Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09


S., O.J.

Reg.: A y S t 215 p 191-200.

En la ciudad de Santa Fe, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en autos "S., O. J. -Homicidio Culposo- sobre REVISIÓN PENAL" (Expte. C.S.J. nro. 167, año 2005).

Se resolvió someter a sorteo el estudio de la causa, resultando el siguiente orden: doctores Falistocco, Netri, Gastaldi, Vigo, Spuler y Gutiérrez. Asimismo las cuestiones a resolver son PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: O. J. S., con patrocinio letrado, inicia ante esta Corte recurso de revisión contra la sentencia 61 del 10 de julio de 1997, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario, por la que se lo condenó como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos (fs. 6/8).

Funda su planteo en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 489 inciso 4 del Código Procesal Penal, pretendiendo que este Cuerpo anule la sentencia condenatoria de la Cámara y, en su lugar, mantenga la absolución que había pronunciado en su momento el Juez de Primera Instancia en lo Penal Correccional Número Diez de Rosario.

Tal como se ha dicho -entre otras tantas oportunidades, en las causas "R.", "C." y "G." (A. y S. T. 185, págs. 312/316; T. 200, págs. 379/383; T. 201, págs. 105/108)-, el artículo 489 del Código Procesal Penal de Santa Fe reza que "la acción de revisión procederá, en todo tiempo y en favor del condenado, para perseguir la anulación de la sentencia firme", enunciando seguidamente los cuatro motivos específicos que taxativamente recepta para autorizar interponerla: tales, la inconciliabilidad de la cosa juzgada; la demostración de falsedad de la prueba que originó la condena; la demostración de conductas delictivas que provocaron la condena; y la sobreviniencia de nuevos hechos o elementos de prueba.

Tratándose, por cierto, de una acción impugnativa que persigue la reapertura de la jurisdicción en un proceso ya cerrado por sentencia condenatoria firme. De tal forma, resulta recaudo de admisibilidad del recurso de revisión penal, la articulación de planteos encuadrados en alguna de las causales enunciadas en el citado artículo ya que según el artículo 490 del mismo digesto, la demanda, deberá concretarse a demostrar (bajo sanción de inadmisibilidad) la inexistencia del hecho delictuoso o de una circunstancia que contribuyó a agravar la pena o la no comisión por el condenado o la falta de la prueba en que se basó la condena, fundado en cualquiera de los incisos del artículo anterior.

El juicio de admisibilidad, adquiere, pues, en la materia, una significación especial (ver lo expuesto en la causa "A.", A. y S. T. 149, pág. 138) dado que, además de tratarse de un recurso extraordinario -lo que ya magnifica las condiciones de admisibilidad-, reconoce como objeto impugnable a "la sentencia condenatoria que asume jerarquía de cosa juzgada" (Iturralde, N.; Büsser, R.; Chiappini, J. "Código Procesal Penal Comentado", Tomo III, pág. 116; en el mismo sentido, Leone, Giovanni, "Tratado de Derecho Procesal Penal", T. III, pág. 262, Ed. EJEA, Bs. As., 1963; Creus, Carlos, "Derecho Procesal Penal", pág.

172, Ed. Astrea, Bs. As. 1996).

Como se dijera, el recurrente invoca el inciso 4 del artículo 489 de la ley de rito penal, que contempla la alegada circunstancia de que "...después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho delictuoso no existió, que el condenado no lo cometió, o no se dieron las circunstancias agravantes típicas que el Juez o Tribunal tuvo en cuenta al pronunciar aquélla".

A la luz de todo lo reseñado precedentemente, cabe señalar que los requisitos formales y también la legitimación aparecen satisfechos para el ejercicio de la acción que se intenta en procura de la revisión de la sentencia penal, por aplicación del artículo 489 y siguientes del Código Procesal Penal.

A su vez, el planteo del recurrente guarda, al menos en grado de hipótesis, correspondencia con el supuesto invocado del inciso 4 del artículo 489 citado al intentar demostrar que aquél no fue autor del hecho, con basamento en un nuevo hecho o elemento de prueba.

De allí que, de conformidad con lo que propiciara en su hora el señor Procurador General a foja 14, cabe juzgar admisible la acción de revisión interpuesta.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Gastaldi, Vigo, Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez, expresaron idénticos fundamentos a los brindados por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron.

A la segunda cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Como se hiciera alusión al abordar la admisibilidad, O. J. S., con patrocinio letrado, inicia ante esta Corte recurso de revisión contra la sentencia 61 dictada el 10 de julio de 1997, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario, por la que se lo condenó como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos, invocando para ello el inciso 4 del artículo 489 del Código Procesal Penal (fs. 6/8).

En tren de efectuar un repaso de los hechos de la causa, refiere que las actuaciones en su contra se iniciaron a raíz de que el día 1 de mayo del año 1994, con motivo de un accidente de tránsito ocurrido en Avenida Uriburu en la intersección con Pasaje Melián en jurisdicción de la Seccional Décimo Quince de Rosario, falleciera la señora M. L.

Relata que prestó declaración en sede prevencional en ese mismo día, fue indagado en sede judicial por ese hecho el día 17.10.1994, y resultó procesado por el Juez de Primera Instancia en lo Penal Correccional Número Diez de Rosario por el delito de homicidio culposo por decreto del 7.06.1995.

Continúa diciendo que, formulada requisitoria de elevación a juicio y tramitado el plenario -donde solamente se produjo alguna prueba a instancias de la Fiscalía, ya que su defensor no ofreció ninguna- y expresadas las conclusiones, el Juez en lo Penal Correccional Número Diez de Rosario mediante resolución 38 del 24.06.1996, lo absolvió de culpa y cargo, con fundamentos relacionados con la falta de certeza en relación a la responsabilidad penal del imputado en el hecho. Expresa que ..."el Dr. Acosta concluye en que si bien pudo establecerse con grado de certeza que pasadas las doce horas del día 1ro.

de mayo de 1994 el suscripto se dirigía por el carril sur de la Av. Uriburu en dirección oeste-este, sobre la mano de circulación más cercana al cantero central de la mentada avenida y que al aproximarse a la altura del Pje. Melián advierte la presencia de la víctima en forma imprevista, razón por la cual aplica los frenos, derrapa y la embiste con el lateral de la camioneta que conducía no pudo arribarse a la certeza en cuanto a la responsabilidad penal.

Entre otros elementos, para arribar a esta decisión, el Sr. Juez Correccional entiende que la presencia de un automóvil que circulaba precediendo y a la derecha de la Pick Up Chevrolet de mi propiedad no ha sido desvirtuada. Precisamente es la existencia de este vehículo el que ha hecho (en la hipótesis del Juez) imprevisible la presencia de la víctima cruzando la avenida" (f. 7).

Prosigue reseñando que, interpuesto que fuera por el Ministerio Público recurso de apelación y expresando agravios el Fiscal de Cámaras, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario revocó la absolución y en su lugar le impuso la condena referida; sostiene que la Cámara, sin mayor análisis, descartó la importancia de la existencia del vehículo en cuestión en la escena de los acontecimientos.

Da cuenta de que para su total sorpresa, tomó conocimiento de que en el diario "La Capital" de Rosario del día domingo 27.03.2005 un señor llamado Á. O. había mandado para publicar una carta de lectores, donde reconocía haber sido el protagonista del mismo choque por el que él fuera condenado; que era su responsabilidad lo sucedido, que desde hacía tiempo lo torturaba la circunstancia de no haber obrado correctamente y que quería dar a conocer lo sucedido para tranquilizar su conciencia. Y que, ante esa noticia, y la necesidad de asegurar la prueba para analizar la viabilidad de esta acción, hizo una presentación ante el Juzgado Correccional Número Diez pidiendo que se obtuviera del diario "La Capital" un ejemplar de la carta de lectores que permitiera obtener los datos de su autor, lo que se logró; además el mencionado O. reconoció en audiencia judicial la firma y el contenido de su autoría, cuando se le exhibió la fotocopia del original de la carta que en su momento enviara al citado diario. En cuanto a la causa que funda la demanda de revisión, apunta que en el caso, con el nuevo elemento de prueba incorporado -la declaración de Á. O. publicada en la edición del diario "La Capital" del 27 de marzo de 2005, reconociendo haber sido el protagonista responsable del accidente de tránsito en cuya virtud fuera condenado, refiriendo que "Fue imprevisto, se cruzó y la toqué, la choqué prácticamente.

La tiré hacia un costado y la agarró una camioneta que venía unos metros atrás...", y que sostuviera que no se detuvo porque se asustó, y que el auto, un Fiat 125 amarillo, se lo había prestado un amigo para ir hasta Villa Diego-, se demuestra con el grado de convencimiento necesario para una absolución que su parte no fue autor del hecho o, por lo menos, que el mismo no es delito por haberle resultado imprevisible el resultado. Afirma que la duda razonable que genera el nuevo elemento, funda la revisión e impone la absolución.

Enfatiza que fue condenado a raíz de que se le atribuyó toda la responsabilidad por el accidente, cuando tal como había logrado advertir el Juez de Primera Instancia y ahora queda definitivamente probado con la confesión del señor A. O. -cuya versión es perfectamente encuadrable en los hechos tal como surgen de la prueba de la causa-, que este último era el conductor del vehículo que circulaba a la par suya quizá un poco más adelante y que fuera quien embistiera en primer término a la víctima.

Argumenta que en su oportunidad no advirtió que a la señora Manuela Lemos el otro automóvil ya la había golpeado y de allí lo intempestivo de su aparición ya que sólo recuerda haber visto el bulto, tratar de volantear para esquivarlo, derrapar hasta detener su camioneta sobre el cantero central de la Avenida Uriburu. Alega que ahora tiene la posibilidad probatoria que no pudo producir oportunamente porque no poseía ningún dato del vehículo en cuestión; y que esta nueva circunstancia resulta -dice- perfectamente encuadrable en lo dispuesto por el artículo 489 inciso 4 del Código Procesal Penal.

Manifiesta que si bien en su momento tanto en sus declaraciones como en su defensa técnica señaló que no podía ser culpable de la muerte de la víctima cuando le resultó imposible evitar ese resultado, poniendo énfasis en que la presencia de un vehículo que circulaba adelante suyo le había impedido visualizar a la víctima cuando imprudentemente intentaba cruzar la Avenida Uriburu, nunca pudo probar tal extremo porque carecía de los datos del conductor que había escapado del escenario de los hechos y que es quien ahora aparece voluntaria y sorpresivamente, haciendo público su arrepentimiento por lo ocurrido; y que por ello es recién ahora cuando puede "contar con la prueba de la que antes carecíamos", y así -postula- "se me debe permitir lavar mi honor y sacar esta sentencia que como antecedente figura en mi prontuario, cuando esa condena fue dictada sin tener en cuenta la verdad de cómo ocurrieron los hechos" (fs. 8/8vto.). En abono de su posición, el accionante ofrece como medios de prueba: fotocopia certificada del expediente nro. 839/94 del registro del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional Número Diez de Rosario; original de las páginas 3, 4 y 5 del diario "La Capital" de la ciudad de Rosario del día 27 de marzo de 2005.

2. Por Presidencia, se juzgó "prima facie" admisible el recurso (f. 10) y se le imprimió el trámite de rigor, sustanciándose la causa con el Titular del Ministerio Público, quien al evacuar la vista corrida al efecto (fs. 11/14), propició se declare admisible el remedio interpuesto, y a la par, solicitó se provea la siguiente prueba: a) documental, consistente en el expediente en el marco del cual fuera condenado el accionante O. J. S.; b) declaraciones de los señores Á. F. N. O., O. J. S., R. A. O. y J. C. R.; y c) informativa del diario "La Capital" respecto de los originales de las páginas 3,4 y 6 correspondientes a la edición de fecha 27.03.2005.

Producida que fuera la prueba ofrecida, se fija audiencia a los efectos del artículo 434 del Código Procesal Penal (f. 79); presentando sus respectivos memoriales los defensores de S. (fs. 85/87) y el señor Procurador General (fs. 88/93).

El recurrente insistió tanto en la admisibilidad como en la procedencia del recurso, solicitando se deje sin efecto el fallo condenatorio y, en su lugar, se confirme su absolución, oportunamente dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Penal Correccional Número Diez de Rosario.

A su vez, el señor Procurador General señaló que el contexto probatorio analizado deja margen como para propiciar la viabilidad de la instancia revisora propuesta, con la modalidad prevista en la última parte del primer párrafo del artículo 494 del Código Procesal Penal -con remisión a nuevo juicio de la causa-.

Llamados autos (f. 94), la causa se encuentra en estado de ser resuelta.

3. Como paso previo a la evaluación de los elementos de prueba del hecho nuevo traído por el accionante como soporte de su acción de revisión y su eventual idoneidad para evidenciar tal como lo requiere el artículo 489 del Código Procesal Penal -o bien generar la seria duda a la que alude el señor Procurador- de que S. no fue el autor del delito por el que fuera condenado, resulta oportuno efectuar algunas precisiones en torno a las exigencias de la acción de revisión incoada.

En efecto, en reiterados pronunciamientos ha sostenido este Tribunal que el remedio que se confía a la acción de revisión penal no tiene el propósito de corregir la equivocada valoración de los elementos que estaban presentes en el proceso, sino el de permitir ponderar los que por no haber estado presentes entonces, no pudieron influir para poder arribar a una condenación más benigna (A. y S. T. 47, págs. 438/440; T. 97, pág. 141, etc.).

Cabe recordar que el inciso 4 del canon en cuestión, alude a supuestos en los que, con posterioridad a la firmeza de la sentencia condenatoria, surjan hechos nuevos o elementos de prueba que bien sea solos o unidos a otros ya producidos en el proceso, evidencien que el hecho no existió, que no lo cometió el condenado, o bien que no existieron las circunstancias agravantes del tipo penal en el que el Juez o Tribunal subsumieran la conducta del condenado, mereciendo por ende una pena menor. El hecho, ha de ser, pues, "nuevo", o sea que no haya podido ser alegado antes de la sentencia definitiva y nuevo también el elemento de prueba, en cuanto "no haya podido ser valorado por el tribunal que dictó aquélla, independientemente de la concurrencia de la voluntad del sujeto que ahora lo hace valer a los efectos de la revisión" (Fenech, Miguel, "Derecho Procesal Penal" vol. segundo, Barcelona, 1962, pág. 569, citado por Iturralde, Norberto, "La revisión en el Código Procesal Penal de Santa Fe", Zeus, Boletín del 26.05.2001) Es decir, son necesarios, pues, hechos o pruebas sobrevinientes, esto es, que ocurran o sean descubiertos con posterioridad al pronunciamiento impugnado (vid, A. y S.

T. 139, pág. 490), aún cuando su existencia fuese anterior, de modo tal que no hubiesen integrado en su hora el plexo probatorio tenido en cuenta por el Juez o el Tribunal.

Corresponde, pues, valorar que por propia disposición de la norma, el "hecho nuevo" debe ostentar la cualidad de "evidenciar" por sí solo o unido a los demás elementos de prueba, que el hecho delictivo no ocurrió o no lo cometió el condenado.

En tal sentido, afirma Norberto Iturralde que "La eficiencia probatoria de los nuevos hechos o de los nuevos elementos de prueba han de ser de una envergadura que produzca la evidencia de la no subsistencia del suceso delictivo o la no comisión del hecho o la menor gravedad del delito frente a la conminación de la pena, obviamente, según corresponda". Continúa diciendo que "...la misma ley establece que el hecho o elemento de prueba nuevo debe ser de semejante naturaleza que evidencie la pretensión.

Por tanto manifiesta, citando en esto a Giovanni Brichetti que "Por tanto, 'si la ley exige la evidencia, esto demuestra que el hecho nuevo, o los nuevos elementos de prueba, deben poseer un valor decisivo; deben proporcionar, de modo rápido, y por eso fácil, la demostración precisa, categórica' del asunto de que se trate" (Iturralde, Norberto, "La revisión en el Código Procesal Penal de Santa Fe", cit.).

En esa inteligencia, pone énfasis Brichetti en que "No debe olvidarse que la prueba evidente, para ser tal, no debe producir solamente la certeza del hecho de la evidencia.

En suma, en la prueba evidente la razón afirma, por decir así, la verdad en un instante, sin necesidad de reflexión desarrollada, la cual viene después. La revisión no puede fundarse, pues, sobre elementos de simple posibilidad o probabilidad o que de algún modo exijan un laborioso y complicado procedimiento lógico".

Y que "La valoración de la eficacia de los nuevos elementos de prueba debe poder ser hecha, pues, con aprehensión rápida y sintética" (Brichetti, Giovanni, "La "evidencia" en el Derecho Procesal Penal, Avellaneda, 1973, págs. 219 y 220 citado por Iturralde, Norberto, cit.).

A la luz de todo lo reseñado precedentemente, corresponde efectuar la ponderación de los elementos de prueba de los hechos sobrevinientes aportados a la causa, y su eventual aptitud para satisfacer la exigencia de evidencia que requiere el artículo 489 del Código Procesal Penal de que aquél no ha cometido el delito por el que fuera condenado, o bien la seria duda a la que hiciera referencia el señor Procurador General.

En el sub judice, el actor apunta a demostrar que existió un grave error en el juicio, y que corresponde revisar la cosa juzgada existente y declarar la consecuente inocencia del condenado, trayendo como "hecho nuevo", soporte del recurso interpuesto, la confesión de A. F. N. O., quien en la carta de lectores que enviara al diario "La Capital" de Rosario y fuera publicada el día 27.03.2005, manifestara que él fue protagonista del accidente de tránsito por el que S. fuera condenado, y que él es el responsable de lo sucedido.

Ante ello, debo anticipar que no comparto el dictamen del señor Procurador en cuanto al valor de ese hecho nuevo.

Es que -por las razones que a continuación expondré- descarto la posibilidad de que con los nuevos elementos de prueba aportados, en especial la carta remitida por Á. O. al diario "La Capital" de Rosario de fecha 16.03.2005 y que apareciera publicada en dicho periódico el día 27.03.2005, a lo que se suma lo declarado en tal sentido ante esta sede a fojas 46/47, se configure por sí solo el extremo previsto en el artículo 489 inciso 4 del Código de rito.

Es que, aun partiendo de que el hecho denunciado por O. existió, cuestión sobre la que debió dar mayor precisión, por ejemplo, en cuanto a quién era el titular del vehículo que conducía, domicilio, u otros datos de interés tendentes a la identificación del automotor -y no limitarse a decir que se lo había prestado un amigo-, el mismo no termina de convertirse en una prueba decisiva con la calidad necesaria para destruir la certeza de que hasta el día de hoy goza la sentencia de condena emitida por la Sala a quo acerca de la responsabilidad penal de S. A ello se añaden algunas imprecisiones que se advierten en relación a las circunstancias que rodearon a la mecánica del hecho, tales como la ubicación de un camión estacionado del lado derecho que impidiera -de acuerdo a lo que mencionara O.- ver con anticipación a la señora L. cuando ésta apareciera detrás del referido camión, al que también recién se alude en las declaraciones de S. y R. ante esta sede, como asimismo, en cuanto a la ubicación relativa en la que se encontraba supuestamente el vehículo guiado por O. en el momento del accidente, la visión de un paraguas y un bulto volando en referencia a la señora L. -según S.-, o la distancia a la que calcularan vieron aparecer a la víctima.

Para ello, debieron aportarse circunstancias de las que no dan cuenta ni las declaraciones prestadas en el juicio de revisión tanto por O. como por S. ni las del testigo R. acerca de cómo fue el supuesto impacto del rodado conducido por Ortolani en el cuerpo de la víctima y el comportamiento posterior de éste hasta el momento de ser embestido por el rodado conducido por S., tal como lo tiene reconocido éste en las distintas declaraciones que efectuara durante la tramitación del sumario, a efectos de poder confrontarlas con aquéllas como así también cotejarlas con la valoración y el razonamiento hecho por la Sala sobre el reproche que le termina enrostrando a la conducta del condenado. En efecto, el A quo tuvo en cuenta la posible circulación de un vehículo que transitaba en la misma dirección y que se desplazaba un tanto más avanzado realizando una maniobra de esquive, al que refieren tanto S. como su acompañante R. como circunstancia tendente a dar crédito a la intempestividad del cruce de la peatón, y a su luz concluyó afirmando que "al encontrarse el aludido vehículo en una línea más avanzada de circulación, el enjuiciado debía adoptar y subordinar las características que iba imprimiendo a su circulación de las contingencias de aquél dado que le obstruía formalmente la visualización de eventuales obstáculos. Sin embargo, dicha previsión no se tuvo en mira provocando la colisión" (fs. 105/vto. del expte. principal).

Frente a ese razonamiento, la pretensión del hoy recurrente de tomar como hecho nuevo la colisión previa por el rodado conducido por O., para ser tal, debe relacionarse con otras constancias obrantes y determinantes, como por ejemplo, la ya aludida acerca de cuál fue en tal supuesto el comportamiento del cuerpo de la víctima tras ser embestido por aquél.

Esta versión sobre cómo ocurrió el accidente pierde su calidad de prueba evidente, con sólo cotejarla con las declaraciones prestadas por el recurrente y su acompañante R.

que siguen enhiestas, como por ejemplo la visión que tuvieron sobre la aparición de la víctima. Sobre ello, tanto ante la preventora como en sede judicial dan cuenta de una aparición sorpresiva de una persona "cruzando Uriburu, de sur a norte" (vid, f. 7 y f. 8 vto. del expte. principal) y no lo que según aconsejan las reglas de la lógica y la sana crítica sería propia de un cuerpo previamente colisionado por otro vehículo, máxime de una mujer anciana, extremos que no pueden ser asimilados.

Por lo demás, ha de advertirse que recién ahora, en relación con lo dicho, el accionante ante esta sede expresa "...que algo venía volando, un paraguas volando y juntamente la mujer" (f. 53).

Es decir, las aseveraciones de O. si bien a primera vista resultan impactantes, al aludir a que "yo fui el que al chocar a la señora perdió el equilibrio" (f. 46), no aparecen reforzadas por otros elementos de convicción que arrimara el actor en miras a contribuir a la confirmación de los hechos expuestos por aquél y no alcanzan a introducir un justificado estado de duda sobre la cuestionada participación penalmente relevante en el hecho por parte del condenado O. J. S. y, menos aún la evidencia que exige el inciso 4 del mentado artículo 489 del digesto procesal penal santafesino.

No tienen por sí solas la virtualidad de conmover la ya acreditada existencia del hecho calificado como delito como así las circunstancias en las que aquél se desarrollara, y desvirtuar así la conclusión que alcanzara la Cámara en cuanto a la autoría y responsabilidad que le cupo a S. en el hecho que se le imputara. Es que, por cierto, no alcanza solamente con la admisión de autoría de un hecho delictivo para otorgar a alguien por sí sola la calidad de autor, en un caso como éste, por tratarse de una acción impugnativa que persigue la reapertura de la jurisdicción en un proceso ya cerrado por sentencia condenatoria firme, en que hay que destruir la certeza de la que goza una sentencia de condena, y la declaración admisiva efectuada no acarrearía consecuencias a quien la realizase, por cuanto no llevaría consigo, por efecto del tiempo trascurrido, la posibilidad de que el Estado pueda ejercer su potestad de perseguir penalmente el hecho que hoy O. se atribuye.

Dicho con otras palabras, las pruebas con que se fundamentara la presente acción distan de reunir las condiciones exigidas por la norma y carecen del valor decisivo y categórico suficiente como para generar razonable y prudentemente un justificado estado de duda que derribe la certeza convictiva a la que llegaran los juzgadores en la causa al condenar al ahora accionante.

En definitiva, pues, todo lo antedicho me lleva a concluir en que deba desecharse la viabilidad de la revisión interpuesta por la defensa técnica del condenado S., lo que me lleva a pronunciarme por la improcedencia del remedio intentado el cual, cabe señalar una vez más, es de aplicación excepcional y de interpretación estricta, dada la exclusividad de su objetivo, tendente a conmover la firmeza de la cosa juzgada. En ese orden, no es ocioso recordar que la res iudicata tiene como fundamento axiológico prioritario el brindar seguridad jurídica en tanto se establece de manera definitiva lo que judicialmente le corresponde a cada una de las partes del litigio en cuestión. Tal valor es una pieza clave del edificio institucional del derecho dado que, suponer la revisión permanente de las sentencias judiciales implicaría una incertidumbre jurídica incompatible con la "buena vida social" o el bien común.

Pero por importante que sea la seguridad jurídica, no caben dudas de que sólo tiene sentido perfeccionar al derecho con esa calidad de definitividad en la medida en que efectivamente estemos frente al "derecho", porque si lo de que se trata es de algo evidente y gravemente irracional, irrazonable o injusto, no tiene sentido la preocupación por mantenerlo dogmáticamente como inconmovible, pues en última instancia ello atentaría contra la justicia misma, "sin la cual el más íntimo sentido de la autoridad de la cosa juzgada, que es su sentido moral, no es concebible" (Fallos, 310:1797 y sus citas). Esta conclusión tiene por respaldo consolidada doctrina jurisprudencial arraigada en el derecho más clásico en el sentido de que lo manifiesta o gravemente absurdo, o lo irracional, es incompatible con el derecho en virtud de que éste es, precisamente, un esfuerzo racional de definición de lo justo a través del derecho vigente.

Desde esa lógica valorativa, cabe comprender al recurso de revisión penal que abre una puerta a las sentencias firmes y a la seguridad que brindan, en tanto mantenerlas implicaría una clara consagración de lo evidentemente irrazonable o irracional, lo cual se equipararía al absurdo violatorio del principio de contradicción de afirmar como derecho lo que no es tal.

El sistema procesal penal permite la excepcionalidad de la revisión cuando efectivamente el recurrente ponga de manifiesto la necesidad de reparar una sentencia evidentemente absurda o inválida, pero ello no supone habilitar una vía fácil para poner en crisis sentencias, posibilitando un nuevo juzgamiento que pretenda respaldarse en elementos débiles o no evidentes, que sacrifiquen sin motivos suficientes un valor que, como la cosa juzgada, resulta relevante para la propia funcionalidad del sistema jurídico, que -como se ha dicho con acierto- "carecería, en principio, de eficacia práctica sin ella y, por tanto, su desconocimiento generalizado supondría un padecimiento de los fines más básicos del derecho (confr. en tal sentido, H.L.A. Hart, "El concepto de derecho", trad.

de Genaro R. Carrió, Buenos Aires, 1963, págs. 176 y sgtes.; Sebastián Soler, "La interpretación de la ley", Barcelona, 1962, págs. 92 y sgtes.)" ("De Gainza", Fallos, 320:985, voto del juez Petracchi). Por ello, voto por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Gastaldi, Vigo, Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez adhieren sucesivamente a lo expuesto por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en el mismo sentido.

A la tercera cuestión -¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento el resultado obtenido al resolver la cuestión anterior corresponde juzgar improcedente el recurso de revisión penal interpuesto.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Gastaldi, Vigo, Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron. En mérito de los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)