marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción, solve et repete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aguas Argentinas S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-09-27

La exigencia del pago previo como requisito de viabilidad de recursos judiciales no es contraria -en sí- a los derechos de igualdad y defensa en juicio. Y, si bien es dable admitir la posibilidad de atenuar el rigorismo del principio solve et repete en eventuales supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados, a fin de evitar que el pago previo se traduzca en un real menoscabo de garantías que cuentan con protección constitucional, ello es a condición de que el interesado, además de alegar la desproporción del monto intimado o la falta inculpable de los medios necesarios para hacer frente al pago del tributo, aporte elementos precisos de juicio que constituyan índices reveladores de su estado patrimonial particular. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, principio de inmediación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., D.J.; G., R.A. s/ Hurto Calificado por Escalamiento en Grado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-07-05

"De este principio de investigación integral deriva una serie de reglas determinadoras de criterios para la introducción de las pruebas. Se refieren a la mayor amplitud en la libertad de la prueba en cuanto al objeto y al medio: inmediación para recibirla, bajo la efectiva dirección del juez. Esta regla de la inmediación se complementa con la identidad física del juzgador que impone dictar sentencia al mismo juez que recibió las pruebas en los debates. Esa regla de la inmediación se desenvuelve con mayor eficacia a través de varios corolarios reguladores modales del procedimiento, que muestran adecuadas excepciones. Tales la oralidad como medio más original de transmisión del pensamiento; la continuidad en los actos de debate y la sentencia para evitar dilaciones e interferencias que perjudiquen la autenticidad del material juzgable...".
Relación de dependencia, empleados de seguros, cobrador de seguros
Materia: LABORAL
Carátula: ORGANIZACION SEGURA E HIJOS  S.R.L. s/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

Si los cobradores de seguros de sepelios efectúan la cobranza en la zona que les fija la empresa, debiendo rendir cuentas personalmente y percibiendo por tal tarea una remuneración equivalente a un porcentaje de lo cobrado, debe concluirse que la relación es de carácter laboral.
Ciudadanía, ciudadanía por opción, carta de ciudadanía, publicación de edictos, extranjeros, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BULSTEIN EVA s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-20

Corresponde atender al espíritu legal que informa la Ley 24.533, con sustento en los arts. 16 y 20 de la Constitución Nacional, y a las circunstancias personales de la peticionaria, eximiéndola de la restante publicación, toda vez que la excepción a la gratuidad que da cuenta el penúltimo párrafo del art. 2 de la citada Ley, se convertiría de hecho para la solicitante en un impedimento insalvable a los efectos de cristalizar su íntimo deseo de adquirir el honor de la ciudadanía argentina, teniéndose en cuenta, además, que privar de un derecho consagrado por nuestra Ley fundamental (art. 20) a quien declara bajo juramento la imposibilidad de afrontar los gastos que le importan la publicación de edictos, significaría introducir una flagrante desigualdad y contrariar la real garantía constitucional del art. 16 de la Carta Magna, que habla claramente de una igualdad concreta y no de una mera igualación jurídica formal.
Intereses, tasas de interés, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: ANTUNEZ PERCINCULA DAVILE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-21

Procede la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Provincia del Neuquén, a los fines de ajustar el crédito reconocido en la sentencia definitiva, aplicándose desde el 1° de Enero de 2008.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada, sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios Edificio Atual c/ Ecam Sacif y otros s/ reparación de daños-saneamiento-daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

El recurso de nulidad se halla comprendido en el de apelación (art. 253 del C.Pr.); esta Cámara, por vía de devolución, adquiere también plena competencia para determinar acerca de los vicios de construcción de la sentencia, siempre y cuando se hubiere interpuesto en término el recurso de apelación; para ello no resulta decisivo que se argumente sobre los vicios "in procedendo"; aún de oficio puede dejar sin efecto el pronunciamiento de la instancia inferior cuando ésta tenga vicios tan esenciales que obsten al tratamiento de dicho remedio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, facultades discrecionales del juez, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: V.V., M.L. c/ M.A.O. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-22

El hecho de que se ejercite una facultad discrecional no justifica ni legitima la omisión del deber de fundar el pronunciamiento. De allí que sea descalificable el fallo que al determinar el monto adopta como pautas generalidades que no permiten la apreciación certera del proceso racional seguido por el sentenciante. La motivación no tiene pautas asépticamente jurídicas, sino que al juzgar prudencialmente sobre la fijación del resarcimiento no deben ser desatendidas las reglas de la propia experiencia y del conocimiento de la realidad. Se impone al tribunal el deber de examinar las pretensiones deducidas, prudentemente, y verificar si se han producido los perjuicios que se reclaman, evitando cuidadosamente no otorgar reparaciones que puedan derivar en soluciones manifiestamente irrazonables.
Accidente de tránsito, responsabilidad del peatón, cruce de avenida, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Girón, Gerardo Juan Domingo. c/ Transportes Atlántida  S.A.C.  y otro. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-13

El hecho de haber intentado el cruce de la calzada fuera de la senda peatonal, en forma imprevista en una avenida de tránsito ligero y sorprendiendo al conductor, que lo hacía por su mano a velocidad reglamentaria constituye una expresión de culpa en contra del transeúnte, habida cuenta que si bien el conductor debe conservar en todo momento el pleno dominio sobre su máquina, no puede exigírsele que lo haga al punto de responsabilizárselo de las manifiestas imprudencias cometidas por los peatones.
Recusación, excusación, violencia moral, proceso penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C, R s/ TENTATIVA DE HOMICIDIO     INCIDENTE DE RECUSACION     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD    RECUSACIONES  CON  CAUSA  PLANTEADAS  RESPECTO  DEL  PRESIDENTE Y UN  MIEMBRO DE  LA  CORTE  Y  LAS EXCUSACIONES DE DOS MINISTROS  DE  ESE  TRIBUNAL      CSJ EXPTE NRO 146-88 M, J O s/ HOMICIDIO Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 329-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-19|1993-04-14

El instituto de la recusación halla su razón de existencia en la preservación de la imparcialidad del juez respecto de los justiciables. La ley Procesal Penal de la Provincia lo ha incorporado normando taxativamente los supuestos en los cuales puede pretenderse la separación del agente de la jurisdicción (artículo 50) e imponiendo a los jueces el deber de excusarse cuando se hallen comprendidos en las causales previstas o en situación de violencia moral (artículo 51).

Del voto de la mayoría. En disidencia Dres Lara y Vigo
Derecho procesal, partes, intervención de terceros, sentencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Martínez, María Agustina c/ Espasa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-10

Procede condenar a un tercero citado cuando, como en el caso, si bien no fue demandado ni citado por la actora, lo fue por la codemandada; empero según lo dispuesto en el segundo párrafo del CPR 96 existe la posibilidad de analizar su responsabilidad y de condenarlo, en tanto contestó demanda, ofreció y produjo prueba y alegó sobre ella por lo que pudo hacer valer su derecho de defensa en juicio, el cual está garantizado (v. en este sentido, Colombo, Carlos y Kiper, Claudio, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- Comentado y Anotado.- 3ra. Edición actualizada. Ed. La Ley, Bs.As., 2001, pág. 607 y ss.).
Reajuste jubilatorio, medidas cautelares, exceso ritual manifiesto, regímenes jubilatorios especiales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: GRAU, ROSENDO JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-24

Atento las particularidades que la connotan y en virtud que el sistema jurídico que dimana de la C.N. le dispensa una señalada tutela, debe tener favorable acogida la pretensión cautelar del peticionante por la que solicita se le liquide el haber jubilatorio conforme el 82% que le corresponde en virtud del sistema de la ley que le concedió el beneficio, y que le fuera reducido a un 70% durante cinco años en virtud de lo dispuesto por la ley 24.019. En consecuencia, debe concluirse que peca de excesivo rigor formal la decisión del "a quo" que rechazó la medida cautelar solicitada, dejando huérfano de tutela los derechos del justiciable frente a la conducta "prima facie" arbitraria de la administración. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó el disidencia).
Exenciones impositivas, jurisprudencia
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Siphon SA  c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (Art. 277 CCAyT)  s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

Al fallar en la causa "Orbis Mertig SAIC c/ GCBA y otros s/ acción meramente declarativa (art. 277 CCAYT) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 11853/15, sentencia del 17/05/2017 señalé que la potestad de eximir el cobro de gravámenes locales a los sujetos que ejercen actividad industrial dentro de sus respectivos territorios era propia de los gobiernos provinciales o de la Ciudad y que ello no configuraba un trato discriminatorio y contrario a la igualdad de trato (artículos 16 y 75, inciso 13 de la Constitución Nacional). Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -con posterioridad a dicho pronunciamiento- sentó el criterio por el cual una ley impositiva que disponga alícuotas diferenciales según el lugar de radicación de la empresa que comercializa el producto, genera una suerte de barrera aduanera o de medida proteccionista, que altera el concepto orgánico de comercio previsto en la Constitución Nacional (Fallos: 340:1480, entre otros). En orden a lo expuesto, y sin perjuicio de la opinión versada al fallar en la causa "Orbis Mertig" sobre las potestades de la Ciudad sobre el punto en cuestión, cabe conformar mi decisión a dichas sentencias, con sustento en los principios de celeridad y economía procesal. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg. Voto concordante del juez Santiago Otamendi).
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, prueba, carga de la prueba, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Vázquez, Mirta Susana c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

Conforme, el principio de distribución de la carga de la prueba que fluye del artículo 301 del Código Contencioso Administrativo y Tributario (concordante con el art. 377 del CPCCN), no interesa la condición actora o demandada asumida por cada parte ni la naturaleza aislada del hecho sino los presupuestos fácticos de las normas jurídicas, de manera tal que cada una de las partes se halla gravada con la carga de probar las menciones de hechos contenidas en las normas con cuya aplicación aspira a beneficiarse, sin que interese el carácter constitutivo, impeditivo o extintivo de tales hechos.
Competencia, colegio profesional
Materia: LABORAL
Carátula: Aranda, José c/ Resolución Honorable Tribunal de Disciplina C.A.E.R. del 17/10/03 s/ Recurso de Nulidad y Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-06-03

La atribución de competencia que impetra el artículo 8 de la ley 9550 (B.O. 23/2/04) a la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia, mandando entender en las apelaciones contra las resoluciones en materia disciplinaria de los Colegios Profesionales, incluyendo las decisiones del Tribunal de Superintendencia del Notariado, en modo alguno vulnera el artículo 187 inciso 3 de la Constitución Provincial, sino por el contrario, garantiza la vigencia del Estado de Derecho y de las garantías constitucionales del debido proceso.
Accidentes de trabajo, incapacidad permanente, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: "Basualdo,  Mario  Herminio c/ La Caja ART S.A. s/ Accidente- ley9688".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-06

Para determinar la procedencia de los intereses, y en su caso desde cuándo corresponde su cálculo, es preciso determinar la oportunidad en que se tornó exigible el pago de la prestación por incapacidad permanente parcial prevista en el art. 14 de la ley 24557, pues sólo a partir de ese momento puede considerarse que el deudor ha incurrido en mora. En el caso, el daño quedó jurídicamente consolidado con la fecha del alta médica, por lo que habría correspondido a la aseguradora abonar al actor la correspondiente prestación por incapacidad permanente parcial (art. 14, ap. 2 de la LRT) dentro del plazo de 30 días a contar desde esa fecha, en que cabe reputar definitiva dicha minusvalía (conf. Art. 2 de la res. 414/99 de la SRT y art. 7 ap. 2 y 9 ap.

2 de la LRT). No obsta a esta solución la circunstancia de que la comisión médica definiera el porcentaje de incapacidad laboral que afectaba al actor mucho después, porque cabe entender que al haberse sometido a una intervención quirúrgica y habiendo gozado de licencia en el trabajo como consecuencia de ello, la aseguradora contaba con la información suficiente para establecer, de modo unilateral, el nivel de minusvalía del trabajador. Ello sin perjuicio de los ajustes en más o en menos que pudiesen corresponder si el porcentaje de incapacidad determinado por las instancias posteriores fuese distinto del estimado originariamente por la aseguradora.
Uso de marca, uso indebido de marca o designación, publicidad comparativa, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: AXOFT ARGENTINA  S.A. c/ MEGASISTEMAS  S.A. s/ CESE DE USO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

En la causa 4979 de 5.2.88, el Tribunal dijo: "tanto en el régimen de la ley 3975, como en el de la ley actualmente vigente, la jurisprudencia ha atenuado el rigor del principio atributivo y ha acordado protección al uso de marcas sin registro; ver además la Exposición de motivos de la ley 22362 en su comentario al art. 24.

Aparte de ello, la demandada reconoció en la actora a la titular de la marca TANGO, a tal punto que en la publicidad en cuestión, en letra pequeña del pie del aviso, dejó constancia de que se trataba de una marca registrada a su nombre, de tal modo que la defensa que ensaya sobre la base de la presencia de una marca registrada a su nombre, de tal modo que la defensa que ensaya sobre la base de la presencia de una marca de hecho importa contrariar la titularidad, al menos de hecho que antes le reconoció. Por otra parte, el registro de TANGO ha sido solicitado mucho antes de que comenzara la relación contractual entre las partes y si se ha demorado la decisión administrativa es por el notorio atraso en el trámite de los expedientes de la Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial. En tales condiciones, prescindir de la protección marcaría en este caso, aun teniendo en cuenta la ausencia de un título registrado, importaría consagrar una solución puramente formal en desmedro de los legítimos intereses que la actora ha construido en torno a su marca hasta ahora de hecho, cuya titularidad ha admitido la propia demandada. Y no se debe olvidar que la ley de marcas es un instrumento también creado para evitar actos que importen una competencia desleal.
Muerte del trabajador, crédito laboral, indemnización, concubinato
Materia: LABORAL
Carátula: IBAÑEZ, CESAR ANTONIO E HIJOS S.R.L. s/ PAGO POR CONSIGNACION IBAÑEZ, CESAR ANTONIO E HIJOS S.R.L. s/ PAGO POR CONSIGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-11|1996-03-11

Ante el fallecimiento de un trabajador que vivia en concubinato,la nombrada en último término para exigir el resarcimiento ecónomico indemnizatorio, debe acreditar: A) El hecho de la separación y de la culpa de la esposa legítima; B) La posesión del estado aparente, o sea el hecho de vivir públicamente con el trabajador fallecido como un matrimonio constituido y C) La antigüedad de la relación que habría tenido que prolongarse por un período no inferior a los cinco años anteriores al deceso; ésto ante un régimen legal civil que desconocía el divorcio vincular.-
Prescripción adquisitiva, posesión, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: F., J.A. c/ D.L.V., D. A. y Otro s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-03-27

"Como la posesión es un hecho que alega el prescribiente para fundar su derecho a la propiedad de la cosa, debe probar su existencia de modo indubitable, conforme la regla según la cual quien afirma la existencia de una relación jurídica debe aportar prueba acabada de los hechos que necesariamente deben concurrir para su nacimiento".
Impuestos provinciales, buques, navegación interprovincial, ríos, comercio interior, derecho de tonelaje
Materia: CONSTITUCIONAL-NAVEGACION
Carátula: López Saavedra, Domingo Martín c/ Buenos Aires, Provincia de s/ declaración de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

No se advierte que el impuesto creado por la Ley 10.293 de la provincia de Buenos Aires, que grava a los buques deportivos radicados en el territorio provincial, opere como una restricción al derecho consagrado en el art. 12 de la Constitución, toda vez que no se aplica de manera que afecte la entrada, tránsito o salida del buque del territorio provincial, o que opere como un derecho de tonelaje de los prescriptos por el art. 108.
Principios procesales, principio de congruencia, sentencia ultra petita, sentencia extra petita, sentencia citra petita
Materia: PROCESAL
Carátula: G., R.O. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-24

La congruencia de la sentencia debe ser entendida en el sentido de la debida correspondencia entre el fallo y las pretensiones deducidas en juicio por las partes; constituye una emanación del principio dispositivo del proceso y está consagrado en nuestro Derecho provincial (art. 34 inc. 4 del C.P.C.C.).

La falta de congruencia, se produce no sólo cuando la sentencia decida más de lo pedido por la parte (ultrapetita) o fuera de ello (extrapetita), sino cuando no se resuelven todos los petitorios realizados como pretensiones que las partes han sometido al juzgador (citrapetita).
Movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, índices de actualización, inflación, confiscatoriedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GIMENEZ, Amaro Porfidio c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-01

Es confiscatoria cualquier diferencia mensual superior al 10% surgida de la comparación entre los haberes reajustados conforme a los índices de salarios del peón industrial (hoy Salarios Básicos de Convenio de la Industria de la Construcción) y lo efectivamente percibido, entendiendo que dicho porcentaje constituye la medida en que el legislador consideró que, por razones de solidaridad y operatividad práctica del sistema, resultaba equitativo poner en cabeza del titular como consecuencia de la alteración del valor de las atribuciones monetarias en épocas de inflación.
Queja por casación denegada, inadmisibilidad del recurso, gravedad institucional, sentencia penal, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: BUSSI ANTONIO DOMINGO Y OTROS s/ FRAUDE A LA ADMINISTRACION PUBLICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-23

En orden al juicio de admisibilidad del recurso interpuesto cabe advertir que la sentencia del 19/11/2003 que rechaza los planteos de nulidad de todo lo actuado por el Fiscal de Instrucción a partir de fs. 33 de los autos principales formulados por la defensa de Antonio Domingo Bussi a no satisface el recaudo de definitividad y no resulta impugnable por los imputados a tenor de lo dispuesto por los artículos 469 y 472 CPP.

El precepto contenido en el art. 469 CPP establece el requisito de definitividad de la sentencia que se pretende impugnar, y al mismo tiempo expresa que tales resoluciones serán recurribles "con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes", entre los que se encuentra el artículo 472 que faculta al imputado a impugnar las sentencias condenatorias, las de sobreseimiento o absolutoria que le impongan una medida de seguridad, y los autos que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena, supuestos que no se configuran en el sublite, donde lo que se cuestiona es declaración de validez de actos, lo que conlleva la continuidad del proceso en su faz plenaria.

Tampoco concurre en el caso el supuesto excepcional de gravedad institucional que permitiría superar el valladar constituido por la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado, definido por esta Corte como existente en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o pueden resultar frustratorios de derechos de naturaleza federal, con perturbación de la prestación de servicios públicos.

La cuestión que se pretende ingresar no presenta tales caracteres, siendo insuficiente la mera invocación de la lesión a garantías constitucionales para que se admita la configuración de la gravedad institucional La gravedad institucional invocada en miras a obtener la apertura de esta instancia excepcional no aparece configurada en la especie. Ello obsta la admisibi lidad del remedio casatorio intentado contra una sentencia carente de definitividad (arts. 469, 472 y conc. CPP).