marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, personal subrogante, asignación de funciones, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pignata, Santiago Pedro Alfonso c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 477-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-06-10

Del análisis del artículo 61 del decreto 2695/83 -de donde se desprende claramente que resulta un recaudo indispensable para el otorgamiento del suplemento por subrogancia, el hecho de que las funciones hayan sido asignadas por "resolución del titular de la Jurisdicción, acordando el reemplazo e indicándose en la misma el cargo y función que se subroga y el número de decreto que aprueba la estructura orgánico funcional..."-, puede extraerse que la intención del legislador es la de someter el reconocimiento de diferencias salariales derivadas del desempeño de subrogancias al cumplimiento de determinadas formalidades, lo cual es incompatible con el virtual informalismo que postula el actor al respecto, llegando al extremo de sostener -sin dudas con error- que tal resolución del titular de la Jurisdicción puede substituirse con la orden verbal del Director General de Transporte, so pena de incurrir en incumplimiento del deber de obediencia.
Procedimiento administrativo, multa administrativa, debido proceso adjetivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Agronorte  SAACIFI. s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

La sola circunstancia de que el mismo funcionario que aplicó la multa haya entendido en el recurso interpuesto, no constituye una infracción a la garantía constitucional del debido proceso en sede administrativa.
Alimentos, cuota alimentaria, carga de la prueba, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: D.L. DE C. c/ C.J. s/ ALIMENTOS - QUANTUM - PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

Al alimentante le corresponde probar sus ingresos si no quiere caer en presunciones, por lo que no cabe otra alternativa que admitir la prueba indiciaria para determinar el "quantum" de la cuota alimentaria.
Abogados, regulación de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: 71.553 - ANFUSO JUAN CARLOS c/ D.G.E. s/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-09-05

El contenido económico concreto, no existe al activarse una acción contencioso-administrativa de nulidad, en la que la cuestión no trasciende el interés particular de las partes, por lo que corresponde aplicar, en materia de honorarios, el art. 10 de la ley 3641.-
Recurso de revisión (procesal), sentencia, incongruencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MENDEZ R. c/ DOMENINO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-09-27

No causa agravio la circunstancias de que expresamente no se haya manifestado en la sentencia cuestionada que se confirmaba la sentencia del primer juez. Esta consecuencia jurídica reconoce como causa o prius lógico precisamente el rechazo de todos los recursos intentados contra la misma. Ello implica que en el juicio de apelación el tribunal de alzada no encontró fundamento para reemplazar al de primera instancia por una nueva. Aquélla recobra pues, todos sus efectos sin necesidad de declaración alguna al dejar de estar sometida a condición de impugnación .
Acción de amparo, plazo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pacheco, Luis Daniel c/ Municipalidad del Dpto. Santa Rosa s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-12-13

Para fijar el punto de partida desde el cual deben computarse los plazos, la ley provincial sobre amparo tiene un párrafo agregado al texto de la ley nacional:" o el afectado tomó conocimiento del mismo", en referencia al momento en que el amparista tiene real conocimiento del acto lesivo.

De ese modo, la notificación realizada en la obra en construcción mediante su pegado en la puerta cerrada porque no había nadie en ella, no siendo aquélla el domicilio del amparista, no puede tomarse como real conocimiento del acto y tampoco lo es el hecho alegado de que en una reunión aquél fue informado de la eventual clausura del local y demolición de lo construido, pues se trata de algo hipotético, una posibilidad que no importa la notificación de un hecho.
Excarcelación, homicidio simple, prisión preventiva, intoxicación, ebriedad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Díaz, Silvio Ramón s/ Recurso de casación s/Homicidio y lesiones graves lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-10-06

Si bien al imputado de homicidio simple por atropellar fatalmente a un menor, se le enrostra un grave hecho, como la excesiva velocidad a la que conducía su automóvil, su estado de embriaguez y/o bajo los efectos de drogas y/o estupefacientes, la notoria violación de las elementales reglas que rigen en el tránsito vehicular, éstas circunstancias son las que, precisamente, justificaron el dictado de una resolución de mérito positivo en su contra, como lo es el auto de procesamiento y la calificación legal, por lo que, no puede utilizarse las mismas pautas y parámetros para legitimar la prisión preventiva, porque entonces comportaría un anticipo de pena encubierto, una "pena prohibida".
Control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rendón, Alfredo Salvador c/ Siam Di Tella Ltda. s/ Despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-10-11

No compete a la Corte Suprema revisar, en ausencia de la transgreción constitucional específica, el acierto o la prudencia con que el Congreso ejercita la función que le está reservada, en los términos del art. 67, incs. 16 y 28 de la Constitución Nacional
Regulación de honorarios, excepción de cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD de COMODORO RIVADAVIA c/ C., G. F. y otros s/ ACCION de NULIDAD (Ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-12-20

"Debe rechazarse la solicitud de regulación de honorarios por la excepción ya que, por ser la cosa juzgada una de las defensas que puede oponer la parte demandada, al resultar ésta vencedora ya que como consecuencia de su admisión se produjo la conclusión de la litis, no cabe tomarla como pretensión autónoma en los términos del art. 175 del Código Procesal sino como integrante de la primera etapa del juicio".
Derecho tributario y aduanero, aduanas, tasa de estadística, cláusula FOB
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "M  &  F Distribuidora S.A. c/ EN -DGA- Resol. 139/05 (Expte. AAA54 1212/02 s/ Dirección General de Aduanas".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-31

Corresponde confirmar la sentencia que ordena a la Aduana la devolución de las sumas que la empresa actora pagó en demasía en concepto de tasa de estadística cuando se advierte que existe coincidencia entre el certificado de origen, la factura comercial y el despacho de importación con relación a los datos correspondientes la cantidad de mercadería y al valor FOB por lo que en tales condiciones, negar el tratamiento preferencial solicitado importa una exigencia excesivamente rigorista de formalidades que sólo tienden a obstruir la finalidad de integración económica perseguida por el acuerdo, generando reacciones que puedan dificultar la prosecucion de sus objetivos (Del voto del juez Argento, cons. V).
Contratos, medicina prepaga, derechos de las partes, obligaciones de las partes, Programa Médico Obligatorio, cobertura médica, gastos médicos, acción de responsabilidad, deber de información, robótica
Materia: CIVIL
Carátula: Friedlander, Juan Carlos c/ Swiss Medical SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-23

Procede condenar a la empresa de medicina prepaga accionada a abonar al actor una determinada suma por incumplimiento contractual. Ello por cuanto, en el caso, no hay controversias de que el demandante era afiliado al plan DSB Sistema Combinado Línea Gris, plan médico en el que se podía elegir atender sus necesidades médicas con prestadores de su cartilla o atenderse con profesionales a la misma, obteniendo un "reintegro" previamente pactado en cuanto a autorizaciones, topes, contenidos y vigencia; y luego de diagnosticada una enfermedad de cierta gravedad, y a sugerencia del cirujano de realizar una intervención robótica, la demandada rechazó la cobertura por no estar incluida en el PMO. En ese marco, la empresa de salud, no solo no informó el rechazo de la solicitud de autorización de la cirugía robótica remitida por el actor, sino que, toda vez que éste podía acceder a una atención médica con profesionales ajenos a la cartilla obteniendo un reintegro, con arreglo a las disposiciones administrativas vigentes al momento del acto médico, una auditoría de la Obra Social debió evaluar, en el caso concreto, lo requerido por el accionante, según lo expresado por la propia Superintendencia de Seguros de Salud. Así pues, estímase que, en este aspecto, se deberá confirmar la sentencia apelada en cuanto a la responsabilidad de la demandada y en cuanto al tope de cobertura según lo indicado, pues, claramente, la falta de información ocasionó que el actor se viera forzado a abonar de su peculio las sumas correspondientes a su intervención quirúrgica. Así pues, surge claro que, conforme el CPR 377, la accionada debió probar sus dichos respecto de un supuesto rechazo informado al actor de la cirugía robótica requerida, en orden a sostener que no era una práctica incluida en su plan médico ni en el Programa Médico Obligatorio.
Condena anterior, pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: González Radrizzi, Patricio Daniel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-03

Si a raíz de un hecho distinto debe juzgarse a una persona que ya está cumpliendo pena por sentencia firme, corresponde al tribunal que pronuncie el último fallo dictar la sentencia única que establece el artículo 58 del Código Penal. (Voto del Dr. David).
Despido con causa, acoso sexual
Materia: LABORAL
Carátula: DENTONE, JOSEFINA c/ SEGURIDAD Y CUSTODIA SRL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-15

El acoso sexual laboral puede constituir injuria, en los términos del art. 242 de la LCT, y justa causa de despido, conforme a la valoración que realicen los jueces, teniendo en consideración el carácter de la relación laboral, lo dispuesto por la ley citada, y las modalidades y circunstancias personales de cada caso. De todos modos, el decreto 2385/93 sobre el régimen jurídico básico de la función pública, introduce una definición de acoso sexual. Según dicha norma, se entiende por tal el accionar del funcionario que con motivo o en ejercicio de sus funciones se aprovechare de una relación jerárquica induciendo a otro a acceder sus requerimientos sexuales, haya o no acceso carnal.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Páez, Jorge Ricardo s/ Robos reiterados calificados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

Si la recurrente no se agravió ante la Excma. Cámara en cuanto al modo de individualizarse la pena, tal cuestión no quedó sometida a resolución en los términos de la primera parte del art. 342.
Estafa, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: V., E. s/ Fraude en Perjuicio de la Adm. Pública en Conc. Ideal  conIncumplimiento Deberes de Funcionario Público
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-04-10

"El engaño vinculado a un asunto de carácter patrimonial sólo se adecúa a la figura de la estafa, si el autor tiende a defraudar".
Proceso penal, actor civil, demanda
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: MOYANO RAFAEL HERMINIO s/ PROCESO PENAL - ACTOR CIVIL - DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-21

Si la ley procesal sólo excusa al actor civil de precisar el monto de su pretensión al requerir al tribunal ser tomado como parte en el proceso (C.P.P., arts. 81 y 82), disponiendo que, luego en oportunidad de emitir conclusiones, entable formalmente su demanda, es dable sostener que es en esta oportunidad cuando deberá justipreciar inexorablemente el perjuicio que dice haber sufrido porque, de lo contrario, la demanda no satisfacerá uno de los requisitos que la estructuran cual es el objeto, sin que sea posible, tratándose de una acción civil intentada en el proceso penal en el que la demanda se interpone una vez producida la prueba, diferir la estimación para una etapa posterior porque sencillamente no la hay, ni tampoco dejarla librada a la prudencia del tribunal, pues el derecho de defensa en juicio del demandado requiere no sólo que conozca cual es el perjuicio cuyo resarcimiento se le reclama sino, también, su "quantum", desde que también sobre ese punto, eventualmente, podrá resistirse alegando su demasía.-
Procesos de ejecución, obligaciones en moneda extranjera, conversión de la deuda, pesificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: WILSON,   LUIS   MARIA  ERNESTO c/ GINEVRA,  NORBERTO  HUGO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-30

Resulta improcedente convertir la suma reclamada en dólares estadounidenses a igual cantidad en pesos (según los términos de la ley 25561 y el decreto 214/02) cuando, -como en el caso-, ni siquiera se encuentra trabada la litis, de modo que no se ha entablado adecuadamente el eventual contradictorio que pudiera dictarse sobre el punto (CNCOM sala e, 7.8.02, "Boysen, Ricardo y otro c/ Vásquez, Ángel y otro s/ ejecutivo").
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, delito de peligro abstracto, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Carabajal Cejas, Mario H. y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-07

Al tipificar el delito de tenencia de estupefacientes para uso personal, el legislador no realizó distinciones en cuento a la cantidad, porque al tratarse de un delito de peligro abstracto, cualquier actividad relacionada con el consumo de drogas pone en peligro la moral, saludo pública y hasta la misma supervivencia de la Nación, cuyo potencial humano es quizá su mayor patrimonio. Esta línea jurisprudencial es la trazada por la Corte suprema in re "Montalvo" y para apartarse de la misma resulta necesario el aporte de nuevos argumentos que justifiquen la modificación de las posiciones sustentadas en él. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell).
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios Villa Elisa Sector II c/ Paladino, Enrique s/ Cobro ejecutivo de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-27

En razón de la particular naturaleza del crédito reclamado y que consiste en la necesidad de no perturbar el desenvolvimiento del consorcio, la jurisprudencia tiene reiteradamente decidido que el examen del título no debe ser extremadamente riguroso. Ello así, porque el legislador ha establecido normativas específicas para garantizar el deber de pagar con puntualidad las expensas con la finalidad de sufragar los gastos comunes del consorcio (art. 522, Cód. Procesal).
Libertad de prensa, funcionarios públicos, empleados públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Costa, Héctor Rubén c/  MCBA  y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

Dentro de lo que podría llamarse la "protección débil del funcionario público" frente a la "protección fuerte del ciudadano común", cabe efectuar una segunda distinción fundada en el grado de notoriedad pública del sujeto pasivo supuestamente vulnerado por la circulación de noticias frente a su conducta, toda vez que no puede equipararse la situación de un ministro de gobierno con la de un anónimo empleado de una repartición estatal circunstancialmente vinculado a un asunto público si sólo se considera que las instancias de acceso a la opinión pública de este último son prácticamente escasas o nulas, no así en el otro supuesto considerado, por lo que cabría acordarle al primero una mayor protección en esta esfera.
Daños y perjuicios, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rugueiro Víctor Pedro c/ Chidiak Antonio s/ Rendición de cuentas y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

No teniendo el demandado los animales -cuyo precio de venta se reclama- por causa de un contrato con el actor, sino como consecuencia de una medida cautelar dispuesta por el juez, no estamos ante una posesión adquirida ilícitamente ni ante una venta viciosa, ya que ésta contaba con autorización judicial. De tal modo, la responsabilidad de aquél reconoce su fuente en la ley y no en el contrato. La acción ejercida por el actor es entonces por responsabilidad extracontractual y alcanzada por la prescripción bianual dispuesta por el art.4037 del C.C.
Sucesiones, apertura de la sucesión, apertura por los acreedores
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PAEZ Carmen M. s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-04-10

Para que proceda la apertura del sucesorio a instancia de un acreedor debe éste demostrar la calidad de tal e intimar previamente a los herederos a iniciarlo (arts. 3314 Código Civil y 679 CPCCyM -ley N°3738-). Y a los efectos de otorgar certidumbre a la calidad de acreedor basta con que el crédito esté justificado prima facie, dependiendo la verosimilitud de este carácter de las circunstancias que se aleguen y de la prueba que se aporte en cada caso particular. En consecuencia, en el supuesto de que individualizados y notificados los sucesores conforme las previsiones del art. 679 del CPCCyM (ley N°3738 y art. 687 según ley N°8037), su manifiesto desinterés en el inicio de la sucesión legitima a los acreedores para solicitar la apertura del sucesorio, pero para ello -previamente- debe habérselos intimado en los términos del art. 3314 del Código Civil.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, inapelabilidad en razón del monto, alimentos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Arancibia, Ramón c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ Cobro de seguro de vida - Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

El artículo 242 del Código Procesal (modificado por la Ley 23 850), cuando excluye a los "procesos de alimentos" del régimen de inapelabilidad allí consagrado en razón del valor cuestionado, se refiere a los procesos cuyo trámite se encuentra disciplinado en el Libro IV, título III, del código citado, sin que nada autorice a extender esa solución a todos los procesos que revisten naturaleza alimentaria. Consecuentemente, los vicios de que pudiera adolecer la sentencia de única instancia sólo son susceptibles - en el supuesto de que se reúnan todos los requisitos del caso - del recurso extraordinario por arbitrariedad, pues aquel pronunciamiento es la sentencia definitiva a que se refiere el artículo 14 de la Ley 48.
Representación legal, personería, abogado no apoderado, violación de las formas procesales, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: PIZARRO JOSE ALBERTO c/ SINDICATO DE TRABAJADORES VIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y VIVIENDAS VIALES DEL SUR SOCIEDAD CIVIL s/ ORDINARIO POR COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-02-23

Deviene improcedente pretender que existe un quebrantamiento de las formas o solemnidades sentenciales y/o que se ha violado, interpretado o aplicado erróneamente la ley, por rechazar un recurso de apelación por que la letrada, pretendidamente recurrente, ha invocado una personería que no acreditó en legal forma, ni invoca la gestión prevista en el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial, careciendo de legitimación para recurrir, debiéndose rechazar recurso de casación articulado.

En el caso de autos, ello es así, básicamente al presentarse pretende representar a una parte distinta de la que venía haciéndolo en el juicio, y del poder acompañado en primera instancia no resulta que la letrada sea apoderada. Ergo, debió adjuntar el instrumento pertinente en alguna de las oportunidades en que fue intimada a hacerlo.

Pero tampoco invocó el beneficio del artículo 48 del Código Procesal Civil, ni realizó aclaración alguna respecto que se presentaba en nombre de otro cliente distinto de aquel en nombre del cual se presentó a contestar demanda, sino que se limitó con dar por supuesto -y con ella todos debían ser contestes en ese razonamiento- que comparecía por la parte que invoca.

Lo cierto es que resulta elemental que quien invoca en un juicio, tiene el deber jurídico de probar el mandato otorgado, o actuar como gestor oficioso (art. 48 del C.P.C. y C.) y obtener la ratificación posterior oportuna. Claro en este último caso, además debió haber invocado también las urgentes tramitaciones que debía realizar en autos y los hechos o circunstancias que impidiesen la actuación del representante legal.

El mandato que letrada presentó en este proceso es de data muy anterior al inicio del juicio. Por lo tanto, todas las consideraciones que realiza respecto del exceso ritual manifiesto, la violación del derecho de defensa en juicio, etc., devienen en un inaceptable intento de revertir las consecuencias de su propia actuación y por ende inaudibles en esta extraordinaria instancia.-
Prueba pericial, peritos, perito de parte, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: HARENGUS  S.A. c/ BUQUE SANTA CRUZ s/ MEDIDA PRELIMINAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

Así como el juez tiene amplias facultades en la elección de la especialidad necesaria para una adecuada realización de la pericia, dejando la ley a las partes la posibilidad de recusación por falta de idoneidad, a posteriori de la designación, como contrapartida a aquella facultad del magistrado, la de designar consultor técnico recae exclusivamente en los litigantes. Asesor de las partes en materias extrañas al campo jurídico, el consultor inaugura en nuestro derecho positivo la figura del "patrocinio técnico", y se constituye en un verdadero y propio defensor de los intereses de la parte que lo propuso, en favor de quien pone su ciencia y experiencia sobre cuestiones ajenas a la disciplina jurídica.

Ello así, el "a quo" no pudo validamente imponer a Yacimientos Carboníferos Fiscales (parte en la presente medida preliminar), que la designación del consultor técnico por ella propuesto debía recaer en un ingeniero naval; pues salvo que el ofrecimiento aludiera a un experto con conocimientos totalmente incompatibles con la naturaleza de las cuestiones aquí debatidas, la elección de dicho auxiliar es competencia exclusiva de la parte. Claro está, que dicho litigante se verá naturalmente inducido por su propio interés a elegir un consultor técnico entre las personas profesionalmente calificadas, que posea la competencia técnica necesaria para tratar de igual a igual con el perito nombrado por el juez.
Empleados públicos, cargo, remuneración, docentes, Administración Pública, culpa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MONCHAMP, MIREYA EDEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 230-78
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1981-08-26

La doctrina está conteste en que los "derechos" de los funcionarios o empleados públicos, nacen desde que el agente toma posesión de su empleo y comienza a ejercer las respectivas funciones. Consecuentemente para que el funcionario o el empleado tenga derecho a percibir el "sueldo", se requiere de su parte el ejercicio efectivo de la función; de no ser así el pago carecería de causa jurídica. Este principio reconoce excepciones, en los supuestos en que la falta de prestación de los servicios obedeciera a supuestos contemplados en las normas (v gr ciertos casos de "suspensiones" de la agente, licencia, vacaciones, etc); o cuando la no prestación del servicio no sea imputable a la agente, sino a la administración pública.