Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-05


Buenos Aires, 05 de octubre de 2006 Vistos: los autos individualizados en el epígrafe con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 19 y fundado a fs. 22/23 por el demandado contra la reoslución de fs. 12 y, CONSIDERANDO: 1. Que el GCBA inició la presente acción a efectos de que se ordene el allanamiento del inmueble ubicado en la calle Darwin 1193/97 de esta Ciudad con el objeto de proceder a dar cumplimiento con la demolición dispuesta en los decretos 758/GCBA-2003 y 1700-GCBA-2004. A fs. 12 la señora juez de grado, luego de examinar las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, libró orden de allanamiento de la finca con el fin de proceder a la demolición de la totalidad de las plantas del 2º, 3º y 4º nivel, y de todo lo realizado en hierro y madera en el primer nivel sin afectar lo construido en ladrillo visto por contravenir el Código de la Edificación. A fs. 22/23 el demandado funda su apelación contra la sentencia reseñada. 2. Que la señora Fiscal ante la Cámara destaca que la decisión administrativa habría quedado firme debido a que no se ha presentado impugnación judicial oportuna. Ello por cuanto la administración rechazó el recurso de reconside ración interpuesto por el actor mediante resolución 17000-GCBA-2004, el que fue notificado el 16 de septiembre de 2004, haciéndole saber que la instancia administrativa se hallaba agotada. Destacó que de los fundamentos del acto surge que los materiales empleados para la obra revestirían carácter de inflamables y no se habría solicitado el pertinente permiso de obra. Finalmente, reseñó que el actor presentó recurso de alzada, que fue rechazado in limine mediante resolución 139-SSEGU-2005 en razón de que la vía administrativa había quedado agotada con el dictado del decreto mencionado en primer término. 3. Que en el marco del expe. 16619/0, cuya conexidad con la causa fue declarada el 12 de junio de 2006 por este tribunal, el señora Padilla inició acción de amparo, con el objeto de suspender la demolición de su vivienda, dispuesta por la resolución 758-GCBA-2003. 4. Que para resolver la cuestión es fundamental poner de resalto que la señora juez de grado ha decidido la cuestión sometida a su decisión, omitiend o dar intervención a la parte demandada en autos. En efecto, se ha librado orden de allanamiento para ingresar a la vivienda y demoler las construcciones sin que la demandada tuviera oportunidad alguna de hacer valer sus argumentos ante el tribunal. 5. Que la legislación de la Ciudad de Buenos Aires es clara cuando prevé en su artículo 12 que "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los recur sos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario, Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución del acto por razones de interés público, cuando la ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión o cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta." A partir de la norma transcripta se puede sostener que en el régimen jurídico local no caben dudas que las posibilidades de ejecutar medidas contra bienes o el patrimonio de las personas es una facultad que solo puede ser decidida por los tribunales, por supuesto, con las excepciones previstas en la norma. Sobre el punto no parece haber desacuerdo en autos. Esta posición es también la admitida por el Gobierno en la causa, al iniciar esta demanda judicial, y según manifestaciones de fs. 2 vta.. 6. Que ello sentado cabe recordar que se ha resuelto que para que tal intervención signifique algo más que un ritual desprovisto de contenido, el tribunal debe revisar la legitimidad del requerimiento, en cuanto al basamento legal de las facultades que la Administración invoca. Se ha declarado que "la función del juez al que recurre la Administración para ejecutar un acto administrativo no es la de un autómata que concede, sino que se halla en deber de analizar la petición" y que "el Poder Judicial no puede convertirse en mero brazo ejecutor de las decisiones administrativas" (ver doctrina de este tribunal in re "GCBA c. Rodríguez, María Laura sobre aut. admim." del 12/07/01, y sus citas, publicado en LL. 2001-A-517) En el ejercicio de ese deber, el Tribunal debe velar por el respeto de las garantías constitucionales de los administrados y no puede prescindir de citar a quien será directamente alcanzado por la sentencia a los efectos de que tenga conocimiento del proceso, oportunidad de hacer oír sus razones y producir la prueba de descargo de que quiera valer se (ver Sala II, doctrina de la mayoría, in re "Comisión Nacional de la Vivienda c. Saavedra Felisa y otros", del 09/04/02, publicado en LL 2002-D, 325, y ED 31/07/02). 7. Que el principio de contradicción, llamado también de bilateralidad deriva de la cláusula constitucional que asegura la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 18 CN y 13, inc. 3 de la CCABA), es inseparable de toda administración de justicia organizada y encuentra expresión en el precepto romano: audiatur et altera pars. Tal precepto es un principio inherente a la justicia misma, o sea su nota típica de alteridad o bilateralidad. No es solo una expresión de la sabiduría común, es una regla necesaria del derecho procesal (Eduardo Couture, Estudios del derecho procesal civil, T. 1, p. 46; Fallos: 316:1545, voto de los Dres. Belluscio y Petracchi). En términos generales implica la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución o dispongan la ejecución de alguna diligencia procesal, sin que, previam ente, hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieren verse directamente afectados por tales actos. Tal garantía forma parte sustancial del derecho al debido proceso adjetivo, el que asegura al demandado su "día en la corte" con la razonable oportunidad de ser escuchado (Ver Eduardo Couture, Introducción al estudio del Proceso Civil, Depalma, Buenos Aires, 1988, p. 39). Ese derecho puede ser reglamentado por la ley -sin alterarlo o desnaturalizarlo y dentro de los límites constitucionales- para hacerlo compatible con el derecho de los demás litigantes y con el interés público de asegurar una justicia recta y eficiente. En tal sentido, la índole de ciertos procesos lleva al legislador a postergar el efectivo ejercicio de tal derecho, como sucede, por ejemplo, al acordarse el dictado de una medida cautelar. Pero tal opción legislativa, a la que se admite como razonable reglamentación de la garantía, no ha sido prevista en el caso, atento a que en ningún momento el artículo 12 de la LPA establece que al r ecurrir al poder judicial para ejecutar un acto que afecte los bienes de una persona la cuestión deba ser decidida inaudita parte. Por lo demás, al impedirse el ejercicio de la debida defensa ante la primera instancia, no puede sostenerse que la demandada haya omitido dar argumentos suficientes para cuestionar el procedimiento seguido, ya que tal impedimento, por sí solo, basta para invalidar lo actuado. 8. Que la administración recurrió -como era menester en el caso- al proceso, desde que reclama ante un tercero imparcial -juez- y frente a un sujeto demandado. De ahí se sigue que no obstante la posible urgencia del caso, que permitía adoptar algunas normas del ritual a un proceso de tipo abreviado o requerir medidas urgentes en caso de ser necesarias, le son plenamente aplicables las pautas que informan el principio de contradicción. Las razones expuestas imponen declarar la nulidad de todo lo actuado en autos. Atento la forma en que se resuelve en el día de la fecha en la causa conexa "Padilla Alberto Loren zo c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)" ambos procesos deberán ser remitidos al señor juez titular del juzgado 2. Por las razones expuestas, corresponde declarar la nulidad del procedimiento y remitir las actuaciones para que continúen su trámite ante el juzgado 2º. Disidencia del Dr. Esteban Centanaro. 1. La señora fiscal ante la cámara señaló que no se ha realizado manifestación alguna que permita acreditar la improcedencia del pedido de allanamiento a fin de ejecutar el acto administrativo. Dado que comparto -en lo sustancial- los fundamentos que sustentan el meditado dictamen de la señora Fiscal de Cámara (fs. 62 vta.) -a cuyos términos cabe remitirse, a fin de evitar reiteraciones innecesarias-, corresponde no hacer lugar a los agravios y confirmar la resolución en todo cuanto decide y fue motivo de apelación. 2. Que, a mayor abundamiento y tal como se ha sostenido, no debe soslayarse que el Gobierno cuenta con la facultad para exigir que las edificaciones y estructuras que hayan sido alteradas respecto de las condiciones en que les fuera otorgado el correspondiente permiso, sean retrotraídas a su situación originaria para disponer demoliciones y supresiones totales o parciales de las obras clandestinas que, afectando la seguridad, salubridad o la estética edilicia, vulneren las normas de aplicación vigentes a la época de su ejecución o bien en aquellos en las que se resistan o se avance sobre derechos y bienes jurídicos de linderos, condóminos y vecinos (conf. CARTAÑÁ, ANTONIO - CENTANARO, ESTEBAN - LABADO, ALEJANDRO, 2º Informe Anual 1989/1990 de la Controladuría General Comunal, t. I, "El control de edificaciones", Buenos Aires, 1991, p. 67). En mérito a lo que antecede, y habiendo dictaminado la Señora Fiscal de Cámara, el tribunal RESUELVE: declarar la nulidad del procedimiento y remitir las actuaciones para que continúen su trámite el juzgado 2º.