Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-27


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 11.424 Expediente Nº 33.090/02. Sala IX. Juzgado Nº 32.- En la ciudad de Buenos Aires, el 27 de abril de 2004 , para dictar sentencia en las actuaciones caratuladas "ROGGERO, JORGE LUIS S c/ BANSUD S.A. S/ DESPIDO", se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini dijo:

I - La parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 211/214, apela la sentencia de grado, sintiéndose agraviada porque el Sr. Juez a quo consideró que la relación habida entre las partes se trató de una pasantía laboral. También se queja por la forma en que fueran impuestas las costas y por considerar elevados los honorarios regulados a los profesionales intervinientes.

II - La queja principal intentada, en mi opinión, resulta idónea para revertir el fallo de grado.

Al respecto, destaco que no mereció reparo alguno que la relación que uniera a las partes nació como consecuencia de un programa de pasantías en el marco del convenio cuya copia luce a fs. 30/31, como así tampoco que las mismas firmaron la "carta acuerdo" del 20 de junio de 2000, mediante la que celebraron el convenio de pasantía en los términos del decreto 340/92, para que el actor cumpliera prácticas en la empresa demandada por el lapso de 6 meses dentro del horario de 8.00 a 15.00 hs. de lunes a viernes, con la asignación estímulo de $ 800.- mensuales (ver fs. IV del sobre que corre por cuerda).

En dicha inteligencia y ante la controversia de la normativa aplicable, he de señalar que no puede resolverse la cuestión bajo la órbita del decreto 340/92, por cuanto no se encontraba vigente a la fecha del acuerdo de marras, habida cuenta que el mismo fue celebrado el 20 de junio de 2000, es decir, estando vigente la denominada ley de "Pasantías Educativas" nº 25.165, sancionada el 15/12/99, promulgada el 6/10/99 y publicada en el Boletín Oficial el 12/10/99, la que en mi opinión, resulta aplicable al caso de autos.

Ello es así, por cuanto considero que no corresponde estar a las previsiones del decreto 487/00 del 3/7/00, puesto que dicha norma es posterior a la fecha de comienzo de la vinculación a la que se sometieron las partes, no pudiendo considerarse la renovación del 20/12/00 como un nuevo acuerdo, puesto que se trató precisamente de una renovación - valga la redundancia - y no de un nuevo contrato de pasantía, ya que la actividad del actor continuó siendo la misma que desde el día del comienzo del vínculo, toda vez que las partes no manifestaron lo contrario.

Por ello, en virtud del principio de primacía de la realidad y del de irretroactividad de la ley (art. 3º del Código Civil), no puede aplicarse retroactivamente el decreto 487/2000, máxime que del instrumento de fs. 32 surge que las partes se sometieron a las previsiones de la ley 25.165, la que en mi opinión, por estar vigente a la fecha en que se celebró el convenio de pasantía, resulta aplicable para resolver la cuestión sometida a debate.

Desde tal óptica y toda vez que tanto de los instrumentos que la propia demandada trae a la causa a fs. 32/35 como del responde de fs. 37/41, surge claramente que el plazo de duración del acuerdo de pasantía excede el máximo de un año, sumado a que el horario de labor era de 7 horas diarias de lunes a viernes (ver contestación de demanda fs. 38 vta. y fs. IV del sobre que corre por cuerda) que también excede la jornada legal de 4 horas diarias, previstos por el art. 11 de la ley 25.165; no cabe otra solución que entender que el contrato de "pasantía" que duró 19 meses (ver responde fs. 38) se realizó en fraude a la legislación vigente a la fecha de la contratación, razón por la cual debe considerarse que se transformó en un contrato de trabajo por tiempo indeterminado (art. 90 de la L.C.T.).

En consecuencia y toda vez que fue la demandada quien puso fin a la relación laboral existente en los términos de la misiva cuya copia luce a fs. 28 y respecto de la cual ambas partes fueron contestes en cuanto a que fue recepcionado el 30 de enero de 2002 (ver fs. 8 vta., sello al pie de fs. 28 y manifestaciones del responde de fs. 38), de la que surge que simple y sencillamente rescindió el contrato de trabajo, con lo cual corresponde considerar que así dispuesta la desvinculación del actor, existió un despido sin causa a partir de dicha fecha, el que en el marco de los arts. 242 y 246 de la LCT, debe ser indemnizado.

III - En dicha inteligencia, no corresponde acoger el pago del salario del mes de febrero de 2002 reclamado.

IV - En cambio, sí prosperaran los rubros preaviso, SAC 2000, 2001 y prop. 2002 y las vacaciones 2001 no vencidas, en tanto la parte demandada no acreditó su pago (cfr. arts. 138 y 141 de la LCT).

Asimismo, progresará la multa del art. 2 de la ley 25.323, por cuanto el actor efectuó la intimación al pago de las indemnizaciones derivadas del despido (ver misiva de fs. 130 y fs. 141).

V - Distinta será la suerte de las multas de la L.N.E., habida cuenta que el actor no efectuó la intimación del art. 11 de dicho ordenamiento legal, previo a haber recepcionado el telegrama cuya copia luce a fs. 28.

VI - Igual suerte correrá el reclamo fundado en el art. 45 de la ley 25.345, habida cuenta que no surge del inicio el sustento fáctico y jurídico que habilite su procedencia, incumpliéndose en el punto con los requisitos del art. 65 de la L.O..

VII - A fin de determinar los rubros que prosperarán tomaré la remuneración de $ 900.- que surge de los instrumentos traídos por ambas partes a la causa.

Por ello, surge un monto de condena de: $ 7.741,50; desglosado en: 1) indemnización por antigüedad $ 1.425.- ($ 900 ÷ 12 x 19 meses) + preaviso $ 900.- + 3) SAC 2000, 2001 y prop. 2002 $ 1.425 + 4) vacaciones 2001 $ 504 + 5) art. 2º ley 25.323 $ 1.162,50 + 6) art. 16 ley 25.561 $ 2.325.- ($1425 indemnización por antigüedad + $900 preaviso). Al cual deberá adicionársele desde que cada suma es debida un interés anual del 12 % hasta el 31/12/2001 y a partir del 1/2/2002 deberá aplicarse un interés similar a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General de la Cámara (cfr. Acta 2357 de esta CNAT del 7/5/02 mod. por la Res. nº 8 del 30/5/02).

VIII - También progresará la condena a la entrega del certificado de aportes y servicios del art. 80 de la L.C.T. en tanto la demandada no acreditó su entrega efectiva, bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que eventualmente fije el juez de grado.

IX - La revocatoria del fallo de grado me lleva a efectuar una nueva imposición de costas y honorarios (art. 279 CPCCN), declarando abstractas tales cuestiones.

Considerando que la parte demandada resultó vencida en lo principal del reclamo, voto por imponerle las costas de ambas instancias (art. 68 CPCCN).

X - Teniendo en cuenta el mérito, calidad y extensión de los trabajos realizados por la representación letrada de la parte actora, demandada y perito contador, voto por regular sus honorarios en el 16%, 14% y 6%, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena con sus accesorios (art. 38 L.O., dec. 16.638/57 y arts. 6, 7 y 8 de la ley 21.839 y ley 24.432).

XI - Asimismo, sugiero regular los honorarios de Alzada, a la representación letrada de la parte demandada y de la parte actora, en el 25% para cada uno de ellos, de cuanto les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839) La Dra. María I. Zapatero de Ruckauf dijo: Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

La Dra. Alcira Paula I. Pasini no vota (art. 125 de la L.O.).

Por lo expuesto, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar parcialmente la sentencia de primera instancia haciendo lugar a la acción intentada por JORGE LUIS ROGGERO condenando a BANCO BANSUD S.A. para que en el término de cinco días abone al primero la suma de $ 7.741,50.- (siete mil setecientos cuarenta y un pesos con cincuenta ctvos.) con los intereses del compartido considerando VII) y en igual plazo haga entrega de los certificados de trabajo del art. 80 LCT bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que eventualmente fije el juez de grado. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada. 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, demandada y perito contador, en el 16%, 14% y 6%, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena con sus accesorios. 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y los de la parte demandada, por su actuación ante esta alzada, en el 25% para cada uno de ellos, de cuanto les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase.