marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, validez del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Harengus Sociedad Anónima y Otras c/ Provincia del Chubut s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-07-02

Este Cuerpo ha admitido que la tutela preventiva se aplique a Leyes y Decretos, mas en tales supuestos ha sentenciado siguiendo el criterio descripto, que el dictar medidas que se traduzcan en evitar las consecuencias de esas mandas, debe considerarse con un criterio restrictivo y excepcional. En este marco, ha adherido a la posición que indica, que la presunción de validez que ostentan los actos administrativos y legislativos -y sustenta aquella doctrina- "debe ceder cuando se los impugna sobre bases "prima facie" verosímiles".
Abuso sexual, amicus curiae, víctima menor de edad, interés superior del niño
Materia: PENAL
Carátula: R. S., M. A. S/ABUSO SEXUAL c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-09-06

La Asociación Civil debe ser admitida en calidad de Amicus Curiae, pues ".vale decir que a partir de la reforma constitucional del año 1994 se han incorporado diversas figuras tales como la iniciativa popular, la consulta popular y las acciones colectivas, tendientes a promover un rol más activo de la ciudadanía y a un mayor control en la gestión del estado; lo que, obviamente, debería tener su correlato en el campo del proceso mediante institutos que permitan una mayor participación de la ciudadanía." (cfr. R.I. n° 144/2010, citada párrafos antes). En consideración a ello, y contando con el consentimiento expreso de la representante legal de la menor víctima, no existen razones que lleven al Tribunal a denegar el aporte que la Asociación interesada pudiera brindar en esta etapa. (del voto de la Dra. Gennari, en minoría).
Sociedades comerciales, sociedad constituida en el extranjero, constitución de sociedades
Materia: COMERCIAL
Carátula: GORENSZACH  ANTONIETA  ANA c/ BILL  CREDITANSTALT INTERNATIONALBANK LTD Y OTROS S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-15

La existencia de las sociedades constituidas en el extranjero, fuera del estado en que han sido organizadas, superan la teoría de la ficción (Laurent) y adhieren a la teoría de la realidad de la persona jurídica, esto es, que las sociedades no son ficciones, sino entidades reales nacidas y creadas en el mecanismo de la vida económica y jurídica, cuya existencia resulta en definitiva, independiente de la ley que les da origen o que las reconoce (véase: Siburu Juan B. "Comentario del Código de Comercio Argentino." T. IV, págs. 248/9; Uzal María Elsa, "Sociedades multinacionales en el Derecho Internacional Privado argentino (a propósito del art. 124 LS)", ED 210-1133). En este contexto, resulta necesario distinguir con precisión, al menos, entre tres distintas situaciones legales:. 1. En primer lugar, cabe señalar que la sociedad constituida en el extranjero se halla plenamente habilitada para realizar en el país actos aislados y para estar en juicio (artículo 118 segundo párr. LSC). 2. Luego, está el caso de la sociedad constituida en el extranjero que decide ejercer en el país, actos comprendidos en su objeto social con habitualidad o establecer sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente, la que debe cumplir con una serie de requisitos previstos por el artículo 118 tercer párr. LSC, destacándose, en general: i) la acreditación de su existencia con arreglo a las leyes de su país, ii) fijar un domicilio en la República cumpliendo con la publicidad e inscripción exigidas por nuestra ley para las sociedades que se constituyan en la República, iii) justificar la decisión de crear una representación permanente en el país y designar la persona a cuyo cargo ella estará, según lo previsto por el artículo 118, párr. 3°, inciso 1°,2° y 3°, LS. 3. De otro lado, el artículo 123 LSC establece la necesidad de que toda sociedad constituida en el extranjero que desee constituir sociedad en la República, previamente, acredite ante la autoridad de registro que se ha constituido de acuerdo a las leyes de su respectivo país e inscriba su contrato social, reformas y demás documentación habilitante, así como la relativa a sus representantes legales en el Registro Público de Comercio y Registro de Sociedades por Acciones, en su caso (véase artículo 8 Ley 22315 y artículo 27 Decreto 1493/82).
Amparo por mora, Policía Provincial, Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Palacios, Ramón Víctor y García, Armando Cecilio c/ Policía de Jujuy y Estado Provincial s/ Acción de Amparo por mora administrativa  (L.A. Nº 41, Fº 41/43, Nº 10) Policía de Jujuy y Estado Provincial s/ Acción de Amparo por mora administrativa  (L.A. Nº 41, Fº 41/43, Nº 10)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1992-02-13

Las acciones de amparo que se susciten ante esta Corte deberán ser aquellas en que el hecho, acción u omisión emanen o se imputen directamente a los titulares de los Poderes Legislativo o Ejecutivo.

Ello por cuanto es el mandato expreso de la ley 4442/89. La demanda al no ser dirigida en contra del Gobernador de la Provincia por omisión, no puede acarrear la competencia de este Cuerpo para dirimir la presente causa. Si la mora administrativa va dirigida en contra del Jefe de la Policía de la Provincia, ello tornaría competente a la Cámara, por ende, a la Sala que por turno corresponda, en razón de la materia.-
Prueba, carga de la prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Bahamondez, Víctor Hugo c/ Canal Provincial de Televisión s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-30

En nuestro actual sistema procesal laboral nada permite apartarse del principio de que la carga de la prueba corresponde a quien alega los hechos ni de que al Juez corresponde apreciar tal prueba de acuerdo a los principios de la sana crítica (arts. 364 C.P.C.C. y 121 Ley Nro. 1.444).
Honorarios del abogado, convenio de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Schisani, Graciela Noemí c/ Fidalgo, Hugo s/ Cobro de pesos sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

En litigios de naturaleza previsional, se encuentra prohibido el pacto de cuota litis, del mismo modo que en aquéllos pleitos referidos a derechos de sustancia alimentaria (art. 4 inc. f dec.

ley 8904/77).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Constantino, Enrique Raúl. c/ ESAR S.R.L. s/ Indemnización por antiguedad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

Constituye cuestión de hecho establecer si el trabajador se desempeñó o no en horas extraordinarias.
Vista de las actuaciones, defensor, aceptación del cargo, declaración indagatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LAZAMARES, Vilma s/ VISTA DE LAS ACTUACIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-18

Habiendo sido la imputada convocada para prestar declaración indagatoria, sin que exista secreto sumarial implantado, corresponde autorizar a su letrado aun antes de asumir el cargo, a confrontar las actuaciones.
Recurso de casación penal, gravamen irreparable, resoluciones equiparables a definitiva, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: KALSTEIN, David Alberto y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-29

Es posible afirmar la impugnabilidad objetiva de las resoluciones que, si bien definen una cuestión de caracter procesal, obstaculizan la prosecución de la causa, -ej.:

la que genera el sobreseimiento de los imputados-. La C.S.J.N.

equiparó a definitivas a aquellas sentencias que impiden continuar el proceso aunque no excluyan otro posterior, siempre que causen gravamen irreparable y priven al interesado de la posibilidad de valerse de remedios legales ulteriores para obtener la tutela de sus derechos (*).

Por ello, y dado que la interposición cumple con los requisitos del art. 463 del C.P.P.N., debe concederse el recurso de casación (art. 462, inc. 2° del C.P.P.N.).
Juicio ejecutivo, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Rada Tilly c/ Chaparro, Julio César s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-09

El proceso ejecutivo tiene modalidades propias para resolver la distribución de las costas, en el que impera en principio, el criterio objetivo de la derrota, pero recoge la situación de quien paga la deuda que se le reclama en el auto de la intimación de pago.
Inflación, actualización monetaria, derecho de propiedad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Chaco, Provincia del c/ Cía. Azucarera Las Palmas  S.A.I.C.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-26

Cuando el equilibrio se altera a causa del proceso inflacionario, que al menguar el poder adquisitivo de la moneda disminuye el valor real de las prestaciones, su restablecimiento exige el reajuste de la deuda. Sólo así, en la medida en que al acreedor se le restituya lo mismo que en su momento otorgó, queda incólume el derecho de propiedad que consagra el art. 17 de la Constitución Nacional.
Declaración de insania, prueba pericial, pericia médica, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: K., A. s/ INHABILITACION PROCESO ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-23

No obstante el carácter probatorio del examen médico legal como elemento esencial para declarar la interdicción en enfermos mentales (arts. 142 del Código Civil y 626, inc. 3º del Código Procesal), su objeto se limita a verificar la existencia de la enfermedad y sus alcances en la vida de relación en tanto que incumbe exclusivamente al juzgador determinar si la persona requiere o no protección jurídica y, en su caso, en qué medida.
Cámara contencioso administrativa, competencia, empleados públicos, relación de dependencia, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Escobar, Selva c/ Gobierno de la Provincia de Santa Fe s/ Avocación (art. 2, ley 11.330) -Pronto pago Laboral (Expte.: C.S.J.  Nro. 588 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

Corresponde declarar que es competente para entender en el presente caso la Cámara de lo Contencioso Administrativo si, tal como surge del artículo 11 del decreto 3627/94 y de las actuaciones que los propios actores adjuntan en fotocopias, la plena satisfacción de la pretensión por ellos ejercida -fundada en su carácter de empleados públicos- sigue dependiendo de la realización de operaciones y actividades cuyo carácter administrativo no puede ser desechado. Y ello, al menos en las circunstancias de autos, constituye "función administrativa" en los términos del artículo 5 de la ley 11.330, cuyo análisis y control en el caso corresponde sea efectuado por los tribunales especializados en la materia. (Del Voto de la Mayoría, en Disidencia los Dres. Gutiérrez y Netri)
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, derecho a la salud
Materia: CIVIL
Carátula: Amparo Villanueva, Silvina Gisela c/ OSDE
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-10-10

La acción de amparo resulta admisible cuando se persigue la tutela del derecho a la salud como valor y derecho fundamental constitucionalmente resguardado y existe de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción, así como un daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales.
Inconstitucionalidad, aportes previsionales, cónyuge, pensiones, jubilaciones, regularidad de aportes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Elena, Mabel Noemí c/ A.N.S.E.S. s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-21

Desprendiéndose de las constancias obrantes en el expediente administrativo que el causante había in-gresado aportes por un total de 20 años, y que su cese laboral definitivo se produjo ocho años antes de la fecha del fallecimiento, ha de concluirse que quien en vida fuera el cónyuge de la demandante no contaba con los requisitos establecidos por la normativa legal vigente para adquirir el beneficio de jubi-lación, en atención a que no cumplía con el mínimo exigido de aportes, y tampoco con la regularidad de los mismos. En consecuencia, corresponde revocar la decisión del a quo que, previa declaración de in-constitucionalidad del Dec. 460/99, otorgó el beneficio de pensión. (Disidencia del Dr. Fernández).
Legítima defensa, racionalidad del medio empleado
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ, G.A. s/ CAUSAS DE JUSTIFICACION - LEGITIMA DEFENSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-06

La repulsa armada sólo es excusable frente a un riesgo cierto, grave y actual que se complemente con los demás supuestos del art.

34, inc. 6 del código sustantivo, no verificándose esa condición cuando la discusión pudo haber sido controlada con otros medios menos dañosos.
Recurso extraordinario federal, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Iglesias, Roberto y Otros c/ Consejo Pcial. De Educación de la Pcia. de Río Negro s/ Contencioso Administrativo - Inconstitucionalidad (Ley 2989 Art. 7) s/Inaplic. de Ley Conti, María C. y Otros c/ Provincia de Río Negro s/ Inconstitucionalidad art. 7 ley 2989 s/ Inaplicabilidad de ley Godoy José Hernán y otros c/ Provincia de Río Negro s/ Inconstitucionalidad art. 7 ley 2989 s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-11-13|2000-11-13|2000-11-13

El pronunciamiento recurrido no alcanza a constituir "sentencia definitiva" en los términos exigidos para la pertinencia formal del recurso extraordinario federal. De los propios fundamentos del fallo al que la sentencia recurrida remite, que se dan íntegramente por reproducidos ("ANTEHUIL" del 29.12.99), emerge que la decisión adoptada en nada obsta a que los actores puedan hacer valer el derecho que estiman que los asiste en las instancias locales, a través de la utilización de los caminos procesales correspondientes.-
Licitación pública, pliego de bases y condiciones, presentación de las ofertas, impugnación del pliego, agravio extemporáneo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: VENETO AUTOMOTORES S.A. Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-05-07

La impugnación de las accionantes cuestionando la validez de cláusulas del pliego de licitación cuya objeción se realiza con posterioridad a la presentación de su propia oferta, deviene inadmisible habida cuenta que una vez presentada la oferta, el postulante pierde toda posibilidad de cuestionar las cláusulas del pliego.

Una vez presentada la oferta el postulante pierde toda posibilidad de cuestionar las cláusulas del pliego, dado que se ha sometido de manera voluntaria a un régimen jurídico, que luego no puede cuestionar, que estaría contrariando sus propios actos vinculantes en desmedro de la buena fe del órgano administrativo y del resto de los oferentes.

El aspirante, antes de presentar su oferta puede pedir aclaraciones a la Administración de toda duda que se represente sobre el contrato que se licita. La respuesta será obligatoria para todos los futuros oferentes.
Personal militar, actos de servicio, accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEREYRA, EVARISTO c/ GOBIERNO  DE  LA  NACION  (M. DE DEFENSA - E.M.G.E. GENDARMERIA NAC.) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-15

Si bien el accidente que sufrió el actor no se produjo en acto de servicio, de la circunstancia mencionada no se debe seguir que las lesiones aparezcan enteramente desvinculadas de las funciones militares que cumplía el demandante. Cabe en el caso aceptar una razonable conexión entre el suceso y las funciones desempeñadas por el actor.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, indiferencia de la concausa
Materia: LABORAL
Carátula: MORE, PEDRO RAMON c/ CIUCCI HERMANOS, DE ALBERTO Y JORGE CIUCCI s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-28

La aplicación de la teoría de la indiferencia de la concausa conduce a desechar, a efectos de evaluar el grado de incapacidad del trabajador, la incidencia de los factores extra-laborales (típicamente, la existencia de una predisposición orgánica congénita o adquirida) cuando concurre al proceso incapacitante alguna concausa vinculada con el tipo de tareas, sus modalidades o el ambiente de trabajo. A esta concausa laboral se la considera la única causa, desdeñando las demás, como indiferentes. Ello requiere la demostración de que la concausa laboral posee virtualidad lesiva específica, que es, en definitiva lo que la define como causa concurrente (concausa) (conforme Ramírez, José c/ Good Year Sociedad Anónima, sentencia 22786, 22 de agosto de 1986).
Constitución Nacional, constitucionalidad, extranjeros, libertad de circulación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de habeas corpus deducido en favor de los deportados en el transporte "Chaco" de la Armada Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1932-05-06

La ley 4144 no es inconstitucional; la garantía de entrar y permanecer en el país asegurada por el art. 25 de la Constitución Nacional, no es absoluta, y se halla restringida por el mismo precepto constitucional y las leyes reglamentarias respectivas.
Facultades del juez, iura novit curia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rothaar Schramm, Ema Emilia c/ Orlandi, Mario Emilio y otros s/ Usucapión otros s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-06-29

Si bien el principio "iura curia novit", permite al juez aplicar el derecho que estime corresponder a la situación fáctica planteada, prescindiendo del invocado por las partes, ello es siempre respetando la naturaleza de la acción interpuesta ya que por conducto de ese principio no puede el juez cambiar el objeto del juicio (en el caso concreto usucapión por escrituración), pues, se afectaría el derecho de defensa y se caería en incongruencia, lo que acarrearía la nulidad del fallo. Al respecto la Corte Suprema de Justicia sostuvo que vulnera los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional la sentencia que, en causa civil condena a algo distinto de lo pedido ya que el principio "iura novit curia" -destinado a reconocer a los jueces facultad para suplir el derecho que las partes invocan., no justifica que se introduzcan de oficio acciones no planteadas ni debatidas en la causa. Ello por cuanto, por amplias que sean las potestades de determinar el derecho aplicable, no puede variar los términos de la litis, pues siempre ha de respetar el postulado de congruencia. (Fundamento de la Dra. Belkys D. de Cardona)
Recurso contencioso administrativo, caducidad, confirmación del acto jurídico, consentimiento, demanda, traslado
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: LEDESMA, EDGARDO OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTES DE EXCEPCION Y CADUCIDAD - RECURSO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 1-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-02-24

La falta de oposición temporánea de la demandada a que la instancia continúe, luego de notificada del decreto que dispone el traslado de la demanda, produce la subsanación de la instancia, no correspondiendo declarar la caducidad. (Artículo 233 del Código Procesal Civil y Comercial aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 4106).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, robo con armas, delitos, tipo penal, bien jurídico protegido, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

Siempre que un bien jurídico se halla altamente jerarquizado, su defensa suele estar rodeada de una doble muralla protectora: la una que se refiere a la violación misma del bien, la otra que llega hasta impedir la creación de situaciones de mero peligro para ese bien".

Dogmáticamente se convalida el criterio con la agravante genérica que la ley n° 25.297 agregó al art. 41 bis Cód. Penal, sancionada en un momento en el que la sociedad mostraba honda preocupación por las muertes producidas en ocasión de diversos delitos.

Ello, y la extensión de la agravante a cualquier figura legal que no incluyera el uso de armas en su formulación típica, demuestra que el legislador, antes que atender a la menor dificultad para vencer la resistencia de la víctima, atendió a la tutela de bienes jurídicos fundamentales para ella que trascienden aquéllos que encarnan los respectivos tipos penales en que pudiera subsumirse la actividad del agente.

En el mismo sentido opera igualmente la ampliación de incriminaciones en el art. 189 bis Cód. Penal. (De la disidencia del Dr. Giménez).

En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Intervención de terceros, seguro de vida obligatorio, citación en garantía
Materia: PROCESAL
Carátula: SIGNORI, IVO E. c/ ELMA. SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-03-29

Cuando se persigue el cobro de seguro de vida obligatorio (d.

1567/74) El empleador queda liberado de toda responsabilidad acreditando la vigencia de la póliza; corresponde al asegurado, entenderse directamente con el asegurador. Si aquel no acciono contra este no corresponde su citación, toda vez que el artículo 118 de la ley 17418 rige para los seguros de responsabilidad civil y el artículo 94 del cpccn. Presupone una comunidad de intereses en la controversia.
Costas, patrocinante, obligaciones solidarias
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: PERLBACH ALBERTO J. c/ NEREO A. PEREIRA s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-12-23

El letrado debe asumir la responsabilidad de su accionar profesional, debe tener siempre presente que conforme a la ley es auxiliar de la justicia y como tal debe coadyuvar lealmente al logro de la misma, en grado tal que la propia ley lo inviste de ser merecedor del trato de magistrado, por lo que la defensa de los intereses de los clientes deben serlo en forma sincera y correcta, de modo prudente y nunca capaces de conducir a error del Tribunal.

La verdad a medias es tanto o más grave que la mentira, y torna indefectiblemente malicioso y temerario el accionar de quien en aras del ejercicio de un legítimo derecho hacer uso de esos artilugios, pretendiendo darles relativa importancia, o encontrar el amparo que la ley no les otorga, sino que sanciona cuando se produce.-
Subasta, depósito judicial, saldo de precio, abuso del derecho
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: E.DE F, M.I Y OTRO c/ F., C.F. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-01

La doctrina sentada por el fallo plenario de la C.Civil en autos "zorz, J.M. y otro c/Gandolfo,Nelly", aunque obligatoria para la cámara y los jueces del fuero, art. 303 C. Procesal no puede ser invocada válidamente por la cesionaria, quien se limitó a depositar el saldo nominal que adeudaba, mas nada ofreció para responder por los perjuicios derivados del cumplimiento tardío, responsabilidad que, según la opinión mayoritaria del citado fallo plenario, le resultaba impuesta por la mora en que incurriera, ya que el juzgador no suspendió el plazo del que gozaba. La ley quiere una pronta y perentoria integración del precio, a fin de satisfacer los intereses convergentes en la subasta, por lo que el tiempo previsto para ello reviste decisiva importancia, de allí que si el comprador pretende hacer jugar la inflación habida entre el momento en que debió efectuarse el pago y la fecha en que realizó el último depósito sólo a su favor, con perjuicio evidente para las demás partes, quienes ven disminuir día a día el valor real de la venta, su conducta encuadra en la previsión del art. 1071 del C.Civil.