Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-06-26


SENT Nº 601	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiseis (26) de Junio de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y René Mario Goane -por encontrarse recusada sin causa la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Banco Mayo Coop. Ltdo. vs. Motonoar S.R.L. y otros s/ Ejecución hipotecaria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor Alberto José Brito, doctor Antonio Gandur y doctor René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia de la Sala Iª de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, del 10/11/2008, por la cual se rechaza el recurso de nulidad y se hace lugar al recurso de apelación del Banco Comafi S.A. interpuesto contra la sentencia del 12/02/2001.

II.- El recurrente afirma la gravedad institucional debido a que la cuestión pone fin a la legitimación del Banco Comafi cuestionada de su parte, la que no podrá ser revisada en ninguna instancia posterior, ni en juicio de conocimiento posterior por lo que encuadra también dentro del art. 813 inc. a) asumiendo dice, los caracteres de definitividad. Que también queda configurada la gravedad institucional por cuanto la sentencia sería incongruente: razona en un sentido y resuelve diametralmente en el opuesto; es de arbitrariedad manifiesta, se aparta de la solución prevista por la ley, la lógica y la experiencia violando el principio de defensa en juicio. Afirma la inconstitucionalidad del inc e) del art. 4 de la Ley 25780 resolviendo la sentencia en sentido contrario a lo dispuesto por el derecho procesal local; que no constituye derivación razonada de las circunstancias probadas de la causa.

Entiende que si la sentencia ha explicitado que la acción hipotecaria es cesible pero inseparable de la hipoteca sin que pueda transmitirse aquélla sin el derecho real; que no existe norma que derogue las disposiciones del derecho común vigentes en materia de transferencia de bienes respecto de los deudores por lo que cada bien excluido deberá considerarse transmitido cuando se cumpla el procedimiento específico que conforme al derecho ordinario corresponda a su naturaleza jurídica (que se requerirá entonces el cumplimiento de los actos de transmisión del crédito, inscripción registral en caso de las garantías constituidas a favor de la entidad financiera) entonces, se pregunta cómo puede luego de este claro razonamiento arribar el tribunal a la conclusión de que el Banco Comafi está legitimado como cesionario para ejercer los derechos y continuar las acciones derivadas del mutuo con garantía hipotecaria y que la cesión del crédito y la hipoteca es válida y le es oponible al deudor cedido. Sostiene que por ello la sentencia luce incongruente. Que el resultado al que debería arribar la sentencia es que siendo inseparable de la hipoteca la acción hipotecaria y no habiéndose perfeccionado la transmisión del derecho real al Banco Comafi por falta de inscripción registral (art. 2505 CC) éste carece de legitimación para ejercerla (ya que sigue perteneciendo al Banco Mayo), siendo inoponible a su parte el negocio transmisional tal como sostiene la última parte del artículo citado y en ello se sustentó la falta de conformidad de su parte a la integración de la litis fundado en lo prescripto por el art. 59 CPCCT.

Sostiene igualmente la inconstitucionalidad de la sentencia y del apartado V del art. 35 bis de la ley 21.526 que invade zona de reserva legislativa de competencia exclusiva del gobierno provincial. Cita el art. 75 inc. 12, 116, 121 CN; art. 67 inc. 21 CP. Que surge palmario el conflicto de leyes que resuelven situaciones similares pero en sentido opuesto (art. 59 procesal; ley de entidades financieras). Agrega que la regulación de la calidad de parte y de terceros en un proceso judicial, su capacidad, sucesión, sustitución, comparencia y sus deberes, constituye materia estrictamente procesal, formal y adjetiva y como tal de competencia exclusiva reservada a las provincias y no delegadas al gobierno federal. Que por tanto la sentencia aplica una norma inconstitucional y funda su apartamiento del derecho positivo local en un razonamiento absolutamente errado (mayor jerarquía de la norma nacional en la estructura piramidal), siendo que no es ésta la cuestión ya que con ese criterio se dejaría de lado todo el derecho público local, sino que la norma avanza sobre la zona de reserva, como se dijo. Fundamenta luego la tempestividad del planteo de inconstitucionalidad al ser la primera vez que la Cámara dispone su aplicación en autos. Cita doctrina sobre la inconstitucionalidad alegada.

En cuanto al requisito de la inscripción registral entiende que el art. 2505 CC no regula sólo la transmisión de derecho real de dominio sobre bienes inmuebles sino a toda transmisión de todos los derechos reales sobre inmuebles. Cita el art. 2503. Que si bien el fideicomiso recae sobre un crédito derivado del mutuo garantizado con hipoteca la solución del fallo no se compadece con lo sostenido por la propia sentencia en que cita la nota de Vélez al art. 1455 CC, en el sentido de que la cesión del crédito es inseparable de la hipoteca. Que entonces el fallo no puede sostener que resulte cedida la hipoteca si falta su inscripción registral, si no se cumplió con la registración de la escritura de transmisión fiduciaria. Que la sentencia no puede decir que las leyes específicas que regulan la cesión fiduciaria no requieren la inscripción registral de tal cesión si antes el fallo citó un autor que entiende que, respecto del deudor, no existiendo normas que deroguen las disposiciones de derecho común en materia de transferencia de bienes, cada bien excluido deberá considerarse transmitido solo cuando se cumpla el procedimiento específico que conforme al derecho ordinario corresponda a su naturaleza jurídica. Que en conclusión, la transmisión hipotecaria no se encuentra registrada y sólo será válida entre tradens y accipiens pero al no estar perfeccionada no es oponible a su parte.

Aclara que los accionados no son parte del contrato de cesión fiduciaria de créditos litigiosos y su garantía real y sí del contrato de mutuo cuya garantía hipotecaria fue registrada por Banco Mayo. Que respecto del primero, son terceros. Que la sentencia mezcla conceptos confundiéndolos ya que dice que como parte del contrato de mutuo no puede oponer la falta de registración, pero refiriéndose al contrato de cesión fiduciaria. Que no siendo parte de éste sí están habilitados para oponer la alta de registración de la cesión del derecho real de hipoteca, no comprendiéndoles el art. 3135 CC. Que surge acá palmaria la apariencia de fundamentación.

Propone doctrinas legales, hace reserva del caso federal y solicita se conceda el recurso tentado.

III.- Por auto interlocutorio de fecha 10/3/2009 la Cámara concede el recurso interpuesto, correspondiendo en esta instancia el examen de su admisibilidad y procedencia.

IV.- El Tribunal a quo luego de tratar el tema relativo a la aceptación de una fotocopia simple para justificar la legitimación del Banco Comafi S.A. concluyendo en que debe ser tenida en cuenta la certificada por la actuaria del tribunal para la decisión del fondo a tomar en esa instancia, pasa a tratar el tema del recurso de nulidad, el que rechaza por cuanto los agravios apuntan a la disconformidad de criterio de la jueza pero no revelan la existencia de vicios que afecten al procedimiento anterior al dictado de la sentencia y que autoricen su invalidación acorde el art. 808 procesal.

En cuanto a la cuestión central, legitimación del Banco Comafi para estar como actor en la causa y su oponibilidad o no a los accionados, trata conjuntamente los recursos de las partes.

Advierte que del análisis del contrato de cesión fiduciaria de créditos y sus correspondiente derechos litigiosos (art. 35 bis de la Ley de Entidades Financieras) emerge que mediante la resolución n° 629 del BCRA de fecha 30/10/98 se dispuso la exclusión de activos y de ciertos pasivos privilegiados de la entidad liquidada conforme al art. citado y se autorizó la transferencia de tales activos excluidos a favor del Banco Comafi S.A. en su carácter de Fiduciario del contrato de Fideicomiso a ser suscripto entre Banco Comafi S.A. y el Banco Mayo Coop. Ltdo. Que allí se establece que las partes acuerdan suscribir tal contrato de cesión fiduciaria de créditos y sus derechos litigiosos de Banco Mayo Coop. Ltdo. En adelante el Fiduciante a favor del Banco Comafi S.A. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Acex, en adelante el Fiduciario, sujeto a los siguientes términos y condiciones: Primero: el fiduciante cede y transfiere a título fiduciario a favor del fiduciario todos los créditos y los correspondientes derechos y acciones que tiene y le corresponden como parte actora en los expedientes judiciales que se detallará más adelante, subrogándolo en todos sus derechos y acciones. Segundo: Que los derechos y acciones cedidos por la presente, corresponden a los expedientes judiciales que tramitan ante el departamento judicial de la Provincia de Tucumán y que se detallan a continuación: ".Banco Mayo Coop. Ltdo. c/ Motonoar S.R.L. y otros s/ Ejecución hipotecaria que se tramita por ante el Juzgado de Documentos y Locaciones de la Vª Nominación. Que el conflicto que viene a este tribunal es consecuencia de la aplicación de la ley 21.526 y sus modificatorias al caso de los activos excluidos del banco actor intervenido y liquidado. Que en efecto, el art. 4 de la ley 25780 que sustituyó el apartado V del art. 35 bis de la ley de entidades financieras y sus modificaciones, dispone en el inc. e) que el adquirente en propiedad plena o fiduciaria a quien se le transfiera un activo excluido por aplicación de esta norma, no podrá intervenir en todo proceso judicial en el cual el anterior titular actuase como parte o tercero y que involucre los activos excluidos, en igual calidad que éste, sustituyéndolo aún como parte principal sin que se requiera la conformidad expresa de la parte contraria. Que en el caso de autos, de la fotocopia de fs. 84 surge que el BCRA dispuso autorizar la reestructuración del Banco Mayo encuadrándolo en las disposiciones del art. 35 bis de la ley 21526 y sus modificatorias. Que además, por resolución 629 dispuso la exclusión de activos y ciertos pasivos privilegiados de la entidad conforme al art. 35 bis de la ley 21526 y se autorizó la transferencia de ellos a favor del Banco Comafi S.A... Que por contrato de cesión fiduciaria de créditos se transfirieron a favor del Banco Comafi todos los créditos y los correspondientes derechos y acciones que correspondían al Banco Mayo Coop. Ltdo. en los expedientes que se detallaron entre los cuales se encuentra el presente juicio como se vio. Que de tales cláusulas surge que el apelante asumió el crédito ejecutado por derivación de la exclusión de activos y pasivos dispuesta por el BCRA con respecto al patrimonio de otra entidad bancaria. Que tal procedimiento resulta sujeto específicamente a lo previsto en la ley 21526 y no a las disposiciones de la ley que regula la transferencia de los fondos de comercio ni en principio a las del CC relativas a la cesión de créditos por lo que desde esta óptica no cabe duda que el primero está legitimado activamente para intervenir en la causa en sustitución del acto original. Se explaya sobre el instituto de la legitimatio ad causam. Que en el marco estrecho de este tipo de proceso, la falta de legitimación activa debe ser manifiesta, evidente. Si se requiriese cualquier investigación o actividad probatoria que exceda los límites del juicio de ejecución la cuestión no podría ser atendida atento las especiales características tanto del título que sirve de base cuanto al proceso en sí. Que en el caso la cuestión podía resolverse haciendo directa aplicación de la ley mentada supra 24441/21526. Cita el art. 18 de la primera: el fiduciario se halla legitimado para ejercer todas las acciones que correspondan para la defensa de los bienes fideicomitidos, tanto contra terceros como contra el beneficiario. El art. 12, que dice que el carácter de fiduciario del dominio tendrá efectos frente a terceros desde el momento en que se cumplan las formalidades exigibles de acuerdo a la naturaleza de los bienes respectivos. Que de acuerdo a las consideraciones del autor que cita, en estos casos, la transferencia jurídica de los bienes se opera mediante el cumplimiento de la legislación civil y comercial. Que concluido o perfeccionado el procedimiento de transmisión, reglado de acuerdo con su naturaleza jurídica, los bienes quedarán transferidos al adquirente y excluidos de la agresión de los acreedores del enajenante, pero estos procedimientos no son instantáneos y se dilatan en tiempos que no se compadecen con las urgencias generadas por las crisis financieras. Que se plantearon distintas interpretaciones sancionada la ley 24485, que detalla, para concluir en que tales posiciones no pueden ser tomadas como absolutas debiendo analizarse la cuestión desde el punto de vista de los acreedores cuanto de los deudores. Con relación a los primeros, entiende que el bien en exclusión queda en una suerte de "estación de transferencia" entre el patrimonio de la entidad financiera en crisis y la entidad adquirente; fuera de la agresión de los acreedores de la primera y, en principio, de ciertas medidas judiciales no bien el BCRA dicta el acto administrativo de exclusión del activo en cuestión. Que tal interpretación tiene sustento en el inc. V añadido al art. 35 bis que estableció que las transferencias de activo y pasivos previstas se regirá exclusivamente por la legislación financiera, sin requerir autorización judicial alguna. Ello no significa que puedan omitirse los procedimientos de transmisión del derecho común pero mientras los mismos se instrumentan o perfeccionan (art. 52 LEF) debe considerase que los activos excluidos y se encuentran fuera del patrimonio del deudor y de la agresión de sus acreedores. Que respecto de los deudores de la entidad enajenante, sus créditos no podrán considerarse transferidos al adquirente por el mero dictado del acto administrativo del BCRA pues tal como señala el autor que sigue en fallo y el actor recurrente, la normativa financiera no efectúa comentario alguno respecto del deudor, limitando los efectos exorbitantes del derecho común a los acreedores de la entidad enajenante según se vio. Interpreta que como la ley no deroga las disposiciones del derecho común vigentes en materia de transferencia de bienes respecto de los deudores, cada bien excluido deberá considerase transmitido sólo cuando se cumpla el procedimiento específico que, conforme al derecho ordinario, corresponda a su naturaleza jurídica. Que entonces, se requerirá el cumplimiento de los actos de transmisión del crédito atendiendo a su naturaleza jurídica (cesión de crédito, endoso cambiario, inscripción registral en caso de las garantías constituidas a favor de la entidad financiera, etc.). Que la seguridad jurídica de las transacciones y la certeza del deudor en la persona del accipiens imponen esta interpretación. Que conforme a los términos de la propia normativa se está ante una cesión de crédito y de sus respectivas acciones litigiosas, cuya transmisión está regulada por el CC (art. 1446). Que Vélez Sarsfield en su nota al artículo citado aclara que la acción hipotecaria es cesible pero inseparable de la hipoteca. Que en el caso, habiéndose cedido el crédito y sus correspondientes derechos y acciones al Banco Comafi S.A. (ver fotocopia certificada de escritura, fs. 86) es claro que este está legitimado como cesionario para ejercer todos los derechos y continuar todas las acciones derivadas del mutuo con garantía hipotecaria cedido por Banco Mayo Coop. Ltdo.. Que se trata de cesión de créditos y acciones litigiosos, en tanto fue concretada con la ejecución ya en marcha por lo que está comprendida dentro de los arts. 1454/1455, que fueron cumplidos pues se instrumentó mediante escritura pública nº 340. A su vez frente a los demandados deudores del crédito cedido la cesión es válida y oponible pues se les hizo conocer plenamente al notificarlos del proveído que apelaron y tal efecto se produjo de conformidad con el art. 1460 CC. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de esta interpretación. Concluye entonces que los argumentos de los accionados relativos a la intervención de terceros en el proceso ejecutivo resultan inadmisibles. Recuerda que la intervención provocada de terceros prevista en el art. 90 CC está indicada únicamente para los procesos ordinarios y sumarios. Que la intención voluntaria del art. 86 es factible aún en los ejecutivos aunque deba analizarse con criterio restrictivo. Que el planteo de los recurrentes resulta desenfocado puesto que en este caso no estamos en presencia ni siquiera del supuesto de intervención voluntaria de tercero en tanto que Banco Comafi S.A. no es un tercero que invocando normas de derecho sustancial pide intervención en la causa (art. 86 inc. 2º procesal). Que por el contrario se trata de un cesionario de acciones y derechos litigiosos que viene a reemplazar al actor en tal posición para ejercer por sí la fuerza ejecutiva del título que comprueba el crédito y todos los derechos accesorios, como la garantía hipotecaria y su acción ejecutiva, conforme al art. 1458 CC. El supuesto entonces no es el contemplado en el art. 86 y menos el del 90 sino el del art. 59. Que la cuestión, centrada en la conformidad del adversario para la admisión del cesionario como parte actora, ya se señaló supra el art. 18 de la ley 24441 y por su parte el art. 4 de la ley 25780 dispone en el inc. 9 que el adquirente en propiedad plena o fiduciaria a quien se le transfiera un activo excluido por aplicación de esta norma podrá intervenir en todo proceso judicial en el cual el anterior titular actúe como parte o tercero y que involucre los activos excluidos, en igual calidad que éste, sustituyéndolo aún como parte principal, sin que se requiera la conformidad expresa de la parte contraria. Que la estructura piramidal impuesta por el art. 30 CN determina que ésta tiene jerarquía superior a las normas procesales dictada por las provincias. Cita el art. 75 inc. 6 CN por lo que concluye en la supremacía de la norma nacional por sobre la del art. 59 CPCCT.

De allí concluye en que no resultan admisibles los argumentos respecto a la falta de inscripción registral de la cesión de acciones y derechos invocadas puesto que no resulta aplicable al art. 2505 CC. Que no se trata de fideicomiso sobre bienes inmuebles sino de una cesión de acciones y derechos fiduciaria efectuada en los términos de la ley de entidades financieras. Que lo que se cedió es el crédito derivado del mutuo -garantizado con hipoteca- que existía a favor del cedente. Aplica el art. 1458 CC, como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, también resultan cedidas la acción ejecutiva que otorga el mutuo instituido por escritura pública la hipoteca y su consecuente acción de ejecución hipotecaria. Que las leyes específicas no requieren la notificación al deudor cedido ni la autorización judicial, ni tampoco la inscripción registral para que se tenga al cesionario como parte legitimada en el respectivo juicio. Cita el art. 3135 CC añadiendo que los accionados en tanto partes contratantes del mutuo garantizado con la hipoteca que han constituido por escritura pública no pueden oponer la falta de inscripción de la cesión fiduciaria del crédito y de las acciones y derechos accesorios como la hipoteca en el pertinente registro al cesionario fiduciario del mismo en tanto la cesión ha sido hecha conforme a derecho y respecto a él (como reemplazante y continuador del acreedor cedente) siguen obligados. Recuerda que la inscripción no es constitutiva del derecho. Concluye en que el Banco Comafi S.A. se encuentra legitimado para intervenir en el presente juicio como actor y su recurso de apelación debe prosperar revocándose el fallo impugnado, con costas a los vencidos (art. 106 y 108 procesal).

V.- De la confrontación de los términos del memorial casatorio puestos en relación con la sentencia atacada se advierte que el recurso no puede prosperar.

Liminarmente cabe tratar el agravio referido a la inconstitucionalidad de la sentencia y del apartado V del art. 35 bis de la ley de entidades financieras en tanto, como expresa el recurrente, invadiría zona de reserva legislativa de competencia exclusiva del gobierno provincial (sobre la base de sus argumentos relatados supra (acápite II de esta sentencia). Este gravamen no puede prosperar.

Ya la CSJN se ha expedido al respecto (in re: "Guerrero de Villamea, Cristina M. y otros en: Bco. Caseros s/ quiebra") afirmando claramente que las normas que regulan la actividad bancaria y financiera son de neto corte publicístico, que establecen un sistema peculiar por el que se permite escindir determinados activos de una entidad en crisis para afectarlos al pago de pasivos privilegiados y que el art. 35 bis de la ley de entidades financieras reviste el carácter de derecho federal. Se ha dicho también en este importante precedente que la Corte ha sostenido que la regulación de la actividad financiera y bancaria, asumida por el Estado nacional, delega en el Banco Central el llamado "poder de policía bancario, con las consiguientes atribuciones para aplicar un régimen legal específico, dictar normas reglamentarias que lo complementen y ejercer funciones de fiscalización de las entidades. Que, sobre tal base, resulta inaceptable la aplicación de las reglas del derecho común en desmedro de aquéllas, de neto corte publicístico, que regulan específicamente la actividad bancaria y financiera con olvido de la peculiar naturaleza que reviste esta actividad (LL, 2002-E, p.337).

Conforme al art. 35 bis el Banco Central de la República Argentina, en decisión que adopte la mayoría absoluta de su directorio, cuando una entidad financiera incluida en la ley se encuentre en alguna de las situaciones previstas en el art. 44 de la ley sub examine; aquéllas que autorizarían al Banco Central de la República Argentina a revocarle la autorización para funcionar, el ente rector, previo a dicha sanción, puede intentar reestructurar el banco y aplicar como solución alguno de los mecanismos previstos en el art. 35 entre los que se encuentra la exclusión de activos y pasivos y la transferencia de los mismos a otras entidades financieras.

Se trata, en realidad, de un régimen de salvataje, o -como lo afirma el autor doctrinario que cita la sentencia- de soluciones paraconcursales con activa participación del Banco Central de la República Argentina. Con ello se quiere significar que el sistema fijado por la ley de entidades financieras funciona con determinadas normas y medidas que, como la prohibición de iniciarse o proseguirse actos de ejecución forzada sobre los activos excluidos cuya transferencia hubiera autorizado, dispuesto o encomendado el BCRA o de trabarse medidas cautelares sobre estos; el levantamiento de embargos o inhibiciones generales ya trabados; el tratamiento de excepción a las medidas cautelares derivadas de créditos laborales; la radicación de procesos judiciales que afectaren a activos excluidos en el juzgado actuante en la intervención prevista en el inc. III del art. 35 bis -con el consiguiente y eventual desplazamiento de la competencia territorial-, etc. afectan y exorbitan el derecho común lo cual es dejado en claro por la misma ley al expresar que no son aplicables las reglas sobre transferencia de fondos de comercio ni ciertas concursales (art. 35 bis, punto V, incs. a y c). En definitiva, se ha encontrado en la excepcionalidad de este sistema de "salvataje" y en la jerarquía de los bienes jurídicos tutelados relativos a la conservación del sistema financiero y la protección de los ahorristas, la justificación de la ley y del art. analizados. Entender del modo en que lo hace el recurrente al art. 35 bis implicaría su desuso por inutilidad evidente al imposibilitar el cumplimiento de los fines para los que fue creado y que motivaron la sanción de la ley de entidades financieras vigente.

Por tanto, sostenida la constitucionalidad del art. 35 bis de la ley, es claro que debe confirmarse la solución sentencial en cuanto aplica la misma para prescindir de la conformidad de la parte contraria respecto a la intervención como parte del adquirente de la propiedad fiduciaria en un proceso judicial (arts. 30 y 75 inc. 6° CN).

En cuanto al resto de los agravios, se pondera que la Cámara ha dado suficientes y bien fundados argumentos para sostener la solución que impetra y dar respuesta conforme a derecho de los expuestos en el libelo recursivo de apelación.

En efecto, el recurrente se agravia concretamente por entender que la sentencia es incongruente y contradictoria pues reconoce que se debe aplicar el derecho común en materia de transferencias de bienes pero luego hace caso omiso de esta circunstancia soslayando que la hipoteca es inseparable de la acción hipotecaria al prescindir del requisito de la inscripción registral de la transmisión fiduciaria (art. 2505 CC). Es decir que no habiéndose perfeccionado la transmisión del derecho real al Banco Comafi por falta de inscripción registral éste carece de legitimación para ejercerla (ya que sigue perteneciendo al Banco Mayo), siendo inoponible a su parte el negocio transmisional y en ello se sustentó la falta de conformidad de su parte a la integración de la litis fundado en lo prescripto por el art. 59 CPCCT. Agrega que la sentencia es incongruente asimismo porque no puede decir que las leyes específicas que regulan la cesión fiduciaria no requieren la inscripción registral de tal cesión si antes el fallo citó un autor que entiende que, respecto del deudor, no existiendo normas que deroguen las disposiciones de derecho común en materia de transferencia de bienes, cada bien excluido deberá considerarse transmitido solo cuando se cumpla el procedimiento específico que conforme al derecho ordinario corresponda a su naturaleza jurídica. Reitera como conclusión que la transmisión hipotecaria no se encuentra registrada y sólo será válida entre tradens y accipiens pero al no estar perfeccionada no es oponible a su parte. Le agravia que la sentencia mezcle los conceptos de parte y terceros pues su parte no lo es de la cesión fiduciaria de créditos litigiosos y sí del mutuo cuya garantía hipotecaria fue registrada por Banco Mayo. Que no siendo parte de aquél sí están habilitados para oponer la falta de registración de la cesión del derecho real de hipoteca, no comprendiéndoles el art. 3135 CC.

Ahora bien, entendemos que estos argumentos no logran dar embate a los claros motivos sentenciales que vienen a dar respuesta conforme a derecho a los mismos. En efecto, la sentencia -de la que bien leída no se advierte incoherencia lógica argumentativa- afirma que: a) se trata de un contrato de cesión fiduciaria de créditos y sus correspondientes derechos litigiosos (art. 35 bis de la Ley de Entidades Financieras); b) que mediante la resolución n° 629 del BCRA de fecha 30/10/98 se dispuso la exclusión de activos y de ciertos pasivos privilegiados de la entidad liquidada conforme al art. citado y se autorizó la transferencia de tales activos excluidos a favor del Banco Comafi S.A. en su carácter de Fiduciario del contrato de Fideicomiso a ser suscripto entre Banco Comafi S.A. y el Banco Mayo Coop. Ltdo.; c) que allí se establece que las partes acuerdan suscribir tal contrato de cesión fiduciaria de créditos y sus derechos litigiosos de Banco Mayo Coop. Ltdo. en adelante el Fiduciante a favor del Banco Comafi S.A. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Acex, en adelante el Fiduciario, sujeto a los siguientes términos y condiciones -que transcribe literalmente- de las cuales surgiría la cesión antedicha sobre los créditos y los correspondientes derechos y acciones que tiene y le corresponden como parte actora en los expedientes judiciales que se detallan y entre los cuales se encuentra el presente, subrogándolo en todos sus derechos y acciones; d) que el conflicto presente es consecuencia de la aplicación de la ley 21.526 y sus modificatorias al caso de los activos excluidos del banco actor intervenido y liquidado, en virtud de lo dispuesto en el art. 4 de la ley 25780 que sustituyó el apartado V del art. 35 bis de la ley de entidades financieras y sus modificaciones disponiendo en el inc. e) que el adquirente en propiedad plena o fiduciaria a quien se le transfiera un activo excluido por aplicación de esta norma, no podrá intervenir en todo proceso judicial en el cual el anterior titular actuase como parte o tercero y que involucre los activos excluidos, en igual calidad que éste, sustituyéndolo aún como parte principal sin que se requiera la conformidad expresa de la parte contraria; e) que en el caso de autos, de la fotocopia de fs. 84 surge que el BCRA dispuso autorizar la reestructuración del Banco Mayo encuadrándolo en las disposiciones del art. 35 bis de la ley 21526 y sus modificatorias y por resolución 629 dispuso la exclusión de activos y ciertos pasivos privilegiados de la entidad conforme al art. 35 bis de la ley 21526 y se autorizó la transferencia de ellos a favor del Banco Comafi S.A.; f) que por contrato de cesión fiduciaria de créditos se transfirieron a favor del Banco Comafi todos los créditos y los correspondientes derechos y acciones que correspondían al Banco Mayo Coop. Ltdo. en los expedientes que se detallaron entre los cuales se encuentra el presente juicio como se vio; g) que de tales cláusulas surge que el apelante asumió el crédito ejecutado por derivación de la exclusión de activos y pasivos dispuesta por el BCRA con respecto al patrimonio de otra entidad bancaria; h) que tal procedimiento resulta sujeto específicamente a lo previsto en la ley 21526 y no a las disposiciones de la ley que regula la transferencia de los fondos de comercio ni en principio a las del CC relativas a la cesión de créditos por lo que desde esta óptica el primero está legitimado activamente para intervenir en la causa en sustitución del actor original; i) que en el caso la cuestión se resuelve haciendo directa aplicación de la ley mentada supra (24441/21526) según arts. 18 y 12 que cita; j) que la transferencia jurídica de los bienes se opera mediante el cumplimiento de la legislación civil y comercial y por lo cual, concluido o perfeccionado el procedimiento de transmisión, de acuerdo con su naturaleza jurídica, los bienes quedarán transferidos al adquirente y excluidos de la agresión de los acreedores del enajenante. Advierte, sin embargo, que estos procedimientos no son instantáneos y se dilatan en tiempos que no se compadecen con las urgencias generadas por las crisis financieras; k) distingue la posición del acreedor y del deudor. Con relación a los primeros, entiende que el bien en exclusión queda en una suerte de "estación de transferencia" entre el patrimonio de la entidad financiera en crisis y la entidad adquirente; fuera de la agresión de los acreedores de la primera y, en principio, de ciertas medidas judiciales no bien el BCRA dicta el acto administrativo de exclusión del activo en cuestión. Que mientras los procedimientos de transmisión del derecho común se instrumentan o perfeccionan (art. 52 LEF) debe considerase que los activos excluidos se encuentran fuera del patrimonio del deudor y de la agresión de sus acreedores. Que respecto de los deudores de la entidad enajenante, como la ley no deroga las disposiciones del derecho común vigentes en materia de transferencia de bienes respecto de los deudores, cada bien excluido deberá considerase transmitido sólo cuando se cumpla el procedimiento específico que, conforme al derecho ordinario, corresponda a su naturaleza jurídica; l) Que conforme a ello, estando ante una cesión de crédito y de sus respectivas acciones litigiosas, cuya transmisión está regulada por el CC (art. 1446). Que en el caso, habiéndose cedido el crédito y sus correspondientes derechos y acciones al Banco Comafi S.A. (ver fotocopia certificada de escritura, fs. 86) es claro que éste está legitimado como cesionario para ejercer todos los derechos y continuar todas las acciones derivadas del mutuo con garantía hipotecaria cedido por Banco Mayo Coop. Ltdo. Que se trata de cesión de créditos y acciones litigiosas, en tanto fue concretada con la ejecución ya en marcha por lo que está comprendida dentro de los arts. 1454/1455, que fueron cumplidos pues se instrumentó mediante escritura pública nº 340; ll) que la cesión es válida y oponible al deudor pues se les hizo conocer plenamente al notificarlos del proveído que apelaron y tal efecto se produjo de conformidad con el art. 1460 CC; m) concluye en que Banco Comafi S.A. no es un tercero que invocando normas de derecho sustancial pide intervención en la causa (art. 86 inc. 2º procesal) Que por el contrario se trata de un cesionario de acciones y derechos litigiosos que viene a reemplazar al actor en tal posición para ejercer por sí la fuerza ejecutiva del título que comprueba el crédito y todos los derechos accesorios, como la garantía hipotecaria y su acción ejecutiva, conforme al art. 1458 CC. Y que el supuesto no es el contemplado en el art. 86 y menos el del 90 sino el del art. 59 procesal, sobre el cual ya se resolvió su aplicación o no al caso de autos en cuanto se analizó el agravio relativo a la inconstitucionalidad del apartado V, art. 35 bis: el adquirente en propiedad plena o fiduciaria a quien se le transfiera un activo excluido por aplicación de esta norma podrá intervenir en todo proceso judicial en el cual el anterior titular actúe como parte o tercero y que involucre los activos excluidos, en igual calidad que éste, sustituyéndolo aún como parte principal, sin que se requiera la conformidad expresa de la parte contraria; n) por todo ello, la Cámara concluye en que no resultan admisibles los argumentos respecto a la falta de inscripción registral de la cesión de acciones y derechos invocadas puesto que no resulta aplicable al art. 2505 CC ya que no se trata de fideicomiso sobre bienes inmuebles sino de una cesión de acciones y derechos fiduciaria efectuada en los términos de la ley de entidades financieras; que se cedió el crédito derivado del mutuo -garantizado con hipoteca- que existía a favor del cedente (aplica el art. 1458 CC) y como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, también resultan cedidas la acción ejecutiva que otorga el mutuo instituido por escritura pública la hipoteca y su consecuente acción de ejecución hipotecaria; ñ) destaca que las leyes específicas no requieren la notificación al deudor cedido ni la autorización judicial, ni tampoco la inscripción registral para que se tenga al cesionario como parte legitimada en el respectivo juicio; o) al citar el art. 3135 CC no se confunden los conceptos de parte y tercero no se advierte esto pues allí se explicita que los accionados, en tanto partes contratantes del mutuo garantizado con la hipoteca. que han constituido por escritura pública no pueden oponer la falta de inscripción de la cesión fiduciaria del crédito y de las acciones y derechos accesorios como la hipoteca. Mas, aún cuando se entendiera que se ha querido significar la oponibilidad de la hipoteca, esta interpretación debe ser leída en el contexto sentencial en el que se dice que se trata de una cesión fiduciaria de créditos y derechos litigiosos oponible al deudor cedido en tanto hubo notificación de la misma.

En definitiva, los extensos apartados relatados supra dan cuenta de los agravios del recurrente, especialmente los que refieren los incisos d), h) i), l), ll) m), n), ñ). A su turno el impugnante no atacó puntualmente el hecho de que -como éste mismo lo expresa-, el Banco Mayo inscribió la hipoteca y la ejecutó. El Banco Comafi en virtud de las normas analizadas y por la cesión fiduciaria continuó el proceso de ejecución hipotecaria en sustitución de aquél. Tampoco criticó eficazmente el tópico esencial de la constitución de una cesión y el cumplimiento, conforme al derecho común, de los requisitos para hacerla oponible a su parte.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación impetrado.

VI.- Las costas del recurso, al recurrente vencido por ser ley expresa (art 106 procesal).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor Alberto José Brito, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal, doctor Alberto José Brito, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia de la Sala Iª de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, del 10/11/2008, conforme lo expuesto, con pérdida del depósito.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO RENÉ MARIO GOANE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.