Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-06-27


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 27 días del mes de junio del año dos mil once, reunido en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia, en pleno, con la Presidencia de su titular Dr. Jorge PFLEGER y asistencia de los Dres. José Luis PASUTTI, Alejandro Javier PANIZZI y Carlos Alberto VELAZQUEZ para dictar sentencia en los autos caratulados "Z., F. N. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Acción de Inconstitucionalidad" (Expte. N° 21.823-Z-2.009), teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 75, lo dispuesto a fs. 79 y 82, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nº 3202, 3204 y Acuerdos Plenarios Nº 3613/07 y 3941/11, encontrándose ausentes, en uso de licencia, el Dr. Fernando S. L. ROYER y licencia por atención familiar, el Dr. Raúl Adrián VERGARA correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Doctores PASUTTI, PANIZZI, VELAZQUEZ y PFLEGER.

Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la demanda declarativa de inconstitucionalidad intentada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.--- A la primera cuestión el Dr. José Luis PASUTTI dijo:---- ANTECEDENTES.-- Las presentes actuaciones tuvieron como puntapié inicial la presentación de fs. 10/15 efectuada por el Señor F. N. Z., titular de la inmobiliaria "Z. P.", patrocinado por los Dres. R. L. y T. R., mediante la cual dedujo una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad contra la Corporación Municipal de Puerto Madryn, para obtener una sentencia meramente declarativa, que haga cesar un estado de incertidumbre con relación a la Ordenanza Municipal Nº 6.572/09.

Señaló que esa decisión del Cuerpo Legislativo Comunal fue promulgada por Resolución Nº 1.173/09 del Señor Intendente, mediante la cual se incorporó como requisito para el otorgamiento de la habilitación comercial y/o su renovación, la instalación de videocámaras controladoras del movimiento de público en distintas reparticiones, entidades bancarias, comercios e inmobiliarias. Alegó que esta nueva reglamentación vulnera los arts. 122 y 233 de la Constitución Provincial. ---- Relató que el día 23 de julio de 2009, recibió en su comercio una inspección municipal que culminó con el Acta de Constatación Nº 89.436 suscripta por el Inspector L. D. P., donde se le notificó la Ordenanza N° 7.098/09 y se lo intimó a instalar el sistema de videocámaras que la norma ordena, en un plazo de sesenta (60) días. - Justificó la competencia originaria de este Alto Cuerpo y consideró que la inconstitucionalidad de la norma atacada era manifiesta, pues excedía el poder de policía de la Municipalidad de Puerto Madryn, por cuanto es la Provincia quien podía ejercer la potestad de limitar la libertad individual para conservar el orden público. --- Explicó que el Municipio se basó en el sistema de seguridad pública provincial, regido por el art. 122 de la Constitución de la Provincia y por las Leyes Nº 5.004 (actualmente Ley Nº XIX-31) y 5700 (Ley Nº XIX-42), para dictar la Ordenanza que impugnó. Sostuvo que se confunde la exigencia de solicitar un certificado que expide el Ministerio de Gobierno, con una delegación de atribuciones que le permita legislar sobre esa materia. -- Advirtió que el art. 1º de la Ley Nº 5.700 delimita los sujetos obligados en forma clara y precisa, en orden a la actividad financiera, préstamos, créditos y cobro de sumas de dinero que genere un movimiento económico diario importante. - Opinó que, ese supuesto, no es el caso del agente inmobiliario que sólo acerca a las partes para concluir una transacción inmobiliaria que, habitualmente, se perfecciona en un ámbito ajeno a la oficina. Razonó que la inclusión de inmobiliarias en la Ordenanza Nº 6.572/07 era inconstitucional, toda vez que vulneraba el art. 122 de la Constitución Provincial y la Ley Nº 5.004 que reglamenta ese precepto, y prescribe la competencia exclusiva y excluyente del Estado Provincial en todo lo atinente a la seguridad pública. -- Expuso que la Ordenanza impugnada conculcaba la Constitución Nacional y Provincial en el aspecto adjetivo, y vulneraba el principio de legalidad que se refiere al órgano autorizado por la Carta Magna para limitar los derechos constitucionales; mientras que en el aspecto sustantivo, colisionaba con el principio de razonabilidad que preside la potestad reglamentaria del Estado.

En conclusión, consideró que la Ordenanza Nº 6.572/07, T.O. por Ordenanza Nº 7.098/09, además de los defectos y el exceso en la competencia que la invalidan, consumó su desacierto en el art. 2º, mediante el cual designa como órgano de control a la Policía del Chubut, cuerpo de seguridad que depende del Poder Ejecutivo Provincial. Alegó que no puede aquella norma atribuirle a esa fuerza funciones de control y vigilancia, inherentes a la policía administrativa. ---- Peticionó en esta instancia se haga cesar el estado de incertidumbre que la consabida norma le generaba, al exceder la competencia el órgano que la dicta y la razonabilidad que presupone todo acto de administración. - Hizo reserva del Caso Federal y formuló petitorio de estilo.- A fs. 52/55 el Dr. G. D. H., en nombre y representación de la Municipalidad de Puerto Madryn, contestó la vista conferida a fs. 30; apuntó que la norma atacada se enmarca dentro de las atribuciones del Estado Municipal, de conformidad con las disposiciones de los artículos 122, 225, 233 y ccdtes. de la Carta Orgánica Municipal.--- En ejercicio del poder de policía -añadió- la Municipalidad de Puerto Madryn dictó la Ordenanza N° 6.572, mediante la cual dispuso con respecto a las habilitaciones comerciales, en una atribución que le es propia, por lo que pudo establecer la obligación de incorporar video-cámaras en los comercios que en la norma se enumeran, para control y prevención de delitos.---- Destacó que las actividades comerciales seleccionadas para imponerles la obligación mediante la Ordenanza atacada, son aquellas que resultan críticas para la producción de hechos delictivos, por ser entidades que manejan sumas importantes de dinero y/o lugares de aglomeración de público.---- Señaló que, conforme la propia actora cita, el artículo 67, inciso 25, apartado d) de la Carta Orgánica Municipal, establece dentro de las atribuciones del Concejo Deliberante de la ciudad, la de legislar en materia de seguridad, sin que de ninguno de los demás artículos se desprenda que el vocablo "seguridad" se refiera a la seguridad edilicia.---- Luego de lo expuesto, el letrado representante de la comuna, denunció que la presentación de la actora careció de fundamentos que puedan tornar viable su pretensión, y calificó el escrito de inicio como un resumen de manual de Derecho Constitucional, con abundantes citas doctrinarias y jurisprudenciales que no indica en forma expresa, concreta y precisa cuáles son los derechos constitucionales que la norma atacada puso en crisis.- Adunó que no advertía en autos cómo el texto de la Ordenanza cuestionada podía violentar un precepto constitucional, desde que importaba la reglamentación de normas cuya incumbencia era propia por mandato constitucional y que tenían como fin el bienestar general de la población, estableciendo políticas de Estado claras con respecto a un tema altamente conflictivo en el seno de nuestra sociedad, como lo es la seguridad de las personas.----- Finalizó su presentación con un ofrecimiento de prueba y solicitó se rechace la acción intentada por el denunciante, con costas.---- A fs. 62/63 este Superior Tribunal de Justicia dictó la Sentencia N° 9 SROE del 14 de junio del 2.010, que declaró la cuestión planteada en autos como de puro derecho.-- El denunciante, a fs. 65/66, llevó a cabo una presentación en la que manifestó que, por haberse declarado la cuestión como de puro derecho, ejercía mediante ese escrito el derecho de réplica en los términos del artículo 363 de la Ley XIII N° 5 del ordenamiento adjetivo, con el objeto de mejorar y abundar sobre los argumentos jurídicos vertidos en la demanda.-- A continuación señaló que la cuestión debía dirimirse con respecto a la atribución que se arroga el Municipio, en orden al poder de policía que invoca, dictando normas relativas a la seguridad de las personas y sus bienes. En su opinión, el Municipio confundió groseramente la atribución de solicitar un certificado a las financieras, bajo pena de no renovar la habilitación comercial, con la potestad de imponerles a los comercios, obligaciones y requisitos inherentes a la seguridad.- Concluyó manifestando que la Ordenanza que impugnó y cuya inconstitucionalidad reclamaba, excedía la competencia de las corporaciones municipales y agregó otro elemento para su invalidez en el artículo 2°, cuando la norma designaba como órgano de control a la Policía del Chubut, cuerpo de seguridad que depende del Poder Ejecutivo Provincial, por lo que no podía imponerle ninguna actividad sin un convenio que lo autorice.---- Dicha réplica fue respondida por el letrado representante de la Municipalidad de Puerto Madryn a fs. 69/70, quien manifestó que dudaba de la procedencia de la pieza que respondía, no obstante lo cual denunciaba que allí el actor insistía con argumentos ya esgrimidos al iniciar la acción.--- Llevó a cabo un sucinto análisis de los artículos 3, 5 y 6 de la Ley XIX N° 31, luego del cual señaló que de ellos se desprendía la facultad del Municipio para dictar normas como la cuestionada, atendiendo al logro y mantenimiento del orden público mediante la prevención.- Finalizó su presentación exponiendo que no ignoraba las disposiciones del artículo 133 de la Constitución de la Provincia del Chubut, pero consideraba que no tenían relación con la cuestión que se ventilaba en la causa, razón por la cual no iba a detenerse en su análisis. Peticionó se tuviera por contestado el traslado conferido y se dictara una sentencia rechazando la demanda interpuesta.-- A fs. 72/73 vta. emitió dictamen el Sr. Procurador General, en el que manifestó que la cuestión había sido declarada como de puro derecho, de modo que no cabía más que analizar los planteos de las partes y opinar acerca de las violaciones constitucionales acusadas.----- Destacó que la norma municipal atacada no regulaba materias vinculadas con la intimidad ni la reserva de los ciudadanos, sino ciertas actividades comerciales que se desarrollan en el ámbito público, y cuya finalidad a cumplir tiene su impacto en la seguridad pública.---- Opinó que todas aquellas cuestiones que se vinculan con las habilitaciones de los comercios dentro del ejido municipal, son propias de cada Comuna y en sustento de su postura invocó el artículo 224 de la Carta Magna Provincial. A su criterio, desde el punto de vista formal, hallaba cubierto el ámbito de competencia constitucional del Municipio para imponer este tipo de reglamentación en materia de habilitaciones comerciales.-- Por otra parte, señaló que la seguridad pública era una preocupación constante en la comunidad y existían competencias claramente concurrentes en los distintos niveles del Estado para trabajar sobre el asunto. En el caso, opinó, no se ha vulnerado el derecho a la intimidad, el de la privacidad, ni los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto la norma está destinada a regir en ámbitos públicos o de acceso público.--- Culminó recordando que la declaración de inconstitucionalidad debe ser la "última ratio" a la que ocurren los Jueces frente a flagrantes violaciones de derechos individuales que pudiera cometer el Estado, circunstancia que no verificaba en el caso bajo estudio. Por ello, opinó que la acción intentada debía rechazarse.--- ANÁLISIS .- Cuestiona el accionante en instancia originaria la constitucionalidad de la Ordenanza Municipal N° 6.572/09, modificada por Ordenanza N° 7.098/09, emanadas de la Municipalidad de Puerto Madryn, en tanto disponen que para otorgar y/o renovar la habilitación comercial en dicho municipio será necesario contar con la colocación de video-cámaras de seguridad en el comercio que pretenda habilitarse, y señalan qué actividades específicamente se encuentran abarcadas por el ámbito de aplicación subjetivo de la norma. Entre ellas, indican que obliga a las inmobiliarias, ramo en el que desarrolla su actividad el accionante.-- Como sostén de su impugnación constitucional afirma que con dicha Ordenanza se excede el poder de policía municipal, y que sólo el Estado Provincial se encuentra facultado para limitar la libertad individual hasta donde sea necesario para conservar el orden público. Agrega que aún cuando la norma fuera sancionada por el órgano competente, sería inconstitucional por conculcar derechos y garantías consagrados en la Carta Magna e imponer obligaciones en el ámbito interno que exceden sus atribuciones.--- Conforme lo expuesto, en tanto el actor alega que la normativa constitucional no faculta al Municipio demandado a emitir la Ordenanza recurrida, procederé a efectuar un repaso de la legislación vigente, conformada, no sólo por la Carta Magna Provincial sino también por la Carta Orgánica local a fin de establecer si ha actuado excediendo su competencia.

Expone Antonio María HERNANDEZ (h), con cita de Enrique SAYAGUÉS LASO que "en derecho público la competencia puede definirse como la aptitud de obrar de las personas públicas o de sus órganos", y señala que "este concepto es comparable al de capacidad de las personas en el derecho privado, aunque existe una diferencia sustancial, porque "mientras en el derecho privado la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción, en derecho administrativo -dice Miguel S. MARIENHOFF- sucede todo lo contrario: la competencia es la excepción, la incompetencia es la regla"" (Derecho Municipal, volumen I, Teoría General, Ed. Depalma, pág. 431).

En este orden, el texto constitucional de nuestra provincia establece un sistema de determinación de competencia municipal, que, según la clasificación de éstos que efectúa el autor que cito, es el mayoritario a nivel nacional, y al que denomina mixto (los otros son: sistema de enunciación concreta y sistema de cláusula general); por cuanto la ley realiza una enunciación concreta, a la que sigue una cláusula general que amplía la competencia. (ob. cit., págs. 436, 451). El art. 233 de la Constitución Provincial prevé, en sus catorce incisos, la competencia propia del Municipio, pero a través la cláusula general incorporada en la parte final del artículo la amplía, al señalar que además poseen "todas las competencias, atribuciones y facultades que se deriven de las arriba enunciadas o que sean indispensables para hacer efectivos sus fines", por lo que no puedo entonces de la propia letra de la norma constitucional excluir en forma concluyente y definitoria la facultad de llevar adelante la reglamentación cuestionada. Menos aún cuando la propia Carta Magna Provincial reconoce, en el art. 224, "la existencia del Municipio como una comunidad sociopolítica fundada en relaciones estables de vecindad y como una entidad autónoma", en consonancia con el art. 123 de la Constitución Nacional, que luego de la reforma del año 1994, impone la obligación para las provincias de asegurar la autonomía municipal.---- Sigo adelante con el repaso de la Constitución Provincial, que establece la autonomía institucional en su art. 226 por la cual el Municipio de más de 2.000 inscriptos en el padrón municipal de electores puede dictar su propia carta orgánica. La primera carta orgánica es aprobada o rechazada por la Legislatura, sin derecho a enmendarla (art. 231).- Esto es lo que ha ocurrido con el Municipio de Puerto Madryn, que cuenta con Carta Orgánica propia, aprobada por la Legislatura Provincial, y es por eso que es imprescindible incorporarla en este análisis legal de las competencias atribuidas al órgano municipal, por tratarse de legislación local válidamente sancionada y con vigencia plena. Sólo una aclaración: hago referencia al texto de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Puerto Madryn del año 1.995, por cuanto es de público conocimiento que se ha cuestionado judicialmente la vigencia de la nueva Carta Orgánica, sancionada en el año 2.010; sin que ello impida luego trasladar lo resuelto al nuevo texto, pues observo que en lo que aquí trataré contiene disposiciones similares.-- En este orden, en la Carta Orgánica Municipal del año 1.995 se expone como de competencia propia y exclusiva del Municipio el gobierno y administración de los intereses locales orientados al bien común... (art. 14 inc. 1). El art. 22 dispone que "El Municipio de la ciudad de Puerto Madryn, tiene todas las competencias, atribuciones y facultades que sean de naturaleza local o indispensables para hacer efectivos sus fines. La enumeración de los artículos anteriores tiene carácter meramente enunciativo". Luego el art. 67 establece, entre las atribuciones y deberes del Concejo Deliberante, en el inc. 1) Sancionar las Ordenanzas y dictar las Resoluciones y Declaraciones que se requieran para la puesta en vigencia de esta Carta Orgánica y su posterior cumplimiento, garantizando la prioridad de los intereses locales y propendiendo al bien común"; en el inc. 25) "Sancionar las ordenanzas que se refieren a las siguientes materias: ...d) educación, cultura, sanidad, asistencia social, seguridad, recreación y turismo ...n) todos aquellos temas que hagan al bien común municipal".- Cuando en el artículo 67, inciso 25), punto d) se refiere a la facultad del Concejo Deliberante para dictar Ordenanzas relativas a la "seguridad", dicho término no se halla acotado, como lo sostiene la actora a "seguridad edilicia". Si la propia Carta Orgánica no estableció que "seguridad" era sólo "edilicia", no podría por la mera voluntad del intérprete restringirse o circunscribirse a tal significado, por lo que entiendo que éste debe ser comprendido en toda su extensión, y en consonancia con la atribución de legislar en todos aquellos temas que hagan al bien común (mismo art. e inc., punto n)).

En los artículos transcriptos se advierte la noción de poder de policía municipal, caracterizado como una potestad jurídica para limitar la libertad de acción o el ejercicio de determinados derechos individuales con la finalidad de asegurar el interés general, y en la medida en que la promoción del bienestar general lo haga conveniente o necesario dentro de los límites constitucionales, asegurando que todos los individuos gocen de la efectividad de sus derechos en igual forma y extensión (conf. TSJ Córboba, "Las Repetto y Cía S.R.L. c. Municipalidad de Bell Ville, LLC 2001, 791). Y en este orden es que entiendo que es dicho poder de policía municipal el que ha dado el marco adecuado al ejercicio de la atribución específica del Municipio, a los fines de hacer primar el bien común municipal, y la seguridad en el ámbito de competencia propio, por lo que la sanción de la Ordenanza cuestionada encuentra allí su sustento legal.

Que esto implica reconocer, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, sala contencioso administrativa que "El poder municipal es una reproducción del Estado federal y provincial, pudiendo ejercitar, en las materias que caen dentro de la jurisdicción, una verdadera función legislativa de creación del derecho nuevo, y al dictar una norma que reúna los ingredientes de generalidad y obligatoriedad, constituyen propiamente leyes de carácter local" (in re Banca Nazionale del Lavoro S.A. c. Municipalidad de Río Cuarto, 1999/12/09, LLC, 2000-936), pero sin desconocer la existencia de potestades concurrentes entre el gobierno municipal y el provincial, que habrán de ser ejercidas asegurando que ambos órdenes de legislación se encuentren en un grado adecuado de armonía y coordinación.

Así observo que dicho esquema de coordinación se encuentra previsto en la Ley provincial XIX N° 42, norma que instituye medidas de seguridad exigidas a nivel provincial, y que en el art. 2 impone como obligación a los Municipios el exigir para renovar las habilitaciones comerciales el certificado que la ley impone. Del mismo modo, el art. 10 dispone la obligación de adecuar la legislación local de los Municipios a la misma. Esta legislación provincial no ha sido impugnada bajo el acuse de avanzar sobre competencias propias locales, como es el caso del otorgamiento de habilitaciones comerciales. A su turno, en el orden municipal, la Ordenanza cuestionada faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir los instrumentos pertinentes para cumplir con la designación como Órgano de control de la Policía del Chubut (arts. 2 y 3, Ordenanza N° 6.572/09, fs. 4).----- Es por esto que encuentro que el ejercicio de su competencia específica en la materia y circunscripta en su territorio ha sido realizado por el Municipio de Puerto Madryn en un modo compatible con la respectiva competencia que le accede al Gobierno provincial para llevar adelante la prevención y protección de la seguridad pública, teniendo en miras además, a nivel municipal, la satisfacción del interés general de la comunidad en la lucha contra la inseguridad.- En cuanto al acuse de violación por la norma en tratamiento de la intimidad y la privacidad consagrada por la Constitución, así como vulneración del principio de razonabilidad, es necesario señalar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad, última ratio del orden jurídico, por lo que los Tribunales habrán de recurrir a ella sólo cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos 331:2068).- Dicho ello, debo también destacar que el accionante ha sido un tanto escueto a la hora de exponer la afectación concreta de su derecho, se ha limitado simplemente a alegar que se vulnera su derecho a la intimidad, haciendo caso omiso de lo reiterado por el Superior Tribunal, en anteriores composiciones, en cuanto a que "debe realizarse una crítica razonada y concreta según las circunstancias del caso" (CS Fallos 308:1260) y "el esfuerzo de demostración que exige la inteligencia de la Ley Fundamental" (CS Fallos 296:432, 302:355, STCH SD 37, 38/93, 4,5,7,26, 37/94; S.D. 04/SCA/03)".--- Con tales prevenciones, itero que la Ordenanza municipal N° 6.572/09 y su modificatoria N° 7.098/09 han sido sancionadas teniendo en miras satisfacer un interés general de la comunidad, el que, según alega el actor, entra en confrontación con su derecho a la intimidad, de raigambre constitucional. Este derecho se encuentra contemplado en términos generales en el art. 19 de la Constitución Nacional, y conforme lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación "el derecho a la intimidad y la garantía consecuente contra su lesión actúa contra toda "injerencia" o "intromisión" "arbitraria" o "abusiva" en la "vida privada" de los afectados (conf. art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 11, inc. 2°, de la Convención Americana de Derechos Humanos; y art. 1071 bis del Código Civil) (Fallos 327:5279).

Como explica Rafael BIELSA, "la Constitución nacional, al "reconocer" como un derecho esencial y primordial la libertad personal, también regula y modera esta libertad de acuerdo con los principios generales del derecho, imponiéndole, en su virtud, las consiguientes limitaciones". Añade que del art. 19 de la Constitución Nacional se pueden separar "dos esferas de la libertad personal: a) la una "privada" o propia, a la cual no alcanza la ley; b) la otra común, es decir, la esfera de libertad del hombre dentro de la comunidad jurídica en que vive y en donde lo alcanza la ley, o sea, las normas jurídicas positivas mediante las cuales el Estado regula la convivencia de las personas que lo componen. Y es precisamente en esta última esfera donde se desenvuelven las atribuciones del poder público para dictar leyes, reglamentos y mandatos que, teniendo por objeto la subsistencia armónica del conjunto de todas las libertades individuales, importan restricciones mas o menos amplias de la libertad de cada uno." (Derecho Administrativo, R. Depalma, año 1956, Tomo IV, pág. 10/11).----- Ante los conceptos expuestos, no puede afirmarse que la imposición de la obligación de incorporar video-cámaras de seguridad para obtener o renovar la habilitación que autoriza el ejercicio de la actividad comercial del actor en el ejido de la ciudad de Puerto Madryn sea arbitraria o importe una intromisión abusiva en la esfera privada del accionante. Ello, por dos órdenes de razones: la primera, el local se encuentra abierto al público que concurre al mismo para requerir los servicios que allí se prestan, siendo entonces un ámbito de acceso público y no privado; y la segunda, la norma atacada no impone un lugar determinado para situar las video-cámaras, sólo requiriendo colocarlas para el contralor del movimiento del público, por lo que queda a exclusivo criterio del accionante la determinación espacial de su ubicación.

Por todo lo indicado, voto también por el rechazo de la demanda, con costas. ASÍ LO VOTO.

A la misma primera cuestión el Dr. Alejandro J. PANIZZI dijo:

I) El demandante, señor F. N. Z., promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Corporación Municipal de Puerto Madryn por razón de la Ordenanza N° 6572/09, promulgada por Resolución N° 1173/09 - en el marco del artículo N° 179, inciso 1.1. de la Constitución de la Provincia del Chubut.--- La norma atacada impone como requisito para la habilitación comercial (y renovación) la instalación de videocámaras para controlar el movimiento de público en distintas entidades, entre las que cuentan las inmobiliarias.-- A criterio de Z. la ordenanza transgrede los artículos 122 y 233 de la Constitución de los ciudadanos del Chubut.-- La primera de esas normas constitucionales establece el deber estatal de la provisión de la seguridad pública; la segunda, determina la competencia de las municipalidades y comisiones de fomento.-- II) El propósito de la regla comunal es el contralor (por medio de cámaras de video) de movimiento de público (ejercer el control de quienes entran y salen del local), no invadir la privacidad del propietario del comercio, ya que no dispone que las cámaras sean instaladas en baños, oficinas ni ningún otro sitio restringido por el dueño al acceso del público.

Al contrario, la ordenanza autoriza a los titulares de los comercios alcanzados por ella recabar el asesoramiento de organismos de seguridad.- De manera que no hay perjuicio, para el demandante, en instalar los dispositivos de seguridad que manda la norma. Todo lo contrario, lo provee de un medio que ayudaría a evitar y esclarecer hechos delictivos de los que podría ser víctima. Es decir, el mecanismo que Z. rehúsa, contribuiría a aminorar los peligros y daños a los que él pueda estar expuesto.-- La parte que demanda no ha invocado un perjuicio real y subjetivo que merezca la sanción más grave con la que cuenta el ordenamiento jurídico constitucional, como lo es la declaración de inconstitucionalidad.--- III) La Policía es una fuerza civil armada que depende del Poder Ejecutivo Provincial, que tiene a su cargo velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas. Que se trate de una policía provincial no significa que deba regirse exclusivamente por las normas que son de esa índole.

Así como la policía controla que los automovilistas conduzcan con la debida autorización y preservan la seguridad de bancos y establecimientos comerciales, también controlará lo concerniente a las videocámaras, que son mecanismos destinados a la seguridad ciudadana, a la sazón, competencia específica de la policía.

IV) Con respecto al precepto del artículo 122 -la provisión de seguridad estatal- es claro que en el régimen federal, el territorio en cuyos habitantes se rigen por leyes propias, aunque estén sometidos en ciertos asuntos a las decisiones de un gobierno común, nada impide que el municipio disponga medidas de seguridad, ya se trate de videocámaras, de extintores para incendios o puertas de emergencia.--- Hay un concurso de competencias de la Provincia y el Municipio en punto a ciertos bienes jurídicos, la seguridad, entre otros.----- Es que el artículo 233, en su inciso primero le confiere competencia a los municipios sobre todo lo relativo a la edificación, tierras fiscales, abastecimiento, sanidad, asistencia social, espectáculos públicos, servicios públicos urbanos, reglamentación y administración de las vías públicas, paseos, cementerios y demás lugares de su dominio y juzgamiento de las contravenciones a disposiciones municipales.

Cuentan, además, con todas las competencias, atribuciones y facultades que se derivan de las enunciadas en el artículo mencionado o que sean indispensables para hacer efectivos sus fines.---- De allí que la pretensión (declaración de inconstitucionalidad), en el caso planteado, es demasiado exigente. Por lo tanto, la demanda debe ser rechazada.

Así voto.----- A la primera cuestión el Dr. Carlos Alberto VELAZQUEZ dijo:

Poco habré de agregar a lo expuesto por los Ministros que me han precedido en el voto, por ello, a fin de no fatigar con reiteraciones innecesarias, no abundaré en la relación de la causa que se ha efectuado.- Yendo entonces derechamente al acuse de incompetencia respecto de las facultades de la Corporación Municipal para dictar la Ordenanza que exige -a fin de otorgar o renovar la habilitación municipal- la instalación de cámaras de video en los locales que ella señala, comienzo por recordar lo que desde este Tribunal se señalara en la S.D. 2/SCA/10, con cita de la S.D. N° 7/SCA/06, "...La competencia es al órgano administrativo, lo que la capacidad al sujeto de derecho privado, y se "tiene" en el marco de los poderes atribuidos por las normas positivas. Así surge, en contraposición a aquello que es propio, en general, de los sujetos privados, que la Administración no puede obrar sin que el ordenamiento lo autorice en forma expresa o razonablemente implícita (CSJN Fallos: 254:56, 307:198). Frente al principio "debe entenderse permitido lo que no está prohibido" (postulado de la permisión) que domina la vida civil, es propio del régimen administrativo el apotegma "debe entenderse prohibido lo no permitido" (CNCAF -Sala V, 2/09/98, en "Tandercarz..."Causa 25.156/96)".

Luego, de la lectura de la Carta Orgánica Local sancionada en el año 1995, extraigo que la competencia para conocer y reglamentar en materia de seguridad se encuentra expresamente atribuida al Municipio en el art. 10 inc. 2) en forma concurrente con la Provincia, por lo que entiendo que surge nítida la facultad aquí negada por quien acciona.---- En orden a las facultades concurrentes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido "que una potestad legislativa nacional y una provincial pueden ejercerse conjunta y simultáneamente sobre un mismo objeto o una misma materia sin que de esa circunstancia derive violación de principio o precepto jurídico alguno. Pero esa coexistencia presupone el requisito de que no exista entre ambas incompatibilidad manifiesta e insalvable" (Fallos 310:2812; 315:1013).-- Dichos conceptos pueden fácilmente trasladarse al caso que nos ocupa, donde tanto el Estado Provincial como el Municipal poseen facultades atinentes a efectuar regulaciones en materia de seguridad. También aclaro que no puede siquiera argumentarse que exista alguna incompatibilidad que justifique la necesidad de determinar cuál de estos dos órdenes de potestades regulatorias ha de prevalecer, pues a todo evento, la Ordenanza 6572, art. 3 autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir los instrumentos convenientes para cumplimentar con el control atribuido a la Policía del Chubut (art. 2), y con ello, a mi modo de ver, disipa cualquier incertidumbre sobre el particular.- Soslayado aquel intríngulis, me adentro entonces en el acuse de vulneración del principio de razonabilidad de la reglamentación cuestionada, recordando que los derechos y garantías reconocidos por la Constitución no son absolutos, y se encuentran sujetos a reglamentación. El límite a esa reglamentación está dado por el artículo 28 de la Constitución Nacional: ella no debe alterar el principio, garantía o derecho reglamentado. De esta manera, la no alteración de los derechos y la razonabilidad de la reglamentación son los límites de la potestad legislativa (Fallos 310:819).-- El control de razonabilidad parte de una interpretación armónica de dos normas constitucionales: los arts. 14 y 28. De la conjunción de ambas disposiciones puede sostenerse que una ley es razonable cuando haya reglamentado un derecho sin alterar su sustancia.

La norma municipal bajo análisis, según el actor, sería irrazonable en tanto entiende que con ella se produce una afectación directa a su derecho a la intimidad. Cuando Bartolomé A. FIORINI refiere a la denominada policía de las costumbres, comienza por aclarar detenidamente que el art. 19 de la Constitución Nacional preserva la conducta de la vida íntima o privada de las personas, declarando su inviolabilidad. Pero cuando la actividad humana se desarrolla públicamente en relación a terceros, es decir, la conducta o los actos de las personas pueden tener trascendencia en el exterior o incidir en la existencia de la convivencia exterior, se cierne, sobre ella, la sombra limitadora y comunicante de la costumbre o de la moral pública. (Manual de Derecho Administrativo, pág. 722/723).---- Si bien no se está discutiendo en el presente algún aspecto relacionado con la policía de las costumbres, entiendo que la referencia es atinente en tanto permite demarcar las fronteras de lo íntimo y lo público. No tengo dudas que en tanto una inmobiliaria pretende la captación, básicamente, de personas interesadas en efectuar transacciones del rubro -locaciones, ventas, etc.-, el inmueble en el que se desarrolla la actividad no es esencialmente privado, en tanto en él se permite el ingreso aún de individuos en principio desconocidos.- Luego, en la medida que el accionante desarrolla su actividad en un inmueble abierto al público en general, no advierto en forma tajante, manifiesta, la violación del derecho constitucional que se denuncia; pues no se encuentra socavado ningún aspecto de la vida íntima de quien acciona. A ello le añado que considero que no existe desproporción entre la exigencia impuesta y las finalidades antes señaladas que dan cabida al ejercicio del poder de policía municipal.--- Como se ha dicho en la S.D. N° 8/SCA/10, con mención de la S.D. Nº 15/SCA/06 ("G..") "Es lugar común que la tacha de una disposición legal vigente por los Tribunales, es un acto procesal de suma gravedad institucional y constituye la "última ratio" del ordenamiento jurídico. En otras palabras, la declaración de inconstitucionalidad se erige como un remedio extremo y excepcional al que sólo cabe acudir en aquellos supuestos en los cuales ninguna otra solución razonable pueda deducirse de la propia normativa.- A partir de esa pauta restrictiva, es que se exige -de un modo insoslayable- que la ley cuya validez constitucional se cuestione, ocasione un perjuicio real y concreto al interesado, el cual debe ser invocado por aquel y también acabadamente demostrado" (en pleno - elDial- AA3579, el destacado es propio). Y "la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe considerarse la "última ratio" del orden jurídico en tanto y en cuanto no se demuestre en forma palmaria que alguno de los restantes poderes del Estado se ha extralimitado en forma abusiva por comisión u omisión en el ejercicio de facultades que le son propias, provocando perjuicios mayúsculos y/o comportamientos que, por su irrazonabilidad manifiesta, pueden comprometer el equilibrio político y social en que se desarrollan las instituciones de la República, la vida democrática y la garantía de la división de poderes" (elDial- AA265B)".--- Por las consideraciones efectuadas, opino que debe rechazarse la demanda. ASÍ LO VOTO. - A la misma primera cuestión el Dr. Jorge PFLEGER dijo:- I. a.- Breves reflexiones acerca de la autonomía municipal y de la ubicación constitucional de aquellos, los municipios.---- Estimo menester, antes de penetrar en el meollo de la propuesta, verter algunos conceptos que pondero útiles para la solución del caso.- En ese sentido, considero relevante principiar con el tema atinente a la autonomía municipal, para marchar luego, intelectualmente, hacia la ubicación constitucional de los municipios y derivar, luego, en las relaciones entre estos Estados particulares y el Estado Provincial.- Principiaré con el problema atinente a la autonomía municipal. Desde una perspectiva semántica, verificamos, en el Diccionario de la Real Academia Española, que autonomía, derivada del latín autonomia y éste del griego aut???µna, significa "...Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios...". (Diccionario RAE versión web).--- En esa clave entonces advertimos que ciertas comunidades organizadas políticamente poseen una condición que las particulariza, en tanto rectoras de su propia vida institucional.- Antonio María Hernández explica, al respecto, que autonomía implica una cualidad de las corporaciones territoriales de Derecho Público, y en particular le corresponde a las Provincias, a los Estados de Estados Unidos, del Brasil o de Méjico y a los Lander de Alemania, entre otros. (ver el autor en "La descentralización del Poder en el Estado" en "Derecho Constitucional- Albanese- Dalla Vía- Gargarella- Hernández - Sabsay"- Editorial Universidad, página 784).-- Así planteado nos preguntamos qué es el municipio y en ese sentido decimos que el vocablo (del latín municipium), denota para nuestro idioma al "....1. m. Conjunto de habitantes de un mismo término jurisdiccional, regido por un ayuntamiento 2.Ayuntamiento o corporación municipal).4. m. Entre los romanos, ciudad principal y libre, que se gobernaba por sus propias leyes y cuyos vecinos podían obtener los privilegios y derechos de los ciudadanos de Roma..." (Diccionario RAE, edición web). -- La lengua española registra, también, el sustantivo "Comunidad autónoma" cuya acepción es, según el mismo digesto, ".(la)Entidad territorial que, dentro del ordenamiento constitucional del Estado español, está dotada de autonomía legislativa y competencias ejecutivas, así como de la facultad de administrarse mediante sus propios representantes...".--- Si asociamos ambos vocablos e intentamos explorar lo que denotan, señalamos que, en lenguaje vulgar, cuando hablamos de autonomía municipal estaremos hablando de la cualidad o condición o capacidad de las entidades territoriales o corporaciones que conjugan a los vecinos de ciertos términos jurisdiccionales, para darse sus propias instituciones y regirse por ellas.---- b. Ya en el territorio del derecho público predicamos del Municipio que se trata de una persona de derecho público (que algunos autores consideran natural y necesaria) basada en relaciones de vecindad, y con fines de bien común, siendo la manifestación primaria de la descentralización política.---- Sanchez Viamonte considera que el régimen municipal es una forma de gobierno característica de la ciudad, comuna o municipio; que su verdadera función es urbana o edilicia, su autonomía política consiste en que nace directamente de la voluntad popular y su autonomía jurídica consiste en el poder de crearse un orden jurídico propio, circunscrito y subordinado dentro de la esfera institucional más amplia de la Provincia y la mayor aún de la Nación. (Sanchez Viamonte, Carlos - "Manual de Derecho Constitucional", Ed. Kapelusz, página 335).

Bien observa Hernández (op. citada, página 784/785) que la autonomía al igual que la autarquía integran la descentralización, pero en la primera prevalece lo político mientras que en la otra la idea central es lo administrativo. Este autor cita a Salvador Dana Montaño que define a la autonomía como un concepto político, porque político es el poder de propia legislación.--- c. Cuando tratamos el asunto desde la mira constitucional tenemos que se ha consignado, con acierto, que la Convención Constituyente de 1.994 puso punto final y definió con relativa precisión el tema atinente a la naturaleza institucional político y jurídica de los municipios, pues no fue pacífica, hasta entonces, la dimensión o el alcance de la descentralización política municipal.

Es que el art. 5° de la Constitución Nacional, que no fue modificado por la reforma del ´94, declara que las Provincias, Estados Particulares que componen el Estado Federal, pueden darse una Constitución local (manifestación de autonomía) pero ésta debe observar los parámetros de la Constitución Nacional y, además, salvaguardar la administración de justicia, la educación primaria y el régimen municipal. No obstante ello no estaba definido, como decía al principio, el grado de descentralización de esas organizaciones estatales.-- Municipio autónomo o municipio autárquico fueron así las dos posiciones controversiales en punto al sentido y alcance de la norma reseñada, aún cuando el maestro Bidart Campos sostuviera que al aludirse a "régimen municipal" se estaba denotando "autonomía", evocando que el propio Código Civil consideraba al Municipio persona de existencia necesaria. (ver el "Manual de la Constitución Reformada" Tomo I, Ed. "Ediar", páginas 450/451).--- Desde su organización hasta el año 1.989, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que los municipios eran entes autárquicos territoriales de las provincias, es decir: delegaciones del poder provincial, que sólo podían desarrollar funciones de administración en el espacio adonde estaban asentados.

Ese criterio se mantuvo inalterado hasta el pronunciamiento del Supremo Tribunal en autos "Rivademar c/ Municipalidad de Rosario" (T. 312 P. 326) cuando se mudó de posición, reconociendo en los municipios ciertos caracteres que lo acercaban a la autonomía, señalando -claramente- las diferencias con los entes autárquicos.

Una breve relación de este fallo nos muestra que la Corte reconoció como particularidades de los municipios: a) su origen constitucional frente al meramente legal de los entes autárquicos, b) el carácter de legislación local de las ordenanzas municipales frente a las resoluciones administrativas emanadas de las entidades autárquicas, c) el carácter de persona jurídica de derecho público, d) el carácter necesario de los municipios frente al carácter de los entes autárquicos y e) la elección popular de sus autoridades, inconcebible en las entidades autárquicas.-- Sin embargo, como advertíamos, fue a partir de 1.994, tras la reforma constitucional, que se reconoció su condición autónoma, marcándose la existencia de la división trinitaria entre poder federal-provincial y municipal.

En efecto, el artículo 123, modificado entonces, consagró que las provincias deben asegurar la autonomía municipal y reglar su alcance y su contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

De este modo queda claro que las provincias están constreñidas a adecuar sus respectivas constituciones a esos postulados, con el fin de que los municipios lleguen a concretar la autonomía institucional dictando sus respectivas cartas orgánicas.-- Nuestra provincia, ya en la década del ´50, reconocía esa calidad, que fue reforzada por la reforma del año 1.994.- En términos generales, la autonomía municipal, como refería Salvador Dana Montaño, es una cualidad específica de la corporación, que la distingue de otras corporaciones: su capacidad de gobierno propia y, con más precisión, su facultad de organizarse, en las condiciones de la ley fundamental, de darse sus instituciones y de gobernarse por ellas con prescindencia de todo otro poder.- Antonio María Hernández (op. cit.) sostiene, respecto del significado de los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero a los que alude la constitución que "...el aspecto institucional supone la posibilidad del dictado por parte del municipio de su propia carta orgánica. El aspecto político entraña la base popular, electiva y democrática de la organización y el gobierno comunal. El aspecto administrativo importa la posibilidad de prestación de los servicios públicos y demás actos de administración local, sin interferencia alguna de autoridad de otro orden de gobierno. El aspecto financiero comprende la libre creación, recaudación e inversión de las rentas para satisfacer sus fines que no son otros que el bien común de la sociedad local...".----- Recalcamos: a. capacidad de dictar su propio estatuto o carta orgánica adecuada a los preceptos de las Constituciones Nacional y Provincial. b. organización política democrática c. autogobierno d. capacidad de ejercicio de funciones administrativas e. prohibición de interferencia, constituyen las notas salientes o presupuestos de la autonomía municipal.-- Las provincias están obligadas a asegurar el régimen municipal autonómico, pues o incurrirían en incumplimiento de las reglas de los arts. 5° y 123 de la C.N, habilitando la intervención federal o, como indica Humberto Quiroga Lavié, en inconstitucionalidad por omisión, pasible de ser declarada por los Tribunales locales o federales ("Derecho Constitucional" Ed. Rubinzal Culzoni, en lo que atañe) ----- Sin embargo han de tenerse en cuenta ciertas limitaciones.

Así como las provincias, autónomas por esencia, poseen limitaciones en tanto no ejercen el poder delegado a la Nación, los municipios poseen una autonomía condicionada.

Spota enseña que "...Necesariamente los municipios están limitados en su autonomía, en los términos que lo están las provincias y en función de las consecuencias lógico jurídicas que devienen de aquellas competencias reservadas al Estado Nacional y detraídas de las provincias..." (ver el autor en "Derecho Constitucional- Doctrinas Esenciales" Ed. La Ley T II, página 189) .- Al mismo tiempo el art. 123 de la C.N. estatuye que la autonomía de los municipios ha de estar reglada en las Constituciones Provinciales, las que definirán su contenido, no pudiendo, eso sí, tornar irrazonable el ejercicio de la autonomía de la organización local.- Las autonomías municipales, a decir de aquél autor, gozan de análogas, aunque no idénticas capacidades de creación, subsistencia, gobierno y extinción que tienen las provincias, así como lo quiere el art. 13 de la C.N. y las pautas que señala el art. 28 C.N. "...marcan y completan el esquema de legalidad y legitimidad del derecho público provincial para encuadrar el nacimiento, desarrollo y extinción de los municipios y de sus autonomías..." (autor y op. citadas página 195, 200/201).-- Como ya lo dije la Constitución Provincial, art. 224, reconoce la autonomía municipal y le brinda su alcance, art. 225.--- El propio texto resulta explícito al respecto: ".Los Municipios son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus funciones y gozan de autonomía política, administrativa y financiera con arreglo a las prescripciones de esta constitución." y esas condiciones dimanan de los arts. 229, 230, 231 y, primordialmente del arts. 233, 234 y 238 del la C.P. que abastecen los conceptos teóricos de autonomía municipal que hemos brindado.- En suma existe una delegación de poderes de la provincia que, en términos constitucionales, genera los mismos términos vinculativos que la delegación hecha al Estado Central.- Resulta interesante para la solución del asunto que convoca la última parte del art. 233 en tanto estatuye facultades genéricas en tanto que derivadas ".de las arribas enunciadas o que sean indispensables para hacer efectivo sus fines.".- Pero volviendo al modo en que se articulan las relaciones entre el centro y las autonomías, puede admitirse que se generan entre ellas ligaduras de subordinación, exclusividad y coordinación, tal sucede con los Estados particulares y el Estado central.- II. Las facultades municipales para dictar normas como aquellas que han suscitado la discusión en el caso.--- Aun cuando dictadas en el marco de su exclusiva e indiscutida competencia para otorgar habilitaciones comerciales, las ordenanzas 6.572 y 7.098, reconocen como causa final necesidades de seguridad pública traducidas en la implementación de medidas ".para la prevención y lucha contra la problemática de la inseguridad.".

Esta tópica, y así lo sostienen los demandantes, resultaría en principio de exclusiva y excluyente competencia provincial.----- Pareciera resultar así de la lectura del art. 122 de la C.N. que, singularmente, estatuye que el ".Estado provee a la seguridad pública. Es ejercida para la preservación del orden constitucional, la defensa de la sociedad y la integridad de los habitantes y su patrimonio, asegurando la irrestricta vigencia de las libertades públicas y la plena observancia de los derechos y garantías.".- Pero dije pareciera pues entendida como la obligación estatal de preservar la libertad, la vida, la honra y el patrimonio de los habitantes resulta de suyo que es inmanente a la consecución de los fines del municipio autónomo tales valores.- Lo es, pues toda la legislación facultativa a estos entes se encuentra inficionada y condicionada por el aseguramiento de esos bienes jurídicos tan caros a la república democrática.--- De modo que es concurrente la capacidad de proveer a fines generales o concretos: la atención de los intereses locales (art. 14 inc. 1, 8 y 22 de la C.O. Municipal vigente al tiempo de lemisión de las ordenanzas) con aquellas reservadas por las provincias cuando éstos involucren aún de manera tangencial aptitudes propias de la Provincia.- Así, no me parece inadecuado que la habilitación de determinados comercios implique imponer condiciones que envuelvan la seguridad pública, entendida como bien la define la Constitución.---- Si el comercio que se habilita involucra riesgos que toquen el sensible tema de la prevención de los delitos, la determinación de instalar cámaras de seguridad para preservación de propios o ajenos encaja perfectamente en las competencias locales.

De otra manera quedaría trunco el deber general que es imperativo para todos los órdenes estatales.

III. El problema de la afectación del derecho a la privacidad.- El derecho a no ser interferido en el ámbito infranqueable de la intimidad es la piedra de toque del Estado Social de Derecho, tributario y continuador del Estado Liberal de Derecho.--- Lo reconoce cabalmente el art. 19 de la C.N, art. 18 inc. 3° de la C.P.

Es más, el Estado se autolimita frente a los derechos naturales del individuo y de las sociedades no estaduales, anteriores al Estado mismo y que corresponden al hombre por su propia condición humana.--- Y esa fortaleza, que es su propio yo interior, jamás puede ser horadada, por principio.----- Pero también es claro que los derechos se ejercen conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, que, cierto es, no pueden alterar su esencia (arts. 14 y 28 de la C.N, arts. 9 y 18 de la C.P.).

La vara para medir si la reglamentación trasiega la esencia de los derechos es la razonabilidad, dentro del marco de los fines del Estado que son, para mí, los de cooperación y búsqueda de la paz social.- Instalar una cámara de seguridad en ámbitos que no son estrictamente privados sino públicos o de libre acceso público no toca un ápice de lo que con tanto énfasis las constituciones protegen.

En los lugares descriptos arriba la privacidad del titular queda evidentemente limitada por propia decisión y la intrusión estatal en ése exclusivo ámbito, cuando se limita como sucede, y no impone cargas adicionales que administren arbitrariamente el artefacto y aún tienen como propósito la defensa del que se pretende afectado, es legítima.--- Se trata, de otro lado, de normas de carácter general, que sólo envuelven actividades en cierto modo riesgosas para la integridad y el patrimonio de las personas, de modo que el test que importa establecer la relación de causa y grado entre la limitación y el fin que persigue, supera cualquier óbice basado en la protección de los derechos.- IV. Conclusión-- Voto entonces por la desestimación de la demanda con costas.---- A la segunda cuestión dijo el Dr. PASUTTI:----- Tal como voté la primera cuestión, propongo al Acuerdo: 1) RECHAZAR la demanda que intenta F. N. Z. contra la Municipalidad de Puerto Madryn.- 2) Imponer las costas a la actora (art. 69 CPCC).- 3) En orden a los honorarios, desde que la causa carece de contenido económico, ponderando las labores desarrolladas por los letrados que intervinieron en el juicio propongo fijar los estipendios del Dr. G. D. H., apoderado de la demandada, en la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500); y los de los Dres. R. L. y T. R., apoderados de la actora, en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000), en conjunto. (Conf. art. 5, incs. b) a f) de la Ley XIII N° 4, y de conformidad con los arts. 6, 37 y 46). Con más IVA si correspondiere.- A su turno el Dr. PANIZZI dijo:- Acuerdo con el pronunciamiento del Dr. Pasutti.- A su vez dijo el Dr. VELAZQUEZ :

Concuerdo con la segunda cuestión tal como la propician los prevotantes.- A la misma segunda cuestión, el Dr. PFLEGER dijo:----- Tal como he votado a la anterior cuestión, concuerdo con la imposición en costas a la actora y la regulación de honorarios propuesta.- Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente:- -S E N T E N C I A -- 1°) RECHAZAR la demanda promovida por F. N. Z. contra la Municipalidad de Puerto Madryn.- 2°) COSTAS a la actora (art. 69 CPCC).-- 3°) REGULAR los honorarios del Dr. G. D. H., apoderado de la demandada, en la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500); y los de los Dres. R. L. y T. R., apoderados de la actora, en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000), en conjunto.- Todos, ponderando las labores desarrolladas según los parámetros del art. 5, incs. b) a f) de la Ley XIII N° 4, y de conformidad con los arts. 6, 37 y 46, con más IVA si correspondiere.----- 4°) REGÍSTRESE y notifíquese.- Fdo. Dr. Jorge PFLEGER-Dr. José Luis PASUTTI-Dr. Carlos A. VELAZQUEZ-Dr. Alejandro Javier PANIZZI.-- RECIBIDA EN SECRETARÍA EL 27 DE JUNIO DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N° 15 S.R.O.E. CONSTE.