Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-21


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 99917 aclaratoria Nº 99917/1 del 27/12/11	SALA II Expediente Nº 21.653/2008	(Juzg. Nº 61) AUTOS: "SOLVEYRA, AGUSTINA C/ CENTRO MEDICO PUEYRREDON S.A. S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	21-11-2011, re-unidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Contra el pronunciamiento de fs. 627/631, que re-ceptó en lo principal la demanda iniciada por la Sra. Solveyra contra Centro Médico Pueyrredón S.A., se alza la accionada en los términos del recurso que luce a fs. 632/633 (replicado a fs. 644/654 por la parte actora), y la accionante de conformidad con el memorial de agravios de fs. 634/638 (respondido por la accionada a fs. 646/647).

Por su parte, el perito contador (fs. 639) apela los honorarios que le fueran regulados por considerarlos reducidos.

II.	La Dra. Felisa S. Olsztajn consideró que la empresa demandada tenía conocimiento del verdadero domicilio de la extrabajadora a la épo-ca en la que la intimó a presentarse a trabajar, por lo que la interpelación notificada en un domicilio distinto no cumplió con su fin (constitución en mora), calificando de infundada la desvinculación en los términos del art. 242 L.C.T.

III.	Comenzaré por dar tratamiento a las quejas de ambas partes en forma conjunta, en lo que respecta a la causal extintiva..

La firma demandada cuestiona el decisorio de grado que declaró inoficiosa la intimación cursada al domicilio de la extrabajadora ubicado en Capitán Sarmiento. Por su parte, la accionante no se agravia de la decisión de gra-do a este aspecto (en tanto recepta su pretensión), pero cuestiona los fundamentos por los que se arribó a esta conclusión.

Sobre el particular habré de señalar que, aún cuando ningún perjuicio invoca la pretensora para recurrir la decisión de grado, es cierto que, además de la cuestión vinculada al lugar físico donde fue dirigida la intimación, no se acreditó en autos el presupuesto fáctico que habilitaba, en su oportunidad, la im-posición de la misiva intimatoria, en tanto ningún elemento de juicio permite tener por cierto que la accionante hubiera incumplido su débito laboral desde el mes de di-ciembre de 2007, tal como denunció la demandada (v. fs. 128vta.).

Pero un dato insoslayable y decisivo es que la propia demandada reconoció que la intimación cursada a los fines de que la Sra. Solveyra retomara tareas fue remitida en fecha 08-01-2008 y recibida por la entonces trabaja-dora el 17-01-2008 (v. fs. 124 y reconocimiento de fs. 128vta.); así como que la mi-siva rupturista fue remitida el 14-01-2008 y recibida el 15-01-2008 (v. fs. 122 y fs. 57), es decir, con anterioridad a la efectiva constitución en mora.

De ello se sigue que, en la especie, no se encuentran reunidos los prosupuestos formales exigidos por la norma (art. 244 L.C.T.) habilitan-tes de la extinción por abandono de tareas, a saber: constitución en mora del trabaja-dor y emplazamiento a retomar tareas por un plazo prudencial; al tiempo que tampo-co advierto acreditado el "animus abdicativo" (elemento subjetivo) de la trabajadora en el cumplimiento del débito laboral, lo que me conduce a propiciar la confirmación del decisorio de grado, deviniendo inoficioso el tratamiento de los restantes funda-mentos esgrimidos por las partes, habida cuenta que resultan inconducentes para alte-rar la decisión que dejo propuesta.

IV.	El segundo agravio articulado por la accionante persi-gue el reconocimiento del reclamo por el daño moral, invocando en sustento de su pretensión la falsa causa de desvinculación invocada por la demandada (en el caso, abandono de tareas), así como la baja de la Obra Social, que le habría impedido utili-zar los servicios de salud con posterioridad a los tres meses contados desde la extin-ción contractual.

A mi modo de ver, pese al esfuerzo argumental des-plegado por la pretensora no logra conmover el decisorio en crisis por cuanto soslaya el aspecto central de la sentencia de grado, cuyo análisis y criterio comparto, en la medida que refiere que "la accionante no era socia directa de la demandada Centro Médico Pueyrredón S.A. (la parte ex empleadora) sino que era afiliada a la Obra Social de Jefes y Oficiales Navales de Radiocomunicaciones y que el cesar el contra-to de trabajo, transcurrido el tiempo obligatorio previsto en la ley 23.660, también cesó la cobertura médico asistencial de la obra social por la que optó y por ende de la prestadora de esa obra social (cfrm. art. 8 del Dto. 446/00 e informe de fs. 332/333)...no puede pretender la accionante que se condene a Centro Médico Puey-rredón S.A. a que presta a ella y a su grupo familiar cobertura médica alguna, con la salvedad de que ambas formalicen un contrato de medicina prepaga sujeto a la autonomía de la voluntad de ambas partes (cfr. arts. 1198 y cc del CC), lo cual es ajeno a la controversia de autos".

En definitiva, y toda vez que la obligación de cober-tura del programa médico obligatorio (PMO) cesa de manera irrevocable transcurri-dos los tres meses previstos en la ley 23.660 y dto.- 446/00, ningún reproche corres-ponde hacer a la demandada en la medida en que se limitó a cumplir con la regla le-gal.

Además, y en lo que respecta al cuarto agravio (que pretende se imponga a la demandada mantener como socios directos a la actora y su grupo familiar), también habré de sugerir su rechazo, con el alcance que a continua-ción sugiero, por cuanto considero que esta pretensión excede el marco del presente proceso en la medida en que, cumplidas las prestaciones originadas con motivo del contrato de trabajo, la vinculación entre la actora y la demandada en su calidad de empresa dedicada a la prestación de servicio de medicina prepaga importa un vínculo de naturaleza jurídica no laboral que excede el marco de la competencia de este Tri-bunal y, ademas, de este pleito.

La decisión que dejo propuesta no colisiona con lo decidido oportunamente en el incidente que corre por cuerda a las presentes actua-ciones, en la medida en que allí se dejó constancia de la viabilidad de la medida atendiendo a la "probabilidad de que el derecho invocado exista", sin embargo, tal como fuera sostenido por el magistrado de grado -extremo expresamente reconocido por la accionante en su recurso- la actora y su grupo familiar no percibían las presta-ciones de la demandada como afiliados directos sino que habían optado por la Obra Social Jefe y Oficiales Navales de Radiocomunicaciones, respecto de la cual la de-mandada era un prestador más.

Sin embargo, y atendiendo a las especiales particula-ridades del caso, así como la oportuna procedencia de la medida cautelar y, en parti-cular en salvaguarda del derecho humano fundamental a la salud de la accionante y su grupo familiar, de conformidad con los criterios y principios de la Seguridad So-cial reconocidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y teniendo especialmente en cuenta la directriz de nuestro Máximo Tribunal que obliga a actuar con extrema cautela antes de adoptar resoluciones formales que puedan po-ner en peligro el derecho invocado a la protección de tan esencial bien jurídico como es, en la especie y sobre todo, la salud de los menores por lo que, con fundamento en tales principios y derechos de jerarquía constitucional, sugiero admitir el derecho de la actora y su grupo familiar a la cobertura médica actualmente resguardado por la medida cautelar decretada en autos, pero sólo por tiempo limitado, concretamente, por el términos de 6 meses contados desde que la parte demandada quede notificada de la presente decisión, a fin de que la accionante cuente con el tiempo suficiente y necesario para procurar la cobertura de salud de su grupo familiar. El tiempo sugeri-do para el mantenimiento de la cobertura tiene su razón de ser en la dificultad objeti-va, de publico y notorio conocimiento, de acceder al sistema de medicina prepaga máxime que la propia demandada invoca su derecho de admisión para rechazar el pedido de cobertura que efectuara la pretensora y además, teniendo en cuenta el dia-gnóstico de su hijo Ignacio Bautista Pera, circunstancia que podría dificultar aún más la contratación de otra cobertura.

Tampoco corresponde receptar la queja que persigue la condena al pago de daño moral con sustento en la falsa causal de desvinculación invocada y no probada, toda vez que en el caso de autos no se configura un supuesto excepcional que justifique la reparación del daño moral independientemente del sis-tema tarifario previsto para la reparación de las consecuencias que normalmente de-rivan de un despido. A mi entender, más allá de no haberse acreditado los presupues-tos fácticos requeridos por la norma, lo cierto es que el despido incausado fue san-cionado mediante el pago de las indemnizaciones tarifadas correspondientes y no aprecio que los términos de la desvinculación hayan configurado un ilícito extracon-tractual imputable a la accionada que justifique apartarse del sistema tarifario previs-to en la LCT como mecanismo reparatorio de la totalidad de los daños que normal-mente derivan de un despido incausado.

En tales condiciones, estimo que corresponde deses-timar íntegramente la queja de la parte actora.

V.	Contrariamente, la crítica formulada contra el recha-zo de la multa prevista en el art. 80 de la L.C.T., tendrá andamiaje en mi voto. En efecto, si bien la intimación obrante a fs. 8 no cumple con el recaudo temporal esta-blecido en el art. 3 del decreto 146/01, reglamentario de la ley 25.345, considero que -como lo he señalado reiteradamente- el reclamo efectuado ante el SECLO en el que se incluyó la pretensión de entrega del certificado previsto en el art. 80 de la L.C.T. debe entenderse razonablemente constitutivo del requerimiento que prevé la norma citada. Habida cuenta de la gestión conciliatoria que se llevó a cabo en ese organis-mo, estimo prudencial considerar que el requerimiento referido a la entrega del certi-ficado, en un caso como el de autos, adquirió virtualidad a partir de la fecha de con-clusión del trámite administrativo, es decir el 22-04-2008 (ver acta de fs. 2, no des-conocida en el responde). Indudablemente, la actora cumplió con los recaudos pre-vistos en el art. 3 del decreto 146/01 porque, luego de haber transcurrido el plazo de 30 días corridos a contar desde la extinción del contrato sin que la empleadora haya hecho entrega de la certificación respectiva, la trabajadora requirió en forma concreta el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 L.C.T., conforme la modifi-cación que introdujo esta norma el art. 45 de la ley 25.345, sin que la requerida se aviniera a cumplir con la obligación a su cargo dentro de los 2 días hábiles posterio-res. Obsérvese que, además, no hay evidencia objetiva de que la demandada hubiera puesto a disposición de la accionante el certificado requerido, por lo que la afirma-ción efectuada en la misiva de fs. 122 aparece desprovista de verosimilitud a poco que se observe que no dejó constancia de su intención de cumplir con la obligación que establece el art. 80 L.C.T. en la instancia administrativa (ver fs. 2) y que no efec-tuó consignación judicial del certificado.

En consecuencia, entiendo que resulta procedente la condena en concepto de indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T. (modifica-do por art. 45 de la ley 25.345), la que deberá ser cuantificada en la suma de $9.958,20 (3 x $3.319,40 -cfrme. fs. 628vta. in fine-).

VI.	Finalmente, y en lo que respecta al pedido de declara-ción de conducta temeraria y maliciosa, cabe memorar que, conforme lo señala Mo-rello Augusto M. ("La litis temeraria y la conducta maliciosa" Pub. J.A. l967-VI pág. 909), hay temeridad cuando cualquiera de los que integran la litis, sabe a ciencia cierta que carece de razón pero "no obstante, abusando de la jurisdicción, componen un proceso del que se ha de generar daño a la otra parte" (en igual sentido, esta Sala Sentencia Nro. 67.328 28/9/90 "Orrego G. c/Rivera B. s/ despido"). Asimismo agre-ga el autor antes citado, remitiéndose a Couture que constituye "la actividad de quien afirma hechos o se conduce sin fundamentos o motivo, con conciencia de la sin ra-zón" y también que para declarar una conducta como temeraria, conforme lo ha seña-lado reiterada jurisprudencia de esta Cámara (Sala IV 13/5/74, J.A. 23-l974-297, Sa-la V 15/2/75 "Minichini José C. Automóvil Club Argentino") el juzgador debe pro-ceder con cautela y prudencia para no menoscabar la garantía de defensa en juicio.

En tal marco, observo que el comportamiento adop-tado por la demandada no se inscribe estrictamente en la tipología descripta pues no han litigado "con plena conciencia de la sin razón". No observo que la accionada o el profesional que las asiste, durante el trámite de estas actuaciones, hayan asumido conductas manifiestamente contrarias a la lealtad o buena fe procesal, al derecho o a la razón, ni que hayan urdido maniobras tendientes a burlar la garantía al derecho de defensa de la otra parte o el ejercicio pleno de la jurisdicción. En suma, no observo que durante el proceso hayan asumido conductas susceptibles de ser calificadas co-mo maliciosas o temerarias, por lo que sin perjuicio de que el resultado del pleito quede reflejado en la imposición de costas (arg. arts. 34, 45 y 68 C.P.C.C.N.), la san-ción pedida resulta improcedente, por lo que propicio desestimar el pedido formula-do por la parte actora.

VII.	Por todo lo hasta aquí expuesto, propicio elevar el monto de condena a la suma de $50.646,81 ($9.958,20 + $40.688,61).

VIII.	Si bien el resultado que propicio implica una modifi-cación del decisorio atacado (por incremento el monto de condena), circunstancia que -de conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN- conduce a reexaminar las costas allí determinadas, entiendo que en el caso no se justifica la modificación de lo decidido por la sentenciante de grado en relación a la distribución de costas (im-puestas a la demandada) y honorarios regulados en grado (17%, 13% y 7% a la direc-ción letrada de la parte actora, demandada y perito contador respectivamente), razón por la cual impulso su ratificación, quedando aquí subsumida la apelación de honora-rios efectuada por el perito contador (fs. 369), cuya ratificación propicio toda vez que en atención al mérito y extensión de la labor desarrollada, así como los mínimos arancelarios vigentes, los honorarios regulados no lucen, a mi juicio, reducidos (cfrme. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y decreto ley 16.638/57).

En cuanto a las costas de esta instancia, teniendo en cuenta el resultado que dejo propuesto, así como el progreso parcial del recurso de-ducido por la accionante, propicio imponerlas a cargo de la demandada (art. 68 parte CPCCN), regulando los honorarios de la defensa letrada de la parte actora, y de la demandada en atención a la extensión y calidad de los trabajos realizados en el 25% -respectivamente- de la suma que les corresponda percibir respectivamente por sus labores en primera instancia (art. 14 ley 21. 839).

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Por análogos fundamentos adhiero a las conclu-siones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcial-mente el decisorio de grado y elevar el monto de condena a la suma de pesos cincuenta mil seiscientos cuarenta y seis con 81/100 ($50.646,81); 2) Admitir el derecho de la actora y su grupo familiar a la cobertura médica actualmente res-guardado por la medida cautelar decretada en autos por el términos de 6 meses contados desde que la parte demandada quede notificada de la presente deci-sión; 3) Confirmar lo decidido en grado en materia de costas y honorarios; 4) Imponer las costas de Alzada a cargo de la parte demandada; 5) Fijar los emo-lumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en el veinticinco por ciento (25%) de lo que le corresponda percibir por su desempe-ño en origen.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Miguel Ángel Maza Juez de Cámara Juez de Cámara