marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios del abogado, trabajo inoficioso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MONTORFANO DE ALLOATTI MARIA ROSA c/ ALLOATTI EUGENIO ALBERTO s/ DIVORCIO DIS.SOC. CONYUGAL TENENCIA DE HIJOS INCIDENTE S/ESTIMACION  BASE ECONOMICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-12-20

Si bien la legislación vigente no preve expresamente el caso que se tornó contencioso por la oposición, donde hubo pruebas, alegatos, etc., la solución merituando todo lo actuado en la incidencia, no corresponde encontrarla en el expediente de la actuación inoficiosa, sino en las pautas generales en armonía con las establecidas para los incidentes, artículos 2, 3, 70 Y 78 de la Ley de Aranceles. La propia ley les establece honorarios mínimos por actuación aislada artículo 25-, siendo absurdo no valorar el trabajo profesional desplegado en un incidente de fijación de base económica que se desarrolló con todas las características propias de un procedimiento contencioso.
Pagaré, fecha del título, falta de fecha, título ejecutivo inhábil
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA CALABUIG, EDUARDO c/ SANATORIO SAN PATRICIO SA s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-30

La omisión relativa a la fecha de creación de un título cambiario -a la que cabe asimilar la hipótesis de fecha incompleta (carencia de día de emisión, en el caso), perjudica la validez del mismo, no solo por la falta de un requisito esencial exigido por el ordenamiento legal para que el papel de comercio pueda ser reputado "pagaré" (dec. Ley 5965/63: 101 y 102), sino también por la importancia que dicho elemento tiene respecto de la capacidad del librador, la determinación del vencimiento del título, el cómputo de los plazos de presentación y la prescripción.
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MASSERA, EMILIO EDUARDO s/ INCIDENTE  DE EXCEPCION DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO POR PRESCRIPCION DE  LA ACCION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-28

Debe declararse prescripta la acción penal a favor del procesado cuando ha transcurrido el lapso correspondiente al delito en cuestión -en el caso de autos art. 255 del C.P. - y no medió en dicho plazo acto interruptivo alguno.
Régimen de consolidación de deudas, inconstitucionalidad
Materia: ECONOMIA
Carátula: Becerra, Rosario Esther y otro c/ Burza, Héctor Rubén y otro s/ interrupción de prescripción (art. 3986 C.C).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18

La aplicación del sistema de consolidación de deudas no priva al acreedor del resarcimiento patrimonial declarado en la sentencia, sino que sólo suspende temporalmente la percepción íntegra de las sumas adeudadas, circunstancia que obsta a la declaración de inconstitucionalidad. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Prueba confesional, indivisibilidad de la confesión
Materia: PENAL
Carátula: SORIA, Luis Adrián s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-03

El argumento de la recurrente, en cuanto a su pretensión de que la excusa del declarante califica la confesión prestada es inadmisible.

Nada obliga a seguir un relato indagatorio, so capa de indivisibilidad, para tener por cierto lo que el declarante manifiesta, si de la misma confesión o de otros elementos de la causa, resultan elementos en contra de sus manifestaciones.
Concurso preventivo, desafectación de bienes, deudas del fallido, liquidación y distribución
Materia: COMERCIAL
Carátula: DEFRANCO FANTIN REYNALDO LUIS c/  s/ QUIEBRA S/INCIDENTE ART. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-01

Procede confirmar la resolución donde la juez a quo ordenó desafectar cierto inmueble y en consecuencia la subasta de los derechos y acciones que le corresponde al fallido en virtud de la declaratoria de herederos dictada en la sucesión de sus progenitores, con relación al 100% de dicho bien. Ello así, cabe señalar que el apelante, único beneficiario supérstite, no ha invocado habitar el inmueble, es más, claramente el fallido ha reconocido aquí, habitar otro, resultando además, de lo informado por la martillera, que el inmueble presenta signos de evidente abandono. Debe repararse también en que, sobre el particular, solo argumentó que este "sería el único bien que podría albergar a su familia si se vendieran todos los demás bienes de su propiedad", lo que con toda evidencia descarta la existencia del recaudo de la efectiva habitación exigido por el ordenamiento legal. Es que la desafectación del inmueble al régimen de bien de familia procede en caso en que los beneficiarios no habiten dicho bien -la ley 14394: 41-. El régimen actual del CCCN contiene una regulación respecto de la protección de la vivienda que guarda equivalencia funcional con el instituto del bien de familia previsto por la ley 14394, pues también impone la exigencia de la habitación efectiva del inmueble como recaudo de mantenimiento de la afectación -art. 247-. Ante ello, la desafectación de que aquí se trata deviene fatal, por falta de subsistencia de uno de los requisitos sustanciales de viabilidad de la afectación del bien de familia, como es que el inmueble se encuentre habitado por el propietario o por alguno de los beneficiarios
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: P., A. c/ Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas y otro s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-16

La inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen, por lo cual las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos utilizados no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los preceptos, siendo la primera fuente de interpretación de la leyes su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ella, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su texto o de su espíritu.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, expresión de agravios, fundamentación insuficiente, Salud pública, medicamentos, control de medicamentos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Laboratorios Ricar S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

Corresponde rechazar la impugnación formulada sobre la base de la responsabilidad del Estado por su actividad legítima, si la expresión de agravios silencia toda consideración seria dirigida a demostrar que el sacrificio especial - que la cámara consideró presupuesto necesario para admitir aquella - se verificó efectivamente en el caso en que se modificó la clasificación de un medicamento.
Sanciones disciplinarias administrativas, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CALARESU, VICENTE OSCAR c/ H. CAM. DIPUTADOS s/ rec. art. 40, ley 22.140
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-03

Cuando la sanción de cesantía se fundó en el art. 32 inc. d) de la ley 22.140, su configuración no exige la institución de sumario previo (conf. art. 34, 2do. párrafo y 31 inc. b), ni intimación al agente a la presentación a sus tareas (conf. art. 32 regl.).
Enfermedad profesional, personas con discapacidad auditiva
Materia: LABORAL
Carátula: Tapia, Rubén c/ Cooperativa Agrícola Ganadera Sarmiento Limitada s/ Diferencia de salarios Acosta, Armando G. c/ Tintar S.A. y otra s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-05|1997-07-08

Es erróneo presuponer que si el nivel sonoro no supera los ochenta decibeles no daña la vida humana.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Chávez, Domingo José y otro c/ Estado Nacional - (Poder Ejecutivo y otros). s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

La demostración de que el "monto del agravio" (art . 24, inc. 6x, apartado a] del decreto-ley 1285/58) excede el mínimo legal a la fecha de su interposición, está a cargo del recurrente.
Seguros, seguro de caución, siniestro, tomador del seguro, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: "Aseguradora   de  Créditos  y  Garantías  S.A.  (T.F.  10.558-A) c/ D.G.A.". s/ seguros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-19

Siendo el siniestro asegurado en el seguro de caución el incumplimiento de una obligación contraída por el tomador, la cesación de pagos de éste que lleva a su quiebra constituye, precisamente, una de las causas en las que se puede incurrir en aquel acto (cfme. esta Sala 13/8/02, "Antártida Cía. Arg.de Seguros S.A. -T.F. 13.907-A c/D.G.A.").
Control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: García Monteavaro, Julio Efrain c/ Amoroso y Pagano s/ Bonificación Estatuto del Periodista
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1957-06-14

La conveniencia de que la naturaleza y medida de los beneficios reconocidos a todos los trabajadores, pueda figurar en normas uniformes,o la imposibilidad de que ello se consiga porque las peculiaridades de la actividad laboral no permiten esa unidad, constituyen enfoques de política legislativa cuya desventaja o acierto escapa a la consideración de la Corte Suprema.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Mogollon Monzón, Fred William  c/ E.N.- M° del Interior OP Y V- DNM s/ Recurso Directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-06

Se hizo lugar al recurso interpuesto por la parte actora y se revocó la sentencia apelada, que había desestimado el recurso judicial directo deducido, en el cual el accionante cuestionó la aplicación temporal de la ley migratoria y el rechazo de la dispensa de expulsión por razones de reunificación familiar. En consecuencia, se declaró la nulidad de las disposiciones dictadas por la Dirección Nacional de Migraciones y se ordenó reenviar las actuaciones a dicho organismo para que dicte un nuevo acto conforme a los términos de la sentencia del Tribunal de Alzada.
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Pacto de San José de Costa Rica, derecho a la libertad, libertad corporal, Derechos humanos, personal policial, Poder Judicial
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. República Argentina S/Fondo y Reparaciones c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-09-01

Corresponde que la Corte Interamericana declare que la interceptación efectuada en 1992 por parte de los agentes bonaerenses, del automóvil en que viajaba la persona que sufrió su posterior registro, detención y procesamiento penal, constituyó una violación a los artículos 7.1 y 7.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, pues se fundaron en consideraciones relacionadas con la eficacia en la prevención del delito y con argumentos de naturaleza consecuencialista, sin haber evaluado si la actuación de la policía se encuadraba dentro de los supuestos habilitantes previstos por el Código de Procedimientos para realizar una detención sin orden judicial.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de enseñar y aprender, reglamentación de la ley, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Morel de Maltagliati, Alicia y otros s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

El derecho de aprender que la Constitución ampara no sufre mengua alguna por el hecho de que una razonable reglamentación condicione su disfrute a la observancia de pautas de estudio y de conducta a las que el titular de aquel derecho debe someterse; la severidad con que tales pautas son aplicadas en los distintos niveles de enseñanza, lejos de traducir un propósito frustráneo del goce del derecho invocado, son un claro indicio del grado de excelencia que se pretende alcanzar en dicho ámbito.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, defensa en juicio, proceso penal, acusación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., E. J. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Infracción  arts. 13, 59 y 88 del Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe  (Expte.: C.S.J. nro. 435 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-05

La Corte Suprema de Justicia Nacional ha señalado que el dogma procesal "no hay juicio sin acusación" es un corolario del principio que impone la inviolabilidad de la defensa. Nadie duda de que la existencia de un actor penal integra la garantía del debido proceso, por cuanto el juicio penal debe tener por base una acusación correcta y oportunamente intimada, sin la cual el imputado no podría defenderse adecuadamente. La exigencia de acusación, como forma sustancial en todo proceso penal, salvaguarda la defensa en juicio del justiciable.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, delitos cometidos por medio de la prensa, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Costa, Héctor Rubén c/  MCBA  y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

El derecho a la libertad de expresión radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, esto es, sin el previo contralor de las autoridades sobre lo que se va a decir; pero no en la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como medio para cometer delitos comunes.
Empleados públicos, salarios caídos, exoneración, cesantía, sumario administrativo, Administración Pública, culpa, acto administrativo, legalidad objetiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONTRERAS, RAQUEL OFELIA OCHONGA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CSJ EXPTE NRO 167-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-28

No obsta para decidir la procedencia de los haberes caídos, lo preceptuado por el artículo 77 3er párrafo de la ley 8525 que dispone que el empleado no tiene derecho a remuneración alguna si la sanción es expulsiva, pues tal norma refiere a un procedimiento legalmente encausado y no cuando es el propio Estado quien impide, sin causa justificada, la prestación del servicio sin que haya mediado extinción de la relación de empleo, debiéndose responsabilizar a la Administración por haber actuado al margen de las exigencias normativas.
Accidentes de trabajo, incapacidad temporaria, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: SARTIRANA, HUGO R. c/ LAVADERO ELECTRICO X DE ALFONSO SANCHEZ s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1975-09-22

'El trabajador accidentado debe percibir durante su incapacidad temporal, artículo 8 inciso d, ley 9688 el salario que percibía al momento de producirse el infortunio, conforme al convenio de aplicación o el superior en su caso, y corresponde su incrementación con los aumentos que, para el período de inactividad dispusieren las leyes, convenios colectivos de trabajo o decisión del empleador'.
Poder Ejecutivo, veto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Intendente del Departamento de la Paz c/ Honorable Concejo Deliberante del Departamento de la Paz s/ Conflicto (LIBRO: S241 - 197)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-12-03

Existen dos posiciones para calificar la naturaleza del acto de vetar, para unos es de naturaleza legislativa (el Poder Ejecutivo actuaría como legislador), y para otros de naturaleza política, pues tiene a que no se ponga en vigencia el acto del legislativo.-
Leyes, doctrina legal, violación
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ROMERO JACINTO VALENTIN Y OTROS c/ COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CORDOBESA S.R.L. s/ DEMANDA  -  RECURSO  DIRECTO  -  CASACION  LABORAL - PRECEDENTE HABIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-08-21

No existe sentencia contradictoria en los términos del art. 95, Inc. 1° LPT si al tiempo de interponer el recurso de casación, el fallo que se acompaña al efecto no se halla 'firme', por cuanto media la posibilidad de que sea revocado y con ello caería la doctrina que se aduce contraria a la adoptada en la sentencia que se cuestiona. En autos no se satisface esa condición porque la copia glosada carece de la constancia en el sentido expresado y el recurrente confiesa que se ha deducido con el precedente recurso extraordinario que aún no ha sido provisto.
Estado Provincial, competencia provincial, sistema federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bruno, Raúl Osvaldo s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

En la medida en que las normas locales preserven la sustancia del principio de intangibilidad de las retribuciones de los jueces (art.

96 de la Constitución Nacional), en la medida en que la "ratio" de éste no resulte frustrada, la exigencia del art. 5x resulta suficientemente cumplida.
Costas, Convenio sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos, domicilio en el extranjero
Materia: PROCESAL
Carátula: Lauget Silveira, Esther y otros c/ Buenos Aries, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

No corresponde imponer a quien tiene su domicilio en la República Oriental del Uruguay la obligación de garantizar los gastos causídicos que ocasione a la otra parte la deducción del juicio porque de lo contrario se le conferiría un trato procesal distinto al que se le otorga a un connacional con domicilio en el país, con total prescindencia del "convenio sobre igualdad de trato procesal y exhortos", aprobado por la ley 22.410, que en su art. 1- establece que los domiciliados en un Estado parte gozan, ante los tribunales del otro, del mismo trato de que gozan quienes en el se domicilian.
Recurso de apelación (procesal), recurso de queja (procesal), excusación, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: ALBERTO, C.D. s/ RECURSO DE APELACION. RECURSO DE QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-27

Debe recharze el recurso de queja, dado que no le causa agravio al Defensor Oficial la decisión del Juez de Sentencia de que conteste el traslado en virtud de que otro Defensor Oficial se había excusado por la existencia de intereses contrapuestos, razón por la cual el recurso de apelación fue correctamente denegado.
Despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: TEMPORETTI HUGO ROBERTO c/ A. MARCOS Y CIA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-02-16

La renuncia tanto del chofer como del acompañante actor en esta litis antes del comienzo de las mismas y luego de producido el despido, estarían demostrando las presiones sobre ellos ejercidas por la patronal quien sabe perfectamente que no puede ser considerada bajo ningún punto de vista su conducta como injuriosa por los intereses de la demandada.
Indemnización por accidente de trabajo, daño estético, obligaciones del empleador, entrega de prótesis
Materia: LABORAL
Carátula: ANZE BALDIVIEZO, HILARION c/ FUSTELNIK INGENIERIA SA. Y OTROS s/ PROVISION DE PROTESIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-05-12

La obligación patronal de proveer prótesis en los casos de accidentes del trabajo, se configura cuando, el uso de aquélla se torna indispensable no solo por razones funcionales sino también estéticas, a fin de que el trabajador pueda reintegrarse a su actividad profesional en adecuadas condiciones físicas y psíquicas.
Querellante, impulso de parte
Materia: PENAL
Carátula: Zadicoff, Ana F. s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27

La resolución que dispuso declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la querella en relación al delito previsto por el art. 173 inc. 7 CP, confirmó el sobreseimiento de la imputada y, a su vez, declaró abstracta la audiencia de informes, vulneró, en el caso concreto, el derecho del querellante a ser oído y lo privó de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos, pues la intervención de la parte querellante desde los estadios iniciales del proceso le otorga un legítimo impulso al proceso, de manera tal que los órganos jurisdiccionales llamados a resolver las controversias que en él se suscitan se encuentran obligados a ejercer en forma plena sus potestades de "decir el derecho". La disidencia consideró que conceder al querellante la posibilidad del impulso de la acción penal por su sola iniciativa, significa contradecir los principios rectores de nuestro sistema penal, y procesal penal convirtiendo en los hechos a todos los ilícitos en delitos de acción privada, constituyendo en regla general lo que hoy es una excepción. (Dres. Madueño -disidencia-, Riggi y Catucci).
Enfermedad accidente, daños y perjuicios, indemnización, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Klaein, Gerardo c/ ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-09-30

De acuerdo a una regla general de aplicación en todo el ámbito del derecho -y no existe razón para marginarla en materia de accidentes y enfermedades del trabajo-, la reparación debe estar referida al daño existente al momento de dictarse sentencia. Las consecuencias perjudiciales pueden haberse modificado desde el infortunio, tanto disminuyendo su importancia, caso en que sólo se indemnizará el daño subsistente, cuanto agravándose las mismas, supuesto en que cabrá reparar el menoscabo en la dimensión que presente al sentenciar. Mas de esas circunstancias modificativas debe hacer mérito el fallo si están probadas.
Daños y perjuicios, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, hospitales públicos, falta de prestación de servicios, responsabilidad del Estado, competencia, responsabilidad extracontractual, responsabilidad contractual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ, LIDIA c/ H.E.C.A. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 344 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-23

Tratándose de pretensiones de resarcimientos de daños sufridos a raíz de la atención médica dada en un establecimiento de asistencia provincial, la Corte nacional ha recurrido a la responsabilidad fundada en la ejecución irregular de la obligación de prestar el servicio de asistencia de salud.

Esta idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil que establece un régimen de responsabilidad por los hechos y omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que le están impuestas, poniendo en juego, así, la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público, no tratándose ésta de una responsabilidad indirecta, toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas.

Pero el encuadramiento de una pretensión por este tipo de daños dentro de la órbita extracontractual asentada en la "falta de servicio" conforme a esta doctrina de la Corte nacional no impide que el propio demandante recurra a las normas contractuales para imputar responsabilidad directa tanto a los médicos como a la institución asistencial a tenor de consolidada doctrina y jurisprudencia que adscriben a la tesis contractualista. Ambos factores de responsabilidad pueden convivir como fundamento normativo de los hechos que sustentan la pretensión. (De la disidencia del Dr. Netri)