Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ARMELLA Rolando y DATOLO Blanca Angélica c/ Pereyra Rozas César sus sucesores s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-02-10

En los juicios de usucapión la prueba debe estar dirigida a demostrar tanto el hecho de la posesión como el ánimo de dueño en su ejercicio, así como sus calidades de pública, pacífica, continua e ininterrumpida, y el tiempo exigido por la ley para considerar adquirido el dominio. Ello implica la necesaria demostración del inicio de la posesión y la ausencia de interrupciones durante el tiempo de veinte años.

Pues no sería posible determinar el transcurso de veinte años si no se prueba el momento desde el cual ese tiempo debe ser contado. En este sentido, es ajustada la sentencia en cuanto ha entendido que los actores no han demostrado el inicio de la posesión de sus antecesores si, habiendo invocado como punto de partida la adquisición del inmueble a través de un instrumento privado que se aduce extraviado, dicha transferencia no se demuestra por otros medios.

En ese sentido es que cobra virtualidad la prueba pericial contable practicada a instancia de los demandados, desde que acredita la existencia de otras transacciones referidas al inmueble que aquí se pretende usucapir, y no la de ésta; por lo que debe entenderse que no está acreditado el inicio de la posesión invocada. Además, y como lo señala la sentencia atacada, los testigos tampoco coincidieron en la indicación de la fecha de inicio de la posesión de los antecesores de los actores.

No se trataba entonces de establecer si las transacciones demostradas por la pericia contable resultaban oponibles o no a los actores o afectaban el carácter pacífico de su posesión o la de sus antecesores, sino de que no se acreditó la transacción invocada por éstos como hecho que dio origen a la posesión de los padres.

Sin perjuicio de la suficiencia de la consideración que antecede para sostener el rechazo del recurso intentado, cabe agregar que acierta la sentencia en la valoración del certificado de residencia y convivencia, desde que la mencionada constancia no solamente se refiere a un hecho actual al tiempo de su emisión, sino que además no resulta de una comprobación de la autoridad policial, la que se limita a hacer constar la declaración de dos testigos, tal como reza su texto.

Es decir, en última instancia, lejos de ser prueba documental, esta pretendida prueba de la posesióbién en esencia testimonial.- En cuanto a las constancias referidas a los convenios de pago de tasas e impuestos, su valor cobra trascendencia cuando, como se sostiene en los propios precedentes jurisprudenciales citados por los apelantes, las obligaciones tributarias se cumplen regularmente en los términos de sus periódicos vencimientos o, no siendo así, cuando su pago, aunque tardío, es el resultado de una conducta espontánea e independiente de la eventual acción judicial.

Ello así porque, tal como fuera señalado por la Sra. Juez de Primera Instancia, el pago no es un acto posesorio sino un acto jurídico cuya repetición periódica, continua o discontinua, pero pendiente un prolongado período de tiempo, exterioriza de manera indirecta un interés o animo con relación al inmueble gravado. Pero además, en este supuesto, la oportunidad de la celebración de los mencionados planes de pago hace presumir menos un acto espontáneo que una intención ligada a la eventualidad del presente proceso.-