Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-23


Causa Nº 22839-01/CC/2006 caratulada: Recurso de Queja en autos POCK VARELA, Alejandro Leonel ó POCK, Alejandro Leandro ó PACK, Alejandro Leonel s/ Infr. Art. 189 bis CP . Sala II.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de noviembre de 2006, se reúnen en acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe y Fernando Bosch para resolver en las presentes actuaciones.

Y VISTOS:

Llega el legajo a conocimiento del Tribunal con motivo del recurso de queja interpuesto a fs. 24/28 por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Mariano Luis Bertelotti, respecto del pronunciamiento de fs. 20/22 de la a quo, Dra. Cristina Beatriz Lara, en cuanto rechaza la apelación deducida a fs. 16/19, contra el resolutorio que desestima su oposición al requerimiento de elevación a juicio formulado por el representante del Ministerio Público, Dr. Luis Esteban Duacastella Arbizu (fs. 11/15).

Ante esta instancia el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Walter Fernández, dictaminó a fs. 31/32 que corresponde proceder al rechazo de la queja intentada sobre la base de dos planteos diferentes. En primer término, afirma que la presentación no hace un análisis completo de las constancias de autos, de los hechos ni de las decisiones trascendentes que han acaecido y tampoco demuestra la sinrazón del auto denegatorio. Subsidiariamente, entiende que la defensa del encartado no debió oponerse al requerimiento de elevación a juicio en caso de entender que la conducta resultaba atípica, pues expresamente la normativa provee una solución legal, no siendo ella la correcta.

Cumplidos los pasos procesales del caso, se encuentra el Tribunal en condiciones de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I. En primer término corresponde abocarse al examen de admisibilidad de la vía de hecho articulada por la defensa, esto es, previo a decidir si la apelación deducida primigeniamente era procedente.

La queja fue interpuesta por quien está legitimado -impugnabilidad subjetiva- contra un pronunciamiento que deniega la procedencia de un recurso de apelación -impugnabilidad objetiva-, por escrito ante este Tribunal y dentro del término de ley -condiciones generales de lugar, tiempo y modo- (art. 50, LPC; arts. 476 y 438 del CPPN de aplicación supletoria en función del art. 6 de la LPC).

En el marco de este examen preliminar, resta evaluar si la pieza esta debidamente fundamentada, dado que el representante del Ministerio Público ante la Alzada señala la ausencia de tal extremo.

Efectivamente, la queja debe estar fundada y ser autónoma (arts. 438 CPPN y 238 CPCCN). Este último recaudo exige expresar el proceso en que se articula, los elementos relevantes de la causa, las fechas de las notificaciones de interés, la resolución recurrida, los puntos de decisión impugnados en el recurso denegado y las razones del a quo para tal rechazo.

La fundamentación, por su parte, se refiere a la necesidad de que se haga una crítica razonada y concreta tendiente a desvirtuar la inadmisibilidad declarada por el inferior y, en este sentido, poner en tela de juicio todos y cada uno de los argumentos en los que aquélla se sustentó.

En base a lo anterior, y a diferencia de lo que opina el Fiscal de Cámara, estimamos que el quejoso ha cumplido mínimamente con las pautas referidas en atención a que ha expresado adecuadamente los antecedentes del proceso, los ha conectado con la cuestión traída a estudio, acompañado las copias pertinentes y fundado su pretensión.

II. Superado el análisis de admisibilidad, concierne determinar si la apelación era procedente.

El Defensor Oficial instó el sobreseimiento de su defendido, al contestar la vista conferida por el a quo en virtud del requerimiento de Causa Nº 22839-01/CC/2006. Sala II.- elevación a juicio formulado por el Agente Fiscal, bajo el entendimiento de que la conducta investigada no estaba incriminada al momento de configurarse aquella. Para llegar a esa conclusión el Dr. Bertelotti realizó una interpretación en torno a la vigencia de la prohibición contenida en el art. 189 bis, segundo párrafo, del C.P. Todo ello en ejercicio de las facultades conferidas por el código de rito (art. 336 y sigs.; 347 inc. 2 y 349 del CPPN conforme lo establecido en el art. 55 de la Ley 1.287).

El Magistrado desestimó fundadamente la oposición defensista y en consecuencia, ordenó elevar las actuaciones a juicio en función del art. 56, inc.) 3, ap. c) de la ley ritual local, decisión apelada por el Dr. Bertelotti; y luego denegó el recurso bajo el entendimiento de que la providencia atacada no es una de aquellas que pone fin al proceso y que no se evidencia gravamen insusceptible de reparación ulterior.

Cabe señalar que el resolutorio acatado por vía de apelación es de aquellos cuya inapelabilidad se encuentra expresamente prevista en razón de lo prescripto en el art. 352 del CPPN (de aplicación supletoria conforme el art. 55 Ley 1.287).

Esta es además la tesitura que adoptó la Cámara Nacional de Casación Penal en distintos precedentes al sostener que el auto de elevación de la causa a juicio es inapelable (art. 352 CPPN); y la irrecurribilidad de las resoluciones judiciales no admite otras excepciones que las expresamente establecidas por la ley (art. 432 íd.)... (in re Gainza Paz, Guillermo, rta. el 16/12/2005, Sala II, entre otros).

III.- Sin perjuicio de que lo expuesto basta per se para denegar la procedencia del recurso sometido a consideración, cabe hacer mención a los agravios invocados por el Sr. Defensor Oficial para descartar la existencia del gravamen irreparable que se alega.

El quejoso entendió que la lesión irremediable se configura en dos ordenes: por una parte, la decisión habilita ...la continuidad de este proceso no obstante que la conducta atribuida resulta atípica, conculcándose de ese modo el derecho a obtener un pronunciamiento que ponga fin al proceso sin necesidad de llegar a juicio... (vid. fs. 16 vta). Por otro lado, el mantenimiento del temperamento contrario a su interpretación significaría violentar el principio constitucional de legalidad material, pues conllevaría mantener una condena impuesta por un hecho que, a la fecha de su comisión, resultaba atípico (ver específicamente fs. 27).

En relación al primer agravio la defensa pareciera hacer referencia al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable consagrado en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.3.c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de jerarquía constitucional de conformidad con el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional. Sin embargo, dicha garantía carece del alcance propuesto, esto es, el de poner fin al proceso sin necesidad de llegar a juicio. Ello es así tanto en la doctrina como en la jurisprudencia nacional e internacional.

En ese sentido el proceso penal debe comenzar por una investigación que sirva para excluir el juicio, para determinar un sobreseimiento, o para dar fundamento a la acusación, es decir, por una actividad encaminada a reunir los elementos útiles para justificar o no el juicio plenario. (Vélez Mariconde, Alfredo, Derecho Procesal Penal, Editora Córdoba, 3ª edición, 2ª reimpresión, 1986, T I, p. 384).

En el presente proceso el recurrente indicó que el resolutorio que dispone elevar el proceso a juicio importa una lesión a la garantía del plazo razonable, puesto que hace posible la celebración del debate. Sin embargo, en modo alguno señaló qué circunstancias acaedidas en la instrucción preparatoria afectaron la garantía invocada, al tiempo que tampoco arguyó motivos que sustenten con actualidad un perjuicio frente a la celebración del plenario. Por otro lado, tampoco se evidencia que se hayan producido demoras en la tramitación del expediente que hubieran puesto en duda la razonable duración del proceso.

El restante agravio carece del carácter de actualidad en razón de que el hecho de arribarse eventualmente a una condena presupone, en el presente caso, la celebración del debate, el sostenimiento de la acusación por parte del titular de la acc ión pública y una sentencia condenatoria por parte del Causa Nº 22839-01/CC/2006. Sala II.- Tribunal.

Por consiguiente, el quejoso no ha logrado articular en su presentación un razonamiento critico que permita tener por configurados los gravámenes invocados.

En orden a las consideraciones precedentes, resulta forzoso concluir que el recurso de apelación sometido a examen mediante esta vía de hecho resulta inadmisible.

En consecuencia, habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal:

RESUELVE:

I.- CONFIRMAR el resolutorio obrante en copias a fs. 20/22 en todo cuanto ha sido materia de apelación ante esta Alzada.

II.- TENER PRESENTE la reserva de caso federal formulada, en punto VII de fs. 28, por el Dr. Mariano Luis Bertelotti.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente a efectos de que proceda a la acumulación del presente a la causa principal, quien deberá realizar las notificaciones de estilo. Sirva este proveído de muy atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: para dejar constancia de que el Dr. Pablo Bacigalupo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.- Fdo: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.