marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, responsabilidad de la obra social
Materia: CIVIL
Carátula: GARRIDO ESPINOSA DE LEON, Margarita del Carmen c/ OBRA SOCIAL PERSONAL IND. DEL CALZADO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-18

El compromiso contractual asumido por la clínica para con el paciente, a través de la organización gremial que lo ampara, no se limita al simple hecho de prestar asistencia médica, ya que esa obligación asistencial lleva ínsita el compromiso tácito de seguridad, inherente al cumplimiento de cierto tipo de contrato, con el fin de preservar a los contratados de los daños que pudieran derivar del defectuoso cumplimiento.-
Poder Legislativo, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: M., E. J. s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

Mientras que los privilegios constitucionales, de número taxativo, son funcionales y personales porque protegen funciones públicas preservando a los sujetos que las ejercen; los comunes son personales y reales y, a veces, resultan complementarios de los constitucionales. Puede señalarse como ejemplo de "privilegio común personal" el derecho que tienen los legisladores (en Italia, en virtud de la ley n. 345-1975) de visitar los institutos penitenciarios sin autorización y de "privilegio común real" la inmunidad de la sede de los palacios del Parlamento y de la Corte Constitucional.
Daños y perjuicios, accidentes de trabajo, incapacidad laboral
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: CHAVEZ, Mario de Itatí c/ KLOCKMETAL S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-04

Si bien el hecho de que el actor continúe trabajando constituye una pauta a tener en cuenta al momento de fijar la indemnización, más aún si realiza las mismas tareas que las que hacía a la época del infortunio, ello no obsta a la existencia de una incapacidad laborativa, si las tareas se siguen efectuando como resultado de un mayor esfuerzo o de un proceso de readaptación, inclusive aún cuando no haya visto disminuida su remuneración. Es que no se puede asegurar que su actual edad útil laborativa concluirá estando vigente el actual contrato de trabajo, y cuando él finiquite, deberá entrar al mercado con una incapacidad que lo colocará en situación desventajosa frente a otros trabajadores con plena capacidad.-
Cesantía ilegítima, indemnización, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sahagun, José Mariano c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05

Acreditada la ilegitimidad del acto que resulta violatorio de la garantía de estabilidad, rige el principio de inversión de la carga probatoria, por lo que no habiendo la demandada alegado ni probado nada al respecto, procede indemnizar los daños y perjuicios que la medida ilegítima ha irrogado.
Cuota alimentaria, abuelos
Materia: CIVIL
Carátula: S. R. M.  c/ A. L. V. s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-07-04

En principio cabe señalar que no puede determinarse la cuota alimentaria a cargo de la abuela con los mismos parámetros que se tienen en cuenta para determinarla frente al progenitor, pues, de inicio, el contenido de los alimentos es más amplio en este último caso y más restringido en el anterior (arg. arts. 541 y 659 CCyC); y además la ley determina que los alimentos que se fijen deben ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados (arg. art. 659 CCyC).
Recursos, falta de fundamentación, Impuesto sobre los ingresos brutos, determinación de oficio, determinación sobre base presunta, acción de nulidad
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Pellegrino, Luis y otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-17

La queja del GCBA fue presentada en tiempo y forma y satisface la carga de fundamentación que prescribe el artículo 32 de la ley n° 402, por lo que debe ser formalmente admitida. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Honorarios, regulación de honorarios, sentencia condenatoria, obligaciones en moneda extranjera, tipo de cambio
Materia: PROCESAL
Carátula: MARITIMA RIO NEGRO  S.A. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. RIO IGUAZU s/ INTERRUMPE PRESCRIPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

En mérito a que las regulaciones deben ser expresadas por el Tribunal en moneda nacional, a cuyos fines se toma habitualmente la cotización de la divisa en el día anterior a la fecha de la regulación, habida cuenta de las bruscas oscilaciones que ha experimentado en estos días la moneda norteamericana que, inclusive, podrían desvirtuar los porcentajes de la escala del artículo 7 del Arancel a aplicar, es preferible diferir la determinación de la retribución que corresponde a los profesionales que han intervenido en el pleito, hasta que se haga efectivo el pago y se acredite la cotización del dólar estadounidense en dicha ocasión.
Jubilaciones, pensiones, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Coadyuvante: Duca, Lucrecia A. Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

Lo que realmente interesa para determinar el haber de una prestación jubilatoria es el desempeño de la función. No puede desconsiderarse el ejercicio de la función de mayor jerarquía -aún cuando no se acredite la existencia de acto administrativo de designación, salvo que sólo surja de prueba testimonial. Ello se ajusta al principio de que ha de ponderarse en esta materia el ejercicio efectivo de las funciones inherentes al cargo sobre cuya base se pretende la determinación del haber, antes que la designación presupuestaria del agente.
División de poderes, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-18

La ley 402 prevé que cuando alguno de los tres poderes del Estado considere que otro poder se arroga atribuciones o competencias que le son propias o se las desconoce por acción u omisión puede promover demanda ante este Tribunal (art. 11), aunque establece una limitación, consistente en que ella solo puede plantearse cuando el accionante no cuente con suficientes facultades propias para hacer respetar su ámbito de competencia (art. 12). (Voto de la Dra. Elizabeth A. Marum).
Alimentos, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: C., A. C. c/ M., P. L. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2014-11-25

Debe admitirse la excepción de falta de legitimación activa opuesta a la demanda de alimentos interpuesta por una mujer en representación de su hijo menor, pues es un presupuesto necesario para reclamar alimentos a la otra parte que el menor conviva con el reclamante, y en el caso, se ha acreditado que el menor actualmente convive con el progenitor demandado y que es su deseo continuar con dicha convivencia.
Derecho administrativo, revisión judicial de actos administrativos, competencia, Poder Judicial, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESCUDERO, Juan de la Cruz c/ Provincia de San Juan s/ Contencioso Administrativo - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-02-28

Si el ordenamiento jurídico atribuye competencia al órgano judicial para entender en la impugnación de los actos administrativos, que vulneran derechos de los particulares reconocidos o establecidos en la ley (art. 24 de la ley 3784), el ejercicio de la jurisdicción debe ser pleno, por consiguiente los jueces tienen la facultad de dictar sentencias no sólo declarativas, sino también, constitutivas y de condena, respetando las facultades privativas del órgano administrador.

Por lo tanto no se puede entender que se invada la esfera reservada a la Administración y en consecuencia la sentencia debe resolver todas las cuestiones planteadas en la relación procesal.
Honorarios, regulación provisoria
Materia: PROCESAL
Carátula: SALIM, Jorge c/ BANCO REGIONAL DEL NORTE ARGENTINO en liquidación s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-08-24

A los fines de la regulación provisional de honorarios, se debe tomar como monto del juicio la mitad del valor reclamado, teniendo en cuenta las etapas cumplidas y, aplicando el mínimo de la escala arancelaria, regular el mínimo del porcentaje que la ley reconoce al perdedor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inaplicabilidad de ley, depósito previo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Bica S.A. c/ Urruzola José L. s/ Ejecutivo-recurso de queja interpuesto por el Dr. José Luis Urruzola
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-08-25

Dándose lo dispuesto en el artículo 258 in fine del Código Procesal Civil y Comercial al haberse declarado desierto el recurso de apelación, la sentencia de primera instancia queda firme para el recurrente, por lo tanto, ello lleva a concluir que el pronunciamiento del inferior resulta confirmado por el fallo de Segunda Instancia que declaró la deserción de la apelación, y en consecuencia al ser esto así, es de aplicación lo dicho por esta Sala: "No habiendo el apelante efectuado el depósito que exige el artículo 280 del Código de rito, no se ha satisfecho un requisito formal exigido para la procedencia del Recurso de Inaplicabilidad de Ley".
Accidentes de trabajo, culpa de la víctima
Materia: LABORAL
Carátula: PAIS, OSCAR HECTOR c/ QUINTANA, JULIO EDUARDO Y OTRA s/ COBRO  DE  PESOS  (INDEM.  ART.  212  L.C.T.  E INDEM.ACC.DE TRABAJO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-28

Si el dictamen fue aceptado por el quejoso y del cual se valió para deslindar su responsabilidad respecto de la indemnización prevista por la ley 9688 y su modificatoria, donde se estableció que el cuadro que presentara el actor respondía a un alcoholismo crónico, no puede quitarle validez o desconocerlo para otra, como pretende el recurrente cuando dice que las constancias del expediente administrativo no causan estado y resultan revisables en sede judicial.
Facultades disciplinarias del juez, multa procesal, deberes procesales, inconducta procesal, obligaciones de las partes, juicio ejecutivo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Telecom Personal SA c/ Uranga, Jose Alfredo s/ cobro de sumas de dinero Saulino, Nélida Asunción c/ Maldonado, Graciela Cecilia y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-29|2018-08-09

Corresponde fijar una multa al demandado equivalente al 10% del importe de la deuda, ya que comporta un deber judicial, en sentido estricto, la adopción de medidas tendientes a prevenir actitudes de las partes o de sus auxiliares contrarias al principio de moralidad, basamento fundamental de toda actuación procesal, que debe ser estrictamente observado (CPR 34-5° ap. IV y 163-8°). En tal sentido, la facultad disciplinaria que el ordenamiento reconoce al juez, se endereza a resguardar el buen orden y decoro del proceso y se orienta a sancionar las conductas que impliquen transgresión de tal deber de conducta ética y de celeridad en los trámites. Así, el juzgamiento de la conducta procesal es independiente de la petición de la contraparte, pues en el fondo presenta un verdadero abuso de la jurisdicción (cfr. Fenochietto, C.E. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Concordado, Astrea, 2001, T° 1, pág. 149). Dicho lo anterior, debe reconocerse que la parte final del CPR 551 -norma aplicable, -como en el caso- ya que la multa prevista por el art. 528 lo es en relación al procedimiento a observar en la preparación de la vía ejecutiva- establece la sanción que corresponde aplicar al ejecutado que hubiese litigado sin razón valedera u obstruido el curso del proceso, más el supuesto que aprehende claramente se vincula con la inconducta anterior a la sentencia de remate, ya que la posterior se rige por lo dispuesto por el CPR 594 (cfr. Highton-Arean, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2008, T° 10 págs. 669 y 684 ap. 25).
Universidades, concursos docentes, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Barriles,  Juan  Carlos c/ U.B.A. - Rsl 809/10 -F. Ingeniería Rsl3404/08 (Exp. 996.302/05)". s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23

Las apreciaciones positivas o negativas sobre los antecedentes y méritos docentes de los concursantes son eminentemente subjetivas. Ello es inevitable en tareas de evaluación, en las que juegan los propios criterios discrecionales que, por opinables que sean, en tanto no se demuestre que resultan ostensiblemente irrazonables, carentes de la mínima lógica que impone el sentido común y, por ello, manifiestamente arbitrarios, deben ser aceptados como legítimos, en tanto autoridad a la que la norma aplicable le ha otorgado competencia para el ejercicio de la función de que se trata, en cuya actuación no puede válidamente hacerse primar por sobre la de ellos el criterio o la opinión, no menos subjetivos por cierto, del funcionario universitario o del magistrado judicial" (conf. Sala I, "Devoto Eduardo Luis c/Universidad de Buenos Aires Resol. 4.440/00 y otro", 30/03/04 y "Luchini, María Christina c/UBA - Resol. 4.620/05 (Expte. 1227795/98)", 04/02/10).
Contratos administrativos, empresas del Estado, competencia civil y comercial federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAYO INSTALACIONES  S.A. c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES s/ COBRO DE AUSTRALES- COMPETENCIA-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-30

Toda vez que se persigue el cobro de retribuciones correspondientes a servicios realizados en virtud de un contrato suscripto con YPF e invocando normas de derecho común -pretensiones dilucidables mediante la aplicación de normas y principios iusprivatísticos- y aún cuando la relación contractual pudiera ubicarse, opinablemente, dentro del derecho administrativo (circunstancia que carece de entidad, por sí sola, para determinar la competencia RATIONAS MATERIAE), parece más adecuado estar a la disciplina que directamente provea las soluciones del caso, esto es al fuero Civil y Comercial Federal, antes que atenerse a una mera conceptualización abstracta de la relación sustancial (arts. 4to. y 5to. CPCC).
Lucro cesante, licencia de conducir
Materia: CIVIL
Carátula: GIMÉNEZ JULIO CESAR c/ YUVEL JORGE Y/O MOTCOR S.A. s/ COBRO DE PESOS - EXPTE N° 58-G-2003
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-09-16

A los fines de probar que el actor tenía dos licencias -una de las cuales pensaba usar en el auto nuevo no entregado- para demostrar el rubro lucro cesante el medio "original" no es la declaración de dos testigos, en tanto el medio ad hoc a esos fines no puede ser otro que un informe de quien expide las mismas (ref. la Municipalidad).-
Instrumentos públicos, documentación administrativa
Materia: CIVIL
Carátula: TRO PAK S.A. c/ M.C.B.A. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-22

Si bien todos los documentos administrativos son susceptibles de integrar, en principio, el género de documentos públicos, sólo cuando las leyes así los califica, podrá atribuirse carácter de instrumento público a tales documentos en el sentido del art. 979 del Código Civil y con las consecuencias previstas a los arts. 993, 994 y 995 del código citado, en lo que respecta a su fuerza probatoria.-
Condena penal, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Robles, Fabián Gustavo y otros s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en representación de Pedro Daniel Suárez contra de Sentencia Nº 02/10 recaída en causa Expte. Nº 120/09: 1) Robles, Fabián Gustavo y otros - ss.as. Robo doblemente calificado, etc. - Capital - Catamarca; y Nº 25/10, caratulados Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en representación de Fabián Gustavo Robles en contra de Sentencia Nº 02/10 recaída en causa Expte. Nº 120/09.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-09-14

La defensa técnica de los imputados interpuso recurso de casación contra la sentencia que condenó por robo calificado por el uso de armas (art. 166 inc. 2 -primer supuesto y párrafo segundo del mismo artículo del C.P.) a quienes habían sido imputados por el delito de robo doblemente calificado por el uso de arma en poblado y en banda (arts. 45, 166 inc. 2 y 167 inc. 2 del C.P.), aduciendo que se vulneró el principio de congruencia.

No se advierte tal vulneración si los imputados fueron defendidos por el delito de robo doblemente calificado por el uso de arma en poblado y en banda (arts. 45, 166 inc. 2 y 167 inc. 2 del C.P.) y se termina calificando el hecho como robo calificado por el uso de armas (art. 166 inc. 2 -primer supuesto y párrafo segundo del mismo artículo del C.P.), pues el cambio no ha importado variación del sustento fáctico y la consideración jurídica dada al caso es menor, es decir, que se han beneficiado los imputados con una calificación atenuada en relación a la que se les había intimado primero, no advirtiendo en ello, lesión al interés de los recurrentes, desde que no expresó en qué hubiera consistido su defensa, para resistir la acusación que ahora cuestiona.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso por el presente agravio.
Embargo preventivo, bienes muebles
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Mendez, Nilda María Jesús c/ San Buenaventura del Monte Alto S.R.L. s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-07-05

Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, quien se agravia porque se decretó embargo preventivo sobre los bienes ofrecidos voluntariamente por la demandada, el día siguiente de la diligencia del mandamiento, donde la actora hiciera reserva de derecho a denunciar bienes a embargo. Decretándose sobre los muebles ofrecidos e individualizados. Ello así, ya que la finalidad del embargo preventivo, es afectar bienes del presunto deudor, para no tornar ilusoria la sentencia eventualmente favorable. Que en relación a los bienes muebles no registrables, la posesión de buena fe de una cosa mueble crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella, siendo su principal efecto la indisponibilidad, no pudiendo el titular desarrollar su normal poder de disposición, asimismo debe tenerse en cuenta que el art.203 del Cód. Proc. Civ. y Com. de aplicación supletoria, confiere al acreedor el derecho a obtener sustitución, ampliación o mejora de la medida decretada, justificando que los bienes ofrecidos no cumplen adecuadamente la función de garantía a que están destinados. Procede confirmar la resolución cuestionada y resolutorio, sin perjuicio de las medidas que proceda solicitar.
Defecto legal, monto de la demanda, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALLUB, ROSENDO c/ COLEGIO DE MEDICOS s/ INDEMNIZACION DAÑOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-05-20

El actor debe indicar en la demanda el valor que reclama en concepto de daños, al menos como estimación provisoria, sin perjuicio de que se le reconozca la facultad de remitirse al resultado de la prueba como reclamación definitiva; en consecuencia, al no determinarse el monto, procede la excepción de defecto legal.-
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión no federal, cuestión de derecho común, aplicación de la ley, ley derogada, promoción pesquera, trabajadores marítimos, contrato de trabajo
Materia: PROCESAL - LABORAL - NAVEGACION
Carátula: Díaz, Cruz Francisco c/ Continental Armadores de Pesca  SA  (CONARPESA). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-10

No habilitan la vía del art. 14 de la ley 48 las objeciones dirigidas a cuestionar el alcance derogatorio de la ley 17.500, respecto de los arts. 984 y 1017 del Código de Comercio, ya que conducen al examen de temas de derecho común, propios de los jueces de la causa.
Sentencia definitiva, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramírez, Petrona y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Ramírez, Petrona y otros c/GCBA s/otros procesos incidentales en Ramírez, Petrona y otros c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA) inconstitucionalidad denegado en Ramírez, Petrona y otros c/GCBA s/otros procesos incidentales en Ramírez, Petrona y otros c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-03

La sentencia que decide sobre una medida cautelar en el marco de una acción de amparo regida por la ley local nº 2.145 resulta definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad por decisión expresa del legislador de la Ciudad. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Pensiones, concubinato
Materia: CIVIL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MESA, ADELINA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-17

El rigor de tratamiento dispensado a las uniones concubinarias y en particular a las pretensiones de la concubina por la muerte de su compañero, comporta una indudable incomprensión de los valores en juego. Una cosa es fomentar las uniones matrimoniales, privilegiar la familia por vía de mecanismos institucionales y económicos idóneos para ello y otra distinta es desconsiderar situaciones de desamparo invocando el rigor de normas morales exaltadas como axiomas intangibles. Tal absolutización de la norma moral importa mas bien la configuración de principios estoicos antes que cristianos.
Tutela sindical, despido indirecto, acción de reinstalación
Materia: LABORAL
Carátula: CHAÑE, Eduardo c/ ESTRUCTURAS METALICAS S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-11-22

Si el trabajador protegido por la tutela sindical adopta la decisión de autodespedirse antes que se dicte sentencia en la acción sumarísima iniciada por su parte, para lograr la reinstalación en su puesto de trabajo, al no haber desistido de la misma, tal despido indirecto basado en la falta de pago de dos meses de sueldo resulta improcedente e inadmisible.
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B., M. C. c/ E., D. R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

El art. 199 del C.C. determina que en forma previa a la negación de los alimentos debe requerirse la intimación judicial para la reanudación de la convivencia, y siempre y cuando no hubiese sido interrumpida con causa justificada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)