marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Reordenamiento del sistema financiero, procesos de conocimiento, medidas cautelares, restitución de sumas de dinero, caución juratoria
Materia: PROCESAL
Carátula: "Ferrari  Francisco c/ PEN  Ley  25.561  Dtos.  1570/01 y 214/02 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-22

En un juicio de conocimiento iniciado por un depositante que no encuadra en las excepciones contempladas por el art. 1, 3° párrafo de la ley 25.587, teniendo en cuenta la situación de colapso provocada por las aproximadamente 120.000 demandas análogas presentadas ante este fuero, lo expresado por la C.S.J.N. en el caso "Smith" del 1/2/02, la alteración sorpresiva de la situación patrimonial de los ahorristas con la consiguiente situación de estrés y riesgo de daño psicofísico y en ejercicio de las facultades otorgadas por el art. 204 del C.P.C.C.N., corresponde modificar el rechazo a la pretensión cautelar y concederla ordenando que previa caución juratoria, el banco depositario entregue al actor el cincuenta por ciento (50%) por ciento de las sumas depositadas originariamente en el plazo fijo en billete dólar o el equivalente en pesos necesarios para adquirir los dólares en el mercado libre. (Consid. IX).
Acción, intervención de terceros, acción de amparo
Materia: PENAL
Carátula: DRA. ANA MARIA PECORA c/ H. C. DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CLODOMIRA s/ ACCION DE AMPARO DE CLODOMIRA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-24

No es procedente, en razón de la celeridad del amparo, admitir la participación de terceros. Para el caso de que un tercero se vea perjudicado, deberá interponer la pertinente acción, que de dirigirse contra el mismo legitimado pasivo, por igual acto o conexo, podrá acumularse al proceso en cuestión, de darse los supuestos para ello.
Poder Judicial, jueces, Corte Suprema de Justicia de la Nación, acción de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: JUAN BAUTISTA SEJEAN c/ ANA MARIA ZAKS DE SEJEAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 2393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

El Poder Judicial de la Nación, conferido a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales nacionales por los arts. 94, 100 y 101 de la Constitución Nacional, se define como el que se ejercita en las causas de carácter contencioso a las que se refiere el art. 2 ley 27, tales causas son aquellas en las que se persigue en concreto la determinación de un derecho debatido entre partes adversas, no se da una causa o caso contencioso que permita el ejercicio del poder judicial conferido a los tribunales nacionales cuando se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes.
Honorarios, regulación de honorarios, abogados, prescripción, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: CHUST, BEATRIZ c/ CLUB HOTEL DORADO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

Si el juez difirió expresamente la regulación de honorarios hasta tanto existiera base cierta para aplicar los coeficientes arancelarios, lo cual ocurrió, al aprobarse la liquidación practicada al solo efecto regulatorio, corresponde que el plazo de prescripción de la acción para pedir la regulación de honorarios (Cód. Civil art. 4032-1), se compute desde ese momento y no desde la fecha de la sentencia.
Derechos y garantías constitucionales, Pacto de San José de Costa Rica, duración del proceso, criterio de razonabilidad, prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad, caución real, monto de la caución, excarcelación, prórroga de la prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Luis Enrique Murua s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1994-12-22

El Congreso de la Nación sancionó la ley 24.390, reglamentaria del art.7 inc.5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art.9). Siendo así -y atento la jerarquía constitucional del Pacto - es ley de la Nación, por lo que las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas.(art.31 de la Constitución de la Nación). En su art.1° el nuevo ordenamiento prescribe que: "La prisión preventiva no podrá ser superior a dos años", a la par que el art.4° preceptúa que "...el imputado recuperará la libertad bajo la caución que el Tribunal determine", lo cual corrobora el criterio que ha venido sustentando esta Corte, tanto en orden a la razonabilidad del plazo de procesamiento, como en punto a la amplia libertad de criterio para establecer la clase de caución que se estime suficiente para garantizar la comparecencia del encausado.

El hecho del transcurso del tiempo sin que el procesado haya hecho efectiva la caución real que se dispusiera al concederle la excarcelación, permaneciendo en detención, hace presumir que la cifra es excesiva en relación a la situación económica del procesado y que impide la concreción de la libertad ordenada.

En tales casos,"...la suma fijada como caución real debe ser reducida a un monto que por un lado garantice la comparecencia del procesado, y por otro sea accesible a la situación económica del mismo".
Acción reivindicatoria, prueba de la posesión, título de la posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CURA, LUIS RINALDO c/ TORLASCHI, NELIDA MARIA s/ REINVINDICACION DE INMUEBLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-07

Para destruir la presunción establecida en el artículo 2790 del Código Civil, la demandada -hoy recurrente- debió probar que no hubo posesión, no de parte del reinvindicante ya que no es su posesión lo que contempla el artículo en cuestión, sino la posesión o propiedad por parte del autor del título o títulos que acompaña el demandante.

En el caso de autos la reivindicada no ha probado que esa posesión o propiedad no haya existido, máxime cuando los títulos que se presentan son instrumentados por escrituras públicas válidas.-
Servicio telefónico, línea telefónica, interrupción del servicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: MESSINA HECTOR LUIS c/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. s/ INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Sobre la base de que el servicio telefónico presupone llamar y ser llamado, el actor le ha dado un uso a las líneas de carácter comercial, sin haber pedido cambio de categoría; ha efectuado una extensión sin autorización, dado que no ha probado que la misma se hubiese realizado a través de la ex ENTel.; y en definitiva los equipos terminales se encontraban fuera del domicilio donde se prestaba el servicio. Todo ello acarrea la pérdida de la calidad de cliente, conclusión que no se desdibuja por la circunstancia de que en el local de remises sólo haya terminales, porque la recepción de llamadas era netamente comercial y no se cambió la categoría del usuario.
Concurso preventivo, juez del concurso, quiebra, derechos creditorios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fundación Centro de Estudos Brasileiros le pide la quiebra Roos Valmir Luiz c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-19

Corresponde revocar la resolución que desestimó la solicitud del peticionario de la quiebra por no haber acreditado la inexistencia de bienes para satisfacer su crédito reconocido en la sentencia dictada en la causa laboral. De lo contrario, no cabría admitir que una petición de quiebra fuera sustentada en un título ejecutivo como pacíficamente lo acoge la jurisprudencia. Es que de seguirse aquel principio cabría exigir del portador legitimado del título que inicie y concluya la acción de cobro para recién luego, y siempre que fueran agotadas todas las opciones procesales que brinda ese cauce, peticione la quiebra de su deudor contumaz.

Disidencia del Dr. Heredia:.

Cabe confirmar el decisorio de grado, por cuanto no se agotaron las posibles vías para obtener el cumplimiento del fallo dictado en sede laboral. Admitir lo contrario significaría cohonestar el ejercicio paralelo de ambas vías, en el sentido de autorizarse la colectiva antes de quedar agotada o demostrarse la inutilidad de la vía individual, con el eventual agravante de convertir al pedido de quiebra en un método extorsivo de cobro, lo cual encierra una utilización de prerrogativas de modo antifuncional o abusivo (conf. Cámara, H., El concurso preventivo y la quiebra, T. III, págs. 1554 y 1649; Quintana Ferreyra, F., Concursos, T. 2, pág. 80; Martorell, E., Breves estudios sobre concursos y quiebras: ¿es factible promover el pedido de quiebra de un deudor al que se continúa ejecutando individualmente?, LL 1993-C, pág. 874; Pascual, F., Ejecución individual y pedido de quiebra, ED 157-649).
Robo en poblado y en banda, menores, prisión preventiva, medios de prueba, personas privadas de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: Giménez, Luz Abigail y otros p. ss. aa. robo calificado en poblado y en banda, agravado por la participación de menores de edad, etc. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-07-31

Las prisiones preventivas que ingresan dentro del plan piloto dispuesto por el Acuerdo Reglamentario n.° 1747, Serie "A", de fecha 1/4/2022, se realizan creando un incidente conexo al expediente principal que se remite al juzgado de control. Y, aunque el principal debe permanecer en la fiscalía -y consecuentemente, las partes pueden seguir diligenciando medidas probatorias- el instructor se encuentra imposibilitado para trasponer la etapa de la investigación, hasta que aquel trámite conexo sea resuelto. Ello, porque la decisión jurisdiccional abordará tanto el riesgo procesal como el mérito probatorio requerido para el dictado de la medida de coerción, todo lo cual, impactará directamente en el mérito conclusivo. Se trata de una razón externa, no imputable al Ministerio Público, que le impide clausurar la instrucción y acarrea como lógica consecuencia que - tal como la misma letra del art. 182 in fine del CPP lo dispone- el término durante el cual el incidente de prisión preventiva se encuentre radicado ante el juzgado de control, no debe ser considerado a los fines del cómputo del plazo fatal de la investigación penal preparatoria en aquellas causas en las que existen personas privadas de su libertad.
Duda, prueba de cargo
Materia: PENAL
Carátula: FRIAS LEONOR BAUTISTA c/ FRIAS ROLANDO IGNACIO s/ VIOLACION CALIFICADA-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-26

No cualquier duda es suficiente para alterar las conclusiones de una razonada evaluación de la prueba de cargo. Debe tratarse de una duda de cierta entidad, vinculada con un hecho trascendente, que inocule en el ánimo del juzgador la idea de que las cosas pudieron realmente suceder de otro modo. La lógica, que es el vector sobre el que se debe estructurar toda resolución judicial, se presenta como el parámetro a observar para establecer la certeza que despeja la incertidumbre que favorezca al imputado, teniendo en cuenta que la certeza, como todo concepto, es contextual y no implica un acercamiento a la verdad de los hechos de tipo irrefutable e inmutable, de tal forma que la misma aparezca limpia de todo elemento de contradicción, pues estaríamos exigiendo una certeza imposible de lograr en el campo de las ciencias jurídicas, dado que el magistrado se encuentra limitado para el conocimiento absoluto de las cosas, no sólo por su naturaleza humana, sino también por la estructura del proceso penal, en especial cuando se trata de tipos penales como el que sobrelleva la imputación del encartado en juicio.
Prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Alderete, Hugo Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

De conformidad con el art. 256 (n.a.) del C.P.P., cualquiera sea el número de elementos que completen a la confesión extrajudicial, en ningún caso mediaría plena prueba compuesta a partir de sólo ella, que a tal efecto requiere el apoyo de dos testigos inhábiles y otros elementos de prueba.
Indemnización, incapacidad sobreviniente, jubilados
Materia: CIVIL
Carátula: GIORELLO, GERONIMA JORGELINA c/ CHAMORRO, LEONARDO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

Para establecer la indemnización por incapacidad sobreviniente debe tomarse en consideración no sólo la incapacidad laborativa que el ilícito aparejó, sino todas las actividades y la proyección que sobre la personalidad de la víctima pudo haber producido el siniestro. No puede descartarse, tampoco, que necesite ayuda de terceros para realizar las labores propias del hogar, que con frecuencia le habrán de resultar onerosas. Pese a su actual edad, 63 años, a su modesta condición social y a la circunstancia de ser probablemente beneficiaria de una jubilación, nada de eso constituye un impedimento a que se le reconozca una posibilidad dañosa, por cierto resarcible.
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Delle Rose, Carlos c/ Sanz, Ricardo s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-06

El ejecutado que excepciona alegando la falsificación de la firma que se le atribuye en el documento base de la acción ejecutiva, es quien tiene a su cargo la prueba de la excepción, resultando inapropiado acudir al art. 375 del C.Procesal para imponer al ejecutante la prueba de la autenticidad de la firma, porque tiene preeminencia, por especialidad, lo dispuesto en el art.547 del mismo código. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, obligaciones del vendedor, valor locativo
Materia: CIVIL
Carátula: BORCI PEDRO AUGUSTO c/ EDIFICADORA MARAL INMOBILIARIA  S.A. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Demandados daños y perjuicios por parte del adquirente de dos unidades habitacionales y de dos cocheras por la demora en la entrega de los objetos prometidos en venta, consistentes en el interés que hubiera devengado el capital proveniente de la venta de dichos bienes, corresponde rechazar el pedido ya que no obstante encontrarse acreditado la calidad del inversor del accionante su "modus operandi" habitual consistía básicamente en la compra y venta de departamentos con la consiguiente reinversión inmobiliaria y no en la colocación del capital a interés. Aún con una interpretación elástica no es admisible catalogar el pretendido daño como consecuencia inmediata del incumplimiento del vendedor pues nada indica que la derivacion aducida por el adquirente fuera ineludible, con el alcance de implicancia invariablemente unida a la venta de los inmuebles. Tampoco es factible la modalidad del resarcimiento con sustento en la hipótesis de pérdida de una "chance", puesto que, de las constancias del expediente debe pensarse que no era probable la aplicación del producido de la hipotética venta a la obtención de intereses, reducida esa alternativa a una simple posibilidad, pero sí corresponde acceder a la petición subsidiaria por el valor locativo.
Cuestiones de competencia, reclamo administrativo previo, procedimiento administrativo, Ente Nacional Regulador del Gas, habilitación de instancia
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Complejo Agroindustrial San  Juan S.A. c/ Distribuidora de Gas del Noroeste S.A. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-23

Es competente el Ente Nacional Regulador del Gas para intervenir de manera previa al conocimiento del conflicto por el órgano judicial, en las actuaciones suscitadas entre una empresa agroindustrial y una distribuidora de gas (arts. 50 y 66 de la ley 24.076).
Recurso de casación penal, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, costas
Materia: PENAL
Carátula: OCAMPO, OMAR Y OTRA s/ RECURSO DE QUEJA Causa 775
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-03

No procede el recurso de casación en cuestiones referentes al modo que se impongan las costas del juicio, en atención a la conducta asumida por las partes del proceso, por ser cuestiones de hecho no censurables por esta vía.
Sentencia, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Costantini, Luciana c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Si bien la CSJN contempla al control de constitucionalidad como operable de oficio por los jueces, en los precedentes "Rodríguez Pereyra" {Fallos 335:2333) y "Mansilla" {Fallos 337:179), ha dejado bien en claro que esa competencia sólo puede ser ejercida cuando la parte legitimada traiga la cuestión relativa a la interferencia de la norma inválida con su esfera de derechos de un modo que sea necesario pronunciarse para resolver el pleito traído a su consideración. En este marco, el control de constitucionalidad de oficio no constituye una herramienta a la que pueden acudir discrecionalmente los jueces, menos aún para exorbitar sus competencias. Es una facultad que pueden ejercer, siempre que estén presenten las condiciones que fija la CSJN en esos precedentes, para resolver las pretensiones que válidamente le son puestas a su consideración. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Apelación concedida libremente, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: P., R. c/ E.L.R. SA s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-30

"El memorial de agravios debe contener una crítica concreta y razonada del fallo recurrido, con la indicación punto por punto, de los supuestos, errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyan. En ausencia de fundamentos referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las aspiraciones del recurrente, no hay agravios que atender en la alzada":
Sucesiones, honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: MASSA Alba Carola s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-04-25

En cuanto a la base regulatoria, conforme a lo preceptuado por el art. 202 inc. A) de la ley 2150, está dada por el monto del acervo hereditario.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentos insuficientes, injurias, tipo penal, calificación legal, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C., O. E. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - QUERELLA POR INJURIAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 447 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-26

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que lucen insuficientes los argumentos de la Alzada para fundar acabadamente los extremos del tipo penal de injurias enrostrado al querellado. En tal sentido, si bien el decisorio parte de considerar que las querellantes le cuestionaban al síndico que era falsa la memoria del ejercicio, consideró el Tribunal "que ello no justificaba" que el contador le atribuyera calificaciones desacreditantes comparándolas con habitantes de distintas partes del planeta, a los que se asigna la calidad de marginados, ignorantes e incultos, lo que excede largamente cualquier intento lícito de defensa de la tarea profesional y pone de manifiesto la incuestionable intención de desacreditar y ofender.

En torno a dicha fundamentación, la defensa cuestiona que el Tribunal omitiera considerar elementos fácticos que formaban parte del juicio de tipicidad tales como el contexto y de las circunstancias de modo, lugar y relaciones personales habidas entre las partes.

Pero, para la Sala -esas circunstancias- "aún si hubieran causado tedio o fastidio no justificaba de ningún modo que como contrapartida a esas actitudes se les atribuyan calificaciones desacreditantes".

Con lo que incurrió de hecho en dar por demostrado lo que justamente debía fundamentar. Esto es: el significado objetivo de las expresiones mismas desde su entendimiento. Infiriéndose que, por adjudicarle per se carácter insultante, se desentendió también de analizar el contexto. (De la Disidencia de la Dra. Gastaldi)
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, competencia por la materia, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Domingo Angellini S.A. c/ Instituto Fluvioportuario Provincial s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

La jurisdicción originaria de la Corte en razón de la materia procede tan sólo cuando la acción entablada se funda "directa y exclusivamente" en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso o tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa, pero no cuando se incluyen temas de índole local y de competencia de los poderes locales.
Quiebra, honorarios, abogados, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO  BAMECOOP - QUIEBRA PEDIDA POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ QUIEBRA - EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-25

El juez concursal que dirimió la revisión del art. 38 de la ley 19551 y reguló los honorarios del quejoso a cargo del incidentista, es el magistrado competente para entender en la ejecución de sentencia contra el acreedor condenado en costas en punto al cobro de los respectivos estipendios. Dicha conclusión se desprende inequívocamente de los términos del art. 954 del C.P.C., según el cual incumbe llevar a efecto las sentencias ejecutoriadas a los jueces que hubieran conocido en primera instancia de los juicios en que recayeron. Al mismo resultado se arribaría por aplicación del art. 11 del C.P.C. ("forum connexitatis"): en interpretación de esta norma bien se ha dicho que el juez que reguló los honorarios es el competente para intervenir en su ejecución, (cfr: Ramacciotti, "Compendio...", V.I, pág. 156).-
Acción civil en el proceso penal, indemnización, daño material, daño moral, monto indeterminado
Materia: PENAL
Carátula: G, J.R. s/ ACCION  CIVIL  -  DAÑOS  Y  PERJUICIOS  - INDEMNIZACION PROCESO PENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-04-24

1.- Si bien es cierto que resulta conveniente que la pretensión de indemnización por daño material y moral en el proceso penal se ajuste en lo posible a las disposiciones del código de procedimientos en lo civil y comercial de la Nación, también lo es que, dándose los requisitos mínimos que permitan determinar el perjuicio material y moral sufridos, no debe rechazarse la acción por defectos meramente formales.

2.- La circunstancia de que la querellante no estipulara la cantidad que pretende recibir en concepto de daño material y moral sufridos por el delito, no es óbice para que se la pueda fijar prudencialmente por el tribunal si existen suficientes elementos de juicio que suplen la estimación omitida. o.s.
Marcas, marca notoria, oposición al registro de marca
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LLAO  LLAO  RESORT  S.A. c/ RICCI  RAUL OSCAR Y OTRO s/ CESE DEOPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-07

Decir "Llao Llao" es hacer referencia concreta, lisa y llanamente, a un apart hotel situado en San Carlos de Bariloche y no a otra empresa de ninguna especie. Creo que no se requiere contar con pruebas específicas para admitir esa conclusión; pues ya reiterada jurisprudencia ha resuelto que, cuando de marcas notorias se trata, toda prueba es innecesaria o superflua. Y es que si fuera necesaria la existencia de prueba, entonces dicha notoriedad no sería tal (conf. esta Sala, causas n° 7183 del 22/5/90; 5118 del 12/10/88; 8060 del 16/4/91; Sala I causa n° 4998/97 del 25/3/99; Sala III causas n° 6955 del 3/10/90 y n° 4772/00 del 21/3/02; entre otras). Juzgo incontrovertible que la marca "Llao Llao" reviste la condición de marca "notoria". Y su notoriedad es por cierto acentuada por la fuerza misma de la historia y de su reconocimiento en el ámbito local e internacional.