Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-12-11


Autos N° 22.075 (N° 135045/1 - 7 Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "FAGER José Domingo C/ Saavedra Oscar Víctor y Otra S/ Cobro de Alquileres (Legajo de Apelación)".

En la Ciudad de San Juan, a 11 días del mes de diciembre del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, el Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA y el Dr. GILBERTO RIVEROS a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fs. sub 64 de los autos N° 22.075 (N° 135045/1 - 7 Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "FAGER JOSE DOMINGO C/ SAAVEDRA OSCAR VÍCTOR Y OTRA S/COBRO DE ALQUILERES (LEGAJO DE APELACIÓN)", contra la resolución dictada en fecha 16 de marzo de 2015, obrante a fs. sub 57-62 de estos autos originarios del Séptimo Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue: 1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? A la Primer Cuestión: El Dr. JUAN JOSE VICTORIA dijo:

1) El caso:

La juez aquo, a fs. sub 57-62, resolvió:" I- Hacer lugar al acuse de negligencia planteado por la parte demandada, respecto de la prueba testimonial ofrecida por la actora. II- Declarar inadmisible el planteo de "hecho nuevo" alegado por la parte la actora. III-Ordenar que prosiga la causa, conforme las normas del proceso abreviado, conforme los considerandos respectivos." Contra dicha resolución el actor se alzó a fs. sub 64, recurso que fue concedido a fs. sub 65 sin efecto suspensivo.

El recurrente expresa agravios a fs. sub 66-69, los que son contestados a fs. sub 72-74.

Relata los antecedentes de la causa, y dice que le agravia, a) en primer lugar la sentencia al hacer lugar al acuse de negligencia.

Dice que el inferior no analiza, apartándose del derecho, ya que una providencia que se encontraba firme, luego la revoca sin petición de contraparte. Agrega que la prueba fue rendida y precluída con la ratificación de la firma por parte de los testigos antes de que venciera el plazo para contestar el acuse de negligencia.

b-En segundo lugar le agravia la sentencia recurrida porque entiende que la jueza se equivoca al decir que la factura llega y denuncia como hecho nuevo, y que debía ser integrada con la información testimonial. Sostiene que el resolutorio recurrido viola principios constitucionales, del código de fondo y de forma, al impedir rendir una prueba procedente. Aduce que el hecho nuevo puede ser denunciado incluso hasta el llamamiento de autos.

c-Reprocha que en este estadio procesal, la juez ordene que deba seguirse el proceso abreviado, ya que se ve impedido de ofrecer testimonios que indica el art. 451 inc. 3 del CPC.

d-Por último le agravia la condena en costas.

A fs. sub 76 son elevadas las actuaciones, adjudicándose a fs. sub 90.

TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:

1-Primer agravio: La crítica radica en que la Sra. juez hace lugar al acuse de negligencia planteado por la citada.

El instituto procesal de la negligencia en la producción de las pruebas, tiende a asegurar el buen orden procesal, con el propósito de que los elementos de aseveración se incorporen en término a la causa, que, por deserción de la actividad procesal de las partes, dilate innecesariamente la conclusión de los juicios.

A los efectos de declarar la negligencia en la producción de la prueba deben tenerse en cuenta dos aspectos: 1- un aspecto de índole subjetivo, cual es la inacción de las partes y 2- un aspecto de Índole objetivo: cual es la demora injustificada y perjudicial de procedimiento.

Para que la negligencia se tipifique es menester que haya demora, que esa demora sea imputable y que implique una dilación injustificada en el normal desarrollo del proceso, con lesión clara del principio de celeridad procesal.

Bajo tales conceptos, entiendo, que el primer agravio, debe prosperar.

El escrito por el cual el actor inicia la preparación de la vía ejecutiva, no es una demanda en sentido propio, pues no contiene una pretensión sustancial, sino que pretende completar el título.

Dicho trámite tiene por finalidad determinar la cantidad líquida y exigible que constituye elemento indispensable para la procedencia de la vía ejecutiva.

"...la preparación de la vía ejecutiva tiende sólo a integrar un título que es base de la ejecución, mediante la incorporación de elementos complementarios o formales, pero sobre un título que ya tienen los elementos básicos de la ejecución (Falcón, Enrique. Proc de Ejecución. tomo O Juicio ejecutivo, Vol A. Editorial Rubinzal culzoni, pág. 192).

La preparación de la vía ejecutiva, si bien guarda semejanza con las diligencias preliminares, tiene por finalidad completar un título que originariamente carece de fuerza ejecutiva.

En el caso de autos, la juez aquo, ordenó a la parte actora, rendir información sumaria a fin de acreditar la calidad de inquilino, en los períodos posteriores a la fecha de vigencia del contrato, la que tuvo por rendida a fs sub 42. En dicha oportunidad, también ordenó que las declaraciones fueran ratificadas por ante el actuario.

Nuestro código procesal, en la redacción del art. 488 inc. 2 del CPC (988-O) deja librado al juez, determinar cuando está acreditada sumariamente la calidad de inquilino requerida, para tener por completado el título que se pretende ejecutar.

En efecto, la juez inferior, yerra al sostener en el fallo recurrido que ha existido negligencia procesal.

En primer lugar porque, reitero, la preparación de la vía ejecutiva, no es instancia. Esta no tiene otro alcance jurídico o procesal que la de constituir una tramitación previa, sin juicio contradictorio entre las partes.

Por ello, entiendo no puede aplicarse las normas de negligencia en la prueba, previstas en el art 348 del CPC(ley 988-O), las que están incluidas en el Título II referido al Proceso Ordinario. Si el legislador hubiera querido que sean aplicables dichas normas, hubiera remitido a dicho capítulo, al tratar la preparación de la vía ejecutiva.

Además, si el Código de San Juan, a diferencia del Código de la Nación, no prevé caducidad alguna cuando una vez preparada la vía ejecutiva no se inicia la acción ejecutiva, en razón del principio de conservación de actos procesales, menos debe interpretarse que la demora en la rendición de la información sumaria ofrecida, pueda perjudicar la celeridad de un proceso, que aún no se ha iniciado, sino que está en su etapa preparatoria. Por ello, considero equívoco el resolutorio de la juez a quo, por lo que el agravio debe prosperar.

Con relación al argumento de que la providencia de fs. sub 48 fue dictada, encontrándose firme el decreto de fs. sub 42, no contando las actuaciones remitidas con el informe del actuario, respecto de la notificación de las partes y atento el resultado arribado, no corresponde tratar dicho planteo.

2- Con relación al segundo agravio, critica que la juez aquo, declara inadmisible el hecho nuevo alegado.

Adelanto opinión que este agravio, no va a prosperar. La razón de ello, es que la alegación de hechos nuevos no resulta procedente en la preparación de la vía ejecutiva, al ser el art. 328 del CPC (988-O) aplicable a los procesos de conocimiento. Esta solución es coherente con la naturaleza de la preparación de la vía ejecutiva, que tiende a completar el título ejecutivo, diligencias que deben interpretarse restrictivamente y de conformidad a las limitaciones previstas en el código de rito (art. 488 del CPC (988-O-)).

Considero acertadas las conclusiones en este punto de la juez de grado, ya que la prueba que pretende incorporar el actor, debió ser presentada al rendir la información sumaria, sin perjuicio de que sean merituadas por la sentenciante al momento de tener por preparada la vía ejecutiva, conforme lo dispuesto en el art. 490 del CPC.

3- Respecto del tercer agravio, esto es que la causa prosiga como trámite abreviado.

Atento al resultado arribado al tratar el primer agravio, y no dándose el supuesto del art. 488 del CPC, corresponde hacer lugar a la crítica efectuada, y revocar el punto III de la sentencia recurrida.

4- Por último, el cuarto agravio, está referido a la imposición de costas.

En virtud del resultado arribado, corresponde modificar la imposición de costas del resolutorio recurrido, e imponerlas en el orden causado (art. 70 del CPC).

En consideración a las razones expuestas, propongo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto. Revocar los puntos I y III, y modificar el punto IV, ordenando se impongan las costas en el orden causado. Adecuar los honorarios profesionales regulados en la sentencia recurrida de la siguiente forma: Regular al Dr. Gabriel Sanz, en carácter simple, la suma de $600 y a la Dra Viviana Geretti, en carácter simple, la suma de $800.

Regular los honorarios de los profesionales actuantes por lo actuado en segunda instancia en el 30% de lo regulado por su actuación en primera instancia.

El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El Dr. JUAN JOSE VICTORIA dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto. Revocar los puntos I y III, y modificar el punto IV, ordenando se impongan las costas en el orden causado. Adecuar los honorarios profesionales regulados en la sentencia recurrida de la siguiente forma: Regular al Dr. Gabriel Sanz, en carácter simple, la suma de pesos seiscientos ($600) y a la Dra. Viviana Geretti, en carácter simple, la suma de pesos ochocientos ($800).

Regular los honorarios de los profesionales actuantes por lo actuado en segunda instancia en el 30% de lo regulado por su actuación en primera instancia.

El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto. Revocar los puntos I y III, y modificar el punto IV, ordenando se impongan las costas en el orden causado. Adecuar los honorarios profesionales regulados en la sentencia recurrida de la siguiente forma: Regular al Dr. Gabriel E. Sanz, en carácter simple, la suma de pesos seiscientos ($600) y a la Dra. Viviana E. Geretti, en carácter simple, la suma de pesos ochocientos ($800).

II) Regular los honorarios de los profesionales actuantes por lo actuado en segunda instancia en el 30% de lo regulado por su actuación en primera instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A; T° III-2015; F°39/42; FECHA:11 de diciembre de 2015 DRES.VICTORIA-RIVEROS