marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tercerías, dominio, bienes inmuebles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FUENTES EN J: CANIZZO c/ MASCARENO s/ Terceria (LIBRO: S061 - 464)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-08-29

Si bien la posición que se obtiene en las condiciones del art.2355 de Cod.Civil, ref por ley 17711, otorga un derecho real de posesión, el mismo sólo puede ser opuesto por el poseedor al acreedor cuando el boleto está debidamente inscripto conforme al art.2 ley 1197, antes que el acreedor del enagenante anote el embargo.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, ampliación de la demanda
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Pampin, Oscar Luis c/ Brokowski, Juan Carlos s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

El escrito de ampliación de la demanda en el que se modifica la presentación originaria, en tanto se ofrece nueva prueba, tiene efecto interruptivo del curso de la perención.
Defensa en juicio, defectos del procedimiento, prueba
Materia: PENAL
Carátula: GIMENEZ BLANCA LELIA S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. DE GIMENEZ SERGIO FERNANDO s/ CASACION CRIMINAL CARO ROBERTO DEL CARMEN S.D. ABUSO SEXUAL E.P. DE G.M. DEL V. s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-14|2007-10-11

La garantía de la defensa en juicio tiene carácter sustancial y por ello exige de parte de quien la invoca, la demostración del concreto perjuicio que pudo inferirle el presunto vicio de procedimiento y la solución distinta que pudo alcanzarse en el fallo si no hubiese existido ese defecto.-
Transporte aéreo, transporte de pasajeros, limitación de la responsabilidad aérea, responsabilidad por daños a las personas y cosas transportadas, pedido de desacumulación, facultades del juez, defensa en juicio, producción de la prueba
Materia: COMERCIAL-AERONAUTICO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ ANA MARIA Y OTROS c/ ARMADA ARGENTINA Y OTRO s/ LESION Y/O MUERTE DE PASAJERO TRANSP AEREO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-20

Frente a la posibilidad cierta de que se agravien derechos de raigambre constitucional, la desacumulación aparece -actualmente -como la solución mas valiosa, sin que forme un obstáculo insalvable el hecho de que el mismo limite de responsabilidad (art. 144 del Código Aeronautico) pudiera ser de aplicacion en ambas causas.

Porque, en el supuesto de que se verificara el pago del tope, el a quo puede arbitrar una solución de especie reteniendo la suma que prudencialmente estimara que le corresponderá a la cónyuge de acuerdo con las pruebas con que a ese tiempo contara, haciendo uso de la facultad que a los jueces confiere el art. 165, Ultima parte, código procesal. A traves de la metodología expuesta, se salvaguardan el derecho de defensa en juicio y los derechos patrimoniales de las tres demandantes, con lo que se satisface la exigencia de atender en la realización del derecho, por sobre rigorismos formales, los principios de armonizar con la constitución nacional y con una de sus finalidades esenciales: afianzar la justicia (cfr. Doctrina de fallos 295:157).
Accidente de tránsito, vehículo detenido, señalización defectuosa
Materia: CIVIL
Carátula: Arriola c/ Rigazzio y/u otro s/ Ordinario (Expte Nro.  170-01, Resolución Nro.  51, Tomo 20, Folio  225/230)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

No puede considerarse como la señalización adecuada a que obliga el art. 74 del Reglamento General de Tránsito, que una persona salga a la ruta a agitar sus brazos desesperadamente y más aún a escasos cinco o diez metros del obstáculo, a una distancia que no le permiti ó al colectivo que se aproximaba, detener su conducido a tiempo o torcer la dirección para evitar el embestimiento.
Condena penal, nulidad de sentencia, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Olmos, Ramón William s/ RECURSO DE CASACIÓN interpuesto p/ Dr. Luciano Rojas en Expte. Nº 160/08 -Olmos, Ramón William -s.a. Homicidio Culposo -Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-12-26

El Juez Correccional de Primera Nominación condenó a R. W. O. como autor penalmente responsable del delito de Homicidio culposo calificado (arts. 84, 2º párrafo, 2º supuesto del Código Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de tres años de prisión dejando en suspenso su cumplimiento (art. 26 del CP), con más siete años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores de cualquier tipo.

En defensa del imputado comparece el asistente técnico e interpone recurso de casación.

Un examen integral de las resoluciones cuestionadas, permite constatar que la construcción impugnativa se ha formulado reiterando idénticos argumentos a los ya expuestos al momento de plantear los incidentes en la instancia anterior; los que han sido considerados y han recibido respuesta concreta por parte de la jurisdicción.

La articulación sistemática de recursos por parte del abogado defensor, repitiendo incluso los planteos que ya han sido resueltos oportunamente, conlleva a suponer que aquéllos están siendo utilizados como instrumentos destinados a dilatar injustificadamente el curso del proceso, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, además de exhibir una conducta obstructiva, evidentemente dilatoria y reñida con la buena fe procesal, lo que provoca un dispendio jurisdiccional improcedente, razón por la cual cabe recomendar al citado letrado que ajuste su proceder a la ley que informa el ejercicio de su profesión.

Por ello, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Contratos, compraventa de automotores, concesionario (comercial), derechos de las partes, obligaciones de las partes, entrega del bien, mora, responsabilidad del fabricante, responsabilidad del concesionario (comercial), condena a entregar cosas, concursado
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Spodo, Pablo Gustavo c/ Guido Guidi SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-18

Establecida la responsabilidad del concesionario, corresponde a su vez extenderla también al fabricante, pues su conducta omisiva con respecto al contralor debido sobre aquél provocó consecuencias dañosas al accionante, afectando la integridad de su patrimonio. La cual se ve agravada en razón de las expectativas generadas por las empresas intervinientes en el negocio común (CCIV 901, actualmente regulado en el CCCN 1710).
Caducidad de instancia, ampliación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSORCIO RAWSON DE MEDICINA INTEGRAL c/ S.A. Médica Rawson s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-05-23

Analizado el escrito de ampliación de demanda, coincido con la juez aquo, entendiendo que es acto impulsorio.

En efecto, es sabido que tiene carácter interruptivo, el acto ocurrido antes del vencimiento del plazo legal para que opere la perención, en el caso tres meses, y que impulsa el proceso a su destino final que es la sentencia.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, subasta, prenda
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CIA. FINANCIERA CENTRAL PARA AMERICA DEL SUR  S.A. c/ JORGE ROBERTO PALLAVICINO y otro s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  SENTENCIA  DEFINITIVA  - PRENDA - SUBASTA  PUBLICA - EJECUCION DE SENTENCIA - ARBITRARIEDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

No se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, el recurso extraordinario interpuesto contra el pronunciamiento de Cámara que rechazó el pedido del acreedor prendario de que se declarase postor remiso al adjudicatario del bien subastado.
Docentes, jubilaciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Azpillaga, Julia Elena s/ Recurso de Apelación contra Resolución Nro. 471-94 ISSyS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-10-05

...el docente constituye un régimen 'especial' por la naturaleza de los servicios requeridos, pues debe tratarse de "servicios 'docentes' efectivos con aportes, en establecimientos educacionales oficiales del orden nacional, provincial o municipal, o en la enseñanza adscripta de cualquier jurisdicción reconocidos por el ISSS como consecuencia de convenios de reciprocidad o acuerdos especiales entre las distintas Cajas...."
Propiedad horizontal, expensas comunes, subasta judicial, adquirente en subasta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pérez, Rubén y otro c/ Castelli de Rossi, Haydee Edith s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-26

El comprador en subasta aporta el dinero para que los acreedores (los que sean) cobren sus créditos. Sobre el precio de la subasta es que deben ejercer sus derechos, y en todo caso, la controversia y los reclamos se harán entre los acreedores. Pero nunca contra el comprador en subasta, pues entonces se le está cobrando dos veces por un sola cosa que ha adquirido.
Competencia, competencia penal, menores, mayoría de edad, sentencia condenatoria, pena privativa de la libertad, ejecución de sentencia, competencia de menores
Materia: PROCESAL
Carátula: AGÜERO WALTER MIGUEL s/ HOMICIDIO Y ROBO AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-11

Según emerge de las constancias de autos, la. Cámara Penal declaró al imputado, autor voluntario y penalmente responsable de los delitos de robo agravado y homicidio simple en concurso real, poniéndolo a disposición del Sr. Juez de Menores a los fines establecidos por la ley Nro. 22.278, y conforme a lo dispuesto por Acordada Nro. 498/96 de esta Corte Suprema de Justicia.

Por sentencia del 08/10/2002, el Sr. Juez de Menores le impuso la pena de 5 años y 4 meses de prisión en forma efectiva, accesorias y costas, y la continuación de las medidas tutelares oportunamente ordenadas, hasta alcanzar la mayoría de edad, tema éste que en el caso da lugar a la declinatoria del Juez de Menores.

El art. 500 del CPP establece que las sentencias condenatorias que impongan penas privativas de libertad serán ejecutadas por la autoridad administrativa competente, conforme a la Ley Penitenciaria Nacional; y el Tribunal que las impuso será el juez de la causa a que dicha ley se refiere.

De acuerdo a la norma citada, el juez de ejecución o juez competente mencionado en el art. 6 de la ley 24.660, es el juez que impuso la pena; que en el caso de autos es el Juez de Menores de la Ia. Nominación.

Tal conclusión no se ve modificada por lo dispuesto en los arts. 2 y 3 de la ley 22.278, toda vez que cuando dichos preceptos expresan que cesa la disposición del Juez de Menores de pleno derecho, al alcanzar el menor la mayoría de edad, se refieren a las atribuciones que le compete ejercer para la protección jurisdiccional de éste, cuando se configuran los supuestos previstos en las normas mencionadas; esto es, el abandono moral o material o peligro moral del menor.

De otra parte, se ha de tener presente que la condena no es una medida tutelar.
Violación de derechos humanos, delitos contra la humanidad, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: Bettolli, José Tadeo Luis y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-10

Ante delitos de lesa humanidad, la garantía de prohibición de doble juzgamiento cede no solo por la obligación del Estado de investigar y dar una respuesta jurídico - penal en los casos concretos de graves violaciones a los derechos humanos, sino también debido al derecho que tiene la comunidad internacional de que estos aberrantes hechos no queden impunes. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Sobreseimiento, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Álvarez de Arredondo, Sandra c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-10

La disidencia consideró el sobreseimiento dictado luce desconectado argumentalmente de la controversia jurídica planteada y evidencia falta de exhaustividad de la investigación respecto a la supuesta falta de intervención de los imputados -quienes, en su calidad de responsables de la gerencia médica de la obra social, tenían conocimiento de lo actuado en relación a la menor- en la auditoría vinculada con la internación domiciliaria, especialmente si se evalúa -como reclama el querellante- el rol que les cabía en la estructura orgánica de la obra social OSECAC y, asimismo, sostuvo que la acción penal se encuentra vigente toda vez que no operó el plazo máximo de duración de la pena, ya que la puesta en peligro de la vida y/o salud de la menor se habría extendido desde el dictado de la medida cautelar, a partir de la cual fueron sistemáticamente denunciados permanentes incumplimientos por parte de la obra social respecto de la manda judicial en relación a la provisión de medicamentos e insumos conforme prestación médica, así como costos y gastos totales que demanda la internación domiciliaria. Dres. Borinsky, Gemignani, Hornos -disidencia-.
Medidas para mejor proveer, notificación
Materia: PENAL
Carátula: TRINIDAD, Héctor Martín s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

No se viola la garantía de Defensa en juicio, si la resolución que dispone las medidas para mejor proveer fue notificada debidamente a la Defensa mediante cédula, colocándola en condiciones de controlar la prueba.-
Personal municipal, personal jerárquico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: O'Grady, Juan Carlos c/ Municipalidad de Berazategui s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

Para proceder a la remoción de su cargo al Jefe de Compras de una comuna no se requiere sumario previo. Las normas que regulan lo atinente a tal cargo no otorgan estabilidad en el empleo a quien lo desempeña. Sólo establecen un procedimiento de remoción que contempla autorización del Concejo Deliberante (arts. 197 a 200 de la L.O.M.). Quien lo ocupa tampoco se encuentra amparado por las normas de la ordenanza general 207.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, daños y perjuicios, relación de causalidad, indemnización, culpa de la víctima, accidente de tránsito, automotores, conductor
Materia: CIVIL
Carátula: Z, E s/ Recurso de Inaplicabilidad de doctrina legal. Homicidio culposo. El  agente productor del daño -Homicidio culposo por el cual fue  absuelto penalmente por duda sobre su culpa-, demandado civilmente  también por el riesgo de la cosa (artículo 1113 del Código Civil),  debe probar la ausencia absoluta de aporte culposo de su parte, para  posibilitar la morigeración de su responsabilidad por la culpa  coadyuvante, no excluyente, de la víctima? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-16

Si se excluye la culpa de la víctima (por su inexistencia objetiva o por carencia de elementos acreditantes relevantes dentro del proceso) el agente embistente (absuelto penalmente por dudas sobre su culpa en la imputación penal) dentro de la causa civil accesoria, debe probar, dentro de tal ámbito -ora la ausencia del aporte causal de su parte, ora una disminución cualitativa o cuantitativa (según el caso) de su parte para pretender morigerar su responsabilidad, ya que la norma jurídica con fundamento en el riesgo (artículo 1113, segundo párrafo del Código Civil) importa tanto una presunción de culpabilidad cuanto de responsabilidad resarcitoria. (Del Voto en Disidencia del Dr. Tenedini). En el caso, la cuestión a resolver era si el agente productor del daño en un homicidio culposo por el cual fue absuelto penalmente por duda sobre su culpa-, demandado civilmente también por el riesgo de la cosa, debe probar la ausencia absoluta de aporte culposo de su parte, para posibilitar la morigeración de su responsabilidad por la culpa coadyuvante, no excluyente, de la víctima".
Improcedencia del recurso, resoluciones irrecurribles, falso testimonio, archivo del expediente, delito de acción privada
Materia: PENAL
Carátula: H., C. C. c/  s/ casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-09

Luis María Bunge Campos y Pablo Guillermo Lucero, en su voto conjunto, rechazaron el recurso de casación interpuesto pues indicaron que la resolución no supera la limitación objetiva prevista por el artículo 457 del ritual al no resultar definitiva ni equiparable a tal. Agregaron que en la decisión se asentó que si bien la conducta analizada -falso testimonio- no resultaba atribuible a la imputada por no reunir los elementos típicos de ese delito, se confirmaba el archivo "(.) sin perjuicio del remanente del delito contra el honor que podría configurarse, el que no puede ser abordado atento a las características de perseguibilidad propias de los delitos de acción privada (.)".

Fuente del sumario: OFICIAL
Municipalidad, conflicto de poderes, cesantía, funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INTENDENTE MUNICIPAL DE ROSARIO DE LERMA c/ CONSEJO DELIBERANTE DE ROSARIO DE LERMA s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-05-05

Si la Carta Orgánica Municipal dispone que es el Sr. Intendente quien nombra y remueve por sí mismo a su gabinete, el acto dictado por el Concejo Deliberante removiendo a funcionarios del ejecutivo municipal resulta nulo e importa una intromisión indebida de aquel Cuerpo en la esfera de atribuciones de éste.-
Accidentes de trabajo, indemnización, acumulación de acciones
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Ubeda Abdon s/ Sideco - Sade Iecsa Grupo Constructor Urugua-I Accidente laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-17

La redacción del art. 17 de la Ley 9.688 es clara y no deja lugar a dudas puesto que otorga a los obreros el derecho de optar entre dos acciones, esto es, decidirse a elegir por una u otra, ambos son excluyentes, lo cual implica que no es posible hacer una acumulación de las dos acciones y la iniciación de c/u de ellos implica la renuncia ipso - facto de los derechos derivados de la otra.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentos suficientes, ordenanzas municipales, contribución de mejoras, base imponible, IVA, aplicación analógica de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: VICTORIO AMERICO GUALTIERI S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-10-19

Corresponde rechazar la queja desde que la recurrente, si bien invoca hipótesis de arbitrariedad normativa, pretendiendo conferir matiz constitucional a su agravio, plantea en definitiva su disenso con el razonamiento seguido a fin de fundamentar la sentencia, así como el método de interpretación al que recurrió la a quo, mas sin lograr demostrar que el Tribunal hubiera incurrido en consideraciones ilógicas, irracionales o que su criterio hermenéutico resultase manifiestamente arbitrario al interpretar los artículos 33 y 4 inciso "d" de la ordenanza 9719, en cuanto disponen que la contribución y garantía que -respectivamente- establecen deben calcularse sobre el "valor total y actualizado de las obras que se ejecuten", concluyendo que la inteligencia propuesta por la actora, consistente en que no corresponde incluir en dicha base imponible el monto referente al I.V.A., es la que más se adecua a los principios que rigen en materia de impuesto al valor agregado; y remarcó la similitud de la contribución bajo análisis con el derecho de registro e inspección, para cuya determinación tampoco se computa el I.V.A. En tal sentido, las alegaciones en que la compareciente apoya su planteo -al sostener, en substancia, que el Tribunal recurre a la analogía cuando ya todos los elementos necesarios para la determinación de la base imponible se encuentran en el artículo 33 de la ordenanza 9719, que los gravámenes mencionados por la Cámara no resultan comparables con el que resulta objeto del presente juicio, que el razonamiento vinculado con el principio de "imposición sobre el neto" no es sostenible en el caso, que la expresión "valor" no puede sino interpretarse como sinónimo de "precio" del contrato, y que la inteligencia que propone se ve reforzada por la utilización del calificativo "total" en el texto de la norma-, sólo traducen su particular criterio interpretativo de las normas jurídicas en juego, mas sin persuadir de que lo resuelto por la a quo, por aplicación de métodos aceptables de hermenéutica, exceda márgenes tolerables de razonabilidad, que merezcan por ende ser revisados en esta instancia excepcional.
Principios generales del Derecho, acción de amparo, defensa en juicio, traba de la litis
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., L.N. c/ Ministerio de Educación s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-10

Cual tiene reiteradamente declarado la Corte Suprema de la Nación, "los principios generales del derecho procesal no deben considerarse excluidos por la circunstancia de que el amparo constituya una vía excepcional", sino que, "por el contrario, es preciso que ellos sean respetados especialmente a fin de que, en alguna medida, sea posible el ejercicio del derecho defensa del que, sustancialmente, no puede privarse a la parte contraria, esto es, a aquella contra la cual se dirige el amparo", no cabe duda que es inaceptable la modificación durante el trámite de la causa de la relación procesal trabada con la demanda y su contestación.
Seguridad social, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CIRILLO, RAFAEL c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-18

El Alto Tribunal ha puntualizado que "no obstante que las sentencias de la Corte Suprema sólo deciden los procesos concretos que le son sometidos y ellas no resultan obligatorias para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a esa jurisprudencia y, por ello, carecen de fundamento los pronunciamientos de los tribunales que se apartan de los precedentes del Tribunal sin proporcionar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición allí adoptada" (cfr. "Adriazola, José Miguel", sent. del 06.11.01).
Contratos, apreciación de la prueba, factura, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Ifx Networks Argentina SRL c/ Sistema Integral Salud Grupo Argentina SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-11

1 - La factura misma hace prueba de la conclusión del contrato, del precio pactado y, en general, de todas las otras modalidades y cláusulas ejecutivas en ella expresadas. Pero no hace ni puede hacer prueba de los hechos puramente unilaterales de ejecución que quien emite la factura afirme como ocurridos, no siendo lícito a ningún obligado el constituir por sí mismo, con una simple aserción suya, la prueba del cumplimiento. 2 - Por eso la factura no valdrá nunca por sí sola para demostrar la ejecución del contrato. Y no serviría para decir lo contrario, que quien recibió la factura la aceptó expresa o tácitamente, ya que tal aceptación si puede tener eficacia en cuanto se refiere a las condiciones y a las cláusulas del contrato, no puede, en cambio, tener ninguna en cuanto a los hechos materiales de ejecución unilateralmente afirmados por quien expide la factura (conf. Tartufari, L., en Bolafio-Rocco- Vivante, Derecho Comercial - De la venta y del reporto, t. 4, vol. 1, ps. 131/132, n° 61, Buenos Aires, 1948; Garo, F., Tratado de las compra-ventas comerciales y marítimas", t. I, p. 95, n° 62, texto y nota n° 239; CNCom, Sala D, in re, "Otis Argentina SA c/ Fundación Instituto de Neurobiología -FINDEU- y otro" del 12-12-06, entre otros).