Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-22


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 22 de 2009.

Y Vistos:

1.) Se alzó la demandada Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica contra la sentencia dictada en fs. 354/371 que hizo lugar a la demanda incoada por Silvia Dagnino Pastore de Symonds en representación de su hija menor de edad, J. S. D., condenándola a otorgar a la menor la cobertura integral demandada, sin topes ni límites, y a reintegrar la suma de $ 2.728, con más intereses y costas.

Los agravios fueron expuestos a fs. 381/390, los que merecieron la réplica obrante a fs. 393.

La Sra. Defensora Pública de Menores actuante ante esta Cámara se expidió a fs. 420/421, proponiendo la confirmación del fallo apelado.

2.) En su escrito inicial, la actora denunció que su hija Josefina padece, desde su nacimiento, "Encefalopatía Crónica no evolutiva con retraso global del neurodesarrollo y Epilepsia" y reclamó a Medicus la cobertura integral de las prestaciones a su cargo para afrontar esa patología, en su condición de afiliada a dicha empresa de medicina prepaga y dados los términos de la ley 24.901 -de discapacidad- y demás legislación aplicable, comprendiendo los servicios exigidos:

a) Seguimiento ambulatorio del tratamiento a través del neurólogo infantil de cabecera;

b) Medicación: Lamotrigna y Valproato;

c) Atención ambulatoria intensiva: Terapia ocupacional, Kinesiología y Fonoaudiología;

d) Educación General Básica: Servicio escolar en Escuela de Educación Especial o en Escuela Común que cuente con un gabinete especializado en integración de alumnos con necesidades especiales;

e) Apoyo a la integración escolar, a través de un proceso desarrollado por profesionales o docentes especializados;

f) Prestaciones de apoyo: Terapias de estimulación cognitiva, Musicoterapia, Hidroterapia, Gimnasia y Equinoterapia.

g) Juguetes terapéuticos y materiales especiales, para las terapias mencionadas en los puntos anteriores;

h) Transporte escolar; e i) Reintegro de las sumas ya abonadas en concepto de las prestaciones enumeradas precedentemente.

La Sra. Juez de Grado, sobre la base de los antecedentes probatorios referidos al sentenciar y lo dispuesto por el art. 1º de la ley 24.754, consideró que las empresas de medicina prepaga deben cubrir, como mínimo, las mismas prestaciones que resulten obligatorias para las obras sociales, no pudiendo invocar los términos de las cláusulas contractuales oportunamente pactadas con la actora para desconocer y dejar de cumplir su obligación de brindar la cobertura establecida por la ley y por tratados internacionales con rango constitucional. Con base en ello, sostuvo que el juego de las distintas normas analizadas en el decisorio apelado determinaban la existencia de una obligación que pesa sobre la demandada de prestar asistencia integral a la menor discapacitada.

Desde tal óptica, estimó probado el reclamo y condenó a la accionada a otorgar a la menor la cobertura integral reclamada, sin topes ni límites, y a reintegrar la suma de $ 2.728 por las erogaciones que debió afrontar por la asistencia que la discapacidad requiere, con más intereses y costas.

3.) La recurrente se quejó de la decisión adoptada en la anterior instancia con fundamento en que: i) se la condenó como empresa privada en base al derecho a la salud de la menor, cuando, en realidad, es el Estado quien debe velar y responsabilizarse por la salud pública, agregando que las empresas de medicina prepaga sólo se encuentran obligadas a brindarles a sus asociados la cobertura médica prevista legal o contractualmente; ii) estimó que no sería de aplicación en el sub lite la ley 24.901 de discapacidad, dado que ésta sólo obliga a las obras sociales y no existe una norma posterior que la haga extensiva a las prepagas, y que, en el supuesto que se interpretara que sí lo era, ello debería hacerse dentro de los mismos límites y aranceles que los establecidos para las obras sociales; iii) no existía desamparo alguno, ya que, aunque no correspondía la aplicación de la ley 24.901 y su reglamentación, de manera excepcional ofreció brindarle a la menor las mismas prestaciones a las que se encuentran obligadas las obras sociales, con las limitaciones previstas en las resoluciones 428/1999 MS y 400/1999 y 6080/2003 APE, y modificatorias; iv) el decisorio habría violado el principio de congruencia al no precisar en forma detallada qué prestaciones debía brindar a la menor y con qué prestadores, solicitando que, en caso de confirmarse la sentencia, ello sea determinado y se aclare que deberá optarse por los prestadores de cartilla; v) la a quo no determinó que su obligación subsistirá mientras la menor continúe asociada a través del pago de la cuota correspondiente; vi) no correspondían el reintegro de la suma de $ 2.728, más intereses, ni la tasa establecida; vii) la cobertura educacional, juguetes terapéuticos, equinoterapia, transporte, hidroterapia, musicoterapia, entre otros conceptos reclamados, resultaban ajenos al objeto de la empresa.

4.) Efectuado este relato, cabe realizar las siguientes consideraciones:

El contrato de medicina prepaga puede caracterizarse como aquél en virtud del cual una empresa especializada se obliga a prestar el servicio de asistencia médica -con los alcances que se convengan- a una persona o grupo de personas mediante el pago periódico (generalmente mensual) de una suma de dinero.

Así conceptualizado, este contrato no encuadra estrictamente dentro de ninguna de las figuras legisladas por los códigos o por leyes especiales, si bien reúne ciertas notas que lo asemejan a algunos de ellos (como la locación de servicios y el seguro).

Puede afirmarse que se trata de un contrato atípico, innominado, bilateral, oneroso, consensual, no formal y de tracto sucesivo. Se discute acerca de si es conmutativo o aleatorio, debido a que si bien el afiliado o adherente paga una cuota cuyo valor se mantiene constante, la empresa puede tener que afrontar servicios extraordinarios o, eventualmente, no afrontar ninguno (véase Dante Cracogna, "El contrato de medicina prepaga", Nota a Fallo, ED, 174-243.).

Se comparte el criterio de quienes sostienen que se trata de un contrato por adhesión, puesto que la empresa ofrece a los potenciales afiliados un contrato con cláusulas predispuestas que ellos sólo pueden aceptar o no, pero que no pueden modificar ni negociar. A lo sumo, pueden elegir entre varios planes diferentes, pero todos ellos propuestos por la empresa. Se ha dicho que este rasgo permite asimilar la figura con el contrato de seguro, pero se ha apuntado que media una importante diferencia, pues los planes y condiciones de pólizas de seguro deben ser aprobados por la SSN antes de su comercialización, mientras que los de medicina prepaga no se hallan sujetos a control alguno. No puede cuestionarse, sin embargo, que dado que el poder negociador de ambas partes es diferente, se advierten desigualdades en la relación contractual capaces de ocasionar perjuicios a la parte más débil en la relación negocial -el adherente-, y en esta línea de ideas, resulta claramente de aplicación al caso la Ley de Defensa de Consumidor en punto a la interpretación del contrato y a las cláusulas abusivas e ineficaces (arts. 3, 37 y concs., ley 24.240).

La doctrina ha dicho que contratar servicios médicos por el sistema prepago implica acordar un contrato con cláusulas predispuestas, lo que equivale a hablar de un contrato por adhesión. Asimismo, se puntualiza que el poder negociador de ambas partes es diferente y, en ocasiones, se han presentado desigualdades en la relación contractual, provocando perjuicios a la parte más débil, que es el adherente (conf. Dante Cracogna, "El contrato de medicina prepaga", ED, 174-243).

5.) Ello establecido, vale recordar que la recurrente esgrimió -como nudo central de su articulación- que, en virtud de la ley 24.754 -que establece que las empresas de medicina prepaga deben cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial las mismas "prestaciones obligatorias" dispuestas para las obras sociales, conforme lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24.455, y sus respectivas reglamentaciones-, sólo se encuentra obligada a brindarle a la menor las prestaciones contempladas en el plan médico al cual se encuentra adherida y en el Programa Médico Obligatorio, las cuales nunca le habrían sido negadas. Adujo, además, que no estaba obligada a cumplir con la ley 24.901, por ser esta de aplicación sólo a las obras sociales y no existir una norma que la haga extensible a las empresas de medicina prepaga.

Sentado lo precedentemente expuesto, estímase necesario señalar, liminarmente, que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su art. 12, reconoce que toda persona tiene el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (apartado 1).

Este derecho a la salud significa que el Estado debe velar para que todas las personas reciban asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad o accidente (inc. d). También, de acuerdo al apartado 2, corresponde al Estado reducir la mortalidad infantil (inc. a), prevenir, tratar y luchar contra las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole (inc. c), mejorar los aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente (inc. b).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su art. 25.1, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su art. XI, reconocen el derecho a la salud.

Más específicamente y con relación al caso de autos, la Convención de los Derechos del Niño (ONU, 20/11/1989, aprobada por la ley 23.849), de rango constitucional, dispone en su art. 3º que "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas del bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". Los Estados Parte se comprometieron a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, a tomar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas y a asegurar que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

En su art. 6, los Estados Parte reconocieron que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y deben garantizar, en la máxima medida posible, la supervivencia y el desarrollo del niño. En el art. 23, reconocieron que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa de aquel en la comunidad. Asimismo, reconocieron el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y la obligación de alentar y asegurar, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, los Estados Parte se comprometieron a que la asistencia que se preste sea gratuita siempre que sea posible, debiendo contemplar la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño y estar destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento, con el objeto de que logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.

En el art. 24 se reconoce el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud -"los Estados Parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios y asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: (...) b) asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud"-.

Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto por el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, este derecho tiene reconocimiento expreso y posee jerarquía constitucional, aunque, ya antes de la reforma del año 1994, la doctrina sostenía que el art. 14 bis, al consagrar el beneficio de la seguridad social, reconocía el derecho a la salud.

Desde el punto de vista del Derecho Privado, el derecho a la salud constituye un derecho personalísimo a estar sano física, mental y socialmente, por lo que las personas deben tener acceso a la asistencia y a los servicios médicos y, en caso de enfermedad o accidente, corresponde al Estado velar para que ello se cumpla (CSJN, "Campodónico de Beviacqua Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social", Fallos, 323:3229).

Así las cosas, el Estado debe velar por la salud de las personas que habitan el suelo argentino, y para lograrlo, se han implementado y coexisten distintos sistemas: el hospital público, las obras sociales, la medicina prepaga y el seguro de salud.

En nuestro país, se cuenta -pues- con diversas instituciones: el hospital público para los carenciados, para atender las emergencias provenientes de accidentes, etc., las obras sociales y la medicina prepaga (conf. Stein, Enrique, "La pertenencia al sistema de medicina prepaga", LL, 1999-B, pág. 936).

De los mencionados, nos detendremos en las obras sociales y la medicina prepaga.

6.) Cuadra destacar que la existencia de las obras sociales está vinculada al mundo del trabajo y al desarrollo del movimiento sindical. El art. 2º de la ley 23.661 tipifica dentro de los agentes de seguro social a las obras sociales nacionales, cualquiera sea su naturaleza o denominación, las obras sociales de otras jurisdicciones y demás entidades que adhieran al sistema que se constituye, las que deberán adecuar sus prestaciones de salud a las normas que se dicten y se regirán por lo establecido en esa ley, su reglamentación y la ley de obras sociales, en lo pertinente.

Por otro lado, se encuentra el servicio de medicina prepaga, que se ha caracterizado como aquél en virtud del cual una empresa especializada se obliga a prestar el servicio de asistencia médica -con los alcances que se convengan- a una persona o grupo de personas mediante el pago periódico -generalmente mensual- de una suma de dinero.

A los fines de calificar el vínculo que se establece entre la empresa y los asociados en el contrato de medicina prepaga, sirve remarcar las diferencias con figuras afines.

Cabe señalar, y ésto es importante en el sub lite, que se ha dicho que estos sistemas de prestación médica son alternativos de los que desarrolla el Estado o la seguridad social, en el sentido en que ejercitan una actividad privada, propia del derecho privado patrimonial. Se ha destacado que económicamente tienen una gran similitud con la obra social, por cuanto se basa en un pago prospectivo, pero que éste es compulsivo en aquélla, mientras que el prepago es voluntario, dando lugar a un vínculo contractual.

También -se ha apuntado-, son diferentes del modelo tradicional, en que el paciente va al médico y le paga su honorario, pues se está en presencia de una empresa de intermediación. Se ha denotado que estos sistemas participan de la característica común de la masividad, razón por la cual, el Estado está interesado en intervenir a fin de garantizar el interés público comprometido y ello se hace mediante dos acciones fundamentales: la primera, el contralor de la solvencia de las empresas que captan el ahorro a fin de evitar fraudes; la segunda, la supervisión de los contratos que se celebran con los consumidores, para evitar cláusulas abusivas. En la medicina prepaga, hay -además- interés en fiscalizar la actividad misma en sus aspectos sanitarios.

Desde otro ángulo, las empresas de medicina prepaga son sistemas de financiamiento y su propósito es dar servicios médicos a través de terceros que contratan, aunque excepcionalmente tengan servicios propios. Tienen como base el pago anticipado del usuario y la prestación es otorgada cuando se produce el evento dañoso y puede consistir en el derecho del paciente a ser asistido por un prestador contratado, o bien, en el pago de una suma dineraria para que el paciente se atienda pagando por sí mismo la prestación.

Pueden darse varios planes de mayor o menor calidad: de libre elección, o de elección dentro de una cartilla de médicos, o -directamente- cerrados, sin libre elección.

Como elementos necesarios para tipificar la medicina prepaga se han distinguido: a) que exista una empresa que se compromete a dar asistencia médica, por sí o por terceros; b) que la obligatoriedad de la prestación esté sujeta a la condición suspensiva de que se dé una determinada enfermedad en el titular o grupo de beneficiarios; c) que exista el pago anticipado como modo sustantivo de financiación, aunque pueda ser completado.

Por su lado, las leyes 23.660 y 23.661 que definen el "seguro de salud", refieren a la responsabilidad de los agentes de seguro y definen a las obras sociales como "agentes del seguro", estableciendo que son los entes que hacen operativo el "seguro social". Estas menciones han justificado la aplicación analógica de la ley 17.418 en materia de obras sociales (conf. CNCiv. ComFed., Sala 3, in re: "G., J. A. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados", JA, 1997-I-414).

El sistema del seguro tiene elementos análogos a la medicina prepaga: busca seguridad económica frente a acontecimientos futuros e inciertos; opera mediante una empresa que capta el ahorro en forma masiva en base a una relación técnica establecida entre la prima y el riesgo. Hay un riesgo asegurable, hay un pago de prima, hay interés. Se trata de un contrato sinalagmático, oneroso, aleatorio, de tracto sucesivo.

Todas estas características se pueden dar en el sistema de medicina prepaga. Sin embargo, se ha señalado con claridad que, no obstante las similitudes, el prepago no es, en nuestro derecho, un contrato de seguro típico, ya que si bien puede tener los elementos de un seguro, es atípico. Ello trae importantes consecuencias, en el sentido que la actividad no es controlada por los organismos de aplicación previstos en la ley 17.418.

En punto a los riesgos cubiertos, la exclusión de la cobertura es lícita e inherente al contrato de seguro, pero la información debe ser clara, debiendo adoptarse como regla de interpretación la llamada "regla inclusiva".

Este criterio se puede rescatar en la jurisprudencia norteamericana, por ejemplo, del precedente sentado en el fallo recaído in re: "Witcraft v. Sundstrand Health and Disability Group benefit plan" (S.C. IOWA, 1988, 420. NW 2d. 785), en el cual se interpretaron las reglas contractuales dadas por la oferente, en las que estableció que se cubría la enfermedad definiéndola en términos amplios y con exclusiones ambiguas. Ante ello, se ha dicho que la redacción de un texto puede ser exclusiva o inclusiva. Eso último sucede cuando se dice que se cubren enfermedades en sentido amplio y, en ese marco, la interpretación que sigue la "regla inclusiva", considera que, todo lo que no está consignado expresamente como una excepción, queda incluido (conf. Lorenzetti Ricardo, "Cláusulas abusivas en el contrato de medicina prepaga"; JA, 1997-III-788).

Este criterio interpretativo también puede aplicarse a la interpretación de la ley, en materias donde se hallan involucradas cuestiones de interés público prevalecientes, como son aquellas que comprometen el derecho a la vida y a la calidad de vida.

7.) La medicina prepaga, según lo expresado, se distingue claramente de las obras sociales, pues han aparecido para cubrir las falencias de éstas, para dar mejores servicios a una franja de la población con mayor poder adquisitivo, para brindar servicios que las obras sociales no pueden cubrir.

Con esta modalidad de prestación médica cambia fundamentalmente el origen de la financiación del sistema: se nutre únicamente de la cuota que paga el asociado. No debe perderse de vista que, en muchos casos, las empresas son las que abonan las cuotas a sus empleados.

Se ha dicho que la empresa de medicina prepaga asume un rol de protección de la salud del asociado, colabora con él en el plano de la prevención, atención y recuperación y se ha sostenido, por oposición a otras líneas de ideas, que en este contrato no se compran servicios asistenciales mediante un ahorro previo, sino que se prevé una cobertura para el caso que la enfermedad o accidente se produzcan. No es un pago en cuotas sino una previsión de lo que pueda ocurrir, entendiendo que en la génesis del contrato está el factor de previsión y no de ahorro previo. Por lo tanto, si el asociado renuncia al sistema y no utilizó los servicios, pierde las cuotas abonadas (conf. Stein, Enrique, "La pertenencia al sistema de medicina prepaga", LL, 1999-B, pág. 936).

8.) En el marco así descripto de similitudes y diferencias, resulta claro que los conceptos que envuelven la mención de los términos "obra social" y "empresa de medicina prepaga" son perfectamente diferenciables y no cabe efectuar asimilaciones ligeras, en las cuales los operadores del campo específico nunca podrían haber incurrido.

Con esta inteligencia, estímase que cuando las leyes 23.660 -obras sociales-, 23.661-sistema nacional de seguro de salud- y 24.455 -que incorpora como prestación obligatoria las coberturas por sida y drogadicción- se refieren a las obras sociales connotan una realidad ajena a las empresas de medicina prepaga y que es recién la ley 24.754 la que, en 1996, extendió a las empresas y entidades que presten medicina prepaga la obligación de cubrir como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial, las mismas "prestaciones obligatorias" dispuestas para las obras sociales, conforme a lo establecido por las tres leyes supra citadas y sus reglamentaciones.

En este marco, cabe determinar cuáles son las prestaciones necesarias para el tratamiento de la patología de la menor y cuáles las asumidas por la prepaga demandada, tanto contractualmente como a consecuencia del dictado de la ley 24.754.

En ese sentido, el informe pericial médico producido en autos (ver fs. 287/288), el cual no mereciera impugnación ni observación alguna de las partes, indicó que Josefina presenta "Retraso Global del Neurodesarrollo con trastornos conductuales", a causa de "Encefalopatía Crónica no evolutiva", y expresó que "la intervención temprana y la continuidad terapéutica han logrado marcados beneficios" en la mejoría evidenciada por la niña. Señaló, asimismo, que dicha estimulación temprana o precoz debe ser continuada mediante "terapias ocupacionales, estimulación psicomotora, educación especial", debiéndose agregar a ello, en lo que aquí interesa, "tratamiento fonoaudiológico, (...) control por neuropediatra, evaluación y contención psicológicos de los trastornos conductuales", lo que le permitirá a la menor lograr su inserción familiar, escolar, pedagógica y social, de acuerdo a sus posibilidades individuales, y alcanzar el máximo potencial posible.

El experto también aconsejó tratamiento traumatológico por acentuada escoliosis lumbosacra y tratamiento oftalmológico por estrabismo, pero ellos no serán tenidos en consideración por no encontrarse dichas prestaciones entre las aquí reclamadas.

En punto a la epilepsia, indicó el perito que, a los 8 meses de vida, la niña "presentó crisis convulsivas mioclónicas, seguramente relacionadas con su encefalopatía, que requirió medicación anticomisial específica (Lamotrigina y Ácido Valproico) por varios años", no requiriendo en la actualidad de dichos fármacos (ver fs. 287 vta., segundo párrafo).

La actora reclamó a Medicus las prestaciones que -entendió- ésta estaba obligada a brindarle, dada su condición de afiliada a la prepaga y en atención a los términos de la ley 24.901 -de discapacidad- y demás legislación aplicable, pero no acreditó -ni siquiera mencionó- los términos del plan de salud contratado. Tampoco hizo alusión alguna en ese sentido al desconocer, a fs. 203, la documentación acompañada por la demandada -quien reconoció la afiliación-, entre la que se encontraba el detalle de las prestaciones presuntamente convenidas en el plan (ver fs. 124).

En ese orden de ideas, sabido es que la prueba incumbe a quien afirma, no a quien niega ("ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat"). En tal sentido, tengo presente que las reglas sobre la carga de la prueba constituyen un recurso para descartar la posibilidad de que el juez llegue a un non liquet con respecto a la cuestión de derecho a causa de lo dudoso de los hechos. Conforme lo sostiene conocida y reiterada jurisprudencia, el art. 377 CPCCN pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción y ello no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso (conf. CNCom., esta Sala A, 14/06/2007, in re: "Delpech, Fernando Francisco c/ Vitama S.A.", entre otros).

La consecuencia de esta regla es que quien no ajusta su conducta a esos postulados rituales debe necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos (conf. CNCiv., Sala A, 01/10/1981, in re: "Alberto de Río, Gloria c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires"; idem, Sala D, 11/12/1981, in re: "Galizzi, Armando B. c/ Omicron S.A."; bis idem, 03/05/1982, in re: "Greco José c/ Coloiera, Salvador y otro"; en igual sentido, CNCom., esta Sala A, 12/11/1999, in re: "Citibank NA c/ Otarola, Jorge"; idem, 06/10/1989, "Filan SAIC c/ Musante Esteban"; Sala B, 16/09/1992, in re: "Larocca, Salvador c/ Pesquera Salvador"; idem, 15/12/1989, in re: "Barbara Alfredo y otra c/ Mariland SA y otros"; Sala E, 29/09/1995, in re: "Banco Roca Coop. Ltdo. C/ Coop. de Tabacaleros Tucumán Ltda.", entre muchos otros).

Por ello, si la accionante pretendía hacer valer la contratación de una gama de prestaciones mayor a las impuestas por ley a las empresas de medicina prepaga, debió haberlo acreditado. Empero, la absoluta orfandad probatoria evidenciada sobre este aspecto y el reconocimiento de la condición de afiliada por parte de la demandada determinan que deba estarse al plan médico básico, con sistema cerrado.

En ese sentido, la ley 24.754 obligó a las prepagas a asumir las prestaciones del plan médico obligatorio que se detallan en el Anexo I de la ley 23.660. Luego, con la Resolución 939/2000, se aprobó el Programa Médico Obligatorio (PMO) para los agentes del Seguro de Salud comprendidos en el art. 1º de la ley 23.660, que en su Anexo I también detalló el catálogo de prestaciones e incluyó una cobertura de mayor espectro, a las cuales también se hallaban sometidas las prepagas que, en lo que aquí interesa, incluía prestaciones de rehabilitación, sin perjuicio de las otras prestaciones médicas allí previstas que fueren necesarias para el tratamiento de la menor discapacitada, con inclusión de prácticas fonoaudiológicas y de rehabilitación sensorial.

Con posterioridad, por Decreto 486/2002, se declaró la Emergencia Sanitaria Nacional, en el marco de la ley 25.561 de Emergencia Pública, que restringió algunas prestaciones por Resolución MS 201/2002, y que fue prorrogada hasta el 31/12/2006 por la ley 26.077 -art. 2º-. A ese respecto, indícase que la Resolución MS 201/02 determinó las prestaciones básicas esenciales e imprescindibles para garantizar el Programa Médico Obligatorio y -mientras estuvo vigente- no modificó sustancialmente los servicios cubiertos por la ley 23.660. Allí se estableció un catálogo de prestaciones vinculadas con la salud mental, a saber: cobertura en psiquiatría, psicología, psicoterapia individual, psicoterapia grupal, psicoterapia de familia, psicodiagnóstico, internación, prácticas de rehabilitación fonoaudiológicas y de estimulación temprana (véase punto 1.5); a su vez, en su Anexo II, dispuso talleres de estimulación temprana, incluyendo guardería, y se aseguró la cobertura en niños de hasta dos años de edad con déficit neurosensorial.

A mayor abundamiento, apúntase que incluso toda merma en la cobertura concedida por el plan médico obligatorio que hubiera introducido el régimen de emergencia, disminuyendo el standard de protección ya adquirido por ley en la protección del básico derecho a la salud y que no estuviere previsto por la cobertura del PMO o por el plan contratado con la prepaga, dadas las características de las afecciones que detenta la menor, debía ser dejada de lado. Ello, en tanto puede presumirse que, tratándose de una niña de corta edad y con el cuadro descripto en autos, toda interrupción de las prácticas terapéuticas solicitadas provocaría un daño que comprometería el derecho a la salud, de modo capaz de retraer o detener su rehabilitación.

Así, ante la sola eventualidad de que pueda seguirse una retracción en su evolución capaz de afectar los logros madurativos descriptos en la pericial médica producida en autos, estímase que debe tenerse por configurado un supuesto de excepción a las restricciones que pudieron haber sido impuestas -aún por razones de emergencia- en el Plan Médico Obligatorio, en su más amplio alcance extendido, oportunamente reconocido, toda vez que, se reitera, ese nivel de protección ya representa un derecho adquirido para esta menor, del que no puede ser privada.

Considérase que, en este alcance, caben las prestaciones terapéuticas de rehabilitación, entendiendo por ellas aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición y/o restauración de aptitudes e intereses para que una persona con discapacidad alcance el nivel psicofísico más adecuado para lograr su inserción en el entorno, a través de la recuperación de la mayor parte posible de sus capacidades motoras, sensoriales, mentales, alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean de origen congénito o adquirido, utilizando para ello los recursos humanos y medios técnicos necesarios. En todos los casos, pues, se deberá brindar cobertura integral de rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere de menester y por el tiempo y las etapas que el caso requiera.

9.) Cabe examinar ahora las prestaciones comprendidas en la ley 24.901, para determinar si la prepaga demandada se encuentra obligada a brindar la cobertura que dicha norma prevé.

Esta ley fija un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindar una cobertura integral en sus necesidades y requerimientos, comprensiva de: prestaciones preventivas, para las madres y los niños, con apoyo psicológico; prestaciones de rehabilitación; prestaciones terapéuticas educativas, prestaciones educativas comunes (artículo 17, párrafo segundo), prestaciones asistenciales -hábitat, alimentación, atención especializada, sistemas alternativos del grupo familiar-, etcétera, las cuales son descriptas en general en los artículos 1º, 14 a 18 y cctes. de la ley 24.901, excluyéndose de los módulos, los medicamentos, las prótesis y órtesis, estudios de diagnóstico y prácticas de laboratorio, cuya cobertura se hará conforme a la Resolución 1/98 de la Administración de Programas Especiales y el Plan Médico Obligatorio (Resolución 400/99 -Anexo, II incisos 9º, 11º y 12º-).

Es claro que estas prestaciones exceden, y en mucho, las prestaciones del plan médico obligatorio.

El art. 2º de la ley 24.901 establece como sujetos obligados por ella a las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el art. 1º de la ley 23.660, y precisa que tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas. Ante la literalidad de esta norma, debe repararse en que la ley tiene como fecha de promulgación el 2 de diciembre de 1997 y que expresamente se refiere a las obras sociales, destacando que entiende dentro de tal concepto los sujetos enumerados en el art. 1º de la ley 23.660, esto es, a las obras sociales sindicales, institutos de administración mixta, obras sociales del estado nacional, entes autárquicos y descentralizados, obras sociales de empresas y sociedades del estado, obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios, obras sociales constituidas por convenios, obras sociales del personal civil y militar de las fuerzas armadas y de seguridad y jubilados y pensionados de ese ámbito adheridos. Si a ello se le agrega que la ley 24.754, que extendió a las prepagas las mismas prestaciones obligatorias fijadas para las obras sociales, lo hizo con expresa mención de las leyes 23.660, 23.661 y 24.455, y que data del 23 de diciembre de 1996, debe reparase en que la ley 24.901, posterior a la ley 24.754, no refiere en momento alguno entre sus obligados a los sujetos captados por esa ley y, es más, remite a una expresa enumeración que define el concepto de los sujetos comprendidos, que no los incluye, pues -en principio- no resulta posible efectuar una interpretación extensiva. Máxime si se repara en que expresamente se establece en el art. 4º de la ley que las personas que carecieren de la cobertura de una obra social tendrán acceso a las prestaciones a través de organismos dependientes del Estado. Por otro lado, como lo sostiene la demandada, estas prestaciones, de suyo muy costosas, tienen un preciso sistema de financiación previsto en la ley y en las resoluciones 400/99 y 428/99, que no prevé la asistencia a prepagas, salvo adhesión al sistema que, en la especie, no se ha invocado y, menos, acreditado.

Por todo lo hasta aquí señalado, sólo cabe concluir, pues, en que si bien la demandada no se encuentra obligada a efectuar prestaciones al accionante con el pleno alcance de la ley 24.901, debe, en cambio, atender la cobertura de amplio espectro que deberá realizarse respecto de una persona con discapacidad, en punto a su rehabilitación terapéutica dentro del plan médico obligatorio, y en relación a aquéllas prestaciones médicas que se solicitan en el sub lite y que han sido puntualizadas en la peritación médica, esto es, seguimiento ambulatorio del tratamiento a través de un médico neurólogo infantil, terapia ocupacional, kinesiología y fonoaudiología, toda vez que no cabe asimilar estas prestaciones dentro de categorías excluidas. Ahora bien, tal conclusión no abarca educación general básica, apoyo a la integración escolar, prestaciones de apoyo, transporte escolar y juguetes terapéuticos y materiales especiales requeridos para el tratamiento de la menor discapacitada y que la accionante pretende endilgar a la demandada, por cuanto, si bien dichos servicios están contemplados por la ley 24.901 -de discapacidad- (arts. 13, 15, 17, 18, 35 y concordantes) y la resolución 400/1999 APE que reglamenta a aquélla (anexo III, puntos 1.6.2, 1.6.3, 3.1 y 3.2), no integran la cobertura del Programa Médico Obligatorio y, por ende, tales prestaciones sólo rigen como obligatorias para las obras sociales, entes autárquicos y descentralizados del Estado, en mérito al alcance que debe darse a la normativa que aquí se trata y en ese ámbito deberá procurarse la tutela.

Por su parte, el art. 10 de la ley 24.901 (que remite al art. 3º de la ley 22.431 -el cual instauró el sistema de protección integral de los discapacitados- y a las leyes provinciales análogas) estableció que son beneficiarios de esta norma las personas que acrediten su discapacidad mediante el certificado expedido en tal sentido por la Secretaría de Estado de Salud Pública (hoy, Ministerio de Salud, a través del Servicio Nacional de Rehabilitación).

En ese sentido, es oportuno recordar que la actora invocó la aplicación de la ley 24.901 en base a que su hija padecía una discapacidad producto de "Encefalopatía Crónica no evolutiva con retraso global del neurodesarrollo y Epilepsia" (ver fs. 79 vta. /80), adjuntando el correspondiente certificado de discapacidad, que en fotocopia certificada luce a fs. 349 y cuya autenticidad fuera corroborada por el Servicio Nacional de Rehabilitación a fs. 290/301. Con dicho instrumento se certifica que la menor padece de discapacidad a raíz de "Encefalopatía Crónica no evolutiva con retraso global del neurodesarrollo"; en idéntico sentido se pronunció el perito médico designado en autos, cuyo informe -se recuerda- no mereciera impugnación u observación alguna, quien diagnosticó "Retraso Global del Neurodesarrollo con trastornos conductuales a causa de Encefalopatía Crónica no evolutiva" (ver fs. 287 vta., séptimo párrafo) y señaló que dicho cuadro sería la causal de las crisis convulsivas mioclónicas que presentó la menor a partir de los ocho meses de vida (ver fs. 287 vta., segundo párrafo).

De tal forma, resultó debidamente probado que la discapacidad que presenta la niña Josefina es producto de "Encefalopatía Crónica no evolutiva con retraso global del neurodesarrollo" y que ello le habría provocado las crisis epilépticas que padeció desde temprana edad, de modo que la menor se encuentra amparada por la ley 24.901 para afrontar el tratamiento de su enfermedad (ver peritación citada supra).

Sin perjuicio de ello, es dable señalar que en la pericial médica -como se vio supra- se informó que a la niña se le suministró Lamotrigina y Ácido Valproico, por varios años, a causa de las crisis convulsivas que presentó, pero que, en la actualidad, ya no requeriría de dichos fármacos.

Ello expuesto, habiéndose acreditado que las manifestaciones epilépticas serían una de las consecuencias directas de la patología incapacitante que presenta la niña, mas no la necesidad actual de su medicación, sólo cabe concluir en que la pretensión de la accionante de que la demandada afronte los gastos en concepto de fármacos (Lamotrigina y Ácido Valproico) para el tratamiento de dicha enfermedad resulta procedente, sólo en la medida en que en el futuro se acredite su necesidad mediante prescripción médica.

Así pues, con base en los fundamentos hasta aquí expuestos, hubiese correspondido, estrictamente, acoger parcialmente la demanda, haciendo lugar a la pretensión de que la empresa de medicina prepaga brinde los servicios incluidos en el Programa Médico Obligatorio señalados supra -seguimiento ambulatorio del tratamiento a través de un médico neurólogo infantil, terapia ocupacional, kinesiología y fonoaudiología-, así como -también- la medicación -Lamotrigina y Valproato- necesaria para el tratamiento de la epilepsia en la medida en que posteriormente se acredite su necesidad, y rechazando el reclamo de que se haga cargo de las prestaciones previstas en la ley 24.901 -de discapacidad- que excedan dicho PMO, con respecto a educación general básica, apoyo a la integración escolar, prestaciones de apoyo, transporte escolar y juguetes terapéuticos y materiales especiales. Sin embargo, no obstante enfatizar en su responde que no le resultaba aplicable la referida ley 24.901 y su reglamentación, Medicus se comprometió en este caso, en forma excepcional, a brindar a la menor la misma cobertura a la que se encontraban obligadas las obras sociales, con las limitaciones previstas en las resoluciones 428/1999 MS, 400/1999 y 6080/2003 APE, y sus modificatorias (ver fs. 152 vta. /154, punto 2).

Resulta aquí oportuno recordar que la ley 24.901, que estableció el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, fue reglamentada por la resolución 400/1999 de la Administración de Programas Especiales (APE), estableciendo para las prestaciones reconocidas en la referida ley distintos límites de sesiones y topes máximos de precios a reintegrar (ver Anexo I, punto VIII). La resolución 400/1999 resultó modificada y actualizada periódicamente por distintas normas, en consonancia con los ajustes resueltos por el Ministerio de Salud. En lo que aquí interesa, vale destacar: a) la resolución 24.028/2008 APE: en atención a los incrementos implementados en la resolución 1.074/2008 MS (ver infra), modificó los aranceles correspondientes a educación inicial, educación general básica, apoyo a la integración escolar, prestaciones de apoyo y transporte escolar; y b) la resolución 7.912/2009 APE: en vista de los dispuesto en la resolución 314/2009 MS (ver infra), readecuó el arancel en concepto de transporte establecido en la resolución 24.028/2008 APE, fijándolo en $ 1,78 por kilómetro. Por su parte, la resolución 428/1999 del entonces Ministerio de Salud y Acción Social (MSyAS) aprobó el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, con el fin de optimizar la facturación por parte de los prestadores, actualizándose periódicamente sus aranceles y encontrándose vigentes en la actualidad, en lo que en la especie importa, las resoluciones 1074/2008 MS -modificó los aranceles correspondientes a educación inicial, educación general básica, apoyo a la integración escolar, prestaciones de apoyo y transporte escolar- y 314/2009 MS -readecuó el arancel en concepto de transporte fijado en la resolución 1.074/2008 MS, fijándolo en $ 1,78 por kilómetro-.

En consecuencia, corresponderá que la demandada brinde a la menor, en forma íntegra y mientras ésta mantenga su condición de afiliada, las prestaciones incluidas en el Programa Médico Obligatorio que le fueran reclamadas, a saber, seguimiento ambulatorio del tratamiento a través de un médico neurólogo infantil, terapia ocupacional, kinesiología y fonoaudiología, así como -también- la medicación -Lamotrigina y Valproato- necesaria para el tratamiento de la epilepsia en la medida en que posteriormente se acredite su necesidad, debiendo, asimismo, brindar los servicios reclamados en virtud de la ley 24.901 y su reglamentaria resolución 400/1999 APE, tales son, educación general básica, apoyo a la integración escolar, prestaciones de apoyo, transporte escolar y juguetes terapéuticos y materiales especiales, con las limitaciones previstas en las distintas resoluciones modificatorias vigentes. A tal efecto, si los poseyese, deberá proporcionar las prestaciones por sí o, si no las tuviese previstas, mediante las contrataciones necesarias que sean de menester para atender a dichas necesidades. En consecuencia, deberá proveer los medios necesarios a ese fin dentro del plan cerrado a que la niña pertenece -en la medida en que éste lo provea-, pues no cabe y resulta irrazonable que la accionante, abonando las expensas de un plan cerrado, se beneficie con servicios y profesionales de su libre elección, pues la cobertura que se admite ha de satisfacerse dentro de las condiciones del plan por el que cada uno ha optado; pero si la prepaga careciera de tal cobertura y no pusiese a su disposición profesionales y prestaciones a ese fin, y hasta que lo haga, tendrá que cumplir con la obligación de prestar su cobertura económica para la continuación del tratamiento de la menor con sus actuales prestadores, como si fuera un plan abierto, con reintegro inmediato. Ello, por cierto, hasta tanto se le pongan a disposición los prestadores que puedan brindar la cobertura aquí dispuesta. Los profesionales y establecimientos destinados a tales prestaciones deberán serle notificados a la actora, detallando debidamente las prestaciones y prestadores necesarios que en cada caso habrán de satisfacerse.

10.) A su turno, la Sra. Magistrada de grado hizo lugar al reintegro de los gastos realizado por la accionante, conforme al detalle efectuado en la demanda (ver fs. 84 vta.), determinando que los correspondientes pagos se efectuaron los días 22/02/2005, 28/02/2005, 06/09/2004, 04/10/2004 y 03/11/2004, todo lo cual totalizó la suma de $2728. Las fechas y monto indicados resultan coincidentes con las del detalle referido y con las facturas acompañadas a fs. 70/74 y no fueron materia de agravios, quedando -en consecuencia- consentidos. Lo que sí fue materia de queja por parte de la accionada fue la condena a reintegrarle esa suma a la actora que le fuera impuesta y la tasa de interés aplicada.

Es dable recordar aquí que la actora reclamó el reintegro de los montos que destinó para afrontar los gastos en concepto de educación inicial -El Jardín de Dailan Kifki (ver fs. 72/74)-, educación general básica -Escuela de Educación Especial "Nuestra Luz" (ver fs. 70)- y apoyo a la integración escolar -Lic. S. T. S., terapeuta (ver fs. 71)-, todos los cuales son rubros comprendidos dentro de las prestaciones educativas contempladas por la ley 24.901 y su reglamentación.

Por ello, y en atención a las consideraciones expuestas más arriba, cuadra sostener que la demandada deberá reintegrar las sumas que debió afrontar la actora por prestaciones educativas que se encuentran acreditadas con la prueba documental agregada a fs. 70/74, vinculadas con educación inicial -El Jardín de Dailan Kifki-, educación general básica -Escuela de Educación Especial "Nuestra Luz"- y apoyo a la integración escolar -Lic. S. T. S., terapeuta-, debiendo respetarse las limitaciones previstas en las distintas resoluciones modificatorias vigentes al momento de efectuarse cada uno de los pagos, por encontrarse dichos servicios dentro de los contemplados por la ley 24.901 y su reglamentación, difiriéndose la liquidación definitiva para el momento de ejecución de la sentencia.

En cuanto a la tasa de interés aplicada en la sentencia apelada, no puede dejar de señalarse que los fundamentos del recurso del actor sobre el tema carecen de los requisitos mínimos de idoneidad para ser considerados tales desde el punto de vista ritual (art. 265 CPCCN), de modo que, en rigor de verdad, hubiese correspondido declarar la deserción de aquél, en los términos del art. 266 CPCCN.

Véase que la queja consta tan sólo de un renglón, limitándose a señalar que "también se agravia por la tasa de interés establecida por el a quo", lo que evidencia una carencia total de argumentación, pues -en rigor- no contiene una crítica concreta y razonada de las apreciaciones que dan sustento al pronunciamiento atacado, con lo que -en principio- no se advierte satisfecha la carga impuesta por el art. 265 CPCCN.

Sin embargo, este Tribunal se ha guiado siempre en este campo con un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de la técnica recursiva exigida por el citado art. 265 de la ley adjetiva, por entender que esa amplitud de criterio es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por la norma legal antes citada, con la garantía de la defensa en juicio de raigambre constitucional (art. 18 CN). De allí, entonces, que el criterio de apreciación a este respecto debe ser necesariamente amplio, atendiendo a que, por lo demás, los agravios no requieren formulaciones sacramentales, alcanzando así la suficiencia requerida por la ley procesal cuando contienen, en alguna medida, aunque sea precaria, una crítica concreta, objetiva y razonada a través de la cual se ponga de manifiesto el error en que se ha incurrido -o que se atribuye a la sentencia- y al mismo tiempo se refuten las consideraciones o fundamentos en que aquella fue sustentada para, de esta manera, descalificarla como acto jurisdiccional.

Pero también se ha dicho, en forma reiterada, que no obstante tal amplitud en la apreciación de la técnica recursiva, existe un mínimo por debajo del cual las consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídica como "agravios" en el sentido que exige la ley de forma, tal como ocurre en el sub lite, en donde la apelante no planteó otra cosa que una mera disconformidad con lo decidido en la anterior instancia. Y es -en esa línea de pensamiento- que no resulta legalmente viable discutir el criterio judicial que da sustento a la sentencia que se cuestiona si no se apoya la oposición en un basamento idóneo o sin que sean aportadas razones jurídicas que permitan dar sustento a un distinto punto de vista (conf. CNCom., esta Sala A, in re: "Superintendencia de Riesgos de Trabajo c/ Omega ART SA", 27/08/1999, entre muchos otros).

En la queja traída a conocimiento de la Sala, el recurrente no justificó, cabalmente, su pretensión de apartarse de la tasa de interés aplicada en la sentencia apelada.

Sin perjuicio de ello y dado que, este Tribunal se ha guiado siempre con un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de la técnica recursiva exigida por el art. 265 de la ley adjetiva, se pasará a continuación a tratar el agravio planteado, no obstante las deficiencias antes señaladas.

Es dable poner de relieve, sin embargo, que en el fallo apelado la Sra. Juez de grado fijó los intereses a la tasa activa ordinaria vencida que para sus operaciones de descuento de documentos a treinta (30) días percibe el Banco de la Nación Argentina, resultando esa decisión de conformidad con lo establecido por la doctrina plenaria del fuero (conf. CNCom., en pleno, 27/10/1994, in re: "S.A., La Razón s/ quiebra s/ incidente de pago de los profesionales").

Con base en ello pues, la decisión de la Sra. Juez de grado resulta acorde a derecho, por lo que corresponde desestimar el recurso de la demandada respecto de la tasa de interés aplicada.

11.) Habida cuenta que lo aquí expuesto determina la modificación -aunque más no sea parcial- de la sentencia de grado y que esa circunstancia impone adecuar la distribución de costas efectuada en la anterior instancia, corresponde que este Tribunal se expida nuevamente sobre el particular, en orden a lo previsto por el artículo 279 del CPCCN.

Sentado ello, recuerdo que el principio general en esta materia es que la parte vencida en el juicio deba pagar todos los gastos de la contraria, pues éstos son corolario del vencimiento y se imponen no como sanción sino como el resarcimiento de los gastos causídicos que debe reembolsar el vencido (conf. CNCom., esta Sala A, 01/09/1987, in re: "Iglesias Enrique c/ Pianotours S.R.L."; idem, 28/04/1989 "Servigas del Interior S.A. (en liquidación) c/ Agip Argentina S.A. s / Ordinario").

La Corte Suprema ha resuelto en reiteradas oportunidades que el artículo 68 del CPCCN consagra el principio del vencimiento como criterio rector en materia de costas, el cual encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota, de modo que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (CSJN, Fallos, 312:889, entre muchos otros).

En este marco conceptual, y en atención al resultado del proceso, no puede sino concluirse en que las costas de la anterior instancia y de Alzada deben ser impuestas en el orden causado, dada la gravitación que tuvo en la resolución del caso el compromiso asumido por la demandada (art. 68, segundo párrafo, CPCCN).

12.) Como consecuencia de todo lo expresado, esta Sala Resuelve:

a) Admitir parcialmente el recurso interpuesto por la demandada y modificar la sentencia de fs. 354/371 en el sentido de que esta última deberá brindar a la menor, en forma íntegra y mientras ésta mantenga su condición de afiliada, las prestaciones incluidas en el Programa Médico Obligatorio que le fueran reclamadas, a saber, seguimiento ambulatorio del tratamiento a través de un médico neurólogo infantil, terapia ocupacional, kinesiología y fonoaudiología, así como -también- la medicación -Lamotrigina y Valproato- necesaria para el tratamiento de la epilepsia en la medida en que posteriormente se acredite su necesidad, debiendo, asimismo, brindar los servicios reclamados en virtud de la ley 24.901 y su reglamentación, tales son, educación general básica, apoyo a la integración escolar, prestaciones de apoyo, transporte escolar y juguetes terapéuticos y materiales especiales, con las limitaciones previstas en las distintas resoluciones modificatorias vigentes, ello de conformidad a lo previsto en el considerando 9. Asimismo, deberá reintegrar las sumas que debió afrontar la accionante por prestaciones educativas, en los términos del considerando 10.

b) Imponer las costas del proceso, tanto en esta como en la anterior instancia, en el orden causado, de conformidad a lo establecido en el considerando 11.

c) En cuanto a los recursos de apelación de materia arancelaria (v. fs. 373 y 376), atento lo resuelto precedentemente en materia de costas y dado que conforme lo normado por el art. 279 del Código Procesal incumbe a este Tribunal la fijación de los respectivos estipendios, se deja sin efecto la regulación de fs. 370/371, y se hace saber que los emolumentos serán regulados una vez que se encuentren reunidos en autos elementos de ponderación suficiente a los fines arancelarios para así proceder.

Devuélvase a primera instancia, encomendándose a la Sra. Juez a quo disponer las notificaciones del caso con copia de la presente resolución. -María Elsa Uzal. -Isabel Míguez. - Alfredo Arturo Kölliker Frers