Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-13


///la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto del año dos mil siete, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Pedro R. David como Presidente y los doctores Juan E. Fégoli y W. Gustavo Mitchell como Vocales, asistidos por la Secretaria, doctora Gabriela García, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 23 y vta. de la causa n° 7782 del registro de esta Sala, caratulada: "Borquez, María Ester s/ recurso de casación", representado el Ministerio Público por el señor Fiscal General doctor Pedro Narvaiz y la defensa oficial por la Dra. Laura Beatriz Pollastri.

Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Pedro R. David y en segundo y tercer lugar los doctores Juan E. Fégoli y W. Gustavo Mitchell, respectivamente (fs. 54).

El señor juez doctor Pedro R. David dijo:

I- 1°) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de La Plata resolvió no hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria introducido por la imputada María Ester Borquez (art. 33 de la ley 24.660).

Contra dicha decisión el doctor Ricardo Alberto González, Defensor Público Oficial ante los Tribunales Federales de 1ra. y 2da. instancia de La Plata, interpuso recurso de casación a fs. 33/36, el que concedido a fs. 39, fue mantenido a fs. 46.

2°) Que el recurso de casación lo estimó procedente en virtud de lo establecido en el art. 456, inc. 1°, del Código Procesal Penal de la Nación.

Sostuvo que de la causa surge que "...Borquez padece de una enfermedad que si bien no es 'terminal' no es menos cierto que mi defendida presenta '...Hipertensión Arterial y Diabetes tipo II en tratamiento con Enalapril, diuréticos e hipoglucemiantes...'.

Agregó que "no se ha ordenado en estas actuaciones, atento la denuncia de enfermedad y necesidad de tratamiento médico específico, la intervención del Cuerpo Médico Forense a fin de que por medio de un especialista se examine a mi defendida para determinar el tratamiento adecuado para la misma", toda vez que se trata de una exigencia contemplada en el art. 33 primer párrafo in fine de la ley 24.660.

Por último, manifestó que "el padecimiento físico de mi defendida que la ha transformado en una mujer disminuida físicamente por su diabetes, sumado al padecimiento de hipertensión arterial, la someten a Borquez a un estrés grave con pronunciada afectación en la faz psico-psíquica, sin perjuicio de la urgente necesidad de suministro de medicación que actualmente no lo proveen en la unidad y que resulta de vital importancia para mi asistida".

3°) Que, durante el plazo del art. 465 del Código Procesal Penal de la Nación y en la oportunidad del art. 466 ibídem, el señor Fiscal de Cámara presentó el escrito glosado a fs. 49 y vta., donde sostuvo que "...debe descartarse la arbitrariedad y falta de fundamentación de la resolución alegada por la defensa...", toda vez que la situación de Borquez no encuadra en ninguno de los supuestos establecidos en el art. 33 de la ley 24.660, por lo que considera que debe rechazarse el recurso de casación interpuesto.

4°) Que a fs. 54 se dejó debida constancia de haberse superado la etapa prevista en el art. 468 del Código Procesal Penal de la Nación II- Llegadas las actuaciones a este Tribunal estimo que el recurso de casación interpuesto con invocación de lo normado en el art. 456, inc. 1°, del Código Procesal Penal de la Nación es formalmente admisible toda vez que del estudio de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional surge que el recurrente invocó fundadamente la errónea aplicación de la ley sustantiva; además el pronunciamiento mencionado es recurrible en virtud de lo dispuesto por el art. 491 del citado Código.

III- El art. 33 de la ley 24.660, que regula el instituto de la prisión domiciliaria, establece que, "previo informes médico, psicológico y social que fundadamente lo justifique", por resolución del juez competente, y cuando mediare pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, "el condenado mayor de setenta años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria".

De dicha norma, se infiere que, por un lado, es indispensable que el condenado esté en una de las dos causales que habilitan el otorgamiento del instituto, y por el otro, es necesario que los informes previos así lo aconsejen, además del pedido del familiar, persona o institución responsable.

En cuanto a las causales establecidas por la legislación para hacer efectiva la prisión domiciliaria, la primera de ellas no ofrece dificultades -que el condenado sea mayor de setenta años-, en tanto que la segunda -enfermedad incurable en período terminal- se encuentra reglamentada por el decreto n° 1.058/97 (B.O. 9/10/1997). Así, el art. 2 de ese decreto reglamentario establece que: "A los efectos del artículo 33 (de la ley n° 24.660), se considerará enfermedad incurable en período terminal aquélla que, conforme los conocimientos científicos y los medios terapéuticos disponibles, no pueda interrumpirse o involucionar y de acuerdo a la experiencia clínica lleve al deceso del interno en un lapso aproximado de seis (6) meses. A tal fin, se aplicarán los criterios generales vigentes en las distintas especialidades médicas".

Entrando al análisis del presente caso, surge del informe médico glosado a fs.19 que la situación de la imputada María Ester Borquez no se encuentra comprendida en ninguna de las que establece el art. 33 de la ley 24.660.

En efecto, allí se afirmó que Borquez se encuentra "en buen estado general, normohidratada, clínica y hemodinámicamente compensada.con antecedentes de Hipertensión Arterial y Diabetes tipo II en tratamiento con Enalapril, Diuréticos e Hipoglucemiantes orales".

Por lo tanto, en la resolución recurrida se ha aplicado correctamente la ley sustantiva -art. 33 de la ley 24.660-, no asistiendo razón a la defensa en dicha cuestión.

IV- En consecuencia, considero que debe rechazarse el recurso de casación deducido a fs. 33/36, con costas (arts. 470, a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). Tal es mi voto.

Los señores jueces doctores W. Gustavo Mitchell y Juan E. Fégoli dijeron:

Que adhieren al voto precedente.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal RESUELVE: Rechazar el recurso de casación deducido a fs. 33/36, con costas (arts. 470, a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación) Regístrese, notifíquese en la audiencia designada a los fines del artículo 400, primera parte, del Código Procesal Penal de la Nación en función del artículo 469, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal y remítase al tribunal de procedencia sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Firmado: señores jueces doctores Pedro R. David, W. Gustavo Mitchell y Eduardo E. Fégoli. Ante mí: Gabriela García.