Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-14


Dictamen de la Fiscal General de Cámara:

Excma. Cámara:

1. En la resolución de fs. 331/32, la jueza de primera instancia dispuso clausurar los procedimientos por falta de activo y para ello rechazó la petición formulada en fs. 319/20 por el señor Héctor D. Pacheco, en su carácter de ex administrador de la fallida.

En aquella oportunidad, al contestar el traslado conferido en fs. 312, el ex administrador había depositado la suma de tres mil pesos ($ 3.000), y había explicado que los fondos prevenían de la realización de bienes muebles. Además, el presentante señaló que la fallida había cesado en sus actividades de instalación y reparación de equipos de aire acondicionado en 1994, que había cerrado su establecimiento y había indemnizado a todo su personal. Asimismo, puso de relieve que el local que utilizaba la deudora era alquilado y que carecía de inmuebles, de muebles registrables y de rodados.

La juzgadora consideró que las explicaciones acerca del origen de los fondos aparecían endebles, lo que hacía presumir que era intención de la fallida evadir el pase de las actuaciones a la justicia penal, para el supuesto de que se decretara la clausura del procedimiento por falta de activo.

La jueza expuso que ante la inexistencia de fondos para sufragar los gastos que requiere la tramitación del concurso y la ausencia de bienes susceptibles de realización, la continuación del proceso carece de asidero, atento al innecesario despliegue de gastos y de actividad jurisdiccional y de los órganos del concurso que ello implicaría.

Como consecuencia de este razonamiento, la sentenciante resolvió clausurar los procedimientos por falta de activo y ordenar el reintegro de los fondos depositados al presentante de fs. 320.

2. Apeló el ex administrador y fundó su recurso en fs. 343/45.

3. El síndico contestó el traslado del memorial mediante la pieza de fs. 347, en la que solicitó que se confirme lo resuelto.

4. En mi opinión, el recurso en examen no puede prosperar, habida cuenta de que los argumentos esgrimidos por el recurrente no dan adecuado y suficiente sustento a la pretensión recursiva.

Debe ponerse de relieve en primer término, que la argumentación relativa al origen de los fondos podría ser admitida, ya que si bien no está debidamente documentada la versión de los hechos que suministró el apelante en ocasión de presentarse en fs. 319/20, no cabe descartar a priori su veracidad, ello en atención al prolongado lapso transcurrido entre el invocado cese de la actividad empresaria y la fecha en que se decretó la quiebra.

Por otra parte, esta Fiscalía ha sostenido reiteradamente que "quien pretende impedir la clausura por falta de activo, debió, en todo caso, ingresar los fondos que estimase necesarios para cubrir esos costos. Es de señalar que la mera petición de que sean presupuestados tales gastos, mas sin efectuar depósito de suma alguna, torna abstracta la cuestión, pues carecería de concreción al no haberse demostrado la posibilidad de atender esos costos" (dict. nº 57.755, en autos: "Lógica S.R.L. s/ quiebra", sala C, 26/5/87; dict. nº 28.299, en autos: "Ceciplast S.R.L. s/ quiebra", sala B, 30/6/77; dict. nº 64.634, en autos: "Beibi Center S.A. s/ quiebra", 13/6/91, dict. nº 77.722 in re: "Spinetto, Rodolfo Esteban s/ quiebra", sala B, septiembre de 1997, entre otros).

5. Pero, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo que antecede, se observa que los fondos depositados en autos, que alcanzan a tres mil pesos ($ 3.000), resultan insuficientes para afrontar los gastos y costas del proceso, los que prima facie, en atención a los honorarios regulados en fs. 332, sumarían alrededor de ocho mil pesos ($ 8.000) (costo de publicación de edictos, tasa de justicia, diligenciamiento de la inhibición general de bienes, fs. 324 vta.).

6. Debo señalar que los dictámenes citados por el apelante en fs. 344/344 vta. reflejan el criterio adoptado por mi predecesor en el cargo, que, obviamente carecen de efectos vinculante para la suscripta. En la actualidad, el temperamento que propongo en esta pieza es el que he adoptado en anteriores oportunidades en que me ha tocado intervenir en recursos de similar contenido al presente y halla fundamento en el artículo 232 de la LCyQ, en cuanto establece que procede la clausura del procedimiento por falta de activo cuando no existe activo suficiente para satisfacer los gastos del juicio. Estimo que el texto legal no admite la interpretación propuesta por el apelante -ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus-.

Postulo, en consecuencia, que se rechace el recurso.

En los términos que anteceden, dejo contestada la vista conferida por VE en fs. 356. - Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008. -Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 14 de 2008.

Y Vistos:

1.) Apeló el ex administrador de la fallida Héctor D. Pacheco la resolución de fs. 331/332, que decretó la clausura de los procedimientos por falta de activo, fijándose los emolumentos de los profesionales intervinientes en una suma total de $ 6.600, y ordenándose, en los términos del art. 234 LCQ, la remisión ulterior de la causa a la justicia Penal.

La Magistrada de Grado consideró que la exposición del recurrente para sustentar el origen de los fondos que depositara en autos ($ 3.000) aparecía endeble, por lo que cabía presumir, en realidad, que la verdadera intención de la fallida era, evadir la investigación penal para el supuesto de concluirse el trámite del proceso por falta de activo. En concordancia con ello, la a quo dispuso el reintegro de esos fondos al depositante.

Los fundamentos del recurso de apelación fueron desarrollados a fs. 343/344, siendo contestados por la sindicatura a fs. 347.

La Sra. Fiscal General actuante ante esta Cámara se expidió a fs. 357/358 proponiendo la confirmación del fallo recurrido.

Se agravió el recurrente de lo decidido en la anterior instancia, sosteniendo que no concurrirían los supuestos fácticos para la clausura por falta de activo, en mérito a la suma que depositó en su oportunidad. Expuso que ese dinero provenía -según dijo- de la venta de cosas muebles de la sociedad ocurrida hace diez (10) años y, visto que la firma dejó de operar cinco (5) años antes de su falencia, no se llevó un exhaustivo control de la documentación y en consecuencia los recibos pertinentes se extraviaron.

2.) Liminarmente señálase que la ley concursal en su artículo 232 establece como presupuesto para clausurar una quiebra por falta de activo que, una vez realizada la verificación de créditos, no exista activo suficiente para satisfacer los gastos del juicio, incluso los honorarios, en la suma que, prudencialmente, aprecie el Juez.

Tratándose de una medida excepcional, la clausura por esta causa no resulta procedente cuando existen fondos o bienes para cubrir los gastos del concurso, aunque fuera en forma insuficiente, lo que impediría esa forma de clausura y la consiguiente presunción de fraude (esta CNCom., Sala E, 30/4/96 "Canal 1 SA s/ quiebra."; íd. Sala D, 14/4/94 "Craig, Heraldo s/ quiebra."; íd. Sala B, 31/8/93, "Argenobras SA s/ quiebra").

Esta clausura constituye una medida que es dable decretar cuando la insuficiencia del activo del deudor para satisfacer los gastos del juicio es manifiesta, esto es, cuando no existen fondos o bienes con cuyo producto sea posible continuar los trámites de la quiebra deduciéndose de esa situación la presunción de fraude.

En la especie, se aprecia que la fallida no cuenta con bienes registrables de su titularidad lo que está refrendado por el informe general previsto por el art. 39, L.C.Q y demás constancias habidas en el expediente. Tampoco puede obviarse que se ha verificado un pasivo concursal que asciende a un total de $ 80.304,72 (véase resolución de fs. 277/278) y que, por lo antes señalado, no se ha localizado activo falencial alguno para su liquidación en el ámbito de este proceso universal.

Sentado ello, si bien en otro contexto y mediando liquidación de bienes en autos, las sumas depositadas por el recurrente vedarían -en principio- la configuración del supuesto en análisis permitiendo su encuadramiento bajo la figura de la distribución final aunque haya devenido insuficiente siquiera para atender los gastos ya devengados en el proceso, lo cierto es que la versión de los hechos que aquél suministró en punto a que esos fondos constituirían el saldo resultante de la venta de cosas muebles de la firma, no está respaldada por prueba alguna, lo cual conlleva a sostener que se trata de simples afirmaciones vacías de contenido.

Síguese de ello, que la justificación intentada respecto a que la documentación se habría extraviado por falta de control ante el prolongado tiempo transcurrido entre el cese de la operatoria de la firma y su falencia, sólo revelaría en principio una evidente desatención del ex administrador en las tareas que eran de menester para resguardar los libros y demás papeles comerciales de la firma lo que hubiera permitido en definitiva, no sólo despejar las dudas suscitadas en la materia sino también allegar a la sindicatura información necesaria para conocer acabadamente los bienes que conformaban el activo falencial.

3.) Por todo ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal General, esta Sala RESUELVE:

Rechazar el recurso interpuesto, y confirmar la resolución recurrida, con costas al recurrente en esta Alzada, en su calidad de vencido (CPCC:68 y ss);

4.) Atento lo normado por los arts. 265, 267 y 268 LCQ, corresponde estar en este caso a los mínimos arancelarios establecidos en el precepto normativo mencionado en segundo término (LCQ: 267).

En función de lo expuesto, y merituando las labores profesionales por su calidad, monto y extensión, se elevan a quince mil pesos los honorarios regulados a fs. 332 a favor del síndico L. G. P.; estando apelados sólo por altos, se confirman en un mil seiscientos y en un mil pesos los estipendios regulados en la mencionada foja a favor de los doctores S. J. A. y J. M. F., respectivamente.

Notifíquese a la Sra. Fiscal General ante esta Cámara y oportunamente devuélvase a primera instancia, encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones del caso. -María Elsa Uzal. -Isabel Míguez. -Alfredo Arturo Kölliker Frers.