Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE RESISTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2011-07-12


2º Instancia.- Resistencia, julio 12 de 2011.

El doctor Aguilar dijo:

I. Previo al tratamiento en particular de los agravios, cabe esclarecer la circunstancia de que, si bien el llamamiento al Acuerdo de los presentes autos data de fecha próxima en relación con otros expedientes radicados ante esta Cámara, que aún se encuentran pendientes de Sentencia, se ha decidido resolver el mismo en orden a encontrarse involucradas en el caso cuestiones contempladas por el art. 36, primera parte del Reglamento para la Justicia Nacional, que habilitan su tratamiento prioritario, como así también el hecho que el Tribunal se ha expedido recientemente en cuestiones que versan sobre reclamos equivalentes.

II. Antecedentes del recurso: A efectos de esclarecer el presente análisis, cabe advertir que el Convenio 36/75 que se cuestiona, establece en sus arts. 9, 69, 70 y 72 contribuciones o aportes conocidos también como "cuotas de solidaridad" que pesan en cabeza de todos los trabajadores (afiliados o no) debiendo ser dirigidas a las entidades sindicales con un mismo criterio, en distintos aportes: Fondo Compensador para jubilaciones y pensiones (art. 9); Contribución para Colonia de Vacaciones (art. 69); Contribución para Vivienda (art. 70) y Contribución para Cultura, Educación y Deporte.

Así, quien debe actuar como agente de retención es el empleador (en este caso, EDEFOR) y deducirlas de los haberes de los trabajadores de energía a favor de la entidad sindical (FATLYF).

Es en virtud de lo expuesto que la mencionada Federación promueve la demanda solicitando la suma de ochocientos setenta mil ochocientos dieciséis pesos ($870.816) por estos aportes adeudados por la empresa de energía.

Para acreditar la obligación aludida, la actora manifiesta en cuanto al alcance de dichas contribuciones, que ello está contemplado en el CCT 36/75 art. 1º en cuanto regula el ámbito de aplicación de dicho convenio para todos los trabajadores dependientes de empresas públicas y privadas de electricidad en todas sus etapas, independientemente de lo que aduce EDEFOR al manifestar ser una S.A. que no estaría comprendida dentro del concepto de "empresa del Estado".

III. Que el Sr. Juez a quo hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF) contra la Empresa Distribuidora de Energía de Formosa (EDEFOR S.A.) sobre los reclamos relativos a contribuciones solidarias establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 36/75.

De esta manera, superando el planteo de cuestiones relativas a la prescripción de la acción, donde la actora reclama el pago desde el año 1986 y la demandada opone la prescripción bienal normada por el art. 256 de la LCT o, en su defecto, la prescripción de cinco años prevista para las obligaciones de retener -art. 4027 del C. C.-, lo que el a quo considera correspondiente en este caso, debido a que coincide con lo que establece el art. 5 de la ley 24.642 (que fija el procedimiento de cobro de los aportes y contribuciones debidos a las asociaciones sindicales por parte de los empleadores); se acoge la pretensión respecto de los arts. 69, 70 Y 72 del CCT 36/75, salvo en consideración al art. 9 inc. c, apartado b) referente a las contribuciones empresariales para el fondo compensador de jubilaciones.

IV. Previamente debe precisarse que si bien esta Cámara se expidió con mayor amplitud respecto del tema en cuestión, en un caso de similares características, el límite de revisión de este Tribunal está impuesto por lo que es materia de agravios, a lo que se ajustará el desarrollo de esta resolución.

En cuanto a los motivos puntuales de queja, en primer término corresponde abordar el agravio referido a la prescripción.

Efectivamente, la parte actora se agravia del plazo prescriptivo determinado en la sede de origen, a cuyo efecto argumenta que debió concederse la prescripción decenal prevista en el C. C. art. 4.023, además cita como aval de la siguiente postura el Plenario Nº 319 en autos: Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/Brexter S.A. s/cobro de aportes y contribuciones" (CANTrab.).

Respecto de ello es fundamental advertir la diferencia entre el caso que ocupa este estudio y el plenario referido.

En efecto, es preciso destacar que el objeto pretendido en las presentes actuaciones es el comprendido en los arts. 69, 70, 72 y 9 referidos a la Contribución para Colonia de Vacaciones, Contribución para Vivienda, Contribución para Educación, Cultura y Deporte, conceptos que no revisten la característica de contribuciones a la seguridad social, de lo que trata la doctrina del Plenario mencionado. En consecuencia y al tratarse la obligación exigida en la demanda y concedida en la sentencia, de un pago periódico mensual, es de aplicación el plazo previsto en el art. 4027, inc. 3º del C. C., conforme lo decidido en la instancia de origen.

El art. 9 inc. c apartado b) en cambio, si bien trata sobre un Fondo Compensador para jubilaciones y pensiones, no ha sido acogido favorablemente, por el Juez a quo, decisión que, por los fundamentos que detallaré a continuación comparto en este caso.

De esta manera, se torna improcedente analizar la prescripción sobre un derecho que no fue concedido.

Procede ahora entonces, el examen del art. 9 inc. c), apartado b) correspondiente a las contribuciones patronales.

Respecto a este supuesto, el magistrado entendió que no se reunieron fehacientemente los requisitos a efectos de la probanza en cuanto a la condición que impone la norma. Esta condición radica en que se efectivizarán tales aportes si la suma del haber de la caja de jubilaciones, el artículo 57 de la convención 72/73 y las contribuciones de los empleados no alcanzaran el porcentaje previsto del 82% para las jubilaciones y el 75% para las pensiones, según el estudio económico que debe realizarse a tales fines.

Expresa que surge claramente de la norma que el aporte está condicionado al cumplimiento de una condición suspensiva, consistente en que los jubilados y pensionados del gremio estuvieren percibiendo haberes inferiores a los porcentajes mencionados, circunstancia que debe ser acreditada por la parte que deduce dicho reclamo, adjuntando a los autos el estudio económico que impone la norma.

Profundizando así sobre lo expuesto, la actora entiende que el juzgador erróneamente toma para resolver este punto un texto anterior del art. 9 inc. c apartado b) de la CCT 36/75 que fue derogado, omitiendo el nuevo texto vigente que ha eliminado la exigencia del cálculo mensual de la suma a contribuir mediante "estudio económico".

Así del texto vigente del art. 9 inc. c) del CCT 36/75 surge: "...c) Fondo Compensador de Jubilaciones (vigencia 28/12/86).

1) El Fondo Compensador de jubilaciones y Pensiones se constituye con el objeto de distribuir entre sus beneficiarios un adicional a los haberes que perciben de las Cajas de Previsión.

2) El Fondo Compensador estará integrado por el aporte mensual de los trabajadores en actividad de acuerdo al siguiente detalle:

Hasta diez años de antigüedad..................0,5% Más de diez años de antigüedad................1% Más de veinte años de antigüedad.............1,5% Quienes ingresen a partir:

De 45 años de edad a 50 años de edad......2,5% Más de 50 años de edad.............................3,5% 3) Si los haberes percibidos de las cajas de previsión más los aportes de los trabajadores en actividad no permitieran alcanzar el 82% para los jubilados y el 75% para los pensionados, las entidades contribuirán con un aporte fijo y permanente de hasta el 6% mensual...".

Resulta de ello que la disposición convencional referida crea un fondo compensador de jubilaciones y pensiones destinado a distribuir entre los beneficiarios (trabajadores pasivos) un adicional a los haberes que perciben de las Cajas de Previsión (inc. 1). Esto lleva el propósito de garantizar al sector pasivo la percepción de un haber igual al 82% de la remuneración mensual de los activos en concepto de jubilación y un 75% para los haberes de pensión. Por eso es que el aporte que se crea a cargo de los trabajadores en actividad y que los empleadores tienen la carga de retener, se hace exigible.

Pero establece además, que "Si los haberes percibidos de las Cajas de Previsión más los aportes de los trabajadores en actividad no permitieran alcanzar el 82% para los jubilados y el 75% para los pensionados" (según textualmente establece el ap. 3 de la misma disposición convencional), se genera la obligación de una contribución patronal de hasta el 6% de las remuneraciones pagadas a sus trabajadores.

Como se aprecia del precepto transcripto, el mismo no establece una obligación pura y simple, sino que la exigibilidad y operatividad del aporte empresarial está sujeto al cumplimiento de la condición contenida en la norma, consistente en que los jubilados y pensionados del gremio estuvieren percibiendo haberes inferiores a los porcentajes mencionados.

Contingencia fáctica que debe ser acreditada por quien pretende percibir la contribución en cuestión.

Se trata de las obligaciones establecidas en el art. 545 del C. C., por lo que si la condición no se cumple, la obligación es considerada como si nunca se hubiere formado (art. 548 C.C.) (Borda, "Tratado...", Parte General, t. II, Nº 1078-1081 y 1088; Llambías, "Código. Civil Anotado", Ed. Abeledo Perrot, t. II "A", p. 234).

Tales omisiones implican un incumplimiento a los recaudos de la demanda de explicar con precisión los hechos en que ésta se funda, conjugado con el derecho en el que se sustenta la pretensión, lo cual imposibilita un juzgamiento válido por aplicación del principio procesal de congruencia (arts. 34 inc. 4º, 163 inc. 6º y 164 CPCCN).

Sin perjuicio de lo expuesto, y aún soslayando tal deficiencia de la demanda, la parte actora carece de derecho en su reclamo.

Se trata pues de una obligación de dar sumas de dinero en base a parámetros convenidos por las partes colectivas, razón por la que corresponde estar a los estrictos términos del acuerdo contractual celebrado entre éstas, y por vía del principio general de buena fe que debe observarse tanto en la celebración como en la ejecución y extinción de los contratos, a lo que las partes entendieron, o debieron haber entendido de los términos que ellas mismas establecieron.

Ahora bien, no es posible soslayar que la prueba de dicha condición resulta difusa y de difícil aplicación, toda vez que la norma convencional no establece plazos y formas en que ha de verificarse el cumplimiento de la misma; de allí, que resulte menester acudir a las previsiones del art. 541 del C. C., que en materia de cumplimiento de las condiciones suspensivas establece que: "Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá cumplirse en el tiempo en que es verosímil que las partes entendieron que debía cumplirse...".

De acuerdo a lo expuesto, tratándose -como en el presente- de obligaciones de tracto sucesivo, habría que entender que la contribución patronal resulta exigible en cada mes en que el haber de pasividad no alcanzó a los mínimos establecidos (82% y 75), lo que, reitero, es de práctica dificultosa.

Sin embargo, más allá de los inconvenientes probatorios para determinar si las empleadoras están o no obligadas a contribuir, lo cierto es que reclamada que sea -como lo es en estos autos- la contribución por un período histórico, es la actora que reclama el cumplimiento de una obligación la que debe acreditar el cumplimiento de la condición que torna exigible la prestación. En la especie, si bien la pretendiente ofreció la pericial contable, no se demostró el extremo en cuestión. Se sigue de lo explicitado, que no obstante la actual reducción del art. 9º, inc. c) 3) de la C.C.T. 36/75, la accionante no cumplió con su carga procesal de probar el hecho objeto de la condición para tornar exigible el cumplimiento de la obligación que reclama, por lo que la pretensión de cobro de las contribuciones patronales involucradas debe rechazarse.

Es vital destacar que independientemente de que el texto haya suprimido el estudio económico para exigir la obligación de la contribución patronal, sigue vigente la condición de que la suma de todos esos conceptos no alcance a cubrir los porcentajes previstos.

Por lo expuesto entiendo, con el juez de grado, que el planteo no puede prosperar en este sentido.

Por último, encuentro oportuno mantener el pronunciamiento de primera instancia en cuanto al modo en que se distribuyeron las costas -aspecto también impugnado por el recurrente-, por los fundamentos vertidos en el mismo y por lo prescripto en el art. 71 C.P.C.C.N. entendiendo que ellas están razonablemente impuestas en un 80% para la parte actora y un 20% para la parte demandada.

Dado el modo de resolver, propicio imponer las costas de la alzada a la actora.

La doctora Order dijo:

Que por los fundamentos vertidos por el juez preopinante, adhiero a su voto.

Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, se resuelve: I. Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 559/565 y consecuentemente confirmar la resolución de fs. 550/558 en todo cuanto fuera materia de agravios. II. Imponer las costas de esta instancia a la actora vencida. III. Regular los honorarios profesionales de los Dres. M. R. M. y M. A. U. -en representación de la demandada- en un 27% y los del Dr. R. H. N. -apoderado de la actora- en un 25% de lo que en definitiva se regule a cada parte en primera instancia. Nota: De haberse dictado el Acuerdo precedente por los Sres. Jueces de Cámara que constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto. Ley 1285/58 y art. 109 del Reg. Jus. Nac.).- José L. A. Aguilar.- Ana V. Order.