Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-20


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 20 de 2008.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? La señora Juez de Cámara Doctora Ana I. Piaggi dijo:

I. Antecedentes facticiales de la causa 1. La demanda: El 15-4-04 (fs.17/18) Miguel Francisco Méndez demandó a la Caja de Seguros Vida S.A.C.I., el cobro de pesos cuarenta mil ($ 40.000.-), en concepto de indemnización por incapacidad total y permanente, más costos y costas del proceso El presente reclamo se fundó en la ley 17.418 y ley 13.003 de seguro obligatorio del personal del estado y seguro colectivo, siendo los riesgos cubiertos: i) muerte, ii) incapacidad total y permanente, y, iii) incapacidad parcial y permanente.

Manifestó que ingresó a trabajar a Gendarmería Nacional (GN) el 31-1-68, en perfecto estado de salud, y tiene el grado de gendarme retirado. Argumentó que un traumatismo provocado por un arma de fuego, desencadenó un proceso de inflamación retiniana, produciéndose así una coriorretinitis en el ojo derecho, notándose en éste una coriorretinitis cicatrizal en el área macular, con varias placas que la invaden; consiguientemente fue exceptuado de participar en zonas de extensos fríos, etc. Destacó que entonces padecía una incapacidad, de carácter permanente, del 34% de la total obrera.

El 1º de junio de 2002 pasó a situación de retiro por la referida invalidez, en tanto argumentó que no podía desarrollar las actividades asignadas acorde la declaración de "disminuido en sus aptitudes físicas" (DAF).

Sostuvo que, a la fecha de interposición de demanda, su incapacidad aumentó, ocasionándole estados depresivos profundos y serios e incontrolables dolores oculares.

Puntualizó que su reclamo fue oportuno en tanto sigue padeciendo la enfermedad ocasionada por el accidente de trabajo y los plazos de expiración del seguro obligatorio es de 10 años (por ley 13.003) y del seguro colectivo de 3 años.

Equiparó su incapacidad del 34% a una incapacidad total, arguyendo estar imposibilitado de desarrollar su especialidad o cualquier otra actividad que requiera buena visualización.

2. El 22-9-04 (fs. 212/24) la Caja de Seguros S.A. (en adelante "la Caja") opuso las excepciones de falta de legitimación activa y prescripción (art. 347 CPr) contestando demanda, luego de una pormenorizada negativa de los hechos invocados en el escrito inaugural 2.1. Relató que Méndez estuvo asegurado mediante la adhesión a las pólizas de seguro de vida colectivo nro. 13.944 (sobre personal en servicio) y nro. 83.944 (sobre el personal retirado), tomadas por la empleadora, y relató las condiciones generales de ambos contratos (v. fs 213 vta y 214).

Respecto del reclamo del capital asegurado por el S.V.O.P.E. (Seguro de Vida Obligatorio para el Personal del Estado), destacó que es uno de los denominados "seguros sociales", en los cuales la ley determina las prestaciones debidas (por ej. el asegurador no puede invocar la caducidad por incumplimiento de cargas, etc.).

2.2. Luego expresó los fundamentos de la excepción de falta de legitimación activa planteada.

a) Póliza 13.944 (seguro colectivo sobre el personal activo): la defensa expresó que al momento del siniestro no existía seguro, ya que son asegurables los que se encuentran en servicio activo y permanezcan incorporados a la póliza, quedando excluido aquel que se jubile o deje de estar al servicio del principal.

En tanto que el accionante pasó a retiro obligatorio el 1-6-02, iniciando la mediación judicial obligatoria en noviembre de 2003 -sin formular denuncia del siniestro- dejó de estar asegurado.

b) S.V.O.P.E: En su carácter de personal retirado de GN, el demandante estaba cubierto y la cobertura era por muerte, para lo cual continúa pagando una prima -sustancialmente menor-.

c) Póliza 83.944 (seguro obligatorio del personal retirado): Argumentó la Caja, que el accionante tampoco posee legitimación para accionar por las coberturas de incapacidad total o parcial permanente, puesto que dichos riesgos no se encuentran incluidos. De su lado, los endosos 61 y 78 disponen que las coberturas otorgadas son: a) Indemnización diaria por internación por accidente y b) riesgo de muerte; consecuentemente la defensa rechazó el siniestro, mediante CD del 5-1-04.

2.3. Sustento de la excepción de prescripción Asimismo el demandado sostuvo que al momento de interposición de demanda, y aun antes, las acciones derivadas de las pólizas 13.944 (plazo de tres años) y SVOPE (plazo de diez años) estaban prescriptas. Agregó que la obligación es exigible cuando nace la acción para demandar su cumplimiento.

Señaló que la documentación adjunta por el pretensor, evidencia que conocía su supuesta incapacidad con anterioridad al presente reclamo: i) certificados del GN del 12-6-73 y 19-2-75, ii) en el formulario de "Solicitud de Incapacidad", donde el médico certificante consignó que la enfermedad que motivó la invalidez acaeció en junio de 1972.

Arguyó que los intentos del accionante, volcados en el capítulo III de la demanda, destinados a sustentar la oportunidad de su interposición, carecen de fundamento para rechazar la prescripción verificada en autos y el hecho de seguir abonando la prima 83944, por el seguro del personal retirado, tampoco constituye un argumento serio.

2.4. Contestación de demanda Sin perjuicios de las manifestaciones vertidas precedentemente, el accionante contestó demanda, negando los hechos invocados y la totalidad de la documentación aportada por el accionante. En particular rechazó: a) adeudar indemnización alguna al pretensor o $ 40.000.-, por incapacidad total y permanente en los términos de la ley 17418 y/o 13.003, b) el traumatismo provocado con arma de fuego, la consecuencia de inflamación retiniana y/o coriorretinitis en el ojo derecho y la declaración DAF c) la incapacidad del 34% de la total obrera invocada por el accionante, d) los estados depresivos y/o dolores oculares así como la imposibilidad de llevar una vida personal y laboral normal, e) la calidad de asegurado del accionante.

Adujo que la demanda es inconsistente ya que reclamó la cobertura por incapacidad total y permanente; invocando luego que su incapacidad "parcial" del 34% de la total obrera, "se asemeja mucho" a la total.

Destacó que la dolencia invocada del 34% de la total obrera, no alcanza el 66% que, doctrinaria y jurisprudencialmente, acreditan una incapacidad total, por lo que no se encuentra cubierta y la indemnización reclamada es improcedente.

Por otra parte, opinó que tampoco se trató de una invalidez parcial, cubierta por las pólizas nro. 133944 y SVOPE (la nro. 83944 no la previó). Ya que debe indemnizar la invalidez parcial y permanente, sólo derivada de "accidentes" (endoso 29 y dto. 1548/77).

Describió que el incremento de la incapacidad no fue por "accidente" sino por "enfermedad" -toxoplasmosis-, expresamente excluida y que la incapacidad parcial del 34% no es indemnizable, toda vez que los padecimientos exhortados, no se ajustaban a las pérdidas anatómicas taxativamente descriptas en los seguros. La póliza 13.944 refería a "pérdida de globo ocular o pérdida total de visión de un ojo" y no abarcaba disminución visual parcial. A su vez, el SVOPE incluyó como riesgo pérdida total de un ojo o reducción de la mitad de la visión binocular normal (40%).

Señaló que los capitales de la póliza 13944 se determinarían individualmente por una suma equivalente a 30 sueldos -el último percibido fue de $ 683,88 en mayo de 2002-. A su vez el capital asegurado por el S.V.O.P.E. es de $ 3.800.

3. Los restantes antecedentes de la causa fueron adecuadamente expuestos por la juez de la anterior instancia en los resultandos del fallo recurrido, y a ellos me remito para evitar estériles reiteraciones.

II. La sentencia de primera instancia 1. La sentencia definitiva de primera instancia del 10-10-06 (fs. 550/60) -correctamente precedida de la certificación actuarial sobre su término requerida por el art. 112 del Reglamento del Fuero- rechazó las excepciones de falta de legitimación y prescripción planteadas por la defensa y acogió parcialmente la demanda.

Condenó a la compañía aseguradora al pago de $ 8.826,45 (pesos ocho mil ochocientos veintiséis con 45/100), más intereses según la tasa activa BNA para sus operaciones de descuento a 30 días, desde el 5-1-04, fecha en que el accionado rechazó la solicitud del beneficio. Impuso las costas a la accionada vencida.

Para así decidir meritó que:

1º) los fundamentos de la excepción de falta de legitimación activa de la defensa, refieren al incumplimiento mismo que el accionante imputa a la aseguradora y sujetos a materia probatoria, por lo que desestimó la excepción.

2º) si bien el traumatismo que originó la incapacidad se produjo en 1972 y en 1979 GN graduó una incapacidad laboral del 34%, no es menos cierto que dicho padecimiento se fue agravando, haciendo notoria su incapacidad a partir del año 2000; en consecuencia, a la fecha de inicio de la mediación (noviembre de 2003) no estaban cumplidos los plazos de prescripción, por lo que se encontraban vigentes, si lo estaban en la época en que tuvo conocimiento de la incapacidad.

4º) a la fecha del retiro obligatorio, el accionante ya contaba con una incapacidad parcial y permanente el 42% de la total obrera (v. pericia médica) originada en el traumatismo narrado, existiendo evidencia de una reacción sérica positiva a la toxoplasmosis en marzo de 1980, pero en octubre el Director Nacional de Gendarmería dispuso que la coriorretinitis atrófica por toxoplasmosis del ojo derecho guardó relación con el accidente.

5º) consideró demostrada la cobertura del actor por "incapacidad parcial y permanente por el SVOPE (póliza nº 83977, art. 71, v. fs. 339)" y que éste establecía la cobertura por incapacidad parcial y permanente sufrida por accidente. Agregó que por lo tanto, procedía hacer lugar al reclamo cuando la invalidez impide al asegurado soportar con éxito un examen preocupacional, máxime teniendo en cuenta la falta de especialización laboral del actor.

6º) que respecto de la póliza nº 13.944, estimó que no se cumplieron los requisitos para considerar cubriera la incapacidad del actor. Ello, por cuanto el endoso nro. 60, encargó a la aseguradora la determinación de la incapacidad del asegurado y el riesgo cubierto es un estado de incapacidad total y permanente, que no permita al asegurado desempeñar cualquier actividad remunerativa, excluyéndose expresamente los casos de incapacidad parcial o temporal.

7º) el importe resultante del 42% del capital asegurado en la póliza 83.944 ($ 21.015, v. pericia médica) es de $ 8.826,45; monto que se condenó a pagar con más los intereses y desde la fecha ya señalados.

8º) Si bien se condenó al resarcimiento de un mayor porcentaje de incapacidad (42%) que el declarado por el accionante (34%), no se violentó el principio de congruencia, ya que el monto dinerario reconocido es menor al reclamado ($ 40.000.-).

2. Contra el acto jurisdiccional se alzó el actor el 14-9-07 (fs. 685); concedido el 17-9-07 (fs. 686), la incontestada expresión de agravios del 21-12-07 obra a fs. 698/700. Por su parte "La Caja" apeló el fallo el 17-9-07 (fs. 687), concedido el 29-10-07 (fs. 691), y los agravios del 6-2-08 (fs. 714/18) fueron replicados por su contraparte el 20-2-08 (fs. 720/22).

3. El 12-3-08 (fs. 724) la presidencia de esta Sala llamó "autos para sentencia"; el sorteo de la causa se realizó el 31-3-08 (fs. 724 vta), encontrándose el Tribunal habilitado para resolver.

III. Los recursos 1.3. Las quejas de la pretensora pueden sintetizarse en: i) el error en la base para el cálculo de la indemnización concedida y ii) la omisión de condenar la suma de $ 1.596 ($ 3.800 x 42%), correspondientes al seguro de vida obligatorio, a pesar de haber admitido el rubro.

Por su parte los agravios del accionado corren por cuatro carriles: i) rechazo infundado de la prescripción opuesta ii) contradicción del fallo ya que condenó en base a una póliza -83.944- un riesgo no cubierto, incapacidad parcial y permanente, que no había sido demandado, iii) vulneración del principio de congruencia y iv) error en la fijación del monto de condena.

IV. No atenderé todos los planteos recursivos de las apelantes sino aquellos que estime esenciales y decisivos para fallar en la causa (cnfr. CSJN, in re: "Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica", del 13-11-86; ídem, in re: "Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas", del 12-2-87; bis ídem, in re: "Pons, Maria y otro" del 6-10-87; ter ídem, in re: "Stancato, Carmelo", del 15-9-89; v. Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

No es deber de los jueces ponderar todas las pruebas producidas, sino las que estime adecuadas para resolver el conflicto (Fallos 274:113 (2); 280:3201; 144:611), razón por la cual me inclinaré por las que produzcan mayor convicción en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. Así, se considerarán las que sean jurídicamente relevantes o singularmente trascendentes.

V. Luego de analizar los antecedentes del proceso y los medios de prueba aportados por las partes; de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386, Cód. Procesal) y la sentencia recurrida será modificada de acuerdo con las consideraciones que paso a exponer.

VI. La decisión 1. Encuadre fáctico.

1.1. Previo a todo análisis estimo prudente dejar en claro que existieron y/o existen 3 pólizas que vincularon o vinculan a las partes.

a) S.V.O.P.E. (ley 13.003) (fs. 337/341):

- capital asegurado $ 3.800.- (denunciado por el accionado a fs. 220 vta. y consentido por el pretensor en su expresión de agravios de fs. 699 vta.).

- riesgo cubierto:

a) 1. incapacidad total y permanente para: i) hacer cualquier trabajo, o ii) sin ser absoluta, obligue a dejar su trabajo, sin poder ejercer otra actividad remunerada que requiera similares habilidades.

a) 2. incapacidad parcial y permanente por accidente, excluyéndose el supuesto de enfermedad; comprende la hipótesis de "pérdida total del ojo o reducción de la mitad de la visión".

b) Seguro colectivo para el personal en actividad, póliza 13.944 (fs. 332/337):

- capital asegurado $ 21.015,38 (20 sueldos) - riesgo cubierto:

incapacidad total y permanente, por la que el asegurado no puede ejercer actividad remunerada, incluye el supuesto de "pérdidas anatómicas por accidente... pérdida de globo ocular o visión total", reconociendo, para tal supuesto, una indemnización del 40% del capital asegurado.

c) Seguro colectivo para el personal retirado, póliza 83.944 (fs. 341 y 413) (no es objeto del presente, porque el accionante dijo que: "se encuentra amparado por la póliza de seguros para el personal en actividad, no por la póliza para el personal retirado y así lo sostuvo la jueza de grado" (fs. 720; ...).

- riesgo cubierto:

c)1. fallecimiento c)2. indemnización diaria por internación por accidente 1.2. El sentenciante rechazó el reclamo respecto de la póliza 13.944 e hizo lugar al reclamo por incapacidad parcial sustentada en la "póliza 83.944", pero que denominó "seguro de vida obligatorio del personal del estado".

Conforme las manifestaciones del accionante de fs. 720, interpreto que la a quo condenó a la aseguradora en virtud del S.V.O.P.E.

2. La prescripción. Entre otros, es motivo de agravio la condena a la aseguradora sustentada en el SVOPE, el rechazo de la prescripción opuesta.

Concederé prioridad en su tratamiento, en tanto postula la revocación del fallo, por cuanto de admitirse ello deviene innecesario el tratamiento de los restantes.

2.1. En el sub examine, se queja el recurrente porque -a su criterio- la a quo rechazó infundadamente la prescripción opuesta, a pesar de que reconoció que la causa de la incapacidad fue el accidente de 1972 y la declaración de invalidez del 42% -por la que se admitió la demanda-, fue por una reacción sérica positiva a la toxoplasmosis que data de 1980, es decir que desde ese año conoció efectivamente el grado de incapacidad permanente e irreversible.

Por otra parte, sostiene la aseguradora que es dogmática y carente de sustento la afirmación del a quo respecto de la razonabilidad de la postura del actor en el sentido que su incapacidad se agravó y haciéndose notoria en el 2000 / 2001.

2.2. La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo (art. 3947), actúa como excepción para repeler una acción por el solo hecho de la inactividad del titular del derecho reclamado (art. 3949 CCiv) y, en el mismo sentido el art. 4017 CCiv, expresa que por inacción del acreedor durante el tiempo designado por la ley libera al deudor de toda obligación.

Ergo, para que opere la prescripción liberatoria únicamente se requiere la pasividad del acreedor y el transcurso del tiempo establecido por la norma; no se precisa justo título ni buena fe.

Se trata de un medio legal de extinción de derechos cuando no son ejercitados en tiempo propio. Su finalidad no es permitir que el deudor incumpla su prestación, sino que procura dar estabilidad a la situación jurídica de los patrimonios ante el transcurso de cierto período, fijado legalmente sobre la base de la conveniencia general y tiene en miras el interés de ambas partes (conf. Fernández, Raymundo "Código de Comercial" T. III, Buenos Aires, 1945).

Finalmente, la prescripción de la obligación no extingue el derecho en que se funda sino sólo la acción, por lo que el crédito subsiste como obligación natural (art. 515 C.Civ) y se sustenta en razones de orden público.

Para determinar la prescripción de la acción para el cobro de una indemnización por incapacidad, es necesario precisar el momento desde el cual la obligación fue exigible (art. 58 LS), es decir, que el cómputo del plazo comienza en cuanto se puede hacer valer judicialmente el derecho, circunstancia que se configura al tomar conocimiento el asegurado de su invalidez.

2.3. Rige el principio actio non data praescribuntur, en tanto el plazo corre desde que el pretensor tomó conocimiento cierto de la invalidez que padece (confr. CNFed. Civ. Y Com., sala II, "Enriquez R. c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro", del 17-5-96, LA LEY, 1996-D, 861; sala III, Vilca E. C/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro, del 27-12-01, LA LEY, 2003-A, 854).

A partir de la referida cognición nace la exigibilidad de la obligación (cnfr. CNCom, esta sala, Alvarez de Dobson c/ La Bs As, Cía de Seg", del 22-2-89). Ello, por cuanto sólo a partir de la razonable posibilidad de tomar conocimiento de la concreta siniestralidad, cabe hacer correr el plazo de prescripción, siendo necesario que la víctima tenga conocimiento cierto de la minusvalía que la afecta (CNCom, sala C, in re "Lucero R. c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario del 27-12-06, sala A, in re, "López, Hugo c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario", 6.12.07).

1.8. Propongo al acuerdo la admisión de la queja, por cuanto estimo que la incapacidad parcial por el accidente ocurrido en 1972, fue conocida por el demandante en el año 1977 (fs. 4).

La prueba de autos es contundente en el sentido que el siniestro asegurado acaeció en 1972 y que en 1977, el accionante tenía cabal noción de la incapacidad parcial y permanente que padecía. Ello según surge de: i) certificado de clasificación DAF (disminuido en sus aptitudes físicas) de GN del 12-5-73 (fs. 2), ii) certificado de GN del 19-2-75 donde consta que su clasificación definitiva DAF (fs. 2), iii) Resolución de GN del 20-10-77 que dispone la incapacidad laborativa del 34%, exceptuándolo del servicio de armas, instrucción, tareas que demanden esfuerzos físicos y de residir en ciertos destinos, notificada al accionante 21-11-77 (fs. 4).

Tal circunstancia, constituyó el inicio del cómputo del plazo de 10 años correspondiente al SVOPE, evidentemente el incremento del 8% de dicha invalidez que surge del "Informe médico legal" del 2003, es posterior a la prescripción de la acción. Ergo, siendo que el accionante conoció desde 1977 la incapacidad parcial que padecía, sella su suerte la inexistencia de hecho interruptivo o suspensivo alguno.

En consecuencia, se estimará el agravio de la defensa apelante.

1.9. Lo expresado precedentemente me releva de expedirme respecto de los restantes agravios planteados por las partes.

VI. Conclusión. Propongo al Acuerdo revocar la sentencia apelada, rechazando la demanda incoada contra Caja de Seguros de Vida S.A., con costas por ambas instancias al accionante vencido (art. 68, Cód. Procesal). He concluido.

El Juez Miguel F. Bargalló dijo:

Adhiero a la solución propuesta por la vocal preopinante, en razón de que:

1. La demanda se fundó en el cobro de la suma asegurada en concepto de la incapacidad sufrida por el actor, es decir, pérdida de visión en un 34%.

2. El reclamo tiene base en las siguientes pólizas:

i. S.V.O.P.E. (Seguro de vida obligatorio para el personal del Estado): cuyo riesgo cubierto es muerte, incapacidad total y permanente, y parcial y permanente. Respecto a éste, la demandada invocó excepción de prescripción por haber transcurrido 10 años desde que el asegurado tomó conocimiento del padecimiento. Asimismo, alegó que la enfermedad que acucia al actor no se encuentra comprendida dentro de las previstas en la póliza.

ii. Nº 13.944: Seguro colectivo y facultativo para personal que se encuentra en actividad. Esta póliza cubre la muerte y la incapacidad total y permanente, además de algunos adicionales. La demandada también opuso excepción de prescripción por haber transcurrido los 3 años previstos para reclamar el siniestro. A ello agregó que la incapacidad sufrida por el actor no lo afectó de forma total, encontrándose por tanto exceptuado de cobertura.

iii. Nº 83.944: Seguro colectivo y facultativo para personal retirado o jubilado. Comprende la muerte o la incapacidad total y permanente. La demandada arguyó que por tratarse de una incapacidad parcial no se encuentra amparada en esta póliza. Alegó por tanto excepción de falta de legitimación.

3. El actor padeció una incapacidad parcial, que conocía desde el año 1977.

4. La sentencia apelada hizo lugar a la demanda en virtud de la póliza SVOPE, aunque con la base de cálculo prevista en la Nº 83.944.

5. La demandada reiteró, al expresar agravios, la defensa de prescripción opuesta.

6. Es procedente la excepción de prescripción invocada respecto de la póliza SVOPE, toda vez que transcurrió el plazo de 10 años, compartiendo en esto los fundamentos dados en el voto precedente.

7. En lo que concierne al seguro amparado por la póliza Nº 13.944 que la Juez de primera instancia rechazó, no se concretó agravio, lo cual hace prescindible examinar la prescripción también acusada a su respecto.

8. En lo que atañe al seguro colectivo para el personal retirado o jubilado, póliza Nº 83.944, resulta dirimente el hecho de que el propio actor ha expresado encontrarse amparado por la póliza para el personal en actividad y no por la póliza para el personal retirado, remitiéndose a lo expresado por la Juez de primera instancia (ver contestación de agravios, fs. 720), lo cual se explicó a partir del hecho de que al producirse el accidente que lo afectó no se encontraba en situación pasiva y sí, efectivamente, en actividad (fs. 721vta.). Por consiguiente, tal como se expuso en el primer voto, el seguro que otorgaba cobertura al personal en retiro, es ajeno a la pretensión de autos.

Por lo expuesto, voto en el mismo sentido en que lo hace la Dra. Piaggi.

Así voto.

La Juez María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero dijo:

Adhiero al voto de la Dra. Piaggi, coincidiendo asimismo con los fundamentos aportados por el Dr. Bargalló.

Por los fundamentos del Acuerdo que precede, se resuelve: revocar la sentencia apelada, rechazando la demanda incoada contra Caja de Seguros de Vida S.A., con costas por ambas instancias al accionante vencido (art. 68, Cód. Procesal).

Regístrese por secretaría, notifíquese y devuélvase. -Ana I. Piaggi. -María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. -Miguel F. Bargalló.