Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-11


Salta, 11 de febrero de 2016 Y VISTOS: Estos autos caratulados: "GIACOSA, Luis Rodolfo vs. BORRE, Raúl José - Desalojo"; Expte. N° 486.426/14 del Juzgado de 1ra. Instancia Civil y Comercial 8va. Nominación; Expte. Nº CAM 486.426/14/15 de esta Sala Tercera y, C O N S I D E R A N D O La Dra. Nelda Villada Valdez dijo:

I) Que contra la sentencia de fs. 23/24, interpone a fs. 28 recurso de apelación el Dr. Luis H. Gorriti, por sus propios derechos y a fs. 34/35 presenta el memorial. Se agravia en relación a la imposición de las costas por cuanto a pesar de que en los considerandos se menciona el artículo 703 del Código Procesal Civil, no se da cumplimiento a lo establecido en la referida normativa.

Expresa que su mandante firmó un convenio de desocupación con el accionante, mediante el cual con fecha 30 de septiembre de 2.015 se procedería a desocupar y entregar el inmueble.

Agrega que el actor inició demanda de desalojo de condena de futuro y en la audiencia celebrada a fs. 13 se ratificó la fecha de la entrega de la vivienda, allanándose a la pretensión, entrega ésta que se cumplimentó el día y la hora acordada conforme surge del acta de fs. 17, por lo que considera que resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 703 del Código Procesal Civil, segundo apartado, que manda a que las costas sean impuestas al actor. Pide costas.

Corrido traslado, a fs. 38 contesta los agravios el Dr. Luis Rodolfo Giacosa, con el patrocinio letrado del Dr. Pablo José Funoll, considerando que se encuentra vigente el plazo al no haberse acusado rebeldía, conforme lo dispuesto por el artículo 259 del Código Procesal Civil.

Manifiesta que se opone a los fundamentos vertidos por el recurrente por cuanto la cuestión fue declarada abstracta, sin que haya litis ni supuesto alguno susceptible de producir, como efecto jurídico, condena en costas. Sostiene que al no haberse agraviado el quejoso por haberse declarado abstracta la cuestión, debe desestimarse el recurso. Pide costas.

A fs. 58 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra consentida por las partes, pasando el expediente a despacho a fs. 59.

II) En primer lugar debe meritarse si la contestación del memorial fue formulada en tiempo oportuno o no.

En forma reiterada se ha señalado que el Tribunal de Alzada como juez del recurso debe analizar, previo a resolver la cuestión de fondo, si se cumplimentan los requisitos de admisibilidad, esto es si se ha interpuesto de acuerdo a las formas establecidas por la legislación, si la resolución es susceptible de apelación, si existe interés en el apelante, etc., lo que incluye la revisión tanto en lo relacionado con la concesión, como lo concerniente a los plazos.

Esta revisión puede efectuarla tanto a pedido de parte como de oficio, desde que "en esta tarea no se encuentra vinculado ni por la voluntad de las partes ni por resolución del juez en grado por más que se encuentre consentida" (Roberto Loutayf, El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, Editorial Astrea, año 1989, t. 2, pág. 6).

En este sentido, esta Sala ha dicho: "Se ha señalado en forma reiterada que el tribunal de alzada, como juez del recurso, está facultado también para revisar el trámite seguido en primera instancia, tanto en lo relacionado con la concesión, como en lo referente a la presentación de memoriales (CNCiv., Sala A, 24-3-72, E.D. 46-419; id. id. 17-12-74, L.L. 1975-C-556, n° 1326; id. Sala B, 23-4-72, E.D. 45-311; id. Sala D, 25-9- 79, Rep. E.D. 14-822, n° 72), y para considerar si ellos han sido presentados en término (CNCiv., Sala C, 19-12-68, L.L. 135-1137, 21091- S). Asimismo, se resolvió que el órgano revisor se halla legitimado para denegar su intervención en un asunto en que ha precluido la posibilidad de las partes de llegar a él, por más que mediare una decisión del juez de primera instancia, consentida por las partes, que haya resuelto lo contrario (C1°Civ.Com. Gral. San Martín 6-5-75, L.L. 1975-C-182) (CApel. CC. Salta, Sala III, 1-9-05, Dorado vs. Portanda, expediente de Sala n° 126751, tomo año 2005, f° 921)" (CApel. CC. Salta, Sala III, tomo año 2007, f° 609).

En el caso de autos, resulta aplicable el artículo 246 del Código Procesal Civil y no el artículo 259 invocado por el apelado, desde que el recurso fue concedido -acertadamente- en relación, por tratarse de una sentencia dictada en un proceso sumarísimo. La norma dispone que el plazo para contestar el memorial es de cinco días.

Se trata de un plazo de carácter perentorio conforme a lo dispuesto por el artículo 155 del Código Procesal, por lo que la caducidad del derecho dejado de usar se produce por el solo transcurso del tiempo, sin que la actividad de las partes o del Juez puedan modificar las consecuencias producidas (CApel. CC. Sala III, t. 1998, f° 568; id. id. t. 1997, f° 888; id. Sala I, Protocolo año 1996, f° 143).

Siendo que la providencia que ordena el traslado del memorial ha sido notificada al actor mediante la cédula incorporada a fs. 37, la que fuera diligenciada el día 14 de mayo de 2.015, el término para contestar los fundamentos del recurso se produjo el día 22 de mayo de 2.015, a horas 10,00, por lo que la presentación efectuada una vez vencido el plazo de gracia, deviene extemporánea y en consecuencia se debe tener por no presentado el escrito de contestación de agravios.

III) El recurrente se queja por cuanto en la sentencia le fueron impuestas las costas y pide que lo sean a cargo de la actora.

1.- Sabido es que las costas "no constituyen un castigo sino que importan un resarcimiento de los gastos que ha debido soportar la parte que tuvo que recurrir a la justicia a fin de obtener el reconocimiento de su derecho y tienden a que las erogaciones que han sido necesarias con motivo del proceso no graviten en definitiva en desmedro del derecho reconocido" (Roland Arazi, Jorge Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Rubinzal Culzoni Editores, año 2.007, t. I, pág. 304).

El artículo 67 del Código Procesal consagra el principio general que la parte vencida en el juicio debe pagar las costas, y ello en virtud del hecho objetivo de la derrota, sin importar las circunstancias subjetivas ni la conducta de las partes, ni su buena o mala fe (CApel. CC. Salta, Sala IV, t. XIII, f° 75; id. t. VII-A, año 1985, pág. 242; id. t. XIII, f° 235/236).

En este sentido, esta Sala ha dicho que "El principio general consagrado en materia de costas por el primer párrafo del artículo 67º del Código Procesal Civil y Comercial, es de que éstas serán a cargo de la parte vencida, debiendo señalarse que su imposición en el proceso no mira a la conducta subjetiva de los litigantes sino -con criterio objetivo- atiende a la necesaria reparación de los gastos que el vencedor ha debido efectuar para el reconocimiento de sus derechos.

En otras palabras, las costas son corolario del vencimiento y no se imponen como una sanción, sino con la finalidad de satisfacer las erogaciones realizadas por quien se vio compelido a recurrir a juicio (CApel. CC. Salta, Sala III, Fallos Año 1993, fº 670).

La condena en costas no configura una sanción impuesta por la buena o mala fe, temeridad, malicia o culpa del vencido en juicio, desde que sólo se trata de un efecto natural del progreso o nó de la pretensión intentada para obtener la declaración o reconocimiento de un derecho. (CApel. CC. Salta, Sala IV, año 1983, f° 291; id. id. Año 1984, f° 223).

Se dijo, asimismo, que la falta de éxito en la posición jurídica que se asumió en el pleito, hace surgir la necesidad de resguardar íntegramente el derecho que se reconoce al vencedor, quien -como regla- ha de salir incólume de la contienda (CNCom. Sala E, ED, 146-461)" (CApel. CC. Salta, Sala III, tomo año 2005, pág. 633; id. id. tomo 2014, f° 41/44).

Pero, en ciertos supuestos la ley ha contemplado expresamente como debe resolverse la condena en costas, consagrando una excepción al principio general.

Tal es lo que ocurre con el artículo 703 del Código Procesal Civil que faculta a interponer la acción de desalojo antes del vencimiento del plazo contractual o legal, en cuyo caso la sentencia que ordene la desocupación deberá cumplirse una vez vencido el plazo y en lo concerniente a las costas, dice: "Las costas serán a cargo del actor cuando el demandado no hiciere oposición y cumpla con su obligación de desocupar el bien y devolverlo en el tiempo debido".

Idéntica solución contempla el artículo 688, párrafo 2º, del Código Procesal Civil de la Nación, en el cual en lugar de "oposición" alude al allanamiento.

La llamada "condena de futuro" o "demanda anticipada de desalojo" o "pretensión de condena a una prestación futura", faculta a interponer la demanda de desalojo antes de que venza el plazo convenido para la restitución del inmueble y "obedece a la necesidad de prevenir el daño que derivaría de carecer el locador de un título ejecutorio en el momento en que la obligación del locatario de restituir el inmueble se hiciere exigible" (Héctor Eduardo Kenny, Proceso de desalojo, Astrea, año 2.001, pág. 344), sin que resulte necesario que el actor manifieste y menos aún que pruebe la probabilidad de que el demandado incumplirá con la restitución del bien. Se procura brindar una mayor celeridad, evitando las demoras que podría implicar el trámite de un juicio de desalojo y permitiendo la ejecución de la sentencia obtenida con carácter anticipado en caso de incumplimiento por parte de quien está obligado a la devolución de la cosa.

Evidentemente que si quien está obligado a restituir el inmueble, cumple en término con su prestación, se lo habrá obligado a participar en un proceso innecesariamente, lo que trae aparejado el hecho de haber tenido que afrontar gastos, por lo que la normativa legal prevé que las costas sean impuestas al accionante, lo que requiere dos presupuestos: en primer lugar que el demandado no formule oposición alguna; y, en segundo lugar, que restituya el bien en el plazo y forma convenida.

Configurados los presupuestos "resulta justo que el actor soporte tales gastos y que sean incluidos en la condena en costas" (Kenny, ob. citada, pág. 347); "al ser innecesaria su promoción, por lo cual debe ser el actor quien cargue con ellas" (Roland Arazi- Jorge A. Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Rubinzal-Culzoni Editores, tomo III, pág. 381).

De la compulsa de autos surge que la demanda de desalojo tiene su fundamento en un convenio celebrado entre las partes, invocando el actor que la misma se deduce en los términos del artículo 703 del Código Procesal Civil, pretensión ésta que fue deducida el día 1 de septiembre de 2.014, conforme cargo de fs. 4 vta., esto es antes de producirse el vencimiento del término pactado por las partes para la entrega del inmueble, el que de acuerdo a la cláusula tercera del convenio, se fijó para el día 30 de septiembre de 2.014, a horas 12 y en lo relativo al tema en debate, se solicitó "costas en caso de oposición e incumplimiento de la obligación de restituir" (cf. apartado 4 del petitorio de fs. 4 vta.).

A fs. 13, se celebra la audiencia prevista por el artículo 503 del Código Procesal, -antes del vencimiento del plazo de entrega previsto- a la cual comparece el demandado quien se allana en forma total e incondicional a la pretensión de la actora, manifestando que el inmueble será entregado en la fecha convenida, pero a horas 11,00, solicitando que "las costas se impongan al presentante", atento el tipo de juicio, petición a la cual se opone el actor, quien pide que lo sean por el orden causado.

Posteriormente, a fs. 18 se presenta el actor adjuntando Acta de entrega de fecha 30 de septiembre de 2.014, que da cuenta de que el accionante recibió el inmueble de su propiedad "en conformidad con el acuerdo de desocupación oportunamente acordado".

Siendo que en el caso de autos, el demandado no se ha opuesto a la pretensión y que ha restituido el inmueble en la forma y tiempo acordado entre las partes, no cabe duda que resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 703 del Código Procesal, debiéndose imponer las costas al accionante, a más de que en la audiencia ha solicitado expresamente la imposición de costas a la contraria, por lo que debe acogerse el recurso interpuesto.

En este sentido, la Sala Cuarta de este Tribunal ha dicho: "Funciona conforme artículo 703 del Código Procesal y las costas serán a cargo del actor si el demandado no hiciere oposición y cumple con su obligación de desocupar el bien y devolverlo en tiempo debido" (CApel. C.C. Salta, Sala IV, t. XII f. 42, 09/03/90 Chapak de Matzen c/ Ruiz R. Desalojo por condena de futuro, Juzg. C. y C. 4º Nominación).

IV) Las costas en esta instancia se imponen por el orden causado, desde que al haberse declarado extemporánea la contestación del memorial, no ha mediado oposición de la contraria, sin que el apelante haya advertido tal situación.

El Dr. Marcelo Ramón Domínguez dijo:

Que adhiere al voto de la Dra. Nelda Villada Valdez.

Por el acuerdo que antecede, LA SALA TERCERA DE L A CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, I) TIENE por no presentado el escrito de contestación del memorial formulado por el actor.

II) HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 28 por el Dr. Luis H. Gorriti, y en consecuencia, REVOCA lo resuelto en la sentencia de fs. 23/24 en lo concerniente a las costas e impone las mismas al actor. COSTAS por el orden causado en esta instancia.

III) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE.