Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-15


--- En la ciudad de Trelew, a los 15 días de diciembre del año dos mil ocho, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos Alberto Velázquez y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Dante Ferrari y Marcelo J. López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "W. S. M. c/ M. L. S. d. V. S.A. s/ Cobro de Pesos" (Expte. 22879 - Año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 261.-- --- A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Marcelo Lopez Mesa dijo: ------ --- Que a fs. 233/238, el Sr. Juez de grado hizo lugar a la defensa de prescripción de la acción opuesta por la demandada "M. L. S. d. V. S.A.", desestimando la demanda interpuesta en su contra por S. M. W., por su propio derecho y en representación de sus hijos menores L. M. y P. N. F. En línea con este resultado, dispuso la imposición de las costas en el orden causado, regulando los honorarios de los letrados, patrocinante y apoderado, respectivamente, de la parte actora, Dr. E. R. M., en la suma de pesos veintiún mil quinientos ($ 21.500) y los del Dr. W. G. M., en el 40% de dicho monto, mientras que los de los Dr. P. O. A., se determinan en la de pesos veintiún mil quinientos ($ 21.500) y los del Dr. N. O. M., en el 40% de dicho monto, por su actuación en calidad de patrocinente y apoderado, respectivamente, de la demandada, en todos los casos con más el IVA en caso de tratarse de responsables inscriptos (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 37, 38, 47 y ccs. del arancel y leyes 23349 y 23871 y Resol. Gral. D.G.I. 4214/96).----------------------------- Que fs. 241 dicha sentencia fue apelada por la actora, quien concedido el recurso a fs. 244, expresó agravios a fs. 253/255vta.-- La actora plantea en primer término la nulidad de la sentencia por haber afirmado el Sr. Juez de grado que su parte no ofreció ad effectum videndi una causa sucesoria, cuando la apelante manifiesta haberla ofrecido expresamente. Se agravia la actora, además, de que no se haya tenido en cuenta las diversas actuaciones y trámites cumplidos por su parte hasta lograr el depósito de las sumas que percibiera en el expediente sucesorio que menciona. Cuestiona además que no se haya tenido en cuenta que cada uno de los diversos actos integrantes del proceso de reclamo de su parte, que culminara con un pago efectuado en el año 2005 interrumpió la prescripción de su derecho a reclamar la diferencia. Impugna también que no se haya contemplado que "la aseguradora procede a depositar en enero de 2005. Ahí en esa fecha comienza a correr el plazo prescriptorio, porque es ahí cuando concluye la liquidación del seguro, de lo contrario se deja a la voluntad de la aseguradora el momento para depositar y para evadir el pago en término mediante la posibilidad del planteo prescriptorio". Solicita se revoque la sentencia recurrida y se haga lugar a la demanda, con costas.---------------- Que fs. 243 la accionada recurre el decisorio de grado la que, siendo concedido a fs. 244, expresó agravios a fs. 249/251vta.---------------------------------- --- Se agravia la demandada de la imposición de costas por su orden, pese al progreso de la excepción de prescripción. Afirma que rige en este caso el principio objetivo de la derrota y que el a quo ha interpretado erróneamente el derecho, solicitando la imposición de costas en su totalidad a la actora. ------------ --- Que fs. 242 la sentencia es apelada por los abogados de la demandada, quienes apelan por bajos los honorarios que les fueran regulados, solicitando la elevación de los mismos.------------ Que ingresando al abordaje de las cuestiones traídas a revisión, razones metodológicas aconsejan tratar en primer término el recurso de la actora, pues la suerte de éste, podría condicionar la de los cuestionamientos de los restantes apelantes.-------------------------------- Que analizando en detalle la nulidad planteada por la actora, encuentro que no se dan los presupuestos para una declaración de ineficacia en este caso. En mi voto de fecha 18/9/08, in re "S., L. M. c/ L., E. G. s/ solicita autorización" (Expte. Nº 22.828 - año: 2008, registrada bajo el Nº 22 de 2.008 - SDC) sostuve -adhiriendo al criterio unánime de esta Sala- que "la declaración de nulidad del fallo sólo procede cuando adolece de vicios o defectos de forma que lo descalifican como acto jurisdiccional válido. Es decir cuando se ha pronunciado sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar o forma prescriptos por la ley adjetiva. Los errores "in iudicando", en cambio, pueden ser reparados por medio de los recursos de apelación, hipótesis en que el tribunal de alzada puede examinar los hechos y el derecho con plena jurisdicción" (esta Sala, 14/6/05, "S., E. c/ L. B. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", registrada bajo el Nº 17 DE 2.005 - SDC.-, voto del Dr. Manino).-------------------------- Y agregué allí que "Si no se imputan a la sentencia de grado vicios o defectos de forma o construcción que la descalifiquen como acto jurisdiccional, sino que se ataca el fondo de la decisión, sosteniendo que se ha violado el derecho constitucional de defensa y se ha llegado a una conclusión en extremo grave para la afectada sin elementos suficientes para ello, imputándose un verdadero error "in iudicando" que encuentra solución dentro del ámbito del recurso de apelación, en el que el Tribunal de Alzada puede examinar los hechos y el derecho con plena jurisdicción, deviene improcedente la nulidad pretendida (cfr. Cám. CC 2ª La Plata, Sala 1ª, 17/3/92, "G. M. A. s/ Fuga de Hogar s/ Guarda", en Juba sum. B250582).------------- Y luego dije también en dicho voto que "partiendo de la premisa que señala que el recurso de apelación comprende al de nulidad es dable advertir que su ámbito queda limitado a los defectos de forma del pronunciamiento o en cuanto a las solemnidades prescriptas para dictarlo. El mismo, por tanto se circunscribe a las impugnaciones dirigidas contra los defectos de lugar, tiempo o formales que pudieren afectar la sentencia, mas no cabe declarar la nulidad si los agravios en que se funda se hallan dentro del andarivel propio del recurso de apelación (Cám. CC Quilmes, Sala 1ª, 21/2/06, "Robles Cantero, Melanio Rubén c/ Municipalidad de Florencio Varela", en Juba sum. B2903267)".------------------------ Aplicando estos conceptos al caso que nos ocupa surge la absoluta inatendibilidad de la nulidad articulada en el recurso de la actora. Es que, los vicios denunciados pueden perfectamente encontrar adecuado tratamiento por la vía del recurso de apelación en que se inserta la nulidad traída (art. 253 CPCyC).------------------------------ ---- Ello, en caso de que el vicio alegado, hubiese vulnerado algún derecho de la actora o causádole algún perjuicio, pues es sabido que no hay declaración de nulidad sin perjuicio acreditado.--- En el caso que nos ocupa no existen motivos para declarar la nulidad de la sentencia, pues la manifestación del a quo sobre que el actor no había ofrecido una prueba no fue el elemento dirimente de la sentencia, sino que fue una razón coadyuvante solamente. ------------ Por otra parte, el recurso de apelación resulta un continente suficiente para dar cabida al análisis de la gaffe alegada, que no tiene por qué anular el pronunciamiento, extralimitando el abordaje formal de la cuestión, pudiendo revisarse el acierto o desacierto sustancial de la misma, sin caerse en excesos rituales. En tal situación corresponde rechazar la nulidad articulada por el actor.---- Sentado ello, corresponde analizar sus agravios. El actor arguye diversos extremos de hecho en su apoyo:----- 1) El análisis del proceso sucesorio ofrecido era relevante para la correcta resolución del litigio.--------------------- 2) La recepción de un pago en disconformidad y bajo reserva de accionar (del 23/12/02) constituyó un hecho interruptivo del plazo de prescripción. ---------- ------ 3) La misiva del 7/2/03 constituye otro acto interruptivo del plazo de prescripción.-------------------------------- 4) El requerimiento de una autorización al juez para que niños menores reciban un pago constituye otro acto interruptivo del plazo prescriptivo.-------------- ------ 5) La aseguradora procede a depositar la suma ofrecida a su parte en enero de 2005. En esa fecha dice la apelante que empieza a correr el plazo prescriptorio (sic).---------------------- De los cinco argumentos elevados por el apelante contra el fallo de grado ninguno de ellos consigue el objetivo de patentizar un desacierto en el acto sentencial impugnado. El actor se queja de la fecha de inicio del cómputo de la prescripción tomada en consideración por el juez de grado. Al hacerlo desliza una serie de argumentos, de variado calibre y acierto. Ninguno de sus argumentos logra conmover el decisorio de grado, por cuanto se trata de alegaciones carentes de apoyatura normativa y, además, varios de ellos se anulan entre sí. No puede soslayarse que los argumentos enumerados como 1), 2) 3) y 4) son incompatibles absolutamente con el denominado Nro. 5). Es que los cuatro primeros argumentos refieren a actos interruptivos del plazo de prescripción y el Nro. 5 mantiene que tal plazo comenzó a correr recién en Enero de 2005. Se trata de una contradicción evidente, por cuanto si el plazo de prescipción, a criterio del apelante, fue interrumpido cuatro veces, ello implica que estaba corriendo desde mucho antes de Enero de 2005. Si recién comenzó a correr en 2005, ¿como puede haber habido actos interruptivos en 2002, 2003, etc.?. Esta manifiesta contradicción del apelante permite ver que ha tirado contra la sentencia de grado todo género de argumentos, aún incompatibles entre sí, quitándole andamiento a su recurso, por las propias contradicciones en que incurre el apelante.-------------- El actor apelante no ha sabido conformar un ataque recursivo sólido y coherente contra la sentencia de grado, motivo por el cual debe considerarse inidóneo su ataque contra ella, que se basa en opiniones y subjetividades, ineficaces para demostrar el desacierto del pronunciamiento atacado.------------------ Como quiera que sea y tratándose de una cuestión donde hay involucrados intereses y derechos de menores, creo menester abordar con algún detalle el tema del cómputo del plazo prescriptivo en autos.-- --- Analizaré los diversos argumentos vertidos por el apelante de a uno y en profundidad.-------------------------------- 1) Alegación de que el análisis del proceso sucesorio ofrecido era relevante para la correcta resolución del litigio y 4) alegación de que el requerimiento de una autorización al juez para que niños menores reciban un pago constituye otro acto interruptivo del plazo prescriptivo. Analizaré ambas en conjunto, dado que se trata de un mismo tema, visto desde dos frentes.--- Yerra el apelante en ambos asertos, toda vez que no era necesario -ni menos, imprescindible- contar con las constancias del sucesorio para resolver este expediente. Tampoco la autorización al juez de aceptar un pago en nombre de menores impedía hasta su dictado la posibilidad de la actora de iniciar estas actuaciones, por cuanto se trata de cuestiones diversas que no interactúan entre ellas. -------------------------------------- Y además, la actora reclama en este expediente una diferencia de lo percibido en la sucesión, diferencia que sabía a qué monto ascendía desde el momento en que le fuera ofrecida y que no dependía de actuaciones en el sucesorio para poder ser reclamada. Y la autorización del juez era para aceptar aquél monto, no para demandar la diferencia. De tal suerte no se encontraba la actora en la imposibilidad de litigar aquí, antes de contar con la autorización que refiere. 2) Alegación de que la recepción de un pago en disconformidad y bajo reserva de accionar (del 23/12/02) constituyó un hecho interruptivo del plazo de prescripción y 3) Alegación de que la misiva del 7/2/03 constituye otro acto interruptivo del plazo de prescripción. También serán tratadas en conjunto, dado que apuntan al mismo tema.------- No veo cuál es el agravio del actor en estos dos puntos. Primero que -contrariamente a lo que parece creer el apelante- no pueden coexistir diversos actos interruptivos del curso de la prescripción. No existen las cadenas de interrupciones prescriptivas: no se pueden sumar actos interruptivos sucesivos de la prescripción, de suerte de ir ocupando espacios temporales y dilatar sine die el cómputo de un plazo prescriptivo. --------------- --- Además, la prescripción no se interrumpe por actos como los que manifiesta el actor sino por el inicio de una demanda. El propio art. 3986 C.C. primer párrafo así lo dice: "La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio". -------- --- Además, a fuer de precisos, la recepción de un pago nunca puede ser un hecho interruptivo, sino que marca el comienzo del plazo para reclamar alguna diferencia derivada de él. Y la reserva de derechos tampoco tienen efecto interruptivo, por cuanto los derechos no se reservan, se ejercen. Las reservas de derechos, en todo caso, lo que provocan es mantener vivo el derecho a reclamar los accesorios (art. 624 C.C.). Pero sostener que la reserva interrumpió el plazo prescriptivo es un grave error. ------------------------- --- Por otra parte, cómo podría haber interrumpido un plazo que, según el juez de grado, no había comenzado a correr. Recuérdese que, según el "esfuerzo interpretativo" hecho en la sentencia de grado, el plazo prescriptivo habría comenzado a correr un año después del 7/2/03, al tomar la misiva de esa fecha como constitución en mora, con los efectos del art. 3986 segundo párrafo. En tal situación, desafortunadamente el apelante carece de agravio en este punto, puesto que está esgrimiendo aquí actos interruptivos del curso prescriptivo respecto de un plazo que cuando ellos se produjeron no había comenzado a correr. La carencia de agravio en esta temática es manifiesta, debiendo rechazarse ambas alegaciones.

--- Por si alguna duda quedara, el segundo párrado del art. 3986 establece que "La prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción".---- --- Es decir que tampoco podría haber dos actos de suspensión -no ya de interrupción de la prescripción- como pretende alegar el apelante.----------------------- La inconducencia de ambos agravios es manifiesta, debiéndoselos rechazar sin más.---------------------------- --- Por último, el agravio relativo a que recién cuando la aseguradora procede a depositar la suma ofrecida a su parte en Enero de 2005 habría comenzado a correr el plazo prescriptivo, tampoco resulta acogible. Ello, por varios motivos: a) Lo que aquí reclama la actora es una diferencia de dinero. Para reclamar esa diferencia la actora tenía expedito el camino desde que se le puso a disposición una suma y ella decidió percibirla, haciendo reserva de reclamar la parte restante. El depósito de la suma originalmente ofrecida más tarde de lo acordado, en todo caso, sería el término de inicio del plazo prescriptivo de los intereses derivados de esa demora. Pero en nada afecta dicha demora la facultad de reclamar una diferencia de dinero que nunca se percibió.---------------- --- Esto que acabo de sostener surge claro de la propia demanda: a fs. 93vta. la actora afirma que la demandada le puso a disposición el 30 de Diciembre de 2002, la suma de $ 71.809 para cada uno de los cinco beneficiarios. Luego afirma que su parte percibió el importe correspondiente a su participación e hizo reserva "del reclamo de la diferencia resultante entre el monto aquí percibido y la suma de pesos equivalentes al monto en dólares equivalente al monto en dólares establecido en el contrato original ....". Luego remite cartadocumento en fecha 7 de febrero de 2003 intimando el pago de lo que juzgaba se le debía y a fs. 94 consigna que el 12 de Enero de 2005 M. L. procedió a depositar el importe correspondiente a sus dos hijos menores mediante dos depósitos judiciales en la sucesión de M. F. F.------------------------- La actora aguardó hasta el año 2006 para iniciar estos autos, cuando ya desde Diciembre de 2002 sabía cuánto percibiría y desde marzo del año siguiente había manifestado su intención de perseguir el cobro de la diferencia de lo pagado hasta alcanzar el valor de esa suma, pero en dólares. Ergo, desde fines de 2002 la actora estaba en condiciones de reclamar la diferencia. El plazo de prescripción aplicable al caso es de un año (cfr. art. 58 Ley 17418). Aún considerando que el plazo pueda haberse suspendido un año por la comunicación de febrero de 2003, igualmente al momento de iniciar la acción el plazo de prescripción estaba largamente cumplido.-------------------------------------- --- Ello, dado que el plazo comenzó a contarse en diciembre de 2002; en el mejor de los casos para el actor, se suspendió el 7 de febrero de 2003 y volvió a contarse un año después, retomándose el cómputo del tiempo ya transcurrido entre diciembre 2002 y febrero 2003, al no tratarse de un supuesto de interrupción sino de suspensión de la prescripción. Ergo, de todas formas para Febrero de 2006 la acción de la actora para reclamar la diferencia entre lo que se le pagara y ella pretendía estaba prescripto, al haber prescripto en Enero de 2005, si se tomara en cuanta a la cartadocumento del 7 de febrero de 2003 como acto de constitución en mora y con los efectos previstos en el art. 3986 segundo párrafo.----------------- --- Conforme se verá infra, en el caso más favorable al actor, el plazo habría prescripto el 19 de Junio de 2005, es decir que de todas las formas de cálculo posible del plazo se extrae la misma conclusión: al momento de interponerse la demanda, la acción estaba prescripta.--------------------- En esta línea, bien se ha decidido que si la acción por cobro del seguro nace del propio contrato resulta de aplicación el plazo de prescripción de un año contado desde que la obligación es exigible (art. 58, ley 17.418). (SCBA, 23/12/03, "González, Mirta Lidia y otros c/ ESEBA S.A. s/ Cobro de seguro", en Juba sum. B49086).--------------- --- Y la obligación es exigible desde que la actora estaba en condiciones de reclamar su derecho, lo cual ocurrió mucho antes del depósito de la suma de dinero correspondiente a los menores en el expediente sucesorio.-------------------- --- Ya con ello bastaría para rechazar el agravio. Pero hay una razón más y mejor para ello, la que resulta definitiva e ilevantable y que no se ha esgrimido en esta litis: el propio texto del in fine del art. 58 ley 17418.--------------------------------- El art. 58 de la Ley 17418 establece que "Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible.-------------------- Cuando la prima debe pagarse en cuotas, la prescripción para su cobro se computa a partir del vencimiento de la última cuota. En el caso del último párrafo del artículo 30, se computa desde que el asegurador intima el pago.----- Los actos del procedimiento establecido por la ley o el contrato para la liquidación del daño interrumpe la prescripción para el cobro de la prima y de la indemnización.---------------------- En el seguro de vida, el plazo de prescripción para el beneficiario se computa desde que conoce la existencia del beneficio, pero en ningún caso excederá de tres años desde el siniestro".---------------- Llama la atención que el in fine de esta norma que establece la solución exacta aplicable al caso no haya sido alegado ni por las partes ni por el juez en autos y se haya desviado la cuestión a aspectos tangenciales que hubieran podido evitarse, acudiendo al texto expreso de la ley.- Repasemos la norma: "En el seguro de vida, el plazo de prescripción para el beneficiario se computa desde que conoce la existencia del beneficio, pero en ningún caso excederá de tres años desde el siniestro".--------------------------------- La actora tuvo conocimiento del beneficio el día de la muerte del tomador; en su defecto, supo o debió saber de la existencia y alcance del beneficio -al menos- en Diciembre de 2002, ante la notificación de la aseguradora cursada a su persona, con lo que -en el mejor de los casos para ella- ahí habría comenzado a correr el plazo prescriptivo. Un año contado desde allí, aún si hubiese una suspensión de un año por una constitución en mora, no puede nunca llegar a conservar el derecho de la parte hasta Febrero de 2006.---------------- Y además, apréciese que el in fine del art. 58 de la ley 17418 -en materia de seguro de vida- no dice que el plazo se cuente desde que la parte esté en condiciones de ejercitar la acción -como surge del art. 3956 del Código Civil y su doctrina- sino que se computa desde que "conoce la existencia del beneficio". El maestro Halperín en su clásica obra expresa que el conocimiento del beneficio "posterior al fallecimiento del asegurado debe probarlo el beneficiario para eximirse de la aplicación de la regla general de que la prescripción comienza el día del fallecimiento del asegurado (HALPERIN, Isaac, "Seguros. Exposición crítica de la Ley 17.418", Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1972, p. 666). ---------- Aún siendo amplios en la apreciación, el actor de autos conoció la existencia del beneficio, sin lugar a dudas, en Diciembre de 2002. Desde allí se contaría el plazo de prescripción.---------------- Pero existe otro valladar a tener en cuenta: según propias manifestaciones de la actora el deceso del tomador del seguro -siniestro cubierto por la póliza- se produjo el 19 de Junio de 2002. (cfr. demanda, a fs. 93). Es decir que aún aplicando la mejor interpretación posible a favor de la actora, que es la que surge del in fine del art. 58 Ley 17418, aún así, dicho plazo "en ningún caso excederá de tres años desde el siniestro". --------------- Desafortunadamente ni la doctrina ni la magistratura ha esclarecido el alcance del último segmento del art. 58 de la ley 17418. Pese a ello, una lectura atenta del mismo devela que se trata de un plazo de caducidad que se yuxtapone a uno de prescripción. El plazo de prescripción de un año que establece el art. 58 primera parte y que se cuenta desde que la correspondiente obligación es exigible, puede ser afectado en su cómputo por diversos supuestos de interrupción o suspensión de su curso. Por ello, y a efectos de que no se eternice el plazo, el legislador en el último párrafo de la misma norma insertó un plazo fatal, que no se interrumpe ni se suspende -y que por ello debe conceptualizarse como plazo de caducidad, de tres años, contados no ya desde que la obligación es exigible -en rigor, desde que el beneficiario ha podido accionar en procura de obtener el cobro de su beneficio- sino que este plazo fatal o de caducidad -que según la ley "en ningún caso" excederá de tres años- se computa desde el siniestro.----- Poniéndolo en palabras llanas, el legislador ha establecido un límite inflexible, inextendible, fatal, improrrogable, ininterrumpible e insuspendible de tres años, contados desde el siniestro para el ejercicio de la acción tendiente a obtener el cobro del seguro de vida. La acción ejercida allende dicho plazo trienal deviene no ya sólo prescripta, sino también caduca. Se trata, como dije antes, de una caducidad que se suma a un plazo de prescripción como mecanismo de certeza.----------------------------- --- En tal situación, aún en la mejor posibilidad para la actora, la prescripción de su derecho se habría producido indudablemente a los tres años de la muerte del tomador del seguro, lo que ocurrió el 19 de Junio de 2005. Habiendo iniciado esta demanda en Febrero de 2006, la misma al momento de iniciarse, estaba prescripta, sin lugar a dudas, por imperio de lo dispuesto en el in fine del art. 58, Ley 17418, lo que así corresponde declarar, confirmando, aunque por otros fundamentos, la solución dada al caso por el juez de grado.---------------------------- --- Propongo en consecuencia al acuerdo el rechazo del recurso de la actora y la confirmación del decisorio de grado en cuanto fuera impugnado por la accionante.----------------------- --- Ingresando ahora al tratamiento del único agravio obrante en el recurso de la demandada, relativo a la imposición de costas, debo decir que el apelante posee razón en su solitario agravio.------- El Sr. Juez a quo en este tópico declaró que "Las costas del pleito se distribuirán por su orden en atención a que la complejidad y proliferación de las normas en las que se enmarcó la emergencia económica y la fluctuante jurisprudencia en la materia, pudieron inducir a los actores a litigar como lo hicieron (art. 68, segunda parte, del Código Procesal)".-------------------------------------- El apelante cuestiona esta decisión, cita algún fallo de esta Cámara, expone varias ideas propias en la materia y al momento de cuestionar el fallo de grado en el fundamento que éste diera para así fallar en materia de costas, expresa el apelante que "El juzgador fundamenta la eximición de cotas en la proliferación de normas de emergencia económica, situación que no es atendible para eximir de costas, ello toda vez que en materia de prescripción se aplica el derecho de fondo, el cual no fue objeto de reforma en la ley de seguros ni en el Código de Comercio, siendo dicho marco normativo el que se aplicó".--------------------------------- Analizando el ataque y la sentencia atacada, llego a la conclusión de que el apelante da en el centro del problema. El juez de grado consideró para resolver como lo hizo "la complejidad y proliferación de las normas en que se enmarcó la emergencia económica y la fluctuante jurisprudencia en la materia, factores que pudieron inducir a los actores a litigar como lo hicieron" (cfr. fs. 237 vta.). ------------- El apelante patentiza en su recurso que en materia de prescripción, "se aplica el derecho de fondo, el cual no fue objeto de reforma en la ley de seguros ni en el Código de Comercio, siendo dicho marco normativo el que se aplicó...".Es estrictamente cierto, que la suerte de esa causa quedó echada por aplicación de una norma que en cuarenta años casi de vigencia, no ha sufrido reformas en cuanto a su régimen de prescripción. Ello así, el argumento del sentenciante de origen, aunque plausible en cuanto a su finalidad, carece de una motivación sólida y válida que lo sustente. Ergo, no existen en autos elementos que permitan apartarse del principio objetivo de la derrota establecido en el art. 68 C.P.C.C., regla general en la materia y del que cabe apartarse solamente en casos debidamente justificados.--- En materia de costas el criterio dominante, seguido por esta Cámara sostiene que la llamada "razón probable para litigar" no constituye motivo suficiente para eximir del pago de las costas al litigante vencido, sino sólo en casos verdaderamente excepcionales, debiendo existir elementos objetivos en la causa, apoyados en circunstancias fácticas o jurídicas que demuestren la razonabilidad del derecho sostenido en el pleito.-------- A la luz de esta tesitura, no se advierten en la especie motivos de excepción a la regla general, más aún teniendo en vista el derecho aplicado para la solución del caso.---------------------- Por ende, habré de proponer la modificación del decisorio apelado en este tópico, proponiendo la imposición de costas en ambas instancias a la parte actora vencida (art. 68,C.P.C.C.).- La modificación del resultado del fallo, lleva a adecuar las costas y honorarios de grado al nuevo pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.), por lo que la apelación de los honorarios articulada a fs. 242 vta. deviene una cuestión abstracta, de aquellas sobre las que no corresponde pronunciarse.-------------------------------------- Los emolumentos profesionales de grado deberán readecuarse a la modificación parcial de la sentencia de grado aquí dispuesta. En tal situación, entiendo que la extensión, calidad, eficacia de las tareas, etapas de actuación y resultados respectivamente obtenidos por los letrados intervinientes, tornan equitativo y razonable determinar dichos honorarios en los siguientes porcentajes: a) para el Dr. E. R. M., en el 10%; b) para el Dr. W. G. M., en el 4%; c) para el Dr. P. O. A., en el 12% y d) para el Dr. N. O. M., en el 4,8% (arts. 6, 7, 9, 19, 38, 47 y conc., Dec. Ley 2.200). En todos los casos, a computarse sobre el monto del proceso que se determine en etapa de ejecución de sentencias.-------- Por lo anteriormente expuesto, propongo el rechazo de los recursos de fs. 242/vta., y 253/255vta. y, la confirmación en cuanto fuera materia de recursos y agravios de la sentencia de fs. 233/238, con excepción de las costas allí impuestas, que se dejan sin efecto y se imponen a la actora vencida (art. 68 CPCyC). --------------------------------- En cuanto a la imposición de las costas de alzada se impondrá también a la actora que ha resultado vencida (art. 68 CPCyC).--- --- Propongo asimismo regular los honorarios de Alzada en los siguientes porcentajes: para los Dres. N. M. y P. A., letrados de la demandada, en un veintinueve por ciento de los que le fueran determinados en primera instancia y para los Dres. E. M. y W. G. M., letrados de la actora, en un veinticinco por ciento de los que les fueran determinados como correspondientes a la instancia de grado, lo que así propongo al Acuerdo. Ello al interpretar que tales regulaciones se corresponden con la extensión, eficacia, mérito y resultados de las labores que aquí realizaran (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47, Ley 2.200).----------------- --- Ello así, A LA PRIMERA CUESTIÓN, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.--------------------------- Así lo voto.----------------------- --- A ESTA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari dijo: - I. El Dr. López Mesa ha brindado en su voto una clara e ilustrativa reseña de los antecedentes que informan el caso, así como de los motivos de agravio expuestos por los apelantes, dando satisfacción con ello a las exigencias establecidas en los arts. 163 y 164 C.P.C.C., por lo que resulta innecesario abundar en mayores detalles sobre dichos tópicos. En consecuencia, abordaré directamente los puntos traídos a decisión de esta alzada.--------------------------------- II. El planteo de nulidad: ------ En plena coincidencia con el colega de primer voto, opino que la sanción de nulidad solicitada por el recurrente debe ser liminarmente desestimada. Al respecto, ha expresado esta Cámara en reiterados casos análogos que, aun en el hipotético caso en que se comprobara la existencia de algún vicio u omisión en el pronunciamiento -en la especie, se refiere a la alegada falta de apreciación de un elemento de prueba-, ello constituiría en todo caso una falencia intrínseca del decisorio, es decir, de un supuesto defecto de juzgamiento perfectamente subsanable por la vía apelativa.------------------------------- En efecto, conforme ha venido sosteniendo reiteradamente este Cuerpo, de presentarse una irregularidad de estas características, ello no justificaría la solución requerida, por cuanto que el recurso de nulidad contemplado en el art. 253 C.P.C.C. está circunscripto a los vicios extrínsecos que, al quebrantar intolerablemente las formas y solemnidades legales, descalifican insanablemente una sentencia como acto jurisdiccional; mientras que las deficiencias de juzgamiento basadas, como se pretende en la especie, en virtuales fallas de apreciación respecto del material probatorio, constituyen en cambio típicos supuestos reparables a través del recurso de apelación (conf. MORELLO y otros, "Códigos Procesales...", t. III, pág. 264, ss. y conc. - Ed. Platense - Ab. Perrot, 1988). Así es que, de hallarnos ante la eventual configuración del vicio referido por la parte nulidicente, el mismo nunca podría dar lugar al severo mecanismo impetrado, reservado como está para aquellos casos en que los defectos de la sentencia conducen indefectiblemente a invalidarla como acto jurisdiccional, por no admitir otro remedio procesal idóneo para su reparación (art. cit., su doctrina; conf. mis votos en Exptes. 14615; 15420; 17041; 22828 - entre muchos otros).------------- Sobre la traza de estos lineamientos, la circunstancia de que el sentenciante prescindiera de valorar las constancias del juicio sucesorio ofrecido como prueba por la parte actora, en ningún caso comportaría un vicio de aquellos que autorizan acudir al remedio extremo requerido pues, si en efecto dicha prueba resultara esencial para la solución del litigio, tal omisión podría ser perfectamente suplida en esta instancia.--------------- --- Por las consideraciones vertidas, concuerdo con el Dr. López Mesa en que el planteo de nulidad debe ser rechazado sin más trámite.------------------------------------- III. Los agravios acerca de la defensa de prescripción acogida: ----------------- Tan diáfana e indisputable es la solución contenida en el fallo apelado acerca de este tópico cuanto lo es la fundamentación del colega que me ha precedido en el voto, por lo que francamente nada novedoso podré agregar al respecto. Sin embargo, constreñido por la manda del art. 169 de la Constitución Provincial, debo aquí exponer las razones en las que he de fundar mi opinión coincidente, tarea que abordaré a continuación, a riesgo de incurrir -por lo ya expresado- en una forzosa reiteración de conceptos.---------------------- Dado que el señor vocal preopinante ha abordado en forma puntual cada uno de los argumentos del recurrente, dándoles respuesta cabal y pormenorizada en cada caso, no habré de incursionar en todas las argumentaciones vertidas en la pieza de agravios sino en aquellas que, a mi juicio, resultan dirimentes para la solución de la controversia.------ ------ 1) Así, en primer lugar, puede advertirse que la consulta a las actuaciones del juicio sucesorio no aportarían ningún elemento innovador para la consideración del caso, ya que todos los datos determinantes para el cómputo de la prescripción se encuentran incorporados al proceso y permiten una adecuada valoración a los fines de un pronunciamiento sobre este aspecto.------------- 2) Luego, respecto del cómputo para la prescripción, es preciso señalar que, sea cual fuere la fecha a considerar en la especie para el inicio del mismo, así como los actos suspensivos o interruptivos, en cualquier caso estaría cumplido el plazo legal para la liberación de la demandada. Veamos.---------------------- 3) Para comenzar, la ley 17.418 establece como regla general a este efecto que las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible (conf. art. 58, proemio - id. S.T.J. Chubut - 08-11-1974 - S., M. L. otro c/L. P. C. A. d. S. G. S.A - elDial - ASC7D). Y en cuanto al seguro de vida, el mismo artículo en su parte final determina que el plazo de prescripción para el beneficiario se computa desde que conoce la existencia del beneficio, pero en ningún caso excederá de tres años desde el siniestro. Este último párrafo tiene en cuenta la imposibilidad de hecho en que puede hallarse el beneficiario de un seguro de vida que no reclama la indemnización, sea por desconocer su designación o el hecho mismo del fallecimiento del asegurado. Por tal motivo, dispone que el plazo de prescripción se computa desde que conoce la existencia del beneficio; sin embargo la ley limita su ejercicio, estableciendo un plazo máximo de tres años contados a partir del siniestro. Obsérvese que sólo se modifica el inicio del cómputo de la prescripción, sin que ello importe establecer un término de prescripción mayor; circunstancia que constituye una excepción al principio general consagrado en el párrafo 4° de este artículo (CNCom, Sala D, "in re": "Sanguinetti, Julio c/ Instituto Italo Arg. de Seguros Grales SA s/ ord.", del 31.05.94, CNCom, Sala A, "in re" "Ulmete Asdrúbal c/ La Meridional Cia. De Seguros S.A.", del 16.06.88 - id. "Spedale Gustavo Adolfo c/ Aseguradoras de Personas Galicia SA y otros s/ ordinario" - CNCom. - SALA B - 28/07/2005 - elDial - AA2D50).--------------------------- En rigor, como bien lo ha señalado el colega de primer voto, por sus efectos, este plazo de tres años funciona como un verdadero plazo de caducidad en orden al conocimiento del seguro -p. ej. para el supuesto en que el beneficiario no conociera o conociera muy tardíamente la existencia del beneficio a su favor (plazo de caducidad o de garantía)-, pero no altera la anualidad fijada en el primer apartado del precepto (conf. CNTrab., Sala VII - S.D. 39339 del 26/06/06. Exp. 12225/04. "ZIRALDO, Juan c/ CAJA DE SEGUROS S.A. s/ Seguro de Vida Obligatorio" - elDial - AL1949; id. CNTrab., sala X Sent. 2765 del 26/11/1997 "DABLIZ, Alberto C/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO Y OTRO S/ diferencias de salarios" - elDial - AL2A7; entre otros id. S.C.Justicia de Mendoza en pleno - "DONOSO, NILDA ESTHER EN J: DONOSO, NILDA c/ CAJA DE SEG. DE VIDA S.A. s/ COBRO DE PESOS - ORDINARIO - CASACIÓN" - 13/11/2001 - Fallo N° 1199166 - elDial - MZ370D).----- Este es, por tanto, el marco normativo en el que se inscribe la cuestión planteada.----------------------------------- 4) Así las cosas, siendo que el causante falleció el 19 de junio de 2002, cualquiera fuere el dies a quo computable para el inicio de la prescripción y/o los actos suspensivos o interruptivos sucedidos en el curso de la misma, el plazo máximo para efectuar el reclamo de la obligación, conforme al citado art. 58, última parte de la Ley de Seguros, se habría de cumplir en todo caso, fatalmente, el 19 de junio de 2005. De tal modo, siendo que la presente demanda fue iniciada el 1°/02/2006 (conf. cargo de fs. 101), resulta claro que a esa altura la acción ya se encontraba prescripta, por haber transcurrido con creces el plazo máximo otorgado por la ley.----------------- 5) No obsta a esta solución la circunstancia de que la parte interesada no haya invocado este fundamento legal en concreto, por cuanto, habiéndose opuesto la defensa de prescripción, sabido es que con arreglo al conocido principio de iura curia novit, el juez no sólo tiene la facultad, sino también el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes. Esa potestad propia de los jueces deriva de los principios esenciales que organizan la función jurisdiccional y de su deber de procurarse el conocimiento del derecho que rige el caso. Así, el juez tendrá frente a los hechos la norma que rige la cuestión litigiosa y esta norma será la que deberá aplicar, cualquiera hubiese sido la denominación jurídica que las partes hubieren usado y aun cuando hubiesen omitido referirse al derecho (conf. Falcón, E.M., "Código Procesal...", t. II, p. 140 y sus citas - A. Perrot, 1983).------------------------ 6) Las consideraciones precedentes tornan a mi juicio irrelevantes los agravios referidos a los hechos y actos interruptivos y/o suspensivos del curso de la prescripción, puesto que los mismos no alterarían en ningún caso el cómputo ya expresado ni variarían, en definitiva, la suerte de la defensa opuesta por la demandada, que -por fundamentos distintos a los expuestos en el fallo apelado- ha sido correctamente acogida.------------------ IV. La imposición de las costas en primera instancia: ------------------------------- Coincidiré asimismo con la postura reflejada por el distinguido colega en su voto acerca de este tópico.--------- En vista de los fundamentos expuestos por el juez de primera instancia para distribuir las costas en el orden causado, la crítica de la demandada apelante resulta inobjetable.-------------------- Ello así, en tanto puede observarse que el a quo tuvo en consideración "la complejidad y proliferación de las normas en que se enmarcó la emergencia económica y la fluctuante jurisprudencia en la materia, factores que pudieron inducir a los actores a litigar como lo hicieron" (fallo, fs. 237 vta.). Al cuestionar este conciso fundamento la recurrente lo refuta en concreto señalando que, en materia de prescripción, "se aplica el derecho de fondo, el cual no fue objeto de reforma en la ley de seguros ni en el Código de Comercio, siendo dicho marco normativo el que se aplicó..." y alude, en definitiva, al principio objetivo de la derrota establecido en el art. 68 C.P.C.C., afirmando que no existen motivos para apartarse de dicha regla general en la materia.--- Nada más cierto. Puede observarse que con independencia de atendibilidad o improcedencia los planteos referidos al fondo del asunto -contrato en dólares, su pesificación, inconstitucionalidad de la legislación de emergencia, etc.- estos aspectos ni siquiera llegaron a ser materia de examen en sede jurisdiccional, habida cuenta de que la demandada opuso como primer artículo defensivo prescripción de la acción, resguardo que, al haber prosperado, dio por tierra con la pretensión entablada sin más trámite. Por otra parte, para acoger esta defensa se aplicó una norma de fondo vigente desde hace más de cuarenta años, que no ha merecido modificación alguna con la llamada "legislación de emergencia", por lo que el fundamento del a quo carece de adecuado sustento para justificar una excepción al principio general establecido en el art. 68 del C.P.C.C.---------------------------------- En esta materia, tanto la doctrina como la jurisprudencia vienen sosteniendo de manera pacífica que, en principio, la llamada "razón probable para litigar" no constituye motivo suficiente para eximir del pago de las costas al litigante vencido, sino sólo en casos verdaderamente excepcionales, debiendo existir elementos objetivos en la causa, apoyados en circunstancias fácticas o jurídicas que demuestren la razonabilidad del derecho sostenido en el pleito (conf. Loutayf Ranea, R.G., "Condena en costas en el proceso civil", p. 78 y ss. y sus citas - Astrea,1998). En consonancia con este criterio, al que adhiero, no advierto que en la especie concurran tales motivos de excepción, ni mucho menos que lo sean los invocados por el sentenciante en su fallo, en vista del derecho aplicado para la solución del caso.-------------- Comparto, pues, la propuesta expresada por el colega de primer voto en el sentido de modificar el decisorio en este aspecto, a fin de imponer las costas en ambas instancias a la parte actora vencida (art. 68,C.P.C.C.).----------------------------- V. Al modificarse el resultado del fallo, deben adecuarse las costas y honorarios de primera instancia a este nuevo pronunciamiento en virtud de lo establecido en el art. 279 C.P.C.C., por lo que la apelación de los honorarios articulada a fs. 242 vta. deviene una cuestión abstracta, de aquellas sobre las que no corresponde pronunciarse.----------------------- --- En cuanto a la adecuación de los estipendios profesionales, considero que en todos los casos deben fijarse en términos porcentuales, en tanto la base regulatoria estará dada por el capital reclamado con adición de los intereses calculados hasta la fecha de este pronunciamiento, conforme a la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia provincial para los supuestos de rechazo de la demanda. En este cometido, atendiendo a la extensión, calidad, eficacia de las tareas, etapas de actuación y resultados respectivamente obtenidos por los letrados intervinientes, estimo razonable fijar los porcentajes que propone el Dr. López Mesa, a saber: a) para el Dr. E. R. M., en el 10%; b) para el Dr. W. G. M., en el 4%; c) para el Dr. P. O. A., en el 12% y d) para el Dr. N. O. M., en el 4,8% (arts. 6, 7, 9, 19, 38, 47 y conc., Dec.Ley 2.200).- --- Con relación a las costas y honorarios de alzada, en vista del resultado al que se arriba, concuerdo en que las primeras sean íntegramente a cargo de la parte actora (art. 68, CPCC), fijándose las retribuciones profesionales en los porcentajes propuestos por el colega preopinante -que doy aquí por reproducidos, en mérito a la brevedad- atendiendo a las mismas pautas de valoración expresadas precedentemente (arts. 6, 14, 47 y conc. Dec. Ley 2.200).------------------------------ --- VI. Conclusiones: ---------------- A mérito de las consideraciones precedentes y en plana concordancia con la propuesta del señor magistrado preopinante, corresponde: I) confirmar en lo principal el fallo apelado, modificándolo en cuanto a las costas y honorarios, siendo las primeras a cargo de la parte actora vencida, y adecuándose las retribuciones profesionales como sigue: a) para el Dr. E. R. M., en el 10%; b) para el Dr. W. G. M., en el 4%; c) para el Dr. P. O. A., en el 12% y d) para el Dr. N. O. M., en el 4,8% -------------------------- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.----------- A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo:--------------------------------- --- Los desarrollos realizados respecto de la primera cuestión planteada, convencen de la pertinencia del rechazo de los recursos de fs. 242/vta., y 253/255vta.. y, la confirmación en cuanto fuera materia de recursos y agravios de la sentencia de fs. 233/238, con excepción de las costas allí impuestas, que se dejan sin efecto y se imponen a la actora vencida (art. 68 CPCyC). En cuanto a la imposición de las costas de alzada se seguirá el mismo criterio (art. 68 CPCyC). Los emolumentos profesionales de grado deberán readecuarse a la modificación parcial de la sentencia de grado aquí dispuesta. En tal situación, entiendo que la extensión, calidad, eficacia de las tareas, etapas de actuación y resultados respectivamente obtenidos por los letrados intervinientes, tornan equitativo y razonable determinar dichos honorarios en los siguientes porcentajes: a) para el Dr. E. R. M., en el 10%; b) para el Dr. W. G. M., en el 4%; c) para el Dr. P. O. A., en el 12% y d) para el Dr. N. O. M., en el 4,8% (arts. 6, 7, 9, 19, 38, 47 y conc., Dec. Ley 2.200). En todos los casos, a computarse sobre el monto del proceso que se determine en etapa de ejecución de sentencias. Propongo asimismo regular los honorarios de Alzada en los siguientes porcentajes: para los Dres. N. M. y P. A., letrados de la demandada, en un veintinueve por ciento de los que le fueran determinados en primera instancia y para los Dres. E. M. y W. G. M., letrados de la actora, en un veinticinco por ciento de los que les fueran determinados como correspondientes a la instancia de grado, lo que así propongo al Acuerdo.--- Así lo voto.------------------------ --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: ------------------------------------- Tal como ya lo adelanté, comparto la resolución propuesta por el colega preopinante en todos sus términos, votando en sentido idéntico.------------------ --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (art. 9 Ley 1130, To. Ley 4550).------------------ Trelew, 15 de diciembre de 2008.------------------------ En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:------------------------- S E N T E N C I A: - I) RECHAZAR los recursos de fs. 242/vta., y 253/255vta.------------------------------- II) CONFIRMAR en cuanto fuera materia de recursos y agravios de la sentencia de fs. 233/238, con excepción de las costas allí impuestas, que se dejan sin efecto.------------------------ III) IMPONER las costas de primera instancia y alzada a la actora vencida (art. 68 CPCyC).-------------------- --- IV) REGULAR los honorarios de Alzada para los Dres. N. M. y P.A., letrados de la demandada, en un veintinueve por ciento de los que le fueran determinados en primera instancia y para los Dres. E. M. y W. G. M., letrados de la actora, en un veinticinco por ciento de los que les fueran determinados como correspondientes a la instancia de grado.-------------------- V) Regístrese y notifíquese ---- Regístrese, notifíquese y devuélvase.------------ FDO.: CARLOS DANTE FERRARI - MARCELO J. LOPEZ MESA --- REGISTRADA BAJO EL Nº 041 DE 2.008 - SDC.- Conste.------------- PAULO EDUARDO KÔNIG SECRETARIO DE CAMARA.