marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bertoldo Ricardo c/ Municipalidad Tigre s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-04

Bajo el pretexto de que la Municipalidad accionada comete actos de los previstos en que aquella ha ejercido facultades ejecutivas propias y del llamado "poder de policía" lo cual no resulta pertinente pues tales cuestiones de carácter opinable requieren, además debate y prueba, escapando por tanto a la naturaleza sumarísima del amparo, en consecuencia de este amparo no ha de tener acogida en razón de no concretar los tres elementos que destaqué "supra".
Indemnización por despido, tope indemnizatorio
Materia: LABORAL
Carátula: MORESCO, OSCAR c/ EUGENIO DIEZ  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-28

Si bien existe la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de un módulo indemnizatorio que desampara al trabajador y hace caer la garantía de protección contra el despido arbitrario, art. 14 bis de la CN, ello sólo sería aceptable en la hipótesis de que el monto indemnizatorio resultante fuera manifiestamente ineficaz al fin pretendido por la norma constitucional.
Policía federal, juntas de calificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HORNOS, Gabriel Marcelo c/ E.N. -M° del Interior- Policía Federal s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-15

El concepto del personal superior no es obligatorio para las Juntas ya que ellas deben valorar, además, las aptitudes morales, profesionales, físicas e intelectuales, la conducta, la participación en cursos regulares y especiales, y todo otro antecedente necesario para evaluarlos sin tener que atenerse a dictamen previo alguno (art. 316 del decreto 1866/83).
Contrabando calificado, tipo penal, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL-ADUANERO
Carátula: Jaime, Manuel Alejandro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-04

La configuración del tipo de contrabando documentado prevista en el art. 865 inc. "f" del Código Aduanero no requiere la autoría de la adulteración o la de la falsedad sino la presentación de la documentación ante la autoridad aduanera, con conocimiento de dicha circunstancia. Este dolo se encuentra suficientemente acreditado, a partir de una valoración de la prueba que no admite fisuras lógicas, que permite descartar la compra de "buena fe" del vehículo invocada por el recurrente, ante la demostrada falsedad de la autorización de manejo y del Formulario 08, la falta de verificación del vehículo y del requerimiento de recibos de patente y libre deuda como asimismo de la existencia de prenda u otro gravamen, y la falta de fecha cierta y certificación de firmas del boleto de compraventa, máxime tratándose de una persona joven, técnico en aparatos de alta tecnología. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Seguros, seguro de daños patrimoniales, siniestro, asegurador, acción de repetición, servicios de vigilancia, cláusula limitativa de responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGF ARGENTINA CIA. DE SEGUROS c/ DETECT ARGENTINA SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-30

En una acción en la que una aseguradora demandó el pago de cierta suma de dinero en concepto de repetición de lo pagado a su asegurado en cumplimiento de un contrato de seguro contra robo a raíz del siniestro acaecido, resulta improcedente que no obstante juzgarse probado el incumplimiento de la empresa accionada (quien se obligo a prestar un servicio de monitoreo), se limite su responsabilidad al pago de determinada suma, argumentando ser valida una cláusula limitativa de responsabilidad predispuesta en el contrato celebrado con la víctima del hecho, con fundamento en que si bien dicho tipo de cláusulas se encuentran fulminadas de nulidad por el art. 37 inc. a) de la ley 24240 (vigente al momento del hecho), sin embargo, dicha normativa resulta inaplicable, en tanto la asegurada contrato el servicio de vigilancia integrado a un proceso de comercialización de sus productos y servicios (art. 1 y 2 de la ley 24240). Ello no es así, cuando -como en el caso- siendo la asegurada una empresa dedicada a la comercialización de computadoras, contrato el referido servicio con el fin de atender sus necesidades de protección, razón por la que el mismo no integra el proceso de comercialización de sus productos y servicios, sino que el asegurado fue un "consumidor final", que adquirió servicios sin intención de lucrar con su enajenación o ampliar un proceso de producción o comercialización destinado al mercado (confr. Farina, Juan m., "Defensa del consumidor y del usuario", ed. Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 38-39, 46-47; Stratta, Alicia, "Apuntes sobre responsabilidad frente al consumidor", ed T 152, p. 905; Bergel, Salvador Darío y Paolantonio, Martín, "Anotaciones sobre la ley de defensa al consumidor", ed. T 155, p. 496).
Sentencia arbitraria, comodato
Materia: CIVIL
Carátula: SOSA, LIGIA AMELIA c/ GAFFOGLIO, EDGARDO DANIEL s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-08-07

No puede reputarse arbitraria la sentencia de la Alzada que condenó al pago del 50% de los cánones locativos determinados, en virtud de la ocupación desarrollada por el demandado. No obsta a ello el contrato de comodato gratuito que invoca el reclamado, pues a todo evento resulta evidente la voluntad de la parte actora de concluir dicho acuerdo, a tenor de las claras manifestaciones vertidas en su carta documento de fecha 16 de septiembre de 2008.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Ballesteros, Enrique Daniel; Décima, Agustín Humberto s/ Robo calificado Payong o Payon, Roque Luis s/ Robo agravado Figueroa, Ercio Rodolfo; Ruiz Guadalupe, Dante Rubén s/ Robo simple Ortiz, Oscar Antonio s/ Robo en grado de tentativa Godoy, Marcela Adriana s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22|1998-03-10|1999-08-10|2000-04-12|2001-02-07

Para que funcione la agravante contenida en el art. 166 inc. 2° del Código Penal deben darse los siguientes requisitos: 1) Que quien intimida utilice a sabiendas un instrumento que en apariencia constituya un arma, es decir un medio apto para dañar físicamente a otro; con poder intimidatorio; 2) Que tenga el propósito de intimidar con ese instrumento a otra persona con fines de robo sabiéndolo apta a ese fin; 3) Que ostensibilice ese propósito frente a su víctima; 4) Que la víctima tenga la convicción frente al instrumento utilizado que éste es un arma (propia o impropia) lo que previsiblemente deteriorará apreciablemente sus defensas espontáneas o predispuestas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rugolo, José y ots. c/ Aguinaga de Guerini, Nélida y ots. s/ Cobro hipotecario Eguren, Francisco c/ Montaldi, Arturo s/ Ejecución hipotecaria. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05|1996-04-09

La decisión recaída en una ejecución hipotecaria que rechaza las impugnaciones formuladas a la liquidación realizada y manda practicar una nueva conforme a las pautas establecidas en el fallo que se encuentra firme, no reviste carácter de definitiva en el concepto del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, habilitación de instancia, reclamo administrativo previo, acto administrativo de alcance general, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Ramímerz, Nicolás Lorenzo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Empleo Público Buenos Aires s/ Empleo Público
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-09

El artículo 5 del Código Contencioso Administrativo y Tributario establece la innecesariedad de agotar la instancia administrativa cuando mediare una clara conducta de la autoridad administrativa que haga presumir la ineficacia cierta de acudir a esa instancia.

De esa forma, se permite sortear la necesidad de efectuar un previo reclamo ante la administración en los casos en que ello se traduzca en un excesivo e inconducente rigor formal, violatorio del derecho de defensa en juicio.

Quien pretenda ampararse en la citada disposición, deberá individualizar adecuadamente las circunstancias que permitan colegir la ineficacia cierta del reclamo previo.

El hecho de que el acto que se pretende lesivo emane "de la máxima autoridad" de la administración en modo alguno permite inferir la ineficacia del reclamo, pues el mismo debería ser resuelto por el Jefe de Gobierno, quien cuenta con la potestad de dejar sin efecto, en su caso, los decretos impugnados. Del Voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbín.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, sistema federal, estado federal, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

La solución elegida en la sentencia impugnada colisiona sin más con nuestro régimen federal de gobierno, en virtud del cual las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal y poseen la plenitud normativa correspondiente a su calidad de estado autónomo, que incluye la atribución de darse sus propias instituciones y regirse por ellas. (Del voto del Dr. Netri) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 220, p 271/277, fundamentos del Dr. Netri.
Recurso de queja (procesal), recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, monto mínimo, litisconsorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Río Negro s/ Queja en: Neculpan María Ester y otros c/ Unidad de control Previsional y otra s/ Contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-04-25

El remedio interpuesto fue el de inconstitucionalidad (art. 52 inc. a de la ley 1504, conf. rem. arts. 300 y s.s. del CPCC), por lo que no se avizora la pertinencia del argumento desestimatorio basado en el monto recursivo, habida cuenta que tal recaudo no se halla fijado en miras al recurso indicado. Asimismo, la referencia litisconsorcial del art. 52 inc. b (inaplicabilidad de ley) se halla en relación a la conformación que en tal sentido pudiera surgir de las partes en el proceso. En el caso no existe litisconsorcio pasivo (de demandados), dado que se trata de un accionado, y su interés jurídico a los fines de la recurribilidad superaría ampliamente el mínimo legal previsto para un recurso de inaplicabilidad de ley (que, no ha sido el interpuesto y denegado). Por ello corresponde hacer lugar al recurso de queja y en consecuencia declarar admisible el recurso extraordinario interpuesto y que fuera rechazado en la causa principal.
Honorarios, apoderado, poder general
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ENTRE RIOS c/ BONVIN DE PERRONI ISABEL ELISA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-02-22

El artículo 1831 del Código Civil hace una enumeración taxativa delos actos para los cuales la ley requiere poder especial. Ante un poder general amplio para pleitos la notificación realizada en la persona del apoderado y en el carácter que inviste, no requieren mención expresa,quedando notificados de la regulación de los distintos honorarios regulados,tanto de los propios como los del abogados de la contraria,teniendo así la facultad de conformar honorarios ajenos.
Locación de contenedores, transporte internacional
Materia: CIVIL
Carátula: Star Shipping Argentina S.A. c/ Family Express S.R.L. s/ Demora en la Devolución de Contenedores
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-15

La figura del Agente de Carga o "Forwarding" es la persona natural o jurídica que por cuenta de terceros y en forma habitual proyecta, controla, coordina y dirige las operaciones necesarias para efectuar el transporte internacional de mercancías por cualquier medio y presta los servicios complementarios necesarios para ultimar y llevar a buen fin las operaciones que le sean encomendadas.
Marcas, marcas confundibles
Materia: CIVIL
Carátula: B & H S.R.L. c/ BGH S.A. s/ Cese de Oposición al Registro de Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-11

Las semejanzas pesan mucho más que la única diferencia de la letra intermedia que me lleva a aplicar la regla propiciada por P.C. Breuer Moreno y reiteradamente observada por el Tribunal "que debe estarse mas a las semejanzas que a las diferencias", porque el peso de las semejanzas es el que induce a la confusión contraria a los fines del régimen legal. Puesto que basta que el título marcario de la demandada "BGH" sea confundible con el pretendido "B&H", para que éste no pueda ser registrado.
Declaración de incompetencia, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: GAUNA CARLOS ANIBAL c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-19

Aún en el supuesto de competencia improrrogable la ley procesal fija oportunidades preclusivas para su declaración oficiosa por el juez, por lo que luego de pasadas estas etapas no puede alegarse incompetencia de ninguna especie.

Estas etapas no son otras que las configuradas en el momento de la presentación de la demanda (art. 4 del ordenamiento ritual) y en la oportunidad de la resolución de la excepción respectiva.

Aún tratándose de competencia "ratione materie" que es, en principio, improrrogable con la única excepción de la competencia federal, el juez de primera instancia no puede declararse incompetente en el estado del proceso a que se arribó con la petición de apertura a prueba (art. 352. 1er. párrafo "in fine").
Juicio de apremio, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cercitta, Sandra Elisabet s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

La excepción de inhabilidad de título sólo puede referirse a las formas extrínsecas del documento base de la ejecución (art. 6 inc. "b", decreto ley 9122/78). Y tal limitación legal, no vulnera disposiciones de derecho de fondo, puesto que las defensas de otro tipo, ajenas al trámite compulsorio, pueden hacerse valer en el juicio ordinario posterior que eventualmente se promueva (art. 551 CPCC).
Procedimiento administrativo, plazos procesales, caducidad de instancia, exceso ritual manifiesto, beneficios previsionales, carácter alimentario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: PAGELLA, BENIGNO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-14

Frente al otorgamiento al organismo estatal de plazos procesales incompatibles con la impostergable necesidad que los reclamos que formula el anciano o incapaz tienden a satisfacer, y conforme el mandato constitucional de un proceso justo (arts. 18 y 28 C.N.), el juzgador no puede sino intentar remediar o paliar las consecuencias de tal desigualdad. Si así no lo hiciera, y con fría determinación se limitara a aplicar la letra de la ley, la justicia quedaría relegada a un mero trámite burocrático y quizás, algún día, cibernético, donde a tal hecho corresponderá tal norma; con evidente afectación del carácter alimentario e irrenunciable del derecho, al someter su reconocimiento a normas adjetivas más rígidas, lo cual lleva a constreñirlo temporalmente, poniendo en cabeza del pretendiente el impulso de su demanda y sancionando su inactividad con efectos tan absolutos como irreversible, en la mayoría de los casos. Por ello, si bien aparenta ser legítima la aplicación de normas procesales (en el caso, caducidad de instancia) diseñadas para otro tipo de cuestiones patrimoniales, no puede perderse de vista las consecuencias que tal interpretación acarrea, máxime si para otros derechos que también revisten naturaleza alimentaria se contemplan plazos de caducidad más amplios (alimentos, en la órbita civil) o se aplican muy restringidamente (laboral).
Honorarios del abogado, base regulatoria, deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Calleri, Marcelo Daniel y otros c/ Municipalidad de Coronel Brandsen s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

Al amparo de una interpretación lineal, férrea y gramatical de los arts. 23 y 58 del Decreto-ley 8904 (el uno indicando que a los fines de la regulación de los honorarios de los abogados intervinientes en el pleito se tendrá como cuantía de este último el monto de la demanda o reconvención; el otro estatuyendo que tanto el condenado en costas como el beneficiario de las tareas profesionales están "solidariamente" obligados frente a los letrados por el cobro de sus honorarios) se llegaba a la absurda e injusta situación de que frente a demandas rechazadas de montos desmesurados, el accionado victorioso y ganador en costas, se encontraba obligado a abonar al profesional que lo asistiera una suma exageradamente mayor a la que hubiera debido afrontar de haber perdido el juicio y resultar condenado a una suma indemnizatoria acorde a las circunstancias de la causa, con más las costas e intereses.
Accidente de tránsito, prueba, presunciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GIANI SALVADOR c/ NEUMATICOS ENTRE RIOS s/ DAÑOS U PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-10-20

Tratándose de accidentes de tránsito, la misión del juzgador, quien no ha presenciado el hecho, consiste en reproducir la forma en que verosímilmente pudo acaecer el mismo, para determinar, en función de ello, la culpa que pudiera caberle a los intervinientes. Ocurre con frecuencia que las deficiencias de las pruebas configuran un panorama confuso, tornando difícil la labor del juzgador, resultando menester acudir a elaboradas cadenas de inferencias y hacer mérito de diversos órdenes de presunciones de origen tanto legal como jurisprudencial.-
Despido por matrimonio, in dubio pro operario
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Gómez Julio David c/ Autoservicio Capo S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-10-21

La interpretación que pone a cargo del varón la prueba de que su despido obedeció a la celebración del matrimonio, lo coloca en una situación sumamente desventajosa en el juicio contra su patrón, en tanto la lógica indica que es al empleador a quien le resulta más fácil la prueba de que el trabajador fue despedido por motivos ajenos a la cercanía temporal con la celebración del matrimonio.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-30


2º Instancia.- Buenos Aires, agosto 30 de 2010.

Considerando:1. A fs. 1638/1651 el síndico interpuso recurso extraordinario contra la resolución del tribunal obrante a fs. 1615 y, a fs. 1653/4 presentó la carátula requerida por la Acord. C.S.J.N. Nº 4/07. Corrido traslado, a fs. 1671 los letrados de la fallida manifiestan que nada tienen que decir respecto del recurso impetrado por el síndico y solicitan aclaración sobre los propios, lo que fue materia de la resolución obrante a fs. 1676. 2. a) Conforme a los fundamentos expuestos en la decisión en crisis, el tribunal utilizó una base regulatoria diferente y, manteniendo la proporcionalidad con los restantes profesionales intervinientes y con las tareas cumplidas, redujo los honorarios regulados al síndico en la primera instancia. b) Sostiene el recurrente que la resolución del tribunal es sorpresivamente arbitraria, contraria a la normativa concursal y vulneratoria de derechos y garantías constitucionales; agrega, además, que le ocasiona gravamen actual e irreparable. 3. La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia fallos presuntamente equivocados, sino cubrir graves defectos del pronunciamiento, por apartamiento inequívoco de la norma vigente o carencia de fundamentación (C.S.J.N., 11/4/85, "Conil Paz c/Secretaría de Comunicaciones", RED 19, p. 1139. 498; íd., 20/11/84, "Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor", RED 19, p. 1138, 491). El decisorio recurrido -sobre cuyo acierto no cabe expedirse a este tribunal- consultó el principio de congruencia y la jerarquía de las normas vigentes (Cpr.34,4 y 163,4), lo que aventa el riesgo de que se encuentre configurada la causal de arbitrariedad invocada. 3. Las argumentaciones relativas a presuntas violaciones de derechos constitucionales, remiten a cuestiones de hecho y derecho común, cuya decisión es privativa de los jueces de la causa, y ajena a la instancia extraordinaria. 4. Por otra parte, reiteradamente ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo atinente a los honorarios regulados en las instancias ordinarias constituye materia ajena al recurso del art. 14 de la ley 48, ya que la determinación de las bases consideradas a tal fin, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la aplicación de ls normas arancelarias son, por su carácter fáctico y procesal, insusceptibles de tratamiento por la vía extraordinaria (C.S.J.N., 18/12/84, ED 116-615; 29/5/86; "Minetti Bartolomé c/Sud América Cía. de Seguros de Vida S.A." RED 20-B, 1212, 322, entre otros). 5. Por ello, se desestima el recurso extraordinario interpuesto. - Miguel F. Bargalló .- Angel O. Sala.- Bindo B. Caviglione Fraga.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Acuña, Mario Alberto y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 564 año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-20

No puede ser acogida la pretensión de los recurrentes -empleados de la ex Dirección General de Comunicaciones- de que se cumpla y pague el acta paritaria 5/93 "ajustando los salarios conforme a lo que percibe el personal del IAPOS y el Registro de la Propiedad por igual tarea" desde que no es posible afirmar que mediante el acta 5/93 (homologada por decreto 1938/93) la Comisión Paritaria Provincial hubiera establecido pauta alguna de equiparación salarial con respecto de los sueldos percibidos por los agentes que se desempeñan en el IAPOS o en el Registro de la Propiedad.

En efecto: mediante aquella -en lo que es de interés- se dispuso simplemente "comenzar en julio a pagar las deudas del Plan Meta..." (art. 2), sin que sea posible extraer de las restantes cláusulas que existiera vinculación o "enganche" alguno con algún sector determinado de la Administración.
Concurso preventivo, proceso de verificación, crédito por impuestos y tasas, tributos, determinación de impuestos
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA  ESPERANZA  SOBRE  QUIEBRA  SOBRE  INCIDENTE  DE  IMPUGNACION  POR FISCALIA DE LA PCIA. DE BS. AS. s/ INCIDENTE DE IMPUGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-07

El tributo liquidado en procedimientos de determinación oficiosa consentidos, o agotadas las instancias de revisión, configura base suficiente a los efectos de la lc 33, 140 y 194. En tanto no esté cuestionada la legalidad del procedimiento, la constitucionalidad de la ley que lo regula, o la posibilidad de defensa del síndico o del fallido.
Daños y perjuicios, divorcio, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: O.P. c/ A.S. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

Resulta indiscutible el incumplimiento por parte de marido del deber de asistencia moral, cuando frente a pocos meses de casados trate de manera injuriosa a su esposa frente a amigos conocidos y operarios que trabajan en el hogar. A su vez se consideró como hechos injuriosos la circunstancia de que él, al presentarse la cónyuge a retirar sus pertenencias del hogar conyugal, había cambiado la cerradura. Por otra parte se entendió que no puede considerarse abandono voluntario el retiro del hogar conyugal por parte de la mujer, si las injurias del marido justifican su alejamiento y aquél cambió las cerraduras de la vivienda y se condenó a la reparación de los daños presumidos a partir de los hechos antes descriptos.