Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-04-22


En la Ciudad de San Juan, a veintidós(22)días del mes de abril del año dos mil ocho, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha dieciocho de diciembre del año dos mil seis, en autos Nº 8574 (46965) caratulados: "Mattar Eduardo c/Yannello S.A.

Ejecutivo"; procedieron a considerar como única cuestión, la siguiente: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos?. En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO:

La sentencia impugnada, confirmando la de primera instancia, rechazó el pedido tendiente a que se oficiara al Registro General Inmobiliario para que una cautelar fuese inscripta como ampliación de un embargo anterior y no como un nuevo embargo. El pedido contaba con los siguientes antecedentes: la parte ejecutante había obtenido la traba de un embargo en el año 2000. En los años 2002, 2003 y 2004 propició tres sucesivas ampliaciones del monto embargado. Cuando en 2006 solicitó una nueva ampliación, el Registro General Inmobiliario comunicó que el embargo originario había caducado, e inscribió la ampliación como un nuevo embargo, detrás de otros que en el ínterin habían sido anotados. En ese contexto, fue que la embargante solicitó a la Jueza de primera instancia que ordenara al Registro Inmobiliario que la cautelar fuera inscripta como ampliación de un embargo anterior. La Jueza denegó el pedido. La peticionaria planteó reposición con apelación en subsidio. La magistrada volvió a rechazar el pedido, señalando que no podía interferir en la función calificadora del Registro y que, en todo caso, el interesado debía acudir al procedimiento de rectificación que prevé la ley 3802. En el fallo que se impugna, el a quo rechazó el recurso de apelación expresando que las sucesivas ampliaciones no tienen la virtualidad de hacer renacer la inscripción del embargo, ante el texto expreso del artículo 213 del CPC.

La impugnante encuadra su recurso en la causal del artículo 11 inciso 3º de la ley 2275. Dice que el fallo avasalla el debido proceso adjetivo y sustantivo derivado del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 18 de la Constitución Nacional y 33 de la Constitución de la Provincia.

Señala la recurrente que el a quo ha interpretado erróneamente el artículo 213 del CPC. Agrega que existe un vacío legal; que el citado artículo dispone que "las inhibiciones y embargos se extinguirán a los cinco años" pero nada determina respecto de las ulteriores ampliaciones de los embargos. Aclara que este vacío legal fue llenado en el orden nacional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al disponer, en fallo que cita, que las ampliaciones pasan a ser embargos autónomos una vez caduco el embargo originario.

También plantea la recurrente la incongruencia del razonamiento efectuado por el Registro y avalado en ambas instancias. Al respecto, se pregunta por qué, si la última ampliación fue anotada como embargo nuevo, no se adoptó el mismo criterio con las anteriores ampliaciones.

El recurso fue admitido formalmente mediante auto de fs. 29. Se corrió traslado a la parte contraria, quien no ha contestado. Por último, se dio intervención al Fiscal General, quien ha dictaminado a través del escrito de fs. 36/38.

Comienzo a analizar el recurso examinando la objeción que plantea el Sr. Fiscal General en su dictamen. Allí pide que se revea la admisión formal del recurso, dado que la recurrente no habría introducido adecuadamente la cuestión constitucional. Entiendo que la objeción no es fundada. Tiene dicho el Tribunal que, así como no se cumple con la introducción de la cuestión constitucional con la mera formulación de una reserva, tampoco cabe convertir al requisito en una cuestión sacramental (P.R.E. S.1ª.

2003-II-204). Basta, pues, que de los antecedentes surja en forma inequívoca que la cuestión constitucional fue propuesta; esto es, que se haya permitido a las instancias ordinarias pronunciarse válidamente sobre ella. Considero que, en la especie, la recurrente propuso inequívocamente la cuestión constitucional al fundar su reposición con apelación subsidiaria (fs. 9/10). Por empezar, en dos oportunidades planteó la arbitrariedad de la decisión del Registro que fuera homologada por las resoluciones de ambas instancias. Además, expresamente dijo que ...se estaría violando por completo distintos principios y derechos de raigambre constitucional como el de igualdad ante la ley; y principalmente se vulneraría mi derecho de preferencia, por lo que indirectamente se violaría el derecho de propiedad, al debido proceso, etc. Como digo, la cuestión constitucional ha sido inequívocamente introducida en la oportunidad correspondiente, y eso me mueve a rechazar el pedido del Fiscal General.

Superada esa objeción, paso a efectuar una serie de digresiones que permitirán abordar de mejor manera el fondo del asunto. La primera, es un resumen cronológico de los hechos que lo han configurado, que principia cuando la ejecutante obtiene el embargo sobre un inmueble, cautelar que se anota el 30/5/2000. Posteriormente, en fechas 10/4/2002, 6/3/2003 y 22/9/2004 el Registro toma nota de sucesivas ampliaciones cuantitativas del monto embargado. Por último, el 11/4/2006 ingresa al Registro una nueva orden de ampliación. El Registro informa que el embargo originario caducó y anota la ampliación como nuevo embargo. Esta es la decisión del Registro que, homologada por las instancias de mérito, la recurrente impugna en autos. Cabe aclarar que, de mantenerse tal decisión, el embargante perdería la prioridad que antes tenía, porque en el ínterin se anotaron otros dos embargos.

La segunda digresión tiene que ver con las normas involucradas en el asunto: la que la recurrente cita, que es el artículo 213 in fine del CPC, y otras dos normas registrales, el artículo 37 de la ley 17.801 y el artículo 62 de la ley Provincial 3802. En lo pertinente, tale normas disponen: (CPC, art. 213 in fine): ...Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los cinco años de la fecha de su anotación en el Registro de la Propiedad, salvo que a petición de parte se reinscribieren antes del vencimiento del plazo, por orden del juez que entendió en el proceso. (Ley 17.801, art. 37): Caducan de pleno derecho y sin necesidad de solicitud alguna, por el transcurso del tiempo que expresa este artículo o por el que, en su caso, establezcan leyes especiales: (.) b) Las anotaciones a que se refiere el inciso b) del artículo 2 -inciso que alude a "embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares"-, a los cinco años, salvo disposición en contrario de las leyes. Los plazos se cuentan a partir de la toma de razón. (Ley 3802, art. 62): Los actos que den lugar a anotaciones preventivas podrán ser reanotados antes o después de que venza el plazo de su caducidad, por los mismos sujetos legitimados para la registración originaria. La reanotación producirá efectos solo desde la fecha en que se efectúe si no se hizo antes del vencimiento del término de caducidad de la primera.

La última digresión refiere al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la recurrente ha citado, primero en el escrito con que fundamentó la reposición y que sirvió de memorial de la apelación subsidiaria, luego en el presente recurso extraordinario. Se trata del dictado en la causa "Romero c/ Provincia de Santa Fe", publicado en Fallos 307:1233. En primer lugar, aclaro que el fallo se dicta, no en el marco de un conflicto actual sobre la validez de la ampliación de embargo, sino en el de una acción de daños que se ejerce contra la Provincia demandada a raíz de un deficiente informe del Registro de la Propiedad, dependencia que había considerado caduco un embargo sin tener en cuenta una ampliación anotada dentro del plazo de cinco años. Pero más me interesa destacar que el fallo incluye dos consideraciones en alguna medida contradictorias sobre la naturaleza de la ampliación de embargo. Por una parte, (considerando 3º) se dice que: ...el sistema de caducidad (...) responde a la necesidad de impedir la subsistencia de medidas cautelares cuando el transcurso del tiempo indica una conducta desinteresada del deudor, que se presume si no procede a reinscribirlas en el plazo legal fijado. Pero mal puede atribuírsele una negligencia que merezca esos efectos cuando, como en el caso, el titular del embargo lo mantiene vivo mediante la inscripción de la ampliación dispuesta por la autoridad judicial pertinente... Por otra parte, en el considerando siguiente se expresa: Que esta interpretación, que implica acordar autonomía a la ampliación considerándola como la traba de un nuevo embargo, se concilia con los propósitos del sistema de publicidad registral y con la garantía del régimen de prelación basado en el respeto del orden y las fechas de las anotaciones, que se vería sensiblemente afectado si se estableciera una identificación absoluta entre el primer embargo y su modificación y, por consiguiente, un rango preferente a esta última que operaría retroactivamente en detrimento de las inscripciones producidas en el intervalo que corre entre uno y otra.

Digo que las expresiones citadas implican puntos de vista contradictorios sobre la naturaleza de la cautelar, afirmación que requiere de una aclaración que, ahora sí, nos permitirá adentrarnos en el recurso de autos. En doctrina y jurisprudencia hay dos posiciones sobre la autonomía de las denominadas "ampliaciones de embargo". La primera posición considera que la ampliación en realidad no es tal, que registralmente tiene autonomía y debe ser considerada como una nueva cautelar. Esto implica que la ampliación (el nuevo embargo) sólo tiene la preferencia que le da su fecha de anotación y que, por ende, el plazo de caducidad corre desde ésta. La segunda posición, en cambio, otorga a la ampliación carácter accesorio del embargo originario (aunque esta accesoriedad suele relativizarse en cuanto al monto de la preferencia, en caso de que, entre el embargo y la ampliación, se haya anotado un embargo de otro acreedor). Volviendo al punto: las citadas expresiones de la CSJN son contradictorias porque la primera parece conferir a la ampliación carácter accesorio (el titular del embargo lo mantiene vivo mediante la inscripción de la ampliación), mientras que la segunda acuerda autonomía a la ampliación considerándola como la traba de un nuevo embargo. La contradicción es patente, porque si la ampliación es un nuevo embargo, autónomo, no puede, a la vez, servir para mantener vivo el embargo primigenio.

Ya haciendo centro en el caso de autos, destaco que, de las dos posiciones enunciadas anteriormente, el Registro General Inmobiliario y las instancias de mérito parecen haber adoptado la segunda posición. Esto, porque las ampliaciones anotadas en 2002, 2003 y 2004 han sido consideradas como accesorias del embargo primigenio (de hecho, el Registro inscribió las ampliaciones como notas marginales del embargo). Cierto es que el Registro confiere autonomía a la ampliación ulterior cursada en 2006, pero -a mi juicio lo hace sólo porque entiende que el primer embargo ha caducado y, en tal caso, si no hay principal, la accesoriedad desaparece.

Aclaro que me ha parecido necesario explicar los matices del problema, a fin de aventar problemas de interpretación del fallo. Sin embargo, estimo que la cuestión puede resolverse sin necesidad de definir si las ampliaciones de embargo son o no autónomas. Incluso en el enfoque de la que he denominado "segunda posición", que es la adoptada por el Registro y las instancias de mérito, es irrazonable considerar que ha caducado por transcurso del plazo legal un embargo que en el ínterin ha sido ampliado. Como dice la CSJN en el considerando 3º de la sentencia citada: mal puede atribuírsele una negligencia que merezca esos efectos cuando, como en el caso, el titular del embargo lo mantiene vivo mediante la inscripción de la ampliación.

Como se ha dicho, la caducidad supone el desinterés del embargante, que la ley (arts. 213 del CPC y 37 de la ley 17.801) presume ante el transcurso de determinado plazo. En otras palabras, el espíritu de la ley tiende a sancionar aquel desinterés. Sin embargo, no puede presumirse desinterés en el acreedor que obtiene e inscribe una ampliación del embargo. Cabe concluir que, en la especie, la solución del a quo no consulta el espíritu de la ley, con lo que contradice una directiva interpretativa enunciada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Tribunal que tiene dicho que: La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigna no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o que el excesivo rigor formal de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción y traduzca una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva. (Fallos: 313: 1223).

La doctrina se ha expresado en el sentido que propongo. Así, se ha dicho que: ...la "ampliación" del embargo, en todo caso, jugaría como un acto interruptivo del plazo de caducidad de la medida, por lo que, también y aun cuando no fuese más que por este hecho, (...) el plazo de caducidad debería comenzar a correr desde la fecha del citado acto interruptivo, vale decir, desde la anotación de la ampliación. (Kielmanovich, Jorge, "Teoría del proceso cautelar", en la obra colectiva Medidas cautelares, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2002, p. 340).

A la misma solución se accede desde otro punto de vista. Memoro que esta Corte ha dicho que la prescripción extintiva debe ser interpretada con criterio restrictivo (P.R.E. S.1ª 2000-I-130, 2002-II-273, etc.). Ello implica aplicar un principio general interpretativo más amplio, que se enuncia de esta manera: las normas que conducen a la pérdida de un derecho deben interpretarse restrictivamente (Salas, Código Civil anotado, ed. Depalma, 1ª ed., t. 1, p. 16). Pues bien, la aplicación de dicho principio al caso de autos también conduce a interpretar que el embargo no ha caducado.

Concluyo que la decisión del a quo resulta arbitraria, porque no constituye derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa (P.R.E. S.1ª.

2005-I-42; S.1ª.

2004-II-294; S.2ª.

2003-III-512; S.1ª.

1990-II-126; II-130, etc.). Por eso, voto por acoger el recurso de inconstitucionalidad y por anular la sentencia recurrida. De adoptarse mi criterio y puesto que no hay otras cuestiones de hecho o prueba que deban resolverse, corresponderá, por razones de economía procesal, que el Tribunal se avoque al fondo de la cuestión traída. En ese plano, voto por revocar la providencia de primera instancia de fecha 7 de junio de 2006; en su reemplazo, disponer que el Juez de la causa oficie al Registro General Inmobiliario con copia de la presente. Se hará saber al Registro que, respecto del embargo original (registrado al número y folio 87, tomo 365, año 2000 del Registro de Embargos), cada una de las ampliaciones anotadas han interrumpido el plazo de caducidad establecido en los artículos 213 del CPC y 37 de la ley 17.801, con lo que la medida ingresada al Registro en fecha 11 de abril de 2006 debe ser inscripta como ampliación del referido embargo.

Finalmente, voto por imponer en el orden causado las costas de la incidencia y del presente recurso, ya que no ha habido sustanciación ante las instancias de mérito y la parte recurrida no ha controvertido en esta instancia la posición del recurrente.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

--En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia del a quo. II) Avocándose el Tribunal al fondo de la cuestión, disponer: que se revoque la providencia de primera instancia de fecha 7 de junio de 2006 y que, en su reemplazo, deberá el Juez de la causa oficiar al Registro General Inmobiliario con copia de la presente. Se hará saber al Registro que, respecto del embargo original (registrado al número y folio 87, tomo 365, año 2000 del Registro de Embargos), cada una de las ampliaciones anotadas han interrumpido el plazo de caducidad establecido en los artículos 213 del CPC y 37 de la ley 17.801, con lo que la medida ingresada al Registro en fecha 11 de abril de 2006 debe ser inscripta como ampliación del referido embargo. III) Imponer las costas de la incidencia y del presente recurso, en el orden causado. IV) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos y a los autos principales que deberán bajar al Tribunal de origen. Notifíquese y oportunamente archívense.

Fdo. Dres. Carlos Eduardo Balaguer, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí: Jorge Daniel de Oro-Secretario Letrado.

P.R.E. S.1ª. 2008-II-206