Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-04


PROVINCIA DE SANTA FE contra DI BERNARDO, Angel José y otros Reg.: A y S t 206 p 421-430 En la ciudad de Santa Fe, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "PROVINCIA DE SANTA FE contra DI BERNARDO, Ángel José; ZUCCHI, Ángela Dominga; DI BERNARDO y ZUCCHI, Daniel Santiago y Norma Graciela y/o quien en definitiva resulte propietario sobre EXPROPIACIÓN" (Expte.

C.S.J. Nro. 470, año 1993). Se determinó el orden de votación conforme al estudio de los autos: señora Ministra doctora Gastaldi y en orden sucesivo a los señores Ministros doctores Falistocco, Netri, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler; y que las cuestiones a resolver son: PRIMERA: ¿qué indemnización corresponde fijar por el inmueble expropiado? SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde? A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. La Provincia de Santa Fe promueve demanda de expropiación contra Ángel José Di Bernardo, Ángela Dominga Zucchi, Daniel Santiago y Norma Graciela Di Bernardo y Zucchi y/o quien en definitiva resulte propietario de una fracción de terreno rural ubicada en el Distrito Funes, Departamento Rosario.

Manifiesta que, por ley Nro. 10.206 del 11 de agosto de 1988, se declararon de interés general y sujetos a expropiación los inmuebles afectados para la construcción, conservación, mantenimiento, reconstrucción y limpieza de la "Presa de retención crecida del Arroyo Ludueña", ubicada en los distritos Pérez y Funes del Departamento Rosario.

Señala que la fracción de terreno está descripta como Lote B del plano efectuado por el Agr. Enrique M. Olmos, inscripto en el Departamento Topográfico de la Dirección General de Catastro de la Provincia -2º Circunscripción- bajo el Nro. 126207/88, sito en el Distrito Funes -Zona Rural El Palenque - Polígono I - Parcela 21/1 - Departamento Rosario, y cuyas medidas, dimensiones y linderos son los siguientes: "mide 241,07 m. en su costado Norte, lado FC; 787,55 m. en su costado Este, lado CD, que forma con el anterior un ángulo de 90º 04'; 241,30 m. en su costado Sur, lado DE, que forma con el anterior un ángulo de 89º 57'; y 787,76 m. en su costado Oeste, y forma un ángulo de 90º con el lado anterior y de 89º 57' con el lado Norte. Encierra una superficie de 18 Has. 99 as. 76 cas. 56 dm2; y linda: al Norte y Este, con Martina Gamboa y otros; al Sur, con la Ruta Provincial Nro.

34-S y al Oeste, con el lote A del mismo plano y de los mismos propietarios. El dominio se encuentra inscripto en el Registro General de la Propiedad en el Tomo 272 A - Folio 742 - Nº 86.559 - Departamento Rosario, y el número de la partida del impuesto inmobiliario es el 336.732/1 -completa-.

Relata que procedió, por medio de la Junta Central de Valuación, a determinar el valor real y actual de la fracción descripta, que a tal fin se obtuvieron valores de informantes calificados sobre fracciones de campos aptos de buena calidad y libres de mejoras, los que fueron analizados y ponderados por la oficina técnica determinándose como valor real para el inmueble a expropiar la cantidad de $ 63.792,26, incluido un molino para extraer agua, suma que fue ofrecida a los propietarios a los efectos de cumplir el trámite de avenimiento expropiatorio, que no prosperó. En consecuencia -continúa-, el 11 de junio de 1993 se dictó el decreto Nro. 1345 por el que se dispone la promoción de la acción expropiatoria y el depósito de la suma mencionada en la cuenta judicial Nro. 263.886 de la Agencia Tribunales del Banco de Santa Fe S.A., a la orden de este Tribunal y para estos autos, suma que da en pago.

Solicita que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 7534, se la ponga en posesión de la fracción que se deslinda, se tenga por consignada y dada en pago la suma depositada, se disponga la anotación de la indisponibilidad solamente de la fracción deslindada en las actuaciones administrativas y, oportunamente, se haga lugar a la demanda declarándose transferido el dominio de la fracción de terreno a su favor, imponiéndose las costas conforme lo determinado en el artículo 49 y concordantes de la ley 7534.

A foja 21 comparece la demandada y solicita se libre orden de pago.

En fecha 16.9.1993 la Provincia toma posesión del inmueble (f. 45).

El 8.11.1993 se libra orden de pago con imputación a la cuenta Nro. 263.886 por la suma de $ 63.792,26, que al día siguiente es percibida por la expropiada (f. 55).

En fecha 13.12.1993 la accionada contesta la demanda (fs. 58/62).

2. Rechaza la expropiación parcial del inmueble afectado, como así también la indemnización consignada judicialmente, por resultar -dice- insuficiente en cuanto a sus rubros y montos y, por ende, no respetar el principio constitucional de integralidad de la indemnización expropiatoria. Niega que la fracción cuya expropiación se persigue tenga un valor objetivo de $ 63.792,26 y que se haya consultado, a los fines de determinarlo, a informantes calificados.

Manifiesta que el inmueble integra una explotación agropecuaria intensiva de 64 has., dedicada principalmente a tareas de avicultura y agricultura, la que, a pesar de contar con una superficie no muy extensa, le permitía vivir decorosamente, habitando en el lugar el codemandado Ángel José Di Bernardo, quien tiene a su cargo la administración del establecimiento. Señala que la expropiación total del predio resulta procedente porque, con motivo de la afectación a expropiación parcial y el posterior desapoderamiento de una superficie considerable de la explotación, ésta se vio reducida sensiblemente tornando económicamente imposible la continuación de una explotación racional y programada del remanente de 44 has. Agrega que esta fracción, más precisamente la casa habitación y demás instalaciones existentes, pierden el acceso a la única fuente de agua apta para consumo humano, situada en la zona cuya expropiación se ha dispuesto, como surge del acta de desposesión. Añade que dicho remanente queda condenado, a raíz de la obra pública iniciada, a sufrir inundaciones cada cinco años, en razón de la recurrencia prevista, circunstancia que impide efectuar cualquier tipo de explotación racional, por la imposibilidad de planificar la evolución de la empresa y efectuar inversiones. En caso de no ser admitida la expropiación total, se reserva el derecho a reclamar oportunamente la indemnización -por la vía del derecho común-, atento los perjuicios irrogados.

Luego, detalla los rubros y montos de la indemnización que pretende.

En primer término, refiere al valor objetivo del bien expropiado, considerando insuficiente el importe correspondiente a la tasación efectuada por la actora en sede administrativa, por no reflejar el valor objetivo del inmueble en el mercado. Expresa que, conforme acreditará oportunamente, diversas inmobiliarias de la zona ofrecen en venta predios de características comparables y que, en base a los valores de los mismos, valúa la fracción de campo expropiada -de 18 has., 19 áreas, 76 cas.- en $ 83.000. Por ende, reclama la diferencia entre dicha suma y la consignada judicialmente -$ 19.208-, importe comprensivo -dice- del costo de los alambrados y el molino de que da cuenta el acta obrante a foja 16 de autos.

Seguidamente, y tomando en cuenta los mismos parámetros del rubro anterior, estima el valor objetivo de la tierra remanente en la suma de $ 180.000. En cuanto a las respectivas mejoras, señala que el establecimiento cuenta con más de 500 m2 cubiertos de construcción de buena calidad y en buen estado de conservación, consistentes en una casa habitación con teléfono, luz eléctrica y demás servicios, un galpón, varias construcciones menores para guardar herramientas e instalaciones destinadas a la producción avícola, a las que valúa en $ 35.000. Con invocación del artículo 17 de la ley 7534, reclama la indemnización de los daños consistentes en los gastos de mudanza y reinstalación -impuestos por la necesidad de desalojar el predio y trasladarse a una fracción similar, estimados en $ 11.000-, y en la imposibilidad de obtener producción alguna durante el lapso mínimo de un año, debido a la desarticulación de la unidad productiva y la nueva puesta en funcionamiento de otro predio -tasados en $ 24.000-. También argumenta que, si conforme lo prescripto por los artículos 16 y 17 de la ley 7534, la indemnización expropiatoria debe ser comprensiva de la totalidad de los perjuicios directos e inmediatos derivados del acto expropiatorio, entonces corresponde indemnizarlo por el costo que le irrogó la adquisición del bien, lo que -afirma- incluyó -e incluirá, cuando proceda a reemplazar el bien- la comisión del corredor inmobiliario (3%) con más un 5% del valor del predio, en concepto de gastos y honorarios notariales.

En otro orden, relata que, en fecha 21.9.1989, la Provincia le notificó y ratificó la decisión administrativa de promover el acto expropiatorio y abonar la indemnización, que la propuesta fue rechazada, que en agosto de 1990 la expropiante reiteró su decisión de proceder a la expropiación inmediata de la fracción, que efectuó la contraoferta prescripta por el artículo 29 de la ley 7534 y que la Provincia no se pronunció sobre la misma, dejando inconcluso el trámite. Añade que, simultáneamente, los gobernantes de turno prometieron públicamente la iniciación inmediata de las obras de construcción de la represa. Manifiesta que los hechos expuestos -que oportunamente acreditará-, además de la inscripción registral de la afectación a expropiación -en febrero de 1989-, la colocaron en una situación de indisponibilidad material y jurídica del bien y le impidieron realizar normalmente tareas de explotación. Reclama, entonces, el pago de intereses resarcitorios a partir de la promoción del primer trámite de avenimiento expropiatorio, oportunidad a partir de la cual, encontrándose inscripta la afectación a expropiación, la actora promueve la negociación entre las partes tendente a una adecuada satisfacción patrimonial. Finalmente, apunta que, en el marco de las actuaciones administrativas, se vio obligada a recurrir al asesoramiento y actuación profesional, y que el costo de este servicio debe ser afrontado por la Provincia, no sólo porque se trata de un perjuicio originado exclusivamente por el acto expropiatorio sino por su negligencia en la repetición y falta de continuidad con el trámite de avenimiento. Agrega que el monto de este rubro deberá ser fijado de acuerdo con las previsiones de la ley 6767 -50% de las que correspondan en la instancia judicial-.

A fojas 72/73, la Provincia contesta el traslado corrido en relación con la pretensión de expropiación de la totalidad del inmueble. Si bien reconoce que lo pretendido se encuadra dentro de lo previsto por el artículo 10 de la ley 7534, sugiere a la expropiada "la constitución de una servidumbre administrativa sobre el remanente y continuar explotando el establecimiento". Para el caso de no hacerse lugar a lo sugerido, hace saber que la parcela remanente está constituida en un 28% por suelos clase I (sin restricciones de uso), 63,2% por clase II (aptos para agricultura sin restricciones), 8% por clase IV (aptos para ganadería) y 0,8% por clase V (apropiados para ganadería con cuidados para no producir deterioros). Por último, en cuanto al valor objetivo del remanente, expresa que, en su caso, sólo abonará la suma que en concepto de total y única indemnización surja de la Junta Central de Valuación o del dictamen de la Comisión de Tasaciones, y rechaza todo otro rubro indemnizatorio que no sea el valor real y objetivo del bien y que sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación.

A foja 52 obra la inscripción como litigioso del inmueble expropiado. A foja 74 se abre la causa a prueba.

A foja 154 se clausura el período probatorio y se dispone el pase de los autos a la Comisión de Tasaciones, la que presenta sus dictámenes a fojas 192/193 y 238/240.

Dispuesto el pase de los autos para alegar, se agregan los alegatos de la parte actora y de la expropiada (fs. 253/261 y 262/265, respectivamente).

Llamados autos para sentencia (f. 268) y consentida dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

3. La acción expropiatoria se sustenta en normas constitucionales y legales, surgiendo de la contestación de la demanda que la expropiada no se opone a su procedencia.

Corresponde, pues, declararla procedente.

La cuestión litigiosa se circunscribe, entonces, al aspecto indemnizatorio, debiéndose resolver, además, los temas vinculados al remanente de terreno que la demandada pretende incorporar a la expropiación, como también los relativos a la actualización por desvalorización monetaria, intereses y costas. 3.a. Corresponde, en primer lugar, analizar el pedido de la demandada para que la expropiación incluya además la superficie de 44 has., 5 as., 73 cas., 71 dm2, individualizada como Lote A del plano que obra a foja 4 del expte. adm. nro. 00601- 0004287/88 del registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia.

Invoca, a esos fines, el artículo 10 de la ley 7534, argumentando esencialmente que se ha tornado "económicamente imposible" la explotación racional y programada de dicho terreno, remanente de la expropiación (f. 52/52 vto.).

El planteo no resulta atendible, pues la expropiada no ha logrado demostrar que se verifique en el caso la hipótesis prevista por el artículo 10 de la ley 7534, esto es, que "la parte que quedare sin expropiar fuere inadecuada para su uso o explotación racional", teniendo en cuenta "la explotación dada por el propietario durante el último año anterior a la declaración de interés general, y hasta esa fecha" -surgiendo de la pericial de foja 149 que "el predio se dedicó a la actividad agrícola ganadera desde antes de la expropiación"-.

Antes bien, obran en la causa elementos que contradicen la postulación de la demandada en cuanto que el terreno remanente sería "inadecuado para su uso o explotación racional".

Así, en el acta -de fecha 26.9.1994- obrante a foja 37 del expediente caratulado "Di Bernardo, Ángel contra Provincia de Santa Fe sobre Aseguramiento de pruebas" (nro. 410/94), del Juzgado de 1ra. Instancia de Distrito Civil y Comercial 8va. Nominación de Rosario, consta que "para la cría de ganado dedica 5 a 6 hectáreas, teniendo aproximadamente de 30 a 40 animales de cría; en este momento tiene sembrado 18 has. de trigo y 11 ha. de pasturas; para la actividad agrícola los rendimientos promedio son soja 28 quintales por ha. y trigo 28 quintales por ha.... Además cría ovejas (37); cerdos (30); pavos (40); conejos (19)".

Asimismo, de la pericial de foja 148 surge, acerca de la "fecha estimativa de la última cosecha agrícola y cantidad de hectáreas en producción", que en diciembre de 1997 se obtuvo un rendimiento de 28 quintales de trigo por hectárea; en abril, 33 quintales de soja por hectárea; en mayo, 28 quintales de soja por hectárea; y en marzo, 68 quintales de maíz por hectárea. Y que "en la actualidad el área remanente se destina integralmente al uso agrícola-ganadero... con 11 has. sembradas de trigo; 9 de soja; 6 de alfalfa; 6 de pastura consociada; 2 con rastrojo de maíz; 5 con verdeo invernal; 2 para potrero de engorde de vacunos".

A ello debe agregarse que el carácter inadecuado del predio para una explotación racional no podría en autos derivarse del mero hecho de que su superficie no constituya una unidad económica agrícola para la zona -como lo sostiene la expropiada al alegar, a foja 262 vto.-; es que, en el caso, ni siquiera considerando la superficie total del inmueble (aproximadamente 64 has.) se superan las dimensiones postuladas a esos fines por la propia accionada (120 has.).

Tampoco persuade ésta de que el aprovechamiento del terreno se verá irremediablemente frustrado por la imposibilidad de una adecuada planificación, debida a la recurrencia de inundaciones cada cinco años, prevista para la obra pública construida. Es que ni ha demostrado este último extremo, ya que no obran en autos los resultados de los cálculos a que se alude a foja 107 (en que la Dirección de Proyecto Convenio C.F.I.

informa que "las condiciones de inundabilidad 'con proyecto' se encuentran mapeadas y calculadas, para las distintas recurrencias que abarca la presa. En las dos propiedades de referencia se han realizado análisis del grado de afectación de cada lote, por la presencia de la presa, ante reclamos efectuados por los propietarios"), ni el lapso de cinco años -postulado por la propia demandada- impediría la adecuada planificación, atento los plazos que dictamina el perito ingeniero a foja 149 ("en general, la planificación consta de un marco global anual donde se deben contemplar: alternativa productiva, inversión económica, rentabilidad, tiempo cronológico en el que se desarrollará el proceso productivo, perspectivas climáticas regionales, costos de producción, precios a futuro de los productos obtenidos, etc. El tiempo con que debe realizarse esta planificación es de por lo menos tres meses antes de realizar la actividad.").

Por último, en cuanto al argumento consistente en que "la fracción remanente -más precisamente la casa habitación y demás instalaciones existentes- pierden el acceso a la única fuente de agua apta para consumo humano, situada en la zona cuya expropiación se ha dispuesto" (v. f. 58 vto), tal aspecto -aun en la hipótesis de considerárselo suficientemente demostrado- no sería idóneo para, sin más, tornar irracional la explotación del predio -destinado, en el caso, fundamentalmente, como se ha visto, a la actividad agrícola-; único recaudo, se destaca, exigido por la ley 7534 para tornar procedente la pretensión de expropiación total. Por lo demás, surge de la pericia de foja 149 que, a cinco años de la desposesión (setiembre de 1998) la explotación del predio continuaba. 3. b. Despejada la cuestión de la superficie, debe resolverse ahora sobre el justiprecio del inmueble.

La Provincia, al demandar, ofreció y dio en pago la suma de $ 63.792,26 (v. fs. 3/6); por su parte, al contestar la demanda la expropiada estimó el justiprecio en $ 83.000, reclamando, por ende, la diferencia entre dicho monto y lo consignado judicialmente (v.

fs. 58/62).

Mas, luego de ofrecida y producida la prueba que obra en autos, ambas partes, al alegar (v. fs. 253/261 y 262/266), aceptaron la valuación practicada por la Comisión de Tasaciones en su reunión de fecha 8.11.2002, instrumentada en Acta nro. 332 (v. fs.

192/193); bien que la demandada postula, en el respectivo escrito, que debe adoptarse el valor fijado a la fecha más cercana a la sentencia (v. fs. 262 vta./263). Mas, tal como se dejara expresado in re "Pcia. de Santa Fe c/ Quiroga s/ Expropiación" (A. y S. T. 169, pág. 201), a cuyos fundamentos cabe remitir "brevitatis causae", la época a la que debe fijarse la indemnización es la correspondiente a la fecha en que la expropiante tomó posesión del bien, debiendo aclararse que en autos no concurre ninguna circunstancia que torne aconsejable apartarse de dicho criterio.

Siendo ello así, la indemnización se fijará a setiembre de 1993. Previo a analizar el dictamen a que la Comisión de Tasaciones -por mayoría- arribó para dicha fecha, corresponde detenerse sobre la propuesta que en el seno de dicho colegio presentó el representante de los expropiados, quien estimó el valor de la hectárea en $ 3.667,50, con sustento en ofertas publicadas en periódicos y en encuestas verbales a inmobiliarias de la zona (v. f. 181).

Así, refirió a un aviso publicado en el diario "La Capital" el 23.9.1993 por el cual se ofrecían "50 has. en Funes a 3.700 u$s/ha", y a la información dada por una Inmobiliaria de la ciudad de Pérez, según la cual los campos buenos para la agricultura se cotizaban a razón de 200 ó 220 quintales de soja la ha., lo que multiplicado por el precio del quintal de soja -conforme información extraída del mismo periódico-, promediado con el valor anterior, y corregido por el coeficiente de "oferta", daba el resultado que propuso.

Mas no obra en autos constancia alguna de dichas publicaciones; y, en cuanto a la "encuesta verbal", este Tribunal ha resuelto reiteradamente que dicho método no garantiza su objetividad y le resta poder de convicción a la información (A. y S. T. 51, pág. 325; T. 56, pág. 49; T. 92, pág. 452; T. 97, pág. 364; T. 107, pág. 384; etc.). Asimismo, el representante de los demandados -bajo el título "otros datos"- hizo alusión a distintas circunstancias que, verificadas con posterioridad a setiembre de 1993, avalaban -a su juicio- la estimación que formuló (fs. 182/183). Concretamente, a dos avenimientos expropiatorios formalizados con la Dirección Nacional de Vialidad con destino a la construcción de la autopista Rosario-Córdoba, y a una indemnización por daños y perjuicios que la Provincia habría abonado al propietario de tierras vecinas. Mas obsta a su consideración como elementos con incidencia sobre la valuación a efectuar en autos, en relación al último, la ausencia de toda constancia que permita contrastar las afirmaciones que a su respecto se vierten; y, en cuanto a los convenios formalizados con el organismo nacional, la falta de alegación -y, desde luego, prueba- acerca de los aspectos por los que correspondería asimilar, a los fines valuatorios, los respectivos inmuebles al aquí considerado.

En cuanto a la posición mayoritaria de la Comisión de Tasaciones a la fecha de la desposesión, conforme puede extraerse del Acta nro. 332 (v. fs. 192/193), el organismo decidió tomar como valor base -para la tierra libre de mejoras- el adoptado por unanimidad en Acta nro. 330 de fecha 18.10.2002, por referir a un inmueble ubicado a menos de 2 km.

de distancia.

Y bien: siendo que en el caso al que refería esta última Acta la valuación a que arribó la Comisión fue seguida por este Tribunal para fijar la indemnización en el respectivo juicio expropiatorio ("Provincia de Santa Fe contra Pérez, Delia Pascualina Tomassetti de", A. y S. T. 206, págs. 285/294), la adopción de tal criterio en el sub judice guarda coherencia con la tradicional doctrina que esta Corte ha elaborado con apoyo en jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación destacando "la importancia que, para fijar la justa indemnización, tienen las valuaciones sobre inmuebles linderos, debiendo evitarse 'diferencias injustas' y manteniendo en lo posible el principio de igualdad de trato entre los afectados a igual destino..." (Fallos: 222:365; 224:929; 227:186; 232:241; 240:166; 241:354; 242:35 y 165; 243:66; 246:208; 260:175; entre muchos otros; y de este Tribunal: A. y S., T. 46, pág. 423; T. 58, pág. 486; T. 89, pág. 445; T. 93, pág. 13; T.

94, págs. 196 y 204; T. 97, pág. 364; T. 110, pág. 123; T. 119, pág. 312; T. 179, pág. 341, entre otros).

Corresponde, pues, adoptar un valor base para la tierra libre de mejoras de $ 3.300,75/ha, que es el que surge de la mencionada Acta nro. 330 -y no el erróneamente considerado en la nro. 332, de $ 3.150-.

Dicho valor base será corregido, de conformidad a lo resuelto por mayoría de la Comisión en el sub judice, por el coeficiente de ubicación propuesto por la oficina técnica (1,10), y por un índice de calidad de suelos de 0.95. A lo que deberá adicionarse la suma de $ 1.100 en que por unanimidad se valuaron las mejoras.

Todo ello arroja un resultado de $ 66.628,31 (sesenta y seis mil seiscientos veintiocho pesos con treinta y un centavos) para todo el inmueble.

3. c. La demandada sostiene que corresponde además indemnizar los gastos de mudanza y reinstalación y la pérdida de la producción en el lapso necesario para reinstalar la unidad productiva.

Tales pretensiones pierden sustento al rechazarse la solicitud de expropiación total del predio.

3. d. Asimismo, solicita la expropiada el reintegro de los gastos devengados por la compra de un inmueble de similar valor, a los que estima en una suma equivalente al 8% del valor objetivo del bien, comprensivo de los gastos de martillero (3%) y de escrituración (5%).

La solicitud debe desestimarse.

En efecto, no basta la mera invocación del "perjuicio directo e inmediato" para que éste se reconozca, sino que para ello es desde luego necesaria su concreta demostración.

Según tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la procedencia de la indemnización por este concepto "...depende de que esté o no suficientemente probada la existencia de perjuicios cuya causa inmediata y directa sea la expropiación..." (Fallos 221:187) y que "a falta de prueba de los perjuicios que habría irrogado la expropiación no corresponde indemnización alguna por tal concepto" (Fallos 231:271, y los allí citados) (criterio de esta C.S.J. en A. y S. T. 92, pág. 452; T. 110, págs. 98 y 371; T. 123, pág.

308; T. 153, pág. 330, etc.).

En autos, la demandada ni siquiera intentó demostrar que la presente expropiación le impone de manera inexorable la compra de otro inmueble, ni menos aún que -en esa hipótesis- deba incurrir también necesariamente en los gastos que menciona.

Ello basta a los fines del rechazo de esta pretensión.

3. e. A los efectos de establecer el importe que aún resta abonar en autos, corresponderá deducir, de la suma determinada en el punto "3. b.", el monto oportunamente retirado por la demandada.

En ese orden, si al importe de $ 66.628,31 fijado por el Tribunal, se le descuenta la suma de $ 63.792,26 retirada por aquélla (f. 55), se obtiene un monto de $ 2.836,05 (dos mil ochocientos treinta y seis pesos con cinco centavos), que es lo que adeuda la Provincia a la accionada.

3. f. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley 23.928 (artículos 1, 7, 13 y concordantes), y atento a que la valuación refiere a una fecha posterior al 31.3.1991, no corresponde en el caso la actualización por depreciación monetaria del saldo aún adeudado por la Provincia (cf. A. y S. T. 99, pág. 298; T. 102, pág. 369; T. 110, págs.

116 y 123; T. 111, pág. 312; T. 112, pág. 76; etc.).

3. g. Con relación a los intereses, la expropiada, al contestar la demanda (fs.

60/62), los solicita a partir de la fecha de promoción del primer trámite de avenimiento.

Mas al alegar señala que el pago de intereses corresponde desde febrero de 1989, fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad de la afectación a expropiación.

Entiende que esta inscripción implicó la limitación de su posibilidad de disponer -vender, hipotecar, etc.- el bien (v. f. 264).

Este Tribunal ha sostenido reiterada e invariablemente que deben reconocerse intereses desde que la expropiada fue efectivamente desposeída del bien (A. y S. T. 37, pág. 307; T. 38, pág. 209; T. 44, pág. 225; T. 45, pág. 342; T. 75, pág. 124). Asimismo, ha expresado que desde el momento en que la expropiante ocupó el bien de que se trata, debe reconocerse el pago de intereses con fundamento en la privación, desde esa fecha, de la disponibilidad del monto equivalente a su valor objetivo (A. y S. T. 87, pág. 361; T. 99, pág. 482; T. 110, pág. 98; T. 111, pág. 312; T. 126, pág. 281; T. 153, pág. 330).

Pues bien, a la luz de tales premisas, es indudable que el pedido formulado por la demandada, consistente en el reconocimiento de intereses desde febrero de 1989 o desde la fecha de promoción del primer trámite de avenimiento expropiatorio, no puede prosperar.

Es que, como surge de lo anteriormente expuesto, no es criterio de esta Corte que deban reconocerse intereses cuando se opera la desposesión "jurídica" del bien. La reseña de fallos que antecede, en cuanto vinculan inexorablemente el reconocimiento de intereses a la desposesión real (material, efectiva), así lo demuestra.

En cuanto a la tasa de interés aplicable, de conformidad con uniformes precedentes de este Tribunal (cf., entre otros, A. y S. T. 185, págs. 120, 125, 138, 143, 157, 162), deberá aplicarse sobre el saldo determinado en el punto "3. e.", la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la desposesión -setiembre de 1993- hasta la fecha del efectivo pago, si éste se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados.

3. h. En cuanto a las costas, atento la proporción existente entre las sumas reclamada, ofrecida y fijada, corresponde imponerlas en el orden causado (art. 49, apartado 2, inc. a, ley 7.534).

Así voto. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Netri, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde hacer lugar a la acción expropiatoria y, en consecuencia, declarar transferido a favor de la Provincia de Santa Fe, previo pago del saldo indemnizatorio, el inmueble descripto en esta sentencia (lote B). Fijar la indemnización total al mes de setiembre de 1993 en $ 66.628,31 y condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a los expropiados el saldo adeudado de $ 2.836,05, con más intereses a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la desposesión -setiembre de 1993- hasta la fecha del efectivo pago, si éste se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados. Costas en el orden causado (art. 49, apartado 2, inc. a, ley 7.534).

Así voto.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Falistocco, Netri, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Hacer lugar a la acción expropiatoria y, en consecuencia, declarar transferido a favor de la Provincia de Santa Fe, previo pago del saldo indemnizatorio, el inmueble descripto en esta sentencia (lote B). Fijar la indemnización total al mes de setiembre de 1993 en $ 66.628,31 y condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a los expropiados el saldo adeudado de $ 2.836,05, con más intereses a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91, desde la fecha de la desposesión -setiembre de 1993- hasta la fecha del efectivo pago, si éste se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados. Costas en el orden causado.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)