Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-18


Causa Nº 204-00-CC/2005 "Moreno, Rodrigo Félix por inf. art. 56 CC- Apelación"- Prescripción de la acción En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de septiembre del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Gustavo Eduardo Aboso, a fs. 156/161 vta. de la presente, de la que:

RESULTA:

I.- Que a fs. 148 obra un planteo de prescripción de la acción interpuesto por el Sr. Defensor Oficial.

II.- Que a fs. 152/153 el Sr. Fiscal de Grado, Mario Gustavo Galante, contesta la vista conferida solicitando que se rechace por improcedente el planteo defensista, y requiriendo se ejecute de inmediato la pena impuesta al encartado.

III.- Que el 10/7/2006, a fs. 154/155 vta., el Titular del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 7, Javier Alejandro Buján, resuelve denegar la solicitud de prescripción de la acción opuesta por la Defensa y ordenar la ejecución de la pena impuesta por esta Sala al encartado, en fecha 3/8/2005.

IV.- Que a fs. 156/161 vta. el Sr. Defensor Oficial interpone recurso de apelación contra la resolución supra mencionada solicitando se revoque el decisorio en cuestión y se haga lugar al planteo de prescripción efectuado, sobreseyéndose a Moreno de la imputación formulada. Ello en razón de que: 1) De acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de la Nación en el precedente "Caballero, Jorge A. y otros" (del 8/11/2005), la acción en la presente se encontraría prescripta puesto que desde la audiencia de juicio hasta el rechazo del recurso extraordinario federal ha transcurrido el plazo de un año previsto por el art. 31 de la Ley Nº 10. 2) El decisorio recurrido incurre en una autocontradicción al afirmar que únicamente el recurso de inconstitucionalidad posee efecto suspensivo, cuando claramente la queja por el rechazo de éste debe seguir la suerte del primero, es decir su efecto debe ser suspensivo. 3) Lo resuelto en el plenario "Agüero" de la Cámara de Casación Penal es conteste con su postura respecto a que es el rechazo del recurso extraordinario federal el momento a partir del cual una sentencia adquiere autoridad de cosa juzgada. 4) La resolución impugnada desconoce el concepto de superior tribunal de la causa, puesto que no fundamenta el motivo que justificaría apartarse de la jurisprudencia de nu estro Máximo Tribunal de la Nación al considerar que es el rechazo del recurso de inconstitucionalidad local el momento a partir del cual la sentencia adquiriría firmeza. Asimismo, refiere que la interpretación del Magistrado desconoce la supremacía constitucional (art. 31 CN) y el papel preponderante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puesto que la ejecutoriedad de la sentencia puede ser controvertida cuando se interpone recurso extraordinario federal, atento que la habilitación de dicha vía presupone la intervención del tribunal superior de la provincia. 5) En cuanto al precedente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad "González y otros" citado por el a quo como fundamento de su postura, expresa que del mismo se desprenden posiciones judiciales encontradas, coincidiendo su opinión con la minoritaria (Dres. Maier y Ruíz) en dicha sentencia y discrepando con los argumentos esgrimidos por la Conde. Así, refiere que no resiste el menor análisis el criterio que sostiene la mayoría de poner en cuenta del recurrente el plazo que demanda la sustanciación de los recursos extraordinarios locales y federales, ya que precisamente ellos resultan ser el mecanismo de defensa idóneo para la protección de los derechos, garantías y principios consagrados en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales. 6) En su opinión, no presupone asignar imprevisión o inconsecuencia alguna del legislador respecto de la brevedad del plazo de prescripción de la acción legalmente establecido, puesto que la nueva regulación demuestra que la naturaleza de las infracciones castigadas por esa ley local merecen un tratamiento procesal simple, ágil y eficaz. 7) Hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

V.- Que a fs. 166/167 el Sr. Fiscal de Cámara, en su Dictamen Nº 154-FC2/06, solicita se forme incidente y se confirme la resolución recurrida. Al respecto, afirma que el Tribunal Superior de Justicia ya ha resuelto la cuestión planteada en el expte. nº 4066 "González Carlos Alberto y otros s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" el 19/12/2005, por tanto y siendo que el rechazo del recurso de inconstitucionalidad en la presente ocurrió el 18/10/2005 a partir de ese momento la sentencia podía ser ejecutoriada. No obstante ello, y aún estando a la solución que propicia la Defensa, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado el recurso extraordinario federal en fecha 6/6/2006 por lo que tampoco así la causa estaría prescripta.

VI.- Que a fs. 169 vta. el Sr. Defensor Oficial contesta la vista conferida sosteniendo las consideraciones efectuadas en el recurso de apelación, y afirmando que resulta inaplicable al caso el precedente citado por el Sr. Fiscal de Cámara.

VII.- Que a fs. 170 pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a dilucidar ¿resulta admisible el recurso de apelación intentado, en su caso ¿resulta ajustada a derecho la resolución recurrida PRIMERA CUESTIÓN:

En cuanto a la admisibilidad del recurso impetrado, cabe mencionar que el mismo ha sido interpuesto en las condiciones y plazo establecidos por el artículo 50 de la Ley Nº 12, y por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo.

Si bien, la norma antes citada prevé expresamente la apelación de la sentencia, resultan de aplicación supletoria las previsiones del artículo 449 in fine CPPN -art. 6 LPC- que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen gravamen irreparable al imputado, el que "... no se presta a una definición genérica y debe por lo tanto verificarse su concurrencia en cada caso concreto, puede decirse que aquél se presenta, fundamentalmente, cuando no existe otra oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que irroga la resolución ..." (Palacio, Lino Enrique, "Los recursos en el proceso penal", Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As. 2001, págs. 60/61).

En el caso, la decisión impugnada al rechazar el planteo de prescripción de la acción y ordenar -en consecuencia- que se ejecute la pena impuesta determina, por sus efectos, la presencia del gravamen exigido por la norma antes citada, pues de adquirir firmeza la resolución cuestionada no existiría otra oportunidad útil para enmendar la denunciada incorrección jurídica de la decisión. Además, tratándose la prescripción, tanto de la acción como de la pena, de un instituto de orden público, que puede y debe ser declarada en cualquier etapa del proceso, no corresponde obstruir formalmente la revisión solicitada (Causas nº 1315-00-CC/2002 "Oniszczuk, Carlos Alberto s/ Ley 255 -Federico Lacroze 3531- Apelación", rta. el 22/11/2004, nº 1394-04-CC/2004 Incidente de ejecución de sentencia de Bria, Federico Domingo en autos "Martínez, Alfredo Luis y otros s/ley 255- Apelación", rta. el 13/9/2005).

SEGUNDA CUESTIÓN:

Admitido el recurso bajo examen, cabe analizar el planteo de prescripción de la acción esgrimido por la Defensa. Al respecto, el recurrente -por los fundamentos antes reseñados- solicita se declare la prescripción de la acción seguida en la presente contra Moreno, puesto que desde la fecha de la celebración de la audiencia de juicio -6/6/2005- hasta el rechazo del recurso extraordinario federal, momento en que la sentencia adquiriera firmeza -6/6/2006- transcurrió el plazo de un año para la prescripción de la acción previsto en el art. 31 de la Ley Nº 10.

Ahora bien, de las constancias obrantes en la causa surge que al encartado se le ha imputado haber efectuado la conducta contravencional prevista y reprimida en el artículo 56 de la Ley Nº 10 el día 2 de diciembre de 2004. Así, el plazo previsto en el art. 31 antes citado se vio interrumpido por la celebración de la audiencia de juicio que se llevó a cabo el día 6 de junio de 2005, por lo que el cómputo de la prescripción comenzaría a calcularse nuevamente a partir de dicha fecha. Así, lo dispone el artículo 31 de la Ley Nº 10 (modif. por Ley Nº 162), vigente al momento del hecho, que establece que "... la acción prescribe transcurrido un año desde la fecha de comisión de la contravención, o de la cesación de la misma si fuese permanente .... La audiencia prevista por el art. 46 de la ley 12 interrumpe la prescripción de la acción".

En materia de prescripción, las disposiciones legales se complementan con lo dispuesto por el art. 32 de la norma mencionada en cuanto establece "La pena prescribe transcurrido un año desde que la condena queda firme". A partir de ello, corresponde analizar la cuestión debatida en la presente, que dio origen el remedio procesal impetrado, es decir cuál es el momento que clausura el cómputo del plazo de prescripción de la acción y determina -por tanto- el comienzo de la prescripción de la pena.

Al respecto, es dable adelantar que tal como se ha expresado en anteriores precedentes siendo que el mismo hito que clausura el plazo de prescripción de la acción determina el comienzo de la prescripción de la pena, se puede caracterizar a este último momento como aquél constituido por el dictado de la sentencia que agota la instancia local (causas Nº 1394-04-CC/2004 "Incidente de ejecución de sentencia en Bría, Federico Domingo en autos "Martínez, Alfredo Luis y otros s/ley 255- Apelación", del 13/9/2005; 1364-CC/2002 "Altvarg, Pablo Eduardo y Ravizzini, Luciano Eduardo s/ art. 72- Apelación", rta el 7/10/2005).

Ahora bien, este Tribunal no desconoce el precedente ni los fundamentos que llevaron a los miembros de la Corte Suprema de la Nación en la causa C. 459. XXXVIII "Caballero, Jorge Alberto y otros s/art. 71 CC causa Nº 555-CC/2000 s/queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad- incidente de prescripción", a declarar la prescripción de la acción en dicho expediente. Asimismo, esta Sala no ignora la postura minoritaria de nuestro Máximo Tribunal Local en relación al tema debatido, no obstante lo cual es la opinión mayoritaria la que claramente compartimos, por las consideraciones que a continuación se expondrán.

En primer término, y en relación a la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal de la Nación tal como lo ha señalado la Conde, cuya opinión compartimos, "... lo vinculado con el alcance que cabe asignar a las normas contravencionales (ley nº 10) es una cuestión de "derecho local" y no es posible aplicar, sin más, el precedente invocado, pues aún desde la perspectiva de la Corte Suprema de Justicia, sólo en materia federal la doctrina que establecen sus sentencias constituye una directiva a la que deben conformar sus decisiones los jueces de las instancias inferiores, (ver Fallos 307:1094). Entonces, conforme fuera desarrollado por el Casás en autos "GCBA c/ Ledesma Miguel Angel s/ medida cautelar s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" [expte. n° 2314/03, resolución del 5-11-03], nada me impide sostener un criterio distinto cuando se exponen fundamentos que no fueron considerados y que resultan válidos para alcanzar una conclusión diferente (Fallos 304:900). A mayor abundamiento, cabe mencionar que la doctrina emergente del pronunciamiento de la Corte no es de acatamiento general, toda vez que n o constituye una fuente formal del derecho contemplada en el art. 31 CN. En muchos casos, y como sostuve en la resolución dictada con fecha 11/12/2003 en autos "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Laguna, Guillermo Mario c/ GCBA y otro s/ daños y perjuicios -excepto resp. médica-'" (expte. nro. 2330/03), los fallos de la Corte Suprema ilustrarán adecuadamente a los jueces inferiores, cuando sus razones sirvan de suficiente magisterio, pero habrá otros, en los que el criterio del Alto Tribunal pueda aparecer menos convincente como, de hecho, ocurre en el sub judice ..." (Expte. n° 4066 "González, Carlos Alberto y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos; Lacquaniti, Roque y otros (Bingo Congreso) s/ inf. Ley 255 - Apelación'", rta. el 19/12/2005).

Por tanto, cabe apartarse de lo resuelto por la Corte Suprema en el expediente "Caballero" -antes mencionado- y sostener la postura de este Tribunal esgrimida en anteriores precedentes, la que es coincidente con la sostenida por el voto mayoritario del Máximo Tribunal Local.

Así, esta Sala ha expresado que el plazo previsto en el art. 31 de la Ley Nº 10 solo regula la eficacia interruptiva de la prescripción de los actos del procedimiento contravencional, es decir establece que en los casos -como en el presente- en que la audiencia de juicio haya interrumpido el transcurso de la prescripción, desde su finalización hasta el dictado de la sentencia que agote la instancia local no debe transcurrir mas de un año -siempre exceptuando las contravenciones de tránsito-; momento a partir del cual comenzaría a computarse el plazo previsto en el art. 32, a saber el de prescripción de la pena.

Ahora bien, y tal como se ha señalado anteriormente, en autos la audiencia de juicio se ha llevado a cabo el día 6/6/2005, y según consta a fs. 86/88 vta. este Tribunal ha resuelto condenar al encartado a la pena de prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos organizados por la AFA por el término de tres meses, sentencia contra la que la Defensa interpuso recurso de inconstitucionalidad el que fue declarado inadmisible por esta Sala el 18/10/2005 (fs. 121/124), lo que motivó la presentación del recurso de queja, el que fue denegado por el Tribunal Superior de Justicia el 5/4/2006. Por tanto, la acción seguida contra el Sr. Rodrigo Félix Moreno en la presente no se encuentra prescripta puesto que desde la audiencia de juicio hasta el agotamiento de la instancia local no ha transcurrido el plazo previsto legalmente.

Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia en la causa supra citada ha expresado que "... a partir del dictado de la resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad local, deja de computarse el plazo de prescripción de la acción, y comienza a correr (allí mismo) el curso de la prescripción de la pena, ya que ninguna otra diligencia resta por realizar cuando el proceso ya ha sido sentenciado, y tampoco existen normas vigentes en materia que impidan llevar adelante su ejecución con arreglo a derecho .... En suma, debe considerarse firme a la sentencia de mérito a partir del momento en el cual la alzada rechaza el recurso de inconstitucionalidad, ya que dicho rechazo le confiere "ejecutoriedad" a la condena. Eventualmente, en el supuesto -presumiblemente menos frecuente- de que prosperara su queja, el lapso (entre uno y otro) no sería computado a los fines de prescripción de la pena (art. 32 ley Nº 10) sino, y en todo caso, de la acción (art. 31 ley nº 10) ..." (del voto de la Conde).

Por otra parte, y aún si se tomara como hito hasta el cual se computa la prescripción de la acción por agotamiento de las vías locales el rechazo del recurso de queja por inconstitucionalidad denegado, como parece solicitar la Defensa, es dable afirmar que tampoco ha trascurrido el plazo previsto en el art. 31 de la Ley Nº 10.

Ahora bien, en relación a lo expresado por el impugnante, invocando el criterio del Magistrado de Grado, relativo a que la queja interpuesta contra el recurso de inconstitucionalidad denegado debe seguir su suerte, y por tanto tener efecto suspensivo, cabe mencionar que ello no resulta legalmente posible pues el art. 33 de la Ley Nº 402 dispone que mientras el Tribunal Superior de Justicia no haga lugar a la queja no se suspende el curso del proceso, salvo que lo hubiera resuelto por decisión expresa, lo que en el caso no sucedió.

A mayor abundamiento, cabe destacar, tal como fuera sostenido por nuestro Máximo Tribunal Local que "... a partir del dictado por parte de la Cámara de la resolución que rechaza el recurso de inconstitucionalidad pertinente, el interesado no puede realizar ningún planteo impugnatorio que impida la ejecución de la sentencia, ya que el único recurso que puede interponer (queja contra dicha denegatoria) no reviste efecto suspensivo. Ello surge en forma expresa del art. 33 de la ley nº 402, según el cual "mientras el Tribunal Superior de Justicia no haga lugar a la queja, no se suspende el curso del proceso salvo que el tribunal así lo resuelva por decisión expresa ..." (del voto de la Conde en el expediente "Gonzalez ..." antes citado).

Asimismo, y en cuanto a lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal en el plenario "Agüero Irma D. s/rec. de casación" del 12/6/2002, que sienta como doctrina plenaria que se considerará firme la sentencia cuando sea declarado inadmisible el recurso extraordinario federal, es importante tener en cuenta que las sentencias dictadas por dicha Cámara únicamente son recurribles a través del remedio procesal mencionado. En cambio, y siendo que en el orden local, previo a la interposición del recurso federal en cuestión, nuestro ordenamiento prevé un recurso de inconstitucionalidad local no resultan asimilables ambas situaciones.

Finalmente, y en relación a la intención del legislador respecto del plazo de prescripción en materia contravencional, y a la interpretación de las previsiones normativas en cuestión la Conde en la causa antes mencionada ha señalado que "... Difícilmente pueda pensarse que el legislador porteño instauró un mecanismo de prescripción de la acción contravencional que ponga en manos del acusado la posibilidad de evitar toda posibilidad de pena interponiendo los recursos de queja pertinentes ante el TSJ y la CSJN. Ello significaría presumir la inconsecuencia o imprevisión del legislador, ... Lo que el legislador pretendió, al establecer plazos de un año para la prescripción de la acción y de la pena, es agilizar el procedimiento contravencional y de esa manera evitar la inseguridad jurídica que produce la indecisión sobre la situación jurídica del imputado por una contravención, así como tutelar el debido proceso y la tutela judicial efectiva que obliga al dictado de sentencias en tiempo razonable. Por ello, la interpretación propiciada ... es coherente con dicha voluntad del legislador, y también con la intención del mismo de sancionar un mecanismo eficaz para sancionar aquellas conductas que afectan la normal convivencia entre los habitantes de la ciud ad".

Por lo hasta aquí expuesto, corresponde rechazar el planteo efectuado por la Defensa en relación a la prescripción de la acción contravencional seguida en la presente. Asimismo, y atento lo solicitado por el Sr. Fiscal de Cámara y siendo que tal como se ha expresado con anterioridad la sentencia condenatoria se encuentra en condiciones de ser ejecutada corresponde formar el correspondiente incidente a los efectos de hacer efectivo su cumplimiento.

Por los motivos expuestos el Tribunal RESUELVE:

I.- Confirmar el resolutorio recurrido obrante a fs. 154/155 vta. en cuanto deniega el pedido de prescripción de la acción opuesto por el Sr. Defensor Oficial (art. 31 Ley Nº 10).

II.- Ordenar que el Juez de Primera Instancia forme el correspondiente incidente de ejecución a los efectos de hacer efectivo el cumplimiento de la sanción impuesta por esta Alzada, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II de la resolución impugnada.

III.- Tener presentes las reservas efectuadas por la Defensa.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos Ante mí Se deja constancia que el José Sáez Capel no firma por encontrarse en uso de licencia.

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