marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Desaparecidos, extradición, cooperación internacional, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PROCESAL-PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Astiz, Alfredo Ignacio s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-04

Corresponde declarar improcedente el pedido de extradición formulado por la República de Francia respecto del imputado por los delitos de complicidad en la detención ilegal seguida de torturas, pues dicha solución- a la luz de las circunstancias actuales-, lejos de violentar las obligaciones emergentes en el ámbito de la extradición frente a delitos de esta índole refuerza el sistema en el que está inserto este instituto, ya que si bien la extradición se presenta como un importante instrumento de colaboración entre los Estados para erradicar la impunidad mediante el juzgamiento y, en su caso, la sanción de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, ello no puede constituir una renuncia del Estado para cumplir con amplio alcance sus propias obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad mediante el deber de "investigar" y "sancionar" a los responsables en relación a todas y cada una de las víctimas.
Recurso de revisión (procesal), procedencia del recurso, reincidencia, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL
Carátula: LUNA, O. s/ RECURSO REVISION. REINCIDENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-14

Si bien el recurso de revisión es improcedente cuando la pena está agotada, la declaración de reincidencia y la actual situación del recurrente que se encuentra detenido a raíz de otro proceso, hacen viable una excepción a la tradicional jurisprudencia del más alto Tribunal y de la Cám. Crim. Capital a la doctrina expuesta, debiendo dejarse sin efecto la declaración de reincidencia, en atención a la reforma al art. 50 introducida por la ley 23.057, porque la pena de dos meses que se tuvo en cuenta para declararlo reincidente fue de cumplimiento en suspenso.
Renuncia al empleo, renuncia bajo presión, intimidación
Materia: LABORAL
Carátula: INTONDI, NICOLAS c/ ROYO SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1975-08-08

La acusación al trabajador de haber participado en hechos delictivos, no concretada legalmente y utilizada como elemento de presión para conseguir su renuncia, constituye la intimidación a que se refiere el artículo 937 del Código Civil, viciando por lo tanto la validez de dicho acto de renuncia.
Empleo público, retiro obligatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIDELA JULIO R c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- PREVISIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-06-07

La caja de jubilaciones, pensiones y retiros de Córdoba carece de competencia para disponer el pase a retiro obligatorio, el que será dispuesto por el poder ejecutivo, a propuesta del jefe de policía de la provincia, de conformidad con la reglamentación que se dicte (art. 91 Leyes 5846 y 6118; art. 104 Ley 6658). La caja solo tiene participación en el trámite previo a su otorgamiento, a los fines de determinar, el derecho que pudiera asistir al actor (decreto reglamentario 2706/76 -art. 87).
Sobreseimiento, non bis in ídem
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ricci, José Francisco s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-13

Si el imputado fue sobreseído por la sustracción del pasacassette, mal podía proseguirse la causa por el desapoderamiento del restante elemento integrante de ese mismo hecho -la campera-, so pena de violar, como ha sucedido, el principio constitucional del non bis in idem, y en consecuencia tampoco podía eventualmente ser sometido a juicio por el remanente de este hecho erróneamente desdoblado. Lo que en definitiva pretende la ley argentina es proteger a cualquier imputado del riesgo de una nueva persecusión penal, simultánea o sucesiva, por la misma realidad histórica atribuida, toda vez que la garantía es de quien sufre el poder penal del Estado. Es por ello, que el substractum de la garantía es fáctico y tiene carácter objetivo. (Voto del Dr. Tragant).
Sanciones conminatorias, astreintes, sentencia, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Btesh, Nadia c/ Jouedjati, José
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

Dado que las astreintes no pueden convertirse en fuente de enriquecimiento, sino en una forma de reparar el daño presuntamente causado, corresponde revocar la sentencia que fijó aquéllas para el caso de incumplimiento de la demandada, cuando no se basan en la existencia de un perjuicio concreto y actual. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Ejecución hipotecaria, interrupción de la prescripción, actos no interruptivos, liquidación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL c/ SZIEBER, Gaspar y otros s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-10

La presentación de una liquidación por parte del acreedor hipotecario, no constituye un acto susceptible de interrumpir el plazo de prescripción de la ejecutoria, así tampoco la realización de audiencia alguna.
Deberes del juez, principio de legalidad, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público Defensoría General  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Mayol, Pedro y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-07

La obligación dirigida a los jueces de interpretar de la manera más restrictiva posible -obvia consecuencia del principio de legalidad material- impone descartar cualquier posibilidad de ampliar, por vía de la hermenéutica judicial, el poder punitivo estatal habilitado por las normas emanadas del órgano legislativo. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Aduanas, tributos aduaneros, tasa de estadística
Materia: ADUANERO
Carátula: "Petroken  Petroquímica Ensenada S.A. S.A. c/ E.N. -D.G.A.- Resol1067/04 (expte. 400600/02)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-01

En el artículo VIII, inciso a) del acuerdo de Marrakesh referente a otros gravámenes que sujetan las operaciones aduaneras, la obligatoriedad del límite de imposición no aparece tan nítida ni directa como para imponer a los tribunales locales su aplicación. En rigor ella se dirige a los poderes políticos a efectos de que arbitren los medios para ajustar su legislación a las pautas establecidas.
Excusación, bancos, deudor
Materia: LABORAL
Carátula: Mauriño, Eduardo Alberto c/ Banco de Formosa S.A. y/o quien resulte responsable s/ reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-09-10

Es improcedente la excusación formulada por el magistrado que manifiesta ser deudor de la accionada, Banco de Formosa S.A, pues al ser dicha entidad agente financiero de la Provincia, se aplica la excepción que contempla la normativa prevista para el caso, referida a que la excusación no procede cuando la relación de crédito existe respecto de bancos oficiales, a lo que se agrega que no existe ningún elemento de juicio del que se pueda inferir, ni siquiera dudar, de la imparcialidad del Señor Ministro titular por las circunstancias que invoca en su excusación.
Cooperativa de trabajo, socio empleado, aportes previsionales, relación de dependencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COOPERATIVA DE TRABAJO MARTIN DE PORRES s/ IMPUGNACION ACTA DEUDA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-30

No es de aplicación la Resolución 101/70 de la Secretaría de Estado y Seguridad Social en cuanto se pretende fundar en sus disposiciones el supuesto derecho de la autoridad previsional para hacer efectiva contra una cooperativa de trabajo la determinación de una deuda de aportes, sin haberse acreditado que los socios de ésta estuvieren ligados a la misma por una relación laboral de dependencia o subordinación. Lo contrario lesionaría la condición jurídica del socio de la cooperativa de trabajo reconocida en la ley 20337, transformándolo en un obrero vinculado a la entidad por contrato laboral y no social.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: Leiva, Nancy Beatriz c/ Microomnibus Ciudad de Buenos Aires S.A.T.C.I. y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28

Cuando en el proceso de daños y perjuicios los valores indemnizatorios se fijan al momento del dictado de la sentencia de grado, la tasa activa cartera general -préstamos- nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, de aplicación sobre el capital conforme "Plenario Samudio", rige recién a partir de dicho pronunciamiento, ya que de imponerse esos intereses desde el origen de la mora se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé la parte final de la referida doctrina plenaria, al contemplar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria legal.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: IRAMAIN DE CANCINO, NORMA; CARDENAS DE LEDESMA, MARIA Y OTRAS c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ RECURSO DE AMAPRO Y MEDIDA DE NO INNOVAR.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-04-24

El remedio excepcional que el amparo implica, no debe alterar las instituciones vigentes, ni justificar la extensión de la jurisdicción legal y constitucional de los jueces. Ni el control, ni el acierto con que la administración desempeña las funciones que la ley encomienda validamente, ni el razonable ejercicio de las atribuciones propias de la actividad administrativa son bastantes para motivar la intervención judicial por vía de amparo, en tanto no medie arbitrariedad en los organismos correspondientes.-
Sanciones militares, personal militar, Estado militar, retiro militar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cnel.  HORACIO  P. BALLESTER Y Cnel. AUGUSTO B. RATTENBACH INTERPONEN RECURSO DE HABEAS  CORPUS  EN  FAVOR  DEL  CORONEL  JOSE  LUIS GARCIA s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-29

Parece razonable que no se hagan distinciones entre el personal militar en actividad y el retirado, respecto a la posibilidad de ser arrestado por faltas disciplinarias.
Despido, despido por falta o disminución de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Mayor, Manuel c/ Samcot S.C.A. y ot, s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-17

Para que tenga operatividad la cesantía motivada por "falta o disminución de trabajo" no basta invocar la existencia de una crisis general, o una importante disminución de las ventas sino que es necesario que el principal aporte a la causa datos convincentes que demuestren la concreta repercusión de la misma en el seno de la empresa, como asimismo que adoptó oportunamente medidas tendientes a evitar el desequilibrio que lo llevó a esta situación de falta o disminución de trabajo.
Notificación, notificación tácita
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA, RAFAEL c/ NAVARRO, JOSE MARIA s/ TRANSFERENCIA DE CUOTAS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 26-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-08-12

Atento las características que presentan algunos fallos, se pone en evidencia la necesidad de no adoptar -respecto de las notificaciones- el principio de conocimiento (sino el de recepción) como "excepcional desenlace de una excepcional situación". De otro modo, se llegaría a la peligrosa creación de un sistema de notificaciones fictas sin base en la ley y contra sus normas expresas que hablan de un acto irregular de notificación o de una manifestación de conocimiento hecha en "el proceso" y que de consiguiente, requieren la existencia de un acto notificatorio con un mínimo de forma o la exteriorización en los "autos" (la cédula que envía un personero a su contraparte importa la más acabada demostración de que conoce el decreto que comunica), no cualquier barrunto que se presta, según se ha visto, a dudas e interrogantes incompatibles con la finalidad y naturaleza de la diligencia.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, estado de sitio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Verbitsky, Horacio y otros s/ denuncia apología del crimen.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

Como excepción, las garantías que protegen el derecho de expresar las ideas por la prensa pueden ser suspendidas por razones de emergencia nacional, en las que, por ataque exterior o conmoción interior, corresponde preservar la supervivencia del Estado y sus instituciones, mediante el estado de sitio y siempre en relación directa con los motivos, causas constitucionales, límites temporales y la finalidad prevista por la Constitución Nacional.
Subrogancia del juez, lectura de derechos, nulidad procesal, falta de agravio concreto, recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MONTIEL, Gabriel A. y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-23

No se advierte a las partes el perjuicio que a las partes pueda irrogar el auto por el cual el juez subrogante cita a los imputados para hacerle saber de las disposiciones insertas en los artículos 73 y 279 del C.P.P.N. Pese al origen de su designación, la ausencia de daño o interés veda la declaración oficiosa de nulidad.

Por ello, el recurso de apelación presentado por la defensa ha sido bien denegado (del voto del Dr. Navarro).

El sistema instaurado por el Consejo de la Magistratura -de carácter provisorio- para designar jueces hasta tanto se cubran definitivamente las vacantes, no resulta contrario a la Constitución Nacional.

La citación de los imputados a los efectos de hacerles saber de las disposiciones de los artículos 73 y 279 del C.P.P.N. no puede causar agravio irreparable a la defensa.

Si el llamado a indagatoria -motivado en la sospecha- no resulta apelable, menos aún puede serlo el auto mencionado (del voto del Dr. Pociello Argerich).

Por tanto, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto.
Concursos, quiebra a pedido del acreedor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: COOP F.A.G. de Diamante Ltda. s/ Quiebra pedida por Rodríguez Juan Carlos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-12-13

La finalidad del artículo 80 de la Ley de Concurso y Quiebra es permitir que los acreedores, ante la inercia del deudor, reclamen la declaración de falencia, porque es común que aquél lo dilate todo lo posible, ya sea por creer superar el estado de crisis o aún maliciosamente. Este es un derecho otorgado a los acreedores para evitar o disminuir el perjuicio de sus intereses. En ese contexto, un ejercicio contrario a dicha finalidad, sólo podría ser aquél mediante el cual se ejerce el derecho consagrado en el artículo 80 de la Ley citada como medio de coacción rápido y barato de cobrar al deudor solvente.
Derecho civil, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: MIRANDA CORNELIO RAMON Y OTRA c/ ESTORNELL S.A. s/ PRUEBA ANTICIPADA-HAY SUMARIO-D.S. Y P.S.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-27

La vida humana tiene un valor económico, cuya pérdida debe indemnizarse teniendo en cuenta las diversas circunstancias relacionadas con las víctimas y quienes reclaman la reparación del daño, gozando el arbitrio judicial de un vasto margen de apreciación. En caso de muerte de un hijo menor, lo que debe resarcirse es el daño futuro, cierto, que corresponde a la esperanza, con contenido económico, que constituye la vida de un hijo muerte o consecuencia es un hecho ilícito. Significa, al menos, la pérdida de un chance u oportunidad de que en el futuro, de vivir en este caso al menor, se hubiera concretado, no solo la responsabilidad de una ayuda económica, sino de atención y cuidado a sus padres. Se trata de un perjuicio cierto, que se concreta en la pérdida de legítimas esperanzas en el actor.
Honorarios del abogado, litisconsorcio
Materia: LABORAL
Carátula: Morel Santiago c/ Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza y Otro s/ Cobro de Pesos por Bonificación y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-08-12

El artículo 26 de la Ley de Aranceles Nº 7.046 prevé, para el supuesto de litisconsorcio, que la regulación de honorarios se haga en relación al interés de cada litisconsorte. Consideramos que -en el caso- el monto a que se refiere el artículo 31 de la citada ley es único, ya que las partes demandadas actuaron aliadas frente al actor, por lo que la retribución del profesional que las representó no puede exceder al monto del juicio, sin perjuicio que, a los fines prácticos se hagan dos regulaciones respetando la proporción correspondiente a las respectivas intervenciones profesionales.

(Voto mayoría: Dres. Ponce y Spinelli). En el caso que dos demandados se encuentren representados por un mismo profesional corresponde se efectúen dos regulaciones, teniendo en cuenta la base económica del juicio a favor del abogado que ejerció las dos representaciones. (Voto minoría: Dr. Gómez). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio abreviado, calificación legal, abuso sexual simple, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: U., E. O. c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-03

Si al suscribir el acuerdo de juicio abreviado, el imputado aceptó su responsabilidad en los hechos que se le atribuyeron y su calificación legal -abuso sexual simple, por tratarse del ascendiente de la víctima-, y se anotició a su vez del monto de la pena principal que por ello se requirió, al igual que de las reglas previstas por los incisos 1º, 6º y 8º del art. 27 bis del Código Penal -que fueron mencionadas expresamente en el marco de la petición por la Fiscalía- pero ni en ese acto, ni en la audiencia prevista por el art. 41 del Código Penal (art. 431 bis, inc. 3º, del Código Procesal Penal de la Nación), ni en ningún otro momento anterior al pronunciamiento recurrido, se hizo saber al imputado y/o a su defensa la eventual imposición de una condición adicional (art. 27 bis, inc. 2º, C.P.), no fue válidamente impuesta la regla de conducta que se decidió recién en oportunidad de dictar la sentencia condenatoria -la abstención de acercarse y/o mantener cualquier tipo de contacto con la víctima-, más allá de que ella -en abstracto- se apreciaría procedente en el caso (voto del juez Huarte Petite)
Insolvencia fraudulenta, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: En autos "B., A.J. y Otros psa. Insolvencia Fraudulenta" s/ Excepción de Previo y Especial Pronunciamiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-07-01

"...En los delitos de insolvencia fraudulenta, la fecha que debe computarse como de comienzo del término de la prescripción, es la de la condena firme generadora de las obligaciones civiles susceptibles de ser frustradas en su cumplimiento, pues no es sino, a partir de ese instante, que el delito será pasible de ser perseguido, cuando los actos de insolvencia aparecen con carácter previo al pronunciamiento judicial originable de aquellas obligaciones...".
Propiedad horizontal, prehorizontalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Campos Patricia c/ Domínguez Lino s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-13

Conforme a la expresa disposición del artículo 16 de la ley 19724, todos los intervinientes quedan solidariamente obligados por la restitución de señas y anticipos recibidos, es decir limitando a eso su responsabilidad solidaria, por lo que no existe razón para eximir de tal obligación al intermediario.
Medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., J. c/ E. SA, M.,A. SRL UTE s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-13

En el marco del proceso cautelar, la paz social es una vía de doble mano: así como informa la necesidad de la tutela anticipada, así también autoriza su cesación, sustitución o levantamiento.
Proceso contravencional, prueba, deberes del juez, apreciación de la prueba, sentencia, sana crítica racional, sentencia arbitraria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M.J. G. s/ artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-23

El Juez está obligado a valorar la prueba de acuerdo al sistema de la sana crítica racional y así debe expresarlo en la sentencia (artículo 48 inciso 3 de la Ley de Procedimiento Contravencional), bastando para ello describir el elemento probatorio y luego formular una valoración crítica del mismo, apoyando en su idoneidad las conclusiones a que llega al redactar su fallo.

Frente a ello, la diferente interpretación que el apelante efectúa respecto a las pruebas producidas no significan otra cosa que simples discrepancias con la valoración efectuada por el Juez a quo, que pueden traducirse en forma sencilla y usual, como una mera divergencia de opiniones que carece de relevancia en la medida que no se observe, ni quede demostrado, que dicha valoración resulte notoriamente injusta o arbitraria.

Para lograr ese efecto, el Magistrado no debería haber respetado las reglas científicas, lógicas y de experiencia común que informan la sana crítica, lo que no se produce en el caso, en que desarrolló un extenso y un adecuado relato de la acción atribuida; del juicio y la discusión final, análisis de la prueba y otras cuestiones; citando debates legislativos, acuerdos internacionales y jurisprudencia aplicable. (Del voto del Dr. Ventureira con adhesión del Dr. Dessanti)
Derechos de incidencia colectiva, protección de los glaciares
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-04

Cuando existen derechos de incidencia colectiva atinentes a la protección del ambiente -que involucran en los términos de la Ley de Glaciares, la posibilidad de estar afectando el acceso de grandes grupos de población al recurso estratégico del agua- la hipotética controversia no puede ser atendida como la mera colisión de derechos subjetivos. Ello, por cuanto la caracterización del ambiente como "un bien colectivo, de pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible" cambia sustancialmente el enfoque del problema, que no solo debe atender a las pretensiones de las partes sino que exige "una consideración de intereses que exceden el conflicto bilateral para tener una visión policéntrica, ya que son numerosos los derechos afectados. Por esa razón, la solución tampoco puede limitarse a resolver el pasado, sino, y fundamentalmente, a promover una solución enfocada en la sustentabilidad futura, para lo cual se exige una decisión que prevea las consecuencias que de ella se derivan.
IVA, repetición de impuestos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Concordia c/ Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Cdia.Ltda. s/ Repetición
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-05-24

El impuesto (IVA) que se invoca como pagado sin causa a la Cooperativa, fue trasladado por el Municipio al costo del servicio, es decir, a la tasa pagada por los contribuyentes o usuarios. A partir de allí se concluyó que no existió empobrecimiento del Municipio ni enriquecimiento de la Cooperativa que habilite la acción intentada.