Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 143/145.

Santa Fe, 8 de mayo del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado contra la resolución 377 de fecha 19 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, en autos "SAN CRISTOBAL CAJA MUTUAL contra DANERI, LUIS ENRIQUE - EJECUCIÓN PRENDARIA - (CUIJ 21-02839914-3)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511596-2); y,	CONSIDERANDO:

1. Mediante resolución 377 del 19 de diciembre de 2016, la Sala Tercera integrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra el interlocutorio dictado por el Juez de baja instancia -quien, a su turno y en el marco del trámite de una ejecución prendaria, juzgó procedente la reposición incoada por la actora y revocó la providencia por la que había hecho lugar a la solicitud, formulada por el ejecutado al oponer excepciones, de restitución del automotor cuyo embargo y secuestro fuera ordenado con la citación de remate-.

Contra tal pronunciamiento interpone el accionado recurso de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055.

Sostiene que el fallo es arbitrario por violar el orden formal de jerarquía normativa, al poner al decreto-ley 15348/46 por encima del Código ritual provincial en orden a resolver una cuestión procesal, materia ésta -recuerda- no delegada por las Provincias a la Nación.

Al respecto expresa que los Sentenciantes sustentaron su decisión en el artículo 29 del citado decreto-ley (t.o. decreto 897/95) y que prescindieron del hecho de que la ejecutante, al contestar el traslado de las excepciones, nada había manifestado respecto del pedido de restitución del automotor, precluyendo allí la oportunidad para plantear su oposición; de manera que, de acuerdo con la interpretación del ordenamiento procesal que postula, ello habría implicado asentir lo solicitado y, a la vez, la reposición interpuesta posteriormente contra el decreto que accediera a dicha petición habría resultado extemporánea.

Asimismo arguye que la Alzada, al confirmar lo resuelto por el Juez de grado en punto a la revocación de la providencia relativa a la restitución del rodado, habría preanunciado el devenir de la excepción de pago opuesta a la ejecución, adelantado así su opinión sobre la cuestión de fondo.

Finalmente aduce que la Sala incurrió en un exceso de jurisdicción al imponerle las costas de la segunda instancia, puesto que -afirma- fue el accionar de la demandante lo que dio lugar a la reclamación.

2. Evacuado el pertinente traslado, la Alzada denegó la concesión del remedio extraordinario interpuesto mediante resolución del 15 de setiembre de 2017.

Tal denegación motiva la presentación directa del recurrente ante esta sede. En su escrito de queja, además de insistir en las tachas de arbitrariedad articuladas, aduce la invalidez del auto denegatorio.

3. Dado que el propio impugnante no postuló como única posibilidad la anulación del auto denegatorio, corresponde efectuar directamente el análisis de admisibilidad del recurso en esta Sede, adelantándose que la queja no habrá de prosperar.

Es que el artículo 1 de la ley 7055 establece que el recurso de inconstitucionalidad, como exigencia fundamental para su admisibilidad, debe dirigirse contra una sentencia definitiva dictada en juicio que no admita otro ulterior sobre el mismo objeto o contra un auto interlocutorio que ponga término al pleito o haga imposible su continuación.

En ese orden de ideas, conviene recordar que es una posición pacíficamente aceptada por esta Corte y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que las resoluciones concernientes a medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva a los fines de habilitar el recurso de inconstitucionalidad de la ley 7055 y la instancia extraordinaria del artículo 14 de la ley 48 (cfr. A. y S., T. 30, pág. 150; T. 93, pág. 40; T. 191, pág. 36; y en sentido concordante Fallos:271:319; 316:2153; 326:25; entre muchos otros), agregándose que "la doctrina de la arbitrariedad no suple la falta de dicho requisito" (A. y S. T. 182, pág. 89; y Fallos:305:1929, entre otros).

También debe tenerse en cuenta que en ciertos casos, como estricto supuesto de excepción a ese principio, se han equiparado a sentencia definitiva las resoluciones que producen un gravamen irreparable o un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior (así por ejemplo en A. y S. T. 159, pág. 40; T. 192, pág. 312; T. 196, pág. 206; y Fallos:308:1107; 312:409, 326:1471; entre otros).

A la luz de tales directrices no puede sino concluirse que el pronunciamiento que se impugna en el "sub examine" -por el cual la Alzada confirmó la resolución del Juez de baja instancia, desestimatoria de un pedido de levantamiento del secuestro del bien embargado-, de acuerdo a su propia naturaleza -cautelar-, no constituye sentencia definitiva o auto equiparable ya que no decide sobre el fondo del litigio y tampoco pone fin al juicio ni impide su continuación, obstando por ende a la admisibilidad de la vía intentada.

Dicha conclusión se ve reforzada toda vez que tampoco se advierte perfilado un gravamen irreparable que torne inexcusable la vigencia de las excepciones que esta Corte tiene admitidas.

Al respecto la jurisprudencia tiene resuelto que no basta con alegar un perjuicio irreparable sino que es preciso señalar y demostrar cómo y dónde surgirá un agravio de esa índole y magnitud (A. y S. T. 94, pág. 457; T. 104, pág. 312; T. 202, pág. 331; y Fallos:306:140; 311:612; 316:1870, entre otros); y en el caso, la sola afirmación del impugnante de verse privado de una herramienta de trabajo luce claramente insuficiente en orden a argumentar que concurra en el caso un gravamen insusceptible de oportuna reparación.

Por lo demás, no corre mejor suerte el planteo enderezado contra la imposición de costas, aun si por hipótesis pudiera considerarse que la materia propuesta reviste definitividad en razón del carácter autónomo de la postulación.

Es que la decisión del A quo de imponer las costas de alzada al apelante perdidoso por aplicación del artículo 251 del Código Procesal se muestra acorde a lo debatido y a su resultado; y la argumentación ensayada por el compareciente resulta insuficiente a fin de conmover lo resuelto por la Sala en el plano constitucional, al no lograr acreditar liminarmente un supuesto de arbitrariedad o afectación de garantías fundamentales.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)	Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario -Sala Tercera integrada-.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 5 de Rosario.