Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-11


Esquel, 11 de octubre de 2007.

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia Nº 460 Tomo II, Folio 403/405 del año 2007 de fecha 11 de junio de 2007, obrante a fs. 206/208 y que fuera concedido a fs. 213; y CONSIDERANDO:

1. Que la Sra. Juez de Familia en lo sustancial decide homologar el convenio arribado por las partes respecto a la asistencia alimentaria de su hijo, asimismo que el alimentante Sr. D. A. K. abone, independiente de la pensión mensual, y en concepto de cuota suplementaria por alimentos atrasados, la suma de $10.600, pagaderos en una primer cuota de $600 y veinte cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $500 cada una, impone las costas al alimentante y regula honorarios a los profesionales intervinientes.

2. Que a fs. 217/221 vta. el alimentante detalla los motivos que justifican cada uno de los agravios que la sentencia recurrida le acarrea. Indica que el primer agravio consiste en que la sentencia viola el principio de congruencia pues el a quo incluyó dentro de los alimentos atrasados la diferencia entre los alimentos provisorios ($800) y la cuota convenida ($1.000), siendo que la parte actora no lo solicitó al iniciar la demanda ni tampoco en el acuerdo de fs. 200 y analiza aspectos del proceso que le permiten arribar a la conclusión de que, proceder en la forma que lo hizo la sentenciante, implica desnaturalizar el instituto "alimentos".

Que a continuación, como segundo agravio, expresa que el a quo al condenar a su parte a abonar "alimentos atrasados" y fundar tal decisión en los arts. 644 y 645 del CPCC, viola tales disposiciones en lugar de aplicarlas, pues el art 644 establece que los alimentos atrasados (supletorios)se deben desde la fecha de la iniciación del juicio por alimentos y no desde la clausura de la etapa de avenimiento.

Agrega que desde la fecha de interposición de la demanda y hasta el mes de mayo de 2007 el alimentante abonó la cuota provisoria y en junio de 2007 abonó la cuota convenida, por lo que resulta claro que nada se adeuda.

El tercer agravio está referido al hecho de haberse otorgado efecto retroactivo a la cuota alimentaria convenida entre las partes, conculcando la regla de interpretación contenida en el art. 1198 del Código Civil, toda vez que el acuerdo de fs. 200 es claro en el sentido que la cuota pactada de $1.000 mensuales se estipuló para el futuro (a partir del mes de junio de 2007).

Aduce que le causa gravamen que las costas hayan sido interpuestas al alimentante con el único fundamento de "no gravar la pensión fijada", ya que la Sra. Juez de Familia no consideró la situación particular de las partes y solicita que se modifique la imposición de costas y se establezcan en el orden causado.

Se agravia también de lo dispuesto por el a quo con respecto a los honorarios regulados a los abogados B. y S., los que considera altos y pide su reducción. Aclara que la apelación de los honorarios de los letrados S. y B. lo son para el supuesto de no hacerse lugar al agravio anterior ya que sólo en esa hipótesis tiene interés en cuestionarlos.

3. Entrando en el análisis de la cuestión sometida a estudio, este Cuerpo infiere en primer término que la naturaleza jurídica de la prestación alimentaria prevista en la ley es la asistencia derivada del deber de solidaridad que se deben los miembros de un grupo familiar, asimismo que la razón de ser de la obligación alimentaria es diferente de la de pagar los alimentos atrasados.

Con la primera se tiende a sufragar los gastos alimentarios mientras que la segunda tiene por objeto reintegrar el dinero a quien efectivamente debió solventar las necesidades de aquéllas por no haberlo hecho quien estaba obligado.

Es así que entendemos respecto de los alimentos atrasados que la norma del art. 644 del CPCC establece la retroactividad de los alimentos a la fecha de interposición de la demanda; el fundamento está dado en el hecho de que éste es el primer acto en que se exterioriza el estado de necesidad del reclamante y el tiempo que insume el proceso no debe beneficiar al obligado a costa de aquél, pero esta retroactividad se ve alterada en nuestra jurisdicción ya que la Ley Nº 4.347 de "Protección integral de la Niñez, adolescencia y la Familia" en su art. 88 dispone que previo a la interposición de determinadas acciones entre ellas la de alimentos los interesados deberán comparecer personalmente ante la Asesoría de Familia e Incapaces a los fines de cumplir con la etapa prejudicial de avenimiento, con lo cual se labrará el acta respectiva.

Indica el último párrafo del art. 95 de la cita ley: ... "El testimonio del acta será imprescindible para iniciar las actuaciones en el Juzgado de Familia", por lo que resulta que la cuota de alimentos debe retrotraerse a la fecha de celebración del acta de audiencia celebrada en la etapa prejudicial de avenimiento, por lo que ha quedado modificada la determinación del momento a partir del cual se adeudan los alimentos atrasados que dispuso el art. 644 del CPCC (la retroactividad a la fecha de interposición de la demanda), por imperio del principio de temporalidad para la resolución de conflictos de validez material entre normas.

Ello es así, por cuanto el inicio de la etapa prejudicial de avenimiento impuesta por la citada ley con carácter obligatorio, aplicable entre otros al proceso de autos, constituye en la actualidad el primer acto en que se exterioriza la necesidad del reclamante; la solución contraria convertiría a esta etapa ineludible en una carga para el reclamante, lo que resultaría contrario a los fines del instituto e inadmisible cuando están en juego los intereses de menores de edad, por contradicción con el art. 3º de la C.D.N. que consagra su interés superior como consideración de primordial atención en la materia.

Trasladando esta postura a nivel nacional en donde la mediación es obligatoria , conforme Ley Nacional Nº 24.573 la jurisprudencia mayoritaria ha sostenido que: " ... la mediación previa al juicio de alimentos apareja la inopinada pérdida de cuotas devengadas comprendidas en el período que va desde la formulación del pedido (...) hasta el momento de la radicación de la demanda" (conf. "Derecho Constitucional de Familia" de A. G. D., M. V. F., M. H., Tomo II, Ediar editores, año 2006, pág. 971). Asimismo que "En los procesos de alimentos y a los efectos de armonizar lo dispuesto en el art. 644 del CPCC con el contenido de la Ley de mediación, el cómputo del plazo para el pago de la cuota de alimentos debe comenzar con la presentación del formulario de mediación" (C.N.Civ., Sala D, "T., E.D.N. c/ B., G.C." de fecha 14/05/1998 en L.L. 1998E1993 y C.N.Civ., Sala H, "S., J. A..B.M. c/ G., J." De fecha 04/06/1998) en L.L. 1999B441. Conf. "Derecho Constitucional de Familia" de A. G. D., M. V. F., M. H., Tomo II, Ediar editores, año 2006, pág. 972). Esta Alzada comparte el criterio y asi se ha expedido en los autos caratulados "R., A. M. c/ R:, A. s/ alimentos"(Expte. Nº 229/99 CANO, SIC Nº 111/99), al entender que los alimentos atrasados son exigibles desde el comienzo del proceso de mediación y no sólo desde el inicio de la demanda.

Entendemos que ello es coherente con el sistema de derechos humanos, principalmente los principios "pro homine" y "favor debitatis", por lo que estimamos ajustada a derecho la retroactividad de las cuotas alimentarias desde la etapa prejudicial de avenimiento, momento en el cual se exterioriza la necesidad.

Surge de las actuaciones que el tiempo transcurrido desde la clausura de la etapa prejudicial de avenimiento con fecha 27 de diciembre de 2004 (fs. 10) hasta la promoción del juicio de alimentos con fecha 30 de mayo de 2006 (fs. 21/26 y vta.) hay un período de inactividad (de diecisiete meses) por parte de la progenitora en representación de su hijo, que permite considerar que las necesidades alimentarias del joven podrían haber sido cubiertas de otro modo (conforme las constancias de gastos y pagos acompañadas por la Sra. M. a fs. 4/8 y 14/19), asimismo surge del punto F de fs. 39 que el alimentante ha manifestado que ha contribuido a solventar los gastos de su hijo no acreditándolo y refiriendo:

"Pero aún si no lo hubiera hecho así, tampoco podría reclamarlos, habida cuenta de que no existe cuota alguna fijada mediante sentencia".

La Sra. Juez de Familia al despachar la acción con fecha 2 de junio de 2006, fija alimentos provisorios en la suma de $800 (fs. 24 y vta.).

El alimentante abona con fecha 25 de abril de 2007 la suma de $9.600 y $500 respectivamente (fs. 196/198) e imputa dichas sumas a lo adeudado en concepto de alimentos provisorios fijados y solicita que se practique la liquidación correspondiente y que de surgir algún remanente, el mismo sea deducido de las cuotas futuras (fs. 198).

A fs. 200 los progenitores del alimentado informan haber llegado a un acuerdo respecto a la cuota de alimentos, la que asciende a la suna de $1.000 mensuales, a partir del mes de junio del cte. año, la que será depositada del 1 al 10 de cada mes en la cuenta judicial correspondiente a estos autos del Banco del C. S.; asimismo refieren que con el pago de $9.600 se ha dado cumplimiento a los doce meses de alimentos provisorios fijados a fs. 24 y vta. (de junio de 2006 a mayo 2007) y que, respecto a los alimentos reclamados en el Capítulo VIII de la demanda por la suma de $21.600 (fs. 22 vta.) no ha sido posible arribar a acuerdo alguno.

Corrida vista a la Sra. Asesora de Familia e Incapaces, a fs. 202 y fs. 204 expresa que no tiene objeción que formular respecto al acuerdo arribado por las partes y a fs. 204 refiere a los alimentos atrasados que del estudio que ha realizado de las actuaciones y en atención a lo manifestado por el alimentante en el punto III acápite A) de fs. 32 y vta. ese ministerio no cuenta con elementos que hagan presumir que la camioneta de carácter ganancial, según lo referido tuvo el destino que el alimentante sostiene y menos aún que hubiera un acuerdo entre las partes sobre la finalidad de los fondos recaudados y considera que se debe hacer lugar a los alimentos atrasados.

Como lo hemos expuesto, la fijación de la cuota suplementaria tiene por objeto reintegrar el dinero a quien efectivamente debió solventar las necesidades del alimentado y a diferencia de la cuota ordinaria, no está destinada a atender las necesidades actuales, sino a satisfacer el crédito que surge del art. 644 CPCC en razón de los períodos devengados desde la demanda.

En el análisis del caso que aquí nos ocupa cobra especial relevancia el acuerdo extrajudicial arribado por los progenitores respecto al aumento en forma voluntaria de la cuota alimentaria, la que ascendió de $800 a $1.000 a partir del mes de junio del año 2006 (fs. 83), suceso éste que constituye una referencia valiosísima porque para evaluar el incremento del importe los padres han valorado múltiples circunstancias en orden a sus ingresos y necesidades. De allí que dicha suma pueda ser considerada la adecuada sin que ello implique exorbitar la voluntad de las partes expresadas en el contrato.

Se equivoca la recurrente cuando sostiene que el a quo ha fallado ultra petitio pues surge claramente de las expresiones de la actora que la cuota provisoria ha sido pedida sin perjuicio de lo que se decida en la sentencia definitiva reservándose así la posibilidad de proceder a su integración.

Y desde esta perspectiva, el criterio esbozado por la Sra. Juez de Familia respecto al pago de los alimentos atrasados, encuentra sustento en el imperativo de satisfacer el interés superior del menor hijo de ambos (conf. arts. 1º y 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño), por lo que este Cuerpo entiende se deben rechazar los agravios incoados por el alimentante en mérito a lo considerado.

Atento como ha quedado resuelta la cuestión venida a conocimiento del Tribunal, y analizadas las circunstancias que presenta el "sub judice", no hallamos motivo alguno que permita tener que apartarnos del criterio jurisprudencial y doctrinario que entiende que dado el carácter asistencial de la prestación alimentaria, las costas deben ser aplicadas al alimentante en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC), de aplicación supletoria por vía del art. 205 de la Ley 4.347).

Con relación a los honorarios establecidos en primera instancia, entendemos que asiste razón al recurrente en el sentido que resultan elevados, en consecuencia deberán regularse en un 19 % para el Dr. D. S. y en un 15 % en conjunto y proporción de ley para los Dres. S. B. y A.C.A.

Así ello, atento como ha quedado resuelta la cuestión, corresponde imponer las costas en esta Instancia al recurrente vencido y regular los honorarios profesionales por la labor desarrollada en esta instancia, a la Dra. A.A.en la suma de $ 850 con más el I.V.A. correspondiente (art. 14 Dto. Ley Nº 2.200).

Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, R E S U E L V E:

1º) CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de fecha 11 de junio de 2007 registrada bajo el Nro. 460 T° II Año 2007 obrante a fs. 206/208 en cuanto ha sido materia de recurso, MODIFICANDO los porcentajes fijados en concepto de honorarios, estableciendo los mismos en un 19 % para el Dr. A.S.y un 15 % para los Dres. S.B.y A.C.A. en conjunto y proporción de ley , ambos porcentajes del monto del proceso.

2º) COSTAS en esta instancia a cargo del alimentante (art. 68 del CPCC), estableciéndose los honorarios de la abogada A. C. A. , por su actuación en la Alzada, en la suma de $ 850 con más el I.V.A. correspondiente. (art. 14 Dto. Ley 2.200).

3º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente resolución se dicta con dos Jueces del Tribunal, por excusación del Sr. Juez de Cámara Dr. Benjamín Moisá y haberse alcanzado la mayoría ( arts. 8 y 9 Ley N° 1.130, texto según Ley N° 4.550) JORGE LUIS FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASS REGISTRADA BAJO EL NRO.: 210/07 CANO. CONSTE. Zulma Graciela Albornoz, Secretaria