Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-26


Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:..II) En relación al primero de los agravios apuntados, cabe destacar que este Tribunal, en anteriores ocasiones, ya sostuvo que la ley 23.737 admite en su art. 18 una solución terapéutica en el supuesto de tenencia de estupefacientes para consumo personal, cuando el imputado dependiere física o psíquicamente de dicha sustancia.

Por su parte la ley 24.316 ha introducido de manera genérica la suspensión del proceso a prueba, estableciendo en su art. 10 que sus disposiciones no alterarán los regímenes especiales dispuestos en las leyes 23.737.

Es en razón de dicha norma que debe esclarecerse la relación que existe entre los institutos previstos en ambas disposiciones. En tal sentido entienden los suscriptos que si no se dan los supuestos previstos en el art. 18 de la ley 23-737 y sí en cambio concurren en la especie aquellos que habilitan la procedencia del instituto instaurado por la ley 24.316, resulta de aplicación este último.

Ello por cuanto dicho criterio, sin alterar el régimen terapéutico estatuido por la ley de estupefacientes, permite dar cabida al mecanismo genérico de suspensión del juicio a prueba, asegurando la consecución de los fines de política criminal que inspiran la incorporación del instituto... (Ver causa Nro. 13.014 Lazo, reg. Nro. 14.006 del 7-3-97 y causa Nro. 13.396 Iturri, reg. Nro. 14.293 del 12-6-97, ambas de esta Sala II).

III) En el caso de autos, ha sido procesado en orden al delito previsto en la segunda parte del art. 14 de la ley 23.737, y no obstante la conformidad que diera a fs. 347 y lo ordenado a fs. 361, su situación no encuadra en el supuesto previsto por el artículo 18 de la citada normativa (Ver informe de los Médicos Forenses de fs. 337/8), sino en las previsiones del art. 21 de aquella ley, la que únicamente prevé la posibilidad que, luego de sustanciado el juicio, se sustituya la pena por una medida de seguridad educativa.

Se advierte así, tal cual se adelantara, que la aplicación del instituto que contempla el art. 76 bis del Código Penal no produce la alteración vedada, desde que por imperio de lo establecido en el artículo siguiente el proceso podrá progresar hasta el dictado de la sentencia, ocasión en la cual el juez podrá ejercer su facultad relativa a la sustitución de la pena (Ver de esta Sala causa Nro. 13.396 Iturri, reg. Nro. 14.293 del 12-6-97 y de la Sala I causa Nro. 28.450 Ruffini, reg. Nro. 202 del 10-4-97).

IV) Sentado lo expuesto, y en relación al restante agravio del Fiscal, cabe destacar que en el caso de autos la oposición a la concesión del beneficio formulada por el representante del Ministerio Público en la anterior instancia, se fundó justamente en sostener -a partir del art. 10 de la ley 24.316- la especialidad de las medidas establecidas por la ley 23.737 y, por ende, su incompatibilidad con la aplicación de la probation en los procesos seguidos por infracción a la citada ley de estupefacientes.

Y en este sentido, tiene dicho el Tribunal que en tales circunstancias la falta de conformidad fiscal no resulta óbice para la procedencia del beneficio, pues hay que reparar en el motivo fundante de la oposición. Y en tal materia, fuerza es concluir que indudablemente si la negativa del consentimiento se funda en estrictas razones de interpretación de la ley 24.316, tal opinión no puede vincular al Juez. Es que sostener lo contrario implicaría dejar en una sola persona -que cumple el rol de parte- la función de interpretar la ley, sellando con ello la suerte de los procesados, que no podría ser cambiada ni siquiera por la voluntad conjunta y unánime del Juez de grado y de los Jueces de Cámara (conf. causa Nro. 13.014 Lazo, reg. 14.006 del 7-3-97 de esta Sala II).

V) En virtud de lo que se viene exponiendo, habrá de confirmarse la suspensión de juicio a prueba dispuesta por el a quo, sin perjuicio de lo cual se dispondrá modificar el tiempo de su duración, que se extenderá -de los seis meses fijados en la instancia anterior- al término de un año, por ser éste el tiempo mínimo de duración de la suspensión establecido por el artículo 76 ter. del Código Penal.

Por todo lo ello, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR PARCIALMENTE el auto que en copia luce a fs.9/11 del presente legajo, en cuanto dispone SUSPENDER este proceso a prueba en relación a N. A. Y., bajo el cumplimiento de las reglas de conducta allí explicitadas, ELEVANDO el tiempo de su duración al período de UN AÑO (artículos 76 bis y 76 ter del Código Penal).