Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10


FOSCHIATTI, Heriberto Pedro contra GUELER, Isaac Luis Reg.: A y S t 202 p 488-495.

En la ciudad de Santa Fe a los diez días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler, Rodolfo Luis Vigo con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco a fin de dictar sentencia en los autos "FOSCHIATTI, Heriberto Pedro c/ GUELER, Isaac Luis -Juicio Ordinario por Cumplimiento de Contrato- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte, C.S.J. número. 802, Año 1999).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?.

Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Gastaldi, Netri, Vigo y Spuler.

A la primera cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S., T. 158, pág. 379, esta Corte admitió la que por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado contra la sentencia del 2 de septiembre de 1998, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, por entender que la postulación del recurrente implicaba -"prima facie"- articular con seriedad planteos que podían configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar dicha conclusión.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Netri, Vigo y Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Presidente doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

1. Surge de las constancias de autos que por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito N 4 en lo Civil y Comercial de la 2da. Nominación de Reconquista promovió Heriberto Pedro Foschiatti demanda por cumplimiento de contrato contra Isaac Luis Gueler, solicitando -en virtud del boleto de compraventa celebrado en fecha 30.11.88- se condene al demandado a la entrega de la propiedad adquirida, a escriturar la misma dentro del plazo que fije la sentencia y al pago de los perjuicios derivados de la falta de cumplimiento oportuno de la obligación.

Corrido traslado, el accionado -por medio de sus curiales- contestó la demanda y dedujo reconvención por nulidad y/o resolución del presunto contrato, en razón de error esencial sobre el objeto del mismo, inducido por engaño y con dolo por el demandado reconvencional Heriberto Pedro Foschiatti -denunciado penalmente por dicha maniobra defraudatoria-, reclamando asimismo los daños y perjuicios que detalla. Interpuso, también, excepción de falta de acción (fs. 44/46).

El actor contestó el traslado de la reconvención negando que Gueler haya firmado por error el contrato y que haya sido inducido por engaño a ello. Respecto de la excepción de falta de acción sostuvo que se trataba de una excepción de fondo a resolver en la sentencia y que habiéndola sustentado el reconviniente en los hechos expresamente negados por el accionante debía ser rechazada (fs. 49/50).

Tramitada la causa, por decreto del 12.8.92 (f. 185 vto.), se suspendió el dictado de la sentencia -conforme a lo solicitado por las partes- hasta tanto se fallara en la causa radicada ante el Juzgado de primera instancia de Distrito N 13 en lo Penal de Sentencia de la ciudad de Vera a raiz de la denuncia formulada por Gueler contra Foschiatti.

Dictada resolución en la causa penal (fs. 187/190) y remitida la misma "ad efectum videndi" (fs. 197/201), por sentencia de fecha 29.3.1994 el Juez de primera instancia, rechazó la demanda en todas sus partes e hizo lugar a la reconvención declarando la ineficacia del acto celebrado por las partes en fecha 30 de noviembre de 1988, desestimando la demanda de daños y perjuicios deducida por el demandado en dicha reconvención (fs. 213/217).

2. Impugnado que fuera tal pronunciamiento, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista, por decisorio del 2.9.1998, resolvió "1) Desestimar el recurso de nulidad. 2) Acoger el de apelación haciendo lugar a la demanda y condenando al demandado: a) a escriturar el inmueble objeto del juicio en el plazo y bajo los apercibimientos establecidos en los considerandos y en caso de que no fuere posible el cumplimiento, la obligación del demandado se resolverá en la de satisfacer los daños y perjuicios al actor, que se determinarán en la forma prevista en el art. 265 del C.P.C.C., b) A pagar los daños y perjuicios en la forma, con la actualización e intereses fijados en los considerandos. 3) Desestimar la reconvención. 4) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida...".

3. Contra el fallo de la Alzada interpuso el accionado recurso de inconstitucionalidad invocando los incisos 2) y 3) del artículo 1ro., de la ley 7055.

Al referirse a la arbitrariedad endilgada al decisorio afirmó que en el mismo se presentan tres defectos formales que resultan decisivos. El primero -dijo- consiste en que el doctor Casella cambió su voto, por lo que no se lo puede computar, y los otros dos votos son esencialmente opuestos. El segundo, radica en que la doctora Albizzati no votó la segunda cuestión. El último, que el doctor Gianneschi, en la segunda cuestión no votó tercero, sino segundo.

Agregó que si bien el tercer defecto puede considerarse insustancial, los otros dos revelan una violación de las formas esenciales y una verdadera falta de fundamentación ya que el doctor Casella emitó dos votos totalmente adversos en la primera cuestión y la doctora Albizzati no votó en la segunda y ni siquiera invocó el artículo 26 de la ley 10160. sino su voto anterior sobre la nulidad.

Expresó que otro aspecto sustancial de la arbitrariedad es que el artículo 1103 del Código Civil no es aplicable al caso, porque no se reclamó indemnización por el delito, sino la nulidad del boleto y la indemnización correspondiente.

También sostuvo que los Camaristas que votaron la segunda cuestión han omitido considerar ciertos hechos, lo que a su entender debieron hacer de oficio, consistentes en: a) que en el documento motivo de la demanda figura una persona que no firma, lo que hace al acto inexistente (art. 1012 C.C.); b) que el boleto, aun si no hubiere existido dolo configura un claro abuso, prohibido por el artículo 1071, Segunda Parte del Código Civil; c) que es evidente la violación de los artículos 953 y 954 de dicho digesto.

Y ello es así -dice- porque el valor asignado al bien en el boleto es notoriamente inferior al real, lo que resultaba evidente, no siendo ello tenido en cuenta por los Jueces, que omitieron resolver una cuestión que debió entenderse planteada subsidiariamente, o en todo caso, debieron ejercer sus funciones, derivadas del Código Civil, lo que hubiera permitido evitar una sentencia tan inicua como la dictada.

4. Le asiste razón al recurrente siendo, además, el presente caso propicio para brindar algunas precisiones más acerca del funcionamiento de los cuerpos colegiados y más precisamente en cuanto concierne a la obtención de un pensamiento que exprese la voluntad del tribunal.

Sabido es que esta Corte provincial ha ido puliendo con sus antecedentes el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de manera tal de encajar sin forzamiento alguno tanto en el sistema constitucional como en el ordenamiento procesal. En efecto:

"In re" "Solari" (A. y S., T. 79, pág. 91) este Tribunal puso punto final al problema de la concordancia o contradicción del (artículo 26, ley 10160) con la norma superior (art. 84, Const. Prov.). Pero -además- elaboró la "doctrina correctora" en la aplicación del instituto al sostener que ("...) aun cuando con dos votos pueden resolverse válidamente las causas en segunda instancia, ello no significa que alguno de los miembros de la Cámara pueda quedar descartado a priori del estudio de la causa. Dicho con más claridad: el Secretario, no obstante que advierta que el voto pronunciado en primer término cuenta con la adhesión del segundo juez de la Cámara al que se le adjudicó el expediente por sorteo, igualmente tiene la obligación de pasarlo al tercer camarista para así brindarle la posibilidad de voto en igual sentido que los otros colegas -ampliando o no los fundamentos- votar en sentido contrario o o abstenerse de votar.

En una palabra, lo que no puede válidamente hacer el Secretario y el Juez de la Cámara es eludir que el expediente sea estudiado por todos los miembros de la Sala respectiva del estudio del expediente, privándoselo de la oportunidad para fijar su criterio (...").

Posteriormente, la Corte se encargó de ratificar esa "doctrina correctora", haciendo una especificación adicional en estos términos: ("...) no basta la mera constancia actuarial de que el expediente pasó a estudio de los tres Vocales ni la referencia a que todos ellos están presentes en el Acuerdo. (Entre paréntesis, configura una anomalidad que el acta respectiva no esté firmada por todos).

Es imperioso que el ejercicio de la facultad conferida por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -la abstención de votar- esté expresa y personalmente acreditada, en consonancia con la naturaleza de ese deber- potestad.

Resumiendo, en cualquier caso, la sentencia de un tribunal colegiado debe estar firmada por todos sus miembros (art. 383, C.P.C. y C.), quienes deben tener la oportunidad de participar válidamente en el Acuerdo y de emitir su voto, en forma individual o por adhesión o, en su caso, de ejercer la potestad de abstenerse, conforme lo autoriza el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (...") ("Avalos", "Genolet" y "Vega", A. y S., T. 118, págs. 169, 172 y 175, respectivamente).

Esta causa impone algún aditamento más a esa "doctrina correctora". En efecto:

Aun cuando el caso en estudio ha sido resuelto mediante el voto concordante de dos Jueces de Cámara (voto de los doctores Casella y Gianneschi), validar constitucionalmente la sentencia en recurso por la concurrencia de ese recaudo conspiraría sin más con dos de los aspectos más importantes del funcionamiento de los tribunales colegiados: la deliberación y la formación de la voluntad por el sistema de la mayoría.

Para así considerarlo solo basta con recordar que la señora Magistrada del primer voto, doctora Albizzati, estaba obligada a adentrarse al tratamiento de la segunda cuestión como consecuencia del resultado obtenido por la mayoría al examinar la primera cuestión -rechazo de la nulidad por los doctores Casella y Gianneschi-.

Ello, por cuanto los miembros de los tribunales colegiados deben sujetarse a la decisión de la mayoría arribada al tratar las cuestiones que someten a juzgamiento; si sus razonamientos no son compartidos por sus colegas y quedan en minoría sus votos -como aconteció en la causa con la nulidad- no pueden escudarse en su propia votación para rehusarse al conocimiento de las restantes cuestiones propuestas por el Tribunal -en el caso, la apelación-.

En esta causa la infracción al acatamiento de la voluntad mayoritaria del Cuerpo se encuentra configurada en la especie,en tanto la Vocal del primer voto al tratar la segunda cuestión dijo: "Lo votado al tratar la primera cuestión, posición que pese al voto mayoritario en contrario mantengo, me exime de considerar los agravios que sostiene el recurso de apelación".

Se advierte entonces que la Magistrada ha soslayado voluntariamente -a tenor de sus propios dichos recién expuestos- la circunstancia de que la nulidad por ella afirmada no había sido acogida por la mayoría a la cual, sobre el punto, debía ineludiblemente adecuarse como consecuencia normal de la colegiación (vid. "Peri", A. y S., T. 113, pág. 470).

Siendo ello así, la convalidación constitucional del decisorio encontraría tan solo un fundamento práctico -esto es y como ya se dijo, la existencia de dos votos concordantes- pero implicaría relevar a la Vocal del primer voto, que ya había votado en la nulidad, del deber funcional de tratar de manera integral -no ya formal- los agravios expresados en el recurso de apelación, desestructurando todo el proceso de formación de la sentencia de esos tribunales.

Algo más. De manera alguna puede afirmarse que la Juez de Cámara del primer voto ha hecho uso de una suerte de abstención en los términos del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ello así, por cuanto el ejercicio por parte de los Jueces de Alzada de la facultad conferida por este precepto (art. 26, ley 10160) se encuentra siempre condicionada a la existencia y comprobación previa de que en la causa ya haya dos votos concordantes, circunstancia que la Vocal no dio a conocer conforme a los términos de la sentencia.

Proponer lo contrario, implicaría desnaturalizar y desjerarquizar esta disposición legal con la consecuente desarticulación del funcionamiento de las cámaras o salas en la toma de decisiones válidas.

En suma, el pleno acatamiento a las mayorías arribadas en la votación y la concordancia de votos "previa" al ejercicio de la abstención de votar son dos pautas que se suman a la "doctrina correctora" del instituto en cuestión elaborada por este Cuerpo a través de su jurisprudencia .

En tales condiciones el pronunciamiento impugnado no resulta ser derivación del derecho vigente y, por ende, debe ser anulado.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Coincidiendo con el relato de los antecedentes de la presente causa que efectúa el señor Ministro preopinante, juzgo que la sentencia impugnada merece ser descalificada como acto jurisdiccional válido.

En efecto, más allá de que pueda afirmarse que el caso ha sido resuelto mediante "el voto totalmente concordante de dos jueces" (art. 26, ley 10160) -concretamente con el voto de los doctores Gianneschi y Casella-, la infracción constitucional del fallo sobreviene atento a que la Vocal de Cámara doctora Albizzati, no votó efectivamente la segunda cuestión.

En efecto: la escueta aseveración que efectúa la mencionada Magistrada respecto de que "Lo votado al tratar la primera cuestión, posición que pese al voto mayoritario en contrario mantengo, me exime de considerar los agravios que sostiene el recurso de apelación", no justifica el cumplimiento del deber funcional de examinar, tratar y decidir sobre los vicios "in iudicando" imputados por la actora reconvenida a la sentencia inferior, siendo que era la Magistrada del primer voto conforme al sorteo efectuado de la causa, y que por ende, su "voto" constituía el punto de partida de la deliberación sobre la justicia de lo decidido en la instancia anterior.

Mas concretamente, no hubo un "efectivo voto" de la Vocal de Cámara, configurándose así, una lesión constitucional al derecho de defensa en juicio del ahora recurrente que solo puede ser reparada mediante la anulación de la sentencia en los términos de la doctrina de la arbitrariedad.

Por ello juzgo que aferrarse a la simple comprobación de la existencia de dos votos para otorgar validez de la sentencia implica desestructurar todo el sistema de mayoría y de deliberación a que están sujetos los órganos colegiados (vid., al respecto las reflexiones de Gozaíni, Osvaldo Alfredo, "Las mayorías coincidentes en las sentencias colegiadas", en "Revista de Derecho Procesal N 2. Recurso I.", págs. 391 y s.s.).

En tal sentido, cabe hacer notar que no solo no ha habido voto que era exigido emitir por la doctora Albizzati, sino que la falla de la deliberación se advierte, además, desde la transcripción misma efectuada en la sentencia, donde surge la posibilidad de generar confusiones en los litigantes cuando advierten que en el fallo se consigna o podrían entenderse como consignados dos votos en una misma cuestión (vid. fs. 277v./278).

Debe quedar claro que en el caso se erige el imperativo legal del resguardo adecuado de las formas requeridas para la instrumentación de la sentencia como acto jurídico, desde cuyo cumplimiento puede entenderse la exigencia reiteradamente sostenida por la Corte nacional en el sentido que los pronunciamientos no constituyen una colección de opiniones aisladas sino que a partir de ella se exterioriza la razonada solución del caso conforme a los hechos comprobados de la causa y la normativa vigente (CS, J.A., 1986 -IV, pág. 486).

Se trata de evitar así cualquier situación de incertidumbre a los justiciables que pueda conspirar con una adecuada defensa de sus derechos, debiéndose recalcar que el respeto por las formas, la puridad técnica y el hablar claro en las sentencias son atributos que garantizan el debido proceso de los litigantes y hacen -a no dudar- a un adecuado y eficiente servicio de justicia.

Por las razones expuestas, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

El recurrente endilga a la decisión del Tribunal a quo, defectos formales en la conformación de la sentencia que resultan decisivos, entre ellos, que la Juez de Cámara -doctora Albizzati- no "votó" la apelación.

Este planteo merece ser acogido.

Para así considerarlo se impone recordar -brevemente- los votos de los señores Camaristas.

La señora Vocal del primer voto, doctora Albizzati, al examinar la primera cuestión -¿es nula la sentencia apelada?- propició la anulación del decisorio de baja instancia por vicio de procedimiento sosteniendo que la litis no se había integrado con la cónyuge del demandado.

El señor Vocal del segundo voto, doctor Casella, adhirió "a lo dicho por la doctora Albizzati".

En cambio, el Juez de Cámara del tercer voto, doctor Gianneschi, entendió que el procedimiento no estaba viciado de nulidad alguno por cuanto la esposa del accionado podía hacer valer sus derechos en el momento de ejecución de la sentencia, en caso de que la pretensión reclamada -escrituración de un bien inmueble- fuera estimada.

Frente a estas consideraciones brindadas por el último Vocal, los autos pasaron nuevamente a la Vocal del primer voto -doctora Albizzati- quien se mantuvo en la solución propuesta.

En cambio, el Vocal del segundo voto -doctor Casella-, conmovido por las reflexiones del doctor Gianneschi, volvió sobre sus pasos y tras una nueva consideración del tema propició el rechazo de la nulidad.

Hasta acá queda claro que producto de la "deliberación", del "intercambio racional de ideas" entre los camaristas -asentado en la propia sentencia, en técnica poco común aunque no por ello descalificable, al menos desde el plano constitucional- se arribó al rechazo de la nulidad articulada, que en un primer análisis del razonamiento de los Jueces aparecía como insalvable.

Retomando.

Ante el arribo de un resultado negativo sobre la primera cuestión, la doctora Albizzati, se abocó a la segunda -¿es justa la sentencia apelada?- exactamente en estos términos: "Lo votado al tratar la primera cuestión, posición que pese al voto mayoritario en contrario mantengo, me exime de considerar los agravios que sostiene el recurso de apelación".

Esta consideración no satisface el derecho a la jurisdicción.

En primer lugar, porque la Juez de Cámara, doctora Albizzati, "no votó" estrictamente la segunda cuestión por entender que se lo impedía el tratamiento que ella había conferida a la primera.

Siendo ello así, puede afirmarse que solo en apariencia la Vocal mencionada "votó" la segunda cuestión habida cuenta que, además de la ostensible falta de fundamentación de que adolece el voto, ni siquiera se arriba a un resultado expreso de la apelación, esto es: si la sentencia sujeta a recurso es justa o injusta.

Y este "no voto" de la Juez de Cámara aludida produce la fractura de la sentencia habida cuenta que rompe el sistema de las mayorías que rigen en todo órgano colegiado, suprimiendo, además, una etapa de suma trascendencia en el mecanismo de formación del pensamiento sentencial de esos tribunales, como lo es, la deliberación.

En efecto:

Aun cuando pueda afirmarse que la causa, concretamente la segunda cuestión, fue resuelta con el voto concordante de dos Jueces -doctores Gianneschi y Casella- dando, así, cumplimiento al recaudo exigido por la ley para que exista sentencia válida (art. 26, L.O.P.J.), es por demás de claro en la especie que la Vocal del primer voto de manera alguna podía negarse a tratar la segunda cuestión en tanto estaba necesariamente compelida a su ingreso a tenor de la conclusión a que había arribado la mayoría al tratar la primera cuestión -rechazo de la nulidad-.

La mayoría obligaba a la disidente a analizar la apelación y su negativa configura sin más soslayar las consecuencias normales que surgen de la colegiación.

Y ese rehusamiento termina por frustar la "deliberación" del Tribunal, que tan bien había funcionado en la nulidad habida cuenta que, producto de ella -recuérdese- se había obtenido un resultado distinto al que pudiera extraerse de una mera suma individual de votos.

De ahí que se requería en la causa necesariamente el voto de la Juez sorteada en primer término aun cuando sus argumentaciones no cambiaran la solución final de la causa.

Pero solo así podía darse por satisfecho el mecanismo de formación de pensamiento judicial en que se funda la sentencia de los órganos colegiados, esto es: el intercambio racional de ideas y no una colección de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes.

Por supuesto que las argumentaciones expuestas en nada invalidan la plena vigencia y operatividad del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, precepto que esta Corte ha ido ajustando a las cláusulas constitucionales a través de sus antecedentes (vid. "Solari", "Ávalos", "Genolet" y "Vega", A. y S., T. 79, pág. 91; T. 118, págs. 169, 172 y 175, respectivamente).

Esa jurisprudencia constitucional -en líneas generales- establece que si bien las causas pueden resolverse válidamente con dos votos en segunda instancia, ello no significa que el vocal del tercer voto quede excluido de la causa, pues todos los jueces de cámara deben tener la posibilidad de participar válidamente en el Acuerdo y de emitir su voto, en forma individual por adhesión o, en su caso -el tercero-, de ejercer la potestad de abstenerse.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Vigo y Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Presidente doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada.

Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda a fin de que juzgue nuevamente la causa conforme a las pautas que surgen del presente pronunciamiento.

Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Netri, Vigo y Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Presidente doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda a fin de que juzgue nuevamente la causa conforme a las pautas que surgen del presente pronunciamiento.

Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)