Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-25


SENT Nro. 488 San Miguel de Tucumán, 25 DE JUNIO de 2003.

Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el artículo 14 de la ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpuesto por el apoderado de la codemandada Caja Popular de Ahorros de la Provincia en autos: "De Simone, Nora del Valle vs. Caja Popular de Ahorros de la Provincia s/Cobro de Pesos"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- En fecha 23 de diciembre de 2002, esta Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia nº 1182, en el punto I de su parte resolutiva, no hizo lugar al recurso de casación incoado por la codemandada Caja Popular de Ahorros de la Provincia, con fundamento en la inexistencia de la arbitrariedad normativa en que habría incurrido la sentencia de grado y que fuera denunciada en la presentación recursiva.

II.- La sentencia que se impugna por el recurso extraordinario federal fue notificada mediante depósito de cédula en casillero a la representación de la Caja, el día martes 4 de febrero de 2002 (cfr. fs. 270); el recurso extraordinario fue planteado, el día lunes 17 de febrero de 2003, (cfr. cargo actuarial de fs. 282 vta.), vale decir, tempestivamente (CPCCN, artículo 257).

Como surge de la presentación de fs. 274/282, el apoderado de la codemandada fundamenta el recurso extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48, contra la sentencia dictada por esta Corte de Justicia de fecha 23 de diciembre de 2002, en la arbitrariedad normativa de la misma en la interpretación de las disposiciones del Decreto Nº 409/2 del 29-4-58, reglamentario del Decreto-Ley Nº 26/1 del 17-3-58, de la póliza de seguro, aprobada por Decreto Nº 2935/3 del 30-11-83 y determinación de la inexistencia de responsabilidad municipal.

III.- De lo expresado precedentemente se desprende que el tema central materia del recurso extraordinario, lo constituye la pretendida arbitrariedad en la interpretación legal realizada por la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia de la Provincia, de las disposiciones que regulan el seguro colectivo obligatorio en la Provincia, coincidente con el criterio de la Cámara.

Corrido el traslado de ley (fs. 284), en el término previsto en el artículo 257 del CPCC de la Nación, consta en autos que la parte actora ha contestado a fs. 285/287.

Si bien incumbe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación juzgar sobre la existencia o no de alguno de los supuestos de arbitrariedad, ello no exime a este Tribunal de efectuar el control de admisibilidad, verificando si se dan los requisitos formales y procedimentales habilitantes de la vía extraordinaria federal.

Al respecto se advierte que el recurso se dirige contra una sentencia definitiva, toda vez que pone fin al pleito, dictada por el Superior Tribunal de Provincia.

Ahora bien, analizado el escrito introductorio del recurso extraordinario, se advierte que la pretendida cuestión federal se refiere a la interpretación y aplicación de normas provinciales, vale decir, sólo se trata de interpretación de leyes de derecho local y de la aplicación de normas de seguro por parte de los tribunales provinciales, referidas a cuestiones de derecho común, cuyo conocimiento por regla, compete a los jueces de la causa y son insusceptibles de recurso extraordinario, sin que se haya demostrado que el fallo atacado adolezca del vicio de arbitrariedad que se le imputa.

Asimismo, la presentación recursiva se limita a reiterar los argumentos que fueron objeto de tratamiento en el recurso casatorio, y la sentencia de Corte se ajusta a la normativa aplicable llegando a sus conclusiones con fundamento adecuado. Por lo tanto no se configura el vicio de arbitrariedad denunciado en autos.

Tampoco se avizora transgresión alguna a derechos constitucionales como lo alega el recurrente, para fundar la cuestión constitucional en la supuesta arbitrariedad de la sentencia.

Para precisar este aserto, cabe destacar que al respecto esta Corte, en múltiples pronunciamientos, ha manifestado que la doctrina de la arbitrariedad no ha sido concebida para rectificar sentencias que el recurrente considera equivocadas, sino que atiende a supuestos extremos en que se verifica un apartamiento radical de la solución prevista por la ley o bien una absoluta carencia de fundamentación, como así también las que se sustentan en un razonamiento argumentativo que se aparta de las reglas de la sana crítica judicial de modo tal que hace privar una solución manifiestamente contraria a las reglas de la lógica y de la experiencia, conculcando con ello la garantía constitucional de la defensa en juicio o de la inviolabilidad de la propiedad a punto tal que tornen destacable la invalidez del acto jurisdiccional; circunstancias que no se aprecian en el caso.

Contrariamente, la sentencia atacada muestra suficientes consideraciones con relación a los planteamientos formulados en autos, con apoyatura jurídica bastante en la ponderación de la normativa aplicable al caso y con indicación a los preceptos legales vigentes a los que se ajusta la decisión.

La sentencia en recurso, está lejos de ofrecer base de sustentación que haga viable la excepcional doctrina de la arbitrariedad. Ello por cuanto tiene fundamentos de hecho y de derecho aparecen como suficientes, en la medida en que no medie una decisiva carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco para la solución normativa del caso, por lo que se reputa constitucionalmente acto judicial válido, insusceptible de la tacha de arbitrariedad (cfr. Vanossi J.R.: "La sentencia arbitraria". E.D. 91-105; Morello, A. "Recursos Extraordinarios y Eficacia del Proceso", Editorial Hammurabí -1981, T° 0000II, pág. 415; Sagüés, N.P.: "Recurso Extraordinario", T°. II. pág. 807).

Debe observarse que el recurso extraordinario fundado en la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera o cuarta instancia sentencias equivocadas, ni se propone rectificar toda injusticia que pueda existir en el fallo apelado, sino mantener la supremacía de la Constitución Nacional. Tampoco procede respecto a valoración de los hechos o argumentaciones del Tribunal que no sean manifiestamente irrazonables (Fallos: 297:173; 303:1.574; 275:251; 303:2.091).

Es por ello, que no advirtiéndose en la sentencia atacada elementos que habiliten su descalificación como acto jurisdiccional, no corresponde la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad.

Consecuentemente y oído el Ministerio Fiscal a fs. 289/290, corresponde denegar con costas a la recurrente, el recurso extraordinario interpuesto (artículos 106 y 108 C.P.N.).

R E S U E L V E :

I.- DENEGAR la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por la codemandada Caja Popular de Ahorros de la Provincia, contra la sentencia dictada por esta Corte Suprema de Justicia, en fecha 23 de diciembre de 2002, obrante a fs. 264/268.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA