Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-30


TS07I35243 SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nro.35243 CAUSA Nro. 10.326/2009 - SALA VII- JUZG. Nro. 54 Autos: "ALI ALEJANDRO JOEL C/TALLERES GRÁFICOS MORALES E HIJOS S.A. Y OTROS S/DESPIDO" Buenos Aires, 30 de agosto de 2013.

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la parte actora disconforme con la resolución de la Señora Juez a quo que desestimó el planteo articulado a fs. 580/583 (fs. 612/613).

Y CONSIDERANDO:

En la resolución que se recurre se consideró que cuando se pretende invalidar una sentencia de primera instancia, segunda instancia o el auto homologatorio de un acuerdo concursal, la aptitud jurisdiccional le corresponde al órgano que intervino en la causa cuya revisión se pretende con sustento en lo normado en el art. 6 inciso 1 del CPCCN, en virtud de la conexidad existente entre el planteo de autos y el resuelto en sede comercial. Agregó que la cosa juzgada irrita debe promoverse ante el mismo Tribunal que dictó la sentencia, por los principios de jerarquía y especialidad que surgen de la Constitución Nacional. El principal fundamento del apelante es que tratándose de una nueva acción destinada a revisar decisorios que han pasado en calidad de cosa juzgada aparente, debe tramitar por ante un órgano jurisdiccional diverso del que la ha dictado.

En atención al tema debatido, se corrió vista de las presentes actuaciones al Fiscal General ante esta Cámara (cfr. art. 25 inc. j de la ley 24.846), quien emitió el dictamen de fs. 695/695vta., que el Tribunal comparte.

El apelante cuestiona esencialmente procedimientos y resoluciones llevadas a cabo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 15, Secretaría Nro. 29, en los autos caratulados "Talleres Gráficos Morales e Hijos S.A. S/Concurso Preventivo" (Expte. Nro. 96.599/8), juicio universal en el verificó el crédito cuantificado en la liquidación de fs. 423 practicada por el juzgado de origen (fs.487/480, fs. 551/579). En tal contexto, resulta acertada la decisión adoptada en origen, pues la resolución homologatoria del Juez Comercial, quien a través de una resolución fundada ha considerado que no se encuentra comprometido el orden público en la propuesta ofrecida, en particular el art. 52 inciso 4to. de la Ley de Concursos y Quiebras Nro. 24.522, modificado por la ley 25.589 (fs. 576/579), no puede ser revisada por la Justicia Nacional del Trabajo, sino por el órgano que emitió el pronunciamiento objeto de crítica. Por lo demás, sabido es que el respeto de la cosa juzgada se encuentra vinculado con la seguridad jurídica y con el derecho de propiedad y son principios básicos del ordenamiento jurídico por lo que se parte de la premisa de la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales como presupuesto ineludible.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene decidido que es inadmisible pretender que un Tribunal revise si los jueces intervinientes incurrieron en errores de hecho o de derecho cuando ha operado la preclusión adjetiva, porque esto implicaría virtualmente, desconocer los efectos directos que producen las decisiones jurisdiccionales firmes y afectar al Poder Judicial de la Nación (Fallos 253:171). Desde tal perspectiva adquiere especial trascendencia lo acontecido con posterioridad al dictado de la resolución homologatoria que data del 3 de noviembre de 2010.

Que por otra parte, para que sean admisibles las acciones de revocación de la cosa juzgada, los motivos que la funden deben tratarse de hechos no originados o no advertidos antes que el fallo quede firme. Es decir que éstos deben ser trascendentes al proceso anterior, habida cuenta de que estos últimos se atacan en el mismo pleito y antes de que se forme la cosa juzgada, pues luego no resulta factible invocarlos.

De modo que es claro que el planteo en examen fue correctamente desestimado, ya que omite toda referencia a una situación sobreviviente, de la que no haya podido hacerse mérito en la resolución homologatoria que se ataca por esta vía, por lo que corresponde confirmar la desestimación del planteo.

Por lo expuesto, y lo dictaminado por el Señor Fiscal General, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar lo decidido en la instancia anterior. 2) Declarar las costas de alzada en el orden causado. 3) Diferir la regulación de honorarios para cuando sean determinados los de grado por la cuestión incidental. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.