, sino la aplicación de normas constitucionales que pregonan la autonomía municipal.

Prosigue la crítica del fallo, expresa su disconformidad respecto de las conclusiones del magistrado cuando éste afirma que la designación de la Dra. C. como Jueza de Faltas mediante resolución N° 08/85, no significa que la administración comunal hubiese resuelto la interrupción del carácter de personal permanente del que gozaba, lo cual tampoco resulta de la ordenanza 5380/94, cuando la actora fuera designada como juez de faltas del Tribunal N° 2, la pérdida alguna del carácter de personal permanente indicando asimismo que regía por aquél entonces la COM del año 1989 que establecía que los jueces de faltas permanecerían en su función mientras durase su buena conducta para concluir luego que no se advierte el dictado de ningún acto administrativo concomitante del Municipio de adecuación o ajuste a la envergadura de la legislación dictada.

La misma actitud crítica mantiene cuando el iudicante expresa que no resulta admisible por interpretación que un nombramiento de la agente C. para un nuevo cargo, conllevaba la exclusión en forma "natural" de los derechos adquiridos desde el año 1981 como personal de la planta permanente de la Municipalidad y resultando congruente a su respecto la Carta Orgánica Municipal del año 1989.

La recurrente sobre el punto señala que ya en oportunidad de expresar agravios contra la sentencia de primera instancia expresó que no resultaba acertada la conclusión respecto del carácter de permanente e ininterrumpida de la denominada carrera administrativa, por cuanto a partir del nombramiento en el cargo de Juez de Faltas se produjo una natural exclusión de la carrera administrativa y con ello la desaparición de los caracteres de permanencia que prevé el Estatuto y Escalafón para el Personal Municipal, aplicable exclusivamente al personal de planta, del que está excluida la actora. Para la quejosa, el nombramiento en el cargo de Juez de Faltas, o en cualquier otro cargo de funcionario enmarcado en alguno de los procedimientos especiales previstos en la Carta Orgánica Municipal, modifica necesariamente la condición de agente de planta permanente con que puede haber contado el nombrado al cargo en su ingreso a la administración.

Contrariamente a lo que desprende del fallo recurrido dice la recurrente la actora no ha perdido ningún derecho adquirido pues sólo queda exceptuada de la norma estatutaria mientras dure en su cargo de Juez de Faltas, lo que resulta una consecuencia lógica y natural de su nombramiento a un cargo de los previstos dentro de la normativa especial de la COM, pues resulta incompatible el ejercicio del cargo administrativo de planta permanente de la Municipalidad con el de Juez de Faltas que detenta, por lo que no pueden ejercerse en forma simultánea.

A criterio del Municipio es precisamente la exclusión del cargo de Juez de Faltas de la carrera administrativa y consecuentemente de las normas estatutarias, lo que lleva a incluir al mismo dentro de la categoría de personal político. Agrega que no puede existir otra interpretación, pues el art. 4 del Estatuto del Personal Municipal establece claramente que quedan exceptuados del mismo los funcionarios designados por procedimientos especiales normados por la Carta Orgánica, y ese es el Juez de Faltas.

Sostiene a mayor abundamiento que si como lo afirma el Sr. Camarista, las personas físicas que soportarían las consecuencias de la Ordenanza N° 5855/95 son quienes ingresaron al cargo político por elección y quienes transitoriamente acompañan a aquéllos, con ello quedaría comprendida la Jueza de Faltas.

Sin perjuicio de lo expuesto, añade la recurrente, que la ordenanza se refiere al "sacrificio de todos" aplicable a todo el personal político, con lo cual, más allá de la aplicabilidad de la norma a la actora por la transitoriedad de su cargo, igualmente estaría comprendida en aquella manda del sacrificio por estar incluida dentro del personal político. Y agrega que los Jueces de Faltas están subordinados jerárquica y funcionalmente al Poder Ejecutivo Municipal, lo cual queda evidenciado con lo dispuesto en el art. 56 de la Ordenanza Municipal N° 5830/95 que unge al Intendente Municipal como Juez de Alzada.

Agravio aparte lo constituye para la recurrente la omisión del aquo del tratamiento de cuestiones tales como el silencio de la administración, la intangibilidad de las remuneraciones, la subordinación del Juez de Faltas al Poder Ejecutivo Municipal y el referido a las leyes de emergencia, bajo el pretexto de que resultaba innecesario por encontrarse definida la cuestión troncal. En opinión de la quejosa, la falta de tratamiento de dichas cuestiones resultó totalmente injustificado, e importó menoscabo al derecho de defensa y ahora impide formular argumentaciones dirigidas al normal ejercicio de aquel derecho.

Continúa exponiendo sus críticas al fallo, refiriéndose al voto del Dr. Alexandre. En primer lugar controvierte la interpretación de éste respecto del término "autoridad gobernante"; sostiene la apelante, conforme lo establecido en la Carta Orgánica de 1989, y aún en la nueva COM, los Jueces de Faltas han sido incluidos dentro de la sección Primera Gobierno Municipal dentro de Otros Organismos. Así queda en claro que aquellos jueces están comprendidos dentro de la expresión "autoridad gobernante" y por ende fuera de discusión que su remuneración se establece en función de un porcentaje respecto de la del Intendente y nada permite entonces inferir que no sea alcanzada por la Ordenanza de emergencia.

A reglón seguido critica también la conclusión del Dr. Alexandre cuando ciñe el concepto de personal político a quienes acompañen a aquéllos que cumplen un mandato electoral mientras dure tal gestión temporal. Es a su juicio una acotación injustificada ya que ese personal transitorio, bien puede continuar en el ejercicio de sus funciones en forma independiente de la extinción del mandato de aquéllos con cargo electivo.

Amonesta también al voto del Camarista y destaca su contradicción, cuando, tras coincidir, en que todo aquel personal municipal al que le resulte aplicable el estatuto es considerado personal permanente y quien no debe ser necesariamente incluido dentro del personal político, luego concluye que si bien a la jueza de faltas se le fija una remuneración proporcional de la que percibe el intendente, no se cumplen respecto aquélla los demás recaudos para ser considerada ocupante de un cargo político, tal por ejemplo el electivo. Niega tal posibilidad, los Jueces de Faltas forman parte de la autoridad gobernante, su retribución es determinada por un porcentaje del salario del intendente y se encuadran dentro del personal político que transitoriamente acompaña al personal político electo, pues están excluidos del Estatuto de conformidad con lo dispuesto en su art. 4º.

Por último se agravia de la conclusión del magistrado respecto de la alteración de derechos adquiridos de la actora, expresa sobre el punto que la designación en el cargo de Juez de Faltas en modo alguno afecta derechos, pues, sin perder su cargo como empleada municipal fue designada en el que actualmente detenta y se sometió como consecuencia de ello al cumplimiento de los deberes que su cargo le requiere, lo que lógicamente le confiere otros derechos, pero al margen del estatuto del personal municipal, pues no puede aprovechar lo que la beneficia de cada cargo y renunciar a lo que la perjudica.

En definitiva añade ningún derecho ha resultado conculcado, no se ha equiparado la designación como jueza municipal a una renuncia como agente de la planta permanente, sino que, por resultar incompatible el ejercicio simultáneo de ambos cargos, es natural que mientras dure en el cargo de funcionaria debe atenerse a todas las obligaciones que le imponen las normas respecto del mismo, incluso someterse a la reducción en su remuneración conforme la normativa de emergencia sancionada.

En síntesis para la recurrente, los descuentos realizados a la actora han sido legítimos, por cuanto se sustentan en una norma de emergencia económica aplicable a quienes revisten cargos políticos, y que se encuentran excluidos del Estatuto y Escalafón del Personal Municipal.

Tras efectuar la reserva del caso federal, solicita se revoque la sentencia recurrida con costas.

II. ANÁLISIS En estos actuados la actora reclama haberes adeudados desde el mes de diciembre del año 1995 según surge del escrito glosado a fs. 85 y vta., titulado "Amplia Demanda", en el que efectúa una aclaración relativa al error de tipeo en que se incurriera al interponer la demanda, fecha en la que acusa comienzan a efectuarse descuentos indebidos, por errónea aplicación a su caso del Art. 2 de la Ordenanza Municipal Nº 5855/95, ya que, según alega, no reviste la categoría de personal político.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia en su defensa, concurre a sostener el carácter político del cargo de Juez de Faltas Municipal que ostenta la accionante, reivindicando la actuación municipal, al amparo de la Ordenanza Municipal Nº 5855/95, de emergencia administrativa, económica y financiera, y la legitimidad de los descuentos cuestionados.

Tanto la sentencia de primera instancia como la emanada de la Cámara de Apelaciones hacen lugar a la demanda, y condenan a la accionada a abonar las diferencias salariales reclamadas, por considerar que los descuentos efectuados implicaron el desconocimiento a la carrera administrativa de la actora, en el entendimiento que la misma no reviste la categoría de personal político.

El análisis pormenorizado de la causa me lleva a concluir que la cuestión debatida encuentra adecuada respuesta en el análisis de toda la normativa específicamente aplicable a la actora, más allá del examen efectuado en sendas sentencias de las anteriores instancias, que llevaron adelante el abordaje de la controversia desde uno de los aspectos del debate propuesto por ambas partes el referido a la dilucidación sobre el carácter político del cargo detentado por la actora, marginando la cuestión que entiendo dirimente del conflicto, y que es la violación del Art. 143 de la Carta Orgánica Municipal, denunciada expresamente por la accionante en su libelo promocional de la demanda.

Creo oportuno recordar que nuestra Constitución Provincial, en consonancia con la Constitución Nacional reformada en el año 1994, ha sentado como premisa normativa de rango constitucional que los municipios gozan de plena autonomía, por lo que no caben dudas que acotados en la vigencia a sus respectivos territorios se encuentran facultados para establecer sus propias instituciones, con amplias atribuciones respecto del alcance mismo del régimen que se instaure, por lo que es necesario proceder al análisis particular de las Cartas Orgánicas que sucesivamente rigieron en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, e indagar en las atribuciones y garantías con que el legislador las dotó. Ello así pues nuestra primigenia Constitución Nacional, ha plasmado en el Art. 5 como obligación para las Provincias el asegurar su administración de justicia, la educación primaria y su régimen municipal. En tanto que la reforma del año 1994 afianzó tal postulado, al disponer en el Art. 123 que "cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el art. 5º, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero".

A su turno, nuestra propia Constitución Provincial del año 1957, en su Art. 206 especificaba que en las ciudades, el gobierno y administración de sus intereses y servicios locales se encontraba a cargo de las Corporaciones Municipales, que teniendo el ejido urbano más de 500 inscriptos en el padrón municipal de elecciones se denominan Municipalidad. Luego en el Art. 207 se estipula que la ley orgánica de corporaciones municipales y las cartas que se dicten las municipalidades deberán asegurar los principios del régimen democrático, representativo y republicano.

La reforma del año 1994 reconoce la existencia del Municipio como una comunidad sociopolítica fundada en las relaciones de vecindad y como una entidad autónoma (Art. 224), e indica que puede dictar su propia carta orgánica, para cuya redacción goza de plena autonomía.

Particularmente, la Carta Orgánica Municipal de Comodoro Rivadavia del año 1989 afirmó en el Art. 30 que la Municipalidad, como persona jurídica pública estatal, ejerce el pleno gobierno y administración de la Corporación Municipal de conformidad a las atribuciones y deberes que se establecen en esa Carta Orgánica y la Constitución Provincial, para los poderes de la Legislación, Administración Ejecutiva y Justicia. En el Art. 31 inc. 8) reivindicó a la Justicia Municipal como asunto de competencia de la Corporación Municipal. Más adelante, en el Art. 57 instauró a la Justicia Municipal como uno de los cuatro organismos institucionales del Gobierno Municipal, junto con el Honorable Concejo de Representantes, el Poder Ejecutivo y los Consejos Vecinales de Circunscripciones. Luego, ya en el Capítulo IV: Justicia Municipal, estableció que la Corporación Municipal de Comodoro Rivadavia organiza su propia administración de Justicia Municipal (Art. 131); en el Art. 138 indicó que los Jueces Municipales permanecerán en su función mientras dure su buena conducta; y en el Art. 143 se estipuló la protección que los salarios o asignaciones de los miembros de la Administración de Justicia Municipal no podrán ser demorados ni reducidos durante el desempeño de sus funciones. La designación de los jueces municipales de faltas según la Carta Orgánica a la que me vengo refiriendo se efectuaba a propuesta del Poder Ejecutivo por el Honorable Concejo de Representantes (Art. 139); que por otro lado se daba su propio presupuesto de gastos (Art. 133) y designaba su personal (Art. 141).

La Carta Orgánica del año 1999 produjo modificaciones respecto de este capítulo, al crear dentro del Municipio de Comodoro Rivadavia el "Tribunal Administrativo Municipal de Faltas", estableció que los Jueces Municipales de Faltas son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Concejo Deliberante, que cada cuatro años debe ser renovado, y si así no se hiciera, cesan en sus funciones sin derecho a reparación económica, y omitió toda referencia a la elaboración de su propio presupuesto, designación de personal, etc.

Esta modificación acaecida en la normación municipal requiere determinar primigeniamente que, como ya lo ha indicado reiteradamente este Cuerpo, la cuestión traída habrá de ser analizada a la luz de la particular relación jurídica de la actora respecto de la legislación aplicable, siendo entonces, que la normativa que ha de regular la dilucidación de la cuestión será la Carta Orgánica del año 1989 y la Ordenanza Municipal Nº 5855/95, pues la primera de las citadas estuvo vigente cuando la actora accedió al cargo de Juez de Faltas, cumplimiento con los requisitos sustanciales y formales exigidos por la norma.

Aún cuando previniera que el abundamiento en esta cuestión puede ser dispendioso y hasta confundir al justiciable, traigo a colación aquí lo expresado por el Dr. Royer en S.D. 07/SCA/02, cuando citando a José Roberto DROMI, indicó que la actividad estatal, que se exterioriza de diferentes maneras (ley, reglamento, contrato, acto...) genera consecuencias de tipo jurídico que instituyen recíprocamente derechos y deberes correlativos para las partes intervinientes, los que se delimitan según la correspondencia entre las situaciones en que se encuentran cada uno de ellos respectivamente. La relación jurídica se da así, cuando la situación de poder (derecho) en que se encuentra uno de ellos, se corresponde necesariamente con una situación de deber (obligación) del otro. En este marco referencial que es la relación, la ubicación o disposición jurídica de un sujeto, es lo que caracteriza su situación jurídica.

Siguiendo con la cita de DROMI, diré que las situaciones jurídicas subjetivas son abstractas, generales y comunes. Conforman una "categoría jurídica" por la que se puede titularizar, de modo activo, un derecho subjetivo y, de modo pasivo, un deber jurídico (Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública, Grouz, Madrid, 1986, pág. 40 y sigs.). Bartolomé FIORINI dice que el derecho subjetivo, que se destaca como una situación jurídica, adquiere carácter de tal con la determinación de exclusiva o excluyente en la pertenencia de ciertos bienes jurídicos, donde se manifiesta el goce de la disponibilidad y la exigibilidad de cumplimiento o respeto de terceros. La exigibilidad de la situación jurídica se debe garantizar con la acción jurisdiccional: la posibilidad de recurrir ante un órgano independiente por el titular de la pertenencia para exigir el cumplimiento de la prestación correspondiente ante un conflicto o una desobediencia. (Qué es el contencioso. AbeledoPerrot, Bs. As., 1997, pág. 54/55).

Indago así en la relación jurídica de carácter peculiar y particular, que como "thema decidendum", se expone a la jurisdicción, de la que surge que la actora, A. M. C. C. fue designada en el cargo de Juez del Tribunal de Faltas Municipal por Ordenanza Nº 5380/94, de fecha 19 de octubre de 1994, promulgada por Resolución Nº 2946/94, de fecha 14 de noviembre de 1994, y según indica en la demanda se desempeña en el mismo desde el 17 del mes de abril del año 1995. Para dichas fechas se encontraba vigente en el Municipio de la ciudad de Comodoro Rivadavia la Carta Orgánica Municipal sancionada en el año 1989, que rigió hasta el mes de agosto del año 1999, cuando vino a ser sustituida por la actualmente vigente. Mas la reducción salarial que la actora viene a cuestionar fue dispuesta por la Ordenanza Municipal Nº 5855/95, promulgada en el mes de diciembre de ese mismo año 1995, encontrándose vigente la Carta Orgánica de 1989.

En reciente definitiva Nº 12/SROE/05 expliqué que la Ordenanza Nº 5855/95 fue sancionada como una herramienta complementaria de la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera de la Administración Pública Municipal marco inobjetado en la presente litis, y que, tal como se indicó en Interlocutoria Nº 54/SCA/96 "admitida la existencia de la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera, puede el Estado Municipal adoptar medidas que resguarden los intereses generales conciliándolos con los intereses particulares, sin que ello implique violar ni suprimir garantías constitucionales. (conf. LL., 1991C141 y sgtes. con nota de Alberto B. Bianchi). En dicho contexto, el Art. 2 de la Ordenanza Municipal Nº 5855/95 establece la reducción a partir del 11 de diciembre de 1995 de la remuneración que por todo concepto perciba el Sr. Intendente Municipal en hasta un veinte (20%), y la reducción, conforme a ello, de la remuneración de todo el personal político en relación proporcional al sueldo que percibía al 1 de diciembre de 1995.

Ahora bien, tal como se afirmó en S.D. N° 05/SCA/04, aún cuando no existen derechos adquiridos al mantenimiento de las leyes o reglamentaciones, debe recordarse que aplicar una norma, no sólo es determinar el hecho descripto por ella, y subsumir el caso en el supuesto previsto; es además imputarle la consecuencia jurídica que cierra el silogismo (ALVAREZ GARDIOL Manual de Introducción al Derecho Juris 2º Edición pág. 209 y sigs.). Y esta consecuencia, por contrariar derechos constitucionalmente reconocidos, es la que resiste la actora.

En el fallo que cito, el Dr. Royer indicó que gran parte de la doctrina administrativista y numerosa jurisprudencia se inclina por admitir la potestad de los Estados Nacional y Provinciales, de reducir los salarios de los agentes públicos, recordando que desde antiguo, aún sin acudir a la "novedad" de la emergencia, VILLEGAS BASAVILBASO, M. MARIENHOFF, M.M. DIEZ, así lo venían admitiendo como se verifica en sus Tratados, también la Procuración del Tesoro de la Nación (Dictámenes 51:91, 126:156, 183:156, RAP 139:70) y la jurisprudencia (vg. CNFral. Cont.Adm. Sala II en "Merayo..." del 3/8/76). Pero se advirtió que el ejercicio de esa potestad reconocida no era ilimitada, sino que debía responder a circunstancias de excepción, con alcance general al menos a los empleados del sector que la prerrogativa sea ejercida razonablemente, que lo sea a futuro, que no afecte el poder adquisitivo considerando el costo de vida (ST Sgo. del Estero 15/7/98 "Juárez..." elDial AZ64F) o la "canasta familiar" (así lo resolvió alguna vez el Tribunal de Santa Cruz en fallo luego revocado por la Corte Nacional "Del Valle..." Ver LL 1.998A63 y LL Supl. Der. Adm. 14/5/01 pág. 52), que no sea confiscatorio.

Allí se expuso que estos "cotos" indicaban en verdad, y pese a la aceptación de la legitimidad de determinadas reducciones, que la regla general es la no disminución, y su contraria una excepción, que sólo en las circunstancias apuntadas se presenta ajustada a las garantías constitucionales por no afectar dentro de determinados parámetros la estabilidad salarial, el nivel escalafonario, la propiedad.

Mas si sólo bajo esas determinadas condiciones se podría admitir la legitimidad del obrar estatal que impusiera la reducción de la remuneración, el supuesto bajo examen no puede ser subsumido en las ya angostadas paredes del obrar legal. Y es impedimento para ello el valladar infranqueable establecido por la Carta Orgánica Municipal del año 1989, que instituyó específicamente para los Jueces Municipales de Faltas la garantía que sus remuneraciones no podrán ser demoradas ni reducidas durante el desempeño de sus funciones (Art. 143), así como la permanencia en sus funciones mientras dure su buena conducta. (Art. 138), adicionándolo de tal forma al elenco limitado de funcionarios para quienes en el orden nacional y local están reconocidas las mismas.

Como he venido indicando, no caben dudas que la organización municipal es determinada por el propio Municipio, pero establecida en el ámbito local la vigencia de la intangibilidad de las remuneraciones para quienes detentaran el cargo Juez de Faltas, no puede una legislación posterior reducirlas, pues su aplicación resulta írrita y avasalladora de los derechos adquiridos por la accionante.

Aún cuando la Ordenanza Municipal Nº 5855/95, cuya aplicación al supuesto específico de la actora se encuentra en discusión, configura un instrumento legal emanado dentro del marco de la emergencia administrativa, económica y financiera de la administración pública municipal, declarada por Ordenanza Nº 3.858, cuya vigencia se prorroga, no puede dejar de advertirse que cuando bajo la vigencia de una ley se han cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido, porque la situación jurídica general creada por esa ley se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto, que como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior, sin agravio del derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional, porque "la situación de emergencia, a diferencia del estado de sitio no suspende las garantías constitucionales" (S.D. N° 3/SCA/96; 6/SCA/00, 4/SCA/02). Es que cuando en una norma se ha omitido toda referencia a su validez intertemporal, se impone el principio según el cual, "los hechos anteriores a su vigencia deben quedar sometidos a los preceptos legales imperantes en el momento en que se produjeron, ya que, en esas condiciones, el nuevo ordenamiento no tiene efecto retroactivo, no se proyecta hacia atrás en el tiempo, ni altera el alcance jurídico de las consecuencias de los hechos y actos realizados, pues de lo contrario podría afectar derechos adquiridos (Fallos 314:481; 320:1796; 321:532, "Caja Complementaria para la Actividad Docente c/ U.B.A. resol. 2754/95 s/ proceso de conocimiento", 28/07/05).

En definitiva, la solución del caso debe estar guiada, desde una visión constitucional, por la necesidad de evitar que la conclusión que se alcance vulnere derechos consolidados en el patrimonio de la persona a la que se pretende aplicar la norma (L.L. 1995A154); por lo que es de advertir que el derecho de la actora se consumó con su designación en el cargo de Juez de Faltas Municipal, a cobijo de la Carta Orgánica Municipal del año 1989, que garantizó la intangibilidad de sus remuneraciones, y generó para ella un derecho exclusivo según la ley en vigencia a su otorgamiento.

La actora ha consolidado un derecho en su patrimonio, por lo que no pudo la administración municipal aplicar válidamente al derecho que se consumó para ella la reducción de remuneraciones dispuesta por el Art. 2 de la Ordenanza Nº 5855/95, y lo ilícito está en la aplicación de la norma a una relación jurídica particular que en la misma no debía ser comprendida, y no en la norma misma. Se trata, sin más, de un derecho definitivamente consolidado bajo la vigencia de una ley que no puede ser alterado por otra.

Y si bien la Carta Orgánica Municipal del año 1989 rigió hasta la fecha de entrada en vigencia de la Carta Orgánica del año 1999 (17 de agosto de 1999), es útil también aventar toda duda respecto que la designación de la actora como Juez de Faltas en el año 1994 se efectuó al abrigo de la normativa en ese entonces en vigor, consagrando para la misma los derechos de intangibilidad de sus remuneraciones e inamovilidad mientras dure su buen desempeño. Y esta situación no ha sido desconocida por el Municipio demandado, pues aún cuando en la instancia judicial viniera a negar la inamovilidad de la actora, en la faz administrativa con buen tino, no ha desconocido la misma, pues luego de la sanción y vigencia de la Carta Orgánica del año 1999, no produjo un nuevo acto administrativo de designación de la Dra. C. en el cargo de Juez de Faltas, sino que la misma, a tenor del legajo personal arrimado como prueba en autos, ha seguido ocupándolo sin interrupción. Se evidencia en el accionar municipal el respeto por los derechos consolidados para la actora, al menos en cuanto a la inamovilidad se refiere, por lo que no se evidencia como acorde a ello la omisión de actuar con el mismo criterio respecto de la intangibilidad de la remuneración.

Por lo expuesto, propongo al acuerdo rechazar el Recurso de Apelación Ordinaria deducido por la demandada, y confirmar la sentencia apelada en todas sus partes. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. Royer dijo:

El conflicto sometido a la decisión jurisdiccional de este Superior Tribunal consiste en dilucidar si el art. 2 de la Ordenanza Municipal N° 5855/95 por la cual se dispone una reducción salarial al Sr. Intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia y a todo el personal denominado "político" de la comuna, comprende a la actora Dra. C., quien se desempeña como Jueza del Tribunal de Faltas.

La pugna entre las partes se puede resumir en cuanto al argumento esencial diciendo que mientras la actora niega terminantemente que su cargo pueda ser considerado político y por ende aplicable a su remuneración lo dispuesto en la Ordenanza precitada, la demandada sí insiste en la naturaleza política de su cargo y claro está la aplicación de la normativa de emergencia.

Mas, en mi opinión la dilucidación de la cuestión no pasa por dirimir ese debate, esto es, efectuar mayores consideraciones en orden a establecer qué categoría de revista en el municipio le corresponde al Juez de faltas, sino analizar dentro del contexto normativo por el cual transitara su desempeño en esa función aquellas circunstancias que se refieren al régimen de su remuneración. En este contexto corresponde detenernos en la Carta Orgánica del municipio de la ciudad de Comodoro Rivadavia sancionada en el año 1989, concretamente en su capítulo IV "Justicia Municipal". En su art. 143 se establece que "Los salarios o asignaciones de la Administración de Justicia Municipal no podrán ser demorados, ni reducidos durante el desempeño de sus funciones....

La Dra. C., quien si bien ocupó el cargo de Juez de Faltas con anterioridad desde el año 1985 hasta 1989, a partir del año 1994 nuevamente asume ese rol en función de su designación mediante la Ordenanza N° 5380/94, la cual en su vistos claramente expone que la finalidad de la Ordenanza "es a los efectos de dar cumplimiento al capítulo IV de la Carta Orgánica Municipal", de allí que ese es el marco jurídico regulatorio de su actuación y no la nueva Carta Orgánica sancionada en el año 1999, habida cuenta que la Ordenanza Municipal en crisis respecto de su aplicación a la funcionaria demandante es dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Constitución Municipal, es decir bajo el imperio de la sancionada en el año 1989.

A partir de lo dicho necesariamente el debate toma un nuevo curso, distinto al planteado por las partes y aún al resuelto en las sentencias dictadas, ya no girará en torno al concepto de funcionario político, sino a los de derechos adquiridos y a la intangibilidad de las remuneraciones. Si de derechos adquiridos se trata estoy en condiciones de afirmar que efectivamente la Dra. C. los tenía, al menos en cuanto a los patrimoniales se refiere, léase remuneración. No pongo en tela de juicio en mi voto la facultad de adoptar medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales frente a situaciones de crisis o de necesidad pública, se puede, sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar dentro de límites razonables, el cumplimiento de obligaciones emanados de derechos adquiridos. Así este Superior Tribunal en consonancia con la más autorizada doctrina administrativista, ha sostenido en SD. N° 6, 7/03/SCA y en N° 7/04/SCA que la retribución del agente público puede ser reducida, se citó en aquellos pronunciamientos la opinión de autores de la talla de Diez, Sayagués Laso, Villegas Basavibaso, Marienhoff; se hizo referencia además al criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual aunque en forma casuística ha aceptado la legitimidad de la disminución en numerosos casos (vg. in re "Guida..." del 2/6/00) allí el cimero Tribunal expresó, "dado que la intangibilidad del sueldo del empleado público no está asegurada por ninguna disposición constitucional... no existe un derecho adquirido a mantener el nivel de remuneración futura sin variantes y en toda las circunstancias". Y a resultas afirmaba que ello está indicando, que en cada caso debe analizarse a tenor de las circunstancias acreditadas en juicio la eventual licitud o ilicitud de reducciones unilaterales impuestas, ordenadas al margen de la voluntad del asalariado.

En ese pronunciamiento El Dr. Fayt aseguraba que "... los agentes de la administración pública carecen de un derecho subjetivo al mantenimiento del monto de sus remuneraciones y deben tolerar las reducciones que ante situaciones excepcionales de crisis no alteren la sustancia de sus derecho a la retribución, es decir no sean confiscatorias. Por su parte el Dr. Belluscio votaba "el derecho de los agentes públicos a una remuneración justa no significa el derecho a un escalafón pétreo... el monto del sueldo puede ser modificado por la administración pública en ejercicio de la prerrogativa contenida en la pertinente cláusula implícita de derecho privado, en tanto no lo altere sustancialmente, es decir en proporción que le resulte insuficiente para que el funcionario o empleado afronten las exigencias del costo de vida...

Insisto, no es motivo de mi voto juzgar sobre la oportunidad y razonabilidad de la Ordenanza Municipal N° 5855/95, que dispusiera una reducción en la remuneración por todo concepto del Sr. Intendente del orden del 20%, haciéndola extensiva a todo el personal político en forma proporcional, sino establecer si la misma alcanza al caso particular de la Dra. C. en su función de Juez de Faltas del Municipio. En este orden de ideas, su situación constituye una excepción al cuadro general definido "supra" para todo el personal de la administración pública, que como se expuso no es alcanzado por ninguna garantía constitucional en salvaguarda de una eventual reducción salarial, en la medida, claro está, que no resulte confiscatoria. Por el contrario manifiestamente en la relación jurídica establecida por la profesional del derecho con el municipio Carta Orgánica del año 1989 vigente al tiempo de comenzar esa relación jurídica y vigente aún al tiempo de dictarse la Ordenanza Municipal N° 5855/95, se incluyó una cláusula de excepción, una que le garantizó la inmutabilidad de su remuneración, que la excluyó y la puso a resguardo de la aplicación del principio general, no puede caber otra interpretación del art. 143 cuando expresa "Los salarios o asignaciones del personal de la administración de justicia no podrán ser demorados ni reducidos mientras duren en sus funciones..." en esa norma la Ley Orgánica municipal consagra así principios en materia de intangibilidad de la remuneración, respecto de quien revista el cargo de Juez de Faltas del Municipio.

Tengo para mí que si bajo el imperio y amparo de la Carta Orgánica Municipal sancionada en el año 1989 la Dra. C. fue designada Juez de Faltas mediante Ordenanza Municipal N° 5380/94, cumplidos todas las condiciones sustanciales y formales previstas por la ley para ser titular de un derecho debe considerarse que hay un derecho adquirido en cuanto a la imposibilidad de disminuir su remuneración, su situación jurídica creada por ley se consolidó en una condición concreta e individual en cabeza de ésta sin interrupción aún luego de dictado de la nueva Carta Orgánica y es que la protección que las Constituciones acuerdan al derecho de propiedad, tienen el alcance frente a un cambio en el ordenamiento jurídico de impedir que se afecten derechos adquiridos al amparo del régimen derogado, pero no podría ser invocado eficazmente para acordar efectos retroactivos a nuevas normas jurídicas, siendo que el principio general consiste en que ellas rigen para el futuro, principio éste que resulta aplicable incluso a los reglamentos administrativos (SCBA, I, 1246, S.7688).

Los fundamentos expuestos hacen que acuerde plenamente con la solución propuesta por el colega que me precediera en el voto y por ello sostengo que debe rechazarse el Recurso de Apelación Ordinaria deducido por la demandada "Municipalidad de Comodoro Rivadavia" y confirmarse en consecuencia la sentencia pronunciada por la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia. ASÍ LO VOTO.

A la segunda cuestión el Dr. Pasutti dijo:

Tal como voté la primera cuestión propongo al Acuerdo: 1°) Rechazar el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la demandada Municipalidad de Comodoro Rivadavia. 2°) En cuanto a las costas, corresponde imponerlas al recurrente vencido (art. 68 del CPCC) y los honorarios de la Dra. C. R. los estimo en un 25% de los que a su favor se les reguló por su actuación en Primera Instancia, sin perjuicio de la aplicación del Art. 2 de la Ley N° 2.200, modif. por Ley N° 4335 (conf. Arts. 6 incs. "c" y "d", 7, 9 y 14 del Dto. Ley N° 2.200 modif. por Ley N° 4335). Con más IVA si correspondiere.

A igual cuestión el Dr. Royer dijo:

Atento como he votado a la primera, acuerdo con la solución propuesta por el Dr. Pasutti en la segunda cuestión.

Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictar la siguiente:

S E N T E N C I A 1°) RECHAZAR el recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la accionada Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

2°) COSTAS a la recurrente vencida (art. 68 del CPCC).

3°) REGULAR los honorarios de la Dra. C. R. en un 25% de los que a su favor se les reguló por su actuación en Primera Instancia, sin perjuicio de la aplicación del Art. 2 de la Ley N° 2.200, modif. por Ley N° 4335 (conf. Arts. 6 incs. "c" y "d", 7, 9 y 14 del Dto. Ley N° 2.200 modif. por Ley N° 4335). Con más IVA si correspondiere.

4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dres. Fernando S.L. Royer José Luis Pasutti.

RECIBIDA EN SECRETARIA EL 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2006 REGISTRADA BAJO EL N° 01 S.R.O.E. CONSTE.