Preclusión, nulidad procesal, tribunal oral, revisión judicial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PERCIVALLE, Alberto. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-28

Hechos: El Tribunal Oral Nro. 6 declaró la nulidad parcial del resolutorio que dispuso la intervención de una serie de abonados telefónicos, y de todo lo actuado en consecuencia. Recibido el expediente en el juzgado de origen, la sra. jueza de dicho tribunal elevó las actuaciones a la Cámara de Apelaciones a los fines que se estime corresponder.

Fallo: La intervención dada a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por disposición de la sra. jueza de instrucción no se encuentra prevista por el artículo 348 ni por su versión analógica, como así tampoco se trata de una apelación. Sin embargo, las circunstancias de que, por un lado, se encuentre en discusión el acaecimiento de eventuales nulidades de tipo absoluto por presuntas transgresiones de derechos constitucionales durante el proceso, y, por otro, que las nulidades recaigan sobre resolutorios emitidos por la Cámara de Apelaciones, ameritan que, en un tipo de intervención sui géneris, se ingrese al fondo de la cuestión.

Las diversas intervenciones de la Sala, con otras integraciones y también con la actual, han merecido un profundo análisis del expediente, lo que ha posibilitado que el tribunal se pronunciara resolviendo numerosos recursos concernientes a la situación procesal de gran cantidad de encausados.

En tales pronunciamientos, además de responderse a los agravios que puntualmente llegaban a conocimiento de la Sala, se ingresó al estudio de cuestiones previas como son las vinculadas a la eficacia o ineficacia de los resolutorios y demás actuaciones agregadas al expediente. Sin perjuicio de que en algunos casos estas valoraciones pudieron haberse practicado sin que quedaran plasmadas en el auto de que se tratase, lo cierto es que no caben dudas de que tal control de validez, denominado por la doctrina como "implícito o ínsito", se produjo en todos los casos.

A pesar de no haber sido materia concreta de recurso la cuestión vinculada con el auto impugnado y lo obrado en consecuencia, lo cierto es que en definitiva tales actos y procedimientos fueron objeto de contralor en las ocasiones en que la jurisdicción de la Cámara fue excitada por apelación.

Es así que resulta de aplicación lo dicho por la Cámara Nacional de Casación Penal en el precedente "Carnevale", en el que no obstante haberse reconocido a los Tribunales Orales un "contralor amplio" de las prescripciones de la instrucción, posibilitando la declaración de nulidades de oficio al practicarse el examen previsto en el art. 354 del C.P.P.N., y el correlativo deber de acatamiento de tales decisiones por parte de los jueces de instrucción, se impuso un límite a dicha facultad de los tribunales de juicio si durante la etapa de instrucción la misma cuestión había sido sometida a conocimiento de la Cámara de Apelaciones -a pedido de parte y previa sustanciación-, ello siempre que no mediara entre ambos controles alguna circunstancia o elemento distinto de aquellos con los que se contaba en la etapa preparatoria o cuando en la etapa de juicio los agravios dirigidos contra la Constitución Nacional fueran "evidentes, torpes o groseros".

En ese antecedente se admitió un doble sistema de contralor ejercido por la Cámara de Apelaciones: uno explícito, al someterse a su estudio un planteo de nulidad de un acto procesal y otro implícito, cuando, a pesar de no ser materia puntual de estudio, se decidía sobre la eficacia de un acto consecuente, es decir que presupone la validez de otro antecedente.

Asimismo, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación tiene dicho que: "teniendo en cuenta que el órgano de la instrucción tuvo habilitada la instancia de contralor del auto de procesamiento cuestionado, en virtud de las impugnaciones que contra él se dirigieron, la ulterior nulificación por parte del tribunal de juicio en la ocasión contemplada por el art. 354 del ordenamiento formal no se encuentra entre las decisiones que esa norma lo autoriza a emitir...".

En definitiva, en las ocasiones en que el sumario llegó a estudio de la Cámara se ha efectuado un "contralor implícito" de la validez de los actos precedentes a las resoluciones que concretamente fueran apeladas, por lo que las nulidades ahora decretadas por el T.O.C. Nro. 6 resultan desacertadas, toda vez que transgreden el principio de preclusión de los actos procesales.