marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Subasta judicial, reintegro de gastos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Del Bueno, Roberto c/ Corigliano, Norma s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-06

La escritura pública del inmueble adquirido en subasta judicial no es indispensable (art. 58l Código Procesal), y si se accede a ello por conveniencia al interés del comprador, este toma a su cargo las diligencias tendientes a dicha escrituración, debiendo soportar los gastos devengados por la confección de la escritura de protocolización (art. 583 Código Procesal). Por consiguiente, si el escribano interviniente fue designado a pedido de los compradores, la liquidación de gastos que practicara aquél, a efectos de cumplir con la protocolización de las actuaciones, debe ser abonadas por el adquirente, pues es su obligación pagar el instrumento de la venta (arts. l4l5 y l424 Código Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia interlocutoria, daños y perjuicios, recursos, recurso de queja (procesal), monto del juicio, procedencia del recurso, determinación del monto
Materia: PROCESAL
Carátula: Cardano, Gustavo Fabián c/ Gigli, María Luisa Liliana Margarita s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-02-26

La invocación de un supuesto de excepción al requisito sobre el valor del litigio que impone el artículo 278 del C.P.C.C. para la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley es viable en el procedimiento laboral, en el que rige el art. 55 de la ley 11.653 que contempla expresamente la excepción apuntada, no existiendo norma similar en el ámbito civil y comercial .(doctor Soria, mayoría)
Recurso de casación penal, imputado, defensa en juicio, calificación legal, estafa, sentencia condenatoria, usurpación de títulos u honores, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: P. R. y P. S. J. s/ Estafa (Expte. 207 añoo 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2007-12-17

Cabe consignar que este Cuerpo - en su actual integración - viene señalando que la infracción al principio de congruencia no puede resolverse en abstracto sino haciendo mérito de cada caso en particular. Así, al fallar el precedente "Lezcano" (Acuerdo N° 21/2004) tuve oportunidad de adherir al criterio que vertiera, entonces, mi colega el Dr. Roberto O. Fernández en el sentido que: "el respeto del principio de congruencia 'no persigue el mantenimiento de una absoluta simetría con pura finalidad formal. Por el contrario, su razón de ser es muy clara: evitar que, a partir de una mutación fáctica, se afecte el derecho de defensa del imputado, introduciendo en la sentencia - y en relación con la acusación originaria - hechos o circunstancias no contenidas en ésta. De esta manera, tal variación fáctica puede sorprender al prevenido y, al hacerlo, obstaculizar el adecuado ejercicio de aquella garantía.
Habilitación de instancia, resolución denegatoria, derechos y garantías constitucionales, deberes del juez, deber de imparcialidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gil Horacio O. c/ E.N. -Mº del Interior- Policía Fed. Arg. s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

La C.S.J.N., in re "Cohen Rafael", del 13/3/90, sostuvo que la denegación de la habilitación de instancia sólo resulta admisible en aquellos supuestos en que el incumplimiento de los requisitos exigidos para la admisibilidad de la acción sea planteado por la demandada, dentro de los términos y por la vía que a tal efecto dispone el ordenamiento formal, y afirmó in re "Construcciones Tadía S.A.", del 6/10/93, que el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos en la causa es incompatible con las garantías de los arts. 17 y 18 de la C.N., pues el juzgador no puede convertirse en intérprete de la voluntad implícita de una de las partes sin alterar, de tal modo, el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: DI CIOCCO ERCILIA c/ MANUFACTURA ALGODONERA ARGENTINA SA. s/ COBRO DE PESOS ARCELLA PEREZ DE PAVON M. DEL CARMEN c/ FABRICA ARGENTINA DE ALPARGATAS SA. s/ COBRO DE PESOS CAMPO, ANACLETO c/ COMPAÑIA DE SEGUROS LA FRANCO ARGENTINA SA. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1974-06-14|1973-06-29|1976-05-31

La determinación de la norma más favorable al trabajador es facultad inherente al servicio de administración de justicia y por consecuencia de ello reservada a los magistrados encargados de la aplicación de las normas legales particulares.

Además según las disposiciones del artículo 155 del Código de Comercio reformado por la Ley 11729, sólo se excluye el pago de haberes por accidente o enfermedad inculpable cuando por la ley 9688 le corresponde al dependiente una indemnización mayor, lo que demuestra que la ley de accidentes se aplica si es más favorable.
Tarjeta de crédito, prueba, libros de comercio, actos unilateralmente comerciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: DINERS CLUB ARGENTINA S.A. c/ BERMAN, ISRAEL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-24

Tratándose de un pleito entre una sociedad comercial y un no comerciante, basado en una obligación emanada de la utilización de una tarjeta de crédito, a los efectos probatorios resulta de aplicación el Código de Comercio 64, por ser uno de los supuestos de pleitos relativos a actos unilateralmente comerciales. En virtud de lo cual, los libros de comercio de la emisora no constituyen en favor del comerciante, un principio de prueba por escrito.
Excusación, excusación por razones de decoro y delicadeza
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bañay, Andrés Ricardo. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2002-02-25

"La abstención que prevé el Art. 30 del C.P.C. -párrafo primero 2da. parte del ordenamiento procesal" fundada en motivos graves de decoro o delicadeza, sin duda debe ponderarse con estrictez, a fin de que en lo posible los juicios se inicien y concluyan ante los jueces naturales.(Dr. Bertolini:en disidencia).
Pagaré, pagaré a la vista, presentación al cobro, fecha del título, mora
Materia: COMERCIAL
Carátula: INCARDONA, JUAN c/ MEDIAN, ROBERTO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-15

En la ejecución de un pagaré a la vista, aún cuando el ejecutante no haya empleado términos explícitos de la fecha de presentación al cobro, su manifestación al momento de promover la demanda de haberse producido el vencimiento en una fecha determinada, frente a la ausencia de toda manifestación en contrario del ejecutado, debe considerarse equivalente a tal manifestación, y por lo tanto a partir de entonces al deudor incurso en mora.
Ius cogens, obligaciones internacionales, Derecho internacional
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso de las Penitenciarías de Mendoza Resolución de la Corte Interamericana c/  s/ Medidas Provisionales así como sus empleados y funcionarios púbicos que presten servicio en dichos lugares c/ Rep. Argentina s/ La vida e integridad personal de las personas recluidas en las penitenciarias de Mendoza, así como sus empleados y funcionarios púbicos que presten servicio en dichos lugares
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-06-18

Las obligaciones erga omnes de protección, emanadas del jus cogens, abarcan a todos los destinatarios de las normas jurídicas, sean integrantes del poder público estatal o particulares en sus relaciones inter-individuales, representando una auténtica superación del antiguo patrón de conducta erigido con base en la supuesta autonomía de la voluntad del Estado, de la cual el propio derecho internacional buscó gradualmente liberarse, dando lugar a aquel concepto (Del voto concurrente del Juez A.A. Cançado Trindade).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, incidente de verificación, capitalización de intereses
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Marty Heguy, Alejandro Pablo c/  s/ incidente de verif. tardía de créd.
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-04-19

Cabe rechazar el recurso de apelación incoado por la incidentada, pues este recurso al no estar acompañado de una apelación subsidiaria, ha dejado firme la resolución atacada. Siendo así, no puede la recurrente volverse sobre los pasos y seguir peticionando la suspensión del proceso incidental hasta tanto recaiga alguna resolución en el principal, dado que ya fue materia de análisis en la revocatoria y de esta manera, no ha cumplido con el requisito del art. 235 del C. Pr.. La doctrina es conteste en que la notificación de la planilla liquidatoria se entiende como una intimación en los términos del art. 770 inc. c) del CCyC, y por eso habilita la capitalización de intereses cuestionada. En suma, la crítica debe ser concreta y referirse específicamente al error de la resolución por el cual se reclama ante la alzada; los agravios deben ser hechos de modo claro y explícito, aspecto que constituye una carga procesal y debiendo contener una indicación detallada de los pretendidos errores u omisiones que se atribuyen al pronunciamiento.
Habeas corpus, establecimientos penitenciarios, régimen penitenciario, Estado, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: VALENTI, SANDRA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-11-03

Cabe señalar que el ámbito jurisdiccional de esta vía de control constitucional atiende al juzgamiento de las condiciones de la ejecución de la política penitenciaria y de contención de las personas privadas de la libertad.

No es objeto de esta acción que el Poder Judicial sustituya a los otros Poderes constitucionales, ni menos aún se trata ni se pretende diseñar políticas en materia penitenciaria -claramente asignadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo -Arts. 72 y 55 de la Constitución provincial- sino verificar su correspondencia con las exigencias básicas del orden normativo.

Es que, en el marco de un hábeas corpus correctivo y colectivo, constituyen materia justiciable las consecuencias vulneratorias de los derechos fundamentales de los internos, así ellas provengan o no de una determinada política penitenciaria.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Montovani, Roberto Marcelo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-09

La condición de víctima y denunciante por sí sola no basta para que adolezcan de inhabilidad.
Principios procesales, principio de contradicción
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur -Proconsumer- c/ Provincia de Río Negro y Empresa de Energía de Río Negro S.A. (EDERSA) y Otro s/ Contencioso administrativo s/Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-09-30

"Fruto de la creación doctrinaria y jurisprudencial existen directivas u orientaciones generales en las que se fundamenta el ordenamiento jurídico procesal, que conforman en su conjunto los llamados principios procesales, cuya función es la de permitir una adecuada comprensión y explicación de la ley y de su aplicación práctica; entre ellos está el principio de bilateralidad o contradicción, aplicable tanto a los procesos contenciosos como voluntarios".
Trabajador, renuncia al empleo, extinción por mutuo acuerdo, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Oviedo Jorge Omar c/ Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A. s/ Indemnización por estabilidad gremial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-03-15

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, ya que, la misma pretende que el acuerdo disolutivo configura por sí un despido encubierto, lo que por aplicación del principio de primacía de la realidad, debería haberse considerado que no existe aquel acto derogatorio bilateral, sino este otro de índole unilateral.

Ello así, ya que el apelante parte de una premisa equivocada e improcedente, en tanto conlleva a desconocer que el art. 241 de la LCT prevé la posibilidad de formalizar acuerdo disolutivo, entre las partes.
Competencia federal, partidos políticos, afiliados políticos, firma falsa, delitos electorales
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Secretaría Electoral Provincia de Buenos Aires s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

Sin perjuicio de lo que surja de una posterior investigación, corresponde a la justicia federal continuar conociendo en la causa instruida con motivo del descubrimiento de ciertas firmas falsas en las planillas de adhesión a un partido político, toda vez que de las constancias de autos no se puede descartar una posible afectación del servicio o patrimonio de organismos vinculados a elecciones nacionales.
Daño punitivo, gastos médicos, asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: Hospital de Gestión Descentralizado San Bernardo c/ Escudo Seguros SA s/ Sumarísimo o Verbal - Defensa del Consumidor
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-09-19

Corresponde condenar a una empresa aseguradora a abonar cincuenta mil pesos en concepto de daño punitivo, en razón del incumplimiento de su obligación legal de brindar al actor, víctima de un accidente de tránsito, la cobertura inmediata de los gastos de sanatorio, en tanto surge de las constancias de la causa que la demandada demoró más de dos años en cumplir con su obligación, trámite judicial de por medio, lo que da muestra de un total desprecio por la ley, la justicia y, lo que es peor, por la salud y la vida de las personas, lo que la hace merecedora de una multa que, se espera, pueda resultar suficiente para desalentar futuros comportamientos similares.
Cese de uso de marca, incidente de explotación, contracautela
Materia: COMERCIAL
Carátula: ENCOTESA s/ MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-01-19

El procedimiento previsto en el articulo 35 de la ley 22.362 permite que el titular de una marca se asegure una garantía en el caso de que continué el uso marcario, esto es, una garantía del supuesto infractor para responder por los daños eventuales de la continuación del uso (confr. Otamendi, "Derecho de marcas", pág. 176 y sigs.). No puede aceptarse que se satisfaga por adelantado la finalidad perseguida en el juicio por cesación del uso de la marca (confr. Sala I, causa 7488, del 2.11.93 y sala II, causa 394 del 18.12.92).(Interlocutoria).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en BAS y otros contra GCBA y otros Sobre Amparo - Genérico c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

La tacha de arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, quedan descalificados como actos judiciales -conf. Fallos: 235:654; 244:384; 248:129, 528 y 584; 294:376, entre otros-. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Derecho constitucional, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: TECNOCON SAN LUIS  S.A. c/ J.J.A.  SOC. DE HECHO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-03

La declaración de inconstitucionalidad es una decisión final y extrema, que los jueces sólo pueden tomar cuando llegan al absoluto convencimiento de que no existe otra vía para evitar la lesión de un derecho. Esto es, que el magistrado sólo acudirá a este remedio como última ratio de su potestad constitucional. Es sabido que la inconstitucionalidad por razón del contenido de las normas se da cuando resulta alterado un derecho o una garantía constitucional (principio de inalterabilidad; cn: 28). De allí se desprende la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las normas que aparezcan en violación de ese principio de inalterabilidad. La medida de la inalterabilidad está dada por la razonabilidad de la norma, y tal razonabilidad a su vez -por construcción jurisprudencial y doctrinaria-, se asienta en una adecuada proporción entre el medio elegido y el fin perseguido.

El cómputo de plazos expresado en el CCOM 473 guarda relación con los fines perseguidos y no agrede el derecho de defensa, pues éste no resulta trabado de manera alguna por la norma cuestionada.
Sentencia absolutoria, excarcelación, in dubio pro reo, estupefacientes, control de razonabilidad, deber de imparcialidad, debido proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Galian, Matías Marcelo y otros c/  s/ infracción Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2021-05-26

Procede absolver por falta de acusación fiscal a Adriana Fanny Bertolino Ruiz respecto de los delitos que le fueron imputados en esta causa y por los que oportunamente fuera requerida su elevación a juicio. Asimismo, disponer la inmediata libertad, cesando las obligaciones impuestas en su excarcelación. Así las cosas, ante la falta de acusación y pedido de pena por parte del Ministerio Público Fiscal y en ausencia de un acusador extraño a éste, el Tribunal se encuentra obligado a pronunciarse por la absolución, más allá del control de razonabilidad propio de todos los actos públicos, derivado de la forma republicana de gobierno. Lo contrario implicaría la asunción de funciones distintas a la jurisdicción que violaría la garantía de imparcialidad y lesionaría la garantía del debido proceso, entendido éste como compuesto por acusación, prueba, defensa y sentencia.

En cuanto al control de razonabilidad, se ve satisfecho en autos, ello así toda vez que la Señora Fiscal expuso fundadamente las razones por las cuales consideraba que no se encontraba suficientemente acreditada la responsabilidad penal y valoró al respecto las pruebas rendidas durante el debate, fundando su falta de acusación en el beneficio de la duda -art. 3 del CPPN-.
Costas, acción indemnizatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: OTAROLA Marcos Alfredo c/ Betelu Roberto José y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-10-23

Siguiendo el criterio mayoritario imperante respecto de las costas según el cual y al menos para las costas de primera instancia, por tratarse de una acción indemnizatoria se ha dicho que las costas forman parte de la justa indemnización (doctrina de los arts.

1068, 1078 y conc. del C.C.) y deben ser soportadas por el responsable del daño inferido aunque no le fuera imputable la totalidad de la culpa o la pretensión haya prosperado por una suma menor a la pretendida, desde que, por otro lado, ellas responden al principio objetivo de la derrota. Así también hemos concluido que: "Dada la naturaleza indemnizatoria del juicio, las costas deben gravitar sobre la demandada en la medida del progreso de la acción".
Costas, interés concreto
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL - CIVIL
Carátula: Neme, Emilio E. c/ Caja  Nacional  de  Previsión  Social  para  Trabajadores  Autónomos. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

Al haber obrado la administración de conformidad con la legislación vigente, su actitud procesal justifica hacer excepción al principio objetivo de la derrota a que se refiere el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación e imponer las costas en el orden causado, por aplicación analógica de otras leyes nacionales de previsión social, de acuerdo con la facultad conferida por el art. 16 del Código Civil, en el supuesto de silencio de la ley.
Revocación de sentencia, levantamiento de medidas cautelares, competencia, acuerdo preventivo extrajudicial, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Centro Interacción Multimedia SA c/ Sancor Cooperativas Unidas Ltda. s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-27

Procede revocar el pronunciamiento por el que se rechazó el reintegro de fondos peticionado por el actor con base en que, sin perjuicio de haberse desistido las presentes actuaciones, atento la homologación del APE denunciada y lo dispuesto por la LCQ 21-3°, corresponde al Juez que homologó el APE (de la accionada) levantar las medidas cautelares y autorizar el reintegro de los fondos, si correspondiere. Ello por cuanto, en el "APE", como regla, no opera el fuero de atracción, produciendo, su tramitación, la suspensión de los procesos de contenido patrimonial, pero no, la radicación de los juicios ante el juez que entiende en dicho proceso. Según lo expuesto pues, es de remarcar que este juicio ejecutivo se encuentra terminado por el desistimiento formulado por la accionante y que, además y esto es dirimente, la suspensión de las actuaciones no fue dispuesta por el juez que conoció en el "APE", sino por el magistrado de este fuero a resultas de la denuncia efectuada por la demandada. En orden a ello y ante estas circunstancias de trámite que imposibilitan la continuación de la ejecución, es el juez de este juicio ejecutivo -que es quien, en definitiva, dispuso la suspensión- el que resulta competente para resolver sobre la restitución de fondos peticionada por la demandada.
Accidente de tránsito, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mañe, Raúl Félix c/ Gasbarro, Fidel Omar s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

El hecho de ordenar la confección de un presupuesto para determinar el costo de los arreglos del automóvil, amén de tomar las fotografías respectivas, es demostrativo de que quien reclama los daños era poseedor y usuario del vehículo, encontrándose legitimado para promover la demanda (arts. 1110 Código Civil).
Recurso extraordinario, cuestión federal, inconstitucionalidad, contadores públicos, Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Graduados  en  Ciencias  Económicas  Asoc.  Coop.  de Servicios Prof. c/ Consejo Prof. de Ciencias Económicas de Cap.Fed. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

Es formalmente procedente el recurso extraordinario, si se ha puesto en tela de juicio la validez de la resolución 57/83 del Consejo profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, bajo la pretensión de resultar violatoria del art. 14 de la Constitución Nacional y de diversas disposiciones legales, entre ellas la ley 20488 de naturaleza federal.