Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-07-03


///MA, 3 de julio de 2015.

VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "ARISTEGUI, CARLOS JAVIER Y OTROS S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD\" (Expte.N°27643/15-STJ-), puestas a despacho para resolver, y:

CONSIDERANDO:

El señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo:

ANTECEDENTES DE LA CAUSA Llegan nuevamente las presentes actuaciones en virtud del recurso de revocatoria, obrante a fs. 186/196, contra la sentencia Nº 54/15 de este Cuerpo que declara la incompetencia de este Superior Tribunal de Justicia para entender en la demanda de fs. 114/146.

El recurrente, en lo sustancial, se agravia del modo de computar el plazo para interponer la demanda de inconstitucionalidad prevista en el art. 794 del CPCyC, sosteniendo que se trata de un plazo procesal, resultando aplicable el artículo 156 del citado cuerpo ritual.

Asimismo, en cuanto a la afectación patrimonial concreta, sostiene que en el caso se efectiviza al momento de abonar la pensión de guerra a los accionantes (5 de diciembre de 2014) y no desde el momento de entrada en vigencia de la norma.

ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DEL CASO Pasando a tratar el recurso incoado entiendo que se debe hacer lugar al mismo.

Ello así, porque el plazo de treinta (30) días previsto en el artículo 794 del CPCyC, se debe computar conforme lo dispuesto en el art. 156 del CPCyC.. Tal como señala el recurrente, estamos en presencia de un plazo de carácter procesal y en tal sentido corresponde la aplicación del principio general previsto en el código de rito.

Expresado ello, y computando el plazo referido a partir del 5 de diciembre de 2014 -afectación concreta-, la demanda de autos debe considerarse presentada en término.

DECISORIO Por todo ello, corresponde hacer lugar al planteo efectuado, revocar la decisión de fs. 164/166 y tener por promovida la acción de inconstitucionalidad, debiéndose correr traslado de la misma a la contraparte.

MI VOTO.

El señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA dijo:

Pasando a tratar el recurso incoado, adelanto que disiento con la solución propuesta por el Juez preopinante. Doy fundamentos.

Tengo presente que en "ENTRETENIMIENTOS PATAGONIA" (STJRNS4 AI 33/12) el Superior Tribunal de Justicia reiteró que en el precedente "VIA BARILOCHE SRL", (STJRNS4 AI. 20/06) -citando la causa "FERRO" (STJRNS4 Se. 39/04)- se señaló que: "...el art. 207 inc. 1 de la Constitución de la Provincia establece particularmente que el Superior Tribunal de Justicia ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas que estatuyan sobre materias regidas por esta Constitución y que se controviertan por parte interesada.", y respecto del plazo de mención se sostuvo que la afectación de los derechos patrimoniales prevista en el artículo 794 del CPCC debe computarse desde la entrada en vigencia de la norma.

El art. 794 del CPCC, cuando establece el plazo para demandar en el juicio de inconstitucionalidad, indicando que éste debe ser dentro de los treinta días computados desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor, debe entenderse que la expresión alude indefectiblemente a una afectación real, directa e individualizada en una persona determinada.

Aún considerando que asiste razón al recurrente en cuanto a que la afectación concreta en el caso particular de autos resulta de la acreditación de dinero por pensión de guerra en las respectivas cuentas, adviértase que computando el plazo desde allí también la demanda ha sido interpuesta vencidos los mismos treinta (30) días.

En efecto, la acreditación de fondos habría ocurrido el día 5 de diciembre de 2014 y la demanda se interpuso el 26 de febrero de 2015, cuando el plazo concedido para accionar finalizó en la medianoche del día 5 de febrero de 2015, en tanto los días de aquél se cuentan corridos y completos, con la sola exclusión de la feria judicial, ya que resultan de aplicación al supuesto las normas de los artículos 23, 24, 27, 28 y 29 del Código Civil (texto vigente a la fecha) y tal como se ha determinado in re "CHEVRON ARGENTINA S.R.L." (STJRNS4 Se. 11/09; "LUNA" Se. 30/09") Tal como se señalara en las actuaciones \"CHEVRON ARGENTINA S.R.L." (STJRNS4 Se. 11/09), en punto al modo de computar el plazo del art. 794, "el Código Civil, en su Título Preliminar (Título II), destinado al modo de contar los intervalos del derecho, establece en el art. 27 que todos los plazos serán continuos y completos debiendo siempre terminar en la medianoche del último día; y en su art. 28, determina que en los plazos que señalasen las leyes o tribunales, o los decretos del Gobierno, se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así. Pues bien, esto último no es el caso del plazo previsto en el art. 794 CPCC." En tal sentido, resulta extinguida la competencia de este Cuerpo para el tratamiento de la cuestión patrimonial propuesta en la demanda, sin perjuicio de la facultad de los interesados para ocurrir a la jurisdicción ordinaria en defensa de los derechos patrimoniales que estime afectados (cf. art. 794 CPCC; STJRNS4 AU. 160/00 "PAULETICH" y Se. 30/09 "LUNA").

En esto discrepo con el voto inicial por considerar que el plazo previsto en el art. 794 del CPCyC. no es "procesal", ya que el proceso no ha sido iniciado durante su transcurso. Nótese que el mismo título de la norma reza "Plazo para demandar", dando cuenta de la naturaleza que le atribuye.

En eso se diferencia del plazo previsto en el art. 797 del rito por cuanto el proceso ya se ha iniciado y entonces sí se trata de un término "procesal" al que le resultan de aplicación las disposiciones del art. 156 del CPCyC. Con anterioridad se aplican las normas "civiles" para computar los intervalos y no las "procesales".

También este Superior Tribunal de Justicia ha dicho que de acuerdo a lo normado en los arts. 793 y ss. del CPCC, los justiciables tienen a su disposición la vía expresamente legislada al efecto, pero debiendo observarse lo dispuesto en los arts. 794, 795 del CPCC. y art. 207, inc. 1° de la C.P.) en cuanto la demanda debe interponerse ante el Superior Tribunal de Justicia, cumpliéndose expresamente con los recaudos atinentes a los plazos de caducidad (STJRNS4 Se. 39/04 "FERRO"; STJRNS1 Se. 1/13 "FIGOSECO").

Repárese que la acción intentada en la especie persigue que el objeto de reclamo sea analizado por el Superior Tribunal de Justicia en instancia originaria y exclusiva, razón por la cual corresponde enfatizar que se está en presencia de una vía excepcional, correlato de ello es que los requisitos que resultan necesarios para lograr su admisibilidad formal deben ser aplicados con rigurosidad; concretamente se debe decidir con criterio restrictivo en toda oportunidad en que la naturaleza y objeto de la pretensión planteada no se ajuste estrictamente a la normativa antes señalada.

DECISORIO.- Por todo ello, propongo rechazar el recurso de revocatoria interpuesto a fs. 186/197. Sin costas, por no haber existido sustanciación (cfme. art.68 2do.pa. del CPCC).

MI VOTO.

La Señora Jueza doctora Liliana L. PICCININI dijo:

Adhiero al voto y solución propuesta por el señor Juez Enrique J. MANSILLA ASI VOTO.

El señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO dijo:

He de adherir al voto del Sr. Juez Dr. Enrique Mansilla, por compartir sus fundamentos y solución propuesta, cual es el rechazo del intento recursivo de fs. 186/197.

Además, he de señalar que la norma del Artículo 794 del CPCyC estatuye uno de los casos en que se patentiza la institución jurídica de la caducidad, de acuerdo a la cual un acto o el ejercicio de un derecho potestativo se sujeta a un plazo prefijado y de perentoria observancia, que para el caso de no ser ejecutado, determina la extinción del derecho. Con mayor precisión terminológica, se ha dicho que la caducidad "es una causa extintiva del derecho subjetivo o del derecho potestativo por no sobrevenir su hecho impeditivo durante el plazo fijado por la ley o la convención" (Spota, Alberto G., Tratado de Derecho Civil, Depalma, 1959, t. 1-3, nº 2272, p. 659).

En comentario respecto de una norma de igual factura que el precitado Artículo 794 del CPCyC local, cual es el Artículo 684 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, se ha sostenido que "El artículo en comentario establece el plazo de treinta días para promover la demanda, transcurrido el cual el ejercicio de la acción originaria caduca, lo que no impide accionar por las vías ordinarias" (Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires Anotado y Comentado, Roland Arazi y otros autores, Rubinzal-Culzoni Editores, Tomo II, p. 557), confirmándose desde la propia Corte Suprema de Justicia de aquella Provincia que "Una vez vencido el plazo de treinta días que concede el art. 684, CPCC para entablar la demanda de inconstitucionalidad, caduca la competencia de esta Corte para conocer de ella, sin perjuicio de la facultad del interesado de hacer valer sus derechos en la jurisdicción ordinaria" (SCBA, 1.1431, 16.08.1994, "Federación Patronal Cooperativa de Seguros Ltda. S/ Inconstitucionalidad art. 38 Ley 10.149 y dec. 6409/1984", citado en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires Anotado y Comentado, Carlos Enrique Camps, LexisNexis Depalma, Tomo II, p. 529).

La caducidad se produce sobre derechos personales -en el caso, el derecho de accionar persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad de una norma- y, entonces, es una conceptualización o producto de la dogmática jurídica propia del derecho sustancial y no, esencial o exclusivamente, del derecho procesal adjetivo. Abono lo que afirmo haciendo notar que el Código Civil y Comercial Ley 26.994 que comenzará a regir en nuestro país a partir del 01.08.2015 ha incluido, en su Libro Sexto, Título 1, Capítulo 4, Artículos 2566 a 2572, una serie de disposiciones reguladores de la "caducidad de los derechos". Traigo aquí a colación lo enseñado en la obra de Luis Alberto Valente "La caducidad de los derechos y acciones en el Derecho Civil", Librería Editora Platense, 2009, página 20, en cuanto a que "Como dice Diez-Picazo, si prescindimos del calificativo procesal, la misma idea que los que tienen en la ley de forma presiden a los previstos en la de fondo, cuando el derecho sustrantivo establece un plazo para la realización de determinados actos, que no son en puridad el ejercicio de un derecho subjetivo o de acciones, sino de cumplimiento de los trámites necesarios para preservar determinadas consecuencias jurídicas y que, en ese sentido, constituyen cargas que los interesados tienen que cumplir". En definitiva, las caducidades procesales no son sino una especie dentro del género caducidad de derechos.

Dicho lo anterior, y volviendo al sub lite, se tiene que los actores ejercen derechos personales, mediante un hacer jurisdiccional, debiendo dichos derechos personales ser nominados, al decir de Horacio H. de la Fuente ("Principios Generales de la Caducidad", JA 1983-IV-716), como "Derechos dotados de acción: Estos derechos subjetivos se encuentran provistos de una pretensión accionable, como medio de imponerlos y hacerlos valer en justicia, en casos que otros sujetos los desconozcan, obstaculicen su ejercicio o se nieguen a satisfacer el interés de su titular. Quedan incluidos en este grupo los más diversos tipos de derechos, que pueden tener tanto un contenido patrimonial (de crédito, reales, etc.) como extrapatrimoniales (de familia, de la pesronalidad, etc.). Cuando estos derechos se encuentran sujetos a caducidad, el hecho impeditivo ha de estar constituido por el cumplimiento de un acto de carácter judicial, que su titular concretará a través de la promoción de la correspondiente acción ante la justicia, y que representará el ejercicio mismo del derecho. Conforme a los prinicipios generales, se entiende que el derecho caducará y se extinguirá si es que no se cumple el hecho impeditivo dentro del plazo establecido".

Por su parte, el precitado autor, en su mismo trabajo doctrinario, analiza la caducidad de los "Derechos Procesales" -diferentes a los "sustanciales o de fondo", antes explicados-, acerca de los cuales señala que "Las caducidades que recaen sobre estos derechos entran a operar después que los respectivos derechos sustanciales (dotados de acción, se entiende), se han ejercido o hecho valer en justicia. Ahora son las distintas etapas del proceso, o el mismo proceso, las que caducan si es que las partes, durante los plazos establecidos, no ejercitan los derechos o facultades procesales que se les reconoce, dejando de cumplir los actos previstos como hechos impeditivos (contestación de demanda, oposición de excepciones, ofrecimiento de prueba, apelación, etc.)", agregando, a mayor abundamiento y a renglón seguido que, "Las caducidades de los derechos sustanciales producen sus efectos fuera del proceso, y los mismos se extinguen en su totalidad si no se cumple el acto impeditivo, en tanto las caducidades de este grupo proyectan sus efectos dentro del proceso, y normalmente afectan sólo la facultad procesal que se ha dejado de ejercitar, salvo que se opere la caducidad de la instancia, en cuyo caso se extingue todo el proceso o una instancia de él. A su vez, los actos impeditivos que deben cumplir las partes son judiciales, en cuanto se realizan dentro del proceso, pero no constituyen el ejercicio de una acción, de la que sólo están provistos los derechos sustanciales ..., de modo que la prescripción nunca puede afectar a estos derechos o facultades procesales, que sólo se extinguen por caducidad".

Entonces, de acuerdo a la conceptualización del plazo de caducidad establecido por el Artículo 794 del CPCyC como el que corresponde aplicar a supuestos de ejercicio de derechos sustanciales y no procedimentales, surge como consecuencia lógica y hermenéutica, que dicho término fatal debe necesariamente establecerse en la forma en que se computan las caducidades de aquella genérica tipología; y dicha manera de cómputo es la indicada por el juego armómico de los Artículos 23, 24, 27, 28 y 29 del Código Civil (texto vigente a la fecha) -corrido y completo, con la sola exclusión de la feria judicial-, tal como se dijese en la Resolución adoptada en autos en fecha 28.04.15, siguiéndose los lineamientos ya establecidos en la materia in re "CHEVRON ARGENTINA S.R.L." (STJRNS4 Se. 11/09).

ASI VOTO.

La Señora Jueza doctora Adriana C. ZARATIEGUI dijo dijo:

Atento la coincidencia de los señores jueces preopinantes, me abstengo de emitir opinión (art.39 L.O.). MI VOTO.

Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

Primero: Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto a fs. 186/197. Sin costas, por no haber existido sustanciación (cf. art.68 2° párrafo del CPCC) Segundo: Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.

Constancia: De que no suscribe la presente el doctor Enrique J. MANSILLA por encontrarse en comisión de servicios (art. 39 de la L.O.).

Firmantes:APCARIÁN(en disidencia)-PICCININI -BAROTTO-ZARATIEGUI(en abstención)-(JUECES).ANTE MI: LOZADA (SECRETARIO).