Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-18


SENTENCIA NUMERO: 95610 SALA II (meg) EXPTE. Nº: 6563/2005 JUZGADO Nº 64 AUTOS:"NAVARRETTO ANDREA FABIANA C/ TERMINAL PANAMERICANA S.A. Y OTRO" SOBRE: DESPIDO Buenos Aires, 18/3/08 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18/3/08, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a las pretensiones deducidas en el escrito inicial y concluyó que la codemandada Terminal Panamericana SA fue la empleadora directa de la actora. A su vez, estableció que resulta solidariamente responsable la codemandada Steiner Godard SA en los términos previstos en el art. 29 LCT y condenó -solidariamente- a ambas, a abonar a la accionante distintos rubros salariales, indemnizatorios y sancionatorios. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la codemandada Terminal Panamericana S.A., en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios.

En principio, creo necesario puntualizar que, a mi entender, el recurso de apelación sub-exámine, en la medida que constituye una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas, reúne el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art.116 de la LO.	Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar los agravios expresados por la recurrente en el orden que a continuación se detalla.	En orden a ello, trataré en primer lugar el agravio de Terminal Panamericana SA referido a la existencia de relación laboral. El decisorio de grado concluyó que la actora prestó servicios en el establecimiento de la recurrente desde el 27/10/03 hasta el 29/6/04 fecha en la cual la actora se consideró despedida (ver informe Correo Argentino fs 205 y fs 209). Estas conclusiones no han sido objeto de crítica ni de agravio concreto por parte de la recurrente por lo que llegan firmes a esta Alzada. Ahora bien, la co-demandada Steiner Godard SA. admitió haber contratado a la actora -en su carácter de empresa habilitada para suministrar servicios a terceros- a fin de asignar su prestación a Terminal Panamericana S.A. (ver 73vta./74). A su vez, esta última admite haber recibido los servicios de la accionante en virtud de la intermediación efectuada por Steiner Godard SA (ver fs 88).; y sostiene que la contratación estuvo motivada " en necesidades extraordinarias que debió afrontar en su organización " (ver fs.88).

Como lo he sostenido en diversas ocasiones anteriores al analizar el tema sometido a debate, mediante las reformas implementadas al art.29 de la LCT a través de la ley 24.013, el legislador resolvió poner fin a las conflictivas situaciones que provocaba el vacío normativo anterior definiendo a la relación entre la agencia y el trabajador como permanente (contínua o discontínua). Tal como lo expuse oportunamente (en "Contratación a través de una empresa de servicios eventuales" D.T. LII, 1992, B, pág. 1395), la circunstancia de haber contratado a través de una agencia autorizada no produce la liberación de toda responsabilidad de la usuaria, como parece haberse creído en algún tiempo. En efecto, bajo el diseño normativo anterior, era muy frecuente que las usuarias perseguidas en juicio, bajo la invocación del tercer párrafo del art. 29 de la LCT (hoy derogado por el art. 75 de LNE) y a pesar de la clara directiva emanada del art. 4 del Dec. 1455/85, sostuvieran su falta de responsabilidad frente al personal contratado por la intermediaria dado el carácter de "autorizada" que ésta podía revestir, como si ello bastara para que se diera la excepción prevista en el citado párrafo. En realidad, la regla general fue y sigue siendo -reitero- que, cuando una empresa contrata personal a través de otra, aquél debe considerarse empleado de ambas (art. 29, 1er. y 2do. párrafo); sólo que el derogado 3er. párrafo consagraba una excepción que operaba únicamente cuando se acudía a una intermediaria autorizada para cubrir necesidades "eventuales". Vale decir que no sólo el carácter de la intermediaria sino, además, la cabal demostración de que se utilizaron los servicios del trabajador para cubrir una necesidad o exigencia transitoria u ocasional, era lo que autorizaba a eximir de toda responsabilidad a la usuaria. En la actualidad, tal posibilidad liberatoria no existe no sólo porque se ha derogado el citado 3er. párrafo (art. 75 LNE) sino porque, además, se agregó como "art. 29 bis" LCT (art. 76 de la LNE) una disposición que consagra invariablemente la solidaridad de la usuaria respecto de todas las obligaciones nacidas del vínculo que la intermediaria establece con el trabajador contratado, aún cuando la contratación se hubiera efectuado para cubrir una exigencia eventual de aquélla. De acuerdo con ello y con la directiva que emana de los arts. 29 y 29 bis de la LCT, cabe concluir que ambas co-demandadas deben ser consideradas empleadoras en forma conjunta de los servicios de la actora, o dicho de otro modo, como integrantes de un sujeto "empleador" pluripersonal ( art. 26 L.C.T.). Sin perjuicio de ello, observo que la usuaria no ha explicado (ni acreditado en forma fehaciente) la supuesta necesidad transitoria o eventual invocada como justificativa del desempeño de la accionante en su establecimiento. Por el contrario, se limitó a referenciar -genérica e inespecíficamente- que, contrató a la actora para realizar tareas extraordinarias (ver fs 88). Observo -al respecto- que Villagra -único testigo que declaró a propuesta de la recurrente (ver fs 146)-, si bien señala que entre mediados del 2003 y el 2004 hubo un pico de tareas, lo cierto es que no sabe cuales eran las tareas que realizaba la actora para la demandada. Y del testimonio de Polo (fs 131) no surge que hubiera existido un incremento de tareas en el sector en que trabajó la actora durante un lapso apreciable. Por otra parte, observo que la codemandada Terminal Panamericana SA no puso a disposición del perito contador los elementos necesarios a fin de acreditar que, en la época en la que la actora prestó servicios, se haya producido un pico de trabajo a cuya cobertura se hubiera destinado la prestación de servicios de la accionante (ver fs 213/214, fs 224, fs 231, fs 233 y fs 234). Por lo demás, nada hay que demuestre en estos autos que la empresa en cuyo establecimiento prestó servicios efectivos la accionante haya tenido un pico de trabajo; ni, menos aún, en qué habría consistido ese supuesto incremento ocasional o extraordinario de la actividad. Obsérvese que no ha merecido agravio por parte de la codemandada Steiner Godard SA - por lo que se encuentra firme- la conclusión del decisorio de grado que admite expresamente que las demandadas no probaron la eventualidad del vínculo; y que tal conclusión deja desprovistos de andamiaje a los agravios de la codemandada Terminal Panamericana SA en base a los cuales pretende no haber estado unida a la actora por un vínculo laboral (como en realidad lo estuvo). En consecuencia, -y tal como se adelantó-, es indudable que, tanto la intermediaria como la empresa usuaria, deben ser consideradas en forma conjunta como integrantes de un sujeto "empleador" pluripersonal (conf. art. 26 LCT) y, por lo tanto, solidariamente responsables de las obligaciones emergentes del vínculo establecido con la accionante (conf. arts. 690 y 699 del Código Civil).	Si bien de los términos del responde surge desconocido, el telegrama de intimación que enviara la actora a la codemandada Terminal Panamericana SA el 23/6/04 (fs 192), su recepción resulta acreditada por el informe de Correo Argentino (ver fs 209). De allí se desprende que Navarreto intimó para que, ante negativa de trabajo se le restituyan sus tareas habituales; y, lo cierto es que la empleadora nada respondió dentro del plazo que se le había otorgado en la requisitoria confirmando así, con su silencio, la negativa de trabajo que se le había imputado en la intimación (conf.art. 57 LCT). Las explicaciones dadas en el telegrama de fecha 29/6/04 (fs 186) y ratificadas en el responde referidas a la inexistencia de relación laboral y a una supuesta contratación eventual con la codemandada Steiner Godard SA, no dejan lugar a dudas en cuanto a que Terminal Panamericana SA había decidido no cumplir con su deber de ocupación. Por lo demás, es indiferente que la intermediación sea o no fraudulenta porque, aún cuando se admita que no hubo maniobra de fraude, la conclusión del decisorio es ajustada a derecho ya que la respuesta de la codemandada Terminal Panamericana SA (ver 186) mediante la cual negó la existencia de una relación laboral por tiempo indeterminado con la actora, constituye injuria suficiente para justificar la decisión resolutoria adoptada por Navarreto (conf. art. 242 LCT), pues es indudable que la usuaria no sólo se sustrajo injustificadamente a sus deberes esenciales (arts. 52,62 y 63 LCT y art. 7 ley 24013) sino que, además, no tenía la más mínima intención de cesar en esos graves incumplimientos. En tales condiciones, creo indudable que existía una injuria patronal que no admitía el mantenimiento del vínculo (art. 242 LCT), por lo que concluyo que la decisión resolutoria adoptada por la actora, -notificada mediante telegrama del 29/6/04 (fs 205) recepcionado por la demandada según informe de Correo Argentino (fs 209)- se basa en causa legítima; y en esa inteligencia propicio confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto admitió su derecho a las indemnizaciones derivadas del distracto (arts. 232, 233 y 245 LCT).

Se agravia la codemandada en cuanto se la condenó a pagar la sanción prevista en el art. 1 ley 25.323.	Tal como lo explicó con claridad mi distinguido colega Dr. Miguel Ángel Maza en autos"Galeazzi Bailon, Laura Mariana y oro c/ Visa Argentina SA y otro s/ despido", SD Nº 95.011 del 29-5-07 y en "Martinez Carlos Alberto c/ Valet Parking S.A. y Otros s/ despido", SD Nº 95432 del 29/11/07, -a cuyas consideraciones adherí-, el art. 1 de la ley 25.323 complementa el sistema sancionatorio previsto por la 24.013 con el objeto de impedir la evasión en que incurre el empleador que no registra o registra datos falsos en perjuicio del trabajador, sancionando el trabajo clandestino, en la medida en que la falta total o parcial del registro de la relación, impide al trabajador el acceso a los beneficios sociales e irroga serios perjuicios a la obra social y al régimen tributario. Desde tal perspectiva, en la medida en que ambas codemandadas, no obstante las reiteradas intimaciones (ver fs 225, 227, 231,23 y 234), no presentaron el libro que exíge el art. 52 LCT y, por lo tanto, no acreditaron la correcta registración de la relación, concluyo que se verifica el presupuesto de ausencia de registración contemplado por la norma para viabilizar la sanción de referencia, por lo que propongo confirmar el decisorio en cuanto hace lugar al incremento de referencia.

Con relación al agravio dirigido contra la decisión que viabilizó la pretensión basada en el art. 2 de la ley 25.323, observo que Navarreto intimó fehacientemente a su ex-empleadora -entre otras cosas- para que le abone las indemnizaciones correspondientes al despido incausado (fs. 205); y la codemandada no se avino en modo alguno a abonarle dichas indemnizaciones. Como ya se ha visto, se trató de un despido imputable a la responsabilidad patronal; y es evidente que la ex empleadora colocó a la accionante en situación de tener que promover esta acción para procurar el cobro de las indemnizaciones derivadas del distracto. En consecuencia y como no se han esgrimido causas que justifiquen la falta de pago de las indemnizaciones que corresponden a un despido incausado, entiendo que resulta procedente el incremento indemnizatorio reclamado con base en el art. 2º de la ley 25.323, por lo que estimo corresponde confirmar también en este aspecto el decisorio de grado.

La queja articulada por la codemandada Terminal Panamericana SA. en torno a la condena de hacer entrega de los certificados previstos por el art. 80 de la L.C.T., tampoco puede prosperar, dado que se determinó la existencia de una vinculación de carácter laboral y la codemandada apelante es integrante del sujeto pluripersonal "empleador", por lo que, al igual que Steiner Godard SA, está obligada a entregar el certificado de trabajo del art. 80 LCT, sin perjuicio del efecto liberatorio que podría llegar a ocasionar el cumplimiento de la obligación por la otra codemandada solidaria. En resumen, estimo que corresponde confirmar el decisorio de grado en cuanto concluye que Terminal Panamericana SA debe ser alcanzada por la condena de autos, incluso con relación a la entrega del certificado de trabajo, pues se trata de una obligación que, al igual que las restantes, tiene por causa fuente el contrato de trabajo respecto del cual se ha establecido su responsabilidad.

La codemandada Terminal Panamericana SA cuestiona que se haya admitido la indemnización que determina el art. 80 L.C.T.; y funda su crítica en la circunstancia de que la actora no le formuló requerimiento con el fin de que haga entrega de los certificados dentro del plazo de ley. Al respecto, observo que la actora mediante el telegrama dirigido a la codemandada Terminal Panamericana SA el 29/6/04 ( ver fs 10 , fs 205 y fs 209), intimó la entrega del certificado que exíge el art. 80 LCT y si bien tal requerimiento no fue nuevamente efectuado luego de haber transcurrido el plazo de 30 días corridos a contar desde la extinción del contrato conforme lo exige el art. 3 del decreto 146/01 reglamentario de la ley 25.345 -ésta última norma modificatoria del art. 80 de la LCT-, teniendo en cuenta que la recurrente el mismo 29/6/04 según telegrama obrante a fs 206 negó la relación laboral, tal como lo señaló esta Sala en situaciones análogas, el cumplimiento del plazo previsto en la norma deviene irrelevante (cfr. esta Sala en autos Hardt Ana Irene c/ Fundación Felices los Niños Asoc. Civil s( Fines De Lucro s/ desp" sent. Nº 95063 del 21/6/07). En consecuencia, es evidente que la actora intimó en forma concreta el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 LCT, conforme la modificación que introdujo esta norma el art. 45 de la ley 25.345, sin que ninguna de las codemandadas, se aviniera a cumplir con la obligación a su cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores. Por lo demás, observo que, aún cuando la codemandada Steiner Godard SA mediante carta documento del 8/8/04 (ver fs 208) le comunicó que el certificado habría estado a su disposición, lo cierto es que no hay evidencia objetiva de que tal haya sucedido; y que esa afirmación aparece desprovista de verosimilitud a poco que se observe que no dejó constancia de su intención de cumplir con la obligación que establece el art.80 LCT en la instancia administrativa (ver fs 3), que no efectuó consignación judicial del certificado, y que recién lo presentó con la contestación de demanda vencido largamente el plazo (de dos días) a partir de la intimación que la ley le acuerda para su entrega (ver fs 207). Por otra parte y en la medida que el documento agregado a fs 57 no contiene detalle alguno de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de Seguridad Social, es evidente que no resulta hábil para tener por cumplida la obligación legal ( art. 80 L.C.T.). En consecuencia, la queja debe ser rechazada, y se debe confirmar lo decidido en la instancia de grado anterior, en cuanto se admitió el reclamo indemnizatorio efectuado con base en la disposición mencionada.

En atención a las planteos deducidos en torno a las irregularidades registrales en los que habría incurrido la demandada, oportúnamente cúmplase con lo dispuesto en el último párrafo del art. 132 de la L.O. (conf. texto ley 25.345 -B.O. 17/11/2000) de conformidad con las instrucciones impartidas por Resolución de Cámara Nro. 27 del 14.12.2000.

Por último la codemandada ensaya una escueta crítica referida a las costas que impuso la a-quo en función de las circunstancias analizadas en la sentencia. Mas allá de la ausencia de una crítica específica, concreta y razonada respecto a este tema, lo cierto es que el cuestionamiento sólo se basa en las razones en las que se pretendió sustentar los agravios hasta aquí analizados. Como se ha visto, -y por las razones antes explicitadas-, los agravios expresados por la codemandada contra diversos aspectos de la sentencia no pueden tener favorable acogida; y, por lo tanto, el referido al modo de imposición de las costas -que estaba condicionado a la viabilidad de aquéllos- tampoco puede prosperar.

De acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, estimo que las costas de alzada, de conformidad con el principio general que emana del art. 68 del CPCCN, deben quedar impuestas a cargo de la codemandada Terminal Panamericana SA.

A fs 261 el letrado apoderado de la parte actora, por derecho propio, apela por bajos los honorarios regulados en la instancia anterior.

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por el letrado apoderado de la parte actora durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432 y del art. 38 de la L.O., estimo que la regulación del honorario correspondiente a la representación y patrocinio letrado de la parte actora no es reducida, por lo que propicio su confirmación.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la codemandada Terminal Panamericana SA, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 30 % y en el 25% respectivamente de la suma que corresponde por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05), sin que esto implique abrir aquí juicio alguno acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, corresponde hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Adhiero al voto precedente en lo principal que propone por análogos fundamentos, con la siguiente aclaración que no afecta la coincidencia de fundamentos en tanto se trata de una precisión conceptual que separa la visión de mi ilustrado colega de la mía, tal como ya quedó plasmada en la causa "Galeazzi Bailón, Laura Mariana y otro c/ Visa Argentina SA y otro s/ despido" (S.D. Nº 95.011 del 29-5-07).

En efecto, discrepo con la tesis de mi colega Pirolo que considera que la empresa de servicios eventuales y la usuaria deben ser considerados un sujeto empleador pluripersonal, cuando la usuaria utiliza personal provisto por la agencia para cubrir una vacante o necesidad no eventual.

II.	Pienso, con todo respeto por la postura que gloso, que la reforma introducida por la ley 24.013 no ha tenido los efectos que allí se le asignan y que se limitó a: 1) aclarar que, en los casos de empleo regular del personal de las empresas de servicios eventuales debidamente autorizadas para cubrir necesidades también eventuales de sus clientes usuarios, los empleados utilizados para tales provisiones son dependientes de las empresas de servicios eventuales; 2) introducir la discutible distinción entre prestación continua y discontinua luego reglada por el decreto 342/92 y hoy por su sucesor 1694/06, que traslada el riesgo empresarial a los trabajadores; y 3) agregar la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria aún cuando haya requerido los servicios de la empresa de servicios eventuales debidamente autorizada en forma regular, es decir para llenar una necesidad eventual.

En cambio, estoy persuadido, aún tras el enriquecedor debate que de un modo dinámico mantengo con mi colega Pirolo, de que el núcleo o sustancia del régimen del art. 29 LCT no ha variado tras las modificaciones introducidas por al ley 24.013.

Por eso, considero que las codemandadas no fueron coempleadoras o un sujeto pluripersonal y que hubo una sola empleadora real (Terminal Panamericana SA), mientras que Steiner Godard SA sólo asumió la apariencia formal de tal contratando a la actora al sólo fin de prestársela a quien utilizó los servicios personales. Y al respecto debo decir que no comparto la idea de que la aplicación de la regla del primer párrafo del art. 29 LCT no sea suficiente para desconocer o ignorar la figura del sujeto pluripersonal.

Digo así puesto que, a mi modo de ver, dicha pauta legal es muy clara y tajante: descarta al sujeto intermediario para considerar, en tales hipótesis, que el empleador es sólo aquel que pidió la provisión del personal, lo incorporó a su estructura empresarial, lo dirigió y aprovechó los frutos de tal trabajo.

Desde mi punto de vista, el hecho de que el esquema legal responsabilice solidariamente al sujeto intermediario, al que en estas hipótesis cabe reputar de "interpuesto", con quien la ley juzga como empleador, no implica reconocerle el rol de coempleador y se justifica plenamente ya que la maniobra objetivamente fraudulenta de interposición de sujetos que el art. 29 párrafo primero procura desbaratar no se podría verificar sin el concurso de los intermediarios.

Al punto es oportuno remarcar -en línea con el señalamiento ya efectuado por el vocal preopinante- que el concepto de fraude a la ley laboral no requiere dolo, bastando la violación objetiva de las normas (ver Aldo Cessari, L'interposizione fraudolenta nel diritto del lavoro, Milán, 1958, especialmente pág. 173.).

Consecuentemente, la responsabilidad adicional solidaria de los sujetos interpuestos entre los trabajadores y quienes deben ser considerados sus auténticos empleadores se justifica por su intervención en la maniobra que la ley reputa objetivamente fraudulenta y no por considerarlas coempleadoras.

Por lo demás, memoro que el art. 26 LCT no define el concepto de "coempleadora", limitándose a admitir un hecho material factible y frecuente de que el sujeto empleador sea complejo, es decir que esté formado por un conjunto de personas físicas.

Me abstengo de afirmar que el texto del art. 26 LCT no permitiría, según una interpretación exegética que no suscribo, considerar coempleadoras a un conjunto de personas jurídicas ya que, según mi entender, esa hipótesis, tal vez menos frecuente que la del conjunto de personas físicas, no fue excluida por la expresión lingüística del precepto. Pero si debo remarcar que dicho art. 26, amén de no definir la idea de coempleador, alude sin dudas, al menos para mi visión, al caso de que quienes requieran los servicios de un trabajador sean más de una persona (física y/o jurídica).

Y para completar esta idea debe tenerse en cuenta, según entiendo, el concepto de "empresa" que brinda inicialmente el art. 5 de la LCT, ya que en la lógica de dicho cuerpo legal "empleador" y "empresa" son sinónimos como regla, dado que en esa ley "se llama empresario a quien dirige la empresa por si.y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores".

También me permito puntualizar que por "requerimiento de los servicios de un trabajador" se entiende, en este contexto normativo, la incorporación de aquél a la estructura organizativa que pueda conceptualizarse como empresa según el ya citado art. 5.	En el subexámine, la actora no se incorporó en los hechos a la estructura organizativa de Steiner Godard SA, ya que fue convocada al sólo efecto de destinarla a prestar servicios en un establecimiento de Terminal Panamericana SA, de modo que aquella sólo actuó del mismo modo en que lo hubiera hecho una selectora de personal, aunque asumiendo, injustificadamente para la ley, el rol aparente de empleador.

Tampoco se advierte en el caso bajo análisis que Steiner Godard SA haya dirigido a la demandante, es decir que le haya dado instrucciones, órdenes o directivas -salvo la primigenia y única de indicarle que fuera directamente a prestar servicios en Terminal Panamericana- como lo haría un empresario empleador (conf. arts. 5, 21, 22, 25 y 26 LCT).

Por último, voy a añadir un elemento de juicio formal y es que la parte actora no afirmó en su demanda que la agencia intermediaria haya sido coempleadora y, coherente con esa posición, no pidió que se la condenara como coempleadora sino sólo y exclusivamente en forma solidaria por su responsabilidad refleja al haber participado del fraude relativo a la interposición.	En suma, opino que sólo Terminal Panamericana SA debe considerarse empleadora de la actora y que la responsabilidad de la codemandada Steiner Godard SA será exclusivamente adicional en grado solidario; pero este matiz del enfoque no afecta en nada mi adhesión a lo troncal de la propuesta del voto del colega Miguel Ángel Pirolo.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125, segunda parte, ley 18345), el Tribunal RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia dictada en la instancia de grado anterior en todo lo que fue materia de apelación y agravios. 2º) Imponer las costas de la Alzada, a cargo de la codemandada Terminal Panamericanca SA. 3°) Confirmar los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora. 4º) Regular los honorarios de Alzada para la representación letrada de la parte actora en el 30% y para los de la representación letrada de la codemandada Terminal Panamericana SA en el 25%, de la suma que corresponde a cada una de ellas por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior. 5º) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05) y que deberán proceder con arreglo a lo establecido en el considerando pertinente. 6º) Oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el último párrafo del art. 132 de la L.O. de conformidad con lo dispuesto mediante Resolución de Cámara Nro. 27 del 14.12.2000.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Dr. Miguel Ángel Maza Miguel Ángel Pirolo Juez de Cámara Juez de Cámara