marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: G., L. I. c/ C. D. T. D. T. "L. U. de P. M." y otro s/ Cobro de Pesos- Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-16

La eficacia de las presunciones legales de índole "iuris tantum" consiste en tener el hecho al que se refieren por cierto provisionalmente, hasta prueba en contrario, ellas conducen a que la parte perjudicada se vea ante el imperativo en el propio interés de demostrar que ese hecho presumido no es exacto . Así pues, sin llegar a darse en estos supuestos una "inversión" de la carga de la prueba en estricto sentido técnico-científico, en la praxis la presunción funciona como tal: fijado en el proceso el hecho base de la presunción, al beneficiario de ella le es innecesario probar más y a partir de allí surge una carga probatoria nueva para su adversario, la de acreditar la inexistencia del hecho presumido.
Revocación de sentencia, flagrancia, régimen penal de la minoridad, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: A. W., M. A. s/aplicación del régimen de flagrancia e inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-30

Magdalena Laíño, en disidencia, se expidió en pos de revocar la decisión y declarar la inaplicabilidad al caso del régimen de flagrancia disponiendo que se sustancie por las reglas del régimen común. Precisó que ".En lo que concierne al planteo de inaplicabilidad del régimen de flagrancia a la situación de los menores en conflicto con la ley penal, y sin desconocer que la cuestión no se encuentra definitivamente zanjada, adhiero a la postura que asumiera el Dr. Mauro Divito al expedirse en la causa nº 78945/2018/CA1 "S. P., F. R" (CCC, Sala I, rta. el 20/12/2018), la que sigue en lo sustancial los lineamientos fijados por el Dr. Pablo Jantus -en minoría- (CNCCC Sala 3, causa nº 5478/2017/CNC1 "G., A. N. y P., K. A. s/ robo con armas", Reg. 246/2017, rta. el 04/04/2017)..." y por los motivos allí expuestos, a los cuales se remitió en honor a la brevedad, estimó que el régimen de flagrancia establecido en la ley 27.272 no se ajusta al Régimen Penal de la Minoridad (cfr ley 22278) por omitir las singularidades propias de ese sistema (que busca, en lo primordial, la resocialización del joven infractor) y desatiende los lineamientos de la CIDH e instrumentos internacionales, soslayando inclusive la doctrina sentada por la CSJN en el caso "Maldonado" (Fallos 328:4343) donde precisó que la interpretación de la ley de menores 22278 y del sistema penal juvenil debería pivotear sobre la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad, las Reglas de Beijing y las Directrices de Riad. Añadió que ello también entra en sintonía con la regla hermenéutica internacional que busca privilegiar el interés superior del niño y obliga a los Estados a disponer las medidas necesarias a tal fín. En consecuencia concluyó que en el caso bajo estudio resulta atendible la pretensión del recurrente por resultar en definitiva la aplicación de las reglas ordinarias mas respetuosas de la garantía de un "juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso" y permitir un ejercicio mas amplio del derecho de defensa.
Tráfico de estupefacientes, denuncia anónima, principio de congruencia, Gendarmería Nacional, requisa del automotor
Materia: PROCESAL
Carátula: Acuña, Carlos Dante. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-07

El voto concurrente resaltó que la posibilidad de iniciar investigaciones referidas al tráfico de estupefacientes mediante una noticia anónima se encuentra prevista en el art. 34 de la Ley 23.737; se trata de un mero anoticiamiento, que constituye una fuente de conocimiento extraprocesal que habilita el inicio de la investigación. Recordó que el principio de congruencia descansa sobre una identidad fáctica y no sobre la calificación jurídica que se le otorgue a la intervención del imputado en el hecho. Señaló que constituyó un procedimiento efectuado en el marco de un operativo de prevención y seguridad que realizaba Gendarmería Nacional en un Ruta Nacional con personal facultado para la inspección de vehículos que procedió a la requisa en razón de verificar que Acuña mostraba signos de nerviosismo, aunado a que la chapa patente del camión no cumplía con las medidas reglamentarias y que los paneles internos de la caja térmica estaban desalineados y con signos de reciente alteración. Así, existió desde el punto de vista de un observador objetivo un estado de sospecha suficiente que justificó el procedimiento y la requisa en los términos del art. 184 inc. 5° y 230 bis del C.P.P.N. Borinsky -voto concurrente-.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, fallos de la Corte Suprema, apartamiento de la doctrina de la corte
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Héctor Juan FERREYRA c/ Y.P.F. s/ IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  CUESTION NO FEDERAL -  INTERPRETACION DE NORMAS Y ACTOS COMUNES - ACCIDENTES  DEL  TRABAJO -  PRUEBA DE TESTIGOS - PERITOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

El apartamiento de precedentes de la Corte no confiere naturaleza federal a la cuestión.
Acción de inconstitucionalidad, derecho a la vida, métodos anticonceptivos, anticoncepción hormonal de emergencia, establecimientos asistenciales, hospitales públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., D. J. s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY 3999/05)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-01-28

[.] se advierte además, que siendo de público y notorio que no se distribuye y se encuentra vedado a las menores, según el prospecto del Segurite Levonorgestrel D, (concentración de 1,5 mg) en cuanto se define expresamente como anticonceptivo de emergencia, y puede ser usado dentro de las 72 horas de una relación sexual sin protección alguna, con uso reservado para mujeres adultas, implica ello que la droga sigue actuando, no sólo después de la concepción, sino también luego de ser definidos los cromosomas de la persona humana.

Es decir, que el actuar en ese plazo de 72 horas, cualquiera sea la posición que se tenga respecto de la concepción, implica sin dudas la expulsión de esa persona del seno materno, lo que siempre ocurre antes de su implantación o anidación.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, accidentes de trabajo, relación de causalidad, Derecho laboral, trabajador, incapacidad, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Vega, Desiderio Leónidas c/ Frigorífico Villa Diego s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Cobro de  Australes (Expte.: C.S.J. Nro. 612 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-07-08

Corresponde rechazar la queja desde que las tachas de arbitrariedad endilgadas a la resolución cuestionada sólo traslucen el mero desacuerdo del compareciente para con lo decidido por el Tribunal a quo al desestimar la pretensión indemnizatoria (ley 9688), por entender que no existió conexión entre el accidente denunciado y la incapacidad laborativa del actor. Para así decidirlo, la Sala analizó las actuaciones y sostuvo que el actor no cumplió con la carga probatoria (por aplicación del principio de inversión de la prueba -artículo 5, ley 9688), es decir, no logró demostrar el nexo de causalidad para que opere la responsabilidad de la empleadora, no obstante el reconocimiento de ésta acerca de que el mismo ingresó sano y apto, expresando que aunque así hubiera sucedido ello no permite siquiera presumir que hubiera ocurrido el accidente, según lo describe, de carácter traumático, súbito, violento y externo invocado en la demanda, circunscripto a un acontecer concreto y puntual en un día determinado. Lo expuesto demuestra que los juzgadores de la causa no incurrieron en una apreciación incorrecta y rigorista del plexo probatorio acompañado, ni se apoyaron en afirmaciones dogmáticas, pues no se advierte que los mismos al decidir se sustentaran en su personal criterio, ni se apartaran de la normativa vigente al momento del accidente, como del mecanismo de presunciones probatorias que prevé dicha legislación, sino que le otorgaron a las probanzas de la causa una interpretación y alcance distinto al que aspiraba el recurrente, al restarles valor convictivo para acreditar el nexo de causalidad entre el accidente invocado por el actor y su incapacidad laborativa, para que resulte aplicable la ley 9688 y, en consecuencia, proceda el reclamo indemnizatorio.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cantarelli, Eduardo c/ Yuston, Oscar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-14

No cabe endilgar al damnificado la decisión de haber prescindido voluntariamente del uso que daba a su vehículo por el solo hecho de haber optado por su venta, como parece entender el recurrente, pues es indudable, que el hecho causativo de la privación sólo debe hallarse en el suceso que dio origen a estas actuaciones. De no haber decidido desprenderse del mismo, constituía un hecho inevitable para el actor tener que prescindir en algún momento de él a los efectos de su reparación durante el tiempo necesario para los trabajos. Si lo enajenó, debió igualmente soportar la privación indicada, más no advierto que ello fuera como consecuencia de una libre elección, pues lo que no podía hacer era mantenerlo y volverlo a su estado original, contando en todo momento con él.
Prescripción, contrato de prestaciones médicas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cicas SRL c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios s/ incumplimiento de prest. de obra soc./med. prepaga
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-28

En materia de prescripción, resulta aplicable el plazo de cuatro años previsto en el art. . 847, inc. 1º, del Código de Comercio a la acción por cobro de suministro de instrumental médico dirigida contra una obra social, pues se trata de un vínculo jurídico estrictamente comercial y no de una prestación médica asistencial, ni se ha probado la existencia de un contrato o convenio marco dentro del cual se realizara el suministro del instrumental médico individualizado en las facturas involucradas, motivos por los cuales resulta excluido el plazo decenal del art. 4023 del código civil.
Publicación de edictos, plazo judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: YEVREMOVITCH, ELIANA E. s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-11

La norma contenida en el art. 30 de la ley 24522, tiene su concordancia con la del art. 31 de la ley 19551. Sin embargo, se limita la aplicación de la sanción de desistimiento del proceso que traen como sanción dicha norma corresponde sea declarado de oficio por el tribunal.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, industria metalúrgica, laudo arbitral, leyes, aplicación de la ley, interpretación sistemática
Materia: LABORAL
Carátula: Gigena, Raul y otros c/ Cametal SA s/ ¿Son aplicables las disposiciones del laudo 29-75 a los  establecimientos metalúrgicos que como actividad de la industria  metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros  en general? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

La misión de los jueces es dar pleno efecto a las normas vigentes, y la regla de interpretación más segura es que los términos utilizados por la ley no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito. En el caso del Laudo 29-75, resulta claro que la actuación del árbitro sólo abarcaba la rama "automotor". La modificación, derogación, etc. de cualquier otra rama del convenio colectivo 260-75 hubiese excedido en forma ostensible su marco de actuación. (Del Voto del Dr. Angelides -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad de las disposiciones del Laudo 29-75 a los Establecimientos Metalúrgicos que como actividad de la industria metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros en general.
Tasas, tasa municipal, declaración de inconstitucionalidad, facultades tributarias, Servicio Nacional de Sanidad Animal
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Granja Tres Arroyos SACAFEI  c/ Municipalidad de Río Cuarto  s/ acción meramente declarativa de Derecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-03

Los artículos 175 y 270 a 275 del Código Tributario del Municipio de Río Cuarto en cuanto regulan la contribución que incide sobre los servicios de protección sanitaria invaden el ámbito de incumbencias del SENASA en el marco del sistema nacional de control de alimentos, competencia que, por el solo hecho del tránsito interjurisdiccional, se encuentra regulada por la Nación y a ella reservada de acuerdo con lo establecido por el artículo 75, inc. 13, de la Constitución Nacional (Voto de Rosenkrantz). -El juez Lorenzetti, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Abuso deshonesto calificado, prueba, auto de procesamiento, corrupción de menores
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ALBARRACIN, Sergio Antonio. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

No corresponde a la Alzada revisar el procesamiento decretado si el a quo declaró inadmisible el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la defensa por falta de motivación suficiente y dicha parte no adhirió a recurso interpuesto por otro.

Resulta acertada la calificación legal de abuso sexual agravado por el vínculo, si las pruebas reunidas no permiten sostener que los actos de contenido sexual practicados sobre la víctima resultan idóneos para desviar el futuro desarrollo de su sexualidad.

Las circunstancias de que los tocamientos al niño hayan sido realizados por su progenitor y dejado huellas en su psiquis, si bien son indispensables para encuadrar su accionar en el delito de abuso sexual calificado por el vínculo, no bastan para subsumir su conducta en la figura más gravosa de corrupción de menores.

Por tanto, corresponde confirmar el procesamiento decretado.
Servicio telefónico, funcionamiento irregular, indemnización
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: RAMIREZ  TRISTAN RICARDO c/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA s/ daños yperjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-03

La adecuada prestación de los servicios públicos debe constituir uno de los propósitos primordiales del Estado. Las personas cuentan con ellos para el desenvolvimiento de sus vidas y de sus actividades comerciales o profesionales. De ahí que cualquier irregularidad se traduzca en perturbaciones que no pueden ser enmendadas posteriormente. La incomunicación, en sí misma, causa angustia e impotencia, sobre todo en una época en que el desarrollo tecnológico la hace injustificable. Quienes se dedican a prestar servicios públicos deben ser conscientes de ello y de las alteraciones que en la vida cotidiana de los usuarios causa el deficiente cumplimiento de sus obligaciones. Y no ahondo en los reclamos reiterados con las consiguientes pérdidas de tiempo y de ánimo del particular damnificado (conf.

art. 522 del Código Civil
Excusación, patrocinio letrado
Materia: PROCESAL
Carátula: Paza, Carlos Omar s/ Excusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-10-21

La amistad de larga data, manifestada en frecuencia de trato con el letrado de una de las partes constituye causal de apartamiento, pues el artículo 52 del Código Procesal Penal, atribuye la condición de interesados, a los fines de la aplicación del régimen de excusaciones, a los representantes, defensores o mandatarios.
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de la Causa, cuestión federal, Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JUNCO, JOSE M c/ BANCO UDECOOP COOPERATIVO LIMITADO s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 287-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

A partir del caso "Strada", ninguna duda cabe que la Suprema Corte de Justicia de la Nación exige el recorrido de todas las vías locales previas al recurso federal y la necesidad de que las Cortes locales resuelvan las cuestiones federales albergadas en las causas de su competencia.
Recurso de apelación (procesal), levantamiento de medidas cautelares, levantamiento del embargo
Materia: LABORAL
Carátula: BONFILS RENE SADI c/ HOLLMANN JUAN CARLOS s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-21

Habiendo mantenido la a-quo la medida cautelar, tal resolución resulta inapelable y, por otra parte, que la persona legitimada para intentar el procedimiento en estudio -levantamiento de la inhibición general- no es el ejecutado sino, por el contrario, el tercero perjudicado, es decir, para el caso, el supuesto adquirente del inmueble, todo lo cual impone declarar mal concedida la apelación en estudio. Cfr. "Maldonado c/Basso del Pont Laboratorios" LAS 9/4/92.
Contrato de trabajo, asociaciones sindicales, despido discriminatorio, tutela sindical, reingreso a la actividad remunerada
Materia: LABORAL
Carátula: Álvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud SA s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-25

Si se admitiera que- al margen de la ley sindical- un trabajador que no tiene mandato gremial ni plazo alguno de tutela, con motivo de un despido discriminatorio derivado de su actividad sindical, pudiera resultar beneficiario de una sentencia que , además de anular el despido, condenara a su reinstalación sin una limitación temporal a su ejecución compulsiva y sin prever la sanción definitiva a la que podría dar origen la resistencia del empleador a la orden de reincorporación, (para que el cumplimiento de la decisión judicial no implique imponer la vigencia indefinida de un vínculo contractual), podría darse la paradoja de que lleguen a tener una protección superior a la que cualquier delegado o representante sindical porque la tutela otorgada a quienes están amparados por la ley sindical tiene un plazo de vencimiento, operado el cual pueden llegar a ser despedidos sin consecuencias. (del voto del Dr. Pirolo, en minoría).
Competencia contencioso administrativa, prórroga de la competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B., R. c/ Municipalidad de Río Mayo s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-07

El contencioso administrativo municipal, admite, por hermenéutica "pro administrado" del artículo 131 "in fine" de la Ley 3098, una opción que implica la posibilidad de prórroga de la competencia material en lo contencioso-administrativo a favor del juez ordinario por la voluntad del actor y que esta elección sólo puede admitirse en las acciones contenciosas administrativas con pretensión de plena jurisdicción de índole resarcitoria o reparatoria ya que lo que justifica y autoriza la intervención de un juez civil, es que además del caso regido por el derecho administrativo se debe resolver sobre otra cuestión que tiene su sustento en el derecho común.
Abastecimiento, infracciones formales tributarias, falta de facturación
Materia: COMERCIAL - TRIBUTARIO
Carátula: Elías, Jalife s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

La omisión de las formalidades a que deberán ajustarse las facturas afecta la regular comercialización de las operaciones, con daÑo al normal funcionamiento del mercado dentro de los cauces que, por razones de interés social, ha establecido la autoridad competente, lo que torna a la ley 20.680 y a las reglamentaciones que la integran, de indudable aplicación.
Honorarios del administrador judicial, aplicación analógica de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: DEVOTO JOSE SEGUNDO s/ SUCESION. INCIDENTE DE ADMINISTRACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-15

El artículo 15 del arancel para abogados y procuradores, aunque se refiere a la regulación de honorarios de los administradores judiciales que ostentan el título de abogados y procuradores, pues hace expresa mención al "profesional", también es aplicable a aquellos otros que, designados por el juez, ejercen esas funciones.

Es aplicable el principio de analogía a que alude el artículo 16 del Código Civil, máxime si se advierte que la calidad de profesional del derecho, en muchos casos, en nada influye en lo que hace a su actuación como administrador judicial (conf. C.N.Civ. Sala E, E.D. t 86 pág. 654, fallo nro. 32.712).
Costas, exención de costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Chamarro de Dimarco, Teresa c/ Cavanagh de Grunbaum, Rebeca María s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-26

En nuestro ordenamiento procesal rige el principio objetivo de la derrota. Sólo en circunstancias muy excepcionales puede eximírselo al perdidoso. Además debe tenerse en cuenta que la regla sentada por el art. 68 del Cód. Proc., es decir que las costas se impongan a la parte vencida, se extiende a los incidentes en forma más acentuada.-
Obligaciones de dar sumas de dinero, desagio, mora, cosa juzgada
Materia: COMERCIAL
Carátula: INOS c/ URBIN ARGENTINA  S.A.C.I. s/ DESAGIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-09

La escala de conversión contemplada en el art. 4 del decreto 1096/85 no resulta de aplicación al supuesto de autos por tratarse de un crédito vencido y en mora, circunstancias éstas que han sido reconocidas por un procedimiento judicial pasado en autoridad de cosa juzgada.
Seguros, obligaciones del asegurador, mora del asegurador, suspensión de la cobertura, prima, falta de pago, pago extemporáneo, denuncia del siniestro
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CESARIO, STELLA MARIS c/ SOLVENCIA SA DE SEGUROS GENERALES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-30

Toda vez que la ley 17418, art. 56 no contempla ninguna excepción a la obligación de pronunciarse, impuesta al asegurador, si hubo mora en el pago de la prima, este debió alegar la consecuente suspensión de la cobertura dentro del plazo legal -establecido para que el asegurador se manifieste acerca del derecho del asegurado, aceptando o rechazando su responsabilidad; no habiéndolo hecho dentro de dicho plazo, debe admitirse que medio tácita aceptación del siniestro, resultando inaudible considerar sobrevivientemente cualquier causal exoneratoria del asegurador. (En el caso, el pago tardío de la prima se efectúo el día del siniestro, y si bien dicho pago produjo la rehabilitación de la cobertura, según cláusula contractual -no cuestionada ni objetada, ésta se producía recién al día siguiente de efectuarse el pago tardío, con lo que el siniestro ocurrió mientras la cobertura se encontraba suspendida).
División de poderes, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Kreimbohn, Germán y otro c/ Caja  Administradora  del  Fondo  Especial del Seguro (CAFES) y otro. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

La misión más delicada de la justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes.
Honorarios del abogado, valor jurista
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GREGORASCHUK, AGUSTIN RAMON c/ BORGIANTINO,CARLOS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-09

Relacionado al argumento de la fundamentación del recurso, cabe destacar que el valor legal del jurista que corresponde aplicar es el de pesos nueve con once centavos.