Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-30


NEUQUEN, 30 de diciembre de 2014.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "MONTAÑO TORRICO WILFREDO C/ TORO NAVARRETE CARLOS HERNAN S/ D.Y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE", (Expte. Nº 399592/2009), venidos en apelación del Juzgado Civil n° 1 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo:

I.- Ambas partes y la aseguradora citada en garantía interponen recursos de apelación contra la sentencia de fs. 397/408 vta., que hace lugar parcialmente a la demanda, distribuyendo las costas procesales en un 70% para la demandada y citada en garantía, y en un 30% para la parte actora.

El perito ... apela los honorarios regulados a su favor, por bajos.

a) La aseguradora citada en garantía desiste del recurso interpuesto a fs. 429/430.

b) 1.- La parte actora se agravia por la atribución de responsabilidad en la producción del siniestro.

Dice que la sentenciante de grado imputa un 30% de responsabilidad al actor por considerar que circulaba bajo los efectos del alcohol, destacando que en autos no se encuentra acreditada esta circunstancia, atento que no se realizó al accionante dosaje de alcoholemia.

Agrega que la sentencia reconoce que el actor ingresó a la encrucijada por la derecha, y que no se encuentra probado el exceso de velocidad atribuido al demandante. Cita jurisprudencia de esta Sala II referida a la prioridad de paso.

Reitera que no surge de las pruebas obrantes en autos que el actor condujera su birodado en estado de ebriedad. Solamente consta que tiene aliento etílico al momento de ingresar a la guardia del hospital, señalando que la a quo confunde aliento etílico con ebriedad. Realiza consideraciones sobre los efectos del alcohol en las personas, y cita jurisprudencia.

2.- Sostiene, con relación a la legislación aplicable, que, contrariamente a lo realizado por la jueza de grado, se debe partir del imperativo del art. 1.113 del Código Civil, cuya aplicación no fue cuestionada por la demandada.

Dice que la culpa de la víctima no puede ser presumida, con cita de doctrina y jurisprudencia.

Sigue diciendo que al haber aseverado el demandado la culpa del actor, la carga probatoria pesa sobre esa parte, entendiendo que los demandados no han probado la ruptura del nexo causal.

Afirma que el accidente se ha producido por la exclusiva culpa del demandado, quién embiste la motocicleta en la que circulaba el actor, violando la prioridad de paso del que llega al cruce desde la derecha.

3.- Se agravia por el rechazo de la indemnización por daño físico.

Dice que no se ajusta a las constancias de la causa que no exista lesión alguna como consecuencia del accidente, ya que el informe del Hospital reza: "al examen presenta politraumatismos varios leves", constatando posteriormente el perito que el actor sufrió un traumatismo de cadera que limita su movilidad.

Realiza consideraciones sobre la atención que se recibe en la guardia de un hospital y sobre la validez del dictamen pericial.

4.- Formula queja por la cuantía de la indemnización por daño moral, a la que considera reducida. Cita jurisprudencia.

5.- Se queja por el monto fijado en concepto de gastos de farmacia, radiografías, traslado y vestimenta, al que considera bajo.

6.- Se agravia por la imposición de pago de la tasa de justicia y la contribución al Colegio de Abogados a la parte actora por la diferencia entre el monto reclamado en la demanda y el de condena.

Cita jurisprudencia de esta Sala II referida a la base regulatoria en los juicios por daños y perjuicios.

Dice que el actor cuenta con beneficio de litigar sin gastos concedido en fecha 2 de agosto de 2013, por lo que se encuentra exento del pago de costas y otros gastos judiciales.

7.- Hace reserva del caso federal.

c) 1.- El demandado se agravia por la atribución de responsabilidad en un 70% a su parte.

Dice que fue la conducta del actor de conducir bajos los efectos del alcohol la que le impidió mantener el control de su rodado y efectuar la maniobra pertinente para evitar la colisión.

Sigue diciendo que la jueza de grado no ha hecho una ajustada valoración de la prueba ya que la colisión se podría haber evitado, tratándose de una arteria de una sola mano, con una simple maniobra de paso, aminorando la velocidad, toda vez que tenía lugar de sobre para evitar el impacto.

Señala que el aliento etílico genera una presunción grave, y el hecho que evadiera el examen de alcoholemia agrava la presunción.

Afirma que los vehículos no llegaron simultáneamente a la encrucijada, sino que el demandado ya había cruzado casi en su totalidad.

Advierte sobre que la arteria por la que circulaba el demandado es de doble mano, circunstancia que requería mayor prudencia por parte del actor para trasponer el cruce.

Cita jurisprudencia.

2.- Cuestiona la procedencia de la indemnización por daño moral cuando no existe daño físico, habiéndose acreditado sólo daño material. Cita jurisprudencia.

d) La parte actora contesta el traslado de la expresión de agravios a fs. 448/451.

Sostiene que la pieza procesal no reúne los recaudos requeridos por el art. 265 del CPCyC.

Subsidiariamente rebate los agravios, remitiéndose a sus propios agravios.

e) La aseguradora citada en garantía contesta el traslado de la expresión de agravios de la parte actora a fs. 452/456.

Dice que de la prueba testimonial surge la condición en la que conducía el actor, con transcripción de parte de los testimonios.

Con relación al daño físico sostiene que el informe pericial sólo indica que el actor padece una limitación de cadera, sin aportar elemento objetivo alguno que permita relacionar esta limitación con el accidente. En tanto que el informe del Hospital Provincial Neuquén da cuenta que el actor presentó politraumatismos leves y que las placas que le fueron realizadas resultaron normales.

Recuerda que la carga de la prueba de la incapacidad pretendida pesa sobre el actor.

Defiende el monto de la indemnización por daño moral determinado en la sentencia recurrida.

Con relación a los gastos de asistencia médica, farmacia, radiografías, traslados y vestimenta afirma que no existen pruebas que permitan admitir una mayor cuantía que la fijada por la a quo.

En lo que respecta al pago de tasa de justicia y contribución al Colegio de Abogados señala que si para el actor resulta infundado el pago sobre la diferencia, cuanto mayor sería imponérselo a la parte demandada por un acto unilateral propio de la demandante. Agrega que el actor ha concurrido a juicio con la debida asistencia letrada, y tiene que hacerse cargo de sus actos.

f) La parte demandada no contesta el traslado de los agravios formulados por el actor.

II.- La sentencia de grado encuadra jurídicamente la controversia de autos en el art. 1.113 del Código Civil.

Partiendo de esta norma, considerando que ambos rodados partícipes del siniestro generan riesgo, y toda vez que los protagonistas se endilgan culpas mutuamente, la jueza de grado determina que corresponde a cada uno de ellos acreditar la causal de eximición de responsabilidad que invocan.

De ello se sigue que, en realidad, la sentencia recurrida aplica el art. 1.113 del Código Civil, pero sin considerar que una sola parte es generadora de riesgo.

Por ende, no existe violación de las normas que rigen la carga de la prueba, sino que cada una de las partes deberá acreditar el hecho o la condición eximente de responsabilidad que atribuye a la otra.

Sentado lo anterior, de la pericia técnica acompañada a esta causa surge que la prioridad de paso en la encrucijada la tenía el vehículo del actor.

Si bien la parte demandada insiste en que ya había traspuesto la casi totalidad del cruce y que es embestido en la parte posterior del vehículo, nada de ello se encuentra probado. El perito dice que los daños del vehículo de la parte demandada se ubicarían (condicional) en el guardabarros derecho trasero, no existiendo constancia alguna que el experto haya tenido a la vista dicho vehículo o fotos de los daños producidos (fs. 261). Tampoco la ubicación del lugar del impacto resulta relevante a tal fin, ya que no surge claramente ni del croquis policial (fs. 154 vta.) ni de la pericia en accidentología (fs. 260) que el vehículo de la parte demandada haya sido embestido en su parte posterior.

El testigo Barros (acta de fs. 210/vta.), acompañante del demandado en el momento del accidente, es el único que aporta el dato referido a que el impacto se produjo en la parte trasera, "atrás de las duales".

Teniendo en cuenta que dicho testigo declara ser compañero de trabajo del demandado desde hace 5 años (al momento de la declaración), y que no existe ninguna otra prueba que avale sus dichos, éstos deben ser considerados con reserva.

Por otra parte, el lugar del impacto tampoco es causal de declinación de la prioridad de paso de quién llega al cruce de calles por la derecha. Conforme lo señala la a quo, considerando que no se encuentra probado que el demandante circulara a velocidad excesiva, y que el demandado afirma que conducía a velocidad precautoria, éste último debió advertir la presencia del motociclista que se acercaba a la encrucijada, siendo su obligación frenar para cederle el paso, y no lo hizo, por lo que no puede ser eximido de responsabilidad en el acaecimiento del accidente.

Ahora bien, la sentencia apelada atribuye responsabilidad parcial (30%) al actor basada en la constatación de aliento etílico.

Ciertamente aliento etílico no es igual a ebriedad, sino solamente signo de que se ha ingerido alguna bebida alcohólica. Asiste razón en este aspecto a la parte actora respecto a que solamente el dosaje de alcohol en sangre es la prueba que permite conocer si la persona supera o no la dosis de ingesta de bebidas alcohólicas permitida por la legislación (si bien se analiza la posibilidad de establecer la denominada tolerancia cero para los conductores, ésta aún no es norma vigente).

Los informes producidos por el Jefe del Servicio de Emergencias del Hospital Provincial Neuquén (nosocomio al que fue derivado el accionante) no son coincidentes. Así, a fs. 94, se informa "paciente con aliento etílico. paciente muy excitado que agrede verbalmente a todo el personal, se da a la fuga". A fs. 139 se informa "paciente. con aliento etílico. se retira voluntariamente, sin indicación médica, después de agredir verbalmente a todo el personal del servicio". A fs. 145 nada se dice del aliento etílico, solamente se señala, en lo que aquí interesa, "el paciente se retira voluntariamente sin la indicación médica". Finalmente a fs. 175 el mismo profesional señala "paciente. en estado de ebriedad. se retira voluntariamente sin indicación médica, realizando múltiples agresiones verbales a todo el personal del servicio".

La jurisprudencia no otorga relevancia a la indicación de aliento etílico. Así, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Sala G, autos "Vázquez c/ Del Pino y otros", 13/4/2011, LL on line AR/JUR/13695/2011) ha dicho que "la ebriedad, al constituir un factor decisivo para la determinación de las culpas, debe encontrarse cabalmente acreditada mediante medios probatorios fehacientes, de ahí que resulte necesario en todos los casos, y particularmente cuando se trate de daños contra las personas, analizar con máxima detención los resultados del laboratorio, el examen clínico del individuo, las declaraciones testimoniales relativas a su estado físico y psíquico, las declaraciones del personal policial o forense, etcétera. Se ha dicho que un grado de alcoholemia, inferior al que el código de tránsito establece como límite para conducir en la vía pública, y sin ningún otro dato (ya clínico, ya de su comportamiento en los momentos previos al accidente) no es posible afirmar, con la necesaria certeza judicial que el individuo se encontraba ebrio o que su ingesta alcohólica incidiera en la producción del suceso dañoso. La circunstancia de que el conductor del rodado embestido tuviera presencia de alcohol en la sangre es un dato de resultado equívoco, ya que no todos los sujetos reaccionan de igual manera a la ingesta. Comparto el criterio que considera que para presumir la culpa de quién conduce en estado de ebriedad, no basta con la comprobación de la alcoholización en si misma, sino que lo esencial es determinar si ese estado actuó como causa determinante del accidente. En el caso, si bien es cierto que el médico policial consignó que al momento del examen presentaba aliento etílico, aclaró que estaba orientado en tiempo y espacio, lo que demuestra claramente que no estaba en estado de ebriedad, y muchos menos que superara el límite establecido por las normas de tránsito vigentes".

Este mismo criterio ha sido sostenido por esta Sala II en distinta y actual composición (autos "Carrasco c/ Curinao", P.S. 2010-V, n° 156; "Correa c/ Sanso", P.S. 2013-V, n° 160; "Kinan c/ Troncoso", P.S. 2013-II, n° 70).

Debe quedar claro que no se trata de restar importancia a los efectos del alcohol sobre la conducta humana, y concretamente en la de los conductores de vehículos, y las graves consecuencias que ello puede acarrear; sino de una cuestión de prueba. Encontrándose actualmente autorizado conducir con un mínimo porcentaje de alcohol en sangre, debe acreditarse fehacientemente que se ha superado esa barrera y, además, que esta circunstancia es causa exclusiva o concausa del hecho dañoso.

Adviértase que en autos, fuera de los informes del Jefe del Servicio de Emergencias del Hospital Provincial Neuquén (sin respaldo de pruebas de laboratorio) no existe ningún otro elemento que nos permita conocer el grado de alcohol en sangre que presentaba el actor. El personal policial que intervino inmediatamente de producido el accidente nada dijo al respecto, y tampoco los testigos dan cuenta de actitudes en el actor que importen que éste no tenía dominio sobre su vehículo.

El testigo Sepúlveda (acta de fs. 208/209) señala que ".la moto impactó de lleno contra la camioneta. Aparentemente venía encandilado o no sé porque nunca frenó ni nada. Esto era de tarde como las 19:00 en ese momento estaba todo el sol de frente para el motociclista. en ese momento lo ví que venía en la moto, que chocó y quedó ahí..En ese momento oí que había gente, un transeúnte que decía que tenía olor a alcohol.". Por su parte el testigo Barros, ya citado en este fallo, dice: ".Tenía mucho olor a alcohol, nos insultaba y estaba enojado.".

Como vemos, el primero de los testigos citados hace referencia a dichos de terceros, y el segundo hace una apreciación subjetiva respecto del olor a alcohol.

Esta es la diferencia existente con el precedente "Millanier c/ Zalazar" (P.S. 2014-VIII, n° 211), fallado recientemente por esta Sala II, toda vez que allí los testigos daban cuenta de la maniobra que realizó el actor -ciclista- en instantes previos al choque, la que por su temeridad solamente se explica por la ebriedad que presentaba la víctima. En autos faltan esos otros elementos que permitan otorgar al estado de ebriedad -si es que éste existió- un papel determinante en la producción del accidente.

No puedo otorgar importancia a este fin a la conducta del demandante que insultaba a la gente que pretendía ayudarlo cuando se encontraba tendido en la calle, y posteriormente en el servicio de emergencias, toda vez que surge del informe pericial médico que esta es una característica de su personalidad.

Explica el perito médico de autos: "paciente muy difícil, responde con monosílabos, de mal humor, no colabora" (fs. 314).

Ante la falta de estos elementos mal puede responsabilizarse al actor por la producción del siniestro. Consecuentemente ha de revocarse el fallo de grado en cuanto distribuye la responsabilidad en el acaecimiento del siniestro en un 70% a cargo de la demandada y en un 30% a cargo de la actora, para responsabilizar exclusivamente a la parte demandada por el hecho dañoso.

III.- Se agravia la parte actora por el rechazo de la indemnización por daño físico.

La a quo ha entendido que no se encuentra acreditada la relación causal entre la incapacidad física constatada por el perito médico y el accidente de tránsito.

El perito médico determinó que el accionante es portador de un 10% de incapacidad como consecuencia de una limitación de cadera (fs. 315). Agrega el experto que la relación causal se estableció porque el accidente existió y consta en el hospital Neuquén y no hay constancia de otro evento traumático (fs. 315 vta.).

De acuerdo con lo informado por el Hospital Provincial Neuquén no existe constancia de atención médica en la historia clínica del actor como consecuencia del accidente de autos.

Los informes del servicio de emergencias del hospital referido dan cuenta que el actor presentó: traumatismo de tórax y de pelvis (fs. 94); politraumatismos varios leves, se piden placas, las mismas son normales (fs. 139); se le realizan los estudios correspondientes, no se observan lesiones óseas (fs. 145); politraumatismos leves, se piden placas, no se observan lesiones óseas (fs. 175).

Entiendo que en esta cuestión la decisión de la jueza de grado es correcta, toda vez que no existen elementos que permitan vincular mediante una relación causal adecuada a las lesiones sufridas en el accidente con la incapacidad actual. En el servicio de emergencias se le tomaron radiografías que no mostraron lesiones óseas, en tanto que el actor se retiró del hospital sin que se le otorgara un diagnóstico y las indicaciones pertinentes, no habiéndose acreditado que con posterioridad a esta atención médica inmediata posterior al accidente, el demandante hubiera concurrido a consulta médica, en cualquier otro servicio, por dolor o limitaciones en su cadera.

Consecuentemente, no puede conocerse si la secuela física que hoy presenta el demandante guarda relación causal adecuada con el hecho dañoso.

IV.- Con relación al importe fijado para reparar los gastos de asistencia médica y farmacia, teniendo en cuenta la entidad de las lesiones, que recibió asistencia en el hospital público y que no existen constancias de consultas posteriores, se estima adecuado a lo que podría haber erogado el accionante en analgésicos y materiales de curación.

V.- En lo concerniente al daño moral y conforme lo viene sosteniendo esta Sala II, aquél pretende reparar un detrimento que se traduce en una modificación disvaliosa del espíritu que, en palabras de Daniel Ramón Pizarro, importa una forma de estar diferente de aquella en la que la víctima se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial.

Si bien cuando existen hechos dañosos el daño moral generalmente se presume y surge de la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, cuando no ha existido daño físico debe haber alguna prueba, aunque sea indiciaria, respecto de la alteración del espíritu que genere aflicciones que la persona no tiene por qué soportar.

En autos los inconvenientes que puede haber padecido el actor como consecuencia del accidente se relacionan con los daños sufridos por su motocicleta, los que se encuentran reparados con la indemnización por privación de uso del automotor, no advirtiéndose que existan elementos que permitan entender que ha presentado esa alteración disvaliosa del espíritu, en su cotidianeidad, que repara el daño moral.

Por su parte el perito señala que el tiempo de convalecencia del actor fue de aproximadamente ocho días, no encontrándose acreditada, conforme ya se desarrolló, la existencia de secuelas incapacitantes.

Consecuentemente entiendo que el monto otorgado por la a quo en concepto de indemnización por daño moral resulta excesivo, asistiendo en esto razón a la parte demandada, por lo que entiendo conveniente reducir la reparación a la suma de $ 5.000,00, teniendo en cuenta que la a quo ha estimado el monto de este rubro en la suma de $ 7.000,00 (siendo el importe de $ 5.000,00 que consta en la sentencia de grado el proporcional al porcentaje de responsabilidad atribuido al demandado).

VI.- Teniendo en cuenta que la responsabilidad en la producción del siniestro se atribuye exclusivamente a la parte demandada, deben adecuarse los importes de las distintas indemnizaciones, toda vez que han sido calculadas, en la sentencia de grado, de acuerdo con el porcentaje de responsabilidad atribuido al accionado.

Por ende, la demanda progresa por los siguientes rubros e importes: a) daño moral, $ 5.000,00; b) gastos de asistencia médica, de farmacia, radiografías, traslados y vestimenta, $ 300,00; c) reparación de la motocicleta, $ 1.372,00; d) privación de uso del automotor, $ 1.000,00.

VII.- Se agravia la parte actora por la condena al pago de tasa de justicia y contribución al Colegio de Abogados sobre la diferencia entre el monto de demanda ($ 169.872,00) y el capital de condena ($ 7.672,00).

La revocación parcial del fallo de grado, en lo que respecta a la atribución de responsabilidad, obliga a analizar la imposición de las costas procesales por la actuación en la primera instancia (art. 279, CPCyC).

Si bien me he manifestado a favor de respetar el principio objetivo de la derrota en las cuestiones sobre daños y perjuicios, aún cuando la demanda progrese parcialmente en lo atinente a los rubros indemnizatorios, en virtud de la integralidad del resarcimiento debido a la víctima, la desproporción existente entre el monto reclamado en la demanda y el capital de condena, obliga a efectuar un nuevo análisis del tema.

La jurisprudencia ha resuelto, en el marco de una acción de daños y perjuicios, que las costas del proceso deben ser distribuidas entre las partes (en el caso, 80% para la demandada y 20% para la parte actora), pues si bien la demandante resultó ganadora en lo esencial del reclamo debe tenerse en cuenta la disparidad entre la suma pretendida y la definitivamente obtenida (cfr. Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Federal, Sala I, "Bazan c/ Edesur S.A.", 25/3/2010, LL on line AR/JUR/14070/2010)). De igual modo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, determinó, en un juicio por daños y perjuicios, que corresponde apartarse del principio que las costas integran el resarcimiento y deben imponerse al ganancioso aún cuando la demanda no prospere íntegramente, si aparecen reclamos indebidos o desmesurados (autos "Lais Suárez c/ Cons. de Prop. Av. del Libertador 8328/30", 13/6/2007, LL 2007-F, pág. 669). Por su parte, la Cámara de Apelaciones del Noreste de Chubut, Sala A, también se apartó del principio que las costas integran el resarcimiento y las impuso al accionante, cuando son rechazadas exigencias resarcitorias injustificadas o son reducidas drásticamente aquellas que, siendo procedentes, han sido sin embargo formuladas por un monto exagerado (autos "Pérez c/ Quesada", 25/10/2006, LL on line AR/JUR/11375/2006).

En autos se ha rechazado los rubros daño físico estimado en $ 80.000,00; daño psíquico por $ 20.000,00; gastos por tratamiento psicoterapéutico ($ 15.000,00) y por tratamientos médicos futuros ($ 5.000,00). En cuanto a los rubros que han prosperado, lo han sido por importes sensiblemente menores a los reclamados por el actor. Así se pretendía por gastos de farmacia, radiografías, asistencia médica y elementos ortopédicos, traslados y vestimenta, la suma de $ 5.530,00, progresando la demanda por este concepto por la suma de $ 300,00; por daño moral se reclamó la suma de $ 40.000,00, progresando la indemnización por $ 5.000,00; por privación de uso del automotor se requirió una indemnización de $ 3.000,00, habiéndose otorgado $ 1.000,00; coincidiendo únicamente demanda y sentencia en los gastos de reparación del automotor.

En definitiva, la demanda ha prosperado por un poco más del 4% del monto pretendido. En estos términos, entiendo que las costas por la primera instancia debieran ser impuestas en el orden causado (art. 71, CPCyC), pero en virtud de la regla que prohíbe la reformatio in pejus se han de mantener en la distribución efectuada en primera instancia: 70% para la parte demandada y 30% para la parte actora.

Teniendo en cuenta que la disparidad entre el monto de demanda y el de condena ha sido tenida en cuenta para distribuir las costas, el pago de la tasa de justicia y de la contribución al Colegio de Abogados debe hacerse respetando los porcentajes en que cada parte ha de asumir el pago de los gastos del proceso.

VIII.- El perito médico apela sus honorarios fijados en un JUS por considerarlos bajos.

Analizada la labor del profesional médico, entiendo que no pueden equipararse sus emolumentos a los del perito ingeniero toda vez que la pericia presentada por el primero contiene defectos de fundamentación que la tornan inútil como asesoramiento válido a las partes y el juez, a punto tal que ello ha sido la causa de la desestimación del reclamo por daño físico.

No obstante ello se advierte que el honorario fijado en primera instancia resulta exiguo para cubrir los gastos incurridos por el perito, por lo que lo he de elevar a dos JUS, conforme valor vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia.

IX.- En mérito a lo antedicho, propongo al Acuerdo hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación planteados en autos y modificar, también parcialmente, la sentencia apelada, incrementando el capital de condena, el que se fija en la suma de $ 7.672,00; fijando los honorarios del perito médico en dos JUS, conforme valor vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia, y dejando sin efecto lo dispuestos en el apartado 4) de la parte resolutiva, con excepción del plazo para el pago de los tributos y el apercibimiento establecido, confirmándola en lo demás que ha sido materia de agravios.

Las costas por la actuación en la presente instancia, en atención al éxito obtenido, se imponen en el orden causado (art. 71, CPCyC), fijando los honorarios de los profesionales intervinientes en el 30% de los que se determinen para la actuación en la instancia de grado (art. 15, Ley 1.594).

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta SALA II, RESUELVE:

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 397/408 vta., incrementando el capital de condena, el que se fija en la suma de $ 7.672,00; fijando los honorarios del perito médico en dos JUS, conforme valor vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia, y dejando sin efecto lo dispuesto en el apartado 4) de la parte resolutiva, con excepción del plazo para el pago de los tributos y el apercibimiento establecido, confirmándola en lo demás que ha sido materia de agravios.

II.- Imponer las costas por la actuación en la presente instancia, en atención al éxito obtenido, en el orden causado (art. 71, CPCyC), fijando los honorarios de los profesionales intervinientes en el 30% de los que se determinen para la actuación en la instancia de grado (art. 15, Ley 1.594).

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA.