Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09


CORREA, Oscar y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 215 p 115-118.

En la ciudad de Santa Fe, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angelica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler, Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "CORREA, Oscar y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE -Amparo- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte.

C.S.J. nro. 162, año 2.006).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia ¿que resolución corresponde dictar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Vigo, Spuler, Falistocco, Gastaldi, Netri y Gutiérrez.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: Mediante resolución registrada en A. y S. T. 212, págs. 402/403 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la resolución del 11 de agosto del año 2.004, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, por entender que la postulación de la recurrente contaba "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos que exigían examinar si la sentencia reunía las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial.

El nuevo análisis de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión, tal como lo propicia el Señor Procurador General (fs. 217/218).

Por ello, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco, Gastaldi, Netri y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: 1. Según surge de las constancias de la causa los actores -empleados policiales- promueven acción de amparo contra la Provincia de Santa Fe a fines de que se reconozca y pague la Bonificación por Título establecida por Decreto 2695/83 reglamentario del artículo 141 de la ley 6769 desde el momento que resulte exigible con más intereses y costas.

Expresan que otros agentes que revisten igual condición se encuentran percibiendo la mencionada bonificación y que la Provincia de Santa Fe mediante el Decreto 2854/97 aprobó una transacción judicial reconociendo el pago del suplemento a los empleados policiales que iniciaron acciones judiciales y a quienes se encuentren en la situación descripta en la norma.

Sostienen además, que la ilegalidad de la omisión es manifiesta y que no existe otro medio judicial más idóneo y eficaz que el amparo para tutelar los derechos vulnerados: de propiedad, de igualdad, a una retribución justa y a obtener el cumplimiento de la ley.

La demandada en el responde plantea la inadmisibilidad del amparo por entender que existen otras vías más idóneas, concretamente el recurso contencioso administrativo, alegando en ese orden, que en el sub lite la materia de la pretensión refiere a relaciones de empleo público y que resulta competente la jurisdicción contenciosa administrativa, destacando además la inexistencia de gravamen o daño irreparable (fs. 124/131).

El Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Tercera Nominación de la ciudad de Rosario hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, ordenó al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe a que en el término de diez días abone la "bonificación por título" a los amparistas (fs. 138/140).

Apelada que fuera tal decisión por parte de la Provincia (fs. 142/154) la Sala Tercera -Integrada- de la Camara de Apelación en lo Civil y Comercial de esa ciudad, mediante pronunciamiento de fecha 11.08.2004 resolvió hacer lugar a la apelación y declaró la inadmisibilidad del amparo interpuesto (fs. 181/183).

Para así decidirlo, estimó que la materia del reclamo, referida al reconocimiento y pago del suplemento especial de carácter remunerativo establecido por la ley 10.022, es contencioso administrativa, por considerar que la relación que vincula a los actores con la demandada es de empleo público, citando en sustento de su fundamentación lo resuelto por esta Corte en casos similares de reclamos de agentes policiales fundados en la misma normativa (vg. "Gauna", entre otros), en los que se resolvió declarar la competencia contenciosa administrativa para entender en las mismas. 2. Contra tal pronunciamiento deducen los actores recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 de la ley 7055, por entender que el decisorio no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia y ser lesiva de diversas normas de carácter federal y de derechos tutelados por la Constitución nacional como provincial -de propiedad, a una retribución justa, de igualdad-.

En orden a sustentar la arbitrariedad aducen que la sentencia es incongruente por exceso, en razón de que resuelve cuestiones no planteadas por las partes, esto es el reconocimiento y pago del suplemento previsto por la ley 10.022 (Drogas Peligrosas), siendo que lo pretendido refiere a la Bonificación por Título establecida por Decreto 2695/83 reglamentario del artículo 141 de la ley 6769. Sostienen además que el Oficio incurre en exceso ritual manifiesto, afirmando al efecto que so pretexto de entender que el recurso de amparo era inadmisible no entró en el análisis del caso cuando tenía todos los elementos para hacerlo. Observan que con argumentos formales relativos a que no se acreditó el daño irreparable que causa el tránsito por la vía administrativa, omite tratar cuestiones planteadas vinculadas a la vulneración de los derechos invocados y resolver el fondo de la causa. 3. La Sala denegó la concesión del recurso accediendo los impugnantes a la instancia extraordinaria por vía de queja como se expusiera al tratar la primera cuestión.

4. Habiéndose cuestionado desde el plano constitucional la respuesta jurisdiccional de la Cámara, el examen de las constancias de la causa me convence de que la sentencia impugnada debe ser dejada sin efecto por esta Corte, toda vez que el pronunciamiento ha consagrado una solución que, por no ajustarse a las exigencias de la congruencia que requiere todo pronunciamiento judicial, no puede verse como una derivación razonada del derecho vigente.

Cabe recordar que el principio de congruencia escribe Pedro Aragoneses "esta dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional, por imperio del cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente por los litigantes y en relación con los poderes atríbuidos en cada caso al órgano jurisdiccional" y que la regla jurídica "ne eat iudex extra petita partium" prohibe que la sentencia contenga algo distinto a lo pedido por las partes, lo que sucede, según menciona "Guasp" cuando las sentencias fallan sobre objeto diferente a lo pretendido, pues la congruencia "exige que el fallo no se expida en más de lo pretendido por las partes; que no contenga más de lo pretendido por ellas y también que no otorgue o niegue algo distinto a lo reclamado" (Guasp, Jaime "Derecho Procesal Civil, Civitas, Madrid, 1998, T. I, pág.483/484).

Sentada tales premisas, del análisis de la causa surge que el presente juicio se originó en una demanda de amparo orientada a que "se reconozca y pague la Bonificación por Título establecida por Decreto 2695/83 reglamentario del artículo 141 de la ley 6769 desde el momento que resulte exigible para cada uno de los actores, con más intereses y costas" y la Sala al fallar se desentendió de tal extremo y resolvió como si lo planteado por los actores hubiese sido el reconocimiento y pago del suplemento previsto por la ley 10.022.

Conforme a lo expuesto, el caso sufrió una esencial mutación en la "causa petendi", toda vez que no existe en el fallo correlatividad con lo pretendido en la demanda, apártandose el Organo de los términos en los que quedó trabada la litis y de lo normado por el artículo 243 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, lo que determina la invalidez de la sentencia impugnada.

Ello, conforme a reiterada jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación y de esta Corte (cfr. Fallos: 301:104302:315; 301:850; 306:604; 307:510;310:2305; A. y S. T. 152, pág. 481/493; T. 175, págs. 482/486; entre otros).

Lo señalado, torna innecesario ingresar en el examen de las restantes cuestiones planteadas por los impugnantes. Por las razones expuestas, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco, Gastaldi, Netri y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia ¿que resolución corresponde dictar? -el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada.

Disponer la remisión de los autos a la Sala que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.

Así votó.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco, Gastaldi, Netri y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que se debía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron.

En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIO: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Disponer la remisión de los autos a la Sala que corresponda a fin de que sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)