marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad internacional del Estado, excarcelación, extradición, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Pagano, Francisco Salvador s/ Legajo de apelación/excarcelación s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-06-18

La excarcelación del imputado por la presunta comisión del delito de "realización de negocios de transmisión monetaria sin licencia", mientras dure el proceso de extradición requerido por los Estados Unidos de Norteamérica, no haría recaer al Estado Nacional en responsabilidad internacional, pues ha cumplido con las alertas rojas emitidas por la Interpol al detener al acusado, pero ello no implica que éste deba permanecer detenido hasta tanto se resuelva el juicio de extradición, lo que procede sólo en caso de haberse acreditado las circunstancias objetivas que determinen la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones judiciales.
Recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso, devolución del expediente, economía procesal, acordadas, plazos procesales
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ESPINOSA, C. y otros s/ infr. ley 23.737 -reposición-  Causa nro. 12.387
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

Si bien el artículo 478, 2do. párrafo, impone la comunicación al Tribunal que corresponda para que emplace a las partes y proceda según el trámite respectivo, razones de economía y celeridad han llevado a los suscriptos a apartarse de dicha práctica, efectuando los emplazamientos directamente en esta Instancia, criterio que ha cobrado razonabilidad que a partir de la Acordada 57/95, que establece que el término de los tres días del art.451 del Código Procesal Penal se contará a partir del día siguiente de ser notificados los interesados de la radicación de la causa en la Sala sorteada.
Competencia federal, Obras Sanitarias de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: PERU AUTOMOTORES c/ O.S.N s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

La competencia federal rige cuando Obras Sanitarias de la Nación es parte en juicio, pero actuando en el territorio de alguna provincia y no en la Capital Federal.
Competencia federal, competencia penal, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, Código Procesal Penal de la Nación, imputado, recursos, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Spinosa Melo, Oscar Federico s/ lesiones leves en concurso real c/tenencia ilegítima de arma  de guerra. Spinosa Melo,Oscar Federico s/ Lesiones leves - causa n° 68.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30|1996-04-30

En el ámbito de la justicia federal, la autoridad institucional de la pauta jurisprudencial contenida en la sentencia de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la limitación establecida en el art. 459, inc. 1° del Código Procesal Penal, rige para las apelaciones extraordinarias federales contra sentencias notificadas con posterioridad a tal decisión.
Acción reivindicatoria, prueba de la posesión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mazzoni,Elda c/ Borges, Julia y otros s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-16

Los comprobantes del pago de la contribución para mejoras pavimentación de la calle donde se encuentra el inmueble; como asimismo los correspondientes a los de la Tasa Municipal) extendidas por reparticiones oficiales acreditando el pago de impuestos y servicios públicos, hacen prueba sin necesidad de ser autenticadas, porque están comprendidas en el inc. 2 del art. 979 C. Civ.
Ley penal en blanco, reglamentación de la ley, ruidos molestos, Derecho contravencional y de faltas, derecho de trabajar
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: PANDOLFI, FRANCISCO ARSENIO s/ INFRACCION    ARTICULO   62  DEL  CODIGO  DE  FALTAS,  LEY  3473.   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 317-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-07-04

El precepto normativo indeterminado en su contenido -"ley penal en blanco"- recién cobra valor después de dictada la reglamentación a que se remite y para los hechos posteriores a ésta.

En el caso, el inc f) del art 62 del código de faltas, que reprime los ruidos molestos, debe ser reglamentado por la autoridad facultada para regular dichas actividades.
Honorarios, abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: JOSE TORRES c/ BERTA RAMIREZ SANDOVAL s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-11-01

El apelante funda sus agravios en que aún cuando su actuación con otra letrada hubiera sido conjunta, aunque fue sucesiva, nada impide legalmente la regulación solicitada, de acuerdo a la segunda parte del art. 10 de la Ley 17.250.

Los agravios deben properar, pues es evidente que el a - quo confunde la proporcionalidad que establece la segunda parte de la disposición legal citada con una inexistente obligatoriedad de realizar una única reglación para luego distribuirla, que no surge de la primera parte de tal art. 10 de la Ley de Arancel.

La interpretación del a - quo llevaría al absurdo de hacer depender el derecho del letrado a la regulación de sus honorarios no de su propia actividad y diligencia sino de la de terceros colegas.
Concursos, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Amanzi, Giuseppe s/ Pedido de Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-08-10

El criterio sentado en el fallo Plenario de la Cámara Nacional Comercial "Flota Mercante del Estado de Paraguay", resulta aplicable aún en la actualidad y pese a las diversas modificaciones legislativas de los cuerpos normativos involucrados en la cuestión Ley de Quiebra y Régimen arancelarios-, en tanto en este aspecto, no ha variado la situación. A falta de norma expresa, cabe -por imperio del artículo 278 de la Ley de Concurso- recurrir a la aplicación de la Ley arancelaria local vigente, la que como se advierte tampoco contiene una norma especial que fije pautas para la regulación en casos de pedidos de quiebra -por la causa que fuere- no ha sido abierto, puede ser subsumido por analogía en alguna de las restantes normas arancelarias locales previstas para los asuntos que susceptibles de apreciación pecuniaria o si por el contrario, estamos en presencia de un trámite donde no resulta posible la determinación económica del asunto.
Expendio de medicamentos, ley provincial, autonomía provincial, control de constitucionalidad, ejercicio profesional, farmacéuticos
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

El art. 14 de la ley 10.606 de la Provincia de Bs As no invade las competencias atribuidas a la Nación en el art. 75 de la Constitución Nacional, pues la norma solo define, dentro del ámbito de los poderes locales, quiénes se encuentran habilitados para el ejercicio de la actividad farmacéutica mediante la dispensa al público de medicamentos en un local situado en esa jurisdicción (Voto de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti).
Apertura a prueba, agregación de la prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: SANCHEZ, JUANA M. Y OTROS c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN s/ COBRO DE AUSTRALES-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-06-04

El art. 275 del C.P.C. En su letra no permite la apertura prueba ni la alegación de hechos nuevos; la jurisprudencia, solo en casos excepcionales admite la incorporación de documentos fundándose en la facultad que acuerda el art. 35 Inc. 2) del C.P.C.
Concurso preventivo, conclusión del acuerdo preventivo, homologación del acuerdo preventivo, fuero de atracción, procedimiento laboral, remisión del expediente
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: EMPRESA ARGENTINA DE CEMENTO ARMADO SA DE CONSTRUCCIONES s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-18

Si se declaró concluido un concurso preventivo, por cumplimiento de la propuesta concordataria (24.522, art.59), resulta improcedente -como aconteció en el caso- que el deudor concursado solicite:

a) cautelarmente la detención de la ejecución de una sentencia condenatoria (pronunciada con anterioridad en un proceso laboral), y b) la remisión de ese expediente -de causa antecedente- y de todos los incidentes formados en ella, con base en la regla de la ley de cocursos, art. 21 inc. 1. Ello pues, con la declaración del concurso cesaron los efectos derivados de la apertura del juicio universal, tal como resulta conceptualmente del precepto de la ley 24.522 art. 59.

Por ende, inoperante el fuero de atraccion, la causa laboral debe permanecer radicada en el tribunal de origen, competente para conocer en las eventuales defensas que posea la accionada en esa controversia.
Notificación tácita, retiro del expediente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guevara, Daniel c/ Arocena, Juan s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

No obstante que el art. 127 del CPCC contiene una limitación a los supuestos en que procede la notificación tácita, no se advierte la razón para entender que ella no se produzca cuando el profesional o la parte ha retirado el expediente de Secretaría sin ajustarse a lo preceptuado por dicha norma. Lo contrario equivaldría a poner en mejor situación a aquél que actúa al margen de lo reglado, por lo tanto se estima que siempre que se retiren las actuaciones se produce la notificación de todas las resoluciones pendientes.
Cesión de créditos, notificación al deudor
Materia: CIVIL
Carátula: S. S.C.C. c/ Municipalidad de Caleta Olivia s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-26

El artículo 1460 CC., que declara válida la notificación aunque no sea del instrumento de la cesión, si se hace saber la convención misma o la sustancia de ella.
Recurso de casación penal, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Almirón Giménez, Miguel Angel s/ Recurso de casación - Causa:1599
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-18

La falta de consideración de algunas manifestaciones no decisivas de las víctimas no permite atribuir arbitrariedad a la sentencia cuando ésta, se comparta íntegramente o no, exhibe sobre el punto sólida y razonable fundamentación doctrinaria.
Régimen de consolidación de deudas, cancelación de deudas, bonos de consolidación, pago en dólares, tipo de cambio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Garzarella, Vicente O. c/ E.N. (Cdo. en Jefe del Ejército) s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

Para la cancelación del crédito de la actora, por haber esta optado por que se lo hiciera mediante la entrega de bonos de consolidación emitidos en dólares estadounidenses, debe recalcularse ese crédito, a cuyo efecto el monto original de la obligación -sin adicionarle actualización e intereses- debe ser reexpresado en dólares al tipo de cambio vendedor correspondiente a la fecha de origen de esa obligación; momento éste que el Tribunal no entra a considerar por no haberle sido propuesta discusión alguna sobre el punto.
Bienes públicos del Estado, dominio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legajo de juicio en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

La voz bien de uso público comprende, como principio, todas las cosas o bienes que están sometidas al uso de todos. Aquí, esa voz corresponde a la circunstancia no de quién es titular del dominio sino de quiénes son titulares del derecho a usar el bien o la cosa: cuando lo son todos los que deciden recibir un servicio público, que es público precisamente porque asegura acceso a todos los que cumplen con las condiciones de ley, esto es, cuando el prestador -Estado o concesionario- se desprende del derecho de admisión, el uso es público. Trátase de usuarios indeterminadamente considerados, que excluye toda idea de individualización. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Gastos médicos, gastos de farmacia, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LANGE DE MILBERG ISABEL MARIANA c/ MICRO OMNIBUS NORTE  S.A.  (LINEA 60) Y OTRO s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-26

La jurisprudencia ha prescindido de la exigencia de la prueba concreta y documentada de los gastos médicos y de farmacia necesarios para el tratamiento y recuperación de la víctima, dejando librado a la apreciación judicial la fijación de su monto, siempre que la acreditación del perjuicio esté debidamente comprobada y tengan adecuada relación con la importancia del tratamiento.
Menores, autorización judicial, autorización para contraer matrimonio
Materia: PROCESAL
Carátula: DIAZ, Laura Grisel y SANTANA, Narda Betiana s/ AUTORIZACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-28

Del voto de la mayoría (Dres. Mirás y Calatayud):Cuando el artículo 264 quater del Código Civil exige el consentimiento expreso de ambos progenitores para autorizar al hijo menor a contraer matrimonio, es claro que aparece oponiéndose al tácito o por implicancia, mas no exigiendo que dicho consentimiento sea concreto, con relación a determinada persona. Por lo tanto, en el supuesto en que ambos padres hayan prestado su conformidad, y, en particular, el progenitor a través de un documento notarial en el que autoriza expresamente a su hija menor a contraer matrimonio sin limitación ni impedimento de clase alguna, nada obsta a la celebración del acto el que no se haya identificado a la persona del contrayente.-
Profesionales de ciencias económicas, remuneración, relación de dependencia
Materia: CIVIL
Carátula: LABANDEIRA, Norberto César c/ LIFE S.C.A s/ LOCACION DE SERVICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

Las pautas remunerativas que determinan los decretos y resoluciones relativas a los aranceles para los profesionales de Ciencias Económicas, están dirigidas a aquellas actividades que se desarrollan en forma independiente y por cuenta propia de cada profesional y no cuando los mismos la ejercen en relación de dependencia y por un monto mensual, único y global.
Seguros, tomador del seguro, culpa grave
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ, Héctor F. y otra c/ GHIBAUDI, Oscar E. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-14

La culpa grave ha de ser personal del tomador del seguro y no resulta invocable la defensa cuando aquélla es la del conductor (pariente, empleado, etc.) por quien aquél ha de responder civilmente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giménez, Hugo Antonio c/ Banco Comercial del Tandil S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-07-16

La valoración de la "chance" es facultad privativa de los jueces de grado, en tanto no se demuestre absurdo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, pena, graduación de la pena, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G, G. S. s/ Artículo 47
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-28

No es posible la aplicación del artículo 41 inciso 2do. del Código Penal que pretende hacer el a quo atento que el artículo 24 de la Ley Nro. 10 fija en forma clara las reglas que han de seguirse a efectos de graduar las penas contravencionales.

Al no existir ninguna laguna normativa, y en virtud que el artículo 10 de la Ley Nro. 10 establece que las disposiciones contenidas en el Código Penal de la Nación son de aplicación supletoria sólo en tanto y en cuanto no se opongan a las previsiones de la Ley Contravencional, no resulta procedente en autos la aplicación supletoria del Código Penal. (Del voto de la Dra. Robledo)
Recurso de apelación (procesal), apelación en subsidio, concesión errónea del recurso, auto de procesamiento, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: WOROBIUK, Leoncio y otro s/ sobreseimiento.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-06

Luego de confirmado el auto de procesamiento dictado contra los acusados en orden al delito de daño (art. 183 del C.P.N), el letrado defensor de los imputados dedujo subsidiariamente impugnación al no haber prosperado su pedido de sobreseimiento respecto de sus pupilos.- En tal sentido, esta voluntad recursiva no puede prosperar, no obstante la originaria adhesión del representante del Ministerio Público Fiscal, luego desistida en esta sede, e independientemente de la facultad que le acuerda a la parte supuestamente agraviada el artículo 334, CPPN, por tratarse de una decisión irrecurrible y discrecional del juez el atender o no a dicha pretensión (artículo 444, ibidem). Por tal motivo, habrá de declararse erróneamente concedido el recurso de mención.- (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Cuestiones prejudiciales, cosa juzgada
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Barrios de López, Juana Nélida c/ Oscar Alberto Yapur y/o responsable s/ Indemnización Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-27

No todas las declaraciones que integran el pronunciamiento en sede penal hacen cosa juzgada en sede civil, sino sólo aquellas que el Juez Penal tuvo la necesidad de pronunciar para resolver sobre la existencia del delito y la responsabilidad del sindicado como autor;

y que si bien la declaración de culpa del imputado resulta inmodificable para el Juez Civil, -al que no se le impide apreciar en esta sede la posibilidad de culpa concurrente de parte de la víctima, tales principios, sin embargo no son absolutos. Sucede que no en todos los casos, y con referencia a todos los elementos del delito, resulta exacto que la culpa de la víctima carezca de importancia para estimar la del imputado. Así, pues, eventualmente puede existir la posibilidad de que la causa del accidente productor del resultado típico haya sido precisamente la culpa de la víctima y no la del imputado. Por ésta razón es que en aquella hipótesis es harto difícil vedarla a tal decisión dictada en sede penal, la cualidad de necesidad y legítima, que son precisamente las condiciones que se requieren para que operen, en esta sede, los efectos de cosa juzgada de las decisiones adoptadas en el pronunciamiento penal.
Alimentos, obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: G. DE M.E. c/ M.L.E. s/ DIVORCIO (67 BIS) INCIDENTE AUMENTO DE CUOTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-11

El fundamento de la obligación alimentaria, cuando se origina como efecto de la patria potestad, radica tanto en la solidaridad, base genérica del deber alimentario, como en la necesidad de proteger a los propios hijos. En tal sentido, los artículos 265 y 267 del Código Civil establecen que en el cumplimiento de la aludida obligación deben satisfacerse no sólo aquéllos gastos que demande la mantención, el vestido y la habitación, sino también los denominados gastos por enfermedad, como también los de índole cultural, siempre en proporción a los ingresos del obligado (conf. C.N.Civ. Sala A, J A 15-1972 -331; íd. E.D 43.642; Sala C, E.D 48-342; Sala E, E.D. 74 596).
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vasallo, Juan Alfredo y ot. c/ Gauna, Diana Edith y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-06

Más allá que el auto no hubiera hecho señales de giro, si se detuvo en clara intención de girar hacia su izquierda -tanto más en una zona habilitada para ello y a la altura de una calle transversal-, las circunstancias del caso indican que entre la falta de señalización de dicha maniobra y el hecho ilícito acaecido no existe relación causal o causa adecuada de la producción del luctuoso accidente, pues ha sido la conducta negligente o desatenta de la víctima la que llevó al desenlace fatal (arts. 375, 384, 456, 163 inc. 5 C.P.C.C.; 512 y 902 Cód. Civil). En efecto, si cuando el auto frenó la moto estaba sobre el puente, si el auto frenó a veinte metros del puente y si la moto circulaba a escasa velocidad, no puede entenderse cómo no pudo detener la marcha y evitar el accidente pues, como es público y notorio y así emana de las reglas de experiencia universal, en esa distancia -20 metros- un rodado que circule lentamente -el "a quo" estima a 35 km./h.- tenía tiempo más que suficiente para detener prestamente la marcha y, si en tales condiciones no lo hizo, no puede sino atribuírsele la culpa exclusiva en la producción del hecho ilícito al haber omitido aquellas diligencias que le imponían la naturaleza de la obligación y que correspondían a las circunstancias de las personas, de tiempo y de lugar (arts. 512 y 902 Cód. Civil; 51 inc. 3 -1ra. Parte ley 11.430).
Intereses, intereses convencionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDITO ARGENTINO S.A. c/ FERNANDO HIPOLITO TURRADO s/ COBRO DE DOLARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-07-18

Pactados intereses, éstos son plenamente válidos, por aplicación de los arts. 1.197 y 621 del C. Civil, es por ello que la tasa de interés del 21% pactada en la especie, no resulta lesiva de derecho alguno y no implica tampoco un enriquecimiento sin causa por parte del acreedor, ya que se asume conciente y voluntariamente la obligación de pagar intereses según la tasa convenida; en consecuencia, no es suficiente invocar-la necesidad- como lo expresa el excepcionante, para lograr una reducción. Ahora bien, si la prestación accesoria es desproporcionada, los deudores deben alegar y demostrar la explotación de su necesidad o inexperiencia de conformidad con el art. 954 del C. Civil y liquidar el interés objetado para demostrar objetivamente el exceso.
Notificación electrónica, domicilio electrónico
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Quintana Teresa de Jesús c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-12

Ley 26.685 autorizó la utilización de comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales (art. 1°), mecanismo que fue reglamentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada 31/11, e implementado en todos los juzgados federales para todas las causas que se promuevan a partir del 1° de abril de 2014 (Acordadas 38/13 y 7/14). El domicilio electrónico debe constituirse mediante la indicación en cada expediente de la cuenta de usuario (CUIT) oportunamente validada en los términos del art. 6° y anexo I de la acordada 31/11. En rigor, dicho domicilio configura una clave de acceso al sistema de notificación electrónica (SNE) a los efectos de que los letrados puedan verificar -todas las veces que crean conveniente y desde cualquier lugar con acceso a internet- la recepción de comunicaciones en los procesos en que se haya tenido por constituido tal domicilio (conf. anexo II acordada 31/11). (Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala IV, Expte. 10623/2014 sent. de fecha 18.09.14, en autos, "Incidente de recurso de queja en autos "Tavella, Carlos Alberto c/ P.E.N. s/ amparo por mora")