Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-10-18


----En la ciudad de Trelew, a los días de octubre del año dos mil doce, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos A. Velázquez y Marcelo J. López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "G., C. J. c/ A. S.A. y/o quien resulte propietario y/o locador y/o armador del Buque "M. S." s/ Demanda Laboral" (Expte. Nº 328 - Año 2012 CAT.), venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 257.------- ----A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expuso:

I.- Tras el despido directo incausado del trabajador, éste y la ex empleadora celebraron un "acuerdo" por el cual fijaban el monto de las indemnizaciones correspondientes por la denuncia del contrato; presentado a la Subsecretaría de Trabajo, la autoridad administrativa homologó el tal convenio de acuerdo así la previsión del art. 15 L.C.T. (fs. 4/7).-	A posteriori el trabajador promovió demanda de nulidad del acuerdo homologado por haber avanzado el mismo sobre sus derechos indisponibles al reducir en casi un 35 % los importes resarcitorios, aprovechándose la empresa de su hiposuficiencia, inexperiencia, necesidad, ligereza y falta de asesoramiento jurídico. Sostuvo que "la competencia atribuida por el art. 15 L.C.T. (t.o.) a la autoridad administrativa del trabajo para homologar acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios debe ser compatibilizada con el derecho de quien se considere afectado por la decisión adoptada por esa autoridad para plantear la nulidad del acto homologatorio por la vía procesal pertinente" (fs. 9 vta. últ. párr.). Añadió que el accionar lesivo fue "maquillado bajo el ropaje de un acto administrativo homologatorio, que desde su concepción con los antecedentes allí arrimados...jamás podría haber trasvasado la línea jurídica, equitativa, legal y digna de la L.C.T. art. 15", trazada en el límite de la justa composición de intereses; esa circunstancia, alegó el actor, constituye un "tamaño monstruo nulificante del acto administrativo en su génesis" (fs. 10 vta.).---------	Sustanciado el proceso exclusivamente con la empresa ex empleadora, el juzgador de la anterior instancia dictó sentencia por la cual declaró la nulidad del acuerdo liberatorio celebrado entre las partes, por no haber constituido una justa composición de intereses, apuntando que tal nulidad era absoluta por violentar el orden público laboral. A la par, el "a quo" condenó a la demandada a pagar diferencias indemnizatorias que determinó sin aplicar tope alguno, que en el caso declaró inconstitucional.-------------------	II.- Apeló esa decisión la demandada perdidosa, quien para fundar su recurso expresó, en apretada síntesis, los siguientes agravios:----	A) Cuestionado un acto administrativo, era necesaria la intervención en autos del agente público otorgante, cual lo reconoció el propio sentenciante de origen, debiendo haberse conformado un litisconsorcio necesario. Al no haber sido integrada la litis, correspondía sin más el rechazo de la demanda.-----------	B) Tampoco fue agotada la vía administrativa previa, requisito menester para habilitar la vía judicial.------	C) La actuación de la Subsecretaría de Trabajo Provincial, según lo establecido por el art. 15 L.C.T., supuso el resguardo del interés del trabajador, quien fue asesorado por tal autoridad, de modo que no pudo el "a quo" concluir la nulidad de la resolución homologatoria partiendo de la base de que el actor se hallaba en una situación de desventaja.--------------------	D) El juzgador determinó una indemnización sin tope alguno en su cálculo, con lo cual conculcó la doctrina sentada por la Corte Suprema Nacional en el caso "Vizzoti vs. AMSA S.A.", pues lo que el Alto Cuerpo estableció allí fue que el tope no podía disminuir la base de cálculo en más del 33 %, de donde se sigue que el cómputo debió ser realizado atendiendo al 67 % de la aludida base. De haber procedido así, el sentenciante habría notado que la diferencia entre el monto legal debido y el abonado era de muy poco más del 7%, no produciéndose entonces la pulverización del derecho.-	III.- Al evacuar el traslado de la reseñada pieza de agravios, el actor expuso, en sucinto compendio, los argumentos subsiguientes:---------	1) El litisconsorcio pasivo necesario invocado por la demandada no tiene asidero en esta especie, pues la argución de falsedad no es el único modo de atacar el acto administrativo homologatorio, en tanto la revisión judicial del mismo puede lograrse también por la vía de los procedimientos administrativos o ser declarado inválido por el juez laboral competente por no haber significado una justa composición de derechos e intereses. En esta litis no fue deducida pretensión de redargución de falsedad, sino de nulidad del acuerdo.--------	2) El planteo, además, ha sido traído por la demandada tardíamente, toda vez que ante una pretensión de revisión judicial del acuerdo de partes y acto administrativo homologatorio, si ella lo entendía necesario, pudo pedir la intervención obligada de la autoridad administrativa de acuerdo al art. 95 C.P.C.C.---	3) El acuerdo conculcó palmariamente el art. 12 L.C.T., pues no respetó los mínimos inderogables del ordenamiento para la indemnización por despido y la empresa, si bien reconoció adeudar una suma mayor, ofreció pagar con una quita de $ 31.125, aprovechándose del estado de necesidad del trabajador y su hiposuficiencia negocial. Bien concluyó así el Señor Juez de origen que, por el armónico juego de los arts. 1047 y 1048 Cód. Civ., debía ser declara la nulidad absoluta por razones de orden público.-	4) Por último, argumentó el demandante acerca de la inconstitucionalidad del tope resarcitorio fijado en el art. 10 del acta-convenio homologada por la Res. n° 65/00 de la Subsecretaría de Trabajo.	IV.- Tengo para mí que asiste razón a la recurrente en su planteo relacionado con la indebida integración de la litis, pues, a mi ver, la intervención en autos de la autoridad administrativa resultaba imprescindible.------------------------	Comenzaré el tratamiento de este tópico refiriéndome a las particularidades que el subexamen ofrece. Por cierto que el actor pretendió esencialmente la declaración de nulidad del acuerdo celebrado entre las partes, mas ello a la par involucraba el cuestionamiento del acto homologatorio de la Subsecretaría de Trabajo Provincial que integrara aquél con la autoridad de la cosa juzgada administrativa. Y el actor cuestionó en efecto tal resolución de homologación; no otro sentido tienen sus enfáticas manifestaciones en la demanda relativas al "derecho de quien se considere afectado por la decisión adoptada por esa autoridad para plantear la nulidad del acto homologatorio por la vía procesal pertinente" (fs. 9 vta. últ. párr.), al maquillaje "bajo el ropaje de un acto administrativo homologatorio, que desde su concepción con los antecedentes allí arrimados...jamás podría haber trasvasado la línea jurídica, equitativa, legal y digna de la L.C.T. art. 15" y al "tamaño monstruo nulificante del acto administrativo en su génesis" (fs. 10 vta.).--------------------	Pues bien, cual tiene expresado la doctrina que las propias partes y "a quo" citaran, es exacto que los acuerdos homologados violatorios del orden público laboral pueden ser cuestionados no sólo por la vía administrativa, sino también mediante argución de falsedad y declarados inválidos por los jueces (confr.: Monsalvo, en Ackerman y otros, "Tratado de derecho del trabajo", Rubinzal - Culzoni 2006, IV-710), como cualquier otro acto administrativo en que hubiere mediado un vicio (confr.: Vázquez Vialard, "Tratado de derecho del trabajo", Astrea 1982, II-245).----------------	Aquí no viene a cuento la vía administrativa antedicha y el que ella no fuera agotada por el demandante, porque él no optó por utilizar el sendero que el art. 11 de la Ley X n° 5 le abría, ni dedujo en consecuencia posteriormente el recurso contencioso-administrativo reglado en el art. 12 del mismo ordenamiento (tal la naturaleza jurídica que, con el nombre de recursos jurisdiccionales de apelación, les tiene asignada nuestro Superior Tribunal en su S.D. n° 18/S.R.E./02).----	Tampoco nos hallamos en presencia de una acción de redargución de falsedad, en tanto en la especie la pretensión incoada no estuvo dirigida a atacar la veracidad del contenido del instrumento público, ni en el aspecto ideológico ni en el material, sino a cuestionar un vicio congénito perjudicial para ese contenido o acto instrumentado (confr.: Compagnucci de Caso y otros, "Código Civil...", Rubinzal - Culzoni 2011, III-389/391). Objetado el acto instrumentado en sí mismo, no la autenticidad o regularidad del instrumento que lo documentara, en verdad habría sido hasta sobreabundante la argución de falsedad (confr. López Mesa, "Código Civil anotado...", Abeledo - Perrot 2011; pág. 677, n° 3).------	Discreparé a esta altura con cierta corriente jurisprudencial según la cual en estos supuestos resulta inexcusable encauzar el ataque contra la resolución administrativa de homologación por el senda de la querella de falsedad. En tales casos, de común, no se halla comprometida la fe pública, la sinceridad con que el fedatario haya actuado, sino el acierto con que lo hiciera. En esta actividad particular la Administración tiene atribuida por la ley, aunque limitada, una función jurisdiccional (confr.: Vázquez Vialard, ob. ind., II-244, n° 47); si en su ejercicio cae en equívoco, no estaremos ante una falsedad sino frente a un yerro, similar, análogo, al error "in iudicando" -el haber considerado que se arribaba a una justa composición de intereses cuando no era así-, que da lugar al agravio fundante de un recurso o al vicio del acto de haberse quebrantado el orden público o haberse visto corrompida la voluntad de alguna de las partes, circunstancias en las que no hay lugar para la argución de falsedad, sino para la impugnación del desacierto por la vía de los recursos administrativos, seguidos eventualmente del contencioso-administrativo, o bien el ataque de nulidad si ha sido violado el orden público o han mediado vicios de la voluntad.-----------------	La de autos ha sido una auténtica acción de nulidad por violación de normas de orden público y aprovechamiento del estado de necesidad del trabajador y de su hiposuficiencia negocial. Y ella debía ser sustanciada en forma conjunta con quienes han participado en el acto, la empleadora y la autoridad administrativa interviniente. Así lo puso de resalto la accionada, introduciendo la cuestión en autos, en su responde a la demanda (fs. 58 vta., párr. 1°), aunque ello no es circunstancia relevante toda vez que, como veremos, tratándose de un supuesto de falta de legitimación, el juez debía controlarla de oficio.--------	Verdad es que así ha sido declarado respecto de los supuestos en que la deducida fue la querella de falsedad (confr.: C.N. Trab., Sala V, D. T. 1993-II.1102; ídem, Sala VIII, D. T. 1995-B-2285), más el concepto también es estrictamente aplicable a los supuestos en que lo impetrado es la nulidad.-----------------	En estos casos de resoluciones homologatorias dictadas por la autoridad administrativa del trabajo la actividad desplegada por ésta es esencial. Es que la facultad que le otorga el art. 15 L.C.T. confluye en el sistema normativo laboral como excepción al principio de irrenunciabilidad consagrado en el art. 12 del mismo cuerpo legal, con particular énfasis en el acotado objeto del acto de disposición, resultando justificada la previsión de mecanismos de control; en suma, se atribuye a esta autoridad una relevante función de garantía en torno a los derechos irrenunciables de los trabajadores (Monsalvo, ob. ind., IV-690). De allí la indefectibilidad y esencialidad del actuar de la Administración en el acto y, por ende, que ella deba ser escuchada en el proceso judicial en que fuere impugnado.---------------------	La pretensión nulitiva deducida por el actor versó sobre la eficacia o no de un acto que fue llevado a cabo no sólo por él y la ex-empleadora, sino que en el mismo también participó de modo esencial, vengo de señalarlo, la autoridad administrativa del trabajo. Se conformaba así un litisconsorcio necesario en sentido propio, pues los sujetos pasivos se hallarían legitimados sustancialmente de forma inescindible, de manera que la sentencia de mérito habría de pronunciarse indefectiblemente frente a todos ellos (art. 90 C.P.C.C.; confr.: Podetti, "Tratado de las tercerías", 2da. ed., págs. 381/382, nº 71). Puesta en tela de juicio una relación jurídica común e indivisible para una pluralidad de sujetos, su modificación o extinción no tolera un tratamiento procesal por separado y solamente puede logrársela a través de un pronunciamiento judicial único para todos los interesados (confr.: Palacio, "Derecho procesal civil", Abeledo-Perrot 1970, III-208).------	Cual he puesto de resalto en anteriores casos traídos a conocimiento de este cuerpo (c. 11.997 S.D.C. 36/96, c. 14.640 S.D.C. 28/99, c. 16.519 S.D.C. 35/00, c. 16.522 S.D.C. 34/00, c. 17.346 S.D.C. 6/05, c. 19.718 S.D.C. 40/07), la demanda tendiente a impugnar una relación jurídica con pluralidad de partes imponía la unidad de la relación procesal mediante la inicial acumulación subjetiva de las pretensiones, omitida en el caso al demandar incompletamente a la empresa ex-empleadora y no a la autoridad que homologara el acto, pues por tratarse de un complejo indivisible, el reclamo debía ineludiblemente intentarse con la participación procesal de todos los sujetos que en él intervinieron, a fin de que la decisión surtiera, respecto de todos, los efectos de la cosa juzgada. De lo contrario, el pronunciamiento devendría inútil -"inutiliter datur"- por inoponible a quienes no fueron sujetos procesales (confr. Podetti, opus y loc cit.).---------	Hace ya varias décadas enseñaba Acuña Anzorena, trayendo a colación el pensamiento de Chiovenda, que cuando una acción tiende al cambio de un estado jurídico en el que participan más de uno, no puede ella proponerse sino frente a todos los participantes, porque lo que ha existido como unidad de varios, no puede dejar de existir como unidad sino respecto de todos ("La acción de simulación y el litisconsorcio...", J.A. 1942-I-833), concluyendo que una sentencia que hiciese lugar a una demanda en inobservancia de la citación de todas las partes carecería de validez, puesto que una relación jurídica compleja no puede ser dejada sin efecto ni modificarse sin la intervención de todos los que participaron en la misma (ob. ind., pág. 834).----------	Hoy intenta el actor superar el insalvable escollo que ante él se presenta echando mano de la circunstancia que la demandada no haya peticionado la integración de la litis en los términos del art. 95 C.P.C.C. Ello no resulta relevante. La falta de integración al proceso de un litisconsorte pasivo necesario constituye un supuesto de falta de legitimación (confr.: Areal y Fenochietto, "Manual...", La Ley 1970, II-178; Morello y otros, "Códigos Procesales...", 2da. ed., IV-B-220, "c", n° 4; Micheli, "Curso de derecho procesal civil", trad. Sentís Melendo, EJEA 1970, pág. 24) y ante tal falencia la jurisdicción debe abstenerse de emitir decisión sobre el mérito (confr.: Arazi, "La legitimación como elemento de la acción", en "La legitimación - Homenaje al Profesor Doctor Lino Enrique Palacio", Abeledo-Perrot 1996, pág. 24,n° III), no puede ingresar siquiera en la "pura sustancia del asunto" al decir de Fairén Guillén ( "Estudios de derecho procesal", Reus 1955, pág. 229).---------------------	Es deber insoslayable del juez, antes de aplicar el derecho sustancial, examinar si concurre el requisito de la legitimación de las partes de la pretensión procesal, en tanto ésta debe ser deducida por y frente a persona procesalmente legitimada. La falta de legitimación autoriza desde luego a oponer la defensa o excepción pertinente, pero el juzgador en el fallo definitivo debe declarar la inexistencia de ella cuando la advierte, aun en el caso que no la haya sido opuesta (este cuerpo, c. 18.524 S.D.C. 15/03, c. 19.073 S.D.C. 17/04, c. 19.678 S.D.C. 34/04, c. 21.435 S.D.C. 46/06, c. 19.718 S.D.C. 40/07). Es que la titularidad de la relación sustancial es indefectible requisito, de modo que su ausencia no precisa de denuncia expresa para ser declarada, porque "los presupuestos procesales no necesitan excepción y pueden hacerse valer de oficio por el juez" (Couture, "Fundamentos...", 3era. ed., 18va. reimpresión, pág. 112, n° 74; confr.: Chiovenda, "Instituciones...", trad. Gómez Orbaneja, Rev. De. Priv., Madrid 1936, to. I, págs. 82, 196 n· 39 y 281 n· 41; Morello y otros, opus cit., IV-B-221, "f"; Arazi, ob. ind., pág. 33, n° VI).--------	En el caso debió el juez ordenar la integración de la litis, fuere a solicitud de cualquiera de las partes, fuere de oficio, antes de la providencia de apertura a prueba y al no hacerlo así la situación se ha tornado ya insalvable para esta alzada. Cierto es que alguna corriente doctrinaria y jurisprudencial ha sostenido que la norma contenida en el art. 90 parte 2da. C.P.C.C. representa sólo una directiva de orden y es franqueable, admitiendo entonces la citación de los litisconsortes necesarios omitidos con posterioridad al dictado del auto de apertura a prueba, pero aun quienes sustentan tal posición -que no comparto en absoluto, en tanto no resguarda en adecuada medida el derecho de defensa de dichos citados, quienes tomarían intervención en la causa cuando ya existirían pruebas aportadas cuya producción no habrían podido controlar, con grave mengua de los principios de bilateralidad y legalidad probatoria- reconocen como valla temporal insalvable para ello el llamamiento de autos para sentencia en primera instancia (confr.: Palacio, ob. ind., III-212; C.N. Civ., Sala "F", E.D. 98-709).------	Es decir que si, como en el subexamen, la causa se tramitó y llegó a estado de sentencia sin que el magistrado ni las partes acudieran al remedio previsto en el art. 90 párr. 2° de nuestro ordenamiento adjetivo, no cabe sino el rechazo de la pretensión por carecer ella de un requisito intrínseco de admisibilidad, como es la legitimación (confr.: C.N. Civ., Sala "F", J.A. 1982-III-116).--------------------------	La defectuosa constitución de la litis, imposible de enmendar a esta altura del trámite, debe pesar sobre la demandante. Al respecto indicaba Redenti que "corresponde como sabemos al actor (casi como 'condictio iuris' procesal de éxito de su función introductiva) constituir bien (legítimamente) el proceso si es que quiere llegar a una decisión de fondo...De lo contrario, aunque dé igualmente vida al proceso, corre el riesgo de ir (en daño suyo) hacia una sentencia procesal declinatoria" ("Derecho procesal civil", EJEA 1957, trad. de Sentís Melendo, I-267, n° 38).------------------------------	Y no se sostenga la relatividad de todo ello alegando que el juez podía declarar la nulidad "ex officio" por ser la misma absoluta y manifiesta. Subyacería en ello dos errores, conceptual el uno y fáctico el otro. El primero porque la aplicabilidad del art. 1047 del Cód. Civ., que autorizaría dicha declaración oficiosa, está excluida cuando se trata de actos administrativos; así se ha expedido nuestra Corte Suprema Nacional, acompañada por la mejor doctrina, al decidir que la nulidad de esos actos de la Administración no puede nunca ser declarada de oficio por los jueces a mérito de la presunción de validez que a ellos acompaña (Fallos 190:154 y 156;confr.: Marienhoff, "Tratado de derecho administrativo", Abeledo - Perrot 1966, II-475; en igual sentido, esta Cámara, en antiguo pero memorable precedente de la c. 11.561 S.D.L. 94/95). El segundo yerro, el fáctico, radicaría en que aquí ha existido reclamación de parte, de modo que la cuestión del dictamen "ex officio" resulta puramente especulativa; en la especie no faltó pedimento, sino adecuada constitución de la relación procesal.------------	Reitero a esta altura que, desde luego, este decisorio carecerá de efectos de cosa juzgada material sobre el fondo de la cuestión planteada. Con él nos expediremos acerca de la ausencia de un insoslayable requisito para que el tribunal juzgue, se pronuncie sobre la pretensión actuándola o desestimándola. Mas incorrectamente integrada la litis, hemos de limitarnos a declararlo así, sin ingresar siquiera a la procedencia o fundabilidad de dicha pretensión de nulidad. Con ello tórnanse abstractos los demás agravios volcados por la apelante, pues sin interés ya de su parte en los mismos carecen ellos de actualidad y, sabido es, no debemos los jueces expedirnos en abstracto.----------------------	V.- Tales son las razones por las que propondré al acuerdo la íntegra revocación de la sentencia apelada, a fin de desestimar "in totum" la demanda deducida por C. J. G. contra A. S. A., por falta de debida integración de la litis y sin pronunciarnos sobre la procedencia de la pretensión de nulidad incoada.--------------------	Las costas de ambas instancias habrán de ser impuestas al actor finalmente vencido en ellas (arts. 57 de la Ley XIV n° 1 y 282 C.P.C.C.).------	Por adecuación a la presente deberán fijarse los emolumentos de los Dres. L. A. N., G. M. y P. R. A., por sus labores de primera instancia y atendiendo a la extensión, importancia, calidad y resultado de ellas, en las sumas equivalentes al 20,30 %, al 6,80 % y al 6,80 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse (arts. 5, 6, 8, 9, 18, 46 de la Ley XIII n° 4), en la que a la suma reclamada habrán de añadirse los intereses que ella habría devengado hasta la actualidad calculados según la tasa utilizada por el Banco del Chubut S.A. en sus operaciones comunes de descuento, criterio este aplicable en los supuestos de desestimación de la demanda (esta sala, c. 18.739 S.D.C. 45/03 y muchas otras posteriores).-------------------	Por sus tareas de alzada corresponderá en mi concepto, atendiendo a las ya indicadas pautas apreciativas y a la consagrada en el art. 13 de la ley del arancel, regular los honorarios de los Dres. L. A. N., P. R. A. y D. M. Z. en las sumas equivalentes al 7,10 %, al 2,50 % y al 0,90 % del aludido monto del proceso.-------------------	Consecuentemente, me expido en esta cuestión primera por la NEGATIVA.------------ --- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: ----------------------- --- Que las cuestiones fácticas han sido suficientemente referidas por el colega de primer voto, motivo por el cual no abundaré en ellas, dando por reproducidos aquí los desarrollos efectuados al respecto por el Dr. Velázquez. Me concretaré, para el sustento individual de mi voto, a analizar los aspectos relevantes involucrados en la cuestión traída a revisión de esta Sala.------------------------------------ --- En primer lugar, debe analizarse si cabe acordar razón a la parte apelante en su planteo referido a la integración de la litis; lo que se resuelva a su respecto puede condicionar el resultado del litigio, pues si se determina que no se ha citado a juicio a una parte esencial, la sentencia de grado debería caer, ya que se habría pronunciado en una liza en la que no habrían intervenido todas las partes que debieron haber sido citadas y oídas.-------------- --- Es, así, esencial elucidar si la autoridad pública que homologó el acuerdo extrajudicial, que en la demanda de autos se ha buscado anular, debió ser convocada a la litis, en carácter de parte esencial.--------------------------- --- En tren de determinar ello, cabe indicar que en autos se ha perseguido obtener una declaración de nulidad: de nulidad de un acto administrativo homologatorio de un acuerdo privado, dictado por la autoridad administrativa del trabajo.---------------------------- --- El caso es que tal declaración de nulidad, de un acuerdo celebrado entre las partes, no podía ser obtenida mientras se hallara en pie la homologación del organismo administrativo laboral, por lo que debía hacerse caer la homologación, para luego derribar el acuerdo.--------- --- No otra cosa surge ´de una interpretación atenta del primer párrafo del artículo 15 de la Ley 20744, que edicta: "Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios sólo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, y mediare resolución fundada de cualquiera de ésta que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes".-- --- Si, como dice la norma, los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios son válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad administrativa, y mediare resolución fundada de ésta que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes; en el caso, para declarar la invalidez del acuerdo, debe previamente declararse la invalidez de la homologación.---------------- --- Ello es así, pese a las manifestaciones -un tanto confusas y hasta algo contradictorias- que se hicieran en la demanda y que pueden leerse a fs. 9 de autos.----- --- La declaración de nulidad de ese acto homologatorio podía buscarse en sede administrativa -en la misma sede que lo dictó, promoviendo un acto revocatorio- o en sede judicial (cfr. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 18/11/1997, Estado Nacional /Ministerio de Defensa v. S.A. LAS PIEDRAS S/ incidente de medida precautoria. CAUSA Nº 4109/97", AbeledoPerrot online).------------------ --- Es perfectamente válida - y hasta operativamente mejor - la revocación de actos administrativos en sede judicial, ya que en esta sede no corren las limitaciones a la revocación que sí podrían ser esgrimidas en sede administrativa.------------------------------- --- No es ocioso recordar, en este plano, que la CSJN ha sostenido que si como consecuencia del acto administrativo se generaron prestaciones cumplidas y otras en vías de cumplirse, sólo podría impedirse su subsistencia y la de los efectos pendientes, mediante la declaración judicial de nulidad (Fallos: 300:253; 305:2170; o ED 108-586); a punto tal que la revocación dispuesta en sede administrativa -sin ejercer la acción de lesividad- configuraría, a su vez, un acto viciado de "ilegalidad manifiesta" (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 06/05/1994, "S.A. ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA v. ESTADO NACIONAL /SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE EST DE LA PRES DE LA NAC S/COBRO DE PESOS. CAUSA Nº 5824/92", AbeledoPerrot online). Si bien el caso, ello no se produce, sí puede apreciarse de lo transcripto la mayor aptitud de la vía judicial para "desfacer los entuertos" que la nulidad del acto administrativo puede acarrear.------------------------------------ --- En cuanto aquí concierne, el caso es que si no se ha buscado obtener la nulidad del acto homologatorio en sede administrativa, sino que se ha concurrido a sede judicial para obtenerla, es imprescindible que para declarar la invalidez de un acto administrativo, el órgano de quien emanara aquélla, debió ser citado a juicio, para integrar debidamente la litis.--------------------------------------- --- El objeto de la demanda es obtener la nulidad del acuerdo homologado, lo que no implica la necesidad de redargüirlo de falso, porque no se sostiene que sea falaz la declaración de homologación, sino que ella no computa que el acuerdo es inconveniente para los intereses del operario, los que se encuentran protegidos incluso de actos suyos, al ser una materia de orden público.------- --- En otros términos, lo que se impugna es el acto instrumentado, no es la autenticidad o regularidad del documento, lo que torna innecesaria la redargución de éste.-------------- --- En similar sentido se ha dicho con razón, que el instrumento público no obsta a que las convenciones, disposiciones o declaraciones que contienen, puedan ser atacadas de simuladas, sea por terceros, sea aún por las mismas partes. Tales impugnaciones, únicamente relativas a los caracteres intrínsecos y a la eficacia de la convenciones, disposiciones o declaraciones contenidas en el instrumento público, son extrañas al documento y no tocan a la fe que le es debida. Ello explica que, mientras el art. 993 CC. indica que el instrumento hace plena fe hasta que sea argüido de falso, el art. 994 CC. se limita a aludir a la plena fe, sin aquel agregado, lo cual meramente equivale a la prueba completa del acto instrumentado (C. Nac. Civ., sala A, 09/08/1996, "Guzmán v. Ramírez", JA 1999-II-síntesis).----------------------------------- --- La fe derivada del instrumento o la escritura pública refiere a la existencia material de los hechos ocurridos en presencia del funcionario o escribano, que sólo podrá ser desvirtuada mediante redargución de falsedad mas no respecto a la sinceridad de tales hechos, supuesto en que la fe del instrumento vale hasta la prueba en contrario, no exigiéndose la redargución de falsedad a fin de acreditar que los actos no resultaron sinceros (C. Nac. Com., sala E, 06/06/1995, "Kvitko v. Kvitko", JA 1997-III-síntesis) o, como en el sub lite, que no han sido convenientes para el actor.-------------------------------- --- Es que, la redargución de falsedad de un instrumento público se requiere para destruir la fe que éste hace con respecto a la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia; cuestión distinta es la de la insinceridad del negocio: de allí que si se aduce la simulación de un contrato de compraventa no será óbice la manifestación del oficial público de que el precio fue pagado en su presencia si se logra demostrar que el dinero le había sido previamente entregado al comprador aparente por el propietario de la cosa (C. Nac. Civ., sala E, 26/03/1984, JA 1984-IV-454).--------------------------------------- --- Ello así, en autos no se requería redargución de falsedad del acto homologatorio, pues la querella de falsedad no es la única vía impugnatoria de un acto instrumentado bajo la forma del instrumento público, como vengo de demostrarlo en los párrafos anteriores.--------------------- --- Contrariamente a esta solución, que prohijamos, se ha pronunciado la CNTrab, la que ha resuelto que "el acuerdo transaccional homologado ante la sede administrativa (Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos) constituye un instrumento público (art. 878 inc. 1 CCiv.) y por ende, para que resulte viable el planteo del trabajador referente a la existencia de vicios del consentimiento, debería iniciar una acción de redargución de falsedad, citando al funcionario público que suscribió y homologó el acuerdo, o demostrando en su caso haber obtenido declaración administrativa de nulidad de lo actuado en sede ministerial en los plazos y con los recaudos establecidos en el procedimiento del rigor" (C. Nac. Trab., sala 1ª, 28/03/2005, González Armoa, Luis B. v. La Robla s/despido, en Abeledo Perrot online, decisión suscripta por los Dres. Vilela y del Valle Puppo).------------ --- Si bien no coincidimos con el criterio de que siempre se deba redargüir de falso al acto, pues en casos como el que nos ocupa, basta con obtener su nulidad, lo cierto es que -en cualquier caso- sí es indispensable citar al funcionario público que suscribió el acto homologatorio del acuerdo.--------------------------------- --- Sin la participación de éste, la litis no estaría debidamente integrada y se estaría pronunciando un decisorio en un proceso en que no se ha traído a juicio a todos los involucrados directamente en la problemática a dilucidar.

--- Si se lee detenidamente la demanda, más allá de algunas oscuridades existentes en ella, el reclamo de autos constituye una pretensión nulificante de un acuerdo, esgrimiendo la violación de normas de orden público y el aprovechamiento del estado de necesidad del trabajador.-------------------------------------- --- Si ello es así, es indudable que tal pretensión debía sustanciarse en forma conjunta con todos los que participaron del acto cuestionado, que no son solamente la empleadora y el actor, sino también la autoridad administrativa del trabajo interviniente.- --- Al contestar la demanda, la accionada puso de resalto (cfr. fs. 58 vta.), que la autoridad administrativa debía ser integrada a la litis, lo que no mereció adhesión por parte del actor, ni determinación específica por parte del a quo, siguiendo la litis en las coordenadas en que la había enclavado el actor. Ello es curioso, pues al tratarse de un presupuesto esencial del proceso -un cuestionamiento de legitimación insuficiente-, el magistrado no solo debía controlarla de oficio, sino que no podía obviar una insinuación de ineficiente legitimación, esgrimida por una de las partes del pleito.------------------------- --- Así, con redargución de falsedad o sin ella, lo cierto es que la integración a la litis, donde tramita la pretensión anulatoria, del funcionario que dictó el acto administrativo cuestionado era un requisito esencial de validez del pronunciamiento anulatorio y de los efectos que pretendieran extraerse de él.--------------------- --- La cuestión sub lite conforma así un trípode necesario, formado por los firmantes del acuerdo y quien lo homologó, que debieron ser integrados necesariamente a la litis, ya que forman un litisconsorcio necesario entre ellos.--------- --- Bien se ha dicho que cuando la pretensión deducida implica un supuesto de litisconsorcio necesario, se debió haber ordenado de oficio la correcta integración de la litis (art. 89 del CPCCN) ya que no se puede dictar sentencia estimatoria útil sin la participación de los sujetos integrantes del litisconsorcio (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, 12/03/1996 -El Expreso Ciudad de Posadas v. Estado Nacional /Ministerio de Economía y de O. y Serv. Públicos s/ juicio de conocimiento /causa: 3440/91, AbeledoPerrot online, con cita de ídem, Sala I "Transporte Automotores La Estrella S.A. v. Ministerio de Obras y Serv.Públicos s/ varios"; esta Sala in re "De León José Rodolfo Luis v. Gobierno Nac. (Ministerio del Interior -Policía Federal) s/ nulidad de resolución" del 1/3/88; "Pfortner Cornealent" del 28/2/85; "Schvarzberg" del 17/2/87).-------------------- --- Ante ello, la defensa de que la accionada no peticionara la integración de la litis en los términos del art. 95 C.P.C.C. resulta inaudible; ello, primero, porque la misma señaló en tiempo el defecto de integración de la litis, introduciendo la cuestión a la liza y, peor aún, porque la integración correcta de la litis debe ser vigilada por los jueces de oficio, lo que torna en irrelevante que la parte haya o no planteado la cuestión de determinada manera, bastando con que la insinúe, para poner en acción al magistrado, si éste no había advertido el defecto.

--- En esta senda, bien se ha dicho que la falta de legitimación tanto activa como pasiva debe introducirse en los escritos mediante los cuales se traba la litis, aunque como defensa de fondo deba resolverse con motivo de la sentencia; pero no obstante, y como en definitiva la legitimación sustancial tanto activa como pasiva es un requisito de admisión de la acción en la sentencia, se admite que el juez pueda hacer mérito de una alegación tardía y aún de oficio cuando advierta claramente que el actor no es el titular de la acción o cuando el demandado de ninguna manera puede resultar obligado por un pronunciamiento condenatorio (C. Civ. Com. y Min. San Juan, sala 2ª, 30/11/1982, Muñoz de Carrillo, Encarnación, suc., JA 1983-IV-96).	--- Como dijera en mi voto de la causa "U., F. c/ Ministro de Coordinación de Gabinete de la Pcia. del Chubut Cr. P. K. s/ Amparo" (Expte. 63 - Año 2009), en sentencia de esta Sala del 24/02/2009, siempre he pensado que los jueces tienen el deber de verificar de oficio en cada caso la concurrencia de los presupuestos de admisibilidad de las acciones que se someten a su juzgamiento. La realidad demuestra que muchas veces no lo hacen, pero es un deber inexcusable de los magistrados, que no pueden permitir que las litis se desenvuelvan cual si fueran juegos de rango, en que las partes pudieran alegremente saltar sobre valladares trascendentes sin consecuencia alguna. ------------------------- --- En esta línea expresa MONTERO AROCA y colaboradores que "la primera actuación del juzgado, aparte de la meramente administrativa de registro, va a consistir en decidir sobre la admisibilidad de la demanda... El control de oficio por el tribunal puede recaer sobre requisitos y presupuestos procesales, y hay que distinguir entre defectos insubsanables y defectos subsanables: . Insubsanables: Existen supuestos que han de llevar a la inadmisión de la demanda sin posibilidad de subsanación, como es el caso de la falta de capacidad de las partes" (MONTERO AROCA, Juan - GÓMEZ COLOMER, Juan Luis - MONTÓN REDONDO, Alberto - BARONA VILAR, Silvia, "Derecho jurisdiccional II, Proceso Civil", 10ª edición, Edit. Tirant lo blanch, Valencia, 2001, pp. 190/192).-------- --- Es así que los jueces tienen -tenemos- el deber de indagar, previo a expedirnos sobre la materialidad de lo reclamado en una causa, el derecho-deber de analizar si en ella se encuentran reunidos los presupuestos de habilitación de esta instancia o presupuestos procesales (cfr. mi voto de la causa "U., F. c/ Ministro de Coordinación de Gabinete de la Pcia. del Chubut Cr. P. K. s/ Amparo" (Expte. 63 - Año 2009). ----------------------- La teoría de los presupuestos procesales nació en el año 1868 y fue expuesta por Von Bülow en su libro "Die Lehre von Prozesseinreden und Prozessvoraussetzungen" (cfr. VON BULOW, Oscar, "La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales", Buenos Aires, EJEA, 1,964, traducción castellana). En este libro se enseña que los presupuestos procesales son los supuestos de hecho o de derecho sin los cuales el proceso no tiene existencia jurídica ni validez formal.--------------------------------- --- El maestro FAIRÉN GUILLÉN expresa que "Son "presupuestos procesales", los necesarios que deben concurrir en cada proceso -a través de su concurrencia en cada acto procesal- para que éste pueda terminar con una resolución que ponga fin al litigio de fondo; esto es, sin que, por alguna falta o defecto que se produzca o aparezca en el proceso en el procedimiento, como es natural, corno "forma" que es del proceso- el juez deba detenerse a subsanarla y mientras ello no ocurra, no pueda entrar a examinar y resolver sobre el litigio de fondo" (FAIRÉN GUILLÉN, Víctor, "Teoría general del derecho procesal", Edic. de la Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 1992, p. 339).----------------- --- Y agrega luego FAIRÉN GUILLÉN que ".los "presupuestos procesales", se refieren a la "admisibilidad" del proceso, fijándose, naturalmente, en la expresión de la misma a través de sus actos. En general, se considera que son presupuestos procesales, con respecto al juez o tribunal, que lo sea que tenga jurisdicción, que tenga competencia; con respecto a las partes, que tengan capacidad para ser tales; capacidad procesal; si su comparecencia en juicio se produce por legitimación "derivativa", no originaria sino adquirida de otro, que la tengan; que en sus casos, comparezcan por medio de procurador y con defensa de letrado; con respecto a las mismas actuaciones procesales, que se produzcan según "la forma" que prevén las leyes" (FAIRÉN GUILLÉN, Víctor, "Teoría general del derecho procesal", cit, p. 340).-------------------------- --- Tengo para mí que los presupuestos procesales son, esencialmente, presupuestos de validez: los requisitos indispensables para que pueda constituirse o nacer una relación procesal válida. No son presupuestos de existencia: el proceso puede nacer igual sin ellos, claro que adolecería de un vicio de invalidez. De tal suerte, los presupuestos procesales son los requisitos o condiciones que deben concurrir a fin de que en una litis pueda dictarse un pronunciamiento válido, sea favorable o desfavorable. Los presupuestos procesales son, así, elementos condicionantes del ejercicio que el juez pueda hacer de su poder-deber de proveer sobre el mérito de la pretensión (cfr. mi voto de la causa "U., F. c/ Ministro de Coordinación de Gabinete de la Pcia. del Chubut Cr. P. K. s/ Amparo" (Expte. 63 - Año 2009). ---------------------------------- --- Atinadamente MONTERO AROCA admite que los presupuestos procesales atienden a condiciones que, si bien referidas al proceso como conjunto y no a actos procesales determinados, lo que condicionan es que en el proceso pueda llegar a dictarse una resolución sobre el fondo del asunto. El órgano judicial puede haber tramitado todo el proceso para advertir, en el momento de dictar sentencia, que en ésta no puede decidir sobre la pretensión planteada ante la falta de alguna de esas condiciones (MONTERO AROCA, Juan, "La Legitimación en el Proceso Civil: Intento de aclarar un concepto que resulta más confuso cuanto más se escribe sobre él", Editorial Civitas, S.A., 1ª edición, Madrid, 1.994, pp. 23 y ss.).--------------------------------------- --- Este último es el caso que se presenta aquí: se ha tramitado todo un proceso para advertir, en el momento de dictar sentencia, que en ésta no puede decidirse sobre la pretensión planteada ante la falta de un presupuesto procesal esencial e insubsanable: la legitimación pasiva.------ --- Es que, lo relativo a la legitimación -tanto activa como pasiva- no es una cuestión que pueda quedar en manos de las partes ni deferida exclusivamente a las alegaciones que ellas puedan hacer o no hacer, sino que es el juez quien tiene el deber insoslayable de velar, antes de pronunciarse sobre el fondo del reclamo, porque la legitimación tanto activa como pasiva se encuentre debidamente determinada y presente en la litis (cfr. mi voto de la causa "U., F. c/ Ministro de Coordinación de Gabinete de la Pcia. del Chubut Cr. P. K. s/ Amparo" (Expte. 63 - Año 2009). ---------------------------------- --- FAIRÉN GUILLÉN, en un gran libro suyo ha sostenido que "Es problema fundamental aquí, el del tratamiento de los presupuestos procesales; esto es, si su concurrencia debe examinarse de oficio por el juez o tribunal, o puede dejarse que sean las partes las que, en su actividad descubran, en su caso, su falta... En materia civil, la tendencia moderna es la de entender que corresponde a los jueces y tribunales el velar por la existencia de los presupuestos procesales, no solamente en beneficio de las partes, sino en el de la economía procesal, que interesa en todo caso a toda la comunidad social (a la que no interesa un desperdicio de energías, llevando hasta su final procesos en que falten presupuestos procesales, para, tras tales esfuerzos.., llegar a la conclusión de que por tal efecto, no se puede poner fin al litigio); lo cual no tiene nada que ver con ideologías políticas autoritarias (Alcalá-Zamora Castillo); es el "modelo procesal asimétrico" (Giuliani)" (FAIRÉN GUILLÉN, Víctor, "Teoría general del derecho procesal", cit, p. 141).----------------------------------- --- El juez debe entonces, en general -con o sin norma que lo establezca a mérito del principio de economía procesal-, indagar acerca de los presupuestos procesales de admisibilidad de la acción, antes de pronunciarse sobre el mérito de la causa (cfr. mi voto de la causa "U., F. c/ Ministro de Coordinación de Gabinete de la Pcia. del Chubut Cr. P. K. s/ Amparo" (Expte. 63 - Año 2009). ---------------------------------- --- El antedicho análisis involucra -antes que nada- la determinación de si existe legitimación activa y pasiva en la causa, pues sin la concurrencia de ambas el juez no puede fallar válidamente una litis. La carencia de legitimación, sea activa o pasiva, lleva necesariamente al rechazo de la acción, pues así como no se puede acoger la pretensión de quien no está legitimado activamente, menos aún se puede condenar a quien no lo está pasivamente (cfr. mi voto de la causa "U., F. c/ Ministro de Coordinación de Gabinete de la Pcia. del Chubut Cr. P. K. s/ Amparo" (Expte. 63 - Año 2009). -------------------- --- Para decirlo en palabras llanas, la legitimación es como una moneda, que debe mostrar dos caras claras y perfectas, no siendo una moneda en caso contrario. Una litis que no muestre perfectamente establecida la legitimación activa y pasiva -esto es, las dos caras de la moneda- no es una litis es una confusión o algo peor, un dispendio. Y resulta inadmisible admitir que las litis se conviertan en confusiones o diálogos de sordos. De tal modo, la carencia de legitimación en cualquiera de sus facetas configura técnicamente un caso de improponibilidad subjetiva de la demanda que, no sólo autoriza sino que obliga al juez al rechazo de la pretensión (cfr. mi voto de la causa "U., F. c/ Ministro de Coordinación de Gabinete de la Pcia. del Chubut Cr. P. K. s/ Amparo" (Expte. 63 - Año 2009). ------------- --- En el caso que nos ocupa el deber de integración oficiosa de la litis no fue cumplida por el a quo, motivo por el cual nos vemos ahora ante una sentencia que se ha pronunciado sobre el tema de fondo, sin la concurrencia de todos los sujetos procesales esenciales de la litis, lo que configura un decisorio nulo.-- --- Permitir que se mantenga en vigor una sentencia así dictada, implicaría un grave atentado contra el derecho de defensa del litisconsorte que no fue citado, lo que no cabe admitir.------------------ --- Desafortunadamente, la integración defectuosa de la litis, achacable al juez de grado que debía controlarla de oficio, pesará sobre el accionante, quien se verá privado de obtener a partir de este decisorio los efectos de cosa juzgada material sobre el fondo de la cuestión planteada.------ --- En la situación en que se encuentra esta litis, solo cabe pronunciarse sobre la falta de un presupuesto procesal inexcusable para el dictado de una sentencia válida, la integración correcta de la litis, al falta un legitimado pasivo necesario en ella. La insuficiente o indebida integrada la litis, arrastra el pronunciamiento dictado al terreno de la nulidad, la que debe declararse a su respecto, sin que quepa pronunciarse sobre el tema de fondo de la litis.---------------------------------------- --- De tal manera, se vuelven abstractos los restantes agravios del recurrente, pues al haberse derribado el pronunciamiento que lo agraviaba, carece de sentido pronunciarse sobre los restantes agravios, amén de que ello es inconveniente, ya que los jueces no deben pronunciarse sobre aspectos abstractos.------------- --- Por tales fundamentos, habré de acompañar la propuesta del Dr. Velázquez de revocar el decisorio impugnado, para dar paso al rechazo total de la demanda promovida por el actor C. J. G. en contra A. S. A., derivada de la indebida integración de la litis; ello no implica pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del reclamo actoral en cuanto a la nulidad articulada en la demanda.------ --- En cuanto a las costas, las de ambas instancias se impondrán al actor, que ha resultado vencido (cfr. arts. 57 de la Ley XIV n° 1 y 282 C.P.C.C.).----------------------------- --- Este resultado, dispuesto en esta sede, amerita la adecuación de los honorarios fijados en el grado al nuevo resultado del pleito, lo que lleva a determinar los estipendios correspondientes al Dr. L. A. N. por sus labores de grado en el 20,30 % del monto del litigio que se determine en etapa de ejecución, en tanto corresponde regular, los emolumentos devengados por los Dres. G. M. y P. R. A., por sus labores de primera instancia en el 6,80 % del monto del litigio, para cada uno de ellos; estos porcentajes se justifican en atención a la extensión, mérito, calidad y resultado de las respectivas tareas cumplidas en la alzada (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4).----- --- En cuanto a las labores de Alzada, procede la regulación de los emolumentos correspondientes al Dr. L. A. N., en el 7,10 % del monto del litigio que se determine en etapa de ejecución, en tanto cabe asignar a los Dres. P. R. A. y D. M. Z., respectivamente, el 2,50 % y el 0,90 % del monto del proceso.-- --- Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.-----------------------A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:------------------------------------	Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde:--------	A) Revocar íntegramente la sentencia apelada, a fin de desestimar la demanda deducida por C. J. G. contra A. S. A. por falta de debida integración de la litis y sin pronunciamientos sobre la procedencia de la pretensión de nulidad incoada.------------------------	B) Imponer las costas ambas instancias al actor.-------	C) Fijar, por adecuación a este nuevo decisorio, los honorarios de los Dres. L. A. N., G. M. y P. R. A., por sus tareas de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 20,30 %, al 6,80 % y al 6,80 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse, en la que a la suma reclamada habrán de añadirse los intereses que ella habría devengado hasta la actualidad calculados según la tasa utilizada por el Banco del Chubut S.A. en sus operaciones comunes de descuento.---------------------	D) Regular los honorarios de los Dres. L. A. N., P. R. A. y D. M. Z., por sus labores de alzada, en las sumas equivalentes al 7,10 %, al 2,50 % y al 0,90 % del aludido monto del proceso.---------	ASÍ LO VOTO.----------- ----A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: -------------- ----En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el Dr. Velázquez en su voto a esta cuestión. ------------------------- ----Tal mi voto.---------------- ----Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 8º Ley V Nº 17).

Trelew, de Octubre de 2012.------------------------------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:---------------------- S E N T E N C I A: ------REVOCAR INTEGRAMENTE la sentencia apelada, a fin de desestimar la demanda deducida por C. J. G. contra A. S. A. por falta de debida integración de la litis y sin pronunciamientos sobre la procedencia de la pretensión de nulidad incoada.------------------------	IMPONER las costas ambas instancias al actor.--------	FIJAR, por adecuación a este nuevo decisorio, los honorarios de los Dres. L. A. N., G. M. y P. R. A., por sus tareas de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 20,30 %, al 6,80 % y al 6,80 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse, en la que a la suma reclamada habrán de añadirse los intereses que ella habría devengado hasta la actualidad calculados según la tasa utilizada por el Banco del Chubut S.A. en sus operaciones comunes de descuento.---------------------	REGULAR los honorarios de los Dres. L. A. N., Pablo R. A. y D. M. Z., por sus labores de alzada, en las sumas equivalentes al 7,10 %, al 2,50 % y al 0,90 % del aludido monto del proceso.--------- ----Regístrese, notifíquese y devuélvase.---------------------- CARLOS A. VELAZQUEZ MARCELO J. LOPEZ MESA JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.012 - SDL.- Conste.- JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA.