marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prisión preventiva, plazo, plazo máximo, prórroga del plazo, tratados internacionales, excarcelación
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: PERASCO, Luis C. s/ artículo 1º, ley 24.390 Causa nro. 27.377
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

El señor Juez de grado solicita prorrogar una detención vencido el plazo de dos años previsto en la ley 24.390. Sin embargo se advierte que admitir la prórroga dispuesta implicaría imputarle la demora del proceso al propio detenido, absolutamente ajeno a la cuestión, en detrimento de su libertad, y en franca violación a lo dispuesto por el artículo 9º, inc. 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporado en el artículo 75, punto 22, de la Constitución Nacional, en cuanto establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad.
Sentencia, fundamentación de sentencias, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: D., E. E. y otro c/ CONSORCIO DE PROP. EDIF. "L. T." s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-02

Bien se ha dicho que si el agraviado puede estructurar "un" discurso crítico respecto a la sentencia cuya revocación pretende, ella luce con suficiente coherencia como para entender que superó el test respectivo. Está claro que si se da aquel supuesto, ello conlleva la posibilidad cierta de que el órgano revisor efectúe a su vez el control respectivo, sin que tampoco afronte la dificultad de unificar tal actividad evitando discursos contradictorios. Esta rica e inherente naturaleza -que inequívoca y necesariamente (aunque no siempre explícitamente) exhiben los fallos dictados por tribunales colegiados- obliga a quienes se ven en la tarea de examinar la validez de tales pronunciamientos a adoptar una mirada adecuada al objeto procurando una hermenéutica favorable al descubrimiento de la raíz común de los razonamientos, privilegiando en caso de duda la validez del fallo y no su invalidación.
Doctrina de los actos propios, juicio, partes, pretensión, iura novit curia, jueces, actuación de oficio, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: VABI LEAD SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 18-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-20

No obsta a la aplicación de la doctrina de los actos propios, el hecho de no haber sido invocada específicamente por las partes, toda vez que teniendo tal doctrina, el carácter de norma jurídica o principio de derecho (artículo 16 del Código Civil), puede el Juez en virtud de la regla del iura novit curia, aplicarla de oficio, ya que los Tribunales tienen el deber de impedir la incoherencia, los comportamientos contradictorios y la mala fe, evitando que se generalice en el mundo de los negocios, con el irreparable perjuicio que ello traería aparejado en la confianza del público y en el normal y leal desenvolvimiento de nuestra sociedad.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, incongruencia, daño, thema decidendum, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CIVIL
Carátula: MAZZINI, FRANCISCO Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-09

Con la protesta apenas deslizada en el memorial del recurso de inconstitucionalidad en el sentido de que la responsabilidad estatal por omisión habría constituido una imputación no mantenida en la causa y que su tratamiento en la sentencia atacada denotaría un quiebre de las reglas procesales -sin mayor desarrollo discursivo-, la demandada viene ahora a ponerse en contradicción con sus propios actos anteriores pues, más allá de lo expresado o no expresado en la demanda, ya durante la primera instancia del proceso la ahora impugnante se había avenido a discutir aquella cuestión, al alegar que tampoco se reúnen los extremos de procedencia de la omisión antijurídica que si bien no es directamente imputada en la demanda, podría resultar tácitamente de algunos de sus términos, pasando a continuación a informar sobre el mérito de la causa en torno a ello; y, frente a lo sentenciado en la instancia de origen sobre ese punto, reeditó el debate en la alzada cuando al expresar agravios apelatorios expuso -con referencia a las canalizaciones clandestinas efectuadas por terceros particulares y entre otras apreciaciones- que un análisis adecuado debía considerar la disminución de la incidencia de lo actuado u omitido por la Provincia, en función de las conductas ilícitas de tales productores indeterminados; de modo que el actual acuse de incongruencia o indefensión se exhibe aquí como incompatible con la conducta procesal anterior de la parte que lo formula, reflejando en verdad su disconformidad con el resultado del debate en torno a uno de los puntos llevados a conocimiento de los Magistrados por la propia interesada, mas sin que con lo escasamente aducido en esta instancia extraordinaria logre demostrarse inexorablemente una efectiva extralimitación en la función revisora del Tribunal de alzada ni la concurrencia en autos de razones que autoricen a hacer excepción al principio -reiteradamente sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- según el cual la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis y el alcance de las peticiones de las partes constituyen extremos de índole fáctica y procesal ajenos al remedio extraordinario. (De la disidencia del Dr. Netri) - CITAS: CSJN: Fallos 270:162; 271:402; 276:111; 310:2709; 311:104 y 1002; y 314:725.
Quiebra, regulación de honorarios, monto mínimo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Alejandro Borbore e Hijos SRL s/ Quiebra por Ibrahin y Masar Elaskar
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-26

Si bien la ley de concursos ha establecido un piso mínimo que debe ser respetado al practicarse la regulación, también la misma ley establece en la norma del art. 267 un porcentaje máximo que el a quo debe respetar conforme a la prescripción del art. 271, cuando las regulaciones practicadas absorvieran el total, o gran parte del activo realizado. Es decir, que el porcentaje del doce por ciento (12%) máximo, y no el mínimo es el que corresponde tomar en los casos en que el activo es escaso.
Recurso de casación, inversión de la carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Johnson y Johnson S.A.I. y C. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-09-19

No corresponde consideración el recurso de casación planteado sobre inversión de la carga de la prueba, a través del art. 257 inc. 1º del C.P.C. (Violación de la Ley); por cuanto desde la vigencia de la Ley 5764, conforme a su art. 17, sólo las violaciones a la ley sustantiva pueden fundar esta causal, cerrando toda la discusión doctrinaria y jurisprudencial hasta ese momento existente, sobre la posibilidad de invocar normas procesales en sustento de dicho motivo.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Yaggi, Roberto Elías c/ Alessandroni, Remo Patricio s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-15

"Para decretar medidas precautorias no se requiere una prueba acabada de la verosimilitud del derecho debatido en el principal, extremo que sólo puede ser alcanzado al tiempo de la sentencia, ni es menester un examen exhaustivo de las relaciones que vinculen a las partes, bastando que a través de un estudio prudente sea dado percibir un fumus boni iuris en el peticionario".
Intervención de terceros, principio de contradicción
Materia: PROCESAL
Carátula: Carlomagno de Flores, Yolanda y Flores, Carlos R. c/ Cambareri, Roque y Empresa Constructora Torraca Hnos. S.R.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-10

La citación de tercero dispuesta a pedido de la demandada no importa -en principio y salvo supuestos especiales, como la citación del legitimado para intervenir -nominatio auctoris- conferir a aquel la posición de demandado frente al actor. Y si bien su incorporación al proceso importa asumir la calidad de colegitimado, no puede ser considerado stricto sensu como demandado, porque la actora no le dirigió reclamo alguno, no modificando tal situación la circunstancia de que esta última prestara expresa conformidad a la citación en oportunidad de responder al traslado conferido a fin de resguardar el principio de contradicción, si se limitó a expedirse solamente sobre la solicitud.
Aportes previsionales, vales de combustible
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ferrari, Rubén Héctor y otros c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-06-04

Respecto del estipendio que en autos se denomina "gastos de combustible, aludiendo a la Resol.de Presidencia Nº23-88 art.2 y la que actualiza los montos allí previstos por la variación en precio de la nafta especial caben conceptos similares a los precedentemente expuestos.

Atento el modo en que se implementa -según lugar de residencia- es claro que se trata de un reintegro por los gastos de movilidad, en que los Sres.legisladores deben incurrir para trasladarse a la sede de sus funciones.

Ajenos al carácter de pago por servicios, no constituyen una bonificación, no conforman -al menos no se ha demostrado- una ventaja patrimonial, y ha de considerarse excluído -por el tiempo en que estuvo vigente- del concepto de remuneración previsto por el art.16 de la ley 1388.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Lomazzi, Aldo Gerónimo c/ Empresa Cañuelas S.R.L. s/ Indemnización por despido Gimenez, Enrique Alfredo c/ Rigolleau S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-21|1985-10-11

Debe anularse de oficio el pronunciamiento del Tribunal del Trabajo que no sólo no emana del órgano jurisdiccional creado por la ley al no haber sido firmado el veredicto por uno de los magistrados que lo integran, sino que además no suministra los presupuestos fácticos necesarios ni establece conclusiones claras que trasunten la validez del juicio lógico de los sentenciantes con relación a una cuestión esencial para la solución del litigio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Acosta, Ramón Teófilo y otro c/ Clínica Indarte S.A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

La revisión de los hechos y pruebas por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo procede cuando los Jueces de grado han incurrido en absurda apreciación de los mismos.
Resoluciones equiparables a definitiva, paralización del expediente, tasa de justicia, defensa en juicio, ley provincial, Río Negro, aplicación de la ley tributaria, impuestos provinciales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Consultores Asociados S.A. c/ Municipalidad de Cipolletti. s/ Recurso de Hecho Cipolletti. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

Es equiparable a sentencia definitiva el pronunciamiento que rechazó el pedido de reanudación del proceso formulado con motivo de la paralización que lo afectaba por no haberse integrado el sellado; si lo decidido - ante el dictado de la ley 2438 de la Provincia de Río Negro, que dispuso remover cualquier obstáculo de índole fiscal que dificultara la concreción del acuerdo a que se refiere su art. 1ro. - compromete la defensa en juicio, lo que exige una consideración inmediata, en tanto constituye la única oportunidad para su tutela.
Discriminación por razones de sexo o inclinación sexual, discriminación laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sisnero, Mirtha Graciela; Caliva, Lia Verónica c/ Ahynarca S.A. - Tadelva y Otros s/ Amparo - Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-05-14

La prohibición de discriminación y la garantía de igualdad son de aplicación inmediata, no están supeditadas a una aplicación de carácter progresivo, y son aplicables a todos los aspectos del derecho al trabajo - Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 18:

El Derecho al Trabajo - artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -, 2005, párr. 33 - (del voto del Dr. Díaz).
Aclaratoria (procesal), costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero, Ricardo César y otros. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y Nulidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-03-12

"Habiéndose incurrido en el error material que acusa el recurrente;

no habérsele notificado lo referente a la condenación en Costas.

Por la tramitación del recurso, ni la imposición de las mismas a la perdidosa; debe ser subsanado por este Superior Tribunal".-
Homicidio calificado, cambio de sexo, sentencia arbitraria, violencia de género, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: N., B. A. c/  s/ Homicidio agravado s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-04-24

Se advierte así el desacierto de lo argumentado por el a quo, que intentó reducir el análisis respecto de la necesidad del medio empleado a una mera comparación entre la contextura física y la fuerza del occiso y de la imputada, con lo que incurrió en otro defecto de razonamiento, por soslayar la real dimensión de la desproporción que resultaba relevante en este caso, es decir, la que existía como consecuencia de la violencia de género que caracterizaba el vínculo entre ambos. En este punto la arbitrariedad de la sentencia radica, además, en que resultó contradictoria, dado que en otros tramos reconoció, con sustento en las constancias del expediente, aspectos objetivos demostrativos de la desventaja en la que se encontraba la imputada respecto de su agresor, evidenciada en el modo en que se relacionaban. En efecto, el a quo admitió que, en ese vínculo, era la imputada quien se encontraba en condición de vulnerabilidad. Así surge del tratamiento que dio a la temática de la acreditación de la relación de pareja. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Sucesiones, herencia, fuero de atracción, economía procesal
Materia: CIVIL
Carátula: S. P. y S. S c/S. A. y otros s/simulación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-08-15

El proceso sucesorio tiene como finalidad identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar créditos, pagar deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar bienes, en definitiva, no solo identificar a los sucesores sino también determinar el patrimonio que se trasmite y su distribución. Por ello, el juez del sucesorio no se limita exclusivamente a éste, sino que su conocimiento se extiende a cuestiones vinculadas con la trasmisión hereditaria, por aplicación del fuero de atracción que encuentra sustento en la ley, es una virtualidad que tiene el juicio sucesorio de atraer para ser resueltas por un mismo juez, acciones referidas a los bienes que componen el acervo sucesorio y, por ser de orden público no puede dejarse de lado por voluntad de los particulares pudiendo ser declarado de oficio por el juzgador, razones de orden práctico y economía procesal justifican la conveniencia de la intervención del magistrado de la sucesión para facilitar así, la liquidación de la herencia, división de los bienes y el pago de las deudas, en suma, las demandas deducidas contra la sucesión aún indivisa.
Jurisprudencia, intereses compensatorios, intereses moratorios
Materia: LABORAL
Carátula: SALINAS XIMENA BELEN C/ EXPERTA ART S.A. S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL CON ART c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-05-19

Conforme lo postula la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, los intereses que se devengan en virtud de lo dispuesto por el art. 2 de la ley 26.773 son compensatorios, y se capitalizan a partir de la mora del deudor, y a partir de allí generan intereses moratorios, los que se han de liquidar de acuerdo con la tasa legal. Asimismo, y por ser intereses compensatorios, en virtud de la manda del art. 767 del Código Civil y Comercial, su tasa puede ser fijada por los jueces.
Contrato de trabajo, trabajo en el exterior, aplicación de la ley, ejecución del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: ANTOÑANZAS, EDUARDO c/ ICI DUPERIAL SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-25

Si del contrato surge claramente que el mismo debía ejecutarse en un país extranjero (en el caso, Brasil), corresponde la aplicación estricta del art. 3 de la LCT en cuanto precisa que en estos supuestos rige la aplicación del derecho del lugar de ejecución del contrato.

(Cfr. el voto del Dr. Fernández Madrid).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Marín, Juan Pablo s/ Tentativa de hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se alega violación del art. 252 del Código de Procedimiento Penal al haberse invocado un solo testimonio para acreditar hechos fundantes de presunciones, si ello podría referirse al tenido por indicio de oportunidad pero no a los otros dos utilizados en la sentencia los que son suficientes para el mantenimiento de la prueba presuncional invocada.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, seguridad jurídica, leyes, interpretación de la ley, exceso ritual manifiesto
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: PEREYRA, MARIO SATURNINO c/ COMUNA DE FRAY LUIS BELTRAN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

Si bien el argumento de la seguridad jurídica debe ser tenido en cuenta en la tarea interpretativa de las normas que regulan la caducidad de la instancia contencioso administrativa, éste no debe llevarse a punto tal de fundar una hermenéutica excesivamente ritualista.
Concurso preventivo, proceso de verificación, error material, cosa juzgada
Materia: COMERCIAL
Carátula: BAIRAGRO c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA. s/ CONCURSO PREVENTIVO. INC. REV.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-27

Si una declaración de verificación se construyo sobre una cuenta mal hecha, no hay cosa juzgada que pueda oponerse a la atención de la denuncia orientada a mostrar ese error material, pues no cabe sostener que ante la incoherencia intrínseca del acto jurisdiccional, que es de suyo una unidad, lo construido sobre el error adquiera valor autónomo de cosa juzgada; ello así, reforzado por lo previsto por el cpr 166-1 , en tanto no limita temporalmente la facultad de subsanar errores numéricos.
Accidentes de trabajo, acción civil, guardián de la cosa, subcontratación laboral, consorcio de propietarios
Materia: LABORAL
Carátula: CANO  ORTIZ,  LEONILDA C/ GALEANO LEGUIZAMON, PEDRO SERGIO Y OTRO S/ ACCIDENTE-LEY 9688.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-17

No hay duda que la actividad que desarrollan los operarios en altura y colgados de una silleta es potencialmente riesgosa, y si a ello se suma, que el trabajador laboraba sin elementos de seguridad a la vista de todos, cabe imputar responsabilidad al consorcio demandado por omisión del deber de constatación y control acerca del cumplimiento de los recaudos necesarios y exigibles para la producción de la obra llevada a cabo en el edificio, más aún cuando la muerte del trabajador guarda relación de causalidad con dicha omisión derivada del incumplimiento de su deber de vigilancia y custodia. La responsabilidad emana del segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil, por ser el consorcio el "dueño" del edificio y partes comunes donde se efectuaron los trabajos de construcción.

Quien es dueño o se sirve de cosas que, por su naturaleza o modo de empleo generan riesgos potenciales a terceros, debe responder por los daños que ellas originan (teoría del riesgo creado).
Revisión judicial, acción meramente declarativa, división de poderes
Materia: PROCESAL
Carátula: Buono, Jorge Rafael c/ GCBA s/ Acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-20

Dado que el control judicial de la actividad de la Administración se articula en el contexto del principio constitucional de división de poderes, la declaración de invalidez por el Poder Judicial de los actos que provienen de los otros poderes no puede ser efectuada en forma implícita. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz)
Delitos aduaneros, contrabando, control aduanero
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: Argentini, Héctor M. y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

El delito de contrabando no gira en torno de una evasión tributaria, sino que consiste en el ocultamiento de mercaderías,a fin de sustraerlas al control aduanero.
Alteración de la tranquilidad pública, tipo penal, bien jurídico protegido, interpretación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, M. P. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

La antigua redacción del artículo 71 penaba determinadas características y/o consecuencias de la oferta de sexo en la vía pública, en tanto que el actual artículo castiga la conducta de ofertar y/o demandar sexo en la vía pública en sí misma, con prescindencia de cualquier elemento con que dicha conducta se configure. Es la descripción contenida en la ley de una acción contraria a una norma, la nota esencial de la tipicidad y no el bien jurídico tutelado por ella, por tal motivo resulta ocioso la discusión en torno a la identidad de los bienes jurídicos protegidos en las dos versiones del artículo de marras, admitir lo contrario sería afirmar que dos conductas de características distintas deben tener por el hecho de estar previstas para la tutela de un mismo bien jurídico, idéntico régimen, afirmación que está reñida con el más elemental sentido común (v.gr. la malversación de caudales públicos y el cohecho son dos tipos penales distintos cuya punición responde a la tutela de un mismo bien jurídico, cual es el correcto funcionamiento de la administración pública). La alegada identidad entre el bien jurídico tutelado por ambas versiones de la disposición legal en discusión, no le confiere dicha identidad a las acciones y/o conductas descriptas en las sucesivas versiones del artículo 71 del Código Contravencional. (Del voto en disidencia del Dr.

Dessanti)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, escrituración, causa de las obligaciones, presunción juris tantum
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Kerestegian de Mamprelian, Marietta c/ Kerestegian, Nazaret s/ escrituración.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Es descalificable el pronunciamiento que, al rechazar la demanda de escrituración, tuvo por probada la falta de causa de la obligación en los términos del art. 500 del Código Civil, efectuando una inadecuada interpretación de la norma, que altera su verdadero sentido y la torna inoperante, ya que dicha norma presume la existencia de la causa, mientras el deudor no pruebe lo contrario.