marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho constitucional, acción de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Paez, Alberto Alejandro (Intendente de la Municipalidad de Andalgalá) c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-07-08

Vienen a despacho las presentes actuaciones a los fines de resolver la admisibilidad formal de la demanda interpuesta por el actor, invocando el carácter de Intendente de la Municipalidad de Andalgalá, mediante letrados patrocinantes, que tiende a la declaración abstracta de inconstitucionalidad del Decreto Acuerdo Nº 202/13, por mediar exceso al reglamentar el Art. 5 de la Ley 5128, (que establece la administración de los fondos de regalías mineras por parte de los Municipios), infringiendo -en consecuencia- el Art. 31 de la Constitución Nacional y los Arts. 244 y 252, inc.12, de la Constitución Provincial y 123 de la Constitución Nacional afectando la autonomía municipal.

La persona interesada debe precisar cuál es la norma general impugnada que, en el caso de autos, el recurrente a fs. 12-, y con el título: "V- 3) Análisis de las disposiciones contenidas en el Decreto Acuerdo Nº 202/13 Reglamentario de la Ley 5128. Exceso Reglamentario e Incoinstitucionalidad", lo ha analizado. Y en forma clara, en el mismo texto detalla cuáles son las normas constitucionales de la provincia que están enfrentadas con el decreto reglamentario premencionado. "(...) lo que implica desconocer las facultades administrativas que derivan de la autonomía municipal y que son las necesarias para el libre funcionamiento administrativo que la Constitución Provincial en su art. 252 inc. 12) (...)". También menciona el art. 244, "Esta Constitución reconoce y garantiza en toda población estable con más de quinientos habitantes, la existencia del municipio como comunidad natural, fundada en la convivencia y la solidaridad. Goza de autonomía administrativa, económica y financiera. Ejerce sus atribuciones conforme a esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten. (...)." "Las acciones intentadas satisfacen el requisito esencial del trámite preliminar de admisibilidad, ya que indican la norma de carácter general impugnada y la regla constitucional con la que, a juicio del accionante, aquella colisiona. Asimismo la petición se refiere únicamente a la declaración de inconstitucionalidad, con lo cual también en este aspecto encuadra en el objeto propio de las acciones del art. 113, inc. 2º CCBA, según lo resuelto in re "Massalin", ya citado" (Fallos del Trib. Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires", 1999-I-346).Fallo: "Massalin Particulares S.A. c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/acción declarativa de inconstitucionalidad", del 05/05/99).

Por lo expuesto, corresponde declarar formalmente admisible la acción autónoma de inconstitucionalidad.

(Del voto del Dr. Cáceres, por la mayoría)
Jurisdicción y competencia, competencia federal, partidos políticos, autoridades del partido
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Apoderado Lista Blanca Movimiento Popular Neuquino s/ recurso de apelación contra resolución Junta Electoral  Provincial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Cuando una entidad partidaria funciona tanto como partido provincial cuanto de distrito, pero con autoridades únicas a ambos fines, lo concerniente a estas últimas se rige por las normas nacionales y pertenece a la competencia de la justicia federal.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, interpretación de normas y actos locales, facultades del Poder Legislativo, régimen de consolidación de deudas
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Halperin Carrocerías S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ expropiación inversa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-18

La ley 23.982, en cuanto sea de aplicación en el ámbito de la Capital Federal, ha sido dictada en ejercicio de facultades legislativas que corresponden al Congreso en los términos del art.

75, inc. 30 de la Constitución Nacional y, en consecuencia, reviste el carácter de derecho público local.
Audiencia de debate, sentencia, clasificación de delitos, delitos contra la integridad sexual, víctima del delito, garantías procesales, derechos y garantías constitucionales, situación del imputado, sentencia condenatoria, pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: LORENA ISABEL GUZMAN c/ VACA, NINO NORBERTO s/ AUDIENCIA DE DEBATE - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-21

Corresponde entonces proceder a la graduación de la pena que se debe aplicar Al condenado. Para ello se tiene en cuneta la gran diferencia de edad entre el condenado y la víctima; la profesión de docente del condenado, que en forma permanente esta trabajando con menores de edad.

La verdad de la víctima que al momento de ser sometida contaba con diecisiete años, que sufrió fuerte traumas emocionales y psicológico, que casi a ocho años de mismo, todavía esta sufriendo las consecuencias. La forma de comisión, la falta de arrepentimiento del mismo, la falta de antecedentes, por lo que resulta ajustado a derecho la pena de Nueve Años de Prisión Efectiva y Costas.
Contrato de trabajo, pasantías, fraude laboral, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, JUAN PABLO c/ ATENTO ARGENTINA  S.A.  Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-17

La inserción de un pasante en el ámbito de la empresa que contrata con una entidad educativa bajo el sistema de pasantías, se vincula con la oportunidad que el empresario le da de aprender, es decir, que por parte de la empresa hay ausencia de finalidad económica, pero si los pasantes efectúan trabajos típicos y corrientes de la empresa, bajo condiciones de contratación que los ponen en un pie de igualdad con los trabajadores dependientes, sin que se respete su objetivo de formación y sin un adecuado seguimiento de la entidad educativa que ha mediado en la contratación, todo pasa a ser una ficción legal a través de la cual la empresa obtiene un beneficio injustificado, burlando un instituto que ha pretendido ser tuitivo y útil porque se lo convierte en un instrumento más que conduce, en definitiva y fraudulentamente, a la más pronunciada precarización del empleo, teniendo en cuenta, especialmente, la gratuidad que implica. Por ello, se concluye que las partes estuvieron unidas mediante un contrato de trabajo.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, control de constitucionalidad, Constitución Nacional, Estado Provincial, Santa Fe, inamovilidad de los jueces, jubilación ordinaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Iribarren, Casiano  Rafael c/ Santa  Fe,  Provincia de s/ accióndeclarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

Al no estar atribuida a la Corte Suprema la posibilidad de juzgar de la conveniencia o inconveniencia de las normas jurídicas regularmente dictadas sino exclusivamente de su compatibilidad con la Constitución Nacional, el art. 88 de la constitución santafesina - en tanto hace cesar la inamovilidad de los jueces al alcanzar la edad requerida para obtener la jubilación ordinaria - no merece reproche por una supuesta colisión con las normas de la ley suprema federal (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Seguros, suspensión de la cobertura, mora
Materia: CIVIL
Carátula: Nuñez Juan Manuel c/ Aranda Rodolfo Fabien y otros s/ daños y perjuicios - ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-09-28

En caso de mora del asegurado en el pago del premio, se suspende la eficacia del contrato en lo concerniente a la obligación a la que se halla sometido el asegurador, esto es la obligación eventual de pago de la indemnización o de la prestación convenida como consecuencia de la respectiva obligación principal de pago a cargo del asegurado.
Fiscales, deberes y facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Héctor Ariel s/ Robo agravado Salas, Edgardo Daniel s/ Privación ilegítima de la libertad, robo calificado Valente, Juan Carlos s/ Encubrimiento por adquisición de cosa de sospechosa procedencia,  etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05|1993-02-16|1997-06-10

El art. 314 no regula la cuestión procesalmente previa de cuándo puede recurrir el ministerio fiscal. Si mediante su consentimiento de la sentencia el Agente Fiscal puede excluir totalmente la intervención del Fiscal de Cámaras -no se trata de supuestas preeminencias jerárquicas sino de estar la misma parte representada en cada instancia por órganos distintos- entonces ninguna regla aparece transgredida si en lugar de desplazar totalmente la llegada a la expresión de agravios el ministerio fiscal (en primera instancia el Agente Fiscal) la desplaza parcialmente, consintiendo una parte de la sentencia.
Contestación de la demanda, plazos procesales
Materia: CIVIL
Carátula: Orquera, Manuel Hilarión c/ SOLOCAMPO S.R.L.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-09-10

Si bien el plazo para contestar demanda constituye una excepción a la regla de que los plazos procesales son improrrogables y perentorios, ya que puede ser suspendido, abreviado o interrumpido, ello ocurrirá sólo cuando exista una causa que lo justifique, o bien, cuando el actor no ejerce el derecho a pedir el decaimiento.
Contratos administrativos, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bistolfi, Carlos Esteban c/ Municipalidad de Pinamar s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-23

No resultando excedido el límite máximo fijado por las normas de la contratación en la aplicación de una multa y no habiéndose aportado a esta causa elementos de convicción suficientes que acrediten la procedencia de una valoración distinta, dicha determinación debe permanecer incólume.
Acción civil en el proceso penal, indemnización, monto de la indemnización, daño material, daño moral
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ, GUILLERMO. s/ DAÑO MORAL- ADMINISTRACION FRAUDULENTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-11-04

1) Teniendo en cuenta que el daño cuyo resarcimiento pretende la querella, ha sido reclamado ejerciendo la acción civil, fijándose los límites máximos en la demanda y que el "a quo" consideró al efecto el valor fijado en la pericia contable, deduciendo lo atinente a los hechos por los que absolviera, resulta arreglado a derecho su decisión tanto en la fijación de daño como la indexación y el interés del 6% establecido. (véase la nota).

2) Debe rechazarse la indemnización por DAÑO MORAL también reclamado, ya que si bien es factible reconocerlo a favor de una PERSONA JURIDICA es necesario que surja la posibilidad de haberse afectado con la conducta del acusado, el nombre de la entidad, la confianza y el crédito ganado, lo que no se da en autos, por cuanto el querellante sólo estima su procedencia por haberse traicionado la confianza depositada en el acusado. Por otra parte, a lo expuesto debe agregarse que el querellante, al peticionar aquél, no concretó su monto.
Recurso extraordinario, daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL
Carátula: Uezen, María Cristina y otro c/ Empresa Río Grande S.A. y otros. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-04

Es inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) deducido contra la sentencia que no hizo lugar al reclamo de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito (Disidencia de los Dres. Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda).
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, subcontratación laboral, empresas de servicios eventuales, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: TORRES, ELVIO c/ INDUSTRIAS  N.F. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-30

Existe solidaridad en los términos del art. 30 LCT entre YPF y una empresa que realizaba el relevamiento sismográfico, destinado a encontrar el yacimiento, toda vez que la actividad de ésta (compra, venta, permuta, importación, exportación y arrendamiento de equipos, maquinarias y herramientas destinados a la explotación de yacimientos de petróleo y de gas), integra la actividad normal, específica y propia de la principal.
Régimen de garantía de los depósitos, aplicación analógica de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARBO, MIGUEL ANGEL Y OTRO. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. s/ COBRO DE PESOS - BANCO CENTRAL - RESPONSABILIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

Aunque los depósitos a plazo fijo intransferibles están regidos en primer lugar por las reglamentaciones bancarias (art. 579, Cod.

Com, ley 21526, art. 4; ley 20539. art. 14, inc. o), subsidiariamente les son aplicables las normas del derecho de las obligaciones; y respecto de la garantía del Banco Central sobre dichos depósitos, aunque las reglas previstas para los contratos de garantía no rijan de modo directo o subsidiario, son utilizables por analogía para cubrir vacíos normativos.
Competencia de la Corte Suprema, juicios en que la Nación es parte, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, tercera instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Establecimiento  Modelo  Terrabusi  S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

El beneficio de la tercera instancia tiene por objeto proteger los intereses del fisco nacional y conceder mayor seguridad de acierto a las sentencias que deciden cuestiones de determinada cuantía en tanto comprometan de ese modo el patrimonio de la Nación.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Centeno, Martha Isabel c/ Aguilera, Oscar Jorge y/u otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-12-20

La presencia del damnificado en el proceso penal, es optativa para el mismo, pues de acuerdo al sistema vigente, se ha instaurado la competencia concurrente de los jueces civiles y penales para entender en las acciones civiles por indemnización de perjuicios, a opción del damnificado. Este puede elegir articular su demanda resarcitoria ante el juez civil, en cuyo caso no podrá dictarse sentencia en ese juicio hasta tanto se haya dictado sentencia en el proceso penal, por la eventual autoridad de cosa juzgada que pueda tener ésta sobre aquélla (arts. 1101, 1102 y 1103 del Código Civil).

O bien puede elegir la jurisdicción penal, siempre que ésta no se haya agotado y él pueda intervenir como damnificado civil en el juicio penal, según las normas adjetivas que rigen este tipo de proceso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Altamirano, José Aliro c/ Danilo de Pellegrini S.A. s/ Indemnización accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Es absurdo el fallo que omite la valoración de prueba esencial incorporada a la causa.
Inconstitucionalidad, vivienda única
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cesar, Angel Luis y Rinaldi, Silvia Mabel s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-09-30

Es inconstitucional la ley 14.432 de la Pcia. de Buenos Aires en cuanto dispone la inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda única y de ocupación permanente, en tanto, la automaticidad del beneficio, haciendo oponible erga omnes sin necesidad de inscripción alguna un supuesto de hecho desconocido, tal como es que se trate de una vivienda de ocupación permanente, configura una inmunidad que es irrazonable (art. 28 CN), ya que viola el sistema publicitario de situaciones jurídicas, favoreciendo la clandestinidad y la mala fe procesal.
Estupefacientes, menores
Materia: PENAL
Carátula: Curutchet, Daniel Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-24

El primer inciso del art. 11 de la ley 23.737 prevé una mayor penalidad cuando alguna de las actividades típicas se realizaron sirviéndose de menores de 18 años de edad. El texto legal al describir la agravante ha escogido una formulación amplia -como lo es la acción de servirse de un menor de dieciocho años- no efectuando condicionamientos en cuanto al título de la participación del incapaz. (Voto del Dr. Madueño -en mayoría-).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, interpretación de normas y actos locales, rechazo de la demanda, inconstitucionalidad, Constitución Provincial, ley provincial, régimen jubilatorio provincial
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OGAS, RAUL CAMBER. c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS. s/ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-24

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que, con fundamento en el art. 113, inc. 1, de la Constitución de la Provincia de San Luis, que exige la acreditación de un interés concreto para accionar, rechazó la demanda de inconstitucionalidad articulada contra la ley local 4271, en cuanto derogó la ley 4182, también local, ambas reguladoras de temas previsionales. Ello así, habida cuenta la naturaleza de las cuestiones planteadas - interpretación y aplicación de normas locales- y la falta de comprobación del agravio.
Emisión monetaria, gobierno nacional, facultades del gobierno nacional, facultades delegadas, banco central
Materia: CONSTITUCIONAL-ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: Compañía Azucarera Concepción  S.A. c/ Estado Nacional s/ procesode conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

La emisión de moneda y la fijación de su valor son actos privativos del Gobierno Nacional, delegados en el Banco Central de la República Argentina.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sagarduy, Alberto O. s/ Medidas cautelares, art. 250 C.P.C.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

No reviste carácter definitivo en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial la medida cautelar dictada, aunque lo haya sido bajo la amenaza de clausura preventiva, desde que ello, en la resolución impugnada, está condicionado a que el propio recurrente acredite la incorporación de nuevos elementos o técnicas mejoradoras de la situación para que el juez de la causa autorice la continuación de la actividad, lo cual reafirma el carácter provisorio de la misma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, prioridad de paso, presunciones
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: PÁEZ BRENDA, Elizabeth y Otro c/ Saavedra, Eduardo Mario y Otros s/ Daños y Perjuicios. Autos acumulados N° 21.994 (81.144 - 9° CIVIL) caratulados "SAAVEDRA, Eduardo Mario c/ Páez Brenda Elizabeth y Otro - Daños y Perjuicios"
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-28

En el caso, antes de cuestionar la velocidad de la contraparte debió la recurrente acreditar que respetó la prioridad de paso que le impone el deber de ceder voluntariamente el mismo al otro automotor. Es decir, frenar y solo avanzar cuando tenía expedita su vía de circulación.
Tarifa telefónica, pago, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Rosenberg de Kainer, Dina c/ Telefónica de Argentina  S.A. s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

Corresponde revocar el decisorio del a quo en cuanto ordena el pago del abono por las facturas vencidas y las siguientes, pues de las probanzas resultan prima facie, que la actora no tuvo a su disposición el servicio telefónico por los períodos facturados.
Pacto de cuota litis, nulidad del convenio, menores, ejercicio profesional
Materia: PROCESAL
Carátula: Cáceres, Ricardo y otro c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-18

No procede declarar la nulidad de un pacto de cuota litis cuando por la vía de dicho convenio se provee de dirección letrada en beneficio de un menor y en garantía de la adecuada defensa de sus derechos en el proceso, máxime cuando sus padres no se encuentran en condiciones económicas de afrontar ni siquiera con sus propios bienes (arg. art. 265 del Código Civil) y, si en cambio, en cumplimiento de los deberes emergentes de la patria potestad de la que son titulares, se encuentran compelidos a dar asistencia letrada a su hija menor de edad, pactando lo más conveniente para ella, en las condiciones más ventajosas posibles.
Calumnias, desestimación de la querella, inexistencia de delito, fundamentación de la resolución, fundamentación insuficiente, retención indebida, administración fraudulenta, honorarios del síndico del concurso, IVA
Materia: PENAL
Carátula: Barbero, Delfina s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-16

El escrito promotor de este proceso, es claro en cuanto al señalamiento de los escritos judiciales que serían portadores de la calumnia; se específica el tribunal interviniente, el juicio de que se trata, las partes, el objeto de tales presentaciones, la relación suficiente de los antecedentes que las precedieron y, fundamentalmente, que la calumnia habría consistido en haberle atribuido falsamente a la letrada querellante la sobrevaluación, en el I.V.A. de los honorarios de la síndico interviniente, conducta que para la acusadora privada constituiría el delito de defraudación (apropiación indebida o administración fraudulenta). El argumento por el que se desestima la existencia del delito previsto por el art. 109 del C.P. es sólo aparente, desde que reposa en una interpretación írrita del escrito de querella. (Voto de los Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Vaquero, Gabriel s/ recurso de queja. Causa: 375
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

Para la habilitación del recurso extraordinario los agravios deben expresarse sobre el pronunciamiento objetado y no sobre la sentencia del Tribunal inferior, cualesquiera que sean las deficiencias que contenga.
Honorarios, causa propia
Materia: PROCESAL
Carátula: MANUEL ROSAS MIRANDA CARCAMO c/ BENEDICTO    CARDENAS   CARDENAS   Y/O  QUIENES  RESULTEN  OCUPANTES s/ DESALOJO  EXPTE. N. M-3594-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-04-26

Por tratarse de honorarios regulados en causa propia debe considerarse que ha actuado en doble carácter de patrocinante y apoderado, dado que tanto el patrocinante como la procuración habrían devengado honorarios en caso de ser encomendados a otro profesional, de manera que si el interesado cumple una u otra por sí mismo, esa circunstancia no tiene por que beneficiar al condenado en costas eximiéndole de responsabilidad por la labor procuratoria desempeñada.
Derechos y garantías constitucionales, acción de amparo, actos jurisdiccionales, lanzamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CONTI DE REYES LETICIA s/ Acción de Amparo (LIBRO: S071 - 142)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-13

La prohibición legal que hace improcedente la acción de amparo contra actos jurisdiccionales, encuentra sustento en doctrina y jurisprudencia de la Nación, pero ello no debe ser óbice para que se admita cuando no haya otros recursos o trámites eficaces para reparar el derecho vulnerado. Ello no se da en el caso en que la demandada en juicio de desalojo se considera afectada por el lanzamiento cumplido por el oficial de justicia, ya que revertir la situación que considera perjuidicial utilizando las vías legales y procesales pertinentes.