Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-12


Causa Nº 108-00/CC/2006, Semprevivo, Sabrina s/infracción art. 189 bis C.P. - Apelación En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12días del mes de octubre de 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Andrea Manes, Marta Paz y Jorge A. Franza, a efectos de resolver la presente causa de la que:

RESULTA:

1) Que el Ministerio Público de la Defensa, Dr. Javier E. de la Fuente, cotitular de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 1, interpuso recurso de apelación, contra la resolución de fs. 128/135vta., mediante la cual la Magistrada de grado no hizo lugar a la solicitud de suspender el juicio a prueba respecto de Sabrina Elizabeth Semprevivo conforme lo establecido en el art. 76 bis del Código Penal, lo que motivara la intervención de este Tribunal.

Oída la Sra. Fiscal de Cámara a fs.153/155, pasan los autos a resolver.

PRIMERA CUESTION:

Admisibilidad del recurso 2) El recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 61, inc. 1º, apartado a) de la Ley de Procedimientos Contravencional, y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

En efecto, con fecha 26 de junio pasado se llevó a cabo la audiencia de suspensión de juicio a prueba prevista en el art. 293 del C.P.P.N., en la cual la Sra. Juez de grado dispuso no hacer lugar a la suspensión solicitada. Frente a ello, el Sr. Defensor Oficial interpuso recurso de apelación con fecha 4 de julio, siendo las 10.30 horas (fs. 136/147vta.), es decir dentro del término legal conforme lo establece el art. 61, inc. 1º de la ley nº 12 y el art. 163 del C.P.P.N., de aplicación supletoria, con lo cual el remedio intentado resulta temporáneo.

En este sentido, tal como fuera resuelto en otros precedentes de este Tribunal (in re Justiniano, Enzo Natalio s/ Infr. Art. 189bis CP - Apelación, causa Nº 067-00/CC/2006, rta. 23-05-2006), la resolución que suspende, revoca o deniega el proceso a prueba ha sido reconocida como un auto equiparable a sentencia definitiva pues causa gravamen de imposible o difícil reparación ulterior que habilita su procedencia.

En razón de lo expuesto, corresponde declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial en virtud del art. 61, inc. 1 a), LPC inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. Dicho motivo de impugnación queda comprendido en el concepto de violación de la ley sustantiva (art. 76 bis, CP en virtud del art. 55, LPC), cuya fórmula comprende a su vez, errores de derecho que constituyen el desconocimiento de una norma jurídica en su alcance general y abstracto, sea que el error verse sobre su existencia, sobre su validez o sobre su significado (Conf. De la Rua, La casación penal, Ed. Depalma, 1994, pág. 37).

SEGUNDA CUESTION:

De los agravios 3) En lo relativo a la cuestión de fondo traída a estudio de esta Alzada, cabe analizar los agravios expresados por el Sr. Defensor Oficial en el recurso obrante a fs. 136/147vta., contra la resolución de la a quo de fecha 26 de junio de 2006.

La Sra. Magistrada de grado resolvió no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba en virtud de la oposición formulada por el representante del Ministerio Público Fiscal. Ello por entender que la conformidad de dicha parte resulta ser una condición indispensable para su procedencia y que su ausencia, que según su criterio fue debidamente fundada, torna improcedente su aplicación por imperio legal.

4) Las cuestiones a resolver radican en determinar, en primer lugar, si el dictamen del Sr. Fiscal resulta vinculante para el Juez o si, por el contrario, el Magistrado se encuentra habilitado para otorgar la probation aún sin la conformidad de dicho ministerio. En caso afirmativo, corresponderá analizar si, en el caso concreto, la mentada oposición ha sido debidamente fundamentada.

Es clara la letra de la ley en cuanto establece como requisito de procedibilidad del instituto en estudio que la oposición Fiscal a la suspensión del juicio a prueba resulta ser vinculante (art. 76 bis, párrafo 4to., CP). Sin embargo, dicho principio no es absoluto por cuanto se encuentra sujeto a un control de razonabilidad por parte del juez de garantías, con lo cual su oposición debe ser debidamente fundamentada, tal como lo exige su forma de actuación prevista en el art. 69 del C.P.P.N., de aplicación supletoria (art. 55 LPC).

5) Esta interpretación del art. 76 bis del Código Penal es coherente con los fines que se han tenido en vista al incorporar el instituto a nuestra legislación, máxime cuando en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige el principio acusatorio (art. 13, inc. 3º, CCABA), según el cual la acción penal es ejercida exclusivamente por el Sr. Fiscal.

En este contexto normativo debemos preguntarnos si la oposición del fiscal y la consecuente resolución de la Sra. Juez de grado obrante a fs. 128/35vta. se ajusta a derecho. Adelantaremos que se debe revocar la decisión recurrida, conforme las consideraciones que expondremos a continuación.

6) La exigencia de consentimiento por parte del Sr. Fiscal plasmada en la letra del art. 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal, se condice y viene a reforzar el principio rector del procedimiento penal local (art. 13, inc. 3, CCABA), de allí que consideramos ineludible tal requisito para que proceda la suspensión del juicio a prueba.

Tiene dicho esta Sala (in re Bermúdez, Francisco Javier s/ Inf. Art. 85 ley 1472 - Apelación, causa nº 9169-00/CC/2006, rta. 01-06-06), en un sistema acusatorio, la acción penal se encuentra en cabeza del Ministerio Público Fiscal, y atento la independencia funcional de éste, se torna inconstitucional cualquier ley o acto que pretenda sujetar al titular de esa acción a otra autoridad, invalidando cualquier instrucción o directiva vinculada a su competencia procesal. Esta independencia, que tiene rango constitucional por ser una directa derivación del art. 13 del ordenamiento constitucional local, debe entenderse, en el caso particular, prescindiendo de indicaciones y mucho menos de órdenes sobre cómo llevar adelante la acción penal.

Sin embargo, en modo alguno los jueces deben adoptar ciegamente la posición escogida por los representantes de la vindicta pública, sino que siempre conservan la facultad de controlar la legalidad y razonabilidad de los dictámenes fiscales.

Cabe detenernos a reflexionar que el tribunal y el ministerio público cumplen funciones completamente distintas y diferenciadas en el procedimiento penal, la participación de cada uno de ellos en el proceso de decisión acerca de la suspensión del procedimiento penal a prueba deben representar intervenciones de diferente contenido, alcance y valor (conf. Bovino, Alberto, La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino, ed. del puerto, 2001, pág. 155).

No se trata de desconocer los alcances del sistema acusatorio que rige como principio constitucional en la estructura del ordenamiento jurídico local (art. 13, inc. 3, CCABA) sino de entender en relación a la actuación jurisdiccional que, sólo es posible realizar un control negativo de los requisitos de razonabilidad y legalidad propios del acto, en tanto los razonamientos del órgano requirente constituyan una derivación lógica del derecho vigente, no alcanzando dicho control negativo la mera discrepancia de criterios, caso en el que la opinión del Ministerio Público Fiscal debe resultar vinculante (CNCrim y Correc. de la Capital Federal - Sala I - C. 22230 - "Carro, Gastón Ezequiel s/ consulta analógica" - rta. 18/11/2003).

A partir de tales postulados, están claramente delimitadas las funciones entre el titular de la acción y el juez del proceso, que debe actuar como juez de garantías.

7) Corresponderá analizar si efectivamente el dictamen del Sr. Fiscal es motivado, o por el contrario si adolece de fundamentos válidos convirtiéndolo en arbitrario, y por ende en nulo, carente de efecto.

Como primera aproximación al fondo del asunto a tratar corresponde afirmar que entendemos admisible la procedencia de la suspensión del juicio a prueba en el caso que al imputado se le endilgue un delito cuyo máximo de pena supere los tres años de prisión, pero resulte procedente, de acuerdo a las circunstancias, la aplicación de una condena de ejecución condicional (art. 76 bis, cuarto párrafo, CP).

En este sentido, en el presente caso se aplicaría el párrafo cuarto del art. 76 bis del Código Penal, ya que se encuentran reunidas las condiciones propias de admisibilidad que allí se prevén para la concesión del instituto, a saber: las circunstancias del caso permitirían dejar en suspenso el cumplimiento de la condena eventualmente aplicable, no obstante la previsión legal de un máximo de pena superior a tres años de prisión.

En efecto, en atención al delito imputado -portación no autorizada de arma de fuego de uso civil- el propio Fiscal solicitó en el requerimiento de elevación a juicio una pena de un año y seis meses de prisión que, al carecer de antecedentes la imputada, se correspondería con una eventual condena de ejecución condicional.

8) Sin embargo, el Sr. Fiscal se opuso a la suspensión del proceso a prueba sobre la base de dos argumentos: 1) la aplicación de la tesis restrictiva para la procedencia del instituto y 2) en razones, que según su criterio, son de política criminal.

Como argumento central de su oposición, expresó que la escala penal prevista en abstracto para el delito que se le imputaba a la encartada, tornaba improcedente el beneficio impetrado puesto que el régimen sancionado por la ley 24.316 determina que el otorgamiento del beneficio se encuentra supeditado a que el máximo de la pena de prisión o reclusión prevista para el delito que se trate no exceda los tres años; circunstancia que -según su criterio- no se verificaba en autos, por cuanto a la imputada se le atribuye la comisión del delito de portación no autorizada de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis, inc. 2º, párrafo tercero del CP.), acogiendo la tesis del plenario Kosuta.

Por su parte, la Sra. juez de grado pese a adoptar un criterio de interpretación amplio del art. 76 bis, CP., aclaró al día de hoy se sigue discutiendo si la suspensión del juicio prevé la tesis amplia o restringida... Desde el punto de vista de política criminal la posición del Sr. Fiscal debe ser respetada, por no ser pacífica la doctrina y la jurisprudencia en cuanto al análisis del instituto, con lo cual concluyó que no se ha cumplido con la segunda exigencia legal, esto es con el consentimiento fiscal, pues a su entender los fundamentos en que basó su negativa son contundentes, no son arbitrarios, ilógicos o irrazonables.

9) Sentado ello, cabe destacar que sólo el tribunal puede resolver de manera vinculante acerca de la presencia de los requisitos de legalidad para la aplicación de la suspensión del proceso a prueba; es el juez el que debe comprobar la presencia de las condiciones objetivas de admisibilidad y no el fiscal.

La verificación y definición de los requisitos legales de procedencia de la suspensión del proceso a prueba corresponde obligatoria y exclusivamente al tribunal dado que el art. 76 bis, párrafo cuarto del Código Penal sólo autoriza a éste a ordenar la suspensión si existe consentimiento fiscal, de lo contrario la opinión de este último sobre los presupuestos de legalidad se impondría a la decisión del tribunal.

Ello significa, entonces, que el consentimiento del fiscal, para no invadir la función de control de legalidad, atribución propia de la jurisdicción, debe tener por objeto, necesariamente algo distinto a las exigencias legales, cuya verificación exige el control judicial (conf. Bovino, ob.cit. pág.159).

En este sentido, el consentimiento del Fiscal se debe limitar a la formulación de un juicio de conveniencia y oportunidad político criminal, en un caso concreto, acerca de la continuación o la suspensión de la persecución penal. Este juicio no debe estar fundado en los mismo requisitos legales establecidos para la suspensión del procedimiento. Esos requisitos ya han sido objeto de un juicio de conveniencia y oportunidad por parte del legislador -que por este motivo, los estableció como exigencias o presupuestos legales para la suspensión-, y la verificación efectiva de su existencia corresponde, en cada caso concreto, al tribunal (Bovino, ob. cit. pág. 158/9).

En consecuencia, la oposición del fiscal fundada en el incumplimiento de un requisito objetivo de admisibilidad, que por vía interpretativa consideró no contemplado en el art. 76 bis del CP, no obliga al tribunal pues sólo éste último puede decidir con poder vinculante, la legalidad de la solicitud del imputado.

En tanto se trate de los presupuestos de legalidad, el fiscal como cualquier parte ante un tribunal imparcial, sólo puede alegar pero la decisión acerca de la legalidad corresponde únicamente al tribunal -función jurisdiccional- (conf. Bovino, pág.171).

Por lo expuesto, cabe descalificar como válido el primer argumento por el cual el fiscal se opuso a la suspensión del proceso a prueba -improcedencia del instituto en delitos cuya pena supera los tres años de prisión pero que se les podría aplicar el art. 26 del CP- y, consecuentemente, tal objeción deviene irrelevante a los fines de la concesión de la suspensión de la acción penal, a partir de un estricto control jurisdiccional de legalidad respecto de la objetiva acreditación de los extremos previstos por el art. 76 bis del ordenamiento de fondo.

10) Ahora bien, el Sr. Fiscal también entendió que las circunstancias del caso desaconsejaban la concesión del instituto, toda vez que la imputada al ser sorprendida por personal policial pretendió darse a la fuga evidenciando su falta de acatamiento a las órdenes impartidas por la autoridad; también la orden de paradero que registró en el expediente tutelar nº 1240 del Juzgado de Menores nº 1 Secretaría nº 3 y que fue dejada sin efecto sólo por haber cumplido la mayoría de edad, y la declaración de rebeldía que registró en la causa nº 1225 del mismo juzgado pero Secretaría nº 1 que fue dejada sin efecto por haberse declarado extinguida la acción por prescripción (ver fs. 33 y 67), resultan conductas demostrativas de su falta de apego a las directivas impartidas... (fs. 132vta.).

Según su opinión, todo ello se vio confirmado cuando abandonó el domicilio denunciado en autos sin comunicarlo a la autoridad policial o judicial conforme el compromiso asumido y, por último, valoró las circunstancias que surgen del informe socio ambiental, que dan cuenta, a su criterio, de una personalidad confusa e imprecisa con fugas de su hogar cuando era menor y con situaciones de idas y vueltas en sus relaciones de pareja. Concluye así que por cuestiones de política criminal no resulta posible prestar conformidad para la concesión del beneficio, pues las circunstancias expuestas resultan demostrativas de un pronóstico negativo en cuanto al cumplimiento de las reglas de conducta que eventualmente se le impusiere (conf.132vta).

Por su parte, la Sra. juez de grado entendió que el fiscal se basó en datos de la realidad concreta que surgen de la causa. Específicamente la Magistrada aludió a una serie de circunstancias que, a su juicio, resultaban suficientes para inferir que Semprevivo no se sometería a las reglas de conductas. En este sentido sostuvo que la imputada abandonó su domicilio sin comunicarlo, no tiene un favorable informe socio ambiental, de los informes de antecedentes surge que tuvo rebeldías y solicitud de paradero (fs. 135).

En consecuencia, la a quo entendió que la negativa fiscal estaba suficientemente fundada y era razonada, circunstancia por la cual no hizo lugar a lo solicitado por Semprevivo y su defensa.

11) El juicio del acusador acerca de la conveniencia de suspender o no el proceso a prueba se debe limitar a las razones político-criminales que ese Ministerio Público pueda legítimamente tener en cuenta para tomar su decisión (conf. Bovino, ob. cit. pág.160).

A criterio de los suscriptos tanto la resolución atacada como la negativa del Sr. Fiscal adolecen de falta de fundamentación en clara violación de los arts. 69, 123 y 398 del Código Procesal Penal de la Nación (art. 6 y 55, LPC), afectándose de esa manera el derecho de defensa en juicio, la garantía del debido proceso y el principio de racionalidad de las actos de gobierno -art.28, C.N.-, derivado de la forma republicana consagrada en el art. 1° de la Constitución Nacional, pues lejos de fundamentar el rechazo en cuestiones reales de política criminal, se basan en consideraciones que exceden a la normativa legal y que no están vinculadas con la naturaleza propia del instituto.

De ello se sigue que no toda argumentación que pretenda ampararse en la noción política criminal, deberá ser considerada suficiente como para negar la posibilidad de suspender el proceso a prueba.

Frente a ello, algunas cuestiones terminológicas merecen ser tenidas en cuenta a fin de analizar la argumentación esbozada por el fiscal y recogida por la Sra. Juez de grado.

Para Feuerbach es política criminal el conjunto de métodos represivos con los que el Estado reacciona contra el crimen. Mientras que Von Liszt afirma que constituye el conjunto sistemático de principios por medio de los cuales el estado y la sociedad deben organizar la lucha contra el crimen (Silva Sánchez, Jesús María, Política Criminal y persona, citado por Mahiques, Carlos A. en Cuestiones de Política Criminal y Derecho Penal, Ed. Di Plácido, Buenos Aires, 2002, pág.34).

Es posible afirmar que política criminal es la política estatal de control social y solución de conflictos dirigida hacia las acciones humanas consideradas (no sólo legalmente) más violentas y conflictivas en un país determinado en tiempos de paz. La prevención del delito es el objetivo de la política criminal. (Hacia un plan nacional de política criminal. Ministerio de Justicia de la Nación. Dirección Nacional de Política Criminal, Capítulo I. Reflexiones Generales sobre Política Criminal, en página web: http://www.polcrim.jus.gov.ar).

Sobre la base de las consideraciones expuestas, las razones que fundamentaron la negativa del Sr. Fiscal y que fueran avaladas por la Sra. Magistrada en nada se condicen con verdaderas cuestiones de política criminal por cuanto, la supuesta actitud de fuga al momento de su detención, la existencia de una orden de paradero y rebeldía registradas anteriormente, el supuesto abandono del domicilio denunciado y el desfavorable informe socio ambiental, no responden al objetivo de contrarrestar el fenómeno de la criminalidad y por lo tanto, a un juicio legítimo de conveniencia, cuya formulación está en cabeza del Representante del Ministerio Público.

La legislación penal procura, con la suspensión del proceso a prueba, impedir la continuación del trámite judicial en todos aquellos casos que cumplen con los recaudos que ella establece, con el objeto de cumplir con ciertos fines político-criminales (entre los cuales la más drástica reacción coercitiva estatal procura reservarse sólo para las conductas más dañinas de bienes jurídicos ajenos). Esa finalidad sería letra muerta si el criterio de procedencia fuera dejado en manos del libre capricho, del fiscal o del juez, acerca de su viabilidad en el caso concreto (Vitale, ob. cit. pág. 228).

Lejos de ser razones de política criminal los argumentos esgrimidos por el Sr. Fiscal, éstos constituyen una serie de elementos subjetivos de valoración que en nada se condicen con la naturaleza propia del instituto en juego.

Cabe no perder de vista que el objetivo del instituto en cuestión es entre otros evitar prisionización innecesaria y evitable de personas que, habiendo cometido delitos de escasa gravedad, se sometan a las reglas previstas en el art. 27 bis del C.P.

A mayor abundamiento es dable señalar que, a nivel nacional, se han dictado criterios de actuación de los integrantes del Ministerio Público Fiscal en materia de suspensión del proceso a prueba (Resoluciones PGN 36/97 y 24/00). El art. 16.6, ley nº 21 prevé la facultad del Fiscal General de establecer criterios generales de actuación, sin perjuicio de ello el Sr. Fiscal lejos ha estado de sostener su oposición en postulados generales, de allí que resulte oportuno traer a colación los criterios delineados al respecto en instrumentos internacionales.

Las Naciones Unidas han recomendado: De conformidad con la legislación nacional, los fiscales considerarán debidamente la posibilidad de renunciar al enjuiciamiento, interrumpirlo condicional o incondicionalmente o procurar que el caso penal no sea considerado por el sistema judicial, respetando plenamente los derechos del sospechoso y de la víctima. A estos efectos, los Estados deben explorar plenamente la posibilidad de adoptar sistemas para reducir el número de casos que pasan la vía judicial no solamente para aliviar la carga excesiva de los tribunales, sino también para evitar el estigma que significa la prisión preventiva, la acusación y la condena, así como los posibles efectos adversos de la prisión(Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, Anexo, Alternativas del enjuiciamiento, punto 18).

Por su parte, las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el procedimiento penal (Reglas de Mallorca) establece en su art. 3º que cuando los fiscales estén investidos de facultades discrecionales, se establecerán, en al ley o reglamento publicado, directivas para promover la equidad y coherencia de los criterios que adopten para acusar, ejercer la acción penal o renunciar al enjuiciamiento.

En tal sentido, reservar el expediente penal para el menor número de casos no significa, en modo alguno, justificar conductas ilícitas o autorizar la impunidad de éstas, dejando sin respuesta el agravio cometido, lo cual implicaría el incumplimiento de deberes estatales frente a la víctima de aquél. Sólo implica reconducir la respuesta jurídica hacia una vía en la que los hechos puedan ser juzgados racionalmente, y su autor sancionado como corresponda. Esta alternativa permite atender, en forma pertinente y con el menor costo social, la necesidad de preservar bienes estimables que entran en aparente colisión, sin incurrir en castigos innecesarios -que serían por lo mismo, excesivos-, y dejando siempre viva la posibilidad - más todavía: la necesidad- de quienes incurren en comportamientos ilícitos reciban la condena que merecen. En suma: despenalización no significa ni autorización ni impunidad. (del voto concurrente del Juez Sergio García Ramírez a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica del 2 de julio de 2004).

12) No se trata de revisar el contenido del juicio de oportunidad y conveniencia expresado en el consentimiento del fiscal, salvo que ese juicio resulte ilegítimo per se (Conf. Bovino, ob.cit. pág.172), tal como acaeciera en el presente.

Asiste razón a la defensa en cuanto a que sorprende la mención de las circunstancias precedentemente apuntadas para rechazar la suspensión del proceso a prueba pues nunca fueron antes valoradas ni consideradas como determinantes para solicitar la prisión preventiva, tal como el hecho que se haya ausentado de su domicilio o que pudiera existir peligro de fuga por las previas rebeldías. Sin embargo éstos extremos, que resultan suficientes para restringir la libertad provisional de una persona -lo que en el caso de Semprevivo no fue solicitado por la acusación-, no lo son para denegar la suspensión del juicio a prueba.

Las circunstancias mencionadas por el Sr. Fiscal y por la resolución apelada, como criterios de política criminal que aconsejen la no suspensión del proceso, no se ajustan a las constancias de la causa.

No responde a un modelo respetuoso del debido proceso y de la garantía de defensa en juicio la mera mención de la existencia de una orden de rebeldía y paradero, cuando solamente se cuenta con una certificación actuarial que se limita a referir la existencia de procesos anteriores (v. fs.33 y 67).

Además, no es cierto que Semprevivo haya abandonado su domicilio; a través de su defensa ha dado las explicaciones suficientes para justificar su incomparecencia ante los llamados del tribunal. Nótese que en oportunidad de constatar el domicilio el 25 de septiembre de 2005, su madre, la Sra. Ilda Raquel Acuña, refirió que efectivamente residía en la vivienda denunciada (fs.10) y sin embargo casi dos meses más tarde ella misma mencionó que no residía más en el lugar desde hacía 8 o 9 meses atrás, desconociendo el nuevo lugar de residencia (fs. 49). Evidencia ello, un episodio confuso, pero lejos está de convertirse en un pauta que legitime la oposición a la suspensión del proceso.

En relación al argumento del fiscal de la falta de acatamiento por parte de Semprevivo a las órdenes impartidas por la autoridad, por haber pretendido darse a la fuga al ser sorprendida por personal policial, cabe aclarar que, en principio, no nos encontramos en condiciones de dar por cierto dicha circunstancia, y además, de ser así, la desobediencia a la orden de detención no puede ser valorada en contra de la imputada a los efectos de evaluar la conveniencia de suspender el proceso pues se trata de una impulso natural, que de hecho no resulta típico a la luz de nuestro ordenamiento penal vigente (confr. Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Editorial Tea, Tomo V pág. 141).

Por último, y ello resulta ser lo más relevante, las circunstancias que surgen del informe socio ambiental no son óbice para la concesión del instituto, sino que deberían ser tenidas en consideración a fin de imponer eventualmente reglas de conductas.

Resulta desacertada la conclusión de que el informe socio ambiental de fs.101/102vta. es desfavorable y que da cuenta de un pronóstico negativo en cuanto al cumplimiento de las reglas de conductas, por cuanto lo que deja ver el informe confeccionado es nada más y nada menos que una realidad socio-cultural que no puede ser valorada en contra de Semprevivo.

Asimismo, la mención en el informe socio ambiental obrante a fs. 101/102vta. de una personalidad confusa e imprecisa excede el ámbito propio de dicho informe técnico, invadiendo esferas específicas en materia de psicología. La asistente social que confeccionó el informe socio ambiental se encuentra inhabilitada para emitir una opinión sobre la personalidad de la imputada, por lo que la carencia de conocimientos técnicos invalidan esta conclusión. Por ello, carece de rigor científico que la mención de una personalidad confusa e imprecisa sea evaluada y argumentada por el Sr. Fiscal para oponerse a la suspensión del proceso a prueba.

En consecuencia, todo lo expuesto, es demostrativo que el Sr. Fiscal al denegar su consentimiento realizó alusiones subjetivas que no se vinculan con parámetros político-criminales, y por ello el contenido de su opinión debe ser descalificado como válido.

13) El reconocimiento legal de cierto grado de discreción para que el Ministerio Público ejerza la acción no permite que su juicio pueda estar fundado de cualquier modo, y tampoco impide que su decisión pueda ser sometida a control judicial sobre su legalidad y razonabilidad (conf. Bovino, pag. 160).

El art. 69 del Código Procesal Penal de la Nación exige a los fiscales formular de manera motivada y específica sus requerimientos, y ello no se agota con la sóla referencia a impresiones personales. Raúl Washington Abalos explica que la norma procesal contemplada en el art. 69 del ordenamiento adjetivo nacional se funda en que éstos (los representantes del Ministerio Público) son órganos de la función jurisdiccional, y por tanto, deben poder controlar sus dictámenes. De allí la exigencia de la motivación de sus escritos. Es de destacar que los dictámenes fiscales hacen a la esencia misma del régimen republicano de gobierno, verificando el cumplimiento estricto de la Ley por parte de aquellos órganos judiciales. (Código Procesal Penal de la Nación, Año 1994, Ediciones Jurídicas Cuyo, pág.198).

Nótese que respecto de los requisitos exigibles al dictamen del Ministerio Público, se ha dicho que: la oposición aunque decisiva por aplicación de los principios generales del derecho y de la esencia del régimen republicano debe ser debidamente motivada y legalmente fundada. Tal obligación constituye una garantía para las partes y por ello objeto de control jurisdiccional. (C.N.Casación Penal, Sala IV, causa nº 471, Muñoz Saavedra, Juan S. s/ recurso de casación, reg. 773, rta. 7/3/97).

En sentido similar: Los representantes del Ministerio Público Fiscal tienen el deber de motivar específicamente sus requerimientos y el control de tal motivación está en manos de los jueces que deben ejercerlo procurando atender la eventual afectación de derechos de las demás partes (Cámara Nacional de Casación Penal, sala IV - 17/11/2003 - Poma Mendoza, Luis A. s/rec. de casación - La Ley Online).

14) De ello se sigue que sea tarea propia de los jueces analizar la razonabilidad del dictamen fiscal, máxime si se expresó por la negativa.

Si el fiscal no opone ninguna razón legítima sobre la conveniencia político criminal de suspender el procedimiento, el tribunal debe considerar que existe consentimiento, y en su caso suspender la persecución penal (conf. Bovino, ob. cit. pág.161).

En este mismo sentido Gustavo L. Vitale explica que la manifestación de disconformidad del fiscal con la suspensión debe encontrarse debidamente fundada en ley (y, en particular, fundada en al falta de un presupuesto legal de admisibilidad), pues de lo contrario deberá entenderse que ha mediado consentimiento. De este modo una disconformidad fiscal infundada (o no fundada en la inexistencia de un presupuesto legal de procedencia) no puede, en ningún caso, impedir la suspensión del proceso a prueba. (ob. cit. pág. 266).

Por su parte, exigiendo que el dictamen desfavorable del fiscal sea fundado se expresan Edgardo A. Donna y María Cecilia Maiza, quienes sostienen que en principio, y conforme la redacción dada por la ley, la oposición del ministerio público fiscal no habilita al tribunal para acordar la suspensión, salvo que la oposición no esté fundada (Código Procesal Penal y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, p.334, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1994).

Asimismo, el Juez Luis Niño, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal nº 20, entendió que la falta de consentimiento del distinguido funcionario no ha quedado fundamentada, a la luz de la ley penal aplicable al caso, con la suficiencia que exige el principio de racionalidad de los actos de gobierno, derivado de la forma republicana consagrada en el art. 1° de la Constitución Nacional. Por tal motivo, estimo que, oído el Sr. Fiscal General, corresponde avanzar en el procedimiento de suspensión del proceso a prueba oportunamente impetrado por la defensa técnica (causa nº 2040 s/c Luis Alberto Varde y otro en orden al delito de robo , del 11 de mayo de 2005).

En consecuencia, si el fiscal sólo se opone a la suspensión alegando ausencia de requisitos legales de admisibilidad, y el tribunal los considera cumplidos, equivale a consentimiento (conf. Bovino, pág.171).

15) El Ministerio Público Fiscal, como representante de un órgano creado por la Constitución Nacional a través de su art. 120, debe ejercer los actos propios de su función de manera compatible con el respeto al principio de racionalidad de los actos de gobierno, derivado de la forma republicana consagrada en el art. 1º de nuestra Ley Fundamental.

La disposición contenida en el art. 28 de la Constitución Nacional, si bien referida a la razonabilidad con que deben reglamentarse los derechos individuales, debe entenderse como un principio que nutre la totalidad del ordenamiento jurídico y que opera también como una directiva dirigida a las autoridades creadas por la Constitución en la interpretación y aplicación de sus cláusulas y demás disposiciones normativas. En tal sentido debe preferirse toda exégesis que consulte elementales principios de racionalidad y proporcionalidad y que atiendan a elementales razones de justicia, por sobre aquéllas que lleven a un resultado disvalioso en su aplicación.

El principio de racionalidad debe cuidar especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las constitucionales, de suerte que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido en la Constitución Nacional (Fallos 304:972 y 308:418).

La norma razonable equivale a norma no arbitraria (Ferreri, Fallos 311:1180, consid. 3°, y Barone, Fallos 249:252), de ello se sigue que un dictamen que no reúna las condiciones mínimas de razonabilidad deba ser tachado de arbitrario, y por ende carente de fuerza vinculante para el Tribunal.

Cabe poner de resalto que no se trata de usurpar la titularidad de la acción penal que se encuentra en cabeza del representante de la vindicta pública, sino de exigir el cumplimiento de la ley en cuanto reclama la motivación de sus dictámenes; si el fiscal brinda una aparente fundamentación de su oposición pierde la oportunidad de hacer valer esa falta de consentimiento ya que, una vez reunidos los requisitos de admisibilidad del instituto, el imputado no tiene por qué soportar las molestias que importa la reedición de la audiencia prevista en el art. 293 del C.P.P.N.

Es que las pautas tenidas en cuenta para la negativa del Fiscal, no sólo no resultan suficientes sino que además carecen de razonabilidad, lo que la convierte en arbitraria a la luz de los criterios que deben seguirse para el dictado de sus resoluciones, por no acogerse a pautas objetivo-lógicas.

Un derecho penal de un Estado Constitucional de Derecho no debe abandonar el ejercicio de la acción penal a la mera arbitrariedad de su titular, sino que debe establecer pautas legales claras que regulen tal ejercicio (Vitale Gustavo, Suspensión del proceso a prueba, Ed. del puerto, 2004, pág.228).

16) A mayor abundamiento, cabe destacar por último que acierta una vez más la defensa en relación a que tanto el Sr. Fiscal como la Sra. Juez de grado confunden los requisitos de admisibilidad de la suspensión del proceso a prueba, con las condiciones a las que deberá someterse la imputada una vez concedido el beneficio.

Verificadas que sean las condiciones objetivas de admisibilidad del instituto en juego, el juez debe concederlo y, en su caso, el probado quedará sometido a un estricto régimen de control que, de incumplirlo, sufrirá la consecuencia normativa de su revocación y la consecuente realización del juicio (art. 76 ter CP).

Nótese que el Fiscal efectúa un pronóstico negativo en cuanto al cumplimiento de las reglas de conductas, sin contar siquiera con parámetros objetivos que le permitan arriban una conclusión tan contundente, del mismo modo que la a quo.

Por todo lo aquí expuesto, en este caso, considero que la oposición fiscal queda huérfana de sustento, y resulta, por ende, improcedente el rechazo de la suspensión del proceso a prueba en este sentido.

17) En virtud de las consecuencia que anteceden corresponde revocar lo resuelto por la Sra. Juez de grado a fs. 128/35vta., quien deberá verificar si concurren los demás extremos requeridos por el art. 76 bis, CP.

18) Por todo lo expuesto, atento el mérito del acuerdo que antecede este Tribunal:

RESUELVE:

REVOCAR la resolución de fs. 128/135vta., en cuanto rechaza la suspensión del proceso a prueba, conforme lo establecido en el art. 76 bis del Código Penal (art. 61 LPC).

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 5, a fin de que su titular verifique si concurren los demás extremos requeridos por el art. 76 bis del CP.

Ante mí:

La Dra. Marta Paz dijo:

Y VISTOS:

La resolución del 26 de junio de 2006 que dispuso no hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba respecto de Sabrina Elizabeth Semprevivo (fs. 128/135 vta.).

El recurso de apelación interpuesto por el Sr. co-titular de la Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 1 (fs. 136/147 vta.) contra dicha resolución.

La presentación de la Sra. Fiscal de Cámara de fs. 153/155.

Y CONSIDERANDO:

1) El recurso ha sido interpuesto por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo, en tiempo y forma, lo que lo torna formalmente admisible.

La decisión que deniega el beneficio de suspensión de juicio a prueba fundada en la falta de conformidad por parte del Ministerio Público Fiscal y en la pena máxima prevista para el tipo penal, implica para el imputado un gravamen de difícil o imposible reparación ulterior ya que en principio lo coloca en la inminencia de un juicio oral (conf. arts. 6 ley 12 y 449 CPPN), por lo que es recurrible.

La Corte Suprema sostiene que existe gravamen equiparable a sentencia definitiva en las decisiones que privan al interesado de utilizar, con eficacia, remedios legales posteriores para obtener la tutela de sus derechos. (Fallos 300:642; 306:1778; 307:549 y 1132; 308:1631; 312:772).

2) Las presentes actuaciones se iniciaron el 24 de septiembre de 2005 a las 22.30 hs. en la calle Juan de Garay 612 de esta ciudad, a raíz de la intervención de personal de la Seccional 14 de la Policía Federal Argentina que detuvo a una persona a la que identificó como Sabrina Elizabeth Semprevivo DNI. 30.874.597, quien se habría encontrado portando un revólver calibre 22 largo, marca Tala, con cinco municiones a bala del mismo calibre y una vaina servida en su tambor, sin la correspondiente autorización para ello. La imputada habría extraído el arma de entre sus ropas y la habría exhibido a un transeúnte quien dio aviso al personal policial, que detuvo a la imputada frente a Av. Juan de Garay Nº 612, y secuestró el arma y municiones frente a la calle Perú a la altura del 1350.

3) En la audiencia llevada a cabo el 26 de junio de 2006 la imputada solicitó la suspensión del juicio a prueba, a la que no se hizo lugar por considerarse fundada la negativa fiscal al pedido (Fs. 128/135 vta.) 4) La suspensión del proceso a prueba no es otra cosa que la aplicación del principio de oportunidad en forma reglada.

Importa una autolimitación del estado en su pretensión punitiva( ) y una excepción al principio de legalidad establecido a través de lo dispuesto en el art. 71 del Código Penal, cuya infracción está conminada por el art. 274 del mismo Código que no afecta la garantía de igualdad ante la ley prevista en el art. 16 de la Constitución Nacional.

5) La defensa se agravia de que se haya entendido como obstativo de la concesión del instituto la falta de conformidad del Ministerio Público Fiscal.

El consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal es una condición establecida legalmente para tornar procedente la suspensión del juicio por el artículo 76 bis, 4º párrafo del Código Penal, que no ha tenido lugar en autos.

En este caso, no existió consentimiento del Ministerio Público Fiscal; por el contrario el mismo requirió la elevación de la causa a juicio, solicitando la imposición de la pena de un año y medio de prisión más las costas del proceso (fs. 80/83).

Tengo para mi que con su sola decisión el fiscal no puede, sin contralor alguno, decidir la suerte del proceso, por cuanto rige la carga de que motive las conclusiones de sus dictámenes sobre el particular (art. 69 del CPPN) y, sin duda alguna, la forma en que se expida está sujeta al control de logicidad y fundamentación.

En este sentido se ha resuelto en el punto 3º de las conclusiones del plenario Kosuta, Teresa R que la oposición del Ministerio Público Fiscal, sujeta al control de logicidad y fundamentación por el órgano jurisdiccional, es vinculante para el otorgamiento del beneficio.

La negativa fiscal en el caso no resultó arbitraria, por el contrario se basó en los hechos de la causa y fue objeto del control de razonabilidad por parte del Juez a quo, merituándose que de los informes de antecedentes surge que tuvo rebeldías y solicitudes de paradero, que abandonó su domicilio sin comunicarlo al tribunal, y el desfavorable informe socio ambiental, entre otras circunstancias, que permitián inferir que no se sometería a las reglas de conducta a establecerse.

Mas allá del alcance interpretativo que se le otorgue al control efectuado por la Jueza a quo, éste ha sido realizado en forma razonada y fundada no resultando procedente a su respecto la tacha de arbitrariedad.

6) Por otra parte, la resolución recurrida que no hizo lugar a la solicitud de suspender el juicio a prueba, tuvo en cuenta al denegar el pedido que el delito que se le imputaba a Sabrina Semprevivo: simple portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, está penado en el Código Penal (Texto ley 25886) con pena de prisión de 1 a 4 años.

Sostuvo que la probation corresponde respecto de aquellos delitos que tengan prevista una pena máxima de hasta tres años, es decir, que sean susceptibles de condenación condicional conforme lo dispuesto por el art. 26 del Código Penal.

En el presente caso, la pena máxima prevista in abstracto para el delito que se imputa excede los tres años.

Por acuerdo nº 1/99, plenario Nº 5, auto convocatoria en causa 1403, de la Sala III, in re: Kosuta Teresa s/rec. de casación de fecha 17/8/99 la Cámara Nacional de Casación Penal fijó la siguiente doctrina legal: 1.- la pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art. 76 bis y ss. del CP es la de reclusión y prisión, cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años..

El Defensor Oficial sostuvo en su recurso que el criterio adoptado en la resolución impugnada -coincidente con la tesis restrictiva de interpretación del art. 76 bis del Código Penal que comporta la mayoría del referido plenario- es erróneo; y que debería aplicarse la postura amplia que sostiene que la suspensión de juicio a prueba también corresponde en aquellos delitos cuya pena máxima prevista es superior a los tres años, cuando en el caso puntual resultaría procedente la condena condicional.

Argumentó que el fiscal solicitó una pena de un año y seis meses de prisión lo que tornaría evidente, a su juicio, que ante una eventual condena, la misma resultaría de ejecución condicional.

El Máximo Tribunal de la Nación en la causa Gregorchuk, Ricardo s/ rec. de casación de fecha 3/12/2002 se expidió sobre los alcances del art. 76 bis del Código Penal, y compartió e hizo suyos los argumentos expuestos por la Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo plenario Kosuta, en lo que atañe a cuál es el criterio interpretativo para establecer el límite de la escala penal que habilitaría la viabilidad del instituto.

En el caso de autos la denegación aparece sustentada, entre otras, en la referida circunstancia, que resulta conteste con la doctrina emanada del máximo Tribunal de la Nación, y en la medida en que, por sí sola, no determinó la decisión no corresponde analizar su constitucionalidad que, por otra parte, no ha sido planteada.

7) La suspensión del juicio a prueba tiene carácter excepcional toda vez que concede el beneficio de interrumpir la continuación del proceso evitando la imposición de pena y haciendo prevalecer -dentro del marco y exigencias que establece - razones o criterios de política criminal, constituyendo una excepción al principio de legalidad.

Al no cumplirse los recaudos previstos para la concesión, y encontrándose fundada la resolución recurrida que así lo meritúa, no cabe hacer lugar a la impugnación intentada.

8) Por todo lo expuesto y oída la Sra. Fiscal de Cámara, corresponde: RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa Oficial de Sabrina Elizabeth Semprevivo y CONFIRMAR la resolución apelada en cuanto ha sido materia de recurso.

Así lo voto.

Ante mí:

Ende2006 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Conste.

Ende2006 se libró una cédula. Conste.

Endede 2006 notifiqué a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

Endede 2006 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 5. Conste.