Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-19


SENT Nº 265	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecinueve (19) de Abril de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte la incidentista en autos: "Renauto Tucumán S.A. s/ Concurso preventivo. Incidente de revisión promovido por la AFIP-DGI".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la incidentista a través de su representación letrada (fs. 169/185) contra la sentencia nº 236 de fecha 19 de octubre de 2009 (fs. 158/159), dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común. La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia de fecha 21 de junio de 2011 (fs. 201) del referido Tribunal de Alzada.

II.- El crédito insinuado oportunamente por la incidentista comprendía diversos rubros (supuestas deudas impositivas, previsionales, multas, entre otros), y fue declarado inadmisible por sentencia de fecha 26 de mayo de 2006 (obrante en los autos principales), la que en su parte pertinente señaló: "Legajo N 6. AFIP-DGI. Crédito denunciado por $ 230.132,68. Solicita verificación por $ 2.133.321,98 que se compone de $ 473.091.09 con privilegio general; 1.134.241,53 como quirografario; $ 38.214 con privilegio general y $ 487.775,35 como quirografario, por deuda impositiva, previsional, intereses y multas. Acompaña documentación. Crédito impugnado por el deudor. Sindicatura dictamina que la documentación acompañada no constituye instrumentos válidos para la verificación en tanto constituyen certificaciones de deuda, en algunos casos presentados en ejecución fiscal, lo que no es suficiente en tanto no se ha acreditado la causa de la obligación; tampoco se ha acompañado la documentación original sino fotocopias de las mismas, no existen declaraciones juradas que pudieran dar nacimiento al crédito reclamado; las multas no se ha podido detectar si se encuentran firmes, y siendo demasiado desprolija la presentación cuando el organismo tiene la estructura suficiente para aportar los elementos necesarios, pese a habérselo advertido al presentante, considera que no es procedente la verificación. No pudiendo contar con elementos que hagan convincente la existencia y legitimidad del crédito insinuado, se declara INADMISIBLE el mismo, en todos sus rubros".

Ante ello, la incidentista formula incidente de revisión en fecha 27 de junio de 2006, solicitando se recepte su planteo y se verifique su crédito. Sustanciado el incidente, el mismo es resuelto por sentencia de primera instancia en fecha 6 de junio de 2007 (fs. 107/108), la que rechaza el incidente de revisión incoado por la incidentista.

El referido pronunciamiento de primera instancia se sostiene sobre la interpretación de que las copias adjuntadas por la incidentista al momento de insinuar su crédito serían copias simples y que durante el trámite del incidente de revisión no ha producido ninguna prueba idónea tendiente a "acreditar su crédito y la legitimidad o autenticidad de la documentación que en copia simple acompañó, lo que no hace más que corroborar que los fundamentos de la sentencia de verificación no han variado". A partir de allí, e invocando numerosos pronunciamiento que exigen la acreditación de la causa del crédito en un incidente de revisión y señalando que tampoco se ha acreditado "la autenticidad de las copias de actuaciones judiciales por ante la Justicia Federal", resuelve -como dijimos- el rechazo del incidente.

Interpuesto el recurso de apelación por la incidentista (fs. 113) en contra de la sentencia de primera instancia y expresados los agravios a fs. 115/128, la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común dicta sentencia nº 236 de fecha 19 de octubre de 2009 (que obra a fs. 158/159).

La referida sentencia de Cámara considera que los instrumentos presentados por la incidentista "no son suficientes para lograr la verificación del crédito, pues no sustituyen ni reemplazan a la causa del crédito que documentan, causa que corresponde alegar y probar a quien pretende el reconocimiento de un crédito", además, señala que el reclamo de la incidentista tiene como base los aportes y contribuciones previsionales por seguridad social y aseguradora de riesgo de trabajo, "sin la presentación de las respectivas declaraciones juradas".

Por su parte, la Cámara cita un precedente de donde surgiría que "tratándose de la verificación de créditos fiscales, la valoración de la prueba es estricta, y no se considera satisfecha la carga de justificar el origen del crédito cuando la determinación de la deuda realizada por la AFIP resulta insuficiente ante la ausencia de documentación respaldatoria idónea". Asimismo, la resolución de Cámara, resta valor a la existencia de sentencias a favor de la incidentista en los procesos judiciales de ejecución ante el fuero federal, al no discutirse en ellos la causa del crédito que se ejecuta. En igual sentido, relativiza el valor del reconocimiento realizado por la firma concursada sobre parte del crédito que pretende verificar la incidentista, "pues un allanamiento del fallido sería inoponible a la masa, desde que el deudor ha perdido legitimación procesal respecto de los bienes sujetos a desapoderamiento".

Recuerda el fallo de Cámara, que el fisco nacional es un acreedor más en el proceso concursal, y como tal, debe acreditar el origen causal de su crédito. A partir de allí, la Cámara considera que "era el acreedor incidentista quien debía rebatir lo informado por la sindicatura así como exponer y probar, a través de la autentificación de la documentación pertinente, los hechos determinantes del crédito insinuado, carga que no fue cumplida a fin de lograr un adecuado control multidireccional de los órganos concursales y del resto de los acreedores". En mérito a todo ello, el tribunal a-quo rechaza el recurso de apelación deducido por la incidentista e impone las costas de esa instancia a la vencida.

III.- Contra el pronunciamiento de Cámara de fecha 19 de octubre de 2009 (fs. 158/159), la incidentista interpone recurso de casación a fs. 169/185, en donde invoca infracción a normas de derecho, aduce que la sentencia impugnada incurre en arbitrariedad y que asume gravedad institucional. A su vez, la recurrente realiza un repaso de los antecedentes del caso y expone los motivos por los que considera que su recurso debe ser declarado admisible.

A su vez, la recurrente señala que la sentencia carece de fundamentación suficiente y que no se contempló ni valoró la prueba documental aportada oportunamente al síndico (legajo del acreedor incidentista) a pesar de que la misma fue ofrecida como prueba al interponer el presente incidente. Destaca también la recurrente, que se desconoció, incluso, prueba aportada por la propia concursada, consistente en las declaraciones juradas -en original- obrantes a fs. 199/256 de las actuaciones principales. En igual sentido, la recurrente cuestiona que la sentencia de Cámara haya negado valor probatorio a las copias acompañadas al momento de la verificación tempestiva, aduciendo que son copias simples de conformidad a lo señalado por sindicatura, cuando las mismas -expresa el recurrente-, en rigor, son copias autenticadas de antecedentes administrativos y demás documentación, las que fueron adjuntadas con firma de funcionario habilitado de la AFIP y con el sello "certifico que la presente fotocopia es auténtica del original que tuve a la vista". Además, la recurrente destaca que oportunamente se adjuntaron las declaraciones juradas presentadas por el concursado (impositivas y previsionales) que son soporte papel (firmadas por la jefatura del área) de los soportes magnéticos que receptan la información enviada vía Internet por el contribuyente y cuyo valor probatorio se encuentra contemplado por normas jurídicas.

La recurrente señala además, que el crédito que pretende verificar no responde a deuda determinada de oficio por la AFIP, sino deuda "autodeterminada" mediante la presentación de las correspondientes declaraciones juradas, y que la propia concursada denunció en el concurso la deuda con la incidentista (aunque por un monto muy inferior), acompañando las respectivas declaraciones juradas. Aduce también la recurrente, que las boletas de deudas aportadas en la causa constituyen títulos ejecutivos con presunción de legalidad y validez en materia tributaria, y destaca que algunos de los cuales, son títulos causales en sí mismos. Cita jurisprudencia que avalaría su posición.

Retornando a la cuestión de la validez de la documentación adjuntada, la recurrente señala la opinión de Lorenzetti sobre la validez del documento electrónico conforme la normativa vigente. Por lo expresado, interpreta -la recurrente- que la sentencia impugnada incurre en arbitrariedad al haber omitido valorar y, consecuentemente, pronunciarse sobre las constancias probatorias de la causa. De conformidad a las consideraciones reseñadas, solicita se haga lugar al recurso tentado, y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, mantiene reserva del caso federal.

IV.- Corrido el traslado de ley, la concursada solicita el rechazo del recurso de casación interpuesto, por las razones expuestas en su presentación de fs. 189/193. Por auto interlocutorio de fecha 21 de junio de 2011 la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común concede el recurso de casación (fs. 201), correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de depósito (fs. 166), presentación tempestiva y definitividad de la sentencia impugnada, esto último en tanto que pone fin al presente incidente de revisión (conf., CSJT, sentencia 649 del 08/7/2008). El escrito se basta a si mismo, invoca infracción a normas de derecho y tacha de arbitrario al pronunciamiento impugnado, por lo que corresponde declarar admisible la vía extraordinaria local y examinar su procedencia.

VI.- En primer lugar, corresponde destacar que es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia que, en los incidentes de revisión concursal, ".el actor debe relatar los hechos, peticionar con claridad, apoyarse en derecho, acompañar la prueba instrumental y ofrecer la restante; con ello, no sólo se debe indicar con precisión la causa, el monto, del crédito sino invocar con claridad los intereses, privilegios, etc. y probar todo ello. De otro lado, la necesidad de la prueba de la causa de la obligación, está establecida en beneficio no sólo del deudor sino de una masa de acreedores que deben concurrir en condiciones equitativas. Es que el deudor, más allá de seguir siendo en relación al presentante un 'contribuyente', es un 'concursado' lo cual determina que los principios propios de la relación con el Fisco deben recibir una hermenéutica integrativa con los principios concursales (que son aplicables al contribuyente concursado) y ello, como bien lo pone de manifiesto la Cámara, en protección de la 'pars conditio creditorum'." (conf. CSJT, sentencias nº 301 del 12/4/2006, nº 610 del 27/7/2006 y nº 783 del 28/8/2006).

Es por ello justamente, que corresponde al juez o tribunal competente realizar un pormenorizado análisis de cada uno de los diferentes conceptos por los que el acreedor incidentista pretende la verificación de su crédito, para poder resolver así, sobre la existencia, o no, de elementos que justifiquen seriamente la causa de cada uno rubros analizados. Ahora bien, en la especie, confrontados los agravios con los fundamentos del pronunciamiento impugnado, se advierte que el recurso debe prosperar en atención a los motivos que se exponen a continuación.

Analizadas las actuaciones a la luz de la documentación adjuntada por la incidentista al momento de la insinuación de su crédito (identificada como legajo nº 6 del acreedor AFIP-DGI) y ofrecida como prueba en el marco del actual incidente de revisión (fs. 21), se advierte que la pretensión verificatoria del incidentista involucra pretensos créditos que responden a diferentes conceptos (deuda impositiva por impuesto a las ganancias e I.V.A., aportes y contribuciones de la seguridad social, multas, intereses, entre otros) y, para sustentar cada uno de los rubros que pretende verificar, adjunta diversa documentación respaldatoria.

A partir de allí, y en el marco teórico descrito (consistente en la interpretación de que pesa sobre el acreedor revisionista la carga de invocar y probar la causa de su crédito), resulta necesario -como dijimos- analizar y valorar la documentación adjuntada por la incidentista, a los fines de desentrañar si la misma cumple la finalidad de acreditar la causa y, en consecuencia, admitir o no el crédito en cuestión.

Sin embargo, en la especie, del examen de la sentencia impugnada se advierte que la misma se limita a recordar la necesidad de acreditar la causa del crédito que se pretende verificar y señalar que los instrumentos presentados no son suficientes para lograr la verificación del crédito en cuestión, sin que exista un previo análisis y valoración de los elementos aportados por la incidentista y una explicación de porque ellos, no son suficientes para probar la causa de cada uno de los conceptos que involucran el crédito que pretende verificar la incidentista. Es decir, la sentencia impugnada arribó a la conclusión de confirmar el rechazo del incidente de revisión, sobre afirmaciones meramente dogmáticas y sin explicitar claramente cuales son los elementos probatorios existentes y porque los mismos no resultan suficiente para acreditar la causa del presunto crédito de la incidentista. Todo ello desnuda un claro déficit de fundamentación.

Por su parte, de la prueba documental ofrecida en autos (en especial, del legajo nº 6 del acreedor revisionista, que se tiene a la vista a los efectos del dictado del presente pronunciamiento) se observa que, a diferencia de lo señalado por sindicatura y recogido por las sentencias de primera y segunda instancias, no se trata de sólo copias simples, sino de documentación de diversa naturaleza, algunas consisten en instrumentos en original, otros instrumentos en copias autenticadas por funcionario de la AFIP, y también copias de "reflejos de pantalla" con firma de funcionarios de la AFIP, que revelan la información existente en soporte magnético y presuntamente remitida por el contribuyente vía Internet. Sobre el valor de ésta documentación, el artículo 30 de la ley 24.624, sustituye el artículo 49 de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto, por el siguiente texto: "La documentación financiera, la de personal y la de control de la Administración publica nacional, como también la administrativa y comercial que se incorpore a sus archivos, podrán ser archivados y conservados en soporte electrónico u óptico indeleble, cualquiera sea el soporte primario en que estén redactados y construidos, utilizando medios de memorización de datos, cuya tecnología conlleve la modificación irreversible de su estado físico y garantice su estabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad, asegurando la fidelidad, uniformidad e integridad de la información que constituye la base de la registración. Los documentos redactados en primera generación en soporte electrónico, indeleble y los reproducidos en soporte electrónico u óptico indeleble a partir de originales de primera generación en cualquier otro soporte, serán considerados originales y poseerán, como consecuencia de ello, pleno valor probatorio, en los términos del art. 995 y concordantes del Código Civil." (Reglamentado por la Decisión Administrativa nº 43/1996).

Es decir, las copias intervenidas por el funcionario público competente en las condiciones expuestas anteriormente, hacen plena fe en cuanto a su contenido y revisten calidad de instrumento público de conformidad a la normativa señalada, sin perjuicio de que el juez o tribunal competente deba analizar si las mismas resultan suficientes, o no, para acreditar la causa del crédito que pretende verificar el respectivo incidentista (conf. Cámara 2ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, in re "Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo de Oncativo Ltda.", de fecha 30/04/2008, publicado LLC 2008 -septiembre-, 837).

También corresponde destacar, que el pronunciamiento de Cámara se sostiene sobre el fundamento de que no se habrían acompañado las pertinentes declaraciones juradas, sin advertir que en los autos principales (fs. 199/256) obran algunas declaraciones juradas suscriptas por el representante legal de la firma concursada (referidas al porcentaje del crédito denunciado por la firma concursada con la AFIP), y ello, sin perjuicio de las que se observan en el legajo del acreedor revisionista, las cuales deberán ser analizadas oportunamente. En esta instancia, es oportuno recordar que la motivación del fallo exige un razonamiento claro, completo y circunstanciado, y constituye un requisito de validez de la sentencia, pues permite tanto a las partes como al órgano judicial al que compete el control de su legalidad, verificar la observancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas y la determinación de la plataforma fáctica del proceso. Tales requisitos se vinculan a la adecuada motivación de la sentencia, puesto que de un lado el Tribunal debe sustentar el fallo en un razonamiento claro y suficientemente circunstanciado, que se apoye en los elementos probatorios legalmente producidos en la causa. Y la sentencia debe ser fundada de forma tal que la solución a que se arribe corresponda a los sucesos comprobados, evitando los pronunciamientos dogmáticos o de fundamentación meramente aparente, que impiden vincular concretamente las circunstancias del caso al derecho aplicado (CSJT, sentencia nº 250 de fecha 27 de abril de 2010).

Sobre esta plataforma, las razones expresadas anteriormente, descalifican al pronunciamiento impugnado como acto jurisdiccional válido, por cuanto se ha omitido en él realizar un análisis y valoración de cada uno de los conceptos por los que el acreedor revisionista interpone el presente incidente de revisión, tarea esta última, que debe efectuarse en relación con la prueba ofrecida por el acreedor revisionista sobre cada rubro (en especial, el legajo nº 6 perteneciente al acreedor incidentista), dado que la exigencia de la acreditación de la causa de los créditos que se pretenden verificar, no autoriza a la Cámara a omitir todo análisis con relación a la prueba y limitarse a realizar afirmaciones dogmáticas sobre la insuficiencia de los elementos de prueba existentes en autos.

Por las razones expresadas, corresponde casar íntegramente la sentencia impugnada, en mérito a la siguiente doctrina legal: "Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que decide sobre la base de afirmaciones dogmáticas, prescindiendo de un análisis y valoración concreta de constancias de autos que resultan pertinentes y relevantes para la resolución de las cuestiones de que se trata".

En mérito a lo expuesto, y sin que ello signifique emitir juicio acerca de la procedencia del reclamo de la incidentista, corresponde declarar la nulidad de la sentencia de fecha 19 de octubre de 2009, debiéndose remitir los presentes autos a la Excma. Cámara para que, con otra integración, dicte nuevo pronunciamiento, aclarando que lo resuelto aquí, de ningún modo implica el sentido que debe tener el pronunciamiento a dictarse.

VII.- En cuanto a las costas de esta instancia recursiva, por provenir el déficit de la actuación del tribunal, corresponde imponer las costas por su orden resultando de aplicación lo normado por el artículo 105, inciso 1º del CPCCT.

Los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la incidentista contra la sentencia nº 236 de fecha 19 de octubre de 2009, dictada por la Sala IIª de la Cámara Civil y Comercial Común, agregada a fs. 158/159. En consecuencia, CASAR íntegramente la misma, dejándola sin efecto en todas sus partes, y remitir estos actuados a la Excma. Cámara, para que, con otra integración, dicte nuevo pronunciamiento, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.