Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06


MAS, Marcelo Antonio contra BANCO DE SANTA FE S.A.P.E.M.

Reg.: A y S t 206 p 57-59.

Santa Fe, 6 de abril del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia del 22 de agosto de 2002, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, en autos "MAS, Marcelo Antonio contra BANCO DE SANTA FE S.A.P.E.M. -C.P.L.-", (Expte. C.S.J. n 88, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Por medio del decisorio impugnado la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, hizo lugar al recurso de nulidad deducido por el demandado y, en su mérito, declaró la incompetencia del fuero laboral para entender en la presente causa, cargando con las costas a la parte actora (fs. 1/3).

Contra tal pronunciamiento interpone el demandante su recurso de inconstitucionalidad por considerarlo arbitrario y lesivo de derechos y garantías constitucionales.

Sostiene, en lo esencial, que el banco accionado es un ente societario que pertenece al campo del derecho privado rigiéndose por normas de esa índole, razón por la cual no puede aducirse que las relaciones con sus empleados se reglamenten por el derecho público.

Desde esta óptica, insiste en que el vínculo de autos se halla regido por las normas vigentes para todos los empleados bancarios del país, gozando además del régimen de estabilidad propia por expresa decisión legal, lo que determina la competencia de la justicia laboral para entender en la especie.

Entiende que, al remitirse las actuaciones a un fuero incompetente, se lo priva de la garantía del juez natural y de la tutela de los derechos laborales instituidos por la Constitución nacional, partiéndose para ello de una interpretación arbitraria de la cuestión debatida, que omite considerar las normas invocadas por su parte (leyes provinciales 10.582 y 11.330, y nacionales 20.705, 19.550, de entidades financieras, de convenciones colectivas de trabajo, de Contrato de Trabajo y Código de Comercio), que excluyen a los bancos del sistema administrativo, por lo que la respuesta no constituye la necesaria derivación razonada del derecho vigente.

Sostiene, asimismo, que el precedente "Vieitez", al cual se remite el Tribunal en su fallo, resulta absurdo y dogmático y tergiversa la realidad fáctica y jurídica en la medida en que pretende aplicar las pautas de un caso "totalmente distinto del presente" (esto es, "Reggiardo"). En otro orden se agravia de la imposición de costas por el juicio principal, en la inteligencia de que los gastos causídicos solo deben abarcar la excepción de incompetencia en tanto aquél no se ha resuelto y, además, sostiene que deben distribuirse en el orden causado por cuanto existía mérito para ello. Afirma, en tal sentido, que no hay razones serias para la imposición causídica determinada por la Alzada la que sólo reposa, a su criterio, en la voluntad de los jueces apartándose de la normativa vigente, de la equidad y de los principios en la materia, recordando que en el "leading case" "Vieitez" la imposición se limitó a las generadas en el recurso de inconstitucionalidad.

2. Tal como surge del relato precedente, los cuestionamientos que vierte el recurrente en el memorial introductorio de la instancia extraordinaria atañen a dos aspectos bien delimitados de la sentencia de la Alzada. Por un lado, lo atinente a la declaración de incompetencia del fuero laboral y, por otro, la imposición de costas.

2.1. En lo tocante al primer aspecto es forzoso reparar en el decisivo obstáculo que para el franqueo de la instancia extraordinaria aparece configurado a la luz del requisito de que el recurso se dirija contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 1, ley 7.055).

En efecto, si se tiene en cuenta cuál ha sido la materia debatida en autos y resuelta por la Sala, resulta ineludible considerar la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que las resoluciones que resuelven cuestiones de competencia no constituyen en principio sentencia definitiva, salvo cuando media denegatoria del fuero federal: "las sentencias que por interpretación y aplicación de normas no federales resuelven problemas de competencia son ajenas a la vía extraordinaria cuando no importan denegatoria del fuero federal" (Fallos: 303:1702; 307:1929; 311:2701; 315:66; 324:283, etc.). Como se lee en el precedente de Fallos: 263:487, "es jurisprudencia de esta Corte que cuando no media denegatoria del fuero federal, la sentencia que desestima una excepción de incompetencia con fundamentos de hecho y prueba y derecho procesal y común, no es susceptible de apelación extraordinaria aunque se invoque la garantía de los jueces naturales, que no obsta a la distribución de la competencia entre los magistrados permanentes del país", criterio en sintonía con el cual también se ha dicho que "es improcedente el recurso extraordinario contra las resoluciones de los tribunales locales, que se limitan a decidir respecto de su propia jurisdicción con arreglo a las leyes procesales" (Fallos: 186:41) y que "constituye una cuestión de derecho local, propia de los jueces de la causa y no susceptible por ende del remedio federal, lo resuelto por el a quo en punto a su competencia para decidir el litigio" (Fallos: 297:407).

En ese sentido resulta evidente que el fallo atacado en la medida que, teniendo en cuenta la pretensión entablada (cobro de la gratificación especial por jubilación o retiro), declara la incompetencia del fuero laboral en favor de la competencia contencioso administrativa con arreglo al criterio sentado por este Tribunal in re "Vieitez" (A. y S., T. 180, p. 65; y su jurisprudencia consecuencial), no pone fin al pleito sino que lo reconduce a otro fuero con la posibilidad de reeditar allí sus planteos.

Tal conclusión no puede variar con sustento en la naturaleza del debate suscitado en autos -competencia ordinaria o contencioso administrativa-, que ha conducido a esta Corte a sortear el recaudo de definitividad (cfr., entre muchos otros, A. y S., T. 146, p. 416 y sus citas) toda vez que, como se dijo, la solución adoptada por la Sala reposa en el criterio del citado antecedente "Vieitez", por lo que la concesión del recurso sólo daría lugar a un inútil dispendio jurisdiccional.

2.2. Lo atinente a las costas no resulta alcanzado por el óbice antes apuntado toda vez que la impugnación incumbe a su imposición de manera autónoma (cfr. A. y S., T. 42, p. 411; T. 70, p. 136; T. 93, p. 428; T. 145, p. 82). Y bien, los planteos del recurrente centrados en que correspondía distribuir las costas en el orden causado, frente al criterio adoptado por esta Corte en casos análogos, permiten tener por configurada una situación excepcional que amerita hacer una salvedad a la regla según la cual las cuestiones sobre costas son ajenas -en principio- al remedio extraordinario y, de consiguiente, franquear la apertura de esta instancia.

Tal circunstancia determinaría normalmente que se le imprima a la causa el trámite contemplado por el artículo 7 de la ley 7.055, mas lo cierto es que tampoco puede escapar al juicio de esta Corte que la cuestión de la imposición de costas en las instancias ordinarias del proceso, ha sido clarificada por este Tribunal en casos análogos al presente, extremo que habilita a considerar como posible y razonable resolver en este estadio el recurso planteado, pues lo contrario sólo acarrearía un alongamiento inoficioso del pleito (vide "Nizzo", A. y S., T. 99, p. 242; "Pelagagge", A. y S., T. 192, p. 45).

En efecto, en el decisorio recaído en "Foresi, Néstor c. Banco de Santa Fe S.A.

-Cobro de Pesos- sobre Recurso de Inconstitucionalidad" (A y S., T. 198, pág. 241)este Cuerpo señaló que los gastos causídicos devengados en las instancias ordinarias debían entenderse distribuidos en el orden causado conforme a lo resuelto in re "Ortega" (A. y S., T. 187, p. 283) donde se juzgó que el pronunciamiento recaído en la causa "Vieitez" (cit.) podía considerarse, a los efectos de la imposición de las costas, como una hipótesis de "ius superveniens" que ameritaba la distribución en la forma indicada. Ello así, habiéndose oído en este acto al señor Procurador General, quien no formula objeciones a la admisibilidad del recurso y firma para constancia (art. 7, cit.) y examinados los expedientes principales (requeridos oportunamente "ad effectum videndi"), ha de concluirse que en el "sub lite" las costas devengadas en el juicio principal deben ser soportadas en el orden causado y, de consiguiente, anular la sentencia impugnada de conformidad con los precedentes citados en el párrafo anterior.

En consecuencia la Corte Suprema de Justicia RESUELVE: Admitir la queja interpuesta con el alcance que surge de los considerandos. Declarar procedente el recurso deducido sólo en lo concerniente a las costas impuestas en las instancias ordinarias del proceso.

Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa en lo atinente al aspecto señalado. Costas de esta instancia en el orden causado.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-BOF (Procurador General)-Fernández Riestra (Secretaria)