Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-30


TS06D 59940 30-10-2007 SALA VI EXPTE. Nº 11.961/03 JUZGADO Nº 36 AUTOS: "ALBARRACIN LUCINDA EMILIA Y OTRO C/GOLDEN CHEF S.A. Y OTRO S/DESPIDO" Buenos Aires, de de LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

La parte actora se alza contra la sentencia de primera instancia y afirma que le causa agravio en tanto rechaza la demanda respecto de la co demandada Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (conf. fs. 347/350). Su presentación fue contestada por dicha co demandada a fs. 375/378.

El perito contador por su parte apela los honorarios regulados a su favor, por considerarlos bajos (fs. 342).

La principal recurrente cuestiona, en síntesis, que la sentencia haya considerado que a la co demandada no le es aplicable la solidaridad del art. 30 LCT, la aplicación al caso de la presunción de legitimidad de los actos de la misma, y en tanto no se aplicó al caso la doctrina del Plenario "Ramirez c/Russo Comunicaciones e Insumos S.A.".

Al respecto, creo necesario señalar que el art. 30 LCT no exige para su aplicación que los sujetos involucrados hayan actuado en fraude a la ley, en tanto se trata de una responsabilidad objetiva que se produce cuando están presentes los supuestos requeridos por esa norma, es decir, la contratación o subcontratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento.

En consecuencia, el argumento de la presunción de legitimidad de los actos del Gobierno de la Ciudad, y a contrario, la ausencia de presunción de fraude, no resultan argumentos conducentes para excluir al mismo de la responsabilidad pretendida en la demanda.

En lo que hace a la posibilidad de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueda asumir el carácter de empleador en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, sin perjuicio de lo que pudiera corresponder a partir de la puesta en vigencia de la Ley 471 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que decide incorporar a sus dependientes en el sistema de negociación colectiva de trabajo, lo cierto es que en el caso concreto de autos, el reclamo de la actora no se funda en el carácter de empleadora de dicha co demandada.

En efecto, la responsabilidad que se le pretende endilgar es la que se deriva de la solidaridad en la que habría incurrido respecto de la empleadora Golden Chef S.A., en tanto esta última fue concesionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto del establecimiento en el que cumplían tareas las accionantes.	En ese sentido, creo importante señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el objeto de los contratos públicos debe adecuarse a lo establecido en las leyes dictadas por el Congreso y, en tal caso, es conveniente recordar que el Estado se halla sometido al principio de legalidad, que se vería vulnerado si desconociese la existencia de la solidaridad en materia laboral (conf. Fallos 319:3071). Esa doctrina se relaciona además con el voto en minoría de los Señores Jueces Dres. Petracchi y Bacqué en el caso "Valdés" (Fallos 312:146), cuando afirmaron que no se advertía un caso de arbitrariedad que justificara la intervención de la Corte si el a quo declaró responsable en forma solidaria al Estado Nacional por diversas indemnizaciones emergentes del Regimen de Contrato de Trabajo, entendiendo que la responsabilidad no derivaba de una relación directa -que de haber existido, en principio, habría sido de carácter público- sino como consecuencia de haber subcontratado con un particular.

En ese orden de ideas, en tanto la subcontratación llevada a cabo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la co demandada Golden Chef S.A. ha sido expresamente reconocida (conf. fs. 47 del responde), y en tanto de los considerandos de la sentencia de fs. 336/339 se desprende que han quedado acreditados los hechos relatados en la demanda, de los que se desprende que las actoras prestaban servicios para los menores internados en el Hospital de Niños "Pedro de Elizalde", corresponde modificar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conforme art. 30 LCT.

Mi propuesta implica modificar la imposición de costas, que deben ser soportadas por las demandadas vencidas (conf. art. 279 CPCCN), y también la regulación de honorarios profesionales por la representación y patrocinio letrado de la co demandada Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se fijan en el 11% del monto de capital e intereses de condena.	Las costas de alzada se impondrán a la co demandada Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (conf. art. 68 CPCCN). A ese efecto propongo regular los honorarios de la representación y patrocinio de la parte actora y los de la citada co demandada, en el 30% y 25% respectivamente, de los que deban percibir por su labor en primera instancia.

En cuanto a la regulación de honorarios del perito contador, la misma luce ajustada a la importancia y extensión de los trabajos efectuados por lo que propongo confirmarla (conf. art. 38 L.O.).

En síntesis y de prosperar mi voto, propongo: 1) Modificar la sentencia y hacer lugar a la demanda contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (conf. art. 30 LCT). 2) Modificar la imposición de costas que serán soportadas por las demandadas vencidas, y regular los honorarios de la representación letrada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 11% del monto de capital e intereses de condena (conf. arts. 68 y 279 CPCCN). 3) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decida y fuera materia de recurso. 4) Imponer las costas de alzada a la co demandada Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 5) Regular los honorarios de los letrados intervinientes por la actora y por la co demandada Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 30% y 25%, respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su labor en primera instancia (conf. art. 14 Ley 21.839). EL DOCTOR MARIO S. FERA DIJO:

Por fundamentos análogos adhiero al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 125, 2do. párrafo, ley 18.345, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. II) Imponer las costas a las demandadas vencidas. III) Regular los honorarios de la representación letrada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 11% del monto de capital e intereses de condena. IV) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decida y fuera materia de recurso. V) Imponer las costas de alzada a la co demandada Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 30% y 25% respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su labor en primera instancia.

Regístrese, notifíquese y vuelvan