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Recurso de casación, nulidad de sentencia, incidente de nulidad, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Marsero, Carlos Alberto s/ presentación. Causa: 599
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-04

No resulta admisible el incidente de nulidad sin que medien en el caso las excepcionales situaciones en que, en resguardo de la primacía de la verdad jurídica sustancial, pueda tornarse viable para corregir errores manifiestos deslizados en los fallos dictados por la Cámara de Casación.
Robo con armas, atentado contra la autoridad, disparo de arma, homicidio calificado, participación necesaria
Materia: PENAL
Carátula: MONSALVO, Mario y otro s/ HOMICIDIO  CRIMINIS  CAUSAE.  CONCURSO REAL CON ROBO AGRAVADO POR USO  ARMAS,  ATENTADO  A  LA AUTORIDAD.  CALIFICADO,  DISPARO  ARMA  FUEGO  CALIFICADO. HOMICIDIO CALIFICADO. PENA. GRADUACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-09-22

1) Debe responder el procesado por los delitos de robo, agravado por el uso de armas, reiterado en ocho oportunidades, atentado a la autoridad calificado, disparo de arma de fuego calificado y homicidio calificado, éste último en calidad de partícipe necesario, por el asalto perpetrado en una empresa en el que intervino el encausado como autor, en el que resultó muerto un Suboficial de la P F., en concurso material.

2) No obstante no hallarse fehacientemente probado que el acusado haya sido el autor del disparo, su situación no es la prevista en el art. 47 C.P., por lo que debe cargar con la responsabilidad que le corresponde en orden al mismo. Es que se aprecia que la intención común del resultado muerte estuvo presente en todas y cada una de las circunstancias del hecho, lo cual resulta patente a través del empleo de armas de fuego y en la particularidad del quehacer del nombrado, quien montó la pistola durante el atraco, en manifiesta e indudable actitud de utilizarla y en franca aceptación del resultado letal que presupone el empleo de ese objeto vulnerante.

3) No existen dudas que el procesado fue decidido a robar y también a matar, sea por mano propia o por la de su cómplice, teniéndose especialmente en cuenta las palabras que ponen en su boca varias de las víctimas "matalo a ese".
Notificación por cédula, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P.J.A. c/ F.E. s/ Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

Cuando el acuse de nulidad está referido a la cédula de notificación del traslado de la demanda, no es necesario que quien la deduce conteste en el mismo momento, puesto que, en tal caso, se estaría acortando el término para este último acto procesal, que , en la especie, tratándose de un proceso al que se le imprimió trámite ordinario es de quince (15) días (art.337 del CPCC). Por lo expresado lo dispuesto en el art.172 del CPCC no puede cumplirse con el alcance que le de el Sr.Juez a quo. Recuérdese que, lo que está en juego, es la posibilidad de cumplimentar un acto procesal trascendente para el derecho de defensa (art.18 de la Constitución Nacional). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Actualización monetaria, índices de actualización, realidad económica
Materia: PROCESAL - ECONOMIA - FINANZAS
Carátula: Segovia, Emilio y otra c/ Luaces, Carlos Alberto. s/ Recurso de Hecho Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

El mecanismo de actualización basado en el empleo de los índices oficiales sólo constituye un arbitrio tendiente a obtener un resultado que pondere objetivamente, en la mejor medida posible, una realidad económica, mas cuando el resultado obtenido se vuelve objetivamente injusto debe ser dejado de lado en tanto dicha realidad debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemática.
Recurso contencioso administrativo, demanda, contestación de la demanda, plazo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SEGADO, ALFREDO SEBASTIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (REVOCATORIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-22

La contestación de demanda formulada ante otro órgano judicial y su ulterior presentación ante esta Corte, no subsana -en principio- la exigencia temporal contenida en el artículo 18 de la ley 11330, en tanto este Tribunal tomó conocimiento de ella una vez vencido el término de ley para su interposición; asimismo, la mera invocación -sin fundamentación alguna por parte de la accionada- de un error involuntario en cuanto a la interposición de la contestación de demanda ante otro tribunal que el previsto en la ley, es insuficiente para soslayar la extemporaneidad de la misma. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330, artículo 18. - Jurisprudencia vinculada: Palavecino, AyS T 213, p 402, sumario J0034244.
Recurso contencioso administrativo, recurso de revisión (administrativo), competencia por la materia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Quinteros de Musri, Elva Rosalía (por Marcelo F. Musri) c/ Municipalidad de Valle Viejo s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-04-02

No existe obstáculo para la revisión de la declaración "prima facie" de jurisdicción y competencia de este Tribunal en lo contencioso administrativo, toda vez que la verificación de los presupuestos necesarios que abren paso a esta instancia judicial es una tarea que el Tribunal realiza aún de oficio en el momento de dictar fallo definitivo, en tanto la admisión anterior ha sido justamente "prima facie" como reza el art. 3 del CCA, surgiendo los verdaderos antecedentes del estudio prolijo y circunstanciado de los obrados.

En esa inteligencia, y sobre la base de los hechos que se relatan en la demanda, se deduce con meridiana claridad, que la cuestión a resolver se circunscribe a la liquidación de montos derivados de prestaciones salariales, y liquidación complementaria, no poniéndose en discusión la naturaleza de la relación jurídica de empleo que vinculó a las partes, ni la causa o fuente específica en la que encontrarían sustento las obligaciones dinerarias, pretendiéndose en definitiva el cobro de una suma de dinero, ello ante la reticencia o morosidad del Estado. Por lo tanto, siendo la competencia en razón de la materia de carácter absoluto e improrrogable, y en atención a las necesidades de orden público que la fundamentan, no puede ser dejada sin efecto por las partes ni por los jueces y siendo declarable de oficio en cualquier circunstancia del proceso, corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en la presente causa, y rechazar la acción de plena jurisdicción interpuesta.
In dubio pro reo, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Borthagaray, Carlos Rubén s/ robo en concurso real con violación -causa N. 33.390.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-24

El estado de duda (art. 13 del Código de Procedimientos en Materia Penal) no puede reposar en una pura subjetividad.
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Helguero, Gabino c/ Edecat S.A. y SOINCO S.A.C.I. s/ Daños y Perjuicios s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-19

La servidumbre administrativa de electroducto constituye una limitación al dominio de la propiedad privada por cuanto afecta a la exclusividad, que constituye uno de los caracteres de aquél. De esta manera, se distingue de las restricciones administrativas, las cuales inciden en el carácter absoluto del dominio, y de las expropiaciones, que alcanzan a su perpetuidad. En definitiva, constituye un derecho real sobre un inmueble, que representa para su propietario un desmembramiento razonable de su derecho de propiedad, que se ve restringido en su uso y goce. Del voto del Dr. Cáceres
Pensiones, conviviente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: Emilio, VILASES s/ JUBILACION Y PENSION - CONCUBINATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-13

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que confirmó la resolución administrativa que había denegado el beneficio en virtud de no estar incluida la solicitante entre los causahabientes con derecho a pensión enumerados en el art. 38 de la ley 18.037 t.o. 1976, ya que frente a los términos de la ley 23.266, que modificó el texto del artículo citado sobre cuya base la cámara sustentó su decisión- debe darse a la interesada la posibilidad de probar la situación de hecho que alega en apoyo de su pretensión.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Frene, Miguel y otros c/ Carlos F. Laviano y Cía s/ Cobro de pesos Paolucci, Aldo J. y otra c/ Sigal, Osvaldo N. s/ Indemnizacion daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07|1986-12-02

La casación por absurdo es un remedio excepcional para casos extremos que se configura cuando existe un desvío palmario de las leyes de la lógica o cuando el discurrir se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento. No configura, en efecto, la mera exhibición de un criterio discordante con el de los sentenciantes, sino que se requiere la cabal demostración de que el razonamiento ha arribado a conclusiones contradictorias e incongruentes, lo cual debe ser efectuado por quien lo invoca.
Notificación, nulidad del acto jurídico, traslado de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MAIDANA AGUSTINA c/ ENRIQUEZ MARTIN R. s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-06-02

Articulada la nulidad por vía de los incidentes, el primer juzgador la rechazó "in limine". Dice el pretensor de la nulidad que, pese a las cédulas libradas, nunca tuvo conocimiento del proceso apiolado hasta la oportunidad en que le fue entregada la cédula notificatoria del fallo condenatorio. Aduce como causa de su ignorancia la relación concubinaria que unió a las partes del juicio de desalojo y la existencia de un mismo y común domicilio real, que se ubica en la finca objeto del deshaucio.- El rechazo "in limine" origina un agravio insusceptible de ser reparado con ulterioridad declarandose admisible la formación del incidente de nulidad.-
Asesor de menores, nulidad procesal, facultades del Ministerio de Menores
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M.,M.N. d C. y Otros c/ 17 de Agosto S.A. y Otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-04-22

Cabe admitir el planteo de nulidad deducido por la Asesora de Menores de todo lo actuado ante la Cámara de Apelaciones, al no habérsele notificado que los autos estaban en secretaría, como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la representante legal de los menores involucrados, el cual fue declarado desierto por no presentarse los fundamentos en tiempo y forma, pues cabe aplicar el principio del "interés superior del niño" como garantía reforzada, a la vez que entre a jugar el principio de efectividad presente en el art. 4 de la Convención de los Derechos del Niño que implica que el Estado, la familia y la sociedad deben asegurar todos los derechos y garantías de este colectivo, y que en palabras de la Corte Interamericana, en el caso ya citado "Furlan", ha puesto énfasis en la garantía de la intervención del Asesor "mediante las facultades que le concede la ley" -art. 38 inc. 4 de la ley 14.442-, constituyendo "una herramienta esencial para enfrentar la vulnerabilidad".
Sucesiones, partición, homologación judicial
Materia: CIVIL
Carátula: Starik, Pablo. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-12-18

Los tratadistas hacen la distinción entre partición privada y judicial, agregando una tercera forma que califican como "mixta", esta es en realidad una partición privada, que en lugar de formalizarse por Escritura Pública, se instrumenta mediante la homologación judicial en el que los interesados con plena capacidad resuelven el negocio jurídico cumpliendo con todas las formalidades "La partición privada debe hacerse en escritura pública. No obstante, el mismo inciso del art. 1184 permite que la escritura pública sea sustituida por un convenio realizado en instrumento privado presentado al Juez de la sucesión. Esta salvedad de la reforma vino a poner fin a las interpretación divergentes acerca de la anterior redacción que exigía la escritura pública bajo pena de nulidad". La Homologación Judicial, "confiere al convenio, en principio la intangibilidad propia de la partición judicial. En la homologación judicial el rol del Juez es meramente pasivo. Su papel es similar al del escribano y en verdad lo deberían cumplir los secretarios del juzgado, no hay en la resolución homologatoria el dictum ni el imperium propio de las sentencias. Lo que hace el Juez es una legalización o autenticación; no quiere decir que esta partición homologada no pueda ser atacada por vicios del consentimiento o por vicios del procedimiento. También se ha admitido como causal de anulación la lesión subjetiva. Cabe asimismo la acción pauliana de los acreedores de los herederos", "Si los herederos conforme lo autoriza el art. 3462, Código Civil, acordaron una forma especial de partición del haber sucesorio, a ella deben ajustarse como a la ley misma.
Alimentos, obligación alimentaria entre parientes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: V.L. c/ L. M. M.B. y otra. s/ Incidente de aumento de cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

La ogligación alimentaria de los abuelos es subsidiaria respecto de los padres en tanto éstos estén imposibilitados de proveerlos o no lo hagan en medida suficiente para proveer a las necesidades de los alimentados. Por ello, no surgiendo que el demandado principal no satisfaga tales imprescindibles necesidadesno corresponde obligar a la abuela a pasar alimentos.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: Sarro, Antonio y otros c/ OCA S.R.L. y otros (Buenos Aires, Provincia de) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

El caso encuadra en una de las causales exonerativas contempladas en el art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil, si los daños son consecuencia de circunstancias ajenas al conductor del vehícu lo embestidor, que por imperio de aquéllas se convirtió en el participante involuntario del accidente sin que mediara de su parte una actitud imprudente que coadyuvara a su producción.
Recurso contencioso administrativo, intereses, tasa pasiva
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: TOLOSA,  RUBEN ANIBAL (Y SUS ACUMULADOS EXPTES N. 1-1989 Y N. 2-1989) c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 11-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-14

Corresponde aplicar intereses a la tasa del 6% anual desde el reclamo administrativo respecto de las diferencias salariales devengadas con anterioridad, y desde que cada prestación fue debida, respecto de las posteriores hasta el 31-3-1991. Desde el 1-4-1991, los intereses deberán computarse a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941-91, conforme los fundamentos que esta Corte -integrada con sus miembros propios- ha expresado A y S t 94 p 499 y t 95 p 7.
Sanciones administrativas, multa, Unidad de Información Financiera, escribanos públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C., H. E. c/ UIF s/ Código Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 art 25
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-10

Corresponde confirmar la multa impuesta a un escribano, en los términos de la Resolución UIF 50/11, por no haberse registrado ante la Unidad de Información Financiera, dado que la registración de la totalidad de los sujetos obligados ante la UIF tiene por finalidad la identificación de aquéllos y facilitar el contacto permanente y fluido, constituyendo un paso previo para la remisión de los reportes de operaciones sospechosas a través de internet.
Recurso de apelación (procesal), providencia simple
Materia: CIVIL
Carátula: Mecle, Dolly Janet c/ Chávez, Melina Viviana s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-08-13

Contra las providencias simples o sea las que tienden sin substanciación al desarrollo del proceso, se ordenan actos de mera ejecución, sólo cabe el recurso de reposición que puede ir acompañado del de apelación en subsidio, que se concederá siempre que aquéllas causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Es decir contra las providencias simples no funciona la apelación directa.
Infracciones aduaneras, decomiso, ley penal más benigna, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUDELLI, MAXIMO DIEGO c/ LA NACION - ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ ADUANA - LEY PENAL MAS BENIGNA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

Como la conducta del actor se consideró reprimible con la pena de comiso la comparación a los fines de aplicar el régimen más benigno para el imputado debe hacerse entre dicha pena y la que correspondería según el art. 978 y sus consecuentes, arts. 918 y 926, todos del Código Aduanero. En efecto, el régimen previsto por este Código -que no pudría sufrir impugnación por inconstitucionalidad, al no tratarse de normas directamente aplicables al caso de autos- al sancionar el ilícito que se configuró en autos, cambia las bases para fijar y graduar la multa al disponer que dicha sanción será establecida teniendo en cuenta los valores vigentes al momento de configurarse el hecho ilícito, con reajuste numerario desde el mes en que aquel se hubiese verificado hasta el penúltimo anterior al pago. Aún encuadrando las circunstancias del caso -que computó el a quo a otros fines- en una hipótesis a la que corresponde el mínimo legal (la mitad del valor en aduana de la mercadería), la ley 22.415 no podría operar como más benigna para el interesado atento el tiempo transcurrido (abril de 1975), sin perjuicio de resultar aconsejable dejar a salvo su derecho de optar en lugar del comiso aplicado, por el pago la multa menor (art. 978 Cód. Ad.) debiéndose despachar en su caso los efectos previo pago de los gravámenes que correspondieran.
Defensa en juicio, personas por nacer, defensor de menores
Materia: PENAL
Carátula: N., R. F. s/ Abuso sexual s/ Incidente de solicitud de interrupción de embarazo s/ Apelaciones s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-05-11

Asimismo, el trámite del incidente permite advertir que los intereses del nasciturus se encontraron correctamente representados y que - por tanto - se le dio a su defensa la posibilidad de actuar de modo efectivo. Las temáticas tratadas en la decisión cuestionada - de incompetencia y otras probatorias - así lo demuestran, tal que la Cámara en lo Criminal las utiliza como fundamento para la nulidad que declara.

Asimismo, la prueba producida en el incidente tenía suficiente fuerza representativa para determinar - con el mayor alcance exigible - que la menor padecía un abuso sexual crónico intrafamiliar, incluso de larga data, y que no había indicios de una denuncia falaz o mentirosa. También era razonado suponer que el embarazo provenía de tal abuso sexual reiterado en el tiempo.
Tasa de justicia, pago, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: BOTTECCHIA, MAURICIO c/ CAMPOMAR DIEZ, ABUNDIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-08

La orden de abonar la tasa de justicia es apelable (ley 21859:

13).
Ombudsman, legitimación procesal, simple damnificado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SOTTOLI, Aldo D.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06

La posibilidad de ejercer la legitimación procesal debe adecuarse a la verificación en concreto de la condición de particular damnificado, lo que tiene que ver precisamente con la legitimación. La obligación funcional no erige por sí misma en damnificado del delito a quien la ejerza (*).
Peculado, malversación de caudales públicos, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: Granillo Ocampo, Raúl s/ Procesamiento y embargo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-22

Ese accionar -la sustracción de caudales- fue ejecutado, de conformidad con el plan de acción previamente diseñado para el cumplimiento de aquellos fines, en diferentes etapas, tal como lo expliqué en el apartado que antecede. La fase ejecutiva, que comenzó con la conformación del denominado "fondo general de sobresueldos", culminó en el momento en que cada uno de los funcionarios que resultaron beneficiados por este ilegítimo sistema de pagos percibió el dinero" (Del voto del Dr. Freiler).

Al encontrarnos frente a un delito de aquellos que Roxin caracteriza como "de infracción de deber" -"pertenecen a los delitos de infracción de deber, en principio, los delitos de funcionarios propios e impropios"-, adquiere relevancia la determinación, en cabeza de cada uno de los encausados, de la calidad especial de autor exigida por el tipo (Roxin, Claus, "Autoría y dominio del hecho en derecho penal", ed. Marcial Pons, Madrid, 1998, 383 y ss). Recuérdese que el peculado es un delito de los denominados especiales, que requiere que el sujeto activo revista el carácter de funcionario público, exigencia que debe complementarse con la relación funcional que debe existir entre el autor y los bienes objeto de sustracción, es decir el título en virtud del cual éste se vincula con aquéllos" (Del voto del Dr. Freiler).

El autor citado explica que "la autoría obtiene así en los delitos de infracción de deber una estructura totalmente distinta que a tenor del concepto general de autor. En lugar de la imbricación de las aportaciones al hecho en la fase ejecutiva, se da la determinación del resultado por quebrantamiento conjunto de un deber común. (.).siempre se dará coautoría allí donde determinado ámbito de asuntos está confiado a varias personas a la vez. (.) En estos casos,. ha de estimarse coautoría siempre que alguien, de acuerdo con otros obligados, mediante cualquier aportación al hecho, incumpliendo las funciones que le están encomendadas, coopera." (op. cit., págs. 389 y ss)" (Del voto del Dr. Freiler).

En virtud de ello, la distinción entre quienes deberán responder en carácter de coautores y quienes deberán hacerlo como partícipes debe hallarse en la infracción de un deber, el cual está "antepuesto(s) en el plano lógico a la norma y que, por lo general, se origina(n) en otras ramas jurídicas" (op. cit., pág. 385)" (Del voto del Dr. Freiler).
Sanciones procesales, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: O.S.N. c/ PROP.  VIAMONTE 369 s/ EJECUCION FISCAL - TEMERIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

Cuando la institución judicial es utilizada dependiendo de que el pretendido deudor presente o no el comprobante de pago, queda habilitada la vía de sanción consagrada por el art. 45 del Código Procesal para castigar la temeridad.

Un uso de tal naturaleza, instrumentado mediante el ejercicio abusivo de la facultad de emitir certificados de deuda sustancialmente inexistentes, vale como admitir por el demandante que la demanda puede padecer sin razón absoluta, según la contingencia de la presentación del recibo.

Ello, amén de invertir la carga de la prueba, configura la temeridad que el art. 45 del ritual sanciona, que es menos justificable cuando es una empresa del Estado O.S.N. quien incurre en este tipo de arbitrariedad, por demás inexcusable y notoria y que exige al órgano jurisdiccional la imposición de una pena más gravosa que la mera imposición de las costas.