Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-09-15


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Veintidos.- San Fernando del Valle de Catamarca, 15 de septiembre de 2014.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N°021/2010 "SOTO, Julio César - c/ ESTADO PROVINCIAL DE CATAMARCA - s/ Acción Contencioso Administrativa", en los que a fs.192 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art.39 del Código Contencioso Administrativo, obrando a fs.193/202 Dictamen N°135/2013, llamándose autos para Sentencia a fs.202vta.- - - - - - En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

1) ¿Es procedente la Acción Contencioso Administrativa interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde?- 2) Costas.- Practicado el sorteo conforme al acta obrante a fs.204 dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, JOSÉ RICARDO CÁCERES y LUIS RAÚL CIPPITELLI A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que a fs.45/71 el actor en autos (docente provincial), interpone demanda Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción en contra del Decreto Nº1994/08 emitido por el Poder Ejecutivo, que rechazara el recurso de reconsideración intentado por el actor en contra del Decreto Nº875/08 por el cual se le aplicara la sanción de exoneración como docente dependiente del Estado provincial.- Que ingresando a la relación de hechos de la causa, el accionante expone que se desempeñó como profesor de dibujo en escuelas secundarias de la provincia, mostrando una intachable foja de servicios. Que en 1997 es designado secretario de la Escuela Nº52 de Banda de Varela, establecimiento que recibe diversas observaciones por parte de la Supervisora de Nivel Polimodal, hermana del actor, circunstancia que determina la animadversión del Director del establecimiento hacia su persona. Que así las cosas, en el año 2004, en un diario local se da la noticia sobre la existencia de una denuncia penal en su contra por un supuesto abuso sexual del que habría sido víctima un alumno del establecimiento, lo que genera la apertura de una investigación presumarial, la posterior instrucción de procedimiento sumarial abreviado, que concluye con su exoneración.- Que a criterio del ocurrente, todo el procedimiento de investigación administrativa se encuentra viciado: a) porque en la etapa presumarial no pudo tener acceso al control de la producción de la prueba de cargo; b) no evaluación de la prueba de descargo; c) evaluación subjetiva y arbitraria de los hechos investigados; d) falta de tipificación de la conducta imputada; e) falta de intervención de los Órganos Administrativos de asesoramiento legal, irregularidades todas que, en definitiva, violan las garantías constitucionales del derecho de defensa y el debido proceso peticionando su reincorporación y el pago de los salarios caídos.- Que a fs.78/79 este Alto Tribunal declara su competencia para entender en autos.- Que a fs.84/97 corre agregada contestación de agravios de la administración demandada.- Que a fs.105 se abre la causa a prueba.- Que a fs.167/185 y 186/191 obran los alegatos de las partes.- Que a fs.193/202 se agrega dictamen del Sr. Procurador General, ordenándose a fs. 202 vta. el llamado de autos.- Que ello así, la cuestión de autos se sintetiza en el cuestionamiento de que se habría violado en el procedimiento sumarial el derecho de defensa del agente imputado, y la petición de revisión en esta instancia de la regularidad con que hubo ejercido la autoridad administrativa sus potestades disciplinarias.- Que en relación al tema creo necesario recordar "lo que tiene dicho la jurisprudencia en relación a los límites que debe observar la jurisdicción judicial en la revisión del ejercicio de las facultades disciplinarias de la administración, en tal sentido se ha sostenido que: aunque las potestades disciplinarias de la administración sean reguladas, mientras no trasciendan los límites de lo legalmente autorizado o no se ofrezca su ejercicio como expresión de una merituación irrazonable, los criterios empleados conservan, dentro de tales delimitaciones, el trasfondo de una discrecionalidad adecuada a las razones ínsitas en la eficacia misma del servicio público con cuya prestación responsable se vinculan", agregándose que en consecuencia "la revisión judicial debe encararse con criterio excepcional o restrictivo.pues, por una parte debe tenerse presente la autonomía funcional de la Administración Pública que está dotada de una jurisdicción disciplinaria exclusiva y, por otra parte, por la posibilidad de una relajación de la disciplina y una pérdida de prestigio de la autoridad, si sus decisiones en materia disciplinaria, que incluirían menudencias sin importancia, estuvieran sometidas a una revisión que dilatara los efectos de la sanción" (de mi voto en Autos Corte Nº121/03 "Ríos, Roberto Daniel - c/ Provincia de Catamarca - s/ Acción Contencioso Administrativa). Conteste con el análisis expuesto también se ha dicho que: "Compete al organismo que ejerce facultades disciplinarias, apreciar los hechos configurativos de las faltas, determinar la norma aplicable y graduar la condigna sanción, en virtud de lo cual, la potestad del Poder Judicial de revisar dichos actos sólo comprende como principio el control de legitimidad o razonabilidad, ya que se trata de una facultad discrecional de la Administración, por lo que en el ejercicio de esas atribuciones ha de reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de criterio en la apreciación de los distintos factores y reglamentación en juego" (C.N. de Apelac. Federal Sala I "Sanchez, Marta - c/ Consejo Federal de Inversiones - L.L. 1998 - B. 540 - Ar/Jur 3046/1997).- Que a la luz de la doctrina legal expuesta y los criterios jurisprudenciales de cita, surge de las constancias de autos que se inició investigación presumarial por Resolución Nº04/04 por supuesto abuso sexual ocurrido en el colegio donde el actor cumplía las funciones de secretario, concluida esta etapa se inicia procedimiento sumarial abreviado imputándosele al actor diversos cargos y entre los que determinan su exoneración: a) no tomar medidas precautorias de los deberes a su cargo compatibles con un desempeño docente responsable, b) adulteración y falsificación de documento público; c) agresiones y/o abusos morales, físicos y psíquicos a alumnos. A fs.571 el ocurrente toma vista de las actuaciones sumariales con asistencia letrada y solicita copias de las mismas; a fs.591 presta declaración indagatoria acompañado por su letrado; a fs.598 ofrece prueba que refiere a sus antecedentes docentes pero no así a los cargos que se le imputan; a fs.773 obra su descargo; a fs.706 se agrega informe final del sumario; a fs.787 obra dictamen del Tribunal de Disciplina y a fs.799 dictamen final del proceso sumarial abreviado que valora como de extrema gravedad las conductas del docente, lo que da por resultado el dictado del Decreto del Poder Ejecutivo Nº875/08 por el que se le aplica la sanción de exoneración, a fs.835 plantea recurso de reconsideración, el que es rechazado por el Dto Nº1994/08.- Que de la reseña de las constancias de autos surge de manera indubitable que el agente tuvo acceso pleno a las actuaciones sumariales, aportó toda la documentación probatoria que consideró necesaria a su derecho, prestó declaración indagatoria y descargo, oportunidades en las que pudo ejercer con plenitud el derecho de defensa y por fin impugnó todas las decisiones administrativas que consideró conveniente. Por otra parte, la Administración realizó en los distintos informes, dictámenes y decretos un pormenorizado análisis de las circunstancias de la causa y del material probatorio de cargo y descargo, para luego adecuar los actos que consideró probados a la sanción que en relación a tales conductas impone la legislación educativa en vigencia, de lo que resulta que no se le puede atribuir al procedimiento cumplido irregularidad o arbitrariedad manifiesta, ni irrazonabilidad alguna que lo vicie de tal modo de provocar su invalidación en esta sede.- Por último, y en relación a la alegada inconstitucionalidad de la investigación presumarial, tengo dicho en autos Corte Nº99/05 que tales planteos son inviables, en términos de admisibilidad cuando por parte del actor existió sometimiento voluntario al régimen legal administrativo en esa etapa, sin cuestionamiento o reserva alguna, por lo que tal agravio también debe rechazarse.- Por todo lo expuesto, considero que no debe hacerse lugar a la acción intentada. Es mi voto.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Comparto en un todo las consideraciones formuladas por la Sra. Ministro que inaugura el Acto, Dra. Sesto de Leiva, y adhiero a la solución final propuesta, por lo que me pronuncio en idéntico sentido.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que adhiero al fundamento y solución propiciada por la Sra. Ministro, Dra. Sesto de Leiva, por lo que voto en el mismo sentido.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Conforme lo resuelto en la primera cuestión planteada, imponer las costas a cargo de la parte actora que resulta vencida.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Adhiero a la conclusión expuesta por la Sra. Ministro que inaugura el Acuerdo, votando en igual sentido.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que una vez más, adhiero a la conclusión expuesta por la Sra. Ministro preopinante, Dra. Sesto de Leiva, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido.- Con lo que se dio por terminado el Acto, quedando acordada la siguiente sentencia, doy fe.- Fdo.: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva (Presidente), José Ricardo Cáceres (Ministro Decano) y Luis Raúl Cippitelli (Ministro Vice Decano). Esc. Elsa Lucrecia Arce (Sec. en lo Contencioso Administrativo) - Corte de Justicia.-- San Fernando del Valle de Catamarca, de septiembre de 2014.- ­Y VISTOS:

El Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) No hacer lugar a la Acción Contencioso Administrativa interpuesta por el Sr. Julio César Soto en contra del Estado Provincial.- 2) Con costas a la parte actora que resulta vencida.- 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.- 4) Protocolícese, hágase saber y firme o ejecutoriada que sea la presente, por Secretaría procédase a devolver los Expedientes Administrativos agregados por cuerda al Organismo correspondiente y oportunamente archívense. Fdo.: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva (Presidente), José Ricardo Cáceres (Ministro Decano) y Luis Raúl Cippitelli (Ministro Vice Decano). Esc. Elsa Lucrecia Arce (Sec. en lo Contencioso Administrativo) - Corte de Justicia.