marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, negligencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olmos, Paula Eva c/ Strapoli, Juan Antonio Rosario y otro. s/ recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

La negligencia se encuentra amparada en los contratos de seguro.
Emergencia económica, procesos de ejecución, suspensión de la ejecución, carga de la prueba, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: BANCO B. I. CREDITANSTALT SA c/ BLOQ SRL s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-21

Del dictamen fiscal:

En un proceso ejecutivo resulta improcedente disponer la suspensión del trámite en virtud de lo normado por la ley 25.563:

16 cuando, -como en el caso-, no surge de autos que resulte afectado alguno de los bienes jurídicos que protege la mentada norma de emergencia. Ello pues, la suspensión de ejecuciones judiciales constituye un régimen de excepción derivado de la necesidad de dar respuesta a una emergencia productiva y crediticia, que restringe el libre ejercicio de derechos constitucionales como son el acceder a la jurisdiccion y el de propiedad en sentido lato, que legitima al acreedor para obtener el cobro de lo que se le debe. La corte suprema ha aceptado una noción amplia y plena del poder de policía, entre cuyas manifestaciones esta incluida la policía de emergencia. Ella supone una situación de emergencia, es decir, la existencia de una crisis o bien de un grave trastorno social originado por acontecimientos físicos, políticos, económicos, etc. Ante la imperiosa necesidad de afrontar los daños o riesgos creados por esa situación de emergencia y borrar o mitigar sus efectos, la potestad reglamentaria del congreso, a que se refiere la CN: 14, se hace mas amplia y profunda y, por lógica derivación, da origen a una mayor injerencia del Estado en el régimen de los derechos humanos (voto de los Sres. Ministros Doctores Don Aristóbulo D. Araoz de Lamadrid y Don Julio Oyhanarte; fallos:

243:468).Sin embargo, la jerarquía constitucional de los derechos que se invocan, conduce a actuar con suma cautela en la tarea hermenéutica para no expandir el agravio más alla de los límites que la emergencia demanda. Desde tal perspectiva, incumbe al deudor invocar y acreditar los presupuestos que tornan operativa la suspensión legal. Poner a cargo del ejecutante una prueba negativa sobre circunstancias de hecho que el ejecutado está en mejores condiciones de producir, puede conducir a exigirle una prueba diabólica, en desmedro de un derecho fundamental, como lo es el acceso a la jurisdicción.

Asimismo, no puede dejar de evaluarse el efecto macroeconómico que produciría una paralización indiscriminada de las ejecuciones, que, además,no estuvo en el ánimo del legislador, según resulta del texto legal (art. 16 cit.) y del debate parlamentario (ver especialmente las intervenciones de los diputados Cafiero y Carrió), toda vez que la paralización masiva e indiscriminada de juicios ejecutivos hiere en forma terminal el sistema financiero, porque la ausencia de medios compulsivos para el cobro produce que el acceso al crédito desaparezca ante la imposibilidad de cobro coactivo, en desmedro de la perseguida reactivación económica y de la seguridad jurídica que habrá de sustentarla.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, peligrosidad del imputado, antecedentes penales
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BARRAGAN, MIGUEL ANGEL s/ INC. DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

La circunstancia de que el encartado registre un antecedente condenatorio, no constituye óbice a su soltura, dado que ella no es pauta objetiva del artículo 380 del Código de Procedimientos en Materia Penal, subordinándose a una caución real suficiente.
Regulación de honorarios, constitución en mora
Materia: PROCESAL
Carátula: L., S.E. y Otros c/ Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-04

Es dable expresar, que inveteradamente este Cuerpo ha dicho, desde el año 1995, interpretando el art. 50 del Dto. Ley Nro. 2.200, que la decisión judicial que fija honorarios en porcentuales no es conclusiva, y los obligados al pago no pueden considerarse en mora hasta tanto no les sea notificada la aprobación de la liquidación correspondiente.- Mora que -según la modificación introducida por Ley Nro. 4335 al Dto. Ley Nro. 2.200- se produce automáticamente a los 10 días de producida esta notificación.
Juicio ejecutivo, ejecución prendaria, competencia por el territorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: CENTRO INTEGRAL DE LA MAQUINA HERRAMIENTA SA C/ CASAS, CLAUDIO MARCELO S/ EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-17

En este contexto y dado que la acción -ante la falta de registración del contratono fue entablada como ejecución prendaria, corresponde la aplicación del CPR 5-3°. En consecuencia y en tanto la ubicación de los bienes, como el lugar de pago fueron fijados en esta jurisdicción nada obsta su ejecución en esta sede.
Depreciación monetaria, cosa juzgada, sentencia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: FRANCISCA CASTELLI VDA. DE GONZALEZ c/ CARLOS ROBERTO PACHECO s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-02

La actualización del importe de la condena fijado en el fallo no compromete sino que preserva la autoridad de la cosa juzgada, pues lo que busca fijar definitivamente no es tanto el texto formal del pronunciamiento cuanto la solución real adoptada por el juez en su fallo, la cual resultaría frustrada de no efectuarse el reajuste.
Contrato de publicidad, contribuyentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. c/ Municipalidad de Zárate. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-29

No se trata de sostener que cualquier irregularidad en el procedimiento, por intrascendente que fuere, debería proyectar inexorablemente sus consecuencias invalidatorias. Empero, en supuestos que exhiben una actividad oficiosa de la Administración -determinación de oficio de la tasa por publicidad y propaganda- cuyos efectos se proyectan sobre la esfera subjetiva de un concreto interesado -el titular de la marca exhibida- cabe exigir un escrupuloso resguardo de los derechos constitucionales del contribuyente.(doctor Genoud, sin disidencia)
Sucesiones, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Krailing Werner s/ sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

La competencia territorial en materia de sucesiones es susceptible de prorrogarse mediante acuerdo de los llamados a recoger la herencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Cámara de Apelaciones, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, jueces, suspensión preventiva, jubilación por invalidez, destitución
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: TORREALDAY, JERONIMO ALFREDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 172 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-03-19

Corresponde rechazar la queja interpuesta contra la sentencia que declaró que el actor (juez destituido) tenía derecho al otorgamiento del beneficio de jubilación por invalidez con carácter provisional desde que los Juzgadores consideraron la actuación de la Corte durante el procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento y con posterioridad a éste, concluyendo en que "...no puede sino entenders e que la decisión de mantener al actor en la situación en la que estaba con anterioridad a que se decidiera su destitución, fue deliberadamente tomada en el ámbito de ese Alto Tribunal...".

Sobre ese punto resaltó que "los actos y la actividad materialmente administrativos de la Corte Suprema -el pago de sueldos y la retención de aportes indudablemente tienen ese carácter, más allá de la naturaleza misma de la destitución- no son susceptibles de ser revisados por esta Cámara de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 11330, y a lo resuelto por esa Alta Corte (en su actual integración) en autos 'Santolini'..."
Recusación y excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: C., C.F. s/Incidente de Ejecución de Honorarios en autos "B.Ch. SA c/P.S.F. SA s/Secuestro Prendario s/ Incidente de Oposición de Excusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-04-03

Los jueces, frente a actitudes ofensivas deben corregirlas por medio de las facultades acordadas por la ley ya que inhibirse de seguir entendiendo en el pleito en tales casos importaría: a) renunciar al deber de mantener el buen orden y decoro en los juicios, b) privar a la otra parte de los funcionarios encargados de administrar justicia, y c) crear por ese medio una causal de excusación a disposición de los litigantes, a quienes les bastaría con insultar al juez para obtener su separación en la causa.
Compraventa inmobiliaria, locación de inmuebles, posesión, tradición
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LEGUIZAMON ALFONSO DELIBANO c/ ABDO CARLOS JORGE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-06

Producida la venta del inmueble locado, el contrato de arrendamiento subsiste entre el locatario original y el sucesor del primitivo locador; cuando el locatario que poseía para el locador original, toma conocimiento del título que sirve de base para transmitir el dominio, deja de poseer para el primitivo propietario y comienza a poseer para el adquirente, configurándose así un caso de "traditio brevi manu", prevista en el art. 2.387 del Código Civil, sin que haga falta entonces la tradición material de la cosa enajenada, porque la ley entiende que existe una tradición ficta que resulta un modo adecuado para adquirir el dominio.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Diaz, Héctor Raúl y otra c/ Villalobo, Hernán Eduardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-05

Aunque la víctima se hubiera hecho atender en un establecimiento asistencial público o en una obra social, ello no obsta su derecho al resarcimiento, ya que no toda la atención es gratuita y siempre existen gastos que debe solventar el paciente, salvo -claro está- que se hubiere demostrado que el damnificado recibió toda la atención médica sin cargo alguno.-
Inadmisibilidad del recurso, hábeas corpus, condiciones de detención, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Romero, Gabriela Cecilia c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-16

Es inadmisible el recurso de casación deducido contra el rechazo del habeas corpus teniendo en cuenta que la pretensión de la interna de que se le asignen tareas laborales, excede los motivos de la acción extraordinaria intentada, y sella la suerte del remedio en estudio, ya que el desajuste del pedido a las previsiones de la ley 23.098 de habeas corpus indicado en la decisión de primera instancia y confirmado por la cámara de apelaciones, no pudo ser refutado por el recurso intentado, lo que revela su insuficiencia argumental.
Administración de vialidad provincial, multa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 66-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-20

Sólo se configura violación del derecho que consagra el artículo 16 de la Constitución Nacional en los casos en que la desigualdad resulte del texto mismo de la ley aplicada y no de la interpretación que de ella se haga. En el sub judice, la impugnante al sostener que existe desigualdad en favor de los propietarios de camiones más chicos y en detrimento de los poseedores de vehículos de mayor potencia, quienes incurriendo en mayores inversiones y costos de funcionamiento se ven obligados a llevar cargas menores para no violar las limitaciones a la carga máxima, pretende basar la desigualdad en una diferencia de situaciones que la ley no distingue.
Daño moral, falta de discernimiento
Materia: CIVIL
Carátula: P., P. c/ S.T. y Otros s/ Daños y Perjuicios  Beneficio de litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-03-21

El privado de entendimiento o que lo tiene disminuido, no lo está de la aptitud de sentir, de experimentar sufrimientos o dolores, y del mismo modo de gozar de satisfacciones. Así pues, es posible que en lo inmediato el dinero de la indemnización poco o nada modifique la situación de la víctima, pero puede razonablemente presumirse que sí será idóneo para proporcionarle en lo futuro alguna delectación compensativa.
Cómputo del plazo, plazo legal, plazos procesales, honorarios del abogado, regulación de honorarios, días corridos, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: PROCESAL
Carátula: HERNANDEZ DE IBANEZ, E. s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-14

Cuando la ley o el juez fijan un plazo, habrá que investigar su naturaleza, a fin de establecer si éste está referido al ejercicio de un acto procesal o al cumplimiento de una obligación que no reviste ese carácter, y de la conclusión a que se arribe dependerá entonces la forma en que se computará el tiempo: si se trata de un acto procesal, sólo se contarán los días hábiles (art. 152 del Código Procesal) y, en los demás casos, los días corridos (arts. 27, 28 y 29 del Código Civil). Los plazos judiciales, los que fija el juez cuando la ley lo autoriza a hacerlo, pueden ser procesales -si se refieren al ejercicio de una facultad de esa naturaleza- o civiles, como el que señala para el cumplimiento de una obligación de dar o de hacer. Igual criterio se sigue respecto a los legales.

El plazo que establece el art. 49, primera parte de la ley 21.839, para pagar los honorarios regulados judicialmente deben computarse en forma corrida, pues se refiere a una obligación de dar, cuya naturaleza es ajena al derecho procesal.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferro Eduardo Daniel c/ Canepa Hector Alberto s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-08

Las reglas de la sana crítica del art. 384 del Código ritual exigen del juzgador un razonamiento correcto, la apreciación global o conjunta de las alegaciones y las pruebas y la afinidad entre el resultado de la evaluación y las pretensiones deducidas en autos. En el caso de análisis no coincide la interpretación que la señora jueza efectúa, con lo que ha planteado la parte excepcionante. Lo que correspondía era que el juez interviniente analizara el contrato existente, interpretándolo y confrontándolo con la actitud de las partes en el evento, valorando cual fue su voluntad al constituir el contrato y cual es su ejecución (arts. 1137, 1197 y 1198 del Cód.

Civil). Si tanto actor como demandado entendieron que el contrato establecía un plazo para el pago, solo cabe indagar cual ha sido ese plazo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia no aplicable, incapacidad laboral, baremo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V. S., J. I. c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-01

No logra convencer el presentante que lo dispuesto por la Sala resulte apartado del criterio jurisprudencial del Máximo Tribunal Nacional en los casos "Ledesma" y "Seva, Franco c Asociart", atento que, en dichas oportunidades se debatió el uso de los baremos como forma de uniformar criterios a efectos de la estimación frente a patologías incluidas en el listado de ley, mientras que en el presente caso la discusión gira en torno a la determinación del nexo entre una patología no listada y el trabajo. - CITAS: CSJN: Ledesma, Fallos 342:2056; Seva, Fallos 344:1906.
Sucesiones, divorcio, divorcio en el extranjero, disolución de la sociedad conyugal, bienes adquiridos después del divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: S.V. s/ SUCESION - EXCLUSION DE CONYUGE POR SEPARACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

Si el matrimonio del "de cujus" fue disuelto por las autoridades de la Iglesia Ortodoxa Rusa, habilitándolo a contraer nuevas nupcias, válidas aquí, y de dicho documento resulta que el divorcio fue decretado en razón del abandono de la cónyuge por más de tres años, no existe impedimento alguno para excluirla de la participación ganancial del inmueble, si la separación de hecho se produjo por lo menos tres años antes de la resolución eclesiástica y si dicho bien fue adquirido años después de dicha resolución, por lo que corresponde excluirla conforme lo dispone el art. 1306, "in fine", del Código Civil.
Prescripción adquisitiva, prueba de la posesión, adquisición del dominio, prueba insuficiente, pago de tributos
Materia: PROCESAL
Carátula: Chumba Alberto Gregorio y Chumba Lucía del Valle  c/ Muñoz Agustín Néstor, Muñoz Elena y Muñoz Silvio José  s/ prescripción adquisitiv
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-02-27

A los fines de adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, resulta necesario que la parte acredite fehacientemente haber entrado en la posesión de la cosa realizando actos de naturaleza de los señalados por el art. 2373 del CC y que se mantuvo en el ejercicio de esa posesión en forma continua durante los veinte años necesarios para adquirir el dominio por el medio previsto en el art. 2524 inc. 7° de aquél -art. 4015 código citado-. Siendo así, el pago de impuestos no evidencia por sí la existencia del poder de hecho sobre la cosa que es inherente a la posesión, ya que si bien pueden demostrar en un principio animus domini no son prueba fehaciente del ejercicio de actos posesorios a lo cual cabe agregar que los pagos de impuestos que la parte actora acompaña para justificar su pretensión, no acreditan tampoco la ocupación a título de poseedora exclusiva durante el lapso de 20 años. El pago de impuesto constituye una exteriorización del animus posesorio y tiene un valor meramente complementario, pero es un elemento válido de especial consideración cuando las obligaciones tributarias se cumplen regularmente en los términos periódicos de vencimientos o, cuando su pago, aunque tardíos, es el resultado de una conducta espontánea e independiente de la eventual acción judicial.
Recurso contencioso administrativo, ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS DE SANTA FE, empleados públicos, escalafón, reescalafonamiento, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CADARIO, NILDA BEATRIZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción(Expte.:  C.S.J. Nº. 100 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-26

Es improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la recurrente cuestionando su encasillamiento funcional -en la Dirección de Rentas era Supervisora y en el A.P.I. simplemente Auxiliar Administrativo- exponiendo que se le asignó un coeficiente inferior al correspondiente, teniendo en cuenta situaciones de funciones y cargos idénticos que habían merecido en iguales condiciones mayor porcentual. Ello por cuanto, pese al distinto nomen juris de la función de la agente, no existen en autos elementos, ni se desprenden de la normativa aplicable, que permitan afirmar que ese cambio de denominación haya sido correlativo a un cambio en la sustancia de las tareas encomendadas a la agente. Pero aunque hubiese existido alguna modificación en los cometidos confiados a la actora, no pueden olvidarse consolidados criterios jurisprudenciales de la Corte local que han establecido el derecho a la estabilidad, que se proyecta sobre diversos aspectos de la relación de empleo público, no se hace -sin ningún límite- extensivo a la función que desempeña el agente. Por lo demás, tampoco consta que haya habido una quita de atribuciones o facultades, ni que en la Estructura Orgánica de la A.P.I., las funciones de Auxiliar no se correspondan con las de ella.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Derecho laboral, contrato de trabajo, extinción del contrato, gratificaciones, pago a cuenta, crédito laboral, compensación, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: GIORDANELLI, SUSANA c/ SWIFT-ARMOUR S.A.A. s/ Demanda Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-03

Constituye otro importante requisito de los pactos gratificatorios laborales que se trate verdaderamente de una "compensación" en el sentido de la posibilidad de deducir hasta su concurrencia, el reclamo futuro con causa anterior al pago derivado del cumplimiento del contrato de trabajo y no de un pago cancelatorio que extinga el crédito del trabajador aún cuando éste sea mayor de lo percibido. Se trata de un pago a cuenta, de un pago insuficiente de obligaciones originadas en las relaciones laborales efectuado por un empleador, por lo que será considerado como entrega a cuenta del total adeudado, aunque se reciba sin reservas y quedará expedita al trabajador la acción para reclamar la diferencia que correspondiere, por todo el tiempo de la prescripción (art. 260 Ley de Contrato de Trabajo). Tampoco se advierte vulneración del derecho a la jurisdicción y prueba de ello es que estos temas se discuten en el marco de una acción judicial. (Del Voto de la Dra. Bellotti de Podestá) En el caso la cuestión a resolver es: Posibilidad de que las llamadas gratificaciones o pagos graciables al trabajador que practican algunas empresas, en el momento del cese de la relación se compensen imputándolas a posibles acreencias vinculadas con el contrato de trabajo, por cualquier concepto que sea, aún indemnizatorias de la ley 9688, reconocidas por sentencia judicial.
Defensa del consumidor, ley vigente, in dubio pro consumidor, carga de la prueba, ticket electrónico
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALLIS, Carlos Hugo c/ Hipermercado Libertad S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-14

La relación de consumo que se generó entre el comprador y la empresa demandada, está reglada por la ley 24.240 que impone principios como es el de defensa del consumidor, el in dubio pro consumidor por ser la parte débil de dicha relación. Por ello, la carga de la prueba en este caso está a cargo de la parte demandada la cual debió demostrar, en consecuencia, que el ticket no pertenece a su empresa.

Pero ello no ha ocurrido en autos por lo cual corresponde tener por cierto que el ticket es de autoría del demandado y es un indicio muy claro que el actor estuvo como consumidor en el establecimiento comercial del Hipermercado Libertad S.A., el día y hora indicada en el mismo.
Acción de amparo, existencia de otras vías, despido, tutela sindical, competencia laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. M. P. s/ AMPARO s/ APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

El instituto del despido, es propio del Derecho Laboral, cuyos ejes son el art. 14 bis de la C.N.; arts. 40, 41 y cc. de la C.P.; y la L.C.T.

El ejercicio de las acciones de la tutela sindical de los arts. 47 y ss., 53 y cc. de la L.A.S. (Ley Nro. 23551) también son de la órbita de competencia de los Tribunales del Trabajo que, al igual que todo lo concerniente al Derecho Laboral, tienen un procedimiento específico en la Ley Nro. 1504, de cuyo apartamiento ninguna razón da la amparista.