Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-06-30


AUTOS N° 20.397 (54.470 3° CIVIL) "MUTUAL DEL PERSONAL DEL BANCO SAN JUAN C/ Brioni Eduardo Angel Cobro de Pesos" L. DE S. T° 107, F° 143/148 En la ciudad de San Juan, a 30 días del mes de Junio del año dos mil diez, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, y los señores Vocales DRES. GILBERTO A. RIVEROS Y PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 20.397 (54.470 3° CIVIL) caratulados "MUTUAL DEL PERSONAL DEL BANCO SAN JUAN C/ BRIONI EDUARDO ANGEL COBRO DE PESOS", dictada en fecha quince del mes de noviembre del año dos mil siete, obrante a fs. 77/80, de estos autos originarios del Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr.

CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. La Mutual del Banco de San Juan, representada por el Dr. Martín F. González, promovió demanda por el cobro de pesos veintitrés mil novecientos ocho con 07/100 ($ 23.908,07) con más los intereses correspondientes, hasta la fecha de su efectivo pago, contra el Sr. Eduardo Ángel Brioni, con domicilio en B° Mutual del Personal del Banco de San Juan, en base a un contrato verbal de compraventa, referido a la vivienda individualizada como Casa N° 4, Manzana B, del referido barrio.

En la relación de los hechos que fundan la pretensión manifestó: Oportunamente, en cumplimiento del objeto social de la Mutual, se inició la construcción de un barrio en un terreno de su propiedad, en etapas y según un programa donde aportaban los afiliados inscriptos para adquirir sus viviendas.

El pago debía efectuarse en cuotas mensuales.

La casa se entregó al demandado, quien la recibió de plena conformidad, pero el Sr. Brioni dejó de abonarlas, por lo que le fue remitida carta documento solicitándole que se presentara por las oficinas para ofrecerle un plan de pago sobre la deuda vencida y de esta forma poder acceder a la escrituración.

Las gestiones resultaron infructuosas y ante el requerimiento del Primer Juzgado de Menores, según oficio de fecha 16/04/98 en Autos N° 338/96, caratulados: Morales Patricia Clara c/ Brioni Eduardo Ángel ALIMENTOS, mediante nota de fecha 09/02/98, se extendió un informe a la esposa del demandado, Sra. Patricia c: Morales, sobre el estado de la deuda existente.

Tanto la carta documento como el informe referido, no fueron objetados por el demandado.

Comenta que al tiempo de disponerse la intervención de la Mutual, existían numerosos adjudicatarios de viviendas en la misma situación de mora, por lo que se llegó a un acuerdo con más de treinta de ellos a los que se les escrituró y refinanció la deuda ofreciéndoles para su comodidad un plan de pago respaldado con pagarés hipotecarios.

El Sr. Brioni no se avino a dicho acuerdo.

La falta o pérdida de documentación en la Mutual determinó su intervención.

Por eso se le encargó a los arquitectos Ricardo Herce y María Cecilia Gil la confección de un informe y valuación de las viviendas, "montos éstos similares a los plasmados en los contratos escritos que alcanzó a suscribir mi mandante antes de ser liquidada con algunos de los adjudicatarios que se avinieron a un acuerdo".

Debido a que la Mutual fue intervenida y posteriormente liquidada por irregularidades, fue necesario realizar un pormenorizado estudio que encomendó a reconocidos profesionales del medio, del cual surgió un costo final de la vivienda, sin incluir ningún tipo de beneficio, en la suma de $ 33.596,27.

Planteó como alternativa para llegar al valor de la vivienda, tomar como parámetro otros contratos celebrados por algunos adjudicatarios, a cuyo monto debería agregarse el costo del terreno.

Brioni abonó hasta principios del año 1995, la suma de $ 9.688,20, motivo que indujo a intimarlo para regularizar su situación conforme a la CD 32659175 9 AR, constituyéndolo en mora en los términos del art. 509 del Código Civil.

2. El demandado peticionó la incorporación de prueba documental en segunda instancia.

Expresó agravios sobre los siguientes puntos:

a) La jueza a quo incurre en un error de derecho al calificar el vínculo de las partes como un contrato de compraventa verbal.

Por el contrario, la relación jurídica es un contrato de compraventa de vivienda.

Al negar la existencia de un contrato verbal, no está desconociendo la existencia de un contrato.

La mutual, por su condición de persona jurídica regulada por la ley 20.331 está obligada a llevar determinados libros con carácter obligatorio.

Así lo dispone la Resolución I.N.A.M. 115/88.

b) Incurre en error de derecho al invertir la carga de la prueba, por suponer que el demandado es quien debe acreditar su liberación.

Pone en tela de juicio lo afirmado en el fallo: ".que la obligación inherente al demandado para con el actor, es el pago de las cuotas mensuales hasta la cancelación de la vivienda y deviene evidente el incumplimiento de la citada obligación en tanto el demandado al negar la deuda y reclamar la escritura, no ha acompañado documentación probatoria, ni ha aportado otra clase de prueba fehaciente que acredite el pago cancelatorio de la vivienda que recibió de conformidad".

Dice el apelante: es la actora, como persona jurídica, como mutual, sujeta a las prescripciones de la ley, quien tenía que probar el pago de las cuotas adeudadas para poder liberarse.

No ha cumplido con esta carga.

c) La jueza a quo comete incongruencia al hacer una incorrecta valoración de la prueba en cuanto al monto reclamado.

No puede darle crédito a la liquidación obrante a fojas 7, practicada por un interventor, sin la firma de un contador que dé seriedad al contenido de dicha liquidación.

La pauta de este error queda patentizada cuando la actora, para determinar la deuda, debió recurrir al informe de una tasación practicada por los arquitectos Ricardo Herce y María Cecilia Gil.

3. El pedido de apertura a prueba en segunda instancia con el objeto de incorporar documentos, alegando el demandado no haber tenido conocimiento de su existencia, sino después del fallecimiento de su esposa, acaecido en el año 2005, de quien estaba separado, no ha tenido oposición de la parte actora.

4. La señora jueza de grado consideró probado el contrato de compraventa oral de la vivienda, que había sido negado por el demandado no obstante vivir en ella, aunque termina aceptando que hubo contrato.

La juzgadora analizó la prueba documental sobre la existencia de la relación jurídica.

Con especial consideración observó los términos de la contestación a la carta notarial CD 32659.175.9. AR. efectuada por el demandado.

Es importante resaltar que en dicha misiva, carta certificada con aviso de retorno, la Sra. Patricia Clara Morales intimaba a la Mutual del Personal del Banco de San Juan S.A. (en liquidación) a otorgarle la escritura traslativa de dominio y la entrega de los planos y finalización de obra.

También hizo mérito de la prueba confesional rendida por el demandado de la cual surge sin hesitación el vínculo contractual que tenía con la Mutual del Personal del Banco de San Juan, institución de la que adquirió la mencionada vivienda y le hizo entrega formal de la misma.

Con esta confesión, que tiene los efectos de la plena prueba (art. 407, CPC), ya será imposible revisar la existencia del contrato.

De modo que la jurisprudencia citada en el fallo resulta incontrovertible con este panorama, está provechosamente aplicada como fuente material de derecho: "La carga de probar el nacimiento de una obligación y sus modalidades corresponde a quien la alega, por ser presupuesto de la norma que consagra el efecto jurídico perseguido.

El que reclama el cumplimiento de una obligación que dice asumida por el demandado, debe probar el hecho que la norma invocada supone como presupuesto, sin estar obligado a probar el incumplimiento de su contrario, pues es éste a quien corresponde acreditar su liberación".

Es decir, demostrada la existencia del contrato, solo restaba que el demandado probara haber cancelado totalmente el pago de la vivienda para oponerse a la pretensión de la forma que lo hizo.

En cuanto al monto reclamado, la jueza tuvo en cuenta no solo la liquidación practicada por la actora (ver fs. 7), sino que aludió expresamente al informe de tasación confeccionado por los arquitectos (fs. 16).

La tasación no fue impugnada por el demandado, arroja el saldo demandado.

Actuó con justeza la señora jueza de primera instancia al fundar su fallo en la buena felealtad, que es necesaria no solo en el período preparatorio y de formalización del contrato, sino también en la etapa de ejecución.

La jurisprudencia citada sigue así: "Ella debe presidir el cumplimiento de las obligaciones que imponen a los contratantes ciertos deberes secundarios, tendientes a evitar todo aquello que pueda frustrar el fin de la convención o perjudicar indebidamente a la otra parte".

Fue oportuno hacer referencia al principio contenido en el art. 1198 del Código Civil.

5. Ninguno de los documentos acompañados con el escrito de apelación son idóneos para demostrar la cancelación de la deuda reclamada.

Lo único que tiene valor probatorio a los efectos de precisar la muerte de su esposa, Sra. Patricia Clara Morales Tescheret, es la partida de defunción inscripta en el Registro del Estado y Capacidad de las Personas, donde consta que su deceso aconteció en fecha 09/07/2005.

El apelante no adjuntó el recibo de cancelación del lote de fecha 11 de abril de 1989 como lo había anunciado en el ofrecimiento de prueba.

Solamente aportó, además de la partida de defunción, dos comunicaciones de la Mutual Personal Banco de San Juan.

En una de ellas cursada, con fecha 09 de octubre de 1995, a requerimiento de los auditores CPN Bruno R. Cricco y María I. García, se le solicitaba tuviera a bien hacer llegar al domicilio indicado de calle Laprida 515 Oeste, hasta el día 27 de ese mes, "toda documentación referida a la cancelación de cuotas correspondientes al Plan de Viviendas de la Mutual en el que Ud. está incluido como adjudicatario".

La otra, también con motivo de la Auditoría, le indicaba que debía concurrir dentro de las 72 hs de recibida la misiva, a la Oficina de Calle Laprida 515 Oeste, "con toda la documentación que se menciona al pie de la presente, solicitada por la escribana actuante, para otorgarle la Escritura Traslativa de Dominio".

Ambos requerimientos de la Auditoría tenían por objeto regularizar la situación financiera de la entidad.

Está muy claro que se lo invitaba acompañar los comprobantes de la cancelación de las cuotas correspondientes al Plan de Viviendas de la Mutual.

Algo muy distinto a pretender que con dichos documentos quedaba demostrada la cancelación de la deuda.

6. Respecto a las obligaciones que competen a la Sociedades Mutuales ante los órganos de control y los recaudos exigidos para la regularidad de sus registros, de sus libros y documentos, no son hechos conducentes a la solución de esta causa, pues aquellos únicamente configuran requisitos a cumplir ante la autoridad de aplicación que controla el funcionamiento y manejo de las sociedades mutuales.

De ninguna manera genera en sus afiliados derecho que permita invertir la carga de la prueba.

El demandado ha creído que era la Mutual del Personal del Banco de San Juan la que debía aportar la prueba de la cancelación de la deuda.

Esto es erróneo. En diversas oportunidades este tribunal hizo referencia a la doctrina que sustenta el instituto procesal de la carga de la prueba.

Por ejemplo, en AUTOS Nº 15.963 (Nº 24.1115º CIVIL) "BARUD DE CROCE, SILVIA B. C/ PANELLA, JAVIER Y OTRA DAÑOS Y PERJUICIOS SUMARIO", (L. de S. Tº 78 Fº 145/155 Fecha: 28/08/00), sostuve estos criterios que mantengo y los encuentro apropiados al tema tratado en el sub iudice: "No es al juez a quien atañe proporcionar las fuentes de prueba en el proceso sino a las partes que afirman un hecho conducente controvertido.

El juzgador evalúa los datos de prueba para formar su convicción, nada más.

DEVIS ECHANDÍA, al sustentar la tesis de "la carga de la prueba como una relación jurídicaprocesal activa", dice que al contrario de la obligación y el derecho subjetivo, que son relaciones jurídicas pasivas, debe catalogarse ésta al lado del derecho subjetivo y la potestad, como una facultad o poder, porque su aspecto fundamental consiste en la posibilidad que tiene el sujeto conforme a la norma que la consagra de ejecutar libremente el acto objeto de ella para su propio beneficio.

Este concepto, coincidente con las teorías desarrolladas por Rosemberg, Micheli, Sentís Melendo, entre otros autores extranjeros y nacionales que inspiraron los nuevos ordenamientos procesales, está implícitamente contenido en el art. 361 del C.P.C.

Frente a la necesidad de probar un hecho negativo, la jurisprudencia ha sostenido que el carácter positivo o negativo de un hecho no influye respecto del onus probandi, sino, en todo caso, sobre el modo o forma de apreciación de la prueba, cuya severidad debe graduarse, atendida su mayor o menor dificultad de producción.

La Suprema Corte de Buenos Aires también nos proporciona este valioso precedente: La prueba de los hechos negativos no es en sí imposible, toda vez que ellos envuelven al mismo tiempo una afirmación, y por otra parte cuando la ley hace de un hecho negativo el presupuesto de un efecto jurídico determinado, no existe razón alguna para eximir de su prueba a quien lo invoca.

En la doctrina que desarrolla el eminente jurista italiano GIAN A. MICHELI, en una obra suya clásica, se establece la diferencia entre carga y obligación.

Enseña el maestro, que existe carga cuando "un determinado comportamiento del sujeto es necesario para que un fin jurídico sea alcanzado; pero, de otro lado, el sujeto mismo es libre de organizar su propia conducta como mejor le parezca, y, por consiguiente también eventualmente en sentido contrario al previsto por la norma".

Como podrá apreciarse, el principio de la carga de la prueba también se nutre de la libertad absoluta que tiene el sujeto de derecho de consumarla, aunque a su vez deba asumir las consecuencias desfavorables que le acarrea cuando no lo hace así, pues nadie puede exigirle su cumplimiento.

La observancia de la carga es perfectamente lícita por estar autorizada por la ley nos dice DE SANTO en concordancia con la mayoría de los autores (6).

ROSEMBERG es uno de los autores que con más dedicación y acierto han tratado "el fundamento de la distribución de la carga de la prueba en general".

Y según nos lo viene comentando DE SANTO en la investigación surge la pregunta: "por qué no se impone toda la carga de la prueba al demandante y se le imputa la incertidumbre con respecto a cualquier afirmación de hecho importante".

Y manifiesta que el pensador alemán responde a esto diciendo que, con razón, suele hablarse de las "exigencias de la conveniencia y de la justicia conmutativa", pues si se exigiera al demandante toda la prueba "se quitaría de antemano toda probabilidad de éxito a cualquier demanda judicial, haciéndola imposible", y se entregaría el derecho de aquél "a la buena voluntad del demandado", quien se lo podría privar "mediante negaciones o afirmaciones arbitrarias, implicando ello "un estado de inseguridad jurídica que equivaldría a la falta de toda protección".

Con estas bases, HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, se alinea en general con este pensamiento y nos comenta: Compartimos el concepto de Rosemberg, porque la libertad de apreciación del juez civil, de comercio y laboral, es distinta de la libertad para regular la carga de la prueba, cuando, a pesar de aquélla, resulte insuficiente".

"Aquélla es indispensable para una mayor justicia; ésta, en cambio, se convertiría en un peligro para la justicia, pues daría lugar a la incertidumbre y a facilitar la arbitrariedad.

La íntima conexión que existe entre el derecho subjetivo y su prueba, exige que de antemano se conozca quién tiene la carga de llevarla al proceso en caso de litigio, sin que a esto se le oponga la libertad de medios, ni la libre apreciación, ni la facultades inquisitivas del juez.

El principio dispositivo, en cuanto a la prueba se refiere, exige que ésta sea suministrada por las partes; pero no nos dice cuál ha de ser esa parte, como acertadamente lo explica el mismo autor y lo enseñan quienes aceptan la vigencia de la carga de la prueba en los procesos inquisitivos, inclusive penales".

Cabe puntualizar que el pensamiento jurídico de LEO ROSEMBERG es fuente doctrinaria de nuestro art. 361 del C.P.C." (AUTOS Nº 18.244 "SPOLLANSKY SELIX Y OTRA C/ GARCÍA GARCÍA, FRANCISCO Y OTRO DAÑOS Y PERJUICIOS"; L. DE S. T° 93, F° 184/254 FECHA: 19/05/06).

El demandado no probó el hecho fundamental de su oposición: La cancelación de la deuda que en este proceso se le reclama.

En tanto la parte actora demostró la existencia del contrato de compraventa y la adquisición del bien por parte del demandado.

7. Dado este estudio, propicio la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la demandada, con costas a su cargo.

Así voto. El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, con costas a su cargo.

Los DRES. PASCUAL E. ALFERILLO y GILBERTO A. RIVEROS, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, con costas a su cargo.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.