Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-06-05


Expte. N° 6874 "JOFRÉ, Hilda Beatriz c/ Kricas, Andrés Agustín - Apelación auto interlocutorio S/ Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a las once horas del día cinco de junio del año dos mil dieciocho, se realiza el acuerdo definitivo previsto en el artículo 9 de la Ley 59-O, según lo convenido en el acuerdo preparatorio. A ese efecto, se reúnen los magistrados que en esta causa integran la Sala Segunda de la Corte de Justicia, doctores Guillermo Horacio De Sanctis, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega, a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad planteado por la parte actora contra la sentencia de fecha cinco de abril del dos mil diecisiete, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de San Juan en autos Nº 10419 (29436) caratulados: "Jofré Hilda Beatriz c/ Kricas Andrés Agustín s/ apelación de auto interlocutorio"; procedieron a considerar como única cuestión, la siguiente: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? --------------------------------------------------- EL SEÑOR MINISTRO DR. GUILLERMO HORACIO DE SANCTIS, DIJO: -------------------------------------- --- En la sentencia impugnada, el tribunal de alzada rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando así la sentencia de primera instancia que declaró perimida la instancia principal, a requerimiento del demandado. -------------------- Para así decidir, el a quo considera que la accionante no ha dado cumplimiento con la carga procesal que impone el artículo 253 del CPC, ya que se limita a cuestionar la resolución recaída, refiriendo una serie de desacuerdos contra el auto interlocutorio que adolecen de vaguedad y no permiten enervar una solución distinta al caso en debate. --------------- Sin perjuicio de ello, se avoca al examen del recurso de apelación y concluye que el fallo atacado se ajusta a derecho. Determina que el último acto con entidad impulsora del proceso data del 31 de octubre de 2014, en el que el perito designado aceptó el cargo; que entre dicha actuación y el planteo de perención de instancia de fecha 03 de julio de 2015 no se advierte que hayan existido actos con virtualidad impulsora que interrumpan el plazo de caducidad previsto por el inciso 1º del artículo 274 del CPC. Juzga, por último, que la actividad desplegada por la actora en fecha 30 de junio de 2015, requiriendo la devolución del expediente por apremio, aún en el caso de considerarse un acto procesal válido para hacer avanzar el proceso, se efectuó cuando la perención ya había operado. ------------------------------------------- Asimismo, la cámara de apelaciones entiende que no resultan atendibles los argumentos de la apelante referidos a que la inactividad se debió a que el perito retuvo el expediente para efectuar la pericia sin devolverlo en tiempo oportuno, ni que pretenda eximir su responsabilidad argumentado que la prueba era común; que tales circunstancias no lo liberan de su deber de instar el proceso a los efectos de evitar la caducidad de instancia, la cual tiene como fundamento un aspecto subjetivo que es el desinterés en proseguir la causa y la correlativa conveniencia de que el órgano judicial quede liberado de los deberes que impone la subsistencia indefinida de la instancia; que también tiene un elemento objetivo que es evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales, garantizando la seguridad jurídica y una eficiente prestación de justicia. ---------------------- El a quo concluye también que la decisión adoptada no se ve conmovida por el principio según el cual la aplicación del instituto de la perención de instancia debe hacerse con criterio restrictivo; ello, toda vez que tal premisa cobra vigencia en supuestos donde se presenta dudoso el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la caducidad, lo que no ocurre en el caso en examen. --------------------------- Finalmente, considera que no se dan los supuestos para que se declare la nulidad de la sentencia, solicitada por la actora con fundamento en que no se ha corrido traslado o dado intervención al Ministerio Público Fiscal en la incidencia, por cuanto no hay exigencia legal que imponga tal extremo, siendo que la intervención que le corresponde a dicho órgano, conforme lo establecido por el artículo 24 del CPL, fue cumplimentada a fojas 30 vuelta. ------------------- El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en los incisos 1º y 3º del artículo 11 de la ley 59-O. La accionante expresa que la resolución dictada por el tribunal de mérito afecta sus derechos de defensa en juicio, propiedad e igualdad ante la ley (arts. 11, 12, 62 y cc. de la Constitución Provincial y arts. 14, 14 bis, 17, 18 y cc. de la Constitución Nacional); que vulnera asimismo el principio protectorio del trabajo y el de la irrenunciabilidad de sus derechos (art. 9 de la LCT). --------------------------- En primer lugar, con la finalidad de rebatir la sentencia de alzada, la recurrente sostiene que la cámara de apelaciones efectúa un razonamiento erróneo al señalar que su parte no ha cumplido con la carga de expresar agravios conforme a las normas vigentes. Que dicha consideración de carácter "tipo" en las decisiones de esa instancia no guarda la más mínima causalidad con los argumentos expuestos en su expresión de agravios ya que de la lectura del mismo surge que fundó doctrinal y jurisprudencialmente las partes del fallo que le causan agravio. ----------------------- En segundo lugar, le agravia que el a quo tome como último acto de impulso procesal la providencia de fecha 31 de octubre de 2014 por la que el perito aceptó el cargo y que señale que hasta el día 03 de julio de 2015, (interposición del planteo de perención) el proceso se encontró paralizado, para así concluir que la presentación de su parte por la que requiere el apremio en fecha 30 de junio de 2015, aún cuando pueda considerarse un acto procesal valido, se realizó cuando la caducidad ya había operado. ---------- Al respecto, la quejosa sostiene que debe tomarse como último acto impulsorio del procedimiento el retiro del expediente por el perito contador para efectuar la labor pericial encomendada, acto procesal que data del 06 de noviembre de 2015, tal como se desprende del informe de mesa de entradas de fojas 222 del expediente principal. Expresa que el fallo no guarda causalidad con las constancias de la causa e incurre en un exceso ritual formal, ya que no procede extender al justiciable actividades que no le son exigibles, en tanto la ley adjetiva no se las atribuya, so riesgo de incurrir en una delegación no prevista legalmente. Que la perención de instancia no configura un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito, máxime cuando el trámite del juicio se encuentra, como ocurre en el caso, en estado avanzado, a punto tal que la única prueba que restaba producir era la pericial y el técnico restituyó las actuaciones con la pericia correspondiente el 21 de septiembre de 2015. Que, por otro lado, su parte urgió lo necesario para lograr la devolución de las actuaciones por vía de apremio y secuestro que resultaron infructuosas, y que la morosidad debe adjudicársele al perito, además de ser prueba común a ambas partes. ------------------------------- Manifiesta que la sentencia impugnada no hace más que adherirse y refrendar los débiles fundamentos en los que se sustenta el fallo de primera instancia, haciendo una mención escueta en cuanto a la falta de actuación del demandado, quien "espera pacientemente que transcurra el tiempo para luego solicitar la caducidad, y también la del propio Tribunal" que pasa por alto las distintas implicancias que la perención tiene en el fuero laboral, incurriendo en evidente arbitrariedad. ----------------------------------------- Por último, le agravia que la alzada se aparte del orden público laboral, al no haberse notificado y corrido traslado del pedido de perención al Ministerio Público Fiscal, en forma previa al dictado de la sentencia y según lo establecido por el artículo 24 incisos c y d del CPL; que se violenta así el principio protectorio de los derechos del trabajador. -------- El recurso de inconstitucionalidad fue admitido formalmente mediante interlocutoria de fojas 71 de estos autos. Se corrió traslado al demandado, quien contestó a fojas 76/81, y al Fiscal General de la Corte, quien emitió dictamen a fojas 83/86. ------------ I) Tras la reseña de los antecedentes del caso traído a esta instancia extraordinaria, y previo a examinar su procedencia, he de referirme seguidamente a las objeciones que formula la parte recurrida a la admisión formal del recurso de inconstitucionalidad. --- Plantea el demandado que, en el caso, el recurso articulado incumple con los recaudos establecidos en el artículo 3 y concordantes de la ley 2275 (hoy ley 59-O), en particular, con la exigencia de denunciar el domicilio real del mandante y de adjuntar todas las copias atinentes al recurso. En cuanto al primer requisito, refiere que esta Corte en forma reiterada ha dicho que no suple la exigencia contenida en el inciso 1º, última parte del artículo 3 de la ley 59-O la remisión al denunciado en autos. En relación a las copias, afirma que el recurso no se autoabastece ya que la actora no acompaña copia del escrito de contestación de la expresión de agravios, en el que su parte demuestra la falta de crítica concreta y razonada al fallo de primera instancia; que, de igual manera, tampoco adjunta "copias de las actuaciones anteriores al 31/10/15 que resultan de importancia para la solución del conflicto". Por último, sostiene que la caducidad de instancia remite al estudio de cuestiones fácticas y de derecho procesal, materia que es ajena a esta instancia extraordinaria. ----------------- Entiendo que la objeción asociada a la falta de denuncia del domicilio real no resulta atendible. En efecto, constituiría un excesivo rigor formal revisar la admisión y desestimar el recurso cuando de las copias acompañadas por la recurrente (carta poder y demanda) surge explícito dicho domicilio (fs. 01 y 18 de este expediente), el que -por otra parte- coincide con el denunciado en el expediente principal. Tal ha sido el criterio de este Tribunal al decidir, a contrario sensu, que corresponde desestimar el recurso si se omite denunciar en el mismo el domicilio real del mandante "extremo que no se suple con la sola ratificación del denunciado en autos", cuando dicho extremo no surge de las copias acompañadas (PRE S.2ª, 1998-II-283). ------------------------------------------ En cuanto a la falta de autoabastecimiento, (art. 4 de la ley 59-O) por no haber adjuntado la actora el escrito de contestación de agravios de la contraria y las actuaciones anteriores al 31/10/15, cabe señalar que la referida exigencia tiene por finalidad facilitar el examen de admisibilidad por el Tribunal. Obviamente, si el recurso fue admitido formalmente es porque le ha sido factible juzgar su admisibilidad "sin necesidad de requerir otros antecedentes o actuaciones" (art. 4, tercer párrafo, agregado por ley 6846). De otra parte, tiene dicho antes de ahora esta Corte, que del texto de aquella disposición y la finalidad que persigue, resulta evidente que el juzgamiento acerca de la suficiencia de los recursos es facultad privativa y discrecional del Tribunal Extraordinario, y tal meritación, implícita en el mismo dictado del auto de admisión formal, resulta insusceptible de contestación por las partes (PRE, S.1ª 2012-IV-661). ------------------------------------------ Por último, juzgo igualmente inaudible el reparo vinculado a que el planteo recursivo remite al estudio de cuestiones fácticas y de derecho procesal, ajenas a esta instancia extraordinaria. Por el contrario, resulta adecuado analizar por esta vía (artículo 11 inciso 3º de la ley 59-O) si la sentencia, como acto jurisdiccional, vulnera el derecho de defensa de la recurrente, sea en la valoración de los hechos de la causa, o bien en la interpretación o aplicación de las normas procesales involucradas como son las que regulan el instituto de la perención de instancia. Tiene dicho esta Corte en reiterados pronunciamientos que el juzgamiento de cuestiones eminentemente fácticas es materia reservada a los jueces de conocimiento, y que por ello no se puede en esta instancia extraordinaria entrar a revisar el acierto o error con que aquéllos las han interpretado o valorado, salvo el caso de arbitrariedad (PRE S.2ª 1993-III-72; idem 1992-II-82). Asimismo ha determinado que el recurso de casación no es adecuado para atacar los errores de aplicación o interpretación de disposiciones procesales. En todo caso, y siempre que violen el derecho de defensa, dichos errores podrán impugnarse mediante el recurso de inconstitucionalidad (PRE 1985-II-288; 1984-III-11; Sala 2ª, 1988-I-5, 1992-I-180, 1993-I-152). -------------------------------------- II) Sentadas las consideraciones precedentes, según las cuales no corresponde revisar el auto de admisión formal, paso a examinar la procedencia sustancial del recurso de inconstitucionalidad. Adelanto que, tras dicho análisis, propiciaré admitir el fundado en el inciso 3º del artículo 11 de la ley 59-O. En cuanto al subsumido en el inciso 1º, no corresponde su tratamiento, al no haber sido objeto de desarrollo según lo preceptuado por el artículo 13 incisos 2º, 3º y 4º ibid. ---------------------------------- Dicho esto, soy de la opinión que el tribunal de mérito prescinde aplicar los textos legales que rigen el caso, en particular el artículo 275 inciso 5º del CPC, en su conjunción con los artículos 82, 85 y 121 del CPL, y 275 inciso 6º del CPC, según la plataforma fáctica del proceso, lo que torna arbitraria la sentencia. Esta Corte ha afirmado desde antigua data que procede el recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria cuando hay patente apartamiento de la ley aplicable al caso (PRE 1971-106) siendo tal criterio coincidente con el sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que son arbitrarias las sentencias que prescinden o se apartan de disposiciones legales expresas (Fallos, 296:590 y 661; 298:801; 300:436; 303:255; etc.), por lo que no constituyen derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso (Fallos, 296:365; etc.). ------------------------------- En efecto, consta en autos que la causa fue abierta a prueba el 11 de marzo de 2014 (fs. 31/32 de este expediente), por lo que a la fecha del acuse de perención (03/07/2015, fs. 41 y vta.) el plazo de producción se encontraba ampliamente vencido (30 días, art. 82 del CPL), con la consecuente imposibilidad de declararla, según lo preceptuado por el artículo 275 inciso 5º del CPC y por encontrarse pendiente de cumplimiento la actividad normada en el artículo 121 del CPL, que la ley ritual pone en cabeza del juzgador (art. 275 inc. 6º del CPC). --------------- Resulta así de aplicación al caso la doctrina judicial elaborada por este Tribunal en relación a las normas supra aludidas in re "González Rolando Sergio c/ Cinco Soles SRL -apelación auto interlocutorio s/ Inconstitucionalidad" (PRE S2º 2017-IV-698), reiterada en PRE S.2ª 2017-IV-755. Allí se dijo que "(.) si el legislador hubiera entendido que las partes deben instar el proceso hasta la clausura del período de prueba, como concluye la alzada, no habría introducido el artículo 275 inciso 5º del CPC. Al decir de Jaime Velert, "Esta norma encuentra sustento, en el hecho de que producida la prueba o vencido el plazo para hacerlo, comienza una actividad que corresponde al juez. De allí en más quien debe instar el proceso es el tribunal, de donde no puede producirse la perención en virtud de lo dispuesto en el mismo artículo en el inciso 6º" (Jaime Velert Frau, Roberto Pagés Lloveras y Gustavo Velert B. "Código Procesal Civil, Comercial y Minería", Ed. Nuevo Enfoque, T.2-A pag. 354). -------------------------------------------------- La circunstancia de que las partes y el tribunal extiendan -en los hechos- el plazo de producción de prueba más allá del fijado por ley no habilita a exigir a aquéllas una actividad no contemplada por el legislador (requerir la clausura de la etapa probatoria) ni a trasladarles una carga (la del artículo 121 del CPL o 446 del CPC) que el ordenamiento puso en cabeza del juez; todo ello con la finalidad de enervar la aplicación del texto expreso del artículo 275 inciso 5º del CPC. En tal virtud, juzgo inválido el razonamiento del a quo por el que concluye que el deber de dirección e impulso del proceso que emerge de los artículos 13, 14 y cc. del CPL no releva a las partes interesadas de procurar el impulso de la causa a su destino final: en el caso, nos encontramos en presencia de una norma específica -la del art. 121 del CPL- que desplaza a las genéricas invocadas por la alzada y que exime expresamente a las partes de requerimiento alguno. "La carga de los litigantes de instar el procedimiento, aunque en principio se extiende en todo su curso, desaparece cuando existe un deber del tribunal, porque la obligación del litigante termina donde empieza la del juez" (SCJBA, 3/10/89; ídem 13/08/91; ídem 08/07/97). ---------------- Y si bien la sobrecarga en la agenda de los tribunales, la complejidad de determinados procesos o de algunas pruebas (pericial), como el volumen de causas en trámite, determinan que en la práctica resulte en muchos casos inviable concentrar la prueba en el plazo regulado por ley, como también que la actividad oficiosa consagrada por el artículo 121 del CPL no se cumpla, ello no habilita una interpretación contra legem, que vulnere un derecho consagrado por el ordenamiento ritual (art. 275 inc. 5º del CPC) en sentido contrario a la supervivencia de un proceso que el legislador juzgó avanzado y prácticamente concluido. ----- En esos supuestos especiales y complejos, la prueba deberá rendirse en las fechas ordenadas por el juzgado y en la medida que no sea procedente su caducidad o negligencia (art. 85 del CPL); en su caso, cualquiera de las partes podrá requerir la actividad prevista en el artículo 121 del CPL y será el juez quien, utilizando las facultades que le confiere el artículo 15 del CPL -decretar de oficio en cualquier estado del proceso todas las diligencias o medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad y (.) mandar a realizar las pruebas que considere útiles- decidirá si la pendiente -alguna/s, todas- debe producirse no obstante el cumplimiento del plazo de prueba. ---------------------------------------------------- La solución que propicio se compadece no sólo con el contenido literal y sistémico de las normas puestas en crisis sino con la interpretación restrictiva del instituto de la perención, con la supresión de la facultad de declararla de oficio (art. 280 del CPC) y con la finalidad del proceso, que no es otra que la consecución de los derechos sustanciales (art. 791 del CPC, de aplicación art. 161 del CPL). Las eventuales críticas que pudieran caber a la política legislativa (plazos exiguos/imposibilidad de ejercer un contralor oficioso por el volumen de causas), corresponde formularlas ante el Poder del Estado con atribuciones para sancionar y modificar leyes. En lo que hace a los jueces, no deben juzgar la ley sino con la ley. En tal sentido ha dicho la Corte Suprema Nacional que no cabe al Tribunal apartarse del principio primario de la sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por éste pues de hacerlo así olvidaría que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y que cuando esta no exige esfuerzo de interpretación la norma debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en aquélla (Fallos, 218:56; 299; 167). De otro modo podría arribar a una interpretación que -sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal- equivaliese a prescindir de su texto (Fallos, 279:128; 300:687; 301:958)". ------------------------ --- Cabe agregar que si bien la recurrente soslaya invocar en sus agravios las normas en cuestión, esta Corte no encuentra limitaciones para aplicarlas en función del principio iura novit curia, según el cual los jueces deben resolver la controversia aplicando las disposiciones legales que correspondan, prescindiendo y aún contrariando la pretensión o alegación de las partes (PRE S.2ª, 2000-III-421), criterio que -por otra parte- se condice con la posición adoptada por este Tribunal en anteriores precedentes (PRE, S.2ª, 2008-I-102; PRE S.2ª, 1998-I-110, entre otros). En tal sentido, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la limitación procesal que veda introducir pretensiones o defensas que no fueron objeto de debate en la instancia anterior, no obsta a que, por el principio irura novit curia, el juez evalúe y aplique el derecho que considera aplicable para la solución de los temas sometidos a su consideración (CSJN, "Banco San Juan c/ Sucesión de Marcos Soto"; 05/10/2010, del dictamen del Procurador que el Tribunal hace suyo). ---------------------------------------- III) A mayor abundamiento, y pese a la diferente regulación existente en el Código Procesal de la Nación (que no contiene una norma similar al art. 275 inc. 5º del CPC y cuyo art. 313 inc. 3º del CPCN es más restrictivo que nuestro art. 275 inc. 6º), existen varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilitan la apertura de esa instancia extraordinaria cuando se evidencia un apartamiento de las constancias de la causa, o cuando el examen de los requisitos se efectúa con injustificado rigor formal que afecta la garantía de la defensa en juicio, máxime cuando la decisión causa un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, como en el caso en que el trámite se encuentra en estado avanzado, casi concluido a los fines de poder dictarse sentencia en primera instancia y la situación puede derivar en la prescripción de la acción y su imposibilidad de volver a plantearla en el futuro (Fallos 307:1693; 320:1821; 324:3645; 329:4106, entre otros). Tal lo acontecido en autos, donde, como refiere la actora en sus agravios, el a quo soslaya considerar el avanzado estado del proceso, que la pericial era la única prueba que restaba producir y que el perito, cuando reintegró el expediente, lo hizo con el informe respectivo, sumado a que se trataba de una prueba común a ambas partes que -agrego- no fue desistida por el demandado. Por lo que la declaración de perención de la instancia es arbitraria -también- desde este punto de vista, al constituir un exceso ritual manifiesto, que desatiende las particulares connotaciones de la causa. ------------------------------------ IV) En síntesis, sea por la utilización del aforismo iura novit curia, que conlleva la aplicación de normas que no han sido citadas en el transcurso del proceso (art. 275 inc. 5º del CPC y cc), sea por la vía del análisis de las defensas opuestas por la incidentada (exceso ritual manifiesto con el que la alzada decide el incidente), debe concluirse que la sentencia venida en recurso es arbitraria: al prescindir del derecho ritual vigente y examinar los agravios de forma tal que equivale a prescindir de su tratamiento, lo cual implica violación al derecho de defensa de la recurrente. ------------------------------ De compartirse mi criterio, correspondería anular el fallo recurrido y admitir el recurso de inconstitucionalidad incoado por la actora. En su consecuencia, debería el Tribunal avocarse al fondo de la cuestión propuesta, rechazando el planteo de perención de instancia y ordenando que la causa prosiga según su estado. --------------------------------------- En cuanto a las costas del incidente, propicio que se impongan en el orden causado en todas las instancias, habida cuenta lo novedoso del tema traído a decisión y que la doctrina de este Tribunal en torno al mismo es reciente (art. 125 último párrafo y 126 del CPL). ---------------------------------------------- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA DIJERON: ----------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. --------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Admitir el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora por los argumentos expuestos en los considerandos. En su consecuencia, anular el fallo recurrido y avocándose el Tribunal al fondo de la cuestión propuesta, rechazar el planteo de perención de instancia, ordenando que la causa prosiga según su estado; II) Imponer las costas del incidente en el orden causado en todas las instancias; III) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos y a los autos principales que deberán bajar al tribunal de origen. Notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. Guillermo Horacio De Sanctis, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega. Ante Mí; Carolina Inés González, Secretaria Letrada de la Corte de Justicia.

Ef-6874 AL PRE S2° 2018-II-394