Tribunal: CAMARA DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-09-18


Causa "F.N.S. -DCIA. ABUSO SEXUAL S/ RECURSO DE CASACIÓN".- [Expte. Nº38/14, Año 2014 - Jurisd.: Concordia- Trib. de Juicios y Apelaciones] Resolución Nº 70 P A R A N A, 18 de septiembre de 2014 Visto:

Este Legajo "F.N.S. -DCIA. ABUSO SEXUAL S/ RECURSO DE CASACIÓN", traído a despacho para resolver y;

Considerando:

I.- Que por resolución de fecha 16 de abril de 2014, el Tribunal de Juicios y Apelaciones Unipersonal de la ciudad de Concordia, resolvió no hacer lugar al recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Pupilar y, en consecuencia confirmó lo resuelto en la audiencia realizada por el Juez de Garantías de fecha 28 de marzo de 2014, en cuanto estableció la posibilidad de la presencia del imputado o sospechado en el desarrollo de la Cámara Gesell con los resguardos de seguridad que corresponden.

II.- Que de acuerdo a las constancias agregadas a las presentes, la articulación casatoria fue instada en tiempo y forma.- El Recurso de Casación fue interpuesto por el Dr. Dario Mautone, en representación del Ministerio Público Fiscal y el Dr. Eduardo Javier Garay, en representación del Ministerio Pupilar.

Adujeron que la resolución confirmada debe ser considerada arbitraria.

En relación a los agravios los recurrentes sostuvieron que si se realiza la Cámara Gesell en esas condiciones -con la presencia del imputado en la sala contigua-, se desconocerían diversos derechos y garantías de la víctima menor, en su mayoría reconocidos por la Convención Sobre los Derechos del Niño y otras disposiciones de rango constitucional. Citaron para su fundamento jurisprudencia de la C.A.D.H.

Sostuvieron que el hecho de que el imputado o sospechado esté observando a la víctima en la sala contigua es, sin lugar a dudas, un obstáculo infranqueable para que la niña ejerza su derecho a ser oída y expresarse libremente. Esto es así porque en los abusos sexuales existe una relación de poder, de sometimiento, en donde el menor es amenazado, coaccionado para que no cuente lo sucedido.

Consideraron que el juzgador minimiza el derecho que tienen las menores a ser informadas sobre quienes la están observando y escuchando, ya que el Magistrado ha visto Cámaras Gesell y nunca se le informa al menor quién está detrás del vidrio espejado.

Tal apreciación confronta con el Interés Superior del Niño. Manifestaron que ese interés debe ser un criterio interpretativo rector que concilie dos realidades: por un lado, la de dejar de ser un mero objeto de tutela y por el otro, el reconocimiento de su vulnerabilidad máxime cuando es víctima de un delito sexual.- Otro de los principios que esgrimieron y que fue dejado de lado por el Juez es el de Favor Minoris que deriva del principio Pro Homine, que fija un criterio en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos al ejercicio de las niñas, niños y adolescentes sometidos a un proceso penal, máxime cuando son víctimas de abusos sexuales.

Citaron la Guía de Buenas Prácticas de UNICEF para el abordaje de niños adolescentes víctimas o testigos de abusos sexuales, que recomiendan que el imputado presencie el desarrollo del acto a través de un sistema de circuito cerrado de televisión en una sala apartada a la toma de declaración; y como no cuentan con ese dispositivo recomendaron que su presencia no sea permitida en la sala de observaciones contigua al lugar de toma de declaración y que se tomen las medidas necesarias para garantizar la protección de la víctima.

Por último concluyeron que el derecho de defensa del imputado no es absoluto y se encuentra plenamente garantizado por su abogado defensor -presente en la Cámara Gesell- que con su proactividad puede y debe consultar a su defendido y hacerle al profesional encargado de la entrevista las preguntas y sugerencias que considere conforme su estrategia.- Por todo ello, solicitaron que se case la resolución atacada ordenando el reenvío de las actuaciones a los fines del dictado de una nueva conforme a derecho.

III.- Reseñadas así las posturas de las partes cuadra precisar que el Dr. Carbonell fundó su decisión en que no existe en la legislación local una prohibición, ni una autorización expresa para que el imputado asista a la Cámara Gesell, y es por ello que, con basamento en el art. 1 del Código Procesal Penal, dicha cuestión debe interpretarse a favor de aquél; la única manera posible de respetar esas garantías es que concurra a la Cámara Gesell y le haga saber al psicólogo las inquietudes y preguntas que surjan a las partes en el transcurso del acto. Citó doctrina relacionada e insistió en que el imputado tiene derecho a asistir a todos los actos de prueba que se desarrollan en el proceso; que el Protocolo de Intervención Judicial de los Equipos Interdisciplinarios del Ministerio Público de la Defensa con Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Delitos Contra su Integridad Sexual de nuestra provincia contiene una mera contraindicación cuando refiere a que "...no es recomendable la participación del entorno inmediato del niño abusado y absolutamente contraindicado la presencia del imputado en la sala contigua", y que el art. 294 inc "f" última parte-"cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares y/o cosas, el menor será acompañado por el profesional que designe el Tribunal, no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado" hace referencia a que la prohibición que se establece es para la presencia del imputado sólo respecto al reconocimiento de lugares y cosas.

IV.- El recurso es admisible porque la decisión cuestionada puede equipararse a una sentencia definitiva con sustento en el daño psicológico que podría sufrir la víctima y la consiguiente lesión a los derechos que le asisten en tal carácter.

V.- Ingresando al tratamiento de la cuestión planteada advertimos que le asiste razón a los Sres. representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público Pupilar, en cuanto a que realizar la Cámara Gesell con la presencia del imputado en la sala contigua implicaría el desconocimiento de los derechos de la víctima menor de edad reconocidos por la Convención Sobre los Derechos del Niño y otras disposiciones de rango constitucional.

En efecto, la victimización sexual configura una afectación significativa de los derechos humanos al punto de merecer una consideración particular en las Convenciones, Tratados y Documentos que no se agota en la Convención de los Derechos del Niño, sino que también han sido receptadas a nivel de documentos internacionales relacionados con víctimas en general.

En ese orden la Resolución 20/34, por la cual la Asamblea General de Naciones Unidas -29 de noviembre de 1985- aprobó el documento sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder, y en la misma línea el documento 100 Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad, proveniente de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, que en las reglas número 5 y 11, incluye como beneficiarios a los niños y niñas víctimas de delitos sexuales.

Específicamente la Convención Internacional de los Derechos del Niño, establece que los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna (art. 2); que en todas la medidas concernientes a los niños que tomen los tribunales, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño (art. 3); que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formar un juicio propio del derecho expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan (art. 12); que los Estados partes deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo; estas medidas deben comprender procedimientos eficaces para la prevención y para la identificación, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descriptos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial (art. 19); los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abuso, fomentando el respeto de si mismo y su dignidad (art. 38).

A mayor abundamiento, la ley provincial 9861 de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia remite expresamente a todas las disposiciones de la CDN.

El Protocolo Interinstitucional de Actuación en casos de Abuso Sexual Infantil en la Provincia de Entre Ríos por resolución Nº 044/09 DGER -citando las "Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas y Testigos de Delitos" aprobada por resolución 2005/20 del Concejo Económico y Social de la O.N.U.- confirmó que: "Al prestar asistencia a niños víctimas y testigos de delitos, los profesionales deberán hacer todo lo posible por coordinar los servicios de apoyo a fin de evitar que los niños participen en un número excesivo de intervenciones, indicando que los mismos deberán a) Limitar el número de entrevistas: deberán aplicarse procedimientos especiales para obtener pruebas de los niños víctimas y testigos de delitos a fin de reducir el número de entrevistas, declaraciones, vistas y, concretamente, todo contacto innecesario con el proceso de justicia, por ejemplo utilizando grabaciones de video (...). c) Asegurar que los niños víctimas y testigos de delitos sean interrogados de forma adaptada a ellos así como permitir la supervisión por parte de magistrados, facilitar el testimonio del niño y reducir la posibilidad de que éste sea objeto de intimidación, por ejemplo, utilizando medios de ayuda para prestar testimonio o nombrando a "expertos en psicología".

La legislación procesal vigente es una manifestación de esta perspectiva humanitaria y -en sintonía con la normas y recomendaciones internacionales- exige a las autoridades intervinientes en el proceso penal, que garanticen a quienes aparezcan como víctimas, una serie de derechos entre los que se cuentan, el de ser oídos, recibir un trato digno y respetuoso, una consideración especial para los menores de edad y la salvaguarda de la intimidad en la medida compatible con el procedimiento regulado por este Código (art. 73, inc. a), f) e i) del C.P.P.).

Específicamente, en cuanto a las víctimas de delitos sexuales menores de edad, el art. 294 establece un sistema de reglas especial, que reconoce al niño como sujeto de derecho. En la práctica esto significa la evolución del acta mecanografiada tomada por un proveyente a la modalidad de Cámara Gesell, que supone que la entrevista la tome un profesional especialista en un ámbito favorable a la comunicación, que se registre en un soporte audiovisual, que en una audiencia previa los interesados hagan saber al entrevistador los puntos que interesan saber acerca del niño y los hechos que se investigan.

El inc. d) establece que a pedido de parte o si el Tribunal lo dispone de oficio, las alternativas del acto pueden ser seguidas desde el exterior del recinto, siempre y cuando -como lo establece el inc. b)- no se considere perjudicial para el niño víctima.

Esta nueva modalidad probatoria se completa mediante un informe detallado elaborado por el profesional actuante, pudiendo las partes requerirle al Tribunal la comparencia de los profesionales a los fines de aclarar o dar explicaciones sobre su informe y la entrevista. e) y f).

Este breve repaso, más allá de mostrar la relevancia del tema traído a resolver y su relación con los derechos humanos, será el marco interpretativo para enfocar más específicamente lo concerniente al motivo de agravio, esto es la modalidad de recepción del relato de niños víctimas de delitos sexuales en el proceso penal y si ante la falta de regulación legal expresa en el Código Procesal el imputado puede o no puede presenciar una Cámara Gesell, teniendo especialmente en cuenta que la víctima -al igual que el imputado- está también amparada por derechos de caladura constitucional. Pero que en supuestos como el que nos ocupa la víctima está sobreprotegida por el ordenamiento jurídico porque a los cuidados propios de tal condición se le deben agregar recaudos especiales por ser víctima de un delito de contenido sexual y menor de edad.

En este cometido, analizaremos la cuestión desde cuatro perspectivas de análisis que corresponden a los siguientes planteos:

a) ¿De acuerdo a la normativa local e internacional es posible autorizar la presencia del imputado en la Cámara Gesell ante una oposición expresa por parte del Ministerio Público Pupilar? b) ¿Aparte de los motivos formales, existen otras razones para impedir la presencia del imputado en la Cámara Gesell? c) ¿Cuáles son los parámetros de valoración del relato en Cámara Gesell? d) ¿Qué alcance corresponde otorgar al derecho del imputado a controlar de modo útil la prueba (art. 14 párrafo 2 inciso "e" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 párrafo 2 inc. "f" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) frente a los derechos de una víctima en condición de vulnerabilidad? a) Desde un punto de vista meramente formal podríamos decir que la aparente colisión de derechos ya está resuelta legislativamente mediante el art. 3 de la CDN, que se erige como una pauta básica de interpretación en el sistema jurídico de la niñez y conforme al cual cuando se constate un conflicto entre los derechos e intereses de los niños y otros derechos e intereses igualmente legítimos correspondientes a personas mayores de edad, es obligatorio que los jueces hagamos prevalecer a los primeros.

b) Sentada esta prioridad, considero además que existen otras razones que nos permiten afirmar que el imputado no puede estar presente en una Cámara Gesell.

Recordemos que los niños siempre deben estar informados acerca de la finalidad de acto y de la presencia de las persona que van a estar presentes en el dispositivo de la Cámara Gesell, porque sólo de este modo se respeta -como lo exige la manda constitucional- su dignidad e intimidad.

Teniendo siempre presente a lo largo de este análisis que nos encontramos ante una hipótesis delictiva y que el imputado conserva y goza del estado de inocencia, recordemos también que en general, las situaciones de abuso se enmarcan en una relación de asimetría y que, cuando los abusos se perpetran en una situación de convivencia o incesto generan en los niños un verdadero estado de confusión porque quien lo debe cuidar lo daña, y si pide ayuda y no guarda 'el secreto' puede quedar desamparado o ver concretada la amenaza de volver a ser dañado o ver sufrir un daño en algún ser querido.

Vergüenza, culpa, miedo, angustia, presión son algunos de los desbastadores sentimientos que los profesionales constatan en los niños a la hora de develar estos 'secretos' celosamente preservados por parte de un adulto mediante intimidación, amenaza o cualquier otro tipo de manipulación.

Quizá la forma mas sencilla de entender esta cuestión, sea poniéndonos en el lugar de las víctimas. Propongo para ello que por unos instantes volvamos a la infancia e imaginemos que somos víctima de un abuso sexual y que, dentro de un extraño habitáculo vidriado, tenemos que contarle a un desconocido entrevistador todo lo que nos ocurrió, pero sabiendo que detrás de ese oscuro vidrio se oculta la mirada del mismísimo sujeto que nos abusó.

La situación no varía en nada si imaginamos que en vez de encontrarse detrás del vidrio nuestro abusador nos está observando mediante una cámara de video en una sala contigua, puesto que lo aterrador, mas allá del espacio físico o virtual, es la presencia simultánea del agresor en el momento de la develación.

La imaginaria escena en uno y otro caso es igualmente escalofriante y entonces se entienden muy bien las exhortaciones a velar para que en toda intervención judicial se respete la dignidad de la persona en condición de vulnerabilidad, otorgándose un trato específico adecuado a las circunstancias propias de su situación y a proveer las condiciones destinadas a garantizar que aquélla sea debidamente informada sobre los aspectos relevantes de su intervención en el proceso judicial, en forma adaptada a las circunstancias determinantes de su vulnerabilidad en pos de evitar una nueva victimización.

El precedente análisis nos conduce a afirmar que más allá de que la CDN, siempre nos obligue a tomar partido por el interés del niño y en consecuencia impedir la presencia del imputado en la Cámara Gesell tal como lo solicitó el Ministerio Público Pupilar y el Fiscal, existen verdaderas razones humanitarias -evitar exponer al niño a un plus de sufrimiento- por las cuales el imputado no puede estar presente en estos actos.

c) Según las disposiciones procesales locales -que consigné al principio- no es posible interpretar los dichos de un niño en Cámara Gesell exclusivamente con los parámetros que se utilizan para valorar la declaración testimonial de una persona mayor de edad y fuera de este dispositivo.

La regulación legal prevista en el art. 294 establece que los relatos de los menores para ser considerados pruebas pasen, indefectiblemente, por el tamiz de las pruebas técnicas, que no se limitan sólo a la veracidad del relato, sino que aportan también otros indicadores sobre la coherencia y capacidad, retractaciones, posibilidades de invasión del discurso por parte de un adulto, indicadores de victimización, etc.

Sobre el particular Carlos A. Rozanski refiere que: "cada etapa evolutiva presenta características particulares que son tenidas en cuenta por los especialistas en el momento de las entrevistas y que luego van a permitir validar o no el relato. Por otra parte, estos expertos tienen en cuenta una serie de características que aparecen sólo en los relatos verdaderos de las víctimas. En todos estos casos, tanto el informe pericial forense como el de aquellos profesionales que hubieron atendido a la víctima, resultan muy importantes ya que en ellos se suele hacer alusión específica a la posibilidad de los niños de fabular. Si bien las pericias no resultan vinculantes para los magistrados, no es posible apartarse de aquellos informes sin la correspondiente razón para ello. Dicho en otras palabras, si las pericias indican que los relatos son verídicos no pueden los jueces contradecir esas conclusiones sin explicación razonable y de base científica, ya que esto se trataría de un sentencia arbitraria" (Conf. Carlos A. Rozanski: "Abuso sexual infantil ¿Denunciar o silenciar?" Ed. B.A. SA, año 2003, págs. 193) En cuanto a la valoración de la prueba pericial y específicamente respecto de la psiquiátrica y psicológica, Francisco Muñoz Conde ha dicho: "En los modernos procesos penales resalta el papel cada vez más relevante de los peritos en la realización de pruebas cuya práctica exige determinados conocimientos científicos que sólo están al alcance de especialistas o profesionales versados en ellos. Esta es una consecuencia inmediata de la racionalidad del derecho de prueba que liga la práctica y valoración de la pericia a una metodología científica empírica característica de la cultura de nuestro tiempo... El juez o tribunal que quisiera resolverlas de un modo no científico, ignorando el parecer de los peritos en la materia, infringiría clara y gravemente las reglas de la lógica, exponiéndose, además a que su decisión sea anulada por otro tribunal." (conf. La búsqueda de la verdad en el proceso penal -3ª edición- Hammurabi, pág. 89 y sgtes.).

Por ello es posible equiparar esta modalidad de recepción probatoria con cualquier otra declaración testimonial puesto que, a la par de la percepción del Juzgador, se debe tener en cuenta el dictamen del experto cuyo posicionamiento frente a la temática que lo convoca (a diferencia de lo que podría ocurrir en una entrevista clínico asistencial en la que el profesional de la salud mental asume un rol terapéutico) debe ser imparcial, neutro, objetivo a los fines de colaborar con el descubrimiento de la verdad.

d) Por último habremos de referirnos al alcance que corresponde otorgar al derecho del imputado a controlar de modo útil la prueba (art. 14 párrafo 2 inciso "e" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 párrafo 2 inc. "f" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) cuando, como ocurre en el presente caso, se verifica un conflicto entre sus derechos y los derechos de una víctima en condición de vulnerabilidad.

Todos tenemos por cierto que el principal límite del goce de los derechos humanos lo constituyen los derechos de los demás. Por ello el Derecho Internacional permite que el Estado los restrinja a fin de armonizarlos, porque en definitiva de lo que se trata es que todos los derechos de todas las personas puedan coexistir.

Entonces, si bien es cierto que los jueces debemos inclinarnos por aquélla solución que mejor proteja los derechos de los niños, ello no implica que podamos eludir el deber, que también tenemos asignado, de asegurar en la mayor amplitud posible los derechos del imputado.

La Corte Suprema en un encomiable fallo armonizó la relación entre el derecho de defensa y el interés superior del niño, en un marco de respeto al sentido de juicio justo de los derechos humanos, trazando el rumbo a seguir en supuesto como el que nos ocupa.

En su voto la ministra Highton expuso los motivos por los cuales las víctimas de abuso sexual menores de edad se encuentran en condición de vulnerabilidad. Destacó las razones por las cuales ante estos casos los jueces deben adoptar medidas que resulten adecuadas para moderar los efectos negativos del delito (victimización primaria) y también deben procurar que el daño sufrido no se vea incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). Por último, insistió en que se proteja la integridad física y psicológica de la víctima en todas las fases del proceso.

Con la misma intensidad destacó que en aquellos supuestos en que para garantizar esos parámetros sea necesario restringir el derecho a interrogar del imputado, debe hacerse en la medida estrictamente necesaria para preservar la salud psicofísica de la damnificada, que cuando ese derecho se limite se deberá compensar con otras pruebas que la defensa pueda fiscalizar, todo ello en el entendimiento de que "no toda restricción del derecho a interrogar es incompatible con la noción de juicio justo, en tanto y en cuanto no se resigne definitivamente a mantener el equilibrio que debe mediar entre la acusación y la defensa" (conf. CSJN, 7/6/11, "Gallo Lopez, Javier s/ Causa N1 2222", G. 1359. XLIII).- Siguiendo los lineamientos señalados por el Máximo Tribunal, entendemos que las pericias e informes psicológicos que acompañan el relato del menor recepcionado en el dispositivo de la Cámara Gesell, compensa satisfactoriamente la ausencia del imputado y configuran una garantía a su favor, habida cuenta que estas pruebas técnicas en algunos casos respaldarán el testimonio de la víctima pero en otros casos servirán para invalidarlos, tal como ocurriría si concluyeran que los dichos son falaces, provienen de una personalidad fabuladora, o que quien los dice padece alguna enfermedad.

A esta altura es posible concluir que el derecho de la defensa a controlar la prueba no equivale -ni así surge de la literalidad de los textos internacionales- al derecho del imputado a asistir a todos los actos de prueba.

Nadie estaría dispuesto a aceptar la presencia del imputado durante la revisación ginecológica de una víctima de un delito contra la integridad sexual, porque constituiría un escandaloso ataque a la intimidad y no obstante ello, nadie cuestiona que en tal supuesto el imputado puede igualmente controlar esa prueba.

Por lo mismo entendemos que la circunstancia de que no se autorice la presencia del imputado en el dispositivo de Cámara Gesell no va en desmedro del derecho de defensa, puesto que las posibilidades de control de la prueba se preservan, habida cuenta que tanto el imputado como su defensor pueden participar de la entrevista previa y proponer los puntos o temas que interesa saber acerca del hecho que se investiga en la causa. Asimismo, controlar los informes con las conclusiones de los profesionales intervinientes y, si lo estiman necesario, pedir su comparendo a los fines de interrogarlos para aclarar o dar explicaciones sobre el informe y la entrevista, e inclusive proponer un perito de parte que ponga en crisis la pericia oficial. Todo ello en el eventual supuesto de que las conclusiones de los expertos neutrales resulten desfavorables para el imputado, habida cuenta que como ya se señaló, la intervención profesional también puede mejorar su situación procesal.

Para finalizar nos remitimos a las expresiones del STJ sobre un planteo similar al presente: "Es necesario puntualizar que las declaraciones que presten los menores víctimas de hechos como el que nos ocupa, durante el proceso penal, no pueden ser sometidas a ritualismos vacuos o excesivos, ya que los operadores judiciales que intervienen en el trámite deben preservar sus intereses como parte desprotegida y víctima y evitar la revictimización que seguramente provoca el evocar las traumáticas experiencias vividas, con afectaciones perdurables de su personalidad"... "A mayor abundamiento, no se avizora de qué manera la realización de la medida afectó el derecho de defensa en juicio del imputado, que incluye la posibilidad de controlar la prueba de cargo y que Julio B.J. Maier (en su obra: "Derecho Procesal Penal" Tomo I, Pág. 577, Ed. Del Puerto, año 2.004) involucra dentro del "principio de contradicción" y al cual explica como una manifestación esencial del contradictorio y de la posibilidad de oponerse a la persecución penal, previsto para "equiparar las posibilidades del imputado respecto de las del acusador", ya que la defensa tuvo oportunidad efectiva de ejercer sus derechos de nivel constitucional, contó con irrestrictas posibilidades de interrogar a la Licenciada Domínguez durante la audiencia de debate y, tal como lo reconoció el quejoso, fue notificado de la realización de la medida y participó de ella. Entonces, es claro que el encartado- y su asistente técnico- conoció y pudo rebatir durante todo el desarrollo del proceso las pruebas de cargo en su contra, manteniendo a pleno sus posibilidades de refutar la hipótesis acusatoria" (SANCHEZ CLAUDIO S/ABUSO SEXUAL CON ACC. CARNAL AGRAV. POR EL VINC. Y POR LA SITUACION DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE S/REC. DE CASACIÓN. Expte. Nº 4141; año 2012).

Por todo ello consideramos que debe hacerse lugar al Recurso de Casación interpuesto por los Sres. Representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público Pupilar y anular la resolución de fecha 16 de abril de 2014, remitiendo el presente a quien corresponda para su sustanciación y resolución.

SE RESUELVE:

1º) HACER LUGAR al Recurso de Casación interpuesto a fs. 5/9, contra la resolución de fecha 16 de abril de 2014 la que, en consecuencia, se anula y remitir a quien corresponda para su sustanciación y resolución.- 2º) IMPONER las costas de oficio (art. 586 y ccdtes. C.P.P.).- 3º) COMUNICAR al Tribunal recurrido lo aquí resuelto, con remisión de copia íntegra de la presente.- 4º) DEVOLVER al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia el legajo y el soporte digital oportunamente solicitado.- 5º) Protocolícese, notifíquese y en estado, archívese.- HUGO D. PEROTTI MARCELA A. DAVITE RUBEN A. CHAIA Ante mi:

CLAUDIA ANALIA GEIST - Secretaria- Se protocolizó. Conste.