Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-23


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los veintitres días del mes de agosto del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia de su titular Dr. Jorge Luis Früchtenicht, y con la asistencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Günther Enrique Flass y del Sr. Juez de Cámara Subrogante Dr. Omar H. Magallanes, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "R, C A y otros c/ B, M s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 20/07 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.

Practicado a fs. 271 el sorteo establecido por el art. 268 del C.P.C.C. y atento lo dispuesto a fs. 272, 273 y 282, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres.: FLASS -FRÜCHTENICHT - MAGALLANES.

Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 214/222 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?. ----A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Flass dijo:- A fs. 10/14 se presenta el Dr. R T G L invocando mandato de los Sres. C A. R, S C. R -quien lo otorga por si y en representación de sus hermanos menores L D C R y J R-, J C. R, L A. R, R E. R y A M. P -quien lo otorga en representación de su hija menor de edad, A del V. R- demandando indemnización de daños contra el Sr. M B -condómino del vehículo siniestrado- y citando en garantía a L S Coop. Ltda. de S G, todo ello como consecuencia de la colisión automovilística acaecida el 13 de marzo de 2005 donde perdió la vida el Sr. G R, padre de los actores.

La pretensión resarcitoria es de $100.000 por daño patrimonial; $50.000 por daño moral a cada uno de los hijos, salvo el caso del Sr. L R donde el rubro se eleva a $60.000 y $1.000 por gastos de asistencia al muerto.

Corrido traslado al demandado, este no contesta demanda y es declarado rebelde (fs. 26).

A fs. 50/55 se apersona el Dr. A M I como apoderado de La S C. L. de Seguros Generales aceptando la citación en garantía hasta el límite de la póliza suscripta por el Sr. W M B. Paralelamente niega los hechos invocados en la demanda y ejerce defensa- A fs. 214/222 vta. el Sr. Juez Civil, Comercial y Laboral Dr. Claudio Alejandro Petris, dicta sentencia nº 01/2007 del 1 de febrero de 2007 por la cual: 1) Declara la obligación de pagar indemnización de $122.706,97 por daños patrimoniales a los menores J R y L del C R. 2) Declara la obligación de pagar $50.000 a los menores, J R , L del C R y A del V R; $43.500 al Sr. L R y $40.000 al resto de los hijos del Sr. G R actores en autos como indemnización de daños morales.

3) Declara la obligación de pagar $1.000 al conjunto de deudos por indemnización de gastos de asistencia al muerto. 4) Dispone que la suma total a indemnizar -$477.206,97- devengará los intereses tasa activa que percibe el Banco del C S.A. en sus operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta días desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago.

5) Impone las costas del juicio al Sr. M B y a L S Coop. Ltda. de S G, citada en garantía. 6) Declara que la citada en garantía debe responder ilimitadamente al entender que las limitaciones de la póliza no alcanzan a los rubros reclamados y condenados.

7) Regula los honorarios de los Dr. R T G L y R L G en un 23,8% del monto del proceso en conjunto; los de los Dres. A M I y G S en un 12% y 6% del monto del proceso respectivamente; de los Dres. B N y G M en $2.000 cada uno; del perito médico Dr. A M en un 4% del monto del proceso y los del Sr. F J G en $2.000, atento a la inoficiosidad de su pericia.

A fs. 224/225 la citada en garantía apela por alta la regulación de honorarios, impugna la sentencia y hace reserva del caso federal, expresando agravios a fs. 249/256 los cuales pueden sintetizarse en los siguientes:

1) La limitación cuantitativa de su responsabilidad es legítima pues las cláusulas contractuales de las cuales surge son claras y de fácil interpretación; alega que el contrato de seguro debe ser interpretado literalmente, que la póliza nunca dice ser ilimitada ni hay en el mercado compañía que otorgue póliza en esas condiciones; argumenta también que el monto de la prima era de $75,08 y por ese precio no se podría haber otorgado cobertura ilimitada, por último dice que la limitación cuantitativa surge expresamente de la cláusula 1e de las Condiciones Particulares y el Cap. "A", cláusula 2 de las Condiciones Generales.

2) Se agravia del cálculo del daño moral reconocido a todos los actores pues entiende que no debe multiplicarse el mismo por cada hijo sino fijar una suma única y dividirla por todos los deudos cualquiera sea el número de ellos.

3) Se agravia en el incremento del daño moral concedido al Sr. L R con base a las lesiones físicas padecidas por entender que la experticia médica, en que funda su conclusión el a quo, atribuye el estado depresivo de la víctima al duelo por la muerte de su padre y no a los golpes recibidos, los cuales -aduce- no pueden causar tal perjuicio moral.

4) Se agravia también del cálculo de los daños materiales pues entiende que, al no haberse probado ingresos, no corresponde presumir un mínimo vital y móvil; agrega que tampoco se ha probado que el Sr. R destinaba el 70% de los ingresos a la manutención de sus hijos; paralelamente invoca la injusticia de que las víctimas reciban toda junta una cantidad que -de no haberse producido el hecho- habrían percibido en cuotas mensuales, razón por la cual pide se descuente la tasa anual que produciría, efectuando a tal efecto un nuevo análisis.

Asimismo informa que los fallos jurisprudenciales citados por la actora en sus alegatos corresponden solo al voto minoritario de la C.S.J.N. razón por la cual solicita a esta ECANO que analice si corresponden las sanciones por temeridad y malicia previstas en el art. 45 de la ley de rito.

5) Por último se agravia en cuanto a la imposición de costas y a los honorarios fijados a los letrados de las partes y a los peritos actuantes en autos. 6) Hace reserva del Caso Federal.

A fs. 227 apela la actora expresando agravios a fs. 243/245 los cuales se pueden sintetizar en los siguientes: 1) Se queja de que se haya reconocido a los hijos mayores un daño moral inferior al de los menores e impugna por bajos a todos ellos citando jurisprudencia en tal sentido e invocando el principio de igualdad, agrega que el a quo no tuvo en cuenta ni la gravedad de la falta ni la realidad económica del país.

2) También entiende que resulta demasiado bajo el plus indemnizatorio por daño moral reconocido al Sr. L R pues las lesiones físicas padecidas ameritarían una suma muy superior.

El letrado de la actora explica que la cita jurisprudencial aludida por la contraparte fue invocada explicando expresamente que se refería al voto de los Dres. M O'C y L, razón por la cual no hay ni temeridad ni malicia, paralelamente solicita se giren actuaciones al Tribunal de Ética del Honorable Colegio de Abogados a fin de que se determine si los abogados de la contraparte han incurrido en el supuesto contemplado en el art. 13 de la Ley de Ética.

A fs. 228 el perito F J G apela por baja la regulación de sus honorarios profesionales.

Resumidas en lo conducentes las constancias de autos corresponde su análisis:

1)Conflicto Ético:

Nuestros tribunales han definido la temeridad y la malicia diciendo que "Temeridad es la conducta de quien sabe o debe saber que no tiene motivos para litigar, y que no obstante lo hace, abusando del servicio de justicia" (CNCiv. D 19/11/68 ED 26-658); "La malicia se configura cuando cualquiera de las partes obstaculiza, retarda, provoca articulaciones manifiestamente improcedentes, mañosas, con el solo propósito de dilatar la tramitación del proceso" (CNCiv. E 6/9/74 LL 1975-A-433).

El apoderado de la actora en sus alegatos, al citar la decisión jurisprudencial aludida, aclara en forma concreta que ella obedece al voto de dos Ministros de la C.S.J.N. sin que pueda presumirse entonces actitud temeraria o maliciosa tendiente a confundir al juzgador, razón por la cual no hay motivos suficientes para considerarlo incurso en los supuestos del art. 45 CPCC.

Tampoco considero que los apoderados de la citada en garantía hayan incurrido en falta ética ni conducta injuriosa desde que no hicieron una imputación concreta sino que se limitaron simplemente a solicitar a esta ECANO un análisis al respecto.

Entiendo -si- como indecorosas, algunas de las manifestaciones vertidas por el apoderado de la actora en su escrito de fs. 259/264 vta. y propongo al acuerdo se ordene testar por Secretaría, dejando expresa constancia de ello, las siguientes expresiones: "....con la prepotencia y soberbia que los caracteriza y que utilizan para tapar sus desconocimientos jurídicos" (fs. 261 vta.); "....o - lo que es peor aún- para esconder sus propias carencias..." (fs. 262), apercibiendo al Dr. R T G L para que se abstenga en el futuro de incurrir en expresiones similares- 2) Limitación de cobertura:

Afirma la citada en garantía que la indemnización de daños morales excede los límites de su obligación de indemnidad, sostiene que el contrato de seguros se ha de interpretar literal y restrictivamente, dice que no hay en el mercado póliza ilimitada y que -del precio pagado- no puede inducirse tal extensión de cobertura. Para resolver esta cuestión es indispensable sentar posición frente a cuestiones que aparecen como de trascendental importancia.

2). 1- Carácter de la Relación:

Es fundamental determinar si las partes están ligadas por una relación de consumo regida por el estatuto del consumidor (Ley 24.240, art. 42 C.N. etc.) pues de ello dependerá la solución al caso.

Debo destacar que la cuestión ha sido introducida expresamente por la actora a fs 261 sin perjuicio de que sea facultad exclusiva del juez la calificación de la relación jurídica litigiosa como lógica derivación del principio iura novit curia pudiendo incluso "...contrariar la calificación jurídica de los hechos efectuada por los propios interesados (ALVARADO VELLOSO, Adolfo, "El Juez, sus Deberes y Facultades" Depalma, Buenos Aires 1982 pág. 174) Según el art. 1º ley 24.240, "Se consideran consumidores o usuarios, las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social...".

Por su parte, el art. 2º Ley 24.240 excluye de la categoría de consumidores a quienes adquieran el bien o contraten el servicio para integrarlo en procesos de producción, transformación o prestación a terceros.

Surge de la póliza que el automóvil asegurado estaba destinado a uso particular -situación no controvertida en autos- y ello es suficiente para la aplicación de la legislación consumerista.

No se me oculta que cierta doctrina pretende retacear la tutela consumerista al asegurado (STIGLITZ Rubén .S. y STIGLITZ Gabriel .A. "Derechos y Defensa del Consumidor" La Rocca. Bs. As. 1994, La Roca, Buenos Aires 1994, pág. 393 y ss) mientras que otros se manifiestan partidarios de la exclusión absoluta (LÓPEZ SAAVEDRA, Domingo y HALPERÍN, David Andrés "El Contrato de Seguro y la Ley de Defensa del Consumidor 24.240". LL 2003- E, pág. 1320).

El principal fundamento intentado por estas doctrinas es que la relación de seguros se estructura sobre ecuaciones técnicas, patrones matemáticos, estadísticos y económicos que se verían radicalmente alterados, imposibilitando la existencia misma del contrato de seguros.

No pasa -a mi entender- de ser un argumento de conveniencia que se estrella contra la letra de la ley la cual no restringe tutela para los consumidores de seguros mientras que sí lo hace en otros supuestos (v.g. consumidores de servicios aeronáuticos art. 63º ley 24.240); paralelamente -el legislador- impone una hermenéutica pro consumidor y va de suyo que a este le conviene la inclusión del mayor número de relaciones jurídicas.

No explican los citados autores porqué las compañías de seguros se ven imposibilitadas de cumplir con la Ley de Defensa del Consumidor y fundamentalmente olvidan que la Constitución Nacional sólo garantiza el ejercicio de la industria y el comercio cuando son lícitos.

Concluyo entonces que la tesis no resiste análisis, luego el estatuto del consumidor rige también al contrato de seguros siempre que no se integre a servicios de producción, distribución o prestación a terceros tal como lo sostienen numerosos fallos.

Resta analizar si la tutela consumerista beneficiará también al copropietario del vehículo (demandado en autos) pues es evidente que él no ha contratado a título oneroso con la compañía citada en garantía y el art. 1º ley 24.240 es terminante al respecto.

La reforma constitucional de 1994, en el art. 42 vino a solucionar el grave defecto de que adolecía la norma pues extiende la protección al sujeto débil de toda "relación de consumo", concepto mucho mas amplio y comprensivo de lo que en doctrina se denomina "bystander" es decir el consumidor no contratante (v.g. adherente de tarjeta de crédito, beneficiario no contratante de medicina prepaga, asistente no comprador a un shopping c, etc.).

En concordancia con lo expuesto se ha afirmado que "Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella equiparándose a esto, las demás personas expuestas a las relaciones de consumo" (CNFed. Contenciosoadministrativo, Sala II, marzo 4-997 A S.A. c. S.C.eI. s. Disp. Nª 669/96. Causa 23.562/96. conf. Cita de Chapman, María Alejandra "Derecho del Consumidor" Ed. Jurídica Panamericana Sta. Fe 1999, pág. 25).

Concluyendo: El copropietario del automotor garantido se encuentra amparado por al tutela consumerista y la limitación de cobertura debe ser decidida a la luz del art. 42 de la C.N., Ley 24.240, Dec. 1798/94 y demás normas integrativas del estatuto del consumidor.-- 2).2 El deber de Información y sus consecuencias: Tanto el art. 42 de la C.N., art. 4º de Ley 24.240, Declaración "g" del Comité Técnico nº 7 Mercosur (acta 02/2000) y Declaración Presidencial de Derechos Fundamentales de los Consumidores del MERCOSUR. (Florianópolis 15/12/2000).

Consagran como fundamental el derecho del consumidor a ser informado y es que -dada la debilidad negocial de una de las partes- sin la necesaria información no hay autonomía de la voluntad ni obligación convencional que puede serle opuesta, aunque -tal como lo explicaré ut infra- el consumidor esté habilitado para prevalerse del contrato o de alguna de sus cláusulas cuando convenga a sus intereses.

El art. 4º de la ley 24.240 abunda en adjetivos sobre como debe ser la información, en realidad la clara voluntad del legislador apunta a un cumplimiento materialmente efectivo y verdadero, esto nos obliga a analizar no solo el contenido del instrumento sino también sus apariencias.

Hasta 1998 cuestiones como el tamaño adecuado de letra, contraste, tipología etc. quedaban a la libre apreciación judicial, sin embargo el 30 de diciembre de ese año (B.O.07-01-99) la Secretaría de Comercio, Industria y Minería, en ejercicio de la facultad delegada por art. 43 inc. "a" Ley 24.240, dicta la Resolución 906/98 que a través de sus diez artículos regula las condiciones mínimas que han de reunir los contratos escritos de consumo.

A los efectos de la presente causa, interesa principalmente el art. 1 en cuanto manda que los caracteres tipográficos no sean inferiores a 1,8mm. Queda así desterrada para siempre la posibilidad de abusar mediante la estrategia de la "letra chica".

Ahora bien, no basta con que el título contractual sea perfectamente visible sino que además, su contenido ha de ser de clara y de fácil lectura para cualquiera. No hay a este respecto norma específica razón por la cual podemos recurrir a la analogía y atender a lo dispuesto por el art. 10º Ley 24.240 (instrumentos de venta de muebles) el que considera violación al deber de información las remisiones innecesarias a instrumentos que no se entreguen anterior o simultáneamente al consumidor.

Paralelamente el juzgador, en obediencia al mandato del art. 42 de la C.N. ( "...Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos....") debe analizar -desde lo comúnmente aceptable- si la redacción utilizada es clara, sencilla y acorde con la forma en que un buen predisponente redactaría el contrato (buena fe objetiva) desde que la violación al deber de buena fe trae aparejada iguales consecuencias a las previstas para la trasgresión al deber de información: Inoponibilidad al consumidor de una o mas de sus cláusulas (art. 37º Ley 24.240).

La información es un deber liminar del proveedor y es él quien debe acreditar el cumplimiento en cuanto pretenda prevalerse del contrato. La jurisprudencia ha dicho"La legislación sobre protección al consumidor -con relación al deber de información- creó una obligación de resultado ...

Ello implica el establecimiento de verdaderos derechos subjetivos a favor del consumidor o usuario, cuyo respeto pesa en cabeza del prestador de servicios" (Cciv. y Com. Rosario, Sala III. Febrero 28-997. M, M M y o. C. B A C. L.. s. Demanda. Causa 132/95. fallo 98.510 LL, diario del 26/3/99 p. 3) pues "El derecho a la información que el art. 42 de la C.N. reconoce al consumidor, halla su correlato en el deber de información impuesto a los proveedores de bienes y servicios por la ley de defensa del consumidor" (CNFed. Contenciosoadministrativo, Sala II. Noviembre 4-997. D C Arg. S.A.C. y de T. C. Secretaría de Comercio e Inversiones s. Disp. DNCI nº 165/97. Causa 10.361/97. Defensa del Consumidor APSPA Consumidor. Ediciones País 1998. conf. cit. de Chapman, María Alejandra "Derecho del Consumidor". Ed. Jurídica Panamericana, Santa Fe 1999, pág. 70).

También respecto a la prueba del cumplimiento y ante la ausencia de legislación específica habremos de recurrir a la aplicación analógica del art. 10º Ley 24.240, el cual prohíbe la remisión a textos no entregados, manda entregar un ejemplar del título contractual al consumidor y prevé la suscripción de la totalidad del título como forma de probar el cumplimiento de la información.

("La suscripción no es en realidad la póliza de seguro de vida, pues en su reverso solo contiene una síntesis de las condiciones generales y particulares de la póliza siendo que aparece firmada solo en su anverso.

Al respecto ... se crean serias dudas acerca del conocimiento del suscriptor de tal cláusula, ya que dicha predisposición está ubicada al reverso de la solicitud de suscripción, solicitud que por su extensión y complejidad seguramente no puede ser comprendida en todas sus dimensiones por un consumidor término medio" (J.Iª Inst. Civ. y Com. Nº 6. Rosario. Febrero 26-997. C c. P R S.A. s. Cumplimiento de Contrato. Causa 981/95. Sentencia 69. conf. cita de Chapman, María Alejandra "Derecho del Consumidor". Ed. Jurídica Panamericana, Santa Fe 1999, pág. 202).

Queda por indicar que la violación al deber de información hace que el contrato o la cláusula sean inoponibles al consumidor (art. 37 Ley 24.240: "...se tendrán por no convenidas..."). Ergo, si resultara que la citada en garantía no informó eficientemente las características, modalidades y alcances de la limitación de cobertura, no podrá prevalerse de ella.

2).3La Interpretación del Contrato: El art. 37º Ley 24.240 dice: "...La interpretación del contrato se hará en el sentido mas favorable al consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación se estará a la que fuera menos gravosa".

Adviértase que la hermenéutica debe hacerse siempre en el sentido más favorable al consumidor pues el legislador no exige duda previa, estamos ante una enunciación novedosa del principio "interpretatio pro" con un carácter mucho mas fuerte e imperativo que impide cualquier discrecionalidad.

En síntesis: Las obligaciones del proveedor se interpretarán siempre en el sentido mas favorable al consumidor mientras que respecto a las obligaciones impuestas al consumidor, en caso de dudas, se estará a la menos gravosa.

Queda desvirtuada entonces la pretensión de interpretación literal y restrictiva esgrimida por la citada en garantía recurrente, al menos en cuanto el contrato de seguros sea a la vez una relación de consumo.

Paralelamente el art. 3º Ley 24.240 manda integrar la ley con toda la legislación vigente, conservando regencia -en beneficio del consumidor- los institutos civilistas del "favor debitoris", "contra stipulatorem" y "favor débilis".

Habré de analizar a continuación la pretendida limitación de cobertura a la luz de los parámetros mencionados.

El título contractual consta de "condiciones generales", "condiciones particulares" (que no son tales sino cláusulas igualmente estandarizadas), numerosas remisiones, anexos, cláusulas adicionales e inexplicables alteraciones del orden numérico que tornan sumamente dificultosa su lectura y comprensión.

También voy a poner de resalto que sólo se ha firmado el anverso de la póliza y no así el resto de las predisposiciones contractuales y esto, por si mismo, bastaría para declarar su inoponibilidad al consumidor pues no consta que haya tenido conocimiento eficiente de las mismas y que, en consecuencia, se haya cumplido con el deber de información.

A este respecto se ha dicho que "Cualquiera que haya celebrado un contrato de este tipo sabe que nunca recibe la póliza de vida correspondiente y lo que es peor, ni siquiera conoce el nombre de la aseguradora donde se toma el seguro (J.Iª Inst. Civ. y Com. Nº 6. Rosario. Febrero 26-997. C; G c. P R S.A. s. Cumplimiento de Contrato. Causa 981/95. Sentencia 69. conf. cit. de C, M A "Derecho del Consumidor". Ed. Jurídica Panamericana, Santa Fe 1999, pág. 60).

En el margen superior derecho del anverso de la póliza existe una remisión a las cláusulas adicionales 46B, 50, 1, 14, 1E, 22, 63, 93. La cláusula "50" no pudo ser encontrada pues las "Condiciones Particulares" (fs. 46/49) pasan de la cláusula 32B a la 63 sin explicar tal alteración numérica y las condiciones generales sólo llegan a la cláusula 29; en cuanto a la remisión a cláusula 14 no se especifica si la misma se encuentra en las "Condiciones Generales", "Condiciones Particulares" o "Póliza Única MERCOSUR" siendo que ambas cuentan con ese número de cláusula.

Cabe destacar que el "Complemento Condiciones Generales" (fs.41vta.), Póliza Única MERCOSUR (fs. 42 y vta.), Condiciones Generales (fs. 43/44vta.); "Anexo Cláusula 16" (fs. 45 y vta.) Condiciones Particulares (fs. 46/48 vta.) y "Cláusula Adicional 46B" (fs.49) no se encuentran suscriptas por el consumidor y en consecuencia la remisión es inválida por violación al art. 10 ley 24.240 de aplicación analógica.- También en el anverso de la póliza (fs. 41), aproximadamente en el medio de la hoja dice "RIESGOS CUBIERTOS" y "RESPONSABILIDAD CIVIL" debajo de esta última especificación hay un campo que dice "Daños Corporales y Materiales".

Este último no reúne los requisitos mínimos de tamaño de letra (1,8 mm) especificados por Res. 906/98 S.C.I. y M. y es inhábil para fundar la pretensión exonerativa de la citada en garantía pues "En cuanto a la imputada violación del art. 1º de la resolución (S.I.C. y M.) nº 906/98, es de destacar que las sumariadas ... tan sólo han pretendido justificar el incumplimiento bajo una argumentación dogmática y desprovista de valor jurídico, ya que frente a la existencia de una norma específica que regula la materia, han afirmado que la letra resulta fácilmente legible para cualquier persona, pretendiendo con ello haber satisfecho los fines tenidos en consideración por el legislador, cuando éste no dejó librada la cuestión a una razonable discrecionalidad interpretativa sobre la legibilidad de los contratos, sino que exigió que la letra de éstos tuviese determinado tamaño, el cual no fue satisfecho por las recurrentes (CNAp. En lo contenciosoadministrtivo Federal Sala I, Mayo 4-2006 D C S y TC/DNIC s/Disp. 761/03. www.caq.org.ar).

No obstante, aún cuando el tamaño de letra fuera el indicado, el laconismo de los términos sólo permitiría afirmar que hay cobertura de los perjuicios derivados de daños a las cosas o a las personas pero no de que se excluyan aquellos ocasionados por daños al espíritu (daño moral).

Según cláusula 2 de las "Condiciones Generales" (fs. 42), el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a terceros por daños causados con el vehículo asegurado, hasta las sumas máximas por persona (en caso de que existan) y por acontecimientos, establecidas en las condiciones particulares y correspondientes a a) Daños corporales a terceros no transportados, b) Daños materiales a las cosas de terceros y c) Daños corporales a terceros transportados.

En la citada cláusula la aseguradora asume una obligación genérica de indemnidad únicamente limitada a las sumas previstas para los daños en el cuerpo de terceros transportados o no y en las cosas de otras personas.

No puede decirse que excluya los perjuicios derivados de daños al espíritu (morales) pues no lo dice expresamente cuando -en caso de pretender prevalerse de esta exoneración- tenía el deber de manifestarlo en concreto.

El contrato debe ser interpretado a favor del consumidor (art. 37 ley 24.240) y la oscuridad del párrafo sólo puede jugar en contra del predisponente (in dubio contra stipulatorem).

Debo destacar que en forma reiterada, pormenorizada y hasta recurrente la aseguradora manifiesta las causales de exoneración de responsabilidad, muchas veces de modo sobreabundantes -pues refieren a supuestos que unánimemente se subsumen en caso fortuito o fuerza mayor- sin embargo no encuentro un sólo párrafo donde, con la claridad y contundencia necesarias, se excluya la cobertura de daños morales.

La cláusula 1e fs. 46 -a la cual el anverso de la póliza remite pero cuyo texto tampoco se encuentra suscripto por el consumidor- indica los topes de cobertura para daños al cuerpo o a las cosas de terceros pero - al igual que en el caso anterior- no excluye a los otros perjuicios que pudieran padecer estos y no hay por que interpretar que la aseguradora está cuantitativa o cualitativamente exenta de responder por daños morales.

He de resaltar que la mencionada cláusula se aplica a automotores Pick-ups G.1 y G.2 mientras que el siniestrado es un Renault 19 RL, Sedán cuatro puertas. Por otro lado, para aumentar hasta el máximo la oscuridad y ambigüedad contractual, el predisponente ha incluido como cláusulas 1a y 1b disposiciones relativas a las resoluciones 22.187 y 27.033 de la Superintendencia de Seguros de la Nación con límites muchísimo mas elevados a los que ella se aferra.

Además la aseguradora no ha transcripto las resoluciones mencionadas en su totalidad sino que ha extractado párrafos inentendibles .

Concluyo que de la lectura del contrato, interpretado a favor del consumidor y contra el predisponente -tal como manda la ley- no surge que la indemnización de daños morales a terceros se encuentre excluida de la obligación genérica de indemnidad asumida por la aseguradora citada en garantía, en consecuencia debe responder por la totalidad de ellos.

Habiendo la sentencia condenado no solo la indemnización de daños morales sino también los patrimoniales que se originarían para los hijos menores por la muerte del padre debo analizar si los mismos encuentran límite alguno en el contrato de seguros y cual es dicho tope.

-En el anverso de la póliza puede leerse, a mitad de página (fs. 41), debajo de Daños Corp. y Materiales, una oscura frase que textualmente dice: "R.C. LIMIT. DI RESP. CIVIL HASTA: PESOS 230,000.00 - S/ Límites establecidos P/ Autos, P. Up G1 y G2".

Ningún justificativo encuentro para esta proliferación inexplicable de iniciales desde que el espacio previsto en el instrumento impreso es lo suficientemente amplio como para colocar las palabras completas. "...el estipulante que es quien formula la cláusula, está en condiciones de expresarse con claridad, no pudiendo admitirse su ambigüedad y que con ella pueda abusarse del consumidor quien resulta ser el contratante mas débil (Cciv. y Com. San Nicolás. Mayo 7-996. M, R c. Mutual del personal del centro I A s. Daños y Perjuicios. LLBA, 1997-240.

Ahora bien ¿Qué significa la "S" colocada sobre una barra antes de "Límites establecidos"...? significará ¿Sin?, ¿Sobre? ¿Según? Ninguna pauta tenemos para determinarlo y las consecuencias serán diametralmente opuestas según tomemos una u otra opción. Si entendemos que significa "Sin", resultará que no existen las limitaciones de la cláusula 1e; si significase "Sobre", resultaría que el límite de $230.000 es en exceso de lo dispuesto por cláusula 1e; por último si significara "según" deberíamos estar a los límites de la cláusula 1e. Recordemos que el contrato se interpreta siempre a favor de consumidor y por ello debo descartar esta última hipótesis.

Es cierto que en el sector superior derecho del anverso de la póliza hay una remisión a la cláusula 1e, mas esto no significa que se excluya por ejemplo la 1b que también contiene límites máximos, muy superiores a los de la 1e.

No obsta a lo dicho que la cláusula 1b esté precedida de la leyenda "Según Resolución SSN 27033" pues no se ha informado al consumidor de que se trata dicha resolución ni tampoco surge de la misma que los límites deban ser los previstos en la 1e. En síntesis, estamos ante una redacción injustificadamente oscura a grado tal que transgrede los parámetros objetivos de la buena fe ya que resulta contrario al actuar esperable de un buen predisponente.

Ha dicho la jurisprudencia que "Los contratos predispuestos celebrados por adhesión deben redactarse de manera clara, completa, en el lenguaje de la gente común y ser asequibles al adherente, ya que la validez de dichos contratos depende de que se mantenga la equivalencia en la relación negocial, satisfaciendo los recaudos de moralidad, licitad y congruencia (CNCom. Sala B. Abril 28-998. F S.A. c. P, C A s. Ordinario. ED 179-117).

Sostiene la recurrente que no existe póliza ilimitada en el mercado y que no puede entenderse como tal a la sub iudice ya que el precio del seguro es demasiado bajo. El Decreto PEN 1798/94 manda que la abusividad de las cláusulas sea valorada en atención a la equidad general del contrato.

No es oportuno analizar aquí la constitucionalidad de un decreto reglamentario que restrinja a tal grado la letra de la norma reglamentada y es que aun aceptando su regencia, la recurrente debió acreditar que el precio del seguro era demasiado bajo como para tenerlo por comprensivo de los daños morales. No lo hizo y, en consecuencias, tal alegación se convierte en afirmación dogmática.

A este respecto la jurisprudencia ha dicho: "...el prestador del servicio al que se le imputa la comisión de la infracción prevista en el art. 37 inc. b de la citada ley debe demostrar que la presunción relativa a la inequidad entre los derechos y obligaciones de ambas partes que emerge de las cláusulas abusivas insertas en un contrato de adhesión, no se corresponde con la realidad de las cosas, apreciadas bajo el premisa de la razonabilidad" (CNFed. Contenciosoadministrativo, Sala I. Octubre 13-998. Organización Privada de E C S.A. c. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos LL, diario del 30/08/99).

En consecuencia debemos entender que el límite de cobertura por responsabilidad civil derivada de daños patrimoniales es de $230.000 (conforme anverso de la póliza fs. 41) sin las especificaciones de la cláusula 1e puesto que "Como el contrato de seguro es un contrato de adhesión, la inteligencia del alcance de sus estipulaciones debe hacerse a favor de la parte no predisponente, tal como surge de las normas contenidas en la ley de defensa del consumidor y de los principios consagrados en forma explícita en el art. 42 de la Constitución nacional" (CNCom. Sala C. Diciembre 31-997. G, J J. C. L M Cía. de Seguros S.A. LL 1998-E-833).

2).4 La Res. 21.999/92: Si bien en la póliza se invoca la vigencia de la res. 21.999/92 cuya constitucionalidad ha sido refutada, considero abstracto referirme a ella pues establece montos mínimos de cobertura y lo que se discute en el sub iudice es la vigencia de límites máximos.

En conclusión, voy a votar por el rechazo a la limitación de cobertura en los términos pretendidos por la recurrente citada en garantía.

Ahora bien, la Constitución Nacional art. 42º impone a todas las autoridades de la República el deber de proveer a la protección de los derechos del consumidor y no me caben dudas que entre tales autoridades se encuentran los jueces, aunque su actuación deba circunscribirse a lo que es propio de la jurisdicción.

El art. 38 Ley 24.240 encomienda a la autoridad administrativa de aplicación el control de los contratos de adhesión a fin de evitar la inclusión de cláusulas abusivas y el art. 41 Ley 24.240 la habilita para sancionar los ilícitos de consumo actuando de oficio, a pedido de parte o a instancia de quienes ejerzan la defensa colectiva de los consumidores.

Tratándose de una ley de orden público, ante la posible comisión de un ilícito contractual de consumo, en virtud de las facultades que resultan por lógica derivación del art. 34 inc. 5º "c" y 5º "d" y art. 36 inc. 2 "a" y 2 "d" C.P.C.C. considero se debe oficiar a la Dirección General de Industria y Comercio de la Provincia de Chubut, adjuntando copia del contrato predispuesto a fin de que dicho organismo decida si corresponde o no su actuación de oficio.

3)El daño Moral:

Ambas partes impugnan la valuación del daño moral. La aseguradora entiende que se debe tomar una suma global y dividirla entre todos los deudos cualquiera sea su número y la actora sostiene que es demasiado baja en comparación con otras sentencias, que no se advirtió la gravedad de la falta ni se tuvo en cuenta la situación económica del país.

También se quejan del cálculo referido al perjuicio espiritual sufrido por el Sr. L R. La aseguradora aduce que el estado depresivo descripto en la experticia médica obedecía a la muerte del padre y no a los golpes recibidos. La actora por su parte entiende que las lesiones físicas padecidas ameritarían una suma mayor.

En primer lugar debo decir que el daño moral se calcula en base al perjuicio padecido por cada víctima, de allí que la pretensión de prorratear una suma global no puede tener recepción favorable y es que el resarcimiento debe ser integral sin que quepa retacearlo ante la pluralidad de víctimas.

Nuestro legislador se ha apartado en este punto del Esboço de Freitas cuyo art. 3643 permitía deducir que el crédito a la indemnización de los deudos era ejercido ius hereditatis.

Desde esta concepción, sí sería lógico hacer una cálculo global del valor vida y prorratearlo, mas nuestros art. 1084 y 1085 C.Civ. consagran una postura muy distinta; el crédito a la indemnización que cada deudo tiene contra el victimario, se ejerce iure propio por lo cual es razonable que el monto total se incremente cuando mayor sea el número de damnificados "que la indemnización no sea iure hereditatis se explica fácilmente por que el muerto no ha sufrido perjuicio alguno por causa de su muerte, no por que la muerte no sea en sí un daño sino por que la muerte determina el fin de la persona : de suerte que ya no habrá un sujeto titular de un supuesto resarcimiento" (LOPEZ HERRERA, Edgardo "Teoría General de la Responsabilidad Civil" Lexis Nexis Buenos Aires 2006, pág. 152) .

Tampoco resulta procedente el agravio de la actora que impugna por bajo el cálculo en atención a lo decidido en otras causas. El daño moral es el dolor, molestia o demérito espiritual que sufre una persona a causa del hecho o acto lesivo, a diferencia del daño patrimonial, el resarcimiento no tiene una función de equivalencia sino de satisfacción pues procura "Permitir al dañado la adquisición de sensaciones placenteras tendientes a eliminar o atenuar aquellas dolorosas que el ilícito ha causado" (BUSTO LAGO, José Manuel "la antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual" Tecno. Madrid 1998, pág. 90), su estimación dependerá de las circunstancias fácticas y cualquier pretensión de uniformidad resulta arbitraria ya que desconoce la naturaleza propia de este tipo de resarcimiento.

Si el recurrente entendió que el cálculo era bajo debió explicar cuales parámetros fueron inadvertidos por el juzgador y no limitarse a lo que "frecuentemente se condena".

En concreto el recurrente debió haber expresado porqué entiende que el demérito sufrido es mayor al tenido en cuenta por el juzgador, no cabe acá tomar como ejemplo decisiones procedentes de España donde, en lo atinente al valor de las sentencias, se siguen criterios netamente racionalistas con una aspiración uniformadora de los fallos ejercida por el Tribunal Constitucional del Reino.

Nuestro sistema, por el contrario, está imbuido de los principios empiristas (máxime en aquellas provincias que no admiten los fallos plenarios) y las decisiones agotan su influencia en el caso pues se nutren exclusivamente de sus circunstancias sin perjuicio de la adhesión a la norma positiva, única de carácter general.

No considero que la gravedad de la falta sea criterio cuantificador de la indemnización por daño moral pues, independientemente que de lege ferenda coincida con la teoría de la indemnización punitiva del daño, es evidente que la misma no ha tenido recepción positiva en nuestro derecho -al menos hasta ahora-.

Tampoco influye en el caso la situación económica del país, mas precisamente la existencia y magnitud de índices inflacionarios, puesto que el resarcir es obligación de valor que sólo se expresa en dinero al momento del pago También se agravia la actora de que se hubiera otorgado una mayor indemnización a los hijos menores pues entiende que todos sufrieron por igual.

Es indudable que la muerte de un padre afecta a cualquier hijo ya que los lazos afectivos no se rompen -aunque se debiliten- con la mayoría de edad pero no es menos cierto que la pérdida de un progenitor es vivida con mucho mayor angustia cuando menos edad se tiene y por lo mismo más se precisa de los consejos, afecto y contención de un padre. Dice BOWLBY que "Asimismo, quienes sufrieron una pérdida durante la niñez y cuando adultos se convierten en pacientes psiquiátricos suelen, más que otros: Manifestar ideas serias de suicidarse.

Mostrar alto grado de apego ansioso (o sobredependencia). Desarrollar afecciones depresivas de gravedad que pueden clasificarse como psicóticas" (BOWLBY, John "la Pérdida Afectiva" Paidós, Buenos Aires 1983 pág. 309 conf. cit. Iribarne, Héctor Pedro "De los Daños a las Personas" Ediar Buenos Aires 1995 pág. 304 ).

Esto nos da una idea clara del padecimiento que sufre un niño ante la desaparición física de su padre. Los hijos mayores sufrieron -a no dudarlo- pero su padecimiento no es presumiblemente equivalente al de los menores.

Cuando una persona crece se independiza, no solo económicamente sino también en lo afectivo, va preparándose para un hecho natural de la vida como es el de sobrevivir a los progenitores, en consecuencia considero adecuado un resarcimiento moral superior a los hijos menores.

Resta considerar la indemnización de daño moral reconocida al Sr. L R a resulta de las lesiones físicas padecidas. La citada en garantía se agravia de que el mismo no ha sido probado pues la experticia médica tenida en cuenta en la sentencia, solo acreditaría el padecimiento por luto y no por lesiones físicas.

Tengo dicho que el agravio moral debe considerarse probado in re ipsa en consecuencia independientemente que, conforme a la experticia médica, la causa de la depresión del Sr. L R haya obedecido a la muerte de su padre, es indudable que las heridas infringidas provocaron otro demérito apto para justificar un plus indemnizatorio.

Ahora bien, teniendo en cuenta la entidad de las mismas, el reducido tiempo de internación y no existiendo pruebas de una mayor convalecencia, la suma condenada en autos resulta adecuada y suficiente.

4) El Daño Patrimonial:

La citada en garantía impugna el cálculo del daño patrimonial pues entiende debió deducirse la renta que produciría dicha suma a través del tiempo en atención a que se pagará de una sola vez lo que las víctimas sólo hubieran recibido en cuotas. También se agravia de que se haya tomado como base el salario mínimo vital y móvil siendo que no se acreditó en autos la percepción de sueldo alguno.

Por razones expositivas atenderé primero a la segunda de las cuestiones planteadas. Enseña IRIBARNE (IRIBARNE , Héctor Pedro "De los Daños a las Personas" Ediar Buenos Aires 1995 pág. 271) que cuando no se ha logrado demostrar el sueldo o retribución fija que recibe el padre de familia puede recurrirse a dos criterios de estimación:

El primero de ellos en atención a la "canasta" de bienes y servicios que solían recibir del causante las personas a su cargo y el segundo consistirá en asignar a la actividad del causante un valor semejante a la remuneración que correspondería a su actividad en el sector de la economía retribuido con sueldo.

Los testimonios de fs. 125 y del de fs. 112 son coincidentes en que el Sr. R trabajaba como chofer en el sector Servicios Públicos de la Municipalidad de Esquel. La Sra. M C U (fs. 124) literalmente dijo que a los hijos menores "...no les dejaba faltar ropa, estudio, comida..." coincidentemente la Sra. A L M dijo a fs. 112 "...lo que necesitaban él se los daba..." Esto permite concluir que el Sr. R trabajaba en relación de dependencia en la Municipalidad de Esquel, en tal carácter recibía un sueldo y ese sueldo le alcanzaba para cubrir las necesidades de su familia en cuanto vestimenta, alimentación y estudios.

El salario mínimo, vital y móvil ha sido definido como "El ingreso mínimo que deben percibir en efectivo los trabajadores comprendidos en la LCT y de la administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado actúe como empleador" (VAZQUEZ VIALARD, Antonio "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", T. 1 8ª edición .Astrea. Buenos Aires 1999 pág. 463). El mismo se fija teniendo en cuenta las necesidades vitales mínimas de vivienda, educación, vestuario, alimentación etc.

Estando acreditado que el Sr. R trabajaba en relación de dependencia en la Administración Pública y que con esos ingresos abastecía las necesidades de su familia, es dable presumir que percibía -al menos- un salario mínimo, incluso esta suma resulta demasiado acotada en atención a que el salario mínimo se calcula en base a un trabajador sin carga de familia (VAZQUEZ VIALARD, Antonio "derecho del Trabajo y de la Seguridad Social"T. 1 8ª edición .Astrea. Buenos Aires 1999 pag. 465) no obstante, la prohibición de reformatio in peius impide tomar como parámetro un monto mayor y debemos atenernos al condenado.

Es cierto que la suma resarcitoria se pagará de una sola vez mientras que en caso de no haber fallecido el Sr. R sus hijos sólo lo hubieran recibido en mensualidades pero frente a la pretensión de la recurrente de deducir la rentabilidad mensual de dicho capital debemos responder que el cálculo se hizo teniendo en cuenta exclusivamente el salario mínimo vital y móvil descontándole los supuestos gastos del causante.

A este respecto dice IRIBARNE (IRIBARNE, Héctor Pedro "De los Daños a las Personas" Ediar Buenos Aires 1995 pág. 269/270) que tomar como parámetro "el sueldo de bolsillo al día de fallecimiento de la víctima aparece como insuficiente" pues ".por lo pronto es necesario computar la totalidad de los ingresos percibidos por el causante en virtud de su trabajo, inclusive las retribuciones accesorias y toda forma indirecta de retribución." (subsidios extraordinarios, tasas preferenciales, asistencia médica, beneficios sociales de diversa índole, bonificaciones etc.) Tampoco se ha tenido en cuenta que "..quien aporta al sostenimiento del hogar en efectivo, suele adicionar una serie de servicios no rentados. por ejemplo, el padre de familia desempeña, además de sus tareas, una primordial de gestión del patrimonio familiar, de mantenimiento de la casa y de su equipamiento".

Frente a este cúmulo de prestaciones no tenidas en cuenta al estimar el perjuicio patrimonial, la posible renta que pudiera generarse -siempre dependiente de condiciones macroeconómicas futuras y en consecuencias imponderables- por el pago unificado de la indemnización no luce como un exceso resarcitorio y es de estricta justicia compensar esta con aquellas.

Por otro lado, la pérdida de chance - que es lo que estamos indemnizando- se sufre en forma total y unificada al momento del siniestro, por lo tanto el resarcimiento debe ser también total y unificado al momento de pagarlo. Voy a votar la confirmación de la sentencia impugnada en este aspecto.

Corresponde atender el agravio contra la regulación de los honorarios profesionales, tanto de los letrados como de los peritos actuantes en autos.

En cuando a los porcentajes fijados como honorarios a los letrados intervinientes, apreciada la labor desarrollada en base a las disposiciones del art. 6 del Arancel, en especial, el mérito, eficacia, extensión de las tareas y el resultado obtenido, entiendo que dichos porcentajes no son elevados y deben ser confirmados por ajustarse a derecho. Lo mismo cabe resolver respecto de los emolumentos fijados a los Dres. B N y G M.

Respecto a los honorarios profesionales del perito médico Dr. A M el a quo estableció un porcentaje del 4% sobre el monto total del proceso a liquidarse. Encuentro que tal regulación implica una notoria desproporción entre la labor profesional desarrollada y el emolumento establecido, máxime teniendo en cuenta que la referida experticia refiere a sólo uno de los actores.

Es así que siguiendo la manda establecida en el segundo párrafo del art. 61 norma arancelaria han de reducírselos. Ahora bien, debiendo regular en sustitutiva considero apropiado estimarlos en un 4% del resarcimiento condenado a favor del Sr. L A R respecto al cual versó la experticia (art. 6 del Arancel).

En cuanto a los honorarios profesionales del perito F J G, establecidos por el a quo en una suma fija de $2.000 considero que, dada la labor desplegada conforme consta a fs. 126/131 y la respuesta a la impugnación (fs. 154/155) resulta adecuada conforme al art. 61 ley arancelaria y así lo voto.

Atento a como propongo dirimir la cuestión planteada, entiendo que las costas de la presente instancia, teniendo en cuenta la improcedencia de los recursos de la parte actora y de la citada en garantía recíprocamente, deben imponerse en el orden causado (art. 71, CPCC), debiendo regularse los emolumentos de los profesionales actuantes en esta Alzada (art. 14 Dec. Ley 2.200) en un 7,5% para el Dr. R T G L y en un 5% para los Drs. G S y A M I en conjunto y proporción de ley con mas el IVA pertinente para ambos casos.

Por lo expuesto a la primera cuestión respondo por la afirmativa.

A la misma cuestión, el Dr. Früchtenicht dijo:

1. Identificación de la sentencia apelada: A fs. 214/222., luce agregada la sentencia de fecha 01 de febrero de 2007 y registrada bajo el Nro. 01 del corriente año, dictada por el Sr. juez de grado Dr. Claudio Alejandro Petris, mediante la cual dispuso:

A) Hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por C A R; S C R, por sí y en representación de sus hermanos menores de edad cuya tutela ejerce, llamados L del C y J R; L A R; R E R y A M P en representación de su hija menor de edad A del V R, todos ellos contra M B, y en su consecuencia condenar a este último a abonar a L del C R y J R, en conjunto, la suma de $222.956,97; a C A R la suma de $40.125; a S C R la suma de $40.125; a J C R la suma de $40.125; a L A R la suma de $43.625; a R E R la suma de $40.125 y a A del V R la suma de $50.125, en todos los casos con más los intereses que establece en el cons. 3º de su fallo, dentro del plazo que fija, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía "L. S. Cooperativa Limitada de Seguros Generales" y en la medida del contrato de seguro contratado en su oportunidad con los alcances establecidos en el cons. 5º de su sentencia respecto de la cláusula 1e. de la póliza;

B) Imponer las costas del juicio al demandado vencido, por no hallar mérito para apartarse del criterio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC); y C) Regular los honorarios de los profesionales que intervinieron en la tramitación de los presentes autos.

Para ello, fundó su sentencia en la inexistencia de defensas opuestas por el demandado; la negativa genérica de la citada en garantía; el daño patrimonial impetrado a los actores, conforme "tablas de valor-vida" que explicitó con amplitud; el daño moral infringido a los actores y los gastos efectuados en concepto de sepelio del fallecido.

También, y en orden a la limitación de cobertura invocada por la citada en garantía, sostuvo el sentenciante que ".es cierto que la citada en garantía es deudora de su asegurado dentro de los límites emergentes del contrato de seguro (arts. 116 y 118 de la ley 17.418) y tal prestación dirigida a satisfacer al tercero damnificado no puede verse agravada por el mayor valor de la indemnización que exceda los límites convenidos en la póliza, lo contrario importaría una inadmisible violación del principio de la ley de seguros y la cuantía de la obligación del asegurado solo puede extenderse hasta el límite del seguro y nuca más allá del vínculo contractual." Así, y sin perjuicio de reconocer los límites de la correspondiente póliza, entiende que si la compañía de seguros -experta en dicho negocio jurídico- pretendiera como lo intenta ahora, limitar el total de la indemnización que le pudiera corresponder a la víctima de un evento dañoso integrado por los diferentes rubros que componen la condena, debió así preverlos utilizando los vocablos pertinentes que despejen todo atisbo de confusión, la que -a juicio del magistrado- no existe.

Afirma que en su sentencia se establecieron indemnizaciones por daños corporales a personas no transportadas para que "juegue" la cláusula limitativa, se acordaron indemnizaciones en concepto de daño moral por la muerte del padre y daño moral derivado de las lesiones de una de las víctimas; ambas son lesiones espirituales extramatrimoniales distintas del daño corporal, circunstancia que no obsta a que -producido el daño corporal- resulte suficiente para admitir que haya daño moral, y la pérdida económica que sufren quienes dependían de los aportes económicos del causante para su propia subsistencia (puntualmente, los dos hijos menores de edad de la víctima del evento) bajo la órbita de las previsiones contenidas en los arts. 1084 y 1085 de la ley sustantiva.

Sostiene el Sr. juez apelado que la cláusula no limitó la indemnización únicamente a daños corporales tal como lo hiciera cuidadosamente y en detalle en la cláusula 1 de fs. 46 titulada "Responsabilidad Civil hacia Personas Transportadas", utilizando el adverbio "únicamente", es decir, refiriendo ese solo daño.

Tampoco lo habría hecho la aseguradora en la cláusula 1a. en ocasión de asumir las obligaciones a favor del asegurado y del conductor hasta la suma máxima por acontecimiento establecida en las condiciones particulares por daños corporales a personas sean éstas transportadas o no transportadas y por daños materiales hasta el monto máximo.

En la cláusula en cuestión -afirma el juez apelado- no se utilizó el adverbio "únicamente" ni se previó la exclusión de los rubros reclamados no excluidos de la cobertura en la medida del contrato de seguro.

En consecuencia, y ante la ausencia de cláusula expresa que excluyese la aludida cobertura, y obligada la citada en garantía a ejecutar el contrato de buena fe y de conformidad con las condiciones particulares y generales que componen la póliza referida, deberá aquélla responder en la medida de la contratación y alcances dados a la cláusula 1e. de fs. 46 (doctrina arts. 1137, 1198 y ccdts del Código Civil y 1º y ccdts de la Ley 17.418).

Con fundamento en tales afirmaciones -y que constituye la cuestión nuclear en análisis en orden a los recursos intentados- el sentenciante dicta su fallo.

2. Trámite posterior a la sentencia: Contra el acto jurisdiccional identificado en el punto que precede, se alza en apelación la citada en garantía, apelando también por altos la totalidad de los honorarios regulados a favor de los abogados y peritos intervinientes y haciendo reserva del caso federal (v. fs. 224/226), expresando sus agravios a fs. 249/256, los que son contestados por la actora en su responde de fs. 259/264 y vta.

A fs. 227 interpone apelación la parte actora, expresando sus agravios a fs. 243/245, los que no merecen réplica de la contraria.

A fs. 228, y por considerar bajos los honorarios regulados en su favor, apela el perito accidentológico.

Los presentes autos tienen su ingreso en esta Cámara el día 16 de febrero de 2007 (v. cargo de fs. 238). A fs. 266, y por Presidencia de este Cuerpo, se llaman "autos para sentencia". Firme tal llamamiento, a fs. 271 se practica el sorteo que dispone el art. 268 del rito provincial.

3. Los agravios deducidos: En ocasión de deducir los suyos, la actora esencialmente se agravia: En primer lugar (v. fs. 243/244), por el monto otorgado en concepto de daño moral a favor de C R, S C R, J C R, L A R y R E R, todos hijos mayores de edad de la víctima del evento dañoso, Sr. G R.

Afirma que en ocasión de fijar dichos montos, el Sr. juez apelado no realiza una interpretación armónica de los arts. 1078, 1079, 1084 y 1085 del Código Civil, pues los preceptos legales citados no distinguen acerca de la capacidad o incapacidad de los sucesores forzosos.

En consecuencia, no estableció diferencia alguna entre mayores o menores de edad. Cita abundante doctrina y antecedentes jurisprudenciales que -afirma- le asisten.

Su segundo y último agravio sobreviene por el monto otorgado en concepto de daño moral derivado de las lesiones del Sr. L R. Manifiesta que su parte entiende que la cuantificación de este rubro ha sido incorrecta pues para determinar su monto el Sr. juez apelado ".no contempló todos los parámetros que exige la doctrina y la jurisprudencia." (v. fs. 244).

Ellos son -según el propio apelante- la gravedad de las lesiones y otras circunstancias; la gravedad de la falta cometida por el responsable y la realidad económica del país. Cita abundantes precedentes en su favor, para finalmente solicitar se haga lugar al recurso interpuesto.

A su turno, y en ocasión de expresar los suyos, la citada en garantía además da en pago el límite de su póliza y formula reserva del caso federal. A título introductorio califica a la sentencia de arbitraria, da en pago y desarrolla -aunque desordenadamente- sus ofensas.

Se agravia esencialmente por ".la arbitrariedad y la nulidad por falta de fundamentación del fallo en cuanto pese a la claridad de la póliza viola la ley, la doctrina aplicable y el derecho de propiedad de su parte, y amplía la condena a cifras significativamente mayores, incorporando además sumas por daño moral de los herederos por muerte del padre y pérdida económica de los dos hijos menores de edad a la fecha del accidente." Se agravia por la arbitraria interpretación de la póliza, efectuada por el Sr. juez apelado, afirmando que el límite asegurado asciende a la suma de $230.000, precisado en la primera hoja de la póliza; que ésta es clara y precisa.

Al punto III-II: de fs. 252 acusa temeridad y malicia aduciendo que el Sr. juez apelado ".haya sido negativamente incidido en su decisorio por la presunta e inventada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia volcada por el apoderado de los actores en su alegato.

OCURRE QUE NO ES CIERTO QUE LA CORTE HAYA RECEPTADO RECLAMOS DE DAÑO MORAL Y LUCRO CESANTE EN CASOS ANÁLOGOS. POR EL CONTRARIO, LO RECHAZÓ, JUSTAMENTE EN LOS DOS ANTECEDENTES QUE CITA EL DR. G. L.." (v. fs. 252 párrafo quinto), refiriéndose a los precedentes "FRIGORÍFICO CRISTAL" y "FERRIOL", citados por la actora en su alegato.

Se agravia, así también, por cuanto el Sr. juez incorpora $3.500 en concepto de daño moral a favor del Sr. L R por un presunto cuadro depresivo en relación con el accidente que padeciera, por cuanto se superpone con el mismo concepto relacionado con la muerte de su padre, a quien acompañaba al momento del evento dañoso.

De idéntica manera se agravia, por la suma receptada en la sentencia, por cuanto los actores no probaron ingreso alguno del Sr. R. Pese a eso -sostiene el apelante- el sentenciante ".en forma arbitraria define como mínimo percibido por el causante la suma de $960.- y descuenta un 30% para su propia manutención." (v. fs. 253vta. último párrafo). Cita jurisprudencia.

Se agravia también (v. fs. 254 párrafo tercero) por ".la aplicación de fórmulas matemático financieras para la determinación del lucro cesante soslayando por completo las condiciones socioeconómicas del actor, lo que sin dudas implica un enriquecimiento sin causa de los menores, quienes obtienen un resarcimiento actual mucho mayor al mínimo aporte que hubiesen recibido de los ingresos del Sr. R." 4. Consideración de los agravios: Resumidos así en lo sustancial los agravios deducidos por los apelantes, debo adentrarme en su análisis. Debo advertir que por una cuestión de orden metodológico, iniciaré el análisis de aquellos deducidos por la citada en garantía.

Tengo para mi que el Derecho, como ordenamiento social que tiende a una justa distribución de los bienes entre los sujetos, debe privilegiar las ideas contemporáneas que dan sustento a un criterio solidarista tendiente a posibilitar la realización individual en el contexto social. En ese orden de ideas, no debe desentenderse de la desgracia ajena y priorizar intereses puramente económicos, dejando a un lado la reparación del daño injustamente padecido.

En ese universo solidarista que describo, el derecho de daños -en su ideario actual- protege al débil y por ende a la víctima. Y en esa dirección se encamina y destaca la función social del seguro como instituto adecuado a los fines indicados.

De allí que, en el supuesto del daño individual, éste resulta distribuido entre todos los asegurados, procurándose así que la víctima obtenga una condigna reparación del daño que le fuera inflingido, sorteando así también la eventual insolvencia del autor del daño.

Podemos concluir lo dicho, afirmando que no se trata pues de hallar sujetos a quienes exigirles la indemnización del daño, sino -y más bien- que el perjudicado sea satisfecho en su reclamo.

Y puede sostenerse sin temor a error, que la actual difusión del contrato de seguro se fundamenta en el resguardo de la víctima.

En función de ello es que determinadas actividades consideradas máximamente peligrosas o que estadísticamente poseen un alto índice en la generación de daños (en nuestro caso, la producción de ellos por un vehículo automotor), imponen la necesidad de contratar seguros obligatorios, tal el caso del art. 68 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, a la que adhiriera el Estado provincial mediante Ley N° 4.165.

Reseñando los antecedentes legislativos que delimitan la cuestión en análisis, debo señalar que el precitado art. 68 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (en función de la Ley Provincial N° 4.165 de adhesión) establece que: "...todo automotor, acoplado o semi acoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no".

La obligatoriedad del seguro que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no, que se denomina usualmente "seguro de responsabilidad civil", se desprende además de lo dispuesto en el art. 40 de la propia Ley N° 24.449, pues para poder circular con un automotor resulta indispensable que su conductor lleve consigo -entre la documentación exigible- el comprobante de seguro en vigencia que prevé el art. 68.

De lo dicho, podemos colegir que la Ley 24.449 que dispone la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para poder circular en un vehículo automotor no lo reguló, delegando el establecimiento de las condiciones que debe reunir dicho seguro en la autoridad administrativa competente, esto es, la Superintendencia de Seguros de la Nación (en adelante SSN).

Dicho organismo reglamentó la cuestión a la luz del art. 67 del Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte (Dto. PEN Nro. 692/92) que establecía idéntica obligatoriedad para los conductores de un vehículo automotor a la que luego se dispondría por imperio del art. 68 de la Ley 24.449.

Así, y previo a la entrada en vigencia de la Ley 24.449 la SSN reglamentó las condiciones del seguro obligatorio, mediante el dictado de la Resolución General 21.999/92, de fecha 29 de diciembre de 1992.

Así, en el art. 1º de dicha Resolución General N° 21.999/92 dispone que el seguro obligatorio previsto en el art. 67 del Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte -hoy art. 68 de la Ley N° 24.449- deberá cubrir la responsabilidad en que se incurra por el vehículo automotor objeto del seguro con límites mínimos de $30.000; si se trata de muerte o incapacidad total y permanente y para resarcir las incapacidades parciales y permanentes, por la suma equivalente al porcentaje de incapacidad padecida sobre el monto previsto para el caso de muerte o incapacidad total y permanente. La Resolución 22.058/93 reglamentó en un anexo las "condiciones y diagramación" de las coberturas mínimas requeridas por su similar 21.999/92.

Así las cosas, luego de la entrada en vigencia de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 que derogó y sustituyó el Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte (Dto. PEN N° 692/92), la SSN, por Circular 3809 de 1998, comunicó a las compañías de seguros que "debe considerarse que la resolución 21.999/92 es reglamentaria del art. 68 de la Ley 24.449". Sucede, como se ha dicho, que el art. 67 del Reglamento y el art. 68 de la Ley 24.449 están concebidos en idénticos términos.

Así, podemos concluir que el seguro obligatorio de responsabilidad civil se encuentra reglamentado entonces por los términos de las Resoluciones SSN N° 21.999/92 y 22.058/93, en las que se establecen los límites mínimos de cobertura de los seguros contratados para responder a siniestros que se causen a terceros en ocasión de conducirse el vehículo asegurado, sean aquéllos transportados o no.

Nótese que la póliza en cuestión, obrante a fs. 41, contiene la cita de la Resolución 21.999/92 en su ángulo inferior izquierdo.

Mas luego, y por imperio de la "emergencia" declarada por Resolución SSN Nro. 25.429/97 con más la liquidación del Instituto Nacional de Reaseguros (INDER) y el dictado de numerosas sentencias condenatorias contra las compañías aseguradoras producto del notorio aumento del parque automotor habido en los últimos años, se ha ido desnaturalizando la esencia del contrato de seguro obligatorio, no tan solo por que no se contemplan los derechos del asegurado, sino, y primordialmente, porque se ven afectados los intereses de los damnificados por accidentes de tránsito, desvaneciéndose así la garantía de una efectiva percepción de la indemnización por daños, lo que constituye -a juicio del suscripto- una flagrante violación a la finalidad económico financiera del seguro.

Y retomo a esta altura el criterio solidarista que referencié ab initio, para concluir que no obstante la desnaturalización del contrato de seguro obligatorio, quien ha sufrido daños causados por un vehículo automotor, fuere transportado o no, puede citar en garantía al asegurador considerándose inoponible a su respecto la cláusula de limitación, por su exceso o desmesura, porque es abusiva en los términos del art. 1071 del Código Civil e incluso, si se juzgan aplicables al caso las disposiciones que rigen la protección al consumidor (arg. arts. 1, 2 y ccdts de la Ley 24.240, por que deben tenerse por no convenidas las estipulaciones que desvirtualicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños (art. 37 ley cit.).

Tampoco escapa a mi conocimiento que el art. 118 de la Ley de Seguros Nro. 17.418 establece que la sentencia será ejecutable contra el asegurador en la medida del seguro.

Pero dicha norma no debe ser interpretada aisladamente, sino que es dable analizarla junto a las restantes disposiciones del ordenamiento jurídico, y tal criterio se torna prioritario si la lectura literal de un precepto conduce a soluciones notoriamente disvaliosas, incompatibles con la idea de bien común que está en la esencia del derecho.

La interpretación debe ser dinámica, permeable a las ideas e inquietudes del momento histórico-jurídico actual, a fin de no convalidar inequidades (v. CNCIV -EN PLENO-, sentencia del 13/12/06, autos "O, M P c/ M N S.A. y Ot. s/ daños y perjuicios" y "G, A c/ L E C S.A. de S G y Ot. s/ daños y perjuicios"; G, C A. y C, G; "Seguros obligatorios de automotores.

Las cláusulas abusivas y la desprotección de los damnificados" en Responsabilidad Civil y Seguros, Junio de 2005; Ghersi, Carlos A.; "Inoponibilidad de la franquicia al damnificado", en La Ley Sup. Del 28/11/06; Huber, Carlos A.; "El servicio de seguro obligatorio automotor y la franquicia en el autotransporte público", en Rev. De Derecho Privado y Comunitario 2005-2, p. 237 y "Seguro obligatorio automotor y la franquicia en el autotransporte público", en Doctrina Judicial 2005-2, p. 1199; Sobrino, Waldo A. R., "La franquicia y su inoponibilidad a la víctima de un accidente de tránsito: La moderna tendencia jurisprudencial aproxima la justicia y la razonabilidad a los consumidores de seguros (art. 42 de la Const. Nac; art. 68 de la Ley 24.449 Y LEY 24.240)" en eldial.com del 23/03/06 Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS 2006-II, ENTRE OTROS).

Entiendo que no existe antinomia entre el valor justicia y el valor legalidad: debe prevalecer el primero.

Atento lo manifestado, propongo declarar la inconstitucionalidad de la Resolución General SSN Nro. 21.999/92 por repugnar el espíritu del art. 32.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 23.054) en función de la cláusula de referencia contenida en el art. 22 y del art. 10, ambos de nuestra Constitución provincial y concordante con el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

Por los fundamentos expuestos, el primer agravio deducido por la citada en garantía que recurre no debe prosperar y así lo voto.

El segundo agravio deducido por la citada en garantía y el segundo de los invocados por la actora, serán tratados conjuntamente, por corresponder a la misma cuestión, aunque con diferente pretensión.

En un voto anterior sostuve: "Se ha dicho que: "Al fijar el monto de una indemnización por el daño moral, hay que tener en cuenta el sufrimiento de la víctima y la gravedad del accionar del responsable." (CNFed Civ y Com, Sala II, sent. 30/11/84 ED, 114-402).

"Pero dicho monto o "quantum" reparatorio, no cumple en el resarcimiento del daño moral una función valorativa exacta, sino de satisfacción frente al sufrimiento provocado por la afectación a la paz y tranquilidad de espíritu antes señalados.

"Por lo expuesto, la fijación del monto indemnizatorio en concepto de daño moral se encuentra librada al prudente arbitrio de los jueces, quienes tienen amplias facultades para computar todas las particularidades de cada caso, y -dentro de éstas- no puede dejar de calificarse la gravedad de la culpa con que se ha actuado.

-"En consecuencia, entiendo que en la presente causa el actor ha probado acabadamente la real ocurrencia de los hechos, y la determinación del monto de la reparación queda -como vengo diciendo- librada al prudente arbitrio del juzgador". (v. mi voto en "M, c/ P, P S s/ Daños y Perjuicios" Expte. Nº 205/06 CANO).

En función del criterio ya expuesto y reiteradamente sostenido por el suscripto, entiendo que ambos agravios, no pueden prosperar y así lo voto.

De idéntica manera, trataré conjuntamente el tercer y cuarto agravio deducidos por la citada en garantía, por asumir ambos cuestiones íntimamente relacionadas.

Se agravia la apelante por la utilización hecha por el sentenciante de ecuaciones económico financieras a los fines de determinar el daño patrimonial sufrido por los hijos menores de edad del fallecido R y la ausencia de acreditación de ingresos de aquél por parte de los actores.

La carga de probar los ingresos económicos del fallecido recae -en nuestro caso- en quien afirma en la demanda la estimación de un ingreso de dinero determinado que sirve de base para la fijación de su pretensión cuantitativa.

Pero ello no es absoluto. No es indispensable la acreditación exacta y directa de los ingresos del alimentante, pudiendo deducirse éstos del caudal económico que refleja la vida de quien debía satisfacer la obligación alimentaria.

Y dicha deducción se inferirá de presunciones fundadas en hechos reales probados que permitan arribar a una conclusión al respecto, apreciándolos con un criterio amplio, favorable a la prestación que se persigue.

En función de lo expuesto y resultando legítima la recurrencia del Sr. juez apelado a fórmulas como la utilizada, ambos agravios no pueden prosperar y así lo voto.

Resta ahora si, considerar el primer agravio deducido por la parte actora en su expresión de fs. 243/244. En tal sentido debo advertir -tal lo hizo el sentenciante- que el resarcido mediante la sentencia constituye un daño patrimonial presunto en función de la minoría de edad de los coactores L del C R y J R, atento la expectativa de manutención que tenían para con su padre fallecido, ello en orden a lo dispuesto por el art. 265 del Código Civil (texto según Ley Nro. 23.264).

Por ello, el agravio no puede prosperar, y así lo voto.

He de referirme a esta altura, al acuse que por temeridad y malicia formulara el letrado de la citada en garantía a fs. 255 punto III-II. Al respecto, debo señalar que no advierto tal conducta por parte del letrado de la parte actora, Dr. R T G L.

Ello así, por cuanto tengo dicho que: "Entiendo por temeridad la conducta asumida por la parte que deduce pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad. Por lo tanto, la temeridad se configura frente a la conciencia de la propia sin razón.

-"La malicia, en cambio, consiste en la conducta procesal que se manifiesta mediante la formulación de peticiones destinadas exclusivamente a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o a retrasar su decisión, pese a que los códigos de rito -en general- asimilan los efectos de ambas figuras. Por ello, entiendo que el reclamo de la demandada sobreviene por entender que existió temeridad en la conducta procesal del actor.

"Así las cosas, y tratándose la del art. 45 del CPCC de una sanción procesal, su interpretación -necesariamente- debe formularse restrictivamente.

-"Debo advertir que el proceso de formación de la convicción en el juez consiste en crear en su espíritu un estado de convencimiento acerca de la existencia de las circunstancias relativas -en nuestro caso- a un real despliegue de temeridad, ello con los argumentos y la prueba de los hechos, y que adquiera una entidad tal y suficiente para crear en el juzgador la firme convicción de su existencia con la consecuente imposición de la multa prevista en el art. 45 del ordenamiento procesal." (v. mi voto en "S, H J c/ S M A s/ Laboral" (Expte. Nº 10/07 /CANO).

Entiendo que en el sub iúdice, no se presentan los extremos expuestos. En función de ello y observando que en ocasión de alegar el letrado de la actora (v. fs. 198 párrafo sexto) textualmente dijo: "...como bien lo señalaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia Dres. Moliné O'Connor y López en un caso idéntico...", citando la ubicación de dichos precedentes para permitir el fácil acceso del sentenciante y la contraparte, estimo que tal acuse no puede tener andamiento en esta instancia, pues los dichos de uno y otro letrado obedecen a lo encendido de sus defensas, quedando la cuestión ética para ser resuelta por el respectivo Colegio de Abogados que los cuente en sus matrículas. Así lo voto.

Por respeto al vocal que me precedió en el voto, he de referirme a la cuestión por él señalada en orden a la relación de consumo habida entre el fallecido R y "L. S. Coop. Lim. de S. G.". En tal sentido debo advertir que la cuestión no ha sido materia de agravio.

Así también, que resulta resorte exclusivo de los herederos del Sr. R realizar la denuncia pertinente por ante el organismo administrativo pertinente.

De idéntica manera, estimo que no corresponde a este Cuerpo suplir la actividad ni de la autoridad de aplicación ni del particular interesado ni de las asociaciones de defensa de los usuarios y consumidores, siendo que conforme lo dispuesto por el art. 45 primer párrafo de la Ley 24.240 se establece que la autoridad de aplicación actuará de oficio, o por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores (éste último supuesto en obvia alusión a asociaciones de consumidores y usuarios que menciona el art. 42 segundo párrafo in fine de la Constitución Nacional y reglamentan los arts. 55 y siguientes de la propia Ley 24.240), siendo los mencionados los únicos habilitados para excitar la actuación de la autoridad de aplicación, entre los cuales no se encuentran los órganos judiciales, todo ello sin perjuicio de la aplicación -por parte de este Cuerpo- de los principios estructurados en defensa del consumidor (v.g. art. 37 Ley 24.240), fin último que justifica su existencia.

Por último, he de referirme a la apelación deducida contra los porcentajes fijados como honorarios a los letrados intervinientes. A tal fin, apreciada la labor desarrollada en base a las disposiciones del art. 6 del Arancel, en especial, el mérito, eficacia, extensión de las tareas y el resultado obtenido, concluyo que los mismos no son elevados y deben ser confirmados, en razón de ajustarse a derecho. Asimismo y sobre las mismas pautas, corresponde se confirmen los emolumentos fijados a los Dres. B N y G M.

Con relación a la apelación articulada por el perito accidentológico a fs. 228, siguiendo la pauta dispuesta por el tercer párrafo del art. 61 de la Ley del Arancel antes citada, y estimando acertada la apreciación formulada por el sentenciante en el punto C) de la parte resolutiva de su sentencia (v. fs. 222vta.), entiendo que los mismos deben ser confirmados y así lo voto.

Diferente suerte debe correr el agravio deducido por la citada en garantía a fs. 255 punto IV) en orden a las sumas que por honorarios fueran reguladas a favor del perito médico.

En efecto y por imposición del tercer párrafo del art. 61 de la Ley del Arancel Nro. 2200 (t.o. Ley 4335), observo una desproporción en la regulación atacada, debiendo entonces apartarnos del criterio sustentado en el párrafo primero del artículo citado y reducirlos, toda vez que la intervención del profesional se limitó a evaluar los eventuales daños sufridos por el Sr. L A R, los que deberán estipularse en el 4 % del monto condenado a favor del nombrado en concepto de daño moral. Así lo voto.

A idéntica cuestión, el Dr. Magallanes dijo:

Entiendo que la primera cuestión a resolver es sobre la inconstitucionalidad o no, en el caso de autos, de la Resolución Nº 21.999/92 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Para delimitar el tema en debate debo aclarar que el 29 de diciembre de 1992 la Superintendencia de Seguros de la Nación dictó la Resolución General Nº 21.999/92, la cual fija las condiciones que debe reunir el seguro obligatorio; en su art. 1º dispuso que el mismo deberá cubrir la responsabilidad en que se incurra por el vehículo objeto del seguro con límites mínimos de $30.000, si se trata de muerte o incapacidad total y permanente y para resarcir incapacidades parciales y permanentes, por la suma equivalente al porcentaje de incapacidad padecida sobre el monto previsto para el caso de muerte o incapacidad total o permanente.

Tiempo después, el 23 de diciembre de 1994 se sancionó la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, cuyo art. 68 establece que "todo automotor, acoplado o semi acoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no".

A continuación en el año 1998 por Circular 3.809 la Superintendencia de Seguros de la Nación comunicó a las compañías de seguros que debe considerarse que la Resolución General Nº 21999/92 es reglamentaria del art. 68 de la Ley Nacional de Transito.

Consumada dicha introducción, comparto el argumento esgrimido por el Dr. Flass, en el sentido que la Resolución General Nº 21.999/92 establece montos mínimos de cobertura y en el asunto que nos ocupa es claro que lo que se discute es la existencia de límites máximo de cobertura, por la que carece de virtualidad la declaración o no de inconstitucionalidad de la referida resolución.

Resuelto así el planteo precedente, comienzo el estudio de otra de las cuestiones por las cuales he sido convocado.

Habiendo los votantes precedentes descartado como temeraria o maliciosa la conducta del Dr. G L, entendiendo que en el ejercicio del derecho de defensa pueden tolerarse la inconveniencia de ciertas expresiones en una confrontación de opiniones, por lo cual supongo que las expresiones vertidas por dicho profesional resultaron ser de la utilización de un lenguaje llano y frontal, jamás sobre la base de un discurso que pretendió ridiculizar a sus colegas.

Por lo expuesto, considero que no corresponde testar ninguna de las expresiones vertidas por el Dr. G L, ni corresponde apercibimiento alguno a dicho profesional.

Respecto de la última cuestión por la cual se me ha dado intervención en los presentes, pienso que no corresponde librar oficio a la Dirección General de Industria y Comercio de la Provincia del Chubut, porque la autoridad de aplicación establecida en la Ley Nº 24.240 puede actuar de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores (art. 45); por lo que considero que dicha actividad no puede ser suplida por el órgano judicial.

A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Flass dijo:

Atento lo manifestado al votar a la primera cuestión, propongo: 1) TESTAR, dejando expresa constancia los siguientes párrafos: "....con la prepotencia y soberbia que los caracteriza y que utilizan para tapar sus desconocimientos jurídicos" (fs. 261 vta.); "....o - lo que es peor aún- para esconder sus propias carencias..." (fs. 262); 2) APERCIBIR al Dr. R T G L para que se abstenga, en el futuro de incurrir en expresiones similares;

4) OFICIAR a la Dirección General de Industria y Comercio de la Provincia del Chubut, adjuntando copia del contrato de seguros a los efectos de lo dispuesto en el Capitulo XII;

4) CONFIRMAR la sentencia recurrida, modificándola en cuanto al monto fijado en concepto de honorarios al perito médico Dr. A M, los que se regulan en un 4% del monto determinado en concepto de Daño Moral a favor del Sr. L A R;

5) IMPONER LAS COSTAS de la presente instancia en el orden causado (art. 71 CPCC); 6) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. R T G L en un 7,5% y los de los Dres. A M I y G S, en conjunto y proporción de ley, en un 5%, con más el IVA pertinente, y a calcular sobre el monto del juicio que se determine (art. 14 Dec. Ley 2.200), 7) TENER presente la reserva del Caso Federal.

A la misma cuestión, el Dr. Früchtenicht, dijo:

Por los fundamentos expuestos, estimo que corresponde: I.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 01 de febrero de 2007, registrada bajo el Nro. 01 del corriente año, que luce a fs. 214/222, modificándola en cuanto a los honorarios del perito médico los que se fijan, en definitiva, en un 4% del monto condenado en concepto de daño moral a favor del Sr. L R; II.- DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD de la Resolución 21.999/92 de la Superintendencia de Seguros de la Nación;

III.- TENER PRESENTE la reserva del caso federal; IV.- IMPONER las costas de esta instancia al demandado (art. 68 CPCC) ; y V.- REGULAR los honorarios del Dr. R T G L en un 7,5% y los de los Dres. G S y A M I, en conjunto y proporción de ley, en un 5%, con más el IVA pertinente, y a calcular sobre el monto de juicio que se determine (art. 14 Dec. Ley 2.200).

A la misma cuestión, el Dr. Magallanes dijo:

Atento lo que manifestara al emitir mi voto sobre los puntos motivo de disidencia entre los Sres. Jueces de Cámara Jorge Luis Früchtenicht y Günther Enrique Flass y por los que se me diera intervención en autos, entiendo que:

1) CARECE de virtualidad la declaración o no de la inconstitucionalidad de la resolución N° 21.999/92; 2) NO CORRESPONDE testar ni apercibir al Dr. G L por las expresiones vertidas; y 3) NO LIBRAR oficio a la Dirección de Industria y Comercia de la Provincia del Chubut, conforme a lo expuesto en el considerando pertinente.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

-S E N T E N C I A--- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:

I.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 01 de febrero de 2007, registrada bajo el N° 01 del corriente año, que luce a fs. 214/222, modificándola en cuanto a los honorarios del perito médico los que se fijan, en definitiva, en un 4% del monto condenado en concepto de daño moral a favor del Sr. L R.

II.- IMPONER las costas de esta instancia al demandado (art. 68 CPCC), regulando los honorarios del Dr. R T G L en un 7,5% y los de los Dres. G S y A M I, en conjunto y proporción de ley, en un 5%, con más el IVA pertinente, y a calcular sobre el monto de juicio que se determine (art. 14 Dec. Ley 2.200).

III.- TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

IV.- REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta con el Tribunal integrado con el Sr. Juez de Ejecución, Dr. Omar H. Magallanes, por haber sido recusado el Dr. Benjamín Moisá y encontrarse inhibido el Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Laboral (arts. 8 y 9 Ley 1.130, texto según Ley 4.550 y Acuerdo Plenario Nº 3.650/07 del STJ).

JORGE LUIS FRÜCHTENICHT (en disidencia parcial) GÜNTHER ENRIQUE FLASS OMAR H. MAGALLANES (en disidencia parcial) (en disidencia parcial) REGISTRADA BAJO EL N° 44 DEL AÑO 2007. CONSTE. Zulma Graciela Albornoz Secretaria.