marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Principio de especialidad, hipoteca
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SARHAN, ALBERTO AUADIH. c/ BCO. DE LA PROV. DE NEUQUEN. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1986-04-01

CON LAS REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 17711 AL ART. 3135 DEL C C.LA ESPECIALIDAD DE LA HIPOTECA EN CUANTO AL MONTO QUEDA CUMPLIDA CON LA EXPRESION DEL MARGEN DE GARANTIA, ES DECIR, EL"QUANTUM" CIERTO DE DINERO HASTA QUE ESTA GARANTIZADA, LO QUE DEBERA CONSIGNARSE EN EL ACTO CONSTITUTIVO.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nuñez, Ramón c/ Municipalidad de Trenque Lauquen s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-03

Los pronunciamientos sobre competencia asumen el carácter de sentencia definitiva cuando impiden la continuación del juicio, o cuando deciden sobre la naturaleza del vínculo jurídico entre las partes, o cuando -más allá de comportar una cuestión de competencia- toca a la demarcación mínima con que la Constitución Nacional distribuye las posibilidades jurisdiccionales de la nación y de las provincias, lo que demuestra que, según las circunstancias del caso, la cuestión puede ser abordada por la casación.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, documentación del automotor, falsificación de instrumento público, Banco Nación, defraudación, bienes del Estado, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gallego, Oscar s/ infracción art. 292 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

No es competente la justicia federal para investigar la falsificación de certificados de verificación de vehículos ya que si bien la venta de formularios se realiza por medio del Banco de la Nación Argentina esa circunstancia no coloca al caso entre los supuestos del art. 3 inc. 3 de la ley 48, pues las falsificaciones no importan un directo y efectivo perjuicio para las rentas del Estado.
Facilidades de pago, contribuyentes, procedimiento de impugnación de deuda previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Trotta, Alejandro Néstor c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

Aunque el contribuyente se haya acogido a un plan de facilidades de pago bajo un Título de la ley distinto al que en esa etapa hubiere correspondido -conforme informa la A.F.I.P.-, la cancelación de cuotas del mismo sin que el organismo actuara oportunamente intimando al contribuyente para que rectificara la presentación, ni cuestionara los pagos efectuados, son actos que en su conjunto harían aparecer, cuanto menos, como un excesivo rigor formal tener por no regularizada la deuda discutida en autos. Arribar a una solución contraria contrapondría la doctrina sentada por la C.S.J.N., en cuanto tiene reiteradamente dicho que la exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigna no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o que el excesivo rigor formal de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción y traduzca una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva (cfr. sent. del 20.11.90, "Ginocchio, Luis Gerónimo c/ Fundación Universidad de Belgrano").
Contrato de trabajo, actualización monetaria
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Sosa, Carlos Modesto c/ Ferrocarriles Argentinos. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

Procede el reajuste de créditos dinerarios en materia laboral, aún cuando no medie disposición legal expresa que lo contemple, a fin de preservar principios de rango constitucional, pues ello obedece a un claro imperativo de justicia cual es el de eliminar los efectos perjudiciales que la demora en percibirlos ocasiona a los trabajadores, atento a que las prestaciones salariales tienen contenido alimentario y las indemnizaciones se devengan generalmente en situaciones de emergencia para aquéllos.
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia vinculante, acción de amparo, competencia contencioso administrativa, docentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GAUDIO, IVANA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-28

La cuestión debatida en autos ya ha tenido respuesta jurisdiccional por esta Corte Suprema que decidió -por mayoría- anular la resolución dictada por la Cámara entendiendo que la cuestión debatida no reunía los requisitos necesarios para habilitar la vía del recurso de amparo, desde que las razones invocadas en la demanda eran insuficientes a los fines de demostrar por qué excepcional razón la disposición impugnada (referida a la puntuación otorgada a la antigüedad docente en escuela pública y privada, para un concurso como suplente) producía un daño concreto y grave que sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo; y si bien en los citados precedentes no suscribimos la posición mayoritaria, teniendo presente que el criterio adoptado ha quedado firme en virtud del rechazo que el Alto Tribunal dispuso sobre los recursos directos de queja interpuestos, la voluntad del Órgano ha quedado declarada, operando como mandato dirigido a los diversos órganos judiciales y como pauta orientadora de los justiciables; por lo que la aplicación de la misma resulta trasladable a los casos futuros. (Del voto de los Dres. Spuler y Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: Mineur Ferreyra, AyS T 261, p 99/112; Bensabath, T 261, p 113/126; Bartomioli, T 261, p 127/139; Short, T 261, p 140/153; Garay, T 261, p 154/166. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Resolución 1952/11 del Ministerio de Educación de Santa Fe, artículo 14, Anexo II. - Jurisprudencia vinculada: Rojas, AyS T 272, p 22/29, sumario J0042522; Burggi, AyS T 284, p 63/73, sumario J0044290. - Jurisprudencia Concordante con Saez, AyS T 284, p 281/294, sumario J0044222.
Daños y perjuicios, energía eléctrica
Materia: CIVIL-RECURSOS NATURALES
Carátula: Eberle, Natalia y Otro  c/ Estado Nacional Ministerio de Planificación Federal Inv. Pub. y Serv. Sec. de Energía y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-03

Del escrito inaugural surge que los actores demandaron a la "Secretaría de Energía, Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Empresa Distribuidora Sur S.A (EDESUR), con el fin de que [.] se [les] indemnice[n] [.] todos los perjuicios ocasionados, con motivo de los reiterados cortes de energía eléctrica que los suscriptos, junto con su grupo familiar, vienen sufriendo año tras año, todos los cuales se extienden tanto por espacio de larguísimas horas, como así también a través de varios días
Pericia médica, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: DEL ESTAL c/ CONSEJO GRAL.EDUCACION PCIA. E.R. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-04-26

La prueba pericial médica adquiere mayor fuerza al estar ausentes otras opiniones médicas que contradigan la opinión del forense. La temporaneidad de la impugnación no obsta asignar al informe pericial médico gravitación decisiva para la suerte del recurso; ello porque el experto ha fundamentado sus conclusiones en numerosos estudios.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, defensa en juicio, ejecución fiscal, juicio ordinario posterior
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL DGI c/ FABIENNE SA s/ RECURSO DE QUEJA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-14

La resolución atacada, que declaró improcedente el recurso con base en lo dispuesto en el art. 92, Ley 11.683, dejó expresamente a salvo el derecho del ejecutado de iniciar juicio ordinario de repetición según las disposiciones procesales comunes. En tales condiciones, no constituye sentencia definitiva a los efectos del recurso del art. 14, Ley 48, toda vez que no impide el replanteo de las cuestiones. No queda así, en el caso, cerrada la vía judicial para la tutela del derecho que pudiere asistir al recurrente, de manera que no se está en presencia del requisito antes apuntado (doctr. de Fallos: 261:403). Por lo demás, la supresión legal de la instancia de Alzada no proporciona sustento a la habilitación del remedio federal, habida cuenta de que la garantía de la defensa en juicio carece de relación directa e inmediata con lo decidido (art. 15, Ley 48; Fallos:

268:247, 269:43, entre otros), pudiendo ser ejercida ella con amplitud en el juicio ordinario posterior.
Excusación, ministros de la Corte Suprema, reforma de la constitución, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

No corresponde que los jueces de la Corte Suprema se excusen en la causa en que uno de sus miembros inició acción declarativa a fin de obtener la nulidad, en los términos de la ley 24.309, de la reforma introducida por el art. 99, inc. 4°, párrafo 3°, de la Constitución Nacional al art. 86, inc. 5° del texto de 1853/60, en tanto dichos magistrados no se encuentran comprendidos en ninguna de las causales previstas en el art. 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Concursos, quiebra a pedido del acreedor, recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RICHARD ERNESTO FANCISCO c/ VAZQUEZ MARIO LUIS s/ QUIEBRA-QUEJA P/ CASACION DENEGADA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-08-07

No es dable atribuir la naturaleza de definitiva a aquellas resoluciones que, aun cuando concluyan una determinada controversia sobre un específico tema, no le ponen fin.
Divorcio, adulterio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.S.J.R. c/ H.M. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-22

La causal de adulterio es de difícil comprobación directa, razón por la cual cobran especial relevancia las presunciones graves, precisas y concordantes acerca de la conducta de alguno de los cónyuges, pero para que esas presunciones no establecidas en la ley constituyan prueba del artículo 163 inc.5º del Código Procesal se impone que por su número, precisión, gravedad y concordancia produzcan convicción según la naturaleza del juicio y de conformidad con las reglas de la sana crítica.
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Recalde, Miguel Angel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-22

Pueden definirse los actos interruptivos de la prescripción de la acción penal vinculados al concepto de secuela de juicio como aquéllos con aptitud persecutoria, más precisamente aquellos actos que mantienen la vigencia del reclamo formulado por quienes impulsan y estimulan el órgano jurisdiccional en ejercicio de la pretensión punitiva. Por lo que, habida cuenta los antecedentes legislativos de la norma, los principios que gobiernan la dogmática jurídica y los fundamentos propios del instituto de la prescripción, sólo son admisibles como actos de procedimiento con aptitud para interrumpir el curso de la prescripción de la acción aquéllos que sirven para sostener la acusación en cabeza de una persona, lo que en manera más precisa se ha dado en llamar actos de persecución, que lo serán respecto de persona determinada. (Voto del Dr. Madueño).
Cuestiones de competencia, competencia federal, competencia por la materia, estupefacientes, menores
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PASQUINI, Nahuel Víctor. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-29

Si bien el artículo 44 del código adjetivo señala el tribunal competente para dirimir las controversias suscitadas entre los tribunales inferiores, no puede soslayarse que ello implica la inobservancia del artículo 33 del cuerpo legal antes mencionado y el artículo 34 la norma sustantiva referida en el párrafo anterior.

En tal sentido, cuadra remarcar que aquella prevé en forma clara y excluyente la competencia de la justicia federal en todo el país para el juzgamiento de actividades ilícitas en materia de estupefacientes, sin excepción alguna.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la justicia federal es excepcional y estricta, limitándose sólo a los casos contemplados por las leyes aplicables; extremo que, logicamente, también lo extendió a los casos puntuales como el aquí tratado.

Quienes suscriben no encuentran razón alguna para suponer que, bajo las condiciones descriptas en el párrafo precedente, el juzgamiento de las personas menores en el fuero federal implique la inobservancia de intereses superiores del niño y la convención creada al efecto e incorporada al derecho interno mediante la ley 23.984.

Si bien es cierto que el artículo 29 del Código Procesal Penal de la nación no distingue la competencia del juez de menores entre los delitos ordinarios y federales, el artículo 33 del mismo ordenamiento y, como se dijo, la norma sustantiva aplicable (artículo 34 de la ley 23.737), si lo hacen, cuya aplicación por el principio de especialidad (Sala IV, de la C.N.C.P., c. 1296, "Sierra"), no puede ser controvertida por un ordenamiento netamente instrumental.

Por ello, el tribunal no coincide con el criterio sostenido por los distinguidos colegas de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y, consecuentemente, se remiten las actuaciones a su conocimiento invitándolos a que, en caso de no compartir los extremos aquí discernidos, remita las partes pertinentes a la Cámara Nacional de Casación Penal para dirimir la contienda suscitada (art. 24, inciso séptimo, del decreto Ley 1285/1958, a contrario sensu).
Aumento salarial, derechos del trabajador, derechos adquiridos
Materia: LABORAL
Carátula: DIEZ, GUILLERMO c/ DEADORO  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

Los aumentos salariales otorgados por el empleador a sus dependientes, que no respondan a imperativos legales o convencionales o a un acuerdo entre las partes debidamente acreditado en el marco del libre ejercicio de la autonomía de la voluntad que siga los lineamientos de los arts. 7, 12 y concordantes de la LCT, no constituyen un derecho adquirido por los trabajadores que no pueda ser quitado o restringido unilateralmente por aquél ya que esa decisión no se incorpora al patrimonio de éstos en tanto tales reconocimientos pueden responder a muy variados fundamentos, que no obligan sine die al empleador.
Ingeniería genética, productos transgénicos
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: B. S. A. s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-03-17

La ingeniería genética implica la inserción artificial de genes ajenos sobre los productos a ser consumidos, y es sabido que representa una importante alteración del control genético que existe en las células normales.

Esta tecnología, en el estadio actual de su desarrollo, no se encuentra en condiciones de excelencia como para prever con absoluta claridad los efectos del transgén insertado y así poder predecir los resultados de la manipulación, incluyéndose entre sus posibilidades efectos eventualmente tóxicos, alergénicos o dañinos para la salud de alguna u otra manera.

Las nuevas condiciones creadas por los avances científicos y tecnológicos arrojan inseguridad sobre el desenvolvimiento de muchos procesos causales.
Sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Valls, Oscar Narciso s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-29

Si bien esta Cámara puede conocer de la arbitrariedad de la sentencia y subsanar el error si lo hubiere, ello será únicamente en el caso que se demuestre cuál es el vicio de que resulta portadora la resolución recurrida y cuál es la regla lógica infringida. La modificación de la plataforma fáctica definida en la instancia previa sólo procede en casos excepcionales, cuando se demuestre que su definición es producto de una arbitraria valoración del plexo probatorio colectado; caso contrario la selección y valoración de la prueba producida constituyen una atribución propia de los jueces de grado y por ende ajena al control casatorio.
Cuestiones prejudiciales, objeto del proceso, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: PROCESAL
Carátula: Lleral, María Teresa y Otra c/ Vales, José Alberto y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-19

En el supuesto contemplado por el artículo 1103 del Código Civil lo que se veda es la revisión de lo decidido en sede penal en torno al "hecho principal". ¿Qué comprende éste?, sobre ello sí existe concordancia en la opinión de la doctrina en cuanto que significa que la cosa juzgada de la sentencia penal absolutoria se limita a la verificación de la inexistencia del hecho principal en que se funda la acusación o a la ausencia de autoría del demandado acerca de ese hecho. En tales casos, entonces, no cabe admitir el análisis de procedencia de la pretensión indemnizatoria deducida en sede civil de quien, por tales motivos, fue absuelto en el fuero penal.
Ley de abastecimiento, comercialización, fijación de precios, control de precios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Polisur Sociedad Mixta s/ apelación, multa -ley 20.680.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-26

El hecho de realizar "descuentos por nivel de compra", según la cantidad, con bonificaciones crecientes y, paralelamente, disponer "descuentos por campaña", independientes del anterior, y por el que se favorece en mayor grado a los compradores más bajos de la antedicha escala -aún cuando ello implique que los compradores de las escalas superiores vieran reducidos sus márgenes a niveles que impedían, en la práctica, mantener los precios máximos autorizados- no resulta violatorio del régimen de la ley 20.680.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, quiebra, liquidación, honorarios, regulación de honorarios, LEY DE CONCURSOS
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ En la quiebra liquidativa, si los tres sueldos de secretario de   primera instancia de la jurisdicción en que tramita el concurso  preventivo como mínimo a los fines de regular honorarios implican un  monto superior al 12% del activo realizado ¿Cuál de las dos partes   se aplica? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-05

En el caso de la quiebra liquidativa (artículo 267 Ley de Concursos) el conjunto de los honorarios de los funcionarios y profesionales no puede ser inferior a tres sueldos del Secretario del juzgado concursal, aún cuando con ello se supere el doce por ciento del activo realizado, salvo -claro está- del supuesto del artículo 271 de la Ley, por lo que la cuestión propuesta debe resolverse en el sentido de la que la pauta es la del mínimo de tres sueldos de Secretario. (Del Voto del Dr. Serralunga).
Competencia federal, automotores, registro de la propiedad automotor, inscripción registral, documentación del automotor
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: B., C. s/ Causa 3.326
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

La maniobra desplegada ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor para lograr la inscripción de un automóvil valiéndose de un certificado apócrifo, afecta el normal funcionamiento de dicho organismo, por lo que resulta competente la Justicia Federal.
Quiebra, constitución de hipoteca, declaración de ineficacia, actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos, hechos reveladores, deudas impositivas
Materia: COMERCIAL
Carátula: CORNA SA c/ BURGWARDT, JUAN CARLOS Y OTROS s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-28

Resulta improcedente declarar ineficaz una hipoteca constituida sobre un inmueble de la fallida en favor de ciertos acreedores verificados en su quiebra, con base en el conocimiento que tuvieron, o pudieron y debieron tener de una recomendación hecha por el síndico societario -en el sentido de que era imperioso que parte del préstamo se destine a saldar deudas fiscales, previsionales y a retenciones efectuadas y no ingresadas-, la cual no solo fue expuesta en un acta de directorio que autorizo a tomar el préstamo con garantía real, sino que también fue mencionada por el notario en la pertinente escritura como uno de los actos que habilitaban a la persona física que compareció por la sociedad prestataria. Ello así cuando, -como en el caso-, se verifica que de dicha acta no resulta una confesión de cesación de pagos ni tampoco una simple referencia concreta a un estado de cesación de pagos, puesto que tener deudas para con el fisco y el sistema previsional, no significa hallarse en un "estado" de cesación de pagos, cuando el deudor tiene activos disponibles y liquidables o "crédito accesible y disponible" para obtener fondos y cancelar aquellas deudas. Es decir, que el síndico social no informo al directorio que la sociedad había incurrido o podía incurrir en cesación de pagos, sino que se había generado o podía generarse responsabilidad penal derivada de la respectiva ley.

Máxime, si solo "una parte" de los fondos que se recibirían en préstamo se destinaría al pago de deudas fiscales, de modo que los prestamistas razonablemente podían suponer que en alguna medida, los fondos objeto de mutuo serían aplicados al giro normal de la empresa y a su actividad propia.
Responsabilidad del Estado, error judicial, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P., C.D. c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-03-13

"En principio sólo puede responsabilizarse al Estado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error. Lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra un pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley".
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, aclaratoria (procesal)
Materia: Procesal
Carátula: KRISTOFIS, Anastasio Jatsis c/ Municipalidad de Trelew s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-09-12

El hecho de que el recurrente no haya pedido aclaratoria en Primera Instancia no le impide apelar la sentencia, como se deduce de lo establecido en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Provincia del Chubut.
Suspensión de la prescripción, constitución en mora
Materia: LABORAL
Carátula: ORTIZ, OMAR A. c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-24

La prescripción esta regulada con carácter general en el código civil, y excepto las normas especificas que disponen las leyes laborales (artículos 256, 257 y 258 LCT. - To -) no existen otras causales de interrupción y suspensión que las legisladas en el código (s. 3 In re 'Sánchez, Saúl c/ Radaelli SA.', 13 de abril de 1981) con lo cual la constitución en mora en forma autentica (artículo 3986 código civil) no puede provenir de manifestaciones verbales ni de instrumentos privados cuya autenticidad no ha sido reconocida (del dictamen del PGT. Al que adhiere la sala).