marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Municipalidad, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pedraja Larroza, Carlos A. y otros c/ Municipalidad de Presidente Perón s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-29

Si el funcionario a quien legalmente se le atribuyó la potestad de determinar en qué municipio debían prestar servicio los agentes que pertenecían a alguna comuna en cuyo territorio se constituyó una nueva efectivamente dispuso, antes de que las autoridades del nuevo municipio comenzaran a ejercer sus funciones, que los accionantes debían prestar servicios en la comuna de Presidente Perón, la negativa de sus autoridades a aceptarlos es manifiestamente contraria a las normas aplicables.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Di Mascio, Juan Roque s/ Interpone recurso de revisión en expediente Nx 40.779
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

Es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BANUERA MARIO RUBEN c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-11

La motivación como elemento esencial del acto administrativo consiste en la explicitación de la causa, esto es, en la expresión de las razones que llevaron a la autoridad administrativa a adoptar una determinada decisión.
Procedimiento laboral, defensa en juicio, traba de la litis
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: SUSANA EDITH PONCE c/ ALFREDO ROMARION s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1989-04-05

Los hechos alegados por las partes en la demanda y contestación fijan los términos en que queda trabada la litis y a ellos debe ajustarse el juzgador, so pena de avanzar sobre el derecho de defensa de aquellos.

Con posterioridad a las manifestaciones iniciales de las partes, ni el actor puede variar la demanda ni el demandado su defensa, en otras palabras se ha integrado con ello la litis y determinado la contienda de cuyos límites no pueden desviarse los componentes de la relación jurídico procesal.
Sociedades comerciales, derechos del socio, derecho de información del socio, síndico de la sociedad, responsabilidad del síndico de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORTEU, EDUARDO c/ FINANK  S.A. s/ SOCIEDADES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04

El CPR: 761 establece cómo se ejercitará el derecho que posean los socios conforme a la ley de sociedades. La ley ritual dispone el procedimiento por el que se ejercerá el derecho contemplado por la ley de fondo, mas sin alterar esa preceptiva.

El derecho de información y control individual de los accionistas se encuentra limitado por la ls: 55, que reglamenta su ejercicio de modo diverso. Tal derecho se canaliza por medio del síndico o del consejo de vigilancia, y a través del examen de los estados contables que deben hallarse depositados para su consulta (LS: 67), sin perjuicio de la obtención de actas de asamblea y del ejercicio de los derechos concernientes a decisiones asamblearias.

Si la información obtenida del síndico por requerimiento judicial no fue sincera, confiable o completa, aquél puede ser sujeto pasivo de responsabilidad, inclusive penal. Pero ello no autoriza a permitir que el accionista se convierta -por sí o por medio de perito- en fiscalizador individual de la administración y contabilidad de la sociedad, pues debe conciliarse debidamente el derecho de información del socio con la normativa que impide su acceso directo a los libros.
Partes del proceso, legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zeolla, Juan y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-06

La legitimación es una consecuencia necesaria de la naturaleza disponible de los derechos privados.- Actuar o contradecir en juicio para la tutela del propio derecho es el modo de disponer de aquel derecho; y es fácil, por consiguiente, comprender que, en el campo del derecho privado, la legitimatio ad causam debe estar necesariamente incluida en aquella esfera de la autonomía individual en que tiene cabida el derecho subjetivo, o sea que la legitimación ha de pertenecer de un modo exclusivo a aquella misma persona a la que pertenece de un modo exclusivo el derecho subjetivo sustancial.

Se puede, pues, establecer al respecto esta regla general: cuando se controvierte en juicio sobre una relación de derecho privado, la legitimación para obrar y para contradecir, corresponden respectivamente al sujeto activo y al sujeto pasivo de la relación sustancial controvertida.-
Modalidades del contrato de trabajo, aplicaciones móviles, reparto a domicilio
Materia: LABORAL
Carátula: González Esteves, Carlos José c/ Kadabra SA  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-09

El trabajo por aplicaciones ha llegado para quedarse y como sucedió con la ley 27.555 de teletrabajo, será indispensable incorporarlo como "modalidad del contrato de trabajo" en el Título III de la LCT. Se trata de una modalidad llamada "trabajo con aplicaciones", similar al teletrabajo, pero con puntos distintivos ya que el dependiente no está sujeto a un horario de trabajo y sus prestaciones se discontinúan en función de su locación en la vía pública y el algoritmo. Mientras esta regulación no se consagre legalmente, no existe otra solución que la de autos, para que en este caso concreto impere el mandato constitucional de proteger al trabajo, en sus diversas formas.
Recurso de casación, recurso extraordinario federal, inadmisibilidad formal
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramos, Blanca Rosa c/ Dr. García, Ramón A. y Dra. Bellido, Sofía E.; Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia y Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios - Mala Praxis s/ Casación s/ Recurso de Casación  s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-07-13

Se interpone recurso extraordinario federal en contra de la Sentencia Interlocutoria Nº40/2010 dictada por este Tribunal, por la cual se resuelve declarar formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto.

Preliminarmente corresponde avocarse en este estadio procesal a la verificación de los requisitos procesales extrínsecos del recurso impetrado, conforme a lo establecido por la Acordada Nº4/07 dictada por la C.S.J.N, que en su Art.1) dispone: "el recurso extraordinario federal deberá interponerse mediante un escrito de extensión no mayor a cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones,.

El escrito de presentación no cumple con lo establecido respecto a la cantidad de renglones, ni con lo dispuesto por el Art. 2) inc. "d" e "i", en relación a la carátula donde se debe consignar el domicilio constituido en capital federal, y "la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como de índole federal.; no se considerará ninguna cuestión que no haya sido incluida aquí".

Por lo tanto, en la carátula presentada por el recurrente solo se plantea: "causales Art. 256 en concordancia Art.14 de la Ley 48: ." y la causal de arbitrariedad de la sentencia, habiendo omitido mencionar el planteo de "gravedad institucional" que alega en el escrito de presentación aunado a la carencia en el cumplimiento de lo establecido por el Art.3) inc. "e". Asimismo, cabe recordar que la sentencia interlocutoria 40/2010 que rechaza el recurso de casación interpuesto tiene fundamento no solo en las deficiencias formales del mismo, sino también en las falencias de las condiciones de admisibilidad -por oposición a las de procedibilidad-, y analizado el argumento central vertido por el apelante respecto de la falta de fundamentación del fallo de la Cámara, ha sido desestimado.

Por lo tanto, se vislumbra a lo largo del escrito recursivo la discrepancia del recurrente con el criterio de selección y valoración de la prueba efectuada en instancias ordinarias, intentando por su intermedio el re-examen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa. Por ello, corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso interpuesto por la parte actora, con costas.
Acto administrativo, presunción de legitimidad, ejecutoriedad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Transportes Comodoro S.A. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Medida Cautelar -Legajo de Copias artículo 250 CPCCCH-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-03-17

Los actos realizados por intermedio de los órganos del Estado en uso de facultades regladas, gozan de presunción de legalidad, su ejecutoriedad no puede ser detenida por la justicia, sino mediando graves circunstancias, debiendo el peticionante probar la arbitrariedad del acto recurrido o la violación "prima facie" de la ley para hacer caer la mentada presunción de legalidad del acto administrativo y, por lo tanto su ejecutoriedad.
Requerimiento de elevación a juicio, declaración indagatoria, procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: Granero, José Ramón c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-04

El principio de congruencia está debidamente resguardado si el hecho incluido en el requerimiento fiscal, coincide en sustancia con aquél que fue puesto en conocimiento de los imputados al prestar declaración indagatoria y con el examinado al decretarse su procesamiento. Dres. Mahiques, Riggi, Catucci.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad extracontractual del Estado, muerte de un menor, suicidio, liceos militares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: N. R. I. y otro c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-20

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda que tenía como objeto obtener una indemnización por los daños derivados del fallecimiento de un menor ocurrido en un liceo militar donde cursaba sus estudios ya que hizo referencia exclusivamente al obrar de la víctima, sin examinar a la luz de las circunstancias probadas de la causa si la institución educativa había cumplido con las obligaciones de custodia y cuidado que le competen respecto a sus alumnos, y no ponderó que las autoridades tenían conocimiento de los conflictos que afectaban al menor en su vínculo con otros cadetes pero no fueron diligentes en tomar las medidas adecuadas para garantizar su seguridad y bienestar físico y emocional.
Cuenta corriente bancaria, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bco. Río de la Plata S.A. c/ Gerez de Díaz, María del Carmen s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-08

Tratándose de la ejecución de un saldo deudor en cuenta corriente bancaria, rige en primer término el interés pactado y si no existe convención al respecto, es de aplicación la norma supletoria contenida en el artículo 565 del Código de Comercio, en virtud de la cual debe presumirse que las partes se sujetaron a los intereses que cobren los bancos públicos (o sea la tasa activa). Ello, máxime si la acreedora es una entidad bancaria que actúa como intermediaria en la oferta y demanda de recursos financieros, por lo que la tasa que los particulares le deben abonar por sus préstamos no puede ser igual o inferior a la que paga a sus inversores y ahorristas por sus depósitos, siendo ésta el piso a partir del cual debe calculársela.

(Arts. 565 y 796 del Cód. Com.)
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, daños y perjuicios, responsabilidad de la provincia, personal policial, faltas del servicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mosca,  Hugo  Arnaldo c/ Buenos  Aires,  Provincia de (Policía Bonaerense y otros) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

Es de la competencia originaria de la Corte la demanda deducida, contra una provincia, para obtener el pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la falta de servicio en que habrían incurrido efectivos de la policía local.
Jubilaciones, impuesto a las ganancias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cuesta, Jorge Antonio c/ AFIP s/ sobre acción de inconst (sumarísimo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-04-29

Resulta contrario a los principios constitucionales de integralidad del haber previsional su reducción por vía del impuesto a las ganancias, toda vez que el beneficiario ya abonó dicho impuesto al encontrarse en actividad, por lo que existe una evidente doble imposición a la actividad desarrollada al gravar -con el mismo- el posterior beneficio, máxime cuando la naturaleza integral del beneficio previsional ha sido determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso "Cinco Pensionistas Vs. Perú".
Juicio ejecutivo, procedimiento monitorio, pagaré, legitimación procesal, reglas procesales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Daichman, Jorge Luis c/ Coll Acebal, Silvana s/ Monitorio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-02-23

En el supuesto de los procesos ejecutivos cuyas reglas son aplicables al proceso monitorio, la legitimación procesal de las partes debe resultar, por un lado, de la coincidencia entre quien interpone la pretensión y quien figura en el título como acreedor, y, por otro lado, de la coincidencia entre la persona frente a quien se interpone la pretensión y quien figura también en el título, como deudor. En este aspecto sólo corresponde atenerse a las determinaciones del título, con prescindencia de quienes sean los verdaderos titulares de la relación jurídica documentada en él, pues ello, no puede ser objeto de debate y decisión en el juicio ejecutivo sino, eventualmente, en el proceso de conocimiento posterior.
Contrato de trabajo, docentes, intimación a jubilarse
Materia: LABORAL
Carátula: González Roberto Olegario c/ Escuela de Artes y Oficios Obispo Colombres y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-06-26

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el actor, toda vez que el régimen del Decreto N° 8820/62 al que pretendió acogerse el trabajador en su telegrama del 13-12-2011 resulta manifiestamente inaplicable. En efecto, el actor ya había sido intimado con anterioridad por el empleador a fin de iniciar el trámite jubilatorio mediante Carta Documento del 02-6-2009, tenía en su poder documentación necesaria para ello desde el 15-12-2010 -casi un año antes de la comunicación de la renuncia condicionada- y se encontraba en curso el plazo previsto por el artículo 252 de la LCT. Consecuentemente la renuncia condicionada en los términos del Decreto invocado aparece extemporánea ya que, con anterioridad a ella, se encontraban cumplidos los requisitos para que el actor impulsara el trámite ordinario de su jubilación.
Aborto, aborto con consentimiento, tentativa, participación secundaria, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: MCV c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-08-12

Se dispone la suspensión del juicio ya que media conformidad del Ministerio Fiscal, se le atribuye a la imputada la participación secundaria del delito de aborto con consentimiento de la mujer en grado de tentativa y ésta carece de antecedentes penales computables. Además, en caso de mediar condena sería de ejecución condicional y no sería mayor a los tres años.
Derecho constitucional, Derecho procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: ESPEJO, OSCAR ERNESTO c/ CANTERAS Y CALERAS EL REFUGIO C.Y.C.E.R.S.A. s/ APELACION DE AUTO INTERLOCUTORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-06-30

Si bien la Corte de Justicia de la Nación permite que las leyes de fondo (a pesar de que la materia procesal esta reservada a las provincias) incursionen en las normas de carácter procesal, ello es, cuando se ha considerado necesario garantizar el ejercicio de los derechos consagrados en los códigos de fondo, cuyo dictado compete al congreso de la nación en función del art. 67 Inc. 11 de la constitución nacional.
Cesantía ilegítima, indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: Darhanpe, Victoria y otros c/ Municipalidad de La Plata s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-19

El daño que provoca la separación ilegítima del agente debe presumirse in re ipsa. Sin perjuicio de ello, la magnitud del perjuicio ocasionado a un agente que ha sido declarado cesante sin derecho no puede establecerse en forma genérica y dependerá de las características y particularidades del caso, que corresponde evaluar al juzgador (conc. arts. 519, 522 y concs. del Código Civil).(doctor Negri, minoría)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, agravantes de la pena, monto de la pena, salud del imputado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., E. O. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-23

Los agravios de la impugnante respecto a la pena impuesta resultan inidóneos a los fines de la vía intentada, desde que la compareciente insiste -en esencia- con los cuestionamientos sobre las supuestas secuelas alegadas por la Defensa en relación al ACV que padeció el imputado, reiterando -en rigor- planteos que ya fueron suficientemente abordados, no obstante lo cual la interesada no desmerece lo expuesto por la Alzada en cuanto a que ni la motricidad del imputado ni su raciocinio tuvieron la afectación que la recurrente pretende otorgarse, al tener por acreditado que existió un tiempo entre el accidente de salud y los hechos atribuidos en el que el imputado se recuperó físicamente y que se podía tener por cierto que su capacidad sexual no se había visto afectada; así como tampoco se dedica la compareciente a formular una crítica eficaz que permita demostrar que el Tribunal hubiere efectuado una aplicación indebida o una violación de las pautas legales de mensuración de la sanción, debiendo tenerse en cuenta que la selección de las circunstancias agravantes y atenuantes del monto de la pena es una función propia de los jueces de la causa no susceptible de ser revisada en esta instancia de excepción, salvo arbitrariedad, cuya concurrencia en el caso la interesada no evidencia. (Del voto de los Dres. Falistocco y Netri. En disidencia: Dr. Erbetta)
Sentencia, contenido de la sentencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: PAVIA, LUIS c/ PEREZ, VICTOR s/ ORDINARIO      EXPTE NRO 45-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-08-07

Las leyes procesales sujetan la redacción de la sentencia a un determinado orden, agrupadas en las tres partes en que tradicionalmente se dividen: resultandos, considerandos y parte dispositiva, siendo la segunda la adecuada para que el Magistrado exponga los motivos que lo determinaron para definir el proceso litigioso y la conclusión -fallo propiamente dicho- que sintetiza lo establecido en lo anterior, pero esa conclusión tiene que ser "expresa, positiva y precisa", de forma tal que aleje toda duda e impida la renovación del debate.
Proceso penal, suspensión del juicio a prueba, facultades del fiscal, consentimiento del fiscal, política criminal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Semprevivo, Sabrina s/ infracción art. 189 bis C.P. - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-12

El juicio del acusador acerca de la conveniencia de suspender o no el proceso a prueba se debe limitar a las razones político-criminales que ese Ministerio Público pueda legítimamente tener en cuenta para tomar su decisión (conf. Bovino, Alberto, "La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino", ed. del puerto, 2001, pág.160).

Sin embargo no toda argumentación que pretenda ampararse en la noción "política criminal", deberá ser considerada suficiente como para negar la posibilidad de suspender el proceso a prueba.

Es posible afirmar que política criminal es la política estatal de control social y solución de conflictos dirigida hacia las acciones humanas consideradas (no sólo legalmente) más violentas y conflictivas en un país determinado en tiempos de paz. La prevención del delito es el objetivo de la política criminal. ("Hacia un plan nacional de política criminal. Ministerio de Justicia de la Nación. Dirección Nacional de Política Criminal, Capítulo I. Reflexiones Generales sobre Política Criminal", en página web: http://www.polcrim.jus.gov.ar).
Instrumentos públicos, redargución de falsedad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. c/ Boxall Jorge s/ Cobro ejecutivo Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-21

En el caso, la recurrente no cuestiona la veracidad de los dichos del oficial de justicia, sino la veracidad de lo manifestado por quien atendió al mismo en el acto de la intimación de pago. Una cosa es la verdad material de aquellos actos cumplidos por el oficial público o que han ocurrido en su presencia -los que, de ser desconocidos, deben de ser redargüidos de falsedad- y otra distinta es la realidad de esa verdad material. El cuestionamiento de la veracidad o de la sinceridad de lo que alguna persona le manifieste al oficial público no requiere de la vía del art.393 del CPCC y del 993 del Cód.Civil, ya que no es necesario que en el procedimiento sea parte el segundo (cuyos dichos no se cuestionan), siendo admisible la prueba en contrario por cualquier medio de las manifestaciones calificadas como no veraces o insinceras. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: MASSAFERRO c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-17

1- La acción de amparo presupone un daño actual o inminente en su producción, de manera tal que si la lesión ha cesado, la reclamación no resulta viable por la vía del amparo. 2- La finalidad de la acción de amparo tiene por objeto obtener el cese del acto impugnado por afectar algún derecho o garantía constitucional, pero no a reparar las consecuencias dañosas del acto.
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: V., G.M. c/ A.L., A.S. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-27

Para determinar el importe de la cuota alimentaria debe tenerse en cuenta no sólo la capacidad económica del obligado, sino también las necesidades de los alimentados.