Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-06-11


SENT Nº 561	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Once (11) de Junio	de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la apoderada de la AFIP-DGI en los autos: "Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (F.O.T.I.A.) s/ Concurso preventivo. Incidente de revisión promovido por la concursada sobre crédito de AFIP-DGI".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1) - Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por la apoderada de AFIP-DGI contra la sentencia de fecha 26 de agosto de 2008 dictada por la Sala IIª de la Cámara en lo Civil y Comercial Común (fs. 88/89), que fue concedido por resolución de fecha 17 de diciembre de 2008 (fs. 122).

El recurso fue presentado en término, y está dirigido contra una sentencia que tiene efecto definitivo. Los agravios cumplen con las exigencias impuestas en los artículos 815 y 816 CPCC, por lo que el recurso es admisible.

2) - Se exponen a continuación los antecedentes del caso.

El concursado opuso incidente de revisión (art. 37 de la ley 24.522) contra la sentencia de fecha 30 de agosto de 2006, en la que se declaró admisible el crédito insinuado por la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva (AFIP-DGI). Peticionó que se declare inadmisible al crédito, argumentando que se había inobservado la carga legal del organismo fiscal en la verificación del crédito, por no haber adjuntado los títulos originales ante el síndico (art. 32 LCQ). Negó la causa del crédito, aduciendo que si bien los certificados de deuda presentados para demostrar el crédito son instrumentos idóneos para promover el cobro ejecutivo de una deuda fiscal, al igual que cualquier otro título ejecutivo de carácter abstracto, no son idóneos para demostrar la causa de la obligación fiscal, pues son emitidos de modo unilateral por el verificante. Argumentó que en base a un programa de AFIP-DGI, el contribuyente debe imprimir el formulario 931 para ser presentado ante AFIP; que dicho formulario contiene todos los datos que identifican la deuda que se paga; que cuando existe un plan de facilidades de pago el contribuyente debe usar un programa especial, liquidar su obligación, imprimir el formulario de acogimiento, y presentarlo ante AFIP. Sostuvo que la causa de la obligación previsional "se visualiza mediante el sistema descrito". Consideró que en el caso no se acreditó la causa de la obligación por falta de acreditación de los formularios F 931 de cada período mensual de los cuales surgiría la obligación fiscal, y que tampoco se presentó el acogimiento al plan de pagos, que debe llevar la firma del titular de la obligación tributaria. Por tales motivos, sostuvo que no está acreditada la causa del crédito declarado admisible. Manifestó que el Juez ignoró el informe del síndico, que en forma detallada demostró la invalidez de la pretensión de la AFIP DGI. Negó que los certificados reúnan las condiciones para ser considerados títulos en el sentido que le asigna la ley 24.522, por los motivos y deficiencias señalados al dorso de cada uno de ellos. Denunció que la sentencia carece de motivación, señalando que no consideró las impugnaciones recibidas, ni el informe individual del síndico, ni contiene un análisis sobre la veracidad, legitimidad y legalidad del reclamo. Expuso que el juez admitió como válidas las intimaciones de fecha 19 y 20 de abril de 2006, sin advertir que no fueron recibidas por la concursada, y que tampoco se observó el procedimiento de notificación previsto en el ordenamiento tributario, por lo que se conculcó el debido proceso de raigambre constitucional. Denunció que los montos que por cada concepto se declaró admisible ($325.419,18), se contradicen con sus propios dichos o considerandos, porque de una prolija lectura de la misma se desprende que acepta en realidad otros montos por un valor total de $82.035,36 (cfr. fs. 21).

Al contestar el pedido de revisión, el Síndico compartió el criterio del concursado, en el sentido de que consideraba insuficientes las boletas de deuda porque no discriminaban la conformación de la deuda, ni se había acompañado documentación respaldatoria que en todos los casos debería incluir no sólo el acto administrativo y su formal notificación y acreditación de ejecutoriedad, sino también la demostración de que se garantizó el derecho de defensa. Observó que no se demostró que el deudor se hubiera acogido a los planes de facilidad de pago al régimen de asistencia financiera, y que hubiera asumido compromisos. Indicó la falta de coincidencia de valores entre planillas y certificados.

La sentencia de primera instancia de fecha 11 de septiembre de 2007 (fs. 45/47) rechazó la revisión. Fundó la decisión en que la calidad de contribuyente de los impuestos reclamados no está discutida sino por el contrario, fue admitida por el concursado, quien declaró en cada uno de sus balances su deuda previsional (fs. 21/35/61 y 140 de expediente principal), y denunció al ente recaudador como acreedor (fs. 152/194 del expediente principal). En la sentencia se consignó que al presentarse en concurso, el deudor adjuntó las declaraciones juradas presentadas mediante formularios 931 correspondientes a 2005/8 a 1, 2004/12 a 1, 2003/12 a 1, 2002/12 a 3. El juez expresó que del análisis de la documentación presentada por el acreedor y la suministrada por el deudor, surgía la existencia del vínculo, con independencia de que el deudor discuta el monto adeudado, o la firmeza de la deuda, aspectos que no fueron objeto de prueba.

La sentencia de alzada hizo lugar al recurso de apelación del concursado y revocó el fallo, declarando no verificado el crédito de AFIP-DGI (sentencia de 26 de agosto de 2008, fs. 88/89). El fallo expresó que los certificados de deuda no eran títulos suficientes para verificar, pues no sustituyen ni reemplazan a la causa del crédito. Expuso que quien pretende el reconocimiento de un crédito debe probar su causa, sobre todo si las certificaciones carecen de la descripción de los conceptos que se certifican como adeudados, esto es: los aportes, contribuciones reclamados, base sobre la que se efectuó el cálculo cada mes, los empleados en relación de dependencia considerados, las fechas de vencimientos originales, el origen de la multa y planes inobservados, etc. El Tribunal expuso que la circunstancia de que se haya asentado en los balances la deuda previsional y la denuncia de la acreencia por el concursado al iniciar el proceso, no altera lo dicho ni impide la desestimación del crédito, en tanto un allanamiento del fallido sería inoponible a la masa, desde que el deudor ha perdido legitimación procesal respecto de los bienes sujetos a desapoderamiento. Concluyó que el verificante no acreditó la causa del crédito, siendo que le incumbía la carga de esa prueba. Señaló que el acreedor debió presentar las declaraciones juradas, y en caso de que no estuviesen firmadas las copias informáticas, la estimación administrativa o determinación de oficio firme del crédito fiscal (incluso de la multa y de los saldos resultantes del alegado plan de pago caído) con el suficiente detalle a fin de lograr un adecuado control multidireccional de los órganos concursales y del resto de los acreedores (fs. 89).

3) - La apoderada de AFIP-DGI interpuso recurso de casación, en el que sostiene que el Tribunal no controló la documentación presentada por su parte. Se agravia de que la sentencia contiene contradicciones y que no consideró prueba pertinente. Observa que la sentencia atribuyó a su parte la carga de la prueba de la causa del crédito, cuando la ley de concursos no impone esa carga en el art. 32 para la verificación tempestiva. Argumenta que es el concursado quien debió arrimar las pruebas que justifiquen su presentación, y que se limitó a realizar manifestaciones genéricas, sin demostrar en concreto dónde radica la falta de expresión de causa del crédito, o cuál es la ilegitimidad atribuida a los certificados de deuda. Expone que la Cámara admitió que en los balances están asentadas deudas con AFIP, pero que los montos son distintos a los declarados por FOTIA en los planes de pagos solicitados. Denuncia que el Tribunal no analizó la documentación ni la normativa aplicable al caso. Observa que es contradictorio que un crédito tenga entidad para justificar el estado concursal a los efectos de la apertura del concurso, y que luego se lo niegue. Señala que FOTIA reconoció el crédito, que lo declaró, y luego pretendió desvirtuarlo, sin demostrar que la acreencia no es debida o que los títulos no lo justifican. Advierte que con cada certificado de deuda su parte adjuntó la prueba documental que lo acredita.

4) - Debe resaltarse que el concursado denunció su carácter de deudor de AFIP-DGI por deudas previsionales al presentarse en concurso, y adjuntó las declaraciones juradas en formularios 931, correspondientes a 2005/8 a 1, 2004/12 a 1, 2003/12 a 1, 2002/12 a 3. Tales hechos fueron señalados en la sentencia de primera instancia, que indicó que tales declaraciones constaban a fs. 21, 35, 61, 140, y 152 a 94 del expediente principal, y que el concursado había incluido esas deudas en sus balances. Vale decir, al solicitar su concurso preventivo el revisionista declaró ser deudor de AFIP-DGI y presentó los formularios correspondientes.

En tales condiciones, la posición asumida por el concursado resulta contradictoria con su impugnación de que los certificados de la deuda no son títulos del crédito porque no acreditan la causa de la obligación.

5) - La mayoría de la jurisprudencia en nuestro país admite que los tributos liquidados en los procedimientos de determinación de oficio con base real o presunta regulados por las leyes nacionales o provinciales configuran, en principio, causa suficiente a los efectos previstos por el art. 32 de la LCQ, en tanto no esté cuestionada la legalidad del procedimiento, la constitucionalidad de la ley que lo regula o la posibilidad de defensa del fallido o del síndico en su caso (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en dictámenes del Fiscal de Cámara n° 52.099, "Sasetru S.A. s/ inc. de verificación por D.N.A."; n° 53.152, "Argentina Sport Wear s/ inc. verif. por Fiscalía de Estado de la Pcia. de Bs. As."; CNCom. B, 26/02/92 en "Duce Armando s/ quiebra s/ inc. de impugnación por la fallida al crédito de DNRP"; íd., 17/12/97, "Clínica Rivada S.A. s/ quiebra s/ inc. de revisión por D.G.I."; sala C, 21/3/00, "Villalago S.R.L. s/ quiebra s/ inc. de revisión por D.G.I."; sala E, 15/9/00, "Relader S.A. s/ conc. prev. s/ inc. de revisión por D.G.I."; íd., 16/9/97, "Walas, Ricardo s/ conc. prev. s/ inc. de revisión por D.G.I."; íd., 12/8/98, "Quesoro S.A. s/ quiebra s/ inc. de verificación por M.C.B.A."; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D en sentencia de fecha 09/4/2008 en "Colorfot S.A. s/ quiebra s/inc. de rev. por: A.F.I.P." publicado en La Ley Online; el mismo Tribunal sala D sentencia de fecha 09/4/2008 en "Próxima Group S.A. s/conc. prev. s/ inc. de rev. por la conc. al créd. de A.F.I.P.-D.G.I."; sala A en sentencia de fecha 02/3/2006 en "Argonautas S.R.L. s/ quiebra s/ inc. de rev. prom. por: Dirección Gral. Impositiva" publicado en LA LEY 10/10/2006, 8 - LA LEY2006-F, 806; Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, sala I sentencia de fecha 14/8/2006 en "Administración Fed. de Ingresos Públicos s/ inc. de rev. en: S.T.V. S.A. s/ conc. prev. publicado en LLLitoral 01/01/1900, 1452; C.N.Ap. en lo Comercial, Sala E, 07/12/04, LA LEY, 11/8/05, p. 8; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D en sentencia de fecha 29/12/95, en "Cristalería El Cóndor S.A. s. inc. de verif. por Fisco Nacional-DGI" y sus citas; la misma Sala D en sentencia del 25/6/2008 en "Damco S.R.L. s/quiebra s/inc. de rev. prom. por: AFIP"; Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en sentencia del 07/02/2001 en "Fisco de la Prov. de Buenos Aires s/ inc. de rev. en: Oustry, jorge L. y otra s/conc. prev.").

También se ha sostenido que "si bien los tributos liquidados en los procedimientos de determinación de oficio configuran, en principio, causa suficiente a los efectos del artículo 32 de la ley 24.522 (Adla, LV-D, 4381), no puede desconocerse que algunas de las verificaciones que tramitan ante los tribunales del fuero basadas en liquidaciones oficiosas de deuda, no se condicen con la realidad, circunstancia que podría desvirtuar la presunción de legitimidad." (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial sala D en "Segismundo Reich Jaguar S.R.L. s. quiebra s. incidente de revisión promovido por Fisco Nacional-D.G.I. 21/02/2008, publicado en La Ley 03/6/2008, 7; Sala E en Veronelli, Edmundo H. s. quiebra incidente de revisión promovido por Fisco Nacional, sentencia del 13/11/2007, Sup. C. y Q. abril, 75 entre otras).

6) - En consecuencia con el criterio expresado, corresponde hacer lugar al recurso de casación contra la sentencia que rechazó la solicitud verificatoria de crédito por parte de la AFIP con fundamento en la ausencia de prueba sobre la causa del mismo, por cuanto de los balances del concursado, así como del contenido de la demanda surge el reconocimiento de deudas con ese acreedor. Las propias manifestaciones y conducta del deudor indican la realidad de la acreencia del fisco, por lo que resulta insuficiente para impugnar el crédito cuya verificación pretende el ente recaudador, la afirmación de que no se presentó el título de la deuda. La conducta del deudor es por lo tanto incompatible con su pretensión de que no se verifique el crédito porque no se presentó el título respectivo.

En consecuencia, debe descalificarse como pronunciamiento válido a la sentencia que resolvió no verificar el crédito de la AFIP-DGI fundando la decisión en expresiones genéricas sobre falta de prueba, sin haber analizado la documentación obrante en la causa (balances, contabilidad, documentación aportada por el propio concursado y por el verificante) ni considerado las manifestaciones del propio deudor al pedir la apertura del concurso (cfr. fs. 88 y 89).

Por las razones expuestas, se casa la sentencia en mérito a la siguiente doctrina legal: "Corresponde descalificar como pronunciamiento judicial válido a la sentencia que resolvió prescindiendo de la conducta anterior del recurrente opuesta a la pretensión esgrimida en el recurso, y sin ponderar prueba pertinente para la solución del caso". Los autos deberán retornar al Tribunal para que con otra integración dicte nueva sentencia que resuelva el recurso de apelación del concursado, tratando los agravios concretos dirigidos contra la sentencia de primera instancia, desde la perspectiva antes expresada.

7) - Atento a que el déficit de motivación por el que se casa la sentencia proviene de la actuación del Tribunal, corresponde imponer las costas por su orden (art. 106, inc. 1º CPCC).

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos expresados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la apoderada de AFIP-DGI contra la sentencia de fecha 26 de agosto de 2008 dictada por la Sala IIª de la Cámara en lo Civil y Comercial Común (fs. 88/89), la que se casa y se deja sin efecto en mérito a la doctrina legal expresada, debiendo retornar los autos al Tribunal para que con otra integración dicte nueva sentencia de acuerdo con lo expresado en los considerandos.

II- COSTAS como se consideran.

III- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.