marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, Cámara de Apelaciones, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BONAFIN, CESAR c/ COMPAÑIA ESSO SAPA s/ COBRO DE AUSTRALES     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     CSJ EXPTE NRO 777-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-03

No cuenta con adecuado sustento como para admitir la queja interpuesta, la hipótesis de arbitrariedad esgrimida por el quejoso, quien no demuestra que la interpretación efectuada por el a quo en torno del segundo párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica de los Tribunales -vigente a la fecha de la petición-, referida a la constitución de Tribunal Integrado, sea irrazonable en grado tal como para ser descalificada en esta sede extraordinaria. Máxime si salvo la mera afirmación de que el patrocinante del trabajador intervino en la redacción de la norma, no se aporta ningún elemento que persuada acerca de que la única exégesis posible sea la propiciada por el quejoso; advirtiéndose por el contrario, que el criterio de los sentenciantes se ha plasmado con claridad en la ley 10160.
Costas, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Wozniu, Mayo Rawson c/ Tinnirello, Alberto José Luis s/ División de Condominio e Hipotecas  Aplicación Ley PropiedadHorizontal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1974-02-27

Si bien el artículo 68 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, pone a cargo de la parte vencida en el juicio las costas, el artículo 70 del mismo cuerpo legal, en su inciso 1°, excluye de esas costas, cuando hubiere reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación. Y ese allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo.
Seguros, determinación del monto, indemnización, prueba pericial, reconocimiento del derecho del asegurado, plazo, silencio, documentación administrativa, pronunciamiento inoficioso, actos ineficaces
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Hormigon Rapido SA c/ Boston Cía. de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-03

Asimismo, el requerimiento también contenido en esa misiva referente a la documentación requerida no tuvo, con excepción de la denuncia policial, ninguna aptitud orientada a posibilitar o facilitar el pronunciamiento o la aceptación de la cobertura sino, antes bien, sólo a habilitar el eventual pago consiguiente al reconocimiento del derecho del asegurado. Tales datos solicitados no guardan relación alguna con la evaluación del siniestro por parte de la aseguradora sus liquidadores, esto es, con la necesidad de verificar el siniestro y la extensión de la prestación del asegurador. 4 - Por último cabe agregar que el requerimiento de la "denuncia policial y/o acta de choque" resultó en la especie irrazonable y, por tanto, inhábil para provocar la interrupción del plazo contemplado por la LS 56, toda vez que aquella denuncia policial ya había sido entregada al productor de seguros interviniente.
Títulos ejecutivos, certificado de deuda
Materia: PROCESAL
Carátula: Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/ Chubut, Provincia del s/ ejecución fiscal c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-28

Las leyes en general elevan a la categoría de títulos ejecutivos a los certificados de deuda, autorizando a suscribir tales documentos a los jefes de los respectivos organismos; si bien la ley procesal no especifica los recaudos básicos que deben reunir tales instrumentos, resulta necesario que sean expedidos en forma que permita identificar con nitidez las circunstancias que justifican el reclamo por la vía elegida.
Fundamentación de sentencias, indemnización, deberes del juez
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: G. Y., M.E. y Otros c/ E. SRL y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-04-27

La Corte viene sosteniendo, desde hace tiempo que para la determinación del resarcimiento, las normas aplicables confieren a la prudencia de los magistrados un significativo cometido, mas no los autoriza a prescindir de uno de los requisitos de validez de los actos judiciales, cual es la fundamentación. Dicho de otra manera: el hecho de que se ejercite una facultad discrecional no justifica ni legitima la omisión del deber de fundar el pronunciamiento. De allí que sea descalificable el fallo que al determinar el monto adopta como pautas generalidades que no permiten la apreciación certera del proceso racional seguido por el sentenciante. La motivación no tiene pautas asépticamente jurídicas, sino que al juzgar prudencialmente sobre la fijación del resarcimiento no deben ser desatendidas las reglas de la propia experiencia y del conocimiento de la realidad. Se impone al tribunal el deber de examinar las pretensiones deducidas, prudentemente, y verificar si se han producido los perjuicios que se reclaman, evitando cuidadosamente no otorgar reparaciones que puedan derivar en soluciones manifiestamente irrazonables.
Ley de empleo, registros laborales, indemnización, intimación al empleador, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Ortíz, Luis Javier c/ Bujer, Darío Mansur s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-04-27

Los treinta días que menciona el art. 11 de la ley de empleo se deben adjudicar al plazo de que dispone el empleador fehacientemente intimado para proceder conforme al requerimiento fundado en uno o más de los supuestos contenidos en los arts. 8, 9 y 10 de aquel texto legal, esto es, a regularizar la situación registral del intimante inscribiéndolo en los términos que los mismos artículos indican; pero, en un plazo razonable, y que se rige por las pautas del art. 57 LCT, debe responder a la intimación haciendo saber al dependiente cuál ha sido su decisión. Ello, por el principio elemental de buena fe que debe primar en la conducta de las partes en todo momento de la relación laboral, y que se vería menoscabado si se autorizase al empleador a ampararse en el plazo de treinta días para responder, manteniendo, mientras tanto, al obrero sujeto a una dependencia que, en la casi totalidad de los casos, resultará insostenible.
Suspensión del juicio a prueba, confirmación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: B. N. c/  s/ suspensión del proceso a prueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-13

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "B., N. s/ probation" (causa Nº 37.520/2017) rta. el 13/9/2018, por el cual Magdalena Laiño confirmó la resolución que hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba.

Fuente del sumario: OFICIAL
Suspensión del juicio a prueba, Cámara de Apelaciones, tribunal de alzada, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Santana, Enrique Luis s/ Suspensión de juicio a prueba
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-04-14

El art. 266 del código de rito determina con claridad a la Cámara de Apelaciones como tribunal de alzada del juez de ejecución en los incidentes de suspensión del juicio a prueba. Ello también encuentra apoyatura en el art. 20, que regula la competencia de la Sala Penal de la Cámara, y deja en claro que las resoluciones que se dicten en el marco de estos incidentes se encuentran sujetas a un recurso de carácter ordinario, situación que otorga a las partes un marco de revisión de mayor amplitud que el acordado a la instancia casatoria.
Locación de inmuebles, condominio, vencimiento del plazo, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: VITATERNA, Blas c/ BARLOCO, Ricardo s/ LOCACION-DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-16

La voluntad de cada uno de los condóminos de un inmueble queda enlazada a la del conjunto solamente durante el tiempo establecido en el contrato de locación; vencido éste, ningún condómino podría ser obligado por los demás a prolongar el contrato de locación; para ello se necesitaría el consentimiento de todos los copropietarios.
Auto de procesamiento, constitucionalidad
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Antoniotti, Marcelo y Núñez Gerardo s/ Hurto en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-08-05

En suma, en el proceso a que estaba sometido el imputado su procesamiento únicamente podía ordenarse por el juez dentro del plazo del artículo 278 o antes de estimarse completa la instrucción, mediante la revocación y reforma de oficio del auto de falta de mérito (art. 283). Con la reforma de los artículos 318 y 322, no obstante no concurrir ninguna de estas situaciones hasta el dictado del decreto que estima completa la instrucción, el imputado resulta igualmente procesado -si es que se entiende que en el auto de remisión a juicio queda comprendido el de procesamiento- quedando sometido a la etapa de juicio.

No se trata, como se ve, de asumir facultades legislativas ni de revisar los actos de los otros poderes en desmedro de su equilibrio. Se trata de la incuestionable facultad que tienen los jueces para declarar la inconstitucionalidad de aquellas disposiciones que alteran los principios, garantías y derechos consagrados por la ley suprema de la Nación (art. 31, C.N.; art. 154, C.P.). (del voto del Dr. Carranza, en minoría)
Nulidad de sentencia, sentencia arbitraria, prisión preventiva, revisión judicial
Materia: PENAL
Carátula: Fischer, Daniel Alejandro c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-27

Corresponde anular la decisión que confirmó la prisión preventiva si no analizó de forma específica y concreta la situación de cada uno de los imputados, según los riesgos procesales que podrían verificarse en autos, y la remisión genérica efectuada por el a quo a la decisión adoptada por la Sala IV hace más de seis meses -al tratar planteos relativos a la eximición de prisión y excarcelación- también desconoce la provisionalidad como característica propia de esta clase de medidas cautelares, en cuanto exige el control o revisión judicial periódico y constante sobre la subsistencia de los motivos que justificaron su dictado, lo que en el sub lite no ha sucedido. Dres. Hornos, Gemignani, Borinsky.

Fuente del sumario: OFICIAL
Recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., J. A. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-07

No ha de prosperar el agravio sobre las costas impuestas a la recurrente en el auto denegatorio, en tanto sabido es que tal planteo se trata de una cuestión de materia procesal, de derecho común, extraña al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria local, propia de los Jueces de la causa y ajena, en principio, al recurso previsto en la ley 7055, excepto aquellos supuestos de manifiesta arbitrariedad, extremo que desde la generalidad en la que ha sido postulado, no logran demostrar los impugnantes su configuración en el caso. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Falistocco y Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DELLA GIUSTINA EDGARDO c/ SALVADOR R.CARBONI S.A. Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-03-28

Con respecto al artículo 13 de la Ley 24432 su aplicación es privativa de los jueces de la instancia respectiva quienes,ante determinada circunstancia como ser la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, deberán valorar tales extremos y consecuentemente podrán incluso dejar de lado los mínimos arancelarios dispuestos, en este caso, por la Ley 7046 ello sea dicho dentro de los límites impuestos a esta casación por los agravios del recurrente y los fundamentos esenciales dados por el tribunal de grado en su resolución regulatoria.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, indemnización, intereses, tasas de interés, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: YOSSEN, MIGUEL ANGEL c/ ZINI, EMILIO NORBERTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-08-16

No se advierte que la solución de la Alzada de fijar una tasa del 12 % anual desde la fecha del hecho a la indemnización por incapacidad sobreviniente llegue a montos indemnizatorios desproporcionados e irrazonables, ni se acredita el efecto distorsionante de la realidad económica ni la violación de la prohibición de indexar prevista en la Ley de Convertibilidad, máxime cuando el tema involucrado obedece a procesos esencialmente cambiantes que reclaman la búsqueda por parte de los tribunales de justicia de instrumentos idóneos a fin de proteger adecuadamente la concreta vigencia de los derechos constitucionales comprometidos, tanto del deudor como del acreedor. En relación a este punto, el máximo Tribunal de Justicia de la Nación ha sostenido que lo concerniente a la aplicación de las tasas de interés queda al libre albedrío de los jueces, "...con arreglo a la realidad vivida y con el solo valladar de no caer en absurdo..." . Asimismo, tiene dicho este Cuerpo, que el tópico atinente al cálculo de intereses constituye una cuestión de índole fáctica y procesal, en principio ajena a la instancia extraordinaria, sin que ello obste a invalidar lo resuelto cuando no se repare en que el resultado económico a que se arriba no se corresponde en forma objetiva y razonable con los valores en juego y se ha desatendido de las consecuencias patrimoniales del fallo. (Citas: CSJN Fallos 317:507; 323:2122, "Banco Comafi S.A. contra Cardinales", Fallos 326:244. CSJStaFe AyS T 217 p 53)
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montalivet Nestor H. y otros c/ Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-29

En la era actual se entiende por antijuricidad una contradicción entre la conducta y el ordenamiento jurídico apreciado en sentido unitario. Este presupuesto del dar respuestas es independiente de la voluntariedad y de la culpabilidad -o con más amplitud- del factor de atribución. En concreto, en la responsabilidad civil, la antijuricidad no es otra cosa que causar un daño a otro sin causa justificada.
Sentencia, recurso extraordinario federal, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: V.M. Pinto, Vega Aciar y C. F. Avellaneda en causa 117/94 Luque, G. D. y Tula L.R. - Homicidio preterintencional-Casación c/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-09-15

Corresponde denegar los recursos extraordinarios interpuestos, ya que la sentencia recurrida cuenta con una construcción argumental suficientemente fundada, razonada, lógica y coherente, por cuanto tiene fundamentos de hecho y de derecho, que al margen de su acierto o error aparecen sin embargo como suficientes, en la medida en que no media una decisiva carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco para la solución normativa del caso, por lo que se reputa constitucionalmente acto judicial válido, insusceptible de la tacha de arbitrariedad.
Tasa de justicia, monto del juicio, monto de la demanda, monto indeterminado
Materia: PROCESAL
Carátula: Entel -en liquidación c/ Iata S.A. s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-17

Si bien es cierto que la existencia y monto de los daños y perjuicios sólo adquiriría certeza después de las resoluciones que sobre el fondo del asunto se dicten, no puede dejar de advertirse que la determinación de la tasa de justicia no se efectúa sobre la parte en que prospera la demanda sino sobre su reclamo al momento de su iniciación (confr. art. 4º, inc. a de la ley 23.898), cuya cuantificación en el caso no resulta de imposible realización.
Declaración de puro derecho, régimen de reparto, constitucionalidad, revocación de sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: HOFFMANN, ROBERTO c/ A.N.Se.S s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-16

La excepción contemplada por el art. 16 de la ley 24.463 permite al ente previsional plantear la limitación de recursos del Régimen de Reparto, siendo éste un aspecto que necesariamente, ha de dilucidarse en la etapa de conocimiento, toda vez que constituye un elemento imprescindible para evaluar la validez constitucional de las normas atacada por el actor. Ello permite concluir que la excepción de marras se trata de una defensa en el cual el demandado alega una circunstancia extintiva relacionada con el fundamento de la pretensión del actor, y que en la medida en que ella sea probada, quedaría en claro la validez jurídica de las normas legales atacadas y consiguientemente, la inexistencia del derecho en el cual el demandante fundamenta su pretensión. En consecuencia, corresponde revocar el auto que declara la cuestión de puro derecho, y declarar la procedencia de la defensa esgrimida por el A.N.Se.S. (Disidencia del Dr. Laclau).
Recurso extraordinario federal, sentencia definitiva, improcedencia del recurso, continuación del proceso judicial, prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Curia, Alberto Vicente s/ 1 - LN 13.944 (incumplimiento de los deberes de asistencia familiar)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

El recurso extraordinario federal debe ser concedido toda vez que fue oportunamente presentado, satisface los recaudos establecidos en la acordada n° 4/2007 de la CSJN por lo cual resulta formalmente admisible y la recurrente plantea con éxito una cuestión federal (art. 14, ley n° 48) que guarda relación directa con la resolución de esta causa, en tanto acierta al señalar que la interpretación efectuada de las normas que regulan el régimen de prescripción resulta arbitraria y las torna inoperantes, afectando directamente el principio de legalidad y la defensa en juicio de conformidad con el art. 18 de la Constitución Nacional. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Competencia laboral, relación de dependencia
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ BARCENA, MARCELO CARLOS c/ GONZALEZ LELONG, LUZ MARIA s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

Conforme al art. 20 de la ley 18.345 la Justicia Nacional del Trabajo tiene competencia, en razón de la materia, para atender en las causas entre trabajadores y empleadores relativas al contrato de trabajo, aunque se funden en disposiciones de derecho común.

La amplitud del texto legal citado, importa que todas las cuestiones que se originan o derivan de la relación laboral, deben ser dirigidas ante el Juez de dicho fuero.
Responsabilidad del Estado, arbolado público, bienes públicos del Estado, caso fortuito
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Torres, Miguel Angel c/ G.C.B.A. s/ Daños y perjuicios (Excepto Resp. Médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-11

La Ciudad de Buenos Aires debe responder por los daños que sufrió un ciudadano al caer encima de su vehículo un árbol inserto en la vía pública, pues no se ha demostrado que los vientos hayan tenido la magnitud para considerárselos extraordinarios y, en consecuencia, tener la entidad de ser tildados como un hecho fortuito.
Demanda, ley procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Solano, Candelaria c/ Burgos, Luis Rene y/o Confitería La Vieja Esquina y otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-09-24

Los recaudos de la ley procesal han sido establecidos como una carga para el actor, que definirá eventualmente la suerte del proceso, sin que todas las exigencias configuren un mero ritualismo formal. Por el contrario, tienden a evitar el entorpecimiento del proceso y la violación del derecho de defensa.
Concursos, compraventa inmobiliaria, resolución del contrato, contratos en curso de ejecución
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOLARI SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-25

La resolución del contrato de compraventa de un inmueble en los términos de la Ley 24522 art. 143-3°, no obsta a la determinación de las responsabilidades que por incumplimiento puedan atribuirse a las partes involucradas en el negocio, pero esa determinación no impide la restitución del bien, a tenor del estado de la quiebra y lo informado por la sindicatura, respecto de la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones pecuniarias derivadas del contrato; más, no correspondiendo en este estado del trámite determinar culpas o interpretar el alcance de cierta cláusula contractual -que eximiría al vendedor de devolver lo cobrado-, resulta procedente el pedido de cautela, constituída por la suma efectivamente pagada por el fallido.
Aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Toledo, Silvia del Carmen c/ I.P.S.A.S. s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-06-05

El principio de irrectroactividad de la ley es de carácter legal no constitucional. Está consagrado en el Código Civil, por lo tanto puede ser dejado sin efecto por otra ley. Si bien, a tenor del art.

3 la retroactividad debe estar expresamente establecida por la ley, pues no será retroactiva salvo disposición en contrario, no significa que ella deba quedar formulada de manera sacramental, sino que puede surgir implícitamente de su texto.
Jubilación por invalidez, porcentaje de incapacidad, porcentaje inferior al mínimo, interpretación de la ley, interpretación amplia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GOMEZ, TERESA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-23

La brecha existente entre el porcentaje de invalidez detectado por los peritos médicos forenses (en el caso, 56,43%) y el exigido por la norma para acceder al beneficio, impide efectuar una interpretación amplia de aquélla; máxime si se advierte que en el porcentaje de incapacidad determinado ya fue incluido el correspondiente a factores complementarios, a saber: edad y nivel educativo (8,38%). (Disidencia del Dr. Fernández)
Excarcelación, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: Dorado, María Rosa s/ Incidente de excarcelación (hurto reiterado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-08

La mayor benignidad, art. 2 C.Penal, conforme pacífico criterio jurisprudencial no debe contemplar determinados artículos, aplicando cada una de las leyes separadamente, componiendo un estatuto mixto con las disposiciones más favorables de las distintas leyes, sino que ha de decidirse por la aplicación completa de la que se estime más favorable. Lo contrario importaría componer una ley que nunca existió.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)