Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-31


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 31 días del mes de Octubre del año dos mil once, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia a cargo del Dr. José Luis Pasutti y asistencia de los Dres. Fernando S. L. Royer y Daniel Luis Caneo para dictar sentencia en los autos caratulados: "M., C. F. c/ P. H. S.A. y Otro s/ Cobro de Pesos Laboral" (Expte. N° 22.091-M-2010), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 398, de conformidad con las Acordadas N° 2.366/84 y 3.204/00, correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. Royer, Caneo y Pasutti.-- Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Royer dijo:-- I.- ANTECEDENTES. EL RECURSO - SU TRÁMITE.-- 1.- A fs. 28/35 y 39/40 el Sr. C. F. M. interpuso demanda laboral contra el Sr. J. A. T. y "P. H. S.A." por la suma de Pesos Ciento trece mil cuatrocientos noventa y ocho con setenta y seis centavos ($ 113.498,76), en concepto de diferencias salariales, multas e indemnizaciones de ley por despido incausado.

2.- La codemandada "H. P. S.A." planteó excepción de falta de legitimación pasiva, y en subsidio contestó demanda, acompañó prueba documental, ofreció la restante y formuló petitorio de rigor (fs. 68/72 vta.). El responde de la excepción obra a fs. 80/83.

El codemandado, Sr. J. A. T. contestó demanda a fs. 89/90 vta., acompañó documental, ofreció pruebas y peticionó.

3.- A fs. 95 la Jueza de origen difirió el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva -por no ser manifiesta- para el momento de la sentencia y a fs. 107/108 se ordenó la producción de pruebas.

4.- A fs. 149 se presentó el codemandado, Sr. T. y depositó la suma de $ 19.075,21 según se acreditó con boleta de depósito judicial adjuntada a fs. 148, en cumplimiento a la medida cautelar tramitada por incidente y que se encuentra agregada por cuerda al presente.- 5.- El Tribunal de Origen hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a J. A. T. y solidariamente a "P. H. S.A." a abonar, previo los descuentos de ley, la suma de $ 49.083,40 con más los correspondientes intereses.- 6.- Contra dicha resolución se alzaron las partes y los letrados de la codemandada por sus honorarios y expresaron agravios (fs. 269/288), que fueron contestados, según constancias de fs. 290/301.

7.- En lo que aquí interesa, la Alzada por mayoría hizo lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta por la co-demandada "P. H. S.A.", y en consecuencia, rechazó la demanda incoada en su contra, impuso las costas al actor y reguló honorarios.

8.- El actor deduce recurso extraordinario de casación por arbitrariedad, denunciando como infringidos los arts. 30, 225 y 227 de la L.C.T.; arts. 381, segundo párrafo, 390 y 392 del C.P.C.C; y los arts. 168, primer párrafo y 169 de la Const. Prov.; y el principio de la "primacía de la realidad" (fs. 341/362).

Arguye que se han dejado de lado circunstancias fácticas relatadas por los testigos, y otras pruebas, como la informativa de fs. 115 y 193, que no dejan dudas de la solidaridad pretendida. A su criterio, los Sres. Camaristas rechazaron la demanda sobre la base de conjeturas falsas (fs. 356 vta./360).

Formula reserva del caso federal.

9.- Por S.I. N° 17/2011 que declaró bien concedido el recurso de casación (fs. 379 y vta.), el expediente se puso a disposición de las partes a los fines previstos en el art. 296 del C.P.C.C.. Presentó memorial la codemandada "P. H. S.A." (fs. 382/391).

II.- VISTA PROCURADOR GENERAL.

A fs. 393/395 se pronuncia por la admisión del recurso de casación por arbitrariedad en la aplicación de las normas de los arts. 30 de la L.C.T. y 392 del C.P.C.C..-- III.- ANÁLISIS.

III.1.- Conforme expuse los antecedentes de este caso, el fallo recurrido rechazó la demanda interpuesta contra la codemandada "P. H. S.A." por entender que no se cumplieron los presupuestos legales que tornan operativa la solidaridad del art. 30 de la L.C.T..

A mi criterio, el recurso de casación goza, mínimamente, de suficiencia técnica, por lo que la postura que adoptaré, dada la particularidad de la temática a tratar, estará enderezada a cumplir las funciones nomofiláctica y dikelógica propias de esta vía impugnativa conjugándola con la equidad.-- Ello así, porque si bien este Cuerpo ha tenido la ocasión de expedirse en un tema tan álgido, como lo es la solidaridad emanada del art. 30 de la L.C.T., fijando incluso algunas líneas rectoras en orden a su interpretación (Conf.: STJCH S.D. N° 23/92; N° 25/S.R.E./1999; S.I. N° 27/S.R.E./2000 y 14/S.R.E./2005); no puedo dejar de considerar que hoy la realidad presenta un sinnúmero de situaciones que se generan a raíz de los grandes cambios que se vienen suscitando en el ámbito empresarial. Las distintas y complejas estructuras y tipos asociativos, y su repercusión en las fases de la actividad productiva o de servicios, conminan a una constante reorganización, no sólo desde lo tecnológico sino también desde los recursos humanos.-- Entiendo que este nuevo escenario es el que impide, desde nuestra disciplina, fijar reglas rígidas de interpretación de la norma citada so pena de afectar, desde el ángulo constitucional, al sujeto de preferente tutela, como lo es el "trabajador". Reitero, es ante estos nuevos fenómenos -tercerización, descentralización productiva, fragmentación, externalización, etc.- donde la norma laboral debe mostrarse más tuitiva.

El operador jurídico debe compatibilizar los requerimientos de la economía global con las demandas -lato sensu- de los acreedores sociales. La noción de solidaridad es portadora de un valor societal a favor del operario -no de los conjuntos económicos- y aparece así estrechamente vinculada con el principio protectorio de jerarquía constitucional. (Conf.: Carnota, Walter, "La Solidaridad Laboral ante el Derecho Constitucional Reformado" - L.L. 1997-C-655).- III.2.- Bajo estos lineamientos, y con un análisis detenido de las particularidades del caso en el marco de los agravios invocados, trataré la apelación deducida.- Es decir, si bien las críticas expuestas por el recurrente al decisorio en crisis se refieren a aspectos fácticos del caso, en principio irrevisables en casación, no puedo soslayar que los fundamentos dados por el Tribunal no son congruentes con los hechos ni con el material probatorio de la litis; y por lo tanto, con la interpretación y aplicación del principio de solidaridad laboral que efectúa la Alzada para excluir su aplicación.-- Situaciones especialísimas como la de marras son las que flexibilizan el principio según el cual, en los procesos de naturaleza laboral, son inaudibles y ajenos al ámbito del Recurso Extraordinario de Casación toda pretensión de revisión de las cuestiones entre empleados y patrones atinentes a derechos que emanan de la relación laboral y que responden a materia de hecho, prueba y derecho común (Conf.: S.I. N° 53 y 58/90, 49/99; S.D. N° 20/97 y 10/99, 30/04, entre otras; y S.D. N° 11/S.R.E./08 y 12/S.R.E./08; S.D. N° 5/S.R.E./2010, entre otras).

III.2.1.- PLAFÓN FÁCTICO. SUBSUNCIÓN JURÍDICA.- III.2.1.1.- SITUACIÓN LABORAL DEL ACTOR. CONTRATO DE TRABAJO.

La codemandada "P. H. S.A." como su denominación lo indica, está inmersa en el tráfico comercial de la ciudad de Puerto Madryn, explotando la actividad hotelera desde hace muchos años, y por su ubicación estratégica en la ciudad, -esquina de Av. Roca y 28 de Julio-, contó con una confitería que funcionó en un local integrado al hotel. Ésta brindó sus servicios a clientes del hotel como al público en general (Conf.: escrito de demanda, fs. 29 vta., punto IV, primer párrafo; contestación del Sr. T., fs. 90, primer párrafo).- En los primeros tiempos, el hotel como la confitería fueron explotados por su titular, siendo el accionante uno de los empleados que desempeñaban tareas en la confitería.- Además, es un hecho no controvertido en autos que el Sr. M. ingresó a laborar a las órdenes del hotel, el 11 de noviembre de 1991; y según cesión del contrato de trabajo, obrante a fs. 8 y documental adjunta a fs. 9/26, 130/138, 159/167 continúo bajo la dirección del nuevo empleador, Sr. J. A. T. desde el 1 de septiembre de 2003 hasta el día 15 de marzo de 2007, en que se extinguió el contrato por despido directo (fs. 4) (Cfr. fs. 156 y vta., en igual sentido, pericial contable).- Por otra parte, la calificación del distracto como "incausado", la condena al coaccionado, Sr. J. A. T., y los rubros que prosperaron en definitiva por las sentencias de ambas instancias, llegan firmes a esta sede.- III.2.1.2.- CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS QUE ENMARCAN LA APLICACIÓN DEL ART. 30 DE LA L.C.T. - EXCLUSIÓN DE LA SOLIDARIDAD DE LOS ARTS. 225 Y CONCS. DE LA L.C.T..- III.2.1.2.a.- MARCO LEGAL Y DOCTRINARIO.-- Para concluir que el cedente o contratista principal, en los términos del art. 30 de L.C.T., es solidariamente responsable por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen se debe verificar -en el caso concreto- que se configuren las circunstancias objetivas que enmarcan su aplicación.

Para ello haré, especial referencia al primer párrafo del citado artículo, que dice: ".Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.".

La simple lectura de la norma es comprensivo de dos supuestos con exigencias propias: 1) la cesión total o parcial del establecimiento o explotación habilitado a su nombre; y 2) la contratación y subcontratación, cualquiera sea el acto que le de origen, de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito. En ambos casos, los cedentes y contratantes deberán exigir a sus cesionarios, contratistas y subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.-- Para su estudio, seguiré un interesante trabajo de investigación en la materia, al que adhiere prestigiosa doctrina, y que comparto en este caso (Conf.: Antonio Vázquez Vialard, "Ley de Contrato de Trabajo"- Comentada y anotada-, Tomo I- Arts. 1° a 92ter., Ed. Rubinzal-Culzoni, Año 2005, págs. 352 y sgtes.; Guibourg, Ricardo, "Análisis de Criterios de Decisión Judicial"- "El Artículo 30 de la L.C.T.", Año 2004).-- En una primera línea de análisis, la cesión tal como la concibió el legislador en la norma de estudio, es un acto por el cual una persona (cedente) cede todo acto de uso del establecimiento o parte de él; o bien, todo acto de ejercicio de la explotación o parte de ella; y puede presentarse bajo dos modalidades que la doctrina ha dado en llamar "incompleta" o "completa" según que el cedente conserve o no un interés en el resultado de la explotación. En la primera, se ubica la cesión a cambio de un porcentaje en las ganancias; mientras que revisten típicos casos de cesiones completas: la transferencia del fondo de comercio y el alquiler del establecimiento o explotación por un canon fijo (desinterés del futuro de la explotación cedida en todo o en parte).-- El otro requisito que impone la norma es la "habilitación". Se la concibe como el reconocimiento formal, emitido por quien tenga autoridad para hacerlo, de que cierta persona es responsable de determinado establecimiento o explotación. El caso, por antonomasia, es la habilitación municipal.

En el contexto reseñado, la solidaridad podría configurarse: 1)- ante una cesión incompleta, porque el cedente conserva un interés en el resultado de la explotación ejercida por el empleador directo; y 2)- ante una cesión completa del establecimiento o explotación sin cambio de habilitación, porque el cedente necesita retenerla para ejercer la explotación o emplear el establecimiento en forma lícita. La habilitación a nombre del cedente es una condición expresa que contiene la norma porque es la forma con la que sigue vinculado con el cesionario.

Contrario sensu, no habrá responsabilidad solidaria cuando la cesión del establecimiento o explotación sea completa, y además, medie cambio contemporáneo de la habilitación. Tal situación es la que se corresponde con la transferencia de establecimiento (art. 225 L.C.T.) donde el cesionario es continuador de los contratos de trabajo y solidariamente responsable por las deudas del cedente, pero, en cambio el cedente no es responsable por los créditos nacidos luego de la transferencia en virtud de servicios prestados al cesionario.-- Se erige en pauta relevante, para determinar la aplicación de una u otra norma -arts. 225 o 30 L.C.T.- que ante una cesión completa se produzca o no el cambio de habilitación o, según algunos autores, si se transfirió o no la titularidad del establecimiento -aunque sea en forma transitoria-.- La segunda hipótesis que contempla la norma es la contratación o subcontratación, ante la eventualidad de no haberse dado la cesión del establecimiento ni de la explotación, de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento (ANEP), dentro o fuera de su ámbito.

Como puede apreciarse, la norma impone verificar, en el caso, el cumplimiento de condiciones explícitas como implícitas.

III.2.1.2.b.- ENCUADRAMIENTO DEL CASO.- Ahora bien, para trasladar tales consideraciones a la situación concreta de autos, y efectuar el encuadramiento correspondiente se me impone la tarea analítica de los hechos, tal como han llegado a esta instancia, y del material probatorio aportado y producido.- Conforme lo manifestara en párrafos precedentes, el "P. H. S.A." contó desde siempre con una confitería, que por su ubicación edilicia permite el ingreso de gente desde el hotel -huéspedes- y del público ocasional que transita por el lugar por tener un acceso directo desde la vía pública.-- Las declaraciones testimoniales son contestes en este sentido: ". había una puerta que comunicaba el hotel con la confitería y gente que entraba y salía." (fs 190 vta. testigo M.); y el testigo A. A. preguntado si existía entre el Hotel y la confitería algún acceso interno, contestó: "sí, dos, uno por el que íbamos a hacer el servicio a cuarto, a las habitaciones que está frente a los baños y el otro el que salís a la recepción, al hall principal y a la sala de conferencia.(Conf.: fs. 197 vta., sexta pregunta y repuesta). El testigo S., con menor certeza dijo: "Supuestamente entraba mucha gente del lado del hotel a la confitería a desayunar..." (Conf.: fs. 200, novena pregunta y repuesta).

El actor, explicitó, que la confitería del H. P. cuyo titularidad ejercía el Sr. T. en calidad de locatario, tenía como destino primario la atención de los pasajeros que se alojaban en el hotel estando también disponible para la atención de los numerosos clientes que desde hace ya muchos años la han convertido en lugar habitual de reunión (fs. 29 vta. punto IV- primer párrafo); y en igual sentido, el codemandado T. en su responde, sostuvo que tenía previsto renovar el alquiler del local; y que la confitería que explotaba recibía clientela habitual y un público cautivo que eran los huéspedes del hotel .que existía comunicación directa entre la confitería y el Sector de la Consejería del Hotel (fs. 89 vta., último párrafo, y 90 primer párrafo).

Evidente resulta, que las partes coinciden en afirmar que la confitería fue explotada en sus primeros tiempos por el mismo hotel y que el codemandado -Sr. T.- recibió tal explotación con motivo de un contrato de locación del local. El actor lo califica al Sr. T. como ". el nuevo continuador de la explotación.." (fs. 28, último párrafo); y a su turno, el mismo P. H. S.A. sostuvo que ".la confitería del conocido "H. P.", ..la Sociedad Anónima. celebra contrato de locación del establecimiento, siendo su inquilino inicialmente el Sr. O. O. , .luego será cedido el establecimiento a favor del Sr. J. A. T. .a quien se subloca el establecimiento, con asentimiento de mi representada (cfr. fs. 68 punto III, segundo párrafo y fs. 71, segundo párrafo).

Es claro que el titular del establecimiento hotelero se desprendió de una parte del mismo -la confitería- por conducto del mentado contrato de locación. Es decir, la cesión implicó en este caso, un contrato de locación; y si bien es cierto que no fue incorporado a la causa por ninguno de los codemandados, no puedo prescindir que se trata de un hecho que es conducente, y las partes fueron contestes en afirmar su existencia. No se trata de un hecho controvertido en el que se impone la carga de la prueba en los términos del art. 381 del código de rito; o que pueda tornar operativa la presunción contemplada en el art. 392 del mismo cuerpo legal.

Tal conclusión me conduce a integrarla con el resultado que arrojó la prueba informativa producida a fs. 115 y ratificada a fs. 193. Ello corroborará el cumplimiento de la exigencia normativa de la "habilitación".- Por nota N° 433/2008 (fs. 115), el Municipio de Puerto Madryn informó que el titular del establecimiento denominado "H. P." sito en Avda. Roca N° *** desde enero/2003 a la fecha -del informe municipal, 24/04/2008- es la firma "H. P. S.A." (fs. 115, punto "b"); mientras que el titular de la habilitación municipal de la confitería del H. P. fue la sociedad "P. H. S.A." desde Enero/2003 a Marzo/2006. -- Además, que a partir del 07/10/2003 al 28/02/2007, el Sr. J. A. T. fue el titular del comercio denominado "P. H. y C." en el mismo domicilio comercial; siendo el actual titular de la Habilitación Municipal por las actividades de la "confitería y cafetería" el ente social "P. S.R.L.", desde el 02/07/2007 a la actualidad.- Esta información, condujo a la codemandada "P. H. S.A." a solicitar al Tribunal un nuevo oficio al Municipio a fin de aclarar los datos suministrados, por entender que existía algún error o confusión entre dos habilitaciones comerciales, y que ello era necesario, para mejor proveer al sentenciar (fs. 155). Así fue proveído a fs. 158, agregándose la repuesta del ente municipal a fs. 193.-- La repuesta fue contundente. Se ratificó la nota N° 433/2008 (24/07/2008) en el sentido que en el período 10/2003 a 03/2006 se encontraba simultáneamente habilitado, el rubro "confitería" a nombre de "P. H. S.A.", CUIT N° **-********-* y del Sr. T. J. A., CUIT. N° **-********-* (fs. 193, Nota N° 1.555/08).-- Esta prueba pone en evidencia aspectos que son a mi criterio relevantes, para esta litis. En primer lugar, que la confitería en la que laboraba el actor pertenecía al hotel; siendo el titular del establecimiento hotelero el ente social "P. H. S.A." desde el mes de enero de 2003 a la fecha -24/04/2008-. Y en lo que se refiere a la habilitación municipal de la confitería, la sociedad codemandada la mantuvo de modo simultáneo con el Sr. J. A. T. en el período comprendido entre el 07 de octubre de 2003 y el mes de marzo de 2006.- De todo ello se colige, sin esfuerzos, que la condición expresamente contenida en el primer párrafo de la norma de estudio, "cesión parcial del establecimiento o explotación habilitado a su nombre" se configuró en el caso, y por ende, la solidaridad de la codemandada sociedad.

En síntesis, medió contrato de locación de la confitería y la coaccionada "P. H. S.A." -titular del Hotel- mantuvo la habilitación municipal de la confitería a su nombre en el periodo señalado y en simultáneo con el Sr. J. A. T., pese a que desde el mes de abril de 2006 al 15 de marzo de 2007, en que se operó el distracto, tal habilitación aparece a nombre del Sr. T..-- Por tales circunstancias, acompaño al actor en su crítica (fs. 358). Coincido, que el primer votante del decisorio en crisis, prescindió de esta prueba que se mostraba eficaz para el caso en mérito a las exigencias propias que emanan de la norma. Ello por haberle dado a la situación un enfoque diametralmente opuesto al que realmente fluye de la litis.

Y añado -sin embargo- que en el segundo voto se hizo alusión de la informativa de fs. 115, pero sólo para invocar el período de la habilitación municipal de la confitería a nombre del Sr. T.. No se hizo eco de la simultaneidad de habilitaciones, de la titularidad del establecimiento hotelero en manos de la Sociedad Anónima, ni se lo conjugó con los períodos laborados por el actor. Menos aún, del requisito previo de la "cesión". En esta parcela, el decisorio se muestra vacío de contenido.

En tal sentido, he sostenido en otros pronunciamientos, siguiendo la línea de pensamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que: ".la prescindencia de pruebas que pudieran ser esenciales o decisivas, alejando toda posibilidad de llegar a la verdad material, constituye uno de los supuestos típicos de "arbitrariedad", ya que si bien los jueces del fuero laboral tienen gran amplitud para valorar "en conciencia" la prueba que se somete a su consideración, ello no implica que puedan desconocerse los elementos de juicio necesarios o indispensables que en cada caso adquieren particular significación (S.C.B.A., L. 28.776 "Gulín, Jorge Alfredo c/ Zammar, Alfredo. Indemnización por antigüedad" del 13/05/80)" (cfr. v.gr. STJCH, S.D. N° 08/S.R.E./2005).- No voy a negar que del mismo informe del municipio surge que existió un período, desde el mes de abril de 2006 al 15 de marzo de 2007 -fecha del distracto- que la habilitación municipal de la confitería se mantuvo a nombre del Sr. T. y no así, del "P. H. S.A.".- Pero, este dato, no es trascendente para cambiar la dirección de mi criterio.-- En efecto, el "P. H. S.A", siempre mantuvo la titularidad del establecimiento hotelero en el que se asienta físicamente la confitería, es decir, no sólo durante el tiempo laboral del actor sino con posterioridad (fs. 115, punto "b"); y además, conservó la habilitación municipal de la confitería, en simultáneo con T. en un período que superó -prácticamente- la mitad del tiempo que laboró el actor a las órdenes de T.. Desde otra mirada, la norma tampoco exige un período de tiempo, y aquí, ha sido, a mi entender más que suficiente. La continuidad en la habilitación siempre se marcó.

Esta realidad, de la que no puedo apartarme, armonizada con uno de los principios vertebrales del Derecho del Trabajo, como lo es el "Principio Protectorio", en especial, a través, de la regla "in dubio pro operario" inserta en el art. 9 de la L.C.T., me conmina a ratificar mi posición. La sociedad anónima codemandada resulta obligada solidaria en los términos del art. 30 de la L.C.T.. ASI LO VOTO.

En este tipo de situaciones litigiosas, comparto la concepción de que el Juez Laboral -de cualquier instancia- debe colocarse en una posición de juez imparcial pero no neutral, para poder arribar a una sentencia justa. Se le impone el deber de completar "el derecho a probar" con "el derecho a una debida y explicitada valoración de la prueba producida", so riesgo de emitir un decisorio arbitrario (Conf.: Conclusiones del XXVI° Congreso Nacional de Derecho Procesal, conclusiones definitivas de la comisión de Derecho Procesal Laboral, Santa Fe, junio de 2011).-- Tal como ha quedado zanjada la cuestión, me permite puntualizar que el argumento en el que se estructuró el decisorio en crisis, surgió de una visión parcializada de los hechos invocados y probados en la causa, que terminaron encuadrando la situación litigiosa en un marco normativo que lejos estaba de configurarse, aún cuando la situación particular en que se dieron los hechos podrían haber inducido a ello.-- Considerar que la cesión del contrato del trabajo, el expreso reconocimiento del actor en sede administrativa y las circunstancias del despido sobrevinientes a la cesión sean suficientes para encuadrar, jurídicamente, el asunto en el marco normativo de los arts. 229 y concs. de la L.C.T.; y excluir a la coaccionado como obligada solidaria es emitir un decisorio que ingresa, sin cortapisas, en el campo de la arbitrariedad.- Conforme lo explicitara en párrafos anteriores, para subsumir la situación litigiosa en el marco de los arts. 225 y concs. de la L.C.T., y excluir de responsabilidad solidaria a la codemandada debió darse el supuesto de una cesión del establecimiento o explotación completa, con cambio de habilitación; además -por supuesto- de la continuidad de la relación laboral del actor, cuestión que como analizara no se dio en autos; ni tampoco la que emana del art. 229 del mismo cuerpo legal.- III.- 2.1.2.c.- MULTA DEL ART. 45 DE LA LEY N° 25.345.- En mérito a lo expuesto, quedaría por tratar el segundo agravio alegado por la codemandada ante la Cámara. Pretende de una forma muy escueta e imprecisa se desestime la aplicación de la multa del art. 45 de la Ley N° 25.345 de la que resultó condenada por la sentencia de grado, junto a T..- El ataque recursivo como se ha planteado no puede prosperar. Se traduce en una mera discrepancia subjetiva que inhabilita su tratamiento. El imperativo legal de la crítica concreta y razonada se incumplió. En esencia, la falta de fundamentación jurídica capaz de demostrar el desacierto del fallo de origen en el tema, impone la deserción recursiva en el punto (Conf.: arts. 268 y 269 del CPCC).- III.2.1.2.d.- Mas allá de las consideraciones expuestas debo hacer algunas salvedades vinculadas a la crítica del recurrente en orden a la falta de valoración de lo establecido por el Decreto Provincial N°1246/80 de reglamentación de alojamientos turísticos del Chubut- que surge del primer voto; y de la valoración arbitraria en el tema que muestra el segundo voto (fs. 358 y vta./360).

Vista la causa, uno de los fundamentos en lo que se apoyó el decisorio de origen para concluir acerca de la solidaridad del ente social fue lo normado por art. 12 inc. 13 del citado decreto (fs. 257 vta. -tercer párrafo). Al respecto se sostuvo: ". El hecho de que se haya concretado la cesión de la explotación de tal confitería a un tercero no puede modificar la responsabilidad solidaria que pesa sobre P. H. S.A. respecto de la relación habida entre el cesionario y el empleado cedido, máxime si se tiene en cuenta el decreto 1246/80 que reglamenta los alojamientos turísticos provinciales, establece que constituye requisito mínimo para la habilitación del hotel en la categoría de una estrella "Ofrecer al público además del servicio de alojamiento, los de desayuno, refrigerio y bar" (ver art. 12 inc. 13 y sgtes.).".-- A fs. 269/273, "P. H. S.A. se alzó contra el decisorio siendo uno de sus principales agravios, la inexistencia de solidaridad. El argumento central se basó en la inaplicabilidad del art. 30 de la L.C.T.; encuadrando la situación de autos en los arts. 227 y 228 del mismo cuerpo legal (punto II de fs. 269/272).

Me interesa destacar, que el tramo del memorial dedicado al agravio señalado, no mereció crítica alguna que pueda repeler el pasaje del decisorio de primera instancia vinculado a los requisitos mínimos exigidos por la normativa provincial para la habilitación de los hoteles; entre los que se encuentran los servicios de desayuno, refrigerio y bar.-- En este tramo, el decisorio ingresó firme a la Alzada, con el agravante que al no haberse analizado la causa en profundidad a la luz las particularidades que presentaba, se rechazó la demanda contra "P. H. S.A.".- Por ello, con buen criterio el casacionista destaca que los sentenciantes dejaron de lado sin fundamento suficiente y válido lo establecido en el Decreto N°1246/80. Es más, debieron considerarlo, toda vez que lindaba con la deserción recursiva. Aquí, aquel argumento también llegó firme.- El primer voto no hace análisis alguno al respecto. El segundo, invoca la normativa para concluir de modo arbitrario, no haberse probado que la confitería que explotaba T. constituyera el cumplimiento de la obligación impuesta por el decreto citado.-- Destaco, a mayor abundamiento, que expresamente el inc 9 del art. 14 del Dto. Prov. N° 1264/80 establece entre los requisitos mínimos para que un establecimiento sea homologado en la clase Hotel, categoría tres estrellas, además de los indicados en el art. 10, es tener salón comedor y de desayuno; y el inciso 18 del mismo artículo, exige ofrecer al público, además del servicio de alojamiento, los de comidas, desayuno, refrigerio, bar y servicio en las habitaciones, éste último de modo permanente.-- Es decir, que por imperio de la misma norma, el propio funcionamiento del hotel se encuentra inescindiblemente unido y depende de la prestación del servicio de cafetería y bar sin cuya actividad tornaría imposible la consecución de sus fines, y corrobora en este sentido lo resuelto por la juzgadora de origen.- III.3.- Para finalizar, una digresión más de índole procesal relacionada con la defensa de falta de legitimación pasiva articulada por el ente social.

De la lectura de la motivación sentencial del considerando IV) que se tituló "Resta el tema referido a la solidaridad" de la sentencia de primera instancia (fs. 257 y vta.), y al que me he referido en párrafos anteriores con una transcripción parcial del mismo, surge que la sentenciante de origen abordó la defensa articulada en el complejo marco de la solidaridad. Implícitamente, surge que ha sido considerada desde que entendió que la codemandada era obligada solidaria. En el punto I del considerando, entre los temas propuestos a abordar consignó en especial ".si debe o no condenarse solidariamente a P. H. S.A." (fs. 254).

La norma procesal -recuerdo- no indica el modo que debe ser tratada una defensa de esta naturaleza, por encontrar su razón en la íntima vinculación con la cuestión fondal. De hecho, la providencia de fs. 95 (18/09/07) la difirió para ser tratada con el fondo del asunto, por no ser manifiesta. De allí, que pese a la insistencia de la apelante en su expresión de agravios de tal omisión (punto IV de fs. 272vta./273), el Tribunal de Alzada debió advertir tal circunstancia.

Al contrario, partió de la premisa que se había omitido el tratamiento de la defensa articulada (fs. 314) e ingresó en su estudio por manda del art. 281 del C.P.C.C, y lo paradójico resulta, que en la introducción consideró inescindible el tratamiento de la excepción con la solidaridad, ".un aspecto no puede ser tratado sin el otro." (Conf.: fs. 315 tercer párrafo y fs. 319 vta. primer párrafo). - Sin más, entiendo que razones de economía procesal y seguridad jurídica son las que priman ante estos ápices procesales e impiden el retroceso del proceso.-- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo, declarar procedente el recurso de casación interpuesto por el actor. ASI LO VOTO.- A la misma cuestión el Dr. Caneo dijo:

I.- Los antecedentes del caso fueron descriptos en forma adecuada por el colega que me precediera en el voto, por lo que entiendo apropiado remitirme a los mismos por razones de brevedad.- Adelanto, que el recurso debe prosperar.

II.- Sintéticamente, la cuestión litigiosa planteada en las instancias anteriores -en lo que aquí interesa-, está enderezada ha pretender la aplicación de la solidaridad contemplada en los arts. 30 y 225 y concs. de la L.C.T. a la codemandada "P. H. S.A.". En el contradictorio, la persona jurídica hotelera, introdujo como defensa, la falta de legitimación pasiva, por entender que la situación jurídica no encuadraba en la citada normativa; y en última instancia, invocó el grupo de normas vinculadas a la transferencia de un fondo de comercio (arts. 225 y concs. L.C.T.) para transformarse en obligada solidaria por los reclamos del actor de fecha posterior a tal transmisión (Conf.: fs. 29 vta./31 vta., punto IV; y fs. 70).-- El decisorio de origen, trató esta cuestión- como lo sostiene mi colega, de modo implícito-, en el punto IV de los considerandos, por ser una cuestión que se encontraba íntimamente vinculada con la temática de fondo. Con acierto a fs. 95 el Tribunal postergó su tratamiento para el momento del dictado de la sentencia definitiva: ".Atento los términos en los que quedara trabada la litis, resulta evidente que la falta de legitimación opuesta no es manifiesta, por lo que se la difiere para ser tratada con el fondo del asunto.". Pese a ello, la codemandada apelante entendió lo contrario y la Alzada resolvió la defensa opuesta haciendo hincapié en que no había merecido tratamiento en la instancia anterior (Conf.: fs. 272 vta./273, punto "IV"; fs. 314 y 319vta.).

No obstante estas observaciones, razones de economía procesal habilitan prescindir de ellas en esta instancia para una pronta respuesta jurisdiccional.-- Planteada la cuestión de este modo, quiero señalar que en el libelo casatorio, los agravios del actor recurrente están íntimamente vinculados a aspectos fácticos del decisorio en crisis que serían irrevisables en casación; pero al estar conectados a una fuerte objeción a la interpretación y consecuente violación del art. 30 de la L.C.T., el recurso se muestra con suficiencia técnica; por lo que corresponde su tratamiento de fondo.

Coincido, con el Dr. Royer que la temática traída a consideración del Cuerpo debe ser objeto de un estudio particularizado en cada caso que se presente, para garantizar una justicia eminentemente proteccionista. Las posturas monolíticas entran en puja ante la norma y la vigencia permanente de los principios rectores que informan a la materia laboral.- Desde otro ángulo, en la tarea interpretativa nos encontramos con el desarrollo constante y vertiginoso de la ciencia y la técnica a nivel mundial; que originan naturalmente transformaciones en la estructura empresarial y la aparición de variadas formas de reorganización del proceso productivo; todo lo cual obligan a repensar la extensión de la solidaridad plasmada en la norma bajo análisis e impiden fijar reglas rígidas de interpretación.- Es compleja la tarea de encasillar las nuevas modalidades contractuales a los supuestos contemplados en el párrafo 1° del art. 30 L.C.T. Somera prueba de ello, es que transitando ligeramente por los repertorios doctrinarios y jurisprudenciales del país se podrá apreciar posturas con caminos divergentes; o que incluso, ante idénticas situaciones fácticas se proponen soluciones disímiles.-- Incluso, de estos posicionamientos ondulantes no escapa nuestra Corte Nacional. Tan pronto se puede hacer un repaso en el tema; se advierten grandes cambios desde el criterio que tuvo; por ejemplo, a partir del caso "Rodríguez, Juan Ramón c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro" (Cfr. C.S.J.N.; Fallos: 316:713), en la época de los noventa; y la postura plausible delineada por la actual composición, in re: "Benitez, Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero S.A. y otros" (22/12/2009)( Conf.: Revista de Derecho Laboral - Actualidad 2010-1, Ed. Rubinzal-Culzoni, págs. 355/388).

Por ello, considero que una prudente télesis exige no desligarse del principio protectorio -rector de la materia y del dispositivo en juego-, pero siempre conjugándolo a la lógica de la época que vivimos. Es más, tal definición se impone, como lo sostuvo el Dr. Capón Filas in re "Tobio, ." (CNAT, Sala VI, 06/11/2000) porque la responsabilidad solidaria de las empresas hace a la estructura de los derechos sociales.-- III.- En este caso, delinearé mi propuesta al Acuerdo, refiriéndome en primer término a los supuestos contemplados en la norma y luego ingresaré en el mérito de los agravios que he de conjugar con el plafón fáctico (hecho y prueba) traído por los litigantes.

III.1.- En consecuencia, y siguiendo a mi colega, en la estructura analítica en la que edificó su conclusión y propuesta al Acuerdo, debo decir que el art. 30 de la L.C.T., primer párrafo contempla dos hipótesis con exigencias propias para que opere la solidaridad que regula: 1) cesión parcial o total del establecimiento, y 2) contratación y subcontratación.- Es decir, se tratan de dos supuestos independientes que no requieren concurrir y al mismo tiempo, no ofrecen el mismo grado de dificultad. En los casos de contratación y subcontratación se observan posiciones doctrinarias y jurisprudenciales reñidas.

Asimismo, a la cesión total o parcial, hay que distinguirla de la transferencia del establecimiento contemplada en el art. 225 y concs. del mismo texto en el que se opera una transmisión de la titularidad del establecimiento, aún siendo ella transitoria, mientras que en la cesión (total o parcial), el cedente la mantiene y sigue ella a su nombre, aunque la explotación la realice el cesionario (por sí y para sí) (Conf.: Hierrezuelo, Ricardo D.- Núñez, Pedro F. "Responsabilidad solidaria en el contrato de trabajo", Ed. Hammurabí, Año 2003, págs. 175 y sgtes.).- Con respecto al segundo supuesto, la vía de ingreso al ámbito de su aplicación es el concepto de actividad normal y específica propia del establecimiento. He aquí, las mayores controversias en los operadores jurídicos. En fin, si los trabajos o los servicios no guardan vinculación con la actividad normal y específica propia del establecimiento, la delegación hacia terceros no genera responsabilidad para el principal (Conf.: Grisolía, Julio Armando, "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", Ed. Abeledo-Perrot, Tomo I, págs. 324/ 335, Ed. Abeledo-Perrot, Año 2008).-- III.2.- Conforme se ha desarrollado la litis, entiendo que en autos se ha configurado uno de los supuestos contemplados en el art. 30 de la L.C.T., e incluso, por la particularidad que presenta el servicio hotelero, llegaría a sostener, que en cierto punto se ha verificado, además, el segundo aspecto de la norma. El Procurador General con dictamen favorable al recurso se enroló en el segundo supuesto de la norma (fs. 393/395).- En primer lugar, considero menester enunciar aspectos fácticos no controvertidos, porque en una primera línea de análisis van a contribuir a dilucidar el conflicto en el marco normativo del art. 30 de la LCT.

En efecto, es un hecho no controvertido por las partes que la confitería donde trabajaba el actor, está integrada al hotel en cuanto conforman un todo arquitectónico, contando con un doble acceso para su clientela. Es decir, ofrece un acceso interno, por el que ingresan los huéspedes del hotel que requieren los servicios de la cafetería; y un acceso desde la vía pública, por la que recibe habitualmente clientela del público en general. ( Conf.: 29 vta., punto IV y 89vta./90).- Agrego en coincidencia, que algunos de los testigos ofrecidos por las partes son clientes habituales del lugar y otros desempeñaban tareas en la confitería. Por ejemplo, el testigo M. cliente de la confitería sostuvo: ".conozca la confitería del hotel desde (que) está en Madryn.fui habitué del P. .desde hace 15 años más o menos. Y sigo yendo allí."; otro cliente, el Sr. C., ". Al P. lo conozco de cuando yo vine en el 90 a jugar al fútbol. que conoce al actor de la confitería del 97, 98. Conoce a la demandada P. H. S.A. cuando empecé a tomar café ahí." (Conf.: fs. 189/190). Y por su parte, el testigo A. A. ex empleado del P. H. S.A. preguntado si era habitual que los huéspedes del H. P. desayunaran en la confitería, contestó "si, siempre y cuando tuvieran boucher se les preparaba un desayuno especial, sino el desayuno normal de la confitería.; y a la pregunta si existía entre el hotel y la confitería algún acceso interno, contestó¨."si, dos, uno por el que íbamos a hacer el servicio de cuarto, a las habitaciones que están frente a los baños y el otro el que salís a recepción, al hall principal y a la sala de conferencias.", aclarando en la pregunta siguiente, que cuando se refiere al hall principal hace referencia a la entrada del hotel. "Es un pasillo angostito por el cual ingresas al hotel (fs. 197/198).- Por otra parte, la confitería fue explotada varios años por el titular del establecimiento hotelero hasta que decidió desprenderse de ella, cediéndola junto con sus instalaciones, por medio de un contrato de locación. Si bien, el instrumento del contrato no fue incorporado a la causa, las partes han sido contestes en este punto. Se trata de un hecho admitido por ellas (fs. 28, 68 punto III, y fs. 71). Con mayor precisión, "P. H. S.A." sostuvo que en principio alquiló la confitería al Sr. O. O., y que éste luego, subalquiló al Sr. T., a lo que prestó consentimiento.

Otro dato relevante. No está discutido que el actor trabajó para el titular del establecimiento hotelero y, luego en ocasión de la cesión de la confitería, los empresarios optaron por ceder el contrato de trabajo del actor con su expreso reconocimiento. Es decir, se dio continuidad a la relación laboral hasta que se extinguió el contrato por despido directo (Cfr. fs. 4, 8/26, 130/138, 156 y vta. y 159/167).-- En este plano, la cuestión perfectamente me podría inducir a canalizar el conflicto por el campo de la solidaridad que emana del art. 225 y concs. de la L.C.T.; y por lo tanto, el cedente no sería responsable de los créditos nacidos con posterioridad a la cesión de la confitería.-- Pero la cuestión no es así. La realidad que emana del juicio, me ha demostrado que hay otras pruebas producidas que han aportado información esencial que fue evaluada tangencialmente y disgregada del resto del material probatorio que cambia la subsunción jurídica del caso.-- Me estoy refiriendo a la información suministrada al proceso por el Municipio de Puerto Madryn a fs. 115 y ratificada a fs. 193. Remarco, que este material probatorio no mereció cuestionamiento alguno por las partes, y fue canalizada su incorporación al proceso, por la persona jurídica codemandada (Conf.: fs. 155 y 158).

Dos son los datos esenciales aportados que voy a considerar: la titularidad del establecimiento hotelero perteneció al P. H. S.A. desde enero de 2003 a la fecha que se emitía el informe municipal (24/04/2008) (fs. 115, punto "b"); y la habilitación del rubro "confitería" estuvo a nombre de ambas codemandadas, en simultáneo en el período comprendido entre el 10/2003 y el 03/2006.

Esta información conjugada con el resto del material probatorio que mencionara; me convence que en el caso se dió el primer supuesto enunciado en la norma, "cesión parcial del establecimiento a otro habilitado a su nombre..".

Ello es así, porque la habilitación a nombre del cedente y cesionario en simultáneo marca la nota de continuidad en la actividad empresaria y la vinculación o dependencia con el cesionario. Se trata de una exigencia objetiva de la norma para la procedencia de la extensión de responsabilidad y aquí se ha cumplido.

No ignoro, que el último año, la habilitación de la confitería se encontraba a nombre exclusivo del Sr. T. (fs. 115, punto "a") pero no me conmueve para cambiar de decisión.-- Mantengo esta conclusión en la convicción que "H. P. S.A." siempre fue titular de todo el establecimiento hotelero en el período informado -enero/2003- 24/04/2008-; es decir, durante la vigencia de la relación laboral del actor y con posterioridad a la fecha de extinción del contrato; y en segundo lugar, porque la continuidad de la habilitación de la confitería sólo a nombre de T., en el último año en el que -justo- se produjo el distracto con el actor, me sorprende y a la vez, me abriga dudas; sintiéndome constreñido a equilibrar el caso, y darle prevalencia a la realidad que surge de la litis, a la buena fe de los litigantes y sobre todo a la decisión que más favorezca al trabajador (arts. 9, 63 y concs. de la LCT y su doctrina). ASI LO VOTO.-- Todo lo que se ha explicitado permite -a esta altura- entender que un análisis parcializado de los diversos elementos de juicio obrantes en la causa sin dar explicaciones suficientes, o una falta de integración de las pruebas cuando son eficaces (como ha sucedido en autos) no son buenos conductores para dar por agotada la tarea valorativa del juzgador y satisfacer las exigencias constitucionales vinculadas a la garantía del debido proceso. Estas falencias en la construcción de la sentencia son las que hacen ingresar el decisorio en una de las tantas especies de sentencias arbitrarias.

III.3.- Con precisión, el primer voto del decisorio en crisis, tomó parte de la realidad que involucraba a las partes, como fue por ejemplo, la cesión del contrato de trabajo con la conformidad del actor para excluir la solidaridad que emana del art. 30 y aplicar al caso el art. 229 de la L.C.T..- Debo recordar que el art. 229 de la L.C.T. comprende aquellos casos en que uno o varios dependientes son cedidos a otro empleador para cumplir tareas en un establecimiento distinto. Se trata de una transferencia pura de la relación de trabajo. No se da en este caso transferencia del establecimiento y como consecuencia, transferencia de la relación, sino transferencia de ésta sin transferencia de aquel; siendo por imperativo legal, indispensable el consentimiento del dependiente (Conf.: Vázquez Vialard, Antonio "Ley de Contrato de Trabajo", comentada y concordada, Ed. Rubinzal-Culzoni, Año 2005, Tomo III, págs. 251 y sgtes.).

Nunca se dio tal situación en autos. No se trata de una cesión de personal para que preste tareas en un establecimiento distinto en el que operaba el actor sino en el mismo lugar de siempre como consecuencia de una cesión parcial del establecimiento (confitería). Se excluye, naturalmente, la situación del contexto del citado art. 229.- Tampoco se termina de comprender, la conclusión del primer votante, cuando afirma que no medió subcontratación ni delegación del contrato de trabajo, e indica el período que estuvo la habilitación de la confitería a nombre de T.; para luego pretender engarzarlo con la falta de prueba de la extinción del contrato de locación y de la recuperación del establecimiento. Debo añadir, la reiteración de párrafos íntegros (ver: fs. 318, último párrafo y 318 vta./319). La técnica empleada terminó afectando el iter lógico-jurídico que debe guardar el decisorio en esta porción.

La visión que tuvo la sentenciante en segundo término, fue diametralmente distinta, pero de igual modo, vulneró el art. 30 de la L.C.T.. Entiendo que aportó con apuro y de manera superficial o generalizada sus explicaciones que no hicieron más que quedarse en un plano dogmático.- Para ello, vasta cotejar los párrafos que se le dedica al tema. Cita y transcribe, textualmente, los dos supuestos del art. 30 de la LCT, para excluirlos, lisa y llanamente.

El primer caso, se desplaza, tomando en consideración de modo objetivo, el período que estuvo habilitada la confitería a nombre de T., sin dar explicación alguna al respecto y menos aún, de las otras exigencias normativas de este supuesto. Se lee de este modo ". Conforme la informativa cumplida y agregada a fs. 115 el titular de la habilitación comercial del comercio "P. H. y C." a partir del 7 de octubre de 2003 al 28 de febrero del 2007 fue el Sr. J. A. T., por lo que no cabe extenderle las consecuencias del distracto al P. H. S.A."(sic)(fs. 320 in fine).- En orden, al segundo supuesto normativo, sostiene no haberse logrado probar que la sociedad tuviera ingerencia alguna en la marcha del negocio, como el poder de dirección y control de la confitería o ventaja lucrativa de la explotación ni que esa confitería constituyera el cumplimiento de la obligación impuesta por el Dto. 1264/80. Tampoco fue dato suficiente el hecho de acceder a la confitería desde el hall del hotel o desde la calle, y que eventualmente, los pasajeros del hotel utilizaran sus instalaciones (fs. 320 vta.).

El actor recurrente tiene razón al afirmar entre sus críticas, que se prescindieron de evaluar íntegramente alguna de la pruebas que se presentaban como eficaces en cuanto dejaban en claro la solidaridad pretendida. Por ejemplo, el informe glosado a fs. 115 y 193 al referirse a las habilitaciones simultáneas; o excluido sin fundamento legal el Dto. 1264/80 (fs. 358/360).

III.4.- Finalmente, y sin perjuicio de todo expuesto, voy hacer alusión a la crítica del casacionista cuando invoca, en un caso, la falta de apreciación; y en otro, la arbitraria valoración, que presenta el decisorio al traer a colación el Dto. Prov. N° 1246/80.

Es cierto, como lo sostiene el Dr. Royer, que tal normativa formó parte del decisorio de origen cuando se trató la solidaridad en el punto IV de los Considerandos; pero no fue motivo de agravios para la codemandada "P. H. S.A:" ante la Alzada (fs. 269/273).-- Pese a ello, como sostuviera, la sentencia en crisis incorporó entre sus apreciaciones a la normativa hotelera para citarla y no considerarla. De sus propios términos surge la exigencia que para homologar un hotel de una estrella debe contar como mínimo además del servicio de alojamiento, los de desayuno, refrigerio y bar (art. 12, inc. 13 del Dto. Prov. N° 1264/80 -Reglamentación de Alojamientos Turísticos del Chubut); con mayor razón, la norma debía partir de estos mínimos para los hoteles superiores a una estrella, como es el caso del "P. H." que es de tres estrellas. Los incisos 9 y 18 del art. 14 del decreto exigen para su homologación contar con salón comedor y de desayuno; y ofrecer al público además del alojamiento, los servicios de comidas, desayuno, refrigerio, bar y servicio en las habitaciones de modo permanente.

En fin, por esta razón, y aún, a mayor abundamiento, no puedo soslayar que la actividad desarrollada por el empleador del actor estaba íntimamente unida a la cedente codemandada porque la confitería, integra el servicio gastronómico que el hotel por exigencias reglamentarias debe brindar a sus huéspedes. En este sentido, el Procurador General concluyó que la actividad de la confitería se encontraba integrada permanentemente y con la misma, se perseguían el logro de los fines empresariales; y tomó como relevante la reglamentación de la actividad hotelera, para propiciar la declaración de solidaridad a su respecto (Conf.: fs. 394).

Para terminar, y conforme se ha decidido el caso, debo expedirme sobre el agravio que "P. H. S.A." invocó en el punto II del memorial presentado a la instancia anterior (fs. 272 punto II).

Pretende que se desestime la condena al pago de la multa del art. 45 de la Ley 25.345. Alega que el fallo de origen es contradictorio al condenarla solidariamente al pago de la multa cuando solamente condenó a T. a la entrega de los certificados de trabajo; y ella, en su oportunidad, no incumplió la carga a pesar que su obligación estaba prescripta.

El agravio presentado, a mi criterio, ha quedado en el plano de una opinión divergente a la del fallo. No ha demostrado la recurrente que lo decidido no se sustenta en derecho, a través, de una crítica suficiente, frontal y conducente para conmover al fallo (art. 268 del C.P.C.C).- Es más, se ha pretendido englobar bajo un argumento, cuestiones que son esencialmente diferentes; como lo es un reclamo de contenido patrimonial con la obligación de extender certificación de servicios y remuneraciones. El fallo de origen, con acierto condena a T. a cumplir su obligación de extender las certificaciones correspondientes, y a ambas codemandadas a la multa prevista en el art. 45 citado por el efecto expansivo de la solidaridad.-- Propongo, al Acuerdo que el recurso prospere. ASÍ LO VOTO.

A igual cuestión el Dr. Pasutti dijo:

De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. Royer y Caneo, los que conforman la voluntad del Superior Tribunal, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto con el art. 28 Ley N° V N°3.

A la segunda cuestión el Dr. Royer dijo:- Del modo en que he votado a la primera de las cuestiones, propicio lo siguiente: 1°) Declarar la procedencia del recurso de Casación interpuesto por la parte actora. 2°) Casar parcialmente la sentencia definitiva N° 15/10 de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Puerto Madryn. 3°) Revocar los puntos 1 , 2 y 3 de la Sentencia apelada. 4°) Confirmar la sentencia de Primera Instancia, en cuanto condena solidariamente a la codemandada, "P. H. S.A."; y la condena en costas de Primera Instancia readecuada en el punto 6 de la sentencia de Alzada y que comprende ante el resultado arribado al ente social. 5°) Adecuar la condenación en costas, de la segunda instancia, en lo que respecta a la apelación de "P. H. S.A."; aplicándole al respecto el principio general de la derrota de conformidad a lo normado por el art. 69 del C.P.C.C. 6°) Adecuar los honorarios regulados por la intervención en segunda instancia, estimo a favor del Dr. E. M. C., un 35%; y de los Dres. V. F., G. L. y S. F., un 25%, en conjunto, de los que a sus respectivos favores se fijaran por sus tareas en la instancia de origen (art. 13, Ley XIII, N° 4). 7°) Imponer las costas por lo actuado ante este Superior Tribunal a la codemandada vencida, "P. H. S.A." (art. 69 del C.P.C.C.), y regular honorarios a los profesionales por su tarea en mérito a su extensión, calidad, eficacia y resultado obtenido; estableciendo a favor del Dr. E. M. C., un 35%; y a los Dres. V. F., G. L. y S. F., un 25%, en conjunto, de los determinados a sus favores por sus actuaciones en primera instancia (art. 13, Ley XIII, N° 4). Todos los estipendios con más el I.V.A. si correspondiere (Conf.: art. 13 la L.H. vigente y Dto. N° 138/99). ASI LO VOTO.-- A la misma cuestión el Dr. Caneo dijo:-- De conformidad con los términos de mi voto a la primera cuestión, acuerdo con la solución que propone el Dr. Royer.

A la misma cuestión el Dr. Pasutti dijo:-- Reitero mi posición formulada en el tratamiento de la primera cuestión.- Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente:- -- S E N T E N C I A -- 1°) DECLARAR PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el actor.- 2°) CASAR parcialmente la sentencia definitiva N° 15/10 de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Puerto Madryn.- 3°) REVOCAR los puntos 1, 3, y 6 de la Sentencia apelada.- 4°) CONFIRMAR la sentencia de Primera Instancia, en cuanto condena solidariamente a la codemandada, "P. H. S.A."; y la condena en costas de Primera Instancia readecuada en el punto 6 de la sentencia de Alzada; y que comprende al ente social nombrado, por el resultado al que se ha arribado en esta Sede.

5°) ADECUAR la condena en costas, de la segunda instancia, en lo que respecta a la apelación de "P. H. S.A."; imponiéndolas en su contra de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 del C.P.C.C..- 6°) ADECUAR los honorarios regulados por la intervención en segunda instancia, fijando a favor del Dr. E. M. C., un 35 %; y a favor de los Dres. V. F., G. L. y S. F., un 25%, en conjunto, de los que a sus respectivos favores se regularan por sus tareas en la instancia de origen. (art. 13, Ley XIII, N° 4); todos los honorarios con más el I.V.A..- 7°) IMPONER las costas de lo actuado ante este Superior Tribunal a la codemandada vencida, "P. H. S.A." (art. 69 del C.P.C.C.), y regular los honorarios correspondientes al Dr. E. M. C., en un 35 %; y a los Dres. V. F., G. L. y S. F., en conjunto, en un 25% de lo que a sus respectivos favores fueran fijados por sus actuaciones en primera instancia. Todos los estipendios con más el I.V.A. si correspondiere (Conf.: art. 13 L.H. vigente y Dto. N° 138/99).- 8) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.- Fdo. Dr. José Luis PASUTTI - Dr. Fernando S. L. ROYER - Dr. Daniel Luis CANEO.- Recibida en Secretaria el 03/11/11.- Registrada bajo el N° 08/S.R.E./11 Conste.- Fdo. Dra. Carmen Velez ? Secretaria.