marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución fiscal, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SOCIALES (INOS). c/ EDITORIAL SOPENA ARG. S.A. s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-30

De la lectura de los considerandos de la resolución 384/81 del presidente del i.N.O.S. Se extrae que su sentido no es otro que el de ratificar, en ejercicio de la potestad que le otorga el artículo 19 de la ley 22.269, Lo actuado por la gerencia de recaudaciones al expedir y suscribir certificados de deuda por aportes y contribuciones en uso de la facultad de que se entendió investida por el decreto 1907/73. En consecuencia, cabe estimar que con dicha resolución se han satisfecho los requisitos del artículo 19 de la precitada ley. (Sala 2,1953,300983)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, recusación, plazo, notificación por cédula
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FORCHINO, ALBERTO JUAN c/ FORCHINO, HUGO ALBERTO s/ ASEGURAMIENTO DE BIENES.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 84-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-04-24

No habilita la instancia extraordinaria, el planteo del quejoso referente a la discrepancia en un tema procesal, si ni siquiera intenta demostrar que en ese aspecto el tribunal a quo se haya apartado de la ley ritual, o haya efectuado una interpretación que pueda considerarse violatoria del derecho a la jurisdicción.

En el caso, la discrepancia radica en el punto de partida del plazo para recusar, que la quejosa identifica con la recepción en la alzada del expediente de las medidas cautelares, y los jueces ordinarios con la notificación por cédula.
Prescripción adquisitiva, animus domini
Materia: CIVIL
Carátula: G.O.E c/ C.L.J s/ POSESION VECINAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-05

Debe desestimarse la demanda por prescripción adquisitiva de un departamento entablada por el mero tenedor de la unidad, que la habita sin poseer "animus domini" ya que la misma había sido facilitado a sus tíos, abuelos y a su madre y posteriormente continuó habitándola junto con su esposa e hijos.
Empleados públicos, facultades del Poder Ejecutivo, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González Bedoya, Patricia y Otros c/ Estado Mayor General del Ejécito s/ retiro militar y fuerzas de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-11

El Poder Ejecutivo en ejercicio de sus facultades al decidir incrementar las "remuneraciones" de los agentes públicos, pudo hacerlo por la vía de aumentar el monto del "sueldo básico" y el de los "adicionales" y "suplementos" existentes; o crear nuevos beneficios disponiendo que ellos se computaran o no a los efectos del cálculo de los otros adicionales o suplementos (conf. Sala I, "Kujnitzky, Horacio G. c/ E.N. -Min. de Trabajo y Seg. Social-", del 6/12/94).
Carácter alimentario, peligro en la demora, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Herrera Cano, José c/ A.N.Se.S. s/ Incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-23

Acreditado en autos que el titular, en principio, cumple con los recaudos por la ley 22.929, corresponde tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado. En cuanto al peligro en la demora, tratándose de un beneficio de carácter alimentario, ninguna duda cabe sobre la urgencia en obtener una tutela pronta sobre él, máxime si se repara en que el haber de retiro del accionante -como tantas veces lo ha reiterado la C.S.J.N.- viene a sustituir el ingreso salarial que percibe durante su vida activa. En consecuencia, corresponde acoger la medida cautelar innovativa peticionada, mediante la cual el actor pretende la recomposición de su haber jubilatorio de acuerdo al régimen creado por la ley 22.929. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).
Competencia, juicio de desalojo, bienes del Estado, Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima, competencia civil y comercial federal, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: FEMESA c/ CENTRO SOCIAL Y CULTURAL MADRESELVA s/ DESALOJO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-11

La cuestión a dilucidar es si la acción prevista en la ley 17.091 provoca la formación de una Causa Contencioso-Administrativa de las previstas en el art. 45, inc. a), de la ley 13.998, pues si no es así, su conocimiento resulta del Fuero en lo Civil y Comercial Federal. Sobre el particular, cabe interpretar como ya adelanté, que el procedimiento previsto por la ley 17.091 no configura, al menos inicialmente, una "Causa Contencioso-Administrativa", pues no muestra un litigio jurídico entre partes, sino un trámite que permite al juez ordenar el inmediato desalojo del concesionario o de cualquier otro ocupante de inmuebles de propiedad del Estado (lato sensu), con sólo la verificación de que ha vencido el plazo pactado o se ha rescindido la concesión, y ha transcurrido un plazo de diez días sin que se hubiere producido la restitución del bien (cfr. CNFed. Cont. Adm. en pleno, in re "EFA c/Barracas Palermo SRL" del 23.11.82, voto de la minoría, reg. en LL 1983-A, pág. 470/71). Todo ello sin perjuicio de las posteriores acciones que la parte que se entienda damnificada pueda posteriormente demandar por la vía que proceda, lo que vuelve a reafirmar otra vez la competencia de éste fuero. Como corolario de lo anterior, aún cuando el desalojo pretendido por FE.ME.SA. pudiera ser encausado en los términos de la ley 17.091 (cuestión que habrá de ser decidida por el juez finalmente competente), la causa debe quedar, a mi entender, radicada en el Fuero en lo Civil y Comercial Federal. (Disidencia del Dr. Adolfo Vázquez)
Régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL
Carátula: Q., J.M. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-05

El art. 4 de la Ley 22.278 supedita la imposición de pena a que el menor haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad. Pero si en el sub-lite los informes y peritaciones realizados al menor, acusado de un grave delito de índole sexual, no revelaron trastornos en su conducta que justificaran un tratamiento adecuado a la personalidad del paciente, de manera tal que la disposición provisional del imputado transcurrió sobre aspectos extraños a los que verdaderamente debían cuidarse en el niño, el yerro hace ilegal la pena por defectos insuperables en el diagnóstico y en el tratamiento tutelar.
Injuria laboral, acoso sexual
Materia: LABORAL
Carátula: L. M. C. c/ MARIO A. SALLES S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-22

El acoso sexual padecido por la empleada portadora de HIV crea una situación de angustia y stress perjudiciales para una enfermedad como el SIDA íntimamente relacionado con el sistema inmunológico, pudiendo provocar un agravamiento de la enfermedad, implicando ello el derecho a una reparación ejemplificatoria respecto del empleador quién violo deberes contractuales de respeto a la dignidad humana, conducta elemental y trascendente contemplada en la Constitución Nacional y en pactos Internacionales. (Sumario confeccionado por el Saij)
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Los Santos, Alfredo Jorge c/ Colantonio, Esperino Antonio y otros s/ Incidente de nulidad Fani y Vivarelli S.C.C. s/ Quiebra.Incidente de venta de aut.tor Fani y Vivarelli S.C.C. s/ Quiebra Althabe, Renán Jorge s/ Incidente de verificación de crédito en Afisa Compañía Financiera S.A. c/ Acha, Juan Carlos s/ Cobro pesos M., T. C. c/ P., N. s/ Alimentos Mancuso, Francisco s/ Recurso ley 9671 (Colegio de Abogados) Oribe, Carmen y otros c/ Rodríguez, Ricardo Guillermo s/ Daños y perjuicios Machado, Rubén Osvaldo. Sucesión s/ Incidente de nulidad de acto jurídico Feltrín, Alberto y ot. c/ Cía. Financiera Argentina S.A. s/ Ejec. de honorarios. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-23|1985-09-10|1985-09-10|1994-08-16|1991-11-05|1997-07-08|1999-09-14|2002-10-02|2004-03-17

La circunstancia de haberse llamado autos para resolver, no impide, que la Corte, abocada a decidir la causa, reexamine los requisitos de admisibilidad del pedido de impugnación sometido a su conocimiento.
Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, competencia, ejecución de sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, Ramón c/ Caja Nacional de Previsión para Personal del Estado y Servicios Públicos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-29

La Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social no es competente para entender en la ejecución de sentencias dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Responsabilidad de la Municipalidad, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, daños y perjuicios, caída en la vía pública, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la causa Oddo, Leandro Lucero c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-07

Resulta arbitraria la sentencia que condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a indemnizar a un vecino por las lesiones producidas con motivo de su caída en una vereda por la cual circulaba y en la que se encontraban restos de vidrios de unos ventanales pertenecientes a una entidad bancaria, dado que el a quo ha efectuado afirmaciones que no se compadecen con la realidad de los hechos comprobados en la causa, habida cuenta de que la conclusión a la que arribó sobre el mal estado de conservación de la vereda como causal de la caída del peatón no se encuentra acreditada en autos y las heridas sufridas por el actor fueron originadas por vidrios abandonados en la vía pública y no por las deficiencias que pudiera haber tenido la acera.
Juicios contra el Estado, suspensión de juicios contra el Estado, embargo ejecutivo
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Krentzer, Guillermo Oscar Alejandro c/ Instituto    de  Servicios  Sociales  para  el  Personal  Ferroviario s/ Incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-03

En la inteligencia de la Ley 23.696 y su Decreto Reglamentario 1 105/89 no puede tener cabida el embargo preventivo de sumas de dinero, pues precisamente la finalidad de aquéllas es impedir las medidas que impliquen la indisponibilidad de fondos, por cuya razón se debe inferir que en los casos en los que no resultaría procedente el embargo ejecutivo - que no tiene ya por finalidad asegurar o garantizar la percepción de un crédito, sino derechamente su satisfacción -, tampoco resulta posible el embargo preventivo.
Fundamentación insuficiente, sentencia arbitraria, prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cantarero, Emilio Marcelo s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-04

Los recurrentes no fundaron debidamente la alegada arbitrariedad de la decisión impugnada y el correlativo reenvío para un nuevo juicio que fuera solicitado, al mismo tiempo que las partes acusadoras solicitaron la producción de prueba nueva, por lo que propició en su voto el rechazo de los recursos por motivos formales de admisibilidad. Dr Borinsky (disidencia).
Secuestro de bienes, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Zurita Juana Clelia s/ Recurso de Habeas Corpus en causa nro.54269
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-25

En el caso de que la instrucción policial efectúe un allanamiento no ordenado por el Juez y donde tampoco medie consentimiento de persona autorizada; teniendo en cuenta la diferenciación que tanto la Const.

Prov. (arts.14 y 21) como el CPP., realizan entre entrada a un domicilio y registro del mismo (arts.191 y ss. del CPP.); sólo puede admitirse, en el caso de autos, que la entrada al domicilio por parte de autoridad policial aparezca justificada, en virtud del arribo prácticamente concomitante de ésta con los auxiliares de Sanidad, lo que, ante la concreta presencia de al menos una de las personas heridas dentro de la vivienda, y la incertidumbre lógica acerca de la posible existencia de alguna otra víctima, dadas las características que a primera vista presentaba el hecho, dan pie a la irrupción hacia el interior de la casa, con el específico fin de cerciorarse sobre la existencia o no de algún peligro concreto para alguien y, cumplir por lo tanto con lo preceptuado en el art.98 inc.

3ro.del CPP. Pero, no puede correr igual suerte la incautación o secuestro de elementos de significación probatoria para la resolución de una causa, pues el menoscabo a la inviolabilidad del domicilio debe quedar en el caso circunscripto a la exclusiva entrada y registro con los fines y límites antes fijados, descartando un secuestro que sea consecuencia de un registro no autorizado desde que queda incólume el derecho a la intimidad restante.
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, facultades del juez, iura novit curia
Materia: CIVIL
Carátula: S. DE Z. C. L. c/ Z. M. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-17

La falta de mención expresa de la ley en que se funda la pretensión de divorcio no impide que el juez trate el punto, pues tanto la calificación jurídica como el derecho, en principio pueden ser modificados o suplidos por el juez, por aplicación del principio "iura curia novit". Lo que no es posible suplir es la invocación de los hechos pues ello sí atentaría contra el derecho de defensa de las partes, quitándoles la posibilidad de oportunas réplicas y defensas. Las causales de divorcio son, en cambio, calificación jurídica de los hechos invocados para obtenerlo por lo que el juez puede establecer su correcto encuadre. De allí que resulta procedente resolver sobre todas las causales que surgen de los hechos alegados y comprobados en juicio, aún cuando no hayan sido mencionados en la demanda, por cuanto el objeto principal de la misma es el divorcio al que concurren todas las causales legales.
Abuso sexual, abuso sexual calificado por acceso carnal, abuso sexual calificado por parentesco, culpabilidad, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: R., A. A. s/ Abuso sexual con penetración agravado por el vínculo el vínculo
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-07-10

Cabe condenar en orden al delito de abuso sexual con penetración, agravado por el vínculo, al padre de la víctima, pues se ha demostrado que acometía sexualmente contra su hija menor y que no obró, bajo ningún aspecto y en ninguna oportunidad, al influjo del error, dado que no sólo abusaba de ella en estado de ebriedad, cuyo grado nunca alcanzó la abolición de su conciencia, sino que también lo hacía estando sobrio.
Constitución Nacional, Superior Tribunal de Justicia, control de constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: CAMPOS JOSE ANTONIO, ACOSTA ESTEBAN ANDRES S.D ROBO, ROBO AGRAVADO CON ESCALAMIENTO E.P. MARTA PINEDA;AGUILERA NAHIARA Y JOSE RICARDO CHAYEP. s/ CONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 365 DEL CODIGO PROCESAL PENAL -ELEVACION A JUICIO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-09-08

La declaración de inconstitucionalidad implica la expulsión del mundo jurídico de una norma que ha sido cuestionada en un proceso judicial. Emitida por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo, el órgano jurisdiccional realiza un juicio de comprobación en donde detecta la conculcación de: a) el procedimiento formal de producción de las normas y/o b) los derechos fundamentales y/o las garantías institucionales. Dependiendo de las características del sistema de control de constitucionalidad, la expulsión de la norma del mundo jurídico se circunscribe al caso concreto, o bien, tiene efectos erga omnes.
Contrato de obra pública, contratista, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Industriales y Civiles S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 786 Año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-07-08

En contrataciones en las que los gastos financieros no se contemplan en forma separada, debe partirse de la base de que el contratista incluye en el precio ofertado un monto representativo del costo del dinero en el período a transcurrir entre el momento de la inversión según cada período, de acuerdo al plan de trabajos, y la fecha de pago pactada, pues el adelanto de la inversión efectuado por la contratista tiene un valor económico que ésta incluye en su oferta.

E, incluso, conociendo la realidad económica imperante en el país, pudo no limitarse a contemplar estrictamente la tasa vigente en el período en que formuló la oferta, sino prever una modificación razonable de la misma insusceptible de ser reclamada si no tenía una magnitud tal que justificara la revisión de la fórmula contractual de ajuste. Por lo tanto, en el caso, no puede prosperar lo que postula la actora respecto que la cotización que presentó para los trabajos imprevistos estaba despojada de toda incidencia de gasto financiero, desde que tal afirmación supone lisa y llanamente un reconocimiento de que ha incurrido en imprevisión al elaborar la cotización de sus costos. Lo contrario implica sostener que a la contratista, cuando llevaba varios meses de ejecución del contrato, le resultó sorpresivo el régimen de pago previsto en los pliegos y la fórmula de variación de costos concertada en el contrato.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, proceso penal, acusación fiscal, facultades del juez, sentencia condenatoria, figura calificada, figura básica
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Resulta siempre previsible que el sentenciante no otorgue a las conductas sometidas a su juzgamiento, igual calificación que el Ministerio Público y resuelva desechar la aplicación de la agravante y condenar solamente en orden al delito básico, lo que impide calificar tal cuestión como sorpresiva a los efectos de la interposición del recurso extraordinario fundado en la prescripción de la acción penal respecto del delito por el que se condenó.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Vera Venialgo, Narciso s/ Violación y rapto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-06

Es insuficiente el agravio por el que se denuncia la transgresión del art. 259 inc. 4 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) si de los argumentos del recurrente no surge cuestionado el concepto de equivocidad tal como está contenido en el referido precepto legal (art. 355, C.P.P., texto legal cit.).
Muerte de un menor, violencia de género, derechos de la mujer
Materia: PENAL
Carátula: K., S. N. y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-21

En una causa penal en la que se absolvió por el delito de abandono de persona a una mujer víctima de violencia de género, procede dar intervención al Consejo Nacional de la Mujer, órgano de aplicación de la ley nº 26.485 (arts. 8 y 9), para asegurar la asistencia médica, psicológica, económica y de cualquier otra índole que sea necesaria a al encartada, con el fin de preservarla de nuevos hechos de violencia y dar adecuado cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en virtud de la Convención Belém do Pará.
Ley arancelaria, honorarios, jus
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RECHIA, FRANCISCO c/ HERRERO, JOSE DOMINGO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-07

El sistema diseñado por el legislador provincial mediante el artículo 32 de la ley 6767 (modif. por ley 12851), por el cual se instituyó el módulo o unidad "jus" para la regulación de honorarios de abogados y procuradores, constituye un mecanismo indirecto de recomposición del capital enmarcable en la categoría de creación pretoriana de "obligaciones de valor" -ahora receptada en el artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación-, quedando como tal al margen del principio nominalista de la ley 23928 (y modificatorias) hasta su conversión en deuda de dinero, hecho que ocurrirá -de acuerdo con una interpretación constitucional optimizante de las distintas normas en juego- cuando el pago de la obligación por honorarios resulte exigible, tras la firmeza de la regulación respectiva, momento a partir del cual la integridad de la remuneración pasará a ser resguardada por la tasa de interés moratorio -para cuya fijación el precepto de marras exige que se atienda a las vicisitudes del mercado, al valor adquisitivo de la moneda y al carácter alimentario del honorario profesional -. (Del voto del Dr. Netri) - Jurisprudencia vinculada: Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna, AyS T 276, p 294/326; Vectra Agropecuaria S.A., AyS T 278, p 255/261.
Reclamo administrativo previo, juicios contra el Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P.V. y Otra c/ Provincia del Chubut y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-02

La reclamación resarcitoria es un acto previo a la promoción de la acción, es una actividad netamente extrajudicial, siendo establecida por nuestra legislación positiva provincial como requisito para la promoción de acciones fundadas en el derecho común contra la Provincia o sus entes autárquicos (Art. 138 Decreto Ley Nro. 920).
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Horacio Fabián y otro s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que el Fiscal de Cámaras denuncia transgresión del art. 156 de la Constitución provincial al resolver la Cámara sobre la materialidad ilícita, si en realidad acerca de este extremo no hubo debate en la instancia de apelación, la que se abrió por recurso de la defensa limitado exclusivamente a la calificación legal, ya que de haberle causado agravio la cuestión el recurrente debió plantearlo en el momento procesal oportuno.