Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-21


Causa Nº 14200-01-CC/2007, caratulada: "Recurso de queja en autos: LESCANO, Mirta Susana s/ inf. art. 52 (Ley 1472)".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Junio de 2007, se reúnen en acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Llegan estas actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de queja interpuesto a fs. 29/30 por el Sr. Fiscal interviniente, Gustavo Galante, contra la resolución que en copia obra a fs. 26/28 que no hace lugar a la apelación incoada en subsidio - ver constancias de fs. 11/12- contra el pronunciamiento mediante el cual el Juez Cavallari aceptó la competencia atribuída para intervenir en el legajo (v.copia de fs. 10).

Escuchado en esta sede el Sr. Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 33/34que corresponde "rechazar el recurso de queja impetrado por el Galante toda vez que ha sido correctamente denegado el recurso de apelación por el Sr. Juez de Grado".

Por último, se presenta el Defensor Oficial, Gustavo Aboso, y manifiesta que no se advierte en autos la existencia de gravamen insusceptible de reparación ulterior que exige el art. 449 del CPPN, de aplicación supletoria en función del art. 6 de la LPC, por lo que peticiona no se haga lugar a la queja incoada y subsidiariamente se confirme el decisorio apelado y se procesa en consecuencia (v. fs 36).

Cumplidos los pertinentes pasos de rigor se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

CONSIDERANDO:

El estudio de la vía procesal intentada, se enfrenta a un obstáculo insalvable que estudiaremos a continuación.

El representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, luego de evaluar los requisitos formales de la impugnación, los que concluyó cumplidos con éxito (v. punto I y II del dictamen de fs 33/34), se concentró en realizar una crítica al trámite brindado por el Sr. Juez de primera instancia, en atención a que previo a resolver la cuestión de competencia omitió escuchar a la fiscalía. Así aún cuando entendió que el Magistrado se ha apartado del trámite previsto por la ley generando que su accionar "adolezca de una falla determinante de una nulidad de carácter absoluto" se abstuvo de postularla, pues explicó que tal tacha devendría en un excesivo rigor formal, "dado que no ha irrogado a ese Ministerio gravamen de imposible reparación posterior" -v. punto III-.

Sin embargo y pese a tal aseveración, el nombrado concluyó su presentación con la declaración de que correspondía "rechazar" el recurso impetrado, lo que así dictaminó.

Conforme se apuntara el Fernández se ha ocupado en destacar la inobservancia de gravamen alguno para el acusador de la instancia anterior; activándose entonces el interrogante de si la vía procesal elegida para el ejercicio de su ministerio es una de aquellas previstas legalmente.

Esta Sala se ha expedido al respecto en la causa "FRUTOS"1 y dijo que "El art. 22, inc. 1º de la Ley 21 prescribe, entre las atribuciones y competencia de los Fiscales ante las Cámaras de Apelaciones, que deben continuar ante ellas la intervención que el Ministerio Público haya tenido en las instancias anteriores, sin perjuicio de la facultad para desistirla mediante dictamen fundado.

Causa Nº 14200-01-CC/2007. Sala II.

Esta disposición, a su vez, está contextualizada por una serie de principios: el dispositivo -que gobierna la etapa recursiva-; y los de unidad de actuación y organización jerárquica, relativos al desenvolvimiento del Ministerio Público Fiscal.

El primero se refiere al respeto, en materia de impugnaciones, a la autonomía de la decisión o de voluntad de las personas interesadas o, mejor dicho, afectadas por la solución del caso contenida en las decisiones. El proceso alcanza aquí el punto máximo de semejanza con el proceso de partes. De allí que los interesados -entre ellos la Fiscalía que manifiesta el interés del Estado en la persecución penal- gobiernen este período eventual del procedimiento. De acuerdo al segundo, ´...cada uno de los tres organismos que integran el Ministerio Público, de acuerdo a la especificidad de las funciones que cada uno de ellos debe cumplir y considerando los diversos intereses que deben atender, responde al principio de unidad e indivisibilidad. Cada uno de sus integrantes, cuando actúa, representa al Ministerio Público en su conjunto...´ (art. 5 LOMP. Vid. también art. 4). Por último, ´...la dependencia jerárquica dentro de cada uno de los organismos que componen el Ministerio Público, y de cada fuero, tiene por fundamento permitir que cada integrante del Ministerio Público, controle el correcto desempeño de sus funciones por parte de los o las integrantes de menor nivel jerárquico y de quienes lo asisten...´ (art. 6, ley 21)." En consonancia con estos criterios, el Fernández, en su función de ejercer la defensa del interés social, observando el principio de legalidad y los detallados precedentemente (art. 125 CCABA y 4, ley 21) , contaba con las dos opciones a las que alude el art. 22, inc. 1: mantener el recurso interpuesto por su inferior jerárquico o desistirlo mediante dictamen fundado. Este último temperamento, de acuerdo al carácter dispositivo y de unidad de actuación, implica la renuncia del órgano acusador en su conjunto de continuar con el impulso de la acción ante esta alzada.

Sin embargo, el Fiscal ante esta Cámara eligió una tercera vía legislativamente no prevista y que, por otro lado, simboliza -de algún modo- una fractura de los principios de actuación que gobiernan el desenvolvimiento del Ministerio Público Fiscal. Pese al tenor de sus argumentos de fondo -ausencia de gravamen irreparable para el órgano que representa- no ejerció, en ese entendimiento, las atribuciones prescriptas por el art. 22, inc. 1 LOMP ya sea desistiendo del remedio -si según su tesis el desinterés argumentado era idóneo para sostener tal temperamento- o manteniéndolo, por existir eventualmente otras razones que contrarrestaran el peso negativo de tales circunstancias.

Aún cuando de una primera lectura de su escrito podría interpretarse que la conclusión vertida en la parte final respondió a un error material y que su voluntad se dirigió a desistir del remedio, dos razones nos impiden tener por concretada tal exégesis. La primera, que esa eventual disposición frente a la acción debe ser expresa (por los efectos que implica, señalados con antelación). En orden a los principios de autonomía funcional e independencia del Ministerio Público, este Tribunal no está facultado para suplir, en aquel sentido, la posible equivocación del presentante. La segunda, es que una lectura más profunda de su exposición tampoco nos permitiría deducir concluyentemente aquella decisión en cuanto al remedio articulado. De acuerdo a sus términos, por el contrario, la única conclusión factible en cuanto a su voluntad es lo que expresamente manifestó: otorgar instancia a esta alzada para que se expida acerca de la procedencia o no del recurso interpuesto por su inferior jerárquico que, a su entender, debía ser "rechazado".

En consecuencia, teniendo en cuenta que la vía procesal adoptada por el acusador para hacer valer su opinión -tal como acaeció en el precedente mencionado- no es una de aquellas previstas para el ejercicio de su ministerio ante esta Sala; que, en su caso, el desistimiento debe ser expreso; que, por ello, el vicio señalado afecta a la intervención del Ministerio Público Fiscal y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria (art. 166, inc. 2, C.P.P.N.); y que, hasta tanto esa parte no manifieste expresamente su voluntad en punto a la virtualidad del recurso deducido por el Galante, no contamos con la jurisdicción necesaria para analizar su fondo ni tampoco para tener por desistida la queja; se ha de declarar la nulidad de la presentación de fs. 33/34 y correr nueva vista al Sr. Fiscal de Cámara para que dictamine conforme a derecho.

Causa Nº 14200-01-CC/2007. Sala II.

Habiendo concluido el acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I.- DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA del dictamen Fiscal de fs. 33/34 y de todo lo obrado en consecuencia (arts. 167, 168 y cctes. C.P.P.N.).

II.- CORRASE NUEVA VISTA al Sr. Fiscal de Cámara a los mismos fines que los dispuestos a fs. 32, punto II.

Tómese razón, regístrese y cúmplase.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Déjase constancia de que la Marcela De Langhe no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. CONSTE.---------------------------------------