Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-12-21


AUTOS N° 127438 (3º JUZ. CIVIL) (SALA III 11895) "FIERRO Silvia Estela C/ Adarvez Oscar Leopoldo y Otro - Ordinario" En la ciudad de San Juan, a 21 días del mes de diciembre de 2017 reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia del Dr. Daniel G. Olivares Yapur y como vocal el Señor Juez de Cámara Dr. Luis Alberto Recio, para conocer sobre los recursos de apelación articulados a fojas 229 por la parte co-demandada Dr. Oscar L. Adarvez, y a fojas 228 por la parte actora, Sra. Silvina Estela Fierro, contra la sentencia definitiva de fecha 29 de mayo de 2015, obrante a fojas 212/223.

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. DANIEL G. OLIVARES YAPUR, dijo:

En la sentencia definitiva precedentemente identificada el Señor Juez resolvió: "1) Rechazar la demanda de daños y perjuicios incoada por la actora Sra. Silvina Estela Fierro contra el co-demandado Dr. Juan Sebastián Pontoriero; 2) Admitir parcialmente la demanda de daños y perjuicios y condenar al Dr. Oscar L. Adarvez a pagar a la Sra. Silvina Estela Fierro las sumas determinadas en los considerandos más sus intereses tasa activa (Ley 4119) hasta su efectivo pago; 3) Imponer las costas por la demanda rechazada a la actora y por la demanda admitida al Dr. Oscar Adarvez en virtud del principio objetivo de la derrota; 4) Regular honorarios a los Dres. Alejandra Lloveras, Antonio Rodolfo Lloveras y Juan Sebastián Lloveras por su actuación en doble carácter representando a la parte actora y en forma conjunta por la primer etapa -demanda- en el 8%, y a la Dra. Alejandra Lloveras por su actuación en las dos etapas restantes -prueba y alegato- en el 16% de la liquidación que se practique oportunamente; al Dr. Oscar L. Adarvez por su actuación en doble carácter -derecho propio- y por tres etapas en el 14.4% según pauta explicitada supra; y al Dr. Juan Sebastián Pontoriero por su actuación en doble carácter -propio derecho- y por tres etapas en el 21%."	1. Antecedentes:

La accionante entabla en contra de los Señores Abogados Dres. Oscar L. Adarvez y Sebastián Pontoriero , demanda de daños y perjuicios por responsabilidad profesional que emerge de la tramitación de los autos N° 6925 Caratulados FIERRO SILVINA C/ MORENO ANTONIO VICENTE - SUMARIO - del Juzgado de Familia N° 2.

Los hechos se basan en que luego de dictada sentencia definitiva en el mencionado proceso donde se había condenado al demandado a la restitución del bien inmueble entregado y al pago de daño moral e intereses a su favor, se declaró la prescripción liberatoria de la etapa de ejecución de sentencia, en el marco del incidente respectivo articulado por el Dr. Sebastián Pontoriero. La parte actora entabla el presente proceso por responsabilidad profesional contra el Dr. Oscar L. Adarvez expresando que el mismo durante el período que duró su mandato no instó la apertura del incidente de ejecución de sentencia dejando transcurrir el plazo de prescripción previsto en la ley de fondo. De idéntico modo demanda al Dr. Sebastián Pontoriero por responsabilidad profesional por haber defendido negligentemente sus derechos en tanto no contestó el traslado del exordio de agravios vertidos por la parte apelante de la sentencia de primera instancia que desestimó el incidente de perención de la ejecución de sentencia, que luego la Cámara de Apelaciones revocara declarando la perención y dejándola sin posibilidad recursiva alguna.

Contra la sentencia definitiva dictada en el presente proceso y pretranscripta supra, se alza mediante la articulación de un recurso de apelación el co-demandado Oscar Adarvez a fojas 227, y seguidamente articula apelación la parte actora a fojas 228.

2. AGRAVIOS DEL CO-DEMANDADO ADARVEZ:

El exordio de agravios se encuentra glosado a fojas 232/257 vta. y sintetizo de la siguiente forma: Inicialmente efectúa un extenso análisis de las cuestiones que conformaron el controvertido en el curso del proceso para iniciar los agravios respecto de la sentencia a fojas 247 vta..

En primer lugar se agravia del fallo porque le endilga responsabilidad exclusiva en el trámite de la causa inclusive por actos ocurridos después de que había cesado su intervención en el juicio y sin haber tenido ninguna intervención en ellos, ni posibilidad de control.

Sostiene que desde el punto de vista de su actuación en el proceso tampoco existe la responsabilidad que el Juez le enrostra en forma exclusiva. Afirma que la accionante posee una personalidad conflictiva y era su derecho no actuar sin contar con un poder otorgado en debida forma dado el riesgo existente al momento en que se contrataron sus servicios. Expresa que al momento de su intervención el Sr. Moreno ya era insolvente, porque había transferido sus bienes lo cual ocurrió en febrero de 2001.

Dice que al momento de su intervención ya habían intervenido varios abogados con anterioridad en esa causa y que en fecha 24 de octubre de 2005 a los fines de la ejecución de la sentencia, invocando personería con el poder que le había otorgado la actora, pidió se trabe embargo sobre bienes del deudor, solicitando se requiera informe al Registro de la Propiedad Inmueble sobre la existencia y condiciones del dominio. Continúa diciendo que a fojas 370 amplió el embargo y precisó el propio bien que ocupaba la señora Fierro el cual se encontraba inscripto en un 50% a nombre del demandado Moreno, se dictó providencia ordenándole que precise el monto lo que realizó a fojas 373, disponiendo el Juzgado que previo a proveer se rectificará el poder donde el nombre del apoderado no concordaba con el suyo, y que la Sra. Fierro rectifica el día 11 de diciembre de 2006 que es a partir de cuando pudo actuar formal y legalmente por ella.

Dice también que no puede endilgársele responsabilidad cuando el propio cliente no provee ni sufraga los gastos indispensables para los costos judiciales y señala que a fojas 23 obra la copia del recibo por la suma de $ 358 entregados por la Sra. Fierro el día 20 de diciembre de 2006, que alcanzaba exactamente para abonar la tasa de embargo siendo esta la primer y única vez que la actora me entregó una suma de dinero para solventar su propio juicio. Agrega que la pretensión de la actora es cambiar su deudor insolvente por su abogado solvente, para lograr cobrar un juicio que era ya incobrable cuando le contrató.

Seguidamente expresa que el Señor Juez ha considerado el contrato de servicios profesionales oportunamente suscripto con la actora solo respecto de la causa penal, rebatiendo que el mismo incluye toda otra acción civil, con la prevención de la precariedad de la situación fáctico jurídica en que se encontraba el expediente al momento de requerirse sus servicios profesionales, no comprometiéndose ni asegurando el resultado de la labor encomendada.

Objeta la sentencia en cuanto el Señor Juez otorgó validez exculpatoria al convenio presentado por el Dr. Juan Sebastián Pontoriero cuya copia obra a fojas 68 y contradictoriamente el convenio que lo vincula al recurrente con la actora, redactado en términos similares para el mismo Juez no tiene la misma validez.

Expresa que, conforme lo alegado y probado en la causa consta que el poder válido otorgado por la Señora Fierro, recién surte efectos a partir del día del otorgamiento de la escritura N° 44 cuya copia obra a fs. 18 de autos el día 11 de diciembre de 2006 y revocado el día 28 de diciembre de 2007. Destaca que el no actuaba ni aceptó actuar como abogado patrocinante, por las dificultades que presentaba la personalidad conflictiva de la actora, como lo demuestra el recibo para el monto del embargo cuya suma recién entrega el día 20 de diciembre de 2006.

Endilga a la sentencia haber realizado razonamientos contradictorios con la prueba rendida en autos y que, lo único eventualmente mensurable sería la pérdida de chance si acaso se le pretendiere responsabilizar de algo.

Agrega que está reconocido por la propia actora que Moreno era insolvente cuando fue a verlo por primera vez en el año 2003 en tanto el inmueble había sido transferido en Septiembre de 2001. Afirma entonces que la chance de cobrar el juicio, aún sentenciado, al momento en que es contratado era nula, por ende no surge perjuicio que con su accionar pudo haber ocasionado a la accionante.

Objeta la sentencia puntualmente en cuanto a la condena por daño moral a la que considera contradictoria con lo probado en la causa afirmando que en materia contractual el daño moral resulta de interpretación restrictiva y que el mismo debe ser debidamente probado.

Finalmente expresa que no corresponde que sea condenado en costas y mucho menos por el 24 por ciento teniendo en consideración que la demanda fue admitida parcialmente. Finalmente solicita que la sentencia recurrida sea revocada en todas sus partes por ser incongruente la parte dispositiva con los hechos expuestos y probados en el juicio y los antecedentes totales de la causa y por endilgarle responsabilidad por hechos, omisiones o actos ajenos como dejar vencer los embargos anotados por los abogados que intervinieron antes que el apelante, no haber planteado la prescripción del crédito de Moreno o haber abandonado la posesión de la casa que la señora Fierro podía mantener y obtener su escrituración total etc. Todo lo cual solicita disponga con expresa imposición de costas.

La parte actora contestó la expresión de agravios en forma tardía razón por la que mediante proveído de fojas 292 se ordenó su desglose dejándose allí mismo constancia por Secretaría del Juzgado.

3. AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA:

A fojas 262/266 luce glosada la expresión de agravios correspondiente al recurso de apelación concedido a la parte actora, el cual se sintetiza a continuación.

En primer lugar expresa que se agravia de la sentencia en cuanto rechaza la demanda respecto del co-demandado Sebastián Pontoriero en tanto afirma que la sentencia adolece de un manifiesto error de apreciación respecto al significado y validez jurídica de la cláusula del convenio de servicios profesionales referido que lo releva de responsabilidad por la mala praxis cometida. El error del juzgador dice, es consecuencia de incumplir con la directiva del artículo 164 del CPC que lo obliga a ponderar todos los argumentos conducentes de las partes como es en este caso la refutación de esas conclusiones y la demostración de la irrelevancia de la aludida cláusula del convenio de solicitud de servicios profesionales presentado por el Dr. Pontoriero.

Agrega que la sentencia no ha tenido en cuenta que al contestar el traslado de ese planteamiento del codemandado Pontoriero opuso claramente las precisas objeciones que demostraban la improcedencia de sus argumentos y pretensión.

Afirma que las inexcusables omisiones de su gestión determinaron que deviniera firme la sentencia que declaró prescripto el crédito de la accionante cuya ejecución se le encomendara.

Dice que reconoce la firma y el texto del escrito solicitud de servicios profesionales que se agregó a fojas 68, pero crítica el fallo en tanto considera que es un recurso del Dr. Pontoriero para librarse de responsabilidad puesto que esa solicitud de servicios profesionales se suscribió el 23-06-2010 es decir dos años y medio después que el profesional viniera prestando servicios, y cuando dicho profesional ya había incurrido en irreparables omisiones en el cumplimiento de sus deberes profesionales. Imputándole haberse abstenido de defender ante la Cámara el derecho de la actora admitido por la sentencia de primera instancia y de hacer para el caso de una resolución adversa, la pertinente reserva del caso constitucional y federal y de los recursos extraordinario de la ley 2.275 y art. 14 de la ley 48, y en segundo lugar le acusa de dejar vencer los plazos sin articular el recurso extraordinario respectivo, quedando en consecuencia firme la sentencia de cámara que hizo que el crédito ejecutado deviniera inexigible y la actora perdiera su valor económico.

Agrega que el fallo no advierte que la inclusión en un convenio de prestación de servicios profesionales celebrado por un abogado con su cliente en el que el cliente desobliga de toda responsabilidad al profesional por su intervención en el juicio es un contrasentido y es dice un acto carente de objeto válido.

En el segundo agravio crítica el fallo en cuanto limita la indemnización del daño moral causado a la suma de $5.000 mas intereses a tasa activa, desestimando su pretensión de que se lo fijara en el 50% del monto correspondiente a la indemnización del daño patrimonial, entendiendo de lo resuelto resulta de tan solo el criterio discrecional del Juez para estimarlo. (cita jurisprudencia).

En el tercer agravio critica lo resuelto en cuanto a la imposición de costas solicitando que las mismas en cuanto a la revocación de la sentencia por vía del recurso de apelación requiere una readecuación en la imposición de costas que solicita se impongan al co-demandado Dr. Pontoriero, no obstante lo cual solicita igualmente que en caso de desestimarse el primer agravio se exima a su parte de costas en tanto las omisiones cometidas por el Dr. Sebastián Pontoriero se encuentran acreditadas en autos y reconocidas por el mismo.

El cuarto agravio refiere a su reclamo indemnizatorio por los honorarios de $17.000 pagados al Dr. Moyano que sólo se ha reconocido en la sentencia por la suma de $ 6000 acreditada con el recibo presentado (fs. 03) no obstante que el sellado de actuación dice que se liquidó sobre el monto total de ese pago (fs. 205) que estaba efectivamente cancelado. La actora manifiesta bajo juramento que no tenía conocimiento o memoria de la existencia del recibo cancelatorio, firmado por el Dr. Moyano, recién encontrado entre sus papeles que acompaña como prueba para acreditar ese pago y abonar su petición de que se admita dicho agravio y se reconozca a los fines indemnizatorios el importe total de ese gasto conforme lo peticionara en la demanda. Finalmente expresa que mantiene las reservas constitucionales para el caso de un pronunciamiento adverso.

La expresión de agravios de la parte actora fue respondida a fojas 282/285 por el co-demandado Dr. Oscar Adarvez quien por los fundamentos que allí vierte solicita se desestime el recurso de apelación de la actora en la parte que atañe a sus agravios.	Por su parte el co-demandado Dr. Pontoriero contesto subsidiariamente la expresión de agravios de la parte actora a fojas 313/318 de autos solicitando por los argumentos que allí vierte el rechazo de la apelación articulada por la accionante.

4. TRATAMIENTO:

4.1 Recurso de Apelación del Co-demandado Adarvez fs. 227:

En primer lugar y por razones de orden metodológicas luego de efectuar el estudio preliminar de esta causa entiendo correcto iniciar el tratamiento del recurso de apelación articulado por la parte co-demandada Dr. Oscar L. Adarvez.

En tal sentido advierto que el Señor Juez del Tercer Juzgado Civil condena por responsabilidad profesional al admitir parcialmente la demanda instaurada en su contra, para ello, efectuó un análisis de las constancias de autos que deja reflejado al enunciar los hechos acaecidos en el proceso originario Autos N° 6925/C BIS caratulados FIERRO SILVINA ESTELA c/ MORENO ANTONIO VICENTE - SUMARIO - Originarios del Juzgado de Familia N° 2) el cual a sido acompañado al presente y tengo a la vista.

Sintetizando el mismo se observa que dicho proceso se inició en 1988 por demanda articulada por el Dr. Jorge Peluc Álvarez quien actuó en representación de la Sra. Silvina Fierro, con posterioridad actuaron por la Señora Fierro los Dres. Estela Irene Posleman y Felix Vega Lecich quienes actuaron hasta el año 2000 en donde luego de su renuncia al mandato comparece la Dra. María Graciela Vega Lecich como apoderada de la parte actora renunciando a fojas 330, y compareciendo posteriormente el Dr. Miranda Mallea quien solicitó la reinscripción de los embargos preventivos.

El Dr. Adarvez realizó su primer presentación en el proceso en fecha 28-02-2003 tal como lo señala el Señor Juez en su pronunciamiento mediante la cual solicita se le expida copia certificada del boleto de compra venta. Con posterioridad se hace parte (marzo de 2003) acompañando copia de un poder de representación por la parte actora a requerimiento del juzgado, con posterioridad efectuó otra presentación en fecha 24-10-2005 donde invocando que proseguía con la ejecución de la sentencia y a esos fines solicita informe del Registro General Inmobiliario a fin de determinar las condiciones del dominio de los bienes embargados y de los que existan a nombre del demandado y solicita un embargo de bienes muebles, luego con posterioridad el Juzgado no le provee y le solicita que acredite debidamente la personería toda vez que advierte que en el poder presentado se había consignado erróneamente el apellido) agregándose con posterioridad en fecha 18 de diciembre de 2006 una acta aclaratoria rectificatoria de la escritura poder N° 60, proveyéndose en esa ocasión el embargo peticionado anteriormente. Luego en fecha 18/12/2007 comparece la actora patrocinada por el Dr. Pontoriero revocando todo patrocinio y representación letrada anterior.

Hasta aquí los principales hechos que emergen de las probanzas y constancia de los autos originarios premencionados supra.

Antes de ingresar al tema en agravio, diré que en general comparto los lineamientos doctrinarios citados brevemente por el Señor Juez de Primera Instancia no obstante considero que en materia de responsabilidad profesional del abogado corresponde tener en consideración distingos importantes.

Entiendo que resultan presupuestos necesarios para la determinación de la responsabilidad profesional del abogado los siguientes: a) la antijuridicidad o ilicitud de un obrar contrario a derecho, a deberes impuestos por el ordenamiento jurídico, es decir que, cuando la responsabilidad es contractual la responsabilidad emerge si se observa la trasgresión a las obligaciones pactadas entre cliente y abogado (cfr. art. 1197 del Cod. Civil) y si fuera extracontractual la responsabilidad queda configurada por la violación de la ley en sentido material. (arts. 1066 y ss., 1074 y 1109 siguientes y concordantes del Cod. Civ.).

b) Por la existencia de una vinculación causal adecuada entre el proceder del profesional y el perjuicio sufrido por el damnificado.

c) La necesaria concurrencia de un factor de atribución de responsabilidad subjetivo u objetivo que la ley repute apto o idóneo para determinar en cada caso quién habrá de ser el sujeto responsable.

Cabe señalar entonces que la responsabilidad profesional corresponde enmarcarla dentro del contexto de la responsabilidad en general, no obstante lo cual resulta en el caso de la responsabilidad del abogado emergen particulares características que son propias del ejercicio de la profesión y la regulación jurídica y procesal que engloba a todo el sistema judicial. Así entonces puede verse en ello, el accionar diferenciado que corresponde al mismo cuando actúa como profesional patrocinante a la actuación en carácter de apoderado, la concurrencia en cualquiera de ambos caracteres de la voluntad del cliente, como también la participación en dicha relación de la acción a cargo del Órgano Jurisdiccional (en tal caso el Juez) que es el encargado de meritar la procedencia de las pretensiones que se impetran.

Dichas particularidades, que, como dije concurren e inciden en el análisis de responsabilidad civil, no pueden dejarse de lado, deben ser objeto de un detallado estudio a fin de determinar si emerge la configuración de los presupuesto de responsabilidad civil, que permita concluir en la imputación correcta.

En tal sentido importante jurisprudencia ha sostenido "la responsabilidad profesional del abogado presenta aristas especialmente delicadas, no asimilables a la de otras profesiones liberales. Ello así, por cuanto, el ejercicio profesional de la abogacía, como parte del servicio de justicia, mas allá del interés privado del cliente, compromete la meta constitucional del afianzamiento de justicia" Cfr. Cámara Tercera Civil de Mendoza, in re "Moreno Santiago .Daños y Perjuicios - 10-10-98, LS 083 - 121.

Por otra parte la jurisprudencia de aplicación ha sostenido "la naturaleza de la responsabilidad del abogado es contractual con respecto a su cliente y extracontractual con relación a los terceros que pueden sufrir un perjuicio por el mal desempeño en su actuación profesional (cfr. Cámara Nacional de apelaciones en lo Civil, Sala D, 04/05/1979 en Autos Minuzzi de García Huerga c/ Aleonada Aramburu y otro - La Ley 1979-D-pag. 21.

Por las razones expuestas, el análisis detallado de la actuación profesional del co-demandado Dr. Oscar L. Adarvez me conduce a una conclusión distinta a la arribada por el Señor Juez de Primera Instancia, en tanto observo en forma clara que no se reúne el presupuesto esencial de nexo de causalidad suficiente y por ende tampoco emerge el factor de atribución necesario para endilgarle responsabilidad profesional en los términos jurídicos ya descriptos anteriormente.

En efecto surge de los autos originales que tengo a la vista que (N° 6925/C BIS Caratulados "Fierro Silvina Estela c/ Moreno Antonio Vicente - Sumario) que como primer actuación inherente a la temática en el proceso fue en fecha 28-02-2003 donde expresa que se viene haciendo parte y adjuntando un poder para juicios (escritura N° 60 de fecha 22/08/2002) otorgado por la Sra. Silvina Estela Fierro, en dicho escrito no se revoca el poder a los profesionales que intervenían en ese momento (Dr. Alfredo Miranda Mallea (según surge de fs. 331/332), ni tampoco surge que el profesional haya renunciado al mandato (art. 55 del C.P.C.), razón por la que en los términos del art. 53, 1° párrafo ibid, surge que la obligación de la continuidad del proceso no se posesiona en cabeza del co-demandado, en tanto solo solicitó se le otorgaran copias certificadas de un contrato de compraventa.

Con posterioridad, en fecha 24 de Octubre de 2005 se presenta acompañando nuevamente el poder otorgado por medio de la Escritura N° 60 de la Escribanía del Dr. Carlos Pablo Yossa y solicita se requieran informes al Registro General de la Propiedad Inmueble sobre la existencia y condiciones del dominio de los bienes que fueran embargados y los que existieren a nombre del demandado.

En tal oportunidad el profesional expresó "prosiguiendo con la ejecución de la sentencia y a estos fines solicito se requiera informe .." (conviene recordar que en ese momento se encontraba vigente el Código Procesal Civil ley 3738 y leyes complementarias específicamente el artículo 485 -Suma Líquida Embargo), razón por la que cabe y es lógico interpretar que el profesional se proponía obtener informe de bienes del deudor a fin de proceder a la ejecución de la sentencia.

Sin embargo las peticiones respecto de las medidas cautelares oportunamente solicitadas no le fueron proveídas por el Tribunal en razón de existir un error en la escritura poder N° 60 precedentemente citada justamente en el apellido del apoderado, razón por la que el Juzgado mediante providencia de fecha 6 de diciembre de 2006 proveyó: "acredite personería y se proveerá". La rectificatoria de la escritura N° 60 de fecha 22 de agosto del 2002 tiene fecha del 11 de diciembre de 2006 (obra en copia a fojas 374).

Dicho error en el Poder General de Representación no puede serle endilgado en modo alguno al profesional abogado co-demandado que se vio impedido de ejercer debidamente la representación del cliente, en tanto producir la rectificación del mismo es obligación del poderdante, máxime teniendo en consideración que en la presentación de fecha 28 de Febrero de 2003 (fs, 335 del Expte 6995/C bis), anterior a la fecha que se produjo la prescripción de la acción de ejecución de la sentencia (Abril de 2003) conforme lo resuelto y pasado en autoridad de cosa juzgada en el pronunciamiento de Cámara de fecha 14-05-2010 fs. 90/94 del Inc. de ejec. De Sentencia Autos N° 17406), el letrado solo peticionó en esa fecha copia de un contrato de compraventa, a más de ello, el Juzgado no le proveyó, en tanto no se había acreditado debidamente allí la personería (ver fojas 335 y vta. autos 6925/C bis), razón por la que no se pudo tener por acreditada en autos su representación.

Todo ello significa sin lugar a dudas que, al momento en que operó la prescripción de la acción de ejecución de la sentencia (reitero Abril de 2003, según surge del fallo firme de Cámara de Apelaciones fecha 14-05-2010 fs. 90/94 del Inc. de ejec. De Sentencia Autos N° 17406) el co-demandado abogado Oscar L. Adarvez no había asumido la representación legal de la actora en esos autos (que tengo a la vista) manteniéndose la anterior (de conformidad a lo dispuesto por el art. 53 1er párrafo del C.P.C.).

Conforme a ello, toda la actuación profesional posterior del co-demandado, tendiente a gestionar informes, embargos, etc., ocurrida con posterioridad se torna vacua como causa suficiente de la presente acción de daños y perjuicios.

Surge evidente que, si el profesional tuvo participación en los autos con posterioridad a la fecha en que se produjo la prescripción de la acción de ejecución de la sentencia no es posible responsabilizarlo de la misma.

Por otra parte, analizada la actuación efectiva del Dr. Oscar L. Adarvez en el proceso posterior a la fecha ya señalada supra de cumplimiento del término preclusivo, de la misma no surgen elementos que permitan meritar que se ocasionó perjuicio alguno al accionante, toda vez que mediante la misma se posibilitó la traba de embargo sobre bienes del deudor aún cuando ya no era posible proceder a la ejecución de los mismos, tampoco resulta posible imputar responsabilidad al mismo por el incidente de ejecución de sentencia que tuvo lugar sin su participación.	Y finalmente, analizado convenio denominado "solicitud de servicios profesionales" (obrante a fojas 20 de estos autos) que fuera suscripto por la Sra. Fierro y el Dr. Adarvez en fecha 09 de agosto de 2006, y que ha sido reconocido expresamente por la parte accionante, juzgo que el mismo es expresamente comprensivo de los presentes autos, en tanto expresa que incluye toda acción civil conexa o conjunta tendiente a hacer valer sus derechos, conviniéndose allí que la Señora Fierro conocía y estaba prevenida de la precariedad de la situación jurídico-fáctica que se sometía a su dirección no comprometiéndose resultado alguno por la labor encomendada.

Dicho texto resulta a todo evento una causal excluyente de responsabilidad frente al resultado por la gestión encomendada, y nada obsta que el mismo fuera firmado con posterioridad a que tomara intervención en la causa, pues, como resulta lógico, el término de prescripción de la acción ya se había producido en fecha anterior a que se acreditara su participación en los autos.

Por los fundamentos expuestos, concluyo en que no se acredita nexo causal suficiente para determinar imputación de responsabilidad civil profesional al co-demandado abogado Oscar L. Adarvez correspondiendo en consecuencia hacer lugar al recurso de apelación articulado a fojas 227 y revocar la sentencia de primera instancia en la parte pertinente, disponiendo en su lugar desestimar la demanda incoada.

Habiendo sido tema expresamente incluido por el apelante en sus agravios de igual modo corresponde revocar la imposición de costas efectuada por el Juez de Primera Instancia y en concordancia con el presente pronunciamiento imponerlas a la parte actora vencida conforme lo dispuesto por el art. 66 del C.P.C.S.J., Así Voto.

4.2 Recurso de Apelación de la parte Actora fs. 228:

Anticipo en este punto que he de propiciar el rechazo íntegro de los agravios vertidos por los siguientes fundamentos.

En primer lugar conviene recordar que al co-demandado Dr. Juan Sebastián Pontoriero se lo ha demandado (ver Fs. 07/11 de estos autos) por incurrir en negligencia profesional al haber cometido diferentes omisiones en el proceso que importan según lo afirma el accionante negligencias graves que culminaron con la sentencia de cámara que declaro prescripta la acción de ejecución de sentencia.

Siendo así, corresponde analizar que, el Poder otorgado por la accionante al Dr. Juan Sebastián Pontoriero es de fecha 20 de diciembre de 2007 (cfr. escritura N° 180 Escribanía del Dr. Carlos Pablo Yossa cuya copia obra a fojas 388, de los autos N° 6925/C bis que tengo a la vista) y la primera presentación de dicho profesional es de Febrero de 2008 (ver fs. 389 ibid).

El incidente de ejecución de sentencia (expte n° 17406 del 2do. Juzgado de Familia que tengo a la vista) se inicia por el Dr. Juan Sebastián Pontoriero el día 21 de febrero de 2008, es decir en una fecha muy posterior a la fecha de prescripción de la acción de ejecución de la sentencia.

No puede dejar de considerarse que la Cámara de Apelaciones en fallo que se encuentra firme juzgó en dicho incidente (fecha 14/05/2010) "reiteramos, todos los actos a los que hace referencia la ejecutante al responder el traslado de las excepciones como el sentenciante al emitir pronunciamiento pueden ser considerados a los fines de tener o no por operada la caducidad de instancia pero no, a los fines de interrupción del plazo de prescripción del art. 4023 del C.C.. Además , no puede pretenderse que el término contenido en el dispositivo legal precitado se vaya interrumpiendo indefinidamente cada vez que el ejecutante peticione la traba de un embargo...sic"	Por lo tanto, del mismo fallo supra señalado surge que el término de prescripción se encontraba corriendo desde el 16/04/1993 según lo juzgó este Tribunal en el pronunciamiento precedentemente señalado; en consecuencia el plazo de prescripción de la acción se cumplió en Marzo de 2003, tal como lo he meritado supra al tratar el recurso de apelación del Dr. Oscar L. Adarvez.

En función de ello, no es posible responsabilizar al profesional abogado que tuvo intervención en fecha muy posterior a acaecida la prescripción de la acción de ejecución de sentencia.

Respecto del segundo agravio, referido al error de apreciación por parte del Señor Juez respecto al significado y validez jurídica de la cláusula del convenio de servicios profesionales referido que lo releva de responsabilidad, juzgo que tampoco puede prosperar, toda vez que los argumentos fundantes esgrimido por el apelante resultan insuficientes para conmover lo afirmado y juzgado por el sentenciante.

Afirmó la apelante que reconoce la firma y el contenido del convenio obrante a fojas 68 pero objetó el mismo porque dijo que había sido compelida la suscriptora por el letrado para su firma, todo lo cual no se encuentra en modo alguno probado. Y, tampoco puede con tan sólo argumentos verbales descalificantes del mismo, privar de validez las cláusulas allí impuestas, en particular la eximente de responsabilidad que del instrumento emerge en forma expresa.

Por tales razones, comparto el fallo del sentenciante de primera instancia en cuanto a su conclusión de que no surge respecto del actuar del Dr. Juan Sebastián Pontoriero el nexo causal adecuado para endilgarle responsabilidad alguna por el resultado final del incidente de ejecución de sentencia cuya acción fuera declarada prescripta con fundamento en la ley de fondo (no caduca o perimida).

Propongo en conclusión que el recurso de apelación en tratamiento sea rechazado confirmando la sentencia de primera instancia en su parte pertinente correspondiendo imponer las costas de esta instancia a la parte apelada vencida de conformidad a lo dispuesto por el art. 66 y concordantes del C.P.C.S.J. Así lo Voto.

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. LUIS ALBERTO RECIO, dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Daniel G. Olivares Yapur.

En mérito de la votación que antecede, SE RESUELVE:

1. Hacer lugar al recurso de apelación incoado a fojas 227 por la parte co-demandada Dr. Oscar L. Adarvez correspondiendo en consecuencia revocar parcialmente la sentencia de primera instancia de fecha 29 de mayo (fs. 212/223) en su parte pertinente, disponiendo en su lugar desestimar la demanda incoada en su contra revocando la imposición de costas efectuada por el Juez de Primera Instancia y, en concordancia con el presente pronunciamiento imponerlas a la parte actora vencida conforme lo dispuesto por el art. 66 del C.P.C.S.J., todo ello de conformidad a los fundamentos vertidos en los considerandos pertinentes.

2. Imponer las costas de esta instancia por el recurso de apelación de fojas 227 a la parte accionante vencida.

3. Desestimar el recurso de apelación articulado a fojas 228 por la parte actora confirmando en lo pertinente la sentencia de primera instancia de fecha 29 de mayo de 2015 (fs. 212/223), imponiendo las costas de alzada a la parte apelante vencida. Todo ello de conformidad a los fundamentos vertidos en los considerandos respectivos.

4. Regular honorarios por su actuación en alzada por el recurso de apelación de fojas 227 al Dr. Oscar L. Adarvez en la suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) de lo que se le regule oportunamente en primera instancia.

5. Regular honorarios por su actuación en la alzada por el recurso de apelación articulado por la parte actora a fojas 228, a la Dra. Alejandra Lloveras, al Dr. Oscar L. Adarvez y al Dr. Juan Sebastián Pontoriero en la suma equivalente al 30% de lo que les sea regulado a cada uno de ellos oportunamente en primera instancia.

6. Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C..FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. LUIS ALBERTO RECIO. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. SENT. T° II F° 183/193 AÑO 2017