Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24


Expte. Nº 1315/0 "FARIAS MARIA ANTONIA c/ GCBA s/ Empleo Público (no cesantía ni exoneración)" En la Ciudad de Buenos Aires a los días 24 del mes de agosto de dos mil seis, se reúnen en acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Doctores Nélida Mabel Daniele, Esteban Centanaro (quien se excusó de intervenir en autos conforme auto de fs. 430) y Eduardo Ángel Russo, para conocer en las presentes actuaciones conforme lo dispusiera el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su pronunciamiento de fs. 411/425; y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dra. Nélida Mabel Daniele y Dr. Eduardo Ángel Russo, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿corresponde hacer lugar al planteo de prescripción opuesto por el GCBA? A la cuestión planteda la Dra. Nélida Mabel Daniele dijo que: ANTECEDENTES: 1. La parte actora -personal docente del Gobierno de la Ciudad- inició la presente acción contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la finalidad de obtener un pronunciamiento judicial que condene a aquella a incorporar al rubro sueldo básico (identificado como rubro 001) -con carácter remunerativo- las asignaciones creadas por Decretos 4937/91, 5787/91. Requirió el reajuste y la reliquidación retroactiva de los demás items que se computan para determinar el rubro sueldo, con más intereses y costas. La demandada solicitó el rechazo de la acción de conformidad con la presentación de fs. 58/67, cuyos términos damos por reproducidos brevitatis cau sae. En lo que interesa, dejó planteada la defensa de prescripción en los términos del artículo 4027 del Código Civil (v. fs.58 pto. IV.). Dispuesto el pertinente traslado, la actora solicitó el rechazo de la excepción en los términos del libelo obrante a fs. 72. El Sr. Juez de grado resolvió diferir para la oportunidad de dictar sentencia definitiva la defensa opuesta por la accionada, conforme la resolución interlocutoria de fs. 97. A fs. 190/197 aquél se pronunció sobre el fondo de la cuestión rechazando la acción interpuesta en todas sus partes. 2. Así las cosas, la parte actora apeló a fs. 206 y expresó agravios a fs. 210/214. Llegadas las actuaciones a la Cámara, la Sala I dictó sentencia, haciendo parcialmente lugar al recurso articulado por la actora. Consideró que los suplementos indicados tienen carácter remunerativo, dispuso que fuesen computados a todos los efectos previsionales y se incluyan para determinar el Sueldo Anual Complementario. Por último, aquel tribunal ordenó al GCBA que se presente ante el órgano previsional competente para regularizar las contribuciones adeudadas al sistema de jubilaciones y pensiones desde la entrada en vigencia de las normas indicadas. La demandada interpuso recurso de aclaratoria, por entender que la alzada omitió pronunciarse sobre la defensa de prescripción que había -oportunamente- articulado. Dicho recurso fue rechazado por la Sala I a fs. 281. 3. La Procuración General de la Ciudad articuló recurso de inconstitucionalidad (v. fs. 285/297), el que fue denegado a fs. 302/303. En ese orden, la accionada interpuso recurso de queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad a fs. 380/395. A fs. 403/409, produjo su dictamen el Sr. Fiscal General Adjunto -Dr. Rubén Antonio Pereyra-, quien propuso: (a) hacer lugar pacialmente al recurso de queja impetrado por el Gobierno y, en consecuencia, revocar la sentencia de la alzada en punto a la condena a regularizar la situación previsional y (b) que la Cámara se expida, por quién corresponda, sobre la defensa de pres cripción que fuera oportunamente articulada. 4. A fs. 411/425 dictó sentencia el Superior Tribunal de la Ciudad, que hizo lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA, y revocó la sentencia de fs. 273/276 en cuanto condenó a la accionada a regularizar la situación de las contribuciones adeudadas y ordenó remitir las presentes actuaciones a esta Cámara a fin de resolver sobre la defensa de prescripción opuesta por el Gobierno comunal. CONSIDERANDO: 5. Liminarmente, corresponde señalar que la cuestión a dilucidar en el sub lite estriba en determinar cuál es el plazo de prescripción que corresponde considerar. Para resolver el punto, merece destarcarse, como ya lo hice en otra oportunidad (in re "Lococo Marcela", de fecha 02.05.06), que la cuestión propuesta (empleo público) se encuentra regida por principios propios de derecho público, con lo cual las disposiciones del Código Civil se aplican a éste de modo analogo (si no hallamos en éste ninguna regla subsidiaria que permita re solver la cuestión) o de modo directo, habida cuenta que en el cuerpo del Código Civil se encuentran incorporadas reglas propias de derecho público (vg. lo relativo al dominio público, etc.) y algunos principios generales del derecho (vg. principio de buena fe, etc.). Por tanto, debemos examinar si, ante la ausencia de una disposición de derecho público local que regule específicamente la cuestión, existe alguna norma cuya aplicación subsidiaria permita resolver el caso. Por lo demás, es esta pauta interpretativa la que otorga coherencia a la autonomía reconocida por la Constitución Nacional, en su artículo 129, a la Ciudad de Buenos Aires (v. CCAyT de la CABA, S. II, in re "Roldán Norma Beatriz y Otros c/ GCBA", pronunciamiento de fecha 07.10.04, TSJ in re "Sociedad de Baneficencia Italiana" del 17.11.03). 6.- En tal orden, se impone como razonable acudir a todas las normas de derecho público local para la resolución del asunto. Ellas prevén diversos plazos de prescripción, entre los que se encuentran, en ma teria tributaria, que las acciones del Gobierno, como regla, prescriben en el plazo de cinco años. La acción de repetición (aquella que, justamente, entabla el particular contra el fisco para obtener lo pagado indebidamente) también expira en ese plazo. Este criterio ha sido reiterado en los códigos fiscales de los años 1999 al 2005. A su vez, en la ley de expropiaciones, la acción por retrocesión se extingue por prescripción a los cinco años y la caducidad de la declaración de utilidad pública se produce si el expropiante no promueve el juicio dentro de los tres años de entrada en vigencia de la ley (cuando se trate de bienes individualmente determinados), o de los cinco años de entrada en vigencia de la ley (cuando se trate de bienes determinados genéricamente). Finalmente, la ley 466 del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, establece la prescripción de las acciones disciplinarias a los cinco años de producción del hecho que las motive (Art. 31). Un régimen diferente es el que prevalece, lógicam ente, cuando se trata de faltas y contravenciones, cuyo plazo, es de dos años. Esto es razonable, dado que en esta materia específica (muy próxima al derecho penal) la intención del legislador es claramente la mayor brevedad en los términos de prescripción. La conclusión general que podemos tomar de todos estos casos es la elección del legislador del término de cinco años para que demande el Estado, o bien sea demandado en el ámbito del derecho público local (no penal o contravencional). 7.- No varía la cuestión, si recurrimos por vía analoga al Código Civil. En efecto, el artículo 4027 del Código Civil establece que "Se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos: ... 3) de todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos". El plazo quinquenal de prescripción establecido en esta norma se aplica a las prestaciones que deban satisfacerse periódicamente, sin límite definido en el tiempo, y tiene por objeto evitar el excesivo acrecentamiento de la obligación, con prescindencia d e que ésta tenga su fuente en la voluntad de las partes o en la ley. 8.- Por tanto, sea que acudamos por subsidiariedad a las disposiciones de derecho público local mencionadas o por analogía a lo dispuesto en el Código Civil, la solución que se propicia para el caso no varía, toda vez que el plazo de prescripción aplicable es de cinco años. 9.- De este modo, ante la ausencia de una directiva legal específica, el plazo de prescripción aplicable a los reclamos efectuados con motivo del cobro de las diferencias salariales que corresponden a la actora por el carácter remunerativo otorgado a las asignaciones creadas por los Decretos Nº 4937/91 y 5787/91 resulta alcanzado por el plazo quinquenal, por tratarse de obligaciones de carácter salarial que deben pagarse mensualmente, es decir por plazos periódicos más breves que un año. Asimismo, corresponde señalar que, conforme el artículo 22, inciso e, apartado 9, de la LPACABA, las actuaciones administrativas producen la suspensión de los plazos legales y reglamentar ios, incluso el de prescripción y, por ello, su cómputo se reanuda a partir del acto definitivo o la declaración de caducidad del procedimiento. 10.- En conclusión, corresponde hacer lugar al planteo de la accionada, declarando prescriptos los períodos que surgen de retrotraer cinco años desde la fecha de interposición de la demandada (presentada el 12 de julio de 2000, fs. 52) debiendo, en su caso, descontarse el término en que se encontró suspendido el transcurso del plazo en virtud del reclamo administrativo interpuesto hasta el momento en que se notificó la resolución denegatoria, extremos que deberán acreditarse en la etapa de ejecución de sentencia. En el supuesto en que no hubiese mediado -por parte de la administración- ningún acto administrativo definitivo (o asimilable a definitivo) que hubiese puesto fin al reclamo de la actora, el término de prescripción debe comenzar a computarse retrotrayendo cinco años la fecha de la presentación realizada en sede administrativa. Ello así lo entiendo, por cuant o si no hubo por parte del GCBA ninguna resolución sobre el tema, el plazo de prescripción permaneció suspendido. Por tanto, propongo al acuerdo declarar prescriptos los períodos que surgen de retrotraer cinco años desde la fecha de interposición de la demandada debiendo descontarse el término en que se encontró suspendido el transcurso del plazo en virtud del reclamo administrativo interpuesto hasta el momento en que se notificó la resolución denegatoria (en el supuesto de no haber existido pronunciamiento de la administración, se debe proceder conforme se indica en el Considerando Nº 10 -segundo párrafo-), extremo que deberá acreditarse en la oportunidad de la ejecución de la sentencia. En tal sentido dejo expresado mi voto. El Dr. Eduardo Ángel Russo por los fundamentos expuestos adhiere al voto precedente. El Dr. Esteban Centanaro no suscribe la presente por haberse excusado de intervenir a fs. 430. Por todo lo expuesto, el tribunal resuelve: declarar prescriptos los períodos que surgen de retrotraer cinc o años desde la fecha de interposición de la demandada debiendo descontarse el término en que se encontró suspendido el transcurso del plazo en virtud del reclamo administrativo interpuesto hasta el momento en que se notificó la resolución denegatoria (en el supuesto de no haber existido pronunciamiento de la administración, se debe proceder conforme se indica en el Considerando Nº 10 -segundo párrafo-), extremo que deberá acreditarse en la oportunidad de la ejecución de la sentencia. Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.