Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-03-17


Nº··38···/ En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, RAMON RUBEN AVALOS y RICARDO FERNANDO FRANCO, quienes emitir n su voto en ese orden, asistidos por el Secretario Autorizante DR.MIGUEL ANGEL LUBARY, tomaron conocimiento del expediente n° 53.655, año 2003, caratulado: "MARTINEZ ARIAS RAMON JULIO S/QUERELLA P/ INJURIAS C/CELIA JUDCHAK DE KATZ", con el objeto de dictar sentencia conforme los artículos 434 y 446 del Código Procesal Penal.- Seguidamente la Sala Segunda plantea las siguientes C U E S T I O N E S 1°) ¿Son procedentes los recursos de inaplicabilidad de ley deducidos a fs. 659/690 vta. y fs. 691/695 vta. ? 2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION, RAMON RUBEN AVALOS; dijo:

I- El Juzgado Correccional de la Tercera Nominación de esta capital, por sentencia nº 9 de fecha 11 de abril de 2003, condenó a Celia Judchak de Katz como autora responsable del delito de Injurias (art. 110 del CP), a la pena de 4 (cuatro) meses de prisión, en forma de ejecución condicional, e hizo lugar a la acción civil deducida conjuntamente, condenado a Celia Judchak de Katz a abonar a Ramón Julio Martínez Arias la suma de pesos quince mil ($ 15.000), en concepto de reparación del daño moral causado (arts. 1078 y concs. del CC), con costas.- Para resolver de tal manera, el a quo consideró que la Dra. Celia Judchak de Katz, abogada del foro, presentó un escrito en las actuaciones caratuladas "Exhorto del Sr. Juez de Instrucción Nº 2 de Corrientes Capital -Dr. JUAN MANUEL SEGOVIA- e/a 38.291/98 Costa, Julio Cesar S/ dcia. S/Detención", tramitadas ante el Juzgado de Instrucción de la Sexta Nominación de Resistencia, a cargo del Dr. Ramón Julio Martínez Arias, en el cual planteó la nulidad del allanamiento realizado, incluyendo una frase dirigida al mismo en la que le imputó cumplir cualquier órden, como los nazis y los militares del Proceso de Reorganización Nacional, generando daños y víctimas, que juzgó apta para ofender la dignidad y prestigio del querellante.- En contra de dicha decisión se alzó la querellada, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Carlos Saife, y el querellante, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Carlos Yagueddú, interponiendo a fs. 659/690 vta. y fs. 691/695 vta. respectivamente, recursos de inaplicabilidad de ley, los que fueron concedidos, elev ndose la causa a esta Sala, donde quedó radicada y se efectuó llamamiento de autos para sentencia, encontr ndose actualmente en condiciones de dictarse pronunciamiento.- El recurso deducido por la querellada se inicia mencionando su objeto y el cumplimiento de los recaudos formales, planteando cuestiones preliminares y relacionando los hechos de la causa. El mismo se fundamenta en las previsiones del art. 434 inc. 2º del CPP, por hallar viciado el razonamiento jurídico que sustenta el fallo dictado en autos, mencionando doctrina y efectuando consideraciones generales sobre el deber de motivación.-.

Al respecto, luego de transcribir tramos del mismo, sostiene que éste es autocontradictorio, toda vez que si, como lo admite el sentenciante, no dijo nazi al querellante es obvio que tampoco lo comparó con un nazi, lo que da sustento a la prédica defensiva de que la frase est dirigida a un argumento, el cual no había sido utilizado por Martiíez Arias hasta entonces, que recién lo hizo con posterioridad, al rechazar el incidente de nulidad. Por ello considera que la motivación no es derivada, al partir de premisas no verdaderas.- Alega que no es cierta la afirmación que interfirió y entorpeció la labor jurisdiccional del juez exhortado, ya que estaba ejerciendo un legítimo derecho, al haberse allanado su domicilio profesional sin los recaudos legales, utiliz ndose una orden firmada por el querellante dirigida a otro domicilio, por lo cual promovió el incidente de nulidad del allanamiento, invocando un derecho propio, por la vía procesal idónea, el cual debía ser resuelto por el propio juez exhortado, habiendo ofrecido pruebas en la forma establecida por el Código de rito.- Aduce que el juzgador hace derivar de la frase en cuestión la consecuencia dolosa del comportamiento, lo que no se compadece con la reglas de la sana crítica racional ya que no es lógico ni coherente, por no adecuarse al principio de identidad, el haberse tergiversado la frase siendo que lo que no se comparte es el argumento y la crítica que se formula es a ese argumento.- También cuestiona la conclusión de que no se admite el planteamiento de la defensa, basado en el descargo material de la querellada en el debate, ya que se trata de una mera expresión dogm tica de hecho, como también la imputación de falta de convencimiento de la Defensa, por haber agotado todas las posibilidades, conforme a derecho, en procura de la absolución de aquella, por no hallarse sustentada en fundamentos serios y resultar un producto de la mera voluntad del juzgador.- Asimismo, menciona que al describir las circunstancias atenuantes, con el propósito de graduar la pena, el juzgador señaló, entre otros, a "los antecedentes que originaron el conflicto", lo que no fue valorado al expedirse negativamente sobre la legitimación de la querellada para obrar en el incidente de nulidad y rechazar la causal de justificación alegada por la Defensa e imputarle el propósito de interferir y entorpecer la labor jurisdiccional, por lo que considera que existió una omisión de valorar pruebas incorporadas legalmente y de valor decisivo.- También efectúa planteos de este tipo relacionados con la acción civil, mencionando que se violaron las reglas de la sana crítica al valorarse la declaración del testigo Zanazzo, quien expresó que no estaba en condiciones de evaluar la preocupación del querellante, haciéndose una muy escueta referencia respecto a los testigos Romero, Anello y Mañanes, por lo que no puede delimitar de que forma apreciaron la mortificación de Martínez Arias, afirmando que ellas fueron consideradas arbitrariamente; que el fallo contradice las constancias de la causa y la pretensión de la actora, al establecer que el desmedro del crédito ocurrió en Corrientes; que se altera la igualidad de las partes al cubrirse la negligencia probatoria del querellante, afirmando que en el caso no existió dolo, ni antijuricidad-daño ni nexo causal, determin ndose los daños arbitrariamente, reiterando conceptos ya emitidos y mencionando abundante doctrina y jurisprudencia.- Respecto al recurso de naturaleza sustantiva, sostiene que no surge que la frase estuvo dirigida al querellante y afirma, con apoyo doctrinario, que en la figura de la injuria no pueden encuadrarse los presuntos agravios devenientes de las expresiones contenidas en los escritos profesionales en ejercicio del derecho de defensa, quedando la vía de la sanción disciplinaria como remanente desde la desaparición de la figura del desacato, para sancionar los desbordes que se produzcan en el ejercicio de dicho derecho por parte del letrado, siendo ello lo que ha tenido en mente el legislador cuando desincrimina el desacato porque ha priorizado también el derecho al libre ejercicio profesional en los juicios, como uno de los pilares de la vida democr tica y de la defensa de los derechos humanos. En apoyo de esta posición transcribe, en lo pertinente, una decisión adoptada en función administrativa por este Superior Tribunal de Justicia, cuando revisara la sanción aplicada por un Magistrado a un abogado en una causa judicial, por lo cual concluye que la aplicación el art. 110 del C.P. importa la violación de la ley penal.- Finalmente, peticiona que se declare la errónea aplicación de la ley sustantiva absolviendo de culpa y cargo a la querellada, rechazando la acción civil ejercitada en autos o en su defecto se declare la nulidad del fallo y se remita el proceso al tribunal correspondiente para su substanciación.- La misma parte, en el memorial potestativo que obra glosado a fs. 713/719, ratifica los agravios vertidos en el escrito impugnaticio, y resalta que presentó el escrito en cuestión en defensa de un propio derecho, no invocando ser defensora de Mario Katz, por lo que negar legitimación para reclamar es tanto como impedir el acceso a la jurisdicción, y también la necesidad de obtener un pronunciamiento judicial r pido.- Por su parte el querellante en su presentación precisa el motivo del recurso (Conf. fs. 691/695), consignando que fue interpuesto únicamente respecto al monto indemnizatorio establecido en concepto de daño moral, por considerarlo carente de motivación, aspecto sobre el cual se explaya con específicas menciones doctrinarias y cuestionamientos de tipo genérico, estableciendo comparaciones con otros casos tramitados ante el mismo tribunal, como el caso "Barreto.." ,en todos los cuales la indemnización determinada fueron superiores a la se fija en la presente. Califica de arbitrario al fallo y concluye peticionando que oportunamente se haga lugar al recurso, casando la sentencia impugnada, argumentos que posteriormente ratifica en el escrito agregado a fs. 722.- II-a)-Liminarmente corresponde expedirse respecto a la admisibilidad del recurso deducido por la parte querellada en función a la pena impuesta en el fallo atacado y las limitaciones recursivas contempladas por el art. 437 del C.P.P, lo que provocara una específica fundamentación en la memoria impugnaticia. Al respecto y trat ndose el caso que nos ocupa de revisar una sentencia condenatoria, es viable la tarea propuesta por la vía empleada en función a lo dispuesto en el precedente de esta Sala Segunda "Caric.." sent. 88/02.- b) En cuanto a su procedencia y en función a la plataforma f ctica fijada por el a-quo, la que debe ser respetada en un todo por esta Sala Segunda cuando del motivo casatorio sustantivo se trata (Art. 434 inc. 1° del CPP), es dable comprobar que a partir de fs. 649 vta. del fallo sujeto a examen, luego de procederse a la transcripción del escrito presentado por la querellada, cuyo contenido provocara la presente acción privada, y procediendo a recordarlo a partir del petitorio de aquél que dice: "....a.- En mi car cter de titular del ESTUDIO JURIDICO CONTABLE KATZ sito en SALTA 671 se tenga por articulada NULIDAD DE DILIGENCIA DE ALLANAMIENTO que ha ordenado efectuar el Juez de esta causa y que se ha cumplimentado en SALTA 671 de esta ciudad correspondiente al ESTUDIO JURIDICO CONTABLE KATZ por ser la misma violatoria de los m s elementales derechos de fondo y forma y violar expresas garantías constitucionales.- b.- Se requiera con HABILITACION DE DIAS Y HORAS la diligencia respectiva y las fotografías que registran la actuación en el domicilio del ESTUDIO JURIDICO CONTABLE KATZ.- c.- Se tenga por formulada expresa reserva de acciones penales para los funcionarios que han incumplido sus obligaciones y de daños y perjuicios contra los responsables de la misma.- d.- Se tenga presente que NO SE CONSCIENTE ACTUACION ALGUNA DE NINGUNA INDOLE y que se articularon en tiempo y forma todos y cada uno de los planteos y denuncias que correspondan tanto por la intervención del señor Juez de este Juzgado como del incalificable juez oficiante que no reconoce ya en su actuación ni límites de razonabilidad alguna. Asimismo el perjuicio que ha provocado la medida violenta el libre ejercicio profesional y el interés es m s que obvio, pues se estaría posibilitando remitir al Juez oficiante no solamente información ilegítimamente obtenida, sino adem s violentando normas insoslayables. Mucho m s, cuando ni siquiera se interrogó en relación al paradero de la persona presuntamente buscada, sino que simplemente se rastrilló al peor estilo policíaco sin verificar a ciencia cierta si MARIO KATZ, estaba o no en dicho domicilio de Salta 699, donde irregularmente se invadió sin derecho y en donde existen dependencias adicionales que ni siquiera fueron revisadas.

e.- Se suspenda BAJO TODO CONCEPTO Y CIRCUNSTANCIA la remisión de estas actuaciones al juzgado oficiante hasta tanto se agreguen las actuaciones notariales cumplidas y fotografías obtenidas y recepcionadas las respectivas testimoniales y resuelto el presente INCIDENTE DE NULIDAD PUES EN CASO DE ADOPTARSE MEDIDAS EN ORDEN A UNA DILIGENCIA INSALVABLEMENTE NULA se estarían agravando los ya múltiples perjuicios que ha ocasionado la actuación de este TRIBUNAL que SIN ANALIZAR NI PROVEER un habeas corpus planteado y un pedido de suspensión la ordenó igualmente causando irreparables daños.

Para la suscripta no es v lido el argumento de que se debe cumplir cualquier orden de cualquier juez. Los nazis y militares en el pasado utilizaron igual argumento y generaron los daños y víctimas que lamentablemente ya ni se recuerdan.

EL SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCION con previa Vista Fiscal, el 30/10/98 no hizo lugar a la nulidad impetrada, resolviendo extraer fotocopias de la presentación, certificadas por el Actuario, y estar a lo que se dispone en el exhorto.

Lo expuesto surge de la concatenación del Exhorto de fs. 79/80; (fs. 263/264); fotocopias adjunta de fs. 81; Resolución de la Inhibición de fs. 82/83; comunicación al Juzgado Exhortante de la Inhibición de fs. 84; de la Resolución que ordena el allanamiento de fs. 86/87; del Acta de allanamiento de fs. 91 y vta., (fs. 271) del escrito presentado por la Dra. KATZ de fs. 101/102, (fs. 269/270); del dictamen Fiscal de fs. 107/108, (fs. 274) y de la Resolución de fs. 116/117, (fs. 283/284).

La materialidad del hecho y la intervención personal de la querellada en los términos expuestos, est n plenamente acreditados, al extremo de que no fueron objeto de controversia por las partes, sino expresamente reconocidos por la propia defensa. No podría ser de otra manera, por cuanto la querellada al prestar declaración indagatoria en el debate reconoció expresamente como suyo el escrito de fs.101/102, lo que releva de mayores consideraciones. Se los tiene por plenamente probados.

Sentado ello, cabe analizar el libelo considerado injurioso por la acusación, a los efectos de desentrañar su sentido y alcance. Esto tiene fundamental importancia en el plano jurídico. Así, se advierte en primer lugar que fue dirigido y recepcionado por el Juzgado de Instrucción de la Sexta Nominación, según consta expresamente a fs. 104; en segundo lugar que se efectúa un severo cuestionamiento a la labor jurisdiccional a cargo del Dr.MARTINEZ ARIAS, incluso interfiriéndola, entorpeciéndola, al pretender la suspensión de la remisión de las actuaciones hasta que se resuelva el Incidente de Nulidad. Y en tercer lugar, del último p rrafo del escrito, emerge sin esfuerzo alguno de que la letrada le imputaba al querellante de que cumplía cualquier órden como los nazis y los militares del llamado Proceso de Reorganización nacional; generando daños y víctimas. Es preciso señalar que la querellante no dijo que el Dr. MARTINEZ ARIAS era nazi; como erróneamente interpreta el patrocinante del querellante en su alegato.

Así, también se tiene por plenamente probado, que la frase, estaba dirigida al Dr.MARTINEZ ARIAS, porque era quien estaba cumpliendo la órden del Juez Exhortante, como muy bien lo expuso la querellante en su acusación. Se rechaza la negativa de la querellada, en su declaración indagatoria como también la tesitura de la Defensa, que se apoya en ella.

Anotado ello, cabe analizar si la frase constituye el delito de Injurias. La acción es típica en los términos del Art.110 del Código Penal, bastando para ello, la imputación de que el Dr.MARTINEZ ARIAS cumplía como magistrado cualquier órden, desde que tenía aptitud como acto de menosprecio de producir la mortificación del destinatario. Pero, la querellada no concluyó ahí, sino que reforzó su pensamiento lesivo compar ndolo con los nazis y militares en el pasado, esto último en referencia a los del llamado Proceso de Reorganización Nacional; y, para descalificarlo aún m s, le añadió que generaron daños y víctimas. Aquí, se rescatan las expresiones del testigo Manuel Armando GARRIDO, propuesto por la querellante, en cuanto al significado de nazi, cuando dijo "la palabra nazi, es una palabra muy fuerte, de dolor y horror". Se estima innecesario ahondar en lo que dijo la querellada, desde que al menos la mayoría de la comunidad, sabe lo que significan los nazis, los militares del llamado Proceso de Reorganización Nacional, como cumplían las órdenes y los daños y víctimas que generaron utilizando la terminología de la accionada.

No cabe duda que la frase era apta para ofender la dignidad y consideración que merecía el magistrado, para herirla, deprimirla, hacerla sufrir por el recuerdo vivo de su inferioridad, como también el prestigio ganado, como atributo de su personalidad, su calidad profesional de lo que emerge que el obrar de la querellada, encuadra en la norma acusada, Art.110 del Código Penal. Se trata de un delito formal.

Resulta oportuno señalar que de los testimonios de los Doctores ELPIDIO RAMON MONZON y AUGUSTO LORENZO ARDUINO, profesionales del derecho de la vecina ciudad de Corrientes, se rescata que fueron defensores de KATZ, ante el Juzgado de Instrucción, en la causa Origen del Exhorto, y las críticas al magistrado, se las toman como simples opiniones, toda vez que incluso la defensa técnica en su alegato final, expresamente dijo que no cuestionaba el exhorto. También se infiere de esos testimonios, que la Dra.KATZ, nunca fue defensora técnica de su cónyuge....".

Trat ndose lo precedente del acontecimiento histórico fijado por el el Sr.Juez Correccional y por tratarse de un hecho similar con el caso que nos ocupa, resulta ineludible remitirse- en lo pertinente- a los fundamentos de la sentencia N° 15/04 dictada por esta Sala Segunda en autos "Barreto María del Rosario s/ querella por injurias c/ Aníbal Martín Farias Solimano" la que si bien no se encuentra firme al momento de elaborar el presente voto, es en la que el suscripto fijara su posición al respecto; semejanza con la que coincide la parte querellante Ramón Julio Martínez Arias , si se recuerda que es uno de los agravios invocados en su memoria recursiva .- Por lo dem s, téngase presente, que uno de los cuestionamientos planteados por la parte querellada Celia Judchak de Katz, remite a establecer si al hecho que le fuera atribuido no correspondía lo fuera examinado a la luz de una sanción disciplinaria (Conf. 689/690). Al respecto y si bien es cierto que la determinación de la concurrencia de los requisitos que tipifican las injurias vertidas en juicio constituyen cuestiones de hecho, resulta procedente en la instancia casatoria reexaminar la calificación legal, de acuerdo a los hechos establecidos definitivamente en el fallo (Cfr. esta Sala in re "Benítez...", sent. 138/03; "Barreto.." sent. cit.); por ello, en este último precedente se dijo "..la disposición del art. 115 de la ley de fondo, despenaliza las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores, en el marco de las actuaciones tribunalicias y en el supuesto que no hayan sido publicitadas por el mismo fuera de ese mbito, estableciendo una expresa hipótesis de impunidad que se ubica sistem ticamente dentro de las llamadas "excusas absolutorias", con el objetivo de brindar el m s amplio sentido y la mas plena operatividad a la garantía constitucional de la defensa en juicio.." - entendiéndose que quien actúa judicialmente representando un interés propio o confiado no puede verse constreñido ni limitado por la hipotética amenaza de incurrir en un reproche penal por causa de sus dichos ante los estrados tribunalicios- ".. (Cfr. V zquez Rossi, "La protección jurídica del honor", pg. 125/126), con las limitaciones derivadas de la circunstancia de que ningún derecho es absoluto, para lo cual se debe atender la razón de ser teleológica y el interés que se pretende proteger con la eximente (CSJN, in re "Schoklender", Fallos 311:1438), lo que implica que las expresiones deben tener una razonable relación con el objeto del juicio...", que es lo que también acontece en el caso en examen.- Luego de reconocer que no resulta pacífica la doctrina respecto a quienes deben ser los destinatarios de la ofensa para que resulte de aplicación la norma, es decir, específicamente, si comprende los casos en que fuera dirigida al juez de la causa (Cfr. Breglia Arias-Gauna, "Código Penal y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado", T. 1, 4ta. edición actualizada y ampliada, pg.877) esta Sala, en el citado precedente, dió una respuesta afirmativa al interrogante, al interpretar que esta solución resulta concordante con el fundamento del instituto, por cuanto la tutela del derecho de la defensa en juicio no puede soslayar la existencia de casos en que "...la actividad defensiva no se agota en sus direcciones subjetivas en las contrapartes...sino que también tiene en mira desde el punto de vista del desenvolvimiento procesal de la causa, la actividad y actitud de los órganos públicos que actúan en ella, incluido el juez. (Nuñez, Trat.de Dcho.Penal, T.III, pg. 177/178)..".- Como se observa, en el caso que nos ocupa, el a quo juzgó probada la materialidad del hecho, la autoría y responsabilidad penal de la querellada Celia Judchak de Katz en cuanto a la comisión del delito de Injurias, previsto por el art. 110 del CP, pero el Sr. Juez Correccional interviniente soslayó la evidente aplicación al caso del art. 115 del Código Penal. En la labor casatoria efectuada por el suscripto en autos "Barreto.." al examinarlo en los términos del art. 434 inc. 1° del CPP y siguiendo a Ricardo Nuñez sostuvo que "En realidad, el art. 115 no tiene límites desde el punto de vista de las posibles víctimas de la injuria, y es aplicable a las injurias proferidas en juicio cualquiera sea su destinatario..." (ob. cit., p g. 182), concordante en ese sentido con V zquez Rossi, para quien "Los destinatarios de la injuria pueden ser la contraparte o sus representantes judiciales, o miembros del poder judicial interviniente (fiscales, secretarios, empleados) o de órganos jurisdiccionales..." (ob. cit. pg. 127).- Por coincidir plenamente con lo expuesto por el primer autor citado en todo el desarrollo del tema que nos ocupa, también se consideró necesario precisar en dicho antecedente que la opinión del maestro Nuñez respecto al art. 115 del C.P. cuando expresa que "...La enumeración legal es exhaustiva. No comprende por tanto, al juez..." (ob. cit., p g. 181), lo hace en referencia explícita a los sujetos activos del delito y no a los pasivos, porque la mentada taxatividad est relacionada a los autores de las ofensas (litigantes, apoderados o defensores), no a las víctimas.- Es así que las expresiones vertidas por los abogados de una de las partes o en vehemente ejercicio de sus derechos, dentro del marco del proceso judicial o las actuaciones administrativas y que forman parte de las habituales réplicas y contrarréplicas por m s duras que se muestren, en principio no pueden ser enmarcadas en el art. 110 del C.P., m xime cuando no aparecen empleadas desmedidamente ni en forma grosera o arbitraria, ni fuera del entorno jurídico y procesal tribunalicio apropiado para el debate, pues tal proceder por parte de los letrados est amparado por el derecho de defensa en juicio, y debe convenirse que el art. 18 de la C.N. legitima este tipo de conducta (Conf. C.N.Crim., Sala I, c. 34.869, "Cardamone, Eugenio", rta: 29/6/89).- Su fundamento podemos encontrarlo en la teoría del " nimus defendendi", desarrollada por CARRARA , en el sentido que no resulta factible aceptar restricciones a la propia defensa, ya que el propósito de defender los derechos propios tiene fuerza desincriminante en la injuria, tanto si se obró para tutelar derechos patrimoniales como para tutelar el honor.- Por todo ello y también en este caso, debe concluirse que en el marco de tales postulaciones las Para arribar a esta conclusión, también resultó necesario evaluar que la actual querellada Dra. Celia J. de Katz cuando hace su presentación ante el Juzgado de Instrucción N° 6 a cargo del Dr. Martínez Arias planteando un incidente de nulidad-específicamente del allanamiento practicado en su estudio jurídico- lo hace como titular del mismo, por derecho e interés propio, como claramente surge del contenido del escrito respectivo y lo hizo invocando la inviolabilidad de dicho domicilio profesional, razón por la cual el Dr.Martínez Arias -compartiendo este criterio- procede a dar tr mite al incidente en cuestión y resuelve el mismo; lo que necesariamente nos conduce a definir su actuación profesional como la de una litigante en los términos del art. 115 del C.P., que son aquéllos directamente interesados en el curso de una causa (en el caso: Expte N° 811/98 caratulado:"Exhorto del Sr. Juez de Instrucción Nº 2 de Corrientes Capital -Dr. JUAN MANUEL SEGOVIA - e/a 38.291/98 Costa, Julio Cesar S/ dcia. S/Detencion"), "..estando comprendidos el imputado, el querellante conjunto, el actor.....y todo aquél que concurra al proceso voluntaria o forzadamente en función de un interés o situación propia. Igualmente, las partes formales:los apoderados....."(Conf. V zquez Rossi ob. cit. pg. 126).- En este contexto, el pronunciamiento atacado, en lo que a la cuestión penal concierne, no puede ser convalidado en esta instancia, por haber mediado una errónea aplicación de la ley sustantiva por parte del a quo, present ndose actualmente un hecho distinto al tenido por acreditado por el primer magistrado que interviniera como Juez Correccional -Dr. Víctor Spessot-, permitiendo que esta Sala Segunda, en este estadio procesal y en función al acontecimiento histórico ahora fijado en el fallo , haga directa aplicación del art. 115 del C.P.- Seguidamente corresponde abordar al cuestionamiento que desarrolla la parte querellada a la condenación civil, pero en función a la conclusión arribada en forma precedente sobre la cuestión penal, resulta procedente y necesario dar respuesta simult nea con el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la parte querellante y cuyo agravio refiere específicamente al qu ntum de aquélla al que considera irrisorio, procediendo a comparar con la mayor indemnización que fijara el mismo Juez Correccional precisamente en el antecedente "Barreto..". Por todo ello, tomando como base lo establecido en forma precedente como resultado de lo propiciado al tratar el agravio penal, es indudable que corresponde la modificación de la decisión adoptada para la acción civil pero disminuyendo el monto de la reparación establecida y, consecuentemente, el rechazo del recurso de inaplicabilidad de Ley planteado por la parte querellante, porque resultaría inconducente dar respuestas puntuales a sus distintos agravios respecto al fallo del Inferior si se piensa en las conclusiones del suscripto ya anticipadas, por las que se propiciar oportunamente la absolución de culpa y cargo de la imputada de autos, lo que necesariamente se proyecta a la acción civil.- De igual forma, tampoco resulta viable la queja de la parte querellada al respecto, toda vez que la obligación de reparar el daño moral se origina ya sea que exista la voluntad y conciencia de desacreditar o deshonrar al otro, es decir, que el sujeto activo haya actuado con dolo, o porque no se hubiera obrado con malicia sino en forma culposa. Para el primero de tales supuestos legisla específicamente el art. 1089 del C. Civil, y para el segundo lo hace el art. 1109 del mismo cuerpo legal. En ambos casos es factible el resarcimiento del agravio moral, admitido sin cuestionamiento desde la reforma al art. 1078 por la ley 17.711 , ya que por su naturaleza el mero acaecimiento de la injuria, m s all de dónde tuvo esta lugar, es la que importa el desmedro de las afecciones legítimas y de la integridad moral de la víctima..- Así lo ha entendido la jurisprudencia al señalar que "... en el orden civil, el animus injuriandi carece de implicaciones, pues aún la conducta ofensiva culpable engendra la obligación de resarcir el daño causado. La protección civil al honor es m s amplia que la penal, campo en el que tiene relevancia la discusión sobre la necesidad de la intención maligna del agente, consistente en el propósito de ofender. ···· Si se han atacado los sentimientos legítimos ... existe agravio moral que no necesita ser probado en virtud de que su existencia se tiene por acreditada por el sólo hecho de la acción antijurídica y la titularidad de la accionante es una prueba que surge de los hechos mismos".

Es decir, no ser necesario que la víctima pruebe la culpa o el dolo del que con la injuria causó el agravio, ya que la cuestión hoy se centra en la potencialidad del daño y en aquél que lo sufre. Bastar probar la existencia del infundio, el ataque directo a la respetabilidad para que aparezca el daño y la responsabilidad del agente. (ALTERINI, Atilio Aníbal "Responsabilidad Civil -Límites- p gs. 199 y sigts., Ed. Abeledo - Perrot. CNCIV, Sala A - A. María LUACES - sent. def. Nº 039297 "Marín Figueroa, Marcos E. c/ Aschieri de Oller, Elisa s/ daños y perjuicios", rta. 89/03/20. CNCIV., Sala M - Ray- Sent. Def. C 094670, "Guy Williams c/ Editorial Abril S.A. s/ daños y perjuicios", rta. 22/11/91.).- En este aspecto de la cuestión, también corresponde remitirse a los fundamentos del caso "Barreto..", aunque se difiera en una de sus conclusiones sobre la cual seguidamente me expediré, donde se apuntara que si bien no debe confundirse la no punibilidad del acto, desde la perspectiva penal, con su ilicitud, ya que los presupuestos de responsabilidad civil -antijuricidad y culpabilidad- permanecen incólumes, por cuanto el ordenamiento jurídico civil carece de normas que dispongan que en tal caso el hecho antijurídico, culpable y dañoso no deba acarrear responsabilidad (Cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída en "Código Civil - Comentado", - Dir. Belluscio, Augusto - Tº V, p g. 249 y sgtes., Ed. Astrea, 1984), y, por ello, la lesión al honor, desde el punto de vista civil, debe ser resarcida de la misma forma que cualquier daño moral causado por un acto ilícito -art. 1078 del C. Civil.- De igual forma se consignó que esto era así, porque en casos como el examinado no podía dejar de recordarse el conocido dictamen del Procurador General de la CSJN en Fallos 269:200, en cuanto a que "...debe tratarse a los jueces como hombres con fortaleza de nimo capaces de sobrevivir en un clima hostil", lo que conlleva a la necesidad de adecuar el resarcimiento del daño moral a la "índole del hecho generador y las circunstancias del caso" (Art. 522 CC, por analogía), discriminando la eficacia de los calificativos objetados según el orden natural y ordinario de las cosas (Art. 901 y sgtes. del CC). Por lo tanto, atendiendo a las particularidades del caso, el lugar donde se produjera el hecho -tenido por cierto por el juzgador he incorporado como tal a este fallo- y considerando que el resarcimiento no puede servir de base para un enriquecimiento injusto, debiendo las sumas que se establecen resultar adecuadas al contexto económico y al general "standard" de vida, y eliminando cualquier sesgo de corporativismo que desvirtúe el sentido de la previsión legal como también la tentación de dictar pronunciamientos pretendidamente ejemplificadores, que invariablemente llevan inficionados el germen de la injusticia concreta, considero -conforme una prudencial estimación- que en el sub-examen también corresponde morigerar el monto de la condena pecuniaria que de acuerdo a las circunstancias del hecho motivo de juzgamiento y la distinta entidad del agravio provocado en el antecedente "Barreto..", que hasta aquí nos sirviera de apoyo, en el que el mismo Juez de mérito hiciera igual distinción respecto al monto indemnizatorio en coincidente opinión con el suscripto, fijando en aquél pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) y en el presente pesos Quince Mil ($ 15.000). Ello así, si se piensa que en este caso las expresiones tenidas por dilacerantes en realidad deben ser consideradas como tales siempre que resulten examinadas en el contexto del escrito en las que fueran volcadas donde se planteaba, aunque con evidente tono c ustico, la nulidad de un allanamiento concretado en su propio estudio jurídico y frente a lo que consideraba un injusto menoscabo a su dignidad profesional, trasuntando indignación al haberse afectado su honor forense, pero que -en definitiva- se transformaran en genuinamente insultantes para afectar moralmente al querellante, por lo que propiciaré que se fije en la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ( $ 4.500,00.), que se corresponde con el 30% del monto indemnizatorio determinado por el Inferior pero como resultado de la sentencia condenatoria que el mismo dictara en autos, la que carecer de sustento como consecuencia de su revocación por las razones supra expuestas al tratar la cuestión penal .- ES MI VOTO.- A LA PRIMERA CUESTION, RICARDO FERNANDO FRANCO,dijo Coincidiendo en un todo con los fundamentos desarrollados por el preopinante y sus conclusiones, adhiero específicamente al mismo y me expido en igual sentido. ES MI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION,RAMON RUBEN AVALOS; dijo:

Considerando el resultado de la cuestión anterior propicio: a) Hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley sustantiva contenida en la presentación defensiva de fs. 659/690 vta casando la sentencia de fs. 644/657 , Absolviendo de Culpa y Cargo a CELIA JUDCHAK DE KATZ, por aplicación del art. 115 del CP, y modificar el monto de condena civil, reduciéndolo a la suma de pesos CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500), declar ndose la nulidad de la imposición de costas, tasa de justicia y los honorarios regulados, los que deber n ser adecuados al presente, labor que deber ser efectuada por el Juzgado de origen, dada la naturaleza del caso: b) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 691/695 vta. por la parte querellante. Sin costas en esta sede, por haber tenido ambas partes razón plausible para litigar ( art. 507 in fine del CPP), con excepción de los honorarios del patrocinante de la parte querellante, Dr. Juan Carlos Yagueddú y el letrado defensor de la querellada Dr.Juan Carlos Saife, cuya regulación deber efectuarse una vez fijados los del Tribunal de juicio y que estar n a cargo de la parte a la cual representan. ASI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION RICARDO FERNANDO FRANCO dijo:

En función al resultado de la cuestión anterior, adhiero integramente a lo propiciado en la presente por el Ministro preopinante. ES MI VOTO.- Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo precedente, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretario que doy fe.- ···S E N T E N C I A Nº·38··/·Resistencia, 17 de marzo de 2004.- Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE:

I- Hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley sustantiva contenida en la presentación defensiva de fs. 659/690 vta, casando la sentencia de fs. 644/657 , Absolviendo de Culpa y Cargo a CELIA JUDCHAK DE KATZ, por aplicación del art. 115 del Código Penal.- II- Modificar el monto de condena civil, determinado en el pto. II) de la sentencia atacada, el que se reduce a la suma de pesos CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500).- III- Declarar la nulidad de la imposición de costas y tasa de justicia, como así de la regulación de honorarios, los que deber n ser adecuados a lo dispuesto en los puntos I y II) del presente fallo, labor que deber ser efectuada por el Juzgado de origen, dada la naturaleza del caso.- IV- Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 691/695 vta. por la parte querellante.- V- Sin costas en esa sede por haber tenido ambas partes razón plausible para litigar ( art. 507 in fine del CPP) , excepto los honorarios del patrocinante de la parte querellante, Dr. Juan Carlos Yagueddú y el letrado defensor de la querellada Dr. Juan Carlos Saife, cuya regulaciones deber n efectuarse en esta Sala, una vez fijados los del Tribunal de juicio y que estar n a cargo de la parte a la cual representan. .- VI- Regístrese. Notifíquese, oportunamente comuníquese a Caja Forense y devuélvanse los autos.-