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Ombudsman, legitimación procesal, acción de amparo, servicio público, defensa del consumidor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Youssefian, Martín c/ E.N. -Secr. de Comunicaciones s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23

La legitimación procesal del Defensor del Pueblo que se le confiere genéricamente en el art. 86 de la C.N., en el art. 43 de ésta, se regula de manera específica su habilitación para intervenir en los juicios de amparo en casos de servicios públicos. Su participación lo es en defensa de un derecho de usuarios y consumidores: el de participación en el control de los servicios públicos, que se vería afectado por una ilegítima omisión de la Administración.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hall, Ambrosio c/ Grupico, Agosto Salvador y otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

Acreditadas las lesiones y secuelas que ellas arrojaron en la víctima reclamante, resulta pertinente se indemnice el daño ocasionado a la persona, el mal irrogado al propio cuerpo (art. 1068 del C. Civil) si del hecho resulta una disminución que afecta a la víctima con relación a la total psico-física detentada antes del ilícito, con prescindencia de que la misma ejecute o no actividad lucrativa, porque la incapacidad no debe merituarse tan sólo en el aspecto laboral, sino como disminución genérica de la relacionada aptitud psico-física de la cual gozaba el reclamante antes del siniestro (doc. art. 1083 C. Civil).
Filiación, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ MARIA DE LOS ANGELES c/ BANCO HECTOR A. s/ RECONOCIMIENTO DE FILIACION EXTRAMATRIMONIAL-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-10-13

No hay norma en el derecho positivo que establezca la obligatoriedad de suministrar material para la realización de las pruebas biológicas. Sí la posibilidad del Juez de decretarlas de oficio, y también la posibilidad del requerido de negarse a hacerlo con el resultado de que la "negativa constituirá un indicio contrario a la posición del renuente".
Declaración indagatoria, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, designación de defensor, notificación, falta de notificación, nulidad procesal, defensa en juicio, derecho a la presencia del defensor, renuncia a la asistencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Velázquez, Hernán J. s/ Instrucción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-12

No corresponde que se declare la nulidad de la indagatoria, por la circunstancia de que el defensor oficial no haya sido notificado antes de la realización del acto de la designación dispuesta, ya que en la ley procesal la protección a la garantía de la defensa no reside, en este aspecto, en el conocimiento del defensor designado, previo a la indagatoria sobre el hecho, sino en la adecuada información al imputado de la multiplicidad de facultades y derechos que regulan el caso - de los que es exclusivo titular - lo que posibilita que decida sobre su ejercicio en aquellos supuestos que no son de imposición obligatoria, y el declarar acompañado de su defensor es precisamente uno de ellos.

No existe posibilidad de agravio al derecho de defensa en juicio cuando el imputado, en la libertad que le otorga el debido conocimiento de sus derechos y la protección del ámbito tribunalicio, opta por responder en soledad los reproches que se le formulan, en un acto de defensa material, que como tal es personalísimo. Por el contrario, interpretar que la garantía se conforma e integra con la simple noticia a la defensa se presenta insuficiente, ya que se aprobaría que un formalismo satisfaga el resguardo constitucional, quedando librado a la discrecionalidad del asistente acompañar o no a su asistido. También se excede el marco legal vigente si se exigiera la notificación previa a la defensa, pues no se encuentra contemplado la posibilidad de suspender oficiosamente la declaración para efectuar tal diligencia.

Si bien la letra del art. 197, parece sugerir como facultad autónoma del defensor la de entrevistarse con el imputado antes de declarar, y siendo así, cabría sostener que para su ejercicio deba estar informado de su designación - mediante notificación -, ello no es así, porque la titularidad de ese conjunto de derechos atañe con exclusividad al imputado, y aún cuando pueda entenderse a la entrevista como facultad dual, siendo la indagatoria un acto de defensa material y personalísima, la pretensión del defensor debe ceder ante la voluntad libre del imputado, que la puede manifestar tanto expresa, como tácitamente, pues si en conocimiento debido de la normativa que preserva sus derechos, acepta declarar, nada cabe observar en el caso de no formular en concreto una renuncia.
Expropiación, indemnización expropiatoria
Materia: CIVIL
Carátula: MORILLA, Patricio c/ Provincia de San Juan s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-05-11

Ante nada discierno, siguiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que "la expropiación es un fenómeno jurídico de conversión y de sustitución de derechos del particular en favor de la comunidad, mediante el cual lo que se abona al expropiado no es el precio de la cosa expropiada sino -como lo señala expresamente nuestra Constitución- el resarcimiento del perjuicio, que consecuentemente resulta accidental y no permanente".

Si el razonamiento ha de partir de esta base, la indemnización se justifica desde la época en que se produjo el perjuici
Acción contencioso administrativa, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAFE LA VIRGINIA S. A. s/ ACCION    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVA  CONTRA  RESOLUCION  NRO.  1084  MGJE/83
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1984-03-19

Es aplicable el Decreto Ley 7061 (Código de Procedimiento Administrativo) si al momento de plantearse el recurso -o la demanda en el nuevo ordenamiento- ya estaba vigente la norma citada.
Verificación de créditos, compraventa de acciones, donación, remisión de deudas, AFIP, determinación de impuestos
Materia: TRIBUTARIO-COMERCIAL
Carátula: Miyazono, Ricardo s/ quiebra s/ incidente de verificación por Fisco Nacional A.F.I.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-23

Cabe revocar la sentencia que rechazó la verificación de los créditos invocados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en lo relativo a los tributos determinados sobre la base de considerar gravado el producto de las ventas de las acciones que poseía el fallido en dos sociedades anónimas y de donaciones y condonaciones de deuda, pues el a quo no pudo, mediante afirmaciones meramente dogmáticas, desestimar la pretensión del organismo recaudador, sino que se imponía que efectuara un circunstanciado examen del material probatorio reunido en la causa a fin de establecer si la recalificación efectuada por aquel organismo- y la consiguiente determinación del impuesto- fue correctamente realizada, es decir, si la totalidad de los hechos invocados por la administración fiscal permitían sustentar- aunque solo lo fuese en los términos del art. 163 del CPCCN-, la conclusión acerca de que las formas jurídicas adoptadas por el contribuyente eran manifiestamente inadecuadas para traducir la verdadera sustancia económica de los actos realizados (art. 2º de la ley 11.683).

- El juez E. Raúl Zaffaroni - en disidencia- declaró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del C.P.C.C.N).
Procedimiento administrativo, agotamiento de la instancia administrativa, silencio de la administración, habilitación de instancia, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: REBOLLO, Francisco c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

En atención a lo dispuesto por el art. 8 de la ley 23.473, la ausencia de pronunciamiento administrativo ajustado a la ley procesal pertinente hace inhábil la instancia judicial e impide que la C.N.A.S.S. conozca en el caso, sin que obste a ello el silencio de la instancia previa invocado por el titular, toda vez que frente a la no incorporación expresa de este instituto en la ley especial, ello no resulta procedente.
Defensa en juicio, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, entrevista previa con el defensor, ausencia del imputado
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: TIMERMAN, Jacobo s/ Causa 26.947
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-16

Si bien el art. 140, último párrafo del Reglamento del Fuero prevé el contacto previo del Defensor Oficial con su ocasional asistido con antelación a evacuar el traslado de la acusación fiscal, aun cuando no haya podido concretarse dicha entrevista por la reiterada ausencia del imputado a las citaciones cursadas, no es condición necesaria para contestar tal traslado, de acuerdo con una interpretación sistemática de dicha norma con el art. 141 del citado cuerpo.
Juicio correccional, homicidio culposo, recurso de casación, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Delgado, Juan Carlos s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Claudio S. Contreras, en contra de Sentencia Nº 32/2012 de Expte. Nº 016/08 - Delgado, Juan Carlos - Homicidio Culposo Agravado - Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-11

El Juzgado Correccional declaró culpable a D., J. C. como autor penalmente responsable del delito de Homicidio Culposo Agravado por el que viene incriminado (Art. 84 apartado segundo, 45 y concordantes del C. Penal); condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de dos (2) años de prisión en suspenso y la inhabilitación especial de cinco (5) años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores (arts. 40, 41, 26 y concordantes del C. Penal y arts. 407, 409 y concordantes del CPP). Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación esgrimiendo el motivo previsto en el inc. 2º del art. 454 del C.P.P.

Consecuentemente, dirige sus críticas denunciando inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas. Sostiene que no se acreditaron debidamente los extremos legales que tipifican la figura penal por la que fue condenado su defendido.

El análisis del memorial recursivo permite adelantar, teniendo en cuenta la forma en que han sido esbozados los agravios, que los argumentos expuestos no resultan eficaces para conmover la decisión puesta en crisis.

Digo ello, puesto que el recurrente dirige sus críticas remitiéndose únicamente a las constancias vertidas por los testigos obrantes en el Acta de Debate, mas omite precisar cuál es el yerro puntual en el que ha incurrido el tribunal al ponderar los referidos testimonios.

Concretamente, ha prescindido detallar los puntos de la decisión que provocan agravio en relación a los mencionados testigos.

En tal sentido, cabe destacar lo sostenido por esta Corte (A.I. Nº 19, 30/06/2010) al referir que, ".el carácter total de la revisión no implica per se que el examen que el tribunal del recurso realice respecto de la sentencia de condena deba ir más allá de las cuestiones planteadas por la defensa.

Ello es así, porque al tratarse de un derecho que su titular ejerce en la medida que la sentencia le causa agravio, resulta incorrecto intentar derivar de la garantía en cuestión una exigencia normativa que obligue a controlar aquellos extremos del fallo que el recurrente no ha sometido a revisión del tribunal examinador" (C.S.J.N., "Casal", 20/09/05, del voto de la Dra. Carmen M. Argibay).

En efecto, como se advierte de lo expuesto, el apelante no ha explicitado cuál es el vicio latente capaz de revertir lo resuelto por el a quo.

Por lo manifestado, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Orden de allanamiento, tráfico de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: MALDONADO Fernando y otro c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-29

Más allá de que la orden de allanamiento discriminaba claramente que la incursión en la propiedad privada debía tener por objeto todo elemento vinculado a una posible infracción de la ley 23.737, que vinculara a los moradores con el tráfico ilegitimo de sustancias prohibidas, el art. 224 CPPN autoriza a que si en el cumplimiento de una orden de allanamiento se encontraren objetos que evidencian la comisión de un delito distinto a aquél por el que se libró la orden de registro, corresponde proceder a su secuestro y dar aviso inmediato a las autoridades, circunstancias que se verificaron en autos.
Excepciones procesales, arraigo, domicilio en el país, bienes inmuebles
Materia: CIVIL
Carátula: SCHERER A c/ FANGI M.A s/ CONTRATO DE LOCACION-COSAS-DESALOJO-CUESTIONES PROCESALES-CUESTIONES  PROCESALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-27

El domicilio del actor en la República o la existencia de bienes inmuebles dentro del territorio argentino excluye la procedencia de la excepción de arraigo.-
Compraventa inmobiliaria, venta de inmuebles fraccionados en lotes, mora del vendedor
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ CANEDA CONSTANTINO ROBERTO c/ FERNANDEZ ALFREDO H s/ RESCISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-24

Tratándose de la venta de lotes bajo el régimen de la ley 14.005, la falta de afectación del terreno fraccionado constituye en mora "ex re" a la vendedora, al impedirle al comprador las defensas propias de un régimen legal que es de orden público (conf. C.N.Civ. Sala C, del 24/11/83, E.D.107-520), mora que no necesita interpelación, porque se trata de una situación asemejable a las obligaciones de plazo esencial (inc. 2 del antiguo art. 509 del Código Civil), desde que la concertación del negocio sin estar sometido al régimen que establece esa ley; implica colocarse en abierta rebeldía respecto de sus imperativas disposiciones, impidiendo desde el inicio que el adquiriente pueda ampararse en la tuitiva finalidad de su dictado (conf. fundamentos del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en "Leyes y decretos nacionales", año 1950, 2do semestre, págs.

260/263, ed. La Facultad).

La omisión en el cumplimiento de la ley 14.005 determina que la vendedora incurra en mora desde el mismo momento en que suscribió los contratos, lo cual le impide demandar el cumplimiento de las obligaciones provenientes de los mismos (art. 510 y 1201 del Código Civil) o bien fundar la resolución del contrato en incumplimientos de los adquirentes (art. 1203 del código cit.), dado que aquella prioritaria situación de mora en el vendedor, impide considerar que en este estado incurran los compradores (art. 510 antes cit.), quienes incluso encuentran en la aplicación expansiva del art. 1425 del mismo ordenamiento, una autorización legal a la suspensión de los pagos (conf. C.N.Civ. Sala C, E.D. 76-372 y J.A. 1977-IV-593 y nota aprobatoria de esa doctrina de Jorge Mosset Iturraspe, J.A.1977 IV-593; íd. E.D.97-686).- La falta de inscripción en el Registro Inmobiliario de los lotes, no sólo no inhibe la aplicación de la ley 14.005, sino que su principal objeto es evitar los abusos contemplados en los arts. 8 y 7 de la misma ley, funcionan con independencia de dicha inscripción que tiene sólo por objeto que la venta sea oponible a terceros adquirentes o acreedores.
Pueblos originarios, derechos del aborigen, minería, aplicación de la ley
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

En sentencia 25/05 del 17-03-05, en los autos caratulados: "BORDENAVE S. A. s/MANDAMUS" (Expte.N* 18726/03-STJ) he efectuado precisiones al respecto que deben ser reflexionadas nuevamente. Aunque la temática sea distinta, los principios son iguales con la singularidad de estar implicada la cuestión indígena.

En tal sentido, dijimos que no puede escapar a nuestra consideración los variados conflictos que suscita la cuestión a nivel internacional y nacional, no ya de carácter exclusivamente medioambiental, de índole no solamente políticos, sino principalmente de poderosos intereses económicos entre los países industrializados, que como sabemos en Minería no siempre coincide, como es de público y notorio, pero no ajenos a la decisión jurisdiccional que constituyen nuevos derechos que debemos proteger.

Basta o alcanza con ingresar a cualquier sitio de Internet para constatar la prolífica legislación de países o Estados industrializados que prohíben la explotación minera a cielo abierto, mientras otras las regulan o la consienten. Ante el proceso de globalización, en esta cuestión, una vez más hay confrontación entre "los mercados" por un lado, y el derecho de las personas a la salud, a un medio ambiente sano, a la información y a elegir qué consume, por el otro.

Tampoco podemos pretender que con una vieja ley (Cod. de Minería) se pueda penetrar las galerías imaginarias o finales de "Calcatreu" aferrándose a conceptos que están hoy expresamente regulados no solo por las leyes 24196, 24224, 24402, etc. sino por toda la posterior aplicable al caso y que ya ha sido referenciada bastando recordar en ese contexto la ley 24585, art.1º y 4º que distingue claramente las etapas y sus consecuencias, lo que no impide un estudio serio, preciso y circunstanciado en orden a los presupuestos mínimos de la ley 25665 y demás legislación aplicable.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, daños y perjuicios, factores atributivos de responsabilidad, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gómez, Carlos Alberto y otro c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Gómez Carlos Alberto y otros contra OSCBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires) sobre daños y perjuicios (excepto resp. médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

Corresponde rechazar la queja porque no logra rebatir los fundamentos por los cuales su recurso de inconstitucionalidad fue denegado, a saber: ausencia de caso constitucional y de sentencia arbitraria. Para cuestionar la sentencia que rechazó la responsabilidad del hospital con relación al fallecimiento del hijo de los actores, los recurrentes debían demostrar que sus planteos -tendientes a cuestionar que el personal del hospital no le hubiera impedido su egreso- tenían relación directa con las normas constitucionales que invocaron conculcadas, o que el fallo incurrió en un desacierto de gravedad extrema que impide considerarlo un acto jurisdiccional válido. Ahora bien, la discusión que plantean en orden a la verificación de un factor de atribución de responsabilidad y a la existencia de una relación de causalidad entre las conductas omisivas que reprochan al hospital y el deceso de su hijo, remite al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho infraconstitucional que resultan, en principio, propias de los jueces de la causa y ajenas al trámite del recurso intentado. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Alicia E. C. Ruiz).
Medidas cautelares, coronavirus
Materia: PROCESAL
Carátula: Bugallo, Luciano c/ Municipalidad de Castelli s/ medida cautelar autónoma o anticipada - otros juicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-04-05

Corresponde rechazar la medida cautelar requerida por un diputado provincial tendiente a lograr la suspensión de un tributo extraordinario a los inmuebles rurales creado por la Municipalidad de Castelli con la finalidad de hacer frente a la pandemia por coronarivus COVID-19, toda vez que no se hallan mínimamente acreditados los requisitos esenciales que hacen a la viabilidad de la medida solicitada, y que el cuadro actual de la situación epidemiológica lleva a valorar circunstancias que otrora ni siquiera habrían sido consideradas, pues en la tensión entre el derecho a la vida y la salud, y la eventual igualdad ante las cargas públicas, ha de prevalecer la solidaridad de aquellos que pueden contribuir, sin que ello denote un riesgo a su supervivencia económica.
Superior Tribunal de Justicia, avocación jurisdiccional, retrogradación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TROANE, ELOY MARCELINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ AVOCACION (ART. 36, LEY 11330)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-09-17

Corresponde rechazar el pedido de avocación, desde que no se advierte que el objeto del recurso -la reparación integral de los daños ocasionados por la resolución del Directorio del Banco de Santa Fe S.A., que dispuso la sanción disciplinaria de retrogradación- esté más allá del interés individual del mismo y tenga suficiencia para provocar la intervención que se pretende de esta Corte.

Asimismo, cabe descartar la eventual contradicción al sentenciar, con fundamento en el dictado de una sentencia de Cámara sobre el fondo de la cuestión condenando al pago de las diferencias reclamadas, por cuanto dicha resolución fue anulada al declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada, otorgando al actor el plazo de treinta días a fin de que, por ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo que corresponda, adecue sus pretensiones a los términos de la ley 11330, lo que dio origen a la presente causa cuya avocación se solicita.
Derecho ambiental, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de La Plata s/ Inconstitucionalidad del dec. ley 9111. Tercero C.E.A.M.S.E.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

El artículo 28 de la Const. prov. establece el deber público e irrenunciable a cargo del estado provincial de preservar el medio ambiente. Asimismo, y con finalidad preventiva, el de asegurar políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestiones procesales
Materia: PENAL
Carátula: López, Rodolfo s/ Robo simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

El supuesto incumplimiento por parte del sentenciante de lo normado en el art. 8 del Código de Procedimiento Penal constituye un tema ajeno al recurso extraordinario de nulidad ya que el mismo se encuentra limitado al remedio de las infracciones de los arts. 156 y 159 de la Constitución de la Provincia que pudieran padecer las sentencias definitivas de última instancia -art. 149 inc. 4) letra b) Constitución de la Provincia; art. 349 inc. 1º, Código de Procedimiento Penal.
Coronavirus, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sanguinetti, Esteban y Otro c/  s/ Privación ilegal de la libertad (art. 144 bis inc. 1) - Damnificado: Brizuela de Ledo, Marcela y Otro Contrera, Jorge Andrés c/ Estado Nacional, Presidencia de la Nación y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-03-02|2020-04-11

Corresponde rechazar la acción de amparo tendiente a permitir que los amparistas, aborden cualquier vuelo procedente de la ciudad de Londres que tenga como destino Argentina, toda vez que la suspensión de las repatriaciones de argentinos varados en el exterior, en estos momentos y de manera temporaria, no aparecen como actos arbitrarios o ilegales, teniendo en cuenta que la medida responde a la necesidad de garantizar la salud pública, frente a circunstancias de inusitadas características, siendo la protección de ella una obligación inalienable del Estado.