Sentencia definitiva, recursos, condena penal, rechazo del reclamo, declaración autoincriminante, calificación legal, comercialización ilegal de estupefacientes, multa, constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Arellano, Eliceo Rafael y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-21

Corresponde rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas y confirmar el pronunciamiento condenatorio emitido. El planteo referido a la actividad realizada por los funcionarios de la Policía de Entre Ríos, en flagrante violación a la garantía contra la autoincriminación y en contra de lo dispuesto en el art. 184, inc. 10, CPPN, es una reiteración del postulado en el juicio y resuelto con fundamentos suficientes, sin que en esta oportunidad se hubieran sumado otras objeciones para revertir la solución dada por el a quo o que, de adverso, pongan en evidencia la presencia de un supuesto de arbitrariedad por conculcación de garantías constitucionales y que descalifique la sentencia como acto jurisdiccional valido. Los argumentos expuestos por los recurrentes no logran demostrar que las declaraciones efectuadas por Figueroa hayan estado originadas en alguna forma de coacción proveniente de los funcionarios intervinientes. Por otro lado, el pedido de la defensa de Schmidt de que se declare la nulidad del acta de procedimiento y de todos los actos que son su lógica consecuencia -por contener, a su entender, severas omisiones y contradicciones-, también fue resuelto adecuadamente por el a quo. No se evidencia, ni las partes logran acreditar, la concurrencia de los motivos de nulidad previstos en el art. 140 CPPN. La sentencia impugnada supera el test de fundamentación a tenor de los arts. 123 y 404 inc. 2 del Código Procesal Penal de la Nación para ser reputada un acto jurisdiccional válido. Se exhibe un plexo probatorio contundente que ha sido críticamente examinado por el a quo mediante una argumentación lógica que no ofrece fisuras y que ha permitido arribar a la certeza respecto de la materialidad del hecho y del grado de intervención que en él le cupo a los imputados. Los juzgadores han sustentado la calificación jurídica atribuida en un conjunto de elementos probatorios que, al contrario de lo afirmado por la defensa de Arellano, han sido objeto de un adecuado examen crítico. El a quo entendió que Francés, Arellano y Schmidt actuaron de modo organizado, resaltando que poseían el dominio del hecho en tanto todos disponían de las sustancias y el producto de sus ventas. De la lectura del recurso interpuesto por la defensa de Schmidt no se advierte ningún tipo de argumentación relativa al extremo invocado, ni se explican mínimamente las razones fácticas o jurídicas por las que la conducta del nombrado debería quedar en grado de conato. La mención efectuada por la defensa de Francés -falta de acreditación de la ultra intención de comercializar estupefacientes-, desprovista de cualquier argumentación que la sustente, no supera el grado de fundamentación necesario para su análisis, en la medida en que se desconocen las razones que fundan dicha aseveración. Sin perjuicio de ello, el juicio de tipicidad efectuado en la sentencia luce ajustado a derecho y a las constancias de la causa, habiéndose acreditado con suficiencia la ultrafinalidad de comercializar, requerida como elemento de la imputación subjetiva, además del dolo. No existe duda alguna que amerite que la doctrina del Máximo Tribunal que dimana del precedente "Vega Giménez" (Fallos: 329:6019) cobre vocación aplicativa en la especie. La determinación punitiva de la sentencia sometida a inspección jurisdiccional aparece precedida de la debida fundamentación, a tenor de los arts. 123 y 404 inc. 2, habiéndose observado los estándares establecidos en los arts. 40 y 41 del Código Penal. Respecto a los agravios referidos a la ausencia de valoración de ciertas pautas, éstas no sólo han sido efectivamente relevadas por el a quo, sino que, al hacerlo para determinar su incidencia en el quantum, se han brindado las razones por las cuales se ha escogido a algunas como atenuantes y a otras como agravantes para, en definitiva, individualizar la sanción que aplicó. Corresponde finalmente rechazar la inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 27.302, por cuanto la remisión que efectúa dicho artículo al formulario de inscripción del Registro Nacional de Precursores Químicos no vulnera el principio constitucional de división de poderes alegado. Corresponde asimismo rechazar los cuestionamientos respecto a la proporcionalidad y a la razonabilidad de la sanción pecuniaria que, a criterio del recurrente, resultaría contraria al art. 21 del Código Penal y también confiscatoria, toda vez que las objeciones planteadas por el impugnante sólo se vinculan con críticas a las razones de política criminal implícitas en la decisión del legislador, sin demostrar que, en el caso, apartarse del mínimo legal de la sanción de multa prevista para el tipo penal atribuido implique una aplicación arbitraria de la norma. También corresponde el rechazo del planteo vinculado con que la multa individualizada acarreaba una prisión por deudas al ser de imposible cumplimiento, debido a que la normativa brinda una serie de alternativas para hacer efectivo el pago de la multa previo a su conversión en pena de prisión. El momento en el que corresponderá analizar esta cuestión será en la etapa de ejecución penal, ello con ajuste a las previsiones de la disposición sustantiva citada, la que establece una serie de posibilidades que tienen por objetivo reducir al mínimo la sustitución a cualquier forma de cumplimiento que importe privación de la libertad. Por ello el agravio, tal como ha sido planteado por la defensa, es conjetural e hipotético. En su voto concurrente, el Dr. Borinsky destacó que de las constancias de la causa no se advierte que las manifestaciones efectuadas por Figueroa hayan sido conseguidas coactiva o compulsivamente, en violación a la garantía contra la autoincriminación. Es justamente este elemento el que constituye el fundamento de la disposición constitucional según la cual "Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo" (art. 18 C.N.). En este sentido, sostuvo que no se debe deducir que el imputado no tiene facultad de confesar. Sí la tiene; pero esta facultad de confesar es personalísima, se funda exclusivamente en la voluntad del imputado y no puede ser inducida por el Estado de ningún modo (cfr. en igual sentido, causa 970/2013, "Di Biase, Luis Antonio y otros s/recurso de casación e inconstitucionalidad" ya citada, y causa CPE 990000321/2010/T01/CFC1, "Santilli De Cercaci, Ana María y otra s/recurso de casación", reg. n° 1725/16.4, rta. 28/12/2016, entre muchas otras). Por lo demás, recordó que, tal como señaló el Fiscal General ante esta instancia, la actitud procesal adoptada posteriormente por Figueroa, quien declaró como arrepentida y brindó elementos que permitieron vincular al resto de los condenados en la comercialización de sustancias estupefacientes. En consecuencia, concluyó que las manifestaciones de la imputada deben ser consideradas como espontáneas, producto de su libre voluntad (cfr. en igual sentido, en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala IV, causas n° 16.380 "Rodríguez Cajal Irma Carmen s/ recurso de casación", reg. n° 1087/13.4, rta. 27/06/2013 y FMZ 245/2017/T01/CFC1 "Barroso Toledo, Jésica Angélica s/ recurso de casación", n° 1935/18, rta. 11/12/18, de esta Sala IV de la C.F.C.P). Dres. Carbajo, Borinsky -voto concurrente- y Hornos -voto concurrente-.