Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-07-07


///MA, 7 de julio de 2015.- Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Sergio M. BAROTTO, Ricardo APCARIÁN, Adriana ZARATIEGUI, Liliana L. PICCININI y Enrique J. MANSILLA, con la presencia de al señora Secretaria doctora Stella Maris GOMEZ DIONISIO, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "BEGUIRISTAIN, LUIS ALBERTO C/CONSEJO PCIAL. DE SALUD PUBLICA PCIA. DE RIO NEGRO S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte Nº 26009/12-STJ), elevados por la Cámara del Trabajo de la IV Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Cipolletti, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 385/430 vlta. por la parte actora, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:

C U E S T I O N E S:

1ra.- ¿Es fundado el recurso? 2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde? V O T A C I Ó N:

A la primera cuestión el señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO dijo:

1.- Antecedentes de la causa:

Mediante la sentencia obrante a fs. 373/378 vlta., la Cámara del Trabajo de la IVa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Cipolletti desestimó la demanda interpuesta por el actor contra el Consejo Provincial de Salud Pública de la Provincia de Río Negro, en reclamo de una suma de dinero en concepto de pago de salarios por guardias pasivas de las cuales se vio impedido de realizar -salarios caídos-.

Antes de avanzar sobre la decisión del a-quo, cabe señalar que el actor se desempeñaba como médico de planta del Hospital de Catriel, dependiente del Consejo Provincial de Salud Pública, y realizaba guardias pasivas -ley 1904 en sus arts. 15 y 33 reglamentada por Dcto. 2236/86, Resolución 795/86 CPSP-. Durante el transcurso de la relación laboral realizó en forma normal y habitual guardias pasivas -cfme. recibos /// ///-- acompañados fs. 16 a 24- y, en fecha 5 de enero de 2004, el actor sufrió un accidente de trabajo al caminar por encima de unos tablones mojados y caer sufriendo esguince de rodilla izquierda, en el Hospital Area Programa Catriel, donde se estaban realizando obras de refacción. Con motivo de dicho infortunio se libraron sendas actuaciones administrativas y judiciales, dictaminando la Comisión Médica Nº 9 que el actor no ameritaba recalificación laboral alguna. Sin embargo, la ART, Cía. Argentina de Seguros Horizonte, le comunicó al Hospital que el actor no podía realizar las guardias pasivas a partir del 9 de septiembre de 2005. Ante esta situación el Dr. Beguiristain inició un trámite administrativo y posterior reclamo judicial que culminó con el dictado de sentencia del mismo Tribunal laboral en autos \"Beguiristain A. L c/Horizonte y otro s/Contencioso Administrativo\", Expte Nº 10253-CTC-05, en el cual se resolvió declarar incausada la restricción impuesta el día 09.09.05 en cuanto a realizar guardias pasivas, y ordenó al Hospital Catriel al inmediato cese de aquella, que impedía al actor realizar guardias pasivas en igualdad de condiciones que todo el cuerpo médico allí actuante, ello bajo apercibimiento de aplicar astreintes, las que fueron fijadas en el fallo. Ante el incumplimiento del Punto II del resolutorio señalado, el actor liquidó astreintes desde 1.12.07 al 25.03.08. En fecha 7.06.2011 el Dr. Beguiristain fue notificado de que debía comenzar a cumplir con guardias pasivas, conforme documental agregada a fs. 358.

El a-quo, por mayoría, analizó los hechos y pruebas producidas en el presente y en base a ello observó, en primer lugar, que tal como tuvo por acreditado en autos \"Beguiristain, A. L. c/Horizonte. y otros s/Contencioso administrativo\", expte. 10.253-CTC-05, se había dictado sentencia definitiva -firme y consentida por las partes y en copia obrante a fs. 04/08-, mediante la cual se declaró incausada la restricción impuesta al actor desde el 9 de septiembre de 2.005, respecto de la realización de guardias pasivas por motivo de su lesión menisco-ligamentaria de rodilla izquierda, y dispuso el inmediato cese de dicha restricción que le impedía realizar dichas guardias en igualdad de condiciones que todo el cuerpo médico, bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria de $ 30,00 en concepto de astreintes en caso de incumplimiento.

Tuvo presente la Cámara del Trabajo actuante que las astreintes tienen carácter provisional, carecen de definitividad, por lo que no se ven afectadas por el principio de la autoridad de cosa juzgada, ya que pueden ser reajustadas o dejadas sin efecto (Código Civil /// ///-2- Comentado, Dir. por Santos Cifuentes, Tomo I-661, La Ley), pero advirtió que sí rige el principio que no se acumulan con la indemnización de daños y perjuicios, ya que son derechos diferentes e inconfundibles, no siendo posible dicha acumulación de modo tal que el acreedor se beneficie a un doble título (Jorge Joaquín LLambias, Código Civil Comentado, Tomo II-A-457, Abeledo).

Aseveró que el mencionado resolutorio, consentido por las partes, dictado por ese mismo Tribunal en el Expte. Nº 10253-CTC-05, fue pronunciado en un proceso de conocimiento ordinario -art. 6º, cap. I, inciso a) de la ley 1.504-, y que una vez firme, es decir, una vez que ha precluído la facultad de las partes de observarla mediante los respectivos recursos autorizados por la ley adjetiva, pasó a ser una sentencia inimpugnable; una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, ya que al resolverse definitivamente la contienda judicial, el pronunciamiento lo hace de modo tal que el litigio no puede ser planteado nuevamente ante el mismo juez ni ante ningún otro magistrado.

Citó doctrina que avalaba su decisión y manifestó que constituía cosa juzgada la sentencia dictada en el Expte. Nº10253, y en razón de que atentaría contra la seguridad jurídica en cuanto a la posibilidad de reeditar el debate y la decisión acerca de cuestiones ya resueltas, consideró que de oficio se debía ameritar si era posible en el caso a resolver, juzgar cuestiones ya pasadas en autoridad de cosa juzgada. Concluyó en que si bien en los presentes se reclaman \"salarios caídos\", a causa de la negativa del Hospital Catriel a reincorporar al actor, el Tribunal ha previsto dicha reparación con la condena en astreintes ordenada en la sentencia que ha dictado. Reiteró el carácter provisional de dicha sanción conminatoria, la cual tal lo acreditado, a razón de $30,00 diarios equivalían unos $ 900,00 mensuales, monto similar al ingreso que percibía el actor al momento de restringirle dicho derecho, ello de acuerdo al informe del señor Perito Contable ($ 954,80). Reparó asimismo que, lo que se estaba reclamando en el presente eran \"días caídos\", es decir correspondientes al período de tiempo en que el actor no prestó servicios -guardias pasivas-, siendo de aplicación el principio general basado en que la remuneración y el trabajo constituyen las prestaciones esenciales de la relación de trabajo entre el empleado y el empleador, aún en Derecho Público, mas allá de reconocer que puedan existir determinados supuestos legales o convencionales de excepción // ///-- en los que la remuneración deba ser abonada pese a la inexistencia de la prestación de trabajo -licencias, ausencias por enfermedades, etc.-. Sostuvo, por otra parte que, en el caso particular, no se ha trataba de una supuesta retención justificada de tareas en los términos subsidiarios del art. 1.201 del Código Civil, ya que fue el Estado Empleador quien negó dación de tareas -la realización de las guardias pasivas por un prolongado período de tiempo, aún luego de notificada la sentencia-, pero para ello el actor contó con la vía judicial que optó originariamente, persiguiendo la orden de reingreso a dichas tareas, y la sanción de astreintes por incumplimiento posterior a la notificación del decisorio que así lo ordenó. Pero, en modo alguno, como sostuviera, se pueden acumular las sanciones conminatorias con la percepción de remuneración por trabajos no realizados, ya que significarían una doble percepción, resaltando que el actor no ha desistido de la ejecución de las astreintes, es más, procedió a su liquidación, pudiendo, dada la provisoriedad de su valor y extensión, justificar en dichos actuados, si correspondiere, la modificación del valor fijado.

Por otra parte, en su voto en disidencia el Doctor Douglas Price sostuvo que, si bien lo resuelto por la mayoría coincidía con lo sostenido por extendida doctrina nacional, aduciendo que la acumulación importaría un enriquecimiento sin causa por parte del actor desde que por un lado percibiría el monto de daños y perjuicios y por otro el de las astreintes, reconoció que las astreintes son, en suma, uno de los instrumentos que posee el ordenamiento jurídico para que el acreedor pueda obtener el cumplimiento de su crédito (cfr. art. 505, Cód. Civ.), tiene por lo tanto, un rol conminatorio y no resarcitorio, y esto va a resultar decisivo, según afirmó. Citó doctrina avalando su postura diferenciando la naturaleza jurídica de los dos institutos -indemnización de daños y astreintes-, y en este tema concluyó que no existe enriquecimiento sin causa; el monto de las astreintes está dirigido exclusivamente a lograr el cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de los deudores y el hecho de que la ley disponga que sean en beneficio del acreedor no hace variar su naturaleza, aún cuando la doctrina, de lege ferenda, abone la concepción de que el monto de las astreintes vaya a fines de interés público y no al patrimonio del acreedor. En suma -sostuvo que- la solución que proponía, la acumulabilidad, no chocaba contra principio constitucional o legal alguno sino, antes bien, procuraba salvar al propio instituto de las astreintes.

Pero siguió y concretamente señaló que el actor ha reclamado como salarios caídos, el monto correspondiente a las prestaciones que se vio privado de realizar injustamente /// ///-3- -Expediente 10253-CT-05- y, siendo ello así, no dudaba que tenía derecho a percibir las remuneraciones de las guardias pasivas que se vio privado de realizar; ello porque dicha privación obedeció a una injusta disposición del estado empleador, no obstante el debate que podría existir entre el mismo y la ART, ello en tanto son aplicables al caso las mismas reglas que jurisprudencia y doctrina han construido para el empleo privado. Por lo que entendió que siendo que el actor se vio privado de una ganancia legítima y relativamente cierta, al impedírsele de prestar un servicio que cumplía habitualmente y que tenía derecho a continuar prestando, conforme fuera dispuesto por sentencia firme en el Expediente 10253-CT-05. Se trataba de un caso de lucro cesante, desde que no indemnizaba la pérdida de una expectativa, sino el daño cierto que supuso privar al patrimonio del actor de una ganancia por haber impedido que realizara las guardias pasivas. Es por ello que, concretamente resolvió, debe pagarse al actor la suma que resulte liquidada en concepto de salarios caídos por indebido impedimento de prestación de servicio de guardias pasivas, calculadas según el monto que históricamente debió devengarse, con mas sus intereses conforme los precedentes Calfín y Loza Longo, desde que cada una debió oblarse y hasta su efectivo pago.

2.- Los agravios del recurso:

Contra lo así decidido, la parte actora interpuso a fs. 385/430 vlta. recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por el Tribunal de grado a fs. 439/441, y posteriormente declarado bien concedido a fs. 448 por este Cuerpo.

En sustento de la pretensión recursiva articulada y previo relato de los antecedentes acontecidos, la parte impugnante alega que el Tribunal -por mayoría- incurrió en errónea aplicación e interpretación del principio de autoridad de cosa juzgada y nulidad de la sentencia por vicio de incongruencia. Agrega que el a quo se ha excedido en los poderes que le son propios, resolviendo cuestiones ajenas al campo litigioso fijado por las partes, al tratar la existencia de \"cosa juzgada\", cuestión que no fue materia de debate, por lo que la misma quedó fuera del ámbito de conocimiento de la Cámara, colocando al actor en estado de indefensión, y que tal modo de decidir en forma \"extra petita\" torna nula e insalvable la sentencia dictada, conforme arts. 34, inc. 4 y, en particular, art. 163, inc. 6 del CPCCm.

Sostiene también que su parte inició demanda por la suma de $ 24.824,80, amplió tal // ///-- monto en forma posterior en tres oportunidades, y la Cámara omitió su tratamiento, violentando así y en forma grosera la garantía constitucional de defensa en juicio, al no respetar el principio de congruencia.

Se agravia asimismo, por entender que la Cámara habría incurrido en errónea aplicación e interpretación de conceptos legales, confundiendo arbitrariamente derechos distintos e inconfundibles, como \"astreintes\" y \"daños\". Agrega que la sentencia debe ser declarada nula por vicio de incongruencia, que es la herramienta de control en el derecho adjetivo por medio de la cual se resguarda la incolumnidad de las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, además resulta errónea y desacertada la aplicación e interpretación del principio de la autoridad de cosa juzgada.

Reafirma su postura referida al distingo que cabe efectuar entre los conceptos de astreintes y de daños, en la opinión vertida en el voto en disidencia del Dr. Douglas Price, para culminar afirmando que de ese modo no puede afirmarse válidamente la existencia de cosa juzgada.

Agrega también que la sentencia recurrida viola el derecho de propiedad (art. 17 C.N. y art. 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) al rechazar los daños y perjuicios derivados de los salarios caídos del actor, ignorando constancias no controvertidas por las partes, e incurriendo en equívoco al comparar la suma que se derivaría de la aplicación de las astreintes y equipararlo con el sueldo devengado en concepto de \"guardias pasivas\".

Por último funda la arbitrariedad y absurdidad endilgada al fallo, en que la Cámara ha confundido los objetos perseguidos a través de las dos acciones intentadas, en la primera de ellas una condena de hacer consistente en la reincorporación del actor a sus tareas, y en esta, una condena de dar, consistente en el pago de los daños y perjuicios por salarios caídos, incurriendo así en tales vicios. Formula reserva del caso federal.

3.- Análisis y resolución del caso:

Adelanto que he de disentir con el voto que conforma la mayoría decisoria de la Sentencia del a quo de fs. 373/378 vta. y, en cambio, apoyaré en esta instancia lo expresado en el voto de la minoría de aquél pronunciamiento, a cargo del entonces Juez Dr. Jorge E. Douglas Price; ello, por los motivos que paso a exponer.

Primera Cuestión: El voto mayoritario de la Cámara del Trabajo, rechaza la demanda que da origen a estos actuados, al considerar que \"...a causa de la negativa del Hospital de /// ///-4- Catriel a reincorporar al actor, el Tribunal, ha previsto dicha reparación con la condena en Astreintes ordenada en la sentencia que ha dictado...\", cfme fs. 375 párrafo segundo y en referencia al pronunciamiento dictado por la misma Cámara, en base a la misma plataforma fáctica y en el Expte. Nº 10.253-CTC-05.

Se agrega en dicho voto ponente que \"... fue el Estado empleador quién negó dación de tareas -la realización de las guardias pasivas por un prolongado período de tiempo, aún luego de notificada la sentencia-, para ello el actor contó con la vía judicial que optó originariamente, persiguiendo la orden de reingreso a dichas tareas, y la sanción de astreintes por incumplimiento posterior a la notificación del decisorio que así lo ordenó, pero en modo alguno, como sostuviera, se pueden acumular las sanciones conminatorias con la percepción de remuneración por trabajos no realizados, ya que significarían una doble percepción; resaltando que el actor no ha desistido de la ejecución de las astreintes, es más, procedió a su liquidación, pudiendo, dada la provisoriedad de su valor y extensión, justificar en dichos actuados, si correspondiere, la modificación del valor fijado\" (cfme. fs. 375 vta. párrafo primero).

No comparto el orden de ideas central de la Sentencia en crisis, cual es el considerar que es posible identificar o equiparar las sanciones conminatorias aplicadas frente al incumplimiento de una orden judicial con una indemnización de daños y perjuicios reclamados; ello, en razón de las muy diferentes circunstancias o motivos que dan origen a uno u otro crédito. Así, hago míos los conceptos doctrinarios traídos por el Dr. Douglas Price a fs. 376/377 vta. anteúltimo párrafo, con cita de autores, los cuales doy por reproducidos aquí, en mérito a la brevedad.

Las astreintes no son ni pueden ser equiparadas -o compensadas, como ha sucedido en la especie- con una indemnización de daños y perjuicios puesto que:

a.- La indemnización de daños y perjuicios sustituye la prestación incumplida por el deudor, en tanto que por medio de las astreintes se persigue judicialmente que dicha prestación se cumpla, de allí lo compulsivo de aquellas;

b.- La indemnización acordada establece definitivamente los daños y perjuicios sufridos y, a diferencia, las sanciones conminatorias resultan esencialmente provisorias; /// ///-- c.- La indemnización es resarcitoria y por tanto su monto debe tener relación con el daño y perjuicio sufrido por la víctima de los mismos y, en cambio, las astreintes son específicamente conminatorias y , en principio, no se cuantifican en relación al monto de los daños, sino en función de la capacidad económica del deudor de las mismas (cfme. art. 37 último párrafo del CPCyCm).

Tampoco las astreintes pueden ser equiparadas a la cláusula penal, porque, reitero, no tienen destino resarcitorio, aún cuando ambos institutos propenden a compeler al deudor remiso a cumplir con la orden dada por el juez.

En definitiva, entiendo a las astreintes con una sola función procesal, cual es la de lograr hacer respetar el mandato del magistrado o, dicho de otro modo, su imperium. Indirectamente, apuntalan el cumplimiento de la obligación a que tiene derecho el acreedor, en forma compulsiva.

Para el caso de autos, no existe impedimento alguno en que el actor, por un lado, perciba las astreintes que se aplicasen en el marco del Expte. 10.253-CTC-05 y, por el otro, cobre indemización por los días de guardia pasiva a que tenía derecho por el impedimento injustificado que le impuso su empleador respecto de aquellas (hecho jurídico no controvertido que surge firme del precitado Expte. 10.253-CTC-05), pues, como bien señala el Dr. Douglas Price a fs. 377 vta. párrafo segundo, \"... no existe enriquecimiento sin causa, el monto de las astreintes está dirigido exclusivamente a lograr el cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de los deudores y el hecho de que la ley disponga que sean en beneficio del acreedor no hace variar su naturaleza, aún cuando la doctrina, de lege ferenda, abone la concepción de que el monto de las astreintes vaya a fines de interés público y no al patrimonio del acreedor. En suma, la solución que propongo, la acumulabilidad, no choca contra principio constitucional o legal alguno y, antes bien, procura salvar al propio instituto de las astreintes\".

Segunda Cuestión: Con relación al reclamo fondal del actor -que se le retribuyan los salarios caídos por guardias pasivas que se vio ilegítimamente impedido de prestar- el voto mayoritario de la Cámara del Trabajo de la IVa. Circunscripción desestima dicha pretensión bajo la fórmula general por la que considera que no puede pretender el pago de una labor que no se ha efectivamente prestado. Así, a fs. 375 Punto III.- 02.- párrafo primero se indica que \"... al reclamarse en los presentes días caídos, va de suyo que corresponden al período de /// ///-5- tiempo en que el actor no prestó servicios, siendo de aplicación el principio general que, la remuneración y el trabajo constituyen las prestaciones esenciales de la relación de trabajo entre el empleado y el empleador, aún en el Derecho Público\".

En el sub lite, especialmente a la luz de lo resuelto en el Expte. 10.253-CTC-05, ha quedado acreditado que el actor no pudo gozar de los ingresos provenientes de las guardias pasivas que no pudo desplegar por el impedimento ilegítimo a que se vio compelido por su empleador y, entonces, asiste razón al voto en minoría del fallo aquí en tratamiento, cuando se indica que \"... el actor se vio privado de una ganancia legítima y relativamente cierta, al privársele de prestar un servicio que prestaba habitualmente y que tenía derecho a continuar prestando, conforme fuera dispuesto por sentencia firme en el expediente 10253-CTC-05, nos encontramos frente a un caso de lucro cesante, desde que no se indemniza la pérdida de una ganancia en expectativa, sino el daño cierto que supuso privar al patrimonio del actor de una ganancia que efectivamente hubiera ingresado al mismo de no mediar la orden que impidió que realizara las guardias pasivas\".

No cabe duda en que, en la especie y como sucede en los supuestos de las denominadas \"guardias pasivas\" que se establecen en diferentes relaciones de empleo, durante el tiempo en que perdura la \"guardia pasiva\" el trabajador se halla a disposición del empleador, y que por lo tanto no puede disponer libremente de su tiempo, por lo que debe ser remunerado, aclarándose desde la jurisprudencia de la Sala III de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que \"El caso de la guardia pasiva es un híbrido respecto de la definición del artículo 197: durante su transcurso el trabajador es libre de usar su tiempo a su voluntad, por lo que no es apropiado decir que no puede disponer de su actividad en beneficio propio; pero al mismo tiempo se halla obligado a acudir cuando es convocado, por lo que tampoco puede negarse que está a disposición del empleador. El artículo 103, sin embargo, zanja toda duda clasificatoria al condicionar el salario a la disponibilidad del trabajo para el empleador, restando relevancia al hecho concreto de la prestación del servicio\" (con referencia normativa a la Ley de Contrato de Trabajo) (in re \"Pelle, Jorge Sebastián c/ Sky Cop. S.A. S/ Desp.\" S.D.89380 del 28/12/2007).

Tercera Cuestión: Aún cuando no lo hace de forma explícita, la mayoría decisoria /// ///-- actuante en la Sentencia puesta en crisis, aplica ese fruto de la dogmática jurídica conocido como \"cosa juzgada implícita\"; ello, de acuerdo a las consideraciones efectuadas a fs. 374 vlta./375 (hasta el Punto III.-02, para ser más precisos). En consecuencia, trasunta la idea de que el actor, al momento de instar el reclamo que dio origen al Expte. Nº 10.253-CTC-05, debió incluir en aquél el pedido de salarios caídos, a la postre tramitado en estos otros actuados.

Frente a aquella decisión, me veo en la necesidad de discurrir acerca de los límites objetivos que cabe asignar a la cosa juzgada, es decir, qué es lo que ha sido, o debió ser, objeto del juicio y materia de decisión.

El instituto de la \"cosa juzgada implícita\", en su aplicación, determina que la autoridad de la cosa juzgada se extiende no sólo a aquellas cuestiones que fueron propuestas por las partes a la consideración de los jueces y expresamente decididas por ellos, sino también a aquellas otras cuestiones, que pudiendo haber sido propuestas, no lo fueron. Así, si una cuestión pudo ser discutida en el proceso, pero de hecho no lo fue, o lo fue de manera incompleta, también a ella se le extiende, no obstante, la res iudicata.

Tengo para mi que el fundamento de la eficacia y autoridad de la cosa juzgada no es tanto impedir la apertura de nuevos procesos, cuanto evitar que en ellos se desconozca lo resuelto en otro, o dicho de otra manera, no decidir de modo contrario a como antes se ha fallado. Se trata de impedir que la jurisdicción se vea expuesta a contradicción, lo que podría ocurrir si se sometiera a decisión dos veces la misma pretensión (Falcón Enrique M., \"Procesos de conocimiento\", Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fé 2000, Tomo II, pág. 450).

Es aquél, y no otro, el alcance que debe asignarse a la cosa juzgada y, en dicho sentido, se enseña que \".... la antigüa y mera función negativa de la cosa juzgada: la imposibilidad de abrir un nuevo proceso (el tradicional non bis in idem) ha sido sustituido en el proceso moderno, por la llamada función positiva del instituto, que es tanto como decir que en ningún nuevo proceso se decida de manera contraria a como antes se ha fallado. De este modo se afina mucho más la eficacia procesal de una decisión, que pasa de ser un mero obstáculo o bloqueo tosco de las actuaciones judiciales futuras, con resultado contrario a la justicia muchas veces, a ser un factor fundamental que debe componer afirmativamente tales actuaciones\" (Guasp Jaime, \"Derecho Procesal Civil\", Ed. Institutos de Estudios Políticos, Madrid 1956, pág. 594, con letra \"negrita\" del firmante). /// ///-6- Además, traigo a colación y aplico al sub lite la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual los tribunales poseen la facultad de comprobar, en un proceso de conocimiento de amplio debate y prueba, los alcances de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada que allí se discuten (Fallos 319:2527 y sus citas, en \"Banco Central de la República Argentina en \"Centro Financiero S.A. Cía. Financiera- incidente de verificación tardía s/Rec. de inconstitucionalidad y recurso directo\", sent. del 20.3.2003), y que, son arbitrarios los pronunciamientos que por excesivo ritualismo extienden el valor formal de la cosa juzgada más allá de los límites razonables (Fallos 310:2063) utilizando pautas de excesiva latitud u omitiendo una adecuada ponderación de aspectos relevantes de la causa, lo que redunda en un evidente menoscabo de la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos 318:2068; 323:2562) o conduce de tal forma a un resultado que excede notablemente la razonable expectativa de conservación patrimonial del demandante, violentando los principios de los arts. 953 y 1071 del Código Civil. (Fallos 316:3054; 317:53).

El haber pedido aquí se paguen salarios caídos no altera, a mi entender, la inmutabilidad de la sentencia dictada en el Expte. Nº 10.253-CTC-05, puesto que litigar y decidir sobre aquello no permite ni implica comprometer -siquiera liminarmente- lo decidido y firme en el primer proceso, con lo cual no hay afectación alguna al principio de seguridad jurídica.

Por último, coincido con aquella doctrina que pregona que para que una acción, o el derecho que le da sustento resulten afectados a tal punto que se considere perdida la posibilidad de su ejercicio, tal pérdida -por su gravedad- debe surgir de una norma, sea porque ha transcurrido el plazo legal previsto sin que su titular ejerza la acción, o que no se ejecuten determinados actos sin los cuales el derecho no llega a configurarse y queda en su faz potencial, o porque han transcurrido plazos relativos a supuestos de caducidades procesales. Y no hay norma alguna -aplicable al caso de autos-, que permita considerar que se pierden acciones o derechos por no haber sido intentados o ejercidos conjuntamente con las otras pretensiones articuladas entre los mismos contendientes y con fundamento en la misma plataforma fáctica. /// ///-- 4.- Decisión a adoptar:

Atento a lo anteriormente expuesto, en principio, se impondría anular la sentencia puesta en crisis y remitir el expediente al Tribunal de origen para que, con distinta integración, proceda a dictar un nuevo fallo con ajuste a lo aquí decidido. Sin embargo, la necesidad de evitar -en cuanto sea posible- las mayor dilación procesal que supone necesariamente el disponer una nueva intervención del a quo la cual, eventualmente, podría desencadenar que el asunto sea sometido nuevamente a esta instancia de revisión, determina la conveniencia de asumir directamente la solución final del asunto (véase STJRNS3, Se. Nº 2/15, de fecha 10.02.15, en autos \"EPULLAN, HUMBERTO Y OTROS C/ SERVICIOS GLOBALES S.A. Y OTRA S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY\" Expte. Nº 25212/11-STJ).

Toda vez que el reclamo que origina las actuaciones consistió en una indemnización en concepto de salarios caídos, los cuales refieren necesariamente a un crédito alimentario, de raigambre constitucional -art. 14 bis C.N.-, correspondería sin más dilación fijar las pautas de cuantificación de aquél, las que explicitaré y propondré a continuación.

En el sentido señalado precedentemente, debe tenerse en consideración por un lado, el crédito que en principio le correspondía al actor por su puesta a disposición profesional respecto del empleador durante las guardias pasivas de las que se viera ilegítimamente privado -cfr. sentencia firme en Expte. 10.253-CTC-05-, y por otro, la real circunstancia de no haber prestado efectivamente tareas durante el lapso en que el actor se vio impedido de prestarlas. Dichos extremos de ponderación me conducen a determinar prudencialmente en concepto de indemnización -lucro cesante- a favor del accionante una suma equivalente al sesenta y siete por ciento (67 %) del monto total que se habrían devengado a favor del actor, durante el lapso en que perduró el antes señalado impedimento ilegítimo de prestación de las mismas.

En síntesis propongo hacer lugar al crédito en los términos expuestos conforme a la liquidación que se efectuará oportunamente en el tribunal de grado a partir de las pautas aquí expuestas. MI VOTO.- A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo APCARIAN dijo:

Disiento con la solución que propicia el juez del primer voto.

Al momento de rechazar la demanda, la Cámara del Trabajo sostuvo que existía cosa juzgada material sobre la cuestión de fondo traída a conocimiento en este proceso. Ello, sobre/ ///-7- la base del siguiente razonamiento:

a) En el expediente anterior N° 10.253 se dictó sentencia por la cual se declaró incausada la restricción que impedía al actor realizar guardias pasivas en igualdad de condiciones que todo el cuerpo médico, bajo apercibimiento de aplicar astreintes;

b) Dicha sentencia se encuentra firme y no fue recurrida por ninguna de las partes;

c) Las astreintes -que finalmente fueron aplicadas- no son acumulables a la indemnización de daños y perjuicios, pues en tal caso el acreedor se beneficiaría a un doble título (considerando III-01);

d) La reapertura del debate y eventual decisión sobre cuestiones ya resueltas en el juicio anterior, atentaría contra la seguridad jurídica, circunstancia que habilita al tribunal a analizar de oficio si es posible juzgar sobre cuestiones ya pasadas en autoridad de cosa juzgada (considerando III-01).

e) \"Si bien en los presentes se reclaman \"salarios caídos\", a causa de la negativa del Hospital Catriel a reincorporar al actor, el Tribunal ha previsto dicha reparación con la condena en Astreintes ordenada en la sentencia que ha dictado ...\" (considerando II-03, parte final).

La actora ahora recurrente reprocha al Tribunal de mérito haber violado el principio de congruencia al aplicar el instituto de la cosa juzgada sin que la demandada la haya opuesto como defensa al momento de contestar la demanda (primer agravio, punto VI.a del recurso). Nada dice, en cambio, respecto de la cosa juzgada propiamente dicha ni, menos aún, refuta los argumentos en base a los cuales la cámara a-quo la consideró configurada.

De allí pues que sólo cabe a este Superior Tribunal de Justicia determinar si su aplicación oficiosa, como fundamento para el rechazo de la demanda implica -en el caso- la vulneración del principio de congruencia y defensa en juicio; tal como lo aduce la recurrente.

La respuesta negativa se impone.

La cosa juzgada es un instituto de orden público que tiene por norte realizar el valor seguridad jurídica, y constituye uno de los pilares fundamentales del régimen constitucional. Por consiguiente, no existe impedimento alguno de orden procesal para que el tribunal interviniente la declare de oficio (v. CSJN, Fallos: 317:162; C. Nac. Apel. Civ. Sala E, /// ///- \"Seidman y Bonder vs. Electropan SLRL\" del 8.06.2000, rc j 8976/07).

Sin perjuicio de ello, resultan inaplicables al caso los precedentes, normas y citas doctrinarias traídas en el recurso, dado que ninguno tiene similitud con la cuestión debatida en la presente causa.

En autos se trata de dos procesos sucesivos, tramitados entre las mismas partes, y en los cuales se plantean cuestiones conexas derivadas de una misma y única relación de empleo (reincorporación y pago de salarios caídos). Además, no se presenta como detalle menor la circunstancia que sea el mismo tribunal el que intervino en ambas causas y consideró configurada la cosa juzgada, pues nadie se encuentra en mejores condiciones que aquel que dictó la primera sentencia, para saber si el segundo juicio implica una replanteo de cuestiones ya resueltas en el anterior.

En tal sentido, se ha dicho: \"... para determinar la existencia de la cosa juzgada los tribunales del trabajo no se encuentran sujetos a fórmula alguna que defina sus requisitos ni a la exigencia de la estricta concurrencia de la triple identidad, sino que resulta menester examinar si respecto de la cuestión sobre la que se estructura la pretensión media decisión firme\" (conf. S.C.B.A in re: \"PIROSANTO\" del 29.04.97, DJBA, 153-4736).

Aún cuando no se comparta el criterio del voto que conforma la mayoría de la Cámara respecto a que las astreintes no son acumulables a la indemnización del daño, en lo que aquí importa el Tribunal del Trabajo dejó claramente sentado que su decisión en aquel primer juicio también incluía la reparación del perjuicio ocasionado al trabajador. Ese fue el sentido que se asignó a las astreintes, ante un demanda imprecisa e/o incompleta que no incluyó el reclamo de los salarios caídos.

A todo evento, el actor pudo -y debió- demandar en su originario juicio el pago de las guardias pasivas que se vio impedido de realizar. Adviértase que según él mismo lo indica en el recurso (fs. 393), solicitó entonces que se declarara incausada la restricción que se le impuso para hacer guardias pasivas y, consecuentemente, \" ... su derecho a percibir remuneraciones por las mismas a partir del mes de setiembre de 2005 en que le fue impedido continuar realizándolas ...\".

Es claro pues que el Sr. Beguiristain no tenía dudas sobre los alcances de sus derechos, por lo que nada obstaba a que junto a la pretensión de hacer (que se lo reincorpore al equipo de guardias pasivas), interpusiera también la de dar (pago de los salarios caídos), /// ///-8- resolviéndose en una única litis la totalidad de las cuestiones conflictivas derivadas de la misma relación. Ello así, además y fundamentalmente, en resguardo de la seguridad jurídica como bien lo ha señalado la Cámara a-quo (v. Fallos 289:151 y 308:1150).

Más aún, la cosa juzgada \". preserva no sólo a las cuestiones debatidas y resueltas en el proceso, sino que también se proyecta a aquellos planteos que debieron ser articulados y/o alegados y/o probados en él y no lo fueron: es decir, no sólo lo aducido, sino lo aducible o, mejor aún, lo que debió aducirse, siendo que se referían y estaban contenidas en el mismo asunto litigioso. Así queda contorneado el perfil de la llamada `cosa juzgada implícita´, para otorgar una mayor seguridad jurídica. Ello, atento la escasa justificación de someter a las mismas partes a diferentes procesos y de provocar un incesante desgaste jurisdiccional, cuando la cuestión o asunto litigioso razonablemente pueda zanjarse en uno solo\" (Cám. Nac. en lo Civil y Comercial Sala II, Mar del Plata, Bs. As. , RC J 2176/14). (Ver también Palacio, Lino Enrique, Derecho procesal civil, de. Abeledo Perrot, Tomo V, Actos procesales, págs. 514/515, entre otros).

En definitiva, como lo sostuviera el maestro Carnelutti: \"Cuando una cuestión ya fue resuelta, y pasa en autoridad de cosa juzgada, mal puede abrirse una nueva puerta de debate, bajo un elemental prisma de seriedad y seguridad jurídica de universal reconocimiento. Es que esa res iudicata, hace o vale como ley para las partes, respecto de la relación jurídica deducida en el juicio, surtiendo efecto de imperatividad e inmutabilidad entre aquéllas y tratándose de la misma cuestión, aún fuera del proceso\" (Carnelutti Francesco, \"Instituciones del Proceso Civil\", EJEEA, Bs. As., 1959, vol I, págs. 137/139 y ss.).

Por último, coadyuva a la solución de rechazo que propicio, la doctrina de este Superior Tribunal de Justicia -si bien en anterior integración-, conforme a la cual la determinación de la existencia de cosa juzgada es una cuestión de hecho, en principio irrevisable en casación (conf. \"SERRA\" del 3.12.97, entre otros); salvo en los casos en que pudiera mediar absurdidad o arbitrariedad, o cuando se arguya con serios fundamentos que la decisión podría frustrar derechos constitucionalmente garantizados (STJRNS3, \"HERRERA\" del 16.06.99). VOTO POR LA NEGATIVA.

A la misma cuestión la señora Jueza doctora Adriana Zaratiegui dijo: /// ///-- Anticipo mi adhesión al voto del doctor Sergio Barotto.

De lo acontecido en el presente, cabe destacar que, mediante sentencia de fecha 26 de octubre de 2007, surgida del Expte. Nº10253, quedó firme la condena a reincorporar al señor Beguiristain para continuar con el cumplimiento de las guardias pasivas, restricción que había sido impuesta al actor a partir del 9 de septiembre de 2005 y que el fallo declaró incausada, disponiendo el inmediato cese bajo apercibimiento de aplicársele una multa diaria, en concepto de astreintes, en caso de incumplimiento.

Cabría destacar dos momentos a tener en cuenta respecto de la renuencia del empleador con respecto al reclamo del actor a realizar las guardias pasivas, uno, a partir de la notificación por parte de la ART al Hospital, recomendándole que el actor no podía realizarlas, en oposición al dictamen de la Comisión médica, que determinó que el actor no ameritaba recalificación.

Y otro, a partir de la orden de reincorporación surgida de la sentencia supra mencionada.

La misma Cámara reconoce que \"fue el Estado empleador quién negó dación de tareas -la realización de las guardias pasivas por un prolongado período de tiempo, aún luego de notificada la sentencia ...\"-, mas allá de como expresa el Dr. Douglas Price, voto al que se remite el Dr. Barotto, de que fuera la ART la que notificara al Hospital de Catriel de que el actor no podía realizarlas, tema a dilucidar entre el empleador y su aseguradora.

El empleador renitente mantuvo su actitud con posterioridad a la sentencia y fue recién a partir del 07.06.2011 que notificó al actor para comenzar con las guardias, cumpliendo demoradamente con una orden dispuesta en fecha 26.10.2007. Si bien es cierto que el actor ejecutó en algunos períodos las astreintes, las que no lograron doblegar la conducta del empleador, entiendo, al igual que mi colega, al cual adhiero que, cabe diferenciar bien los institutos, que se superponen a partir del presente reclamo. Las astreintes surgidas del primer reclamo y los daños y perjuicios (por guardias pasivas impedidas de realizar), tema a resolver en el presente. Me inclino por adelantar que en ningún caso cabe compensar institutos con objetos diferentes.

Las astreintes constituyen medidas coercitivas de naturaleza procesal que pueden utilizar los jueces, de carácter pecuniario, que no implican una pena ni una indemnización, sino un remedio nacido de la propia función jurisdiccional, tendientes a resguardar el /// ///-9- cumplimiento de su resolución, doblegando con ellas la voluntad renuente del constreñido, teniendo como condición esencial la existencia de una sentencia no cumplida. Son independientes de los daños y perjuicios. Las astreintes constituyen un instrumento procesal apto para lograr el respeto y acatamiento de las resoluciones judiciales, tienen un rol intimidatorio, más que resarcitorio, y por ende, independiente de la indemnización de daños que pudiera corresponder ante un eventual incumplimiento. (conf. Aldo Bacre, Ejecución de sentencia, Ed. La Roca Bs. As. 2010, págs. 241 y sgtes.). Razón por la cual no veo imposibilidad por parte del acreedor de solicitar el cobro de la indemnización de daños, con más la percepción del monto de que resulta beneficiario por aplicación de las astreintes, cuando ello correspondiere en razón de la actitud adoptada por el deudor incumpliendo un deber jurídico emanado de una resolución judicial.

El mismo autor, y ya refiriéndose a la posibilidad de acumulación de ambos institutos, si bien, en principio, señala y reconoce, que parte de la doctrina considera inviable tal acumulación, con fundamento en el principio de compensación de beneficios que orienta al juez para que en el momento de evaluar el daño compute las circunstancias favorables originadas por el incumplimiento. Adhiere, a la postura que sostiene la independencia de ambos institutos, por lo cual el acreedor puede percibir perfectamente el monto de los daños y perjuicios que le produjo el incumplimiento del deudor y el monto que le correspondiere en virtud de la aplicación de las astreintes, este último como beneficiario de ellas. Toda vez que existe suficiente causa en ambos supuestos, ya que no derivan del mismo hecho: las astreintes se perciben por el incumplimiento de la resolución judicial, mientras que la indemnización corresponde por el incumplimiento obligacional obrado. En virtud de ello no puede operar compensación del daño con el lucro mencionado. La acumulación de ambos montos, por un lado del daño experimentado y por otro el que resulte de la aplicación de las astreintes en forma íntegra, se corresponde con el funcionamiento de instituciones distintas, con objeto y fines propios cada una de ellas. (op. cit. pág. 256 y sgtes.).

En la misma postura Brebbia expresa: \"... los que sostienen la no acumulabilidad de los daños y perjuicios y las astreintes, no advierten que si las sanciones conminatorias nunca pudieran exceder el monto de los daños y perjuicios, este instituto dejaría de poseer el factor // ///-- compulsivo que precisamente lo caracteriza, toda vez que el deudor sabría siempre de antemano que, en definitiva, nunca va a sufrir un desmedro mayor en su patrimonio que el que le correspondería afrontar al margen de la imposición de astreintes.\". (Roberto H. Brebbia, Instituciones de Derecho Civil I, ed. Juris, pág. 284).

El a quo -por mayoría- con respecto al presente reclamo -salarios caídos por guardias pasivas impedidas de cumplir-, sostuvo que resultaba aplicable el principio general que, la remuneración y el trabajo constituyen las prestaciones esenciales de la relación de trabajo entre el empleado y el empleador, aún en Derecho Público, motivo también que determinó a efectuar la compensación antes señalada.

Coincido con la decisión tomada con mi colega en su voto ponente y agrego que, la improcedencia del pago de salarios caídos nunca podría excluir el derecho al cobro de una suma que resarza adecuadamente los perjuicios efectivamente sufridos con motivo de un obrar incausado.

García de Enterría y Fernandez, señalan que la responsabilidad de la Administración se formula como una responsabilidad directa, y afirman que el fundamento del sistema está en la protección y garantía del patrimonio de la víctima, que debe preservarse frente a todo daño no buscado, no querido, ni merecido por la persona lesionada que, sin embargo, resulte de la acción administrativa. A ello agregan que \"Constituye lesión resarcible aquella que la persona que la sufre no tiene el deber jurídico de soportar. Este concepto técnico requiere un perjuicio patrimonial valuable, ausencias de causa de justificación y posibilidad de imputación del mismo a la Administración\" (García de Enterría, Eduardo y Tomás Ramón Fernandez, Curso de Derecho Administrativo II, LL, 1ra, ed, pág. 375, 378 y sgtes.. RC J 14936/13.). MI VOTO.

A la misma cuestión la señora Jueza doctora Liliana Laura PICCININI dijo:

Daré por reproducido el raconto de los antecedentes y la referenciación de los agravios, conforme lo desarrolla el Juez que encabeza el Acuerdo. Sin embargo a la hora de analizar el fallo puesto en crisis, en confronte con la expresión de agravios, entiendo que el tema decidendum fijado para esta instancia extraordinaria ha quedado delimitado a considerar: 1) Si el instituto de la cosa juzgada puede ser declarado de oficio por el Juzgador o si habiéndolo hecho ha incurrido en un exceso de imperium, provocando indefensión (acápite VI a) del libelo recursivo; 2) Si el juzgador, al así decidir ha confundido arbitrariamente /// ///-10- \"derechos distintos e inconfundibles como astreintes y daños\" (Acápite VI-b del recurso); 3) Si merced al rechazo de la demanda se vulneró el derecho de propiedad (acápite VI -c-); 4) Si la sentencia adolece de arbitrariedad o absurdidad.

Previo a todo es menester recordar que la casación no es ajena a la vinculación exigida por el principio tantum apellatum quantum devolutum, que implica que al resolverse la impugnación ésta solo debe pronunciarse sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante en el referido recurso extraordinari. que obliga y restringe la procedencia del mismo al alcance, la exposición y la suficiencia de los agravios expresados por el recurrente (CS, octubre 19 de 1995, \"Aquinos, Serafina c. Terranova, Daniel\", La Ley, 1996-A-342).

\"En otras palabras, lo que no se incorpora como objeto de agravio significa su consentimiento e impide que la Cámara pueda proceder a revisarlo\" (in re: \"CACERES\", Se. N° 26 del 11.04.02 del registro de la Secretaría N° 1 de este Superior Tribunal de Justicia). En el mismo sentido, también se ha manifestado: \"El Tribunal de alzada no puede revisar aquellas cuestiones que, resueltas en primera instancia en contra del apelante, este las excluye, expresa o implícitamente, en oportunidad de deducir el recurso de apelación o de presentar la expresión de agravios (conf. Lino Enrique Palacio \"Manual de derecho procesal civil\", ed. Abeledo-Perrot, 2003, pág. 646)\".

Conceptos que han forjado el temperamento de este Cuerpo desde siempre, y entre los más recientes pronunciamientos se ha ratificado (STJ in re:\" Dominguez Hugo c/Goye Omar y Otros s/sumario\" Se. Nº 76/12; \"Perez Mansilla, José Vicente c/Codistel S.A. S/Sumario\" Se. Nº 62/12).

Entonces, si el agravio primero y principal, ha consistido en achacarle al sentenciante que ha incurrido en errónea aplicación e interpretación del principio de autoridad de cosa juzgada, reputando nula la sentencia por vicio de incongruencia al haber excedido el Juez los poderes que le son propios, resolviendo cuestiones ajenas a la litis planteada (extrapetita), con lo cual el actor aquí recurrente sostiene que se lo ha colocado en estado de indefensión. Tal habrá de ser -en consecuencia- lo primero a conocer y resolver, dado que, del temperamento que con relación a ello se adopte dependerá la necesidad de ingresar en los restantes. /// ///-- En tal sentido adelanto que acompañaré la disidencia que expone el distinguido colega, Dr. Ricardo Apcarián. Doy razones:

Debe tenerse presente que el actor, en oportunidad de su primer reclamo ante la Cámara, inició demanda sin monto dinerario contra Horizonte Cía. De Seguros Generales S.A. y contra el Consejo Provincial de Salud Pública de la Provincia de Río Negro para que se declarara la ausencia de impedimento para que el actor, en su condición de médico de planta realizara las guardias pasivas en el Hospital Catriel -Dcto. 2236/86, reglamentario del art. 15 de la ley 1904, art. 33 de la misma ley; Resolución 742/86 Cons. Prov. de Salud Pública; Dcto. Nº 505 del 2007 y planilla anexa- y consecuentemente el derecho a percibir remuneraciones por las mismas a partir del mes de septiembre de 2005, (Expte. 10.253, fs. 4/8) .

Obtuvo un pronunciamiento definitivo en fecha 26/10/07, que -como bien refirió el a quo- fue el resultado de un proceso de conocimiento ordinario art. 6 cap. I, inc. a) de la ley 1504. Allí se declaró incausada la restricción impuesta al actor, a partir del 9 de septiembre de 2005, de realizar guardias pasivas y se ordenó al Hospital el inmediato cese de dicha restricción que le impedía realizar guardias pasivas en igualdad de condiciones que todo el cuerpo médico, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento. Consentida la misma adquirió firmeza y autoridad de cosa juzgada.

En fecha 23/11/2007 el actor interpone nueva pretensión, frente al mismo Tribunal de Trabajo, reclamando el pago de salarios caídos contra el mismo demandado y en razón de la negativa del Hospital de Catriel de reincorporar al actor, luego de dictado aquel pronunciamiento que ambas partes- reitero- consintieron, y en el que además se impusieron a la demandada sanciones conminatorias por cada día de renuencia a cumplir con la reincorporación. Astreintes que fueron ejecutados por la actora durante ciertos períodos y que -en pos de la ejecución de lo ordenado por aquella sentencia- podía reclamar ajuste y actualización, hasta lograr el acabado cumplimiento de la sentencia que le resultó favorable.

Al momento de sentenciar, el voto mayoritario expone sus razones para rechazar la pretensión. Así advierte -en primer lugar- la existencia de la prenotada sentencia dictada en autos nº 10.253, estima que el fallo firme y consentido, por su inimpugnabilidad ha adquirido fuerza de cosa juzgada y que no es posible que el litigio sea nuevamente planteado, ni ante esa Cámara del Trabajo ni ante ningún otro Juez. Por tal razón declara oficiosamente la /// ///-11- existencia de cosa juzgada. Aunado a ello se encarga de puntualizar que las astreintes no adquieren fuerza de cosa juzgada material y que tampoco es dable acumularlas a los daños y perjuicios, en tanto son derechos diferentes; circunscribiendo la declaración de cosa juzgada solo a lo dispuesto con relación a las guardias pasivas, dado que, las astreintes tienen carácter provisional y no son alcanzadas por tal instituto.

Concretamente el a quo entendió que la sentencia dictada en el juicio mencionado precedentemente, constituyó la finalización de un proceso de conocimiento y la definición de una cuestión sustancial que adquirió el carácter de cosa juzgada. En segundo término también estimó que debía ser rechazada la demanda puntualizando el carácter sinalagmático de la relación laboral, destacó las excepciones en las que puede continuar la obligación de remunerar aún cuando el trabajo no sea prestado y recalcó que la prestación no siempre se identifica con la actividad efectiva (trabajo material concreto), sino que abarca la puesta a disposición de la capacidad laboral y la continuidad de estar a la orden del dador de trabajo. Seguidamente evidenció que en el subexámine el trabajador no se encontraba en el supuesto de retención justificada de tareas, sino que fue el empleador quien negó la dación de las mismas, por un prolongado período aún después de notificada la sentencia. Por consiguiente estimó que el actor contaba con la vía judicial por la que habría optado inicialmente.

Ingresando en la ponderación del agravio concreto y a los fines de dar respuesta, adelanto que el mismo no posee chances de prosperar. Para sustentar tal afirmación he de recordar que la sentencia consentida o ejecutoriada deviene inmutable e inimpugnable. La fuerza vinculatoria del pronunciamiento que reúne tales condiciones responde a liminares principios de orden, seguridad y certeza jurídica, y constituye la ratio legis de la cosa juzgada. Por conducto de dicha defensa se impide la reiteración de cuestiones, lo que desprestigiaría a la administración de justicia y generaría incertidumbre e inseguridad jurídica. De ahí que sea materia de orden público (Conf. Morello-Sosa-Berizonce, t. IV, B, 228). . Conforme Palacio, la cosa juzgada es un medio de asegurar la inmutabilidad o irrevocabilidad de las cuestiones resueltas con carácter firme en un proceso anterior y de evitar, por lo tanto, el pronunciamiento de una segunda sentencia eventualmente contradictoria (Palacio, Lino, Tratado de derecho procesal, t. VI, pág.135). De lo contrario /// ///-- los pleitos no tendrían fin y servirían para perturbar el orden público, haciendo imposible la convivencia social (CNTrab, sala X, 29.4.99, "Muscio, Víctor c/Depósitos Falcón SA, DT 199-B, 1570).

Con mayor precisión y ajuste al caso, también se tiene dicho que la cosa juzgada es una concepción que debe hacerse para evitar que la incesante renovación de las cuestiones litigiosas impida consagrar la seguridad jurídica, con el consiguiente peligro de la anarquía (Guasp, Jaime, Derecho procesal Civil, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1956, pág. 1612).

Debe tenerse en claro que el imperium (atributo de la autoridad de la cosa juzgada) se complementa con una medida de eficacia que se resume en tres posibilidades: inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad. Claro está, que para que juegue el instituto de referencia es ineludible que la naturaleza y la subsistencia del tema resuelto sea o pretenda ser objeto de un nuevo pronunciamiento. De modo que, cuando ello ocurre, el examen de la cosa juzgada puede hacerse de oficio, pues el mismo responde a una consideración esencial del orden público tendiente en definitiva a asegurar la paz y el orden social, evitando que entre las partes los debates se renueven indefinidamente.

De tal manera, si los jueces tienen la certeza de que una cuestión ha sido ya resuelta con carácter definitivo, luego de transitar un proceso de conocimiento ordinario, pueden y deben de oficio invocar la existencia de cosa juzgada; es el carácter de orden público ínsito en el instituto de la cosa juzgada que impone a los jueces el deber de su aplicación de oficio, aun en la instancia extraordinaria. La Corte Suprema tiene dicho que la cosa juzgada constituye uno de los pilares sobre los que se asienta la seguridad jurídica y un valor de primer orden no puede ser desconocido con invocación de argumentos insustanciales y con la pretensión de suplir omisiones o corregir yerros en cualquier momento, pues ataca las bases mismas del sistema procesal y afecta la garantía del debido proceso, cuyo respeto es uno de los pilares del imperio del debido proceso. (CSN, 21.8.89; \"Méndez, Virgilio H. y otros c/ caja Nacional de Ahorro y Seguro y otro\", D.T. 1989-B, 1325). (conf. CSJN, \"Roccatagliata, Oscar Juan Lorenzo vs. Instituto Municipal de Previsión Social\" del 01.03.1994, RC J 103004/09).

En el mismo sentido se ha dicho que \"Los jueces pueden y deben declarar de oficio la existencia de cosa juzgada, declaración que puede incluso producirse recién en la instancia extraordinaria sin que obste a ello que la facultad revisora de la Corte se circunscriba en /// ///-12- principio al contenido del fallo y a la concreta impugnación del recurso porque se trata de resguardar un instituto que es materia de orden público y tiene jerarquía constitucional.\" También que \"La cosa juzgada evita posibles declaraciones posteriores de cualquier otro juez, y se puede definir como la inatacabilidad de una sentencia judicial una vez que ha quedado firme. No se trata en verdad de una mera repercusión negativa del pronunciamiento, esto es la imposibilidad de abrir un nuevo proceso sobre lo mismo, sino también de una verdadera función positiva de aquél, es decir, la prohibición de que en otro pleito se decida en forma contraria a lo ya fallado.\" (SCBA, `Esturo, María vs. Elisseix, Lázaro.´ del 09.11.2011, RC J 12985/11).

A estos precedentes genéricos relativos a la facultad/deber de la judicatura de declarar oficiosamente la existencia de cosa juzgada, sumo el ya citado por el Dr. Ricardo Apcarian en cuanto a la inexistencia de fórmulas, ni a la exigencia de la estricta concurrencia de las tres identidades (SCJBA,in re:\"PIROSANTO\").

Yerra entonces el recurrente cuando afirma que el Tribunal aquo se ha excedido en su imperium, fallando extrapetita en virtud de que las partes no habrían planteado la existencia de la cosa juzgada, causando su indefensión ante la declaración de oficio. A la par, tampoco aduce en párrafo alguno de la estructuración de su agravio que en el sublite no se encontrara configurada la existencia de cosa juzgada. Cierto es como lo advierte el Vocal a cuyo criterio adhiero, que la determinación de la existencia o no de cosa juzgada resulta de cuestiones de hecho, ajenas a la casación. No obstante, no he de dejar de verificar si del razonamiento del voto de la mayoría, que es el que provoca el embate recursivo-emerge con la logicidad necesaria, la existencia de un tema ya resuelto que se ha pretendido sea objeto de un renovado pronunciamiento. Nada debo analizar del voto minoritario, a los fines de lograr el objetivo supra señalado, toda vez que no es en relación al mismo que se agravia el aquí recurrente, y del que tampoco surgiría su disidencia en cuanto a la existencia o no de cosa juzgada, puesto que con respecto a ello nada dice. Es más, hasta me animaría a puntualizar que dicho voto ha hecho decir a la mayoría, lo que no ha dicho. . Volviendo entonces a la logicidad y al cumplimiento del principio de razón suficiente,/ ///-- hago notar en principio que las tres identidades que configuran la existencia de cosa juzgada y evidencian la prohibición de doble juzgamiento (non bis idem), bien puede extraerse de la nota del codificador a los arts. 1102 y 1103, en la Vélez señala las identidades clásicas (igual sujeto, objeto y causa) y de sus directivas se colige que no debe repetirse una litis ya juzgada si se reitera la misma causa y el mismo objeto por las mismas partes. No obstante, la Jurisprudencia interpretó en forma amplia las pautas esenciales y señaló que no resulta necesario que se cumplan estrictamente las tres clásicas identidades, bastando la existencia de una mismisidad jurídica entre ambos procesos. . Del voto mayoritario surge que el Tribunal advierte la existencia de un proceso de conocimiento anterior, el que identifica, con identidad de sujetos, persiguiendo el actor que el demandado le permita la realización de guardias pasivas que le fueran restringidas desde el 9/9/2005 de manera arbitraria; dictándose sentencia en la que se dispuso que la restricción era incausada , ordenando su cese, bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria en concepto de astreintes en caso de incumplimiento. Fallo firme y consentido en condiciones de ser ejecutoriado, puntualizando el sentenciante que el actor liquidó astreintes por el período 01/12/07 al 25/03/08. En la subsiguiente demanda, interpuesta -un mes después del dictado de sentencia en autos nº 10.253- con invocación de la misma causa (restricción arbitraria e ilegítima de dación de tareas en guardia pasiva) reclamó se abone salarios caídos desde septiembre de 2005 a noviembre de 2007. Hasta aquí se tiene que el juzgador evidenció la existencia de identidad de partes, identidad de causa, y consideró aplicable al caso el supuesto en el que se presenta identidad de asunto ( objeto) aunque se lo formule o plantee de manera diferente. En todo lo demás, relativo a este agravio central, he de coincidir con lo ya considerado por el Dr. Ricardo Apcarian, y en orden a como se encuentra enderezado el temperamento de mi voto, considero que al propiciar se rechace el agravio expuesto en primer término, encuéntrome eximida de someter a análisis los restantes. . Por todo lo precedentemente analizado y expuesto, en adhesión al voto emitido en segundo orden al que sumo mis consideraciones y propongo: 1) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor Luis Alberto Beguistain, con costas a la vencida. 2) En consecuencia, confirmar la sentencia nº 37/12 de la Cámara del Trabajo de la IV Circ. Jud. 3) Regular los honorarios de la Dra.Liliana Cristina Stafforini y del Dr. Juan /// ///-13- Pablo Martín por la representación de la parte demandada y los del Dr. Daniel Faustino Lucero por la parte actora. MI VOTO.

A la misma cuestión el señor juez doctor Enrique J. MANSILLA dijo:

Dado que subsiste disidencia entre mis colegas preopinantes, me corresponde ahora expresar mi criterio en orden a dirimir la cuestión.

Anticipo que me inclino por lo decidido por mis distinguidos colegas Dr. Ricardo Apcarián y Dra. Liliana Piccinini, paso a dar mis razones:

Sin caer en la reiteración de cómo sucedieron los hechos, creo conveniente partir del primer reclamo efectuado por el actor y del cual surgiera la sentencia de fecha 26.10.2007, bajo Expte. Nº 10253, fallo dictado por la misma Cámara que hizo lugar al reclamo del sr. Beguiristain y declaró incausada la restricción impuesta desde el 9 de septiembre de 2005, a realizar guardias pasivas; en esa misma oportunidad ordenó al Hospital de Area Programa Catriel a través del Consejo Provincial de Salud Pública, al inmediato cese de la restricción que impedía al actor realizar guardias pasivas en igualdad de condiciones que todo el cuerpo médico, bajo apercibimiento de aplicársele una multa en concepto de astreintes, en caso de incumplimiento.

Quedó acreditado que el Hospital no cumplió con la orden y que en virtud de ello el actor ejecutó astreintes desde el 1-12-07 al 25-03-08 y que recién el actor fue notificado para comenzar a cumplir con las guardias pasivas a partir del 7.06.2011.

El Sr. Beguiristain inició otro reclamo contra el Consejo Provincial de Salud Pública de la Provincia de Río Negro por un monto en concepto de pago se salarios por guardias pasivas, las cuales se vio impedido de realizar por restricción arbitraria e ilegítima impuesta por la demandada. Reclamo que obtiene sentencia, en fecha 24.04.2012, de la misma Cámara en la presente causa y la que vino cuestionada en el presente recurso.

El a quo -por mayoría- declaró -de oficio- la existencia de cosa juzgada y, en consecuencia, rechazó la acción promovida por el Sr. Beguiristain contra el Consejo Provincial de Salud Pública de la Provincia de Río Negro.

Así decidió la Cámara por entender que ese mismo Tribunal había dictado sentencia en autos Nº 10253, un pronunciamiento firme e inimpugnable, más precisamente una sentencia // ///-- pasada en autoridad de cosa juzgada, ya que al resolverse definitivamente la contienda judicial, el pronunciamiento lo hace de modo tal que el litigio no puede ser planteado nuevamente ante el mismo juez ni ante ningún otro magistrado. Entendió asimismo que el instituto no alcanzaba a las astreintes por tener carácter provisorio.

En consecuencia se concluyó que, al no haber cuestionado el actor la decisión adoptada en el referido proceso, estaba impedido de promover una nueva acción pretendiendo rever los derechos que han sido materia de decisión expresa so pena de conmover las bases de la seguridad jurídica. Y si bien -entiende- en los presentes se reclaman "salarios caídos", a causa de la negativa del Hospital de Catriel a reincorporar al actor, el Tribunal había previsto dicha reparación con la condena en astreintes ordenada en la sentencia que ha dictado en el primigenio reclamo.

Es dable aseverar que ante la necesidad de establecer cuáles son los elementos que permiten determinar si efectivamente en un caso se pretende volver sobre algo ya resuelto por la jurisdicción o si se trata en verdad de una controversia distinta conforme a la teoría de la identidad de cuestión, el juez no se encuentra atado a fórmulas legales que definan los requisitos de la cosa juzgada, sino que, previo examen integral de las dos contiendas, debe estar facultado para determinar si, por tratarse del mismo asunto o si, por existir conexión, continencia, accesoriedad o subsidiariedad, la jurisdicción no deba correr el riesgo de ser inducida a contradicción. (conf. SCBA causas: \"García\" del 3.6.09; \"Rampazzo\" del 18.4.07; \"Coria\" del 5.4.06 entre otras). Este Superior Tribunal -en anterior integración- con el mismo criterio, el cual comparto, ha sostenido: \"... para determinar la existencia de la cosa juzgada los tribunales del trabajo no se encuentran sujetos a fórmula alguna que defina sus requisitos ni a la exigencia de la estricta concurrencia de la triple identidad (sujeto, objeto y causa), sino que resulta menester examinar si respecto de la cuestión sobre la que se estructura la pretensión media decisión firme\" (Cf. SCBA in re: Pirosanto del 29-04-97, DJBA, 153-4736) (STJRNSL: \"HERRERA\" Se. 60/99 ).

En ese contexto la Cámara evaluó las dos contiendas y si bien reconoció que no había una estricta identidad de objeto, lo que sí el juzgador consideró que resultaba alcanzado por la firmeza del pronunciamiento emitido en el primer reclamo fue que allí quedó prevista la reparación hoy reclamada con la condena en astreintes, ordenada en la sentencia en caso de incumplimiento, y que por otra parte fueron ejecutadas por el actor, por lo cual el a quo /// ///-14- entendió que hubo una suerte de compensación entre lo obtenido con la ejecución de astreintes y el daño ocasionado por el impedimento a realizar las guardias pasivas.

Resulta oportuno destacar que, conforme lo sostiene autorizada doctrina, la cosa juzgada es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla (conf. Eduardo J. Couture: \"Fundamentos del Derecho Procesal Civil\", de IB de F pág. 326). Su fundamento remite, en definitiva, a exigencias de orden político y práctico con el fin de otorgar certeza a los derechos controvertidos y evitar prolongar en el tiempo la litigiosidad de los mismos.

En este sentido el máximo órgano judicial de la Nación ha sostenido: \"La autoridad de cosa juzgada que se atribuye a la sentencia no se funda en una ficción sino en la necesidad imperiosa de imponer un fin a los pleitos a efectos de dar certidumbre y estabilidad a los derechos en litigio, como consecuencia de la tutela del Estado ejercida por medio de los jueces.\" ( Fallos, 209:303).

Cabe destacar, por otra parte, que aquella sentencia del Expte. Nº 10253, tenía también el carácter de inmutable ya que resultó convalidada al no haber deducido el actor recurso contra el decisorio del a quo.

Razón por la cual, de acuerdo a lo manifestado por mis distinguidos colegas Dr. Ricardo Apcarián y Dra. Liliana Piccinini, entiendo que asiste razón a la Cámara Laboral al declarar de oficio la cosa juzgada. Ello en tanto \"La cosa juzgada es de orden público y los jueces pueden y deben declararla de oficio, ya que se trata de resguardar un instituto que tiene jerarquía constitucional.\" (SCBA, \"Giménez\" del 19.09.12). En este sentido también la Corte Suprema de Justicia de Nación dijo: \"La Cámara está habilitada para resolver de oficio el tema de la cosa juzgada, habida cuenta del carácter de orden público de este instituto procesal.\" (conf. \"Roccatagliata\" del 1.03.94).

Es por ello, y de acuerdo a lo manifestado en los votos a los cuales adhiero, que -entiendo- no resulta atendible ingresar al agravio por el rechazo del a quo al reclamo por salarios caídos por las guardias pasivas impedidas de realizar, toda vez que el principio de estabilidad de las sentencias veda al litigante someter a decisión judicial una cuestión que fue anteriormente resuelta con efecto definitivo y -correlativamente- impone al tribunal /// ///-- desestimar las peticiones que se efectúen en tal sentido. (conf. STJRNS3 \"TRONCOSO\", Se. 26/05, con cita de Fallos, 315:369).

Por lo expuesto y en adhesión a los votos emitidos en segundo y cuarto orden, propongo rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora, con costas, y consecuentemente confirmar la sentencia de la Cámara obrante a fs. 373/378 vlta. MI VOTO.

A la segunda cuestión el señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO dijo:

Por las razones expresadas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora a fs. 385/430 vlta. y, atento a las circunstancias del caso, asumir en esta instancia la jurisdicción positiva, declarando la nulidad de la sentencia de Cámara puesta en crisis y remitir la causa al tribunal de origen para que, con la misma integración, proceda a modificar el alcance del pronunciamiento anterior efectuando la liquidación de la indemnización debida, de conformidad a las pautas fijadas en los considerandos, con costas a la demandada, sustancialmente perdidosa (cf. art. 68 del CPCCm.). ASÍ VOTO.

A la misma cuestión el señor Juez doctor Alfredo R. APCARIÁN. dijo:

Por las razones manifestadas al tratar la primera cuestión propicio la siguiente solución: Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor Luis Alberto Beguistain, con costas y, en consecuencia, confirmar la sentencia nº 37/12 de la Cámara del Trabajo de la IV Circunscripción Judicial, y regular los honorarios de la Dra. Liliana Cristina Stafforini y del Dr. Juan Pablo Martín en el 30% y los del Dr. Daniel Faustino Lucero en el 25% de lo regulado en la instancia de origen. ASÍ VOTO. . A la misma cuestión la señora Jueza doctora Adriana Cecilia ZARATIEGUI. dijo:

ADHIERO a la solución propuesta en el voto del doctor Barotto.

A la misma cuestión la señora Jueza doctora Liliana Laura PICCININI. dijo:

ADHIERO a la solución propuesta en el voto del doctor Apcarián.

A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA dijo:

ADHIERO a la solución propuesta en los votos de los doctores Alfredo Apcarián y Liliana Piccinini, Por ello, /// ///-15- EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

Primero: Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora a fs. 385/430 vlta. y en consecuencia, confirmar en todas sus partes la sentencia de fs. 373/378 vlta. (arts. 296 y ccdtes del CPCCm. y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).

Segundo: Imponer las costas de esta instancia a la parte actora (art. 68 del CPCCm.).

Tercero: Regular los honorarios del doctor Daniel Faustino LUCERO en representacón de la parte actora, en el 25% de los que le correspondan en la instancia de origen, y los de los doctores Juan Pablo MARTÍN y Liliana Cristina STAFFORINI -en conjunto- por la demandada, en el 30% calculados de idéntico modo (arts. 15 y ccdtes. de la L.A.), los que deberán ser abonados en el plazo de diez (10) días. Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con la Ley 869.

Cuarto: Registrar, notificar y oportunamente devolver.

Firmantes:

BAROTTO -1º voto en disidencia-; APCARIAN -2º voto-; ZARATIEGUI -3º voto en disidencia-; PICCININI -4º voto- y MANSILLA -5º voto GOMEZ DIONISIO -Secretaria STJ.