Tribunal: CAMARA EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-09-27


San Miguel de Tucumán, 27 de septiembre de 2017.

Sentencia N° 327 VISTO :

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 27 días del mes de septiembre del 2017, se reúnen los Sres. Vocales de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones Sala IIIa., DRES. RODOLFO M. MOVSOVICH y LUIS JOSE COSSIO, para considerar y resolver el recurso de apelación deducido por la parte actora contra la sentencia de fecha 14 de marzo de 2017 que rola a fs. 384/389 de estos autos. Practicado el sorteo de ley y establecido el orden de votación se procedió a la misma con el siguiente resultado: Dr. Rodolfo M. Movsovich y Dr. Luis José Cossio.

El Sr. Vocal Dr. RODOLFO M. MOVSOVICH dijo: 1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de apelación deducido contra de la sentencia del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la Octava Nominación de fecha 14/03/2017 (fs. 384/389), que resuelve no hacer lugar a la demanda interpuesta por Héctor Rolando Barrientos en contra de Juan Pablo Cuello. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora, a quien se le concede libremente el recurso de apelación mediante providencia de fecha 27/04/2017 (fs. 391). A fs. 403/409 corre agregado el memorial de agravios de la parte actora. Corrido el traslado de ley, son contestados por el demandado a fs. 412/415. Firme la providencia de fecha 15/06/2017 (fs. 416), el recurso ha quedado en condiciones de ser resuelto.

2.- El actor Héctor Rolando Barrientos a fs. 38/40, por intermedio de su letrado apoderado, inicia acción de daños y perjuicios por la suma de Pesos Doscientos Cuatro Mil Setecientos Nueve ($204.709.-), en contra del Sr. Juan Pablo Cuello. Funda su acción en los daños y defectos de la construcción de su vivienda que estuvo a cargo el arquitecto demandado, quien dirigió y supervisó la obra desde sus comienzos.

Abierta la causa a pruebas (fs. 124), se agregan las ofrecidas y producidas por las partes, conforme da cuenta el informe actuarial obrante a fs. 321. Puestos los autos para alegar, se agregan los alegatos de ambas partes y se pasan los autos a dictar sentencia. A fs. 384/389 obra sentencia de primera instancia que no hace lugar a la demanda interpuesta por Héctor Rolando Barrientos en contra de Juan Pablo Cuello.

3.- A fs. 403/409 expresa agravios la parte actora contra el fallo de mención. Reprocha, que el inferior en grado circunscriba el reclamo sólo en los defectos de construcción, cuando se reclamó todo daño que se evidenció en la obra de su vivienda, sin importar si se originó en el diseño, estructura o modo de edificación. Sostiene, que tales daños sólo pueden reclamarse al único profesional que intervino de principio a fin en la obra, desde la confección de los planos hasta que el actor fue a vivir en el inmueble; conforme surge de las fotos acompañadas por el propio demandado.

Critica la contradicción del sentenciante, pues, por un lado, aquél expresa que cuando hay dirección de obra la responsabilidad se verá significativamente ampliada y responderá también de los daños de ejecución de la obra y mala calidad de los materiales; pero, más adelante, refiere que la obra estuvo a cargo del actor y del personal contratado por el mismo, y de ese modo desliga al accionado en tanto director técnico. Al respecto, cita jurisprudencia que entiende le favorece.

Cuestiona la omisión del A-quo de considerar sendos incumplimientos contractuales de la parte demandada, pues soslayó que el propio demandado refiere en su conteste (fs. 112) que si hubiera terminado la obra quizás hubiera podido advertir los presuntos vicios o defectos; más, de las fotografías adjuntadas por aquél (fa. 89/97) se advierte la terminación total de la obra. Además, en el responde de la demanda (fs. 113) el demandado niega que haya construido la vereda y cordón cuneta mientras ejercía la dirección técnica; sin embargo, en la foto de fs. 89 se aprecian los escalones de la vereda y son los mismos escalones que se puede observar en la fotografía de fs. 203 en ocasión de realizarse la prueba pericial.

Por otro lado, afirma, que siendo la obligación contractual y por escrito, si el demandado reconoce que dirigió la obra pero no hasta el final, debió presentar su renuncia o resolución del contrato; lo que no aconteció.

Con respecto al factor de atribución de los daños, dice que la pericia es contundente en asignarle responsabilidad al director de la obra, más luego, resuelve todo lo contrario; en contradicción con lo dispuesto en el art. 1646 del Cód. Civil.

Finalmente, expresa, que contrariamente a lo sostenido por el A-quo, el contrato fue escrito (fs. 62) y la memoria descriptiva fue confeccionada por el arquitecto y adjuntado al contestar demanda (fs. 61).

Por todo ello, solicita se revoque el fallo impugnado, haciéndose lugar a los agravios con costas a la demandada. Asimismo, hace reserva del Caso Federal.

Corrido el traslado de ley, es contestado por el demandado a fs. 412/415, solicitando el rechazo del recurso de apelación y se confirme la sentencia, con costas al actor en ambas instancias; por las razones que allí desarrolla y a las que me remitiré en lo pertinente en tanto lo amerite la consideración de aquéllos.

4.- Ingresando al estudio de la cuestión traida a decisión de este Tribunal, a fin de resolver la cuestión litigiosa, conviene precisar, en forma previa, que no se encuentra controvertido en autos la existencia del contrato de locación de obra que une a las partes, comprensivo del proyecto y dirección técnica, instrumentado mediante Orden de Trabajo cuya copia se encuentra agregada a fs. 62; y que fue reconocido expresamente por el demandado en su conteste (fs. 108/115).

Conforme los términos del recurso tentado por el actor, el thema decidendum en esta causa, gira en torno a determinar la existencia de los daños en el inmueble objeto de litis y la responsabilidad que le cabe al arquitecto demandado en el carácter contratado.

De la contestación de la demanda y de los agravios vertidos por el actor, surge que el demandado no intentó en la instancia de grado ni en esta instancia demostrar que no existieron los daños en el inmueble que se imputan a defectos en la construcción; sino que centró su defensa en que ninguna de las fallas detectadas en la vivienda obedecieron a su desempeño como director técnico. Sostuvo, que la responsabilidad era del actor quien estuvo a cargo de la ejecución de los trabajos y la provisión de los materiales.

Por ello, en primer término y por una cuestión de método, he de analizar las críticas relativas a la responsabilidad para luego, de ser necesario, proceder al estudio de los cuestionamientos vinculados a la cuantificación de los daños.

Así las cosas, debemos considerar que nos encontramos en presencia de un contrato de locación de obra, en donde el dueño de la obra -actor- obtuvo la asistencia de un profesional arquitecto -demandado- con el fin de encomendarle la elaboración del anteproyecto, proyecto y dirección técnica de un inmueble destinado a larga duración. Tocante a ésta última función, el arquitecto prometió un resultado intelectual consistente en inspeccionar y supervisar que la obra se ejecute de acuerdo con los planos y demás documentación técnica que involucra a las emisiones de órdenes e instrucciones necesarias para la correcta ejecución del traspaso encomendado. Revisión y despacho de los certificados y la recepción de los trabajos (Cfr. glosario elaborado por el Colegio de Arquitectos de Tucumán, fs. 62 vta.).

Al respecto, la doctrina tiene dicho que el director de obra -arquitecto, ingeniero civil o maestro mayor de obras- tiene el deber primario de vigilar e inspeccionar los trabajos, eso es, que la obra se ejecute conforme esté previsto en los planos y documentación contractual y en los plazos y términos convenidos. El director debe dirigir los trabajos y dar las directivas necesarias para su ejecución, sin que pueda delegar sus funciones más allá de lo razonable. Sobre el director de obra pesa una fundamental obligación de consejo hacia el dueño: debe advertirle a éste sobre los inconvenientes que presente la implantación del inmueble, el costo de la construcción, la eventual insolvencia técnica del constructor, al menos si ella es notoria, los materiales a emplear, etc. Es por ello que el director de obra debe verificar los materiales aun cuando los mismos y la mano de obra sean proveídos y contratados por el comitente, a menos que el profesional le haya advertido de las deficiencias, dejando a salvo su responsabilidad y el dueño de la obra haya insistido en su utilización (López Mesa-Trigo Represas, "Responsabilidad Civil de los Profesionales", Ed. LexisNexis, pág. 616).

En igual sentido se dijo, que el director de obra actúa como un asesor del comitente, que protege sus intereses frente al constructor para que las tareas se realicen de acuerdo a los planos y condiciones previstas, vigilando y dirigiendo los trabajos que ejecutó el empresario. Es contratado para dirigir, controlar y supervisar al empresario. El constructor debe seguir las instrucciones del director de obra. Este último tiene a su cargo el control y supervisión de toda la obra. No sólo debe controlar la ejecución de la obra sino también los materiales de construcción. Su responsabilidad subsiste aunque el dueño hubiese contratado directamente a los gremios, no pudiendo desplazar ni relegar su función, como consecuencia de no haberse adoptado medidas de seguridad o contralor (Conf. SPOTA, Alberto "Tratado de la locación de obra", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1975, pág. 8; íd. SPOTA, Alberto G. "Contratos. Instituciones de Derecho Civil", T IV, Parte Especial, 2ª Edición Actualizada y Ampliada por LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P., págs. 40 y sgtes., n° 1366; íd. LÓPEZ HERRERA, Edgardo "Teoría General de la Responsabilidad Civil", págs. 619 a 622 y 640; íd. BUSTAMANTE ALSINA, Jorge "Teoría General de la Responsabilidad Civil", Ed. Abeledo -Perrot, 1972, págs. 421 y sgtes.) (AR/JUR/50071/2014).

De allí, que el arquitecto proyectista y director de obra no puede desconocer su responsabilidad por daños en el inmueble que deriven de la deficiente ejecución de la obra o mala calidad de los materiales, toda vez que aquélla se configura por la omisión de las diligencias que exige la naturaleza de las obligaciones por él asumidas. La circunstancia de que el propietario del terreno hubiera contratado directamente a los diversos gremios o provisto de los materiales, no mejora la postura del director de obra; pues a su cargo está el control de la obra, no pudiendo desplazar contractualmente ni relegar su función en aquél.

Sentada la responsabilidad que le cabe al director de obra, corresponde adentrarse en el estudio de los daños que presenta la propiedad, sus causas y extensión; a fin de determinar quién es el responsable.

Para ello, resulta de vital importancia analizar el dictamen de la perito desinsaculada obrante a fs. 221/237. Allí, luego de hacer un relato pormenorizado de las irregularidades y deficiencias detectadas en los siguientes sectores: vereda-entrada al garaje, pilar y acometida de luz, garaje, living, baño-dormitorio principal, vestidor-dormitorio principal, lavadero y cocina, escritorio, galería cerrada, dependencia de servicio y depósito, exterior, baño planta alta, dormitorio planta alta; describe como fallos de la construcción los siguientes: de estanqueidad hídrica (filtraciones de agua desde el suelo por capilaridad y desde la cubierta); de estabilidad (pérdida de rigidez y seguridad en los muros); de acciones exteriores (producen fisuras y/o grietas más claras y abundantes); exceso de humedad; fisuras a causa de dilataciones excesivas de las cubiertas planas; fisuras en morteros de cemento, cal y mixtos; fisuras en revoques (fisuras ramificadas, de piel de cocodrilo); uniones constructivas mal resueltas; falta de junta de contracción/dilatación. Para finalmente concluir, que "los daños presentes en la vivienda se deben a vicios ocultos que surgen de una incorrecta utilización de los materiales e incorrecta realización de los trabajos que pueden haber estado dados por una insuficiente inspección y control de la obra por parte del profesional a cargo de la Dirección de la Obra" (fs. 232).

Igual aseveración reproduce a fs. 235 de su informe pericial cuando expresa "En este caso las causas que produjeron las patologías está dado por mala ejecución en obra ya sea por uso de materiales de baja calidad o inadecuados, por los tiempos de ejecución inadecuados, por la mano de obra no apta, omisión o curado insuficiente, por falla en la resolución de uniones y justas de trabajo, contracción o dilatación, etc., por causas externas debido a asientos diferenciales de la fundación. En estos casos el profesional que realiza la Dirección de Obra es el responsable de detectar dichas situaciones y buscar las soluciones constructivas óptimas y tomar las decisiones correspondientes en tiempo y forma ya que los plazos de ejecución son acotados, y decisiones tomadas a destiempo traen asociadas patologías futuras. También es necesario un seguimiento constante a la obra y estar atento a la metodología de trabajo de los obreros, ya que muchas veces los mismos no tienen los criterios del profesional ni los conocimientos exactos para los determinados ítems de la obra, da lugar a omisiones o ignorar determinados procedimientos".

La sóla lectura del fundado dictamen desbarata de plano las defensas planteadas por el arquitecto demandado para eximirse de responsabilidad en en su carácter de director de obra, pues queda claro que los daños se originaron con motivo de la deficiente ejecución de la obra, cuyo contralor se encontraba a su cargo.

El informe pericial de mención constituye aquí la prueba por excelencia, ya que es sabido que en esta clase de pleitos en que se debaten cuestiones técnicas ajenas al ordinario conocimiento de los jueces, el dictamen del especialista en la materia adquiere singular trascendencia, de modo que tanto los hechos comprobados por los expertos, como sus conclusiones, deben ser aceptados, salvo que se demuestre la falta de opinión fundante o de objetividad, para lo cual, quien impugna debe acompañar la prueba del caso, pues al respecto, ni el puro disenso, ni la opinión meramente subjetiva del impugnante, podrían ser razonablemente atendibles para poner en tela de juicio la eficacia del dictamen. Por el contrario, se requiere para ello demostrar fehacientemente que el criterio pericial se halla reñido con principios lógicos o máximas de experiencia o que existen en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos (conf. voto del Dr. Escuti Pizarro publicado en LA LEY 1991-A-358; PALACIO-ALVARADO VELLOSO, "Código Procesal..." tomo 8, 538/9 y sus citas; MORELLO-SOSA-BERIZONCE, Códigos Procesales..." T. V-B, pág. 455 y sus citas).

En autos, tal informe pericial no fue oportunamente impugnado, quedando firme el proveído de fecha 11/09/2015 (fs. 246) que rechaza por extemporánea la impugnación planteada por el demandado.

Por lo tanto, y siendo contundentes las conclusiones periciales, la responsabilidad del arquitecto demandado en su carácter de director técnico es irrefregable. Ello así, por la garantía debida al comitente, habida cuenta que "el arquitecto que dirigió la obra es responsable por la ruina o destrucción ocasionada por los vicios del plano, por los del suelo, por los vicios de la construcción, por el empleo de materiales de mala calidad y por no observar los reglamentos sobre seguridad pública" (Rezzónico, Luis M., "Estudio de los contratos", t. II, ps. 824/25).

La doctrina expuesta fue receptada por la reforma de la ley 17.711, así el art. 1646 del Código Velezano -aplicable en la especie- se explica en función del deber de seguridad, que consiste en la puesta a disposición del comitente por parte de los profesionales intervinientes en una obra, como empresarios, proyectistas o directores de obra, de todos sus conocimientos técnicos, experiencia y especialidad necesarios para la realización de la tarea contratada con el propietario (Belluscio y Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias", t. VIII, comentario art. 1646, p. 217) (Thomson Reuters, cita on line: 70052865).

Creo importante destacar, que no se encuentra controvertido que el caso se rige por el art. 1646 del Cód. Civil (texto según ley 17.711), el cual regula lo atinente a la responsabilidad civil del constructor y de los profesionales de la construcción por la ruina de la obra, y en su texto expresa: "Tratándose de edificios u obras en inmuebles destinados a larga duración, recibidos por el que los encargó, el constructor es responsable por su ruina total o parcial, si ésta procede de vicio de construcción o de vicio del suelo o de mala calidad de los materiales, haya o no el constructor proveído éstos o hecho la obra en terreno del locatario. Para que sea aplicable la responsabilidad, deberá producirse la ruina dentro de los diez años de recibida la obra y el plazo de prescripción de la acción será de un año a contar del tiempo en que se produjo aquélla. La responsabilidad que este artículo impone se extenderá indistintamente al director de la obra y al proyectista según las circunstancias, sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieren competer. No será admisible la dispensa contractual de responsabilidad por una ruina total o parcial".

Por tal motivo, aún cuando no se encuentre discutido cuál es la norma aplicable, reviste gran importancia precisar el concepto de "ruina", pues de ello depende la aplicación del régimen protectorio del art. 1646 y no el más restringido del art. 1647 bis del Cód. Civil.

La mayoría de nuestros tribunales se ha pronunciado flexibilizando el concepto de ruina; así, se ha decidido que el término "ruina" a que se refiere el art. 1646 del Cód. Civil debe ser entendido como toda caída o toda inminencia de caída cuando la obra no concluyó su vida técnica o económicamente útil, abarcando aquellos "defectos" que la tornan no idónea para su fin, no siendo necesario un derrumbe o destrucción de la cosa, sino que basta un deterioro importante. Para que exista ruina de la obra no es necesario que las fallas comprometan la estabilidad o solidez del edificio, pues basta que las deficiencias impidan el normal uso y goce de la cosa, desnaturalicen el fin de la obra o impidan su aprovechamiento adecuado; como por ejemplo la falta de desagues pluviales, problemas de impermeabilización en el techo, humedades, fisuras, entre otros (López Mesa-Trigo Represas, Ob cit., pág. 640/641).

Ello así, considerando los graves vicios detectados en el inmueble -que en el caso configura la ruina de la obra- y siendo el arquitecto demandado quien controlaba, dirigía y supervisaba la construcción; mal puede pretender eximirse de responsabilidad, conforme lo expresamente dispuesto en el artículo citado.

No empece tal conclusión, el argumento del demandado de que no puede imputársele responsabilidad alguna con respecto a los daños existentes en la pared donde se encuentra instalado el medidor de luz y en las paredes medianeras, pues ya existían al momento de iniciarse la construcción y no fueron ejecutadas durante la obra; toda vez que -como se expuso ut supra- el director técnico es un consultor del comitente y su función es proteger sus intereses, elaborar el proyecto y culminar la obra según sus propios requerimientos técnicos; y no puede desvincularse con su implementación. Así, al proyectar la obra sobre paredes ya existentes debió realizar un estudio de aquéllas y prever las posibles consecuencias que su utilización provocaría; pues está obligado a ejecutar la obra de tal modo que presente las cualidades prometidas y no esté afectada de vicios que hagan desaparecer su valor, o que la vuelvan inapropiada para el uso ordinario o establecido en el contrato.

Igual suerte seguirá la defensa respecto a los daños detectados en el sector vereda-entrada al garage, pues el demandado pretende eximirse de responsabilidad alegando que los trabajos de colocación de vereda se realizaron cuando ya no se desempeñaba como director técnico. Ello, en tanto tal situación no se encuentra acreditada en autos, y estaba a su cargo la producción de la prueba demostrativa de este hecho esencial alegado por su parte.

Sobre el punto, sabido es que quien omite probar, no obstante la regla que pone tal actividad a su cargo, se expone al riesgo de no formar la convicción del juez sobre la existencia de los hechos de que se trate y, por consiguiente, a la perspectiva de una sentencia desfavorable. La actividad probatoria constituye, pues, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés (Palacio, Lino, "Manual de derecho procesal civil", Ed. Abeledo-Perrot, 2004, p. 399). Esta conclusión, sin hesitación, se aplica a la letra al caso de autos; por lo que corresponde desestimar la pretensión del demandado.

Así las cosas, resta sólo analizar la cuantía de los daños reclamados.

Con respecto a los daños materiales, la perito desinsaculada a fs. 235/236 confecciona presupuesto del monto que estima necesario para efectuar la reparación integral de todos los desperfectos, daños, filtraciones, grietas, etc., a realizarse en la vivienda; el que asciende a la suma de Pesos Ciento Veintiocho Mil Seiscientos Veintitres con 98/100 ($128.623,98) al 15/08/2013 (fecha en que fueron presupuestados los daños al interponer la demanda).

La estimación así efectuada no fue objeto de impugnación oportuna, y resultando adecuada, este Tribunal la acogerá y, por lo tanto, el rubro por daño material prospera por la suma indicada precedentemente.

Tocante al daño emergente solicitado por la actora, en el que incluye gastos que tuvo que afrontar para reparar el inmueble, consistente en el pago a otros profesionales para tratar las humedades, filtraciones, desperfectos varios, y la compra de 11 puertas; no cabe sea atendido, dado que aquélla omite producir prueba concreta al respecto que importe acreditar lo sostenido en su introito, y por lo tanto debe asumir las consecuencias de no lograr formar la convicción acerca de los hechos invocados como fundamento de su pretensión.

Finalmente, corresponde dar tratamiento al daño moral, que comprende los padecimientos, angustias e inseguridades sufridos por el actor y provocados por el estado en el que se vio obligado a vivir. Se trata, en el caso, de una prueba in re ipsa, que surge de los mismos hechos, y que hace que cobre operatividad la norma que contiene el art. 522 del Código Civil.

Empero, en el sub exámine, considero que los sufrimientos de índole espiritual se infieren de las fotografías acompañadas con los respectivos peritajes. "Es que el daño moral en estudio no consiste en el mero sufrimiento que eventualmente causa ver destruida o deteriorada una cosa propia, sino en la perturbación del modus vivendi, con las consiguientes repercusiones espirituales negativas" (Zavala de González, Matilde, "Personas, casos y cosas en el derecho de daños", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1991, p. 213) (Cita on line: 70048251).

Ahora bien, constante y reiteradamente se ha dicho que para merituar el daño moral no existen parámetros exactos; por el contrario, es difícil de establecer e igualmente precisar el sufrimiento de quien lo ha padecido. Por tal motivo, es que más que en ningún otro rubro su estimación queda sujeta al arbitrio del juzgador y debe ser fijada equitativamente teniendo en cuenta las circunstancias personales y las particularidades del caso planteado Por ello, teniendo en cuenta la naturaleza y entidad de las molestias sufridas que excedieron de la normal tolerancia para estos casos, y debieron perturbar la tranquilidad familiar e incluso la estabilidad emocional de los moradores de la vivienda; estimo prudente que se reconozca por este rubro la cantidad de Pesos Veinticinco Mil ($25.000.-).

En definitiva, la demanda ha de prosperar por la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Veintitres con 98/100 ($153.623,98), con más los intereses de la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento de documentos a treinta días, calculada desde el 15/08/2013 hasta su efectivo pago.

En consecuencia y conforme como se resuelve la cuestión, propongo que la imposición de las costas en ambas instancias estén a cargo de la parte demandada, solución compatible con el criterio objetivo del vencimiento art. 105 primer párrafo del Código de Rito. El hecho de que algunos de los pedidos indemnizatorios no fuesen admitidos o no lo fueren en su integridad, no obsta a dicha conclusión; toda vez que, como se ha sostenido en reiteradas oportunidades, en los reclamos por daños y perjuicios las costas deben imponerse a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, de acuerdo con una apreciación global de la controversia y con independencia que las reclamaciones del perjudicado hubieran progresado sólo parcialmente en relación con la totalidad de los rubros o montos pretendidos, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos aritméticos.

De resultas, en definitiva, voto porque sean acogidos los agravios y, en consecuencia, debido al apartamiento de las constancias comprobantes de la causa, se revoque la sentencia de fecha 14/03/2017 (fs. 384/389) en todas sus partes, con las costas de ambas instancias a cargo del demandado que resultó vencido (art. 105 y 107 Cód. Procesal). Los honorarios deberán quedar diferidos para la oportunidad en que sean regulados los de la instancia anterior.

En este sentido dejo expresado mi voto.

El Sr. Vocal Dr. Luis José Cossio, por análogas razones a las expuestas por el Dr. Movsovich votó en el mismo sentido.

Por lo que resulta de la votación, se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor. En consecuencia, se revoca la sentencia de fecha 14/03/2017 (fs. 384/389), con las costas de ambas instancias a cargo del demandado que resultó vencido (art. 105 y 107 Cód. Procesal).

RESOLVEMOS :

I) HACER LUGAR al recurso de apelación deducido por el actor HÉCTOR ROLANDO BARRIENTOS, contra la sentencia de fecha 14 de marzo de 2017 dictada a fs. 384/389 de estos autos, la que se revoca y en sustitutiva se dicta lo siguiente: "I) HACER LUGAR a la demanda interpuesta por el actor HÉCTOR ROLANDO BARRIENTOS, en contra de JUAN PABLO CUELLO por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 98/100 ($153.623,98), con más los intereses de la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento de documentos a treinta días, calculada desde el 15/08/2013 hasta su efectivo pago. II) COSTAS al demando por resultar vencido (art. 105 del CPCCT). III) RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad".

II) COSTAS: atento el resultado del recurso se imponen al demandado vencido.

III ) RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER RODOLFO M. MOVSOVICH LUIS JOSÉ COSSIO