marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Choferes, salario a órdenes
Materia: LABORAL
Carátula: GULIAS, HUGO c/ TRANSPORTES AUTOMOTORES CHEVALLIER s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

Una vez agotado el ciclo, cualquier tarea prestada integra las horas excedentes del ciclo, es decir horas extras; pero como el empleador no está obligado a otorgar trabajo extraordinario, no pueden computarse horas "a órdenes" por el tiempo transcurrido entre una y otra tarea de este tipo, a menos que ello fuera de residencia.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AMTRA c/ Viloch, Severino s/ Restitución de contrato - Desalojo - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-18

No suspende el plazo de la caducidad de la instancia, la revocación del mandato conferido al representante legal por una de las partes, mediante comunicación agregada a la causa, dejando transcurrir largamente el plazo del artº 310 inc. 1º CPC sin haber tomado la previsión de designar quién lo reemplazara.
Sentencia, fundamentación de sentencias, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: VALLE VICENTE ALBERTO s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR EL VINCULO Y ABUSO SEXUAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-16

La motivación del fallo, como requisito que exige un razonamiento claro, completo y circunstanciado, es requisito de validez de la sentencia, pues permite tanto a las partes como al órgano judicial al que competa el control de su legalidad, verificar la observancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas, y en la determinación de la plataforma fáctica del proceso, la existencia material del hecho, y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: COOMARPES LTDA. c/ PEN Y OTROS. s/ AMPARO (Reg. 13.177)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-21

No procede una medida cautelar de no innovar cuando la actuación de una empresa prestataria de servicio público domiciliario, se halle sustentado en las normas que la regulan, las cuales deben ser objeto de estudio en la sentencia definitiva.

En caso de accederse a tal extremo, se modificaría la situación de la actora, permitiendo a la empresa el incumplimiento de tales normativas, a las que está obligada, e implicaría un desmedro de otros ciudadanos que, tal vez, no pueden llegar a obtener tal exención.

La C.N. no consagra derechos absolutos y que todos los derechos tutelados en ella se gozan conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que sí son razonables, no admiten impugnación ni cuestionamiento constitucional.

El manejo de esas cuestiones, en este estadio procesal, escapa al control del Poder Judicial.

Deben examinarse los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares, pues lo contrario podría frustrar la aplicación de disposiciones generales dictadas por los organismos estatales con incumbencia específica en la materia.

La facultad de revisión judicial encuentra su límite en el ejercicio regular de las funciones privativas de los poderes políticos del Estado, pues la función jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones, en cuanto de otra manera se haría manifiesta la invasión del ámbito de las facultades propias de las otras autoridades de la Nación. (del voto del Dr. Ferro, adhesión Dr. Tazza)
Leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VERCLE S.A. c/ M.S.V. (EN FORMACION) Y OTROS s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 482 AÑO  2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-11-21

Las personas jurídicas, por naturaleza y en especial las sociedades por acciones como las de responsabilidad limitada se hallan sometidas, desde su nacimiento y hasta su extinción, a un estricto régimen formal que les impone -entre otras obligaciones- el empleo de la forma escrita y la pertinente inscripción de los actos trascendentes que signan su existencia.

Precisamente, ese marco lega l ha sido instituido no solo en protección de los terceros ajenos sino también de la misma persona jurídica y de sus integrantes. Por tanto, exigir el cumplimiento de los recaudos que estatuye la Ley de Sociedades a los efectos de la aplicación del régimen de responsabilidad en defensa de los propios socios y en resguardo de los derechos de terceros, no constituye "per se" un rito caprichoso sino, por el contrario, el cabal respeto de las formas consagradas por el legislador.
Delitos cometidos por medio de la prensa, libertad de prensa, doctrina de la real malicia
Materia: PENAL
Carátula: S., E. A. y otra c/ E. D. J. y otros y/o director, propietario y/o quien resulte propietario o responsable s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-31

Cabe señalar que mientras la llamada doctrina "Campillay" se vincula con la antijuridicidad de las conductas en cuestión, la doctrina de la "real malicia", en cambio, dirige su enfoque sobre el factor de atribución.

Esta disquisición es de suma importancia, por cuanto resulta evidente que si la conducta atribuida al medio periodístico no puede ser calificada como antijurídica, carecería de objeto juzgar el caso bajo la óptica de la "real malicia" por cuanto, sencillamente, no existiría un hecho susceptible de imputación subjetiva.

A su vez, la "doctrina Campillay", en puridad, está referida a la difusión de hechos y no a la expresión de opiniones sobre ellos, si bien hay que admitir que en la mayoría de los casos las notas periodísticas suelen contener ambos elementos entremezclados, tornando muy difícil escindirlos a la hora de juzgar acerca del reproche de responsabilidad por los eventuales daños causados con la divulgación de una determinada noticia.
Protección de la vivienda, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco BICA Coop.Ltdo. c/ Maldonado Carlos H. y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-12

El codemandado en una ejecución está legitimado para promover el levantamiento del embargo trabado al inmueble, aunque fuere sólo el constituyente del bien de familia atribuible al mismo y no su beneficiario, en tanto al seguir siendo titular registral del citado inmueble conserva interés legítimo en mantener su inembargabilidad.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Regularización impositiva, caducidad del plan de facilidades de pago
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: PROVINCIA DEL NEUQUÉN. c/ LUCERO EVA. s/ APREMIO. APREMIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-11-11

[...] es insuficiente el recurso de Inaplicabilidad de Ley (por la causal prevista en el inciso d) del Art. 15 de la Ley 1.406) que se apoya en doctrina legal establecida sobre la base de presupuestos fácticos que no guardan relación con los determinados en la causa. Aquí el quid de la cuestión radica en determinar si la prescripción comienza a correr a partir de la caducidad del plan de facilidades de pago o se difiere al 1º de enero siguiente del año en que se produjo tal vencimiento.

De allí entonces, que no resultan similares los presupuestos fácticos de la presente causa con aquella traída a confronte -"PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ EUGENI S/ APREMIO"- (Cfr. también sobre este punto Ac. Nro. 13/14)- en donde el debate giraba en torno a determinar si la suscripción del plan de facilidades de pago, previsto por Ley provincial 2.159, tenía carácter interruptivo del curso del plazo de prescripción liberatoria.

Ello en virtud de que el demandado -al oponer la excepción de prescripción- interpretaba que de dicha Ley provincial surgía que, caído el plan de facilidades por falta de pago, se lo debe tener por no realizado, retrotrayéndose todo al momento inicial de la obligación fiscal..

[...] Se reitera: para que sea aplicable la doctrina legal debe tratarse de casos idénticos o por lo menos de una marcada similitud, no resultando suficiente la simple analogía.

Pues, si las situaciones de hecho son diversas, el precedente no resulta de aplicación. El valor persuasivo de la jurisprudencia ha de fundarse en lo que el Tribunal hizo y en las razones decisivas por las que lo hizo, para demostrar que la misma razón que antes fue decisiva ha de serlo también en el litigio pendiente de resolución (Cfr. Juan Carlos HITTERS, Ob. Cit., pág. 329).
Sentencia definitiva, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: BANCALARI, NICOLAS MARTIN s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR ACREEDOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-08-14

Este Tribunal ha señalado reiteradamente que sentencia definitiva es sólo aquella que termina el pleito o hace imposible su continuación. De allí que la decisión atacada no cumple con dicho requisito, puesto que la sentencia de la Cámara confirmó la resolución de primera instancia que rechazó la caducidad de instancia solicitada por el Sr. B., por lo que el proceso continuará tramitándose en el estado en que se encontraba al momento en que se produjo dicho planteo, es decir con el tratamiento de las defensas que opuso el demandado al contestar en forma subsidiaria el pedido de quiebra. (del voto de la Ministra Dra. María Luisa Lucas por la minoría)
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Girardelli, Fernando y otros c/ Microómnibus Ciudad de Berazategui S.A. y oro s/ Daños y perjuicios. Beneficio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-11

La responsabilidad penal es diferente de la civil, (SCBA 35091, 37455, 43862), por cuanto para la primera se necesita sustancialmente que el actuar del sujeto en lo que haya de considerarse delito se encuentre tipificado normativamente, fuera de lo cual no existiría responsabilidad de ese tenor; mientras que para la segunda basta que el mismo tenga su raigambre culposa civilmente considerada, es decir, que haya existido negligencia, imprudencia o impericia en el sujeto activo.
Indemnización por despido, periodistas, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Peralta Juan Pablo c/ N.R.G. S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-24

El art. 16 de la ley 25.561 no distingue entre trabajadores amparados por la LCT y los que estén enmarcados en otro estatuto, de modo que resulta aplicable la duplicación al régimen del periodista profesional -ley 12.908-. Por otro lado la ley 25.972 no limitó la duplicación a la indemnización del art. 245 LCT o al art. 43 de la ley 12.908. Dicha ley se orientó a prorrogar la suspensión de los despidos sin causa justificada y demás disposiciones contenidas en la última parte del art. 16 de la ley 25.561 (come. Dec. 264/02); máxime, cuando aún regía el decreto 2.014/04 que disponía en su art. 2 que a los efectos del cálculo de las sumas referidas en el art. 1, el porcentaje adicional comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo, y no sólo la indemnización del art. 245 LCT o del art. 43 de la ley 12.908. Así, resulta aplicable el art. 16 de la ley 25.561 al estatuto del periodista profesional -ley 12.908- con respecto a todos los rubros indemnizatorios.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, principio de congruencia, proceso penal, imputado, derecho a conocer el hecho imputado, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Villagra, Horacio Luis c/  s/ recurso de inconstitucionalidad en carpeta judicial Villagra, Horacio Luis
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-07

Los cuestionamientos defensivos sobre los que funda la invocada violación del principio de congruencia con base en enfatizar en que nunca se llevó a juicio al encartado por no frenar su vehículo al ver la luz amarilla, sino por violar la luz roja, no resultan suficientes como para persuadir a este Tribunal de la aludida afectación constitucional, toda vez que no acredita -ni esta Corte avizora- que al justiciable se lo condenara por hechos que no fueron oportunamente atribuidos, y que por tanto, se hubiera visto restringida la posibilidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa, puesto que no evidencia de que en el caso efectivamente existió un apartamiento de la base fáctica intimada y discutida a lo largo de todo el debate, en tanto el imputado y su defensa pudieron conocer en qué consistieron las circunstancias en las que mediaron las conductas achacadas, comprender por qué penalmente se lo perseguía y a raíz de ello desplegar su estrategia defensiva en el ejercicio del derecho que le asiste.
Seguros, daño material, indemnización, monto de la indemnización, liquidación del siniestro, valor de reposición del automotor, responsabilidad del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: HISI, GUSTAVO c/ CNAS s/ COBRO DE SEGUROS CNAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-08

La suma asegurada comporta el límite nominal de la responsabilidad del asegurador. Es decir, que la suma asegurada establece el monto máximo de la indemnización y, si el siniestro es total se indemnizará, no el valor venal del automóvil, sino el total del monto asegurado.
Acción de amparo, confirmación de sentencia, reincorporación, carrera docente, salarios caídos
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Nazar, Fernando Ariel c/ EN- Universidad Tecnologica Nacional- Facultad Regional Buenos Aires s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-19

La sala confirmó la sentencia que había rechazado la acción de amparo deducida por el actor, tendiente a que: 1) se revocara la decisión de la Universidad Tecnológica Nacional de dejar sin efecto su vínculo laboral, y en consecuencia, se ordenara la reincorporación a su cargo en las mismas condiciones de trabajo que venía desempeñando; 2) se dispusieran los mecanismos necesarios para la regularización de su situación y posterior incorporación a la carrera docente, de conformidad con los artículos 14, 15 y 73 del Convenio Colectivo para Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales; y 3) se condenara a la demandada al pago de los salarios caídos hasta la fecha de su efectiva reincorporación. Para decidir de tal manera, los jueces Treacy y Gallegos Fedriani sostuvieron -en lo sustancial- que el accionante no llevaba a cabo actividades docentes o de investigación, sino que integraba el sector no docente de la institución universitaria. Asimismo, consideraron que el actor no contaba con estabilidad propia que lo autorizara a exigir su reincorporación al cargo que desempeñaba, sin perjuicio del eventual derecho que le asistiera por la extensión en el tiempo de la relación contractual. El Dr. Alemany, según su voto, afirmó que en el caso no se advertía arbitrariedad manifiesta en tanto se trataba de cuestiones que requerían mayor debate y prueba.
Defraudación, administración fraudulenta, administrador del consorcio
Materia: PENAL
Carátula: Parodi, Roberto Enrique s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

Debe rechazarse la defensa que se limita a expresar que el estado patrimonial del administrado fue producto de la morosidad en el pago de expensas, sin individualizar de qué constancias concretas surgiría la conclusión, contraria a la que fundadamente arribó el tribunal en cuando consideró acreditado que de la auditoría contable, no objetada por el imputado, surgió que existió dinero para pagar las obligaciones que, sin embargo, el encartado incumplió; y, asimismo, el a quo evaluó que el imputado no se limitó a consignar pagos no efectuados, sino que, además, escogió no pagar aquellas obligaciones cuyo incumplimiento sería advertido más tarde que el respectivo a los servicios y ocultó esta situación a los propietarios y al encargado, actitud inaceptable teniendo en cuenta su capacitación en administración de consorcios y que formó parte de la Cámara respectiva. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda).
Accidentes de trabajo, incapacidad sobreviniente, prueba confesional, confesión ficta, prueba pericial
Materia: LABORAL
Carátula: Bollea Roberto José c/ Del Corro Construcciones S.R.L s/ Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-03-31

El requisito intrínseco de la conducencia que deben satisfacer los elementos de pruebas es el que garantiza simetría entre el medio y el objeto de prueba. Esta correspondencia que involucra no sólo una relación en cuanto a la sustancia litigiosa (únicamente deben probarse los hechos controvertidos) sino también respecto a su idoneidad.

En virtud de sus características esenciales, mediante la prueba confesional sólo pueden reconocerse hechos, no apreciaciones técnicas ni racionales.

La fijación del agravamiento de las afecciones padecidas por el trabajador, la incidencia de las tareas sobre éste y su graduación requiere conocimientos científicos que exceden el conocimiento jurídico. La pericia es, sin duda la prueba más adecuada para la demostración de un estado de cosas que requiere de conocimientos técnicos para determinarlo y cuyo resultado otorga una certeza mayor que el resto de las pruebas. Así, la pericia médica para constatar un estado de enfermedad.
Extradición, pedido de extradición, vía diplomática, entrega de la documentación
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO - PENAL
Carátula: MARQUEZ, HECTOR O MARQUEZ, HECTOR VICENTE s/ EXTRADICION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-14

El convenio suscripto con la República Oriental del Uruguay el 7 de septiembre de 1903, aprobado por ley 4329, trasunta la voluntad de ambos gobiernos de prescindir de una exigencia simplemente formal, de manera que cuando la documentación tendiente a obtener la extradición es introducida por la vía del Ministerio de Relaciones Exteriores que la lleva a la justicia competente, ésta debe tenerla por auténtica sin más requisitos, pues aquélla se encuentra al amparo de la fe que le prestan, doblemente el Ministro extranjero que solicita la extradición y el Ministerio de Relaciones Exteriores que le da curso.
Honorarios, regulación de honorarios, segunda instancia
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Zamudio, Claudia Cristina c/ Club Ken S.R.L. y/o Colussi, Alberto y/o quien resulte responsable s/ Enfermedad, accidente, despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-02-05

De conformidad a lo normado por el art. 11 de la Ley de Aranceles 2011, los honorarios de Alzada se regular n en un 25% a un 50% de lo que hubiere correspondido en 1ra. Instancia, atendiendo a la calidad, eficacia y extensión de la labor profesional desplegada, los honorarios diferidos deben establecerse sobre la base de los rubros motivos de apelación integración mes de despido, omisión Preaviso, aplicándose el 16% del art. 5; 40% del art.6 y el 40% del art. 11 de la Ley de Aranceles 2011.
Contratos, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Kecskes Alberto c/ Zubieta Juan Carlos s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-15

En materia contractual, donde resulta de aplicación el art. 522 del Código Civil , el resarcimiento del daño moral debe ser interpretado con criterio restrictivo para no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica quedando a cargo de quien lo invoca la acreditación precisa del perjuicio que se alega haber sufrido. En tal sentido se requiere la clara demostración de la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica que no pueden ni deben confundirse con las inquietudes propias y corrientes del mundo de los pleitos o de los negocios dicha acreditación no puede tenerse por realizada con la declaración de tres testigos que, en síntesis, dijeron haber visto al accionante desmoralizado, deprimido o decaído, indudablemente debió haberse esforzado bastante más en su labor probatoria para pretender tener éxito en sus reclamos (art. 522, antes señalado y 384 y 456 del CPCC).-
Convertibilidad, intereses, tasas de interés, tasa activa, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Antonio Manuel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia  S.A. s/ accidente-acción civil.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

La "desindexación" perseguida por la Ley de Convertibilidad, mediante la supresión, en general, de los procedimientos de actualización sustentados en la utilización de indicadores, quedaría desvirtuada por la aplicación de la tasa de interés activa aplicada por el Banco de la Nación, ya que ésta, especialmente a partir de la vigencia de la nueva ley, ha superado sustancialmente a los índices de precios, por lo que no mantiene incólume el contenido económico sino que genera en el patrimonio del acreedor un enriquecimiento incausado.
Compraventa de automotores, transferencia del automotor, prescripción decenal, falta de transferencia del automotor, posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARRIO, CARLOS EN J: CARRIO CARLOS c/ GINES RODRIGUEZ s/ Transferencia - Casación (LIBRO: S255 - 288)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-04-26

La acción para demandar la transferencia de un automotor prescribe a los diez años, pero la posesión del comprador, principal obligado a aquella transferencia, implica reconocimiento permanente del derecho del vendedor a solicitarla, impidiendo la prescripción de la acción.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, amparo colectivo, legitimación procesal, voto electrónico, electores del colegio electoral
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fundación para la Difusión del Conocimiento y el Desarrollo Sustentable Vía Libre contra Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre Causas Electorales - Amparo Electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-28

Corresponde rechazar el recurso de apelación dirigido a cuestionar la decisión del Tribunal Electoral que rechazó in limine, por falta de legitimación, el amparo colectivo interpuesto por la fundación actora con el fin de impugnar el sistema de voto de la Ciudad. El Tribunal a quo entendió que una acción como la promovida, consistente en ejercer un conjunto de derechos homogéneos a votar en condiciones de certeza comprobables, exigía de una persona jurídica, por lo mismo no electora, un objeto específicamente centrado en el voto, unido o no, a otros, pero sin bastarle la dependencia, en el caso, del uso de tecnología contemplada en ese objeto. Asimismo, consideró que el estatuto social no autorizaba a la fundación actora a discutir el método tecnológico escogido para que los electores ejercieran ese derecho. El recurso no posibilita revisar la decisión recurrida. Ello así, porque la recurrente no rebate lo afirmado por el a quo, sino que enfatiza su reconocida promoción de tecnologías digitales de libre acceso y el enlace de éstas con el ejercicio de derechos humanos. Empero, no se ocupa de mostrar por qué sería errada la exigencia del Tribunal Electoral de que el paso de lo tecnológico a un derecho de una especie concreta, estuviera explícita en el objeto de la fundación. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Estabilidad del empleado público, nombramiento irregular
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Lillo, Romualdo Pascual c/ Municipalidad de Almirante Brown s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-23

No resulta afectado el derecho a la estabilidad en el empleo cuando se deja cesante a un agente nombrado en forma irregular, dado que aquella es una garantía formal que ampara sólo a las designaciones que se relacionan con la carrera administrativa.