Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-04-09


NEUQUEN, 9 de abril de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "BENEGAS LIDIA C/ GONZALEZ ELOY ANIBAL Y OTRO S/ POSESION VEINTEAÑAL" (EXP Nº 427695/10) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERIA NRO. 4 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

I.- La parte actora interpone recurso de apelación contra la sentencia de fs. 472/474 vta., que rechaza la demanda, con costas.

Se agravia porque, a su entender, ha existido un erróneo análisis del material probatorio.

Sostiene que no es correcto considerar que se haya acompañado un solo pago de impuestos con una antigüedad de 20 años, e indica distintas constancias que -a su juicio- muestran lo contrario.

En cuanto a los testimonios rendidos, afirma que ellos permiten considerar que su parte vivió en el inmueble por 20 años y que existe una casa precaria.

Agrega que no media controversia acerca de la existencia del boleto de compraventa agregado a autos y que ofreció como prueba el reconocimiento judicial, a fin de acreditar la presencia de una construcción precaria en el lote.

Por todo ello, y considerando que los demandados no comparecieron al juicio, solicita se revoque la decisión de grado.

II.- La prescripción adquisitiva o usucapión larga es un modo de adquirir el dominio de una cosa por la continuación de la posesión durante el tiempo y con los requisitos exigidos por la ley (art. 3948 C.Civil). En el caso que nos ocupa, el plazo invocado es de veinte años (art. 4015 CC).

Esta figura jurídica incumbe no sólo al interés particular sino, especialmente, al interés social. Dicho fundamento -interés social- no reside en la carencia de actos posesorios por parte de los titulares del dominio, sino en la ejecución de tales actos durante cierto lapso por parte de quien quiere prescribir adquisitivamente a su favor (cfr. Highton Elena, Dominio y usucapión, TII, Ed. Hammurabi, p. 138 y 149).

Es por ello que, conforme el régimen legal aplicable, para que sea hábil para usucapir, la posesión debe tener los siguientes caracteres: a) poseer la cosa a título de dueño (art. 2351); b) la posesión debe ser continua, no interrumpida (arts. 2481, 3999, 4015 y 4016) y c) debe ser pública y pacífica (arts. 2369, 2384, 2370 y 3959 C.C.).

La necesaria reunión de tales características permite advertir que en el juicio de usucapión, lo neurálgico y decisivo resulta ser la prueba de la posesión con sus elementos: corpus y animus domini.

Recordemos que el corpus es el elemento material: el poder físico que ejerce una persona sobre la cosa, perfectamente discernible para todos, ya que está constituido por signos visibles y públicos como los enunciados en el art. 2384 del Código Civil.

El animus domini indica la intención de esa persona de someter la cosa al ejercicio de un derecho de propiedad.

Vemos, entonces, que los extremos requeridos para viabilizar la demanda por prescripción adquisitiva están constituidos por la presencia de una prueba plena y concluyente de la existencia del corpus, entendido como el ejercicio del poder de hecho de señorío sobre la cosa, del animus, esto es la intención de tener la cosa para sí y el mantenimiento de ambos requisitos durante el plazo requerido por la ley, en forma pública y pacífica.

En cuanto al tratamiento de la prueba, debe tenerse presente la previsión normativa de la ley 14.159 que en su artículo 24 -modificado por el decreto 5756/58- establece: "c) Se admitirá toda clase de pruebas, pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en la testimonial. Será especialmente considerado el pago, por parte del poseedor, de impuestos o tasas que graven el inmueble, aunque los recibos no figuren a nombre de quien invoca la posesión".

Se trata, en definitiva de una prueba compleja o compuesta, la cual, a su vez, como se señalara, debe ser plena y concluyente.

Con respecto a la primera cuestión, se ha señalado que, dada la naturaleza peculiar de este modo de adquisición del dominio, es evidente que cuando se recurre a la justicia en busca de una sentencia que así lo declare, deben ser objeto de plena prueba todos los hechos que han servido de base a la adquisición. Difícilmente un hecho puede ser probado a través de una única prueba. De ahí que la convicción del juez se dará, por lo general, como el resultado de distintas pruebas combinadas. Es lo que se denomina prueba compuesta, que es la que deriva de la composición de pruebas simples, que al ser consideradas aisladamente, no hacen prueba por sí solas, pero al ser evaluadas en conjunto pueden llevar al juez a un pleno convencimiento. No se trata de fracciones de prueba para formar un total, pues la sentencia no es el resultado de un cálculo matemático (Cfr. Alsina, Tratado, pág. 304).

En palabras de Luis Mosset de Espanés: "A modo de conclusión recordemos que el pago de tasas e impuestos a fin de probar la posesión no constituye un elemento de prueba que puede analizarse aisladamente del contexto de elementos que obran en la especie y que en el juicio de usucapión ninguna de las pruebas bastará individualmente para acreditar el cúmulo de hechos, actos y circunstancias conexas que constituyen presupuestos de la adquisición de dominio por usucapión; de allí que deba ocurrirse a la denominada prueba compuesta o compleja, resultando de la combinación de pruebas simples imperfectas, es decir que aisladamente no hacen prueba por sí mismas, pero consideradas en su conjunto llevan al juzgador a un pleno convencimiento" (aut. cit, Prescripción, Ed. Advocatus, p. 449).

En lo que refiere al segundo aspecto, esto es a la apreciación de la prueba, hay consenso en considerar que "en los juicios de adquisición del dominio por usucapión deben analizarse los elementos aportados con suma prudencia y sólo acceder a la petición cuando los extremos acreditados lleven absoluta certeza al Juzgador sobre los hechos afirmados, ya que están en juego poderosas razones de orden público, pues se trata de un modo excepcional de adquirir el dominio que, correlativamente, apareja la extinción para su anterior titular en virtud del principio de exclusividad de este derecho real sentado por el art. 2508 del Cód. Civil" (cfr. CNAC, Sala H, LL 2007-C, 228 con voto de la Dra. Areán; CNCivil, Sala F, 28-11-80, ED 93-353; íd. Sala D 15-11-77, LA LEY, 1978-A, 520; íd. íd. 4-4-84, Rep. LA LEY, XLIV-1609; íd. íd. 4-5-84, ED 111-540; íd. Sala A 10-3-76, LA LEY, 1976-C, 381; CNFederal Civil y Comercial, Sala I, 30-6-89 LA LEY, 1990-A-58; CApel. CC Moron, Sala II, 26-6-84, ED 114-694; CApel. CC Santa Fe, Sala I, 22-11-79, Juris, 61-132, entre tantos otros. En idéntico sentido, Sala II de esta Cámara, exptes. 347782/07, 239279/0, entre otros).

De forma tal que el juez debe ser muy estricto en la apreciación de las pruebas, dadas las razones de orden público involucradas. Es un medio excepcional de adquisición del dominio, por lo que la comprobación de los extremos exigidos por ley debe efectuarse de manera insospechable, clara y convincente. La prueba debe reunir las condiciones sustanciales de exactitud, precisión y claridad. Es necesaria la cabal demostración de los actos posesorios efectuados por quien pretende usucapir, los cuales deben ser lo suficientemente idóneos como para poner al propietario, que debe haber tenido conocimiento de ellos, en el trance de hacer valer por la vía correspondiente los derechos que le han sido desconocidos (cfr. Bueres-Highton, Código Civil.., T. 6B, Ed. Hammurabi, p. 749).

III.- Aplicando estos lineamientos al caso de autos, y luego de analizar la prueba producida, se advierte que si bien es cierto que en el año 1990 se pagó no solo el impuesto inmobiliario que menciona la Sra. jueza de grado (fs. 334), sino también el correspondiente a los servicios retributivos del Municipio de Plottier (fs. 173), registrándose a partir de allí pagos por períodos posteriores, lo determinante en el caso ha sido que tales elementos no han sido corroborados de manera clara e indubitable por la prueba testimonial rendida en la causa.

Es que el pago de las cargas fiscales es ciertamente una demostración de la intención de adquirir del poseedor, pero no prueba la posesión misma. No prueba el corpus de la posesión, sino la intención o ánimo de poseer para sí.

Por eso, como se ha dicho, si bien esta prueba reviste considerable importancia, por sí sola no basta.

Debe tenerse presente que la posesión se exterioriza y se hace pública por hechos y actitudes del hombre con relación a la cosa. Y ante esa realidad, la testimonial será siempre una prueba decisiva, aunque también deba estar corroborada por evidencias de otro tipo que formen la prueba compuesta respecto de la posesión.

En este caso, un solo testigo afirma que hace más de veinte años que limpia el terreno, el cual supone que es de la actora porque ella edificó ahí, aunque en un principio había una casita precaria (fs. 163 y vta.).

El otro deponente, más allá de que sabe que la actora es la dueña del terreno porque ella se lo ha dicho, declara que la Sra. Benegas hace seis años que está en el inmueble, que todavía no siembra, no planta. Sí hizo una construcción allí, que no tiene alambrado ni vereda (fs. 160 vta.).

Estas declaraciones, a mas de contradictorias, no resultan concluyentes ni permiten corroborar los dichos de la actora en su demanda, en punto a que hace veinte años que vive en la pequeña vivienda que existe en el predio.

Sobre la importancia de la prueba testimonial se ha dicho que el usucapiente "debe probar además la antigüedad de su ocupación en el predio. No será suficiente, empero, que los testigos declaren generalidades, sino que su declaración debe referirse a hechos y episodios concretos. La prueba de la posesión debe ser plena e indubitable, no siendo suficientes las declaraciones de testigos en las cuales no se concrete con toda precisión la realización de actos posesorios, ni tampoco la exhibición de documentos que, por sí solos, no acreditan la realización de tales actos" (CNCiv, Sala D, LL 134-467, Tinti, op. cit., p 260).

"La acción por prescripción adquisitiva es improcedente si el actor no logró acreditar, mediante los testimonios ofrecidos, su ocupación pública y pacífica a título de dueño por el lapso requerido por la ley, y si bien acompañó diversos instrumentos que acreditan el pago de tributos municipales, éstos no constituyen prueba decisiva de la posesión...la testifical debe ser fidedigna, completa y concluyente, sin que pueda dejar dudas sobre los hechos que autoricen a tener por cumplida la usucapión" (CNAC, Sala E, LL 2012-C, 52; Salas - Trigo Represas, Código Civil Anotado, 2ª. ed., Depalma, t. 3 pág. 509 n° 9 y fallos citados en nota 4).

Es que, como sostiene la Corte Suprema de la Nación, dado el carácter excepcional que reviste la adquisición del dominio por el medio previsto en el art. 2524, inc. 7°, del Código Civil (art. 4015 de aquél), la realización de los actos comprendidos en el art. 2373 de dicho cuerpo legal y el constante ejercicio de esa posesión deben haber tenido lugar de manera insospechable, clara y convincente (Fallos: 300:651; 308:1699 y 316:2297), lo cual no puede inferirse de pruebas insuficientes (Fallos: 311: 2842). Es decir, que no basta con que se acredite un relativo desinterés por el inmueble por parte del demandado, sino que es necesaria la cabal demostración de los actos posesorios efectuados por quien pretende usucapir y que sean lo suficientemente idóneos como para poner al propietario, que debe haber tenido conocimiento de ellos, en el trance de hacer valer por la vía que corresponda, los derechos que le han sido desconocidos (fallos 326:2048).

En punto al pago de impuestos, la doctrina y jurisprudencia han entendido únicamente que tienen virtualidad como elemento demostrativo del ánimo de poseer, pero no es en sí mismo un acto posesorio. Es que, en definitiva, no se trata de un acto material sino jurídico, que por sí sólo no es revelador de la pública decisión de poseer con ánimo de dueño, sino que únicamente constituye una exteriorización del "animus rem sibi habendi" o bien una prueba complementaria de su existencia, que debe estar acompañada por otras, para la prueba de la posesión (cfr. Borda, Tratado de Derecho Civil Argentino. Derechos Reales, T. 1, p. 330, núm. 392; Llambías, J. J. - Alterini J. H., Código Civil anotado, T. IV-A, p. 125, ap. II, núm. 12; Papaño-Kiper-Dillon-Causse, Derechos Reales, T. I, p. 51, ap. A; Areán, B. "Juicio de Usucapión", p. 315 y sigtes., núm. 349; Kiper, C. en Zannoni-Kemelmajer de Carlucci, "Código Civil comentado, anotado y concordado", T. 10, p. 289 y sigtes., núm. 2; CNCiv., Sala "B", del 5/3/63, LA LEY, 110-691; id., Sala "F", del 15/02/68, LA LEY, 130-645; id., Sala "C", del 6/11/73, LA LEY, 154-76; id., Sala "H" del 6/2/2001, LA LEY, 2001-E-179, C, CNAC, Sala A, DJ 2008-II, 2079).

"El pago de los impuestos, aún por el plazo de veinte años previsto por la ley, no evidencia por sí, la existencia del poder de hecho sobre la cosa que es inherente a la posesión. Es que para adquirir la posesión ad usucapionem es indispensable la realización de actos típicamente posesorios, que importen conductas sobre la cosa y que, por tanto, exterioricen la totalidad de los elementos que integran la posesión (el corpus y el animus). El cumplimiento de las obligaciones tributarias y el pago de los servicios solo puede llegar a constituir una exteriorización del animus domini del supuesto poseedor, configurando por tanto, un elemento probatorio concurrente o complementario, que necesariamente habrá de integrarse con otras probanzas a fin de crear la necesaria convicción judicial sobre la existencia de la posesión invocada" (CSJTuc sentencia 547 del 29-06-2001).

Luego, con respecto al boleto de compraventa suscripto con uno de los herederos del titular registral, la propia recurrente afirma que dicho instrumento le confiere carácter de tenedora precaria y, además, tampoco rebate el argumento en virtud del cual la sentenciante consideró que éste era inhábil para sortear la dificultad probatoria constatada en la causa.

Por último, y en lo que refiere a la incomparecencia de los demandados, estimo que el enfoque que se efectúa en la instancia de grado es el correcto, puesto que se trata de un proceso donde se halla fuertemente comprometido el orden público y la rebeldía de los accionados no justifica la omisión de probar.

Así: "En materia de usucapión ni el allanamiento ni la rebeldía del demandado eximen al actor de la carga de probar los hechos alegados como fundamento de su acción. Ello así, por tratarse de un proceso de orden público y, como tal, indisponible, por estar en juego la adquisición de un derecho real, debiendo, entonces, el órgano jurisdiccional dictar sentencia sobre el mérito (cfr. Areán, Beatriz, Juicio de usucapión, Ed. Hammurabi, p. 497; CNCiv, Sala F, 1/9/2003. En igual sentido, Sala II de esta Cámara en expte. 355149/7).

"El silencio o allanamiento por parte del demandado no exime al actor de probar los hechos alegados como fundamento de la acción de usucapión, pues en materia de derechos reales está comprometido el orden público y, además, porque al reconocerse a la sentencia efecto retroactivo al momento en que se inició la posesión, podrían verse afectados derechos de terceros" (TSCórdoba, LLC 2003 (noviembre), 1234 y jurisprudencia citada por Bueres Highton, ob. cit., nota 41 p. 749).

"Es dable apuntar que éste no es un modo convencional de adquisición del dominio, sino un modo legal que exige la imperativa satisfacción de determinados extremos, como es la posesión con ánimo de dueño durante veinte años, cuya ausencia no puede ser suplida por el consentimiento de los restantes propietarios del bien. El consenso no puede ser un modo para consagrar la adquisición por usucapión, si no está demostrada la efectiva posesión por el término legal" (CNACiv, sala A, "Quiroga, Luis Angel c. Rivazzoli, Roberto y otros", DJ 19/11/2008).

"La sentencia que se dicta en el proceso seguido por el usucapiente es una sentencia declarativa que constata la existencia de un hecho, la posesión por el plazo legal de prescripción del que nace un derecho al dominio, y el interés general reclama perentoriamente la prueba fehaciente de ese hecho con total prescindencia de la voluntad complaciente del titular perjudicado" "...Es indispensable, por el contrario, a fin de asegurar la eficacia de la sentencia, que el poseedor acredite acabadamente y en forma concluyente la concurrencia de los extremos sin cuya presencia su pretensión no puede encontrar acogimiento" (Cfr. Néstor D. Lapalma Bouvier, "El proceso de usucapión", segunda ed., ps. 145/145 vta.).

En ese contexto, coincido con la magistrada en que la actora no ha producido prueba precisa, clara e indubitable de que la posesión, con los caracteres que la ley exige, se extendió por el plazo de veinte años.

Por estas razones, soy de la opinión que el recurso debe ser rechazado, con costas (art. 68 CPCC).

MI VOTO.

El Dr. JORGE DANIEL PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo, expidiéndome en idéntico sentido.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 472/474 vta. en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del CPCC).

3.- Fijar la regulación de honorarios correspondientes a esta Instancia en el 30% de la que se efectúe a los letrados en la instancia de grado (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.