marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, pensiones, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Y., E. A. c/ Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-28

Cabe dejar sin efecto la sentencia que desestimó el recurso interpuesto contra la decisión que rechazó la acción de amparo iniciada contra la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires, cuyo objeto era dejar sin efecto las resoluciones que con fundamento en la identidad de sexos entre el solicitante y el causante denegaron la petición de pensión, pues la Corte provincial atendió a una cuestión formal desestimando el remedio procesal local intentado basándose en que la vía utilizada no era la adecuada, en desmedro de los agravios conducentes que ponían en tela de juicio temas de derechos fundamentales, rigor formal que no condice con la extrema cautela con que deben actuar los jueces cuando atienden cuestiones inherentes al derecho previsional. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Honorarios, conciliador laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Quispe  Gutierrez  Angela c/ AC 24 SA. ex Flamarion SA y otros s/ daños                        y                        perjuicios"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-23

Las partes transitaron la senda de la mediación prevista en la ley 24573 que se desarrolló durante el mes de octubre de 2006, por lo que a los fines de la regulación de honorarios del mediador interviniente debe aplicarse el decreto 91/98 reglamentario de la ley 24573, vigente en el momento de tal mediación. Ello así, pues la CSJN in re "Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Pcia de BS.As.(12/9/96) expresó que es necesario indagar en cada caso la época o momento en que se cumplio el hecho, acto a relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esa circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable.
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Sarasola, José Luis s/ Homicidio Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

Existe violación del art. 255 del C.P.P. si la estructura del desarrollo que efectúa la Cámara de la prueba pericial es propia de la presuncional, pues de la voluntariedad del disparo -que a su criterio es lo acreditado parcialmente- extrajo por vía de inferencia -y entonces más allá de la prueba pericial- aquellos elementos subjetivos propios del "dolo". Y con ello incluyó en el ámbito de la pericia conclusiones probatorias a las que sólo podía haber llegado de otro modo, a saber: resolviendo que la prueba pericial acredita la manera en que se realizó el disparo y que tal hecho probado (art. 259 inc. 7, C.P.P.) genera una presunción de que medió "dolo" (arts. 258 y 259, C.P.P.).
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castillo, Cármen Argentino c/ Castela, Juan josé s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-02

La eventual infracción de normas de tránsito por parte del peatón no configura de por sí una conducta que constituye un obrar culpable desde el punto de vista de la normativa del derecho civil, ya que la ley de tránsito es de carácter provincial y no puede modificar las disposiciones contenidas en leyes nacionales sustantivas (art. 31 de la C.N.).
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo, Municipalidad, intendente, facultades del intendente, concejo deliberante, intervención del municipio, interpretación de la ley, contrato de obra pública, pliego de bases y condiciones, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SYCIC S.A.C.I.F. E I. c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 303 y 440 año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-19

Ningún dato del ordenamiento jurídico aplicable al caso conduce a sustentar la tesis de la actora -que el intendente municipal carece de competencia para rescindir por sí solo los contratos celebrados en el caso, por lo que, el dictado de tal medida, exigía la intervención del Concejo Municipal-. Por el contrario: el artículo 92 del Pliego General de Condiciones remite a la ley provincial 5188 "para todos los casos no comprendidos expresamente en el presente Pliego General de Condiciones y Pliego Complementario". Y esa ley sí contiene previsiones respecto de la rescisión contractual, estableciéndola como un "derecho de la Administración" (art. 88), y aclarando, además, que "las atribuciones y obligaciones que establece la presente ley para la Administración, corresponderán al Poder Ejecutivo, o repartición, organismo o funcionario legalmente autorizado" (art. 4).
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Patittucci, Nelson Heriberto c/ Benito Perniconi S.A. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

El contrato de trabajo se extingue por voluntad concurrente de las partes si es evidente el comportamiento concluyente observado por trabajador y empleador tendiente a rescindirlo con el objeto de que el primero obtuviera el goce de la jubilación ordinaria que había solicitado ante la autoridad previsional (art. 241, 2 ap. L.C.T.).
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo, círculo abierto, adjudicación
Materia: COMERCIAL
Carátula: RICARDO CODERCH c/ PROVINCIANA AUTOMOTRIZ  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-10

El sistema de adjudicaciones lo es en base al puntaje que van obteniendo quienes resulten los aspirantes a la adjudicación; ello no impide que se señale un "tiempo medio de espera", elaborado sobre pautas estimadas de cumplimiento específico de las obligaciones asumidas por el suscriptor, pero no determina exactamente el momento en que se producirá la adjudicación, la que de otro lado es inevitable que se cumplirá por el mero transcurso del tiempo y siempre que se cumpla con el puntual pago de las cuotas ordinarias.
Cuestiones de competencia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jurisdicción y competencia, jerarquía constitucional, jerarquía de las leyes, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: SOUZA NORBERTO c/ HELPING SISTEMA DE SALUD Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS- RESP.  PROF.  MÉDICOS Y AUX.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-23

En tanto la ciudad de Buenos Aires siga siendo capital de la Nación, la jurisdicción de sus tribunales estará limitada a las cuestiones que taxativamente fija como de su competencia el art. 8 de la ley 24.588, que es la ley de garantías a que alude la Constitución Nacional. Toda norma de rango inferior que se oponga a ella, sea el Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires, o cualquier ley local, resulta inaplicable por violar la jerarquía normativa que fluye de los arts. 31 y 129 de la Constitución Nacional.(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Aguilar, Oscar Ramón s/ Lesiones graves y leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se impugna la valoración de la prueba rendida durante la audiencia oral, desprovista de la invocación del art. 286 del Código de Procedimiento Penal.
Derecho a la salud, Estado Provincial, fianza, Derecho constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: N. N. c/ Provincia de San Juan s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-16

haya o no cobertura, el Estado provincial debe hacerse cargo de la recuperación del paciente, poniendo todos los medios a su alcance para lograrlo, y de esta manera, hacer verdaderamente operativa la norma constitucional consagrada en el art. 61 de la Const. Prov.: "El Estado garantiza el derecho a la salud, a través de medidas que la aseguren para toda persona, sin discriminación ni limitaciones de ningún tipo".

De ahí que -según se viene diciendo- ni la Provincia de San Juan, ni la Obra Social Provincia, pueden eludir los mandatos legales que protegen en forma integral la salud de sus habitantes, en el caso específico del sub judice, deberá pugnar porque el enfermo drogadependiente, mediante el tratamiento aconsejado que viene administrándosele en la comunidad terapéutica de la Provincia de San luis "Levántate y anda", logre su recuperación para su bien y de la sociedad entera.

Está claro que esta protección integral no solo tiene basamento constitucional, sino además en el imperativo de la ley nacional 24.901, donde está generosamente delimitado por su artículo 15: "Prestaciones de rehabilitación.

Se entiende por prestaciones de rehabilitación aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición y/o restauración de aptitudes e intereses para que un persona con discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integración social; a través de la recuperación de todas o la mayor parte posible de las capacidades motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales, alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean éstas de origen congénito o adquirido (traumáticas, neurológicas, reumáticas, infecciosas, mixtas o de otra índole), utilizando para ello todos los recursos humanos y técnicos necesarios.

En todos los casos se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera".
Exclusión de la tutela sindical, empresa ferroviaria, sanciones laborales, derecho de huelga, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Metrovías S.A. c/ C.R.B. s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

Corresponde revocar el fallo que hizo lugar a la acción por exclusión de tutela, a efectos de aplicar una sanción disciplinaria a una trabajadora del subterráneo que se colocó sobre las vías durante una protesta, con el fin de impedir la circulación de las formaciones, puesto que en una pretensión dirigida a excluir la tutela sindical a una protagonista de una medida de acción directa, la ponderación de las pruebas debe realizarse con la máxima rigurosidad y teniendo en cuenta el contexto en el que se da el conflicto, pues los derechos de tutela sindical y huelga, se encuentran expresamente consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y la empresa no proporcionó elementos suficientes que permitan tener por acreditada la entidad de la injuria sobre la que se sustentó la suspensión.
Concursos, extensión de la quiebra, terceros, declaración de quiebra, confusión patrimonial
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Figueroa, Francisco Raúl c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-09

3 - Por su parte, la LCQ 163 establece quiénes son los legitimados para promover esa acción, la que coloca en cabeza de la sindicatura y/o de los acreedores.
Empleo público, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Miranda, Isabel del Carmen c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa y de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-10

Una cosa es el derecho al cargo, al ascenso, a aspirar al desarrollo de la carrera y otra distinta el derecho a la carrera en sí misma.

La potestad discrecional de la Administración para organizar sus plantas de personal y cubrir o no las vacantes, reorganizar las plazas existentes, mutar los organigramas de servicio, desconcentrar funciones... es una cuestión de mérito, propia de su competencia, de su zona de reserva. Así como no existe un derecho subjetivo al ingreso, tampoco se lo admite para el ascenso.
Detención, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Derecho, René Jesús y otros sobre tortura c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-10

Respecto a la solicitud de inmediata detención efectuada por el Dr. Pérez Galindo, refirieron que, más allá de la magnitud de la sanción en expectativa, la conducta procesal exteriorizada por los imputados durante los treinta años de trámite que llevaba este sumario, siempre ajustada a derecho, disipaba la existencia del peligro procesal de fuga invocado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTYNIUK, SERGIO ADRIAN c/ CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

Frente a los argumentos de la Alzada, el recurrente plantea que hubo apartamiento de la normativa aplicable, que lo resuelto se basó en la sola voluntad de los jueces y que carece de motivación suficiente, aduciendo, esencialmente, que el auto regulatorio -dictado en un proceso monitorio- tiene la naturaleza de una sentencia dictada en un juicio declarativo, y que los recursos de reposición y apelación en subsidio son procesos de impugnación autónomos, debiendo aplicarse el artículo 236 del Código de rito; más el compareciente no logra demostrar que la solución que propone sea claramente aplicable en la especie, ni consigue desvirtuar lo argumentado por la Alzada para considerar perimido todo el proceso -y no sólo una instancia recursiva-, no rebatiendo especialmente lo afirmado por la Sala en orden a que, más allá del trámite acordado por las partes, el recurso de reposición seguía siendo el remedio destinado a que el mismo juez o tribunal que dictó la resolución, reconsiderase la cuestión debatida, y en su caso la dejase sin efecto; y con referencia a que la cuestión de competencia (que no originaba una instancia distinta de la regulación) no había sido resuelta. (Del voto de la Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículo 24; Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 236
Accidentes de trabajo, industria de la construcción, obligaciones solidarias, contratista, subcontratista, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: VASSILION, Jorge c/ RAFAEL MENDOLA CONSTRUCCIONES SRL Y OTROS s/ accidente 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-06

La ley 9688, con sus diversas modificaciones, siempre incluyó a la industria de la construcción entre las actividades a las que se aplicaba la regla de la solidaridad por los accidentes del trabajo experimentados por los dependientes de los contratistas o subcontratistas de los que un empresario se valga para el desarrollo de su actividad. Ni en la ley 22250 ni en la 24028 se establecieron excepciones al respecto y por ello, parece inequívoco que la intención del legislador ha sido, inequívocamente conservar, en el ámbito de una actividad eminentemente riesgosa, las garantías previstas para la generalidad de los casos. En consecuencia no resultaría razonable extender una norma como la del art. 32 del Estatuto de la Construcción, de un ámbito estrictamente contractual en el que se inserta, al de una normativa que se propone proteger a los trabajadores de eventos que afectan directamente su integridad física y su capacidad laborativa.
Despido discriminatorio, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: VIDELA ELBA NATIVIDAD c/ S.A. IMPORT. Y EXPORT. DE LA P. s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-27

Si el reclamante puede acreditar la existencia de hechos de los que pueda presumirse su carácter discriminatorio, corresponderá al demandado la prueba de su inexistencia; pero en el caso, aún reconociendo el esfuerzo argumentativo de la recurrente, lo cierto es que la actora no logró evidenciar la existencia de aquellos indicios para activar la citada carga procesal de la empleadora.
Recurso de casación, facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: V., R. c/ F. V., A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-27

Que en cuanto a la arbitrariedad se refiere y en relación a la valoración y análisis de la prueba que el recurrente refuta, es reiterado el criterio jurisprudencial en el sentido de que son soberanos los jueces de grado en la fijación de los hechos litigiosos y en la apreciación de la prueba.
Responsabilidad solidaria, distribuidor de alimentos, supermercado, sucursal
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez, Cesar c/ Borelli, Jorge y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-30

El transporte y distribución de mercaderías, que comercializa un supermercado (en este caso Norte SA), desde el depósito hacia las sucursales, se halla inserto en un sistema de organización interna implementado por el mismo que responde a una necesidad de la empresa principal de centralizar la recepción de mercaderías de los distintos proveedores en un depósito único para realizar su distribución. Como la actividad normal y específica es la habitual y permanente del establecimiento, o sea, la relacionada con la unidad técnica de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, el transporte realizado en dichas circunstancias es indispensable para la comercialización de los productos, por lo que en este contexto ésta constituye parte inescindible de la actividad normal y específica del establecimiento de la codemandada Supermercados Norte SA y en consecuencia, ésta es solidariamente responsable en los términos del art. 30 LCT (en sentido análogo sent. 81289 3/12/03 "Masi, Esteban c/ Día Argentina SA y otro" del registro de la Sala I).
Expropiación, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cinturón ecológico A.M.S.E. c/ Da Cruz, Manuel F. s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-11

La presentación del memorial de agravios que autoriza el art. 33 de la Ley 5.708 es una facultad del apelante, estando la Cámara obligada a revisar la decisión impugnada en su totalidad cuando no se ha presentado esta pieza, situación en la que no corresponde que la alzada observe la limitación del art. 266 del C.P.C.C. puesto que la formulación expresa de los agravios no está imperativamente impuesta en tanto no resulta aplicable el art. 247 del citado código ya que la ley 5.708 contiene reglas especiales sobre apelación.
Impuesto sobre los ingresos brutos, base imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Banco de Valores SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

En lo concerniente al ISIB, la materia gravada deberá representar una retribución por la actividad desplegada por la entidad financiera, a lo que se deben restar los intereses pasivos y las actualizaciones pasivas, expresamente previsto en la norma fiscal local, sin que resulte posible asignarles un carácter extensivo. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Defensa del consumidor, in dubio pro consumidor, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: ABN AMRO BANK N.V. c/ E., A. y Otra. s/ EJECUCION HIPOTECARIA s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-10-09

La Ley de Defensa del Consumidor no tiene como objetivo regular de modo completo todos los actos que puedan dar nacimiento y/o extinción a un contrato de consumo, sino que apunta a corregir y evitar los abusos a que podía dar lugar la aplicación de la legislación ordinaria general preexistente en perjuicio de quien en ese acto actúa como consumidor, pues es la parte estructuralmente más débil en las relaciones de consumo.

En tal sentido, el marco protectorio para usuarios y consumidores que la ley prevé no provoca un desplazamiento de las normas ya existentes ni fija su preeminencia. Lo que hay ahora es una integración normativa que favorece al consumidor en los casos de duda sobre la aplicación de los principios que las propias disposiciones instituyen (art. 3, Ley 24240, ref. por Ley 26361). (Voto del Dr. Mansilla en disidencia)
Revocación de sentencia, cesantía, empleo público, indemnización, daños y perjuicios
Materia: LABORAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Arena, María Gabriela contra GCBA sobre recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (art. 464 y 465 CAyT) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-07

Debe ser revocada, por aplicación de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, la decisión que otorgó una indemnización por daños y perjuicios cuando en el escrito de inicio no existen elementos suficientes para determinar la existencia y alcance del daño, sin que resulte suficiente a este respecto la mera invocación de la falta de cobro de los haberes del cargo ilegítimamente declarado cesante. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Interés legítimo directo y actual, agravio concreto, recursos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cubilla, Hugo Eduardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-19

Como condición de procedencia de un recurso, es necesario que la parte demuestre un interés directo en la impugnación -art. 432 del C.P.P.N.-. Es que la nulidad no es un fin en sí misma, requiere la producción de un gravamen cierto que lleve a justificar una decisión contraria a la adoptada en la sentencia; de adverso, aún a despecho de su irregularidad, el acto no puede ser invalidado en el solo beneficio de la ley. De no mediar indefensión, de no explicitarse el interés directo en la corrección del acto procesal que la recurrente pretende, de no puntualizarse de qué actos de defensa se vio impedida la parte a resultas de él, el requerimiento no puede prosperar, puesto que en materia de nulidades rige el principio de interés, en cuya virtud una nulidad sólo puede declararse cuando es susceptible de beneficiar a la parte en cuyo favor se dicta. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia).
Aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley, derecho a la protección integral de la familia
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Paz, Marciana c/ Instituto  Nacional  de Previsión Social - Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

En la interpretación de las leyes previsionales no cabe aplicar criterios restrictivos que desnaturalicen el objetivo constitucional de proteger de manera integral a la familia.
Medida de no innovar, marca extranjera, registro de marca, solicitud de marca, oposición al registro de marca, cese de uso de marca, uso indebido de marca o designación, buena fe, abuso del derecho, orden de prelación, Ley de Marcas, voluntad del legislador
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: HUSS, TERESA c/ HARD ROCK LTD. s/ INCIDENTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

El fumus bonis iuris de la actora aparece del hecho de gozar, en principio, de la prioridad legal (art. 8°, Ley 22.362). Y asimismo, de la circunstancia -no descartable- de que la sentencia final le sea favorable, extremo que es valorado sólo como hipótesis de trabajo; supuesto en el que el uso de "su marca" por un tercero sin derecho se traduciría, necesariamente, en el efecto contrario a las finalidades esenciales de la Ley de Marcas. Es pertinente añadir que, frente a la conducta de las partes durante años (no uso del signo litigioso), la aparición de una firma que hace tabla rasa de tal actitud luce como una forma abusiva del ejercicio del derecho, particularmente valorando el eventual daño que puede ocasionar al adversario (art. 1071 del Código Civil).