Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-02


En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de mayo de dos mil seis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "Nogareda, Antonia Beatriz c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ expropiación inversa - retrocesión" (Expte. Nº: EXP 3643), el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores Esteban Centanaro, Nélida Mabel Daniele y Eduardo Ángel Russo. A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: RESULTA: 1. Antonia Beatriz Nogareda se presentó a fs. 1/4, por apoderado, e interpuso demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de obtener la expropiación inversa del inmueble sito en Av. Don Pedro de Mendoza 1426/9 y lograr una indemnización "... comprensiva de la totalidad de los daños y perjuicios que sean [su] consecuencia ..." (ver fs. 1, punto II). Ello así, por cuanto la propiedad mencionada se encontraba afectada al ensanche de la arteria referida. Puso de resalto en su presentación inicial que el inmueble en cuestión, utilizado como depósito de elementos de navegación construido en planta baja y entrepiso, con sanitario y patio, está ubicado en una zona casi totalmente expropiada; empero, según señaló, el demandado no ha "...

materializado las demoliciones correspondientes, dejando a los linderos y demás inmuebles al arbitrio de ladrones y ocupantes ilegales y a la actora indefensa a la espera de la oferta de adquisición ..." (ver fs. 2, punto V). Por ello, concluyó que el bien resultaba ".. de hecho indisponible por evidente dificultad para hacerlo en condiciones normales" (ver fs. 2, punto citado). Por último, fundó en derecho su pretensión y ofreció la prueba de la que intentaría valerse. 2. Conferido el traslado pertinente, se presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contestó demanda de acuerdo a los términos expuestos en el escrito de fs. 32/5. En esa oportunidad y luego de realizar una negativa genérica -primero- y particularizada -después- de los hechos invocados en el escrito de demanda, realizó una serie de consideraciones respecto de las condiciones de procedencia de la acción y del alcance de la indemnización frente al eventual supuesto de que la afectación sólo fuese parcial. Asimismo, dejó planteada la "..

caducidad del derecho pretendido por la actora [...] en virtud de lo dispuesto por el art. 18 de la ley Nº 238" (ver fs. 34 vta., punto e). En último término, sustentó normativamente su postura y ofreció las medidas probatorias que, según su parecer, hacían a su derecho. 3. Ordenado el traslado del planteo de caducidad ut supra descripto (ver fs. 36, punto III), la actora dedujo, a fs. 37/8, la inconstitucionalidad del art. 21 "... en su conexión con el art. 18 de la ley 238" (ver fs. 38); este incidente, a su vez, fue replicado por la demandada conforme los términos de fs. 134/6. 4. De ese modo trabada la controversia, la a quo dispuso la apertura a prueba de las actuaciones conforme lo normado por el art. 14, inc. e) de la ley 238 (ver fs. 39); etapa transcurrida hasta el dictado de la clausura del período probatorio obrante a fs. 109. Llamados los autos a sentencia (ver fs. 138), la magistrada de grado dictó pronunciamiento rechazando el planteo de inconstitucionalidad deducido por la accionante respecto de los arts. 18 y 21 de la ley 238, desestimando la acción de expropiación irregular en virtud de esas normas e imponiendo las costas a la vencida (ver fs. 139/42). Para así decidir, procedió de la siguiente manera: a) consideró aplicable al particular las normas contenidas en la ley 238; b) en razón del tiempo transcurrido desde el dictado del decreto ordenanza que dispuso la afectación (4/10/63), estimó configurados los recaudos que dan lugar al abandono de la expropiación por parte del Estado (art. 18 de la ley citada) y, con ello, la inexistencia del derecho de la demandante a solicitar la expropiación inversa del inmueble (art. 21 del mismo texto legal); c) rechazó el planteo de inconstitucionalidad alegando la ausencia de invocación, debidamente fundada, del agravio que las normas impugnadas le provocaban a la accionante; máxime, teniendo en consideración que el bien aún se encontraba en su patrimonio y que no se habían acreditado actos de la administración que se tradujeran en una restricción o afectac ión al ejercicio del derecho de propiedad. 5. El pronunciamiento que se deja reseñado fue objeto de apelación por la parte actora a fs. 145, quien expresó agravios a fs. 150/5. Sintéticamente, expuso: a) que la tacha de inconstitucionalidad encontraba fundamento en que "... ya tenía el derecho adquirido de accionar por expropiación inversa al momento de entrada en vigencia de la ley 238, toda vez que la ley 21.499 [...], no contenía una norma como la del art. 21 de la ley 238 ..." (ver fs. 150 vta.) que impide iniciar aquélla acción en caso de abandono por parte del Estado; b) que la ley 21.499 resulta aplicable (conforme lo dispuesto por la cláusula transitoria 1ª de la ley 238) a las situaciones en trámite y, por ende, al particular, dado que "... la situación jurídica objetivamente existente antes y durante el juicio, y subsistente hasta el presente, consiste en que [...] padecía y padece sobre su inmueble una ilegítima restricción que afecta la garantía constitucional de la propiedad (art. 17 de la CN) en la medida en que no puede disponer de la misma en condiciones normales pues la afectación a expropiación aparece en los certificados registrales, ahuyentándose así a potenciales compradores o constriñéndola a vender por un precio enormemente inferior al real" (ver fs. 151); c) que del mantenimiento de esa situación fáctica "... no [se] han derivado consecuencias nuevas o distintas que indiquen la aplicabilidad de la nueva ley (art. 3 del Código Civil)" (ver fs. 151 vta., 1º párrafo) y, por ende, no habría afectado su "... derecho adquirido de accionar por expropiación inversa ..." (ver fs. 151 vta., 2º párrafo); d) que la ley 21.499 -aplicable al particular, insiste- también impide recurrir al instituto del abandono frente al supuesto de inmuebles afectados a "... rectificaciones o ensanches de calles y ochavas ..." (art. 33, ultimo párrafo, de la ley citada), como sucede en el caso; e) que, aún acudiendo a la ley 238 y contando a partir de la fecha de su entrada en vigencia (puesto que, con anterioridad, la ley 21.499 que no preveía la posibilidad de invocar el abandono en el caso de marras), el plazo establecido por el art. 18 no había transcurrido al momento de iniciarse la demanda (4/10/01) ni al momento de su notificación (18/6/02); f) que, a todo evento, la presente demanda actuó como acto interruptivo del abandono; g) que la sentencia deja inerme al administrado, pues, además de no existir acto alguno por el que se haya declarado el abandono de la posibilidad de expropiación, los informes obrantes en el expediente acreditan la vigencia de la afectación; h) que, atento los términos genéricos empleados por la ordenanza Nº 16.605/63, la solución consagrada en la sentencia importaría la inconsecuencia de dar por abandonada la expropiación de todos los inmuebles afectados al ensanche de la Av. don Pedro de Mendoza, cuando muchos de los cuales ya han sido adquiridos por la demandada; i) que el eventual reclamo de daños y perjuicios que pudiere efectuar "... no restaurará a mi mandante el agravio a su propiedad que le causa la subsistencia de la afectación expropiatoria y la declarada imposibilidad de accionar por expropiación inversa" (ver fs. 155, último párrafo). Por todo ello, solicitó se revoque el pronunciamiento apelado, con costas a la contraria. 6. Replicados en forma espontánea los agravios que se dejan reseñados (ver fs. 159/62), se pronunció la Sra. Fiscal ante esta Cámara conforme los términos expuestos a fs. 164/6. Resumidamente, expuso allí que "[d]ado que no puede deducirse que las normas de la ley 238 sean aplicables a los casos de Ordenanzas anteriores a la vigencia de esta ley, y teniendo en cuenta el interés público comprometido, con relación al ensanche de la Av. Pedro de Mendoza, estimo que la Ciudad debería acreditar fehacientemente la voluntad legislativa de abandonar la expropiación, con relación a los bienes afectados por la Ordenanza 16.605/63, en un plazo no mayor de noventa días", agregando que "[s]i vencido este plazo no se ratifica el abandono de la expropiación, V.E. debería revocar l a sentencia que desestimó la demanda con fundamento en el abandono de la expropiación" (ver fs. 166, 2º párrafo). Finalmente, a fs. 167 se ordenó el pase de los autos al acuerdo. CONSIDERANDO: 7. De tal modo reseñados los antecedentes del caso y con carácter previo a abordar el análisis de aquello que fuera materia de recurso, cabe recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean "conducentes" para la correcta composición del litigio (conf. art. 310 del CCAyT y doctrina de Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros). Pues bien, tal como puntualizó la a quo en el cons. 1º de su pronunciamiento, no se encuentra discutida la titularidad dominial del inmueble de marras ni que éste se encuentre afectado al nuevo trazado de la Av. don Pedro de Mendoza, conforme decreto ordenanza Nº 16.605 del 4/10/63. Por esa razón, más allá de los argumentos expuestos en la expresión de agravios, la clave radica, primero, en fijar el régimen legal aplicable y, segundo -como señalara la representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 166-, en discernir la existencia de abandono de la expropiación: si así fuere, carecerá de fundamento la acción de expropiación inversa; caso contrario, si el abandono no se ha producido y se mantiene la afectación del inmueble, resultará procedente la acción promovida. 8. Liminarmente, entonces, corresponde definir si la presente acción habrá de juzgarse conforme las normas de la ley 238, o bien de acuerdo a las disposiciones contenidas en la ley 21.499. Ello así, puesto que la aplicación del abandono difiere según se trate de una u otra norma. Sentado ese punto de partida, cabe recordar que el apelante funda su postura en el texto de la cláusula transitoria 1ª de la ley 238, en cuanto su segunda parte estipula que "[a] las situaciones o juicios en trámite, les son aplicables las normas de la Ley Nacional Nº 21.499". A partir de el lo e interpretando que su caso encuadra en el concepto de situaciones en trámite al que se refiere la norma (toda vez que su inmueble ya estaba -y lo continúa estando- afectado a expropiación al momento de entrada en vigencia de la ley 238), concluye que debe recurrirse a la ley nacional. Esta afirmación, sin embargo, soslaya la claridad de la primera parte del precepto. Allí se deja sentado que "[l]a presente ley se aplica exclusivamente a las causas que se inicien a partir de su vigencia" (el destacado no pertenece al original). Siendo ello así y dado que la ley 238 fue publicada con fecha 15/10/99 (BOCBA Nº 798), no puede sino concluirse que la demanda promovida por Nogareda con fecha 4/10/01 (cfr. cargo inserto a fs. 4) debe estudiarse a la luz de las disposiciones de la ley de expropiaciones local. Esta solución no importa, como desliza la recurrente, un "... error [...] en la selección de la ley aplicable ..." (ver fs. 152, párrafo primero; el destacado no pertenece al original); es que, en el particula r, no se trata de elegir una entre dos opciones igualmente válidas, sino de aplicar la norma que, en forma taxativa, surge de comprobar que la demanda fue interpuesta con posterioridad a la fecha de corte estipulada por la cláusula transitoria 1ª. Ello es así, a menos que una previsión normativa pueda resultar de cumplimiento facultativo para el órgano jurisdiccional. Por otro lado, la interpretación que la recurrente confiere a la locución "situaciones o juicios en trámite", además de subvertir y desnaturalizar el principio general expuesto en la oración precedente de la norma, atenta contra el sentido que, razonablemente, cabe asignarle. Ese sentido se deduce a partir de la presencia de la partícula disyuntiva "o" entre los términos "situaciones" y "juicios", en conjunción con la frase "en trámite", que les sigue. Es que, en tanto la partícula "o" entre esos términos importa aludir a "situaciones en trámite" -por un lado- y a "juicios en trámite" -por el otro-, la determinación del sentido de la primera exp resión se logra en contraposición con el que, sin dudas, le cabe a la segunda; así, mientras "juicios en trámite" se traduce en la existencia de una acción judicial en curso al momento de entrada en vigencia de la ley 238, el giro "situaciones en trámite" no parece sino aludir, en consecuencia, a una pretensión o reclamo cuya diferencia con el anterior radica en que no se ha presentado ante los tribunales (verbigracia, como el supuesto de avenimiento contemplado en los arts. 10 a 17 de la ley 21.499 y en los arts. 11 a 13 de la ley 238). Es decir, la "situación en trámite" de la que habla la norma se refiere, no a la existencia de un mera situación de hecho que aún no ha cobrado relevancia jurídica, sino más bien a una pretensión que, basada en una situación fáctica particular, ha comenzado a transitar los cauces pertinentes (por ejemplo, administrativos). De este modo, toda vez que el inmueble de marras no se ha visto involucrado -conforme la definición expuesta en el párrafo precedente- en situación alguna con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 238 y sólo ha conformado materia de un juicio con posterioridad a esa fecha, es ésa última norma la que deberá regir lo atinente al trámite de la pretensión. No resulta ocioso agregar, por lo demás, que la interpretación propiciada por la recurrente implicaría tanto como que todas aquellas acciones que se iniciasen después de la entrada en vigencia de la ley 238 -aún muchos años después-, se regirían, con la sola condición de que se tratase de inmuebles afectados a expropiación por ordenanzas anteriores a aquélla, por la ley 21.499. Ciertamente, no parece ser éste el espíritu de la cláusula transitoria 1ª de la ley 238. Sin perjuicio de lo que se deja dicho y la solución que de ello se desprende, resulta llamativo que la actora pretenda cuestionar la normativa contenida en la ley 238 recién una vez que la aplicación de su articulado parece serle adversa en el pleito; en esa dirección, obsérvese que ninguna consideración efectuó al respecto ni al momento de p resentar su escrito inicial ni en posteriores oportunidades. Más aún, como puede advertirse del examen del expediente, en diferentes ocasiones ha invocado las disposiciones de la ley de expropiaciones local (ver punto III de fs. 1 vta./2 y fs. 40) que luego señaló como inaplicable en su conjunto. En suma, no obstante el criterio sustentado por la Sra. Fiscal de Cámara en su dictamen de fs. 164/6, corresponde -tal como acertadamente afirmó la a quo- acudir a las disposiciones contenidas en la ley 238 para juzgar el caso sometido a estudio. 9. Despejado lo que antecede, cobra particular relevancia -aún cuando ninguna referencia se haya efectuado al respecto- determinar la finalidad que inspira al instituto del abandono (presente tanto en el régimen de la Ciudad de Buenos Aires como en el nacional), en tanto ello permitirá un mejor tratamiento de la pretensión actora. Es que, como sin esfuerzo se desprende del tenor del escrito de expresión de agravios, la representación letrada de Nogareda exige -con particular énfasis- que se revoque la sentencia en cuanto declara abandonada la expropiación y, con ello, caduca esa afectación del inmueble. Pues bien, en el ámbito local, la norma que lo consagra dispone que "[s]e tiene por abandonada la expropiación si el expropiante no promueve el juicio dentro de los tres (3) años de entrada en vigencia de la ley cuando se trate de bienes individualmente determinados, o de los cinco (5) años de entrada en vigencia de la ley cuando se trate de bienes determinados genéricamente. Cualquier prórroga a este plazo debe ser aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires mediante la sanción de una ley especial dictada al efecto" (art. 18). Por su parte, su equivalente nacional reza "[s]e tendrá por abandonada la expropiación -salvo disposición expresa de ley especial- si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos (2) años de vigencia de la ley que la autorice, cuando se trate de llevarla a cabo sobre bienes individualmente determinados; de cinco (5) años, cuando se t rate de bienes comprendidos dentro de una zona determinada; y de diez (10) años cuando se trate de bienes comprendidos en una enumeración genérica. No regirá la disposición precedente en los casos en que las leyes orgánicas de las municipalidades autoricen a éstas a expropiar la porción de los inmuebles afectados a rectificaciones o ensanches de calles y ochavas, en virtud de las ordenanzas respectivas" (art. 33 de la ley 21.499). En suma, como no puede desconocer el apelante, la existencia de este instituto sólo comporta una aplicación más de los efectos que el tiempo produce en el ámbito del derecho (verbigracia, como sucede con la prescripción, tanto en su versión liberatoria como adquisitiva). Ello da sentido y explica, por lo demás, la circunstancia de que, en la ley 238, el abandono se incluya en un título cuya denominación ("Caducidad de la Declaración") alude a otro de los institutos jurídicos que encuentran su fundamento en el transcurso del tiempo: la caducidad. Ahora bien, los lineamientos que guía n la interpretación de esta figura han sido fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Cerda, Gabriel y otros c/ Gobierno Nacional - Ministerio de Educación" (del 19/10/82, publicado en LL 1983-A, 286), también citados por la a quo. Sostuvo allí el Tribunal que "el abandono de la expropiación es el efecto que la norma fija a la inactividad del Estado cuando éste, habiéndose dictado una ley que califica de utilidad pública un bien, deja transcurrir los términos determinados para iniciar la expropiación sin promover el juicio pertinente. Ahora bien, es de suponer que dicha consecuencia ha sido establecida: a) por razones de interés público, apoyadas en la exigencia constitucional de que la utilidad sea calificada por ley, teniendo en cuenta que cuando el Poder Legislativo ejercita aquella facultad lo hace con relación a una época o momento determinados, aunque no sean inmediatos, y que no es razonable mantener latentes, en todos los casos, esas autorizaciones para épocas muy posteriores, cu ando el propósito que las determina puede haber desaparecido y b) como salvaguarda o garantía para el administrado, que necesita cierta certeza sobre la situación de su patrimonio ante la ley (cons. 5º; el destacado no pertenece al original). Cabe remarcar este último punto: uno de los motivos que justifica la inclusión del abandono en el régimen expropiatorio (cualquiera sea éste, nacional o local) es, precisamente, su entidad como garantía del particular frente a la eventual desidia del Estado en materializar la desposesión. Teniendo en mira esa finalidad, este Tribunal declaró la inconstitucionalidad del plazo de prescripción de la acción de expropiación irregular en el ámbito nacional (art. 56 de la ley 21.499) para un caso en que se configuraba el supuesto previsto en el último párrafo del art. 33 de esa misma ley, que imposibilita la invocación del abandono frente a la hipótesis de un inmueble afectado a "rectificaciones o ensanches de calles y ochavas". Ello así porque "... de esta forma se genera una situación en la que, por un lado, se le prohibe accionar al titular de dominio invocando la prescripción de la acción irregular y por otro, aún cuando fácticamente aparecería como abandonada por falta de demostración de interés y de actos concretos, se excluye este supuesto en particular. Esta situación específica genera una incertidumbre indefinida sobre el derecho de propiedad del actor con el agravante de que no cuenta con ningún tipo de manifestación del estado local ni desistiendo ni destacando su desinterés en la utilidad pública, lo cual conlleva a una falta de certeza respecto de su derecho de propiedad sin límite en el tiempo y sujeto a la mera voluntad del poder administrador" (esta Sala en autos "Negro Miguel Angel c/ GCBA s/ expropiación inversa - retrocesión", expediente Nº 2676, 23/8/05; el destacado no pertenece al original). La falta de certeza aludida (y, con ello, el presumible perjuicio que se ocasiona al derecho del particular) encontraba remedio, en ese caso, en la declaración de inconsti tucionalidad del art. 56 de la ley 21.499; en éste, donde ese impedimento no existe, lo encuentra en la posibilidad de decretarse el abandono de la expropiación por parte del Estado. En sentido coincidente con esa jurisprudencia, resulta oportuno recordar las consideraciones vertidas por Marienhoff - en un texto varias veces citado a lo largo de las actuaciones; ver cons. VI del dictamen del Sr. Fiscal de 1ª Instancia obrante a fs. 121/3 y cons. 3º del pronunciamiento de fs. 139/42- al abordar los efectos o consecuencias del abandono de la expropiación. Expone el citado tratadista que "[d]esde el punto de vista ético-jurídico, el abandono tiene como efecto afianzar la seguridad jurídica, la certeza del derecho, pues impide que el titular del bien o cosa declarado de utilidad pública a los fines de su expropiación, quede sine die en una situación de incertidumbre respecto a si la expropiación se efectuará o no" (Tratado de Derecho Administrativo, t. IV, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1992, 5ª ed. actualizada, § 1412, p. 333). En esa misma línea de pensamiento agrega, citando a A. Wálter Villegas que "no es razonable mantener latentes esas autorizaciones para que sean utilizadas en épocas muy posteriores, cuando el propósito que las determinó puede haber desaparecido y la decisión del poder administrador, del concesionario, etc., sólo obedezca a mera arbitrariedad" (Marienhoff, Miguel S., ob. cit., p. 333). Y concluye señalando: "[d]esde el punto de vista jurídico puro, el transcurso del respectivo plazo para tener por operado el abandono, da como lógica consecuencia la "caducidad" de la potestad de expropiar en el caso concreto" (Marienhoff, Miguel S., ob. cit., p. 334). De esa forma, siendo indiscutible que la afectación de un bien a expropiación importa una grave restricción al derecho de propiedad del particular sobre la cosa objeto del menoscabo, el instituto del abandono no puede sino entenderse como garantía del administrado frente a la pasividad que pudiere evidenciar el Estado en cuanto a la materialización del desapoderamiento. Es que, si bien es cierto que la oportunidad del ejercicio de la acción expropiatoria no está al arbitrio del titular del bien objeto de la declaración de utilidad pública sino que es una elección del expropiante (ver Diez, Manuel María, Derecho Administrativo, t. IV, Plus Ultra, 2ª ed., 1985, p. 417; en igual sentido, CSJN, "Cerda", ya citado, considerando 11º), no lo es menos que tampoco puede llegarse al extremo de que esa facultad se traduzca en una afectación sin límite temporal alguno que conculque, con ello, el derecho de propiedad tutelado por la Constitución Nacional. En resumidas cuentas, la figura del abandono encuentra su ratio legis en los dos pilares que, con claridad, expuso la Corte en "Cerda": 1º) en cuanto aplicación práctica del principio de seguridad jurídica, según el cual las relaciones de derecho no pueden permanecer en un estado de indefinición permanente y, como corolario de ello, 2º) en cuanto medio de defensa del particular frente a la inactividad del poder pú blico y su efecto: el mantenimiento de aquel estado de incertidumbre. Siendo ello así, no puede válidamente alegarse que la configuración del abandono (y la caducidad de la declaración de afectación que él ocasiona) puedan generar perjuicio alguno al administrado; antes bien, implican la recuperación plena del derecho de propiedad. 10. Establecida, entonces, la aplicación de la ley 238 y circunscripto el sentido y alcance de la figura del abandono, la solución alcanzada por la a quo aparece correcta y como ajustada a derecho. Es que, presentes las siguientes circunstancias: 1º) que, como se expresó en el punto 8, resultan aplicables los arts. 18 y 21 de la ley de expropiaciones local y 2º) que, como expuso la sentenciante de grado, han transcurrido más de cuarenta (40) años desde el dictado de la norma que afectó el inmueble sin que la demandada hubiese iniciado el juicio de expropiación correspondiente ni aún siquiera realizado actos que demuestren su voluntad de llevar adelante el desapoderamiento, sólo pue de concluirse que ha mediado abandono de la expropiación por parte del Estado, caducado la declaración oportunamente emitida por la autoridad que sancionó el decreto ordenanza 16.605/63 (art. 18) y, en consecuencia, devenido improcedente la demanda por expropiación inversa (art. 21). Y a ello no obstan las generales alegaciones realizadas por la actora en cuanto a los hipotéticos perjuicios que continuarían generándose. En primer lugar, porque ante la judicial declaración de abandono, no existe afectación alguna que impida la normal disposición del inmueble; y segundo, por cuanto aún cuando así no fuese, la restricción al dominio que importaba la existencia del decreto ordenanza Nº 16.605/63 no impidió a Nogareda adquirir, con posterioridad al dictado de esa norma (4/12/72, cfr. certificado obrante a fs. 7/8), el inmueble de marras. La existencia de esa adquisición demuestra -cuanto menos- el carácter relativo de la afirmación vertida por la recurrente en cuanto a la imposibilidad de disponer de la propiedad en condiciones normales (ver fs. 151, 2º párrafo). Es claro, además, que los informes que dan cuenta de la afectación del inmueble (ver fs. 60/4 y 68/73), en cuanto mero reflejo de una situación de hecho existente, no importan -en manera alguna- que la afectación fuese a perdurar más allá de la sentencia que declara caduca la facultad de expropiar el inmueble. Es decir, la inexistencia de un acto administrativo que declare el abandono de la expropiación ninguna entidad posee frente a la sentencia judicial que así lo decreta. Cabe agregar que la crítica formulada por la recurrente en cuanto al modo de calcular el plazo que permite declarar operado el abandono es coherente con su interpretación de que ese instituto constituye una sanción para el particular afectado. Así, de acuerdo a esa línea de razonamiento, señala que -a todo evento y en caso de considerarse aplicable la ley 238- el término establecido por la norma deberá computarse recién a partir de la entrada en vigencia de la ley de expropiaciones y no d esde que se sancionó el decreto ordenanza Nº 16.605/63. Sin embargo, como ya se ha expresado, la figura del abandono opera como mecanismo de defensa del administrado frente al Estado; ello, sumado a la aplicación de los plazos que prevé la ley 238, dejan sin sustento alguno el planteo relativo al modo en que debe computarse el término pertinente. De esa manera, siendo que la norma en cuestión estipula que "[s]e tiene por abandonada la expropiación si el expropiante no promueve el juicio dentro [...] de los cinco (5) años de entrada en vigencia de la ley cuando se trate de bienes determinados genéricamente" (art. 18 de la ley 238), forzoso resulta concluir que ese lapso se encuentra, en el caso, holgadamente vencido. 11. Llegado a este punto, debe insistirse que la solución propuesta no importa desconocer derecho alguno en cabeza del particular. En efecto, la facultad que aquél tiene de accionar por expropiación inversa encuentra su fundamento y presupuesto necesario en la restricción al derecho de propiedad q ue comporta la afectación de un bien inmueble a expropiación por parte del Estado. Ello no puede ser de otra manera pues, como se ha dicho, el verdadero fundamento de la expropiación irregular se encuentra en el art. 17 de la Constitución Nacional que garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada (Maiorano, Jorge Luis, La expropiación en la ley 21.499, Buenos Aires, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1978, p. 167; Marienhoff, Miguel S., ob. cit., § 1415, pp. 338/9). En otras palabras, el derecho adquirido de la actora es el de inviolabilidad de la propiedad que consagra el art. 17 de la Constitución Nacional, no a demandar por expropiación inversa en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia; así, habiendo caducado la potestad de ejecutar la ley que autorizó la expropiación (en virtud del abandono) y, en consecuencia, encontrándose imposibilitado el propio Estado para accionar por expropiación, el derecho de propiedad de la actora recupera su plenitud en cuanto a la falta de restricciones por parte del poder público y, con ello, deviene improcedente la acción de expropiación inversa que no es sino consecuencia de la existencia de la afectación. Desaparecida la condición de posibilidad del proceso expropiatorio (afectación del inmueble), no puede promoverse con éxito demanda de expropiación alguna, sea ella regular o inversa. De este modo, la improcedencia de esta acción no es sino la contracara de la imposibilidad en que se halla ahora el Estado local de concretar los efectos del decreto ordenanza Nº 16.605/63 con respecto al inmueble de marras (ver, en el mismo sentido, voto del Dr. Corti, al que adherí como integrante de la Sala I de este Tribunal, en expte. Nº 3424, "Mirci, Hilda Mata c/ GCBA s/ expropiación inversa - retrocesión", del 18/2/04). . 12. Párrafo aparte ameritan las consideraciones vertidas por la Sra. Fiscal ante esta Cámara en su dictamen de fs. 164/6. En esa oportunidad, luego de poner en duda la aplicación de la ley 238 para el supuesto de afectaciones dispuestas por orden anzas anteriores a la sanción de esa norma (temática ya dilucidada en el punto 8 precedente), señaló como necesario que "... la Ciudad [acreditara] fehacientemente la voluntad legislativa de abandonar la expropiación, con relación a los bienes afectados [...], en un plazo no mayor de noventa días" y "[s]i vencido este plazo no se ratifica el abandono de la expropiación [...] debería [este Tribunal] revocar la sentencia que desestimó la demanda con fundamento en el abandono de la expropiación". Este criterio, sin embargo, no puede prosperar. 12.1. Primero, porque importaría desconocer la postura adoptada por la demandada a lo largo del proceso. En efecto, tanto en la contestación de la demanda (ver fs. 34 vta., punto III, e) como en oportunidad de contestar el traslado de la expresión de agravios (ver fs. 159/62), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expresó su voluntad de invocar el art. 18 de la ley 238 y, con ello, de dar por abandonada la expropiación. El sentido de la conducta actual del expropiante p arece aventar cualquier duda que pudiere existir al respecto. 12.2. Por lo demás, retomando conceptos vertidos por la Corte en el citado precedente "Cerda"; cabe recordar que "en toda expropiación válida el propósito fundamental que persigue el Estado es el de satisfacer intereses públicos superiores, cuya consolidación exige el dominio particular o privado. Cuando circunstancias sobrevinientes o hechos anteriores desconocidos demuestran -a juicio de los poderes políticos del Estado- que la utilidad pública declarada no existe o ha desaparecido, va de suyo que no puede negarse a dicho Estado el derecho a desistir de la expropiación, en su caso, o el de hacer valer el "abandono", aún configurado luego de la promoción de una expropiación irregular y en tanto no haya quedado perfeccionada ésta (conf. art. 29 de la ley 21.499 y doctrina de Fallos, t. 291, p. 507 -Rev. LA LEY, t. 1975-C, p. 303- y otros), obligándolo a concretar una expropiación que no tiende a la satisfacción de necesidades de utilidad general ni a la consecución de las exigencias propias del bien común. Es que ninguna expropiación debe ser practicada, por claro imperativo constitucional (art. 17), si no responde a una causa de utilidad pública, calificada por ley (Fallos, t. 251, p. 246 -Rev. LA LEY, t. 109, p. 893-). A lo que cabe añadir que si bien la atribución de declarar la utilidad pública es exclusiva del Poder Legislativo, la facultad de concretar la expropiación corresponde al Poder administrador, que decide la oportunidad en que puede hacerlo o, en última instancia, el "abandono" de la expropiación, o su desistimiento, si circunstancias así lo imponen o lo aconsejan (conf.: asimismo, las consecuencias que se derivan de los arts. 35 y sigts. de la ley expropiatoria nacional). Impedir la invocación del abandono [...], significaría condicionar al Estado en el ejercicio de su arbitrio irrenunciable y afectar la causa expropiatoria al interés privado, con ostensible violación de la exigencia constitucional de la utilidad pública, calificada por ley (art. 17). Salvados los recaudos atinentes al respeto de la propiedad privada, el ejercicio de la facultad expropiatoria del Estado -que involucra también la posibilidad del desistimiento o del abandono de la expropiación- no debe interferirse, restringiéndose atribuciones indispensables para la ordenada convivencia de la comunidad (doctrina de Fallos, t. 272, p. 88; t. 291, p. 507 -Rev. LA LEY, t. 133, p. 735; t. 1975-C, p. 303; t. 300, p. 499 y otros)" (cons. 11 y 12; el destacado no obra en el original). En segundo lugar, entonces, puesto que es evidente que si el Estado en juicio puede desistir de la acción de expropiación interpuesta hasta tanto ella no se haya materializado, nada obsta a que pueda invocar en el marco de un proceso -y sin necesidad de ratificación legislativa alguna- el abandono de la expropiación por el transcurso del tiempo. Nada impide que la configuración de esa figura, aún cuando se produzca fuera del trámite judicial -dado que acaece por el transcurso del tiempo-, también pued a ser declarada por el tribunal que entienda en la pertinente demanda expropiatoria. Así ha sucedido en el particular. Desde ese ángulo, la remisión de las actuaciones al seno del Poder Legislativo parece ir en contra del principio que establece el art. 18. En efecto, según lo dispone el último párrafo de la norma, "[c]ualquier prórroga a este plazo [debe entenderse como el plazo que posibilita la invocación del abandono; es decir, tres (3) o cinco (5) años] debe ser aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires mediante la sanción de una ley especial dictada al efecto". Ergo, el principio es exactamente el inverso que el propuesto: la intervención del órgano legislativo sólo puede darse con la finalidad de prolongar el lapso de afectación y no para pronunciarse, en forma expresa, acerca del abandono; éste último -en tanto garantía del particular frente al poder público, como se ha dicho- opera de pleno derecho. Y ello se explica en la medida en que la restricción al derecho de propiedad que signif ica el mantenimiento de la afectación no podría ser presumido (solución en la que desembocaría en forma inexorable la falta de "ratificación del abandono") y la declaración expresa de voluntad de la Legislatura sólo puede preverse a efectos de hacer perdurar esa gravosa afectación. 13. En cuanto a la distribución de los gastos causídicos corresponde, en atención al resultado del pleito, imponerlas -en ambas instancias- a la actora vencida (art. 62, 1ª parte, del CCAyT). Por lo tanto, en mérito de las consideraciones expuestas, jurisprudencia citada y normas legales aplicables al caso, se propone al acuerdo que, en caso de ser compartido este voto, se rechace el recurso deducido por Antonia Beatriz Nogareda y, en consecuencia, se confirme -en todas sus partes- la sentencia apelada. Asimismo, propongo que las costas de ambas instancias sean soportadas por las actora (art. 62, 1ª parte, del CCAyT). La Dra. Nélida Mabel Daniele y el Dr. Eduardo Ángel Russo, por las consideraciones vertidas por el Dr. Centanaro pr ecedentemente, adhieren a su voto. En mérito a la votación que antecede el tribunal, por unanimidad, RESUELVE: Rechazar el recurso deducido por Antonia Beatriz Nogareda y, en consecuencia, confirmar -en todas sus partes- la sentencia apelada. Con costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 62, 1ª parte, del CCAyT). Regístrese en el libro de sentencias definitivas, notifíquese a las partes y a la Sra. Fiscal y, oportunamente, devuélvase.-