marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Registro de peritos, designación del síndico del concurso
Materia: PROCESAL
Carátula: REGISTRO DE SINDICOS CONCURSALES CATEGORIA A AÑO 2003-2007 s/ Revocatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-03-02

Corresponde ordenar la inscripción definitiva en la lista de Síndicos si, habiéndose concedido un plazo de seis meses para que el profesional acredite su desvinculación de la causa penal, se ha probado que había sido sobreseído hacía más de siete años, a la fecha en que solicitó su inclusión, aún cuando las fotocopias que así lo acreditan fueron agregadas con posterioridad al plazo otorgado, si se ha probado la imposibilidad de obtenerlas, por encontrarse el expediente en el Archivo General de la Provincia.

Máxime cuando del informe del Registro Nacional de Reincidencia ya surgía que el contador carecía de antecedentes.

El plazo fijado por la Corte no puede interpretarse con un criterio excesivamente rígido como para provocar, indefectiblemente, la pérdida del derecho de intervenir como Síndico, al peticionante, teniendo en cuenta que a la fecha de su postulación, el profesional cumplía acabadamente con lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada nro. 7871. (Del voto de los Dres. Garros Martínez, Posadas y Vicente)
Procedencia parcial, revocación de sentencia, daños y perjuicios, calumnias, injurias, extensión de la responsabilidad, legitimación pasiva
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Oviedo, Abel Placido c/ Sanchez, Estela y/u otro s/ juicio ordinario (daños y perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-06-30

Procede parcialmente el recurso de apelación incoado por la demandada y el demandado, debiendo revocarse la sentencia en cuanto extendió al demandado la condena en concepto de daños y perjuicios, y confirmarse la misma en lo restante, dado que al realizar un análisis de las diversas denuncias hechas contra el actor y por las cuales ha reclamado, no figura el accionado como denunciante y por ello no procede imputarle una carga de tal naturaleza. A mayor abundamiento, se precisa que al no ser denunciante no se le aplica el art. 1771 del Código Civil y Comercial de la Nación y que la demanda en su contra debió rechazarse in límine por no revestir calidad de parte.
Carrera docente, discrecionalidad técnica, acción de amparo, resoluciones judiciales, cláusulas reglamentarias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bys Rubén Juan Domingo c/ Dirección General de Enseñanza de Nivel Secundario y Subsecretaría de Gestión Educativa y Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Corrientes y/o Estado de la Provincia de Corrientes s/ amparo (Fuero Civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2023-04-24

La lesión a las pretensiones del accionante - aspirante a ser designado suplente y luego titular por circunstancias sobrevinientes, en el cargo de profesor de trabajo práctico de la especialidad, afecta tales valores consagrados en esas directrices de un modo que habilita la vía especial del amparo, que requiere de una lesión patente, nítida. (Del voto de la Dra. Durand De Cassis)
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cougnet, Aníbal c/Cougnet, Francisco, su sucesión s/ Petición de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

Los pronunciamientos deben conformarse en un todo a lo que se haya pedido, ajustándose de modo estricto a las personas, a la calidad en que intervienen, al objeto del litigio y a la causa o vínculo puesto en discusión.
Prevaricato, estafa, bienes de la sociedad conyugal, fraude de uno de los cónyuges
Materia: PENAL
Carátula: Zeni, A. s/ Prevaricato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

El delito de prevaricato únicamente puede ser cometido en el mismo juicio, escapando de él las consultas o consejos.

Si el delito de estafa requiere que mediante ardid o engaño se obtenga de la víctima la entrega de un bien, de modo que sea perjudicada patrimonialmente, no resulta típica la acción de quien oculta bienes de la sociedad conyugal, pues la querellante nada entregó, ya que nada tenía más que un derecho renunciable a convertirse en dueña de alguno de ellos.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINEZ RONALD EDGAR c/ SERVICIOS Y AUTOMOTORES TUCUMAN S.A. y/u OTROS s/ COBRO DE ALQUILERES s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-03-20

Es deber principal de las partes el de poner las actuaciones en estado de dictar sentencia y recién una vez alcanzado dicho estado cesa la obligación de impulso procesal.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Ventancor, Atilio D. c/ Industrias Del Maíz S.A. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

La organización productiva instrumentada por la demandada en lo que atañe a modalidad de las tareas y respecto de la forma, circunstancias y exigencias en que eran desempeñadas, conformaron el marco de elementos materiales e inmateriales que obró como nexo concausal en el deterioro de la salud del accionante, contribuyendo al agravamiento de la dolencia que lo incapacita. En tales condiciones, la empleadora resulta responsable objetivamente, porque se demostró en autos la relación de causalidad adecuada entre el riesgo que la mecánica del proceso productivo implementada significó para la afección incapacitante que padece el actor, durante el desempeño de sus tareas de responsabilidad.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis
Materia: PROCESAL
Carátula: M.O., H.V. c/ B.A.E. SA s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-04

Debe tenerse en cuenta el texto de la disposición contenida en el art. 15 de la Ley Provincial Nro. 69 que reza: "Son nulos los pactos de cuota litis celebrados en los autos o fuera de ellos. El Juez o Tribunal impondrá ante su sola constatación una multa igual al doble del valor o suma que como consecuencia del pacto debía percibir el infractor. Los Procuradores Fiscales deberán también denunciar la violación de esta prohibición ante el Juez que entiende en el juicio...".

Además éste concuerda perfectamente con la última parte del artículo 4to. de la ley arancelaria mencionada en el primer párrafo de este punto, que dice: "Los asuntos o procesos provisionales, alimentarios y de familia, no podrán ser objeto de pactos.....". Es más, ha dicho este Cuerpo, en anterior composición, en S.I. Nro. 163/95, que: "la fijación de los honorarios de los letrados intervinientes en un asunto o proceso puede ser hecha por convenio, pero en ningún caso es libre, pues debe fijarse bajo pena de nulidad, dentro de los límites que la ley establece, ya que sus disposiciones son de orden público.

En efecto el párrafo 4 del art. 4 de la ley 2200 determina que no podrán ser objeto de pactos los asuntos o procesos que versen sobre derechos de sustancia alimenticia los que deben ser equiparados a las indemnizaciones previstas para los casos como él que nos ocupa en razón del carácter tuitivo del crédito laboral que surge como consecuencia de un accidente de trabajo." Y debe, a mi juicio, no sólo considerarse de tal carácter alimentario los créditos de obreros que sean consecuencia de un accidente laboral sino también aquellos que surjan del desarrollo de su actividad dependiente.
Falsificación de instrumento público, falsedad ideológica, agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: "PODESTA, Eduardo C. s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-08

El hecho consistente en insertar datos falsos en una ficha de afiliación (persona fellecida) ha sido considerado por el Tribunal, en otras oportunidades similares, como constitutivas del delito previsto en el artículo 293 del Código Penal (ver de esta Sala causa n° 18.904 "Viglietti" reg. n° 20.145 del 5/9/2002 y de la Sala I causa n° 35.034 "Ubieta" reg. n° 428 de 27/5/2003,causa n° 36.443 "Cesio" reg. n° 1123 del 2/11/2004, entre otras).El perjuicio que requiere el tipo penal consiste como en el caso- en que el fallecimiento de la afiliada no habría podido ser detectado creandose la posibilidad cierta de que alguien sustituyera su identidad para participar en ese acto electivo. Se advierte que la ley exige para que se configure el delito en cuestión la posibilidad de resultar perjuicio de cualquier naturaleza (ver Carlos Creus "Falsificación de Documentos en General", pág. 73, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1986).
Obligaciones de dar sumas de dinero, mora del deudor, pesificación
Materia: CIVIL
Carátula: A.S. SA c/ U., E.E. y Otro s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-10-04

El deudor moroso con anterioridad al 16 de enero del 2002, debe pagar en dólares en virtud de lo dispuesto por el artículo 508 del Código Civil que dispone que éste es responsable por los daños e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento de la obligación. Quien no cumplió en término no puede, pues, perjudicar al acreedor. De admitirse la pesificación de las obligaciones en mora antes de la vigencia de la ley 25.561 al acreedor no solo no se le pagaría el daño que le produjo la mora hasta ese momento, sino que se le sumaría un nuevo daño, cual es la devolución del crédito en una moneda envilecida.
Recursos, recurso extraordinario federal, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Defensoría 1° Inst. CAyT N°1 (oficio 139/15) c/ GCBA y otros s/ acceso a la información
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-17

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal deducido por el Ministerio Público de la Defensa, en tanto la decisión del Tribunal que ahora se cuestiona, rechazó la queja por entender que la recurrente no satisfacía los requisitos del artículo 113, inciso 3 de la CCABA, y del artículo 26 de la ley n° 402. Tal circunstancia constituye un óbice a la concesión del presente recurso, dada la reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que las decisiones por las que los tribunales locales declaran la improcedencia de los recursos de orden local que se interponen ante ellos resultan ajenas, como principio, a la instancia extraordinaria, en virtud del carácter fáctico y procesal de las cuestiones que suscitan (cfr. Fallos: 306:885; 308:1577; 311:100; 329:4775; entre muchos otros). (Del voto en disidencia del juez Santiago Otamendi).
Recusación, defensa en juicio, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COLOMBO CLAUDIO JULIO  c/ A.N.Se.S. y otro s/ incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-27

La recusación está prevista para lograr la separación de un determinado magistrado en un caso concreto, previa comprobación de los recaudos especialmente establecidos para su procedencia, y está dirigida a proteger el derecho de defensa del particular, pero con un alcance que no perturbe el adecuado funcionamiento de la organización judicial. De modo tal que, la recusación debe ser personal, esto es dirigida a la persona física que se desempaña como juez en un caso en particular, por lo que no procede indiscriminadamente contra el órgano jurisdiccional.
Proceso judicial, exceso ritual manifiesto, Constitución Provincial, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: SANATORIO BANDA S.R.L. S/ CONCURSO PREVENTIVO s/ CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-03-22

Con respecto al cumplimiento del art. 287 del C.P.C.C., cabe señalar que si bien el quejoso omite acreditar la fecha en que quedó notificado de la resolución de la Cámara, y de la fecha en que interpuso el recurso de casación (art. 287 inc. 2 "a" y "b"), su cumplimiento se puede inferir del texto de la resolución denegatoria del recurso de casación, por lo que dicho recaudo puede considerarse superado en tanto, exigir lo contrario encontrándose dentro del plazo, significaría caer en un exceso rigor manifiesto que dificultaría el acceso a la verdad jurídica consagrado por el art. 48 inciso 2º de la Constitución Provincial, sin que en los presentes se supla la actividad de la parte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Falso testimonio, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GIMENEZ, Vanina W. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-18

Las percepciones que pueda tener la testigo respecto del acontecer empresarial en el marco de su relación laboral, no puedenser tachadas de falsas, sino se verifica la conciencia previa de dicha falsedad, y luego su exposición bajo juramento ante la autoridad judicial.

El descargo efectuado por la imputada no logró ser desvirtuado por las probanzas arrimadas, puesto que la existencia de una constancia suscripta por ella y agregada al sumario administrativo aludido por el querellante, no permite necesariamente sostener que la imputada tenía conocimiento de su trámite, y que bajo esa premisa depuso en sede judicial.

"...El relato no se torna falso, no se puede calificar como falso, por su posible discrepancia con los hechos, sino por su discordancia con las percepciones de los hechos. La falsedad, no consiste pues, en la discrepancia entre el relato y los hechos reales, sino en la discrepancia entre los hechos referidos y los hechos sabidos..." .

Por ello, corresponde confirmar la resolución que sobresee a la imputada por aplicación de los arts. 334 y 336 inc. 3 del C.P.P.N.
Empleo público, régimen disciplinario administrativo, AFIP DGA, dictámenes
Materia: ADMINISTRATIVO - ADUANERO
Carátula: Scelezi, José c/ E.N. s/ Impugnación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

Del Manual de Estructura Orgánica Funcional de la Administración Pública Nacional de Aduanas aprobado por Res. Nro. 37.971/82, Anexo II, se desprende que la división sumarios no tiene a su cargo la elaboración de dictámenes sobre cuestiones que requieran opinión pública, sino la atención de sumarios administrativos y contenciosos y la elevación de informes y proyectos de resolución. En cuanto a la producción de dictámenes se establece expresamente que está a cargo de la División Legislación y Dictámenes. Ello pone en evidencia la irregularidad del trámite ordenado por el Administrador Nac. de Aduanas al disponer la intervención de la División Sumarios para producir el dictamen en cuestión. En efecto el mencionado funcionario no podía por medio de un acto particular no fundado, atribuir a las divisiones de la Aduana funciones distintas de las que correspondían de acuerdo con su estructura orgánica. El hecho de que otros letrados hayan colaborado con la tramitación irregular, no subsana la irregularidad.

Además, el deber de obediencia a las órdenes del superior sólo comprende aquéllos que el superior es competente para impartir (artículo 27, inciso c) de la Ley 22.140), lo que no sucedía en el caso.
Recurso de casación, auto de quiebra, declaración de quiebra, sentencia interlocutoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Amatte, José David s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-12-11

Teniendo en cuenta que la resolución que resuelve un pedido de declaración de quiebra, es un auto, el recurso de casación debía ser interpuesto conforme lo establece el art. 258 del Código de Procedimientos, a los seis días hábiles de notificada dicha resolución.
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fuentes, José A. y otros c/ Ex Deca y/o Estado Provincial s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-04-30

Corresponde rechazar el recurso extraordinario Federal respecto del fallo de este Tribunal en lo contencioso administrativo. En efecto, el recurrente se agravia en virtud de la valoración que se realiza en el fallo en relación a la actividad del administrado, a los efectos de lograr el agotamiento de la vía administrativa, acusando que se interpreta erróneamente la ley.

La imposición del agotamiento de la vía administrativa es una exigencia de índole legal y es lo que habilita la competencia de este Tribunal. Que si bien dentro del marco de los agravios vertidos, el recurrente cita un fallo de la Suprema Corte de la Nación en un caso análogo al ahora en tratamiento, el apartamiento de precedentes jurisprudenciales no constituye causal de arbitrariedad. A su vez, la Corte en forma reiterada, ha señalado el carácter excepcional y restrictivo del recurso extraordinario por la causal de arbitrariedad de la sentencia, poniendo de relieve que no cubre las discrepancias de las partes con el resultado del litigio sino que requiere el apartamiento inequívoco de la solución normativa o decisiva carencia de fundamentos; de éste modo, no puede fundarse en la mera disconformidad del apelante con la interpretación que hace el Tribunal respecto de las normas que aplica, en tanto no excede de las facultades de apreciación de los hechos y aplicación del derecho que son propia de su función y cuyo acierto o error en principio no incumbe al Superior revisar. Que, al ser ello así, y tan solo exteriorizando los agravios, el disenso del recurrente con el criterio reiterado de esta Corte en la interpretación y aplicación de normas procesales a cargo, y no correspondiendo al Tribunal de Alzada pronunciarse sobre la alegada arbitrariedad de sus propias setencias debe rechazarse el recurso extraordinario.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), concursos, incidente de revisión, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AUFE S.A. c/  s/ CONCURSO PREVENTIVO INCIDENTE DE REVISION PROMOVIDO POR AFIP-DGI-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-03-20

La impugnante argumenta que la Sala no valoró las constancias acompañadas a la causa antes del dictado de la sentencia verificatoria, cuestionando nuclearmente el apartamiento de la legislación vigente y la aplicación de criterios subjetivos en la imposición de costas, como así también los precedentes aplicables al caso que determinan una solución distinta a la plasmada en autos; mas tal tesitura en modo alguno ostenta matiz constitucional ni tiene entidad suficiente para conmover el fundamento central sobre el que se asienta el decisorio impugnado, cual es que, en definitiva fue la conducta del acreedor la que determinó el rechazo del originario pedido de verificación de créditos -al incumplir la carga impuesta por el artículo 32 de la ley 24522- lo cual conllevó al un posterior inútil dispendio jurisdiccional, dado que nada obstaba a que acompañara a su insinuación la documentación exigible para evitar la declaración de inadmisibilidad (exhibición oportuna del citado expediente judicial, presentación de copias certificadas, etc); siendo por lo demás lo relevante para imponerle las costas el hecho de no haber brindado ninguna razón o causa justificante que pudiera haber determinado la imposibilidad de acompañar los documentos que incorpora en la revisión en la etapa verificatoria oportuna. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24522, artículo 32
NICARAGUA, protocolo, protección a la familia, Responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares, violencia sexual
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso V.R.P., V.P.C. y Otros Vs. Nicaragua S/ Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-03-08

Debe el Estado de Nicaragua adoptar, implementar, supervisar y fiscalizar apropiadamente tres protocolos estandarizados de investigación, de abordaje integral y de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, que establezcan medidas claras de protección y criterios a tomar en cuenta durante las investigaciones y procesos penales derivados de tales actos, asegurando que las declaraciones y entrevistas, los exámenes médico-forenses, así como las pericias psicológicas y/o psiquiátricas sean llevadas a cabo de forma ajustada a las necesidades de los menores.
Causales de divorcio y separación personal, separación de hecho, abandono del hogar conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: F., S.H.M. c/ B., B. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-29

La aceptación por parte de uno de los cónyuges de la separación de hecho destituye de malicia al abandono voluntario del hogar.
Accidente de tránsito, indemnización, incapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: IBAÑEZ, CARLOS ANTONIO c/ MONTENEGRO, CRISTOBAL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-EXPDTE Nº 143- AÑO 1990 (ACUMULADOS:"SOSA,  EUSEBIO M. C/ MONTENEGRO, CRISTOBAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" Y  "PEREZ, RAMON ELISEO Y OTRO C/MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL Y OTRO S/  DAÑOS Y PERJUICIOS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-12

La afectación de la integridad física o psíquica que arroja una secuela que impide temporaria o definitivamente el restablecimiento del estado de cosas que gozaba la persona con anterioridad al suceso dañoso, habrá de indemnizarse adecuadamente de acuerdo con las particularidades de cada caso. El porcentaje de incapacidad definido de las pericias médica y psicológica constituye una pauta a considerar, la cual unida al examen de las características personales del damnificado, su condición socioeconómica, sexo, edad y condiciones de trabajo presente y futuras permiten obtener una suma prudencial que tienda a mitigar las consecuencias económicas sufridas por aquel a raíz del accidente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contienda negativa de competencia, empleados públicos, accidente in itinere
Materia: PROCESAL
Carátula: ARBIZU, ANDRES JAVIER c/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-18

Corresponde disponer que siga entendiendo en la causa el Juzgado con asiento en el lugar en que el actor presta servicios, sin que se advierta que dicha solución vulnere los derechos del trabajador de manera tal de impedirle el acceso a la justicia o el apropiado ejercicio de sus derechos. En efecto, más allá de que resulte razonable suponer que allí reside el accionante pese a tener domicilio en otra ciudad (atento a que de lo contrario debería recorrer todos los días una distancia aproximada de 500 kilómetros entre ida y vuelta), lo que permitiría descartar la posibilidad de que se obligue al trabajador a litigar en una jurisdicción lejana de su domicilio, la pauta atributiva de competencia que contempla el último párrafo del artículo 5 del Código de rito tiene el objetivo de asignar el conocimiento del caso al Tribunal más cercano al lugar de los hechos -en el caso, donde ocurrió el accidente in itinere- y, por ende, permitir una más fácil producción y recolección de la prueba correspondiente.