Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-01


BANCO RIO DE LA PLATA S.A. c. BORGNA, Guillermo Pablo y otra Reg.: A y S t 212 p 62-65.

Santa Fe, 1 de marzo del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el BANCO RÍO DE LA PLATA S.A. contra la sentencia 163 del 30 de mayo de 2005, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "BANCO RÍO DE LA PLATA S.A. c. BORGNA, Guillermo Pablo y otra -Juicio Ordinario-(Expte.

27/05)" (Expte. C.S.J. nro. 404, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la co-demandada María del Rosario Zampar y acogió el de apelación deducido por ella, revocando parcialmente el fallo de baja instancia en cuanto condenaba a la nombrada, y rechazando -consecuentemente- la acción instaurada en su contra, con costas al actor (fs. 1/4).

Contra el pronunciamiento de la Alzada deduce el accionante recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que le acuerda la Constitución provincial, como lesivo de la garantía de defensa en juicio y del debido proceso. Cita los artículos 15, 93 inciso 1 y 95 de la Carta Magna local, así como los artículos 5, 7, 17, 18, 31 y 33 de la Constitución nacional (fs. 8/13).

Al referirse a los recaudos formales de admisibilidad, menciona -entre otros tópicos- que los agravios eran imprevisibles, habiendo nacido de la misma sentencia cuestionada, por lo que en la especie se configura -a su juicio- una inconstitucionalidad "súbita", que autoriza la apertura del recurso aun en caso de no haberse efectuado la correspondiente reserva.

Con respecto a los recaudos sustanciales, invoca diferentes causales de arbitrariedad, a saber: "apartamiento del derecho vigente", "resolución fundada en la sola voluntad de los Magistrados", "omisión de meritar circunstancias fácticas y normas jurídicas", "errores en la consideración de extremos conducentes", "apartamiento de las constancias de autos", "equivocada valoración de circunstancias de hecho y prueba", y "excesos y omisiones en la decisión".

Afirma que el análisis de los Juzgadores parte de un error documentado y llega a una conclusión equivocada, al sostener la calidad de "cónyuge" de la co-demandada Zampar. Pone de relieve que ésta otorgó un poder que obra agregado a la causa, en el que consta en forma clara e indubitable que es de estado civil soltera. Señala que dicho poder constituye un "instrumento público" y que no puede ser confrontado en relación a su valor probatorio, con el hecho de que la nombrada estampó su firma en el formulario de préstamo en el casillero que dice "cónyuge".

Expresa que las partes no pueden contradecir en juicio sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. Achaca a la Sala no haber tenido en cuenta la "teoría de los actos propios", según la cual, quien ejercita un derecho en forma incompatible con su conducta anterior, va en contra de sus propios actos, resultando inadmisible la tutela de tal conducta.

Reputa que en la causa existe certeza de que Zampar es soltera; que nadie puede concurrir a un banco a firmar un asentimiento conyugal cuando es de estado civil soltero; y que ello evidencia su voluntad de obligarse como deudora, con prescindencia del lugar o casillero donde firmó.

Agrega que si ambos co-demandados hubieran sido cónyuges, tal vez, el razonamiento de la Alzada sería congruente con el régimen jurídico que pretende aplicar y por ende podría sostenerse la existencia de un asentimiento conyugal; pero aclara que en el "sub lite" no existe sociedad conyugal, hay una firma en la solicitud de préstamo, y un pagaré suscripto por ambos accionados. Concluye que, a partir de ello, no puede sostenerse la inexistencia del carácter de co-deudora de Zampar.

Finalmente, aduce que el fallo soslayó el principio básico según el cual los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron prever.

2. Por auto 310 del 16 de septiembre de 2005, la Sala "a quo" denegó la concesión del remedio extraordinario interpuesto, por entender -fundamentalmente- que no se había introducido oportunamente la cuestión constitucional y que no se demostraba la conexión inexorable entre el pronunciamiento recurrido y la supuesta cuestión constitucional (f.

24). Ante tal denegatoria, el banco actor acudió por vía de queja ante esta sede (fs.

28/36).

3. Cierto es que, tal como lo advirtiera el Tribunal "a quo" en oportunidad de denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad, no se ha cumplido el recaudo del oportuno planteo de la cuestión constitucional.

En efecto, si bien el recurrente alega que en el "sub júdice" media un supuesto de arbitrariedad súbita que nace de la línea argumental propia del decisorio de la Alzada, del desarrollo de los reproches vertidos se desprende que éstos giran en torno a cuestiones que fueron debatidas en las instancias ordinarias, específicamente acerca del carácter en el cual María del Rosario Zampar acudió al negocio jurídico celebrado (ver f. 8 y vto.).

En punto a ello, se advierte -a partir de una liminar lectura de la sentencia- que la Sala admitió agravios que la mencionada Zampar desarrolló al fundamentar su apelación (cfr. fs.

1vto. y sig.), por lo que el impugnante pudo, al contestar esos agravios, plantear sus reparos constitucionales (A. y S., T. 53, pág. 113; T. 60, pág. 108, entre otros).

Debe tenerse especialmente en cuenta que, a la luz de la jurisprudencia de este Cuerpo, la exigencia del planteamiento oportuno no responde a un mero ritualismo, sino a nuestro sistema de control constitucional y al debido respeto a la defensa en juicio (A.

y S., T. 52, pág. 421; T. 101, pág. 195; T. 103, pág. 37, entre otros). Y que su fundamento radica en la necesidad de que las cuestiones traídas por las partes reciban en lo posible la consideración y resolución que corresponde dentro de los procedimientos ordinarios establecidos (A. y S., T. 64, pág. 461, entre otros). En consecuencia, el tema resulta -así- traído directamente ante esta Corte, con incumplimiento del requisito del artículo 1, in fine, de la ley 7055.

Además de lo expuesto en precedencia, existe otra importante razón que coadyuva para determinar la suerte adversa de la impugnación intentada. Es que, aunque el compareciente invoca diversas causales de arbitrariedad, sus postulaciones no trasuntan más que su desacuerdo para con el criterio sostenido por los Judicantes en torno al alcance otorgado a normas de derecho común como así a los medios probatorios evaluados.

En efecto, el vocal de primer voto, doctor Genesio, sostuvo -principalmente- que: "...en estos autos no se persigue sino el cobro del saldo del préstamo personal concedido en base a la solicitud traída do Civil)..." (f. 2vto.); "...la eventual simulación del estado civil de la apelante es de ningún efecto en el campo de la atribución de responsabilidades dentro del marco de la cuestión traída..." (f. 2vto.).

Por su parte, el vocal doctor Saux, expresó -entre otros fundamentos- que: "...más allá de que la apelante sea o no cónyuge del codemandado Borgna ..., la naturaleza jurídica del negocio que se celebrara entre mutuante (el Banco) y mutuario (Borgna) no requería el asentimiento conyugal en los términos del art. 1277 del C. Civil, con lo cual podría inferirse que al suscribir la camibal (sic)..., lo podría haber hecho como coobligada...

Pero es del caso que en el formulario empleado por el Banco aquí actor para documentar el pagaré, la rúbrica de la apelante está ubicada en un casillero que expresamente dice 'Firma cónyuge solicitante', al igual que el existente en el formulario de solicitud de otorgamiento del crédito según consta a fojas 10 vta., estando en ambos instrumentos en blanco el espacio asignado a la 'Firma del codeudor'..." (f. 3); "...el propio Banco actor hace insertar a la apelante su rúbrica en los casilleros correspondientes a tal rol ...

no puede luego pretenderse que quien firma siguiendo esa consigna aparezca luego demandado como coobligado, co-solicitante, codeudor, fiador, garante o cualquier otra figura que genere un vínculo jurídico no documentado..." (f. 3 y vto.).

De las argumentaciones expuestas precedentemente surge que el Tribunal "a quo" precisó que en el "sub lite" se persigue el cobro del saldo del préstamo personal solicitado indubitablemente por Borgna, habiendo juzgado a tal fin, irrelevante la eventual simulación o no del estado civil (sea o no cónyuge) de Zampar, por lo que no puede considerarse que los Sentenciantes, tal como lo aduce la parte actora, sostuvieran equívocamente la calidad de cónyuge de aquélla y prescindieran de la teoría de los actos propios, incurriendo así en arbitrariedad.

Consecuentemente quedan hueras de contenido constitucional las restantes alegaciones del impugnante, con las que genéricamente pretende oponer su particular apreciación del caso, trayendo a discusión un planteo que -tal como lo afirmaron los jueces de la causa- carece de relevancia para la solución del litigio, no habiendo acreditado por lo demás que aquéllos se apartaran de los presupuestos fácticos y jurídicos de autos o hubieran arribado a una conclusión irrazonable o ilógica que autorice la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

Bueno es recordar, aquí, que mediante el recurso extraordinario por arbitrariedad se tiende a reparar vicios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción, convirtiendo al pronunciamiento en una no sentencia, mas no autoriza a sustituir a los magistrados de las instancias ordinarias en la interpretación y decisión de cuestiones que les son privativas.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI (en disidencia)-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI 3. La postulación del quejoso cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por ello, entiendo que corresponde admitir la queja y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad.

FDO.: GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria).