marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Privilegios especiales (comercial), concursos, contrato de trabajo, depreciación monetaria
Materia: COMERCIAL - LABORAL
Carátula: COMPLEJO TEXTIL BERNALESA S.R.L. s/ QUIEBRA.    CREDITOS LABORALES.    PRIVILEGIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

El instituto del pronto pago es muestra evidente de la singular tutela que ha merecido el trabajador en todo tipo de circunstancias.

Para ello, el art. 266 del Régimen de Contrato de Trabajo (t.o.) establece un instrumento jurídico tendiente a evitar que las situaciones desfavorables sean agravadas por los efectos de la demora en la percepción de las remuneraciones, secuela del concurso del empresario-deudor y de los procedimientos que apareja la satisfacción colectiva de sus distintos acreedores.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Granja Victoria Sociedad Anónima. s/ Promueve acción de Amparo-Medida Cautelar.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-02-28

La Ley 3361, artículos 1 y 2 no asigna competencia alguna al Superior Tribunal de Justicia, sino que veda la acción de amparo en los casos en que el Alto Tribunal interviene originariamente o por apelación en la constitucionalidad de las leyes lato-sensu. Una cuestión de naturaleza administrativa, o contencioso administrativa en principio tampoco podría resolverse por la vía del amparo, conforme la prohibición de la ley 3188, no atacada de inconstitucionalidad.
Despido, invariabilidad de la causa, despido con causa
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Miranda, Luis. c/ Fábrica de Bebidas sin alcohol Bariloche. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-05-26

No es necesario tener por probadas todas las causales de despido invocadas por la actora para considerar que el mismo fue justificado ; acreditada una de ellas, que por su entidad resulta suficiente, no es indispensable probar también las restantes.
Actos y diligencias procesales, falta de firma, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: AGUIRRE DE CUELLO, Susana Elsa s/ Posesión Veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-05-21

Todo acto procesal idóneo tiene por objeto producir un efecto jurídico directo e inmediato en el proceso y para eso la persona o sujeto procesal ha de tener aptitud conducente a lograr tal finalidad.

Cuando a los actos procesales les falta la firma del sujeto que está legitimado para actuar, las peticiones no pueden encausarse hacia la plenitud del acto decisorio, porque sin ese requisito subjetivo esencial que denota la voluntad declarada de quien desea producir un efecto directo e inmediato en el proceso, la firma del peticionante, no habrá destinatario para la resolución jurisdiccional en la esfera del derecho privado.

La imposibilidad de sanear el acto inexistente es total. Sólo está permitido convalidar el acto o subsanar sus deficiencias en el supuesto de nulidad de actos procesales cuando no haya sido consentido siquiera tácitamente por la parte interesada en la declaración (art. 176 CPC); pero ambas situaciones difieren substancialmente por la naturaleza y los efectos que tiene una y otra clase de actos.

El acto inexistente ni siquiera ha nacido como acto, por eso no puede decirse de él que está afectado por un vicio en sus elementos formales, sino más bien por carecer de los requisitos mínimos y esenciales para configurarlo, por tal razón, tiene nada más que la apariencia de un acto jurídico, pero en realidad no lo es.

Ante la ausencia de uno de sus requisitos esenciales es imposible la ratificación de lo actuado con posterioridad con la finalidad de conferirle validez, según la doctrina que comparte el tribunal.

Esta calificación lo convierte en un escollo insalvable para poder valorarlo jurídicamente.

Si bien la ausencia de firma denota la falta de emisión de la voluntad para darle entidad al acto procesal, las costas que ha generado la actividad profesional han de ser soportadas por quien provocó esta situación, es decir, a cargo del abogado que presentó el escrito sin la firma de su patrocinado (art. 45 CPC), o debiendo hacerlo en su caso con justificación de la personería (art. 49 CPC).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, crédito verificado, honorarios, regulación de honorarios, leyes, aplicación de la ley, ley arancelaria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ Primera ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la   verificación concursal -tempestiva y tardía- de créditos?. Segunda   ¿Corresponde regular honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante, distinguiendo según aquel sea contador o abogado y   según se impongan o no las costas al tercero verificante?. Tercera   ¿Cuál es la base regulatoria? ¿Se computa la desvalorización   monetaria y los intereses?. Cuarta ¿Corresponde reducir la escala   arancelaria en función del trámite seguido y de las etapas cumplidas?   Auto sprint sobre quiebra. Incidente verificación crédito (Expte.   Nro. 128-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

La verificación de créditos es el núcleo de una de las etapas de todo proceso concursal (la etapa informativa), donde se esclarece la real composición del pasivo; no es un "incidente" del juicio concursal, sino un -estadio normal, típico y necesario de él a punto tal que si nadie verificara un crédito cesaría inmediatamente el concurso (artículo 229, Ley de Concursos). Esto desde el ángulo de mira del concurso. Por ello la labor de los funcionarios concursales en la etapa informativa es tarea "normal" del juicio de concurso.

Podrá ser tarea mayor o menor según la cantidad de acreedores, la complejidad de las cuestiones que se plantearen, etc. pero nunca puede reputarse labor accesoria o extra. Es, lo repito, común a todo concurso, etapa de él y - consecuentemente- retribuida por la regulación de honorarios global calculada en la oportunidad y con las pautas de la Ley de Concursos (artículos 288 y ss.). (De los Fundamentos del Dr. Rouillon).
Contrato de trabajo, accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Nieto,  José Orlando c/ Tansportadora de Caudales Juncadella S.A.y otro s/ accidente-acci3/4n civil.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-08

El Estado Nacional ha delegado en las aseguradoras de riesgos del trabajo todo lo relativo al control y sujección de los empleadores a las normas de higiene y seguridad, imponiéndoles a estos gestores privados del sistema diversas obligaciones de control y supervisión. Así, se genera una ampliación de los sujetos responsables, de modo tal que deja de ser el empleador el único sujeto en materia de prevención de riesgos laborales, por lo cual la omisión o cumplimiento deficiente de esta función "cuasi-estatal", puede generar la responsabilidad de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, previa comprobación de un nexo de causalidad adecuada con el daño sufrido por el trabajador. (del voto del Dr. Zas, por la mayoría).
Constitucionalidad, subrogancia del juez, Consejo de la Magistratura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Uriarte, Rodolfo Marcelo y Otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-07-16

La declaración de inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley de Subrogancias N° 27.145 dispuesta por la anterior instancia, importó un claro apartamiento de los términos en que había quedado trabada la litis, dado que dicha norma no fue impugnada por el accionante a lo largo del proceso, ni invocado el supuesto perjuicio causado por su sanción, incurriendo en un claro exceso de su jurisdicción, lo cual es inconcebible dentro de una racional administración de justicia.
Medidas cautelares, exclusión del hogar, violencia familiar, incidentes
Materia: CIVIL
Carátula: Gutierrez, Teresa del Valle s/ Exclusión del hogar.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-11-09

En autos, se ha demandado como medida cautelar, la exclusión del hogar conyugal del esposo, pretensión a la que se ha conferido trámite incidental, y que ha sido acogida en la sentencia. El demandado al agraviarse del fallo, considera en síntesis, en base al análisis de la prueba que realiza, que no se configura en autos un supuesto de peligro, presupuesto este necesario para la procedencia de la medida. Al respecto cabe señalar, que contrariamente a lo que afirma el recurrente, tal como lo analiza la sentencia de grado, quien además a tenido contacto personal con las partes en la audiencia celebrada, el clima de discordia y tensión por el que atravesaban las partes debido al carácter violento y agresivo del esposo, lo que a su vez se proyectaba sobre el hijo menor de ambos, a quedado acreditado con las declaraciones testimoniales incorporadas en autos, como a si mismo con las denuncias policiales efectuadas por la actora, no habiendo aportado el recurrente a la alzada ningún elemento que permita variar el criterio de la decisión impugnada. Del informe ambiental producido en autos, contrariamente a lo que alega el recurrente, si bien no surge su adicción al alcohol, cuestión esta que no necesitaba ser probada para mediar expreso reconocimiento del demandado, se desprende, según lo define el propio Sr. Vega que "la relación con su esposa está terminada" y "que se trata de un grupo familiar desintegrado" La exclusión del hogar no solo es procedente cuando se han acreditado circunstancias gravísimas, que autorizan a declararla inaudita parte, sino también previa audiencia del juez con las partes, cuando se presume una situación de tirantez, o aún de violación moral. Se ha resuelto a si mismo, que el art. 231 del Cód. Civil no solo es aplicable cuando se han acreditado motivos gravísimos o urgentes, sino también, previo contradictorio, y atendiendo a las circunstancias particulares de cada cas o, cuando estas revelen la necesidad del alejamiento de uno de los cónyuges del hogar, hasta entonces común. La necesidad de evitar situaciones que puedan agravarse a medida que la convivencia prosiga, hace aconsejable la exclusión del hogar. Dado que se trata de cuestiones de hecho que deben resolverse de acuerdo con las circunstancias de cada caso, ponderando estas últimas debe decirse que desde el punto de vista objetivo no se encuentran razones atendibles que impidan poner fin a la convivencia no deseada por unas de las partes y al menos, potencialmente riesgosa.
Banco Central de la República Argentina, mercado cambiario, acción meramente declarativa
Materia: BANCARIO
Carátula: Martignone, Nicolás Adolfo y Otros  c/ BCRA-Común A 6844 y Otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-05

La sala confirmó el rechazo de la demanda instaurada tendiente a que se declare el derecho al libre acceso al mercado de cambios en el marco de lo dispuesto en el punto 3.6.1 y 3.6.2 de la normativa de "Exterior y cambios" - según texto ordenado al 24/06/2021 por la comunicación "A" 6844- y en el punto 9 segundo párrafo de la comunicación "A" 6770 del 01/09/2019, y se ordene permitir el acceso al mercado de cambios para cancelar los próximos vencimientos de los pagos comprometidos. El tribunal indicó que de la normativa involucrada surgía con claridad que los tres requisitos para la procedencia del acceso al mercado de cambios son que: a) las obligaciones deben ser anteriores al 30/08/2019, b) deben estar instrumentadas en escrituras públicas, y c) el acceso será a partir de su vencimiento. Así, advirtió que el segundo de los requisitos legales no se encontraba cumplido en tanto no resultaba suficiente que las operaciones se encontraran formalizadas por un instrumento privado, especialmente si se tienen en cuenta los términos en que se formuló, es decir, una oferta o modificación de oferta para realizar una compraventa, aun cuando las firmas estuvieran certificadas por escribano público. Pues lo cierto es que la norma no solo busca tener una garantía respecto de la fecha de la celebración de la obligación, ya que -en principio- en el supuesto de autos ello estaría cumplido con la certificación, sino que también exige que se encuentre "instrumentada mediante registros o escrituras públicos". Por lo demás, no puede soslayarse que los efectos jurídicos que otorgan las formalidades exigidas por la normativa a los actos legales no pueden ser suplidas por la suscripción de instrumentos privados.
Quiebra, juicio ejecutivo, domicilio real, lugar de pago, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: MEINERO  LUIS  M.  INCIDENTE  DE REVISION EN AUTOS: PANUTIN ANTONIO - QUIEBRA PROPIA s/ QUIEBRA PROPIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-28

El vicio del proceso ejecutivo reside en la defectuosa citación del fallido, ya que la demanda no fue notificada ni en su domicilio real, ni en el lugar de pago designado en los títulos cambiarios.

La indicación del domicilio real contenida en los títulos, no integrando el texto cambiario, no estando consignada bajo la firma del librador ni redactada con la misma caligrafía del resto del documento, no tiene valor irrefragable, de suerte que no impide al deudor probar falta de coincidencia con el domicilio que tenía en la fecha en que se practicó la notificación de la demanda ejecutiva.

Si el vicio en cuestión no fue consentido por el fallido, no rige el plazo de cinco días del art. 365 quater C. P. C. sino en todo caso y por analogía el de treinta días del art. 461 inc. 2do. C.P.C.

Siendo responsabilidad del ejecutante la defectuosa citación y la consiguiente rebeldía del fallido, que por ese motivo no pudo oponer excepciones en el juicio ejecutivo, corresponde que las costas de ese proceso sean soportadas por el ejecutante.
Asociaciones profesionales, inscripción de sociedades, objeto social, profesionales de ciencias económicas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ Ghiano, Re y Asociados S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-30

Cabe dejar sin efecto la sentencia que revocó la resolución de la Inspección General de Justicia y autorizó la inscripción en el Registro Público de Comercio de una sociedad anónima de graduados en ciencias económicas- que tiene por objeto la prestación de servicios profesionales de asesoramiento y/o consultoría específica del área-, pues frente al art. 5º de la ley 20.488 carece de rigor la generalización efectuada por el a quo en cuanto expresa que, permitida la prestación de servicios por una persona de existencia ideal ( asociación), no existen razones para impedir que otra de ellas ( sociedad anónima) haga lo que pueda hacer la primera, por lo que prescindió del régimen legal que diferencia ambas categorías, a las que asimiló en desmedro del plexo normativo que las rige, formulando una interpretación extensiva de inadecuado alcance ( Disidencia de la jueza Higthon de Nolasco).
Inconstitucionalidad, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Palmero, María c/ Vetrano y/o s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-08-05

Las cuestiones constitucionales, por tratarse de argumentos de derecho pueden plantearse hasta el momento en que se cierra toda discusión, siempre que en virtud de la actitud asumida con anterioridad, no deba considerarse que la parte afectada consintió tácitamente la aplicación de la ley que luego cuestiona.
Compraventa de automotores, daños y perjuicios, responsabilidad contractual, responsabilidad del fabricante, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: SANTOME, NORMA EDITH. c/ BRENS S.A. Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL PARTICULARES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-24

El daño moral, en materia contractual no se presume, debe ser debidamente probado, toda vez que éste tipo de daño no debe ser confundido con las molestias o perturbaciones provocadas por el incumplimiento de las obligaciones contractuales que a veces genera los negocios jurídicos. Y en autos no hay pruebas fehacientes que indiquen, más allá de las molestias propias que ha generado llevar el auto a la garantía para su reparación, una afección de índole moral.
Derecho laboral, prueba, reglas de la sana crítica
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: MIRANDA, NILDA MIRIAM c/ PARRA, ROBERTO VIVIANO Y PIZZERIA Y CHOPERIA PARRA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -COBRO DE PESOS LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 518 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-12

Independientemente de la discusión que puede generar el modelo de contratación eventual de la legislación argentina, las normas reguladoras del instituto requieren la demostración de una causal objetiva para justificar dicha modalidad, recayendo la prueba en cabeza del empleador.
Competencia por conexidad, tenencia de hijos menores, divorcio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Oks, Sebastián Andrés c/ Oks, Carlos Hugo y otros s/ impugnación de paternindad y reclamación de filiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Cuando se ha promovido juicio de divorcio, las demandas de tenen cia deben quedar radicadas ante el magistrado actuante en él, de acuerdo con lo prescripto por el art. 6x, inc. 3 del Código Procesal.
Acción de amparo, procedimiento administrativo, acto administrativo ilegítimo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Waingarten, Sebastián c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-11

El amparo no constituye un procedimiento judicial genérico y electivo, a gusto del actor, que suplante o reemplace los procedimientos específicos reglados; sino que la evidencia inicial de la ilegitimidad del acto u omisión y el daño grave e inminente a un derecho constitucional o legal que deba ser restablecido de inmediato. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Luis F. Lozano)
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción, secuela de juicio, actos interruptivos, cómputo del plazo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ESCALANTE, Javier Arturo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-04

Con la reciente vigencia de la ley 25.090 (B.O. N° 30.567 del 11/1/2005) se ha dado respuesta a la discusión dogmática sobre los actos que debían ser considerados "secuela de juicio". Ello en tanto, el actual artículo 67 del C.P. prevé en forma taxativa los actos interruptivos del curso de la prescripción, a saber: la comisión de un nuevo delito, el primer llamado a indagatoria, el requerimiento de apertura o elevación a juicio, el auto de citación a juicio y la sentencia condenatoria.

La reforma elimina de la enumeración a la rebeldía y/o al libramiento de orden de captura del imputado, actos que, en adelante, no podrán ser tenidos en cuenta a estos fines.

En tanto, el plazo de la prescripción debe comenzar a computarse desde la fecha en la que cesó la administración infiel por parte del imputado ya que en ella se produjo el vaciamiento definitivo de la empresa y se vio interrumpido por el llamado a indagatoria del imputado, debe confirmarse el auto que no hizo lugar al planteo de prescripción incoado.
Acción penal, acción pública, renuncia del agraviado, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RUIZ, Dante s/ ACCION PENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-27

La circunstancia que los damnificados hayan manifestado, al concurrir al juzgado, su desinterés en que se continúe substanciando el sumario, no puede motivar el sobreseimiento de los imputados. La acción pública no es disponible por el damnificado.
Delitos contra la integridad sexual, abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima
Materia: PENAL
Carátula: S., M. H. s/ Queja en: 'S., M. H. s/ Abuso sexual gravemente ultrajante
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-06-28

El sometimiento sexual al que alude la norma (art. 119 párr. 2 C.P.) recepta aquellos casos en los cuales, mediando en términos generales un quebrantamiento de la voluntad, se expone a la víctima bajo el dominio de otra, reduciendo de esta manera al sujeto pasivo a un estado de cosa sobre la que se ejerce dicho dominio o disponibilidad, anulando la libertad o la autodeterminación sexual, con la consiguiente minoración de su dignidad personal.
Embargo preventivo, juicio ejecutivo, Estado Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Obra Social para la Actividad Docente c/ Catamarca, Provincia de s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

Considerando que en el juicio ejecutivo no es un trámite esencial el embargo preventivo, así como la presunción de solvencia que ampara a la provincia demandada, corresponde dejar sin efecto el embargo decretado.
Indemnización por despido, principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: BUSNADIEGO, GLADYS NOEMI c/ MUNICIPALIDAD DE MAQUINCHAO Y PEREZ, MARCOS JAVIER s/ SUMARISIMO (I) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-09-04

La sentencia que resuelve fuera de lo pedido, como en el caso de autos, en el que se condena al pago de una indemnización por cese laboral cuando lo reclamado fue la nulidad de un despido discriminatorio, el pago de salarios caídos y daño moral, quebranta el principio de congruencia y violenta los principios de defensa en juicio y debido proceso, en la medida que implica el incumplimiento de principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal. El fallo que se dicta en esas condiciones incurre en arbitrariedad por ser incongruente la condena con la demanda. (Voto del Dr. Barotto por la mayoria) Fuente del sumario: OFICIAL
Caducidad de instancia, declaración de oficio
Materia: PROCESAL CIVIL -COMERCIAL
Carátula: GIORGETTI  ALEJANDRO  HECTOR EN: "BANCO REGIONAL DE CORDOBA -SOCIEDAD DE HECHO-" s/ QUIEBRA PROPIA - INCIDENTE DE ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-06-07

La instancia de grado quedo inaugurada con la concesión del recurso de apelación, si a partir de esa fecha, transcurrió el plazo del art.300 Segunda parte de la ley 19551, sin que en la causa se atisbase acto alguno idóneo de impulso del procedimiento, es patente que se ha operado "ope legis", la caducidad de la instancia recursiva por el mero fenecimiento del término legal. Que no empece a dicha conclusión la circunstancia de haberse noticiado la sentencia y la concesión del recurso antes de la expiración del término de la perención, porque las cedulas respectivas fueron glosadas a la causa después del vencimiento del plazo legal. Las actuaciones cumplidas una vez que la caducidad se produjo, no pueden tener el efecto de "purgar" la perención y hacer revivir una instancia fenecida, en detrimento de aquellos a quienes la perención aprovecha.
Traslado de la demanda, domicilio social, sociedades comerciales, efectos con relación a terceros
Materia: CIVIL
Carátula: CERRO c/ CONSORCIO TATO MAR III s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-21

A los efectos de la notificación, cabe tener en cuenta que en el caso de sociedades, el domicilio se determina por el lugar de la dirección o administración, independientemente del asignado en los estatutos, que si tiene valor entre las partes signatarias de los mismos no produce efectos con respecto a terceros.