marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Declaración de inconstitucionalidad, daño, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: O., A. c/ A. SA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-06-04

El interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente en qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen, identificando en la medida de lo posible la magnitud del daño. Para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, ferrocarriles, paso a nivel
Materia: CIVIL
Carátula: SOLIS,  Ricardo Arsenio y otros c/ LEIVA, Marcos Gervasio y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-07

1- No hay la menor duda sobre la culpa del peatón o el conductor que atraviesan las vías cuando las barreras estén bajas, porque ellas no sirven para impedir el paso sino para advertir la proximidad del ferrocarril, por lo cual, trabadas o no, su existencia es suficiente para advertir el peligro. Con este enfoque, el conductor del vehículo que ingresa al cruce de las vías férreas con las barreras bajas, luego de haber descendido de su vehículo para cerciorarse que no se aproximaba ninguna formación ferroviaria, es responsable del accidente por su conducta desaprensiva en semejante contexto, pues su imprudente accionar fue la causa del suceso. Es que aún cuando se pretenda endilgar a la empresa ferroviaria responsabilidad por el deficitario estado del sistema de barreras y las señales fonolumínicas, la actitud asumida por el conductor es la causa adecuada del siniestro, pues si no hubiese traspasado las barreras bajas el accidente no se hubiese producido y aunque previamente descendiera del automóvil para comprobar la ausencia del ferrocarril, su conducta es insuficiente para transformarse en diligente y cuidadosa. 2- Tanto el conductor del rodado como su titular registral son responsables por los daños sufridos por las personas transportadas en ocasión de efectuar un cruce imprudente en un paso a nivel en esas condiciones. La responsabilidad del propietario, titular registral del vehículo, surge ante la falta de acreditación de haber sido privado de la cosa contra su voluntad, sino que la transmitió voluntariamente. A diferencia de ello, la empresa que reviste la calidad de locadora no es responsable porque para considerarla guardiana del vehículo, debe tener un poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor sobre la cosa dañosa y no reúne esos requisitos que configuran su responsabilidad al desprenderse de su tenencia material y transmitirla al locatario. (Sumario N°20900 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Honorarios, regulación de honorarios, juicio, recurso contencioso administrativo, demanda
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: SAVYC SOCIEDAD ANONIMA VIAL Y CONSTRUCTORA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   PRESCRIPCION DE HONORARIOS.     CSJ EXPTE NRO 2-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-02-25

A los fines de la regulación de honorarios, en un recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción debe fijarse la cuantía del juicio en el monto expresamente pretendido en la demanda, actualizada por el índice de precios al consumidor que proporciona el INDEC, con más intereses del 6% anual sobre el monto actualizado desde la demanda.
Marcas, Comunicaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARTE  GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SA c/ RED INTERCABLE SA s/ cesede oposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

Admitir la inexistencia de confusión, ya sea en los productos identificados con las voces en crisis como así también en cuanto al origen de los mismos, ya que -a mi modo de ver- la oponente omite un dato de indudable realidad. El suplemento que se pretende identificar como "Cronicas de la Historia Suplemento Especial de Clarín", se entregaba gratuitamente junto con el ejemplar del diario "Clarín" del día correspondiente, conforme se ha probado a través de la prueba pericial pertinente, que no fue rebatida por las partes. Al respecto, sostiene la accionante al ampliar su demanda que el diario Clarín ".contiene una gran cantidad de suplementos que se entregan junto al diario y en el marco de esos emprendimientos es que se editó uno que se dedicó a la vida de los próceres de la patria.", hecho que no fue expresamente negado por el demandado.
Universidades, estatutos universitarios, profesor universitario, cese de la función pública, jubilación ordinaria, concurso público
Materia: EDUCACION-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rocca, Alejandro Carlos c/ UNLP s/ acción mere declarativa de derecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-30

La interpretación efectuada por la universidad demandada en el sentido de que, una vez cumplidos los sesenta y cinco años, el docente debe cesar en sus funciones según lo establecido por el art. 137 del estatuto universitario- Universidad Nacional de La Plata-, aunque puede optar por permanecer en la actividad por cinco años más siempre que obtenga la prórroga de su designación en los términos de la ordenanza 174/86 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, no se ajusta a las disposiciones de la ley 26.508, en tanto los cargos docentes ordinarios se proveen por concurso público de oposición y antecedentes en las categorías de titulares, asociados o adjuntos (arts. 51 de la ley 24.521 y 22 y 24 del estatuto universitario), carácter que cesa, entre otras causales, cuando el docente cumple la edad prevista en las normas que regulan las condiciones para obtener el beneficio jubilatorio. -El juez Rosenkrantz, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: GUERRERO MANUEL R. s.d. HOMICIDIO SIMPLE e.p. VILLALBA OMAR DARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-29

Si lo que pretende el casacionista es la revisión de pruebas, no puede tener cabida en esta instancia de excepción; pues para que ello sea factible a modo de excepción, debe invocarse absurdo o arbitrariedad en la valoración realizada por los sentenciantes, o una absoluta falta de fundamentación de la sentencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Mutuo, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de La Pampa c/ Barrionuevo, Juan José s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2014-11-05

Corresponde ajustar a la realidad actual la tasa pactada en un mutuo celebrado entre un Banco y un particular, estableciendo que desde la mora y hasta el 31 de diciembre de 2012 se abone una tasa del 24% anual por todo concepto (compensatorios y punitorios); y a partir del 1° de enero de 2013 hasta la fecha de su efectivo pago, la tasa pactada que importa como máximo el 26,88% por todo concepto (compensatorios y punitorios), capitalizable mensualmente de acuerdo con lo pactado.
Ejecución de sentencia, tercerías, posesión de buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: "Izaguirre  de  la Rosa, María M. y O. c/ Ercegovic, Santiago y O. s/ Despido"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-19

A los fines de la ejecución de una sentencia, la titularidad de un inmueble (en el caso del 50% indiviso) no resulta por sí sola suficiente para tornar aplicable la presunción prevista en el artículo 2412 del Código Civil en relación con los bienes muebles que en él se hallasen: aquélla depende de la "posesión de buena fe" de tales cosas muebles y la titularidad de una parte indivisa del inmueble sólo constituye un elemento que, si bien puede razonablemente llevar a pensar que la guarda, el dominio o, en definitiva, la posesión de los muebles contenidos dicho inmueble corresponde al titular de éste, no resulta suficiente para arribar a tal conclusión cuando, como en el caso, se han probado circunstancias que podrían desvirtuar tal razonamiento.
Donación, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Greco, D. c/ Gilardi, N. s/ Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-14

Probada en autos la "reconciliacion" habida entre donante y donatario; quienes se habían divorciado durante la vigencia de la ley 2.393, y por supuesto con el alcance limitado de una separación de personas y de bienes (art. 67 bis de la ley cit.); producida ésta en cuanto a las relaciones patrimoniales, al escapar el inmueble donado entre los esposos a toda posible convención, no juega en el caso la exigencia del art. 1304 del Código Civil. Y si con la cohabitación renacieron automáticamente los derechos y obligaciones del matrimonio, consecuentemente debe concluirse que la donación cuestionada resultaba insanablemente nula por haber sido efectuada por un esposo a otro contrariando el principio prohibitivo contenido en el art. 1807 inc. 1° del Código Civil, que consagra una incapacidad de derecho para donar. (art. cit. y 1038, 1042, 1047, 1050, 1804, 1820, y concs. del Código Civil).
Personal policial, ascenso policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SÁNCHEZ, JUAN CARLOS c/ PROVINCIA DE LA PAMPA s/ demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-10-03

Precisamente, con relación a la actividad policial vinculada con la tarea de calificar a su personal, el autor cita el voto del Dr. Greco, en una sentencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso - Administrativo Federal, Sala 1, que sostiene: " las decisiones de la autoridad policial que determinan, sobre la base del informe proporcionado por las Juntas de Calificaciones, la situación escalafonaria del personal con estado policial, resultan de revisión excepcional por el Poder Judicial por cuanto juega en el caso una competencia primaria que básicamente opera en un ámbito donde las apreciaciones conjuntas, es decir, de un cúmulo de factores, son de rigor.

El progreso, o finalización de la carrera administrativa es, como principio, resorte exclusivo de la autoridad policial que es la que se encuentra en condiciones de valorar los distintos aspectos que, precisamente, determinan la conveniencia o la inconveniencia de que un oficial progrese en la carrera, o por el contrario, deba pasar a otra situación de revista.

Por ello es que, salvo hipótesis de manifiesta arbitrariedad, la discrecionalidad propia con la que cuentan en este aspecto las autoridades policiales (discrecionalidad que se debe entender como posibilidad de optar entre alternativas igualmente legítimas dentro de un marco de realización axiológica) impide que el juez sustituya, en orden a sus propias valoraciones, el criterio de la autoridad policial." ("Picos, Francisco v. Estado Nacional", ob. cit., pág. 223).- En definitiva, la apreciación de esas aptitudes comporta el ejercicio de una actividad discrecional y no corresponde a los jueces sustituir el criterio de tales organismos siempre que no medie en tal decisión arbitrariedad o irrazonabilidad.- Igualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que: " la apreciación de la Junta de Calificaciones de la Policía Federal respecto de la aptitud para ascender, conservar el grado o pasar a situación de retiro del personal policial, comporta el ejercicio de una actividad discrecional que no es susceptible, en principio, de justificar el control judicial (Fallos: 250:393 y sus citas; 261:12; 267:325; 303:559 entre otros)" (CSJN, 27/02/97, "Guasti, Ricardo Alberto c/Mrio. del Interior -Policía Federal Argentina-s/retiro militar y fuerzas de seguridad").- Se debe destacar, también, que el estado policial presupone el sometimiento de su personal a las normas que estructuran la institución de manera especial dentro del esquema de la administración pública, sobre la base de la disciplina y la subordinación jerárquica.- Dicho estado implica la sujeción al régimen de ascensos y retiros por el cual se confiere a los órganos específicos la capacidad de apreciar la concreta aptitud del personal policial, con suficiente autonomía funcional derivada, en última instancia, del principio cardinal de división de poderes.-
Homicidio calificado, homicidio criminis causa
Materia: PENAL
Carátula: Cabrera, Jacinto Esteban y otros s/ Homicidio calificado, robo, hurto calificado, estafa reiterada,  tentativa de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

El art. 80 inc. 7° del Código Penal ha sido bien aplicado si se acreditó que la decisión de matar tuvo la finalidad de lograr la impunidad del autor del robo, pues del sistema de dicho texto legal no resulta, ni expresa ni implícitamente, que el elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la acción.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Valle, Elizabeth Anahí y otras c/ La Ganga S.A. s/ Indemnización, despido, etc. Sánchez Palma, Rigoberto c/ Coppar S.A. y otra s/ Indemnización, despido, etc. Frías, Carlos A. c/ Cafrán SAIC s/ Despido Vázquez de Cañón, Ana Cristina c/ Mapfre Aconcagua s/ Daños y Perjuicios Sack, Helga Erica c/ Gratica S.R.L. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12|1993-06-29|1998-11-24|2002-02-27|2003-09-16

Establecer la eficacia probatoria de los recibos que instrumentan los pagos conforme los prescribe la Ley de Contrato de Trabajo en su art. 142, se integra en el plexo de atribuciones que se les confiere a los jueces del trabajo en el marco dispuesto en la ley procesal del fuero y sus conclusiones son irrevisibles, salvo absurdo.
Divorcio, deber de fidelidad, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: R., I. I c/ L., M. R s/ divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-06

De acuerdo con una interpretación coherente de los capítulos VIII y IX que integran el título "Del Matrimonio" del Código Civil debe concluirse que el deber de fidelidad establecido en el art. 198 del mismo cuerpo es un requisito insoslayable durante la normal convivencia de los cónyuges, que cesa cuando existe ruptura de la vida en común con inexistencia de intención de retomarla.
Acción de amparo, competencia originaria, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CIVIL
Carátula: DR. DE PALACIOS MANUEL LUIS s/ DR. DE PALACIOS MANUEL LUIS SOLICITA INTERVENCION,CONOCIMIENTO Y  -AVOCAMIENTO DE ESE EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA EN AUTOS:  -"CODERE S.A. Y MONACO S.R.L. C/COMITE PRIVATIZADOR DE CASINOS DE -SANTIAGO DEL ESTERO Y TERMAS DE RIO HONDO S/ACCION DE AMPARO".
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-11-10

Es competente en la causa, el excmo. Superior tribunal de justicia si se trata de una cuestión contra el estado provincial y una ley local le atribuye tal competencia.
Sociedades comerciales, infracciones laborales, personalidad jurídica de la sociedad
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Vega, Hortencia del Carmen c/ Moyano, Jorge H. y/o Colegio Privado San Jorge S.A. y/o Q.R.R. s/ Diferencia de haberes -Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-06-14

En relación al tema de si ante la infracción a normas laborales por una sociedad comercial, es posible la aplicación de la inoponibilidad de la personalidad jurídica societaria, se han plasmado dos posturas claramente diferenciadas. Una ha extendido la imputación a integrantes de la sociedad por las obligaciones laborales de la sociedad comercial y otra ha considerado que no es posible al menos desde la óptica jurídica tal imputación.

Ahora bien, lo ideal sería encontrar una posición intermedia partiendo de la premisa de que el mero incumplimiento de las normas laborales no es suficiente para producir la inoponibilidad de la personalidad jurídica de la sociedad o el descorrimiento del velo societario, pero sí un elemento que no debe dejarse de lado y que junto a las otras circunstancias de cada caso particular sean las que definan la situación. Desde ya que tal solución, cualquiera sea su resultado, recaerá en un caso concreto, signado de elementos particulares y cuestiones procesales que no pueden extenderse de manera automática a todos los casos.
Amparo por mora, acción de amparo, personas con discapacidad, derecho a la salud
Materia: CIVIL
Carátula: Olmos, Ana Beatriz c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-20

Las medidas de protección del derecho a la salud de las personas con discapacidad, obligan a garantizar su rehabilitación y tratamiento permanente, a fin de brindarle todas las posibilidades que permitan asegurar una mejor calidad de vida.
Convertibilidad, depreciación monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Vivanco, Luis Alberto c/ Garay, Walter Alejandro s/ Cobro de Alquileres -PVE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-02-06

La ley de convertibilidad prohibió los ajustes por depreciación monetaria -que no se confunden con los intereses por su diversa finalidad-, pero no derogó el principio de integridad del resarcimiento en materia de daños extracontractuales, ni innovó en materia de intereses. Antes bien, fue su vigencia la que permitió volver a la tasa activa al hacer innecesaria la reducción del interés a un tipo "puro", pues ya no habría superposición de ese accesorio con el reajuste por depreciación monetaria.
Enfermedad accidente, enfermedad profesional, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Chanamapa, Marcos c/ Transportes Don Otto S.A. s/ Indemnización Enfermedad-Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-03-12

La enfermedad a la cual no le es aplicable el régimen sobre enfermedades profesionales, puede ser considerada como enfermedad-accidente, siempre y cuando se pruebe su nexo de causalidad con el trabajo.
Derecho constitucional, división de poderes, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ / queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Aspiro, Norma Beatriz c/ GCBA s/ amparo, expte. nº 13572/16
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-15

El art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad, la planificación general de la Ciudad, la planificación general de la gestión y la aplicación de las normas. Dirige la administración pública y procura su mayor eficacia y los mejores resultados en la inversión de los recursos; así es el Poder Ejecutivo quien tiene competencia para establecer cuáles son las necesidades funcionales de los distintos órganos, o reparticiones, de que se vale para cumplir las misiones que tiene encomendadas. Es una de las maneras que tiene de procurar la mayor eficacia y los mejores resultados en la inversión de los recursos, y es una herramienta necesaria de quien dirige la administración. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Cuestiones procesales, interpretación de la ley, verdad jurídica objetiva, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: A., V.H. y Otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Sarmiento s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-28

Está vedada la aplicación mecánica de los principios jurídicos que conducen a la frustración ritual en la aplicación del derecho; la interpretación de las normas procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva, que es concorde con el adecuado servicio de justicia y compatible con la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Falsificación de instrumento público, formulario 08
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "RODRIGUEZ, Graciela M. s/ prescripción...".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-23

El libro de requerimiento de escribanos, es documento públicos genéricamente incluídos en la figura básica del art. 292 del Código Penal. El formulario 08 conforma un contrato y no un formulario que acredite dominio sobre él. En consecuencia, se encuentra excluido de la enumeración del art. 292 segundo párrafo del Código Penal.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la provincia de Buenos Aires c/ Bolsamar S.A.I.C.y F.- Concurso s/ Incidente de verificación de crédito
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-23

Si la pretensión principal no es revisible en la instancia extraordinaria por no ser definitiva, tampoco pueden ser materia de recurso extraordinario la imposición de costas, por su carácter indudablemente accesorio.
Asociaciones profesionales, sindicatos, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juárez, Rubén Faustino y otro c/ Mrio.  de Trabajo y Seguridad Social (Direc. Nac. de Asoc. Sindicales s/ Acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

El fin perseguido por el legislador al sancionar la ley 23.551 estuvo centrado en resguardar un adecuado equilibrio entre la autonomía sindical y el necesario control que deben ejercer los poderes públicos.
Recurso extraordinario, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Snchez, Luis Santos c/ Frontera S.A.I.C. y/o quien resulte responsable s/ Accidente de Trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-28

Debe desestimarse el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, ya que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es propio de los jueces de la causa lo relativo a la apreciación de las peticiones de las partes articuladoras de la litis contestatio, así como la calificación jurídica que dichos jueces especifican sobre la base de la constancias de autos y a la comprobación de los requisitos propios de la acción que examinan; como así que los temas comprendidos en la litis, el alcance de las peticiones de las partes y la determinación de quienes invisten esa calidad, son privativas de los jueces del pleito e irrevisables, salvo que mediare manifiesto apartamiento de la relación procesal; doctrina de estricta aplicación al recurso extraordinario local, que participa de similares motivos que el estatuido en el orden federal. Los aludidos principios resultan vigentes en el sub litem, en tanto no aparece como irrazonable ni apartado de las constancias de la causa la afirmación de la Cámara respecto al daño psíquico, que el mismo es inadmisible ya que se pretende con ello introducir en la Alzada un capítulo que no fuera propuesto a decisión de la instancia anterior. Como es sabido a la Alzada le está vedado pronunciarse sobre capítulos que no fueron articulados en la instancia anterior, puesto que de lo contrario se desvirtuaría la estructura procesal en que se asienta la doble instancia, toda vez que a esta nueva demanda propuesta en apelación, le faltaría el primer grado de la jurisdicción. Tales argumentos en modo alguno pueden reputarse arbitrarios, toda vez que no se apartan de los términos en que fue elaborada la demanda, ya que contrariamente a todo lo afirmado por la apelante, el mismo limitó sus pretensiones al daño material y moral, sin que pueda ampliar esta intención la frase "o lo que en más o en menos resulte de las pruebas"; ya que es de uso judicial y fue así planteado, ello refiere al porcentaje de incapacidad y al monto de la indemnización, pero de ninguna manera autoriza a considerar incluidos rubros no demandados, que así quedaron fuera de litis.