Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL,COMERC., LABORAL, MINERIA Y FAMILIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-15


Zapala, 15 de Mayo del año 2014.

VISTAS: Estas actuaciones rotuladas "PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ TORIBIO HERNANDO DAVID S/ APREMIO" - Expte. N° 29364/2011", del Registro de la Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° UNO de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Junín de los Andes, reunidas en Acuerdo las señoras Vocales de la Sala I de la Cámara de Apelaciones Civil del Interior, Dras. Gabriela Calaccio y Alejandra Barroso, a efectos de resolver en los términos del art. 47 de la ley 2891, y;

CONSIDERANDO:

I.- Llegan las actuaciones del epígrafe a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el ejecutado a fojas 63 y fundado a fojas 68/75 contra la resolución dictada el día 9/12/2013 obrante a fs. 58/61 que rechaza el planteo de nulidad de mandamiento de intimación y consecuentemente la nulidad de la sentencia de trance y remate dictada en estas actuaciones el día 27/03/2013 (ver fojas 23).

II.- Se agravia el ejecutado en primer término de que el a quo en la resolución recurrida rechazo el planteo de nulidad de la intimación y de la sentencia dictada en su consecuencia, con el argumento de que el mandamiento fue correctamente diligenciado al domicilio fiscal del ejecutado, lo que no se condice ni con la realidad del domicilio fiscal al momento de dicha intimación, ni con lo que surge de la documentación aportada por el ejecutante.

Expresa el ejecutado que obro con absoluta diligencia como contribuyente, ya que una vez mudado el asiento de su negocio modificó su domicilio fiscal registrado por ante la Dirección Provincial de Rentas por medio de la presentación de los formularios correspondientes, desconociendo los motivos por los cuales dichos nuevos datos no fueron cargados al sistema o registrados correctamente.

Transcribe pasajes de su escrito de presentación y cita jurisprudencia que considera avala la postura asumida en estas actuaciones.

Asimismo, se agravia el recurrente en segundo término, toda vez que considera que el juez de grado no ha considerado en la resolución recurrida, que dentro del plazo de ley y en debida forma dio inicio ante el mismo juzgado, al correspondiente tramite de redargución de falsedad del mandamiento también impugnado en este proceso. Expresa que dicha situación no ha sido ni siquiera considerada en la resolución en crisis, al menos a fin de suspender el dictado de la nulidad del mandamiento y de la sentencia requerida en este proceso, a las resultas de la redargución de falsedad planteada en el otro proceso iniciado caratulado "Toribio, Hernando David c/ Provincia del Neuquén s/ Inc. Redargución de Falsedad" (Expte. INC. Nº 436/2013).

III.- Ahora bien, entrando en el análisis del primer agravio formulado por el demandado, es dable principiar señalando que si bien la cuestión en debate se ha centrado en determinar los efectos del domicilio fiscal constituido, y la efectividad o no de la información suministrada a la administración poniendo en su conocimiento el cambio de dicho domicilio, lo cierto es que a fin de dar solución a la cuestión aquí planteada debemos resaltar que conforme se desprende de las constancias de esta causa, a fojas 4 surge de la boleta de deuda Nº 128881 y del escrito de inicio (ver fojas 6) que el domicilio fiscal del ejecutado se ubicaba en calle Moreno Nº 8 de la localidad de San Martín de los Andes, fue allí donde se diligenció el primer mandamiento (ver fojas 13/14) el cual fue devuelto por la Oficial de Justicia con resultado negativo por no existir ese domicilio.

Seguidamente, la ejecutante a fojas 17 denuncia un nuevo domicilio del ejecutado en calle Perito Moreno Nº 962 de la localidad de San Martín de los Andes, sin especificar que el mismo se trataba de un domicilio fiscal constituido, fue allí donde se practicó la diligencia impugnada por el ejecutado Toribio.

Surge también de las constancias de estos autos que el mandamiento cuestionado fue librado a un domicilio "denunciado" (ver fojas 21) no tratándose por tanto del domicilio fiscal del ejecutado, ante ello, consideramos que poco importa para el esclarecimiento de la situación que ahora analizamos el concepto de domicilio fiscal, su importancia o la forma fehaciente que se hubiere comunicado al fisco el cambio del mismo.

Ante ello, cobra vital importancia determinar si la diligencia efectuada por el Oficial de Justicia Ad Hoc al domicilio denunciado del ejecutado -que se desprende de fojas 21 vta.- fue realizada conforme las previsiones del Código Fiscal y del Código de Procedimiento local.

En primer término, debe señalarse que la intimación de pago, embargo y citación de remate, es una diligencia que no se asimila al traslado de la demanda en cuanto a sus formalidades, pero debe efectuarse normalmente en el domicilio real del ejecutado. Lo que surge de autos es que la diligencia del mandamiento se realizó como una cédula de notificación de traslado de la demanda en los juicios de conocimiento, lo cual determina un nivel de seguridad mayor en el anoticiamiento.

Al respecto la jurisprudencia tiene dicho que: "El requerimiento de pago debe hacerse en la persona del deudor (art. 531, inc. 1º del CPCC). Pero se ha entendido que por aplicación del inc. segundo de la misma norma, que autoriza el embargo aun cuando el deudor no estuviese presente, la intimación de pago puede requerirse también a las personas mencionadas en el artículo 141 del CPCC, es decir, "persona de la casa, departamento u oficina, encargado del edificio" (Conf. Palacio, L.E. Derecho Procesal Civil, Tº VII, pag. 393)." Y que "la intimación de pago, embargo y citación de remate, es una diligencia que no se asimila al traslado de la demanda en cuanto a sus formalidades, pero debe efectuarse normalmente en el domicilio real del ejecutado." "... la notificación o intimación pueden realizarse también en el domicilio legal (art. 90 del Código Civil) o bien en aquél que las partes convengan expresamente (art. 101 del Código citado) (ver Palacio, "Derecho Procesal Civil", T. -IV- pág. 40)" (cfr. "Saturno Hogar S.A. C/ Lucev Magdalena Haydee Y Otro S/ Cobro Ejecutivo" (Expte. Nº 414-CA-1.999) -PI-1999-III-510/512; PI-2003-VIII-1497/98, "Provincia del Neuquén C/ Montecino Olga Lidia S/ Apremio" (Expte. N° 384552 - Año 2009), ambos de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción Judicial puede leerse en www.jusneuquen.gov.ar).

Es que, entendemos también que si la intimación se efectúa en el domicilio denunciado en el expediente, y es allí donde -con las formalidades de ley- la notificación surte sus efectos, no debe ser tachada de nula por la circunstancia de no haber sido practicada en la persona del deudor, máxime considerando que la diligencia se efectuó constatado que el ejecutado se domiciliaba allí, ello así por cuanto las formalidades establecidas en el Código ritual son en resguardo del esencial derecho de defensa, criterio éste que debe aplicarse a los mandamientos de intimación, de acuerdo a todo lo expresado precedentemente.

Por lo expuesto y siendo que el Oficial de Justicia Ad hoc ha diligenciado el mandamiento de intimación de pago y embargo de conformidad con las formalidades prescriptas por el art. 531, inc. 1º y cctes. del Código Procesal, el derecho de defensa del ejecutado no se encuentra vulnerado y por ende, entendemos que no cabe la revocación del auto atacado.

Debemos destacar aquí, que en la diligencia llevada a cabo por el oficial de justicia Ad Hoc se dio cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 339 del Código Procesal -tal como fue debidamente ordenaden el mandamiento librado en autos-, esto es el correspondiente aviso de espera (para el día siguiente) y luego de ello al no encontrase a la persona que se buscaba notificar, se procedió a notificar a otra persona de la casa. Es que "...En ausencia del demandado debe dejarse el aviso del artículo 339, párrafo 2, del CPN, a efectos de que la intimación de pago se realice, en cuanto sea posible, con la intervención personal del requerido, brindándole así a este un auténtico conocimiento de la existencia de la ejecución y la acabada oportunidad de ejercer sus derechos..." (Arazi-Rojas, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Anotado y Concordado", T II, pag. 748/749).

En consonancia con lo expresado precedentemente, Enrique M. Falcón manifiesta que: "...El art. 542 primera parte es más claro que el art. 531 cuando explica que la intimación de pago importará la citación para oponer excepciones, debiendo dejarle al ejecutado copia de la diligencia, del escrito de iniciación y de los documentos acompañados... El mandamiento que ordena el juez contendrá esencialmente la intimación de pago y la citación para oponer excepciones, que según el art. 543 constituyen tramites irrenunciables..." (Falcón, Enrique M., "Juicios Ejecutivos y Ejecuciones Especiales", T I, Pag. 307/308), todo ello ha ocurrido en este caso y, por ello, es crucial en este análisis señalar que conforme surge de las certificaciones de fojas 21 vta. el oficial de justicia Ad Hoc el día 26 de Febrero de 2013 se hizo presente en el domicilio denunciado, no encontrándose persona alguna constató -consultando a los vecinos- que el requerido vive allí, dejando por tanto aviso de visita (ver primer sello estampado en el reverso del mandamiento de fojas 21).

Surge también que al día siguiente se constituyó nuevamente en ese domicilio y siendo atendido por una persona de la casa quien le informo que el señor Toribio efectivamente vive allí, firmando al pie el señor Diego Goity (DNI Nº ...) quien recibe copia del escrito de inicio y de la documental acompañada (ver segundo sello estampado en el reverso del mandamiento de fojas 21 y la firma efectuada).

Seguidamente se debe dejar en claro, que tal como ocurre en el supuesto analizado, en este tipo de procesos se debe extremar el examen de las diligencias de intimación de pago cuando son realizadas por oficiales de justicia ad-hoc propuestos por la propia administración a efectos de garantizar los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de defensa en juicio de ambas partes, en el caso consideramos que ello se ha cumplido acabadamente (cfr. Cámara de Apelaciones de Zapala, 03-07-2007, "Provincia del Neuquén c/ Sepúlveda Haydee s/ Apremio", Expte. N° 5462, www.neujus.com/redirectzapala.htm).

IV.- Finalmente, entrando al análisis del segundo agravio expresado por el ejecutado, cabe determinar que el mismo no debe ser siquiera considerado, toda vez que la circunstancia de que ante el mismo juzgado se hubiere iniciado un procedimiento de redargución de falsedad no es suficiente para que el sentenciante de grado ordene la suspensión de estas actuaciones hasta la culminación de aquellas, toda vez que ello no fue requerido oportunamente al momento de plantear las nulidades rechazadas, siendo un argumento que se pretende introducir ahora por medio de su discurso recursivo.

Por lo expuesto, de conformidad con la legislación, doctrina y jurisprudencia citadas, esta Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, Sala I, RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de apelación deducido a fojas 63 y fundado a fs. 68/75, y, en consecuencia, confirmar íntegramente la resolución dictada el día 9/12/2013 obrante a fs. 58/61 del presente; sin costas en esta instancia (art. 68 segunda parte del C.P.C. y C.).

II.- Regístrese, notifíquese y vuelvan oportunamente, los autos al juzgado de origen.

Dra. Gabriela Calaccio - Dra. Alejandra Barroso Dra. Norma Alicia Fuentes - Secretaria de Cámara Registro de Sentencias Interlocutorias N°: 20/2014.