Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-03


Reg.: A y S t 283 p 327/332.

Santa fe, 3 de julio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Fernando Darío Garfagnoli, contra la resolución 254 del 29 de mayo de 2017, del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial, en autos "GARFAGNOLI, FERNANDO DARIO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPERTA JUDICIAL: 'MARCATELLI, MARIO MIGUEL Y GARFAGNOLI, FERNANDO DARIO S/ HOMICIDIO EN OCASIÓN DE ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO' - (CUIJ 21-0677589-8)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511534-2); y, CONSIDERANDO:

1. Por resolución 254 del 29 de mayo de 2017, el Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial, resolvió -en cuanto aquí interesa- revocar la resolución apelada en tanto disponía la libertad de Fernando Darío Garfagnoli (fs. 2/3v.).

2. Contra dicho decisorio, la defensa técnica de Fernando Darío Garfagnoli interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 4/12).

2.1. En el memorial introductor y como antecedentes de la causa, se señala que Fernando Darío Garfagnoli fue aprehendido el 26 de octubre de 2015 y puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito de Villa Constitución, en razón de la captura vigente en la presente causa; siendo que el 28 de octubre, se celebró la audiencia imputativa y de medida cautelar, oportunidad en que el Magistrado interviniente rechazó la pretensión fiscal de disponerse su prisión preventiva. No obstante ello, el nombrado permaneció detenido a disposición de un juzgado de la provincia del Chaco (fs. 8/v.).

Expresa que con posterioridad se realizaron "...diversas audiencias..." disponiéndose finalmente la prisión preventiva por parte del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial, en fecha 18 de diciembre de 2015.

Continúa relatando que el 20 de diciembre de 2016 se realizó una audiencia en los términos del artículo 225 del Código Procesal Penal, en donde se debatió la eventual modificación o revocación de la medida cautelar que cumplía (prisión preventiva) resolviéndose la libertad del imputado. Y que apelada la misma por el Ministerio Público Fiscal, el Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial, en audiencia celebrada el 29 de mayo de 2017, revocó el decisorio de grado, disponiendo su encarcelamiento preventivo (f. 8v.).

2.2. Como fundamento de su recurso, aduce la existencia de una resolución que provocaría "...un gravamen cuya reparación ulterior es insuficiente, imposible o tardía..." (f. 5v.).

Y expresa que "...el caso trae serias cuestiones constitucionales". Refiriendo a que las mismas encuadrarían en el inciso 1 del artículo 1 de la ley 7055, "...consistentes en poner en cuestión la congruencia de la normativa procesal penal con el artículo 6, 7 y 9 de la Constitución provincial..." expresando asimismo posibilidad de encuadramiento en el inciso 2 del mismo artículo, "...al poner en cuestión la inteligencia de una norma constitucional local". Agregando la concurrencia de "arbitrariedad", en los términos del inciso 3 del mismo artículo, por "...interpretación restrictiva de garantías constitucionales..." (f. 7v.).

Aduce conculcación al "derecho a la doble instancia judicial". Expresa que el derecho a recurrir es una garantía de rango constitucional y convencional para el imputado, protectora del "derecho de defensa" (f. 10v.).

Expresa que el "derecho a la doble instancia" abarca no sólo la sentencia condenatoria, sino todos los autos procesales importantes; y que así se desprendería de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", del 2 de julio de 2004 y de la legislación procesal provincial (fs. 10v./ 11).

Entiende, por ello, que las resoluciones vinculadas con la libertad personal dictadas durante un proceso, debido a sus implicancias materiales, deberían estar alcanzadas por el "derecho al recurso". Entiende que la "garantía del doble conforme" resulta aplicable no sólo para los casos en que se obtenga una decisión desfavorable, sino que también se refiere a los supuestos en que la Alzada revoque una decisión favorable. Y que ese derecho "...resultó desconocido en la resolución impugnada" (f. 11).

Concluye en que el auto recurrido implicó "...la denegación del doble conforme, configurando una violación a la obligación estatal de protección judicial (tutela judicial y derecho de acceso a la jurisdicción) y de tal manera afectando garantías constiucionales como el debido proceso, el derecho al recurso, estado de inocencia..." (f. 11v.).

3. La Alzada, por resolución 711 del 22 de setiembre de 2017, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con fundamento en la ausencia de una sentencia definitiva o pronunciamiento equiparable a tal o apartamiento de la solución normativa aplicable al caso (fs. 16/19); lo que motiva la presentación directa ante esta sede (fs. 21/45).

4. Cabe anticipar que la impugnación no ha de prosperar.

Y es que, aún cuando, por vía de hipótesis, y en contrario a lo afirmado por la Alzada al denegar la impugnación (fs. 16/19), se admitiera eventual afectación al "derecho al doble conforme"; y con ello, la posibilidad de equiparación a un supuesto de definitividad por irreparabilidad del perjuicio; lo cierto es que en el caso, la recurrente no controvierte, siquiera elementalmente, las razones brindadas en fundamento del decisorio recurrido. Y sin que, por lo demás, se demuestre o advierta un supuesto de arbitrariedad en lo decidido por el A quo, cuando revocara el auto apelado.

En efecto, el recurrente insiste en que la resolución conculcó el derecho a la doble instancia judicial, pero omitiendo todo cuestionamiento a los fundamentos del decisorio. Es decir que omite agraviarse, en concreto, respecto de lo decidido. En tal sentido, y sólo en tren de agotar respuesta, no puede pasar desapercibido que, en fundamento de la resolución, refirió el Magistrado a la "endeblez" del pronunciamiento de grado revocado; y aludiendo, en detalle, a incumplimientos en el régimen de salidas transitorias y a actitudes de entorpecimiento probatorio por parte del encartado, concluyendo en la existencia de riesgos procesales. Haciendo puntual referencia a que los mismos existían inclusive con independencia de la pena en expectativa -conforme los registros de audio y video-.

Fundamentos de la Alzada, que la recurrente no se hace cargo de rebatir, centrándose en invocar genéricamente la garantía de doble conforme, la cual no basta para la admisibilidad de la instancia de revisión. Sino que torna aún más exigible los reproches recursivos que se pretenden revisar en el marco de la garantía convencional (arts. 8.2 h, C.A.D.Y.H. y 14.5, P.I.D.C.P.).

En tal sentido, la propia Corte Suprema de Justicia sentó que la doctrina del derecho al recurso del justiciable "no exime de cumplir con el recaudo de que los pronunciamientos de la Corte deben limitarse a los agravios que se expresan en el escrito de interposición del recurso extraordinario, sino que lo torna aún más exigible, pues mal puede afirmarse un menoscabo al derecho de obtener una revisión de la condena en relación a un aspecto que la misma parte no sometió al examen del tribunal de instancia superior" (Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema, Autos "Delfino", Fallos:331:488).

Por lo expuesto, debe rechazarse el presente recurso de queja, en tanto la recurrente si bien se agravia genéricamente de la afectación de la garantía de doble instancia, no trae ante esta Corte reproches concretos contra la resolución de la Alzada, quedando sus fundamentos incólumes; circunstancia que sella la suerte adversa del recurso intentado.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA (en disidencia) - FALISTOCCO (en disidencia) - GASTALDI - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FALISTOCCO:

En primer lugar, cabe analizar si nos encontramos frente a una situación en la que se encuentre en juego el derecho al recurso contemplado en los artículos 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que han tenido recepción jurisdiccional por esta Corte en los fallos "Scalcione" y "Alí", entre muchos otros.

En este analisis, considero que la decisión de una medida cautelar de prisión preventiva ostenta la suficiente importancia y gravedad como para ser merecedora del plus de control y legitimación que otorga el llamado "doble conforme".

Cabe resaltar que es posición del suscripto que el derecho al recurso abarca la revisión de todos los "autos procesales importantes" ("Villalobos vs. Costa Rica", Informe 24/92, casos 9328, 9329, 9742, 9884, 10131, 10193, 10230, 10429, 10469 de 2 de octubre de 1992, párrafo 30).

Tal condición de "auto procesal importante" fue otorgada a la decisión que rechaza la suspensión del procedimiento a prueba in re "Palazzesi" (A. y S. T. 244, pág. 287 y también en T. 279, pág 451).

De esta manera, la interpretación otorgada a un derecho amparado tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -arts. 8.2.h y 14.5 respectivamente- se encuentran por encima de la regulación local y por tanto nos encontramos frente a una antinomia solucionable por el intérprete mediante la aplicación de la norma superior -lo que Luigi Ferrajoli denomina "antinomia tertium genus" (Luigi Ferrajoli, "Principia Iuris", volumen I, pág. 649, Ed. Trotta, 2011)-.

Con este punto de partida, estimo que debe considerarse alguna vía ordinaria de revisión para este tipo de resoluciones, puesto que de otra manera se pone en crisis el derecho al recurso del imputado.

En este sentido, la mayoría de este Cuerpo, en el precedente "Scalcione", optó por el método de "reenvio horizontal", que implica la apelación ordinaria ante otra Sala para asegurar el derecho al recurso.

De ese modo ha quedado declarada la voluntad del Cuerpo, operando como mandato dirigido a los diversos órganos judiciales y del mismo modo, como pauta orientadora de los justiciables, guiándolos en el camino procesal enderezado a la defensa de sus derechos.

Y con ello, deberá seguirse el principio establecido por el Máximo Tribunal nacional en cuanto a la variación de los criterios jurisprudenciales y la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios ("Tellez", Fallos:308:552) y en razón de seguridad jurídica (conf. arg. Fallos: 321:2933, entre otros) que requiere que el litigante conozca de antemano "las reglas claras de juego" a que atenerse, las que se verían seriamente comprometidas si se considerara perdido para el recurrente la posibilidad de plantear el recurso de apelación ordinario ante otra Sala, ya que, se repite, se encuentra en juego una garantía de status convencional.

Sentado ello, con el objetivo de otorgar las máximas posibilidades recursivas a la defensa del imputado y a los fines de que adecue su escrito recursivo a las pautas establecidas en los artículos 226 y concordantes del digesto de forma, corresponde remitir la causa a la Oficina de Gestión Judicial del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, que deberá proceder a integrar un tribunal unipersonal que satisfaga el derecho al recurso, según las pautas precedentes.

FDO.: FALISTOCCO - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ERBETTA:

Coincido con lo expuesto por el señor Ministro doctor Falistocco en relación a que la decisión acerca de la prisión preventiva ostenta la suficiente importancia y gravedad como para considerarla un "auto procesal importante" merecedora del plus de control y legitimación que otorga el llamado "doble conforme".

Por ello, considero que asiste razón a la defensa en cuanto a que no se ha cumplido en el caso -teniendo en cuenta que el Juez de Cámara revocó la libertad del imputado dispuesta oportunamente en primera instancia- la garantía referida, surgiendo la necesidad de que este Tribunal viabilice su respeto, otorgando al justiciable la posibilidad de revisión de lo decidido conforme lo estipulan las normas convencionales de jerarquía constitucional (arts. 8.2.h, C.A.D.H. y 14.5, P.I.D.C.P.).

Dicho esto, y a los fines de determinar la vía idónea para operativizar tal derecho, cabe señalar que esta Corte en el precedente "Scalcione" (A. y S. T. 271, págs. 239/260) ha sostenido -por los motivos allí expuestos- que el modo más adecuado para garantizar el "doble conforme" en casos de agravación de la calificación legal y sanción penal por parte de la Alzada -al igual que en los supuestos de primera condena en segunda instancia- es a través de la revisión amplia por otros magistrados integrantes del Colegio de Jueces de la Cámara de Apelación en lo Penal. Entiendo que este método debe aplicarse también en supuestos como el presente, donde -como se dijo- el Tribunal de Alzada revocó la libertad del imputado ordenada en primera instancia, con base en que existía un riesgo procesal a atender en los presentes -expresando el Magistrado que "...claramente mi resolución implica que el Sr. Garfagnoli vuelva a estar en prisión preventiva en la presente causa, esto es claramente así..." (cfr. f. 10 del relato de la defensa y video de la audiencia)-.

Por ello, corresponde remitir la causa a la Oficina de Gestión Judicial del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, a los fines de que proceda a integrar un tribunal que, previo trámite de ley y conforme las pautas señaladas por esta Corte en el presente pronunciamiento, deberá efectuar la revisión de la decisión aquí impugnada.

En conclusión, por todo lo expuesto, corresponde remitir la causa a la Oficina de Gestión Judicial del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial a los fines indicados.

FDO.: ERBETTA - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Juez del Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, doctor Llaudet.