Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de julio del año dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en el recurso de apelación interpuestos a fs. 121 contra la sentencia de fs. 117/9, dictada en los autos caratulados "GOMEZ DE SACCONE, SUSANA GRACIELA contra G.C.B.A. sobre COBRO DE PESOS", expte. 9390/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dr. Carlos F. Balbín y Dr. Horacio G. Corti, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la sentencia apelada?. A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: I. En el presente caso, la parte actora entabló demanda (fs. 1/2) por cobro de pesos contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, peticionando se condene a la demandada a abonar las sumas de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 5.400) o lo que en más o en menos surja de la prueba a producirse, con más los intereses, costos y costas del juicio, originado en la falta de pago del seguro colectivo de vida obligatorio, establecido por Decreto Nacional Nº 1567/74. La actora relata que su esposo fallecido, Alberto Antonio Saccone, laboró como médico de planta permane nte, en el Hospital Ramos Mejía, dependiente de la demandada, hasta la fecha de su deceso, el 25 de febrero de 2001. Considera que en ese carácter, estaba alcanzado por el seguro de vida obligatorio, establecido por el Decreto Nº 1567/74, por lo que a su fallecimiento correspondía liquidarle, en su carácter de cónyuge supérstite, el beneficio en cuestión. La demandante agrega que, transcurrido un plazo prudencial, efectuó un primer reclamo por escrito, de carácter administrativo, el que fue contestado con fecha 06 de enero de 2003, mediante nota Nº 12701, DGRH-DLH/03, en la que se le hacía saber que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no se encuentra comprendido dentro de los alcances del Decreto Nº 1567/74, por lo que sus agentes no estarían alcanzados por dicho beneficio. Además, afirmaba que regía el seguro obligatorio (Fondo Compensador -Cod. 777-) según consta en el recibo de sueldo, para cubrir caso de muerte, que es administrado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, de las probanza s de autos surge este hecho (fs. 22, 25 35, 36, 47, 49 y 53). Aclara que el contenido de la respuesta, decididamente equivocada y sin argumentación suficiente, demuestra que se refieren al seguro de vida obligatorio del Fondo Compensador -Cód.777- cuya prima es abonada mensualmente, por descuento automático de los haberes de los empleados, cuando, por el contrario, la legitimidad y legalidad de su reclamo se funda en la vigencia del decreto aludido, cuya prima debe ser abonada por el empleador, sin ningún tipo de excepción. II. El Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace lugar a la demanda interpuesta, ordenando que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abone a la actora en concepto del beneficio establecido en el Decreto Nº 1567/74 la suma que le corresponda en su calidad de cónyuge supérstite del Sr. Alberto Antonio Saccone, con más los intereses que deberán calcularse de conformidad con la tasa promedio que publica el Banco Centra l de la República Argentina para sus operaciones de descuento, sobre el monto vigente en cada período, desde el momento del fallecimiento y hasta el efectivo pago. Para así decidir el Sentenciante, luego de transcribir el Decreto Nº 1567/74, la Actualización del Acta de Compromiso Nacional y la Resolución 29.079/02 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, concluye que el seguro de vida obligatorio , en principio, alcanza a todo trabajador en relación de dependencia y resulta independiente de todo otro beneficio social, seguro o indemnización. En consecuencia, el A quo interpreta que este régimen alcanza a los agentes que se desempeñan bajo relación de dependencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otra parte, entiende que la única enumeración de exclusiones existentes en el régimen, efectuada en el art. 2º de la Reglamentación, pareciera tener carácter taxativo. Asimismo, el Magistrado afirma que, contrariamente a lo aducido por la demandada, la existencia de un seguro mutual no co nstituye óbice a la obligatoriedad del establecido en el Decreto Nº 1567/74, pues en el art. 3º de la norma reglamentaria se dispone que aquél es independiente de cualquier otro seguro. A su vez, el Juez de Grado, atento lo dispuesto en el art. 4º del Reglamento del Seguro de Vida Obligatorio aprobado por Resolución Nº 29.079/02 afirma que la demandada, por haber omitido contratarlo respecto del Sr. Saccone, se encuentra obligada al pago del beneficio correspondiente. El Sentenciante concluye que la actora, en su calidad de heredera forzosa, tiene derecho al cobro de lo reclamado. III. A fs. 121 la demandada interpone recurso de apelación, concediéndose a fs. 122. A fs. 135/8 se expidió la Señora Fiscal de Cámara, propiciando se haga lugar al recurso y revoque la sentencia apelada. En consecuencia, las presentes actuaciones se encuentran en condiciones de dictar un pronunciamiento de carácter definitivo. IV. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se agravia por cuanto sostiene que la sentencia incu rre en un supuesto de arbitrariedad porque en forma dogmática y, por tanto, insuficientemente fundada, declara de aplicación en el presente caso el seguro colectivo de vida obligatorio establecido por el Decreto Nacional Nº 1567/74 y lesiona severamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. El apelante cuestiona lo sostenido por el A quo con respecto a que los agentes que se desempeñan bajo relación de dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran comprendidos en el punto 20 del Acta de Compromiso Nacional suscripta el 17/03/74. Aclara que el personal dependiente de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se debe tener excluido del precitado régimen porque cuentan con un régimen particular de seguro de vida mutual administrado por el ex Instituto Municipal de Previsión Social, que fuera modificado mediante el Decreto 1721/97, en donde se estableció un Fondo Compensador para cubrir los casos de muerte del personal dependiente, y el que sigue vigente a la fecha. Asimismo, el recurrente se agravia de la insustancialidad de la sentencia por entender que declara de aplicación al presente caso el beneficio litigado simplemente con remisiones a lo normado en los arts. 1º y 2º del Decreto Nº 1567/74 y a la Resolución Nº 29.079/02 que reglamentó lo dispuesto por aquél. Agrega que las sentencias judiciales deben ser fundadas en forma tal que la solución que consagren corresponda a los hechos comprobados y proceda razonablemente del ordenamiento legal. Finalmente, sostiene que la decisión del Sentenciante conlleva una severa limitación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, constitucionalmente acordada. Entiende que la Ciudad, como estado local, se encuentra facultada para reglar el contrato de empleo público sin interferencia de ningún orden. Tal competencia exclusiva encuentra su fundamento en el art. 121 de la CN y el art. 129 de la Constitución Nacional y en los arts. 80 inc. a) y 104 inc. 9º) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agrega que "... es en ejerc icio de estas competencias que se decidió por Decreto 1721/97 instituir un Fondo Compensador para cubrir casos de muerte del personal dependiente; dejando la administración del mismo al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y mandando que su prima sea abonada mensualmente, por descuento automático de los haberes de los empleados. El legislador local optó, así, por crear un régimen de seguro de vida específico para el personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, distinto por ende del instituido por el decreto 1567/74 en el ámbito nacional. ... el contrato de empleo público se rige por sus propias normas de derecho público local ... la obligación de abonar a la actora la suma que dimana de la sentencia, resulta violatoria de los arts. 31, 121, ss y concs. de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ... En otro orden de ideas cabe señalar que el artículo 43 in fine de la CCABA, establece que la interpretación de las leyes laborales, se realizará a la luz de los principios del derecho del trabajo , pero no dice que el empleo público será legislado por ley de la Nación, razón por la cual corresponde distinguir un principio de una disposición legislativa". V. En este contexto, es necesario analizar y establecer, entonces, cuál es la norma que rige el seguro colectivo de vida obligatorio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y así poder determinar si la pretensión de la actora debe tener favorable acogida, o en caso contrario, si debe prosperar el planteo efectuado por el apelante. Cabe señalar que el art. 14 bis de la Constitución Nacional expresa que "... El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes ...". "La última parte del artículo en examen abarca diversos as pectos que se refieren a la denominada `seguridad social´ ... Entre tales beneficios, la norma menciona, en primer lugar, el seguro social obligatorio, el que presenta las siguientes notas: a) debe abarcar diversos aspectos (salud, maternidad, vida, etc.); b) es obligatorio, es decir, no depende de la voluntad del beneficiario, quien no puede oponerse; c) su implementación puede estar a cargo, tanto de organismos nacionales como provinciales; d) no puede existir superposición de aportes con relación a una misma actividad, pero ello no obsta a que deba aportarse por cada una que se ejerza, y e) los entes nacionales o provinciales que tengan a su cargo esta prestación deberán contar con autonomía financiera y económica y ser administrados por los propios interesados, con participación del Estado ..." (Baeza, Carlos R; Exégesis de la Constitución Argentina; Tomo I; Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma; 1998; 223/4). La necesidad de alcanzar los beneficios de la seguridad social, en sus diversos propósitos particul ares, significa reconocer facultades concurrentes de la Nación y las provincias sin que pueda aseverarse que Nuestra Ley Fundamental las haya reservado exclusivamente en el Gobierno Nacional. No se puede negar la atribución de las provincias de crear, conforme al art. 105 de la Constitución Nacional, anterior a la reforma de 1994, sistemas de esa índole para los agentes de su administración pública, sin que el inc. 11 del art. 67 de la Ley Suprema (actual art. 75 inc. 12) -máxime correlacionado con el texto no modificado del art. 108- referente al dictado de un Código de la seguridad social por el legislador nacional signifique una delegación exclusiva y excluyente a favor del gobierno central, dado que al armonizar las diversas cláusulas constitucionales debe tenerse presente lo estatuido por el art. 14 bis que, en cuanto a la palabra "Estado" hace alusión al estado nacional como a los provinciales (conf. CSJN; Buenos Aires, Provincia de c/ Dirección Nacional de Recaudación Previsional s/ repetición; 8 de no viembre de 1983). VI. Bien es sabido que el federalismo implica un reconocimiento y respeto hacia las identidades de cada provincia, cuyo campo de realización no se encuentra solamente dentro del ámbito de los poderes no delegados al gobierno federal (art. 104 y concs. de la Ley Fundamental) sino también en el de la adecuación de sus instituciones al art. 5º de la Constitución Nacional (conf. CSJN; Montes de Oca, Alberto Horacio y otros s/ acción de amparo; 24 de noviembre de 1992). VII. Al respecto también se puede traer a colación el art. 121 de la Constitución Nacional que establece que "Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación". A su vez, el art. 129 dispone que "La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad". Por s u parte, el art. 125 de nuestra Constitución establece que "... Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales; y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura". No puedo dejar de soslayar que la "seguridad social" siempre fue materia de atribución de las provincias. En el ámbito de la ex - Municipalidad de Buenos Aires, ya la Ley 19.987, que establecía el régimen municipal de la misma, de fecha 29 de noviembre de 1972, afirmaba en su art. 2º inc. lº) que son de competencia de la Municipalidad los asuntos que se refieren a la sanción del régimen sobre estabilidad, escalafón, derechos, obligaciones y previsión social de los agentes municipales. VII. Ahora bien, ya en el año 1957, el Decreto Nº 527 del 24 de enero, como así la posterior Ordenanza Nº 15.525, del 5 de octubre de 1959, instituían un régimen de seguros para el personal de pendiente de la entonces Municipalidad de Buenos Aires, a los efectos de cubrir los riesgos de fallecimiento de los agentes y de su grupo familiar, cuya administración quedó a cargo del entonces Instituto Municipal de Previsión Social. El mismo Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1721/1997, en sus considerandos, explica que "al sancionarse en el año 1973 la Ley Nº 20.091, que actualmente regula la actividad aseguradora en todo el territorio de la Nación, se omitió la reformulación del régimen de los seguros mencionados, a los efectos de adecuarlos a las nuevas disposiciones legales vigentes; que en esa ocasión debió decidirse si se continuaba con un régimen de seguros, en cuyo caso debían cumplirse las disposiciones de la Ley Nº 20.091, o se instituía en su lugar un fondo compensador de carácter administrativo, que no requiriera el cumplimiento de estas últimas; que, a pesar de ello, no se tomó ninguna medida concreta en tal sentido, por lo que la situación de irregularidad normativa continuó a lo largo del ti empo; Que a raíz de la transferencia del Instituto Municipal de Previsión Social a la jurisdicción nacional dispuesta por el Decreto Nacional Nº 82-94, el Decreto Nº 948, de fecha 16 de junio de 1994, se transfirió las funciones de administración de los seguros al Instituto Municipal de Previsión Social; Que a partir de esta última transferencia se produjo un estado de incertidumbre en cuanto al organismo encargado de efectuar los pagos anteriores a la transferencia y a la colocación de los fondos de administración de los seguros; Que se intentó solucionar esta situación irregular dos (2) años después, mediante la sanción del decreto Nº 571, de fecha 8 de junio de 1996, que estableció que los fondos correspondientes a los aportes fueran transferidos al Instituto Municipal de Obra Social a partir del mes siguiente de la sanción de dicho decreto; Que esta nueva norma no sólo no aclaró la situación de incertidumbre, sino que provocó una mayor, respecto de la transferencia de los fondos devengados con posteriorid ad al decreto Nº 948-94, que no fueron ingresados al Instituto Municipal de Obra Social en tiempo oportuno; Que esta situación atentó contra el pago en tiempo y forma de los seguros por los fallecimientos que se produjeron durante la vigencia de los decretos citados; Que frente a esta situación, y a los efectos de evitar un dispendio de los recursos que son aportados por los agentes por éste concepto, la actual administración dispuso la inmovilización de las sumas en la Dirección General de Contaduría; Que, por su parte, algunos organismos descentralizados de la ciudad, así como el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, remitieron los fondos correspondientes a los seguros al instituto Municipal de Obra Social; Que la situación de incertidumbre normativa impide la eficaz colocación de los fondos y la eficiente prestación del servicio a los agentes dependiente de la ciudad, lo que constituye un supuesto de emergencia administrativa que habilita al Jefe de Gobierno para el ejercicio de las facultades conferidas por el inciso 3º de la cláusula transitoria primera de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; Que dada la situación actual, corresponde efectuar un reordenamiento normativo del régimen que importe una mayor eficiencia en su administración y pago y que posibilite la cobertura de mayores prestaciones destinadas a los agentes dependientes de la ciudad de Buenos Aires; Que a esos efectos resulta conveniente instituir un fondo compensador y la creación de un fondo especial para la aplicación de los aportes de los agentes; Que, asimismo, resulta necesario unificar los descuentos y prestaciones en un único cuerpo normativo, a los efectos de una mayor claridad". El Decreto Nº 1721/97 instituye, entre otros, un fondo compensador por fallecimiento del agente dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (art. 8º). Quedan obligatoriamente comprendidos en el presente régimen todos los agentes dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sus entidades autárquicas o descentralizadas, los funcionarios designados para desempeñar cargos o mandatos de carácter no permanente y los jubilados y pensionados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sus organismos descentralizados y entidades autárquicas y de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, quedan comprendidos en el presente régimen: a) Los docentes que fueron excluidos en su oportunidad de la afiliación obligatoria a los seguros instituidos por el Decreto Nº 527/57 y por la Ordenanza Nº 15.525, en virtud de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 35.008; b) Los agentes dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aire o de cualquiera de sus organismos descentralizados o entidades autárquicas, que se encuentren afiliados a cualquier otro seguro, los que a partir de la publicación del presente decreto dejarán de tener carácter obligatorio (art. 2). El art. 13 de la misma normativa faculta al agente a designar beneficiario del fondo compensador ante la oficina de administración del fondo en el Ba nco Ciudad de Buenos Aires, la cual puede ser secreta, de modo tal que no se conozca el nombre del beneficiario hasta el fallecimiento. El agente tendrá derecho a cambiar de beneficiario en cualquier momento. Cuando no exista beneficiario instituido, el fondo compensador será abonado a su cónyuge, padres o hijos, se abonará al heredero declarado judicialmente. VIII. En suma, como puede observarse la materia debatida en autos siempre fue de atribución exclusiva de las provincias y, para el caso particular de autos, de la ex - Municipalidad de Buenos Aires. Nunca rigió en el ámbito municipal el Decreto Nacional Nº 1567/74, sino el Decreto Nº 527/MCBA/57 y la Ordenanza Nº 15525/CJD/59, actualmente derogadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1721/97. IX. Estas consideraciones ya válidas en el anterior status jurídico de la Ciudad cobran más fuerza en la situación actual, como bien señala en su meduloso dictamen la Señora Fiscal de Cámara. Bien es sabido que la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994 le reconoció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un nuevo status jurídico del cual deviene un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, con la sola limitación de que por medio de una ley se garanticen los intereses del Estado Nacional mientras sea capital de la Argentina (Conf. art. 129 de la Ley Fundamental de la Nación). En consecuencia, a partir de la constitución de la Legislatura de la Ciudad, ha cesado el Congreso de la Nación en sus funciones de parlamento local como también la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo Nacional, subsistiendo sólo a los fines específicos de los intereses del Estado Nacional y mientras la Ciudad de Buenos Aires sea la sede de sus autoridades. El art. 125 de la Ley Fundamental, concordantemente con el régimen establecido y reafirmando la potestad reconocida por el art. 14 bis del mismo cuerpo normativo en lo relativo a la seguridad social y al seguro social obligatorio, dispone que las provincias y la Ciudad de Buenos Ai res pueden conservar organismos de seguridad social. Así, faculta a las provincias a conservar los organismos de seguridad social para los empleados públicos. Así se reafirma la potestad de los Estados locales de mantener la autonomía del funcionamiento previsional, incluida ya entre los poderes no delegados del art. 104 de la Constitución Nacional de 1853-1860, pero con el agregado que ahora las provincias tienen la posibilidad de decidir, dentro de la esfera propia de su autonomía, si se incorporarán al sistema de jubilaciones y pensiones establecido por la legislación nacional (regímenes de reciprocidad jubilatoria). Dicha decisión de incorporación importa el ejercicio de su propia autonomía. Esta posibilidad ha sido admitida por la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema en cuanto importan el uso de facultades privativas que no vulneran el art. 104 del texto anterior a la reforma de 1994 de la Carta Magna ( conf. Superior Tribunal de Justicia de Viedma, Río Negro; Valla, Luis Elvio y otros s/ acción de in constitucionalidad (Ley 2956/96); 4 de abril de 1997; Superior Tribunal de Justicia de Viedma, Río Negro; Parra, Rosa y otros s/ acción de inconstitucionalidad (Ley 2956/96); 4 de abril de 1997; Corte de Justicia de Salta; ESNAL, Carlos por sí y en interés de terceros c/ PoderEjecutivo Provincial s/Amparo-inconstitucionalidad-jubilaciones y pensiones; 15 de abril de 1996). En ese mismo sentido, la Constitución local, reafirmando los principios de la seguridad social, faculta a la Ciudad a crear organismos a tal efecto para los empleados públicos (Conf. art. 44 de aquélla). El poder constituyente local confirió a la Legislatura facultades para dictar las leyes necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en las Constituciones Nacional y local y para tomar todas las decisiones para poner en ejercicio los poderes y autoridades. Así, actúa dentro del marco de sus atribuciones el Parlamento Local cuando legisla en materia administrativa, de empleo, de descentralizac ión política y administrativa, de salud, de medicamentos, de calidad de vida, de promoción y seguridad sociales y en toda materia de competencia de la Ciudad (Conf. art. 80 incs. 1 y 2, ap. a, b, y j). Asimismo, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros, crea organismos de seguridad social para empleados públicos o profesionales (conf. art. 81 inc.) 5) de la Constitución local). X. Por ello, atento a las consideraciones prcedentemente expuestas, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y revocar, en consecuencia, la sentencia de primera instancia. XI. Las costas de ambas instancias deberán imponerse a la actora vencida atento el principio objetivo de la derrota (art. 62, primer párrafo, del CCAyT). XII. Por lo tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, doctrina y jurisprudencia citadas y normas legales aplicables al caso, y de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, se propone al acuerdo que en caso de ser compartido est e voto, se haga lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte apelante, y se revoque, en consecuencia, la sentencia de primera instancia; con costas de ambas instancias a la actora vencida (conf. art. 62, primer párrafo, del CCAyT). El Dr. Carlos F. Balbín, por los fundamentos expuestos por el Dr. Esteban Centanaro adhiere al voto que antecede. A la cuestión planteada, el Dr. Horacio G. Corti dijo: Por las razones dadas por la Sra. Fiscal de Cámara en su dictamen de fs. 135/138 a cuyos términos me remito, comparto la solución propuesta por mi colega, Dr. Centanaro. En consecuencia, al notificarse la sentencia debe adjuntarse copia del dictamen. En cuanto a las costas y ante las características de la cuestión planteada, estimo prudente imponerlas por su orden en ambas instancias. En mérito a las consideraciones vertidas, doctrina y jurisprudencia citadas, y normas legales aplicables al caso, y de conformidad con lo manifestado por la Sra. Fiscal de Cámara; el Tribunal RESUELVE: a) Hacer lugar al recur so de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia; b) Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida atento la manera en que se resuelve la presente controversia (art. 62, primer párrafo, del CCAyT). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. Esteban Centanaro Carlos F. Balbín Juez de Cámara Juez de Cámara Horacio G. Corti Juez de Cámara