marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pensiones, denegatoria del beneficio, prueba, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: MALFA, Humberto c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

Debe dejarse sin efecto la resolución que denegó el beneficio de pensión por entender que el peticionante no se encontraba a cargo del causante, si ella fue emitida sin efectuar análisis alguno de la normativa ni de los elementos probatorios ofrecidos en la causa, toda vez que lo decidido en tales condiciones tiene sólo una fundamentación aparente, no constituyendo una derivación razonada del derecho vigente.
Competencia, desplazamiento de la competencia, intervención de terceros, banco central, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: ARIAS, CARLOS c/ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-15

La intervención que le cabe al banco central como tercero citado en los términos del cpr.94 no autoriza a desplazar la competencia en favor de la justicia federal, pues no ha sido sujeto pasivo de una pretensión de condena.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Ministerio Público, fiscales, requerimiento de sobreseimiento, fiscal de Cámara, juicio, desistimiento, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, leyes, interpretación sistemática
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. De inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es:   ¿la falta de mantenimiento de la acusación en la alzada por parte   del Ministerio Público Fiscal, coincidiendo con la instancia   absolutoria solicitada por la Defensa, impone al Tribunal la   aceptación de las pretensiones de los sujetos procesales, impidiendo  fallar distinto a dichas peticiones?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

La cuestión planteada no encuentra resolución legal expresa de modo que no se trata en el caso simplemente de interpretar una norma sino de encontrar la respuesta a través de la interpretación sistemática, a partir de la premisa de la completitividad del orden jurídico, y respetando la superior jerarquía de las normas constitucionales. En este sentido, cabe consignar los poderes que otorgan al Ministerio Fiscal los arts. 371 y 397 del Código Procesal Penal, con las limitaciones que imponen al órgano de la jurisdicción, en el último de los supuestos a partir de la doctrina del caso "Tarifeño", a tenor de la cual debería estimarse violatoria de las garantías del debido proceso y defensa en juicio la resolución condenatoria del Tribunal, ante un pedido fiscal de absolución, aún sustentada en alguna normal legal -de inferior jerarquía- que lo habilitara. Secundariamente, también corresponde señalar la facultad del Ministerio Fiscal para consentir el pronunciamiento absolutorio contrario a su pretensión de condena y la de su superior de alzada para desistir del recurso interpuesto por su representante de grado (art. 412). (De la Disidencia del Dr.

Giménez)
Quiebra, costas, costas en el orden causado, honorarios
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: LA  FORRAJERA  DEL  CENTRO  S.R.L  CONCURSO  PREVENTIVO (HOY QIEBRA) EXPEDIENTE LETRA "D" NRO 1 s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-07-28

Esta c amara entiende que si bien el C.P.C., a diferencia de los códigos modernos (Cpn arts. 161 inc. 3ro y 163 in. 8vo), no cuenta con una norma expresa y general que disponga que la imposición de costas y regulación de honorarios debe hacerse al dictarse sentencia definitiva o interlocutoria, así se desprende de otros dispositivos. En cuanto a las costas, por la ubicación de su normativa, dentro del libro primero, título cuarto, sección 4ta De la sentencia si no hay pronunciamiento expreso, las costas, se entienden tácitamente impuestas por su orden. En cuanto a los honorarios, amén del art. 1128 del C. de P.C., art. 26 ley 7269, debe ocurrir lo propio en tanto aquellas no son m as que un de los rubros que integran las costas;a su vez tampoco es necesaria petición expresa por cuanto unas y otros son consecuencia del proceso.
Asegurador, ley de defensa del consumidor, multa civil
Materia: COMERCIAL
Carátula: Pérez Huczok, Gastón c/ Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-07

Esta duplicidad en su conducta revela un propósito de mantener el litigio en tanto parecería que el tiempo la beneficia. Y aún soslayando la presunción anterior, tal actitud no parece revelar una actitud leal, exigible a una aseguradora. Lo hasta aquí dicho muestra una desaprensiva conducta que aparece incluso violatoria del trato digno que merece todo consumidor de conformidad con la LDC 8 bis, así como del principio de buena fe contenido en el CCIV 1198 y actual CCCN 1725 que debe primar en toda relación contractual, que justifican la procedencia de la sanción impuesta.
Accidentes de trabajo, accidente in itinere, ley sobre riesgos del trabajo, ley de contrato de trabajo, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: F., S. DEL C. c/ KLEPPE S.A. s/ ORDINARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-28

No puede dejar de señalarse que también ha existido una evolución jurisprudencial y doctrinaria que determina que el accidente ´in itinere´ posee en la actualidad idéntico régimen legal que el accidente de trabajo.
Juicio ejecutivo, caducidad de instancia, citación judicial, reconocimiento en sede judicial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: EXPTE. N° 100.327 POVLOTSKY SARA EN J° 103.412/42.516 POVLOTSKY SARA C/ ROSELLI DE PARRA TERESA LILIANA Y OTS. P/ EJEC. TÍPICA (COB. ALQ.) S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-03-15

Las especulaciones del recurrente, se encaminan a la revocatoria del decisorio criticado, frente al supuesto yerro de la instancia de grado, en no considerar que la aplicación del art. 23 del C.P.C. por parte del a - quo, era una resolución firme.

Más allá de las consideraciones vertidas por el Tribunal respecto de la aplicación de la citada norma, lo cierto es que no tiene ninguna relevancia en la causa, habida cuenta que el Tribunal de Apelaciones arriba a la conclusión de que no se había cumplido en la causa ningún acto útil respecto del heredero, quien nunca fue citado al proceso a reconocer la firma de su causante, acto éste, que resultaba necesario a los efectos de preparar la vía ejecutiva, toda vez que el acto de reconocimiento de firma por parte del co - demandado, nunca se cumplió a raíz de su fallecimiento.
Instrucción, declaración de rebeldía
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, HECTOR FABIAN s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 1263
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-26

El art. 290 Prescribe la suspensión de la instrucción respecto del rebelde y ordena la continuación en relación a los demás. Entender que ofrecer y producir prueba común a imputados sometidos a proceso y al prófugo implica juzgar al último, resulta una inteligencia alejada de toda lógica y razón jurídica.
Pensiones, otorgamiento del beneficio, prueba, hijos, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: IMHOFF, Florentina c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

Los requisitos establecido en al art. 26 de la ley 18038, a fin de acceder al beneficio de pensión deben acreditarse al momento del fallecimiento del causante, esto es del jubilado o del afiliado con derecho a jubilación y, nada autoriza a interpretar el inciso b) de dicho artículo de forma diversa, debiendo por lo tanto revestir quien pretende aquella prestación con fundamento en él, la calidad de hija soltera o viuda en la oportunidad antes indicada, criterio este que, por otra parte, también concuerda con el art. 30 de la ley 18038.
Juicio ejecutivo, mora, pagaré
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vital, Ricardo Adolfo c/ Gori, Hector Mario s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-12

La accionada se encontraba en mora, porque los instrumentos ejecutivos han sido librados a fecha cierta, y dispensados del protesto, por lo cual la mora se produce a su solo vencimiento.
Prueba confesional, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: Andreozzi, Daniel Alberto s/ Robo e incendio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-07-23

Si en el relato confesorio del procesado no aparece circunstancia alguna propia del elemento "peligro común" del delito de incendio, su invocación para probar tal extremo es violatorio del art. 235 del C.P.P., en tanto extiende los efectos de la norma más allá de su ámbito de aplicación.
Inconstitucionalidad, Constitución Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BS. AS. c/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY s/ PRETENSION ANULATORIA. CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-29

Si por vía de una pretensión anulatoria la parte actora persigue en forma autónoma y sin cuestionar ningún acto concreto de aplicación, que la justicia ordinaria declare la inconstitucionalidad del art. 5 inc. "b" de la ordenanza impositiva N 7516 de la Municipalidad de Chivilcoy, el caso es propio de la jurisdicción originaria que a la Suprema Corte le reserva el art. 161 inc. 1° de la Constitución de la Provincia y que reglan los arts. 683 y sig. del C.P.C.C., atribución que es de orden público e improrrogable.
Emergencia sanitaria, coronavirus, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Canabe Roger, Pablo Franco y otros c/  s/ secuestro extorsivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-01

La mera invocación por parte de la defensa de que el imputado se encuentra dentro de la población de riesgo ante el avance de la pandemia del coronavirus, no puede constituir un argumento de entidad suficiente como para modificar, por sí solo, el tipo de medida cautelar a la que se encuentra sujeto el encartado, en virtud de los riesgos procesales oportunamente tenidos en cuenta al rechazar su excarcelación.
Empleados públicos, Administración Pública, banco central, personal contratado, entes autárquicos, aplicación de la ley, escalafón, acto administrativo, estabilidad del empleado público
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: LOYOLA, Néstor c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-16

Las personas que cumplen servicios para la Administración Pública (lo que comprende a los organismos autárquicos como el Banco Central de la República Argentina), aún cuando se les otorgue el carácter de agentes dentro del escalafón, no por ello quedan incluidos en la aplicación de la ley laboral que, en principio, los excluye expresamente (art. 2 inc a) de la LCT). Toda contratación "ad hoc", sin decisión expresa que ubique al contratante en el ámbito específico del derecho del trabajo por parte del ente público que interviene en la relación impone al contrato o contratos que suscriben, la calificación jurídica de "acto administrativo", sin que sea subsumida dentro del derecho laboral. Y si bien a través de estas contrataciones se marginaría el régimen de estabilidad de los empleados públicos, ello no autoriza a que el remedio se busque fuera del derecho administrativo.
Trabajadores de la construcción, fondo de desempleo, muerte del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: MILESSI, ANA ZULEMA c/ SITRA SAICF. Y C. s/ LEY 17258
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-03-18

1) Los salarios del artículo 3 de la ley 17258 se devengan hasta el momento en que se paga, efectivamente, el fondo de desempleo;

este término no se ve alterado por el hecho de la muerte del trabajador.

2) No nos encontramos ante un derecho personalísimo del causante, sino ante una sanción, que en el caso mantiene su virtualidad hasta que no se cumpla con la exigencia legal, y que aprovecha a los herederos, precisamente porque el fondo de desempleo tiene que encontrarse a disposición de ellos en el momento de la muerte del causante, ya que en el régimen de la ley 17258 dicho importe reemplaza toda otra indemnización que en la ley general pueda reconocerse con motivo del cese.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, organización de la justicia, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucional
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-18

Los argumentos que sólo expresan una discrepancia con los criterios sustentados desde la Legislatura para legislar, no resultan suficientes para dar curso a la acción de inconstitucionalidad prevista en el art. 113 inc. 2, CCABA; menos aún cuando el fundamento de la impugnación lo constituye, centralmente, la contraposición con lo dicho por el Tribunal en un fallo anterior que no se encuentra en juego en esta oportunidad. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Nulidad de sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: Procesal Penal
Carátula: M., C. M. s/ Homicidio Simple - Procedencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-07-03

La merituación de pruebas es facultad privativa de los Señores Jueces y sobre ella apuntalan sus fallos. Pero si las sentencias están diseñadas sobre datos esenciales incomunicados en su propia y natural manera de ser, de tal suerte que todo o algún montaje lógico conexo viene suponiendo conocimientos de hechos solamente reservados a los actores del Plenario -a causa de abrigar larvada y promiscuamente detalles retaceados para su fiscalización conforme a derecho- sin haber sido trasplantados al tiempo de decidir en definitiva; el sistema oral y público, desinterpretado, niega justo en ese instante culminante, para cualquier ciudadano, inclusive los que componen el Superior Tribunal de Justicia, la posibilidad de contralor jerárquico o republicano. La nulidad reparadora, prevista por el sistema adjetivo para enmendar desviaciones perjudiciales a la defensa en juicio, ahora se impone.
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Salas, Carlos Raúl s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-30

La voz 'secuela de juicio' utilizada en nuestro Código Penal debe ser conceptuada en el sentido extenso de causa, proceso o procedimiento. Ello así, habida cuenta que dicha interpretación se compadece con los fundamentos que el legislador tuvo presentes al sancionar la reforma que introdujo la frase en cuestión, y también con la correcta hermenéutica del término "juicio", tanto gramatical como teleológica. La diferencia entre juicio y proceso no es tal y que uno y otro se confunden en un mismo concepto de avanzar, de ir hacia adelante.

(Voto del Dr. Riggi; Dr. Tragant, según su voto; Dra. Ledesma, en disidencia).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, realismo económico, leyes, interpretación de la ley, liquidación, contrato de comisión, personal de casas particulares
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: TRAID, CARLOS MANUEL c/ GALVAN, ANTONIA s/ CONSIGNACION.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 314-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-13

Corresponde declarar admisible la queja si el vicio que el recurrente le imputa al decisorio es el de apoyarse en una interpretación literal y cerrada del texto aplicable, prescindiendo de la realidad económica, resultando arbitrario lo resuelto respecto de no acceder al reajuste por inflación por la sola circunstancia de no existir norma legal que expresamente lo establezca.
Acción de amparo, caducidad, interpretación restrictiva, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Torres, Héctor Fernando c/ Provincia del Chubut s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-16

Corresponde darle una interpretación restrictiva al instituto de la caducidad de la acción de amparo, facilitando dentro del sentido de la ley, el acceso a la protección jurisdiccional, lo que en la practica indicaría que en caso de duda acerca de si ha transcurrido o no el plazo, se deba tener por no ocurrida la caducidad, actuando de igual modo en caso de carecer de datos acerca del momento en el cual debe tenerse por iniciado dicho plazo.
Seguros, seguro marítimo, seguro de protección e indemnidad, paid to be paid, insolvencia del asegurado, tercero damnificado, acción directa, asegurador, jurisdicción extranjera
Materia: COMERCIAL
Carátula: IGUAZU CIA. DE SEGUROS SA c/ CAP. Y/O ARM. BQ. SAN LUIS s/ FALTANTE DE CARGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-23

El óbice mayor que se ha esgrimido para impedir la acción del tercero damnificado contra el asegurador (o club) es que este tipo de seguro es de indemnidad y no de responsabilidad, por cuanto se contrata sujeto a la cláusula "paid to be paid" (pagar para ser pagado), de tal modo que previo a que un Club asegurador se encuentre obligado a indemnizar a un Miembro, éste no sólo debe haber incurrido en una responsabilidad cubierta por la póliza, sino que debe asimismo haber abonado por esa responsabilidad. Siendo así cuando el miembro asegurado es insolvente, es obvio que no cumple con la regla "paid-to be-paid". Y precisamente en virtud de esta particularidad y ante la ocurrencia de dos casos similares (los supuestos de los buques "Fanti" y "Padre Island"), la Corte de Apelaciones de Londres resolvió que dicha regla debía ser dejada de lado basándose en los fundamentos de "imposibilidad" y "futilidad". Por un lado, se admitió que el tercero damnificado ocupara el mismo lugar que el asegurado -en sus derechos y obligaciones-; y como el presupuesto para reclamar el Club asegurador (el pago previo) resultaba de cumplimiento imposible o bien fútil (ya que es impensable la idea de pagarse a sí mismo), esa condición contractual debía ser ignorada y, por lo tanto, el Club se hallaba obligado a pagar al tercero reclamante (he tomado esta información de la traducción libre y resumen hechos por el Dr. Félix G. Daglio, que se publicó en Revista de Estudios Marítimos, núm. 45, pág. 47).
Contrato de obra pública, gastos improductivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Supercemento S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26

Cuando se verifica la existencia de causales de prórroga del plazo de ejecución de la obra, se materializa el reconocimiento de la demora no imputable al contratista, la cual justifica la autorización para extender dicho término y el requerimiento de gastos improductivos se ajusta a las previsiones del art. 55 de la ley 6021.
Responsabilidad civil, asegurador por riesgos del trabajo, aplicación de la ley, declaración de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Flores, Cesar Facundo c/ Rudo SA y Otros s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-15

En la causa "Aquino", el Alto Tribunal concluyó que "el hecho de ser constitucionalmente inválido, en determinados supuestos, que la mentada prestación de la LRT origine la excepción de responsabilidad civil del empleador (art.39, inc. 1), no obsta a que las aseguradoras de riesgos de trabajo deban satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley". A su vez en el citado precedente "Milano", entendió que "los jueces tienen no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos con ajuste al derecho aplicable, valorando autónomamente la realidad fáctica y encuadrándola en las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes. Es así que, en el caso, la responsabilidad de Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo -en los términos de Ley de Riesgos del Trabajo- corresponde de acuerdo con lo resuelto por nuestro Máximo Tribunal en las mencionadas causas ("Aquino", "Cura" y "Milano"), en las que -a propósito del particular contexto normativo que quedó configurado con la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la L.R.T.- se dio cabida a la asunción por parte de las aseguradores de riegos de trabajo de las obligaciones que habían contraído en el marco de la citada ley. (Del voto de la Dra Craig al cual adhiere Brunengo).
Presunción de contrato de trabajo, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: Alvear, María de Lourdes c/ Fernández, Rodolfo s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-02-07

Cuando un empleador niega la existencia de la prestación de servicios en relación de dependencia, prestación de la cual el Art. 23 de la LCT. desprende la presunción de existencia de un contrato de trabajo, la prueba testimonial que acredita la prestación de tareas propias del vínculo constituye generalmente la prueba por excelencia del hecho controvertido.
Concurso preventivo, quiebra, fuero de atracción, alimentos, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: B.M.J c/ R.J.P s/ Alimentos y litis expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-05

Si bien el proceso de alimentos no resulta alcanzado por el fuero de atracción de la quiebra, ello no implica que -a los fines del correspondiente trámite verificatorio ante el juez del proceso universal. (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, sociedad prestadora de servicios médicos, contrato de asistencia integral al viajero, buques de crucero, infarto, tratamiento médico, cobertura, daño psíquico
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Litvin, Teddy Daniel y otro c/ Assist Card Argentina SA de Servicios y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

Admitida que fue una acción de daños y perjuicios incoada por dos cónyuges, con motivo del incumplimiento del contrato de asistencia al viajero que los vinculara con la empresa demandada, ya que ésta injustificadamente rehusó cubrir un tratamiento de urgencia al coactor (cateterismo) que sufrió un infarto en ocasión de efectuar un viaje en crucero, corresponderá confirmar el rechazo del reclamo indemnizatorio en concepto de pérdida de chance, ya que no se trata en el caso de una probabilidad suficiente de beneficio económico que resultó frustrado, dado que el riesgo de vida se trata de una lesión extrapatrimonial. En este contexto el daño reclamado no constituye un supuesto de pérdida de chance, sino que se trataría de un daño moral, en tanto constituyen padecimientos espirituales.