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Posesión, bienes inmuebles, actos posesorios, tenencia simple, juicio de desalojo, comodato, prueba del contrato, obligación de restituir
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Procikieviez Luis Andrés c/ María Cristina Serrano - Desalojo s/ Desalojo - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-05-23

1- La posesión se integra por el "corpus" (detentación material de la cosa) y el "animus" (ánimo de dueño). Aún cuando el art. 2384 del C.C. reputa como acto posesorio de los inmuebles "su ocupación, de cualquier modo que se tenga", ello no implica que el ocupante de la ficha pueda, con solo su condición de tal, pretender acreditada la calidad de poseedor. Los actos que se enumeran enunciativamente en el citado dispositivo son equívocos, ya que pueden ser realizados tanto por el poseedor como por el detentador, y si algo definen es el "corpus", nunca la intención de someter la cosa al ejercicio de un derecho de propiedad a que se refiere el art. 2351 del mismo Código. Siendo así, el ocupante debió abonar su pretendida calidad de poseedor con la vinocación y prueba de la causa de su ocupación (arg. art. 2353, C.C.) o acreditando hechos que, por su entidad, demuestren la intención de ejercer sobre la cosa el derecho de propiedad (pagar impuestos, contratar, introducir mejoras, etc.). El actor no necesita probar el contrato de comodato o la tradición, ya que el tenedor está siempre obligado a restituir el inmueble al propietario, mientras no acredite un título que le acuerde derecho a continuar en la tenencia (art. 2461, 2462 y 2465, C.C.). La acción de desalojo es procedente contra cualquier tenedor obligado a restituir el inmueble (art. 748, ley 1419), por lo que, aún no demostrado el comodato, el desahucio es procedente mientras el actor demuestre su condición de propietario y el demandado no acredite derecho a permanecer en la tenencia.

2- El juicio de desalojo la causa petendi, en cuanto termino "esencial" de la litis, radica en la condición de tenedor obligado a restituir que se atribuye al demandado y el derecho del actor a recibir esa restitución. La calificación jurídica que se ajuste a ese vínculo obligacional (comodato, locación, mera ocupación ilegítima) no es, en principio, un extremo esencial de la litis ni condiciona el contenido de la sentencia si, su alteración no lesiona el derecho de defensa del accionado. El ocupante demandado como comodatario no puede frustrar el progreso de la demanda acreditando su condición de simple intruso. Tan solo acredita ser tenedor ilegítimo de la casa, calidad esta que lo obliga a restituir el inmueble al propietario.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ciudadanos    en    defensa   de   sus   derechos s/ supuesto enriquecimiento ilícito.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

Las cuestiones de competencia entre tribunales de distintas jurisdicciones deben ser resueltas por aplicación de las normas nacionales de procedimiento. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Accidente de tránsito, presunción de culpa, vehículo embistente
Materia: CIVIL
Carátula: SPAMPINATO, Julio c/ RODRIGUEZ s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-07

La presunción de culpa del conductor que embiste con la parte delantera del rodado el costado de otro, debe manejarse con prudencia, atendiendo a las circunstancias del caso, pues, si no se prueba la correcta circulación de los vehículos respetando las normas de tránsito, el embestimiento puede originarse en el incorrecto obrar del embestido.
Medidas cautelares, internación, adultos mayores, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: M., M. c/  s/ proceso de restricción de la capacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-06-30

La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 27.360) y el art. 15 de la ley 26.657 que precisan que en ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes.
Empleo público, personal transitorio, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, acción de amparo, denegatoria del recurso, recurso directo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Márquez, Horacio Enrique c/ GCBA s/ amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

Las objeciones planteadas por el quejoso vinculadas con las características de la relación que une a las partes y con las tareas que realiza el actor, claramente remiten al análisis de cuestiones de hecho, prueba y a la interpretación de normativa infraconstitucional (ley n° 471), y sabido es que tales aspectos resultan -como principio- ajenos a esta instancia extraordinaria, ya que ninguna cláusula constitucional deberá desentrañarse para resolver los planteos que aquí trae la demandada. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Confirmación de sentencia, despido, diferencias salariales, ley de contrato de trabajo, industria de la construcción, rebeldía, categoría laboral
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Montiel Arani, Pascual  c/ Molinos Tarquini S.A. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-17

El actor se agravia porque la Juez de la anterior instancia desestimó el reclamo impetrado por diferencias salariales e indemnizatorias, sustentado en el erróneo encuadre de la relación laboral, la que, según su tesitura, quedó regida por el régimen de la ley de contrato de trabajo y no así por el estatuto del personal de la industria de la construcción, regulado en la ley 22.250 y, consecuentemente de su categoría profesional. Agrega, que la prueba documental sumada a la aplicación de la presunción regulada en el art. 71 de la L.O. es suficiente para que se pueda tener por acreditado que su parte desempeñó funciones atinentes a la categoría "capataz de obra", extremo que lo excluye del ámbito de aplicación de la ley 22.250. No se encuentran reunidos elementos de juicio que respalden la tesitura del actor. Los efectos de la situación de contumacia procesal en la que se hallan incursas las accionadas se proyectan sobre todos los hechos expuestos en la demanda (cfr. art. 71 L.O.), ello es a condición que tales hechos sean expuestos de un modo que satisfaga las exigencias que establece el inciso 4° del art. 65 de la L.O. En cuanto a la categoría que el accionante pretende atribuirse no se encuentra debidamente fundada en la demanda, se observa que su parte solo se limitó a denunciar que debió ser registrado en la categoría capataz desde el inicio de la vinculación, sin que se adviertan descriptas la concretas tareas desempeñadas, lo que se presenta por demás insuficiente para que pueda concluirse sobre la existencia de la irregularidad registral denunciada, en orden a la inscripción de la categoría del actor. En los supuestos de rebeldía, es requisito fundamental que la parte accionante efectúe en su demanda un relato circunstanciado de los hechos en los que sustenta la petición. La rebeldía de las accionadas, en los términos del art. 71 de la L.O., no habilita per se a tener por acreditada la categoría profesional denunciada en el escrito de inicio, en tanto que, como es sabido, los efectos presuncionales solo operan sobre los hechos y no se proyectan sobre las cuestiones de derecho y, en el caso, no se advierte que el pretensor hubiese denunciado concretamente los hechos que calificados jurídicamente, hubiesen eventualmente permitido sustentar una resolución condenatoria a partir de la presunción legal. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Presupuesto nacional, proyecto de ley, técnica legislativa, intereses, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VEGA SEGUNDO ARGENTINO Y OTROS c/ EST NAC MIN DEF HOSP MIL CENT CIR MAY DR COSME ARGERICH s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-05

El poder ejecutivo nacional se halla obligado a presentar a la cámara de diputados de la nación el proyecto de ley de presupuesto general, antes del 15 de septiembre del año anterior para el que regirá (art. 26, Ley 24.156). En esas condiciones, el conocimiento que tenía la demandada del monto correspondiente a los honorarios de los profesionales de la actora, le permitía -obrando con un mínimo de diligencia que cabe requerir a quien administra recursos que no le pertenecen y debe arbitrar los medios a su alcance para satisfacer una deuda y evitar con ello su incremento a traves de los intereses que la mora genera- formular los pertinentes requerimientos para que se adoptaran las previsiones suficientes para su cancelación, en el proyecto de presupuesto para el año 1997 (cfr., Sala I, doct. de la causa 6183 del 10.9.95; 10.089/96 del 9.4.96; entre otras).
Acción de amparo, agotamiento de la vía judicial, existencia de otras vías, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: BALNEARIO EL SOLAR S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-03

El solo hecho de que existan recursos de posible planteo en sede administrativa que no hayan sido incoados, es suficiente para resolver la improcedencia del amparo, pues una demanda de esta naturaleza no puede ser utilizada para sustraer la cuestión debatida del conocimiento de la autoridad que interviene en ella por recurso propio del interesado.
Recurso de casación, prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ DE PERALTA DOROTEA H. c/ CLINICA FRANCISCO VITTAR S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-09-11

Entrar a juzgar sobre la trascendencia o intrascendencia de determinada prueba con relación a los otros elementos de convicción de los que los sentenciantes han hecho mérito para sustentar sus conclusiones, llevaría a éste Superior Tribunal a efectuar un nuevo examen del material probatorio arrimado al proceso, lo que sin duda por tratarse de materia que es propia de los jueces de causa excede la función del recurso casatorio, salvo el caso del absurdo o arbitrariedad manifiesta.
Principio de congruencia, competencia, nulidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villamil, Javier Esteban c/ GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

La Sala I al aceptar los agravios de la Fiscal de Cámara, actuó fuera del marco de su competencia, la cual quedó definida por los agravios vertidos por el Sr. Fiscal de primera instancia y no por los argumentos agregados por la Fiscal de Cámara (cfr. art. 242, CCAyT), de modo que la decisión está viciada de nulidad por violación del principio de congruencia y de competencia (cfr. art. 27, inc.4, CCAyT). (Voto en disidencia de la Dra. Alicia E. Ruiz).
Contratos administrativos, licitación pública, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ APREMIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 372-85 CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ APREMIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 373-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-20|1988-04-20

Debe considerarse regido por el Derecho Administrativo el contrato celebrado entre un ente público y un particular, si la finalidad que debe prestar la co-contratante cae dentro de la previsión del artículo 10 inciso c) de la ley 4106 -licitación- y existen cláusulas de supremacía de una de las partes.
Estupefacientes, nulidad procesal, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CHUDNOVSKI, Néstor Abel s/ infr. ley 23737  Causa nro. 12.147
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-09

Cuando se obtiene para el proceso, en una misma diligencia o en poder de una misma persona, sustancias...cuya concentración no puede ser precisada junto con otras cantidades de material en donde tal especificación ha sido posible, no corresponde expedirse sobre aquellas para evitar efectos nulificantes...porque aquella indeterminación los convierte en elementos jurídicamente irrelevantes sobre los que no debe emitirse pronunciamiento judicial".
Cosa juzgada, homologación del acuerdo laboral, invalidez del acto jurídico, Ministerio de Trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Gross Rivarola, Maria Andina c/ Orígenes AFJP S.A. s/ Diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-28

Si bien como regla general, los acuerdos ante la autoridad administrativa tienen reconocida validez con efecto de "cosa juzgada", tal como esta Cámara lo sostuviera en el acuerdo extraordinario "Corujo, Osvaldo c/Doucourt Hnos" y en el Fallo Plenario Nº 137 "Lafalce", en tanto no haya sido atacado en su autenticidad por vicios de la voluntad (conf. Sala III "Delfín, Carlos c/Encotel" SD Nº 29.057 del 16/4/1997), lo cierto es que dicha pauta reconocer excepciones. Por ello, si de los acuerdos suscriptos por las partes y homologados por el Ministerio de Trabajo, surgen violaciones al orden público que implican la renuncia de derechos (art. 12 LCT), tales actos no sólo pueden ser cuestionados por las vías previstas en la ley 19.549 o mediante redargución de falsedad sino que, al no haber justa composición de derechos e intereses de las partes (art. 15 LCT) pueden ser declarados inválidos por el juez competente (conf. Sala VII Expte Nº 18.936/02 SD Nº 38.347 del 28/3/05 "Obregón, Félix c/Tecno Sobres SRL y otro s/despido").
Juicio de desalojo, desalojo anticipado
Materia: CIVIL
Carátula: Superior Gobierno De La Prov. De E.R. c/ Delvecchio Héctor Omar s/ Ordinario Por Reivindicacion -Incidente-
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-06-27

No resulta de aplicación -ni por analogía- la entrega inmediata prevista por el art. 663 bis del CPCyC para los casos de acción de desalojo dirigida contra el tenedor precario o intruso en el juicio por reivindicación, pues al coincidir la medida impetrada con el objeto mismo de la pretensión ventilada en el juicio principal, en rigor ello importa una sentencia anticipatoria o tutela anticipada, para cuya admisibilidad no es suficiente la simple acreditación "prima facie" del derecho alegado en términos de probabilidad "razonable", sino un grado de "verosimilitud del derecho" cercano a la certeza.
Honorarios del abogado, procedimiento administrativo, patrocinio letrado, costas, ley arancelaria, comisiones médicas
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. C-163.531/2020 (Tribunal del Trabajo -Sala III- Vocalía 9) Incidente (innominado): Castrillo Miguel Ángel c/ Asociart S.A. A.R.T. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2022-11-30

El Tribunal del Trabajo es competente para regular honorarios por la actuación profesional ante las comisiones médicas sin perjuicio del carácter nacional de estas últimas, ya que el fuero federal es de carácter extraordinario y no existen fundamentos para apartarse de la facultad jurisdiccional que corresponde a la provincia
Excepciones procesales, litispendencia, acumulación de acciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Secretaría  de  Recursos  Naturales  y  Ambiente  Humano c/ A.C.A. (Cabildo) s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-27

La ley nº 24.434 suprimió la excepción de litispendencia como uno de los modos de obtener la acumulación de procesos (art. 190 del C.P.C.C.).
Actos jurídicos, instrumentos privados, fecha cierta
Materia: CIVIL
Carátula: Agricultores Federados Argentinos SCL c/ Akto SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-13

1. Tratándose de instrumentos privados no es obligatoria la expresión de la fecha en la cual se otorga. Ello, claro está, sin perjuicio de la exigencia de fecha cierta para su oponibilidad a los terceros (supuesto ajeno al caso de autos). Recuérdese que el entonces vigente CCIV 1020 establecía que "Para los actos bajo firma privada no hay forma alguna especial. Las partes pueden formarlo en el idioma y con las solemnidades que juzguen más convenientes". 2. En este artículo, el legislador estableció el principio de la libertad de formas, cuyo límite -en los actos bilaterales- es la firma de las partes (CCIV 1012) y el doble ejemplar (CCIV 1021 a 1025).
Prueba pericial, número de peritos, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: MARIATEGUI s/ PRUEBA  DE  PERITOS.  PLENARIO. PERICIA REALIZADA POR UN SÓLO PERITO.  DILIGENCIA NOTIFICADA A  LAS  PARTES.  POSIBILIDAD  DE HABER OFRECIDO  PERITO DE PARTE. NULIDAD. PRUEBA DE PERITOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

"la pericia sobre la cual se basa el sr. Juez "a-quo" para sostener el punto I de su sentencia, es a mi criterio nula, atento lo dispuesto por el art. 323 Del código de forma. Es necesario, y esta es la jurisprudencia de esta sala, que por lo menos los peritos sean dos. En este caso la pericia en cuestión no cumple con el requisito establecido, y estando la causa en el plenario, no había motivo, y tampoco se esgrimieron, para ampararse en algunas de las excepciones mencionadas en la citada norma".
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAN CARLOS FIGUEROA c/ GOBIERNO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- PROCEDENCIA-    ILEGITIMIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.    PERSONAL    DEL   INSTITUTO  DE  SERVICIOS  SOCIALES  BANCARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17

Las razones expresadas por la alzada al denegar el remedio federal en punto a la extemporaneidad de la cuestión referente a la no obligatoriedad de la instrucción emanada de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, introducidas solamente al interponer el recurso y avaladas por los claros términos de la contestación de la demanda, hacen inatendible su consideración por la Corte.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, situación del imputado, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, Tamara Judith Milagro c/ DEL VALLE, Marcelo Miguel s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-06-25

Cuestionado el sobreseimiento dictado en cuanto no fue expresamente peticionado por la defensa, cabe señalar que para dar una respuesta al planteo se debe acudir a lo consignado en el art. 428, norma que con carácter imperativo establece su procedencia cuando "hayan transcurrido los plazos para realizar la investigación, sin que se formalice la acusación del Fiscal o por haber transcurrido el plazo máximo de duración del juicio", supuestos que importan una consecuencia lógica y fatal a la concepción de improrrogabilidad de los plazos procesales y su perentoriedad, que como se viera imponen una sanción si por tal se la puede concebir, a la inobservancia de los plazos.
Ejecución fiscal, domicilio fiscal, domicilio denunciado, domicilio constituido, cambio de domicilio, actualización de domicilio
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: G.C.B.A c/ Louis Pedo Gastón s/ Ejecución fiscal fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-06

La circunstancia de que la persona demandada ya no viva en el domicilio denunciado no configura un motivo suficiente para desconocer el carácter de "constituido" que tiene el domicilio fiscal, subsistiendo sus efectos hasta tanto no sea denunciado su cambio en la forma prescripta por la ley.
Cómputo de servicios, prueba, prueba testimonial, prueba insuficiente, valor probatorio, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: BARGA, Julio Héctor c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y  Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

Treinta años de servicios, de los cuales por lo menos en quince se tienen que haber efectuado aportes y contribuciones, no pueden ser suplidos en su demostración por declaraciones testimoniales que por su generalidad, vaguedad, imprecisión y similitud, imposibilitan conformar una convicción medianamente cierta de que, efectivamente, el peticionante laboró en forma dependiente durante todo el período que denuncia. (Disidencia del Dr. Fernández).
Excepción de pago, pago total
Materia: CIVIL
Carátula: RIGOURD JOSE AMILCAR c/ ANZANI DE CONCHA NORMA s/ COBRO DE PESOS-VIA SUMARIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-09-01

Opuesta la excepción de pago total, no puede tener cabida, habida cuenta la falta de recibo u otro documento equivalente que acredite la cancelación total de la deuda, y que sea otorgado por el acreedor.
Regulación de honorarios, falta de regulación, prescripción bienal, cómputo del plazo, renuncia del patrocinante
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Terrasse de Fermé, Adriana s/ Sucesión ab-intestato.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-26

El plazo de prescripción que corresponde aplicar en caso de honorarios no regulados, el de dos años (art. 4032 del Código Civil) y su punto de partida, cuando la actuación del profesional ha cesado por la renuncia que efectuara a su mandato, debe computarse a partir de entonces, ya que contaba con la acción para reclamar el cobro de sus honorarios, lo que así debe interpretarse si a la par que renunciaba al mandato solicitaba la regulación de sus honorarios.

Si desde la notificación de la renuncia hasta la presentación de su clasificación de trabajos el profesional ha dejado de transcurrir con holgura el señalado plazo bienal, no cabe sino admitir el planteo de prescripción.
Incapacidad laboral, capacidad residual
Materia: LABORAL
Carátula: Choque Yelma, Epifanio c/ Prado, Emiliano y-o Quien Resulte Responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-06-11

La posibilidad de aplicar una segunda minusvalía teniendo en consideración la capacidad laboral restante que se encuentra disminuida por un infortunio previo y sin necesidad de incursionar en los aspectos de consolidación de cada una de las incapacidades portantes por el damnificado por el accidente o las enfermedades laborales, puede analizarse cuando se trata de una reagravación, o cuando se trata de una nueva incapacidad de la misma etiología que la primera que causara la incapacidad, o cuando por aplicabilidad de los distintos porcentajes de incapacidad se llega a superar el 100 % de la total obrera.
Concursos, extensión de la quiebra, intervención de terceros, estado de insolvencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: INTERNATIONAL EXPRESS SA c/ OBSTEIN, LUIS Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-19

En las acciones de precomposición del patrimonio del fallido, el legislador -al proporcionar el marco normativo concursal- ha establecido entre los diversos remedios para tutelar el crédito de la colectividad de los acreedores del deudor común, acciones tendientes a facilitar la efectiva reparación de ciertos perjuicios que incidan negativamente en la insolvencia de aquel y, concretamente, resultantes de conductas antijurídicas llevadas a cabo por personas que de un modo u otro encarnan los órganos de administración y de gobierno, hayan conducido los negocios del fallido, acrecentando dolosamente el deterioro de la insolvencia del deudor, posteriormente declarada la quiebra, y agravando aún mas el equilibrio patrimonial para atender el pago de los créditos a la colectividad de los acreedores concurrentes, a cuyo efecto no debe dejarse de lado, tampoco, una razonable probabilidad de la incidencia de la "realizabilidad del activo".