Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-03-31


2º Instancia.- Mercedes, marzo 31 de 2009.

1º ¿Es justa la sentencia dictada a fs. 183/194 en cuanto es materia de apelación y agravios? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Nolfi dijo:

I. En la sentencia dictada en estas actuaciones se falló: 1) Que en el accidente juzgado hubo concurrencia de culpas, graduándose la responsabilidad del Banco de la Provincia de Buenos Aires en el 20% y la del "tercero ausente" en el proceso en el 80%. 2) Admitir parcialmente la demanda promovida por María Luisa Díaz contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires sobre daños y perjuicios, y en consecuencia condenarlo a pagar a la actora la suma de pesos cincuenta y un mil novecientos ($ 51.900), el que reducido al porcentaje por el que prospera la demanda, corresponde el pago de la suma de pesos diez mil trescientos ochenta ($ 10.380), con más los intereses a la tasa que fije el Banco de la Pcia. de Bs. As. en sus depósitos a treinta días, desde la fecha del hecho (7/1/02) hasta el efectivo pago, debiendo practicarse la liquidación correspondiente. 3) Imponer las costas al demandado, y postergar la regulación de honorarios para su oportunidad.

La parte actora interpuso recurso de apelación a fs. 221, concedido libremente a fs. 221 vta., expresando agravios a fs. 236/243. Por su parte, la demandada apeló a fs. 228, se concedió el recurso a fs. 229, y presentó la expresión de agravios a fs. 244/252. Ninguna de las partes contestó los respectivos traslados de las expresiones de agravios de mención.

II. La parte actora, solicita que se revoque parcialmente la sentencia, con costas, y que se haga lugar a la totalidad de responsabilidad al Banco demandado (100%), por el monto reclamado en la demanda, o que en su defecto se lo condene en forma solidariamente responsable con el tercero ausente. También se agravia por lo exiguo de los montos fijados para cada rubro solicitado, y pide que las costas generadas por haber hecho citar en garantía a quien no correspondía, sean a cargo de la demandada quien desistió de la misma.

La demandada solicita que se rechace íntegramente la demanda en lo que respecta a su parte, porque considera que la acción causada por un tercero es interruptiva de la relación de causalidad. Considera que la puerta giratoria no es una cosa riesgosa (v. fs. 246, que existió culpa de la víctima) y, también se agravia por los montos indemnizatorios fijados por el sentenciante de grado, en concepto de daño material y moral, considerando esencialmente que no se encuentran probados.

III. Plataforma fáctica no discutida.

Los hechos relevantes para la resolución de los recursos son, sintéticamente, los siguientes:

Que con la prueba que obra en autos ha quedado acreditado que, el día 7 de enero del año 2002, en horario de atención al público, en circunstancias en que la Sra. María Luisa Díaz, hoy fallecida (v. fs. 198) se retiraba del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal de la localidad partido de Salto, donde había concurrido a percibir sus haberes previsionales, acompañada por su nieta María Soledad Amico, y haciéndolo por la puerta giratoria (única vía de ingreso y egreso habilitada en ese horario), una persona de sexo masculino, que se retiraba o ingresaba del banco intervino en el mecanismo de la puerta poniendo en funcionamiento el sistema giratorio, y la parte de atrás de la misma embistió por la espalda a la Sra. Díaz, quien como consecuencia fue arrojada al piso de la vereda externa del Banco (v. hechos, fs. 5 y vta, punto II), padeciendo fractura lateral de cadera izquierda (v. informe médico de fs. 134/135).

Todo ello, se encuentra corroborado por los dichos de la propia víctima a fs. 103, quien esencialmente manifestó: "...que me hizo caer un señor que venía detrás de mí, en la puerta, me agarró el pie y después disparó..."; y de los únicos testigos presenciales del hecho: Osvaldo Santos y María Soledad Amico (nieta de la víctima). El primero, a fs. 113 dijo: "fue en el Banco Pcia. de Salto, yo estaba. Allí hay una puerta giratoria para acceder y salir, me hallaba en una cola, la Sra. Díaz salía por la puerta y un señor que ingresaba por la misma puerta, le provocó con el empujón a la puerta, una caída hacia la vereda....". Y al preguntársele si puede precisar si en el Banco Pcia. existe alguna otra posibilidad de ingreso para el público, contestó: "no hay otra, salvo fuera de hora que se habilita una puerta lateral...".

La segunda, a fs. 114/115 declaró lo siguiente: "...fuimos a cobrar al Banco Pcia..., entramos, cobramos y cuando salió ingresa primero a la puerta giratoria, con gente detrás y se engancha el pie en la puerta giratoria por lo que cae de costado en la vereda del Banco...es la única puerta abierta que hay en el banco..." (arts. 384 y 456 CPCC).

Corresponde aclarar que los empleados del banco que declararon en la causa fueron contestes al manifestar que no vieron el hecho (v. fs. 97/99).

La circunstancia de que la puerta por la que egresó la actora, se constituía como la única opción que tuvo a la hora de retirarse de la institución surge incuestionable de la inspección ocular de fs. 78, mediante la cual se constató que: "...el ingreso y egreso de la gente es por una puerta giratoria...de vidrio, con cuatro habitáculos y gira hacia ambos lados... no gira en forma automática, solo cuando ingresa o egresa alguna persona empujándola, dándole la velocidad según la fuerza con que se la empuje...No tiene ningún dispositivo de seguridad que permita frenar la puerta para impedir la caída de alguna persona...pueden ingresar o egresar dos personas a la vez.. Se observa que hay otra puerta convencional de vidrio al lado de la giratoria, que permanece cerrada en horario de atención al público...".

Asimismo, si bien no resulta del todo claro si el "tercero ausente" ingresaba o egresaba a la puerta giratoria, de todas maneras, lo que sí surge manifiesto es que su accionar provocó el desplazamiento de la puerta en dirección a la calle de la entidad bancaria.

Frente a la claridad del contenido de la diligencia de inspección ocular y a las declaraciones testificales de autos, cabe dar valor confirmatorio a todo cuanto surge del relato de la parte actora (art. 384 del CPCC).

Por lo tanto he de anticipar que considero que el hecho se produjo por la peligrosidad propia del mecanismo de la puerta giratoria, sin que pueda importar "a priori" si la actora tenía o no la obligación de entrar por una puerta y salir por la otra. Aunque en el caso esa posibilidad nunca existió, porque la puerta convencional alternativa permanecía inhabilitada.

El caso puede encuadrarse en la segunda parte del art. 1113 del Código Civil pues si hubiese duda acerca de la calidad de cosa generadora de riesgo que revisten las puertas giratorias, esa duda quedaría develada apreciando su dinamismo intrínseco. Como acertadamente lo describe la accionante en la postulación inaugural y se ratifica en la diligencia de inspección ocular, el objeto en cuestión posee cuatro vidrios con marco, limitados por dos chapas cilíndricas que dan la forma de un redondel, los vidrios tienen un espacio reducido donde ingresa una sola persona que debe caminar empujando el vidrio de adelante, de manera de poner en funcionamiento el giro de la puerta; detrás queda otro espacio para que ingrese de igual forma otra persona que impulsando el vidrio ubicado delante suyo, sigue dándole impulso a la puerta, y así sucesivamente, y en este caso, carecía de dispositivo de seguridad que permita frenarla para impedir la caída de alguna persona (v. contenido de la diligencia de fs. 78 y vta.). Otro ingrediente de peligrosidad potencial lo incorpora la circunstancia del lugar en que se encontraba colocada; esto es, como acceso y egreso de una institución bancaria por donde circula gran cantidad de gente y de todas las edades, a lo cual se suma., además de la ausencia de otra puerta convencional alternativa (v. punto e) de fs. 78 "in fine"), la edad de la víctima.

En otros términos, la conjunción de todos estos elementos torna a la mentada puerta en una cosa generadora de potencial peligrosidad originando la contingencia o probabilidad de ocasionar daños a las personas o a la clientela que concurre al Banco de la Provincia de Buenos Aires de la ciudad y partido de Salto. No se trata en cambio, de una cosa viciosa, pues si bien no se practicó pericia mecánica, la inspección de fs. 78 no registra desperfectos o fallas en la misma. No ignoro que el tema de la causalidad genera graves discrepancias judiciales. Quizás, el paradigma de este debate sea la sentencia dictada por la CSN el 4/5/1995, in re Young de Aguirre c/Empresas Líneas Marítimas Argentinas (JA 1995-III-160; TSS 1996-331; y en DT 1995-B-1549, con nota de Pose, Carlos, Sobre la causa de los siniestros laborales). En el caso, un trabajador, mientras se encontraba sobre una escalera, sufrió un accidente cerebro vascular; se cayó y murió. ¿Qué causó la muerte? ¿El episodio cerebro vascular o el riesgo propio de la cosa derivado de la altura de la escalera? La Corte Nacional, por mayoría de cinco votos contra cuatro, dejó sin efecto la decisión del tribunal laboral que había excluido la responsabilidad patronal fundada en el Art. 1113 por considerar que la muerte podía atribuirse a un caso fortuito y dispuso que el tribunal de grado dictara nueva sentencia considerando la contribución causal o concausal de la escalera en altura.

Rige, por lo tanto, el artículo 1113 segundo párrafo segunda parte del Código Civil que permite al demandado liberarse acreditando la conducta culpable de la víctima, el hecho de un tercero ajeno, o el "casus" como factores interruptivos total o parcialmente de la relación adecuada de causalidad.

La prueba producida en autos no autoriza a tener por acreditada ninguna eximente. Ha quedado demostrado, por las mismas manifestaciones de la actora, hoy fallecida, que egresó en condiciones normales del Banco por la única puerta posible. Los testigos no hacen más que corroborar esta versión. La conducta del tercero "ajeno" que ingresó al interior de la puerta giratoria impulsando el mecanismo propio del sistema, por más "impetuosidad" o "mas vehemencia" que le haya impreso a la maniobra, lo cierto y definitorio es que esa persona solo se limitó a empujarla dándole velocidad con una determinada intensidad que puede ser diversa en cada caso (v. inspección ocular de fs. 78 punto c). No forzó el mecanismo, y ningún testigo describe alguna actividad irregular o anómala desarrollada por este tercero que haya agravado los riesgos propios del mecanismo de la puerta (v. declaraciones de los testigos presenciales Osvaldo Santos de fs. 113 y vta. (a la segunda); y de María Soledad Amico de fs. 114/115 vta.) (arts. 375 y 456 del CPCC).

En los supuestos de daños producidos por riesgo o vicio de la cosa la responsabilidad del dueño queda comprometida a menos que se demuestre factores ajenos como la culpa de la víctima, la conducta de un tercero ajeno, o el "casus", interruptivos de la efectiva y adecuada relación de causalidad entre el hecho y el daño. Ello no es lo que acontece en autos. Ni siquiera la posible culpa del consumidor excluiría el riesgo asumido por un diseño o un contexto (vgr. la puerta convencional cerrada que supone la posibilidad del peligro). Sencillamente porque son circunstancias que concurren a la formación del nexo causal.

Aún en la hipótesis que se subsumiera el caso en la primera parte del Art. 1113 (daños causados con las cosas), la solución sería exactamente la misma pues ha quedado acreditado que no ha existido por parte de la institución bancaria actividad probatoria que demuestre su diligencia tendiente a dar cumplimiento a razonables medidas de seguridad, tal como colocar algún dispositivo, habilitar la puerta convencional alternativa, Mayores o diversas medidas de seguridad, sean o no reglamentariamente exigibles, pudieran haber evitado el accidente pensando con toda lógica. El diseño insuficiente tuvo sin dudas aptitud causal. El artículo 5 de la ley 24240 dispone: "Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios". Es verdad que la norma se refiere específicamente a los servicios prestados y a los productos enajenados, pero es también una pauta general, aplicable por analogía, relativa a la seguridad que deben prestar las cosas a través de las cuales la relación de consumo se establece.

Ahora bien, en realidad, lo que es previsible es que la actora o cualquier otra persona, aún circulando con un máximo de atención y prudencia ingrese y egrese del local utilizando esa única puerta. Es arbitrario hacer sopesar determinada contribución causal a la intervención del tercero por haber ingresado o egresado al Banco por dicha puerta. La experiencia diaria demuestra que en establecimientos de superficies de relativa magnitud, como es el de la demandada, con importante afluencia de público, puedan producirse accidentes como el descrito.

Un caso resuelto por la jurisprudencia nacional que guarda similitudes y diferencias con el caso a resolver. La Cámara Nacional Civil sala D, en decisión del 22/10/2001 (voto preopinante del Dr. Mercante al que adhirieron los Dres. Bueres y Martínez Alvarez) condenó a una empresa titular de una cadena de supermercados por los daños sufridos por una persona que "tropezó con una vidriera que reunía características que pueden calificarse de anormales desde que inducía al comprador a pretender el ingreso a través de ella, al carecer de advertencia alguna sobre su existencia" (Rev. Resp. Civil y Seguros, año IV, nº 1, 2002 pág. 154 y ss.). El tribunal reconoció que a la edad de la víctima la aptitud visual disminuye, pero que no es éste un factor relevante, pues la demandada vende a todo tipo de consumidores (niños, ancianos, adultos, con o sin discapacidades visuales, etc.).

Por todas las razones desarrolladas a lo largo de mi voto, estimo que el daño causado debe atribuirse a la demandada, en el 100 %, modificándose, de ser compartida mi postura, el decisorio anterior.

Resta, entonces, analizar la cuestión relativa al monto de la condena VII. Los daños:

7.1: Incapacidad sobreviniente:

Fijó el sentenciante en la suma de $ 30.000 la indemnización por incapacidad sobreviniente, apelando la demandada por considerar que no se meritó la edad avanzada de la actora, su estado de salud anterior y que no desarrollaba actividad laboral alguna. La actora, genéricamente, solicitó que se admitan la totalidad de los rubros por la suma de $ 168.500 (v. fs. 241 vta. -último párrafo-).

La indemnización por incapacidad abarca la total personalidad del individuo, o sea que captura no sólo la capacidad laboral específica, sino también la genérica.

Tampoco en ello se agota, porque se extiende a otras manifestaciones de la personalidad, sociales, deportivas, etc (doctrina arts. 1068, 1086 del conc. y cc. del CC).

Es que, desde el momento en que la personalidad humana conforma un todo, el centro de la mira resarcitoria no debe focalizarse en el daño en sí, sino en su repercusión en el ámbito patrimonial o extramatrimonial del lesionado. Con respecto a éste, tampoco es dirimente que afecte su faz física o psíquica, ya que lo relevante es que el daño lesione la potencialidad de la persona humana afectando su capacidad.

El daño a la persona, en su faz biológica, afecta la integridad psicofísica del sujeto, la normal eficiencia sicosomática del mismo debe ser apreciada, para su mejor y más completa valoración, pericialmente. Pues ese déficit o incapacidad sobreviniente, o como lo califica el Alto Tribunal provincial secuela o disminución física o psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación o restablecimiento que no puede confundirse con el lucro cesante (SCBA, causa Ac 42528 del 19 de junio de 1996 en los autos "Fantin de Odermat, María c/Gnass, Héctor s/Daños y perjuicios" entre otros); constituye el aspecto dinámico del daño, y atañe al bienestar integral del sujeto y a las limitaciones que padecerá en su vida de relación por la minoración -reitero- psicofísica que provocarán variantes de aptitud.

Al emplearse la expresión "incapacidad sobreviniente", se alude sintéticamente a la pérdida o disminución que el sujeto experimenta en su potencialidad física o psíquica, para los diversos desempeños de todo orden que exige de una persona la vida diaria y desde un punto de vista crematístico y simplificador, se alude a la capacidad productiva pero no en un estricto sentido, sino con referencia a que esta actividad produce o da lugar a resultados susceptibles de apreciación pecuniaria, aunque de hecho carezcan de la finalidad específica de generar ingresos.

Del contenido del informe de la Dra. A. M. P. (fs. 134/135) completo, coherente y científicamente fundado (arg. art. 474 del rito), resulta que María Luisa Díaz presentaba una incapacidad de carácter parcial y permanente del orden estimado al 31% para la fractura de cadera. También surge que fue intervenida quirúrgicamente (osteosíntesis con clavo y tornillo).

No encuentro mérito para apartarme del dictamen de la profesional Pítaro. Y ello es así porque la fuerza probatoria del dictamen pericial -reza el art. 474 CPCC- será estimada por el juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca, es decir que, la ley 7425 consagró con todas las letras el principio de la sana crítica como lo hizo en general con todos los medios de prueba, "sin que pueda considerarse, como alguna vez se ha decidido en la jurisprudencia -escribe Morillo- que el haberse omitido requerir explicaciones o plantear observaciones, ha de llevar necesariamente y por sí sólo, a admitir sin más la fuerza probatoria del dictamen desde que ésta es cuestión que ha de estimar indelegablemente el juez en la sentencia". Agregaré, que el fundamento del mérito probatorio de la peritación radica en una presunción concreta de que el perito es sincero; que ha estimado cuidadosamente el problema sometido a su consideración y que ha emitido su concepto gracias a las reglas técnicas que aplica en forma explicada, motivada y convincente, de ahí que la credibilidad que al Juez le merezca depende no sólo de la experiencia del perito, sino de su preparación técnica sumada a la fundamentación del dictamen.

Reiteradamente tengo dicho que la mera afectación de la integridad física que no produce secuelas incapacitantes, no constituye un menoscabo susceptible de apreciación pecuniaria, y, así limitada, encuentra debida reparación mediante el resarcimiento del daño moral. Es que no cabe indemnizar las lesiones sufridas como un concepto distinto de la incapacidad sobreviniente, ésta subsume y es consecuencia de aquellas, teniéndose en cuenta para el resarcimiento de esa incapacidad toda disminución de aptitudes que las lesiones importen. Así, la merma de la capacidad funcional de la víctima es la expresión de las lesiones, como quebranto patrimonial indirecto derivado de las limitaciones físicas que son secuelas del accidente.

Por lo tanto, existe en la especie "incapacidad" sobreviniente, pues la actora en lo que se refiere a su "aptitud" para hacer cosas no se encontró en situación semejante a la que exhibía antes de resultar accidentada (v. pto. 8 del dictamen en análisis); máxime teniendo en cuenta la edad avanzada de la misma al momento del hecho (81 años de edad), para afrontar una lesión de esas características, lo cual trae aparejada mayor disminución en su movilidad corporal.

Entiendo pues, que corresponde modificar la sentencia apelada, en lo que respecta a este rubro y elevar el monto de esta partida a la suma requerida en la demanda (punto e) de fs. 8/9 vta.), es decir a la de $ 42.000. (art. 165 del CPCC).

7.2 Daño moral y estético:

Fijó el sentenciante en la suma de $ 20.000 la indemnización por daño moral, apelando la demandada por considerar que no se ofreció prueba pericial que lo acredite. La actora, como mencioné en el punto anterior, solicitó genéricamente, que se admitan la totalidad de rubros por la suma de $ 168.500 (v. fs. 241 vta. -último párrafo-).

Cabe señalar que, el daño moral es la lesión a los sentimientos que determinan dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual o agravios de las afecciones legítimas y; en general, de toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (Bustamante Alsina "Teoría General de la Responsabilidad Civil", página 205).

El reconocimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daños in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral (SCBA causa Acuerdo 82.395 , del 14-12-2005).

Ello así, estimo que en el caso, es procedente otorgar una indemnización en concepto de daño moral, por haber sufrido el accidente y sometida a una intervención quirúrgica más rehabilitación, pues es innegable que estas circunstancias han repercutido disvaliosamente en el ámbito espiritual de la reclamante generando un síndrome depresivo de carácter leve a moderado, produciéndole una incapacidad parcial y permanente del 15% reactivo a las limitaciones físicas que presentaba (v. informe médico, fs. 134/135) (art. 474 del CPCC).

En cuanto al daño estético está indemnizado como daño moral.

De ahí, que lo prudente es modificar la decisión en esta parte de la sentencia apelada en cuanto fijó el daño moral en la suma de $ 20.000, elevándolo a la suma de $ 30.000 (arts. 1068, 1078 conc. y c. del CC y 165 "in fine" del rito).

7.3- Gastos no documentados (farmacológicos y de traslado):

El Sr. Juez de primera instancia admitió el reclamo para cubrir los gastos correspondientes a medicamentos y de traslado, pese a no haber sido documentados, y estimó adecuado fijar el monto de la indemnización en la suma de pesos mil quinientos ($ 1500) para el primero, y cuatrocientos ($ 400) para el segundo de los rubros.

La parte demandada solicita el rechazo de los gastos no documentados, por considerarlo injustificado por la falta de comprobantes que acrediten la existencia de tales gastos, y la parte actora pretende que sean elevados, sosteniendo que como al momento de un accidente lo menos que hacen los damnificados es solicitar los comprobantes, y que por ende, deben englobarse en los llamados "gastos indocumentados".

En el presente caso, la actora, como consecuencia de la caída fue intervenida quirúrgicamente por fractura lateral de cadera izquierda, en la Clínica Salto S.A. donde permaneció internada durante una semana, debiendo realizar posteriormente, rehabilitación de la marcha (v. pericia médica de fs. 134/135, e historia clínica de fs. 80/89).

Las referidas lesiones, como la operación, tratamientos de curación y rehabilitación, a que debió ser sometida la actora, implican erogaciones por honorarios médicos, medicamentos, estudios, elementos descartables, propinas y gratificaciones a enfermeras, gastos de traslado etc., aunque hubieran sido asistidos en establecimientos públicos, o privados por cuenta de mutuales, como ocurre en autos, y de los cuales normalmente no se conservan los pertinentes comprobantes, y respecto de los cuales no es usual exigir comprobantes.

La jurisprudencia referida a este tema, en forma pacífica reconoce que el rubro gastos asistenciales no documentados, que tiene por objeto cubrir "gastos menores" (honorarios médicos, medicamentos, estudios, elementos descartables, propinas y gratificaciones a enfermeras, de traslado etc.), que sean coherentes con la entidad y magnitud de las lesiones sufridas por la víctima configura un daño resarcible, porque entiende que son erogaciones efectuadas por el paciente y que los debe soportar, aunque fuere asistido en establecimientos públicos, o privados por cuenta de mutuales y de los cuales normalmente no se conservan los pertinentes comprobantes, y respecto de los cuales no es usual exigir comprobantes (doct. arts. 901, 1068, 1069, 1086 y concordantes del Código Civil, art. 165, 384 del C.P.C.C).

Por lo tanto, considero que el reclamo que tiene por objeto cubrir "gastos menores" acogido en la sentencia en crisis debe ser confirmado, porque la existencia de dichas circunstancias se encuentra acreditada con la referida la pericia médica (doct. arts. 260, 261, 266 "in fine", 384, 474 del CPCC), estimando prudente el monto fijado por el sentenciante de grado ($ 1500 y $ 400, respectivamente).

7.3. Gastos de atención:

Entiendo que los fundamentos dados por el sentenciante de grado para rechazar este rubro no fueron motivo de agravio concreto por la parte actora, motivo por el cual, devienen firmes y consentidos, no pudiendo ser modificados en esta instancia (arts. 260 y 266 "in fine" del CPC).

VIII. Agravio de la actora, relativo a que las costas generadas por el desistimiento de la demandada con respecto a la citada en garantía, fueron impuestas en el orden causado:

Sobre el particular, cabe decir que la resolución que tuvo a la demandada por desistida de la citación en garantía de "Provincia Seguros SA" y distribuyó las costas en el orden causado, devino firme, toda vez que no fue cuestionado oportunamente -v. fs. 182- (art. 133 del rito). Por ende, no pueden ser modificadas en esta instancia (arts. 260 y 266 "in fine" del CPC).

IX. Costas de Alzada:

En atención a la propuesta precedente, propongo al Acuerdo la imposición de las costas a la parte demandada, por su condición de vencida (art. 68 del rito).

A esta primera cuestión voto parcialmente por la afirmativa.

El doctor Violini aduciendo análogas razones, dio su voto también parcialmente por la afirmativa.

2º cuestión.- El doctor Nolfi dijo:

En mérito al resultado de la votación que antecede, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1) Modificar la sentencia apelada en los siguientes aspectos:

En cuanto graduó la responsabilidad en un 80% al tercero ausente, y en un 20% al banco demandado, debiendo asignarse el 100% a la parte demandada.

En cuanto al monto del rubro "incapacidad sobreviniente" elevarlo a la suma de $ 42.000 En cuanto al monto del rubro "daño moral", elevarlo a la suma de $ 30.000.

2) Confirmarla en todo lo demás que fue materia de recurso y agravios.

3) Imponer las costas de Alzada, al demandado en su condición de vencido.

Así lo voto.

El doctor Violini aduciendo análogas razones, dio su voto en el mismo sentido.

Considerando que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, y jurisprudenciales, ha quedado establecido que la sentencia apelada debe ser modificada.Por ello y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede se resuelve:1) Modificar la sentencia apelada en los siguientes aspectos:En cuanto graduó la responsabilidad en un 80% al tercero ausente, y en un 20% al banco demandado, debiendo asignarse el 100% a la parte demandada.En cuanto al monto del rubro "incapacidad sobreviniente" elevarlo a la suma de $ 42.000En cuanto al monto del rubro "daño moral", elevarlo a la suma de $ 30.000.2) Confirmarla, en todo lo demás que fue materia de recurso y agravios.3) Imponer las costas de Alzada, al demandado en su condición de vencido.- Luis M. Nolfi.- Carlos A. Violini.