marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, falta de pago, intimación de pago
Materia: CIVIL
Carátula: BENETRIX ALVARO RENE c/ CAMPOS LUIS OMAR s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-12

La finalidad de la intimación previa del art. 5 de la ley 23.091 no se agota en el cumplimiento formal, por lo que la actitud del locatario en relación a la imputada mora en el pago, debe ser objeto de examen en cada caso para comprobar si puso de manifiesto concretamente la voluntad de pagar lo debido. Cualquier defecto atribuible a la intimación no ha de traducirse en un obstáculo al progreso de la demanda, cuando quien no desconoce que los arriendos se encuentran impagos, no demuestra de manera suficiente su voluntad de pagar. Cabe distinguir la mora en el pago de los alquileres que por ser obligaciones periódicas con plazos suspensivos, expresos y ciertos, se opera en forma automática (art. 509, 1ra. parte, del Cód. Civil), de la finalidad para la que prescribe el art. 5 de la ley 23.091 que es la de evitar litigios al otorgar al inquilino una última oportunidad para regularizar la deuda. De omitirse este recaudo previo queda al accionado por falta de pago la posibilidad de consignar al contestar la demanda y cuestionar las costas.
Requisitoria fiscal, alegato, requerimiento de sobreseimiento, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fuentealba, Julio O.; Urra, Omar Leonardo s/ Receptación sospechosa s/ Casación Garrido, Néstor Victor s/ Queja en:'Garrido, Néstor Victor s/Robo con armas en poblado y en  banda' Maldonado, Germaán Fernández, Rolando N.; Cañadas, Rolando; Olivera, Ernesto O.; Paolini, Pablo M. s/ Apremios ilegales s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-07-29|1997-05-06|1997-07-29

Si el Ministerio Fiscal solicita la absolución al momento de formular su alegato final, tal postura no resulta vinculante para que el tribunal de juicio deje de emitir el fallo definitivo de condena. Independientemente de la postura que adopte el Ministerio Fiscal en la oportunidad del art. 364 CPP. Esta no podrá resultar vinculante para los jueces por cuanto si así lo hubiese querido el legislador, lo habría señalado en forma expresa en su articulado. Es dable reiterar que los jueces dentro de los parámetros señalados para la emisión de sus votos tienen amplia libertad, y en modo alguno se vincula esta circunstancia con la posición que haya asumido el Fiscal al momento de formular su alegato.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Hang, Guillermo Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

Si se ha acreditado mediante declaraciones testimoniales que se utilizó en el desapoderamiento "arma de fuego", ello basta para que el delito sea calificado en los términos del art. 166 inc. 2 del Código Penal. (Minoría u opinión personal)
Personas incapaces de ejercicio, internación, derechos y garantías constitucionales, derecho a la dignidad, curador provisional, principio de no discriminación, internación psiquiátrica
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Hermosa, Luis Alberto  c/  s/ insania - proceso especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-12

La finalidad terapéutica que supone -en los procesos en los que se plantea una internación psiquiátrica coactiva- afectar la libertad ambulatoria obliga al sistema judicial a extremar la salvaguardia de sus derechos fundamentales, en especial, la dignidad, la igualdad y la seguridad jurídica. Estas garantías apuntan a proteger el derecho a gozar de la capacidad jurídica de obrar o del respeto de la necesidad de dotar al afectado de una representación adecuada y responsable -el curador provisional- que tiene el deber de supervisar las actividades del presunto demente y denunciar al tribunal cualquier circunstancia que pueda poner en peligro a la persona o sus bienes, a fin de que se dispongan las medidas conservatorias convenientes (Disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y E. Raúl Zaffaroni).
Estado Provincial, salarios caídos, pase a disponibilidad, estabilidad del empleado público, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Soria, María Concepción c/ Estado Provincial s/ reclamos de salarios caídos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-13

Corresponde que el Estado Provincial abone los salarios caídos a la trabajadora separada de la Administración de Justicia, dado que para los agentes estatales no rigen las pautas indemnizatorias de la L.C.T., y de conformidad con lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Madorran Marta C. c/ Administración Nacional de Aduanas", el régimen de estabilidad del empleado público preceptuado por el art. 14 bis de la CN es la llamada estabilidad propia, que en caso de haber sido injustamente vulnerada da derecho a la reinstalación en el cargo, siendo de aplicación imperativa el seguimiento de dicha doctrina.
Prueba documental, pericia caligráfica, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VALLEJOS SCHULZE GUSTAVO ADOLFO c/ JORGE FRANCISCO JONUSAS s/ EJECUTIVO"EXPTE. N 11691/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-08-14

Ya firme el interlocutorio que rechazó el incidente de nulidad de la pericia deducido, desde luego que la máxima preclusiva obsta a que en la sentencia de remate se declare nulo el dictamen.Pero no impide, sin embargo, que éste sea reputado ineficaz, infundado o, como prefirió expresar la sentenciante de primer grado, "a todas luces insuficiente". La sentencia es la ocasión para la evaluación de la eficacia probatoria de una prueba. Y por eso, precisamente, se rechazó el incidente de nulidad sustentado no en vicios formales sino en verdaderas impugnaciones al fondo o contenido del dictamen.
Adopción, nombre
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: T.J. s/ Adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-29

Si el instituto de la adopción procura imitar la naturaleza, parece obvio entonces que se haya impuesto el apellido como una forma real de vincular estrechamente al hogar constituido a quien se integrara en él con la serie de derechos y obligaciones a que se refiere el respectivo complejo normativo. La adición de un nombre de pila puede ser otro elemento más de naturaleza vinculativa y por ende, lejos de apartarse del fin querido por el legislador, se aproxima al mismo hasta confundirse con él.
Proceso penal, sentencia condenatoria, jueces, Ministerio Público, acusación fiscal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: A, J J s/ VIOLACION CALIFICADA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 674-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

Lo único realmente valioso para la actividad defensiva es que la sentencia recaiga sobre el mismo hecho que fue objeto de la acusación y que tanto el imputado como su defensor pudieron tener presente; en otras palabras, que la hipótesis acusatoria coincida con la tesis del Juzgador en cuanto al material que constituye el objeto procesal.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, amnistía, decreto reglamentario
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Thorné, Rubén Wilfredo c/ Estado Nacional (Comando en Jefe de la Fuerza Aérea). s/ NULIDAD DE DECRETO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

Es procedente el recurso extraordinario si se ha cuestionado la inteligencia de normas federales -ley de amnistía 20.508 y decreto reglamentario 1332/73- y la decisión apelada es contraria al derecho que en ellas se funda el recurrente (art. 14, inc. 3, ley 48).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, cuerpo del delito, allanamiento domiciliario, estupefacientes, tenencia de estupefacientes, inviolabilidad del domicilio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DIEGO ENRIQUE FIORENTINO s/ TENENCIA ILEGITIMA DE ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

Establecida la invalidez del registro domiciliario, igual suerte debe correr el secuestro de marihuana practicado en esas circunstancias. Ello así, pues la incautación del cuerpo del delito no es entonces sino el fruto de una procedimiento ilegítimo, y reconocer su idoneidad para sustentar la condena equivaldrá a admitir la utilidad del empleo de medios ilícitos en la persecución penal, haciendo valer contra el procesado la evidencia obtenida con desconocimiento de garantías constitucionales, lo cual no sólo es contradictorio con el reproche formulado, sino compromete la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilícito.
Ejecución fiscal, departamento de asuntos jurídicos, delegación de facultades a la Administración, remisión del expediente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dirección Nacional de Migraciones c/ Eguía Dora Inés s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

La disposición por la cual se ordena el pase del expediente al Departamento de Asuntos Jurídicos para la iniciación de un eventual juicio por cobro no presupone la delegación para la emisión y suscripción de la boleta de deuda.
Constitución Nacional, reforma de la constitución, autonomía municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Minas Argentinas S.A. c/ Municipalidad de Esquel s/ contencioso administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-01

La reforma de 1994 remarcó la trascendencia del municipio en el diseño institucional argentino en tanto orden de gobierno de mayor proximidad con la ciudadanía, por lo cual resultaría ilógico e irrazonable pretender imponer a las provincias un determinado y uniforme alcance del régimen municipal que iguale a municipios urbanos o rurales, densamente poblados o con pocos vecinos, longevos o nuevos, con perfil sociocultural dominantemente cosmopolita o tradicional, etc (Disidencia de los jueces Maqueda y Rosatti).
Ejecución fiscal, prescripción tributaria, prescripción quinquenal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Provincia de Río Negro (Fiscalía de Estado) c/ Morcol S.R.L. s/ Ejecución Fiscal s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-20

Desde este enfoque conceptual del conflicto de autos y tomando como premisa de que el contribuyente aquí ejecutado en su presentación efectuada con fecha 14.05.2011 de las DDJJ rectificatorias mediante formulario 109, ha formulado un reconocimiento expreso de su obligación fiscal (Ingresos Brutos de los periodos 1/03 al 11/09), se advierte que a la fecha de la promoción de la presente ejecución fiscal (30.08.06), no había transcurrido el plazo de cinco (5) años que prevé el art. 130 del Código Fiscal para que se produzca la prescripción de la acción. Ello, por cuanto conforme al art. 132 de la citada norma tributaria entonces vigente, interrumpida la prescripción por reconocimiento expreso o tácito del contribuyente, responsable o agente de recaudación, el plazo comienza a computarse nuevamente a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquél en que se produce la interrupción. Puede reputarse que la demandada pudo razonablemente entender que la acción se encontraba prescripta. (Voto de la Dra. Piccinini, Dr. Apcarian y Dra. Zaratiegui por la mayoría)
GUATEMALA, medidas urgentes, desplazamiento forzado de aborígenes, violación del derecho a la vida, daño irreparable
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 43/2018 - Medida cautelar No. 44-18 - Familias de la Comunidad Maya Q'ueqchi "La Cumbre Sa'kuxhá", respecto de Guatemala c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-06-18

La Comunidad Maya Q'ueqchi Sa'kuxhá, integrada por 25 familias compuestas por mujeres, niñas, niños, embarazadas, hombres y ancianos mayas, se encuentra en una extrema situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo a partir de los violentos desalojos con uso desmedido de la fuerza pública que hacia noviembre de 2017 efectuara el Estado Guatemalteco, obligándolos a ocupar un reducidísimo terreno, sin acceso a servicios sanitarios, ni energía eléctrica, agua ni alimentos, durmiendo en el suelo y a la intemperie, lo que debido a las lluvias significa en el mismo lodo, generando así, sin lugar a dudas, una máxima situación de irreparabilidad extrema.
Mandato, ratificación del mandato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GUZMAN DE GRIMALDI MARIA E. c/ MATTAR ROXANA Y OTRA s/ REMOCION DE SOCIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-06-16

Si bien el principio contenido en el art. 1936 del Código Civil, en el sentido de que la ratificación equivale al mandato y tiene entre las partes efecto retroactivo al día del acto, esto es así, siempre y cuando se actúe en representación de una persona física o jurídica que luego ratifica lo actuado.
Medios de prueba, reconocimiento en sede judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: F., A. s/Homicido en Ocasión de Robo Agravado r/Víctima s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-24

Teniendo conceptualmente al reconocimiento como la identificación concluyente que hace una persona de otra, por haberla visto anteriormente, resulta particularmente importante que quien revista la calidad de sujeto activo describa previamente a quien deba reconocer.

De esta manera se brinda un elemento de valoración más que servir para determinar la claridad de la imagen retenida en la mente del testigo, esto es, el grado de precisión del recuerdo que, indudablemente, jugar un papel primordial en el acto.
Derechos sindicales, tutela sindical, derechos del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación de Obras Sociales de Trelew c/ Ríos, Marcelo Raúl s/ Exclusión de Tutela Sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-27

El texto del artículo 52 -ley 23.551- es suficientemente claro de un procedimiento preliminar preventivo, de carácter obligatorio y que opera como requisito de validez de la conducta del empleador, por el cual quien desea adoptar alguna de las decisiones comprendidas en el ámbito de protección del instituto, -despido, suspensión, modificación de las condiciones de trabajo- respecto de los sujetos legalmente amparados por esta garantía, debe previamente requerir la aprobación del órgano judicial competente acreditando la existencia de circunstancias que lo justifican y que excluyen la posible motivación antisindical del comportamiento patronal. De tal manera, la eficacia de los actos del empleador excede de su mera voluntad unilateral, ya que para perfeccionarse requieren ineludiblemente la concurrencia del pronunciamiento que los autorice.
Constitucionalidad, Ley de Procedimiento para causas en que el Estado sea parte, costas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ATAMPIS, Hugo Ángel c/ Provincia de San Juan s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-07-30

Se encuentra definitivamente establecido por la jurisprudencia y nuestro máximo Tribunal de la Nación, que la declaración de inconstitucionalidad de una ley debe ser considerada como la ratio final del orden jurídico, y por tanto debe manifestarse nítidamente en el caso concreto, frente a los agravios expresados, y con efectos particulares para el caso.

La ley 883-A (7675 y sus modificatorias) regula el "procedimiento" que deberá seguirse en las causas en que el "Estado" sea parte, como "demandado o actor", siendo de observancia obligatoria para todas las partes que intervienen en el proceso, regulando también lo atiente a las costas, su imposición, y base regulatoria de los honorarios profesionales.

Trátase de una ley de carácter procesal y no de emergencia. Se trata de un plexo legal imperativo, irrenunciable, de cuyas disposiciones no es dable apartarse porque responden a un interés público, general, colectivo, por oposición a las cuestiones de orden privado, en las que sólo juega el interés particular.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, principio de congruencia, incapacidad laboral, aplicación de la ley, decretos, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GROSSI MARCHISIO, OSCAR ALBERTO c/ PREVENCION ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-18

El Tribunal, luego de ponderar que la aplicación del DNU 669/19 no le producía perjuicio alguno al actor y analizar el alcance temporal del mismo conforme a los antecedentes jurisprudenciales en el tema, entendió -teniendo en cuenta la fecha de la primera manifestación invalidante- que el caso debía regirse según lo establecido por dicha norma; y, con base en dichas consideraciones, aclaró que si bien el demandante pretendió en la expresión de agravios que se aplique lo dispuesto por el segundo apartado del mentado artículo 12 en su versión anterior a la modificación introducida por ese decreto, en el mismo escrito cita jurisprudencia en respaldo de su postura que sí ordenó cuantificar conforme lo previsto por el DNU 669/19, por lo que revocó la declaración de inconstitucionalidad dispuesta en baja instancia, permaneciendo incólumes estas respuestas ante la ausencia en los planteos impugnativos de una cuestión constitucional, advirtiéndose que la quejosa reitera sustancialmente los cuestionamientos ya esbozados en el recurso de inconstitucionalidad alegando que el Tribunal resolvió cuestiones que no fueron materia de agravio, quedando así incumplido eficazmente el cometido que contempla el artículo 8 de la Ley 7055. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 12; DNU 669/19; Ley 7055, artículo 8
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bravo María Esther c/ Balbi Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

La noción de cosa riesgosa se identifica con la de cosas peligrosas y la responsabilidad del dueño o guardián se funda en haber creado el riesgo del cual proviene el daño. Es decir, crea el riesgo quien con sus cosas multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de dañosidad.
Fuero de la niñez, la adolescencia y la familia, competencia, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia
Materia: PENAL
Carátula: A. d. N. ,P. y o. c/  s/ Protección contra la violencia familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-09-09

Todos los jueces del fuero de familia de la Provincia poseen la competencia exclusiva en las materias enumeradas en los incisos a) a x) del art. 827 del Código Procesal Civil y Comercial, independientemente de que, en virtud de -normas sancionadas por este Tribunal con una finalidad estrictamente organizativa como son las resoluciones 3488/10 y 2652/11-, les resulten asignadas de inicio determinadas materias y no otras por parte de esta Suprema Corte a los fines de una mejor administración de justicia.(doctor Genoud, sin disidencia)
Prueba testimonial, testigo calificado, declaración testimonial, valor probatorio, idoneidad del testigo, compañero de trabajo, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: MADARIAGA, RODOLFO EDUARDO c/ ESTADO NACIONAL MIN. DE EDUCACION Y JUSTICIA DE LA NACION SUBS. JUST. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

Han declarado, con pleno conocimiento de los hechos, funcionarios estrechamente ligados al funcionamiento del Juzgado "Y".

La prueba testimonial tiene alto valor persuasorio tanto por la calidad de los declarantes como por la coincidencia de sus dichos, plenamente concordantes con las constancias de la causa penal. Y no encuentro ninguna razón eficiente para prescindir de esta prueba, aunque algunos de los testigos han trabajado con el actor, porque me resisto a creer que una circunstancia de esa especie baste para que el testigo -hoy magistrado o funcionario judicial-incurra en falsedades que lo colocan en situación delictual. Por lo demás, la coincidencia de sus afirmaciones -suficientemente circunstanciadas y que demuestran que los hechos han caído bajo sus sentidos-no aparece desvirtuada por prueba alguna, de manera que, conforme con las reglas de la sana crítica, no encuentro ningún motivo serio para dudar de la veracidad de sus afirmaciones (arts. 386 y 456 del Código Procesal).
Honorarios, proceso judicial, regulación de honorarios, presentación al cobro, IVA
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Chiarizia, José c/ Marinaro e Hijo SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-12

Conforme la doctrina sentada por la CSJN (autos "Compañía General de Combustibles SA s/ recurso de apelación" del 16/6/93), el monto de los honorarios regulados no incluyen la alícuota del IVA, impuesto que debe ser soportado por quien tiene a su cargo el pago de las costas.
Representación procesal, acreditación de la personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Babolla, María Ana c/ Musse, Guillermo Nicolás s/ División de condominio Lema, Rubén s/ Tercería de dominio en autos GALLEGO, Gabriel C. s/Inc. de Ejecución  de Honorarios Spinoso, Delia a. c/ Oscar Antonio Zambano S.A.C.A.F.I. y C. s/ Interdicto de retener Santiaga Vita de Laclau y otro s/ Divorcio por presentación conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21|1991-03-19|1994-11-01|2000-04-27

El plazo previsto por el artículo 48 del C. Procesal es perentorio, razón por la cual una vez vencido el mismo sin que el mandatario haya acreditado su personalidad, se opera automáticamente la nulidad de todo lo actuado, y decae el derecho a que se ratifique el mandato con eficacia jurídica, ya que la ratificación sólo puede hacerse respecto a un obrar aún no invalidado, por cuanto no es posible que por ese medio se acredite virtualidad a lo que ha dejado de existir (arts. 48 y 155 del C. Proc.).
Entidades financieras, banco central, intereses, depósito
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Rosso, Pedro Ricardo c/ CompaÑía Financiera Munro SA. y otro s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09

Si bien la obligación que como garante asume el Banco Central no deriva del contrato de depósito sino de la ley, ya que ella ha sido impuesta con fines de regulación económica y no para asegurar el cobro por parte de un acreedor particular, la interpretación de las normas que establecen el régimen de garantía que más se compadece con tal finalidad, es la que asegura a los depositantes la devolución de sus imposiciones con más los intereses, inclusive los devengados durante el plazo de treinta días que establece el art. 56 de la ley 21.526.
Compraventa, pacto comisorio, daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barbieri, Oscar J. y otros c/ Re, Norberto y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-29

Resulta irrazonable y no se ajusta a derecho condicionar la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados al comprador por la frustración de la promesa de venta, a la circunstancia de que aquél hubiere pagado totalmente el precio.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Wallach, Robi c/ Bevcar, Miroslav y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-18

Procede el recurso extraordinario contra el pronunciamiento que impuso al ejecutado la totalidad de las costas, prescindiendo de efectuar un tratamiento adecuado de la cuestión de acuerdo con las constancias de la causa.