Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-13


Salta, 13 de Febrero de 2.014 Y VISTOS estos autos caratulados "CATACATA Calixto José; TORRES José Raíl vs. GUTIERREZ Lilia Sonia; MARTÍNEZ GUTIERREZ Rocío":Ordinario Revocación de Donación, Expte. nº 182.152/2.007 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 11ª Nominación (Expediente CAM nº 320.968/2.010 de esta Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial) y, CONSIDERANDO 1) La sentencia dictada y agregada a fs. 225/26 hizo lugar a la demanda interpuesta a fs. 6/9 de autos, por incumplimiento de cargo establecido en las escrituras nº 230 y 145, pasadas ante la Escribana Martha Carral de Erazú.

Disconforme con el fallo deduce recurso ordinario de apelación los Dres. Ramiro Angulo y Mercedes Martín mediante escrito de fs. 233. Concedido que les fuera, expresan agravios mediante escrito de fs. 243/50 donde señalan que se tuvo en cuenta el expediente nº 184.136/07 sobre violencia familiar, puesto que los hechos allí ventilados no demuestran actos de violencia de parte de Rocío Celeste Martínez Gutiérrez. Que no se realizó un estudio adecuado de la confesional del Sr. Torres. Que no es cierto que mediara ingratitud, puesto que no es cierto que el actor Catacata tuviera que vivir en una piecita adentro donde viviera solo. Que las testimoniales de las Señoras Alemán y Tolaba están teñidas de enemistad hacia los padres de la apelante, esto es Lilia Sonia Gutiérrez y Luis Alberto Martínez. Dicen agraviarse porque el a quo haya "valorado en forma determinante la prueba confesional del Sr. Torres". Porque se valoró el testimonio de un testigo ajeno al hogar. Que el juez no realizó una interpretación del contrato de donación. Que no haya efectuado una interpretación analógica del artículo 1.846 del C.C. Que además se haya apartado de lo normado por el artículo 1861 del mismo cuerpo legal. Que el juez haya dado un significado distinto al concepto de inmueble. Que el juez se apartó de la doctrina de los propios actos. Que el Señor Catacata dio su consentimiento a la donación efectuada por el Sr. Torres, bajo escritura número 145. Que no hay intimación por incumplimiento de cargo, conforme artículo 1.849 del C.C.; que no hubo incumplimiento de cargo impuesto al Señor Torres. Que no medió ingratitud de la Sra. Martínez Gutiérrez hacia el Sr. Catacata. Pide se revoque la sentencia.

Corrido traslado de los agravios vertidos, son contestados por la actora mediante escrito de fs. 253/256, donde en primer lugar sostiene que los mismos no son la crítica concreta y razonada del fallo. Que está probado el mal trato de todo el grupo familiar hacia el Señor Catacata. Que lo aislaron a una habitación al fondo del inmueble. Que el Señor Torres reconoció su ingratitud mediante el allanamiento efectuado. Que hubo inejecución de cargo. Pide se rechace el recurso deducido.

2) En primer lugar cabe señalar que el escrito de fs. 243/50 de los apelantes, no satisface, estrictamente los extremos exigidos por el artículo 255 del código procesal. "La parte debe leer el fallo adverso, examinar los fundamentos de hecho y derecho que contiene, y señalar cuales son los errores del sentenciante, que ellos provocaron la decisión errada, y que su corrección concluirá en una solución distinta, que es la que se pretende con el recurso." (Sala I, año 1.992: 529; Sala II, año 1.984: 155; Sala III año 2.000: 209; Sala IV, año 1.999: 232; Sala V, año 1.994:545, entre otros).

Disentir con el criterio del juez, sin fundamentar la oposición o sin dar bases a un distinto punto de vista, no es expresar agravios, lo que torna improcedente el recurso en análisis, por cuanto en la especie no se demuestra de manera lógica y fundada el error del sentenciante o que la decisión pretendida es la correcta. (C. J. Salta 27.528/ 05, tomo 108: 453 /458 García R. vs. Pcia. de Salta.

El escrito trasunta disenso, pero no demuestra en forma puntual y concreta, que se haya hecho en la sentencia apelada erróneo mérito de prueba. Se efectúan apreciaciones subjetivas, sin prueba documental, testimonial, de absoluciones que permita sostener en forma objetiva lo afirmado por la parte. Existen afirmaciones, tales, como que el juez fue contra actos propios que no se comprenden en cuanto a su alcance. Se omiten cuestiones esenciales, tales como la prohibición primigenia establecida en la escritura pública nº 230 (de fecha 24 de agosto de 1.994) pasada ante la Escribana Martha Carral de Erazu por la cual el Sr. Calixto Jesús Catacata donaba la nuda propiedad del inmueble matrícula nº 42.742, de transferir, gravar por ningún título la propiedad que recibía el Sr. José Raúl Torres. Igual negación, puede afirmarse, existe a los claros términos de la declaración testimonial de la Escribana Carral de Erazu respecto a lo manifestado en ese acto._ 3) Ello empero, se procederá a analizar, no obstante la falencia señalada, el recurso. En lo que hace al disenso, no crítica, de la valoración de la prueba por parte del Juez, cabe señalar que es jurisprudencia pacífica que "los jueces deben formar su convicción respecto de la prueba de conformidad con la reglas de la sana crítica, debiendo entenderse por esta, un correcto razonamiento judicial, en la selección de los hechos de la causa y el análisis de los medios probatorios individualmente y en su conjunto, integrándolos y armonizándolos de acuerdo a las reglas de la lógica formal y las máximas de experiencia" (CAM 133.255, Tomo XXVI : 197; CAM nº 133.869, Tomo XXVI: 117; CAM nº 244.794, Tomo XXIX : 1971, entre otros).

De ello se sigue que la valoración de la prueba, por parte del Señor Juez, no ha sido objeto de reparos concretos, objetivos y puntuales. No se demostró por la apelante que se hubiera dado un alcance, diferente o distinto a lo expresado en los testimonios, absolución, o prueba documental. Si entendió la apelante que los testimonios de las Sras. Delfina Tolaba (fs. 101/3); Carmen Delia Alemán (fs. 80/83) eran falaces, inexactos, debió haber actuado en consecuencia. Nada se hizo, cuando menos no consta en autos, en tal sentido.

En cuanto a la afirmación de que el juez no realizó una interpretación del contrato de donación, cabe señalar que se trata de una afirmación dogmática de la parte, quien no explica o desarrolla el contenido de su dicho. Igual suerte corre la afirmación de la parte de que el Señor Juez no haya efectuado una interpretación analógica del artículo 1.846 del C.C. Que el Señor Catacata dio su consentimiento a la donación efectuada por el Sr. Torres, bajo escritura número 145 de fecha 12/07/2.002 (cuya copia se encuentra agregada a fs.187/88), tal como afirman los apelantes, es una afirmación incorrecta. En efecto, y tal como se comprueba de una lectura de la misma, las partes que comparecen al acto son: José Raúl Torres, la Sra. Lilia Sonia Gutiérrez en representación de Rocío Celeste Martínez Gutiérrez. Luego (fs. 187 vta.) aparece una referencia que textualmente dice: "USUFRUCTO VITALICIO: A favor de Calixto Jesús Catacata, arg. L.E. nº 3.958.408, sol. E:P:Nº 230 de fe. 24-08-94- Esc. Martha N. Carral de Erazú el que subsiste plenamente.". Ya a fs.187, aparece una firma que pareciera ser la del Sr. Catacata. No se logra desentrañar el carácter de esa supuesta firma. Lo extraño es que la Señora Escribana había confeccionado anteriormente la E.P.Nº 230 pues así la referencia (escritura pública número 230 en fecha 24 de agosto de 1.994) según la cual existía una clara y terminante prohibición, cual era "no pudiendo el donatario transferir, ni gravar, por ningún título propiedad donada en su favor, en vida del donante, quien a su vez...".

La pretendida invocación de ausencia de constitución en mora por la apelante, es manifiestamente inoficiosa a su respecto. Es necesario referir a los hechos en forma temporal. La donación de la nuda propiedad, primigenia, la originaria, es la efectuada por el Señor Catacata al Señor Torres mediante escritura nº 230 en fecha 24 de agosto de 1.994. En la misma se impusieron cargos, claramente establecidos: que lo asista en la vejez, facilitándole medicamentos, alimentos, vestimenta, asistencia médica y cuanto fuere necesario para su subsistencia, y la ya referida, en el párrafo anterior de no transferir.

De allí que no correspondía constituir en mora a la apelante, pues la relación básica era entre el Señor Catacata y Torres. Recuérdese que nadie puede transferir un derecho mejor o más amplio que el que posee. El cargo de prohibición de transmisión de la nuda propiedad que recibía estaba claramente establecido. No habían dudas en cuanto a su alcance. Entre los efectos del incumplimiento del cargo, está la revocación de la donación, conforme artículo 1.849 del C.C. (Lorenzetti, Tratado de los Contratos tomo III, pág. 628 y sgts.) El Señor Torres se allanó a la pretensión, tal como se comprueba a fs. 6 de autos.

4) Aún en el supuesto hipotético, de que pudiera llegar a sostenerse que medió transmisión válida de la nuda propiedad mediante escritura nº 145 de fecha 12/07/2.002, de parte de la apelante se evidencia en base a la prueba producida, un evidente mal trato, falta de respeto y cuidados hacia la persona del Señor Catacata. Los testimonios - no atacados de falsos- de la Señora Alemán (fs. 80/3) y Delfina Tolaba (fs. 101/03) son claros en demostrar el trato inhumano que era objeto el actor. Es mas, esta última testigo brinda el nombre de otra Señora - Lidia Lera de Yapura- que resultaba conocedora de la situación. No ha probado la demandada, haber brindado cuidados y atenciones mínimas siquiera, al anciano. No dio cumplimiento la parte con la carga establecida en el artículo 377 del C.P.C.C.

Antes de cuestionar testimonios le incumbía, de modo positivo, haber producido prueba que acreditara los cuidados, provisión de medicamentos, si hubieran existido.

Si un atisbo de duda existía, se disipa plenamente con la prueba documental contenida en los expedientes VIF nº 177.554/07, donde se denuncia por violencia familiar a la Sra. Sonia Gutiérrez y Luis Alberto Martínez; y mas concretamente la denuncia que hubo de efectuar el actor a la Sra. Lilia Sonia Gutiérrez y al Sr. Luis Alberto Martínez, que tramitara bajo expediente VIF nº 177.311/07. Los mismos dan clara cuenta del mal clima, de violencia instalada que era objeto el Sr. Catacata. Cabe destacar que los denunciados son los padres de la apelante. Existe prueba testimonial de palabras groseras dirigidas por la Srta. Rocío Martínez Gutiérrez al Sr. Catacata (ver fs. 82 vta.).

5) Del análisis que se viene efectuando, se comprueba objetivamente los hechos invocados en la demanda, que acreditan los extremos invocados para la procedencia plena de la acción. Lo que se hizo en la instancia anterior. En cuanto a esta instancia, no existen elementos, prueba o hechos que permitan revocar la sentencia apelada, razón por la cual se confirma la misma debiendo soportar las costas, la apelante en su calidad de vencida, conforme artículo 67 del código procesal.

Por ello_ LA SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 233 en contra de la sentencia de fs. 225/26, por ello CONFIRMA la misma con COSTAS.

DISPONE se registre, notifique y baje.