Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-20


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 20 de 2006.

¿Es justa la sentencia apelada? El doctor Escuti Pizarro dijo:

I.- La sentencia de grado admite parcialmente la demanda, con costas. En consecuencia, condena a Autopistas del Sol a pagar a Horacio Alberto Ronco, en el plazo de diez días, la suma de $ 7.500,79 y sus intereses.

Apelan ambas partes y vierten agravios a fs. 248/249 el actor y a fs. 252/257 la demandada. Esta pieza se responde a fs. 258/261, en tanto aquélla quedó incontestada. Advierto que el demandante se queja por la no admisión del rubro "desvalorización de la motocicleta", en tanto que la emplazada lo hace por la responsabilidad que se le atribuye en el evento.

II.- Los hechos.

El 13-12-2002, alrededor de las 8,30, Ronco, al comando de su motocicleta marca Honda, modelo CBR 1100 XX, patente ..., avanzaba por el carril central de la Ruta Panamericana, ramal Pilar, en dirección a Capital Federal; que a la altura de Km. 43.5, un objeto de gran tamaño que se encontraba sobre el pavimento, obstaculizando el paso de los automóviles, fue embestido por un rodado que circulaba delante suyo, siendo despedido directamente sobre el frente de su motocicleta, a la que causó diversos daños, obligándolo a realizar difíciles maniobras para no perder el equilibrio y caer en medio de la ruta; que el objeto era la banda de rodamiento de la cubierta de un vehículo de gran porte.

La emplazada negó tanto la existencia del hecho como la del supuesto "recapado" invocados por el contrario. Sostuvo que no le ha sido delegado el poder de policía, de modo que no puede controlar a quienes transitan, ni en su cargamento ni en su estado; que el objeto que supuestamente impactó a la moto fue arrojado por un vehículo en movimiento que la precedía, lo cual rompe el nexo causal con su parte, ya que la causa eficiente no fue el objeto, sino la acción de un vehículo anterior, que es una cosa riesgosa cuyo daño o guardián debe responden en virtud del art. 1113 del Cód. Civil; que no se le ha atribuido responsabilidad por hechos inherentes a la ruta en sí, ni se sabe si el supuesto trozo de neumático fue desprendido del vehículo que lo precedía o estaba en la calzada y en este último caso, cuánto tiempo hacía que estaba en ese lugar.

La sentencia de grado sostiene, en síntesis, que la existencia en la ruta de una cosa inerte, que de por sí no puede registrar movimiento, como es una llanta, obliga a la concesionaria a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la adecuada fluidez del tránsito, en todo momento, suprimiendo las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad de los usuarios, de modo que tiene la carga de remover todo objeto o cosa inerte que supone un obstáculo para la circulación, como lo es un neumático de camión sobre la misma, que constituye una cosa riesgosa en los términos del art. 1113, 2º párr., 2a. parte del Cód. Civil. Señala que cualquiera sea la naturaleza de la relación que pudiera ligar a usuario y concesionario (relación de consumo, deber de seguridad, contrato de derecho privado y contrato de consumo, etc.) dejar de advertir que ésta mantiene un sistema de vigilancia del tránsito de la ruta concesionada, pero no se ha probado que esas inspecciones y patrullaje se han llevado a cabo en el lugar del accidente a poco de ocurrir el hecho y no hay indicación de su frecuencia horario. Concluye admitiendo la demanda.

III.- La responsabilidad.

He sostenido con anterioridad (ver mi voto publicado en LA LEY, 2000-D, 40), que la relación entre el poder concedente y la concesionaria es contractual y de derecho administrativo, bajo cuyos parámetros deben decidirse también las relaciones entre la concesionaria y el usuario, que deben contemplarse desde la óptica de la responsabilidad extracontractual, pues el peaje es una contribución de naturaleza tributaria y no el pago de un precio por la utilización de la ruta, es la percepción de una tasa, por el uso de una determinada obra, destinada a costear su construcción y mantenimiento, importando el derecho, en favor del contratista, de exigir a los administrados un precios por la utilización de la obra, cuyo monto y forma de pago deben ser establecidos en el momento de formalizarse la concesión o puede fijarlos posteriormente la Administración, por ser una facultad que le corresponde sólo a ella (conf. CNCiv. sala "G", LLA LEY, 1995-D, 337 y autos "Silva Wallace Rogelio y otro c. Caminos del Río Uruguay" del 25-10-95; sala "D", LA LEY, 1998-F, 286; C 1ra. Civ. y Com. de San Nicolás, LLBA, 1996-445; C.S.J.N. en Fallos 314:395, esp. cons. 13 en p. 609; Dromi, "Manual de Derecho Administrativo", t. I, p. 366, nº 325; Barra, "Contrato de obra pública", t. I, p. 281 y ss.; Venegas y Campani, "Responsabilidad por los daños generados por el mal estado de conservación de los corredores viales", LA LEY, 1992-E- 1208; Sarmiento Güemes, "Concesiones viales". Relaciones jurídicas", LA LEY, 1995-C, 1164; Poclava Lafuente, "Concesiones de rutas por peaje. Irresponsabilidad de los daños causados por animales", LA LEY, actualidad 9/6/94 y "Accidentes causados por animales sueltos en rutas y empresas concesionarias viales", LA LEY, 1995-D-336; López del Carril, "Peajes, animales sueltos en rutas y empresas concesionarias viales", LA LEY, 1998-F, 284; Muzi, "Responsabilidad del concesionario de rutas por peaje frente a un accidente provocado por un animal suelto", LLC, 1992-597 y Canosa, "En torno del peaje", ED, 144-157). En el sentido indicado Barra señala en cuanto a la tarifa o peaje: "Es que la relación principal, en tanto que base del instituto jurídico, es la relación administración-usuario, sólo que, recurriendo a la figura de la delegación transestructural, la administración establece esta relación a través del delegado o concesionario. Por lo tanto, al menos para el concesionario, la tarifa no es el "precio" que le paga el usuario como contraprestación del servicio, sino un medio de pago elegido por la concedente para salvar la gestión del concesionario, medio de pago que la administración impone (de aquí su naturaleza "de exacción pública") a determinados terceros que son los usuarios. Es decir, la tarifa tiene naturaleza tributaria para la administración y para el usuario. Para el concesionario, en cambio, es sólo un medio de percibir el precio de su gestión, pero cuyo verdadero deudor no es el usuario sino la propia concedente".

Ahora, de acuerdo al informe de la Secretaría de Obras Públicas de fs. 176, el Contrato de Concesión no estipula las cantidades de elementos vehículos ni personal que deben afectarse al desarrollo de tareas de Seguridad Vial, Mantenimiento y Conservación, dado que la Concesionaria está obligada contractualmente a cumplir con dichas funciones, implementando los medios necesarios y suficientes. Señala, asimismo, que la concesionaria Autopista del Sol S.A., realiza inspecciones permanentes en el área concesionada para detectar las novedades que se puedan producir en el camino, contando para ello con un sector de Seguridad Vial y de Conservación y Mantenimiento. Y en ese sentido, la Policía de la Provincia de Buenos Aires informa a fs. 115 que la firma demandada, en el año 1996 efectuó la donación de seis motos marca Honda CBX, modelo 1995, afectadas al reordenamiento y agilización vehicular conducidas por personal Policial y además, se cuenta actualmente con 4 motos de la misma marca y modelo, también donadas en la misma forma y 5 patrulleros 2V.W. Polo y 3 Ford Focus, afectados todos a la traza de Autopista Panamericana, en tanto que Gendarmería Nacional informó a fs. 105 que como fuerza de seguridad tiene destinados a controles de tránsito y seguridad vial una camioneta Chevrolet (patrullera) una camioneta Ford Ranger (patrullera), cinco Volskwagen Polo (patrulleros) y cuatro motos BMW 750 cc.

Con los precedentes informes juzgo acreditado que la demandada había adoptado recaudos de seguridad para evitar la producción de accidentes en la ruta. Es que la responsabilidad del concesionario aparece clara cuando se origina en algo inherente a la vía misma (baches, vicios de construcción o conservación, mala señalización, etc.), no así cuando se trata de animales sueltos, donde pueden darse diversas situaciones que contribuirán o no a responsabilizarlo; empero, en casos como el que se examina, donde la caída de una goma de gran porte, presumiblemente de un camión, a la ruta, sin que medie prueba alguna del momento o la circunstancia en que ello acaeció, resulta materialmente imposible que los concesionarios puedan advertir de inmediato, entonces, que los representantes de Autopistas del Sol estén autorizados u obligados a retirar del camino los objetos inertes que caen en el mismo, no implica hacerla responsable, sin excepción, de todo accidente que por tal motivo ocurra, todo lo cual, unido a la poca experiencia en la conducción por parte del motociclista, como resulta de su propia relación de los hechos efectuada en la demanda, con respecto a la maniobra de frenado que se vió obligado a hacer, que revela que no prestaba toda la atención al estado de la ruta y no haber llevado su velocidad de marcha a un punto que le fuera posible evitar el embestimiento, ya que según lo declara el testigo de fs. 137, que iba en automóvil detrás de la moto, la velocidad de aquél sería de 90 kms., que la testigo de fs. 138 también pasajera de dicho automóvil, estima entre 80 a 90 kms/h, o sea, que si bien se encuentra autorizada por el art. 51 de la ley 24.449 (en autopistas hasta 130 kms. h), está condicionada por el art. 50 a las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, como asimismo al total dominio del vehículo, siendo público y notorio el elevado número de vehículos que transitan por el lugar, tal como surge del informe de fs. 176/177, punto 4, según el cual se contabilizaron el día del hecho a la altura del km 42, 30.901 vehículos en sentido ascendente y 29.535 en sentido descendente.

Juzgo, así, que debe revocarse el decisorio de grado, con el consiguiente rechazo de la demanda e imposición de las costas de ambas instancias al actor pues no hay motivo para apartarse del principio general de la derrota establecido por el art. 68 del Cód. Procesal, declarando, asimismo abstracto el agravio del actor referido al rechazo de uno de los rubros indemnizatorios que solicitara.

Los doctores Molteni y Luaces votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el vocal preopinante.

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta precedente, se revoca la sentencia de fs. 213/220 y, en consecuencia, se rechaza la demanda que entablara Horacio Alberto Ronco contra Autopista del Sol S.A., con costas de ambas instancias al actor.

Atento lo resuelto precedentemente, la acción fue rechazada, razón por la cual deberá determinarse para el caso, la entidad económica del pleito.

Al respecto, debe partirse del principio jurisprudencial, según el cual, en estos supuestos, el interés material discutido no varía según que la pretensión deducida prospere totalmente o sea rechazada. A esos efectos, la misma trascendencia tiene el reconocimiento de un derecho como la admisión de que el supuesto derecho no existe. De ahí que, ante la alternativa de rechazo de demanda, deba computarse como monto del proceso, el valor íntegro de aquélla, aplicándose analógicamente las reglas que rigen el supuesto de demanda totalmente admitida (conf C.S.J.N, mayo 11/1989; in-re "Siam Di Tella Limitada c. Coordinadora de Servicios RSSA y otro" R.E.D. 24, p. 398, sumas 5/7; esta Sala H 180.851 del 28/11/95; íd. H 245.410 del 22/5/98, íd. H 435.418 del 18/8/05,entre muchas otras).

En esa inteligencia, corresponde tener en cuenta los guarismos que formaron la pretensión y que fueron cuantificados en el escrito de demanda a fs. 31.

Ello así, valorando la extensión e importancia de los trabajos realizados dentro de las tres etapas en las que se dividen los procesos ordinarios -conf fs. 34-, lo establecido por el art. 279 del Cód. Procesal, los dec.-ley 7887/55 y 16.638/57, lo decidido en forma reiterada por la Sala con relación a la compulsa de libros efectuada por los contadores (conf esta Sala H 449.227 del 28/2/06 y sus citas), los arts. 1, 6, 7, 37 y 38 de la ley 21.839 y concordantes de la ley 24.432 y 21 de la ley 24.573, se adecuan las regulaciones fijadas en primera instancia y se fijan en un mil doscientos pesos ($ 1200), los honorarios del doctor O. J. C.; en dos mil trescientos pesos ($ 2300), en conjunto, para los doctores D. A. De A. y S. J. De A.; en cuatrocientos pesos ($ 400), en favor del Ingeniero F. P. M. B. y en cuatrocientos pesos ($ 400), los del Contador C. M. F.; confirmándose la correspondiente a la mediadora doctora I. C. T.

Por su labor en la alzada que diera lugar al presente fallo, fíjanse en trescientos pesos ($ 300), los honorarios del doctor O. J. C. y en ochocientos pesos ($ 800), en conjunto, los de los doctores D. A. D. A. y S. J. D. A. (arts. 1º, 6º, 7º, 38 y 14 "in fine" ley 21.839 y concordantes ley 24.432; esta sala H 119.270 del 23/12/92 y sus citas, entre muchas otras), sumas que deberá abonarse en el plazo de diez días, con los aportes previsionales correspondientes. - Jorge Escuti Pizarro. - Hugo Molteni. - Ana M. Luaces.