Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-17


Causa Nº 15881-00/CC/2006 Caratulada: "CHILE CHIPANA, María Elena s/ inf. art. 83, ley 1472 - Apelación" En la ciudad de Buenos Aires, a los17 días del mes de octubre del año dos mil seis, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa.

Los Dres. Silvina Manes y Jorge A. Franza dijeron:

RESULTA:

1.En las presentes actuaciones el cotitular de la Defensoría de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 4 interpuso recurso de apelación (fs. 28/30vta.) contra la resolución de fs. 19/21vta., mediante la cual el Sr. Juez de grado no hizo lugar a su solicitud de devolución de los efectos secuestrados en autos. Lo que motivara la intervención de este Tribunal.

Oído el Sr. Fiscal de Cámara, pasan los autos a resolver.

Y CONSIDERADO:

2. En primer término, cabe mencionar que el recurso ha sido interpuesto en forma temporánea, y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

En efecto, la resolución del Juez de grado de fecha 29 de junio de 2006 por la que no se hizo lugar a la solicitud de devolución de efectos, fue notificada a la defensa oficial con fecha 4 de julio del corriente (fs. 25/vta.), quien interpuso el recurso de apelación el día 10 de julio del mismo año (fs. 28/30vta.), es decir dentro del plazo de prórroga especial previsto en el art. 164 del CPPN.

3. Por otra parte, las resoluciones impugnables son las declaradas apelables expresamente por la ley nº 12, como así también las previstas por el art. 449 CPPN, entre las que se encuentran todas aquellas que causen un gravamen irreparable, entendido tal, como el "perjuicio cierto para alguna de las personas vinculadas al proceso, que no pueda ser reparado en la misma instancia, con el avance de las actuaciones, o de tal gravedad que no admita demora" (Luis Cevasco, Principios de Derecho Procesal Penal Argentino, Ed. Oxford, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 237). En igual sentido, "...puede inferirse que el gravamen irreparable resulta fundamentalmente configurado ante las siguientes situaciones: 1º) la ausencia de otra oportunidad procesal útil para obtener el amparo del derecho de que se trate; 2º) la magnitud del perjuicio económico que lleva aparejado el cumplimiento de la decisión; 3º) las dilaciones y trastornos que ésta es susceptible de ocasionar". (Lino E. Palacio, El Recurso Extraordinario Federal, Ed. Abeledo -Perrot, Buenos Aires, 1997, pág. 88).

Sentado ello, corresponde determinar si efectivamente el auto de fs. 19/21vta. que no hace lugar a la devolución de los efectos, causa agravio de imposible reparación ulterior, de modo que habilite la intervención de esta Alzada.

4. En el sub examine, la defensa funda la admisibilidad de su planteo en considerar que la decisión del Juez de grado le causa un gravamen a su asistida que "resulta irreparable, pues -sostiene- no existirá otra ocasión, en el marco de este proceso contravencional -ya que la Sra. Fiscal ha dispuesto su remisión a la U.A.C.F. de lograr la restitución de los bienes secuestrados" (ver fs. 28vta.).

Al respecto, el Sr. Fiscal de Cámara, en su dictamen de fs. 36/38 indicó que no se trata de la última oportunidad para reclamar la restitución de los elementos secuestrados, pues la ley 1217 prevé la revisión jurisdiccional a pedido de parte de la resolución que tome el controlador administrativo respecto de las medidas cautelares dispuestas.

5. Para poder admitir un recurso como el intentado en el presente caso, debe configurarse una situación ante la cual no pueda obviarse la pretensión de quien lo deduce, pues de lo contrario se estaría frustrando el ejercicio de derechos procesales. En cada caso en concreto deben evaluarse las circunstancias de hecho al momento de discernir si una decisión jurisdiccional causa o no gravamen irreparable.

Pues bien, en consonancia con lo resuelto por el a quo y lo señalado por el Ministerio Público Fiscal, consideramos que la posibilidad de solicitar los elementos ante la autoridad administrativa constituye un medio suficiente para hacer efectivo el reclamo que pretende la defensa en aras de resguardar el derecho de propiedad de su asistido. Además, el diferimiento de la oportunidad para concretarlo a la órbita de la UACF, tampoco provoca un perjuicio económico de magnitud tal que no admita demora.

De ahí entonces que no se vislumbra la existencia de gravamen irreparable como causal que permita habilitar su revisabilidad por la instancia superior, siendo que resulta insuficiente que el pronunciamiento sea adverso a los intereses de quien reclama, pues de ser así, toda decisión devendría apelable en la medida en que no fuera beneficioso a la parte y con ello, la recurribilidad estaría sólo sujeta a la mera disidencia con lo resuelto.

5. En otro orden de cosas, estimamos necesario efectuar una distinción entre lo planteado en la presente causa y el precedente "Acosta Riveros, Débora Soledad s/ inf. art. 83, ley 1472 - Apelación" dictado por este Tribunal con fecha 02/06/06. En este último, al resultar autocontradictoria la decisión del magistrado, este Tribunal resolvió nulificarla parcialmente por vicio procesal, ya que estaba confirmando una medida asegurativa cuyo presupuesto de hecho -la contravención prevista en el art. 83 de la ley 1472-, había considerado carente de relevancia jurídico penal..

Por lo tanto, al nulificarse la convalidación del secuestro decretada por la autoridad jurisdiccional, indefectiblemente se desmoronó la medida cautelar, siendo su necesaria consecuencia la devolución de los efectos incautados.

Distinto es lo que sucede en el caso sub examine, en donde no se hallan vicios que provoquen nulidad alguna. En efecto, en el sub lite todo lo actuado resulta válido, y existe una decisión del representante de la vindicta pública de desincriminar la conducta, la que ha sido tomada en el marco de las facultades que posee el Ministerio Público Fiscal dentro del sistema acusatorio consagrado en la Constitución de la CABA (art. 13, inc. 3).

En ese sentido, esta Sala tiene dicho in re "BERMUDEZ, Francisco Javier s/ Inf. Art. 85 ley 1472 - Apelación" resuelta con fecha 01/06/06 que en un sistema acusatorio, la acción penal se encuentra en cabeza del Ministerio Público Fiscal, y atento a la independencia funcional de éste, se torna inconstitucional cualquier ley o acto que pretenda sujetar al titular de esa acción a otra autoridad, invalidando cualquier instrucción o directiva vinculada a su competencia procesal. Esta independencia, que tiene rango constitucional por ser una directa derivación del art. 13 del ordenamiento constitucional local, debe entenderse, en el caso particular, prescindiendo de indicaciones y mucho menos de órdenes sobre cómo llevar adelante la acción penal.

Ahora bien, el hecho de que el Sr. Fiscal desista de impulsar la acción contravencional, no es obstáculo para que remita las actuaciones a la UACF junto con los elementos secuestrados, si considera que la conducta desplegada por María Elena CHILE CHIPANA puede subsumirse en el art. 4.1.2 de la ley 451, promoviendo así, por denuncia, una acción pública de faltas tal como se lo permite la Ley 451 en su art. 13.

6. Por las razones expuestas, teniendo en cuenta que el tribunal "a quo" no puede vincular al "ad quem" a través de una errónea decisión, lo que significa que la admisibilidad del recurso está sometida a un doble examen efectuado por quien dicta la resolución y por quien tiene que resolverla, sin perjuicio de la distinción plasmada en el punto que antecede, corresponde declarar mal concedido el recurso interpuesto por el Mariano Luis Bertelotti, por falta de agravio.

Conjuntamente con ello, de conformidad con lo normado en el art. 39, inc. 1 de la ley 12, se deben archivar las actuaciones poniendo punto final a la persecución contravencional, siendo ella la consecuencia lógica de la desincriminación realizada por el Sr. Fiscal respecto de la conducta de la encartada, lo que no importa un entorpecimiento para la acción de faltas promovida.

7. En mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por el Mariano Luis Bertelotti a fs. 28/30vta.

II. ARCHIVAR las presentes actuaciones seguidas contra María Elena CHILE CHIPANA en orden a la contravención de uso indebido del espacio público (arts. 39, inc. 1, LPC y 83, CC).

Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro.1, a fin de que de cumplimiento a lo ordenado y practique las notificaciones restantes.

Ante mí:

La Marta Paz:

VISTOS:

La resolución del 29 de junio de 2006 que dispuso: "NO HACER LUGAR A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE EFECTOS..." (fs. 19/21vta).

El recurso de apelación interpuesto por el Defensor Oficial cotitular de la Defensoría de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 4 a fs.28/30vta.

La presentación de Fiscalía de Cámara obrante a fs. 36/38.

Y CONSIDERANDO:

1. El recurso de apelación ha sido deducido por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

Atento la constancia del diligenciamiento de la cédula obrante a fs. 25/vta., el recurso fue interpuesto por la defensa dentro de quinto día por lo que es temporáneo.

2. El Fiscal de Cámara sostiene que en el caso no se advierte un gravamen irreparable, por lo que entiende que corresponde declarar mal concedido el recurso.

Ha resuelto este Tribunal que las resoluciones impugnables son las declaradas apelables expresamente por la ley n° 12, como así también las previstas por el art. 449 C.P.P.N. -en virtud de lo dispuesto en el art. 6 L.P.C.- entre las que se encuentran todas aquellas que causen un gravamen de insusceptible reparación ulterior.

La medida cautelar de secuestro afecta, en principio, el derecho de propiedad y por ello, la decisión impugnada causa un gravamen de esta índole a la imputada en los términos exigidos por la normativa citada.

3. El Juez a quo convalidó el secuestro a fs. 8.

Posteriormente, la fiscalía resolvió que la conducta atribuida a Chile Chipana no podía ser considerada constitutiva de la contravención tipificada por el artículo 83 del Código Contravencional relativa al uso indebido del espacio público, atento a la cantidad y forma en que los elementos eran exhibidos, entendiendo que se trataba de un supuesto de venta ambulatoria, de mera subsistencia, que no implicaba una competencia desleal con el comercio establecido, por lo que decidió no continuar con la investigación contravencional. Consideró que la conducta imputada constituía una falta en virtud de lo dispuesto en el art. 4.1.2 de la ley 451, por lo que decidió remitir las actuaciones a la U.A.C.F.

La defensa en su primer presentación en autos promovió la incidencia para obtener la restitución de los bienes secuestrados (fs. 10/11).

Este planteo es vía idónea para que, sin verse privada de una instancia útil, la defensa obtenga la primer decisión judicial, luego de un contradictorio, acerca de la restitución de los efectos secuestrados.

4. Para resolver la cuestión planteada corresponde analizar la existencia de los presupuestos para la procedencia de una medida cautelar y no quien tomó la decisión, teniendo presente que éstas son siempre de carácter provisional.

Que la remisión del expediente a la Unidad Administrativa de Control de Faltas haya sido dispuesta por el Magistrado o por el Ministerio Público Fiscal no modifica la cuestión esencial ya que , en su oportunidad, el secuestro se realizó al considerarse la existencia presunta de la comisión de una contravención, la que dejó de existir en base a la resolución de la Fiscalía que señaló que "la conducta reprochada no constituye contravención" (fs. 9).

5. Al haberse resuelto que la conducta reprochada a la imputada no constituía una contravención el Magistrado debió ordenar la devolución de los bienes secuestrados, pues las medidas cautelares sólo pueden ser impuestas y mantenidas si se acredita la probabilidad de condena.

De ahí que, habiendo desaparecido la responsabilidad en cuanto a la comisión de la contravención -y que motivara en un principio el secuestro de los elementos por parte del personal preventor- la medida cautelar debió ser dejada sin efecto, pues la misma deviene ante la nueva situación en incausada.

6. Es preciso recalcar el error conceptual en que incurre la resolución impugnada que predispone el discurso dialéctico y resulta determinante del decisorio.

El mismo consiste en afirmar que "ya he confirmado el secuestro", siendo erróneo por cuanto una medida cautelar como la de autos es de carácter provisional y susceptible de ser revisada durante el proceso, si se modifican los presupuestos que la determinaron. Al respecto, sostiene el Palacio que las medidas cautelares son, ante todo, "provisionales", es decir, mientras duran las circunstancias que las determinaron y, en cualquier momento en que éstas cesaran, se podrá requerir su levantamiento. Al desaparecer las circunstancias que las determinaron, carece de razón de ser la necesidad de cautela. (Manual de Derecho Procesal Civil, pág. 771/2, Ed. Abeledo- Perrot, Bs. As., 12º edición).

En su mérito, la resolución recurrida debe ser revocada y los bienes secuestrados deben ser devueltos toda vez que han desaparecido las circunstancias que motivaron la medida.

No modifica la decisión a adoptarse que el Juez de grado haya convalidado el secuestro en una oportunidad distinta y previa a aquella en que se dispuso el pase a la U.A.C.F. por el Ministerio Público Fiscal ante la inexistencia de contravención. Este extremo sólo incide en la legalidad de la resolución de convalidación que se adoptara, radicando allí la diferencia con lo resuelto en la causa Nº 8710/CC/2006, caratulada: "Acosta Riveros, Débora Soledad s/ inf. art. 83 ley 1472 Apelación", rta. el 02/06/2006.

Tengo presente también lo resuelto en la causa nro.082-01/CC/2006, caratulada: "Domínguez, Alberto Federico s/inf. art. 83 ley 1472- Apelación", rta. el 30/06/2006 entendiendo que se tratabaun supuesto distinto por lo que la solución a que arribo es diversa. En "Domínguez" el defensor había pedido al Magistrado la nulidad de la resolución del Fiscal que había dispuesto remitir la causa a la U.A.C.F. y ante una decisión adversa recurrió la misma, lo que finalmente determinó la intervención de esta Alzada.

7. Toda vez que la medida cautelar va siempre unida a la apariencia de responsabilidad del titular del derecho a afectar, habiendo desaparecido aquella sospecha debió asimismo haberse cerrado formalmente la persecución penal contravencional que se cernía sobre la Sra. Chile Chipana (art. 39 inc. 1 LPC).

8. Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto corresponde:

I. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, REVOCAR la resolución recurrida en cuanto ha sido materia de agravio, y ordenando DEVOLVER los bienes secuestrados que surgen de fs. 3.

II. ARCHIVAR las presentes actuaciones seguidas contra María Elena Chile Chipana en orden a la contravención de uso indebido del espacio público (arts. 39 inc. 1 y 83 CC).

Así lo voto.

Ante mí:

Endede 2006 notifiqué al Sr. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2006 notifiqué a la Secretaría General de la remisión a primera instancia. Conste.

Endede 2006 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 1 .Conste.