marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contienda negativa de competencia, juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: BERNAL, RUBEN DARIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-05

Deberá continuar interviniendo en la presente causa el Juzgado de Primera Instancia de Circuito, desde que la causa que aquí nos ocupa ha transitado por distintos estados procesales sin que el juez de Circuito interviniente haya declarado oportunamente su incompetencia, teniendo la oportunidad para hacerlo, ni que aquélla haya sido peticionada por la accionada; y si bien el artículo 2 in fine de la ley 10160 dispone que salvo el caso de competencia por conexidad, la respectiva cuestión de incompetencia sólo puede promoverse por la vía que corresponda antes de haberse consentido la competencia que se reclama, pues después de ello la incompetencia ya no es declarable de oficio, resulta necesario destacar que la recta interpretación de esta norma implica que la salvedad que menciona al comienzo no puede entenderse de una manera ilimitada y que resienta el servicio de justicia. (Del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 306, p 256. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 2 in fine.
Acción de amparo, recurso extraordinario, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Louzán, Carlos Alberto c/ Ministerio  de  Economía  y  Obras  y Servicios Públicos de la Nación s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

En los juicios de amparo resulta necesario que el apelante, al interponer el recurso extraordinario, demuestre que la sentencia impugnada causa un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior.
Certificados de obra, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: La Riojana S.R.L. c/ Dirección Provincial de Vialidad de E.Rios s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-24

El certificado de obra pública aún cuando no puede ser reputado un título circulatorio, debe reconocerse al mismo tiempo que contiene "una obligación de dar sumas de dinero por parte de la Administración, siendo la suma que en base a tal cálculo se hace, cierta, líquida y exigible, es decir, incondicional y de importe determinado, por lo que en principio debe acordarle la calidad de título ejecutivo. Pero si se omitió someter al crédito al trámite previsto por los arts. 13 a 19 de la Ley 9235, la sanción del art. 20 lo perjudica en su carácter ejecutivo pues entonces carece de exigibilidad.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MORANO DE FRANZA, LUCIA c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-12

El art. 15 de la ley 16986 señala que en el amparo el recurso de apelación deberá interponerse dentro de cuarenta y ocho horas de notificada la resolución impugnada. El plazo para apelar corre desde la hora en que se practicó la notificación y se computa hora a hora.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Quevedo, Andrés Aurelio s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15

Es insuficiente el agravio en el que se denuncia la transgresión del art. 238 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- alegándose que existe confesión calificada pero se limita a transcribir el contenido de la declaración indagatoria del procesado sin intentar demostrar la manera en que aquella norma resultaría transgredida, ni -tampoco- cuáles serían las circunstancias que calificarían dicha confesión (art. 355, C.P.P. - según ley 3589 y sus modif.-).
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Citibank N. A. s/ Incidente de revisión en autos Francardi Fabio Augusto y Carosella,  Leonor Leticia s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

La acción de revisión tramita por vía de incidente por lo que son aplicables las normas contenidas en la ley 24522 referidas a dicho trámite.
Cambio de calificación legal, querellante, exceso en la legítima defensa, recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL
Carátula: R., R. F.; P., V. A.; O., F. F. - partícipes necesarios de homicidio con exceso en la legítima defensa de un tercero - G. V. M. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-03

El requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal penal, no fue objetado por los querellantes; en tanto que en el debate, en oportunidad del planteo de cuestiones preliminares, mantuvieron silencio, para recién atribuirle al hecho la calificación de homicidio simple al momento de alegar.

Es así que pretender cambiar la calificación otorgada al hecho por el fiscal y receptada en la sentencia condenatoria, sin que se hayan cumplido con los requisitos y procedimientos previstos en el art. 386 del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta (Ley 6345 y modificatorias), no solo violaría el principio de congruencia, sino que -además- afectaría del derecho de defensa en juicio y debido proceso del imputado, lo que resulta inaceptable.

En el caso no se puede justificar el cambio de calificación afirmando que la plataforma fáctica de la acusación se mantuvo inmutable hasta la sentencia. En efecto, la asistencia técnica del imputado desplegó su argumentación para desvirtuar la existencia de un exceso en la legítima defensa -delito por el que fue llevado a juicio- y así alegar que su accionar se encontraba amparado por una causa de justificación (art. 34 inc. 6 del Código Penal), pero nunca tuvo la oportunidad de defenderse de una acusación por homicidio simple, a título de dolo, como pretendió la querella.
Seguros, siniestro, mora del asegurador, intereses, cómputo de intereses, pretensión
Materia: COMERCIAL
Carátula: FOX ROBERTO AGUSTIN c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-15

Rechazados los siniestros por la Caja no es pertinente exigir una interpelación estéril, condenada al fracaso de antemano. Y aunque el actor, en este supuesto, hubiera tenido derecho a intereses cuando menos desde que se concretó la desestimación de sus reclamos administrativos de pago, como en materia civil no cabe exceder el alcance de las pretensiones de las partes (cfr. Corte Suprema, doctrina de Fallos: 256:504; 258:15; 259:40, etc.) y en la expresión de agravios se solicita réditos a partir del vencimiento del plazo de 45 días, procede admitir la queja en la medida propuesta.
Daños y perjuicios, indemnización, sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gómez de Sotomayor Delia Ester c/ Ricciutti Nelder Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-24

Cuando en la demanda media precisa individualización de los elementos que componen el rubro reclamado, no puede el fallo, alegando indeterminación, conceder indemnización por otros rubros no mencionados, aunque los peritos lo hubiesen constatado.-
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DI CLERICO ARTURO R. c/ GALLINA NORBERTO J. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-29

Es intrascendente el carácter de embistente del actor -de lo cual tiende a prevalerse el demandado- en cuanto además de no aparecer ello nítidamente configurado, es de considerar lo decidido por el señor juez en lo atinente al arribo simultáneo y la eventual (aunque que el caso esterilizada) prioridad de paso del embistente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, preclusión
Materia: PENAL
Carátula: Vallejos, Rodolfo s/ Robo calificado por el uso de arma, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-25

No habiendo sometido oportunamente los planteos al conocimiento de la instancia ordinaria, no puede pretenderse la apertura de la vía extraordinaria (art. 342, C.P.P).
Menores, competencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Juez Correccional y de Menores Nº 1, Tercera Circunscripción Judicial. s/ Plantea cuestión de incompetencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-08-29

Encontrándose la causa en la etapa de instrucción, debe estarse a lo normado por el art. 412 del Código Procesal Penal, en cuanto establece que se debe proceder en el proceso de menores conforme a las normas comunes de este código.

En función de lo expresado rige el art. 185 del código citado, en cuanto atribuye al Juez de Instrucción la potestad de investigar la comisión de ilícitos. Concluida que fuere esta etapa, recién será competente el Juez en lo Correccional que solo tiene funciones de Juzgador y no de instructor, sin perjuicio de la adopción de las medidas especiales que el código establece con relación a los menores. (Dr. Bertolini: en disidencia).
Proceso judicial, impulso procesal, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA LOBARDO, JOSE c/ GARCIA GARCIA, PEDRO Y OTROS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-06-05

Son actos impulsorios del proceso todos aquellos que tiendan a la constitución, conservación desenvolvimiento, modificación o solución del vínculo procesal. Y acto interruptivo de la caducidad perención de la instancia, todo aquel inherente al proceso, adecuado al estado del mismo, que tenga por objeto activar el procedimiento en forma tal que las distintas y sucesivas etapas se vayan cumpliendo para colocar la causa en las condiciones que corresponden, es decir, cuando tiene por finalidad avanzar en el camino que conduce a la sentencia.
Denuncia del accidente de trabajo, indemnización, comisiones médicas, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández Ricardo Manuel c/ Asociart ART S.A. s/   Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-02

El accidente denunciado por el accionante fue efectivamente reconocido por la ART, por lo que entiendo debía efectuar el actor el trámite respectivo ante la Comisión Médica a efectos de que ésta le determine su grado de incapacidad producto de aquel, y una vez establecido ello decidir el reclamante si acepta o cuestiona tal decisión. Es que no siempre el trámite ante las Comisiones Médicas resulta contrario a la constitución nacional y/o provincial, pues lo considero así solo cuando su actuación está dirigida a establecer "la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad -apartado 1 inc. a) del art. 21 de la ley 24557-. Pues, en dichas situaciones se requiere de actividad jurisdiccional con aplicación del derecho vigente además de la ponderación y valoración de hecho y prueba, cuestiones que solo pueden ser dirimidas por los jueces naturales o del trabajo propiamente dichos., y no por médicos tal como lo establece el diseño normativo imperante (Voto Romero) Observaciones: esta Sala -mi voto-: "García c Iapser", del 23/2/2021; y "Bulay c Asociart", del 24/2/2021.
Pena, ejecución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Romero Cacharane, Hugo Alberto s/ ejecución penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-09

El principio de "judicialización" significó, por un lado, que la ejecución de la pena privativa de la libertad, y consecuentemente, las decisiones que al respecto tomara la autoridad penitenciaria debían quedar sometidas al control judicial permanente, a la par que implicó que numerosas facultades que eran propias de la administración requieran hoy de la actuación originaria del juez de ejecución (Voto del Dr.

Carlos S. Fayt).
Locación de cosas, fianza, obligaciones del fiador
Materia: CIVIL
Carátula: Longo, Elías Ramiro. c/ Freire, Rodolfo. s/ Ejecución de alquileres
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-15

Quien se obliga como principal pagador responde en principio, sin limitaciones por los alquileres posteriores al vencimiento del término establecido en el contrato de locación cuando se estipuló que queda obligado hasta tanto el inquilino devolviera el inmueble.
Prescripción, plazo, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN (C.P.P.A. EN LIQ.) c/ PUTRUELE HNOS. S.A.I. Y C. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-09-02

Si bien la Suprema Corte de Justicia sostuvo que la materia de prescripción no puede ser regulada por la Provincia, ya que correspondía exclusivamente a la ley civil, por lo tanto, aquellas no pueden modificar el régimen establecido por el Código Civil. Sin embargo, el Derecho Financiero, dentro del cual se incluye el Derecho Tributario-Fiscal, forma parte del derecho publico interno y se desenvuelve a través de normas y actividades publicas administrativas.

Consecuencia, es evidente que la relación que surge entre el Estado y los contribuyentes no es de Derecho Civil, sino de Derecho Publico, por lo que no se advierte ningún obstáculo de carácter constitucional que se oponga a la regulación de la prescripción por el Código Tributario Provincial.

Las Provincia tienen la facultad de regular en esta materia, y como este poder no ha sido limitado expresamente por la Constitución Nacional no hay inconveniente para que aquellas regulen el régimen de la prescripción por obligaciones fiscales.

En cuanto al computo de la prescripción, el art. 47 del Cgo. citado establece que, para el cobro de las obligaciones fiscales la prescripción comienza a computarse desde el 1 de enero siguiente al año de la fecha en que se debieran hacer efectivas.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, ejecución fiscal, honorarios, competencia civil y comercial, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PALAMEDI, GABRIELA M.E. FERREYRA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -JUICIO ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 392 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-29

Corresponde rechazar la queja desde que a pesar de invocar arbitrariedad por falta de fundamentación y afirmar que el conocimiento de este conflicto corresponde a la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe, violando lo resuelto el artículo 93, inc. 2, de la Constitución provincial y de la ley 11330, desde que la recurrente no se hace cargo de los argumentos expuestos por la Jueza a quo al expedirse en contra de la competencia contencioso administrativa en juicios de este tipo (reclamo tendente al cobro del 12% en concepto de retribución como ejecutor fiscal) por entender que el reclamo efectuado está fundado en una relación de locación de servicios de naturaleza inequívocamente tutelada por el derecho privado, sin que exista motivo que habilite aquella "jurisdicción especial" constituida por los Tribunales con competencia en lo contencioso administrativo, recordando que es criterio de la Sala que el examen objetivo de la pretensión del actor expresada en la demanda, independientemente de la respuesta del accionado y con abstracción de la justicia o no que pudiera asistirle, es lo que determina la competencia, la que de todos modos deberá atender, además, a la efectiva naturaleza del litigio.; y que conforme a lo reclamado en la demanda carece de eficacia para configurar un agravio idóneo la distinción entre el proceso de formación y manifestación de la voluntad y la relación surgida de tal proceso. Por lo demás, el criterio consagrado por la Sala resulta concordante con el adoptado por esta Corte en la causa "Lusardi", sin que se advierta, pues, que estemos ante un caso que justifique la intervención de este Tribunal como custodio último de la ley y de la Constitución.
Divorcio por presentación conjunta, sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal, convenio de partición de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: M. DE DE LA C.H.C. Y DE LA C.V. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

Si no corresponde aplicar los arts. 1218 y 1219 del Código Civil relativos a la oportunidad en que se acordó la liquidación de bienes de la sociedad conyugal, no es conveniente efectuar distingos entre los acuerdos celebrados y presentados al juez en el acto de iniciarse el proceso -escrito de iniciación-, de aquellos instrumentados con anterioridad a esa presentación. Máxime si la diferencia de tiempo entre un acto y otro es sólo de un mes.

Si los cónyuges solicitaron su separación por la vía prevista en el art. 67 bis de la ley 2393 y no renunciaron al acuerdo de bienes anterior debe presumírselo integrante de dicha voluntad de separación.-
Caducidad de instancia, actos interruptivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CALDERON ROQUE Y OTRO c/ OLGA M. FUCILI s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A132 - 259)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-12-01

Se discrepa con el recurrente respecto de cual fue la última actuación útil que consta en el expediente, debido a que tiene tal virtualidad la de fs. 34, esto es la contestación del actor al traslado por cinco días que se le confiriera, del responde de la codemandada, de acuerdo a lo establecido por el art. 212 inc. 3 del C.P.C., para los procesos sumarios, como el presente.

Sin cumplirse con esa etapa procesal indispensable en este tipo de procesos, no puede avanzarse hacia el estadio siguiente, cual es la sustanciación de la causa, importando entonces su cumplimiento un acto útil impulsorio del procedimiento e interruptivo del plazo de perención.-
Acción de inconstitucionalidad, ordenanzas municipales, cuestión abstracta, costas, quórum
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GALLEGOS, JOSÉ MIGUEL s/ ACCIÓN POPULAR DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2007-10-10

La mayoría agravada con que debe actuar el Concejo Deliberante, es una exigencia que funciona como una garantía para evitar que una gestión asuma compromisos económicos gravosos, sin atender a sus consecuencias, que obra como un refuerzo en el control de la decisión y mayor ponderación del endeudamiento.

Es deber de los tribunales pronunciar sus sentencias atendiendo al estado de cosas existentes al momento de decidir, ya que no es posible que los jueces resuelvan cuestiones que en el curso del proceso han quedado abstractas o vacías de contenido, o para responder aun interés puramente académico.

Habiéndose subsanado, mediante una ordenanza posterior, la falta de quórum que, según el accionante, habría viciado desde un inicio, por defecto en la autorización legislativa previa, la celebración de la contratación, se ha verificado, en el transcurso de la tramitación del expediente, que sí existe dicha habilitación, por lo que corresponde declarar abstracta la cuestión suscitada en la demanda de inconstitucionalidad, por haberse vaciado de contenido.

En el supuesto en que la cuestión se declara abstracta, al no poder hablarse de vencedor ni de vencido, corresponde distribuir las costas por el orden causado.
Estado Provincial, Municipalidad, cómputo de servicios, indemnización por despido, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Steingold, Carlos Gerardo c/ Energía de Río Negro (E.R.S.E.) s/ Contencioso Administrativo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-07-04

Conforme al sistema constitucional que signa la organización política de la Nación, el Código civil reconoce personalidad jurídica a la Provincias y también a los municipios; es decir que se hallan involucrados distintos sujetos de derecho, con personalidad jurídica diferenciada y que corresponden a distintas esferas institucionales, o de gobierno. Por lo que no puede sostenerse que los servicios del actor hayan sido prestados a un mismo empleador, y menos aún para los fines de acumular antigüedad a los efectos del art. 245 LCT. En el caso, el actor antes de prestar sus servicios a la demandada (Sociedad del Estado, perteneciente a la Pcia de Río Negro) desempeñó servicios en un municipio de la Provincia de Buenos Aires.
Gobierno de facto, actas institucionales, acto administrativo de alcance general, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANDLER, HECTOR RAUL c/ ESTADO NACIONAL s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-16

La resolución N. 2 de la ex-Junta Militar por la que se incluyó a determinadas personas en el acta del 18 de junio de 1976 es un típico acto administrativo en el sentido técnico de la aceptación, el que pudo cuestionárselo judicialmente por infringir, las normas vigentes o por estar fundado en preceptos inconstitucionales, en cuyo caso también debe pretenderse la descalificación del acto de alcance general.
Medida de no innovar, verosimilitud del derecho invocado, ejecución del contrato
Materia: PROCESAL
Carátula: Pergolis Guell Franco c/ Martin Gonzalez Rubén Angel s/ legajo de apelación por recurso sin efecto suspensivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-07-25

Para que una medida cautelar sea viable, el peticionante debe acreditar la verosimilitud del derecho invocado, es decir, que éste surja claramente de las alegaciones y constancias arrimadas por aquél. La sola alegación por parte de la accionante de que el incumplimiento contractual es consecuencia del comportamiento deliberado del demandado y su intención de no cumplir las obligaciones a su cargo, no resulta suficiente para sostener este presupuesto.
Sociedades comerciales, facultades de la administración, representación legal, principio de eficacia, principio de apariencia, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sojo, Isabel Mercedes c/ Benedit Bursatil SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

2 - Empero también ha sido destacado que la teoría de la apariencia es una solución excepcional, frente a un hecho donde colisionan dos intereses merecedores de resguardo. Por un lado el tercero que, de buena fe, podría no estar en condiciones de advertir si el sujeto con quien contrata es efectivamente representante de la persona con quien aquel pretende vincularse. Por otro lado, el pretenso representado que, sin actividad relevante de su parte en la creación de aquella apariencia, es obligado a vincularse con el tercero aun en infracción a los mecanismos internos que el estatuto social ha diseñado para exteriorizar su voluntad (STJ Provincia de Corrientes, in re "Chiappe, Enrique A. c/ Promin SA y otro", del 31/07/98, LL 1999-B, 823, cita online AR/JUR/953/1998). 3 - Y tal excepcionalidad requiere de una aplicación mesurada y a veces restrictiva. Sólo sería aplicable en casos en que si no se recurriera a ese procedimiento extremo, se legitimaría una actuación maliciosa y un resultado injusto (López Mesa, M, artículo citado).
Declaración indagatoria, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Alderete, Oscar Angel. s/ Doble homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas con  pluralidad de víctimas (tres).
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

La nulidad prevista en el art. 128 -2do. párr.- del C.P.P. -ley 3589 y modif.- en cuanto establece que la declaración indagatoria deberá cumplirse previa notificación al defensor bajo esa pena, desplaza el propio acto procesal de la indagatoria como tal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)