Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-05-16


AUTOS 4.875/4.910 (C.C.Nº19.669) DEL Juzgado Comercial Especial N 1, CARATULADOS: "GRAFFIGNA Latino Carlos S. y Otra C/Rapaport Hugo D. y Otro - Escrituración - Sumario".- PROTOCOLIZADO:L. de Autos -Año 2008- del Tº II- Fº1/4.- San Juan, 16 de mayo de 2008.- Y VISTOS: Estos autos Nº 19.669 "GRAFFIGNA, LATINO CARLOS S. Y OTRA C/ RAPAPORT, HUGO D. Y OTROS - ESCRITURACION - SUMARIO - HOY INCIDENTE", para resolver el recurso planteado por la parte actora contra la resolución de fs. 430/432 de fecha 31/8/07 en la que se rechaza el recurso de reposición articulado por su parte, contra la providencia de fecha 19/4/06 mediante la cual se designa perito tasador de los bienes objeto del juicio.- Según reza el fallo en cuestión, el recurso de reposición fue planteado por la actora vencida en costas en la caducidad de instancia ya decretada en autos, teniendo por objeto la designación de tasador, determinar la base para la regulación de honorarios solicitada a fs. 387.- Para rechazar la pretensión recursiva de la actora tiene en cuenta el Sr. Juez A Quo que el incidente concluido por perención perseguía la escrituración de tres inmuebles de propiedad del concursado y que de haber prosperado importaría la incorporación al patrimonio de la actora de dichos bienes que forman la base para la regulación.- Cita jurisprudencia de la Sala III y de ésta Sala para afirmar dicha conclusión y lo previsto por el art. 192 de la ley 2.150 que autoriza a los profesionales interesados a solicitar la tasación del inmueble, que será a su costa si la misma es igual o inferior a la valuación fiscal.- Destaca finalmente que la designación se ha efectuado con el debido control del Tribunal y la presencia de dos testigos, lo que la recurrente no ha cuestionado y se encuentra firme.- Rechaza la reposición e impone las costas a la recurrente vencida.- LOS AGRAVIOS: En primer lugar se queja de que no obstante la referencia al art. 271 de la LCQ. el Sr. Juez A Quo no ha evaluado sobre la necesaria y debida aplicación de lo previsto por el art. 1.627, segundo párrafo del CC. (texto según ley 24.432) del art. 13 de la ley 24.432 y de la ley provincial 7.664 de adhesión a la anterior, solicitando se aplique dicha normativa con exclusión de lo previsto por las leyes 2.150 y 4.072, especialmente en los artículos que refiere y a fin de determinar lo que sería la supuesta "cuantía del asunto" y en el caso se apliquen las pautas generales del art. 187 incisos b) á e) y 15 de la ley 24.432 que transcribe, y que entiende insoslayable en virtud de la adhesión provincial dispuesta por la ley 7.664, sin obviar el párrafo segundo del artículo 1.627 agregado al CC. por la ley 24.432 y consecuente con el art. 271 de la LCQ., todo dejando de aplicar los mínimos fijados por las leyes arancelarias si ello conduce a una desproporción evidente e injustificada entre el trabajo realizado y la retribución resultante.- Cita abundante jurisprudencia sobre el tema, como también la opinión doctrinaria de Barbieri y García Martínez especialmente dirigida al derecho concursal.- Se refiere seguidamente al principio de proporcionalidad, para insistir que la regulación debe hacerse siguiendo las pautas indicadas en el recurso y sin tasación previa de los tres inmuebles, transcribiendo también lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "SANTA CRUZ, PROVINCIA DE C/ ESTADO NACIONAL S/ NULIDAD" y el comentario del Dr. Andrés de Cara (h) sobre el art. 1.627 del CC. y 13 de la ley 24.432.- Sostiene que en el caso concluido por caducidad de instancia, solo deben regularse honorarios por lo actuado en este incidente, ya que no existe labor profesional del letrado de los concursados en las actuaciones principales, dado que la referida caducidad se articuló antes que se corriera traslado de la demanda a los accionados, extremo respecto al cual incluye jurisprudencia, reiterando con alusión al art. 287 del la ley 24522 que la base del cálculo de los incidentes concursales que no sean por revisión o verificación tardía dependerán de las circunstancias de cada caso, apreciables por el Juez al regular los honorarios respectivos y recordando que dentro del incidente de escrituración se ha planteado el incidente de caducidad de instancia por lo que, entiende, no hay monto alguno en lo que sería la causa principal.- En cuanto al valor que los concursados habrían adjudicado a los inmuebles, remite a su presentación de fs. 433.- Señala luego lo que interpreta sería una contradicción entre los concursados y su letrado, especialmente en la observación e impugnación al pedido de verificación de créditos aclarando que la relación comercial entre las partes nace por el préstamo de dinero, que es lo que se debió verificar.- Cuestiona así que ahora se pretenda la designación de un perito tasador, cuando se había cuestionado por la contraria la exigibilidad de la escrituración y hasta la fecha no ha mediado resolución verificatoria o desestimatoria al respecto.- Que, finalmente, los concursados sostuvieron que "no se adeuda la suma reconocida en el contrato de fecha 30 de agosto de 2.000 y que al iniciar el concurso acotaron el crédito de los actores a la suma de $ 127.000 (ver Nº 23 de la planilla IV - fs 11, primer cuerpo de los autos principales Nº 4.875.- Destaca que la jurisprudencia de ésta Sala y de Sala III es contradictoria desde que ésta última establece como base "el valor de compra del bien, sin intereses" en tanto esta Sala II toma el valor del bien al momento de la compra, debidamente actualizado, lo que viene a demostrar la exorbitancia - según cálculo que efectúa - de los honorarios a que podría llegarse si se aplican las pautas de la ley 2.150 y demás normas regulatorias del arancel de abogados en esta provincia.- Respecto a las costas de la incidencia pide se impongan en ambas instancias al letrado de los concursados demandados o en su defecto por su orden, atento que en el caso y por las razones que indica se trataría de una cuestión dudosa de derecho.- Deja constancia que no comparte ni consiente las expresiones de fs. 431, segundo párrafo en cuanto a que el incidente tuviere por objeto la escrituración de tres inmuebles de propiedad del concursado "con motivo de un mutuo" que se alega haber celebrado con los concursados, pues consta en autos que tal originario mutuo con garantía quedó perfeccionado en compra venta de los tres inmuebles en cuestión, haciendo presente también que no hay sentencia definitiva porque no obstante la caducidad decretada, la pretensión insinuada mantiene vigencia y está pendiente de resolver la insinuación subsidiaria efectuada por su parte y además la denuncia penal formulada contra los concursados y otros que en grado de apelación radican ante la Sala 1º de la Cámara Penal en sumario Nº 12.357, correspondiente al sumario Nº 35.855/06 originario del 4º Juzgado de Instrucción Penal.- Solicita, en definitiva, se deje sin efecto la designación de perito tasador disponiendo los términos y alcances en que deberá concretar el A Quo la regulación en favor del letrado de los concursados por su incidente de caducidad de instancia, teniendo presente las reservas del caso federal y de ser necesario, se decreten las inconstitucionalidades requeridas a fs. 397/398 que el Sr. Juez de Primera Instancia no analizó.- Y CONSIDERANDO:

Corresponde destacar ab initio que la resolución que da motivo al recurso rechaza la reposición articulada por la actora respecto del proveído y designación de perito tasador efectuada a fs. 392.- Entendemos que desde el inicio de estas actuaciones, hoy concluidas por caducidad de instancia, la actora ha perseguido la escrituración de tres inmuebles según así surge de la demanda (ver fs. 65 y ss.) y consecuentemente se ha caratulado este proceso como "Escrituración - Sumario" y dado tramite al mismo (ver Dto. de fs.93), luego devenido en Incidente de verificación en el concurso preventivo de los demandados.- Así las cosas, en modo alguno el caso puede escapar a la regla que en principio y salvo excepción debidamente fundada impone regular los honorarios teniendo en cuenta el valor de dichos bienes (LL. 1.985 -B- 548 DJ. 985 - 31 - 23).- Así lo ha dicho esta Sala en anteriores oportunidades siguiendo el criterio expuesto por la Excma. Corte de Justicia local in re California FICASA esto es, que en caso de demanda por escrituración, el precio establecido en el boleto para la conmutación es el contenido económico exigido por ley y que la tasación carece de relevancia a los fines regulatorios, debiendo tomarse como base el valor que surja del boleto de compraventa, valor que deberá actualizarse conforme la legislación vigente ( L.A. 1979 - II - 313; 1983 - II - 315/317; 1985 - I - 99/100 y PR.e. 1987 -III - 426/428), por lo que en la parte pertinente tiene razón la recurrente y en consecuencia debe revocarse el decreto recurrido dejándose sin efecto la designación de perito tasador.- En cuanto a las costas entendemos que deben imponerse en el orden causado atento la posibilidad que asiste al profesional interesado en virtud de lo previsto por el art. 192 de la ley 2.150 referida en el fallo que la actora cuestiona, de tasar los bienes inmuebles en los términos que la norma prevé.- Ahora bien, en lo que hace al resto de los agravios y teniendo en cuenta que lo dicho hasta aquí tiende a dejar establecida la base regulatoria que habrá de tenerse en cuenta para fijar la retribución profesional del abogado de la concursada, vencedor en el incidente de caducidad de instancia, advertimos que toda aseveración inherente a la proporcionalidad o no que pudiere existir entre el valor de los bienes y el monto que pudiere regularse resulta inoportuna por no existir a la fecha regulación alguna, para la que el Sr. Juez A Quo podrá o no tener en cuenta las alegaciones de la actora, de donde la pretensión carece de actualidad y resulta improcedente sin perjuicio de su replanteo posterior si lo estimara pertinente.- Por todo ello SE RESUELVE:

Admitir parcialmente el recurso deducido por la actora.- Revocar la designación de perito tasador que se deja sin efecto debiendo tomar como base regulatoria el monto que surja del monto del boleto de compraventa debidamente actualizado.- Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. PASCUAL E. ALFERILLO;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.