Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28


SENT.DEF.Nº 20347	EXPTE.Nº 21.608/2010 (29.703) JUZGADO Nº 29	SALA X AUTOS: "SANCHEZ MARGARITA ISABEL C/ SMG ART S.A. S/ ACCIDENTE- LEY ESPECIAL" Buenos Aires,28/09/2012	El Dr. ENRIQUE E. BRANDOLINO, dijo:

Fundado en que los arts. 21, 22, 46, inc. 1° y disposición adicional tercera de la ley 24.557, le impiden al trabajador ocurrir ante un órgano independiente para exigir la reparación de sus infortunios, restringiendo el acceso a la justicia del trabajo, vedándole el derecho a reclamar ante los jueces naturales mediante el debido proceso, la Sra. Juez "a-quo"declaró la inconstitucionalidad de tales disposiciones y le reconoció a la accionante, con sustento en el dictamen médico producido en autos, una incapacidad definitiva, parcial y permanente del 55% de la total laborativa, a consecuencia del accidente "in itinere" que sufrió el 4/12/09, condenando a la demandada al pago de la diferencia resultante de la incapacidad que, en su oportunidad, ésta le abonó conforme la incapacidad determinada por la Comisión Médica Jurisdiccional N° 1 (33,04%), con más los intereses devengados desde la fecha de infortunio.

Contra tal decisión recurre la accionada sosteniendo, en síntesis, que la sentencia es arbitraria porque: a) la intervención de la Comisión Médica no resulta por si inconstitucional, ni los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 son inconstitucionales, pues la intervención de órganos administrativos (Comisiones Médicas, legisladas por el dec. 717/96) no debe entenderse como un menoscabo de la garantía del debido proceso de los particulares, cuando aparece asegurada la posibilidad de ocurrir ante un órgano jurisdiccional, y la actora, conforme surge de las pruebas rendidas, ya fue debidamente indemnizada por la afección que reclama, aceptando de plena conformidad en instancia administrativa el pago; b) porque se decretó la inconstitucionalidad del art. 14, inc. 2.b) de la ley 24.557 respecto a la modalidad de pago allí establecida (renta periódica), y c) por el modo de imposición de costas (ver fs. 249/253).

También apeló la representación letrada de la parte actora y el ex letrado de la parte demandada, los honorarios que le fueron regulados a su favor por considerarlos reducidos (ver fs. 246 y fs. 254).

En punto al primero de los agravios, más allá de señalar el modo reiterativo de exponer la quejosa sus argumentos, lo cierto es que -a mi modo de ver- el planteo carece de trascendencia, porque desde que no está en discusión la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para conocer en conflictos como el presente (memoro además, en este sentido, como precedente, el fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Marchetti Néstor Gabriel c/ La Caja ART SA. s/ Ley 24.557", de fecha 04/10/2007), y como tampoco se planteó una suerte de cosa juzgada administrativa referida a la determinación de la incapacidad que porta el accionante (para impedir, eventualmente, su revisión en un proceso ordinario), y menos aún se cuestiona, en esta etapa, la incapacidad que, con apoyo en los dictámenes médicos producidos en autos, estableció la Dra. Funes Montes, no cabe más que confirmar lo resuelto en la instancia de grado, porque está demostrado, de modo concluyente, que la incapacidad determinada originalmente en sede administrativa por la Comisión Médica Jurisdiccional N° 1, no resultó correcta a los fines de reparar la real minusvalía de la trabajadora a consecuencia del infortunio que padeció (conf. art. 6 ley 24.557).

De todos modos, y para concluir este aspecto de la crítica, creo conveniente agregar que el dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional no cierra ninguna etapa administrativa, ni le impedía al trabajador, luego de los precedentes jurisprudenciales reseñados en el fallo de grado, recurrir a la vía judicial (hubiere o no pasado por dicha instancia) -conf. dec. 410/2001-. Tampoco el pago realizado por la recurrente tuvo efecto cancelatorio, porque aunque se prescinda de una disposición como el art. 260 L.C.T. (to), lo cierto es que obedeció, pura y exclusivamente, a la obligación que tienen las aseguradoras de riesgo del trabajo de abonar las prestaciones dentro del plazo de quince días desde la fecha en que la ART fue notificada de la homologación o el dictamen donde se determinó el porcentaje de incapacidad (Conf. Resolución 414/99 y 104/98 SRT).

En esas condiciones, y desde que incluso el pago aludido se realizó el 10/8/2010, o sea, posteriormente al inicio de estas actuaciones (el 10/06/2008, ver fs. 15vta. y fs. 162 -Anexo D de la pericia contable-), no se verifica razón alguna que permita sostener que el mismo tuvo efecto cancelatorio por ser suficiente, oportuno y eficaz.

El segundo de los agravios, a mi modo de ver, denota falta de interés recursivo de la parte, porque determinado el monto de la prestación por incapacidad laboral definitiva, parcial y permanente (o indemnización, como prefiera denominárselo), es indiferente para la recurrente que la actora perciba dicha suma mediante una renta periódica o en un solo pago, porque condenada como está a abonar la diferencia, en cualquier caso debe desembolsar ese importe en un solo pago, sea a la compañía de seguros de retiro, para la contratación de la respectiva póliza (conf. dec. 334/96), o directamente a la trabajadora.

La imposición de costas resuelta en la instancia de grado responde al principio objetivo de la derrota (conf. art. 68 C.P.C.C.N.) y a la integralidad de la reparación, pues la actora se vio obligada a litigar para obtener el reconocimiento de su real incapacidad (aspecto este que no mereció cuestionamiento alguno).

En lo que hace a los honorarios regulados en la instancia anterior a la representación letrada de las parte actora y ex letrados de la parte demandada, teniendo en cuenta el mérito y extensión de las tareas desarrolladas y las pautas arancelarias vigentes, estimo que los mismos lucen razonables y adecuados a derecho por lo que propicio su confirmación en esta instancia (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57)	Propongo imponer las costas de alzada a la demandada objetivamente vencida (art. 68 CPCCN), regulándose los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25% a cada una respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto, sugiero: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a la demandada objetivamente vencida (art. 68 CPCCN); 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25% a cada una respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

El Doctor DANIEL E. STORTINI, dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El Doctor GREGORIO CORACH, no vota (art. 125 LO).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a la demandada objetivamente vencida (art. 68 CPCCN); 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25% a cada una respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

ANTE MI: