Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-11-15


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 15 días del mes de noviembre del año dos mil siete, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, bajo la presidencia de su titular Dr. Daniel Luis CANEO y asistencia de los Sres. Ministros Dres. Fernando S. L. ROYER y José Luis PASUTTI para dictar sentencia en los autos caratulados "S. , J. y Otra c/ P. , G. y Otro s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 20.852S2.007) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 1.110, de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas Nº 3.202 y 3.204 correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres ROYER, PASUTTI y CANEO.

Acto seguido, se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. ROYER dijo:

Vienen estos autos a conocimiento de esta Sala por vía del Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la parte demandada a fs. 1.073 y fundado a fs. 1.099/1.103 contra la Sentencia Definitiva Nº 02/2.007 de la Sala "A" de la Excma. Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Comodoro Rivadavia.

ANTECEDENTES:

El fallo enunciado en Segunda Instancia, hizo lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora y revocó en consecuencia la sentencia pronunciada por el Juez de grado.

Acogió la demanda interpuesta por los representantes legales del menor F. D. S. y condenó a la Provincia del Chubut y al Señor G. P. a abonar en el plazo de diez (10) días contados desde que el fallo quedara firme la suma de pesos setecientos mil ($ 700.000) con más los intereses establecidos en los considerandos del mismo. Impuso las costas a las demandas vencidas en ambas instancias.

En lo que concierne al daño a la salud, el Tribunal de Alzada fijó una indemnización de pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000). Ponderó para ello las secuelas incapacitantes descriptas en las pericias; la edad del niño al momento de la lesión; el aniquilamiento de toda proyección personal en la esfera patrimonial, recreativa, cultural y deportiva.

La reparación correspondiente a gastos médicos y auxiliares de medicina se estimó en pesos trescientos mil ($ 300.000). En orden a su procedencia se dijo que era compatible con el estado de salud del menor, mas no en la extensión pretendida, irrazonable dado que se los liquida por un período cuya extensión no guarda vinculación con las circunstancias probadas de la causa o bien, las pruebas rendidas en autos desautorizan los montos. Se tuvo en cuenta también el alcance de los peritajes de fs. 599/605; su ampliación de fs. 670/672 no impugnado por las partes.

En cuanto al daño moral, se fijó en la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000). Se señaló que la reparación moral es satisfactiva de un interés extrapatrimonial que ha sufrido afrenta y lo sufre tanto un adulto como un niño de escasa edad, como resarcimiento objetivo de un bien jurídico que también se atribuye a los incapaces. Tras las referencias necesarias respecto del grado de afectación de las funciones vitales del menor, sumado ello a las ponderaciones fijadas por la alzada en casos similares, se arriba al valor precitado.

En lo atinente a los intereses, el "a quo" estimó que la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina era la que respetaba adecuadamente el carácter alimentario de los créditos, como lo son las indemnizaciones derivadas de una incapacidad. En relación al momento en que estos intereses habrán de calcularse, señaló que salvo para la suma fijada en concepto de gastos de asistencia médica, los mismos correrán a partir de la fecha de ocurrencia del hecho dañoso, esto es desde el 24/4/96, mientras que para el rubro precitado, a partir de la fecha de la sentencia.

EL RECURSO:

A fs. 1.073, el Dr. D. O. H., apoderado de la parte demandada, deduce Recurso de Apelación Ordinaria por ante este Superior Tribunal de Justicia contra la Sentencia Definitiva Registrada bajo el Nº 02/07 de la Sala "A" de la Excma. Cámara de Apelaciones con asiento en Comodoro Rivadavia. Funda el mismo a fs. 1.099/1.103. A fs. 1.106/1.108 y vta. contesta la contraria el memorial de agravios.

En su presentación señala que gran parte de los agravios se originan en el hecho acontecido con anterioridad al fallo de la Alzada, pero conocido con posterioridad, concretamente la muerte del menor F. S. . Solicita que tal circunstancia sea tomada en cuenta a los efectos de revocar el decisorio de la Alzada.

Su primer agravio lo endereza al reconocimiento del daño moral, conforme lo expresa, es necesario analizar la falta de legitimación de los damnificados indirectos y subsidiariamente la solicitud de una nueva cuantificación del monto indemnizatorio.

Respecto de lo primero sostiene que los actores reclamaron el daño moral en representación de su hijo F., que el fundamento de tal decisión fue, el haber quedado el menor con sus funciones vitales aniquiladas como consecuencia de una lesión irreversible. Sin embargo agrega la muerte del menor acaecida el 18/12/06 y acreditada en autos con posterioridad al dictado de la Sentencia de Segunda Instancia debe ser tenida en cuenta a los fines de la revocación del fallo.

Tras referirse a la regla del art. 1.078 del CC, entiende que no existe posibilidad que los padres tengan derecho a esa indemnización en calidad de herederos forzosos, menos aún cuando la muerte del menor se produjo no estando firme la Sentencia de Primera Instancia, situación que obsta la transmisión hereditaria, Los herederos dice tampoco pueden continuar la acción por la pretensión del daño moral del extinto.

Pide además que para el hipotético caso que el Tribunal considere que corresponde mantener la condena y que la acción por daño moral pueda ser continuada por los padres, su monto sea reducido sustancialmente en mérito a un prudente arbitrio judicial que adecue el monto a las nuevas circunstancias del caso.

Sostiene que al tener el agravio moral una repercusión personalísima, el mismo varía de persona a persona y que si se mantiene la condena de ese tipo de daño han de ser distintos los parámetros para ponderar su cuantía, pues el damnificado directo ha dejado de existir. Añade que los argumentos del Tribunal de Alzada, válidos en principio para quien accionara como damnificado directo han dejado de serlo, producida su muerte, a los fines de una justa cuantificación, que no constituya un enriquecimiento ilícito para los actores.

Manifestaciones similares invoca para que este Tribunal, suprima la indemnización estimada en concepto de "gastos médicos y auxiliares de la medicina". Expresa que los criterios y argumentos invocados en su oportunidad por la Alzada, ahora, carecen de fundamento, habida cuenta que se cuantificó partiendo de la premisa que el menor se encontraba con vida y calculándose un estándar de vida promedio de 30 años acorde con la patología presentada.

Agrega que dado la nueva situación fáctica y de conformidad con lo dispuesto en el art. 163, inc. 6º del CPCC, el rubro debe ser rechazado porque el daño futuro ya no existe, y que en todo caso debe reducirse a lo efectivamente gastado y acreditado en gastos médicos hasta la fecha del deceso.

En orden a la indemnización reconocida como "daño a la salud" expresa que tras el luctuoso desenlace, la familia del menor ya no tendrá que hacer ningún tipo de erogaciones para el mantenimiento de su hijo F., razón más que suficiente para desestimar el rubro reclamado.

Por último y respecto a los intereses fijados en la Sentencia, sostiene que se está frente a un crédito consolidado por la Ley Nº 4.647, por lo que hace reserva de plantear en la instancia oportuna la cuestión de la consolidación de deudas conforme lo previene esa norma que adhirió a la ley Nº 25.344.

Subsidiariamente se agravia de los intereses que se manda aplicar, por cuanto éstos no son los que efectivamente deben utilizarse en orden al Régimen de Consolidación de Deudas. Añade que el crédito reconocido es de título o causa posterior al 01/04/91, por ello y desde esa fecha de corte, las deudas consolidadas devengan un interés equivalente a la Tasa Promedio de Caja de Ahorro común que publica el Banco Central de la República Argentina.

En definitiva solicita se revoque el fallo que ha sido materia de agravio, con costas.

ANÁLISIS:

Conforme se desprende de las propias constancias de autos, la Sala "A" de la Excma. Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dictó Sentencia, el día 2 de febrero del corriente, revocó la emitida en Primera Instancia, e hizo lugar a la demanda promovida por los progenitores en representación del menor F. S. , contra el Señor G. P. y la Provincia del Chubut. En el fallo se admitió la indemnización por los rubros: daño moral, gastos médicos y auxiliares de la medicina y daño a la salud.

Con fecha 8 de febrero del año en curso el letrado apoderado de la parte actora denunció en autos el fallecimiento de F. S. , ocurrido el 18 de diciembre, acompañó al efecto el certificado de defunción fechado el 7 de febrero del mismo año.

Está claro y no se controvierte que el Tribunal dictó su fallo, sin conocer ese hecho sobreviniente.

Ahora la cuestión que le es propuesta al Tribunal, es si ha de considerarse ese hecho a los efectos de readecuar apelación mediante la sentencia pronunciada ajustando los montos indemnizatorios de los rubros reconocidos, o bien suprimiendo lisa y llanamente los mismos.

No hay duda que el Juez de Primera Instancia, en virtud de lo dispuesto en el art. 163, inc. 6º y aún la Alzada por imperio del art. 278 del CPCC, pueden hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos, precisamente Matilde ZAVALA DE GONZÁLEZ en "Resarcimiento de Daños" Nº 3, Ed. Hammurabi, año 1.993, pág 85, ejemplifica con el mismo supuesto que en Apelación Ordinaria se trae a conocimiento de este Tribunal. "De tal naturaleza sería, por ejemplo, el fallecimiento sobreviniente del actor en un juicio donde se demanda el perjuicio conexo a su incapacidad por el resto de su vida útil, porque aquella muerte viene a circunscribir el lapso a indemnizar...".

Ha de quedar en claro que el fallo de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en lo que al principio de congruencia se refiere, en modo alguno puede ser motivo de queja. No advierto demasías decisorias, sus conclusiones se limitan a tratar los capítulos propuestos a la decisión anterior, al "thema decidendum" propuesto por las partes en los escritos constitutivos del proceso y a sus constancias objetivas (Conf. FALCÓN, Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº II, Bs. As., 1.983, pág. 438). Y si se trata de conducir el pleito en términos de razonable equilibrio, dentro de la bilateralidad del contradictorio, atento las pretensiones jurídicas que forman parte del contenido de la contienda, decidiendo sobre las circunstancias emergentes de la forma en que ha sido planteado el reclamo, entonces nada ha de reprochársele, pues conforme surge de las constancias de autos, en modo alguno pudo conocer al tiempo de pronunciar su sentencia el hecho modificativo, producido entre el dictado del fallo de Primera Instancia y el propio, cual fuera el deceso de la víctima ocurrido el 18 de diciembre de 2.006, pero denunciado el 8 de febrero del año siguiente.

Sin embargo, considero que a la hora de resolver la Apelación en esta nueva instancia, no es posible eludir la incidencia del hecho descripto, implicaría incurrir en injustificado rigor si no se hiciera mérito de ello, importaría conducir el proceso de manera estrictamente formal, con menoscabo de la verdad objetiva. Ha sostenido la SCBA que si de determinada documentación podría derivarse el conocimiento de la verdad objetiva, corresponde que ella disponga como medida para mejor proveer, la agregación de ella en resguardo del derecho de las partes de obtener una sentencia debidamente fundada (arg. art. 18 de la CN). "Constituye una excepción a la congruencia la previsión contenida en el art. 163, inc. 6 del CPCC que permite al juez hacer mérito en su sentencia de hechos no afirmados, producidos durante la sustanciación del juicio y que resulte de la prueba, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos, a los que la doctrina denomina "hechos sobrevinientes". Es una facultad del juzgador en el sentido de los poderes deberes que prevé el régimen procesal. Vale decir, no consiste en una facultad discrecional sino en una potestad que debe ejercer el magistrado cuando se configuran las circunstancias previstas por la norma y que se correlaciona con los "deberes" legislados en el art. 34, inc. 5 y con los deberes y facultades ordenatorias e instructorias que consagra el art. 36 del CPCC". (Mabel DE LOS SANTOS, "Principio de Congruencia", Ponencia General (http://www.procesal07).

Claro está que la agregación de la prueba documental que da cuenta del fallecimiento de F. S. fue dispuesta por el Tribunal de Alzada, mas debe ser ameritada por este Tribunal en razón de la apelación deducida.

Así en función de lo expuesto "supra", cada agravio ha de tener su correspondiente respuesta y los mismos serán respondidos en el orden en que han sido propuesto.

Comenzaré entonces con el concerniente al reconocimiento y cuantía del daño moral. Está fuera de discusión el carácter personalísimo del daño moral lo cual, conforme lo señala Matilde ZAVALA DE GONZÁLEZ en "Resarcimiento de daños 5ª, cuánto por daño moral. La indemnización en desequilibrios esenciales" (Ed. Hammurabi, año 2.005, pág. 306 y sgtes), "no obsta al surgimiento de un crédito indemnizatorio, cuyo objeto es una suma dineraria". Y es perfectamente transmisible pues no existe prohibición normativa, mas bien por el contrario acorde con lo dispuesto en el art. 1.099 del CC, la acción por daño moral pasa a los herederos cuando hubiese sido entablada por el difunto. Ciertamente no se ha tratado aquí del ejercicio de acciones a título de damnificados indirectos por parte de los progenitores del menor F. , pretensión vedada por cierto, ni del caso de excepción previsto en la última parte del precitado precepto legal, ello por cuanto la acción fue entablada por el propio menor, con la representación legal de sus padres y a título de damnificado directo y no de una acción iniciada por aquéllos en su calidad de herederos forzosos. No se invocó un menoscabo propio sino el sufrido por el damnificado, cuyo crédito resarcitorio se les ha traspasado.

No es novedosa la solución a la que se arriba. Señala Roberto César SUÁRES bajo el título "A propósito de un plenario. El daño moral y la problemática de la transmisión de su acción reparadora" (LL.1977B, pág. 793/803): "La única condición a que somete la ley a la acción por daño moral a los efectos de posibilitar su transmisión hereditaria, es que haya sido promovida en vida por el damnificado. Ello surge de la norma contenida en el art. 1.099 del CC que, aunque referida a los delitos y, en especial a las "injurias y difamación", debe interpretarse como comprensiva de todos los agravios morales. Por otra parte, la propia naturaleza de los derechos lesionados y la calidad intrínseca del daño moral exigen del sujeto así agraviado una manifestación externa la acción en justicia que evidencie su intención de reclamar al victimario, una compensación pecuniaria que mitigue el dolor, su sufrimiento, su violencia espiritual, sus padecimientos morales, en tal sentido el art. 1.078, 2º parte".

Y continúa el autor de la nota comentando el Plenario "Lanzillo, J. A. c/ F. N. , C. A.". El art. 1.078 del CC en su parte pertinente nos señala: "... Si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos". El verbo "tendrán", nos indica, a las claras, que la acción nace en cabeza de los herederos forzosos por el daño moral a ellos provocados con motivo del deceso del causante. Se trata de damnificados directos, es decir directamente lesionados en sus sentimientos, por el dolor de la desaparición de su ascendiente, descendiente o cónyuge. Allí la ley limita el derecho al reclamo, a los parientes necesarios... El art. 1.099, en cambio, recepta expresamente la transmisión "iure hereditatis" del daño moral. Dice la norma sobre el particular que "... la acción civil no pasa a los herederos y sucesores universales, sino cuando hubiese sido entablada por el difunto". El verbo "pasar" en su conjugación, nos demuestra que aquí sí el legislador se ha querido referir a la transmisión "mortis causa". El heredero podrá así continuar (art. 3.417) la acción deducida por su causante...

En definitiva el único que puede accionar en vida por reparación del daño moral, es el damnificado directo, siendo éste requisito imprescindible para que nazca la acción hereditaria y se transmita por esa vía tal el supuesto de autos en caso de deceso del accionante. Con lo expuesto toda incertidumbre respecto a la legitimación queda despejada.

Debo también desestimar el planteo subsidiario en cuanto alude a una reducción de la indemnización reconocida por el rubro daño moral que según lo considera a partir de la muerte del menor viene a alterar los fundamentos dados por la Alzada.

Amén de lo dicho "supra", respecto de la titularidad del daño de quien lo reclamó en vida representado legalmente por sus padres, me inclino en no alterar la cuantificación de ese daño. En la acción del causante que prosiguen sus herederos y, a los efectos de la cuantificación, procede valorar el daño moral experimentado por la propia víctima, sin que deba influir el cambio en el impulsor de la acción; tampoco lo hará el hecho que serán personas distintas a la víctima quienes perciban el monto de la reparación para el caso los herederos. Ello no es de por sí operativo para reducirlo. El art. 1.099 del CC no retacea la entidad económica de la acción transmitida; por lo tanto, su objeto debe mantenerse idéntico.

Y si bien Matilde ZAVALA DE GONZÁLEZ en la obra citada señala que circunstancias sobrevinientes, tal como el fallecimiento de la víctima, normalmente abrevian el lapso de existencia de su daño moral o que en algunos casos puede ser factor de intensificación del perjuicio; no creo que en el caso que me ocupa pueda tener incidencia, no ha de convertirse la muerte de F. S. en un hito para una nueva ponderación del monto de la indemnización fijada en concepto de desequilibrio existencial.

Su fallecimiento ocurrido 10 años después de acaecido el accidente y próximo a la fecha del decisorio de la Alzada, no aminora ni potencia la dimensión económica de ese daño padecido, y que perduró desde que ocurriera el hecho hasta la fecha de su deceso.

Luego, conceder el monto reconocido en la sentencia y que nada dispone respecto de una medición cuantitativa del daño moral en función de las expectativas de vida del actor, no desborda la correspondencia entre el menoscabo y su reparación.

"Respecto de acciones transmitidas "mortis causa", sigue funcionando el mismo principio: adecuación entre la cuantía y la gravedad del perjuicio tal como si el litigio hubiese culminado en vida del damnificado y percibido por éste la indemnización (con las salvedades enunciadas sobre eventuales aminoraciones o intensificaciones del menoscabo o una inferior gravedad" (ob. y aut. cit.).

En la inteligencia que en el caso concreto, no hay razón, plausible entonces para efectuar un recorte a la cuantía de la reparación reconocida que forma a título de crédito parte del patrimonio del demandante fallecido y transmisible a su herederos y que un laudo contrario al adoptado por el Tribunal "a quo" tornaría arbitrario, lo que ha sido discrecional; voto pues por desestimar la queja concerniente al daño moral. ASI LO VOTO.

Sostenido nuevamente como argumento dirimente el penoso deceso del menor, para que este Tribunal resuelva la mengua o la supresión de la reparación otorgada para el rubro "daño a la salud" y gastos médicos y auxiliares de la medicina, he de efectuar las siguientes reflexiones. Cierto es que el daño ocasionado en la salud de F. S. se concretó en vida de éste, su derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado a su integridad física y psicológica se consolidó a partir de allí y formó parte de su patrimonio desde ese momento. Mas la cuantificación, la mensura económica de ese daño debe efectuarse no mas allá de su real dimensión y ha de modificarse en función de la denuncia del hecho sobreviniente desconocido por la Alzada al tiempo de formular su sentencia.

Aquí sí ha de circunscribirse el monto de la reparación a ese corte del proceso perjudicial que significó el fallecimiento de la víctima, ello a los fines de respetar estrictamente la adecuación entre perjuicio y resarcimiento. "Para valorar el daño debe existir un notorio apego del juez a las circunstancias del caso, prevaleciendo ellas por sobre cartabones doctrinales y declamaciones abstractas... y una indemnización que no sea justa resulta inconstitucional, puesto que "indemnizar es... eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, lo cual se logra si el daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida" (Marcelo J. LÓPEZ MESA Felix A. TRIGO REPRESAS, "Tratado de la Responsabilidad Civil. Cuantificación del daño", Ed. La Ley, año 2.006, pág.21).

Puntualmente cabe afirmar que a partir del deceso de la víctima ese daño o perjuicio, por el cual se demandó, ya no subsiste.

Se ha afirmado, y comparto el mérito de dicha afirmación que resulta recomendable evaluar el daño lo más tarde posible, siendo lo ideal determinar el monto del daño a ser pagado el mismo día del pago. Pero como ello es imposible en la práctica, la jurisprudencia ha admitido la cuantificación del daño en la sentencia de fondo, lo que permite a los jueces tener en cuenta todas las variaciones del daño anteriores a la sentencia. Esto implica que deben tenerse en cuenta las variaciones del perjuicio mismo, es decir, de sus elementos intrínsecos que se producen entre la fecha del daño, y la de su juzgamiento, por ejemplo: empeoramiento de la situación de salud de un accidentado; o la disminución de su extensión (vgr. mejoramiento de la salud de la víctima, recuperación de su movilidad o de funciones antes perdidas) (Jourdain PATRICE, "Les principes de la responsabilité civile", en ob. cit., pág. 36).

Lo dicho en modo alguno conlleva violentar el principio de congruencia. "La vida y el entorno de las personas es por naturaleza cambiante y en la medida que ellas son las que están involucradas en los procesos judiciales es de toda lógica que éstos reflejen, bajo ciertas condiciones, la alteración de circunstancias que deriven en la modificación de los derechos en juego, aunque no se trate de hechos aducidos por las partes en los escritos introductorios del proceso o en etapas posteriores en que se admite su alegación, el pronunciamiento también puede ponderar hechos ocurridos durante la sustanciación del juicio que guarden vinculación con la cuestión que se ventila y que tengan por virtud consolidar, transformar o extinguir derechos". "La evolución de una enfermedad grave por cuya incapacidad se accionó, al punto de que la dolencia queda en el curso del proceso parcialmente remitida, es una situación que debe ser valorada al momento de fijar la indemnización por cuanto tiene que ver con la modificación intrínseca del daño", tal lo ejemplifican Elena I. HIGHTON y Beatriz A. AREÁN en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº 3, pág. 488).

Así, no veo razón alguna que me permita ignorar este criterio, si como en el caso de autos la muerte del damnificado ha venido a producir la extinción del proceso dañoso y la proyección cuantitativa de la reparación económica estimada.

Por ello, y a los efectos de adecuar la justa reparación del daño a su límite temporal, he de tomar en cuenta que el "a quo" estimó un período de sobrevivencia hasta los 30 años de edad al poner énfasis a la gravedad del estado de salud de F. S. , el cual hacía altamente improbable que alcanzara el promedio de vida de los habitantes del país. Tengo en cuenta que el deceso se produjo a la edad de 13 años, por lo que considero prudente y razonable reducir la cuantía de la indemnización fijada en el fallo objeto de apelación en la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) para el rubro gastos médicos y auxiliares de la medicina, y en la suma de pesos ciento veinticinco mil ($ 125.000), el estimado en concepto de daño a la salud, y ASÍ LO VOTO.

La queja conexa a la tasa de interés adaptable en el marco de la preceptiva vigente en materia de consolidación de deuda pública, no ha de ser atendida en esta oportunidad. Como he sostenido al fallar en autos "M. C., E. y Otra c/ PROVINCIA DEL CHUBUT y Otro s/ Sumario (Daños y perjuicios)"(Expte. Nº 16.689M2.002), "la aplicación de la normativa reguladora de la consolidación de la deuda contraída por el Estado en cuanto al cómputo de intereses se refiere, tiene su estadio procesal adecuado, cual es la etapa de liquidación del monto del proceso; es allí donde el demandado vencido en juicio podrá, o bien al tiempo de contestar el traslado de la liquidación practicada por la contraria, o bien al formular la propia, en caso de no efectuarla aquélla, invocar la aplicación de la ley, Dto. Reglamentario y modificaciones. De modo que no puede hablarse en el caso de un estadio procesal clausurado que impida oponer en autos la normativa de emergencia, queda aún pendiente el trámite de ejecución de sentencia y es en ese ámbito donde ha de resolverse el planteo del recurrente". (SD Nº 02/SROE/06).

Por lo dicho corresponde desestimar ese agravio. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. PASUTTI dijo:

Como lo ha señalado el Magistrado que me antecediera en el voto, en los presentes autos, a fs. 1.001/1.043 obra la Sentencia N° 02/07, dictada por la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, por la que se hace lugar a la acción deducida por los padres del menor F. S. en calidad de representantes del mismo, en contra del Sr. G. P. y la Provincia del Chubut, condenando a estos a abonar indemnización por los rubros de daño moral, gastos médicos y auxiliares de la medicina y daño a la salud.

Con posterioridad al dictado de la sentencia se glosa en el certificado que acredita el deceso del menor, acompañado por la parte actora (fs. 1044/1049). El óbito se produjo el día 18 de diciembre de 2006, expidiéndose el certificado el 07 de febrero del corriente año, y acreditándose en autos el 8/02/07.

La apelación deducida por la Provincia del Chubut refiere puntualmente a la cuantificación de los rubros arriba señalados, sustentando la mayoría de sus agravios en el hecho del fallecimiento del menor, conocido en autos con posterioridad al fallo.

La cuestión circunscripta a la procedencia de la indemnización acordada por el daño moral, tiene su respuesta en la aplicación del art. 1.099 del Código Civil, que prescribe "Si se tratare de delitos que no hubiesen causado sino agravio moral, como las injurias o la difamación, la acción civil no pasa a los herederos y sucesores universales, sino cuando hubiese sido entablada por el difunto", norma que, aún después de la reforma introducida por la Ley 17.711 al art. 1.078 del mismo cuerpo legal, ha sido considerada plenamente vigente por la doctrina, en la comprensión que las mismas regulan distintos supuestos de actuación, pues mientras en la última se establece quién es el titular del daño moral resarcible, por la mencionada en primer término se contempla si esa titularidad puede transferirse a un sujeto distinto del perjudicado.

El art. 1.078 del Código Civil, al que refiere la apelante, legitima para reclamar la reparación del agravio moral sufrido, en primer término, a la propia víctima damnificado directo, y solamente admite que sea ejercida por los herederos forzosos cuando del hecho hubiera resultado su muerte. En ambos supuestos, la acción se ejerce "iure propio", ya sea por el damnificado directo o por aquellos damnificados indirectos legitimados especialmente. Ello así pues, como la doctrina se ha encargado de señalar, la acción reviste carácter personalísimo, y es entonces la propia víctima de la ofensa quien debe merituar si corresponde o no requerir que su sacrificio sea reparado judicialmente. "Si del hecho no resulta la muerte de la víctima, solamente ella puede ejercer el derecho de pedir y obtener la pena o sanción, excluyéndose todo pretendiente sobre la base de ser damnificado indirecto y también a los acreedores del ofendido, quienes no pueden en relación a ese derecho, ejercer la acción subrogatoria (Cichero, "La reparación del daño moral y la reforma civil de 1968", cit., cap. XIV; Borda, "Tratado de Obligaciones", cit., ps. 197/198; Cifuentes, "Los derechos personalísimos", p. 362). Ello es así porque se trata de una acción personalísima respecto de la cual no se aplican los arts. 1.077 y 1.079 CCiv. y solamente el damnificado directo está en condiciones de valorar su propio dolor y de adoptar la responsable decisión de invocar el daño frente a la sociedad por medio del reclamo jurisdiccional. Además, el ofendido bien puede optar por el perdón, en cuyo caso ninguna otra persona puede, so color de títulos secundarios, obtener la revocación de esa delicada elección. De tal suerte, si la víctima muere por causa ajena al ilícito sin intentar la aplicación de la pena, sus herederos no reciben la facultad omitida por el causante. Se trata pues de una acción personalísima intransmisible (arts. 498 y 3417 CCiv.) (del voto del Dr. DURAÑONA y VEDIA en el plenario "LANZILLO", C.N.Civ. 07/03/1977, Lexis N° 60001032).

Este es el supuesto de autos, pues siendo la víctima del hecho dañoso un menor de edad, fueron los padres, en su representación legal, quienes ejercieron la acción indemnizatoria, y por lo tanto, en punto a la legitimación activa ninguna discusión puede argüirse, ni con invocación de las pautas del art. 1.078 del C.C. cuyo comentario se efectuara.

Admitido que fuera que quien promovió la demanda por reparación del agravio moral se encontraba plenamente facultado para hacerlo, la circunstancia de su lamentable deceso no es óbice para el reconocimiento a favor de sus progenitores del derecho a continuar con aquella acción, a tenor de la aplicación del art. 1.099 C.C., ya transcripto. Ello así por cuanto, aún cuando no hay transmisión hereditaria de la acción para reclamar el daño moral, una vez peticionado el resarcimiento de los padecimientos morales por la propia víctima, la acción no se extingue con el posterior fallecimiento del damnificado directo, sino que se transmite a sus herederos, ya que se ha exteriorizado su propósito de hacerlo valer en justicia.

Señala Ramón D. PIZARRO que una vez deducida la acción, la pretensión resarcitoria se ciñe sobre parámetros predominantemente patrimoniales: se reclama un valor pecuniario, cuyo contenido pasa a formar parte del patrimonio de la persona... Ese contenido patrimonial de la reparación es susceptible de ser transmitido a los herederos; de allí que nada impida la prosecución de la acción por estos últimos. Y con cita de DE CUPIS (El Daño, trad. de la 2ª ed. Italiana por Angel MARTÍNEZ CARRIÓN, n° 121, p. 662) añade que "Si el hecho perjudicial viola un derecho instransmisible (como el derecho de la personalidad) esta instransmisibilidad no lleva consigo la del derecho al resarcimiento, que por tener por objeto una prestación pecuniaria de carácter patrimonial (resarcimiento) constituye un elemento del patrimonio del perjudicado con una regulación independiente en la que se comprende la transmisibilidad; al igual que en cualquier derecho privado patrimonial. La finalidad que preside la atribución de tal derecho tan sólo en forma excepcional acentúa su adhesión al titular originario para excluir su transmisibilidad; y tal excepción no se produce en el derecho derivado del daño causado, o sea, en el derecho al resarcimiento". (Daño Moral, Ed. Hammurabi, año 1996, pág. 298 y 318). De idéntico modo, se expresan TRIGO REPRESAS y LOPEZ MESA, al indicar que en principio, tratándose de delitos que sólo han causado un agravio moral, la acción no pasa a los herederos y sucesores universales; salvo que el propio afectado la hubiese promovido en vida; pues en tal caso el ejercicio de la acción indemnizatoria da a ésta un efectivo carácter patrimonial (Tratado de la Responsabilidad Civil, Ed. La Ley, año 2.005, T. IV, pág. 516).

También ha resuelto en ese sentido la jurisprudencia, pues "si bien es cierto que habiendo sido promovida la acción por resarcimiento del daño moral por el damnificado directo, no cabe considerarla extinguida por su fallecimiento durante la tramitación del pleito, lo cierto es que la transmisibilidad queda supeditada a que, precisamente, hubiera promediado ese acto de voluntad personal del damnificado; distinto es el caso en que muere sin haber promovido la acción. En otras palabras, existe transmisibilidad pero condicionada a que se intentara la acción en vida del beneficiario (arts. 1.078, 1.099 y 498 C.C.)(Cám. Nac. Civ., Sumario B 150733); y "en las ofensas contra personas vivas, que después mueren el problema que surge es el de transmisibilidad mortis causa de la acción, es decir, de la posibilidad de que sea ejercida por los herederos (iure hereditatis, no iure propio) luego del fallecimiento de quien fuera ofendido cuando vivía. En lo que atañe al daño moral, la acción "no pasa a los herederos y sucesores universales, sino cuando hubiese sido entablada por el difunto" (art. 1.099, Cód. Civil) (SCBA, Ac. 81001, sent. del 28/6/2006, sumario B 28518).

Añado que en sus agravios la apelante efectúa una cita doctrinaria que corresponde al Código Civil Comentado, BUERES HIGHTON, tomo 3 A, pág. 192, y a tenor de la lectura de la misma que realizo deduzco que ésta no ha sido adecuadamente comprendida por la recurrente. El autor del comentario, Dr. BUERES, en referencia al Plenario "LANZILLO", señaló que la mayoría de los jueces que votaron en el plenario se inclinó por la buena doctrina de entender que la acción en curso puede ser continuada por los herederos en general, para luego extractar la palabras del Dr. César YAÑEZ, que a tenor de la lectura del plenario que tengo a la vista consideró injusto que la indemnización de los herederos en supuestos como el presente se encuentre sometida a un acto potestativo de la contraparte (recurrir o no la sentencia de primer grado). Aclaro que el Dr. YAÑEZ propició también la decisión adoptada por la mayoría. En definitiva, la propia cita a la que vengo haciendo referencia, da por tierra con los argumentos de la apelante.

En razón de lo indicado, entiendo que este agravio debe ser desestimado. ASI LO VOTO.

En este mismo rubro indemnizatorio daño moral la quejosa controvierte la cuantía de la indemnización acordada por la anterior instancia, que fuera establecida en la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000), y requiere la reducción sustancial del monto. Así afirma, que al ocurrir el fallecimiento del damnificado directo han de ser distintos los parámetros a utilizar para ponderarla, pues los jueces tuvieron en cuenta circunstancias y condiciones particulares que acaecida su muerte, han dejado de ser válidos. Por lo dicho, la cuestión no se centra en revisar el monto indemnizatorio establecido, alegándose la irrazonabilidad de tal cuantificación, sino en rever la misma a tenor de las nuevas circunstancias acreditadas en la causa.

Las consideraciones expuestas precedentemente me permiten adelantar mi opinión en cuanto que el agravio no puede prosperar, pues no ha de olvidarse que el resarcimiento del daño moral comprende, en forma amplia, la mitigación de los dolores físicos y espirituales, las afecciones anímicas o los sufrimientos morales, los sentimientos respecto del goce de los bienes, el espíritu y la capacidad de entender, querer y sentir (Jorge A. MAYO, El Daño Moral. Los diversos supuestos característicos que lo integran, Revista de Derecho de Daños 6, Daño Moral, pág. 180), y se ha expresado que ello es así aún cuando el menor no tenga habilidad para la plena comprensión de las proyecciones de la ineptitud que deberá afrontar por el resto de su existencia, pues debe partirse del afligente estado de la víctima, que asume la pesada carga de sobrevivir (Cám. Nac. Civ, Sala C, 17898, "L., E. M. y otros c/ Clínica Independencia Cía S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios"). Sin por ello dejar de reconocer que la cuantificación del resarcimiento es de asaz difícil fijación, ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, ni a procedimiento matemático alguno, correspondiendo atenerse a un criterio fluido que permita computar todas las circunstancias del caso, sobre la base de una prudente ponderación de la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados y a los padecimientos experimentados, es decir, a agravios que se configuran en el ámbito espiritual de los reclamantes y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a la circunspección y discrecionalidad del juzgador (conf. MORELLO, SOSA y BERIZONCE, Código Procesales ...T. IIC, p. 239).

En el caso, la Dra. Silvia ALONSO de ARIET, al ponderar la entidad de la indemnización fijada, evaluó la edad de la víctima al momento del hecho, así como "la índole del interés espiritual lesionado y las proyecciones disvaliosas en la subjetividad del damnificado", en tanto que el Dr. ALEXANDRE añadió que la indemnización del daño moral no se reduce por encontrarse la víctima sin respuesta motora y verbal, "pues la reparación se concede por la violación de los derechos inherentes a la personalidad, que alcanza a quienes se encuentran es dicho estado". En este orden de ideas, no cabe sino concluir que los Magistrados han analizado prudencialmente las circunstancias del caso, de trascendente significación dada la minoración del interés extrapatrimonial del damnificado directo, y tengo presente para ello, que pese a haberse producido el deceso del menor unos días previos al dictado de la sentencia, los Magistrados pudieron evaluar el lapso temporal desde que se produjera el daño hasta la fecha del dictado de la misma aproximadamente diez años, determinando entonces la indemnización que entendieron mejor adecuada a tales circunstancias. A ello habré de precisar que el daño producido configuró además el factor desencadenante para la víctima de una posibilidad reducida de sobrevida hasta los treinta años, muy inferior a la media nacional, circunstancia que apropiadamente merituada me impide considerar atendible la minoración de la indemnización establecida.

Propicio entonces el rechazo de este planteo subsidiario. ASI LO VOTO.

Paso ahora a analizar, en conjunto, las quejas referidas a la indemnización por los rubros denominados "gastos médicos y auxiliares de la medicina" y "daño a la salud", pues en ambos casos, su cuestionamiento pasa por la limitación temporal de los mismos, en atención al fallecimiento del niño acontecido con posterioridad a emitirse la sentencia recurrida.

Conforme surge de las constancias de autos, al dictado del fallo de Cámara cuestionado, no era conocido por los Sentenciantes el deceso del menor F. S. , por lo que el supuesto refiere a una típica cuestión de un hecho modificativo acaecido durante la sustanciación del proceso, cuya admisibilidad en este estadio procesal debe ser analizada en forma preliminar.

Da cuenta el código adjetivo de la existencia de varias normas que admiten la introducción, y análisis por parte de la Alzada, de hechos nuevos ocurridos durante el proceso. Así, el art. 163 inc. 6 permite que la sentencia haga mérito de los hechos constitutitos, modificativos o extintitos, producidos durante la sustanciación del juicio; el art. 260 inc. 5 contempla la apertura a prueba ante la segunda instancia, si se alegare un hecho nuevo posterior a la oportunidad prevista en el art. 365; y el art. 277 admite que el Tribunal falle sobre intereses, daños y perjuicios, u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia. En el contexto de esas normas, se ha afirmado que si en un proceso de indemnización de daños y perjuicios se produce una agravación de las lesiones, o ha sobrevenido la muerte del enfermo, estamos ante típicos hechos nuevos (L.L. v. 131, p. 1103, N° 17.704S).

Verificada la existencia de esas circunstancias, se está frente a una excepción al principio de que la sentencia judicial debe remitirse al estado de cosas existentes a la fecha de la traba de la litis, fundada en principios de economía procesal, y siempre que la consideración de tales hechos sobrevivientes no importe agravio a la garantía de la defensa en juicio. (Cám. Nac. Esp. Civil y com., sala VI, 28976; MORELLO, SOSA, BERIZONCE, Códigos Procesales..., tomo IIC, pág. 93). En este orden de ideas, se ha resuelto en S.D. 30/SRE/98 que a la hora de resolver el recurso impetrado, la consideración del hecho sobreviviente, no implica violentar en modo alguno el principio de congruencia, que sabido es que como regla general debe existir correspondencia perfecta sobre la acción promovida y la sentencia que se dicta, lo que se desarrolla en una doble dirección: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que temporáneamente y formalmente se le pide o sea sobre todas las demandas sometidas a su examen y sólo sobre éstas; y debe dictar el fallo basándose exclusivamente en tales elementos (SCBA. Ac.50077). Así la merituación que puede hacer el juez de los hechos constitutivos, modificativos, o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados aunque no se hubieran alegado como hechos nuevos tiene un lógico presupuesto: que tales hechos hayan sido puestos de manifiesto por los justiciables durante el curso del proceso (CC.0102, LP.218319, RSD.24394, SD. 11294, "JUBA 7").

Por lo que, aún cuando la potestad jurisdiccional de la Alzada se encuentra limitada por aquellas cuestiones que han sido debidamente propuestas ante las instancias anteriores, la no admisión de este hecho modificativo de la pretensión, traído al proceso por la parte actora, constituiría un exceso ritual manifiesto, inconciliable con un adecuado servicio de justicia, ya que como reiteradamente viene señalando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde Colalillo (Fallos 238:550), si bien los jueces deben fallar con sujeción a las reglas y principios de forma, según las circunstancias de hecho que aducen y acreditan las partes secundum allegata et probata partium nada excusa su indiferencia respecto de la objetiva verdad en la augusta misión de dar a cada uno lo suyo (Fallos 278:85; 327:5970).

Tengo así en consideración que en la Sentencia de Cámara se ponderó el menoscabo en la integridad psicofísica ocasionado a la víctima, la edad al momento de la lesión, y el período estimado de vida para una persona con las secuelas que presentaba el actor, esto es, 30 años de edad, estimando en base a ello prudencialmente la cuantía de la indemnización en cada rubro, con el fin de cubrir las erogaciones necesarias hasta alcanzar la edad máxima considerada. Por consiguiente, el deceso del menor F. S. , constituirá el límite temporal para la procedencia de ambos rubros indemnizatorios que en conjunto estoy tratando, pues, como se ha dicho, no es posible soslayar la muerte de la víctima al momento de decidir en torno al resarcimiento solicitado para enjugar gastos médicos futuros, ya que admitirlos importaría un enriquecimiento sin causa, que no es posible avalar en sede judicial (CNCIV, Sala F, voto de la Dra. HIGHTON DE NOLASCO, elDial AE55), en tanto se estaría resarciendo por una erogación futura que ciertamente no se realizará.

Por ello, convengo con el Magistrado que me precediera en el voto, en hacer lugar al agravio que trato, y establecer prudencialmente la indemnización por daño a la salud en la suma de ciento veinticinco mil ($ 125.000) y la indemnización por el rubro gastos médicos y auxiliares de la medicina en la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000). ASI LO VOTO.

Referiré ahora a lo atinente a la aplicación al reclamo de autos de la normativa referida a la consolidación de deudas del Estado Ley 4647, que en principio trae la demandada al expresar la reserva de plantear la cuestión en el estadio oportuno, y en forma subsidiaria para criticar los intereses que manda pagar el fallo recurrido. Como lo ha señalado el Dr. ROYER en el voto que antecede, no constituye esta etapa procesal la adecuada para su análisis, pues no ha fenecido la oportunidad para la aplicación por los judicantes de la norma invocada, para lo cual se encuentra la demandada perfectamente habilitada a reeditar la cuestión. Así, expuse en SD. N° 05/SROE/06, la decisión no ha cercenado el derecho de la demandada a plantear la cuestión de la consolidación en el estadio procesal correspondiente a la ejecución de sentencia, pues como reiteradamente sostuviera el Superior Tribunal, "aquélla opera de pleno derecho dado su naturaleza de orden público (SD Nº 5, 7, 8, 9, 11 y 19/SCA/99)" (S.I. N° 57/SCA/02), y en tal sentido, se ha dicho "las normas de emergencia y tal naturaleza tienen las de consolidación son de orden público...que la oposición de oficio o a instancia de parte se produce normalmente en el proceso de ejecución de sentencia, cuando los créditos emergentes pretenden realizarse (S.I. Nº 54/SCA/96)" (S.I. N° 46/SCA/01).

Por lo expuesto, concuerdo en que el agravio no puede ser atendido en esta instancia. ASI LO VOTO.

A igual cuestión el Dr. Caneo dijo:

Los sufragios de los doctores Fernando S.L. Royer y José Luis Pasutti, conforman la voluntad de la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, de modo que no emitiré mi voto (art. 28 Ley N° 37, modif. por Ley N° 4550).

A la segunda cuestión el Dr. Royer dijo:

Atento a como me he pronunciado al votar a la primera cuestión propongo al Acuerdo hacer lugar parcialmente al Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la representación del Estado Provincial contra la sentencia N° 2/2007.

En cuanto a las costas, considero que resulta de aplicación lo dispuesto en el párrafo 2º del art. 68 del CPCC. La pretensión resuelve en base a un hecho sobreviniente ajeno a las partes. "La exención debe admitirse restrictivamente y sobre la base de circunstancias cuya virtualidad, en cada caso, torne manifiestamente injusta la aplicación del principio de que el vencido debe soportar las costas" (Fallos, cit. Roberto G. LOUTAYF RANEA, "Condena en costas en el proceso civil", Ed. Astrea, año 1.998, pág.76). ASI LO VOTO.

En mérito a lo resuelto, corresponde readecuar los honorarios al contenido del pronunciamiento, por aplicación del art. 277 del código ritual, teniendo en cuenta para ello la calidad, extensión y eficacia de las labores desarrolladas, el resultado obtenido en el pleito, y los fijados por la Cámara de Apelaciones, que no fueron materia de agravio ante esta instancia. Así, propongo REGULAR los honorarios profesionales, por la actuación en la primera instancia, del Dr. J. R. M. , en el 21,45%, a favor del Dr. F. M. M. , en el 14,28%; para los Dres. M. P. y F. M. , en forma conjunta, en el 0,71%; para las Dras. R. E. G. e I. B. P. en el 21,45%; y para los Dres. D. O. H. e I. M. , conjuntamente en el 21,45%. Todos los porcentajes a calcularse sobre el monto por el que prospera la demanda. Los de los peritos: psicóloga S. M. ; neurólogo Dr. M. R. R. ; anestesiólogo Dr. O. H. ; las perito M. C. y M. I. conjuntamente; contador D. A. F. ; médica Dra. B. A. P.; arquitecto M. O. C. ; TODOS, en el 2% del mismo monto señalado mas arriba. Por la actuación ante la segunda instancia, los honorarios del Dr. F. M. M. en el 30% de los regulados a la parte actora por la actuación en primera instancia y para el Dr. D. O. H. , en el 30% de los que fueran fijados por la actuación de esa parte en la instancia de origen (conf. arts. 6 incs. "c" y "d", 7, 9 y 14 del Dto. Ley N° 2.200 modif. por Ley N° 4335).

Por la actuación que correspondiera ante esta instancia, REGULAR los estipendios de los Dres. D. O. H. e I. M. , en el 30 % de los fijados para la primera instancia; y para el Dr. F. M. M. , que concurriera a sostener la sentencia, en el 25% de los que les fueran regulados por la primera instancia. (art. 14 Ley 2.200, modif. Ley 4.335 T.O. Dto. Nº 138/99).

TODOS los honorarios con más I.V.A. si correspondiera, y sin perjuicio de la aplicación, para los abogados de la representación provincial, del art. 2 de la Ley 2.200. ASI LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. Pasutti expresó:

Conforme los términos de mi voto a la primera cuestión acuerdo con la solución que propicia el Dr. Royer. En materia de costas por la actuación ante esta instancia, convengo en la aplicación del art. 68 2° párr. del CPCC, dado que en la imposición de éstas no puede dejar de computarse la circunstancia procesal de los hechos sobrevinientes, a la iniciación de la demanda, lo cual gravita para aplicar las costas por su orden (Cám. Nac. Civil, sala B, 2/4/64, La Ley, v. 117, p. 796, 11.270S) (MORELLO, SOSA, BERIZONCE, Códigos Procesales..., Tomo IIB, pág. 125). Acuerdo también con la regulación de honorarios efectuada. ASI LO VOTO.

A igual cuestión el Dr. Caneo dijo:

Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.

Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente:

S E N T E N C I A 1º) ADMITIR parcialmente el recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la accionada Provincia del Chubut.

2°) REVOCAR parcialmente el fallo definitivo Nº 02/2007 de fs. 1.001/1.043 de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en relación al monto de los rubros indemnizatorios de "gastos médicos y auxiliares de la medicina" y "daño a la salud" .

3°) DETERMINAR que la indemnización por el rubro de "gastos médicos y auxiliares de la medicina" asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000), y la correspondiente al ítem "daño a la salud", a la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 125.000).

4°) IMPONER las costas por la actuación ante este Superior Tribunal por su orden (arts. 68 2do. párrafo y 279 CPCC).

5°) ADECUAR los honorarios de Primera Instancia, y REGULAR los del Dr. J. R. M. , en el 21,45%, a favor del Dr. F. M. M. , en el 14,28%; para los Dres. M. P. y F. M. , en forma conjunta, en el 0,71%; para las Dras. R. E. G. e I. B. P. en el 21,45%; y para los Dres. D. O. H. e I. M. , conjuntamente en el 21,45%. Todos los porcentajes a calcularse sobre el monto por el que prospera la demanda. Los honorarios de los peritos: psicóloga S. M. ; neurólogo Dr. M. R. R. ; anestesiólogo Dr. O. H. ; las perito M. C. y M. I. conjuntamente; contador D. A. F. ; médica Dra. B. A. P.; arquitecto M. O. C. ; TODOS, en el 2% del mismo monto del proceso. Por la actuación ante la segunda instancia, los honorarios del Dr. F. M. M. en el 30% de los regulados a la parte actora por la actuación en primera instancia y para el Dr. D. O. H. , en el 30% de los que fueran fijados por la actuación de esa parte en la instancia de origen. Todos los honorarios con mas IVA si correspondiere, y sin perjuicio de la aplicación del Art. 2 de la Ley Nº 2.200, modif. por Ley Nº 4335. (conf. arts. 6 incs. "c" y "d", 7, 9 y 14 del Dto. Ley N° 2.200 modif. por Ley N° 4335).

6°) ESTABLECER los honorarios por la actuación ante esta instancia, de los Dres. D. O. H. e I. M. , en el 30 % de los fijados para la primera instancia; y para el Dr. F. M. M. , en el 25% de los que les fueran regulados por la primera instancia. (art. 14 Ley 2.200, modif. Ley 4.335 T.O. Dto. Nº 138/99). Todos los estipendios regulados, sin perjuicio de la aplicación del Art. 2 de la Ley Nº 2.200, modif. por Ley Nº 4335.. (conf. arts. 6 incs. "c" y "d", 7, 9 y 14 del Dto. Ley N° 2.200 modif. por Ley N° 4335). Con más IVA si correspondiere.

7°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

Fdo.: Dr. Daniel Luis CANEO Dr. José Luis PASUTTI Dr. Fernando S. L. ROYER.

RECIBIDA EN SECRETARIA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2007 REGISTRADA BAJO EL N° 05 S.R.O.E. CONSTE