Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-12-10


San Miguel de Tucumán, diciembre 10 de 2012.

La doctora Sbdar dijo:

1. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fojas 293/307 por la demandada, por intermedio de letrado apoderado, contra la sentencia de fecha 29/12/2011 de la Sala I de la Cámara del Trabajo del Centro Judicial Concepción (fs. 256/268 vta.). El Tribunal declaró admisible el recurso por resolución de fecha 24/5/2012 (fs. 333 y vta.), y del informe actuarial de fs. 340 surge que las partes no presentaron la memoria prevista en el art. 137 del CPL.

El pronunciamiento recurrido hizo lugar parcialmente a la demanda. Condenó a la demandada al pago de la suma total de $45.666,14 (pesos cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis con catorce centavos) en concepto de: sueldo febrero 2010, SAC proporcional 1º semestre/2010, vacaciones no gozadas, integración mes de despido, SAC s/integración mes de despido, indemnización por antigüedad, preaviso e indemnización art. 1º Ley 25.323. Al mismo tiempo, absolvió a la demandada del pago de los rubros sueldos impagos, SAC s/vacaciones no gozadas, indemnización art. 80 LCT, indemnización art. 43 Ley 25.345, indemnización art. 8 Ley 24.013, sueldos impagos e indemnización art. 2º Ley 25.323. Impuso las costas, a la parte demandada vencida el 100% de las propias y el 50% de las de la parte actora; y a esta última, el 50% restante de las propias. Finalmente, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

2. El recurrente alega el cumplimento de la totalidad de los recaudos formales exigidos por el CPL (arts. 130/133). Expresa en tal sentido que el fallo cuestionado constituye sentencia definitiva, que el recurso ha sido interpuesto en término ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la sentencia, que a los fines del afianzamiento exigido ofrece en embargo bienes muebles y útiles por el monto de la condena, que está configurada la gravedad institucional, que el escrito se basta a sí mismo y que en el mismo se alega violación, inobservancia y errónea aplicación de normas de derecho sustancial y formal, y arbitrariedad del pronunciamiento impugnado.

Se agravia en primer término de que la regulación de honorarios efectuada por la Cámara "omite considerar al art. 505 del Cód. Civil, de aplicación ineludible". Según el recurrente "la cantidad establecida en concepto de honorarios profesionales en la sentencia referida excede con creces el tope establecido en el citado precepto legal, es decir el 25% del monto condenado a pagar. Considera que resulta así obligada al pago "de una suma que muestra evidente desproporción, con relación a la condena por capital". Alega que tal situación "amerita su revisión". En consecuencia, solicita "se efectúe el prorrateo previsto en nuestro ordenamiento civil, hasta el límite de la responsabilidad que corresponda por el pago de las costas".

El segundo agravio cuestiona "la forma totalmente arbitraria e injusta en que se imponen las costas, contraviniéndose expresas disposiciones legales". Según el recurrente de la lectura del fallo "se advierte con evidencia que ha mediado respecto del actor plus petitio y extrapetita inexcusable. Consecuentemente, debió disponerse que el demandante se haga cargo de la totalidad de los honorarios de su parte y la proporcionalidad de los de la demandada en la medida del rechazo de sus pretensiones". Afirma que el tribunal "ha soslayado una norma expresa en la materia, el art. 49 del CPL" dado que "al haber la accionante incluido rubros y montos en la demanda conociendo acabadamente que los mismos resultaban de premisas erróneas, improcedentes y originadas en su mero voluntarismo, existe una significativa mala fe de su parte, habiéndose asimismo rechazado su pretensión inicial en más de un 50 %". Insiste en que "la pluspetición y la extrapetición resultan evidentes en autos, aun cuando la totalidad de los rubros debió ser rechazada, por lo que corresponde, de acuerdo a la ley, que las costas se impongan en su totalidad al actor; o en su caso, soportar en la proporcionalidad indebidamente reclamada las costas de la accionada".

Como último agravio el recurrente alega que la sentencia "resulta arbitraria por cuanto la valoración de la prueba que efectúa el sentenciante se basa en su mero voluntarismo y de ningún modo tiene sustento en las pruebas rendidas en la causa". Afirma que la Cámara "violó elementales normas que rigen la materia efectuando una errónea apreciación de la prueba rendida en autos y colocándonos en presencia de una sentencia arbitraria o absurda". Agrega que la sentencia atacada "se apoya en insostenibles resultados probatorios, advirtiéndose el absurdo o arbitrariedad que se hace presente en la sentencia del 29/11/2011". Al respecto, sostiene que "las manifestaciones únicas y aisladas de un solo testigo no pueden ser sustento suficiente para tener por acreditado el inicio de la relación laboral cuando otro testigo refiere que la misma se originó en otra fecha". Considera que "el yerro del Tribunal consiste en que confiere a la testimonial una aptitud o eficacia mayor de la que en verdad posee...". Expresa que "resulta igualmente arbitraria la sentencia al tener por acreditada la existencia de un contrato de trabajo permanente y no prestaciones esporádicas, basándose siempre en las manifestaciones de un solo testigo; declaración en la que basa la totalidad de los fundamentos que intenta sostener para receptar la pretensión del actor". Insiste en que no resulta razonable la sentencia toda vez que el propio actor "ha abandonado de modo absoluto la obligatoriedad de la actividad probatoria que debe desplegar y en especial ha abandonado la obligatoriedad de acreditar la prueba documental acompañada que ha sido expresamente negada por mi parte". Agrega que "resulta absurdo que el Tribunal, favoreciendo de modo injustificado la posición del demandante, entienda que mi parte no ha negado la recepción de los telegramas remitidos por el actor" cuando del escrito de responde se desprende lo contrario. Con relación a la causa del distracto sostiene que el tribunal "tiene igualmente acreditada la procedencia del despido indirecto sin fundamento alguno, basándose nuevamente en los dichos del único testigo y de la veracidad de la documental que ha sido expresamente negada por mi parte y respecto de la cual no ha sido probada su autenticidad y/o veracidad por el accionante".

De conformidad a las consideraciones precedentemente reseñadas, propone doctrinas legales, pide se haga lugar al recurso interpuesto y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, deja planteado el caso federal a los fines del recurso extraordinario del art. 14 de la Ley 48.

3. Atento los términos de la demanda y su responde, la Cámara consideró que constituía "un hecho admitido y por ende exento de pruebas la prestación de servicios por parte del actor a favor de la accionada como personal de mantenimiento en el sanatorio ubicado en Avenida Mitre Nº 279 de la ciudad de Aguilares", y que la relación jurídica substancial encuadraba "dentro de la Ley 20.744 y del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 122/75". Asimismo, estimó "auténticas y recepcionadas las misivas cursadas entre las partes". Por aplicación del art. 60 CPL tuvo al recurrente por conforme con la versión contenida en la demanda acerca de "las tareas realizadas, remuneraciones percibidas y forma de liquidación de los haberes del actor".

Respecto de la modalidad del contrato de trabajo, luego de analizar los términos en que quedó trabada la litis, la posición asumida por las partes, y el plexo probatorio de la causa, el tribunal concluyó que "entre el actor y la firma demandada Sanatorio Mitre S.R.L. existió un contrato de trabajo permanente". Para arribar a tal conclusión, consideró que aunque en su responde la demandada manifestó que el contrato de trabajo del actor era de tipo eventual, estaba a su cargo la prueba de tal aseveración según lo dispone el art. 99 de la LCT. Sin embargo esto último fue "incumplido en la litis por la accionada al no verificarse actividad probatoria válida y eficaz en el sentido prescripto por la norma". A juicio de la Cámara ello "impide valorar el carácter eventual de tal relación...considerándose de aplicación al caso, la presunción consagrada en el art. 23 de la L.C.T. en cuanto a la existencia de un contrato en grado de subordinación; y la falta de la correspondiente prueba, por parte de la demandada, en cuanto al carácter que asigna a tal relación y que el art. 99 pone a su cargo, faculta a tener por configurado un contrato de trabajo por tiempo indeterminado en los términos del art. 90 de la referida ley". Agregó que tal conclusión se veía reforzada por "la postura contradictoria que adopta la demandada, toda vez que en el intercambio epistolar previo a esta instancia judicial, al igual que en las actuaciones administrativas sustanciadas ante la delegación local de la S.E.T., niega lo que más tarde al contestar demanda termina admitiendo, esto es la existencia de la relación laboral y el desempeño del actor de las tareas de mantenimiento en el sanatorio demandado. En ese contexto resulta evidente que la conducta observada por la empleadora contraviene la doctrina de los actos propios en sus contradicciones".

En cuanto a la fecha de ingreso, el tribunal estuvo a la indicada por el actor. Consideró que se trataba de un hecho no desvirtuado por la demandada "ya que al respecto el testimonio del testigo Pedro Hernán Leisamon (fs. 168) me parece irrefutable, máxime frente a la contradicción en incurre sobre dicha cuestión la testigo Pera que declara a instancia de la demandada lo que lleva a otorgar preponderancia al de aquél (SIC)". En consecuencia, la Cámara tuvo por acreditado que el actor "ingresó en fecha 01/02/2003 a prestar servicios para la demandada, como así también que cumplió una jornada laboral diaria que se extendía desde las 7,00 hs. a 13,00 hs.".

En relación a la causa del distracto laboral, el tribunal tuvo por configurada "la extinción contractual por vía indirecta, generándose para el trabajador el derecho al pago de las indemnizaciones propias del despido incausado". Para arribar a tal conclusión consideró que ante la intimación del actor de fecha 13/03/2010 formalizada por telegrama colacionado laboral en el cual solicitó la correcta registración de la relación en los términos de la Ley 24013, como así también el otorgamiento de trabajo, bajo apercibimiento en caso de negativa o silencio de considerarse injuriado y despedido, la demandada contestó mediante carta documento de fecha 23/03/2010 "negando no solo que corresponda registrar la relación laboral, sino también hallarse vinculada con el actor y que trabaje o haya trabajo como personal de mantenimiento", conceptos que reiteró en carta documento remitida el 08/04/2010. En base a tales hechos, la Cámara estableció que el telegrama de fecha 22/04/2012 remitido por el actor "tuvo virtualidad extintiva de la relación laboral que a esa fecha continuaba vigente, ya que la negativa de la relación laboral infiere una injuria que provoca razonablemente la situación de despido". En consecuencia, declaró "su derecho a percibir las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 del régimen de contrato de trabajo (t.o.)".

4. El recurso de casación ha sido deducido en término y se dirige contra una sentencia definitiva, salvo en relación al agravio sobre la regulación de honorarios. Cabe señalar que el art. 31 de la Ley 5480 de Honorarios de Abogados y Procuradores de Tucumán (texto consolidado), dispone que contra las regulaciones practicadas por las Cámaras de Apelaciones "ya fueran confirmatorias o modificatorias de las practicadas por inferiores en grado o directamente por actuaciones cumplidas ante dichos tribunales, habrá recurso de revocatoria, el que podrá ser interpuesto dentro del tercer día de notificación". A su vez, el art. 53 del CPL establece que las regulaciones de honorarios que dictaren las Salas de la Cámara del Trabajo "sólo serán susceptibles de reconsideración ante el mismo tribunal". En consecuencia, corresponde estar a lo establecido por esta Corte en el sentido de que "la sentencia recurrida, en lo que a la regulación de honorarios dispone, no puede considerarse sentencia definitiva (en relación a la cuestión de fondo que motivó el litigio) en los términos del art. 130 CPLT. Esto es así debido a que el recurrente omitió la interposición del recurso de revocatoria mencionado, cuyo resultado hubiera constituido sentencia definitiva a los efectos del recurso casatorio. La falta de promoción de la revocatoria perjudicó por tanto la admisibilidad de la casación en lo que al presente agravio se refiere" (CSJT, "Fuensalida, Mario José vs. Cossio, Fernando Ramón s/Cobros", sentencia nº 953 del 08/11/2001). De manera concordante, este Máximo Tribunal local ha dicho que "La ley procesal laboral, en su art. 53, última parte del primer párrafo, concordante con lo dispuesto por el art. 32 de la ley arancelaria local (actual art. 31), contempla la revisión por la vía de la revocatoria o reconsideración y ante el mismo tribunal que la dictó, de las regulaciones de honorarios practicadas por las Salas de la Cámara. Al respecto, Brito y Cardoso de Jantzon, luego de examinar el recurso de revocatoria previsto en el art. 32 de la ley 5480 (actual art. 31), refiriéndose a los juicios laborales, expresan que, a más de los principios expuestos, en materia laboral rige el art.53 del Código de Procedimientos del Trabajo que dice: 'Las (regulaciones) que dictaren las Salas sólo serán susceptibles de reconsideración ante el mismo Tribunal' (cfr.: "Honorarios de Abogados y Procuradores", pág. 152)", (CSJT, "Ortega de Martínez Rosa Emma vs. Barbieri y Compañía SACIFIA s/Indemnización", sent. nº 695, del 07/10/1996; "Fernández, Lilia Ester vs. Maxicambio S.A. s/Cobros", sent. nº 733, del 27/9/2004). En mérito a lo expresado, el planteo sobre la regulación de los honorarios formulado por la recurrente es inadmisible.

Atento a que la demandada denuncia infracción normativa y arbitrariedad en la valoración de la prueba, la presentación impugnativa se basta a sí misma, y se cumplió el requisito del afianzamiento (arts. 130/133, CPL) el recurso de casación en examen es parcialmente admisible. No cabe dejar de señalar que si bien el recurrente no constituyó domicilio en San Miguel de Tucumán a los efectos del art. 132.5 del CPL, atento el criterio sustentado por esta Corte en anteriores pronunciamientos, tal omisión por sí sola no puede impedir el remedio intentado, so pena de incurrir en excesivo rigorismo formal toda vez que, respecto de tal exigencia, el CPL remite al CPCyC cuyo art. 75 prevé que la sanción ante la falta de constitución de domicilio no es otra que tenerlo por constituido en los estrados del juzgado (CSJT, "Caro de Romano, María Esther vs. Alpargatas S.A.I.C.S.A. s/Indemnización por enfermedad accidente", sent. nº 577 del 25/10/95; "Vides de Almonte, Angélica Evaristo vs. Alpargatas S.A.I.C. s/indemnización por enfermedad accidente", sent. nº 649 del 31/08/1999; "Tejerina José Marcelo y otros vs. La Invernada S.A. s/Indemnización por despido", sent. nº 497 del 17/6/2005; "Lencina Adolfo Nicolás vs. Castillo S.A. s/Cobro de pesos", sent. nº 685 del 08/7/2009).

5. Confrontados los términos del escrito de interposición del recurso de casación con los fundamentos del pronunciamiento que se ataca y los antecedentes de la causa, se advierte que aquél no puede prosperar.

5.1. El agravio sobre la imposición de las costas es improcedente.

El recurrente ataca la distribución de los causídicos dispuesta por la Cámara con el argumento de que "ha mediado respecto del actor plus petitio y extrapetita inexcusable. Consecuentemente, debió disponerse que el demandante se haga cargo de la totalidad de los honorarios de su parte y la proporcionalidad de los de la demandada en la medida del rechazo de sus pretensiones". Sostiene que se "ha soslayado una norma expresa en la materia, el art. 49 del CPL" y que "al haber la accionante incluido rubros y montos en la demanda conociendo acabadamente que los mismos resultaban de premisas erróneas, improcedentes y originadas en su mero voluntarismo, existe una significativa mala fe de su parte, habiéndose asimismo rechazado su pretensión inicial en más de un 50 %". Considera que correspondía "no sólo que mi parte no soporte costa alguna de la contraria, sino además que las del proceso en su totalidad sean soportadas por el profesional actuante y la parte contraria en forma solidaria o mancomunada, según lo establece el art. 49 del CPL ya citado". La norma procesal invocada por el recurrente dispone: "Costas. En materia de imposición de costas regirán las disposiciones establecidas en el Código Procesal en lo Civil y Comercial. Sin perjuicio de ello y si de los antecedentes del proceso resultare plus petición inexcusable, las costas deberán ser soportadas por el profesional actuante y la parte en forma solidaria o mancomunada a criterio del juzgador". A su turno, el CPCyC -al que remite el CPL- establece en su art. 110: "Pluspetición Inexcusable. La parte que hubiera incurrido en pluspetición inexcusable será condenada en costas, si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia. No se entenderá que hay pluspetición cuando el valor de la condena dependa del arbitrio judicial, de dictamen de peritos o de árbitros, de rendiciones de cuenta o cuando la diferencia no exceda del veinte por ciento (20%)".

Atento lo dispuesto en las normas transcriptas, se advierte que no están reunidos en autos los presupuestos necesarios para que proceda la pluspetición. En el responde de la demanda, la recurrente desconoció enfáticamente toda deuda con el actor al consignar "Niego que mi mandante adeude al actor la suma de $97.578,47 por ningún concepto, como también niego le adeude cualquier otra suma por concepto alguno" (fs. 71, cuarto párrafo). Por lo tanto desde un principio el instituto procesal de mención no puede aplicarse en este juicio porque no se configura el presupuesto requerido en el primer párrafo del art. 110 CPCyC. A mayor abundamiento, cabe destacar que en la demanda el actor pide la recepción de los rubros y montos que reclama "o lo que en más o menos resulte de las probanzas a aportarse en autos" (fs. 38 quinto párrafo), circunstancia que torna operativo lo establecido en el segundo párrafo del art. 110 CPCyC. En tal sentido, esta Corte ha expresado "A la luz de lo normado en el art. 20 de la L.C.T., del art.111 del C.P.C.C. y el art. 49 del C.P.L., el argumento referido a la pluspetición inexcusable, se desmerece toda vez que, por un lado, es presupuesto condicionante de su admisibilidad, que la parte que la invoca, hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia, lo que no ha ocurrido en autos; y por la otra, conforme al texto legal citado, no se entiende que la misma se configure, cuando el valor de la condena dependa del arbitrio judicial, del dictamen de peritos, etc. que es lo que ha ocurrido en la causa" (CSJT, "Rossi Santiago vs. Censys SRL s/Cobro de australes", sent. nº 789 del 13/10/1997).

Respecto del planteo contra la imposición al recurrente del 50 % de las costas generadas por el actor, cabe reiterar que en el proceso laboral resultan aplicables a la materia las disposiciones del CPCyC (art. 49 CPL), cuyo art. 108 regula la imposición de las costas en el supuesto de vencimientos recíprocos. Dicha norma dispone que "Si el resultado del juicio, incidente o recurso fuera parcialmente favorable para ambos litigantes, las costas se prorratearán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. Si el éxito del uno fuera insignificante con relación al del otro, las costas se impondrán en su totalidad". En el caso que nos ocupa, resulta indudable que existieron vencimientos recíprocos entre las partes, pues diversos rubros reclamados por el actor fueron rechazados por la sentencia (sueldos impagos, SAC s/vacaciones no gozadas, indemnización art. 80 LCT, indemnización art. 43 Ley 25.345, indemnización art. 8 Ley 24.013, sueldos impagos e indemnización art. 2º Ley 25323), lo que determinó que la demanda progresara por un monto menor al exigido. El reclamo efectuado por la parte actora en el escrito de demanda fue por un total general de $97.578,47 (fs. 38 quinto párrafo), y la demanda sólo prosperó por la suma de $40.066,85 a valores históricos, lo cual representa para el actor un éxito de aproximadamente un 41% en la acción entablada.

A la luz de las consideraciones efectuadas, se advierte que la Cámara no incurrió en un error de derecho, como pretende el recurrente, pues al existir vencimientos recíprocos entre los litigantes, las costas fueron razonablemente distribuidas en el modo que establece el art. 108 CPCyC. Tal disposición "lo único que impele es a que las costas se prorrateen prudencialmente en proporción al éxito obtenido por cada uno de los litigantes, sin condicionar este resultado a la aplicación de un método o sistema en particular, por cuanto lo que importa es que el pronunciamiento las haya distribuido de una manera equitativa en función al vencimiento alcanzado por cada uno de aquellos" (CSJT, "Villafañe, Claudia Elizabeth vs. Provincia de Tucumán y otros s/Daños y perjuicios", sent. nº 478 del 30/6/2010). En consecuencia, la distribución de costas establecida por la Cámara no resulta violatoria de las normas aplicables en la medida que refleja adecuadamente el éxito obtenido por cada una de las partes en la causa, a la luz de las previsiones del citado art. 108 CPCyC que, atendiendo al progreso parcial de la demanda, o lo que es igual, a su vencimiento recíproco, deviene plenamente aplicable a la hora de prorratear los gastos del proceso. El pronunciamiento recurrido respeta así la doctrina legal de esta Corte que establece: "Cuando existen vencimientos recíprocos entre las partes, las costas deben ser distribuidas en proporción al éxito obtenido por cada litigante, de conformidad a lo establecido por el art. 49 CPL y 109 CPCC (actual art. 108)" (CSJT, "Olea, Juan Silverio y o. vs. Lohezic, Esteban y/o La Donosa Tucumán S.A. s/Despido", sent. nº 37 del 15/02/2008; "Fresia, Luis Omar vs. Compañía de Teléfonos del Interior S.A. s/Cobro de pesos", sent. nº 987 del 19/10/2009).

5.2. El agravio relativo a la arbitraria valoración de las pruebas por parte del tribunal tampoco puede prosperar, puesto que el recurrente no ha logrado demostrar la existencia del vicio que alega.

De acuerdo a las constancias de autos, el actor sostuvo en la demanda que ingresó a trabajar el 01/02/2003 como oficial de mantenimiento en las instalaciones del sanatorio propiedad de la empresa demandada, sito en la ciudad de Aguilares, prestando servicios bajo relación de dependencia hasta el 28/02/2010. Expresó que era el único empleado dedicado al mantenimiento de todo el sanatorio, desarrollando tareas de electricidad, carpintería, pintura, plomería y otros afines, de lunes a viernes en horario corrido de 07:00 a 15:00 horas. Manifestó que "durante toda la vigencia de esta relación laboral la misma se produjo sin que estuviera inscripto en los libros laborales y contables de la empresa, lo que comúnmente se llama 'en negro'" (fs. 38 vta., primer párrafo). Relató que el día 28/02/2010, al reintegrarse a sus tareas luego de estar internado en el Hospital de Aguilares durante ocho días con un cuadro de neumonía, "fue llamado a la gerencia donde se le comunicó que a partir de la fecha no prestaría más servicios, sin brindarle ningún tipo de justificación sobre la toma de tal medida" (fs. 39, tercer párrafo). Explicó que ante la falta de registración "no le quedó otra alternativa de remitir Telegrama Obrero a fin de hacer valer sus derechos y lograr que se efectuara la registración (sic)" (fs. 39, tercer párrafo). Indicó que ante la respuesta de la empresa demandada, formalizada mediante carta documento de fecha 08/04/2010 en la cual Sanatorio Mitre S.R.L. negó toda vinculación laboral, se dio por despedido en fecha 22/4/2010 a través de TCL Nº 72323785 e intimó allí mismo para que en un plazo de cuarenta y ocho horas la demandada "proceda registración laboral desde fecha 01/02/03 como personal de mantenimiento (Convenio Colectivo Nº 122/1975) en Sanatorio Mitre SRL y/o Galenor" (fs. 39 vta., primer párrafo). Expuso que, además de las intimaciones epistolares, "en muestra de su buena fe y de su actuar conciliador" el 05/03/2010 inició el expediente Nº 174/182/G/A 2010 ante la S.E.T. Delegación Concepción "tendiente a agotar instancias conciliadoras y obtener un cambio de actitud de la hoy demandada y consecuentemente el pago de los rubros indicados en los envíos postales, y la entrega de la certificación de servicios" (fs. 40, segundo párrafo). Señaló que al tomar conocimiento de la denuncia, la empresa demandada, luego de solicitar cuarto intermedio en dos oportunidades, en audiencia de fecha 20/04/2010 "niega todos los hechos esgrimidos" por el actor "como así también la existencia de relación laboral alguna, por lo que solicita que sigan los presentes actuados el curso legal que corresponda" (fs. 40 vta., tercer párrafo).

Al contestar demanda, Sanatorio Mitre S.R.L. por intermedio de letrado apoderado negó de manera general y especial todos los hechos invocados en la demanda. Rechazó que el actor hubiese trabajado para la empresa durante el período y con las modalidades expresadas en la demanda, como así también "que haya trabajado en negro, como sostiene" (fs. 71, séptimo párrafo). Específicamente negó que "el actor haya trabajado desde el 01/02/2003 al 28/02/2010" y que "haya mediado despido indirecto" (fs. 75, cuarto párrafo). En consecuencia, rehusó la procedencia de todos los rubros reclamados, como así también de las indemnizaciones previstas en las Leyes 24.013, 25.345 y 25.323, y la aplicación del convenio colectivo 122/75. Además negó "la autenticidad y veracidad de la totalidad de la documentación presentada por la parte actora..." (fs. 75, séptimo párrafo). Al dar su versión de los hechos, el apoderado de la demandada sostuvo que el actor "se presentó por ante la sede de mi mandante solicitando se le provea de trabajo a mediados de 2005. En esa oportunidad, la institución sanatorial que represento no necesitaba personal. Sin embargo, y a raíz de los reiterados pedidos del actor, se lo llamó esporádicamente a fin de efectuar algún reemplazo cuando existía personal enfermo, o de licencia por algún motivo personal" (fs. 76, tercer párrafo). Agregó que "el accionante prestó servicios para la hoy demandada, como ya se ha señalado, de manera intermitente, como personal de mantenimiento. Esto es, no concurría con regularidad, sino cuando era convocado ante la licencia de algún integrante del plantel de empleados del sanatorio" (fs. 76, tercer párrafo). Negó luego que el actor "haya sido la única persona encargada de las tareas de mantenimiento de la institución", y que "concurriera a trabajar en los horarios que pretende (cinco días a la semana de ocho hs. diarias), sino de un modo esporádico, y los días en que era convocado, sólo cinco horas diarias" (fs. 76, tercer párrafo). Respecto del distracto laboral, sostuvo que "el actor sólo trabajó para mi mandante por escaso tiempo, habiendo luego dejado de concurrir al lugar...". Agregó que "el accionante jamás brindó explicación alguna acerca de los motivos por los que habría dejado de asistir al lugar: sólo dejó de hacerlo, razón por la cual en forma evidente surge la manifiesta intención de abandonar su trabajo" (fs. 76, octavo párrafo). Expresó que la "abandónica conducta" del actor "demostraba innegable intención de no regresar a trabajar, y mi parte así lo entendió". Insiste en que "resulta claro que existió voluntad concurrente de las partes en no continuar con la relación laboral, puesto que ello surge inequívocamente de los hechos, tal cual acontecieron" (fs. 77, segundo párrafo).

Respecto de la prueba testimonial el agravio en examen sostiene que la Cámara otorgó a las declaraciones del testigo Leisamon "una aptitud o eficacia mayor de la que en verdad posee". Sobre el particular, cabe señalar que la sentencia hizo mérito de tres declaraciones testimoniales ofrecidas por el actor, correspondientes a Pedro Hernán Leisamon (fs. 168), Enrique Rubén Ávila (fs. 177), y Rosana del Carmen Gutiérrez (fs. 179), cuyos dichos no fueron tachados por la parte demandada. La Cámara consideró que tales declaraciones resultaban "convincentes, coherentes y acordes a las circunstancias de tiempo, modo y lugar" en tanto establecieron "que el actor trabajaba todos los días en el Sanatorio Mitre". Agregó que "no surge de las declaraciones rendidas evidencias de mendacidad ni contradicción habiendo los testigos depuesto en cuanto a lo que vieron o presenciaron demostrativo de que el accionante cumplía tareas en el lugar y días que dice para la accionada, dando razón suficiente de sus dichos, por lo que considero corresponde otorgarles suficiente mérito probatorio". La mencionada conclusión podrá no ser compartida por la parte demandada pero los argumentos expuestos para impugnarla no alcanzan a demostrar su desacierto, toda vez que examinadas las declaraciones testimoniales se observa que las mismas son contestes, se pronuncian sobre hechos relevantes para la solución de la causa y son precisas sobre los mismos.

Respecto del testigo Leisamon el tribunal consideró su testimonio como el "más relevante" a los fines de tener por acreditado el vínculo laboral permanente y continuo entre el actor y la demandada durante el período que se indicó en la demanda, toda vez que se trataba de un testigo necesario en razón de haber sido compañero de trabajo del actor en el mismo sanatorio (cfr. respuesta nº 2, fs. 168). La recurrente cuestiona el valor probatorio otorgado a este testimonio al señalar que "las manifestaciones aisladas de un solo testigo no pueden ser sustento suficiente para tener por acreditado el inicio de la relación laboral cuando otro testigo refiere que la misma se originó en otra fecha". Tal apreciación constituye una valoración subjetiva que sólo exterioriza su discrepancia con la interpretación de los hechos del tribunal y, por ende, insuficiente per se para justificar la tacha de arbitrariedad que formula. La Cámara, lejos de soslayar la divergencia apuntada por el recurrente respecto de la fecha de origen de la relación de empleo, abordó este aspecto al analizar los dichos de la testigo Marcela Beatriz Pera, quien manifestó ser Jefa Administrativa del Sanatorio Mitre (cfr. repregunta nº 1, fs. 206), cuya declaración testimonial fue ofrecida como prueba por la demandada. La declaración de Pera, como bien señala la Cámara, favoreció más bien la postura del actor en lo que atañe a la modalidad contractual que unió a las partes. Ello así porque al responder la pregunta número 4 del cuestionario pertinente, para que diga "durante cuánto tiempo trabajó el actor para la demandada" (fs. 192), Pera respondió "Hasta enero o febrero del 2010, hasta principio de 2010. Hasta el primer trimestre pero la fecha no la recuerdo bien" (fs. 206). Tal respuesta, a juicio del tribunal, "dejó al descubierto que la prestación de servicios de aquel lo fue en forma permanente y no intermitente como afirma la demandada en su responde". Esta circunstancia -determinante para fundar la decisión de la Cámara- fue soslayada por completo en el escrito recursivo, que nada dice acerca de la siguiente afirmación: "Tampoco constituye un hecho desvirtuado la fecha de ingreso que invoca el actor en su libelo inicial, ya que al respecto el testimonio del testigo Pedro Hernán Leisamon (fs. 168) me parece irrefutable, máxime frente a la contradicción en incurre sobre dicha cuestión la testigo Pera que declara a instancia de la demandada lo que lleva a otorgar preponderancia al de aquél (sic)". Es decir que el tribunal explicó fundadamente las razones por las que hizo prevalecer el testimonio de Leisamon por sobre el de Pera, sin que ello haya sido destruido argumentativamente por el recurrente.

Del análisis hasta aquí efectuado surge que las declaraciones de Leisamon no fueron las únicas vertidas en la causa y tampoco se las puede considerar aisladas, atento las manifestaciones concordantes de los otros dos testigos ofrecidos por el actor y de la testigo propuesta por el recurrente cuyos dichos corroboraron inclusive algunos hechos afirmados por el actor en su demanda. Por consiguiente, la insistencia del recurrente en calificar como "testigo único" a Leisamon, es un argumento que resulta desvirtuado por las propias constancias de autos por cuanto son cuatro las personas que depusieron en el juicio, y que además carece de relevancia jurídica para desmerecer el valor probatorio otorgado a su declaración por el tribunal. Al respecto, cabe señalar lo dicho por esta Corte en el sentido de que la ineficacia probatoria del testigo único resulta un argumento improcedente "teniendo en cuenta para ello lo expuesto al respecto por Lino Enrique Palacio: 'El sistema de la sana crítica, por otra parte, no se compadece con la exclusión de la eficacia probatoria de la declaración prestada por un testigo único. Actualmente tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que la máxima testius unus testius nullus, que consagraron las Partidas (Ley Nº 32, título 16, Partida 3º) por influencia del derecho canónico, resulta inaplicable como criterio regulador de la valoración del testimonio, y que, por lo tanto, la declaración de un testigo singular es susceptible de fundar las conclusiones de una sentencia acerca de la existencia o inexistencia de uno o más hechos controvertidos si aquélla merece fe de conformidad con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de que el juez, en tal caso, se atenga a pautas de apreciación más estrictas que cuando media una pluralidad de testigos (cfr. "Derecho Procesal Civil", Tº. IV, pág. 654)'" (CSJT, "Marangoni, Angela María vs. Lescano, María Felisa s/Indemnizaciones", sent. nº 911 del 29/10/2001; "Salinas, Juan Candelario vs. Robledo, Rito s/Despido", sent. nº 217 del 30/3/2004.). De igual manera este Máximo Tribunal local ha expresado en forma reiterada que "resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que, en orden a la acreditación de la existencia de la relación laboral, descarta el valor probatorio de la testimonial producida en autos con el argumento de que los dichos de un sólo testigo resultan insuficientes para lograr convicción acerca del hecho controvertido, si no se encuentran aquellos respaldados con otra prueba" (CSJT, "Salinas Juan Candelario vs. Robledo Rito s/Despido", sent. nº 217 del 30/3/2004; "Vizcarra Josefa Catalina vs. Romero Fermín y otra s/Cobro de pesos", sent. nº 23 del 08/02/2005; "Figueroa Roberto Pedro vs. Multicopias y otro s/Cobro de pesos", sent. nº 184 del 12/3/2009; entre otras).

Por lo expresado, la valoración de las testimoniales efectuada por la Cámara luce razonable desde que la misma se integró con los demás elementos probatorios de la causa, arribando a una conclusión en lo concerniente a la fecha de ingreso del actor y al carácter permanente del vínculo laboral que no transgrede las reglas de la sana crítica. Los cuestionamientos del recurrente al respecto sólo se orientan a lograr que prevalezca un testimonio que la sentencia ha considerado inconducente por sobre otras testimoniales que fueron ponderadas conducentes para la resolución del pleito, y en tal sentido solo expresan una mera discrepancia del demandado con la valoración de los hechos y pruebas de la causa, sin demostrar la invocada arbitrariedad del pronunciamiento. Cabe señalar al respecto que "la prueba testimonial debe ser apreciada en forma integral; pues su eficacia también habrá de juzgarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica, atendiendo a las restantes circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones. La credibilidad y fuerza probatoria de lo manifestado por los testigos, están vinculadas con la razón de sus dichos, lo cual es condición de validez según exigencias del ordenamiento procesal" (CSJT, "Molina Gómez, Manuel Gonzalo vs. Medina, Jorge Raúl s/Cobro de pesos", sentencia nº 784 del 13/8/2007; "Linares Vargas, José Antonio vs. Rivas, Francisco s/Cobro de pesos por daños y perjuicios", sentencia nº 979 del 20/11/2000; entre otras).

Por otra parte, el recurrente endilga arbitrariedad a la sentencia "al tener acreditada la existencia de un contrato de trabajo permanente y no prestaciones esporádicas, basándose siempre en las manifestaciones de un solo testigo". Tal agravio es claramente endeble y no refuta el razonamiento sentencial toda vez que se desentiende de los términos de su propia contestación de demanda y de la forma en que ha sido puntualmente resuelto el caso de autos.

Es oportuno recordar que conforme pronunciamientos reiterados de esta Corte, la determinación de la modalidad del contrato que vinculó a las partes y la conclusión referida a la existencia de un contrato eventual o de tiempo indeterminado, sólo resultan descalificables en la instancia de la casación cuando se demuestre arbitrariedad del decisorio impugnado (cfr. CSJT, "Nava, Fabio vs. Resero S.A. s/Indemnizaciones", sent. nº 281 del 28/4/1998; "Araya Gabriel Marcelo vs. Pevisa S.R.L. s/Despido", sent. nº 229 del 14/4/2003; "Luna, Adolfo Antonio vs. Arcor S.A.I.C. s/Cobro de pesos", sent. nº 59 del 16/02/2006, entre otras).

La afirmación relativa a que el tribunal se basó en los dichos "de un solo testigo" ya fue desestimada en el apartado anterior. Al respecto, cabe solamente agregar aquí que la sentencia consideró probado que el vínculo entre las partes fue una relación de trabajo permanente atendiendo no solo a lo declarado por los testigos ofrecidos por el actor, sino también a lo manifestado al respecto por la testigo Pera, Jefa Administrativa del Sanatorio Mitre S.R.L. (fs. 206).

Además, lo expresado por el recurrente deja incólume el argumento de la Cámara basado en el propio escrito de responde, de cuyos términos surge que al dar su versión de los hechos (fs. 76) aquel afirmó que el vínculo laboral con el actor correspondía a la figura prevista en el art. 99 de la LCT, contrato de trabajo eventual. Dicha norma establece en su párrafo final que "el empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad, tendrá a su cargo la prueba de su aseveración". Al respecto, el tribunal consideró que la accionada no cumplió con tal carga procesal "al no verificarse actividad probatoria válida y eficaz en el sentido prescripto por la norma", lo cual "faculta a tener por configurado un contrato de trabajo por tiempo indeterminado" en los términos del art. 90 de la LCT. En sentido concordante esta Corte ha sostenido que la demandada que en el responde invoca tareas transitorias, que necesariamente suponen un trabajo eventual, ello implica, de conformidad al artículo 99 LCT, poner en cabeza del empleador la carga probatoria de demostrar su configuración, es decir los presupuestos fácticos a los cuales la norma legal condiciona la admisibilidad del supuesto (cfr. CSJT, "Rodríguez, Ramón Alberto vs. Mafud, Enrique Daniel s/Cobro de pesos", sent. nº 733 del 06/8/2007).

Respecto de tales consideraciones, nada dice el recurrente, lo que implica no hacerse cargo íntegramente de los fundamentos que sostienen este aspecto del decisorio, toda vez que no los refuta en absoluto, esto es, no logra demostrar el desacierto de los mismos, ni aporta argumentos jurídicos que permitan revertir la solución adoptada que, en consecuencia, deviene inmodificable. Al respecto, es doctrina jurisprudencial de esta Corte que "no basta que el recurrente sostenga una determinada solución jurídica, sino que es menester que exponga una crítica razonada de la sentencia impugnada, para lo cual tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el fallo, tarea que el recurrente no ha satisfecho en este caso" (CSJT, "Banco Roberts S.A. vs. Gramajo, Ricardo A. s/Cobro ejecutivo de pesos", sent. nº 1020 del 23/12/1997; "Di Donato, Roberto Fabio vs. Inmsol I.M.I.C.A.S.A. y otros s/Cobro de pesos", sent. nº 1027 del 30/10/2006).

En suma, los fundamentos expuestos por el tribunal acerca de la calificación del contrato de autos guardan relación con los antecedentes y la prueba arrimada al proceso y lucen suficientes como para sostener la conclusión a la que arriba, por lo que la tacha de arbitrariedad al respecto no puede prosperar.

El recurrente califica de "absurdo" que el Tribunal "entienda que mi parte no ha negado la recepción de los telegramas remitidos por el actor, cuando del escrito de responde se desprende claramente que se ha negado cada uno de los hechos invocados y la autenticidad y procedencia de cada una de la documentación aportada, resultando absurdo tener por auténticas y recepcionadas las referidas misivas". Al respecto, la sentencia consideró que "si bien la demandada, en su responde niega en forma general la autenticidad de la documentación aportada por la parte actora (ver fojas 75), no niega expresamente la recepción de los telegramas remitidos por el actor; consecuentemente dicha negativa genérica e indeterminada de ninguna manera satisface el requisito legal de reconocer o negar categóricamente la recepción de las cartas, telegramas a él dirigidas (conf. art. 88 CPL)". La sola lectura de la contestación de demanda respalda lo resuelto por la Cámara. En efecto, la negativa genérica e indeterminada no solo se consigna a fs. 75 sino que se reitera, en términos similares, a fs. 78 primer párrafo, donde la demandada manifiesta "por imperativo procesal, niego la veracidad y autenticidad de la documentación adjuntada por la parte actora y atribuida a mi representada". Al respecto, cabe señalar que esta Corte tiene dicho que "en orden a la prueba de la recepción de cartas, telegramas y facsímiles, debemos acudir a la norma del art. 88 del CPTT que establece la obligación para las partes de reconocer o negar categóricamente la recepción de aquellos que les hubieran dirigido. Los acompañados con la demanda, hasta la oportunidad para contestarla y los acompañados con el responde, en la audiencia de conciliación prevista en el art. 71 y si el actor no comparece personalmente, en los tres días de ser intimado a tales fines. La referida disposición también prevé que el incumplimiento a la misma determinará que se tenga por recibidos tales documentos" (CSJT, "Velardez, José Roberto vs. Sema, Roque y otro s/Cobros", sent. nº 792 del 21/10/1998). Corresponde además resaltar que lo expresado por el recurrente en este tramo de su impugnación contradice los términos de su responde en referencia a la recepción y contestación del primer telegrama obrero remitido por el actor. Al respecto, manifestó que "habiendo recibido telegrama del actor, el día 23/03/2010 esta parte contestó en tiempo y forma la misiva" (fs. 77 octavo párrafo). En mérito a lo expuesto, no luce irrazonable o absurdo el pronunciamiento impugnado en cuanto hizo aplicación del apercibimiento previsto en el art. 88 CPL.

Finalmente, el recurrente sostiene que el tribunal tuvo por acreditada la procedencia del despido indirecto "sin fundamento alguno, basándose nuevamente en los dichos del único testigo y de la veracidad de la documental que ha sido expresamente negada por mi parte y respecto de la cual no ha sido probada su autenticidad y/o veracidad por el accionante". Lo relativo al supuesto testigo único ya fue tratado y descartado. Lo referente a la veracidad de la documental, en tanto pretenda referirse al intercambio epistolar existente entre las partes, ha sido considerado en el párrafo anterior e igualmente descartado. Si el agravio estuviese referido al resto de la documentación aportada por el actor, resulta también improcedente toda vez que la sentencia no se basó en ella para tener por configurado el despido indirecto (cfr. fs. 260 vta. tercer párrafo y fs. 261, primer párrafo) sino sustancialmente en la negativa de la relación laboral por parte de la demandada expresada en sus envíos postales del 23/3/2010 y 08/4/2010 que "infiere una injuria que provoca razonablemente la situación de despido" (cfr. fs. 264 vta., sexto párrafo).

Finalizado el análisis del recurso interpuesto, resulta oportuno recordar que esta Corte ha dicho que "...en lo que hace a la valoración de las pruebas del juicio, corresponde discriminar dos aspectos: la selección de las pruebas por el Juzgador y la aplicación del art. 40 del CPCC. En el primero, los magistrados no están obligados a ponderar, una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa y sobre este concepto, no corresponde reexaminar por vía de casación el criterio adoptado por los tribunales de grado respecto a la selección de las pruebas computables. Respecto a este punto, y en relación a la imputación de arbitrariedad que el recurrente lanza contra la sentencia del tribunal a quo, esta Corte tiene dicho que, entre las facultades de los jueces de grado, se encuentra la de merituar o no de manera expresa alguna probanza. El supuesto de arbitrariedad se configura cuando elementos probatorios conducentes y pertinentes han sido injustificadamente omitidos en la línea argumental del pronunciamiento, situación que no se presenta en el caso en examen. En cuanto al segundo de los aspectos señalados o sea la aplicación del art. 40 del CPCC en el acto de dictar sentencia, cabe destacar que el valor de las pruebas no está fijado ni determinado, y corresponde a su propia apreciación evaluarlas y determinar el grado de convencimiento que puedan producir, sin que tenga el deber de justificar porque da mayor o menor mérito a una prueba que a otra. Las reglas de la sana crítica no son normas jurídicas, sino simples preceptos de sentido común, cuya aplicación queda sometida a la prudencia, rectitud y sabiduría de los jueces; su infracción sólo puede invocarse por vía de casación en caso excepcional, al habérselas violentado hasta el absurdo; todo ello reiteramos, porque las reglas de la sana crítica no constituyen normas jurídicas sino de lógica, que sólo se infringen cuando se hace una valoración manifiestamente absurda, lo que no sucede con el fallo de la Cámara" (CSJT, "Toledo de Jaime, Silvia María vs. Mora e Hijos S.R.L. s/cobros", sent. nº 461 del 01/7/1999; "Gómez Raúl Dermidio vs. Carrizo Hugo Rolando s/Cobro de pesos", sent. nº 796 del 18/10/2010; "Carrazana, Antonio Enrique vs. Distri-Ar S.R.L. y otro s/Cobro de pesos", sent. nº 185 del 26/3/2012, entre otras.).

La valoración del plexo probatorio no es más que un producto concreto de la conciencia de quien aprecia y juzga y por vía del recurso de casación no se puede provocar un nuevo reexamen crítico de los medios probatorios que dan base al pronunciamiento impugnado ni la revisión de los motivos que forman la convicción del tribunal salvo que se invoque y demuestre que la decisión al respecto exhibe una desproporción grave, manifiesta, grosera, hasta el punto de convertir la sentencia respectiva en arbitraria (cfr. CSJT, "Herrera Ramón Alberto s/Prescripción adquisitiva", sent. nº 869 del 01/11/2004; "Gómez, Osvaldo vs. Hoffman, Gaspar Francisco s/Acción posesoria de recobrar la posesión", sent. nº 852, del 25/10/2004; "Aranda Patricia Cecilia vs. Sanatorio Pasquini S.R.L. s/Cobros" sent. nº 861, del 27/10/2004, entre otras).

La lectura del fallo impugnado revela la inexistencia del vicio alegado que justifique su descalificación como acto jurisdiccional válido. En consecuencia, cabe concluir que la Cámara ha dado razones suficientes para sostener el criterio adoptado, que podrá no ser compartido por el recurrente, pero su mero disenso no autoriza a sostener la arbitrariedad de lo decidido por aquél. Lo resuelto cuenta con fundamentos bastantes, respaldados en las constancias de autos y no se advierte la existencia de vicios lógicos en el razonamiento de la sentencia, ni infracción a las reglas de la sana crítica que justifiquen la procedencia del remedio intentado.

Por lo expuesto, el planteo en examen debe ser rechazado.

6. Visto el resultado arribado, las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 49 CPL y 105, primera parte, CPCyC).

Los doctores Estofán y Goane dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, sin perjuicio de dejar expresamente consignado que el recurso de casación deducido por la parte demandada cumple con el requisito del artículo 131 inciso 1) del CPL, en la medida en que está fundado en una supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo. Al respecto, es del caso aclarar que la ponderación por parte de este Tribunal Cimero de la valoración del material probatorio de la causa efectuada por el Tribunal de grado, resulta objeto propio del recurso extraordinario local, por tratarse de una típica cuestion jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del a quo.

Por lo señalado, el recurso en examen deviene admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

Por el resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, resuelve: I. Declarar inadmisible y, por consiguiente, mal concedido con respecto al agravio referido a la regulación de honorarios, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de la Sala I de la Cámara del Trabajo del Centro Judicial Concepción del 29/12/2011(fs. 256/268 vta.). II. No hacer lugar al recurso mencionado en el punto I, contra la misma sentencia, con relación a los agravios tratados en los apartados 5.1 y 5.2 de los considerandos. III. Costas, como se consideran. IV. Reservar pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. Hágase saber.- Antonio D. Estofán (con su voto).- René M. Goane.- Claudia B. Sbdar (con su voto).