Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-07-31


AUTOS N° 110923 (4° Juzgado Civil) (N° 11512 - SALA III) "GUTIERREZ Marcelino Orlando C/ Hospital Privado del Colegio Medico de San Juan y Otro - Daños y Perjuicios" ///Juan, a 31 días del mes de Julio de dos mil quince.

EL SR. JUEZ DE CÁMARA DR. JUAN CARLOS PÉREZ, dijo:

VISTO:

Para resolver el recurso de apelación concedido a la parte demandada a fs. 384, contra la sentencia de fecha 19 de marzo de 2014, obrante a fs. 384/385.

CONSIDERANDO:

El Sr. Juez a-quo resolvió: "I) Rechazar el planteo de perención deducido a fs. 373 por la citada en garantía, con imposición de costas a su cargo. II) Regular los honorarios correspondientes al Dr. Guillermo Atienza, por su labor incidental en doble carácter, en la suma de Pesos Seiscientos ($ 600,00). Regulando los honorarios correspondientes al Dr. Javier Sánchez Almiñana por su participación incidental en doble carácter, en la suma de Pesos Ochocientos ($800,00). Ambas regulaciones deben computarse a la fecha del presente dictum. III) Ordenar continúe la causa de conformidad con su estadío procesal...".

Contra esta resolución se alza la demandada a fs. 387, el recurso se le concede a fs. 388. Expresa agravios a fs. 391/392, los que fueron contestados a fs.396 por la parte actora.

Según constancias de fs. 377, el 04 de septiembre de 2013 la demandada plantea caducidad de la primera instancia, por haber transcurrido con exceso el plazo de seis meses establecido en el art. 274, inc. 1° del C.P.C.

A fs. 381 la actora responde el traslado pertinente, solicitando el rechazo de lo pretendido, por no ser acusada la misma dentro del plazo legal para hacerlo, en subsidio solicita responsabilidad del perito.

Agravios de la apelante:

Primero: Se agravia de la resolución en cuanto a la errónea interpretación que efectúa el a-quo del art. 275 inc. 5 del C.P.C. Señala al respecto que el instituto de la perención tiene como objeto evitar que los procesos se dilaten en el tiempo y la ley exige dos requisitos: transcurso del plazo legal y la inactividad de las partes.

Aduce que resulta absolutamente contradictorio de parte de la resolución afirmar que el plazo de prueba estaba cumplido, cuando el expediente estaba en poder de la perito médico designado en la causa, habiendo transcurrido el plazo de caducidad con el expediente en manos del perito, sin que la actora hiciera ningún acto impulsorio. Agrega que si el expediente estaba prestado, el proceso se encontraba en período de prueba, la actora en consecuencia debió impulsar el procedimiento pudiendo hacerlo de varias maneras, las que ejemplifica como pedir se intimara al perito médico, pedir su remoción, pedir el secuestro del expedientes, situaciones que no acontecieron en autos.

Insiste en señalar que la aplicación que hace el Juez de la norma del art. 275 inc. 5 es errada y no se compadece con una interpretación orgánica de la institución de la caducidad de la instancia, siendo esta de carácter restrictivo.

Por otro lado, expresa que tampoco nos encontramos en un caso de actuaciones en las cuales la actividad se encuentra a cargo del Tribunal, porque se encontraba pendiente una prueba esencial para el proceso, al estar prestado el expediente para la realización de la pericia no es obligación ni del secretario ni del Juzgado estar pendientes de la devolución del mismo ni de la presentación de la pericia.

Por último resalta que la contestación de agravios efectuada por la actora implica casi un allanamiento a la incidencia en cuanto a los términos expresados en dicho escrito siendo por otro lado el período de apertura a pruebas por treinta días una ficción, nadie puede afirmar seriamente vencido el plazo teórico para expresar que no exista caducidad de instancia. Efectúa reservas constitucionales.

Corrido traslado de los agravios los contesta el actor a fs. 396, expresando su conformidad con la sentencia dictada y la normativa aplicada en virtud del principio de la perdurabilidad de la instancia, por lo que solicita el rechazo del recurso con costas.

TRATAMIENTO DEL RECURSO	Haciendo un estudio liminar de las presentes actuaciones, adelanto mi opinión en el sentido del acogimiento del recurso traído a estudio, ello por cuanto sin lugar a dudas es errónea la interpretación efectuada por el señor juez respecto de los principios contenidos en el art. 275 inc. 5 del C.P.C..-	Si bien se advierte que los presentes autos se encontraban transitando la etapa probatoria, no coincido con lo expresado por el a-quo respecto a la conclusión de la misma, más allá de que el término original por el cual dicha etapa fue abierta, haya precluido. Ello es así por cuanto, surge de las propias actuaciones que al momento de ser acusada la perención en fecha 04 de septiembre de 2013 (fs. 377) la pericia no había sido concluida, adviértase que la labor pericial fue presentada en fecha 07 de octubre de 2013, conforme surge del cargo obrante a fs. 363 es decir con posterioridad al acuse de perención, no obstante que los escritos se encuentran agregados en forma desordenada en cuanto a su fecha en autos.

Por otro lado, no puede el juzgador, expresar que el plazo de prueba se encontraba finalizado por haber transcurrido los treinta días de su apertura, puesto que es él mismo, quien autoriza en fecha 27 de diciembre de 2012 ( fs. 362) la intimación al perito Daniel M. González a presentar su pericia en el término de cinco días, intimación que dispone sea notificada personalmente o por cédula, recayendo dicha actividad en la parte proponente de la prueba y solicitante de la medida, esto es la actora, desde dicho decreto, hasta la presentación de la pericial efectuado por el técnico, ha trascurrido sin duda el plazo legal de seis meses, siendo acusada la caducidad con antelación a la presentación de dicho dictamen, por lo que corresponde sea declarada como tal.

A mayor abundamiento me permito dejar señalado, en cuanto al plazo de prueba, que es necesario hacer una distinción entre el plazo formal fijado por la norma adjetiva y el real que surge de las posibilidades y capacidades de todo Tribunal originario en la recolección de las mismas. Debe estarse siempre al plazo real de prueba producido en el expediente de lo contrario se incurriría en un exceso ritual injustificado y manifiesto.

En el caso de autos no puede dudarse que nos encontramos dentro de la etapa probatoria, en donde al no haber dispuesto el a-quo que el actuario confeccione el certificado de las pruebas producidas, ordenando el traslado correspondiente para que las partes presenten el escrito alegando sobre el mérito de las mismas, conforme lo dispuesto por el art. 446 del C.P.C., la etapa aludida se encontraba abierta y con prueba pendiente de producción al momento de deducirse el incidente de caducidad, por lo que terminan por cumplirse los presupuestos exigidos a tal efecto esto es: a) la existencia de una instancia, b) la inactividad procesal absoluta o actividad jurídicamente inidónea, c) el transcurso del plazo normado en la ley ritual para declarar la procedencia de la misma.

Por lo expuesto, reitero que conforme constancias de autos y considerando especialmente el plazo trascurrido desde el decreto de intimación al perito para presentar su pericia de fecha 27 de diciembre de 2012 fs. 362 y la presentación formalizada a fs. 377 de fecha 04 de septiembre de 2013, con apego a lo dispuesto por el art. 274 inc. 1° del C.P.C., art. 275 y cc ibid corresponde hacer lugar al recurso de apelación, declarando perimida la instancia en autos.

En cuanto a la imposición de costas conforme lo dispuesto por los arts. 67, 72 y 264 del C.P.C., corresponde imponerlas respecto de esta instancia a la actora vencida, y respecto de la primera instancia por el orden causado.

En cuanto a la regulación de honorarios, cabe determinar que la base regulatoria, atento la caducidad del principal actualmente decretada, la misma será de la mitad de la suma reclamada en la demanda. Se regulan a tal efecto los honorarios de los profesionales intervinientes en el incidente de caducidad por su labor desarrollada en primera instancia de la siguiente manera: al Dr. Guillermo M. Atienza, en carácter de apoderado de la citada en garantía y como vencedor en el 4,8% de la liquidación que oportunamente se practique, y los honorarios del Dr. Javier Sánchez Almiñana, como apoderado del actor y como vencido, en el 3,36% de la liquidación también que oportunamente se practique, quedando pendientes de regulación los honorarios por las tareas cumplidas en el principal.

Asimismo se regulan los honorarios de los profesionales intervinientes en doble carácter, por la labor cumplida en el incidente de caducidad en esta Segunda instancia al Dr. Guillermo Atienza en el 40% de la regulación que le corresponda en primera instancia y al Dr. Sánchez Almiñana en el 30% de la regulación de primera instancia de conformidad con lo dispuesto por los arts. 188, 196 de la ley arancelaria 56-O y art. 800 inc. 10 del C.P.C.

EL SR. JUEZ DE CÁMARA DR. DANIEL OLIVARES YAPUR, dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Juan Carlos Pérez.

Por todo ello, SE RESUELVE:

1) Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 387 contra la sentencia de fecha 19 de marzo de 2014, obrante a fs. 384/385 la que se revoca en todas sus partes declarando perimida la primera instancia.

2) Imponer las costas del incidente de caducidad a la actora vencida y las del proceso principal por el orden causado.

3) Fijar la base regulatoria en la mitad del monto reclamado en la demanda, quedando pendiente la regulación en primera instancia por el proceso principal.

4) Regular los honorarios en el incidente de caducidad al Dr. Guillermo Atienza, como vencedor en el 4.8% y al Dr. Sánchez Almiñana como vencido en el 3.36% de la liquidación que oportunamente se practique.

5) Regular los honorarios de los profesionales interviniente en doble carácter por la labor cumplida en el incidente de caducidad en el 40% al Dr. Atienza y en el 30% al Dr. Sánchez Almiñana de lo que corresponda en primera instancia de conformidad con lo establecido en los arts. 188, 196 de la ley 56-O y art. 800 inc. 10 del C.P.C.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C..FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. JUAN CARLOS PEREZ. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. AUTOS T° II F° 80/83 AÑO 2015.