Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-28


SENT Nro. 183 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 28 DE MARZO de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, presidida por el doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de la imputada contra la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala IIIa., del 25/9/2002 obrante a fs. 376 y vta., que es concedido por el referido tribunal mediante resolución del 18/11/2002 (cfr. fs. 383 y vta.). En esta sede, conforme consta en informe actuarial de fs. 388 no se presentó memoria de sostén. A fs. 389/390 el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo del recurso casatorio. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte el recurso de casación interpuesto por al abogado de la defensa en contra de la sentencia de fecha 25 de septiembre de 2002 por la cual la Sala IIa. de la Cámara Penal no hizo lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba. El recurso fue concedido por el mismo juzgado en la resolución de fecha 18 de noviembre de 2002.

2.- El recurrente expresa que existe por parte del tribunal una errónea interpretación de la probation en razón de que no se analizó la función de dicho instituto. En este sentido, indica que la doctrina moderna ha sostenido que la suspensión del juicio a prueba tiene un claro propósito preventivo a través de una doble función: por un lado, permite rehabilitarse al sujeto activo de un delito y, por otro, evita el aumento de la delincuencia. Por estas razones -continúa el recurrente- y ante demostrada inutilidad de las penas privativas de libertad es que parte de la doctrina se adhirió a la corriente amplia que extienden el texto del art. 76 bis para los supuestos que excedan de tres años pero que les pueda corresponder condena de ejecución condicional.

Señala que la Cámara no merituó las circunstancias particulares del caso, los antecedentes personales de su defendida y la finalidad perseguidas por el instituto de la probation como lo sostuvo la CSJT en diferentes fallos. Para el recurrente se incurrió en una errónea interpretación del derecho sustantivo y adjetivo aplicables en la especie (arts. 76 bis, 40, 41 del CP, 193 del CPP, 28 de la Constitución de la Provincia y 33, 34, 40 y 273 del CPCC de aplicación supletoria al fuero).

Expresa que la tesis restrictiva sostenida por el tribunal no guarda razonabilidad y conspira con la finalidad del instituto de la probation prevista en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Insiste en que el análisis en abstracto de las penas sin un examen pormenorizado de las circunstancias del caso y conducta de la imputada, constituyen un claro apartamiento del orden jurídico.

3.- Los planteos expuestos por el recurrente afirman que el texto del art. 76 bis del CP regula dos situaciones, por un lado, la aplicación de la suspensión del juicio a prueba que podríamos denominar en abstracto, es decir, circunscripta a los delitos cuya escala penal en abstracto no exceda los tres años de prisión o reclusión (primer párrafo de art. 76 bis) y, por otro, en concreto, en aquellos casos en que la condena aplicable no supere los tres años sin interesar si el delito fija una pena superior al límite trienal (cuarto párrafo del art. 76 bis). Esta interpretación implica extender el ámbito de aplicación del instituto de la probation más allá de delitos correccionales para cubrir una extensa variedad de delitos de los cuales sólo quedaría fuera de su égida los gravísimos.

Más allá de la correcta o errada redacción del art. 76 bis no es posible a través de una ajustada interpretación de su texto inferir el alcance pretendido por el recurrente. La CS ha señalado que "la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, y las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tiene en la vida diaria, y cuando la ley emplea varios términos sucesivos es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del interprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador" (Fallos 200: 176).

Asumiendo como propios los lineamientos hermenéuticos expuestos por nuestro más alto tribunal debemos señalar que la norma citada contempla en su texto un solo supuesto de suspensión del juicio a prueba, el cual está referido a los casos en que este instituto es aplicable en abstracto. En efecto, el primer párrafo del art. 76 bis establece con claridad el ámbito del instituto, es decir, los ilícitos cuya pena máxima no supere los tres años de prisión, límite que se mantiene en el supuesto de concurso de delitos expuesto en el segundo párrafo. Subsiguientemente la norma fija en un párrafo más extenso los requisitos que debe cumplir el imputado al presentar la solicitud, la actuación del magistrado y los efectos de tal actuar en relación a la acción civil. El cuarto párrafo expresa que "si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio". Los párrafos quinto y sexto señalan la situación en que sea reprimido con pena de multa el delito aplicable en for ma conjunto o alternativa con el de prisión como el fin de los bienes que resultarían decomisados en caso que recayera condena. Los últimos dos párrafos describen los casos particulares en que no procede la suspensión del juicio a prueba.

Esta sucinta reseña del artículo 76 bis busca exhibir como en el mismo trazado del artículo la presencia de un nuevo supuesto produciría un quiebre en la estructura del mismo. En efecto, la norma describe en primer lugar los tipos de situaciones que abarca el instituto para luego indicar pormenorizadamente las condiciones de procedencia del mismo. Las circunstancias del caso analizados por el tribunal como el consentimiento del fiscal descripta en el párrafo cuarto aparecen, entonces, como condiciones necesarias para el otorgamiento del beneficio que se concatenan en forma coherente con la que viene exponiendo la norma. Se arriba a tal conclusión por la organización global del artículo que queda evidenciada en los términos en que el párrafo quinto enuncia un nuevo requisito "...será condición, además...", es decir, que esta condición se engarza a los descriptos en el párrafo anterior.

Igualmente, aceptar la doctrina amplia también significaría sostener que el consentimiento del fiscal es una condición reservada sólo para el supuesto en concreto y no para el abstracto cuando esta Corte ha señalado en reiteradas resoluciones el carácter necesario, ineludible y vinculante del dictamen fiscal para su otorgamiento de acuerdo con el rol que ha adquirido en nuestro sistema penal la figura del ministerio público. En igual sentido, la doctrina indicó que "...la tesis amplia no se compadece con el rol que le asigna al ministerio público los ordenamientos procesales que dejaron atrás el sistema inquisitivo, como ocurre con el Código Penal de la Nación que en sus arts. 5 y 65 deposita en cabeza de ese ministerio el ejercicio de la acción pública en conformidad con lo establecido por el art. 120 de la Constitución Nacional....toda vez que solo en una de las hipótesis sustentadas por ellos, la anuencia del ministerio público tiene carácter de vinculante , y en la restante no...". (Gustavo E. Aboso, "Suspensión del juicio a prueba: El límite de tres años de prisión o reclusión como condición de su viabilidad en la jurisprudencia", LL del Litoral, 1999-969).

Asimismo, ante las posibles deficiencias o errores en la redacción o la organización de la norma corresponde como lo ha señalado nuestra CS indagar sobre el espíritu de la ley o la voluntad del legislador. En relación a este punto tampoco quedan dudas, el informe del Presidente de la Comisión de Legislación, diputado Antonio M. Hernández afirma: "lo que se suspende es el juicio, pero no el proceso sumarial, limitándose la aplicabilidad de la suspensión a los casos de delitos que efectivamente sean de menor gravedad, es decir, aquellos cuya pena máxima no supere los tres años....se ha establecido como límite ...la prisión o reclusión de tres años...Estos, en Capital Federal, son de competencia de los jueces Correccionales y nosotros sabemos la situación de colapso en que se encuentra la Justicia Correccional" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Sesión del 18/5/93, ps. 1317 a 1324, citado en C. Penal Prov. de Santa Fe en pleno, 22/12/98, Zalazar, Eduardo R., JA 1999-1-553).

El criterio citado, que fue sostenido en la Cámara de Senadores por el doctor De la Rúa al debatirse el proyecto, fija sin vacilaciones la frontera en los cuales los legisladores pretendieron depositar el instituto de la probation que, como se desprende de sus dichos, no posibilita otra interpretación que la sostenida por la Cámara.

De lo expuesto, concluyo que conforme surge de la letra de la ley y a su estructura, de la voluntad del legislador y los fines del instituto la sentencia impugnada ha resuelto correctamente la cuestión planteada por el recurrente.

En consecuencia, corresponde desestimar el recurso interpuesto con costas por aplicación del principio general en la materia.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por el abogado de la defensa en contra de la sentencia dictada por la Sala IIa. de la Cámara Penal de fecha 25 de septiembre de 2002.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.-	HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR