Falta de legitimación para obrar, querellante, sentencia condenatoria, responsabilidad internacional del Estado, libertad de expresión, peculado
Materia: PENAL
Carátula: MORENO, Guillermo y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-17

La disidencia sostuvo que la invocación del bien jurídico protegido no es una pauta definitoria para otorgar legitimación procesal para intervenir en un proceso penal como querellante, ya que se ha reconocido la posibilidad de proteger de modo subsidiario otros bienes garantidos, que a pesar de haber resultado perjudicada en la maniobra, la Corporación del Mercado Central no requirió constituirse como querellante, mientras quien sí lo hizo han sido los representantes de un ente ideal que carecen de principio a fin de lesión alguna a sus derechos, ni han probado haber sido ofendidos por el delito, cuya existencia tampoco se ha verificado en esta investigación, que los querellantes carecen de todo perjuicio por el delito por el que ha recaído sentencia condenatoria, que el damnificado ha sido la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, a quien deben ser restituidas las sumas de dinero, por lo que en modo alguno el querellante "Clarín" ha sufrido menoscabo a sus derechos o patrimonio por los hechos, que en el diseño procesal elegido por el legislador, no se encuentra prevista la facultad de constituir en querellante a una persona jurídica con el fundamento de una lesión a bienes jurídicos que mantienen absoluta independencia con la protección reclamada y el daño invocado, que la calidad de parte querellante que ha conducido finalmente al dictado de una sentencia condenatoria ha surgido en estas actuaciones como producto de lo resuelto por la Sala IV que exclusivamente consistió en considerar que la desestimación de la denuncia no reunía las exigencias de fundamentación exigidas por el art. 123 CPPN, con absoluta prescindencia de un análisis concreto de los términos exigidos por el art. 82 CPPN, vinculado con los hechos denunciados, que en tanto carece de legitimación "Clarín S.A." para intervenir en el proceso en calidad de parte querellante, se encuentra impedida de habilitar el dictado de una sentencia con denatoria mediante su exclusiva acusación, ante la ausencia de acusación efectuada por el MPF, que luce autocontradictorio y arbitrario en un Estado de Derecho que uno de los cuatro imputados llegados a juicio culmine con una absolución por haberse registrado un alegato inválido de la parte acusadora, y los otros tres con el mismo alegato resulten con una sentencia condenatoria porque esa misma parte acusadora en ese aspecto habría cumplido correctamente con su labor, que en un Estado de Democrático las expresiones en defensa de derechos propios deben encontrar un amplio margen de desarrollo y tutela, bajo el riesgo en caso contrario de encontrarnos frente a un estado de rasgos autoritarios, que la decisión impugnada podría traer aparejada ulteriormente responsabilidad internacional para el Estado Argentino, por violentar las disposiciones contenidas en diversos instrumentos internacionales en punto a garantizar la plena vigencia del principio de libertad de expresiÃ ³n, que mal puede tratarse de una conducta delictiva el uso de material publicitario efectuado por la Corporación del Mercado Central a fin de contrarrestar información periodística que refería a condiciones negativas de éste último, que se evidencia la ausencia de determinación necesaria entre el origen de los fondos y su destino específico, elemento de decisiva importancia para concluir que se verifican conductas encuadrables en el delito de peculado, que mal podría exigirse a una persona que desempeña un rol de "Gerente General" conocer que lo que realizaba configuraba un delito, cuando para más de tres fiscales que tuvieron intervención en este expediente lo denunciado no encuadra en ninguna de las figuras que integran el catálogo del derecho penal argentino, y que corresponde dejar sin efecto la sentencia dictada en restablecimiento de la plena operatividad del derecho a la libre expresión (arts. 19 y 75 inc. 22 CN, 19 DUDH, IV DADyDH, 13.1 CADH, 19 PI DCyP) como uno de los bienes más preciados en una sociedad democrática. Figueroa -disidencia-.