marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ciudadanía, pérdida de la ciudadanía
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Schwammberger, José s/ Cancelación de Ciudadanía
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

Dilucidada la condición de no militar de J.F.L.S., ni la responsabilidad que le pudiera corresponder al Comité Judío o a la policía polaca, exculpan la del demandado como máxima autoridad administrativa del campo de concentración. Nada exonera su culpa o dolo personal, analizados desde el punto de vista administrativo - civil, según el criterio del caso "Laumonnier".

De haberse precisado ab initio la condición de ciudadano alemán e integrante de las organizaciones paramilitares "SS" y "Waffen SS", el juez otorgante de la ciudadanía habría recabado mayores informaciones, máxime si se atiende a que nuestro país en su oportunidad había declarado la guerra a las potencias del eje y, como lo señala el Sr. Procurador Fiscal de Cámara, Dr. Medrano, "...

No se concebiría la concesión de semejante beneficio honorífico a extranjeros de antecedentes infamantes, dentro o fuera del país.
Prueba pericial, peritos, dictamen pericial, perito de parte, valor probatorio
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: SAENZ DE ANSELMINO, MARIA BEATRIZ Y OTRO c/ VILLALTA ROSENDO, CARLOS MARCELO Y/O PROP s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-17

El consultor técnico se diferencia del perito en que, mientras este último es un auxiliar de la justicia, aquel es un auxiliar de la parte, que no está obligado a exponer sus conclusiones cuando sean desfavorables a quien lo propuso, por lo que su aporte no puede considerarse en ningún caso prueba de igual o mayor rango que la pericial y frente a ello no resulta arbitrario que el sentenciante se incline por esta última, si el perito no le ofrece dudas en cuanto a la idoneidad o imparcialidad con que efectúe la tarea encomendada.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, remuneración, diferencias salariales, suplemento plan equiparación salarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALONSO, MARIA CRISTINA Y OTROS; FLORES, MARINA ANGELICA ;AGUIRRE, LIDIA MARIA; MARTINELLI, EDITH JOSEFINA ; PERALTA, FAUSTO LA CRUZ; PENDYSKI, DOMINGO; MONCAGATTA, DANTE VICTOR; Y MOYANO, CARLOS ENRIQUE (EXPTE.: C.S.J. NRO. 156 AÑO 1993 Y SUS ACUMULADOS: (EXPTE. C.S.J. NRO. 196 AÑO 1993), (EXPTE. C.S.J. NRO. 203 AÑO 1993), (EXPTE. C.S.J. NRO. 204 AÑO 1993), (EXPTE. C.S.J. NRO. 205 AÑO 1993), (EXPTE. C.S.J. NRO. 206 AÑO 1993), (EXPTE. C.S.J. NRO. 207 AÑO 1993) Y (EXPTE. C.S.J. NRO. 208, AÑO 1993) c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20

Es procedente el recurso contencioso administrativo correspondiendo condenar a la demandada a abonar a los actores las diferencias que en su caso resulten entre las remuneraciones correspondientes al Plan de Equiparación denominado Meta, con deducción de lo percibido por tal concepto, por cuanto las constancias de autos permiten razonablemente considerar que dicho Plan tuvo comienzo de ejecución mas no fue cumplido en su totalidad, originando una deuda a favor de los empleados públicos a quienes no se les canceló la deuda originada en el mismo Plan, conforme lo dispuesto en el Acta Paritaria 5/93 y decretos 1938/93, 377/94 y 586/94, sin que ello implique pronunciamiento acerca del alcance del reconocimiento que se postula, ni sobre la incidencia que en él puedan tener las pruebas rendidas en la presente causa, cuestiones que deberán dilucidarse en la etapa de ejecución de sentencia.
Recurso de casación penal, defensa en juicio, doble instancia
Materia: PENAL
Carátula: Marabolis, Mabel B. y Flies, María Moria E. (menor) s/ LESIONES LEVES S/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. Aguale, Manuel Mario s/ QUEJA  EN:'AGUALE,  MANUEL  M.  S/  PRIVACIóN  ILEGíTIMA DE LIBERTAD,  LESIONES,  TENTATIVA  DE  VIOLACIóN,  RESISTENCIA  Y  DESACATO  A  LA  AUTORIDAD.' BERARDI, EDUARDO s/ QUEJA EN: "BERARDI, EDUARDO ANTONIO S/ ROBO".
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-02-09|1990-06-14|1991-06-12

Si la doble instancia no es requisito constitucional y la garantía de justo juicio y debido proceso legal no depende de la multiplicidad de instancias, va de suyo que el régimen Procesal penal provincial -ley 2107- donde se contempla la multiplicidad de instancias articulándose sólo limitaciones al derecho de recurrir en casación en determinadas hipótesis, de ninguna manera pueda devenir en inconstitucional. Ello, en tanto para asegurar la garantía de defensa bastan -en principio- las posibilidades de debida audiencia y prueba en las instancias judiciales predeterminadas.
Contrato de trabajo, despido, injuria laboral, pérdida de confianza, apreciación del juez, personal jerárquico
Materia: LABORAL
Carátula: BOJORGE, JOSE LUIS c/ INC S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-23

La falta cometida por un empleado de mayor jerarquía debe ser apreciada con mayor severidad, toda vez que en este caso el poder disciplinario del empleador no tiene el grado de elasticidad que puede tener el ejercicio de dicho poder respecto de un trabajador de menor jerarquía. En este contexto, la falta cometida debe ser ponderada a luz de las circunstancias personales, tomando especialmente en consideración las funciones que desarrollaba el actor, dentro de la empresa demandada y la conducta que le era requerible de acuerdo con la índole de las tareas a su cargo, elementos que resultan determinantes para la consideración de la injuria y que deben ser valorados a la hora de determinar la existencia de justa causa de despido. Por lo tanto, la actitud adoptada por la demandada frente a la falta cometida devino proporcionada resultando el despido ajustado a derecho.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, aportes previsionales, acción de reintegro
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Anzelin, Ferdinando José c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 696-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-08-18

Corresponde hacer lugar al recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto y condenar a la Municipalidad a reintegrar al actor las sumas retenidas en concepto de aportes e intereses moratorios con destino a la ex Caja de Servicios Públicos Ley 11110, desde el momento en que se hizo lugar a la solicitud del actor de derivar los descuentos jubilatorios que se le efectuaban al Instituto Municipal de Previsión Social por pasar a depender de la Municipalidad. Ello no significa -porque no formó parte de la litis- expedirse sobre el derecho del Organismo municipal a percibir las diferencias entre el 14% de aportes que por error no se descontó de los salarios del actor, y el porcentaje inferior que erróneamente se descontó con destino a la ex Caja Ley 11110.
Deber de asistencia entre cónyuges, separación de hecho, obligación alimentaria, cuota alimentaria, alimentante con recursos económicos, porcentaje de los ingresos
Materia: CIVIL
Carátula: A. c/ S. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-19

El artículo 198 del Código Civil, t.o. ley 23.515, establece la reciprocidad entre cónyuges en materia alimentaria, pero no impide la aplicación de otras disposiciones específicas de la ley de matrimonio civil. Por lo tanto y toda vez que mientras no se demuestre una causal de culpabilidad, la obligación alimentaria permanece inalterada, es dable decidir a la luz de la pauta establecida en el art. 207 de ese cuerpo legal. De ahí que, tratándose de una separación de hecho, cuando puede presumirse o acreditarse en forma concreta que los ingresos del marido son superiores a los de la esposa, la cuota alimentaria debe fijarse en base a los lineamientos dados por dicha norma, no limitándola a las necesidades primarias de la alimentada.-
División de poderes, Constitución Nacional, sistema de gobierno, sistema republicano
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Indo S.A. c/ Fisco Nacional (DGI.) s/ repetición (ley 11.683).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

El principio de separación de los poderes - fundamental en el sistema republicano de gobierno adoptado por la Constitución Nacional - no consiente a los jueces el poder de prescindir de lo dispuesto expresamente por la ley respecto al caso, so color de su posible injusticia o desacierto.
Defensa del consumidor, daño punitivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martínez, María Esther c/ Coca Cola Polar Argentina S.A. s/ D. y P. x resp. extracont. de part.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-02-21

Cabe confirmar la sentencia que ordena abonar una indemnización en concepto de daño punitivo a una embotelladora de bebidas gaseosas, si la inseguridad del dispositivo de seguridad utilizado para asegurar -en los términos de los propios técnicos de la demandada- la no violación o adulteración del contenido era conocido por aquélla, a punto tal que, expone el perito que es la propia demandada la que refiere "que la tapa y el envase en cuestión son susceptibles de ser hackeadas en condiciones normales", dando cuenta del conocimiento de los procedimientos. (del voto de la Dra. Pamphile, en disidencia).
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, habeas corpus correctivo, plan de parentalidad, audiencia, defensa en juicio, derecho a ser oído
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTINEZ SALIBA, JUAN MANUEL c/  s/ HABEAS CORPUS CORRECTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-04

Corresponde hacer lugar a la presente impugnación, por cuanto merecen ser atendidos los planteos del recurrente vinculados a que el modo de proceder del Magistrado de Cámara en el caso resultó arbitrario y afectó los derechos del encartado a ser oído y de defensa, violentándose el debido proceso, toda vez que al no haber habido audiencia en primera instancia en relación a los dos habeas corpus interpuestos, no se escuchó al interno acerca de los motivos por los cuales estimaba que tales situaciones implicaban un agravamiento en las condiciones de su detención y cómo pretendía que se instrumenten tanto las visitas como los cursos virtuales, indicando cuáles eran sus exigencias de cursado y examen, y puntualmente, si podía ello efectivizarse sin emplear acceso a internet, por ejemplo habiendo otra persona previamente guardado la información en un pendrive que pudiera ser impresa. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhiere el Dr. Falistocco)
Denegatoria del recurso, fallos de la Corte Suprema, régimen de consolidación de deudas, prórroga del plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caffaro, Norberto José y otros c/  s/ Daños y perjuicios. Por responsabilidad del Estado por sus agentes o función
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

Corresponde rechazar el recurso extraordinario (arts. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812 y 289, C.P.C.C.) desde que la sentencia que se objeta ha sido dictada de conformidad con la doctrina legal de esta Corte en las causas C. 104.022 "González Ramírez" (sent. del 24-IV- 2013) y C. 110.280 "Taboada" (sent. del 29-IV-2013), donde se decidió -por mayoría- que siendo la fecha de la causa de la obligación posterior al 1 de enero de 2000, en tanto, ni la ley 13.436 ni la ley 13.929 han adherido expresamente a la prórroga de la fecha de corte establecida por el art. 58 de la ley 25.725 (31-XII-2001), teniendo en consideración el criterio que emana de la causa "Cavada" (C.S.J.N., sent. del 3-VIII-2010, C.632.XLIV), no corresponde aplicar el régimen de consolidación de la ley 12.836.(del voto del doctor Soria)
Causas de justificación, legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: H., R. y Otro s/ P.s.a. Tentativa de Homicidio a E.R. - Trelew
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-05-20

Una persona puede considerarse constreñida por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra el peligro actual de una ofensa injusta, sólo en cuanto una causa independiente de su voluntad la constriña a la defensa. Cuando la persona determinó voluntariamente la causa que la pone en condición de peligro actual, el impulso para la defensa no proviene de la necesidad (que implica condiciones independientes del hecho propio voluntario), sino de su conducta.
Derechos y garantías constitucionales, establecimientos penitenciarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: E., B. N. c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-29

A nivel local, se dictó el Decreto XIX Nº 1568/82 que en su art. 4°, inc a) impone a la policía local la obligación de bregar por la seguridad exterior y de custodia de los recluidos, dentro y fuera del establecimiento.

Es decir, existe concordancia con las disposiciones nacionales sobre el tema. Pero además, y en lo que aquí interesa, el art. 71 de esta última reglamentación, prohíbe de manera expresa, que los familiares de los internos, introduzcan objetos personales, ropas y otros elementos sin autorización previa, debiendo -en su caso-, depositarlos en la guardia. Y el art. 72 establece la obligatoria revisión a los visitantes antes de encontrarse con los reclusos, siempre que no desistieren de la visita.
Juicio ejecutivo, pagaré, cesión de créditos, falta de legitimación para obrar, legitimación activa
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: APSTEIN, RICARDO c/ DYCHTER, ENRIQUE s/ EJECUTIVO  N0008999
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-30

Procede rechazar la ejecución iniciada con la copia certificada de cierto pagaré suscripto por los ejecutados -que se encontraban depositados en una escribanía y cuya restitución al beneficiario estaba sujeta a cierta condición- y un contrato de cesión del mismo celebrado entre el beneficiario y el ejecutante, toda vez que si -en razón del referido deposito- aquel no se encontraba en posesión del pagaré, y por ende no se hallaba legitimado para promover ejecución, tampoco puede hacerlo el cesionario que se encuentra en la misma situación (cciv 3270). Ello así pues, la cesión del crédito instrumentado en un pagaré supone que el cedente es portador legitimado del titulo, requiriendo su entrega al cesionario (cfr.

Gómez Leo, "El pagaré", p. 223; Spota, "instituciones de derecho civil - contratos", vol. Iv, pág. 327/8).
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, personal municipal, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: CICCIA, FELIPE JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº  176-94) ASCONA, JUAN RAMON c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 677-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-28|1996-09-18

Es procedente el recurso contencioso administrativo que persigue el cobro de la indemnización por "cesantía por enfermedad inculposa" prevista por el art g) del artículo 23 de la ley 9286, cuando la renuncia del agente se debió a la invalidez acreditada, y no es el resultado de un hecho voluntario.
Empleados públicos, cesantía, régimen disciplinario administrativo, actuaciones en sede penal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Antonelli, Jorge O. c/ Gas del Estado S.E. s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

Lo resuelto en sede penal no autoriza, prima facie, a concluir que ha desaparecido la causa de la cesantía, puesto que ésta no necesita de la efectiva condena penal cuando la infracción administrativa se encuentra configurada por el comportamiento objetivo del agente.
Costas al vencido, querellante
Materia: PENAL
Carátula: D'IPOLITO, SILVANO CONSUELO s/ COSTAS - ABSOLUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-05-13

Habiéndose dispuesto la libre absolución del encausado en orden al delito por el que fuera acusado, conforme lo prescribe el art.

497 C.P.C., es de rigor aplicar lo estatuido en el art. 144 del mismo cuerpo de leyes, según la doctrina sentada por el Tribunal en el plenario Pomarés (Fallos Plen., T. I, pág. 268), y, en consecuencia, imponer las costas a la parte querellante.
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: LABORAL
Carátula: Laboranti Santiago David c/ Parque Concordia S.R.L. s/ Cobro de diferencias salariales, Indemnización y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-10-07

De la diferencia entre el monto reclamado y el crédito reconocido al trabajador surge el monto desestimado de acciones triunfantes sobre el cual sólo puede prevalerse el profesional que defendió los intereses de la parte demandada en la medida que su intervención benefició a esta última.
Honorarios del abogado, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cinturón Ecológico Area Metropolitana S.E. c/ Libertador S.A. s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

Para la aplicación del art. 4032 del C. Civ. no corresponde distinguir quién es el obligado al pago de los honorarios, es decir, que tal norma rige en relación al mandante como también con respecto al condenado en costas.
Partes del proceso, intervención de terceros, prueba, producción de la prueba, oportunidad procesal, demandado, planteo oportuno, principio de adquisición, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: INTERAMERICANA S.A. DE SEGUROS GENERALES c/ ESTADO NACIONAL ARM. ARG. COMANDO DE TRANSP. NAVALES s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

Es pertinente admitir que el tercero tiene la facultad de articular las excepciones y defensas a que se creyere con derecho y la de ofrecer y producir las pruebas tendientes a controvertir la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad civil y, en su caso, a disminuir la magnitud del daño resarcible. Y esa prueba ofrecida por el tercero puede, en virtud del principio de adquisición, ser invocada a su favor por el demandado siempre que guarde relación con alguna defensa planteada por éste en tiempo procesal oportuno. Por ejemplo si el demandado no invocase la eximente de "deficiencia de embalaje" y, en cambio, ella hubiese sido temporáneamente articulada por el tercero, toda la prueba de éste que condujera a admitir la defensa no podría beneficiar al accionado, desde que a su respecto la defensa es inexistente y su acogimiento se encontraría vedado por el "principio de congruencia" (art. 163, inc. 6°, Código Procesal).
Juicio ejecutivo, efecto diferido del recurso, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: URBANI VICTOR OSCAR c/ TOLLER JUAN CARLOS s/ EJECUTIVO -RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-11-21

En el especial caso de autos la Sra. Juez A-quo decidió abrir a prueba la excepción de falsedad y mandó producir pericial caligráfica en la forma peticionada por el excepcionante y denegó la restante ofrecida, consistentes en pericial contable, confesional y de expediente por considerarla innecesaria. Que por aplicación de la norma específica contenida en el art. 557 del CPN, -nuestro 543- las providencias denegatorias de prueba recaídas en dicho juicio sólo son apelables en efecto diferido.
Uniones convivenciales, compensación económica, medidas cautelares, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: K., A. P. c/ G., C. E. s/ incidente familia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-28

El art. 723 del Código Civil y Comercial extiende a las uniones convivenciales la posibilidad del dictado de las medidas provisionales previstas en los arts. 721 y 722 para el divorcio y la nulidad del matrimonio. Para que procedan dichas medidas, debe acreditarse la existencia de la unión convivencial y, el juez podrá disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los convivientes pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro. También puede ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de los que los convivientes fuesen titulares.
Contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, empresas de servicios eventuales
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, JUAN LUIS c/ S.E.I.S.A.  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-29

Deben considerarse cumplidos los requisitos para liberar de la responsabilidad que impone el artículo 29 de la ley de contrato de trabajo, a la empresa que utiliza la prestación del trabajador, cuando la empresa de servicios eventuales se halla inscripta en el registro respectivo y la tarea que motivó a aquella la contratación fue eventual.
Jubilaciones, haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GONZALEZ DE PRADO, FRANCISCO LUIS VENANCIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     EXPTE NRO 493-87 LAURIA, JORGE ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION FORZANO, HECTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-22|1992-05-14|1992-05-14

Resulta irrazonable la reducción del monto de los haberes jubilatorios que exceda el 20% considerado tolerable en antecedentes jurisprudenciales, respecto del monto inicial de la prestación.

En el caso, la reducción operada representó el 78,5% de dicho monto inicial.
Aplicación de la ley tributaria, retroactividad de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Cic Trading  S.A. c/ E.N.  (D.G.I.) s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

Si bien es cierto que la C.S.J.N. admite la retroactividad de las leyes tributarias, ha fijado un límite a dicha retroactividad en aquellos casos en los cuales no existe un derecho incorporado definitivamente al patrimonio del contribuyente.
Injuria laboral, denuncia
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Omar Obdulio c/ Banco del Chaco s/ Nulidad de resolución
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-04-28

Es infundado el agravio del actor, alegando la conducta omisiva del demandado de no haber denunciado el hecho ante las autoridades del fuero criminal. Ello así, ya que si la empleadora hubiera hecho denuncia penal por el hecho objetivo del despido, el Juez laboral debía esperar el pronunciamiento de dicho fuero, atento al principio de prejudicialidad, pero si la demandada no ha efectuado tal denuncia ello no es óbice para juzgar en el fuero laboral la falta cometida, que bien puede constituir injuria laboral y no delito penal, ya que como es sabido, ambos regímenes se inspiran en principios diferentes. Si se acredita la injuria laboral invocada para despedir, carece de interés que la demandada haya hecho la denuncia o promovido la acción criminal por el delito imputado.
Cambio de domicilio, notificación, caducidad de instancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Iglesias, Valentín s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-03-14

Los actos de constitución de nuevo domicilio y la pertinente notificación no son aptos para interrumpir el plazo de caducidad, habida cuenta que no contribuyen en modo alguno al progreso del proceso hacia su fin esencial: la sentencia.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Miranda, Aída c/ de Ruiz, Cristian s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-10-31

Cabe atribuir valor probatorio indiciario a la conducta en juicio de quien sin razón plausible que lo justifique, ha denegado la inestimable contribución que hubiera posibilitado una razonable solución, tempranamente, o la operación técnica pericial más luego.