marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación penal, libertad condicional, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Retamal, Germán s/ LIBERTAD CONDICIONAL S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-07-06

Corresponde hacer lugar al recurso de casación penal interpuesto por el defensor contra la sentencia que deniega al imputado el beneficio de la libertad condicional por considerarlo reincidente, cuando -como en el caso- el encartado al cometer el segundo ilícito dentro de la cárcel donde se hallaba alojado aún no había sido notificado ni él ni su defensor de la primera sentencia condenatoria recurrida en casación -aunque declarada desierta por este STJ-.

Ello, en tanto para el reo no existía sentencia firme; ergo, legalmente no estaba cumpliendo pena, sino privado de su libertad en función del auto de prisión preventiva y ello no configura el requisito del art. 50 CP. cuando expresa "hubiere cumplido total o parcialmente pena privativa de la libertad".
Cosa juzgada, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: REGGIARDO, JUAN ALBERTO c/ BANCO DE SANTA FE S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 484 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-25

La aplicación del instituto de la cosa juzgada y los loables motivos que inspiran el principio de inmutabilidad de las sentencias no son absolutos y deben ceder frente a la necesidad de afirmar el valor jurídico y objetivo constitucional de afianzar la justicia, entendiendo a ésta como una virtud al servicio de la verdad sustancial, lo cual se expresa a través de una decisión judicial que conduzca a consagrarla y al reconocimiento de los derechos que surgen evidenciados de las constancias del proceso.
Nulidad relativa, confirmación del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia del Chubut c/ Kappa S.A.C.I.F.I.A. y-o El Comercio del Norte Cía. de SegurosS.A. y-o quien resulte responsable s/ Juicio Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-10-22

Instituidas las formas procesales en protección del interés individual de los justiciables y salvaguardar su derecho al debido proceso, el quebrantamiento de ellas da sólo lugar a nulidades relativas y, por ende, convalidables por el consentimiento de las partes.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, recurso contencioso administrativo, actuación de oficio, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORIGEN S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE PEREZ s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

En el proceso previsto en la ley 11330, la notificación practicada en las condiciones dispuestas por la ley, hace a los aspectos de admisibilidad susceptibles de ser controlados de oficio por el Tribunal, constituyendo un recaudo fundamental de seguridad jurídica; por ello, puesto que la notificación practicada en el modo descripto carece de efectos, se equivoca la Cámara al inferir que, en tales condiciones, ha corrido el plazo de impugnación a que alude la Ley Orgánica de Municipalidades Nro. 2756, capítulo VII (artículo 66 ss. y cc.). - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330; Ley 2756, capítulo VII, artículo 66
Cosa juzgada, sentencia, prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BANCO  CENTRAL  DE  LA REPUBLICA ARGENTINA EN CENTRO FINANCIERO S.A. CIA. FINANCIERA - INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA s/ INCIDENTE DE REVOCATORIA DE COSA JUZGADA IRRITA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-08-14

Tanto la jurisprudencia como la doctrina que admiten la posibilidad de la revocación de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, han puntualizado cuidadosamente que, para la procedencia de este medio excepcionalísimo de impugnación, es menester que ella haya sido obtenida en un procedimiento donde el perjudicado, en virtud de factores externos al proceso mismo, haya visto violado su derecho de defensa a tal extremo de tornarlo ilusorio, transformando al proceso en una parodia; o bien que la sentencia sea el resultado de haberse valorado prueba dirimente que en otro proceso -concomitante o posterior- haya sido declarada falsa; o de haberse desestimado prueba dirimente que - en las mismas condiciones precedentes- haya sido declarada válida; o que después de pronunciada la sentencia se hayan obtenido documentos ignorados por el perjudicado, en virtud de una fuerza mayor irresistible o por causas que no le son imputables, o que se hubiesen recobrado documentos retenidos por el adversario, en ambos casos decisivos para la solución de la litis; o que ella sea el fruto del dolo del beneficiado, o del juez, o de ambos. En todos los casos se trata de la influencia de factores extraproceso, porque no se producen en el proceso mismo donde se obtuvo la cosa juzgada.

La violencia física o moral, ejercida sobre el perjudicado, o la fuerza mayor irresistible, que anulan su voluntad y le impiden ejercer adecuadamente su derecho de defensa; la declaración de validez, o de falsedad, de prueba dirimente en la que se funda el fallo; el dolo del beneficiado, o la maquinación fraudulenta, o el dolo del juez, o el dolo conjunto del beneficiado y del juzgador, son factores externos al proceso donde se obtuvo la cosa juzgada que se impugna, pero que han influido a tal extremo en la sentencia definitiva, que ésta resulta espúrea.

Lo espúreo, lo delictivo, no puede tener el amparo del orden jurídico, y es por eso que, aún sin norma específica que contemple la situación, jurisprudencial y doctrinariamente se admite la procedencia de la impugnación a la cosa juzgada, sea por vía de recurso, sea por vía de acción autónoma.

Y para que prospere este tipo de impugnación, y la cosa juzgada se desvanezca, no solamente es necesario invocar fundadamente alguna de esas taxativas causales, sino que también debe ser acreditada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no decisiva, calificación legal, elemento objetivo, malversación de caudales públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ACUÑA, HUGO RICARDO c/  s/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS AGRAVADO-PECULADO EN CONCURSO REAL CON MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS SIMPLE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-05-11

La impugnante, con insuficiente argumentación desde el plano constitucional, pretende imponer su propio enfoque atacando la calificación legal sobre la base de entender la ausencia de un elemento objetivo del tipo, mas no persuade de que el A quo, al entender configurada en el sub judice esa exigencia, hubiese desbordado las posibilidades de resolución que brindaba la causa desde la óptica de la Ley Fundamental, ni demuestra la decisividad de su postulación, máxime al no hacerse cargo de que -conforme recuerda el representante del Ministerio Público de la Acusación al contestar el traslado del recurso extraordinario local- el recibo que el imputado otorgara al serle entregada la donación dejaba sentado textualmente que percibía el dinero en su cargo de Presidente del Comité Ejecutivo del SAMCO, es decir, que la suma le era confiada en razón de su cargo.
Nulidad procesal, insuficiencia del agravio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Inspección General De Justicia c/ Marina Amina SA s/ organismos externos. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-24

Cabe denegar el planteo de nulidad de la resolución de este Tribunal que rechazó el recurso extraordinario articulado por la IGJ contra la sentencia definitiva dictada en autos. Como es claro, se descarta que una nulidad procesal pueda configurarse por razón de los argumentos expuestos en una sentencia, máxime cuando, como en el caso, la queja sobre la cual se ha construido la impugnación no consiste en que la Sala omitió tratar aspectos que hubieran debido merecer respuesta, sino en que el Tribunal expuso "más" fundamentos que aquellos que, según el nulidicente, hubiera debido proporcionar. Esa argumentación, en la que resuenan los ecos que sustentan la dúplica y la réplica vedadas a los litigantes, no es aplicable a un Tribunal, máxime cuando todos los argumentos de la Sala -los expresados en la ocasión inicial y los agregados al explicar por qué el recurso era improcedente- podrán ser cuestionados, si el recurrente lo desea, ante la Corte Suprema, que es el Tribunal que en definitiva debe resolver.
Competencia por el territorio, interés del menor, delito continuo, delitos contra la integridad sexual, abuso deshonesto, menores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Romano, Gustavo Felipe s/ abuso deshonesto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Si se está en presencia de un delito continuado de abuso sexual - art. 119 del Código Penal - cometido en perjuicio de una menor en distintas localidades, corresponde otorgar el conocimiento de la causa al juez del domicilio de la denunciante madre de la menor, con la que vive y que es, además del tribunal que previno, el ámbito donde aquélla podría ejercer una mejor defensa de los intereses de la hija y la solución que mejor contempla "el interés superior del niño", principio consagrado en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, reconocido en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, toda vez que evita lo que podría significar una traumática reiteración de procedimientos idénticos en distintas sedes, extrañas al lugar de residencia de la menor.
Prueba pericial, dictamen pericial, dictámenes disímiles
Materia: PENAL
Carátula: SPERA, CARLOS Y OTRO s/ HOMICIDIO CULPOSO - MALA PRAXIS MEDICA - PRUEBA: PERICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-11

Las irreconciliables conclusiones de los peritos y la particular metodología empleada para volcar sus apreciaciones, con visos de monólogo, obligaba al Tribunal a promover las diligencias que salvaran semejante anomalía, para permitir a los expertos la ocasión de debatir y considerar sus distintos puntos de vista, a fin de compatibilizar sus respectivos criterios quitándole, a su vez, al juzgador el medio de contar con el enriquecedor aporte que necesariamente surgiría de la confrontación técnica. Los peritos han de razonar en conjunto para arribar a conclusiones, obviar tal procedimiento importa una irregularidad que en la especie no ha asumido carácter descalificante, toda vez que la ausencia de impugnación en la instancia pertinente, subsanó el defecto procedimental.
Competencia penal, competencia por el territorio, lugar del hecho, defraudación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Eduardo SCARCI s/ COMPETENCIA    ORDINARIA  POR  LA  MATERIA  -  CUESTIONES  PENALES  -  DEFRAUDACION - SOCIEDAD DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-04

Si de los elementos de juicio incorporados al sumario no se desprende que se hubiera convenido expresamente el lugar donde deberían ser restituidos, en caso de disolverse, los bienes de la sociedad de hecho, es competente para conocer en el delito de defraudación el juez del domicilio del deudor.
Contratos, resoluciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Osvaldo Francisco Tosi c/ Pascual Raúl Timón s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-18

La decisión -firme- de resolver el contrato de autos por aplicación de la reclamada lex-commisoria implícita (artículo 1204 del Código Civil) produce consecuencias ex-tunc.Esto indica que deja sin efecto el acto o negocio hacia atrás. Empero, ello no significa que queden borradas o modificadas las convenciones específicamente escritas en el contrato. Tampoco desaparece la causa jurídica de la que nace la obligación -restitutoria- de volver las cosas a la situación anterior al convenio de marras.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DALLACASA, LUIS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA.     CSJ EXPTE NRO 307-85 PAZ, OSCAR MARIO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA.    CSJ EXPTE NRO 512-87 LABORATORIO PROMECO SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      CSJ EXPTE NRO 47-87 LABORATORIO BALIARDA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      CSJ EXPTE NRO 324-89 ALANIZ, MARTA EDIT GALLO c/ MUNICIPALIDAD DE RUFINO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCIÓN     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      CSJ EXPTE NRO 441-88 BEDOURET, JORGE JUAN c/ COMUNA DE FUNES s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      EXPTE NRO 463-89 CALDERON, GLADYS ELIZABETH c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 526-90 CALDERON, GLADYS ELIZABETH c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      EXPTE NRO 507-91 BAIOCCO, OMAR ANTONIO c/ COMUNA DE ACEBAL s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 165-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-10-30|1987-12-16|1989-08-09|1989-11-01|1989-12-06|1990-06-05|1992-03-13|1992-03-13|1991-03-06

Quien solicita suspensión de medida administrativa, debe necesariamente efectuar una específica fundamentación, independiente de la que sustenta su pretensión de anulación del acto -pues son distintas las condiciones a satisfacer para el acogimiento de una y otra-, requiriendo la suspensión que a partir del planteo del interesado, se ponga en evidencia que la ilegalidad de aquél, o la ilegalidad más el perjuicio que le causa, son de grado tal, que no sólo justifican la anulación que en su momento pueda disponer el tribunal, sino la excepcional medida inicial que lo prive al acto de su eficacia propia.
Convenios de corresponsabilidad gremial, retención de aportes sindicales, evasión fiscal
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Metal Importadora S.R.L. s/ competencia Causa 30.031
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-20

Dentro del concepto de aportes y contribuciones a que el empleador está obligado con los organismos de seguridad social quedan comprendidas las cuotas sindicales, aún en los convenios de corresponsabilidad gremial (Art. 8 de la Ley 23.771).
Quiebra, apertura a prueba, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: TODO MATERIALES S.R.L., MONTI GUSTAVO, MIADOSQUI MARTA, LORENZO LUIS, MIADOSQUI SERGIO s/ QUIEBRA-SOLICITADA POR OBLAK PLASTICA S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-21

El criterio adoptado para desestimar el período de apertura del proceso de quiebra tiene una vinculación directa con la imposición de costas, que no es otro que el hecho objetivo de la derrota, estableciendo expresamente por el art. 74 del C.P.C.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la verificación  concursal -tempestiva y tardía- de créditos? ¿En la verificación   concursal -tempestiva y tardía- de créditos, corresponde regular   honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante? Auto sprint sobre  quiebra. Incidente verificación crédito. El presente pleno renueva   la cuestiones planteadas en el acuerdo número 30 del 12.6.1989   dictado por la misma cámara en pleno y en los mismos autos publicado  en JA 1989-III-517 Y LL 1989- C-585. (Expte. Nro. 128-87) -Tribunal   pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-27

El artículo 8 de la ley 6767 establece en su primera parte un principio general, a saber: "la cuantía del juicio a los fines de la aplicación de la escala del artículo 6, será la cantidad reclamada en la demanda..." Y entre las situaciones particulares contempladas en ese artículo 8 inciso a) establece que "si la demanda prosperase parcialmente, los honorarios se fijarán tomándose como cuantía mínima del juicio, la mitad del "quantum" reclamado o la cantidad que resulta de la sentencia si esta reconociera un monto mayor". Si lo "parcial", en la acepción que aquí interesa, es lo relativo a una parte del todo, no cabal o completo, y "parcialmente", atañe a una o más partes, considero que no tiene cabida en la norma del referido inciso a) el supuesto en que el monto por el cual prospera la pretensión actora es cero. Es que en tal caso no hay éxito parcial, sino derrota total, o mejor, éxito total del profesional de la demandada. Y a éste le asiste derecho, en tal hipótesis, a que se le remunere tomando igual base de cálculo que cuando el ganador es el profesional de la actora, guardándose en la regulación de honorarios la relación de proporcionalidad que el inciso 7 del artículo 12 de la ley arancelaria establece entre el profesional de la parte que pierde el pleito y el del litigante vencedor. En definitiva, no ha de consagrarse una diferencia en la base de cálculo -que la ley no contempla- para los supuestos de éxito total, cualquiera sea la parte gananciosa, en tanto, las hipótesis de éxito parcial quedarán aprehendidas por el citado inciso a) del artículo 8, tomándose la base de cálculo según las directivas establecidas en dicha norma, y teniéndose en cuenta la mayor o menor cuota de éxito o de derrota para la faena de la imposición de las costas, conforme el artículo 252 del Código Procesal Civil y Comercial. (De los Fundamentos del Dr. Elena -En Disidencia Parcial-).
Intereses, cómputo de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MACCARI ATILIO EN J: 15469 CRISTALERIAS DE CUYO S.A. s/ Concurso (LIBRO: A161 - 472)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-10-27

Los intereses deben computarse desde la fecha del accidente y no desde la fecha de la sentencia laboral. Se fija un interés del 10 porciento anual hasta el 31/3/91 y desde allí el 1,5 mensual hasta el efectivo pago, con la limitación de los privilegios al rubro intereses por el término de dos años. No rige la ley 3939. El juez concursal tiene facultad para fijar la tasa de interés a los efectos de mantener un trato igualitario entre los acreedores.
Recurso de queja (procesal), trámites judiciales, recurso extraordinario, suspensión del proceso judicial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: HERMINIO IGLESIAS Y OTRO s/ NULIDAD  DE RESOLUCION DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-04

Si los argumentos aducidos en el recurso extraordinario y mantenidos en la queja pueden, prima facie, involucrar cuestiones de orden federal susceptibles de examen en la instancia del art. 14 de la ley 48, corresponde declarar la procedencia de la queja y decretar la suspensión del curso del proceso, sin que ello implique pronunciamiento sobre el fondo del recurso (art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Robo simple, tentativa, robo con armas, arma simulada, arma de juguete
Materia: PENAL
Carátula: MANOUKIAN, CLAUDIO s/ ROBO - ARMA JUGUETE - HECHO CONSUMADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-05

El revólver de juguete no es un arma y sólo sirve para aumentar, psíquicamente, la violencia de la víctima.

En el caso de autos el robo no ha sido tentado sino consumado, porque la solución de continuidad que impuso a la persecución del damnificado la fuga del acusado, otorgó a éste la posesión ilegítima de los bienes sustraídos.
Recurso de revisión (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: UNREIN, HECTOR s/ RECURSO REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-24

Debe rechazarse el recurso de revisión, dado que el delito, objeto de la resolución adversa, fue el de homicidio y para la procedencia del recurso deben presentarse las situaciones que lo tornen factible enunciadas en el art. 551 C.P.C.; o sea, de tipo fáctico para los tres primeros incisos y de concepción jurídica para el último, extremos no dados en el caso.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires c/ Expresa Villanueva s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-13

El artículo 36 del C.P.C.B. ubica dentro de la órbita de las facultades del Juez la posibilidad, con la finalidad de evitar la paralización del proceso, de disponer de oficio las medidas necesarias a fin de pasar a la etapa siguiente que corresponda procesalmente, pero en modo alguno ello implica un deber sino tan solo una facultad conforme a la norma legal citada que no releva a la actora del impulso procesal que recae sobre ella. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: V., C. c/ A. de V., S.B. s/ Disolución de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-29

Si el juez, con la conformidad de ambas partes, da a los autos el trámite de incidente de ejecución de sentencia, no puede, sin caer en incongruencia flagrante decidir que cabe la caducidad del art. 310 inc.1º CPCC y vulnerar el derecho de defensa en juicio, introduciendo un cambio procesal extemporáneo en la ya trabada litis incidental como si estuviera en un nuevo juicio de carácter ordinario.
Obras sociales, jubilados, opción de obra social, aportes a obras sociales, falta de pago, contrato a favor de terceros, efectos con relación a terceros, inoponibilidad a terceros, Instituto Nacional de Obras Sociales, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados
Materia: COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ MARIA ESTHER c/ IOS s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-11

La actora puede actuar como si no existiese la falta de pago de las cápitas correspondientes al convenio celebrado en 1977, e impedir el ejercicio en su contra de cualquier pretensión jurídica originada en esa situación (véase sobre el tema: LLoveras de Resk, María E. "Teoría del Acto Jurídico Inoponible", JA, 1982-III, 671; Malicki, A. "Inoponibilidad del Negocio Jurídico", JA, 1991-IV, 629; Leiva Fernández, L. P., "Frustración, Nulidad e Inoponibilidad de los Actos Jurídicos", LL, 1987-D, 1162). Esa es la consecuencia que deriva para la actora de su condición de tercera beneficiaria de la estipulación pactada en su favor -a través del citado convenio- entre su Obra Social y el I.N.S.S.J.P., no obstante el ejercicio que habría hecho el I.O.S. de la facultad que le concede el art. 1204, Código Civil, (cfr. López de Zavalía, F. J. "Teoría de los Contratos -Parte General" págs. 337/338). Es que tratándose de una típica hipótesis de estipulación por otro prevista en el art. 504 del Código Civil (véase en tal sentido -y con específica relación a la que se establece entre las Obras Sociales, los prestadores médicos y los pacientes-los Fallos de esta Sala, Causas 7609 del 30.8.91; 7537 del 4.9.91; 3910 del 10.11.92), todo el andamiaje contractual está dirigido a que el tercero beneficiado tenga acceso a la prestación médica en su favor estipulada, de suerte tal que si el obligado primario en brindar esa prestación (en el caso, el I.O.S., en su carácter de estipulante), no cumple con ello, resulta responsable frente a dicho tercero beneficiario en los términos del art. 4, Ley 23.660 como agente natural del seguro de salud referido por la Ley 23.661 (cfr. esta Sala, in re "Moreno Fernández, M. D. c/O.P.E.S.G.P." del 9.3.94, Voto del Dr. Vázquez, JA. del 21.9.94, N. 5899).