Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-31


Reg.: A y S t 283 p 427/431.

Santa Fe, 31 de julio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado contra la sentencia 220 del 25.06.2015, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Venado Tuerto, en autos "BOFFO, MAURO ITALO contra BANCO SANTANDER RIO S.A. -COBRO DE PESOS- (EXPTE. 232/15)" (Expte. C.S.J. CUIJ Nº: 21-00511803-1); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que el Juez de Primera Instancia hizo lugar a la demanda porque entendió que el Banco había incumplido la obligación de reintegrar las últimas 24 cuotas del crédito hipotecario que el actor había adquirido según los términos de la contratación, por lo que ordenó la devolución de las mismas (art. 10 bis inc. a, ley 24240), más daño moral y punitivo. Apelada que fuera dicha resolución, la Cámara revocó únicamente lo dispuesto en relación a la sanción impuesta al demandado, confirmando la sentencia en los restantes aspectos.

Contra tal pronunciamiento dedujo el accionado recurso de inconstitucionalidad alegando apartamiento normativo, jurisprudencial y de las constancias de la causa.

Reprocha que los Jueces analizaran el caso a la luz de la Ley de Defensa del Consumidor, al entender que la relación entre las partes era de consumo a partir de la suscripción de un contrato de adhesión por el cual el actor había accedido a determinados productos bancarios para adquirir el préstamo hipotecario.

Aduce que el vínculo contractual quedó establecido a partir del otorgamiento de un crédito para la compra de una vivienda familiar que se materializó a través de la firma de una escritura, siendo las demás operaciones (como la apertura de una cuenta especial) secundarias y al solo efecto de intentar obtener un beneficio (bonificación de las últimas 24 cuotas del préstamo), por lo que la Cámara había prescindido del correcto enfoque normativo.

Refiere que la sentencia cuestionada se contradice con otras causas resueltas por la misma Cámara, donde afirma que "el Ad quem no echó mano a la Ley de Defensa del Consumidor para fallar a favor de la parte más débil (el consumidor) y sí lo hizo a favor del banco", sin dar fundamentos suficientes que justificaran el cambio de criterio.

Critica que el Tribunal concluyera que el actor se encontraba calificado para obtener la beneficiosa línea de crédito y que sostuviera que, en todo caso, quien se encontraba en mejores condiciones de probar que no podía acceder a la misma era el Banco; aspecto que por lo demás, dice, luce demostrado en la causa.

Cuestiona que el A quo confirmara la condena a pagar daño moral, con sustento en que en el caso no se produjo el hecho que hubiera ocasionado en el actor una lesión de tal tipo, esto es la ejecución de su vivienda como consecuencia del incumplimiento del no pago de las cuotas del crédito en tiempo y forma.

2. La Alzada, mediante resolución 239 del 22.11.2017, denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, por entender que el recurrente no había introducido oportunamente la cuestión constitucional y que los planteos evidenciaban tan sólo su disenso con lo resuelto por los Sentenciantes en cuestiones de derecho común, materia ajena a la instancia extraordinaria.

Tal denegación motiva su presentación directa ante esta Corte.

3. La lectura de los argumentos traídos a consideración de este Tribunal en el memorial del recurso de inconstitucionalidad, en confrontación con los antecedentes del caso, revela la mera discrepancia del compareciente con los fundamentos expuestos por la Alzada al emitir el pronunciamiento.

Ello es así por cuanto se advierte que, aunque invoca causales de arbitrariedad, toda la argumentación desarrollada -pese al matiz constitucional que pretende otorgarle- remite a cuestiones de hecho, prueba y de interpretación de normas de derecho común, materias propias de los jueces de la causa, que no incumbe a esta Corte revisar por esta vía de excepción.

Cabe recordar que en el caso, en lo que aquí interesa, el actor interpuso demanda sumarísima con sustento en la ley 24240, alegando que había contratado con el Banco demandado una línea de productos a los fines de acceder al otorgamiento de un crédito hipotecario por 10 años con la bonificación de las últimas 24 cuotas, aspecto este último que reputó incumplido, por lo que solicitó su devolución más daño moral. El Juez de Primera Instancia hizo lugar al reclamo, resolución que luego fue confirmada por la Alzada.

Para así decidir, la Cámara inicialmente se refirió a los agravios vertidos por el demandado en relación al ámbito normativo donde se había analizado la pretensión, esto es la Ley de Defensa del Consumidor.

En tal sentido, para desechar la postulación de que en el caso se trataba de un negocio bancario contractual tradicional que debía examinarse a través del derecho común, consideró que la relación entre las partes, además de tener fuerzas dispares, no se había agotado en un sola operación sino que había sido compleja porque para la obtención del crédito solicitado se requería la adquisición de otros productos que el demandado ofrecía y que el carácter de consumidor del actor había sido reconocido por el propio Banco en sucesivas resoluciones.

Sentado ello, los Jueces se refirieron en primer lugar a la pretensión de devolución de las últimas 24 cuotas del préstamo (art. 10 bis inc. a, ley 24240) y señalaron que la cuestión se circunscribía a la interpretación y el alcance del contrato celebrado. Y, aunque partieron de considerar que no existía cláusula que reflejara tal bonificación, advirtieron que el Banco sujetaba tal beneficio a la adquisición de determinados productos financieros (cuenta "Infinity" o "Super Cuenta 3") ajenos al mutuo hipotecario y que de las constancias de la causa surgía la convicción del cliente de haberlos contratado a fin de adquirir aquella línea de crédito.

En relación con lo cual hicieron puntual referencia a la declaración del empleado que había atendido al cliente y encargado de la gestión administrativa del préstamo, quien daba razón a lo expresado por el actor; y a lo manifestado por el demandado en cuanto a que se podía acceder al referido crédito bonificado adquiriendo determinados productos financieros, los cuales se obtenían según los ingresos del solicitante, mas sin explicitar el monto requerido ni que el actor no hubiese reunido tal requisito.

Recaudo relativo al ingreso del consumidor que, a su vez, los Sentenciantes no hallaron establecido en el "Anexo Normativo" agregado en los autos, del cual advirtieron -por otro lado- que por el modo en que estaba impreso y la asignación de los logos que la empresa efectuaba a cada producto, podía llamar a la confusión respecto de qué producto se estaba contratando, coligiéndose que el actor bien podía haber creído que estaba obteniendo la cuenta exigida para la obtención del beneficioso préstamo.

Sumado a ello, confrontaron las notas del Banco que rechazaban el beneficio solicitado (por no haber cumplido el actor con la contratación del tipo de cuenta requerido en las condiciones de la promoción) con la "Solicitud de crédito inmobiliario" donde el actor al realizar la "declaración jurada del destino de fondos del préstamo" autorizó a debitar sumas de su cuenta "Infinity"; como así también con lo expresado en la "Solicitud para personas físicas" donde los casilleros correspondientes a los tipos de productos que solicitaba el actor se encontraban vacíos.

Finalmente, destacaron los resúmenes de cuenta acompañados por el accionante donde se hacía referencia a una "Super Cuenta Río", siendo que tal calificación es genérica y admite 3 variantes, "Super Cuenta 1", "Super Cuenta 2" y "Super Cuenta 3" (requerida para el acceso al crédito en cuestión); y consideraron que ello no podía suponer que el cliente tuviera conocimiento de que el producto que había contratado estuviera excluido del beneficio mencionado.

De todo lo cual la Cámara concluyó que el demandante había contratado con la convicción de que adquiría un producto que le permitía acceder al crédito bonificado, por lo que correspondía ordenar al Banco la devolución de las últimas 24 cuotas del préstamo hipotecario.

Frente a tales argumentos, el recurrente no alcanza a demostrar un supuesto constitucional hábil para franquear esta instancia extraordinaria en tanto con sus alegaciones, tal como han sido traídas a conocimiento de esta Corte, no logra desvirtuar el núcleo sentencial de la Alzada dejando traslucir -como se anticipara- tan sólo su mero disenso con lo resuelto por los Jueces de la causa en cuestiones que les resultan propias.

En efecto, tal discrepancia se infiere de los cuestionamientos vinculados al marco normativo donde se analizó la cuestión ya que si bien sostiene que la relación entre las partes no debía regirse por las normas consumeriles, lo cierto es que no logra demostrar irrazonabilidad en lo resuelto por el A quo cuando, considerando las circunstancias de la causa y haciendo especial hincapié en que el actor había solicitado un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda familiar que involucraba otros productos bancarios suscribiendo un contrato de adhesión, entendiera que el vínculo debía ampararse en lo dispuesto por la Ley de Defensa del Consumidor.

También carecen de contundencia las invocaciones sobre apartamiento de jurisprudencia de la misma Cámara ya que, tal como han sido expuestas, no resultan suficientes para acreditar similitudes con la presente causa pues los mismos Sentenciantes, al momento de resolver el recurso extraordinario, sostuvieron que la principal diferencia entre ambos casos residía en el ámbito probatorio ya que en uno no se había demostrado motivo alguno para condenar al banco y en el otro sí (fs. 30/30v.).

Igual suerte habrán de correr las livianas postulaciones que se vinculan a la ponderación que los Magistrados efectuaron de la prueba producida para arribar a la conclusión favorable al actor, en tanto sólo se limita a expresar genéricamente su disenso interpretativo de las constancias de la causa sin que ello sea suficiente para controvertir el análisis que efectuó la Cámara valorando el material probatorio.

Por otro lado, la Alzada confirmó el pronunciamiento en cuanto a la condena por daño moral al entender que se encontraba demostrado el estado de angustia que le había ocasionado la posibilidad de perder su vivienda, señalando en particular una declaración testimonial que aseguraba que el actor vivía en el inmueble con su grupo familiar, de lo que se infería el cumplimiento contractual por parte de aquél de habitar el hogar.

Ante lo cual tampoco lucen suficientes los cuestionamientos ensayados por el demandado que se centran en la inexistencia de la referida lesión y en que, en todo caso, se hubiese originado ante la posible ejecución de la vivienda por la falta de pago de la cuota en tiempo y forma. Ello es así ya que omite hacerse debidamente cargo de los fundamentos brindados por los Jueces cuando consideraron comprobado el daño atento a que el accionante tuvo que solventar las últimas 24 cuotas porque el Banco se negaba a bonificarlas, ante la posibilidad de que se le ejecute el inmueble.

En consecuencia, la decisión a la que arribó la Alzada podrá o no ser compartida, pero no puede descalificarse por inconstitucional toda vez que el impugnante con sus alegaciones no demuestra la configuración de los vicios esgrimidos.

Es que, en definitiva y tal como se anticipara, lo decidido giró en torno a cuestiones que resultan propias del ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa, frente a lo cual la crítica vertida por el compareciente no suscita materia idónea para franquear la vía extraordinaria que, como esta Corte ha señalado en numerosas oportunidades, no tiende a revisar el criterio de los juzgadores ni el acierto con el que los mismos han merituado las constancias de la causa en el ejercicio de funciones privativas (A. y S., T. 54, pág. 382; T. 55, pág. 212; T. 59, pág. 319; T. 62, pág. 386; Fallos:297:29; 300:1039; 301:1062, entre muchos otros), sino que sólo encuadra en aquellos casos en que media absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución prevista para los mismos.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA - FALISTOCCO - NETRI - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Melincué.