marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Subasta de inmuebles, acreedor hipotecario, falta de notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ GANDARA ERMUNDO Y OTRO c/ CASTRO BASILIO M. Y BASILIO M. CASTRO Y CIA. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-17

La notificación de los acreedores hipotecarios en el domicilio real es idónea para la citación del art. 575, 2° parte del Cód.

Procesal. El criterio dominante es el notificarlos en su domicilio real, y no el contenido en la escritura, pues este último sólo tiene efecto entre las partes que suscribieron el acta notarial.

La falta de citación del acreedor hipotecario no acarrea por sí sola la nulidad del remate, pero si la no extinción de la hipoteca, sobre todo si el precio que se logra excede el monto de las hipotecas y el anoticiamiento posterior de aquellos le permite hacer valer sus derechos respecto al precio. Además el artículo 3196 del Código Civil no exige dicha citación como condición de validez de la subasta, sino únicamente para la extinción y cancelación de la hipoteca y porque, en otro orden de cosas, contrariaría el principio fundamental que faculta al propietario del inmueble a venderlo (art.

3157, Código Civil).
Accidente in itinere, daño psíquico, improcedencia de indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: Gonzalez, Julio Luis c/ Compañía Argentina de Seguros Victoria S.A. s/ Accidente - Ley Especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-27

El daño psíquico no puede ser indemnizado en el marco de un accidente in itinere, por el hecho de haber sido provocado por un tercero, y la reacción del sujeto afectado responde a factores externos del trabajo que no tienen relación con los daños físicos que el legislador ha puesto a cargo de la ART, por la sola circunstancia que el trabajador que se dirige a su empleo sufra una contingencia cubierta por la Ley. (Del voto del Dr. Pesino en mayoría).
Contratos comerciales, resolución del contrato, ejecución del contrato, ejecución por otro
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARLOS AUGUSTO VANASCO c/ ARQUITECTO HELLY NAMMAD Y ASOCIADOS  S.R.L. s/ RESOLUCION DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-28

Si se persigue y obtiene desanudar la ligazón contractual por vía de resolución no puede contemporáneamente con ello plantearse un reclamo reñido con esa pretensión principal como sería el cumplimiento del contrato por un tercero. Conceder, en efecto, autorización para comprar en la forma deseada por el peticionario implicaría hacer "revivir" el contrato a ese solo efecto dejándolo extinguido para lo demás, lo cual sería un verdadero dislate jurídico. La facultad que confiere el art. 467 del Cód. de Com.

puede ser ejercida únicamente cuando se demanda el cumplimiento del contrato o cuando todavía no se ha dado hecho uso del ius variandi, pero una vez adoptada la resolución no puede pretenderse contemporáneamente con ello la autorización para contratar porque ello implicaría superponer pretensiones contradictorias, como exigir a la vez el cumplimiento y la resolución del mismo contrato, lo que no es admisible.
Delitos contra el honor, delito de acción privada
Materia: PENAL
Carátula: R.S.R.D c/ A.yM.,J.C. s/ Querella por injurias y calumnias
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1992-05-05

Calumnias e injurias de acción privada, son los atribuidos en esta causa. Ello importa que la relación jurídico-penal no se plantee entre el Estado y el particular con el contralor de legalidad por parte del Ministerio público, sino entre particulares, siendo el querellante quien asume las facultades y obligaciones del Ministerio Fiscal (art. 399, Cód. Proc. Penal). Esta distinción supone un régimen especial, pero de ninguna manera ello implica un total apartamiento de las reglas básicas del procedimiento común y menos aún de la vigencia de los principios generales.
Actos jurídicos, cargo
Materia: PROCESAL
Carátula: Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia c/ Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur s/ Contencioso administrativo - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-11-20

Que, la imposición de realización de ciertas obras comporta un cargo (o modo secundum glosa el art. 558 CC) impuesto al adjudicatario del predio en el mismo acto en que se fija el precio. Cierto es que ésta es una figura jurídica confusa, que ha dado lugar a posiciones doctrinarias encontradas sobre su naturaleza y ámbito de aplicación, considerándosela condición, fideicomiso parcial o bien causa de obligaciones, entre otros (Caseaux- Trigo Represas, "Compendio de derecho de las obligaciones", to. 1, 600/603, Libreria Editorial Platense, 1992). Pero concomitantemente con estos autores entiendo que el cargo tiene una configuración jurídica propia, y es una declaración accesoria y obligatoria que limita al acto principal sin afectar su eficacia....(del voto del Dr. Lostaló)
Empleados públicos, reescalafonamiento, indemnización, aplicación de la ley, liquidación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Roa, José Redolfo Argentino c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 42-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-02

La sustitución del decreto 791/80 ( que establecía la escala jerárquica del personal de la Administración Pública en doce niveles) por el 2685/83 (que organizó la carrera escalafonaria en 24 categorías) trajo como consecuencia que la categoría 17, a la que corresponde el viejo nivel 06, no perciba remuneración alguna en concepto de asignación por función jerárquica, importando un retaceo en la indemnización que no puede presumirse querido por el legislador.

Por ello, los rubros a justipreciarse para efectuar la liquidación serán: sueldo básico, adicionales generales, función administrativa, suplemento por equiparación y asignaciones remunerativas, para lograr, por medio del incremento de las remuneraciones concedidas con carácter general a la asignación de la categoría 17, recomponer, con exclusión de los adicionales particulares, suplementos funcionales y compensaciones, la voluntad de legislador cuando concibió la indemnización vinculada, estrechamente, a los términos del decreto 791/80.
Trabajadores de la construcción, responsabilidad solidaria, REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, legitimación pasiva, código civil, indemnización tarifada
Materia: LABORAL
Carátula: Videla, Miguel Ángel c/ Castor Constructora S.R.L s/ Indemnización- recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-11-28

Si la empresa constructora demandada resultaba responsable solidaria en los términos de la ley 22.250 por las consecuencias derivadas del contrato de trabajo de obrero accionante, ya que no constató la inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción y esa sola omisión lo coloca en la situación señalada, la condición que introduce el a quo relativa a la necesidad de demanda y consiguiente condena en contra del deudor principal a los fines de habilitar la aplicación del art. 32, ley 22.250 no se encuentra justificada, pues el art. 705 del Código Civil permite al acreedor de deudores solidarios exigir el pago por entero de cualquiera de ellos, regulándose las relaciones de los obligados entre sí conforme el art. 689 del mismo cuerpo.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, derecho a la salud, interpretación de tratados internacionales
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Caso Suárez Peralta c/ Ecuador s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Ecuador s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Ecuador s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-05-21

Si bien la Corte Interamericana no puede declarar la violación del derecho a la salud en el marco del Protocolo de San Salvador en razón de la literalidad del artículo 19.6 del mismo, ello no impide entender a dicha norma como un referente interpretativo acerca del alcance del derecho a la salud protegido por el artículo 26 de la Convención Americana, pues a la luz del corpus juris de derechos humanos, el Protocolo ilustra sobre el contenido que deben tener las obligaciones de respeto y garantía respecto a aquél derecho con una función orientadora sobre la aplicación que corresponde del artículo 26, en conjunto con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del Pacto de San José (Del voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot).
Falsificación de documentos, falsedad ideológica
Materia: PENAL
Carátula: BANDACCARI, Mabel Cristina y PELLET LASTRA, Hugo Alfred s/ apelación auto de procesamiento, Causa nro. 11.339
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

La figura de falsedad ideológica prevista y penada en el artículo 293 del código de fondo se configura cuando un acto contiene declaraciones mendaces que recaen sobre circunstancias que el documento debe probar, haciendo aparecer como que aconteció algo que no ocurrió, así como también que sucedió en forma distinta.
Recursos de la seguridad social, deuda previsional, trabajador autónomo, regularización impositiva, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Tsolokián, Rubén s/ concurso preventivo s/inc. de revision por AFIP-DGI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-23

Uno de los principales objetivos de la ley 24.476, regulatoria de la exigibilidad de las obligaciones previsionales del régimen de trabajadores autónomos fue superar la etapa anterior, condonando las deudas previsionales de los trabajadores independientes y su consecuente regulariazación con normas similares a las utilizadas para los trabajadores en relación de dependencia, de modo que dicha ley sería un aliciente par que, de aquí en más, pudieran cumplir periódicamente con sus obligaciones previsionales. - Del precedente "Scalise, Claudio s/ concurso preventivo-incidente de revisión por Fisco Nacional", del 9/8/2011, al que la Corte remite.
Accidentes de trabajo, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez, Narciso c/ Centenera Fábrica Sudamericana de envases S.A.I.C. s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

El daño moral no requiere prueba especifica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -prueba in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un dolor moral.
Adopción, adoptante, diagnóstico psicológico
Materia: CIVIL
Carátula: P., C.A. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

La ley no supedita la concesión de la adopción al resultado del examen psicológico de los hijos de quien la peticiona, aunque sin ignorar las posibles connotaciones que puede provocar en el espíritu de éstos el ingreso del nuevo hermano en la familia.-
Recurso de casación laboral, doctrina de la arbitrariedad
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ MARCELO J. c/ HIPERMERCADO LIBERTAD S.A. y/o RESPONSABLE s/FALTA DE PREAVISO, ETC.. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-02

Tanto la apreciación del material probatorio, como también la determinación de la existencia o no de la injuria que justifique la extinción del vínculo laboral constituye materia reservada a los jueces de grado. El límite que encuentra tal facultad se determina con la demostración de absurdo al apreciar los hechos y las pruebas de la causa, o en la afirmación y comprobación de que la valoración de la injuria invocada por el tribunal fue efectuada sin la prudencia que la ley exige.
Administración General de Puertos, responsabilidad de la administración portuaria, valor de aforo, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: IGUAZU CIA. DE SEGS.  S.A. c/ ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

Como sostiene el Tribunal, la prueba del valor de aforo recae sobre Puertos.
Prenda, período de sospecha
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  ISRAELITA  DE  CORDOBA EN: MAG FUNDICION DE ALUMINIO SACIFIA - QUIEBRA PROPIA s/ INCIDENTE DE REVISION - CREDITO PRENDARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1983-10-05

Solo procede juzgar la oponibilidad o inoponibilidad del privilegio una vez que el mismo haya sido admitido, presuponiendo por tanto la existencia real de la deuda la que se evaluara mediante la compulsa que el sindico realiza para aconsejar su verificación o no; en tanto la inoponibilidad deviene de una situación posterior, no relacionada con la existencia del crédito sino con la validez del privilegio en función del tiempo en que este fue acordado con el deudor y su relación con el período de sospecha, de tal modo que la declaración a que hace referencia el art. 122, Inc. 4, LC, supone el reconocimiento anterior del crédito y del privilegio.
Locación, vencimiento del plazo, sublocación, inoponibilidad a terceros, locador
Materia: CIVIL
Carátula: SALT LAKE S.A.I.C c/ PROVENGO S.A s/ LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-18

Cesando la locación se resuelven los subarriendos (art. 1606 del Código Civil) por lo que no son oponibles al locador los eventuales derechos que pudiera tener el subarriendatario frente al locatario.
Automotores, plan de ahorro previo, círculo cerrado
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: IBARRONDO, NELIDA c/ PLAN ROMBO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23

El contrato de ahorro previo para la adquisición de un automotor es un negocio tipo de adhesión, que permite al ahorrista, sobre la base de la mutualidad, acceder a la propiedad de ciertos bienes por adjudicación directa o por la entrega de una suma de dinero para adquirirla (Cncom, sala b, 20.11.02, in re: "Rigoni, Gabriel Gustavo c/ círculo de inversores SA de ahorro para fines determinados"). En otros términos, es un contrato pluriindividual de organización y administración, concertado con cada uno de los participantes, que quedan vinculados individual y colectivamente, conforme lo dispone el Cód. civil art. 1197. Estas sociedades son empresas que reciben dinero de los ahorristas con promesas de prestaciones futuras y estas actividades afectan de modo directo e indirecto el régimen del dinero y del crédito y, mas específicamente del ahorro público.
Recurso de inconstitucionalidad, Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, voto de adhesión
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: F, S. E; M, J. A. y B, H. A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Extorsión y tentativa de extorsión   en concurso real (Expte. CSJ Nro. 51-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-01

No puede prosperar el planteo del recurrente vinculado a la nulidad de la sentencia de la Cámara por entender que sólo votó uno de los Vocales, desde que la solicitud del impugnante se asienta en su particular óptica, la que refleja un excesivo rigor formal. En efecto, de la lectura del fallo surge que al tratar la primera cuestión los Vocales de segundo y tercer voto compartieron el criterio sustentado por el preopinante en cuanto a la resolución que correspondía adoptar y "sufragaron en el mismo sentido". Una interpretación compatible con un adecuado servicio de justicia permite concluir que la expresión "sufragaron en el mismo sentido" implica adherir a las consideraciones que llevaron al Vocal que votó en primer lugar a proponer la resolución finalmente adoptada.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bellani, Armando c/ Municipalidad de Merlo s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

Para que se configure la responsabilidad civil, generadora del derecho al resarcimiento el daño debe ser cierto en su existencia y debidamente probado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Banco central, entidades financieras, régimen de adelantos de fondos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Saiegh, Rafael Héctor y Conjunción  S.A c/ Banco  Central  de la República Argentina y Ministerio de Economía de la Nación. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

En el régimen de adelantos de fondos implementado por el Banco Central mediante la circular R.F. 1051, la mera presentación de la respectiva solicitud no generaba en favor del peticionante un derecho subjetivo a percibir los beneficios del régimen, ni aún en el caso de satisfacer los recaudos de la norma.
Beneficios previsionales, servicios simultáneos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bachiarello, Pedro Higinio c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Gaebeler, Isis Lia c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04|1997-12-09

Si el cargo llevado a reajuste por el accionante se desempeñó mas allá de su cese, es indudable que no se configura la simultaneidad aludida porque, habiendo cesado en los servicios para acceder al beneficio jubilatorio los desempeñados con posterioridad a dicho cese no resultan obviamente simultáneos ni pueden ser computados como otra carrera completa sin el cumplimiento del recaudo de la coetaneidad de los servicios a la que se refiere la norma legal aplicable.
Sanciones conminatorias, astreintes, régimen de consolidación de deudas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: YVAÑEZ, José Pedro y otro c/ E.N. -M° de Educ. y Justicia- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

No asiste razón a la recurrente en cuanto pretende que las astreintes se encuentran alcanzadas por la ley de consolidación y no deben pagarse en efectivo. Ello es así pues más allá del objetivo procesal del instituto (sanción por incumplimiento de un mandato judicial dirigida a salvaguardar el principio de autoridad y de la justicia), la obligación de pagar astreintes consiste en un pago independiente del reclamo principal, no accesoria. Está encuadrada en el principio general previsto en el art. 1, primer párrafo, de la ley 23.982 y no en el inc. d) de dicho artículo ("Parrilla, Francisco c/ M. de Salud y Acc. Social de la Nación s/ amparo por mora", de la C.S.J.N. del 10/8/93).
Superior Tribunal de Justicia, personería, abogados, apoderado, Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso de queja (procesal), recursos, suspensión del proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Muller, Gustavo Adolfo c/ Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

Si ante un superior tribunal provincial se encuentra cuestionada la personería invocada por el apoderado de los recurrentes ante la Corte Suprema, corresponde decretar la suspensión del trámite de queja hasta tanto se resuelva la impugnación articulada.
Sentencia, fundamentación de sentencias, sentencia arbitraria, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Albanese, Paula L y Gómez, Alejandro A s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-27

En nuestro ordenamiento jurídico el requisito de la fundamentación de las sentencias "surge de la propia Constitución al adoptar el Estado Nacional la forma republicana de gobierno y el principio de soberanía popular (arts 1 y 33), al tener como objeto afianzar la justicia (preámbulo) y garantizar la defensa en juicio y el debido proceso (art 18). Asimismo, en materia penal, nuestra ley fundamental impone el requisito de fundamentación de las sentencias, al disponer que nadie podrá ser arbitrariamente sometido a prisión (art 9 de la declaración Universal de Derechos Humanos, art 9, inc 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art 7, inc 3, de la Convención Americana de Derechos Humanos)" (Voto de la Dra Capolupo de Durañona y Vedia -en minoría-).
Alimentos, reducción de cuota alimentaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: AMAYA, ZULMA BEATRIZ c/ CUELLO, ROBERTO RODOLFO s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-17

Si el alimentante pretende la reducción de la cuota alimentaria, debe producir prueba concluyente de las circunstancias que invoca.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, inamovilidad de los jueces, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Amerisse, Alfredo Ricardo c/ Salta, Provincia de s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

Corresponde asignarle un manifiesto contenido federal a la garantía constitucional de inamovilidad de los jueces prevista en el art. 110 de la Constitución Nacional, ya que el planteo de inconstitucionalidad sobre la base del cual se considera que han sido dictadas normas que la violan constituye una típica cuestión de esa especie.
Retiro policial, haber jubilatorio, prescripción
Materia: CIVIL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CASTILLO, LINA DEL CARMEN c/ CAJA DE RETIROS, JUB. Y PENS. s/ RETIROS Y JUB. POLICIALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06

La Ley 23.627 no es aplicable para la prescripción de haberes correspondientes a períodos anteriores a su vigencia, los que se rigen por el art. 4027 inc. 3ro. del Código Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, honorarios, regulación de honorarios, costas, Cámara de Apelaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: BRUNO MISKOV SA c/ BELLIZA, SANTIAGO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 191-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-05-06

El razonamiento del recurrente que se agravia por considerar que la regulación de honorarios por parte de la Cámara en la interposición del recurso de inconstitucionalidad es improcedente porque dicha interposición no trae aparejado ningún planteo incidental ni apertura de instancia contradictoria que ocasione un vencedor y un vencido, y que tal tarea corresponde a la Corte, que es quien debe decidir el recurso en su doble aspecto de formalidad y procedencia, oportunidad en que sí cabría imposición de costas, no se compadece con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 6767. Que tal regulación la realice la Cámara -lo mismo acontecería con la imposición de costas-, es irrelevante, desde que no necesariamente la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal a quo conlleva inexorablemente la posibilidad de que el expediente llegue por vía de queja a esta Corte, desde que el recurrente perdidoso podría desistir de tal posibilidad. Y de no darse esta última circunstancia, tanto la regulación de honorarios como la imposición de costas que efectuara la Cámara queda siempre, en definitiva sujeta a lo que esta Corte resuelva al tratar la queja, y en su caso, el recurso de inconstitucionalidad.
Procedimiento laboral, rebeldía
Materia: CIVIL
Carátula: CUELLO, ROBERTO FROILAN c/ TURIENZO GUILLERMO Y/O CONCESIONARIO CANTINA JOCKEY CLUB s/ DIFERENCIA DE SUELDO, SUELDOS IMPAGOS, ETC.-CASACION- SANTILLAN JUAN DOMINGO c/ EMPRESA EL SANTIAGUEÑO S.R.L. Y/O RESP. s/ HABERES ADEUDADOS AGOSTO DE 1994, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-11-18|1999-07-29

En caso de Rebeldía del demandado, las reglas del Art. 354 del CPCC no obligan al Tribunal del Trabajo a acceder automática o mecánicamente a las pretensiones deducidas, sino que lo facultan a tener por ciertos los hechos que constan en la demanda. La incomparecencia del accionado no exime a la contraria de la obligación de acreditar su afirmación, ya que debe aportar a la causa los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo.-