Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-25


La Plata, marzo 25 de 2004.

1º ¿Ha mediado inobservancia o errónea aplicación de normas procesales establecidas bajo sanción de nulidad? 2º ¿Qué decisión corresponde adoptar? El doctor Mahiques dijo:

En atención a la pluralidad de recurrentes resulta conveniente y -se impone lógicamente- tratar las cuestiones de presunta inobservancia de disposiciones procesales sancionadas con nulidad según aparecen en los recursos concedidos, es decir, principiando el examen casatorio con las objeciones dirigidas a la estructura misma del pronunciamiento, habida cuenta que su favorable recepción dejaría sin materia al resto de la queja, para finalizar por los pretensos vicios atribuidos a este último.

I. En relación a la denunciada falta de mayoría fundamentada de opiniones del fallo, el escrito recursivo del representante del Ministerio Público Fiscal se refirió críticamente a los votos de los jueces que hicieron mayoría, doctores González Elicabe y Allaza de Uturburu, pues mientras para el primero de los nombrados, Rodrigo Bueno -conductor de la camioneta Ford Explorer- incurrió en una serie de infracciones al deber de cuidado que determinaron el siniestro, ocasionando la muerte y lesiones de quienes lo acompañaban en el vehículo y su propio deceso, sin que se haya probado en el juicio que el imputado Pesquera "hubiera transgredido algún deber de cuidado", la juez que se expide en tercer orden aseveró que "las pruebas no conmovieron el principio de inocencia" del acusado.

Así presentada la cuestión dista bastante de erigirse como un motivo de agravio técnicamente suficiente, en tanto se omite desarrollar una crítica precisa y razonada de la resolución impugnada en clara inobservancia al requisito de autosuficiencia propio del remedio excepcional que se pretende.

Es que tan escueta afirmación no logra exhibir los alcances del vicio que se denuncia pues no dudo de la concordancia de criterios en la mayoría del tribunal cuando uno de los magistrados sostiene que no se comprobó violación al deber objetivo de cuidado por parte del imputado y, quien adhiere, lo hace -aunque con una formulación tanto más amplia y por ello abarcativa- aseverando la inconmovilidad del principio de inocencia que ampara al acusado.

Sin perjuicio de lo dicho, fue el fiscal adjunto ante este Tribunal doctor Jorge Armando Roldán quien en el marco de la audiencia del art. 458 del Código de forma, desarrolló los argumentos de la censura planteada en origen precisando los alcances de la queja. En tal sentido, indicó que la falta de un fundamento común entre los jueces que conformaron la mayoría opera en el estricto ámbito de la ponderación de la prueba testimonial efectuada al dar respuesta a la primera cuestión del veredicto exponiendo las razones de dicha afirmación.

Sobre el punto conviene establecer que no es dudoso que existió comunidad de argumentos de los vocales que se expidieron en segundo y tercer término respecto del tratamiento, valoración y sentido que otorgaron a la ponderación de la prueba informativa y pericial, en tanto los fundamentos expuestos por el doctor González Elicabe fueron "hechos suyos" por la doctora Allaza de Uturburu y a ellos se remitió. En cambio, respecto del estudio de la prueba testimonial y "con la intención de ampliar los conceptos vertidos por el colega que me precede, y difiriendo con algunos de ellos", la juez Allaza de Uturburu examinó íntegramente la exposición de los testigos de cargo más relevantes.

De los propios términos utilizados por la vocal del tribunal, resulta que -en tanto ampliación- quien se expidió en tercer término mantuvo un núcleo "material" común en el análisis de la prueba al cual sumó argumentación propia, destacando otras razones diferenciables de las utilizadas por el doctor González Elicabe para fundar su ponencia.

Al ser esta una afirmación con la que la juez prologa el tratamiento de la prueba testimonial globalmente considerada, sin indicar -respecto de cada testimonio en particular- si se trata de una ampliación, un diferente abordaje de la cuestión o, por el contrario, si entraña una postura polarmente divergente de la de su colega preopinante, ineludiblemente estará a cargo del intérprete especificar en cada caso concreto cuánto hay de ampliación y cuánto de contradicción en los argumentos que sustentan la opinión mayoritaria.

En este punto he de recordar un criterio reiteradamente sostenido en numerosos precedentes de la sala acerca de que la fundamentación de la sentencia como sostén constitucional de las decisiones jurisdiccionales de modo alguno reinstaura el sometimiento a viejas formulas sacramentales (conf. esta sala, causa Nº 1046, registro de presidencia Nº 6786, "Santillán, Néstor s/recurso de casación"; causa Nº 700, registro de presidencia Nº 5704, "Pérez, Ernesto y otro s/recurso de casación"; causa Nº 655, registro de presidencia Nº 5488, "Fhur, Sergio s/recurso de casación", entre otras). En efecto, bastará que la decisión contenga las razones que la sustentan en sus puntos esenciales para que el imperativo legal de adecuada y suficiente motivación se encuentre satisfecho.

Cabe agregar que, si bien la técnica utilizada en el tercer voto -omitiendo señalar las ampliaciones o divergencias que campean en el examen de cada testimonio en particular- constituye un dato que conspira contra la claridad expositiva del ponente en orden a la interpretación total del fallo, ello por sí solo, no alcanza a configurar un incumplimiento del requisito de fundamentación suficiente si, en definitiva, se han expresado las razones que llevaron a desestimar los testimonios o a relativizar su valor convictivo y ellas guardan adecuado correlato con el discurso de quien se expidió en la instancia precedente. En otros términos, la mayor dificultad con la que el intérprete debe determinar "diferencias" o "ampliaciones" denuncia una técnica argumentativa perfectible pero no compromete la unidad de sentido de la fundamentación de la decisión.

La motivación de una sentencia es el conjunto de razonamientos sobre los hechos y el derecho en los cuales los jueces apoyan sus decisiones y, como tal, su enjuiciamiento no puede descansar en la nuda consideración de términos aisladamente interpretados ni en la entronización de palabras que, como "clave de bóveda", provoquen autosuficientemente la satisfacción de dicha exigencia legal. La fundamentación es, asimismo, una operación intelectual que debe sostenerse en la certeza moral de los integrantes del órgano jurisdiccional, el que deberá observar los principios lógicos que gobiernan la elaboración de los juicios y dan base para determinar cuáles son falsos y cuáles verdaderos. Entre ellos se encuentra aquel que establece que la motivación debe cumplir con el principio de razón suficiente y estar conformada por elementos aptos para llevar a un razonable convencimiento sobre el hecho y el derecho aplicado a aquéllos. Los jueces no están obligados a tomar en cuenta todos los resultados procesales sino sólo los que sirven para justificar su convicción. La motivación de la sentencia se valora en su conjunto y con mayor amplitud en la decisión de mérito del órgano de primer grado.

No es el caso, solamente, de destacar la relevancia de la motivación de las sentencias en tanto "constituye el signo más importante y típico de la 'racionalización' de la función jurisdiccional". Es, en efecto, uno de los requisitos esenciales de la sentencia, que explicita su estructura lógica mediante la enunciación de las premisas del silogismo que concluye en los puntos resolutivos. Es también "una comprobación lógica para controlar a la luz de la razón, la bondad de una decisión surgida del sentimiento; es la 'racionalización' del sentido de justicia; es la demostración de que el juzgador se quiere dar a sí mismo antes que a las partes la ratio scripta que convalida el descubrimiento nacido de su intuición" (Calamandrei Piero, "Proceso y Democracia", p. 115 y sigtes., Buenos Aires, 1960), pero es igualmente el proceso por el cual se somete a la argumentación de la mayoría, respecto del tratamiento de la prueba testimonial, a un test de concordancia.

Esta evaluación, además, deberá efectuarse a partir de estándares de suficiencia y objetividad delineados en la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme a los cuales se viene sosteniendo que el requisito de motivación, demanda que los fallos judiciales tengan una fundamentación suficiente y objetiva derivada concretamente de dos principios de naturaleza constitucional, el de la garantía de la defensa en juicio y el de la forma republicana de gobierno (conf. Fallos 116:23; 119:284; 172:188; entre otros).

Bastará entonces, la comprobación de un mínimo de coincidencias que, como razones de hecho y de derecho, funden suficiente y objetivamente las conclusiones a las que arriban los jueces respecto de los aportes testimoniales para que la exigencia constitucional se encuentre satisfecha (cf. art.s 18, Constitución Nacional; 171, Constitución de Buenos Aires y 106, CPP), sin que resulte necesario a tal fin, que el acuerdo deba ser total y que incluya a todos los motivos en que se sostiene la decisión.

Retomando el pronunciamiento, debe examinarse separadamente el tratamiento dado por la mayoría del tribunal a quo a los testimonios de cargo recibidos durante el debate a fin de determinar el vicio procesal afirmado por los recurrentes.

Acerca del testimonio de Patricia Marcela Pacheco -quien se encontraba a bordo de la camioneta Ford Explorer conducida por Bueno, junto con el menor Ramiro Ezequiel Pacheco en el asiento del acompañante del conductor-, el juez González Elicabe restó verosimilitud a sus dichos a partir del interés derivado de haber sido la nombrada pareja de Bueno, como también, por ser representante legal del presunto heredero de éste por efecto de la acción judicial de reconocimiento de paternidad.

No obstante, la descalificación no se limitó a la compulsa del elemento subjetivo vinculado con uno de los protagonistas del hecho sino que, desde una consideración objetiva, su relato fue ponderado como confuso, por momentos, ininteligible, con notorias omisiones como las relativas, por ejemplo, a la cantidad de veces que se sobrepasaron la camioneta de Bueno y la conducida por el imputado; a su desconocimiento de donde tuvo ello lugar; o si hubo efectivamente roces entre dichos vehículos. Se destacaron incluso las imprecisiones en torno a si llevaban o no puesto el cinturón de seguridad; o cuando la testigo graficó los sucesos con dos pequeños autos a los cuales ubicó de forma inversa a la que antes había relatado; o igualmente, cuando se refirió a la percepción visual de lo acontecido pero agregando gestos que aludían a haber "sentido" los "frenazos".

Por su parte, la juez Allaza de Uturburu, trajo a colación en su evaluación de este mismo testimonio, su carácter "errático y difuso", destacando entre otros puntos, que la testigo señaló que la camioneta blanca los pasó "no sabe de qué lado". Resaltó en otro pasaje de su voto que Pacheco dijo haber tenido "como una sensación por el lado rápido" y que, "de repente, la blanca estaba ahí,...; nosotros estábamos muy pegados a la blanca".

No se advierte -cual se pretende- que la descalificación de los señalados testimonios hubiese sido fijada en oposición con esa prueba o valorada contradictoriamente en los votos que hacen mayoría según un núcleo sustancial de coincidencias que se volcó en un razonamiento compartido adverso a la adquisición procesal de tales manifestaciones.

En definitiva, si para uno de los jueces el testimonio fue confuso, a veces ininteligible, y para otro errático y difuso, destacándose por ambos magistrados ponentes los inverosímiles desconocimientos u omisiones de los testigos, o la explicación de los sucesos a través de "sensaciones", ello constituye un fundamento mayoritario válido de la exclusión de las citadas manifestaciones.

Repárese también, desde otra perspectiva, en que los jueces de segundo y tercer voto situaron a Pacheco subjetivamente próxima al interés de la acusación. Expresamente la juez Allaza de Uturburu estimó a la prueba testimonial cuestionada como "dependiente y parcial", en tanto el juez González Elicabe subrayó el interés que la vincula al resultado del pleito.

Respecto del testigo Jorge Pablo Moreno, el juez de segundo voto subrayó las contradicciones que lo informan, especialmente aquellas referidas a la ausencia de contacto entre los vehículos, que luego fueron desmentidas por el resultado de las pericias técnicas realizadas. Se hizo igualmente mención de las contradicciones verificables con el alegado desconocimiento de la velocidad de marcha -"porque no maneja"- para luego afirmar que lo hacían a 120 o 140 kilómetros horarios. Asimismo se examinó su aseveración referente a que al momento de frenar la camioneta conducida por Pesquera no tenía ningún automóvil por delante, sin poder explicar de qué forma pudo advertir dicha circunstancia, desde la posición en que estaba, situado detrás del conductor en el asiento trasero de la Ford Explorer. Se ponderó, además, que si bien Moreno fue categórico al sostener que vio encenderse las luces de frenado de la camioneta Blazer, dicha afirmación se opone al resto de los testimonios y pericias que coincidieron en que los rodados estaban situados en posición paralela en el momento del desenlace. De igual forma no pasó inadvertido que en su detallado relato -evaluado como "carente de verdad e interesado"- no pudiera aportar datos significativos de la reconstrucción de lo sucedido, particularmente, que no precisara el lugar por el que se desplazaban las camionetas.

Por su parte la juez que se expidió en tercer término entendió que las aseveraciones de Moreno no se correspondían con el resto del plexo probatorio, impugnándolas por las contradicciones que se advirtieron al confrontarlas con las vertidas por Aldo Pereyra, Christian Gustavo Pereyra y Alberto Campos. Se enfatizó, en coincidencia con el preopinante, su desconocimiento respecto del lugar por el que se desplazó el vehículo conducido por Pesquera y la afirmada ausencia de contacto entre los rodados.

También fue sopesado en el voto bajo análisis la afirmación referida a que los vehículos nunca estuvieron en posición paralela sino uno delante del otro, única hipótesis que habilitaría a respaldar la alegada percepción de la luz de stop de la Blazer, estimación que no puede ser considerada sino en sentido concordante con la efectuada por el sentenciante González Elicabe respecto a la inverosimilitud de tal posicionamiento de los vehículos. Interpretado con ese alcance, el razonamiento se encauzaría por el carril de la ampliación de fundamentos de la juez Allaza de Uturburu, que condujo a esta última a desestimar la calidad intrínseca de su relato.

Empero, las coincidencias esenciales no se agotan allí, pues también fue común a la posición mayoritaria, la convicción de que el interés que lo vincula a la causa reclamaba un exhaustivo examen de credibilidad del testimonio. Así, el juez González Elicabe puso de resalto la condición de particular damnificado que revestía en el juicio por su condición de víctima de lesiones y la estrecha relación personal y laboral que lo unió con Bueno, inclusive los emprendimientos comerciales que para la fecha del hecho pensaba encarar con el cantante. En sintonía con el voto precedente, se indicó, en el tercero, la calidad de víctima del testigo, la vinculación que mantenía con Bueno en el plano de los negocios, y la exteriorización de meras "sensaciones" sin sustento objetivo, lo cual tornó a su relato inverosímil y enderezador a satisfacer un interés por obtener "una verdad determinada".

De lo expuesto resulta la existencia de un razonamiento común en la ponderación efectuada por la mayoría del tribunal respecto de la calidad del testimonio de Moreno, el cual, por las contradicciones puestas de manifiesto, el interés que lo vincula al proceso y, en definitiva, la falta de certeza que puede predicarse de sus dichos -resaltadas en forma concordante por ambos magistrados-, condujo a que se le restara toda eficacia probatoria a su intervención.

En punto a la declaración prestada por Aldo Alberto Pereyra, el juez González Elicabe evaluó el contenido sustancial de su relato, como también la relación que lo podría vincular al resultado del pleito. Del cotejo objetivo de la reconstrucción histórica de lo sucedido con la efectuada por el nombrado quedaron expuestas diversas inexactitudes que menguaron la relevancia de sus dichos. Como ejemplo de ello destacó el magistrado citado la afirmación de que la Blazer "se les acercó a dos o tres metros" cuando, a estar a los propios dichos del declarante, este vehículo siempre estuvo por delante de la línea de marcha de la Ford. Y siendo así, sus manifestaciones aparecen contradictorias, pues si el vehículo conducido por Bueno siempre estuvo por detrás de la camioneta del imputado, la brusca maniobra de acercamiento debió quedar a cargo de este último.

Examinó también el juzgador de grado las desinteligencias que surgían al confrontar sus expresiones con el resto de las pruebas incorporadas a la causa, particularmente, aquella referida a la visualización de las luces de frenado de la Blazer, percepción imposible si se atiende las pericias que indican que los vehículos se hallaban en posición paralela.

Desde otro enfoque, tuvo en cuenta el ponente la íntima amistad que unía al declarante con el conductor de la Ford Explorer y su propia condición de damnificado por lo sucedido.

La juez de voto concurrente, por su parte, dio suficiente tratamiento a las divergencias que surgen al confrontarlo con el resto del material probatorio; especialmente, su afirmación de que los rodados nunca estuvieron en paralelo sino uno detrás del otro. En igual forma, se destacó la indicación de que la Chevrolet se desplazaba por la línea divisoria, en virtud de lo cual el conductor de la Ford le efectuó señales con las luces; que entonces dicho vehículo comenzó a "acercarse", "balanceándose" (la Blazer) y "peinando" quien la guiaba el freno -pasaje que se desentiende, a criterio del a quo, con el encandilamiento que dice haber sufrido Moreno por las luces de stop y que le habrían impedido una correcta visualización-, luego de lo cual hubo otro desplazamiento hacia la izquierda del conductor de la Explorer produciéndose enseguida el impacto contra el guarda-rail. Asimismo, se coincidió en ponderar adversamente la vinculación subjetiva del testigo con las partes damnificadas intervinientes en el proceso.

Quedaron de tal modo explicitadas respecto del testigo mencionado, no sólo razones comunes en el discurso de los jueces de segundo y tercer voto en relación al interés subjetivo, sino que se analizó críticamente el contenido mismo de su relato que, por su falta de concordancia con los datos comprobados por otros elementos de convicción, restaron a los dichos de Moreno buena parte de su credibilidad.

En lo que concierne al testimonio de Christian Gustavo Pereyra el juez González Elicabe destacó negativamente su condición de amigo íntimo y músico del grupo que acompañaba a Bueno. En su declaración, Pereyra indicó que la Blazer apareció "de la nada", sobrepasó a la Explorer por la derecha y siguió por el medio de la autopista. Agregó que vio la luz de freno encenderse una vez, pero no advirtió roces entre los vehículos, llegando en primer lugar luego de ocurrido el hecho.

El sentenciante de primer voto dudó de la veracidad de aquellas expresiones en razón de la distancia desde donde dice Pereyra haber advertido los sucesos, teniendo en cuenta que era de noche y se transitaba a considerable velocidad. Además, la reconstrucción de los hechos difiere de la efectuada por el "Indio" López, quien junto a él, y un tercer sujeto, se hallaban a bordo del mismo vehículo. Concretamente López indico que vio a la Explorer a los "tumbos" y que a la Chevrolet la divisaron solamente a la salida del puesto de peaje.

De otra parte, confrontados el testimonio de Christian Gustavo Pereyra con el de Alberto Campos, también se advierten divergencias en punto a la concreta ubicación en la que se encontraba el primero pues, según Campos, éste estaba en un vehículo conducido por Ariel Pereyra alejado unos trescientos metros de la Explorer y, detrás de ellos, recién se ubicaba el automotor en donde iba Christian Pereyra. Campos sostuvo que el primero en llegar al lugar de los sucesos fue el taxi conducido por Villegas, luego ellos y, finalmente, la camioneta en la que se encontraba Christian Pereyra.

La juez Allaza de Uturburu subrayó, coincidentemente, las contradicciones advertibles en el relato de Christian Pereyra tales como su afirmación de que la Blazer pasó a la Explorer antes de la curva; que se encontraba a trescientos metros de distancia del otro vehículo; y que llegó primero al lugar, señalando, por su parte, las diferencias que surgen respecto del relato de Campos relativas al lugar de sobrepaso (el primero indicó que tuvo lugar antes de la curva, y el segundo que fue en la curva misma), y que además para Pereyra la Ford Explorer se desplazaba "despacito", mientras que Campos estimó la velocidad de marcha en 100 km/h.

La juez, a su vez, señaló las diferentes distancias en las que se ubicaron respectivamente Pereyra y López -ocupantes del mismo vehículo- respecto de la Ford Explorer, como también, que Campos sostuviera que él se desplazaba a trescientos o cuatrocientos metros de la camioneta siniestrada y, por detrás de él la "combi" de Pereyra.

No carece entonces de sentido -como lo concluyen los jueces- que la ubicación de Pereyra a considerable distancia del lugar de los sucesos y la rapidez con que éstos se desarrollaron, sumadas a las contradicciones verificadas, constituyeran reparo de peso para desestimar su aporte. Precisamente, el núcleo del razonamiento invalidante de ese testimonio es participado por los votos de la mayoría, en donde, por lo demás, se le opusieron de consuno los datos aportados por el testigo Campos en cuanto a la situación de los vehículos, y lo manifestado por López que -tal como lo señala la juez Allaza de Uturburu- sólo "vio polvillo, un vuelco y nada más".

Cuanto a lo declarado en la audiencia de debate por Liliana Beatriz López (conocida como "Pocahontas"), admiradora de Bueno, según lo indicado por el juez González Elicabe, esta mujer presenció los sucesos a bordo del taxímetro conducido por Villegas, a unos diez metros de distancia.

La nombrada indicó que existieron cuatro aproximaciones entre las camionetas Explorer y Blazer, impidiendo el conductor de la última el sobrepaso de otro vehículo en otras tantas oportunidades, dos por el lado derecho y dos por el izquierdo. Agregó que las luces de frenos que se encendieron correspondían a la Ford Explorer y no al otro vehículo.

Se puntualizaron en el voto de apertura las contradicciones que surgen al comparar sus dichos con los del conductor del taxi en el cual iba López. En efecto, Atilio Villegas situó el automóvil que conducía a unos cien metros aproximadamente de distancia respecto de las camionetas, y negó que hubiera habido maniobras de encierro por parte de la Blazer.

Sostuvo igualmente Villegas que todos los ocupantes de su vehículo llevaban puesto el cinturón de seguridad y que la Chevrolet Blazer se desplazaba delante de ellos por el carril derecho a unos 110 o 120 km/h. Añadió que la camioneta conducida por Bueno los pasó a 130 o 140 km/h siendo saludados por sus ocupantes, y que cien metros más adelante vio las luces de frenado de la Ford Explorer, advirtiendo de inmediato una "explosión" y "polvo blanco". Esta versión -de la dinámica del suceso- fue estimada compatible con las conclusiones de los peritos accidentólogos de la Corte Suprema de la Nación.

Apuntó, de su parte, la juez Allaza de Uturburu, que la personalidad y motivaciones de la testigo en virtud de su declarado odio hacia el imputado desmerecen su aporte por parcial e interesado, sin contar que la reconstrucción de los hechos efectuada por López se contrapone al resto del material probatorio rendido en la audiencia.

En consecuencia, la descalificación del relato de López se apoya en un coincidente juicio negativo realizado por la juez de tercer voto que, en su remisión a la testimonial agregada al proceso, exhibe una implícita pero clara adhesión al tratamiento efectuado por el juez González Elicabe. Especialmente en lo que atañe a las diferencias que surgen entre sus expresiones y las de Villegas, cuyos dichos están ratificados por los informes periciales supra mencionados. En esas condiciones, puede afirmarse que el testimonio de López fue evaluado por los jueces que forman la mayoría en sentido convergente respecto de su credibilidad y de tal forma, el tercer voto no puede interpretarse como una expresión discrepante sino meramente ampliatoria al haber incorporado al análisis la admitida malquerencia que la declarante dijo profesarle al imputado.

Las asistencias legales técnicas de los particulares damnificados cuestionaron también la valoración que hizo el tribunal del relato de Natalia Lourdes Varela Unruh. El juez González Elicabe lo desvalorizó por su reconocida condición de admiradora de Bueno, pero igualmente por su reconstrucción de la mecánica del hecho, al que dijo haber presenciado desde la parte posterior del taxi -a una "distancia equivalente a dos automóviles"-, aunque difiriendo de lo manifestado por López que afirmó que los tres ocupantes del taxi llevaban puesto el cinturón de seguridad y que la camioneta blanca encerró por dos veces a la Ford Explorer. Tampoco pasó desapercibido a los jueces que mientras Varela Unruh sostuvo que la Blazer pasó al taxi poco antes de que finalizara la curva situada después de la estación de peaje, ubicándose delante de ellos y disminuyendo la velocidad, López dijo que ambas camioneta estaban sobre el carril izquierdo. O, asimismo, que mientras la primera advirtió el encendido de las luces de freno de los dos vehículos, la segunda sólo vio las de la Explorer.

La referida Varela Unruh relató asimismo que la Blazer nunca "dejó del todo" el carril izquierdo, pues sus ruedas seguían sobre ese andarivel, o al menos, sobre las líneas blancas, aclarando que la Blazer nunca pasó completamente al carril derecho, y que la Explorer no podía pasar por el lugar que le dejó la otra camioneta. Sin embargo, al graficar en una pizarra de la sala de audiencias la posición en la autopista de las dos camionetas y del taxi, colocó en el carril derecho a la Blazer, más atrás y sobre el mismo carril al taxi, y sobre la izquierda -entre ambos vehículos- a la Explorer, lo cual contradice su propio relato.

Por su parte, la juez Allaza de Uturburu detectó en la testigo la fijación mnémica del suceso junto con datos de su imaginación, señalando que su discurso estuvo organizado alrededor de ciertas acciones - "circulación, esperas, encierros, maniobras, encendidos, aceleración"-, en una aparente concordancia con otros testigos. No obstante, cuando trasladó su relato a la pizarra dibujó la autopista colocando sobre la misma a los vehículos separándolos de la línea divisoria de carriles; ubicó a la Blazer adelante sobre la mano derecha de circulación, al taxi que la transportaba detrás de aquélla, a considerable distancia y en el mismo carril, en tanto que la Explorer aparecía en el carril izquierdo y alejada de las líneas divisorias centrales, por detrás de la Blazer. Pero cuando se le proveyó de dos pequeñas camionetas, a fin de reconstruir en escala los sucesos, la testigo ellas las puso sobre las líneas divisorias de la vía de marcha, casi pegadas entre sí, y en posición paralela. La juez, entonces, entendió que estaba ante un desdoblamiento entre los discursos verbal e intelecto-gestual, con discordancias evidentes no sólo con relación a la lógica interna de sus manifestaciones, sino también con el resto de los testimonios.

Se puso de resalto en el fallo que el testimonio como acto psicológico complejo está teñido de aspectos subjetivos como el estado emocional, el mayor o menor predominio de la imaginación, las cargas afectivas, o factores emotivos que pueden obnubilar el espíritu de modo tal que el sujeto se encuentre en un estado de irrealidad que lo lleve a reaccionar según motivaciones íntimas que ni el propio sujeto conoce.

Por ello se sostuvo que Varela Unruh actuó sin voluntad consciente de deformar la verdad real, aunque destacándose la circunstancia que la testigo era admiradora de Bueno a quien desde un año atrás seguía a los lugares que éste frecuentaba o utiliza como vivienda, con el objeto de "verlo un ratito... o que nos saludara...", llegando así a conocer al resto de las personas que constituían el entorno del cantante.

No parece irrazonable, pues, que la mayoría del tribunal se expidiera por el apartamiento del testimonio de Varela Unruh basado en la señalada autocontradicción en que incurrió y en la insuperable duda acerca de la verosimilitud de su relato.

Por fin, que también se verifica correspondencia de argumentos en relación a las contradicciones verificables entre sus expresiones y las del resto de los testigos, circunstancia explicitada por la juez que se expide en tercer término y que, como tal, sólo puede entenderse en el sentido de una ampliación respecto del análisis efectuado por el magistrado González Elicabe quien evaluó con idéntica crítica las desinteligencias verificables entre los hechos afirmados por la testigo y aquellos sostenidos por Liliana Beatriz López y Rodolfo Atilio Villegas. Todo ello, abonado por el dato nunca controvertido de que la credibilidad de la testigo cuestionada no se favorecía con su reconocido carácter de "fanática" de Bueno.

Lo hasta aquí expuesto, permite sostener que el voto concurrente de la juez Allaza de Uturburu exhibe un núcleo esencial de razonamientos compartidos con el magistrado que se expide en segundo orden, y que, en definitiva, llevaron a ambos jueces a restar eficacia probatoria a los testimonios antes mencionados, posibilitando el mínimo de inteligibilidad y cognoscibilidad de sus argumentos para un posterior control efectivo de las partes y del órgano jurisdiccional revisor, sin afectación de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio (conf. art. 18, CN; y CSJN, Fallos 313:476) por lo que el recurso en este punto tampoco habrá de prosperar. Las consideraciones precedentes, por ser este un agravio común a los particulares damnificados recurrentes que además, comparten una fundamentación recursiva sustancialmente análoga, se extienden, con idéntico alcance, a las presentaciones de todos los impugnantes.

II. A esta altura, y respecto de la denunciada arbitrariedad de la mayoría del tribunal de mérito en la selección de los testimonios, conviene evocar el reiterado e invariable criterio jurisprudencial de este Tribunal -afín con el de la Corte Suprema de la Nación- relativo a que la casación no tiene por objeto corregir pronunciamientos que aquél considere equivocados, según su divergencia con la interpretación asignada por los jueces a los hechos y leyes comunes, sino que "por su excepcionalidad, su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o una decisiva ausencia de fundamentación" (conf. CSJN, Fallos, 277:144, y 295:356, entre otros).

Resulta entonces, en principio, improcedente en esta instancia extraordinaria provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios, que dan base a la sentencia, toda vez que el valor de las pruebas no está prefijado y corresponde a la propia apreciación del tribunal de juicio determinar el grado de convencimiento que aquéllas puedan producir, quedando dicho examen excluido de la inspección casatoria (conf. CSJN, Fallos, 286:360; 300:534).

En efecto, la competencia de este tribunal está circunscripta al control de validez de la prueba producida (legitimidad); si las conclusiones son coherentes con ella y responden al recto entendimiento humano (logicidad); y si la sustentación así constituida es expresa, clara, completa y cumple con la exigencia de motivar, observando el inexorable encadenamiento lógico, que obviamente no rebase los límites impuestos por la sana crítica, y que incluso descarte toda fundamentación que como tal pueda resultar aparente, y que en definitiva y en realidad, no exista por su manifiesta irrazonabilidad (conf. CNC.P., sala III, causa Nº 1867, rta. el 31/3/1999, "Cash, Alejandro" s/recurso de casación).

En la especie, el agravio de los recurrentes cuestionando el valor que el a quo otorgó a determinados testimonios en detrimento de otros legítimamente adquiridos en la causa, remite a la apreciación de cuestiones de hecho y prueba ajenas al remedio excepcional del art. 448 del CPP, salvo casos de absurdo valorativo manifiesto que no se llega a demostrar en el sub examine.

Más aún, esto surge del tratamiento efectuado en apartado I de este pronunciamiento -a cuyas consideraciones cabe remitirse por motivos de brevedad-en tanto el fallo en crisis suministra razones suficientes en virtud de las cuales los jueces que hicieron mayoría determinaron el valor convictivo de cada uno -y del conjunto-, de los testimonios de quienes estuvieron en el lugar del suceso al momento de su ocurrencia, conforme a criterios acerca de los cuales los planteos de los recurrentes no logran demostrar sus desajustes con los hechos y las pruebas que se tuvieron por ciertos.

Es sabido que quien impugna tiene sobre sí -y hace a la suficiencia del remedio excepcional que se pretende (art. 451, CPP)- la carga de exponer una argumentación completa y precisa que logre evidenciar una hipótesis de excepción que habilite a esta Casación a revisar los aspectos fácticos del pronunciamiento, lo que no es el caso, pues los recursos sólo exhiben el criterio personal y adverso de los impugnantes respecto del valor incriminante acordado a determinados testimonios.

Resulta igualmente claro conforme al examen precedente, que en ningún caso la relativización o desestimación del valor convictivo de los testimonios descansó en la nuda consideración del vínculo o del interés de los testigos y las partes en el juicio, sino en tanto y cuanto dichas constataciones se sumaron a las debilidades intrínsecas de aquellas piezas, particularmente enfocadas a su razonabilidad y sus contradicciones, ya sea con el resto del material probatorio incorporado al proceso, o con las surgidas al cotejar los pasajes de un mismo relato.

Cabe por ello hacer notar la insuficiencia de la crítica del fiscal desarrollada en el escrito recursivo, al señalar que la juez Allaza de Uturburu no efectuó una relación causada y fundamentada de cada uno de los elementos probatorios apartados, refiriéndose esencialmente a la base afectiva que cada uno de los testigos tenía con Bueno. El mismo déficit argumental aparece en torno a la parcial descalificación de los argumentos del juez González Elicabe.

No es, en efecto, sino una desinterpretación del pronunciamiento la afirmación de que, por ejemplo, el testimonio de Pacheco -considerada "subjetiva" por el a quo-, haya sido descalificado por su "vocabulario limitado y precario", cuando lo definitorio de su exclusión se basó en la confusión e ininteligibilidad de su relato, patentizado en su ambigua y contradictoria representación de los sucesos durante la audiencia.

Similar reparo merece la alegación en torno al testigo Moreno quien, según el acusador público, pudo no percibir -debido a su levedad-, el "roce" entre los rodados. Empero, esto se desentiende del desconocimiento que dijo tener el testigo respecto del lugar por donde venían las camionetas y sus contradicciones acerca de la posición de la Ford y la Chevrolet -en fila y no en paralelo- en contraste con otros testimonios y pericias antes mencionadas.

Cuanto concierne a los testimonios de Aldo Alberto y Christian Gustavo Pereyra, omite el recurrente toda referencia a los aspectos esenciales del juicio de credibilidad realizado por el tribunal de mérito, relativos a las inexactitudes contenidas en el relato del primero, y las contradicciones del segundo con aquello que afirman López y Campos. Particularmente, en lo que hace a la ubicación y distancia desde donde Christian Pereyra dijo percibir los sucesos y a la posibilidad real de que ello ocurriera, ateniéndose a las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

En relación a los dichos de Liliana Beatriz López, si bien su condición de admiradora de Bueno y el confesado odio que siente hacia el imputado fueron pautas evaluadas por la mayoría al momento de calibrar el valor de su testimonio, estos factores no fueron excluyentes, pues también se pasó revista a las contradicciones evidenciadas al confrontarlo, no sólo con el testimonio de Villegas, sino con el de la otra pasajera del taxi -Varela Unruh-, con quien diverge, por ejemplo, sobre cuántos fueron los intentos de sobrepaso de la Explorer.

De todo ello se desprende que tampoco puede prosperar el planteo efectuado en la audiencia de informes por el doctor Roldán, relativo a la ausencia de fundamentación de la inverosimilitud del relato de Moreno afirmada por la juez Allaza de Uturburu, pues esta conclusión estuvo motivada en las contradicciones de aquél con las pericias, informes y testimonios, entre los que, obviamente, están los de Villegas y Varela Unruh, conformándose una implícita adhesión al análisis del juez González Elicabe lo que, a su vez, otorga sustento autónomo y suficiente al tratamiento de la prueba en ese aspecto.

Se aprecia asimismo en el recurso fiscal de origen una simplificación de las razones que suministra el pronunciamiento para restar valor incriminante al testimonio de Varela Unruh al sostenerse que se la excluyó "porque no es una experta dibujante".

Reitérase que, en este aspecto, la mayoría de los jueces evaluó negativamente la vinculación subjetiva de la declarante con Bueno en razón de sus sentimientos hacia el nombrado, que le restaron objetividad a su intervención, como también, a las contradicciones en que incurrió en la reconstrucción histórica de los acontecimientos, que no concordaba con los datos surgidos de las pericias mecánicas relativas a una supuesta maniobra de encierro, ni, por lo que antes se dijo, con los testimonios de Villegas y López.

Ahora bien, el testimonio de Rodolfo Atilio Villegas fue evaluado como aquel que mejor describió los hechos en armónico juego con los datos surgidos de la prueba científica, ponderándose especialmente su carácter de chofer profesional con más de 30 años de experiencia y la ausencia de vínculos de afecto, interés o admiración respecto de Rodrigo Bueno que pudieran llegar a influir en su exposición (como lo expresa en su voto el doctor González Elicabe), aporte testimonial que fue reseñado por la juez de voto concurrente y valorado positivamente para corroborar la probable ubicación de la combi conducida por Pereyra (conf. voto de Allaza de Uturburu, punto 2º.3, y 3º de sus conclusiones).

De lo antes expuesto -se insiste- surge que la hermenéutica de la prueba realizada por el tribunal de mérito estuvo fundada y a resguardo de la arbitrariedad que se le atribuye. Los recurrentes no lograran controvertir sus conclusiones pues su discrepancia sólo se asentó en cuestionar los hechos y las pruebas que tuvo por cierto el a quo, y en lo que al punto se refiere, las valoraciones acerca de la idoneidad de un testigo de acuerdo a sus declaraciones no son censurables en casación por cuanto ellas están dentro del ámbito de la libre y razonada convicción que es propia del tribunal de juicio para apreciar el material probatorio incorporado al debate (conf. Clariá Olmedo, Jorge, "Tratado de Derecho Procesal Penal", t. V, p. 513; conf. causa Nº 279, CNCP, sala III, "Rolón, Juan Carlos s/recurso de casación").

En efecto, el acceso directo e inmediatez que tiene el tribunal de juicio respecto de los medios de prueba y en particular, de aquellos testimonios producidos ante su presencia en el marco de la audiencia, le brindan una percepción única e intransferible y la fuerza convictiva de unos sobre otros no resulta examinable por esta sede (conf. esta sala, causa Nº 414, registro de presidencia Nº 4746, "Sayago, Juan David y otro s/recurso de casación"). Entonces, en lo que se refiere a este agravio, se advierte la falta de fundamentación del recurso, extensiva a los particulares damnificados que acompañaron al fiscal sin hacer ningún otro aporte argumental original.

III. El siguiente motivo de agravio se sustenta en el vicio in procedendo en que habría incurrido el a quo al decidir incorporar por lectura la pericia accidentológica, química y médica elaborada por los expertos de la Gendarmería Nacional, que tras haber sido ofrecida por la defensa, fue desistida por ésta durante el juicio, todo lo cual, importa para los impugnantes una causal de nulidad absoluta.

Sin embargo, la imposición de dicha sanción procesal sólo resulta procedente en función de la concreta lesión que el acto ocasiona al reclamante, afectación que, en el estrecho marco recursivo, queda a su exclusivo cargo señalar respecto de sus alcances y efectos. Por ello, los planteos nulificantes carentes de interés actual, resultan insuficientes para abrir esta jurisdicción extraordinaria.

La actividad de los recurrentes, en el indicado sentido, se limitó a propiciar la nulidad perseguida por vulneración del principio de "adquisición probatoria" pero omitiendo desarrollar una argumentación demostrativa del modo en que las nuevas pericias podrían haber incidido en la decisión final del tribunal de juicio, con lo que, resta sólo un mero interés formal que no abastece, siquiera mínimamente, la actualidad del agravio.

Constituye un requisito genérico de los recursos la existencia de un interés directo para recurrir, ya que en el mismo está la medida del agravio (art. 421, 3er. párrafo del CPP). Ello supone un concreto interés jurídico afectado, que impide se admitan los que sólo son conjeturales (cfr CSJN, Fallos, 297:108; 299:368; 300:869, 1010; 301:866, 1186; 302:1013, 1066; 306:1698, 1720; 307:591); o de un mero interés ético o de la ley (Fallos, 294:34, 192).

En su comentario al art. 466 del Cód. Procesal Penal de la Provincia de Córdoba (ley 5154), ilustra sobre el tema Ricardo C. Núñez afirmando que "para poder recurrir una resolución judicial no basta que ésta sea recurrible y que el impugnante tenga derecho a recurrirla, sino que es necesario, además, que exista un interés directo en hacerlo. Este interés existe si, aparentemente, el recurso se presenta, por su incidencia sobre la parte dispositiva de la resolución, como un medio jurídicamente adecuado para evitar el perjuicio jurídico, procesal o material, invocado como agravio por el impugnante" ("Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, anotado", Ed. Lerner, 1986).

En esas condiciones, el derecho a recurrir corresponde al afectado únicamente en razón del gravamen que la resolución le irroga, extremo cuya demostración debe integrar la crítica recursiva del impugnante (conf. esta sala, causas Nº 228, "Insaurralde, Osvaldo Alejandro y otro s/recurso de casación"; Nº 334, "Brian, Marcos s/recurso de casación"; Nº 735, "Grzelak, José Antonio s/recurso de casación", entre tantos otros).

En el recurso de la fiscalía se sostiene que los resultados de las pericias realizadas por el gabinete de expertos de la Gendarmería Nacional "difieren sustancialmente de la tenida en cuenta en el veredicto como verdad absoluta para la absolución", pero tal dogmática afirmación carece de un apoyo argumental sólido que permita, al menos presuntivamente, establecer su virtual incidencia en el razonamiento seguido por los jueces que se pronunciaron en mayoría.

Un tal deber de argumentación resulta especialmente exigible en la especie, desde que la pericia que no fue incorporada al proceso constituye un informe técnico complejo, cuyas conclusiones abarcan tópicos tan dispares como la consideración accidentológica de la mecánica del suceso, o el abordaje médico-legal de las lesiones; todo ello a través de metodologías de investigación y de determinación propias para cada segmento de la tarea científica y criminalística encomendada, y con distinta aptitud en relación a la convicción que podrían generar en el ánimo de los sentenciantes.

La señalada insuficiencia e imprecisión en la exposición del agravio se pone nuevamente en evidencia a poco de advertirse que, en realidad, la pericia denunciada como irregularmente omitida no es susceptible de cotejarse con otra (y única) que -según los propios términos del impugnante- habría sido "... la tenida en cuenta en el veredicto como verdad absoluta para la absolución". Por el contrario, en el fallo se valoraron informes y pericias de distinta índole como, por caso, el croquis ilustrativo de fs. 4; los planos y constancias de la autopista Buenos Aires-La Plata de fs. 55/60; el informe técnico mecánico de fs. 144/vta.; su similar químicos de fs. 212/13; la pericia accidentológica, mecánica, estructural de neumáticos y de cotejo de imágenes del anexo pericial "A"; los reconocimientos médicos-legales de fs. 47/50; el informe de autopsia de fs. 458/47; el dosaje alcoholimétrico y de tipificación inmunohematológica del Laboratorio Químico Pericial departamental de Quilmes de fs. 109 -fs. 98 del anexo documental obrante en la carpeta Nº 1092-; en virtud de lo cual no es posible determinar si las "diferencias sustanciales" de los resultados -aludidas por el recurrente- refieren a uno, varios o a todos los informes periciales valorados por el a quo, y a cuales de sus conclusiones particulares o generales. Es, en consonancia con lo anterior, una insuperable deficiencia recursiva la aserción de una "esencial" divergencia surgida con el informe elaborado por Gendarmería Nacional, sin especificarla concretamente. Adviértase que, en el plano accidentológico, el trabajo desarrollado por los peritos de Gendarmería concluye que las huellas de neumáticos (fs. 172), no se corresponden con la de la camioneta Ford Explorer y que, asimismo, no se pueden verificar roces entre los vehículos involucrados conforme se afirma en la carpeta pericial II (fs. 163), pues al momento de la inspección el estado de los vehículos y los daños que presentaban impedían su constatación (constituyendo esta última consideración un reparo de carácter metodológico a la pericia accidentológica ponderada por el tribunal de juicio).

A su vez, y respecto del análisis físico-químico de la carcasa del espejo retrovisor derecho de la Ford Explorer y los restos depositados en el burlete de goma y esquinero posterior del lateral izquierdo de la Chevrolet Blazer, se señala que no fue posible afirmar la existencia una "zona de contacto" entre ambos vehículos, en razón de que la observación de la espectrofotometría infrarroja no permitió establecer identidad de compuestos entre las muestras de pintura obtenidas de ambas camionetas. Concurrentemente, acerca de la velocidad de marcha de la Ford Explorer, se puntualiza en el informe que ésta "debía transitar a una velocidad no inferior a los 116,20 km/h, con un rango de velocidad final no inferior a 136,2 km/h, aun sin calcular las energías cinéticas consumidas en deformaciones plásticas, elásticas, ruidos y calor".

Parece claro, entonces, que la "esencialidad" de las diferencias mencionadas por el recurrente exigían un mayor y más logrado esfuerzo de argumentación a fin de que se demostrara la efectiva incidencia que aquéllas podrían haber tenido en la conformación del juicio de certeza de los sentenciantes, pues en definitiva, y retomando, a modo de ejemplo, los datos antes mencionados, la velocidad de desplazamiento de la Ford a 144 km/h. -tenida por cierta en el fallo- no supone diferencias de significación con la fijada en la pericia no incorporada al proceso. En otros términos, debió explicar el recurrente la decisiva influencia que la velocidad de marcha calculada en el informe confeccionado por los peritos de Gendarmería pudo alcanzar en el desarrollo secuencial de los hechos y su eventual trascendencia al juicio de imputación penal. El incumplimiento de dicha carga procesal por parte del impugnante constituye una objeción extensible analógicamente a la imposibilidad de determinar un rozamiento entre los vehículos, como surgiría del informe de Gendarmería. Esta última circunstancia, que sí confronta de manera manifiesta con los datos emergentes de la pericia mecánica y accidentológica efectuada por los ingenieros Ricardo Arturo Sosa, Horacio F. Capalbo y Carlos A. Giuliano de La Vega, de la Asesoría Pericial departamental de La Plata -en la que se afirma la existencia de un "rozamiento", y la calidad de embistente atribuida a la Ford Explorer-, no fue siquiera aludida por ninguno de los recurrentes en sus presentaciones, siendo meramente mencionada durante la audiencia celebrada ante este tribunal por el doctor Ferrari.

Ex abundantiae, considerando el contenido de aquella divergencia y aun si por vía de hipótesis discursiva, se le diera prevalencia en la evaluación a lo concluido por el gabinete técnico de Gendarmería Nacional, no sería razonable pasar -sin más- a un juicio de carácter incriminante. Es que dicha circunstancia objetiva, afirmada y negada simultáneamente por dos informes técnicos distintos, constituye un dato fáctico hermenéuticamente neutro al resultar interpretado de manera esencialmente diversa en el pronunciamiento recurrido. Así, mientras para el juez que se pronunció en minoría el roce de los vehículos fue valorado como un elemento de cargo (conf. primera cuestión del veredicto), adjudicando al imputado un obrar imprudente y violatorio del riesgo permitido por el ordenamiento jurídico, para los magistrados que se pronunciaron en mayoría, el mismo extremo fue ponderado como un indebido acercamiento efectuado por el conductor de la Ford Explorer carente de valor como elemento de cargo en contra de Pesquera.

Corresponde concluir a partir de lo antes expuesto, que la verificabilidad de la existencia o no del extremo fáctico referido, no puede tener directa y automática incidencia en un juicio de condena sino que, eventualmente, será su capacidad de modificar sustancialmente la reconstrucción histórica de los hechos, y su necesaria trascendencia al juicio de imputación normativo, lo que determinará el carácter dirimente de la nueva pericia en este particular aspecto. Por ello, la nuda mostración de aquella evidencia, controvertida por los informes técnicos resulta notoriamente insuficiente para torcer el sentido de lo decidido por la mayoría pues, en el caso, no se cumplió con el deber que le cabe al impugnante de articular una argumentación que, partiendo de una distinta dinámica de producción de los sucesos, propusiera lógicamente otra diversa interpretación jurídica de los mismos.

Dicha exigencia resulta especialmente exigible en el sub examine, pues no puede admitirse una implícita remisión del recurrente al razonamiento incriminatorio del magistrado que se expidió en minoría, por cuanto los examinados elementos fácticos no sólo no fueron óbice para que aquél se expidiera afirmativamente a la primera cuestión del veredicto sino que, por el contrario, los mismos fueron incorporados a la compulsa como materia de cargo.

En orden a las consideraciones médico-legales y de psiquiatría forense contenidas en el informe elaborado por la Gendarmería Nacional, se concluye que en caso de probarse suficientemente que la muestra de sangre llenare todos los requisitos para obrar como materia de convicción estableciéndose el lugar de extracción de la muestra, su método de conservación y de dosaje utilizados, especificidad de los mismos, y si las muestras presentaban evidencias de cultivos bacterianos o toda otra que modificara su valor probatorio médico-legal la alcoholemia detectada revelaría 0.55 gramos de alcohol por litro de sangre en el caso de Bueno. El nombrado también presentaba una alcoholuria de 1.11 gramos de alcohol por litro de orina, en caso de establecerse debidamente la correcta extracción y preservación de la muestra conforme las consideraciones antes referidas.

A partir de la constatación de los referidos valores se ha afirmado que Bueno estaba al momento del hecho en el primer período de una intoxicación alcohólica aguda, y que de la relación alcoholemia/alcoholuria (en la que resulta mayor esta última), surge que podría haberse hallado en la fase de eliminación de la curva de alcoholemia. Ello, sin embargo, no quedó incuestionablemente establecido en razón de la ausencia de mayores precisiones respecto al volumen de orina hallado en vejiga, contenido del estómago, niveles de alcohol en cerebro, hígado, bilis, humor vítreo y pool visceral, horario y número de ingestas, tipo y cantidad de alimentos ingeridos, así como otros datos que hacen a una determinación farmacocinética más precisa.

En un estado compatible con los valores apuntados se estableció pericialmente que un individuo presenta movimientos más lentos que lo normal y menos adaptados al cumplimiento de metas específicas. El funcionamiento mental, la velocidad de percepción, la habilidad de cálculo, la concentración, el juicio, la discriminación y la habilidad de pensar y razonar claramente son afectadas adversamente, al tiempo que pueden aparecer trastornos sensoriales, motores e intelectuales en función de la alcoholemia en los tests neuropsicológicos. También disminuye la coordinación, la cognición, surgen las conductas desinhibidas, el humor eufórico o disforia o labilidad afectiva, estas dos últimas de acuerdo a la personalidad de base, estado neuroanatómico y neurofisiológico y existencia o no de patología previa; el estado anímico, el pensamiento, el juicio de realidad y la inhibición empiezan a alterarse. Existen perturbaciones sensitivas y motoras, indicando las pruebas psicométricas que la eficiencia es menor. Se indicó, además, que un estado como el verificado en el conductor de la Ford Explorer disminuye la adecuada percepción y evaluación del peligro en forma proporcional al aumento de falsa autoconfianza; que estos cambios psíquicos se acompañan de perturbaciones sensitivas y motoras; que aumenta en forma geométrica la posibilidad de sufrir accidentes de tránsito, y la dificultad para recuperarse del encandilamiento; que disminuye la capacidad de conducir vehículos y aumenta la posibilidad de accidentes de tránsito al pasar, intentar pasar o ser pasado por otro vehículo o al cambiar de mano o carril.

En síntesis, la discusión sobre el informe en cuestión no dilucida ni es suficiente para afirmar la inexistencia de las condiciones mínimas exigibles en la obtención, preservación y análisis de las muestras de orina y sangre de Bueno. La única conclusión posible sería que con los elementos tenidos a la vista por los peritos de Gendarmería al momento de elaborar el informe, no fue posible establecer con certeza algunos datos imprescindibles para examinar críticamente los resultados de las pruebas de laboratorio.

Cabe anotar, por otra parte, la intervención en la audiencia -para ilustrar sobre los detalles de la realización de los exámenes de laboratorio- del perito bioquímico Héctor Félix Genetti, quien pudo ser ampliamente interrogado por las partes, y aun requerírsele una interpretación científica del informe de Gendarmería con eficacia para evidenciar, en su caso, las dudas razonables en torno a los resultados de la alcoholemia y alcoholuria. Aquí también resultaba imprescindible que el impugnante expusiera una argumentación tendiente a demostrar el eventual carácter incriminante que la anunciada relativización de los resultados periciales podría tener en la convicción del juzgador, exigencia ineludible por cuanto el ordenamiento jurídico penal impone la interpretación más favorable al imputado ante situaciones de incertidumbre como la que pudiere surgir de los informes periciales examinados (conf. art. 1º, Cód. Procesal Penal).

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta que la nulidad perseguida no ha sido válidamente relacionada con algún concreto perjuicio, y que, tampoco puede ser impugnada con fundamento en la doctrina sobre arbitrariedad por fundamentación aparente o supuesta lesión constitucional, corresponde dar respuesta negativa a este motivo de agravio.

Idéntico temperamento corresponde aplicar a los planteos de los doctores Ferrari y Dalbón, en tanto no logran superar con sus argumentaciones las objeciones señaladas. Carece, en este sentido, de aptitud la afirmación del último de los letrados mencionados durante la audiencia celebrada en esta sede, referida a que la muestra de sangre de Bueno no se extrajo de la vena femoral, pues resultando esta una afirmación que no encuentra respaldo probatorio en la causa, ni siquiera merece ser considerada como parte del agravio. Es esto así, porque el conocimiento de un motivo de agravio que parte de un presupuesto fáctico que no fue demostrado por el recurrente encuentra en la insuficiencia de la queja la causa de su rechazo, ya que resulta carga del titular del interés recursivo la prueba de las circunstancias que afirma, siendo que la omisión de dicho extremo por el cual se agravia sólo resulta imputable a ella (conf. Francisco D'Albora, "Código Procesal Penal de la Nación Anotado", Abeledo Perrot, Buenos Aires, septiembre de 1993, p. 157; conf. causas de esta sala, Nº 682, registro de presidencia Nº 5609, "Vaninetti, Ricardo Emiliano s/recurso de casación").

IV. Cuanto hace a la protesta fundada en la errónea aplicación de la ley procesal por haberse limitado la posibilidad de interrogar a los testigos ofrecidos por la defensa; la "falta de dirección del debate"; y el hostigamiento hacia el Ministerio Público Fiscal, la presentación recursiva exhibe una notoria insuficiencia en tanto se agota en la denuncia del motivo pero omitiendo toda crítica que permita, aun mínimamente, establecer los alcances de la queja, los hechos concretos a partir de los cuales se estructura, y la demostración de que el tribunal hubiera ejercido desproporcionada e irrazonablemente las facultades de orden y dirección del debate que la normativa procesal le acuerda.

La cuestión ni siquiera aparece como la exposición técnica de un motivo de agravio que habilite el conocimiento del tribunal a través de este recurso extraordinario (doctrina del art. 451, Código Procesal Penal). La señalada insuficiencia alcanza al ofrecimiento como prueba de los video-cassettes grabados durante la audiencia de juicio pues, a los efectos de su admisibilidad, es preciso que la solicitud esté acompañada de una relación detallada de lo acontecido, individualizando lo que es materia de cuestionamiento, y poniendo en evidencia la omisión o la contradicción con las constancias del acta de debate, como asimismo mencionando el quebrantamiento constitucional que se hubiere operado (art. 457, Cód. Procesal Penal).

V. Los vicios in procedendo denunciados por el doctor Dalbón como motivos de inspección casatoria, al margen de los traídos por el representante del Ministerio Público Fiscal, habrán de ser igualmente rechazados. En invariables precedentes de esta sala se ha sostenido que en el actual ordenamiento procesal, la participación del particular damnificado reviste un carácter contingente y limitado, con lo cual, su facultad para recurrir en casación está sujeta a la impugnación presentada por la fiscalía debiendo adherirse a los agravios por éste deducidos (conf. causas, Recurso de casación interpuesto por particular damnificado en causas Nº 2271 y 2559, causa Nº 883, registro de presidencia Nº 6297, Recurso de casación interpuesto por el particular damnificado en causa 674, causa Nº 1908, registro de presidencia Nº 9492; Recurso de casación interpuesto por el particular damnificado Sabina Sotelo en causa 4229, causa Nº 1717, registro de presidencia Nº 8936, entre otras).

En consecuencia, no corresponde abrir autónomamente la jurisdicción extraordinaria del tribunal por una vía no prevista en la ley procesal, por tratarse de aspectos no cuestionados por el Ministerio Público Fiscal, lo que conduce necesariamente a la desestimación del motivo invocado, y a dar definitiva respuesta negativa al primer interrogante.

El doctor Borinsky dijo:

Primero. Como por un lado, el pleno celebrado en la causa número 7903 acaba de resolver, con mi disidencia, que la fórmula "voto en igual sentido por ser mi sincera e íntima convicción", comprende la adhesión a los fundamentos del o de los jueces que se expidieran con antelación, y por el otro la magistrada que cierra el acuerdo expresa, además de lo que dice que vota en igual sentido que el preopinante por ser su sincera convicción, tengo prisa en destacar que el caso no espeja una situación semejante a la contemplada en el pleno de mentas, pues quien así se expresa comienza aclarando que es su intención la de ampliar los conceptos vertidos por su colega, con el que difiere en algunos de ellos.

Y bien, en un comienzo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ingresó en el análisis de las razones expuestas por los juzgadores colectivos (ver Fallos, 273:289 citados por Martín D. Farrell, "La argumentación de las decisiones en los tribunales colectivos", diario La Ley del 30 de setiembre de 2003), pero que en la actualidad el criterio es opuesto surge sin dificultad, de lo resuelto el 11 de junio de 2003 en los autos "Olguín, Oscar E. contra Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos", donde el Alto Tribunal, haciendo suyo el dictamen del Procurador General, declara procedente el recurso extraordinario federal en el que se sostuvo que la sentencia carecía de fundamentación al no haber unidad de criterio entre los jueces de la mayoría, pues tres jueces consideraron extemporánea la acción de amparo, otro concluyó que la cuestión excedía el marco del instituto y un restante se pronunció sobre la situación de revista del agente público demandante.

Para resolver en la forma mencionada, la Corte dijo que debía dejarse sin efecto la sentencia del superior tribunal local que rechazó la acción de amparo con el acuerdo de la mayoría de los jueces cuyos argumentos no sólo difieren entre sí sino que se contraponen, por lo que el decisorio carece de toda fundamentación, puesto que no habría razón válida para optar por un voto u otro al momento de apreciar cuál ha sido el presupuesto en que se basó la resolución apelada, y esta circunstancia priva a la resolución de aquello que constituye su esencia; es decir una unidad lógico-jurídica, cuya validez no sólo depende de que la mayoría convenga en lo atinente a la parte dispositiva sino que también ostente una sustancial coincidencia en los fundamentos que permitan llegar a una conclusión adoptada por mayoría absoluta de los miembros del tribunal, recordando lo dispuesto en Fallos 308:139; 312:1058 y 313:475, agregando que si bien el modo de emitir el voto de los tribunales colegiados y lo atinente a las formalidades de las sentencias, son cuestiones procesales y ajenas, en principio, al recurso del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción cuando no existió una mayoría real de los jueces que sustente las conclusiones del pronunciamiento, ya que las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas, como antes lo dijera en Fallos 312:2738.

Segundo. Para la Suprema Corte, las resoluciones que revisten el carácter de definitivas, como la del Tribunal de Casación que rechaza por extemporáneo el recurso previsto en el art. 451 del Cód. Procesal Penal debe dictarse con el acuerdo individual de los jueces (Acuerdo 75.535); no siendo práctica recomendable proceder a formular una suerte de voto múltiple al final del veredicto, luego que el juez que abrió la votación expresara su voto respecto de todas las cuestiones planteadas (Acuerdo 77.851), existiendo doctrina constante en punto a que el recaudo constitucional aparece cumplido, cuando quienes votan en segundo y tercer término lo hacen en el mismo sentido y por los mismos fundamentos que el juez que llevaba el primer voto, ya que es constitucionalmente válido el voto cuyos fundamentos no se expresan en extenso sino por adhesión a un voto anterior emitido en el mismo acuerdo (Acuerdos 52.626, 55.095, 72.003, 34.304, 33.572, 39.180, 44.280, 49.097, 49.209, 50.435, 552.079, 59.393, entre otros) desde que ninguna ventaja habría en repetir lo ya dicho, pues el voto de adhesión significa que existe voto del juez que lo emite con idénticos fundamentos a los que se remite (Acuerdos 77.444 y Acuerdo 78.728), a lo que se suma la doctrina plenaria de este tribunal que vengo de sintetizar y que encuentra apoyo en la composición anterior de la Suprema Corte, donde una mayoría ajustada decide en P. 43.819, como en otras, que se cumplió con el art. 156 de la Constitución de la Provincia, hoy 168, en el caso en que si bien los magistrados que se expiden en segundo y tercer término no manifiestan expresamente que adhieren al primer voto, pues se entiende que esa fue la intención, aun cuando no emplearan la fórmula más adecuada para dejar sentada la opinión, agregándose que la duda que pudiera albergarse queda disipada en tanto en el veredicto se deja constancia de la unanimidad obtenida al tratarse las cuestiones planteadas precedentemente; en tanto que dentro de la posición minoritaria, en el mismo caso, corresponde declarar de oficio la nulidad de la audiencia oral y lo actuado que de ella dependiera, si los jueces del segundo y tercer voto, votaron respecto de cada cuestión por la "afirmativa" o por la "negativa" y "por ser ello su sincera convicción", sin expresar si coincidían con los fundamentos del primer voto ni, en todo caso, cuáles serían los fundamentos de sus propios votos, agregándose que ello no puede suplirse por la referencia sobre la "unanimidad" obtenida en el tratamiento de las cuestiones así como en las sentencias el dispositivo no puede suplir la falta de las votaciones pertinentes, como de mi parte, también lo dejara expuesto en el reciente acuerdo de todos los jueces, no sin antes expresar, dentro de la parcela disidente, que si el tema reconducía a la inteligencia que correspondía asignar a los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, existía un escollo para edificar la doctrina plenaria, ya que la misma estaría acotando el control de constitucionalidad que le pertenece a la Suprema Corte de Justicia, por lo que me limito en dejar a salvo la opinión, volcada en plurales precedentes, en punto a que en el proceso penal, la formulación del veredicto y la sentencia deben observar los requisitos establecidos por los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia.

Por ello, sigo pensando que, cuando se trata de una cuestión fáctica esencial, se requiere que los magistrados intervinientes hagan su juicio individual con el mínimo de fundamentación previsto en el ceremonial, y en forma de acuerdo.

Luego, en la sentencia, acreditados o no los hechos, efectúen la subsunción del caso también mediante el voto individual y reunidos en acuerdo, fundamentando la misma en las normas correspondientes.

En otras palabras, la sentencia es un acto del poder estatal que necesita legitimarse en algo más que en un mero hecho de fuerza, dado que el Derecho no es solamente voluntad o poder, sino también, y principalmente, Justicia (ver W. Goldschmidt, "Justicia y Democracia", en LA LEY, 87-324).

Entonces, como hace a la esencia del sistema republicano de gobierno que el juez ejerza la jurisdicción por delegación de la soberanía popular, el pueblo tiene el derecho a controlar los actos de sus jueces, y para ello, a conocer en virtud de qué motivos dicta la sentencia (ibídem las citas de Alsina, Fassi, Yáñez y Gualberto Sosa, por Néstor Pedro Sagüés en "Derecho Procesal Constitucional", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989, t. II, p. 224).

En definitiva, la obligatoriedad de la fundamentación so pena de nulidad es un axioma de las legislaciones, un principio general del derecho y un signo de la función jurisdiccional (nuevamente Sagüés y sus citas de Arturo Acuña Anzorena en "Motivación de la sentencia y naturaleza de la nulidad que entraña su omisión", en Jurisprudencia Argentina 49, 59 y Pietro Calamandrei, "Proceso y Democracia", p. 141).

La fundamentación de la sentencia, o lo que es igual, la justificación de la decisión, requiere que el juez diga cómo y porqué han sido aplicadas las normas que rigen el caso, posibilitando a quien lee o escucha el pronunciamiento dictado, una pauta clara que vincule lo decidido con los hechos juzgados y probados y con la normativa en vigor, y si esa pauta no se ofrece, la sentencia aparece descansar en la voluntad del juez (ibídem con cita de Román Frondizi, "La sentencia civil", Platense, ps. 27 y sigtes.) pues, ni falta hace decirlo, no se aplicaron al caso las reglas del derecho que le corresponde.

Es que si no fuese posible controlar los motivos que inspiraron el pronunciamiento judicial, vendría en menos una de las principales garantías de la recta administración de justicia (confr. la cita de Acuña Anzorena, trabajo mencionado en SCBA 56.599, y nuevamente el voto del ministro De Lazzari).

El propio sentido republicano de justicia exige la fundamentación de las sentencias, porque esta última es la explicación de sus motivaciones (conc. Corte Suprema de Justicia de la Nación, G-153-XXIII del 13 de abril de 1991), y sin ella, de desgaja -hace deserción- del encadenamiento válido al sistema, perdiendo membresía respecto de él (Germán Bidart Campos y su comentario al fallo pretoriano).

Es indiscutible que la falta de fundamentación afecta el sistema republicano y se entronca con la concepción de legitimidad de la función jurisdiccional, apoyada esencialmente en el carácter vinculante que tiene para ésta la ley, y porque priva a la parte del ejercicio efectivo de los recursos jurisdiccionales, pues sólo en base a la fundamentación se puede controlar por este tribunal la correcta aplicación de la ley (ver Sebastián Lorca Navarrete, "La necesaria motivación de las resoluciones judiciales" en Moreno op. cit. p. 150), y una verificación de esta naturaleza solamente es posible si la sentencia hace referencia a la manera en que debe inferirse de la ley la solución judicial.

Por supuesto que la convicción debe ser razonada, con lo que se obtiene, al decir de Miguel Angel Passi Lanza (ver "Elaboración de los conceptos de sentencia fundada y motivada y autosuficiente o autonomía en LA LEY, 131-64) otro de los ingredientes que posibilitan el efectivo contralor, ya que la sentencia fundada, pero oscura, indescifrable o hermética, viene a resultar un decisorio secreto, que no permite conocer las razones y dificulta su eventual impugnación y, por cierto, es una mera expresión de autoridad, como las de cierta época de autoridad cesárea en que bastaba decir, como recuerda "Próculo" (conf. LA LEY, 82-39) así lo quiero, lo mando; tal es mi voluntad, que Juvenal satirizó: "hoc voleo, sib jubeo, sit pro ratione voluntas".

En otras palabras. La motivación garantiza la naturaleza cognoscitiva y no potestativa del juicio, vinculándolo a la estricta legalidad y de hecho a la prueba de la hipótesis acusatoria; y es por la motivación como las decisiones judiciales resultan avaladas y, por tanto, legitimadas por aserciones, en cuanto tales verificables y refutables (ver Luigi Ferrajoli, "Derecho y Razón", Trotta, Madrid, 1998, p. 623).

Es más, como se ha dicho hasta aquí, la motivación posibilita la fundamentación de las decisiones y el control de las mismas, tanto en derecho, por violación a la ley o defectos de interpretación o subsunción, como en hecho, por defecto o insuficiencia de pruebas, o bien por inadecuada explicación del nexo entre convicción y pruebas, y en cuanto control de la legalidad como de la conexión mencionada, la motivación tiene también el valor endo-procesal de garantía de defensa y el valor extra-procesal de garantía de publicidad (Ferrajoli, ibídem).

En síntesis, es condición de validez de la sentencia que sea fundada, y por ende, que constituya una derivación razonada del derecho vigente (ver CS Fallos: 274:60), siendo descalificable la que se encuentra desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces (ídem ant. Fallos: 112:386), ya que como regla general debe expresar el derecho que rige el caso, razonablemente derivado del ordenamiento jurídico (Sagüés, op. cit., p. 230).

Tercero. Pero hay más, pues el caso muestra, en el decir de Nieto Alcala Zamora y Castillo (véase "Sentencia aparente y mayoría ficticia" en Revista del Colegio de Abogados de La Plata, 1963, p. 35 y siguientes) una mayoría ficticia semejante a la que detecta en el juicio de amparo en revisión seguido en México, en el que se dicta una curiosa sentencia, así la denomina en la que, en principio, existía una mayoría de dos votos contra uno, pero basados aquéllos en razonamientos antagónicos, señalando que es principio inconcuso que en los juzgadores colegiados las sentencias y, en general, las resoluciones judiciales han de reunir, para serlo, la unanimidad o, por lo menos, la mayoría de votos de los magistrados llamados a pronunciarse.

Anticipándose a la crítica por la que se opinaba que levantaba un castillo de naipes o edificaba sobre arena, puesto que, en la sentencia dos de los magistrados votaron en el sentido de que debía denegarse el amparo concedido por un juez de distrito, mientras que el tercero estimó procedía confirmar la decisión del inferior, pero dejando de lado, por el momento, el contenido de esos votos, destaco que no era posible sumarlos para integrar la mayoría, ya que los argumentos antagónicos no pueden operar como sumandos que conduzcan a la suma obtenida, porque las cantidades de signo contrario se restan y no se adicionan, y el derecho no puede ir contra irrebatibles principios de lógica y matemática, pugnando con el elemental principio de la incompatibilidad de los contrarios, agregando que si, verbigracia, dos corrientes avanzan en direcciones diametralmente opuestas, se irán alejando cada vez más y sería absurdo imaginar que vayan a confluir en una misma desembocadura.

Un paréntesis: recuerda Farrell en el artículo mencionado, que las decisiones de los tribunales colegiados no constituyen la simple suma del resultado de opiniones a las que se arribó aisladamente, como ocurre en cambio con las opiniones de los árbitros de boxeo o de los jueces de competencias gimnásticas. Son opiniones a las que se arriba sólo después de haber considerado los argumentos de los restantes miembros del tribunal, anotando la obra de Lewis A. Kornhauser y Lawrence G. Sager, "The One and the Many Adjudication in Collegial Courts", California Law Review, v. 81 number 1 (1993) ps. 4/5, donde se diferencian una y otra tarea, reflejando la primera la forma en que históricamente decidían los casos los jueces de la Cámara de los Lores, y la segunda la resultante de la práctica adoptada por los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica.

Se imaginó Alcalá Zamora y Castillo, un caso de homicidio en el que llegado el momento de la votación, uno de los jueces estime que el acusado debe ser condenado a la pena solicitada por el ministerio público, y los otros dos, que procede absolverlo, pero mientras uno se basa en que el acusado no intervino en los hechos, el otro considera que actuó en legítima defensa, añadiendo que nadie opinará que en tal caso se logró mayoría, porque una de dos, o el imputado no intervino en los hechos, y entonces no podrá hablarse de legítima defensa, o medió ésta, y entonces necesariamente intervino en los mismos. Es más, en el ejemplo dado habría una contradicción flagrante entre la mayoría referente a la conclusión, es decir al fallo absolutorio, integrada por el juez que condenó y el que adujo la legítima defensa, ya que ambos aceptan que el imputado participó en los hechos.

Insisto, la fundamentación es indispensable, y sólo a través de ella cabe inferir la justicia o injusticia de la parte dispositiva y porque en un país democrático, como lo es Argentina, la motivación sirve, a la par que los jueces muestren a la comunidad de justiciables el uso hecho del poder judicial que el Pueblo, titular de la soberanía, depositó en sus manos, con lo que, va de suyo, la fundamentación no se reduce a un elemento accesorio o de adorno, sino que constituye el cimiento y el cuerpo mismo de la sentencia, de la que el fallo es tan sólo la coronación o el remate.

Y recuerdo cuanto antecede, porque en el caso, cuyos antecedentes se encuentran suficientemente individualizados en la reseña que contiene el voto del doctor Mahiques, considero que nos hallamos ante un supuesto semejante al criticado por Alcalá Zamora y Castillo, pues la tercer votante, lejos de reforzar el argumento del anterior lo deja de lado, y si propone igualmente la absolución, lo hace porque, luego de desmenuzar la prueba, llega a la conclusión de que no sabe lo que pasó y prevalece la presunción de inocencia, por lo que, va de suyo, no encuentro la comunidad de fundamentos detectada en el sufragio que abre el presente acuerdo.

Y voy al detalle de la decisión mayoritaria que absuelve al imputado a través de razonamiento diversos, aunque convergentes, y que no dotan a la misma del acuerdo mayoritario sobre la existencia de hecho, cayéndose así en flagrante infracción al art. 168 de la Constitución de la Provincia, en tanto no concurre, valga la repetición, la mayoría de opiniones requeridas por el citado precepto, con relación a una indubitable cuestión esencial.

Por cierto que la finalidad de la labor probatoria es poner en claro cuanto surge del orden de las cuestiones establecidas para el veredicto, y por el que se muestra que el proceso tiene por anticipado fijada la tarea de comprobar si en el hecho aducido como hipótesis concreta del delito atribuido al acusado se verifican los presupuestos previstos abstractamente por la ley, dividiéndose la faena en varios juicios individuales que agotan su contenido y que, con arreglo a nuestro procedimiento, tienden a verificar si existe el hecho; si lo cometió el imputado o participó en el mismo; si median eximentes o el acusado es punible, y en qué medida; si lo es, y ya en la sentencia, qué clase de delito ha cometido y cuál es la pena.

Como en el parecer de la Suprema Corte, la Constitución de la Provincia no obliga a plantear los puntos de hecho y de derecho y a votarlos separadamente, y sólo exige que cada juez dé su voto en las cuestiones esenciales a decidir (ver SCBA 27/12/1963 en Acuerdos y Sentencias 963 III 1069), parece perfectamente admisible en el caso, que se consideraran las dos primeras cuestiones fácticas en forma conjunta si de culpa se trata, lo que presupone una conducta por la cual el imputado, partiendo de un determinado hecho, sin quererlo, pero de una manera reprochable, produce una consecuencia reprobada por el Código Penal, como puede ser varios homicidios y lesionados, pero no me parece que pueda seguirse ese método cuando no media consenso acerca de la misma, ni tampoco sobre la encuesta contemplada en el art. 371, inc. 2º del Código Procesal Penal.

Tan ello es así, que el primer juez dice que el hecho existió y que el imputado lo cometió manejando en forma imprudente, consciente y temeraria su camioneta, con la que realizó maniobras zigzagueantes, presionando el freno, desplazándose sobre la línea divisoria de carriles y aun invadiendo con sus ruedas izquierdas el izquierdo, cuando nada le impedía desplazarse por el derecho y en momentos en que lo hacía por una zona oscura a alta velocidad, y que constituye, a su ver, la creación de un peligro para el bien jurídico más allá del riesgo permitido, sin que existiera circunstancia alguna que permitiera dicha actitud, en abierta violación a las reglas del tráfico automotor, erigiéndose dicha conducta en causa directa del resultado verificado, agregando que no existe duda al respecto de que el conductor de cita invadió injustificadamente el carril por donde transitaba la Ford Explorer, presionando los frenos, y por ello se produjo la colisión de ésta contra el guard rail, y consecuentemente lo que llama trágico desenlace, por lo que los resultados de muerte y lesiones le son imputables.

En las antípodas, el magistrado que se expide en segundo término dice que el hecho existió pero lo cometió Rodrigo Alejandro Bueno, quien, causó su propia muerte y la de Fernando León Olmedo, como asimismo las lesiones al resto de las víctimas, como consecuencia de conducir previa ingesta alcohólica, a exceso de velocidad, violando las normas de adelantamiento en rutas, a distancia no prudente del vehículo que lo precedía, no llevando a un menor de doce años en el asiento trasero, sin el uso de cinturones de seguridad por parte de todos los ocupantes del vehículo, mientras que el imputado circulando a velocidad permitida, fue sorprendido por el encendido muy próximo de grandes luces, y alcanzado desde atrás por la Ford Explorer, cuyo conductor lo embistiera levemente con el espejo lateral derecho y después de una maniobra de pánico chocara contra el separador de manos de la autopista, con lo que, va de suyo, tiene por acreditado un hecho distinto.

Finalmente, la tercera juez del caso, tras anunciar que lleva la intención de ampliar los conceptos del anterior y diferir con algunos, analiza el material del juicio y se limita a tomar para sí los fundamentos expuestos por el juez que la precediera, solamente en punto al valor de la prueba pericial e informativa, concluyendo que la totalidad de la misma carece de valor para conmover el principio de inocencia del que goza el imputado, por lo que termina expidiéndose en igual sentido que el segundo, por ser su sincera convicción.

Congruo con lo explayado, el veredicto es nulo, pues al decidir una de las cuestiones esenciales (argumento del art. 168 de la Constitución de la Provincia), dos de los jueces de la Cámara de origen, aunque coinciden en la solución absolutoria, tienen fundamentos diversos.

En su mérito, abro mi respetuosa disidencia a fin de postular se declaren procedentes los recursos interpuestos, casando la resolución impugnada, con reenvío a la Presidencia de la Cámara de origen a fin que sortee los jueces hábiles que deberán sustanciar y decidir el caso conforme a derecho (art. 461, Cód. Procesal Penal).

Tercero. De hacer mayoría la presente postulación, o tomarse como propias las siguientes consideraciones, corresponde, y así lo dejo planteado, fijar los honorarios correspondientes a las actuaciones cumplidas en esta sede, por los profesionales intervinientes que acreditaran los aportes de ley, lo que estimo justos se establezcan de la manera siguiente: doctores M. A. G. y J. F. G., apoderada y patrocinante, en ese orden, de la entonces particular damnificada Judith Angélica Jaroslavsky en las sumas de veinte y treinta jus, respectivamente; doctor R. E. D., letrado apoderado de los entonces particular damnificada Patricia Marcela Pacheco en la suma de cuarenta jus; doctor G. J. D., letrado apoderado del particular damnificado Jorge Pablo Moreno, la suma de setenta jus; doctores F. A. B. y F. R. A., defensores de Alfredo Orlando Pesquera, cincuenta y treinta jus, respectivamente (arts. 14:16 "b" y "e", 28 "in fine" y 51 del dec. 8904/77), en todos los casos con los adicionales de ley.

Por último, y para el supuesto de que no se comparta la posición que termino de exponer, dando cumplimiento a la manda establecida por el art. 168 de la Constitución de esta Provincia, convengo con el doctor Mahiques en la insuficiencia del agravio relacionado con el retiro del juicio de una pericia legítimamente incorporada al mismo, y que en forma oblicua se trata de reingresar mediante un intempestivo como improcedente ofrecimiento, pues no se logra demostrar en qué modo, la misma podría cambiar el impugnado resultado.

Luego, a esta cuestión voto por la afirmativa.

El doctor Hortel dijo:

Adhiero al voto del doctor Mahiques por sus fundamentos, que hago míos, por ser ello mi íntima y sincera convicción, y a esta cuestión voto por la negativa.

2º cuestión.- El doctor Mahiques dijo:

Enterado en el acuerdo de la propuesta de regulación de honorarios efectuada por mi distinguido colega doctor Borinsky, que hago mía, también he de proponer fijar los honorarios correspondientes a las actuaciones cumplidas en esta sede, por los profesionales intervinientes que acreditaran los aportes de ley, lo que estimo justo se establezcan de la manera siguiente: doctores M. A. G. y J. F. G., apoderada y patrocinante, en ese orden, de la entonces particular damnificada Judith Angélica Jaroslavsky en las sumas de veinte y treinta jus, respectivamente; doctor R. E. D., letrado apoderado de los entonces particular damnificada Patricia Marcela Pacheco en la suma de cuarenta jus; doctor G. J. D., letrado apoderado del particular damnificado Jorge Pablo Moreno, la suma de setenta jus; doctores F. A. B. y F. R. A., defensores de Alfredo Orlando Pesquera, cincuenta y treinta jus, respectivamente (arts. 14.16 "b" y "e", 28 "in fine" y 51 del dec. 8904/77), en todos los casos con los adicionales de ley.

Luego, en atención a la forma en que fue resuelta la cuestión anterior, corresponde rechazar los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal, por el letrado coapoderado doctor G. J. D. en representación del particular damnificado Jorge Pablo Moreno, y por el doctor José Luis Ferrari, letrado apoderado de la particular damnificada Beatriz Olave Bellido. Con costas (arts. 18 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Provincial; 106, 210, 421, 3er. párrafo, 451, 453, 457, 530 y 531 del Código Procesal Penal).

Así lo voto.

Los doctores Borinsky y Hortel dijeron:

Que votan en el mismo sentido que el juez preopinante y por sus mismos fundamentos.

Por todo ello, y en mérito al acuerdo que antecede, el tribunal resuelve:

I. Rechazar los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal, por el letrado coapoderado doctor G. J. D. en representación del particular damnificado Jorge Pablo Moreno, y por el doctor José Luis Ferrari, letrado apoderado de la particular damnificada Beatriz Olave Bellido. Con costas (arts. 18 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Provincial; 106, 210, 421, 3er. párrafo, 451, 453, 457, 530 y 531 del Código Procesal Penal).

II. Regular los honorarios correspondientes a las actuaciones cumplidas en esta sede, por los profesionales intervinientes que acreditaran los aportes de ley, de la manera siguiente: doctores M. A. G. y J. F. G., apoderada y patrocinante, en ese orden, de la entonces particular damnificada Judith Angélica Jaroslavsky en las sumas de veinte y treinta jus, respectivamente; doctor R. E. D., letrado apoderado de los entonces particular damnificada Patricia Marcela Pacheco en la suma de cuarenta jus; doctor G. J. D., letrado apoderado del particular damnificado Jorge Pablo Moreno, la suma de setenta jus; doctores F. A. B. y F. R. A., defensores de Alfredo Orlando Pesquera, cincuenta y treinta jus, respectivamente, en todos los casos con los adicionales de ley (arts. 14.16 "b" y "e", 28 "in fine" y 51, dec. 8904/77). - Carlos A. Mahiques. - Ricardo Borinsky. - Eduardo C. Hortel.