Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-28


Buenos Aires, 28 de agosto de 2008 Visto: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Natural Foods Industrial Exportadora S.A (en adelante NFIE S.A) interpuso, contra la sentencia de fs. 621/624 vuelta, recurso ordinario de apelación (fs. 629) que fue concedido por el a quo (fs. 631) y fundado mediante el memorial que obra a fs. 641/658 cuyo traslado, el GCBA, respondió a fs. 662/673 vuelta.

La sentencia impugnada confirmó el pronunciamiento de primera instancia (fs. 549/567) que, para lo que interesa, había: (i) admitido "la falta de legitimación pasiva opuesta a fs. 311/312vta. [por el GCBA] respecto de las facturas emitidas por el suministro a la Dirección General de Comunidad Escolar Nº2"; (ii) declarado "la nulidad absoluta de la[s] contrataciones para el suministro de comidas a los Hospitales Rivadavia y Zubizarrieta y a la Subsecretaría de Deportes" así como "la inexistencia de contrataciones que sustenten el reclamo de deuda posterior a agosto de 1996"; (iii) rechazado la demanda entablada contra el GCBA por el cobro de créditos originados en el marco de los antecedentes contractuales invocados en el pleito y (iv) rechazado "la acción por enriquecimiento incausado". Ello, con costas a la parte actora.

Para así decidir, el juez de primera instancia comenzó por analizar los antecedentes del crédito reclamado por suministros prestados a favor de la Dirección General de Comunidad Escolar Nº 2 (facturas 828 a 836; 837 a 845 y notas de débito 847 a 851). Por una parte, señaló que en autos no obra constancia alguna que acredite la anuencia de la autoridad competente en relación con la "transferencia del servicio de comidas celebrado entre Rodel S.A [adjudicataria original] y Compañía de Comidas Programadas S.A" extremo que si bien, conforme la normativa aplicable que individualizó (art. 61 inc. 86 del decreto 5720/72, según Ordenanza 31.655), permitiría "declarar rescindido el contrato de pleno derecho", ello no había sido solicitado por el GCBA. Por otra, dijo que la cesión de facturas por parte de Compañía de Comidas Programadas S.A, a de NFIE S.A, no resultaba oponible al GCBA por no cumplir con las exigencias previstas en los arts. 1459 y cc del Código Civil, ni con las específicamente requeridas por el decreto 5905/87 destinadas a "impedir que la tesorería abone la deuda a quien no es su actual acreedor, porque se ha efectuado un traspaso del crédito" (fs. 556). En cuanto a los planteos de nulidad que el GCBA opuso respecto de los contratos invocados por la actora como fuente de la deuda reclamada, la sentencia de primera instancia sostuvo: "(...) a.- Hospital Zubizarreta: Se invocó una licitación que no se probó que haya existido. Se observa que se trató de una adjudicación directa que sin embargo no se celebró con los requisitos dispuestos por el decreto 5720/72, y las facturas reclamadas no corresponden con el plazo de vigencia de la contratación// b.-Hospital Rivadavia: Se alegó una orden de provisión para fundar el contrato. De autos se desprende que no se ha celebrado contrato bajo ninguna de las formas previstas en el decreto 5720/72 y la fecha de vigencia de la orden de provisión no coincide con las prestaciones// c.-Subsecretaría de deportes: Se fundó en una licitación pública que no se probó, pero en el caso de haber existido y estar referida al suministro invocado, ésta no fue aprobada, lo que equivale a decir que no es hábil para dar origen a la facturación reclamada". Además, para la deuda posterior a agosto de 1996, no tuvo por probado que "existiesen contratos que dieran origen a la facturación reclamada". A su vez, destacó que aún considerando válidos los contratos invocados, las facturas presentadas al cobro no se corresponden con los plazos de vigencia de los instrumentos acompañados. En tal contexto, luego de citar la jurisprudencia que según indicó reputa, de modo uniforme, "nulos [a] los contratos celebrados sin las formalidades legales", criterio que aplicó al supuesto de autos, explicó por qué "la circunstancia de haberse verificado la deuda a través de la comisión instituida por el decreto 225/96" carece de eficacia para modificar la solución anunciada (vgr. nulidad de las contrataciones). Al respecto, básicamente consideró que el procedimiento de verificación mencionado, carece de aptitud para sanear las nulidades absolutas que afectan a los contratos analizados, y menos aún podría lograr ese efecto en relación con la facturación posterior a agosto de 1996 porque no existe ningún acto o contrato que la respalde. También resaltó que del registro 264/CVD/97 surge que se le hizo saber a la requirente que la propuesta se formulaba "al sólo efecto conciliatorio, sin que importe reconocimiento alguno de hechos ni derechos esgrimidos por 'el acreedor', por lo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formula reserva de debatir judicialmente los alcances y legitimidad del crédito reclamado en su totalidad". Por otra parte, rechazó los planteos que, a partir de la invocación de la teoría de los actos propios y la supuesta ausencia de facultades del apoderado de la demandada, estaban dirigidos a evitar el progreso de las nulidades esgrimidas por el GCBA en torno a los contratos aludidos en la demanda. Finalmente, para rechazar el reclamo apoyado en el enriquecimiento sin causa que alega, consideró que "la actora invocó vagamente que la prestación del servicio fue efectuada realmente (...) pero no obstante que ofreció prueba documental, informativa y pericial contable, la misma no fue producida y la actora no insistió en eso. Entonces no probó nada" en definitiva, agregó, que NFIE S.A "[n]o probó la existencia de la deuda y el consecuente enriquecimiento sin causa, porque no acreditó la prestación. Y no existe pericial contable de la cual surja el monto pretendido por la actora".

A su turno, la Sala II de la CCAyT, confirmó la sentencia de grado por entender que la crítica formulada por NFIE S.A no lograba revertir las consideraciones formuladas en el pronunciamiento impugnado. Concretamente el a quo señaló que el procedimiento de verificación de deuda "resulta insuficiente a los fines de acreditar la existencia de la deuda, en tanto la especie de procedimiento instado no tiene por objeto sanear o suplir exigencias de derecho público relativas a los actos o contratos administrativos" y agregó que ese procedimiento "(...) es igualmente inhábil (...) para suplir la inexistencia de contratación alguna". Por su parte, en relación con la deuda originada en las facturas que Compañía de Comidas Programadas S.A habría cedido a NFIE S.A, el pronunciamiento destaca que "(...) las pruebas de que pretende valerse la actora, no solo resultan insuficientes para acreditar la oponibilidad de la cesión en que funda su pretensión de pago a la demandada, sino principalmente para hacer constar la propia validez del acto". Luego, en cuanto a "la crítica de la recurrente conforme a la cual el magistrado desconoció la eficacia del expreso reconocimiento parcial de la deuda" emanada del registro 264/CVD/97, la sentencia impugnada sostuvo que no existe relación directa entre el proceso de verificación y la existencia y legitimidad del crédito que se pretende cobrar en este proceso judicial. Por último, desestimó los planteos vinculados con la vulneración del principio de congruencia y de igualdad por cuanto estimó que los agravios del recurrente traducen su discrepancia con la decisión adoptada sin acreditar que ella hubiera omitido resolver sobre pretensiones oportunamente propuestas, ni que se hubiera apartado de la normativa prevista para resolver el caso (vgr. enriquecimiento sin causa que fuera rechazado por falta de prueba).

2. Al fundar el recurso ordinario de apelación, NFIE S.A se agravia por cuanto el a quo sostuvo que el procedimiento de verificación de deuda (en el caso el registro 264/CVD/97) carece de aptitud para sanear vicios de actos o contratos administrativos cuando, en realidad, lo que postula esa parte es que las constancias allí obrantes probarían la existencia de la deuda, que ella se encuentra asentada en la contabilidad de la demandada y que la provisión del servicio existió, de manera que los productos suministrados se consumieron en beneficio de alguien y en detrimento de otro que no ha recibido pago alguno por la prestación. En esa línea, sostiene que la sentencia viola el principio de buena fe y pone a la administración en contradicción con sus actos anteriores, jurídicamente relevantes. También cuestiona que el a quo haya considerado que los defectos de notificación en torno a la cesión de créditos reclamados en autos justifique la denegatoria del pago e invoca al efecto las previsiones del art. 1460 del Código Civil. Luego, bajo el título "Negación del reconocimiento parcial de la deuda" vuelve sobre la validez probatoria del expediente administrativo y se agravia por cuanto la Sala II consideró que no hay relación directa entre el proceso de verificación y la existencia y legitimidad del crédito así como que "(...) la labor del juez se circunscribe a dirimir los conflictos que se susciten entre la Administración y el particular, sobre la base de lo invocado por las partes, y los elementos de prueba que éstas ofrezcan y produzcan en el marco de las actuaciones judiciales, circunscribiéndose en esa tarea a declarar la existencia o inexistencia de derechos y obligaciones recíprocos a la luz del régimen de derecho público, más no a pronunciarse respecto del proceder de la Administración en tanto no surja ilegitimidad en su actuar, como pareciera pretender la apelante al introducir a este debate, la crítica relativa a los efectos que asignó el decreto 225/96 al régimen de verificación de créditos de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que creó". Al respecto enfatiza que quizás es ese "el más grave de los errores que se denuncian por el recurso. En efecto, una de las misiones insoslayables que tienen los jueces es controlar la constitucionalidad de las leyes y ser fiscales de la legalidad administrativa, llevando a cabo esa misión al tiempo de resolver los conflictos que las partes susciten". A su criterio, mediante el registro 264/CVD/97 la Administración ha verificado, registrado y aprobado una deuda de $275.229,27 y $117.883 que se corresponde con el reclamo formulado en la demanda como "deuda anterior". También de ellas surgiría, según indica la recurrente, el registro de la deuda posterior a agosto de 1996 con un saldo impago del 30% (cf. liquidación de la Secretaría de Hacienda), aunque resalta que, a su respecto, no era necesario transitar el procedimiento de verificación sino que resultaba aplicable el régimen del art. 14 del decreto 225/96. Por ello, explica que "acreditado el hecho de la prestación del servicio, cuyo pago se cuestiona, aún cuando no exista contrato formal, el Estado que se benefició de ello debe pagar su valor". Además, afirma que "habiendo consumido los servicios de comidas [que prestó], siendo ellos de imposible restitución, corresponde resarcir en el valor que las partes acuerden o que en virtud de la prueba acompañada se haga manifiestamente procedente". Esa solución, según relata, es la que emana de reciente jurisprudencia de la CSJN que cita. Finalmente, requiere el progreso de la demanda como consecuencia de la responsabilidad del estado por los daños originados a partir de su obrar ilegítimo.

3. El Sr. Fiscal General Adjunto consideró que el recurso era formalmente admisible y agregó que en tanto, la apelación deducida corresponde estrictamente a la satisfacción de un interés particular, no ameritaba el ejercicio de las competencias propias del Ministerio Público Fiscal. Además, señaló que los agravios articulados exigen introducirse en la valoración de los hechos y de la prueba, lo cual constituye labor propia de los jueces de mérito y ajena a su intervención.

Fundamentos:

El juez Luis F. Lozano dijo:

1. El recurso ordinario planteado por NFIE S.A fue correctamente concedido por la Cámara. Ello así, por cuanto este Tribunal tiene dicho que el recurso ordinario puede ser interpuesto tanto por el estado local como por su contraparte (cf. TSJ in re "Sanecar SACIFIA c/ GCBA s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario", expte. nº 1860/02, resolución del 5/11/03 y "Compañía Meca S.A. s/ queja por recurso de apelación ord. denegado" en "Compañía Meca SA c/ DGR (Res. n° 429/DGR/2000) s/ recurso de apel. jud. c/ decis. de DGR (art. 114 Cod. Fisc.)", expte. n° 2586/03, resolución del 19/11/03). Además, se cuestiona un pronunciamiento de mérito que puso fin a la controversia judicial planteada (cf. TSJ in re "Playas Subterráneas S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ impugnación de actos administrativos", expte. n° 860/01, resolución del 9/4/01). Finalmente, la recurrente, ataca una sentencia adversa y mantiene el reclamo rechazado en autos, cuyo importe ($1.381.653,33, fs. 168 y 641 vuelta) supera el mínimo legal exigible (cf. art. 26 de la ley n° 7, texto conforme al art. 2 de la ley n° 189).

2. La recurrente centra sus agravios en punto al valor probatorio que los jueces de mérito asignaron al registro 264/CVD/97, así como en relación con las consecuencias que ese procedimiento de verificación proyectaría, según la inteligencia que la actora le asigna al régimen del decreto 225/96, respecto de este juicio. Precisamente, el reconocimiento de la deuda reclamada, cuya existencia apoya en las constancias acumuladas en las actuaciones administrativas mencionadas, viene requerido por NFIE S.A con fundamento en la doctrina del enriquecimiento sin causa (fs. 646 y 654/656).

Ello implica, ante la ausencia de agravios que controviertan la declaración de nulidad de los contratos, dispuesta en el punto 3 de la sentencia de primera instancia y confirmada por el a quo, que la jurisdicción de este Tribunal no ha sido requerida para revisar el tema y, en ese aspecto, el pronunciamiento está firme.

Antes de abordar el análisis del ya anunciado objeto central del recurso, corresponderá resolver las objeciones planteadas por la recurrente, contra la decisión impugnada, en tanto confirmó la decisión de grado que había admitido la llamada por el GCBA, "excepción de falta de legitimación pasiva", en relación con el pedido de cobro de las facturas 828 a 836, 837 a 845 y 847 a 851.

3. Respecto de esta última deuda, la Sala II sostuvo que "las pruebas de que pretende valerse la actora, no sólo resultan insuficientes para acreditar la oponibilidad de la cesión en que funda su pretensión de pago a la demandada, sino principalmente para hacer constar la propia validez del acto" (sic fs. 622 vuelta).

Frente a lo decidido por la sentencia impugnada, la recurrente se limitó, en su memorial, a sostener que el conocimiento de la cesión que el GCBA tuvo en el procedimiento de verificación de deuda (mediante el registro 264/CVD/97), resulta eficaz y acorde a las exigencias contempladas por el art. 1460 del Código Civil, conforme la interpretación que de ese precepto formula, en sentido unánime, la doctrina y jurisprudencia que cita en su apoyo (fs. 649/650).

La facturación reclamada (nros. 828 a 836, 837 a 845 y 847 a 851), vale recordar, según la demanda (fs. 171 vuelta), correspondía al "servicio de comidas brindadas a la Dirección General Comunidad Escolar Nº 2, por un total de $44.653,93 (...)" y "se sustenta en la Licitación Pública DIGICOE nº 1/92, cuyo adjudicatario fue la firma Rodel S.A, cedida la facturación reclamada a mi mandante, mediante contrato de transferencia y escritura pública obrante a fs. 42/45 del mencionado registro" (264/CVD/97). Sin embargo, conforme surge de las constancias del expediente de verificación de deuda aludido, tal como señalara el juez de primera instancia, esa versión no es exacta. En realidad, la adjudicataria original habría "transferido el servicio" a la empresa Compañía de Comidas Programadas S.A que, a su vez, manifestó ceder a NFIE S.A "los derechos y acciones" que le correspondían sobre las facturas ya individualizadas (fs. 42/45 del registro 264/CVD/97).

En tal contexto, resulta imprescindible señalar que hay contrato de cesión de crédito cuando una de las partes "se obligue a transferir a la otra el derecho que le compete contra su deudor, entregándole el título del crédito, si existiese" (art. 1434 CC) pero, así como la compraventa no transmite el dominio, para que quede transmitido el derecho creditorio objeto de la cesión el art. 1457 dispone que "[l]a propiedad de un crédito pasa al cesionario por efecto de la cesión, con la entrega del título si existiere" (en el caso que nos ocupa las facturas, remitos u otros si los hubiere; cursiva agregada). Aunque la recurrente nada apunta a este respecto, es conveniente señalar que, para lo que aquí importa, calificada doctrina al analizar la cesión de derechos bajo las categorías propias de los contratos -justificado ello por la ubicación que el tema ocupa en el Código Civil- postula que "[l]a falta de entrega del título no afecta la transmisión del crédito; aquélla no es un requisito de ésta, sino su consecuencia, y se vincula a la ejecución del contrato, no a su perfeccionamiento" (cf. Acdeel E. Salas y Félix A. Trigo Represas, "Código Civil y Leyes Complementarias Anotadas", pag. 201, 2da. Edición actualizada, T. II, Ediciones Depalma, Bs. As., 1999). El error de esos autores, reside en no distinguir entre, el perfeccionamiento del contrato en cuestión, que ciertamente constituye uno de tipo consensual, y la circulación del crédito. El contrato queda concluido por el acuerdo de voluntades, porque no hay razones para estimar que se aparta de la regla del art. 1197 del CC para convertirse en un contrato real (arts. 1140 y 1141 CC). La circulación, en cambio, no se perfecciona sólo consensu sino que requiere la entrega del título si lo hubiere, sin perjuicio de otros requisitos para hacerla oponible. Según me parece evidente, el codificador distingue entre el contrato que obliga a transmitir el crédito y la transmisión propiamente dicha. El contrato puede quedar perfeccionado y obligar a sus partes aun antes de la entrega de los instrumentos, pero, recordemos que para el deudor cedido es, como todo contrato, res Inter alios acta; mientras que la transmisión del crédito, acontecimiento antes del cual no es oponible al deudor cedido, no se perfecciona con el acuerdo de voluntades de cedente y cesionario sino que requiere como condición necesaria la entrega de los títulos respectivos. A ello debe sumarse la pertinente notificación para completar los recaudos que lo tornan oponible. En línea con lo dicho, para lo que ahora importa, ya Segovia y Machado advertían que el solo contrato de cesión no transmite la propiedad del crédito (cf. José O. Machado, "Exposición y Comentario del Código Civil Argentino", T. IV, pag. 183/184, Félix Lajoune Editor, Buenos Aires, 1899 y Lisandro Segovia, "Código Civil de la república Argentina" con su explicación y crítica bajo la forma de notas, Tomo Primero, pag. 423, Librería y Editorial La Facultad, Buenos Aires, 1933). Aunque claro, también estos autores luego atribuyen al concepto 'propiedad' usado por Vélez Sársfield, un significado más estrecho que el que le corresponde, y lo que resulta más importante, uno distinto del que adopta la CSJN desde el precedente "Bordieu" siguiendo la concepción desarrollada por la doctrina judicial norteamericana (Fallos 145:307, Campbell v. Holt, 115 U.S 620, 1885, y Thomas M. Cooley, "The General Principles of Constitutional Law in the United States of America", pag. 345/346, Little Brown and Company, 1898). Mientras que para los primeros propiedad queda identificada con los objetos corporales susceptibles de apropiación -concepto que excluiría de su órbita a los derechos por ser incorporales- la CSJN, en cambio, ha adoptado como concepto de propiedad -y, por ende, como universo tutelado por el art. 17 de la CN- aquel que comprende "todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y su libertad" así "todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley (...) integra el concepto constitucional de 'propiedad'" (Fallos 144:219 y 145:307 ya citado). El siguiente ejemplo, entiendo, colabora para ilustra el punto que vengo sosteniendo, en tanto mueve a pensar qué sucedería si, frente a la existencia de un contrato sobre cesión de derechos, que luego resultaran nuevamente cedidos, el deudor cedido pagara el crédito al cesionario que posee el título que sustenta el derecho en cuestión, a pesar de haber quedado notificado en primer término por el otro cesionario. El pago aludido, cuya validez no parece sencillo desconocer, probaría que el solo contrato de cesión no transmite la propiedad, como tampoco lo hace la notificación. La interpretación que propicio, brinda pleno efecto a la regulación que Vélez Sársfield organizó en los arts. 1434 y 1457 del CC. Ello, conduce a preferirla sobre otras que parten de imputarle un error para construir una teoría cuyo acierto, a su vez, depende de conferir a los términos un significado especial a los fines que nos ocupan, distinto de aquel que surge de la Constitución Nacional y fuera receptado por el Código Civil. Es éste el caso de Acdeel Salas que afirma, según ya fue apuntado y ahora recuerdo que "[l]a falta de entrega del título no afecta la transmisión del crédito; aquélla no es un requisito de ésta, sino su consecuencia, y se vincula a la ejecución del contrato, no a su perfeccionamiento". Ciertamente, a diferencia de Vélez, no distingue entre perfeccionamiento del contrato y transmisión del derecho; pero, percibe que existe una diferencia entre perfeccionarlo mediante el solo acuerdo de voluntades, ya que no es un contrato real, y ejecutarlo, transmitiendo el derecho personal conforme lo estipulado. Si el intercambio de manifestaciones de voluntad bastara a la transmisión del crédito, no sería posible distinguir la celebración del contrato de su ejecución, ya que ésta sería instantánea o, mejor dicho, tendría lugar con la mera celebración. Es el caso de la compraventa en el derecho francés, diferente en esto del nuestro que requiere la tradición para transmitir el dominio, aunque no para perfeccionar la compraventa. De todos modos, pese a la diferencia que registran las posiciones reseñadas, lo cierto es que, en un punto, ambas suponen la efectiva posesión del título al momento de requerir el pago al deudor cedido. Por tanto, a los efectos que ahora importa, ya sea como recaudo de perfeccionamiento del negocio jurídico (vgr. entrega del título como supuesto análogo a la tradición en la compra venta de inmuebles) o como elemento propio de la ejecución del contrato, no podría exigirse pago alguno al deudor cedido sin exhibir además de la promesa de cesión expresada en el contrato, el pertinente título que soporta la obligación requerida.

La documental que aportó la accionante para fundar la deuda reclamada en este punto (fs. 42/45 del registro 264/CVD/97), consiste en el ejemplar, aparentemente único, del instrumento privado mediante el cual Compañía de Comidas Programadas SAIC "manifiesta que CEDE y TRANSFIERE todos los derechos y acciones que tiene y le corresponde" sobre las facturas que enumera (nros. 828 a 836, 837 a 845 y 847 a 851).

Ese instrumento que podría servir, en el mejor de los casos, para mostrar la voluntad de las partes en orden a la transferencia anunciada, carece de aptitud, en cambio, para acreditar la entrega efectiva de los títulos que brindan soporte a los derechos que se pretendían ceder. El registro 264/CVD/97 acredita mediante las foliaturas correlativas que presenta en el margen superior derecho, que las facturas cedidas no fueron acompañadas al momento de verificar la deuda en el procedimiento de referencia.

Además, la aptitud probatoria de la documental en cuestión aparece seriamente debilitada, por cuanto la pretendida certificación de firmas que se atribuye haber verificado la identidad y calidad de quienes intervinieron en el acuerdo, carece de las medidas de rigor que aseguren la correspondencia entre el instrumento y la actuación que practica el notario. En tal sentido, a fs. 45 del registro 264/CVD/97 en el que obra la documentación analizada, y en relación con el instrumento privado que invoca la actora como fuente de la cesión, la actuaria consignó que "CERTIFICA: PRIMERO: Que la/s FIRMA que obra/n en el documento que ligo con esta foja" (cursiva agregada). Sin embargo, entre el documento que contiene las firmas aludidas y la certificación no obra el medio sello pertinente que, en realidad, figura exclusivamente en la foja notarial, no así en el contrato; circunstancia ésta difícil de explicar. Tampoco obra en el contrato firma que pudiera atribuirse a la escribana y permitiera vincular el contrato con la certificación practicada. Vale también señalar, sin perjuicio de lo ya dicho, que el acuerdo en cuestión nunca aparece reconocido por la cedente, ni el instrumento acompañado en autos tiene constancia emanada del escribano que indique en qué actuaciones han sido recibidas las firmas que estarían certificadas.

A esto se suma que aunque a fs. 382 se ordenó producir la prueba informativa dirigida al Archivo de Registros Notariales, que quizás pudo haber despejado las incertidumbres aludidas, y que a fs. 187 (del cuaderno de prueba de la parte actora) expresamente se señaló que el objeto de la diligencia era obtener copias "de las escrituras de cesión de créditos de autos", lo cierto es que frente al resultado negativo de la diligencia (tanto el Archivo de Protocolos Notariales como los escribanos oficiados manifestaron no poseer el protocolo donde se encuentran las escrituras requeridas, v. fs. 99 y 199 cuaderno de prueba de la parte actora), finalmente, NFIE S.A desistió de la prueba en cuestión (fs. 150 cuaderno de prueba parte demandada).

Por último, en lo que a este tema atañe, corresponde señalar que las referencias que surgen del registro 264/CVD/97 (fs. 73, 79, 83 y 86), en relación con las carpetas 526 y 527, así como respecto de las facturas ya enumeradas que tramitaban por su intermedio, nada permiten inferir en relación con la efectiva transmisión de los títulos de crédito cuyo cobro pretende la actora ni con la validez de ese negocio jurídico. En otras palabras, que ellas figuren dentro del sistema de seguimiento de deudores o que la Contaduría las registre, ciertamente no prueba la transferencia en cuestión. La variedad de motivos que pueden justificar las referencias aludidas comprende, desde la presentación de las facturas por la empresa que prestó el servicio, hasta una toma de razón originada en el propio pedido de verificación de deuda.

Así las cosas, los agravios de la recurrente no logran revertir los motivos expresados por la Sala II para confirmar la decisión de primera instancia que admitió la excepción opuesta por el GCBA, en torno a la falta de legitimación de NFIE S.A para reclamar la deuda originada en la facturación invocada, por no haber acreditado el carácter de cesionaria invocado. Ello así, y sin que medie otro planteo de la actora para fundar la procedencia de esta parte de la deuda reclamada, nada queda por resolver en el ámbito de la jurisdicción que abrió el recurso de la accionante.

4. A esta altura, corresponde analizar la procedencia de la deuda reclamada en la demanda (puntos V, A y B), no ya con fuente en los contratos cuya nulidad absoluta, según fue dicho, quedó firme, sino como consecuencia del requerimiento de pago que NFIE S.A apoya en la doctrina del enriquecimiento sin causa (fs. 646, 654/656). Esta cuestión, a su vez, exige despejar cuál es el alcance que cabe asignar al procedimiento de verificación de deuda que regula el decreto 225/96.

La actora sostiene que mediante el registro 264/CVD/97 la Administración ha verificado, registrado y aprobado una deuda por un valor de $275.229,27 y de $117.883, que se corresponde con el reclamo formulado en la demanda como "deuda anterior" y que también de esas constancias surgiría el registro de la deuda posterior a agosto de 1996 con un saldo impago del 30% (cf. liquidación de la Secretaría de Hacienda), aunque resalta que, a su respecto, no era necesario transitar el procedimiento de verificación, sino que resultaba aplicable el régimen del art. 14 del decreto 225/96 (fs. 646 vuelta y 650 vuelta/654). A criterio de la accionante, según lo manifestara a lo largo del pleito (fs. 590 y 646 vuelta) el procedimiento de verificación de deuda, conforme surge de los considerandos del decreto 225/96, tienen por objeto "determinar fehacientemente la existencia y legitimidad de la deuda pública" (BOCABA nº 43, 4/10/96, pag. 350).

Por su parte, el GCBA señala que el decreto en cuestión regula "el procedimiento a seguir por los supuestos acreedores a los efectos que acrediten la legitimidad del cobro del crédito que pretenden (...)" y que "(...) la CVD [Comisión Verificadora de Deuda] como surge del propio texto del decreto no tiene facultad para reconocer deuda alguna (...)" por cuanto "(...) efectúa una propuesta de pago a los fines conciliatorios (...)" siendo "(...) el Secretario de Hacienda y Finanzas quien mediante resolución reconocerá o denegará el pago del crédito pertinente" (fs. 664 y vuelta). En el caso concreto del registro 264/CVD/97, según indica el GCBA, "no existió reconocimiento de deuda" que obligue a su mandante porque "ningún funcionario con competencia ha reconocido la deuda que reclama la actora" y expresamente, allí, se hizo reserva de discutir judicialmente las obligaciones perseguidas (fs. 664 vuelta).

4.1. Sobre el procedimiento de verificación de deuda, el TSJ tiene dicho que "El decreto n° 225/96 impuso a los acreedores de la ex MCBA, en lo que aquí interesa, la obligación de presentarse a verificar sus créditos ante la Comisión creada al efecto, dentro del plazo y con los requisitos previstos en el art. 4. Una vez cumplidos los pasos establecidos por los arts. 5 y 6 del decreto, la Comisión constataba la procedencia formal del reclamo, podía citar al acreedor a efectos de renegociar el crédito y de ello dejaba constancia por acta (art. 7). Allí concluía el trámite ante la Comisión y previa intervención de la Procuración General (art. 8), las actuaciones pasaban al Sr. Secretario de Hacienda para que emitiera la resolución que reconociera o denegara el crédito (art. 9). Para las deudas posteriores al mes de agosto de 1996 el comitente se comprometía a abonar, a partir del septiembre de 1996, el setenta por ciento de las prestaciones impagas correspondientes al mes de julio de ese año en adelante, con carácter de pago a cuenta sujeto a revisión (art. 14) // Según el procedimiento reseñado, el Secretario de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad era el único funcionario habilitado para reconocer los créditos reclamados" ("Sanecar ..." ya citado).

Resulta indisputable que el régimen en cuestión, cuya inconstitucionalidad no fue planteada por la accionante, divide el procedimiento de verificación de deuda en etapas y que el reconocimiento de deuda sólo puede provenir de una intervención del Secretario de Hacienda a quien la norma otorga competencia al efecto.

En este punto, asiste razón al GCBA, y en sentido concordante a lo decidido en las instancias de mérito, cuando afirma que en el registro 264/CVD/97 no existió reconocimiento de deuda. En el supuesto que nos ocupa, durante la primera etapa del procedimiento previsto por el decreto n° 225/96, la Comisión verificó formalmente el crédito de NFIE S.A, que finalmente fue rechazado por la única autoridad competente para expedirse acerca de su procedencia (res. 4834/SHyF/98, fs. 148/149 del registro 264/CVD/97).

Por su parte, la reserva anunciada por la Comisión Verificadora al comunicar a la recurrente la propuesta conciliatoria referida a "debatir judicialmente los alcances y legitimidad del crédito reclamado en su totalidad" (fs. 118 del registro 264/CVD/96), deja sin sustento la alegada afectación de la doctrina de los actos propios, que se denuncia en el recurso (cf. en sentido concordante TSJ in re "Sanecar..." ya citado).

4.2. Sin embargo, de lo anterior no se sigue automáticamente que, ante la imposibilidad de atribuir al registro 264/CVD/97 el carácter de reconocimiento de deuda imputable al GCBA, carezcan de todo valor las diversas constancias que congrega aquel procedimiento de verificación.

Las objeciones de la recurrente muestran la intención de apoyar su reclamo, no sólo en el valor probatorio que siempre asigna al registro 264/CVD/97, sino también, en alguna de las piezas obrantes en el procedimiento (fs. 652/654), aunque no las sistematiza ni las confronta con el resto de la prueba documental, para dar dimensión de su valor probatorio. Esa tarea, natural para las partes, en el marco de los intereses y deberes que a cada una les corresponden, aparece en autos, desdibujada por completo. La fe que tanto la actora como la demandada depositaron en los planteos teóricos que formularon, ha conspirado contra la posibilidad de reconstruir el modo en que se desenvolvió el vínculo entre las partes. Es ilustrativo el hecho de que el peritaje contable propuesto en autos por la demandada (v. fs. 360, en especial puntos d y k/q del peritaje propuesto, orientados a establecer valor de los servicios en discusión, precios de plaza, diferencia entre precios facturados y vigentes a la fecha de entrega, ganancia incluida en la facturación, etc.), mereciera oposición de NFIE S.A (fs. 4/6 del cuaderno de prueba de la parte demandada); prueba que a la postre quedó desistida a fs. 141 del cuaderno de prueba de la demandada. También resulta llamativo que pese a que a fs. 377/376 y 387 la actora denunció que la demandada no había acompañado, con el registro 264/CVD/96, la totalidad de los documentos requeridos en autos, luego a fs. 452 desistió de la prueba mediante la cual se solicitaba oficiar a "todas las reparticiones intervinientes en el registro de verificación Expte. 264-CVD-97, en atención [a] que la demandada ha acompañado en autos el registro 264-CVD-97, constituyendo el mismo prueba con carácter de instrumento público".

Resulta indisputable que en autos las partes no formularon un análisis de la prueba documental que obra en autos bajo una apreciación de conjunto que permita despejar o, cuanto menos, reducir a su mínima expresión las dudas en torno a las obligaciones reclamadas en este pleito. En realidad, si hay algo en lo que la estrategia de ambas ha coincidido, es en su desinterés por probar. Desinterés, tanto de quien tiene la carga, la actora (art. 301 del CCAyT), que se apoya de modo casi excluyente, en un procedimiento con las características analizadas en el punto precedente, como de la demandada, que tiene la posibilidad, especialmente cuando se discute enriquecimiento sin causa, de mostrar que no recibió el servicio, que lo prestó otro y no había posibilidad de recibirlo por duplicado recurriendo a los datos que obran en poder de la repartición receptora de la prestación o, directamente, que lo pagó u otras hipótesis que impactarían sobre la procedencia de la pretensión de la actora. Esas circunstancias, aparecen como de posible acreditación para el GCBA y, si así no fuera, también debió explicar el demandado cuáles eran los motivos que lo impedían, para intentar neutralizar la posibilidad de que, en base a indicios o presunciones serias y concordantes, se arribara a un juicio adverso a sus intereses.

Desde la perspectiva que brindan las consideraciones precedentes, resta destacar que, aún a pesar del obrar de las partes, se han adquirido para el expediente constancias útiles bajo las cuales corresponderá dirimir la contienda. El progreso del agravio esgrimido por la actora en relación con el mérito probatorio de las constancias del procedimiento de verificación de deuda, pese a que en él no se arribó a un reconocimiento de las obligaciones reclamadas, conduce a indagar qué elementos de prueba surgen del registro 264/CVD/97 conforme lo propicia NFIE S.A. Es decir que, a esta altura, la prueba que dará base a la solución de autos será una acorde a lo que la estrategia desplegada en autos, por NFIE S.A así como por GCBA, ha dado ocasión de analizar. Por ello, pesarán en cabeza de cada una de las partes, según el caso, las consecuencias adversas por no haber probado aquello que les correspondía (art. 301 del CCAyT). Así, el mandato que a los jueces incumbe, en orden a resolver las causas "sobre la base de los elementos de juicio obrantes en el proceso", cumplirá la misión de impartir justicia abordando, en la medida de lo viable, todos los tópicos propuestos en el pleito. Es este el recto sentido que estimo deriva de la jurisprudencia invocada por la recurrente (punto fs. 647 y 656 y vuelta) sin que corresponda atribuir a los precedentes aludidos un significado antagónico con la doctrina de Fallos 323:2924 (vgr. las formas en los contratos administrativos y presupuestos de procedencia del instituto del enriquecimiento sin causa) a la que, por lo demás, lo propia CSJN había remitido en los pronunciamientos ahora citados por la accionante.

5. Para expedirme en torno a la procedencia de los pagos reclamados en el marco del recurso intentado, analizaré en primer término las constancias probatorias acumuladas en autos. Formulado ese estudio, corresponderá, en su caso, determinar el progreso del pago de las facturas al amparo de la teoría del enriquecimiento sin causa conforme fuera requerido por las partes (fs. 339 vuelta y 433 vuelta).

5.1. La compulsa de las actuaciones conduce a confrontar la facturación que la actora enumera en el punto V.A) de su demanda (deuda con vencimiento anterior al 6/8/96), con las carpetas cuya recepción y constancia de reserva obra a fs. 386. Ello así por cuanto, según la operatoria que parecen haber registrado los suministros cuya pago se pretende, cada carpeta reúne la información relativa a las facturas en cuestión.

Para facilitar la comprensión y cotejo de datos incluiré a continuación un cuadro que consigna: número de carpeta, de factura e importe y, finalmente, estado de la obligación según los datos que surjan de cada legajo. Al efecto seguiré el orden de la enumeración formulada en la demanda, punto V.A), excluida aquella cuya consideración fue abordada en el punto 3 de estos fundamentos. Luego formularé las observaciones complementarias en relación con la información así reunida.

CARPETA	NRO. DE FACTURA E IMPORTE	ESTADO DE LA OBLIGACIÓN	SALDO O RESERVA 1	2161	454 - $1.310,55	Pagado	No registra 2	2162	455 - $33.229,00	Pagado	No registra 3	2452	459 - $1.345,77	Pagado	No registra 4	2451	460 - $33.106,50 555 - $1.100,00	Pagado ($34.206,50)	No registra 5	2758	465 - $1.330,87	Pagado	No registra 6	2759	466 - $34.045,00	Pagado	No registra 7	2756	467 - $1.155,38	Pagado	No registra 8	2757	468 - $34.341,00	Pagado	No registra 9	2886	480 - $1.314,06	Pagado	No registra 10	2888	481 - $33.827,50	Pagado	No registra 11	2887	482 - $1.361,90	Pagado	No registra 12	2885	483 - $33.386,50	Pagado	No registra 13	3612 (v. fs. 170 CPA y fs. 75 registro 264/CVD/96)	505 - $1.512,15	Pagado (v. fs. 184 CPA)	30% del total facturado (v. fs. 184 CPA y fs. 75 registro 264/CVD/96) 14	3614	506 - $34.199,00	Pagado	No registra 15	3613	507 - $1.291,10	Pagado	No registra 16	3615	508 - $35.726,50	Pagado	No registra 17	3616	509 - $1.072,60	Pagado	No registra 18	3617	510 - $34.012,00	Pagado	No registra 19	3618	512 - $1.229,82	Pagado	No registra 20	3619	513 - $34.875,50	Pagado	No registra 21	3620	514 - $1361,47	Pagado	No registra 22	3621	515 - $35.499,00	Pagado	No registra 23	5417 (no obra en autos)	$33.469,50 y $1.555,83	Aceptada Registro 264/CVD/97 $35.025 (v. fs. 80 y 85)	- 24	5498 (no obra en autos)	191 - $36.245,50 (importe liquidado, fs. 74 , 79/80, 85 y 97/8 del registro 264/CVD/97)	Pagada Registro 264/CVD/97 (fs. 74,79/80 y 97 registro 264/CVD/97)	No registra 25	628	372 - $825,60	Orden de pago 3611 $825,60	No registra 26	629	374 - $30.846,00	Orden de pago 3611 $30.846,00	No registra 27	1975	442 - $1.172,85	Pagado $1.102,85	Nota de Crédito 579 - $70 (por diferencia en la raciones suministradas) 28	1976	443 - $33.487,50	Pagado	No registra 29	7176	260 - $532,24	Orden de Pago nº 2278 $532,24	- 30	-	3549 - $10.646,66	No fueron aceptadas Registro 264/CVD/97 fs. 79 y 85	- 31	-	3550 - $344,15	32	-	3551 - $6.227,54	33	-	3552 - $8.314,03	34	-	3555 - $1.441,08	35	-	3556 - $3235,85	36	-	5181 - $13.630,52	37	-	610 - $10.284,70	38	-	611 - $5.364,28	39	-	780 - $211,01	40	-	839 - $8.488,76	41	-	842 - $7.980,61	42	2760 (sic demanda) / 2768 Carpeta original	475 - $6.789,53	Pagado	No registra 43	2769 (v. fs. 152 CPA)	476 - $10.020,38	Pagado	No registra 44	2762	477 - $10.552,75	Pagado	No registra 45	2883	478 - $10.083,28	Pagado	No registra 46	2884	479 - $7.477,19	Pagado	No registra 47	3623	503 - $2.329,44	Pagado	No registra 48	3622	504 - $10.597,82	Pagado	No registra 49	Nota débito	338 - $204 ( sic demanda)	pagado (fs. 81 y 85 264/CVD/97)	- 50	90.334/94 (no obra en autos)	8083 - $34.216,00 8084 -$32.653,60 (sic demanda)	Aceptada Registro 264/CVD/97 $66.869,60 (fs. 79, 82 y 85 registro 264/CVD/97)	- 5.2. Del cotejo de los datos agrupados en el cuadro anterior se desprende que los renglones 1/22; 24; 27/28 y 42/49 representan la deuda que, conforme surge de las carpetas allí identificadas (recuerdo que se trata de documentación original que fuera reservada a fs. 386 de autos), fue pagada por la Tesorería del GCBA según los sellos estampados sobre todas las constancias relativas a cada una de las facturas que originaron las carpetas en cuestión. Además, esos legajos acreditan que los importes abonados en cada caso coinciden con lo liquidado en las facturas emitidas por Natural Foods. A su vez, dentro del grupo individualizado, los renglones 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 46, corresponden a facturas que fueron cedidas por la actora al Banco de Crédito Argentino (fs. 90/96 y 100 del registro 264/CVD/97).

Aunque los pagos que reclama la actora en los supuestos bajo análisis, comprometen importes menores que los consignados por las facturas que invoca como fuente de su crédito, no explica ni acredita por qué, frente al efecto liberatorio que corresponde asignar a los pagos realizados en las condiciones ya indicadas, podría pretender el cobro solicitado. Tampoco justifica esa pretensión en relación con obligaciones que fueron cedidas al Banco de Crédito Argentino, según los "informes de cesión" presentados por Natural Foods, fs. 90/96 del registro 264/CVD/97.

5.3. La deuda que reflejan los renglones 25, 26 y 29 conforme surge de las constancias obrantes en las carpetas allí identificadas, corresponde a facturas que han sido incluidas en órdenes de pago. La orden de pago 3611 alcanza a las facturas tramitadas por las carpetas 628/629. En relación a esta última, tanto la carpeta como el registro 264/CVD/97 acreditan que se trata de una factura cedida al banco de Crédito Argentino (v. fs. 25 de la carpeta y 95 del registro indicado). Por su parte, la orden de pago 2278 corresponde a la carpeta 7176.

La emisión de una orden de pago, ante la falta de cualquier explicación por parte de la actora y de la demandada, prueba que se recorrió, con conformidad de la administración dispuesta al pago, el procedimiento establecido para habilitar la erogación pertinente, extremo que, a su vez, muestra que no se han brindado motivos para justificar la necesidad de disponer el cumplimiento de la obligación mediante una sentencia.

Por una parte, entonces, el reclamo en torno a las carpetas 628 y 7176 (renglones 25 y 29 respectivamente) omite toda referencia a las ordenes de pago señaladas y, por otra, en el caso de la carpeta 629, además, se agrega que los derechos derivados del título que soporta la factura allí tramitada, fueron cedidos al Banco de Crédito Argentino.

5.4. Los renglones 30/41 representan una deuda que la actora apoya en facturas que no fueron aceptadas durante el procedimiento de verificación de deuda. Esas constancias fueron las que invocó la actora para sustentar su reclamo. Sin embargo, la compulsa del registro 264/CVD/97, sin que medie otra prueba que la rebata, acredita que la facturación en cuestión no pudo ser identificada por las reparticiones pertinentes del GCBA (fs. 79 y 85 del registro 264/CVD/96).

5.5. Los renglones 23 y 50 corresponden a una deuda, que según las constancias del registro 264/CVD/97, fue aceptada sobre la base de la información brindada por la Dirección General de la Contaduría General del GCBA, previa intervención de las reparticiones pertinentes conforme los disponen los arts. 5 y 6 del decreto 225/96. Por su parte, la Tesorería General del GCBA, por medio de su Dirección General, expresamente consignó que "ratifica la deuda registrada por la Contaduría General, la que al día 26/05/97 se encuentra impaga" (fs. 79, 80, 82 y 85 del registro 264/CVD/96).

6. Frente a la información que surge del punto anterior (apartados 5.2/5.4) los agravios de la recurrente, vinculados con el modo en que los jueces de mérito interpretaron y aplicaron la doctrina del enriquecimiento sin causa, no logran conmover la solución a la que arribó la sentencia impugnada.

En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que "La prueba del enriquecimiento de la Administración y del correlativo empobrecimiento de la actora constituye el presupuesto de la pretensión analizada (...) pues resultan requisitos de la decisión y no tan sólo de la medida de una eventual condena// Aunque sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro. En el caso, es dable inferir que su importe difiere del cuantificado en las facturas presentadas, pues ellas incluyen la ganancia del prestador. Además, también debería detraerse aquello que fue objeto de pago (...)" (cf. "Sanecar ..." ya citado).

6.1. Así entonces, la prueba del pago de las obligaciones analizadas en el punto 5.2, ante la ausencia de alguna acreditación que rebata las conclusiones que arroja la documental obrante en estas actuaciones, justifica rechazar la demanda en relación con los créditos considerados en el punto indicado. Por su parte, la prueba de la emisión de ordenes de pago en el caso de la deuda examinada en el punto 5.3; así como, la prueba de la imposibilidad de identificar las facturas consideradas en el punto 5.4, conducen a idéntico resultado.

En definitiva, el reconocimiento de la deuda reclamada con fundamento en la teoría del enriquecimiento sin causa, no procede por cuanto el recurrente no rebate constancias que impiden hablar, en los supuestos que nos ocupan, de empobrecimiento del accionante y de un correlativo enriquecimiento sin causa del demandado. 6.2. En cambio, la constatación formulada mediante el punto 5.5, analizada a la luz de la doctrina del enriquecimiento sin causa, lleva a reconocer el derecho de la accionante al cobro de los importes allí reclamados.

Para lo que ahora importa y, frente a la ausencia de prueba alguna que rebata la capacidad probatoria que ostentan las manifestaciones, informes y constancias emitidas por las autoridades competentes que intervinieron en el procedimiento de verificación registrado bajo el expte. nº 264/CVD/96, corresponde admitir la deuda analizada en este segmento, que asciende al importe de $101.894,60.

La conclusión precedente se apoya en informes que, no pierdo de vista, también habían registrado obligaciones cuyo reconocimiento a favor de la actora aquí se rechaza. Sin embargo, existe entre ambas situaciones una diferencia fundamental que explica el desenlace diverso al que cada una de ellas arriba. En efecto, los informes de Contaduría y Tesorería, por sus características de generalidad y fuente de información, perdieron capacidad probatoria frente a documentos vinculados específicamente con la facturación reclamada que daba cuenta suficiente, por lo demás tampoco rebatida, sobre el estado de la deuda perseguida (vgr. para la mayoría de los supuestos, cancelada). En cambio, cuando esos informes aluden a la existencia de la facturación, así como de la prestación del servicio, y el GCBA no aporta prueba alguna que le reste mérito para acreditar los extremos que allí se dan por válidos, ni aquella surge de estas actuaciones, no es posible desconocer el valor que ostentan en el marco de un procedimiento con las características del que reguló el decreto 225/96. En relación con la determinación del juego de la carga probatoria en las circunstancias de autos, remito a las consideraciones que formulé en el punto 4.2, párrafo tercero. El parámetro allí enunciado constituye una regla aplicable para ambas partes del pleito en el que el mínimo de la pretensión, subsidiariamente articulado, consiste en el recupero del enriquecimiento sin causa, mientras que la nulidad de los contratos decretada con carácter firme torna operativo el art. 1052 del Código Civil respecto de una prestación cuya naturaleza hace muy difícil, sino imposible, la restitución en especie. El precepto mencionado, para un supuesto como el que nos ocupa representa el tope de aquello que se puede reconocer y, por su parte, las deducciones dependerán de lo alegado y probado por las partes. Esos extremos, en relación con estas prestaciones -a cuyo respecto no hubo, a diferencia de las tratadas en el punto 5.2 un pago tan voluntariamente efectuado por la parte que se reconoció deudora como voluntariamente recibido por el acreedor sin reservas-, conducen a reconocer los importes considerados en este punto pues, como tiene dicho la CSJN para una situación análoga, "(...) la condena a restituir en especie los insumos ya consumidos significaría que la comuna debería convocar a una nueva licitación pública con el único objeto de adquirirlos de un tercero para restituírselos al actor, pues el principio de legalidad presupuestaria le impide proceder de otra manera; vale decir, adquirirlos directamente para entregárselos. En tanto cabe presumir que el importe consignado por el proveedor en las facturas presentadas al cobro está integrado, cuanto menos en buena medida, por el costo (pérdida) que efectivamente tuvo para cumplir con la prestación respectiva" (C. M1597.XL "Cardiocorp S.R.L c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", sentencia del 27 de diciembre de 2006).

7. En cuanto a la deuda reclamada en el punto V. B) de la demanda, posterior a agosto de 1996, el planteo de la recurrente no puede prosperar. Los motivos que justifican el resultado anunciado, vale aclarar, tornan innecesario despejar los equívocos a que conduciría el modo en que se ha identificado la fecha de corte prevista por el decreto 225/96 (vgr. prestaciones en ejecución devengadas a partir del 1° de agosto de 1996) en el registro 264/CVD/96 (v. fs. 653, párrafo sexto).

El GCBA confunde aquel límite e invoca la improcedencia del reclamo de esta parte de la deuda solicitada en autos (punto V.b de la demanda), por no haber la actora verificado la deuda conforme el procedimiento previsto en el aludido decreto 225/96. El yerro fue correctamente señalado por el juez de primera instancia, aunque el GCBA persiste en reeditar el argumento (fs. 668 vuelta). Por su parte, NFIE S.A, negó haber verificado esa parte de la deuda, al amparo del art. 14 del decreto 225/96, aunque luego invocó constancias obrantes en el registro 264/96 (planillas de seguimiento obrantes a fs. 73/77) que, según sus propios dichos, habían sido analizadas por la administración sólo en relación con la deuda anterior a agosto de 1996 (fs. 652). En tal sentido, asiste razón al GCBA cuando resta valor probatorio a esos datos que consignan las planillas en tanto no constituían, por ser posteriores a agosto de 1996, el objeto de verificación del registro 264/CVD/96 (fs. 669). De todos modos, lo que resulta dirimente para zanjar la cuestión es que el art. 14 del decreto 225/96 dispuso: "Con respecto a las obligaciones devengadas a partir del 1º de Agosto de 1996, deberá seguirse el siguiente procedimiento// a) a partir del mes de septiembre de 1996, el comitente abonará hasta el setenta por ciento (70%) de las certificaciones por prestaciones (bienes, servicios, obras y arrendamientos), correspondientes al mes de julio de 1996 en adelante, que se encontraran vencidas e impagas a la fecha. Dicho pago será considerado como pago a cuenta, quedando el mismo sujeto a revisión de las condiciones contractuales pactadas con anterioridad a agosto de 1996" (BOCABA nº 43, del 4/10/96, pag. 351).

La actora reconoce que, en relación con la deuda devengada a partir de agosto de 1996, reclama un saldo del 30% que se le adeuda como consecuencia de los pagos a cuenta que recibiera oportunamente (fs. 653).

Por otro lado, surge de la resolución 4834/SHyF/98 que de acuerdo al testeo de precios realizado por la demandada (precios testigos informados por la SIGEN, precios promedios informados por la Secretaría de Salud obtenidos en las licitaciones públicas de cada hospital de la jurisdicción), el "procentual promedio de readecuación de precios" sería para el universo en cuestión del 41,8% en el suministro de comidas a hospitales. A este respecto, el GCBA, al contestar los agravios del recurso ordinario de la actora invocó las constancias administrativas de las que surge el sobreprecio que llevó a la demandada a propiciar una readecuación promedio de 41,8% sobre los precios facturados (vgr. Hospital Rivadavia precio testigo 7,28, precio facturado 13.00, Hospital Zubizarreta precio testigo 7,73, precio facturado 11,86). En tales condiciones, NFIE S.A debió justificar en su recurso, y no lo hizo, por qué motivos debería progresar el pago del saldo reclamado. La accionante no demuestra que la readecuación establecida por el GCBA, con apoyo en datos que aquella no rebate, configure un supuesto que pueda ser calificado como arbitrario o ajeno a esta parte de la deuda reclamada.

Entonces, por un lado, la actora reconoce haber recibido pagos que cancelaron el 70% de las facturas reclamadas para la etapa posterior a agosto de 1996. Por otro, tales pagos conforme lo dispone el art. 14, inc. a, del decreto 225/96, revestían el carácter de pago a cuenta, que quedaba "sujeto a revisión de las condiciones contractuales pactadas con anterioridad a agosto de 1996". Además, NFIE S.A no logró demostrar que el porcentaje de readecuación de precios fijado en 41,8% promedio configurara una quita irrazonable.

En consecuencia, en relación con las obligaciones agrupadas en el punto V.B) de la demanda, tampoco puede tenerse por probado que la actora se haya empobrecido al tiempo que la demandada se enriquecía a su costa.

8. A esta altura, luego de despejar el grado de éxito al que arriba el reclamo de la actora, cobran dimensión las consideraciones vinculadas con el mandato de impartir justicia a partir de las constancias de la causa, que formulé en el punto 4.2 (párrafo cuarto). Sería falaz, en el contexto de autos, apuntar que las instancias de mérito obraron con displicencia o prescindiendo del debate planteado por las partes en torno a las constancias de la causa. En realidad, sus pronunciamientos fueron reflejo del escaso compromiso que aquellas asumieron con la actividad probatoria que les correspondía. Su actitud las expuso al riesgo de frustrar toda posibilidad de dilucidar el derecho material en juego y, cada una, habría contribuido a generar el deber de soportar ese resultado. El margen de diferencia que se registra entre esta sentencia y las de las instancias anteriores, ciertamente, se inscribe dentro de la zona de riesgo aludida.

De todos modos, fue el progreso de uno de los agravios de NFIE S.A lo que desencadenó el reconocimiento que deriva de esta sentencia (vgr. eficacia probatoria de las constancias del registro 264/CVD/96 independientemente del valor que se asignara a ese procedimiento como reconocimiento de deuda imputable al GCBA). Eso sí, resalto, con un esfuerzo de análisis probatorio que exhibe una relación inversamente proporcional respecto de áquel que cabe atribuir a la recurrente. 9. Finalmente, resta considerar la última variante bajo la que la actora intenta apoyar el progreso de su reclamo. En su memorial, NFIE S.A se agravió por cuanto el a quo sostuvo que "La ausencia de análisis de la responsabilidad de la demandada en el incumplimiento de los recaudos legales que tuvieran como efecto la nulidad judicialmente declarada de las contrataciones que unieran a la actora no constituye una omisión ni una desigualdad de trato entre las partes, sino que es una cuestión absolutamente ajena a la controversia aquí planteada". A partir de ello, denunció que la sentencia impugnada omitió considerar que "el Estado asume como propios los hechos, actos u omisiones (en algunos casos) de sus funcionarios y agentes que tengan consecuencias dañosas" y que los verificados en autos generan "la obligación del Estado de resarcir económicamente los daños causados" (fs. 655).

El planteo de la recurrente encierra un doble equívoco, al tiempo que aumenta la perplejidad que había generado ya el reclamo, sobre la base de facturas que, aunque ninguna de las partes dice nada al respecto, estarían en su mayoría canceladas según la documental ofrecida por ambas.

En definitiva, si el planteo pretende demostrar que los jueces de mérito interpretaron arbitrariamente la pretensión esgrimida en autos porque omitieron expedirse en relación con la responsabilidad del estado que intervino en la celebración y ejecución de contrataciones nulas, de nulidad absoluta, el argumento fracasa por no acreditar la actora dónde hubo requerido tal definición de los jueces. Ya sea que en tal aspecto la pretensión hubiera sido expresa o tácita, la recurrente debió mostrar las partes del debate en las que propuso sus argumentos en la materia y por qué ellos bastarían para acreditar que la demandada tuvo oportunidad de defenderse a su respecto.

En cambio, si el agravio presupone que la declaración de nulidad de los contratos configura automáticamente un supuesto de falta de servicio que resulta indemnizable de pleno derecho, tampoco podría progresar. Ello así, básicamente, porque la diligencia exigible al contratista estatal (Fallos 311:2831 y 325:1787 entre muchos otros) impide suponer -por la entidad de los vicios que afectaban a los contratos cuya nulidad absoluta fue declarada en autos y se encuentra firme- que la actora desconocía las graves irregularidades que rodeaban al vínculo que trabó con la Administración, o que ella pueda invocar su buena fe para reclamar una indemnización con fundamento en la responsabilidad del estado. A diferencia de lo predicable respecto del estado, el accionante no podría alegar su propia torpeza para obtener una indemnización como la que pretende.

Además, cabe señalar que para que progrese una indemnización por responsabilidad aquiliana del estado deberá registrarse, no sólo una "prestación irregular del servicio" imputable a la demandada, sino también los restantes presupuestos exigibles en la materia (vgr. existencia de daño resarcible y relación de causalidad). A su vez, resultaría imprescindible definir cuáles son los rubros y conceptos reclamados para poder encausar la prueba a su respecto. Respaldo que las constancias de autos, según el modo en que fueron aprovechadas por las partes, no podría brindar. Ello basta para ilustrar, al margen de la objeción central expuesta en el párrafo precedente, sobre las dificultades que generaría permitir la mutación de un juicio como el que nos ocupa, para transformarlo en un pleito por responsabilidad extracontractual originado en actividad ilegítima del estado.

Finalmente, si bajo la invocación de la responsabilidad se busca reparar exclusivamente un rubro análogo al que inspira la teoría del enriquecimiento sin causa, resultaría disfuncional pretender lograrlo bajo las categorías que gobiernan los casos de responsabilidad del estado.

10. Las costas se imponen, para todas las instancias, en el orden causado, por cuanto el modo en que las partes del pleito ejercieron los derechos que les corresponden, no ha representado conforme surge de este voto, una adecuada contribución para arribar a la sentencia destinada a dirimir el juicio. Por su parte, el éxito que pudiera atribuirse a alguno de los planteos formulados por ellas, representa una proporción muy menor en el marco del resultado al cual se arriba (art. 62 del CCAYT).

Por las razones dadas, emitido el dictamen Fiscal, voto por hacer lugar parcialmente al recurso ordinario de apelación interpuesto por Natural Foods Industrial y Exportadora S.A. En consecuencia, corresponde revocar parcialmente la sentencia de fs. 621/624 y condenar al GCBA al pago de la suma de $ $101.894,60. Los intereses, ante las particularidades del caso y por no obrar datos que abonen otra solución, correrán a partir del vencimiento de las facturas que originan esta condena, y serán calculados según la tasa pasiva promedio publicada por el BCRA (CSJN in re "Cohen, Eliazar c/ Río Negro, provincia de y otros s/ daños y perjuicios", sentencia del 30/5/2006). Costas por su orden en todas las instancias.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Adhiero al voto de mi colega, el juez Luis F. Lozano.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Como indica el Sr. Juez de Trámite en el primer apartado de su voto, el recurso ordinario interpuesto por la actora cumple con los correspondientes requisitos de admisibilidad formal. Sin embargo, adelanto que, a mi juicio, no puede prosperar.

2. En primer lugar, concuerdo con lo señalado por el Juez Lozano en el punto 2 de su voto en cuanto al objeto central del recurso que deberá resolver el Tribunal.

3. En cuanto a los agravios de NFIE vinculados con la confirmación por la Cámara de la admisión de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Gobierno, coincido con mi colega preopinante en que los planteos de la recurrente no pueden ser acogidos porque, como lo destaca la Cámara y lo reproduce en su voto el juez Lozano, "las pruebas de que pretende valerse la actora, no sólo resultan insuficientes para acreditar la oponibilidad de la cesión en que funda su pretensión de pago a la demandada, sino principalmente para hacer constar la propia validez del acto" (sic, fs. 622 vuelta).

4. En lo relativo a los alcances del procedimiento de verificación de deuda previsto en el decreto nº 225/96, comparto la reseña de las posturas de las partes así como las consideraciones formuladas por el Sr. Juez de Trámite en los puntos 4 y 4.1, respectivamente, de su voto. En síntesis: las actuaciones obrantes en el registro nº 264/CVD/97 no importan, como pretende la accionante, el reconocimiento de las deudas que se le atribuyen al Gobierno.

4.1. Sin perjuicio de lo indicado supra y tal como lo advierte el Juez Lozano en los párrafos primero y segundo del apartado 4.2 de su voto, la inexistencia de reconocimiento de deuda no obsta a examinar los elementos de prueba que pudieran surgir del registro nº 264/CVD/97. Ello, a fin de dilucidar si corresponde o no admitir el reclamo de la actora basado en el instituto del enriquecimiento sin causa.

4.1.1. En cuanto a la deuda enumerada en el capítulo V. A) de la demanda de NFIE (deuda referida como de vencimiento anterior al 6/8/96), estoy de acuerdo con la merituación de las pruebas obrantes en estos actuados realizada en los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6 y 6.1 del voto del Sr. Juez de Trámite.

En relación con las carpetas nº 5417 y nº 90.334/94, considero que la indemnización que la actora intenta fundar en el enriquecimiento sin causa de la demandada, es improcedente.

La carpeta nº 5417 correspondería -a estar a los dichos de NFIE- a las facturas 1056 y 1055. En el capítulo V.A) de su demanda, la accionante reclama el pago de $ 33.469,50 por la factura 1056 y $ 1.555,83 por la factura 1055. Sin embargo, tal carpeta nº 5417 no obra en autos, con lo cual no se han tenido a la vista las facturas en cuestión ni la documentación con ellas relacionada.

Por lo tanto, las únicas constancias probatorias vinculadas con la carpeta nº 5417 son las obrantes en el Registro 264/97. A fs. 85 del Registro 264/97 (informe emitido por la Contaduría General) los importes reclamados (que totalizan $ 35.025,33) aparecen como aceptados. Las constancias mencionadas no alcanzan para ordenar el pago requerido con base en el instituto del enriquecimiento sin causa.

Reitero aquí, el criterio del Tribunal que comparto, cuando afirma que " a unque sea razonable admitir que quien ha prestado un servicio afrontó erogaciones la parte actora debe probar su existencia y acreditar su cuantía por tratarse de una acción de reintegro." (cf. TSJ in re "Sanecar SACIFIA c/ GCBA s/ cobro de pesos -s/ recurso de apelación ordinario", expte. nº 1860/02, resolución del 5/11/03). Y, como con acierto lo advirtió la Cámara a fs. 623 vuelta y 624, NFIE no acreditó los gastos en que incurrió para prestar los servicios que invoca ni tampoco la rentabilidad estimada por tal prestación.

Por su parte, la carpeta nº 90.334/94 tampoco luce en autos, y la única información de que se dispone en relación con las facturas cuyo pago se pretende (nº 8083 y nº 8084), es la que surge del Registro 264/97, donde los importes reclamados aparecen como aceptados (folio 82, y 85 del mencionado Registro). Así, pues, por las mismas razones apuntadas en el párrafo anterior, la prueba producida en relación con las facturas nº 8083 y nº 8084 es insuficiente para autorizar el resarcimiento pretendido por la recurrente fundado en la teoría del enriquecimiento sin causa.

4.1.2. En lo que respecta a la deuda consignada en el capítulo V. B) de la demanda (referida como de vencimiento posterior a agosto de 1996), coincido con el Juez Lozano en que no puede acogerse el reclamo de la actora. Ello, por los motivos precisados en el punto 7 del voto del Sr. Juez de Trámite, a los que adhiero.

En síntesis: no procede acordar indemnización alguna a la accionante con fundamento en el instituto del enriquecimiento sin causa, tanto en lo relativo a las supuestas acreencias de vencimiento anterior a agosto de 1996 como a las de vencimiento posterior a tal fecha.

5. Por último, tampoco puede admitirse el planteo de NFIE vinculado con la responsabilidad del Estado por incumplimiento de los recaudos legales que desembocaran en la declaración judicial de nulidad de las contrataciones celebradas con la actora.

Tal como lo advirtió la Sala II, el agravio deviene tardío y, por lo tanto, no puede ser acogido. En efecto, la cuestión de la responsabilidad del Estado no fue introducida en la demanda y, por lo tanto, el juez de grado (y las sucesivas instancias) no tuvieron posibilidad de expedirse sobre el punto, por no formar parte del debate.

6. En virtud de lo expuesto, voto por rechazar el recurso de apelación ordinario interpuesto por Natural Foods Industrial y Exportadora S.A., y confirmar la sentencia de fs. 621/624 vuelta. Costas a la vencida (art. 62 CCAyT).

La jueza Ana María Conde dijo:

I. Adhiero al voto del Dr. Lozano, excepto en lo relativo a las consideraciones vertidas en el apartado 3 de su voto sobre el contrato de cesión de créditos, y al derecho que le reconoce al accionante a cobrarse la deuda individualizada en el apartado 6.2.

Sobre estos dos aspectos desarrollaré a continuación algunos conceptos, remitiéndome en todo lo demás a los argumentos contenidos en el voto del Dr. Lozano, que hago propios.	II.1. Previo a analizar la viabilidad de la pretensión de cobro de las facturas que Compañía de Comidas Programadas S.A le habría cedido a Natural Foods S.A., corresponde esbozar algunos conceptos sobre el instituto de la "cesión de créditos", una de las especies del género "cesión de derechos", a la luz de prestigiosa doctrina civilista.

El art. 1434 establece que la cesión de créditos es un contrato en virtud del cual el acreedor se obliga a transmitir a un tercero los derechos que le atañen contra su deudor, entregándole el título del crédito, si existiese. De esta definición surgen, entre otros, distintos elementos característicos de este tipo de contrato:

a)	La relación jurídica subyacente involucra a tres personajes: el cedente, el cesionario y el deudor cedido. Sin embargo, el contrato de cesión de créditos se establece entre cedente y cesionario, las únicas dos partes del contrato, mientras que el deudor cedido es un tercero ajeno a dicha contratación.

b)	Este contrato es de carácter consensual, es decir que se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades. No desvirtúa el carácter consensual de este contrato el deber que tiene el cedente de entregar al cesionario el título o documento de crédito, si existiere, pues tal entrega no es esencial (Belluscio, Augusto C. -dir-, Zannoni, Eduardo A. -coord.-, "Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado", tomo 7, pág. 16, comentario al art. 1434, Ed. Astrea, Bs.As., 1998).

c)	En cuanto al deber del cedente de entregar el título del derecho transmitido, si existiere, evidentemente el cedente está obligado a poner en manos del cesionario todos los elementos probatorios del contrato de cesión de créditos, pero estos elementos no constituyen un requisito de perfeccionamiento del contrato, sino un efecto del contrato, en el marco de la etapa de cumplimiento del mismo (Spota, Alberto G., "Instituciones de Derecho Civil. Contratos", volumen IV, pág. 259/260, Ed. Depalma, Bs.As., 1979).

En otras palabras, la posesión de título es fundamental para probar el crédito cedido, y no para perfeccionar la cesión.

Por otro lado, conforme lo dispone el art. 1459 Cód.Civ., la cesión solo es oponible a terceros cuando se practica la notificación del traspaso al deudor cedido, o por la aceptación de la transferencia por parte de éste (Bueres, Alberto J. -dirección-, Highton, Elena I. -coordinación-, "Código Civil y leyes complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", tomo 4ª, comentario al art. 1459, pág. 116/125, Ed. Depalma, Bs.As., 2002).

Respecto del deudor cedido la ley no establece ninguna exigencia formal para dicha notificación, por ende es válida la realizada por simple instrumento privado, verbalmente, e incluso tácitamente (Lorenzetti, Ricardo Luis, "Tratado de los Contratos", tomo II, pág. 56, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000). Sin embargo, cuando la notificación es hecha por el cesionario debe practicarse sobre la base de un documento auténtico emanado del cedente en el que conste la cesión, de lo contrario el deudor cedido no tiene modo de saber si la pretendida notificación es un acto serio o una impostura del sedicente cesionario y tiene derecho a resistir las pretensiones de éste (Borda, Guillermo A., "Manual de contratos", 11° ed.act., pág. 313, Ed. Perrot, Bs.As., 1983);

En conclusión, ocurrida una cesión de créditos, que queda perfeccionada con el simple acuerdo de voluntades entre cedente y cesionario, para que este último pueda cobrarse del deudor deberá notificarle la cesión, y disponer del título del crédito -si existiese- que es el que permite que el deudor pueda apreciar cuál es exactamente el crédito que debe abonar.

Es decir, la notificación de la cesión permite dilucidar a quién le tiene que pagar el deudor, y la posesión del título de crédito permite determinar qué es lo que tiene que pagar. La ausencia de alguno de estos dos elementos puede ser invocada por el deudor para no pagarle al cesionario el crédito reclamado.

II.2. Por otra parte, la cesión de créditos en aquellos casos en que el deudor cedido era la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires debía cumplimentar ciertas formalidades contenidas en el decreto 5905-MCBA-87.

Dicha norma establecía diversas pautas, resultando de interés citar las siguientes:

a)	toda notificación de cesión de crédito de acreedores de la Municipalidad, se efectuará por el cedente, el cesionario o los escribanos, ante el Tesorero General o el funcionario que lo reemplace en caso de ausencia, debiéndose en todos los casos justificar el carácter invocado (art. 1);

b)	la notificación de la cesión de crédito o prenda realizada por escritura pública, deberá acompañarse de tres (3) copias simples de la escritura, suscriptas por el escribano interviniente, como asimismo de tres (3) copias del acta de la diligencia de notificación (art. 3).

c)	las cesiones o prendas realizadas por instrumentos privados deberán transcribirse en escritura pública a los efectos del artículo 1035 del Código Civil, previa acreditación de la personería invocada ante el escribano actuante, en caso de corresponder (art. 4).

d)	la notificación de los contratos a que se refiere el artículo anterior podrá ser realizada por cualquiera de las personas mencionadas en los artículos 1 y 2 de la presente norma, y en la forma prevista en el articulo 3° (art. 5).

II.3. Sentado lo expuesto, cabe señalar que existen diversos obstáculos que impiden el éxito de la pretensión de cobro deducida por Natural Foods, referidos a la autenticidad de la invocada cesión de créditos, las formalidades de la notificación y la posesión de las facturas reclamadas:

a)	En primer lugar, podemos considerar que en el marco del procedimiento de verificación de deuda el cesionario (Natural Foods) puso en conocimiento del Gobierno local la cesión de créditos, al presentar la documentación obrante a fs. 42/45 del registro 264-CVD-97. En efecto, a fs. 42/43 y 44 obran copias de los contratos firmados entre Rodel S.A. y Compañía de Comidas Programadas S.A. (Contrato de transferencia del servicio de comidas en escuelas municipales) y, por otro lado, entre esta última y Natural Foods Industrial Exportadora S.A. (Cesión de facturas).

Sin embargo, dicha presentación resulta inválida como notificación, por no cumplir las formalidades requeridas:

o	la invocada notificación no ha sido realizada sobre la base de un documento auténtico emanado del cedente. En efecto, la documentación de fs. 42/43 es una copia simple de un instrumento privado, y el contrato de fs. 44 es un instrumento privado al cual anexaron una "presunta" certificación notarial de firmas en copia simple (ver fs. 45), y destaco el calificativo de "presunta" porque el sello de la escribana no se extiende al documento cuyas firmas presuntamente está certificando;

o	tampoco se cumplen los requisitos contemplados en el decreto 5905-MCBA-87 referidos a quién y cómo hay que notificar las cesiones de créditos en las que el deudor cedido era la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

b)	Asimismo, el cesionario tampoco acreditó poseer las facturas reclamadas. Dichas facturas no figuran en las carpetas y actuaciones administrativas que obran como prueba documental, por lo tanto al no poder probar el crédito cedido se frustra su pretensión de cobro.

En conclusión, ante la ausencia de una notificación válida al deudor cedido y al no tener los títulos de los créditos presuntamente transmitidos, debe rechazarse la pretensión de cobro de las facturas 828 a 845 y 847 a 851.

III. Con respecto a la deuda que el Dr. Lozano considera procedente en el apartado 6.2 de su voto, en el cuadro del informe de la Dirección General de Contaduría General, obrante a fs. 85 del registro 264-CVD-97 figuran deudas que habrían sido aceptadas por la Administración local (ver ítems n° 9, 34 y 35 del cuadro citado) en el marco del procedimiento de verificación de deuda y en los términos del decreto n° 225/96.

Pero las carpetas donde figurarían las facturas reclamadas y sus antecedentes (carpetas 2077-CRDP-95, 2078-CRDP-95 y CF 5417-CRDP-94), no se encuentran agregadas a estas actuaciones judiciales, y la actora tampoco acompañó documental o produjo prueba que permita suplir la ausencia de dichas carpetas, lo que impide dilucidar de qué servicios se trataba, cuál era el costo de las prestaciones pertinentes, si efectivamente habían sido prestados y si habían sido o no pagados.

La referencia a dicha deuda en un informe en el marco de un procedimiento que no implica de ninguna manera reconocimiento de hechos ni derechos, constituye un elemento probatorio insuficiente, por sí solo, para acoger el reclamo del accionante. Condenar al GCBA al pago de una presunta deuda que estaría consignada en una factura que no tengo a la vista, por servicios cuya individualización, efectiva prestación y costos no han sido probados en el marco de la presente causa judicial, no constituye una decisión razonada y fundada en los hechos y pruebas de la causa.

Como hemos dicho anteriormente ("Sanecar SACIFIA c/ GCBA s/ cobro de pesos - s/ recurso de apelación ordinario", expte.n° 1860/02, resolución del 05/11/2003), para que resulte admisible el reclamo sobre la base del enriquecimiento sin causa de la Administración, el actor debe demandar con fundamento en esa causal de reparación (Fallos: 323:3924), probar que efectuó prestaciones útiles y la cuantía de su empobrecimiento (Fallos: 312:741; 323:3924). Por lo tanto, la falta de prueba suficiente que permita formar convicción acerca de la existencia de un enriquecimiento del Estado a raíz de servicios prestados por el actor y no pagados, perjudica a quien tenía la carga de la misma, el actor, cuya conducta procesal se orientó en el sentido contrario: a no ofrecer ni producir prueba que hubiera sido de interés en la causa: por ejemplo, una pericia contable.

IV. Por todo lo expuesto, voto por rechazar el presente recurso ordinario de apelación, con costas al recurrente, en razón del principio objetivo de la derrota y por no encontrar razones que justifiquen apartarse de él (art. 62 CCAyT).

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Me adhiero al voto del Sr. juez de trámite, con sus fundamentos, salvo aquello expuesto en el punto 6.2. de ese voto, en el cual el Sr. juez reconoce parcialmente una obligación derivada del principio del enriquecimiento sin causa. No comparto, precisamente, el fundamento de la condena: ella invierte la carga de la prueba de la obligación reclamada que, de manos del actor, impone ahora al demandado, el GCBA, en virtud de los informes de Tesorería y Contaduría General que aconsejaban reconocer esa deuda en un procedimiento interno, administrativo, para la verificación de obligaciones pasivas.

2. En primer lugar, tal adhesión no significa tomar partido por la explicación teórica acerca del contrato de cesión de un crédito y su perfeccionamiento, pues, a los efectos prácticos, no existe diferencia alguna entre el juez de trámite y la Sra. jueza Ana María Conde, que trata también extensamente el punto, más allá de posibles diferencias teóricas que no influyen para nada en la decisión del caso. En el punto, parece claro que, cualquiera que sea el grado de perfeccionamiento del contrato entre cedente y cesionario, el GCBA -presunto deudor cedido- ha operado correctamente al no reconocer cesión alguna o, con el mismo significado, no sentirse obligado por una cesión que recién aparece en un procedimiento para verificar deudas anteriores y sin exhibición de los títulos que debía poseer y exhibir el cesionario.

3. En torno a mi discrepancia con el Sr. juez de trámite -y, por lo contrario, mi coincidencia con los votos que me preceden de las Sras. juezas Ruiz y Conde- creo correcto adherirme al mismo reproche, varias veces pronunciado por él, en el sentido del nulo esfuerzo probatorio del actor referido a la existencia del crédito y, ya en relación con el enriquecimiento sin causa, a la carencia de prueba alguna sobre la existencia, extensión y calidad del servicio, y el desembolso económico que su prestación conforma, elementos estos que ya el Tribunal consideró indispensables para reconocer obligaciones con ese carácter (expte. n° 1860/02, "Sanecar s.a.c.i.f.i.a. c/ GCBA s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación concedido, sentencia del 5/11/2003). Carecemos del conocimiento al que esa prueba de la obligación afirmada por el actor nos hubiera conducido, a estimar cuál fue el aprovechamiento del demandado y cuál, por contrapartida, el desmedro para el patrimonio del actor. Es más, desconocemos, incluso, si ese servicio -de existir-, está impago. Aquello, al menos, es reprochable al actor e implica el incumplimiento de una carga propia de quien demanda, esto es, la de tornar verosímiles los hechos que fundan el pronunciamiento judicial requerido. El hecho de que, en un procedimiento de verificación iniciado por un gobierno de la Ciudad con la advertencia normativa de que sus actos no significaban reconocimiento alguno de obligaciones incumplidas -ni, por supuesto, impedían cualquier reclamo o demanda a los que tuviera derecho el actor-, norma que determinaba claramente la competencia de un funcionario concreto para pronunciar ese reconocimiento y procedimiento que terminó sin reconocer la obligación reclamada, se hayan producido informes internos de oficinas de la Ciudad que aconsejaban ciertos reconocimientos parciales, en nada suple a la declamada orfandad probatoria acerca de los créditos en juicio y menos aún a la prueba de la existencia, extensión y calidad de los servicios y su valor. Téngase en cuenta que, precisamente por estas razones últimas, esta sentencia tampoco le reconoce al actor la parte impaga de créditos que fueron abonados por el GCBA parcialmente (ver punto n° 7 del voto del Sr. Juez de trámite al que también alcanza mi adhesión).

Por esa razón no coincido con mi colega juez de trámite en el punto indicado y sí coincido, en cambio, con la sentencia impugnada y con los votos ya señalados de mis colegas preopinantes.

4. La adhesión comprende también los últimos puntos de la opinión fundada del Sr. juez de trámite, en especial su punto n° 9, referido a la descalificación de la pretensión tardía de condena al Estado por su responsabilidad extracontractual, incorporada en los recursos.

5. Por lo tanto, me pronuncio por rechazar el recurso interpuesto y la demanda en todas sus partes, esto es, por confirmar la sentencia impugnada.

Las costas deben ser impuestas a la parte vencida, el actor, conforme al fundamento de la derrota en el pleito (CCAyT, 62), del que, a mérito de lo ya observado, no cabe apartarse.

Por ello, emitido el dictamen del Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de apelación ordinario interpuesto por Natural Foods Industrial y Exportadora S.A., y confirmar la sentencia de fs. 621/624 vuelta, con costas a la vencida.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva.