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Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, contrato de trabajo, convenios colectivos de trabajo
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Brigullio, José Carlos y otros c/ Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires  S.A. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar, con base en el convenio colectivo 78/75, a las diferencias salariales reclamadas por la incorrecta liquidación del rubro "prorrateo", omitiendo referirse al decreto 1933/80 y a la resolución conjunta del Ministerio de Trabajo 311/83, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos 376/83 y Ministerio de Economía 481/83, que fueron invocadas oportunamente por la demandada, lo que tenía fundamental relevancia para la correcta solución del litigio.
Embargo preventivo, embargo ejecutivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN c/ NOVOA, MANUEL  HORACIO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-10-14

Cuando se trata de un embargo preventivo, la sustitución es la regla, mientras que cuando se trata de un embargo ejecutivo es la excepción, procediendo sólo en ciertos casos y bajo ciertos requisitos. Cuando la ejecución se encuentra en etapa avanzada, la sustitución debe proponérsela en condiciones que hicieran presumir fundadamente la verosimilitud de que el bien sustituto, es de más fácil realización que el bien sustituido, estando además a cargo del peticionante, demostrar la suficiencia de la sustitución que propone.
Proceso penal, instrucción, plazo, resolución denegatoria, resoluciones recurribles
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: D., C. s/ Presentacion referida articulo 208 codigo procesal penal (Expte Nº  55- 00, Resolución Nº  47, Tomo 5, Folio 365)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-18

Impugnando la defensa técnica la estimación del señor Juez de Instrucción respecto al plazo instructorio, ocurriendo a la Presidencia de la Cámara de Apelación en lo Penal, habida cuenta de la radicación de la causa atendiendo a cuestiones jurisdiccionales, debe dilucidarse la impugnabilidad del proveido criticado por vía del recurso de apelación. Al respecto, y soslayando toda discusión respecto a si aunque pueda ser discutible la decisión cuestionada provoca un gravamen irreparable (este sería el único supuesto habilitante de la apelación conforme al artículo 420 C.P.P.), lo cierto es que de la lectura de las disposiciones del artículo 208 surge con toda claridad la intención legislativa de habilitar algún grado de revisión del tema por quien no sea el propio Juez de la investigación, con lo que, y habiendo considerado el señor Presidente de esta Cámara de Apelación que en el caso no era a él a quien le corresponde intervenir por preverse su actuación para hipótesis distinta, la única forma de no cancelar en los hechos la revisión aludida es abriendo esta segunda instancia por medio de la apelación.
Intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodrigo de Cancio, María Isabel y otros c/ Central de Ahorro S.R.L. y otros s/ Inc. de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Conforme a principio recibido, para que los intereses devenguen a su vez intereses, según lo dispuesto en el art. 623 del Código Civil, es necesario que el deudor haya sido condenado al pago de aquéllos, se practique liquidación judicial de lo adeudado e intimado su pago, requisito, este último, que no concurre en la especie e impide admitir la capitalización de interes que se pretende. (Minoría u opinión personal)
Procedimiento administrativo, recurso de alzada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CEBALLOS, RODOLFO FELIX c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-07-08

El decreto 819/80 establece que toda declaración administrativa que produzca efectos jurídicos es impugnable mediante los recursos que dicha norma prevé -art.87-; contemplándose específicamente el recurso de alzada respecto de los actos de las autoridades superiores de las entidades autárquicas. En el ordenamiento administrativo provincial, dicho recurso no es de ejercicio optativo sino imperativo a los fines de agotar las instancias.-
Usurpación, restitución del inmueble, menores, simple damnificado, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN (Lugones 2640)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

La ley local nº 1.903, establece que las Asesorías Tutelares de primera y segunda instancia, deberán tener intervención en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda oportunidad en que se encuentren comprometidos los derechos de las personas menores de edad o de los/as incapaces, emitiendo el correspondiente dictamen (art. 49, inc. 1º).(Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fuentes, Alicia c/ Rodríguez, Juan José s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-21

Se trata de indemnizar esa suerte de daño moral consistente en las incomodidades, molestias, pérdidas de tiempo y vicisitudes que el titular del rodado sufrirá en su vida cotidiana y de las que, en alguna medida, sería sustraído por el uso y goce del bien de su propiedad (amén del disgusto por la lesión del mismo). Dicha indemnización sólo ha de cubrir, en principio, la privanza provocada por el normal y razonable tiempo de reparación del automotor.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, contenido de la demanda, solicitud de datos, certificado de deuda, aportes sindicales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Ops SACI c/  s/ incidente de revisión de crédito por unión obrera de la construcción de la república argentina (uocra)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-27

Procede declarar verificado el crédito del incidentista por aportes sindicales adeudados, con carácter quirografario. Ello por cuanto, según lo previsto en la ley 24642: 7 a los créditos de las asociaciones sindicales y sus certificados de deuda, en lo que sea compatible, se le aplican las normas y procedimientos relativos al cobro de aportes y contribuciones a las obras sociales; en ese marco, la norma es clara en cuanto a que el certificado, en su carácter de título ejecutivo, se emite con el fin de habilitar la vía de apremio; empero éste no es un requisito sine qua non para demostrar la existencia del crédito en un juicio de conocimiento pleno como es el que nos ocupa. En los procesos de verificación el crédito puede ser demostrado con otros documentos distintos al certificado de deuda tales como las actas de inspección o la documentación contable de la empleadora obligada a realizar la retención del aporte. Ello es precisamente lo que sucedió en la especie, en tanto la empleadora no desconoció la deuda reclamada al contestar la demanda, y la sindicatura cotejó que la misma surgía de su contabilidad.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salto, Delinda y otros c/ Campos, Carlos Antonio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-03

La aplicación de la ley arancelaria -en su caso el art. 23 del D.L.

8904/77- no puede exceder los límites que el ordenamiento impone al ejercicio de los derechos basado en razones de orden público, moralidad y buenas costumbres (arts. 19, 21, 953, 1071 y ccs. del Cód. Civ.), que se verían vulnerados si se toma como base regulatoria una suma tentativa, subjetivamente estimada por el damnificado en el comienzo del pleito, sin ningún control previo de razonabilidad realizada sobre la base de elementos objetivos que ofrece la causa, como son la índole y extensión de los daños reclamados y las circunstancias personales de quien los padece, único modo de poder establecer el real contenido económico del pleito y determinar la base regulatoria sobre pilares serios y objetivos
Verificación de créditos, pronto pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Hispano Corfín  S.A. s/ quiebra  s/ incidente de verificación por López Aragón - causa N. 250  101 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

Si la demandante solicitó sólo la verificación de su crédito, la admisión del pronto pago importa el reconocimiento de una cuestión que no es congruente con los términos de la demanda, de lo que resulta un manifiesto apartamiento de la relación procesal.
Recurso de casación, recurso de queja (procesal), sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: SOSA DE LLAMPA EUFEMIA TEODOSIA c/ SADE  S.A.C.C.I.F.I.M. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-04-11

La "nota de definitividad" de un decisorio para los fines del recurso de casación interpuesto, se patentiza cuando se resuelve de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo. O, lo que es lo mismo, no puede predicarse, respecto de un pronunciamiento, la calidad de definitivo, si paralelamente procede afirmar que la cuestión implicada es susceptible de ser conocida nuevamente en la oportunidad procesal de tratarse por la Cámara "a quo" el recurso de apelación pendiente de resolución.
Condominio, club de campo, mandato, asociaciones civiles, partes comunes
Materia: CIVIL
Carátula: Mapuche Country Club c/ López de Marsetti, Hebe Edith y otros s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-02

La negativa a abonar la contribución por parte del propietario de un club de campo es un acto voluntario, al igual que la no utilización de los bienes por un hecho que no le concierne al club sino al titular del lote. Pero, mientras la posibilidad de uso exista, le cabe al propietario la obligación de contribuir en la forma arbitrada para dar vida al club, no pudiéndose liberar de dicha carga ni voluntariamente ni haciendo abandono de la porción indivisa de los bienes comunes. De lo contrario, en la hipótesis en que la mayoría de los propietarios de los lotes dejaran de abonar sus cuotas, dejaría de existir el club de campo, cuya creación tuvieron en miras y quisieron todos los que adhirieron a ese proyecto común, como objetivo primordial de su compra del lote de propiedad individual. La circunstancia de que no haya existido un contrato expreso de constitución de un club de campo entre todos los propietarios de lotes de vivienda, mediante el cual se obligaron recíprocamente a contribuir al objeto propuesto, dando mandato a una asociación civil para asumir la titularidad y reglamentar el uso de los bienes, recaudar las contribuciones y atender a su administración y por intermedio de sus órganos estatutarios proveer todo lo atinente al progreso y acrecentamiento del club de campo, no empece a que existan signos evidentes de la voluntad de los propietarios en tal sentido.
Ley Orgánica de los Partidos Políticos, competencia electoral, recurso de apelación (procesal)
Materia: ELECTORAL
Carátula: Marcelo Eduardo Portas Dalmau interventor Unión del Centro Democrático distrito s/ queja Juan M. Solaiman -apoderado del partido Unión Celeste y Blanco- (nulidad art. 169 y subsiguientes C.P.C.C.N.) s/ queja Daniel Norberto Madeo apoderado Partido Federal Orden Nacional s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-02|2010-12-07|2010-09-21

El artículo 66 de la ley 23.298 prevé la posibilidad de apelar "toda [...] resolución [...] que decida artículo".
Concubinato, juicio de desalojo
Materia: CIVIL
Carátula: Sucesión de Don Marcos Taboada Lafarja c/ Sanchuk Cristina y otros s/ Desalojo Cristina y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-04-05

Resulta contrario a la noción de equidad estimar pertinente la posibilidad de desalojar a quien resulta continuadora de quien poseía en vida el carácter de propietario del inmueble ocupado, cuando si se hubiera tratado de un inquilino, dicha acción resultaría contraria a la ley vigente.

Estimo que ante tal precedente legislativo (Ley de Locaciones Urbanas Nro. 23.091/84 art. 9) y más allá de todas las demás razones de índole estrictamente procesal brindadas, por elementales razones de justicia distributiva no puede colocarse a la accionada, quien ha demostrado fehacientemente revestir el carácter de concubina de quien era dueño de la finca por ella ocupada en una posición inferior a la que hubiera ocupado en el caso de ser el occiso meramente inquilino de la vivienda objeto del presente litigio. Disidencia del Dr. Pignocchi.
Personal militar retirado, prestación de servicios de carácter voluntario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Iglesias de Ranuschio, Elsa Elena y otros c/ Instituto Obra Social del Ejército s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-11

La cuota que se descuenta a los actores -personal retirado del Ejército y de Gendarmería Nacional- en concepto de afiliación al IOSE no resulta desproporcionada, ni confiscatoria, ni violatoria del art. 17 de la C.N. Ello así, teniendo en cuenta que, a más del carácter voluntario de la afiliación, los interesados se obligan a aceptar íntegramente las cláusulas del Estatuto y su reglamentación, así como la exclusión de la ley 23.660 y, al propio tiempo, dan conformidad a las normas que establecieron la cuantificación del aporte y, por sobre todo, a los fundamentos de su establecimiento, que aluden a la situación económica financiera del sistema y a la necesidad de prestar servicios de complejidad técnica y diagnóstica, amparados legislativamente en el orden nacional (vgr. emergencia sanitaria, Dec. 486/02, prorrogado por ley 26.339). Además, ha de repararse que el interés del grupo -por las características de todo régimen contributivo solidario- debe prevalecer sobre el interés particular de los individuos que lo integran; no apreciándose que por la sola invocación de garantías singulares por parte de los reclamantes -cuya preservación se procura al demandar la reducción del aporte- deba prescindirse de la repercusión de la petición sobre el estado financiero del Instituto, las prestaciones que ofrece y el derecho a su acceso por parte de los restantes beneficiarios.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, gravamen eventual, Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, recurso contencioso administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Andreoli, José María y otros c/ Provincia de Santa Fe y Caja de Jubilaciones y Pensiones s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Acción mere declarativa de Inconstitucionalidad. Avocación (Expte. CSJ Nº 640-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-14

Más allá de los desafortunados términos en que pretenden fundarse los recurrentes para objetar el pronunciamiento que declara la competencia contenciosa administrativa de la Corte que se ubican en el límite de lo tolerable como ejercicio del derecho de defensa (afirman que "Todo hace presumir, que una vez adecuado el trámite, las medidas cautelares no serán despachadas favorablemente por la simple razón de que será la Corte Suprema Provincial quien decidirá al respecto), no hace más que demostrar que el agravio resulta conjetural, eventual e hipotético, carece de actualidad y, en definitiva, resulta consecuencia de una actividad discrecional o negligente de los propios recurrentes, ya que pretendieron la tramitación del proceso por una vía, en definitiva, más prolongada que la del recurso contencioso administrativo que, por otra parte, contempla concretamente la posibilidad de ejercer pretensiones cautelares (artículo 14, ley 11330). Esa sola circunstancia lo margina de la vía extraordinaria intentada.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, prueba crítica, lesión subjetiva, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Todisco, Adriana Victoria c/ Brancatelli, Claudio Alberto y otros s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-14

Asiste razón a la recurrente en cuanto postula la descalificación constitucional del decisorio atacado por haber incurrido la Cámara en arbitrariedad fáctica por apartamiento de las constancias de autos y prescindencia de prueba decisiva, al comprobar, luego del estudio de los autos principales, que la Sala al decidir como lo hizo, omitió dar un tratamiento adecuado a la pretensión basal de la demanda (declaración de nulidad por lesión de la compraventa del inmueble de referencia) de conformidad con los elementos de autos que surgen de las pruebas producidas pues, si bien la hermenéutica de la Cámara acerca de los alcances que debe otorgarse a la presunción contenida en el artículo 332 del C.C.C.N. y 954 del Código velezano -en el sentido de que la prueba del elemento objetivo sólo hace presumir uno de los dos elementos subjetivos que debe darse para que exista lesión, a saber, la explotación por parte del lesionante, no así el otro elemento subjetivo, en el caso el estado de inferioridad de la víctima, en cuya cabeza pesa la carga de la prueba- se inserta dentro de una de las posibilidades exegéticas que ofrece la norma, con todo, desde tal posicionamiento teórico, el A quo omitió la debida consideración y análisis de la totalidad de los elementos probatorios incorporados a la causa en orden a determinar si en el caso se hallaba configurado el segundo elemento subjetivo, a saber, la debilidad de la parte lesionada. (Del voto del Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 954; Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 332
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lagos de Martinangeli, Mirta E. c/ Bertucci, Adolfo S. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Si bien los sentimientos familiares son respetables y pueden resultar incompatibles con la obligación de decir la verdad o cuando menos implicar demasiada parcialidad, si el testigo es convincente, su fuerza probatoria no ha de estimarse afectada por el hecho de que el deponente sea pariente de una de las víctimas del accidente.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, control abstracto de constitucionalidad, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-15

Las acciones del art. 113, inc. 2 CCBA integran el modelo de democracia participativa (art. 1 CCBA).

Cualquier persona tiene derecho a perseguir la declaración de inconstitucionalidad de una norma "de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad" y el Tribunal, en ejercicio de su competencia originaria y exclusiva, deberá resolver ese planteo.

Pero, en resguardo del principio de división de poderes y del mecanismo constitucional del reenvío, si la objeción está dirigida contra una ley y la sentencia es contraria a su validez, la CCBA impone la intervención de la Legislatura (art. 113, inc. 2 y ley 402).
Resistencia a la autoridad, infracciones de tránsito, prueba, falta de prueba, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: Dell'aquilla, Enrique M. s/ Resistencia a la autoridad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-05

Corresponde la absolución del procesado acusado de resistencia a la autoridad si la prueba reunida no acredita que la policía actuó legítimamente al detenerlo.

La mera infracción a un Reglamento de Tránsito no constituye un supuesto ilícito para arrestar a una persona y trasladarla a una comisaría.
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: Belt  S.A. s/ Rec. de Apelación  A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

La condena en costas supone que el costo del litigio debe ser soportado por la parte que resultó vencida y se impone por el solo hecho del vencimiento, sin otra consideración, por responder a ese principio objetivo que tiene en cuenta la derrota independientemente de la buena o mala fe, de la mayor o menor razón para litigar.
Cesantía ilegítima, daño resarcible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nieto, Gerardo c/ Municipalidad de Lanús s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

Para que se configure la responsabilidad civil es menester que el daño sea cierto en cuanto a su existencia y que el daño eventual, conjetural o hipotético no resulta susceptible de ser indemnizado, como tampoco corresponde resarcir la amenaza o el peligro de un menoscabo.
Prueba, segunda instancia
Materia: LABORAL
Carátula: Kichner Alcides c/ Lande Jorge y Otra s/ Cobro de Diferencias Salariales y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-31

Es procedente la incorporación de la documental -21 recibos-, ya que son de fechas posteriores a la nota de secretaría poniendo los autos a despacho para sentencia, además de la renuencia a comparecer por parte del testigo y la falta de colaboración de la empleadora para instar a su dependiente a presentarse ante la justicia.
Abogados, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, denuncia, actuación de oficio, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Antonelli, Jorge O. c/ Gas del Estado S.E. s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

De conformidad con lo previsto en el art. 5 del Reglamento de Procedimientos para el Tribunal de Disciplina, las causas ante el Tribunal pueden iniciarse de oficio, por denuncia o a petición del abogado cuya conducta se tratare. Asimismo, el mencionado artículo dice: "...La denuncia podrá ser formulada por cualquier persona que se sintiera agraviada por el proceder de un abogado...".
Contratos innominados, medicina prepaga, derechos del usuario, menores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ERRICO NESTOR OMAR Y OTRO c/ GALENO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

La adecuada protección de los derechos del usuario que caracteriza al contrato de medicina prepaga debe ser acentuada en el supuesto en que está comprometida, como en el caso, la integridad psicofísica de una menor de edad discapacitada, pues debe apreciarse con criterio amplio la protección preventiva que prevé la ley 24901 a favor de las personas con discapacidad y que el Ministerio de Salud ha incluido en el Programa Médico Obligatorio (conf. CSJN, 16/10/01, "Monteserin, Marcelino c/ Estado Nacional - Ministerio de Salud y Acción Social - Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas - Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad", Fallos 324:3569; CSJN, 8/6/04, "Martín, Segio G. c/ Fuerza Aérea Argentina s/ amparo", Fallos 327:2127; CSJN, 24/5/05, "Orlando, Susana Beatriz c/ Buenos Aires, Provincia de", Fallos 328:1708; CNCiv. Sala G, 18/12/02, "A. de I., F. y otro c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones N. Quirno s/ art. 250 del Codigo Procesal - incidente civil").