Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-04


Salta, 4 Febrero de 2011.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "KORSSJOEN, MARIA SILVIA CONTRA KORSSJOEN, ANDREA ROMINA; KORSSJOEN, TRIGVE FACUNDO POR MEDIDA CAUTELAR" - Expte. N° 286.616/09 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 2° Nominación (Expte. N° CAM 328223/10 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

I.- La actora a fojas 55 interpone recurso de apelación en contra de la resolución de fojas 53 que acoge el incidente de caducidad de la medida cautelar trabada en autos; recurso concedido a fojas 56.

En memorial de agravios de fojas 57, destaca el apelante que el sentenciante ha incurrido en un error al aplicar el art. 207 del CPCC para acoger la caducidad planteada, cuando por la cautelar solicitada debe ser considerado el art. 210 inc. 4º del mismo cuerpo legal relativo específicamente al embargo donde no se fija plazo alguno de caducidad, por lo que a pedido de parte se debe fijar el plazo de presentación de demanda. Asimismo, a todo evento, entiende que la caducidad del art. 207 no se configura en autos desde que no se trata de obligaciones exigibles como lo exige la norma.

Corrido traslado del memorial de agravios, a fojas 61 la contraria cuestiona el agravio de la apelante por insuficiente, y, en cuanto al fondo solicita el rechazo en todos sus partes del recurso intentado.

II.- En orden a la admisibilidad formal del recurso, se tiene dicho que al efectuarse el análisis atinente a la suficiencia o no del agravio presentado por la apelante, debe seguirse un criterio amplio sobre su admisibilidad, ya que es éste el que mejor armoniza con el derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional; en miras a no limitar la mas amplia y completa controversia de los derechos de los litigantes, toda vez que un mero defecto técnico podría conducir a injustas soluciones en perjuicio de los litigantes quienes recurren en procura de justicia, buscando ser oídos y que se les brinde la posibilidad de ejercer así su legítimo derecho de defensa en juicio (CSJN, Fallos 306: 474; CJSalta Tomo 44, pg. 1109/1113).

En tal sentido ésta Sala ha expresado que no procede declarar desierto un recurso cuando los agravios tienen un mínimo de fundamento. (CApelCC, Salta, Sala II, t. IV, fs. 257). En orden a ello, existiendo una crítica suficiente de la resolución en crisis, la expresión de agravios presentada reúne los extremos del art. 355 del CPCC.

Concerniente al fondo del agravio, dos son los argumentos del apelante por los cuales considera errada la resolución; la inaplicabilidad del art. 207 del CPCC a la cautelar de embargo preventivo, y el no revestir el carácter de obligación exigible los reclamos de autos conforme lo exige el art. 207 mentado; cuestiones a analizar.

El instituto de la caducidad de las medidas cautelares, contemplado en el art. 207 del CPCC, salvo expresa mención en las normas especiales de cada una de ellas, constituye una normativa de carácter general, ubicada en el Capítulo III, de las Medidas Cautelares, Sección 1ª, Normas Generales; aplicable a todas las medidas cautelares que se encuentren en las condiciones que la propia norma prevé: que hayan sido ordenadas y efectivizadas ante de la promoción del proceso, que sean obligaciones exigibles y que haya transcurrido el plazo de 30 días sin que la parte hubiere interpuesto la demanda.

La medida de embargo trabada en autos, no es ajena a las consideraciones aludidas, sin que exista disposición alguna en las normas especiales sobre el embargo preventivo que dispongan un trámite distinto (art. 209 y sgtes. del CPCC).

Por lo demás, la solución que encuentra el apelante al fijarse un plazo para promover la demanda, aparece a todas luces forzada, y sobre todo no se concilia con la esencia del instituto que nos ocupa.

En efecto, la caducidad es una consecuencia de la nota de interinidad que caracteriza a la materia, así como su instrumentalidad, dado que la afectación que acaece en la esfera de los intereses del demandado, sólo puede concebirse en tanto exista juicio pendiente en el que se discuta el derecho que se ha querido asegurar pues de lo contrario constituiría una arbitrariedad. Es así que por razones prácticas la ley ha permitido lograr el aseguramiento antes de deducida la demanda, es justo que se consagre un plazo breve y perentorio dentro del cual debe ponerse en marcha la pretensión de fondo. (CApelCC, Salta, Sala I, Tomo 2004, pg. 666/667).

Al decir de Palacios (Der. Proc. Civil, Tomo VIII, pg. 58/59, nº 1230), el fundamento del art. 207 del CPCC, estiba no sólo en la presunción de desinterés que cabe extraer de la inactividad procesal del beneficiario de la medida, sino también en la necesidad de evitar los perjuicios que ésta puede irrogar a su destinatario. Juegan valoraciones jurídicas de paz y orden.

En orden a la ausencia del presupuesto de encontrarnos ante una obligación exigible, tal argumento deviene de un error conceptual del sentido y alcance de tal acepción en éste ámbito.

Ello toda vez que la exigibilidad implica que el reclamo no se encuentre sujeto a plazo o condición o cualquier otro obstáculo de hecho o derecho que impida la promoción de demanda. Es así que si la acción para actuar el derecho no estuviera expedita, el plazo de caducidad debe computarse desde el día del vencimiento del término o cumplimiento de la condición o de haber desaparecido el obstáculo jurídico o de hecho para deducir demanda (Podetti Tratado de las Medidas Cautelares, Bs.As., Ediar, 1969, pg. 116/117). Extremos no configurados en autos.

Por ello, se rechaza el recurso de apelación interpuesto a fojas 55, con costas a la vencida ( arts 67 y 68 del CPCC).

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.