Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-19


Salta, 19 de Febrero de 2016.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "ULLOA, Norma y otra vs. CAVANNA, Liliana Noemí y otros - SIMULACION" - Expte. Nº 393934/12 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 7ª Nom.; Expte. Nº CAM - 491378/14 de Sala, y C O N S I D E R A N D O El doctor José Gerardo Ruiz dijo:

I) Las Sras. Norma Ulloa y Vanesa Jacqueline Cavanna, demandaron por simulación a los Sres. Liliana Noemí Cavanna, Mario Fernando Cavanna y Alejandro Enrique Rosales, solicitando se declare la simulación de la inscripción del inmueble identificado con la matrícula catastral nº 12633, a nombre de la Sra. Liliana Noemí Cavanna.

Amplían demanda a fs. 104 solicitando se declare la nulidad de la escritura pública nº 39 de fecha 30/07/99 de la Escribana Carolina Isasmendi de Pérez Alsina, en la cual el inmueble objeto de autos figura como bien propio de la Sra. Liliana Noemí Cavanna.

Obra incorporado a fs. 133/135, convenio celebrado en fecha 15/03/2013, entre la Sra. Norma Susana Ulloa, el Sr. Mario Fernando Cavanna ? representado por la Dra. Amanda Dora Pérez de Ballón-, los Sres. Alejandro Enrique Rosales y Liliana Noemí Cavanna, con el patrocinio letrado de la misma letrada, en virtud del cual los Sres. Norma Ulloa y Fernando Cavanna convienen dividir los bienes de la sociedad conyugal.

En la cláusula tercera se reconoce la construcción de una vivienda en el inmueble cuya titularidad le pertenecería en 1/3 al Sr. Mario Fernando Cavanna, quien asumió la obligación de abonar a la Sra. Ulloa la suma de $ 280.000.

Manifiestan en la cláusula sexta, la intención de poner fin a este proceso y las firmas del convenio se encuentran certificadas por Escribano Público.

A instancia de la actora (fs. 136) y con dictamen fiscal favorable (fs. 154), mediante resolución de fs. 162, la juez en grado homologó el referido acuerdo.

Contra esta resolución interpusieron recurso de apelación (fs. 166) los codemandados Alejandro Enrique Rosales y Liliana Noemí Cavanna, por intermedio de la Dra. Pérez de Ballón, quien invoca personería de urgencia en su nombre, ratificada a fs. 176.

Al fundar el recurso (fs. 169/172), expresan que al día 17/10/2013, época en que la actora solicitó la homologación, sabía que el convenio no estaba vigente, en atención a la conducta desplegada por la Sra. Ulloa que provocó el incumplimiento de las partes.

Afirman que a esa fecha, la Dra. Costa había perdido ya contacto con su patrocinada. Relatan que la Sra. Ulloa había realizado actos tendientes a impedir la venta del inmueble, situación que quedó registrada, según sus dichos, en reiteradas denuncias policiales realizadas por los recurrentes.

Manifiestan que el acuerdo debe ser total, resolver todos los aspectos del conflicto que le antecede, que sólo puede ser materia de transacción la que fue materia del pleito, pues debe existir un acuerdo incondicional respecto a la renuncia de la tramitación y se agravian porque en este caso, la transacción versa y recae sobre otros derechos.

Explica que el convenio se refiere a la partición y adjudicación de bienes muebles e inmuebles de una sociedad conyugal y ello nada tiene que ver con este proceso, cuyo objeto es una acción de simulación.

Se agravian también porque a su criterio, no se controló debidamente la legitimación de los firmantes del acuerdo y el poder que otorgó el Sr. Fernando Cavanna no habilitaba a la Dra. Pérez de Ballón a realizar acto alguno referido el inmueble de este proceso, pues nunca le fue conferida esa facultad.

Corrido traslado, es contestado a fs. 177/179 por la Dra. Claudia Costa, quien solicita en primer término se tenga por no presentado el memorial por la Sra. Liliana Noemí Cavanna, pues la personería de urgencia puede ser invocada por única vez y la Dra. Pérez de Ballón carecía de tal facultad al presentar el memorial de agravios. Contesta luego el traslado de la expresión de agravios con argumentos a los que cabe remitirse en honor a la brevedad.

A fs. 190/191 obra dictamen del Sr. Fiscal de Cámara, quien se expide por el acogimiento del recurso.

II) En primer lugar, es necesario dejar sentado que el recurso fue interpuesto por los codemandados Alejandro Enrique Rosales y Liliana Noemí Cavanna y al momento de fundarlo, la personería de urgencia otorgada a fs. 167 y luego ratificada a fs. 176, se encontraba vigente.

Si bien el art. 48 del CPCC prescribe que la facultad otorgada sólo podrá ejercerse una vez en el curso del proceso, debe advertirse que el primer párrafo dispone que si dentro de los treinta días hábiles, contados desde la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos que acrediten la personalidad o la parte no ratificase la gestión, se producirá la nulidad de todo lo actuado por el gestor.

De la misma redacción del artículo surge que la limitación para invocar personería de urgencia sólo una vez durante el curso de proceso, no significa que la personería así concedido quede limitada a un único acto.

En efecto, es dable interpretar que la circunstancia excepcional invocada subsiste desde el momento en que se interpone el recurso, hasta que vence el plazo para fundarlo, siempre que ello ocurra dentro del término que otorga el Código de rito para ratificar la actuación del gestor.

En este sentido, la norma utiliza el término "todo lo actuado" y por ello es dable concluir que durante el plazo de treinta días, el gestor puede efectuar todos los actos procesales urgentes, a fin de evitar que su representado no pierda ningún derecho.

En autos se aprecia que la Dra. Pérez Ballón invocó personería de urgencia por la Sra. Liliana Noemí Cavanna al interponer el recurso de apelación (fs. 166), solicitud que fue proveída a fs. 167 y fundó el recurso por la misma parte, dentro del plazo para ratificarla (cfr. cargo de fs. 172), carga que cumplió a fs. 176.

III) El primer agravio a considerar por una cuestión de orden lógico, es aquel referido a la insuficiencia del poder de la Dra. Pérez Ballón para suscribir el acuerdo en representación del Sr. Mario Fernando Cavanna.

Los recurrentes -Alejandro Enrique Rosales y Liliana Noemí Cavanna- se agravian con este fundamento, en tanto la Dra. Pérez Ballón invocó para ese acto el poder general para juicios, oportunamente otorgado por aquél.

Cabe destacar que los codemandados, ahora apelantes comparecen con el patrocinio letrado de la misma profesional que habría excedido el poder oportunamente conferido por el Sr. Mario Fernando Cavanna, único codemandado que no recurrió la resolución en crisis.

Conforme lo disponía el artículo 839 del Código Civil, aplicable al caso que analizamos?, no se puede transigir a nombre de otra persona sino con mandato especial y de la lectura de la copia de instrumento obrante a fs. 125/126, surge que el Sr. Mario Fernando Cavanna otorgó poder especial para juicio a la letrada mencionada para iniciar y proseguir hasta su total terminación, el proceso de divorcio vincular, tenencia, alimentos y régimen de visitas y entre las facultades allí enumeradas se encuentra la de reconocer obligaciones y la de hacer conciliaciones, mediaciones y arreglos judiciales y extrajudiciales.

Sostiene la doctrina que es representante aquel que obra en interés ajeno y sustituye al titular del derecho haciendo sus veces; por ello resulta necesario que la relación jurídica que vincula a las partes tenga la entidad y trascendencia suficiente para que los efectos caigan sobre la órbita del titular del derecho representado (Mosset Iturraspe, Jorge, La representación, en "Revista de Derecho Privado y Comunitario", Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1994, p. 9 y ss.).

Cuando una persona realiza una determinada actividad que enuncia por y para un tercero, sin tener poder de representación, se está en presencia de la ausencia de poder o la carencia de poder suficiente para obrar; lo que se designa como actuación del "falsus procurator" (Compagnucci de Caso, Rubén H., Negocio representativo y "falsus procurator", LL 28/08/2012, 2012- E, 830).

En este sentido, el art. 367 del Código Civil y Comercial de la Nación, ahora vigente, contiene una disposición que protege la apariencia y el tráfico jurídicos. Reza la norma citada que cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejándola creer razonablemente que negocia con su representante, sin que haya representación expresa, se entiende que le ha otorgado tácitamente poder suficiente.

Aun cuando pudiera concluirse que el poder otorgado a la Dra. Pérez Ballón, es insuficiente para celebrar el acuerdo obrante a fs. 133/134 en representación del Sr. Mario Fernando Cavanna, se trata claramente de una nulidad relativa, en tanto afecta los intereses del poderdante y es sólo el afectado quien puede invocarla en este proceso y nada ha dicho al respecto. Repárese que el mencionado codemandado ha consentido la resolución homologatoria y por ello, los recurrentes no se encuentran legitimados sustancialmente para agraviarse con ese fundamento, que por ello, debe ser desestimado.

Es unánime la doctrina y la jurisprudencia en sostener que debe evitarse la declaración de nulidad por la nulidad misma. Esta no debe responder a un mero prurito formal sino que debe traducirse en un daño y en la configuración de un estado de indefensión (CApelCCSalta, Sala III, año 1993, fº 978; íd. año 1997, fº 820). Toda sanción nulidificatoria debe tener un fin práctico y no meramente teórico (CApelCCSalta, Sala V, t. XXXIII, fº 667).

IV) En segundo lugar, se considerará el agravio que versa sobre la necesidad de que el acuerdo presentado a homologar sea total y resuelva todos los aspectos del conflicto que le antecede.

Afirman los recurrentes que sólo puede ser materia de transacción la que fue del pleito, que debe existir un acuerdo incondicional respecto a la renuncia de la tramitación y que en este caso la transacción versa sobre la partición y adjudicación de bienes muebles e inmuebles de una sociedad conyugal y ello nada tiene que ver con este proceso, que tiene por objeto una acción de simulación.

Si se aprecia el concepto legal de transacción que nos brindaba el artículo 832 del Código Civil, son dos los elementos necesarios para que se configurara la misma: la existencia de incertidumbre (obligaciones litigiosas o dudosas) y concesiones recíprocas de ambas partes. Autorizada doctrina afirma que se pueden agregar otros dos requisitos, que exista consentimiento o acuerdo de las partes y que ellas sean capaces. (Trigo Represas, Transacción, La Ley RCyS 2010-XII , 3 ).

El objeto de la pretensión de la actora, Sra. Norma Ulloa consistió en la declaración de nulidad por simulación de la escritura Nº 39 del 30/7/99 de la Escribana Carolina Isasmendi de Pérez Alsina, por la que se inscribiera el bien -inmueble catastro nº 12633 del Departamento Capital-, a nombre de la codemandada Liliana Noemí Cavanna.

Para accionar en tal sentido, la actora invoca tener un crédito contra el Sr. Mario Fernando Cavanna, quien fuera su cónyuge, por las construcciones realizadas en ese inmueble, del que éste sería copropietario junto a sus hermanos.

De las constancias de autos surge que las partes de este proceso reconocen en el convenio obrante a fs. 159/160 que el inmueble identificado con la matrícula catastral nº 12.633 pertenece en copropiedad a los codemandados y que con esa manifestación pretenden poner fin al proceso.

Por su parte, la actora acepta el valor otorgado a la construcción cuya ganancialidad afirmara y accede a percibir dicho monto, una vez que se venda el inmueble (cfr. cláusulas tercera, cuarta y sexta a fs. 133 vta.). Concurren entonces los requisitos exigidos para que exista transacción, cuales son la existencia de derechos litigiosos y la concesión recíproca de las partes.

Frente al pedido concreto de homologación, el juzgado debía considerar el avenimiento externa e internamente, una verificación del contenido y esencia del acto o negocio que debe o no ser homologado, a fin de otorgarle ejecutabilidad. (Falcón, Enrique, Tratado de Derecho Procesal Civil, T II; pag. 531 y sgts.).

En consecuencia, previo control de la capacidad y legitimación de los firmantes y soslayando la aparente insuficiencia del poder de la Dra. Pérez de Ballón, era pertinente homologar el convenio (fs. 133/134).

V) El tercer agravio a considerar es aquel que se refiere a la pérdida de vigencia del acuerdo, en atención a las conductas posteriores que habría desplegado la Sra. Ulloa. Tales manifestaciones consisten en meras afirmaciones de los recurrentes, pues no existe en autos constancia alguna que acredite tal extremo.

Aun tomando por hipótesis que la conducta de la Sra. Ulloa, denunciada por los recurrentes en su memorial de agravios, fuera cierta y que la actora hubiera impedido del cumplimiento de la transacción, la vía idónea para dejar sin efecto lo acordado, no es la de éste recurso, pues al momento de solicitar la homologación, él convenio no había sido dejado sin efecto.

Antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, subsistía en doctrina una vieja discusión sobre la naturaleza jurídica de la transacción, según se siguiera un concepto amplio o restringido de contrato.

El viejo artículo 832 del Código Civil la definía como el acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Por su parte, el art. 833 establecía que eran aplicables a las mismas las disposiciones sobre contratos, referidas a la capacidad, objeto, modo, forma, prueba y nulidad.

En consecuencia, se cual fuera la postura doctrinaria elegida antes de la reforma, resultaban aplicables a la transacción, las disposiciones referidas a los contratos.

El Código Civil y Comercial de la Nación ha zanjado esta disputa doctrinaria.

Regula ahora a la transacción en el título IV referido a los contratos en particular y en consecuencia, resultan también aplicable a la transacción, las disposiciones generales referidas a aquellos.

Dispone el art. 1642 del CCCN que la misma produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial.

En consecuencia no es necesario el dictado de tal resolución para otorgarle el efecto preclusivo y la norma prescribe expresamente su interpretación restrictiva, criterio conforme al cual hay que estar a los términos empleados por las partes para manifestar la voluntad, sin que sea dable presumir renuncias, desistimientos o pérdidas de derechos. (Lorenzetti, Ricardo Luis, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, T. VIII, pag. 87).

Ya se dijo que concurren en el convenio analizado, los requisitos exigidos para que exista transacción, cuales son la existencia de derechos litigiosos y la concesión recíproca de las partes.

Los recurrentes pretenden quitarle valor a lo acordado, invocando la conducta posterior de la actora que habría impedido su cumplimiento.

Sin embargo, si se entiende que estamos frente a un acto jurídico que tiene naturaleza contractual, el incumplimiento de la transacción no puede tener como consecuencia su nulidad o inexistencia, sino que hace nacer las acciones legales pertinentes para reclamar su cumplimiento o rescisión.

Cabe precisar además que no se ha acreditado en autos acto alguno posterior a la firma del acuerdo, tendiente a exigir a la Sra. Ulloa el cumplimiento o a dejar sin efecto el mismo. En consecuencia, el agravio referido a la conducta posterior de la actora debe ser desestimado.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. fs. 166 por Alejandro Enrique Rosales y Liliana Noemí Cavanna e imponer las costas a los recurrentes vencidos (art. 67 del CPCC).

VI) Atento lo señalado por el Sr. Fiscal de Cámara, en su dictamen de fs. 190/191, apartados V y VI, corresponde remitir los antecedentes al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, con copias de las piezas pertinentes, a los fines a que hubiere lugar.

La doctora Graciela Carlsen adhiere al voto que antecede.

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 166, con costas.

II) LIBRAR oficio al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, con copias de la piezas pertinentes, a los fines a que hubiere lugar (apartado VI).

III) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.