marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, proceso penal, imputado, responsabilidad penal, participación criminal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Pérez, David Emanuel c/  s/ robo calificado por el uso de arma de fuego apta para disparo, en concurso ideal con robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-23

Las postulaciones de la interesada dirigidas a cuestionar la ponderación del material convictivo llevada a cabo por la Alzada para convalidar la condena al encartado dispuesta en primera instancia, no logran delinear una cuestión constitucional que imponga la apertura de la instancia extraordinaria pretendida, por cuanto se advierte de la lectura de la sentencia que los Judicantes aportaron profusos argumentos para sostener que las pruebas del caso eran suficientes en orden a considerar demostrada la responsabilidad penal del imputado en el hecho atribuido, detallando los elementos de confirmación en función de los cuales arribaban a tal conclusión, brindando las razones a partir de las cuales entendían que los cuestionamientos defensivos -idénticos a los formulados en esta instancia- no alcanzaban a poner en crisis el contundente acervo probatorio de cargo reunido; dando cuenta de por qué la tesis exculpante ensayada en relación al condenado resultaba endeble ante tal panorama y la falta de respaldo objetivo de su versión, concluyendo los Magistrados que las inconsistencias marcadas por la defensa no tenían entidad para desmerecer las circunstancias de su detención, exponiendo una razonable explicación para neutralizar cada una de las críticas esgrimidas, afirmando así que el hecho de haber sido aprehendido en plena huida mientras descartaba un arma de fuego, luego de haberse arrojado del vehículo utilizado en el robo y en el cual se encontraron los efectos sustraídos, no daba lugar a dudas acerca de su participación, por lo que debía confirmarse la declaración de responsabilidad penal que había tenido lugar en primera instancia.
Amparo por mora, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: FORCAT, JULIO CÉSAR c/ MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA s/ AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-09-08

A los fines de dictar la sentencia definitiva en el proceso de amparo por mora de la Administración se debe estar a la situación real existente al momento de resolver.

En el caso, del contenido de lo actuado, sin esfuerzo se advierte que la acción impetrada efectivamente ha quedado sin materia, deviniendo abstracta la sentencia en tanto el dictado de la resolución, que por esta vía se procuraba, se ha producido con fecha 14 de julio de 2006 mediante la resolución administrativa pertinente, conforme copia del expediente administrativo que en oportunidad de responder el informe se acompaña.

En consecuencia, habiendo cesado la omisión o el acto en que se fundó el amparo antes del vencimiento del plazo fijado para contestar los motivos de la demora, corresponde concluir la acción, sin costas (Art. 14 ley 4795).-
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalvez, Norberto M. y ot. c/ Sancho, Rodolfo D. y Gobernación s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

La atribución de responsabilidad por cuanto la teoría del riesgo creado genera la responsabilidad objetiva (art. 1113 C. Civil), traslada al demandado la carga de demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por el cual no debe responder.
Técnicas de reproducción humana asistida, gestación por sustitución, embarazada
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: W., B. - C., L. E. - R. T., D. S. - Solicita homologación - Ley 10305 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-06-07

La autorización de la gestación por sustitución debe rechazarse cuando del análisis de la causa surge que no se cumplen en modo alguno los requisitos de mínima exigidos en el anteproyecto del Código Civil y Comercial (CCC). En razón de ello, no puede autorizarse la práctica, cuando la gestante no cuenta con plena capacidad, consentimiento y buena salud física y psíquica, que la lleven a cumplir con las condiciones de base para habilitar el tránsito de un embarazo y posterior parto.
Radiodifusión, ley de radiodifusión, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Muzon Daniela Yael c/ Comité Federal de Radiodifusión s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-16

Dentro de este estado larval del proceso y sin que ello pueda interpretarse como un adelantamiento de opinión alguna acerca de la cuestión debatida en autos, el decreto 310/98 no se exhibe en contradicción con lo dispuesto en el art. 65 de la ley 23.696. Ello así, a poco que se repare que, en principio, no resulta irrazonable entender que al facultarse en dicho precepto al P.E.N. a "adoptar las medidas necesarias, hasta el dictado de una nueva ley de radiodifusión, para regular el funcionamiento de aquellos medios que se encuentren encuadrados en las disposiciones vigentes hasta el momento de la sanción de esta ley de emergencia" no se habría intentado mantener a todas las emisoras en funcionamiento, cualquiera fuera la situación en la que se hallasen, sino a regular cuales y en que condiciones se produciría tal circunstancia (confr.

"Faltoni Cristian Jesús c/COMFER", de la Sala IV del fuero, del 19/6/98). (Consid. 7?).
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial, Poder Legislativo Nacional, Corte Suprema de Justicia de la Nación, consulta popular
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALBERTO M. FONROUGE s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-22

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó la acción de amparo deducida para obtener la declaración judicial de inconstitucionalidad del decreto 2272/84 por el cual el Poder Ejecutivo Nacional convocó a una consulta popular sobre los términos del arreglo de los límites con Chile en la Zona del Canal de Beagle. Ello así pues no se configura la causa o caso contencioso que contemplan los arts. 94, 100 y 101 de la Constitución Nacional y 2 de la ley 27, únicos supuestos en los cuales cabe el ejercicio del Poder Judicial atribuido por aquellas normas constitucionales y las leyes reglamentarias del Congreso, a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Velázquez, Juan Carlos s/ Hurto automotor s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-12-23

La motivación se refiere a la exigencia de que los fallos judiciales tengan "fundamentos serios", lo que "...reconoce raíz constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a los principios propios de la doctrina y jurisprudencia a la especie a decidir.
Accidentes de trabajo, derecho de opción
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, José Ramón c/ Fimeplast S.R.L. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

La promoción de demanda por la acción civil por el resarcimiento de un infortunio del trabajo importa el ejercicio de la opción prevista por el art. 17 de la ley 9688 y la renuncia ipso facto de los derechos que por la acción especial pudieran haber correspondido a la víctima. En consecuencia, resulta intrascendente la percepción posterior de la indemnización especial concretada en sede administrativa respecto a la opción por la acción común ya efectivizada en sede judicial.
Homicidio calificado, emoción violenta
Materia: PENAL
Carátula: GEREZ MIGUEL ANGEL S. D. HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO POR EL VINCULO Y CON ALEVOSIA E. P. DE MALDONADO ERMINIA BEATRIZ s/ CASACIÓN CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-16

Si el procesado, relató en la audiencia de juicio por primera vez en el proceso, en forma pormenorizada y lucida hechos incluso anteriores y posteriores en relación al momento de consumación del delito, no puede ser encuadrado en la atenuante de emoción violenta, puesto que en realidad las circunstancias a tener en cuenta para la aplicación de la figura penal aludida son, más que el homicidio en si, las circunstancias que rodean a la figura penal cuya aplicación se pretende.
Juicio de apremio, falta de personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Subsecretaría de Trabajo de la Prov. de Buenos Aires c/ Batisti Hnos S.A.C.I.F.I s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-30

La excepción de falta de personería no puede fundarse alegando la caducidad del mandato invocado en razón de un cambio institucional de autoridades, puesto que en la materia de que se trata debe privar la doctrina de la continuidad de los mandatos en el área de la función pública, salvo el supuesto de revocación explícita (art. 11 Dec. Ley 7543/69 -T.O. por Decreto 969/87). Consecuentemente, el haber concluido en sus funciones quienes sustituyeron poder a favor del letrado aquí interviniente, en modo alguno da andamiento a la excepción en cuestión (art. 6 inc. B dec. ley 9122/78).
Responsabilidad objetiva, daños y perjuicios, indemnización, factores atributivos de responsabilidad
Materia: PENAL
Carátula: S., F. G. POR SUS HIJOS MENORES c/ SUCESION DE E. C. C. Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-10-12

El nuevo Código, traduce en normas jurídicas la profusa doctrina y jurisprudencia elaborada en torno a la responsabilidad civil objetiva. Así resulta del art. 1757 y 1758, de correlato evidente con lo dispuesto por el art. 1113 del código derogado, y del art. 1769 que expresamente determina el carácter objetivo de la responsabilidad por daños causados en accidente, por aplicación de las normas que rigen el daño causado con intervención de cosas. La actora deba esforzarse en probar el contacto material con la cosa riesgosa, y el demandado, demostrar la inexistencia de nexo causal entre el riesgo y el daño porque éste se produjo por culpa de la víctima o de un tercero, o en todo caso, porque se configuró un caso fortuito. Ello, sin perjuicio de que las pruebas del caso demuestren también la existencia de un factor de atribución subjetivo de responsabilidad.
Mandato comercial, revocación del mandato, fusión de sociedades, abogado apoderado
Materia: COMERCIAL
Carátula: PINCEN CIA. FINANCIERA c/ LEGNA, JULIO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

La sociedad absorbida quedó disuelta para integrarse a la absorbente (ley 19.550:88) y ésta adquirió la titularidad de los derechos y obligaciones de la entidad disuelta (ley 19.550: 82-2);

de tal modo, el mandato quedó "vacío" pues el mandatario no tiene ya persona que representar.

Alberti, Cuartero.

Fundamentos del Dr. Arecha.

Si una sociedad anónima fue absorbida por un banco, el poder que la primera había otorgado a favor de un profesional abogado no se extinguió como consecuencia de esa absorción. Ella importó la disolución de la primera de las sociedades que no tuvo por objeto su extinción, sino la incorporación de su patrimonio -incluido el mandato referido- a la sociedad absorbente (ley 19.550: 82). Empero, la presentación del banco importó revocar el mandato que recibió por transmisión motivada en la absorción conforme al Código Civil 1971 y 1973.
Recurso de inconstitucionalidad federal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTORNELL S.A. c/ EXPRESO MAIPU s/ RECURSO FEDERAL-ARBITRARIEDAD-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1992-12-18

Al haberse fundado la apelación extraordinaria federal en el carácter arbitrario de la sentencia de este tribunal, no puede ser evaluado sino por el supremo tribunal federal, más aún a partir de las facultades que le concede el art. 280 del C.P.C de la nación (writ of certiorari) en su texto, según ley 23.774.
Actos incorporados por lectura, prueba testimonial, declaración de la víctima, víctima menor de edad, abuso sexual calificado por acceso carnal
Materia: PROCESAL
Carátula: N.J.A. S/ ABUSO SEXUAL DOBLEMENTE AGRAVADO, Expte. Nº 2124 (N-555/07/T.S.J.) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-05-14

No se advierte que la instancia de grado hubiere incurrido en un vicio "in procedendo" en la incorporación por lectura del testimonio de la menor víctima.

El recurrente pretende que se declare la nulidad del procedimiento, porque se violó el debido proceso, al no permitir a la defensa interrogar a la principal y única testigo directa del hecho que se investiga, el agravio resulta manifiestamente improcedente, pues el tribunal de juicio en la primera audiencia de debate, resolvió la validez del testimonio de la menor -celebrado de conformidad a la redacción del art. 234 bis del C.P.P. por entonces vigente (Ley 2729)-, esto es la realización de la audiencia con la sola presencia de un psicólogo, modalidad posteriormente modificada por la Ley 2798 que estableció el interrogatorio a cargo del magistrado competente.

Tal decisión fue consentida por las partes, incluso por la defensa ahora recurrente, disponiéndose además la realización de un informe por especialista psicólogo sobre la existencia de riesgo psicofísico de la menor en caso de comparecer a declarar ante los estrados del tribunal, según contempla el art. 234 bis del ritual, deviniendo extemporáneo todo planteo referido a tal tópico pues la parte no impugnó oportunamente dicha decisión, a pesar de participar en dicha audiencia.

La decisión del tribunal oral de incorporar por lectura los dichos de la menor, encuentra fundamento en el art. 234 bis del C.P.P. y art. 40, ap. 2, inc. b), punto iv) de la Convención sobre los Derechos del Niño, norma esta última que consagra "...no será obligado a prestar testimonio...", procurando la protección del interés superior del mismo (art. 3 inc. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño).- Las garantías procesales alcanzan no sólo al imputado sino también a la víctima y el testigo (arts. 72 inc. c) y 73 inc. c) del C.P.P.), razón por la que no se encuentran afectados el derecho de defensa y el debido proceso legal, como tampoco el principio de legalidad.

En consecuencia, el recurso de inconstitucionalidad deducido deviene improcedente por no encontrarse afectados derechos de raigambre constitucional que amparen al imputado.-
Intereses, tasas de interés, obligaciones en moneda extranjera
Materia: COMERCIAL
Carátula: REGALIA M. c/ GALAR S.R.L. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-22

Es aplicable la tasa del 8% anual a las deudas en moneda extranjera de las denominadas fuertes, en períodos en que también esas monedas han sufrido un cierto desgaste.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, proceso penal, competencia por conexidad, delitos contra el honor
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: G. M., C. T. c/ L., A. M. Y OTRO s/ Querella de injurias. Queja por denegación del recurso de  inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 441-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

El pronunciamiento recaído en un incidente que ordenaba que dos causas -una por injurias y otra por calumnias-, debían tramitarse en procesos distintos aunque acumulados, resultara -por regla general- insusceptible del recurso de inconstitucionalidad, pues carece del carácter de definitivo exigido por el mencionado artículo 1 de la ley 7055.
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GODOY, SANTIAGO LORETO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-29

Transcurridos más de 20 años de "Rolón Zappa" (Fallos 308:1848), donde pudo entenderse que nada más cabía agregar para la descalificación de normas cuya aplicación conducía a incumplir la manda constitucional sobre "jubilaciones y pensiones móviles", lo resuelto por el Alto Tribunal en la causa "Badaro, Adolfo Valentín" (sent. del 08.08.06) aparece como una medida de elevado carácter institucional, pero que en modo alguno puede posponer el tratamiento de los legítimos reclamos -esencialmente de naturaleza alimentaria- de reajuste en trámite.

En la referida causa, se advierte que la C.S.J.N. con apropiado activismo, impulsa la realización por parte del Estado de las políticas públicas necesarias para evitar que prosiga la lesión a los derechos tutelados (cfr. R. Gil Lavedra, "Independencia judicial: Una cuestión prioritaria", pub. en Realidad Judicial, pág. 2, del 25/08/06). Pero en el ínterin, no pueden los Tribunales posponer la resolución de las causas sometidas a decisión (arts. 15 y 16 Cód. Civil; art. 34, inc. 3 C.P.C.C.).

(Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Díaz. La Dra. Maffei votó en disidencia).
Buscadores de Internet, derecho a la imagen
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mazza, Valeria Raquel c/ Yahoo SRL Argentina y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

Dentro de la acelerada evolución y perfeccionamiento de los medios mecánicos que captan, reproducen, utilizan y difunden imágenes, uno de los aspectos centrales de la protección del ámbito privado está constituido por la tutela del derecho a la imagen de la persona, cuya dimensión jurídica trasciende las fronteras del derecho de propiedad, dado que pretende salvaguardar un ámbito propio y reservado, necesario para mantener una calidad mínima de la vida humana; así la imagen protegida es la que constituye el elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual (Disidencia parcial de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
Sentencia penal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FIGUEROA, PABLO M. Y OTROS s/ ROBO AUTOMOTOR Y ROBO SEGUIDO DE MUERTE S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-02-25

La sentencia en cuestión, a través del voto de la mayoría, debe encontrarse motivada, es decir explicar en forma clara y precisa, además de la descalificación de los actos procesales y de las pruebas que devienen de ellos, el por qué corresponde la absolución de culpas y cargo decretada, por cuanto el derecho de defensa en juicio-art. 18 de la CN-es una prerrogativa de carácter constitucional que tiene como finalidad no solamente resguardar los derechos de los imputados-procesados, sino también de todos aquellos que acuden a los estrados judiciales reclamando justicia en la reparación de sus derechos lesionados. Es decir entonces, que toda sentencia, debe contener no solamente una explicación pormenorizada del por qué se dicta un fallo absolutorio ante la inexistencia de pruebas incriminatorias, sino que también debe satisfacer ampliamente a quienes han sido víctimas del delito en forma particular, y a la sociedad toda que delega en los órganos judiciales su afán de procurar que se haga justicia.
Responsabilidad solidaria, actividad normal y específica propia del establecimiento
Materia: AERONAUTICO-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Linardelli, Pablo Guillermo c/ Falcón Mario Dante y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-26

Si bien el servicio de comedor brindado al personal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que se encuentra bajo la jurisdicción de la Fuerza Aérea, podría resultar coadyuvante para el desenvolvimiento de la actividad de dicha fuerza, no resulta suficiente para autorizar la aplicación del art. 30 L.C.T. en tanto no hace a su actividad normal y específica. Además, la Fuerza Aérea Argentina no es una "empresa", "establecimiento" o "empleador" en los términos de la L.C.T. ya que se trata de una persona de derecho público, por lo tanto no puede ser alcanzada por una responsabilidad solidaria que sólo es inherente a sujetos del contrato de trabajo cuya regulación es además incompatible con el régimen de derecho público al cual se encuentra sujeta aquella.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión abstracta, sobreseimiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL PENAL
Carátula: B, I I s/ FALSIFICACION  DE  DOCUMENTO  PRIVADO  Y ESTAFA EN CONCURSO REAL.   QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 423-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-10

No obstante que el peticionante deberá ocurrir ante el órgano competente para que se dicte el sobreseimiento por muerte (artículo 59 inciso 1 del Código Penal y artículo 356 inciso 1 apartado a) del Código Procesal Penal), estando debidamente acreditado el fallecimiento del encartado y versando el recurso de inconstitucionalidad exclusivamente sobre la condena penal, la cuestión ha devenido abstracta, por lo que no corresponde dictar resolución en la presente queja.
Gobernador, cargos electivos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Escobar, Jorge Alberto s/ Acción meramente declarativa-Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-11-11

Todo acto interruptivo del período constitucional asignado al cargo de Gobernador, sin justificación alguna en el plexo normativo de la Constitución debe, necesariamente, tener alguna consecuencia reparadora donde estén contemplados todos los derechos en juego, individuales y colectivos sean cuales fueran las causas del entuerto.
Juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior
Materia: COMERCIAL
Carátula: ETCHEGARAY JULIA TERESA c/ PESSINA PABLO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

Corresponde admitir el juicio ordinario promovido en los términos del artículo 553 del Código Procesal, a fin de que se declare la inexistencia de causa del pagaré ejecutado por el aquí demandado (por U$S 80.000) contra la aquí actora, en un proceso ejecutivo anterior. Ello así, pues en primer lugar es profusa la prueba que da cuenta de la magnitud del patrimonio de la actora, que predice de la innecesariedad de acudir al préstamo dinerario alegado por el demandado; y la carencia de capacidad económica de éste a fin de concertar la invocada operatoria. En definitiva, la demandante ha acreditado sobrados y plurales indicios o hechos indiciarios que permiten deducir, según las reglas de la sana crítica y con valor de argumento de prueba (conf. Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente", Santa Fe, 1989, t. 4, p. 416), la inexistencia de causa del pagaré que sirviera de base a la ejecución promovida en su contra.