Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08


SAVIOLI, Arístides contra INTEMEC S.A.

Reg.: A y S t 212 p 112-116.

En la ciudad de Santa Fe, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular, doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "SAVIOLI, Arístides contra INTEMEC S.A. -Indemnización Accidente de Trabajo- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 406, Año 1.997).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Vigo, Netri y Gutiérrez.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 135, páginas 121/123, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad deducido por la aseguradora citada en garantía contra la sentencia de fojas 315/324, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, por entender -en una apreciación mínima y provisional- que su articulación contaba con suficiente asidero en las constancias de la causa resultando idónea para franquear esta instancia extraordinaria (cfr. fs. 87/89, Expte. C.S.J. nro. 103/95, agregado por cuerda).

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7.055, efectuado con los principales a la vis Con ese alcance, voto por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Vigo y Netri y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. En lo que es de interés para este caso, surge de autos que "Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda." se opuso a la citación en garantía efectuada por "Intemec S.A." -demandada en el presente juicio- fundándose, en sustancia, en que el actor no se encontraba incluido en la nómina de personal amparado por la póliza contratada por dicha empresa a la fecha del accidente que aquél supuestamente sufriera (cláusula 8 - condiciones generales - art. 52, ley 20.744), por lo que el pretenso siniestro carecía de cobertura (fs. 53/55).

A la hora de resolver, el Juez de Primera Instancia en lo Laboral Nro. 1 de esta ciudad admitió la demanda condenando a la accionada a abonar al actor la suma correspondiente por concepto de accidente de trabajo (art. 8 inc. C., ley 9688), con más actualizaciones e intereses, pero rechazó la citación en garantía (fs. 260/266), decisión que fue impugnada por el actor y por la demandada, siendo concedidos los recursos interpuestos.

En su expresión de agravios, el demandante sostuvo que "la lista de personal enumerado es meramente enunciativa", ya que siendo empleado registrado en la empleadora, durante la vigencia de la póliza -de acuerdo a las condiciones allí pactadas- se encontraba amparado y consecuentemente gozaba de cobertura, constando que había padecido el accidente de trabajo cuando la póliza se encontraba vigente (fs. 289/291).

"Intemec S.A.", a su turno, y adhiriendo a los argumentos expuestos por el demandante en lo que respecta a esa cuestión, señaló -conforme a lo expresado en la instancia inferior (v. alegato, f. 258 vto.)- que correspondía condenar a la citada en garantía en forma solidaria, ya que "de acuerdo con las condiciones generales y particulares pactadas, la aseguradora subroga a la asegurada ... para el caso de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales que pudieran ocurrir al personal que figura anotado desde la fecha de ingreso en los libros de sueldo y jornal del asegurado, ocupado en la construcción de 365 viviendas planta baja y un piso en Avda. French y Alberdi de la ciudad de Santo Tomé (Sta. Fe) (f. 38)" (fs. 294/298).

Mediante sentencia de fojas 315/324, la Sala Segunda de la Cámara en lo Laboral acogió el recurso de apelación planteado por el actor y, en forma parcial, el deducido por la accionada en lo concerniente a la extensión "in solidum" de la condena a la aseguradora.

Para así decidir, destacó, en primer lugar, la imposibilidad de que el actor figurara en el referido anexo "... si se tiene en cuenta que éste ingresó el 1/10/86 es decir después de contratada la póliza el 30/7/86 ...", pero apreció que ésta refería "... a la cobertura de los riesgos descriptos en las condiciones particulares ...", que "... ahí remite a las personas que figuran en los libros de sueldos; (que) todos los meses el asegurado tiene que remitir a la compañía copia de esos libros, ésta puede inspeccionar esos libros, y se prevé un recargo para caso de incumplimiento ...", y que "... se modifica la prima según se incorporen nuevos empleados ...", modalidad que, a su entender, respondía a casos en los que el empresario quería proteger con el seguro a personal que cambiaba continuamente frente a él en su relación de dependencia.

Consideró que se trataba de un "seguro flotante o de abono", cubriéndose "... por un tiempo determinado, varios intereses indeterminados en su número y en sus características individuales, pero seguidamente determinables ...", forma contractual en la que existe la llamada "declaración de alimento" o "alimentación del contrato", o sea la manifestación que formula el asegurado a fin de que la compañía esté en condiciones de conocer el desarrollo de su relación con él.

Señaló, por último, que el criterio adoptado resultaba de foja 38 de autos (condiciones particulares), en donde se indicaba como suma asegurada, la correspondiente al "monto total de los salarios provisoriamente declarados" y que luego, vigente la póliza, había ingresado el trabajador "... lo que supone, no está argumentado ni demostrado lo contrario, su figuración en el libro de sueldos y de los cuales el proceder diligente de la oponente exigía contar con las copias que debía remitirle el asegurado mensualmente".

Por resolución de fojas 331/332, el A quo hizo lugar a la aclaratoria solicitada por la accionada, en el sentido de que las costas entre dicha empresa y la citada en garantía, en relación a la incidencia de oposición, en ambas instancias, estaban a cargo de la aseguradora, a salvo la solidaridad total, inclusive las costas, respecto del actor.

2. Atacando la extensión solidaria a su parte de la condena y lo dispuesto por vía de aclaratoria, interpuso la citada en garantía recurso de inconstitucionalidad.

Su impugnación se formula en torno a los siguientes ejes argumentales: a) que se despojó al negocio de su carácter expresamente nominativo, a través de la prevalencia dada a las cláusulas de contralor por sobre las que rigen las prestaciones efectivas de ambas partes y la determinación específica de los beneficiarios que figura en el Anexo "A"; b) por ello, lo resuelto ha trascendido el marco del conflicto individual entre las partes en litigio "ya que implica una ruptura con el ordenamiento jurídico vigente al momento del fallo": no sólo por su alzamiento contra la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa similar (invoca el precedente "Martínez, Gregorio c. Sugar Glay" del 27.9.88) sino también por haber avanzado sobre las normas dictadas por el Congreso de la Nación y por la Sup Por último, se quejó de la condena en costas, la que deberá revertirse al anularse el fallo impugnado (fs. 346/352).

3. Si bien la materia recursiva remite al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común y procesal ajena -por regla- a la revisión extraordinaria, la recurrente ha logrado perfilar un caso constitucional idóneo para la descalificación del pronunciamiento impugnado.

Ello es así, por cuanto luego de un detenido examen de la causa me he convencido de que la Sala -al fallar como lo hizo- prescindió de dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo a las pruebas aportadas y a las constancias de autos.

Es que desde mi punto de vista el A quo no apreció como es debido la póliza nro.

17592 cuya copia obra a fojas 37 y siguientes. En efecto, del análisis de dicho instrumento se puede verificar que amén del invocado anexo "A" -respecto del cual la Sala entendió que era imposible que figurara allí el trabajador por haber ingresado con posterioridad a la contratación del seguro- también forma parte integrante de la misma un posterior endoso, suplemento nro.6192, "que incluye personal" con vigencia "a partir de las doce horas del día 27 de Mayo de 1987", tratándose de una nómina que adita 315 operarios (en la que aparece el actor) con incidencia en la fijación de un "premio adicional" de acuerdo a la liquidación practicada, dejándose constancia de que "las demás Condiciones Generales y Particulares no se modifican" (v. fs. 43/52).

En la resolución atacada, advierto que los juzgadores sólo se atuvieron a las cláusulas insertas en tales condiciones generales y particulares para concluir en que la garantía de la aseguradora alcanzaba a la reparación del infortunio sufrido por el demandante.

Empero, tal labor hermenéutica expresa, en mi opinión, una ponderación parcializada del instrumento probatorio del aseguramiento, desde que los magistrados desatendieron la circunstancia de que Savioli recién figuraba en ese ulterior adicional, con vigencia muy posterior al acaecimiento del accidente (noviembre de 1986), con ostensible olvido de que los cambios o modificaciones del contrato forman "un todo único con la póliza, y si contradicen sus constancias, priva el endoso o avenant" (cfr. Halperín, Isaac, "El contrato de seguro (seguros terrestres)", Bs. As., Tipográfica Editora Argentina, 1946, p. 136, quien destaca la importancia de la fecha "para fijar el estado del riesgo a ese momento, su conocimiento por el asegurado y el cumplimiento del deber de informar").

Estimo que el déficit observado reviste suficiente entidad para desmerecer lo decidido, pues la Alzada marginó injustificadamente esa parte de la póliza (constancias glosadas a foja 43 y siguientes), cuya consideración bien pudo haber derivado en una solución diversa a la que fue adoptada en el caso.

No obstante que lo antes expuesto basta "per se" para la invalidación del fallo traído en revisión, no puedo dejar de señalar asimismo una seria objeción a lo sostenido por el A quo acerca de que habiendo ingresado el obrero ya vigente la póliza, ello suponía por no estar argumentado ni demostrado lo contrario, su figuración en el libro de sueldos.

Encuentro que aquí le asiste razón a la recurrente, pues a mi modo de ver dicho criterio no trasunta una correcta distribución de la carga de la prueba, ya que cimentándose en las atribuciones de control que le cabían a "Río Uruguay" de acuerdo a la cláusula 10ma. de las condiciones generales, le impuso en definitiva la prueba negativa del hecho de la anotación del operario en el mencionado instrumento, cuando dicho extremo fue invocado por "Intemec S.A." a los fines de la procedencia de la cobertura pretendida (v. alegato, f. 258 vto.) -y señalado por ambas apelantes ante la Alzada-, siendo dable verificar, por lo demás, la falta de presentación del libro previsto en el artículo 52 de la ley 20.744 por parte de la empresa en ocasión de celebrarse la audiencia del artículo 51 de la ley 7.945 (v. f. 99 vto.), habiendo remitido su apoderado legal a lo manifestado a foja 79, en cuanto a su extravío.

En tales condiciones, el motivo brindado por la Cámara carece de sustentación objetiva en la causa y, por lo tanto, resulta reprochable en el plano constitucional.

Las consideraciones precedentes evidencian la concurrencia en el pronunciamiento impugnado de defectos que determinan que el mismo no reúna las condiciones mínimas necesarias que exige la Constitución de la Provincia en orden a la satisfacción del derecho a la jurisdicción, por lo que se torna inoficioso el análisis de los restantes planteos.

De allí que merezca su anulación, debiendo remitirse la causa al tribunal que corresponda para que la juzgue nuevamente.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Vigo y Netri y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas (artículo 12, ley 7.055). Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Vigo y Netri y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas. Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda, a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria).