Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-27


Causa nº 014-00-CC/2006 caratulada "SOSA, Norma s/inf. arts. 83 y 84 ley 1472 - Apelación".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 27 días del mes de Marzo de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver en las presentes actuaciones.

Y VISTOS:

El Sr. Defensor Oficial, Mariano Bertelotti, interpuso a fs. 127/131 recurso de apelación contra el auto del 19 de diciembre de 2005 en virtud del cual la Magistrada de grado, Carla Cavaliere, rechazó el planteo de nulidad respecto de uno de los procedimientos que dieran origen a estos actuados realizado el día 25 de julio de 2005 (fs. 122/126).

En el dictamen obrante a fs. 136/137, la Fiscal ante la instancia, Sandra Verónica Guagnino, solicita se rechace la apelación y se confirme la resolución en crisis, ya que "en el presente legajo no se ha afectado el principio de 'inmediatez' que prescribe el art. 21 LPC." (fs. 136vta.) La defensa se expidió a fs. 140/141vta. en los términos del art. 51 de la LPC, manteniendo los agravios y las reservas de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y del caso federal.

Cumplidos los pasos procesales de rigor, se encuentran los autos en estado de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

I.- En primer término, corresponde verificar si se encuentran reunidos los requisitos de procedencia del remedio impugnaticio. En tal sentido, se advierte que fue interpuesto en tiempo oportuno, ante el juez que dictó el pronunciamiento recurrido y por quien tiene derecho a hacerlo (impugnabilidad subjetiva), contra un auto susceptible de causar gravamen irreparable al imputado (impugnabilidad objetiva). Respecto de este último extremo, cabe recordar que en reiteradas oportunidades hemos expresado que si bien el art. 50 LPC prevé la posibilidad de recurrir por esta vía únicamente las sentencias-a las que se suman aquellas disposiciones que lo disponen expresamente (art. 29 LPC)-, cierto es que el art. 6 del mismo cuerpo normativo remite a la aplicación supletoria del Código Procesal Penal de la Nación y, en consecuencia, por imperio de los arts. 432 primera parte y 449 "in fine" del ceremonial nacional, como requisito para habilitar la vía recursiva en cuestión, se impone la constatación en la especie de la existencia del gravamen irreparable. En ese sentido, la r esolución que deniega una nulidad es susceptible de producir, en abstracto, un perjuicio de imposible reparación ulterior y por ende deviene apelable.

II.- El Bertelotti centró su presentación en que el control efectuado por el Ministerio Público Fiscal y el Juez interviniente, en los términos del art. 21 LPC, resultó tardío conculcándose de esa forma las garantías del debido proceso adjetivo y defensa en juicio.

Sentado lo anterior, en primer término se impone revisar lo decidido por la Juez a quo en torno a la validez del secuestro practicado en autos, a la luz de las críticas efectuadas por la defensa técnica.

El accionante denuncia el tardío control jurisdiccional, en los términos del art. 21 de la ley de procedimiento local, cuyo mandato "implica la ejecución de un acto único y complejo (en) el cual intervienen dos magistrados judiciales, de modo que por más que el primero de ellos pudiera haber tomado noticia telefónica inmediata, cierto es que recién pudo conocer con precisión los elementos probatorios que la justificaron transcurridos once días, mientras que V.S. lo concretó recién a los quince, de modo que aparece contrario al espíritu que debe reinar en un estado de derecho que jurisdiccionalmente se convalide la ejecución de una medida cautelar efectuada por un funcionario constitucionalmente incompetente luego de transcurridos algo más de dos semanas" (fs.129).

De la compulsa del legajo, surge que el labrado del acta contravencional obrante a fs. 53/53vta. data del 25 de julio de 2005, oportunidad en que se concretó la incautación de los efectos allí descriptos que fuera aprobada por el Unrein ante la consulta que le efectuara el personal policial (declaración de fs. 51/51vta. y acta de fs. 53/53vta.).

Causa nº 014-00-CC/2006, Sala II.

Se desprende de lo expuesto que el procedimiento se ha realizado conforme la directiva impartida por el Fiscal a través de la comunicación prevencional, por lo que el inmediato control primigenio que corresponde al representante del Ministerio Público se encuentra cumplido.

Sin embargo, la medida fue convalidada por el juez a cargo del Juzgado N° 1 en turno, recién el 9 de agosto de 2005 (fs. 60). Por lo tanto, el plazo transcurrido entre el secuestro y la intervención del Magistrado -en parte extendido por la demora en la remisión del legajo desde la sede policial-, en concordancia con lo dispuesto en el art. 21 LPC (control jurisdiccional respectivo), excede el margen de inmediatez requerido para el caso de medidas coercitivas adoptadas por la prevención sin orden judicial previa -como la del art. 18, inc. c. LPC- y confirmadas por el acusador.

De lo anterior emana el efectivo incumplimiento de la manda del art. 21 de la LPC en tiempo oportuno, extremo que constituye una causal de nulidad de orden general y absoluto, de conformidad con lo previsto en el art. 167 inc. 2° y ss. del CPPN -de aplicación supletoria, art. 6 de la LPC-, por haberse violado disposiciones concernientes a la intervención del juez en los actos en que ella sea obligatoria. Se trata de una nulidad genérica, al afectarse las reglas atinentes, en el caso, a la actuación del Magistrado en el proceso, viciando su desarrollo (PESSOA, Nelson R., "La nulidad en el proceso penal", Ed. Mave, 2ª. Edición, Buenos Aires, 1999, pág. 26).

Es que, como hemos expresado en numerosos antecedentes, el juez tiene el riguroso deber de realizar dicho control en un lapso que no puede superar la razonabilidad porque ello vaciaría de contenido al análisis, ya que lo contrario, implicaría otorgar de hecho virtualidad propia a actos que restringen derechos básicos, adoptados por autoridades incompetentes desde el punto de vista constitucional para hacerlo. Esas son las premisas de un secuestro válido, cuya inobservancia lo viciará "in totum".

Estas exigencias constitucionales de control judicial y jurisdiccional que sirven como guía interpretativa del término "inmediatez" en los casos concretos, tampoco pueden verse desvirtuadas sobre la base de la demora en que incurrió la autoridad preventora en remitir las actuaciones a la dependencia del Ministerio Público, alterando de este modo las disposiciones del código de forma en cuanto regula un plazo de 3 días para el envío del acta al fiscal conforme lo establece el art. 38 de la L.P.C., lo que provocó la tardía intervención jurisdiccional a los efectos del contralor de la incautación producida.

Cuestiones como las aquí debatidas han merecido reiterados pronunciamientos de esta Alzada, donde se señalaron los presupuestos que hacen a la validez de las medidas de coerción realizadas en el marco de un proceso contravencional a fin de que no se vean vulnerados los derechos de la persona sometida a este. Así, se ha establecido que la norma sub examine exige un doble control: en primer lugar por parte del fiscal, quien dirige el procedimiento y se encuentra en estrecha comunicación con las fuerzas de seguridad. En segundo lugar, dispone que luego de la consulta inmediata al acusador, éste debe, de considerar que es procedente la medida - porque en caso contrario, puede directamente dejarla sin efecto-, dar intervención al Juez. Si bien el art. 21 LPC no aclara su función específica, es importante destacar que, por razones constitucionales, su poder decisorio no puede quedar restringido al mantenimiento o no de la medida, sino que el juzgador deberá revisar (reexaminar) la actividad cumplida a través de un test de legalidad y razonabilidad - control jurisdiccional -. Al volver sobre el desempeño de los preventores, puede, en caso de no verificar los presupuestos que legalmente los habilitan a practicar medidas de este tipo, declarar su nulidad. En caso contrario, tras expresar fundadamente las razones por las cuales considera que dicha actividad es legal y razonable, recién podrá expedirse acerca de si corresponde mantenerla o no.

Por último, en función de lo que se resolverá, las reservas formuladas por el Sr. Defensor Oficial devienen abstractas.

Causa nº 014-00-CC/2006, Sala II.

En virtud de todo lo expuesto, habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal R E S U E L VE:

DECLARAR LA NULIDAD del secuestro practicado en autos el 25 de julio de 2005 y de todo lo actuado en consecuencia y disponer la inmediata devolución de los efectos incautados, detallados en el acta obrante a fs. 53/53vta. (arts. 167, inc. 2º, 168, 172 y cc. del C.P.P.N. y art. 6 LPC).

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara y devuélvase a primera instancia donde deberán practicarse las notificaciones restantes. Sirva el presente de muy atenta nota de remisión.

Fdo.: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Conf. causas nros. 208-01-CC/2004,rta. 03-09-04; 0031-00-CC/2004, rta. 24-03-04; 403-01-CC/2004, rta. 30-03-05; 53-01-CC/2005, rta. 31-05-05, entre otras.) Conf. causas 403-01-CC/04 rta. 30/03/05, 174-01-CC/05 rta. 11/08/05, 336-00CC/05, rta. 23/11/05..

Citado en causa 403-01-CC/05 rta. 30/03/04.

En idéntico sentido causas Nº 085-01-CC/04, rta. 11/06/04, Nº 172-01-CC/05 rta. 26/07/05, 205-00-CC/05, rta. 11/08/05, 336-00-CC/05, rta. 23/11/05, entre otras.

Conf. causas 344-01-CC/04 rta. 30/12/04; 205-00-CC/05 rta. 11/08/05; 205-00-CC/05 rta. 11/08/05.

Causas Nros. 061-01-CC/04 rta. 26/04/0; 085-01-CC/04 rta. 11/06/04; 335-01-CC/0, rta. 23/11/04; 344-01-CC/04 rta. 30/12/04, entre otras.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas