marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos innominados, jugador de fútbol, pase a préstamo
Materia: CIVIL
Carátula: Simón, Juan Ernesto c/ Gimnasia y Esgrima de la Plata s/ Cobro ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-23

Es posible reconocer, con ciertas limitaciones, la existencia de un contrato innominado según el cual un particular puede, como cesionario, participar del beneficio líquido sobre el resultado que produzca la transferencia entre clubes de los contratos laborales de jugadores profesionales. El club titular del derecho federativo y del derecho económico inherente al anterior, puede desprenderse solamente de este último, mediante cesión, a favor de un tercero, que se caracterizará como un contrato aleatorio (art. 2051, Código Civil), de cumplimiento condicional (arts. 527 y 528, ley de fondo) y que podrá tener diversas modalidades (arts. 1435, 1363, 1424 y concdts.; siempre del Código Civil), pero nunca podrá verse afectada la dignidad de la persona del jugador, ni reducidos o limitados los derechos que tiene como trabajador. Cualquier cláusula que restrinja tal dignidad o tales derechos, así como toda estipulación mediante la cual el inversor intente manejar la disponibilidad del jugador, han de considerarse cláusulas abusivas, contrarias a la buena fe e ilegítimas, a la luz de lo prescripto por el Estatuto del Futbolista Profesional (ley 20.160), por la ley 20.744, por la Convención Colectiva 430/75, por los arts. 953, 1071, 1198, 1445 y concdts. del Código Civil y, por sobretodo, de lo garantizado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y art. 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (doctor DE LAZZARI, minoría).
Expropiación, indemnización expropiatoria, inflación, tipo de cambio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Benítez, Fructuoso y otra c/ Dirección Nacional de Vialidad. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

A los fines de fijar la indemnización en la expropiación, si bien no corresponde tomar en consideración exclusivamente como pauta de ajuste la cotización de la divisa norteamericana, no se puede ignorar que en los hechos el mercado inmobiliario, especialmente en épocas de fuerte inflación, expresa los montos negociados en dólares.
Actos jurídicos, compraventa, prueba, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: LAMARCA DE MUSCARI MATILDE Y OTROS c/ SUCESORES DE MERCEDES OVIEDO DE LOPEZ s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - COMPRAVENTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-03-14

Si bien las presunciones pueden ser medio de prueba eficaz (arts.

1191 y 1192 C. Civil) es menester para ello que se funden en hechos reales y probados y que por su precisión, gravedad y concordancia, sean susceptibles de llevar a la convicción de la existencia del hecho que se pretende demostrar. Si se pretende acreditar la existencia de un acto jurídico como es el compromiso de venta que se invoca en la demanda, instrumentado en un documento al que el sentenciante le ha negado autenticidad, validez de principio de prueba por escrito y tampoco ha admitido como eficaz la prueba de la posesión, de manera que no es posible, con las solas presunciones llegar a la determinación de la existencia de un acuerdo de voluntades válido y jurídicamente eficaz.
Proceso penal, prisión preventiva, apreciación de la prueba, intención de eludir la acción de la justicia, doctrina de la arbitrariedad, sentencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos Domínguez, Fernando sobre 153 1° y 2° párr. - violación de secretos y de la privacidad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-02

Corresponde rechazar la queja porque, al margen del acierto o error de las consideraciones de los jueces para ordenar el encarcelamiento preventivo del Imputado, la defensa no ha logrado demostrar que aquellas no constituyan una derivación posible de la ley aplicable a las circunstancias de esta causa y que, por ello, quepa a este Tribunal ingresar excepcionalmente en un asunto que, por regla, es ajeno a su excepcional competencia. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Defraudación, retención indebida, depósito en garantía, prenda, depósito irregular
Materia: PROCESAL - PENAL - COMERCIAL
Carátula: Demolli, Gabriel s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-24

No incurre en el delito de defraudación por retención indebida, el locador que no devuelve al locatario el dinero recibido como garantía de cumplimiento del contrato de locación, pues en la interpretación del art. 2182 del del C. Civil, la entrega de dinero en garantía de cumplimiento de un contrato no constituye depósito sin prenda "irregular", (porque el dinero se entregó como género, y no como cosa cierta), lo que permite disponer de él al locador.
Regulación de honorarios, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BANCO EXTERIOR  S.A. c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE ECONOMIA) s/ AMPARO POR MORA - PRESUPUESTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-05

Si bien la acción tuvo por objeto tan sólo obtener una orden de pronto despacho a fin de lograr un pronunciamiento expreso de la administración, no obsta ello la consideración del valor económico de los honorarios, entre otras pautas con arreglo a lo dispuesto por el art. 6 inc. f) de la ley 21.839, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, mérito, calidad y eficacia de la labor desarrollada, resulta obtenido y trascendencia económica del pleito.-
Juicio oral, sobreseimiento, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Valdivia, Ricardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-30

El debate oral y público, por su propia naturaleza, se presenta como el escenario más propicio para determinar el alcance de los hechos probados y la eventual responsabilidad del imputado. El voto concurrente agregó que el sobreseimiento dispuesto resulta prematuro, en tanto el aporte del encartado en los homicidios agravados investigados habría sido realizado en el marco de un plan común -al que adhirió- que implicó -entre otros objetivos- el mantenimiento en cautiverio de personas en paupérrimas condiciones de detención, cuyo "destino final", entre otros, podría ser la muerte.
Negación de los hechos, declaración autoincriminante
Materia: PENAL
Carátula: C. A. T. C/C. N. Z. c/  s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-10-27

El accionado, al responder, se limitó a negar todos y cada uno de los hechos invocados por la actora sin aportar versión alguna al respecto. Nada dijo, replicando así la conducta desplegada ante los jueces penales. Y si bien es cierto que el silencio en esa instancia no puede ser juzgado en su contra ya que es un derecho de raigambre constitucional (art. 18 CN), sí le era exigible aquí especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa. (art. 356 inc. 2 CPCC).
Honorarios del abogado, facultades de las partes, orden público, reconocimiento de las obligaciones, poder especial, juicio ejecutivo, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA DE SERVICIOS FARMACEUTICOS SA OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE s/ REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

Sin perjuicio de señalar que aún cuando reposa en la libertad contractual y en la discrecionalidad de las partes evaluar el mérito de la actividad cumplida por el beneficiario de la retribución y no es susceptible de ser objetada en la medida que tengan facultades para hacerlo y no afecten el orden público, no cabe, por ahora, librar cheque por los referidos honorarios, porque el reconocimiento de obligaciones requiere de un poder especial o específico (cfr. Arts.

1881, Inc. 17, Código Civil), facultad de la que carece la apoderada de OSPLAD. No por el hecho de que se admita que adeudan honorarios -pues el derecho a su cobro por parte del letrado de la ejecutante es indudable -, sino por la circunstancia de que la citada apoderada reconoce un porcentaje que, como principio, es superior a los mínimos que prevé el arancel de abogados y, en consecuencia, en tanto se puede agravar de ese modo la prestación a cargo de su mandante (doctr. Art. 723, Código Civil), para que esta pueda quedar obligada con ese alcance es menester que su apoderada tenga facultades explícitas, señalándose, además, que el cálculo lineal que se hace en la audiencia no es correcto, pues en los procesos ejecutivos la labor profesional se liquida por etapas y se prevé una reducción del 30% cuando no hay excepciones.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: FUSTER BUENAVENTURA s/ DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COMUN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-11

Las inhabilidades contenidas en el art. 276 incs. 6, 8, 13 y 14 C P.M.P. no son absolutas sino relativas, al estar basadas en la sospecha de parcialidad del testigo. Tales inhabilidades sólo tienen lugar en cuanto los deponentes pueden llegar a testimoniar inspirados por interés, afecto u odio.
Daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Recepter, Leopoldo y otro c/ Arienta, Daniel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

El segundo apartado del inc. 6° del art. 163 del ordenamiento procesal, impone que el caso se juzgue en función de las circunstancias fácticas existentes al momento de dictar la sentencia de mérito. En consecuencia, si ya no existían secuelas psíquicas a la fecha de la pericia, nunca las alteraciones transitorias que pudiera haber padecido la víctima a raíz del evento, y que en la pericia de psicólogo han sido calificados como trastornos y sufrimientos psíquicos o morales inherentes a todos los casos de ese tipo, los mismos quedan absorbidos por el rubro de daño moral, y nunca pueden conducir a que se les otorgue una autonomía como otro rubro independiente (arts. 1068, 1083 y 1086, Código Civil).
Sucesiones, estafa procesal
Materia: PENAL
Carátula: S., S. S. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-11

Mauro Divito, a cuyo voto adhirió Juan Estaban Cicciaro, precisó que la manifestación de ser la única y universal heredera que efectuara expresamente por escrito, constituyó un engaño al juez de ese proceso, el cual encuentra adecuación típica en el artículo 172 CP. Que la manifestación mendaz resultó idónea para excluir del proceso sucesorio a sus sobrinos y, una vez que se dictó a su favor la declaratoria de herederos, le permitió disponer del único inmueble que integraba el acervo sucesorio.
Procesos de conocimiento, control estatal, consorcios agropecuarios, pago, compensación, mercados
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Molinos Rio de la Plata SA c/ Oncca- Resol. 344/07  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-07

La jueza de primera instancia dejó sin efecto el artículo 5 de la resolución conjunta n° 235, 166 y 334 del 2011 -respecto de la firma actora- en cuanto dio por denegadas sus peticiones de compensación por las ventas de aceites en el mercado interno, y ordenó al Estado Nacional que -en el plazo total de 90 días hábiles administrativos- se expidiera sobre esas solicitudes de compensación, con arreglo a las pautas fijadas en la sentencia y de acuerdo al régimen establecido por las resoluciones ONCCA n° 344/07 y 659/07, y la resolución n° 132/07 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Por otro lado, rechazó el pedido de que se condenara a la administración al pago de las compensaciones solicitadas. La sala confirmó dicha sentencia, con fundamento en que la resolución conjunta n° 235, 166 y 334 del 2011 carecía de la motivación suficiente para justificar la denegación genérica de las solicitudes. Respecto del rechazo de ordenar directamente el pago de las compensaciones, sostuvo que correspondía que sea la autoridad administrativa quien se expidiera sobre la eventual procedencia de dicho pago.
Poder Judicial, facultades del Poder Judicial, control de constitucionalidad, juicio político, Cámara de Senadores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Trovato, Francisco Miguel Angel c/ Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

El Poder Judicial de la Nación puede ejercer el control de constitucionalidad respecto de las decisiones adoptadas en el procedimiento de juicio político por el Senado de la Nación (Voto del Dr. Guillermo A. F. López).
Daños y perjuicios, reparación integral
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Morales, Ana María c/ Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios- Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-09-02

La Cámara, en el voto de la mayoría, al producir el cálculo de la indemnización del daño multiplicando el ingreso de la víctima por su expectativa de vida, limitó su análisis a un criterio aritmético rígido contrario al que en la materia tiene fijado este Alto Tribunal para el tema daños y perjuicios en el fuero civil, en tanto el método de tabulación aplicado por la Cámara se identifica con materia laboral.

En efecto, sobre la cuestión esta Corte tiene dicho en autos Corte Nº 154/97 y Nro. 08/04 que: "la aplicación de escalas matemáticas resulta más acorde a efectos de determinar una indemnización de carácter laboral, que no se recomienda la aplicación de aquellas en un proceso de naturaleza civil, donde en definitiva será el prudente arbitrio judicial el que determine el monto de la misma.

Pues, a los fines de valorar y cuantificar el monto indemnizatorio en concepto de daño material, conviene utilizar un criterio que pondere distintas circunstancias como, por ejemplo, el grado de incapacidad, tipo de afección, edad de la víctima, profesión, cargas de familia, etc. Dado que una reparación que se precie de integral no puede reducirse ... a una mera ecuación matemática ...".

En consecuencia, tomando en cuenta el efecto extintivo del pago realizado a la actora por el tercero citado a juicio, aparece como adecuada a los parámetros de la doctrina legal expuesta y a criterios de equidad la evaluación realizada por la señora camarista que constituye la minoría que, haciendo hincapié en las condiciones de la víctima, en los montos ya abonados, en los vínculos familiares, adecuando valores a la actualidad, concluye que debe otorgarse, por daño material la cifra de $ 180.000 más $ 60.000 por daño moral, monto que se considera ajustado a las circunstancias de la causa.
Embargo, actualización monetaria, valor del bien
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO PROVINCIA DE CORDOBA c/ P. R. ALLENDE s/ EMBARGO-CLAUSULAS DE ESTABILIZACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-09-15

Si el bien gravado aumenta constantemente su valor al ritmo inflacionario, nada es mas equitativo que incrementar en igual proporción el monto del embargo, porque as, mientras el deudor esta sujeto siempre a la misma afectación, el acreedor conserva inalterable su garantía. Se trata de mantener inmodificado, a través del tiempo, la incidencia que originariamente tenía el embargo sobre el valor del bien, y de no alterar la relación que haba al comienzo del litigio entre el crédito y la medida precautoria que le sirve de sustento real. Una vez que ha sido vendido, la preferencia que el embargado acuerda al acreedor, no se ejerce sobre el bien en si mismo sino sobre su valor. Si al momento de la venta este valor es superior en términos nominales, al del tiempo de anotación del embargo, lo m s justo es actualizar también la precautoria para que el acreedor pueda ejercer exactamente el mismo derecho que tenía originariamente.- Lo contrario importara incitar al comprador a tomar provecho o ganancia indebida fuera de los carriles normales de un negocio normal con menosprecio del "alterum non lae duro" y del "suum quique tribuere" principios básicos de una noción elemental de justicia.-
Concurso preventivo, efectos de la apertura, importaciones, exportaciones, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - COMERCIAL
Carátula: NOEL  Y  CIA.    S.A.   S/CONCURSO S/INC. APEL. POR LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ INC. APEL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-25

Existe pugna entre la garantía constitucional de comerciar, expresamente prevista por al cn: 14, y el art. 97 de la ley 22415, Código aduanero. La suspensión de la matrícula de exportadores e importadores, mediando concursamiento preventivo y en tanto no medie homologación del acuerdo o no se otorgue garantía suficiente por parte de un tercero, obsta a que la deudora pueda continuar con el tráfico mercantil, art. 97 Cód. Aduanero, cercenándose así el Derecho Constitucional amparado, sin que se advierta beneficio alguno para el ente administrador de tal actividad.

Tal disposición es susceptible por un lado de provocar la agravación de la insolvencia de la concursada, y por el otro, abonarse los aranceles que ella fija, tiene a su disposición la propia mercadería que, ingresada en sus dependencias, ha de ser introducida en esta plaza, por el contrario, exportada.
Defensa del consumidor, asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: HERRERA, Elias Ramón c/ Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-07-08

Como se infiere de la doctrina antes expuesta por este tribunal coincidente con los autores antes mencionados queda en claro que en derecho corresponde aplicar los principios y normativa de la ley de defensa de los consumidores a los tomadores y beneficiarios de los contratos de seguro. A partir de ello, la carga probatoria de la defensa queda bajo la orbita y es de responsabilidad de las compañías de seguro.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Confederación  General  de  Empleados  de  Comercio  de la República Argentina c/ Zelazny, Silvia. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Es principio basado en la garantía de la defensa en juicio de los derechos, que los fallos de los jueces han de ser fundados, esto es:

contener una exposición suficiente y clara de las razones que, con arreglo al régimen normativo vigente y a las circunstancias de la causa, den sustento a la decisión por aquéllos dictada.
Cuestiones de competencia, defensa del consumidor, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Instituto Científico Paul Hnos. S.A. c/ Secr. de Comercio e Inversiones -Disp.DNCI 26/97 Bis
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05

Siendo que el acta de infracción fue labrada en la provincia de Buenos Aires, la Cámara Federal de la Capital Federal resulta incompetente para entender en el recurso deducido en los términos del art. 45 de la ley 24.240.
Concursos, clausura del procedimiento, clausura por falta de activo
Materia: COMERCIAL
Carátula: LONGHI HAROLDO ARTURO s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27

Corresponde decretar la clausura del procedimiento falencial por falta de activo, toda vez que los argumentos del fallido para criticar tal decisión se basan tan sólo en la existencia de un crédito de cobro incierto e ineficaz a los efectos de demostrar la efectiva posibilidad de solventar los gastos del proceso (en igual sentido: CNCom. Sala B in re "Plaza, Maria Alejandra s/ quiebra" del 15/10/01).
Actos ilícitos, derecho a la intimidad, derecho a la privacidad, programa de televisión, prensa
Materia: CIVIL
Carátula: Del Boca, Andrea c/ Aviles Luis Cesar Y Otros s/ Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-09-08

Es un hecho ilícito la difusión televisiva y por medio de la prensa de la noticia que atribuía a una conocida actriz una falsa enfermedad, toda vez que constituye una intromisión ilegítima en el ámbito de su privacidad e intimidad (art. 1071 bis, Código Civil, ley 340).
Administración Pública, facultades jurisdiccionales, Tribunal Fiscal de la Nación, recurso de apelación (procesal), contrabando, AFIP DGA, resolución administrativa, tributos, percepción de impuestos, permiso de embarque
Materia: PROCESAL - PENAL - TRIBUTARIO
Carátula: La Plata Cereal Co.  S.A. s/ Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03

Corresponde al Tribunal Fiscal de la Nación y no al juez en lo Penal Económico que investiga el presunto contrabando, conocer de la apelación impuesta respecto de tributos pagados en relación a permisos de embarque, dispuestos por la Administración de Aduanas;

ello es así, sea por aplicación inmediata del Código Aduanero, o por disposición del régimen procesal vigente al momento de iniciarse las actuaciones (arts. 5°, inc. 3°, del decreto-ley 6660/63; 4°, del decreto-ley 6692/63 y 109 y 120, inc. 3°, de la ley 11.683, t.o.

1974).
Caducidad de instancia, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: HILLER, JUAN c/ CIRCULO DE INVERSORES  S.A. s/ PERENCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-27

El pedido de beneficio de litigar sin gastos no puede ser considerado "incidente" a los efectos de su subsunción en la norma del cpr: 310-2; por lo tanto, cuadra aplicarle el término del cpr:

310-1.
Derechos de los agentes de la administración pública, ingreso a la función pública, antigüedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROGGERO, Raúl Arturo c/ E.N. (Min. de Relac. Ext. y Culto) s/ EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

Los derechos del agente público, entre los que se encuentra el de antigüedad, nacen cuando el agente toma posesión de su empleo y comienza a ejercer las respectivas funciones.
Indemnización, daño, prueba, salud mental
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Serradilla, Raúl Alberto c/ Provincia de Mendoza y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-12

No corresponde otorgar una indemnización en concepto de daño psicológico si el actor no concurrió a un terapeuta sino después de ocurrido un evento distinto a aquel por el cual reclama, lo cual implica que los trastornos que pudieron haber derivado de aquél no justifican su cobertura en función de su eventual incidencia en el proceso de superación del otro evento.
Competencia de paz, leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benseñy Juan c/ Oliva Beatriz de s/ Cobro ejecutivo Otero de Ramos María Dolores c/ Vargas Graciela Adriana s/ Exclusión vocación hereditaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07|1996-07-04

Desde antiguo se ha sostenido que "en atención a la naturaleza de la Justicia de Paz y el carácter excepcional que reviste, sólo puede atribuírsele competencia para conocer en un litigio determinado cuando un precepto legal expresamente lo establezca. Ello no ha variado con la sanción de la nueva ley atributiva la competencia de dicha justicia toda vez que el art.61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 5827) no incluye entre los asuntos de tal competencia a la acción revocatoria, y la enumeración contenida en tal norma legal es taxativa, sin admisión de amplitud en su interpretación.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)