Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-19


Buenos Aires, octubre 19 de 2007.

El doctor Vicchi dijo:

I. Que a fs. 82/99 la actora interpone recurso de apelación contra una resolución de la AFIP-Dirección General Impositiva por medio de la cual se le determina de oficio el Impuesto a las Ganancias período fiscal 1998 y el Impuesto al Valor Agregado período fiscal julio de 1997 a junio de 1998 con más intereses resarcitorios y multa.

Que en primer lugar manifiesta que la empresa se fundó en el año 1971 y a partir del año 1995 entró en crisis, habiéndose agudizado el proceso durante el ejercicio 1998, debiendo vender un inmueble con el fin de hacer frente a las deudas.

Que señala que el principal problema que tuvo que enfrentar su parte fue la privatización de los ferrocarriles, como consecuencia de lo cual perdió los locales de venta, provocando a su vez la competencia de grandes supermercados la reducción de la actividad mayorista al haber desaparecido los negocios de barrio que eran sus clientes.

Que agrega que simultáneamente le iniciaron acciones judiciales por desalojo de varios locales y al haber perdido bocas de venta, su parte se vio obligada a vender varios artículos que tenían fecha de vencimiento muy cercana a precios menores al costo, con el fin de recuperar algo de lo invertido, perdiendo en algunos casos dicho valor al no poder efectuar la venta.

Que en consecuencia aclara que el tema de fondo se centra en la consideración por parte de fisco de la existencia de ventas omitidas en función a que el porcentaje de utilidad bruta que surge del balance es reducido. Señala que su parte manifestó oportunamente que no existen ventas omitidas y que la reducción en la utilidad bruta del ejercicio fue causada por haber valorizado, al cierre del mismo, los bienes de cambio sin valor comercial a cero pesos con relación a la mercadería vencida y deteriorada.

Que en este sentido se agravia por cuanto el fisco no identificó al momento de la determinación los hechos y circunstancias conocidas como tampoco el hecho imponible, utilizando como indicio el rendimiento normal del negocio que denominó como porcentajes de utilidad informados por el contribuyente.

Que al respecto señala como notable la falta de presunción sobre las existencias iniciales y finales, razón por la cual dice que si las existencias determinadas por su parte son correctas el ajuste fiscal resulta absurdo por no haber aplicado la fórmula del costo de venta.

Que se refiere a la responsabilidad de los contadores públicos, específicamente, a lo dispuesto por el Código de Etica para concluir en que los funcionarios actuantes violaron dicho ordenamiento.

Que en lo que hace al Impuesto al Valor Agregado señala como otra incongruencia del organismo fiscal el hecho de haber aumentado el fisco el importe de las ventas en forma presunta con el fin de gravar la diferencia. Al respecto destaca que su parte valorizó las existencias de mercaderías vencidas y deterioradas a cero pesos, es decir, redujo la existencia final, motivo por el cual la utilidad bruta es reducida.

Que en consecuencia solicita que el fisco informe cuál hubiera sido la existencia final de mercaderías si a la existencia declarada por el contribuyente se le sumara la mercadería vencida y deteriorada más el costo de las ventas omitidas que se presumen, situación que llevaría a un porcentaje superior al 60% de las ventas del ejercicio posterior, un absurdo a su criterio al no haber relacionado la rotación de inventarios de una empresa en crisis donde la venta de todo el ejercicio posterior fue menor a $1.000.000 y la existencia declarada al cierre sin computar la mercadería vencida y deteriorada era de $349.000 equivalente a más de cuatro meses de ventas. Ofrece prueba.

Que en lo que hace a la multa entiende que la misma se basa en una presunción que no ha sido verificada, arribando el fisco por medio de ella a otra presunción calificadora de una conducta dolosa lesionando de esta manera el principio de responsabilidad subjetiva en materia penal.

II. Que a fs. 104 se da traslado del recurso al fisco nacional, quien contesta a fs. 117/132vta. solicitando por las razones de hecho y derecho que expone se confirme la resolución apelada en todas sus partes con costas.

III. Que a fs. 153 se abre la causa a prueba haciéndose lugar a la informativa y a la pericial contable ofrecida, la que obra agregada a fs. 176/179, 181/188 y 192/3. A fs. 194 se declara cerrado el período de instrucción. A fs. 198 se elevan los autos a sala y se ponen para alegar, haciendo uso de tal derecho el fisco a fs. 200/205 y la actora a fs. 206/214. A fs. 215 pasan a sentencia.

IV. Que conforme surge de los antecedentes administrativos se trata de una sociedad anónima cuya actividad consiste en la venta mayorista y minorista de artículos para quioscos y comestibles, lleva libros rubricados y cierra sus ejercicios comerciales el 30 de junio de cada año.

Que sometida a verificación, el personal actuante comprobó la fórmula para la determinación del Costo de Mercadería Vendida que surge del Balance General cerrado al 30/06/1998 en función de la relación informada por la contribuyente, a saber, con relación a las compras que un 36% corresponden a la adquisición de cigarrillos y un 64% a la adquisición de artículos para kioscos y comestibles destinados estos últimos en un 42% a ventas en locales propios y un 22% a ventas mayoristas o revendedores.

Que señalan que posteriormente y mediante la aplicación de los porcentajes de utilidad también informados por la recurrente sobre el costo determinado se procedió a establecer las ventas del ejercicio 1998, siendo el porcentaje de utilidad para los cigarrillos del 5,66%, para la venta en locales propios de artículos para quioscos y comestibles del 18% y para la venta a mayoristas o revendedores de artículos para kioscos y comestibles del 14%.

Que en consecuencia la inspección determinó un mayor monto de ventas que las declaradas por el Impuesto a las Ganancias período 1998 ascendiendo la diferencia a $358.337,50.- habiendo la firma rectificado durante la verificación practicada su declaración jurada original en $95.298.-.

Que cabe destacar que las presentes actuaciones se originan en la determinación de presuntas ventas omitidas, surgidas del procedimiento seguido por el personal fiscalizador, que aplicara a las compras del ejercicio 1998 los porcentajes de utilidad informados por la Sra. Hilda A. Hernandez en su carácter de autorizada conforme actas obrantes a fs. 119 de los antecedentes administrativos.

Que el procedimiento utilizado, en cuanto aplica coeficientes de utilidad tomados en forma genérica con referencia a multiplicidad de artículos, según lo manifestado por la sedicente persona autorizada, no concuerda con lo informado por los peritos contadores en autos, sobre la base de un muestreo que abarcó aproximadamente la mitad de los ítems que conforman el inventario, en tanto los mismos concluyen en la determinación de coeficientes de utilidad variables e incluso negativos respecto de tales ítems (vide fs. 181/4).

Que en este sentido, lo manifestado en forma genérica por una persona autorizada cede ante la información surgida de libros llevados en legal forma, aspecto respecto del que concuerdan ambos peritos actuantes (vide fs. 185).

Que a mayor abundamiento, mientras que el personal fiscalizador actuante -vide ant. adm. cuerpo I fs. 33- señala que utilizó "los porcentajes de utilidad que el mismo contribuyente admitió aplicar sobre los precios de compra de los distintos productos", otro auditor fiscal señala que del estado de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 30/6/98 surge un resultado neto de ventas negativo del 12% -vide antecedentes cuerpo II fs. 179-, lo que debió haber llevado a verificar, sobre la base de la correspondiente documentación respaldatoria, la verosimilitud de tal porcentaje, con independencia de las afirmaciones genéricas obtenidas de personas actuantes en la gestión de la recurrente.

Que además, corresponde advertir que según surge del último informe de inspección mencionado la actora experimentó una merma significativa en su actividad, la que quedó expuesta con la baja de 40 empleados en el lapso de un año.

Que dicha situación sumada al carácter perecedero de la mayoría de los bienes comercializados por la recurrente, torna verosímil la disminución en el margen de rentabilidad, ratificado por la prueba pericial contable, no impugnada por el fisco.

Que en atención a los argumentos expuestos corresponde revocar la resolución apelada, con costas.

Que atento la forma en que se resuelve, deviene innecesario el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en autos.

Los doctores Urresti y Adorno dijeron:

Que adhieren al voto del doctor Vicchi.

En virtud de la votación que antecede, se resuelve: Revocar la resolución apelada, con costas. - Esteban J. Urresti. - Juan C. Vicchi. - Adriana Adorno.