Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-03


Buenos Aires,	3	de junio de 2015 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe;

resulta:

1. Llegan estas actuaciones al Tribunal a fin de resolver los recursos de queja y de inconstitucionalidad -parcialmente concedido- que articulara el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA).

2. N. S. T. promovió acción de amparo contra el GCBA con el objeto de hacer cesar la ilegítima omisión de garantizar su derecho de acceso a una vivienda adecuada en condiciones dignas de habitabilidad, que atribuyó al demandado (fs. 1/33).

El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y, por tanto, dispuso que el demandado incorporara al actor en el programa habitacional previsto por el decreto n° 690/2006 (modificado por los decretos n° 960/2008 y n° 167/2011) o -en su defecto- lo incluyera en ". cualquier otro plan o medida concreta que garantice efectivamente su derecho a la vivienda." (fs. 190/193 vuelta).

3. Disconformes con lo decidido, el GCBA y el accionante apelaron y expresaron agravios (fs. 196/209 y fs. 211/220; respectivamente).	La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario resolvió: "1) Rechazar el recurso planteado por el GCBA; 2) Hacer lugar parcialmente al recurso presentado por la parte actora y, en consecuencia, modificar la sentencia de grado con los alcances (.) indicados 3) Declarar la inconstitucionalidad del artículo 2° del decreto 167/2011, en cuanto elimina la posibilidad de extensión de los plazos contemplada en el art. 5 del Decreto 690/06 (conforme Decreto 960/08) (.) [y] 4) Ordenar a la demandada que garantice al amparista el acceso a una vivienda adecuada por los medios que estime corresponder, excluyendo a los paradores u hogares, y que en caso de que la prestación consista en un subsidio, su importe deberá ser suficiente a lo largo del tiempo para afrontar el costo de la vivienda mientras no cambien las condiciones para ejercer el derecho." (fs. 250/257 vuelta).

Los magistrados sustentaron normativamente su decisión en los arts. 14 bis, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, en los arts. 10, 11, 17, 18, 20 y 31 de la Constitución local y en los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables. En relación con la insuficiencia presupuestaria que la parte demandada había alegado para justificar una conducta que la Cámara consideró regresiva, los jueces manifestaron que ".[l]os argumentos que pretenden justificar el abandono de las mencionadas políticas sociales sobre la base de la presunta insuficiencia presupuestaria del Estado local para hacer frente a ellas en forma permanente (a fin de cuentas, también una cuestión de hecho condicionada a la apreciación de la prueba, cuya carga recae sobre la demandada), no han sido acreditados en este proceso" (fs. 255 vuelta).

4. Contra esa resolución, la Ciudad interpuso el recurso de inconstitucionalidad de fs. 262/273 vuelta. Allí expresó -en lo pertinente- que la sentencia de la Sala III incurría en arbitrariedad, constituía un supuesto de gravedad institucional y afectaba los derechos de defensa en juicio, al debido proceso y de propiedad, y los principios de división de poderes de legalidad. Se agravió, también, de la imposición de costas a su parte.

A fs. 275/291, el actor contestó el traslado que le fuera conferido.

5. La Sala III resolvió "[c]onceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada exclusivamente en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 2° del decreto 167/11 y denegarlo con respecto a las demás cuestiones" (fs. 296/297 vuelta).

Contra la denegatoria parcial, el GCBA planteó la queja de fs. 308/316.

6. Al requerirse su dictamen, el Sr. Fiscal General propició que el Tribunal hiciera lugar al recurso de inconstitucionalidad del GCBA, revocara la sentencia recurrida y reenviara las actuaciones a la Cámara del fuero para el dictado de un nuevo pronunciamiento (fs. 323/335 vuelta).

Fundamentos:

Los jueces José Osvaldo Casás, Ana María Conde y Luis Francisco Lozano dijeron:

1. Si bien el recurso de inconstitucionalidad fue concedido parcialmente "en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 del decreto n° 167/11", los demás planteos del GCBA -mantenidos en la queja nº 11580- deben ser abordados por esta instancia pues se encuentran inescindiblemente ligados al alcance del derecho que el a quo ha reconocido en cabeza de la accionante, que motivara la aludida declaración de inconstitucionalidad.

2. Cualquiera sea el acierto de la decisión de la Cámara, en el sub examine no se encuentra controvertido que la parte actora (i) inició estas actuaciones con el objeto de que se condenara al GCBA a que le garantizara su derecho a una vivienda digna; y (ii) es un hombre, que padece una discapacidad, sin contención familiar (cf. fs. 192 vta.), circunstancia que le impide superar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Finalmente, tampoco es materia de discusión la vinculación, o anclaje, que tiene la parte accionante con la Ciudad ni la vigencia de la ley n° 4036 al tiempo del dictado de la sentencia aquí cuestionada (cf. fs. 250, y BOCBA n° 3851 del 09/02/2012).

3. En el caso, el GCBA pretende resistir la sentencia de la Cámara CAyT que hizo lugar parcialmente al recurso de apelación del actor, y le ordenó garantizar ". al amparista el acceso a una vivienda adecuada por los medios que estime corresponder, excluyendo a los paradores u hogares, y que en caso de que la prestación consista en un subsidio, su importe deberá ser suficiente a lo largo del tiempo para afrontar el costo de la vivienda mientras no cambien las condiciones para ejercer el derecho." (fs. 257 vuelta).

Ahora bien, los agravios del GCBA contra esa decisión resultan sustancialmente análogos a los examinados por el Tribunal in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: K.M.P c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. nº 9205/12, sentencia del 21 de marzo de 2014.

En consecuencia, por las razones que dimos en esa oportunidad, a las que respectivamente nos remitimos y que deberán ser incorporadas mediante agregado de copia de esa decisión a este expediente, votamos por hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad del GCBA, revocar la sentencia de fs. 251/257 vuelta y condenar al GCBA a que presente, en el plazo que indique el juez de grado, una propuesta para hacer frente a la obligación de asegurar el acceso a un alojamiento a la parte actora que reúna las condiciones adecuadas, en los términos de esta sentencia, a su situación de discapacidad.

Así lo votamos.

La juez Inés M. Weinberg dijo:

Recurso de inconstitucionalidad:

1. El recurso de inconstitucionalidad ha sido concedido ". exclusivamente en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 2 del decreto 167/11 (.)." -v. fs. 297 vuelta-; el resto de las cuestiones ventiladas por el GCBA en su recurso de inconstitucionalidad fueron denegadas, y la recurrente ha presentado queja sobre dicha decisión (la cual será tratada a continuación).

2. La aludida norma determina los montos y la forma de otorgamiento de los subsidios habitacionales por parte del GCBA.

La Sala III de la CCAyT en la sentencia de fondo destacó que el artículo 5 del decreto 690/06 -antes de ser modificado- establecía expresamente que la autoridad de aplicación podía "extender los plazos previstos para el subsidio", esto es, no ofrecía impedimento a la extensión temporal del beneficio. Afirmó que el artículo 2 del decreto 167/11 eliminó del precitado art. 5 del Decreto 690/06 la mencionada cláusula, motivo por el cual, entiende que se derogó la posibilidad de renovar el subsidio una vez finalizadas las diez primera cuotas, lo que interpretó como una modificación regresiva y por ende violatoria del artículo 31 de la CCABA -v. fs. 256 vuelta/257-.

3. Al igual que la mayoría de este Tribunal, entiendo que no resulta per se inconstitucional que el Estado atienda el derecho a la vivienda mediante la entrega de subsidios temporarios con un monto dinerario normativamente determinado -v. "Veiga Da Costa, Rocío c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" expte. 10229/13, sentencia del 30 de abril de 2014 y "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Abdala, Analía Verónica c/GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCBA)", expte. 9963/13, sentencia del 14 de agosto de 2014 y sus citas entre muchos otros-.

En esta inteligencia, debe destacarse que los parámetros constitucionales de suficiencia, al efecto de preservar el cumplimiento de la manda de reconocimiento del derecho a una vivienda digna prevista por el artículo 31 de la CCABA, necesariamente diferirán según las circunstancias de hecho relevadas en cada caso concreto y -huelga aclararlo- según lo que en definitiva los jueces de la causar resuelvan conforme dichas circunstancias.

En tal sentido, la modificación establecida por la normativa en análisis tampoco puede ser calificada en sí misma como "regresiva", cuando (i) no necesariamente en todos los casos se requerirá una renovación o ampliación de los subsidios otorgados por sobre lo establecido normativamente para dar adecuado cumplimiento a lo establecido por el precitado artículo 31 de la CABA, y por otra parte, (ii) cuando no existen elementos en la causa por los que se pueda sustentar dicha conclusión.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe agregarse también aquí que en atención a la forma en que quedó resuelto el caso sobre las circunstancias relevadas por los jueces intervinientes, no resultaba necesaria la declaración de inconstitucionalidad de la normativa en cuestión por la modificación operada.

Tiene dicho la CSJN que "la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico y, en caso de duda, debe estarse por su constitucionalidad. Sólo debe acudirse a aquella cuando la repugnancia de la ley inferior con la norma calificada de suprema sea manifiesta y la incompatibilidad inconciliable" -conf. Doctrina fallos: 285:322, 242:73, 285:369, entre otros- lo que mutatis mutandi debe aplicarse al caso.

Por todo lo expuesto y de conformidad con lo concluido por la Fiscalía General, corresponderá hacer lugar al recurso concedido, revocar la sentencia en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad supra expuesta, y reenviar las actuaciones a la Cámara de Apelaciones interviniente para que a través de jueces distintos se dicte un nuevo fallo ajustado a lo aquí decidido.

Recurso de queja:

La queja ha sido interpuesta en tiempo y forma -art. 33 de la ley 402- no obstante, no puede prosperar y debe ser rechazada toda vez que no rebate en forma suficiente la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad intentado, así como tampoco acredita la existencia de un caso constitucional (arts. 113, inc. 3, de la CCABA y 27 de la ley 402).

Entiendo aplicable mutatis mutandi la doctrina de la CSJN en lo concerniente a los fundamentos que deben expresar las quejas por recursos denegados -v. Fallos 287:237; 298:84; 302:183; 311:133, 2338, 2462; 331:373 entre otros-.

En efecto, las genéricas invocaciones sobre las garantías constitucionales afectadas revelan sólo una mera disconformidad con lo resuelto, sin lograr conectarse adecuadamente con las razones que dan fundamento a la sentencia denegatoria a cuyos términos corresponde remitirse en honor a la brevedad.

Asimismo, debe recordarse también aquí que la tacha de arbitrariedad "no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, quedan descalificados como actos judiciales" -conf. Fallos 235:654; 244:384; 248:129, 528 y 584; 294:376 entre otros-.

Finalmente, la referencia a la doctrina de la "gravedad institucional" invocada no aparece respaldada con un fundamento apto para demostrar de qué manera la decisión recaída en el caso efectivamente incidiría sobre los intereses de la comunidad o los principios institucionales básicos de la Constitución Nacional -conf. Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240 y sus citas-.

Sobre tales premisas, debe concluirse que el tribunal a quo arribó a una solución jurídicamente posible, con fundamentos y base suficientes, no logrando los agravios vertidos evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Por todo lo expuesto, oída la Fiscalía General, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por el GCBA.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja por recurso de inconstitucionalidad denegado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aunque interpuesta en tiempo y forma, no puede prosperar.

2. Para vedar el acceso del demandado a esta instancia, la Sala III sostuvo que en su presentación, aquél se había limitado a exponer su desacuerdo con lo decidido, y que "[p]or otra parte, la alegación de que el tribunal habría omitido evaluar elementos de juicio relevantes que demostrarían que el actor no se encuentra en situación de vulnerabilidad, sólo revela[b]a la discordancia del recurrente con la apreciación de la prueba realizada por [aquel] tribunal". Los vocales explicaron que el GCBA no indicaba ". cuáles serían las pruebas que habrían sido ignoradas, ni por qué razón ellas conducirían a la solución que se propone" (fs. 297).

3. En su recurso directo, la Ciudad no consigue poner en crisis la decisión interlocutoria que declaró inadmisible el remedio extraordinario que pretende sostener. Es que allí no hace más que manifestar que su recurso de inconstitucionalidad debía ser concedido por los jueces a quo, sin articular sus argumentos con los términos del auto denegatorio, ni hacerse cargo de que su presentación en efecto fue declarada parcialmente admisible.

En este escenario, no hay más que rechazar la queja que tramita en el expte. n° 11580.

4. A partir de lo resuelto respecto de la queja del GCBA, resulta inoficioso decidir acerca del recurso de inconstitucionalidad parcialmente concedido y que tramita en el expte. n° 11580. Ello, porque no corresponde al Tribunal pronunciarse en abstracto acerca de la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 del decreto n° 167/11 cuando -rechazada la presentación directa de la parte demandada- la obligación de hacer contenida en la sentencia de Cámara ha adquirido firmeza.

5. Por las razones expuestas, corresponde declarar abstracto el tratamiento del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto fue concedido por la Cámara y rechazar la queja que aquél intentara. Así lo voto.

Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Revocar la sentencia de fs. 250/257 vuelta y condenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que presente, en el plazo que indique el juez de grado, una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas, en los términos de esta sentencia, a su situación de discapacidad.

3. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal en los autos "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: K.M.P c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. nº 9205/12, el 21 de marzo de 2014.

4. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto anterior y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.