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Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, trámites judiciales, revisión judicial, interpretación restrictiva, juicio político, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: T, J A s/ SU PRESENTACION. DENUNCIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ   EXPTE N. 315-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

En el procedimiento de enjuiciamiento están comprometidos intereses de la mayor importancia para el buen funcionamiento de las instituciones del Estado: en particular de aquellos que constituyen la garantía última de los derechos de los individuos. Tiende, consecuentemente, a asegurar un riguroso control de las condiciones personales de los magistrados, es decir, de las personas a quienes el Estado confía una grave función de tutela de los más preciados bienes de los hombres. En este sentido, si bien el constituyente de 1962 se propuso sustraer el enjuiciamiento de los jueces (con excepción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia) al tradicional rodaje del juicio político ante las Cámaras Legislativas -pesado y difícil, como lo demostró la práctica de esa institución- por otro más sencillo y eficaz, lo hizo sin desmedro de las garantías que tanto para el interés público como para el interés personal en juego, preserva con amplitud. Resolvióse así, mediante la ley que rige, un problema de fino equilibrio entre la simplificación que requiere la premura en resolver delicadas situaciones institucionales y el absoluto respeto por el derecho de defensa del enjuiciado.
Recurso de inconstitucionalidad, jueces, establecimientos penitenciarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: DRA. BALANGIONE, JAQUELINA c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-28

En relación al cuestionamiento que la recurrente realiza a la labor desarrollada por los Camaristas, acusando que éstos habrían hecho una interpretación restrictiva de las atribuciones con las que constitucionalmente están investidos para el ejercicio de su función, con pretendida afectación a las garantías de acceso a la jurisdicción y tutela judicial efectiva, se vislumbra de la lectura del pronunciamiento puesto en crisis que la actuación de los Magistrados se enmarcó dentro de sus límites funcionales posibles, sin que la interesada logre demostrar puntualmente cómo se habrían vulnerado en el caso los derechos que invoca, desde que los Sentenciantes partieron por explicar las razones por las cuales, a su juicio, no correspondía confirmar la resolución de grado, que -a su turno- había admitido la acción de hábeas corpus colectivo y correctivo entablada e instado al Poder Ejecutivo provincial para que arbitre y coordine políticas públicas para dar solución de fondo a la problemática denunciada y tras analizar los planteos de las partes a la luz de las probanzas aportadas, concluyeron que no lucía fehacientemente acreditado que las circunstancias relatadas como fundantes de la acción constituyeran un concreto agravamiento de las condiciones de detención. (Del voto de la Dra. Gastaldi, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Erbetta, Falistocco y Llaudet Maza)
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa De la Vega, Rodrigo c/ Instituto Nacional de Tecnología Industrial s/ medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

El requisito de sentencia definitiva no puede suplirse mediante la invocación de arbitrariedad o del desconocimiento de garantías constitucionales. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Daños y perjuicios, daño físico, energía eléctrica, relación de causalidad, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Argañaraz, Elizabeth Del Valle c/ Trasnoa SA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-04-28

No existe prueba alguna a nivel técnico sobre la causa que origina el daño, ni testimoniales, ni de informe, ni de ningún otro tipo, no hay estadísticas o informes de las causas de las enfermedades en gente de la zona que sea producto de las ondas electromecánicas de alta tensión que refiere la nota periodística que se adjuntó, que avale lo allí informado, tampoco existen informes ambientales que determinen la relación existente entre actividad de la demandada y los problemas de salud que sufriría la población aledaña a la industria citada, no se informó dónde están colocadas las antenas de alta tensión, la distancia con la vivienda de los accionantes ni sobre el efecto que tuviera sobre ellos la electricidad. No se acreditó la relación causal ni a los fines de la pretensión resarcitoria ni tampoco a los fines de la prevención, es decir, tampoco se acreditó la acción u omisión antijurídica de la demandada, la amenaza del daño, nexo causal entre esa amenaza y los daños de los accionantes. La actora debía acreditar la relación de causalidad, que pueda vincular la existencia de enfermedades que pudieran derivarse del tendido eléctrico, presupuesto que no pudo probar con los elementos aportados al proceso, por lo que esa ausencia de prueba sólo a ella puede perjudicarla.
Concurso preventivo, proyecto de distribución, acreedores del concurso, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL
Carátula: NARPO CHARTERING SRL Y OTRO c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-09

Siempre que se pretenda una ejecución coactiva de bienes del deudor, ya sea en el marco concursal como por la vía que el ordenamiento procesal ordinario otorgue -conforme la naturaleza del alegado derecho-, debe obtener el pretensor el citado reconocimiento jurisdiccional, que presupone la interposición de la correspondiente demanda -que en el derecho concursal suele denominarse "demanda de verificación"-, dentro del período informativo o tardíamente con posterioridad del plazo fijado por el juez del concurso para el primero; sin su insinuación no podrá declarárselo acreedor concurrente, condición insoslayable para ser incluido en el proyecto de distribución del resultado de la realización de los bienes de la fallida que fueron objeto del desapoderamiento, ya que el citado proyecto de distribución debe ser presentado por el síndico "con arreglo a la verificación y graduación de los creditos, previendo las reservas necesarias" en caso de existir pendiente de pronunciamiento algún pedido o un crédito condicional que no este aún consolidado.
Moneda, actualización monetaria, índices de actualización, inflación, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: DEVOREAL c/ DIAZ s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-10

Para calcular la desvalorización monetaria de una deuda, y puesto que el índice del mes de junio es conocido, no es de aplicación la doctrina establecida in re Uccello c/ Café Caxambú -aplicable a aquellos casos en que se desconoce el índice del 'dies ad quem'-.

Por tanto el cálculo deberá efectuarse tomando el índice correspondiente al mes de junio, y el del mes de la mora, adicionándose a ese importe un interés del 6% anual durante el período. A partir de allí (30.6.85) la deuda devengará intereses a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento para treinta días. Ello en tanto no se demuestre que tal interés no sea compensatorio de la depreciación monetaria en los términos del código civil:622, requisito necesario para optar por la adición de una suma reparatoria sumada al interés puro o neto como se establecen el plenario del tribunal del 13/4/77.
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: P., R. P. y otra c/ C. A . T. J. y otros s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-02

"La carga de la prueba en la excepción de falta de legitimación para obrar, no se halla sujeta a pautas rígidas, ya que no depende estrictamente de la posición de actor o de demandado sino de la situación que cada uno adquiere en el juicio conforme a los hechos establecidos o modificados. Por consiguiente -y al margen de lo que pueda corresponder al excepcionante- el actor se encuentra en la facultad-deber de arrimar al juicio las pruebas tendiente a desvirtuar las afirmaciones hechas por el demandado en el responde acerca del tema, aunque en el escrito introductorio nada se hubiera dicho al respecto".
Resoluciones irrecurribles, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, medidas cautelares, acción de amparo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ben S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Ben y Otros c/ GCBA s/ incidente de medida cautelar - amparo - habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-13

Corresponde a quien recurre una decisión que no es la definitiva, la carga de invocar y probar circunstancias que permitan equipararla a un pronunciamiento de tal carácter para habilitar la intervención del Tribunal. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Interpretación de la ley, duración de la investigación, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en D. S., C. J. s/infr. art.(s) 189 bis CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-08

La defensa se agravia de la interpretación que los jueces de mérito dieron al art. 47 del RPPJ y 104 del CPPCABA, porque implicaría computar el plazo de la investigación preparatoria recién a partir de la intimación a responder por el hecho investigado (art. 161 del CPPCABA), de modo que la discusión acerca de la inteligencia que cabe acordarle a esa norma procesal carece, como principio, de relación directa con la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable por cuanto no se invoca ni la inconstitucionalidad de la ley por prever un trámite cuya prolongación sea incompatible con el derecho a la duración razonable del proceso, ni una aplicación por parte del juzgador que arroje semejante resultado. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces Ana María Conde y José O. Casás).
Docentes, regímenes jubilatorios especiales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FATTOR DE BUSTOS NAVARRO, Marta Rosa Justina c/ A.N.Se.S. s/ DOCENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-21

Del texto de la ley 24.016 no surge como requisito para obtener el beneficio la necesidad de estar al frente de alumnos al momento de la cesación de servicios.
Cheque, aviso de falta de pago
Materia: PENAL
Carátula: Liscovsky, Israel s/ Infracción al art. 302 del Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-08

No se satisface la exigencia del conocimiento fehaciente del rechazo del cheque requerida en el art. 302 inc. 1º del Código Penal con la sola notificación al domicilio constituido en el Banco soslayando el hecho de que no consta que la diligencia se haya instrumentado personalmente con el librador; toda vez que el precepto penal requiere un conocimiento directo de éste del rechazo del cheque, no la mera probabilidad de que pueda conocer esa circunstancia.
Juicio ordinario, sentencia definitiva, cosa juzgada, cosa juzgada material
Materia: PROCESAL
Carátula: Senator Lines GMBH c/ Nidera SA s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-18

Las sentencias definitivas en juicios ordinarios hacen cosa juzgada material, lo cual supone que además de ser irrecurribles, no pueden ser mutadas con posterioridad por autoridad alguna (conf. Couture, Eduardo J., Fundamentos del derecho procesal civil, Depalma, 3ra. Edición, pág. 416/417, 421/422). De allí, pues, que los derechos emergentes de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada quedan incorporados al patrimonio -en este caso del acreedor- y se encuentran protegidos por el art. 17 de la Constitución Nacional (conf. Corte Suprema, Fallos: 209:303, 237:563, 307:1709, 308:916 y 319:3241). La estabilidad propia de esa clase de pronunciamientos judiciales constituye, al decir del Alto Tribunal, un presupuesto ineludible para la seguridad jurídica (conf. Fallos: 310:1797; 313:904; 315:2406, entre otros).
Recurso extraordinario de nulidad, impugnación errónea, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Moreno, Raúl Eduardo s/ Infrac. art. 96 inc. f, ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-29

El recurso extraordinario de nulidad interpuesto resulta inadmisible, toda vez que no se configura la alegada transgresión del artículo 171 de la Constitución provincial cuando -como ocurre en el caso- el fallo impugnado tiene respaldo en expresas normas legales independientemente del acierto con que han sido aplicadas, siendo ajenas a este recurso cuestiones vinculadas con supuestos errores de juzgamiento como lo serían el apartamiento por parte de la alzada de la legislación y jurisprudencia vigentes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aborto no punible, Derechos humanos, salud reproductiva y sexualidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Rachid, María de la Cruz y otros c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

Como cuestión pública, el aborto y sus formas legales son un derecho humano cuya regulación y des-criminalización no sólo está destinada a reducir las tasas de morbilidad y mortalidad por prácticas irregulares y clandestinas, sino afianzar el derecho que tiene toda persona de decidir autónomamente sobre su cuerpo en el ámbito de su sexualidad y reproducción responsable. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz)
Comunidad Homosexual Argentina, asociaciones civiles, objeto de la asociación, corrupción, graduación de la pena, atenuantes de la pena, imputado, homosexuales, bien jurídico protegido, bien común, orden público, moral y buenas costumbres, perjuicio a terceros
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

La pública defensa de la homosexualidad con vistas a su aceptación social resulta reñida con razonables valoraciones, apreciaciones y distinciones morales y jurídicas, entre ellas, con la obligación de tomar en cuenta la condición de homosexual en la apreciación de la personalidad del delincuente a los fines de graduar la pena del delito de corrupción (arts. 40, 41, 125 y 126 del Código Penal) apreciación que viene legalmente impuesta con miras a la tutela de los bienes jurídicos específicamente protegidos en esas normas penales y, en definitiva, del bien común, que comprende incluso en bien moral de los menores, al cual no es ajeno, por cierto, el orden, la moral pública y el perjuicio de terceros.
Concursos, extensión de la quiebra, terceros, oportunidad procesal, aplicación de la ley, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ledesma SAAI c/ Canievsky, Fernando Oscar y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-12

Procede confirmar la resolución que rechazó la demanda, por cuanto, en el caso, no se habían aportado a la causa ni al expediente en el que se desarrollaba el proceso falencial elementos que comprometieran la responsabilidad de los codemandados, por lo que, aun si se adoptara el criterio más amplio para interpretar la LCQ 160, no había razones para concluir en que aquéllos hubieran incurrido en una conducta que mereciera como reproche su responsabilidad solidaria e ilimitada, por lo que no cabía extender la quiebra de la compañía a los socios demandados. Es que si la accionante pretendía obtener la extensión de la quiebra a los administradores sociales con fundamento en un supuesto incumplimiento de sus deberes, debió, con anterioridad a la petición de extensión, haber iniciado una acción independiente en la que se debatiera con la amplitud necesaria la existencia del alegado incumplimiento y se determinara la eventual responsabilidad de los demandados. De todos modos, ha de señalarse que no existen en esta causa pruebas que den cuenta de un accionar de los administradores contrario a las pautas establecidas en la LGS 59 y 274 que pueda dar sustento a la procedencia de la responsabilidad solidaria invocada por la accionante. Ello, sin perjuicio de la dudosa admisibilidad de considerar que la responsabilidad que, por hipótesis, se les imputara a los accionados por su desempeño como administradores pudiera implicar la extensión de la quiebra en los términos de la LCQ 160, que refiere a la responsabilidad de los socios, incluso cuando ellos hubieran estado investidos con ambas cualidades.
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, facultades tributarias
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Marítima Key Kar  S.R.L. c/ M.C.B.A. s/ revocatoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

El Congreso Nacional tiene facultades para encomendar a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el dictado de las normas que deben regir la imposición por él permitida .
Acción civil en el proceso penal, daños y perjuicios, principio objetivo del vencimiento, recurso de casación
Materia: PENAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Moreno, Ricardo Héctor s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Fernando Ramón Avila por la defensa del imputado Ricardo Héctor Moreno en contra de la Sentencia Nº 19/09 recaída en causa Expte. Nº 153/99 caratulado Moreno, Ricardo Héctor y otros - ss.as. Peculado reiterado, etc. - Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-23

La defensa del imputado plantea Recurso de Casación contra la sentencia que lo declaró culpable como coautor penalmente responsable de los delitos de peculado en forma continuada -veintinueve hechos- e hizo lugar parcialmente a la acción civil instaurada por la parte actora civil, Estado Provincial, por resarcimiento del daño material que surge de los respectivos montos correspondientes a los delitos por los cuales fuera condenado, con costas en un ochenta por ciento a la parte demandada y en un veinte por ciento a la parte actora.

Manifiesta el recurrente que el Tribunal omitió resolver adecuadamente la distribución de las costas.

Cuestiona la imposición de las costas en un ochenta por ciento a la parte demandada y en un veinte por ciento a la parte actora, por considerar que esa distribución es contraria a la equidad, dado que el actor pretendía $19.029.966,75 pero el imputado fue condenado sólo por $107.542,58, por lo que el actor triunfó sólo en un 0,5% de su pretensión y, al menos cuantitativamente, su defendido es la parte gananciosa de la demanda. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura.

El tema propuesto fue materia de consideración y decisión por este Tribunal en los autos identificados como Expte. Corte Nº 64/09. En dicha oportunidad, dije lo siguiente: "(.) Sobre las costas estimo preciso recordar que tienden a resarcir al vencedor de los gastos en que debió incurrir y que deben ser reembolsados por el vencido, con prescindencia de la buena o mala fe de los litigantes, dado que no constituyen un castigo al perdedor sino una reparación patrimonial a favor de quien ha debido iniciar una acción judicial para lograr el reconocimiento de su derecho o bien para realizar la defensa de sus derechos frente a una demanda injusta.

Asimismo, que en una acción de daños y perjuicios las costas integran el resarcimiento; que el principio general en la materia, como fundamento de la imposición de costas, es el criterio objetivo de la derrota y que el carácter de vencido se configura si la acción prospera, aun cuando sea en mínima parte, por lo que la noción de vencido ha de ser fijada con una visión global del juicio y no por análisis aritmético de pretensiones y resultados.

En ese sentido se ha dicho lo siguiente: que "Las circunstancias de que se desestimen algunos rubros, no le cambia al actor la calidad de victorioso ni a la demandada la de vencida" (SCBuenos Aires, dic 20-980 Gómez Carlos c Swif SAJ DJBA 138-1680).

Como consecuencia, en lo que fue motivo de agravio en este punto, el recurso es improcedente.
Jubilaciones, régimen jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PEREZ, DOLORES OTILIA LUQUE DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-24

Las jubilaciones deben adecuarse dentro de ciertos límites, a lo que el trabajador ganó durante su vida activa. Así se protege plenamente la vejez, y se convierte en realidad el vivo anhelo social del derecho al descanso frente a los temores y riesgos de la existencia. Ese derecho al descanso resultaba un irónico contrasentido, si por el juego de diversas normas legales los afiliados a regímenes jubilatorios dispersos, obtuvieran el reconocimiento teórico de los beneficios, al propio tiempo que se declarase la incompatibilidad de los mismos, como lo afirmó la jurisprudencia al crearse las cajas de jubilaciones, fundada en que atento a la naturaleza de aquéllos, eran entre sí sucedáneos y excluyentes.
Retroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, evasión, delitos tributarios
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Riesco, Jorge Antonio c/ AFIP-DGI s/ imp. de evasión impositiva simple
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-06

La actualización de los montos mínimos de punibilidad del delito de evasión introducida por la ley 26.735 no resulta aplicable a los hechos ocurridos con anterioridad a su sanción, pues dicha actualización obedeció a la necesidad de adecuar dicho valor cuantitativamente al valor real y constante de la moneda, lo que no modifica su entidad delictiva y el reproche penal, extremo necesario para que resulte aplicable la garantía de la retroactividad de la ley penal posterior más favorable, máxime considerando que la aplicación retroactiva de los nuevos topes atentaría contra la garantía de la igualdad al ser beneficiadas personas que evadieron cantidades iguales o aún mayores a las que contempladas en la reforma. (del voto en disidencia del Dr. Candisano Mera)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, delitos, pena, agravantes de la pena, arma de fuego, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROBLEDO, NESTOR FABIAN; D'ANGELO, CARLOS ANDRES Y D'ANGELO, FERNANDO DANIEL c/  s/ HOMICIDIO EN OCASION DE ROBO AGRAVADO POR EL ARMA DE FUEGO Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-11

En relación al agravio vinculado con la aplicación del agravante previsto en el artículo 41 bis del Código Penal, cabe remitir a las apreciaciones y fundamentos expuestos por esta Corte en el punto 7 del fallo "Lazetera" para desecharlo. (Del voto de la mayoría. En disidencia parcial: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 41 bis. - Jurisprudencia vinculada: Lazetera, AyS T 265, p 24, sumario J0041409.