marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Lealtad comercial, comerciante
Materia: PENAL
Carátula: ACRON S.A. s/ Lealtad Comercial Causa Nro. 36656.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-25

1-Corresponde confirmar la sanción impuesta por infracción a los artículos 5 y 9 de la Res. SCI 434/94, reglamentaria de la ley de lealtad comercial, que exigen que al publicitarse voluntariamente el precio de bienes y servicios deberá hacerse de conformidad con lo establecido en el art. 5 de dicha resolución, la cual dispone que el precio será el de contado en dinero en efectivo y corresponderá al importe total que efectivamente deba abonar el consumidor final (Del voto del Dr. Repetto).- 2-Para el caso en que los bienes deseen ser adquiridos por aquellos sujetos con tratamiento impositivo diferenciado, es deber de los mismos calcular el valor, restando la carga impositiva puesto que para ello revisten la calidad de comerciantes no pudiendo tal calidad ser transportada al común del público consumidor, sin afectar el derecho de los mismos a estar correctamente informados sobre los bienes ofertados (Del voto del Dr. Repetto).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, honorarios del perito, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Roman, Walter Duilio c/ Parrota, Emilio y otro. s/ ACCIDENTE LEY 9688
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-21

La circunstancia de que los honorarios del perito médico, determinados según la resolución n. 1092/80 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, resulten superiores a los correspondientes a los restantes profesionales por aplicación de sus respectivos aranceles, no configura lesión a las garantías constitucionales de la igualdad, habida cuenta de que la supuesta desigualdad no surge de la ley, y que es atribución del legislador reglar de manera diferentes situaciones que estime distintas, con tal de que el acto no trasunte propósitos de persecución contra determinadas categorías de personas o de indebido privilegio en favor de otras, aunque su fundamento sea opinable.
Subasta judicial, seña, compensación
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: SARMIENTO, Lucila c/ A.PER.B.HI.N. s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-06-07

La dispensa del pago de la seña en caso de subasta de inmueble, o del precio en su caso, para compensarlos con el crédito que generalmente se reconoce en favor del acreedor que resulta comprador, en una facultad judicial admitida por la práctica y sujeta por ende a la prudente discrecionalidad de quien la otorga, de modo que procederá o no concederla según las circunstancias del caso, atendiendo siempre a lograr un mayor exito en la subasta. La procedencia de la compensación depende de que existan obligaciones en condiciones de compensar, es decir líquidas y exigibles, una de las cuales tenga al comprador como acreedor del ejecutado en una y como deudor en la otra y de la inexistencia de acreedores privilegiados.
Proceso penal, sentencia absolutoria, prisión preventiva, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: "Tortorelli  Lorena Cecilia c/ Gobierno de la Nación Argentina s/ Daños y Perjicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-19

La indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revela como incuestionablemente infundado o arbitrario, mas no cuando elementos existentes en la causa hayan llevado a los juzgadores al convencimiento -relativo, obviamente, dada la etapa del proceso en que aquél dicta- de que medió un delito y de que exista probabilidad cierta de que el imputado sea su autor (C.S.J.N.: "Cura, Carlos Antonio c/ Buenos Aires, Provincia de y otro (Est. Nacional) s/ daños y perjuicios", 27/05/2004; "Muñoz Fernández, Mauricio Alejandro c/ Buenos Aires, provincia de s/ daños y perjuicios", 28/07/2005;

"Gerbaudo, José Luis c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", 29/11/2005 y "Pederzet, Ricardo c/ Estado Nacional y Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", 15/08/2006) (Del voto del juez Grecco, cons. 2).
Revisión judicial de actos administrativos, control de legitimidad, facultades discrecionales, razones de oportunidad, mérito o conveniencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alcalde, Raúl Víctor c/ Instituto de Obra Social del Ejército s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

La revisión judicial de aquellos aspectos reglados del acto administrativo se traduce en un típico control de legitimidad -imperativo para los órganos judiciales en sistemas judicialistas como el argentino-, ajenos a los motivos de oportunidad, mérito y conveniencia -no reglados- tenidos en mira a fin de dictar el acto (Fallos: 315:1361).
Falsedad de título, instrumentos públicos, uso de documento falso
Materia: PENAL
Carátula: VEIZAGA VELAZQUEZ, Ramber s/ falsificación de doc. públ. Causa nro. 26.640
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-22

Entre el uso y la adulteración de un documento público media una relación de alternatividad, según la cual el autor de la falsedad o partícipe de ella, aunque haya hecho uso del documento, debe responder en orden al tipo previsto en el artículo 292 del ordenamiento sustantivo.
Delito dependiente de instancia privada, denuncia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M., M. I. s/ Artículo 1 Ley 24270 (Resolución Nro. 248, Tomo 57, Folio 241)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-10-05

El delito investigado, impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes es de los llamados dependientes de instancia privada y de acuerdo con lo normado en el art. 72 del Código Penal, es necesario, a los fines de la tramitación de la causa, se cumplimente con el requisito de la denuncia penal del agraviado, por ser ello una condición de procedibilidad que obsta a la investigación, y su falta de cumplimiento provoca la nulidad de los procesos instaurados sin ella. Requiere una expresión clara y concreta de voluntad de poner en movimiento la actividad jurisdiccional, instando la acción penal sin que para ello deba usar fórmulas estrictas, rigurosas o solemnes para instar, pero en una redacción que no admita duda en cuanto a su interpretación. Es pertinente declarar la nulidad, ya que no fue habilitada la instancia que ordena el art. 72, inc. 3, siendo que ello es presupuesto necesario a los fines de instar la persecución penal.

(Voto en disidencia del Dr. Sorrentino)
Nulidad del acto jurídico, actos jurídicos, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: D. M., B. D. C. c/ MUNICIPALIDAD DE RAWSON s/ COBRO DE HABERES E INDEMNIZACIÓN DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-30

"Mientras nulidad e inexistencia significan en el lenguaje común la misma cosa, puesto que ninguno y nada significa un quis o un quid que no existe, en cambio, en el lenguaje jurídico expresan cosas distintas: es nulo el acto que no produce efectos jurídicos, pero que en ciertas condiciones podría producirlos; es inexistente un acto cuando no produce efectos en ningún caso".
Superior Tribunal de Justicia, competencia, defensa en juicio, colegio profesional, potestad disciplinaria, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ROSMAN, CESAR RUBEN s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-27

No obstante no se presenta en autos conflicto de competencia a dirimir que habilite la competencia que atribuye a este Cuerpo el inciso 5to. del artículo 93 de la Constitución provincial, esta Corte no puede menos que reconocer que se está en presencia de un posible caso de afectación del derecho de defensa en juicio, más cuando la normativa a que refiere el A quo se vincula directamente con el nuevo sistema de la justicia penal, que transita sus primeros meses de funcionamiento, y con el cual este Alto Cuerpo se encuentra altamente comprometido.

Siendo ello así, a fin de aventar posibles soluciones disvaliosas que puedan alongar en demasía el procedimiento a través de pliegues y repliegues procesales para nada deseados y contra los cuales reiteradamente se ha prevenido, corresponde sobre la base de la interpretación armónica del plexo normativo en cuestión, indicar qué Órgano jurisdiccional debe conocer de la apelación interpuesta por el letrado recurrente.
Contrato de trabajo, despido, ley de empleo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: DOMINGUEZ  SABAS, RUBEN c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIOAMENABAR 2255 s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-19

Si bien el art. 2 de la ley 25.323 alude a las indemnizaciones de los arts. 232, 233 y 245 de la ley 20.744 y a los arts. 6 y 7 de la ley 25.013, a los fines de establecer el pago de un 50% adicional en caso de incumplimiento del empleador, el hecho de que dicha norma no mencione los artículos en los que cada estatuto -como en el caso de encargados de casa de rentas contemplan las indemnizaciones por despido y preaviso no implica que la sanción no sea aplicable a un trabajador amparado por una normativa especial, pues ello implicaría colocar a este último en peor situación que el trabajador que sólo cuenta con las disposiciones del régimen general. La ley 25.323 es una ley de carácter general, aplicable a todos los trabajadores en relación de dependencia y no se encuentra controvertida con ninguna disposición del estatuto especial (ley 12. 981, en el caso) .

(Del voto de la Dra. Ferreirós, por la mayoría).
Daño moral, incendio de la cosa, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: URETA SAENZ PEÑA DE BONOMI, Victoria Elena y otros c/ BACIGALUPO DE GIMENEZ, Elsa y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-14

La erogación por daño moral no se reduce al precio del dolor o la pérdida de afecciones, sino que se apunta a toda situación disvaliosa en las calidades de sentir, de querer y de entender. Por consiguiente es procedente por los padecimientos espirituales invocados por los propietarios de un establecimiento rural ante la situación disvaliosa provocada a consecuencia del incendio y los daños producto de éste.
Procedimiento administrativo, plazo legal, suspensión del plazo, principios del procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CROSA, Osvaldo P. c/ POL. FED. ARG." s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-06

Constituye un principio general del procedimiento administrativo la suspensión de los plazos legales y reglamentarios ante la articulación de actuaciones con intervención del órgano competente (art. 1, inc. e, ap. 9 de la Ley NAc. de Proc. Adm.); principio que salvo norma contraria expresa resulta predicable en todo el ámbito de la Administración Pública.
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Solcoff, Edgardo H. c/ Omega Coop. Seguros s/ Inc. cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

La condena en costas en los procesos de ejecución es, pues, en principio, ajena a toda valoración sobre la conducta de las partes o la índole de las cuestiones controvertidas.
Excarcelación, caución personal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: DOMINGO, MIGUEL ANGEL s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1982-06-29

Si al acusado se le atribuye el delito de estafa reiterada (C.P., arts. 172 y 55), registra un antecedente por abuso de firma en blanco (C.P., art. 173, inc. 4to.), sin que se cuente con la fecha del mismo y por el cual se dictó orden de captura, es fundado presumir la procedencia de una condenación condicional (C.P., art.

26, ley 21.338) y, consecuentemente, es viable la excarcelación, según lo dispuesto por el art. 315, inc. 2do., del C.P.P. (ley 6221). Dicho antecedente es difuso por cuanto no se cuenta con datos sobre sus circunstancias y que el imputado hubiera sido declarado rebelde, de modo que no podría interpretarse (C.P.P., art. 3) como obstáculo de la liberación del acusado.

Dada la naturaleza de los hechos atribuidos, condición económica del acusado y el antecedente que registra se estima adecuado que la liberación sea bajo caución personal (C.P.P., arts. 318 y 320), debiendo imponérsele la obligación de no ausentarse de su lugar de residencia así como presentarse con la periodicidad que se estime adecuada a las necesidades investigativas, al Tribunal o a la autoridad que este determine (C.P.P., arts. 325 y 313).-
Homicidio calificado, femicidio, homicidio con ensañamiento, asesinato, homicidio vinculado, instigación, prisión perpetua
Materia: PENAL
Carátula: Burgos, Arnaldo Javier - Melgar, Víctor Hugo  c/  s/ homicidio agravado, Expte. Nº 389/14-6 (ppal) y en los caratulados: Burgos, Javier Arnaldo - Lipps, Carlos Gustavo y Rivero, Gustavo Lisandro s/ robo, Expte. Nº 1783/13-6 (p/c)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2017-02-14

Condenan a la pena de prisión perpetua por ser responsables del delito de femicidio vinculado agravado por ensañamiento y precio o promesa remuneratoria al autor material -quien atacó a la victima rociándole la parte superior de su cuerpo con un líquido inflamable y luego prendido fuego con una antorcha encendida- y al autor intelectual. La conducta direccionada por el instigador queda tipificada en la novel figura de femicidio vinculado, denominado así en razón a que el ataque dañoso material fue direccionado hacia una víctima (tercera persona, pareja de la esposa del instigador) pero con la intención de causar un sufrimiento (daño psíquico) a otra persona (su esposa). El autor intelectual del femicidio hizo matar al concubino de su esposa para que ésta última sufriera con ello, a modo de castigo por su decisión de abandonarlo; ello debía ser una lección a su esposa, que le causaría un sufrimiento inenarrable.
Facultades tributarias, facultades tributarias provinciales
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: ATC SRL c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-04-17

Se distinguen "categorías" de potestad tributaria, diferenciándose poder originario y poder delegado o derivado para atribuir el primero a la Nación y las provincias y el segundo a los municipios.

Sin embargo, doctrina igualmente prestigiosa ha calificado esa distinción de ociosa, en razón que todos los órdenes de gobierno tienen la misma naturaleza jurídica y, por tanto, nación, provincia y municipios son titulares de poder tributario originario o inherente;

la diferencia no radica en la "esencia", sino en el ámbito de actuación, en la jurisdicción atribuida a cada uno de ellos con sujeción a las normas constitucionales y legales vigentes. Hay pues una diferencia de magnitud, no de categoría, disponiendo las provincias de un poder amplio y el Gobierno Nacional y los municipios de poderes restringidos e inherentes a sus respectivas funciones de gobierno.
Derecho procesal, juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: ARANDA, HIPOLITO c/ BAIGORRIA, HELVECIA ESTHER s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-14

La excepción de pago resulta sólo procedente cuando se cuestiona la idoneidad jurídica del documento, ya sea porque el instrumento no está comprendido en la enumeración de los títulos ejecutivos que traen aparejada ejecución del art. 508 de la ley ritual o no surge del mismo la existencia de una deuda líquida y exigible o no coincide la persona que inicia la ejecución o contra quién la deduce con quién en el título figura como acreedor o deudor.

Resulta también una incongruencia sostener que un título resulta inhábil y que se lo ha pagado. Si los demandados adujeron haber pagado una cifra que comprende necesariamente el capital resultante de los documentos en ejecución, con ello reconocieron la deuda que de todos resulta, y en tales condiciones oponerse a la ejecución en relación a uno de ellos con fundamento en la inhabilidad de título, constituye una incongruencia contraria al régimen del art. 520 del ordenamiento procesal porque no cabe sostener a la vez que un título sea inhábil y que se lo ha pagado.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, cuestión política, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

La doctrina de la justiciabilidad de las cuestiones políticas tiene sus límites y márgenes, dentro de la armonía y equilibrio de los poderes, y este control judicial debe versar únicamente sobre cuestiones de derecho, específicamente de derecho constitucional.
Juicio de desalojo, desocupación del inmueble, desocupación inmediata
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: SANCHEZ, Alfredo c/ GONZALEZ, Alejandra s/ ART. 250 DEL CODIGO PROCESAL - INCIDENTE CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-03

La verosimilitud del derecho que exige el art. 680 bis del Código Procesal, en virtud de la remisión que establece el art. 684 bis de dicho Código debe considerarse suficientemente acreditada cuando se comprueba la legitimación para obrar del actor como titular de la relación sustancial y cuando se ha configurado con algún grado de apariencia la causal que se invoca, en el caso la falta de pago.
Sociedad de hecho, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fladimar Sociedad de hecho c/ Mori Eduardo Ramón y otro s/ Cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-16

Si bien una sociedad irregular o de hecho puede acreditarse por cualquier medio, incluso testigos y sin la limitación del art. 209 del Código de Comercio -aplicable sólo a determinado contrato de sociedad (art. 25 Ley 19550)- tampoco puede afirmarse que la existencia de un vínculo familiar haga presumir de por sí la existencia de una sociedad de hecho.-
Personal de vuelo, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, conceptos no remunerativos previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Baeza, Eduardo Enrique c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-27

Si la finalidad del resguardo constitucional de la prestación previsional radica en respetar la proporcionalidad y sustitutividad con las remuneraciones que perciben los activos que detentan igual cargo y características laborales, no puede ir en detrimento de la cuantía del haber del actor la decisión particular de incluir rubros no remunerativos en los salarios del personal activo cuando ello no sucedía a la fecha de cese.
Organización de la justicia, designación de jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Paz, Marta y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

El iter que debe cumplirse para la designación de magistrados es un proceso institucional complejo en el que intervienen distintos órganos constitucionales. Tiene inicio en la selección que efectúa el Consejo de la Magistratura, continúa con la aprobación del pliego del postulante y su consecuente designación por la Legislatura y culmina con la puesta en posesión del cargo a partir del juramento ante quien preside el Tribunal Superior de Justicia prescripto por el art. 109 de la Constitución.
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Elliff, Alberto José c/ ANSeS s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-11

La resolución nº140/95 de ANSES- al acotar las actualizaciones de las remuneraciones- excedió la facultad de reglamentar la aplicación del índice salarial a utilizar que la ley 24.241 delegó en el organismo, y los argumentos desarrollados por la demandada sobre el punto resultan contradictorios ya que hallándose aún vigente la prohibición genérica de indexar que invoca -conforme el art. 41 de la ley 25.561-, dictó las resoluciones 298/08 y 135/09 que introdujeron modificaciones en los coeficientes de actualización a partir del mes de octubre de 2004.
Instituto Nacional de Microbiología, entes descentralizados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Navarro  Mario  Héctor y otro c/ Ministerio de Salud de la Nacióny otro s/ responsabilidad médica.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-13

El Instituto Nacional de Microbiología "Dr. Carlos G. Malbrán" -actualmente, ANLIS, es un organismo descentralizado del Estado Nacional (conf. arts. 1 y 3 de la ley 19.337 y su Anexo A). Ese ordenamiento prevé, incluso, que las instituciones sanitarias allí mencionadas son personas jurídicas capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, con facultades para estar en juicio como parte actora o demandada (ver art. 4, inc. c). Esa personería y las funciones de administración respecto de sus propios recursos fijados en la norma, permiten afirmar que la ANLIS es un sujeto de derecho diferente al Estado Nacional (arg.

art. 33, incs. 1 y 2, del Código Civil; Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, FDA, 1998, pág. XII-32 y XIV-2 a 5). La circunstancia de que el ANLIS se halle en la órbita del Ministerio de Salud no lo priva de su personería jurídica. Se trata de una característica común de toda entidad descentralizada, que se encuentran sometidas a la tutela administrativa de un Ministerio o Secretaría de la Presidencia (ver, por caso, art. 96 del decreto 1759/72, que regula el trámite del recurso de alzada).
Recurso contencioso administrativo, servicio penitenciario, personal penitenciario, exoneración, proceso penal, sentencia absolutoria
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: TRANGONI, ERASMO SEVERINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 802 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30

Es improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto desde que la sanción de cesantía aplicada al recurrente no aparece incongruente con relación al régimen legal vigente, ni viciada por incompetencia, exceso de poder o arbitrariedad de parte del Poder Ejecutivo, reflejando sus afirmaciones tendentes a remarcar la interdependencia y relación que debe existir entre la sanción administrativa y la sentencia penal absolutoria, sólo su disconformidad con las conclusiones a las que se ha arribado en el procedimiento administrativo seguido y con la sanción aplicada, lo que torna infructuosa su pretensión de anulación del acto sobre estos fundamentos.

Por otra parte, la sentencia penal dictada en la causa seguida sobre la base de la imputación al actor- Alcaide de una Unidad Penintenciaria- del delito de malversación de caudales públicos (figura tipificada en el art. 261 Cód. Penal), si bien fue absolutoria, no puso en discusión ni la existencia de los hechos ni su participación en ellos. Y al igual que en el resto de las faltas imputadas e investigadas en el sumario administrativo respectivo, la conducta del agente en punto al incumplimiento del deber establecido en el artículo 014-1) y 2) del decreto 4673/80 (responsabilidad, control de ejecución y cumplimiento) y el respeto al artículo 9 (ética profesional) del decreto 1090/79, fue evaluada por la Administración de manera independiente, concluyendo en la violación de dichos artículos como causa del acto administrativo que dispuso su cesantía.