Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-23


ROBLEDO, Miguel y otros contra SULFACID S.A.

Reg.: A y S t 215 p 328-331.

Santa Fe, 23 de agosto del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución 133 del 11.8.2004 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, en autos "ROBLEDO, Miguel y otros contra SULFACID S.A. -Demanda Laboral- (Expte. 334/00)" (Expte. C.S.J. nro. 451, año 2005); y, CONSIDERANDO:

1. Contra la resolución de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario que resolvió "desestimar el recurso de nulidad. Rechazar el recurso de apelación, confirmando la sentencia, en cuanto fue materia de agravios ...", deduce la compareciente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055, por juzgarla lesiva de los derechos y garantías constitucionales que enuncia (propiedad, defensa en juicio y libertad).

Endilga al decisorio incurrir en autocontradicción al admitir que la cuestión debatida consiste en que "Sulfacid S.A." negó el ingreso de cuatro operarios que fueran despedidos durante la gestión conciliatoria y fundar luego, su decisión de condena, en el cierre de la empresa durante aquel período. Señala que en este último supuesto se hubiera visto afectado la totalidad del personal.

Afirma que la Alzada contradijo inequívocas constancias de autos al resolver sobre hechos inexistentes en razón de no haber formado parte de la litis y al haber atribuido a los mismos consecuencias jurídicas, tal el cierre del establecimiento durante la conciliación, cuando en realidad, una vez dictada la misma quedó sin efecto el despido de 65 operarios, por lo que su parte abrió las puertas al personal.

Expresa que ante el hipotético supuesto de que la empresa hubiera incumplido su obligación de abstenerse de modificar los contratos de trabajo en relación a los cuatro operarios que liberó de prestar servicios, la sanción prevista por ley aplicable (10.468), a más de la establecida en los artículos 41 y 42, se limita exclusivamente al pago de salarios "del personal afectado" (en el caso, se dijo, cuatro operarios).

Sin embargo, contrariamente a lo normado, la Sala aplicó una sanción inexistente, cual es el pago de salarios caídos a personal que se negó a ingresar a trabajar durante el proceso de conciliación obligatoria, negativa ante la cual se debió sancionar al trabajador y no al empleador (artículo 16 último párrafo, ley citada).

Le agravia que el Tribunal a quo sostuviera que "...la demandada habría incumplido con su obligación de retrotraer las cosas a su estado anterior al conflicto, al no reintegrar a cuatro de los despedidos, 'no siendo admisible la pretensión de la accionada respecto a considerarse que cumpla cuando no lo hizo, esgrimiendo que fueron los trabajadores quienes no aceptaron la actitud empresaria, los que habrían incumplido con su débito laboral'".

Califica tal decisión de dogmática y carente de motivación suficiente, pues la condena al pago de salarios caídos debió limitarse a los cuatro operarios despedidos.

Insiste en reprochar que los sentenciantes han soslayado contestar el interrogante que planteara acerca de por qué se le aplicó la sanción prevista para el supuesto de cierre de establecimiento, siendo que el mismo no ocurrió.

Y con sustento en el inciso 2 del artículo 1 de la ley 7055, afirma que el decisorio lesiona el derecho de propiedad (artículo 15, Constitución provincial) al condenarla al pago de salarios por jornales caídos no trabajados, dando lugar a un enriquecimiento sin causa, cuando en realidad los actores se negaron a ingresar a laborar -hecho reconocido por ambas partes-; el derecho de libertad (artículos 6 y 7 de la Constitución provincial; 19 de la Constitución nacional) en cuanto impuso la condena sin sustento jurídico, puesto que la parte accionante no puso a disposición del empleador su capacidad de trabajo y sin embargo se la obligó al pago de jornales no trabajados y, derecho de defensa en juicio (artículos 9, Constitución provincial y 18, Constitución nacional), en tanto aplicó la sanción que prevé el artículo 14 de la ley 10.468 para el supuesto de "cierre de establecimiento", el que en los hechos, no existió.

Alega que se impuso una sanción respecto de una conducta no tipificada legalmente.

La Sala a quo, mediante auto 285 del 28.9.2005 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa de la compareciente ante esta sede.

2. En primer lugar y, por razones metodológicas, ha de sostenerse que no se advierte que se encuentre en discusión la inteligencia o alcance de ningún precepto constitucional, como lo pretende afirmar la compareciente, lo que torna inadmisible el recurso.

Ello es así, atento que el inciso 2) del artículo 1 de la ley 7055 es suficientemente claro al respecto: requiere que cuestione la inteligencia de un precepto de la Constitución y la decisión haya sido contraria al derecho o garantía en él fundado. Además, el recurso se desnaturalizaría, porque difícilmente exista litigio en el que no se encuentra comprometido un derecho con reconocimiento constitucional, por lo que el perdidoso en las instancias ordinarias tendría siempre acceso a la vía excepcional, destruyéndose la finalidad del instituto.

2.1. Y en relación a las tachas de arbitrariedad en que se basa el recurso tampoco justifican la apertura de esta instancia de excepción, puesto que de la confrontación de la sentencia con los agravios mencionados surge que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que la impugnante aspira otorgarle, se vincula con el criterio con que el Tribunal a quo analizó los hechos de la litis conforme surgían de las constancias de autos, con el que valoró las pruebas y, en función de ellos interpretó y aplicó las normas comunes pertinentes, ámbito éste reservado a los jueces de la causa y ajeno, por ende, a esta instancia extraordinaria.

En efecto, la Sala analizó minuciosamente las constancias de autos y con sustento en ellas sostuvo que la propia demandada afirmó encontrarse ante la necesidad de suspender sus actividades a partir del 13 de abril de 1993, decidiendo de hecho cerrar sus puertas, precisando que si ello fue inducido por la actitud de los obreros, la misma, más allá de su apreciación de no ser un conflicto 'colectivo', contó con la alternativa de requerir la intervención del órgano administrativo laboral para atender la cuestión y, no obstante ello, prefirió suspender su actividad. Y desde una perspectiva finalista, el Tribunal a quo reconoció la inexistencia de daño para los obreros despedidos, pues mantuvieron latentes sus puestos de trabajo y no hubo disminución en sus ingresos, pero enfatizó que en razón de haberse dispuesto la conciliación obligatoria en el conflicto 'colectivo' por la Secretaría de Trabajo (ley 10.468), la empresa no contaba con facultades para elegir modalidades de cumplimiento, el que debió apegarse a lo ordenado y no ser objeto de estratégicas respuestas.

Precisó que aún cuando cuatro empleados efectuaron declaraciones injuriosas para con la empresa, para impedir el ingreso de los mismos, no impedía el acatamiento de lo dispuesto aún para ellos, en tanto el sometimiento a la instancia conciliatoria, además de posibilitar una eventual solución al problema, no significaba que tal ponderación de la conducta de los mismos perdieran actualidad para, en su caso, hacerlas valer de ser su deseo, agotada la instancia administrativa. Si el fin conciliatorio perseguido, dijo, consistía en "reintegrar la totalidad del personal" (resolución nro. 5), retrotrayendo la cuestión al estado anterior al conflicto, el no haber permitido el ingreso de aquellos, justamente, implica no volver al estado anterior, pues si bien quedaron en suspenso los despidos, no es lo mismo ante lo ordenado y en el marco de un contrato de trabajo, "prestar que no prestar servicios", razón por la que la demandada no podía esgrimir que fueron los trabajadores quienes no aceptaron la actitud empresarial, los que incumplieron su débito laboral.

Concluyó, en definitiva, que la empresa decidió cerrar sus puertas suspendiendo la actividad laboral, comportamiento que la hizo pasible de la sanción prevista en el artículo 14 de la ley 10.468; haciendo hincapié en que el establecimiento "Sulfacid S.A." no sólo incumplió lo ordenado sino que mantuvo dicha actitud durante la conciliación dispuesta.

Este ha sido el fundado razonamiento seguido por la Cámara el que demuestra, contrariamente a lo sostenido por la compareciente, que el órgano jurisdiccional centró la cuestión objeto de debate en la necesidad de la empresa de suspender sus actividades a partir del 13 de abril de 1993, disponiendo de hecho cerrar sus puertas y que ante el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada en el conflicto colectivo por la Secretaría de Estado de Trabajo, el que se mantuvo en esa instancia, impuso la sanción que prevé el ya citado artículo 14, desvaneciéndose con lo apuntado los genéricos argumentos de la quejosa -reiteración de los planteos que formulara al expresar agravios- en torno a que la Cámara habría arribado a una sentencia de condena por cierre de "Sulfacid S.A.", cuando en realidad el objeto de discusión se focalizó en la negativa de la empresa de permitir el ingreso de aquellos cuatro operarios despedidos, siendo insuficientes para cambiar la suerte la litis los restantes argumentos esgrimidos, entre ellos, el haber cumplimentado lo resuelto en la conciliación, al sostener que dictada la misma quedó sin efecto el despido de 65 operarios, situación que evidencia la apertura de sus puertas para con el personal, discutiendo en definitiva, la sanción impuesta. Se demuestra así que la Alzada, al resolver, no se apartó de las constancias de autos, por lo que mal puede sostenerse que la misma se sustentara en un hecho inexistente, tal el cierre del establecimiento expresamente reconocido por la demandada ni aplicara, en consecuencia, una sanción no prevista legalmente, incurriendo en un desconocimiento de la norma vigente (artículo 14, ley 10468) y, por consiguiente, su decisión no se apoyó en la personal apreciación de los jueces de la causa, los que dieron motivación suficiente de sus dichos, más allá, del acierto o error de la resolución en definitiva adoptada, la que no luce arbitraria para ser descalificada como acto jurisdiccional válido.

Las razones aducidas, determinan sin más, la inadmisibilidad del presente recurso.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)