Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-09-05


SALTA, 5 de setiembre de 2.016.	Y VISTOS: Estos autos caratulados "Q. E. - GUARDA JUDICIAL CON FINES DE ADOPCIÓN", Expte. Nº 444.157/13 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia de 2ª Nominación, y de esta Sala Primera, adscripción Nº 2, y	_____________________ CONSIDERANDO:	I. Que contra la sentencia de fs. 129/138 que otorga al matrimonio constituido por los Sres. M. R. A. y A. G. M. la guarda preadoptiva del niño E. Q., la Sra. Asesora de Incapaces Nº 6 Dra. Silvia Ibarguren interpone recurso de apelación (fs. 139), el que es concedido en relación y con efecto suspensivo a fs. 140 de autos. ___	A fs. 146/150 la apelante funda el recurso y solicita se revoque la sentencia de grado, se declare el estado de adoptabilidad del niño E. Q. y se disponga su ingreso en el I. C. Dr. L. G. librándose oficio al Registro Único de Aspirantes a Adopción de la Provincia de Salta, a fin de que remita veinte (20) legajos de matrimonios inscriptos para aspirantes en la Secretaría Tutelar. Señala, en primer término, que agravia a su parte que el decisorio en crisis no haya declarado como primera medida el estado de abandono del niño Ezequiel y su adoptabilidad por la causal prevista en el artículo 317, inciso "a" del Código Civil, como requisito previo a iniciar el trámite adoptivo correspondiente. Agrega que resulta ineludible que la guarda con fines de adopción sea otorgada por el juez que comprobó el abandono del niño y que esta situación ha quedado acreditada en autos, tanto por parte de su progenitora como de su familia biológica ampliada.	En segundo término, le agravia que la sentencia recurrida haya dispuesto otorgar al matrimonio constituido por la Sra. M. R. A. y el Sr. A. G. M. la guarda preadoptiva del niño E. Q., haciéndoles conocer que con posterioridad a los seis meses deberán iniciar la acción de Adopción pues tal decisión deviene - en su opinión- violatoria del régimen legal establecido en la materia, que tiene por finalidad evitar las entregas directas de niños a través de mecanismos irregulares lesivos para la persona y sus derechos humanos fundamentales y que es -a su entender- el supuesto verificado en la causa (guarda de hecho) en el que se formalizó la entrega directa realizada por la familia materna del niño con ausencia de vínculo de parentesco entre ésta y los pretensos guardadores, lo que imposibilita la prosecución de la acción intentada.	Igualmente, le agravia que el A quo argumente como sustento de su apartamiento de la normativa legal el transcurso del tiempo para convalidar la situación de hecho planteada en autos, por cuanto ello contradice la lógica jurídica (teoría de los actos propios) y las circunstancias fácticas acreditadas en esta causa, que dan cuenta de un marcado tiempo de demora que provocó el propio órgano jurisdiccional para resolver la cuestión. Manifiesta entonces que el interés superior del niño E. se encuentra directamente vinculado a la inmediata definición de su situación jurídica y de hecho tendiente a efectivizar, entre otros, su derecho a crecer en un ámbito familiar adecuado al marco ordenatorio que regula tales derechos.	Finalmente, arguye que el Ministerio Público se agravia por la omisión -a su criterio- del Sentenciante de valorar todos los elementos probatorios recogidos en el proceso, entre ellos la acreditación del trato previo puntual y circunstancial de los actores con la joven F. (quien residió en esta provincia sólo durante su embarazo) y la ausencia de vínculo familiar invocado por las partes. Cita jurisprudencia que avala su postura.	Ordenado el traslado de los agravios a fs. 154, primer párrafo, a fs. 156/158 contestan los actores solicitando el rechazo del recurso y la confirmación de la sentencia de grado, con expresa imposición de costas. Manifiestan al respecto que el agravio de la Sra. Asesora de Incapaces se basa en un formalismo de terminología únicamente, pues en las varias audiencias que se celebraron durante el proceso y en las que estuvo presente la apelante se pudo comprobar el estado de abandono del niño de parte de la progenitora y también de su abuela materna, quienes expresaron su voluntad de dejarlo al cuidado del matrimonio con el que permanece y por el que es tratado como hijo desde su segundo día de vida. Continúan señalando que el agravio por la entrega directa del niño a su parte sin considerar la realidad familiar en la que se encuentra inserto y en la cual prima el cuidado responsable y la protección amorosa de aquél, aparece como un argumento apegado en forma desmedida a la letra de la ley, pretendiendo "arrancar" a E. del hogar en el que se encuentra creciendo saludablemente y que afectaría su Interés Superior, pues se basa insensiblemente en que no se verificó en autos el supuesto de excepción contemplado por la ley para convalidar una guarda de hecho, esto es, la preexistencia de un vínculo de parentesco entre la familia de origen y los pretensos guardadores.	Esgrimen entonces que la apelante no toma en cuenta en la situación particular de autos, que no hubo maniobras fraudulentas ni sustracción del menor ni ilicitud en el proceder de parte de los guardadores de hecho, quienes ocurrieron rápidamente a la Justicia con la más sana intención de brindarle a E. una familia en la cual desarrollarse y crecer y que se encuentre ajustada a los parámetros legales establecidos.	Por último, contrariamente a lo sostenido por la apelante, destacan el acierto del A quo al considerar que el tiempo insumido en el proceso es un factor preponderante en la valoración positiva de la guarda de hecho, teniendo en cuenta que durante su transcurso el niño ha ido forjando afectos con los guardadores y estableció junto ellos su centro de vida, cuestiones cuyo cambio afectarían su psiquis, sin una razón de peso más que el simple apego a la letra de la ley.	Radicada la causa en este Tribunal Ad quem se hace conocer su integración (ver fs. 161). Luego, por ausencia de uno de los vocales titulares, a fs. 164 se notifica la nueva integración de la Sala con la Dra. Ivanna Chamale de Reina en el carácter de Juez Subrogante (Dcto. Pcial. Nº 3757/15), la que es consentida por las partes según constancias de fs. 164 vta. y 165. __________	Corrida vista al Sr. Fiscal de Cámara, a fs. 181/182 previa realización de algunas consideraciones solicita al Tribunal que, a fin de evitar nulidades o una posible vulneración a los derechos de la joven madre del niño E., se la cite a una audiencia en esta instancia para que sea oída nuevamente; máxime, teniendo en cuenta que la Srta. F. G. Q. ya adquirió la mayoría de edad en el transcurso del proceso.	A fs. 185 la Sra. Asesora de Incapaces Nº 5, quien ejercía la representación de la progenitora del niño, solicita el cese de su intervención en razón de haber adquirido su representada la mayoría de edad. A ello se provee favorablemente y se la cita a comparecer por sí o por apoderado a hacer valer derechos.	A fs. 222 la Sra. Asesora de Incapaces Nº 6 (apelante) solicita como medida para mejor proveer y de conformidad a los principios consagrados en los artículos 706 y 707 del Código Civil y Comercial de la Nación, se fije una audiencia con las partes y el niño a fin de conocer su situación actual.	A fs. 229 se celebra tal audiencia en presencia de la Sra. Asesora de Incapaces Dra. Silvia Ibarguren y con la comparecencia de la madre del niño, la Srta. F. Q. y su letrado patrocinante. Corrida nueva vista al Sr. Fiscal de Cámara (ver fs. 232) éste manifiesta que, en atención a dicha comparecencia personal y la expresa voluntad de aquélla de no hacerse cargo del niño y ratificando su deseo de que sea adoptado por quienes ahora lo tienen en guarda, considera que corresponde mantener firme la resolución de fs. 128/138 y se declare la situación de adoptabilidad del niño, de conformidad a la nueva legislación en vigencia.	A fs. 234 se llaman Autos para Sentencia, providencia que se encuentra notificada y consentida (notificación automática de fs. 243 vta).	II. Que el recurso fue interpuesto en término conforme constancias de fs. 138 vta. y 139.	III. Que en el sub lite el A quo dictó resolución otorgando al matrimonio de los actores la guarda preadoptiva del niño E. Q., quien había sido entregado directamente en custodia por su progenitora, haciéndoles saber además que discernió por un período temporal de seis meses y que posteriormente debían iniciar la acción de adopción correspondiente.	Para decidir como lo hizo y en lo sustancial, el A quo consideró como suficientes los antecedentes obrantes en la causa para convalidar la guarda de hecho preexistente, con fundamento en el Interés Superior del niño E., al que -dijo- le beneficia continuar bajo el cuidado de los pretensos guardadores por haberse creado entre ellos fuertes lazos afectivos. Igualmente, entendió que la petición de la Sra. Asesora de Incapaces de que se rechace la guarda con fines de adopción de los actores y se disponga el ingreso de aquél en el Instituto Cuna Dr. Luis Güemes haciéndose conocer su situación de adoptabilidad, activándose así el sistema legal de adopción con selección mediante el Registro Único de Aspirantes a Adopción de la Provincia de Salta, implicaría un segundo desapego y abandono que afectaría la psiquis del niño y que, de acuerdo a toda la normativa nacional e internacional vigente, sería perjudicial a su Interés Superior.	Los agravios de la apelante se centran, esencialmente, en la omisión de la declaración judicial de la situación de adoptabilidad del niño E. y la convalidación de la guarda de hecho que provocaría una transgresión al sistema legal establecido en nuestro país para la adopción de niños, niñas y adolescentes.	IV. Que en el contexto de tal problemática, cabe recordar liminarmente que la declaración judicial de adoptabilidad "se trata de un proceso judicial cuyo objetivo consiste en definir si un niño se encuentra, efectivamente, en condiciones para ser dado en adopción, o que la satisfacción del derecho a vivir en familia se verá efectivizado si el niño se inserta en otro grupo familiar que el de origen. . es el proceso que, a modo de puente, permite correr el eje de intervención centrado en la familia de origen o ampliada por imperativo del derecho a que el niño permanecerá con ellos, a la familia adoptiva" (cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis; "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. Rubinzal - Culzoni, Sta.Fe, 2015, T. IV, pág.85).	Igualmente, se ha señalado que "Su fundamento es de orden constitucional, pues se apoya en la preeminencia que tiene la familia de origen para la crianza y desarrollo de los niños nacidos en su seno (arts. 7º, 8º, 9º, 20 C.D.N.; arts. 14 y 75, inc. 22, C.N.)". No obstante es dable tener presente que, en definitiva, lo que se plasma en la decisión judicial que analiza la permanencia o no en la familia de origen son hechos y circunstancias que colocan a un menor de edad en situación de que su familia originaria sea reemplazada; "involucra la evaluación del rol que despliega la familia de origen en sus funciones de amparo y responsabilidad en el desarrollo de los niños, la implementación de políticas públicas destinadas al fortalecimiento familiar, el derecho del niño a vivir en una familia que le provea la satisfacción de sus necesidades en la mayor medida posible, la intervención del Estado como garante a través del poder público (administrativo y judicial); la necesidad de adoptar decisiones para producir los cambios en tiempo oportuno y ante su fracaso, evaluar la pertinencia de una filiación adoptiva"(cfr. Herrera, Marisa; Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián, "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", 1ª Ed., C.A.B.A - Infojus, 2015, T.II, pág. 400/401; infojus.gov.ar).	Sin embargo, el ingreso al mentado espacio adoptivo no siempre transita por un camino lineal como el anteriormente señalado y, más bien, debe repararse en que la articulación entre los cánones del derecho y las particularidades de la realidad suele presentarse como una actividad compleja.

Sabido es que en la práctica se verifican variados conflictos, que se generan a partir de la presentación por ante la Justicia de las denominadas "guardas de hecho", situaciones que son traídas en busca de su legalización para regularizar el ejercicio de derechos y obligaciones a partir de la pretensión de una guarda con fines de adopción. Tales circunstancias obligan al juez a valorarlas en contextos signados mayormente por el transcurso del tiempo e impactan en la decisión de convalidación de estos vínculos de hecho.	Así, se sostiene que "La guarda de hecho es la que se produce a partir de que los progenitores de un niño se desligan de las funciones de crianza, quedando el niño a cargo de terceras personas sin ningún tipo de intervención judicial. Nace con la entrega del niño, acto que puede tener como antecedente algún grado de parentesco o afectividad entre los adultos; o no tenerlo en absoluto y estar sustentado en necesidades de esos adultos y de des-subjetivación del niño, que es puesto en un lugar de objeto" (cfr. Herrera, Marisa; Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián; op. cit., pág. 414).	Resulta evidente entonces que la complejidad antes apuntada se registra a partir de dos tensiones: por una parte, la autonomía personal de los protagonistas que eligen a la familia que asumirá el cuidado de su hijo y, enfrente de ésta, la injerencia del Estado como protector de los derechos del niño en el marco de un "paternalismo" que se justifica por la condición de vulnerabilidad de este sujeto. Es decir, la tensión se da entre los extremos orden público y privado, pero sumado ello debe meritarse que las cuestiones de familia constituyen una materia en la que prioritariamente debe dominar el primero de ellos.	Tal como atinadamente lo ilustra Silvia E. Fernández, "Las guardas de hecho involucran o comprenden dos escenarios diversos. Por un lado, los generados en el marco de un contractualismo que atraviesa la condición de sujeto del niño, supuestos en que la intervención estatal aun a posteriori del hecho consumado, aparece como único garante de los derechos de aquél. Por otro lado, y con notas diversas, las situaciones generadas en el marco de relaciones genuinas nacidas del vínculo afectivo entre los padres de origen y los guardadores delegados" ("Medidas de protección de derechos y adopción. La complejidad en la articulación y el Código Civil y Comercial", Revista Código Civil y Comercial, Año 1, Número 5, noviembre 2015, E. Thomson Reuters La Ley, pág. 32).	Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación prevé en su artículo 607 que la declaración de adoptabilidad se formaliza con la sentencia que da por agotadas las acciones tendientes a lograr la permanencia del niño en la familia de origen y ante un desamparo acreditado que se dilucidó con las garantías procesales para todos los sujetos intervinientes en el procedimiento, lo que se corresponden con los enumerados en el artículo 608.	A su vez, el artículo 611 del mencionado Código contempla un supuesto más que requiere tal declaración judicial de adoptabilidad y es el de la guarda de hecho, que -conforme se expusiera anteriormente- "aparece en situaciones muy disímiles como puede ser la entrega directa y la inscripción como propio de un hijo ajeno, el desprendimiento de la crianza y consolidación de vínculos en situaciones de desequilibrio socioestructural entre la familia que entrega y la que recibe -vulnerabilidad social-, o puede ser también una elección materna o paterna fundada en el conocimiento o vínculo previo, sea este de confianza o de parentesco. En esos supuestos el contacto entre familias y la convivencia del niño en la que no es la de origen, da comienzo por fuera del sistema judicial" (cfr. Herrera, Marisa; Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián; op. cit., pág. 414).	Va de suyo que esta posibilidad fáctica debe ser examinada a la luz del principio rector imperante en las cuestiones en las que se encuentra involucrada la protección integral de niños, niñas y adolescentes, esto es, su Interés Superior (art. 3, inc.1 de la Convención de los Derechos del Niño, Ley Nº 23.849; arts. 706, inc. "c" y 595 del Cód. Civ. y Com. de la Nación). Y, además, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en la causa, la realidad familiar, los vínculos, intensidad de las relaciones interpersonales, cumplimiento de requisitos y posibilidades concretas, elementos éstos que serán valorados por el Juez para la toma de la decisión final.	Al respecto nuestro cimero Tribunal ha sostenido que: "...la regla jurídica que ordena sobreponer el interés superior del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres. De ello se desprende que todas las alternativas disponibles para arribar a un pronunciamiento en un conflicto como el presente deben ser evaluadas a la luz de privilegiar la situación real del niño no debiendo ello ser desplazado por más legítimos que resulten los intereses de los padres... De lo que se trata es de alcanzar la máxima certidumbre respecto del modo como mejor se satisface el interés superior del niño" (Fallos: 330: 642; causa "A., F s/Protección de personas", 13/03/2007, del voto del Dr. Juan Carlos Maqueda; cfr Corte Suprema de Justicia de la Nación, Secretaría de Jurisprudencia, "Interés Superior del Niño", Diciembre 2012, Bs. As.: Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2013, pág. 91, Fallos: 327:5210).	V. Que bajo tales premisas se analizarán los agravios formulados en el orden dado por la apelante, correspondiendo en primer término examinar lo atinente a la declaración de adoptabilidad del niño para, luego, adentrarse en la cuestión de la guarda de hecho que diera origen al presente proceso.	V.-a) Que el desprendimiento de la crianza de un hijo por la entrega directa con el objeto de su futura adopción -se trate de un recién nacido o de mayor de edad- es un acto de claudicación y abandono de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental. Objetivamente, ese acto coloca al hijo en situación de vulnerabilidad o violación de derechos que dejan de serles provistos por sus principales responsables -los padres y otros miembros de la familia de origen- dando lugar a la intervención estatal (cfr. Herrera, Marisa; Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián; op. cit., pág. 416).	En el sub judice se registró tal situación de hecho, pues quedó comprobado que el niño E. Q. fue entregado voluntariamente y en forma directa por su progenitora (también menor de edad 15 años al momento del nacimiento), la Srta. F. G. Q. con la anuencia de su madre, Sra. S. H. Q., en custodia al matrimonio A. -M. y que aquél se encuentra al cuidado de éstos desde el segundo día de nacido (ver acta de fs. 20).	Cabe en este punto destacar que el sistema del nuevo código Civil y Comercial asigna a los adolescentes una serie de derechos y facultades, mas ello no debe desprenderse del anánlisis que la responsabilidad en su ejercicio implica. En otros términos, su condición de madre menor de edad ameritaba y exige toda la protección de la ley, pero resultaría contradictorio e incongruente no reparar en el derecho y amparo que merece el otro menor, su hijo, como consecuencia de las decisiones de la madre. Tal perspectiva de análisis fue advertida incluso por la Sra. Asesora de Incapaces en la audiencia del 19/09/2013 (fs. 22).	Se constato, además, que clara y expresamente se le hicieron conocer las posibilidades de hacerse cargo de su hijo (acta de audiencia privada reservada en Secretaría (fs. 22 vta.).	Del examen de las constancias obrantes en la causa surge claramente la voluntad claudicatoria de la joven progenitora, quien ha sido oída por el Juez en distintas oportunidades a lo largo de todo el proceso. Así, se verifican las audiencias de fs. 20; 22 (con reserva a fs. 22 vta. de acta de audiencia privada); la de fs. 60 que se complementa también con otra audiencia privada, cuya reserva obra a fs. 63 vta.. Inclusive, en esta instancia el Tribunal ad quem convocó a la Srta. F. Q. -a petición del Sr. Fiscal de Cámara y la Sra. Asesora de Incapaces Nº 6- para oírla nuevamente y en consideración a la circunstancia de haber adquirido su mayoría de edad; en dicha oportunidad en la que compareció con patrocinio letrado, ratificó con convicción la conducta asumida desde la primigenia guarda de hecho (sin contralor judicial), y la que mantuvo durante la tramitación presente proceso que se iniciara a los fines de su conversión en una guarda de derecho, sin que quede duda alguna en el ánimo del Tribunal sobre su negativa a permanecer junto a su hijo o hacerse cargo de su cuidado.	Se tiene entonces que este necesario recaudo de escuchar a la madre biológica en resguardo de sus garantías constitucionales ha sido cumplimentado no sólo como una mera formalidad procesal sino que se advierte, en todas las ocasiones antes reseñadas, que hubo una intervención responsable, coherente y coordinada de la Magistratura y el Ministerio Pupilar, tendientes a informar y asesorar debidamente a aquélla respecto de las connotaciones y los efectos que produce su decisión. Por lo que puede concluirse en que el consentimiento dado por F. Q. de dar en adopción a su hijo reviste las características de informado y expreso.	Ahora bien, tal desprendimiento por parte de la progenitora de la crianza del niño y la asunción de sus responsabilidades parentales amerita una formal declaración judicial de la situación de adoptabilidad del niño E., congruente -además- con el paradigma protectorio integral de sus derechos incorporados al plexo normativo vigente para garantir la tutela judicial efectiva. Por lo que corresponde acoger el agravio formulado por la apelante debiendo modificarse la resolución impugnada, ampliándola en tal sentido.	V.-b) Que en cuanto al agravio por la convalidación de una guarda de hecho que contraviene el régimen legal establecido, cabe realizar las siguientes consideraciones.	Se ha dicho en referencia al artículo 611 del Código Civil y Comercial de la Nación que: "La solución legislativa pretende reafirmar la prohibición que ya observaba el derogado art. 318 CC, colocando las cosas en su sitio exacto: es el derecho del niño a desarrollar su personalidad en un ámbito familiar propicio -garantizado con control estatal organizado a esos efectos- el que cobra relevancia, por aplicación del principio nodal de su interés superior, autónomo e independiente de los adultos" (cfr. Herrera, Marisa; Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián; op. cit., pág. 416).	En autos, resulta evidente que tal directriz fue la seguida por el A quo al momento de valorar las circunstancias particulares del caso y que, malgrado los visos de irregularidad que presentaba pues se inició con una entrega directa de la progenitora a los pretensos guardadores (guarda de hecho) sin intervención ni contralor estatal, consideró procedente su legalización a través de esta vía judicial.	Por lo que, adelantando opinión, se comparte la decisión adoptada por el sentenciante en el entendimiento de que el tiempo transcurrido-actualmente E. cuenta con tres años de edad (ver fs. 2)-, ha contribuido a formar un estrecho e íntimo vínculo entre el niño y sus pretensos guardadores cuya ruptura iría en desmedro del interés superior de aquél, que -como ya se dijera- debe ser el norte en la resolución de los conflictos de esta naturaleza.	Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que no se pueden obviar las relaciones afectivas desarrolladas por la niña con su actual entorno social y familiar y disponer su apartamiento repentino (cfr. in re "Fornerón e hija vs. Argentina", Sentencia del 27/04/2012, Considerando 157 y 159 http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_242).	Además, repárese en que fue el propio Ministerio Pupilar, al momento de endilgar responsabilidades institucionales por demoras ocasionadas en la resolución del caso, el que reconoció que el factor tiempo juega en contra a la hora de decidir cuál es el mejor interés del niño (ver fs. 148 vta. in fine).	Como puede apreciarse, el pronunciamiento no es sencillo y todo juicio de valor que al respecto de esta guarda de hecho pudiera hacerse, en tanto la misma aparece en primer término como una contradicción con el sistema legal establecido, debe venir de una previa exploración y meritación del caso y sus particularidades a fin de determinar si, en efecto, existe tal contradicción desde el punto de vista del bloque de Constitucionalidad vigente, en su integralidad.	No escapa a las consideraciones realizadas la amenaza cierta que constituye la posibilidad de que bajo estas modalidades de "ahijamiento" irregular puedan ocultarse situaciones de ilicitud, tales como los casos de pago o contraprestación alguna por parte de los guardadores a favor de la familia de origen, o de vulnerabilidad de los progenitores o violación de derechos, que -además- colocan al niño en una posición de objeto.	No obstante, se pondera también que tales reparos deben propender a evitar nuevas situaciones de esas características y, a la vez, motivar la realización de un análisis concienzudo cada vez que se presenta un caso con dichas características y que ello no se convierta en obstáculo al tiempo de decidir su convalidación o no, fundamentalmente, cuando en alguno se compruebe, previa indagación y exploración de la problemática, que hubo una voluntad auténtica de la progenitora que hizo la entrega directa, expresada con convicción y desinterés económico y motivada únicamente en el deseo de que su hijo sea criado y educado por una familia, a la que -seguramente- no eligió por azar u otro tipo de móviles.	En autos, se advierte una prudente actividad exploratoria de la situación tomándose todos los recaudos antes señalados, por lo que resulta particularmente ilustrativo de ello lo manifestado por la Sra. Fiscal interviniente en la instancia de grado, Dra. Jozami de Fili y que quedó plasmado en la audiencia de fs. 119/121 (concretamente, ver fs. 120 vta. in fine).	Igualmente, debe destacarse que esta prudente actitud indagatoria, exploratoria acerca de la problemática del caso y a la que se viene aludiendo, ha estado presente durante toda la tramitación de la causa y ha permitido concluir en lo atinado de la decisión del A quo.	Particularmente en lo referente a la madre biológica y su decisión de dar al niño en guarda y posterior adopción, se pudo cotejar de las distintas audiencias celebradas la voluntad y convicción de aquélla (Srta. Florencia Quinteros) respecto de su elección por el matrimonio Agüero-Mazzei para la crianza y educación de su hijo. Máxime, cuando este Tribunal ad quem ha tenido la oportunidad de oírla, con la debida asistencia letrada y en presencia de la Sra. Asesora de Incapaces Nº6 (la apelante), lo que permitió también indagar directamente y evaluar sus manifestaciones en el contexto histórico de la situación particular, generando la convicción -como ya se precisó- de que dicha decisión y elección es reflexiva e interesada en la crianza de su hijo por parte de los pretensos guardadores a quienes lo confió (ver audiencia de fs. 229).	Finalmente, tampoco debe escapar del análisis realizado la figura de los pretensos guardadores, que forman parte de los sujetos intervinientes en el proceso, cuya idoneidad ha quedado demostrada con los diversos informes interdisciplinarios agregados en autos (ver fs. 76/77; 79/81; 43/47; 48/54; 55/56). Y lo que es más significativo aún, que dicha idoneidad no ha sido cuestionada por la apelante, como así tampoco se llegó a demostrar mayor idoneidad por parte de alguno de los aspirantes inscriptos en la nómina del Registro Único de Adoptantes requerida por aquélla. Como surge de la audiencia de fs. 229, quedó evidenciada la actitud del matrimonio accionante de mantener vivo el vínculo entre el niño y su madre, la que adquiere mayor valor a la luz de las manifestaciones profesionales expresadas por la Sra. Psicóloga en el acta de fs. 119/121 (120 vta.)	Pues debe quedar en claro aquí que el meollo de la cuestión es predecir lo mejor para el niño, para este niño, protegiendo su Interés Superior, lo que implica -sin dudas- respetar su realidad actual, los vínculos afectivos que ha creado en su existencia y la constitución de su centro de vida, que es lo que -además- va a permitirle alcanzar un desarrollo madurativo acorde a su edad.	En razón de ello es que se interpreta que la posición asumida por la apelante en sus agravios, más allá de la razonable preocupación por existir en general situaciones de alta irregularidad lindantes con el delito, parece anteponer el derecho de aquellos adultos inscriptos en el Registro Único de Adoptantes por sobre el mentado interés de niño Ezequiel sin acreditar que ellos, que son desconocidos para el menor, estarían en mejores condiciones que los actuales cuidadores para asumir esa importante y delicada función y conseguir la adopción. Por tal motivo un planteo en ese sentido no puede resultar atendible.	En síntesis, teniendo en cuenta los antecedentes de la causa y demás elementos reunidos, se concluye en que la decisión adoptada por el sentenciante de grado aparece fundada en consideraciones atingentes al desarrollo del niño en un medio familiar de contención, amor, responsabilidad y cuidados adecuados, tal como lo requiere la Sra. Asesora de Incapaces apelante (ver fs. 148, 3er. párraf.), y acorde con todos los extremos del bloque de constitucionalidad vigente, por lo que se impone rechazar el agravio formulado en este sentido.	VII. Que en atención a la particular naturaleza de la cuestión planteada, al modo en que se resuelve y a la calidad de los sujetos intervinientes ante la Alzada las costas en esta instancia se imponen por el orden causado (art. 67, 2do. párraf. del C.P.C.C.).	Por ello,	LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,	__________________________ FALLA:	I. HACIENDO LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 139; en su mérito MODIFICA la sentencia de fs. 129/138 ampliándola y DECLARANDO la situación de adoptabilidad del niño E. Q., CONFIRMANDOLA en lo demás. Con costas por el orden causado.	II. DISPONIENDO se registre, notifique y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.	CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA SALA I, T. 2016-S, fº 242/248, 05/09/16. VOCALES: Dra. Ivanna Chamale de Reina - Dra. Adriana Rodríguez de López Mirau. SECRETARIA: Dra. María del Carmen Rueda.