marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fundamentación de sentencias, mayoría de opiniones, tribunal colegiado
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEZ CARLOS c/ RUIZ JUAN DIEGO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-08-13

La Corte Suprema de Justicia de La Nación ha manifestado que "... toda sentencia constituye una unidad lógico jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos.

No es, pues, sólo el imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento: estos dos aspectos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión (v. doctrina de Fallos: 308:139, cons. 5 y su cita; 313:475, entre otros)" (CSJN, 30/05/2006, "Crimer, David c/Romero, Fernando", Fallos 329-II:1661).- Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -ante un caso en que dos jueces habían arribado a la misma solución del litigio, pero con fundamentos diferentes- expresó que "En tales condiciones y ante circunstancias similares esta Corte ha decidido que corresponde declarar la nulidad del fallo que carece de la mayoría de fundamentos exigida por el art. 156... de la Constitución Provincial, no quedando satisfecha dicha exigencia únicamente con la mayoría de resultado (conf. Ac. 47.283, sent. del 3-XII-91) y que no concurre la mayoría de opiniones requerida en el art. 156 n.a. de la Constitución de la Provincia si los dos jueces votaron por la confirmación (o, lo que es lo mismo, por la revocación) del pronunciamiento recurrido lo hicieron por distintos fundamentos..." (SCBA, 10/06/97, "Pedro, Luis Ricado contra San Román, José M. y otro. Daños y Perjuicios", AyS 1997, II, 1111).- Conforme los precedentes citados no basta que la concordancia mayoritaria se observe en las conclusiones, sino que, además, debe exhibirse en los fundamentos ya que si estos son divergentes se quiebra la concordancia intrínseca del acuerdo lo cual impide dotar al fallo de la mayoría racional que lo valide.-
Accidente de tránsito, seguros, suspensión de la cobertura, prima, falta de pago
Materia: CIVIL
Carátula: AGOTEGARAY, Luis Alberto c/ CORTESE, Rodolfo s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

La aseguradora no puede invocar la suspensión de la cobertura del seguro, frente a las indemnizaciones correspondientes a la víctima de un accidente de tránsito, con fundamento en el no pago de la prima o premio del seguro por parte del asegurado responsable del hecho ilícito, si no ha demostrado que el asegurado ha incurrido en mora en el cumplimiento de su obligación, en lo que al pago del premio se refiere.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Soler, Juan Carlos o Riquelme, Osca o Riquelme Ibáñez, Oscar s/ Robo automotor. Homicidio. Violación, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

Corresponde anular de oficio la sentencia recurrida si esta aplicó el art. 142 bis del Código Penal no obstante tratarse de un delito de competencia de la justicia federal ( art. 3º inc. 5º , ley 48, según leyes 20.661 y 23.817) ya que, dadas las naturalezas de las administraciones de justicia federal y provincial, el juzgamiento así realizado por la Excma. Cámara origina una situación excepcional de incompatibilidad con el debido proceso.
Recurso de apelación (procesal), interposición del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: D., M.A. c/ V., J.D. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-11

Deben precisarse parte por parte los errores, las omisiones y las demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, no reuniendo las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación.
Daños y perjuicios, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ  IBARS  RAMON Y OTROS c/ VALAZTIQUI JUAN DE DIOS Y OTROS s/ daños  y  perjuicios. Acumulada: Causa Nº 17.140/03, TASCA OMAR YOTRO  c/ PODER EJECUTIVO NAC. MINIST. DE JUSTICIA POLICIA FEDERALY OTRO s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

Para que proceda la responsabilidad del principal por los hechos de su dependiente en los términos de la primera parte del art.

1113 del Código Civil, el primer requisito es la existencia de una relación de dependencia. Y esa relación de dependencia o subordinación se manifiesta a través del derecho de dar órdenes o instrucciones acerca de la manera como deben cumplirse las funciones. Ese derecho de dar órdenes es el que origina la autoridad y la subordinación. Lo tipificante es el derecho, aunque de hecho no se haya dado ninguna orden o el comitente no haya ejercido su autoridad. Es decir, hay que atenerse a la existencia de la autoridad y no al ejercicio de ella. En esta línea de pensamiento, la dependencia se traduce en la facultad de dirigir, vigilar, intervenir en la conducta de otro; requiere dos personas ligadas por una relación jerárquica: uno con derecho a mandar y otro con deber de obedecer (conf. Belluscio - Zannoni, Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Bs. As., Astrea, 1984, pág. 434).
Recurso de casación, carga procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: P. S.E. s/ Recurso de Amparo F.L., J.R. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-10|2005-03-22

Es carga inexcusable de quien pretende la revocación de un decisorio, demostrar la sinrazón del proceso lógico expuesto por el sentenciante, superando así con su razonamiento el juicio de certeza y la conclusión jurídica arribada en aquél.
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BERNARDO STELLA CONCEPCIÓN Y OTRA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-18

La incompatibilidad se funda en el interés público y tiende a proteger o satisfacer bienes jurídicos de la administración (organización, control laboral, especialización de los agentes, transparencia e imparcialidad de la función, administración del mercado de empleo, etc.) y es el propio Estado en ejercicio de la titularidad de ese interés público quien establece las incompatibilidades mediante sus órganos competentes. La atribución de fijar incompatibilidades es correlativa de la de nombrar o remover funcionarios y empleados públicos.
Fuerzas Armadas, personal militar, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Mengual, Juan y otra c/ Estado Nacional (M° de Defensa EMGE.) s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

No existe óbice alguno para otorgar una indemnización basada en normas de derecho común a un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad - ya sea que su incorporación haya sido voluntaria o consecuencia de las disposiciones sobre el servicio militar obligatorio - cuando las normas específicas que rigen a las citadas instituciones no prevén una indemnización sino un haber de retiro de naturaleza previsional.
Pago, pago parcial, pago a cuenta del impuesto, resoluciones judiciales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sofovich, Gustavo Manuel  c/ Morales, Carlos  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-03

Cabe confirmar la resolución que rechazó la viabilidad de transferir los fondos depositados en estas actuaciones a otro juicio ejecutivo que enfrenta a las mismas partes. Ya que, quien tiene ya arbitrados todos los medios idóneos para cobrar coercitivamente lo que se le adeuda, no puede negarse a recibir lo que se le quiere pagar a cuenta, según criterio que debe entenderse aceptado por la uniforme jurisprudencia del fuero que pacíficamente habilita el retiro de los fondos que se van embargando en forma sucesiva -v. gr. cuando esos embargos recaen sobre haberes- a fin de evitar que, durante el transcurso del tiempo necesario hasta alcanzar la suma total, el deudor se vea privado inútilmente de esos fondos que su acreedor ya tiene afectados a su acreencia.

Si esto era antes así de la entrada en vigencia del nuevo código, con mayor razón lo es ahora a la luz de la regla expresa de ese código según la cual toda persona "...tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de evitar causar un daño no justificado... y adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que ese daño se produzca." (CCCN 1710-a) y b).

En el caso, el riesgo de ese daño es altamente verosímil, pues al haber sido reconocido al actor el derecho a cobrar la suma que se le adeuda al valor que resulte de su conversión al dólar MEP, su demora en percibir lo que ya su deudor ha puesto a su disposición lleva implícito el riesgo de provocarle el perjuicio innecesario que se derivaría de un incremento en ese valor, lo que no puede ser admitido.

La percepción parcial de lo adeudado no provoca al recurrente ningún agravio, por lo que, sin perjuicio de las cuentas que en definitiva se practiquen, su negativa a recibir ese pago parcial debe correr por su cuenta y riesgo pues no le está dado agravar el daño de su deudor ni incurrir en un ejercicio abusivo de los derechos que le han sido reconocidos (CCCN 10).
Inhabilidad de título, cheque, cuentas bancarias, titular de cuenta corriente, firma, nombre de fantasía
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dubonnet S.A. c/ Strugo, Elías A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-04-30

El hecho de que los cheques que se ejecutan pertenezcan a una cuenta bancaria que tenga como denominación un nombre de fantasía, no tiene trascendencia alguna que avale la excepción de inhabilidad de título, si el titular de la misma es el firmante de aquellos y así se halla acreditado, según informe oportunamente solicitado al Banco. Por lo expuesto, la excepción articulada es improcedente si la firma puesta al pie del instrumento le pertenece al ejecutado, ya que resulta irrelevante analizar aspectos formales del documento, porque aunque haya sido negada la deuda no logró demostrarse por ningún medio probatorio que la misma sea inexistente, ya que la totalidad de los documentos presentados con la demanda y las pruebas arrimadas a la causa, fueron complementarias, hacen a la configuración del título.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, plazo
Materia: PENAL
Carátula: Milano, Antonio s/ Querella por injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-23

La interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resulta extemporánea desde que la sentencia impugnada se encontraba firme por el vencimiento de los plazos fijados por el art. 483 del Código Procesal Penal, los que resultan perentorios e improrrogables. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Rendición de cuentas, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BADESSICH, HUGO ALBERTO Y OTRA c/ JOSE ORLANDO FIGUEROA s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-24

Al aprobarse las cuentas y determinarse un saldo activo, el proceso de rendición de cuentas, puede integrarse con una tercera etapa, la misma llamada de ejecución de sentencia, que tiende al cobro de ese saldo activo.
Seguros, prescripción, plazo, cómputo del plazo, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Aguirre, Ivana Jacqueline c/ Boston Compañía Argentina de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-22

En función de una interpretación funcional desde la perspectiva que ofrece la CN 42 y 75-22°; LDC 50 y 3; CCCN 2, 3, 1094 y ccdtes, resulta aplicable en materia de prescripción en los seguros para los consumidores, el plazo de cinco años previsto por el CCCN 2560. Es que la normativa que resulta más favorable al consumidor afectado, en virtud de la "integración normativa" y de conformidad con las pautas fundamentales que fija la LDC 3, es la que fija el plazo genérico establecido en el art. 2560 del nuevo cuerpo normativo y no el plazo anual de la ley 17418. Y ello concretamente implica que no hay obstáculos para que una ley especial establezca condiciones superiores, pero ninguna ley especial -como la de seguros- puede derogar esos mínimos sin afectar el sistema, con lo cual estos "mínimos" actúan como un núcleo duro de reglas de orden público de protección que se suman a las normas fundamentales de protección del consumidor establecidas en la CN 42.

Voto de la Dra. Tevez :.

La solución a la que arriba la Sala (aplicación del plazo genérico de cinco años previsto en el CCCN 2560) es conteste no solo con la posición de una parte de la doctrina especializada, sino, adicionalmente, con el criterio exhibido por recientes pronunciamientos judiciales en supuestos similares al que aquí se examina (cfr. sentencia del 10 de mayo de 2018 de la Primera Cámara de apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza, en autos "Nuñez, Fabián c/ Triunfo Coop. De Seguros Ltda. p/D. y P."; fallo del 5 de diciembre de 2019 de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en autos "Vega, Adriana Luz Mayra y otro c/ Antártida Compañía Argentina de Seguros s/ daños y perj. Incump. Contractual"; y Sanchez, Marina Lilén - Torres Cavallo, Jaime A., "La prescripción en las acciones derivadas del incumplimiento del contrato de seguros. Un reciente pronunciamiento judicial en Mendoza", LLGran Cuyo 2018 (diciembre), 3 -RCyS 2019- III, 46).
Acto administrativo, Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAGRISTANI DE BAJO, MARTA SUSANA c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  -  EMPLEO  PUBLICO  -  HABERES  CAIDOS -  PRESCINDIBILIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-06-04

La carencia absoluta de antecedentes que justifiquen el dictado de un acto, obligan al juzgador a indagar sobre el mismo, aun en documentos producidos 'a posteriori' de la decisión impugnada para enjuiciarla. Ante la falta de antecedentes, debe estarse a aquellos documentos -no originados en su repartición de revista-producidos al tiempo del dictado del acto en cuestión ya que constituyen indicios serios, precisos y concordantes.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, responsabilidad extracontractual del Estado, economía procesal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Lacave, Flora B. y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-10

Cabe revocar la decisión mediante la cual el Tribunal declaró su incompetencia originaria y dispuso que la pretensión deducida contra el Estado Nacional- Policía Federal- debía continuar ante la justicia federal y, frente a la inadmisibilidad de la acumulación subjetiva de pretensiones, el reclamo contra el Estado provincial debía continuar ante la justicia local, pues evidentes razones de economía procesal así como la adecuada preservación de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del debido proceso que le asisten a las partes, en cuanto comprenden la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin a la controversia, llevan a dejar de lado en el sub lite el nuevo contorno del concepto de causa civil definido por la Corte en las causas "Barreto"(Fallos:329:759), "Mendoza" (Fallos:329:2316) y "Banda, Noemí y otros" (del 1/12/2009) y en consecuencia, a mantener su competencia originaria para dictar sentencia definitiva en el asunto.
Recursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: NAZAR SALEM EDUARDO Y OTROS s/ DESBARATAMIENTO DE DERECHO ACORDADOS - RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-07-04

El recurso de apelación, en subsidio, que prevé el art. 459 C.P.P.

(art. 448 C.P.P.N.), es para revisar el auto que rechaza el de reposición y no la decisión que la parte pretende se modifique por contrario imperio. En el caso, al apelarse en subsidio, lo que se cuestiona por esta vía no es la negativa a diligenciar la medida probatoria propuesta, sino el rechazo por improcedencia formal del recurso de reposición, es decir, si procede o no el recurso de reposición en contra de la negativa del juez de instrucción a diligenciar una medida probatoria.

El nuevo ordenamiento procesal (Ley 8123 modificada por Ley 8452) prevé en forma expresa, como resorte de control en esta materia, el recurso de apelación (arts. 344, 335, 460 C.P.P.), razón por la cual, resulta formalmente improcedente cualquier otro recurso.
Acción de amparo, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dakota SA o Dakota SACII y A c/ Municipalidad de la ciudad de San Juan s/ Amparo-Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-08-06

La irreparabilidad del perjuicio que se invoca por vías distintas al amparo constituye un presupuesto de admisibilidad de esta acción como así también, que, precisamente por tratarse de un presupuesto de admisibilidad, la carga de la prueba corresponderá a quién presenta la demanda, y no demostrado por éste que la utilización de esas vías impidan la reparación del daño, corresponde declarar improcedente la acción de amparo.
Suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público Fiscal, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA- c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Soverón, Gabriel Irineo s/ art. 83, usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) (art. 86 según TC Ley 5666 y modif.)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-30

La sentencia que resolvió no homologar el acuerdo de suspensión de juicio a prueba a que habían arribado las partes, no es la definitiva a que se refiere el art. 26 de la ley n° 402, ni el recurrente muestra razones para equipararla a una de esa especie. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Daños y perjuicios, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tuculet, Adolfo Salvador c/ Quiroga, Julio y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

La doctrina casatoria bonaerense -ya consolidada- de que el aumento nominal de una deuda en función de los índices oficiales correctores de la depreciación monetaria no la convierte en más onerosa en su origen, sino que tan sólo la mantiene en su valor económico real frente al envilecimiento de la moneda. Luego la Casación Provincial agregó que para que proceda la actualización de un crédito deben concurrir dos requisitos: 1) una obligación vencida, medie o no mora; y 2) la indisponibilidad por parte del acreedor, luego de ese vencimiento, del dinero envilecido en su poder adquisitivo por efecto de la inflación.
Confirmación de sentencia, daños y perjuicios, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Godoy, Cristian Adriá c/ EN -M Seguridad- PFA- Cromañon y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-20

La Sala -con cita de precedentes propios y de causas análogas, que han sido decididas por la Sala IV del Fuero- resolvió confirmar el pronunciamiento de primera instancia, mediante el cual se había declarado la inexistencia del acto procesal correspondiente al escrito de demanda. En el caso, se ponderó que el escrito de inicio, por carecer de la firma del actor (quien a esa fecha actuaba por derecho propio y luego presentó un poder general judicial otorgado a favor de los letrados que intervinieron en autos) no constituía un acto jurídico y, en consecuencia, no resultaba susceptible de convalidación, confirmación o saneamiento, mediante los actos cumplidos en el proceso -con posterioridad- por ambas partes.
Notificación por cédula, instrumentos públicos, redargución de falsedad, nulidad de la notificación, impugnación de la notificación
Materia: LABORAL
Carátula: MAIDANA, León c/ ALVAREZ, Alejandro y otro s/ ley 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Las cédulas, mediante las cuales se notifica a las partes de los movimientos que se producen en el expediente, al ser firmadas e informadas por el oficial notificador, son instrumentos públicos (arg. art. 980 C. Civil). En tal sentido hacen plena fe hasta que sean redargüidas de falsedad, ya sea acerca de la existencia material de los hechos que el oficial público anunció como cumplidos, como respecto de aquellos que pasaron en su presencia; mediante una acción civil o por medio de una acción penal (art. 993 del C. Civil). Pero en todos los casos, la nulidad no es la vía adecuada para impugnar las notificaciones.
Infracciones aduaneras, graduación de la pena
Materia: ADUANERO
Carátula: Serena, Eduardo Raúl (TF 8531-A) c/ DGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

El artículo 915 del Código Aduanero establece que las penas serán graduadas en cada caso según las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: El incumplimiento en primera instancia de los   requisitos de la presentación preventiva concursal (artículo 11 de   la ley 24522), ¿Es subsanable en la alzada? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-04

La enumeración de los requisitos del artículo 11 de la Ley 24522, constituye una selección de exigencias para la presentación preventiva concursal, absolutamente necesarias para indagar lo que hace falta saber para dar seriedad y certeza a la solución que con estas normas se quiere alcanzar. (De los Fundamentos del Dr.

Serralunga).
Régimen de consolidación de deudas, resoluciones, capitalización de intereses
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rodríguez, Nilda Elena c/ A.N.S.E.S. s/ Ejecucion previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-15

En el caso de que proceda la aplicación de las resoluciones A.N.Se.S. 1061/01 y 562/02, se eliminan por completo los efectos de la consolidación como si ésta nunca hubiera existido, razón por la cual debe abonarse íntegramente la obligación originaria, con los intereses allí dispuestos, sin fechas de corte y sin capitalización de intereses.
Recurso de apelación (procesal), regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: C. J. P. y Otros c/ I. S.A. y Otra s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-28

La apelación de honorarios de abogados posee una autonomía normativa, con especiales previsiones en cuanto al plazo y ocasión de fundamentarla, que impiden considerarla implícita en el recurso deducido contra la sentencia definitiva, aunque ese acto decisorio contenga la regulación (Art. 48 de la Ley XIII n ° 4, antes Art. 49 del Dec.-ley 2.200, su doctrina).