Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2006-04-11


Corrientes, abril 11 de 2006 Los doctores Farizano, Rubín, Semhan y Codello, dijeron:

I. Que por Acuerdo Nº 25/05 pto. 18º), este Superior Tribunal de Justicia decidió correr traslado al Señor Juez Civil y Comercial de Santo Tomé Doctor C. D. B. E. de las irregularidades detectadas en la Inspección llevada adelante por el Señor Presidente Doctor Eduardo Antonio Farizano, con relación a cuatro órdenes de hechos: en primer lugar los turnos de los Juzgados Civiles, consistentes en el ingreso y reserva de expedientes cuando el juzgado no estaba en turno; en segundo término la omisión del llamamiento de autos para sentencia cuando el expediente se encuentra en estado de resolver; en tercer término por las irregularidades en la tramitación de los procesos de Amparos y en cuarto y último término falta de notificación de los conjueces sorteados para entender en las diversas causas donde el Doctor De Biasse Echevarría se encontraba inhibido.

En cuanto al primer cargo, sostuvo el Tribunal que la inspección habría observado causas que, de acuerdo con los registros de mesa de entradas, no tenían vínculo con ningún expediente. Surgiendo, que el turno del Juzgado Civil y Comercial (con competencia en Familia y Menores) del cual el Doctor D. B. E. es el titular, duraba poco tiempo y que cuando le correspondía entrar de turno, computaba los ingresados y reservados fuera del mismo, que en su mayoría se trataban de informaciones sumarias, beneficios de litigar sin gastos, oficios, etc., es decir de menor complejidad, así, cuando le tocaba el turno al Juzgado Civil, Comercial y Laboral -vacante- ingresaban las de mayor entidad o complicación como ser las quiebras, acciones de daños y perjuicios, prescripción y otras. Se dijo que la conducta del Magistrado era violatoria de las reglamentaciones vigentes.

Con relación al segundo cargo, se expresó que la información de llamamiento de autos no era fidedigna y no reflejaba la verdadera situación del juzgado, ello, porque se encontraron en el casillero, expedientes en condiciones de resolverse que no tenían llamamiento de autos para sentencia, detectándose además irregularidades en la suspensión de los llamamientos de autos, al dictarse en algunos casos medidas para mejor proveer innecesarias, con fines dilatorios.

En cuanto al tercer cargo, el reproche se refiere a las irregularidades en el trámite impetrados a los procesos de amparos, con clara inobservancia de la normativa vigente (Ley 2903 y art. 321 del C.P.C. y C.).

En punto al cuarto cargo, se constataron numerosas causas sin juez a cargo, ya sea porque habiendo sido sorteados no fueron debidamente notificados por el Tribunal o que habiendo sido notificados no habrían tomados posesión del mismo, sin ninguna posterior intervención o medida por el Tribunal, lo que importaría una denegación de justicia.

II. Que en su memorial de defensa agregado a fs. 209/225, el Magistrado sostiene:

En relación al turno del Juzgado Civil, Comercial (con competencia en Menores y Familia): que jamás ordenó a personal de Mesa de Entradas que se reserven y/o reciban expedientes cuando el Juzgado no esté en turno, salvo los casos de que guardara relación con causa en trámite por ante ese Juzgado y/o que llegara por recusación o excusación de jueces o que se tratare de actuaciones que por la materia (menores o familia) el juzgado era competente.

Reconoce haber instruido al personal desde el 1 de diciembre del año 2002, de que todo expediente que tenga relación a temas de familia o de menores, sean estos, informaciones sumarias o no, deben ingresar al Tribunal por la competencia otorgada por Acuerdo Nº 28/02, pto. 3 y que tales ingresos de expedientes no pueden ser contabilizados para el turno, admitiendo la existencia del error involuntario por parte del personal encargado del registro. Con relación a los oficios, que se cuentan como expedientes, lo justifica como una costumbre inveterada del juzgado.

En punto al cargo de que se impide el ingreso de expedientes de mayor complejidad en el juzgado donde es titular, lo niega, alegando que también era la modalidad del anterior Juez. Manifiesta asimismo que no es su obligación revisar la actividad de su Personal, más aún cuando tienen una trayectoria de más de 10 años en la función, por lo que no es admisible que cometan gruesos errores o no interpreten correctamente las instrucciones que le son impartidas.

En relación al Libro de Llamamiento de Autos, niega el cargo, sosteniendo que toda suspensión estaba orientada a una adecuada administración de justicia y al cumplimiento estricto de la ley. Destacando que jamás impartió indicaciones y/ instrucciones tendiente a evitar que los expedientes que se encuentran en estado para sentencia y/o resoluciones, no pasen a despacho. Señala además que los expedientes que supuestamente se encontraban en el casillero, no le son imputables, atento a la imposibilidad material y física de control en forma personal dicha situación por el cúmulo y todas las tareas que realiza en forma indelegable, detallando a continuación algunas causas y las razones de la suspensión del llamamiento ordenada, como así también la estadística de los juzgados.

Niega el Magistrado también el cargo en cuanto a la irregularidad en el trámite de los procesos de amparos, aduciendo que todos tuvieron el mismo tratamiento y se sustanciaron bajo el mismo procedimiento.

III. Que en primer lugar cabe destacar que los propios dichos del Doctor D. B. E., reconociendo las irregularidades -en algunos casos- y en otros expresándose en forma contradictoria, no dejan duda alguna de los graves desvíos conceptuales del juez y que en modo alguno es aceptable achacar sus responsabilidades en sus dependiente, cuando es sabido que el Juez goza de todas las facultades para controlar la conducta de estos (art. 33 inc. c) de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia). No pudo el juez haber permanecido impasible ante maniobras que provocan la trasgresión de normas legales o reglamentarias o que buscan alterar las imprescindibles condiciones de un procedimiento imparcial y de acuerdo a la ley.

Que, las argumentaciones expresadas en su defensa por el Doctor D. B. E., no guarda correlación, ni logra desvirtuar los hechos que se han probado durante la Inspección llevada a cabo. No queda dudas que el magistrado tenía pleno conocimiento de los procedimientos desviados y en el supuesto de tratarse de prácticas arraigadas, como lo manifiesta, debió adoptar las medidas conducentes para encaminarlas y no lo hizo. Es decir, no tomó ninguna actitud funcional frente a hechos que afectaban la función jurisdiccional.

Repárese que los hechos que dice haber tomado conocimiento con posterioridad al dictado del Acuerdo Nº 25/05, conforme lo señala el Señor Juez en su memorial de descargo, se presentan de por sí como irregulares, cuanto menos hubiera exigido en forma inmediata la formación de actuaciones al respecto, con comunicación a este Tribunal.

En el obrar del magistrado se advierte una actitud reñida con el ordenamiento jurídico y pretende desvirtuar ahora con el pretenso desconocimiento de los hechos, más aún cuando es la máxima autoridad del Juzgado y sus obligaciones en ese sentido están impuestas por el sistema normativo con explícita claridad.

Que, el esfuerzo del magistrado al tratar de convencer sobre la manera y forma en que se realizaba el ingreso de los expedientes, el momento y oportunidad de los llamamientos de autos, las suspensiones de los mismos, como así también el trámite de las acciones de amparo y las notificaciones de la integración del Tribunal, no logran enervar los cargos que se le imputan, al contrario, reconoce -en el algunos casos- expresamente los mismos, todo lo cual quedan relegados ante las evidencias reunidas, habiéndose adoptado diversidad de acciones y omisiones con relevancia jurídica y en un claro perjuicio a los intereses de los justiciables.

Tal accionar es una muestra de la práctica defectuosa y equivocada de llevar adelante las tareas y la postura del magistrado de colocarse al margen de todo aquello que ocurría en los Juzgados a su cargo ya sea como titular o Subrogante, más aún cuando se trata de la figura del juez, quién es el encargado de velar: por la vigencia de la ley, por el contrario, evidencian un desempeño negligente, descuidado y desinteresado, por decisiones desacertadas, contrarias a las normas procesales, ley de Amparo, régimen de los turnos de los juzgados Civiles y Comerciales de Santo Tomé, lo que revela una grave falta de predisposición hacia la función judicial y adecuada gestión, con reiteradas conductas y actuaciones irregulares.

Que, el artículo 23 inc. 15 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia faculta al Superior Tribunal de Justicia a controlar la conducta y cumplimiento de los deberes y funciones de los Magistrados, a fin de garantizar inexcusablemente la correcta prestación del Servicio Judicial.

Que la repetición del juez incumpliendo sus obligaciones para el ejercicio de sus funciones y que como lo tiene dicho este Tribunal, existe responsabilidad administrativa de los magistrados, cuando media inobservancia de los deberes inherentes a su investidura, ejercicio impropio, como así también falta de cumplimiento de sus funciones o cuando cometen actos que perjudiquen el servicio de justicia, conducen a inferir un mal desempeño de sus funciones y a justificar la aplicación de una sanción pecuniaria consistente en una multa del 20 % de sus haberes mensuales.

El doctor Niz dijo:

Un examen minucioso de las actuaciones administrativas que se tiene a la vista, me llevan a compartir parcialmente la decisión que aconsejan mis pares. Propiciaré sancionar al Magistrado supervisado con la aplicación de multa, más no considero prudente, al no advertir una causa grave de incumplimiento funcional, la remisión de copias certificadas a la Cámara de Diputados.

En efecto, si bien es cierto que como Titular del Juzgado, el Juez debe velar por su buen funcionamiento; en el caso de la Mesa de Entradas y Salidas de expedientes -en relación a la imputación referida al cómputo de expedientes ingresados y reservados-; del trámite de los mismos -causas en casilleros en estado de ser resueltas-; y de su contralor -por ejemplo constatación de numerosos expedientes sin integración-; entiendo que no puede soslayarse la realidad diaria en el desenvolvimiento de las tareas propias de un juzgado de primera instancia, en el cual el Juez no puede materialmente controlar, supervisar todo lo que acaece alrededor.

Es que los Secretarios y empleados deben prestar la colaboración permanente, supervisando el primero las tareas de los segundos, examinando los expedientes, controlando los casilleros, los Libros y documentación del Tribunal e informando al Titular de todo lo que a diario acaece.

No se pretende soslayar con ello la responsabilidad funcional que cabe al magistrado, más si atenuar las sanciones de las que pueda ser pasible. Y a mi juicio, basta con la aplicación de la multa decidida en el caso concreto, no siendo necesario remitir copias certificadas de estos obrados a la Cámara de Diputados.

La decisión de remitir las actuaciones para que se analice la posibilidad de un juicio político debe ser producto de una análisis serio, fundando y motivado en causa grave, no en inconductas que, subjetivamente analizadas, escapan a un reproche culposo o doloso. Se requiere responsabilizar subjetivamente al Juez, no objetivamente de todo lo que acaece en la órbita diaria del ejercicio de la judicatura, se precisa gravedad en sus actos u omisiones. Proceder de otro modo genera un temor institucional, personal, que perturba el normal funcionamiento de la actividad jurisdiccional; determina el alejamiento del poder judicial de jueces probos y dignos; y hasta la posibilidad de remociones por disconformidad con el contenido de sus sentencias.

Cuando se afirma que el juicio político, como su nombre lo indica, es de naturaleza política, empléase esta palabra en su más elevado sentido, para referirse al esfuerzo constante de los ciudadanos para que sean realizados los fines declarados morales o económicos dentro de la Constitución. Hay que tener presente siempre que el juicio es político, aunque esto no debe entenderse como un incentivo para apartarlo de los dictados permanentes de la razón y de la justicia, ni para emplearlo como innoble arma de oposición o de venganza si los cargos que se formulan no están suficientemente probados. En relación a esto último debe decirse que el instrumento que se tiene entre manos no debe ser utilizado con fines ajenos a su recto destino, habida cuenta de los enconos que suele suscitar, por su misma índole, la labor de los jueces, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el magistrado. El proceso que se instaura, por consiguiente, parte de la consagración del principio republicano de Gobierno, por el cual todos los funcionarios, por ende los jueces, deben responder por los actos realizados en el desempeño de las funciones que les conciernen. (Doctrina: Linares Quintana: "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado", Parte Especial t. VIII, Poderes de Gobierno, Bs. As. 1963 p 472; González Calderón, Juan Antonio: "Curso de Derecho Constitucional", 6ta. ed. revisada y actualizada por Ernesto Miqueo Ferrero, Bs. As. 1974, p. 506).

Por lo tanto, no cualquier irregularidad amerita la posibilidad de un juicio político, sólo las que revisten gravedad suficiente. Y las del caso, escapan a mi juicio esa calificación, pudiendo sancionarse la actuación del magistrado en la forma ponderada por mis pares solamente a través de las facultades de Superintendencia del Cuerpo, haciéndole pasible de la multa que para cada caso se aconseja.

Por ello, habiendo dictaminado el Señor Fiscal General del Poder Judicial y por mayoría; se resuelve: 1) Aplicar una multa equivalente al 20% de su salario mensual al Sr. Juez Dr. H. C. D. B. E. por su actuación como Magistrado de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en Santo Tomé. 2) Atento a lo decidido en el Expte. Nº I-53-05, extráiganse copias certificadas de estos obrados para su remisión oportuna a la Cámara de Diputados de la Provincia. -Eduardo A. Farizano. -Carlos Rubín. -Guillermo H. Semhan. -Juan C. Codello. -Fernando A. Niz.