Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-30


SENTENCIA Nº 92926 CAUSA Nº 12.004/08 "OJEDA, SULMA DIANA Y OTROS C/ KARTONSEC S.A. Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO" -JUZGADO Nº 5 - En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a	30/12/11 reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La doctora Diana Cañal dijo:

La parte actora, apela la sentencia de la instancia anterior, en los términos del memorial que corre a fs. 415/432, que recibiera réplica a fs. 437/442.

Las accionantes se quejan, porque entienden que la sentenciante, sobre la base de una errónea apreciación de los hechos y de las pruebas producidas en la causa, concluyó que no se encuentran legitimadas para el cobro de la indemnización por fallecimiento. Ello, de acuerdo con lo previsto en el art. 248 de la LCT, porque consideró que, al haber alcanzado la mayoría de edad al momento de la muerte del trabajador, se encontraban excluidos de la lista de beneficiarios enumerados en la normativa previsional (art. 53 de la ley 24.241) a la que remite el citado art. 248.

Cuestionan asimismo, el rechazo de las diferencias salariales relativas a los pagos "en negro", horas extra, y las indemnizaciones previstas en los arts. 80 y 132 bis de la LCT.

Se quejan también porque, según sostienen, la sentenciante omitió tratar las diferencias salariales relativas a la falta de pago de los días del gremio, feriados, y adicionales previstos en el art. 60/62 del CCT 412/05.

Por último, se agravian por el rechazo de la responsabilidad solidaria de las personas físicas codemandadas, y por la imposición de costas.

En cuanto al primer punto, cabe sentar que el art. 248 de la LCT dispone que "En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el art. 38 del decreto-ley 18.037 tendrán derecho, mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí establecido, a percibir una indemnización igual a la prevista en el art. 247 de esta ley".

En mi criterio, este artículo no se remite a la ley de jubilaciones que en su momento se encontrara vigente, sino que incorpora a su texto al propio art. 38 de la ley 18.037, el cual define a los beneficiarios de la indemnización prevista en aquella norma.

Por otra parte, el fallo plenario Nº 280, del 18/8/92, de esta Cámara, en autos "Kaufman, José Luis c/Frigorífico y Matadero Argentino SA s/Indemnización por fallecimiento", estableció que que: "En caso de muerte del trabajador las personas enumeradas en el art. 38 de la ley 18.037, tienen derecho a percibir la indemnización prevista en el art. 248 LCT con la sola acreditación del vínculo y el orden y prelación, sin el cumplimiento de las demás condiciones establecidas para obtener el derecho a pensión por la misma norma".

Si bien en mi opinión, la norma que dispone la obligatoriedad de los fallos plenarios, artículo 303 del CPCCN resulta inconstitucional, al imponer vinculancias a los jueces contrarias al mandato constitucional, solo obligados por la Constitución Nacional y las normas dictas con arreglo a la misma, adhiero a dicha doctrina por compartirla.

Luego, el fallo centra su análisis en lo referente al alcance del art. 248 LCT, pero de ningún modo lo hace sobre la norma previsional a la que la Sra. Juez de grado alude.

Por lo expuesto, considero que para la percepción de la reparación prevista en la norma, basta a tal fin la demostración del vínculo, orden y prelación de los beneficiarios que enumera el art. 38 de la ley 18.037, y no deben tenerse en cuenta las demás condiciones que la ley jubilatoria hoy vigente (art. 53 de la ley 24.241), impone para la obtención del beneficio previsional.

En el caso, las accionantes acreditaron el fallecimiento del trabajador (padre de las actoras), el grado de parentesco invocado, y el deceso de su progenitor (ver partidas de defunción que obran en sobre de fs. 9 e informe de fs. 626/627, del Juzgado Civil y Comercial Nº 6, de la localidad de Quilmes, Pcia. de Bs. As.).

Por lo tanto, las actoras se encuentran legitimadas para reclamar la indemnización del art. 248 LCT, cualquiera fuere su edad, situación social o económica, en un claro ejercicio de un jure proprio.

En virtud de lo expuesto, corresponde ahora analizar la procedencia de las diferencias reclamadas.

Las actoras en el escrito de inicio, sostuvieron que el Sr. Zenón Ojeda cumplía una jornada de trabajo de lunes a domingo, en turnos rotativos de 6 a 18 horas, y de 18 a 6 horas, alternándose cada dos semanas, inclusive los días feriados y sin francos de descanso. Que percibía una remuneración quincenal, y que una parte de su salario era abonado en blanco, mediante recibo de haberes y por depósito bancario. Afirmaron que la otra parte, la percibía "en negro", el cual era entregado en mano en la empresa, contra la firma de un vale del Sr. Carlos Cristoferoni (jefe de personal).

Las demandadas negaron que existieran pagos en "negro". Desconocieron el horario de trabajo denunciado en el inicio, y afirmaron que las horas extras que laboró el Sr. Ojeda durante el transcurso del vínculo, siempre fueron debidamente abonadas y registradas (fs. 140, 156, 169 y 203 vta.) Llega firme a esta alzada que el Sr. Zenón Ojeda, padre de las actoras, se desempeñó desde el 1/12/1972 hasta el 14/12/2007 (fecha en que lamentablemente falleció), para la empresa Kartonsec SA dedicada a la fabricación de chapas asfálticas, papel y cartón; y que durante la relación laboral, Ojeda realizó tareas de impregnador, bañando chapas con brea.

De las pruebas producidas a instancia de la parte actora, surge acreditado que la demandada abonaba salarios sin registro, y que no pagó horas extras realizadas por el Sr. Ojeda.

El testigo Gamarra (fs. 358), propuesto por la parte actora, afirmó que trabajó diez años en la empresa hasta el año 2005, que trabajaba junto con el Sr. Ojeda en impernador, eran bañadores de chapa. Afirmó que el horario de este era de 6 de la mañana a 18 hs., que lo hacían de lunes a lunes, y que ambos trabajaban en ese sector. Lo sabe porque tenían horario rotativo una semana de día y una de noche, que era de 18 a 6 hs. Manifestó que vio prestar tareas a Ojeda en ese horario nocturno, pues trabajaban juntos. Indicó que el sueldo se lo liquidaban por quincena, estaba en ochocientos pesos, según las horas que trabajaban, porque hay quincenas de 100 horas y quincenas de 90 hs.

Señaló que cobraban horas extras, que una parte lo hacían mediante recibo y la otra en negro, que lo sabe porque les pagaban así. Que vio al Sr. Ojeda cobrar de esta forma, porque trabajaban juntos, cuando le pagaban a uno cobraba el otro también. Que por la parte que cobraban en negro, solo les daba un recibo por la plata que recibían, nada más, solo decía la cantidad de plata. Que el único recibo que quedaba era este papelito cuando le entregaban esa plata. Indicó que respecto de la otra parte del dinero, era mediante recibo que daba la empresa, lo sabe porque "nosotros firmábamos uno, y el otro se lo quedaban ellos".

Afirmó también que las órdenes y supervisión del trabajo, derivaban del Sr. Francisco y de Diego González, que son los dueños de la empresa, lo sabe porque el deponente trabajó diez años con ellos y las órdenes siempre se las daban ellos. Que lo hacían todos los días y que sino estaban ellos, controlaba otra persona que se llamaba Carlos, que no recuerda el apellido, era quien los suplantaba. Indicó que eran cuatro personas que trabajaban en el sector del turno donde estaba el testigo.

Manifestó que el ingreso y el egreso del personal, se controlaba con una tarjeta que marcaba entrada y salida, que lo sabe por que el testigo lo hacía, marcaba su entrada y salida, y además todos hacían lo mismo. Que los feriados los liquidaban parte por recibo y parte en negro, que lo sabe porque le pagaban así. Afirmó que había una secretaria de la empresa, o sino el Sr. Carlos, quienes eran los que les pagaban, que a veces les pagaban en la oficina y sino directamente iban a la planta. Que el monto de ochocientos pesos que indicó anteriormente era la quincena, estos eran abonados mediante recibos, mientras que la planta en negro era entre 300 ó 400 pesos, según la quincena. Esto era lo que cobraba el testigo, en el caso de Ojeda, afirmó que seguramente cobraría mucho más, porque tenía mucha antigüedad. Que los recibos eran celestes con blanco, que lo sabe porque eran los que le entregaban al testigo. Por último, señaló que Diego González era el que programaba los horarios, lo sabe porque él armaba los turnos. Tevez (fs. 368), también ofrecido por la parte actora, manifestó haber ingresado a la firma demandada en el año 1978, y trabajó hasta el año 2000, que los dueños de la empresa son los codemandados González. Afirmó que el testigo, y Zenón Ojeda, trabajaban 12 horas, que este último trabajaba en el sector de bañado, que lo sabe porque el testigo estuvo cinco años con él, trabajaban juntos. Indicó que el horario de trabajo era rotativo, de doce horas, era de 6 a 18 y de 18 a 6 horas.

Manifestó que las horas trabajadas en horario nocturno, algunas las pagaban en blanco y otras en negro, y que la empresa les daba un recibo por la parte en negro. Aclaró que "una parte de la producción es las horas extras, algunas veces era lo que quedaba en blanco". Que cobraban por banco la parte en blanco, y la parte en negro el fin de semana, que lo cobraban en la empresa. Que las horas extras las pagaban en la oficina, que las pagaba Margarita la secretaria de los González, que sabe de ello porque lo vio todo, que el actor cobraba de este modo, que lo sabe porque tenían que ir primero a cobrar porque la máquina tenía que seguir andando. Por ejemplo, iba primero el testigo, y luego iba el actor. El recibo era celeste, lo sabe porque él los tuvo. Indicó que el horario se controlaba marcando el reloj, que se marcaba con tarjeta de cartón. Indicó que las órdenes de trabajo se la daba un encargado de sector, que se llamaba José Aresti, y este señor recibía órdenes de los patrones, que lo sabe porque a veces delante de ellos les daba las órdenes. Que los que daban órdenes al encargado eran Francisco y Diego González, quienes, además, eran los que dirigían y administraban la empresa, ello hasta el momento en que trabajó el testigo. Señaló que los feriados se trabajaban, por eso dijo que la jornada era de lunes a lunes, que lo sabe porque estuvo ahí trabajando. Que cuando trabajaban los feriados, las horas extras cumplidas en esos días, se liquidaban al 100 y 180 por ciento. Que lo sabe porque así las cobró el testigo.

El testigo Pérez (fs. 408), quien declara a instancia de la parte actora, expresó que trabajó para la demandada desde el 1982 hasta marzo de 1994. Afirmó que fue compañero de trabajo de Zenón Ojeda, que este trabajaba en el bañado de chapa, y que su jornada laboral era de lunes a lunes de 6 a 18 hs. y de 18 a 6 horas, que lo sabe porque el testigo trabajó ahí. Indicó que les pagaban en forma quincenal, el 60 % era en blanco y el 40% en negro, lo sabe porque el dicente cobró así. Que vio cobrar al Sr. Ojeda, porque era en una oficina en la entrada de la empresa y como había un ventanal, se lo veía. Que la Sra. Margarita era la secretaria de Francisco González y era la que les abonaba el sueldo; cuando les pagaban, lo hacían mediante un recibo. Aclara que por la parte en negro les hacían firmar un papel en blanco y les pagaban. Que la porción en negro la cobraban cada quince días.

Manifestó que los González, el padre o el hijo, eran los que controlaban las tareas que realizaba Ojeda. Además -según señaló el deponente-, aquellos eran los que administraban y dirigían a la empresa demandada. Francisco González era el que tomaba la decisión de las contrataciones de los empleados, que lo sabe porque al testigo lo contrato él. También indicó que los días feriados se trabajaban, en ese día les pagaban el 180%. Que para el control del horario de ingreso y egreso, tenían una tarjeta de cartón y un reloj y ahí marcaban la entrada y salida.

Por último, Arias (fs. 527), testigo propuesto por las accionantes, dijo que trabajó para la demandada desde el año 2002 hasta, más o menos, los años 2005 o 2006. Afirmó que fue compañero de trabajo de Ojeda, y que éste trabajaba en la impregnación de las chapas o sea el bañado. Que el horario que hacían era de 6 a 18 horas, de lunes a lunes, que el franco semanal lo tenían cada quince días, y eso dependía de la exportación de chapa que hubiera. Señaló que vio a Zenón Ojeda trabajando en ese horario.

Indicó que el sueldo era quincenal, una parte se pagaba mediante recibos, que era lo que cobraban en blanco. Otra parte, la de producción, la abonaban en negro. Que el testigo cuando empezó, cobraba en blanco entre 500 y 600 pesos por quincena. Que la parte en negro variaba, dependía de la producción que se hiciera y que se cobraba entre 200 y 300 pesos. Aclaró que Zenón Ojeda cobraba lo mismo y de la misma manera que lo hacía el testigo., que lo sabe porque les pagaban a todos igual. Señaló que vio cobrar a Zenón Ojeda la parte en negro, que al principio cuando el dicente empezó les pagaban en la oficina y después pasaron a pagarles en el sector de trabajo. Que la empresa se quedaba con un recibito de la parte de los 200 ó 300 pesos, que decía la cantidad, era tipo una factura. En el caso de Ojeda firmaba lo mismo, lo sabe porque cada vez que iban a pagar llevaban los sobres con los recibos de ellos y, además, ese recibito que era aparte. Al principio, pagaba el que estaba en la oficina mencionada y después, cuando les pagaban en los sectores de trabajo, lo hacía Carlos Cristoferol, que era el encargado de personal. Que los meses que el testigo estuvo trabajando con Ojeda, lo vio a este cobrar la parte del salario en negro indicada, que fueron unos cuatro meses, más o menos.

Manifestó que las órdenes o instrucciones de trabajo, primero las daba el jefe de planta, Héctor Ferrugio, y sino pasaban los dueños Diego y Francisco González. Que ello lo sabe porque después de un tiempo de estar el dicente en la playa, estuvo como encargado de Guillotina y entonces le pasaban y le decían al deponente la chapa que había que hacer. Que a Ojeda le daba las órdenes de trabajo el Sr. Ferrugio, también vio a los codemandados Diego y Francisco González dando instrucciones de trabajo al actor, lo vio varias veces.

Que el sistema de control de horario era a través de un tarjetero, que lo sabe porque estaba ahí y usó ese tarjetero. Indicó que a veces la jornada se extendía más allá de las 18 horas.

Si bien los testigos que declaran a instancias de la parte actora, dejaron de trabajar para la demandada un tiempo antes de que se produjera la extinción por muerte del Sr. Ojeda (14/02/07), lo cierto es que ello solo no conlleva a descartar sus declaraciones. En especial, cuando han sido compañeros de trabajo del Sr. Zenón Ojeda (padre de las actoras) y dieron suficiente razón de sus dichos.

Por su parte, el testigo Ferruggio (fs. 356), quien declara a instancia de los demandados, afirmó que el Sr. Ojeda a veces trabajaba en turnos rotativos. Explicó que al principio el dicente no estaba ligado a la producción, sino que encontraba en mantenimiento y después, a partir del año 2005 (fines de diciembre), comenzó a atender la producción. Ahí los horarios eran alternados según la necesidad, eran turnos de doce horas, de ohco horas y de doce horas, o sea, doce horas con horas extras. Que ello lo sabe porque estaba a cargo de la producción.

Indicó que desconoce el monto al que ascendía la remuneración de Ojeda y que no recuerda cómo era la instrumentación del pago del sueldo en el caso particular de Zenón Ojeda.

Señaló que, si alguno de los empleados le reclamaba la falta de pago de, por ejemplo, dos horas extras, el dicente los mandaba a la oficina de personal para que los atendieran. Explicó que la hora extra se incrementaba un 50% los días normales, los sábados después de las 13 horas un 100% y un 200% los días domingos. Que lo sabe porque a veces le iban a reclamar al testigo, y ahí se enteraba, por los recibos de sueldo, porque veía en los recibos las horas liquidadas al 50%, y entonces el dicente los derivaba a la oficina de personal y allí chequeaban la liquidación, y si había error se lo solucionaban. Aclaró que no recuerda cómo era en el caso particular de Zenón Ojeda.

Manifestó que en la empresa demandada, el Sr. Diego González es el director, y Francisco González y su señora esposa, son los dueños en la empresa, que lo sabe porque a partir de que entró a la empresa, conoció el grupo familiar. Aclaró que ellos pasan por la fábrica. Que en las fiestas de fin de año, el Sr. Francisco González suele estar más tiempo que la señora, por lo menos en el sector en que el dicente se encuentra, que es el sector netamente de mantenimiento y producción. Que en el área de mantenimiento y producción, el Sr. Diego González es el inmediato superior del testigo. Cristoferoni (fs. 361), que declara a instancia de los demandados, manifestó que trabaja en la empresa desde abril del 2004, y que conoció a Zenón Ojeda en la demandada.

Afirmó que Diego González es el presidente de la compañía demandada, el Sr. Francisco González y la Sra. González son accionistas de la empresa, que lo sabe porque a veces realiza trámites y ve el poder donde dice que el primero es presidente, y también por los sellos. Los otros dos, sabe que son accionistas, porque se lo comentaron cuando ingresó y a parte porque los ve.

Luego de detallar las tareas que realizaba el Sr. Zenón Ojeda, explicó que normalmente cumplía horarios rotativos y que la jornada laboral es de ocho horas, y el resto de las que realizaban eran horas extras. Si se realizaban en la semana eran horas al 50%, y si se cumplían los días sábados de las 13 a las 24 horas, se laboraban al 100 x 100. Si se realizaban los días domingos se pagaban al 200%. Que ello lo sabe porque el dicente cumple funciones, y controlaba el tema de las horas, y el jefe de fábrica informaba el horario que realizaban los empleados, en este caso el que hacía Zenón Ojeda. Aclaró también que, en caso de que se trabajara de noche, se cobraba con los adicionales por jornada nocturna.

Señaló que no recuerda el monto de la remuneración de Zenón Ojeda. En su caso, el salario era jornalizado, se realizaba transferencia electrónica vía banco, y se acreditaba el dinero en la cuenta del empleado. Que la liquidación de las horas extras era quincenal, que la forma de pago a Zenón Ojeda de las horas extras era por medio de la transferencia electrónica a la cuenta sueldo, y después en el transcurso, cuando él podía, se presentaba y le entregaban el recibo de la quincena respectiva. Que lo sabe porque estaba en ese momento y es la mecánica que utilizaban entonces, y ahora.

Indicó también que, para registrar las horas extras en la empresa, hay un sistema de fichada magnética en la cual surgen las distintas variables de la liquidación: horas normales, horas extras y las distintas variables de liquidación que figuran en el recibo de sueldo del empleado. Que lo sabe por haber visto los listados que se imprimen para la liquidación quincenal, y de allí surgen los datos, y porque una de las tareas del testigo es la de armar todos los listados de sueldo, control de ausentismo, sanciones disciplinarias y trámites inherentes a la oficina de personal.

Por último, manifestó que los jefes fábrica y distintos jefes de sectores dependen de la presidencia de la demandada.

Ante este panorama probatorio, me pregunto por qué debería interpretarse que, con el transcurso del tiempo, la empresa habría cambiado la modalidad de pago del salario y la realización de las horas extras, tal como lo describen los testigos de la parte actora en sus diferentes épocas.

Para más, el propio testigo Cristoferoni, jefe de personal de la demandada, al referirse sobre la forma en que se liquidaba y abonaba el salario y las horas extras al Sr. Ojeda, afirmó que "sabe todo lo dicho porque estaba en ese momento y es la mecánica que utilizaban y utilizan ahora" (ver fs. 362).

Por lo expuesto, reconozco plena eficacia convictiva a los testimonios que declaran a instancia de la parte actora (conf. art. 386 y 456 del CPCCN).

En cambio, como se viera, el resto de los testigos propuestos por los demandados explicaron las tareas que realizaba el Sr. Zenón Ojeda, la jornada laboral cumplida y la forma en que se liquidaban y registraban las horas extras. Sin embargo, ninguno supo decir el salario que cobraba aquél (ver declaraciones de Farruggio a fs. 356 y Cristoferoni a fs. 361). En tal contexto, la solas constancias obrantes en el libro laboral de la empresa, no sirven para acreditar el salario denunciado en el responde, pues no puede soslayarse que se trata de instrumentos llevados en forma unilateral por el empleador y son, por lo tanto, inoponibles al trabajador, máxime cuando no existen otros elementos de prueba que los corrobore (conf. art. 386 del CPCCN).

Digo así, porque la prueba testimonial aportada por la parte actora, acredita que el Sr. Zenón Ojeda todos los meses realizaba horas extras, superiores a las registradas por la empresa.

Al respecto, un elemento de juicio de suma importancia es el peritaje contable, del cual surge que el actor realizaba horas extras y que la demandada las abonaba, pero no exhibió las planillas de horario, ni tarjetas reloj de asistencia, ni otros controles de horario de labor, extremo que no fue cuestionado por la accionada (fs. 317, punto "L"; conf. arts. 386 y 477 del CPCC). Máxime, cuando el testigo propuesto por los demandados, Carlos Cristoferoni (fs. 361; jefe de personal de la empresa codemandada), dio cuenta de que se realizaban horas extras y que se registraban por medio de "fichada magnética" de horarios. Así, el deponente afirmó que la jornada de Ojeda era de ocho horas con turnos rotativos, y que el resto de las horas que realizaban eran horas extras. Explicó cómo era la operatoria de las horas extras, y cómo se abonaban. Sobre el punto, indicó que este sistema se realizaba por medio de "fichada magnética" en la cual surgía las distintas variables de la liquidación de horas normales, horas extras y las distintas variables que figuran en el recibo de sueldo del empleado. Que ello lo sabe, porque ve los listados que se imprimen para la liquidación quincenal y de allí surgen los datos. Dejó sin una de sus funciones es armar todos los listados de sueldos, control de ausentismo, sanciones disciplinarias y trámites inherentes a la oficina de personal.

En síntesis, quien era la interesada en excepcionarse en esta cuestión, debió aportar los elementos de juicio correspondientes pero no lo hizo, lo que solo a ella perjudica (conf. art. 54 y 55 de la LCT).

Por lo tanto, propongo condenar a la demandada al pago de las horas extras reclamadas.

En función de todo lo expuesto, propongo modificar la sentencia apelada y, en consecuencia, hacer lugar a las diferencias salariales por los pagos "en negro" reclamados a fs. 26, y las relativas a las horas extras, con su respectiva incidencia en los rubros salariales indicados a fs. 25 vta.

Procederán también, las indemnizaciones previstas en el citado art. 248 de la LCT, así como las emergentes de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323.

A su vez, tendrán favorable acogida las diferencias de salario por la falta de pago del "día del Gremio", conforme lo previstos en el art. 26 del CCT nº 412/05.

En efecto, en el caso no está discutida la aplicación de este convenio. Y de los recibos de sueldos que obran a fs. 226/248 (no desconocidos por los demandados), y de acuerdo con lo previsto en la convención colectiva indicada, resulta que la empresa demandada nunca abonó este rubro.

Resta señalar que las diferencias salariales, tanto por las horas extras debidas como por los adicionales de convenio reclamados, deberán liquidarse por el período no prescripto, tal como surge del propio escrito de inicio (ver fs. 25 vta.).

En tal sentido, serán procedentes las diferencias generadas desde el 12/7/2005 hasta el 14/02/07 (ver fecha del primer telegrama a fs. 219 y fecha de la extinción del vínculo, fs. 14; conf. arg. arts. 256 de la LCT y 3986 del Cód. Civil).

Por lo tanto, el monto de condena deberá ser calculado por el perito contador en la etapa prevista por el art. 132 de la ley 18.345, de acuerdo con lo establecido en el presente decisorio.

Para ello, deberá determinarse el salario mensual de acuerdo con los suma pagada sin registro (conf. lo indicado a fs. 24 del escrito de inicio), más los adicionales del convenio (arts. 60, 61, 62, 65), con la incidencia de las horas extras reclamadas (fs. 25), y las correspondientes a las indemnizaciones previstas por el art. 248 de la LCT.

Resulta asimismo procedente la condena a pagar la indemnización prevista en el párrafo final del citado art. 80, ya que las actoras realizaron la intimación que establece la norma y la empresa demandada no cumplió con su obligación (ver telegrama de fs. 221).

Al respecto, cabe señalar que el artículo 80 de la norma citada, fue reglamentado por el decreto Nº 146/01. Entiendo que esta reglamentación resulta inconstitucional y así lo he sostenido como Juez de primera instancia en los autos "Velarde, Andrea Karina c/ Maxima AFJP SA s/ certificados art. 80 LCT" (sentencia Nº 2449 del 29.2.08, del registro del Juzgado Nº 74).

Ello, porque dicho decreto exige al trabajador esperar un plazo de treinta días corridos, a partir de la extinción del contrato de trabajo para que el empleador haga entrega de los certificados de trabajo. Dicha requisitoria, que se impone al trabajador, constituye un exceso reglamentario en relación con la norma superior que reglamenta (art. 80 LCT, conf. art. 45 de la ley 25.345), pues se encuentra en abierta contradicción con lo previsto en la materia por los arts. 28 y 99 inc. 2 de la C.N. y torna inconstitucional el mencionado art. 3 del decreto 146/01 (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría, CNAT Sala VI Expte nº 30189/02 sent. 57061 del 31/3/04 en autos "Cuellar, Santiago c/ Inversiones y Transportes SA y otro s/ despido"; Sala VII Expte n° 19358/05 sent. 39717 9/11/06 "Daix, Odina c/ La Tortería SRL s/ despido"). En igual sentido, ver mi voto en autos "Righetti, Mario Alberto c/ Joaquín Brenta Alcalde SA", sentencia Nº 92470 del 4.3.2011, del registro de esta Sala.

El citado art. 80 LCT, en su último párrafo, establece que el empleador está obligado a entregar los certificados de trabajo cuando el trabajador lo requiere a la época de la extinción de la relación, y durante el tiempo de la misma, cuando medien causas razonables. Luego, otorga un plazo de dos días hábiles desde el día siguiente a la intimación fehaciente al empleador, sancionándolo con una indemnización especial, en caso de incumplimiento.

Reiteradamente, he sostenido que no puede considerarse cumplida la intimación a acompañar las certificaciones del art. 80 de la LCT, con la notificación de su puesta a disposición, pues la empleadora siempre tiene el recurso legal de la consignación (conf. Sentencia Nº 2675 del 26.10.09, en autos "Camacho, Mario Javier c/ Establecimientos Metalúrgicos Becciu e hijos S.A. s/ despido", del registro del Juzgado Nº 74).

Por lo tanto, resulta irrelevante la circunstancia de que la demandada los hubiera puesto a su disposición, o bien, los acompañe recién al contestar la demanda, pues la entrega de los certificados de trabajo y aportes previsionales al dependiente en oportunidad de la extinción de la relación laboral, es una obligación de la empleadora, que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación. No hay razones, pues, para considerar que el cumplimiento de esta obligación dependa -en lo que se refiere a su aspecto temporal- de que el trabajador concurra a la sede de la empresa a retirar los certificados (ver CD Nº 4DC99069389 del 4/1/10, que obra anexado en sobre por cuerda), sino que corresponde entender que, en caso de que así no ocurra, el empleador debe, previa intimación, consignar judicialmente los certificados (en sentido análogo, SD Nro. 83170 del 11.2.2002, "Fraza, María Aída c/ Storto, Silvia Noemí y otro", del registro de esta Sala).

De todos modos, la confección resultaba falaz, de acuerdo a lo resuelto precedentemente.

En consecuencia, propongo hacer lugar a la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT. Propicio también condenar, en forma solidara, a todas las demandadas a entregar a las actoras, dentro del término de diez días de quedar firme el presente, las constancias de los aportes realizados por el empleador, así como el certificado de trabajo, con los reales datos que deben constar en dichos documentos, de acuerdo con lo resuelto en el presente decisorio, todo ello bajo el apercibimiento de aplicar astreintes consistentes en $400 por día de mora (art. 666 bis del Cód. Civil).

En cambio, no prosperará la sanción prevista en el art. 132 bis de la LCT, pues del intercambio telegráfico resulta que las actoras solo reclamaron la entrega de las constancias de los ingresos de aportes y contribuciones a los organismos de la previsión social, pero en ninguno de los telegramas se denunció que la empleadora hubiera retenido aportes destinados a los organismos de seguridad social, ni tampoco surge que hubieran intimado en forma fehaciente para que, dentro del término de treinta días corridos desde la recepción del emplazamiento, la empleadora ingresara los supuestos aportes adeudados a los organismos pertinentes, con más los accesorios y multas que procedieron (conf. art. 1º del decreto 146/01; ver fs. 219 y 221).

Resta analizar, la declaración de condena solidaria a los codemandados Francisco González, Diego González y Graciela Antonieta Pizzera de González.

Al respecto, se encuentra fuera de controversia que Diego González es presidente de la sociedad co-demandada, Graciela Antonieta Pizzera de González vicepresidente de la misma, quienes además, conjuntamente con el codemandado Francisco González (que también entre los años 2000 y 2008 fue presidente de esta sociedad), poseen 95.000 acciones y representan el 100% del capital social de dicha empresa (ver fs. 169/189 e informe de la IGJ a fs. 596, 601 y 605/614).

Por otra parte, tal como se resolvió ut supra, está acreditado que la relación laboral habida entre el Sr. Zenon Ojeda (padre de las actoras), y la empresa Kartonsec SA no fue correctamente registrada (parte del salario abonado sin registro).

La prueba testimonial también demuestra que Francisco y Diego González, eran los dueños y los que se encontraban al frente de la explotación de la empresa codemandada (ver declaraciones de Gamarra a fs. 358, Tévez a fs. 368, Pérez a fs. 408, Arias a fs. 527 y Farruggio a fs. 357, que declaró a instancia de los demandados). De lo que se concluye que ambos codemandados, siempre se han desempeñado como controlantes o administradores reales de la empresa.

En tal inteligencia, y en un supuesto como el de autos, existe un ardid destinado a ocultar hechos y conductas, con la finalidad de sustraer al empleador del cumplimiento de sus obligaciones legales. Todo ello constituye un fraude laboral, y funda la declaración de responsabilidad solidaria de los codemandados, en virtud de los arts. 54, 274 y 59 de la ley 19550.

En efecto, si la forma societaria deviene en un recurso detrás del cual los particulares se esconden para medrar con sus beneficios, sin dar nada a cambio, burlando a la comunidad que ha creído en ellos, lo más correcto es el descorrimiento del velo y que la responsabilidad sea completa, como lo fue en sus orígenes.

Sigo en esto la reforma de la ley de sociedades comerciales, aunque sin dejar de observar que el entramado normativo aceptaba la teoría del disregard merced a la labor pretoriana de los jueces, aún antes.

Así, los dos primeros párrafos del artículo 54 que fueron mantenidos por la 22903 refieren:

Artículo 54: El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de los socios o de quienes no siéndolo la controlen, constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar, sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios.

El socio o controlante que aplicare a los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de terceros, está obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva.

El siguiente y último párrafo, fue agregado por la reforma: Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley; el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.

Resulta interesante la distinción entre los dos primeros párrafos y el último, que es el vinculado con el tema del disregard. En ellos el sujeto activo es la sociedad que, en el primer caso, se ha visto perjudicada por el accionar intencional de sus socios o controlantes. En cambio en el segundo ha perdido una oportunidad de ganancia, a pesar de correr con las pérdidas.

En el tercer párrafo, los perjudicados son los terceros. Pero, salvo por esta diferencia, bien podría sostenerse que la teoría había tenido cabida con el anterior legislador, porque en el párrafo segundo lo que se tiene en cuenta es que el "acto del particular" debe ser considerado en relación con las ganancias como un "acto societario", puesto que lo realiza con fondos o efectos de la misma.

Precisamente, así como se busca el "poder que existe detrás de la persona colectiva", aquí estaríamos ante la hipótesis contraria. Como nos enseña el profesor Masnatta, esta interpretación la encontramos en el derecho alemán cuando hace posible la responsabilidad civil de los socios (como consagra el artículo en análisis), a pesar de que en principio "los asociados no podrían ser perseguidos por el pago de deudas de la sociedad y además que la sociedad no respondería por las deudas de los asociados", si el patrimonio de una y otros se encuentra confundido.

Hace su aparición así la inoponibilidad jurídica, fórmula bajo la cual el tercer párrafo del artículo 54 recepta la teoría de la penetración o disregard. Las personas de "existencia ideal" no solo no siempre fueron sujetos de derecho, sino que cuando alcanzaron la categoría ello no implicó necesariamente la separación patrimonial.

Sin embargo, ha sido sin duda la oponibilidad de la persona jurídica como limitación de la responsabilidad, el rasgo que convirtió en más interesantes económicamente a las sociedades, pudiendo desde un pequeño aporte intentar una gran ganancia sin exponer el patrimonio personal.

Esto nos lleva a analizar el problema de los fines. La redacción del párrafo tercero del artículo 54 presenta un interesante desafío hermenéutico, de diferentes niveles: ¿Qué se entiende por fin extrasocietario?. El mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o la frustración de los derechos de terceros, ¿constituye variantes del fin extrasocietario, o son hipótesis diferentes? Esta discusión nace en el fuero del trabajo como consecuencia de los pronunciamientos de esta Sala, en los casos "Delgadillo", "Cingolani" Y "Duquelsy".

Por la primera sentencia mencionada, la Sala entendió que el pago en negro constituía una hipótesis de fin extrasocietario, habilitando en consecuencia la responsabilidad de los socios. Ello en razón de que, si bien el principal fin de las sociedades es el lucro, esta forma de pago se había convertido en un recurso para violar la ley, el orden público y la buena fe.

Sin embargo, la misma Sala modificó su criterio en el tercer pronunciamiento, y entendió que el pago en negro no encubría la consecución de un fin extrasocietario, pero que sí era un recurso para violar la ley, el orden público y la buena fe, frustrando derechos de terceros, a saber: los trabajadores, el sistema previsional y la comunidad empresaria.

Por mi parte, entiendo que de haber querido el legislador que la violación del orden público, la buena fe o la frustración de los derechos de los terceros fuesen variantes de la consecución de fines extrasocietarios, hubiese utilizado una puntuación muy diferente.

Releamos detenidamente el párrafo: "La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, (coma, en vez de dos puntos) constituya un mero recurso para violar la ley; (punto y aparte, lo que indica separación temática) el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros." Esta exégesis literal nos permite concluir que la ley marca cinco supuestos bajo los cuales resulta aplicable la inoponibilidad, que pueden darse enteramente separados o subsumidos entre sí: puede por ejemplo mediar un obrar que frustre derechos de terceros y sin embargo no sea extrasocietario.

A mi juicio, tanto en "Duquelsy" como en el caso de autos, no solo se frustran los derechos de los terceros, sino que también se incurre en un fin extrasocietario.

Ahora bien, ninguna de estas reflexiones puede realizarse si no se parte de la base de las previsiones del artículo 1071 del Código Civil, puesto que al consultar los "verdaderos" fines tenidos en miras al tiempo de celebrar la sociedad, así como los que la Ley de Sociedades Comerciales busca organizar a través de su particular régimen de limitación de responsabilidad, si los primeros no coinciden con los segundos, resulta por entero lógico que este último beneficio no les sea aplicable.

En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios más allá de los socios, entramos en un capítulo en el cual la intencionalidad es un elemento de análisis inexorable, puesto que guarda estrecha relación con ella. Por eso es importante distinguir, al tiempo de aplicar la teoría de la penetración hacia el interior de la sociedad, la condición de aquél al que se pretende solidarizar en conjunto con la misma. Puede ser un mero socio, un socio que a su vez es un funcionario o solo ser esto último.

De tratarse de un mero socio, ya hemos analizado la situación en autos, en cambio si estamos ante un socio que además es representante o administrador, o que sin ser socio desempeña un cargo, cabe aplicar el artículo siguiente de la LSC.

Artículo 59: Los administradores y los representantes de las sociedades deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión.

Así correspondía declarar la responsabilidad del presidente de la SA, como se resolviera en la causa "Vidal" (Sala III, SD 74.792, del 23/9/97) donde el mismo era además "el dueño y la autoridad excluyente" y por lo tanto quien decidió aparentar formas contractuales no laborales.

Esta norma debe verse complementada con el siguiente artículo:

Artículo 274: Mal desempeño del cargo. Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del art.59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscriptas en el Registro Público de Comercio como requisito para la aplicación de lo dispuesto en este párrafo.

Exención de responsabilidad. Queda exento de responsabilidad el director que participó en la deliberación o resolución o que la conoció, si deja constancia escrita de su protesta y diere noticia al síndico antes de que su responsabilidad se denuncie al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente, o se ejerza la acción judicial.

Este artículo en su primer párrafo prevé la hipótesis de la responsabilidad solidaria hacia la sociedad, los accionistas "y los terceros", que es el lugar reservado a los trabajadores.

Su segundo párrafo, reclama un ejercicio de responsabilidad directa: es decir que al funcionario se le haya asignado una función determinada (como bien puede ser la contratación de personal) de lo que debe quedar el registro pertinente, y en cumplimiento de la misma incurra en un accionar desviado.

La hipótesis más común es la orden de contratar en negro o, en tiempos de la ley de empleo, fraguar la existencia de nuevas líneas de producción para justificar la contratación bajo una modalidad promovida más beneficiosa, o el recurso a la contratación a prueba "permanente" sin que nadie supere el periodo y resulte elegido.

En particular, la discusión se ha actualizado con el referido caso "Duquelsy, Silvia c/ Fuar S.A." (esta Sala III el 19/2/98), donde luego de considerar que la falta de registración de una relación de trabajo constituye un típico fraude laboral, se dispuso que el presidente del directorio aún sin ser socio y por no hallarse incluido en consecuencia en la previsión del art. 54 de la LS, debía ser responsabilizado solidaria e ilimitadamente en mérito a lo prescripto por el art. 274 de dicho cuerpo legal por violación de la ley.

Por lo tanto, propongo que Diego González, Graciela Antonieta Pizzera de González y Francisco González, sean condenados en forma solidaria en los términos de los artículos 54, 59 y 274 de la ley 19550, a pagar a las actoras la suma que resulte de la liquidación que será calculada por el perito contador en la etapa prevista por el art. 132 de la ley 18.345, y que deberá ser abonada en la forma, plazo y con más los intereses fijados en la instancia previa, lo cual llega firme a esta alzada. Ante el nuevo resultado del litigio que propicio y lo normado por el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y proceder a su determinación en forma originaria, razón por la cual deviene abstracto el tratamiento de las apelaciones sobre el punto.

En atención al resultado del pleito, a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes, propongo regular los honorarios de los letrados de las partes actora, de las codemandadas Kartonsec SA y Diego González en conjunto, de las codemandadas Graciela Antonieta Pizzera de González y Francisco González, en conjunto, por sus trabajos en la instancia previa, y para el perito contador, en el 16%, 14%, 14% y 7%, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena con más la adición de intereses (cfr. art. 38 de la ley 18.345; 6, 7, 8, 9, 19, 37, 37 y conc. de la ley 21.839 -reformada por la ley 24.432- y demás normas arancelarias vigentes, y art. 68 del CPCCN).

Propongo regular los honorarios de esta alzada, en 35% para los letrados de la parte actora y en 25% para los de la codemandada Kartonsec, ambos de lo que les correspondan percibir por sus trabajados en la instancia previa (art. 68 del CPCCN y art. 14 de la ley 21839).

Propicio que de conformidad con lo dispuesto por el art. 46 de la ley 25345, que modifica el art. 132 de la ley 18345, Res. Nº 27 de esta Cámara del 14.12.00, en la etapa procesal oportuna, se realice la comunicación de rigor.

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la Sentencia Nro. 65.569 del 27 de septiembre de 1993 en autos "Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) sosteniendo "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto". Atento lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

En definitiva, y por lo que antecede, voto: I.- Revocar la sentencia de la instancia anterior y condenar, en forma solidaria, a Kartonsec SA, Francisco González, Diego González y Graciela Antonieta Pizzera de González a pagar a las actoras la suma que resulte de la liquidación que será calculada por el perito contador en la etapa prevista por el art. 132 de la ley 18.345, y que deberá ser abonada en la forma, plazo y con más los intereses fijados en la instancia previa, lo cual llega firme a esta alzada. II.- Condenar, en forma solidara, a todas las demandadas a entregar a las actoras, dentro del término de diez días de quedar firme el presente, las constancias de los aportes realizados por el empleador así como el certificado de trabajo, con los reales datos que deben constar en dichos documentos, de acuerdo con lo resuelto en el presente decisorio, todo ello bajo el apercibimiento de aplicar astreintes consistentes en $400(cuatrocientos pesos) por día de mora. III.- Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior. IV.- Declarar las costas de ambas instancias, en forma solidaria, a cargo de los demandados. V.- Regular los honorarios de los letrados de las partes actora, de las codemandadas Kartonsec SA y Diego González en conjunto, de las codemandadas Graciela Antonieta Pizzera de González y Francisco González, en conjunto, por sus trabajos en la instancia previa, y para el perito contador, en el 16%, 14%, 14% y 7%, respectivamente, a calcular sobre el monto que resulte de condena con más la adición de intereses. VI.- Regular los honorarios de esta alzada, en 35% para los letrados de la parte actora y en 25% para los de la codemandada Kartonsec, ambos de lo que les correspondan percibir por sus trabajados en la instancia previa, con más el impuesto al valor agregado. VII.- Ordenar que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 46 de la ley 25345, modificatoria del art. 132 de la ley 18345, Res. Nº 27 de esta Cámara del 14.12.00, en la etapa procesal oportuna, la Secretaría de primera instancia realice la comunicación de rigor.

El doctor Néstor M. Rodriguez Brunengo dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de la Dra. Diana Cañal, y respecto de la indemnización del art. 80 de la LCT, estimo que es procedente aún cuando no se haya cumplido con el plazo establecido en el Decreto 146/01.

En efecto, es de recordar que el art. 45 de la ley 25.345 agregó como último párrafo al 80 de la LCT el siguiente texto: "...si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos... dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último...". A su vez el Decreto Reglamentario 146/2001 en su art. 3º dispuso que "...el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que hace alusión el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos.... dentro de los 30 (treinta) días corridos de extinguido, por cualquier causa el contrato de trabajo".

He dicho oportunamente que: "En lo que respecta a la aplicabilidad del decreto reglamentario 146/2001, acuden a mi memoria por una parte, el antiguo aforismo latino: "rara est in dominos iusta licentia", y por otra, la tesis general del clásico libro de Juan Carlos Rébora: "El Estado de Sitio y la Ley Histórica del Desborde Institucional", señalando lo difícil que le resulta a quien ejerce el poder una autolimitación que no traspase sus ceñidas facultades.

La cuestión se ha planteado no solo en nuestro derecho, sino también en democracias más antiguas y consolidadas, como Francia. Georges Ripert nos informa así, que a partir de la Revolución, "Rousseau ne dit pas: les lois, il dit: la loi, et pour lui la loi est souveraine, car elle est l´ expression de la volonté générale"... "Il n´y a plus qu´une seule autorité: l´assemblée chargée de faire les lois. Elle détient la puissance législative dans son absolutisme". El gobierno de Vichy, a comienzos se la década del 40, bajo la sombra de la ocupación alemana dictó decretos-leyes y modificó leyes anteriores directamente por decretos, actos que luego fueron anulados, como se ve en M. Gëny: "De l´ inconstitutionnalité des lois et des autres actes de l´autorité publique et des santions qu´elle comporte dans le droit nouveau de la Quatrième Republique (Jurisclasseur périodique, 1947, I, 613) y em M. Pelloux, "dont il suggère d´atteindre par le recours pour excès de pouvoir les actes administratives qui seraient contraires a ces dispositions" en "Le Déclin du Droit", París, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1949.

Entre nosotros, como explica María Angélica Gelli: "La Corte Suprema trazó, por primera vez, los límites de la competencia reglamentaria del Poder Ejecutivo en el caso "Delfino y Cía". Con mención expresa del anterior art. 86, inc. 2º, el Tribunal sostuvo que "existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla.". Ahora bien, encontrar la línea divisoria entre una y otra constituye una cuestión problemática y, al decir de la Corte Suprema, una cuestión de hecho. ("Delfino y Cía" Fallos: 148:430, año 1927).

En el caso de autos, estimo que esa línea divisoria ha sido traspasada y se ha configurado una desviación de poder que fundamenta la declaración de inconstitucionalidad del decreto 146/2001, y así lo voto.

En cambio, discrepo parcialmente con lo determinado en cuanto a las astreintes impuestas, pues si bien soy de la opinión de que corresponderá fijarlas en el caso en que se incurriese incumplimiento, dado que el voto mayoritario que integra actualmente esta sala resolvió imponerlas en cincuenta pesos ($50) por día de retardo (en igual sentido, S.D. Nº 92.842, del 14/11/11, en autos "Jaimón, Rubén Raúl c/ Consolidar AFJP SA s/Dif. De Salarios", del registro de esta sala), propongo fijarlas en esta suma.

El doctor Luis Alberto Catardo dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Dr. Rodríguez Brunengo en lo que respecta al monto de las astreintes.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Revocar la sentencia de la instancia anterior y condenar, en forma solidaria, a Kartonsec SA, Francisco González, Diego González y Graciela Antonieta Pizzera de González a pagar a las actoras la suma que resulte de la liquidación que será calculada por el perito contador en la etapa prevista por el art. 132 de la ley 18.345, y que deberá ser abonada en la forma, plazo y con más los intereses fijados en la instancia previa. II.- Condenar, en forma solidara, a todas las demandadas a entregar a las actoras, dentro del término de diez días de quedar firme el presente, las constancias de los aportes realizados por el empleador así como el certificado de trabajo, con los reales datos que deben constar en dichos documentos, de acuerdo con lo resuelto en el presente decisorio, todo ello bajo el apercibimiento de aplicar astreintes consistentes en $50 (cincuenta pesos) por día de mora. III.- Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior. IV.- Declarar las costas de ambas instancias, en forma solidaria, a cargo de los demandados. V.- Regular los honorarios de los letrados de las partes actora, de las codemandadas Kartonsec SA y Diego González en conjunto, de las codemandadas Graciela Antonieta Pizzera de González y Francisco González, en conjunto, por sus trabajos en la instancia previa, y para el perito contador, en el 16%, 14%, 14% y 7%, respectivamente, a calcular sobre el monto que resulte de condena con más la adición de intereses. VI.- Regular los honorarios de esta alzada, en 35% para los letrados de la parte actora y en 25% para los de la codemandada Kartonsec, ambos de lo que les correspondan percibir por sus trabajados en la instancia previa, con más el impuesto al valor agregado. VII.- Ordenar que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 46 de la ley 25345, modificatoria del art. 132 de la ley 18345, Res. Nº 27 de esta Cámara del 14.12.00, en la etapa procesal oportuna, la Secretaría de primera instancia realice la comunicación de rigor.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Néstor Miguel Rodríguez Brunengo Luis A. Catardo Diana Regina Cañal Juez de Cámara Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí,	Leonardo G. Bloise	Secretario