Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-04


2º Instancia.- Santa Fe, octubre 4 de 2006.

1º ¿Es justa la resolución recurrida? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictarse? El doctor Saux dijo:

A fojas 127 de estos actuados los actores, mediante la representación profesional acreditada en su debido momento, plantean recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada por el titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 1º Nominación de esta ciudad de Santa Fe (vide fojas 123/126 vta.), a través de la cual, acogiendo la defensa de prescripción de la acción que la demandada interpusiera al contestar la pretensión contenida en el escrito introductivo de la instancia, rechazara la demanda con costas a cargo de los aquí recurrentes.

En una breve reseña del contexto de los hechos, puede memorarse que al demandar (fojas 4/11 vta.) los accionantes -cónyuges entre sí- reclaman de la aseguradora "AETNA VIDA SA" -en el decurso de la causa transformada en "American Life Insurance Company Compañía de Seguros de Vida SA", según se denuncia a fojas 41- el cobro de la suma de $ 2.506,68 como reembolso de lo por ellos abonado desde el inicio de la vigencia de los contratos de seguro de vida y capitalización que ambos pactaran con la accionada (en 31 de octubre de 1996, según pólizas acompañadas como prueba documental) hasta el momento en el cual la aseguradora, unilateral y abusivamente, declarara rescindidos dichos contratos por supuesta falta de pago de las primas (en 30 de abril de 1998); con más la de $ 5.000,- por daño moral; y la suma que pericialmente se determine por lucro cesante, más sus intereses y costas.

Mencionan que la razón invocada por la demandada para rescindir el contrato carece de sustentabilidad, toda vez que la misma estaría vinculada a no haber podido cobrar sendos cheques librados por los actores contra el Banco de Quilmes (Nos. 201/80000 y 232/80005) con los cuales, como en meses anteriores, abonaran la prima, pero que esa imposibilidad de cobro no les resultaría imputable a los accionantes sino a la propia demandada, que en un caso cometió un error al endosar el título valor, y el otro ni siquiera fue presentado al cobro, con lo cual la rescisión contractual unilateralmente dispuesta carece de causa valedera, y además deviene especialmente dañosa, por cuanto los deja sin cobertura (conservando la demandada todo lo abonado durante el período de vigencia de los contratos), los agravia moralmente y además encarece la contratación de nuevos seguros por cuanto al transcurrir el tiempo y ser los actores menos jóvenes que al incorporarse a "Aetna", cualquier nueva aseguradora encarecerá las primas en función de esa mayor franja etaria. Fundamentan su reclamo en la normativa de la ley de defensa del consumidor, en el actuar abusivo de la aseguradora y en el enriquecimiento sin causa generado a partir de aquella rescisión unilateral e injusta.

Al contestar la demanda (fojas 34/41 vta.), la aseguradora demandada admite la existencia del vínculo contractual entre las partes en los términos expuestos en la demanda, pero alude a que cuando el cheque allí mencionado fue presentado al cobro con un error en el endoso atribuible a la propia beneficiaria, los accionantes se negaron a expedir uno nuevo que lo sustituyera, en cuya virtud se dispuso el distracto. En el mismo escrito oponen la defensa de prescripción de la acción, manifestando que los actores estaban en condiciones de demandar a partir del 30 de abril de 1998 (que es cuando el productor de los seguros les notificara fehacientemente la rescisión), y que recién lo hicieron en 14 de junio de 2001, habiendo transcurrido más de tres años. Argumentan que la nota enviada en fecha 21 de julio de 1998 por el apoderado de los luego demandantes reclamando el reintegro de las sumas pagadas desde la vigencia de las pólizas -cabe señalar que la correspondencia intercambiada entre las partes antes de esta instancia judicial obra también como prueba documental acompañada, y que tengo ante mi al expedirme-"..podría actuar como acto suspensivo", aunque formalmente carece de los requisitos de la constitución en mora en forma auténtica que contempla el artículo 3986 del Código Civil; y que aún en el caso en que tuviera ese efecto la suspensión correría desde esa primera misiva y no desde la segunda de fecha 3 de agosto de 1998; así como que tal efecto suspensivo por disposición legal operaría sólo durante un año, con lo cual el plazo se habría reanudado en todo caso el 21 de julio de 1999, estando de tal modo holgadamente cumplido el plazo prescriptivo liberatorio anual que rige en la materia, conforme al artículo 59 de la ley de seguros Nº 17418. Agrega además que la entrega de los cheques en cuestión no tiene efectos cancelatorios, ya que siendo cheques y no dinero efectivo deben ser considerados como dados con carácter "pro solvendo" y no "pro soluto", citando jurisprudencia en apoyo de su aseveración, debiendo tenerse en cuenta que la rescisión se produjo ante la injustificada negativa de los actores a cancelar la deuda por otra vía, atento a la deficiencia del cheque mal -o no- endosado. Respecto de las pretensiones indemnizatorias rechazan el reclamo de reembolso de lo abonado por los períodos de vigencia de la póliza, habida cuenta de que durante ese lapso mientras los pagos mensuales de las primas se hicieron, el contrato estuvo vigente, y si alguno de los reclamantes hubiera fallecido la aseguradora hubiera abonado el premio, con lo cual no habría razón jurídica alguna para el pretendido reintegro. Con relación a la indemnización por pérdida de chance -en relación con los mayores costos que les insumiría a los accionantes contratar un nuevo seguro por tener más años de edad- también resisten la pretensión, señalando que los más de tres años dejados transcurrir desde que se diera de baja el seguro sólo son imputables a los propios actores, y que en tal virtud teniendo ellos la libertad de contratar o no otro seguro, queda en una zona de absoluta indefinición y vaguedad la cuantificación de lo pretendido. Agrega también que no hay montos rescatables -siendo los seguros de vida y capitalización-, ya que conforme a la cláusula 4º de las condiciones generales el "Fondo de ahorro adicional de libre disponibilidad" se constituiría con el aporte de primas suplementarias, las cuales nunca fueron integradas por los reclamantes.

Concluye señalando respecto del daño moral que en materia contractual el mismo es de especial estrictez en su prueba y valoración, y que los supuestos dañados nada ofrecen en materia de acreditación de su existencia.

Abierta la causa a prueba, ofrecida y producida la misma y agregados los alegatos, el juez de anterior instancia dicta sentencia a fojas 123 y ss.. En dicho decisorio dice tener por acreditado que la rescisión contractual dispuesta por la demandada fue infundada, en la medida en que esta última no probó su manifestación de que ante el error por ella misma generado al no endosar un cheque y no presentar al cobro el otro, requirió a los actores otra vía de pago y éstos se negaron a materializarla, calificando de tal modo a la rescisión como "inesperada y abusiva" (vide fojas 125 vta. in fine). No obstante ello -en argumentación que según una secuencia metodológica razonable hubiera debido ser previa- rechaza la demanda por estimar procedente la defensa de prescripción de la acción, a tenor de las previsiones armónicas de los arts. 58 de la ley 17.418 y 853 del Código de Comercio, que contemplan un plazo prescriptivo anual para las acciones derivadas de un contrato de seguro, habiendo dicho plazo transcurrido holgadamente al tiempo de demandar.

Contra dicho pronunciamiento, hemos visto, se alzan en apelación los actores, expresando sus agravios en el libelo de fojas 141 y ss. En dicha pieza procesal manifiestan que yerra el a quo cuando aplica al caso bajo juzgamiento un plazo anual de prescripción, cuando en realidad el aplicable sería el decenal que el artículo 4023 del Código Civil aplica en materia contractual; señalando como un contrasentido que la misma sentencia estime y declare que la rescisión unilateral del contrato por la demandada sea abusiva, y tras cartón rechace la demanda, lo cual implica amparar judicialmente ese mismo ejercicio abusivo de un derecho. Abundan señalando que si esta Sala considerara inaplicable el plazo decenal de prescripción liberatoria del artículo 4023 del C. Civil, debería tenerse en cuenta el plazo trienal del artículo 50 de la ley de Defensa en juicio del consumidor nº 24.240, que conforma un contexto normativo especial, posterior y de orden público, la cual deviene claramente aplicable en el sub lite por imperio de la reforma constitucional de 1994 que privilegia la tutela de los consumidores frente a los prestadores de bienes y servicios. A partir de allí califica a la sentencia a qua como arbitraria, impetrando su revocación y haciendo reserva del caso constitucional. La demandada contesta los agravios en su escrito de fojas 147/148 vta., impetrando su desestimación y adhiriendo al criterio que informa el fallo a quo.

Así dadas las cosas, obviamente que la primera cuestión a abordar será la inherente al tratamiento de la defensa de prescripción interpuesta por la parte demandada, la cual, como hemos visto, tuviera acogida en anterior instancia. El tema es singular, en la medida en que se tenga en cuenta que en autos se ha argumentado que el plazo prescriptivo debiera ser el decenal del artículo 4023 del Código Civil o en su defecto el trienal del artículo 50 de la ley de defensa del consumidor (según los actores), frente al que aplica el plazo anual de los artículos 58 de la ley de seguros y del art. 853 del Código de Comercio (según la demandada y el fallo a quo).

Ante todo, debo consignar que no tengo duda alguna en orden a la inaplicabilidad al caso del plazo prescriptivo general decenal operativo en materia contractual conforme a los términos del artículo 4023 del C. Civil. Y digo ello por cuanto claramente dicha norma, como lo consigna su primer párrafo -según el texto de la ley 17.711, corregido por la ley 17.940-, funciona como referencia genérica en los casos en los cuales "no haya disposición especial", vale decir, no haya un plazo prescriptivo menor fijado para el supuesto en otra norma, civil o comercial. Y en el sub lite es incontrovertible que estamos en presencia de un contrato comercial -todos los contratos de seguro lo son a tenor de lo normado por el inciso 6º del artículo 8º del Código de Comercio- y que el artículo 50 de la ley que regula específicamente la materia (ley de seguros 17.418) fija expresamente un plazo anual para la prescripción liberatoria que se compadece con la agilidad inherente a la contratación mercantil y con la necesidad de consolidar rápidamente las situaciones conflictivas que le son inherentes (vale al respecto la cita que el fallo a quo hace de la opinión de Rubén Stiglitz, en su trabajo titulado "Contrato de seguro y prescripción liberatoria", en RCyS, 2003-120 y ss.). Siendo ello así -y resultando también inatendible la argumentación de los actores en el sentido de que la norma del art. 50 de la ley 17.418 no debiera aplicarse por cuanto se vincula a la prescripción de las acciones fundadas en el contrato de seguro, mientras que aquí se juzga la disolución unilateral del mismo, con lo cual no se reclama por un siniestro ya acaecido sino por la rescisión unilateral del contrato, habida cuenta que tal disquisición no se deriva del texto de la norma mencionada y entonces "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus"-, pareciera que no cabría cobijar resquemor alguno en orden a la aplicabilidad al caso del ya citado plazo anual de prescripción de rango comercialista.

Sin embargo, en la argumentación hecha al expresar agravios en esta sede revisora -el tema no fue propuesto ni debatido en anterior instancia, pero como se trata de una cuestión inherente a la aplicación del derecho y no al contexto fáctico correspondería tratarla por no vulnerar el principio de congruencia- aparece un nuevo matiz controversial, cual es el plazo trienal de prescripción liberatoria que el artículo 58 de la ley 24.240 (sobreviniente a la 17.418 y obviamente al ya añejo texto del mismo Código de Comercio) contempla como de aplicabilidad a todos los contratos consumeristas.

Una primera pregunta, indefectible, es la siguiente: el contrato de seguro de vida y capitalización -que ya hemos admitido que es comercial porque así lo califica el paradigmático artículo 8º del Código de la materia-, ¿es un contrato de derecho del consumo?. Tampoco aquí tengo dudas en orden a que la respuesta es positiva, toda vez que la relación contractual comprometida claramente encuadra en el amplio concepto consumerista del artículo 1º de la ley 24240 (en tanto es un contrato celebrado entre un proveedor de servicios profesional y un adquirente a título oneroso que contrata para destinarlos a su consumo final o el de su grupo familiar), como sucede con los contratos de seguro en general (conf. Juan M. Farina, "Defensa del consumidor y del usuario", 2º Edición, Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 72; así como Javier Wajntraub, "Protección jurídica del consumidor", Lexis Nexis, Buenos Aires, 2004, p. 27).

Y entonces el debate -así se plantea en doctrina autoral y judicial- es si pese a la normativa puntual del artículo 58 de la ley 17.418 que fija un plazo anual de prescripción para las acciones derivadas del contrato de seguro, la sobreviniencia de la ley 24.240 no debe extender dicho plazo de prescripción al término de tres años que ella contempla en su artículo 50 como norma general.

Para un calificado sector de opinión, la fijación por la ley de defensa de consumidor de un plazo trienal de prescripción no resulta aplicable por sobre la específica previsión del artículo 58 de la ley de seguros, en tanto aquel es un estatuto general que cede ante la especificidad de la preceptiva singular de la ley 17.418 (que aunque anterior es especial), debiendo entonces mantenerse el plazo prescriptivo anual (conf. Rubén Stiglitz-Fabiana Compiani, "La prescripción del contrato de seguro y la ley de defensa del consumidor", La Ley, 2004-B, 1231; criterio al que parecerían adherir entre otros Roberto Vázquez Ferreyra y Omar Romera, cuando comentando la ley consumerista señalan que la directiva legal de su artículo 50 no juega cuando hay plazos prescriptivos específicos "...en otras leyes generales o especiales", citando como ejemplo la prescripción bienal del Código Civil por acciones de responsabilidad aquiliana -v. "Protección y defensa del consumidor", Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 139-. En un interesante fallo que analiza un supuesto en el cual se debatiera el tema, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán (Sala Civil y Penal, 13.8.04, "Cortés c. La Caja del Seguro", LLNOA, 2005-1165, con nota crítica de Federico Moeykens titulada "Aplicación de la ley de Defensa del Consumidor al contrato de seguro") condicionó la prescripción trienal consumerista en el contrato de seguro (en el caso, sobre un automotor) a "que la pretensión del asegurado encuentre su fuente o principio de acción en la ley 24.240", y a que la aplicación singular de la normativa de la ley especial de seguros no tutele adecuadamente sus derechos como consumidor; criterio controvertido por el anotador quien decididamente se pronuncia en favor de la aplicación del plazo trienal por imperio de la directriz general tuitiva del consumidor que dimana del artículo 3º de dicha ley.

Para otro sector (v. especialmente Juan M. Farina, "Defensa del consumidor y del usuario", Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 518; así como su comentario a la ley 24.240 en la obra "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado", dirigido por A. Belluscio y coordinado por E. Zannoni, Astrea, Buenos Aires, 1999, t. 8, p. 946) si bien puede debatirse el plazo prescriptivo cuando se da la singularidad que el de la ley consumerista en vez de ampliar los derechos del consumidor los reduce (v.g. si por imperio de lo prescripto en el artículo 50 de la ley 24.240 el plazo decenal de prescripción del artículo 4023 del C. Civil se viera reducido al trienal de aquel estatuto), no ocurriría tal debate, y la prescripción incontrovertiblemente sería trienal, en casos en los cuales las leyes especiales previarán plazos menores (como v.g. sucede con el artículo 58 de la ley de seguros, o el art. 855 del C. de Comercio en temas inherentes al contrato de transporte, o las acciones por nulidad de los actos jurídicos -art. 4030 C. Civil- o por responsabilidad civil extracontractual -art. 4037-, o por vicios redhibitorios -art. 4041, íbidem-, o por ruina de edificio -art. 1646 C. Civil-, etc.). Todo ello, a su entender, se deriva del principio tutelar del artículo 3º de la ley 24.240 y de la interpretación en favor del consumidor que de él se desgrana. A este punto de vista parecería adherir -aún cuando no hemos encontrado una referencia singularizada al artículo 58 de la ley 17.418- Ricardo Lorenzetti (v. su obra "Consumidores", Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 499; así como también su texto en coautoría con J. Mosset Iturraspe titulado "Defensa del consumidor - Ley 24.240". Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 378) cuando expresa que el art. 50 de la ley consumerista "modifica la prescripción decenal que es la regla en materia de acciones personales y la bianual en materia de responsabilidad por daños en los casos que prevé la ley". En similar sentido se expiden también M. Caballero de Aguiar ("Relaciones de consumo y contrato de seguro", LLNOA, 2006-13) y F. Moeykens ("Aplicación de la ley de defensa del consumidor al contrato de seguro", op. cit., p. 1168).

Como puede apreciarse de lo expuesto -que se menciona como simple paneo de pareceres no coincidentes- concluyo con mi adhesión al criterio reseñado últimamente, conforme cual al plazo trienal de la ley 24240 debe prevalecer sobre otros plazos prescriptivos menores -entre ellos, el anual del artículo 58 de la ley de seguros-, y ello no porque haya una derogación directa o indirecta de esta última norma por ser el estatuto consumerista ley más nueva o sobreviviente, sino porque el orden público protectorio que informa el texto del artículo 3º de la ley 24.240 hace que todo contrato del consumo -y muchos contratos de seguro lo son, en la medida en que se encuadren dentro de las características iteradas en el artículo 1º de la citada ley de protección de los consumidores y usuarios, extremo que es reconocido como tal aún por quienes, como Rubén Stiglitz, propician la prescripción anual, vide su trabajo ya citado "La prescripción del contrato de seguro y la ley de defensa del consumidor", La Ley, 2004-B, 1231- deba regirse por los preceptos que en el caso resulten más favorables a esa parte más débil en la relación negocial (en definitiva, la ley 24.240 lo que busca en nivelar las desigualdades que en orden a potencialidad negociadora tienen los proveedores profesionales de bienes y servicios y quienes son consumidores de los mismos), e indudablemente en tal caso es más favorable un plazo trienal que uno anual cuando de pérdida de acciones se trata. Coincidimos aquí con Farina en cuanto a que más complejo es aceptar la operatividad del plazo trienal cuando, v.g., la alternativa en conflicto es con el decenal del artículo 4023 del C. Civil, ya que allí habría que analizar cómo está posicionado el consumidor y si el beneficio lo obtiene con la prescripción más larga o más corta, tema en el cual no dejan de estar comprometidos principios de seguridad jurídica que se resquebrajan ante la eventualidad de enfoques de doctrina autoral o judicial multívocos.

Que a partir de lo de tal modo expuesto, debo indefectiblemente concluir en que propiciaré en mi voto la concesión del recurso de apelación y con ello la revocación del fallo a quo en cuanto declarara prescripta la acción.

Que siendo ello así, y estimando entonces que la acción no está prescripta, debo señalar que coincido -sí esta vez- con el juzgador de anterior instancia cuando estima que la rescisión unilateral de los contratos que vincularan a los actores con la demandada ha sido injustificada, abusiva, y por ende dañosa, vulnerando el "standard" de buena fe negocial que se deriva del texto del artículo 1198 del C. Civil. A estar por la correspondencia epistolar intercambiada entre las partes -acompañada como prueba, y no negada en su autenticidad por ninguna de ellas-, es dable apreciar que "AETNA" comunica en 30 de abril de 1998 al matrimonio Baialardo-Martínez que ha dado de baja los certificados de cobertura de los seguros, que reintegra a los mencionados los cheques no cobrados por propia negligencia de la aseguradora -así lo admite en nota de fecha 27 de julio de 1998-, y que en caso de que quieran rehabilitarlos deberían dirigirse a sus oficinas comerciales. Al respecto, aun cuando en una nota posterior fechada en 27 de julio de 1998 AETNA alude a que se les habría explicado a los aquí actores el error cometido y al serles requeridos otros cheques en reemplazo ellos se habrían negado -ofreciendo posteriormente pagar con un cheque a fecha que no fuera aceptado por la aquí demandada-, tales extremos no surgen probados en autos, ni hay constancia alguna de que esos reclamos -previos al distracto- se hubieran documentado de alguna manera como para dar justificativo a la rescisión. En otras palabras, si AETNA no pudo cobrar los cheques enviados por el matrimonio Baialardo-Martínez, debió manifestarles oportuna y formalmente las razones de su propio error y solicitarles otro medio de pago alternativo -v.g. devolviendo las órdenes de pago no cobradas y pidiendo otras en sustitución, u ofreciendo pagar por depósito bancario, o mediante descuento en tarjetas de crédito, o por giro, etc.-, e incluso ante la eventual negativa de los asegurados debió intimarlos al pago y ponerlos en mora señalando que la consecuencia final de la no atención de las primas determinaría el distracto, pero no rescindir los contratos como lo hizo directamente, sin avisos e incluso a partir de una situación generada por la propia acreedora de las primas. No debe perderse de vista al respecto que la propia ley de seguros contempla algunas singularidades en materia del seguro de vida, tales como la del artículo 18 (que excluye las cláusulas de rescisión incausadas en ese tipo de contratos asegurativos) y la del art. 134, que estatuye que respecto del asegurador, no mediando culpa del asegurado -v.g. reticencia-, sólo la falta de pago de la prima podrá determinar esa rescisión. Va de suyo que si como aconteciera en el sub lite esa falta de pago se genera no en la mora culposa o dolosa de los asegurados sino en la propia negligencia de la aseguradora, no podrá ésta rescindir sin contravenir las normas prealudidas, que no son disponibles por estar impregnadas de orden público.

Teniendo entonces por cierta la responsabilidad resarcitoria contractual de la demandada respecto de los actores, el último tema a abordar debiera ser el "quantum" de esa indemnización. Hemos visto ya que en tal sentido los pretensores enuncian tres rubros: la devolución de todo lo por ellos pagado durante la vigencia de los contratos (un año y medio); el pago de la suma de $ 5.000.- en concepto de daño moral; y la cifra que se determine pericialmente por lucro cesante.

Vemos cada uno de ellos en su etiología. El reintegro de lo abonado durante la vigencia de los contratos, tal como lo señala la demandada, carece de sustento jurídico en cuanto no está dubitado que desde la celebración y hasta la rescisión los contratos estuvieron vigentes, y si durante ese lapso de validez hubiera acaecido el hecho asegurable -v.g. la muerte de uno de los cónyuges asegurados-, la aseguradora hubiera tenido que abonar el premio conforme a la póliza. Es necesario recordar que la rescisión, como modo bilateral o unilateral de extinción de relaciones jurídicas, cumple efectos "ex nunc" (desde ahora) y no "ex tune" (desde entonces), como acontecería v.g. si el acto extintivo fuera la resolución (conf. Alterini-Ameal-López Cabana, "Derecho de las obligaciones civiles y comerciales", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 646). Con ello, entiendo que el rubro reclamado no debe prosperar.

Distinto es el caso ateñente al reclamo por daño moral, que la demanda cuantifica en la suma de $ 5.000.- (sin discernir por cada legitimado activo, con lo cual conforme al principio de congruencia debiera entenderse que es conjunto y para ambos).

Al respecto, si bien es cierto que en materia contractual, como esta misma Sala lo ha declarado (18.6.99, "Sandiano D.E. c. Alberto J. Macua S.A. s/indemnización de daños y perjuicios", Fallos 47-316; así como 20/04/06, "Pesiri c/Citibank NA s/ juicio ordinario por daños y perjuicios", Protocolo Unico de Sentencias, Tomo 3 Folio 44), el marco indemnizatorio se reduce respecto de la esfera aquiliana, no resultando compensables las meras molestias, dificultades, perturbaciones o la propia indignación que puede provocar un incumplimiento de lo pactado -mientras no se transpasen ciertos parámetros objetivamente demostrables-, lo cierto es que la viabilización de la indemnización del mismo no requiere indefectiblemente la prueba de "cuánto" o "cómo" se ha sufrido por el incumplimiento. Como señala atinadamente Matilde Zavala de González ("Código Civil y normas complementarias - Análisis doctrinario y jurisprudencial", obra dirigida por A. Bueres y E. Highton, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, t. 2A, 1998, p. 232), no se requiere en el caso aquella prueba (ontológicamente a veces de acreditación imposible), sino que la misma puede derivarse de presunciones (que son un medio de prueba) que se deriven por lógica del contexto de los hechos. El texto que al Código Civil le incorpora la ley 17.711 en el art. 522 (consagrando la posibilidad de indemnización del daño moral derivado del incumplimiento contractual), en correlien no amparando susceptibilidades excesivas que reclamen por las simples derivaciones lógicas de las secuelas de aquel incumplimiento, sí resultan indemnizables las secuelas anímicas disvaliosas cuando ellas, en función de las circunstancias, trascienden ese standard normal y afectan, razonablemente, a la tranquilidad espiritual de quien las sufre (vide Ramon D. Pizarro, "Daño Moral", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1996, ps. 173 y ss.; quien incluso a fojas 586/587 itera varios pronunciamientos judiciales que así lo admiten en materia de contratos de seguro). Todo ello guarda correlato con la preceptiva del artículo 505 del C. Civil cuando estatuye que cuando el contrato no se cumple y el acreedor sufre un daño, tiene derecho a obtener "las indemnizaciones correspondientes" (conf. Edgardo Lopez Herrera, "Teoría general de la responsabilidad civil", Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 481). Siendo ello así, entiendo que el rubro sí debe prosperar, y que por ende cabe condenar a la demandada a abonar a los actores la suma reclamada, con más sus intereses a la tasa promedio de las activas y pasiva del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del distracto y hasta el efectivo pago.

Por último, se reclama un monto a determinar -pericialmente- por lucro cesante (entiendo que propiamente no sería tal, ya que no son ganancias perdidas sino mayores costos), salvo en lo relativo a los eventuales valores de rescate como capitalización), correspondiente al encarecimiento de las pólizas futuras que los actores pudieran contratar en relación con su mayor edad y con el previsible incremento de las primas. Al respecto la prueba pericial contable agregada a fojas 79 a 81 vta. de autos menciona que por el plazo de 56 meses (lo transcurrido desde la rescisión hasta la demanda), el mayor costo previsible respecto de un nuevo contrato sería de U$S 1664,88. Ante dicho reclamo, la demandada argumenta que nada impedía a los actores contratar un nuevo seguro una vez producida la desvinculación entre ambos, con lo cual el plazo de años transcurrido y el efectivo desconocimiento de si un nuevo seguro no hubiera sido ya tomado hacen que lo peticionado carezca de certidumbre alguna en orden a su cuantificación. Asimismo, a la eventualidad de poder "rescatar" parte de lo pagado en vida.

Mirando el requerimiento desde el planteo de los mayores costos de una nueva contratación, no puede negarse que asiste razón parcialmente a cada una de las partes. A los actores, en cuanto conceptualmente es cierto que la contratación de un nuevo seguro transcurrido más tiempo encarece la póliza (la pericia contable es clara y determinante al respecto, ya que se manejan porcentajes según los cuales, en el caso, por cada año transcurrido ese incremente sería de un 11,28%. A la demandada, en cuanto a que generado el distracto nada impedía a los reclamantes contratar un nuevo seguro con otra compañía aseguradora, con lo cual calcular los 56 meses discurridos desde la rescisión y hasta la demanda implica tanto como dejar librado al arbitrio de los actores la cuantía del daño, generando al respecto un componente subjetivo y no objetivo. Siendo ello así, calculando el mayor costo por un plazo de un año -que no parece irrazonable como pauta temporal para contratar un nuevo seguro, si efectivamente la voluntad de los actores es mantenerse asegurados-, el monto a indemnizar -siguiendo las pautas cuantitativas de la pericia y el valor actual de mercado del dólar estadounidense en pesos- sería de aproximadamente $ 1100, cifra que estimo adecuada como módulo de indemnización en el rubro, y que al igual que en el precedente generará similar tasa de interés y por igual período.

Respecto de los eventuales valores de rescate -que de configurarse sí implicarían un supuesto de lucro cesante propiamente dicho-, el anexo 4 de las condiciones generales de contratación prevé que los mismos se integrarían con un aporte especial por sobre el de la póliza de seguro de vida, y no hay constancias en la causa ni se ha hecho referencia alguna en la demanda ni el contexto probatorio de que dichos aportes adicionales (o "en exceso de la prima", según se los califica en los contratos acompañados como prueba documental) se hayan integrado, con lo cual no hay prueba fehaciente que permita admitir lo por ello reclamado.

En función de las razones que he desarrollado precedentemente, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de apelación bajo análisis, revocando el fallo a quo conforme a lo expresado en los considerandos y acogiendo parcialmente la demanda en los valores expuestos supra. Así voto.

Los doctores Cordini y Genesio expresaron, a su vez, iguales razones en parecidos términos y votaron, por lo tanto, en igual sentido.

Respecto a la segunda cuestión, los doctores Saux, Cordini y Genesio manifestaron, sucesivamente, que de acuerdo a lo que antecede corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los actores y revocar el fallo a quo declarando parcialmente procedente la indemnización pretendida, conforme a lo cual la aseguradora demandada deberá abonar a los actores la suma de $ 6.100.- más sus intereses a la tasa mixta desde el 30 de abril de 1998 y hasta el momento de su efectivo pago; siendo las costas en ambas instancias cargadas en un 80% a la demandada y en un 20% a la actora, atento a la desestimación de su reclamo de reembolso de lo abonado durante la vigencia del contrato y a lo normado por el art. 252 del CPCyC.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, la sala primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, resolvió: 1) Hacer lugar al recurso de apelación, revocando el fallo a quo en cuanto desestimara la demanda por considerar prescripta la acción, y en su lugar condenando a la demandada a abonar a los actores la suma de $ 6.100.- con más sus intereses a la tasa mixta del Banco de la Nación Argentina desde el 30 de abril de 1998 y hasta su efectivo pago. 2) Costas en ambas instancias en un 80% a la demandada y en el 20% a los actores. Los honorarios de alzada se liquidarán en la proporción establecida en el artículo 19 de la ley 6767, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense.- Edgardo I. Saux.- Raúl J. Cordini.- Juan C. M. Genesio.