marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos, factura, aplicación de la ley, formalidades procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: LOPEZ GILDA LUCIANA c/ MARIO DE LUCA E HIJOS SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

La factura es un instrumento privado, emanado de un comerciante, que describe el objeto de la prestación, el precio, el plazo para su pago y el nombre del cliente (CNCom, Sala F, "Stockton Agrimor A.G. c/ Bonquim SA s/ ordinario", del 23.2.17, conforme Satanowsky, "Tratado de Derecho Comercial", T. II, pág. 299) y constituye, en definitiva, un medio probatorio de los contratos comerciales con arreglo a lo expresamente dispuesto por el CCOM 208-5° (CNCom, Sala C, "Energytel SRL c/ Canteras Cerro Negro SA", del 30.8.98; CNCom, Sala F, "Stockton Agrimor A.G. c/ Bonquim SA s/ ordinario", del 23.2.17). Más aun, de conformidad con el CCOM 474, las facturas poseen óptima eficacia liquidatoria y probatoria del negocio que instrumentan. Por ello, en principio, debe estarse a sus términos si hubiere transcurrido el término legal del art. 474 mencionado sin impugnación (v. Zavala Rodríguez, "Código de Comercio Comentado", Buenos Aires, 1965, T. II, pág. 147, parág. 1331). Sin embargo, queda reservado para el juez interviniente determinar la eficacia probatoria de tales instrumentos privados, según las circunstancias del caso (v. Fernández-Gómez Leo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial", T. III-A pág. 76). Es que la presunción que emana del artículo 474 del Código de Comercio en cuanto a que la factura no impugnada tempestivamente constituye una cuenta liquidada, resulta ser de las denominadas iuris tantum; calidad que permite desvirtuarla por prueba en contrario (CNCom, Sala C, "García Osvaldo H. c/ Aguas Argentinas SA y otro" del 20/6/97; publicado LL 1997-E, 299).
Recurso de queja (procesal), transacción, homologación judicial, cosa juzgada, derechos adquiridos, Derecho laboral, principio de irrenunciabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: VILLAN, DARIO OMAR c/ FRIAR S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-19

Corresponde admitir la queja desde que la cuestión constitucional aquí involucrada impone un nuevo análisis del tema, no limitado al control motivacional de la sentencia, en tanto se encuentra en franca tensión la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por virtud de una transacción homologada -que reconocen fundamento en los derechos de propiedad y la garantía de defensa en juicio- con derechos esenciales del trabajador también protegidos por normas de alto contenido orgánico.

En el caso, el Tribunal a quo hizo lugar a la demanda incoada -por diferencias salariales, considerando a cuenta el pago efectuado en cumplimiento del acuerdo transaccional alcanzado entre las partes y homologado judicialmente- por entender que la suma acordada en la transacción implicaba una renuncia a derechos irrenunciables para el trabajador, lo que el recurrente entiende viola la cosa juzgada. (De los Fundamentos del Dr. Falistocco)
Reglamento de copropiedad y administración, prueba insuficiente, demolición de obra
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO ALTOS DE TUCUMAN c/ LOPEZ OLGA s/ D.Y P. RES. CONTRACTUAL PARTICULARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-17

[.] no puede ser buen fundamento para justificar la inobservancia del reglamento de copropiedad la existencia de otras construcciones antirreglamentarias. La eventual presencia de otros incumplidores, a más de no haber sido cabalmente probado en autos, no habilita a encarar acciones ilícitas para satisfacer beneficios individuales.
Proceso penal, imputado, ley procesal penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., D. A. s/ Homicidio culposo - Incidente de libertad provisional (Expte. Nro.562-  00, Resolución Nro. 125, Tomo 56, Folio 290)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-30

La peligrosidad procesal consiste en la incidencia negativa en la investigación de la verdad, perturbando la verificación de los hechos, eludiendo la acción de la justicia, circunstancia que no se avizora en autos, más allá de la actitud asumida con posterioridad inmediata posterior al hecho asumida por el encartado. En definitiva, no debe confundirse aquélla peligrosidad con la sustancial, indicativa de la probabilidad en la continuación de la actividad ilícita. En consecuencia, a partir del precepto normativo contenido en la ley procesal (arts. 7 y 306 del C.P.P.), en consonancia con los de mayor jerarquía contenidos en la Constitución Nacional (arts. 14 y 18) y Pactos Internacionales incorporados a ella, el concepto de peligrosidad procesal que se esgrime como fundamento de la denegatoria basado en la conducta asumida por el imputado tras protagonizar el evento y la eventual posibilidad de sufrir condena efectiva, no configuran un "peligro concreto" y "actual" que provocará un "daño jurídico" en pugna con el progreso investigativo e impeditivo para elucidar la responsabilidad emergente de su accionar, como tampoco se constituye en indicio de que intentará eludir la acción de la justicia pues, como surge del decreto de procesamiento, se ha probabilizado su conducta en las previsiones del art. 84 del C.P., por lo tanto, habiendo prestado declaración indagatoria, constituido domicilio y resultando esta ciudad asiento de su actividad familiar y laboral, el control de su persona en el proceso aparecería razonablemente garantizado, entendiendo que será la sentencia definitiva en el eventual juicio de certeza que se formule respecto de la imputación que se le dirige y la penalidad que pueda corresponderle conforme las pautas de mensuración de los arts. 40 y 41 C.P., la que determinará en toda su magnitud el protagonismo enrostrado".
Agravantes de la pena, prueba, femicidio, violencia de género
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: V., J. O. por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas y por femicidio en perjuicio de N., A. F. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-06-06

La agravante del homicidio perpetrado se encuentra acreditada por cuanto el femicidio es aquella acción cometida contra una mujer mediando violencia de género, la que fue introducida por la Ley 26791 al incluir en el inc. 11º del art. 80 del CP, que se reprime al que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediante violencia de género. A mayor abundamiento, el homicidio de la mujer bajo estas condiciones aparece como el epílogo fatal de una relación atravesada por el sometimiento y la humillación expresada hacia el género femenino.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada, presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: C., J. A. s/ Robo calificado, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-12-29

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la defensa cuestiona la prueba de presunciones invocada por el a-quo para acreditar la autoría responsable y denuncia la violación de los incisos 1, 3 y 4 del art. 259 del Código de Procedimiento Penal. -según ley 3589 y sus modif.-, pues la defensa no llevó ante la alzada -pudiendo haberlo planteado- ningún reclamo como el que ahora se intenta ( art. 342 del C.P.P., según ley 3589 y sus modificatorias-;).
Medidas para mejor proveer, pedido de prueba, facultades discrecionales del juez, plena prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: LOVISO, Elida Elisa c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-30

Las medidas para mejor proveer constituyen una facultad privativa del juez o tribunal, que no encuadran dentro de las peticiones que incumben a las partes (aunque éstas puedan sugerirlas), y deberán ser desestimadas cuando de las actuaciones no se desprendan elementos de juicio, que desvirtúen las conclusiones científicas del dictamen médico que cumple con los requisitos del art. 472 del C.P.C.C. y por ende, plena eficacia probatoria en los términos del art. 477 del mismo Código.
Daño moral, demanda de escrituración, compraventa inmobiliaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: Moreno, Héctor Abel y Lencina, María Amalia c/ Morrone, Juan Antonio y Molina, Marisa Rosana s/ daños y perj. incumplimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-08

Estando acreditada la angustia que causó en los adquirentes del inmueble, el incumplimiento por parte de los vendedores de las obligaciones a su cargo para lograr la escrituración, a lo que se suma que son personas de avanzada edad, con el consecuente desmedro espiritual que genera seguramente la sensación de inseguridad respecto de lo que constituye la vivienda, conforme las reglas de la sana crítica, debe entenderse que lo vivido por parte de los compradores no puede entenderse que sean inquietudes propias y corrientes del mundo de los pleitos y los negocios, sino que fue un padecimiento que debe ser indemnizado en la esfera del daño moral.
Sentencia arbitraria, inconstitucionalidad, jubilaciones, pensiones, aportes previsionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cambas, Mario Angel c/ Provincia    de    Buenos  Aires (Instituto  de  Previsión  Social). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

Es arbitraria la sentencia que, al agregar un vocablo que no estaba incluido en el texto del art. 41 del decreto-ley 9650, vulneró los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional, pues sin dar razones suficientes, privó al actor de obtener una prestación jubilatoria acorde con los aportes que había realizado al sistema previsional.
Suspensión del juicio a prueba, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: C., J.G. y Otros s/ Robo Calificado en Grado Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-04-07

La ya no tan nueva normativa referida a la suspensión del Juicio a prueba, establece una sanción -al no permitirla de hacerse el juicio por comisión de otro hecho delictivo- y opera sobre el caso concreto en el supuesto específico y "al tiempo de la condena". Su valoración relacionada con la normativa excarcelatoria, coloca al imputado que ha solicitado la aplicación de este régimen en un estado de desventaja, toda vez que si se piensa en términos de hipótesis, todo imputado sindicado por un delito leve que solicitara la suspensión se encontraría en una situación peor que aquél que ha cometido un hecho más grave y no la solicita, pues el primero -de encontrarse imputado en uno nuevo- ya no podría por ese solo hecho, acceder a la excarcelación, mientras que el segundo, por aplicación de las normas sobre concurso y unificación de penas y condenas, se hace merecedor, al menos, de un examen valorativo de su situación y puede llegar a acordársele la libertad.
Superior Tribunal de Justicia, sentencia, ejecución de sentencia, liquidación judicial, Estado Provincial, emergencia previsional
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Chimento, Gustavo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio. Impugnación de liquidación (Expte. CSJ Nº 491-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-01

Para ajustar los términos de la condena dispuesta por la Corte con las modificaciones que importa la ley de emergencia previsional y el incumplimiento de sus términos por parte de la Administración, la liquidación de la deuda jubilatoria del actor debe realizarse actualizándose las sumas adeudadas desde cada período (el índice divisor a ponderar es el del mismo mes en que se devengó la acreencia, ya que los haberes se perciben por mes vencido), suma a la que deben aditarse los honorarios regulados conformando de tal manera una sola acreencia (conf. artículo 4 de la ley 11373 y 4 del decreto 1413/96). Al total de esa suma debe deducírsele el importe que se hubiere pagado en dinero en efectivo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 de la ley y el 17 de su decreto reglamentario, importe que se corresponde con el monto que hubiese debido abonarse en títulos públicos y al que se le deben agregar, capitalizados, los intereses correspondientes a los primeros catorce meses posteriores a la fecha de corte de conformidad a la tasa promedio de caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina (artículo 24, decreto 1413/96). Ese monto es la base de cálculo para obtener el capital a pagar en concepto de amortizaciones. Determinados esos importes del monto capitalizado, se deberá contemplar el interés corrido, a la misma tasa, desde el decimoquinto mes y hasta el momento en que cada amortización debió producirse y esa suma dará el total de lo que le hubiere correspondido percibir, en dinero en efectivo, a los acreedores en la fecha de cada rescate. Por último, desde que cada una de esas amortizaciones debió efectuarse y hasta la fecha del efectivo pago, se deberá aditar a la suma total que hubiere debido percibirse, capitalizada, los intereses de la tasa pasiva promedio mensual mencionados en el decreto 941/91.
Relación de dependencia, presunción de contrato de trabajo, presunción juris tantum
Materia: LABORAL
Carátula: Painefil Eduardo José c/ Díaz Raul y otros s/ Despido s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-12-20

El propio art. 23 de la LCT establece, simplemente, una presunción "iuris tantum" derivada del hecho de la prestación de servicios que -conforme la redacción de la misma norma- habrá de ceder cuando "... por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario".(Del voto del Dr. Sodero Nievas sin disidencia).
Deber de imparcialidad, excusación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LAZARCZUK, Juan Manuel y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-25

Si de alguna manera puede presumirse, por razones legítimas, que el juez genere dudas acerca de su imparcialidad frente al tema a decidir, debe ser apartado del tratamiento del caso, para preservar la confianza de los ciudadanos -y sobre todo del imputado- en la administración de justicia, que constituye un pilar del sistema democrático. Que en el presente caso se advierte que corresponde admitir la excusación formulada en este legajo por los señores jueces de la Sala II de esta Cámara atento a que ya han conocido y dictado sentencia -cuya nulidad parcial fue declarada-respecto del recurso de casación interpuesto por la defensa, que se encuentra actualmente a estudio (arts. 18, 31, 33, 75 inciso 22 de la C.N.; 8.1 de la C.A.D.H; 14.1 del P.I.D.C.P; 10 de la D.U.D.H.; 26 de la D.A.D.D.H.; 55 y 57 del C.P.P.N.). Dres. Borinsky, Carbajo y Ledesma.
Fuerzas Armadas, compensaciones salariales, viáticos, impugnación del acto administrativo, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Orpianesi, Martín Miguel c/ EN - M° Justicia SSI - GN disp. 162/99 335/99 s/ personal militar y civil de la FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-25

Cabe revocar por arbitraria la sentencia que rechazó la demanda interpuesta por el actor con el objeto de que se le abone una suma de dinero en concepto de compensaciones por "gastos de instalación y traslado" y la asignación denominada "viáticos diarios en el exterior", pues incurre en exceso de jurisdicción al haberse pronunciado con respecto a los requisitos de admisibilidad de la acción contencioso administrativa cuando ello no ha sido planteado por la demandada en la oportunidad procesal oportuna, ni ha sido examinado in limine litis por el magistrado de la instancia anterior y, en consecuencia, al no integrar el debate la falta de impugnación del acto administrativo que denegó el reclamo del actor, la decisión que se apoya en este fundamento traduce una grave afectación a la garantía de debido proceso. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Superior Tribunal de Justicia, excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Carreras, Roberto y otros c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso de amparo- Avocación- Excusación de Ministro de la Corte  (Expte.: C.S.J. Nro. 991 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-03

El ejercicio de la función de Ministro de la Corte Suprema, ya antes de la reforma que introdujera la ley 11.427 al artículo 12 de la ley 10.160, supone una serie de derechos y deberes diferenciados respecto a los demás integrantes del Poder Judicial, lo que exige criterios muy estrictos para acoger favorablemente los planteos de auto-inhibición dado que la eventual sustitución de un juez de la Corte implica recurrir a mecanismos de integración que pueden llegar a afectar el diseño institucional del mismo Poder Judicial definido por la Constitución y la ley. (Jurisprudencia Vinculada: CSJStaFe AyS T 114 p 424, Sumarios N J0017156 y J0017157)
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho laboral, contrato de trabajo, pluralidad contractual, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Gautero, Juan Angel Santiago c/ Radio Satel SA y otro s/ Cobro de pesos laboral - Queja por denegación del Recurso de  Inconstitucionalidad (Expte.: C.S.J. Nro. 497 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-20

No merece reproche constitucional lo afirmado por la Sala que sostuvo que el Inferior había acertado con la caracterización del vínculo laboral -aún cuando no hubiera mencionado el artículo pertinente-, en tanto había afirmado quela inexistencia de "personalidad jurídica propia" no era óbice para el emplazamiento de una o más personas físicas o jurídicas en el lugar del empleador de la relación laboral y con la adjudicación de las consecuencias genéricas de esa situación: responsabilidad solidaria; y, que la configuración del llamado "contrato de empleador plural" o "empleador múltiple" o "consorcio laboral" se encontraba acreditado en autos, pues desde el responde hasta la unanimidad testimonial daban cuenta de una prestación de servicios del actor a la orden indistinta y en utilidad de ambas personas jurídicas, en el mismo ámbito, en horario común, con idénticas tareas y jerarquía.
Medida cautelar innovativa, derechos de incidencia colectiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa de Vivienda y Consumo Nueva Esperanza de Junín de Los Andes Lda. y otros c/ Municipalidad de Junín de los Andes s/ Inc. apelacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-02-03

El requerimiento de tutela cautelar apunta a la protección de derechos de incidencia colectiva prima facie vulnerados por un proceder omisivo de la demandada que genera consecuencias nocivas para los habitantes de un municipio.
Procedimiento administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carlos H. E. Rasch Contructora S.R.L. c/ Municipalidad de Florencio Varela s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

La competencia revisora de la Corte en materia contencioso administrativa no se extiende a los procedimientos cumplidos en sede administrativa, por cuanto sus eventuales deficiencias pueden corregirse en las oportunidades en que el actor tiene de defenderse, probar y alegar judicialmente.
Falta de legitimación para obrar, acción de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nazr, Mónica Beatriz en representación de Laboratorios San Jorge S.R.L.; Ísola, Arturo Alfonso por la firma Salco S.R.L. c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-06-25

Resulta procedente la excepción de falta de legitimación activa en tanto el co-actor no es titular de uno de los inmuebles expropiados.
Seguros, competencia, competencia por el territorio, desplazamiento de la competencia, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: SILVA,  Carlos Javier c/ FEVERSANI, Clementino Osvaldo y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-14

1- Si la actora no acreditó que el contrato de seguro se haya celebrado en esta jurisdicción, la existencia de una delegación, agencia o sucursal, no es determinante ni atributiva de competencia.

2- De tal manera, si las partes tienen domicilio en extraña jurisdicción donde ocurrió el accidente, corresponde que allí se desplace la competencia cuestionada, ello en virtud del principio de inmediación del juez.

(Sumario N°18979 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-02


Salta, 02 de agosto de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "SANCHEZ ECHENIQUE, TERESA SILVANA vs. ROMERO, ALDO DANIEL - FILIACION" - Expte Nº 176.731/07 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil de Personas y Familia 3º Nominación (Expte. N° CAM 295.378/10 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

I.- La parte actora a fojas 202 plantea caducidad de la instancia recursiva, sustentada en que, la inactividad de la apelante por el plazo del art. 310 del CPCC conduce a su declaración. Pide costas.

Dispuesto el traslado de ley y encontrándose notificada la parte demandada (fojas 204 y vta.) no compareció a contestar el traslado conferido; pasando los autos a Despacho.

II.- Las actuaciones dan cuenta que, elevados los autos al Tribunal en virtud de la apelación concedida libremente, por proveído de fecha 8 de Febrero de 2010, se dispone hacer conocer la radicación e integración de la Sala, providencia que ordena su notificación personal o por cédula. Tal acto procesal constituye la última actuación con virtualidad impulsoria en el proceso que nos ocupa.

A continuación de ello, no hubo actividad alguna de la parte apelante tendiente a impulsar el procedimiento recursivo, ni siquiera comparece a contestar el incidente que nos ocupa, demostrando un total desinterés en la prosecución de su trámite.

Teniendo en cuenta que la segunda instancia se abre con la interposición del recurso de apelación, conforme lo dispone el art. 310 en su penúltimo ap. del CPCC, disposición que vino a resolver en forma definitiva las interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias relativas a la oportunidad de la apertura de la segunda instancia; es obligación del recurrente realizar las diligencias procesales tendientes a activar el proceso para que sea elevado al superior y procurar que se realicen los actos y trámites necesarios que anteceden al dictado de la resolución (conf. CapelCC, Salta, Sala III, t. 2000, fs. 290, entre muchos otros).

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que entre el proveído de fecha 8 de Febrero/2010 y la presentación del incidente en análisis acaecida el 20 de mayo/10, ha transcurrido el plazo previsto por el art. 310 inc. 2 del CPCC; se declara la caducidad de la segunda instancia respecto el recurso de apelación interpuesto a fojas 192. Con costas al vencido (arts. 67, 68 y 73 del CPCC).

REGISTRESE, notifíquese y baje.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, responsabilidad parental
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: V, M G s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad-Privación de  La patria potestad (Expte.: C.S.J. Nro. 138 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-27

A pesar de que la recurrente -defensora general de Cámara en representación de la madre de la menor-, no se esforzó en demostrar el adecuado cumplimiento del recaudo formal de oportuno planteo de la cuestión constitucional, corresponde afirmar que aún prescindiendo de dicha falencia en atención, esencialmente, a la índole de las cuestiones planteadas - pérdida de la patria potestad- el remedio intentado igualmente no puede prosperar desde que la recurrente con lo abstractamente alegado en el escrito introductorio del recurso de inconstitucionalidad, no ha logrado concretar agravios con suficiente asidero en las constancias de autos como para permitir la revisión de lo resuelto en una instancia de excepción.