Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-03-11


AUTOS 116574 (C.C.Nº20610) DEL Cuarto Juzgado Civil, CARATULADOS: "ELIZONDO, Eduardo Jorge Amparo".

PROTOCOLIZADO:L. S. Año 2010 del Tº IFº96/99.

San Juan, 11 de marzo de 2010.

VISTOS: Estos autos Nº 20.610, caratulados "ELIZONDO, EDUARDO JORGE AMPARO". Y CONSIDERANDO:

En esta causa el A quo rechazó la acción de amparo promovida por el actor que tendía a que, judicialmente, se decrete medida de no innovar ordenándose la suspensión de los efectos de la Resolución 1354J09 suscripta por el Sr. Jefe de la Policía de San Juan en la parte que dispone la suspensión de la remuneración que le corresponde en forma íntegra.

El motivo de la suspensión del pago de sus haberes mensuales está originado en que el actor había pasado a situación de pasiva conforme al art. 117 inc. d de la Ley del Personal Policial n° 5421.

El pase a situación de pasiva esta originado, según surge de la Resolución indicada, por encontrarse el actor con auto de procesamiento dictado por el Juzgado Federal n° 2 Secretaria Penal n°5 en autos "c/ Puebla Macias..........

y otros por infracción al art. 174 inc. 5 en función del 172 y 55 del C.P".

Los motivos para rechazar el amparo que indica el sentenciante son los siguientes: a)porque el actor esta utilizando otra vía legal (recurso jerárquico) para reclamar el restablecimiento del derecho que en autos también pretende lograr.

Señala que el carácter excepcional y restrictivo del amparo impide tratar la cuestión si se encuentra en curso la vía administrativa, mas aun cuando no se ha demostrado la existencia de un daño grave concreto producto de una irrazonabilidad o ilegalidad manifiesta.

b) porque el actor no ha promovido la inconstitucionalidad de la norma del art. 117 inc. d de la ley 5421, que es el fundamento legal de la suspensión del pago de sus haberes.

Contra ese pronunciamiento, obrante a fs. 39/40, apela el actor mediante el recurso concedido en relación y en ambos efectos.

Los agravios son los siguientes: porque no se ha resuelto en forma concreta, expresa y fundada el motivo real del amparo que en la demanda esta señalado en forma clara y concreta.

Señala que no se ha considerado que la suspensión en el pago de su haberes le produce un perjuicio grave dada la situación de salud que esta padeciendo.

Señala que se han agraviado sus derechos constitucionales previsto en el art. 18 de la C.N.

Alega también la presunción de inocencia que rige en todo proceso penal.

Luego del análisis pormenorizado del extenso escrito de agravios del actor, que denota el esfuerzo intelectual efectuado por el letrado del actor, para fundar el recurso, he llegado a la conclusión que la apelación no resulta procedente.

Ello en atención a que no ha criticado en forma concreta, razonada la afirmación del sentenciante en lo atinente a que debería el actora haber promovido la inconstitucionalidad de la norma fundante de la Resolución atacada.

Por otro lado, no se trata el caso de autos de una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que permita al órgano judicial a dictar la medida cautelar.

Cabe recordar que esta, en ocasiones anteriores, ha dicho que: "Si bien en principio el amparo no es la vía adecuada para plantear y decidir la inconstitucionalidad de las leyes, ello es así siempre y cuando la violación de derechos y garantías no aparezca manifiesta, caso en el cual sí puede declararse la inconstitucionalidad en ese proceso.

Néstor Pedro Sagüés (Derecho Procesal Constitucional, T° 3: Acción de Amparo, pag. 271) al indicar las conclusiones jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el punto, dice: "En definitiva, y como lo declara el mismo tribunal, la demanda de amparo no es en principio el vehículo adecuado para discutir la constitucionalidad de un precepto general, 'a menos que la violación de los derechos y garantías sea palmaria, en cuyo caso pueden los tribunales declarar la inconstitucionalidad en este procedimiento sumario'.

En la causa: 'Radio Universidad del Litoral c/ Comité Federal de Radiodifusión s/ amparo', la misma Corte reiteró tal tesis y puntualizó que en ese caso la ley bajo examen no adolecía de manifiesta inconstitucionalidad, y por tanto, no se la reputó portadora de ese vicio, en el amparo".

Esta Sala se ha expedido en el sentido apuntado: "Es procedente expedirse sobre la inconstitucionalidad de una norma general en el juicio de amparo, cuando la misma aparece de manera palmaria, clara y manifiesta como violatoria de un derecho o garantía constitucional".

(L. S. 1975, T° I, 30/31).

El criterio expuesto, además, tiene ahora consagración legislativa en la propia Constitución Nacional luego de la reforma del año 1994 (art. 43, primer párrafo, in fine).

Autos Nº 63236 (C.C. Nº 17.312) caratulados "EMPRESA ASEGURADORA DE PERSONAS GALICIA S.A. AMPARO".

Protocolizado: L.S.2002 III 85/96.

También se ha dicho que: ...........La doctrina y jurisprudencia es conteste en señalar que a partir de la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos de lo que deriva su ejecutividad el primer requisito condicionante de la medida de no innovar respecto de aquellos se encuentra configurado por el acreditamiento de su manifiesta arbitrariedad o ilegalidad, pues solo concurriendo esta circunstancia resulta quebrada la mencionada presunción; por lo que al momento de resolver esta medida el juez debe actuar con mayor estrictez en la apreciación de la verosimilitud del derecho invocado por quien peticiona la cautelar.

Además de ello se ha dicho que para disponer la prohibición de innovar respecto de decisiones de la Administración Pública, es requisito o nota específica su carácter excepcional de lo que resulta que el peligro en la demora debe ser grave e irreparable debiendo prevalecer siempre el interés público.Autos Nº 84348/1 (C.C. Nº 18.771) caratulados "S.E.O. S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ACTUACIONES PARA ELEVAR AL SUPERIOR ART.225 INC.2º C.P.C.".PROTOCOLIZADO: L.A. 2006 II 6/8 (29052006)." ............

Al resolver cuestiones similares antes de ahora he dicho que si para determinar la verosimilitud del derecho primer recaudo de admisibilidad de las medidas cautelares fuese necesario tratar por anticipado temas que corresponde decidir en la sentencia definitiva, la medida cautelar no procede (L.A. 2004 I 184/187).

La doctrina y jurisprudencia es conteste en señalar que a partir de la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos de lo que deriva su ejecutividad el primer requisito condicionante de la medida de no innovar respecto de aquellos se encuentra configurado por el acreditamiento de su manifiesta arbitrariedad o ilegalidad, pues solo concurriendo esta circunstancia resulta quebrada la mencionada presunción, por lo que al momento de resolver esta medida el juez debe actuar con mayor estrictez en la apreciación de la verosimilitud del derecho invocado por quien peticiona la cautelar.

Además de ello se ha dicho que para disponer la prohibición de innovar respecto de decisiones de la Administración Pública, es requisito o nota especifica su carácter excepcional de lo que resulta que el peligro de la demora debe ser grave e irreparable debiendo prevalecer el interés público que supone la preeminencia del acto (L.A. 2006 II 6/8).

PROTOCOLIZADO: L.A.2007 III 119/121.

AUTOS: "S.O.E.M.E. C/PROVINCIA DE SAN JUAN MEDIDA CAUTELAR".

En el caso que ahora nos ocupa no se advierte que el Sr. Jefe de la Policía de San Juan haya actuado, al dictar la Resolución 1354J09, en una forma irracional, arbitraria o ilegal, sino todo lo contrario, pues, cumpliendo con sus obligaciones, ante el hecho del dictado del auto de procesamiento de la actora por presunta infracción al art. 174 del C.P., resolvió aplicar el art. 117 del Régimen Legal policial, cuya presunta inconstitucionalidad no ha sido alegada por el amparista.

En consecuencia, y compartiendo los argumentos del juez de primer grado, votamos por el rechazo del recurso de apelación incoado.

Por lo expuesto, SE RESUELVE:

Rechazar con costas el recurso traído.

Por lo actuado en el recurso resuelto, se regula al letrado patrocinante del actor, Dr. Nicolas Oropel la suma de Pesos: CIENTO CINCUENTA ($150), a la fecha de esta resolución (conf. art. 188 de la ley 2150).

Se deja constancia que la presente resolución es firmada sólo por dos miembros del Tribunal por encontrarse vacante el cargo que era ejercido por el Dr.Alejandro Largacha Quiroga conforme lo faculta la Ley 5854 en su Art. 40.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.