marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajadores de correos, derechos del trabajador, aplicación temporal de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: GLORIOSO, JOSE c/ ENCOTEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-22

El trabajador de Encotel que cesó en sus servicios en forma efectiva con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley 21476, no tiene derecho a percibir el beneficio contemplado en el artículo 23 de la CCT. 32/75.
Hechos nuevos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G. D. O. c/ I. de G. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-25

No se vulnera el derecho de defensa de la contraparte en el caso de introducción de hechos no considerados en la demanda, ya que puede agregar dentro de los cinco días prueba documental referente a esos hechos y valerse de los demás medios, tal lo prevé el artículo 333 del CPCC.
Costas, monto del juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ASINPAT S.R.L. c/ Municipalidad de Trelew s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-10

El hecho de que se rechazare la demanda deducida contra el Municipio, no le quita al proceso contenido económico. No significa -estimo- la inexistencia de un valor disputado, toda vez que las costas como gastos procesales que tienen al proceso como causa inmediata y directa de su producción, representan en definitiva como lo señala Guasp un desembolso de carácter económico para los litigantes.
Empleados públicos, escalafón, reescalafonamiento, remuneración, diferencias salariales, actualización monetaria, Estado Provincial, emergencia económica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villarreal Iturraspe, Nélida; Gómez, Rodolfo; Fanjul, Angela Elba; Andrijasevich, María Otilia; Sánchez, Gaspar; Frabotta, Adriana Guadalupe y Ferreras, Jorge Raúl c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 645-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-17

Si la Administración entendió vigente el Acta Paritaria 32/89 a fin de reubicar funcionalmente a los recurrentes, no puede válidamente negar la aplicabilidad de su punto 18 a las consecuencias económicas derivadas de ese encasillamiento. El derecho reconocido por dicha Acta se extendía no sólo a la reubicación misma, sino también al régimen de repotenciación de las diferencias que pudieran resultar, régimen éste que, "sin necesidad de reclamo alguno", expresamente preveía. Por lo tanto, el reconocimiento por la propia Administración de ese derecho, no podía sino efectuarse con el alcance con que había sido consagrado.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, defensa en juicio, prueba pericial
Materia: CONTRAVENCIONAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rosa Juan Manuel s/ recurso de inconstitucionalidad concedido concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-13

La Cámara ha ejercido su jurisdicción en un sentido determinado (condena), pero, para fundarla, ha utilizado un elemento extraño al procedimiento en el sentido de "no incorporado" a él.

Además, el Tribunal sí tiene potestad de reenvío según la ley (art. 31, ley nro. 402, implícitamente ["cuando sea posible"]), precisamente para yerros como el que se advierte y, por lo contrario, no tiene posibilidad alguna de valorar prueba para absolver o condenar, en el sentido de poder afirmar si la acción atribuida, que no puede reproducir, se halla dentro de la órbita de la contravención. Por lo tanto, el reenvío es legítimo como facultad y necesario en el caso.
Proceso judicial, revisión judicial de actos administrativos, plazos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barracosa Susana Olga y Otros c/ E.N. (Mº de defensa) s/ Ret. Militar y Fuerzas de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

La aplicación del plazo del art. 25 surge de la jurisprudencia fijada por esta Sala el 12/11/85, in re "Contreras" (R.A.P. nº 91 p.

138/139), pronunciamiento coincidente con el fallo plenario de esta Cámara "Astarida", pues en la especie no se cuestionaba aspectos concernientes al derecho a percibir haber de retiro o su cuantía -cuestiones éstas excluidas del alcance del plazo de caducidad (conf.

C.S.J.N.: 10/3/88 "Bagnat"; esta Sala in re 30/9/86 "Aciar"; 2/6/88 "Chirino"; 17/12/92 "Parrella") sino que se persigue el cobro de diferencias salariales.
Recurso extraordinario, resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable, banco central, poder de policía, policía bancaria y financiera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rigo, Roberto A. s/ recurso extraordinario en incidente promovido por Jalil A. Fuhad  c/Banco Central de la República Argentina s/fuero de atracción  en Banco Boreal s/quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Es equiparable a sentencia definitiva la decisión que, al impedirle ejercer las facultades que le otorgan los arts. 41 y 42 de la ley 21.526, ocasiona al Banco Central un agravio que no podría ser ulteriormente reparado.
Régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL
Carátula: M., V. s/ Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-05-14

La solución del art. 4 de la ley 22.278 se asimila más a la suspensión de imposición de condena, porque entre sus presupuestos está "que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil, si correspondiera, conforme a las normas procesales". Es decir que el juez por disposición fundada, emite un veredicto de culpabilidad, y "guarda en el cajón" la sentencia de condena, a las resultas del tratamiento tutelar.
Competencia, recurso de apelación (procesal), Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: LUNCHEON   TICKETS  S.A. s/ APEL.RESOL. COMISION NACIONAL DEF. DELA COMPETENCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-21

Lo dispuesto por el decreto 89/01 cuando al reglamentar el art. 53 de la ley 25.156, establece que la Cámara Federal en lo Civil y Comercial de esta Ciudad es la competente para entender en los recursos de apelación interpuestos contra decisiones del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Ello así, pues corresponde al Congreso Nacional, en ejercicio de las facultades absolutas y excluyentes que le confieren los arts. 75, inc. 20, y 116 de la Constitución Nacional, no sólo crear, modificar o suprimir los tribunales sino también establecer su integración y ámbito de jurisdicción (conf. Miguel Ángel Ekmekdjian, "Tratado de Derecho Constitucional", ed. Depalma, Bs. As., 2001 t. IV, pág. 593; Jorge M. Gondra, "Jurisdicción Federal", Edición de la Revista de Jurisprudencia Argentina S.A., Bs. As. 1944, pág. 25, n° 23; Germán J. Bidart Campos, "Manual de la Constitución Reformada", Ediar, T. III, págs. 458/9, n° 8). En esta inteligencia, resulta evidente que la disposición citada del decreto 89/01 -en cuanto atribuye competencia en materia recursiva a este fuero- excede las facultades que constitucionalmente tiene asignadas el Poder Ejecutivo, habida cuenta de que éste no puede a través de un decreto reglamentario arrogarse atribuciones jurisdiccionales propias del Congreso Nacional. Es oportuno recordar aquí que la Corte Suprema tiene decidido que es una potestad y un deber de los jueces declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma jurídica en los casos concretos sometidos a su conocimiento (conf. causa Banco Comercial Finanzas -en liquidación Banco Central de la República Argentina- s/ quiebra", del 19 de agosto de 2004; ver: A. Gordillo, "La progresiva expansión del control de constitucionalidad de oficio", en L.L., t. 2004-E, pág. 1231 y sus numerosas citas de doctrina y jurisprudencia).
Homicidio criminis causa, homicidio en ocasión de robo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Córdoba, Mario Alberto s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Alvaro Tomás Molina por la Defensa de Mario A. Córdoba en contra de Sentencia Nº 34/2012 recaída en Causa Expte. Nº 239/11 - Córdoba, Lucas Isaías y otro - Doble Homicidio Calificado Criminis Causa en calidad de coautores - Icaño - Dpto. La Paz
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-11

La Cámara en lo Criminal, por unanimidad declaró culpable a M. A. C. como autor penalmente responsable del delito de Doble Homicidio Calificado Criminis Causa (arts. 80 inc. 7, 45 del C. Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de prisión perpetua con más accesorias de ley (art. 12 del C. Penal).

Corresponde aquí recordar lo sentado por esta Corte en el precedente "Ibáñez" (S. nº 4, 02/03/2011), en donde el suscripto sostuvo que: "la relación existente entre las figuras del homicidio críminis causa y el homicidio en ocasión de robo (art. 80 inc. 7mo., y 165 C.P.), desde el punto de vista dogmático, se discute si los resultados mortales del art. 165 pueden ser reprochados incluyendo o no a muertes dolosas, sólo a resultados culposos o a éstos y los preterintencionales.

Lo que está fuera de discusión, por encontrarse ampliamente aceptado, es que cuando el art. 80 inc. 7º requiere que para su configuración, que exista en el agente una finalidad, la misma sólo es compatible con el dolo directo.

En dogmática, la mayor consecuencia de este reconocimiento es que cuando concurre una circunstancia de esta naturaleza el delito no puede atribuirse a título de dolo eventual.
Daño resarcible, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Fleitas, Karina Alejandra c/ Jumbo Retail Argentina SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-31

Teniendo en cuenta que la reclamante no acreditó haber comunicado en forma fehaciente a su empleadora el estado de embarazo con anterioridad al día 6/10/10 -acompañando el pertinente certificado médico- y que a dicha fecha el embarazo ya se había interrumpido, dichas circunstancias obstan a la operatividad de la protección contenida en el art. 178 LCT. Pero a todo evento, no cabe duda que la suma reconocida en la instancia anterior en concepto de daño moral comprende todo daño que pudiera ser motivado como consecuencia del despido dispuesto a la trabajadora.
Accidente de tránsito, culpa penal, violación al deber de cuidado
Materia: PENAL
Carátula: P., O. s/ Lesiones culposas (Expte Nº  169-96, Resolución Nº  51, Tomo 4, Folio  85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-26

No puede ligarse indisolublemente violación de normas de tránsito y responsabilidad penal. Puede existir la una sin la otra, como en el caso, sonde la violación de la norma de tránsito fue advertida con l a suficiente antelación como para evitar el choque. No porque alguien viole una norma de tránsito quedan los demás exentos de actuar en consecuencia a tal violación. Los deberes de cuidado no se conforman exclusivamente con normas abstractas, sino que deben adecuarse a las concretas circunstancias del caso, siempre por supuesto que puedan ser advertidas y comprendidas.
Superior Tribunal de Justicia, resolución administrativa, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Orellana, Raúl Enrique s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-02-06

S■ pueden ser revisadas por vía jurisdiccional las decisiones administrativas emanadas del Tribunal Superior de Justicia. Ya que en una República no puede existir una parcela de actividad de alguno de los Poderes (Funciones) del Estado que no sea en última instancia revisable por la Función Judicial, y dentro de ésta, por el Tribunal Superior de Justicia. (Del voto del Dr. José Carlos Grimaux, por sus fundamentos.)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Castro, Eduardo Andrés s/ Robo calificado y robo automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se funda en generalidades no relacionadas con el hecho de autos.
Depósito a plazo fijo, plazo fijo en dólares, intereses, anatocismo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA, EVARISTO c/ BANCO LATINOAMERICANO s/ INTERESES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29

Corresponde a la entidad emisora del certificado de plazo en moneda extranjera, actualmente en liquidación por el b.C.R.A., la devolución del importe en la misma moneda, con los intereses convenidos, devengados durante la mora de la entidad emisora en la entrega del capital, capitalizados por períodos vencidos (circular rf del B.C.R.A.).

Ello así, en virtud de lo dispuesto por el CCOM: 568, según el cual el pacto hecho sobre los réditos durante el plazo prefijado se entiende prorrogado después de transcurrido aquel, por el tiempo que se demore la entrega del capital.

La circular rf 1165 del B.C.R.A. -aplicable al caso-, dispone que los intereses pactados se liquidarán desde la recepción del depósito y, en caso que se renueve el mismo, se capitalizarán por períodos vencidos (en el caso el depositante no pudo disponer libremente de los fondos, debido a la falta de devolución por parte del banco al concluir el plazo pactado).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Rebolledo de Rivademar, Elena c/ Poncetta, Nicasio y otros s/ Reajuste de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-16

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se estructura sobre la base de meras afirmaciones y disentimientos personales del impugnante específicamente referidos a típicas cuestiones de hecho, las que como tales se encuentran excluidas del ámbito excepcional de la casación, salvo arbitrariedad derivada de 'absurdo', anomalía ésta que debe ser eficazmente demostrada.
Incentivación al consumo de alcohol, menores, tipo penal, interpretación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: F, E. s/ articulo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-31

Es preciso señalar que "la conducta típica que penaliza el artículo 51 del Código Contravencional esta compuesta por tres acciones que pueden ejecutarse separada, conjunta o alternativamente, pero que cualquiera de ellas configura el ilícito que la norma determina, sin perjuicio de la forma dolosa o culposa que se atribuye al autor", conforme lo señalara esta Alzada en la Causa Nro. 098-CC/99 del 7.9.99. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Querellante, acusación de la querella, derechos y garantías constitucionales, debido proceso adjetivo, facultades del querellante
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ricciardelli, Mario Alfredo s/ recurso de casación". Causa n. : 1882.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-16

El Alto Tribunal sostuvo que "si bien incumbe a la discreción del legislador regular del marco y las condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante particular en su promoción y desarrollo, desde que se trata de lo atinente a la más acertada organización del juicio criminal, todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma", lo que supone asegurar los derechos que la Constitución Nacional acuerda al querellante particular, entre los cuales está la facultad de formular acusación en juicio penal y obtener un pronunciamiento útil a sus derechos.(Voto del Dr. Madueño).
Accidentes de trabajo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Kolarik, Miguel c/ Capea S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-02-07

De conformidad con la doctrina establecida por esta Corte a partir de la sentencia en las causas L. 75.708 "Quiroga", del 23-IV-2003, L. 82.871 "Chavez", sent. del 1-IV-2004 y L. 81.339 "Sparnocchia" plasmando un criterio ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Castillo Angel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A" (sent. del 7-IX-2004), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 24.557, y dicho pronunciamiento se impone aún cuando la reclamación encuentra sustento en las disposiciones del Código Civil.
Derechos y garantías constitucionales, defensa del consumidor
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ciancio José María c/ Resol. 184/97 -Enargas- (exp. 3042/97)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05

La Constitución ha puesto en cabeza de los consumidores y usuarios derechos plenos, un poder de exigir atribuido a la voluntad de cada uno, por lo que tales derechos son operativos, sin necesidad de que se dicte una ley que los instrumente para poder hacerlos valer. (Consid. VI).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, hurto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GIMENEZ, GABRIEL ALEJANDRO c/  s/ ROBO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

Si bien la impugnante invoca arbitrariedad en el resolutorio cuestionado por apartamiento de la sana crítica y afectación al principio de in dubio pro reo, estas argumentaciones no logran traspasar el límite de la mera discrepancia en torno a la apreciación que del material probatorio efectuaron los Sentenciantes, desde que la Cámara juzgó que sobre este tópico no debían prosperar los agravios defensivos, ponderando que el encartado había sido detenido casi media hora después de cometido el hurto del rodado portando precisamente efectos personales del dueño de la cosa, aludiendo la Alzada de igual modo a la mecánica del hecho y a la descripción realizada por la víctima de la vestimenta del imputado, a la par de dar razones de por qué no debían acogerse las críticas de la impugnante vinculadas al reconocimiento de personas; y frente a esta argumentación de la Cámara, las postulaciones de la interesada, intentando imponer la solución que en su estima corresponde en el caso -esto es, la absolución de su defendido- y reiterando las expuestas en el mismo sentido en instancia ordinaria, resultan insuficientes para lograr la apertura de la presente queja.
Contratos comerciales, objeto ilícito, incumplimiento del contrato, principio de ejecución del contrato, moral y buenas costumbres, autonomía de la voluntad
Materia: COMERCIAL-PENAL
Carátula: FREIRE, ROQUE c/ CARRICA, SANTOS s/ SUM
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-25

Procede rechazar el reclamo fundado en el incumplimiento de un contrato, si éste no puede ser reconocido como creador de obligaciones por encubrir una ilicitud -en el caso, derivado de un "retorno" o "coima"- aún cuando cuente con principio de ejecución, pues ello solo probaría que ambas partes han reconocido el contrato, pero tal principio no puede ser superior al que se deriva de la licitud, de la moral y buenas costumbres (CCIV 953 y 1167), pues las partes pueden contratar, pero la validez jurídica de lo acordado no queda sometida a la voluntad de ellas sino al análisis que sea realizado en sede judicial, sea por impugnación de parte o bien de oficio.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL -PENAL
Carátula: MACCARI OSCAR LUIS c/ COOPERATIVA AGRICOLA TAMBERA DE JAMES CRAIK s/ DEMANDA - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-12-15

Si, en el caso, el Juez penal concluyó que el hecho atribuído al demandado (infidelidad defraudatoria en los términos del art. 173, inc.7mo del C.P.) "no existio" y concluyo sobreseyendo la causa a favor del imputado invocando el art. 337,inc, 1ro del C.P.P. (que el hecho investigado no se cometió o nó lo fue por el imputado), cuando toda la argumentación conducía a sostener que la conducta del demandado no encuadra en la figura penal que se invocó al promover la acción en su contra (art. 173, inc. 7mo,C.P.), el juez penal debió dictar el sobreseimiento en virtud de lo que dispone el art.

337, inc. 2do del C.P.P., hipótesis en la cual no caben dudas de que el Juez Laboral puede volver sobre esa conducta no delictiva para analizar si configura una causal de injuria grave.

Empero , esa resolución quedó firme en la esfera penal, y es inhábil para darle el alcance que prevén los arts. 1102 y 1103 C.C.

, pues en el ámbito laboral,las afirmaciones del Juez Penal acerca de la falta de daño patrimonial, por ejemplo, no pueden producir efecto alguno por cuanto no existió constitución de parte civil en aquél proceso (Cfr. nota de Vélez Sársfield a los Arts. 1102 y 1103 C.C.).

En el caso, el Juez laboral pudo analizar -como lo hizo- el comportamiento ejemplar del demandado y exigir de él una actitud ejemplar, de acuerdo al cargo que desempeñaba, más allá de que dicha conducta no encuadrarse en figura penal alguna. De tal manera quedó plenamente acreditado -aún prescindiendo de la esfera ética que inspira fundamentalmente el fallo de la a quo que existió daño patrimonial, por cuanto las sumas que debieron descontarse mensualmente lo fueron de una sola vez, pero a valores históricos, lo que en épocas de inflación supone un quebranto económico. (Voto del Dr. Moisset de Espanes en disidencia).-
Fecha de ingreso, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Mario c/ Cullen Funes s/ Cobro de pesos y entrega de certificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-04-03

Se establece como fecha de ingreso la alegada al demandar, puesto que el accionado no invocó otra distinta y, además, se presume aquella ante la ausencia de documentación laboral.
Trabajadores rurales, Organización Internacional del Trabajo, Estado Nacional, sindicatos
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (1) c/ Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

Los artículos 4 y 5 del convenio 88 de la OIT reconocen a las comisiones consultivas formadas por representantes de trabajadores y empleadores funciones de cooperación para el funcionamiento y desarrollo de programas del servicio de empleo, pero ello no sustituye la función propia de la autoridad de aplicación, tampoco esas normas le dan un derecho a los sindicatos a ser consultados en forma previa a la implementación de un servicio de empleo, sino, en todo caso, a ser participados durante su funcionamiento, omisión que no ha sido alegada y, menos aún, acreditada por la recurrente, por lo que el agravio en este punto deviene conjetural. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso extraordinario, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Camera, José Alfredo y otra s/ Infracción al art. 96 inc. a), ley 8031. Recursos extraordinarios de  inaplicabilidad de ley, inconstitucionalidad y de nulidad Moreno, Omar Adolfo s/ Infracción art. 96 inc. 'A' de la ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16|2001-11-07

Los recursos previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal sólo proceden contra las decisiones dictadas por el Tribunal de Casación (arts. 489, 491 y 494, Cód. citado) lo que no se da en el caso de autos en que los recursos de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de ley se interponen contra la de la Cámara de Apelación y Garantías. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, regulación de honorarios, transacción
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL CIVIL
Carátula: GALDON, JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 178-79
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-06-18

Por imperio de lo prescripto en el artículo 8 inciso "m" de la ley de aranceles para abogados y procuradores (nro 6767), debe tomarse como base para la determinación de los honorarios profesionales, el monto que resulte de la transacción efectuada por las partes.