Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-03-30


SENT Nº220	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, aTreinta (30) de Marzode dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -por excusación del doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Soria Manuel Antonio vs. Provincia de Tucumán s/ Nulidad/Revocación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte demandada, a fs. 84/88 vta. de autos, plantea recurso de casación contra la sentencia Nº 351 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 27-6-2007, obrante a fs. 75/80 vta., habiéndose dado cumplimiento en forma previa al trámite previsto en el último párrafo del artículo 816 del CPCC, norma ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 82 y del cargo actuarial inserto a fs. 88 vta.; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; se dio cumplimiento con el depósito establecido en la ley del rito (cfr. fs. 83); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrinas legales; y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por consiguiente, voto en el sentido de considerar admisible el recurso en examen.

III.- En un primer orden de agravios, sostiene la recurrente que en el artículo 21 el convenio de transferencia se establece la competencia de la jurisdicción federal para entender en los procesos que se promuevan con posterioridad a su vigencia, y en los que se debatieren cuestiones relacionadas con prestaciones otorgadas bajo la legislación provincial; situación que se configura en el caso de autos, por lo que resulta competente la justicia federal. Añade que el Tribunal debió llamar al proceso al ANSES, más allá que las partes no lo hayan hecho, en aras de dictar un pronunciamiento más preciso y útil.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: "Romano Norri, Carlos María c/ Municipalidad de San Miguel de Tucumán y otro s/ cobro de pesos", mediante sentencia del 03-8-2007, de conformidad a lo dictaminado por la Procuradora Fiscal subrogante, declara la competencia de la justicia local, en desmedro de la federal, para entender en la causa. La representante del Ministerio Público sobre el particular dijo lo siguiente: "El máximo tribunal local, en oportunidad de conocer en el recurso de casación incoado por la demandada contra la sentencia del tribunal colegiado de grado, resolvió declararse incompetente en el proceso con sustento en que la pretensión del actor cae bajo la órbita de los preceptos contenidos en la cláusula 21 del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional, suscrito entre el referido estado Provincial y el Estado Nacional, que prevé la intervención necesaria de la Agencia Nacional de la Seguridad Social en la causa, circunstancia ésta que, según señalaron, justifica la actuación de la justicia federal (ver fojas 213/216). Por su parte, el magistrado federal, resistió la radicación de la causa con fundamento en que, más allá de que el referido convenio entró en vigencia con posterioridad al crédito objeto de reclamo por el actor en su demanda, los planteos de competencia deben ajustarse a los límites establecidos por los dispositivos procesales (fs. 229/230).(...) V.E. tiene reiteradamente dicho que las cuestiones de competencia entre los tribunales de distintas jurisdicciones territoriales, como ocurre en la especie, deben resolverse por aplicación de las leyes nacionales de procedimiento, como único medio razonable de mantener la coexistencia entre diversas jurisdicciones dentro de una organización federal (Fallos: 298:447; 302:1380; 307:1057, 1722; 308:2029,1937; 310:1122,2010,2944; 311:2186: 312:477,542,1373 y 313:157,717, entre muchos otros). En tal contexto, y en el marco de una interpretación armónica de las pautas previstas en los artículos 4º, 10 y 352 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, entiendo que devino extemporánea la declaración oficiosa de incompetencia efectuada por el Máximo Tribunal Provincial, desde que, ante todo, se desprende de las constancias de autos, que las partes interesadas en el proceso no han planteado cuestión de competencia alguna, con la cual ha concluido la posibilidad de hacerlo en lo sucesivo, y porque, además, la oportunidad de los magistrados de origen para desprenderse de las actuaciones, también ha fenecido, por cuanto ello sólo podía darse al inicio de la acción, o al tiempo de resolver una incidencia de tal naturaleza planteada por las partes, y no luego de haber recaído la sentencia que puso fin al proceso (ver fs. 177/182 y vta.; conf. doctrina de Fallos: 302:101 y jurisprudencia emanada del precedente 'Rezk', publicada en Fallos: 324:2493). Por ello, estimo que corresponde dirimir la contienda y disponer que compete al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tucumán, entender en el recurso pendiente de resolución". Interesa hacer notar que, en el sub examine, la recurrente no planteó cuestión alguna de competencia durante el proceso, y recién lo pretende en el presente recurso de casación.

De otra parte, cabe poner de resalto que en el fallo de esta Corte, pasado en autoridad de cosa juzgada recaído en la causa: "UPCN Seccional Tucumán vs. Provincia de Tucumán s/ amparo", sentencia N° 270 de fecha 26-4-96, se sostuvo que las facultades de la Nación y Provincia en materia del derecho de la seguridad social son concurrentes y se garantizó, sin perjuicio de la disponibilidad de las vías administrativas y judiciales de orden nacional y de advertir que también estarán disponibles las de carácter provincial, el resarcimiento a las personas afectadas por los perjuicios ya producidos y la responsabilidad por las prestaciones futuras correspondientes a la continuación del desmedro, poniéndolo todo a cargo de la Provincia y disponiendo en el punto 3 de su parte resolutiva que a tales efectos "queda automáticamente habilitada la jurisdicción provincial". Asimismo, en el punto 4 de la parte resolutiva se estableció que "Dictado el acto administrativo denegatorio o configurado el supuesto del silencio previsto en el art. 19 de la Constitución Provincial, quedará expedita la instancia judicial revisora". Tales disposiciones ya habían sido adelantadas en el considerando al expresar que ".resulta necesario disponer, por vía de sentencia sustitutiva, condiciones mínimas que aseguren derechos e intereses de las personas involucradas en el asunto. Tales condiciones mínimas se refieren, antes que nada, a abrir trámite administrativo de breve transcurso en sede provincial para hacer valer la garantía del estado local, en reclamos referidos a vulneración de derechos e intereses comprendidos en los términos de esta sentencia. Luego, habilitar la competencia de los tribunales locales, para hacer efectiva aquella garantía ante el silencio, la negativa o la dilación de la Administración Provincial.".

Por lo tanto, no cabe duda que corresponde a la competencia de los tribunales locales el conocimiento y resolución de la presente causa (cfr. CSJT: sentencias Nº 115, del 03-3-2008 y 246, del 30-4-2008).

IV.- La otra crítica del recurrente se funda en que la sentencia en crisis extiende la responsabilidad de la Provincia más allá de la fecha del traspaso del sistema previsional a la Nación.

Asevera que de la cláusula 14 del convenio se sigue que el estado local sólo asumirá el pago de la condena por el monto denegado hasta la fecha de la transferencia, mientras que por el devengado con posterioridad será asumido por el estado nacional. Refiere a continuación que la cláusula 16 del convenio por la que el fallo le impone a la Provincia la responsabilidad integral e ilimitada se contradice con la 14 que limita dicha responsabilidad hasta la fecha de la transferencia. En su criterio, el reajuste previsional como consecuencia de la aplicación de la proporcionalidad de ley sobre el rubro "comisiones" devengado con anterioridad al traspaso corre a cargo de la provincia, y los posteriores a cargo del ANSES.

Finalmente, reputa nulo al acto jurisdiccional atacado aduciendo que debió citarse a integrar la litis al organismo nacional por encontrase a su cargo la incorporación al haber previsional de la parte proporcional del rubro receptado favorablemente por la Cámara.

A propósito de este cuestionamiento, cobra nuevamente singular trascendencia el fallo de este Superior Tribunal precedentemente citado.

En efecto; en dicho pronunciamiento se expuso lo siguiente: "1.- Todo incumplimiento por parte del Estado Nacional de las obligaciones que asuma frente a la Provincia con relación a los beneficiarios de pasividades en un eventual convenio del régimen provisional provincial al Estado Nacional; y toda situación que implique, para los beneficiarios de pasividades o los acreedores a los mismos por título anterior a la fecha en que se ejecute la transferencia que se pacte en tal convenio, desmedro para los derechos e intereses legítimos de ello, en el sentido de una supresión, disminución o restricción por causas fácticas o jurídicas de las pasividades, su monto y porcentualidad respecto del haber de los activos y demás derechos que poseen según el vigente régimen provisional provincial; engendrarán para la Provincia la obligación de resarcir a las personas afectadas por los perjuicios ya producidos y de hacerse cargo de las prestaciones futuras correspondientes a la continuación del desmedro (.) 4.- A las personas que estén involucradas en las situaciones previstas en (1) y (2), efectuarán el pertinente reclamo administrativo ante el estado provincial aplicándose para su tramitación la ley de procedimientos administrativos actualmente vigente en el Estado Provincial. 5.- Dictado el acto administrativo denegatorio o configurado el supuesto del silencio previsto en el art. 19 Constitución Provincial, quedará expedita la instancia judicial revisora. 6.- La Provincia de Tucumán mantendrá también a su cargo los juicios sobre temas provisionales aún no resueltos y aquellos que se iniciaren con posterioridad por causas anteriores a la fecha de realización de la transferencia, a los cuales se los considerará abarcados por la normativa del régimen provisional actualmente vigente (.) 8.- Las precedentes disposiciones, así como las establecidas en el Capítulo IV de los precedentes considerándoos tendrán el carácter y alcance de doctrina legal, junto con los enunciados formulados en el Capítulo VI de los precedentes considerandos".

De conformidad a lo que antecede, queda claro que el "desmedro" a que se alude en la aludida sentencia no se reduce a la privación de la movilidad y porcentualidad, sino que se extiende a la reparación de cualquier disminución, restricción, supresión o perjuicio, sea que provenga del incumplimiento por parte del estado nacional de las obligaciones del convenio de transferencia inherentes al régimen previsional nacional, o bien sea que provenga de la lesión a los derechos que otorgó el aplicable régimen provisional provincial.

En este orden de ideas, conviene también reparar en lo explicitado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tópico al dictar sentencia en la causa "UPCN", en la que declaró inoficioso el recurso extraordinario planteado por la Provincia el 10 de diciembre de 1998. Allí el Máximo Tribunal expresó que es en la cláusula 16 del convenio de transferencia, aprobado por Ley Nº 6772, donde encuentra su cauce la garantía establecida en "UPCN", responsabilizando a la Provincia integral e ilimitadamente, por cualquier acción judicial promovida por los titulares de beneficios previsionales, comprendidos en la transferencia del sistema, en tanto estimen afectados sus derechos y especialmente, en lo referente al exceso en los topes estipulados en la legislación nacional. Para mayor claridad, corresponde transcribir lo expuesto por el más Alto Tribunal de la República sobre el particular: "15) Que, a tal efecto, debe ponderarse que con posterioridad a la fecha de la sentencia apelada se firmó el Convenio de Transferencia de Previsión y Seguridad Social a cargo del Instituto de Previsión y Seguridad Social local entre la Provincia de Tucumán y el Estado Nacional, que fue ratificado por la legislatura local mediante ley 6.772 -que derogó la ley 6.708- y por el Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto 1065/96. 16) Que la responsabilidad integral e ilimitada asumida por la provincia en la cláusula decimosexta alcanza a las consecuencias de cualquier acción judicial promovida por los titulares de los beneficios previsionales comprendidos en la transferencia del sistema o por aquellos que se consideraren facultados para obtener alguno de tales beneficios en el futuro, en tanto estimen perjudicados o afectados sus derechos, intereses o expectativas y especialmente, lo referente al exceso en los topes estipulados en la legislación nacional. 17) Que dicha responsabilidad incluye también las condenas a pagar sumas de dinero o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, dictadas en cualquier tipo de proceso o en otras decisiones jurisdiccionales que, en forma directa o indirecta, alteren el contenido de la aplicación de las leyes 24.241 y 24.463, como también los otorgamientos de prestaciones que pudieran determinarse por blanqueo de asignaciones no remunerativas. 18) Que, además, se reconoció la voluntad de ambas partes de limitar las obligaciones del Estado Nacional al cumplimiento de los beneficios provisionales con sus montos actuales, por lo que la provincia asumió el compromiso de solventar todo importe que como fruto de las decisiones de cualquier autoridad nacional o local, redundará en incremento de las deudas transferidas como consecuencia del convenio".

Por lo expresado, se advierte que el fallo recaído en la causa "UPCN" no se limitó a fijar pautas de aplicación de los derechos reconocidos por la Ley Nº 6708, ya derogada, por lo que la situación creada en el supuesto fue superada pues, reitero, en aquel pronunciamiento, pasado en autoridad de cosa juzgada, la CSJN sostuvo que es en la cláusula 16 del Convenio de Transferencia, aprobado por Ley Nº 6772, donde encuentra su cauce la garantía establecida en "UPCN", responsabilizando a la Provincia integral e ilimitadamente, disposición que se encuentra vigente. Es decir que la garantía establecida en "UPCN" constituye la base que posibilita acceder a los reclamos referidos a la composición de los rubros del haber previsional, como así también funciona como garantía de movilidad (cfr. CSJT: sentencias Nº 115, del 03-3-2008 y 246, del 30-4-2008). De allí que no corresponda regir el caso en estudio por las previsiones del artículo 14 del convenio sino por las del 16 en virtud de lo dispuesto y pasado en autoridad de cosa juzgada en el pronunciamiento ut supra citado; mucho más aún cuando de las constancias del expediente administrativo Nº 10/284-S-1996 adjuntado a la causa se desprende que se trata de un jubilado transferido cuyo beneficio previsional le fue concedido por Resolución Nº 831 del 04-3-1997 de la Interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia (cfr. fs. 51) aprobada por Decreto Nº 599/520-SEAC, del 11-3-1997, del Gobernador de la Provincia (cfr. fs. 53/55), sin que medie ninguna resolución denegatoria por parte de autoridad con competencia previsional, respecto de los reclamos formulados por el actor por ante la Intervención del Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia en fechas 25-9-1997 y 25-4-2001, respectivamente (cfr. fs. 64 y 149).

En mérito a lo considerado, deviene ajustado a derecho desestimar el agravio sub examine, sin perjuicio de dejar sentado que dicha crítica vinculada a la responsabilidad del ANSES no constituyó materia de este juicio porque aquél organismo no fue citado ni integró la litis.

Por todo ello, y al no mediar cuestionamiento alguno en lo que respecta a la procedencia del reajuste solicitado y las diferencias reclamadas, corresponde no hacer lugar al recurso de casación incoado por la Provincia de Tucumán contra la sentencia Nº 351 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 27-6-2007, obrante a fs. 75/80 vta. En tal sentido mi voto.

V.- Atento al resultado a que se arriba, las peculiares circunstancias de la causa, complejidad y naturaleza controvertida de la cuestión de autos, corresponde imponer las costas de esta instancia casatoria por el orden causado (artículos 89 CPA y 106, inciso primero, del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos del señor vocal doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación planteado por la Provincia de Tucumán contra la sentencia N° 351 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 27-6-2007, glosada a fs. 75/80 vta. de autos, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.