Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-24


TS07D43944 SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 43944 CAUSA Nº: 4.733/07 - SALA VII - JUZGADO Nº: 74 En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de noviembre de 2.011, para dictar sentencia en estos autos: "VAZQUEZ, SERGIO DANIEL C/ XEROX ARGENTINA I.C.S.A. s/ Despido", se procede a votar en el siguiente orden: EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

I) la parte demandada recurre el fallo de grado que, en lo principal, admitió el reclamo despido incausado entablado con sustento en las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.

También recurre el letrado de la parte actora y el Sr. perito contador porque estima insuficientes sus honorarios. II) Respecto del cuestionamiento de la forma de extinción del vínculo, debo destacar que no está en discusión a esta altura del análisis de las cuestiones traídas a debate que las partes celebraron un acuerdo extintivo del contrato de trabajo que los unía.

Dicho acto, fue celebrado mediante la suscripción de un acuerdo plasmado en escritura pública por la cual las partes sostuvieron por ante el fedatario que: "...vienen por este acto a extinguir el contrato de trabajo que los vincula en los términos del art. 241 de la Ley de contrato de Trabajo, a partir del 10 de mayo de 2.006 dejando constancia que a su egreso el señor Vázquez ocupaba el cargo de especialista comercial, habiendo ingresado a prestar servicios desde el 17 de mayo de 1.999, siendo su última remuneración de $ 2.126 (dos mil ciento veintiseis pesos)..."(v. escritura Nro. 127 del 10.05.06, cuya copia se encuentra glosada a fs. 27/9).

En primer término, veo necesario señalar mi opinión favorable a la plena posibilidad de revisar judicialmente una concertación del tenor de la presente, ya fuera en cuanto a su validez extrínseca como intrínseca; al respecto, comparto la opinión de que: "los jueces del trabajo tienen competencia para entender en todos los conflictos individuales de derecho (art. 20 ley 18.345), lo que incluye la facultad de apreciar la validez o invalidez de los actos que incidan en la resolución de los referidos conflictos aunque los mismos hayan sido aprobados por actos administrativos. Por ello, si de los acuerdos suscritos por las partes y homologados por el Ministerio de Trabajo, surgen violaciones al orden público que implican la renuncia de derechos (art. 12 L.C.T.), tales actos no sólo pueden ser cuestionados por las vías previstas en la ley 19.549 o mediante redargución de falsedad, sino que, al no haber una justa composición de los derechos e intereses de las partes (art. 15 L.C.T.) pueden ser declarados inválidos por el juez competente" (art. 1047 del C. Civil). CNAT, Sala VI, Epte. 1272/00 Sent. 54279 del 14.8.01; autos: "Jiménez, Fortunata y otro c/ Finexcor S.A. y otro s/ Despido").

Sentado ello, se advierte que la defensa buscó apoyatura desde el inicio en la télesis sostenida oportunamente de que -conforme la autonomía de la voluntad de las partes- y como consecuencia de una negociación previa, las partes habrían acordado poner fin a la relación laboral que los unió, conforme la conveniencia e interés que las movilizó, y que el dependiente actuó con total discernimiento, intención y libertad y sin vicios en el consentimiento. Esta postura de la accionada fue desestimada por la Sra. juez de grado en la sentencia, con criterio que comparto, pues -en mi entender- el análisis de las circunstancias del caso no permite arribar a una conclusión distinta a la de grado.

Me explicaré.

Si bien la lectura del acuerdo referido no permite inferir, per se, una evidente intención rupturista unilateral por parte de la firma, ello por la cuidada forma en que fue redactada el acta, de cualquier forma, hay elementos que permiten considerar que el acto celebrado no ha sido mas que un despido encubierto, por el cual el actor no tuvo mas remedio que aceptar el ofrecimiento de pago por parte de la empresa de una suma menor que la establecido legalmente para el distracto incausado (art. 12 de la LCT).

Digo ésto, pues si se analiza el "acuerdo" con detenimiento, puede colegirse que no es precisamente, el caso en el cual -a título de ejemplo- es el resultado final de una verdadera negociación previa o transacción, tal como lo regula el art. 832 del Código Civil.

Dicha norma define así al: "acto bilateral en que las partes haciéndose concesiones recíprocas, extingan obligaciones litigiosas o dudosas" (sobre todo ésto, retomaré el análisis al tratar el tema de la "compensación", que también fuera objeto de planteo), que -a juzgar los hechos- es un supuesto que no encuadra al caso de autos.

Por el contrario, la propia redacción del texto del acuerdo de marras desnuda algo muy evidente y simple de comprender: el acta se materializó a los efectos de resarcir al dependiente, ni mas ni menos, ante la ruptura del contrato de trabajo; al punto tal, que la empresa asumió el pago de una suma dineraria (insuficiente, por cierto, si se tiene en cuenta su antigüedad y salario) en concepto de "gratificación de pago único y extraordinario" y, precisamente, frente a la no continuidad de la prestación.

Este hecho denota por sí mismo un pago frente a un "cese laboral", deja traslucir que el acto se trató de un despido carente de causa, lo que genera el pertinente derecho a ser resarcido por parte del dependiente.

Ello es así, pues si el actor hubiera tenido voluntad de "renunciar", solo bastaba con imponer un telegrama o comunicación gratuita del correo, y no necesitaba de la solemnidad negocial del tenor de la llevada a cabo (art. 386 del C.P.C.C.N.).

Por su parte, si se paga una "gratificación", lo abonado debe limitarse a "gratificar". De lo contrario -si no es una liberalidad, una suma que "gratifique"- se trata de un negocio (en el caso, el fin del contrato de trabajo) y por el cual se está abonando de menos, violando lo estatuído por el orden público, mediante la utilización de una figura jurídica o norma que -aparentemente- permitía arribar a una ruptura consensuada (art. 241 de la L.C.T.), pero que en la realidad de los hechos se utilizó, en el caso, para distraer esencialmente de las consecuencias mayores que resultarían al aplicarse otras que penalizan el distracto incausado con el pago de una indemnización de un monto mucho mayor (art. 232, 233 y, básica y esencialmente, la protección del despido arbitrario establecida en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y el art. 245 de la L.C.T.).

Pensar lo contrario contradice lo establecido en el principio "Favor Operari" consagrado en la Ley de Contrato de Trabajo, Artículo 9°, al elegir la opción más estrecha en la interpretación del derecho del trabajador, si no -lo que es más grave- un quebrantamiento del mandato constitucional, concretamente, del Principio Protectorio instaurado en el Artículo 14 Bis de la Ley Cimera, en tanto reza que "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes..." y del Principio de Progresividad, expresado en el inciso 19 del Artículo 75 C.N. que manda: "Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social..." y sabido es que las normas constitucionales no se dividen en programáticas y directamente operativas, sino que -como enseña Bidart Campos- todas las disposiciones de la Constitución tienen fuerza directamente operativa.

A todo lo expuesto se le suma que, desde un punto de vista fáctico, debe reputarse inválido el acto al no haber sido realizado en forma voluntaria: la lectura integral de las declaraciones testimoniales analizadas por la "a quo" (v. fs. 510) denotan que fue Marchena (directora de legales) la persona que adoptó la decisión de rescindir el contrato del actor, hecho afirmado por Rigou (v. fs. 241) y con motivo de que el gerente Schilling manifestó que la presencia del actor en la firma era una molestia (art. 90 de la LO y 386 del C.P.C.C.N.) Por su parte, considero -al igual que la Dra. Cañal- que los testigos Rigou (v fs. 241) y Marchena (v. fs. 278), al admitir que sabían de la intención de la empresa de finalizar el vínculo con el actor ("que se fuera y listo"), corroboran virtualmente la postura inicial en el sentido de que el trabajador fue impulsado a suscribir el "acuerdo" bajo la presión o amenaza de ser alejado de la firma gratuitamente. Dicha circunstancia, fue denunciada puntualmente en la demanda y ha quedado acreditado con tales testimonios.

En el marco de lo expuesto, resulta poco creíble la argumentación relativa a que el actor habría sido quien propuso la ruptura por su voluntad de retirarse de la firma (Marchena; fs. 278 y Schilling, fs. 285) (art. 386 del C.P.C.C.N.). Ya en el Derecho Romano se acuñó el principio inveterado: "In obscuris inspici solet, quod verosimilius est, aut quod plerumque fieri solit" (Paulo : ley 114).

En consecuencia, tal como lo especificara la "a quo", dada su condición de trabajador de siete años de antigüedad y un salario computable de $ 29.240 a los fines del art. 245 de la LCT se evidencia que -al momento de la ruptura- el dependiente de ser despedido era acreedor a una diferencia mayor en su favor, y que -a la luz de lo normado en los artículos 58 y 260 de la Ley de Contrato de Trabajo- dichas sumas no pueden interpretarse como renunciadas (en similar sentido: "Colón, Lucía Norma c/ Solaz S.A. s/ Despido", S.D. 32.609 del 30.9.99).

Se ha expresado que: "los sujetos de la relación de trabajo conservan el poder dispositivo en materia negocial con la sola condición de que su ejercicio no infrinja los mínimos inderogables del "ius cogens" (derecho obligatorio) (Plenario N° 137 del 29/9/70 en "Lafalce c/ Casa Enrique Schuster SA"). (Del voto del Dr. Morell, en mayoría) (Sala V, autos: DODERO, Marcelo c/ MAXIMA AFJP s/ despido" del 04.07.94), por lo que -de aceptarse la validez de un pago inferior al que legalmente le corresponde- sin dudas se vería vulnerado.

Por ello, -aún cuando el acto se hubiera ajustado a las formalidades de ley al celebrarse mediante escritura pública- lo cierto es que en el mismo se ha materializado un despido y, en virtud de lo normado en los arts. 12 y 15 de la L.C.T., por ende, al no haberse satisfecho completamente los conceptos propios generados de la decisión, corresponde que se pague sin reparo la diferencia insatisfecha, pues no se ha alcanzado verdaderamente a una "justa composición de los derechos e intereses de las partes".

III) La queja por el valor salarial adoptado para el cálculo de las indemnizaciones por despido no debe tener andamiento favorable, a mi juicio, toda vez que no llega debidamente puesta en crisis la conclusión de la "a quo" en el sentido de que el recibo de salario del mes del s.a.c. del segundo semestre del 2.004 (cuando tuvo una cartera de clientes de relevancia con clientes como Bank Boston, Banco Río, Price Waterhouse) consta el pago de un aguinaldo proporcional al monto indicado.

Lejos de revertir tal aserto, la omisión de la empleadora respecto de la obligación de exhibir las constancias registrales inherentes al contrato de trabajo del reclamante que tenía a su cargo, validan la decisión de conferir certeza a las afirmaciones iniciales que el trabajador efectuó en ese sentido; en este caso, en cuanto al salario denunciado en la demanda (cfme. art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo).

IV) La accionada critica el valor probatorio otorgado a los declarantes ofrecidos por la actora (vgr. Freigedo, Dorrego, Zignago). Aún cuando esto fueron impugnados por tener juicio pendiente con la empresa, en el caso adquieren plena validez pues no se le imputó a la declarante que faltase a la verdad con su testimonio. Además, en nuestro ordenamiento legal no hay tachas legales absolutas, sino que sólo deber de apreciar los testimonios con mayor prudencia y reparo.

En todo caso, corresponde a quien pretende descalificarlo, demostrar la sinrazón de sus dichos, lo que el apelante no logra: los relatos de los testigos resultan ser veraces y coincidentes -en líneas generales- entre sí, por lo cual, gozan de plena fuerza convictiva (arts. 90 de la ley 18.345; y 386 y 456 del Código Procesal).

V) Debe confirmarse la condena que dispone la entrega de un nuevo certificado de trabajo, en tanto no se demostró que la accionada hubiera confeccionado en razón de las verdaderas premisas fácticas que rodearon a la prestación de trabajo, sino que en el entregado se consignaron salarios menores a los efectivamente percibidos, circunstancia que torna inhábil a la documentación extendida en su momento (art. 386 del C.P.C.C.N.) VI) Hay agravio de la apelante por la imposición de una supuesta "multa", la cual -en su opinión- carecería de fundamento. Ahora bien, la recurrente no especifica qué concepto es el que ataca, lo que impide conocer cuál es la medida de su interés (art. 116 LO).

VII) No veo motivos para alterar lo decidido en el fallo de grado en materia de costas, porque el principio general que consagra el art. 68 del Código Procesal "...encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota; quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho" C.S.J.N. 314:1634, Nov. 26-1.991, en "Confederación General de Empleados de Comercio y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", Rev. Doctr. Judicial, año VIII, Nº: 55 del 16.12.92). Y en el caso, no se aprecia configurado tampoco ningún supuesto de los de excepción previstos en el segundo párrafo de la norma citada (esta Sala, entre muchos otros, en: "Curti, José Luis c/ Pomilio, Jose Luis y otros s/ Despido"; S.D. 38.983 del 6.02.06).

Por todo lo expuesto, propongo que se confirme el fallo recurrido íntegramente. VIII.- Sobre la base de los trabajos efectivamente realizados por los profesionales intervinientes, opino que -por aplicación de los porcentajes regulados en su favor- sus honorarios son adecuadamente retributivos, por lo que propongo su confirmación (art. 38 de la ley 18.345 -modificada por ley 24.635- y arts. 3 y 6 del D.L. 16.638/57).

IX.- De tener adhesión mi voto, propongo que las costas de alzada sean soportadas por la parte demandada (art. 68 del C.P.C.C.N.) y que se regulen los honorarios de esta instancia en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de lo fijado en favor de cada una de las representaciones letradas de las partes, por su actuación en la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839 -modificada por ley 24.432).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede y veo necesario agregar algunas consideraciones respecto del acuerdo disolutorio formalizado con fundamento en el artículo 241 de la L.C.T.

A tal fin, debo destacar que se puede leer, entre otras consideraciones, que se entrega al actor por parte de la empresa, una suma de dinero en concepto de "gratificación extraordinaria", con motivo del cese, a la vez que el trabajador hace expresa renuncia a todos y cualquier derecho a reclamo de cualquier índole.

Estas dos apreciaciones me llevan a algunas conclusiones que no pueden soslayarse.

Así, tengo dicho antes de ahora, que la entrega de una suma de dinero en concepto de gratificación por cese, denota sin lugar a dudas, la existencia de un apartamiento de la figura que estatuye el art. 241 de la L.C.T. para instalarse en el art. 245 del mismo cuerpo legal.

Observo la configuración de un claro fraude a la ley y así lo sostengo, en razón de la presencia de un vicio en la causa del acto jurídico.

En el caso, la causa fin objetiva del acto rescisorio no configura una disolución por mutuo acuerdo, sino un despido arbitrario por trastrocamiento de causa fin objetiva.

A ello, se ha llegado utilizando una norma de cobertura (art. 241 de la L.C.T.) para excluir la aplicación del art. 245 de la misma ley, y no soportar sus consecuencias.

No hablo de culpa, ni de lesión, ni de dolo, sino de fraude como vicio del acto jurídico y que no requiere pruebas específicas, sino la sola comprobación, por parte del Juez, de la tensión entre la norma de cobertura y, en el caso, el orden público laboral, culminando en la alteración de la causa fin objetiva, del acto retratado a fs. 27/9 de autos.

El mismo queda así huérfano de legitimidad para el trabajador y debe ser automáticamente reemplazado por la figura que corresponde que en este caso es la que regula el despido incausado.

Así, la pretendida rescisión por mutuo acuerdo desaparece del mundo jurídico de la eficacia, dando lugar a la realidad jurídica debida.

A ello debe sumarse que tampoco se puede admitir la renuncia expresa del trabajador a "eventuales reclamos emergentes de la relación laboral". Tal forma resulta afectada de invalidez absoluta, porque encierra en sí misma una clara violación del orden público laboral que el juez debe decretar de oficio.

En tal sentido, aún en el derecho civil, el fraude a la ley, da lugar a un acto nulo en los términos del art. 1044, cláusula 1ª y a la nulidad absoluta del art. 1047.- En el caso en examen, estamos en presencia de un acto nulo por falla concerniente al objeto o causa final del acto. Así la ley declara el mismo ineficaz presumiendo, sin admitir prueba en contrario, la realización del fraude.- El acto nulo, posee una nulidad manifiesta, rígida e invariable y en el caso, va acompañada de nulidad absoluta que es la que posee la mayor rigidez. Deseo recalcar que se trata de un acto nulo de nulidad absoluta.

El acto contrario al orden público, en cualquier disciplina jurídica, adolece de nulidad absoluta y sobre todo acarrea el peso de la sanción legal más rigurosa.

Estamos por tanto, en presencia de una nulidad manifiesta o patente, que aniquila los efectos propios del acto jurídico como sanción insoslayable que debe ser declarada de oficio por el Juez, cuando el vicio está manifiesto en el acto (art.14 de la Ley de Contrato de Trabajo, 1044 y 1047 del Código Civil).

Como consecuencia de lo que he dejado expresado, considero que el actor tiene razón al pretender la totalidad de las indemnizaciones correspondientes al despido incausado (en igual sentido; v. "Giménez, César Valentín C/ Siembra Seguros De Retiro S.A. S/ Despido"; S.D. Nº39543 del 77.9.06).

LA DOCTORA BEATRIZ INES FONTANA: No vota (art. 125 de la ley 18.345 -modificada por ley 24.635-).

Por lo que resulta del acuerdo que precede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo recurrido. 2) Mantener los honorarios fijados en grado. 3) Imponer las costas de alzada a la demandada. 4) Regular los honorarios de esta instancia en favor de cada una de las representaciones y patrocinios letrados de las partes en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de lo que les corresponda, a cada uno de ellas, por su actuación en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.