marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, cónyuge separado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferreyra de Vadone, Alicia R. c/ Caja de Previsión Social de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contenciso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-10

Si el divorcio decretado en Méjico respecto de un matrimonio celebrado en Argentina, careció de validez por falta de competencia internacional del juez extranjero (art. 104 ley 2393), resulta acertada la subsunción jurídica efectuada por la Caja de Previsión Social para Escribanos que examinó la situación de la actora como si se encontrase en un estado de separación de hecho.
Honorarios, honorarios del escribano, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: ARISTIZABAL DE DOLDAN MARIA CRISTINA c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

Cualquiera sea el origen de los fondos empleados en la construcción del complejo habitacional y la persona o entidad que la hubiese ejecutado en cumplimiento de la ley 21.581 (FONAVI), supuesto el dominio de la M.C.B.A. sobre la tierra, es claro que lo edificado en ésta pasó a integrar ese derecho por accesión.

Así resulta de los art. 2313, 2315, 2520, 2571, 2588 y concordantes del Código Civil. De ahí que los honorarios notariales correspondientes a tales actos de transmisión deben calcularse teniendo en cuenta el valor íntegro del bien, es decir, del suelo y de lo edificado sobre él. Es la solución que impone el art. 3 del arancel notarial.
Falta de firma, régimen de consolidación de deudas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Quispe  Omar  Osvaldo c/ Estado Nacional Secretaría de SeguridadInterior  -Policía  Federal s/ accidente en el ámbito militar yfuerzas de seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-05

La falta de firma del actor en los formularios de requerimiento de pago de deuda consolidada no puede ser esgrimida como un impedimento para el progreso del trámite respectivo, dado que esa circunstancia se originó en las modificaciones que la demandada introdujo unilateralmente en la cuantía del crédito a abonar. Cabe recordar que ello dio lugar a la controversia resuelta por el a quo, decisión que quedó firme por haberse declarado desierto el recurso que contra ese pronunciamiento interpuso el Estado Nacional. De allí que, siendo parte en el proceso, la demandada contaba con todos los elementos necesarios para realizar las gestiones tendientes a satisfacer la obligación.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, extranjeros
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Cardozo Galeano, Víctor Antonio c/ Ministerio del Interior. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

El control de constitucionalidad de la política estatal en materia de migraciones, adoptada en función de las facultades propias del poder administrador de reglamentar el ingreso de los extranjeros, implica una ponderación que requiere un amplio margen de debate y prueba, ajeno a la vía excepcional del amparo.
Competencia, Cámara Federal de la Seguridad Social, obras sociales, objeto de la demanda, prestaciones de la obra social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ASOCIACIÓN  BANCARIA (SOCIEDAD EMPLEADOS DE BANCOS) c/ Institutode Servicios Sociales Bancarios". s/ EJECUCION LEY 23660
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-15

El art. 5 del C.P.C.C. establece que "la competencia ha de determinarse por la naturaleza de las pretensiones que se deducen en la demanda". En consecuencia, no corresponde declarar la incompetencia de la justicia federal de la seguridad social con fundamento en dicho artículo, cuando las sumas que se reclaman a la obra social demandada lo son en virtud de lo prescripto en los incs. d), e) y f) del art. 17 de la ley 19.322 que atañen, precisamente, al derecho de la seguridad social y no al derecho civil y comercial federal, toda vez que el art. 23 de esta normativa establece que la asociación sindical destinará dichos recursos, exclusivamente, para sufragar los gastos que demande el otorgamiento de las prestaciones sociales, tales como turismo social, recreación, capacitación, a favor de todos los beneficiarios comprendidos en el instituto, sin exclusión ni limitación alguna. (Disidencia del Dr. Herrero).
Remuneración del juez, intangibilidad de la remuneración, funcionarios judiciales, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Moyano de Llambías Julia Rosa y otros c/ E.N. -M° de Justicia- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

La expresión de voluntad del Poder Ejecutivo integrada con ambos decretos sustituyendo el 2024/91 el art. 2° del decreto 1770/91 admite como interpretación que la equiparación -en jerarquía o remuneración- de los funcionarios judiciales con los jueces debe estar anteriormente prevista en normas legales o reglamentarias.

Ello sería consecuencia lógica de la forma en que se expresa la extensión del beneficio. Así es que comprende a los funcionarios judiciales que por remuneración o jerarquía se encuentren equiparados a los jueces nacionales "de acuerdo con lo determinado por las siguientes normas..." haciéndose una enunciación de las leyes y disposiciones reglamentarias que así lo establecen (conf.

esta Sala in re "Cicciaro, Eduardo Pascual Natalio c/ E.N. (M° de Justicia) s/ varios", del 27/4/95).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, atenuantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Sarmiento, Jaime A. s/ Hurto simple en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-10

Es inatendible el planteo que la defensa desarrolla bajo la denuncia de violación del art. 41 del Código Penal pues, más allá de las consideraciones que puedan formularse con respecto a las facultades de los jueces de grado en materia de selección de atenuantes, el recurrente se ha limitado a enunciar una serie de circunstancias sin explicar porqué el a-quo habría violado la citada norma al no computarlas en tal carácter.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, certificado de deuda, tasas, multa, impuestos, intereses, modificación de la tasa de interés
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Windwest SA c/  s/ concurso preventivo s/incidente de verificación de crédito de fisco nacional (afip- dgi)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-12

1 - La facultad de los jueces de morigerar la tasa de interés cuando éstos resultan abusivos o contrarios a las buenas costumbres (CCIV 953, 1071 actualmente CCCN 771, 1004, 9 a 13 y concordantes TO ley 26994) alcanza también a los aplicados por el Fisco con apoyo en la ley 11683 y las resoluciones pertinentes de la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación. Ello no supone controvertir la constitucionalidad de la ley tributaria o de la atribución delegada al Fisco, sino de compatibilizarla con la normativa de que se trata y sus principios: el régimen concursal y el tratamiento igualitario de los acreedores (cfr. SCJ Mendoza, sala I, in re "AFIP s/ inc. de rev. en Zapata, Jorge Julio s/ conc. Prev.", del 11/04/03).

2 - Sin embargo, la facultad morigeradora no deberá desatender por un lado, que las elevadas tasas de interés que fija el organismo recaudador operan como mecanismo compulsivo para asegurar la recaudación a efectos de que el Estado cumpla sus actividades fundamentales y, por otro, que frente a la situación de insolvencia del deudor esa finalidad disuasiva pierde significación y es susceptible de afectar el derecho de los terceros acreedores en orden a la percepción de sus créditos.

3 - En ese contexto, resulta prudente admitir las tasas aplicadas por el Fisco pero establecer como límite máximo de los intereses por todo concepto para este tipo de obligaciones, el que resulte de aplicar dos veces y media la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento (CNCom, Sala C, in re "Polyfilm SRL", del 25/10/02; ídem Sala E, in re "Automotores Ruta 8", del 22/04/03).
Recurso de casación, accidente de tránsito, relación de causalidad, causalidad adecuada, deber de obrar con prudencia
Materia: PROCESAL
Carátula: J., A. M. c/ EL CONDOR ETSA y Otros s/ SUMARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-02-04

Si analizo el problema desde la causalidad jurídica, parto de un criterio de previsibilidad. Descarto que todas las condiciones sean equivalentes. Y así, recurriendo a la regla de experiencia, puedo rápidamente concluir que no podía resultar previsible que accediera a la ruta nacional, un vehículo con un carro enganchado y que en el mismo se transportara una persona, luego fallecida tras el impacto, y que esto ocurriera en la mano contraria, es decir por donde circulaba el omnibus.
Honorarios, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: TORRES c/ COHEN s/ INCIDENTE ART. 250 C.P.C.C.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

Generalmente cuando se decreta una medida precautoria no se conoce exactamente el valor de los bienes a cautelar, no siendo posible efectuar la regulación de honorarios y, ni siquiera, decidir sobre la imposición de las costas dado el carácter provisional del pronunciamiento. La carga de las costas relativas al proceso cautelar depende -en principio- de la suerte del juicio principal, correspondiendo diferir su tratamiento para la oportunidad en que exista pronunciamiento definitivo sobre la materia litigiosa.-
Injurias graves, adulterio
Materia: CIVIL
Carátula: B., R, R. c/ M., M, M. E. s/ Divorcio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-11

Constituye una presunción grave, precisa y concordante que permite evidenciar la ocurrencia de adulterio por parte de la esposa, la comprobada circunstancia de que permaneciera durante diez días en una ciudad costera acompañada de una persona de sexo masculino que no era su marido.
Asegurador, liquidación, aplicación de la ley, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DORADO RAMON c/ ANELLI TURISMO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-10

No obstante la existencia de una ley especial como la 20.091 para la liquidación de Compañias Aseguradoras, ello no es óbice para la aplicación de la Ley Concursal en lo que fuera pertinente. Tal sería la normativa referida al fuero de atracción.-
Sentencia, principio de congruencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: ARAOZ, Juan Carlos y otro s/ Encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

Debe decretarse la nulidad del fallo cuando no existe correlación o igualdad de contenido entre el aspecto fáctico de la acusación y los hechos considerados por el Juzgador en la sentencia.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, prueba confesional
Materia: PENAL
Carátula: González, Carlos Walter s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-03-13

Aunque la confesión puede existir sin obedecer a reserva moral alguna, ni a arrepentimiento, ni a menor peligrosidad del victimario, aunque sea sincera y espontánea, no constituye necesariamente una circunstancia atenuante, si no se determinó el motivo de tal actitud procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nuñez, Héctor Mario c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa Hasperue, Julio Alberto c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Domínguez Arregui, Lorenzo José Antonio c/ Prov. Bs. As. s/ Demanda contencioso administrativa Stávale de Raimundi, Nilda Carmen c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa Domínguez Arregui, Lorenzo José Antonio c/ Prov. Bs. As. s/ Demanda contencioso administrativa Stávale de Raimundi, Nilda Carmen c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15|1997-06-10|2002-02-19|2005-08-10

El derecho a la prestación jubilatoria móvil adquirido conforme a la categoría jerárquica alcanzada en actividad y en base a la cual se otorgó el beneficio, queda ligado a las variaciones que experimente la remuneración del cargo otrora desempeñado ya que la garantía de movilidad debe traducirse en una razonable proporcionalidad entre la situación de jubilado y la que resultaría de continuar el afiliado en actividad, proporción que dejaría de existir de no trasladarse al haber de pasividad el aumento de sueldo derivado de la incorporación de un suplemento de indudable carácter remunerativo.
Sentencia, sentencia arbitraria, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: A., V.M. c/ L.C. A. SA s/ Demanda Laboral -Accidente de Trabajo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-03

La Corte Suprema Nacional ha señalado la inaplicabilidad de la tacha de arbitrariedad "cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes". Es decir que para que ella se pueda considerar es necesario un desacierto de gravedad extrema, una desinterpretación grosera, palmaria y patente para tener por configurada la arbitrariedad, de modo que aún cuando el criterio adoptado por el órgano "a quo" tolere discrepancias, ello no basta para abrir la casación".
Daños y perjuicios, daño estético
Materia: CIVIL
Carátula: BARBAS, Alejandro Fabián c/ TAICA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-20

El perjuicio habitualmente enunciado como lesión estética, constituye sólo excepcionalmente rubro autónomo que reparar, siendo regla que quede subsumido, ya en la incapacidad sobreviniente, en tanto la apariencia física aparezca relevante para el plano laboral o social, ya en el agravio moral, si es que indiferente a la actividad laboral, o al normal desenvolvimiento de la vida de relación, el defecto altera el espíritu, las afecciones o sentimientos de la víctima.-
Haber jubilatorio, pérdida del beneficio, suspensión del beneficio, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, defensa en juicio, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: PETRONE, ORLANDO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-13

La retención total de los haberes previsionales del recurrente podría afectar, prima facie, distintas garantías de rango constitucional emanadas de los arts. 14 bis (régimen de tutela de la seguridad social), 17 (derecho de propiedad) y 18 (defensa en juicio). Ello torna manifiestamente ritualista la decisión del juzgador que resolvió rechazar "in límine" la acción de amparo, preocupándose por verificar la validez de la denuncia y olvidando que, ante la privación total de un crédito alimentario, el amparo parecería la vía más eficaz al alcance del afectado para lograr una tutela de sus derechos, presuntamente violados por un acto administrativo aplicado "manu militari" en contra de sus intereses.
Proceso penal, nulidad procesal, prueba, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Pinto-Vega Aciar-Avellaneda en causa 117/94 Luque, Guillermo D. y Tula, Luis R.-Homicidio preterintencional s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-05-29

No cualquier violación o desconocimiento de una norma procesal puede motivar la procedencia del recurso de casación, sino que debe tratarse de la violación de una forma procesal expresamente prescripta bajo pena de nulidad, caducidad o inadmisibilidad.

Por ello, debe rechazarse el agravio que impugna un decreto de la Presidencia del Tribunal que citó a las partes para comparecer a juicio y ofrecer nueva prueba, por considerar que implicaba una regresión de la causa a una etapa ya precluida.

No existe en nuestro ordenamiento jurídico previsión legal alguna que impida el dictado de una providencia como la que ahora se ataca, más aún si se tiene en cuenta que su finalidad no fue otra que "...facilitar un mejor ordenamiento y producción de prueba, dada la complejidad del caso...", lo que se compadece con el criterio de amplitud probatoria que gobierna el proceso penal, en cuanto tiende a la averiguación de la verdad real e histórica. No se advierte en el caso ni el recurrente demuestra lesión alguna a derechos de raigambre constitucional, como lo son la defensa en juicio y el debido proceso legal. No pueden aceptarse nulidades con excesivo acento formalista ni admitir la declaración de nulidad por la nulidad misma o para satisfacer -como dice Couture- pruritos formales. La nulidad de los actos procesales requiere un perjuicio concreto que no se ha demostrado en este caso.
Divorcio, aptitud nupcial, inconstitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CIVIL
Carátula: E.L.J.M. y R.Z.M.D. s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 - LEY 2393
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-02

La declaración de inconstitucionalidad del art. 64 de la ley 2393 excede el marco de las facultades jurisdiccionales al referirse a factores extraños al derecho positivo que las rige, lo que no es óbice a la forma como resuelve la Corte Suprema, al aceptar por voto mayoritario la inconstitucionalidad planteada en casos similares.
Nulidad del acto jurídico, agravio concreto
Materia: CIVIL
Carátula: Todres, Leonardo J. c/ D.O.T.A. S.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

No existe nulidad sin que haya "perjuicio concreto", pues la invalidez del acto no puede ser admitida en el sólo interés de la ley. En consecuencia, no es suficiente a los fines de la nulidad señalar genéricamente que se han aprobado las liquidaciones de las que no se ha tenido conocimiento, si no se expresa -al menos someramente- cuáles son los efectos que tales liquidaciones contienen, en razón de lo normado por el art. 172 del Código Procesal.
Concursos, obligaciones en moneda extranjera, intereses, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: CORSI, HECTOR s/ CONC. PREV. S/INC. DE REV. PROM. POR LA CONCURSADA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-02

Los intereses que acceden a una deuda concertada en moneda extranjera, no deben exceder del 15% anual.
Daños y perjuicios, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coppens, Luise c/ Ale, Manuel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-15

Es procedente el embargo preventivo decretado sobre la base de una sentencia de sede penal, ya que resulta viable la medida precautoria en la acción de daños y perjuicios originados en un hecho ilícito y aunque no exista suma líquida, quedando así evidenciado el derecho invocado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Diligencias de la instrucción, control de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Vázquez Padilla, Manuel s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-02

El art. 354 CPPN ordena al tribunal oral que verifique el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción; este control encuentra un límite cuando el acto cuestionado ha sido verificado en su legalidad por un tribunal cuya función en la etapa preparatoria del juicio es de la misma naturaleza que la del tribunal oral en la de los actos preliminares del debate, y cuando entre uno y otro control no ha sobrevenido alguna circunstancia que autorice a alcanzar una resolución distinta. En el caso, el control de legalidad fue ejercido por la cámara federal y, al no haber circunstancias sobrevinientes que puedan autorizar otra decisión, esa actividad de control precluyó, por lo que el tribunal oral debe continuar con el trámite de la causa, sin que corresponda hacer lugar a la nulidad del acta de la declaración indagatoria -ante la falta de firma del secretario-. La disidencia sostuvo que, encontrándose notificada la decisión del tribunal oral -que declaró dicha nulidad-, sin ser recurrida, adquirió firmeza, y no cabe alterar en perjuicio del imputado la posición derivada del consentimiento del fiscal. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda -en disidencia-).
Acción de amparo, derecho a la vida, medicamentos, control de medicamentos, Crotoxina
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Cisilotto, María del Carmen Baricalla de c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social). s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-01-27

Por no encontrarse observado uno de los recaudos - necesidad, insustituibilidad y eficacia del tratamiento - que, supuesto el derecho a la vida, condicionaría inexcusablemente su invocación legítima, debe confirmarse la sentencia que rechazó el amparo tendiente a que se suministre el complejo Crotoxina A y B, sin que ello implique negar sus eventuales propiedades antineoplásicas que puedan ser demostradas científicamente en el futuro, ya que según los motivos puestos de manifiesto por el órgano legalmente autorizado, dicha sustancia no provoca, aquí y ahora, tales efectos y, salvo que se acredite inequívocamente la inexactitud de esos fundamentos, los jueces deben atenerse a ellos.
Período de prueba, contrato de trabajo por tiempo indeterminado, despido
Materia: LABORAL
Carátula: POZZI, Alfredo c/ Correo Argentino SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-23

La caracterización del período de prueba no deriva de la voluntad de las partes sino de la letra de la ley, de allí que no se trata de que el empleador se encuentre o no habilitado para invocarlo si se han cumplido determinadas cargas. Tratándose de una relación por tiempo indeterminado y no habiendo con anterioridad otro lapso de prueba, la naturaleza condicional del primer tramo no se encuentra sujeta al cumplimiento de carga alguna.
Cuestiones de competencia, intervención de sociedades, declaración de inconstitucionalidad, impugnación del decreto de necesidad y urgencia, competencia federal, competencia por el territorio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: E.N. - M. Desarrollo Productivo c/ Vicentín SAIC y otros s/ inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-03

Corresponde denegar el pedido efectuado por el Estado Nacional para que se declare la competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, en el marco del planteo de inconstitucionalidad del DNU 522/2020, y determinar que continúe entendiendo en la causa el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, de la Provincia de Santa Fe, dado que los efectos principales de la norma impugnada se producen en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe, en la cual se encuentra el domicilio social inscripto de la sociedad y sus oficinas centrales y no resulta razonable que un tribunal situado a casi 800 kilómetros de la localidad en donde se encuentra la sede de la empresa entienda en una acción dirigida a cuestionar la validez constitucionalidad del referido Decreto de Necesidad y Urgencia, cuyos efectos se producen casi con exclusividad en ese lugar. Adoptar una solución contraria implicaría, por un lado, vaciar de contenido a la jurisdicción de los tribunales federales con asiento en las provincias (arts. 108 y 116 de la Constitución Nacional) y, por el otro, obligar irrazonablemente a los demandantes a litigar de manera exclusiva en la jurisdicción territorial de los tribunales federales con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la mera circunstancia de que las máximas autoridades de la Nación están radicadas en este territorio.