Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-03-17


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: SEIS San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Marzo de 2.005.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nº 64/03 "DEMIDOVICH, Andrés Pablo c/ Provincia de Catamarca - Acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción", en los que a fs. 76 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art. 39 de la Ley 2.403, obrando a fs. 77/80, Dictamen Nº 206/04 del Sr. Procurador General, llamándose autos para Sentencia a fs. 80 vta.- En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es procedente la Acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción incoada?. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.- Practicado el sorteo, conforme al acta obrante a fs. 81 vta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA.- A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que Andrés Pablo Demidovich entabla acción contenciosa administrativa de ilegitimidad y plena jurisdicción en contra del Estado Provincial con el propósito de que se deje sin efecto los Decretos G. y J. 254/03 y 345/03, -por el primero se acepta su renuncia al cargo de supervisor- índice 0,80 (actualizado a índice 1) en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Justicia, y el segundo en cuanto resuelve la cuestión vinculada con la falsa causa invocada.

Asimismo solicita se disponga su reincorporación al cargo y se le reconozca y pague los haberes dejados de percibir desde el 11/03/03 hasta el 25/04/03, mas intereses y daño moral.- Justifica los requisitos que hacen a la habilitación de la vía judicial, y en cuanto a los hechos que dan origen a la presente causa en síntesis se extrae, que con fecha 22/11/02 el actor es designado como Supervisor a prestar servicios como Subdirector del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Con fecha 13/03/03 es notificado del primer Decreto que impugna, por el cual se le aceptaba su renuncia y por intimación de la Subsecretaría de Asuntos Institucionales hace entrega de llaves y sellos a su cargo. Luego, presenta recurso de reconsideración en contra del decreto 254 por falsa causa, puesto que en ningún momento había renunciado.

Con fecha 25/4/03 se lo notifica del decreto 345 por el cual se hace parcialmente lugar en cuanto se rectifica lo referente a la renuncia, dándose igualmente por concluida sus funciones.- Sostiene el actor que el primer Decreto es nulo de nulidad absoluta en virtud del Art. 29 inc "b" del C.P.Ad. por cuanto al aceptar su renuncia tiene por existente hechos o antecedentes falsos, dado que nunca renunció.- Que también lo es el decreto 345/03 que resuelve el recurso de reconsideración, en cuanto formula apreciaciones que no estaban en cuestión, -que el cargo que revestía era fuera de nivel, sin estabilidad, que era facultad del Ejecutivo de remover o dar por terminada sus funciones cuando lo considere oportuno-.

Que es contradictorio por que reconoce el hecho ilícito e irregular argumentando que el dictado de aceptación de renuncia fue para no afectar su imagen como funcionario.

Porque pretende confirmar o sustituir un acto nulo de nulidad absoluta, cuando la nulidad absoluta no puede sanearse por vía de confirmación, Art. 1047 C.C.- Que la acción de ilegitimidad o nulidad es procedente por violación al Art. 14 inc. "d" del C.C.Ad.- Que la acción de plena jurisdicción es procedente por el daño y perjuicio sufrido como consecuencia del dictado del acto nulo.- Ofrece prueba documental, informativa y pericial caligráfica.- Hace reserva de la cuestión federal.- A fs. 25, previa vista del Sr. Procurador de la Corte, se declara prima facie la jurisdicción y competencia de este Tribunal para entender en la presente causa.- Que a fs. 29/33 contesta traslado la demandada negando cada uno de los hechos y solicitando el rechazo de la acción.- Que abierta la causa a prueba, a su término las parte alegan sobre el mérito de la causa.- A fs. 77/80 obra dictamen del Sr. Procurador General inclinándose por el rechazo de la acción.- Firme el proveído de autos para resolver, se practica acto de sorteo y conforme resulta el orden allí establecido me apresto al examen del planteamiento a efecto de emitir mi parecer al respecto.- Estimando cumplidos los presupuestos formales que habilitan la vía judicial, ratifico lo ya resuelto por este Cuerpo en torno a la admisibilidad de la acción.- Entonces así, corresponde referirnos a la cuestión sustancial puesta a consideración y tenemos de este modo la impugnación de los decretos mediante los cuales se han dado por finalizado los servicios que prestaba el actor en calidad de funcionario fuera de nivel.- Cabe poner de resalto que el accionante no reprocha el hecho de que se haya dado por finalizada sus funciones y tiene bien en claro que revestía categoría de funcionario o personal fuera de nivel, que su cargo no era permanente, que la actividad que desarrollaba no gozaba de garantía de estabilidad, que la autoridad administrativa tenía la facultad de prescindir de sus servicios cuando lo considerara necesario.- Sí, en cambio, todo su reclamo radica en que el primer decreto se acepta su renuncia, acción ésta que jamás existió de su parte, motivo que lo lleva a recurrir el decreto y la administración reconoce y rectifica lo de la renuncia y a su vez ratifica el cese de funciones.- Por su parte la administración se excusa en que la ocurrencia de la renuncia como motivo de fundamento del decreto era con el objeto de no afectar su imagen como funcionario.

Ahora bien mas allá de toda la ofensa que la situación suscitada ocasionó en el ánimo del actor, que lo llevó a embarcarse en todo el desgaste general que implica un proceso contencioso administrativo, no avizoró en el planteamiento de fondo una solución positiva a su pretensión.- Si bien no comparto la conducta de la administración de fabricar un motivo -renuncia- ante situaciones en donde tiene sus atribuciones a pleno para disponer de nombramiento y remoción del personal que reviste la categoría de funcionario, sin la obligación de dar mas explicación o justificación del cambio de decisión que la oportunidad, mérito o conveniencia por pertenecer ello al ámbito de sus facultades discrecionales.

Sin embargo en mi parecer no puede ello acarrear mas consecuencias que calificar esta actuación de "reprochable, repudiable" y todo otro calificativo sinónimo de detestable, pero incapaz de generar otro tipo de resultado.- Todo ello por cuanto la resolución de la autoridad administrativa no exigía imprescindiblemente de la renuncia para concretarse dado al tipo de funciones que prestaba el actor y que en la causa está fuera de discusión.

A la vez el mismo le da la oportunidad a la administración mediante el recurso presentado de revisar y corregir el acto, con lo cual la única expectativa que de ello podía esperar era lo relativo al tema de la renuncia, mas no a la decisión, que ya había tomado la autoridad administrativa, de prescindir de sus servicios.

Entonces así y mas allá que los argumentos brindados se ajusten o no a derecho, y puedan o no llegar a convencer al administrado, se explicitaron las razones de hecho y derecho que determinaron la resolución, resultando suficiente para subsanar su errado obrar.- Todo ello pues, si bien el acto en virtud del Art. 29 inc. "a" del C.P.Ad. el primer decreto era de nulidad absoluta por cuanto tenía como existente un hecho falso, -la renuncia- el mismo podía ser revocado o sustituido en sede administrativa por razones de ilegitimidad, puesto que no estaba firme ni consentido ni había generado derecho subjetivo; y de hecho que mediante el recurso de reconsideración que el actor interpone, el acto fue saneado en el vicio contenido por la misma administración que contaba con atribución para ello, conforme al Art. 32 del C.P.Ad..- Que frente a ello en virtud de las facultades revisoras que tiene este Tribunal sobre este tipo de actos de gobierno, estimo que no existen motivos que justifiquen modificación alguna de lo sometidos a control judicial, mucho menos con ello procurar lograr un cambio en los resultado.- Por su parte ya he referido a los caracteres y condiciones que reviste el cargo que desempeñaba el actor y el hecho de haber concluido su prestación laboral, de este modo no cambia en nada la naturaleza de estas funciones, por ende lo acontecido no le crea ningún derecho a peticionar su reincorporación.- Tampoco encuentro sustento al reintegro de haberes desde la fecha del primer decreto al segundo y resarcimiento por daños y perjuicios, pues como bien lo pone de resalto el Sr. Procurador en su dictamen, no hubo prestación de servicios que de lugar al reclamo de pago y tampoco se advierte la existencia de dolo en el actuar de la administración que dé lugar a resarcimiento.- Que conforme a lo expuesto estimo que la acción contenciosa administrativa de ilegitimidad y plena jurisdicción debe ser rechazada. Imponiendo las costas a la vencida y en esa dirección doy mi voto.- A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que compartiendo las consideraciones formuladas por el colega que en el orden me precede, me adhiero y voto por el rechazo de la acción intentada. Con costas a la parte actora (Art. 65, Ley Nº 2403). Es mi voto.- A LA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que coincidiendo con el análisis de los Sres. Ministros preopinantes, queda explicitado que la naturaleza y jerarquía funcional del actor le impiden prevalerse de la misma para bloquear las potestades constitucionales de la Administración fundadas en razones de oportunidad, mérito y conveniencia y por ello en principio exentas de revisión judicial.- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente Sentencia, doy fe.- San Fernando del Valle de Catamarca, de Marzo de 2.005.- Y VISTOS:

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede, y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la Acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción interpuesta.- 2) Con costas a cargo de la parte actora.- 3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base suficiente para ello.- 4) Protocolícese, hágase saber, y firme o ejecutoriada por Secretaría procédase a la devolución al Organismo correspondiente de la documental agregada por cuerda al principal y archívese.-