marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados de comercio, convenios colectivos de trabajo, seguro de vida
Materia: LABORAL
Carátula: RODRÍGUEZ, IRMA DEL CARMEN. c/ FERNÁNDEZ, ÁNGELA MARÍA Y OTRO. s/ COBRO DE PESOS POR SEGURO COMPLEMENTARIO. Y OTRO. s/ COBRO DE PESOS POR SEGURO COMPLEMENTARIO. Y OTRO. s/ COBRO DE PESOS POR SEGURO COMPLEMENTARIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-12-21

En virtud de la existencia de decisiones contradictorias de dos salas de la Excelentísima Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Minería ante situaciones análogas, corresponde declarar procedente el recurso de casación interpuesto por la actora por la causal prevista en el Art. 15 inc. d) de la Ley 1.406.

En consecuencia, la Sala Civil del T.S.J. establece la siguiente pauta interpretativa del Acta acuerdo, protocolos y modificaciones por los cuales se implementa el seguro de retiro complementario para los empleados de Comercio; diferenciando dos cuestiones:

A) el trabajador -o trabajadora- de comercio carece de legitimación para requerir el pago de los aportes a su empleadora, porque ello ha sido impuesto a favor de una de las partes signatarias del Acuerdo referenciado.

B) En cambio, el trabajador -o la trabajadora- tiene legitimación para reclamar al empleador el pago de la indemnización por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del pago de los aportes (Art. 79 L.C.T.), al ver frustrado su derecho a reclamar los beneficios del sistema de retiro complementario.
Injurias, nota periodística, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: H., P c/ F., V. .I s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

Habiendo sido acreditada la acción antijurídica por las injurias vertidas en un medio gráfico, y que quien resultó afectado por la misma fue el actor, cabe presumir in re ipsa el daño moral que invoca éste último y, por tanto, corresponde rechazar el argumento de la demandada referido a que el daño debió ser probado.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sánchez, Maximiliano Gastón c/ La Segunda ART S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-30

La sentencia atacada no respeta el derecho a la jurisdicción, al incurrir en arbitrariedad por omisión de considerar adecuada y fundadamente las cuestiones propuestas por el recurrente, siendo consecuencia ineludible de lo expresado que el pronunciamiento incurre en un ostensible incumplimiento del mandato consagrado por el artículo 95 de la Carta Magna provincial al sustentar la aplicación del precepto legal en juego mediante un razonamiento formal e impreciso, desvinculado de las específicas modalidades del caso y de los hechos comprobados de la causa, recordandose que la exigencia constitucional de que los fallos se motiven, no impone al juzgador desarrollos minuciosos, bastando que mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga por sí misma, no apareciendo como pura afirmación caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial; no imponiendo tampoco la motivación suficiente exigida por la Ley Suprema un cartabón de quantum sino de calidad de las argumentaciones que le sirven de sustento, lo cual supone correlación entre aquéllas y lo resuelto; y no existiendo una medida en la fundamentación de sentencia judicial, sino que bastará con que la misma contenga fundamentos mínimos suficientes, debida fundamentación o sustento necesario como condición de su validez, exigencia que en suma no se encuentra cumplida en la especie. - CITAS: CSJStaFe: AyS, T 64, p 53; T 65, p 424; T 314, p 434; - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 95
Daño por vicio o riesgo de la cosa, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: R. F., J. L. c/ F. T. S.R.L. y P. ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-11

En similar senda se ha declarado que la calificación de riesgosa de una cosa no depende solamente de su peligrosidad intrínseca, sino, también, de su actitud potencial para producir un daño.
Juicio ejecutivo, protesto, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO ROBERTS S.A. c/ ROUGES JORGE LUIS Y OTRO s/ COBRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-21

Tal como lo ha dicho prestigiosa doctrina, el protesto se configura como de cumplimiento necesario a fin de preservar las acciones del título contra los obligados de regreso.

Ello así, en tanto las únicas sanciones por falta de presentación -establecidas por la ley- son las contempladas en los incisos a) y c) del art. 57 del dcto. ley 5965/63 que importan la pérdida de las acciones regresivas pero dejan incólume la posición del obligado directo.

Siendo así, la omisión del protesto o presentación del pagaré a la vista al obligado directo, no produce la inhabilidad del título, ni afecta la posición del principal obligado.

De conformidad a lo preceptuado por los arts. 46 y 57 de la preceptiva citada, al asimilarse el suscriptor del pagaré al girado aceptante de la letra de cambio, se ejercerá contra éste la acción directa y no la de regreso; circunstancia que ha llevado a afirmar que el protesto no constituye una diligencia indispensable a los efectos del ejercicio de la acción mencionada.

En la especie, y tal como lo destacara el pronunciamiento recurrido, la actora ejerce una acción ejecutiva directa contra el librador del pagaré, lo que obsta a la procedencia de la defensa de inhabilidad de título en los términos planteados.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, servicio público, derecho privado, derecho público, multa, Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia aplicable
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Aguas Santafesinas S.A. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-14

Independientemente del carácter que corresponda asignarle a la empresa prestataria del servicio público, el magistrado penal ha omitido considerar y evaluar el punto central para la dilucidación de la causa que aquí nos ocupa, en tanto la primera cuestión que debió ser examinada giraba en torno a si correspondía al Poder Judicial revisar la legitimidad de la multa impuesta a la apelante, y la respuesta afirmativa se impone por una doble vía: la primera porque, de considerar que la empresa actora es un sujeto del derecho privado, no podía caber duda alguna respecto a la aplicación al caso del artículo 99 de la ley 10160, que impone a los jueces penales dicha competencia; y la segunda porque si, en sentido contrario, se hubiera concluido que la empresa es un ente público, dicha solución no se habría visto modificada, desde que en ese marco, el máximo Tribunal nacional ha sostenido en un precedente aplicable al caso que resultaba inoficioso resolver en una causa en la que se confirmó la multa impuesta por un ente nacional, si la recurrente revestía carácter estatal, pues una adecuada inteligencia del artículo 1 de la ley 19983 en su aplicación al caso, permitía afirmar que la facultad punitiva de imponer multas no podía ser asimilada a los reclamos pecuniarios a que se refería el citado precepto, correspondiendo aclarar en este punto que la ley nacional 19983 es casi idéntica a nuestra ley provincial 7893, y remarcando posteriormente la Corte Nacional que el artículo antes mencionado no era óbice para que el Poder Judicial revisara la legitimidad de una multa administrativa impuesta a una persona estatal. - CITAS: CSJN: Fallos: 306:1195; Fallos: 312:459. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 99; Ley 7893, Ley nacional 19983, artículo 1
Actos de mando, funcionarios públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Godoy, Jorge Omar, reg. 240/17 c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-16

Para que surja la responsabilidad de mando, necesariamente la persona acusada debe detentar una posición de mando, la noción de "mando" debe necesariamente ser analizada desde la perspectiva desde la cual tal poder es ejercido, y por ello su análisis debía realizarse junto con la noción de "control efectivo".
Reajuste jubilatorio, asignaciones no remunerativas, movilidad del haber jubilatorio
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CARDINALI, OSVALDO PASCUAL Y OTROS c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-08-26

El art. 43, inc. e) de la ley 8024 -to Decr. 40/2009-, referido a la fecha de pago de las rectificaciones o reajustes del haber jubilatorio, debe ser interpretado en forma armónica con el art. 44 de ese cuerpo legal, de modo tal que las diferencias demandadas por los actores con base en la falta de inclusión en su liquidación de las sumas no remunerativas que perciben los empleados en actividad, deben abonarse hasta dos años antes a la fecha de los reclamos, con los intereses correspondientes.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco  de  la Nación Argentina c/ Monti, Aldo Horacio s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-11

Son descalificables por arbitrariedad las sentencias que omiten el examen de alguna cuestión oportunamente propuesta, siempre que así se afecte de manera sustancial el derecho del impugnante y lo silenciado pudiere resultar conducente para la adecuada solución de la causa.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, exceso de velocidad, avenida
Materia: CIVIL
Carátula: SERRA JUAN D c/ T. A. VARELA S.A s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-29

Si bien en las avenidas de tránsito ligero no se acostumbra a reducir a menos de 20 Km. la velocidad en la bocacalle, ello sin embargo no exime a los conductores de disminuirla en forma prudencial y tomar los recaudos necesarios para evitar la producción de accidentes.
Acción de amparo, jueces, intangibilidad de la remuneración, pago de la remuneración, depreciación monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grieben, Héctor y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

No ha existido deterioro de los salarios de los jueces, digno de amparo, por el tiempo posterior a junio de 1985 y hasta octubre de 1986.
Acto administrativo, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Frías de Ortiz, Inés Teresa c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

Entendido como un privilegio en favor de la Administración, el denominado agotamiento de la vía administrativa previa merece una interpretación restrictiva. Uno de los supuestos en que no es exigible se configura cuando la administración no la opone como defensa o la renuncia. Se trata de una facultad discrecional creada en favor de aquella, en razón de lo cual, dado su carácter de privilegio, se le ha atribuido naturaleza "renunciable".
Daños y perjuicios, fórmula matemática
Materia: PROCESAL
Carátula: Sudan López, Iro Ito c/ Empresa Compañía Argentina de Petróleo (CAPESA) y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-09-28

Una de las funciones más delicadas, para un Magistrado, es la de establecer un valor justo, para indemnizar un daño a la integridad física de una persona. En su eterna búsqueda de perfección en esta determinación, nuestro Tribunal Superior de Justicia ha dicho que:

ôsiendo que en definitiva se impone con mayor vigor el criterio de instrumentar las técnicas matemáticas financiera para el cálculo del lucro cesante , sin perjuicio de que el prudente arbitrio judicial sirva para llenar las incognitas que contenga la fórmula, inclusive, aunque el resultado obtenido luego aumente o disminuya a raíz de determinadas circunstancias concurrentes en el caso.ö La casuística jurisprudencial sobre el tema, muestra la inquietud por llegar a un resultado justo. El recurrir al prudente arbitrio, es un camino y, otro, lo constituye el valerse de una fórmula como la planteada en estos autos, que permite establecer un capital que, puesto a producir intereses, y con retiros periódicos, se agote al cabo de un determinado tiempo. Pero esta fórmula no se debe aplicar a rajatabla, sino que se la debe usar como una pauta más para permitir al Magistrado establecer un resultado justo. Por ello se recurre a factores correctivo, y así, se comenzó por descontar, en casos de muerte, lo que la propia víctima consumia o utilizaba en su propio provecho, habida cuenta que, al no descontarlo, los reclamantes recibirían el equivalente a una suma mayor que las que les aportaba la víctima. Después se advirtió que se debía tomar un promedio, y no la mejor remuneración; que se debía ponderar el grado de parentesco y la asistencia brindada. Se rechazó una proyección futura y se tomó el ingreso con la deducción de los aportes o retenciones de ley, y luego, se dio precisiones sobre la forma de practicar el descuento de los haberes abonados con posterioridad al accidente, en proporción a la incapacidad laboral.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia interlocutoria
Materia: LABORAL
Carátula: Bacal de Wofthal, Riza c/ Cosméticos Avón S.A.C.I. s/ Indemnización por despido. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-28

La sentencia interlocutoria que resuelve cuestiones incidentales durante el desarrollo del proceso o con posterioridad a la sentencia que puso fin al pleito, aunque cause gravamen irreparable, no es susceptible de recursos (arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación penal, recurso de inconstitucionalidad, apelación en subsidio, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cavallo, Domingo Felipe s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-05

Tanto el recurso de casación como el de inconstitucionalidad ensayados no resultan viables al no haberse intentado agotar previamente la vía de la apelación. (Dres. Tragant y Ledesma).
Sentencia arbitraria, falta de prueba, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: J., A. M. c/ EL CONDOR ETSA y Otros s/ SUMARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-02-04

Cuando se procede a la exclusión arbitraria de una prueba esencial o decisiva el tribunal de mérito prescinde ilegítimamente en su motivación de los elementos que tiene el deber de valorar y la sentencia será nula.
Infracciones aduaneras, prescripción quinquenal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BLANCO, ANTONIO s/ RECURSO DE APELACION - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

Cuando el art. 122, se refiere a sanciones, alude al transcurso del tiempo para aplicarlas, lo que sólo implica el ejercicio de la potestad de la Aduana, para lo cual no se requiere obviamente la notificación de la resolución condenatoria que será cronológicamente posterior; sin embargo dicha sanción deberá quedar firme dentro del plazo quinquenal previsto.

En el caso de autos, se cumplieron largamente los cinco años de prescripción, entre la fecha de la resolución (1966) y la de notificación (1973), máxime que es recién a partir de ésta última que el actor puede interponer los recursos que la ley autoriza.

Si bien la ley 17.074, dispuso suspender al prescripción durante los años 1967, 1968 y 1969, no cabe que se aplique tal norma en materia represiva -cual es de análisis, en que se trata de una infracción cometida en 1964-, toda vez que configura "ley penal" posterior al hecho y más gravosa para el imputado.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S. de H., F. c/ H., R. J. s/ Separación personal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-07

La agresión y las lesiones comprobadas nos muestran a lo largo del tiempo una reiteración de agresiones que, en más de una oportunidad provocaron el alejamiento momentáneo de la esposa agredida del hogar conyugal, para luego regresar al mismo y reanudar la vida marital.

Es precisamente esa conducta o modo de comportamiento para con el cónyuge, esa habitualidad o reiteración en el insulto, en el golpe y en la ebriedad, que de alguna manera traducen una modalidad en la forma de llevar adelante la vida en común, lo que tipifica la causal de malos tratos que en forma autónoma contemplara la norma de la ley 2393 y que hoy se encuentra comprendida en la causal de injurias graves del art. 202 inc. 4° que actuará en Juez en la especie.
Suspensión de juicios contra el Estado, Procuración del Tesoro
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARAUJO, PABLO R. s/ SUSPENSION DE JUICIOS CONTRA EL ESTADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-02

Cuando al analizar las causas comprendidas en el art. 1ro. del Dec. 34/90 (suspensión de juicios contra el Estado) los jueces advierten "prima facie" irregularidades manifiestas que pudieran entenderse como elementos indiciarios de posibles ilícitos cometidos en la defensa del Estado, podrán dar intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sind. Gral. de Empresas Públicas, según corresponda para que ejerzan las facultades que las normas citadas les otorgan.

En mérito de lo expuesto se decidió la prosecución del trámite de la causa.
Vocación hereditaria, cónyuge culpable, exclusión hereditaria, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: PAZ FELIPA GREGORIA c/ ALZOGARAY MARIA SANTOS s/ EXCLUSION DE HERENCIA-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-05-29

Sólo el cónyuge culpable de la separación de hecho es excluido de la herencia. Lo único que puede variar, es sobre quién pesa la carga de la prueba, que algunos la hacen recaer sobre quienes cuestionan la vocación hereditaria del cónyuge supérstite, puesto que opinan que el cónyuge aún separado de hecho conserva su vocación por la sola inercia de su título. En cambio otros, cargan la producción de la prueba sobre el mismo cónyuge que pretende derechos hereditarios.
Honorarios, juicios contra el Estado, costas al demandado, honorarios del perito, perito contador, Ley Complementaria Permanente de Presupuesto
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA DE VIVIENDA LA NAVAL ARGENTINA LTDA. c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ INCIDENTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

El art. 13, Ley 11.672 (T.O. Decreto 140.890/43), Complementario Permanente de Presupuesto, sienta un principio de indudable importancia: la prohibición de peritos oficiales y profesionales de cualquier categoría que desempeñan empleos a sueldo de la Nación a reclamarle honorarios cuando es la Nación, o sus reparticiones, la condenada en costas (cfr. Fallos: 269:125). Principio ese que, si bien se medita la cuestión, no difiere en sustancia del art. 2°, Ley 21.839, que veda a los letrados todo reclamo por honorarios cuando el Estado Argentino ha sido vencido, con costas. Y si los letrados que han llevado la responsabilidad de sostener todo el proceso no tienen derecho a honorarios de ninguna especie, parece de toda lógica interpretar que esa prohibición se extiende a otros profesionales (como lo dice el precitado art. 13, Ley 11.672) que, de un modo u otro, han tenido participación en el mismo juicio en defensa de los intereses de la Nación. No cabe aquí argumentar con el principio del art. 1627, Código civil, porque la situación de peritos (sean de oficio o consultores, lo que no cambia su esencia) no les da derecho a honorarios cuando la Nación resultó vencida y debe cargar con las costas. Si los letrados tienen cohibida toda pretensión de honorarios contra el Estado Nacional (art. 2° del arancel) no se ve la razón por la cual si podrían ir contra el los peritos o consultores técnicos, empleados a sueldo; máxime si se trata de contadores públicos, a los que alcanza por vía analógica el art. 12 del decreto-ley 16.638/57.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras, proceso penal, sistema acusatorio, Poder Legislativo, principio de progresividad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: RIOS, CLAUDIO ADRIAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-11-03

El máximo Tribunal federal ha dicho que "la jurisprudencia constitucional ... en ningún momento declaró la inconstitucionalidad de las leyes que establecieron procedimientos que no se compaginaban con la meta constitucional (del sistema acusatorio), lo que pone de manifiesto la voluntad judicial de dejar al legislador la valoración de la oportunidad y de las circunstancias para cumplir con los pasos progresivos"; esto dicho, más allá de reafirmar la necesidad de avanzar progresivamente hacia el establecimiento de un proceso penal plenamente respetuoso de la Constitución Nacional, "progresión legislativa (que) se va cumpliendo con lentitud a veces exasperante, pero respetada por los tribunales".
Reformatio in pejus, pena, cambio de calificación legal, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LEON GARAY, Pedro R. A. s/ Causa 44.382
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

Disidencia parcial del Dr. Donna: Ninguna modificación en la calificación que agrave la situación del imputado, puede hacerse, cuando éste apela y aunque la cuestión no sea referente a la pena sino al injusto, eventualmente podría causarle más problemas si se tuviera que hacer una unificación de condenas.
Trabajador autónomo, trabajador en relación de dependencia, acumulación de beneficios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CHUST, ALFREDO s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-30

El decreto reglamentario número 3319/83 al establecer la acumulación de los haberes, para el caso en que existan servicios simultáneos en relación de dependencia autónomos, no establece distinción entre quienes hayan obtenido el beneficio con anterioridad a la vigencia de la ley 22955 y aquellos que lo hagan con posterioridad. La diferencia que establece el artículo 15 del mencionado decreto no se encuentra dirigida a quienes corresponden los beneficios de jubilación ordinaria, por invalidez o pensiones contempladas en el primer apartado del artículo 11 de la ley 22955, sino a quienes son titulares de otras prestaciones menores, referidas en el segundo párrafo del artículo.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, principios generales del Derecho, automotores, indemnización, destrucción total del automotor, ajuste de la prima
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Martín, Carlos c/ La Nueva Cooperativa de Seguros Ltda. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-10

El interés asegurable es definido por la LS 60 como el interés económico lícito de que un siniestro no ocurra, a lo que López Saavedra agrega que "...existe entonces cuando un determinado interés resulta o puede ser amenazado por un riesgo asegurado" (López Saavedra, Domingo, "Ley de Seguros Comentada y Anotada", Ed. La Ley, Bs.As., 2007, P. 61).
Accionar policial, facultades de la autoridad de prevención, portación de armas, arma reglamentaria
Materia: PENAL
Carátula: J. R. G. s/ Doble homicidio con arma de fuego, San Pedro de Jujuy
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-05-20

Un funcionario policial debe portar su arma reglamentaria en todo momento, conforme leyes atinentes a su ejercicio, esté de servicio o en calidad de franco de servicio, pues en lo que se refiere a su función hace que en todo momento deba actuar ante cualquier circunstancia que así lo requiera -Ley del Personal Policial y Ley Orgánica Policial-.