Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-06-11


Salta, 11 de junio de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "LUNA, WALTER GERARDO vs. HERRERA, JUANA ELIZABETH s/ SUMARIO: DAÑOS Y PERJUICIOS - EMBARGO PREVENTIVO", Expte. Nº 540787/15 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 1ª Nominación y de esta Sala Quinta, y CONSIDERANDO:

I. Que a fs. 129 la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta interpone recurso de apelación en subsidio contra la providencia de fs. 128, en cuanto establece que no corresponde el pago de aportes por parte del actor que actuó con el patrocinio de la Defensora Oficial Civil Nº 6.

A fs. 137/139 vta. se rechazó la revocatoria interpuesta y se concedió el recurso de apelación en relación y con efecto suspensivo.

A fs. 141/142 la Caja expresó agravios. Señaló que el hecho generador de los aportes previsionales en juicios como el presente es la mera interposición de la demanda y que quien la deduce tiene esa carga, independientemente de que intervenga o no un letrado de la matrícula, conforme lo establece el artículo 23 inciso a) del Decreto Ley 15/75. Alega que el Fallo Plenario citado por el Sr. Juez de la primera instancia ("Tapia, Modesta Cresencia s/ Sucesorio") se aplica exclusivamente en los juicios universales, en donde el hecho generador del aporte es la regulación de honorarios profesionales de los abogados intervinientes.

A fs. 146/148 la Sra. Defensora Oficial Civil Nº 6, quien interviene en el carácter de apoderada del actor, contestó el traslado que le fuera conferido. Sostiene que los agravios carecen de crítica concreta y razonada, limitándose solamente a disentir con la resolución que pretenden atacar. Sin perjuicio de ello contesta el memorial de agravios, esgrimiendo que al tratarse de una persona carente de recursos asistida mediante una Defensa Pública es de aplicación el artículo 31 de la Ley 7328/04, por el cual debe garantizarse el real y efectivo acceso a la justicia de todos los habitantes de la Nación y las Provincias. Postula que la norma citada debe ser interpretada de manera amplia en aras de garantizar la defensa en juicio y el aludido acceso a la justicia.

Asimismo aduce que el ordenamiento cuya aplicación pretende la Caja requiere que intervenga un abogado de la matrícula y que tenga el carácter de afiliado, lo que no sucede en autos.

Asegura que el aporte resulta una especie del género tributo al tratarse de una contribución a la Caja de Abogados, no existiendo -a su entender- causa legal que obligue al actor a pagar esa contribución.

Por último puntualiza que la efectivización del aporte requerido implicaría un enriquecimiento sin causa por parte del órgano previsional además, de la tensión que se plantearía entre derechos constitucionales como el de acceso a la justicia y los relativos a los afiliados a la Caja de Seguridad Social para Abogados.

A fs. 159/160 emite dictamen el Sr. Fiscal de Cámara, quien se pronuncia por el rechazo del recurso interpuesto.

A fs. 161 se llaman Autos para Resolver.

II. Que más allá del alcance que corresponda dar al plenario "Tapia" antes mencionado, en el presente la cuestión debatida se centra en el juego de lo dispuesto por el art. 23 inciso a) del Decreto Ley 15/75 -invocado por la recurrente-, con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 7328 del Ministerio Público.

La primera de la normas de referencia estatuye -en su parte pertinente- que "- el Capital de la Caja se formará con: a) el dos por ciento (2%) del monto reclamado en la demanda y en la reconvención que se pagará al deducirlas.".

Tal regla, a su vez, se inserta en el sistema articulado de otras tantas que conforman el decreto ley 15/75, con las modificaciones introducidas por la ley 6449/87. Este ordenamiento regula el funcionamiento de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la jurisdicción de Salta y establece que los abogados y procuradores inscriptos en la matrícula con domicilio real y ejercicio permanente de la profesión en la referida provincia estarán obligatoriamente afiliados a la caja, cuyo capital se forma con diversos aportes.

En cuanto a la naturaleza de éstos, la Corte de Justicia de nuestra provincia ha sostenido (Tomo, 181:583) que de conformidad al precedente registrado en Fallos, 331:1468, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la categoría jurídica de aportes y contribuciones de la seguridad social y demás contribuciones obligatorias de carácter asistencial, como las obras sociales, integran el género de los tributos a los efectos del principio de legalidad fiscal.

Otros tribunales locales, en el mismo orden de ideas han afirmado la naturaleza tributaria de tales aportes. En efecto, se ha manifestado que "tienen naturaleza tributaria los aportes destinados a la Seguridad Social. Se trata de tributos establecidos en favor de entes públicos o semipúblicos, económicos o sociales, para asegurar su financiación autónoma, teniendo como manifestación más importante los destinados a fines de seguridad social. Las contribuciones parafiscales reciben las más variadas designaciones en el derecho positivo, tales como tasas, contribuciones, aportes, cuotas, cotizaciones, retribuciones, derechos, cargas, etc., y si bien son impuestas por el Estado no figuran en el presupuesto general y de aquí deriva la expresión parafiscal, que da idea de algo paralelo, al lado o al margen de la actividad estatal. Las contribuciones denominadas parafiscales no constituyen una categoría jurídica distinta de la tributación general o política. El hecho de que respondan a finalidades especiales de carácter social o económico, cuya pretendida originalidad reposaría en la necesidad de dar participación en ciertas funciones y organismos a grupos de personas con intereses comunes, que hasta podrían ser morales y espirituales, no basta para segregarlas del tronco común" (C.Apel.Trabajo Salta, Sala I, 11/10/95, "Flores de Lamas, Sara Dionisio c/ Ingenio y Refinería San Martín de Tabacal -Ordinario"; en igual sentido: C.Apel.C.C. Salta, Sala II, Tomo 2009-1ª Parte: 162; Sala I, Tomo 2016-AI: 484).

Asimismo participan de esta concepción Juan José Etala ("Derecho de la Seguridad Social", Ediar, Buenos Aires, año 1966, pág. 399 y ss); Dino Jarach ("Finanzas Públicas y Derecho Tributario", Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 1996, pág. 937 y ss.); Catalina García Vizcaíno (Derecho Tributario. Consideraciones Económicas y Jurídicas, Abeledo Perrot Online - Lexis Nº 5604/001498) y Amanda Lucía Pawlowski de Pose (Proyección del principio de legalidad en materia de contribuciones empresarias al sistema de seguridad social, DT 2001-B, 1304).

Desde la perspectiva suministrada por los lineamientos que anteceden, las exenciones deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador en cuanto tal o de la necesaria implicancia de la norma que la establezca (Fallos, 258:75 y N.199.XXXVII. "Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa", sentencia del 9 de mayo de 2006, Fallos, 329:1586).

En atención a lo expuesto se tiene que el legislador al dictar el artículo 31 de la ley 7328 expresa y categóricamente dispuso que "las actuaciones del Ministerio Público no estarán sujetas al pago de ningún tributo sea de la naturaleza que fuere". Por lo que, verificadas en el caso las circunstancias de hecho contempladas en la norma, al haber actuado el actor con Defensor Oficial -funcionario del Ministerio Público- , no se encuentra obligado al pago de los aportes, en tanto éstos, como dijo la Corte local siguiendo a la Nacional, revisten naturaleza tributaria.

No puede perderse de vista que el Defensor Oficial no es afiliado a la Caja y que, conforme al artículo 10 de la misma ley citada, le compete "el asesoramiento jurídico gratuito de las personas de escasos recursos, en cumplimiento de la garantía constitucional instituida por el artículo 18 de la Constitución Provincial", y que "cuando resulte necesario, ejercerá judicialmente la defensa de los derechos de aquellas". El "acceso a la justicia", es un derecho- garantía que no puede verse vulnerado por la distinción de situaciones económicas, ya que lo contrario es la negación de la igualdad ante la ley para quienes carecen de recursos (C.Apel.C.C. Salta, Sala I, t. 2016 I 484/485 y 758/760).

Por todo lo expuesto, no corresponde el pago del aporte previsto por el artículo 23 inciso a) del Decreto Ley 15/75, por lo que el recurso de apelación interpuesto debe rechazarse y, en su mérito, confirmar la providencia de fs. 128.

III. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas en ambas instancias a la vencida por aplicación del principio general de la derrota.

Por ello, LA SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 129 y, en su mérito, CONFIRMAR el proveído de fs. 128. Con costas en ambas instancias a la vencida.

II. MANDAR se registre, notifique y, oportunamente, BAJEN los autos al Juzgado de origen.

C. A. C. y C. de Salta- Vocales: SOLEDAD FIORILLO DE LOPEZ - ALFREDO GOMEZ BELLO. SECRETARIA: DRA. EUGENIA FLEMING. SALAV T. XXXVIII-I Fº 999/1004. 11/06/18.