marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensa en juicio, defectos del procedimiento, restitución de menores
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Fernández, Sol Victoria s/ Guarda
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-11-12

Los recurrentes han omitido utilizar el remedio específico contra el supuesto vicio procesal que invocan, esto es la violación de su derecho de defensa por no habérseles corrido traslado expreso del pedido de restitución de la menor. No dedujeron oportunamente el incidente de nulidad que prevé el art. 199 del CPCCLRyM ni explicaron cuáles son las cuestiones relevantes que habrían opuesto para impedir que la niña sea devuelta a la madre de sangre. En tal sentido me remito a los exactos argumentos del voto del Dr. Imperiale y a la pacífica doctrina y jurisprudencia que, a partir del plenario de la Cámara Civil de la Capital Federal en autos:"N. de D., M. J. c/D., Z. B., 12/6/59, publ. en E.D. 6-818), invariablemente ha considerado que en los supuestos de indefensión el perjudicado debe acudir al incidente de nulidad y no al recurso, aún después de haberse dictado sentencia. (del voto del Dr. González Godoy)
Derecho a la integridad física, Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones internacionales, derecho a la dignidad, condiciones de detención
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Boyce y otros c/ Barbados s/ excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2007-11-20

Conforme el artículo 5 de la Convención Americana -derecho a la integridad personal-, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con la dignidad inherente a ser humano, siendo deber estatal salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos, garantizar que la manera y el método de privación de libertad no exceda el nivel inevitable de sufrimiento propio de una situación de detención, evitando incurrir en el incumplimiento de la prohibición absoluta contra tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Trabajadores de la construcción, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: FRIAS, REGALADO c/ RIVA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-13

Quienes opinan que la indemnización establecida por el art. 212 LCT no se aplica a los obreros de la industria de la construcción han caído en el error de considerar globalmente los arts. 211, el ya mencionado 212 y 213 de dicho cuerpo legal en cuanto a su aplicabilidad a los trabajadores de dicho sector. Por el contrario, es necesario considerar separadamente el resarcimiento previsto en el párrafo 4 del art. 212, pues la naturaleza jurídica del mismo consiste en una prestación de la seguridad social.
Graduación de la pena, unificación de penas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: REYNA, Norberto A. s/ UNIFICACION DE PENAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

Las frecuentes incursiones que registra el procesado en la senda delictiva, se erige como factor gravitante que persuade acerca de la conveniencia de abandonar el sistema composicional para este caso en particular (añejamente incorporado a la práctica unificatoria de la Sala VI) y sustituirlo por el de la sumatoria aritmética de penas.
Daños y perjuicios, ferrocarriles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gaitán y Argañaraz c/ Transportes Metropolitano General San Martín s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-30

Quien pretende atravesar las vías del ferrocarril por un paso a nivel debe cerciorarse por sí mismo si viene algún convoy y esperar su paso; existan señales o no debe asumir mayores precauciones, y debe hacerlo siempre, con o sin barreras, y estén éstas abiertas o cerradas, ya que la existencia de barreras constituye una advertencia únicamente para los vehículos. Desde ya que mayor es la exigencia precaucional para aquéllos peatones que atraviesan las vías por un lugar no habilitado. Aún dentro de la órbita de aplicación del art. 1113 del Código Civil, la jurisprudencia ha admitido, ampliando la noción de "culpa de la víctima", la de la "aceptación del riesgo" por parte de la misma, entendiendo que hay casos en que la víctima ha ido al encuentro de la cosa peligrosa, ha asumido el riesgo o al menos ha debido representárselo y, en consecuencia, puede suponerse que lo ha aceptado. La asunción deliberada del riesgo implica una infracción al deber de obrar con prudencia para consigo mismo. Este deber impone evitar las consecuencias dañosas del acto, que puedan ser previstas por una persona de prudencia común. Es evidente que no obra con la debida prudencia, sino que se arriesga hasta la temeridad quien atraviesa una vía férrea por un lugar no habilitado, como en la especie. Esta actitud configurativa de culpa - y grave- debe pesar sobre la víctima en los términos del art. 1111 del Código Civil.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, robo, ausencia de culpa
Materia: CIVIL-LABORAL-PENAL
Carátula: Rojas, María de los Angeles c/ Prosegur Activa Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Procede rechazar la demanda contra una empresa de servicios de seguridad por los daños y perjuicios generados por una supuesta deficiente prestación del servicio de monitoreo y alarmas al haber incumplido los términos contratados. Ello por cuanto, en el caso, lo contratado era un sistema de alarmas; es decir, un servicio de contingencias frente a un hecho de inseguridad, no habiéndose acreditado que la demandada haya asegurado a la actora que no pudiera ocurrir un robo en su domicilio. Lo que efectivamente debía garantizar la empresa accionada era la respuesta inmediata frente a un hecho de intrusión en su morada: las alarmas debían funcionar, la sirena debía activarse al detectar los sensores de movimientos, se daría aviso a la central de alarmas y luego el apersonamiento de un móvil propio. Desde este punto de vista, cumplió con la prestación a su cargo en tanto cada una de tales prestaciones fue satisfecha. Es que los lógicos padecimientos y las pérdidas económicas sufridas por la actora por el robo no fueron causados por un servicio defectuoso sino por el accionar de los delincuentes por los que la demandada no debe responder (CCCN, 1721 última parte). En tanto se verificaron cumplidas aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación asumida por la empresa de seguridad, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, se la debe eximir de responsabilidad por las consecuencias del hecho dañoso; advirtiéndose no tratarse el que rige en el caso de un contrato de seguro.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: OTRERA CANDELARIA c/ NICOLAS ZANI Y/O CUALQUIER OTRO OCUPANTE s/ DESALOJO-RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-10-11

Al superior tribunal le está vedado el tratamiento de las cuestiones de hecho y las conclusiones a que arriben en esta materia los tribunales de grado son irrevisables en esta instancia extraordinaria, salvo que configure absurdo o arbitrariedad en la sentencia recurrida, lo que de no apreciarse torna improcedente el recurso interpuesto.
Honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GOMEZ DE BENEDETTI JUANA BERTA ADELINA s/ S/ SUCESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-09-11

Si bien el artículo 39 de la ley 7046, prevé la posibilidad de que las partes le otorguen al monto del proceso, en los casos en que éste depende del valor de bienes muebles o inmuebles, uno superior al fiscal, dicha facultad debe inexcusablemente ejercitarse "antes que entren los autos a despacho para dictar sentencia". En el juicio sucesorio que no culmina con una resolución de tal categoría -sentencia- debe interpretarse la norma refiriéndola al momento procesal previsto específicamente para el planteo de esta cuestión: la manifestación de la parte sobre el avalúo del acervo hereditario -artículos 751/54 del Código Procesal Civil y Comercial- anterior al ingreso del expediente a despacho para resolver sobre el punto.
Tercería de dominio, bienes muebles, prueba de la posesión
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: LERDA VICTOR H. c/ MAURI s/ EJECUTIVO - TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-03

La posesión de buena fe de una cosa mueble crea la presunción legal de propiedad (art. 2412 C.C.). Por tanto, para probar el dominio de una cosa mueble, ha de probarse la posesión.

No es correcto que el tercerista tenga a su cargo la prueba de que el ejecutante no vive en su domicilio. No sólo por que en principio no es dable exigir este tipo de pruebas negativas, sino porque quien afirma que sí vive y tiene interés jurídico en acreditarlo, es el ejecutante, y a él se le ha de imponer la carga de probar.

No basta probar el domicilio que tenía el ejecutado en una época, sino que debe probarse el actual, es decir, el que tenía al tiempo del embargo.# Pero, aún cuando se admitiera que el demandado sí convivía en el domicilio del embargo con el tercerista al tiempo en que se produjo la cautelar, debe considerarse que ha quedado suficientemente acreditado que el tercero es el poseedor exclusivo de los bienes muebles porque es el titular del dominio del inmueble, ejerciendo su posesión y tenencia (pagos de servicios e impuestos, etc.), ha de presumirse que los muebles que se encuentran en el mismo también le pertenecen de modo exclusivo.
Proceso judicial, recurso de apelación (procesal), expropiación, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL
Carátula: "Dirección   Nacional   de   Viabilidad c/ Vilella y Canepa G MZA275 Parc 34 y otros s/ Servidumbre Administrativa".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-26

Si bien en el caso no se ha acreditado que los recursos exceden el monto previsto en el art. 242 del C.P.C.C.N., cuando el proceso tiene por objeto directo la protección de la garantía de la propiedad consagrada en el art. 17 de la Constitución Nacional, no corresponde admitir imitaciones a la revisión de la sentencia fundada en el monto de la indemnización expropiatoria, porque en sustancia tanto se afecta la propiedad por el despojo de una cantidad mayor a ese monto como el despojo de un valor menor, y tan protegido está el particular cuyas propiedades exceden ese valor como el propietario que tiene bienes de menor valor (Loretto vs. Teleprompter Maniatan CATV Corp., 458 U.S. 419 y Fallos: 327:5427;

316:245 y 322:1604) ( Del voto del juez Alemany, cons. II).
Estado Nacional, sistema federal, autonomía provincial, Constitución Nacional, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Electores  y  apoderados  de  los partidos Justicialista,Unión civica Radical y Democracia Cristiana s/ nulidad de elección de Gobernador y Vicegobernador.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

El federalismo argentino significa una relación interprovincial de unidad indestructible que da sentido y existencia al Estado federal, en el que funcionan dos esferas independientes de pode- res, en relación de coordinación y de limitación. A estos fines tienen igual rango constitucional las prescripciones de los arts. 31 y 5x que la de los arts. 104, 105 y 106 que establecen la autonomía provincial.
Municipalidad, recurso de apelación (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Parsa S.A. s/ Recurso de Apelación concedido por Presidente Municipal de  Concepción del Uruguay
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-03-27

Vienen estas actuaciones a conocimiento del Superior Tribunal de Justicia elevadas por el Presidente Municipal de Concepción del Uruguay, en virtud de haber concedido, ante este Cuerpo, un recurso administrativo de apelación articulado por los representantes legales de la firma "Construcciones Parsa S.A.". No se ha logrado en la esfera de competencia administrativa un acto definitivo causatorio de estado o su retardación en condiciones susceptibles de producir tal efecto, a fin de habilitar la jurisdicción contencioso administrativa de este Superior Tribunal en los términos del dispositivo constitucional citado (artículo 167 Inciso 3 Cód. P.) y tampoco cabe discernir en cabeza del máximo Organo Judicial de la Provincia la calidad de órgano de alzada de las decisiones administrativas del Intendente.
Prueba, carga probatoria dinámica
Materia: PROCESAL
Carátula: F.S., J.C. c/ P.A. SA s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-11-23

Por el principio de las cargas probatorias dinámicas, más allá del carácter de actor o demandado, en determinados supuestos la carga de la prueba recae sobre ambas partes, en especial aquella que se encuentra en mejores condiciones para producirlas.
Remuneración, medicina prepaga, carácter remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez María Marcela c/ Adecco Argentina SA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-31

Cabe sostener el carácter remuneratorio de la medicina prepaga asumida por el empleador. Se trata de un beneficio salarial y no social, incluido en el concepto de remuneración consagrado en los arts. 103 y 105 L.C.T., interpretados a la luz de lo dispuesto en el Convenio 95 O.I.T. y de la doctrina fijada por la C.S.J.N. en el caso "Pérez, Aníbal Raúl c/Disco S.A." del 1/09/2009.
Principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Selencig Mirta c/ Cerini Pacher S.A. s/ Cobro de Pesos-Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-07-01

Introducir en alzada un cambio en los presupuestos de la pretensión alegada al demandarse, conforme al principio de congruencia, resulta inadmisible en orden a su tratamiento puesto que, en caso contrario, se afectaría el derecho de defensa de la apelada (cfr. arts. 31 inc. 4º, 160 inc.6º y  269 C.P.C y C. aplicables, respectivamente, por arts.  141, 53  y 133 C.P.L. y art. 102 del último cuerpo legal citado.
Obra Social Bancaria Argentina, régimen de consolidación de deudas, Administración Pública, entes descentralizados, obras sociales, entes autónomos
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, CESAREO c/ ISSB s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-23

El Instituto de Servicios Sociales Bancarios se encuentra excluído de la ley 23982 y del sistema de consolidación de deudas pues la ley se refiere a instituciones pertenecientes a la administración pública descentralizada y no a obras sociales mixtas, diseñadas con autonomía propia a las que contribuyen los agentes de la Banca Pública y la privada (cfr. arts. 1, 2, 17 y 21 de la ley 19322).
Sentencia arbitraria, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Carrizo, Margarita Sofía c/ G.C.B.A. y Otros s/ Daños y perjuicios (excepto resp. médica) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-08

El planteo de arbitrariedad de sentencia se sostiene esencialmente en la discrepancia del recurrente con la interpretación de los dictámenes del Cuerpo Médico Forense (en la causa penal) y del perito oficial que realiza la Cámara, cuestión vinculada a los hechos y pruebas de la causa, que resulta -en principio- ajena al ámbito cognoscitivo de la presente vía recursiva extraordinaria. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, reincidencia, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: G., M. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL AGRAVADA POR REGISTRAR EL  PORTADOR ANTECEDENTES PENALES Y SUPRESION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 523
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-19

Es inadmisible la queja desde que los agravios se reducen al mero disenso con el alcance asignado a la norma contenida en el artículo 50 del Código Penal, sin que luzcan ilógicos o irracionales los fundamentos argüidos en el decisorio impugnado al precisar " considero que si la reincidencia fuera un instituto de individualización de la pena, tendría que declararlo inconstitucional en la medida en que fuera utilizado para agravar en lo más mínimo la pena que se impondría a un sujeto que no fuera reincidente. Pero ello no es lo que ocurre en autos.

Aquí -prosiguió el Vocal- al momento de seleccionar el monto de la pena no tengo para nada en cuenta la condena que registra el imputado; sin embargo, verificando que es reincidente, tengo que declararlo como tal, toda vez que eventualmente ello podría tener en el futuro otras consecuencias que no implicarían el nuevo juzgamiento del hecho pretérito, sino simplemente la verificación de su existencia para establecer una u otra forma de ejecución de la pena, concretamente, para hacer o no lugar a una libertad condicional... Pero aquí no se la usa para medir la pena ni para sustentar una medida de seguridad 'eliminatoria' como la contemplada en el artículo 52 del Código Penal, su reconocimiento no implica agravación alguna para el imputado". (Del Voto de la Mayoría)
Recurso de inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MONTALTO, JUAN CARLOS s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional que solo opera cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable y requiere la fundamentación que exige el articulo 15 de la ley 48.
Determinación de impuestos, carga de la prueba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Banco de Valores SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

Una vez efectuado el ajuste por el organismo fiscal, recaerá sobre el propio contribuyente la carga de demostrar de manera concluyente el error u arbitrariedad en que hubiera incurrido el fisco local toda vez que, en tanto aquel constituye un acto administrativo, éste goza de la presunción de legalidad establecida en su favor. La decisión que exige al fisco acreditar que los registros contables de la accionante no eran veraces, significa una inversión arbitraria de la carga de la prueba. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Acción de amparo, vencimiento del plazo, decretos, impuesto sobre localidades cinematográficas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HEREDIA, Olga Marta c/ INSTITUTO NAC. DE CINEMATOGRAFIA s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

La lesión a los derechos y garantías constitucionales que, en la hipótesis, podrían hacer procedente la acción intentada, encuentran su causa no en la intimación del Instituto Nacional de Cinematografía sino en el dictado mismo de los decretos 2.736/91 y 949/92. Es por ello que datan los hechos generadores de la supuesta infracción a la norma constitucional, en el mejor de los casos, en la oportunidad en que la actora tomó conocimiento de los mismos y se inscribió en el INC a fin de cumplimentar los trámites en ellos exigidos. A la fecha de articulación de esta acción de amparo se encontraba ampliamente vencido el plazo de 15 días establecido en el inc. e) del art. 2 de la ley de amparo.
Cheque en blanco, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA, VICENTE LUIS c/ JOSE FRANCISCO BORCA s/ COBRO DE PESOS-EJECUTIVO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-03-22

Cuando existen elementos de convicción para estimar la configuración de un delito en la emisión de un cheque incompleto estamos ante un título inhábil.
Transferencia de fondo de comercio, intermediación de servicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: FIORELLI, DANIEL c/ C.A.S.F.E.C.  Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-24

En una transferencia de fondo de comercio, la vinculación del intermediario de rige por las disposiciones de la ley que rige el negocio, de manera tal, que la intermediaria asume frente a los terceros y a las partes, las obligaciones que la normativa vigente impone (ley 11.867: 4, 10 y 11).

Desde luego que ello no impide que los sujetos que acordaron la transferencia y el intermediario pactaran en forma distinta al régimen de la ley. Las partes son libres de celebrar cualquier tipo de negocio con la amplitud de criterio que estimen pertinente; como lo autoriza el CCIV: 1197, siempre, desde luego, que no se afecten principios de orden público, morales o de buenas costumbres (CCIV:

21 y 953), dado el carácter de supletorio que revisten, en principio, las preceptivas, de la ley orgánica sustancial.
Código de Justicia Militar, justicia militar, guerra
Materia: MILITAR
Carátula: Flores Hugo A. s/ infr. art. 84 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

El art. 108 del Código de Justicia Militar no exige, entre las circunstancias que determinan la competencia militar, en tiempo de guerra, el carácter de beligerante de las fuerzas argentinas.
Aborto, aborto con consentimiento, prueba, pericia médica, falta de notificación, nulidad procesal, cuerpo del delito
Materia: PENAL
Carátula: KANTT, Jaime y otros. s/ ABORTO - PRUEBA PERITOS - NULIDAD PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-12-11

1) No es nula la peritación médica que no fue notificada a las partes si la decisión adoptada por el magistrado instructor se debió a razones de extrema urgencia que lo obligaron a secuestrar los instrumentos del delito y a disponer medidas tendientes a acreditar el cuerpo del delito, independientemente de los peritajes que luego correspondan y que son su consecuencia directa. Por otra parte, no habiendo planteado la defensa la descalificación del peritaje en la etapa instructoria, la nulidad por defecto formal quedó subsanada por no haberse reclamado en la misma instancia en que fue cometida.

2) Hállase acreditada la culpabilidad de los prevenidos por el delito de aborto con la declaración de las mujeres grávidas que consintieron su propio aborto, por las deducciones que arrojan los análisis realizados en concordancia con los peritajes correspondientes y la opinión fundada científicamente por los dictámenes químicos y médicos forenses, todo lo que demuestra que las mujeres estaban grávidas y que el huevo fecundado estaba vivo cuando fueron sometidas a las maniobras ginecológicas.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, sentencia, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Itzigsohn de Márquez, Martha Paulina y otro. s/ arts. 109 y 110 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-28

Es incompatible con las garantías de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, que la sentencia introduzca de oficio una acción no planteada.
Contrato de trabajo, trabajador permanente, prestación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: B., A.E. c/ M.S. SA s/ Cobro de Pesos -Laboral-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-04-23

Es que la vinculación permanente no requiere, necesariamente, una realización de tareas que abarque la jornada normal y todos los días hábiles; puede comprender prestación de servicios que se repitan conforme a las exigencias propias de las particularidades del objeto empresario y con independencia de la voluntad de las partes. Tampoco obsta a entendérselo de tal manera que el desempeño no haya sido exclusivo.