Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-12-06


La Plata, diciembre 6 de 2011.

1º ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Celesia dijo:

Se hallan reunidos los requisitos de tiempo y forma exigidos normativamente a los fines de otorgar legitimidad al acto de interposición del remedio casatorio, como así también los elementos que hacen a la impugnabilidad objetiva y subjetiva, en tanto se trata de una resolución pasible de ser recurrida en los términos del artículos 450 y 451 del Código Procesal Penal.

La defensa se encuentra legitimada para hacer uso del recurso interpuesto a tenor de lo establecido en el artículo 454 del código de forma y, por lo tanto, debe declararse admisible y proceder el Tribunal a decidir sobre los fundamentos de los motivos que lo sustenta (artículos 454, 464 y 465 del Código Procesal Penal).

Así lo voto.

El doctor Mahiques dijo:

Adhiero al voto del doctor Celesia, en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

2º cuestión.- El doctor Celesia dijo:

I.a. La defensa señala, en primer lugar, que el único día en que se produjeron incidentes, que culminaron con lesiones en los detenidos alojados en los calabozos de la Seccional policial de Luján, fue el 15 de junio del año 2.002, y que el ingreso del personal estuvo motivado por la "información" de la existencia de "instrumentos punzo cortantes", de la que da cuenta el acta que oportunamente se labró, y que fue tildada como falsa por el Ministerio Público Fiscal.

Pone de manifiesto que, siendo ello así, la calificación legal en la que correspondía subsumir los hechos no debió ser la de vejaciones, sino en otra de las acciones previstas en el artículo 144 bis, inciso tercero del C.P., esto es, como severidades.

Señala que los inculpados B. y M. se hallaban comprendidos por lo normado en el artículo 34 inciso cuarto del C.P., por actuado en cumplimiento de un deber; y que P. y V., conforme la nómina de personal, no aparecen prestando servicio el día de los hechos por estar afectados al servicio de calle, que no hace inspecciones en calabozos, único lugar donde podrían estar realizando acciones contra los detenidos.

Asimismo, señaló que el Tribunal valoró de modo arbitrario y absurdo el compendio probatorio reunido, por lo que requiere que se case el fallo y se absuelva a sus pupilos.

I.b. Arribadas las actuaciones ante este Tribunal, la Sra. Fiscal Adjunto Dra. Alejandra Marcela Moretti, consideró que el recurso interpuesto no debía prosperar, por entender que no se han configurado las infracciones legales denunciadas por la defensa.

II. Adelanto que los agravios no puede ser atendidos.

Corresponde comenzar el análisis del agravio introducido señalando que el ejercicio de selección de los medios probatorios es una función específica de los jueces de grado, contenida dentro del marco de libertad que existe para la valoración de la prueba, que sólo puede ser modificado en casación cuando se demuestren vicios en el razonamiento utilizado en esa tarea valorativa, aspecto que no se encuentra suficientemente acreditado por la recurrente.

El grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada por la ley para los Magistrados del juicio quienes por su inmediación frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales, por lo que no es posible por la vía casatoria invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano, lo cual no se ha logrado comprobar en el sub lite.

De este modo, entiendo que no corresponde acompañar a la defensa en el cambio de calificación legal que propicia en esta instancia, toda vez que del análisis de los elementos de prueba colectados durante la investigación, que fueron incorporados al debate por su lectura, y aquellos producidos en la audiencia de juicio, no se advierten en el fallo signos de arbitrariedad ni absurdo valorativo que puedan impulsar a esta Alzada a revocar el temperamento adoptado por el inferior.

En efecto, el Tribunal tuvo por acreditado, en el marco de la I.P.P. Nº 88.181, que los inculpados, en distintos horarios del lapso comprendido entre los días sábado 15 y martes 18 de junio de 2.002, prestando servicio en la Seccional Primera de la Comisaría de Luján, ingresaron al sector de calabozos de la dependencia, donde se encontraban alojados alrededor de cuarenta detenidos, y blandiendo distintos elementos -en su mayoría con forma cilíndrica de tipo romo contundente (vgr. cables, palos y mangueras de goma)-, aplicaron a los allí alojados múltiples castigos corporales, obligándolos también, previo trasladarlos a los zurrazos hacia el patio de la seccional -alambrado en su techo-, y conocido en la jerga carcelaria como "jaula", a desnudarse y prosternarse de rodillas, espetándoles improperios y vituperios con tono humillante y mortificante a su dignidad humana.

Como consecuencia de las golpizas, en los días 19 y 20 de junio del año 2.002, se estableció médico legalmente que los inculpados, Pedro Daniel Carozo, Angel Víctor Schechtel, Javier Nicolás Isolini, Roberto Antonio Demarco, Juan Pablo Aguirre, Ignacio Nicolás Villarreal, Héctor Alejandro Romero, Pablo Damián Coria, Cristian Gabriel Suárez, Jorge Angel Nievas, Juan Carlos Luna, Ricardo Antonio Denis, Fernando Oscar Gutiérrez, David Julián Tenzi, Carlos Alejandro Arroyo, Santiago Rubén Almeira, Roberto Carlos Aubert, Claudio Marcelo Chamorro, Jorge Alberto Toledo, Roberto Quiroga, Derlis Ramón Benítez, Daniel Maximiliano García, Miguel Angel Guzmán, Juan Javier Fleitas, Juan Marcelo Ruiz, Silvio Alejandro Tiberi, Walter Alejandro Marrano, Néstor Adrián Orellano, Orlando Segundo León Valdebenito, José Roberto Quiroz y Mauro Federico Marrano habían sufrido distintas excoriaciones, equimosis y tumefacciones asentadas principalmente en sus dorsos y glúteos, injurias éstas de una data aproximada -en su mayoría- de entre tres y cuatro días de evolución y que, más allá de su pluralidad, fueron calificadas medico legalmente como de carácter leve.

En el debate declararon Schechtel, Villareal, Fleitas, Coria, Chamorro, Guzmán, Luna, Tiberi, Orellano, Torres, Correa, Saucedo, Tenzi, Quiroga, Juan Pablo Gaita, Quiroz y León Valdebenito, todos apresados en las celdas mencionadas, quienes coincidieron en describir, unívocamente, cómo en las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidas, fueron de manera arbitraria, indebida, rigurosa, humillante e injustificada sometidos por los inculpados, correspondientes al tercio en turno a esas fechas en la comisaría de Luján, en numerosas e intermitentes oportunidades a golpizas, zurras y mortificaciones preponderantemente físicas, pero también morales, siendo el escenario de tales tundas, tanto el recinto de los calabozos, como el patio "jaula" de la seccional.

El inferior se encargó de valorar, citar y analizar cada una de las declaraciones testimoniales brindadas por los detenidos damnificados, como ser los dichos prestados por Saucedo, Isolini, Denis y Romero, que fueron corroboradas por Santiago Almeira, Juan Ruiz, Mauro Marrano y Walter Marrano, fallecidos al día del veredicto, habiendo sido incorporados sus declaraciones por lectura al debate.

A ello adunaron el dictamen médico legal efectuado por el Perito Oficial departamental Dr. H. R., del que se desprende el tenor de las lesiones sufridas por Pedro Daniel Carozo y su data de producción, siendo que su madre, María Rosa Barbero, fue quien interpuso acción de habeas corpus a favor de su hijo, anoticiando de este modo a las autoridades judiciales acerca de lo acontecido.

Por su parte, en oportunidad de prestar declaración en los términos del artículo 308 del C.P., Marcos Víctor Amarilla admitió que como consecuencia de lo que denominó "represión policial", algunos de los detenidos en los calabozos de Luján recibieron golpes con "varitas de goma".

Completa el cuadro probatorio, la denuncia de fs. 2/3, peritación médico legal de fs. 99/105, acta de secuestro de fs. 91, fotocopias de Libros de Guardia y Detenidos de fs. 12/37 y 38/39, respectivamente, de listado de detenidos de fs. 135/137, y del plano de la seccional de fs. 138/139, de provisión de armamento de fs. 146/148, precario médico de fs. 163 e informes de Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial expediente Nº 21.100-167.989/02 de fs. 752/764.

De este modo, las pruebas reunidas en la investigación, llevaron al Tribunal a tener por acreditado el cuerpo del delito, conclusión que debe ser acompañada en esta instancia frente al alto grado probatorio de los elementos de cargo que razonadamente valoró el a quo.

Por ello, las consideraciones efectuadas por la defensa con la finalidad de que las conductas disvaliosas acreditadas sean recalificadas en esta sede devienen insuficientes, pues la subsunción legal de la instancia se presenta como respetuosa de lo establecido en el código de fondo, sin presentar arbitrariedad o signos de absurdo en la valoración efectuada.

En este sentido, la motivación de la sentencia contiene no sólo los elementos de convicción probatorios sobre los cuales se basó la decisión finalmente adoptada, sino también, el razonamiento acerca de los hechos y el derecho en el que se fundara.

El delito de vejaciones, reprimido por el artículo 144 bis inciso tercero del C.P., se configura cuando un funcionario público, que tiene en sus manos el poder que le otorga la función, molesta, hace padecer o maltrata a una persona, tanto física como moralmente, de modo ilegítimo, dispensando un trato antirreglamentario, violatorio de lo normado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, humillando y mortificando al sujeto pasivo, atacando su sentimiento de dignidad y el respeto que merece como persona, denigrándola, siendo el acto vejatorio del autor un accionar encaminado a producir humillación en el sujeto que lo padece y que lo mortifica moralmente para la reprochabilidad de la conducta la motivación que lo haya determinado.

Por el contrario, las severidades consisten en tratos rigurosos que pueden traducirse en atentados contra la incolumidad personal, en particulares modos de mantenimiento o detención del inculpado, en la privación de actividades que tiene derecho a realizar, o bien, en restricciones indebidas.

La materialidad ilícita debidamente acreditada por el a quo debe ser subsumida en la figura penal en tratamiento, toda vez que las víctimas de la presente han padecido verdaderas vejaciones en su persona, que en modo alguno pueden ser consentidas ni consideradas "severidades" como pretende la defensa, pues se presentan como actos arbitrarios llevados a cabo por los funcionarios policiales que vienen condenados; a lo que debe adunarse que ni M. ni B. se hallan comprendidos en la causal de justificación regulada en el artículo 34 inciso cuarto del C.P., toda vez que el cumplimiento de un deber legal nunca puede constituir como ilícito ningún acto, cualquiera sea el conflicto de deberes jurídicos que se impone a su titular, sea en forma concurrente, contradictoria o excluyente, pues siendo consecuencia necesaria que el hecho de que el cumplimiento de uno determine la lesión del otro, cualquiera sea el deber que se trate, la antijuridicidad de la conducta desaparece siempre y cuando el deber que el autor ejecute lo lleva a cabo en cumplimiento de la ley y conforme a derecho, siendo sólo en dicho supuesto cuando la acción carece de ilicitud.

De lo contrario, y como ha sucedido en la presente, el accionar de los inculpados no puede ser entendido como cumplimiento de un deber, desde que imponer vejaciones, por el propio contenido que las caracteriza, en modo alguno puede ser catalogado como legítimo, desde que se trata de un accionar antirreglamentario y contrario a las garantías constitucionales y los derechos de los justiciables.

Y cuando existe esta clase de contradicción entre diversos deberes, el autor está obligado a optar por aquél en el que predomine un interés superior sobre el de menor valía, de modo que el deber genérico pueda ceder ante el específico.

En cuanto a lo sostenido por la defensa, quien niega la intervención en el hecho de los inculpados P. y V., corresponde referir lo señalado por el Tribunal en la cuestión segunda del veredicto, cuando tuvo por probada la responsabilidad de los inculpados, al señalar que el primero fue reconocido en la sala de audiencias por Fleitas, Coria, Chamorro, Guzmán, Luna, Tiberi, Torres, Correa y Martínez; y en lo que respecta a M., fue reconocido por idéntico procedimiento durante el debate por Schechtel, Villareal, Coria, Chamorro, Luna, Tiberi, Torres y Correa.

A lo que debe adunarse que el acusado M. no negó su presencia en la comisaría durante el periodo en que ocurrieron los hechos.

Completando el cuadro probatorio de cargo el testimonio de varios detenidos que durante el juicio hicieron mención de que uno de los autores gritaba "yo soy el gato M. y acá mandamos nosotros" (Guzmán)... "uno era M. ... y otro P." (Orellano); habiendo sido descripto este último inculpado como "el hombre ataviado con traje negro y una ostensible y llamativa corbata de color rosa".

Por ello, voto por el rechazo de los agravios, los que se presentan como improcedentes.

IV. En razón de todo lo expuesto, propongo al acuerdo rechazar el recurso interpuesto y confirmar el resolutorio dictado por el Tribunal Nº 3 del Departamento Judicial Mercedes. Con costas en esta instancia (artículos 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal).

Así lo voto.

El doctor Mahiques dijo:

Adhiero al voto del doctor Celesia, en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, resuelve: I. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (artículos 450, 451, 454, 464 y 465 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires). II. Rechazar el recurso interpuesto, de conformidad con los argumentos señalados al tratar la segunda cuestión, y confirmar el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Mercedes. Con costas (artículos 530 y 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal).- Jorge H. Celesia.- Carlos A. Mahiques.