marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tasa municipal, inhabilidad de título
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Municipalidad de Concordia c/ Sogyn S.R.L. s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-11-20

Si bien el certificado de deuda emitido por la Municipalidad de Concordia goza, en principio, de autonomía, abstracción e independencia respecto de las obligaciones que genera, esa pauta legal formal no es absoluta, ya que cede cuando mantenerla cause un agravio o lesión que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARENALES 2370 c/ BERNI E. s/ SUMARIO - PROPIEDAD HORIZ0NTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

El régimen de propiedad horizontal que consagró la ley 13.512 lleva también implícita una especificación de los derechos y obligaciones de los condóminos de cada una de las unidades del edificio sujeto a ese régimen normativo. Ese conjunto de derechos y obligaciones es detallado y mantenido en su vigencia a través de la ley interna que rige el Consorcio, el Reglamento de Copropiedad y Administración (conf. art. 9 de la ley citada). Siendo así, la conducta de los consorcistas en orden al ejercicio de su derecho de dominio ha de encontrar un régimen aparentemente restrictivo en ese Reglamento, que, en definitiva, no es tal puesto que tiende al mantenimiento de una convivencia mutua para que ese ejercicio no se vea alterado por actitudes propias del ejercicio del derecho de dominio clásico intrusivas por la contigüidad y cercanía de las distintas unidades. Las restricciones y límites al dominio -legales o convencionales- establecidos en el sistema creado por la ley 13 512 desempeñan un papel fundamental y deben ser estrictamente observados toda vez que su acatamiento por los propietarios es condición esencial para el buen funcionamiento del régimen comunitario. De esa manera, quien acepta habitar un inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal sabe -y acepta- que el derecho de uso y goce de la cosa conforme a un ejercicio regular (art. 2513 del Cód. Civil) está también restringido en beneficio común. Siendo así, la constitución misma del consorcio (art. 9 de la ley 13.512) y su subsistencia está subordinada al Reglamento de Copropiedad y Administración. Su importancia es tal que el consorcio de copropietarios no se conforma meramente por la suma de distintos derechos reales de dominio sino que en su mantenimiento está vinculado a ese reglamento. Se trata, pues, de que el reglamento sea acatado por el reglamento mismo, lo que no conforma un ritualismo estéril como no lo es la sujeción a la ley misma (art. 1197 del Código Civil). Lo que importa es la conducta antijurídica del transgresor del Reglamento de Copropiedad, con prescindencia de que la violación del mismo se traduzca o no en un perjuicio concreto para los condóminos por lo que la acción del consorcio que tiene por fin ese acatamiento no puede catalogarse de abusiva en los términos del art. 1071 del Código Civil.

Si a una unidad de vivienda se le ha dado un destino distinto y no se lo usa como tal más que ocasionalmente, pues se la utiliza como depósito de cuadros y grabados y existe una labor de catálogos y examen de la obra pictórica de un pintor famoso, realizado por personas ajenos al dominio del bien, está claro que no existe un depósito provisional o accesorio sino que se ha modificado la estructura misma del inmueble en orden a la conservación, examen y catálogo de los cuadros.
Proceso penal, derechos de las niñas, niños y adolescentes, formalidades procesales, intervención del Ministerio Público, Ministerio de Menores
Materia: PROCESAL
Carátula: "R.M.Á. s/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR EL VÍNCULO", Expte. Nº 2924 (R-596/08/TSJ).- s/ RECURSO DE CASACIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-08-28

Es oportuno recordar a las instancias de grado la estricta observancia de la legislación aplicable -Pactos Internacionales y normas nacionales y provinciales- en lo referente a la intervención del Ministerio Pupilar en el proceso penal.- Encargándose a todas las instancias judiciales, velar por la protección de los intereses superiores de los menores, en especial para casos análogos al presente, cuando uno de los progenitores del menor es imputado ser autor del delito cometido en su perjuicio.
Recurso de casación, admisibilidad formal, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Martínez Manuel E. c/ Lineas G.M. S.R.L. s/ Beneficios Laborales - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-05-19

El recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia dictada en autos principales reúne, en principio, los requisitos establecidos por el art. 292 del Cód. de Proc. Civil, ya que el tema propuesto se encuentra dentro de los lineamientos aceptados para la viabilidad del recuso.

La circunstancia de que el tema sean cuestiones de hecho no es óbice para su admisión, puesto que la cuestión de fondo planteada aparece con visos de envergadura jurídica suficiente para la apertura del recurso, toda vez que existen pronunciamientos dispares. El juez de grado hizo lugar a la acción y luego la Cámara de Apelaciones revocó el fallo, con un voto en disidencia, por lo que la cuestión traída a juicio ha obtenido a través de las distintas instancias pronunciamientos encontrados entre sí, dos acogiendo la acción y dos rechazándola. En efecto, si bien en el caso se cuestiona la interpretación de los hechos -cuestión en principio reservada a los jueces de las instancias ordinarias- ello inevitablemente cae dentro de la órbita de la aplicación del derecho, puesto que se denuncia el déficit en el pronunciamiento impugnado de haberse apartado de los términos de las misivas enviadas que resolvieron el distracto laboral, por lo que tal principio debe ceder, pues la cuestión pasa a ser de iure y no de facto. Por otra parte, el recurso se encuentra claramente fundamentado a través de un memorial de agravios que ataca suficientemente los pilares de la sentencia.

Por último, el presente pronunciamiento de admisibilidad es "prima facie", lo que significa que el Tribunal puede rever su postura en cuanto a la admisibilidad formal, al momento de dictar sentencia sobre la cuestión de fondo.

Así lo ha sostenido la jurisprudencia"... las limitaciones a las funciones de la casación no impide que la Corte verifique si los hechos declarados probados en el veredicto o dictado por un Tribunal de Trabajo han sido subsumidos en los preceptos legales pertinentes, labor de lógica jurídica que es esencial para la correcta aplicación de la ley (SCBA, Ac. 24635 "Silva, Juan C/ Bodegas y Viñedos Donatti Hnos. SAAIC, Despido", entre muchos otros). Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, en disidencia
Indemnización tarifada, relación de dependencia, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: CORRALES, RAQUEL DE LOS ANGELES c/ LANCHO GOMEZ, JUAN RENÉ s/ ORDINARIO-INDEMNIZACIONES-ACUMULACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-03-09

Por prescripción legal, el agravamiento indemnizatorio establecido en el art. 1 de la ley 25323 no es acumulable a las indemnizaciones previstas por los artículos 8, 9 y 10 de la ley 24013 y respecto del art. 2, su única exigencia es la intimación fehaciente por el trabajador, sin plazo alguno, siempre que se efectúe antes de la promoción de la demanda, pues la norma tiende a sancionar al empleador que obliga a su dependiente a la instancia judicial.
Facultades jurisdiccionales, interpretación de la constitución, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiorentino, Roxana María Luján c/ Socialmed S.A. y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-29

La magna labor de administrar justicia no se basa en la sola voluntad o en el derecho libremente aplicado, sino en leyes, ya que nadie está sobre ellas, siendo que nuestra Constitución estableció un Poder Judicial integrado por jueces que actúan conforme a reglas que la comunidad debe conocer, y a las que deben ajustarse para que las soluciones sean previsibles, todo lo cual esta Corte debe hacer respetar porque constituyen un elemento de la garantía constitucional del debido proceso (Disidencia parcial del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Actualización monetaria, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: De Larrañaga, Jose Antonio s/ Demanda de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-20

Si bien la reiterada doctrina del Tribunal mantuvo el criterio de que los intereses moratorios por la percepción retroactiva de diferencias de haberes previsionales deberán reconocerse desde la notificación del traslado de la demanda -salvo que por interpelación extrajudicial su curso hubiese comenzado con anterioridad-, corresponde computarlos desde que cada diferencia debida devengó, siguiendo pronunciamientos de la Corte Suprema Nacional que así lo resolvieron, interpretando que la tardanza en el pago es imputable a la demanda cuando los haberes previsionales fueron liquidados con carácter fijo, afectando la movilidad impuesta por el art.14 bis de la Constitución Nacional, y previa declaración de inconstitucionalidad de la norma local que a ello se oponía. Ello por razones de economía procesal, y dejando a salvo el criterio contrario de la Corte Provincial.
Prisión domiciliaria, in dubio pro reo, interno enfermo
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Norman Jorge s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-22

Si bien el condenado reúne el requisito etario establecido por el art. 32 inc. d) ley 24.660, se encuentra debidamente fundada la denegatoria que valoró que, al haberse concedido anteriormente el arresto domiciliario, el recurrente no cumplió con sus obligaciones, estuvo prófugo un tiempo prolongado y se relacionó con personas vinculadas a actividades delictivas, sin que la defensa acompañe los datos de la posible persona o institución que debería asumir el cuidado del encartado y teniendo en cuenta que del informe médico surge que las enfermedades que padece no le impiden continuar su tratamiento en la unidad carcelaria. (Dres. Slokar, Figueroa y David).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, pena, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: DEL PERCIO, NATALIA ANALIA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-26

La presente impugnación no ha de prosperar, si se tiene presente que la alegada inconstitucionalidad de la prisión perpetua por supuesta violación de cláusulas constitucionales, fue tratada en la instancia ordinaria por la Cámara, sin lograr el impugnante acreditar por qué considera que la pena impuesta no refleja la medida de la culpabilidad efectivamente probada, apareciendo aquélla relacionada a un injusto de entidad, no surgiendo de las constancias de la causa que la relación exigida entre la sanción y el injusto y culpabilidad se vea afectada de modo irracional.
Administración fraudulenta, participación criminal, entidades financieras, préstamo bancario
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "Incd. de apel. del Sr....Fiscal... s/ Rec. Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-18

Si bien es cierto que el tipo penal de defraudación por administración fraudulenta, exige una posición particular por parte del autor respecto del patrimonio presuntamente afectado, resulta inadecuado pretender que la recepción de créditos en condiciones ventajosas para los imputados -no administradores- y perjudiciales para la entidad financiera -ex banco- sea considerada como una intervención en un hecho ajeno.

Así, el haber participado en una maniobra que encuadra en dicha descripción, vulnera sin lugar a dudas la norma que prohíbe participar en un hecho que podría encuadrar en las previsiones del art. 173, inc. 7 del Código Penal, por lo que es correcto afirmar que los aportes de todas aquellas personas que hubiesen actuado en tal carácter, no se ven comprendidos en el instituto de la prohibición de regreso y, en ese orden de ideas, la posición de garante derivado de la prohibición propia del partícipe se mantiene incólume, sin que para ello quepa exigir un deber particular en relación con los patrimonios posiblemente afectados.
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sommese, Carmen c/ Gomez Ramos, Joaquín y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-31

Teniendo en cuenta que la víctima contaba con cincuenta y cuatro (54) años de edad al producirse el accidente; que tenía un estado de salud quebrantado; que se desempeñaba como ama de casa, siendo de una modesta condición económica; que como consecuencia del siniestro sufrió lesiones que le provocaron una incapacidad parcial y permanente del cuatro (4) por ciento del total; resulta justa en atención a los padecimientos, angustias e incomodidades que dichas lesiones le ocasionaron, fijar la indemnización del daño moral en la suma de australes 300.000, a la fecha del fallo apelado (28/11/89).

(Se fijó en concepto de indemnización por la incapacidad sobreviniente, la suma de australes 1.000.000.-).
Derecho penal, leyes, voluntad del legislador, delitos, prevención
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

Una de las finalidades del ordenamiento penal es actuar como instrumento de prevención general, y, a través de la represión de determinadas conductas, anticiparse a la comisión de las mismas, previéndoles una sanción, atendiendo no sólo a la finalidad del legislador sino también a las consecuencias que podrían originarse en equivocadas interpretaciones. Ello así, por cuanto la persecución de conductas delictivas, no sólo tienen como objetivo sancionar la realización de las mismas -criterio lógico por cuanto constituyen acciones típicas previstas en el Código Penal-, sino también conllevan como finalidad la de prevenir que, a través de resoluciones judiciales, se desincriminen ciertas conductas y, como consecuencia, se corra el riesgo probable del incremento de su comisión dentro de la sociedad. (Del Voto del Dr. Alvarez)
Diputados nacionales, desafuero, declaración indagatoria, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: IMBELLONI, NORBERTO s/ DESAFUERO.  DIPUTADO  NACIONAL.  IMPROCEDENCIA  DE  CITARLO A PRESTAR  DECLARACIÓN INDAGATORIA. DECLARACION INDAGATORIA. DIPUTADO  NACIONAL.  OMISIÓN DE RECABAR EL DESAFUERO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-15

tratándose de un diputado nacional, debió el sr. Juez a-quo recabar su desafuero antes de ordenar que prestase declaración indagatoria, pero su omisión no acarrea de por sí la nulidad impetrada al no habérselo sometido a coerción personal y a que dicha convocatoria no implicó obstáculo alguno a la gestión del legislador, quien cesó en su cargo antes de la audencia designada, por cuya razón no se vieron lesionadas las previsiones constitucionales cuyo alcance está debatido.

Destacase que cuando el magistrado decidió que se daba respecto del recurrente la sospecha que conducía a decretar su procesamiento, era conocida la fecha en que caducaba el mandato del nombrado como legislador, fecha que coincidía con la oportunidad en al que debía recibirse la declaración ordenada a tenor del art. 236, 1Ra parte c p.C., O sea que la designación de la audiencia a los fines de la declaración indagatoria no importaba introducir un trámite anormal en el sumario.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, demanda, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: PELSUD SACI c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 247-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-07-18

Entendiéndose por "instancia" todo el curso de la tramitación de un juicio, desde la interposición de la demanda hasta la sentencia, puede afirmarse -en líneas generales- que la perención se opera en cualquier estado del proceso "Instancia a los efecto de poder declarar la caducidad, es toda petición o solicitud tendiente a obtener una decisión judicial, no siendo un inconveniente para que proceda su declaración el hecho de que no se haya formalizado la litis con la contestación de la demanda". (Parry, "Perención de Instancia", Buenos Aires. 1964, página 213).
Cuestiones de competencia, régimen penal cambiario, competencia por el territorio, lugar del hecho, competencia federal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N.N. s/ Régimen Penal Cambiario, Medidas Precautorias.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-02

Los Art. 8, 16 y 21 de la Ley Penal Cambiaria prevén la intervención de la Justicia Nacional en lo Penal Económico o Federal con asiento en la provincia, y siendo que los imputados tienen sus domicilios en una provincia (en el caso, Salta) y que aquellos domicilios constituyen la regla de determinación de la competencia en razón del territorio en la medida en que se considera que revela el lugar de comisión del presunto hecho que constituye el objeto procesal del expediente que tramita ante el Banco Central, corresponde que el Juzgado Federal de aquella provincia sea el que intervenga en las actuaciones.
Regulación de honorarios, proceso en trámite, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAREZ c/ SUBTERRANEOS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

La ley arancelaria que se debe aplicar es la que rige en el momento en que se llama a autos para resolver sobre el principal. De ahí, que las disposiciones de la ley 24.432 resultan aplicables cuando aún no se encuentran firmes las regulaciones de honorarios practicadas en el proceso, como consecuencia de la labor profesional desarrollada con anterioridad a la vigencia de la normativa citada.
Nulidad de sentencia, prueba prohibida
Materia: PROCESAL
Carátula: M., M.; B., S.I. s/ Administración Fraudulenta en Perjuicio de una AdministraciónPública
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-01

En principio, es menester para que la prueba ilegítima determine nulidad, que la motivación del fallo dependa de ella, de modo que éste quede privado de motivación. No produce nulidad por falta de motivación la invalidez de una prueba cuando la sentencia se sustenta en otros elementos de juicio suficientes y válidos.
Juicio, trámites judiciales, pretensión, presentación extemporánea
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Covacevich, Julio Adrian c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 175-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-23

No puede prosperar el planteo del actor que entiende, recién al informar sobre el mérito de la causa, que le corresponde el beneficio establecido en el artículo 101 de la ley 13893. Ello, por cuanto la extemporaneidad con que efectúa el planteo basta para que el Tribunal se encuentre imposibilitado de tratarlo, pues lo contrario implicaría que, en el trámite substanciado ante éste, el contradictorio sufriera menoscabo y el debido proceso también, toda vez que la cuestión no fue oportunamente introducida en la litis, y no pudo ser objeto de prueba ni posterior alegación.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Bs. As. c/ Pamio, José I. s/ Cobro de australes Guevara, Daniel O. c/ Arocena, Juan M. y ot. s/ Cumpl. de contr. Rec. de queja Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Abdala, Ricardo s/ Expropiación. Recurso de queja Kun Yu Chen c/ Constructora Wilca S.A. s/ Ejecución hipotecaria. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-13|1995-09-05|1990-08-21|1996-08-20

La decisión de la Cámara que, con posterioridad a la sentencia definitiva, resuelve sobre las impugnaciones efectuadas a una liquidación practicada en autos, aunque pudiera ocasionar un gravamen irreparable, no es susceptible de ser recurrida por vía del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Hábeas corpus, detenido, SIDA
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, Fabián E. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-01-04

No obstante el juez interviniente haya ordenado la extracción de testimonios a fin que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública, si el presentante refirió que padecía escoriaciones y una reacción alérgica en la palma de su mano, lo cual podía constituir un agravamiento de las condiciones de detención en atención a la patología que presenta , corresponde hacer lugar la acción de hábeas corpus interpuesta.
Pena, monto de la pena, acusación fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Pereyra, Víctor Antonio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-09

No es violatoria de la defensa en juicio ni del debido proceso la imposición de una pena mayor a la solicitada por el Sr. Fiscal. (Dres Fégoli, Mitchell y Yacobucci).
Jueces, recusación
Materia: PROCESAL
Carátula: AVILA, RODOLFO c/ ESCOBAR, ADALBERTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DESALOJO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 454 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-03-11

Según lo sostiene reconocida doctrina "es un imperativo para el juez apartarse del conocimiento en el proceso si advierte la presencia de cualquiera de las causales enumeradas en la ley; esto se denomina inhibición, excusación o apartamiento de oficio, pues no se requiere la instancia de parte interesada".
Síndico del concurso, patrocinio letrado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galera, Manuel y Garriz, Alba s/ Concurso preventivo Galera, Pablo s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-02|1989-03-02

Cuando existen temas jurídicos que exceden la competencia profesional del síndico, puede reputarse necesaria la intervención de un letrado como patrocinante del mismo, razón por la cual sus honorarios corresponde sean cargados por el concurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reclamo administrativo previo, revisión judicial de actos administrativos, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABE ESTRUCTURAS S.A. c/ I.P.V.U. s/ ACCION CONTENCIOSSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION(OBRA 400  VIVIENDAS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-07-11

EL plazo de tres meses no se presenta exiguo como para que durante su transcurso la Administración no muestre signo alguno de consideración del reclamo del actor siendo que, de ser procedente el mismo, no se estaría satisfaciendo un mero interés particular sino el mucho más trascendente interés público en el mantenimiento de la legalidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
IVA, disponibilidad de saldos, saldo técnico
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Electricidad de Misiones  S.A. s/ Apelación (denegatoria de repetición -  I.V.A. )
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-29

A tenor de las previsiones del inc. b) del art. 129 al momento de la reforma producida en el art. 13 de la ley de Impuesto al Valor Agregado por vía de la Ley 22.294, la libre disponibilidad del saldo técnico, generaba la posibilidad de adoptar como alternativas las siguientes: imputarlo contra el débito del mismo gravamen, con la consecuencia de su actualización automática en la forma dispuesta en el inc. b), o bien, compensario con otros tributos, transferirlo o solicitar su devolución o reintegro, adquiriendo relevancia, en tales condiciones, lo consignado en el inc. a), esto es, computar la actualización a partir de las oportunidades allí contempladas, supuesto, claro está, su aplicación para la hipótesis de transferencia del mentado saldo.