Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-30


SENT Nº 220 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Treinta (30) de Abril de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse -por encontrarse en uso de licencia el señor vocal doctor René Mario Goane-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Romano Norma Beatriz vs. Sociedad Aguas del Tucumán - SAPEM- s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Claudia Beatriz Sbdar, Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Sala V de la Cámara del Trabajo del 06/02/2012 (fs. 611/617), concedido por resolución del 25/10/2012 (fs. 654). De acuerdo al informe actuarial de fs. 662, ninguna de las partes presentó la memoria facultativa que autoriza el art. 137 del CPL.

El pronunciamiento impugnado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Norma Beatriz Romano contra Sociedad Aguas del Tucumán (SAPEM), en concepto de indemnización art. 212, cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, indemnización art. 2 Ley Nº 25.323 e incremento no remunerativo, dispuesto mediante Decreto Nº 392/03, condenando a la demandada a abonar a la actora la suma de $ 36.038,38. Además, rechazó el reclamo de la actora en concepto de diferencias salariales, diferencias de vacaciones, diferencias de haberes mensuales, diferencias de sueldo anual complementario, bonificación personal jubilado, diferencias por vacaciones, diferencias por sueldo básicos art. 5, inc. 42, CCT 57/75, adicionales integrantes de la remuneración no liquidados según CCT 57/75, adicional por antigüedad art. 72 CCT 57/75, adicional por título secundario art. 75 del CCT 57/75, y horas extras e indemnización art. 1 Ley Nº 25.323.

II.- Sostiene la recurrente que "la sentencia no ha aplicado el derecho de acuerdo a las posiciones sustentadas por las partes, ni a las pruebas aportadas" y que existe una "total ausencia de fundamentación a la decisión arribada".

Expresa que el pronunciamiento impugnado, "sin realizar un análisis, estudio o simple lectura de las pruebas aportadas, tiene por vigente y aplicable para la relación laboral el Marco Acuerdo de fecha 17/5/1995, cuando el mismo ya no estaba vigente. De las mismas pruebas aportadas, el a-quo no toma en cuenta la Resolución Nº 205/2003 (dictada 8 años posteriores) que echa por tierra este acuerdo y reconoce la vigencia del Convenio Colectivo 57/75". Afirma que "el vínculo laboral finalizó el día 07/9/2005, en tanto que el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, 766/06, jamás podría haber sido de aplicación a este caso, ya que el mismo comenzó su vigencia con su homologación en el año 2007, cuando la relación laboral ya estaba extinguida, lo que se infiere, y de la prueba aportada, que estaba vigente el CCT 57/75 por expresa imposición de la Resolución Nº 205/03". Insiste en que "no hay prueba alguna que demuestre irrefutablemente la homologación del Acuerdo Marco del 17/5/1995, por lo tanto el sentenciante da como probado a un hecho que no reconoce prueba alguna en todo el expediente".

Señala que al tratar la falta de pago del incremento no remunerativo establecido por el Decreto Nº 392/03, el Tribunal no efectuó la metodología dispuesta en dicho decreto, ya que "al tratar la planilla de condena, no lo agrega al básico del actor ni lo toma en cuenta para la base que será la que se tomará para liquidar las indemnizaciones que progresaron en la condena". Añade que "cuando liquida las sumas que correspondería, lo hace como una única suma, pero no como corresponde, es decir, progresivamente hasta llegar a la suma indicada".

Alega que la sentencia es arbitraria en el tratamiento de la primera cuestión, ya que en ella dice que "se considera de aplicación en autos lo dispuesto por la citada norma legal, art. 212, cuarto párrafo de la LCT, y el consiguiente progreso de la demanda", pero que "a fs. 616 en la planilla de condena el a-quo no aplica lo que dice en sus considerandos ya que liquida el 50% cuando en realidad, y por sus propios dichos corresponde se liquide al 100% (art. 245 de LCT)".

Expresa que "al tratar los honorarios de esta parte, el a-quo liquida los honorarios sobre una base falsa" y afirma que el letrado de la actora "intervino en las tres etapas del presente juicio, esto es, en la demanda, fs. 11, en la etapa de pruebas, a fs. 161 y por último los alegatos a fs. 588 en adelante".

Sostiene que "el sentenciante deja de valorar y esquiva con generalidades el informe del Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitarias que a fs. 29 eleva un informe de fecha 01/9/2004, donde claramente dice que la normativa aplicable a los trabajadores de Obras Sanitarias es el Convenio Colectivo 57/75, contradiciendo abiertamente lo especificado por ellos mismos en los cuadernos de pruebas agregados a fs. 309 a 365".

En cuanto al reclamo correspondiente al art. 1 de la Ley Nº 25.323, sostiene que "esta parte probó de manera irrefutable que la actora estaba mal registrada, es así que en los recibos de sueldo, a fs. 21 a 25 figura con fecha de ingreso el 01/01/2004. Así también el demandado en su escrito de contestación reconoció esa antigüedad".

III.- El Tribunal expresó, "sostiene la parte actora la procedencia de la diferencia de indemnización, ya que conforme el grado de incapacidad laborativa de la actora, corresponde la aplicación al caso, de lo dispuesto por el cuarto párrafo del art. 212 de la LCT. Por su parte, la demandada, sostiene que el pago efectuado en concepto indemnizatorio, se funda en las disposiciones del tercer párrafo del citado artículo, por cuanto la incapacidad determinada a la actora por la Comisión Médica Nº 1, según lo informado por este organismo, era transitoria y actual, cuando la norma invocada por la actora, exige que la incapacidad sea absoluta".

La Cámara consideró que "de la prueba instrumental acompañada, consistente en dictamen de la Comisión Medica N° 1 de la Superintendencia de Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, de fecha 11 de enero de 2005, reconocido expresamente por la demandada en su responde, a los fines de la determinación de incapacidad para la concesión de jubilación por invalidez, se concluye que la actora presenta un porcentaje de invalidez del 66%". Tuvo por acreditada la incapacidad absoluta de la actora, señalando que "no surge de autos prueba en contrario, aportada por la demandada, tendiente a acreditar circunstancias eximentes de su responsabilidad en el pago de la indemnización reclamada, sobre la que funda su oposición, por lo que se considera de aplicación en autos, lo dispuesto por la citada norma legal, art. 212, cuarto párrafo de la LCT, y el consiguiente progreso de la demanda, debiéndose descontar, al practicarse la liquidación de los importes de condena, los montos abonados por el demandado".

Con relación al reclamo de "diferencias de indemnización y diferencias salariales, fundadas en el errónea liquidación de las remuneraciones abonadas a su mandante, consecuencia de la falta de aplicación de las escalas salariales establecidas para los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo nº 57/75", el Tribunal sostuvo que "la Resolución N° 205 de fecha 13 de mayo de 2003, del Ministerio de Trabajo , Empleo y Seguridad Social de la Nación, a petición del Sindicato Tucumán de Personal de Obras Sanitarias, resuelve 'Reconocer la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 57/75 a la empresa Obras Sanitarias de Tucumán'" y que "dicha resolución y en su consecuencia, la aplicación del convenio colectivo de trabajo 57/75, para regir las relaciones laborales del personal transferido a la empresa Aguas del Aconquija SA, es ratificada en el acuerdo marco, celebrado en fecha 17/5/1995, pero condicionada su aplicación, conforme apartado 1.5, a la celebración de un nuevo convenio colectivo de trabajo, lo que recién se produjo, con la homologación del CCT N° 766/06, posterior a la extinción del contrato de trabajo de la actora. Dentro del periodo comprendido entre ambos convenios, este acuerdo marco, se convierte en fuente normativa convencional, de aplicación y cumplimiento obligatorio, en sustitución del CCT N° 57/75".

Sostuvo la Cámara que "el acuerdo marco celebrado entre la empresa Aguas del Aconquija S.A. y la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, fue la que rigió las condiciones laborales, en situaciones expresamente previstas y que hacen, entre otros aspectos, a la composición del salario de los trabajadores." El pronunciamiento impugnado transcribió jurisprudencia de esta Corte relativa a la norma convencional aplicable a la actividad y concluyó en que "la relación laboral mantenida por la actora con la demandada, estuvo regida por las disposiciones establecidas en el acuerdo marco de fecha 17/5/1995, con exclusión del CCT N° 57/75, de lo que deriva la procedencia de la impugnación que efectúa la demandada, al informe pericial contable producido en autos, en CPA Nº 2, por el CPN Patricio Poliche Gálvez, a fs. 245/248, quien, si bien informa sobre la fecha de ingreso registrada en los recibos de haberes de la actora del 01/01/2004, al elaborar su dictamen, efectúa los cálculos de los haberes y diferencias salariales, en aplicación de las previsiones contenidas en el CCT 57/75".

La Cámara rechazó "el reclamo por diferencias salariales en razón de considerarse de aplicación a la relación laboral de las partes, el régimen salarial establecido en el acuerdo marco de fecha 17/5/1995, para el personal transferido, no jerárquico, rechazándose por igual fundamento el reclamo por diferencias de vacaciones, diferencias de haberes mensuales, diferencias de sueldo anual complementario, bonificación personal jubilado, diferencia por vacaciones, diferencias por sueldo básicos art. 5, inc. 42, CCT Nº 57/75, adicionales integrantes de la remuneración no liquidados según CCT N` 57/75, adicional por antigüedad art. 72 CCT 57/75, adicional por título secundario art. 75 del CCT 57/75".

Desestimó además el reclamo de horas extras, ante la ausencia de prueba "tendiente a acreditar la existencia de prestación de servicios por fuera de la jornada de trabajo"; como así también el de incremento indemnizatorio del art. 1 de la Ley Nº 25.323 "en razón de haberse considerado de aplicación a la relación laboral mantenida entre las partes, hasta su extinción conforme el acuerdo marco de fecha 17/5/1995" Con relación a la pretensión fundada en las disposiciones del Decreto Nº 392/03, entendió el Tribunal que "corresponde el progreso del reclamo efectuado en concepto del pago del incremento no remunerativo, dispuesto mediante Decreto N° 392/03, al considerarse aplicable dicha disposición a la relación laboral mantenida entre actora y demandada, la que se rigió por las normas de derecho privado laboral, entre los que se incluyen convenios colectivos de trabajo".

Finalmente, practicó la liquidación de la condena, distribuyó las costas del proceso y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

IV.- El recurso ha sido presentado en término (art. 132, CPL) y siendo la parte actora quien recurre, no es exigible el afianzamiento (art. 133, CPL).

El pronunciamiento impugnado es definitivo, salvo en lo concerniente al agravio referido a los honorarios del letrado Marcos Sebastián Gonella, toda vez que no ha sido interpuesto el recurso de revocatoria previsto en el art. 31 Ley Nº 5.480, conforme al cual contra las regulaciones practicadas por las Cámaras de Apelaciones "ya fueran confirmatorias o modificatorias de las practicadas por inferiores en grado o directamente por actuaciones cumplidas ante dichos tribunales, habrá recurso de revocatoria, el que podrá ser interpuesto dentro del tercer día de notificación", y en el art. 53 del CPL, que dispone que las regulaciones de honorarios que dictaren las Salas de la Cámara del Trabajo "sólo serán susceptibles de reconsideración ante el mismo tribunal". En consecuencia, corresponde estar a lo establecido por esta Corte en el sentido de que "la sentencia recurrida, en lo que a la regulación de honorarios dispone, no puede considerarse sentencia definitiva (en relación a la cuestión de fondo que motivó el litigio) en los términos del art. 130 CPLT. Esto es así debido a que el recurrente omitió la interposición del recurso de revocatoria mencionado, cuyo resultado hubiera constituido sentencia definitiva a los efectos del recurso casatorio. La falta de promoción de la revocatoria perjudicó por tanto la admisibilidad de la casación en lo que al presente agravio se refiere" (CSJT, "Fuensalida, Mario José vs. Cossio, Fernando Ramón s/ Cobros", sentencia Nº 953 del 08/11/2001; "Aranda, Raúl René vs. Osa, Diego Juan e Hijos S.A. s/ Despido" N° 774 del 13/10/2011, entre otros). De manera concordante, este Tribunal ha dicho que "La ley procesal laboral, en su art. 53, última parte del primer párrafo, concordante con lo dispuesto por el art. 32 de la ley arancelaria local (actual art. 31), contempla la revisión por la vía de la revocatoria o reconsideración y ante el mismo tribunal que la dictó, de las regulaciones de honorarios practicadas por las Salas de la Cámara. Al respecto, Brito y Cardoso de Jantzon, luego de examinar el recurso de revocatoria previsto en el art. 32 de la Ley Nº 5.480 (actual art. 31), refiriéndose a los juicios laborales, expresan que, a más de los principios expuestos, en materia laboral rige el art. 53 del Código de Procedimientos del Trabajo que dice: 'Las (regulaciones) que dictaren las Salas sólo serán susceptibles de reconsideración ante el mismo Tribunal' (cfr.: "Honorarios de Abogados y Procuradores", pág. 152)" (CSJT, "Ortega de Martínez Rosa Emma vs. Barbieri y Compañía SACIFIA s/ Indemnización", sentencia Nº 695, del 07/10/1996; "Fernández, Lilia Ester vs. Maxicambio S.A. s/ Cobros", sentencia Nº 733, del 27/9/2004).

Los restantes planteos se fundan suficientemente en arbitrariedad en la valoración de la prueba y errónea aplicación del derecho, por lo que corresponde ingresar a su procedencia.

V.- El agravio referido a que "la sentencia no ha aplicado el derecho de acuerdo a las posiciones sustentadas por las partes ni a las pruebas aportadas" y a que el fallo "tiene por vigente y aplicable para la relación laboral el Marco Acuerdo de fecha 17/5/1995 cuando el mismo ya no estaba vigente" no luce respaldado en las constancias obrantes en autos.

La sola lectura de la sentencia da cuenta que la afirmación de la recurrente acerca de que "no existe ni una sola mención ni fundamento que permita conocer cuál es la prueba que el aquo tuvo como base para tener como acreditado que la relación laboral entre la demandada y la actora estuvo regida por el acuerdo marco de fecha 17/5/1995", no cuenta con fundamento alguno y, por ende, debe ser desestimada, desde que el Tribunal explicitó con precisión y claridad cuáles fueron las pruebas producidas en autos en las que fundó su apreciación relativa a la vigencia y aplicabilidad del Acuerdo Marco del 17/5/1995 a la relación que unió a la actora con la demandada. Contrariamente a lo afirmado por la recurrente, se advierte que la Sala fundó su decisión en la ponderación de elementos de juicio incoporados al expediente, sin que en esa tarea valorativa se advierta la arbitrariedad que denuncia. En este sentido, se observa que el pronunciamiento impugnado señaló que "la relación laboral mantenida por la actora con la demandada estuvo regida por las disposiciones establecidas en el acuerdo marco de fecha 17/5/1995, con exclusión del CCT Nº 57/75"; que "de fs. 309/365 corre agregada contestación de oficio del Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitarias, en el que se acompaña copia de convenio colectivo de trabajo, copia de marco de negociación colectiva de fechas 17/5/1995 y de fecha 21/7/1995" y que el Sindicato informó que "según el art. 1.2 del acuerdo marco de fecha 17/5/1995, éste se aplicaba hasta tanto se celebre un nuevo CCT entre trabajadores y empleador".

Tampoco le asiste razón a la recurrente con relación a que la Resolución 205/03 del Ministerio de Trabajo "echa por tierra este acuerdo y reconoce la vigencia del Convenio Colectivo 57/75". El pronunciamiento impugnado explicó que "dicha resolución y en su consecuencia, la aplicación del convenio colectivo de trabajo 57/75 para regir las relaciones laborales del personal transferido a la empresa Aguas del Aconquija S.A. es ratificada en el acuerdo marco, celebrado en fecha 17/5/1995, pero condicionada su aplicación, conforme apartado 1.5, a la celebración de un nuevo convenio colectivo de trabajo, lo que recién se produjo con la homologación del CCT 766/06, posterior a la extinción del contrato de trabajo de la actora". A ello añadió el Tribunal que "dentro del período comprendido entre ambos convenios, este acuerdo marco se convierte en fuente normativa convencional, de aplicación y cumplimiento obligatorio".

Cabe señalar que este Tribunal tiene dicho, con cita de Julio Armando Grisolía que "en cuanto a la sucesión de convenios colectivos de trabajo, se prevé que el convenio colectivo que sucede a uno anterior puede disponer sobre los derechos reconocidos en éste (léase aún cuando se establecieran condiciones de trabajo o escalas salariales inferiores a las regladas por la norma anterior), aplicándose íntegramente lo regulado en el nuevo convenio (cfr. 'Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social', pág. 876). Y allí se reafirma justamente este concepto al recordar '.que el convenio colectivo posterior deja sin efecto al anterior -aún cuando sus normas fueren menos favorables al trabajador-, que las normas de un convenio de alcance nacional no deroga los mayores beneficios establecidos en un convenio local y que un convenio de empresa prevalece sobre un convenio de actividad' (cfr. aut. y ob. cit. anteriormente, págs. 876 y 878)" (cfr. CSJT, "Ansonnaud, Luis Alberto vs. Aguas del Aconquija S.A. y otros s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 136 del 10/3/2012). En el precedente mencionado, se señaló además que Mario Ackerman, Liliana Hebe Litterio y Héctor Cesar Guisado "postulan que la sucesión normativa se encuentra gobernada por el principio de la modernidad en virtud del cual la norma posterior reemplaza la anterior de igual rango; que nadie tiene derecho al mantenimiento hacia el futuro de beneficios derivados de normas convencionales sustituidas o derogadas; que el principio de "condición más beneficiosa" es ajeno a la cuestión que se examina (sucesión de normas de igual rango) porque dicho principio tiende a proteger situaciones personales más favorables, adquiridas por contrato individual o por concesión unilateral del empleador, pero no abarca las condiciones atribuidas por una norma (ley, convenio colectivo) anterior o, en otros términos, la norma posterior del mismo rango puede modificar condiciones in peius...(cfr. 'Interpretación y aplicación de las normas laborales' en la obra colectiva 'Tratato del Derecho del Trabajo', Mario E. Ackerman (Director), t. I, págs. 703/712)".

En ese contexto interpretativo, el agravio referido a que la sentencia "tiene por vigente y aplicable para la relación laboral el Marco Acuerdo de fecha 17/5/1995, cuando el mismo ya no estaba vigente", tampoco puede ser atendido pues tal como esta Corte sostuvo en el precedente citado "el convenio colectivo de trabajo N° 57/75 es de actividad, mientras que el 'Acuerdo' se tradujo, a la postre, en un verdadero convenio colectivo de empresa"; y que "en dicho 'Acuerdo' se dejó perfectamente sentado que, si vencidos los 90 días corridos contados a partir de la toma de posesión, las partes no hubieran celebrado un nuevo convenio colectivo, el CCT se entenderá denunciado y dejará de regir para el futuro, manteniéndose sin embargo las disposiciones del presente 'Acuerdo' hasta la celebración de un nuevo convenio colectivo" (cfr. CSJT, "Ansonnaud, Luis Alberto vs. Aguas del Aconquija S.A. y otros s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 136 del 10/3/2012). Cabe añadir que la firma del nuevo convenio, como se consignó en el pronunciamiento impugnado, ocurrió con la suscripción del Convenio Colectivo N° 766/06, luego de haber finalizado la relación laboral que unió a la actora con la demandada, lo que además, consta en el informe del Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitarias (fs. 365), también mencionado por la Cámara en el fallo atacado.

Por las razones expuestas, el agravio referido a la aplicación del Acuerdo Marco del 17/5/1995 debe ser rechazado.

V.1- Con relación a la indemnización prevista por el art. 1 de la Ley Nª 25.323, el planteo recursivo no habrá de prosperar. La recurrente sostiene que "esta parte probó de manera irrefutable que la actora estaba mal registrada, es así que en los recibos de sueldo, a fs. 21/25 figura con fecha de ingreso el 01/01/2004".

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 4 del Decreto 3330/3-01del 05/12/2001, con las modificaciones introducidas por el art. 2 del Decreto 864/3-03 del 26/12/2003, la concesión del servicio de aguas y cloacas a la empresa demandada comenzó a partir del 1° de enero de 2004, que es la fecha de inicio de actividades de la SAT-SAPEM y la que -coincidentemente- figura como fecha de ingreso en los recibos de sueldo que menciona la recurrente (fs. 21/25).

Debe tenerse presente que la parte actora no denunció en la demanda que hubiera mediado en autos una registración defectuosa que afectara el cómputo de su antigüedad y la prestación de servicios que afirma haber realizado en forma continua e ininterrumpida primero para la ex DiPOS, luego para la Compañía Aguas del Aconquija y el ENHOSA, para finalmente desempeñarse al servicio de la SAT-SAPEM. Tampoco alegó una violación de los términos de los respectivos contratos de concesión del servicio público que permitieron la privatización de los servicios que prestaba la Dirección Provincial de Obras Sanitarias a partir de la Ley Nº 6.445 hasta la efectiva asunción de la prestación del servicio público de aguas y cloacas por parte de la empresa demandada. Se debe tener en cuenta que el art. 8 del Decreto Nº 3330/3-01, con la redacción establecida por el art. 4 del Decreto Nº 846/3, dispone que "el personal que sea absorbido por la Sociedad Concesionaria o por la Subconcesionaria estará regido por las normas del derecho privado, se le respetarán las condiciones laborales y demás derechos de los agentes que se encuentren en vigencia a la fecha del presente decreto" y que la actora no demandó a la concesionaria por defectos en el cómputo de la antigüedad a partir del traspaso ni por déficits en la registración de su condición revista, sino que reclamó el pago del adicional previsto en el Convenio Colectivo que, según su punto de vista, correspondía aplicar a la situación de autos.

A la luz de las consideraciones efectuadas, la arbitrariedad que denuncia la parte recurrente en el tratamiento de esta cuestión, no ha quedado demostrada.

Cabe destacar que este Tribunal tiene dicho que "la Ley Nº 25.323 regula dos situaciones distintas, cada una de las cuales -en caso de configurarse- trae como consecuencia que el trabajador tenga derecho a reclamar un incremento de las indemnizaciones que le corresponde percibir, incremento cuya magnitud resulta diferente según el caso de que se trate y que puede ser reclamado individualmente por presentarse sólo una de las dos situaciones, o conjuntamente en caso de que los presupuestos fácticos que prevén los arts. 1 y 2 de la Ley Nº 25.323 se configuren simultáneamente. Ambos supuestos no deben ser confundidos, pues el art. 1° de la Ley Nº 25.323 refiere al caso en que la relación laboral no está registrada o lo está de modo deficiente al momento del despido, mientras que el art. 2° tiene que ver con la falta de pago de las indemnizaciones por parte del empleador cuando ha sido previamente intimado para ello" (cfr. CSJT, "Gimenez, Vanina vs. Sanatorio 9 de Julio s/ Cobro de pesos", sentencia N° 74 del 29/02/2012).

En concreta relación al art. 1 de la Ley Nº 25.323, esta Corte ha señalado en el precedente recién mencionado que "debe tenerse presente que su análisis tiene una evidente y necesaria articulación con la Ley Nº 24.013 y su interpretación debe hacerse desde la complementariedad" y que "de la confrontación de las normativas nacionales puede colegirse que ambas tratan de sancionar e impedir los casos particulares que impulsen el trabajo denominado 'en negro' a través de la falta de registración como de la registración parcial. Esta lectura posibilita una interpretación adecuada y razonable de la norma por cuanto resultaría excesivo y contrario a la misma la imposición de la sanción del art. 1 para cualquier falencia registral sin consideración de las condiciones y sus características particulares".

V.2- El planteo relativo a la liquidación de la asignación prevista por el Decreto Nº 392/03, habrá de prosperar. Sostiene la recurrente que la liquidación de dicho rubro "es realizada de manera errónea ya que no toma los parámetros establecidos en la citada norma, solamente suma lo que correspondería a un solo mes. Por lo que la operación aritmética practicada no es la que corresponde, debiendo sumar la cantidad de $ 224 por mes, más sus respectivos intereses desde febrero de 2004 hasta septiembre de 2005 inclusive"; asimismo afirma que "el decreto establece expresamente la metodología de cómo se incrementaría el sueldo básico hasta llegar a la suma de $ 224. Pero el Juez, sin mediar explicación alguna, no efectúa dicha operación.no lo agrega al básico del actor, ni lo toma en cuenta para la base que será la que se tomará para liquidar las indemnizaciones que progresaron" y que "cuando liquida las sumas que correspondería, lo hace como una única suma, pero no como corresponde, es decir, progresivamente hasta llegar a la suma indicada".

De acuerdo con las constancias de autos, la actora sostuvo en la demanda que el sueldo mensual que le correspondía percibir a septiembre 2005 ascendía a $ 2.580,70 discriminados de la siguiente manera: $ 1.291,50 (básico), $ 224 (Decreto Nº 392/03), $ 415,80 (esclafón por antigüedad), $ 327 (título secundario), $ 322,40 (horas extras). Manifestó que no le pagaron los incrementos salariales otorgados a partir de noviembre de 2003, y que "a partir del 01/7/2003 por Decreto Nº 392/03, se incrementa la remuneración básica a todos los efectos vigente al 30/6/2003 en el lapso de ocho meses y hasta cubrir la suma de $ 224 en forma mensual a razón de $ 28. Por lo que a mi conferente se le adeuda íntegramente el mismo desde abril 2004 al 07/9/2006" (cfr. fs. 11/17).

Al contestar la demanda, la Sociedad Aguas del Tucumán SAPEM afirmó que "efectivamente y tal cual lo expresa la contraria en su escrito de inicio la actora no recibió los aumentos salariales otorgados a partir de julio de 2002 hasta diciembre de 2003, en especial resulta cierto que a la señora Romano no le fue abonado el decreto Nº 392/2003 pero ello se debió a que tales aumentos eran obligatorios para las empresas privadas, no siendo el caso de de obras sanitarias Tucumán, empleador y prestataria del servicio de aguas en esa época" (cfr. fs. 80/85).

En lo pertinente, la Cámara consideró que "corresponde el progreso del reclamo efectuado en concepto del pago del incremento no remunerativo, dispuesto mediante Decreto Nº 392/03, al considerarse aplicable dicha disposición a la relación laboral mantenida entre actora y demandada la que se rigió por las normas de derecho privado laboral, entre los que se incluyen convenios colectivos de trabajo, y en el caso particular, el acuerdo arribado por la entidad gremial que nuclea a los trabajadores de Tucumán y la empresa demandada de fecha 17/5/1995 y el complementario del 21/5/1995". En la planilla de condena, el Tribunal consideró para la liquidación de los conceptos indemnizatorios del art. 212 LCT y art. 2 de la Ley Nº 25.323 una base remuneratoria de $ 1.833,30, integrada de la siguiente manera: básico de $ 1.291,50 (SMVM x 2,05), $ 378 (escalafón) y $ 163,80 (título secundario); además incluyó el rubro "asignaciones no remunerativas impagas. Decreto Nº 292/03 (sic)", por el período julio/2003 a febrero/2004 por un total a valores históricos de $ 224, a razón de $ 28 mensuales (cfr. fs. 616).

Se debe tener en cuenta que el art. 1 del Decreto Nº 392/03 dispone: "Increméntase a partir del 1º de julio de 2003 la remuneración básica, a todos los efectos legales y convencionales, de los trabajadores del sector privado, en relación de dependencia, comprendidos en el régimen de negociación colectiva, en los términos de la Ley Nº 14.250 y sus modificatorias, en la suma de pesos veintiocho ($ 28) por mes, durante el lapso de ocho (8) meses, hasta adicionar a su remuneración vigente al 30 de junio de 2003, un importe total de pesos doscientos veinticuatro ($ 224)". De acuerdo al art. 2 "Cada incremento mensual percibido por los trabajadores conforme lo dispuesto en el artículo precedente, será deducido del monto total de la asignación fijada por el art. 1º de los Decretos Nº 2641/02 y Nº 905/03, hasta su extinción. El importe remanente de dicha asignación deberá continuar abonándose, conservando transitoriamente su carácter no remunerativo y alimentario".

Por su parte, el art. 1 de la Resolución Nº 64/2003 de la Secretaría de Trabajo de la Nación (aclaratoria del Decreto Nº 392/03) establece: "El incremento dispuesto por el art. 1º del Decreto Nº 392/03 alcanza a todos los trabajadores del sector privado, en relación de dependencia comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley Nº 14.250 y sus modificatorias. A los efectos de la aplicación del art. 1º del Decreto Nº 392/03 aclárase que la suma total bruta de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($ 224) debe ser adicionada, como máximo en OCHO (8) cuotas partes de PESOS VEINTIOCHO ($ 28) mensuales, a partir del 1º de julio de 2003, con carácter permanente al salario básico vigente al 30 de junio de 2003, correspondiente a las categorías previstas en los respectivos convenios colectivos de trabajo. En el caso de los trabajadores cuyo salario no sea liquidado aplicando las categorías o escalas de un convenio colectivo de trabajo, la suma mencionada debe ser incorporada a su remuneración vigente al 30 de junio de 2003".

De los términos de las normas transcriptas, se desprende que el beneficio previsto por el Decreto Nº 392/03 consiste en un incremento del salario básico de los trabajadores del sector privado, y no de una asignación no remunerativa como lo denomina la Cámara en el pronunciamiento recurrido; asimismo, que dicho aumento debe liquidarse a razón de $ 28 por mes durante el lapso de 8 meses, a partir del 1 de julio de 2003 y hasta adicionar a la remuneración vigente al 30/6/2003 la suma total de $ 224, la que se incorpora al salario básico de manera permanente.

Al respecto, señala Julio A. Grisolía que "El art. 1, dec. 392/2003, dispone, a partir del 01/7/2003, un incremento de la remuneración básica, a todos los efectos legales y convencionales, de $ 28 por mes durante el lapso de 8 meses, hasta adicionar a la remuneración de los trabajadores, vigente al 30/6/2003, un importe total de $ 224. La resolución aclara que esta suma debe ser adicionada como máximo en 8 cuotas partes de $ 28 mensuales, a partir del 01/7/2003, con carácter permanente al salario básico vigente al 30/6/2003, correspondiente a las categorías previstas en los respectivos convenios colectivos de trabajo. Tratándose de trabajadores cuyo salario no es liquidado aplicando las categorías o escalas convencionales, el incremento remuneratorio debe incorporarse a su remuneración vigente al 30/6/2003. A medida que se incrementó mensualmente la remuneración del trabajador, se fue deduciendo el monto de la asignación no remunerativa hasta su extinción, conservando esta última transitoriamente su carácter no remunerativo y alimentario. La resolución señala que simultáneamente a la incorporación, total o parcial de las cantidades brutas referidas en el art. 1 del decreto, se debe descontar igual cantidad de la asignación establecida en el dec. 905/2002" (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Abeledo Perrot, 2008, Abeledo Perrot online).

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sostuvo que el Decreto 392/03 "estableció un aumento progresivo entre julio de 2003 y febrero de 2004 de $ 28 por mes acumulables hasta completar $ 224, suma ésta que a partir de entonces quedó totalmente integrada al sueldo." ("Herrera, Alcira Mabel c. S.P.M. Sistema de Protección Médica S.A.", 11/4/2007, DT 2008 (abril), 422, La Ley online, AR/JUR/9607/2007).

En las concretas circunstancias del caso, y a la luz de las consideraciones efectuadas, se advierte que el cálculo del incremento dispuesto por el Decreto 392/03 efectuado en la planilla de condena del fallo recurrido no se ajusta a las pautas previstas por dicha norma y la citada Resolución 64/2003, toda vez que solo computa la cantidad de $ 28 por mes por el período comprendido entre julio 2003 a febrero 2004 y por un total de $ 224 a valores históricos, prescindiendo así de la circunstancia de que dicho aumento debe calcularse en forma progresiva, a razón de $ 28 por mes durante un máximo de ocho meses a partir de julio de 2003 y hasta completar $ 224, suma ésta que queda permentemente integrada al salario básico del dependiente. Desde esta perspectiva, también resulta procedente la queja referida a la falta de inclusión en la base de cálculo de los conceptos indemnizatorios que prosperan de la suma correspondiente al incremento salarial en cuestión pues -como antes se dijo- el incremento salarial de $ 224 se incorpora de manera permanente a la remuneración básica.

Por tanto, como se anticipó, el planteo en examen resulta procedente, por lo que corresponde, en lo pertinente, Casar parcialmente la sentencia impugnada, punto dispositivo I en cuanto al monto por el que prospera el rubro incremento Decreto Nº 392/03 e indemnizaciones art. 212 de la LCT y art. 2 Ley Nº 25.323, en tanto no contemplan el referido incremento, y la planilla de condena que también se deja sin efecto conforme a la siguiente doctrina legal: "El Decreto Nº 392/03 estableció un aumento progresivo entre julio de 2003 y febrero de 2004 de $ 28 por mes acumulables hasta completar $ 224, suma ésta que a partir de entonces quedó totalmente integrada al sueldo básico".

V.3- La actora se agravia, por otro lado, que "el a quo no aplica lo que dice en sus considerandos, ya que liquida el 50% cuando en realidad, y por sus propios dichos, corresponde se liquide al 100%" la indemnización del art. 245 de la LCT, en virtud de lo dispuesto por el art. 212, cuarto párrafo de la LCT. Confrontados los argumentos esgrimidos por la recurrente con los fundamentos del pronunciamiento impugnado y los cálculos efectuados en la liquidación de la condena, se advierte que el planteo en cuestión debe prosperar.

De acuerdo a lo dispuesto por el cuarto párrafo del art. 212 de la LCT, "cuando de la enfermedad se derivara incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador deberá abonarle una indemnización de monto igual a la expresada en el art. 245" de la LCT.

En el caso de autos, el Tribunal tuvo por comprobada la incapacidad absoluta de la demandante, consideró aplicable lo dispuesto en el art. 212 cuarto párrafo de la LCT y ordenó "el consiguiente progreso de la demanda, debiéndose descontar, al practicarse la liquidación de los importes de condena, los montos abonados por el demandado". No obstante ello, la planilla de condena, al cuantificar la indemnización correspondiente a este rubro, redujo injustificadamente a la mitad el monto de indemnizatorio (fs. 676: "Indemnización art. 212 LCT (1833,30 x 21) x 50%"); ello configura una contradicción entre lo considerado en la sentencia y la cuantificación del monto por el que prospera la demanda, que torna inválidos dichos cálculos.

Por lo expuesto, corresponde, en lo pertinente, Casar parcialmente el pronunciamiento impugnado, punto I dispositivo solo en cuanto al monto por el que prospera el rubro indemnización art. 212 de la LCT, en base a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y, por ende, nula la liquidación de la condena cuando no se ajusta a los términos por los que prospera la demanda consignados en los considerandos".

En mérito a todo lo hasta aquí expresado, corresponde Hacer Lugar Parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Sala V de la Cámara del Trabajo del 06/02/2012 (fs. 611/617) y, por ende, Casar también parcialmente el fallo impugnado, punto resolutivo I (solo en cuanto al monto por el prosperan los rubros incremento Decreto Nº 392/03, indemnización art. 212 de la LCT e indemnización art. 2 Ley Nº 25.323 y la planilla de condena que también se deja sin efecto), y los puntos dispositivos IV (costas) y V (honorarios), y Remitir los autos a la Cámara para que practique nueva planilla, distribuya las costas y regule los honorarios profesionales.

VI.- En atención a que el vicio que provoca la nulidad del fallo proviene del órgano jurisdiccional, corresponde distribuir las costas de esta instancia casatoria en el orden causado (cfr. arts. 49, CPL y 105, inc. 1°, CPCyC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Adhiero al voto de la señora vocal preopinante doctora Claudia Beatriz Sbdar, sin perjuicio de dejar expresamente consignado que el recurso de casación deducido por la parte actora cumple con el requisito del art. 131 inciso 1) del CPL, en la medida en que está fundado en infracción a norma de derecho y supuesta arbitrariedad en la valoración de la prueba. Respecto de esto último, es del caso aclarar que el estudio del vicio de arbitrariedad -en cualquiera de sus modalidades- resulta objeto propio del recurso extraordinario local, por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de error in iuris iudicando por parte de los jueces de grado (CSJT, 30/6/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 487; 03/5/2011, "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", sentencia Nº 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 227; 06/5/2011, "Ismaín Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 237; 11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley International ART S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 252; entre muchas otras).

Por lo señalado, el recurso en examen deviene admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE y, por ende, MAL CONCEDIDO el recurso de casación en lo concerniente al agravio referido a los honorarios del letrado Marcos Sebastián Gonella, conforme lo considerado en el apartado IV.

II.- HACER LUGAR PARCIALMENTE, en relación a los planteos analizados en los apartados V.2 y V.3, al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Sala V de la Cámara del Trabajo del 06/02/2012, en base a las doctrinas legales allí expresadas. En consecuencia, CASAR PARCIALMENTE el fallo impugnado, punto resolutivo I (solo en relación al monto por el que prospera el rubro incremento Decreto Nº 392/03 e indemnizaciones art. 212 de la LCT y art. 2 Ley Nº 25.323 y la planilla de condena que también se deja sin efecto), y los puntos dispositivos IV (costas) y V (honorarios), y Remitir los autos a dicho Tribunal para que practique nueva planilla conforme a lo considerado, imponga las costas y regule los honorarios profesionales.

III.- NO HACER LUGAR PARCIALMENTE, en relación a los agravios analizados en los considerandos V y V.1, al recurso de casación indicado en el punto resolutivo anterior.

IV.- COSTAS del recurso, conforme se consideran.

V.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.