Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-11-19


RAWSON, 19 de noviembre de 2.008.- ------ VISTOS: ------------------------------------------------------------------------- ------ Estos autos caratulados: "S. S. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Acción Declarativa de Certeza" (Expte. Nº 21.367-S-2.008). -------------------------------------------------------------------- ------ DE LOS QUE RESULTA: ------------------------------------------------ ------ Que a fs. 246/268 vta. se presenta el Dr. C. A. T., en representación de S. S. ., e interpone Acción Declarativa de Certeza en los términos del art. 322 del C.P.C.C., respecto de la situación jurídica de S. S. frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia del Chubut (Ley Provincial Nº 5.450, Libro II, Parte Especial, Título II, texto ordenado 2.006 y sus modif. y complementarias). Ello, a raíz de la incertidumbre creada por la Ley Nº 5.450, art. 115, punto 15 y concretada respecto de S. en el acto administrativo de alcance particular (Intimación Nº 183/07 DCM, de fecha 27/06/2.007), emanado de la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut, que intima a la contribuyente mencionada a rectificar los Formularios CM 03 -Declaraciones Juradas- correspondientes a los períodos 06/2.006 a 12/2.006 y 01/2.007 a 05/2.007 del citado Impuesto local por la actividad de "Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p." (Código Nº 173090-0), a partir de considerar que se ha dejado sin efecto la exención reconocida por la Ley Provincial Nº 3.926 y, otorgada en cumplimiento del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12/08/1.993 (y normas complementarias y modificatorias). ----------------------------------------------------------------------- ------ En el punto IX. de su libelo solicita el dictado de una medida cautelar urgente y previa al agotamiento de la vía administrativa, a fin de garantizar el legítimo derecho de propiedad reconocido tanto en la Constitución Nacional como en Instrumentos Internacionales, ante el inminente peligro que la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut haga efectivo el apercibimiento contenido en la Intimación Nº 183/07 DCM, aplicando a S. S. sanciones por no rectificar sus declaraciones juradas CM03 con arreglo a la norma inconstitucional. -------------------------------------------- ------ Peticiona que, con carácter de urgente, se ordene a la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut se abstenga de aplicar y hacer efectivas sanciones contra S. S. ., con motivo o sustento en el incumplimiento de la Intimación Nº 183/07 DCM, como asimismo de intimar el pago de cualquier deuda estimada (tributo, intereses, recargos) por aplicación de lo normado en el art. 115, punto 15 de la Ley Nº 5.450 y sus normas modificatorias y complementarias, hasta tanto se resuelva definitivamente la cuestión de fondo de la presente demanda. -------------------------------------------------------------------------------- ----- Estima que la verosimilitud del derecho surge palmaria en cuanto a la inconstitucionalidad e ilegalidad de la norma local en crisis, en tanto que el peligro en la demora, se plasma en el inminente peligro que la Dirección General de Rentas haga efectivo el apercibimiento contenido en la Intimación Nº 183/07 DCM aplicando sanciones por no rectificar sus declaraciones juradas CM03, arremetiendo contra el legítimo derecho de propiedad reconocido por la Constitución Nacional e Instrumentos Internacionales. ----------------------------------------------------------------------- ------ Cita jurisprudencia sobre la procedencia de las medidas cautelares. Ofrece, como contra cautela, caución juratoria o la que se estimare pertinente. -------------------------------------------------------------- ------ Mediante providencia de fecha 05/09/2.008 (fs. 310) se intima a la accionante a ratificar o rectificar los términos de la medida cautelar, atento el tiempo transcurrido, según constancia de cargo inserto a fs. 267 vta., de fecha 10/10/2.007. A fs. 312 S. S. ratifica los términos de la medida cautelar toda vez que no se han modificado las circunstancias que dieran sustento al pedido de la misma. ----------------------------------------------------------------------------<#LI NE> ------ A fs. 313 se llama Autos para Resolver la medida cautelar peticionada. ----------------------------------------------------------------------------<#LI NE> ------ CONSIDERANDO: --------------------------------------------------------- ------ Que la tutela requerida consiste en que se ordene a la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut que se abstenga de aplicar y hacer efectivas sanciones contra S. S. ., con motivo o sustento en el incumplimiento de la Intimación Nº 183/07 DCM, como asimismo de intimar el pago de cualquier deuda estimada (tributo, intereses, recargos), por aplicación de lo normado en el art. 115, punto 15 de la Ley Nº 5.450 y sus normas modificatorias y complementarias, hasta tanto se resuelva definitivamente la cuestión principal. -------------------------- ------ Que en principio corresponde señalar que el criterio expuesto en la jurisprudencia de este Superior Tribunal -en concordancia con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- informa que las medidas cautelares contra actos de los poderes públicos -en general-, en virtud de la presunción de legitimidad de la que gozan, no pueden aplicarse automáticamente para admitir su suspensión, no obstante lo cual proceden excepcionalmente, previa acreditación de los requisitos que condicionan su procedencia (CSJN Fallos: 250:154, 251:336, 307:1702, LL 1993-B-264, 1993-E-629; STJCH SI Nº 26/93, 11/94, 58/SCA/97, 51/SCA/00, 42/SCA/03, entre otras). ----------------------------------------------------------- ------ "... La presunción de legitimidad de los actos administrativos no necesita ser declarada por autoridad alguna, el Estado tiene a su favor esta presunción por mandato de la ley; por ello, el particular tiene que alegar y, excepto que sea manifiesta, probar la ilegitimidad. En la medida cautelar el particular debe acreditar la "verosimilitud" de la ilegitimidad que alega; es la única manera de suspender provisionalmente los efectos de aquella presunción. ...esa presunción es la resultante del régimen exorbitante, de las prerrogativas de la Administración. Por ello es que siempre se ha sostenido que las medidas precautorias contra la administración tienen carácter excepcional" (SI N° 63/SCA/05). -------------------------- ------ Así, se ha establecido: "a partir de la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, es requisito fundamental para admitir la pertinencia de medidas cautelares contra tales declaraciones, la comprobación de su manifiesta ilegalidad o arbitrariedad, pues sólo concurriendo dicha circunstancia resulta susceptible de ser enervada la recordada presunción" (CN Fed. Cont. Adm., Sala I, 5/5/92 en "Incidente de Apelación medida cautelar en autos M., A. c/ A.N.A. s/ medida cautelar..."). Es por ello que se ha dicho que los actos administrativos no admiten descalificación por la sola manifestación de voluntad del administrado y se los considera válidos a partir de su nacimiento y hasta tanto se haya declarado judicialmente su ilegitimidad (conf. MAIRAL, "Control Judicial de la Administración Pública", T° II, pág. 774; SI Nº 38/SCA/01, 93/SCA/07).------------------------------ ------ ------ A más, en las Acciones Declarativas de Inconstitucionalidad, este tipo de medidas precautorias son mucho más discutidas y la doctrina no es pacífica al respecto, aún con el carácter restrictivo que en general ostentan para cuando alcanzan decisiones de los poderes públicos. La sola tacha de inconstitucionalidad -se ha dicho- no resulta suficiente para cumplimentar el recaudo de verosimilitud del derecho, y, en principio, se ha negado su admisión cuando se ataca la presunción de validez de que están investidos "prima facie" los ordenamientos legales. Incluso cuando se plantea la inconstitucionalidad de una ley -provincial como en el caso-, no puede, en principio, destruirse la legitimidad de la cual gozan los actos del poder político.------------------------------------------------------------- ------- Es necesario entonces, que existan elementos de juicio contundentes que demuestren, en el grado provisorio del juzgamiento precautorio, el enfrentamiento de la norma con el derecho o garantía constitucional invocados. (Conf.: Eduardo N. de LAZZARI, "Medidas Cautelares", Ed. Platense 1.988, Tº 2, pág. 275/77).------------------------------------------------------------------------ ---------- ------ Dicho esto, es claro, que la suspensión de la vigencia de una ley provincial, en carácter de medida cautelar hasta tanto se resuelva en definitiva la acción, se enrola dentro de las denominadas genéricas, que el ordenamiento prevé en el art. 232 del Código Procesal Civil y Comercial deducida contra leyes o actos administrativos. La apreciación de su procedencia en el marco de la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad, no implica a juicio de este Cuerpo prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo, aunque sí exige un riguroso análisis de los elementos fácticos de la litis en el caso concreto en el que se resuelve. -------------------------------------------- ------ Como ya se expresara anteriormente, el objetivo de la cautela requerida, es preservar la misma situación que existía antes del dictado de la ley opugnada, es, consecuentemente, de naturaleza innovativa. Ello la hace aún más excepcional, según lo ha expresado nuestra Corte Nacional, porque configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (Conf.: C.S.J.N., 24/8/93, in re "Bulascio c/ Banco de la Nación Arg."; íd. 23/11/95 in re "Grinbank c/ Fisco Nacional"; íd. 25/6/96 in re "Pérez c/ Estado Nacional", entre otras).------------------------------------------------------------------------- ------------ ------ Que ello, entonces, conlleva a que el juzgador se encuentre constreñido a formular un riguroso análisis de los recaudos para su procedencia, para lo cual, se impone -a falta de Código Contencioso Administrativo en la Provincia- verificar los requisitos previstos en el art. 232 del C.P.C.C., en el que se inscriben las llamadas medidas cautelares genéricas. Respecto de sus recaudos, como toda tutela preventiva, requiere la concurrencia de los presupuestos básicos generales: "fumus bonus iuris", "periculum in mora" y contracautela; a los que se agrega un cuarto requisito, que le es propio y característico: la posibilidad de que se consume un daño irreparable, los cuales, como se dijo, deben en el caso ser examinados con un criterio detallado y particularmente severo (SI N° 07/SCA/06). El peticionante debe acreditar que existe fundado motivo para temer, que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, puede sufrir un perjuicio inminente e irreparable (SI N° 56/SCA/03, 48/SCA/06). --------------- ------ Dicho esto, corresponde analizar si en el caso sub examine, se encuentran reunidos los requisitos que exigen tanto el ordenamiento jurídico vigente como la jurisprudencia y doctrina reseñadas, para hacer lugar o no a la medida cautelar requerida por la actora.------------------------------------------------------------------------- -------- ------ En cuanto al primero de los presupuestos enunciados, no se exige de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, o probabilidad. "El juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual se agota la virtualidad" (conf. CS Fallos 306:2060); sin perjuicio de la severa apreciación de las circunstancias del caso, y la suma prudencia con que deben habilitarse (CSJN, "Astilleros Alianza S.A.", del 08/10/91). Asimismo, "desde otra perspectiva... la norma no impone al tribunal la obligación de efectuar un examen jurídico riguroso, cual el necesario para resolver el pleito, es suficiente examinar si el derecho invocado por el peticionario tiene o no apariencia de verdadero y sin que ello implique prejuzgamiento" (Cám. Nac. Fed. Cont. Adm., Sala II, LL 1982-C, 401).----------------- ------ Así, y teniendo en cuenta las normas invocadas en su petitum, se advierte en primer lugar, que la Ley Provincial Nº 3.926, constituye una disposición clara en la medida que en su art. 1º), punto II) m, incorporó al art. 18 del Capítulo IV "De las Exenciones" del Decreto Ley Nº 1.887, donde se excluye a la producción primaria -menos extracción de petróleo crudo y gas natural-, del pago de ingresos brutos provinciales, cuando las empresas se encontraren con plantas radicadas en la Provincia del Chubut, que se dedicaren a la producción de bienes en el ámbito provincial. Estas premisas -receptadas por la ley provincial-, denotan -en principio- un acompañamiento a las medidas acordadas por medio del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento firmado con el Poder Ejecutivo Nacional, ratificado por ley Provincial Nº 3.925, anterior a la que se acaba de reseñar.-------------------------------------------------------------------<#LIN E> ------ Luego, ante el dictado de la norma que se cuestiona, el pedido precautorio que involucra la medida solicitada, implica la salvaguarda del patrimonio de quien acciona, cuya protección constitucional está contemplada, de manera expresa, en el art. 17 de nuestra Carta Magna. De esta manera el marco jurídico en el cual se fundamenta la petición, resulta ilustrativo respecto de la existencia de uno de los requisitos dispuestos por el ordenamiento vigente al momento de resolver este tipo de cautelares, cual es la verosimilitud del derecho invocado por la interesada, quien pretende evitar que la eventual ejecución del acto administrativo que denuncia como derivado de una norma inconstitucional, le implique un importante menoscabo patrimonial por cualesquiera de las dos circunstancias intimadas: rectificación de formularios y/o sanciones derivadas de la aplicación del nuevo Código Fiscal.--------- ------ Dentro de este marco, conforme lo expuesto, con las constancias fácticas del sub judice, este Tribunal entiende que resulta mínimamente abastecido el "fumus bonis iuris", por cuanto el ataque al Código Fiscal fundado en la colisión con las normas constitucionales que la accionante invoca, tiene apariencia de verdadero, sin que esta afirmación implique en modo alguno, comprometer un juicio definitivo sobre el fondo del asunto, siempre dentro del acotado marco propio de este tipo de medidas.-- ------ El segundo requisito, lo configura el peligro en la demora, el cual está referido por la actora en función del significativo perjuicio patrimonial que le irrogaría cumplir con la norma atacada, por la determinación de oficio de la deuda, más sus intereses, con la eventual aplicación de las sanciones por no rectificar los formularios correspondientes a las declaraciones juradas de ingresos brutos en juego. Resulta evidente que el reclamo de pago del tributo, con más los adicionales respectivos, en mayor o menor medida le habrá de ocasionar un perjuicio económico, que se irá incrementando mientras perdure la causa, y que de esperarse a la sentencia de mérito, se tornaría de difícil reparación el derecho que pretende le sea reconocido ("inutilier dato"). -------------------------------- ------ No escapa al criterio de este Tribunal que la accionada, por tratarse del Estado provincial, es persona solvente o con capacidad de pago suficiente para reintegrar o devolver, en caso de resultar adverso el fallo definitivo, las sumas que hubieran podido ser percibidas ilegítimamente. Pero si este fuera el criterio rector al momento de decidir sobre la procedencia o no de cada una de las medidas cautelares que se articularen contra la administración pública en general, jamás podrían prosperar, precisamente por primar el concepto de solvencia que detenta el Estado para asumir sus obligaciones dinerarias frente a los particulares damnificados.--- ------- Es aquí, entonces donde se deben evaluar todas las contingencias que podrían derivarse tanto de mantener inalterable el acto administrativo, o no, es decir, se debe ponderar y lograr después la convicción suficiente, respecto de los perjuicios que podrían derivarse de tomar una u otra decisión. Ello así, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión principal o surjan elementos relevantes que impongan la modificación de la decisión adoptada.--- ------ LAZZARI, con cita de PODETTI, CHIOVENDA y CALAMANDREI explica que el peligro en la demora, debe poseer entidad tal que influya en la sentencia o convierta su futura ejecución en ineficaz o imposible, no pudiendo obtenerse la protección por medio de otra medida precautoria, adquiere aquí una particular configuración, la que se vincula con la irreparabilidad del perjuicio (Ob. cit., T° 1, pág. 36). Sin perjuicio de ello, Pablo GALLEGOS FEDRIANI señala que los requisitos de verosimilitud del derecho invocado y del peligro que cause un daño grave e irreparable se hallan de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente en la gravedad e inminencia del daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de daño extremo e irreparable, el rigor acerca del fumus se puede atemperar. (Las medidas cautelares contra la Administración Pública, Ed. Abaco, año 2002, pág. 65). ------------------------------------------------------- ------ Cuando se habla de irreparabilidad, no existe relación directa con la falta de pago de los eventuales perjuicios que podría causar el sostenimiento de la ley opugnada, pues como ya se dijera en párrafos precedentes el estado es solvente frente a su cancelación. El concepto se vincula ciertamente, con la consideración de la medida precautoria como el mecanismo más adecuado para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia (Conf.: art. 232 del C.P.C.C.). -------------------------------------------------------------- ------ En fallo dado el 28 de Mayo de 1998, la Corte Suprema, resolviendo favorablemente la suspensión de una Ordenanza Municipal, dijo también, que la ponderación de los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, deben efectuarse con una apreciación atenta de la realidad comprometida, a fin de establecer si las secuelas que produzca el hecho que se pretende evitar puedan restar eficacia al reconocimiento del derecho en cuestión ("Club Universitario de Bs. As." Supl. Der. Adm. del 16/4/99, pág. 31). ---- ------- Conforme se desprende de la documental agregada en autos, específicamente de la intimación cursada por la Dirección General de Rentas provincial, la empresa S. S. fue requerida a presentar los formularios CM03 rectificados en cuanto a la fabricación de tejidos y artículos de punto, por el período 06 a 12/06 y 01 a 05/07. El organismo provincial refirió en la misma, de manera expresa, que había quedado sin efecto la exención prevista por la ley Nº 3.926 en virtud de la sanción de la Ley Nº 5.450 (modificatoria del Código Fiscal).------------------------------------------------ ------ Siguiendo este orden de ideas, no se puede soslayar que además de la restitución económica de las sumas que se pudieren percibir si se llevare a cabo la manda dispuesta por la intimación de fs. 224, la medida apunta a mantener inalterable el status vigente hasta el dictado de la norma que modifica el Código Fiscal, alterando las condiciones bajo las cuales la empresa quedaba exenta del pago sobre los ingresos brutos de carácter provincial. Es advertido en ello el "periculum in mora" en orden a este propósito, y siendo la cautela peticionada el único medio para proteger el derecho que se invoca, se estima cumplido también este recaudo.---- ------ Así también, existiendo mayor riesgo de causar un daño grave denegando la cautela que concediéndola, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso y el carácter provisional y modificable de este tipo de medidas (arts. 202 y 203 del CPCC), corresponde hacer lugar a la tutela solicitada.------------------------------- ------ En cuanto a la contracautela la actora la ofrece juratoria o bien, deja librada a este Cuerpo su determinación. Siguiendo el criterio jurisprudencial que indica que la determinación del tipo y monto de la caución queda librada a la apreciación judicial, a cuyo fin debe tenerse en cuenta la gravedad de la medida, y sus posibles efectos dañosos (Conf.: C.N. Fdral. Cont. Adm. -Sala III - 3/7/92 en "Corflor..., C.Nac. Civ. - Sala A - 26/12/96 en "Otturi..., y muchas otras), se estima inadecuada la caución meramente juratoria, y si exigible la personal del letrado apoderado de la empresa actora, la que deberá prestarse en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de tener a la actora por desistida de la cautela. -------------------------------------------------------------------------------- --- ------ En lo que respecta a las costas, conforme el criterio asentado de este Superior Tribunal, corresponde posponer su tratamiento para la oportunidad del pronunciamiento de la sentencia definitiva, pues el carácter accesorio y provisional de las medidas dispuestas excluyen la posibilidad de una condena específica de costas en las sentencias que la ordenan; la imposición de costas en las medidas cautelares, sólo podrá tener lugar al tiempo de dictarse la sentencia definitiva, que es el momento idóneo para apreciar quién es el vencido en la cuestión de fondo (Conf.: R. LOUTAYF RANEA, "La Condena en Costas en el Proceso Civil", Ed. Astrea 1.998 - pág. 261; este Tribunal, S.I. Nº 81 y 120/S.C.A./98).--------------------------- ------- Del mismo modo, se estima procedente diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal citada supra.------------------------- ------ Que en disidencia el Dr. Alejandro Javier PANIZZI dice: ------- ------ Como surge de la Resolución de fojas 281, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que esta causa era ajena al ámbito de su competencia y la remitió a este Superior Tribunal de Justicia para que decida lo concerniente al Juez que debe entender en aquella, con arreglo al derecho doméstico.------------------------------------ ------ Descartada entonces, la competencia de los estrados federales, debe determinarse qué tribunal debe juzgar.--------------------------------- ------ Para hacerlo, es preciso que no se pierda de vista la naturaleza de la pretensión de la demanda. Ésta consiste en la declaración de certeza, tendiente a establecer el alcance de las normas que regulan el Impuesto sobre Ingresos Brutos de la Provincia del Chubut. Al mismo tiempo, propicia la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 5440 y de las complementarias que derivaron del acto administrativo Nº 174/07.--------------------------------------------------------- ------ El artículo 5º del Código Procesal Civil y Comercial prescribe, como regla general, que la competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda.---------------- ------ A su vez, el artículo 179, inc. 1.1.1 de la Constitución de la Provincia del Chubut establece que el Superior Tribunal de Justicia conoce y resuelve: originaria y exclusivamente, en pleno: "De las acciones declarativas de inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, cartas orgánicas y ordenanzas municipales, que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controviertan en caso concreto por parte interesada".-------------------------------------------------------------------- ---------- ------ Es decir, que cuando la acción de inconstitucionalidad es exclusiva -no, accesoria o simultánea, como en la presente cuestión- será resuelta por el Superior Tribunal de Justicia en pleno.------------- ------ De lo contrario, la acción será desentrañada por el juez de primera instancia, como mismo ocurriría, por ejemplo, en una acción de amparo promovida paralelamente con un planteo de inconstitucionalidad (u otra acción de cualquier índole en la que se impetrara la inconstitucionalidad).---------------------------------------------- ------ La competencia del Superior Tribunal de Justicia, constituye la excepción de la regla común, ya que se aparta de lo ordinario y ocurre en supuestos excepcionales.---------------------------------------------- ------ La acción declarativa es un instituto procesal civil que constituye un mecanismo para que el interesado pueda conseguir una manifestación o explicación, de parte del Poder Judicial, de lo que otro u otros dudan o ignoran.----------------------------------------------- ----- Las causas en materia Civil, Comercial, Penal, Rural y de Minería y demás que las leyes determinen, con exclusión de las que están reservadas a la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia y de las que correspondan a las Cámaras de Apelaciones, son competencia del juez de primera instancia (artículo 41 de la Ley Nº 37). Y es a tal magistrado, a quien la ley le confiere competencia para juzgar en la acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad, con respecto a normas tributarias de índole provincial.--------------------------------------------------------------------- ----------- ------ Como se sabe, la competencia de los tribunales provinciales es improrrogable e indelegable (artículos 1º y 3º del Código Procesal Civil y Comercial).--------------------------------------------------------------------< #LINE> ------ De estos antecedentes surge que esta causa no es de la competencia del Superior Tribunal de Justicia, por lo que propicio al pleno que se declare su inhibición de oficio.------------------------------ ------ Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, por mayoría ------------ ---------------------------------- R E S U E L V E :---------------------------------- ------ 1º) HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada por S. S. ., suspendiendo mientras dure la tramitación de este juicio, la aplicación del art. 115 de la Ley Provincial N º 5.450, respecto de la accionante, a partir de la notificación de la presente (art. 232 conc. 230 C.P.C.C).----------------------------------------------------- ------ 2º) FIJAR como contracautela, la caución personal del letrado apoderado de la actora, la que deberá prestarse dentro del término de cinco (5) días a la orden de este Superior Tribunal y como perteneciente a estos autos, bajo apercibimiento de tener a la peticionante por desistida (art. 199 CPCC).--------------------------------- ------ 3º) LÍBRESE oficio a la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut, al Sr. Gobernador y al Sr. Fiscal de Estado a los efectos de la traba de la medida, adjuntándose copia de esta resolución, una vez formalizada la caución.---------------------------------- ------ 4º) DIFERIR la imposición de costas y la regulación de honorarios, de acuerdo a los fundamentos dados en los respectivos considerandos. ------------------------------------------------------------------------- ------ 5º) REGÍSTRESE y notifíquese.---------------------------------------- Fdo.: Dr. José Luis PASUTTI - Dr. Jorge PLEGER - Dr. Fernando S. L. ROYER - Dr. Daniel Luis CANEO - Dr. Alejandro Javier PANIZZI (en disidencia) - Dr. Daniel Alejandro REBAGLIATI RUSSELL.------------------------------------------------------------------------ ------- RECIBIDA EN SECRETARIA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.008 REGISTRADA BAJO EL N° 08 S.R.O.E. CONSTE