marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia arbitraria, astreintes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Suen, Jorge B. c/ Molinos Ala S.A. s/ Sumario-Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-27

Los astreintes o condenaciones conminatorias aplicadas según lo dispuesto por el referido artículo 666 bis del Código Civil por su caracteística de provisiones no pasan en autoridad de cosa juzgada y, por ende, no son definitivas habida cuenta que el juez de la causa conforme al resultado obtenido con su imposición puede crecentar, disminuirlas o dejarlas sin efecto correspondiendo en su caso su disminución o suspensión si el deudor cumple desistiendo de su resistencia y si justifica su proceder, total o parcialmente; en consecuencia el pronunciamieno de Cámara no es definitivo en orden a lo precripto por el artículo 276 y el alcance previsto en el artículo 277, ambos del Código Procesal Civil y Comercial.
Transporte aéreo, transporte de pasajeros, autenticidad, prueba
Materia: AERONAUTICO
Carátula: Rodríguez, Santorum c/ Tap Air Portugal. s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-21

Bien se podrían haber agregado pruebas que permitieran a la demandada certificar la falsedad del sticker en cuestión. Los medios probatorios más eficaces en estos casos, tales como exámenes periciales caligráficos y sicopométricos cotejo con otros billetes de pasaje, el acercamiento de los propios sellos utilizados por la empresa aérea a los fines de la emisión de pasajes en sus dependencias de Lisboa y París, estuvieron al alcance de la accionada y hubieran podido dilucidar la autenticidad del documento o, en su caso, la certeza de los dichos de la defensa. Sin embargo, no fueron usados por ella; es más la propia aerolínea desistió de dichas medidas luego de haberlas ofrecido como prueba. Esto hace que el cúmulo de elucubraciones que relata constituyan sólo eso: meras elucubraciones; las que de por sí distan mucho de ser verosímiles.- En el mismo sentido, habiendo sido reconocido el sello inserto sobre el sticker por personal de la demandada en Lisboa, al igual que el propio sticker, no hay razones que logren poner en duda su autenticidad. En lo que hace a quién colocó tanto el sticker -y su contenido- como el sello de la empresa, resultan irrelevantes los dichos de la accionada según los cuales aquellos elementos quedan sobre el mostrador a mano de cualquier persona. Si esto es así y, aún admitiendo la utilización de ellos por personas ajenas a la empresa, la única responsable es la aerolínea por ser negligente y no exigir el debido reparo por parte de sus empleados respecto del desarrollo de su actividad. Es de destacar el propio reconocimiento que hace el representante legal de T.A.P. en sus declaraciones acerca del descuido en el manejo de los elementos cuya utilización hace indubitable la documentación que su representada emite.
Reajuste jubilatorio, conversión del proceso previsional, inconstitucionalidad, radicación del expediente, competencia, Cámara Federal de la Seguridad Social, Administración Nacional de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: DIAZ, JUANA NELDA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

Si de la presentación efectuada por el titular, donde peticiona la declaración de inconstitucionalidad de las reformas procesales introducidas por la ley 24.463, se advierte que se trata de un escrito referido a un pedido de reajuste que nunca tuvo radicación en la Sala, corresponde declarar la incompetencia para entender en la cuestión planteada, y remitir el expediente a la A.N.Se.S. a efectos de su posterior agregación a las actuaciones administrativas pertinentes. (Disidencia del Dr. Laclau).
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, daño psíquico, asistencia psicológica
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Soto, Yamil Ariel  c/ Galeno ART S.A.  s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-07

Al revocarse la incapacidad psicológica, es improcedente incluir en la condena la obligación para que brinde el tratamiento psicológico recomendado en el dictamen pericial (...), recordando que atento a la naturaleza legal de otorgar prestaciones en especie -según el inc. 3° del art. 20 de la ley 24.557- por la que está sujeta a aspectos eminentemente variables, evolutivos e inciertos, referidos a la completa curación, frente a cualquier hipótesis concreta de incumplimiento, el trabajador puede vehiculizar las denuncias que estime corresponder en los términos del art. 32 de la L.R.T.
Acción, cuestión constitucional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Falivene, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-24

No puede dudarse que las cuestiones constitucionales pueden encontrarse acompañando a planteamientos vinculados con normativa administrativa, en un juicio contencioso administrativo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cesión de créditos, cesión de derechos, traba de la litis, oponibilidad al deudor, cedente, cesionario, sucesores, notificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ ANA MARIA Y OTROS c/ ARMADA ARGENTINA Y OTRO s/ LESION Y/O MUERTE DE PASAJERO TRANSP AEREO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-20

En la cesión de créditos hay que distinguir dos situaciones: antes y después de trabada la litis. En el primer caso, el cesionario -tanto en el orden civil (art. 1458, C.C.) como en el orden procesal-, queda equiparado al cedente y disfruta de las mismas ventajas del título cedido, pudiendo el demandado oponer las mismas defensas que tenía contra el cedente. En este supuesto, dice H. Alsina, "no hay propiamente sustitución procesal, porque el cesionario es titular del derecho y actúa en el juicio en nombre propio" (cfr. "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil", 2da. Ed. T. I, p. 585). En igual sentido, L. Palacio y A. Alvarado Velloso distinguen la cesión o la enajenación según hayan tenido lugar con posterioridad a la notificación de la demanda. Si esos actos son anteriores a ello, el sucesor a título singular puede actuar en el proceso con prescindencia de la conformidad de la contraria (cfr. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente", T. 2, P. 379/380).
Sentencia, contenido de la sentencia
Materia: PENAL
Carátula: CANALES, Víctor E. s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-21

El decisorio que declara, que la acusación fiscal ha perdido virtualidad, carece de apoyatura legal ya que el régimen procesal provincial no prevee un instituto como el mentado por el "a-quo" para negar eficacia al libelo acusatorio o a otras piezas procesales en general.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Simón,  Julio  Héctor  y  otros s/ privación  ilegítima de  la libertad, etc. (Poblete) -causa Nº 17.768-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-14

Jamás podría razonablemente afirmarse que el art. 75, inc. 22, de la Constitución lesiona el art. 30 sencillamente porque no hay normas constitucionales inconstitucionales. Las cláusulas de la Constitución no pueden interpretarse en contradicción unas con otras, ni jerarquizando unas sobre las otras. Obviamente, cabe distinguir los distintos ámbitos de aplicación según las materias de las normas constitucionales (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Proceso penal, imputado, derecho al recurso, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SERRANI, PEDRO MATIAS c/  s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA BLANCA EN GRADO DE TENTATIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-02

El reenvío horizontal tiene como uno de sus objetivos el de evitar el alongamiento de los plazos procesales, aspecto que de modo alguno puede ser soslayado o relativizado y que resulta un problema endémico en la mayoría de los Servicios de Justicia (con efectos sumamente nocivos hacia todo el sistema, con mayor gravedad aún cuando el imputado se encuentra privado de libertad antes del juicio), al punto tal que en reciente fallo la Corte Suprema de Justicia denunció tal cuestión y señaló que no existe un debido proceso allí donde la parte no encuentra una satisfacción plena de su derecho a obtener de todas las instancias procesales una respuesta a sus demandas en un plazo razonable de duración del proceso, máxime si este es uno de índole penal; y destacó además que el máximo intérprete del sistema interamericano ha afirmado que el derecho de acceso a la justicia al que entiende como una norma imperativa de Derecho Internacional no se agota ante el hecho de que se tramiten los respectivos procesos internos, sino que exige que el Estado garantice que éstos aseguren, en un tiempo razonable, la satisfacción de los derechos que tienen las partes en el mismo. (Del voto del Dr. Orso) - CITAS: Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 22 de septiembre de 2006, Serie C, n° 153, párr. 131; Caso Bulacio vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 18 de septiembre de 2003, Serie C, N° 100, párr. 115; CSJN: Espíndola, Juan Gabriel, 9 de abril de 2019. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.1
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: PENAL
Carátula: Olivera, Enrique s/ Robo de aut.tor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

Contra la afirmación del carácter no vinculante de las doctrinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no pueden invocarse razones de seguridad jurídica, tranquilidad pública y paz social, ni de buen orden, necesidad y estabilidad institucional puesto que, precisamente a la inversa, en el sistema jurídico argentino la satisfacción de tales objetivos se busca mediante la organización de división de poderes que obsta el ejercicio de la jurisdicción más allá de los casos a que se refieren las sentencias judiciales.

Tampoco son atendibles supuestos motivos de economía procesal en tanto ellos no estuviesen receptados por la Constitución y la ley;

y, por otra parte, en nuestro régimen procesal no media la certeza de que los tribunales mantengan indefinidamente sus doctrinas.
Juicio oral, apreciación de la prueba, dosimetría alcohólica
Materia: PENAL
Carátula: Picon, Luis Alejandro s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-13

Es insuficiente el agravio en el que se denuncia la violación del art. 286 (según ley 3589 y sus modif.) sosteniéndose que nunca se probó que el grado de intoxicación etílica del procesado no fuera igual al de la víctima pues, habiéndose expedido el a quo respecto de la ebriedad que padecía al momento del hecho, el planteo de la defensa debió estar acompañado del cuestionamiento sobre el modo en que la sentenciante formó su convicción sincera sobre ello.
Matrimonio, derechos de los cónyuges, obligación alimentaria, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: R. DE P.R.T. Y OTRO c/ P.C.A. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

El matrimonio establece entre los cónyuges una comunidad de vida que, jurídicamente, implica derechos y deberes personales que son el contenido de la relación conyugal. Entre ellos la asistencia recíproca consagrada por el art. 198 del Código Civil según la nueva redacción dada por la Ley 23.515.

Aún cuando es cierto que la reforma se adecua al criterio jurídico de igualdad de ambos cónyuges y por ello introduce una sustancial modificación al que presidía al artículo 51 de la Ley 2393, no lo es menos que para evitar injusticias corresponde analizar cada caso en particular. Aún cuando el art. 198 y sus concordantes señalan genéricamente que los esposos se deben mutuamente asistencia y alimentos, deben respetarse las modalidades y desenvolvimiento de cada matrimonio. La Ley cumple, así, consagrando un corolario del principio ético de igualdad de ambos cónyuges, lo que no significa que los jueces no la apliquen en particular exigiendo a cada uno de ellos la satisfacción de las prestaciones que están en condiciones de cumplir, atendiendo a las posibilidades, al medio social, a las costumbres y a todas las demás circunstancias propias que vive el matrimonio.

No puede ser obstáculo suficiente para la procedencia de la admisión del derecho alimentario de la esposa la norma del art. 198 del código citado, desde que, de lo contrario, serviría de instrumento de desigualdad y agravio para uno de los cónyuges.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, graduación de la pena, escala penal, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General De La CABA S/ Queja Por Recurso De Inconstitucionalidad Denegado en Incidente de Apelación en Autos Scillone, Hernán Carlos Saverio S/ 92 - agravantes (conductas descriptas en los artículos 89 / 90 Y 91) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

En el caso, corresponde desechar el planteo de arbitrariedad de sentencia con respecto a la determinación de la pena -impuesta por la jueza de grado y confirmada por la Cámara-, por sobre el mínimo de la escala establecida. Ello así, toda vez que, a diferencia de lo sostenido por el recurrente, la jueza de grado, al momento de la determinación de la pena, explícitamente precisó que partiría del mínimo de la escala penal, y detalló hechos cometidos que valoraría como agravantes: la prolongación en el tiempo; el contexto de violencia de género en el que habían sido cometido ciertos hechos; la modalidad doméstica como forma puntual de ejercer la violencia, lo que evidenciaría una mayor gravedad por los efectos de la conducta en la vida de la mujer; el riesgo introducido en el suceso de persecución en automóvil, tanto respecto de la damnificada como hacia terceros; el ámbito privado en el que ocurrieron los hechos, por la imposibilidad de defensa de la víctima en esos casos; y el contenido de las amenazas proferidas, especialmente de "matarla" y "prenderla fuego". La defensa insiste con sus planteos, pero no demuestra que el razonamiento de los jueces de mérito no constituya una derivación lógica y razonada del derecho vigente y de las constancias de la causa, y en consecuencia que corresponda hacer excepción a la regla que determina que este tipo de cuestiones es de competencia exclusiva de aquellos. En definitiva, solo pone de manifiesto su disconformidad con una respuesta jurisdiccional adversa. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Palomino, Luis Alejandro y otros s/ Asociación ilícita - Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

La declaración de reincidencia por aplicación del art. 50 del C.P., efectuada por esta Corte en ejercicio de la competencia positiva, en ningún caso puede válidamente computarse como agravante en los términos del art. 41 inc. 2 del mencionado Código, si en el recurso fiscal no se requiere la aplicación de esta última norma con sus efectos correspondientes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olocco, Aldo Héctor c/ Provincia de Buenos Aires s/ Ajuste jubilatorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

La ínsita conexidad de la cuantía del pleito y de los honorarios regulados, insuflando a éstos de las connotaciones pecuniarias que caracterizan al valor económico del proceso, pero con la prevención que los emolumentos gozan de prevalencia en su cobro, no sólo por las leyes locales (art. 20 ley, 6716: t.o.), sino, fundamentalmente, por la legislación sustancial (arts. 1627, 1636, 3875, 3879, inc.1 C.C.), conlleva a una premisa inexcusable, si las obligaciones previsionales reclamadas en autos resultan de satisfacción ineludibles para el demandado, cuanto más las retribuciones privilegiadas que son su consecuencia (arts.3879 inc.1, cit; 264 inc.1, 268 y concds. ley 19551).
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rocoma, Berta María y Rodríguez, María José c/ Díaz, Mario Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-24

La infracción a las leyes de tránsito no implica necesariamente la culpa del infractor desde el punto de vista civil. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad médica, intervención quirúrgica, médico cardiólogo
Materia: CIVIL
Carátula: COTOS, ANTONIO c/ CENTRO ASISTENCIAL SINDICATO PERFUMISTAS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

En atención al progreso de la ciencia médica, "ninguna duda cabe que en cualquier tipo de intervención quirúrgica total, la actuación de un cardiólogo o monitorista es imprescindible. Este será un participante activo del acto médico" (del voto del Dr.

Degiorgis, sentencia publicada en J. A. n° 5661, 28-2-90).

Si la Clínica se dedica a la atención de partos, esa circunstancia le impone la obligación de contar con los equipos médicos suficientes y necesarios, ya sea presentes en la institución o en condiciones de acudir prontamente a ella, para la atención requerida por intervenciones quirúrgicas (cesáreas), que no pueden considerarse imprevisibles en un sentido genérico.
Caducidad de instancia, feria judicial, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Karami  SRL c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

Para el cómputo de la caducidad de instancia no debe tomarse en cuenta la feria judicial del mes de julio (art. 311 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Accidentes de trabajo, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Medina Mayra Alejandra c/ Swiss Medical ART SA s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-09

El legislador al sancionar la ley 27.348 ha adoptado un razonable tránsito previo y obligatorio con una instancia administrativa ante las comisiones médicas jurisdiccionales y la Comisión Médica Central. Sin embargo, lo que motivó la afectación constitucional al debido proceso legal es la arbitraria e inconstitucional reglamentación que ha objetivado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo con el dictado de la resolución 298/2017 al determinar un procedimiento según el cual los médicos que integran esos organismos cuentan con facultades que los habilita a pronunciarse sobre temas ajenos a su saber profesional, lo cual implicó dotarlos de atribuciones que competen a los jueces según las leyes adjetivas, tal como la ley orgánica 18.345, aunque sin los conocimientos jurídicos para ello. Con el dictado de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 899-E/2017 del 8/11/2017, la situación precedente se ve morigerada, sin llegar a la inconstitucionalidad. La mencionada resolución modifica a la anterior 298/2017. La resolución 899-E/2017 prescribe que cada Comisión Médica constituye en sí misma un órgano administrativo con funciones y competencias específicas y que se encuentra integrada por el Servicio de Homologación, los profesionales del derecho que revisten el carácter de Secretario Técnico Letrado y por profesionales médicos. Estos últimos intervienen en el marco de sus respectivas incumbencias, sin que exista subordinación jerárquica entre ellos, alegando que de lo contrario se vulnerarían las incumbencias profesionales de los expertos médicos que conforman las comisiones médicas.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martinez, Herminia y otra c/ Alvarez, Ruben Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-26

Si el peatón pudo ser visualizado a 200 metros antes del lugar donde se produjo el accidente, cuando -junto con el niño que llevaba de la mano- cruzaba la ruta, es porque había aparecido en la cinta asfáltica con suficiente antelación, más allá del lugar por donde cruzara, habiéndose originado la colisión en la manifiesta desaprensión a las vidas ajenas que exteriorizó el demandado con su omisión de cuidado y con la excesiva velocidad a la que circulaba repotenciando así el riesgo propio del vehículo que conducía -arts.

1113, 902 y 904 del C. Civil-.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), intereses, jueces, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ, HUGO FLORENCIO c/ LA CAJA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-27

Si bien refiere en el marco de un apartamiento del texto legal a los intereses que dispone la Resolución SRT 414/99 (tasa activa Banco Nación, sumada), la recurrente omite hacerse cargo de que tal normativa fue concebida para regir en el procedimiento administrativo de la Ley de Riesgos del Trabajo, sin que los magistrados se encuentren compelidos a su utilización a la hora de fijar los accesorios en sus sentencias. - CITAS: CSJStaFe: Bolletino, AyS T 300, p 98; SCJBA: M.,O. E. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros. Accidente de trabajo, causa L. 113.328. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Resolución SRT 414/99. - Jurisprudencia vinculada: Bolletino, AyS T 300, p 98, sumario J0046778.
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Granos de Salta S.A. c/ Dinar S.R.L. y/o Desimone, Andrés, Brunetti, Francisco s/ Recurso Extraordinario Federal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-10-23

Los agravios relativos a la pretendida capitalización de intereses remiten al análisis de cuestiones de hecho y de derecho común, cuyo conocimiento y decisión constituye materia reservada a los jueces de la causa, extraña a la órbita del recurso extraordinario, salvo el supuesto de arbitrariedad.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, derecho de gentes, concurso de delitos, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Barcos, Horacio Américo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-23

Es insustancial el planteo relativo a la omisión de declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 ante lo resuelto por la CS en "Simón" si no se presentaron nuevos elementos que permitan la revisión de tal decisión. La comisión de un solo hecho, si se acredita que fue en el contexto del ataque sistemático y generalizado queda abarcada en la categoría de lesa humanidad sin que sea necesario que el sujeto haya cometido numerosas ofensas. Las reglas prácticas sancionadas por la CFCP mediante Ac. 1/12 tienden a evitar la reiteración de la tarea de acreditación de hechos notorios no controvertidos. Ante el tiempo transcurrido desde el acaecimiento de los hechos y su posible impacto en la precisión de los dichos, la existencia de discrepancias menores no desacredita necesariamente el testimonio. La constatación de las presiones sufridas por la víctima no hace más que reafirmar la verosimilitud de sus dichos y la coherencia en la identificación que hiciera del imputado. Las conductas de secuestrar a determinadas personas en forma selectiva, aprehenderlas, trasladarlas en forma violenta, someterlas a todo tipo de tormentos, ejecutar esos hechos de propia mano, en contra de diferentes personas, son conductas que poseen su propia individualidad e independencia unas de otras, como para considerar que existió pluralidad delictiva. Cabe valorar como agravantes el hecho de haber formado parte de manera voluntaria y convencida, de un plan sistemático de terrorismo de estado implantado por la dictadura militar. (Dres. Slokar, Ledesma y David).