Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-22


Comodoro Rivadavia, Veintidós de junio de 2005.

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Estos autos caratulados: "B., J. C. c/ L. B. A. C. A. D. S. S.A. s/ ORDINARIO", Expte. N° 14.060/03, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería Nº 2 (Expte. Nº84/2000).

I.- Que a fs. 267/292, la parte actora presenta recursos de inconstitucionalidad, art. 300 incs. 1º) y 3º) del CPr. y subsidiariamente casación contra la sentencia definitiva Nº 22/05 de fs. 252/266. El primer por violación del art. 169 de la Constitución Provincial y 287 del CPr., y el segundo por las causales previstas en el art. 288 inc. c) d) y e). Mantiene reserva del caso federal.

Con relación al recurso de inconstitucionalidad por violación del art.169 de la Constitución de la Provincia del Chubut, señala que la sentencia definitiva registrada n° 22/2005, aunque pone fin al pleito e impide la continuación del reclamo en estos autos y/o en ningún otro tipo de proceso judicial posterior (arts. 286 y 300 del CPr.), se encuentra gravemente viciada de nulidad en el tercer voto de la sala de origen al no haberse expresado fundamento y/o razonamiento alguno para la desestimación del segundo agravio de la parte actora.

Alega que, sin perjuicio del decreto de fs.245 que no fue notificado a las partes y que jamás fue el caso de autos que no se había podido formar mayoría, tampoco puede inferirse convalidación de ningún tipo ni especie mediante los actos y notificaciones cumplidos entre fs.245vta y 251 vta. toda vez que la nulidad que enuncia como sustento del recurso extraordinario de inconstitucionalidad recién ha sido conocido por ella al notificarse del texto y contenido de la sentencia definitiva nº22/2005.

Que resulta también inválido el cuarto voto, no sólo por la teoría del fruto del árbol prohibido, al acaecer la nulidad de la sentencia con el tercer voto; sino por cuanto considera cuando menos errónea la afirmación de fs.245 acerca de que no se habrían logrado las mayorías necesarias para la resolución del mentado segundo agravio, lo que carecería de sustento.

Que muy por el contrario, surge de la sentencia que en apariencia había técnicamente mayoría entre el primer y tercer voto, pero nulidad absoluta de la sentencia definitiva por violación del art.169 de la Constitución Provincial, por estar ausente la fundamentación, razonamiento y argumentación del tercer voto emitido para la desestimación del citado segundo agravio de esta parte actora.

Que también resulta admisible el recurso extraordinario de casación que se articula en forma subsidiaria al anterior de inconstitucionalidad, puesto que de la forma en que se habría fallado en la segunda instancia respecto del derecho del actor de reclamar a la demandada por las pérdidas e intereses directa e íntimamente vinculados al incumplimiento contractual de la segunda nombrada - rubro que estaría conformado por los mayores costos por capital actualizado, intereses, gastos, costas y honorarios por la ejecución prendaria que tramita en Jurisdicción de la Capital Federal-, no ya en estas actuaciones judiciales mediante la incorporación del "Hecho Nuevo" a la condena contra la accionada -aspecto que si fue sometido a la competencia del tribunal de Alzada, sino lisa y llanamente por el fallo "ultra petita" de segunda instancia que habría avanzado indebidamente sobre el fondo de tal derecho en cualquier otro proceso judicial ulterior, resultaría claro que se asiste en el caso a la situación de imposibilidad de continuación del reclamo que prevén ambos párrafos finales del art. 286 del CPr.

Que por otro lado, la sentencia deviene arbitraria, por cuanto los votos que habrían conformado la que califica de aparente mayoría, carecerían de fundamentos fácticos congruentes con el objeto litigioso conformado en las actuaciones judiciales, alejándose del tratamiento de las cuestiones debatidas, o directamente tratando otra que no fueron planteadas por ninguna de las partes; no expidiéndose sobre cuestiones esenciales que señala fueron oportunamente probadas y producidas en autos, o que se expidió sobre aspectos de fondo que no fueron sometidos a la competencia del Tribunal de Alzada, otorgando fundamentación aparente al fallo y contraviniendo con afirmaciones subjetivas, las pruebas y constancias de autos.

II.- El recurso de inconstitucionalidad, tal como lo prevé el art. 300 del ritual, se interpondrá y tramitará como el de casación. En virtud de esa expresa remisión corresponde efectuar el juicio de admisibilidad de ambos recursos, estatuido por el artículo 290, tendiente a analizar si se dan en el sub-júdice los recaudos formales que prevén los artículos 286 a 289, del ordenamiento procesal.

Cabe decir que el interesado presenta el escrito recursivo en término, señala con relación a la tasa de justicia que tiene beneficio de litigar sin gastos otorgado, constituye domicilio ante el Superior en la calle *** Nº *** (** Piso, Oficina "A"), acompaña copias de ley y el decisorio impugnado es sentencia definitiva.

a) Analizando detenidamente el material recursivo precedentemente extractado, cabe señalar que debe rechazarse la vía del recurso de inconstitucionalidad, el mismo sólo se abre cuando se ha discutido por parte interesada la constitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución local y la sentencia definitiva sea contraria a las pretensiones del recurrente (SCBs.As. 8/10/85, JA, t. 1986-IV, p.871, nº178).

En el caso el recurso de inconstitucionalidad es inadmisible pues la impugnación está dirigida contra la sentencia misma (CSBs.As., 29/10/74. Rep.Ed.t.9, p.972, nº3).

No obstante, es dable recordar que en esta provincia del Chubut el recurso de inconstitucionalidad conforma un resorte de defensa de los derechos y garantías constitucionales cuando fueren vulnerados por una decisión judicial que dé valimiento a normas de menor grado que los afecten, o cuando el pronunciamien-to jurisdiccional aparece en sí mismo violatorio de aquellas garantías (ST Chubut, 17/2/83. ED, T. 106. p.134).

Que la ley provincial incorpora como materia del recurso de inconstitucionalidad la revisión de los fallos por vicios que importen apartamiento de las reglas constitucionales que rigen la sentencia y el proceso. Obviamente así los vicios in procedendo que son materia de este recurso comprenden a todo el juicio y en la medida en que dentro de él los actos procesales se hubieren concretado con violación a los principios y garantías establecidos en la Constitución de la provincia (ST Chubut, 17/2/83, ED, T. 106,P.134); pretensión a la que alude este resguardo que esta dado por el recurso de casación donde se procura la enmienda del quebrantamiento de formas y solemnidades sustanciales del proceso o la sentencia.

Finalmente cabe concluir que con relación al recurso de inconstitucionalidad, este Tribunal ha dicho que, la causal prevista en el inc. 3º del art. 300 limita su alcance a las formas y solemnidades prescriptas por la Constitución de la Provincia para el dictado de fallos definitivos que no resuelvan cuestiones esenciales, carezcan de voto individual o se pronuncien sin fundamento normativo, de mas está decir que la simple mención de las garantías supuestamente afectadas es insuficiente para fundar tal recurso extraordinario (conf. "A., M. A. c/ O., M. A. y J., A. M. s/ MEDIDA CAUTELAR (Embargo Preventivo)", expte. Nº 13.902/03, sent. Interloc. del 15/03/05 reg. nº40/2005).

b) Con relación al recurso de casación incoado en subsidio, señala que existe violación al principio de congruencia. Que existen razonamientos vacíos de respaldo en los antecedentes de la causa, y afirmaciones infundadas y opuestas a lo probado en la primer instancia y a la postura procesal de la demandada en autos.

Que se agravian sus derechos de defensa y debido proceso adjetivo por dos motivos. El primero porque tanto el primer como el cuarto voto oponen al accionante -para rechazar el segundo agravio - razonamientos y fundamentos que -además de absolutamente infundados y opuestos a las constancias de autos- jamás la parte demandada ha articulado ni al contestar la demanda ni durante el curso del proceso ante la primera instancia.

El segundo porque ambos votos avanzan indebidamente sobre facultades resolutivas que dimanan del juego armónico de los arts. 217, 277 del CPr. al expedirse sobre el fondo del derecho del accionante a ser íntegramente indemnizado por la demandada por los mayores costos que sobre la deuda prendaria originó el juicio de ejecución prendaria radicado en jurisdicción de capital federal, cuando considera evidente que el Tribunal de Alzada se encontraba habilitado única y excluyentemente a dictaminar sobre la procedencia formal de incluir en autos la obligación de solventar los mayores costos de la ejecución prendaria, como fuera peticionado por el actor B. a fs.95.

Que en la sentencia se habría producido una "reformatio in pejus" al descartar el segundo agravio por los razonamientos y motivaciones expuestos en el primer y cuarto voto, y que ni bien se tiene en cuenta que habiendo sido oportunamente denunciado el hecho nuevo de fs. 95 incorporado por el juez de primera a fs. 104, y que fuera consentido por la demandada en base a su conformidad tácita, mencionada en los considerandos de la sentencia definitiva, pero que habrían sido olvidados involuntariamente de fallar en la primer instancia, resultaría que ante la petición del Sr. B. que el Tribunal de Alzada subsane la omisión procesal de pronunciamiento resolviendo formalmente la inclusión o no del hecho nuevo en la condena a la accionada, el primer y cuarto voto habrían avanzado mucho más allá del límite de su competencia declarando la hipotética carencia de derecho del accionante para ser acreedor contra la demandada por lo que entienden "riesgo no cubierto" en el contrato de seguro.

Que estos votos son autocontradictorios con el previo reconocimiento a favor del actor de su derecho a ser indemnizado por el "Lucro Cesante" producido por el incumplimiento contractual de la demandada.

Que el lucro cesante no deja de ser un daño que la mayoría de los casos no se encuentra inserto en los "riesgos asegurados" en la póliza de seguro respectiva, y que hasta en otros, aún excluido expresamente de la cobertura de seguro, los Tribunales de Justicia no han dudado en condenar invariablemente a ser pagado por parte de las compañías de seguros cuando estas últimas han incurrido en un injustificado y largamente prolongado incumplimiento a su compromiso contractual asegurativo, como seria el caso de estas actuaciones.

Hace mención de un reciente precedente jurisprudencial, concluyendo que la desestimación del segundo agravio del Sr. B. no solo se encontraría huérfano de sustento en las constancias de la causa, sin que se opondría frontalmente con las actuaciones cumplidas por el accionante, deviniendo en consecuencia el fallo de segunda instancia claramente arbitrario.

Hace reserva del caso federal.	Cabe decir que la parte invoca como causal la arbitrariedad, verificándose como en aquél, la observancia de las cargas mínimas para la viabilidad del mismo y como reiteradamente señaló este Cuerpo, en la fase de control que le es impuesta, no es su rol el de tomar una posición en defensa o ataque de su propio decisorio, corresponde declarar la procedencia formal del recurso planteado, teniendo en cuenta que el agravio que dice padecer con la omisión de normas específicas y la aplicación de una doctrina anacrónica, no puede ser posteriormente reparado.

Como esta Alzada lo manifiesta en todos los casos análogos, la procedencia formal acontece si la sentencia es descalificable porque lo decidido no resulta una derivación razonada del derecho vigente en atención a las circunstancias de la causa (JA 1997-I, síntesis, "C. D. S. C., S. I. y otros v. Provincia de Buenos Aires"); presenta defectos graves de fundamentación o ha omitido el tratamiento de una cuestión conducente planteada en primera instancia (JA 1997-I, síntesis, "S., R. H. y C. SA v. Bco. Central de la República Argentina"); o traduce conclusiones contradictorias por no apreciar con sentido crítico los elementos relevantes de la litis (JA 1997-I, síntesis, "C. Cía. F. SA s/ quiebra"), razones estas a las cuales cabe admitir el recurso de casación por las causales invocadas.

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1).- Declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad por las causales previstas en los incs. 1º y 3º del art. 300 C Pr.

2).- Declarar formalmente procedente el recurso de casación interpuesto en subsidio y admisble por la causal de arbitrariedad conforme art. 288 inc. c) d) y e) CPr., contra la sentencia definitiva Nº 22/05 de fs. 252/266. Elévense las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia. Constituya la contraria domicilio ante el Superior bajo apercibimiento de ley (art. 291 CPr).

3).- Tener presente la reserva del caso federal.

4).- Regístrese y notifíquese.

Fdo: Marta Susana Reynoso de Roberts -Presidente-; Nélida Susana Melero -Juez de Cámara-; Graciela Mercedes García Blanco -Juez de Cámara-; Silvia N. Alonso de Ariet -Juez de Cámara-; Fernando Nahuelanca -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 106 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS