Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2011-05-30


Expte.Nº1136-L."V"-Aº2007-Caratulados:"VARAS ISIDORO A.-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-".- - JUEZ:DR.ÁNGEL ROBERTO ÁVILA.- -JUEZ:DR.JUAN CARLOS VARGAS.- - JUEZ:DRA.MARÍA I.V.G.DE OCAMPO.

SECRETARIA:DRA.GLORIA GAMBA.- - La Rioja, treinta de mayo de dos mil once.- AUTOS Y VISTOS: Los pre-sentes caratulados: "VARAS ISIDORO A.-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" - - - - - - - - - - - - El Dr.Ángel Roberto Ávila dijo:

Y RESULTANDO:

Que a fs.29/33 comparece la Dra.Lucia Inés Bóveda, en su carácter de apoderada del Sr. Isidoro Agustín Varas, interponiendo recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº496/07.- Por el mismo se rechazo la solicitud del acudente de que se le abone la diferencia de haberes existentes entre el cargo de Diputado y el de Concejal.- A fs.36/7 toma participación el Sr.Fiscal General, el que pronuncia por la competencia del Cuerpo para entender en la presente causa.- A fs.38 obra auto declarando la admisibilidad del recurso, constando a fs.46/49 vta., responde de la Dra. Vilma Noemí Ghiano, en su carácter de Funcionaria Letrada de Fiscalía de Estado.- A fs.57/60 figura acta de celebración de la audiencia prescripta por el artículo 52 de la Ley Nº1.005.- Cumplidos los trámites de rigor, la presente causa se encuentra en estado de resolver.- Y CONSIDERANDO:

I. Expresa la letrada apoderada que el accionante el 04-12-1991 obtuvo el beneficio jubilatorio fijándose la jubilación ordinaria en el 85% del cargo de Convencional Constituyente, habiendo cobrado el haber de diputado durante los meses de enero y febrero de 1992.- Que a partir de marzo del año 1992 el haber fue disminuido, sin causa alguna y por error comenzó a pagarse la jubilación reducida en casi un 50% del cargo de Concejal.- Que en sucesivas oportunidades presentó los reclamos ante el I.P.S.A.S. a los fines de obtener la corrección del haber.- Que las peticiones concretas en las sucesivas presen-taciones fueron dos: 1º Se salve el error en la codificación del haber y 2º se paguen las diferencias debidas desde 1.992 a 1.996.- Que por Resolución M.H.y O.P. Nº197/06 se denegó el pago de reajusten desde el año 1.992 a 1.996, aduciendo que se concretó la prescripción, en razón que desde la fecha en que el titular percibe el haber (04-12-91) han transcurrido más de dos años y que recién ha formalizado el reclamo el 28-02-2005.- Que ante ello se planteó recurso de reconsideración, el que fue rechazado mediante Resolución M.H. y O.P. Nº410 /06, con distintos fundamentos, expresando que la prescripción se produce desde la última interrupción, momento a partir del cual se reinicia el conteo y que transcurrió en exceso el tiempo que marca el artículo 69 de la Ley Nº 5451.- Que interpuesto recurso jerárquico, el mismo es rechazado por Decreto Nº496/07. En éste se reconoce que al acudente se le abonaron por error los haberes jubilatorios como Concejal cuando se había jubilado como Diputado y se rechaza el pago retroactivo de los haberes erróneamente liquidados.- Denuncia la acudente arbitrariedad de la resolución que impugna, ya que la falta de percepción del haber responde a la conducta negligente de la Administración, la que traslada injustamente la responsabilidad y negligencia a su mandante.- II. Cita derecho, jurisprudencia y ofrece prueba.- III. A su vez el Estado Provincial sostiene la validez de lo actuado administrativamente, insistiendo en la postura que los diversos reclamos efectuados por el acudente no fueron hábiles para interrumpir el curso de la prescripción operada.- IV. De las constancias de lo actuado y de lo relacionado precedentemente cabe concluir que habiéndose reconocido el error de liquidación por parte de la Administración, las partes disienten en si procede o no el pago de las diferencias de modo retroactivo.- Estimo que cabe diferenciar claramente el derecho al beneficio jubilatorio o de pensión, que en razón de su imprescriptibilidad puede ser solicitado en cualquier tiempo; del derecho al goce de las prestaciones emergentes de los beneficios que prescribe por inacción del beneficiario.- Teniendo presente que el reconocimiento que origina el recurso proviene de un reajuste posterior a la obtención del beneficio previsional, en principio resultaría aplicable el lapso de dos años previsto en el artículo 69 de la Ley Nº5451.- Sin embargo, la incorrecta liquidación de haberes previsionales es uno de los supuestos en que no hay termino de caducidad que obstaculice el reclamo de su reajuste (cfr.C.N.A.CONT.Adm.Fed., Sala V, sent.del -04-96 "Carcagno, Silvia C.y Otros c/O.S. para la Actividad Docente") y por lo tanto, "el plazo de caducidad previsto en el artí-culo 25 de la Ley Nº19.549 no es aplicable cuando se discute la procedencia de un haber previsional o su cuantía, pues los beneficios de la seguridad social son irrenunciables y en el supuesto de jubilaciones, retiros y pensiones, imprescriptibles (cfr.C.N.A.CONT. Adm.Fed., Sala I, sent.del 26-12-97 "Moraez Argentino c/E.N." D.C.F. S.S., Sala I, sent.del 29-04-02, "Maximino, Aldo Alberto").- Considero en consecuencia que la postura del ente administrador de considerar extemporáneo el planteo de reajuste vulnera la irrenunciabilidad de los beneficios de la seguridad social consagrado por el artículo 14 bis de la C.N. y conlleva al desconocimiento del informalismo que rige el trámite administrativo, en virtud del cual basta al interesado reclamar el reajuste de haberes ante la administración sin necesidad de un planteo exhaustivo de las cuestiones que lo agravian (Art.143, Ley Nº4044).- "Las sucesivas peticiones efectuadas por el acudente deben ser equiparadas a una concreta petición por reajuste a los fines de lo estatuido por ley, so riesgo de incurrir en un rigorismo formal inadmisible en un contexto garantístico de raigambre constitucional y frente a una realidad que da cuenta de la excesiva demora en que incurren los entes administrativos en el trámite de las causas previsionales, lo cual, ciertamente, no puede redundar en perjuicio del acreedor social; inerme las más de las veces frente a la inoperancia del órgano estatal para tutelar eficazmente los derechos y garantías que sobre esta mate-ria prescribe nuestra Ley Fundamental.- Todo ello encuentra sustento en el principio del "informalismo a favor del administrado", al no revestir duda que el peticionante demostró su clara voluntad de hacer valer su derecho de crédito contra el deudor (confr. Hutchinson, Tomas. "Ley Nacional de Procedimiento Administrativo" T.1, Pág.29) y por lo tanto tampoco cabe considerar operada la prescripción liberatoria, atento lo establecido por el Art. 3986 del C.C.- En consecuencia y por los fundamentos expuestos, opino que corresponde reconocer el derecho del actor a la liquidación y percepción de las diferencias de haberes jubilatorios existentes entre lo que percibió como Concejal y lo que debió percibir como Diputado, durante el lapso reclamado.- V. Por ello, me pronuncio por el acogimiento del recurso contencioso administrativo planteado, condenando a la demandada a abonar al actor -dentro de los diez días de aprobada la liquidación respectiva- que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia, las diferencias de haberes jubilatorios existentes entre lo que percibió como Concejal y lo que debió percibir como Diputado, durante el lapso de tiempo reclamado.- Al crédito reclamado se le aplicaran las disposiciones normativas sobre consolidación de deudas, en lo que resulte pertinente. Costas a la perdidosa.- Es mi voto.- El Dr.Juan Carlos Vargas dijo:

Y CONSIDERANDO:

Que comparece la Dra.Lucía Inés Bóveda en calidad de apoderada de Isidoro Agustín Varas, interponiendo recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº496/07 del 07 de Marzo de 2007. Pide se deje sin efecto el decreto impugnado y se ordene a quien corresponda abone la jubilación de su representado en base a la remuneración del cargo de Convencional Constituyente (85%) y las diferencias adeudadas desde Enero de 1992.- Sostiene que su poderdante obtuvo el beneficio jubilatorio el 04-12-1991, fijándose la jubilación ordinaria en el 85% del cargo de Convencional Constituyente, habiendo cobrado el pertinente haber durante los meses de Enero y Febrero de 1992. A partir de Marzo de 1992 comenzó a pagarse la jubilación reducida en casi un 50% del cargo de Concejal.

A consecuencia de sus reclamos se le reconoció el pago erróneo de sus haberes, correspondiéndole el de Convencional Constituyente, pero se rechaza el pago retroactivo de los haberes erróneamente liquidados hasta abril de 1996. Para ello el Poder Ejecutivo se funda en que lo reclamado ha prescripto, expresando que la prescripción se produce desde la última interrupción, momento a partir del cual se reinicia el conteo, habiendo transcurrido en exceso el tiempo que marca el Art. 69 de la Ley 5451.

Que realizó sucesivos reclamos. El primero el 21/01/ 92; el 22/10/92 pidió ".el reconocimiento de lo adeudado o retenido de mis haberes jubilatorios.reclamar la diferencia de mis haberes."; nuevamente el 26/04/95 y el 16/08/96 reclama la "diferencia de haberes que me corresponden como Diputado Constituyente". El 04/10/96 la Gerencia Previsional, Dpto.Reajustes, reconoce las presentaciones y reclamos de Varas.

Que el 08/03/05 presenta pronto despacho ante la Dirección de Obligaciones, pidiendo 1) Se salve el error en la Codificación del haber y 2) Se paguen las diferencias debidas desde 1.992 a 1.996. Mediante Resolución M.H. y O.P. Nº197/06 rechaza el pronto despacho y deniega el pago de reajuste aduciendo que se concretó prescripción.

El 23/05/06 se plantea Recurso de Reconsideración, que es rechazado por Resolución M.H.y O.P. Nº410/06, argumentando prescripción.

Planteado Recurso Jerárquico ante el Gobernador de la Provincia, el mismo es rechazado por Resolución Nº496 del 07/03/2007, la que reconoce la corrección de la codificación del haber (jubilación ordinaria, teniendo en cuenta el 85% móvil del cargo de Convencional Constituyente), pero respecto al retroactivo sostiene que la presentación del 21/01/92 no pide expresamente el pago de la diferencia de haberes entre el cargo de Concejal y el de Diputado y que ".las presentaciones posteriores con entidad suficiente para lograr interrumpir la prescripción, se efectuaron excediendo el tiempo previsto por el art.69 de la ley Nº 5451", por lo que no hace lugar al pago del retroactivo.

El Estado Provincial contesta la demanda sosteniendo la validez de lo actuado administrativamente, fundando en la prescripción de los haberes reclamados.

En lo que aquí interesa resumidamente sostiene que la presentación del 21/01/92 carece de valor interruptivo (es anterior al período reclamado). Que en la presentación del 26/04/95 reclamó la liquidación de sus haberes como Diputado, pero no solicitó el pago retroactivo, y además la deuda se encontraba prescripta por aplicación del art.69 de la Ley 5451. Que lo mismo cabe decir de la presentación del 16/08/96 (presentada cuando ya había operado la prescripción). Tampoco tiene efectos interruptivos sobre la prescripción ya operada la presentación del 08/03/2005.

Además de ello cuestiona que la nota del 21/10/1992 haya existido en la fecha indicada, niega su autenticidad y sostiene que la misma recién apareció en el expediente administrativo en el año 2005, por lo que ninguna duda cabe que la presentación del 26/04/95 fue la primera que realizó Varas reclamando la liquidación de sus haberes jubilatorios como Diputado y no como Concejal.

Para el supuesto de que se hiciera lugar a lo reclamado, peticiona la declaración de consolidación de la deuda, en virtud de lo dispuesto por la Ley 7112, de adhesión a la Ley Nacional 25.344, su decreto reglamentario 357/01 y demás normativa complementaria y modificatoria de la misma.

Peticiona el rechazo del recurso contencioso administrativo, con costas.

Para resolver la acción contencioso administrativa planteada en primer lugar diré que en materia de prescripción las normas aplicables son las del Código Civil y no las provinciales, por lo que deben descartarse las normas pertinentes de las leyes provinciales. La prescripción es materia del derecho de las obligaciones, y por ello atribución del Congreso de la Nación legislar sobre ella, quedando a las provincias el ejercer la jurisdicción cuando las cosas o las personas cayeren bajo la misma (Art.75 inc.12 Const.Nac.). López Herrera-Tratado de la Prescripción Liberatoria-T I-pág.305) En consonancia con ello, el Art.3951 C.C. establece que la normativa sobre prescripción es aplicable al "Estado general o provincial". Norma aplicable a la prescripción liberatoria y adquisitiva (Areán en Bueres-Highton- Cód.Civil-T 6B-pág.587) Desde luego que la norma ha de aplicarse tanto a los créditos como a las obligaciones, pues resultaría inadmisible solo aplicarlas en un sentido y no en otro.

Razonar que las Provincias puedan legislar en materia de prescripción cuando se trata de obligaciones nacidas de relaciones de derecho público local llevaría a fortiori a tener que concluir que también pueda hacerlo, en tales casos, en otras materias, tales las de extinción de las obligaciones (Art.724 C.C.), lo que es inadmisible.

En igual sentido lo ha resuelto la C.S.J en autos "Municipalidad de Avellaneda s/Inc.de verif.en Filtrosa S. A. s/Quiebra" el 30/09/2003.

Y esto incluye tanto los plazos de prescripción como su comienzo, interrupción y suspensión.

En cuanto al comienzo de los plazos de prescripciòn liberatoria, en esta materia rige el principio acta non data non praescribitur (Trigo Represasen Kemelmajer de Carlucci-Kipper-Trigo Represas-Cód.Civil Comentado-Privilegios. Prescripción. Aplicación de las Leyes Civiles- pág.304).

Aquí ha de tenerse en cuenta que no toda relación jurídica da lugar a un derecho dotado de acción prescriptible (sobre esto Horacio de la Fuente-Principios Generales de la Caducidad-J.A.-1983-IV-716). Ni siquiera todo derecho adquirido es exigible a partir de su nacimiento (sobre esto Wayar-Tratado de la Mora-2º Ed.-pág 260 y sgts.).

A esto hace excepción el caso en que el nacimiento de la acción dependa de la sola voluntad del acreedor, pues de interpretarse en contrario la obligación se volvería imprescriptible. El fundamento lo encontramos en el Art. 542 C.C. ("La obligación contraída bajo una condición que haga depender absolutamente la fuerza de ella de la volun-tad del deudor, es de ningún efecto.).

Tal el caso de las obligaciones puras y simples, cuya exigibilidad es inmediata, aunque sea necesario que el acreedor intime al deudor para constituirlo en mora. (Wayar, Ob.cit.págs.263 y 596 y sgts.); o el caso de la obligación del depositario de devolver la cosa cuando el depositante lo requiera. Sobre esto Argañaraz-La obligación extintiva-Nº48; López Herrera- Ob.cit.- T.I- pág.134.

Si nos atenemos a lo anterior, diremos que el plazo de prescripción es de cinco años (Art.4027 inc.1º C.C.) y el comienzo del plazo será el mes de Marzo de 1992, que es el momento en que la Administración incumplió con el pago de la jubilación acordada y que originó el reclamo del actor de autos, pues el jubilado estaba en condición de requerir se liquide y pague lo adeudado. De otro modo la obligación se convertiría en imprescriptible. Por lo que la prescripción debió producirse en Marzo de 1997.- Tal plazo quedó interrumpido por los reclamos del actor, anteriores a esa fecha. Así surge de las presentaciones del actor en el expediente administrativo que dio origen sus peticiones al organismo previsional que obran a fs.8 de los presentes autos (22/10/92) y a fs.210 y 211 (del 28/3/95), a fs.203 (26/4/95) del expediente administrativo. De las presentaciones de fs.8 y 203 referidas surge claramente que el jubilado reclama el pago de las diferencias de haberes que ahora demanda. De ello resulta que el plazo inicial de prescripción fue interrumpido a pocos meses de mismo (comenzó en Marzo de 1992 y fue interrumpido en Octubre de 1992).

Interrumpido este plazo inicial de prescripción, que es una excepción al principio de que no hay prescripción sin acción, debemos volver a este principio, pues hasta tanto no se expida la Administración el administrado carece de acción judicial, y la apertura de esta vía depende de la actividad de la administración.

Es que si el Estado hace valer la prerrogativa de que un derecho adquirido (como es el derecho a un reajuste en los montos de la jubilación) previo a cualquier acción judicial, ha de ser reclamado y reconocido por la Administración, por contrapartida, al no contar el administrado con un derecho dotado de una acción judicial sino después de reconocido, tampoco puede el mismo estar sujeto a plazos de prescripción. En esto resulta aplicable aquello según lo cual la obligación sujeta a un plazo o condición suspensiva no prescribe sino cumplido el plazo o la condición, pues hasta tanto ello no ocurra, el acreedor no se encuentra en situación de accionar judicialmente (Art.3957 C.C.).

Estos criterios, trasladados al Derecho Administrativo, nos llevan a concluir que el reclamo administrativo previo, exigido por la Administración para habilitar la instancia judicial, es interruptivo de la prescripción (ver Argañaraz-Ob.cit.Nº141; López Herrera-Ob.cit.304 y sgts.).

Sin perjuicio de lo anterior, diré que la CSJ tiene resuelto que: "Decidir en contra de los intereses de la clase pasiva cuando la falta de percepción de sus créditos responde a la conducta negligente de la administración, llevaría al desconocimiento de la norma constitucional que impone otorgar y asegurar "los beneficios de la seguridad social, con carácter integral e irrenunciable" (CSJ. "Mac Kay Zernik, Sergio L.C.-03/11/88, J.A., 1988-IV-146; LL, 1989-C-24). Comentando dicho fallo Bidart Campos (Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino-Ed 2000-2001-T I-B-pág.551) sostiene que el mandato del Art.14 bis Const.Nac. se vería frustrado si las autoridades que representan al estado desconocen las leyes o actuaran de manera omisiva en perjuicio de la clase pasiva.

También ha resuelto la CSJ que: "No había comenzado a correr el plazo de la prescripción mientras el agente pasivo no hubiera estado en condiciones de evaluar si tenía o no crédito expedito, si dicha determinación dependía de actos a realizar por el ente previsional" a lo que agrega que "la decisión de la cámara de declarar la pres-cripcíón liberatoria en virtud de la falta de impulso pro-cesal del interesado, configura una causal de arbitrarie-dad con entidad para justificar la descalificación del fallo, pues impone en cabeza del agente pasivo una carga que no tiene sustento legal" (CSJ, en J.A. 1991-I156, con nota laudatoria de Morello en J.A.1991-II-204).

Los fundamentos antes vertidos son coincidentes con lo resuelto por la Corte Suprema en la jurisprudencia citada, en cuanto el plazo de prescripción no comienza mientras el crédito del administrado no se encuentra expedito (no hay acción judicial) en razón de la prerrogativa de la Administración del reclamo previo, y contradice el argumento de la demandada de haber el jubilado abandonado la tramitación de su reclamo administrativo, pues, repito, "pone en cabeza del agente pasivo una carga que no tiene sustento legal".

Por otra parte, en el caso de autos el reclamo del actor jubilado se originó en la actividad omisiva, y cuando menos negligente del Estado (el reclamo no se originó en un acto administrativo, sino en una vía de hecho administrativa).

Es así que obtenido por el actor el beneficio jubilatorio consistente en jubilación ordinaria del 85% del cargo de Convencional Constituyente, el 04/12/1991; habiendo cobrado el pertinente haber durante los meses de Enero y Febrero de 1992; a partir de Marzo de 1992 comenzó a pagarse la jubilación reducida en un 50% del cargo de Con-cejal, lo que dio lugar a que efectuara los reclamos que he referido anteriormente. Y como única justificación de tal omisión invoca un "error involuntario respecto a la codificación y liquidación de los haberes del Señor Varas" (resolución impugnada, a fs.12 de los presentes autos).

Conforme al acto administrativo impugnado y los términos de la demanda y contestación se ha acreditado la jubilación invocada por el actor y la falta de pago de diferencias de haberes (pago no acreditado, siendo a cargo del deudor-demandado alegar y probar el pago total o parcial que invocare-Art.187 CPC.).

En consecuencia, por los fundamentos dados corresponde hacer lugar a la demanda y condenar a la Provincia de La Rioja a pagar al actor la suma que resulte de liquidar la diferencia de haberes jubilatorios reclamada, con más sus intereses desde que cada suma es adeudada, a la tasa vencida que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuentos de documentos; con la modalidad de pago de la normativa de la Ley Prov.7112 y su Dec. Reglamentario Nº357/01 para las mensualidades vencidas a partir del 31 de Agosto de 1992.

Las costas se imponen a la demandada (Art.103, Ley 1005).- La Dra.María Inés Vega Gómez de Ocampo dijo: Que adhiere en todos sus tèrminos al voto emitido por el Dr.Juan Carlos Vargas, por compartir sus fundamentos.- Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE:

I) Hacer lugar a la demanda interpuesta por el señor Isidoro Agustín Varas, debiendo pagar al actor la suma que resulte de liquidar la diferencia de haberes jubilatorios reclamada, con más sus intereses desde que cada suma es adeudada, a la tasa vencida que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuentos de documentos; con la modalidad de pago de la normativa de la Ley Prov.7112 y su Dec.Reglamentario Nº357/01 para las mensua-lidades vencidas a partir del 31 de Agosto de 1992.

II) Imponer las costas a la demandada, difiriendo la regulación de honorarios para cuando sean solicitados.-	III) Protocolícese y hágase saber.-