Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-12


LEDESMA, Pedro contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELA Reg.: A y S t 193 p 183-187.

Santa Fe, 12 de noviembre del año 2.003.

VISTOS: Los autos "LEDESMA, Pedro contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELA sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION" (Expte. C.S.J. nro. 536, año 1.990), venidos para resolver la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO:

1. Contra el decisorio de este Cuerpo de fecha 1 de setiembre de 1.999, registrado en A. y S. T. 157, págs. 225/234 que resolvió rechazar el recurso contencioso administrativo interpuesto por el actor, dedujo éste el remedio extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48.

En la pieza de interposición del memorial recursivo (fojas 171/175) al referirse a la procedencia formal del recurso deducido, afirmó que se impugna una sentencia definitiva; que existe cuestión federal suficiente; que posee legitimación para recurrir; y que oportunamente introdujo la cuestión constitucional.

Seguidamente, en cuanto a la procedencia sustancial del recurso extraordinario interpuesto, tachó al decisorio de arbitrario expresando que vulnera los derechos de raigambre constitucional a la estabilidad del empleado público, de defensa, de propiedad, alterando el principio de legalidad.

Adujo que en el fallo no se analizó la legitimidad de la causal de despido, por cuanto la demandada no acreditó que las inasistencias sean injustificadas como así tampoco la notificación de las mismas.

Reiteró la tacha de inconstitucionalidad del artículo 65 in fine de la ley 9286, por restringir los derechos de defensa y a la estabilidad del empleo público, por cuanto no prevé el sumario previo en el supuesto del artículo 63 inciso a), sin que a su vez se establezca un procedimiento distinto.

Consignó en tal sentido, que corresponde aplicar en todos los casos de sanciones como cesantía, exoneración, la regla general del sumario previo, lo que armoniza con los principios constitucionales citados.

Dijo que la sentencia omitió su tratamiento.

Atacó al decisorio por "Prescindir del artículo 116 de la ley 9286 anexo I", conforme al cual toda sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta o infracción, los antecedentes del agente.

Al respecto, expresó que el acto de cesantía no consideró los antecedentes del recurrente, las sanciones disciplinarias previas aplicadas por las mismas causales por las que se sancionó con la cesantía.

Cuestionó la valoración de la prueba, afirmando que se efectuó una apreciación errónea de los hechos de la causa, en el análisis de los certificados extendidos por el médico municipal, médicos particulares, la contradictoria valoración de la causal de ebriedad, y "estar demostrado la falta de desestimación de los referidos certificados médicos" (sic).

Aseveró que se omitió valorar cuestiones incorporadas al proceso, señalando la existencia comprobada de elementos contradictorios en el expediente administrativo;

la opinión del médico municipal sobre el estado de ebriedad del actor sin pruebas que lo sostengan y la declaración del señor Avendaño en sentido contrario al del facultativo, cuestiones que entiende imponían la necesidad de instrucción de sumario previo.

Consideró que resulta inaplicable al sub-examine el fallo "Moyano", en atención a que refiere a sanciones disciplinarias de suspensión, cuestiones de menor entidad.

Asimismo, se agravió del decisorio en cuanto sostuvo que "...la no exigencia de sumario para estos supuestos, no resulta violatoria de la Constitución en cuanto que recurrir a un complejo procedimiento sumarial no resulta imprescindible tratandose de la simple comprobación de inasistencias, bastando el descargo mediante el cual se ejerce el derecho de defensa para dar ocasión a que se justifiquen aquellas, y desde luego, a la producción y valoración de la prueba que ofrezca el empleado en disculpa.

Pero aunque no se exiga un procedimiento complejo y de larga duración como el sumario, debe, en todo caso, llevarse a cabo uno simple y breve...".

Adujo que se vulneró el derecho de defensa, en atención a que hubiera sido relevante en sede administrativa confrontar los elementos contradictorios existentes en la causa.

Dijo que existe un apartamiento de lo decido en la causa "Schereter" citado en el decisorio, ya que se ha omitido todo procedimiento que permita al imputado ser oído antes de ser objeto de la sanción.

Por último, se agravió respecto a la imposición de costas a su parte, expresando que la decisión sobre la materia principal determina una solución en costas acorde con la misma y "que reposa sobre el principio de la indemnización que debe cargar quién someta a la otra parte a un desgaste jurisdiccional".

Corrido traslado a la contraria, lo contestó (fojas 183/185) solicitando su rechazo fundado en la inadmisbilidad e improcedencia del mismo.

2. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del recurso federal interpuesto.

Cabe señalar que la mera deducción del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (A. y S. T. 67, pág. 441; T. 71, pág. 276; T. 77, pág. 439; T. 89, pág. 58; T. 128, pág. 1; entre otros).

A tales efectos es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por la Corte para fundar su decisión, trayendo razones de peso en orden a destruir la fundamentación de tal decisorio por considerarlo lesivo de derechos constitucionales.

Realizando el análisis señalado en párrafos anteriores, se advierte que la pieza recursiva no se basta a sí misma, quedando de tal modo incumplida la exigencia del artículo 15 de la ley 48.

En efecto, el impugnante no efectúa un mínimo relato de los antecedentes de la causa, resultando así insuficiente en orden a demostrar los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional planteada.

Tal como lo ha sostenido reiteradamente el más Alto Tribunal nacional su sola lectura tiene que ser suficiente para la comprensión del caso (Fallos: 302:1171; 306:885; 307:885); de modo que haga innecesario a tal fin la lectura del expediente (307:885; 308:51).

No obstante que lo expuesto, es suficiente para sellar la suerte adversa del recurso extraordinario deducido, es dable señalar que el mismo igualmente no podría prosperar.

Por cierto, los argumentos expuestos por el impugnante en el memorial recursivo, no resultan suficientes en orden a trasponer la admisibilidad de la vía extraordinaria intentada, habida cuenta que éste reitera -casi simétricamente- las alegaciones efectuadas al demandar, pero sin hacerse cargo de efectuar en la impugnación una crítica prolija, concreta y razonada de la sentencia atacada, por lo que no satisface el recaudo de debida fundamentación exigido por las normas pertinentes (artículo 15 de la ley 48; artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

En el caso, el recurrente pretende configurar como una cuestión federal, lo que en verdad constituye una mera discrepancia con los fundamentos del fallo impugnado, denotando la intención de renovar el debate acerca de las circunstancias fácticas de la causa y con relación a cuestiones de derecho público local, lo que no resulta idóneo para habilitar la instancia extraordinaria (Fallos 308:118; entre otros).

Carece de debido sustento, el reproche referido a que el decisorio incurre en arbitrariedad al omitir tratar cuestiones planteadas, referidas a la necesidad de un sumario previo; una supuesta contradicción en los hechos respecto a la causal de ebriedad;

que la demandada no acreditó que las inasistencias sean injustificadas y la notificación de las mismas; cuestiones que fueron debidamente consideradas y contestadas acabadamente en el fallo, -si bien en sentido contrario al postulado por el quejoso-, que no logra conmover los fundamentos del mismo, limitándose a explicitar nuevamente los cuestionamientos formulados al demandar.

En el mismo vicio argumental incurre al cuestionar la valoración de la prueba, insistiendo en su particular apreciación de las circunstancias de la causa, sin efectuar una crítica concreta de los argumentos expuestos por el Tribunal al valorar la misma.

En efecto, basta para desestimar tales agravios, señalar que el impugnante alega que "está demostrado la falta de desestimación de los referidos certificados médicos", sin precisar los elementos probatorios a los que refiere y que además, conforme se valoró en el fallo, tal afirmación no condice con las constancias administrativas de la causa.

Por lo que, el reproche del impugnante deviene así en una mera disconformidad con lo sostenido por el tribunal, no siendo en consecuencia apto para la apertura de la instancia extraordinaria (Fallos CSJN, 297:29; 297:117; 302:1030; 306: 143; 307:23).

Asimismo, no deja de sorprender la contradicción del recurrente, que imputa al decisorio omitir considerar la tacha de inconstitucionalidad del artículo 65 in fine de la ley 9286 y por otro lado, se agravia de los argumentos explicitados por el Tribunal en el fallo, sobre dicha cuestión, -insistiendo en la vulneración del derecho de defensa-, sin lograr demostrar que la Corte haya resuelto la cuestión analizada sin fundamentos bastante, de modo arbitrario o lesivo de garantías constitucionales.

Específicamente, el Tribunal entendió con apoyo en la norma antes mencionada, que la no exigencia de un sumario para el supuesto de autos, -la simple comprobación de inasistencias-, no resulta violatorio de la Constitución Nacional, luego de un exhaustivo análisis de las constancias de la causa, considerando "que se anotició al actor que el médico que lo controló ante sus solicitudes de licencia por enfermedad consideraba injustificadas sus inasistencias, corriéndosele traslado para que efectuara su descargo...tuvo ocasión de ser oído, conocer las actuaciones y ofrecer pruebas, con lo cual no puede entenderse que se haya vulnerado el derecho de defensa".

No existe pues, en este aspecto, reproche constitucional alguno. La circunstancia de que las conclusiones fueran adversas a la postura del recurrente, en modo alguno pueden justificar la apertura de la instancia extraordinaria.

En cuanto al agravio relativo a la imposición de costas, que finca en que la decisión sobre la materia principal determina una solución acorde con la misma, queda sin sustento a poco que se repare que el Tribunal rechazó por improcedente el recurso contencioso administrativo imponiendo las costas al recurrente, aplicando al caso el sistema objetivo de vencimiento, conforme a lo normado por el artículo 84 de la ley 4106, lo que a todas luces resulta acorde con lo decido en la materia principal.

En suma, surge claro que la base de la argumentación recursiva sobre la que se trazan las hipótesis doctrinario jurisprudenciales de arbitrariedad que se esgrimen no se condicen con la realidad de la causa, lo que quiebra la regla de admisibilidad que impone "una relación directa entre la materia del pleito y la cuestión federal aducida en el" (Fallos 165:62; 181:290; 276:365; entre otros).

Por lo demás, tampoco encuentra asidero la tacha de prescindencia de la norma consagrada en el artículo 116 Anexo I de la ley 9286, pues no logra demostrar el recurrente la configuración de tal vicio, desde que sus argumentaciones sólo denotan una disímil postura acerca de la interpretación que efectuara este Cuerpo, en el decisorio en crisis, al analizar que el supuesto que preve el artículo 63 inciso a) de la citada ley como causa para la cesantía, no excluye la posibilidad de que la Administración haya sancionado previamente las distintas inasistencias injustificadas en que hubiere incurrido el agente.

Por lo que, la crítica del impugnante solo traduce diversidad de criterio con el de esta Corte, lo que no genera cuestión constitucional como para operar la apertura de la vía intentada.

Ello así, por cuanto el quejoso no ha logrado poner en evidencia que la inteligencia sobre este punto en el decisorio impugnado excediera el límite de posibilidades interpretativas que brindaban las normas aplicables al caso (Fallos 304:1826).

Igual solución deparan los restantes agravios esgrimidos, dado que vistos en su desarrollo, y no obstante la invocada arbitrariedad y lesión de garantías constitucionales, se advierte que el recurrente no trae argumentos con alguna consistencia en los que base su prédica y tan sólo traducen su disenso con la solución dada a la causa.

Por ende, ante la falta de entidad constitucional de los planteos del impugnante, queda la cuestión reducida a una mera disconformidad acerca de lo decidido por este Tribunal, en ejercicio de funciones propias, en la interpretación de normas de derecho público local y las circunstancias relacionadas con las mismas, lo cual no resulta idóneo para franquear la instancia extraordinaria.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)