Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-20


Causa Nº 1792-00-CC/2006 "Aldao, Mauricio Angel s/infr. art. 189 bis CP- Inconstitucionalidad" En n la ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de abril del año 2007, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de inconstitucionalidad impetrado por el Sr. Defensor Oficial, Javier E. de la Fuente, a fs. 405/422 vta. de la presente, de la que:

RESULTA:

I.- Que a fs. 393/402 obra la resolución dictada por esta Sala, el 2/3/2007, en la que se confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia obrante a fs. 314/323 vta. en cuanto condenó a Mauricio Angel Aldao a la pena de seis (6) meses de prisión de efectivo cumplimiento, y de multa de mil pesos ($ 1000) mas las costas del proceso, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal (arts. 29 inc. 3, 45 y 189 bis inc. 2 primer párrafo CP, texto según ley 25886); y revocarla en cuanto impuso al encartado las accesorias legales (art. 12 CP a contrario sensu).

II.- Que a fs. 405/422 vta. el Sr. Defensor Oficial, interpone recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia supra referida, por entender que: 1) El remedio procesal resulta formalmente procedente atento que ha sido interpuesto en las condiciones de tiempo y forma legalmente establecidas, por quien se encuentra legitimado y contra una resolución definitiva que causa gravamen actual al encartado.

2) Violación al sistema acusatorio y al derecho de defensa en juicio por imposición de la pena de multa de oficio: La sentencia impugnada vulnera el sistema acusatorio pues aún admitiendo que en dicho sistema el juez se encuentra facultado para determinar la correcta tipificación legal del hecho e imponer una pena más grave que la solicitada por el Fiscal, ello no es lo que ocurrió en el caso pues el Magistrado no se apartó de la calificación del hecho, sino que aplicó una pena de multa no requerida.

Asimismo, expresa que aún cuando el Fiscal solicitara una pena ilegal el juez se vería impedido, en un sistema acusatorio, de imponer la establecida en la norma puesto que ello implicaría suplir de oficio omisiones del titular de la acción, que es quien deberá asumir la responsabilidad por ello.

Es errónea la sentencia de esta Sala al afirmar que no puede haber "sorpresa" cuando se respeta la base fáctica y solo se trata de una cuestión jurídica, puesto que -en su opinión- en la audiencia no solo deben discutirse las cuestiones relativas a los hechos sino también las jurídicas y lo relativo a la pena, por lo que la intempestiva imposición de la multa sin pedido del fiscal constituye una "sorpresa".

Por último, considera que no es correcto lo afirmado por esta Alzada en cuanto a que podría haber introducido su planteo de inconstitucionalidad del monto de la multa al presentar la apelación, pues dicha cuestión debía ser discutida en el debate oral, y además admitir dicho criterio priva a su parte de discutir dicha cuestión en dos instancias diferentes, lo que vulnera el principio del doble conforme.

3) Violación a los principios de lesividad y legalidad: Dicho agravio se funda esencialmente en que, en su opinión, la simple posesión de un arma de fuego descargada y sin que el autor tenga proyectiles a su alcance no configura el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, puesto que -según expresa- un arma ineficaz o descargada no es un arma de fuego a los fines del tipo penal, la tenencia exige disponibilidad del arma, y no existe una acción riesgosa. Finalmente suma a sus argumentos la derogación del delito de tenencia de municiones de guerra.

Así, refiere que la interpretación formulada por la Cámara resulta inconstitucional por violar abiertamente el principio de lesividad, -al extender indebidamente el tipo penal a un supuesto no contemplado-, y el de legalidad puesto que:

a) Esta Alzada confunde el concepto de disponibilidad del arma -lo que configura la tenencia- con disponibilidad "inmediata" de la misma lo que conlleva a la portación; b) La resolución resulta contradictoria puesto que si tal como expresa esta Sala para que el delito se configure debe exigirse peligro cierto sobre el bien jurídico, es claro que al estar el arma descargada éste no se configura, lo que implica que la sentencia impugnada confunde peligro cierto con peligrosidad;

c) El criterio mantenido por la mayoría de este Tribunal, respecto de que un arma descargada configura el delito de tenencia resulta contradictorio con el criterio sostenido respecto a que no existe delito en el caso de tenencia de armas no idóneas. d) Esta Cámara omite referirse a uno de los argumentos esgrimidos por la Defensa relativo a la derogación del delito de tenencia de municiones de guerra, utilizado también para sustentar su postura de la atipicidad de la conducta.

4) Violación al principio de legalidad por falta de vigencia del tipo penal: a) Este Tribunal ha interpretado arbitrariamente y en sentido contrario al texto literal de la ley el art. 4 de la ley 25886, puesto que el último párrafo de dicha norma no supedita la vigencia del tipo penal al transcurso del plazo de seis meses desde la promulgación de la ley sino a la instrumentación del registro de armas implementado por el poder ejecutivo.

b) La interpretación formulada por esta Alzada, genera una incoherencia con el sistema pensado por el legislador, pues el plazo de gracia -establecido para fomentar el registro de las armas- que debía regir antes de la vigencia del tipo penal se estaría implementando luego de la efectiva vigencia del delito.

Por tanto, todos los poseedores de armas que quisieran acogerse a la disposición del RENAR se encontrarían involucrados en una causa penal por el delito de tenencia. c) El argumento relativo a que la resolución del RENAR únicamente podría impedir el castigo penal a quien ejerce el derecho de registrar un arma ante la administración, pero no a quien se hallara en la vía pública con el arma; en definitiva implica que se acepta que el tipo penal no se encontraba vigente. 5) Finalmente, hace reserva del caso federal.

III- Que la Sra. Fiscal de Cámara en su Dictamen Nº 314 -FC2/07, obrante a fs. 424/425 vta., solicita que se declare parcialmente admisible el recurso de inconstitucionalidad en relación al agravio basado en la violación del sistema acusatorio e inadmisible respecto de los restantes agravios. Al respecto, refiere que:

1) El primero de los cuestionamientos relacionado con el sistema acusatorio y el derecho de defensa demuestra claramente la existencia de una controversia en la aplicación e interpretación de la norma constitucional, por lo que corresponde admitirlo a su respecto.

2) En cuanto a la atipicidad de la conducta considera que el planteo debe ser rechazado puesto que se trata únicamente de una discusión referida a la interpretación y aplicación de normas de derecho común.

3) Finalmente, y en relación a la violación del principio de legalidad por falta de vigencia del tipo legal refiere que dicho agravio debe ser rechazado puesto que la defensa se limitó a reeditar los agravios que ya fueron examinados y rechazados oportunamente, y que se refieren a la aplicación de una norma infraconstitucional.

No obstante ello, considera que no resulta admisible que en un estado de derecho legisle el poder ejecutivo sobre aspectos esenciales de la ley penal como es la entrada en vigencia de una norma, puesto que ello implicaría violar el principio de separación de poderes.

IV.- Que a fs. 426 pasan los autos a resolución de esta Sala, siendo la cuestión a dilucidar ¿resulta admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensa En primer término, cabe destacar que el recurso de inconstitucionalidad intentado ha sido presentado por escrito, dentro del plazo establecido en el artículo 28 de la Ley Nº 402, contra una sentencia definitiva dictada por el tribunal superior de la causa y por quien posee legitimación procesal para hacerlo (impugnabilidad subjetiva).

A su vez, tal como lo ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, corresponde al "... órgano al que compete el juicio de admisibilidad del recurso ... constatar que éste no sólo cumpla con los recaudos formales sino también que contenga agravios constitucionales reales y no aparentes; lo que, claramente, no importa que se pronuncie sobre ellos; pero sí que discrimine la mera invocación genérica de preceptos, principios, derechos y garantías o la reiteración de argumentos ya tratados, de una concreta impugnación constitucional del fallo ..." (voto Conde, Expte. nº 4821/06 "Martínez, María del Carmen s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Martínez, María del Carmen c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", rta. 28/2/2007).

A la luz de lo expresado, cabe analizar en forma separada los agravios esgrimidos por la Defensa, para una mejor comprensión, a fin de determinar su admisibilidad.

I.- Violación al sistema acusatorio y al derecho de defensa en juicio, por imposición de la pena de multa de oficio.

En este punto, la Defensa refiere que la sentencia impugnada vulnera el sistema acusatorio, consagrado constitucionalmente, puesto que en su opinión y aún admitiendo que en dicho sistema el juez se encuentra facultado para determinar la correcta tipificación legal del hecho e imponer una pena más grave que la solicitada por el Fiscal, ello no es lo que ocurrió en el caso puesto que el Judicante no se apartó de la calificación legal del hecho pero igualmente aplicó una pena de multa no requerida.

Por otra parte, expresa que aunque el Fiscal solicitara una pena ilegal, el juez se vería impedido, dentro de este sistema, de imponer la establecida en la norma puesto que ello implicaría suplir de oficio omisiones del titular de la acción, que es quien tiene que asumir la responsabilidad por ello.

Es errónea la sentencia de esta Sala al afirmar que no puede haber "sorpresa" cuando se respeta la base fáctica y solo se trata de una cuestión jurídica, puesto que en la audiencia no solo deben discutirse las cuestiones relativas a los hechos sino también las jurídicas y lo relativo a la pena, por lo que la intempestiva imposición de la multa sin pedido del fiscal constituye una "sorpresa".

Por último, considera que no es correcto lo afirmado por esta Alzada en cuanto a que podría haber introducido su planteo de inconstitucionalidad del monto de la multa al presentar la apelación, pues dicha cuestión debía ser debatida y discutida en el debate oral y además admitir dicho criterio priva a su parte de discutir dicha cuestión en dos instancias diferentes lo que vulnera el principio del doble conforme.

En este punto, es dable adelantar que la Defensa ha logrado articular un verdadero caso constitucional, atento que - y sin perjuicio de los mínimos fundamentos esgrimidos- alcanza a señalar las normas constitucionales vulneradas por la sentencia de este Tribunal, es decir la violación al derecho de defensa en juicio y la doble instancia, así como los alcances conferidos por esta Sala al sistema acusatorio previsto en la ciudad.

Asimismo, y teniendo en cuenta la índole e importancia de la cuestión recurrida, en cuanto se debaten los alcances de un principio constitucional, tal como es el sistema acusatorio (art. 13 inc. 3 CCBA), y en el caso traído a examen la posibilidad del Juez de imponer una pena de aplicación obligatoria según la norma en cuestión, aun cuando no fue solicitada por el titular de la acción y aunque la calificación legal no haya variado, el remedio procesal intentado debe ser concedido en cuanto a este agravio.

Por otra parte, en el supuesto de autos la Defensa ha explicitado cuál es en su opinión el desapego de la interpretación realizada por esta Alzada de la norma en cuestión respecto a los principios establecidos por los artículos 13 inc. 3 CCABA y 18 CN. Es decir, el agravio analizado logra articular un verdadero caso constitucional en tanto ha sido interpuesto prima facie con debido fundamento y en relación a las circunstancias del juicio que se vinculan con la cuestión constitucional aducida (Bidart Campos, Germán, "Manual de la Constitución Reformada", Tomo III, pág. 526, ed. Ediar, Bs.As., 1997).

Asimismo, también el argumento Defensista referido a la violación al derecho de defensa y la doble instancia, generados por la imposición de la pena de multa de oficio -que fuera confirmada por este Tribunal- configura un caso constitucional hábil para instar la competencia de nuestro máximo Tribunal Local, sin perjuicio de la opinión de esta Sala en este punto en relación al fondo del planteo.

Por lo hasta aquí expresado, corresponde declarar admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en relación dichos agravios.

II.- Violación a los principios de lesividad y legalidad. Atipicidad de un arma descargada.

En este punto, el Sr. Defensor expresa que, en su opinión, la simple posesión de un arma de fuego descargada, y sin que el autor tenga proyectiles a su alcance, no configura el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Así, refiere que la interpretación formulada por este Tribunal resulta contraria a las disposiciones constitucionales vulnerando el principio de lesividad, puesto que la conducta en cuestión no implica peligro cierto sobre el bien jurídico protegido, y el de legalidad, al extender indebidamente el tipo penal a un supuesto no contemplado en la norma.

Por otra parte, se agravia por considerar que la opinión mayoritaria de esta Sala, respecto de que un arma descargada configura el delito de tenencia, resulta contradictoria con el criterio sostenido respecto a que no existe delito en el caso de tenencia de armas no idóneas. Asimismo, refiere que esta Cámara omitió expresarse en relación a uno de los argumentos esgrimidos por su parte relativo a la derogación del delito de tenencia de municiones de guerra, utilizado también para sustentar su postura de la atipicidad de la conducta.

Ahora bien, en este punto cabe mencionar que los planteos de la Defensa se centran en cuestionamientos y una diferente interpretación de los alcances de la disposición legal aplicable efectuados por este Tribunal -art. 189 bis inc. 2º primer párrafo CP según ley 25886-.

Ello así, cabe adelantar que el recurso de inconstitucionalidad sustentado en dichos agravios no resulta admisible, puesto que es criterio de nuestro Máximo Tribunal local que las cuestiones relativas a la interpretación de las normas infraconstitucionales son, por regla, ajenas al recurso de inconstitucionalidad cuando no se explicita fundadamente el desapego de dicha interpretación con las normas constitucionales, tal como sucede en el caso sub exámine.

Así, los argumentos únicamente implican cuestiones constitucionales aparentes. Ello en razón de que detrás de este planteo lo que en realidad aparece en forma encubierta es una mera disconformidad con la interpretación dada por este Tribunal a una norma.

Al respecto, el Maier ha expresado que no constituyen agravios suficientes para la procedencia del recurso de inconstitucionalidad la discrepancia con la "... interpretación de reglas infraconstitucionales, tarea no comprendida por el recurso interpuesto ni constitutiva de la competencia del Tribunal, mientras su validez no sea cuestionada por razones constitucionales, más allá del acierto o desacierto de su interpretación según puntos de vista de los diversos intérpretes.

El recurso de inconstitucionalidad no erige al Tribunal en una tercera instancia sobre hechos ni sobre Derecho común ..". (TSJ, Expte. N° 3264/04 "Góngora Martínez, Omar Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Góngora Martínez, Omar Jorge c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14, CCABA)", rta. 23/2/2005).

Asimismo, y en cuanto a la presunta violación al principio de legalidad (y lesividad) por parte de esta Cámara en virtud de la interpretación de las disposiciones en cuestión, cabe recordar que " ... no todo problema de interpretación de la ley penal constituye un problema relativo al principio de legalidad.

Para que su invocación triunfe la interpretación debe ser, claramente, contra legem, e invocada de esa manera por el recurrente ..." (TSJ, Expte. nº 4800/06 "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 4- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Curibanco Carrión, Elmer Wilman s/inf. art. 189 bis del CP", rta. el 28/11/2006).

En el mismo sentido, y específicamente en relación a la discrepancia en la interpretación de normas infraconstitucionales, la Ruiz ha referido "... frente a la existencia inevitable de diferentes maneras de interpretar una norma, el recurrente que alega la vulneración del principio de legalidad tiene la carga de demostrar argumentalmente de qué manera la interpretación escogida por los jueces de mérito viola los límites a la interpretación en materia penal y contravencional -prohibición de la analogía in malam partem, in dubio pro reo y mandato de certeza-.

De lo contrario, el principio de legalidad se vería vaciado de contenido y reducido a mero cliché ..." (TSJ, Ruiz Expte. nº 4012/05 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 5- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Otegui, Emanuel Bruno Antonio s/art. 189 bis CP -apelación-", rta. el 19/10/2005), lo que no ha logrado la Defensa con sus argumentos.

Finalmente, y en cuanto a la interpretación legal que propone la Defensa, distinta a la propiciada por la mayoría de este Tribunal, la Conde ha expresado que "... el recurrente confunde la función del Tribunal y el marco del recurso de inconstitucionalidad, pues, no se trata de proponer una interpretación distinta que sea más favorable a su prohijado -seguramente existirá una exégesis tal-, sino que, por el contrario se trata de demostrar fundadamente que la interpretación del caso particular resulta absurda o manifiestamente incompatible con la Constitución o con la propia norma aplicable ... la pretendida violación de los principios constitucionales ... sólo se traduce en una particular discusión sobre la interpretación y aplicación de la norma ... y, por fuera del intento por conectar el agravio con reglas constitucionales, lo cierto es que sólo se expresa una disconformidad con el modo en el que los jueces de mérito entendieron la prohibición ..." (TSJ, Expte. nº 4852 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas Nº 4- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Avalos, Evaristo s/inf. art. 83 CC, rta. el 18/12/2006).

Por lo hasta aquí expuesto, y siendo que los argumentos del impugnante se fundan principalmente en la disconformidad con la interpretación dada por esta Sala a reglas de derecho común, sin demostrar los extremos hasta aquí mencionados para configurar una cuestión constitucional que habilite la competencia del Tribunal Superior de Justicia, corresponde declarar inadmisible el remedio intentado en este punto.

Por otra parte, y en cuanto a la presunta omisión de este Tribunal respecto al tratamiento de uno de los agravios esgrimidos en el recurso de apelación, relativo a la contradicción en relación a que la posesión de un arma descargada encuadraría en el delito de tenencia de arma de fuego y no una inidónea; cabe mencionar que dicho planteo resulta meramente aparente puesto que conforme se desprende de la sentencia cuestionada (ver fs. 400 vta.) este Tribunal ha expuesto su postura en relación a la aptitud y eficacia del arma -la que no comparte el Sr. Defensor Oficial-, por lo que en este punto no denuncia caso constitucional alguno que habilite la instancia extraordinaria.

Finalmente, y en relación a la falta de tratamiento del argumento referido a la derogación del delito de tenencia de municiones de guerra, que en opinión del recurrente confirmaría su postura respecto de la pretendida atipicidad de la tenencia de un arma descargada, cabe adelantar que dicho agravio tampoco resulta procedente para propiciar la admisibilidad del remedio intentado.

Ello en razón de que, a criterio de este Tribunal dicha cuestión solo constituía un argumento mas de la Defensa en sustento de su postura, pero en forma alguna una cuestión fundamental para la resolución del tema examinado, ni tenía influencia alguna en la postura propiciada por lo que su tratamiento devenía sobreabundante.

Así, y si bien la omisión de tratamiento de cuestiones fundamentales planteadas se encuentra tipificado doctrinariamente como una de las causales de arbitrariedad de sentencia, se refiere al objeto o tema de una decisión (Carrió, Genaro y Carrió, Alejandro, El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria; T I, capítulo IV, Abeledo-Perrot, 1995); ello debe ser apreciado, en tanto motivo de cuestión constitucional, restrictivamente, desde el momento que incumbe exclusivamente a los jueces de la causa determinar cuáles son los puntos que quedan comprendidos en la litis-contestación. Es por ello, que se trata de una cuestión de derecho común ajena, en principio, a la órbita del recurso extraordinario (Fallos 233:47; 234:14; 235:768; 243:43 y 45; 246:77, entre muchos otros).

A mayor abundamiento, y en cuanto al agravio examinado, el José O. Casás ha afirmando que "...los jueces no están obligados a ponderar la totalidad de las cuestiones propuestas por las partes si no las consideran conducentes para la resolución del litigio" (TSJ, Expte. Nº 1541 "Masliah Sasson, Claudio s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Masliah Sasson, Claudio s/ infracción al art. 71", rta. 1/11/2002 ).

Es por lo expresado, y siendo que el fundamento cuyo análisis se habría omitido se vincula, en definitiva, con una mera opinión de la Defensa respecto de cual fue la intención del legislador al desincriminar una conducta penal, este agravio debe ser rechazado.

III.- Violación al principio de legalidad. Falta de vigencia del tipo penal.

Dicho agravio de la Defensa se circunscribe en la interpretación arbitraria de este Tribunal, y en sentido contrario al texto literal del art. 4 de la Ley 25886, según refiere la Defensa el último párrafo de la norma mencionada no supeditaría la vigencia del tipo penal al transcurso del plazo de seis meses desde la promulgación de la ley, sino a la instrumentación del registro de armas implementado por el poder ejecutivo.

En sustento de su postura, expresa que la interpretación formulada por esta Alzada, genera una incoherencia con el sistema pensado por el legislador, pues el plazo de gracia -establecido para fomentar el registro de las armas- que debía regir antes de la vigencia del tipo penal, se estaría implementando luego de la efectiva vigencia del delito. Por tanto, todos los poseedores de armas que quisieran acogerse a la disposición del RENAR estarían involucrados en una causa penal por el delito de tenencia. Asimismo, expresa que el argumento relativo a que la resolución del RENAR únicamente podría impedir el castigo penal a quien ejerce el derecho de registrar un arma ante la administración, pero no a quien se halle en la vía pública con el arma; en su opinión implica una aceptación a la falta de vigencia del tipo penal.

Así, y del análisis del remedio procesal intentado se desprende que en este punto la Defensa se limita a reiterar los argumentos esgrimidos en planteos anteriores respecto a cuál es, en su opinión, la interpretación adecuada "constitucionalmente" en relación a la entrada en vigencia del tipo penal en cuestión, de acuerdo a lo establecido con la resolución administrativa del RENAR, sin constituir sus razonamientos mas que una mera discrepancia con la interpretación propiciada por este Tribunal. En este punto, se ha resuelto que "... en su intento de fundamentación el actor no supera los límites de la mera discrepancia, sin intentar siquiera confrontar el criterio ya establecido por el Tribunal en la materia, para intentar generar un cambio ..." (TSJ, Voto de la Conde, Expte. Nº 3543/04 "Sosa Hugo Alberto c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", del 13/4/2005).

En este punto, es dable reiterar también que, el Superior Tribunal Local ha afirmado que las cuestiones relativas a la interpretación de las normas infraconstitucionales son, por regla, ajenas al recurso de inconstitucionalidad cuando no se explicita fundadamente el desapego de dicha interpretación con las normas constitucionales, tal como sucede en el caso sub exámine.

De los agravios esgrimidos se colige que el recurrente pretende cuestionar la interpretación de las previsiones del art. 4 de la ley 25886 efectuada por esta Sala en relación a la vigencia del delito de tenencia de arma de fuego de uso civil, sin embargo "... los agravios expuestos manifiestan la discrepancia de la recurrente con la interpretación de normas infraconstitucionales contenida en la sentencia recurrida, pero no involucran argumentos de carácter constitucional ... El recurso, entonces, no logra articular el modo en que la sentencia de la Cámara afecta algún derecho o garantía de raigambre constitucional que habilite la instancia ante el Tribunal por esta vía" (TSJBA. Expte Nº 2094/03 "Alto Palermo Shopping Argentino S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en : "Alto Palermo Shopping Argentino S.A. c/ GCBA- Dir. Gral. de Rentas- Resolución 3106-DGR 2000- s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR).

Asimismo, es dable recordar que "... la función del Tribunal no consiste en determinar la interpretación que le cabe a una norma de derecho común, a modo de tercera instancia. Claramente dicha cuestión es de resorte exclusivo de los jueces de la causa mientras no se cuestione su incompatibilidad manifiesta con el texto constitucional, o se demuestre un absurdo en cuanto al contenido y alcance de esa exégesis, queda reservada al a quo ..." (TSJ, del voto de la Conde, Expte. nº 4750 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 3- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Herrera, Juan s/art. 189 bis CP", rta el 24/10/2006), lo que no sucede en el caso traído a examen.

Ello en razón de que, en los fundamentos esgrimidos en su escrito el Defensor solo se limita a reproducir su postura respecto a la falta de vigencia del tipo penal, sosteniendo que la resolución administrativa es reglamentaria de la disposición penal y por tanto condiciona su vigencia, sin expresar en qué forma la postura interpretativa de este Tribunal resulta contraria a las disposiciones constitucionales.

Por tanto, resulta inadmisible atento que el impugnante únicamente se limita a reiterar argumentos expuestos en el recurso de apelación "... y no incorpora elemento alguno que enerve los efectos de las consideraciones efectuadas por la Cámara y que traduzcan algo distinto a la mera discrepancia con el contenido de la decisión ..." (TSJ, Expte. N° 2212 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Feng Chen Chih s/ art. 40 CC - Apelación", del 11/6/2003), Expte. n° 2782/04 "Volkswagen Argentina SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "GCBA c/ Volkswagen Argentina SA (ex Autolatina Arg. SA) s/ ejecución fiscal" del 19/5/2004, entre otras).

Por otra parte, es dable mencionar que el fundamento de la interpretación que propicia no es otra que la finalidad e intención del legislador al sancionar la norma en cuestión, que en opinión de la Defensa es la que explica en su escrito, lo que lleva a que su planteo constituya solo una mera discrepancia con la postura asumida por este Tribunal en relación a dicha cuestión.

Por lo hasta aquí expresado, corresponde rechazar el agravio sustentado en este punto puesto que, como se ha afirmado anteriormente, la mera discrepancia de interpretación en cuanto a los alcances de una norma infraconstitucional -art. 4 Ley 25886- no configura un agravio constitucional idóneo a los efectos de la procedencia del recurso de inconstitucionalidad, cuando el desapego constitucional que refiere no resulta mas que "... una mera referencia ritual de derechos y garantías constitucionales..." (cf. "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. II, págs. 20 y ss., entre otros).

En razón de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I.- Declarar parcialmente admisible el recurso de inconstitucionalidad impetrado por el Sr. Defensor Oficial, obrante a fs. 405/422 vta. del presente, en relación al agravio sustentado en la violación al sistema acusatorio, al derecho de defensa en juicio y doble instancia por haberse condenado al imputado a la pena de multa pese a la inexistencia de solicitud Fiscal (arts. 27 y 28 Ley Nº 402).

II.- Declarar inadmisible el remedio procesal intentado en lo atinente a los agravios sustentados en la violación de los principios de legalidad y lesividad, por la atipicidad de la conducta y la falta de vigencia del tipo penal en cuestión (arts. 27 y 28 Ley Nº 402 a contrario sensu).

III.- Tener presente la reserva del caso federal efectuada por la Defensa.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase al Tribunal Superior de Justicia, a sus efectos.

Ante mí RI