marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, estados contables
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

En lo que se refiere a estados contables, las decisiones que los aprueban no son susceptibles de ser suspendidas en tanto su virtualidad se agota con la decisión (Conf. sala C, "Parola de Alcoba, María c/ La Holando Sudamericana Cia. de Seg. SA s/ Med. Prec.", del 29.12.95; ídem, "Rocatagliata de Magas, Andrea c/ Estancia la Rivera SA" del 29-10-02; cit. la ley on line). (En la especie, se revocó la decisión que dispuso la suspensión preventiva de las decisiones adoptadas en una asamblea).
Pagaré, moneda extranjera
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodrigo y Valdi S.R.L. c/ Cortéz, Segundo O. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

Iniciada una demanda ejecutiva por el cobro de una suma de dinero en pesos nacionales, acompañándose como título base de la ejecución un pagaré en dólares, el "a-quo" dicta sentencia de trance y remate, mandando llevar adelante la ejecución en dólares el recurrente tacha de incongruente la sentencia impugnada, e insiste en que el título en dólares es inhábil para sostener una demanda en pesos. De acuerdo a las normas aplicables al caso (arts.103 y 44 dec.Ley 5965/63 y art.518 CPCC) y ante la falta de declaración expresa formulada por el actor y el silencio del demandado, cabe entender que aquél ha formulado tácitamente la opción que las normas expresadas refieren en favor del pago en moneda nacional al día del vencimiento. De modo tal que el título en dólares resulta idóneo para fundar una demanda en pesos.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, extinción de la acción penal, resolución denegatoria, resoluciones equiparables a definitiva, cuestión federal, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Holgado Carlos Alberto s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-27

La prescripción de la acción penal tiene inmediata vinculación con el derecho fundamental a ser juzgado sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable (art. 18 y 75 inc. 22, 8.1 CADH y art. 14.2 c) PIDCyP), por lo que constituye una cuestión federal que habilita la competenia de esta Cámara no obstante que la resolución cuestionada que no hace lugar a la extinción de la acción penal no reúna la calidad de sentencia definitiva. (Dra. Ledesma en disidencia).
Acción de amparo, caducidad de licencia de taxi, configuración de la falta imputada, infracciones de tránsito
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Méndez de Sequeira, Yolanda c/ GCBA s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-15

El aspecto que debe considerarse cuestionado por la actora en su demanda, se refiere a las medidas precautorias que debe tomar la administración durante el procedimiento administrativo sancionador (art. 41 bis, ordenanza nº 41815, texto según ley nº 787) puesto que ella se dirigió contra ese procedimiento, que contempla el retiro de la documentación habilitante, la oblea y el reloj taxímetro antes de determinarse la existencia de infracción, sin que pueda discutirse, en este estado del proceso la razonabilidad de la sanción establecida en la norma (en el caso la caducidad de la licencia), toda vez que en el sumario administrativo no se ha aplicado aún sanción alguna en contra de la amparista, de modo que no existe a este respecto todavía un caso, causa o controversia susceptible de ser planteado y resuelto por un órgano judicial, sino más bien una situación conjetural e hipotética. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás).
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-03


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 3 de 2008.

Autos y Vistos:

I. El demandado a fs. 288/289 solicita se abra la causa a prueba en esta instancia consistente en la producción de la inspección ocular y mandamiento de constatación del inmueble de marras, toda vez que ni le fue denegada ni se dispuso su producción.

II. La apertura a prueba en segunda instancia es excepcional y sólo resulta admisible cuando se alega que ha mediado una declaración de negligencia o que la medida probatoria ofrecida en la instancia de origen ha sido mal denegada (arts. 260, incs. 2 y 5, Cód. Proc.; esta Sala, L. 20981 del 6-4-87; íd. 150098 del 13-9-94; íd. 177783 del 14-9-95; íd. 178572 del 27-9-95; íd. 241271 del 2-3-98; íd. 347.607 del 17-5-2002; síntesis de jurisprudencia en ED 105-480, Nos. 44, 45, 46, 48, 50, 55 y cc.; Palacio, L.E., "Derecho...", V-279, Nº 605, edición 1975).

III. Dentro del carácter excepcional y limitado que conlleva el replanteo y recepción de pruebas en la alzada, cabe señalar que la petición a despacho no cuadra a entender de la Sala en ninguna de las expresas situaciones prevista por la ley adjetiva.

Además, el art. 479 del CPCC es claro en cuanto señala que es facultativo del juez ordenar o no el reconocimiento judicial aun cuando fuese solicitado por la parte.

IV. La facultad de conceder la producción de prueba en la alzada es de interpretación restrictiva, y en ese sentido, el peticionario deberá justificar cumplidamente que de su parte no medió desinterés de los medios probatorios que ahora solicita.

En la especie, si bien el "a quo" al ofrecimiento de prueba en cuestión dispuso tenerlo presente para su oportunidad, el demandado ante la providencia de fs. 241 "in fine" y posteriormente al presentar su alegato no hizo referencia alguna al citado medio probatorio, lo que lleva a entender que, a esa altura del proceso, se desinteresó de su suerte.

Por lo expuesto, y sin perjuicio de que la Sala en uso de las atribuciones facultativas de los jueces, pueda, si lo considera necesario, disponerla ulteriormente se resuelve: I. Desestimar el pedido de apertura a prueba en esta Alzada. II. De la expresión de agravios de fs. 282/286, traslado. Carlos A. Bellucci. -Beatriz Areán. -Carlos A. Carranza Casares.
Recurso extraordinario federal, revocación de sentencia, compraventa inmobiliaria, corretaje inmobiliario, comisión del corredor, interpretación del contrato
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Renom, Martín c/ The Chase Manhattan Bank s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-21

Es descalificable el pronunciamiento que -en base a lo dispuesto por el art. 111, ap. 3, del Código de Comercio- reconoció el derecho del corredor inmobiliario a cobrar la comisión aun cuando no se hubiese realizado la venta del inmueble, ya que la decisión de extender el plazo de extinción del contrato a 90 días -con fundamento en los arts. 217 y 218, inc. 2, de dicho Código- se contradice con lo expresamente convenido por las partes -extinción automática del convenio al transcurrir el plazo de 30 días- y con las diversas pruebas producidas (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Seguros, responsabilidad del asegurador, culpa grave, seguro de alhajas
Materia: COMERCIAL
Carátula: MANUEL SCOUFALOS c/ AMPARO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-27

La configuración de la culpa grave, como hecho liberatorio de la responsabilidad del asegurador, debe analizarse cuidadosamente y a la luz de las cuestiones fácticas debidamente comprobadas. Tanto más cuando, como el caso de autos, el contrato se encuentra influido por el azar moral.

El hecho que la usuaria del anillo asegurado se lo haya quitado para lavarse las manos no puede considerarse una conducta capaz de constituirse en la causal de exclusión de responsabilidad ya que es muy común que las damas se quiten los anillos al higienizarse para, de ese modo, evitar que el jabón se introduzca en los engarces.

Tal actitud que la experiencia lleva a calificar como común, no puede considerarse como culpa grave ya que, si bien pudo facilitar la apropiación de la joya por parte de un tercero, lo cierto es que el simple extravío estaba cubierto por el seguro contratado y en la pérdida de un objeto siempre existe un elemento subjetivo de descuido o falta de atención.

Es que, al celebrar el contrato, la aseguradora debió tomar en cuenta las circunstancias personales de las personas y las objetivas en cuanto a la posibilidad de que extraviaran o fueran robadas las alhajas en un viaje de cierta duracíon. Si, a pesar de dicha valoración aceptó contratar, no puede ahora, ocurrido el siniestro, pretender una conducta más diligente que la que debió prever.
Peculado, delitos, culpabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Vecino, Rodolfo Horacio s/ Depositario Infiel
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

Incurre el sentenciante en un grueso error conceptual, cuando afirma que no está probada la materialidad ilícita porque el procesado no fue impuesto de las penas en que incurría en caso de incumplir sus obligaciones de depositario (art. 263 C.P.). Es que el pretenso desconocimiento constituiría -en caso de admitirse- un supuesto de falta de conciencia de la antijuridicidad de la acción. De tal suerte, el examen de dicha cuestión integra el capítulo de la culpabilidad, siendo por completo extraño al tratamiento de la materialidad ilícita.
Locación, fianza
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ozafrain, Horacio c/ Basile, Angel y otra s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

Si la fianza constituyó a los fiadores en codeudores solidarios de un contrato de locación, la obligación de éstos también se extiende respecto de los honorarios derivados en un juicio iniciado por el locatario (aún sin participación de los fiadores) contra el locador por rescisión del contrato.
Menores, protección a la familia
Materia: PENAL
Carátula: P. ,R. A. c/  s/ Inscripción de nacimiento fuera de término
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-21

Hay procesos silenciosos en las vinculaciones familiares que pueden alterar la autonomía e identidad del sujeto. El pacto de entrega directa de un menor y el silencio negador de su identidad en la etapa originaria de su vida no pueden ser convalidados a través de una decisión judicial. En el caso un equipo técnico interdisciplinario debe evaluar el impacto en la salud psicofísica y social de una posible separación como de permanencia con los hoy guardadores, para que debidamente valorados pueda tomarse una decisión judicial, que conforme con las alternativas propuestas, sea un pronunciamiento útil, superador de los escollos formales y respetuoso de los principios y valores contenidos en la Constitución y los Tratados Internacionales receptados institucionalmente.(doctor de Lázzari, minoría)
Honorarios, honorarios del perito, regulación de honorarios, derecho a la justa retribución
Materia: PROCESAL
Carátula: Laboratorios  Ricar  S.A. c/ E.N. (Mº de S.P. y M.A.) y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

Corresponde confirmar la regulación de honorarios del perito, si no se advierte que se trate de un caso de extraordinaria complejidad y -atendiendo al mérito de la tarea, la calidad, eficacia y extensión del trabajo- constituye incuestionablemente una remuneración razonable y satisface la exigencia constitucional de constituir una retribución justa.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: FIRPO, ARNALDO ROBERTO c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-04

Debe rechazarse el planteo de nulidad por la indefensión que provocaría el haber concedido la Cámara el recurso extraordinario de la parte contraria pues: a) el incidente de nulidad no es apto para cuestionar el fondo de lo resuelto sino tan sólo los vicios del procedimiento previo; b) las resoluciones definitivas o interlocutorias de la Cámara no son susceptibles de recurso ante el mismo tribunal que la dictó; c) en el caso es correcta la concesión del recurso si bajo la denominación de arbitrariedad, planteó el recurrente la cuestión federal.
Energía eléctrica, facturación de servicios públicos, facturación errónea, multa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "EDESUR  S.A. c/ RESOLUCION 4789/00 -ENRE- (Expte. 87214/99) SEYMRes. 233/01".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-09

El punto 5.5.3.3. del Subanexo 4 del Contrato de Concesión no sanciona con multa el mero error de facturación (cualquiera que sea) sino el haber incumplido lo que el contrato de concesión dispone en cuanto a la forma en que deben atenderse los reclamos respecto de ello efectúen los usuarios (Cons. IV).
Sociedad anónima, debentures, obligaciones negociables
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARIN,   ELIDA c/ CCI   CONCESIONES   Y   CONSTRUCCIONES   DEINFRAESTRUCTURA SA S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-03

El aumento de capital originado por la emisión de obligaciones negociables convertibles en acciones (onc), reviste peculiares características frente al procedimiento previsto en la ley 19550: a) es inescindible, al operar en la medida de las conversiones que se concreten en el futuro; b) al ser resuelto en forma implícita -junto a la emisión de las obligaciones- se trata de un aumento eventual (si no hay conversión puede no ocurrir); c) es progresivo, al no producirse todas las conversiones coetaneamente; d) la emisión de acciones esta sujeta a la condición suspensiva de que el obligacionista notifique el ejercicio de la conversión (kenny, Mario, "Obligaciones negociables", ED. Abeledo Perrot, Bs.As. 1996. 38, 39). Asimismo, si la sociedad emisora no estuviere admitida a la oferta pública o cotización de sus acciones y si para las obligaciones convertibles, debe cumplir los trámites necesarios en forma previa al inicio del período de conversión; si no lo hiciere o -en la hipótesis opuesta- se le denegare la autorización, los titulares de obligaciones negociables convertibles tienen opción para pedir el reembolso anticipado, o la conversión y el ejercicio simultaneo del derecho de receso "en los términos de la ley 19550, texto ordenado en 1984" (ley 23576: 22). Así pues, caracterizándose el régimen de las "on" por su mayor flexibilidad respecto al régimen de los debentures al implementar un mecanismo de capitalización de deudas que permite a las sociedades un mayor acceso al crédito, es claro que la finalidad de la onc no es otra que la de facilitar un mayor margen de financiación a los fines de que las sociedades puedan concretar proyectos acordes con el objeto social previsto, lo que supone la mayor laxitud en el otorgamiento de esa financiación, y al mismo tiempo, la mayor estrictez que sea factible en orden a las posibilidades de que los socios resistan esa alternativa, retirándose de la sociedad.
Notificación, llamamiento de autos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FERREYRA, MARIO EDUARDO c/ LUND, JUAN Y/O PROPIETARIO s/ COBRO DE MEDIANERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-03-13

El llamamiento de autos para resolver se notifica automáticamente.
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, justicia militar, juicio sumario en tiempo de paz
Materia: PROCESAL
Carátula: AGOSTI, ORLANDO RAMON. s/ DECRETO 158/83 Y ART. 502 DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

Las decisiones que fijan el trámite que corresponde imprimir a las causas no constituyen sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48. Así ocurre en el caso en que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no hizo lugar al pedido de no aplicar el procedimiento regulado por el art. 502 del Código de Justicia Militar, máxime teniendo en cuenta el carácter meramente hipotético que reviste el gravamen que alega el apelante - posibilidad de condena- el cual de materializarse podrá dar lugar a los pertinentes recursos en oportunidad de fallarse definitivamente la causa, no habiéndose demostrado que la resolución impugnada ocasione al recurrente un perjuicio de imposible reparación ulterior.
Homicidio con alevosía, estado de indefensión
Materia: PENAL
Carátula: Solís, Juan Carlos s/ recurso de casación. Causa: 490
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05

No es indispensable la total ausencia de resistencia sino que la alevosía es compatible con la posibilidad de una resistencia minimamente riesgosa para el ofensor, procedente de la actividad de la víctima misma o de terceros que deban o puedan oponerse a la acción y no que simplemente puedan reaccionar después de su ocurrencia.
Competencia, declinatoria, requerimiento de instrucción, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: URRESTARAZU, OSVALDO PABLO s/ Su denuncia Causa 35491
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-11

No corresponde rechazar un requerimiento de instrucción basándose en la calificación legal del delito denunciado; si no es posible determinar en el estado de la causa el exacto alcance de los hechos, la declinatoria de competencia resulta prematura, y corresponde que se siga conociendo.
Insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, impugnación del acto administrativo, sentencia no firme
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Orefice, Horacio Armando y Otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde descartar la alegada arbitrariedad de la sentencia recurrida -que tuvo por habilitada la instancia- porque el recurrente no identifica cuáles serían los planteos que habría omitido tratar; tampoco explica la pertinencia de las transcripciones de las sentencias de la Corte Suprema presentes en el recurso; ni se hace cargo de los argumentos de la Cámara en cuanto a que correspondía computar el plazo de caducidad que tenían los actores para recurrir administrativamente el acto que impugnan a partir de que tomaron conocimiento directo al tomar vista del expediente administrativo; y que se había configurado la denegatoria por silencio administrativo al haber transcurrido el plazo de 30 días que prevé el art. 114 de la Ley de Procedimiento Administrativo ante la imposición de un recurso jerárquico. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Ley de Punto Final, Ley de Obediencia Debida, constitucionalidad, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Bettolli, José Tadeo Luis y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-10

La ley 25.779 resulta constitucional por recoger los lineamientos de los organismos supranacionales encargados de monitorizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, cuya inobservancia podría constituir una violación a los tratados internacionales de derechos humanos y, por su integración en el bloque de constitucionalidad -art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional-, podría ameritar un reproche constitucional y sujetar al Estado a responsabilidad internacional. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Presunciones, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Transp. Villa Ballester c/ Emp. Jorge Newbery s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

Las presunciones, fuera del número, precisión y concordancia que requieren, deben fundarse en hecho reales objetivamente probados, lo que no acontece cuando los únicos elementos aportados están constituidos por manifestaciones o actuaciones unipersonales de la actora o de su dependiente, sin intervención de la contraparte o de terceros que les otorguen al menos verosimilitud (arts. 163, inc 5 y 384 Cód. Proc.).
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ DE HOZ, JOSE ALFREDO s/ INF. ART. 265 C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-15

La figura de negociaciones incompatibles exige que el autor (funcionario público) desdoble su personalidad de funcionario adoptando un interés personal a la vez que continúa en funciones como órgano del Estado. Este delito tutela el interés de la colectividad en la imparcialidad de la administración pública y el prestigio de los funcionarios; se pretende el fiel y debido desempeño de las funciones de la administración en sentido amplio, de manera que la actuación de sus órganos no sólo sea plenamente imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de imparcialidad.
Recurso de inaplicabilidad de ley, Constitución Provincial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Braña, Jorge Luis c/ Municipalidad de Necochea s/ Pretensión anulatoria - Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-11

Resulta extraña al recurso de inaplicabilidad de ley la alegada violación de los artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial, cuyo cuestionamiento debió formularse mediante el recurso extraordinario de nulidad.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Acción de amparo, medidas cautelares, decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, medicina prepaga, aumento de cuota, derecho a la salud, derecho a la vida, peligro en la demora, personas con discapacidad, menores
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: R., E. F.  c/ Omint S.A.  s/ amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-01-15

Corresponde dejar sin efecto los aumentos efectuados en el plan asistencial de medicina prepaga del padre de un menor con discapacidad, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa, porque teniendo en cuenta los principios que rigen la preservación de la salud y la vida de las personas -que son derechos reconocidos en diversos pactos internacionales con rango constitucional (art. 75 inc. 22)-, el peligro en la demora aparece como inminente dentro del marco escueto de conocimiento de la instancia cautelar, sin que implique realizar una declaración anticipada sobre la procedencia de la cuestión de fondo, máxime teniendo en cuenta que el hijo menor del actor posee certificado de discapacidad.
Mediación, nulidad procesal, requerimiento de elevación a juicio, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Defensoría General GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado Cobos Parra
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-05

El recurrente no ha demostrado que la decisión de anular todo el trámite de la mediación, por haber sido promovido con posterioridad al requerimiento de juicio, pueda ser equiparada a una sentencia definitiva en razón de sus efectos. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhiere la Sra. Jueza Ana María Conde).