Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-05


Salta, 5 de marzo de 2.013 AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "BELTRAN, VICTOR ARIEL CONTRA KUNCAR, ADRIANA ELIZABETH - ORDINARIO" ,EXP -19.556/7; originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo Nº 6, para resolver la apelación interpuesta a fs. 147/148 vta. y C O N S I D E R A N D O María de las Mercedes Domecq dijo:

I. La sentencia de fs. 140/143 -por la que se rechaza en su integridad la demanda- es objeto de la mentada vía recursiva interpuesta por la parte actora, que se concentra en la crítica hacia la forma en que la Sentenciante valoró los testimonios y la relevancia que asigna a la prueba documental. En este sentido advierte que se tomaron los dichos de Varela (fs. 141) como veraces e imparciales, sin tener en cuenta la contradicción que implica el haber aseverado que el actor trabajó para él hasta el primer semestre de 2.005, siendo que la demandada lo registró el 2 de mayo de ese año. La recurrente considera que con su declaración, el testigo hizo un favor a la demandada, hija de su amigo. En cuanto al testimonio de Vanesa Villanueva, postula que tampoco debe ser tenido en cuenta, puesto que del mismo resulta que tenía amistad con Adriana Kuncar. Según la apelante, la jornada laboral de ocho horas fue probada con las testimoniales de Ramírez y de Pantoja y lo mismo ocurrió con las actividades que desempeñaba: administrativas y de limpieza, de cajero y de apertura y cierre del negocio, pero esto no fue valorado por la Señora Jueza, quien invocó -agrega- que aquellos no dieron razón de sus dichos, lo cual no es así. Al analizar el último párrafo de fs. 141, sostiene que su contenido implica hacer caso omiso a la práctica de los empleadores de registrar a los dependientes con media jornada a fin de reducir los costos, lo que es aceptado por ellos a causa de la escasa oferta de trabajo; implica igualmente desconocer la inferioridad de condiciones en que se encuentra el empleado para probar los extremos requeridos, lo que es contrario al principio protectorio. Al transcribir la conclusión de la Juzgadora vinculada a que su parte no pudo acreditar que la documentación presentada fuera falsa, advierte que ella da cuenta de que se registró al actor con media jornada y con una categoría distinta a la que correspondía a su actividad, concluyendo que no ha sido correctamente interpretada.

Sostiene que la injuria de ser remunerado en forma y categoría inferior a la que le correspondía resultó suficiente para concretar el despido y reclamar las sanciones por registración errónea; que el señor Beltrán intentó todas las vías posibles del reclamo, que por ello se presume que éste no es falaz; que se debe aplicar la presunción iuris tantum a favor del trabajador y la teoría de la carga dinámica de la prueba; que es la empleadora quien estuvo en mejores condiciones de probar que el actor no trabajaba la jornada completa; que lo único que ella ofreció fue la declaración de dos testigos sospechados de parcialidad y que los montos son determinados -no objeto de un reclamo global- por lo que se debe aplicar la inversión de la carga probatoria.

En todos los casos cita antecedentes jurisprudenciales de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La notificación del traslado dispuesto a fs. 149 se concretó con la cédula de notificación de fs. 151 y vta.. A fs. 152/154 obra la contestación del memorial, donde la demandada formula una crítica general al memorial, vinculada con la aseveración de que no cumple con lo dispuesto por el art. 255 del C.P.C.C.. Advierte que la valoración de la prueba es una actividad intelectual que realiza exclusivamente el Órgano Jurisdiccional; que el juez puede seleccionar sólo la que considere pertinente; que la sentencia de autos contiene un análisis concienzudo de las pruebas; que la recurrente no explica por qué la apreciación de ellas es arbitraria; que no formuló ninguna consideración respecto de la idoneidad de los testigos al momento de celebrarse la audiencia; que no aclara cuáles son los dichos de los testigos Ramírez y Pantoja que acreditan la jornada laboral de ocho horas; que no puede perderse de vista que la Alzada debe trabajar sobre lo que el recurrente propone; que no pueden los jueces realizar conjeturas no planteadas; que la apelante no especifica cuáles testimoniales acreditan la actividad que desarrollaba el actor; que su parte probó que se encontraba registrado en debida forma y que correspondía a la otra acreditar que esa registración no era correcta; que ofreció y produjo prueba documental, absolución de posiciones y testimoniales; que la doctrina de la "carga dinámica presunciones" (fs. 153 vta.) conlleva el riesgo de tener que aceptar cualquier pretensión formulada por el trabajador y que la actora tenía la carga de probar los hechos en que fundamentó su pretensión. Formula reserva federal. II. Comparto lo argumentado por el recurrente en torno a la eficacia probatoria que la Señora Jueza de grado atribuye a la documental: partiendo de la premisa de que no puede aplicarse un mismo criterio a un empleador que registra a sus dependientes y a otro que omite hacerlo, concluye ésta que la prueba tendiente a acreditar que las constancias de surgen de la documentación son falsas, debe reunir las condiciones de asertiva y concluyente.

Desde mi análisis, el resultado de ese razonamiento implica la creación pretoriana de una presunción (hominis) en contra del trabajador. En efecto: el mismo implica que ante la verdad ficticia de que lo incluido en la documentación de un empleador se corresponde con la realidad, debe el trabajador destruir aquella mediante medios probatorios que otorguen certeza por su contundencia, extremo éste último que ni siquiera es exigido al empleador para dejar sin efecto medios indirecto de adquisición de prueba, como por ejemplo el previsto en el art. 23 de la ley de contrato de trabajo. Más allá de que lo referido resulta opuesto a la filosofía que sustenta el derecho del trabajo como una rama autónoma del conocimiento jurídico, considero que ningún sistema procesal permite concluir a priori en el mayor valor probatorio de un medio respecto de otro, puesto que todos quedan sometidos al análisis final de quien dictará la sentencia y tiene un único límite en el ejercicio de su imperium a posteriori: la sana crítica, que supone la aplicación de normas que surgen de la lógica y de la experiencia e impide dotar genéricamente de mayor poder a un medio de prueba respecto de otro, exigiendo para dejarlo sin efecto "prueba de idéntica envergadura" (segundo párrafo que empieza a fs. 142 vta.), a la cual, en general, el trabajador no tiene posibilidad alguna de acceder. Considero por ello que si cualquiera de las partes reclama ante el Órgano Jurisdiccional la revisión de la falta de correspondencia entre lo que surge de lo consignado en documentos emanados una de ellas y la realidad, resulta menester iniciar el análisis partiendo de dos premisas: la duda respecto al contenido de lo escrito (máxime si quien lo denuncia es el trabajador, invocando la existencia de un fraude) y la ponderación de todo elemento de prueba producido por las partes para ratificarlo, en un caso, y para desvirtuarlo, en otro. En otros términos: aunque en los recibos que se encuentran reservados como prueba documental a fs. 4 vta. del expediente conexo nº 15.508/06 se consigna que era cadete ayudante, que ingresó en mayo de 2.005 y -con insistencia- que cumplía media jornada, ello no basta para ceder frente al examen de la realidad, lo que es coincidente con el imperativo de supremacía de la misma (doctrina de Vázquez Vialard en "Ley de contrato de trabajo comentada y concordada" t. III, p, 31).

Atendiendo a lo desarrollado por la demandada en la contestación del memorial (dos últimos párrafos de fs. 153), destaco que la aseveración del recurrente, en torno a que el razonamiento de la Señora Jueza implica desconocer situaciones frecuentes de fraude laboral, constituye una crítica genérica y en abstracto hacia una conclusión de características similares, como la expresada en el segundo párrafo que comienza a fs. 142 vta. del pronunciamiento, y que ello la torna válida como agravio.

Precisado lo anterior, hago notar que las mandatarias de Víctor Ariel Beltrán expresan en la demanda que lo consignado por la empleadora en los recibos de haberes no reflejaba ni la antigüedad real, ni la categoría, ni el horario que cumplía, siendo las remuneraciones percibidas, en consecuencia, inferiores a las que, de acuerdo a aquellas circunstancia, debía percibir. Comenzaré revisando lo declarado respecto del horario de trabajo, cuya apreciación constituye justamente motivo de agravio: Javier Enrique Ramírez, tras afirmar que "lo cruzaba a la mañana y a la tarde en las droguerías." (al principio de fs. 128), especifica que veía a Víctor Ariel Beltrán a la mañana en la farmacia; que lo encontraba en las droguerías ".a cualquier hora, a la mañana, a la tarde." (octava respuesta de fs. 128) y, en la última respuesta de fs. 128, que "dos, tres veces por semana, la mitad, dos o tres también." estaba en las mentadas droguerías. Expone que él también trabaja en una farmacia y que por ello concurrían a aquellas ".porque son las mismas que trabajamos todos." (antepenúltima respuesta de fs. 217 vta.). Francisco Javier Pantoja, por su parte, declara haber visto al actor abrir la farmacia y también en una droguería de calle San Juan (fs. 128 vta. in fine/129), que "a la noche estaba solo, al día a veces lo veía que abría, estaba barriendo la vereda."; ".a la mañana, trabajaba el mismo horario que yo mañana y tarde y a veces lo veía los fines de semana también cuando iba por ahí también lo veía.", añadiendo que lo encontraba ".solo a la noche.estaba cerrando la farmacia." y reiterando estas afirmaciones a lo largo de toda su declaración, idénticas ante preguntas de las abogadas de ambas partes. Considero que los dos testigos mencionados no aportan datos que ilustren con precisión exacta sobre el horario que se describe en la demanda y que ello no resulta posible en declarantes imparciales, que son, en general, personas no muy cercanas a la parte y que por ello no tienen interés en retener datos intrascendentes para ellos. Esta circunstancia se encuentra ratificada con lo mentado por Ramírez a fs. 127 vta.: "..por ahí lo ves y no le das importancia al comienzo.". En el mismo sentido: "Las pequeñas diferencias entre los testimonios y las imprecisiones de ellos conducen al juez a creer en la veracidad de los testigos, pues a veces una excesiva uniformidad o un recuerdo exacto de lo acontecido luego de transcurrido el tiempo, puede inducir a sospechas." (transcripción de la doctrina de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en "Acuña, Demetrio y otro c. Pinturerías del Pilar S.R.L. y otros - ley 22.250", del 23 de febrero de 2.012) .Sí refieren, en cambio, de manera categórica que el actor cumplía funciones a la mañana y a la tarde, asistiendo en esto razón a la apelante, quien menciona justamente estas dos declaraciones, suficientes para permitirme concluir que el actor trabajaba para la farmacia ubicada en San Martín nº 1.278 a la mañana y a la tarde, es decir la jornada completa de ocho horas diarias, finalizando el sábado a las trece, conforme lo describe el art. 20 del convenio colectivo de trabajo nº 26/88 y 16 del nº 452/06. A la par del resultado de esta prueba producida por el actor, tenemos que, salvo la testigo Villanueva -la que a fs. 127 refiere haber visto al señor Beltrán trabajar a la mañana en la farmacia de la demandada, con quien tenía previsto ir de vacaciones junto a un grupo de amigas y colegas- Adriana Elizabeth Kuncar no aportó prueba alguna tendiente a acreditar que lo que surge de los recibos era correspondiente con la realidad. "...Por tratarse la jornada reducida de un supuesto de excepción de acuerdo a lo normado por el art. 198 de la LCT, no sólo exige una prueba fehaciente en tal sentido sino que corre a cargo del empleador su acreditación, toda vez que tanto desde el punto de vista del principio protectorio como desde la óptica de la carga dinámica de las pruebas, es esa parte la que habrá de contar con los elementos suficientes para demostrarla..."(doctrina de la Corte de Justicia de Salta en "Resina, Juan Domingo c. Plumada S.A. y otro - recurso de inconstitucionalidad", tomo 149:929/938, del 28 de octubre de 2.010).

Sugiero por ello hacer lugar a este aspecto del agravio.

Al ingresar al análisis de la categoría de funciones que cumplía el actor, sugiero tener presente que todas las testimoniales, a excepción de la de Guillermo Varela, dan cuenta de que las tareas que desempeñaba eran propias de un empleado de segunda (art. 7 del C.C.T. nº 26/88) o de un ayudante en gestión de farmacia (inc. b del art. 8 del nº 452/09), asimiladas ambas categorías por eficacia del art. 55 del último. En efecto: abría la farmacia, atendía el público y cobraba, según lo declara Pantoja en la última respuesta de fs. 128 vta. in fine y la segunda y cuarta de fs. 129, y barría la vereda y la farmacia y acomodaba los remedios que llegaban de la droguería, de acuerdo a la primera respuesta de s. 127 de Vanesa Villanueva. Estas funciones se encuentran previstas expresamente en las mentadas normas. No me parece superfluo destacar que si bien en el punto IV.2 de la contestación de la demanda se negó dogmáticamente que Beltrán atendiera al público y que realizara tareas administrativas, de repartidor y de limpieza, al relatar los hechos se omitió describir cuáles eran las tareas que cumplía durante la invocada media jornada. Esta estrategia procesal parece bastante cómoda para la demandada, quien redujo su posición a la pasividad de dejar que la parte actora produzca prueba tendiente a acreditar sus dichos, olvidando que cada parte debe probar los hechos descriptos en su defensa. Ello, al contrario de lo que expresa en el segundo párrafo que comienza a fs. 153 vta., puesto que la validez de los datos de la prueba documental es dudosa por lo anteriormente referido, por lo cual no puede ser tenida como prueba a favor de lo que literalmente surge de la misma. Aparte: la absolución de posiciones no aporta dato relevante alguno, ya que todas fueron contestadas negativamente y, finalmente, la única testimonial idónea respecto de esto producida por su parte, fue la de la señora Villanueva, quien, como lo refiero en el párrafo anterior, justamente describe una de las tareas que cumplía el actor, la que permite encuadrarlo como empleado de segunda o su equivalente en el convenio 452/06. En igual sentido: "Si bien el onus probandi recae sobre quien afirma un hecho, no debe olvidarse que como reiteradamente lo ha sostenido la doctrina y jurisprudencia, la circunstancia de que el actor tenga la carga de probar los hechos constitutivos del derecho que alega no quita a su vez la que cabe al demandado en lo que corresponde a los derechos extintivos, impeditivos y modificaciones que oponga a aquellos.." (doctrina de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en "Abdel Fattah, Carina Elizabeth c. Consolidar Comercializadora S.A. - despido", del 13 de julio de 2.012).Pero más allá de eso e invocando el principio iura novit curia que impone al titular del Poder Jurisdiccional la aplicación de la norma correcta para la hipótesis de hecho planteada, superando lo invocado por las partes, advierto que en los recibos de haberes se consignó que la categoría de Beltrán era la de aprendiz ayudante, prevista en el art. 8 del C.C.T. nº 26/88 para personas de entre dieciséis y dieciocho años. El actor excedía esta edad en mayo de 2.005 -fecha de inicio de la relación de trabajo- para acreditar lo cual basta tener presente que a la fecha de otorgamiento del poder especial glosado a fs. 3 del expediente nº 15.805/06 -que se agregó por cuerda floja- tenía veinticinco años, lo que excluye per se la posibilidad válida de ser registrado bajo la categoría mentada. Por ello propicio que se tenga como categoría del actor la de empleado de segunda o su equivalente ya señalado.

En cambio, respecto a la fecha de ingreso, hago notar que la diferencia de tiempo entre lo reclamado (junio de 2.004) y lo reconocido (mayo de 2.005) es de once meses, lapso muy breve -desde mi análisis- y, por ello, difícil de precisar por los testigos. Tenemos así que Guillermo Varela declara a fs. 105 que el actor había trabajado para él desde el primer semestre del 2.004 hasta el primer semestre del 2.005, habiendo precisado a fs. 105 vta. que lo hizo ".en marzo póngale de ´04 a enero, febrero del ´05.", lo que resulta elocuente de lo complejo que puede representar para una persona ajena a la relación sustancial precisar más de tres años y medio después de concluido el vínculo la fecha exacta de inicio del mismo. Ante esto no me resulta atendible el agravio de que este declarante habría procurado beneficiar al padre de la demandada, de quien manifestó ser amigo, circunstancia ésta que para mí no es suficiente para privar de validez su testimonio. Ni Vanesa Villanueva a fs. 126 vta./127 (que refiere como fecha de ingreso el año 2.005), ni Javier Enrique Ramírez (quien la ubica unos tres o cuatro años antes de la fecha de la audiencia - fs. 127 vta.), ni Francisco Javier Pantoja (a fs. 128 vta. afirma que conoció al actor cuando el declarante ingresó a trabajar en una cadetería, dos años antes de la fecha de la audiencia 128 vta. in fine) aportan datos que confirmen lo reclamado en este sentido por el actor. Por ello tengo por cierto que el actor ingresó a trabajar bajo la dependencia de la señora Kuncar en la fecha mentada en los recibos.

En conclusión: por lo anteriormente analizado, propongo que se rechace la apelación en lo vinculado a la fecha de ingreso invocada y que se haga lugar respecto a que el actor cumplía la jornada completa de trabajo y a que su categoría real fue la de empleado de segunda o de ayudante de gestión en farmacia, debiendo, en consecuencia, hacerse lugar al reclamo de las diferencias de haberes derivadas de esas circunstancias, las cuales será cuantificadas en la planilla que seguidamente formulo. En ella se tendrá en cuenta la escala salarial del convenio nº 26/88 a partir de mayo de 2.005 y la prevista en el convenio nº 452/06 a partir de abril de 2.006, puesto que así se encuentra expresamente contemplado en el art. 56 de éste último, donde se impone su aplicación inmediata, con prescindencia de que la homologación haya sido acordada mediante la resolución nº 391/06 de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la Nación, publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 18 de julio de 2.006. Considero, por lo demás, que el contenido de los arts. 54 y 55 permite concluir que este convenio reemplazó al anterior, destacando que, por la forma en que fue resuelta la pretensión en primera instancia, no fue menester tratar entonces este aspecto del conflicto, que fue planteado por la actora y objeto de la defensa de la demandada.

En consecuencia, el básico conformado será de $660,10, desde mayo de 2.005, y de $881,50, desde abril de 2.006 (según el anexo I del convenio colectivo 452/06). Respecto de los haberes de marzo de 2.006, considero que, al no haber la demandada presentado el correspondiente recibo suscripto por el actor (no obstante haber manifestado en la carta documento agregada en copia certificada a fs. 93 que se encontraban a su disposición), debe condenarse a su pago. "Ante el reclamo del interesado sólo puede oponerse el pago hecho y acreditado mediante recibo firmado por el trabajador, excluyéndose otros medios probatorios, salvo la confesión" (Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en pronunciamiento del 31 de mayo de 2.012 en "Mattiauda, Juan Carlos c. Lloyd Aéreo Boliviano S.A. - despido"). Como los recibos de fs. 3/4 de la documentación reservada a fs. 51 vta in fine no contienen ninguna de las formalidades impuestas por el art. 140 de la ley de contrato de trabajo, desestimo su eficacia probatoria, por lo que propicio que se condene a la demandada a pagar este rubro en su integridad.Corresponde también liquidar los diecinueve días de abril de 2.006 transcurridos hasta que el señor Beltrán se dio por despedido mediante el telegrama cuya copia certificada obra a fs. 91, recibido el mismo día 19, de acuerdo al informe del Correo Oficial de la República Argentina de fs. 94.El sueldo anual complementario y las vacaciones proporcionales incluidas en la liquidación presentada por la demanda no se corresponden con la escala salarial aplicable al momento de la extinción del vínculo (la del C.C.T. nº 452/06, según lo expliqué ut supra), por lo que el monto de ellas es seguidamente determinado sobre aquella.Respecto de la suma de $230, cuya constancia de depósito fue presentada con la contestación de la demanda (fs. 51 vta.), si bien ha sido dada en pago en concepto de liquidación final (fs. 49 vta.), ella no se corresponde con la suma consignada en los recibos de fs. 1/2, que es de $246,83. No resultando claro, en consecuencia a qué crédito debe imputarse el monto de $230 y en qué proporción, propongo descontarlo íntegramente del monto que surge de la planilla siguiente respecto del sueldo anual complementario proporcional.

De la misma manera, a cada crédito deberá imputarse el monto percibido en cada mes según el recibo correspondiente y aplicarse -desde que cada uno fue exigible- la tasa de interés del Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de documentos comerciales al 31 de enero de 2.013. "La tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos, cuya aplicación sugirió esta Cámara por Acta Nº 2357, resulta adecuada para preservar el valor del crédito que hubiera debido afrontar en caso de tener que suplir mediante un préstamo el capital del que no pudo disponer en el momento oportuno, teniendo en cuenta que se trata de un crédito alimentario." (pronunciamiento del 14 de octubre de 2.011 de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en "Colobig, Lucas Leonardo c. Fe.Me S.A. - despido").

PLANILLA I:

Concepto Debía percibir PercibióDiferencia Tasa ActivaTotal al 31de enero/13 Mayo/2005 660,10 394,56 265,54 379,08 644,62 Junio/2005 660,10 394,56 265,54 374,92 640,46 1er.SAC/05 220,03 57,43 162,60 229,57 392,17 Julio/2005 660,10 395,43 265,54 370,75 636,29 Agosto/2005 660,10 395,43 265,54 366,58 632,12 Setiembre/05 660,10 400.- 260,10 354,98 615,08 Octubre/2005 660,10 400.- 260,10 350,90 611,00 Noviembre/05 660,10 400 260,10 346,82 606,92 Diciembre/05 660,10 400 260,10 342,73 602,86 2º SAC/2005 330,05 200 130,05 171,37 301,42 Enero/06 660,10 400 260,10 338,65 598,75 Febrero/06 660,10 400 260,10 334,62 594,72 Marzo/06 660,10 - . - 660,10 838,99 1.499,09 Dias de abril/6 (29,32 x 19) 558,28 - . - 558,28 704,05 1.262,33 SAC Prop. 4 Meses 293,83 230 63,83 80,14 143,97 Vacac. Prop. 452,38 -- 452,38 567,96 1.020,34 TOTAL AL 31 DE ENERO DE 2013 ....................................... $ 10.802,14 Al ingresar al análisis de la validez del despido indirecto concretado por el actor cuando recibió el telegrama cuya copia obra glosada a fs. 91, debo valorar que la pieza postal anterior (fs. 92 de autos) contenía la intimación a la demandada para que el término de dos días le pagara las diferencias salariales derivadas de la jornada de trabajo, la categoría y la fecha de ingreso, ninguna de las cuales era coherente -según el texto de esa misiva- con lo efectivamente cumplido por el actor; "todo ello bajo apercibimiento" de considerarse despedido.

Tras haber sido desconocido por la demandada el mentado reclamo (carta documento de fs. 94), Víctor Ariel Beltrán hizo efectivo el apercibimiento, invocando la circunstancia de que, habiendo transcurrido el plazo antes mentado, la demandada no dio cumplimiento a lo requerido. Por mi parte, habiendo arribado a la conclusión de que las constancias que surgen de los recibos no se correspondían con la jornada ni con la categoría realmente cumplidas y habiendo decidido condenar el pago de las diferencias detalladas en la planilla I, considero que la conducta de la empleadora implicó no sólo una registración fraudulenta sino también la consecuencia de que el actor no percibía la remuneración que le correspondía de acuerdo a la función y el horario cumplidos, lo que evidencia que la demandada se sustrajo injustificadamente a sus deberes esenciales. En tales condiciones, concluyo que existió una injuria patronal que no admitía la prosecución del vínculo -como correctamente lo expresa la recurrente en el telegrama de autodespido, en la demanda y en el memorial- y que la decisión resolutoria adoptada por el actor se basa en causa legítima."El desconocimiento de la real categoría que revestía el actor, quien se encontraba registrado con una categoría de inferior jerarquía, constituye una injuria que justifica la denuncia del vínculo." (Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en "Cerezales, Ezequiel G. c. Disco S.A." dek 18 de diciembre de 2.002.

"Las deudas salariales por su naturaleza alimentaria son tipificantes de injuria laboral, si ha mediado interpelación y exteriorización de voluntad del dependiente de considerarse despedido por tal causal." (Corte de Justicia de Buenos Aires en "Méndez, Emilse c. Club Deportivo San Martín", del 28 de octubre de 1.997).

Corresponde en consecuencia condenar el pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la ley de contrato de trabajo. Por encontrarse incorrectamente registrado el señor Beltrán en cuanto a la jornada cumplida y la categoría efectiva, considero que resulta procedente la indemnización prevista en el art. 1 de la ley 25.323: el inc. g del art. 52 de la ley de contrato de trabajo exige la inscripción de los datos reales que permitan una exacta evaluación de las obligación a cargo del empleador, entre los cuales resultan importantes las mentadas condiciones. De hecho, en los casilleros del libro de registro reservado a fs. 108 in fine se encuentra el correspondiente a "categoría u ocupación" y "horario", en ninguno de los cuales se consignó dato alguno. Ver en idéntico sentido la sentencia nº 74.096 del 9 de mayo de 2.012 de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en "Kustec, Carlos Alberto y otro c. Em Ar Gas S.R.L. y otro - despido".A causa de que el actor debió promover estas actuaciones tendientes al cobro compulsivo de las indemnizaciones derivadas del despido, sugiero condenar también al pago de la prevista en el art. 2 de esa ley, norma ésta que sanciona la renuncia contumaz al cumplimiento de la obligación a cuyo pago el demandado fue intimado mediante la remisión del telegrama de fs. 91 de autos. "Corresponde aplicar la condena fundada en el art. 2 de la ley 25.323, toda vez que la trabajadora se vio obligada -ante la falta de cumplimiento del pago de las indemnizaciones derivadas del distracto-, a iniciar el reclamo para lograr el reconocimiento de su derecho y satisfacer su crédito, presupuesto que tipifica la aplicabilidad de la norma en cuestión." (doctrina de la Sala IX de la C.N.A.T. del 22 de diciembre de 2.011 en sentencia nº 17.533 de "Barrios, Verónica Beatriz c. Kanuteo S.R.L. y otros - despido").Las mentadas indemnizaciones (únicas comprendidas en el memorial) serán calculadas teniendo presente la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida devengada durante el último año, es decir la de abril de 2.006, la antigüedad con que contaba el actor a la fecha del distracto -es decir, once meses- y aplicando la tasa de interés ya señalada.

PLANILLA II:

C o n c e p t o ImporteT. Act. 126,11% T. al 31/1/13 Art. 245 L.C.T. 881,50 1.111,66 1.993,16 Art. 232 L.C.T. 881,50 1.111,66 1.993,16 Art. 233 L.C.T. 323,21 407,60 730,81 Art. 1 - Ley 25.323 881.50 1.111,66 1.993,16 Art. 2 -Ley 25.323 1.043,10 1.315,45 2.358,55 TOTAL AL 31 DE ENERO DE 2013 ................................. $ 9.068,84 De prosperar mi voto se hará lugar a la apelación de la actora y se revocará la sentencia de primera instancia, condenándose a Adriana Elizabeth Kuncar a pagar en favor de Víctor Ariel Beltrán la suma de $19.870,98, en el plazo de seis días a partir de la notificación personal o por cédula de la presente. Respecto de las costas y por haber sido modificado lo resuelto por la Señora Jueza de grado, propongo que sean impuestas en ambas instancias a la demandada vencida en un 60% y en un 40% a la actora; ello porque lo resuelto en este voto no ha sido por la integridad de los argumentos vertidos en la expresión de agravios. Ver al respecto los antecedentes citados en la nota 208 de la p. 90 de la obra de Loutay Ranea, "Condena en costas en el proceso civil".

La Dra. Ana María Guadalupe Varela dijo: Estando de acuerdo adhiero al voto de la Dra. Domecq, poniendo de resalto que el libro especial presentado a juicio no cumple con los requisitos del artículo 52 de la ley de contrato de trabajo, por cuanto no se encuentra visado o rubricado por la autoridad de aplicación, y constan el él anotaciones sobre líquido corrector, sin salvar conforme lo establece dicha norma, lo cual le resta eficacia probatoria.- Por ello, y en virtud del acuerdo que antecede, LA SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:

F A L L A I. Hacer lugar a la apelación de la actora y, en su mérito, revocar la sentencia de primera instancia y condenar a Adriana Elizabeth Kuncar a pagar en favor de Víctor Ariel Beltrán la suma de $19.870,98, en el plazo de seis días a partir de la notificación personal o por cédula de la presente, con más los intereses que resultaren hasta su efectivo cobro de la aplicación de la tasa activa para operaciones corrientes de documentos comerciales que publica el Banco de la Nación Argentina. Con costas a la demandada vencida en un 60% y a la actora en un 40%, en ambas instancias.II. Tener presente la reserva formulada a fs. 153 vta. in fine.

III. Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna.

IV. Ordenar se copie, registre, notifique y que bajen los autos al Juzgado de origen.