Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-10-23


[[p]]///MA, 23 de octubre de 2014.[[/p]][[p]]Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Ricardo A. APCARIÁN, Adriana C. ZARATIEGUI, Laura L. PICCININI, Sergio M. BAROTTO y Enrique J. MANSILLA, con la presencia del señor Secretario doctor Gustavo GUERRA LABAYEN, para pronunciar sentencia en los autos caratulados:[[/p]][[p]]?GOMEZ, SERGIO A. C/ MUNICIPALIDAD DE BARILOCHE S/ SUMARIO (l) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY? (Expte Nº 26206/12-STJ), elevados por la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 85/111 por la parte demandada, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:[[/p]][[p]]- - - - - - - - - -C U E S T I O N E S 1ra.- ¿Es fundado el recurso? 2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde? - - - - - - - - - -V O T A C I Ó N A la primera cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo:[[/p]][[p]]1.- Antecedentes de la causa:[[/p]][[p]]El fallo de grado -fs. 72/76- hizo lugar a la demanda y ordenó a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche que le reintegrara al actor, Sergio A. Gómez, la jerarquía laboral de Jefe de División correspondiente al cargo de Supervisor de C.A.A.T. (Centro de Atención y Articulación Territorial) que desempeñó desde febrero de 2007 hasta enero de 2011, fecha en que renovó su contrato con la demandada mediante la suscripción de uno nuevo pero con una menor jerarquía.[[/p]][[p]]Asimismo, condenó a la demandada a abonarle las diferencias salariales que se /// ///-2- habrían devengado desde entonces como consecuencia de la supresión de los rubros ?responsabilidad jerárquica? y ?subrogancia 01? inherentes al desempeño del cargo de supervisor.[[/p]][[p]]El a quo valoró al respecto que, sin perjuicio de la discrecionalidad propia del poder político -cuando procede por razón de mérito y conveniencia-, su actuar resulta arbitrario cuando lo ejecuta sin razón y en contra de valores jurídicamente protegidos; de tal suerte, estimó que la modificación del vínculo laboral con Gómez mediante la celebración de un nuevo contrato en perjuicio de las condiciones que detentaba desde antes, al haber disminuido su jerarquía y remuneración sin razón valedera y por mero ejercicio potestativo, constituía una motivación suficiente para habilitar el reclamo de autos.[[/p]][[p]]Por ello, condenó en definitiva a la demandada a restituirle al actor la categoría de Jefe de División hasta tanto se llamara a concurso por dicho cargo y también a pagarle la diferencia salarial correspondiente a los adicionales invocados desde que fue removido de esa jefatura, con costas.[[/p]][[p]]2.- Los agravios del recurso:[[/p]][[p]]La Municipalidad de San Carlos de Bariloche se alza contra lo decidido y refiere que, una vez vencido el contrato a plazo que -sin mediar concurso- posicionaba a Gómez como Jefe de División, volvió a contratarlo para que se desempeñara en diversa área, sin cargo de jefatura, de modo que ya no le correspondía devengar adicional alguno.[[/p]][[p]]Critica la sentencia porque hizo lugar a la pretensión de aplicar al caso el art. 26 del Estatuto del Trabajador Municipal -sobre traslados de empleados- y ordenó reintegrarle al actor el puesto de jefatura que tenía antes y también a pagarle las diferencias salariales correspondientes cuando no se trató realmente de un traslado, sino de la extinción de un// ///-3- contrato a plazo y del comienzo de otro distinto, es decir, de un nuevo vínculo, lo que suponía la ausencia de estabilidad del actor en la anterior jefatura, expresamente otorgada de modo transitorio por no haber mediado concurso (conf. art. 51 de Const. Prov.).[[/p]][[p]]Aduna seguidamente -a fs. 96 y ss.- jurisprudencia señera de la C.S.J.N. y de este S.T.J. en el sentido de que las designaciones efectuadas al margen del régimen del escalafón no dan derecho a estabilidad en el empleo, lo cual -afirma- no es violatorio del art. 14 bis de la Constitución Nacional.[[/p]][[p]]Sostiene que la sentencia en crisis viola lo dispuesto en el art. 18, incisos a y b, del Estatuto de Empleados y Obreros Municipales, puesto que obliga al municipio a restituirle al actor la categoría de Jefe de División cuando la estabilidad en una determinada jerarquía solo puede ser obtenida mediante concurso, además de imponerle la obligación de pagar rubros salariales vinculados con el ejercicio real de esa jefatura, no contemplados en el contrato correspondiente.[[/p]][[p]]Estima por ello que se ha violado lo dispuesto en los arts. 51 y 53 de la Constitución Provincial y que la sentencia resulta un acto arbitrario por falta de fundamento (arts. 200 de la Const. Prov. y 18 de la Const. Nac.).[[/p]][[p]]3.- Análisis y solución del caso:[[/p]][[p]]Lo debatido en autos y traído ahora a esta instancia extraordinaria se reduce a dos cuestiones fundamentales: la primera, si el actor tenía derecho a exigir que el nuevo contrato con la municipalidad respetase las mismas condiciones -funcionales y jerárquicas- del anterior, y la segunda, en caso de resultar afirmativa la primera, si le correspondían las diferencias salariales por los adicionales no percibidos desde que estos fueron suprimidos.[[/p]][[p]]Para una mejor comprensión de las cuestiones planteadas, conviene reseñar las alternativas de los diferentes contratos// ///-4- que unieron a las partes, según surge de la prueba documental incorporada a la causa:[[/p]][[p]]a) Mediante el primero de ellos, que rigió entre el 01/02/2006 y el 31/12/2006, la Municipalidad contrató al actor para que cumpliera funciones como trabajador social, con remuneración equivalente al 100% de la categoría 18 del Escalafón Municipal (fs. 2).[[/p]][[p]]b) A su término, las mismas partes celebraron un nuevo contrato que habría de regir entre el 01/01/2007 y el 31/12/2007, a efectos de que el trabajador cumpliera funciones como asistente social dependiente de la Secretaría de Acción Social y Juventud, con una retribución equivalente a la categoría 18 del Escalafón Municipal (fs. 3).[[/p]][[p]]c) Recién iniciado este segundo contrato, por Resolución Nº 513-I-2007, el Intendente Municipal designó al actor en el cargo de Jefe de División Supervisor de C.A.A.T. a partir del 1º de febrero de 2007 y autorizó a que se le abonara la categoría y los adicionales correspondientes (fs. 4).[[/p]][[p]]d) Finalizado el plazo del contrato, las partes suscribieron uno nuevo para regir entre el 01/01/2008 y el 31/12/2008, por el cual el trabajador cumpliría funciones como Jefe de División en el Departamento de Promoción Social dependiente de la Secretaría de Promoción Social y Juventud, con una remuneración mensual equivalente al 100% de la categoría 18 del Escalafón Municipal (fs. 5).[[/p]][[p]]e) Este último contrato fue modificado por una cláusula adicional que hizo que el actor pasara a cumplir funciones de Licenciado en Trabajo Social en la Dirección General de Promoción Social dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social con categoría 19 desde el 01/06/2008 y hasta el 31/12/2008 (fs. 6).[[/p]][[p]]f) Estas últimas condiciones se repitieron en el nuevo contrato celebrado para regir entre el 01/01/2009 y el /// ///-5- 31/12/2009 (fs. 7).[[/p]][[p]]g) Lo mismo sucedió -con especificación de que el contratado cumpliría funciones de Jefe de División- en el instrumento que suscribieron las partes para regir entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010 (fs. 8/9).[[/p]][[p]]h) Finalmente, por Resolución Nº 72-I-2011, el Intendente municipal dispuso renovar el contrato con el actor por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, pero esta vez ordenó que el trabajador pasara a cumplir funciones profesionales en la Subsecretaría de Desarrollo Económico, con categoría 19.[[/p]][[p]]Con tal fin, instruyó al Departamento de Personal para que confeccionara el contrato respectivo, el cual no ha sido acompañado en autos.[[/p]][[p]]i) Esta última resolución motivó que el aquí actor formulara un planteo de reconsideración -y posteriormente presentara un pedido de pronto despacho- teniendo en cuenta que, si bien en el nuevo destino se respetaba la categoría 19, se lo privaba de los adicionales por subrogancia y por responsabilidad jerárquica que percibía desde el 1º de febrero de 2007 (v. fs. 23 y 24).[[/p]][[p]]De acuerdo con la reseña que antecede, es claro que el actor, en tanto personal contratado, no goza de la estabilidad del empleo público establecida en el art. 14 bis de la Const. Nac., en razón de no haber ingresado -y mucho menos ascendido- por concurso, conforme lo exige el art. 51 de la Carta Magna provincial.[[/p]][[p]]En efecto, la norma precitada establece: ?La idoneidad y eficiencia son condiciones para el ingreso, ascenso y permanencia de los agentes públicos. A esos efectos, la Ley instrumenta el régimen de concursos de oposición y antecedentes. Se asegura la estabilidad e independencia en el desempeño del cargo, prohibiéndose cualquier tipo de discriminación política, social y religiosa?.[[/p]][[p]]///-6- Precisamente, acerca de las condiciones para el ingreso y el ascenso en el empleo público, este Superior Tribunal ha señalado que resulta ilustrativa la lectura del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente en la sesión de fecha 27 de abril de 1988, en la que, con relación al art. 53 -que establece que los agentes públicos designados en violación a las disposiciones de esta Constitución pueden ser removidos en cualquier tiempo sin derecho a reclamo alguno-, se expresó que la finalidad de la cláusula es privar de estabilidad a quienes no son designados en conformidad con la Constitución y las leyes que la reglamenten.[[/p]][[p]]No obstante, cabe aquí dejar hecha la salvedad de que ello no fue óbice para que se alertara acerca de que dicha norma no ampara el obrar abusivo o fraudulento que se configuraría si se pretendiera poner fin, sin ninguna consecuencia, a contrataciones precarias con las que la Administración hubiera cubierto sus requerimientos permanentes más allá de todo plazo razonable.[[/p]][[p]]En esos supuestos, si bien el agente contratado no tendría derecho a la reincorporación -por carecer de estabilidad-, al menos tendría derecho a obtener un resarcimiento económico en determinadas condiciones (conf. doctr. STJRNSL in re: ?BETANCUR? Se. N° 39 del 9.06.09).[[/p]][[p]]Pero queda claro aquí que el actor no ha sido privado de su empleo, en la medida en que la Administración -en este caso municipal- ha renovado su contrato y lo ha hecho respetando el mismo nivel escalafonario del contrato anterior, aunque lo haya relevado del cargo jerárquico al que había accedido merced a una designación transitoria.[[/p]][[p]]Desde el antiguo precedente recaído en la causa ?DI SALVO? (Se. 191/94), este Superior Tribunal ha señalado que las normas de la Constitución Provincial -arts. 51, 53 y ccdtes.- no descalifican los ascensos sin concurso sino exclusivamente en orden a la estabilidad, la que solo se obtiene cuando se ha /// ///-7- accedido al cargo ?por concurso?, sin que puedan desconocerse ipso iure otras modalidades que, aunque factibles, son revocables en cualquier momento.[[/p]][[p]]Es decir entonces que la autoridad competente puede designar transitoriamente a un agente en un cargo escalafonario de mayor jerarquía sin el recaudo del concurso, pero tal designación no resultará consolidable en aras del principio de estabilidad que la Constitución Provincial determina.[[/p]][[p]]En esas condiciones, si bien un agente que hubiera ingresado por concurso tendría la estabilidad en el empleo público, podría no tenerla en una determinada jerarquía a la que hubiera accedido sin dicho recaudo.[[/p]][[p]]Del mismo modo, un agente contratado que pasara a desempeñar una función de mayor jerarquía que la originariamente prevista en su contrato -como consecuencia de una designación evidentemente transitoria- no podría exigir mantenerse en ella hasta la finalización del plazo de su contratación, y mucho menos podría imponer esa condición cuando, al finalizar el contrato por vencimiento del plazo, se decidiera la celebración de uno nuevo.[[/p]][[p]]No hay allí un ejercicio abusivo de los poderes discrecionales de la Administración, sino ausencia de derecho subjetivo del agente a permanecer en una determinada jerarquía respecto de la cual no goza del atributo de la estabilidad.[[/p]][[p]]Solo cabría dejar a salvo aquellos supuestos en los que en el mismo acto de designación la autoridad se autoimpusiera una limitación y estableciera que el agente permanecerá en el cargo hasta el acaecimiento de una determinada condición -en ese caso, resolutoria-; por ejemplo, hasta que se cubriera la vacante por concurso, finalizara el plazo del contrato o se mantuviera la relación de empleo público mediante la sucesiva renovación de los contratos, puesto que en esos hipotéticos casos debería primar el cumplimiento del compromiso asumido por la propia Administración al efectuar la designación bajo /// ///-8- condición resolutoria (una especie de aplicación del principio contractual del pacta sunt servanda a la materia administrativa en particular), nada de lo cual surge -en el caso puntual- del instrumento glosado a fs. 4 (al respecto, véase CSJN in re: ?Silva Tamayo, Gustavo Eduardo c. E.N. - Sindicatura General de la Nación - resol. 58/03 459/03?, Fallos 334:1909.[[/p]][[p]]Asimismo, véase Pedro José Coviello: ?Las autolimitaciones administrativas y la motivación de los actos administrativos en la sentencia \'Silva Tamayo\' de la Corte Suprema? en la obra colectiva ?Máximos Precedentes: Derecho Administrativo?, dirigida por Juan Carlos Cassagne, 1ra. ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2013, v. 1, págs. 737 y sgtes.).[[/p]][[p]]4.- Decisión:[[/p]][[p]]De acuerdo con lo expuesto, advierto en síntesis que el actor no gozaba de estabilidad propia al finalizar su último contrato con la Municipalidad de Bariloche, en tanto cada cada uno de ellos fue instrumentado por plazo determinado -v. fs. 3, 5, 7 y 8- y al margen de concurso alguno de oposición y antecedentes, con exclusiva habilitación de su jefatura mientras permaneciera en el cargo (v. instrumentos glosados con la demanda, a fs. 3 y 4).[[/p]][[p]]Ello motiva en consecuencia que ahora corresponda propiciar al Acuerdo la revocación de la condena al reintegro del actor a su anterior función jerárquica (v. fs. 30 y fs. 75), en tanto ello supondría que gozaba de estabilidad propia, extremo que -reitero- no existió en el caso (cf. asimismo lo resuelto en autos ?ULLOA?, Se. Nº 93 del 26.09.12).[[/p]][[p]]Por lo demás, es decir, en torno de la segunda cuestión que he enunciado al comenzar mi análisis, resulta claro -por su carácter accesorio- que no cabe admitir en el caso diferencia salarial alguna, en razón de que los adicionales reclamados solo resultaban devengados por el desempeño de la jerarquía /// 9- mayor -Jefe de División Supervisor de C.A.A.T.- que fue revocada. Consecuentemente, cesada esta -con sus rubros responsabilidad jerárquica y subrogancia 01-, no podía generarse aquella. VOTO POR LA AFIRMATIVA.[[/p]][[p]]Las señoras Juezas doctoras Adriana C. ZARATIEGUI y Liliana L. PICCININI dijeron:[[/p]][[p]]Adherimos a los fundamentos del colega que nos precede y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]Los señores Jueces doctores Sergio M. BAROTTO y Enrique J. MANSILLA dijeron:[[/p]][[p]]Atento a la coincidencia de los votos precedentes, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 de la L.O.).[[/p]][[p]]A la segunda cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo:[[/p]][[p]]En mérito a lo expuesto al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada a fs. 85/111 y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 72/76 y rechazar la demanda interpuesta a fs. 29/31 vlta. y su ampliación de fs. 57 en todas sus partes (cf. arts. 296 y ccdtes. del CPCCm., 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).[[/p]][[p]]También propicio que las costas de ambas instancias se impongan al actor y se regulen los honorarios del doctor Rodrigo Guillermo Cano, por su actuación en esta vía, en el 30% de los que le correspondan en la instancia de origen, y los de la doctora Alejandra Paolino en el 25% calculados de idéntico modo, los que deberán abonarse en el plazo de diez (10) días. ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]Las señoras Juezas doctoras Adriana C. ZARATIEGUI y Liliana L. PICCININI dijeron:[[/p]][[p]]ADHERIMOS a la solución propuesta en el voto que antecede.[[/p]][[p]]Los señores Jueces doctores Sergio M. BAROTTO y Enrique J. /// ///-10- MANSILLA dijeron:[[/p]][[p]]NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.).[[/p]][[p]]Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:[[/p]][[p]]Primero: Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada a fs. 85/111 y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 72/76 y rechazar la demanda interpuesta a fs. 29/31 vlta. y su ampliación de fs. 57 en todas sus partes (cf. arts. 296 y ccdtes. del CPCCm., 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).[[/p]][[p]]Segundo: Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida (art. 68 del CPCCm).[[/p]][[p]]Tercero: Por su actuación en esta vía, regular los honorarios del doctor Rodrigo Guillermo Cano en el 30% de los que le correspondan en la instancia de origen, y los de la doctora Alejandra Paolino en el 25% calculados de idéntico modo, los que deberán abonarse en el plazo de diez (10) días. Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con la Ley 869.[[/p]][[p]]Cuarto: Registrar, notificar y oportunamente devolver.[[/p]][[p]]RICARDO A. APCARIAN -Juez- ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI -Jueza- LILIANA LAURA PICCININI -Jueza- SERGIO M. BAROTTO -Juez en abstención- ENRIQUE J. MANSILLA ?Juez en abstención.[[/p]]
[[p]]///MA, 23 de octubre de 2014.[[/p]][[p]]Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Ricardo A. APCARIÁN, Adriana C. ZARATIEGUI, Laura L. PICCININI, Sergio M. BAROTTO y Enrique J. MANSILLA, con la presencia del señor Secretario doctor Gustavo GUERRA LABAYEN, para pronunciar sentencia en los autos caratulados:[[/p]][[p]]?GOMEZ, SERGIO A. C/ MUNICIPALIDAD DE BARILOCHE S/ SUMARIO (l) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY? (Expte Nº 26206/12-STJ), elevados por la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 85/111 por la parte demandada, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:[[/p]][[p]]- - - - - - - - - -C U E S T I O N E S 1ra.- ¿Es fundado el recurso? 2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde? - - - - - - - - - -V O T A C I Ó N A la primera cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo:[[/p]][[p]]1.- Antecedentes de la causa:[[/p]][[p]]El fallo de grado -fs. 72/76- hizo lugar a la demanda y ordenó a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche que le reintegrara al actor, Sergio A. Gómez, la jerarquía laboral de Jefe de División correspondiente al cargo de Supervisor de C.A.A.T. (Centro de Atención y Articulación Territorial) que desempeñó desde febrero de 2007 hasta enero de 2011, fecha en que renovó su contrato con la demandada mediante la suscripción de uno nuevo pero con una menor jerarquía.[[/p]][[p]]Asimismo, condenó a la demandada a abonarle las diferencias salariales que se /// ///-2- habrían devengado desde entonces como consecuencia de la supresión de los rubros ?responsabilidad jerárquica? y ?subrogancia 01? inherentes al desempeño del cargo de supervisor.[[/p]][[p]]El a quo valoró al respecto que, sin perjuicio de la discrecionalidad propia del poder político -cuando procede por razón de mérito y conveniencia-, su actuar resulta arbitrario cuando lo ejecuta sin razón y en contra de valores jurídicamente protegidos; de tal suerte, estimó que la modificación del vínculo laboral con Gómez mediante la celebración de un nuevo contrato en perjuicio de las condiciones que detentaba desde antes, al haber disminuido su jerarquía y remuneración sin razón valedera y por mero ejercicio potestativo, constituía una motivación suficiente para habilitar el reclamo de autos.[[/p]][[p]]Por ello, condenó en definitiva a la demandada a restituirle al actor la categoría de Jefe de División hasta tanto se llamara a concurso por dicho cargo y también a pagarle la diferencia salarial correspondiente a los adicionales invocados desde que fue removido de esa jefatura, con costas.[[/p]][[p]]2.- Los agravios del recurso:[[/p]][[p]]La Municipalidad de San Carlos de Bariloche se alza contra lo decidido y refiere que, una vez vencido el contrato a plazo que -sin mediar concurso- posicionaba a Gómez como Jefe de División, volvió a contratarlo para que se desempeñara en diversa área, sin cargo de jefatura, de modo que ya no le correspondía devengar adicional alguno.[[/p]][[p]]Critica la sentencia porque hizo lugar a la pretensión de aplicar al caso el art. 26 del Estatuto del Trabajador Municipal -sobre traslados de empleados- y ordenó reintegrarle al actor el puesto de jefatura que tenía antes y también a pagarle las diferencias salariales correspondientes cuando no se trató realmente de un traslado, sino de la extinción de un// ///-3- contrato a plazo y del comienzo de otro distinto, es decir, de un nuevo vínculo, lo que suponía la ausencia de estabilidad del actor en la anterior jefatura, expresamente otorgada de modo transitorio por no haber mediado concurso (conf. art. 51 de Const. Prov.).[[/p]][[p]]Aduna seguidamente -a fs. 96 y ss.- jurisprudencia señera de la C.S.J.N. y de este S.T.J. en el sentido de que las designaciones efectuadas al margen del régimen del escalafón no dan derecho a estabilidad en el empleo, lo cual -afirma- no es violatorio del art. 14 bis de la Constitución Nacional.[[/p]][[p]]Sostiene que la sentencia en crisis viola lo dispuesto en el art. 18, incisos a y b, del Estatuto de Empleados y Obreros Municipales, puesto que obliga al municipio a restituirle al actor la categoría de Jefe de División cuando la estabilidad en una determinada jerarquía solo puede ser obtenida mediante concurso, además de imponerle la obligación de pagar rubros salariales vinculados con el ejercicio real de esa jefatura, no contemplados en el contrato correspondiente.[[/p]][[p]]Estima por ello que se ha violado lo dispuesto en los arts. 51 y 53 de la Constitución Provincial y que la sentencia resulta un acto arbitrario por falta de fundamento (arts. 200 de la Const. Prov. y 18 de la Const. Nac.).[[/p]][[p]]3.- Análisis y solución del caso:[[/p]][[p]]Lo debatido en autos y traído ahora a esta instancia extraordinaria se reduce a dos cuestiones fundamentales: la primera, si el actor tenía derecho a exigir que el nuevo contrato con la municipalidad respetase las mismas condiciones -funcionales y jerárquicas- del anterior, y la segunda, en caso de resultar afirmativa la primera, si le correspondían las diferencias salariales por los adicionales no percibidos desde que estos fueron suprimidos.[[/p]][[p]]Para una mejor comprensión de las cuestiones planteadas, conviene reseñar las alternativas de los diferentes contratos// ///-4- que unieron a las partes, según surge de la prueba documental incorporada a la causa:[[/p]][[p]]a) Mediante el primero de ellos, que rigió entre el 01/02/2006 y el 31/12/2006, la Municipalidad contrató al actor para que cumpliera funciones como trabajador social, con remuneración equivalente al 100% de la categoría 18 del Escalafón Municipal (fs. 2).[[/p]][[p]]b) A su término, las mismas partes celebraron un nuevo contrato que habría de regir entre el 01/01/2007 y el 31/12/2007, a efectos de que el trabajador cumpliera funciones como asistente social dependiente de la Secretaría de Acción Social y Juventud, con una retribución equivalente a la categoría 18 del Escalafón Municipal (fs. 3).[[/p]][[p]]c) Recién iniciado este segundo contrato, por Resolución Nº 513-I-2007, el Intendente Municipal designó al actor en el cargo de Jefe de División Supervisor de C.A.A.T. a partir del 1º de febrero de 2007 y autorizó a que se le abonara la categoría y los adicionales correspondientes (fs. 4).[[/p]][[p]]d) Finalizado el plazo del contrato, las partes suscribieron uno nuevo para regir entre el 01/01/2008 y el 31/12/2008, por el cual el trabajador cumpliría funciones como Jefe de División en el Departamento de Promoción Social dependiente de la Secretaría de Promoción Social y Juventud, con una remuneración mensual equivalente al 100% de la categoría 18 del Escalafón Municipal (fs. 5).[[/p]][[p]]e) Este último contrato fue modificado por una cláusula adicional que hizo que el actor pasara a cumplir funciones de Licenciado en Trabajo Social en la Dirección General de Promoción Social dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social con categoría 19 desde el 01/06/2008 y hasta el 31/12/2008 (fs. 6).[[/p]][[p]]f) Estas últimas condiciones se repitieron en el nuevo contrato celebrado para regir entre el 01/01/2009 y el /// ///-5- 31/12/2009 (fs. 7).[[/p]][[p]]g) Lo mismo sucedió -con especificación de que el contratado cumpliría funciones de Jefe de División- en el instrumento que suscribieron las partes para regir entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010 (fs. 8/9).[[/p]][[p]]h) Finalmente, por Resolución Nº 72-I-2011, el Intendente municipal dispuso renovar el contrato con el actor por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, pero esta vez ordenó que el trabajador pasara a cumplir funciones profesionales en la Subsecretaría de Desarrollo Económico, con categoría 19.[[/p]][[p]]Con tal fin, instruyó al Departamento de Personal para que confeccionara el contrato respectivo, el cual no ha sido acompañado en autos.[[/p]][[p]]i) Esta última resolución motivó que el aquí actor formulara un planteo de reconsideración -y posteriormente presentara un pedido de pronto despacho- teniendo en cuenta que, si bien en el nuevo destino se respetaba la categoría 19, se lo privaba de los adicionales por subrogancia y por responsabilidad jerárquica que percibía desde el 1º de febrero de 2007 (v. fs. 23 y 24).[[/p]][[p]]De acuerdo con la reseña que antecede, es claro que el actor, en tanto personal contratado, no goza de la estabilidad del empleo público establecida en el art. 14 bis de la Const. Nac., en razón de no haber ingresado -y mucho menos ascendido- por concurso, conforme lo exige el art. 51 de la Carta Magna provincial.[[/p]][[p]]En efecto, la norma precitada establece: ?La idoneidad y eficiencia son condiciones para el ingreso, ascenso y permanencia de los agentes públicos. A esos efectos, la Ley instrumenta el régimen de concursos de oposición y antecedentes. Se asegura la estabilidad e independencia en el desempeño del cargo, prohibiéndose cualquier tipo de discriminación política, social y religiosa?.[[/p]][[p]]///-6- Precisamente, acerca de las condiciones para el ingreso y el ascenso en el empleo público, este Superior Tribunal ha señalado que resulta ilustrativa la lectura del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente en la sesión de fecha 27 de abril de 1988, en la que, con relación al art. 53 -que establece que los agentes públicos designados en violación a las disposiciones de esta Constitución pueden ser removidos en cualquier tiempo sin derecho a reclamo alguno-, se expresó que la finalidad de la cláusula es privar de estabilidad a quienes no son designados en conformidad con la Constitución y las leyes que la reglamenten.[[/p]][[p]]No obstante, cabe aquí dejar hecha la salvedad de que ello no fue óbice para que se alertara acerca de que dicha norma no ampara el obrar abusivo o fraudulento que se configuraría si se pretendiera poner fin, sin ninguna consecuencia, a contrataciones precarias con las que la Administración hubiera cubierto sus requerimientos permanentes más allá de todo plazo razonable.[[/p]][[p]]En esos supuestos, si bien el agente contratado no tendría derecho a la reincorporación -por carecer de estabilidad-, al menos tendría derecho a obtener un resarcimiento económico en determinadas condiciones (conf. doctr. STJRNSL in re: ?BETANCUR? Se. N° 39 del 9.06.09).[[/p]][[p]]Pero queda claro aquí que el actor no ha sido privado de su empleo, en la medida en que la Administración -en este caso municipal- ha renovado su contrato y lo ha hecho respetando el mismo nivel escalafonario del contrato anterior, aunque lo haya relevado del cargo jerárquico al que había accedido merced a una designación transitoria.[[/p]][[p]]Desde el antiguo precedente recaído en la causa ?DI SALVO? (Se. 191/94), este Superior Tribunal ha señalado que las normas de la Constitución Provincial -arts. 51, 53 y ccdtes.- no descalifican los ascensos sin concurso sino exclusivamente en orden a la estabilidad, la que solo se obtiene cuando se ha /// ///-7- accedido al cargo ?por concurso?, sin que puedan desconocerse ipso iure otras modalidades que, aunque factibles, son revocables en cualquier momento.[[/p]][[p]]Es decir entonces que la autoridad competente puede designar transitoriamente a un agente en un cargo escalafonario de mayor jerarquía sin el recaudo del concurso, pero tal designación no resultará consolidable en aras del principio de estabilidad que la Constitución Provincial determina.[[/p]][[p]]En esas condiciones, si bien un agente que hubiera ingresado por concurso tendría la estabilidad en el empleo público, podría no tenerla en una determinada jerarquía a la que hubiera accedido sin dicho recaudo.[[/p]][[p]]Del mismo modo, un agente contratado que pasara a desempeñar una función de mayor jerarquía que la originariamente prevista en su contrato -como consecuencia de una designación evidentemente transitoria- no podría exigir mantenerse en ella hasta la finalización del plazo de su contratación, y mucho menos podría imponer esa condición cuando, al finalizar el contrato por vencimiento del plazo, se decidiera la celebración de uno nuevo.[[/p]][[p]]No hay allí un ejercicio abusivo de los poderes discrecionales de la Administración, sino ausencia de derecho subjetivo del agente a permanecer en una determinada jerarquía respecto de la cual no goza del atributo de la estabilidad.[[/p]][[p]]Solo cabría dejar a salvo aquellos supuestos en los que en el mismo acto de designación la autoridad se autoimpusiera una limitación y estableciera que el agente permanecerá en el cargo hasta el acaecimiento de una determinada condición -en ese caso, resolutoria-; por ejemplo, hasta que se cubriera la vacante por concurso, finalizara el plazo del contrato o se mantuviera la relación de empleo público mediante la sucesiva renovación de los contratos, puesto que en esos hipotéticos casos debería primar el cumplimiento del compromiso asumido por la propia Administración al efectuar la designación bajo /// ///-8- condición resolutoria (una especie de aplicación del principio contractual del pacta sunt servanda a la materia administrativa en particular), nada de lo cual surge -en el caso puntual- del instrumento glosado a fs. 4 (al respecto, véase CSJN in re: ?Silva Tamayo, Gustavo Eduardo c. E.N. - Sindicatura General de la Nación - resol. 58/03 459/03?, Fallos 334:1909.[[/p]][[p]]Asimismo, véase Pedro José Coviello: ?Las autolimitaciones administrativas y la motivación de los actos administrativos en la sentencia \'Silva Tamayo\' de la Corte Suprema? en la obra colectiva ?Máximos Precedentes: Derecho Administrativo?, dirigida por Juan Carlos Cassagne, 1ra. ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2013, v. 1, págs. 737 y sgtes.).[[/p]][[p]]4.- Decisión:[[/p]][[p]]De acuerdo con lo expuesto, advierto en síntesis que el actor no gozaba de estabilidad propia al finalizar su último contrato con la Municipalidad de Bariloche, en tanto cada cada uno de ellos fue instrumentado por plazo determinado -v. fs. 3, 5, 7 y 8- y al margen de concurso alguno de oposición y antecedentes, con exclusiva habilitación de su jefatura mientras permaneciera en el cargo (v. instrumentos glosados con la demanda, a fs. 3 y 4).[[/p]][[p]]Ello motiva en consecuencia que ahora corresponda propiciar al Acuerdo la revocación de la condena al reintegro del actor a su anterior función jerárquica (v. fs. 30 y fs. 75), en tanto ello supondría que gozaba de estabilidad propia, extremo que -reitero- no existió en el caso (cf. asimismo lo resuelto en autos ?ULLOA?, Se. Nº 93 del 26.09.12).[[/p]][[p]]Por lo demás, es decir, en torno de la segunda cuestión que he enunciado al comenzar mi análisis, resulta claro -por su carácter accesorio- que no cabe admitir en el caso diferencia salarial alguna, en razón de que los adicionales reclamados solo resultaban devengados por el desempeño de la jerarquía /// 9- mayor -Jefe de División Supervisor de C.A.A.T.- que fue revocada. Consecuentemente, cesada esta -con sus rubros responsabilidad jerárquica y subrogancia 01-, no podía generarse aquella. VOTO POR LA AFIRMATIVA.[[/p]][[p]]Las señoras Juezas doctoras Adriana C. ZARATIEGUI y Liliana L. PICCININI dijeron:[[/p]][[p]]Adherimos a los fundamentos del colega que nos precede y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]Los señores Jueces doctores Sergio M. BAROTTO y Enrique J. MANSILLA dijeron:[[/p]][[p]]Atento a la coincidencia de los votos precedentes, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 de la L.O.).[[/p]][[p]]A la segunda cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo:[[/p]][[p]]En mérito a lo expuesto al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada a fs. 85/111 y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 72/76 y rechazar la demanda interpuesta a fs. 29/31 vlta. y su ampliación de fs. 57 en todas sus partes (cf. arts. 296 y ccdtes. del CPCCm., 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).[[/p]][[p]]También propicio que las costas de ambas instancias se impongan al actor y se regulen los honorarios del doctor Rodrigo Guillermo Cano, por su actuación en esta vía, en el 30% de los que le correspondan en la instancia de origen, y los de la doctora Alejandra Paolino en el 25% calculados de idéntico modo, los que deberán abonarse en el plazo de diez (10) días. ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]Las señoras Juezas doctoras Adriana C. ZARATIEGUI y Liliana L. PICCININI dijeron:[[/p]][[p]]ADHERIMOS a la solución propuesta en el voto que antecede.[[/p]][[p]]Los señores Jueces doctores Sergio M. BAROTTO y Enrique J. /// ///-10- MANSILLA dijeron:[[/p]][[p]]NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.).[[/p]][[p]]Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:[[/p]][[p]]Primero: Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada a fs. 85/111 y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 72/76 y rechazar la demanda interpuesta a fs. 29/31 vlta. y su ampliación de fs. 57 en todas sus partes (cf. arts. 296 y ccdtes. del CPCCm., 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).[[/p]][[p]]Segundo: Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida (art. 68 del CPCCm).[[/p]][[p]]Tercero: Por su actuación en esta vía, regular los honorarios del doctor Rodrigo Guillermo Cano en el 30% de los que le correspondan en la instancia de origen, y los de la doctora Alejandra Paolino en el 25% calculados de idéntico modo, los que deberán abonarse en el plazo de diez (10) días. Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con la Ley 869.[[/p]][[p]]Cuarto: Registrar, notificar y oportunamente devolver.[[/p]][[p]]RICARDO A. APCARIAN -Juez- ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI -Jueza- LILIANA LAURA PICCININI -Jueza- SERGIO M. BAROTTO -Juez en abstención- ENRIQUE J. MANSILLA ?Juez en abstención.[[/p]]