Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26


DELL'ELCE, Domingo N. contra CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 197 p 241-245. Santa Fe, 26 de mayo del año 2004.

VISTOS:

Los autos "DELL'ELCE, Domingo N. contra CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE -Cobro de Australes- sobre Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad" (Expte. C.S.J. nro. 370, año 2002), venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario interpuesto por el actor para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia del 23 de abril de 2003 (fs. 58/62); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante la sentencia impugnada, esta Corte resolvió desestimar la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra el pronunciamiento de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario que, a su turno, no había acogido los recursos interpuestos por aquél, confirmando, por ende, el rechazo de la demanda dispuesto en el fallo de primera instancia.

En su memorial recursivo, expresa que dicha resolución incurre en los mismos vicios que ostenta la sentencia de segundo grado contra la que fuera interpuesto el recurso de inconstitucionalidad local, generando con ello cuestión federal por violación de las garantías y principios de raigambre constitucional que enuncia.

Al alegar sobre la procedencia, observa que en aquélla no se ha hecho mérito de los agravios constitucionales sostenidos por su parte en ese remedio local, habiéndose repetido los argumentos que llevaron al tribunal a quo a la decisión viciada de arbitrariedad, por lo que la denegación de dicho recurso por esta Corte es dogmática e infundada.

En ese sentido, bajo la imputación de arbitrariedad, señala que no se ponderó el principal fundamento de la impugnación extraordinaria local, atinente a la violación de la garantía de defensa en juicio.

Recuerda los argumentos en que sustentó dicho agravio, los cuales consistían en la denuncia de que se tomaron como ciertos los dichos de la demandada, que no fueron probados por ésta, habiéndosele opuesto "una diligencia extraída de actuaciones extrañas", en las que no fue parte, introducidas por iniciativa judicial y sin su control, las cuales se encontraban incompletas, faltaban hojas, y se había alterado la foliación y la agregación cronológica de los escritos.

De tal modo, aduce, habiendo probado debidamente su derecho en autos, ha sido colocado en estado de indefensión al oponérsele elementos que no revisten el carácter de prueba, no obstante que fueron así considerados.

Manifiesta, asimismo, que se ha prescindido de las pruebas concluyentes y decisivas producidas por su parte (su participación en la jugada nro. 96/90 y la tenencia de la boleta con la apuesta ganadora; que la misma fue completada en la agencia interviniente sin que hubiera surgido anormalidad alguna; que la agencia entregó en término y sin anomalía alguna todas las boletas, incluida la suya; que en el procesamiento de la jugada su boleta apareció sola y separada de todas las demás boletas correspondientes a la ciudad de Rosario, con un tratamiento anormal que no fue justificado), las que no fueron descalificadas por ninguna prueba de la demandada.

Agrega que la sentencia atacada no consideró el agravio constitucional que ello había provocado y que constituía causa suficiente para conceder el recurso de inconstitucionalidad.

Por otro lado, acusa de dogmática la afirmación de este Tribunal de que para cuestionar la inconstitucionalidad del derecho que resulta aplicable al caso, no basta sólo con efectuar alegaciones genéricas, señalando que es inexacta y no tiene relación alguna con la exposición detallada de los fundamentos -los que transcribe- por los que se reprochó que la sentencia diera prevalencia a un reglamento por sobre las garantías constitucionales y la legislación de fondo de alcance nacional.

Se agravia del incumplimiento del deber de imparcialidad al favorecer a la contraparte -negligente- dispensándola sin causa alguna de la carga del onus probandi, en violación a las normas de procedimiento y a las garantías constitucionales.

Prosigue que tampoco fueron considerados sus argumentos relativos a que el sentenciante había asumido el rol de legislador, habiéndose recurrido a otra frase dogmática ("mera discrepancia interpretativa en torno a cuestiones de derecho") sin haberlos analizado pormenorizadamente, y de que la sentencia había sido fundada en hechos procesales inexistentes (la invocación de un "contradictorio" en las actuaciones extrañas que sirvieran de elemento de prueba).

Se queja, además, de que sin fundamento alguno se desecharon sus alegaciones de inexistencia de una "prueba pericial" y "causa penal" y de que no había sido preservado su derecho de defensa por el hecho de haber designado un delegado técnico; de que no se ponderaron las diversas acusaciones de autocontradicción endilgadas a la sentencia de la Sala; y de que bajo la dogmática frase de que "lo argumentado al respecto no logra conmover los fundamentos brindados en el decisorio", no fueron rebatidos sus planteos articulados.

Por último, también aduce que es dogmático lo aseverado en cuanto a que su parte no había desarrollado argumentos tendentes a fundar la concurrencia del supuesto del inciso 2do. del artículo 1ro. de la ley 7.055.

2. En el examen fundado de admisibilidad que debe efectuar este Cuerpo a fin de conceder o no -según corresponda- el remedio federal intentado, ha de concluirse en que el impugnante, con su postulación, no ha logrado perfilar eficazmente los vicios de arbitrariedad en que supuestamente habría incurrido esta Corte cuando, en el ejercicio de sus funciones privativas, resolvió rechazar el recurso directo deducido por aquél y, en consecuencia, no abrió la instancia extraordinaria local.

El compareciente invoca, en esencia, que la denegación del recurso por este Tribunal es dogmática e infundada ya que no fueron debidamente analizados los planteos que realizara contra la sentencia de la Cámara, pero lo cierto es que su reproche no tiene sustento suficiente a poco que se lo coteje con la sentencia atacada.

En efecto, contrariamente a lo que alega, de la lectura de ésta se desprende con toda claridad la destacada atención que se le prestó al agravio de violación a su derecho de defensa en relación al traslado de la pericia producida en sede penal, cuestión, ésta, que en su hora había sido evaluada y decidida por la Sala en sentido desfavorable al recurrente.

En ese orden, debe señalarse que en el fallo aparece plasmada nítidamente la confrontación entre el reproche esgrimido y la respuesta brindada por el Tribunal a quo, labor que necesariamente debe ser llevada a cabo por ese Organo a fin de determinar si el mismo reviste idoneidad para trasponer el umbral de la admisibilidad del recurso regulado en la ley 7.055.

Por ello, no es acertada la queja del impugnante de que se habría caído en una mera repetición de los argumentos del tribunal de segundo grado, toda vez que su mención en el pronunciamiento ha sido al sólo efecto de someter dicha fundamentación al test de constitucionalidad para juzgar si, prima facie, merecía ser invalidada en ese plano.

Con ese preciso propósito, aludió este Tribunal a lo sostenido por el A quo respecto a que en lo actuado en el fuero penal aparecería preservada la garantía del contradictorio del actor por haber tenido la ocasión de controlar la pericia debidamente (en referencia a la designación de un delegado técnico) pero con la aclaración, con cita de doctrina, de que aun las peritaciones practicadas sin intervención de parte a quien se oponen tienen un valor de indicio cuya gravedad aprecia el juez, coligiendo que dicha razón no lograba ser descalificada por el recurrente, quien no conseguía así persuadir de la configuración de una efectiva e insalvable afectación de su derecho de defensa en juicio en atención a su participación en sede penal y a la denunciada "incorporación de una diligencia extraída de extrañas actuaciones".

Tal objeción también alcanzaba, a criterio de este Cuerpo, a los otros argumentos vertidos al respecto, relativos a que el A quo habría incurrido en contradicción porque la prueba debería haber sido ratificada o repetida en estos autos y porque un indicio aislado no tendría fuerza de convicción, por traducir sólo una distinta postura en cuanto al valor probatorio del expediente penal -y en particular de la prueba pericial- en sede civil.

Lo expuesto patentiza que este Tribunal dio respuesta suficiente a la acusada vulneración de la mentada garantía constitucional y a los diversos reparos vinculados a la decisión de los juzgadores de ponderar dicho elemento como medio de confirmación en esta causa, sin que de tal relato se pueda inferir atisbo alguno de que se hubiesen efectuado enunciados como verdades indiscutibles sin el respaldo de un debido fundamento, ni las alegaciones del quejoso son convincentes de que se hubiesen preterido planteos definitorios para el resultado de la litis.

Ello conduce a concluir en que la articulación, tal como ha sido presentada, carece de la entidad requerida para perfilar un caso federal que autorice el franqueo de la instancia prevista en el artículo 14 de la ley 48, tanto más cuando el quejoso no se ha hecho cargo -incurriendo en un déficit de fundamentación que coadyuva a la suerte adversa del remedio deducido- de un motivo en modo alguno desprovisto de trascendencia para la cuestión examinada, cual es que su parte había contado en sede civil con la oportunidad de ofrecer y producir toda la prueba que hubiese considerado necesaria, incluso aquélla que hubiera podido contrarrestar las conclusiones de la pericia que le había sido adversa y cuya valoración tan insistentemente resistía (vide f. 61, último párrafo).

Asimismo, con relación al aspecto probatorio, ha de señalarse que, no obstante que el impugnante califica de "concluyente y decisiva" la prueba producida por su parte que habría sido omitida por los sentenciantes, no aporta razones valederas demostrativas de que la misma, frente a los elementos seleccionados por los jueces de la causa, en el ejercicio de sus funciones propias, haya revestido efectivamente la decisividad que le atribuye, con lo que deja sin explicación adecuada cuál fue el perjuicio que esa supuesta falencia le había aparejado y torna inconducente, por ende, el reproche que ahora esgrime contra el pronunciamiento de esta Corte.

En otro orden, cabe consignar que el achaque dirigido contra la respuesta que se brindara respecto a la invocación de que se habría dado prevalencia a un reglamento sobre garantías constitucionales y legislación nacional, sólo exterioriza un cuestionamiento parcial de los fundamentos vertidos por este Organo, toda vez que el impugnante ha limitado su crítica a la apreciación de la idoneidad de las alegaciones para sustentar dicha postulación -intentando torcer su descrédito por su "generalidad"- mas ha olvidado que, ante todo, se observó el incumplimiento de su parte de la carga de desvirtuar lo aseverado por la Sala en el auto denegatorio en punto a la tardía introducción de ese planteo, fundamento, éste, que al quedar incólume por no haber sido puesto en tela de juicio, basta para sostener válidamente el rechazo del agravio esgrimido a ese respecto en el recurso de inconstitucionalidad local.

Y en lo que concierne a lo argumentado en los ítems e), f), g), h), i), j), k), l), m) (vide fs. 71/74 vto.), es dable señalar que si bien denuncia supuestas omisiones y un tratamiento defectuoso de cuestiones propuestas por su parte, imputando dogmatismo y falta de fundamentación a la respuesta dada por este Organo, se advierte, en verdad, que tales apreciaciones se vinculan otra vez con sus reproches de violación normativa y de lesión a su derecho de defensa en virtud de la valoración por los juzgadores de la pericia practicada en sede penal, los que -como se ha visto- fueron examinados adecuadamente en la sentencia recurrida, con la exposición de razones bastantes que determinaron su desestimación, debiendo recordarse, en ese sentido, que no es obligación del Tribunal seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino sólo las que estime conducentes para fundar su decisión.

A su vez, debe apuntarse que si el recurrente ni siquiera intenta desvirtuar la motivación en que se sustentó el rechazo del reparo relativo al incumplimiento del deber de imparcialidad endilgado a los sentenciantes, imposibilita a esta Corte ponderar dónde radicaría el déficit que le achaca, correspondiendo, por consiguiente, la desestimación de la queja articulada por haber quedado reducida a una mera reiteración de la crítica formulada contra la sentencia de la Cámara.

Finalmente, la contestación dada en relación a que el quejoso no había desarrollado ningún argumento tendente a demostrar la concurrencia en el caso del supuesto previsto en el inciso 2do. del artículo 1ro. de la ley 7.055, en modo alguno configura una expresión de capricho o subjetividad del Tribunal, desde que la debida fundamentación del planteo constitucional es una exigencia de inexcusable cumplimiento en orden a la admisibilidad del recurso regulado en la citada normativa.

En definitiva, al no traer el recurrente argumentos con entidad suficiente como para revertir lo sostenido por este Cuerpo para rechazar la queja, la cuestión queda reducida a una mera discrepancia con lo resuelto en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, lo cual no depara "caso federal" idóneo para operar la apertura de la vía del artículo 14 de la ley 48, en tanto no ha sido demostrada irrazonabilidad o lesión a garantías constitucionales en lo decidido.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)