Regulación de honorarios, bienes del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: JOSE ALFREDO ROMANO (H) CONSTRUCCIONES c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN. s/ COBRO DE PESOS. INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS PROMOVIDO POR EL LETRADO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-05-04

Cabe poner de resalto que el artículo 2 de la Ley 7474 (BO del 05-01-2005) extendió una vez más (hasta el 31-12-2005) el plazo de vigencia de la inembargabilidad de los recursos del estado provincial que fuera prevista originariamente en el artículo 1° de la Ley 6974 (BO del 12-10-1999) con un primer plazo de vencimiento, que se extendía hasta el 31-12-2003, luego prorrogado al 31-12-2004 por Ley 7309 (BO del 12-11-2003).

A su turno, la Ley 7687 (BO del 02-01-2006) amplió la inembargabilidad aludida hasta el 31-12-2006, y por Ley 7862 (BO del 12-01-2007) hasta el 31-12-2007.

Por último, el artículo 2 de la Ley 7975 (BO del 28-12-2007) -declarado inconstitucional en autos- dispone la inenmbargabilidad de la totalidad de los recursos del estado provincial, de las municipalidades y comunas rurales hasta el 31-12-2009.

Arribo así a una primera conclusión: la inembargabilidad de las finanzas públicas constituye una medida de emergencia que en la provincia de Tucumán tiene vigencia ininterrumpida desde hace casi 10 años.

En segundo término, advierto que, en el sub examine, se está en presencia de un crédito por honorarios (no consolidado) y, por ende, de naturaleza alimentaria que, a la fecha, no ha sido satisfecho por el estado, no obstante haber transcurrido más de 4 años de la fecha de dictado de la sentencia regulatoria de honorarios del 28-02-2005.

Por consiguiente, en el caso, teniendo en cuenta las peculiares circunstancias señaladas, la prórroga de la vigencia de la norma que dispone la inembargabilidad de la totalidad de los recursos del estado provincial hasta el 31-12-2009 (Ley 7975) configura una reiterada frustración y desconocimiento del derecho invocado por el letrado ejecutante, pues dicha restricción supone dejar librada a la exclusiva voluntad del obligado el cumplimiento de lo adeudado.

Es por ello que, en la especie, cabe apartarse del criterio sustentado en los fallos precitados de este Tribunal y confirmar la declaración de inconstitucionalidad resuelta por la Sala a quo, toda vez que el crédito del letrado ejecutante, según se ya se dijo, es de carácter alimentario de conformidad a las pautas doctrinarias y jurisprudenciales existentes al respecto, y como no obstante el prolongado lapso transcurrido la ejecutada no atiende la deuda, ello configura una situación que autoriza excepcionalmente a declarar la inconstitucionalidad a su respecto del artículo de la Ley 7975 pues la aplicación de la misma, en las particularidades del caso, implicaría la frustración del derecho alimentario del profesional y la vulneración del derecho adquirido y garantizado por el artículo 17 de la constitución nacional.

En este orden de ideas, no constituye un dato menor la constatación que los acreedores de deudas no alcanzadas por la consolidación, como la sub examine, no cuentan con las vías y modalidades de cobro previstas para los acreedores de deudas consolidadas y por tanto, no parece aceptable que aquellos -como único resguardo jurídico posible a su derecho- deban resignarse a esperar que el deudor manifieste su voluntad de cumplir las obligaciones a su cargo.

DRES.:GANDUR-GOANE-BRITO.