Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-31


Causa Nº 16424-01/CC/2006. Sala II.

/ / /nos Aires, 31 de mayo de 2007.

Atento a que el "recurso de apelación ante el Tribunal Superior" de fs. 79/87 luce incoado por quien carece del derecho a impugnar la decisión de esta Alzada de fs. 44/51, corresponderá su rechazo. En efecto, la promoción de la vía extraordinaria por el Gustavo Horacio Martínez viene impulsada en representación de un tercero ajeno al proceso -el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal- que no detenta la asistencia ni la defensa del sancionado, ni le ha sido conferida la calidad por él propiciada en estos obrados, ni expone otro interés que el informado por una premisa genérica de intercesión sostenida en principios de refuerzo institucional extraños a las concretas particularidades del caso.

Por otro lado, aun si de algún modo el presentante lograra que se reconociera por vía exegética su inexistente legitimación al efecto, tampoco resultaría atendible el tratamiento activado en la especie. Ello, en primer lugar, en orden al carácter accesorio que el propio peticionante ha impreso a su intervención -"acompañando" al Federico Alejandro Luis Lagorio en su recurso de apelación, a fs. 59-, perfil que, como acertadamente se ha decidido, encamina el ingreso al proceso del órgano profesional bajo la única calidad de amico curiae -conf. C.C.C., Sala I in re "B., C", rta. el 05/09/2006, Suplemento Penal La Ley de febrero de 2007, pág. 36-. Así encuadrada la actuación del accionante, aparece evidente su dimensión de asistente oficioso, sólo reconocido en nuestra legislación local en el ámbito de la acción declarativa de inconstitucionalidad del Capítulo II de la Ley 402 y cuya participación "se limita a expresar una opinión fundamentada sobre el tema en debate" a fin de "ilustrar al tribunal", toda vez que "no reviste calidad de parte ni puede asumir ninguno de los derechos procesales que corresponden a éstas", y por ello "todas las resoluciones del tribunal son irrecurribles" para él -art. 22 de la norma-.

En segundo término, la extemporaneidad de aquella primera presentación, ingresada un día después de haberse dictado el decisorio ahora cuestionado -conf. cargo mecánico de fs. 66- ha impedido la contemplación de las peticiones allí vertidas, obstáculo que subsiste a la fecha, toda vez que, en tanto el principio de progresividad impide que el proceso se retrotraiga -conf. Fallos 305:1701-, la asunción del carácter pretendido no puede producirse una vez dictada una resolución con fuerza de definitiva, al solo efecto de apelarla -conf. comentan en relación al reconocimiento del querellante Navarro, Guillermo R. y Daray, Roberto R.: Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial. 1ª edición, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2004, pág. 309; ver, asimismo, los precedentes jurisprudenciales allí consignados-. Es que la difusa función tutelar que cabe al órgano de colegiación profesional en función del artículo 21 inc. j) de la Ley 23.187, que conlleva la respectiva dotación normativa de legitimación procesal, no debe interpretarse en sentido de dispensa de los deberes y cargas que atañen a las partes en su carácter de tales; entre ellos, el de efectuar sus presentaciones en la oportunidad prevista. Lo contrario importaría convalidar un desequilibrio de actuación repugnante a la exigencia de debido proceso, toda vez que quedaría otorgada una excepción procedimental negada a otros en idénticas condiciones -conf. doctrina de Fallos 123:106-, a la vez que importaría, por ello, la asignación por canal hermenéutico de un indebido privilegio, contrario a la garantía de igualdad ante la ley -Fallos 303:1580; 304:390; 305:823; 306:1844; 307:582 y 1121, 321:92 y 327:5118, entre muchos otros).

Sin perjuicio de lo hasta aquí dicho, debe observarse que el escrito de interposición -cuyo objeto erróneamente se encuentra sustentado en los incisos 4 y 5 del artículo 26 de la Ley 10- no aparece estructurado en alguna de las causales previstas para la procedencia del remedio que se ensaya, de conformidad con lo normado en el art. 27 de la Ley 402. Por el contrario, la pieza evidencia una encendida vindicación institucional de la tarea abogadil, del rol de los cuerpos de colegiatura y aun del Tribunal de Disciplina de la Institución, mas en modo alguno trasluce una concreta crítica del fallo impugnado, con expresa conexión entre los eventuales defectos del decisorio y la vulneración del orden establecido en la Carta Magna nacional o local. En este punto, se advierte que las pretendidas mellas constitucionales esbozadas en el acápite IV de la presentación no conforman sino una referencia genérica de derechos y garantías de ese rango, insuficiente per se a fin de establecer el nexo de afectación latente en los fundamentos de la pieza embestida -conf. causas nº 260-00-CC/2005, rta. el22/08/2005; nº 187-00-CC/2005, rta. el 15/11/2005; nº 403-00-CC/2004, rta. el 24/02/2006 y nº 260-00-CC/2005, rta. el 20/03/2006, entre muchas otras-. Así diseñado, el recurso no supera el carácter de abstracta discrepancia con lo decidido en la instancia de apelación -conf. causas nº 428-00-CC/2005, rta. el 17/07/2006; nº 054-00/CC/2006, rta. el 08/09/2006 y nº 065-00-CC/2006, rta. el 21/09/2006, también en tre otras-, circunstancia que igualmente impediría -de obviarse aquellos insalvables obstáculos de índole subjetiva- la superación de los requisitos sustanciales propios del remedio en tratamiento.

Causa Nº 16424-01/CC/2006. Sala II.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 91/92, el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR INADMISIBLE el "recurso de apelación ante el Tribunal Superior" interpuesto a fs. 79/87 por el Gustavo Horacio Martínez en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Tómese razón, notifíquese por cédula al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado interviniente a efectos de que el Sr. Magistrado a quo ordene practicar el resto de las notificaciones que correspondan.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: La Marcela De Langhe no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.