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Suspensión del convenio colectivo, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: C., J.C. y Otros c/ SERVICOP s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-06-10

La suspensión de la vigencia del convenio colectivo de trabajo, que comprende tanto aquel que pueda tener la empresa como el convenio de actividad, no deja a la relación laboral sin norma aplicable, pues las relaciones laborales seguirán rigiéndose por los contratos individuales, y con el sustento necesario de orden público laboral que otorga la Ley de Contrato de Trabajo, recordando que en la mayoría de los casos los trabajadores no tienen contratos individuales de trabajo sino que su relación se rige por las disposiciones de los convenios colectivos, tanto de actividad como de empresa, y en los supuestos en que existen contratos de trabajo individuales, sus estipulaciones son mejores -para el trabajador- que las comprendidas en el convenio colectivo.
Derecho laboral, trabajador, estabilidad propia, convenios colectivos de trabajo, SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÚSICA
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BARTOLOTTA, JOSE A c/ SADAIC ROSARIO s/ NULIDAD DE DESPIDO    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 157-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

Incurre en arbitrariedad, que torna procedente el recurso de inconstitucionalidad intentado, la Cámara que omite considerar y decidir sobre una cuestión planteada, decisiva para la solución del litigio; cual es la no aplicabilidad al caso del régimen de estabilidad propio dispuesto por la Convención Colectiva 84-75, por haber ingresado en contravención con el régimen de ascensos y escalafón previsto en el convenio laboral, por cuyo motivo la demandada alega que "no tiene la protección de la norma aludida".
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, aplicación de la ley, Constitución Provincial, competencia del Superior Tribunal de Justicia, proceso penal, resoluciones recurribles, revocación de la prisión preventiva, recurso de casación, interpretación de la ley, recursos, iura novit curia, derechos y garantías constitucionales, medidas cautelares, cómputo privilegiado de la privación de libertad, peligrosidad del imputado
Materia: PENAL
Carátula: GAON, Pablo Alberto y Otro s/ Defraudación Calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-03-15

Al reglamentar el recurso de inconstitucionalidad, el Código Procesal Penal de la Provincia (artículo 483, ley 8123, que reproduce a su precedente: artículo 505, ley 5154), señala que podrá interponerse cuando se cuestione la constitucionalidad de normas "que estatuyan sobre materia regida por la Constitución de la Provincia".

En el trazado que la Constitución de la Provincia (artículo 165, 1 y 2), efectúa de la competencia conferida a este Tribunal, tendiente a asegurar la efectiva vigencia del principio de supremacía constitucional en el orden local, no lo ha limitado en relación a las normas que consagren garantías que emerjan en forma "originaria" o mediante una "reiteración" de las establecidas en la Constitución Nacional.
Estado Provincial, emergencia previsional, leyes, reglamentación de la ley, CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, patrimonio, Economía y finanzas, deuda pública, régimen de consolidación de deudas, pago en cuotas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FERNANDEZ, BELKIS MARIA LUCINA ERBETTA ARAUJO DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE APREMIO. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA   JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 653-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-19

La Ley de Emergencia Previsional no dispone plazo alguno para el comienzo de la ejecución del pago en cuotas a que, con sus diversas modalidades, refiere su artículo 4, salvo la directiva al Poder Ejecutivo de reglamentar dicho artículo en un plazo de sesenta (60) días. El "aporte personal adicional" sobre todas las remuneraciones dispuesto por el artículo 7 de la ley con el fin de financiar exclusiva y parcialmente el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia tuvo curso de ejecución a partir del mes de febrero del año 1996. A su vez el decreto reglamentario nº 1413/96 tampoco fijó plazo alguno para el comienzo de la ejecución de los pagos de conformidad a lo dispuesto en su artículo 17, salvo lo establecido en el artículo 18 en tanto reza que "Los pagos serán exigibles pasados los treinta (30) días de aceptada la forma de pago. Por ende, en el caso, la deuda resultó exigible luego de transcurridos treinta días de la aprobación de la liquidación respectiva, sobre todo teniendo en cuenta que también existe sentencia firme de apremio.
Tasa municipal, proporcionalidad tributaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Consorcio de Propietarios Mayling Club de Campo c/ Municipalidad de Pilar s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Las impugnaciones basadas en la cuantía del tributo sólo son admisibles cuando se demuestra que, en su relación con el volumen o giro patrimonial del contribuyente, resulta prohibitivo, destructivo o confiscatorio.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, proceso penal, imputado, graduación de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Silvera, Pablo Andrés c/  s/ robo calificado por uso de arma de fuego-apelación de sentencia condena prisión efectiva-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-19

En orden a los planteos de que la pena se habría determinado de modo arbitrario, al haber subestimado los Juzgadores ciertos aspectos personales y sociales del justiciable -sujeto vulnerable, trabajador y que habría atravesado diferentes dificultades en su vida, entre otros-, cabe señalar que las alegadas falencias no aparecen patentizadas ni en forma liminar, al prescindirse de una descripción detallada -como era esperable atento el tenor de la crítica- del concreto razonamiento desarrollado por los Jueces del plenario para mensurar la pena, en pos de evidenciar una omisión que se dice dirimente; y, como consecuencia, el desmarcamiento achacado a la Cámara en su actividad revisora; así, no puede pasar desapercibido -en contra de lo afirmado por la recurrente- que los Juzgadores -conforme surge del sistema de consultas de la Oficina de Gestión Judicial-, al determinar la sanción, expresaron con vinculación al imputado que computando la impresión causada por el mismo en el juicio y las demás circunstancias fácticas y personales advertidas en el marco del proceso, en función de las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, sugieren como justa, adecuada, razonable y proporcional al injusto achacado la pena de prisión determinada, señalando que para su fijación se habían analizado, entre otros aspectos y en lo relativo a sus condiciones personales, su nivel socio-económico, vulnerabilidad, escasa escolaridad y arraigo familiar. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 40 y 41
Querellante, subsidio estatal, administración fraudulenta, daño indirecto, admisión del querellante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CIACCIO de ALONSO, s/ sol. querellante Causa 14.573
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-17

El manejo irregular de los fondos de los subsidios otorgados a la Cruz Roja Argentina por el Ministerio de Acción Social mediante la sobrefacturación de compras efectuadas en el marco del plan ASOMA afecta directamente a dicho Ministerio, en tanto que el eventual perjuicio sufrido por la entidad por la actuación de sus integrantes y/o dependientes resulta sólo indirecto y, como tal insuficiente para admitir que dicha persona jurídica asuma el rol de querellante.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, violencia de género, pena, cuestión no decisiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., C. M. c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO POR EMPLEO DE ARMA DE FUEGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

Los reparos de la defensa sustancialmente se refieren por una parte, a la circunstancia de que se tuviera por acreditado que el disparo mortal se efectuó desde corta distancia, invocando contradicción en los informes y testigos, pretendiendo con ello -se colige- la ajenidad del inculpado, y por otra, a la confirmación de la imposición de la agravante prevista en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, invocando que no se acreditó el contexto de violencia de género típicamente requerido; mas lo cierto es que tales cuestiones ya han sido propuestas en la instancia apelatoria y abordadas por el A quo, refiriendo a los informes técnicos -balísticos, autopsia, dermotest, etc-, a las testimoniales rendidas y demás elementos producidos, llegando así a su conclusión confirmatoria, con fundamentos cuya irrazonabilidad no patentiza la recurrente, pues no hace otra cosa que evidenciar una tesis contraria. A lo que se agrega, en orden a sus reparos por la agravante impuesta, que además no demostraría su decisividad para el caso, toda vez que, de todas formas, la pena perpetua se imponía en razón de la del inciso 1 del mismo artículo, cuya procedencia no resulta controvertida. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 80, incisos 1 y 11
Tribunal de cuentas, procedimiento administrativo, prescripción, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bustos, Rómulo Horacio c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

No se debe olvidar que en la materia está involucrado el problema de la seguridad jurídica y de la estabilidad de los actos jurídicos, en tanto una correcta interpretación no puede desentenderse de sus resultados y ante la posibilidad de distintas soluciones debe optarse por aquella que mejor atienda a la consolidación de la situación existente y sirva para la defensa del erario público.
Contratos, fianza, derechos de las partes, obligaciones de las partes, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Bbva Argentina SA c/ Leather Oil SA y otros  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-07

En el marco de una acción dirigida contra una deudora principal y sus fiadores constituidos como "lisos, llanos, principales y solidarios pagadores", estos últimos asumen la deuda como propia y su obligación deja ya de ser accesoria (CCCN 1591), correspondiendo establecer idénticas fechas de mora para ambos.

Por su parte, el vínculo entre el acreedor y los fiadores solidarios no deja de subsumirse dentro del principio de accesoriedad, en el sentido que se encuentra condicionado en su existencia y extensión a la obligación contraída por la deudora, de manera que las sumas en concepto de intereses que corresponda abonar a los fiadores deberán ser calculadas en relación a la deuda principal.
Quiebra, conclusión de la quiebra, acuerdo resolutorio, crédito en moneda extranjera
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPORTMAN  SACIA Y G s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

La aplicación de las normas del acuerdo preventivo al acuerdo resolutorio (lc: 224) debe hacerse "ex nunc"; la remisión a las normas del acuerdo preventivo no supone tener como no ocurrida la quiebra preexistente, por lo que se produce una distinción con aquel, especialmente en el aspecto procesal del concurso.

El acuerdo resolutorio debe considerarse ofrecido respecto de los créditos tal como fueron verificados en la quiebra preexistente, en la que las acreencias en moneda extranjera concurrieron convertidas en moneda de curso legal dentro de la opción establecida por la lc:

131, a menos que la propuesta votada y aprobada haya dispuesto otra solución.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, profesor de tenis
Materia: LABORAL
Carátula: CABRERA, ROBERTO c/ CLINICA DE TENIS ANDREA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-22

Se dan las notas tipificantes de la relación subordinada si el trabajador da clases a alumnos de una escuela de tenis, sin posibilidad de elegir turnos ni horarios, percibiendo mensualmente de su empleadora una remuneración por hora dada de clase equivalente a un porcentaje del arancel fijado por ella, con el deber de pedir permiso en caso de ausentarse por examen y de compensar las ausencias en horas no habituales, como así también si tiene horarios establecidos y turnos de clases a recuperar por lluvias, feriados o torneos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, jornada de trabajo, demanda, prueba, expediente, reglas de la sana crítica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DELGADO, HECTOR HORACIO c/ LA NUEVA S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-18

No tiene andamiaje la crítica de la quejosa referida a la falta de fundamentación de la Sentenciante al haber considerado error de tipeo la fecha consignada como extensión de la jornada completa del contrato de trabajo con el empleador, alegada en la demanda del expediente probatorio, puesto que luego de analizar la prueba instrumental ofrecida conforme las reglas de la sana crítica, el Tribunal dedujo que un año antes era la fecha en que se había producido el accidente que motivara la modificación de la jornada -de completa a parcial-, señalando que en ningún momento a lo largo de ese expediente el actor se refirió a la fecha demandada, además de remarcar que la sentencia dictada en dicho expediente se había expedido en igual sentido.
Excepción de incumplimiento contractual, contratos bilaterales, obligaciones a plazo
Materia: CIVIL
Carátula: LICHTCEN S.A c/ BETELLA HERMANOS S.A s/ LOCACION DE OBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-19

El art. 1201 del Código Civil establece un principio fundamental de los contratos bilaterales según el cual una de las partes puede abstenerse legítimamente de cumplir si la otra no cumple simultáneamente su prestación, u ofrece cumplirla, salvo que dicha prestación fuera a plazo. Se funda en la reciprocidad o interconexión de las prestaciones, que es el aspecto típico de los contratos bilaterales y que lleva a la necesidad de que, salvo disposición en contrario del contrato, el cumplimiento sea simultáneo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), accidente de tránsito, policía
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: ZANIBONI, JOSE LUIS Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-09

Los presentantes pretenden reeditar en esta instancia los cuestionamientos efectuados en el recurso de apelación extraordinaria dirigidos contra la sentencia del Tribunal de primer grado acerca de la valoración de los hechos en relación a las reglas de prioridad de paso, como asimismo respecto del criterio en torno a las características de la obligación resarcitoria atribuida en función de la pluralidad de demandados en calidad de responsables y su incidencia sobre la prescripción liberatoria invocada por uno de ellos; mas no logran demostrar -siquiera en el grado propio de este estadio- la posible arbitrariedad de la resolución de la Sala, desestimatoria de la presentación directa, ya que con los argumentos expuestos ante estos estrados no consiguen hacerse cargo, en el plano constitucional, de las concretas razones brindadas por la Alzada en la respuesta judicial antes reseñada en orden a descartar la entidad de los planteos apelatorios sobre dichos aspectos del caso, desde que, en lo tocante a la arbitrariedad fáctica achacada a la sentencia de grado, el relato de antecedentes de la causa brindado por los comparecientes y sus alegaciones sobre el particular no traducen más que una apreciación distinta del material probatorio incorporado a la causa y el intento de imponer su particular postura, asentada en la valoración que entienden que cabría conferirle a sus propias declaraciones y en las conclusiones que pretenden extraer de los dichos de un testigo, respecto de la mecánica accidental en vinculación con las reglas de prioridad de paso, con un sentido distinto al otorgado por los Sentenciantes, deviniendo el recurso de inconstitucionalidad privado de fundamentación idónea en orden a acreditar motivadamente cómo la respuesta jurisdiccional atacada podría resultar pasible de descalificación constitucional, pues es sabido que la doctrina de la arbitrariedad no cubre el mero desacuerdo de las partes con las tareas de valoración probatoria efectuadas por los magistrados de la causa.
Audiencia de conciliación, identificación del imputado, declaración indagatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FLORES, GUSTAVO s/ AUDIENCIA DE CONCILIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-30

Existiendo dudas en el querellante respecto a la identidad de uno de los imputados, parece razonable que se aclare dicha circunstancia mediante las preguntas del caso y la exhibicion de la documentacion respectiva, maxime teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 426, C.P.P., que establece la posibilidad de realizar una investigacion preliminar para individualizar al querellado.

(Disidencia del Dr. Rivarola).
Pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: B., V.H. s/ Tentativa de Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-06-12

Si bien ha sido jurisprudencia pacífica de esta Sala interpretar el artículo 44 del Código Penal, en el sentido de que la reducción para el delito tentado debía ser de un tercio del mínimo y la mitad del máximo, no es menos cierto que ha partir del caso "Veira, Héctor R.

s/violación" del 08/08/92 la C.S.J.N. al aplicar al prenombrado la pena de tres años de prisión, de algún modo cambió el rumbo interpretativo. Comparto el criterio de Ricardo Rosental en "Cuadernos de Doctrina Penal - Año II, Nro. 1-2", en cuanto reflexiona en el sentido que el Tribunal de Casación ha convalidado la interpretación mayoritaria sustentada en la jurisprudencia en torno a dicha norma en favor de la cual la Corte ya se había inclinado en 1992 aunque sin fundamento en forma expresa; analizando ya el plenario, refiere que el legislador sigue el patrón que va del mínimo al máximo sólo para el establecimiento de las escalas penales, no para la reducción de aquellas y, por lo tanto, el patrón general no resulta aplicable al artículo 44. El precepto no establece una escala penal, sino la proporción en que debe ser operada la tasa de reducción. El recorre el camino en sentido inverso; mientras el resto de los artículos establecen penas, el referenciado reduce estas penas y así como es lógico que las escalas penales se establezcan de un mínimo a un máximo, también es lógico que las reducciones se emprendan de mayor a menor. Operando la reducción de mayor a menor, el primer monto a reducir (un tercio) resulta aplicable a la pena mayor del delito consumado, mientras que el segundo (la mitad) corresponde a la menor de ellas.
Juicio de desalojo, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: D., M. J. G. C. c/ W. S.A. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-21

En materia de desalojo, la determinación de las pautas que se deben utilizar para la regulación de los honorarios no ofrece dificultad alguna, siendo que el monto del proceso que servirá de base para los cálculos porcentuales será el importe de un año de alquiler.
Justicia militar, tribunales militares, actividades subversivas
Materia: PENAL-MILITAR
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique c/  s/ Incidente de competencia s/infracción art. 223 y 224 bis del Código Penal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-09-09

La ley 21.461 dictada según resulta de la ley 21.463 - para reemplazar a las que llevan los números 21.264, 21.268 y 21.272 sólo es aplicable a los hechos vinculados con actividades subversivas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Eduardo Abel s/ Tormentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que denuncia como violado un precepto legal que no ha sido actuado por el sentenciante, ya que éste acredita la materialidad ilícita y la autoría responsable por plena prueba compuesta y no por prueba de presunciones que es el tipo de prueba que regula la norma que se denuncia violada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Delitos contra la humanidad, personal militar
Materia: PENAL
Carátula: Taranto, Jorge Eduardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-13

Las supuestas torturas proferidas por personal superior de las Fuerzas Armadas a los soldados conscriptos que participaron en la contienda del Atlántico Sur no constituyen delitos de lesa humanidad, en tanto no constituyeron una política o plan determinado de ataque generalizado o sistemático a una población o grupo ni respondieron a una política de un estado o de una organización, sin que la calidad de militar de los imputados conlleve que cualquier hecho delictivo aislado, cometido durante el gobierno militar pueda ser considerado como de lesa humanidad. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso, Fégoli).
Nulidad del acto administrativo, Superior Tribunal de Justicia, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Reyes, Marciano de la Cruz c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-10-13

El criterio que veda al Poder Judicial pronunciarse ex officio declarando la nulidad de actos administrativos a mérito de la presunción de legitimidad que los acompaña, amén de la improcedencia de revisar los actos de otros Poderes, en tanto no medie requerimiento expreso y claro de parte interesada, viene siendo irrestrictamente aplicado ante toda acción de condena, y, por cierto las de pretensión constitutiva de situaciones jurídicas subjetivas distintas de las reconocidas o estatuídas por actos administrativos cuyo presupuesto necesario esté dado por esa declaración de nulidad.
Competencia, policía bancaria y financiera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASTRO, ROSA V. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ COBRO DE PESOS (CERTIFICADO DE DEPOSITOS)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-13

No es la norma invocada en su desnuda literalidad, la que -por vía de principio- individualiza a la pretensión, sino los hechos expuestos en la medida de su eficacia para proyectar un efecto jurídico particular.

Cuando la parte actora ha descripto los hechos de modo suficiente para encuadrar su pretensión, se impone determinar "prima facie" si la situación jurídica se desenvuelve en la esfera del derecho administrativo o sí, por el contrario, se está frente a un relación de naturaleza civil, regida por los principios del derecho común.

La pretensión incoada, surge (toda vez que se le imputan al BCRA diversas omisiones o actitudes por él desarrolladas en ejercicio de su función de policía bancaria) que, se está frente a una situación jurídica que se desarrolla en la esfera del derecho administrativo Tal conclusión no se ve desvirtuada por las normas del Código Civil que cita la actora, habida cuenta que el ámbito del derecho administrativo no se desnaturaliza por la aplicación supletoria de institutos del derecho común, llamados a integrar su regulación específica, conforme con el principio del art. 16 del C.C.