Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-17


SENT Nro. 782 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 17 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, con más la integración del doctor Alfredo Carlos Dato -por no existir votos suficientes para dictar pronunciamiento válido- y el doctor Arnaldo E. Alonso -por encontrarse recusado sin causa el doctor René Mario Goane y subsistir la falta de votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la parte demandada en autos: "Olaz de Cabrera, María Rosa del Valle vs. Budeguer, José Rodolfo s/Ejecución hipotecaria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana, Antonio Gandur, Alfredo Carlos Dato y Arnaldo Edgardo Alonso, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por el letrado apoderado de la parte demandada contra la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, de fecha 05/12/2001, que confirma la sentencia de primera instancia del 13/10/2000 no haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto en subsidio por aquél.

II.- El recurrente, luego de exponer los antecedentes relevantes de la causa, de analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso incoado, expresa sus agravios sosteniendo que la sentencia impugnada es violatoria de normas de derecho tanto sustancial (art. 21 inc. 2º de LCQ) como formal (166, 167 y ccdts., 272, 273, 280, 34 del CPCCT).

Resalta lo discutido del tema del fuero de atracción concursal en los juicios de ejecución de garantía real -art. 21 inc. 2º de la ley 24.522- mas, a pesar de no compartir el criterio de los magistrados actuantes en el sentido de que no existiría atracción concursal respecto al presente juicio, por razones de economía procesal acata lo dispuesto en este sentido en precedentes de la Corte Suprema de Justicia Nacional y Provincial. Sin embargo, aclara que de ninguna manera su parte basó solo en este aspecto el recurso de revocatoria sino básicamente en que esta clase de juicios se suspenden o no pueden deducirse hasta tanto no se presente el pedido de verificación del crédito, lo que constituye también una conclusión de los precedentes de la Corte Suprema Nacional y lo que emana de la letra de la ley. Sobre el punto destaca lo errado del dictamen fiscal -sobre el que se apoya el fundamento de la Cámara- en tanto sostiene que la suspensión no resulta aplicable a la especie porque el acreedor ha presentado el pedido de verificación de créditos por ante el Juez del concurso, toda vez que a la fecha de firma del decreto recurrido no había posibilidad alguna de verificar el crédito por parte del actor pues el auto de apertura del Concurso Preventivo es de fecha 10.10.2000; el oficio al Juez de Documentos y Locaciones disponiendo la suspensión es de fecha 11/10/2000, decretándose el día 13/10/2000 que el juicio se encontraba entre las excepciones del art. 21 de la ley 24.522, sin distinguir entre el fuero de atracción y la obligación de suspender el trámite conforme la segunda parte del inc. 2º del art. 21 de la LCQ. De allí que, dice, el juez de primera instancia no fundamentó ni pudo hacerlo su sentencia en la existencia del pedido de verificación violentando de este modo el art. 21 que obligaba a la suspensión del procedimiento. De allí también que el dictamen fiscal modifica la situación fáctica y jurídica al momento del decreto cuestionado y recurrido cuando introduce la existencia del pedido de verificación sin tener en cuenta que tal pedido es muy posterior al pedido de suspensión, a la subasta y al recurso. Pero además, señala, la fiscal no se preocupa en fundamentar porqué esta verificación posterior a los actos cuestionados tendría alguna relevancia o justificarían su aconsejamiento de confirmar la sentencia recurrida, lo cual torna arbitraria la misma al carecer de fundamento en tal sentido. Pone de resalto los distintos y graves aspectos -que se relacionan con la tutela de los derechos del demandado y de terceros acreedores- y que se derivarían de considerar la hipótesis de que tal verificación posterior a la subasta, la convalidaría.

Manifiesta, más allá de las violaciones ya indicadas y de que el Sr. Fiscal de Cámara carecía de atribuciones y competencias para dictaminar sobre la materia que delegó indirectamente la Cámara en su misión juzgadora, remitiéndose al cuadro fáctico y fundamentación ofrecida en el dictamen de aquél, que el fallo impugnado ha violentado lo dispuesto en los arts. 272, 273, 280, 34 procesal por no estar motivada conforme a la ley, no existir una calificación de la relación sustancial ni fija la norma que debe aplicarse al caso, se aparta de los hechos alegados por las partes al plantearse revocatoria, ya que a esa fecha no existía verificación, carece de fundamentación alguna; la remisión al dictamen fiscal se sustenta en una falsa apreciación pues no se ajusta en nada a los antecedente en el punto concreto; tal remisión no exime a la Cámara de considerar y fundamentar el caso máxime cuando se torna evidente el apartamiento a una norma de fondo expresa que obliga a justificar con claridad y precisión el encuadre jurídico en cumplimiento del debido proceso y derecho de defensa. Todo ello, concluye, torna nula a la sentencia de alzada.

Propone doctrinas legales; deja reservado el remedio federal y solicita se haga lugar al recurso tentado, con costas.

El traslado de ley es contestado por la contraria según escrito que rola a fs. 646/650.

III.- Por auto interlocutorio del 10/3/2003 la alzada hace lugar a la concesión del recurso interpuesto, correspondiendo ahora el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- El fallo impugnado considera que el examen de las constancias de autos revela que el cuadro fáctico expresado en el dictamen de la Fiscalía de Cámara se ajusta en un todo a los antecedentes que conforma en caso a resolver. Que siendo así, los fundamentos dados resulta de estricta aplicación al caso de autos, que el tribunal comparte y los da por reproducidos haciéndolos suyos en homenaje a la brevedad. Por ello, resuelve no hacer lugar al recurso de apelación y confirmar la resolución de fecha 13/10/2000, con costas al apelante vencido por ser ley expresa.

A su vez, el dictamen de Fiscalía de Cámara, al que remite, en un todo, la sentencia de alzada, citando precedentes del máximo Tribunal de Justicia del país -que hace suyos esta Corte local- sostiene la no vigencia del fuero de atracción sobre los procesos de ejecución como el de autos, en virtud de lo dispuesto en el art. 21 inc. 2º concursal. En cuanto a la suspensión de los actos de ejecución forzada, manifiesta que tampoco resulta aplicable en la especie puesto que el acreedor ha presentado el pedido de verificación de créditos por ante el Juez del concurso, no configurándose obstáculo alguno para la prosecución del juicio y la realización de bienes en pública subasta de conformidad al mismo artículo citado. De allí que aconseje confirmar la sentencia de primera instancia.

V.- En la especie, la parte demandada deduce recurso de casación contra la sentencia de Cámara, confirmatoria de la resolución del juez de primera instancia. Al examinar los recaudos de admisibilidad se advierte que, si bien la sentencia que desestima la nulidad de subasta no es sentencia definitiva, ni interlocutoria equiparable a tal, pues no concluye el pleito ni hace imposible su continuación (conf. CSJT, sentencia nro. 708 del 18/11/94; sentencia nro. 549 de 10/10/95), lo cierto es que se encuentra cumplido, en la especie, el requisito a que se refiere el art. 813 inc. b) CPCC.

En efecto, los agravios del recurrente denuncian la inaplicabilidad del art. 21 inc. 2° de la ley 24.522 en tanto no se ordenó la suspensión del procedimiento de ejecución hasta tanto no se verificara el crédito del ejecutante, sino que se continuó con el trámite de subasta, la cual fue efectivamente realizada. Asimismo, ha denunciado que existiría perjuicio que devendría de la posibilidad de que no se respetara la intangibilidad del pasivo concursal o su quebrantamiento en lo que respecta al resto de los acreedores o la concursada.

Ello así, se advierte, que aún cuando la sentencia ha sido dictada en una cuestión incidental que no pone fin a la litis, y por tanto carece de definitividad, los agravios esgrimidos involucran cuestiones que afectan a la estructura esencial del procedimiento concursal, con implicancias en el debido proceso legal y la garantía de la defensa en juicio, de raigambre constitucional. En consecuencia, el sub lite encuadra en la preceptiva contenida en el art. 813, inc. b, pues lo debatido en autos asume carácter de gravedad institucional, al proyectarse en el adecuado servicio de justicia.

Ahora bien, de la confrontación de los términos del memorial casatorio puestos en relación con los de la sentencia en crisis, se concluye en que corresponde hacer lugar al recurso tentado.

Liminarmente cabe enmarcar el núcleo de los agravios en la arbitrariedad sentencial en relación a la aplicabilidad del art. 21 inc. 2° LCQ, en tanto la cuestión que refiere a la procedencia del fuero de atracción ha sido correctamente resuelta mediante la aplicación al caso de precedentes tanto de esta Corte Suprema de Justicia cuanto de la del más alto Tribunal del país y respecto de cuya solución el recurrente no plantea agravio alguno, más allá de seguir sosteniendo su criterio discrepante con tal tesitura doctrinaria y jurisprudencial.

Yendo al análisis de lo medular del planteo, se advierte que asiste razón al recurrente en tanto manifiesta que la sentencia impugnada es violatoria de los arts. 272, 273, 278 y 34 procesal. Y es que la misma carece de fundamentación suficiente. Ello así, porque, si bien la remisión a los fundamentos expuestos por Fiscalía de Cámara no descalifican por sí la resolución del tribunal de alzada, sí tiene esa virtualidad cuando, como en el caso, el propio dictamen fiscal luce insuficiente para sostener la solución sentencial, con lo cual, a través de esta remisión ha omitido el tratamiento de cuestiones seriamente planteadas y expresamente manifestadas por el apelante en la ocasión de la interposición del recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

En efecto, respecto a si correspondía o no la suspensión de los actos de ejecución forzada en el presente procedimiento, el dictamen fiscal -cuyos términos hace suyos la Cámara- sostiene que "tampoco resulta aplicable en la especie. El acreedor ha presentado el pedido de verificación de créditos por ante el Juez del concurso no configurándose obstáculo alguno para la prosecución del juicio y la realización de bienes en pública subasta de conformidad al art. 21 de la ley de Concursos" (sic, fs. 638 vta.).

Como se deriva de su mera lectura, al recurrente le asiste toda razón cuando afirma que la Sra. Fiscal de Cámara no advirtió que la verificación a la que alude era posterior a los actos cuestionados, ni se preocupó en fundamentar si a su criterio tal verificación posterior tenía alguna relevancia o justificaba la confirmación de la sentencia recurrida.

Así entonces, la sentencia de Cámara, al remitir como exclusivo fundamento al dictamen fiscal, o bien se aparta de las constancias de la causa, si se entendiera que ésta alude a una verificación existente al momento de los actos cuestionados, toda vez que, tal como consta en autos (ver fs. 602 y ssgts.) ella fue posterior; o bien deja sin fundamentar en virtud de qué razones tal verificación -en los hechos, posterior- resultaría convalidante de la subasta efectuada.

En el caso, la sentencia cae en arbitrariedad al fundar su decisión en el dictamen escaso del Fiscal de Cámara, así como resulta también infundada en el punto la sentencia de primera instancia en tanto se refiere sólo a la procedencia del fuero de atracción dejando sin tratar la cuestión referida a la suspensión procedimental prevista en el art. 21 inc. 2° concursal. Esta última circunstancia requería tanto del Fiscal como de la sentencia de Cámara, en tanto confirmatorias de aquélla, expedirse adecuadamente por la cuestión materia de agravios.

Se concluye así que la sentencia en embate, no ha dado respuestas concretas al agravio del recurrente que -junto al gravamen referido al fuero de atracción- expresamente menciona el hecho de la improcedencia de la continuación del proceso -que desembocó en un acto de ejecución forzada- en tanto no se diera el supuesto del art. 21 inc. 2°, 2° parte de la LCQ (conf. fs. 565 y ssgts.).

Siendo así, es de aplicación al caso, lo expuesto por este Tribunal en otros precedentes en que se dijera que la ausencia de fundamento normativo y razonamientos lógicos que justifiquen la conclusión adoptada por el a quo transgrede el art. 28 de la Constitución Provincial, 33 y 34 del CPCC, con afectación de garantías constitucionales relativas al debido proceso y a la defensa en juicio, toda vez que existe un indispensable correlato entre "la motivación del fallo" y "el fundamento del recurso". Así, corresponde descalificar como acto jurídico válido, el fallo que contiene fundamentos inadecuadamente escuetos para resolver el caso por no expresar con mínima suficiencia razones que sustentan su conclusión deviniendo por ello, sentencia arbitraria (sent. 458 del 1/12/93, "Barraza de Rosario N.B. vs. La Ideal S.A. s/Indemnización por antigüedad, etc.", citada por sent. nro. 102 del 29/02/96).

Por lo expuesto, corresponde casar la sentencia en recurso en base a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como pronunciamiento judicial válido, la sentencia de segunda instancia que resuelve prescindiendo de la debida valoración de los planteos del apelante y del cuadro fáctico y normativo conducente para la solución de la causa. La sola remisión al dictamen de Fiscalía de Cámara, siendo éste insuficiente, resulta ineficaz para fundamentarla", disponiéndose la remisión de los autos a la Cámara interviniente a fin de que, por intermedio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento.

VI.- Atento a que el resultado nulificante del recurso no le es imputable a las partes, las costas se imponen por su orden (arts. 106 inc. 1° procesal).

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alberto José Brito, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Manifiesto mi disidencia con el voto del señor vocal preopinante doctor Alberto José Brito, y me pronuncio por el rechazo del recurso por los fundamentos siguientes.

1.- Los antecedentes relevantes del recurso analizado son, sintéticamente, los siguientes.

Luego de tomar conocimiento de la apertura del concurso preventivo del demandado, el Juez de la causa por proveído de fecha 13/10/2000 dispuso que se informe a la Sra. Jueza a cargo del concurso la existencia de la ejecución hipotecaria, a la vez que destacó que la causa estaba exceptuada del fuero de atracción (fs. 556 vta.). El día 17/10/2000 se llevó a cabo la subasta del inmueble objeto de la ejecución.

Contra el decreto mencionado el apoderado del demandado planteó revocatoria y nulidad de todo lo actuado, incluyendo la subasta del inmueble hipotecado efectuada el 17/10/2000, porque a causa de la apertura del concurso preventivo del accionado el 10/10/2000, -notificada al Juez de la causa el 11/10/2000-, el juicio hipotecario debió suspenderse a partir del 11/10/2000, y remitirse al juzgado del concurso.

Por sentencia del 11/6/2001 el Juez de primera instancia rechazó el planteo, fundando su decisión en que el juicio hipotecario no se desplaza hacia el fuero de atracción del concurso (559/560).

El recurso de apelación en subsidio fue rechazado por sentencia dictada por la Sala I de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones del 5/12/2001 (fs. 629), la cual fundó la decisión remitiéndose al dictamen de la Fiscal de Cámara (fs. 625/626 vta.).

2.- El demandado interpuso recurso de casación en el que se agravia de que se infringió lo dispuesto por el inciso 2° segunda parte del art. 21 de la ley 24.522, por cuanto los juicios de garantía real se suspenden o no pueden deducirse hasta tanto no se haya presentado el pedido de verificación respectivo. Sostiene que a la fecha del decreto recurrido no había posibilidad de que el actor verificara el crédito, y que no se distinguió entre el fuero de atracción y la suspensión del trámite, según indica el inciso 2 del art. 21 de la ley 24.522. Afirma que se infringió la ley concursal porque el juicio no se suspendió y se llevó a cabo la subasta, lo que no fue advertido por la Sra. Fiscal de Cámara. Señala que la suspensión tiene como finalidad el respeto a los principios concursales referidos a la universalidad del patrimonio del deudor, la protección de los terceros acreedores, y la pars condicio creditorum. Manifiesta que el inmueble rematado representa casi la única garantía para los acreedores del demandado, y que en el concurso se cuestionó la validez de la escritura hipotecaria y el monto que pretende el actor en el concurso, cuyo crédito es objeto de un incidente de revisión aún no resuelto. Destaca que los eventuales interesados, acreedores del concursado, ante la apertura del concurso, no concurrieron al remate a fin de formular ofertas. Tacha de nulo al fallo por los argumentos que expone a fs. 640 y ss., y efectuó reserva del caso federal.

3.- En relación al agravio que sostiene la nulidad del fallo por falta de fundamentos, se advierte que la sentencia recurrida se remitió al dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara para fundar la decisión. Ello no priva a la sentencia de fundamentación, por cuanto la sola circunstancia de que el Tribunal a quo haya basado su pronunciamiento en el dictamen, manifestando compartirlo y dándolo por reproducido "brevitatis causa", no justifica la tacha de nulidad que formula (cfr. Fallos: 298: 355 entre otros). "Este proceder no priva de la debida fundamentación a su decisión ni vulnera el derecho de las partes al debido proceso y defensa en juicio, dado que, por el carácter público que poseen esos actos procesales, nada impide a los interesados el tomar conocimiento de los mismos" (CSN en sentencia del 21-4-81 en "Serravalle H. y o. c. A.T.C. s/cobro de pesos", del 27-7-85).

4.- Aún siendo escueto el dictamen en lo que atañe a la cuestión propuesta, contiene suficiente fundamento para sostener la sentencia impugnada y rechazar el recurso de casación planteado, en tanto surge del relato de hechos del dictamen que se consideró que el remate fue efectuado con posterioridad a la apertura del concurso, y que el apelante pidió su nulidad con fundamento en que el trámite se había suspendido por la ley concursal (cfr. fs. 625). El dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, al rechazar la nulidad peticionada, hizo mérito de que habiéndose efectuado el pedido de verificación de créditos ante el juez del concurso, no había motivo para la nulidad.

5.- Los agravios del recurso de casación son improcedentes porque no son idóneos los argumentos referidos a los intereses invocados por el recurrente para sustentar la pretensión de nulificar el trámite.

Es principio doctrinal que en derecho procesal toda nulidad es relativa y que su finalidad es asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio (cfr. Maurino, A. L. "Nulidades Procesales", Astrea, 1999 p. 35 y 37 y Couture, "Fundamentos de derecho procesal civil", 3ª. Bs. As. Depalma p. 391, 394). Igualmente, que la nulidad no puede dictarse en el exclusivo beneficio de las formas procesales, siendo de interpretación restringida los vicios que la ocasionan.

Prescribe el art. 168 CPCC, que "para obtener la declaración de nulidad de un acto procesal es menester tener interés legítimo. No se declarará por ello nulo un acto irregular, cuando su irregularidad no trascienda en perjuicio de la defensa de la parte que la pida...Tampoco se declarará nulo un acto, pese a su irregularidad cuando ha llenado el fin para el cual estaba destinado".

6.- El recurrente invoca como perjuicio que queda expedita la vía para aprobar la subasta, que el remate quedaría firme, que no existe otra vía para restituir el bien al patrimonio del deudor que es prenda común de los acreedores concursales, que en un incidente de revisión se cuestiona la legitimidad de la hipoteca y el monto de la deuda (fs. 635 vta.), que el inmueble representa casi la única garantía para todos los acreedores del demandado, y que se viola la pars condicio creditorum (cfr. fs. 639).

Ninguno de tales perjuicios resulta atendible, porque plantean hipótesis inviables según normas expresas de la ley concursal, conforme se expone a continuación.

7.- Según consta en la causa, la actora presentó pedido de verificación y su crédito fue declarado admisible por resolución de fecha 11/6/2001 dictada por la Jueza a cargo del concurso (cfr. fs. 602 y ss. en especial fs. 613 vta.). Tal circunstancia no fue negada por el recurrente, quien señaló que promovió contra esa sentencia un incidente de revisión.

Por aplicación del art. 40 CPCC, los jueces pueden hacer mérito de los hechos sobrevinientes ocurridos durante la sustanciación del juicio. En el caso, reviste tal carácter el pedido de verificación, que tuvo el efecto de sanear la irregularidad de los actos llevados a cabo mientras debió estar suspendido el trámite de la ejecución conforme inciso 2° del art. 21 de la ley 24.522. Una vez presentado el pedido de verificación termina la suspensión del trámite de la ejecución. Considerando que el ejecutante pudo continuar el trámite de la ejecución luego de presentar su pedido de verificación, y llevara cabo la subasta sin que ninguno de los obstáculos y motivos que invoca el recurrentes pudieran impedirlo por no ser factibles jurídicamente, se puede advertir que los intereses y perjuicios alegados por el recurrente no tienen sustento, porque la ley sólo mantiene la suspensión del trámite hasta la presentación del pedido de verificación.

Conforme la normativa concursal, las ejecuciones prendarias e hipotecarias se suspenden por efecto de la apertura del concurso preventivo. Tal suspensión reviste el carácter de provisoria y perdura hasta que el acreedor cumpla con la carga de solicitar la verificación de su crédito. Con posterioridad a la misma, se rehabilita la posibilidad de iniciar o continuar la ejecución individual, resultando innecesario aguardar la sentencia de verificación o admisibilidad respectiva. (C.N. Com. Sala A, 28/6/1996 en "Banco de la Provincia de Buenos Aires c. Química Sudamericana s/ejecución hipotecaria". Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones 1996, pág. 662, Edición Depalma. La Ley 1998- pág. 879 Sumario 40.209-S.

8.- La irregularidad de los actos que se pretende anular se saneó con el posterior pedido de verificación, que tuvo el efecto de levantar la suspensión del trámite de ejecución. La pretensión anulatoria tendría como consecuencia que se repetiría un acto ya cumplido, -la subasta-, sin que exista un vicio y un perjuicio actual que justifique su anulación, en tanto no se advierte lesión a los intereses del recurrente ni de terceros, siendo del caso señalar -en relación a los intereses de terceros acreedores-, que el impugnante no tiene legitimación para recurrir pidiendo la nulidad alegando intereses de terceros.

Por ello, corresponde no hacer lugar al recurso de casación.

9.- En cuanto a las costas, corresponde imponerlas al recurrente vencido (art. 106 CPCC).

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

Estando conforme con los argumentos del señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en el mismo sentido.

El señor vocal doctor Arnaldo Edgardo Alonso, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en ese sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el letrado apoderado de la parte demandada en contra la sentencia dictada por la Sala Ia. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, de fecha 05/12/2001.

II.- COSTAS, conforme se lo considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA (en disidencia) (en disidencia) ALFREDO CARLOS DATO ARNALDO EDGARDO ALONSO