marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia arbitraria, principio de congruencia, excesos u omisiones en el pronunciamiento, declaración de incompetencia, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: Lima, Arnaldo Rubén c/ Provincia ART S.A. s/ recurso de apelación ley 24.557
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-12

Es arbitraria por vulnerar el principio de congruencia la sentencia que se pronunció sobre una cuestión que no fue objeto de análisis en la sentencia de primera instancia y no se encontraba controvertida por las partes, en tanto debió pronunciarse sobre los agravios basados en que debía aplicarse el procedimiento previsto en la ley 18.345 por sobre lo dispuesto en el CPCCN y, sobre esa base, determinar si correspondía confirmar o dejar sin efecto la declaración de caducidad de instancia; extremo que no fue analizado por la cámara a raíz de la declaración oficiosa de incompetencia. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Daños y perjuicios, legitimación pasiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Racca Jorge Oscar c/ Club de Regatas San Nicolás s/ Cumplimiento de contrato y cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

La subcomisión de básquetbol de un club no es una entidad independiente y carente de control, sino que se halla sujeta a la Comisión Directiva del club, la que, a través de su Presidente debe velar por la buena marcha y administración del club y a la que mal puede atribuírsele carácter de tercero respecto a tal subcomisión.

Ello así, no puede desconocer la gestión de ésta ni menos ignorar que el actor es jugador en el primer equipo del club lo que supone la interiorización sobre las condiciones en que fue contratado. Al utilizar el jugador y pretender ejercer derechos que devenían de su contratación, La Comisión Directiva ratificó lo actuado por la subcomisión, sin poder alegar ignorancia, ya que "la ignorancia del verdadero estado de las cosas proviene de una negligencia culpable" (art. 929 Código Civil).-
Tasa de justicia, prueba, apertura a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: "Ortiz  Henrichsen  de  Gilman Olga Raquel c/ B.C.R.A. s/ juicio deconocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-16

En los términos del art. 11 de la ley 23.898 la falta de ingreso de la tasa de justicia no resulta argumento v lido para dejar sin efecto la providencia por la que se abre la causa a prueba, sin que ello implique eximir al demandante de su obligación de pago.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, aparcería rural, arrendamiento rural, contratos, leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-AGRARIO
Carátula: Daperno, Lorenzo c/ Astengo, Enrique s/ Cumplimiento de contrato - Arrendamiento y daños y perjuicios  (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-08

Entre el arrendatario y la aparcería existe un elemento diferencial, que evita confusión y mantiene independencia entre ambos institutos: en el arrendamiento rural, la contraprestación constituye un pago determinado con antelación, referido al momento y período, en cambio la retribución de la aparcería está estrechamente vinculado al resultado de la producción y los beneficios para las partes es un porcentual variable, donde los factores climáticos, como la capacidad técnica del productor tienen también su ingerencia en el resultado final del contrato. A todo esto se debe agregar el artículo 21 de la ley 13246 que prevé una eventual carga de perjuicio. (Del Voto del Dr. González). En el caso, la cuestión a resolver era: ¿resultan competentes los Juzgados de Circuito en los juicios de cumplimiento de contratos de aparcerías rurales?
Acción de amparo, resoluciones judiciales, recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Roldán, José Roberto c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Roldán, José Roberto c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-08

Corresponde rechazar la queja toda vez que la ausencia de una crítica concreta de las razones que fundan la denegatoria hace que carezca de la fundamentación exigible a ese tipo de recurso. Los cuestionamientos realizados por el recurrente no logran conmover los argumentos brindados por la Cámara al declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad por no cumplir con el requisito establecido por el art. 26 de la ley n° 402 por considerar que, al tratarse de la apelación de una decisión adoptada en la etapa de ejecución de sentencia, lo resuelto no reunía la condición de definitivo. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Proceso judicial, competencia por conexidad
Materia: PROCESAL
Carátula: "Del  Rio,  José  Enrique c/ ADIF (S/E)(contrato 3636171-4005 y4020) s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

La simultánea tramitación de una acción de amparo con objeto procesal aparentemente similar, que fue interpuesta con posterioridad a la presente originariamente radicada en el Juzgado nº 9 del fuero y remitida más tarde por conexidad al Juzgado nº 8 donde tramita el lanzamiento (conf. sistema informatizado de gestión de expedientes multilex). Dado que el magistrado de grado en esta causa asumió el conocimiento del proceso sin desplazar la competencia en favor del Juzgado nº 8, aspecto que no ha sido materia de agravio y obsta un pronunciamiento de esta alzada (art. 271 in fine CPCC), corresponde poner en conocimiento de esta última lo aquí resuelto a fin de permitir la eventual ponderación de la actitud procesal desplegada por la aquí actora y a los efectos que estime corresponder.
Notificación por cédula, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Larroque, Germán D. y otra s/ Incidente nulidad de notificación en autos: Larroque, Germán y ot. C  /Digiano, Jorge s/Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22

El art. 170 del código procesal prescribe que la nulidad queda subsanada cuando media consentimiento aunque fuere tácito de la parte interesada en su declaración, entendiéndose que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto.-
Prenda con registro, ejecución prendaria, medidas cautelares, suspensión de la ejecución
Materia: COMERCIAL
Carátula: RODRIGO  DE  DOTTI, MARTA c/ AUTOMOTORES JUAN MANUEL FANGIO SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-05

Cabe desestimar las medidas cautelares solicitadas en una demanda ordinaria -promovida por la causahabiente del accionado en una ejecución prendaria, en reclamo de lo pagado "sin causa" por el deudor prendario antes de iniciada la ejecución, más resarcimiento de los perjuicios y daño material y moral-, a fin de que se decrete medida de no innovar en la ejecución prendaria hasta que se resuelva la acción de repetición y se ordene la restitución del camión secuestrado; ello así pues, de la interpretación armónica entre la aspiración cautelar y el régimen legal de la prenda con registro (ley 12962, art. 32 y 38 -texto modif. por decreto 897/95-), lleva a concluir que la solicitud de la accionante implica la suspensión de la ejecución prendaria, más, en el caso, no se cumplen los recaudos específicos de admisibilidad formal de tal pedido, en tanto no se ha consignado en la deuda, intereses y costas y los recibos con los que pretende acreditar el pago efectuado con anterioridad de la ejecución instrumentan el pago de cuotas no reclamadas en ella; ello así, al solo fin cautelar sin que implique desconocimiento del derecho invocado como fundamento de la pretensión de fondo.
Empleados de banco, Banco Nación, régimen jubilatorio, derechos adquiridos, fondo compensador
Materia: LABORAL
Carátula: MALBRAN, José c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ cobro de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-15

Toda vez que la pretensión de los accionantes se fundó en que el Banco demandado desconoció un derecho adquirido por tratarse de una obligación de fuente contractual, al limitar su contribución al fondo compensador de jubilaciones, tal planteamiento encuentra similitud con la causa resuelta por la CSJN en autos:"Bryce, Héctor C/ Banco Nación Argentina" (6/5/97) en la que el Alto Tribunal expresó que la decisión cuestionada había prescindido indebidamente de las razones que determinaron el dictado de la Resolución 1987 de mayo de 1991 que dispuso limitar a un monto fijo su contribución mensual al sistema, gozando de presunción de legitimidad formal y material. En tales circunstancias, resultaba infundado el fallo de la Cámara que sostenía que el Banco se había comprometido a compensar "incondicionalmente" las diferencias de los beneficiarios del sistema hasta cubrir el 82% con relación a lo percibido por los agentes en actividad. (Del voto el Dr. Morell, en mayoría).
Encubrimiento, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Villafañez, Oscar Rodolfo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en contra de la Sentencia Nº 18/2013 referente a Expte. Letra 'V' Nº 129/09 - Villafañez, Oscar Rodolfo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-08-16

La Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió:

I) No hacer lugar a la nulidad articulada por la defensa técnica del imputado.

II) Declarar culpable a O. R. V., como autor penalmente responsable del delito de Encubrimiento agravado, previsto y penado por los arts. 277 inc. 3, apartado "b" en función de los arts. 277 inc. 1, apartado "e" y 45 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo (arts. 40 y 41 del Código Penal), ordenándose en consecuencia su inmediata detención (.).

Contra dicha sentencia, el defensor del imputado interpone recurso de casación invocando los motivos previstos en los incs. 4 y 2 del art. 454 del C.P.P.

Como primer agravio denuncia la nulidad absoluta del decreto de determinación del hecho y, consecuentemente, de todos los actos que de él dependen. Aclara que esta nulidad ya fue solicitada durante los alegatos -y rechazada en la sentencia-, pero que, al ser absoluta, puede plantearse en cualquier momento del proceso, incluso hasta podría ser declarada de oficio.

Resulta de interés resaltar que, para la declaración de nulidad, no es suficiente que esta sanción se encuentre conminada y que resguarde una garantía constitucional, sino que es necesario que con ella se beneficie aquél que lo pretende.

Por ello, se ha sostenido que ni la insubsanabilidad ni la oficiosidad con que la ley resguarda la situación del imputado en lo que respecta a las nulidades que le atañen en los términos del art. 186 inc. 3º del C.P.P., tienen por objetivo crear a su favor un sistema de nulidades puramente formales, al margen del principio del interés, en virtud del cual una nulidad sólo puede declararse cuando su declaración sea susceptible de beneficiar procesalmente a la parte en cuyo favor se hace.

Ello en razón de que, nuestro sistema procesal no admite la declaración de nulidad de los actos procesales por la nulidad misma, sino sólo en cuanto lesiona el interés de las partes, para acoger sólo aquella que por su posible efecto corrector, tenga idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquél interés".

Lo expuesto impone dar respuesta negativa al presente agravio, ya que en modo alguno se advierte vulneración al principio de congruencia ni al derecho de defensa en juicio.

Corresponde, entonces, no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Contratos administrativos, interpretación del contrato, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CIA  DE  ESTUDIOS  Y  CONSTRUCCIONES  INGENIERO  RODOLFO  CORNERO SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   INCIDENTE DE APREMIO.     CSJ EXPTE NRO 124-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-11-20

El contrato administrativo, a pesar de este carácter, es siempre ley de las partes, en el sentido de que constituye y traduce la sustancia misma de lo que las partes han querido reglar.

Interpretar un contrato administrativo implica tener en cuenta que sin perjuicio del interés individual, el interés general siempre prevalece sobre el interés particular.
Contrato de trabajo, grupo económico, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Gomez  Crespo,  Daniel  Jorge c/ San  Sebastian S.A. y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

Para responsabilizar solidariamente a entidades con personalidad jurídica propia, por las obligaciones laborales de otra con las cuales conforma un conjunto económico permanete, resulta menester la demostración de maniobras fraudulentas o conductas temerarias (Conf. art. 31 LCT posterior a la reforma de la ley 21.297). (Del voto de la Dra. González).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Firpo, MIguel Angel s/ Abigeato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Es insuficiente la denuncia de violación de los arts. 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.), si el recurrente, respecto de los indicios invocados por el juzgador a fin de acreditar la autoría responsable del procesado, omite atacar dos, y respecto de un tercero sólo manifiesta que es equívoco, toda vez que admite otras posibilidades y -sin perjuicio de señalar que la equivocidad se refiere a relaciones entre indicios y no a los caracteres de algunos de ellos individualmente considerados- omite vincular su queja con el contenido de las normas de la prueba presuncional que se dicen infringidas y así no explica de qué modo se produciría su transgresión.
Concursos, causa de las obligaciones, causa del título, prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Estévez, Hector René. s/ Concurso preventivo s/ Incidente de verificación de crédito de Magdalena Zuvic.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-03-31

Este Tribunal considera que cuando se pretende la verificación concursal de un crédito con fundamento en un título valor -cheque o pagaré- debe declararse y probarse la causa del mismo, entendida por tal las circunstancias determinantes del acto cambiario, en el caso del pagaré, o el libramiento en el cheque, si el portador fuese su beneficiario inmediato, o las determinantes de la adquisición del título por ese portador, de no existir tal inmediatez.

Igual criterio debe aplicarse al acreedor que ha obtenido una sentencia favorable en un proceso ejecutivo pasada en autoridad de cosa juzgada, dado que con ella no se acredita la causa de la obligación, pues en aquel se juzgó sobre la habilidad ejecutiva del título pero no se conoció sobre la existencia sustancial del crédito; aunque se debe tener mayor tolerancia con respecto a las exigencias referidas a la prueba de la causa de aquellos acreedores que, por razones justificadas, no han podido documentarse al respecto, pero no llegan los mismos a liberarse de toda manifestación o explicación sobre el origen causal del crédito, sino que deben describir el origen causal de su acreencia y aportar las pruebas de que dispongan, no quedando eximidos de la carga de alegar e individualizar la relación causal subyacente.-
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LUCERO JOSE MARIA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-06-06

La ruptura de la estabilidad del empleado público provincial se encuentra razonable y formalmente regulada en el ordenamiento jurídico estatutario vigente, con fundamento en conductas disciplinarias reprochables al agente (arts. 54 y 55) o con medidas de reestructuración que comporten la supresión de organismos, dependencias o de las funciones que le son asignadas, con la eliminación de los respectivos cargos (art. 13) o, supeditada a la condición suspensiva del cumplimiento del período de prueba de un año (art. 12).
Error inexcusable, responsabilidad médica
Materia: CIVIL
Carátula: GIGENA, ROSA NIEVE Y LEIVA, RUBEN ESTEBAN POR SI E HIJO MENOR c/ PROVINCIA DEL CHACO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-06-05

Las Sras. Camaristas concluyeran que un profesional merece reproche cuando el tratamiento adoptado constituye un error objetivamente inexcusable y no cuando como en el caso, se le ofrecen varias actitudes y elige aquélla que a su criterio y en función de las singularidades del caso, resulta la más apta . que el Dr. ..., en las circunstancias en las que le tocó actuar y con los elementos con los que contaba, se inclinó por demorar el nacimiento al considerar que esa era la opción más favorable para dar a los fetos más tiempo de maduración en el vientre materno, internando a la paciente y suministrando medicación para inhibir las contracciones, pese a lo cual se produjo el nacimiento prematuro con un resultado tan adverso y lamentable'. a contrario de lo sostenido por la parte recurrente, la Alzada analizó la conducta del médico a la luz de los lineamientos oportunamente sentados y en base a los cuales finalmente aseveró que no puede endilgarse responsabilidad al Dr. .y por tanto al Hospital de Corzuela, por ausencia de nexo causal entre la conducta del médico y el daño que alegan los actores.
Contratos, plan de ahorro previo, incumplimiento del contrato, daño punitivo
Materia: CIVIL
Carátula: Cosimi Pablo Eduardo c/ Plan Ovalo S.A. de Ahorro; Ayala Automotores S.A. s/ proceso abreviado (resolución de contrato)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2023-07-05

Critica el demandado que se haya considerado como pago voluntario el depósito del 91 % del haber neto que le corresponde percibir al actor por su plan de ahorro, con más los intereses devengados hasta el depósito judicial. Es claro que la entidad administradora pretende atribuir a la suma depositada en autos el carácter de "haber de reintegro" previsto para los casos de rescisión o renuncia del contrato, pero esta pretensión no se corresponde con la naturaleza del conflicto. (Del voto de la Dra. Álvarez Marasco)
Confirmación de sentencia, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: C., V. G. s/ excarcelación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-28

Por otro lado, en los fallos dictados en las Causas Nº 80.880/19 "T." del 25 de noviembre; Nº 61.896/19 "L. R." y "F." del 27 de noviembre; Nº 82.223/19 "G." y "C." del 28 de noviembre y Nº 83.560/19 "M." también del 28 de noviembre, los vocales Carlos Alberto González e Ignacio Rodríguez Varela confirmaron las resoluciones que no hicieron lugar a las excarcelaciones analizando la situación de cada uno y señalando porqué la medida excepcional del encarcelamiento provisorio era la única por el momento suficiente para asegurar la sujeción de los imputados al proceso (arts. 210, inc. "k" del CPPF).
Honorarios, costas
Materia: LABORAL
Carátula: ALANCAY RICARDO MARCELO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2003-05-26

Sostiene la doctrina y jurisprudencia que: las diligencias preparatorias, son aquellas medidas que el justiciable puede pedir antes de introducir la instancia, o antes de notificar la demanda y, en general, antes de que ésta exista, y tiene por objeto asegurar que un futuro proceso se constituya con el máximo de regularidad y eficacia. No es un proceso, pues no existen partes, ni abren la instancia.

Por ello, no corresponde la imposición de costas, ya que ninguno de los intervinientes reviste el carácter de vencedor ni vencido. Tratándose el caso de autos de un diligencia preparatoria corresponde dejar sin efecto la condena en costas a la parte demandada por la tramitación de las presentes actuaciones.
Terceros, intervención obligada
Materia: LABORAL
Carátula: VILLAGRA DE MARCIAL, SATURNINA MILAGRO, ARZADUN ISABEL Y OTROS c/ ROCO,HERMINIO Y/O RIOS EUSEBIO ROBERTO Y/O CHICA DE DIEZ, ANA BEATRIZ Y/O RESPONSABLE DE LA CLINICA PRIVADA MATERDEI s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-12-05

La intervención obligada de terceros a la litis es excepcional y de interpretación restrictiva por lo que el Juez debe apreciar el carácter común de la controversia.
Concursos, acuerdo preventivo extrajudicial, hechos nuevos
Materia: COMERCIAL
Carátula: CABLEVISION SA s/ ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-31

Resulta admisible el "nuevo hecho" articulado por el apelante de la sentencia homologatoria de un acuerdo preventivo extrajudicial (ape), consistente en cierta documentación secuestrada -dentro del trámite de las causas penales- del estudio cuyos integrantes ejercen en autos la representación letrada de cierta acreedora -que pretendió pagar ciertos créditos, entre los que se encuentra el del apelante, a fin de subrogarse en sus derechos y desistir de las impugnaciones que estos hicieron a la homologación del ape, quienes, además, afirmaron que esta no estaba desvinculada de la deudora y que su participación como acreedora y controlante de la apista daba cuenta de un fraude al resto de los acreedores-, que probarían ciertas irregularidades cometidas por la deudora; aun cuando la justicia penal federal resolvió archivar por inexistencia de delito las causas en las que se ordenó el allanamiento y practicó el secuestro en cuestión, así como dictar diversos sobreseimientos a favor de las personas que en tales actuaciones fueron implicadas; toda vez que, por regla general la prueba practicada en un juicio penal, con asistencia de las partes, debe conservar su eficacia en otro juicio, aunque sea de distinta índole, bien que con valor "relativo" y "nunca pleno", sea que el proceso penal haya concluído por indulto, amnistía, prescripción, muerte del reo, sentencia absolutoria, etc. (conf. Devis Echandia, H., "Teoría general de la prueba judicial", Buenos Aires, 1988, t. i, p. 374, n° 111), la sala considera admisible el "nuevo hecho" articulado); ello así, en lo que se refiere, exclusivamente, a la admisibilidad "formal" de la prueba de que se trata, y sin avanzar sobre su merito probatorio.
Conflicto de leyes, control de constitucionalidad, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Sánchez Uribe, Ana Elisa c/ GCBA s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-14

La naturaleza de un conflicto puramente internormativo local, y a su vez, la ausencia de un conflicto intersubjetivo, se erigen como valla infranqueable para compatibilizar el recurso federal con el sistema local de control de constitucionalidad desarrollado por la vía del art. 113 inc. 2° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. (Del voto de las juezas Ana Maria Conde y Alicia E. C. Ruiz).
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Botindari Norma B. c/ Botindari Carlos A. s/ Cobro sumario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-12

Si existe aún incertidumbre sobre la contestación de la demanda y por ende, no media reconocimiento de los hechos invocados ni de la documentación acompañada, debió la recurrente efectuar una sólido fundamentación tendiente a demostrar que se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho, no bastando al efecto la existencia de inhibiciones anotadas con respecto a la persona del accionado.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)