Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-05-04


SENT Nº 366	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cuatro (04) de Mayo de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Peluffo Juan Miguel vs. Unión de Tabacaleros Tucumán s/ Cobros (Ordinario)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1).- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por el actor (fs. 322/326) contra la sentencia de fecha 28/5/2008 dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción (fs. 314/318), que fue concedido por resolución de fecha 20 de agosto de 2008 (fs. 333).

El recurso fue presentado en término, con depósito de acuerdo con el art. 817 CPCC, y está dirigido contra sentencia definitiva (art. 813 CPCC).

2).- Corresponde rechazar el recurso de casación presentado por el actor por los siguientes motivos:

En la demanda se reclamó el pago de una suma de dinero, deuda que según el actor proviene de un préstamo tomado a su nombre del Fondo Especial del Tabaco pero con destino a la Unión de Tabacaleros de Tucumán. La pretensión fue negada por el demandado, quien argumentó que ese dinero nunca ingresó a su patrimonio, y negó validez al recibo invocado como sustento del reclamo, así como también al balance y demás documentación presentada.

La sentencia de alzada revocó la de primera instancia y rechazó la demanda, pues consideró que el actor no demostró que el importe de $12.878,51 que recibió de la División Tabaco hubiera ingresado en el patrimonio del demandado. El Tribunal analizó que el cheque recibido por el actor del Fondo del Tabaco debió ser endosado y depositado en alguna cuenta del demandado, hecho que no se demostró. El sentenciante expresó que tratándose de una entidad gremial, el accionado estaba obligado a llevar una contabilidad en legal forma, y que por ello debió efectuar registraciones contables avaladas por documentación respaldatoria. Evaluó el testimonio de Gordillo -uno de los firmantes del recibo y Secretario de la entidad-, en el sentido de que el testigo no dijo haber presenciado la entrega del dinero o del cheque endosado, y que no hay prueba documental que demuestre lo contrario. El Tribunal analizó que el testigo dijo que no le constaba dónde pudo haber sido registrado el dinero, pero que ello constaba en el libro de actas de la Unión Tabacaleros de Tucumán. El juzgador examinó el libro de actas, pero no halló ninguna autorización para que las autoridades tomaran un préstamo del actor, ni constancia del ingreso de dinero proveniente del Sr. Peluffo. También resaltó que el actor concurrió a casi todas las reuniones que constan en esas actas, estando ausente en sólo 8 de 25, sin que controlara que se asentara la autorización del préstamo cuyo reintegro reclama, o el ingreso del dinero. De todo ello concluyó que el actor no probó que hubiera entregado el cheque, pues el recibo que presentó dice que se recibió un dinero en efectivo y no un cheque endosado para su cobro o depósito, siendo que al tratarse de un valor, éste debió ser individualizado. El Juzgador evaluó que el recibo no tiene numeración, que al elegirse las nuevas autoridades se confeccionó una escritura pública en la cual se detalló la numeración del talonario de recibos, con la individualización de los recibos que forman parte de la documentación de balance del año 2001. El Tribunal consideró que de los tres firmantes del recibo únicamente compareció Gordillo, quien declaró que en su presencia se entregó el recibo, pero no dijo si se entregó el dinero en efectivo o cheque endosado. El sentenciante evaluó que ante la negativa del demandado, el actor tenía la carga de la prueba y debía acreditar la existencia de un acta en la que conste la autorización del préstamo, y que los fondos ingresaron al patrimonio del accionado. Se merituó que en la caja de ahorro del demandado no había ingresado la suma reclamada. En cuanto al reconocimiento de firma de la jefa administrativa contable de la División Tabaco, debió procederse de acuerdo con el art. 346 CPCC, o sea, bajo la forma que se determina para la prueba testimonial. Finalmente la Cámara concluyó que no se acreditaron los presupuestos fácticos para la procedencia de la demanda, pues el recibo no era oficial, no se probó que el dinero ingresó en la cuenta bancaria, y que la autorización o el préstamo no constaban en actas, libros o balances.

3).- El recurrente se agravia de la merituación que hizo el Tribunal del recibo de fecha 02/01/2001 firmado por las autoridades del demandado y certificado por escribano público. La Cámara consideró que ese instrumento no tenía eficacia probatoria por carecer de registración contable, fundamento que el recurrente estima dogmático al no tener sustento legal. Manifiesta que ese recibo no fue impugnado por la contraria, ni se negaron las firmas, por lo que considera aplicable el art. 1026 del Código Civil que establece que el instrumento privado reconocido judicialmente por la parte a quien se opone, o declarado debidamente reconocido, tiene el mismo valor que el instrumento público entre los que lo han suscrito y sus sucesores. Denuncia que la sentencia incurrió en arbitrariedad e infringió los preceptos de los arts. 1028 y 1029 CC. Tacha a la sentencia de arbitraria por negar validez al instrumento firmado por la contadora Sangermes de Peral, Jefa contable de la División Tabaco, que no concurrió al reconocimiento pese a su citación, y sostiene que su parte produjo prueba de reconocimiento judicial de firma de ese instrumento, por la incomparencia de la persona citada a la pericia caligráfica. Denuncia que el fallo carece de motivación al haber descartado injustificadamente elementos probatorios producidos, y por haberse apartado de las reglas de la sana crítica.

4).- El enfoque bajo el cual el Tribunal evaluó el conjunto de las pruebas es irreprochable en el contexto jurídico del caso. Considerando que el demandado es una entidad gremial constituida como asociación con personería jurídica otorgada por la Dirección de Personas Jurídicas (cfr. fs. 50), resulta aplicable el precepto del art. 36 del Código Civil, que dispone que "se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren, sólo producirán efecto respecto de los mandatarios". A esta norma cabe interpretarla conjuntamente con el art. 37 CC, que establece que "si los poderes de los mandatarios no hubiesen sido expresamente designados en los respectivos estatutos, o en los instrumentos que los autoricen, la validez de los actos será regida por las reglas del mandato."	Según surge de estas actuaciones el demandado no podía recibir préstamos del Fondo del Tabaco (cfr. fs. 15). A tenor de la disposición del art. 1881 inc. 9 del Código Civil, cualquier préstamo de dinero que tomara la entidad requería necesariamente de un poder con autorización especial otorgado a sus representantes, que constara en actas luego de llevar a cabo el procedimiento estatutario previsto a tal efecto.

Analizadas las pruebas desde tal perspectiva, resulta irreprochable la decisión de la sentencia de restar eficacia al recibo de fecha 2 de enero de 2001 para obligar a la Unión de Tabacaleros de Tucumán, si no se probó que sus representantes tuvieron autorización de la entidad instrumentada en acta para obtener un préstamo, que el dinero ingresó efectivamente en el patrimonio del demandado, que no se acreditó que se tratara de un recibo oficial, o que constara en los libros contables o balances, particularmente si se considera que el actor asistió a la mayoría de las reuniones de la Comisión Directiva de la institución, y pudo controlar y exigir que tales registraciones quedaran asentadas.

Por las razones expresadas, corresponde rechazar el recurso de casación del actor, con costas atento al resultado (art. 106 CPCC).

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Por sus fundamentos adhiero al voto que antecede del señor vocal doctor Antonio Gandur, y me permito añadir que el recurso debe también ser desestimado toda vez que el mismo no satisface las exigencias del art. 816 del CPCC al no refutar de un modo crítico los argumentos sentenciales en su totalidad, sino que lo hace de un modo parcial, a la par que pretende por esta vía el reexamen de cuestiones fácticas ajenas al recurso de casación.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia de fecha 28/5/2008 dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción (fs. 314/318), con costas al recurrente y pérdida del depósito.

II.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.