Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-12


SENT Nro. 41 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 12 DE FEBRERO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Segundo, Mirta Norma vs. Sanatorio del Norte S.R.L. s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 196/204 la parte demandada plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, de fecha 8 de marzo de 2002, obrante a fs. 186/187 vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 6 de setiembre de 2002 (cfr. fs. 211). Ninguna de las partes, conforme surge del informe actuarial de fs. 220, presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del Código de Procedimientos del Trabajo.

II.- Sostiene la parte demandada, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, ha efectuado una valoración incompleta, parcial y equivocada de los antecedentes y circunstancias que determinaron el despido directo de la actora, incurriendo en el mismo defecto de generalización y ambigüedad que se le imputa a la accionada.

Alega que conforme a normas del Código Civil (artículos 979, inciso 1), 993 a 995), las escrituras son instrumentos públicos y hacen plena fe hasta tanto sean argüidas de falsedad (lo que no ha acontecido en autos), no obstante lo cual la sentencia pretende una suerte de completividad consistente en el aporte corroborante de testimonios que ratifiquen aquellos contenidos en forma categórica y concreta, violándose así la fe pública creada por la ley civil e invirtiendo la carga de la prueba.

No obstante, a mayor abundamiento y reiterando la innecesariedad del completar pruebas, aprecia que obran en el litigio elementos corroborantes y complementarios de las actas notariales, como el glosado a fs. 45 y el testimonio de la señora Campo de Melián, del que surge que la única enfermera de noche era la actora.

Expresa que ha violado normas de la LCT relativas a las facultades de la patronal de despedir a su empleado por pérdida de confianza, y se aparta de las pautas de prudencia y razonabilidad para resolver el caso, concluyendo en la arbitrariedad del decisorio.

III.- A su turno, la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, objeto del presente recurso, en lo que es motivo de agravio, hace lugar a la demanda, considerando que el despido directo de la actora resulta injustificado.

Para ello analiza si se han verificado las causales que lo justifican, conforme al artículo 242 LCT.

Funda su conclusión en el siguiente cuadro probatorio: a) la actora fue despedida directamente por las causales, extraídas de carta documento de fs. 2, imputándosele haber desperdiciado intencionalmente el medicamento Fortum durante la atención al paciente Ramos desde el 5 de octubre al 7 de noviembre de 1998. Observa que se trata de una acción de continuidad imprecisa durante un lapso determinado; b) del acta notarial nº 214 (que registra la declaración del doctor Roberto José Lobo Zavalía y de la doctora Silvia Hidalgo de Viola) surge que con fecha 5 de octubre se internó el paciente Gonzalo Ramos, "a quién se le administraba un antibiótico Fortum 1 g. provisto por el stock de farmacia, del que se constata que se desechaba medio frasco por día, sobre lo que se preguntó a los padres del paciente porque se tiraron los antibióticos confirmando que ellos "desechaban algunos frascos y el resto las enfermeras"; que por acta notarial nº 215, se recaba la declaración de Ana María Campo de Melián, "expresando sobre el paciente Gonzalo Ramos a quién se le administraba el medicamento Fortum 500, se colocaba medio frasco c/8 hs., y al hablar con los padres preguntando si les faltaba medicamento, porque según el recuento de Farmacia había faltantes, informaron que al diluirse el Fortum, se colocaba medio frasco y el resto se tiraba, por una enfermera morochita del turno noche. Ambas declaraciones son de fecha 07-11-98"; c) el informe de la Sra. de Melián, como Jefa de Enfermería (fs. 45), "reportando los dichos por las familiares del paciente, agrega que de la farmacia enviaban a veces 2 frascos por día y otras veces 3 frascos por día. Manifiesta que recabó informe de las enfermeras Avila y Cobo, las cuales dijeron que ellas preparaban el medicamento con el cual comenzaba el día y dejaban el resto para la tarde. Las enfermeras Medina y Gómez están de vacaciones y no se les puede preguntar. Y falta por preguntar a Mirta Quinteros enfermera turno noche. Este memorándum interno es de fecha 06-11-98"; d) a fs. 151 obra declaración judicial de Ana María Campo de Melián en calidad de testigo, donde expresa que la actora era la única enfermera de noche. Sobre la provisión de medicamentos, aclara que sacaba lo que se utilizaría por día, haciendo un remito que quedaba en la farmacia y otro en la carpeta del paciente, cuya aplicación estaba a cargo de la enfermera de turno. Menciona que el período de internación del paciente no tuvo licencias, pero no puede asegurar quién cubría sus descansos; e) a fs. 111 y siguientes, presenta hoja de enfermería, donde constaban los horarios de aplicación del medicamento.

En su mérito concluye que las declaraciones de las actas notariales son declaraciones que deben ser corroboradas y las de la Jefa de Enfermeras producida judicialmente, son de carácter general y no indican específicamente que la realización del acto causal de despido fuera realizado personalmente por la actora, máxime teniendo en cuenta que el reporte interno señala que faltaba la consulta a la misma, y que en aquellas actas la referencia no era directa del testigo, sino de los padres del paciente, quienes no han prestado declaración en este juicio.

Con cita de jurisprudencia sostiene que el distracto motivado en injuria requiere que el incumplimiento que se atribuya a la otra parte, sea perfectamente individualizable, además de actual y objetivamente acreditable.

En el caso de autos, entiende que el incumplimiento sería indiferenciado y sus pautas objetivas difíciles, ya que si la cuestión es por el faltante de medicamentos en el resumen de la farmacia, sus entregas no han sido pautadas a través de comprobantes por duplicado que se mencionan, a más de que al menos un acto concreto de "desechar" los medicamentos, o varios de ellos requerían algún modo objetivo de demostrabilidad.

Por todo ello hace lugar al reclamo.

IV.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

Desde esta perspectiva, cabe acotar que si bien es cierto que el recurso casatorio ha sido interpuesto en término, conforme surge de la notificación practicada a fs. 192 vta. y del cargo inserto a fs. 204, vta., el acto judicial atacado constituye una sentencia definitiva en los términos del artículo 130 del C.P.T., el afianzamiento previsto en el artículo 133 del citado cuerpo normativo ha sido cumplido mediante embargo preventivo de un inmueble (fs. 209), la impugnación recursiva no se motiva realmente en alguno de los supuestos previstos por el artículo 131 de la ley ritual.

En efecto, el agravio traído a esta instancia casatoria, se encuentra referido a la interpretación sentencial del cuadro probatorio en cuanto a la insuficiencia de la injuria de la actora, justificante del despido directo dispuesto por la demandada.

Primeramente, como quedó de manifiesto en el relato del análisis sentencial del cuadro probatorio, el fallo atacado ha considerado que las actas notariales ofrecidas como prueba y la declaración judicial de la Jefa de Enfermeras, son generales y no individualizan específicamente el incumplimiento actual y objetivo de la trabajadora que justifica el distracto.

Por su parte, el agravio central de la accionada reside en considerar que la sentencia no tuvo en cuenta que las escrituras son instrumentos públicos y hacen plena fe hasta tanto sean argüidas de falsedad (lo que no ha acontecido en autos), por lo que resulta innecesario completarlas con el aporte de testimonios que ratifiquen sus contenidos en forma categórica y concreta.

Disiento con la apreciación de la recurrente, en lo que a valoración de las actas notariales se refiere. Lo que pretende una cuestión de derecho, en realidad es una mera discrepancia de la accionada con la ponderación de las actas notariales y las pruebas que la corroborarían.

En efecto, el artículo 979, inciso 1) del Código Civil, considera instrumento público a las escrituras públicas hechas por los escribanos públicos en sus libros de protocolo o por otros funcionarios con las mismas atribuciones, y las copias de esos libros sacadas en la forma que prescribe la ley.

Según expresa Llambías, la escritura pública goza de valor como instrumento público en si mismo, pues se lo presume auténtico en atención a la actuación del oficial público interviniente, abonada por su firma y sellos. En cuanto al valor de su contenido, debe distinguirse: 1) los hechos pasados ante oficial público; 2) las cláusulas dispositivas; 3) las cláusulas enunciativas (Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil - Parte general, T° II, Perrot, Bs.As., 1993, pág. 442/444).

Con relación a los hechos pasados ante oficial público, el instrumento hace plena fe hasta que sea argüido de falso, por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiere enunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia (artículo 993, Código Civil).

Luce de toda lógica que los hechos pasados antes escribano público o realizados por él comprometen directamente la fe del funcionario y tienen una fuerza de convicción casi irrefragable, que sólo es posible desvirtuar por la llamada querella de falsedad, la cual puede intentarse por acción criminal o civil, y en este caso por vía principal o incidental.

Pero como bien lo expresa el citado artículo 993, la fuerza de convicción del instrumento se refiere a la existencia material de esos hechos, pudiendo probarse libremente que los mismos no son sinceros. Por otra parte, la fe del instrumento sólo se refiere a la actuación personal del oficial público "en el ejercicio de sus funciones", pero no se extiende a las aseveraciones al margen de su cometido (ob. cit. pág. 444).

Por otro lado, las cláusulas dispositivas están contempladas en el artículo 994 del Código Civil, según el cual los instrumentos públicos hacen plena fe no sólo entre las partes, sino contra terceros, en cuanto al hecho de haberse ejecutado el acto, de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, etc. contenidos en ellos; constituye lo que se llama prueba completa, esto es que por si sola basta y no necesita el refuerzo de otras pruebas, pero en modo alguno ello significa que no pueda ser discutida mediante otras pruebas que contradigan el documento.

Por ello, para probar que no ha ocurrido el acto relatado en el instrumento, es menester argüir de falsedad, porque en esa aseveración se encuentra comprometida la fe pública del funcionario interviniente. En cambio para probar que las cláusulas dispositivas no son sinceras, no se requiere tachar de falso al documento, pues la falsedad no está en el instrumento ni en el oficial público, sino en los comparecientes y en el acto jurídico obrado por ellos independientemente de la regularidad y corrección del instrumento público.

Por último, las cláusulas enunciativas del instrumento se refieren a manifestaciones superfluas o accesorias de las partes, que podrían omitirse o suplirse sin que se altere el objeto del acto.

De lo expuesto se sigue que la apreciación de la sentencia en cuanto a que las declaraciones contenidas en las actas notariales debieron ser corroboradas por otras probanzas atento su generalidad y falta de especificidad para constituir prueba suficiente demostrativa del incumplimiento endilgado a la actora, en modo alguno ponen en tela de juicio su existencia y validez, sino que por el contrario, a partir del reconocimiento de los hechos declarados por los médicos y la señora de Melián (los hechos relatados en las actas no pasaron en presencia del escribano), estima que los mismos son insuficientes para probar la falta de la accionante justificante del despido. Consecuentemente, y en consideración a lo expresado, no es exacto que los mismos debieron ser argüidos de falsedad para descalificarlos como prueba apta.

El problema no se vincula con la veracidad o no de las declaraciones contenidas en las actas notariales, sino si de las mismas surge claramente configurado el incumplimiento de la actora.

Tampoco las pruebas que los corroboran, permiten generar en el tribunal la convicción de que la falta o incumplimiento puedan ser atribuidos concreta y específicamente a la actora, argumentos que no han sido rebatidos con suficiencia por la recurrente, máxime cuando de la simple lectura de dichas pruebas no surgen las precisiones a que alude el recurso.

Ello así, los agravios motivo de casación, so capa de plantear una cuestión de derecho, en realidad sólo exhiben una mera discrepancia con la valoración de los hechos y de las pruebas que efectúa en tribunal de grado, para concluir que el despido directo de la actora es injustificado y, consecuentemente, hacer lugar a la demanda.

Tampoco los argumentos de la recurrente rebaten con suficiencia las conclusiones que al respecto formula la sentencia, limitándose a insistir en la gravedad de las faltas e irregularidades que surgirían de las actas notariales y constancias que las corroborarían y su entidad para causar justificadamente el despido, sin demostrar que el desacierto del razonamiento sentencial, como no sea afirmar dogmáticamente su arbitrariedad.

Esta circunstancia, descalifica el agravio del recurrente respecto a la supuesta falla sentencial en la valoración de las constancias de autos al determinar la existencia de injuria suficiente para justificar el despido.

Ello así, se está en presencia de un recurso de casación que, en puridad, se motiva sustancial y realmente en una discrepancia del recurrente con la apreciación de los hechos y la valoración de las pruebas que hizo el tribunal de mérito cuando concluyó que, en el sub lite, la injuria invocada por el demandado para justificar el despido del actor, carece de entidad a tales efectos.

Si bien se mencionan las normas que se pretenden violadas, el actor no logra demostrar que el pronunciamiento sea contrario a derecho.

Tampoco se advierte que con la valoración que el tribunal de mérito ha realizado del plexo probatorio, se haya concretado clara transgresión a las reglas de la sana crítica o autocontradicción. Los fundamentos de la sentencia discurren en una secuencia lógica con la que se podrá disentir o no, pero en modo alguno autorizan su calificación como incongruente.

En mérito a lo expresado precedentemente, considero inadmisible el recurso de casación articulado por la parte demandada; en consecuencia, corresponde declararlo mal concedido.

V.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, por el principio objetivo de la derrota, deben imponerse al vencido, demandado en autos (artículo 106 del CPC y C).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.-DECLARAR INADMISIBLE, y por ende mal concedido, el recurso de casación deducido por la parte demandada, contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, de fecha 8 de marzo de 2002, obrante a fs. 186/187 y vta. de autos.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO