marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Monto de la indemnización, prueba, daño moral, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: Frias Silva, Patricio Severo c/ Amx Argentina S.A. (Claro) s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-10-23

Para la cuantificación del daño punitivo no puede perderse de vista que se debe ponderar la gravedad del hecho y las demás circunstancias del caso. Además que la sanción guarde proporcionalidad con la gravedad de la falta; se debe considerar el valor de las prestaciones o la cuantía del daño material como así también la capacidad económica de quien debe resarcir el daño, siendo la equidad la regla para establecer los montos.- Como se dijo supra, la gravedad fundada en la reiteración de las prácticas cuestionadas ha sido acreditada, y con ello la posibilidad cierta de repetición de tales conductas desaprensivas para con los restantes usuarios, y la consecuente obtención de una ganancia ilícita a favor de la empresa, los que al ser de escasos montos (microdaños) en la mayoría de los casos no son objeto de reclamo en sede administrativa ni judicial. A más de lo expuesto, debe ponerse de resalto que la cuantificación del daño punitivo -al igual que el daño moral- no tienen un parámetro económico fijo, sino que por la índole subjetiva que involucra estos tipos de reclamos, quedan sujetos a la determinación prudencial por parte del juzgador, quien -en el caso de los daños punitivos- cuenta con las pautas y límites establecidos en los artículos 47, 49 y 52 bis de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor para la concesión y mensuración del mismo. En atención a éstos parámetros de cuantificación, ha de valorarse la reprochabilidad de la conducta asumida por la empresa arriba descripta, su indiferencia frente al reclamo más la reticencia de toda índole que obligó a la accionante a realizar tramitaciones extrajudiciales y judiciales para obtener el reconocimento y reparación de los daños, más su indiferencia frente a las reiteradas sanciones pecuniarias de la autoridad administrativa competente. Así las cosas, estimamos que el monto otorgado por este rubro en el fallo en crisis no se corresponde con una sanción aleccionadora a la prestadora del servicio ante conductas desaprensivas e indiferentes frente al consumidor, debiéndose elevar el parcial a la suma de PESOS...- DRES.: MOVSOVICH - COSSIO.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, competencia por la materia, competencia federal, competencia provincial, aislamiento social preventivo y obligatorio, coronavirus, bien jurídico protegido
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HURBAN, CARLOS IGNACIO c/  s/ VIOLACION AL AISLAMIENTO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-17

La impugnante insiste con que el caso corresponde a la Justicia Federal y con que se habría afectado la garantía de juez natural, mas sin lograr acreditar irrazonabilidad en lo resuelto por el A quo, que a partir de un pormenorizado análisis de la cuestión debatida en autos brindó adecuada fundamentación para justificar por qué entendía que en el caso en concreto no había razones que impusieran la excepcional competencia federal, explicando que se endilgó a los encartados la violación al artículo 205 del Código Penal, siendo tal norma una ley penal en blanco, y que en el caso, al estar completada por un decreto del Poder Ejecutivo nacional no determina la competencia federal; agregando que el bien jurídico protegido por tal norma -salud pública- no implica que sea un valor de pertenencia exclusiva a la Nación y que por las particulares circunstancias del caso no se advertía una afectación a intereses nacionales que impusiera excepcionar la regla de la competencia ordinaria. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 205
Falso testimonio, legitimación procesal, simple damnificado, querellante, recurso de apelación (procesal), sobreseimiento definitivo, notificación, informe in voce
Materia: PENAL
Carátula: FABRIS, JOSE s/ QUERELLA - FALSO TESTIMONIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-11-09

1) En el delito de falso testimonio debe reputarse persona particularmente ofendida a la parte en contra de cuya acción o defensa se haya producido, pues con relación a esa persona existirá siempre el perjuicio real o potencial y el agravio moral que tal infracción trae aparejada.

2) Cuando una persona recién se presenta por parte querellante una vez dictada una providencia que es adversa a sus intereses, habiendo terminado el trámite del proceso, y al solo efecto de apelar, es evidente que ella carece del derecho de recurrir del sobreseimiento definitivo dictado.

3) Tenida por parte querellante en la Alzada, debe notificársele la providencia de autos ya dictada por la Sala, para que si lo estima pertinente ejercite el derecho acordado en el segundo párrafo del art. 538 del C.P.C.
Cámara de Apelaciones, competencia federal, Comodoro Rivadavia, tribunal oral, jueces, remoción de jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia s/ reglamento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

Corresponde a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia desinsacular a uno de sus miembros para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal en los casos de recusación, excusación, licencia, ausencia, vacancia u otro impedimento de alguno de sus miembros.
Transporte aéreo, prueba pericial, dictamen pericial, impugnación de la pericia, falta de impugnación, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Davidson, Mario S./Aries Cía. Seg.  S.A. c/ Iberia Líneas Aéreas de España s/ Ordinario - cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-28

La empresa IBERIA no concurrió al acto pericial pese a estar fehacientemente notificada; nada objetó tampoco IBERIA al corrérsele traslado del dictamen, ni en ningún momento en aquellas actuaciones.

Y en estas acumuladas no formula otras objeciones a dicho dictamen que las recién referidas, sobre las que luego me detendré.

Consecuentemente, las conclusiones del reconocimiento le son perfectamente oponibles, pues si no participó de él ello obedeció a su propia conducta discrecional, de cuyas consecuencias no puede lamentarse.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Duieguez de Saenz, Josefa y otra c/ Di Mario, Luis Elías y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-16

Si bien de la prueba aportada a la causa no puede determinarse cuál de los conductores fue quien no respetó la luz roja del semáforo, ésto no obliga a proceder como si no existieran señales en el cruce de ambas arterias, sino que por lo contrario, debe concluirse que el hecho de que se trate de una intersección de importancia, imponía a ambos conductores el máximo de prudencia y atención lo que en verdad no hicieron (arts.1109, 1111, 1113 del C. Civil).
Sentencia, liquidación, impugnación de la liquidación, empleados públicos, salarios caídos, remuneración, antigüedad, adicional por título
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: STROTTMANN, MERCEDES LILIAN REGINATO DE c/ COMUNA DE SAN BERNARDO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION    IMPUGNACION DE LIQUIDACION (CSJ EXPTE NRO 208-81)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-23

Si la sentencia mandó pagar haberes devengados (haberes caídos) desde la fecha en que dispuso el cese de la relación de servicio, actualizados en base al sueldo que al momento del pago corresponde al cargo del que fue separada la actora, ello supone determinar lo que habría percibido el agente de continuar desempeñando el cargo de acuerdo a la política salarial vigente. Por lo tanto, no resulta errónea la base que para el cálculo de la deuda utiliza la actora, al no demostrar el impugnante que los rubros de antigüedad y título no integraran el haber de la misma a la fecha del cese, advirtiéndose, por el contrario, que ambos estaban contemplados en la legislación entonces vigente -ley 7519- de igual modo que en la actual -ley 9286-.
Competencia federal, haber de retiro, liquidación de haberes
Materia: PROCESAL
Carátula: MASIO, Mabel Amalia (curadora de Masio Carlos Alberto) c/ EN - Minist Just Seg y DDHH - PNA s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-16

La justicia federal resulta incompetente para entender en las causas en las que se solicitan la incorporación al haber remunerativo, las compensaciones y/o suplementos de carácter general actualizados por los decretos 1246/05, 1126/06, 861/07, 884/08 y 752/09, con más los intereses devengados hasta su correcta liquidación. Esto es así ya que los actores se encuentran en situación de retiro y que la demandada tiene su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde, en su caso, debería cumplir las obligaciones que se reclaman en la presente.
Contrato de trabajo, representante legal
Materia: LABORAL
Carátula: Saad, Rafael Antonio c/ Federación de vendedores de diarios y revistas de la República Argentina. s/ Despido Tinnirello, Enrique E c/ Consorcio propietarios calle 69-690 s/ Cobro indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-06|2001-11-21

De conformidad con el art. 36 de la L.C.T. en todos los casos, el representante, cualquiera sea su categoría y su relación con la sociedad, la obliga y la hace responsable de los actos que cumple con relación al personal, sea que ejercite un mandato expreso o tácito. Al efecto, basta para que su conducta ligue obligatoriamente al principal, que actúe en nombre de éste, creando la imagen pública de que posee efectivamente la representación que invoca, afirmada por el silencio de aquél mantenido en forma constante durante el ejercicio de la función de que se trata.
Suspensión del juicio a prueba, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: De Aguirre, Juan Ignacio y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-24

Carece de fundamentación suficiente el decisorio que se limitó a señalar: "sólo se tendrá presente", pues a fin de asegurar el aspecto reparador característico del instituto de la suspensión del juicio a prueba, el juez debe expedirse "fundadamente" sobre la razonabilidad de la reparación ofrecida por el imputado. (Dres. Diez Ojeda, González Palazzo y Hornos).
Costas, gastos del proceso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Bs. As. c/ Scotto Wis, Enrique s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-23

El rubro "apertura a carpeta" no puede quedar comprendido dentro de los gastos que debe reembolsar el vencido, desde que en sí mismo no es imprescindible para la promoción del juicio, sino que es una erogación realizada para el mejor funcionamiento interno del estudio del letrado que asistió al vencedor (art. 77 Código Procesal).

(Minoría u opinión personal)
Retiro policial, ley secreta, reglamentación de la ley, servicios de inteligencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ruiz, Roberto Eduardo c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Pol. Fed. s/ Apelación Res. 225/90
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

La remisión genérica de los beneficios jubilatorios en vigencia para el personal policial que efectúa el art. 13 ap. 8 inc. 5 de la ley "Secreta" 19.373 no es obstáculo para que por disposiciones específicas, aún de carácter reglamentario, se regulen determinadas situaciones en forma distinta a las previstas para el personal policial sobre la base de que dicho régimen jubilatorio le es reconocido a los agentes de la SIDE como un derecho que validamente puede ser ampliado por vía reglamentaria, conforme las facultades que confiere al Poder Ejecutivo el art. 16 de la ley.
Impuestos, aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley, beneficios tributarios
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Camarero, Juan Carlos s/ recurso de apelación - impuesto a las ganancias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Las normas que estatuyen beneficios de carácter fiscal no deben interpretarse con el alcance más restringido que el texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, principio de contradicción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ingeniería Petrolera y Constructora s/ Concurso Preventivo s-Incidente de Remoción Proadco S.R.L. s/ Quiebra  Incidente Remoción del Síndico
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-26|1998-12-23

La Constitución de la Provincia en su artículo 44 determina que la garantía de la defensa en juicio, la que, vinculada con el principio de contradicción, requiere se acuerde a las partes, en el proceso, oportunidad suficiente de audiencia y de prueba, e implica la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución o dispongan la ejecución de alguna diligencia procesal sin que, previamente, hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieren verse afectados por tales actos.
Constitución Provincial, Córdoba, gobierno provincial, poder de policía, derechos y garantías constitucionales, derecho a la salud, derecho a la vida
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

La Constitución de la Provincia de Córdoba garantiza para todos sus habitantes el derecho a la vida, atribuye al gobierno local facultades para regular y fiscalizar el sistema de salud, integrar todos los recursos y concertar la política sanitaria con el gobierno federal, las provincias, sus municipios y demás instituciones sociales públicas y privadas, y conserva la potestad del poder de policía provincial en materia de legislación y administración atinente a dicho sistema (arts. 19,inc.

1, y 59).
Inconstitucionalidad, impuestos, tasas, contribuciones especiales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DE SALTA - EDESA S.A. c/  s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-04-26

La Corte de Justicia de Salta declara declarala inconstitucionalidad del art. 218 -en cuanto refiere a la ocupación o utilización diferenciada del subsuelo, superficie o espacio aéreo del dominio público municipal- así como de los arts. 219, 220, 221 y 222 del Código Tributario Municipal (Ordenanza Nº 379/12) y de los arts. 126, 127 y 128 de la Ordenanza Tarifaria Anual 2015 (Ordenanza Nº 442/14), de la Municipalidad de Vaqueros.

Conforme lo ha sostenido la doctrina, la Nación y las provincias tienen potestades tributarias originarias reconocidas y reguladas de manera directa por la Constitución Nacional en los arts. 4, 5 y 75 incs. 1 y 2, 121, 123, 126 y cc., mientras que los municipios tienen potestades tributarias derivadas, en tanto la Constitución Nacional reconoce y manda asegurar su existencia, pero con las potestades tributarias que los respectivos ordenamientos provinciales les otorguen.

La imposición de una tasa presupone la existencia de un requisito fundamental, como es que al cobro del tributo debe corresponder, siempre, la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio al contribuyente, debiendo guardar la recaudación total del tributo, proporcionalidad con el costo del servicio público efectivamente prestado por la comuna.

En idéntico sentido, el art. 67, tercer párrafo de la Constitución Provincial, determina que las tasas retributivas de servicios exigen su efectiva prestación.

(Voto de los Dres. Díaz, Vittar, Catalano, Cornejo, Kauffman, Posadas).
Prescripción de la pena, notificación de la sentencia
Materia: PENAL
Carátula: FERNÁNDEZ, Carina Valeria c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-19

En cuanto al segundo motivo esgrimido por el tribunal para denegar lo solicitado por la defensa consistente en entender que el plazo previsto en el art. 65 del CP no comienza a correr con el rechazo de la queja por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su notificación al domicilio constituido, sino por la notificación emitida posteriormente por el tribunal oral al domicilio real de la imputada. Una correcta hermenéutica del art. 66 del CP impone considerar que no resulta necesario para el inicio del plazo de prescripción de la pena la notificación personal del rechazo de la queja por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es que, en términos generales, interpretar el precepto citado como una exigencia de notificación personal de la sentencia firme al condenado para computar el comienzo del plazo de la prescripción de la pena implicaría considerar imprescriptible la sanción impuesta siempre que no se haya producido esta notificación y restringir su aplicación a los supuestos de quebrantamientos de pena, en los que ya fue efectuada la notificación (cfr. Sala I de esta C.F.C.P. Causa 15.437, "Espinoza, Gustavo Ariel s/recurso de casación", Reg. 21.440, del 31 de julio de 2013).
Recurso de apelación (procesal), interposición en subsidio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Torancio Valentina c/ Torres Felipe y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-23

El régimen procesal vigente autoriza la apelación en subsidio sólo para el supuesto de un resultado adverso de un recurso de reposición, más no respecto a la decisión de una nulidad (art.241 del C.P.C.).
Recurso de inconstitucionalidad, cómputo privilegiado de la privación de libertad, proceso penal, imputado, prisión preventiva, leyes, aplicación de la ley, voluntad del legislador, interpretación sistemática, ley penal más benigna
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: R., O. E. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Robo simple, homicidio. Aplicación   del dos por uno - Ley 24390 (Expte. CSJ Nº 802-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-15

Cabe propiciar una postura contraria al acogimiento de la impugnación planteada por el Ministerio Público Fiscal, ante la presencia de incontestables razones que obligan a sostener que los beneficios emergentes del artículo 7 de la ley 24390 son aplicables retroactivamente a quienes -al momento de entrada en vigencia de la misma ley- se hallaban privados de su libertad en virtud de sentencias condenatorias firmes -esto es, pasadas en autoridad de cosa juzgada-.Ello es así, ante todo, por la inocultable y decisiva vigencia del artículo 2 del Código Penal, cuyo segundo párrafo dispone que "si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley", consagrando así el principio de retroactividad de la ley penal más benigna. Tal principio, por exigencias derivadas del carácter sistemático del ordenamiento jurídico (que incluye entre sus notas a la "jerarquía"), nunca puede ser desconocido -sin riesgo de arbitrariedad- en homenaje a la presunta "intención del legislador" (o voluntas legislatoris), pues ésta, más allá de su difícil determinación, presenta una capacidad justificatoria a todas luces insuficiente frente a la fuerza normativa de ese criterio rector (que aparece a su vez confirmada por los artículos 9 y 15, inc. 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente). (De la Disidencia del Dr. Alvarez a la que Adhiere el Dr. Iribarren).
Quiebra, verificación de créditos, crédito en moneda extranjera
Materia: COMERCIAL
Carátula: EMPRESA  NACIONAL  AUTOMOTRIZ  ENAUTO :INCICENTE DE REVISION EN: ELIO A. GROSSO - CONCURSO PREVENTIVO - QUIEBRA s/ QUIEBRA: CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-11-30

La expresión "deuda dineraria" que establece la ley 19550 puede dar lugar a confusión en tanto se la podría considerar comprensiva de toda deuda no constituida en moneda de curso legal, máxime el texto del art. 617 C.C., pero a los fines de la ley 19550 la distribución es bien clara. Un acreedor puede pedir verificación porque el concursado le debe dinero,esto es moneda de curso legal, o moneda extranjera, o porque el deudor le debe cosas o es deudor de una obligación de hacer.

Estas dos últimas constituyen para la ley de concursos las "deudas no dinerarias".

Si la concursada debía entregar en este caso 22 camiones, se debió proceder de acuerdo con el art. 20, 2do párrafo, 1ra. parte de la ley 19550., para ello podía atenerse al valor adjudicado a cada camión en el contrato, o pedir una suma mayor, si a las fechas que la norma indica, tales casas habían subido o aumentado de precio El hecho de que en el contrato,el precio estaba en dinero extranjero,no cambia las cosas,pues lo debido eran cosas.

Simplemente ese valor en moneda extranjera podía servir para reducir a dinero local el valor de tales cosas.

De acuerdo al sistema el valor de las cosas debidas, debió ser calculado a la fecha de la apertura del concurso y en moneda nacional, aunque figure en moneda extranjera.

En el concurso de acreedores, sólo se verifica salvo excepciones, de otra forma a la moneda nacional, las obligaciones del concursado en moneda extranjera; pero en la quiebra en ninguna otra forma.-
Acción de amparo, demanda, temeridad o malicia, establecimiento comercial, habilitación del establecimiento, clausura del establecimiento, gravamen irreparable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Compañía de Espectaculos sobre Hielo c/ Dirección Gral. de Policía Municipal s/ Amparo de Policía Municipal s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-14

En el caso, se presentó acción de amparo contra la clausura dispuesta sobre un establecimiento comercial por falta de habilitación. Dicha habilitación había sido solicitada por la actora pero no había logrado que se libre la resolución de su gestión a pesar de las numerosas inspecciones y requerimientos a la autoridad administrativa.

La Magistrada rechazó la acción pues sostuvo que la actora había fundado su gravamen en la imposibilidad de ejercer la actividad comercial cuando ésta en realidad no había sido efectivamente interrumpida a pesar de la clausura e impuso una multa al representante legal de la actora por falseamiento de los hechos de la demanda.

Corresponde revocar la multa impuesta por la Sra. Juez de grado ya que, al momento de articular la demanda, la actora se encontraba afectada por la clausura dispuesta. Posteriormente, desarrolló su actividad de hecho y en contravención con la medida, pero expuesta a nuevas sanciones. Precisamente, reconoció haber optado por esta alternativa, y no negó encontrarse ejerciendo efectivamente la actividad a pesar de la falta de habilitación. En el relato posterior de los hechos, se alega el daño que eventualmente sobrevendría de tener que cerrar definitivamente el local como consecuencia de una situación insostenible, al encontrarse expuesta a la clausura en forma permanente debido a la falta de habilitación.

Desde tal perspectiva, no puede considerarse verificado en la especie un supuesto de malicia procesal a partir del falseamiento de los hechos de la demanda, pues el estado de cosas que planteó la actora en su escrito de inicio y en su comparecencia ante este Tribunal, no resultaba en definitiva irreal, sino el que había imperado durante los 13 años de funcionamiento del local sin habilitación. Tal situación -de facto- no implicaba la cesación de la afectación de los derechos denunciada, consistente precisamente en la falta de resolución sobre la solicitud para ejercer el comercio en forma regular y estable.