Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-04-27


SENTENCIA NÚMERO: DIECISIETE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los	veintisiete días del mes de abril de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia de Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luís Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 79/10, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. José Leonardo Berber en Causa Nº 254/07 Ramos, Stella Marys-Peculado, etc.", contra la Sentencia Nº 36/10 dictada por la Cámara en lo Criminal de 2º Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el fallo impugnado por errónea aplicación de la ley penal sustantiva? 2º) ¿Es nulo el fallo impugnado por errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 29, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luís Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; y en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por la Sentencia impugnada la Cámara resolvió declarar culpable a la imputada Stella Marys Ramos, como autora penalmente responsable del delito de Peculado continuado, condenándola a sufrir la pena de dos años y seis meses de prisión cuya ejecución dejó en suspenso, y la de inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos.

II. Quien recurre la sentencia invoca los motivos previstos en el art. 254 incs. 1º y 2º del rito; por errónea aplicación de la ley penal sustantiva y de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba.

II a. Dice que la sentencia impugnada aplica erróneamente al caso el art. 261 del Código Penal en tanto sobre los fondos de que se trata no tenía la imputada su administración, percepción o custodia por razón de su cargo.

Señala que la imputada Ramos detentaba entonces el cargo de Directora de Acción Social y que ninguna norma del Manual de Misiones y Funciones le otorgaba competencia para el manejo de fondos o caudales públicos. También destaca que, aunque en una reunión con funcionarios de rango, el Intendente Horacio F. Lobo le encomendó a Ramos trabajar mancomunadamente con el tesorero Pacheco, las funciones del área Rentas o Tesorería siguieron a cargo de Pacheco; limitándose Ramos a entregarle a Pacheco los fondos que las enfermeras recaudaban por el uso de la pileta municipal.

Por ello, le agravia el alcance dado en la sentencia al art. 261 del Código Penal, como comprensivo del otorgamiento verbal de tareas o funciones, por considerar que, de tal modo, resultan vulnerados los principios de legalidad y pro homine.

II b. Por otra parte, critica que el a quo haya tenido por con-sumado el delito de peculado, sin considerar los documentos incorporados al proceso que demostraban el destino de los fondos en cuestión; dice que tampoco fueron valorados -entre otros- los testimonios de Guillermo Sosa, del ex Intendente Lobo, de Graciela de la Pena y de Karina Ponce, que acreditaban que Ramos rendía cuentas en Tesorería y que Pacheco le entrega los recibos correspondientes, los que se conservaban en carpetas y armarios de la Dirección de Acción Social y que sugestivamente desaparecieron cuando ella dejó la función; y agrega que tampoco fue objeto de mérito la solicitud de la imputada de un careo con el tesorero Pacheco.

Denuncia que el tribunal tuvo por consumado el delito debido a que Ramos no demostró la rendición de cuentas del dinero ni su utilización, con lo que invirtió la carga de la prueba.

Sostiene que la denuncia se inscribe en el marco de una persecución política del Intendente Jalile y que sugestivamente desaparecieron de las Oficinas de la Municipalidad de Valle Viejo documentos relacionados con la recaudación de la pileta desde el año 1999 hasta el 2003.

Dice que la fundamentación de la sentencia es aparente, global, falsa y dogmática, y que viola el principio de inocencia y de razón suficiente; con aserciones dogmáticas desvinculadas con la prueba seleccionada y valorada, sin individualizar la prueba que sirve de sustento a cada conclusión, asignándole a la prueba un contenido que no tiene y sin especificar el dato fáctico que tiene por acreditado con la prueba testimonial; con lo que viola el principio de inocencia.

Hace reserva del caso federal.

III a. Después de examinar el recurso y la sentencia apela-da, observo que el primer agravio, vinculado con la tipicidad de los hechos de la causa, no puede prosperar. Así lo considero habida cuenta que las objeciones planteadas en esta instancia son similares a las expuestas en los alegatos pero quien recurre no refuta las respuestas que le fueron suministradas en el fallo.

En esas condiciones, el recurso no desvirtúa los fundamentos del fallo sobre el punto; los que, por falta de crítica, permanecen incólumes como sustento válido de lo decidido.

No obstante, estimo pertinente señalar que las razones del fallo sobre la cuestión son acertadas, atento a que quedó debidamente acredita-da en el juicio la concurrencia en la imputada de los requisitos subjetivos exigidos en el art. 261 del Código Penal para la configuración del delito de peculado por el que fue condenada. Así, quedó debidamente establecida tanto su calidad de funcionaria pública como su vinculación funcional con los fondos de cuya sustracción se trata, por el encargo en términos claros e inequívocos que la imputada reconoció haber recibido por parte de la autoridad, no por confiar la autoridad en ella personalmente, sino por razón de su cargo como Directora de Acción Social; en tanto el ejercicio de las funciones encargadas no requería formalidad específica lo que, sin embargo, no la eximía de ejercerlas con probidad y responsabilidad, de conformidad con los reglamentos de aplicación.

Constato, en ese sentido, que la imputada era ciertamente administradora de los fondos en cuestión en tanto tenía facultadas de disposición sobre ellos. Así surge de la declaración del ex Intendente Lobo como también de los propios dichos de la imputada.

Según el testimonio del Intendente en esa época, Horacio Feliciano Lobo, Ramos no sólo estaba facultada para recibir los montos cobra-dos por las enfermeras en la pileta municipal sino que también podía aplicar esos fondos a la satisfacción de otras necesidades, obligaciones o compromisos del municipio, provenientes del funcionamiento mismo de la pileta como también de los comedores barriales, y así, tanto liquidar sueldos a los bañeros como pagar a proveedores, ambas áreas de la incumbencia de la Dirección de Acción Social de esa Municipalidad a cargo entonces de la imputada Ramos.

Y la imputada también se explayó sobre las cantidades de comedores infantiles y de postas sanitarias y del personal de éstas que tenía a su cargo; y explicó que con el tesorero Pacheco había implementado un trabajo coordinado con relación a la recaudación de la pileta debido a las demoras en las partidas que recibía de la provincia para los comedores.

De modo que no está en discusión que la imputada era entonces Directora de Acción Social del Municipio de Valle Viejo; ni que los fondos provenían de la recaudación de un área a su cargo -la pileta municipal- como tampoco que estaban destinados a gastos de otras áreas de la Dirección a su cargo -comedores infantiles y postas sanitarias-.

Así las cosas, carece de sustento el argumento de quien recurre sobre la supuesta ausencia en la imputada de las condiciones legales para ser sujeto activo del delito de Peculado debido a la inexistencia de instrumento legal que pusiera a su cargo la custodia de esos fondos. Por una parte, esa pretensión resulta incompatible con el referido reconocimiento de la imputada de haber recibido del entonces Intendente de la Municipalidad de Valle Viejo el mandato o autorización, en su carácter de Directora de Acción Social, de recibir fondos de un área de esa Dirección y de aplicarlos a gastos de otras áreas también de esa Dirección. Por otra parte, ese mandato constituía un acto declarativo de la voluntad de Estado que inequívocamente le atribuía a la imputada el ejercicio de una función pública con relación a esos fondos y la obligaba a responder por su adecuada custodia y aplicación, como bien señaló el a quo, y no refuta quien recurre.

Por ello, a la primera cuestión, mi voto es negativo.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo y voto, como consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

III b. Con relación al segundo de los agravios, por la su-puesta violación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba, observo que da cuenta la sentencia impugnada que para decidir como lo hizo el Tribunal, meritó que el cuadro probatorio incorporado al juicio acreditaba la acusación fiscal y echaba por tierra la estrategia defensiva esgrimida por la imputada y su asesor técnico; por lo que concluyó que los fondos de los que se trata -cuya recepción la imputada reconoció- fueron malversados por ésta, sustrayéndolos de la Municipalidad de Valle Viejo, en los términos del art. 261 del Código Penal.

Es que, por su carácter de públicos, las facultades que tenía la imputada con relación a esos fondos no comprendían la de disponer de ellos como si fueran propios, sino que le exigían mantenerlos bajo la custodia o el control en el que los colocaron las leyes, los reglamentos y las disposiciones, para asegurar su correcto manejo y la confianza de los administrados en la transparencia de ese manejo. Sin embargo, quedó demostrada en el juicio la comisión por la imputada de la conducta ilícita que le había sido atribuida con motivo de su discrecional comportamiento con relación a esos fondos, dado que de ellos en el Municipio sólo existe una precaria constancia de su recaudación, por los registros manuscritos diarios de la enfermera que los percibía en la pileta municipal, Rosa María Elena Leiva, por montos que la imputada reconoció haber recibido.

Además, compruebo que el testimonio de la nombrada enfermera ilustra palmariamente el reprochado manejo discrecional que tuvieron los fondos públicos de que se trata; en tanto surge del relato de Leiva que en algunas oportunidades era Ramos la que retiraba la recaudación de la pileta; en otras, el entonces Intendente; a veces uno u otro concurrían con ese fin a la pileta; otras le pedían que la llevara ella a su propio domicilio y luego la retiraban Ramos o el Intendente; a veces el monto total de la recaudación diaria, otras sólo parte de ese monto; y en algunas ocasiones ninguno de ellos la retiraba y ella, la enfermera, tenía en su poder la recaudación de dos o tres días. Y verifico en la sentencia que la testigo no fue desmentida en el juicio ni cuestionada su declaración por la imputada ni su defensor. De modo que, sin perjuicio de la honestidad de Leiva, estimo que los dichos de ésta demuestran acabadamente la situación de riesgo indebido en la que dichos fondos estuvieron, por acciones y omisiones de la imputada vinculadas con el efectivo ingreso de esos fondos al erario municipal, y que eran penalmente reprochables a ella en los términos del art. 261 del Código Penal, por estar entonces encargada de su administración y custodia.

Con acierto concluyó el juzgador que la defensa intentada por la imputada -según la cual el día posterior a la recaudación sistemáticamente ella le entregaba la totalidad de las sumas recaudadas diariamente al Tesorero Pacheco- quedó desvirtuada con el testimonio de éste, que no confirmó su versión sino que la desmintió; en tanto negó que durante su gestión Ramos hubiera presentado facturas de compras no autorizadas por esa Tesorería y realizadas con dinero proveniente de la pileta. En esa dirección, constato que en el juicio, explicó Pacheco que el dinero debía ingresar ineludiblemente por Rentas, que Tesorería es la que autorizaba los gastos y que no se podía gastar sin antes rendir cuentas en Rentas; que ese procedimiento no podía ser ni excepcionalmente omitido, que nunca hubo trámites diferentes y que él como Tesorero nunca re-cibió dinero alguno.

También concurren a fundamentar válidamente la condena, además de los mencionados dichos de la enfermera Leiva, las contradicciones en las incurrió Ramos; que por una parte declaró que le entregaba todo el dine-ro al Tesorero Pacheco y por otra que todo el dinero lo gastó en acciones socia-les propias de la Dirección a su cargo; sin que acto u operación en uno u otro sentido conste en los libros contables de la Municipalidad o en otro, según pu-dieron constatar los auditores del Tribunal de Cuentas de la Provincia, y como era exigible con arreglo a lo dispuesto en la Ordenanza de Contabilidad Municipal Nº 338 de ese municipio (decreto Nº 082/88) .

Considero también acertado el rechazo por el a quo de la excusa invocada por la imputada pretendiendo ignorar que antes de realizar las inversiones en acciones sociales debía ingresar los fondos recaudados por la Dirección Rentas de esa Municipalidad, como dijo el entonces Director a cargo de ésta, Miguel Néstor Carrizo, y como surge de la referida Ordenanza. Para así concluir tengo en cuenta que el cargo que detentaba entonces la imputada y la importancia de los asuntos que manejaba o supervisaba, vinculados con come-dores infantiles y postas sanitarias, autorizan a presumir su capacidad funcional y ésta sus condiciones intelectuales para desarrollar esa actividad con la eficiencia y el celo que la función pública exige, y de conformidad con la reglamentación en vigencia. Por ello, estimo que no correspondía disculpar a la imputada sólo porque ella refirió que confiaba en el tesorero Pacheco y éste nada le había dicho sobre ese procedimiento; en tanto no cabía tolerar que en el ejercicio de su función pública y a cargo de fondos públicos, prescindiera Ramos del conocimiento y aplicación de las normas que rigen la materia por la mera confianza que tenía en Pacheco. Por otra parte, contrariamente a lo que pretende quien recurre, las conductas de Pacheco y de Villalobo -su sucesor en el cargo de Tesorero-, ciertamente reprochables en tanto omisivas de los oportunos y pertinentes informes por la falta de presentación de las rendiciones de cuenta, no acreditan que éstas hayan sido efectuadas ni excusan a la imputada por su propio hecho; sin perjuicio de la responsabilidad de los nombrados, cuyo accionar no ha sido motivo de investigación en estos autos.

Observo asimismo que, en tanto no especifica a qué documentos se refiere ni argumenta sobre su relevancia a los fines de la modificación de lo decidido, ni quien recurre no precisa su agravio vinculado con la su-puesta omisión de consideración en el fallo de documentos incorporados al juicio, con lo que no abastece su pretensión del necesario fundamento.

Además, si bien la sentencia no contiene un examen exhaustivo de las declaraciones de Graciela del Valle de La Peña y de Karina Ponce, se infiere claramente de sus términos que los dichos de ambas fueron valorados como no creíbles, por su incompatibilidad con la tesis sostenida en la acusación, la que el tribunal de mérito tuvo por acreditada con otros elementos de juicio. Así surge de la resolución en la sentencia que rechaza la solicitud formulada en el juicio de remisión a la Fiscalía de Instrucción de las actuaciones pertinentes para la investigación de la supuesta comisión por las declarantes, y también por el ex tesorero Mario Raúl Pacheco, del delito de falso test-monio; por considerar ese Tribunal que en la imposibilidad de dar presiones después del tiempo transcurrido, encontraban lógica explicación las aparentes contradicciones en las que ellas habrían incurrido, y también por estimar que dichos testimonios no habían tenido relevancia en la solución de las cuestiones juzgadas. Por mi parte, observo que los testimonios de Guillermo Sosa y del ex Intendente Lobo, con relación a la entrega del dinero en cuestión por Ramos a Pacheco y de éste a Ramos de los recibos correspondientes, tampoco tienen la importancia que quien recurre les asigna; en tanto esos dichos fueron desmentidos por Pacheco, cuya versión concuerda con los demás objetivos elementos de juicio considerados en la sentencia. Por ende, el agravio sobre la omisión de mérito de prueba decisiva carece de fundamento.

Por otra parte, con el mero señalamiento de lo que califica como poco felices expresiones de la sentencia, el recurrente no demuestra que, como dice, el a quo haya invertido la carga de la prueba condenando a la imputada porque no logró ésta demostrar que no sustrajo los fondos de que se trata cuando, según las reglas del proceso penal, era el Ministerio Público Fiscal el obligado a probar que esa sustracción se produjo.

Así lo considero en tanto surge del fallo que los extremos de la imputación encuentran suficiente fundamento en la mala justificación de la imputada y en sus contradicciones en tanto, por una parte afirma haberse encontrado facultada para recibir la recaudación de los fondos provenientes de la pileta municipal, pero por otra niega que deba responder por el manejo que hizo de esos fondos y por el destino que les dio; y, de adverso a lo que postula quien recurre, la condena no se sustenta en lo que la imputada o la defensa no ha podido probar sino en lo que prueban los distintos libros de la Municipalidad de Valle Viejo: la orfandad de constancia alguna de las -sólo invocadas por la imputada- supuestas inversiones de los fondos en cuestión en las áreas de la Di-rección entonces a su cargo. Sobre el tema constato asimismo que los auditores del Tribunal de Cuentas de la Provincia no informaron sobre anomalías forma-les en los libros de esa municipalidad por lo que cabe inferir que en el control que de sus registros efectuaron no detectaron signos de adulteración o supresión alguna. Además, parece reñido con la lógica que si, como dijo la imputada, Pa-checo le extendía recibos por las sumas de dinero o los comprobantes que ella le entregaba, Pacheco no registrara esos supuestos ingresos; en tanto, even-tualmente, esos recibos comprobarían el ilícito proceder del nombrado dado que éste, obviamente, no podía saber con certeza si Ramos conservaba copia de dichos recibos. Por ello, contrariamente a lo que pretende quien recurre, consi-dero que no es admisible el argumento invocado sobre la supuesta sustracción de los recibos correspondientes a las rendiciones de cuentas de las recaudacio-nes y de las inversiones en cuestión, debido a que, aun si esa sustracción hubie-ra ocurrido, los asientos respectivos en los distintos libros habilitados a ese efecto darían suficiente cuenta de esas operaciones; pero esos asientos no exis-ten y tal circunstancia, con los demás elementos de juicio meritados en la sen-tencia, concurre a respaldar válidamente la convicción que en grado de certeza expresa el a quo sobre la ocurrencia material de los hechos investigados y la intervención en éstos de la imputada Ramos.

Estimo asimismo que con las sospechas manifestadas sobre la desaparición de documentos relacionados con los fondos provenientes de la utilización de la pileta municipal desde el año 1999 hasta el 2003, quien recurre no logra evidenciar la malicia que le atribuye a la denuncia de los hechos de la causa en tanto éstos fueron perpetrados en un periodo bastante menor, desde el mes de diciembre de 2002 hasta el mes de febrero de 2003; y, fundamentalmen-te, en lo que aquí interesa, con esa sospecha no demuestra el error del fallo por tener como debidamente acreditada la existencia de esos hechos y la responsa-bilidad penal de la imputada con relación a dichos hechos.

En cuanto al careo no practicado con el entonces Tesorero Pacheco, quien recurre no menciona haber instado la resolución del Tribunal sobre su solicitud para la realización de ese acto ni recurrido su denegación ex-presa o tácita, como tampoco haber hecho reserva de recurrir en casación. Por ende, la omisión por esa parte de la diligencia a su cargo torna tardío su agravio sobre el punto; y, contrariamente a lo que pretende, en esas condiciones, no correspondía que dicho Tribunal valorara esa prueba no rendida, sólo porque había sido solicitada su realización.

En relación a la supuesta persecución política de la que se dice objeto la imputada, dado que aun si hubiera existido, resulta ajena al marco de la decisión jurisdiccional sobre la cuestionada existencia de los extremos de la imputación penal, ninguna declaración sobre el tema está obligado este Tri-bunal a realizar. Además, el a quo trató el tema y desestimó esa defensa, pero quien recurre no rebate los fundamentos dados en el fallo, los que, por falta de crítica permanecen incólumes como sustento válido de lo decidido.

También estimo que si bien la fundamentación del fallo es global, el a quo dio razones válidas para proceder de tal modo, considerando que, salvo por la fecha de comisión y de la suma de dinero involucrada en cada caso, los múltiples hechos juzgados son semejantes y la prueba común a todos ellos, y quien recurre no desvirtúa esa explicación ni pone en evidencia el per-juicio que ello le habría causado a la defensa material o a la defensa técnica de la imputada. Por ende, el agravio no es de recibo.

De adverso a lo que postula quien recurre, constato también en el fallo que el a quo indicó y meritó la prueba que lo convenció de sus con-clusiones, tanto con relación a la no controvertida entrega a la imputada de los fondos de que se trata como con respecto a la discutida falta de ingreso de esos fondos al erario municipal. En esa dirección, para tener por acreditado el accio-nar reprochado el Tribunal tuvo en cuenta, además de la denuncia, el testimonio de las empleadas Rivas y Leiva, del ex Intendente Feliciano Lobo, de Miguel Néstor Carrizo (de la Dirección de Rentas Municipal) y los informes del Tribu-nal de Cuentas de la Provincia sobre la falta de la rendición correspondiente a las recaudaciones provenientes de la utilización de la pileta municipal en las fechas señaladas en la acusación. Por ello, la queja sobre el punto carece de fundamento.

Por otra parte, el recurrente no especifica la prueba a la que supuestamente el tribunal le asignó un contenido que no tiene, y con esa impre-cisión no demuestra la falsedad que le atribuye al fallo, por lo que su crítica en ese sentido tampoco puede ser acogida.

Así las cosas, debido a que no demuestra los vicios que le achaca a la fundamentación de la condena impugnada ni, por ende, la vulnera-ción invocada al ejercicio de la defensa en juicio de la condenada Ramos, el discurso recursivo devine ineficaz a los fines de conmover lo decidido.

Por las razones dados, a la segunda cuestión, mi voto es ne-gativo.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo y voto, como consecuen-cia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

De conformidad con lo resuelto sobre las cuestiones prece-dentes, y atento al resultado de la votación que antecede, estimo que correspon-de dictar la siguiente resolución: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/12, por el Dr. José Leonardo Berber, en su carác-ter de asistente técnico de la imputada Stella Marys Ramos. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva efectuada del caso federal.

Así voto.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, y me expido en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo y, como consecuencia, voto de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/12, por el Dr. José Leonardo Berber, en su carácter de asistente técnico de la imputada Stella Marys Ramos.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva efectuada del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen es-tos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres Amelia del Valle Sesto de Leiva (Presidente)- José Ricardo Cáceres - Luis Raúl Cippitelli ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.-