Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-23


Causa Nº 18769/07 Caratulada: Incidente de apelación en subsidio en autos "GOMEZ, Matías Eduardo s/ Inf. Art. 111 C.C. " En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de octubre de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza y Silvina Manes, a efectos de resolver la presente causa de la que:

El Jorge A. Franza dijo:

RESULTA:

1) En las presentes actuaciones el fiscal de 1º instancia en lo contravencional, Federico Andrés Villalba Díaz, interpuso recurso de reposición y de apelación en subsidio (fs. 5/7) contra la resolución de fs. 3/4vta., mediante la cual la Sra. jueza de grado resolvió suspender el proceso a prueba respecto del imputado Gómez pero modificó la cantidad de días que éste debía realizar las tareas comunitarias pactadas por las partes.

2) Luego de correr la pertinente vista al Sr. defensor oficial (fs. 8/9), la a quo rechazó la reposición y concedió el recurso interpuesto en subsidio (fs. 10/11).

3) Oída la Sra. fiscal de cámara (fs.24/25vta.), pasan los autos a resolver.

CONSIDERANDO:

Admisibilidad del recurso.

4) El recurso de apelación ha sido deducido por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

No resulta ocioso recordar que el art. 279 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -de aplicación supletoria en función del art. 6 de la L.P.C.- establece que "el recurso de apelación procederá contra... los decreto, autos y sentencias... expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable".

El gravamen irreparable, es el "perjuicio cierto para alguna de las personas vinculadas al proceso, que no pueda ser reparado en la misma instancia, con el avance de las actuaciones, o de tal gravedad que no admita demora" (Luis Cevasco, Principios de Derecho Procesal Penal Argentino, Ed. Oxford, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 237). En igual sentido, "... puede inferirse que el gravamen irreparable resulta fundamentalmente configurado ante las siguientes situaciones: 1º) la ausencia de otra oportunidad procesal útil para obtener el amparo del derecho de que se trate; 2º) la magnitud del perjuicio económico que lleva aparejado el cumplimiento de la decisión; 3º) las dilaciones y trastornos que ésta es susceptible de ocasionar" (Lino E. Palacio, El Recurso Extraordinario Federal, Ed. Abeledo -Perrot, Buenos Aires, 1997, pág. 88).

De allí entonces, que habiendo el recurrente alegado la conculcación del debido proceso legal, por estimar que la magistrada se extralimitó en las facultades que le fueran conferidas por el art. 45 del C.C., la resolución cuestionada es pasible de generarle un gravamen irreparable, lo que habilita la vía recursiva intentada.

De los Agravios.

5) El agravio ensayado por el acusador público se centra en que la juez a quo "...dispone que las tareas comunitarias que deberá cumplir Gómez lo sean por el término de dos días y no de diez días, tal como había sido pactado, virtud de que V.S. las considera excesivas" (ver fs. 5 vta.).

El fiscal de grado expresó que el Código Contravencional en su art. 45 no otorga al magistrado ulteriores potestades de revisión de las condiciones pactadas entre el imputado el Fiscal, sólo lo habilita a aprobar o no el acuerdo celebrado, pudiendo rechazarlo, únicamente, cuando estimara que las partes no se encontraron en igualdad de condiciones para negociar o cuando la voluntad de alguna de ellas se encontrara viciada por coacción o amenaza.

Agregó que en el caso de autos, se afecta el legal ejercicio de la acción contravencional, al cambiarse oficiosamente las condiciones pactadas libremente en un acuerdo de probation, por lo cual se estaría violando el principio acusatorio del procedimiento contravencional.

6) Avocado a resolver el fondo de la cuestión traída a estudio, en primer término debo advertir, como sostuviéramos los integrantes de esta sala in re "Zito Fontán, Osvaldo s/inf. art. 111..." (causa nº 18895-00/07, rta. 16/10/07), que "... el juez interviene para resolver con imparcialidad conflictos, el juez penal debe mantener siempre su principal función garantizadora de los derechos fundamentales y del orden constitucional... la intervención de un juez supone también el resguardo de garantías desde un punto de vista distinto del que están las partes".

Siguiendo esta línea de pensamiento, más allá de cualquier acuerdo al que pudieran arribar las partes, el Juez debe corroborar que no se violen garantías constitucionales, y ante la existencia de alguna afectación, debe actuar.

En el caso de marras, el Fiscal acordó con la defensa una pauta de conducta equivalente al máximo de la pena establecida para la contravención investigada, lo que motivó que la a quo se pronunciara de la siguiente manera "sin perjuicio de tal acuerdo, este Tribunal advierte que las reglas de conductas impuestas son excesivas por tratarse de un instituto que parte de la presunción de inocencia del imputado: obsérvese que el máximo de multa previsto para esta contravención es de dos mil pesos ($2000), los cuales, de transformarse en trabajos de utilidad pública ante un incumplimiento, serían de diez (10) días que es lo que se intenta imponer en este estadio procesal conjuntamente con la asistencia y aprobación de un curso determinado. Por lo expuesto se modificará en este punto el acuerdo y se someterá al imputado a ejecutar la asistencia y aprobación del curso propuesto y al cumplimiento de dos (2) días, de cuatro (4) horas cada uno, de tareas comunitarias en el ´Parque Martin Fierro´" (fs. 4 del presente incidente).

Vale señalar que este Tribunal ha sostenido in re "De Luca, David Emanuel s/ Infr. Art. 189 bis CP. Apelación" (causa nº 145-00/CC/2006, rta. el 19/6/07), que algunas de las reglas de conducta previstas en el art. 27 bis C.P., denotan un carácter punitivo en razón de que conculcan la libertad de acción y decisión del imputado, quien goza del estado de inocencia.

Ello también cuenta con sustento doctrinario, al decir de Zaffaroni que "Con independencia del sentido paternalista que tacharía la constitucionalidad de algunas de ellas, en orden a las reglas de residencia y patronato (inc. 1), abstención de abusar de bebidas alcohólicas -con el agregado de estupefacientes- (inc. 3), y adopción de trabajo adecuado a su capacidad (inc. 7), el régimen guarda afinidad con las previsiones del código en materia de libertad condicional, por lo que resulta válido defender su carácter de meras condiciones para la habilitación de los institutos de los artículos 26 y 76 bis. del C.P., pero las restantes reglas por su carácter de segregación (de lugares o personas, inc. 3), de formación (escolaridad primaria y estudios o prácticas de capacitación laboral o profesional, incs. 4 y 5), de curación (tratamiento médico o psicológico, inc. 6) y de trabajos comunitarios (inc. 8) revelan un contenido penoso en su naturaleza, por comprometer seriamente la libertad y otros derechos de la persona. La necesaria exigencia de la fundamentación para su establecimiento, como también la impronta internacional en orden al respeto de la dignidad de los sujetos sometidos a estos dispositivos, parecen indicar que constituyen penas de naturaleza accesoria en el supuesto de condenación condicional o, lisa y llanamente, penas privativas de derechos distintas de las originarias" (Eugenio Raúl Zaffaroni, "Derecho Penal Parte General", Ed. Ediar, págs. 925 y 926).

En razón de lo expuesto, adelanto que coincido con la solución propuesta por la a quo.

7) Como primer cuestión, cabe recordar que esta sala ha sostenido en materia de suspensión de juicio a prueba en ámbito contravencional que "La intervención del magistrado en el supuesto de suspensión de proceso a prueba, se limita únicamente a rechazar el acuerdo cuando estimara que las partes no se encontraron en igualdad de condiciones para pactar, siendo en caso contrario su deber homologarlo... En este sentido, entonces, el juez no puede alterar los términos del acuerdo, sino que sólo debe limitarse a aprobarlo o rechazarlo en el caso señalado anteriormente." (causa nº 109-00/CC/2006, "GOMEZ, Nicolás Matías s/ infr. Arts. 60 y 61 ley 1472", rta. el 3/10/06 y causa nº 17935-00/CC/2007 "GIARINI, Marcelo Ernesto s/ infr. Art. 111º del C.C....", rta. el 11/09/07).

Sin embargo, en el caso de marras, la modificación de pautas de conducta por parte del juez a favor del imputado, implica efectuar un nuevo análisis de la letra de la norma a la luz de los principios rectores del proceso penal, a efectos de no generar una contradicción entre el art. 45 del C.C. y garantías constitucionales, tales como, el principio de inocencia e igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la C.N.).

El art. 45 del C.C. sostiene "...El Juez resuelve sobre el acuerdo, teniendo la facultad de no aprobarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenazas".

Roxin explica que el juez dentro del marco de la interpretación considera el significado literal más próximo, la concepción del legislador histórico, el contexto sistemático-legal, y el fin de la ley, siendo que el producto final de esa labor interpretativa puede ser tanto restrictiva como extensiva (Roxin, Claus "Derecho Penal", Parte General, Tomo I, Fundamentos, Ed. Civitas, págs. 147 y ss.).

En su tarea interpretativa, el juzgador no debe ceñirse exclusivamente a los preceptos enunciado en la norma, utilizando para ello una interpretación literal, sino que debe armonizarlos con el conjunto del ordenamiento jurídico de manera sistemática.

De esta forma, si bien es claro que de la lectura del art. 45 del C.C. el juez sólo puede rechazar el acuerdo cuando entienda que las partes no estuvieron en igualdad de condiciones para negociar o cuando alguna de ellas hubiere obrado coaccionada, como garante de la Constitución, debe reaccionar en beneficio del imputado porque una interpretación armónica in bonam partem así lo exige.

En el caso concreto, la imposición de una pauta de conducta constitutiva de una verdadera pena obliga al órgano jurisdiccional a pronunciarse al respecto, favor rei.

8) A mayor abundamiento, y como fundamento del respeto al principio de igualdad ante la ley, estimo que en materia contravencional, no se puede establecer un sistema mas gravoso que respecto del existente en materia penal.

Nótese que el art. 205 del C.P.P.CABA sostiene respecto de las facultades del juez que "... Luego de escuchar a las partes resolverá si concede la suspensión de la persecución penal, con las condiciones de cumplimiento que estime pertinente, o la deniega".

Entonces, resulta incongruente que en delitos de mayor cuantía como los reglados en el Código Penal, el Juez pueda fijar las pautas de conducta que estime convenientes, mientras que en proceso contravencional se encuentre limitado a aceptar las pautas fijadas por las partes sin poder modificarlas, siempre y cuando fuera en favor del imputado.

Ello, implicaría establecer un régimen mas gravoso en una materia cuantitativamente menor, violándose el principio constitucional de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.), también receptado en el art. 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Concluyo entonces en que la resolución recurrida es acorde a derecho y por ello debe ser confirmada.

9) Por todo lo expuesto propongo al acuerdo, RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (arts. 51 LPC y 279 CPPCABA en función del art. 6 LPC) y CONFIRMAR la resolución de fs. 3/4vta. en cuanto fuera materia de recurso.

La Silvina Manes dijo:

Por los fundamentos y conclusiones que brinda el Jorge A. Franza, adhiero a su voto.

Así voto.

Por ello, atento al mérito del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (arts. 51 LPC y 279 CPPCABA en función del art. 6 LPC) y CONFIRMAR la resolución de fs. 3/4vta. en cuanto fuera materia de recurso.

Regístrese, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 9, a fin de que se practiquen las notificaciones restantes y se de cumplimiento a lo ordenado.

Ante mí:

Causa Nº 18769/07 Caratulada: Incidente de apelación en subsidio en autos "GOMEZ, Matías Eduardo s/ Inf. Art. 111 C.C. Apelación." Conste que la Marta Paz no emite voto en la presente por encontrarse en uso de licencia.

Ende octubre de 2007 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Doy fe.

Ende octubre de de 2007 notifiqué a la Secretaría General de la remisión de los autos al Juzgado de Primera Instancia Nº9. Conste.

Ende octubre de 2007 se remitieron los autos al Juzgado de Primera Instancia Nº 9. Conste.