marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, admisibilidad formal, contratos bancarios, malos tratos, condena a hacer, mandato
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Montenegro, Sergio Raúl c/ Comafi Fiduciario Financiero SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-11

Procede hacer lugar al reclamo por daño moral sufrido por el accionante, quien, luego de entrar en mora en el pago de cierto crédito, regularizó la situación con una mandataria del banco accionado y no obstante ello, recibía de otra empresa de recupero, una impropia coacción moral en el reclamo de la deuda. En ese marco, cabe extender la responsabilidad al banco contratante de dicha empresa. Así las cosas, los vínculos del mandatario establecidos con terceros comprometen al mandante (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 27.11.07, in re: "Instituto Médico Constituyentes S.A. c/ SEMED y CSA s/ ordinario"), y de ello no puede sino concluirse en la responsabilidad de la entidad bancaria por el actuar indebido del agente de cobro, quien ejerció una impropia coacción moral en el reclamo de la deuda.

Máxime, ante el marco de responsabilidad agravada que compete a dicha entidad frente a los usuarios. En consecuencia, deben responder tanto esta última por las negligencias y por la coacción moral en que incurriera en el cobro intentado, causante de deliberadas e indebidas angustias y zozobras en el destinatario de su obrar, como también el banco en su carácter de mandante, por un reclamo indebido efectuado en su nombre, a poco que se recuerde que los actos del mandatario dentro de los límites otorgados y las obligaciones adquiridas por él, son reputadas actos propios y personales del mandante (conf. Cám. Nac. Fed. Civ. y Com, Sala II, 21.5.02, in re: "Clínica Privada San Jorge S.A. c/ Obra Social del Personal de Fábrica de Pinturas s/ ordinario"). Ello, sin perjuicio del reclamo que luego pudiera dirigir la entidad financiera, contra el estudio de cobranzas referido.
Recusación, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: NEVADA S.A.C.I.F.I.A. c/ MORACHO, PABLO AGUSTIN s/ SUMARISIMO-LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-03-26

No resulta encuadrable el sub-examine dentro de las previsiones del art. 5º del adjetivo, toda vez que el inciso en cuestión prevé la posibilidad de "...ser o haber sido el Juez autor de denuncia o querella contra el recusante..." y la misma redacción de la normativa transcripta nos lleva forzosamente a concluir que, al equiparar el código de rito las partículas "denuncia" con "querella" el legislador se ha referido indudablemente a la denuncia de tipo criminal, excluyendo de esta manera a la mera denuncia disciplinaria a la que hacen referencia los recusantes.
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo, prestación de servicios, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Rassi Emir A. c/ Sucesores de Santos Ianello y Otros s/ Demanda - Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-05-16

1- El art. 23 LCT establece la presunción de existencia del contrato de trabajo cuando se verifique el hecho de la prestación de servicios. Este dispositivo debe entenderse vinculado con los dos anteriores en los que se delimitan el contrato y la relación de trabajo, caracterizados en torno al concepto de la "dependencia". Se entiende a ésta como el status jurídico en que se encuentra el trabajador incorporado a una empresa (total o parcialmente ajena), que aporta su energía o capacidad de trabajo para alcanzar los fines de ésta, cediendo de antemano la disposición del producto final logrado, por lo que se hace ajeno a los riesgos y en virtud del cual recibe una remuneración y se compromete a acatar las órdenes e instrucciones que se le impartan en pos del plan de trabajo y la organización dispuesta por el empresario.

2- Si la demandada ha negado la relación laboral entendida como vínculo jurídico, no como mera prestación o ejecución de actos, ante la acreditación de la ejecución de uno o varios de los hechos propios de aquélla, la ley presume que se los ha ejecutado en virtud de la existencia de un contrato que obligaba a la citada prestación. Y en tal caso era la demandada quien tenía a su cargo desvirtuar la presunción.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bruno, Constantino Silvio Juan c/ Tomsky, Natalia y ocupantes s/ Acción reivindicatoria Gallo, Aníbal y ot. s/ Recurso de habeas data
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-21|1996-02-20

El art.280 del C.P.C. no altera derechos y garantías constitucionales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: P.V. y Otra c/ Provincia del Chubut y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-02

Es necesario advertir que la determinación de la tasa de interés aplicable es materia que se encuentra en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa, por aplicación de las prescripciones del Art. 622 del C.C., como lo ha establecido desde hace tiempo este Tribunal, al modificar su jurisprudencia in re: "Sifuentes, Carlos c/La Pradera S.A y/u otros s/ indemnización por Accidente de Trabajo", por lo que sólo se encontraría habilitada su revisión si se acreditara por el agraviado la existencia de una solución abiertamente incompatible con el adecuado servicio de justicia, en orden a las constancias de la causa.
Accidentes de trabajo, tope indemnizatorio, salario mínimo, vital y móvil
Materia: LABORAL
Carátula: DUARTE, JUAN c/ SUCESORES DE BARTOLOME BEVILACQUA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

No parece razonable que el Salario Mínimo Vital que por disposición constitucional ha de ser móvil y por definición legal hallarse referido a un valor adquisitivo determinado, haya de sufrir menoscabo y aún reducirse a límites irreales entre dos decisiones del organismo encargado de su fijación. En su calidad de monto dependiente de un valor, es coherente con las disposiciones que lo reglamentan que la cantidad establecida en un momento dado se actualice (de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor) desde su fijación hasta cada uno de los momentos en los que haya de ser apreciado, ya sea como mínimo salarial absoluto, como trabajo o para cualquier otro uso que las normas vigentes le asignen. Lo dicho no implica minimizar la función decisoria respecto de su fijación, que se halla en manos del órgano competente para ello.
Juicio ejecutivo, domicilio constituido, intimación de pago, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Garantizar SGR c/ Rgr Areco SRL y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-25

Cabe recordar que el domicilio constituido o procesal es el que corresponde a todo litigante que ha de constituir un domicilio para los efectos del juicio, notificaciones, emplazamientos, etc., el que debe ubicarse dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal, de conformidad con el CPR 40. Se trata de un domicilio de efectos limitados, para todo lo concerniente al juicio (conf. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil. Parte General" T. I, pág. 626/627). Distinto es el domicilio convencional o de elección, que es aquél que elige una u otra parte de un contrato para que surta efecto respecto de las consecuencias de ese mismo contrato (conf. CCCN 75), esto es, a criterio de esta Sala, para todas aquellas notificaciones extrajudiciales destinadas a fijar la posición de las partes en la relación jurídica pendiente, como ser declaraciones de rescisión, intimaciones, interpelaciones para constituir en mora, etc. Así, resultando diferentes el domicilio convencional del procesal, y siendo que éste último -o su falta de constitución- produce ciertos efectos (CPR 41, 42 y ss.) que no pueden ser extendidos al primero, se estima improcedente que la diligencia de intimación de pago sea practicada a los demandados en el domicilio convencional con el carácter de "constituido". No se desconoce la jurisprudencia que admite tal pretensión cuando el instrumento privado en el cual se ha fijado un domicilio convencional consta de firmas certificadas por escribano público, con fundamento en las disposiciones del CCCN 314. Sin embargo no se comparte tal conclusión, pues el reconocimiento del cuerpo del instrumento no importa otorgarle al domicilio que se haya fijado en éste el carácter de domicilio ad litem, con los efectos, se reitera, que produce la constitución de éste para las notificaciones que pudieran efectuarse en el proceso judicial (en igual sentido: esta CNCom, esta Sala A, 22/02/12, "Alba Cía. Argentina de Seguros SA c/ Maiolo Julio César y Otro s/ ordinario").
Prueba, jueces
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Luna Rolando Gerardo. c/ Armando Bertrn y/o distribuidora:"Las Marías" y/o quien resulte responsable. s/ Diferencia de Haberes.Vacaciones proporcionales.Indemnización por  antigüedad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1991-12-12

El memorial recursivo se sustenta en no tenerse en cuenta algunos testimonios. El Juez no tiene la obligación de analizar todas y cada una de las pruebas ofrecidas, siendo fundamental señalar las piezas procesales en las que basó su labor axiológica y fundó su decisión.

Pueden optar por aquellas pruebas que estimen más convincentes para la integración de su indispensable certeza.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de apelación (procesal), honorarios, doctrina de los actos propios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: OIL COMBUSTIBLES S.A. c/ PETROBRAS ARGENTINA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-23

La Alzada, al entender que la apelación adhesiva conllevaría a contrariar la teoría de los actos propios, ya que regulados los honorarios fueron consentidos por los profesionales de la actora al no recurrirlos a través del recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y planteado el recurso de revocatoria por la demandada sostuvieron su rechazo, priva al instituto de toda eficacia y operatividad, toda vez que si se considera que la mera no interposición de los recursos importa consentimiento que impida la adhesión, la figura resultaría, en los hechos, privada de toda posibilidad de aplicación, conduciendo a la eliminación misma del instituto bajo examen. (Del voto del Dr. Falistocco, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Netri y Gastaldi) Fuente del sumario: OFICIAL
Delitos contra la seguridad pública, tenencia de armas, delito de peligro abstracto, tenencia ilegítima de armas de guerra
Materia: PENAL
Carátula: M., M. R. psa abuso sexual, coacción y extorsión - Trelew c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-07-05

Nuestro Máximo Tribunal Federal ha distinguido entre el arma en sí y su munición: "el peligro para la seguridad común que el artículo 189 bis del Código Penal quiere evitar puede ser creado, indistintamente, por la tenencia no autorizada de un arma de guerra o de su munición".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, escritos judiciales
Materia: LABORAL
Carátula: Iriarte, Apolonio D. c/ El Halcón S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-23

Determinar la forma en que ha quedado trabada la relación jurídico procesal es cuestión de hecho privativa de los jueces de grado que no puede ser revisada en casación salvo circunstancias extremas.
Enfermedad accidente, acción civil por accidente de trabajo, brucelosis
Materia: LABORAL
Carátula: CELIS, FERNANDO c/ FRIGORIFICO MINGUILLON SACIFI. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-30

En general, el ganado vacuno, es una cosa riesgosa o peligrosa en cuanto a la posibilidad de producir brucelosis (conforme Sala III, sentencia 46255 del 6 de octubre de 1983, "Tkalecz, Norberto H. c/ Explotación S.J. SA.). La eximente de responsabilidad se halla a cargo de la accionada, y consiste en acreditar cabal y fehacientemente que en el establecimiento jamás ingresó un animal enfermo durante el período en que el trabajador haya contraido la enfermedad.
Honorarios, abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: WEIMBERGER, MARCELO Y OTRO c/ STEBER, RICARDO Y OTRO s/ ORDINARIO      EXPTE NRO 162-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-07-12

En cuestiones sin intrínseco valor económico, la actuación profesional y por ende, la regulación de honorarios debe guardar equivalencia con el monto del juicio al cual está afectada y del cual dependen.
Recurso de inaplicabilidad de ley, violación de la ley o doctrina legal, tutela sindical, delegado gremial, acción de reinstalación, salarios caídos, extinción del contrato de trabajo, despido indirecto, indemnización por despido
Materia: PROCESAL
Carátula: B., C. D. c/ SUPERMERCADO NORTE S.A. s/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-04

Reconocer el derecho a percibir salarios caídos por períodos no trabajados cuando no se ha ejercitado la acción sumarísima de reinstalación o cuando la reclamación excede el tiempo que insumió dicho trámite, configura un supuesto de errónea aplicación de la ley, que este Cuerpo corrigió en el precedente "SARDI". De igual manera, entender que en todos los casos y sin excepción se exige la instancia previa de la acción de reinstalación para recién luego de ella tener derecho a dar por extinguido el vínculo y reclamar las indemnizaciones derivadas de la tutela sindical supone una nueva violación de la doctrina legal de este Cuerpo, que corresponde corregir en el presente caso.
Fundamentación insuficiente, ejecución de la pena, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Morris, Marcelino Guilliano c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-20

Corresponde rechazar la tacha de inconstitucionalidad del art. 64, inc. a) de la ley 25.871, si los argumentos de la defensa no logran demostrar que la decisión política del órgano legislativo plasmada en la norma, sea violatoria de algún derecho o principio fundamental positivizado y garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, enunciados en su art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, ya que el recurrente se ha limitado a reiterar sus propias convicciones sobre el punto sin lograr conmover los argumentos dados por el Tribunal para ratificar la validez de la norma. (Dres. Borinsky, Hornos, Gemignani).
Medida cautelar autónoma, nulidad del acto administrativo, existencia del agravio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "CEABI  -Distrito  Sanitario  II- c/ EN -AFIP DGI Resol 18/11- s/ medida cautelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09

Se "alegó fundadamente una nulidad absoluta" (art. 12 LPA), sin que ello implique -en modo alguno- adelantar un pronunciamiento respecto de lo que se decida en aquella sede sobre el reclamo del interesado y mucho menos aún en cuanto al fondo de la cuestión; (...) La magnitud de los importes involucrados en las exenciones en relación con los ingresos de la actora, resulta suficiente para tener por configurado el perjuicio grave invocado (...) y cabe recordar que la petición cautelar autónoma no exige para su procedencia la irreparabilidad del daño, sino la configuración de un perjuicio grave al interesado. (...) No se verifica una afectación al interés público, en tanto la vigencia de la presente medida sólo depende de la diligencia que exhiba la demandada en la resolución del planteo formulado en su sede por el actor. Lo expuesto determina la suerte favorable de la petición cautelar aunque con un alcance distinto al solicitado (conf. art. 204 CPCC), en razón de que, aún se encuentra pendiente la resolución del recurso deducido contra la resolución cuestionada.
Despido indirecto, extinción del contrato
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Hidalgo, Fidelina Rosa  c/ Rosales, Marina Alicia y otros  s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-08-02

Cabe inferir que la relación laboral que vinculara a las partes se encontraba extinta al momento de cursar la primera intimación la demandante, en el marco de lo previsto por el art. 241 de la LCT, cuando del intercambio telegráfico producido la trabajadora intima sin consignar el apercibimiento del despido indirecto que luego constituye intempestivamente. Y es que, acontecido un lapso de casi seis meses es razonable concluir que las partes perdieron interés en la relación, resulta ilógico que un trabajador espere tanto tiempo sin trabajar ni interpelar por sus derechos.
Ius variandi, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vega, Juan Alberto c/ Municipalidad de Freyre s/ demanda contencioso administrativa - cuadernillo de copias a los fines de tramitar cautelar en los términos del art. 19 de la Ley 7182
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-11-02

La reubicación de agentes, como medida general dispuesta por la Administración, configura ejercicio legítimo de la "potestad variandi" que caracteriza la relación de función o empleo público y contra la cual no puede invocarse un derecho adquirido de carácter absoluto para impedir la introducción de modificaciones, si se respetan las aptitudes profesionales del afectado, su antigüedad y las disposiciones estatutarias y siempre que esas modificaciones no comporten retrogradación jerárquica ni reducción confiscatoria de la justa remuneración.
Habilitación de feria, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fialco  Ana  María c/ Obra Social de la Unión del Personal Civilde la Nación s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-01-05

La habilitación de la Feria sólo procede cuando media riesgo de que una providencia judicial se torne ilusoria o de que se frustre, por la demora, alguna diligencia importante para el derecho de las partes (confr. Sala de feria, causas 3337/92 del 17-2-02; 6230/2009 del 21-7-2009 y 11.793 del 11-1-2010, entre muchas otras). Sobre la base de tales premisas, lo manifestado por la parte actora y teniendo en cuenta que se encontraría en juego el derecho a la salud de la señora actora, corresponde habilitar la feria judicial y remitir los autos al Juzgado de feria a los efectos de que valore la procedencia de la intimación solicitada.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 50/2017 - Medida cautelar No. 383-17 -- Santiago José Guevara García respecto de Venezuela c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-12-01

Una de las funciones esenciales de la Comisión Interamericana es la de supervisar el cumplimiento, de parte de los estados, de las obligaciones de derechos humanos asumidas a través de la Carta de la Organización de Estados Americanos, función asimismo establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y recogida como fundamental por la Corte Interamericana, máxime cuando se trata de medidas de protección.
Apreciación de la prueba, deberes y facultades del juez, impugnación de la declaración testimonial, prueba testimonial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C/ Salvá Ricardo Adrián c/  s/ homicidio art.84 C.P. en perjuicio de K.G.M. S/ CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2020-09-28

Constituye un error técnico -procesal, que el magistrado sentenciante impugne un testimonio, cuando en puridad debería haber explicitado tan solo los motivos de su disenso con sus manifestaciones. Las partes son quienes cuestionan o descalifican los dichos de los testigos, impugnándolos; mientras que los jueces proceden a valorar y apreciar sus declaraciones, partiendo de la base que no es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso.
Daños y perjuicios, accidente en espectáculo deportivo, responsabilidad del organizador, Asociación de Fútbol Argentino
Materia: CIVIL
Carátula: AVILES, Ramón María y otros c/ AOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-13

La Asociación del Fútbol Argentino resulta ajena a la organización de espectáculos deportivos brindados por los clubes afiliados. El hecho de agrupar a estas entidades no implica que se constituya en principal o comitente de sus adherentes, quienes retienen la autonomía de su acción y desempeñan sus funciones en beneficio propio y no "para otro", que es lo característico de la función del dependiente.
Sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, incidente de impugnación, inconstitucionalidad, requerimiento de sobreseimiento, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Bustamante Loader, Pablo Ruy s/ 3 - organización / propaganda discriminatoria - LN 23592 (penalización de actos discriminatorios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-30

Con independencia del acierto o error de la resolución de Cámara que hizo lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad (art. 195, inciso c), y sobreseyó al imputado con relación al delito previsto en el art. 3 de la ley n° 23592, no se demuestra que se encuentre comprometida una cuestión constitucional o federal, o que lo recurrido sea descalificable por la doctrina de la arbitrariedad (cf. arts. 26 y 32, ley n° 402). Ello así, en tanto la resolución recurrida llevó a cabo un juicio de subsunción y explicó la razón por la cual el evento reprochado no constituía un ilícito penal, con fundamento suficiente para considerar que la conducta imputada, aun teniéndola por acreditada, no encuadraba en el tipo penal seleccionado por la fiscalía. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Robo con fuerza en las cosas, accesorios del automotor, cosas en el automotor, acta de secuestro, firma de testigos
Materia: PENAL
Carátula: MUÑOZ, RUBEN DARIO s/ ROBO. FUERZA EN LAS COSAS. DESISTIMIENTO. ACTA SECUESTRO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

1) Configura el delito de ROBO (art. 164 C.P.), la acción del procesado que penetró en un vehículo e intentó, empleando fuerza, sustraer el pasacassettes que se encontraba en el mismo, pero desistió al encontrar dinero en la guantera.

No se han dado en el caso dos hechos -el intento de sustracción del pasacassettes y la sustracción del dinero-, pues como señala el Fiscal de Cámara citando a Núñez, "la unidad de contexto del apoderamiento tiene como consecuencia que no sea necesario que la fuerza haya recaído sobre la cosa sustraida o sus reparos".

2) No es nula el ACTA DE SECUESTRO firmada por un solo testigo, habida cuenta de la presencia del conductor del automóvil, quien con su firma avalara incuestionablemente lo ocurrido durante el trámite policial impreso: a la detención y posterior secuestro de lo hallado.
Indemnización por accidente de trabajo, depreciación monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: MANZO, RUBEN R. c/ LA TERRITORIAL COMPAÑIA DE SEGUROS SA. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-02-21

La indemnización prevista por el artículo 8 inciso c) de la ley 9688, queda recién establecida a partir de la fecha del alta, o sea cuando la incapacidad parcial es reputada permanente y el daño queda configurado, debiendo tomarse ese momento como fecha inicial para el cálculo de la desvalorización monetaria.