marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olavarría, Omar Francisco c/ Lescano, Francisco s/ Daños y Perjuicios López, Mercedes N. c/ Parisi y Muchnik, Abel y ots. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06|1991-09-24

El "pleno dominio" que debe poseer el conductor de un vehículo en relación a la máquina que conduce (arts. 85, 86, Cód. tránsito) no debe entenderse llevando a demandar al piloto un proceder absurdo que, inclusive, en su extremada escrupulosidad le pudiera llevar a ingresar en otro tipo de riesgos (conductor a paso de hombre dentro de una avenida de tránsito ágil art. 92 Código Tránsito).
Recurso contencioso administrativo, Poder Legislativo, funcionarios legislativos, traslado
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CATALA, RONALDO RAMON c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (CSJ EXPTE N.   932-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-02-26

A los fines del presente pedido, en que el recurrente solicita una cautelar innovativa tendiente a la suspensión de los efectos del acto emanado de la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual se establece que debe prestar servicios en la ciudad de Santa Fe, siendo que lo venía haciendo en la Delegación Rosario de la Cámara referida; basta para sostener que la ley 10023 "prima facie" es aplicable al actor, con observar que fue expresamente designado en la planta de Personal Permanente de la Cámara de Diputados. Por ende, las argumentaciones de la demandada vinculadas a la naturaleza de las funciones que aquél cumpliría, y a la supuesta irregularidad en su ingreso al Poder Legislativo, en un examen liminar no son suficientes en orden a restar verosimilitud al derecho que postula con base en esa ley.
Daños y perjuicios, indemnización por accidente de tránsito, gastos de reparación del automotor, valor venal
Materia: CIVIL
Carátula: FERREYRA, José A. y otros c/ CAMACHO MARCET, Enrique s/ DAÑOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-05

No es posible que el responsable de los daños ocasionados al vehículo tenga que abonar por reparaciones un importe superior al valor que cabe asignar al vehículo en el mercado, pues de tal manera se produciría un enriquecimiento indebido por el beneficio económico que obtendría el perjudicado y que estaría representado por el valor del automóvil y la mayor cantidad que recibiría para efectuar los arreglos.-
Intereses, régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación, moneda nacional, bono nominativo en dólares, tasas de interés, tasa promedio de caja de ahorro, tasa libor
Materia: COMERCIAL
Carátula: AUAD ROLANDO c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-23

Al emitirse los bonos de consolidación, ellos ya contemplan -capitalizados, desde el 1.4.91-los intereses previstos en la ley (cfr. Sánchez Kalbermatten, A., "Intereses en las Obligaciones Consolidadas por Imperio de la Ley 23.982", LL, 1993-B, pág. 389, esp.

Cap. III, en pág. 393). Tales intereses serán los que correspondan a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente, si el acreedor hizo opción por percibir bonos de consolidación en moneda nacional (art. 19, Dec. 2140/91); o, en su caso, los que surjan de aplicar la tasa de interés que rija en el Mercado Interbancario de Londres (Libor) para los depósitos en eurodólares a treinta días de plazo, si el acreedor optó por recibir bonos de consolidación en dólares estadounidenses (art. 20 del dec. 2140/91).
Acciones de filiación, reclamación de la filiación
Materia: CIVIL
Carátula: M., L. J. y otro  c/ M. G., C. G. - Acciones de filiación - Contencioso s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-04-11

Pese a la solidez y contundencia de los argumentos esgrimidos por la doctrina mayoritaria para sostener que el indicio en contra del renuente a la aportación de material genético para la producción de la prueba genética (art. 579 CCC) constituye una presunción idónea por sí sola -es decir, que no requiere de complemento probatorio- para el progreso de la demanda de filiación, a menos que resulte desvirtuada por prueba en contrario (esterilidad absoluta, imposibilidad de relaciones sexuales al tiempo de la concepción, etc.); lo cierto es que el legislador, lamentablemente ha persistido en la postura de otorgar a la negativa a la realización del estudio de ADN la calificación de indicio (aunque ahora grave) y no de presunción. No obstante, es claro que el proceder consciente y deliberado de impedir la realización de una prueba que determina con una certeza prácticamente absoluta la existencia o no de la filiación que se discute, configura un indicio de tal trascendencia y gravedad que puede por sí solo conformar una presunción en la que se base una sentencia.
Matrimonio, casamiento religioso, disolución del matrimonio
Materia: CIVIL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

La unión matrimonial celebrada ante los sacerdotes del culto respectivo rige en el orden de la conciencia, pero en el ámbito civil no impide una reglamentación uniforme del tema que sin menoscabar la multiplicidad de creencias existentes en la organización social y el respeto de las conciencias establezca las distinciones que se reputen apropiadas al legislar sobre la quiebra de los lazos conyugales.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial, sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Gonzaga, Carlos Walter s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-01

Es procedente el recurso extraordinario de nulidad si el fallo de la Cámara efectúa una remisión global al de primera instancia, no constituyendo ello debida resolución, pues priva a la sentencia de su independencia formal y material, despojándola así de su carácter resolutorio (art. 168 de la Constitución provincial).
Proceso contravencional, costas, exención de costas, prueba
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, M. A. s/ Artículo 40, 72 y 73.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28

La facultad del Juez para disponer la eximición de costas es necesariamente restrictiva por la naturaleza jurídica de la tasa judicial y por lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley Nro. 327 que dice " Las actuaciones que se inicien y tramiten ante los tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires tributan una tasa denominada Tasa Judicial" .

Esta Sala, en reiterados fallos, ha dispuesto la necesidad de la justificación del pedido de eximición de costas al cual debe incorporarse una somera prueba que justifique la exención. (Del voto del Dr. Ventureira)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: LABORAL
Carátula: Barbero de Mackanic, Elsa M. y otro c/ S.Y.F.A. S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-27

Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación carecen de efecto vinculante porque no es posible, constitucionalmente, otorgar a dichas sentencias -que, repetidas o no, fueron dictadas, por imposición constitucional, para casos particulares- el efecto general propio de las normas constitucionales y legales.
Repetición de impuestos, impuesto sobre los bienes personales, sociedad constituida en el extranjero, sucursal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: The Bank of Tokio - Mitsubishi UFJ Ltd. c/ EN - AFIP - DGI - resol. 269/07 s/ Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-16

Corresponde confirmar la sentencia que admitó la demanda de repetición entablada por la sucursal local de un banco extranjero por las sumas ingresadas en concepto de impuesto sobre los bienes personales por los períodos fiscales 2003 y 2004 ya que la sucursal de una sociedad constituida en el extranjero no se encuentra comprendida en el artículo incorporado por la ley de bienes personales 25.585 y, por lo tanto, no pesa sobre ella la obligación de actuar como responsable sustituto.
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, corredor inmobiliario, corredor no matriculado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BATLLE CASAS, IVANA c/  s/ PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 47 LEY 10160 Y APELACION DE RESOLUCION DEL 15/6/15 TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y ETICA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, 1RA. CIRCUNSCRIPCION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-03

La alegación de la recurrente de que sus colaboradores no llegarían a realizar verdaderos actos de corretaje por cuanto su actividad no abarcaría la conclusión de las operaciones que promueven -lo cual quedaría a cargo de la profesional matriculada- cae por su propio peso, pues. precisamente, la incumbencia propia de los corredores consiste en buscar interesados en contratar, aproximar sus voluntades y procurar el acuerdo entre los mismos, dejando que éstos concluyan directa y personalmente el negocio: los corredores no concluyen los contratos que interesan a sus clientes, sino que se limitan a promoverlos o facilitarlos. (De la disidencia del Dr. Netri, a la que adhiere el Dr. Ivaldi Artacho) - DOCTRINA: Fontanarrosa, Rodolfo O., "Derecho Comercial Argentino (Parte General)", 3ra. ed., Zavalía, 1967, págs. 50 /505.
Instrucción, duración de la instrucción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Velázquez Vera, Romilio Anselmo c/ Duamante Cárdenas, Segundo Alfonso s/ Daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-06-13

La ley exige, entonces, la finalización de la instrucción en el plazo de cuatro meses útiles para la investigación. Es decir, es el plazo en que el juez, contando con las actuaciones en su instancia, puede y debe realizar la investigación que permita al órgano acusador peticionar la realizacióin del juicio al tribunal de sentencia. En dicho lapso no pueden considerarse abarcados los períodos en que el proceso se encontró elevado a consideración de la Alzada o de ulteriores instancias, pues existe la imposibilidad material de producir actos por el Juez de instrucción que se desprendió de la causa.
Banco central, bancos, igualdad ante la ley, régimen de garantía de los depósitos, cancelación de deudas
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Interguglielmo, Vicente, Carlos María y Luis María c/ BCRA. s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

El hecho de que, como consecuencia de una resolución del Banco Central, quienes invirtieron sus ahorros en el Banco Central del Interior y Buenos Aires, reciban un tratamiento distinto del otorgado a quienes efectuaron depósitos en otras entidades bancarias en el mismo período, no importa una lesión al principio de igualdad si no se probó que la situación de estas últimas entidades fuese la misma que existía respecto del banco nombrado en primer término, cuyo proceso liquidatorio tuvo características singulares, que el mismo demandante puso de manifiesto.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad extracontractual del Estado, responsabilidad del Estado por actos ilícitos, causas civiles, poder de policía
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: García, Ricardo Mario y otra c/ Buenos Aires Pcia. de s/ Indemnización de daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

No es causa civil (art. 101 de la Constitución Nacional) si se demanda a una provincia por los perjuicios derivados del accionar de personal policial que ejercía tareas de control de tránsito en una ruta, circunstancia que se encuadra en el concepto de "falta de servicio" y traduce la responsabilidad extracontractual del Estado provincial por sus hechos ilícitos en el ámbito del derecho público local.
Indemnización por despido, indemnización sustitutiva de vacaciones, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, TERESA c/ SANATORIO GUEMES SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-04

No corresponde pagar el SAC sobre la indemnización por vacaciones no gozadas pues aquel concepto, es un porcentaje sobre las remuneraciones (art 121 LCT) y el rubro establecido por el art 156 LCT es una indemnización. Siendo así, el salario base se liquida conforme las previsiones del art 155 LCT que, en el caso de los trabajadores mensualizados, sólo habla de dividir por 25 el sueldo mensual (Inc a).(Del voto del Dr. Lasarte, en minoría).
Robo, robo con fuerza en las cosas
Materia: PENAL
Carátula: Sosa Oscar Ruben s/ Recurso de Habeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-30

Para determinar en que caso la fuerza ejercida sobre el mismo objeto de la sustracción desplaza la figura del hurto a la del robo, debe tenerse en cuenta si la misma importó o no un "Quid pluris" en relación con aquella que la naturaleza de la cosa demanda para su remoción como acción normal para su dueño; si las circunstancias especiales permitían o no al autor, para consumar la sustracción no recurrir a la fuerza; y por último, si existió una relación de medio a fin entre la fuerza y el apoderamiento tanto objetiva como subjetivamente.
Cobro de sumas de dinero, entrega del certificado de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ferroni Nestor Miguel c/ Distribuidora Nani Hernos SRL y Otros s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-02

En autos, ninguna de las accionadas pudo acreditar, ante la apabullante prueba que verificó la existencia de un conjunto de empresas que compartían propósito comercial (distribuidoras de similares productos), instalaciones (domicilio común), vehículos, personal y dirección, la existencia de hechos que contradijeran o impidieran arribar a esa conclusión (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Accidentes de trabajo, espóndiloartrosis, cuerpo médico forense, fallo plenario
Materia: LABORAL
Carátula: MONTERO, CARLOS ALBERTO c/ LINEA 22 S.A. s/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-15

En las conclusiones alcanzadas en el Plenario del Cuerpo Médico Forense del 05/05/94 (DT 1994-B-2249) se expresaba que microtraumatismos laborales en modo alguno podían producir artrosis, y que las tendencias actuales atribuían a esa enfermedad origen genético. Pero esas conclusiones son anteriores al dictado del decreto 658/96, norma que reglamenta el art. 6 de la ley 24557 y que reconoce a las actividades que expongan al cuerpo entero a vibraciones (particularmente las que llevan a cabo los conductores de vehículos pesados) como agente provocador de enfermedades como la espondiloartrosis de la columna lumbar.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-09


2º Instancia. - Buenos Aires, abril 9 de 2008.

1. El fallido apeló la decisión de fs. 411 que desestimó su pedido de conclusión de la quiebra (fs. 413).

Los fundamentos del recurso obran expuestos en fs. 416 y fueron respondidos por la sindicatura en fs. 418.

En fs. 425 fue oída la señora Representante del Ministerio Público ante este Tribunal.

2. Es cierto que la conclusión del procedimiento establecida por la LCQ 231 constituye una facultad y no una obligación del magistrado, y que la prescripción liberatoria es un instituto del derecho que sanciona la inacción del acreedor por el mero transcurso del tiempo (CCiv. 3947 y 3949).

En el marco de un proceso falencial, tanto el juez como el síndico tienen la facultad y el deber de llevar adelante el proceso hasta su culminación (esta Sala, 15/10/04, "Moyano, Carlos s/quiebra", con remisión al dictamen fiscal nº 101686).

La oficiosidad, que es propia de los procesos falenciales, impide que pueda configurarse la prescripción, como forma de extinción de las obligaciones verificadas, ya que tal característica presupone una actividad procesal oficiosa incompatible con la falta de ejercicio de los derechos, que constituye uno de los presupuestos o requisitos de la prescripción (CNCom., Sala A, 5/5/94, "Pecos Bill I.C. e I. S.C.A. y Sa²k Knobel s/quiebra").

Sin embargo, en este proceso no existen medidas concretas de investigación o de incautación de bienes pendiente de cumplimiento, que justifíquen mantener el estado de quiebra luego de que transcurrieran más de 8 años desde que se clausurara el procedimiento por falta de activo el 13/2/01 (fs. 251), en los términos que prescribe la LCQ 232.

Ese dato amerita un nuevo análisis de la cuestión por parte de la señora juez de grado, que permita en su caso concluir el trámite falencial conforme lo establecido por la LCQ 231 in fine, puesto que se habría cumplido el plazo de dos años señalado por dicha norma sin que se reabra el concurso.

3. En virtud de lo expuesto, y oída la señora Fiscal General de Cámara, se RESUELVE: a. Revocar la decisión apelada. b. Distribuir las costas en el orden causado atento el modo en que se resuelve (CPr. 68 segundo párrafo y 69; LCQ 278).

Notifíquese a la señora Fiscal General en su despacho. - Gerardo G. Vassallo. - Juan José Dieuzeide. - Pablo D. Heredia.
Adopción, adoptante, diagnóstico psicológico, interés del menor
Materia: CIVIL
Carátula: R., G s/ PROTECCION DE PERSONA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-27

La evaluación psicológica de los futuros adoptantes es un requisito razonable en protección del interés del menor y del eventual núcleo familiar a formarse.
Seguro de vida, indemnización por muerte, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Cicchinelli de Sendra, Cristina R. c/ Acuña, Bernardo Aurelio y otros s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-30

La pensión y seguros recibidos por los deudos de la víctima de un accidente de tránsito, no empece al resarcimiento por ellos pretendido, porque representan eventualidades que no debe de manera alguna aprovechar el culpable del hecho ilícito ya que por este camino, se llegaría al verdadero enriquecimiento de éste, con toda evidente injusticia.
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Escalante, Miguel Ramón s/ Robo - Privación de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-20

Es innecesario resolver si el tribunal descartó conforme a derecho las declaraciones testimoniales que acreditarían la supuesta coartada ya que las mismas, por su contenido, no podrían gravitar en el resultado del juicio en tanto ninguno de los testigos determina a qué altura del día estuvo con el procesado ni el recurrente demuestra que el inculpado no hubiera podido hallarse en ambos lugares en los momentos respectivos.
Indemnización, daño material, daño moral, daño físico, daño psíquico, incapacidad sobreviniente, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Moreno, Juan Antonio c/ Rolando, Daniel E. s/ Daños y perjuicios García, Félix Jorge c/ Fisco de la Provincia Bs. As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31|2001-09-13

El daño a la persona ("daño a la persona misma") puede obrar sus consecuencias en dos planos de su interés jurídico, igualmente tutelables (indemnizables) : el material y el moral. En tal sentido, la incapacidad psíquica, al igual que la incapacidad física, pueden influir en uno y en otro aspecto, o no. Esta repercusión es una cuestión concreta propia de cada caso. De ahí que, distinguir el daño psíquico de daño físico a los fines de resarcir la incapacidad resultante, obra solamente como una cuestión de buen orden y claridad en la pretensión contenida en la demanda (o en la reconvención), pero no se trata estrictamente de un daño autónomo: uno y otro convergen (o pueden convergir) para determinar la secuela de incapacidad, que es lo indemnizable (daño causado). Por ello mismo, todos los sufrimientos o privaciones que el damnificado haya padecido en sus más "sagrados afectos", pueden ser también valorados para la reparación del daño moral (si es que fue reclamado). Y no hay en esto doble indemnización por la misma causa, sino que se trata de resarcir a la persona por la totalidad de menoscabos que la hayan afectado en la integridad material y espiritual que constituye (art. 5-1, convención Americana sobre Derechos Humanos).
Reclamo administrativo previo, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Heimpel Garnica, Norma Delia c/ Provincia del Chubut y Otro s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-25

En el marco de la Ley 19549, el presupuesto de agotamiento de la vía administrativa, tanto para las acciones contencioso- administrativas como para las civiles, por los fundamentos en los que los autores también divergen, y las excepciones son tales, de interpretación restringida, en el contexto legal autorizativo, aunque han tendido a transformarse en regla.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, doctrina de la arbitrariedad, cuestión constitucional, prueba, apreciación de la prueba, prueba crítica, incapacidad laboral, pericia médica, apreciación del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BELEN, CLAUDIO GUSTAVO c/ GALENO ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-05

Asiste razón al recurrente al endilgarle a la Sentenciante arbitrariedad en la valoración y omisión de ponderar los elementos de prueba conducentes para la solución del caso, desde que carece de toda razonabilidad y logicidad que la Sala haya descartado la pericia médica por una duda en la terminología utilizada por el profesional, sin otro elemento técnico y científico del cual sustentar dicha descalificación; más aún, cuando se trata -como en el sub lite, del porcentaje de incapacidad- de cuestiones eminentemente técnicas que incumben a la especialidad del perito.
Empleados públicos, derechos de los agentes de la administración pública, estabilidad del empleado público, traslado, asignación de funciones, ius variandi, consentimiento, Administración Pública, relación de dependencia, interés público, razones de servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CUTCHET, MARTA BEATRIZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 337-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-03-13

Si bien es cierto que no es correcto confundir el derecho a la estabilidad con la inamovilidad y que la Administración puede disponer traslados en la medida en que las necesidades del servicio lo requieran, esta "potestad" debe ser ejercida racional y razonablemente, en especial con motivación suficiente y sin originar perjuicios al agente. Al no actuar de este modo, la conducta de la Administración excede los limites jurídicos de su potestad para cambiar de funciones y trasladar a sus empleados.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Facciolo, Luis Alberto; Díaz, Luis Atilio s/ Tentativa de apropiación indebida
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-31

Corresponde anular de oficio la sentencia de Cámara que incurre en contradicción respecto del grado de intervención de los procesados, considerándolos autores en un pasaje y partícipes primarios en otro, desde que tal vicio constituye un caso excepcional de inconstitucionalidad con el debido proceso que descalifica a la sentencia como acto jurisdiccional.