Derecho a un medio ambiente sano, tipo penal, ley vigente, desechos peligrosos
Materia: MEDIO AMBIENTE-PENAL
Carátula: Di Leva, Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-23

El Dr. Barroetaveña -voto concurrente- agregó que a partir de la reforma de la Constitución Nacional (CN) de 1994 se estableció la consagración como garantía constitucional del derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado, en consonancia o convivencia con las actividades productivas para satisfacer las necesidades contemporáneas, sin comprometer las de las generaciones futuras. Señaló que el tipo penal previsto en el artículo 55 de la Ley 24051, aplicable al caso, exige una lesión al medio ambiente y un peligro abstracto de que se afecta la salud pública. En este sentido, es útil memorar la postura sustentada por el cimero Tribunal de Justicia en Fallos 326:1642 en cuanto sostuvo que "(A)l no poder descartarse que los desechos industriales vertidos diariamente al mar pudieron afectar a las personas o al medio ambiente más allá de los límites de la provincia del Chubut -art. 1° de la ley 24.051- corresponde entender a la justicia federal en atención a que el decreto 1343/02 vetó el art. 60 de la ley 25.612 -que derogaba la ley 24.051- [.]" (en forma concordante Fallos 323:162 y 328:3500, entre otros). De ello se desprende que no es posible separar en compartimentos estancos la tutela que el Estado debe llevar a cabo sobre el medio ambiente de la protección a la salud pública.

La Dra. Figueroa -voto concurrente- señaló que la especial naturaleza del derecho a un ambiente sano encuentra su fuente en los derechos de incidencia colectiva, y si bien es posible que involucren también intereses patrimoniales, en esos supuestos cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias como el ambiente, los ecosistemas, el consumo, la salud, o que afectan a grupos que tradicionalmente han sido postergados o, en su caso, débilmente protegidos. En esas circunstancias tales derechos exceden el interés de cada parte y, al mismo tiempo, ponen en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección, entendido aquél como el de la sociedad en su conjunto, por lo que los arts. 41, 42 y 43, segundo párrafo, de la Constitución Nacional brindan una pauta en la línea expuesta (voto en disidencia de los Dres. Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni en "Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/Y.P.F. S.A. y otros s/daño ambiental", rta. el 29/08/2006, Fallos: 329:3493). El daño que traen aparejadas las conductas que la ley 24.051 reprime, exige el mayor de los celos cuando de su investigación y juzgamiento se trata, toda vez que se son derechos regulados en la Constitución Nacional y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (arts. 41 y 75 inc. 22 C.N.; 1 del P.I.D.C.yP., 1 del P.I.D.E.S.C. y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"). Por ello no pueden estar supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales. En estos términos no se advierte que el tribunal de mérito haya realizado un reconocimiento al status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, que "no configura una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente" (Fallos: 329:2316 y CSJ 154/2013 (49-C)/CS1 CSJ 695/2013 (49- C)/CS1 recursos de hecho, Cruz, Felipa y otros c/Minera Alumbrera Limited y otro s/sumarísimo). Además. tampoco advierto que la decisión cuestionada sea respetuosa a la protección de los recursos naturales en los términos que lo señalara la Corte IDH, ni efectiva para asegurar el derecho de los habitantes sobre ellos. Es dable señalar que el derecho a la vida y la seguridad e integridad física, no admiten un análisis al margen de la protección del medio ambiente. Su goce no es posible en tanto haya una amenaza al entorno en el que desarrollan las vidas de los habitantes afectados. Dres. Petrone, Barroetaveña -voto concurrente- y Figueroa -voto concurrente-