marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Simulación, prueba, terceros
Materia: CIVIL
Carátula: Antico, Luis c/ Tejero, Juan Carlos y otros s/ Simulación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-28

El principio de que la carga de la prueba pesa sobre el actor en materia de simulación no es de aplicación absoluta, pues si bien debe acreditar la inexistencia del negocio, no debe ser obligado a rendir una prueba negativa, algo que razonablemente no es dable comprobar, eludiendo de producirla el demandado sobre hechos de los que él solamente tiene constancias y que está en sus manos atestiguarlas; si el acto es real, resulta sencillo a quienes aparecen realizándolo demostrar en forma decisiva su veracidad.
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL -CIVIL
Carátula: PEREYRA ROBERTO MAXIMO c/ DINELL  S.R.L. s/ ACCIDENTE  DE  TRABAJO - INCAPACIDAD - REPARACION DEL DERECHO COMUN -  REPARACION ESPECIAL (LEY 9688)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-02-18

En la hipótesis general de daños ocasionados con las cosas hay una presunción de culpa del dueño y guardián, que admite la prueba en contrario. Pero si la cosa es viciosa o riesgosa se esta ante un caso de responsabilidad objetiva. La perjudicialidad de la misma queda demostrada por el hecho mismo del siniestro producido y que ha causado el perjuicio y la incapacidad en el caso del trabajador, salvo que se pruebe la culpa de la víctima o de un tercero por quien el principal debe responder.
Recursos, elevación en consulta
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., L.A. s/ Abuso Sexual a J.B.L.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-11

El instituto de la consulta ha sido pensado e implementado por el constituyente sólo en beneficio del imputado sujeto a una condena de más de diez años y que no la hubiera recurrido, dicho en otros términos, existiendo reclamo de revisión ejercido por la defensa, la consulta pierde su razón de ser, y en tales casos, será la Sala Penal la que sustanciará y decidirá en la cuestión, con la generosidad que demanda la nueva doctrina, quedando por tanto perfectamente correspondidos los estándares fijados por la constitución y por los Pactos, a los que se encuentra sometida la Nación, y acorde con la doctrina nacional y supranacional que los interpreta, la revisión de este modo decidida es completa y satisface las exigencias propias de la revisión integral por un tribunal especializado en la materia.
Responsabilidad médica, culpa civil, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Sica, Juan Carlos c/ E.N.T.E.L.  y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

La culpa médica fluye de la confrontación entre la conducta obrada y la conducta debida por un médico de la categoría o clase a la que pertenezca tal profesional, y la misma emana de los artículos 512, 902 y 909 del Código Civil.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ruotolo, Mirella Gabriela c/ Ferrer, Osvaldo Eduardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

Acreditado el daño, si no hay prueba de su quantum o se trate de valores sujetos al prudente arbitrio judicial -por constituir daños no susceptibles de trasuntarse en cantidades determinadas o determinables en moneda- el mismo puede y debe ser fijado prudencialmente por el Magistrado.
Emergencia económica, pesificación, decreto de necesidad y urgencia, inconstitucionalidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAPCO   HANDELSGESELLSCHAFT   M.B.H. c/ MAGGIO, FRANCISCO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-06

Si bien resulta incongruente que la ejecutante procure la inconstitucionalidad del decreto 214/02 y postule, simultáneamente, la aplicación del decreto 410/02 que, aun cuando se trata de una disposición normativa comprensiva del régimen de emergencia, presupone legítima en tanto la invoca en su beneficio; sin embargo, una interpretación finalista y armónica de la postura recursiva asumida por la ejecutante permite desechar el ataque constitucional y focalizar el estudio en la aplicación del referido decreto 410/02.
Improcedencia del recurso, fundamentación insuficiente, prisión preventiva, abuso sexual calificado por acceso carnal, víctima menor de edad, cámara Gesell, declaración de la víctima
Materia: PROCESAL
Carátula: A., D. J. c/  s/ p.s.a. de abuso sexual con penetración agravado por la convivencia. Ciudad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2016-10-28

Procede rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, y en consecuencia, dictar prisión preventiva y su inmediata detención por ser autor del delito de abuso sexual con penetración agravado por la convivencia, pues el informe médico producido avala y corrobora el ilícito investigado del que resultara víctima la niña de 11 años de edad, que además se corresponde con la denuncia que efectuara su madre al advertir que la misma se encontraba embarazada, y que dicha denuncia coincide con lo declarado por la menor en cámara Gesell, por lo que lo alegado por el recurrente al considerar que la resolución que impugna es arbitraria y contraria a las reglas de la sana crítica racional no resulta suficiente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar se corroboran con lo relatado por la víctima, con el informe psicológico y el informe social, siendo coherente y claro con el hecho vivenciado, no existiendo contradicción como así tampoco al sindicar al encartado como el autor.
Costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: C., E. del C. s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-22

La circunstancia de que una resolución no haya establecido "expresa" imposición de costas debe interpretarse en el sentido de que deben soportarse en el orden causado. Tal omisión, por lo demás, y como indica Loutay Ranea, no determina -por sí y sin más- la nulidad de la resolución respectiva.
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rusconi, Oscar c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-04

El término "derecho" en el art. 1° del C.P.C.A. no está contemplado en sentido técnico como derecho subjetivo contrario a interés legítimo. La ley emplea tal expresión como sinónimo de regla o norma jurídica de carácter administrativo, opuesta a norma o regla de derecho civil. Tal es el sentido que se recoge en la observación del codificador a la nota 1, cuando dice que para que haya una cuestión que produzca una acción contencioso administrativa "Es indispensable que ese derecho sea administrativo, es decir, regido por el derecho administrativo y no por el derecho político, el derecho civil, el derecho penal, etc.". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño moral, responsabilidad del banco, banco de datos personales, información crediticia, información errónea o desactualizada, cuenta corriente bancaria
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: LEDO MARIA ADRIANA c/ BANK BOSTON NATIONAL ASSOCIATION Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-16

La jurisprudencia que sostiene que la sola inclusión injustificada en una base de datos -claro que con referencia a la que registra el BCRA-es susceptible de generar una situación lesiva que importa la reparación del daño moral (Conf., CNCom., Sala C, in re: "Echave Verónica María José c/ Banco Francés SA", del 12.04.05; in re: "Octaviano c/ Banco de Boston s/ ordinario", del 26.03.02; in re: "Ares c/ Banco del Buen Ayre", del 10.11.99; in re: "Robles c/ Banco Mercantil Argentino s/ ordinario", del 06.07.01; in re: "Marchetto Silvia Adriana c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario", del 19.10.07; entre muchos otros), pues resultan innegables las afecciones en la reputación y en el ánimo del perjudicado (CNCom., Sala A, in re: "Zabala, Mirtha c/ Bankboston NA s/ ordinario", del 24.10.08 Es decir, que el daño moral radica en el descrédito que provoca una información negativa, porque enseguida circula en plaza la noticia con la consabida sospecha de insolvencia e irresponsabilidad patrimonial de la perjudicada. Es allí donde radica el agravio moral (artículo 522 Cciv) que debe ser resarcido, sin que quepa sostener que semejante descalificación pueda considerarse una molestia normal de la vida (Eduardo Molina Quiroga, "Daños derivados de bancos de datos", en: Celia Weintgarden -Carlos Alberto Ghersi, "Tratado de Daños Reparables -Parte Especial", T. 2, La Ley, Buenos Aires, 2008, página 531 y antecedentes allí citados; en igual sentido: CNCom., Sala C, "La Loggia, Velia c/ Banco Itaú Argentina SA s/ ordinario", del 02.05.01; "Martín, José Luis c / Banco Roberts SA s/ ordinario", del 22.12.99; "Rabinstein, Roberto Simón c/ Banque Nationale de París s/ ordinario", del 05.03.04; "Meiseles Samuel Marcos c/ Banco Bansud SA", del 27.12.06).
Contratos, compraventa, prueba, valor probatorio, factura electrónica, moneda extranjera, demanda en dólares, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Nidera SA c/ Peña, Juan Antonio s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-03

1 - Resulta procedente el reclamo de cierta suma en dólares procedente de facturas por mercaderías, pues si bien tales facturas fueron emitidas en pesos, al pie de cada una de ellas se efectuó la previsión mediante la cual se estableció que el precio de la operación era en dólares estadounidenses. También se apuntó que atento la imposibilidad técnica de emitir facturas electrónicas en dólares en el sistema de la AFIP, habían sido emitidas por el valor de la mercadería considerada en pesos, al tipo de cambio vigente al momento de la emisión del comprobante. Asimismo, se previó que el pago podría ser efectuado a su vencimiento mediante la entrega de la cantidad de dólares pactada o bien en la cantidad de pesos necesarios para adquirir aquella cantidad de dólares, al tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, para el día hábil cambiario anterior al del efectivo pago. Por último se agregó una última previsión para el supuesto de que antes del vencimiento se instruyera un sistema de desdoblamiento cambiario. En ese marco, de acuerdo a lo que surge de las facturas y de conformidad con la normativa mercantil aplicable (CCOM 474-3°), es indiscutible que la moneda de pago pactada fue dólares estadounidenses. 2 - En tanto es de público conocimiento que entre junio de 2012 y marzo de 2016 el sistema web de la AFIP no autorizó la emisión de facturas electrónicas en moneda extranjera, es irrefutable que el precio pactado en dólares estadounidenses fue facturado en pesos por restricciones ajenas a la voluntad de las partes, bien que admitiéndose el pago en moneda de curso legal a la paridad vigente en el momento del efectivo pago. Así las cosas, es a tales términos contractuales a los que corresponde estar (CCIV 1197, CNCom, Sala F in re "Nidera SA c/ Arguello, Fernando Martín s/ ordinario", del 05/02/19).
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Alonso, Aldo Ernesto c/ Lazo Tours S.R.L. s/ Diferencia de Haberes s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-10

En principio las cuestiones de hecho y prueba no son materia del excepcional recurso de casación, en tanto son cuestiones que competen al análisis y razonable arbitrio de las instancias ordinarias, salvo que las mismas, avocadas a ese cometido jurisdiccional, incurran en una absurda valoración de los hechos o de la prueba rendida en la causa, circunstancias que, en el caso deben desecharse, pues en la lectura de las sentencias de primera y segunda instancia aparece un pormenorizado y prudente estudio de las circunstancias de hecho de la relación laboral, lo que las lleva al resultado indemnizatorio que propician. Por lo tanto, el agravio de la demandada en cuanto al arbitrario reconocimiento de ítems indemnizatorios por una incorrecta valoración del material probatorio en el fallo que impugna no resulta de recibo.
Caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: GHELFI MIGUEL ANGEL Y OTRO c/ V.A. TUELLS Y CIA.  S.A.C.I.F.I. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

Los plazos de caducidad de la instancia se encuentran a partir de la fecha de la última petición de las partes, o providencia o actuación del tribunal que tengan por objeto activar el procedimiento, y no desde la fecha en que ésta quedó notificada -sea por ministerio de la ley o por cédula-, ni desde que quedaron firmes las providencias, pero no corresponde a los fines del cálculo incluir el día mismo en que tuvo lugar el acto impulsivo.

Dicha exclusión, que también consagra el art. 24 del Código Civil, responde al propósito de evitar los inconvenientes prácticos, derivados por el cómputo de horas y no es más que una aplicación de la regla del art. 27, que sienta el principio de que los plazos serán completos.-
Daños y perjuicios, indemnización, accidente de tránsito, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: Ottoni,  Antonio  y  Sachetti  de  Ottoni,  Margarita  Cecilia c/ Alvarez, Ricardo Marcial y otros. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-04

Es descalificable la sentencia que no hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, pues al no dar razones plausibles suficientes para prescindir de las normas aplicables, que preveían las medidas que se debían adoptar en los supuestos de detención ocasionados por accidente o 8 del decreto 14.123/58, de la Provincia de Buenos Aires), la decisión afecta en forma directa e inmediata las garantías constitucionales invocadas.
Honorarios, verificación de créditos
Materia: PROCESAL
Carátula: GAGO HERMANOS SOCIEDAD DE HECHO s/ QUIEBRA PROPIA - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-02-21

La regla general establecida en el art. 11 Ley 7269, es que el profesional contratado en su calidad de tal con una retribución periódica no tiene derecho a cobrar de su cliente los honorarios que prescribe la presente ley. La excepción es que sí pueda cobrarle, en virtud de un convenio especial que lo faculte a hacerlo. La carga de probar la existencia de ese convenio recae sobre el letrado, porque -para triunfar- necesita que quede acreditado el supuesto de hecho previsto en la norma que invoca a su favor. Consecuentemente, si la existencia de ese convenio no ha sido probada, puede validamente concluirse en que todas las tareas profesionales que el letrado cumplía, eran recompensadas con la retribución periódica.

La instrumentación en escritura pública del mandato para actuar en pleitos, no demuestra que una y otra función fueran independientes y que a cada una de ellas correspondiese una retribución diferente, sino que constituye el elemento indispensable que necesita para acreditar en sede judicial la personería que invocaba (art. 27 CPC).

En definitiva, el letrado tiene derecho a solicitar que se regulen sus honorarios pero no a que ellos sean impuestos a cargo de quien fuera su comitente.-
Incidentes, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Martino Jorge c/ Varas Jorge s/ Ejecutivo Banco Delta S.A. c/ Astilleros y Varaderos Sanchez y otro s/ Ejecutivo - Inc.de desocupación P.C.D. c/ C.de P.M.H. s/ Inc.de cesación de cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-16|1990-02-22|1991-09-10

Las decisiones del juez durante la tramitación del incidente son irrecurribles (art.184 CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa
Materia: COMERCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: La Prensa, Sociedad Anónima. s/ APELACION MULTA LEY 20.680.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-02

Es necesario distinguir entre el derecho de la industria o comercio de la prensa; el derecho individual de información mediante la emisión y expresión del pensamiento; y el derecho social a la información, es decir, el derecho empresario, el derecho individual y el derecho social.
Libramiento del cheque, titular de cuenta corriente
Materia: COMERCIAL
Carátula: Asociación Mutual y Social Del Club Atlético y Filodramático Alicia c/ Pierella, Susana Inés s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-09-20

.- Dado que la responsabilidad cambiaria emana de la suscripción del título -art. 40 Ley de Cheques- puesto que el librador se encuentra personalmente vinculado por la declaración cartular inserta en aquél aun cuando el libramiento no se haya efectuado sobre una cuenta propia, dicha responsabilidad cambiaria le corresponde al "librador" del cheque y no al "titular de la cuenta corriente¨, sin que el hecho de que la cuenta no corresponda al librador obste a la validez formal del título, aunque constituya un requisito para que el cheque cumpla regularmente con su función de instrumento de pago.
Movilidad del haber jubilatorio, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CIVIL
Carátula: Yopolo, Miguel Angel c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-14

En el caso "Berçaitz", la Corte tiene dicho que "la jubilación constituye la prolongación, después de la cesación regular y definitiva de la actividad social laboral del individuo, de la remuneración como débito de la comunidad por el servicio que él le ha prestado". Agrega, citando otros precedentes, que "el principio básico que sustenta el sistema previsional argentino es el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad" (Fallos: 263:400; 265:256; 267:196; 279:389). Allí además se señala que las prestaciones "deben ser actualizadas permanentemente para compensar la continua desvalorización que en nuestra época experimentan los signos monetarios, perjudicando a los vastos sectores de la sociedad cuyas únicas rentas son entradas periódicas fijas en dinero" (Fallos: 289:430).
Despido por falta o disminución de trabajo, riesgo empresarial
Materia: LABORAL
Carátula: BOGO CASTILLO c/ COMPAÑIA STANDART ELECTRIC s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-30

Que ENTEL no haya celebrado un nuevo contrato operativo con la empresa dedicada a proveer materiales electrotécnicos no significa para ésta eximente parcial de responsabilidad referente a suspensiones y despido de trabajadores incorporados a su plantel permanente. El riesgo empresario debe ser asumido por el empleador y la contingencia es ajena a la relación laboral.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones procesales, costas, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RUIZ, JORGE FABRICIO c/ CARNEIRO, JAVIER ENRIQUE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-07-05

En cuanto a las costas, en principio cabe recordar que la temática en juego no resulta ser objeto de la vía extraordinaria por tratarse de una cuestión accesoria y privativa de los jueces de la causa, salvo que se demuestre arbitrariedad o lesión a la garantía constitucional de defensa en juicio, circunstancia que el recurrente no logra demostrar en la especie; y más allá de la escasa fundamentación de la Cámara, en atención a las particularidades del caso sometido a decisión -esencialmente las cuestiones agraviadas en Alzada (diferencias salariales, multas ley 24013 y horas extras) y el resultado allí obtenido (recepción sólo de las multas ley 24013)- y en base a la inteligencia de que las decisiones jurisdiccionales deben ceñirse a criterios de razonabilidad, coherencia y equidad, conforme a las pautas trazadas por esta Corte, entre otros,in re "Ferloni", cabe concluir que los accesorios en autos han sido fijados en base a una exégesis posible de las normas en juego y de la situación económica reinante, conformando un decisorio que no aparece disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida. - CITAS: CSJStaFe: Ferloni, AyS T 226, p 176/179. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24013.
Regulación de honorarios, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en barbieri, favio ariel y otros contra gcba sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales s/ otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-22

El principio de proporcionalidad es uno de los más relevantes en materia remuneratoria, pues se encuentra estrechamente relacionado con el de razonabilidad y la garantía de acceso a la justicia, que se vería afectada si el costo del proceso resultara notoriamente superior al monto del mismo o excesivo en relación a la complejidad del debate. La ley arancelaria local lo ha receptado en el art. 17 que, al regular honorarios, ordena ponderar diversos extremos. Y en lo que interesa al presente caso, el mencionado principio de proporcionalidad es acogido por los arts. 29. inc. a) y 43 de la ley n° 5134, al contemplar que los honorarios por las tareas posteriores a la sentencia o en su ejecución se fijen en un porcentaje sustancialmente menor del que le corresponde a los letrados por su intervención durante todo el proceso hasta el dictado de la sentencia definitiva. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Abogados, aportes previsionales
Materia: LABORAL
Carátula: Flores de Lamas, Sara Dionisia c/ Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-10-11

Los aportes que los profesionales abogados efectúan a la Caja de Seguridad Social del ramo, detentan el carácter de " contribuciones para fiscales". En consecuencia y atendiendo a éste carácter tributario (por delegación de la competencia tributaria del estado en organismos públicos o semipúblicos o privados) resulta correcto eximir del pago del 2% del monto homologado correspondiente a tasa de justicia, en vista de que el art.21 in fine del C.P.T. establece que en los casos de conciliación o transacción el beneficio de justicia gratuita se extender a la totalidad de las partes y de las actuaciones respectivas.
Remuneración del juez, igual remuneración por igual tarea
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Vilela, Julio y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

No resulta posible que los jueces de la Nación, porque fueron designados en épocas distintas, o porque efectuaron distintos reclamos, perciban, en virtud del art. 96 de la Constitución Nacional, remuneraciones significativamente diferentes, por lo que es necesario prever determinada reducción para compatibilizar la garantía de dicho artículo con la igualdad y la garantía de igual remuneración por igual tarea (arts. 16 y 14 bis de la Constitución Nacional).