Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-05


SENT Nº 47 San Miguel de Tucumán, 05 de Marzo de 2013.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte actora, en autos: "Gobierno de la Provincia de Tucumán -DGR- vs. Los Cevilares S.A. s/ Ejecución fiscal"; y	C O N S I D E R A N D O :

I. Que viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte actora (fs. 58 a 72) en contra de la sentencia n° 554 de fecha 26 de octubre de 2012 de la Sala III de la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones (fs. 54 y vta.), por la que se denegó el recurso de casación deducido por la accionante (fs. 25 a 37) en contra del pronunciamiento n° 210 del 19 de junio de 2012 (fs. 1 a 3) del referido Tribunal de alzada.

II. El decisorio cuestionado mediante recurso directo (fs. 54 y vta.) funda la denegación de la casación tentada en la ausencia de definitividad de la sentencia atacada por la vía recursiva extraordinaria local.

Juzga la Cámara que la actora dedujo el recurso de casación en contra de la sentencia de fecha 19/6/2012, y no en contra del pronunciamiento del 17/8/2012 por el que se resolvió la revocatoria deducida; siendo que a criterio del a quo, es el segundo decisorio el que reviste carácter definitivo, no así el primero.

Agrega el pronunciamiento en crisis que el planteo impugnativo, además, devino extemporáneo.

III. El recurrente, luego de justificar los requisitos de admisibilidad de la casación opuesta, funda su recurso de queja alegando genéricamente que la sentencia atacada reviste carácter definitivo.

Arguye que el recurso de casación se encontraba supeditado a las resultas de la revocatoria del art. 31 de la Ley n° 5.480.

En segundo lugar alega la existencia de gravedad institucional, en tanto se encontrarían afectadas las rentas públicas y porque, de rechazarse la impugnación incoada, se convalidaría un acto jurisdiccional, que según el entendimiento del recurrente, se encuentra viciado de nulidad absoluta por falta de fundamentación, arbitrariedad y contradicción.

También le imputa al decisorio en crisis excesivo rigorismo formal.

IV. Adentrándonos en el análisis del recurso directo tentado, se advierte que dicha impugnación ha sido deducida tempestivamente (fs. 72), se dio cumplimiento al depósito de ley (fs. 57) y la queja viene acompañada de las copias de las piezas instrumentales exigidas por el artículo 755 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán.

1.- De las constancias de la causa se desprende que mediante sentencia n° 210 del 19/6/2012 (fs. 1 a 3), la Sala III de la Cámara en Documentos y Locaciones declaró la nulidad de un auto regulatorio, rechazó la impugnación formulada por la ejecutante y procedió a regular honorarios.

Contra dicho decisorio, la actora interpuso recurso de revocatoria, en los términos del art. 31 de la Ley n° 5.480 (fs. 10 a 19). Tal impugnación fue resuelta mediante decisorio n° 307 del 17/8/2012, por el que se rechazó la revocatoria planteada por la actora (fs. 20 y vta.).

Ahora bien, de la lectura íntegra del escritorio casatorio (fs. 25 a 37) se advierte que el recurrente atacó la sentencia de Cámara n° 210 de fecha 19/6/2012 (fs. 1 a 3); es decir, aquella regulatoria de honorarios; la cual no reviste naturaleza definitiva a los fines casatorios.

Por el contrario, y atento las particulares circunstancias de la causa, el no cuestionado pronunciamiento del Tribunal de Alzada n° 307 del 17/8/2012 (fs. 20 y vta.), que resolvió el recurso de revocatoria planteado en los términos del art. 31 de la Ley 5.480, es aquel que cumplimenta la exigencia de definitividad exigida por el art. 748 inc. 1 del digesto procesal civil.

En tal tesitura, es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que contra las sentencias regulatorias de honorarios debe articularse el recurso de revocatoria, que es la vía ordinaria prevista en las leyes locales (art. 31 ley 5480). Ello así aunque la sentencia o auto regulatorio hubiere sido precedido de debate entre los interesados, toda vez que el pronunciamiento que decide el recurso de revocatoria es el definitivo a los fines de la casación (cfr. CSJTuc., sentencias: n° 493 del 23/8/1194; n° 343 del 19/5/1999; n° 907 del 21/10/2005; n° 67 del 10/02/2006; entre muchas otras).

Por tanto, en el caso concreto, la parte actora interpuso la revocatoria regulada en el art. 31 de la Ley 5.480 (fs. 10 a 19), mas dirigió el recurso de casación en contra de la sentencia atacada por revocatoria (fs. 1 a 3), la que no reviste naturaleza definitiva en los términos del art. 748 inc. 1 de la ley ritual civil, y no en contra de la resolución que resolvió el rechazo de la revocatoria (fs. 20 y vta.); ante lo cual le asiste razón al Tribunal a quo en orden a denegar la vía extraordinaria tentada por falta de definitividad de la sentencia cuestionada.

2. Tampoco se encuentra configurado en el presente un supuesto de objetiva gravedad institucional, toda vez que la cuestión debatida no supera el interés individual del recurrente sin proyectarse sobre los intereses esenciales de la comunidad (CSJTuc., sentencia n° 675 del 02/8/2007, en "Padilla Gabriela Fernanda vs. Contino José Alberto s/ Cobro de pesos").

Los argumentos dados por el recurrente para fundar, recién en el escrito de queja, el supuesto de gravedad institucional, resultan evidentemente inviables.

Por un lado, la quejosa sostiene que se encuentra en juego "las rentas públicas". Tratándose de una discusión que versa sobre la regulación de honorarios, no se advierte que se verifique tal extremo económico argüido por la recurrente.

Respecto de la arbitrariedad alegada por el impugnante como fundamento para sostener la gravedad institucional argüida, cabe recordar que es repetida doctrina de este Máximo Tribunal que el requisito de definitividad no se satisface ni se suple por la invocación de arbitrariedad o de infracción a normas de derecho (CSJTuc., "Cabsha vs. Fontdevila S.A. s/Daños y perjuicios", 19/10/1993; sentencia n° 235 del 14/4/1999; sentencia n° 820 "Bayona Mario y o. vs. Varela Juan D. s/Daños y perjuicios" del 25/10/1999; entre muchas otras).

En definitiva, cabe insistir, con relación a la gravedad institucional atribuida por el recurrente, única con la virtualidad para superar el valladar constituido por la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado (cfr. CSJTuc., sentencia n° 879 de fecha 03/9/2008), la misma no luce configurada en la especie, en tanto no se advierte que la cuestión bajo análisis exceda el interés particular de los litigantes, involucre valores que atañen a la colectividad, vulnere algún principio constitucional básico o comprometa el regular funcionamiento del servicio de justicia o la buena marcha de las instituciones (cfr. CSJTuc., sentencia n° 46 del 22/02/1999; sentencia n° 303 del 03/5/1999; sentencia n° 412 del 04/6/1999, entre muchas otras).

Por ello, y habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal (fs. 74 a 75), se	R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto por la actora (fs. 58 a 72) en contra de la sentencia n° 554 de fecha 26 de octubre de 2012 de la Sala III de la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones (fs. 54 y vta.); con pérdida de depósito.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.