Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-10


B., A. M. y herederos de M. R. y otros Reg.: A y S t 213 p 195-200.

Santa Fe, 10 de mayo del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada civil contra la sentencia 49 del 2 de agosto de 2004, dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de Rafaela en autos "B., A. M. -Lesiones Culposas- B., A. M. y herederos de M. R. o M. R. M.; M. de M., M. A.; R., C.; R., M. A.; R., M.- (Expte. 80/03)" (Expte. C.S.J. nro. 214, año 2005); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso de inconstitucionalidad local, la Cámara de Apelación en lo Penal de Rafaela confirmó la sentencia apelada -que, a su turno, había sobreseído a A. M. B. por extinción de la acción penal por el delito de lesiones culposas que se le seguía e hizo lugar parcialmente a la demanda civil, condenando a A. M. B. y a los herederos de M. R. por los rubros e intereses expuestos en los considerandos del fallo-, modificando únicamente la tasa de interés aplicable -que estableciera en el 12% anual desde la fecha del hecho hasta la entrada en vigencia del Decreto N 214/02, y desde allí hasta el efectivo pago una tasa promedio activa y pasiva cobrada por el Banco de la Nación Argentina en operaciones de redescuento de documentos a treinta días-, con costas a cargo de la demandada (fs. 1/8).

En el escrito de presentación del remedio previsto en la ley 7055 (fs. 21/44), la demandada civil, tras un repaso de los antecedentes del caso, acusó al fallo de la Alzada de incurrir en arbitrariedad en razón de haber prescindido de pruebas decisivas, contradicho inequívocas constancias de autos, carecer de motivación suficiente y haberse apartado de la normativa aplicable.

Sostuvo así que el A quo prescindió de pruebas decisivas y relevantes y contradijo inequívocas constancias de autos.

Bajo ese rótulo, hizo mención de que fueron soslayadas la Junta Médica realizada por los médicos forenses, las declaraciones testimoniales del doctor G., de B., de S. de G., de T., del doctor C., de S., de S., la evidencia radiológica examinada por los peritos, historia clínica y documentación acompañada por el "Sanatorio Argentino S.R.L." y documentación de la Secretaría de Trabajo de San Francisco.

Afirmó que surgía prístino de ellas que la lesión en la rodilla derecha no era la única lesión que padecía S. -resultando erróneo enfocar todo el análisis en la relación directa entre el accidente de trabajo y la operación-, que S. necesitaba ser operado de ambas rodillas, ya que la operación del doctor R. le solucionó el problema de la artrosis en la rodilla izquierda y la del doctor G. trató la lesión de los meniscos en la rodilla derecha, que padecía artrosis bilateral según surge de la historia clínica, de estudios radiológicos y de lo declarado por B., quien fuera empleador de S.

Aseveró también que la operación en la rodilla izquierda fue útil, necesaria y exitosa, razón por la cual no puede haber hecho ilícito derivado del ejercicio regular de un derecho.

Continuó diciendo que lo que en realidad se imputaría a los doctores B. y R.

sería la omisión del tratamiento de la rodilla derecha, pero quedó probado también que el paciente abandonó el tratamiento que continuó con el doctor G.

Puso énfasis en que, no obstante se le atribuyó error culpable, ello fue imposible porque la técnica quirúrgica de una artroscopía es diferente de la de una osteoestomía.

Por lo demás, aludió a que tampoco la operación de rodilla derecha era urgente, por eso se trató la izquierda que era más sintomática, lo que revela que el criterio médico fue acertado no provocando daño alguno, por cuanto la incapacidad del paciente se debió a un accidente posterior y no a la operación de la rodilla izquierda, máxime ello si se atiende a la circunstancia de que aquél siguiera montando a caballo y que cumpliera con sus tareas habituales luego de la cirugía de abril de 1993.

Asimismo, afirmó que la sentencia de la Cámara efectuó una interpretación contraria a los valores constitucionales, percibiéndose un menosprecio por el criterio médico, ignorándose las circunstancias que aconsejaban operar tal como se hizo, esto es, operar primero la rodilla izquierda y dejar para una segunda operación la rodilla derecha.

En afín orden de ideas, sostuvo que la Alzada realizó una interpretación contraria a las consecuencias previstas en la Constitución, que la doctrina que sienta el fallo es absolutamente disvaliosa, dado que ordena a los médicos mantener los tratamientos iniciales, pese a la variación de las circunstancias, bajo sanción de responsabilidad civil altamente onerosa.

A su vez, expresó que había mediado invocación de prueba inexistente, toda vez que hubo pruebas que indicaban que las dos rodillas debían ser tratadas, existieron estudios radiológicos que evidenciaron la lesión de la rodilla izquierda y la necesidad de variar el tratamiento indicado inicialmente.

Por lo demás, reputó dogmática la afirmación acerca de que no hubiese existido autorización informada del paciente, siendo que en realidad - según dice- hubo consentimiento y asentimiento de aquél, lo que implica la legitimación para el tratamiento indicado y el acto quirúrgico; el paciente dio su consentimiento tácito durante la operación, en la que estuvo despierto y viendo lo que se hacía, no sólo presenció el acto operatorio sino también la preparación previa y de la rodilla a operar y el enyesado posterior.

Afirmó -de manera contraria a lo que manifestara la Cámara- que conforme consta en la historia clínica del Sanatorio Clucellas, en la historia clínica del doctor R., y surge de las declaraciones del doctor C., de la enfermera L. de T., y la kinesióloga T., el paciente se internó en la referida clínica para ser operado de la rodilla izquierda y no de la derecha.

Asimismo, sostuvo que la sentencia carece de motivación suficiente a tenor de lo dispuesto por el artículo 95 de la Constitución Provincial, por no tener un razonamiento lógico.

Alegó que no hay responsabilidad sin autoría y que en el caso del doctor B. no tuvo participación sino que fue el doctor R. quien practicó la cirugía, y como los actos médicos son autónomos, no hay responsabilidad civil de B. Por lo demás, adujo que no hubo culpa ni falta de diagnóstico por parte del doctor R., habiendo aplicado su juicio medical y dado su consentimiento tácito el paciente, puesto que si el médico dispone de una metodología científica no es responsable.

Remarcó que se probó que la rodilla izquierda está curada, y la rodilla derecha fue curada -en cuanto al menisco- por el doctor G. en ambos casos sin incapacidad, no hubo nexo causal con el daño porque la cirugía practicada por el doctor R. fue exitosa, que la lesión de S. se debió a un accidente posterior; y que aunque se afirme la existencia del daño, lo cierto es que el paciente siguió trabajando luego del acto quirúrgico, extinguiéndose la relación laboral por su propia voluntad y no por la existencia de incapacidad física para realizar sus tareas habituales.

Puntualizó que las secuelas que dejó la cirugía no están probadas, sorprendiendo el cálculo para establecer el pago de una incapacidad laboral parcial y permanente, como así la incapacidad total y temporal, ordenándose entonces reparar daños inexistentes y cuantificados desmesuradamente, tanto más, haciéndose lugar a un daño no reclamado -tal, el "daño psicológico" siendo que no hay prueba alguna en la causa que permita inferir que el señor S. hubiese tenido padecimientos espirituales indemnizables como consecuencia de una intervención quirúrgica exitosa al corregir su "genu varum" de rodilla izquierda y siendo que la rodilla derecha no pudo ser tratada porque el paciente abandonó el tratamiento.

La Cámara a quo, mediante auto 69 del 13.05.2005 denegó la concesión del medio impugnatorio deducido (fs. 78/81).

Tal denegatoria, motivó la presentación directa del interesado ante estos estrados (fs. 86/110).

2. La presente impugnación no ha de prosperar, toda vez que si bien el compareciente articula en abstracto, conforme a su propio planteo, diversas hipótesis que pueden encasillarse como tipos doctrinarios y jurisprudenciales de arbitrariedad, lo cierto es que no consigue demostrar que aquéllas guarden elemental conexión con la realidad del caso (Cfr. "C.", A. y S. T. 35, pág. 410).

En efecto, la demandada civil acusa la invalidez del pronunciamiento -que a la sazón confirmara el acogimiento parcial de la demanda civil instaurada- por violación al derecho a la jurisdicción y a garantías constitucionales, invocando prescindencia de pruebas decisivas, contradicción con inequívocas constancias de autos, falta de motivación suficiente y apartamiento de la normativa aplicable al caso, centrándose en afirmar enfáticamente, que S. -actor civil- debía ser intervenido de sus dos rodillas, razón por la cual la decisión de operar primero la izquierda no había importado un hecho ilícito, siendo que era útil y necesario hacerlo, a lo que debía añadirse que la intervención quirúrgica llevada a cabo por el médico R. y en la que no había tenido participación el médico B. había sido exitosa y que el paciente había prestado su consentimiento tácito a la operación efectuada.

Empero, el elemental análisis del memorial introductor en confrontación con lo resuelto en la sentencia impugnada permite advertir -por las razones que se expondrán más adelante-, que el recurrente no alcanza a demostrar cómo las cuestiones constitucionales planteadas habrían de tener gravitación directa en el resultado del pleito, traduciendo tan sólo la divergencia de aquél con la labor jurisdiccional cumplida por el A quo en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión, en ejercicio de funciones propias y sobre materia -en principio- extraña al contenido del recurso de inconstitucionalidad intentado.

Antes bien, con los argumentos que expone en torno a la supuesta prescindencia de pruebas decisivas y contradicción con las pruebas de autos -los que, como apuntara el A quo en la denegatoria, importan "sólo una discrepancia con la valoración de la prueba y con su interpretación y aplicación de normas del derecho que sirvieron de apoyo a la sentencia" (f. 80, auto denegatorio), afirmando al respecto que "al evaluarse el plexo probatorio se expuso que el quebrantamiento del deber médico, se produjo al haberse realizado algo que no se debía, porque no había necesidad para ello" (f. 80vto.)- no llega demostrar la arbitrariedad invocada, frente a lo sostenido por la Cámara en su decisión, y quedando por ende incólumes tales aseveraciones.

Es que la Alzada, luego de ponderar que el accidente laboral sufrido por S. le había producido una lesión en la rodilla derecha, que ello se encontraba avalado con el certificado médico, la denuncia efectuada ante la aseguradora y la autorización de aquélla para que dicha cirugía se llevara a cabo, como así con los dichos de B. y R., y que por ende, todo ello indicaba una subordinación de la actividad médica hacia ese diagnóstico, afirmó que haber efectuado la cirugía en la rodilla izquierda, no estando avalada la decisión por otros estudios significó un accionar no habitual, a la vez que no justificado y que de la evaluación integral de las constancias de la causa no surgía que la rodilla operada ocasionara las molestias alegadas, sin que se vislumbre en este aspecto falta de razonabilidad.

Antes bien, cabe destacar que el Tribunal tuvo en consideración las conclusiones a las que llegaran los profesionales que integraran la Junta Médica obrantes a fojas 167 a 181, 194 a 196 y 206 vuelto, a las que reputó irrebatibles en cuanto reconocen como guía de razonabilidad y ponderación, los datos secuenciales y cronológicos de los certificados extendidos por los doctores B. y R., a lo que debía añadirse que los peritos alertaran sobre la descripción que se hace de la historia clínica del Sanatorio Clucellas acerca de la necesidad de intervenir la rodilla izquierda, siendo que aquéllos no lo habían mencionado en los certificados anteriores.

Y, más aún, evaluó la Cámara el dictamen de la Junta Médica obrante a fojas 504/505 que diera por verificada la actual realidad sintomática secuelar y la incapacidad de S., destacando su dolor en la rodilla izquierda, su dificultad para iniciar la marcha, y la pérdida de fuerza con sensibilidad alterada.

Tampoco ha acreditado la recurrente que el A quo hubiese incurrido en idéntico vicio al entender que no existió el consentimiento tácito del paciente alegado por su parte, toda vez que de los propios términos de la sentencia puesta en tela de juicio, se desprende que la Cámara dio las razones por las cuales afirmara que el acto imprudente también surgía de la falta de consentimiento de S. para que la cirugía se realizara de otra manera, descartando la posibilidad de la existencia de una conformidad tácita, si se tiene en cuenta que el estado de confusión del paciente provocado por la anestesia y la luz empleada en el campo operatorio impedían cualquier observación.

Por otra parte, en punto al cuestionamiento del recurrente en torno de la atribución de autoría del hecho por parte de los juzgadores al doctor B., no ha de merecer igualmente favorable recepción, ante lo argüido fundadamente por la Cámara acerca de que aquél debía responder civilmente de manera solidaria, atento que era el facultativo de confianza de S. y su familia, había sido quien efectuara el diagnóstico de la lesión laboral extendiendo el correspondiente certificado y además, quien había asistido al doctor R. en la cirugía.

Y, por último, lo propio sucede con los reproches dirigidos a la Alzada, en torno al resarcimiento que por los diversos rubros concediera el Juez de baja instancia y fueran confirmados por la Cámara -a excepción, como se apuntara, de la tasa de interés aplicable-, desde que con aquéllos el recurrente no alcanza a desmerecer la respuesta jurisdiccional brindada por la Alzada al tema en cuestión, al afirmar que el nexo causal entre la cirugía y el resultado dañoso habían dado sustento al reclamo resarcitorio, argumentando que resultaba prudente la apreciación patrimonial que por daño emergente realizara el juez inferior, sucediendo lo propio en relación al lucro cesante, habida cuenta que antes de la operación S. podía trabajar y que luego de aquélla quedó incapacitado con efecto permanente, como así en punto al daño moral recepcionado, resultante del menoscabo que produjo la cirugía, que le trajeran angustias y dolores al reclamante.

Las consideraciones precedentes revelan que la postulación recursiva -tal como lo afirmara la Cámara- se centra en una disímil óptica, fundamentalmente, de la ponderación de las constancias de autos que hiciera el Tribunal al fallar la causa, que no resultan revisables por esta vía salvo que medie arbitrariedad, como se dijera, no demostrada en el presente.

En suma, la postulación del impugnante sólo deja entrever su disconformidad con la hermenéutica propiciada por los jueces de la causa, en ejercicio de funciones que les son propias, de la normativa que reputaran aplicable al sub júdice, cuestión que, atento a su naturaleza decididamente interpretativa, no depara caso constitucional para operar la apertura de esta instancia de excepción, habida cuenta que no consigue acreditar ante estos estrados que el A quo en dicha labor hubiese excedido los márgenes de legalidad y logicidad tolerados.

Ello así, por cuanto no cabe abrir esta instancia para dilucidar si resulta errónea o no la resolución impugnada; puesto que hacerlo implicaría asignar a este Tribunal como una nueva instancia ordinaria para la revisión de lo resuelto por los tribunales inferiores en ejercicio de la función jurisdiccional, desnaturalizando de tal modo el objetivo mismo del recurso de inconstitucionalidad regulado en la ley 7055, que tiene por objeto únicamente el control de adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.:VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI (en disidencia)-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI: La postulación del recurrente cuenta, prima facie, con suficiente asidero en las constancias de la causa, e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción.

Dicho esto, en una apreciación mínima y provisional propia de esta instancia, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

FDO.:GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)