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Juicio, partes, Superior Tribunal de Justicia, recusación, abogados, sanciones disciplinarias, prevención
Materia: PROCESAL
Carátula: Andreoli, José María y otros c/ Provincia de Santa Fe y Caja de Jubilaciones y Pensiones s/ Acción mere declarativa de Inconstitucionalidad. Avocación (Expte.   CSJ Nº 640-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-13

Las conductas que desplieguen las partes y defensores no pueden quedar al margen de exigencias éticas; ello no sólo por razón del compromiso moral que conlleva todo acto humano realizado con libertad y discernimiento, sino que además el proceso constituye el ámbito propio en el que corresponde dilucidar el alto bien social de la Justicia. Negar aquellas exigencias implicaría dejar librada la actividad ante los Tribunales, a un juego donde seguramente, son los que carecen de límites éticos los más favorecidos para conseguir los objetivos que se propongan y de este modo, termina vulnerándose a la Justicia, al Derecho y a la confianza pública en las instituciones judiciales. En el caso, el escrito de recusación interpuesto aparece incompatible con los requerimientos propios de la probidad, lealtad y buena fe procesal que exige el régimen jurídico (artículos 22 y 24 del Código Procesal Civil y Comercial y artículo 206 y concordantes de la Ley Orgánica de Tribunales), por lo que, en los términos del artículo 223 de la ley 10160 (t.o. dec. 046/98) corresponde imponer al firmante la sanción de prevención, la que deberá ser Comunicada al respectivo Colegio Profesional (artículos 222 y 310, ley 10160 y 24 Código Procesal Civil y Comercial).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, sentencia condenatoria, ofensas cometidas por medio de la prensa, periodistas, real malicia, carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Morales Solá, Joaquín Miguel s/ injurias - causa n° 9648 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Es descalificable el pronunciamiento que, al condenar a un periodista por el delito de injurias, decidió que había actuado con real malicia, atribuyéndole el conocimiento de la falsedad de la noticia, despreocupación para indagar acerca de la verdad de lo expresado e imprudencia temeraria en la forma de buscar la noticia, mediante afirmaciones dogmáticas y razonamientos que implican la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del querellado, frustrando de manera directa e inmediata concretas garantías constitucionales (Disidencia parcial del Dr. Bossert).
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Suárez, María Esther c/ Vitale, Juan Carlos y otra s/ Consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

Mientras menos incertidumbre haya en el derecho invocado por el solicitante de la medida, menor será la necesidad de la contracautela, pudiendo llegar a prescindirse de ella; y viceversa, cuanto más incertidumbre haya en el derecho expresado mayor será la necesidad de la contracautela. Hay siempre una relación de contrapeso entre estos dos requisitos, que no debe ser olvidada por los jueces al dictar las medidas cautelares, si no se quiere violar el principio de igualdad, garantizado por la Constitución Nacional art.16). Es que si bien la ley asegura la efectividad de derecho aún no reconocidos por el órgano jurisdiccional, no desampara a quienes pueden no ser los obligados a serlo en la extensión pretendida, asegurándoles el resarcimiento de los perjuicios que le pudieran causar medidas precautorias pedidas sin derecho (art. 195 del Código Procesal).-
Acción de inconstitucionalidad, competencia, Superior Tribunal de Justicia, competencia electoral
Materia: PROCESAL
Carátula: Bassanetti, Carlos Domingo y otro s/ Acción de Inconstitucionalidad s/ Cuestión de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-08-29

Si el objeto del proceso es la declaración de inconstitucionalidad del último párrafo del art. 1º de la Ley 406, siendo además una condena que fuerce a la a la Legislatura de la Provincia a dictar un texto legal que se considere conforme a la Constitución en lo relativo a las tachas, y, asimismo, se ordene la aplicación del régimen anterior a la ley provincial 406, para el caso de no sancionarse un nuevo régimen legal, no se encuentra comprendido entre aquellas acciones que son competencia de este Tribunal, pues el proceso promovido por los actores excede el marco normativo del juicio de inconstitucionalidad, reglamentado en los arts. 315 al 318 del CPCCLRyM, constituyendo una materia típicamente electoral.
Confirmación de sentencia, verificación de créditos, economía procesal
Materia: PENAL
Carátula: SOCMER SACIFIC c/  s/ CONCURSO PREVENTIVO s/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO (DE AFIP-DGI)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-15

Procede confirmar la resolución que declaró verificado un crédito a favor de la AFIP y que rechazó el argumento del concursado de aplicar al caso la LCQ 286. Ello por cuanto, la norma en aplicación debe ser interpretada con un criterio de razonabilidad, a fin de evitar un innecesario cercenamiento de derechos no deseado por el legislador (cfr. CNCom, Sala A, 16.2.01, "Castelar SA s/ quiebra s/ incidente de usucapión"; Fassi-Gebhardt, "Concursos y Quiebras", Editorial Astrea, Buenos Aires, 2004, pág. 610). Si bien la intención que fluye de la disposición analizada es indudablemente la concentración de todas las cuestiones referidas al mismo tema en un solo acto procesal, por evidentes razones de economía y celeridad, tampoco debe crearse con ello una situación más ventajosa para alguna de las partes. Ahora bien, cabe formular una distinción entre las diferentes pretensiones que pueden ser introducidas por la vía incidental estatuida por la LCQ 280, las que han sido calificadas por la jurisprudencia de este Tribunal y recogidas por la doctrina. Se distinguen así, entre pretensiones: a) "procesales", que se identifican con aquellas cuestiones meramente procedimentales, y b) "sustanciales", que son las que pueden y deben intentarse por medio de este procedimiento, entendiendo que las primeras se encuentran indudablemente alcanzadas por el art. 286 citado, mas no las segundas (CNCom, Sala C, 26.11.82, LL 1983-C-166; ídem., 14.11.97, "Cristalux SA s/ conc. preventivo s/ inc. DGI"; confr. Rivera-Roitman-Vitolo, "Concursos y Quiebras. Ley 24522", pág. 425). Así, con base en esta distinción, la simultaneidad de incidentes solo se refiere a los incidentes de naturaleza procesal, no comprendiendo por ello a los incidentes de verificación de créditos, pues, por un lado, el principio de economía procesal no se ve afectado en modo alguno por la promoción de un incidente de verificación por un crédito distinto de aquél que fue objeto de insinuación tempestiva, o por vía incidental anterior, aun cuando hubiera estado en una situación de acumular ambos reclamos en un mismo acto; y, por otro, el verificante tardío cargará con las costas del proceso si no justifica adecuadamente su demora, lo cual significa suficiente sanción por hacerlo de ese modo, pero no le quita la posibilidad de intentarlo (CNCom, Sala C, 26.11.82, "Linotex SA s/ quiebra s/ inc. de verificación por Fisco Nacional"; en igual sentido, Sala B, 29.12.04, "Country Ranch SACIFI s/ quiebra s/ inc. de verificación de crédito promovido por Tedesco, Hugo").
Ejecución fiscal, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Banco Hipotecario Nacional s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-03-25

El título es creado unilateralmente por el Estado, resulta pertinente verificar que el deudor del tributo sea quien se sirve del inmueble, es decir, su titular registral. El juez conferirá traslado a la ejecutante por un plazo de cinco días, quien al contestarlo deberá ofrecer toda prueba de la que intente valerse. Por ello, el silencio guardado por la actora autoriza a tener por auténtica la documentación presentada por la accionada con la copia de la escritura de venta y los informes del Registro General Inmobiliario queda acreditado que el inmueble sobre el cual recae el impuesto inmobiliario fue transferido por el Banco Hipotecario S.A. a los Sres. F.A.Z. y J.B.N. Ante el equívoco incurrido por la Dirección General de Rentas en la determinación fiscal del tributo liquidado ya que el predio no pertenece a la institución accionada, deviene inhábil el título tendiente a obtener el cobro de una deuda inexistente para la aquí demandada.
Participación criminal, personal de inteligencia
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

Los agentes militares que prestaron servicio en el Destacamento de Inteligencia durante el último gobierno de facto resultan responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravada atendiendo al rol que su cargo implicaba, dado que en dicho momento las acciones de inteligencia se efectuaban en una suerte de manto de oscuridad e ilegalidad. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Cartagenova, Rubens Adolfo c/ B.C.R.A. s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-02

La carga de las partes de impulsar el procedimiento cesa únicamente con el llamado de autos para sentencia, y todo lo relativo a la tasa de justicia no suspende ni interrumpe el curso de la perención (art. 13 de la Ley 21.859 y 11 de la Ley 23.898).
Recurso de inconstitucionalidad, Poder Judicial, funcionarios judiciales, leyes, interpretación amplia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DEGANUTTI, ISMAEL JOSE c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-12

El Régimen de Ingreso de Empleados Administrativos del Poder Judicial en su artículo 4, inciso d), dispone un límite etario para el acceso a la función, en tanto requiere que el aspirante no haya cumplido cuarenta y cinco (45) años de edad como máximo, al 31 de diciembre del año en que se realiza el concurso. Este recaudo es un dato común de otros ordenamientos administrativos que - mientras se ajuste a las pautas de razonabilidad en su justificación -no puede ser tachado de inconstitucional por violación a los principios protectorios del derecho del trabajo en todas sus manifestaciones. Sin embargo, el operador del derecho debe aceptar que la norma se extienda a situaciones nuevas, abarcando supuestos no contemplados históricamente por el legislador, lo que implica un desenvolvimiento del derecho en atención a nuevas necesidades, a la naturaleza de las cosas y a los principios ético jurídicos. Una interpretación evolutiva siempre pide al Juez, al aplicar la norma, que capte la dinámica cambiante de la realidad. Por tanto, en el caso- donde el presentante ingresa al Poder Judicial con anterioridad al máximo de edad establecido por el precepto, se inserta en el ámbito laboral por un lapso importante de tiempo y cumple de manera eficiente la prestación de servicios- siendo evidente sus legítimas expectativas de adquirir estabilidad en la relación de empleo- cabe proponer una inteligencia amplia de esta disposición, habida cuenta que la aplicación a rajatablas del dispositivo implicaría sin más dejar de lado los hechos del caso, sin compulsar que la propia marcha de la administración no se ve afectada por la sola circunstancia de reconocerle al recurrente la posibilidad de concursar para el ingreso al Poder Judicial.Proponer lo contrario importaría un exceso ritual manifiesto en la aplicación de la norma, sobredimensionando un recaudo que tiene en miras la buena marcha de la administración; y por ese andarivel, se arriba a un justo equilibrio entre los principios en juego y se otorga plena operatividad a las cláusulas constitucionales. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dr. Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Régimen de Ingreso de Empleados Administrativos al Poder Judicial, artículo 4, inciso d).
Caducidad de instancia, resoluciones recurribles, notificación, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO c/ MOYA, VICTOR DONATO BERMEJO, ROBERTO OSCAR s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

En virtud del principio de la indivisibilidad de la instancia a los efectos de la perención no se puede considerar terminada la primera mientras la resolución recurrida no quede notificada a todos los interesados y, toda vez que la decisión apelada no fue notificada al codemandado Roberto Oscar Bermejo, actividad cuyo impulso incumbía exclusivamente a la accionante, la sola concesión del recurso de apelación no habilitó, de suyo, la segunda instancia ni impuso al oficial primero para entonces la obligación prevista en el art. 251 del Código Procesal, no resultando de aplicación en la especie la norma contenida en el art. 313, inc. 3, del mismo ordenamiento.
Recurso de casación civil, sentencia definitiva, sucesiones, trámites judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: ALEGRE, JOSE HUMBERTO s/ SUCESION. CASACION.- MAGUICHA, JULIO GREGORIO c/ JOSE ABRAHAM GOMEZ s/ COBRO DE PESOS-DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION BANCO DE LA PCIA. DE SGO. DEL ESTERO c/ ANTONIO LEONARDO RABELLINO s/ COBRO DE PESOS-RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA INTERPUESTO  POR EL DR. GIGENA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-09-30|2001-02-09|2001-05-29

La sucesión, como procedimiento judicial, se limita a la determinación del haber hereditario y de las personas que posean derechos a la herencia, como así también, a la distribución de los bienes del causante entre aquellos y no a la satisfacción de pretensiones resistidas o insatisfechas entre herederos entre sí o frente a terceros, por lo que es también desacertada la decisión de la Cámara al haber concedido el recurso de Casación porque además la Jurisprudencia al respecto tiene establecido que no es dable atribuir la naturaleza de definitiva a aquellas resoluciones que, aún cuando concluyen una determinada controversia acerca de un tema, no están vinculadas al asunto principal en litigio, y que por lo tanto, no le ponen fin.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, demanda, redargución de falsedad, incidentes, prueba, empleados públicos, aceptación, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AIMAR, LUIS ROBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE CAÑADA DE GOMEZ s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 174-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-12-12

Debe rechazarse el planteo del actor que en el escrito de demanda formula redargución de falsedad, pero no insta en momento alguno el incidente que propone y no produce prueba que sustente sus imputaciones.

En el caso, el actor niega virtualidad a la constancia en la que se expresa haberlo notificado del decreto por el que se le aceptaba su renuncia a las 9 horas, con entrega de copia, y de la negativa a firmar tal diligencia redarguyéndola por ello de falsedad, pero nada surge de la documental enumerada en el ofrecimiento de prueba.
Marcas, marcas confundibles, oposición al registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: Society    For    Worldwide    Interbank  Financial  Telecomunication Cooperative Society c/ Swift Armour Sociedad Anónima Argentina s/ Oposición al Registro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-30

La ley de marcas no tiene en vista la declaración puramente teórica de cuándo hay o no semejanza entre dos o más marcas, sino la protección real de los intereses económicos de los titulares de ellas: de aquí la exigencia, para que el dueño de una marca pueda oponerse al uso de cualquier otra, de que ese uso "pueda producir directa o indirectamente confusión entre los productos", o sea susceptible de inducir en engaño a los compradores de las mercaderías o que responda a un propósito de competencia desleal.
Confirmación de sentencia, colación, donación, costas en el orden causado
Materia: CIVIL
Carátula: GUILLEM HECTOR DANIEL c/ GUILLEM LAURA s/ ACCION DE COLACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-16

En tanto fue el mismo actor quien conforme surge de la escritura pública había manifestado su renuncia a cualquier acción o derecho que le pudiera corresponder como también haber recibido una compensación dineraria por la donación efectuada en vida por la causante a la demandada, resulta justificado el apartamiento de la A-quo del principio objetivo de la derrota, y en consecuencia corresponde su confirmar la imposición de costas por su orden (art. 68, 2° párrafo del C.P.C. y C.).
Personal policial, ascenso policial, juntas de calificación, Administración Pública, facultades discrecionales, interés público, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Parvellotti, Antonio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 421 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-04

Si la actividad administrativa desarrollada por las Juntas de Calificaciones del Personal Policial -en definitiva- consiste en la valoración de las condiciones de idoneidad de un agente para el ascenso, debe especialmente tenerse en cuenta que -en el caso- se intenta la revisión jurisdiccional de una actividad administrativa discrecional y, por ende, en principio extraña al control de la Corte, por lo que la misión del Tribunal debe limitarse a determinar si en el ejercicio de las facultades que son propias de tales órganos, éstos han actuado ajustándose a lo que es presupuesto básico de la acción de la Administración Pública, o sea, la realización del interés público.
Recurso contencioso administrativo sumario, derechos de incidencia colectiva, medidas cautelares, suspensión de medida administrativa, interpretación de la ley, deberes del juez
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: VISNOVSKY, GUSTAVO JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-09-09

La reforma del artículo 8 de la ley 10000 no debe interpretarse en el sentido de haber excluido al órgano judicial de la potestad de resolver en definitiva sobre la suerte de una medida cautelar que el propio régimen legal configuró como "automática", ponderando para ello los intereses públicos en juego.

El Juez, al resolver acerca de la comunicación de la Administración, deberá efectuar una cuidadosa tarea de ponderación de los intereses públicos en juego, los que, apreciados en concreto por la Administración actuante, justificarían -a su juicio- la dispensa de dicha medida; sin perder de vista, por otro lado, que por vía de la comunicación prevista por el artículo 8 bajo análisis, se pretende, en definitiva, se neutralicen los efectos de una medida cautelar dispuesta por la ley, en un proceso contencioso administrativo.

En dicha labor de ponderación, se destaca, el Juez deberá saber mantenerse dentro de su órbita a los efectos de no invadir funciones que constitucional y legalmente le competen primariamente a otro órgano del Estado. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Spuler)
Derecho laboral, indemnización por incapacidad, reparación integral, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERREYRA, JORGE A. c/ EMPRESA MIXTA DE TRANSPORTE ROSARIO Y MAPFRE ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-06-11

La posibilidad de reclamar por reparación integral y, subsidiariamente, por reparación sistémica ha quedado ya delineada en distintos precedentes del Cimero Tribunal de la Nación; y al respecto, cabe señalar que ambas pretensiones -en autos: la civil por reparación integral con fundamento en la responsabilidad contractual del empleador y extracontractual de la ART, y la sistémica en el marco de la ley 24557- encuentran basamento en diferentes dispositivos normativos; y los elementos que conducen a una u otra, no son iguales ni coextensivos, de modo tal que, aún en la hipótesis de concluirse que no se habría demostrado suficientemente en autos la relación de causalidad que exige el derecho de daños para la procedencia de la indemnización reclamada, el Tribunal debió indagar, verificar y valorar si se daban las condiciones de procedencia de la reparación sistémica o tarifada. - CITAS: CSJN: Aquino, Fallos: 327:3753; Llosco, Fallos 330:2696 y Cachambi, Fallos 330:2685. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 39, inciso 1
Acción, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COARCO S.C.A. c/ Provincia de Bs.As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Para que se configure la retardación en el trámite que prevee la última parte del art. 7 del C.P.C.A. es preciso que el mismo se encuentre paralizado por omitir la autoridad dictar las providencias respectivas y que el interesado urja el procedimiento con el pedido de un pronto despacho debiendo transcurrir luego el segundo plazo de inactividad previsto por la ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sucesiones, apertura de la sucesión, prueba, herederos
Materia: CIVIL
Carátula: MARTOS VDA. DE FERNANDEZ María del Carmen s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-03-20

Los que pretenden ser declarados herederos de una persona fallecida les basta probar el fallecimiento de la persona de que se trata (con su partida de defunción) y su vinculación con la misma mediante las respectivas partidas de nacimiento. Y el que viene por representación de un hijo premuerto, la muerte de éste y su relación filial con el mismo. No tienen que probar que no hay otros herederos o que los que pudieran haber existido ya han muerto, desde que cualquier heredero que pudiese haber sido preterido o ignorado puede impugnar la declaratoria puesto que se dicta sin perjuicio de terceros (art. 686 del CPC).
Responsabilidad solidaria, ley de contrato de trabajo, subcontratación laboral, tareas de limpieza
Materia: LABORAL
Carátula: Juárez, Daniel Alberto c/ Artigas, Marcelino y/u otros s/ retención de haberes, etc. casación laboral.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2011-04-13

La empresa hidroeléctrica codemandada debe responder solidariamente en los términos del art. 30 de la LCT, respecto de las indemnizaciones debidas a un trabajador subcontratado que realizaba el desmalezamiento y mantenimiento del talud y enrocado que componen el terraplén del Dique, pues estos no son simplemente espacios verdes contiguos, y mantenerlos libre de alimañas, desmalezarlos y sembrarlos es necesario para la correcta realización de la actividad principal de aquella.
Actos y diligencias procesales, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: INDUSTRIAS GARMA S.A.I. Y C. c/ CAP. Y/U OTROS BUQUE "SERRA DOURADA" s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-01

La notificación de un acto procesal cualquiera se puede producir no sólo de manera directa, sino asimismo en forma indirecta o implícita, cuando resulta de actos u omisiones que constan en el proceso y que demuestran en forma inequívoca que el interesado tuvo cabal conocimiento del acto o de la resolución en cuestión, aunque ningún medio de comunicación formal haya sido empleado.