Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-07-01


SENTENCIA NUMERO: VEINTICUATRO En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a un día del mes de julio de dos mil diez, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Guillamondegui -subrogante-, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 93/09, caratulado: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. José Luis Chaván en contra de Sentencia recaída en Causa Expte. Nº 46/09", contra la Sentencia Nº 30/09, dictada con fecha nueve de noviembre de dos mil nueve por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿ Es admisible el recurso interpuesto a fs. 01/11 vta. por el Dr. José Luis Chaván? ¿Corresponde declarar la nulidad del fallo impugnado por haber violentado lo prescripto por el art. 186 inc. 1º del C.P.P.? ¿Es nula la sentencia recurrida por haber aplicado erróneamente los arts. 79 y 80 inc. 1º del C.P.? ¿Ha inobservado la resolución en crisis las normas previstas para la individualización judicial de la pena? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 31, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, el Dr. Luis Raúl Guillamondegui.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 30/09, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P..- II. Por Sentencia nº 30/09, del 9/11/09, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "I) Declarar culpable a Luciana María Soledad Romero de condiciones personales relacionadas en la causa como coautora penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo (Arts. 80 inc.1º y 45 del C. Penal) condenándola en consecuencia a sufrir la pena de prisión perpetua con más accesorias de ley (arts. 40, 41, y 12 del C. Penal). Ordenándose el cese de la prisión domiciliaria y su inmediato traslado a Dependencias del Servicio Penitenciario Provincial, Establecimiento para mujeres. Ordenar el traslado de los hijos de la acusada que conviven en el mismo domicilio, al instituto pertinente dependiente del Ministerio de Acción Social de esta Provincia, dándose la debida intervención a la Juez de Menores que por turno corresponda. A cuyo fin ofíciese. Con costas (arts. 407, 536 y concordantes del C.P.P).- II) Declarar culpable a Jesús Ariel Chaile de condiciones personales relacionadas en la causa como coautor penalmente responsable del delito de homicidio simple (Art. 79 y 45 del C. Penal) condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de veintitrés años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41, y 12 del C. Penal). Con Costas (arts. 407, 536 y concordantes del C.P.P)...".- III. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. José Luis Chaván, en su calidad de asistente técnico de los imputados, Jesús Ariel Chaile y Luciana María Soledad Romero, e interpone recurso de casación.

Luego de fundar la impugnabilidad objetiva y subjetiva de su pretensión y de manifestar que comparte los fundamentos del voto en disidencia, el recurrente argumenta que con el voto mayoritario, el tribunal vulneró el principio de congruencia, que carece de la debida fundamentación, que no se han observado las reglas de la sana crítica racional, en particular el principio lógico de razón suficiente y el de no contradicción, ello en relación a elementos probatorios decisivos incorporados legalmente al proceso. En idéntica dirección, sostiene que se ha omitido o meritado equívocamente la mención de los contenidos de la prueba que invoca, para acreditar la existencia y responsabilidad por la consumación de los hechos en cabeza de sus defendidos, como así también, se ha omitido el análisis y valoración de elementos probatorios de valor dirimente. A continuación, alega que se ha fundamentado el monto de la pena de manera contradictoria y excesiva, por lo tanto arbitraria, lo que provocaría inclusive -enfatiza- la nulidad en este aspecto de la sentencia.

Como primer agravio, cuestiona que el Dr. José Antonio Carma, Juez de Control de Garantías, haya integrado el tribunal que condenó a sus asistidos. Sostiene que su actuación ha violentado lo previsto por el Art. 56 inc. 1º del C.P.P., lo que ha teñido de manifiesta parcialidad su voto, puesto que tuvo que ser consecuente con la sentencia que el mismo dictó a fs. 165/166 vta. y 167/168 vta.. Argumenta que es evidente e indiscutible la parcialidad en la cual ha caído este magistrado, obviamente en razón de ser consecuente con su opinión emitida como magistrado del proceso de instrucción de la presente causa, al confirmar el estado de detención de sus pupilos. Entiende que el mencionado funcionario judicial debió inhibirse de intervenir en el tribunal de sentencia. Cita doctrina y jurisprudencia y concluye que corresponde el apartamiento del juzgador cuando éste, actuando como juez instructor efectuó juicio de valor sobre la responsabilidad del imputado, como es en el caso de autos. Asevera que el único voto que condenó a sus pupilos es el del Presidente del Tribunal, Dr. Mazzuco, puesto que el Dr. Roselló votó en disidencia y por la absolución de sus asistidos; mientras que el tercer votante, el Dr. Carma, al adherirse al primer voto, en razón de su anterior intervención como Juez de Control de Garantías, en la presente causa, revistió de parcialidad la sentencia y provocó la condena de sus defendidos. Sostiene que la actuación del Dr. Carma, ha resultado desafortunada a la luz de lo previsto por el art. 186 inc. 1º del C.P.P., toda vez que el mismo sanciona con nulidad -conminación genérica- la observancia de las disposiciones concernientes a: 1.- Al nombramiento, capacidad y constitución del Juez, Tribunal o Representante del Ministerio Fiscal. En este sentido, argumenta que en el caso de marras el Tribunal se ha constituido con un Juez que debió excusarse de intervenir en un proceso en el cual ya había intervenido como Juez de Garantías, precisamente rubricando sentencias que ameritaban causales tanto de inmediata ejecución, por lo grave del caso, como que avizoraban a plazo, eventuales y graves condenas, para ambos imputados, en razón de la imputación que se les había efectuado, en definitiva su gestión ha implicado nada menos que una toma de posición, aunque esta fuere de carácter provisorio.

Culmina refiriendo que recién al momento de interposición del presente recurso, la defensa de los imputados tomó conocimiento de la situación descripta, ya que en ningún momento -asevera el recurrente- se hizo conocer a la defensa de la integración del Tribunal de Mérito, por parte del Dr. José Antonio Carma.

IV. Del escrito recursivo, se advierte que el defensor de los imputados ha formulado varios embates en forma subsidiaria, razón por la cual priorizaré el tratamiento de los mismos, respetando el orden propuesto por el casacionista, máxime si se tiene en cuenta que lo que se está cuestionando en primer término, es justamente la nulidad del debate y, en consecuencia, de la sentencia. Asimismo, se debe tener presente que, en caso de que el presente agravio tenga acogida favorable, dejará sin materia las críticas restantes.

Formulada la pertinente aclaración, cabe analizar aquí si efectivamente corresponde declarar la nulidad del debate y de la sentencia conforme lo peticionado por la defensa de los imputados Jesús Ariel Chaile y Luciana María Romero.

Como punto de partida, cabe poner de resalto que el impugnante ha omitido especificar cuál es el punto de agravio de la pretendida declaración de nulidad, limitándose únicamente a decir que el tercer votante, el Dr. Carma, al adherirse al primer voto, en razón de su anterior intervención como Juez de Control de Garantías, en la causa bajo examen, revistió de parcialidad la sentencia y provocó la condena de sus defendidos. Concretamente, tilda de parcial la intervención del mencionado magistrado, aclarando que recién al momento de interposición del presente recurso, tomó conocimiento de la situación descripta, ya que en ningún momento -asevera- se le hizo conocer a la defensa la integración del Tribunal de Mérito con el Dr. José Antonio Carma.

Esta última afirmación, no se condice con las constancias obrantes en autos, porque se observa que a fs. 1.154 (VI Cuerpo), la defensa de los imputados fue notificada de la integración del tribunal. De igual modo, a fs. 1257 /1257 vta. (VII Cuerpo), se encuentra agregado el Auto Interlocutorio por el cual se rechaza recurso de revocatoria, que está rubricado por los tres integrantes del tribunal, lo que a su vez fue notificado a fs. 1263. Y tampoco al inicio del debate, ni al momento de alegar, el recurrente formuló observación alguna pese a encontrarse personalmente frente a todos los miembros del tribunal, introduciendo recién esta circunstancia como agravio por la vía extraordinaria del recurso de casación.. Consecuentemente, dicho planteo resulta inadmisible, puesto que del Acta de Debate tampoco surge que el recurrente haya procurado previamente impedir la producción o corregir los vicios de actos procesales previos al decisorio, que podrían afectar la validez de éste, protestando por las vías legalmente predispuestas en caso de negativa del tribunal a evitar el defecto o a proceder a su subsanación. En tal sentido, la pretendida nulidad, de existir, ha quedado subsanada puesto que quién tenía derecho a oponerla ha aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto supuestamente nulo (arts. 454 inc. 4º, 185, 186, 189, 190, sigtes. y cctes. del C.P.P.).

Desde otro ángulo, también advierto que el quejoso ha omitido especificar cuál es el punto concreto de agravio de la pretendida declaración de nulidad, porque su argumentación, como se dijo, se limita sólo a aseverar que el voto del magistrado que actuó en tercer lugar, se encuentra teñido de parcialidad.

Siguiendo el criterio sentado por esta Corte en numerosos precedentes, cabe recordar que la nulidad es una sanción procesal cuya declaración requiere además, un perjuicio concreto para alguna de las partes que tenga un interés jurídico en esa declaración, razón por la cuál nuestro Código Procesal Penal no admite la declaración de nulidad por la nulidad misma.

Ahora bien, se debe tener presente aquí, que nuestra ley adjetiva, establece en el art. 56, cuáles son los motivos por los que los jueces deben inhibirse o pueden ser recusados, para sustraerlos del conocimiento de las causas.

En el señalado sentido, el recurrente invoca la causal contenida en el inc 1º de la citada norma, que establece, en lo que aquí interesa, que el magistrado debe inhibirse y puede ser recusado, cuando en el mismo proceso hubiera intervenido como Juez de Control de Garantías resolviendo la situación legal del imputado.

Antes de avanzar, se impone precisar que la recusación con causa, como reiteradamente se ha sostenido, es el remedio legal del que los litigantes pueden valerse para separar al juez del conocimiento del juicio, en el supuesto de que las relaciones o actitudes de aquél con alguna de las partes, sus letrados o representantes o con la materia del proceso, sean susceptibles de poner en duda la imparcialidad de sus decisiones. La finalidad del instituto es asegurar la garantía de imparcialidad, inherente al ejercicio de la función judicial (conf. Fassi-Yáñez, "Código Procesal...", T. I, com. art. 17, n. 1, pág. 226).

También la doctrina nacional mayoritaria sostiene que la interpretación referente a la concurrencia de las causales de recusación de un magistrado debe ser de carácter restrictivo (confr. Jorge A. Clariá Olmedo, "Tratado de derecho procesal penal", t. II, p. 243, Ed. Ediar, 1962; Francisco J. D'Albora, "Código Procesal Penal de la Nación", p. 85, Ed. Abeledo-Perrot, 1993, entre otros.

Cabe reiterar, que el recurrente ha omitido explicitar por qué entiende que el magistrado ha dejado de ser imparcial. Para que ello ocurra, debe haber existido prejuzgamiento. Este se configura por la emisión de opiniones intempestivas respecto de cuestiones pendientes que aún no se encuentran en estado de ser resueltas. En cambio, las vertidas por los magistrados en la debida oportunidad procesal, sobre puntos sometidos a su consideración, en modo alguno implica opinión anticipada, sino directa y en el cumplimiento del deber de proveer el planteo sometido a su decisión (conf. Fassi-Yáñez, op y loc. cits., pág. 233 y jurisprudencia citada en notas 46 y 47; CN Civil, c. 142.836 del 8-2-94; c. 142.934 del 17-2-94; c. 163.721 del 17-2-95; c. 152.339 del 18-4-95, entre muchas otras).

También la C.S.J.N sostuvo que no se configura prejuzgamiento cuando el Tribunal se halla en la necesidad de emitir opinión acerca de algún punto relacionado con la materia controvertida (Fallos: 311:578, entre otros).

Este Tribunal, en reiteradas oportunidades, ya se expidió en el sentido de que los actos y resoluciones cumplidos y dispuestos por los señores Magistrados por sí solos no generan causales de inhibición o de recusación de los mismos, no siendo admisible a los litigantes ni a sus letrados alegar por tales causas motivo de recusación, pues si así fueran todos los jueces que deciden en contra del interés de alguna de las partes deberían ser recusados. Es por ello, que ni aún los desaciertos, en que eventualmente pudieran incurrir las resoluciones sometidas a la revisión recursiva para una eventual enmienda, pueden originar el apartamiento del juez.(Auto Interlocutorio Nº 63 de fecha 12 de Noviembre de 2003, en autos Corte Nº 71/03, A.I. Nº 22 del 6 de Junio de 2005, en Expte. Corte Nº 35/05, A.I. Nº 17 del 23 de Mayo de 2005, en Expte. Corte Nº 30/05).

Es este el sentido en que debe interpretarse la actuación del Dr. Carma, plasmadas a fs. 165/168 vta. (Actas de Control de detención) limitada a controlar la legalidad de la detención de los imputados Chaile y Romero; extremo del que no puede considerarse el adelantamiento de opinión que se analiza, sino más bien, que el magistrado se pronunció en la oportunidad correspondiente y de acuerdo a las constancias del proceso, sin expedirse sobre el mérito de la causa.

Conforme lo expuesto, estimo que la pretensión de declaración de nulidad no puede prosperar. Así voto.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, el Dr. Guillamondegui dijo:

Amén de compartir el mérito conclusivo del colega preopinante en primer término y en atención a la relevancia de la problemática controvertida, considero útil efectuar una serie de consideraciones, tomando como punto de partida el criterio ilustrativo derivado de la jurisprudencia internacional ("el hecho de que un juez del juicio hubiese tomado decisiones previas al juicio en el marco del sistema no da lugar a una "duda legítima" sobre su imparcialidad en ausencia de "especiales circunstancias" - TEDH, "Hauschildt v. Dinamarca", 24/05/89-, esto es, y en otros términos tomados de un precedente vernáculo que refiere al fallo extranjero citado, y que nos permite vincular al supuesto en juzgamiento: "si bien un juez que actúa en la toma de medidas preliminares y luego interviene en la decisión final puede generar dudas razonables respecto de su imparcialidad, ello no implica que ésta necesariamente se encuentre comprometida, pues el tema debe examinarse de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso" (CSJN, "Nieva, Nieva, Francisco F., 25/10/2005, Voto disidente del Dr. Lorenzetti); continuado por "Sainte-Marie c. Francia", 16/12/92; "Nortier v. Países Bajos", 24/08/93; y "Saraiva de Carvalho c. Portugal", 22/04/94, entre otros -donde se valoran situaciones de detenciones provisionales dispuestas por jueces que posteriormente intervienen en el juicio respectivo y que se distancian fácticamente de los referentes "Piersack vs. Bélgica", 01/10/82 y "De Cubber vs. Bélgica", 26/10/84, pero sin dejar de respetar la doctrina central sentada por aquellos-; y dentro de nuestro entorno, principalmente, CIDH, "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", 02/07/04) en consonancia con la doctrina sentada por nuestra Corte Federal ("Llerena", 17/05/05 y "Dieser", 08/08/06, especialmente), de modo que, excluyendo las situaciones atrapadas por la flagrante violación a la regla "el que instruye no debe juzgar", la problemática debe resolverse atendiendo "las particularidades del caso" y siempre siguiendo la orientación del marco previsto por el "derecho doméstico" en la medida que éste, claro está, responda a las exigencias del modelo acusatorio de enjuiciamiento penal.

En esa dirección, resulta menester como paso previo, indagar la naturaleza del instituto procesal, en principio exclusivo respecto los restantes ordenamientos rituales de nuestro país, de "Audiencia de Control de Detención" (Art. 284 3º párrafo CPP), para de allí, en atención a la conducta jurisdiccional desplegada y controvertida por el impugnante discernir si la garantía de Imparcialidad del Tribunal ha sido puesta en riesgo y ello conlleva perjuicio a las partes procesales.

Para ello, es menester recordar que tal medida procesal tuitiva persigue estrictamente controlar la legalidad del procedimiento de Detención, centrándose tal actividad en la verificación de las formalidades del acto y la indagación si el detenido ha sido objeto de abusos funcionales vulnerantes de garantías de índole personal. Sin perjuicio que, en razón de tratarse de una disposición generalmente ordenada en los primeros momentos de una pesquisa, también se realiza una somera consideración de los presupuestos de procedencia de la coerción, tal inferencia siempre está vinculada exclusivamente al grado de "sospecha", como extremo fundante de la modalidad de restricción de la libertad ambulatoria aludida. En este último aspecto, la actividad jurisdiccional de control es, si se quiere, superficial respecto de la existencia del hecho y la participación responsable del sospechado, a punto tal que el mismo Fiscal de Instrucción puede luego disponer el Recupero de la libertad (Art. 291 CPP), y sin necesidad de pedir autorización o comunicar tal circunstancia al órgano jurisdiccional que previamente había confirmado la detención. Como puede observarse, esta decisión jurisdiccional está vinculada más con la necesidad de constatación del respeto de las garantías de los ciudadanos -y, en su caso, restrictiva de la potestad persecutoria estatal- que con la procedencia de la incriminación.

Importa una situación distinta, y aquí sí hubiera correspondido dar la razón al recurrente, si el Juez de Control de Garantías controvertido hubiera dictado una Prisión Preventiva (Art. 292 CPP), o resuelto la Elevación de la causa a juicio en caso de oposición de la defensa (Arts. 352 y 353, 1º párrafo CPP), y hasta, en determinados supuestos, resuelto un Control jurisdiccional de la privación de la libertad (Art. 281 CPP; mecanismo también "novedoso" al momento de la implementación del ordenamiento adjetivo local el pasado 19/11/04), donde el magistrado para tomar la decisión debe necesariamente realizar un profundo y un razonado mérito sobre la participación penalmente responsable del prevenido respecto el hecho investigado y en grado de "probabilidad positiva" -o de relevante "sospecha positiva" en el supuesto que controle una detención ya confirmada jurisdiccionalmente, donde jugarán un papel gravitante las pruebas recolectadas hasta entonces-, tomando postura, en definitiva, sobre la situación procesal del imputado, esto es "prejuzgando"; circunstancia que, por ende, lo inhabilita sin excepción para intervenir en otra instancia judicial ulterior, ya como Tribunal de Apelación, ya como Tribunal de Juicio o hasta de Casación o Revisión, tal las directrices aportadas por la doctrina y los fallos superiores supra mencionados.

Es posible inferir, sin disquisición alguna, que cualquiera de las hipótesis vedadas señaladas precedentemente no se presentan en autos -distanciándonos así de las situaciones fácticas específicamente juzgadas en los leading case nacionales e internacionales mencionados-, resultando sencillo de deducir que la efímera actuación del magistrado cuestionado no fue suficiente para concebir que haya existido un prejuzgamiento manifiesto que justifique la petición del impugnante, vulnerando de esa manera la regla rectora en la materia: "ne procedat iudex ex officio", interpretada ésta en sentido amplio respecto las diferentes instancias del proceso (". el mero hecho que un juez o tribunal haya tomado una decisión previa en el caso, incluyendo aquéllas concernientes a la detención, no pueden ser consideradas en sí mismas como para justificar temores sobre su imparcialidad", siendo necesario distinguir "claramente entre decisiones preliminares que aseguran prima facie una base de sospecha y la decisión final en la cual se juzga la conducta del imputado cuando el juez decide en base a la evidencia que ha sido producida y debatida en juicio para considerar al acusado culpable." -CSJN, "Nieva, Nieva, Francisco F., 25/10/2005, Voto disidente del Dr. Lorenzetti-.

Es más, en la práctica es posible intuir, tal nos marca nuestra realidad y dinámica judicial, que el juez sentenciante, que ocupó dicho rol por cuestiones de subrogancia, recién tomó fáctica y conscientemente contacto directo con la materia del pleito en la misma Audiencia de Debate a la que fue requerido, sin un mínimo atisbo de contaminación emocional previa -aspecto que se pretende preservar con la operatividad del Principio de Imparcialidad que el recurrente entiende seriamente afectado-.

Más allá del razonamiento desplegado, resulta saludable, en procura de despejar cualquier contingencia ulterior, recomendar a los Tribunales de Sentencia la prevención de situaciones como las analizadas, debiendo las Secretarías de los mismos poner énfasis en detectar aquellas a sus efectos, sin perjuicio de la esperable actividad de colaboracionista de las partes a fin de arribar a la realización del Juicio Oral, como "centro de gravedad del proceso penal" en palabras de Claus Roxin (ROXIN, Claus, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 21.), y no especular con el devenir del Veredicto para recién plantear cuestiones que se presuponían de sobrado conocimiento y las que, en su caso, deberían haber sido expuestas oportunamente, acreditando mínimamente los motivos del ahora argumentado "temor de parcialidad". La temeraria extemporaneidad aparentada por el impugnante hasta importaría una contradicción con las propias actuaciones profesionales previas, que llegado el caso de admitirse ligeramente su reclamo, tal decisión implicaría retrotraer, en el supuesto analizado, el procedimiento a etapas anteriores sustentándose en un ciego respeto a las formas por la formalidad misma, sin la concurrencia de agravio justificado alguno para cualquiera de las partes del proceso.

La jurisprudencia reciente, sin dejar de lado las sendas marcadas por nuestro Máximo Tribunal, entendiendo que "Imparcial -in partial- significa no ser parte, y sólo puede ser parte quien posee un interés personal que pueda verse afectado por el resultado de la sentencia (confr., por todos, Rubianes, Carlos J., "Derecho Procesal Penal", Tomo I. Depalma, Buenos Aires, 1983, pp. 314 y 447 y ss.).", enseña que: "En el caso particular de los jueces del tribunal oral que intervinieron en actos anteriores del proceso, el prejuicio derivado del dictado de una resolución no definitiva puede asumir la forma de un verdadero prejuzgamiento o de una simple emisión de opinión de carácter provisorio. En el primer supuesto podría decirse que existe un claro interés en la resolución de la causa, desde que la toma de decisión definitiva que implica el prejuzgamiento conlleva, a menudo, una fuerte inclinación (intelectual o moral) a seguir sosteniendo el mismo punto de vista. En cambio, en el caso de la simple opinión provisoria, su repercusión a nivel intelectual forma parte o no difiere sustancialmente de la confrontación de ideas que tiene lugar en todo proceso normal de formación del conocimiento." por lo que "El juez que dicta una resolución provisoria sobre una cuestión de fondo, en base a un material probatorio también provisorio, tiene, en principio, la posibilidad intelectual y legal de decidir algo distinto en la sentencia sin incurrir en contradicción. Todo esto depende, por supuesto, de las particularidades de cada caso concreto.", de allí que "cuando la ley procesal prevé un estándar probatorio inferior para el dictado de la resolución provisoria y el juez se limita a aplicar ese estándar, por más que haya emitido una opinión, ésta será siempre provisional y la solución que pueda adoptar en el futuro no lo conducirá a una contradicción, menos aún cuando la sentencia, como sucede en el caso de los juicios orales, deberá fundarse en un material probatorio sustancialmente distinto.". En definitiva, "la constatación del compromiso del juez con la resolución anterior y que haría nacer en él aquel interés personal que, a su vez, fundamentaría la sospecha de parcialidad, sólo podría provenir de un análisis casuístico referido a la índole de la resolución y, fundamentalmente, al alcance con el que ésta había sido emitida.", TCP BA, Sala I, "Prellezo, Gustavo D.", 17/09/09.

Conforme lo expuesto, estimo que la pretensión de declaración de nulidad no puede prosperar. Así voto.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

V. Subsidiariamente, el casacionista esgrime que el fallo en cuestión ha realizado una equívoca aplicación de la ley sustantiva (art. 454 inc. 1º del C.P.P.). Afirma que en la presente causa no existen pruebas que responsabilicen a sus pupilos, ni en autoría ni en algún grado de responsabilidad en el hecho investigado. Sostiene que al no haber pruebas que razonada y fundamente incriminen a sus defendidos, ellos deben ser absueltos por aplicación del in dubio pro reo. Argumenta que si se encontrare alguna responsabilidad, la misma debería resolverse dentro del ámbito de una tipología culposa, solicitando se aplique a Luciana María Soledad Romero la pena mínima prevista por el art. 84 y ccdtes. del C.P., en atención, entre otras cosas, a la falta total de antecedentes tanto judiciales como policiales. En esta dirección, el recurrente sostiene que como la culpabilidad y/o negligencia no admite coautoría, correspondería también, en este supuesto, la absolución de Jesús Ariel Chaile., quien tampoco tiene antecedentes -arguye-.

A continuación, manifiesta que la sentencia recurrida ha tomado andariveles totalmente opuestos. Refiriéndose al voto mayoritario, afirma que en él se ha tratado por todos los medios de poner, tanto en los dichos de sus defendidos, como en los de los testigos, matices, intenciones, entendimientos, totalmente fuera de contexto, y el contexto en el cual debieron haberse evaluado todos los extremos probatorios referenciados (de normalidad, propios de una familia término medio que vive y desarrolla sus actividades dentro del concepto del día a día). Asevera que nada de lo que hacía esta familia, ya sea en soledad o delante de visitas de amigos, dejó traslucir actitudes de reproches, enojos, violencias, etc.. Del mismo modo, señala que hasta los médicos que realizaron la autopsia advierten una conducta negligente, culposa, irresponsable al referir que "... una cirugía de urgencia hubiera salvado la vida del niño...". Se pregunta: ¿Cuál es el motivo, la razón, el justificativo de anteponer, en el análisis de las circunstancias fácticas de la causa bajo estudio, la acción de carácter dolosa y no interpretar como realmente sucedieron dichos y cosas, dentro de un ámbito de normalidad, sin ninguna intencionalidad escondida, haber relatado todo a la gente que se encontraba con Chaile y Romero en tan difíciles momentos, como realmente las cosa fueron entendidas y sucedieron? ¿Cuál podría ser la razón por la cual Chaile pretendiera enmascarar los hechos? A estos interrogantes se contesta que jamás ningún testigo señaló, a través de sus dichos, acciones violentas con relación a ninguno de los niños de su casa. Puntualmente transcribe la parte pertinente del testimonio de Ricardo Ramírez Hidalgo (fs. 62) poniendo de resalto que el voto mayoritario hace un esfuerzo para penetrar en ámbitos sólo reservados a Dios, como lo es la intimidad de un hogar. En tal sentido, considera arbitrario el razonamiento del a quo al decir que: "...no los agrede en público, pero esto no quiere decir que no lo hiciera en privado...". En igual sentido, advierte que sorprende al voto mayoritario del tribunal que Ángel Ismael Romero -menor víctima-, a pesar de su corta edad, quedara solo en la casa. Al respecto, el recurrente considera que ello se trata de una eventual negligencia y nada más, que ninguna otra interpretación es posible. A continuación, destaca lo referido a fs. 25/27 -del fallo cuestionado-, por el testigo Javier Ángel Diz, en cuanto a que Chaile era una persona afable y lo constatado en la perica psiquiátrica con respecto a que "... no se observan signos ni síntomas de psicopatología...". Considera errada la interpretación que el juzgador efectúa acerca de que Chaile estuvo dando versiones distintas con relación a la muerte de Ángel Ismael Romero. Concretamente, señala que su defendido no tenía ninguna necesidad de mentir, él encontró a Ismael, caído en el piso del dormitorio, el cuerpo del menor, frío, helado, cual puede ser el pensamiento de una persona normal, común, si la criatura estuvo un tiempo en el piso, y se debe tener presente que fue en el mes de junio, pleno invierno, que cualquier problema que tuviere tiene que tener una directa relación con el frío que tomó el cuerpo, con la helazón mentada por Chaile. Esto en un primer momento. Con el correr de las circunstancias, Chaile va adquiriendo informaciones de los médicos, hasta que llega a obtener un nuevo título acera de la causa del deceso de Ángel Ismael, que falleció por un paro cardiorrespiratorio. Asevera que nunca mintió y que no tenía por qué hacerlo, que Chaile es inocente respecto de este lamentable hecho acaecido en su casa y cuando él estaba ausente. Interpreta que estar nervioso, preocupado hubiera sido consecuencia de alguna responsabilidad que obviamente ni la tuvo ni la tiene, de allí su tranquilidad, su estado normal, no cabe forzar otra interpretación.

Bajo la misma óptica, ahora se refiere a la imputada Luciana María Soledad Romero. Reitera que ninguna prueba la responsabiliza en el hecho bajo estudio. Transcribe las partes que estima pertinentes de algunos testimonios (Paula J. Zar, Ricardo Daniel Gómez, Romina Noelia Carrizo y Susana Ester Gómez) para concluir que Luciana ha sido solícita en la atención de su hijo.

Desde otro ángulo, el recurrente cuestiona el obrar de los peritos médicos que efectuaron la autopsia del menor víctima. Considera excesiva y equivocada la interpretación que efectúa el voto mayoritario del tribunal de aquella labor, la que fue cumplida sin el debido control de parte en violación -asevera- de expresas disposiciones de orden procesal. Critica que los mencionados profesionales hayan informado por horas la evolución de las lesiones. Cita doctrina al respecto y reproduce las partes que estima pertinentes de lo afirmado por los peritos, concluyendo que las lesiones sufridas en el cuerpo del menor, no tienen ni dieciséis horas de evolución, ni fueron producidas en vida. En idéntica dirección, formula valoraciones que culminan aseverando que los peritos médicos se autodesignaron investigadores del caso, violando de esa forma expresas normas procesales (art. 252 y ccdtes. del C.P.P.). Afirma que cuando los médicos, al referirse a las circunstancias que presentaba el cadáver de Ismael, le agregaron a su informe sus opiniones y pareceres acerca de lo supuestamente observado en la casa, viciaron de nulidad toda su tarea, la autopsia y la "investigativa auto impuesta". Agravia al recurrente, que el voto mayoritario del tribunal, haya tomado las conclusiones de dicho informe como determinantes y en base a las mismas efectúa indubitables conclusiones. Se pregunta: ¿Acaso no existió el golpe que Ismael se dio en frente de la casa, y cayó de bruces al piso, el cual está corroborado por testigos? Pone de resalto que es equivocada la conclusión del tribunal -muerte traumática por agresión-, que si observamos el paneo radiográfico al cual fue sometido el cadáver de Ismael, vemos que en el mismo no aparece, por inexistente, ninguna fractura contemporánea al examen radiológico, ni de antigua data.

Sumado a ello, refiere a la declaración expositiva de la menor, Mayra Soledad Romero, de cinco años. De ella destaca, que fue un día normal y corriente sin ningún tipo de sobresaltos para los integrantes de la casa, que quedó claro que la primera que parte hacia su trabajo fue Luciana, que Ariel estaba con ellos en la casa y que después se fue a trabajar, los niños quedaron viendo tele, que Chuky -Ismael- se durmió, en esa casa todo era tranquilidad -enfatiza-. Cuestiona el voto mayoritario cuando dice: "... que de lo relatado por esta menor surge con claridad que los acusados se retiraron del domicilio porque ya la niña hace referencia a que el niño no estaba bien... porque estaba durmiendo pero no roncaba...". Ante ello, el recurrente asevera que de lo relatado por Mayra no surge ninguna situación de violencia, castigo, disciplina, etc., que haya sucedido ese día. Considera que el tribunal ha malinterpretado las referencias dadas por esta menor y ha puesto su imaginación por encima de la realidad de las palabras que trasuntaron los dichos de Mayra. Señala, que el a quo consideró como elemento de juicio importante que la muerte de Ismael, según lo informado por el Dr. De Alzaa, ocurrió entre las 04:00 hs. y las 07:00 hs. del día diez de junio, en tal sentido critica el razonamiento que efectúa a fs. 73 de la sentencia, alegando que esas suposiciones no tienen ningún sentido ni valor.

De igual modo, agravia al impugnante, cuando el a quo, luego de referir al informe médico que describe una fuerza importante aplicada contra el cuerpo de Ismael, habla de golpes. En este sentido, el recurrente cuestiona que cuando los médicos forenses examinaron las manos de sus defendidos, no encontraron en ellos ningún tipo de razones, golpes, magulladuras o algo que denote o implique que con sus manos han producido algún golpe. Interpreta que el golpe de una persona mayor -caso de Romero y/o Chaile- en el abdomen de una criatura de las condiciones físicas de Ismael, hubiera producido sin lugar a duda alguna lesión en otros órganos, especialmente los circundantes.

Finaliza, formulando expresa reserva del Caso Federal.

V. a. Ingresando puntualmente a lo que aquí se discute, debo decir que el recurrente arguye centrar sus críticas en el motivo sustancial de casación, previsto en el art. 454 inc. 1º del C.P.P.. En tal sentido, afirma que no existen pruebas que responsabilicen a sus defendidos, y que de existir tal posibilidad, ese accionar encuadraría en el tipo culposo (art. 84 del C.P.). Concretamente, cuestiona la calificación jurídica atribuida por la mayoría del tribunal a sus asistidos, Jesús Ariel Chaile y Luciana María Soledad Romero, razón por al cual peticiona la absolución por el beneficio de la duda, o caso contrario, el cambio de calificación, esto es, de homicidio agravado por el vínculo a homicidio culposo, supuesto en el cual estima que corresponde disponer la absolución de Chaile.

Lo referido precedentemente, impone examinar los cuestionamientos efectuados. En lo atinente a las críticas formuladas en este tópico, cabe referir que, luego de haber efectuado un análisis integral del fallo en cuestión, me permito adelantar que corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la defensa. Ello es así, porque si bien el recurrente pretende fundamentar que el tribunal ha calificado erróneamente el hecho atribuido a sus asistidos, ha omitido argumentar por qué interpreta que no se dan los requisitos típicos exigidos por la ley penal. No obstante ello, brinda argumentos tendientes a demostrar el apartamiento de la solución consagrada por el ordenamiento legal, que sólo traslucen su disconformidad con la valoración de los elementos fácticos, o bien, formula apreciaciones que, en el caso concreto, ninguna incidencia tienen en la imputación jurídica delictiva escogida por el tribunal de mérito. Por esta razón, estimo que las pretensiones del quejoso no logran desestabilizar con éxito la conclusión arribada por el tribunal.

En este orden de ideas, adviértase que una de las críticas centrales del recurrente radica en sostener que no existen pruebas que responsabilicen a sus pupilos, llegando incluso a aseverar que los médicos que realizaron la autopsia advirtieron una conducta negligente, culposa o irresponsable al referir que: "... una cirugía de urgencia hubiera salvado la vida del niño...". Yerra el casacionista al realizar semejante interpretación, la cual además, ha sido sacada del contexto general en la que se efectuó. El Dr. Bulacios -médico forense- al referirse a las lesiones que presentaba el cuerpo del menor Ángel Ismael Romero, aclaró en forma contundente que "la sección más importante que tenía el cadáver, era la sección del intestino, que una cirugía de urgencia podría haber salvado la vida del niño". De igual modo, el mencionado profesional puso énfasis en explicar, refiriéndose a la agresión de la que se habla en el Informe de Autopsia (fs. 73/74), que les llamó la atención dos circunstancias. La primera, se compadece con el llamado "síndrome del niño maltratado". Explicó, que no había relación entre el relato de cómo se podrían haber producido las lesiones, y el cuadro encontrado. Esto sería la acción -resaltó-. Ahora bien, aludiendo puntualmente a la "omisión", aclaró que considera imposible, que nadie haya advertido que el niño necesitaba un tratamiento de urgencia, porque había varias horas de evolución, y es allí, donde se produce la claudicación. Asimismo, refiriéndose al cuadro que observaron, aseveró que con lo único que se compararía es con un accidente de tránsito en la vía pública, dada la multiplicidad de lesiones que el niño presentaba, concluyendo que se trata de un caso de síndrome de niño maltratado. Este profesional, también puso de resalto, que ésta ha sido la primera vez que ve algo así en un traumatismo, ya que se ven otro tipo de lesiones menos graves. En igual sentido, se expidió el Dr. De Alzaa para quien."la lesión mayúscula que se observaba era la perforación y sección del intestino y que este tipo de lesión, se da con mayor frecuencia en los accidentes en la vía pública (accidente automovilístico) y en las caídas de más de tres metros de altura. Aclaró, que si bien las lesiones abdominales son compatibles con caídas accidentales, no obstante ello, resaltó que para que se produzca la sección del intestino, tiene que ser una caída de altura -lo que ha quedado descartado en el caso bajo examen, ya que las explicaciones brindadas por Chaile y Romero es que el menor se tropezó y cayó en un contra piso; lo que se complementa con las aseveraciones formuladas por el recurrente, al resaltar que se encuentra corroborado por testigos, que Ismael se cayó de bruces al piso en frente de su casa-.

Desde otro ángulo, el impugnante cuestiona el obrar de los peritos médicos. Sostiene que dicha labor, ha sido cumplida sin el debido control de parte, en violación de expresas disposiciones de orden procesal. Con respecto a esto, debo decir que el impugnante omite especificar cuáles son las normas de forma, que estima que se han incumplido, como así, yerra al afirmar que no ha existido control de parte en lo atinente a la actuación de los forenses en su labor pericial, planteo que, además, resulta a todas luces improcedente por extemporáneo. No obstante lo dicho, adviértase que la defensa de los imputados solicitó copia del acta de autopsia y de las conclusiones de la misma (fs. 214 -II Cuerpo-), solicitud a la que la fiscal de instrucción interviniente, le hizo lugar (fs. 215 -II Cuerpo). Asimismo, resáltese que el asistente técnico de los acusados, a fs. 316 (II Cuerpo), solicitó se fijara audiencia a los fines de que se amplíe la declaración testimonial del Dr. Bulacios, referentes a las conclusiones por él expresadas al momento de practicar la autopsia de la víctima, peticionando estar presente en la audiencia y poder preguntar a dicho testigo, a lo que también se le hizo lugar (fs. 318 - II Cuerpo). A mayor abundamiento, póngase de resalto las constancias glosadas a fs. 616/620 y 636/641 (IV Cuerpo), en donde obran las declaraciones testimoniales de los médicos que practicaron la autopsia del menor víctima, Dres. De Alzaa y Bulacios, acto procesal al que asistió y participó, desde el inicio del mismo, la defensa técnica de los imputados Chaile y Romero.

De igual modo cabe referir, que no le asiste razón al recurrente cuando afirma que los peritos médicos se auto designaron investigadores del caso, violentando de esa forma expresas normas procesales (art. 252 y cctes., enfatiza el quejoso). Liminarmente, debo decir que no advierto incumplimiento alguno de la norma procesal invocada (fs. 73/74 vta.). En consonancia con lo expresado ut supra, también corresponde aclarar que dicho planteo no se condice con el análisis precedente, en donde se constató que efectivamente la defensa, luego de tomar conocimiento de lo consignado en el Informe de Autopsia, pudo ejercer la defensa técnica de sus asistidos, solicitando las medidas que estimó pertinentes y útiles, las que además, tuvieron acogida favorable a lo largo de la etapa investigativa.

Del mismo modo, tampoco pueden prosperar, los argumentos del casacionista, quien infundada y tardíamente pretende se declare la nulidad del informe de autopsia. Puntualmente, cuestiona que las opiniones de lo observado por los peritos en la casa de la víctima, vicia de nulidad toda su tarea, la "autopsia" y la "investigativa auto impuesta" -como la denomina el recurrente-. Sostiene que los peritos se auto designaron investigadores del caso, agraviándose de que el voto mayoritario del tribunal haya tomado las conclusiones de dicho informe como determinantes. El presente embate, impone referir que la autopsia se compone de dos momentos, la investigación del lugar del hecho y la operación de autopsia medico legal. Así, se ha comparado la investigación forense de un hecho presuntamente violento, con una película, en la cual la autopsia representa sólo la segunda parte de esta. Consecuentemente, no se puede entender esta parte si no se ha visto, primero el comienzo. En efecto, la primera parte de la historia, es la investigación del lugar del hecho, y una vez recopilados los datos allí obtenidos, se los debe analizar a la luz de los hallazgos macro y microscópicos de la necropsia, para posteriormente correlacionarlos con los resultados de estudios complementarios (Conf. PATITÓ, A. José, "Tratado de Medicina Legal y Elementos de Patología Forense", Ed. Quórum, 2.003, ps. 224/281). Lo dicho, desvirtúa las apreciaciones formuladas por la defensa de los imputados.

Por último, a fin de demostrar la inocencia de sus asistidos, el recurrente asevera que los médicos forenses no encontraron en las manos de Romero y/o Chaile, ningún tipo de golpes, magulladuras o algo que denote que hayan producido algún golpe, interpretando que el golpe de una persona mayor en el abdomen de una criatura de las condiciones físicas de Ismael -enfatiza-, hubiera producido sin duda alguna, lesión en otros órganos también.

Estas apreciaciones de tipo subjetivo, tampoco logran conmover en lo más mínimo las conclusiones arribadas por el tribunal, máxime si se tiene en cuenta que tanto el testigo Pedraza, como la imputada, progenitora del menor -Ángel Ismael Romero-, se refieren al mismo como al "bebé". Asimismo, se ha constatado que el niño, a la fecha del hecho tenía un año y once meses (Acta de Nacimiento obrante a fs. 18/18 vta., I Cuerpo), medía noventa centímetros y pesaba doce kilos aproximadamente (fs. 73 vta.). Las descripciones precedentes, no logran explicar de qué contextura o condiciones físicas habla el recurrente. Parece ser que sugiere que debe interpretarse que el golpe traumático se hubiera aplicado a un par. No obstante ello, muy por el contrario, en el caso bajo examen, el golpe fue aplicado por adultos, y quedó fehacientemente probado que aquél ha sido tan fuerte e importante que le provocó al niño, la sección de su intestino. De igual modo, se acreditó que semejante golpe impactó en un cuerpito tan pequeño, indefenso y de tejidos elásticos -así lo manifestó el Dr. Bulacios-, lo que explica la falta de secuelas en las manos de los imputados.

Por todo lo expuesto, concluyo, como ya lo adelantara, que los cuestionamientos impetrados en modo alguno pueden prosperar y que las pruebas receptadas en el debate permiten sostener con el grado de certeza exigido la participación responsable de los incoados Jesús Ariel Chaile y Luciana María Soledad Romero en el hecho que se les imputa. Así voto.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Guillamondegui dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Por último, estimo oportuno señalar que, si bien el recurrente no ha invocado expresamente como motivo casatorio, la causal prevista en el inc. 3º del art. 454 del C.P.P., de la lectura su escrito se advierte que, subsidiariamente cuestiona el monto de la pena impuesta a sus defendidos. En tal sentido, alega que se ha fundamentado el monto de la pena de manera contradictoria, excesiva y arbitraria, y que ello provocaría la nulidad de la sentencia.

En atención a lo precedentemente expuesto, considero que, habiendo tomado conocimiento del aludido embate, a fin de garantizar al máximo el derecho de defensa y la doble instancia, corresponde en el presente tópico ingresar al tratamiento de este cuestionamiento.

En tal sentido, corresponde tener presente que las calificaciones jurídicas impuestas a los prevenidos por el tribunal de grado, han quedado confirmadas por esta Corte al tratar la cuestión precedente. Asimismo, destáquese, que ninguna discusión cabe en el caso de la imputada Luciana María Soledad Romero, ya que la única pena atribuida para el delito que se le imputa -homicidio agravado por el vínculo (Arts. 80 inc. 1º y 45 del C. Penal)- es la pena prisión perpetua.

Ahora bien, con respecto al incoado, José Luis Chaile, téngase presente aquí lo reiterado por esta Corte en numerosos precedentes (S. nº 14, 31/03/2010, "Núñez"; S. nº 27, 30/11/09, "Cobacho"; S. nº 21, 06/11/09, "Gómez; S. nº 24/08, 22/12/08, "Godoy"; S. nº 22/08, 11/11/08, "Núñez", entre otras), en donde se sostuvo que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia. Bajo este estrecho margen de recurribilidad, relativo al común denominador de las potestades privativas del Tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva. En tal sintonía, se ha sostenido que la arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo, no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.

En el caso bajo examen, el recurrente ha omitido fundamentar en qué consiste la arbitrariedad que denuncia, puesto que se ha limitado a manifestar su disconformidad con el monto de la pena impuesta a sus defendidos, tildándola de excesiva, argumentos que, como se dijo, no habilitan la competencia de esta Corte.

Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Guillamondegui dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar las cuestiones precedentes y atento las votaciones que anteceden, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/11 vta., por el Dr. José Luis Chaván, en su carácter de asistente técnico de los imputados, José Luis Chaile y Luciana María Soledad Romero. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del Caso Federal.- A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Cuarta Cuestión, el Dr. Guillamondegui dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/11 vta., por el Dr. José Luis Chaván, en su carácter de asistente técnico de los imputados, José Luis Chaile y Luciana María Soledad Romero.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva del Caso Federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres, Luis Raúl Guillamondegui -subrogante-. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria-. ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.-