marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recursos, capacidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA ARTAL HUGO A. c/ ANCEL  S.A. s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-24

La facultad de interponer recursos incumbe, en principio, a las partes y a sus representantes voluntarios o necesarios, calidad que se atribuye no sólo a los sujetos activos y pasivos de la pretensión que da lugar al proceso -es decir, a las partes permanentes-, si no también a las transitorias o incidentales, que son aquéllas que durante el transcurso del juicio, hacen valer un derecho propio e independiente del invocado por las primeras, limitando su actuación a una determinada etapa o trámite de aquél (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. V, p. 44, Nro. 527 y t. III, p. 16, Nro. 213;

Devis Echandía, "Nociones de Derecho Procesal Civil", t.V, p. 367; C N.Civ, Sala F. C.18.660 del 18/11/85).

Dentro de estas últimas encuadra la situación de los abogados o procuradores, en cuanto poseen legitimación para recurrir las resoluciones relativas a su propia regulación de honorarios (conf.

Palacio, op. cit., t.V p. 44). Sin embargo esta solución no puede hacerse extensiva al tema de la imposición de costas, cuestión en la que los profesionales intervinientes en el proceso no son parte y, por lo tanto, carecen de aquella legitimación (conf. C.N.Fed. Civ. y Com., Sala II, L.L. 1986-C-456). La condena en costas genera una relación de crédito cuyo sujeto activo es la parte vencedora, a quien deben reembolsarse los gastos que ha efectuado con motivo de la sustanciación del proceso, incluidos los honorarios correspondientes a los profesionales que lo han asistido o representado en el juicio, sin perjuicio de que la ley arancelaria acuerde derecho a estos últimos para reclamar el cobro de su cliente o de la parte condenada (conf. Palacio, op. cit., t.III, p. 405, Nro. 321), por lo que las cuestiones relativas a la distribución de las costas sólo atañen a las partes, que deberán soportarlas u obtener el derecho a su reembolso, resultando ajenos a ellas los letrados intervinientes, al margen de su facultad de recurrir lo concerniente a sus respectivos honorarios.
Despido discriminatorio, intereses, facultades jurisdiccionales
Materia: LABORAL
Carátula: Medina, Juan  c/ Bengolea, Beatriz Lidia y otros s/ despido
Jurisdicción:  — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-22

En los casos en los que no se vislumbre la existencia de un régimen especial en la materia, el capital de condena debe llevar intereses hasta el efectivo pago, de conformidad con la tasa fijada, en el caso, por el Acta N° 2655/17 (ya que fue la establecida en grado), con capitalización anual a partir de la fecha de la notificación de la demanda hasta la fecha de la aprobación judicial de la liquidación (art. 132 LO). Ello, sin perjuicio del ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas en el art. 771 CCyCN en aquellos casos en que la suma resulta desproporcionada, a cuyo fin se tomará como pauta de referencia al capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una tasa de interés pura del 6% anual.
Municipalidad, facultades de la Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de La Plata s/ Inconstitucionalidad del dec. ley 9111. Tercero C.E.A.M.S.E.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

No puede considerarse irrazonable la obligación a cargo de los municipios en cuanto a la disposición final de los residuos establecida en el dec. ley 9111 pues sólo eso impone a los mismos, conservando las Municipalidades todo el poder de disponer lo necesario para la prestación de los servicios públicos de barrido y limpieza dentro de cada municipio.
Secretario judicial, nulidad del acto jurídico, fe pública
Materia: PENAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Diamante, Gustavo G. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-26

En cuanto a la función certificante del Actuario, y aún cuando su omisión en las resoluciones judiciales no se halla conminada de nulidad en la ley de rito -con lo que pareciera que la validez y efectos de las mismas no habrían de verse afectados-, lo cierto es que el Código formal quiere asegurar la asistencia del Secretario en este tipo de actos procesales como garantía de la seriedad de la documentación. Da fe de que el acto se cumplió en su presencia en el lugar y fecha indicados y que la firma del Magistrado es auténtica; con lo que la función documentadora del actuario vendría a quedar acreditada formalmente al mismo tiempo que la de asistencia al acto del Juez. Debiéndosele asignar a esa atestación la "fe pública" que el acto importa, contribuyendo legítimamente con el ejercicio de la fideidatio, a la formación de un instrumento público en los términos del art. 979 del Código Civil, revestido de todas las formas que la ley ritual manda. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Recurso de casación, reexamen de la admisibilidad formal
Materia: PROCESAL
Carátula: ANDRADE HECTOR ARMANDO c/ MASTER PADDLE Y OTROS s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-08-12

La parte demandada pretende introducir el reéxamen de cuestiones de hecho ya resueltas en las instancias ordinarias como lo son, tener por acreditada la existencia de la relación laboral y la calificación de "injuriosa" de la conducta asumida por la accionada ante reclamos efectuados por el trabajador, pretendiendo convertir a la instancia extraordinaria de casación en una tercera instancia ordinaria o común, no habiéndose demostrado (con la exposición efectuada en la interposición del recurso), que el sublite encuadra en el supuesto de excepción, esto es: que la apreciación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de bases aceptables, o que haya mediado valoración absurda, o exista un grave apartamiento de las leyes de la lógica, requisitos éstos imprescindibles, que constituyen cargas inexcusables para evitar que en la práctica se concluya por desvirtuárselo; por otra parte, los supuestos vicios denunciados por el quejoso sólo trasluce una discrepancia de criterios con la apreciación y las conclusiones a que llegara el fallo acerca de los hechos que forman la trama del proceso, los cuales por sí solos carecen de la suficiente idoneidad como para abrir la instancia extraordinaria.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Saba, Nader Owen c/ Municipalidad del Partido de General Pueyrredón s/ Acción de reinstalación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

El cese en el empleo, aún de carácter público, dispuesto unilateralmente por el principal para que el empleado obtenga el beneficio jubilatorio, opera de hecho como un modo de extinción del vínculo, lo que configura, en esencia, el presupuesto previsto por el legislador en el art. 52 de la ley sindical. Y nada impide a la comuna demandada requerir la previa autorización judicial para disponerlo.
Constitución Nacional, impuestos provinciales, comercio interior
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD DEL ESTADO c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ REPETICION DE IMPUESTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-13

La protección que los arts. 9, 10, 11, 12, 67, inc. 12 y 108 de la Constitución Nacional acuerdan sólo alcanza a preservar el comercio interprovincial de los gravámenes discriminatorios, de la superposición de tributos locales y de aquéllos que encarezcan su desenvolvimiento al extremo de dificultar o impedir la libre circulación territorial.
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Santana Silva, Wilmar c/ Danqui Litoral S.A. s/ Indemnización y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-09-28

Debe confirmarse la sentencia que consideró prescriptas las diferencias salariales, horas extras, SAC y asignaciones familiares, al desestimar la procedencia de la suspensión -artículo 3986, segundo párrafo del Código Civil-, ya que, si bien esta Sala ha considerado que las horas extras por su naturaleza salarial deben considerarse comprendidas en la expresión diferencias salariales, no ocurre ello en el caso de autos, donde la expresión "demás laborales adeudados como consecuencia de la relación laboral que nos vinculara", es notablemente genérica y puede resultar abarcativa de cualquier situación orignada en el contrato de trabajo, desde un infortunio laboral hasta falta de aportes sociales o falta de pago de asignaciones familiares.
Condena penal, fallos de la Corte Suprema, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Carrizo, Nicolás Antonio s/ Recurso Extraordinario interpuesto in forma pauperis por el penado Nicolás Antonio Carrizo, correspondiente a los Autos Expte. Corte Nº 17/09 "Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Avila contra la Sentencia Nº 06/09 en causa Expte. Nº 08/08 "Carrizo, Antonio Nicolás p.s.a. Abuso Sexual con Acceso Carnal, etc."
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-12-11

Se presenta ante esta instancia el penado planteando Recurso Extraordinario en forma "in pauperis" contra la sentencia de esta Corte de Justicia que resolvió desestimar el Recurso de Casación interpuesto por sus defensores particulares.

Sostiene que luego de notificado de la decisión que resolvió el recurso de casación, le resultó imposible conectarse con su abogado, desconociendo la posibilidad de recurrir nuevamente la sentencia, que es su deseo que la instancia se mantenga viva y que se revise la sentencia de casación, a la que tilda de arbitraria, por entender que omitió responder a todos los agravios expuestos por sus defensores y porque analizó en forma sesgada la prueba existente sin adentrarse en cuestiones que podrían haberlo beneficiado, pretendiendo de esta manera, revertir lo que ya adquirió calidad de cosa juzgada.

Consecuentemente también adquirió firmeza la sentencia condenatoria dictada por la Cámara de juicio.

En el presente caso ha mediado un ejercicio sustancial de la defensa técnica respecto de un medio de impugnación extraordinario como el de casación, en el cual recayó un pronunciamiento que garantizó el derecho constitucional a la doble instancia y a la revisión por un tribunal superior de la condena impuesta, dando acabada respuesta a la pretensión recursiva del imputado -quien no ha acreditado las alegadas dificultades de comunicación con sus letrados que le hubiesen permitido interponer oportunamente el remedio federal- por lo que se impone el rechazo, en virtud del principio de preclusión, de la actividad impugnativa intentada por el imputado "en forma pauperis".

Es que, no puede decirse que durante el término de interposición del remedio federal, el imputado se encontraba en una situación fáctica que pueda asimilarse a la de una persona privada de libertad carente de asistencia técnica y, por tanto, no le es aplicable la doctrina de la Corte Suprema elaborada en relación a las peticiones informales ("in pauperis") efectuadas por imputados "indefensos" y de conformidad a la cual pueden flexibilizarse las exigencias formales de la impugnación (Fallos 310:2078; 314:797: 314:1909; 320:854; etc.).- Por ello, la Corte de Justicia de Catamarca resuelve no dar trámite al escrito presentado como Recurso Extraordinario interpuesto por el condenado "in forma pauperis" por manifiestamente improcedente.
Recurso extraordinario federal, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: ÁVALOS, JORGE SEBASTIÁN; LIZONDO, MIGUEL ROGELIO. s/ RECURSO DE CASACIÓN" (Expte. Nº CJS 34.734/11).
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-10-04

Es inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto contra la resolución de esta Corte de Justicia que denegó el recurso de casación, pues el remedio extraordinario no procede contra decisiones que sólo analizan los requisitos formales de admisibilidad de un recurso presentado. (Del voto de la Dra. Susana Graciela Kauffman de Martinelli)
Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, actuación de oficio, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VANINETTI, ALCIRA INES Y OTROS c/ GOBIERNO PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO (CSJ EXPTE Nº 425-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-03-16

Corresponde que esta Corte se pronuncie acerca de su propia competencia, si aún cuando no pueda hablarse con rigor técnico de que se encuentra planteado "un conflicto de competencia entre un Tribunal Ordinario y la Corte Suprema de Justicia como órgano jurisdiccional de lo contencioso administrativo", ello es sin embargo lo que virtualmente puede acontecer en los hechos, a poco que se tenga en cuenta que la Juez de Primera Instancia interviniente ya se ha declarado competente. Máxime si se tiene en cuenta que ni por vía de hipótesis ha de suponerse la existencia de vallas rituales que impidan la intervención de esta Corte, pues el marco normativo está destinado a asegurar la eficiencia del servicio judicial, y no a conspirar contra ella, debiendo desecharse pues, toda inteligencia que, con base en el estricto apego a las formas, termine produciendo la impotencia del órgano con idoneidad constitucional para entender.
Jueces, competencia contravencional, juez de faltas, juez de circuito, Municipalidad, tribunal de faltas, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Vicentin SAIC c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Recurso contencioso administrativo. Revocatoria (EXPTE CSJ Nº   433-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-22

El artículo 123 de la ley 10160 debe interpretarse en el sentido de que los Jueces Comunales (y de Circuito) intervienen como órganos de revisión -judicial- de lo actuado en sede administrativa; es decir, ejerciendo una jurisdicción análoga a la que corresponde en esta materia a los Jueces en lo Penal de Faltas. Correlativamente, las potestades de comprobación de las contravenciones y de aplicación de las sanciones consecuentes, permanecen en cabeza de los entes territoriales, los que las ejercerán, sea a través de los Jueces o Tribunales de Faltas municipales o comunales -en caso de que existan-, o del Intendente o Comisión Comunal. Esta hermenéutica respeta la naturaleza misma del poder de policía -propio, en el caso, de los entes territoriales-, que comprende como un complemento natural e inseparable la facultad de imponer penas por contravenciones a disposiciones (ordenanzas, órdenes, etc.) policiales y municipales.
Cuestiones de competencia, juez previniente, ejecución de alquileres
Materia: PROCESAL
Carátula: RANIERI, Fiorenza Lina E. c/ TARNARUDER B. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-03

Corresponde intervenir a la Sala que previno en el proceso sobre ejecución de alquileres, en la causa sobre medidas cautelares iniciada -una vez concluido aquél- por el fiador con miras a una futura acción de repetición (art. 32 R.J.N.C.).-
Delito penal, abuso deshonesto
Materia: PENAL
Carátula: Theveny, Wálter Marcelo s/ Corrupción de menores y privación ilegítima de la libertad- casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-04-04

El abuso deshonesto es un medio limitado directa e inmediatamente al desahogo del propio deseo sexual mediante la agresión a la pudicia de otro. El sujeto activo, mientras pretenda solamente satisfacerse sexualmente, aún cuando actúe torpe, anormal o depravadamente, se mantendrá dentro de sus límites.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: LABORAL
Carátula: Correa, Oscar Jesús c/ Carboclor Industrias Químicas S.A.I.C. s/ Indemnización por enfermedad accidente, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

La doctrina de la obligatoriedad no encuentra apoyo expreso ni implícito en nuestro ordenamiento jurídico. La decisión final a la que se refiere el art. 100 -n.a- de la Constitución lo es, por cierto, dentro de los límites de las causas en que aquélla se produce. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Transacción, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Serventi, Carlos Alfredo c/ Barinaga, Edgardo s/ Acción ord. por escrituración. Acción cond. cumplir oblig.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-17

Al finalizar el juicio por transacción (arts. 832, 834, 835, 838 Cód. Civil) es la cuantía de ésta la que hace al marco arancelario art. 25 dec. ley 8904/77) por encima de otras sumas que, hipotéticamente, pudieron integrar la disputa o, incluso del alcance de las concesiones que las partes recíprocamente se otorgaron. Es un acto indivisible (art. 834 cit.) y al aceptarla, se vinculó "in totum" a su cuantía y a la carga en costas convenidas (arts. 832 y 835 Cód. Civil y 308 Cód. Proc.).
Responsabilidad del Estado, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PACELLA,MIGUEL ANGEL c/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES s/ DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA" EXPTE.N 10.230/94.- N.N. s/ REVISION JUDICIAL DE ACTOS DE GOBIERNO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-12-17|1997-12-17

Hay responsabilidad del Estado por el daño causado a un juez que fuera removido del cargo por un acto ilegítimo; y en razón de ello debe resarcirse el perjuicio sufrido.-
Litisconsorcio, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Villagrán, Samuel c/ A.J. Tendlarz S.A.C.I.F. s/ Indemnización Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-29

"En los supuestos de acumulación subjetiva de acciones -en el caso acumulación pasiva- si bien en un principio puede hablarse de "autonomía" de los sujetos procesales -los actos de uno no aprovecharían ni perjudicarían a los demás- ello no ocurre cuando se trata de "hechos comunes" que tengan que ser examinados respecto de todos los litisconsortes, porque no es posible que se convenza de la verdad de un hecho respecto de uno y no respecto de otro".
Compraventa, precio, acción quanti minoris
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: POLO MARGARITA c/ JUAN DONATO s/ acc - Quanti Minoris (LIBRO: S083 - 418)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-11-10

Mediante el ejercicio de la acción quanti minoris se demanda que se baje del precio, el menor valor de la cosa por el vicio redhibitorio. Por tanto, ese dato "precio" resulta decisivo para pronunciarse en esta materia y nada autoriza a apartarse del fijado en la escritura de compraventa.
Denuncia ante el juez, plazo
Materia: PENAL
Carátula: CASA BREVAYI S.A. s/ Régimen Penal Tributario, Recurso de queja por apelación apelada  Causa 34040
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-05

El plazo establecido por el 2° párrafo, del art. 180 del CPP, tiene por objeto acelerar la iniciación del sumario procurando que el comienzo de toda instrucción no se dilate más allá de veinticuatro horas.- Dicho plazo es un término simplemente ordenatorio establecido para que el Juez ejerza una de las potestades que le son propias y cuyo vencimiento no ocasiona la pérdida de la facultad que le acuerda el art. 196 del Cód. cit., la que podrá ser ejercida en el momento que lo crea conveniente.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, facultades del juez, derechos y garantías constitucionales, seguridad jurídica, debido proceso, ley procesal, leyes, inconstitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

Repugna a toda idea de seguridad jurídica, que un juez sentencie sin proceso. De ocurrir ello estaría "fallando" pero lejos del soporte jurídico de su misión, sino "fallando" - peyorativamente hablando- al pronunciarse afectando las garantías constitucionales del debido proceso, aspecto que resulta mas gravoso cuando se está ante una cuestión penal. Así, arrogarse pronunciamientos en abstracto es invadir esfera de otro poder, en pugna con la Constitución Nacional, al no ser de la esencia del poder de los magistrados resolver en abstracto, sino decidir colisiones efectivas de derecho, según consecuente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

(Del Voto del Dr. Pangia). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Juicio de desalojo, posesión, locación, tenencia simple, interdicto de recobrar
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ JUAN CARLOS c/ HERALDO CAMPOS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-11-01

La jurisprudencia ha declarado que el interdicto de recobrar ampara el hecho de la posesión actual, cualquiera sea su naturaleza, por cuyo motivo puede ser intentado tanto por quien funde la tenencia en un título como la locación, como por el simple tenedor (J.A; 1963 - IV -33). No tiene por objeto, amparar la posesión como presunción de propiedad, sino más bien sancionar las vías de hecho, como medio de mantener el orden y la tranquilidad (El Derecho, 17 708-).-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, proceso penal, conexidad subjetiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: CABALLERO, EMANUEL ALEXIS Y OTROS c/  s/ ROBO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-20

La resolución que motiva la presente queja -en virtud de la cual el Tribunal de Segunda Instancia en lo Penal de Rosario resolvió una acumulación por conexidad subjetiva- no es sentencia definitiva ni auto equiparable, y los recurrentes no han logrado acreditar la concurrencia en la especie de algún supuesto de excepción que permita sortear el recaudo formal previsto por el artículo 1 de la ley 7055
Enfermedad accidente, personas con discapacidad auditiva, prueba pericial
Materia: LABORAL
Carátula: FRANCO MARTIN ALEJANDRO c/ SUQUIA S.A.C.I.F. s/ INDEMNIZACION LEY 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-16

En cuanto a la dolencia de hipoacusia audiotraumática, se considera que si bien debe considerarse perjudicial para la salud del operario la exposición a niveles sonoros altos, pero para acreditar este extremo, no basta la apreciación subjetiva y profana de los testigos para calificar como ruidoso a un ambiente de trabajo, sino que resulte indespenasable la determinación técinca precisa y fundada de que sobrepasa el tope legal, debiendo rechazarse dicho rubro ante la ausencia de prueba pericial técnica específica.-
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, sociedades comerciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lúpoli de Gorosito, Mónica c/ San Antonio Hnos. S.R.L. s/ Cobro ejecutivo de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

Para que proceda la excepción de inhabilidad de título por la que se pretendía exonerar de responsabilidad a la sociedad por el acto obligacional, asumido por uno de sus socios en infracción a la regla estatutaria de representación plural, el excepcionante debió demostrar la extraneidad del acto al objeto social y que la actora tenía conocimiento efectivo de que el mismo se realizaba con la infracción señalada.- (art. 58 ley 19.550).-
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Telefónica de Argentina S.A. s/ acción de inconstitucionalidad ley 2813.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

La Corte Suprema no tiene jurisdicción para examinar una sentencia de un superior tribunal de provincia, si dicha sentencia se funda, por un lado, en normas de derecho federal, y, por el otro, en normas de derecho local, y si la recurrente omite impugnar los argumentos de derecho local - ya sea con base en alguno de los supuestos del art. 14 de la ley 48; o en la doctrina de la arbitrariedad - y tales argumentos de derecho local son "independientes" de la cuestión federal y "adecuados" para fundar la sentencia (Voto de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Guillermo A. F. López).