marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jornada de trabajo, trabajo nocturno
Materia: LABORAL
Carátula: "Albamonte, Mariano c/ CASINO BUENOS AIRES S.A. s/ despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-08

No habiéndose dispuesto rotación de turnos alguna en la organización del trabajo por equipos de trabajadores de jornada nocturna, en un período superior a una año, debe estarse a las limitaciones establecidas en el artículo 200 de la LCT de las jornadas que no podrán exceder de las 7 horas diarias. TOQ 1179
Excepciones procesales, depósito judicial, intimación de pago, excepción de pago, ejecuciones especiales, intereses
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Tucumán, Provincia de s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

La admisión de la excepción de pago parcial (art. 544, inc. 6, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) no obsta a que se mande llevar adelante la ejecución de lo adeudado por aportes e intereses ya que los depósitos en cuestión -que deberán ser imputados conforme a lo dispuesto en los arts. 776 y 777 del Código Civil- fueron realizados una vez vencido el plazo fijado para su cumplimiento.
Marcas, cese de uso de marca, incidente de explotación
Materia: COMERCIAL
Carátula: NATURTEC  SA c/ JABBAZ  EMILIO  CLAUDIO s/ cese de oposición alregistro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-23

A los fines de activar el denominado incidente de explotación, en el art. 35 de la ley 22.362 se requiere únicamente que el peticionario revista la calidad de demandante (en el caso concreto de autos reconviniente); es decir, a diferencia de lo que ocurre en los arts. 38, 40 y 41 de la ley mencionada, para hacer uso de la facultad prevista en el art. 35 no hace falta ser titular de una marca registrada, sino tan sólo actor (reconviniente) en un juicio por cese de uso (conf. Sala II, causa 791/01 del 18-7-02).
Cláusula penal, intereses punitorios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Moret, María Susana s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

Los intereses moratorios son los que se adeudan por la privación ilegítima del uso del capital ajeno; es decir, por el hecho de no cumplirse con la obligación de entregar la suma de dinero a su debido tiempo (art. 622 Código Civil). Los intereses moratorios se diferencian de los compensatorios, porque estos son independientes del dolo o culpa del deudor y son ajenos a toda idea de responsabilidad o indemnización, mientras que aquellos suponen una conducta antijurídica, ya sea por violación a la ley o por incumplimiento de un contrato.
Excarcelación, víctima menor de edad, abuso deshonesto
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CABRERA, MANUEL SABINO s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1980-10-15

Si al acusado se le atribuye el delito de Abuso deshonesto (C-P-.

art. 127) corresponde denegarle el beneficio de la excarcelación (C P.P., art. 315, inc. 2do., a contrario sensu), por cuanto se estima que, en caso de recaer condena, la misma será en forma efectiva (C.P , art. 26, argumento a contrario), para lo cual se toma en cuenta la escasa edad de la víctima, que el imputado es persona joven (31 años), la circunstancia de ser vecinos y haberse aprovechado de esa situación, modalidad consumativa del hecho en el cual el imputado no se limitó a manosear el órgano genital de la menor, le bajó la bombacha a la víctima y le colocó su miembro viril entre las piernas, consiguiendo, de esta forma, un desfogue lascivo. Todas estas circunstancias demuestran que el acusado es un sujeto delictivamente peligroso, sin miramientos elementales a las normas de convivencia y que menosprecia bienes jurídicos valiosos.-
Exacciones ilegales, sujeto pasivo, intimidación, exacciones ilegales calificadas, concusión, consumación del delito, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Chavez Jorge Abas s/ Exacciones Ilegales Agravadas - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-03-26

En la hipótesis de la exigencia, desde que ésta se consuma con su mera formulación, no cabe requerir el correlato efectivo del temor del sujeto pasivo; basta entonces con que el requerimiento se haya expresado en el abuso del cargo, esto es, aprovechando la desigualdad proveniente de las mayores prerrogativas acordadas por el cargo público de que se trata.

La interpretación contraria restaría protección al bien jurídico considerado preponderante por el legislador. En efecto, tratándose de un tipo de ofensa compleja, que resguarda simultáneamente el correcto desenvolvimiento de la administración pública y la propiedad de los particulares, su ubicación bajo el Título XI y no bajo el X, informa suficientemente que es el primero el interés prevaleciente en la incriminación de estas conductas.

Debe ubicarse el momento consumativo del delito del artículo 268 del C.P. más allá de la sola omisión de depositar o entregar los fondos a la administración, pero sin llegar a exigir el efectivo aprovechamiento por parte del sujeto activo o un tercero. La conversión implica, cuando menos, su transferencia a los patrimonios particulares, sin que sea suficiente la abstención de ingresar el dinero al Estado.

Ello lleva aneja la exclusión de la tentativa para la forma agravada de la exacción, por lo que para los casos en que se ha consumado la exigencia o percepción del dinero, con la finalidad luego truncada de convertirlo en provecho propio, el encuadre correcto es el de exacción simple consumada.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, contrato de trabajo, remuneración, diferencias salariales, laudo gastronómico
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Bohl, Eduardo Enrique y otros c/ Diez, José. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

No constituye derivación razonada del derecho vigente con referencia a las circunstancias concretas de la causa la sentencia que hizo lugar a la demanda por diferencia de salarios considerando que, con posterioridad a la fecha de sanción de la ley 22.310, los salarios de los actores debían ser calculados sobre la base del promedio actualizado de lo percibido en el semestre anterior, proyectándose hacia el futuro con la adición de los porcentajes de aumentos dispuestos por los sucesivos decretos del Poder Ejecutivo Nacional que establecieron incrementos salariales de carácter general.
Estabilidad del empleado público, prescindibilidad, racionalización administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Linares, Enrique y otros c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 44, Fº 381/384, Nº 144) s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 44, Fº 381/384, Nº 144)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-06-08

La ley provincial Nº 3161, en consonancia con el derecho a la carrera en la función establecida en la Constitución de Jujuy, y el art. 14 bis de la Constitución Nacional, garantizan la estabilidad del empleado público, pero esa garantía en la permanencia en el empleo - que tiende a impedir la remoción arbitraria por motivos extraños al interés del servicio público - no les confiere un derecho absoluto que los coloque por encima del interés general y que obligue a mantenerlos en actividad aunque sus servicios dejen de ser necesarios, ya sea por supresión del cargo por motivos de economía o por otras causas igualmente razonables y justificadas. De donde se sigue que la ley que en tales supuestos autorice la cesantía - con el subsecuente pago de la indemnización correspondiente - no contraviene la garantía consagrada por los preceptos constitucionales aludidos, y ante los motivos invocados (racionalización administrativa) se satisface con el reconocimiento y pago de la indemnización.-
Readaptación del condenado, progresividad del régimen penitenciario, ejecución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Ochoa, Nahuel Elías Gastón c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

Con relación al fin de reinserción social de las penas (art. 1, Ley 24.660; arts. 18 y 75.22, CN; art. 5, 6, CADH; art. 10, 3 PIDCyP) y la progresividad como medio a través del cual se alcanza ese fin (art. 6, Ley 24.660), no se advierte que el instituto establecido en el art. 56 quater impida su conquista. En efecto, el art. 56 quater de la ley 24.660 -que resulta aplicable al encausado- establece que "la progresividad deberá garantizarse a partir de la implementación de un régimen preparatorio para la liberación". Dicho instituto consiste en un período de preparación y otro de salidas, las que se realizarán primero con acompañamiento y luego sin supervisión. Así, se observa que la específica normativa aplicable al encausado tiene por norte su resocialización a través de un sistema que es en sí mismo progresivo. En el caso del régimen preparatorio para la liberación, taxativamente se disponen que se accederá a él "previo informe de la dirección del establecimiento y de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social", lo que evidencia que el fin de readaptación social es asumido en la normativa aplicable al condenado. No se trata de un simple enunciado orientativo o programático, sino de un mecanismo específico de regulación que contiene las exigencias trazadas de ponderación acerca de la aptitud resocializadora de la sanción padecida. Además, el comportamiento que haya tenido la persona mientras dure la ejecución de la pena no es indiferente, sino que es la condición para acceder al régimen.
Ejercicio profesional, Estado Provincial, gobierno provincial, facultades reglamentarias, matrícula profesional
Materia: CIVIL
Carátula: Cadopi, Carlos Humberto c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

No parece evidente que la necesidad de matriculación en jurisdicción provincial implique necesariamente una barrera que traiga aparejado el desconocimiento de la aptitud profesional que el título otorga.
Abogados, recursos de la seguridad social, aportes y contribuciones previsionales, CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, orden público
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FORNASARI NORBERTO FABIO c/ GCBA Y OTROS s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-14

El Sistema de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido instituido con carácter obligatorio, eminentemente contributivo, basado en el principio de solidaridad, con efecto redistributivo y sustitutivo de todo otro régimen nacional, provincial o municipal (Ley 1181, art. 1); de donde resulta la imposición del deber legal de asistencia recíproca entre los miembros de la comunidad de beneficiarios.

En particular, la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA) es una persona jurídica de derecho público no estatal, con autonomía económica y financiera, y tiene por objeto fundamental hacer efectivo el sistema de seguridad social instituido por la ley de creación (Ley 1181, art. 2).

Las disposiciones de ese texto normativo son de orden público y su aplicación está a cargo de la caja (Ley 1181, art. 4), a cuyo fin esta última se halla regida por la ley citada, su reglamentación y las disposiciones y resoluciones que dicten sus respectivos órganos (Ley 1181, art. 3).
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Ventancor, Atilio D. c/ Industrias Del Maíz S.A. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

Queda acreditada la relación de causalidad atribuida al desempeño laboral requerida por el art. 1113 del Código Civil, en el sentido de haber revestido las circunstancias de trabajo aptitud para constituirse en elemento coadyuvante en el desarrollo o agravamiento de la dolencia. Ello así toda vez que ha sido verificada la ocurrencia de circunstancias o hechos con aptitud suficiente para provocar, desarrollar o agravar la dolencia que padece el actor y que constituye en suma nexo causal hábil entre la dolencia y el invocado nocivo ámbito laboral.
Sentencia, nulidad de sentencia, defectos en la consideración de extremos conducentes, doctrina legal, acto administrativo, abogados, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: PROCESAL
Carátula: GIUDICE VICTOR A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-14

Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que, al componer la litis, incurre en dogmatismo, al omitir hacerse cargo, adecuada y suficientemente, de las razones invocadas por el letrado recurrente en contra del acto administrativo que le impuso la sanción disciplinaria.
Subasta, nulidad de la subasta, precio vil
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Salvador J. s/ Hipotecario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

No existe precio vil a fin de declarar la nulidad de la subasta judicial, cuando el obtenido es casi el doble de la base. En los remates judiciales se puede producir una cierta disminución en el precio respecto del que pudiera obtenerse en una venta particular.

Es decir, no siempre se logra un precio óptimo debido a distintas e imponderables causas y circunstancias que rodean este tipo de enajenación compulsiva, y que llevan al retraimiento de postores, entre ellas la proliferación de pedidos de nulidad que producen la inseguridad en el comercio jurídico.
Sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Y., E. V. S. s/ HOMICIDIO s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-06-05

Sobre la base de lo antes desarrollado, estimo que la Cámara en lo Criminal ha ponderado la prueba arrimada al proceso desatendiendo los principios de la sana crítica racional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la sana crítica debe ser entendida como la aplicación de un método racional en la reconstrucción de un hecho pasado (Fallos 328:3399, particularmente considerandos 28 y 29), situación que no se advierte en el caso.

La valoración de la prueba denota que el hilo argumental del juzgador carece de fundamentos racionales, pues resulta imposible seguir el curso del razonamiento que le permitió concluir cómo se produjeron los hechos, para determinar la autoría material del imputado.

En síntesis, de todo lo expuesto se sigue que asiste razón a las partes en cuanto a que el fallo impugnado presenta diversas deficiencias en la motivación, particularmente en lo que atañe a la valoración de la prueba, por lo que carece de fundamentación adecuada y ello lo torna un pronunciamiento arbitrario, no válido como acto jurisdiccional. (arts.

98 y 374 segundo párrafo C.P.P.). (Voto del Dr. Apcarian)
Actos y diligencias procesales, terminación del proceso, caducidad de instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Maluz Automotores SA c/ Volkswagen Argentina SA y otros s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-16

Debe recordarse que la caducidad de instancia constituye un modo de extinción del proceso que tiene lugar cuando no se cumple acto de impulso alguno durante el plazo establecido por la norma legal de aplicación habiendo contraído la parte que da vida al proceso la carga de urgir su sustanciación y resolución. El fundamento del instituto reside, por un lado, en la presunción de abandono de la instancia que configura el hecho de la inactividad procesal prolongada y, por otro, la conveniencia de que en tales circunstancias, el órgano judicial quede liberado de los deberes que le impone la subsistencia indefinida de la instancia (Conf. Carlo Carli, "La demanda Civil", La Plata, Ed. Lex, 1980 pág. 115 D-A). Acorde con tal criterio, mientras la demora en el dictado de una providencia no se vincule con el de aquellas resoluciones que oficiosamente debe pronunciar el órgano jurisdiccional y en especial las que hacen al fondo de la disputa, pesa sobre el actor la carga de urgir el dictado de aquellas de simple trámite, pues hace a la misma el impulso procesal correspondiente al estadio procedimental que se aspira a transitar (CPR 311 y 315; Fassi, "Código Procesal", V. I. pág. 531).
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, acto administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SALVIA, FRANCISCO VICTOR Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      CSJ EXPTE NRO 208-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-10-30

La facultad conferida al órgano jurisdiccional para enervar la acción de la administración, mediante la suspensión del acto administrativo, debe ser utilizada sólo en circunstancias realmente límites, ya que incide -o afecta- las consecuencias del acto, sus efectos, por lo que la decisión judicial puede legítimamente ordenar a la recurrida, abstenerse u obligarla a un comportamiento determinado con el objeto de hacerla efectiva.
Sobreseimiento, resistencia a la autoridad, revocación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: C., P. A. c/  s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-19

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "C., P. A. s/ procesamiento" (causa 5.359/2018) rta. 19/4/18, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra el auto del juez de la instancia de origen que lo procesó como autor del delito de resistencia a la autoridad (art. 239 CP). Los vocales revocaron la resolución y sobreseyeron al imputado.
Debido proceso, acceso a la justicia, deber de esclarecimiento, obligaciones del Estado miembro, competencia contenciosa del tribunal internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, responsabilidad internacional del Estado, REPÚBLICA DE SURINAME, Pacto de San José de Costa Rica, pueblos originarios, violación de derechos humanos, Fuerzas Armadas, desplazamiento forzado de aborígenes, impulso de oficio, deber de obrar con prudencia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso de la Comunidad Moiwana c/ Suriname s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-06-15

Al asumir la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en 1987, la República de Suriname debió, como primera acción legal, instar una investigación pronta y exhaustiva de los hechos acaecidos en noviembre de 1986, no para cumplir con una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa -en el caso, la masacre padecida por cuarenta miembros de la Comunidad Moiwana en manos de fuerzas armadas nacionales, arrasados de su aldea e impedidos de conocer lo sucedido con los restos de sus seres queridos-, sino porque la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado y no a la iniciativa procesal de la víctima o sus familiares, máxime cuando la inactividad manifiesta del Estado, frente a hechos que son de extrema gravedad, ha quedado suficientemente probada violando el mínimo estándar de respeto al principio de la debida diligencia.
Prueba pericial, valor probatorio, presunciones
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GONZALEZ, JUAN CARLOS s/ PRUEBA PERICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-22

En la hipótesis de que las peritaciones se consideren carentes de plena eficacia probatoria, debe meritárselas como serios indicios, unidos a los demás elementos de convicción que conforman un cuadro presuncional con el alcance de los artículos 357 y 358 del C.P.M.P.
Competencia federal, ejecución fiscal, patente del automotor, Ferrocarriles Argentinos
Materia: PROCESAL
Carátula: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ EJECUCION FISCAL - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Si se persigue la ejecución de una deuda en concepto de patentes correspondientes a un vehículo cuyo titular es Ferrocarriles Argentinos, corresponde la competencia federal, ello en razón de las personas involucradas en la acción intentada y en cuanto a su objeto, porque puede comprometer su responsabilidad patrimonial.-
Transporte de carga por agua, pérdida parcial de mercaderías, hiperinflación
Materia: CIVIL Y COMERCIAL
Carátula: HALOGEN SA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. Y/O FLET. BQ. AMERICANO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-04

En múltiples pronunciamientos el Tribunal ha juzgado razonable una ganancia del orden del 40%, en el caso debése ponderar una situación particular, y esta es el hecho de que la mercadería fue librada a plaza en marzo de 1989, es decir, en una época de muy alta inflación; extremo que otorga sustento a considerar como lógico un incremento de los porcentajes habituales, como medida para evitar la licuación del precio y la enervación de toda ganancia frustrada del 65%, art. 165, ultima parte del C. Procesal.
Daños y perjuicios, lucro cesante, titular de línea telefónica, servicio telefónico, funcionamiento irregular
Materia: CIVIL
Carátula: RODRÍGUEZ PIOVANO DE AGNESE, LUCILA ROSA c/ TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A. s/ INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-25

Partiendo de los inconvenientes que afectaron a la línea telefónica de la actora y meritando que por la actividad a la que se dedica -médica psiquiatra-, dependía en un grado significativo de esa vía, y el hecho de que nadie instala una línea telefónica si no le es necesaria, no resulta errado presumir que la privación de ese elemento de trabajo necesariamente proyectó sobre la actividad laboral de la actora consecuencias dañosas, que deben ser resarcidas. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Sentencia arbitraria, pedido de quiebra, cesación de pagos, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Salmoiraghi Eduardo c/  s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-05

Resulta improcedente desestimar -como en el caso- el pedido de quiebra propia, por cuanto analizada la documentación acompañada por el peticionante, ella es suficiente para demostrar la existencia del estado de cesación de pagos ya que constan en la causa certificaciones contables que dan cuenta de la evolución patrimonial del perticionante, y del desfasaje existente entre el activo y el pasivo al 31 de mayo de 2017, el que importa la imposibilidad de cancelar totalmente el segundo con el primero. En definitiva, encontrándose avalado mínimamente mediante prueba documental, el reconocimiento del estado de cesación de pagos, corresponde acoger el pedido del propio deudor y declara su quiebra.