Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-04-06


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: 5 En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los 4 días del mes de Abril de dos mil seis, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y Dra. AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA; bajo la presidencia del Dr. Oviedo, Secretaría Dra. Cristina del Valle Salas Martínez, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 59/05 "MUNICIPALIDAD de ACONQUIJA c/ EDECAT S.A. s/ Acción de Amparo s/ RECURSO de CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde? 2) Costas Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 46, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y JOSÉ RICARDO CÁCERES - A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

La demandada en autos interpone recurso de casación en contra de la sentencia interlocutoria pronunciada por la Cámara de Apelación de segunda nominación, que confirma lo resuelto en la anterior instancia en relación a la medida cautelar de no innovar solicitada por la amparista Expresa el recurrente que la resolución impugnada no obstante tratarse de una interlocutoria reviste el carácter de sentencia definitiva y que igualmente el resto de los requisitos formales exigidos por la norma procesal se encuentran cumplidos A modo de ilustración del relato de los hechos deviene que la Municipalidad de Aconquija inicia acción de amparo y solicita medida cautelar de no innovar en contra de EDECAT, al proceder la empresa al corte parcial de energía eléctrica por falta de pago del servicio por parte del Municipio - En primera instancia el A - quo declara admisible la acción y hace lugar a la medida ordenando el restablecimiento del servicio provocando la apelación por parte de la empresa energética, la Alzada confirma y lo así resuelto es el motivo del recurso en tratamiento Con fundamento en la causal de arbitrariedad y en la errónea aplicación del derecho que rige la materia sostiene el casante que el fallo controvierte los principios republicanos de gobierno de equilibrio institucional o de poderes, por invadir las esferas funcionales reservadas constitucionalmente al poder ejecutivo y legislativo; el principio constitucional de igualdad ante las cargas y servicios públicos; el principio de igualdad de armas procesales, el derecho de propiedad; los derechos de defensa y debido proceso y de razonabilidad de la sentencia Corrido traslado a la actora y vencido el término de ley se da por decaído el derecho dejado de usar A fs. 40 este Tribunal declara formalmente admisible el recurso A fs. 43/44 vta. obra dictamen del Sr. Procurador subrogante - - - Quedando firme los autos para resolver y correspondiéndome en virtud del sorteo habilitar el acuerdo emprendo el estudio de la cuestión motivo de la convocatoria Previo introducirme en la controversia suscitada cabe señalar que las resoluciones referentes a medidas cautelares, sea que las decreten, levanten o modifiquen, son ajenas, en principio, a la revisión extraordinaria por vía de recurso por varias razones, pues no constituyen sentencia definitiva, ni son equiparable a tal; son decisiones típicamente instrumentales y no causan, aparentemente un gravamen irreparable por carecer de los atributos propios de las sentencias conclusivas que excluyen un proceso ulterior al permanecer inmutables por efectos de la cosa juzgada Sin embargo estas reglas distan de ser inflexibles y rígidas, pues se hallan impactadas por numerosas excepciones que se encuentran fundadas en valores y principios superiores, como son los que nutren las garantías que hacen al debido proceso (Cons. Nac. Art. 18) Al respecto nuestro mas alto tribunal ha hecho lugar a la procedencia de la impugnación cuando media agravios que por su magnitud y las circunstancias de hecho puedan ser irreparables Asimismo, el concepto de gravedad institucional que puede estar presente en el caso planteado constituye un supuesto muy interesante y cuenta con grandes posibilidades para la apertura del recurso extraordinario en la órbita de las resoluciones cautelares, toda vez que lo resuelto excede el interés individual de las partes y atañe también a la sociedad en general, tanto a la comunidad de Aconquija, en razón de que será la perjudicada directa de la falta de servicio eléctrico en los lugares designados a esos efectos y el resto de la comunidad toda por la calidad del servicio que se verá menguado o resentido por no percibir la empresa el recurso económico como corresponde.

Que ante todo ello a mi criterio, la barrera de la admisibilidad resulta superada en este caso y, no solo en lo que a sentencia definitiva se refiere sino también al resto de las formalidades requeridas, por lo que doy por ratificada la declaración de este Tribunal obrante a fs. 40 Que ahora bien, ingresando al aspecto sustancial del recurso, no puedo abstenerme de considerar el carácter provisional de las medidas cautelares el que surge de su propio objeto y naturaleza instrumental, siendo su única finalidad asegurar el derecho que se discute en el juicio mientras dure este. Que a su vez no causan instancia, pueden ser revocadas en cualquier oportunidad y no producen efectos de cosa juzgada. El juez las dispone atendiendo circunstancias de hecho y de derecho que determinan sus recaudos de admisibilidad, tales como la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, sin que ello implique su permanencia absoluta en el tiempo, dado que, si varían las condiciones que la determinan pueden ser mutadas, e inclusive dejadas sin efecto y es así que las partes pueden pedir en cualquier momento su modificación Que ahora bien en la controversia que se plantea en el caso sub examen a mi parecer cada parte invocando su derecho defiende e intenta hacer prevalecer su posición en directa y seria afectación al interés general En este orden la demandada insiste en el rechazo de la cautelar cuyo objetivo es el corte de energía en el edificio municipal, polideportivo y antena de transmisión dada a la deuda que mantiene el municipio y en base al convenio y demás disposiciones legales que así lo facultan. Y mas allá que el corte de energía es la consecuencia lógica de la falta de pago y de hecho la empresa así procede con el usuario común y que la no recaudación de este servicio afecta, no se si tanto como la existencia misma de la empresa prestadora pero si, indudablemente sus intereses económicos, hay dos razones que me llevan por sobre ello a inclinarme por el rechazo del recurso - En tal sentido mi reflexión parte por un lado que lo resuelto no escapa de la órbita de las típica cuestiones de hecho, facultad exclusiva de los jueces de mérito y no advierto arbitrariedad instalada en las razones brindadas por la alzada en el como y por que de la decisión adoptada y, por otro lado en la falta de estabilidad de la medida, sujeta a modificación ante la variación de las circunstancias, empero ante las presentes estimo conviene mantenerla en virtud de, como bien lo dice el dictamen del Procurador Subrogante, es de público conocimiento que la provincia reconoció y asumió la deuda de los municipios y, a su vez existe otro motivo mas que, invocado por la amparista no ha sido negado por la accionada y es la supuesta deuda que tiene la empresa energética con el municipio en concepto de la tasa por la ocupación de espacio aéreo Que estos dos puntos a mi juicio atenúan el interés individual y general invocado insistentemente por la empresa para proceder al corte de energía y a su vez potencia el interés público invocado por la amparista para oponerse, pues las probables vías de solución tornan probable el derecho del actor y el peligro en la demora impone evitar el perjuicio innecesario grave e irreparable que acarrearía el corte de energía a la comunidad afectada Cuadra señalar que en lo relativo al recaudo de la verosimilitud del derecho la jurisprudencia ha sostenido siempre que debe rectamente entenderse como la probabilidad de que exista y no como una incontestable realidad que solo se lograra al agotarse el trámite, pues obedece a la necesidad de proteger un derecho que todavía no es cierto, líquido y consolidado sino tan solo probable y aún dudoso, es decir, un derecho incipiente - Todo ello al solo efecto de sostener la medida precautoria y mientras la mismas circunstancias se mantengan y sin que esto implique incidencia alguna en la solución definitiva, pues al margen de que el objetivo de la cautelar y la acción sea idéntico, la naturaleza mutable de la medida no garantiza su firmeza en el resto del proceso donde nada obsta a que pueda ser modificada o levantada en el supuesto de cambio de la situación fáctica que provoca su concesión ni al dictarse el fallo definitivo donde en consonancia con nuevos elementos de juicio que se aporten y mayor ponderación de los mismos se llegue a definir el derecho alegado en el que entonces si deberá ser cierto y no probable En esta inteligencia concluyo que el recurso debe ser rechazado y en este sentido doy mi voto A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que analizada la cuestión de autos y el criterio sustentado por el Señor Ministro de primer voto sobre el conflicto traído a decisión, ésto es, el recurso de casación interpuesto por la demandada empresa EDECAT, peticionando se revoque medida cautelar otorgada en instancias ordinarias, y que obliga a la empresa prestataria a restablecer el servicio, suspendido por falta de pago de la recurrente, considero necesario como primera cuestión ratificar el criterio expuesto, aunque en disidencia con la mayoría de esta Corte, en autos N° 34/05 caratulados " Sr. Intendente de la Municipalidad de El Alto C/ EDECAT S.A S/ Acción de Amparo", en cuya oportunidad expuse que: "de mera lógica resulta que las relaciones jurídicas de suministro derivan de la relación contractual principal, que no es otra que la concesión de servicio publico. Sin ella no podría existir el carácter de adhesión a la prestación que muestra el usuario, en este caso el ente municipal, de lo que surge que al ser accesoria la relación jurídica de que se trata, obvio es que, para la solución de la controversia que se trae a decisión, requerirá el juzgador remitirse a las normas del contrato original y fuente primigenia de la relación entre las partes...(resultando) del Art. 43 del contrato de concesión celebrado entre el Poder Ejecutivo Provincial y EDECAT, que dicho contrato se regirá por las "leyes de la nación y la provincia y en particular por las normas del derecho administrativo". De lo que resultaba como conclusión, que a criterio de esta Ministro, dada la naturaleza administrativa de la controversia, la Corte debía declarar su competencia originaria y avocarse a la cuestión, situación que el criterio mayoritario obvió remitiendo la causa a las instancias ordinarias. - Es por ello que la presente causa llega a esta instancia por vía de recurso de casación, a cuya solución debemos avocarnos, mas allá de la ratificación de mi criterio expuesto precedentemente. - Que del fallo de Cámara surge que el argumento fundamental denegatorio de la apelación de la empresa y la confirmación de la cautelar dictada en primera instancia, es el supuesto daño que el corte de servicio de energía eléctrica podría irrogar a la comunidad y a su vida colectiva, y el carácter de servicio esencial básico, sin parar mientes para así decidir, que la suspensión de servicio tiene como origen la falta de pago de esa prestación por la Municipalidad remisa, y cuya prestación obligacional tiene su fuente en un contrato de suministro. Lo que lleva, de hecho, a tener que analizar la cuestión en los términos del derecho común, con el solo objeto de sacar a luz un comportamiento arbitrario por parte de la Cámara, a nuestro criterio, mas allá de la naturaleza administrativa de la relación y el carácter subsidiario de la legislación civil en la materia. - En este marco de análisis, parece necesario recordar, aunque resulte obvio, la clásica definición de Justiniano que expresa que: "La obligación es el vínculo jurídico que nos apremia o constriñe a pagar a otro alguna cosa"; evidenciándose en tal definición los aspectos esenciales que todo vínculo obligacional presenta, un aspecto activo: un poder o facultad de exigir algo; y uno pasivo: un deber de dar, hacer o no hacer. La facultad y el deber son aspectos distintos de un concepto unitario, que es la obligación. Son el anverso y el reverso de una misma medalla, pues no se puede concebir crédito sin deuda y viceversa (Borda-Tratado de Derecho Civil- Obligaciones - Tomo I ). Fácil entonces resulta entender ahora, desde esta perspectiva, que el Tribunal inferior confunde en su temporalidad y naturaleza el conflicto que se propone a su decisión, que no es por supuesto, el eventual daño que se produciría a la comunidad por el corte de servicio eléctrico (efecto mediato), sino el incumplimiento liso y llano y reconocido por la Municipalidad de su contraprestación de pago, como el polo esencial del vínculo obligacional surgido de un contrato bilateral y a titulo oneroso. - Hacer lugar a la medida cautelar que se cuestiona, no sólo desconoce el aspecto activo de la obligación, pues con la medida se esteriliza y torna ineficaz la potestad del acreedor para obtener legítimamente su crédito, en este caso, la suspensión de servicio; sino que además, por tal vía, modifica de hecho la naturaleza del vínculo que se torna unilateral y a título gratuito, situación que por supuesto linda con el absurdo y desnaturaliza conceptualmente el régimen jurídico de las obligaciones. Baste con este rápido análisis de derecho y sentido común, para ubicar el origen concreto de la controversia, que sin embargo, muestra otras aristas de neto corte administrativo dignas de analizar, como que es primigenia responsabilidad del funcionario público a cargo del Gobierno del Municipio, la prestación continua y eficaz del servicio público, y para lo cual le cabe la responsabilidad de prever en su cálculo presupuestario los medios de pago, en monto suficiente y tiempo útil, para abonar el uso del servicio y proteger así, ese mismo interés público que se alega afectado por la suspensión que, por otra parte, afecta a dependencias que lejos están de prestar servicios esenciales. - Por ultimo, resulta más que írrita la decisión de las instancias ordinarias, si se observa la situación de desigualdad en que se coloca al simple ciudadano usuario que no pagara sus deudas por servicio eléctrico, en tanto, no pudiendo alegar en su caso, un nebuloso, genérico y mediato interés público, seria pasible de suspensión, y su modo de restablecimiento no sería por cierto la articulación de la excepcional vía del Amparo, sino el pago liso y llano de la acreencia. - - Por lo expuesto, expreso formal disidencia al criterio sustentado en el voto precedente, considerando que debe hacerse lugar al recurso intentado, dejándose sin efecto la medida cautelar dictada en autos. Es mi voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Los diferentes fundamentos vertidos por los colegas preopinantes sobre la situación controvertida limitan mi posición al respecto, por lo que haciendo abstracción del principio que señala que la resoluciones referentes a las medidas cautelares no constituyen en principio sentencia definitiva, me aúno al enfoque y argumentos formulados por el Dr. Oviedo, pues considero que en el caso se configura la excepción a la regla, ya que lo decidido proyecta sus efectos más allá de las partes involucradas en la contienda judicial y afecta directamente el de la comunidad toda por la falta de prestación del servicio de energía eléctrica. - - En consideración a ello y en honor a la brevedad, me adhiero a su voto y doy el mío en idéntico sentido. Así voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que conforme al criterio objetivo de la derrota, las costas deben ser soportadas por la parte demandada recurrente que resulta vencida (Art. 68 del C.P.C.). Así voto A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que consecuentemente con mi disidencia respecto al primer voto, estimo que las costas deben estar a cargo de la parte actora. Así voto A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que consecuentemente con lo expresado en la primera de las cuestiones, me adhiero una vez más al voto del Sr. Ministro, Dr. Oviedo, para la solución de la presente cuestión. Así voto. En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y oído al Procurador General Subrogante en su Dictamen Nº 162 y por mayoría de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

(con la disidencia de la Dra. Sesto de Leiva) 1) Rechazar el recurso de Casación interpuesto por la parte demandada. - 2) Costas a la recurrente que resulta vencida. - 3)Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minas de Segunda Nominación que deberá transferir el depósito judicial, obrante a fs. 2 de autos, a la cuenta "Ley Nº 4347 de Casación", que gira bajo el Folio Nº 23037 del Banco Nación Argentina. - 4)Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes.. 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen.