Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-03


Buenos Aires, 3 de agosto de 2010 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

resulta 1. La parte demandada interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 22/25) y apelación ordinaria (fs. 26) contra la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que: (i) confirmó la sentencia de primera instancia en cuando rechazó las excepciones de prescripción y de pago total y mandó llevar adelante la presente ejecución en concepto de ISIB contra Elevadores Mar del Plata S.A. con relación a los períodos fiscales correspondientes a los años: 1998 (3º a 12 ant. mens.); 1999 (1º a 12º ant. mens.); 2000 (1º a 12º ant. mens.); y 2001 (3º a 6º ant. mens.), por un total de pesos doscientos noventa y cinco mil seiscientos veintisiete con cuarenta y seis centavos ($ 295.627,46.-), con más sus intereses, calculados de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones SHF nros. 3574/91, 3575/91, 3084/92, 1327/93, 5174/96 y siguientes y concordantes); e (ii) impuso las costas de primera instancia en un 70% a cargo de la ejecutada y en un 30% a cargo de la ejecutante y las de segunda instancia a la demandada (fs. 20).

2. Para resolver en la forma indicada, sostuvo, al remitirse a lo dictaminado por la Fiscal de Cámara, que los planteos de la sociedad recurrente dirigidos a mantener la excepción de prescripción que opusiese a la procedencia de la presente ejecución no se hacían cargo de los argumentos que le dio el juez de grado para rechazar esa excepción. En este orden de ideas, sostuvo que ".las manifestaciones [de la hoy recurrente] (.) respecto de la excepción de prescripción no se vinculan con los argumentos expuestos por el tribunal, toda vez que aquél alega la inconstitucionalidad del inicio del cómputo del plazo de la prescripción del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Esta cuestión no se relaciona en modo alguno con las normas invocadas por el sentenciante[SIC] para decidir el rechazo de la excepción de prescripción.'" (fs. 17 vuelta). Concluyó su razonamiento afirmando que como la parte recurrente ".no controvierte ni cuestiona la normativa invocada por la actora (arts. 68, 69, 78 inciso 3º del Código Fiscal T.O. 2003, ley 671) este agravio deb[e] ser desestimado" (fs. 17 vuelta).

Por su parte, descartó los agravios de la demandada tendientes a mantener la excepción de pago total que, también, opusiese ante la primera instancia. Señaló que el argumento en que fundó la parte demandada esa excepción consiste en sostener ".que nunca fue intimad[a] de manera fehaciente por la Autoridad Fiscal" (fs. 17vuelta); pero, ".las manifestaciones [de la parte demandada.] no resultan suficientes a fin de desvirtuar la validez de dicha notificación. Máxime cuando es la propia empresa de correos la que remite el acuse de recibo glosado en las presentes actuaciones (ver fs. 306/307)" (fs. 18).

Finalmente, la Cámara sostuvo que como la parte actora resultó parcialmente vencedora, resultaba ajustado a derecho imponer las costas en un 70% a cargo de la ejecutada y en un 30% a cargo de la ejecutante.

3. Elevadores Mar del Plata sostiene que resultan inconstitucionales tanto (i) el art. 69 del Código Fiscal local, t.o. 2003, en cuanto establece que el término de prescripción del Poder Fiscal para determinar el impuesto y sus accesorios -así como la acción para exigir el pago- comienza a correr a partir del 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen, como (ii) el art. 13 de la ley 671 en cuanto suspendió ".por el término de un año a partir..." de su entrada en vigencia la prescripción de las dudas impositivas. Ello así, toda vez que, según sostiene, las jurisdicciones locales no podrían apartarse de las reglas previstas en el Código Civil en lo que hace a la prescripción de las acciones tributarias. En apoyo a su postura cita la doctrina sentada por la CSJN en el precedente "Filcrosa", publicado en Fallos: 326:3899. En ese marco, sostiene que el plazo de prescripción que corresponde aplicar con relación a las obligaciones tributarias cuyo cobro acá se persigue es el quinquenal previsto en el art. 4027, inc. 3, del Código Civil; plazo que, afirma, debe comenzar a computarse en el momento que indica el art. 3956 de ese mismo cuerpo normativo.

4. La Cámara denegó ambos recursos. Con relación al recurso de apelación ordinario ante el Tribunal, sostuvo, primeramente, que el planteo de inconstitucionalidad del inc. 6 del art. 26 de la ley 7 -modificado por el art. 2 de la ley 189- no lograba exponer ".una crítica razonada que dé consistencia al planteo efectuado" (fs. 27); sentado lo cual, señaló que ese remedio procesal no resultaba procedente porque la suma disputada en el sub lite, en último término, no logra exceder el mínimo legal previsto en las normas tachadas de inconstitucionales.

Por su parte, señaló que el recurso de inconstitucionalidad debe ser denegado porque ".no se advierte en los argumentos esgrimidos para sustentarlo una fundamentación suficientemente sólida, clara y precisa en orden a la directa relación entre la decisión impugnada y la presunta vulneración de derechos y garantías constitucionales [invocadas]" (fs. 28).

5. Contra esa decisión interpuso la parte demandada una queja mediante la cual pretende obtener la revisión de la denegatoria de esos dos recursos (fs. 36/41 vuelta).

6. El Fiscal General Adjunto opina que la mencionada queja debe ser rechazada, por los mismos motivos que dio el a quo para denegar los dos recursos indicados en el punto 4 que antecede (fs. 135/138).

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Por las razones que desarrollo a continuación, no pueden prosperar ni los agravios de la queja (agregada a fs. 36/41 vuelta) dirigidos a controvertir la denegatoria del recurso de apelación ordinaria, ni aquellos otros dirigidos a controvertir la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad.

2. El a quo denegó el recurso de apelación ordinaria ante el Tribunal porque entendió, primeramente, que el planteo de la hoy recurrente dirigido a controvertir la validez del inc. 6, del art. 26, de la ley 7 en cuanto establece como requisito para la procedencia de esa apelación que el valor disputado en el pleito ".en último término, sin sus accesorios, sea superior a la suma de pesos setecientos mi ($ 700.000).", carecía de ".una crítica razonada que dé consistencia al planteo efectuado." (fs. 27). Sentando ello, señaló que la parte recurrente no había acreditado que el valor disputado en el sub lite supere esa suma; fundó lo cual en el hecho de que la sentencia de primera instancia, confirmada en este punto por la Cámara, mandó llevar adelante la presente ejecución por un total de $ 295.627,46, con más sus intereses (v. fs. 27, punto II).

2.1. La parte recurrente no logra rebatir ninguno de esos dos argumentos.

Primeramente, Elevadores Mar del Planta se limita a afirmar que la imposición de un monto mínimo para ocurrir ante el Tribunal mediante recurso de apelación constituye una denegatoria de justicia y una violación al debido proceso y a los derechos de defensa y propiedad. Pero, no demuestra cómo esas garantías constitucionales se podrían ver afectadas por el hecho de que se requiera para la procedencia de la apelación ordinaria ante el Tribunal, entre otros requisitos, que en el pleito se discuta un monto superior a los $ 700.000. En otro términos, la parte recurrente debió, cuando menos, explicar, por qué, a su juicio, esas garantías le otorgarían un derecho a ocurrir a este tribunal como una instancia de mérito más en los procesos de ejecución fiscal, en las condiciones que ella pretende. La ausencia de una argumentación en ese sentido impide a la procedencia de este planteo.

No modifica lo dicho, el hecho de que la parte recurrente sostenga que el monto mínimo previsto en la norma tachada de inconstitucional ".impid[a] a los contribuyentes ocurrir ante la máxima instancia local pues no existen certificados que excedan." ese importe ".y de excederl[o], el Gobierno emite dos certificados en fechas distintas contra el mismo contribuyente por sumas inferiores.". Principalmente, porque esos dichos, debieron, cuando menos, haber sido vinculados con los hechos ocurridos en la presente causa, cosa que la parte recurrente no ha hecho.

Por lo demás, Elevadores Mar del Plata tampoco ha acreditado que el importe discutido en el sub lite supere el mínimo legal previsto. Se ha limitado a afirmar que la ejecución fiscal en su inició perseguía el cobro de $ 412.322,51 y ".a la fecha supera la [suma] de $1.250.000" (fs. 36 vuelta). Ni se ha hecho cargo del argumento de la Cámara según el cual, en virtud de lo resuelto, en la presente ejecución el monto discutido ascendería a $ 295.627,46, con más sus intereses. Ni explica en base a qué cálculo llega a la suma de $ 1.250.000 a la que, afirma, ascendería el monto aquí controvertido; explicación que resultaba indispensable, máxime, si se tiene en cuenta la doctrina de este Tribunal según la cual los intereses devengados no deben ser tenidos en cuenta para establecer, a los fines de la procedencia del recurso ordinario, el monto disputado (cf. "GYFSA S.A de Ingeniería y Construcciones c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. nº 6139/08, sentencia de este Tribunal del 18 de mayo de 2009).

3. Finalmente, tal como adelanté en el punto 1 de este voto, los agravios de la queja que buscan rebatir la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad tampoco logran prosperar.

3.1. Todos los argumentos que formula la parte recurrente en su recurso de inconstitucionalidad (fs. 22/25) versan acerca de la inconstitucionalidad que padecerían, a su juicio: (i) las normas del Código Fiscal local que establecen que el plazo de prescripción comienza a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen; y (ii) el art. 13 de la ley 671 en cuanto suspendió ".por el término de un año a partir..." de su entrada en vigencia la prescripción de las dudas impositivas. Ello así, toda vez que, según sostiene, las jurisdicciones locales no podrían apartarse, en lo que hace a la prescripción de las acciones tributarias, de las reglas previstas en el Código Civil. En apoyo a su postura cita la doctrina sentada por la CSJN en el precedente "Filcrosa", publicado en Fallos: 326:3899. En ese marco, sostiene que el plazo de prescripción que corresponde aplicar a las obligaciones tributarias cuyo cobro acá se persigue es el quinquenal previsto en el art. 4027, inc. 3, del Código Civil; plazo que, afirma, debe comenzar a computarse en el momento que indica el art. 3956 de ese mismo cuerpo normativo.

3.2. Ahora bien, con relación a esa cuestión el a quo señaló, remitiéndose a lo dictaminado por la Fiscal de Cámara, que los planteos de la recurrente vinculados al rechazo de la excepción de prescripción ".no se vinculan con los argumentos expuestos por el tribunal [juez de grado], toda vez que aquél alega la inconstitucionalidad del inicio del cómputo del plazo de la prescripción del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires."; cuestión que, afirmó, ".no se relaciona en modo alguno con las normas invocadas por el sentenciante[SIC] para decidir el rechazo de la excepción de prescripción.". En ese orden de ideas, describió el agravio de la hoy apelante del siguiente modo: la ".ejecutad[a] sostiene que '.la norma provincial se ha apartado del Código Civil que dispone expresamente que la prescripción nace desde la fecha del título de la obligación y no dese el 1º de enero del año siguiente, deviniendo el artículo 133 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (T.O. 2004) en inconstitucional por violación al artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional" (fs. 346)." (fs. 17 vuelta, la cursiva, negrita y subrayado corresponden al original). Concluyó su razonamiento afirmando que ".en tanto l[a parte] recurrente no controvierte ni cuestiona la normativa invocada por la actora (arts. 68, 69, 78 inciso 3º del Código Fiscal T.O. 2003, ley 671) este agravio debería ser desestimado" (fs. 17 vuelta).

De la reseña efectuada en el párrafo que antecede, surge que la Cámara no trató las tachas de inconstitucionalidad que la parte recurrente formula en su recurso de inconstitucionalidad porque entendió que esos agravios no formaron parte de la apelación ante ella. Así las cosas, la sociedad recurrente debió demostrar, para que pudieran ser analizados por este Tribunal los planteos reseñados en el primer párrafo de este punto, que puso a la Cámara en obligación de tener que tratarlos y ésta omitió hacerlo; cosa que no se encuentra acreditada en el sub lite.

Por ello, y oído lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, voto por rechazar la queja de fs. 36/41 vuelta.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurso de queja interpuesto por Elevadores Mar del Plata S.A., si bien fue promovido en legal tiempo y forma, no puede prosperar, toda vez que los agravios expresados por el recurrente no logran conmover los motivos tenidos en cuenta por la Cámara para denegar, tanto el recurso de inconstitucionalidad como el de apelación.

2. En cuanto al recurso de apelación denegado, coincido con lo sostenido con el Sr. Juez de trámite, a cuyos argumentos me remito en honor a la brevedad.

3. Respecto del recurso de inconstitucionalidad, la demandada no cuestionó, desde su primera oportunidad procesal, las normas locales cuya declaración de inconstitucionalidad pretende en esta instancia.

En efecto, al oponer excepciones, la recurrente se limitó a expresar: "opongo también excepción de prescripción respecto de todos los anticipos posteriores 18/03/98 hasta el mes de noviembre de 1998 en orden a lo establecido en los arts. 68 inc. 1º y 69 del Cod.Fiscal T.O. 2003 destacando que mi parte NO se encuentra incursa en ninguna de las situaciones de suspensión y/o interrupción de la prescripción contempladas en los arts. 76,77, 78 y concs. del Cód.Fiscal aludido" (fs. 92 y vta. de esta queja).

En consecuencia, el planteo de inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal local que establecen que el plazo de prescripción comienza a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen, y del art. 13 de la ley 671 en cuanto suspendió por el término de un año a partir de su entrada en vigencia la prescripción de las dudas impositivas, de acuerdo con la cita del fallo Filcrosa de la CSJN, que recién fue planteado al expresar agravios contra la sentencia de primera instancia (obrante a fs. 1/4 de esta queja), resulta extemporáneo.

Toda vez que los jueces de la causa no se encontraban habilitados para tratar este punto, el TSJ se ve impedido de abordarlo en esta oportunidad.

4. Por todo lo expuesto, voto por rechazar la queja y dar por perdido el depósito de fs. 35.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Estimo que la queja por recurso de apelación ordinaria denegado no puede prosperar, por cuanto, como lo explica detalladamente el señor juez de trámite Luis F. Lozano, en él no se ha logrado demostrar que el monto disputado en último término supere el mínimo requerido para la habilitación de dicha vía.

2. En cuanto a la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, hago míos los fundamentos brindados por mi colega la jueza Ana María Conde en cuanto entiende que la pretendida cuestión federal invocada por la parte recurrente fue extemporáneamente introducida ya que recién fue planteada al momento de expresarse agravios contra la sentencia de primera instancia.

3. A mayor abundamiento, y a modo de obiter dicta, reafirmo aquí lo que ya dejé sentado en mi voto en la causa: "GCBA c/ Constructar SA s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expediente nº 3275/04, sentencia del 23 de febrero de 2005, en: Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, t. VII - 2005/A, Buenos Aires, 2008, ps. 40 y ss., en el sentido que en "el Derecho Tributario la prescripción sólo puede encontrar su fundamento en criterios objetivos y uniformes que den satisfacción al principio de seguridad jurídica. Ello se evidencia claramente en el hecho de que el legislador haya querido tomar un parámetro uniforme para determinar el dies a quo del plazo prescriptivo, teniendo en cuenta la naturaleza de la relación jurídica tributaria: relación de derecho público que no nace por voluntad de las partes en ella implicadas, sino por la ocurrencia fáctica del presupuesto legal previsto.// Para reforzar esta idea de la necesidad de uniformidad en el cómputo del plazo, frente a obligaciones de masa como las tributarias -por estar referidas a universos más o menos vastos de contribuyentes- en que debe facilitarse la gestión recaudatoria del Fisco, es corriente que en el derecho comparado se adopten soluciones semejantes a aquella a la que adscribe la legislación local y federal de la Argentina. Valga recurrir, como ejemplo, a la solución receptada por el Modelo de Código Tributario para América Latina del Proyecto de Tributación Conjunta OEA-BID, elaborado en el año 1967 por Rubens Gomes de Sousa (Brasil), Ramón Valdés Costa (Uruguay) y Carlos M. Giuliani Fonrouge (Argentina), en cuyo Título II: "Obligación Tributaria", Capítulo V: "Extinción", Sección Sexta: "Prescripción", art. 56, primer párrafo, se dejó establecido que: "El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador" (Reforma Tributaria para América Latina: Modelo de Código Tributario, p. 47, Unión Panamericana, Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Washington D.C., 1967).// En igual sentido., como bien lo expresa el catedrático alemán de la Universidad de Bochum, Heinrich Wilhelm Kruse, "La prescripción es una estricta prescripción de calendario. No comienza ya con el nacimiento de la pretensión, sino a partir del momento en que expira el año en que la pretensión ha nacido, o -en los Impuestos sobre la renta, el Impuesto industrial y el Impuesto sobre el volumen de ventas- con el transcurso del año en que el sujeto pasivo realiza la declaración del impuesto. El resultado es que todos los plazos de la prescripción terminan unitariamente, lo que exime a las Oficinas de Hacienda de un control permanente de los plazos de prescripción transcurridos" (cfr. Derecho Tributario. Parte General, traducción al español de su 3ª edición en alemán, capítulo 15: "Extinción de la relación obligacional impositiva", parágrafo IV: "Prescripción", ps. 283 y ss., en particular p. 287, Editorial de Derecho Financiero, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1978). En la doctrina nacional los argumentos de esta obra, han sido recogidos por el profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires, Arístides H. M. Corti (conf. obra colectiva dirigida por el apuntado publicista: Procedimiento Fiscal -ley 11.683 y complementarias- Análisis integral, p. 256, Editorial Tesis, Buenos Aires,1987)".

4. Por lo expuesto en los puntos precedentes y en los votos de mis colegas, a los cuales me remito, voto por rechazar las quejas por recurso ordinario de apelación y de inconstitucionalidad denegados, dando por perdido, respecto del recurso de hecho, el depósito de fs. 35. La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Queja por recurso ordinario de apelación denegado:

1. La queja por recurso ordinario de apelación denegado fue interpuesta en tiempo por Elevadores Mar del Plata S.A. (en adelante, "EMP"). Sin embargo, no puede prosperar.

2. La Sala I señaló con acierto (i) que la suma disputada en último término no excede en autos el mínimo legal previsto en el art. 2º de la ley nº 189 que sustituyó el inc. 6º del art. 26 de la ley nº 7 orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires ($700.000), y (ii) que los planteos de la demandada vinculados con el monto mínimo apelable para acceder a la instancia ordinaria ante el Tribunal son imprecisos e inconsistentes.

Como lo indica el Sr. juez de trámite en el apartado 2.1. de su voto, los escasos señalamientos obrantes a fs. 37 y vuelta no alcanzan para poner en crisis la resolución denegatoria del recurso ordinario intentado, lo que sella la suerte adversa de la queja deducida por la accionada.

Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado:

El recurso directo fue presentado en tiempo y forma por EMP, y contiene una crítica adecuada de la resolución de fs. 27/29, vistos los términos en que la Sala I denegó el recurso de inconstitucionalidad.

La Cámara señaló que no se había planteado un caso constitucional ni se estaba frente a una sentencia arbitraria. En consecuencia, para rebatir el auto denegatorio la quejosa sólo podía volver -como lo hace- sobre los argumentos del recurso de inconstitucionalidad, lo que es suficiente para admitir la queja conf. mis votos en "Banco Macro Bansud S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Banco Bansud Grupo Macro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de apelaciones'", expte. nº 4512/05, resolución del 19 de julio de 2006; "Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados c/ GCBA s/ recurso Apel. Jud. c/ Decis. DGR (art. 114 Cod. Fisc.)´", expte. n° 4723/06, resolución del 15 de noviembre de 2006; "Compañía Papelera Sarandí S.A.C.I.I.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (expte. nº 5335/07) y su acumulado "Compañía Papelera Sarandí S.A.C.I.I.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Compañía Papelera Sarandí S.A.C.I.I.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos`" (expediente nº 5331/07), resolución del 6 de noviembre de 2007, entre otros .

Recurso de inconstitucionalidad:

1. El recurso de inconstitucionalidad de la empresa, aunque formalmente admisible, debe ser rechazado por las razones que seguidamente expongo.

2. La presentación en examen se centra en la supuesta inconstitucionalidad de las normas locales que regulan la prescripción de las acciones del Fisco.

Sin embargo, al oponer excepciones la ejecutada no cuestionó la legitimidad de la normativa local para computar el plazo de prescripción. En otros términos, el planteo de inconstitucionalidad no fue llevado a conocimiento del juez de grado. Y, al no tratarse de una norma sobreviniente o de un hecho nuevo, la posibilidad de traer el punto a debate precluyó una vez que la accionada opuso excepciones. Por lo tanto, el agravio sobre el tema introducido recién en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y reiterado en el recurso de inconstitucionalidad y en la queja, deviene extemporáneo y conduce al rechazo de la presentación de fs. 22/25.

En virtud de lo expuesto, voto por: (i) rechazar la queja por recurso de apelación ordinario denegado; (ii) admitir la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado y (iii) rechazar el recurso de inconstitucionalidad de fs. 22/25, con costas (art. 62 CCAyT).

Por ello, y oído lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar las quejas interpuestas por Elevadores Mar del Plata S.A. a fs. 36/41 vuelta. 2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita este expediente, a la Sala de la Cámara que tomó intervención en el juicio, para que sea agregado a los autos principales.