Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-11


SENT Nro. 528 San Miguel de Tucumán, 11 DE JULIO de 2003.-Y VISTO: El recurso de inconstitucionalidad deducido por Antonio Domingo Bussi y el partido político Fuerza Republicana en autos: "Castagnaro, Atilio y otros vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (Junta Electoral Provincial) s/ Amparo Electoral"; y C O N S I D E R A N D O:

I.- Antonio Domingo Bussi, invocando la calidad de candidato a Intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán proclamado por el partido político Fuerza Republicana, y este último, a fs. 258/338 de autos, plantean recurso de inconstitucionalidad en contra de la sentencia Nº 197, de fecha 5 de junio de 2003, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, obrante a fs. 139/152, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 24 de junio 2003 (cfr. fs. 387/389), habiéndose dado cumplimiento en forma previa con el traslado de ley. A tenor de lo dispuesto en el artículo 97 del CPC, se efectuaron las presentaciones que da cuenta el informe actuarial de fs. 413.

II.- Sostienen los recurrentes, en lo que se refiere a la admisibilidad de la pretensión impugnativa intentada, que la misma es admisible a tenor de lo dispuesto en el artículo 92, inciso 1º, del CPC, en razón de que la cuestión constitucional principal de discusión entre las partes -que se extendió, incluso, a los vocales de la Sala II de la Excma. Cámara-, versó sobre la inteligencia del artículo 16 de la Constitución de la Nación, habiendo el voto mayoritario decidido admitir la existencia de la causal de inhabilidad ética y moral como tipo jurídico apto para deducir una impugnación en sede electoral en contra de la candidatura a Intendente de Antonio Domingo Bussi, lo que resulta contrario a la pretensión introducida por su parte en autos.

Estiman que la sentencia recurrida es arbitraria, porque la virtualidad jurídica dispensada al mencionado artículo de la Ley Fundamental exhibe un fundamento sólo aparente, dogmático y carente de fuerza jurídica sustancial, de tal suerte que también se encuentra configurada la situación normada en el inciso 3º del artículo 92 del CPC.

Sustentan la definitividad de lo resuelto en la imposibilidad de reparación suficiente en una instancia procesal ulterior, y puntualizan que dicha cuestión constitucional reviste trascendencia institucional o general, que excede el mero interés de las partes, dando los motivos de tal aseveración.

En cuanto a la procedencia del recurso, a manera de introducción, transcriben la opinión de Gregorio Badeni sobre el tema; reiteran que el alcance asignado por el tribunal a quo al artículo 16 de la Constitución Nacional es contrario a derecho, en tanto se lo erige en fundamento normativo suficiente de la impugnación por inhabilidad ética y moral; y que este punto de partida es el que permite a la sentencia atacada proyectar su virtualidad dispositiva en dos direcciones: por un lado, que las resoluciones de la Junta Electoral del 16-5-2003 son nulas de nulidad absoluta, puesto que la sustanciación omitida es reprochable solamente si se parte de aquel prius lógico y, por el otro, que esta premisa es la que posibilita indicar al órgano administrativo que debe ejercer su jurisdicción electoral prejudicial en forma compatible con los lineamientos sentados en el pronunciamiento, sustanciar las impugnaciones, producir la prueba y resolver sobre el fondo de la causal de inhabilidad ética.

Señalan que las referencias del fallo tendientes a justificar la virtualidad jurídica otorgada al artículo 16 de la Carta Magna son escasas, insustanciales e injustificadas. En esta dirección cuestionan una a una las normas citadas en el considerando 15 del acto jurisdiccional en recurso, y manifiestan no advertir cual es la incidencia relevante que el artículo 38, inciso 7º, de la Constitución de la provincia, tiene sobre las disposiciones mentadas en la resolución impugnada, en punto a fundar la posibilidad de deducir una impugnación por razones de inhabilidad moral; agregan que es evidente la armoniosa continuidad normativa que existe entre las referidas normas, la que se ajusta a los cánones de la buena doctrina constitucional en la materia, y que ni el artículo 36, inciso 7, de la Constitución de 1907, ni el 38, inciso 8º, de la Constitución de 1990, disponen que la inhabilidad ética y moral constituye una causal de impugnación de una candidatura a Intendente.

Resaltan que el artículo 16 de la Constitución no es una previsión operativa, y que la sola alegación de su fuerza normativa contenida en el considerando 22, no basta para motivar la virtualidad que se le otorgó, pues se prescindió de indicar los argumentos que corroboran el carácter operativo atribuido.

A fs. 323/326 explicitan cual es, a su entender, el correcto alcance del artículo aludido con anterioridad preguntándose, a renglón seguido, acerca de si existe alguna normativa que establezca la existencia de un procedimiento de impugnación susceptible de ser instado por cualquier elector, y que atribuya correlativa competencia a la Junta Electoral para dirimirlo. Analizan la legislación electoral sobre el tópico (Código Electoral Nacional, Leyes Nº 1279, 5529 y 6146) y concluyen respondiendo en forma negativa el interrogante planteado, y avalando lo actuado por aquél órgano, en el marco de las competencias asignadas por ley, en ejercicio pleno de su función específica en materia electoral (cfr. fs. 327/334).

Por último, destacan la imposibilidad de cumplir la sentencia que controvierten, a la que reputan en infracción al artículo 63 del CPC, por las razones que desarrollan a fs. 334/336.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Así, ha sido deducido en término, conforme surge de lo actuado a fs. 155 y vta. y del cargo de Mesa de Atención Permanente inserto a fs. 337 y, si bien la sentencia impugnada no es definitiva, las circunstancias de hecho existentes al momento del dictado de este fallo ponen en evidencia la configuración de un caso de objetiva gravedad o trascendencia institucional que permite sortear aquel escollo, habida cuenta que el candidato que fuera objeto de impugnación fue el más votado en los pasados comicios para el cargo de Intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Por lo tanto, al ordenarse por el pronunciamiento en recurso que sean devueltas a la Junta Electoral de la Provincia las impugnaciones formuladas en su contra a los efectos que sean sustanciadas y resueltas, y advirtiéndose que se encuentra de por medio la voluntad del electorado de la capital exteriorizada a través del sufragio en favor de un candidato cuya oficialización fue aprobada de manera precaria y provisoria y que, en tal condición, concurrió al acto eleccionario del 29-6-2003 (cfr. fs. 115 y vta. y 251/252), con toda l a incertidumbre que ello representa, no cabe duda que el caso de autos trasciende el perímetro del proceso y el interés particular de las partes implicadas, proyectándose sobre los intereses de la comunidad, incidiendo sobre la marcha de las instituciones; todo lo cual configura cuestión constitucional bastante que genera la necesidad de un pronunciamiento de esta Corte a fin de remediar la situación descrita.

IV.- Es principio en la materia, que la calidad o legitimación para obrar constituye un requisito intrínseco de admisibilidad de la pretensión, por lo que el órgano judicial debe examinar su existencia, para poder recién abordar la fundabilidad de la misma.

Ahora bien, sea que la parte demandada haya opuesto la excepción de falta de legitimación, sea que ello no halla acontecido, igualmente el órgano judicial tiene que analizar de oficio el tema, porque se trata de una típica cuestión de derecho que debe resolverse por aplicación del principio "iura curia novit", conforme lo tiene ya resuelto esta Corte (cfr. CSJT, sentencias nros. 794 del 13-10-97, 953 del 06-12-99, 399 del 28-5-2001, entre otras y doctrina que allí se cita).

En la perspectiva de las consideraciones precedentes, corresponde entonces examinar, como cuestión liminar, si los actores se encuentran legitimados activamente en el caso de autos, es decir, si revisten la titularidad activa de la relación sustancial.

Los actores, integrantes de asociaciones de Derechos Humanos, "H.I.J.O.S." y "Familiares de Desaparecidos de Tucumán", invocando su calidad de electores, impugnan la candidatura de Antonio Domingo Bussi al cargo de Intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Dicha impugnación fue desestimada por la Junta Electoral, mediante Resolución del 16-5-03, con fundamento en que la causal invocada "no es objeto de previsión normativa".

A su turno, alegando la afectación que dicho acto les irroga en su calidad de ciudadanos y electores, con fundamento normativo en los artículos 43 de la Constitución Nacional, 34 de la Constitución provincial y 68 del Código Procesal Constitucional (CPC), promueven en los autos del rubro amparo por ante la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II.

En criterio de este Tribunal, la sola condición de ciudadanos electores no les confiere suficiente legitimación para deducir las impugnaciones de marras y, consecuentemente, agraviarse en sede jurisdiccional con motivo de lo actuado y resuelto por la Junta Electoral de la Provincia, toda vez que no alegan la existencia de una situación jurídica subjetiva idónea a tal fin, ni tampoco del análisis del ordenamiento positivo se desprende autorizada tal posibilidad, al no haberse consagrado acción popular alguna a su respecto.

IV.1.- En cuanto a lo primero, es del caso hacer notar que aquella alegada condición traduce un interés demasiado general que enerva toda posibilidad que se alcance la necesaria individualización o particularización que debe exhibir la situación subjetiva de la persona o personas que se pretendan con legitimación suficiente para impugnar a un candidato a ocupar el cargo de Intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, como acontece en la especie.

Lo mismo cabe predicar con relación al argumento de los accionantes en el sentido que "El ejercicio constitucional de los derechos políticos comprende una gama de derechos y garantías concretas de los que cada ciudadano es plausible. En esta línea, uno de los derechos esenciales es el de controlar el desarrollo legal, legítimo y transparente del proceso electoral mediante impugnaciones a los pre candidatos debidamente motivadas y fundadas. Esto importa el derecho de los electores impugnantes a tener acceso a la jurisdicción prejudicial -caso de la J.E.P.- y a ejercitar la libre defensa en el proceso correspondiente con pleno aseguramiento de las garantías del debido proceso adjetivo y sustantivo. Así, los derechos políticos a impugnar candidatos es un derecho propio que le corresponde (o no) ejercitar a cualquier elector" (cfr. fs. 377 vta.).

Ello así, no bien se repara que lo que se considera como un derecho político esencial, esto es, el controlar el desarrollo regular y legal del proceso eleccionario, no se trata de un interés propio y personal de los actores, sino que es común a todos los habitantes de la ciudad capital en condiciones de sufragar, incluso los extranjeros, conforme se sigue de lo preceptuado en el artículo 38, inciso 7º in fine de la Constitución de la provincia, y de los artículos 69, inciso 2º, y 73 y siguientes de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 5529. Vale decir, que aquéllos no titularizan un interés distinto al que tienen estos últimos, razón por la cual no se verifica en el caso la existencia de un derecho subjetivo como se pretende, ya que éste supone que el interés que se persigue satisfacer sea de pertenencia exclusiva y excluyente de su titular, y no -como sucede en la causa-, concurrente con el de otras personas, no individualizado en cabeza de nadie en especial (Fallos: 313:594). De igual forma, no se aprecia y tampoco fue invocada, la existencia de una circunstancia fáctica adecuada e idónea que cualifique de alguna forma el mentado interés, en el sentido que le otorgue mayor relevancia jurídica con respecto al de cualquier otro habitante del ejido capitalino, en orden a la impugnación que se persigue.

A lo dicho cabe agregar que, encontrándose los demandantes en esta referida situación común, compartida e indiferenciada en grado sumo, de ninguna manera pueden invocar, en todo lo que concierne a la candidatura y posterior elección de Antonio Domingo Bussi, un menoscabo a interés concreto o un perjuicio o agravio propio -actual o potencial-, directo e inmediato, derivado de aquellas circunstancias, y sin que tampoco se verifique a su respecto la existencia de cualquier relación o vinculación jurídica sustancial que contenga una facultad suya y diferente a la de los demás, o un interés legítimo suficiente.

Concordantemente, se ha sostenido en su momento que la tutela judicial no puede ser concedida si no media un interés concreto que legitime al actor para reclamarla, y que deben afectarse sustancialmente los intereses legales en forma suficientemente directa, con inmediatez y realidad (Fallos: 306:1125).

De lo expresado se colige que los actores ostentan únicamente un interés simple, el que resulta en sí mismo insuficiente para conferirles la prerrogativa de impugnar a un candidato, sin perjuicio de su facultad de formular denuncias o peticionar a las autoridades en ejercicio de lo imperado en el artículo 14 de la Constitución Nacional (cfr. Cassagne, Juan Carlos: "Derecho Administrativo", T°. II, pág. 133).

IV.2.- Tal como fuera anticipado, se abordará a continuación el análisis del plexo normativo pertinente en la inteligencia de corroborar que del mismo resulta no reconocida la conducta impugnativa que ejercitaron oportunamente los actores con relación a uno de los candidatos inscripto para la pasada elección provincial.

En este orden de ideas, el 68 del CPC -que fuera invocado por los demandantes para fundar su legitimación en sede judicial (cfr. fs. 37), refiere al derecho electoral activo, en la parte que aquí interesa, en los siguientes términos: "Cuando un elector se considere arbitraria e ilegalmente afectado en su inmunidad, libertad o seguridad electorales, privado, impedido o restringido en sus derechos electorales o privado del ejercicio del sufragio o cuando un tercero le retenga indebidamente su documento cívico, puede solicitar amparo por sí, o por cualquier persona a su nombre, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho ante el Juez con competencia electoral, quien resuelve inmediatamente y dispone urgentemente las medidas conducentes para hacer cesar el impedimento. Las decisiones se cumplen sin más trámite por medio de la fuerza pública, si fuere necesario" Como fácilmente se advierte, ninguna de las situaciones descriptas por la norma se configuran en el sub examine, ya que los accionantes no se encuentran afectados en sus derechos de ciudadanos y de electores, sino que pretenden la exclusión de un candidato. De allí, entonces, que al encontrarse intangible el derecho político de contenido electoral de sufragar, la recurrencia a este dispositivo resulte manifiestamente impertinente. Y es precisamente esta circunstancia la que marca la sustancial diferencia entre lo resuelto por esta Corte, en anterior composición, en la causa "Defensa Provincial Bandera Blanca vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Acción de amparo" (sentencia Nro. 448, del 29-4-89), y la solución que se propugna en el sub iudice, ya que en aquel precedente la legitimación conferida incluso al ciudadano se justificaba por el hecho que estaba en juego la afectación al derecho subjetivo público de sufragar "...por un distrito único que privaría de eficacia las preferencias electorales de los ciudadanos residentes en cada departamento", mientras que en los presentes actuados, como se dijo, de ninguna forma se encuentra comprometido el derecho a votar.

Siguiendo con el análisis de la legitimación de los actores, a la luz de las disposiciones legales vigentes, interesa poner de relieve que la Ley provincial Nº 6147, que rige las elecciones provinciales de Gobernador, Vicegobernador, Legisladores, Intendentes y Concejales (artículo 1º), establece en su artículo 9º que "Los comicios provinciales y municipales (...) se regirán por el Código Electoral de la Nación, Régimen Electoral Provincial de la Ley Nº 1279 y sus modificatorias; Ley Nº 6146 (Ley de Lemas), Ley Orgánica de Municipalidades Nº 5529 y sus modificatorias, utilizando el Padrón Electoral Nacional, sin perjuicio de los Padrones Complementarios y de Extranjeros".

Sobre el particular, conviene tener presente que tratándose de la elección de Intendente, no resulta de aplicación la Ley de Lemas, por lo que su análisis en el caso resulta inoficioso, más allá de que, a todo evento, de su artículo 4º surge expresamente que la facultad impugnativa que allí se reconoce, se confiere únicamente a partidos políticos y a apoderados de sublemas, y no a los ciudadanos o electores individualmente considerados.

En lo que respecta al Código Electoral de la Nación, los artículos 60 y 61, que regulan el trámite de registro y oficialización de los candidatos por parte de los partidos políticos mandando a la autoridad electoral oficiosamente a pronunciarse, sobre las calidades necesarias de los candidatos (esto es si reúnen las condiciones para el cargo y no están comprendidos en alguna inhabilidad legal), lejos están de reconocer facultades de impugnación a un elector cualquiera, siendo que la apelación que allí se prevé, aunque no se lo diga expresamente, de acuerdo a una adecuada hermenéutica, no alcanza a aquél, sino a quienes intervienen en el procedimiento de registro y oficialización de los candidatos, o sea, los candidatos excluidos y los partidos que los proclamaron (cfr. CNE, Fallo Nº 2311/97, del 18-9-97).

Asimismo, en el artículo 28 de este digesto normativo, se legitima a cualquier elector a intervenir en el procedimiento de eliminación de electores (listas provisionales o padrón provisional de electores) cuando se trate de ciudadanos fallecidos, inscriptos más de una vez, o los que se encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en esta ley, cuestión que como a todas luces, es claramente ajena a la situación de autos.

Tampoco el régimen electoral provincial de la Ley Nº 1279, en el capítulo III, dedicado a los candidatos y sus apoderados, brinda asidero a la posición de los actores. La única referencia a la legitimación de los electores surge del artículo 93 de dicho cuerpo legal -concordante con el artículo 38, inciso 4º de la Constitución de la provincia-, en cuanto faculta a cualquier elector a denunciar faltas o delitos electorales, lo que no guarda relación con la temática que se ventila en autos, esto es que los electores o ciudadanos puedan impugnar candidaturas en función de alegadas faltas de idoneidad.

Finalmente, la Ley Nro. 5529, en su artículo 37, determina las condiciones de idoneidad para poder acceder al cargo de Intendente Municipal, y en su régimen electoral, artículo 87, establece un procedimiento de depuración del padrón, legitimando a los electores para formular tachas al mismo, con un régimen similar al previsto por el artículo 28 del Código Electoral Nacional. En consecuencia, la situación aprehendida en la norma es totalmente diferente al caso en examen.

De lo que antecede se desprende con meridiana claridad que no existe en el ordenamiento normativo aplicable disposición alguna que avale la facultad impugnativa que los actores vienen sosteniendo, y que no resultan correctas las citas normativas realizadas por el pronunciamiento en crisis a fs. 142 vta. de autos, para avalar la legitimación de los actores en punto a la cuestión que está siendo objeto de examen. Del mismo modo, es de suma evidencia que ninguno de los artículos de la Constitución de la Nación, Carta Magna local y Convención Americana sobre Derechos Humanos que citan los accionantes a fs. 378, reconoce expresamente la legitimación que ellos pretenden, conforme se infiere de la simple lectura de los respectivos textos.

Por lo tanto, y en mérito a lo considerado precedentemente, se concluye que los demandantes carecen de legitimación para impugnar candidatos ante la Junta Electoral de la Provincia y, por consiguiente, para interponer el presente amparo; y que en su condición de electores y ciudadanos cuentan con el sufragio para sancionar por vía del mismo a quienes consideren carentes de idoneidad para ocupar un cargo electivo. O, en otras palabras, la única posibilidad que tienen de impedir que un candidato resulte electo, es el uso libre del sufragio.

Por consiguiente, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad articulado por Antonio Domingo Bussi y el partido Fuerza Republicana en contra de la sentencia Nº 197, de fecha 5 de junio de 2003, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, obrante a fs. 139/152 de autos. En consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto los puntos II y III de su parte resolutiva, conforme a la siguiente doctrina legal: "No resulta arreglada a derecho la sentencia que confiere legitimación a demandantes que sólo ostentan un interés simple, y sin que se encuentre reconocida por el ordenamiento jurídico, en tal condición, la facultad que invocan de impugnar a un candidato a Intendente que a la postre resultó electo". Dictar como sustitutiva: "II. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de amparo incoada por Atilio Castagnaro, Gabriel Pereira, Viviana Vicente y Marta Rondoletto en contra de la Provincia de Tucumán, Junta Electoral Provincial, Partido Fuerza Republicana y Antonio Domingo Bussi. III. COSTAS, a los actores".

V.- Atento al resultado a que se arriba, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia extraordinaria deben ser soportadas por la parte actora, vencida en autos (artículos 31 del CPC y 106 del CPCC).

Por ello, habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 415/417, y encontrándose excusado los señores vocales doctores Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad planteado por Antonio Domingo Bussi y el partido Fuerza Republicana en contra de la sentencia Nº 197, de fecha 5 de junio de 2003, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, glosada a fs. 139/152 de autos. En consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto los puntos II y III de su parte resolutiva, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos. Dictar como sustitutiva: "II. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de amparo incoada por Atilio Castagnaro, Gabriel Pereira, Viviana Vicente y Marta Rondoletto en contra de la Provincia de Tucumán, Junta Electoral Provincial, Partido Fuerza Republicana y Antonio Domingo Bussi. III. COSTAS, a los actores".

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria, como están consideradas.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO