marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Exenciones impositivas, IVA, promoción industrial, industria naval
Materia: TRIBUTARIO - ADMINISTRATIVO
Carátula: VOLVO SUDAMERICANA  S.A.C.I. c/ ESTADO NACIONAL  D.G.I. s/ IMPUESTO  AL  VALOR AGREGADO - INTERPRETACION DE NORMAS IMPOSITIVAS -  EXENCIONES - REGIMEN DE PROMOCION DE LA INDUSTRIA NAVAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-25

Corresponde confirmar la sentencia que denegó el pedido de exención del I.V.A. solicitado al amparo del Régimen de Promoción de la Industria Naval, en virtud de lo dispuesto por el decreto 1943/74, por entender que para obtener beneficios impositivos otorgados por la ley 19.831 las empresas debían ser reconocidas y registradas por la autoridad administrativa mencionada en el artículo 5 de tal disposición, en el decreto reglamentario y en el decreto 6099/72.

Ello es así, pues con anterioridad al reconocimiento por parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de que la actora reunía los requisitos exigidos por la ley respectiva y se encontraba en condiciones de ser inscripta en el registro pertinente -actos que no pueden ser considerados como un mero trámite administrativo, sino que en cada caso concreto se erigen en constitutivos del derecho a obtener y conservar el beneficio promocional-, no le alcanzaban las exenciones reclamadas, toda vez que el artículo 6 de la ley 19.831 reconoció preferencia a las industrias que tenían mayor participación de capital nacional (estatal o privado) y hasta la reforma del reglamento del Registro de la Industria Naval no se permitió la consideración de solicitudes de inscripción de empresas de capital extranjero.
Astreintes, juicio ejecutivo, interpelación, mora
Materia: PROCESAL
Carátula: Anibal, Luis Roberto y otros c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-04-04

Resultan procedentes las astreintes impuestas a la parte demandada en un proceso de ejecución, pues más allá de su insistencia en argumentar que mientras no contara su parte con la intimación a la que se refiere el artículo 31 del decreto 1116/00 no estaba en condiciones de avanzar con el trámite de diligenciamiento del Formulario de Requerimiento de Pago, soslayando que dicho trámite es optativo pues el plazo perentorio y su prórroga surgen del artículo 30 del mismo decreto, ningún aporte ha hecho para convencer de que ha sido diligente para dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el proceso principal (del voto en disidencia del Dr. Lozano)
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Velázquez Ibarra, Roque y otros c/ Unión Formoseña y otros s/ Ordinario otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1985-12-19

Si el demandado niega pura y simplemente los hechos que sirven de fundamento a la demanda, no tiene obligación de producir prueba alguna; pero sí los admite y al mismo tiempo alega otros en su descargo, está obligado a acreditar los que invoca en su favor.
Concursos, honorarios, escribanos públicos, aprobación de la liquidación
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Fideicomiso Estrella del Sur c/  s/ liquidación judicial de aseguradoras
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

2 - Ahora bien, en el particular caso de autos, ocurre la circunstancia de que los bienes del fideicomiso -tanto muebles como inmuebles- fueron subastados por una suma global, que del inventario efectuado por la beneficiaria no surge valuación alguna, y que en el informe general se manifestó que "...el valor de este rubro resulta indeterminado". Por lo expuesto, la retribución de la escribana se fijará de manera prudencial y ponderando la naturaleza, importancia y extensión de las labores cumplidas.
Partes del proceso, objeto del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Flowbox SA c/ Riva SAIICFA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-18

La individualización de la parte demandada atañe al contenido de la demanda, en tanto queda limitado y conocido quiénes son los contradictores del proceso, respecto de los cuales recaerán los efectos de la sentencia (Fenochietto, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. 2, pág. 316). De este modo, el empleo de las conjunciones "y/o" en la determinación del sujeto pasivo implica un incumplimiento de lo previsto por el CPR 330-2°, pues es menester la precisa individualización de quién será efectivamente objeto del reclamo (conf. CNCom, Sala A "Cantarella Lidia c/ Hostería Del Cerro SA s/ medida precautoria", del 12/07/07).
Recurso de casación penal, resoluciones recurribles
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CURRUMAN, HECTOR RAUL s/ P.S.A. HURTO(ART. 162 C.P.) S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-10-24

Si bien es cierto que el fallo emitido por el Juez Correccional no resulta recurrible en principio, por medio de la casación (art. 427 del CPR); sin embargo, una interpretación restrictiva de los supuestos codificados en la ley ritual no debe confundirse con una interpretación omisiva excluyente de ciertas causales que, por su gravedad, requieran de la intervención del superior con el fin de impedir el progreso de situaciones claramente reñidas con los objetivos finales que guían la actividad jurisdiccional en el fuero penal
Honorarios, abogados, incidentes, costas
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: DEL  CASTILLO  VDA DE AVENDAÑO LAURA POR SI Y EN REPRESENTACION DE SU HIJA MENOR. c/ HERMES BERTORELLO Y OTROS. s/ DEMANDA - RECURSO DE REVISION - HONORARIOS ABOGADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-11-23

A fin de regular honorarios por el incidente originado en la falta de realización de aportes para iniciar el pleito, la base es el monto del principal y no el de los referidos aportes - como sostiene la aquo-, con la escala reducida. Sobre ella debe aplicarse la ultima parte del art. 79, Ley 7269, desde que el planteamiento no tendió a finiquitar el pleito, sino solo a paralizarlo. Atenta la naturaleza jurídica del caso y la escasa vinculación que el incidente tiene con la solución definitiva de la causa, así como la cuantía de esta ultima, el juez puede fijar honorarios en el mínimo legal, pero no debe admitirse una solución extraña a la disposición arancelaria aplicable y al régimen mismo de la ley 7269. Para impugnar la imposición de costas, debe articularse recurso de casación y no el de revisión, porque aquel es el camino, que señala la ley 4163.
Juzgados provinciales, autonomía provincial, Estado Provincial, cuestión de derecho público local, recurso extraordinario, incompetencia, competencia de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat  c/ Salta, Provincia de y otro  s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2005-12-27

El respeto a las autonomías provinciales exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que, en lo sustancial, versen sobre aspectos propios de su derecho público, y ello es lo que determina la incompetencia de la Corte para intervenir en el proceso por la vía prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional, sin perjuicio, claro está, de que las cuestiones federales que también pueda comprender este litigio sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48
Cuidado personal compartido, plan de parentalidad, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D., F. A. c/ N. ,L. s/ cuidado personal y régimen de comunicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-21

El principio de la coparentalidad, es reflejo de la igualdad entre el hombre y la mujer para realizar sus proyectos de vida y de los cambios que se han producido en los roles establecidos en función del sexo. Existe un reconocimiento de la figura del padre en la socialización de los hijos. La igualdad de derechos entre hombre y mujer se encuentra expresamente consagrada respecto a la crianza y educación de los hijos en el artículo 16 de la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, con el objeto de satisfacer el derecho de todo niño a mantener vínculo con ambos progenitores tras la ruptura de la unión entre los adultos (artículo 9 y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
Prisión preventiva, libertad corporal
Materia: PENAL
Carátula: ECCLI, ARMANDO - ARANCIBIA, MIGUEL ANGEL - GALOVAR, JAVIER. s/ ROBO AGRAVADO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-26

Partiendo del principio de la libertad personal como regla durante el proceso conforme lo dispuesto por el Artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa"; Artículo 8, Inciso 2º, Convención Americana sobre Derechos Humanos: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad."; y Artículo 9º, Inciso 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

"Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta"); debemos considerar que el plazo establecido en el art. 283, inc.3, no opera automáticamente, correspondiendo determinar en cada caso y en cada oportunidad si es menester o no hacer a lugar a la libertad solicitada. Debemos recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido, por una interpretación que el mismo Tribunal no ha modificado, que la razonabilidad a la cual se hace referencia por el art. 7° inc. 5° del Pacto de San José de Costa Rica no puede limitarse a un número fijo de días, semanas, meses o años, sino que está relacionada con las circunstancias concretas del caso sujeto a decisión. De este modo, en la máxima instancia judicial argentina se dejó claramente determinado que el concepto de razonabilidad dispuesto por la disposición examinada es netamente específico y particular para cada caso, y en buena medida sujeto a la valoración del juez. En esa idea, consideramos que le asiste razón a la Sra.

Fiscal de Cámara cuando sostiene que, si bien es cierto no se encuentra superado el término calendario de dos años, sí se encuentra vencido el término otorgado por el Juzgado de Instrucción cuando fija la medida cautelar por cinco meses, sin que a posteriori se haya prorrogado la misma a requerimiento fiscal o del Juez de Garantías. Esa mora procesal a que hace referencia la Sra.

Representante del Ministerio Público no es endilgable al acusado. El pedido de cese de prisión anterior mencionado por la Sra. Defensora, fue presentado por ante la Sala Va. de la Excma. Cámara Penal, remitiéndose posteriormente la causa a ésta Sala a los fines de su acumulación. Por otro lado, no se prevé que a corto plazo se vaya a realizar el juicio oral por el estado actual del proceso -Art. 370 del CPP-. Por lo expuesto se resuelve, hacer lugar al cese de prisión del acusado, bajo fianza personal de dos fiadores solventes.

DRAS.: KASSAR - PRIETO - BALCAZAR.
Ministerio de Menores, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Baez Nora Esther y María L. Resoagli s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-12

La representación promiscua del Ministerio de Menores tiene carácter necesario y conjunto con la de los representantes necesarios del incapaz a quienes controla la actuación judicial o extrajudicial.

La falta de intervención del órgano jurisdiccional - que representa la voluntad legal de que el poder público intervenga en la defensa de los intereses de los incapaces - se encuentra sancionada con nulidad cuando corresponde su intervención por expreso mandato legal.
Traslado de la demanda, ley vigente, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Seijas, Leonardo Guillermo contra GCBA sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad medica) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-07

Asiste razón al recurrente cuando alega que la notificación del traslado de la demanda por correo electrónico carece de sustento en la normativa aplicable (Resolución n° 68/20 del Consejo de la Magistratura de CABA, que dispone la notificación a través del Portal del Litigante) y vulnera el derecho de defensa en juicio. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz. Voto compartido por la juez Inés M. Weinberg).
Embargo, bienes inembargables, beneficios previsionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Chediac, José Aníbal c/ Santillán, Delia Ana s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-22

El art. 1° del decreto ley 6754/43 -ratificado por ley 13.894-, declara inembargable los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones de los empleados y obreros de la Administración Nacional, Provincial y Municipal por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o compras de mercaderías (art. 1). La demandada, en tanto reviste la calidad de jubilada de la Administración Nacional de Seguridad Social (A.N.S.E.S.), se encuentra comprendida por el supuesto de hecho que aprehende la norma precitada y, por lo tanto, está amparada por la prohibición de embargo de sus haberes por deudas de dinero o compras de mercaderías. (Minoría u opinión personal)
Honorarios, interventor judicial, veedor judicial, anticipos financieros
Materia: PROCESAL
Carátula: Shinya, Nicolás Augusto c/ Espacio 53 SA y otros s/ incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-03

Procede dejar sin efecto la estimación provisoria de los honorarios regulados a interventor administrador toda vez que, por haber concluido la labor del referido auxiliar de justicia procederá fijar definitivamente sus emolumentos y diferir, hasta tanto ello ocurra, la revisión de la imposición de esas costas a la demandada.
Régimen de consolidación de deudas, honorarios, resolución denegatoria, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Cresta, José Víctor c/ Dirección Nacional de Vialidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-09

Es sentencia definitiva el pronunciamiento que excluyó del régimen de consolidación de la ley 23.982 el crédito por honorarios del actor, en tanto que dicha exclusión causa a la demandada un agravio de imposible reparación ulterior.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Baez, Clara María s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

No debe anularse de oficio la resolución impugnada pues no tratándose de "sentencia" en el sentido del art. 156 de la Constitución de la Provincia el mismo no pudo ser transgredido.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jueces, juicio político, inamovilidad de los jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FISCAL DE ESTADO DR.LUIS MAGIN SUAREZ s/ FORMULA  DENUNCIA  -  SOLICITA  JURADO  DE  ENJUICIAMIENTO  ,  Y  SUS  ACUMULADOS  (JUICIO  POLITICO  A LOS MIEMBROS DE LA CORTE DE JUSTICIA  DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN )
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-29

La remoción por "mal desempeño" procede cuando se acreditan graves actos de inconducta o que afecten seriamente el ejercicio de la función; en el caso de los magistrados judiciales el manejo de dichos conceptos debe vincularse con el art. 96 de la Constitución Nacional, dado que es la buena conducta lo que justifica su inamovilidad, garantía ésta de la independencia del Poder Judicial.
Legítima defensa, derecho a la intimidad, atentado contra la autoridad, desacato
Materia: PENAL
Carátula: OVIEDO CARLOS s/ DESACATO  -  LEGITIMA  DEFENSA  -  DESTRUCCION DE DOCUMENTO PUBLICO -  ATENTADO A LA AUTORIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-03-04

Corresponde absolver de los delitos de destrucción de documento público, atentado calificado a la autoridad y desacato, en concurso real (C.P., arts. 294, 238 inc. 4to., 244 y 55) por haber actuado en legítima defensa de sus derechos (C.P.,art. 34 inc. 6to), a quien cuando al ser notada su presencia por los policías que allanaban su domicilio mediante orden judicial escrita y eran atendidos por su madre -que les había manifestado estar sola con el-primero les di o un nombre falso y al serle requerido su documento de identidad alegó no tenerlo consigo y que lo iría a buscar a su domicilio, por lo cual el funcionario a cargo del registro, dispuso que uno de los policías lo acompañara y ante su negativa a ello, decidió llevarlo hasta la seccional policial a objeto de identificarlo, circunstancias en que el acusado insultó a los policías y se abalanzó sobre otro oficial, a quien de un manotón le quitó la orden de allanamiento que abolló y arrojó al piso, para, seguidamente, cuando un empleado trataba de levantarla, lo golpe o en la cara con el revés de la mano lesionándolo levemente, luego de lo cual fue reducido y detenido. El comportamiento del acusado queda justificado, por cuanto el empleado policial por el exceso de celo profesional, traspasó los límites que le marcaba el orden jurídico, límites dados, en definitiva, por los alcances de la orden de allanamiento y que no existió de parte del imputado conducta reprochable durante el registro -penal ni contravencionalmente- desde que ninguna disposición legal obliga a quien se encuentra en su domicilio a tener con el su documento de identidad y a aceptar trasladarse a otro domicilio en su búsqueda acompañado de un policía.
Recurso extraordinario, Inspección General de Justicia, publicidad del contrato social, fiscalización de sociedades
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: ESTANCIAS PROCREO VACUNOS S.A. s/ RESOLUCION I.G.J. NRO. 286/82
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-22

No merece acogida en la instancia extraordinaria la objeción vinculada con la incompetencia de la Inspección General de Justicia para decretar medidas como la impugnada -cese inmediato de la colocación de contratos y de toda publicidad inherente a éstos-, pues al haberse aceptado el carácter financiero de la operación anunciada es natural que el control de su publicidad no fuera extraño a las funciones específicas del citado organismo, por lo que resulta ineficaz el planteo a los fines perseguidos.
Responsabilidad civil, intereses moratorios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: ORQUERA, LUIS ALBERTO c/ BANCO DE CATAMARCA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-12-03

En materia de responsabilidad civil, los intereses moratorios están destinados a indemnizar el daño moratorio producido por el cumplimiento tardío de la indemnización, encontrando su fundamento en el principio de la reparación plena e integral, en virtud de la cual el obligado debe resarcir todo el daño causado, de la manera más completa posible.
Indemnización por accidente de trabajo, intereses, aceptación sin reserva
Materia: LABORAL
Carátula: ROJAS, DELIA BEATRIZ c/ PEREZ, JOSE VICENTE Y OTRO s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-13

El recibo que otorga el trabajador al percibir la indemnización por accidente del trabajo en sede administrativa sin hacer reserva sobre los intereses, no obsta a la posterior reclamación judicial de los accesorios, los cuales "forman parte de la indemnización" y su pago es debido aunque no se los haya reclamado oportunamente (Conforme Sala IV, pub. en T. y SS. 1977-241; Sala IV, pub. en DT.

1979-1097). El artículo 260 de la LCT. (to.) impide la aplicación lisa y llana del artículo 624 del Código Civil.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Lozano, Raúl F. y otros c/ Autoplat  SACI s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

Configura una decisión arbitraria la que ha relativizado la trascendencia de constancias probatorias que, como la absolución de posiciones de uno de los actores, poseen relevancia, al referirse concretamente a uno de los puntos sometidos a decisión judicial, sin perjuicio de la eficacia que en definitiva corresponda asignarle.
Servicio público, energía eléctrica, empleados públicos, ingreso a la función pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alcácer, Miguel Angel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 243-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-03

La transferencia de Agua y Energía Eléctrica de la Nación a la Provincia no se produjo gradualmente sino de manera integral y acelerada, a consecuencia de decisiones políticas del Gobierno nacional aceptadas por el Gobierno Provincial, y que obligaban a soluciones inmediatas, con las que en principio no aparece compatible el sistema de selección para ingreso de personal establecido en el decreto 791/80 que regulaba la normal integración de los cuadros permanentes de la Administración y que preveía la realización de dos concursos por año, en marzo y setiembre (artículo 20); en especial si se tiene en cuenta que en el normal acontecer, puede ocurrir que del personal que se desenvuelve en una organización con estructura adaptada a prestar el servicio eléctrico a comunidades pequeñas y en el ámbito rural, no sea fácil seleccionar suficiente personal dirigente y con experiencia empresarial para afrontar una profunda y rápida transformación como la necesaria en este caso. Es decir que la Administración se enfrentaba a la necesidad de dar soluciones que permitieran la prestación del servicio ante los inminentes y profundos cambios de estructura y la magnitud de la actividad a desarrollar.
Acción de amparo, empleo público, recurso de casación, vicios del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ENRÍQUEZ, VERÓNICA ANDREA. c/ MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL. s/ ACCIÓN DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-15

[...] si se considera que la Carta Orgánica expone los lineamientos básicos que traducen, en términos jurídicos, lo que la sociedad quiere y, de entenderse las palabras de la Constitución en el significado en el que son utilizadas popularmente, de modo razonable se puede colegir que cuando se recurrió a la fórmula "es nula y sin efecto alguno" para sancionar cualquier disposición que permita el ingreso de personal sin el requisito del concurso, no se tuvo como referencia el sistema de nulidades de la Ley de Procedimiento Administrativo -previsto para el acto administrativo-, sino el sentido ordinario y común que implica restarle toda entidad -inexistencia-; en el caso, por su falta de compatibilidad constitucional.

Además, si se contempla el contexto en el que se inserta esa fórmula, no parece objetable -a primera vista- que se consagre la ineficacia de cualquier disposición infraconstitucional -vgr. estatutaria-, que posibilite una forma de ingreso distinta a la consagrada en la Carta Orgánica.

Desde esta perspectiva, compatible con la naturaleza de constitución de tercer grado de la Carta Orgánica Municipal, no cabría asimilar la fórmula de mentas al sistema de nulidades previsto por la Ley 1.284 que, además, está previsto para los vicios del acto administrativo. (del voto del Dr. Kohon, en mayoría).