Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10


TRAVADELO, José A. contra AVICHELLI HNOS. S.A. Reg.: A y S t 202 p 496-500.

En la ciudad de Santa Fe, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Rafael Francisco Gutiérrez, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia de su titular, doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "TRAVADELO, José A. contra AVICHELLI HNOS. S.A. - Escrituración-Ordinario- (Expte. 245/88) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 659, Año 1991).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar?.

Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Vigo, Gutiérrez, Spuler y Falistocco.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: 1.

Contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial obrante a fojas 272/278, que resolvió rechazar los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la demandada contra la sentencia que, en primera instancia, hiciera lugar a la demanda de escrituración en su contra, interpuso ésta recurso de inconstitucionalidad, con fundamento en lo normado por el inciso 3ro. del artículo 1 de la ley 7.055.

Como sustento de su planteo alegó los siguientes agravios constitucionales: a) Invocar prueba inexistente: vicio que, sostuvo, se da cuando la Sala sostiene que el señor Avichelli no desconoció la firma de la autorización de venta cuestionada y cuando valora dicha documental más allá de sus términos.

b) Prescindir de prueba decisiva: causal que se configuró, según la recurrente, al no valorarse la confesión -ficta- del actor, en orden a la demostración de la inexistencia de la operatoria.

c) Prescindir del texto legal sin dar razón alguna: afirmó como configurada esta causal cuando el a quo no dictó sentencia a los treinta días de pasados a fallo los autos y siguió sustanciando pruebas estando clausurado el correspondiente período, incorporó prueba, según sus dichos, subrepticiamente, y no aceptó las impugnaciones planteadas por su parte, cerrándole el camino de su defensa con dos argumentos de excesivo rigorismo formal, esto es, que su articulación era extemporánea, sin reparar que también lo era la agregación de la pericia, y que los firmantes no eran expertos, lo que se agrava con el impedimento de valerse de una junta de peritos para dilucidar la cuestión.

Agregó, en este mismo título, que el a quo se apartó del marco legal procedimental que debía seguir en autos, al no notificar la designación de perito ni las diligencias a realizarse en Buenos Aires impidiendo el control de su parte, permitiendo que la contraria tuviera en su poder por más de dos meses el expediente luego de estar pasado a fallo y aceptando que la perito se ausentara del país sin devolver los autos ni presentar la pericia.

d) Contradecir constancias de autos: cuando -arguyó- sostiene el a quo que la demandada reconoció el documento base de la demanda mientras que de su declaración se desprende absolutamente lo contrario; cuando reconoció que el momento para impugnar la pericial admitida en primera instancia lo era en la de segundo grado, al tiempo que por otra resolución denegó la apertura a pruebas; cuando la Sala pretende ver en el instrumento cuestionado más facultades de las que el mismo otorgaría; y cuando acepta como cumplimentada la contraprestación de la operación inmobiliaria con el pago de un precio que nunca llegó a poder de la demandada.

2. Con posterioridad a la contestación del traslado del recurso interpuesto, bajo el rótulo de "Hecho nuevo", la demandada manifestó al a quo que la perito oficial de estos Tribunales se expidió, en la causa iniciada por su parte por ante el fuero penal, en el sentido de ser apócrifas las firmas cuestionadas; al tiempo que destacó que a pesar de los años transcurridos el actor no tomó posesión del inmueble, criticó el rigorismo formal del a quo, denunció el fraude procesal y pidió la suspensión de la tramitación de la causa por existir una cuestión prejudicial, pedido que reiteró con posterioridad al acompañar copias certificadas de la pericia oficial referida.

3. El a quo, sin proveer a tales pedidos, resolvió admitir el recurso interpuesto, al entender que "... en el caso, las invocadas consecuencias jurídicas resultantes al tenerse por reconocida la firma del demandado Avichelli en la autorización de venta (...); el valor dado por la Sala a ese documento que sólo consistía en facultar a firmar un boleto de compraventa de un bien determinado y nunca a percibir el importe de la venta, otorgar la posesión, ni comprometerse a otorgar la escritura o fijar multas; así como la omisión de la consideración de la confesión ficta de la actora, pueden constituir, en su conjunto, una vulneración del derecho de defensa, que en justicia admite el recurso de inconstitucionalidad ...".

4. En el examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro motivos para apartarme de la resolución adoptada por el a quo en relación al punto "a" del relato precedente.

En cambio, he de efectuar algunas precisiones sobre el alcance del recurso, en relación a los demás items.

El agravio relativo a la prescindencia de prueba decisiva (apartado "b") no puede ser acogido, a poco que se observe que el a quo ameritó, más allá de su acierto o error, el valor probatorio de la confesión ficta (f. 278) en la hipótesis de enfrentarse con documentos de fecha anterior.

Admitir el agravio importaría sustituir en un tercer grado ordinario a los jueces de la causa.

En cuanto a los reparos expuestos en el apartado "c" bajo el acápite de "Prescindir del texto legal sin dar razón alguna" se agrupan una serie de hechos que, sin perjuicio de erigirse -algunos- como vicios del procedimiento, tampoco pueden admitirse para ser discutidos en la instancia extraordinaria.

Se formulan, aquí, las siguientes quejas: no haberse dictado sentencia a los treinta días del llamamiento de autos; haberse seguido sustanciando prueba y agregado la misma subrepticiamente, luego de clausurado el período probatorio; no haberse aceptado las impugnaciones a la pericia con argumentos formalistas; la falta de notificación de la realización de las audiencias en Capital Federal; permitir el retiro del expediente una vez pasados los autos a fallo y ausentarse del país la perito designada, sin devolverlo.

En general, la recurrente dejó de utilizar, en la instancia de grado, todos los recursos a su alcance para evitar los efectos gravosos de los que hoy se queja en reflexión tardía: vencido el término del artículo 407 de la ley ritual, jamás utilizó los remedios relativos a la "retardada justicia", fruto de ello, la sustanciación e incorporación de pruebas hasta el dictado de la sentencia es un efecto natural contemplado en artículo 150 del digesto adjetivo y nada tiene de subrepticio; y en cuanto al resto de los agravios no puede obviarse que frente al rechazo de las articulaciones efectuadas a f. 221 y pedido de sustanciación de f. 225 (fs. 222 y 226), sin impugnar tales proveídos, la propia demandada solicitó el dictado de sentencia, consintiéndolos.

El posterior intento de retrotraer la contienda a etapas precluídas con la aquiescencia de la recurrente no puede ser admitido, pues liminarmente se aprecia que sobre el particular se obvian las exigencias de oportuno planteo y mantenimiento de la cuestión constitucional.

En referencia a los planteos articulados en el apartado "d", debe precisarse que, bajo el rótulo de contradicción con las constancias de autos se reiteran aquí dos agravios insertos en el item "a", sobre los que me he expedido por la afirmativa.

En cuanto a la alegada contradicción entre lo expuesto por la alzada a f. 274 vto., en el sentido de compartir con el juez de primer grado que el momento para cuestionar la pericia lo era en segunda instancia, y su actitud de rechazar el pedido de apertura de la causa a pruebas, la admisión del reproche encuentra óbice en la falta de conexión directa con la realidad del caso.

En primer término, no puede endilgarse una actitud autocontradictoria al Tribunal en relación a una decisión de la Presidencia del Cuerpo; pero además, en reiteración de conductas ut-supra destacadas, la recurrente dejó de usar los remedios ordinarios a su alcance (en el caso, la revocatoria para ante el Tribunal que autoriza el art. 370 del C.P.C. y C.) y, por ende, consintió la firmeza de actos procesales de los que pretende, ahora, agraviarse.

Lo expuesto, bastaría por sí solo para pronunciarse negativamente sobre la admisión del recurso, mas resulta oportuno aclarar lo siguiente: no se contradice el a quo al sostener que la pericial incorporada con posterioridad al llamamiento de autos deba ser cuestionada en la expresión de agravios, al tiempo que el juez de trámite deniega la apertura a pruebas; ocurre que debe distinguirse entre la impugnación y la observación de una pericia, la primera persigue el efecto de anular por vicios formales el acto de prueba, la segunda tiende a cuestionar su valor probatorio.

Los momentos para sendas postulaciones son diversos (incidente de nulidad y alegato o informe sobre el mérito de la prueba) y en el caso, si se entendiera promovido un incidente de nulidad (lo que no se expresa categóricamente) con el escrito que bajo el rótulo de "impugnación de la pericial" obra a foja 221 de autos, al ser rechazado el pedido de sustanciación y las pruebas ofrecidas, la demandada consintió tales providencias y solicitó el dictado de resolución, tal como ya relatara.

En síntesis, si hubo incidente de nulidad, se consintió su rechazo; si, en realidad, sólo hubo una observación a la pericia, incorporándose ésta con posterioridad a la presentación de los escritos ordinarios del juicio y al dictado del llamamiento de autos y habiéndosela tomado en consideración en la sentencia, la oportunidad para efectuar las observaciones lo era la expresión de agravios, ya como crítica razonada y concreta de la sentencia que la había valorado.

La amplitud de los términos del auto de admisión dictado por la Sala Primera margina el carácter restrictivo de la revisión que está llamada a efectuar esta Corte, que más allá del acierto o error con que se decidan las causas, tiene solamente reservado velar por la garantía constitucional del derecho a la jurisdicción.

Voto, pues, parcialmente por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez y Spuler, y el señor Presidente doctor Falistocco, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: Como lo expusiera al tratar la cuestión anterior, la tacha de invocación de prueba inexistente por el Tribunal a quo ha sido fundada en las siguientes cuestiones: a) haber sostenido que el señor Avichelli no había desconocido su firma de la autorización de venta cuestionada (f. 277 vto.) siendo que en realidad lo había negado en la contestación a la primera posición (f. 186); y b) haber valorado dicho instrumento más allá de sus términos. La afirmación de que la autorización de venta (f. 2) había sido firmada por el señor Manuel Alberto Avichelli se apoyó en la pericial caligráfica obrante en la causa, "... puesto que no se encuentran en autos elementos probatorios que lo desdigan ...", y a continuación agregó el A quo que aquél no había desconocido su firma al exhibírsele el documento para su reconocimiento (f. 277 vto.).

Aparece claro, entonces, que la Sala entendió que la conclusión de la prueba pericial no estaba puesta en crisis por otros medios de confirmación, ni aun por lo declarado por el propio Avichelli.

Pero justamente allí radica la falencia endilgada, por cuanto surge palmaria la contradicción entre lo aseverado (f. 277 vto.) y la constancia de foja 186, donde al contestar la primera posición, el absolvente manifestó que no era cierto que le perteneciera dicha firma y que fuera de su puño y letra.

Cae, pues, la corrección lógica del razonamiento ya que, habiendo partido de una apreciación equivocada respecto a la inexistencia de otros elementos con aptitud para contradecir el dictamen pericial, se basó sólo en lo expresado en éste para arribar así a una conclusión calificada de inexacta por la ahora recurrente.

En relación al segundo de los planteos, esto es, el mayor valor que habría dado el a quo, en lo que refiere a facultades, al mentado instrumento de foja 2, destaca Carrió ("El recurso extraordinario ...", T. I, pág. 215) que "Es una simple diferencia de rótulo" distinguir entre la invocación de prueba lisa y llanamente inexistente y la interpretación antojadiza o caprichosa -en definitiva, rebasando los límites de la razonabilidad- de la prueba existente.

En la valoración de las facultades otorgadas por la referida autorización de venta, la Sala ha incurrido en ese defecto, al ponderar la serie de cuestionamientos que formulara la demandada para descalificar el marco fáctico de inserción del documento: la falta de entrega del pretendido precio pactado y su naturaleza vil, y la falta de entrega del inmueble en posesión.

Tales postulaciones fueron desacreditadas por el órgano jurisdiccional mediante los argumentos de no integrarse la litis con el tema posesorio, ser la rendición de cuentas una cuestión entre mandante y mandatario ajena a este proceso, y estar acreditado el pago porque lo dice la cláusula segunda del contrato, cuando debió apreciar en qué medida, en el contexto fáctico -de por sí muy particular- del proceso, afectaba la credibilidad del documento el hecho de, en su caso, no haberse entregado la posesión ni el dinero pagado como precio.

Y en el tratamiento de este último planteo, debo poner de relieve, además, que los juzgadores incurrieron en el vicio de poner por antecedente lo mismo que se quiere probar, ya que estando en dudas la veracidad del contrato, mal puede tenerse por acreditado un hecho (en el caso, el pago) porque en él así se lo expresa.

Con el alcance expresado, voto por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez y Spuler, y el señor Presidente doctor Falistocco, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores y en atención a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 12 de la ley 7.055, corresponde anular la sentencia impugnada y remitir la causa al Tribunal que corresponda para que sea nuevamente juzgada.

Costas al vencido.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez y Spuler, y el señor Presidente doctor Falistocco, dijeron que la resolución que corresponde adoptar es la propiciada por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIO: Declarar procedente el recurso interpuesto, anular, con costas al vencido, la sentencia impugnada y remitirla al tribunal que corresponda para que sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GUTIERREZ-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)