Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19


PORTA, Héctor Hugo contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 197 p 125-130. Santa Fe, 19 de mayo del año 2.004.

VISTOS:

Los autos "PORTA, Héctor Hugo contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION" (Expte. C.S.J. nro. 220, año 1.990), venidos para resolver la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO:

1. Contra el decisorio de este Cuerpo registrado en A. y S. T. 175, págs. 219/225 que resolvió declarar inadmisible el recurso contencioso administrativo, interpuso el actor el remedio extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48.

En la pieza de interposición del memorial recursivo (fojas 234/239) efectúa un pormenorizado relato de los antecedentes de la causa y al referirse a la admisibilidad del remedio intentado, expresa que impugna una sentencia definitiva proveniente del Superior Tribunal de la causa; que posee legitimación para recurrir; que oportunamente introdujo la cuestión constitucional, que existe una relación directa entre la materia del litigio y la validez de las garantías constitucionales invocadas.

Aduce además, que la cuestión federal se configura por cuanto la sentencia recurrida importa el apartamiento de las reglas del debido proceso, vulnera los principios de igualdad, propiedad y legalidad.

Seguidamente tacha de arbitrario al fallo, expresando que se aparta del régimen normativo vigente, carece de fundamentación legal e incurre en vicios de sustentación dogmática y falta de consideración de extremos conducentes.

Dijo que su parte jamás fue notificada de las resoluciones y decretos que se consideran consentidos, destacando que lo sostuvo al demandar y al alegar sobre el mérito de la prueba, puesto que solamente fue comunicada de disponibilidades de fondos, aclarando que cualquier disposición o instrumentación de pago, se debe considerar a cuenta, quedando la posibilidad de cuestionarla al final de la etapa contractual.

Sostiene, al respecto, que no constituyen plena prueba de la notificación de los actos administrativos las constancias de aviso de recepción, por las que el Tribunal consideró que constituyen elementos para concluir que la resolución 239/85y el decreto 856/85 fueron notificados al actor.

Alega, en tal sentido, "que tales constancias no atestiguan sobre el contenido de lo que dicen haberse anoticiado", por lo que se vulnera el artículo 23 del Decreto 10204/58 que exige que si la cédula se remitiese por correo se debe agregar al expediente copia auténtica de la misma, documento éste último que no se encuentra agregado a autos.

Insiste en que se le notificó solamente acerca de la disponibilidad de los fondos a los fines de que se apersone a la ciudad de Santa Fe (es oriundo de la ciudad de Sunchales) para librarse el pago.

Se agravia de que los planteos efectuados al demandar por su parte, respecto a las reservas formuladas, mucho antes de formular su opción, como un modo de expresar la disconformidad con los importes liquidados y abonados o la intención de no consentir la forma en que la Administración deudora pretendía cancelar la obligación pendiente, que el Tribunal considerara en el fallo, que tales manifestaciones son insuficientes para sustituir el sistema de recursos administrativos del decreto-acuerdo 10.204/58.

Dijo que no se tuvo en cuenta el argumento referente a la existencia de actos sucesivos reconociendo intereses a favor de la actora, lo que presuponía la provisoriedad de las respectivas liquidaciones que precedieron a tales actos o que del texto de las resoluciones no surgía en ningún momento qué certificaciones se pretendía saldar con tales decisiones, en tanto el Tribunal consideró en la sentencia recurrida, que tales actos administrativos hacían alusión a pedidos concretos de la contratista referidos al cobro de intereses.

Cuestiona al fallo por apartarse del ordenamiento constitucional y legal, incurrir en arbitrariedad normativa, expresando además que la prescindencia de la ley aplicable constituye un error de derecho, al sostener que la resolución 239/85 y el decreto 856/85 han quedado firmes y con ello, corresponde concluir que el recurso es inadmisible, resultando innecesario el tratamiento de las restantes cuestiones postuladas por las partes en autos.

Aduce, al respecto, que el artículo 71 de la ley 5188, en su redacción originaria disponía que la mora en el pago da derechos al contratista a percibir únicamente los intereses, sin necesidad de requerimiento ni reserva alguna y que la modificación introducida por la ley 9594 establece que la mora en el pago da derecho al contratista a su elección y hasta el efectivo pago, a percibir los intereses previstos en ella y que dichos derechos corresponden al contratista sin necesidad de constitución en mora ni formulación de reserva alguna.

Expresa que la mora en el cumplimiento de las obligaciones no constituye en comportamiento que se agota en el momento de su configuración, se trata de una conducta que por sucederse durante un período de tiempo, se extingue recién al momento del pago total de la deuda.

Destaca que más alla de los cuestionamientos relativos a las notificaciones de los actos administrativos, resulta necesario advertir la existencia de actos sucesivos reconociendo intereses a favor del actor, lo que presupone la provisoriedad de las respectivas liquidaciones que precedieron tales actos y enfatiza que al percibirse las liquidaciones se dejó expresa constancia de reservas de derecho para solicitar la actualización monetaria e intereses.

Sostiene que el artículo 42 del decreto 10204/58 prescribe que los recursos se interpondrán contra los actos que nieguen un derecho y los actos en cuestión no niegan el derecho sino que lo reconocen, pero su alcance no se compadecía con la nueva legislación, la cual al ser de orden público implicaba un reajuste en el cual no era necesario ningún tipo de requerimiento ni reclamo (art. 71).

Cita el fallo "Petracca"de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, referido a la necesidad de que el acto sea definitivo y que agote la instancia para evitar "que durante la relación contractual y frente a la emisión de cualquier acto de la Administración, el administrado tenga que iniciar en cada caso, un juicio contra su contratante (criterio de la Corte Nacional en la causa "Mevopal").

Alega que la normativa de fondo resuelve la cuestión, puesto que el artículo 69 de la Ley de Obras Públicas 5188 determina que todos los certificados tienen carácter de "provisional para pago a cuenta", especificando el artículo 71 de dicho cuerpo normativo que la mora en su pago dará derecho al contratista a percibir intereses sin necesidad de requerimiento ni formulación de reserva alguna, aclarando la reforma introducida por la ley 9594 que la elección de los intereses previstos en la misma se podrá realizar hasta su efectivo pago.

Postula, en tal sentido, que al efectuarse el cobro con reservas se cumplimentó con el artículo 264 del Código Civil, siendo entonces improcedente la aseveración respecto a la necesidad de recurrir dichos actos administrativos.

Tilda a la solución del fallo de injusta, alegando que beneficia indebidamente al deudor en menoscabo del patrimonio del acreedor atento a que el pago se había realizado con un interés simple en épocas de elevadísimas tasas y frente a una nueva normativa que protegía ese desfasaje.

Corrido traslado a la contraria, lo contesta a fojas 242/250 postulando su rechazo.

2. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del recurso federal interpuesto.

Cabe señalar que la mera deducción del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (A. y S. T. 67, pág. 441; T. 71, pág. 276; T. 77, pág. 439; T. 89, pág. 58; T. 128, pág. 1; entre otros).

A tales efectos es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por la Corte para fundar su decisión, trayendo razones de peso en orden a destruir la fundamentación de tal decisorio por considerarlo lesivo de derechos constitucionales.

Ello es así, por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48 -recurso extraordinario de apelación-, exige que el recurrente impugne el pronunciamiento que objeta demostrando, asimismo, ante la Corte, por qué considera que el pronunciamiento impugnado no satisface el derecho federal invocado.

Realizando el análisis señalado precedentemente, surge claro que el recurso no puede ser concedido.

En efecto, no obstante que el recurrente invoca vicios de arbitrariedad y se agravia por la lesión de los derechos constitucionales que enuncia, no ha logrado acreditar la concurrencia de tales extremos, por cuanto al confrontar los agravios articulados con el fallo de marras, surge que los mismos trasuntan sólo su disconformidad con la solución arribada por este Cuerpo al declarar, en el ejercicio de funciones propias y a la luz de normas de derecho público local, inadmisible el recurso contencioso administrativo.

Así para resolver como lo hizo, consideró este Tribunal, en el decisorio en crisis, que la resolución 239/85 y el decreto 856/85 quedaron firmes y consentidos en tanto el compareciente no impugnó dichos actos administrativos a través de los recursos administrativos previstos en el decreto acuerdo 10.204/58, conclusiones que no logra desvirtuar el impugnante en esta instancia recursiva.

Es que en rigor de verdad, el recurrente trata de hacer prevalecer su propio enfoque que funda en síntesis, en que efectuó reservas; que no fue notificado de los decretos 239/85 y 856/85 y que no resulta necesario, en el caso, interponer los recursos administrativos a tenor de lo dispuesto por la ley 9594.

En cuanto al cuestionamiento atinente a que no fue notificado de tales actos administrativos siendo insuficiente para acreditar dicha notificación las constancias de los avisos de recepción, -alegando además, haber recibido una pieza postal distinta, más no alega haber acompañado la pieza que según el aviso de recepción le fue consignada-, tal agravio no ha de variar la suerte del recurso.

Aún considerando la crítica que el recurrente formula al elemento de prueba de la notificación de los decretos 239/85 y 856/85, de todos modos, valoró el Tribunal conductas del actor de conocimiento de dichos actos. Efectivamente, este Cuerpo meritó que los mismos fueron dictados ante expresos reclamos del contratista que solicitó el pago de los intereses moratorios relativos a determinados certificados, concretamente, los emitidos durante el año 1.983 y hasta el 30.3.194 (res. 239/85) y los emitidos desde el 30.3.1984 al 11.1.1985 (dec. 856/85); que cobró los intereses reconocidos mediante esos actos; y "en el trámite que precedió a la demanda elaboró nominas en las que identificaba los certificados cuya reliquidación solicitaba, con expresión de detalles particulares de cada uno (vgr., nro. de pedido, importe, nro. de cargo, fecha de pago, etc.; v. fs. 2/5 expte. adm. 00701-0002368-5 y fs. 3/5 expte. adm. 00701-0004918-8)", los que referían a la resolución 239 y el decreto 856 ya citados.

Se advierte, que en realidad, el impugnante discrepa con la valoración de las circunstancias del caso y lo que en definitiva cuestiona es la aplicabilidad de las normas que regulan el procedimiento administrativo, en tanto insiste en los planteos efectuados al demandar relativos a la provisoriedad de los pagos y que del texto de las resoluciones no surgía qué certificaciones se pretendía saldar con esas decisiones, -lo que conforme a las razones ut-supra expuestas, queda sin sustento-.

En cuanto continúa agraviándose que cualquier disposición de pago de los intereses se debe considerar a cuenta, carece de asidero a poco que se repare que aquí no se trata de percibir intereses por certificados pagados extemporáneamente dónde le queda la posibilidad de cuestionar al final de la etapa contractual, sino del pago de las diferencias entre los intereses abonados por la recurrida por los certificados pagados fuera de término, intereses que refieren a períodos determinados y que percibió íntegramente y los que la actora pretende percibir, amén de que, conforme surge de los fundamentos del fallo tal postulación referida al carácter provisorio del reconocimiento efectuado por la Provincia y que fue tomado por la empresa como adelantos de pago, se formuló al demandar sin ningún sustento argumental, "aspecto que no surge ni de los actos ni de las restantes constancias de la causa".

Las razones expuestas por el Tribunal en el fallo, podrán no conformar al compareciente -quién insiste en oponer su propio criterio de apreciación de la causa en procura de justificar la demora en formular la opción prevista en la ley 9594, en tanto cobró los intereses y no solicitó la aplicación de dicho régimen- más de ningún modo autorizan a considerar configurado un caso constitucional que permita operar la apertura del recurso intentado.

En efecto, carece también de andamiaje suficiente el reparo que finca en que efectuó reservas, mucho antes de formular su opción por la aplicación del régimen de la ley 9594, a fines de no consentir la forma en que la Administración pretendía cancelar la obligación pendiente, que sólo trasunta disímil postura con las razones explicitadas por el Tribunal en el fallo, en orden a la insuficiencia de tales reservas para sustituir el sistema de recursos administrativos del decreto-acuerdo 10204/58 (ver: foja 229/229 vto.).

Analizó este Tribunal, que el contratista reacciona "optando" por los intereses de la nueva ley recién el 1.10.1987, es decir, cuando ya habían pasado más de dos años del dictado de la resolución 239 y del decreto 856 y que "esa presentación, lejos de tratarse de un mero pedido de 'reajuste' de sumas percibidas con anterioridad -tal como intenta postularlo el actor- constituye la expresión de un serio cuestionamiento a lo decidido en aquellos actos, por suponer nada menos que la aplicación de un ordenamiento legal diferente al que había considerado la Administración".

En ese orden de ideas, este Cuerpo meritó que "teniendo en cuenta la fecha de entrada en vigencia de la ley 9594, es claro que el contratista, al momento en que se dictaron los actos de reconocimiento, ya estaba en condiciones de efectuar tales reparos. Es más: debió hacerlo a los fines de no consentirlos, ya que, más allá de que disponen un reconocimiento de intereses, es claro que, de acuerdo a su postura, adolecían de vicios de ilegitimidad: concretamente, que no se compadecían con el ordenamiento que debía serle aplicado".

Al respecto, el compareciente desarrolla su propia tesitura basada en que el artículo 42 del decreto 10204/58 prescribe que los recursos se interpondrán contra los actos que nieguen un derecho y los actos en cuestión, según entiende, no lo niegan sino que lo reconocen pero su alcance no se compadece con la nueva legislación, lo que trasunta diversidad de criterio con el de esta Corte, lo que no asume sustancia constitucional como para operar la apertura de la vía intentada.

En cuanto a los cuestionamientos que efectúa con fundamento en el artículo 624 del Código Civil y en el artículo 71 de la ley 9594, del cotejo de la pieza recursiva y del decisorio y conforme a lo reseñado, se advierte que el recurrente finca su agravio en su particular criterio de la base fáctica del caso.

Es que, en rigor de verdad, las tachas de prescindencia de texto legal y de sustentación dogmática, revelan la discrepancia del compareciente con la interpretación del derecho aplicable y de las circunstancias de la causa, efectuada por el Tribunal con fundamentos suficientes, que más allá de su acierto o error, acuerdan base jurídica a lo resuelto y obstan al progreso de la tacha de arbitrariedad.

Por lo demás, conviene recordar que el recurso extraordinario por interpretación arbitraria de la norma, conforme a la jurisprudencia del más alto Tribunal, se aconseja reservarlo para desaciertos de gravedad extrema que invaliden a la sentencia como pronunciamiento judicial, precisamente por no abrir otra instancia ordinaria dónde vuelvan a discutirse todas las decisiones que se reputen equivocadas (Fallos 294:376; 302:1564; 304:375; 296:82), como así también, no autoriza la tacha de arbitrariedad si lo decidido no excede el marco de posibilidades interpretativas que brindan el conjunto de normas aplicables al caso (Fallos 304:1826).

Cabe pues descartar también el reproche fundado en que el Tribunal ha incurrido en excesivo rigorismo formal.

En ese sentido, cabe advertir que la sentencia que incurre en "exceso ritual" es un pronunciamiento arbitrario, por no constituir derivación razonada del derecho vigente.

El ritualismo consiste en la desnaturalización de las formas y de las regulaciones procesales, incompatible con el debido proceso y con el razonable formalismo jurídico (vid. Guastavino, Elías P. "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", T. 2, pág. 613).

Desde esa perspectiva, el recurrente no logra en esta instancia recursiva demostrar que el fallo de esta Corte importe una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva o que la interpretación de las circunstancias de la causa a la luz de normas locales afecte la garantía del debido proceso. La circunstancia de que esa interpretación resulte desfavorable al interés del recurrente, no implica por sí solo, un excesivo rigor formal (A. y S. T. 95, págs. 465/470).

Igual suerte han de correr los restantes cuestionamientos planteados por el impugnante, dado que vistas en su desarrollo, y no obstante la invocada arbitrariedad y lesión de garantías constitucionales; tan solo traducen la insistente intención de renovar el debate sobre la valoración de las circunstancias fácticas y jurídicas del caso, lo que no asume sustancia constitucional para operar la apertura de la vía intentada (Fallos 308:118; entre otros).

Por ende, ante la falta de entidad constitucional de los planteos del impugnante, cabe rechazar el recurso extraordinario fundado en la ley 48.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)