marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Incumplimiento del contrato, buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: Covema S.A. c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-26

Según la ley civil el pago ha de ser íntegro y oportuno, por lo que el acreedor no está obligado a recibir aquéllo que no importe el cumplimiento exacto de la obligación, en términos temporales y sustanciales (arts. 740, 742, 619 y concordantes del Código Civil -ley 340, hoy derogada-; 868, 869, 766 y conc. del Código Civil y Comercial de la Nación). Sin embargo, frente a determinadas vicisitudes sobrevenidas en el desarrollo del contrato, que impactan fuertemente en las bases del negocio, pesa sobre ambas partes un verdadero deber de renegociar los términos de su cumplimiento; débito este que en última instancia encuentra anclaje en el principio de la buena fe de cumplimiento (arts. 1198 del Código Civil -ley 340, hoy derogada- concordantes con los arts. 961, 968, 1061 y 1063 del Código Civil y Comercial de la Nación).(del voto del doctor Hitters)
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mesa, Diego y otro c/ Caraccia, Blanca y otro s/ Interdicto de obra nueva Citibank N.A. c/ Martinez, Eduardo Américo y otro s/ Ejecución Fernandez, José Luis c/ Esteban, Rafael F. s/ Ejecución Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. c/ Caresincro S.A. s/ Ejecución por vía de apremio Inaufin S.A. s/ Quiebra s liquidación de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31|1995-03-30|1995-05-18|1996-02-22|1999-12-28

La jurisdicción apelada es de orden público y el Tribunal de Alzada debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre la procedencia formal del recurso, pudiendo revisar el alcance de las notificaciones realizadas en cuanto ellas puedan modificar el sentido de la notificación dispuesto por el Código, toda vez que los jueces no pueden ordenar cambios en el tipo elegido por el legislador violando lo prescripto por el artº 135 CPC, así como tampoco está dentro de sus facultades alongar los plazos legales sin que exista mérito para ello.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, exceso ritual manifiesto, boleta de depósito
Materia: PROCESAL
Carátula: Pintos, Roberto Leoncio c/ Héctor Omar Febrero S.R.L. y-u Otro s/ Demanda Laboral -accidente de trabajo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-07-12

La omisión de acompañar la boleta de depósito, prevista en el inc. "d" del artículo 289 del CPC, no puede impedir la consideración del recurso en su totalidad, teniendo en cuenta que debe evitarse un excesivo rigorismo formal en su tratamiento, toda vez que si bien la boleta no fue agregada en término, se incorpora al proceso el día inmediato posterior y antes de proveer el escrito que contiene la casación.
Competencia penal, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Auza, Antonio s/ Cuestión de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-10-27

Al Juzgado de Instrucción que pretende desentenderse de la tramitación de una causa le incumbe su remisión al tribunal que considera competente, de acuerdo a lo expresamente establecido por el artículo 31 del Código Procesal Penal. Debe rechazarse la contienda planteada si el tribunal que la propicia eleva las actuaciones a la Corte sin dar intervención al Juzgado que considera competente.
Intervención de terceros, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: MEDINA RAMÓN CEFERINO Y OTRA c/ CAJAL RAMÓN BENITO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-23

La intervención de terceros constituye una medida excepcional y de carácter restrictivo que sólo debe disponerse cuando exista de por medio un interés jurídico que sea necesario proteger y no un mero interés del solicitante, teniendo en cuenta que conduce a que el actor tenga que litigar contra quién no ha elegido como contrario.
Defraudación, administración fraudulenta, robo en poblado y en banda, mandato
Materia: PENAL
Carátula: PACHECO, Rodolfo A. s/ Causa 33.630
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-11

Constituye el delito de defraudación por administración fraudulenta -debiendo excluirse la figura de robo agravado por su comisión en poblado y en banda-, la conducta de los imputados que en su calidad de empleados del damnificado, procedieron a cargar los elementos desde el puesto de venta del comerciante hasta el vehículo donde fueron transportados. La mercadería, pues, fue obtenida a través de un mandato, conferido previamente por su propio dueño para su venta, no existiendo por ende, un desapoderamiento violento, al no haberse acreditado en forma diáfana esa circunstancia, sino un obrar fraudulento dentro de la autonomía que le dio la relación laboral preexistente.
Indemnización, daño moral, monto de la indemnización, pautas, accidente de tránsito
Materia: CIVIL - PENAL
Carátula: ARGUELLO PEDRO FLORENCIO s/ INDEMNIZACION - DAÑO MORAL - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-07-21

Para graduar el "quantum" de la indemnización por daño moral, en el caso se debe tener en cuenta la edad de la víctima (31 años), su condición de hombre trabajador que debió estar siete meses enyesado y sin poder trabajar, con todo lo que eso supone en el ámbito espiritual, por los sufrimientos, angustias y zozobras propias de aquella situación, a la par de la condición económica humilde del demandado.-
Contratos administrativos, concesión comercial, servicio público, deberes de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A. O. & G. I. I. S.A. y otro c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-12-11

Es aceptado ya sea en la doctrina como en la Jurisprudencia que el modo más típico de gestión para la prestación de los servicios públicos es la concesión, por la que se otorga a una empresa privada el derecho de explotar un determinado servicio público, con o sin exclusividad.
LEY DE CONCURSOS, aplicación de la ley, cuestiones procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Establecimientos Oeste S.A. s/ Concurso Preventivo, Legajo copias art. 250 inc. 2º del CPCC
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-18

Es conocida la tesis que propugna la preeminencia de las disposiciones procesales contenidas en la L.Q., y que señala en ese aspecto que corresponde aplicar los dispositivos rituales de la Ley n° 24.552 que regulan expresamente el tema; si no hubiere regulación explícita cabe actuar la legislación procesal local, en la medida que sea compatible con la arquitectura, celeridad y economía del trámite concursal. La aplicación de normas instrumentales locales depende asimismo del respeto a los principios concursales; en efecto, las finalidades que persigue la legislación concursal, hace que los principios procesales receptados en ese ordenamiento, sean diversos, en algunos supuestos, de los que predican los preceptos locales;

baste mencionar los poderes-deberes investigativos del órgano judicial, extraños -o mucho más tenues- a los procesos regulados en los códigos procesales. Mas frente a situaciones no reguladas explícitamente, cuando la norma local resulte incompatible con la celeridad y economía de trámites o las finalidades del concurso, corresponderá aplicar disposiciones análogas de la propia L.C., sin perder de vista, en ningún caso, los valores superiores del proceso justo.
Hipoteca, mandato, facultades del mandatario, terceros, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: DE LA PARRA, Irene c/ CIANCIO, Ercilia Angélica y Otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-15

La falsedad alegada con relación al poder que exhibieron quienes constituyeron la hipoteca en representación del deudor en nada puede afectar la validez del título ejecutivo invocado por el accionante, ya que en relación al mandato conferido y su alcance, éste resulta un tercero de buena fe al que le son inoponibles las presuntas irregularidades que afectaran las relaciones entre mandante y mandatario, o el exceso conque este último hubiere obrado, si el deudor no ha alegado ni surge de autos que la accionante conociera o debiera conocer la limitación de poderes argüida (conf. art. 1931, 1933 y conc. del Cód.

Civil).
Acción de amparo, caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: S., A. C/ INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS (I.O.S.P.E.R.) s/ Acción de Amparo - Expte. N° 7151/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-18

Como lo tiene dicho el máximo tribunal provincial, cualquier denegatoria administrativa posterior en orden a sucesivas presentaciones en el trámite esencial de la misma cuestión no puede adquirir la significación de renovar el plazo de caducidad de la acción; caso contrario, la alongación del mismo quedaría librada a la exclusiva voluntad del interesado, lo cual no emerge del texto legal ni hace a la esencia del instituto reglamentado (STJER en "Regondi de Barzola, María Inés c/ Municipalidad de Paraná s/ Acción de Amparo por Mora").
Sentencia, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, defectos en la consideración de extremos conducentes, ley penal más benigna
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Crespo, David Adrián s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-29

Corresponde anular la resolución que exhibe absoluta ausencia de elementos que permitan entender su razonamiento, pues es evidente que no explica las pautas consideradas a fin de concretar la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna -n° 25.886- tal como se efectuó, cualquiera que sea su acierto o error, lo que implica apartamiento de la obligación de motivar las resoluciones judiciales que la normativa procesal exige.

(Voto de los Dres. Bisordi, Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Beneficio de litigar sin gastos, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Malfi Construcciones SRL c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ Incumplimiento de contrato. Incidente beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-06

Ponderando que la institución en análisis constituye una excepción que se debe interpretar restrictivamente cuando, como en el caso, la actora es una persona jurídica que persigue fines de lucro (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Estructuras Tafí S.A. c/ Provincia de Tucumán", del 29/10/96, publicado en J.A 1997-I-pág.74; esta Sala, causas 619 del 19/12/89, 7959 del 17/8/95 y 44.993 del 25/9/97, entre otras; Sala 2, causas 7249 del 13/2/90 y 5934 del 29/10/93; Sala 3, causas 7549 del 15/2/91 y 7799 del 17/5/91, L.L. t. 1997-E, pág. 1086), entiende la Sala que debe confirmarse parcialmente el beneficio peticionado, aunque con el alcance de que éste comprende la suma que la parte actora debe abonar en concepto de tasa de justicia, pero no así respecto a las restantes costas del juicio (cfr. esta Sala, causas 1884 del 28/06/91, 6870/04 del 29/10/09 y 808/11 del 11/6/13).
Juicio de desalojo, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de San Juan c/ Farias, Julio y otros y/o contra cualquier ocupante s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-02-20

No resulta suficiente que los demandados se limiten a una negativa respecto a la ocupación del inmueble, para que la actora acredite que a ese momento lo estaba. El criterio que debe establecerse es que la producción de la prueba debe efectuarla aquella parte que se encuentre en mejores condiciones de lograrla.
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Sicilia, Sergio A. y otros s/ homicidio calificado
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

Es improcedente el recurso extraordinario si la parte, al pedir la apertura de la instancia revisora en función de las modificaciones introducidas por la ley 23.465 omitió, en uso de su discrecional criterio acerca de cómo ejercer su defensa, proponer a los jueces de la causa la cuestión que, como federal, se pretende someter a conocimiento de la Corte. El cumplimiento de ese recaudo era necesario, ante la eventualidad de que en la alzada no se acogiese la posición asumida por el recurrente.
Medidas cautelares, derecho a la vida, transfusión de sangre
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Defensoría N°3 s/ Protección de Persona
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-08-24

El esencial derecho de disposición de la propia vida, cuerpo y cad ver es un derecho humano y personalísimo y "esto es evidentemente así ya que si la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio -Código Civil, Penal, etc.- consolidan el derecho a la propiedad y se toman medidas necesarias para asegurarle a los portadores el goce del mismo, con mayor razón debe reconocerse y consolidarse el derecho de disposición de su propia vida, cuerpo y cadaver...si existe un derecho a la propiedad de cosas, entonces tomando en cuenta que sólo existe en la medida del soporte, es decir de la persona humana, se requiere moral y jurídicamente, que se establezcan con la misma e idéntica intensidad el derecho sobre la propia vida, que no es más que la disposición de su cuerpo. El art.

19 de la Carta Magna contiene el principio de autonomía personal, y constituye una suerte de juridización de lo privado. En lo que concierne a la materia que estamos abordando, el contenido del artículo ha sido fijado con toda precisión por el más Alto Tribunal de la Nación, en el recordado precedente "Bahamondez" del 06-04-93, ocasión en la que se sostuvo que: "además del señoría sobre las cosas, que deriva de la propiedad o del contrato -derechos reales, derechos de crédito y de familia-, está el señorío del hombre a su vida, su cuerpo, su identidad, su honor, su intimidad, sus creencias trascendentes, entre otros, es decir, los que configuran su realidad integral y su personalidad, que se proyecta al plano jurídico como transferencia de la persona humana.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), trámites judiciales
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: RENCORET SUSANA BEATRIZ c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ AMPARO - APELACION - RECURSO DIRECTO CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-09-27

Es nulo el procedimiento de segunda instancia, en la acción de amparo deducida si la cámara a quo ha omitido correr traslado a la actora, respecto de los agravios vertidos en el recurso de apelación concedido a la demandada, en contra del pronunciamiento dictado por el juez de conciliación, ni de otro modo le ha permitido ejercitar su derecho de defensa. Responder al recurso del adversario y defender la sentencia del primer juez, dando los fundamentos que se consideren indispensables para pedir su confirmación, es una facultad legítima del apelado, tutelada por una norma expresa de la constitución nacional. Que garantiza a todos los habitantes de la república el derecho de hacerse oír antes de ser juzgados, la que ha sido recogida por la constitución provincial en su art. 40. Debe reconocerse ese derecho al apelado ya que no existe disposición expresa de la cual pueda inferirse la interpretación contraria y atenta la necesidad de asegurar el debido proceso y respetar los principios de igualdad y bilateralidad. No es razón para negarlo que en el juicio de amparo no se haya previsto sustanciación alguna para el recurso de apelación. A falta de normas específicas en la ley propia y en el procedimiento laboral, deben aplicarse las disposiciones del CPC, en virtud de la remisión que efectúan en sus arts. 17 Y 111, respectivamente.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestiones procesales, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Capuano, Gustavo Ignacio c/  s/ infracción ley 22.415
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

Si bien el recurso extraordinario resulta por regla improcedente cuando se pretende revisar las decisiones de los tribunales de la causa en materia de admisibilidad de los recursos, por tratarse de un aspecto de naturaleza procesal, ello admite excepción cuando la resolución impugnada conduce, sin fundamentos adecuados, a una restricción sustancial de la vía utilizada que afecta el debido proceso, garantía que ampara a todas las partes por igual. -Del dictamen de la procuración General al que la Corte remite-.
Competencia federal, régimen de garantía de los depósitos
Materia: PROCESAL
Carátula: FORES, ALBERTO N. s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11

Reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación señala que no surte al Jurisdicción Federal la responsabilidad indirecta de carácter patrimonial que resulta de la garantía otorgada por el Estado a los depósitos de entidades financieras.
Ministerio Público Fiscal, agente fiscal, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: AYALA PABLO RAUL Y OTROS s/ ROBO AGRAVADO -INCIDENTE PARA TRAMITAR PEDIDO DE CESE DE PRISION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-19

El Ministerio Público, actuando a través de un Fiscal de Instrucción, no puede interponer un recurso de apelación contra la decisión del Juez de Instrucción que dispone la libertad provisoria de un imputado, acogiendo el criterio de otro Fiscal de Instrucción que se pronunció en sentido favorable al cese de prisión preventiva solicitado por aquél, pues el Ministerio Público es único e indivisible, y es representado por cada uno de sus integrantes en los actos, procesos e instancias en que actúen.
Competencia, Internet, derechos personalísimos, competencia civil y comercial federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VIVIANI  JORGE  OMAR  Y  OTRO c/ FACEBOOK ARGENTINA SRL s/ MEDIDAAUTOSATISFACTIVA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-21

El Alto Tribunal ha decidido, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Procuradora Fiscal, que corresponde intervenir a la justicia federal en casos en los que la materia en debate se refiere a actividades que se llevarían a cabo por vía de internet -medio de interrelación global que permite acciones de naturaleza extra local- (conf. fallos "Rondinone, Romina Inés c/ Yahoo de Argentina SRL y otros s/ medidas precautorias", "Giménez Aubert, María Susana c/ Yahoo de Argentina SRL", ambos del 27.2.07), se debe admitir la apelación deducida (en el mismo sentido, esta Sala, causas 8423/09 del 25.2.10, 6689/10 del 28.12.10, 4651/11 del 13.10.11).
Confirmación de sentencia, sucesión ab intestato, domicilio del causante, competencia por el territorio, bienes muebles
Materia: PROCESAL
Carátula: Sirinian, Gilda  c/  s/ Sucesión ab intestato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-17

Estando acreditado que el último domicilio de la causante se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde confirmar la declaración de competencia formulada por la a quo para entender respecto a la transmisión sucesoria de los valores y títulos provenientes del extranjero -bienes muebles-. De conformidad con la normativa vigente, resulta competente para entender en la transmisión por causa de muerte respecto de una imposición bancaria realizada en el extranjero, el juez que intervine en el sucesorio abierto en esta jurisdicción.
Pensiones, hija divorciada, Derecho laboral, incapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cossovich, María Inés c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 102-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-13

El significado de "incapacidad para el trabajo" que figura como requisito para la percepción de la pensión por parte de la hija del causante (artículo 25 inciso c, de la ley 6915) corresponde distinguirlo del concepto de "invalidez". Incapacidad laboral no es concepto esencialmente asimilable al de invalidez física, pues si bien esta última supone aquélla, en algunos supuestos la incapacidad se presenta no en forma de enfermedad o dolencia sino como producto de un estado de precariedad o desamparo.
Procesos especiales, procesos de conocimiento, sentencia declarativa de derechos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Martínez Alberete Marcelo c/ Club de Campo los Pingüinos SA s/ incidente de ejecución de sentencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-16

Cabe rechazar el incidente de ejecución, de la sentencia que declaró la nulidad de la decisión asamblearia que había aprobado los estados contables correspondientes a cierto ejercicio cerrado, ante la negativa de la sociedad de convocar a una nueva asamblea para su tratamiento. Ello así, toda vez que se trata de una sentencia firme de carácter declarativo, que no impuso a la demandada una condena cuyo incumplimiento habilite la vía coercitiva intentada para su cumplimiento.

La pretensión del accionante, expresada en su demanda y dirigida -entre otras cuestiones- a dejar sin efecto la aprobación de los estados contables cerrados, se agotó con la declaración de nulidad de esa decisión asamblearia, por considerar probado el vicio en el que la acción se sustentó. Y en tanto no medió condena contra la sociedad que le imponga el cumplimiento de obligación alguna, no cabe más que rechazar el recurso, puesto que si nada se debe ejecutar no resulta aplicable al sub lite la vía prevista por el CPR 499.
Defraudación, administración fraudulenta, hurto, estafa, abuso de confianza, ardid
Materia: PENAL
Carátula: GUERRA, Aníbal B. s/ Causa 27.466
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-28

Disidencia parcial del Dr. Elbert: No se configura el delito de defraudación por administración fraudulenta, puesto que las conductas desplegadas por el procesado no tuvieron carácter administrativo, sino que consistieron en desapoderar, y luego proceder al ocultamiento de los bienes mediante maniobras ardidosas.

Aquéllos no habían sido entregados por una relación de confianza especial ni especialmente preconstituida, sino que es la básica e imprescindible en toda relación laboral por la que se concede un cierto manejo de las cosas propias a un tercero. El ardid estuvo orientado a un ocultamiento de lo sustraído y no a obtener los bienes con engaño, por lo que se ha configurado el delito de hurto por abuso de confianza.
Elevación a juicio, requerimiento de instrucción, vista al fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LLENAS, Horacio s/ ELEVACION A JUICIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Resulta improcedente la elevación de la causa ya que el juez no posee impedimento para continuar investigando por sí mismo, si así lo considera necesario, pues ya cuenta con el requerimiento de instrucción oportunamente planteado por el fiscal, sin que sea requerida su participación hasta la vista ordenada por el art. 346, C.P.P.
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios, carácter alimentario, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Nardelli, Sergio Marcos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA c/Tupiz S.A. s/ejecución fiscal - ABL
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-24

El carácter alimentario de los honorarios que el letrado recurrente pretende ejecutar y que fueron regulados en el mes de septiembre de 2008 en la suma de $ 200, aunado a diversas circunstancias particulares del caso (avanzada edad del recurrente, su discapacidad -a raíz de la amputación de una de sus piernas- y tiempo transcurrido desde que se extinguió el mandato que le confirió el GCBA), son razones suficientes para que me pronuncie por la inconstitucionalidad del art. 460 del CCAyT en este caso concreto y con carácter excepcional, para mantener la supremacía de la Constitución. (Voto en disidencia del Sr. Juez José O. Casás).