Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-20


1º ¿Es nula la resolución recurrida? 2º ¿Es ella justa? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictarse? 1º cuestión. - El doctor Saux dijo:

Los recursos de nulidad que contra la sentencia definitiva dictada en la presente causa por la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 10º Nominación de esta ciudad de Santa Fe (vide fojas 390/395 vta.) interpusieran los apoderados tanto de la parte actora como de la demandada (vide fojas 396 y 399 de autos, respectivamente) no han sido sostenidos al expresar sus agravios, con lo cual, no advirtiéndose la existencia de vicios "in procedendo" que justifiquen su tratamiento de oficio, cuanto corresponde es su desestimación. Así voto.

Los doctores Cordini y Genesio expresaron, a su vez, iguales razones en términos semejantes y votaron, por consiguiente, en igual sentido.

2º cuestión. - El doctor Saux dijo:

En cuanto concierne a los recursos de apelación que también ambas partes, disconformadas por el fallo a quo -bien que por agravios diferentes- articulan contra el mismo, cabe su tratamiento singularizado, principiando por el de la parte demandada, fundado en el escrito glosado a fojas 418 a 419 vta.

La cabal comprensión de los mismos requiere una muy sucinta reseña de lo resuelto en anterior instancia. La demanda originariamente impetra el pago de la suma de $55.000 (más sus intereses y las costas del juicio) como indemnización por daños derivados del vínculo contractual que mantuvieran actor y demandado (el primero era cotitular de una cuenta corriente en el Banco que es accionado), relacionada con la información que el "Citibank NA", a través de su sucursal local, remitiera en su momento al Banco Central de la República Argentina por el rechazo de varios cheques librados en la cuenta de la cual era cotitular -en orden indistinta- el actor Antonio Pesiri con su esposa, lo cual determinara su inhabilitación para operar en dicha cuenta y su inclusión en la nómina de inhabilitados en el "Veraz", así como el consecuente cierre como sanción de otra cuenta corriente que él tenía en el actual "Banco Suquía", lo que atendiendo a su carácter de comerciante le determinara enormes perjuicios patrimoniales -por no poder acceder al crédito indispensable para su giro-, y además personales, ya que le habría causado un severo cuadro de depresión que generó un tratamiento psicológico prolongado -durante un año-, en virtud de todo lo cual reclama distintos rubros que a la postre integran el monto global premencionado (a saber, $ 10.000. por daño síquico, igual suma por daño a la vida de relación, $ 20.000. por daño moral y $ 15.000. por daño patrimonial vinculado al lucro cesante acaecido en el giro comercial de su negocio). En cuanto concierne a la antijuridicidad de la conducta del Banco demandado y a la culpa como factor subjetivo de atribución, menciona que los cheques devueltos por falta de fondos si bien pertenecían a la cuenta de la cual el actor era cotitular -en orden indistinta-, no fueron librados por él sino supuestamente por la otra cotitular -su esposa-, y por ende el cierre de cuenta y la inhabilitación de la cual fuera objeto resultan antijurídicas y dañosas, y por tanto configurativas de un ilícito civil que amerita la reparación pecuniaria impetrada.

En la contestación de la demanda, luego de negarse mayoritariamente los hechos expuestos en el escrito introductivo de la instancia, el Banco argumenta que el actor debió ejercer los controles pertinentes (como cotitular de la cuenta y como cónyuge de la libradora) de la regularidad de los cheques por ella expedidos, aludiendo al respecto que "... la comunicación 2329 no excluye al titular no firmante de cheques" -lo cual a su entender legitimaría la inhabilitación dispuesta sobre la cuenta como tal, y no sobre uno sólo de sus titulares que operara como librador de órdenes de pago sin la debida existencia de fondos-. Asimismo se resisten los rubros resarcitorios reclamados, tanto en su entidad o conformación autónoma como en su cuantía.

Luego de una abundante producción de prueba -por ambas partes-, la jueza de anterior instancia dicta sentencia, acogiendo parcialmente la pretensión del actor en el sentido de estimar configurada la ilicitud por él atribuida al Banco demandado -que lo inhabilitara sin mediar causas concretas que lo justificaran-, pero reduciendo sustancialmente el monto indemnizatorio, que queda cuantificado en la suma de $ 10.000. más sus intereses, y distribuyendo las costas en un 80% a cargo de la parte demandada y en el 20% restante a cargo del actor. Puntualmente, y en cuanto hace a lo que quizás configurara el eje nuclear del argumento defensivo de la demandada (que reglamentariamente el hecho de que un cotitular firmara cheques sin provisión de fondos podía autorizar la inhabilitación de toda la cuenta y con ello de los otros cotitulares así como el cierre de la misma), el fallo a quo expresa que los puntos 1.4.2 y 1.4.2.1 de la OPASI 2-128 (texto conforme Comunicación "A" 2329 modificada por Comunicación "A" 2334) establece que a los fines de la inhabilitación debían computarse las situaciones de cada persona registraba en el sistema financiero considerado en su conjunto; y que de dicha regulación resulta procedente inferir que ante el rechazo por falta de fondos disponibles de un cheque emitido en una cuenta corriente indistinta, la comunicación al Banco Central prevista en el punto 1.4.1 debía indicar solamente el nombre y el CUIT del cuentacorrentista que hubiera librado el cheque objeto del rechazo, vale decir, del firmante, pero no del cotitular no firmante, como lo es en la especie el actor. Con ello viabiliza la pretensión resarcitoria contenida en la demanda, pero reduciendo sensiblemente la indemnización, que se cuantifica en la suma de $ 10.000. por daño moral, declarando que el reclamo de daño a la vida de relación queda subsumido en el primero, que en cuanto al daño síquico no hay pruebas fehacientes de una lesión singular a su salud síquica (mas allá del testimonio del psicólogo que tratara al actor), para acreditar lo cual se hubiera requerido una pericial siquiátrica específica; y en lo tocante al daño material por lucro cesante -que tampoco se reconoce- se manifiesta que las declaraciones del asesor contable del actor agregadas a fojas 123 no son prueba suficiente de la invocada merma de ingresos por su negocio de venta de elementos de audio y afines, para lo que se hubiera requerido algún modo fehaciente de acreditación del perjuicio patrimonial alegado, que se juzga no probado.

Contra dicho pronunciamiento, hemos dicho ya, se alzan en apelación ambas partes.

El fundamento de los agravios de la entidad financiera demandada (fojas 418/420 vta.) gira en torno a la argumentada improcedencia de la pretensión resarcitoria contenida en la demanda, habida cuenta que a su entender la actora no probó ni la existencia de un proceder antijurídico del Banco, ni la existencia de un daño cierto, ni la relación de causalidad entre uno y otro extremo, ni la entidad de los perjuicios alegados por el accionante. Argumenta que "aun teniendo por cierto que el actor haya estado incluido en las bases de datos del BCRA y Veraz, la información en esas contenidas no tiene entidad para producirle un perjuicio y mucho menos de la magnitud pretendida", no pudiendo invocarse el daño a partir de "...el sólo hecho de haber estado registrado transitoriamente en una base de datos con las características de objetiva, reservada, confidencial y carente de todo juicio de valor en relación a la persona y/su solvencia". Concluye afirmando que en materia contractual el daño moral no se presume, y por lo tanto hay que probarlo, y Pesiri nada acreditó en la causa al respecto.

El planteo apelatorio no pasa de ser una mera manifestación genérica de disconformidad con la sentencia a qua, la cual, en sus fundamentos jurídicos y de valoración probatorio aparece razonable y ajustada a derecho. No debe perderse de vista que el argumento más fuerte esgrimido al contestar la demanda consistía en sostener que ante el libramiento de cheques sin fondo por parte de uno de los cotitulares de una cuenta corriente bancaria a la orden indistinta de dos personas físicas, correspondía el cierre de la misma y la inhabilitación de sus titulares, con lo cual la actitud asumida por el Banco demandado debería calificarse como regular, y por ende a la pretensa ilicitud civil le faltaría su primer elemento basilar: la antijuridicidad. La sentencia de anterior instancia explica con cita expresa de la normativa del BCRA aplicable al caso (la que damos aquí por reproducida para evitar reiteraciones sobreabundantes, a lo que podría sólo agregar que el acápite 8.5.4 de la Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria dispuesta por el BCRA en la Comunicación vinculada a la OPASI que menciona la sentenciante, expresamente dispone que "... No procederá la inclusión respecto de apoderados para el uso de la cuenta corriente o de personas simplemente autorizadas para la firma de cheques o de titulares, en las cuentas a la orden recíproca, en la medida en que no hayan suscripto los documentos rechazados") que en tal supuesto si bien operaría el cierre de la cuenta, la inhabilitación es una sanción sólo aplicable al cotitular firmante y no al otro si no libró personalmente los cheques, con lo cual la antijuridicidad y el factor culposo de atribución del Banco que erróneamente incluye en la comunicación al BCRA y genera con ello la inhabilitación del actor surgen palmarias. Nada de eso se ha argumentado en la apelación, y en cuanto a la acreditación del hecho en sí -la comunicación por parte del Citibank al Banco Central que determinara la inhabilitación consecuente de Pesiri, la cual arrastró el cierre de otra cuenta corriente que tenía en otro banco de plaza, así como su inclusión en carácter de moroso en categoría "5" (calificado como "irrecuperable") en Veraz, ver al respecto informe de fojas 247- y de sus previsibles secuelas (las enormes dificultades que para su giro comercial le implicó tal situación en la cual era ajeno de toda responsabilidad, así como el agravio moral que ello llevó a su esfera afectiva y personal, siendo que desde la inhabilitación hasta la rehabilitación, lograda a requerimiento insistente del propio Pesiri, transcurrieron nada menos que siete meses) hay holgada profusión de prueba en la causa, como para interpretar que efectivamente hubo de parte del Citibank una ilicitud de rango contractual, integrada por todos sus componentes estructurales: acción antijurídica, culposa, y causalmente relevante ante una situación dañosa constatable y constatada. Estimo que luce sobreabundante, ante la clara conformación de esa ilicitud, alongar este decisorio con cita de la proficua doctrina autoral y judicial que han admitido la responsabilidad civil de las entidades financieras en los casos en los cuales, tanto dentro del ámbito contractual como aquiliana, culposamente causan a sus clientes actuales o potenciales daños patrimoniales y morales de los que deben hacerse cargo de resarcir. En supuestos similares al aquí juzgado me limito a citar, casi como mero dato de muestreo, lo resuelto v.g. por la CApel. Civ. y Com. Rosario, sala 2º, 14/11/03, "Laucero c. Banco Crediccop", Zeus tomo 94 rev. del 5/3/04; igual sala, 27/2/04, "Galván c. Nuevo Banco de Santa Fe", Zeus t. 94 entrega del 14/4/04; sala III, 10/4/01, "Stagnita c. Banco del Suquía", Zeus, 86, rev. del 28/5/01; CNCom., sala B, 9/9/03, "Rivera c. Banco Francés", Zeus tomo 93 rev. del 17/12/03; igual Cámara, sala I, 10/4/01, "Gualtieri c. Citibank", JA, 2001-IV-504; sala C, 5/2/01, "M. I., L. c. Banco Roberts", DJ, 2001-3-114; sala E, 15/11/02, "G., R.A. c. Banco Francés", DJ 2003-I-879; etc. Sí quisiera simplemente poner de resalto que como tuve oportunidad de manifestarlo en alguna ocasión (v. trabajo de mi autoría titulado "Responsabilidad de las entidades financieras", en la obra "Responsabilidad por daños en el tercer milenio", libro en homenaje al Prof. Atilio A. Alterini, Abeledo Perrot, Bs.As., 1997, ps. 754 y sigtes.) la actividad bancaria es un claro supuesto de conformación de responsabilidad profesional, y esa profesionalidad y capacitación técnica del banquero o de la entidad que él representa implican un afinamiento del concepto de culpa que le es imputable (criterio de los arts. 902 y 909, C. Civil), lo cual si bien no importa objetivizar responsabilidades, sí implica medir, en el caso concreto, la reprochabilidad subjetiva de manera acorde con los elementos, recursos, capacidades y obligaciones legales que la entidad tiene (art. 35, ley 24.452), singularmente contrastadas con las del cliente. En similares términos se pronunció recientemente esta misma sala, en el fallo expedido en 13/3/06 "in re": "Bsereni c. Nuevo Banco de Santa Fe", protocolo único, tomo 2, folio 435. Con lo así expuesto digo entonces que el planteo apelatorio de la parte demandada no debe prosperar.

El recurso de apelación de la parte actora, por las suyas, se agravia de la sustancial reducción que la sentencia a qua hace del monto resarcitorio reclamado en la demanda, especialmente en cuanto no se hiciera lugar al reclamo por la desestimación de los rubros daño a la vida de relación, daño síquico y daño material por lucro cesante, todo lo cual, sumado al daño moral, conformaba una suma de $ 55.000. que el fallo de anterior instancia redujera sólo a $ 10.000. Integra también su agravio que se le asignaran al actor el 20% de las costas del juicio, cuando la culpabilidad y el obrar antijurídico del Banco han sido plenamente reconocidos, y las mismas debieron serle impuestas de manera integral a la demandada perdidosa.

Entiendo que, en líneas generales -y a salvo de algún aspecto sobre el que me detendré singularmente-, asiste razón al apelante.

Es un dato cierto que la dispersión conceptual que la demanda propone en ítems diversos pero que (salvo lo inherente al daño patrimonial) coparticipan de la misma esencia ontológica (daño moral), separando el concepto supuestamente "puro" del mismo (como afectación a las legítimas afecciones de la víctima, que comprensiblemente se ha sentido menoscabado social y comercialmente por la suerte de estigma que implica la inhabilitación que le fuera erróneamente aplicada, y por el consecuente descrédito que ella implica en los ámbitos financieros y comerciales en los cuales se mueve) del daño a la vida de relación y aun del daño psíquico, poco coadyuvan a fortalecer su requerimiento. Es también otro elemento incontrovertible que el daño moral, dentro de la órbita contractual (a diferencia de la aquiliana, en la cual cierto tipo de afectaciones se acreditan "in re": ipsa, como las vinculadas a una mutilación personal o a la pérdida de la vida de un ser muy querido) no se presume, y requiere acreditación singular, bien por medios directos de prueba o bien incluso por vía de presunciones de razonable etiología. Al respecto, si bien es cierto que en materia contractual, como esta misma sala lo ha declarado (18/6/99, "Sandiano D. E. c. Alberto J. Macua S.A. s/indemnización de daños y perjuicios", Fallos 47-316; así como fallo del 26/3/01, "David, J. y otra c. Rizzi Distribuciones", Fallos 48-441), el marco indemnizatorio se reduce respecto de la esfera aquiliana, no resultando compensables las meras molestias, dificultades, perturbaciones o la propia indignación que puede provocar un incumplimiento de lo pactado -mientras no se traspasen ciertos parámetros objetivamente demostrables-, lo cierto es que la viabilización de la indemnización del mismo no requiere indefectiblemente la prueba de "cuánto" o "cómo" se ha sufrido por el incumplimiento. Como señala atinadamente Matilde Zavala de González ("Código Civil y normas complementarias-Análisis doctrinario y jurisprudencial", obra dirigida por A. Bueres y E. Highton, Ed. Hammurabi, Bs. As., tomo 2A, 1998, p. 232), no se requiere en el caso aquella prueba (ontológicamente a veces de acreditación imposible), sino que la misma puede derivarse de presunciones (que son un medio de prueba) que se deriven por lógica del contexto de los hechos. El texto qué al Código Civil le incorpora la ley 17.711 en el art. 522 (consagrando la posibilidad de indemnización del daño moral derivado del incumplimiento contractual), en correlación con la modificación habida también en 1968 al art. 1078, denotan que si bien no amparando susceptibilidades excesivas que reclamen por las simples derivaciones lógicas de las secuelas de aquel incumplimiento, sí resultan indemnizables las secuelas anímicas disvaliosas cuando ellas, en función de las circunstancias, trascienden ese standard normal y afectan, razonablemente, a la tranquilidad espiritual de quien las sufre (vide Ramón D. Pizarro, "Daño Moral", Ed. Hammurabi, Bs. As., 1996, ps. 173 y sigtes.). En el particular, sea que se lo denomine como "daño a la vida de relación" -que quizás es un concepto empleado dogmáticamente en circunstancias más bien afines a la responsabilidad extracontractual, cuando el perjuicio sufrido incide singularmente en la salud de la persona y con ello al marco amplio de su inserción en el medio social y sus proyecciones recreativas, deportivas, artísticas, etc. vide al respecto Matilde Zavala de González, "Daños a las personas - Integridad psicofísica", tomo 2A, Hammurabi, Bs.As., 1990, ps. 391 y sigtes.- o incluso "daño psíquico" -como alteración patológica de la personalidad de la víctima, que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente, v. igual obra premencionada, ps. 193 y sigtes.-, lo cierto es que lo que reclama a la postre el actor es daño moral, diciendo que los padecimientos generados por la situación creada culposamente por la entidad financiera demandada no sólo lo afectó en su esfera intima (el aporte testimonial agregado a fojas 213 y sigtes. del Psicólogo que lo tratara, Eduardo Abrigo, no deja dudas al cuadro de angustia y depresión que presentaba el actor, por el cual lo trató durante un año, así como que el mismo se desencadenó a partir del episodio que diera origen a estos actuados), sino también en relación con su círculo de amistades, que debieron prestarle dinero para poder seguir girando en su actividad mercantil más allá del cierre abrupto del acceso al crédito (vide testimoniales de fojas 119, 120, 123, 124 y sigtes.), y con sus proveedores, quienes sólo le vendían insumos ante pago contado o con garantías de terceros. Siendo ello así, va de suyo que el monto resarcitorio otorgado por la Jueza de anterior instancia luce singularmente insuficiente para compensar todos esos detrimentos personales, los cuales aparecen suficientemente acreditados en su existencia y entidad de las mencionadas constancias de autos. En tal virtud, estimo que la indemnización integral por lo que globalmente debe entenderse como daño moral (comprensivo de los rubros reclamados como daño síquico y daño a la vida de relación) debiera ascender a la suma de $ 30.000. El daño material o patrimonial -sustancialmente apoyado en el informe glosado a fojas 241/242 de estos actuados, expedido por el Perito Contador designado al efecto Daniel A. Giudici- si bien no permite concluir en sumas precisas de declinación de ingresos luego de la inhabilitación, sí evidencia una desproporción entre ingresos y egresos del giro comercial de Pesiri luego de ser inhabilitado, y una sensible reducción de los primeros a partir del mes de octubre de 1995, todo lo cual se condice con la lógica de las circunstancias. A partir de allí, el monto reclamado como concepto resarcitorio autónomo ($ 15.000.) no aparece como excesivo o desenfocado del contexto de lo documentado en la causa, habida cuenta incluso del prolongado lapso (siete meses) durante el cual el actor estuvo "interdicto" bancariamente hablando. En tal virtud, estimo que debería acogerse el agravio elevando los montos reclamados como indemnización hasta la suma de $ 30.000. por daño moral y $ 15.000. por daño patrimonial, montos que generarán los intereses prefijados en la sentencia de anterior instancia, respecto de los cuales no hubo agravio puntual alguno por ninguna de las partes. Como consecuencia directa de ello, propicio también que se acoja el agravio de la parte actora en lo relacionado con la distribución de las costas, las cuales deberán ser soportadas en ambas instancias por la parte demandada (conf. art. 251, C PC y C). Por ello, así voto.

3º cuestión.- Los doctores Saux, Cordini y Genesio manifestaron, sucesivamente, que de acuerdo a lo que antecede corresponde desestimar los recursos de nulidad y el de apelación de la parte demandada, y hacer lugar al de apelación opuesto por la actora, elevándose los montos indemnizatorios hasta la suma de $ 30.000. por daño moral y $ 15.000. por daño patrimonial, con idéntica asignación de intereses en la cantidad y desde la fecha sindicadas en el fallo a quo. Las costas en ambas instancias serán a cargo de la parte demandada.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, la sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, resolvió: 1) Desestimar los recursos de nulidad que ambas partes interpusieran contra la sentencia a qua de fojas 390/395 vta. 2) Desestimar el recurso de apelación opuesto contra dicho decisorio por la parte demandada. 3) Hacer lugar al recurso de apelación de la actora, elevando los montos indemnizatorios hasta las sumas y con las modalidades expuestas en los considerandos de este pronunciamiento. 4) Costas en ambas instancias a la demandada. Insértese, hágase saber, bajen.- Edgardo I. Saux.- Raúl J. Cordini.- Juan C. M. Genesio.