Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-27


Salta, 27 de Junio de 2011.

AUTOS Y VISTO: Este Expte. Nº 29.564/11 de la Cámara de Acusación, Sala II, caratulado: "INCIDENTE DE SEMILIBERTAD DEL INTERNO PENADO QUIROGA, MAXILIANO ANTONIO EN EXPTE Nº 7441/11 DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN", del Distrito Judicial del Centro; y ______________________CONSIDERANDO El Dr. LUIS FELIX COSTAS, dijo:

Que arriban los presentes obrados a esta alzada en virtud del recurso de apelación impetrado a fs.39/41 y vta. por la defensa técnica en contra del auto resolutivo de fs.28/29 que deniega a Maximiliano Antonio Quiroga la solicitud del beneficio de semilibertad de conformidad a lo dispuesto por los arts. 15 y 17 inc. IV de la Ley 24.660. El recurso fue promovido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

Que el a-quo a fin de resolver sobre lo peticionado por el interno Quiroga, analiza los requisitos establecidos en el art. 17 de la Ley 24.660 señalando que cumple con las exigencias de orden temporal, calificación de conducta y ausencia de causas pendientes, pero no cuenta con el concepto favorable del Consejo Correccional. Señala que este organismo no se expidió por la incorporación de Quiroga al periodo de prueba, destacando el retroceso que importa para el penado el haber sido pasible de sanción disciplinaria días antes. Entiende necesario lo recomendado por dicho Consejo, esto es que previo al usufructo de semilibertad, el interno sea incorporado a la Fase de Confianza en establecimientos abiertos o semiabiertos a fin de valorar autodisciplina, responsabilidad y compromiso con el proceso rehabilitador.

No conforme con lo decidido por el juez de grado, puntualiza la apelante sus especificaciones críticas en torno a la arbitrariedad que importa la denegatoria por cuanto no da razones para apartarse de las conclusiones favorables del Organismo Técnico Criminológico, limitándose a transcribir el informe del Consejo Correccional sin formular valoración alguna ni explicar cuál es el riesgo concreto que podría existir de acceder Quiroga al beneficio peticionado. Que los informes de los organismos técnicos no son vinculantes y el juez debe resolver conforme a la sana crítica racional. Considera por ello arbitrario al auto en crisis en el que además sólo hubo una fundamentación aparente, asimilable a la falta de fundamentación que acarrea su sanción de nulidad en los términos del art. 115 del C.P.P.. Cuestiona asimismo por arbitrarias las conclusiones del Consejo Correccional, cita jurisprudencia que considera aplicable al caso y peticiona se revoque la resolución atacada disponiéndose en su reemplazo la concesión del beneficio reclamado a su defendido.

Que así planteada la cuestión a resolver debe señalarse ab initio y respondiendo a los agravios de la apelante, que no es lo mismo falta de motivación que una motivación insuficiente. La falta de motivación significa no explicar o asentar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que la decisión contiene, puesto que motivar es la obligación de consignar las causas o razones que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el decisorio, extremo que da lugar a la sanción de nulidad ( Art. 115 del C.P.P.). La insuficiente motivación no da lugar a la aplicación de la sanción procesal, ello porque no cualquier defecto de razonamiento es suficiente para anular una resolución, de suerte que ésta se mantendrá válida si, no obstante advertirse deficiencias o errores, cuenta en su motivación con el mínimo necesario para justificar el dispositivo, sin evidenciar una omisión sustancial en ella.En el caso que nos ocupa, entendemos que no se verifica ni aparente ni insuficiente motivación en el decisorio en crisis, toda vez que las razones explicitadas alcanzaron para sustentar la convicción del Juzgador con respecto a la improcedencia del beneficio peticionado a favor de Quiroga, aunque a la defensa no satisfaga, de lo que podemos concluir que en el sub-judice no nos encontramos en presencia de un equivalente a una ausencia o aparente motivación que amerite sancionar de nulidad a la resolución atacada.

Sentado ello, debe señalarse que el principio rector del régimen penitenciario de nuestro país consagrado en la Ley Nº24.660 es la progresividad. Siguiendo a García Basalo se afirma que para considerar que un régimen es progresivo es imprescindible que reúna tres notas distintivas: a) División del tiempo de la sanción penal en partes con un contenido propio, diferente en alguno de sus elementos o métodos del grado, periodo o fase que lo precede o sucederá; b) avance, detención o retroceso a través de los grados, periodo o fases, mediante una valoración actualizada del condenado. Esta evaluación, puramente objetiva hasta caer en lo mecánico en las técnicas iniciales, por la introyección criminológica que experimenta el régimen penitenciario, consiste en un juicio sobre el grado de rehabilitación alcanzado y c) la posibilidad de la incorporación social del penado antes del vencimiento del título ejecutivo. Nuestro régimen reúne estas características, ya que el art. 12 determina que el régimen de progresividad comprende distintos periodos o fases como el de observación, tratamiento, prueba y libertad condicional. Cada uno de estos periodos, a su vez, tiene su propio contenido, así el art. 13 define el periodo de observación, el art. 14 el de tratamiento, el art. 15 el de prueba y el art. 18 el de libertad condicional.

Surge de las constancias de fs.4 que el interno Quiroga al 07/04/2011 transita por el Periodo de Tratamiento en la Fase de Consolidación. Las características del periodo por el que atraviesa es la posibilidad de su fraccionamiento en fases, atenuando las restricciones propias de la pena, pero ese fraccionamiento reconoce como límite el que no se pueden adoptar medidas propias del Periodo de Prueba.

Esa sola circunstancia justifica el rechazo a la incorporación del interno al régimen de semilibertad. Pero debe señalarse además que conforme al art. 17 de la Ley 24.660 para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación al régimen de semilibertad es necesario que se verifiquen los requisitos señalados en los apartados I, II, III y IV y si bien el interno Quiroga satisface los tres primeros, no cuenta con el concepto favorable del Consejo Correccional. A ello debe sumarse que el art. 18 de la mentada ley establece que es menester que el Director del establecimiento carcelario, en el que se encuentra alojado el penado, sea el que proponga al Juez de Ejecución, mediante resolución fundada, la concesión de las salidas transitorias o del régimen de semilibertad, lo que tampoco acontece en el caso de marras tal como consta a fs.21. Idénticas preceptivas establece el Reglamento Interno de la Unidad Carcelaria en su art. 38.

No obstante ello y a fin de satisfacer la queja apelativa, debe también mencionarse que el Periodo de Prueba comprende sucesivamente, conforme al art. 15 de la Ley de Ejecución, tres momentos: la incorporación del penado a un establecimiento abierto, la concesión de salidas transitorias y la incorporación al régimen de semilibertad. Conforme al régimen de progresividad (art. 6) deben cumplirse las distintas fases de cada periodo y sólo excepcionalmente (art. 7) podrá el penado ser promovido a cualquier fase del Periodo de Tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones personales conforme a los resultados de los estudios técnico-criminológicos y mediante resolución fundada de la autoridad competente.

En el sub-lite se pretende la incorporación a la última fase del Periodo de Prueba, cuando no solamente no se ha logrado superar el periodo anterior, sino que no se ha demostrado sucesivamente el cumplimiento de los momentos o fases previas del periodo de Prueba. En efecto, Quiroga se desempeña desde el 05/07/2010 en el Taller de Panadería (fs.8) y la única salida transitoria que se le concediera obedeció a razones de enfermedad de su madre y no a las que el art. 16 de la Ley 24.660 establece.

En base a ello, cabe colegir que Maximiliano Quiroga no superó aún el Periodo de Tratamiento por lo que no puede gozar todavía de los beneficios del Periodo de Prueba y tal transición no se produjo justamente por la inconducta del propio penado (sanciones disciplinarias) que lo llevaron a retroceder en orden a la aspiración de progresar en el régimen.

El régimen de semilibertad tiene un objetivo muy concreto de carácter laboral: el trabajo del penado fuera del establecimiento carcelario y representa una modalidad de la ejecución de la pena privativa de la libertad con la que se procura preparar al interno para su futuro reintegro al medio libre a través de la libertad condicional o la libertad asistida con un pronóstico positivo de readaptación social.

Cabría preguntase cuál es la actividad laboral que sustenta la pretensión del beneficio de semilibertad que peticiona el apelante. De las constancias de autos se advierte que el presupuesto de la fuente de trabajo está dado en relación a Convenios Municipales acordados con la Dirección Administrativa del Servicio Penitenciario. Ocurre sin embargo, que la incorporación del interno y sus posibilidades no cuentan con ningún aval del servicio, al menos con la formalización suficiente para poder interpretar que el recurrente ya se encuentra incorporado al Programa de mención y a consecuencia de ello demanda el régimen de semilibertad. En otros términos, la acreditación de contar con el trabajo referido deviene en un presupuesto necesario para la ulterior concesión del régimen de semilibertad a fines de facilitar aquel objetivo.

Si bien puede afirmarse (fs.8) que Quiroga habría adquirido hábitos laborales por su desempeño en el Taller de Panadería y que posee habilidades manuales en el tallado de madera, aún no da muestras que se encuentra en condiciones de ejercer un control serio y responsable de sus acciones.

Los cuestionamientos de la recurrente, lejos de contrarrestar lo decidido por el magistrado, resultan meras argumentaciones defensivas frente a la real situación del penado en su progresividad. Idéntico reparo merecen las alegaciones en torno a lo opinado por el Consejo Correccional.

De allí que resulta acertada la decisión jurisdiccional, toda vez que arriba a ella -conforme el análisis efectuado en el presente pronunciamiento- en base en la normativa que rige el instituto y valorada de acuerdo a la sana crítica racional que reclama la defensa. Aparece asimismo con idéntico juicio la incorporación de Quiroga a la Fase de Confianza en establecimientos abiertos o semiabiertos para el logro de los fines allí destacados.

En razón de lo aquí señalado merece confirmación el auto apelado y rechazar la vía impugnaticia intentada.

El Dr. ENRIQUE GRANATA, dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, _________LA SALA II DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, ________________________RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs.39/41 y vta. y en su mérito CONFIRMAR el auto resolutivo de fs.28/29, debiéndose efectivizar a través de la autoridad penitenciaria la incorporación del penado Maximiliano Quiroga a la Fase de Confianza, asignándolo a establecimiento abierto o semiabierto y continuar con tratamiento psicológico.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al Juzgado de origen.