Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-22


BURGHES, Julio Eduardo contra MUNICIPALIDAD DE VERA Reg.: A y S t 205 p 386-391.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos "BURGHES, Julio Eduardo contra MUNICIPALIDAD DE VERA sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 106, año 1994), de conformidad con el acuerdo celebrado el día dieciséis del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Julio Eduardo Burghes promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Municipalidad de Vera, con el objeto de que se deje sin efecto la resolución 575/92, por la cual se dispuso su cesantía. Solicita, en consecuencia, se ordene su reincorporación como personal de planta permanente, en el cargo y tareas habituales o, en su defecto, el pago de indemnización por la ilegítima cesantía, con más intereses y con costas.

Relata que, con motivo de haberse constatado que la "pick up Chevrolet Apache patente B 023.585" utilizada por la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Vera estaba desarmada, se le instruyó sumario administrativo por resolución 385/92, dictándose el 30.11.1992 la resolución 575, dejándolo cesante.

Considera que la vía administrativa está agotada por denegación tácita, en tanto luego de solicitar la nulidad y reconsideración de tal medida sancionatoria, en fecha 11.12.1992, y de deducir pronto despacho el 10.9.1993, la Administración nada decidió.

Comenta que en junio de 1990, por orden del entonces Intendente municipal, condujo el rodado perteneciente a la Secretaría de Acción Social municipal hasta el taller mecánico del señor Rolando Zorzón, quien la revisó y desarmó a fin de evaluar el informe técnico solicitado por el Intendente.

Pone énfasis en que la "pick up" no se encontraba a su cuidado, ni bajo su guarda y no era conducida por él, dado que desde marzo de 1990 se desempeñaba como chofer del Departamento Ejecutivo municipal, con categoría 11.

Al exponer las vicisitudes del sumario administrativo, acusa que el obrar de la Administración fue arbitrario y violatorio del derecho de defensa y debido proceso: el acto por el cual se ordenó la instrucción no está motivado, declaró sin conocer correctamente los hechos y las faltas que se le atribuían, se ignoró la documental aportada y las declaraciones de Zorzón, Llovel y Giraudo (de las que surgía que se limitó a cumplir las órdenes del Intendente de llevar la pick up al taller de Zorzón -quien la desarmó-, luego de entregarla a Llovet y, finalmente, éste a Giraudo); la imputación de violación al artículo 13 inciso ñ) de la ley 9286 fue antojadiza e inexacta porque no desarmó ni dañó la pick up, la cual no estaba bajo su custodia.

Añade que la resolución 575/92 no está suficientemente motivada, y por tanto, viciada en su legitimidad, ya que de las constancias sumariales no se desprende justificación alguna de la sanción aplicada, la cual se sustenta en hechos no probados, lo que impide conocer las razones que han inducido a su dictado, violando su derecho de defensa y afectando garantías constitucionales (arts. 18 de la Constitución nacional y 7 y 9 de la prov.).

Reitera que durante la tramitación del sumario se violaron expresas normas de la ley 9286, con afectación del derecho de defensa y debido proceso, lo que conduce a la nulidad el procedimiento y de la resolución 575/92.

Solicita, en suma, se declare procedente el recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso (f. 38), se cita y emplaza a la demandada; comparecida ésta y corrido traslado de la demanda, la contesta (f. 51/vto.), solicitando su rechazo, con costas.

Niega las postulaciones sustentadas en la demanda, afirmando que: el vehículo en cuestión era conducido y estaba bajo la custodia de Burghes; las manifestaciones del actor son unilaterales; el acto de destitución estuvo bien motivado y fue consecuencia de un proceso regular.

3. Abierta la causa a prueba (f. 52), producida la que consta en autos, informa la parte actora sobre su mérito (fs. 249/254 vto.). Dictada (f. 255) y consentida la providencia de autos, se encuentra la presente causa en estado de ser resuelta.

4. El recurrente cuestiona la legitimidad de la resolución 575/92 acudiendo a un diverso orden de fundamentos. Así, considera que el accionar de la Municipalidad fue arbitrario y violatorio del derecho de defensa y debido proceso postulando la nulidad del procedimiento. Por otra parte, sostiene que la sanción no está motivada y se sustenta en hechos no probados. Todo ello es negado por la demandada.

En los considerandos de la resolución 575/92 citada se expresó que se inició el sumario administrativo "...por resolución N° 385, tendente a esclarecer y deslindar responsabilidades respecto al desmantelamiento y destrucción del vehículo marca Chevrolet, tipo pick-up conocida con el nombre de Apache en el ámbito de la Municipalidad de Vera, la cual era utilizada para prestar diversos servicios; que las diligencias administrativas llevadas adelante se desprende que el accionar del agente municipal Señor Julio Burghes..., se encuentra tipificado en el art. 13, inc. ñ) siguientes y concordantes de la ley 9286", disponiendo dejar cesante al recurrente "según lo prescripto por el artículo 61 inc. c) de la Ley 9286... por habérsele encontrado su accionar tipificado en el art. 13 inc. ñ)".

En el dictamen efectuado por el instructor del sumario -al que remite el acto expulsivo- se valoró que "el accionar del Sr. Julio Burghes, no observó una conducta decorosa y digna al no custodiar con eficiencia los bienes pertenecientes a esta Municipalidad, fundamentalmente porque si el Sr. Burghes, reconoce, como lo hace expresamente en autos que a él se le encomendó llevar la camioneta Apache, a un taller mecánico determ Posteriormente, el Fiscal municipal en su dictamen expresó que Burghes "no presenta por escrito ningún informe en donde conste cual es el estado y destino del vehículo; a los efectos de poder deslindar responsabilidades", agregando que "es de fundamental importancia tomar en consideración las declaraciones vertidas por el Dr. Mario Araujo, ex-secretario de Acción Social de la Municipalidad... de donde se desprendió sin lugar a dudas que el Sr. Burghes es quien tenía a su cargo el rodado" (f. 36, expte. adm.).

5. Cabe abordar, en primer término, el agravio del recurrente referido a que la resolución atacada no está fundada en orden a acreditar la efectiva configuración de la contravención a los deberes estipulados en el inciso ñ) del artículo 13 de la ley 9286.

Concretamente, esta norma dispone que "sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan las leyes, ordenanzas, decretos y resoluciones especiales, el personal está obligado a: (ñ) Velar por la conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el patrimonio del Estado y de los terceros que pongan bajo su custodia".

Del examen de las constancias de autos en especial, de las testimoniales de los dos mecánicos Zorzón (fs. 9, expte. adm. y 104/vto., expte. judicial) y Llovel (fs. 11, expte. adm. y 103/104, expte. judicial), del agente Giraudo (f. 13, expte. adm.) y del ex-intendente Felizar (fs. 120/121, expte. judicial)- surge que por orden del entonces Intendente Municipal, Burghes trasladó la camioneta para su evaluación y pedido de presupuesto para su reparación al taller del mecánico Zorzón, la cual no se efectuó por no haber arribado a un acuerdo económico. Posteriormente, Llovel se hizo cargo del rodado, el cual, finalmente, fue entregado al señor Giraudo, en Maestranza de la Municipalidad de Vera.

Como elementos corroborantes figuran, además, copia de la solicitud de presupuesto efectuada por el entonces Intendente e informe técnico confeccionado por Zorzón (v. reconocimiento documental, f. 113), que ratifican lo expresado por Burghes.

Es particularmente ilustrativo el testimonio del ex-intendente (fs. 120/121), cuando expresamente señala que la camioneta "...se encontraba a cargo del funcionario que se desempeñaba como Secretario de Acción Social" -a la fecha de los hechos, Mario Araujo-; que se ordenó su reparación por el señor Zorzón y envió la camioneta, junto "...con una nota del dicente solicitándole un presupuesto por los trabajos a realizar", "...fue llevada por el Señor Burghes al señor Zorzón y en marcha. A raíz de que el presupuesto pasado por el señor Zorzón era un poco excesivo la misma fue retirada por otro mecánico llamado Luis Llovel quien la retiró ya desarmada pero con todos los elementos, agregando el dicente que éste tampoco la repara devolviéndola luego a la Maestranza Municipal en el estado que se encontraba, y con todos los elementos".

En relación con el cargo y función de Burghes, Felizar expresa que "lo designó como chofer del Ejecutivo Municipal" y que, en cuanto a su desempeño, indicó que "mientras duró su mandato nunca lo hizo en la Secretaría de Acción Social"; y que "...nunca condujo la Camioneta de Acción Social ...y era el único vehículo afectado a la Secretaría de Acción Social...Que la única vez que lo hizo fue cuando el dicente le ordenó que llevara la camioneta juntamente con la nota antes mencionada al taller del señor Zorzón".

En igual sentido, la señora Eva Ermelinda Lacuadra, indica que Burghes no desempeñó funciones en la Secretaría de Acción Social y "...que nunca lo vio manejar vehículos de la Secretaría de Acción Social donde la dicente desempeñaba funciones..." (fs. 102/103).

De lo hasta aquí expuesto puede inferirse que la tarea encomendada a Burghés por el entonces Intendente de Vera consistió en trasladar la camioneta en cuestión hasta el taller mecánico donde debía ser revisada para su posterior reparación.

No empece a lo recién afirmado, la declaración brindada por el ex-Secretario de Acción Social de la Municipalidad de Vera, señor Mario Araujo (f. 34, expte. adm.).

Según se desprende del dictamen de foja 36 (expte. adm. 4/92), el Fiscal municipal consideró que "... a los efectos de poder así deslindar responsabilidades... es de fundamental importancia tomar en consideración las declaraciones vertidas por el Dr. Mario Araujo, ex-secretario de Acción Social de la Municipalidad... de donde se desprendió sin lugar a dudas que el Sr. Julio Burghes, es quien tenía a su cargo el rodado ut-supra citado... en todo su accionar, el sumariado no veló por la conservación del bien municipal mencionado...".

Es que las aseveraciones recién referidas son tomadas en forma aislada, sin considerar los otros elementos probatorios que obraban en el sumario administrativo.

Lo cierto es que el testigo se limitó a señalar que luego de haber dejado la camioneta en la puerta de la Municipalidad, "...el señor Julio Burghes la condujo durante un mes aproximadamente y luego tengo entendido la llevó al taller mecánico de Zorzón" (f. 34, expte. adm. citado). Dichas expresiones, conforme las demás constancias de autos, son claramente insuficientes para acreditar que el recurrente tuviera la misión de custodiar el vehículo durante su evaluación y eventual reparación.

La Municipalidad razona en el sentido que como el actor no dejó constancia de que la función asignada había finalizado, su deber de custodia se prolongó.

Mas la lógica propiciada por la Municipalidad excede lo que razonablemente podía entenderse como el deber de custodia del rodado que tenía el actor.

En efecto, se advierte excesivo el requerimiento de que luego de cumplir la orden impartida, el agente tuviera la obligación de dejar constancia de ésta; y no resulta lógico que, como consecuencia de tal omisión se le reproche el daño producido a la camioneta por cuanto se observa que el desempeño de Burghes estuvo dentro de las diligencias razonablemente exigibles a un chofer.

La experiencia común indica que si el actor llevó la camioneta por orden del Intendente a Zorzón -y con instrucciones de que se realice un presupuesto para después repararla-, tal acción, sin más, no podía entrañar una violación de un deber de cuidado ni, mucho menos, implicar un peligro para el vehículo del cual Burghes pudiera tener conocimiento y, por tanto, evitar el resultado dañoso.

Antes bien, los antecedentes de la causa permiten afirmar que la esfera de custodia asignada se limitaba a trasladar el rodado hasta el taller mecánico, ya que la evaluación, cotización y eventual reparación estaban sujetas a las directivas que, en el caso, eran dadas por el Intendente Municipal.

Así pues, la conclusión a que arribó el Municipio es irrazonable, en tanto resulta ilógico inferir que por el mero hecho de trasladar el vehículo en cuestión para su reparación (el cual ni siquiera era el que conducía habitualmente), se le atribuyera alguna responsabilidad por las vicisitudes acaecidas con posterioridad al cumplimiento de la entrega que se le había encomendado.

6. De todo lo hasta aquí expuesto puede concluirse que no se han dado en el caso los presupuestos fácticos requeridos por la normativa invocada por el Municipio para fundar la sanción de cesantía.

En función de ello, debe dejarse sin efecto la medida expulsiva dispuesta y debe reincorporarse al recurrente, lo que podrá efectuarse en distintas dependencias y en otra función de la especialidad, de igual nivel y jerarquía a la que ocupaba al momento de la separación del cargo y con la remuneración vigente (art. 48, ley 9286).

En relación al pedido subsidiario de indemnización en caso de que el Municipio se negare a reincorporarlo, debe postergarse su tratamiento -de corresponder- hasta el momento procesal oportuno, mas aclarando que el Estatuto otorga al agente el derecho a optar por una indemnización (art. 49, ley 9286).

Corresponde, en consecuencia, así disponerlo.

Las costas deberán imponerse a la parte demandada (art. 84, ley 4106).

Con tal alcance, voto a esta cuestión por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco, Gastaldi, Spuler y Vigo, expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia ¿qué resolución corresponde adoptar?-, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, ordenar a la Municipalidad de Vera a que proceda a reincorporar al actor de conformidad a lo tratado en el punto "6" de la cuestión anterior. En cuanto al pedido de indemnización formulado en forma subsidiaria, postérguese su tratamiento -de corresponder- hasta el momento procesal oportuno, salvo que el actor opte por el cobro de la indemnización prevista en el artículo 49 de la ley 9286. Costas a la demandada.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco, Gastaldi, Spuler y Vigo, dijeron que la decisión que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, ordenar a la Municipalidad de Vera a que proceda a reincorporar al actor de conformidad a lo tratado en el punto "6" de la primera cuestión. En cuanto al pedido de indemnización formulado en forma subsidiaria, postérguese su tratamiento -de corresponder- hasta el momento procesal oportuno, salvo que el actor opte por el cobro de la indemnización prevista en el artículo 49 de la ley 9286. Costas a la demandada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)