Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09


Poder Judicial de la Nación TS06D 63648 9-02-12 SALA VI EXPEDIENTE N° 331//09 JUZGADO Nº 42 AUTOS : "SALAZAR MANUEL ALEJANDRO C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL" Buenos Aires, de de LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

1) La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda viene apelada por la parte demandada Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo (fs. 497/500) cuya réplica se encuentra a fs. 504/505. Asimismo, los peritos contador (fs. 490) y médico (fs. 492) apelan sus honorarios por considerarlos reducidos.	2) La parte demandada Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo se agravia porque el Juez "a quo" la condenó al pago de una suma indemnizatoria. Sostiene que ya abonó a Salazar la suma de $127.438 en concepto de prestaciones en especie e Incapacidad Laboral Temporaria, considera que reconocidas las prestaciones dadas y acreditado con los recibos de sueldo que el actor siguió cobrando durante su baja por accidente, esa suma se encuentra justificada.

No le asiste razón al quejoso, ya que de la pericia contable (fs. 437/438) surge claramente que la suma de $127.438 supuestamente abonada aparece en los registros extracontables denominados "Evolución del siniestro" aclarando expresamente que tal información no obra en los libros de contabilidad, llevados en legal forma. En consecuencia, tal como establece el Sr. Juez a quo la demandada no logró justificar en correcta forma que haya abonado al actor alguna suma de dinero, por ello considero que corresponde confirmar la sentencia apelada en este punto.

La parte demandada también se agravia respecto al monto de la condena. Sostiene que corresponde aplicar los topes de la normativa aplicable al caso, el que no se encuentra alcanzado por el Decreto 1694/09.

En casos similares al presente tales como "González González Leonardo c/ Asociart S.A. s/ Accidente Ley Especial, S.D. Nº 62934 del 31.5.2011" y "González Carlos Enrique c/ Mapfre ART S.A. s/ Accidente Acción Civil S.D. Nº 63401 del 27.10.2011l" adherí al voto del Dr. Raffaghelli por compartir sus fundamentos en los siguientes términos: "El tope legal vigente a la fecha del infortunio del actor corresponde a un régimen de alícuotas vigente desde enero de 2001, más de siete años antes del hecho, surgido del Decreto 1278/00, implicando el transcurso del tiempo un desmedro importante en el valor adquisitivo del mismo, reconocido luego con la sanción del Decreto 1694/2009.

Esta Cámara tuvo oportunidad de corregir este fenómeno, a fin de proteger el derecho de la víctima, mucho tiempo antes al decidir en el Plenario n°231 (9.12.1981) que ."en el cálculo del salario diario mencionado en el art.22 de la Ley 9688 corresponde considerar las remuneraciones percibidas a valor monetario constante".

Y si bien otras son las circunstancias históricas, al igual que las normas aplicables, lo cierto es que la preocupación por la atención al sujeto de preferente tutela que es el trabajador tiene un mismo hilo conductor, cuyo marco esencial está dado por la directiva del principio protectorio establecido en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Es deber del Juez restablecer la protección constitucional cuando ella ha sido desactivada por la acción u omisión que surge del contexto normativo en un momento dado, porque implica ni más ni menos que restablecer el principio de supremacía de la Constitución a través del control de constitucionalidad.

El Decreto 1694/2009 reconoce en sus considerandos el fracaso y la insuficiencia reparatoria de la Ley 24557, proclamando expresamente la necesidad de observar y aplicar las directivas emanadas de los fallos de la Corte Nacional, circunstancia que encuentro aplicable en el caso de autos".

Por ello, y con iguales fundamentos estimo corresponde confirmar también en este aspecto la sentencia apelada.

El agravio en relación con la neurosis depresiva que sufre el actor no constituye una crítica razonada y concreta de la sentencia apelada. Además, en el mismo escrito de agravios que se analiza se reconoce que de la lectura de la pericia médica se desprende que la incapacidad en su totalidad es consecuencia del accidente sufrido por el Sr. Salazar. En efecto considero que el perito incluyó la neurosis depresiva como consecuencia directa del gravísimo accidente que sufrió el actor.

También se agravia porque considera que el actor no esperó la determinación de la incapacidad por parte de las comisiones médicas.

En mi opinión, el agravio no puede prosperar en tanto advierto que en estos autos la demandada ha sido condenada con el alcance de las normas de la Ley 24.557 y en base a una pericia médica, procedimiento que no solamente supera la amplitud del debate del previsto en la Ley de riesgo de trabajo sino que garantiza debidamente el derecho de defensa.

Por lo expuesto considero que corresponde confirmar en este aspecto e incluso en relación a los interese fijados por la Juez a quo desde el momento del accidente ya que no surge en autos que hasta el momento haya abonado al actor suma alguna por la incapacidad que padece.

Respecto la imposición de las costas a cargo de la parte demandada, la misma se encuentran ajustada a derecho en virtud del principio general de costas al vencido (art. 68 C.P.C.C.N).

Los porcentajes de las regulaciones de honorarios cuestionadas resultan razonables ya que se adecuan a las normas arancelarias vigentes teniendo en cuenta el mérito e importancia de las tareas realizadas, salvo los de los peritos contador y médico que lucen reducidos y deben ser elevados al 7% para cada uno de ellos con más los intereses establecidos.

Costas de alzada a cargo de la parte demandada vencida (art. 68 C.P.C.C.N. A cuyo efecto propongo se regulen los honorarios de los letrados intervinientes en la alzada por los escritos firmados a fs. 497/500 y 504/505 en el 25% respectivamente de lo regulado para cada uno de ellos en la instancia anterior.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios salvo respecto a los honorarios de los peritos médico y contador cuyos porcentajes se fijan en el 7% de monto de condena con intereses. II) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada vencida. III) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs.497/500 y 504/505 en el 25% respectivamente de lo regulado para cada uno de ellos en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y vuelvan bg LUIS A. RAFFAGHELLI JUEZ DE CAMARA