Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-29


///la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 29 días del mes de noviembre 2011, se reúne la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor Raúl R. Madueño como Presidente, y los doctores Juan E. Fégoli y Luis María Cabral como Vocales, a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos por las defensas en esta causa nº 13.254, caratulada "Astorino, Juan Pablo y Barrios, Claudio Ariel s/recurso de casación", de cuyas constancias RESULTA:

1º) Que el Tribunal Oral en lo Criminal n° 6 resolvió -en lo que aquí interesa- ".I.- Rechazar el planteo de nulidad introducido por la defensa de Claudio Ariel Gustavo Barrios, en su alegato (arts. 166 y 168 "a contrario sensu" del Código Procesal Penal de la Nación); II.- Condenar a Juan Pablo Astorino. por considerarlo coautor, penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal con el de privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencias, en concurso real con el delito de portación de un arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, por el que deberá responder en calidad de autor, a la pena de once años de prisión accesorias legales y costas (arts. 12, 29 inciso 3°, 45, 54, 55, 142, inciso 1°, 166 inciso 2°, segundo párrafo y 189 bis, inciso 2°, tercer párrafo, del Código Penal y 403, 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación). III.- Condenar a Claudio Ariel Gustavo Barrios. como coautor, penalmente responsable, del delito de robo agravado por el empleo de un arma de fuego, en concurso ideal con el de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometido con violencias, a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 12, 29 inciso 3°, 45, 54, 142, inciso 1°, 166 inciso 2°, segundo párrafo del Código Penal y 403, 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación)." (cfr. fs. 1350 vta./1351).

Contra dicha sentencia interpusieron recursos de casación las defensas particulares de Astorino (cfr. fs. 1379/1395 vta.) y de Barrios (cfr. 1405/1411 vta.); concedidos a fs. 1412/1412 vta., fueron mantenidos en esta instancia (fs. 1427 y 1429, respectivamente).

2°) 1- Recurso interpuesto por la defensora oficial de Juan Pablo Astorino (fs. 1379/1395 vta.):

Que la recurrente estimó procedente el recurso de casación en virtud de lo establecido en el artículo 456, inciso 1° del C.P.P.N.

En primer lugar, sostuvo que el delito de robo agravado por el uso de arma por el cual fuera condenado su ahijado procesal ha quedado en grado de tentativa en tanto sostuvo que no ha existido verdadero poder de disposición durante el lapso temporal comprendido entre el momento en que tomaron la camioneta y el momento en que resultaron aprehendidos por la fuerza preventora, ello así por cuanto la camioneta siempre se mantuvo dentro del ámbito de custodia del legítimo propietario, no pudiendo los autores del robo comportarse como dueños (cfr. fs. 1386/1391).

Además entendió que ".la retención de las víctimas en el interior de la camioneta no obedeció a una decisión premeditada de los sujetos activos; antes bien, resultó ser una determinación espontánea que, como tal, quedó subsumida dentro de la violencia típica del robo." (fs. 1391).

Por otra parte, la casacionista se agravió frente al modo en que el fallo recurrido hace concursar los delitos de robo con armas y portación de arma de fuego de uso civil en tanto entendió que se ha violado el principio de congruencia al haberse modificado el marco fáctico por el cual su asistido fuera indagado, procesado y elevada la presente causa a juicio (cfr. fs. 1392 vta./1393).

Por último señaló que el monto de pena seleccionado respecto de su defendido resulta arbitrario, por carecer de la debida fundamentación y solicitó que se revoque el decisorio atacado (cfr. fs. 1394 vta./1395 vta.).

A fs. 1395 hizo reserva del caso federal.

2- Recurso interpuesto por la defensa particular de Claudio Ariel Gustavo Barrios (fs. 1405/1411 vta.):

Que el recurrente estimó procedente el recurso de casación en virtud de lo establecido en el artículo 456, incisos 1° y 2°, del C.P.P.N.

Alegó a favor de su pupilo que se aplicara la teoría del fruto del árbol venenoso con el fin de que se excluyan todas las pruebas obtenidas en el procedimiento de detención de Barrios (cfr. fs. 1409/1409 vta.).

Objetó la valoración que el tribunal de mérito realizó de los testimonios y de los reconocimientos que realizaran los cabos Omar Walter Díaz y Hernán Pablo Minieri, en tanto destacó que ".el primero de ellos hace una descripción vaga de mi defendido, que nada se corresponde con las características de éste; el segundo claramente manifiesta en su primer testimonio que no podía reconocer al encausado." (fs. 1410).

Finalmente sostuvo que, de acuerdo a las constancias obrantes en autos, ni el hecho de que Lucero y Astorino mantuvieran conversaciones telefónicas mientras se encontraban en el vehículo, ni tampoco la existencia de un intercambio de disparos entre los efectivos Díaz, Mineri y su defendido se encuentran debidamente probados (cfr. fs. 1410/1410 vta.).

Sobre la base de tales consideraciones solicitó que se anule el decisorio atacado (cfr. fs. 1411 vta.).

3°) Que durante el plazo del art. 465 del C.P.P.N. y en la oportunidad del art. 466 ibídem, el señor Fiscal de Cámara, doctor Raúl Omar Pleé, presentó el escrito glosado a fs. 1432/1439, por el cual solicitó que se rechacen los recursos de casación impetrados por las defensas de Astorino y Barrios.

En la misma oportunidad procesal solamente la defensora oficial de Astorino, presentó el escrito que luce a fs. 1445/1450 por medio del cual solicitó que se haga lugar al recurso de casación impetrado.

4º) Que, superado el trámite previsto por el art. 468 del C.P.P.N., las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Juan E. Fégoli, Raúl R. Madueño y Luis María Cabral.

El doctor Juan E. Fégoli dijo:

-I- A los fines de ingresar al tratamiento del embate casatorio introducido por los recurrentes, resulta útil recordar los hechos investigados en estas actuaciones.

a) En primer término los sentenciantes tuvieron por acreditado que ".los imputados Juan Pablo Astorino y Claudio Ariel Gustavo Barrios, previo distribución de funciones y en base a un plan común, sustrajeron, mediante la exhibición de armas de fuego cargadas y en condiciones inmediatas de uso, la camioneta marca Toyota, modelo "Hilux", dominio GMK-666, propiedad de Juan Manuel Vellón, en momentos en que el nombrado llegaba a su domicilio, en compañía de su hijo menor de edad. Dicho suceso que tuvo lugar el 9 de septiembre de 2008, en horas de la tarde, sobre la calle Ramón L. Falcón 3371, de esta ciudad." (fs. 1334).

También tuvieron por probado que Astorino ".se colocó al mando del vehículo sustraído y apenas comenzado el trayecto, quien lo acompañaba [Oscar Armando Lucero, abatido por personal policial posteriormente], comenzó a comunicarse telefónicamente con Claudio Ariel Gustavo Barrios, tercero éste que en las inmediaciones brindaba apoyo al mando del automóvil Peugeot 307, color negro, dominio FBD-843. En concreto, le requerían que se acerque con el fin de traspasar a los damnificados." (fs. 1334 vta.).

Luego de ello, el Tribunal tuvo en cuenta que la camioneta sustraída y el Peugeot 307 antes referidos se encontraron en la esquina de las calles Primera Junta y Pumacahua, sitio en el cual ".se generó el primer enfrentamiento armado entre quienes ocupaban aquellos automotores (la camioneta y el Peugeot 307), y los agentes del orden, para luego iniciarse la persecución de la camioneta por parte del personal policial, que culminó, luego de un choque múltiple, en las inmediaciones de las calles San Pedrito y Directorio, de esta ciudad." y que ".allí, no sólo se logró el rescate de las víctimas, sino también la detención de Juan Pablo Astorino, quien luego de salir corriendo del interior del vehículo sustraído, arrojó el arma de fuego que portara dentro de un cantero con el fin de ocultarla." (fs. 1334vta.) Finalmente, acreditó el a-quo que Oscar Armando Lucero ".se enfrentó armado con personal policial, resultando finalmente abatido." y ".Claudio Ariel Gustavo Barrios fue detenido dos días después de los hechos en un procedimiento policial." (fs. 1334vta./1335) b) Asimismo, el Tribunal tuvo por demostrado que Juan Pablo Astorino ".portó, sin autorización legal, la pistola semi automática marca "Bersa" modelo 23-S, n° 191619, calibre 22, en condiciones inmediatas de uso." (cfr. fs. 1335).

-II-	1. Recurso de Claudio Ariel Gustavo Barrios (fs. 1405/1411vta.):

En primer lugar habré de rechazar la nulidad interpuesta por la defensa particular de Claudio Ariel Barrios en relación al acta de detención, en la medida que resulta acertado lo tenido en cuenta por el a-quo respecto a que ".el personal policial que procedió a la detención del imputado Claudio Ariel Gustavo Barrios y de quienes lo acompañaban la noche del 11 de septiembre de 2008, tuvo razones mas que suficientes para proceder como lo hizo, esto es, identificar en primer término al nombrado -y a quienes con él se encontraban- y luego, detenerlo." y que ".no sólo el imputado fue visto salir en horas de la noche rápidamente de un edificio junto a dos personas más e ingresar también raudamente al interior de un vehículo que lo aguardaba con el motor en marcha -circunstancia que justificó adecuadamente la individualización del nombrado-, sino que fue reconocido por el Inspector Giaimo como una de las personas que estaba siendo investigada. en actuaciones en las que se analizaban hechos similares a los aquí pesquisados y en las que figuraba, al igual que en las presentes, que los autores de tales episodios utilizaban un vehículo Peugeot 307, color negro, dominio FBD-843." (fs. 1330/1331 vta.).

Atento las circunstancias antes referidas, cabe concluir que la detención efectuada respecto de Barrios se llevó a cabo en el marco de las atribuciones que los artículos 184, inc. 5º; 230; 230 bis y 284, inc. 4º, del C.P.P.N. y la ley 23.950 les confieren a las fuerzas de seguridad, razones por las que entiendo que los preventores, motivados en ese accionar advertido, tuvieron razones suficientemente fundadas -tanto fáctica como normativamente- para proceder a la requisa sin que mediara orden judicial.

Sobre el punto, sólo he de recordar que la ley 23.950 exige la existencia de "circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer un acto delictivo o contravencional" para proceder a una detención sin orden del juez competente. Tales circunstancias no pueden asimilarse a la certeza exigida por nuestro ordenamiento legal para condenar a un sujeto. Basta pues una presunción fundada sobre la exigencia de un accionar ilícito para que el personal policial se encuentre habilitado para detener a un individuo sin orden escrita de la autoridad competente, siempre y cuando la urgencia del caso así lo justifique (cfr. Sala II: "Jarma, Cristian René s/ recurso de casación", , causa n° 1575, reg. n° 2036, resuelta el 16/06/98 y "Martínez, Walter Edgardo s/ recurso de casación", causa n° 1980, reg. n° 2535, resulta el 10/05/99), extremo que al verificarse al momento de la detención de Barrios conlleva al rechazo de la nulidad intentada.

En relación a la crítica dirigida al valor probatorio de los reconocimientos que efectuó el personal policial -Cabos Omar Walter Antonio Díaz y Hernán Pablo Minieri- de Claudio Ariel Gustavo Barrios y a la pretendida falta de pruebas en lo atinente a la existencia de un enfrentamiento armado, corresponde puntualizar que asiste razón al juez preopinante en la sentencia puesta en crisis -al que adhirieron los restantes magistrados- respecto a que ".no existe ningún dato que me haga descreer de la versión de ambos agentes del orden, quienes se expresaron con plena certeza y seguridad cuando, frente al Tribunal, y las partes, confirmaron el resultado de aquellas ruedas de personas. No es posible soslayar que fueron estos dos agentes del orden (me refiero a Díaz y Minieri), quienes se enfrentaron armados a Barrios y ello no es un dato menor a la hora de evaluar la credibilidad de sus manifestaciones." (cfr. fs. 1339).

Cabe además señalar que en orden al mérito convictivo de estos elementos de juicio, he tenido oportunidad de señalar que "la especial fuerza probatoria del testimonio en el régimen de la oralidad, donde los testigos son oídos directamente por los jueces encargados de juzgar, se extrae no sólo del contenido sino también del modo en que responden al interrogatorio, y demás circunstancias que son especialmente apreciables por el tribunal de mérito en tanto no se demuestre que el juzgador ha caído en absurdo o en infracción a las reglas de la sana crítica" (confr. esta Sala in re "Solís, Juan Carlos s/ recurso de casación", causa n° 490, reg. n° 542, rta. el 5/9/95 y "Peralta, Roberto s/recurso de casación", causa n° 6272, reg. n° 8586, rta. el 9/5/06), extremos estos últimos que no se verifican en la valoración efectuada por el a-quo.

Finalmente, no se advierte la incidencia en la solución del caso la circunstancia de que no se haya acreditado que de los aparatos telefónicos secuestrados a Barrios se hayan establecido las comunicaciones telefónicas con Astorino, ya que tal como acertadamente entendió el a-quo ".si bien no se han detectado comunicaciones realizadas durante la comisión del hecho con alguno de los dos teléfonos secuestrados en poder de Claudio Ariel Gustavo Barrios, no es posible soslayar que el nombrado fue detenido dos días después del episodio y que bien pudo haber utilizado algún otro medio de comunicación para brindar ese día el apoyo necesario para consumar el delito, más ello queda acreditado, sobre todo, por los reconocimientos en rueda de personas que concretaron los agentes del orden con los que se enfrentó a mano armada aquella tarde." (fs. 1342).

Atento lo expuesto, considero que las diversas críticas elaboradas por la defensa de Claudio Ariel Gustavo Barrios sólo encierran una disconformidad con el decisorio recurrido, el cual fue sustentado en las pruebas agregadas en el legajo, cuyo contenido y análisis por parte de los sentenciantes resultan fundamentos válidos y suficientes para un temperamento como el aquí adoptado.

2. Recurso de Juan Pablo Astorino (fs. 1379/1395vta.):

La defensa ha sostenido en su recurso que el delito por el cual ha sido condenado Juan Pablo Astorino -robo agravado por arma de fuego- ha quedado en grado de conato (cfr. fs. 1386/1391).

Al respecto, es menester recordar que, tal como lo he señalado en anterior ocasión, en la medida en que el autor haya gozado, aún por un efímero instante, de la posibilidad de disponer de la cosa, la conducta típica debe considerarse consumada, independientemente de la posibilidad de aprovechamiento efectivo del botín -que trasciende el umbral de la consumación para ubicarse en un momento posterior- (confr. Sala II: causa n° 5369, "Núñez, Gastón Gerardo y Cabral, Maximiliano s/ recurso de casación", reg. de la nº 7209, rta. el 30/11/04 y "Solís, Fernando Rafael y Galván Leonardo Luis s/recurso de casación" causa n° 4820, reg. nº 6416, rta. el 16/03/04 y Sala I: causa nº 11.083, "Aguilera, Edgardo Manuel s/ recurso de casación", reg. nº 15.821, rta. el 10/5/10).

En línea con la jurisprudencia citada, el Tribunal ha señalado con acierto que los imputados ".consumaron tal delito al haber tenido la posibilidad cierta y efectiva de disponer del bien en cuestión desde que abandonaron las proximidades del domicilio de la víctima hasta que fueron divisados por personal policial en las inmediaciones de las calles Directorio y Lautaro de esta ciudad. Al respecto nótese que entre ambos puntos existen aproximadamente catorce cuadras de distancia si se toma el camino mas corto y que dicho trayecto fue más que suficiente para lograr el apoderamiento del bien en cuestión." (fs. 1344 vta.).

Se agregó a ello que ".la circunstancia de que la víctima haya sido obligada a ascender al rodado, no modifica el punto, toda vez que nulas fueron las posibilidades que tuvo el damnificado de ofrecer algún tipo de resistencia para impedir la concreción del delito. Recuérdese que Belloni fue arrojado al piso trasero de la camioneta apenas lo obligaron a ascender a su rodado y en todo momento estuvo sometido a la voluntad de quienes empuñaban en su contra y la de su pequeño hijo, sendas armas de fuego, aspecto éste que no es posible perder de vista a la hora de afirmar la consumación del delito de robo agravado por el uso de armas que se les atribuye a los encausados." (fs. 1344 vta./1345).

Así, siendo que en el presente caso -y tal como surge de la plataforma fáctica fijada por el tribunal de juicio- cuando la esposa de la víctima logró dar aviso de la sustracción a la policía, los encausados ya habían realizado actos concretos y materiales de disposición sobre la cosa mueble sustraída, tales como seleccionar la dirección de huida y mantener el exclusivo control del vehículo hasta que fueron divisados por personal policial, concluyo que la sustracción reprochada ha quedado consumada (cfr. fs. 1345).

Por otro lado, la defensa cuestiona la modalidad concursal aplicada entre las figuras en las cuales el a quo encuadró el accionar disvalioso de Astorino, señalando que, a su juicio, la privación de la libertad de las víctimas queda absorbida en la violencia propia del robo.

Ahora bien, compulsada la plataforma fáctica se advierte que -de adverso a la tesis esgrimida por la defensa- la privación de la libertad sufrida por los damnificados excedió el marco del delito contra la propiedad. Sobre el punto, es dable memorar que tanto Belloni como su hijo resultaron retenidos contra su voluntad durante aproximadamente veinticinco minutos, lapso durante el cual fueron amenazados con armas de fuego. Así las cosas, es dable concluir que la privación de la libertad sufrida por los damnificados no puede quedar absorbida en la violencia propia del robo.

En la línea apuntada, ha señalado esta Sala que la privación ilegítima de la libertad no queda subsumida en la figura del robo si aquélla se extendió en demasía y operó como una circunstancia innecesaria a los efectos de la consumación del robo -acción que bien puede agotarse en breve lapso- o para posibilitar la impunidad del delito, por lo que aquella conserva su autonomía delictual (cfr. Sala I: causa n° 10.629 "Benavente Larrosa, Pablo M. y Pereyra Peña, Miguel A. s/ recurso de casación", registro n° 14.693 del 7/10/2009 y mas recientemente causa n° 13.342 "Figueroa, Ezequiel s/ recurso de casación", registro n° 17.577 del 12/04/2011), circunstancia que se verifica en el presente caso.

En lo atinente al agravio traído a inspección por la defensa de Astorino relativo al concurso entre los delitos de robo con armas y portación de arma, corresponde señalar en primer término que no se ha verificado violación al principio de congruencia ya que la secuencia fáctica contenida en el requerimiento de elevación a juicio y en la acusación, fue debidamente respetada por el decisorio, ello en tanto el a-quo se ha ceñido a la jurisdicción que legítimamente le quedara provocada a través del requerimiento de elevación a juicio y el alegato fiscal, obrantes a fs. 1030/1043 vta. y 1303/1307, respectivamente.

Así, el derecho de defensa en juicio, consagrado por el art. 18 de la C.N., quedó en la especie debidamente resguardado toda vez que, al describir la secuencia fáctica por la cual se requirió la elevación a juicio del legajo, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que ".se advierte de los dichos del propio Belloni que Astorino (junto con Lucero) lo abordaron mientras intentaba ingresar a su camioneta, ya portando en aquél entonces las armas posteriormente incautadas." es decir, que ".los incusos llevaban aquellas -ilegítimamente- aún antes de dar comienzo a la ejecución de la sustracción del vehículo aludido." (cfr. fs. 1303 vta.).

Concordantemente, y conforme se desprende del acta de debate, en ocasión de acusar el Fiscal de Juicio destacó que ".la portación era anterior al robo, coincidía con el robo y lo excedía, pues el autor había seguido con el arma en su poder cuando ya había consumado el hecho, hasta que finalmente la escondió." (fs. 1306).

En definitiva, el a quo adoptó un encuadre jurídico en el ejercicio de la facultad que expresamente le confiere el art. 401 del C.P.P.N., sin que de ello se derive mutación alguna en la delimitación fáctica que entrañe una diversa posibilidad de defensa no tenida en cuenta por el condenado y su asistencia técnica, por lo que corresponde desechar el cuestionamiento esbozado en tal sentido.

Al respecto, es menester recordar que, tal como he señalado en anteriores oportunidades, en la medida que los elementos materiales contenidos en la acusación sean respetados y el documento sentencial conserve identidad en cuanto a ellos, la calificación jurídica dada a los hechos por la sentencia puede ser perfectamente diversa a la enunciada en la acusación, ello así toda vez que el tribunal de mérito tiene plena libertad para "elegir la norma" que considera aplicable al caso en virtud del principio "iura novit curia", ya que el tribunal no juzga sobre el título jurídico penal escogido por el acusador, sino respecto del hecho que éste atribuye al imputado (confr. mi voto in re "Vanwele, Gabriel Miguel Ángel s/recurso de casación", Sala II, causa n° 6406, reg. n° 8740, rta. el 16/07/2006).

En lo relativo al planteo del recurrente -vinculado con la misma figura legal- referido a la modalidad concursal del robo con la portación de arma de fuego de uso civil considero que resulta acertado lo tenido en cuenta por el Tribunal de mérito en punto a que ".se ha demostrado que antes, durante y después del apoderamiento ilegítimo de la cosa mueble ajena en cuestión, [Astorino] portó, sin permiso alguno, y en vía pública, la pistola antes mencionada -que poseía pedido de secuestro- y que lo hizo encontrándose tal armamento cargado y en condiciones inmediatas de ser utilizado." (fs. 1347).

De lo expuesto se desprende que, tal como lo sostuviera con acertado criterio el Fiscal de juicio, las figuras en cuestión son física y jurídicamente separables e independientes entre sí y concurren en la forma establecida por el Tribunal en el fallo atacado, esto es, de acuerdo a las previsiones contenidas en el artículo 55 del Código Penal.

En consecuencia, tengo para mí que el Tribunal ha tenido por acreditado que la tenencia del arma ha sido pretérita e independiente del apoderamiento armado, por lo que no resulta posible que la portación quede absorbida por la figura del robo agravado por su comisión con arma (cfr. en idéntico sentido mi voto al integrar Sala II in re: "Buldurini, Jesús Alejandro s/recurso de casación", causa nº 4810, reg. nº 7048, rta. el 22-10-04 y Sala I "Mayer, s/ recurso de casación", causa n° 10.809, reg. n° 14.815, rta. el 2/11/2009).

Finalmente, con referencia al monto y fundamentación de la pena impuesta por el a quo, entiendo que en la sentencia recurrida se han observado las disposiciones contenidas en los arts. 40 y 41 del código de fondo por cuanto el Tribunal a quo en ocasión de mensurar la sanción aplicada a Juan Pablo Astorino cumplió los recaudos de fundamentación impuestos por el art. 399 del C.P.P.N., circunstancia que conduce a calificar al decisorio como acto jurisdiccional válido con relación a ese aspecto (arts. 404 inc. 2 del C.P.P.N. -a contrario sensu-).

Ello así por cuanto los sentenciantes han ponderado como agravantes genéricos la ".pluralidad de intervinientes y que múltiples resultaron las víctimas."; destacaron la importancia de valorar la edad de una de las víctimas -tan solo siete años de edad- y que ".ambas víctimas estuvieron expuestas al riesgo de perder la vida cuando los imputados se enfrentaron armados contra el personal policial."; ".la hora en que se desarrollaron tales episodios -minutos después de las seis de la tarde- y lo poblado de la zona, ponen en evidencia el riesgo corrido por ocasionales transeúntes." mientras se desarrolló el enfrentamiento armado entre los imputados y los preventores (fs. 1348 y vta.).

Además, valoró el a-quo la circunstancia de que el damnificado ".en reiteradas ocasiones, les solicitó a sus agresores que permitiesen el descenso del menor de la camioneta."; que pese a haber tenido ocasiones para así proceder Astorino ".prefirió proseguir con el niño a bordo del automotor, cuando ello era innecesario para la concreción del delito." y que a consecuencia del hecho los damnificados debieron mudarse de domicilio y el niño ser sometido ".a un tratamiento psicológico para superar el trauma ocasionado." (fs. 1348vta.).

Se ponderó también los "daños que se generaron como consecuencia del múltiple choque que sufrió la camioneta que conducía Juan Pablo Astorino." -cuatro vehículos más además de la camioneta del damnificado-; la duración de los hechos (entre veinte y veinticinco minutos); el prolongado trayecto que emprendieron los imputados y se tuvo en cuenta ".la logística en la organización y desarrollo del accionar delictivo puesta de relieve por los imputados." -vehículo de apoyo relativamente nuevo, varios medios de comunicación móvil, tres armas de fuego, dos de las cuales, de alto calibre, pudieron ser secuestradas- (fs. 1349).

Asimismo, se analizaron circunstancias atenuantes tales como el arrepentimiento demostrado por Astorino durante la audiencia de debate, el hecho de no haberse enfrentado con el arma al personal policial que lo perseguía, la circunstancia de que tuvo hábitos laborales desde temprana edad, que es joven, que logró cursar hasta cuarto año del colegio secundario y su adicción a los estupefacientes (cfr. fs. 1349 vta.).

A partir de la fundamentación expuesta por el Tribunal, considero que la pena impuesta a Juan Pablo Astorino exhibe una fundamentación adecuada que permite desechar el agravio en tanto sólo exterioriza el disenso de la defensa con las valoraciones efectuadas por los sentenciantes.

Sólo he de recordar que el juicio previo establecido por el art. 18 de la Constitución Nacional exige que los jueces expresen las razones en las que se encuentra fundada la responsabilidad o irresponsabilidad del procesado y también aquéllas en que se apoyan la naturaleza o intensidad de la consecuencia jurídica correlativa a su responsabilidad penal (Fallos 314:1910, entre otros), extremos que han sido debidamente observados por el Tribunal de mérito y conducen al rechazo de la crítica elaborada por la defensa al respecto.

-III-	Por lo expuesto, propongo al acuerdo rechazar los recursos de casación deducidos por el Defensor Público Oficial de Juan Pablo Astorino y el defensor particular de Claudio Ariel Barrios, con costas (artículos 470 y 471 -a contrario sensu-, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). Tal es mi voto.

Los doctores Raúl R. Madueño y Luis María Cabral dijeron:

Que por compartir sus fundamentos, adhieren en un todo al voto que lidera el Acuerdo.

Por ello, y en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: Rechazar los recursos de casación deducidos por el señor defensor oficial de Juan Pablo Astorino y el defensor particular de Claudio Ariel Barrios, con costas (artículos 470 y 471, a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, notifíquese en la audiencia ya designada y, oportunamente, devuélvase a su procedencia sirviendo la presente de atenta nota de estilo.- Fdo. Raúl Madueño, Juan E, Fegoli y Luis M. Cabral Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretaria de Cámara.