marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, enfermedades inculpables, notificación al empleador, certificado médico, abandono de trabajo, interpelación
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: ALEGRE, MARIA DE LA CRUZ c/ MOLINOS RIO DE LA PLATA SA s/ LABORAL     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-27

La formulación recursiva centrada fundamentalmente, en la exégesis de los artículos 209 y 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, desde que la accionante considera que el a quo, al exigir la presentación de certificados médicos indicativos de reposo -a los efectos de tener por acreditadas sus inasistencias-, modifica el texto de aquélla y, a dicha línea conceptual, pretende oponer su propio convencimiento de que los recaudos legales se hallaban cumplidos, en el caso, con el aviso de la enfermedad a la patronal y difiere con la pauta de los sentenciantes, en el sentido que la intimación formulada para que se reintegrara a sus tareas, tuvo virtualidad para configurar el abandono de trabajo, dado que a su juicio, no cabía conferirle tal entidad por cuanto la recurrente se encontraba impedida de prestar su débito por causa de enfermedad, no torna admisible el recurso de inconstitucionalidad intentado, por cuanto sólo revelan su desacuerdo con la tesis de los juzgadores en lo que respecta a cuestiones atinentes a la ponderación de la prueba rendida en autos y a la conclusión a la que arriban en cuestiones de derecho común.
Tenencia ilegítima de armas, bien jurídico protegido, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: MIRANDA, OSCAR A. s/ TENENCIA DE ARMAS DE GUERRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-23

El tipo del art. 189 del CP se encuentra dentro del título de los delitos contra la seguridad pública, entendiendo ésta como la situación real en que la integridad de los bienes y las personas se halla exenta de soportar situaciones peligrosas que la amenacen. La tenencia de arma de guerra, al ser un delito de peligro abstracto, el peligro no integra el tipo, sino que el legislador, a fin de proteger la seguridad pública, legisla la tenencia de arma de guerra sin autorización como peligrosa al bien jurídico protegido antes mencionado.
Derecho a la privacidad, tratamiento médico
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Bahamondez, Marcelo s/ medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

El "derecho a ser dejado a solas" que sirve de fundamento para negarse a recibir tratamientos médicos y que encuentra su exacta equivalencia en el derecho tutelado por el art. 19 de la Constitución Nacional no puede ser restringido por la sola circunstancia de que la decisión del paciente pueda parecer irrazonable o absurda a la opinión dominante de la sociedad.
Derecho procesal, procedimiento laboral, carga de la prueba, plazo judicial
Materia: LABORAL PROCESAL
Carátula: NAVARRO, PEDRO NOLASCO c/ LEPEZ, PEDRO ROMULO s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-07

La carga de la impugnación, corre, para quien impugna y mas allá que en el mentado decreto no se diga con mayor precisión: y ello por elementales razones de imposición de la carga probatoria. Quien alega un hecho, debe probarlo. Si se impugno el informe, pues deberá el impugnante, siguiendo lo que se ordeno por el juez y en el plazo de cinco días, según lo que se dice en el decreto que admitió la impugnación, proceder a requerir las fuentes de aquellos, para poder establecer si lo que sostenía no era correcto.
Igual remuneración por igual tarea, reclamo conjunto, trabajadores de la salud, establecimientos asistenciales
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CLARK, ALBERTO c/ ISSPICA s/ DIFERENCIA DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-09

Las disposiciones de los arts. 14 bis y 16 de la CN y 17 y 81 de la LCT acuerdan garantías al "trabajador" individualmente considerado, y son causa fuente de derechos individuales si se demuestra que fue discriminado ilegalmente con relación a otros que se encontraban en las mismas condiciones laborales, pero no prevén que se funden en ellas reclamos conjuntos de médicos, enfermeros, administrativos y personal de mantenimiento de un sanatorio, que originariamente atendía al personal de una obra social y que luego se amplió a la atención de otra, pretendiendo equipararse con otro conjunto que cumplía tareas en otro sanatorio, aunque el empleador sea el mismo
Sentencia de trance y remate, acción penal
Materia: PROCESAL
Carátula: DE LA ARENA DE RICCIARDI, MARIA C. c/ RICCIARDI, UBER s/ EJECUCION (INCIDENTE)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-30

No obstante lo dispuesto por el art. 1101 del Código Civil, el juicio criminal pendiente no obsta a que se dicte sentencia de trance y remate en el juicio ejecutivo, pudiéndose continuar el procedimiento si ésta se halla firme, debido a que no tiene el carácter de definitiva.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, cosa juzgada, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: RAMON REY s/ INTERPOSICION Y FUNDAMENTO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-23

Corresponde desestimar el agravio referido al desconocimiento de la cosa juzgada,si en el recurso extraordinario, cuyo términos limitan la competencia del Tribunal, la cuestión no ha sido suficientemente desarrollada respecto de las circunstancias específicas del caso, de modo que no se logra demostrar la violación constitucional invocada.
Embargo preventivo, revocación de sentencia, asegurador, dación en pago, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARBICH ANDREA CELESTE c/ ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-26

Cabe revocar el proveÍdo que deniega el pedido de transferencia de las sumas existentes en la cuenta de estos autos dadas en pago en concepto de pago parcial de planilla, por el entonces apoderado de la aseguradora, pues ellas no se hallan alcanzadas por el desapoderamiento previsto en el art. 107 de la LCQ, toda vez que ya se encontraban a disposición de la parte actora con anterioridad al decreto de estado de liquidación forzosa, puesto que, a diferencia del régimen normativo anterior (ley 19.551, art. 122 inc. 3º), en la ley 24.522 precisamente la dación en pago no entra en la categoría de acto ineficaz, de pleno derecho (art. 118).
Acción de amparo, derecho a la vivienda digna
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: B., A.F. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo - Recurso de Inaplicabilidad de la Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-07-03

Ante el pedido concreto de la provisión de una vivienda digna donde constituir un vínculo familiar autónomo y de cobertura de las necesidades básicas insatisfechas, y por entrar en juego los derechos vinculados con la protección de la familia (arts. 14 bis, 16, 19, 28, 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; VI de la Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre; 16 párr. 3, 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2.2, 3, 6, 12, 18 y 27.2 de la Convención de los Derechos del Niño; 17, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.2, 10 párr. 1, parte 1 y 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 36.1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); y la realización de los derechos de los niños integrantes de la misma (art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2.2, 3, 6, 12, 18, 23, 24 y 27 de la Convención de los Derechos del Niño; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.2, 10.3 y 11.1 y 12 inc. a del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 24.1 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos; 36. 2 y 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires), debe ordenarse al Poder Administrador (Provincia de Buenos Aires y Municipalidad de La Plata) medidas concretas, a fin de revertir cuanto antes la insostenible situación descripta, concretar la consecución de la igualdad y el cumplimiento del mandato ético ínsito en todo derecho de asegurar y promover el respeto a la persona humana.
Cesación de pagos, facultades del juez
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: TALLERES METALURGICOS CLAVIJO SA s/ QUIEBRA SOLICITADA POR BODEGAS Y VIÑEDOS MARAVILLA SA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-09-19

La ley al enumerar algunos de los hechos que pueden ser considerados como reveladores de la cesación de pagos, faculta tácitamente al juzgador para apreciar si ellos demuestran la insolvencia patrimonial del deudor. Dada la prohibición del juicio de antequiebra (art. 84 infine, de la ley N 24522), y la naturaleza propia del proceso de ejecución colectiva, dicha apreciación debe realizarse con la máxima prudencia, cuando se trate de declarar la quiebra en base a la mora en el cumplimiento de una obligación (art. 79 inc II de la ley N 24522).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: G., E.D. s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-09-24

La sentencia impugnada -conforme la pretensión del actor- resolvió declarar la inconstitucionalidad de una norma que regula la actividad de los abogados en la Provincia del Chubut, es decir, en el marco del poder de policía.

Al ser la cuestión traída al pleito de Derecho Público Provincial, los órganos jurisdiccionales locales son los intérpretes naturales, de tal manera que resulta excluida la intervención de Corte para revisar el mayor o menor acierto de las interpretaciones. "Las cuestiones de hecho, prueba y derecho público local, son ajenas como regla, y por su naturaleza, a la instancia del artículo 14 de la Ley 48".

"El respeto de las autonomías provinciales impone reservar a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que versan sobre aspectos del derecho público local, con el propósito de resguardar la autonomía de los Estados Provinciales en un régimen federal".
Nulidad del acto administrativo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G., C. J. c/ A. S.A. y/o quien resulte propietario y/o locador y/o armador del Buque "M. S." s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-10-18

La CSJN ha sostenido que si como consecuencia de un acto administrativo se generaron prestaciones cumplidas y otras en vías de cumplirse, sólo podría impedirse su subsistencia y la de los efectos pendientes, mediante la declaración judicial de nulidad; a punto tal que la revocación dispuesta en sede administrativa -sin ejercer la acción de lesividad- configuraría, a su vez, un acto viciado de "ilegalidad manifiesta".
Daños y perjuicios, indemnización, gastos médicos
Materia: CIVIL
Carátula: MALDONADO, Cirilo Ricardo y Otro c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-11

Desde hace unos años cada vez se ha hecho más necesario que los pacientes de hospitales públicos deban solventar de su propio peculio la adquisición de los medicamentos necesarios para su atención, siendo esta cuestión notoria y públicamente conocida.

De tal manera deberá admitirse el reclamo por gastos médicos aunque no esté documentadamente probado (art. 165 Cód. Procesal).
Régimen de consolidación de deudas, recibo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saavedra de Angelis, Lydia c/ E.N. -Min.de Educ. y Just.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-03

No es al acreedor a quien corresponde acreditar en autos la constancia de recepción del requerimiento de pago, pues conforme lo dispone el art. 4 del decreto 1639/93 -según la modificación por el art. 2 del decreto 483/95-, es el organismo deudor quien debe acreditar ante el Juzgado, haber diligenciado dicho formulario, con la debida constancia de recepción, de la Oficina Nac. de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, dentro de los diez días de extinguido el plazo del art. 1 dec. 483/95.
Concursos, recurso extraordinario, improcedencia del recurso, privilegios (comercial)
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: A.  FERRAUDI  Y  CIA.  SA c/ LAVIERI, AIDA s/ QUIEBRA S/ INC. DE VERIFICACION PORTIERNO, FLORENCIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23

Es inadmisible el recurso extraordinario deducido contra la resolución que declaro mal concedido el recurso de apelación (CSJN, "Ribotta, Alberto Oscar c/ Rigolleau SA" del 10.3.92, t. 315 p. 300) cuando no media supuesto de gravedad institucional en autos (CSJN, fallos 303:221; 303:460, etc.). (En la especie, se desestimó el recurso extraordinario interpuesto por un incidentista, contra la resolución que confirmó la decisión de la primera instancia, que otorgó al crédito pretendido solo el privilegio general establecido en la LC art. 246).
Intervención de terceros, rechazo in límine
Materia: PROCESAL
Carátula: CENA, Anastasio c/ FACIO, Héctor s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

Aunque el demandado podría iniciar una acción autónoma e ir por la vía de la acumulación de procesos, no corresponde el rechazo "in limine" del pedido de citación de tercero, si con el pedido no se ha intentado una pretensión autónoma de condena, sino que se persigue esclarecer el hecho que motiva las actuaciones, con todos los involucrados, para que, en caso de que la actora desistiera de alguno de los codemandados, la sentencia pueda ser oponible al citado.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, imputado, audiencia de conocimiento personal, debido proceso, nulidad del acto jurídico, Superior Tribunal de Justicia, actuación de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: FAVATIER, JUAN MANUEL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que el análisis de la causa permite comprobar la existencia de un vicio en el procedimiento previo al dictado del fallo por parte de la Cámara que determina su nulidad. En efecto, no existe constancia de que los Jueces de Alzada que revocaran la absolución del imputado y resolvieran condenarlo por la comisión del delito de omisión de los deberes de funcionario público a la pena de multa e inhabilitación especial hayan tomado conocimiento directo y "de visu" del imputado en algún momento del proceso, tal como prescribe el artículo 41, inciso 2 "in fine" del Código Penal. Y tal como expusiera in re "Mordini" entiendo que el artículo 41 "in fine" del Código Penal, al establecer que "...el juez deber tomar conocimiento directo y de visu del sujeto...", instaura una audiencia entre el magistrado y el encartado que, al garantizar un mínimo de contacto inmediato del procesado con los jueces que han de fallar, resulta de realización ineludible previo al dictado de un fallo condenatorio en un sistema de proceso penal escrito como el que fuera empleado para el juzgamiento. No resulta óbice para ello el hecho de que el agravio no haya sido planteado por la parte defensiva, al ser la aludida audiencia en casos como el presente imprescindible para garantizar al imputado el derecho a ser oído por la autoridad jurisdiccional -derecho reconocido por los arts. 14.1 del P.I.D.C.P. y 8.1, C.A.D.H con jerarquía constitucional en función del art. 75, inc. 22, C.N.-, integrando la garantía de debido proceso y viciando su omisión de manera absoluta el procedimiento, justificándose la declaración de oficio de la nulidad, correspondiendo extender los efectos del fallo al coimputado - de quien tampoco se ha efectuado la audiencia de visu- conforme lo prevé el artículo 410 del Código Procesal Penal. ( DEL VOTO DEL DR. ERBETTA) .
Sucesiones, transmisión del dominio, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cantarelli, Juan Carlos s/ Tercería de dominio en autos: "Garrote, José c/Cantarelli, Marzio.  Ejecución"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

La transmisión del dominio no puede serle opuesta al embargante aunque aquélla se hubiese operado "mortis causa" si se omitió inscribir en el Registro de la Propiedad la respectiva hijuela (arts. 2505, C. Civ.; 2, ley 17.801; 765, C.P.C.).
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: AGÜERO, TOMAS c/ IZAGUIRRE, VICTOR s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-19

De acuerdo a lo normado por la Ley Civil (cciv 1084 y 1085) la vida de las personas es un bien jurídicamente protegido. No tiene un valor "per se" sino de acuerdo a las consecuencias pecuniarias sobre otros patrimonios que su interrupción produce (CSJN, 11.6.93, "Fernández, Alba c/ Ballejo, Julio", ll 1993-e-472), lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue.

(En el caso, se desestimó dicho rubro, pues no fue demostrado que la causante tuviera ingresos pecuniarios por algún empleo, mas allá de la sacrificada labor que implica el cuidado de sus hijos en el hogar).
Haber jubilatorio, reducción del beneficio, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora, medida cautelar innovativa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: URE, CARLOS ERNESTO c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-12

Son presupuestos para la procedencia de una medida cautelar, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Este último requisito, que consiste en una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro del derecho invocado por el demandante, no se puede tener por acreditado cuando -como fuera señalado en un pronunciamiento anteriormente recaído en estos autos- la prestación que el actor percibe es importante, lo que impide sostener que se encuentre en una situación de desamparo económico que permita tener por acreditado dicho requisito. En consecuencia, corresponde confirmar el pronunciamiento del a quo que rechazó la medida innovativa peticionada. (Disidencia del Dr. Fernández)
Defensa del consumidor, acción judicial, acciones de clase, asociaciones de consumidores, falta de legitimación para obrar, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Asociacion Civil Usuarios y Consumidores Unidos c/ Chevrolet SA de ahorro para fines determinados y otros s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-14

Procede la excepción de falta de legitimación activa opuesta por las demandadas. Ello por cuanto, en el caso, no es posible aceptar que la actora tenga la representatividad que se ha atribuido. Es que mediante las asociaciones de consumidores se canalizan pretensiones de enorme importancia económica. Esto coloca al demandado en una situación lindante en ocasiones con la indefensión, toda vez que la magnitud de los montos involucrados y el hecho de haberse enfrentado a quien ha actuado con beneficio de litigar sin gastos, lo conducirá a que por el solo hecho de haberse defendido, y aun cuando resulte vencedor en el pleito, habrá de tener que sufragar altísimos gastos que no tendrá a quién reclamar. En ese cuadro, el solo traslado de la demanda puede actuar como "aliciente" para que el emplazado proponga un acuerdo que, en vez de estar enderezado a la protección de los consumidores, procure hallar una pronta salida de esa solución conflictiva. En el mismo sentido, otorga al actor un poder desequilibrante en la negociación y en el juicio: la masa dineraria en juego es de tal magnitud que aun cuando el mérito de las reclamaciones individuales sea dudoso, el demandado se ve sometido a una presión intensa para llegar a un acuerdo transaccional (ver Ríos, Guillermo C, "cuantía del reclamo individual y acción de clase. Acerca de la ley 26361 y del fallo "Halabi", SJA del 17/03/10).
Fuerzas Armadas, Gendarmería Nacional, adicionales de remuneración, adicional por desarraigo, incorporación al sueldo, personal militar retirado, determinación del haber de retiro, decretos, jurisprudencia
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: URRUTY, JOAQUIN MATIAS Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-30

Corresponde confirmar la sentencia que condenó al Estado Nacional Ministerio de Defensa- a incorporar al concepto "sueldo" del respectivo haber que como retirado y/o pensionado de Gendarmería Nacional el accionante percibe por la compensación y adicional según Decretos 2000/91 -prorrogado por el Dec. 2115/91 y hecho extensivo al personal pasivo por el Dec. 2701/93- y 628/92 y sus modificatorios respectivamente, asignándole carácter remunerativo y bonificable. Ello así por compartir la Sala la doctrina sentada por la mayoría en el acuerdo plenario de fecha 20.03.97 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en autos "Aebert, Otto y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa", en el que se estableció que "Corresponde reconocer al personal retirado y a los pensionados de las Fuerzas Armadas el derecho a incluir dentro del concepto sueldo definido por el art. 55 de la ley 19.101 y sus modificatorias, los beneficios establecidos por los Decretos 1569/91, 2000/91, 2115/91, 628/92 y 2701/93.
Inhibición general de bienes, medidas cautelares, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Buscaglia, Laura Beatriz c/ Fortaleza Construcciones Del Valle S.R.L. s/ Apelación medida cautelar Del Valle S.R.L. s/ Apelación medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-08-18

Corresponde confirmar el rechazo a la medida la medida cautelar solicitada -inhibición de bienes-, toda vez que la referida medida solamente es procedente cuando no se conocen bienes del deudor presunto o estos son insuficientes para cubrir el crédito como clara y expresamente lo señala el artículo 228 del Código de rito
Remuneración, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: JUAREZ, JULIO CESAR Y OTROS c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PCIA. s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-11

Al encauzarse dentro del campo del derecho privado la relación de la Caja de Ahorro y su personal, la problemática laboral en el orden remunerativo debía regirse por los convenios colectivos del gremio; disposiciones y leyes de la Nación, siendo en consecuencia materia totalmente ajena a la órbita local por ser de exclusiva competencia del Congreso Nacional. Surge entonces que la ley Nº 5443/84 vulnera abiertamente el ámbito de la competencia legislativa provincial en cuanto deroga el régimen laboral de los dependientes de la Caja , regidos por el derecho privado y reservados en exclusividad a las atribuciones del Congreso Nacional.-