Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-06-29


SENTENCIA NUMERO: VEINTITRES En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintinueve días del mes de junio de dos mil diez, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del V. Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, defensor del imputado Franco Sebastián Pérez, en autos Expte. Corte Nº 42/10, caratulados: "RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en contra de la Sentencia Nº 29/09 Causa Expte. Nro. 22/07 acumulados 096/06 y Nº 170/05- Jiménez, Daniel Edgardo y otros- ss.as. Robo doblemente calificado, etc.", contra la sentencia Nº 29/09, dictada con fecha veinte de octubre de dos mil nueve por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto? ¿El a quo ha inobservado o aplicado erróneamente la ley sustantiva prevista para la individualización de la pena? ¿Es nula la sentencia por haber inobservado las normas que el Código de Procedimientos establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 67, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres, y en tercer término, el Dr. Luis Raúl Cippitelli.- A la Primera cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

I. El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 29/09, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P..- II. Por sentencia Nº 29/09, dictada con fecha veinte de octubre de dos mil nueve, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, por mayoría, en lo que aquí interesa, resolvió lo siguiente: "1) Aplicar a Franco Sebastián Pérez de condiciones relacionadas en la causa a la pena de quince (15) años de prisión, con más accesorias de Ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal) Con costas (arts. 407, 536 y concordantes del C.P.P.)".- III. Contra esa decisión, el defensor del imputado Pérez interpone el presente recurso, invoca el art. 454 inc. 3º del Código Penal y pide que la sentencia sea casada por inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena y de las establecidas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad. En la síntesis que hace del trámite de la causa, reseña los términos de la anterior sentencia condenatoria casada por esta Corte e invoca dos motivos de agravio con relación a la sentencia que impugna en esta oportunidad. Como primer motivo de agravio, expone que la sentencia incurre en los mismos vicios que la anterior (casada por esta Corte) y que, apartándose de las pautas previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, no da razones suficientes de la medida de la sanción impuesta, se limita a una mera remisión a algunas de las circunstancias previstas en dichos preceptos, casi exclusivamente a las que agravan la situación del imputado; y omite la consideración de circunstancias atenuantes, como la calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir, como surge del informe socio-ambiental, especialmente la miseria o dificultad para ganarse su sustento y el de los suyos; como también su condición de analfabeto y su personalidad inmadura, según el informe psicológico. Dice que el tribunal no tuvo en cuenta la inexistencia de daño físico y la insignificancia del daño patrimonial en el hecho nominado primero; ni la levedad del daño físico y la inexistencia del daño patrimonial en el hecho nominado segundo, en el que sólo se ocasionaron pequeñas lesiones en el denunciante y los elementos sustraídos fueron recuperados y devueltos a su dueño. Se queja asimismo de que no se haya considerado la concreta participación de cada imputado y de que, aunque la de Jiménez había sido más activa en tanto él fue quien golpeó al damnificado en oportunidad del segundo hecho, su condena (a sufrir doce años de prisión) fue menos severa que la que recibió Pérez, lo que aprecia como una violación a los principios de igualdad y de racionalidad. Y, como segundo motivo de agravio, objeta la sentencia en tanto, en parte y sin mediar recurso fiscal, mensura la pena impuesta con arreglo a una escala penal más severa que la considerada en el fallo anterior (dejado sin efecto por esta Corte). Pide se case la sentencia en lo que fue motivo de agravio y hace reserva del recurso extraordinario y del contenido en el art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

IV. Por razones de orden lógico y de economía procesal, atento a que, de prosperar el segundo agravio, la sentencia impugnada sería irremediablemente nula y, como consecuencia, innecesaria la consideración del primer agravio, invertirá el Tribunal el orden en su tratamiento.

Segundo agravio Reseña el apelante, que en su anterior intervención -además de acoger el recurso de la defensa referido a la defectuosa valoración de las circunstancias previstas legalmente para la determinación de la pena- esta Corte había corregido lo que consideró una inexacta valoración jurídica del caso por el a quo al tratar el concurso de delitos verificado en el Hecho nominado Primero, y mutó en concurso real lo que ese Tribunal había juzgado como concurso ideal. Surge asimismo de las actuaciones que corren adjuntas al principal, que el defensor del condenado advirtió sobre el agravio constitucional derivado de tal decisión que, sin haber mediado recurso del Ministerio Fiscal, resultaba más gravosa para su pupilo, y también resulta de lo actuado que, mediante el remedio federal, había procurado el recurrente subsanar ese defecto derivado de la resolución extra petita sobre el punto pero que, aunque esta Corte lo concedió, el recurso fue finalmente devuelto por el Máximo tribunal por no constituir sentencia definitiva la apelada, circunstancias éstas que fueron mencionadas en su voto por el Juez Mazzucco.

En esta oportunidad, el defensor del imputado dice que el apelado fallo de la Cámara juzgadora sigue el lineamiento de aquella decisión de esta Corte y repite el vicio señalado, con el consiguiente gravamen para su pupilo dado que, como consecuencia del concurso real dispuesto por la Corte con relación al Hecho nominado Primero, la pena máxima resultante para este Hecho es de 12 años, sensiblemente mayor a la de 10 años que surgía de conformidad con el concurso ideal de la primigenia sentencia.

Sin embargo, después de analizar exhaustivamente la cuestión, concluyo, sin hesitación alguna, que no puede ser acogido el agravio invocado, referido a la violación del principio constitucional de la reformatio in pejus, por haber mutado la sentencia apelada, en el Hecho nominado Primero, la escala penal del concurso ideal por la del concurso real, sin mediar recurso fiscal. Así lo considero en tanto, no obstante los categóricos términos de la sentencia del a quo, de los que, inequívocamente, resulta que los acontecimientos descriptos en el Hecho nominado Primero fueron computados como constitutivos de un concurso real de delitos (de robo y privación ilegítima de la libertad), no observo el concreto perjuicio que la mutación producida le ocasiona al condenado.

Es que los múltiples eventos evaluados en la sentencia son sancionados por el tribunal del juicio con una pena única, abarcadora de todos y, por ende, comprensiva también de los descriptos en el Hecho nominado Segundo (robo doblemente agravado, por haber sido cometido en banda y con armas), concursados éstos con aquellos en forma real, según términos que no han sido cuestionados por el recurrente. Luego, de conformidad con las pautas reseñadas, y dada la mayor dañosidad derivada de la lesividad plural producida por el acontecer descrito en el Hecho nominado Primero (no obstante el concurso ideal que -por falta de recurso fiscal- había quedado firme, y que, por ende, sólo podía ser sancionada con un monto de pena hasta la concurrencia del máximo de la escala legal prevista para el tipo más grave), considero que en el caso no se ha reformado, en perjuicio del condenado, la pena que le había sido impuesta en la anterior sentencia.

Luego de haber sido concursados en forma ideal los acontecimientos del Hecho nominado Primero, y en forma real éstos con los del Hecho nominado Segundo (arts. 164; 142; 54; 166 inc. 2º, primer supuesto; 167 inc.2º y 55 del Código Penal), resultaba aplicable al caso la escala penal especial de hasta 21 años de prisión. Por lo tanto, la magnitud de la sanción impuesta -15 años-, no sólo es sensiblemente inferior a la de la sentencia anterior -20 años-, sino que no excede del referido marco punitivo de aplicación y que consiente el apelante.

Por ello, considero que, de hecho, con la respuesta penal dada en el caso, no se ha vulnerado el método legal de construcción de la pena global para la pluralidad delictiva sobre la que recayó la condena, ni se han traspasado los límites de la escala especial de aplicación y, por ende, tampoco se ha ocasionado al imputado el perjuicio alegado por el recurrente, a cuyo cargo - atento a que no es evidente- estaba su concreta demostración, sin que haya el mismo satisfecho dicha carga con la mera invocación del principio constitucional que dice vulnerado.

Por las razones expuestas, considero que, con relación a este agravio el recurso debe ser rechazado. Así voto.- Primer agravio En el recurso anterior, contra la primera sentencia, la defensa había cuestionado la forma insuficiente en que habían sido valoradas por el tribunal las circunstancias previstas en el art. 41 del Código Penal para la mensuración de la pena, sólo mencionándolas, sin analizarlas debidamente. Por ello, dado que el recurso fue acogido por esta Corte, resultaba pertinente que el tribunal meritara debidamente dichas pautas, con el único límite de no agravar la situación del imputado. Ahora bien, después de examinar en el marco de este recurso la impugnada nueva sentencia, observo que -en principio- la garantía constitucional de prohibición de reformatio in pejus que involucra la regla mencionada no ha sido vulnerada dado que, en virtud de la nueva evaluación de las circunstancias agravantes y atenuantes de la pena, el cuantum de la determinada por la sentencia apelada no supera el monto de la que había sido impuesta en la primera sentencia.

Por otra parte, sabido es que en la estimación del monto punitivo, deben los jueces evaluar la conducta específica del enjuiciado y su concreta repercusión en la persona y bienes del damnificado y, con arreglo a las circunstancias objetivas del hecho mismo y atendiendo a las particulares cualidades de su autor, establecer su cantidad, sin sujeción en tan ardua faena a cálculos matemáticos o moldes rígidos y estandarizados con relación a las circunstancias agravantes y atenuantes. Y observo que a ese debido modo los jueces de la causa han ajustado su proceder para ponderar la pena adecuada a los plurales comportamientos delictivos comprobados en el juicio y legalmente atribuidos al imputado, sin que demuestre el apelante la efectiva trasgresión que denuncia con relación a las pautas previstas a ese efecto en los mencionados preceptos del Código Penal.

Es que, por una parte, carece de suficiente sustento la crítica del recurrente relacionada con los conceptos del tribunal sobre el informe socio-ambiental del imputado, pretendiendo que las condiciones de vida del causante deberían haber sido consideradas para atenuar la pena impuesta al mismo en tanto serían la miseria o la dificultad para ganarse el sustento necesario las que lo habrían determinado a delinquir.

Así lo considero en tanto, de dicho informe (sobre el que el voto del juez Mazzucco -al que adhiere el juez Esteban- predica que no aporta nada relevante) surge que el imputado vive con su grupo familiar (integrado por padres, hermanos, concubina y dos hijos) y que, según los vecinos, esa familia es de trabajo y va de un lugar a otro por las ferias respectivas, por Aguilares (Departamento de la Provincia de Tucumán, en el que tiene radicado su domicilio ) y alrededores (fs.863/865). Y de las actas respectivas, resulta que el mismo imputado dijo en el juicio que tiene estudios primarios completos, hasta 7º grado; que es verdulero y que sus condiciones de vida fueron y son regulares (fs.956); y en audiencia ante el Juez Esteban (subrogante legal, que no integró el tribunal que dictó la primera sentencia en la causa ni el que, casada dicha sentencia por prosperar el recurso de los cómplices de Pérez, dictó la nueva sentencia con relación a éstos) manifestó que fueron buenas sus condiciones de vida porque antes trabajaba con su padre y después se independizó, y que lo que ganaba le alcanzaba para su subsistencia y la de los suyos (fs. 1065/1065 vta .).

Por ello el agravio invocado no puede ser acogido, dado que de las constancias reseñadas resulta que el causante no vive prácticamente en la miseria, como dice el apelante, y aunque su situación económica es de pobreza, la suya es una familia de trabajo, según informaron los vecinos, y habita una vivienda ubicada en un terreno de propiedad de los padres del causante, con tres dormitorios, los servicios indispensables y el mobiliario suficiente; y que, en todo caso, las dificultades para ganarse el sustento se relacionan con la naturaleza de la actividad que desarrolla el grupo familiar (vinculada con la venta de frutas y verduras) y son superadas con los traslados habituales hasta las distintas ferias. Además, el mismo informe da cuenta de que el hermano del causante, de 22 años de edad en esa época, soltero y parte del grupo familiar conviviente, hace changas en la cosecha del limón o en otras tareas rurales, lo que pone en evidencia la concreta posibilidad de superación, por medios lícitos, de las dificultades que invoca el recurrente, no obstante la falta de mano de obra calificada, que también alega a favor de su asistido.

Por otra parte, del mismo informe surge que el causante no es lisa y llanamente un analfabeto, como dice el recurrente, sino que tiene estudios primarios completos, como sus padres y su hermano; que sus hermanas, de 13 y 8 años de edad, cursan, respectivamente, el 8º y 3º año de la EGB; y que su concubina tiene estudios secundarios incompletos; y, no obstante la escasa instrucción que según el recurrente debió ser considerada como una circunstancia atenuante, la constatación por la asistente social informante sobre la vacunación y controles médicos al día de sus dos pequeñas hijas (de tres años y de un año de edad, respectivamente) demuestran que tiene un nivel cultural incompatible con la falta de educación que el recurrente dice ignorada por el tribunal en desmedro del causante por lo que, también por ello, el agravio no puede ser admitido.

En cuanto al informe psicológico invocado por el apelante para decir que el nivel intelectual del causante no se encuentra dentro de los parámetros normales, observo que tal apreciación resulta incompatible con las conclusiones derivadas de las constancias previamente analizadas. Es que, por una parte, según reseña el mismo apelante, dice el informe que el causante no sabe leer ni escribir, mientras que del informe socio ambiental resulta que tiene estudios primarios completos, que todo su grupo familiar ha recibido educación formal y que sus hermanas menores asisten a la escuela en cursos acordes con sus respectivas edades. Por otra parte, según el informe psicológico, la personalidad del imputado es inmadura y con pobres recursos yoicos, de privación socio cultural, educativa y familiar. Sin embargo, a la luz del mismo informe socio ambiental invocado por el recurrente, ese déficit no tiene la entidad que parece atribuirle éste, en tanto, además de lo que he destacado más arriba, la Licenciada informante estableció que la familia del causante mantiene vínculos parentales consolidados, es muy sencilla, acogedora y con desconcierto por el problema de su hijo, y le ha brindado contención al mismo, a su pareja y a sus pequeñas hijas.

Por ello, en tanto ambos informes son invocados en el recurso, sin proponer argumentos conducentes que en los puntos examinados permitan conciliarlos o privilegiar a uno por sobre el otro, no abastece el recurrente con fundamentos suficientes su agravio relativo a la falta de consideración de los mismos por el tribunal a quo.

Así, la sentencia queda a salvo de la tacha de falta de fundamentación que le endilga el recurrente en tanto, pese a ser escueta, del déficit denunciado por el recurrente no se deriva el perjuicio que invoca, dado que la extrema pobreza y la falta de educación del causante, alegadas como motivos que lo habrían determinado a delinquir, resultan desvirtuadas con el informe socio ambiental, por lo que carece de sustento su agravio referido a la omisión de valoración de dicho informe como circunstancia atenuante de la pena.

Tampoco puede ser acogido el agravio referido a la concreta participación del imputado en los hechos, pretendiendo el recurrente que el tribunal omitió considerar que el también condenado Jiménez había tenido una participación más activa en los hechos, dado que había iniciado la comisión de los relacionados en el nominado como Primer Hecho, y golpeado al damnificado en el Segundo Hecho. Así lo considero en tanto de la sentencia surge que en el debate quedó establecido que la actividad desarrollada por Pérez en cada ocasión también fue relevante en tanto, aunque no había sido suya la iniciativa, había apremiado a la empleada del tele centro para que les entregara el dinero y las tarjetas telefónicas (Primer Hecho) y fue señalado por Julio Oscar Pérez (Segundo Hecho) como quien, en determinado momento, le había pegado desde atrás cuando él se estaba defendiendo de otro de los sujetos que portaba un arma, circunstancia que admitió el imputado Pérez, quien aclaró que le pegó con la pistola en las manos y dijo, además, que con esa pistola redujo al hombre (Pedraza) que había acudido en auxilio de los damnificados.

Considero asimismo que el agravio referido a la falta de ponderación del nulo o escaso daño ocasionado no puede ser admitido habida cuenta que, contrariamente a lo que dice el recurrente, del voto del Dr. Mazzucco (al que adhirió el Dr. Esteban conformando la mayoría) surge claramente que dicho magistrado tomó en cuenta que había sido maniatada la empleada del tele centro (Primer Hecho) y golpeado el dueño de casa (Segundo Hecho) por lo que, en todo caso, el recurso sólo revela disconformidad con la valoración expresada por el Tribunal, del real peligro corrido y del efectivo daño sufrido por los damnificados en cada caso como demostrativas de la peligrosidad de los imputados. Por ello, en tanto con su mera discrepancia no demuestra el recurrente la irrazonabilidad del referido mérito, sobre el punto el recurso luce insuficiente y debe ser rechazado.- IV. a. Sin embargo, y aunque es facultad discrecional del Tribunal a cargo del juicio la ponderación de la pena aplicable al condenado, se impone practicar el control solicitado con relación al agravio vinculado con el disímil tratamiento dado por dicho Tribunal a Pérez con relación a Jiménez, no obstante haber sido condenados ambos, en la primera sentencia, a sufrir la misma cantidad de pena.

El examen de la cuestión planteada torna indispensable recordar que con motivo de las distintas alternativas recursivas que tuvo esta causa, las sanciones referidas fueron dispuestas por el mismo tribunal, pero con distinta integración.

Así, la primigenia condena, por la que tanto Jiménez como Pérez habían sido condenados a sufrir la pena de 20 años de prisión, dictada por los jueces Mazzucco, Rosselló y Sampayo, fue casada por este Tribunal, con cuya su sentencia se conformó Jiménez pero no Pérez, quien intentó el remedio federal que finalmente fue declarado inadmisible por la Corte Suprema. Mientras se tramitaba el recurso extraordinario de Pérez, el principal volvió a la Cámara 1º que, por licencia del Juez Sampayo, fue integrada con el subrogante legal, el Dr. Jorge Álvarez Morales, Juez de la Cámara de 2º Nominación quien, como consecuencia, concurrió a determinar la nueva pena impuesta a Jiménez y, en esa faena, se adhirió a los fundamentos expuestos por el Dr. Roselló que había considerado justa la pena de 9 años de prisión, y votó en ese mismo sentido, en tanto, en su voto en disidencia, el Dr. Mazzucco había propuesto que le impusieran 16 años de prisión (fs.1044/1049 vta.). Posteriormente, la Corte Suprema devolvió las actuaciones referidas a Pérez y éstas fueron remitidas a la Cámara de mención que, por licencia del Dr. Sampayo y del Dr. Álvarez Morales, se integró con el subrogante legal, el Dr. Fernando Esteban quien, en la sentencia impugnada por el recurso en tratamiento, hizo suyos los motivos expresados por el Juez Mazzucco para imponerle a Pérez la pena que ahora está en cuestión, de 15 años de prisión, y en esta oportunidad, el voto en disidencia fue el del Juez Roselló quién había estimado justa la de 8 años.

Así, aunque difícilmente dos casos judiciales sean idénticos en tanto, de ordinario, alguna diferencia, aunque mínima, justifica una solución diferente, es preciso recordar también que, en el caso de autos, con la reconstrucción histórica efectuada en la referida primigenia sentencia, habían quedado definitivamente establecidas las circunstancias de realización de los hechos juzgados y la intervención que en éstos tuvieron los imputados Pérez y Jiménez y, cualesquiera que hayan sido los términos de la coautoría establecida en esa primera sentencia, con arreglo a la intervención del causante y del imputado Jiménez en la totalidad de los delitos por los que fueron condenados y de conformidad con las reglas previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, en esa oportunidad les había sido impuesta a ambos la pena de 20 años de prisión, lo que autoriza a concluir que, no obstante la defectuosa fundamentación expresada con relación a ese monto, el Tribunal a cargo del juzgamiento de los hechos había considerado que la situación de uno y otro imputado era análoga y, por ende, los había condenado a sufrir idéntica cantidad de pena.

Por ello, considerando que en el mérito efectuado en el pronunciamiento criticado no se consideraron circunstancias sobrevivientes o que no hubiesen podido ser valoradas en la primera sentencia, no encuentra justificación alguna la mayor severidad manifestada por el poder punitivo estatal con relación a Pérez por lo que, en tanto no observa razón que autorice abandonar el principio según el cual los asuntos sustancialmente semejantes deben ser resueltos del mismo modo, concluye esta Corte que bajo ese parámetro, invocado específicamente por el recurrente, le asiste razón a éste, ante la evidente inequidad que trasunta, a la luz del monto de la pena impuesta a Jiménez, la pena de 15 años a la que fue condenado Pérez.

Por ende, sin que implique juzgar como respectivamente leve o insuficiente ni rigurosa o excesiva la pena impuesta a Jiménez y a Pérez, estrictas consideraciones de justicia imponen corregir la sentencia apelada para que sea coherente con los términos de las referidas precedentes resoluciones firmes recaídas en esta misma causa, en tanto, como en un antiguo pronunciamiento lo sostuvo la Corte Federal, no resulta admisible que dos sentencias emanadas del mismo tribunal aunque con otra integración, en causa entre las mismas partes, por los mismos hechos y con análogo objeto resuelvan cuestiones de modo diverso (Fallos: 301:762).

Considerando asimismo que, no obstante los términos del recurso, la pena de 12 años de prisión impuesta a Jiménez es el resultado de la unificación de la determinada en el caso de 9 años con una anterior de 3 años, de conformidad con las razones dadas y a los fines de armonizar las resoluciones involucradas corresponde que la adecuación de la pena de Pérez tenga como referencia la de 9 años impuesta a Jiménez y, como consecuencia, que con ese alcance se revoque la sentencia apelada. Así voto.

Por las razones expuestas y atento a que con el tratamiento exhaustivo de todas las alegaciones del recurrente se ha asegurado el ejercicio del derecho que consagran los artículos 8.2.h de la Convención Americana sobre derechos Humanos y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y, de tal modo, la vigencia del derecho de defensa y al debido proceso del imputado, considero agotada la competencia revisora de este Tribunal.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Ministra Dra. Amelia del V. Sesto de Leiva, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación deducido a fs. 2/17 por el Dr. Pedro J. Vélez, en su carácter de asistente técnico del imputado Franco Sebastián Pérez. II) Hacer lugar al Recurso de Casación deducido por el Dr. Pedro Justiniano Vélez y en consecuencia casar parcialmente la sentencia recurrida, solamente en cuanto al monto de la pena impuesta, condenando a Franco Sebastián Pérez a la pena de nueve años de prisión III) Sin costas. IV) Téngase presente las reservas del caso federal y del Recurso contenido en el art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Ministra Dra. Amelia del V. Sesto de Leiva, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

La señora Ministra preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación deducido a fs. 2/17 por el Dr. Pedro J. Vélez, en su carácter de asistente técnico del imputado Franco Sebastián Pérez.

2º) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, anular parcialmente la sentencia en crisis en lo relativo al monto de la pena, debiendo imponer a Franco Sebastián Pérez la de nueve años de prisión (arts. 5, 40 y 41 del C.P.).

3º) Sin costas (arts. 536 y 537).

4º) Tener presente las reservas del caso federal y del Recurso contenido en el art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Amelia del V. Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Conste.