Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-16


2º Instancia. - Buenos Aires, marzo 16 de 2009.

1. La firma Car's Supplier S.R.L. apeló en subsidio el proveído de fs. 747, mantenido en fs. 780/782, que la intimó a depositar las sumas que percibió en el cauce de las ejecuciones prendarias iniciadas contra la fallida con posterioridad al decreto de quiebra.

Los fundamentos del recurso fueron expuestos en fs. 753/755 y respaldados por la Sra. Fiscal General en fs. 786/787. El síndico resistió el planteo en fs. 771/775.

2. La Sala no comparte la visión del tema y la solución provistas en el dictamen supra referido.

Es claro, por incuestionado, que la recurrente infringió la carga verificatoria impuesta por la LCQ 200, ya que inició y concluyó las demandas de cobro prendario contra la fallida con posterioridad a la declaración de bancarrota.

No es causal eximente de su actuación la invocada falta de publicación edictal en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, pues (i) la apelante tiene su domicilio social, legal y fiscal en esta jurisdicción (LSC 11: 2º, CCiv. 90: 3º y ley 11.683: 3º), más precisamente en la calle Esmeralda 770, 2º "D", y ello es suficiente para reputar conocido el estado de quiebra de su deudora, que fue hecho saber -acótase- a través del edicto copiado en fs. 216; y (ii) no se informó ni probó, ni se ofreció hacerlo, que la fallida hubiere tenido un establecimiento en la citada ciudad o que allí hubiere estado desarrollando su actividad económica al momento del decreto de falencia (arg. y doctrina de la LCQ 89).

De la declaración brindada por su presidente, Pedro Aníbal Rolón (fs. 294/297), surge que el domicilio de la firma era en la localidad de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires (calle Solís 1311; v. resp. primera); que un amigo del socio Garrido les prestó un terreno sito en la localidad Bella Vista, también en la Provincia de Buenos Aires, donde dejaron algunos materiales (resp. segunda), y que nunca tuvo un inmueble a nombre de la empresa (resp. tercera).

Pero ninguno de los elementos colectados revela, con la contundencia que exige el caso, que la fallida hubiera tenido un establecimiento (término cuyo alcance está determinado por el ámbito físico en el que se desarrolla una determinada actividad, como por ejemplo una industria o un depósito; v. Francisco Junyent Bas-Carlos A. Molina Sandoval, Ley de concursos y quiebras, comentada, Buenos Aires, 2005, T. I, pág. 183, apartado 5) o estuviere desarrollando su giro empresarial en la ciudad de Río Grande al decretarse la bancarrota.

Es por ello que la Sala juzga que no existe argumento válido que sostenga el desconocimiento que alega la recurrente.

¿Y cómo influye eso en el caso de autos? Pues bien: es cierto que retrotraer el proceso y exigir la devolución de lo cobrado en las ejecuciones prendarias para luego reintegrarlo -aunque, se adelanta, no en su totalidad- a la apelante (recuérdese que no existen acreedores verificados en el proceso, y que luce indiscutido que la quejosa tiene un crédito al que le asiste privilegio especial prendario), se presenta como un despliegue contrario a los principios de celeridad y economía procesal, y generador de un inaceptable dispendio jurisdiccional.

En eso se coincide con la Sra. Fiscal de Cámara.

Pero lo que se omite es que la mencionada acreedora tiene igualmente el deber de contribuir con la retribución que pende establecer en favor del funcionario de la quiebra.

Es que si hubiere insinuado el crédito en tiempo oportuno (tal la carga legal incumplida, pero cuyo ortodoxo reproche se soslaya por los motivos antes expuestos) la realización de los bienes pignorados se habría producido o bien en el cauce incidental reglado por la LCQ 209 o en el trámite de este mismo proceso principal.

Cualquiera de esas formas le habría impuesto la carga de contribuir con la satisfacción del honorario del síndico, por así disponerlo la LCQ 244.

Admitir la pretensión recursiva significaría, en lo concreto, premiar al acreedor que infringió claramente el plexo legal falimentario, y que cobró su crédito a espaldas del juez de la quiebra en procesos iniciados a casi cuatro meses de ocurrida la publicación edictal (adviértese que la Sala no se adentra en el escenario de suspicacias que informa el síndico en fs. 521 y vta. y reitera en fs. 772 y vta. por juzgarlo innecesario a los fines de elucidar el presente), sin siquiera abonar el arancel de la LCQ 32 ni aportar suma alguna para retribuir la labor sindical.

Por ese motivo corresponderá que el juez de grado fije prudencialmente el monto con el que la apelante debe contribuir a la satisfacción del honorario del funcionario, para lo cual habrá de tener en cuenta el importe obtenido en las subastas realizadas en extraña jurisdicción.

Esa será la medida de la contribución impuesta a su cargo.

3. Por los motivos expuestos, y oída la Sra. Fiscal General, se RESUELVE: Admitir parcialmente, y con el limitado alcance supra expuesto, la apelación subsidiaria de fs. 753/755.

Distribuir las costas de alzada por su orden en atención a las particularidades del caso.

Encomendar que el Juez a quo proceda del modo señalado.

Notifíquese a la señora Fiscal General de Cámara en su despacho, fecho devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (CPr. 36: 1º) y las notificaciones pertinentes. Es copia fiel de fs. 788/790. -Pablo D. Heredia. -Juan José Dieuzeide. -Gerardo G. Vassallo.