Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-20


SENT Nro. 143 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 20 DE MARZO de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito, con más la integración del señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, -por excusación del doctor Antonio Gandur-, presidida por el doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, el recurso de casación deducido por la Sra. Fiscal de Cámara en lo Penal de la IIIa. Nominación, en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal Sala VIa, cuya lectura de fundamentos tuvo lugar en audiencia del 21/3/2002, que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 10/5/2002 (cfr. fs. 965 y vta.). A fs. 971/975 corre agregado dictamen del señor Ministro Fiscal, quien se pronuncia sobre la admisibilidad y procedencia del remedio casatorio. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la Sra. Fiscal de Cámara en lo Penal de la IIIa. Nominación, contra la sentencia de la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal, cuya lectura de fundamentos tuvo lugar en audiencia del 21/3/2002, que declara a José Segundo González penalmente responsable del delito de encubrimiento de robo en perjuicio de Trapasa S.A., y le impone la pena de tres años de prisión condicional.

2.- Sostiene la recurrente que la sentencia en crisis -voto de la mayoría- incurre en arbitrariedad fáctica en la interpretación de la existencia histórica del hecho incriminado, por cuanto prescinde de elementos probatorios fundamentales para la adecuada solución de la causa, a la vez que incurre en violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, como consecuencia de lo cual concluye en la existencia de un hecho diferente.

Invoca como motivo legal de casación la errónea aplicación de la ley sustantiva con fundamento en que el voto de la mayoría partió de la errónea premisa de que el horario en que se cometió el robo era diferente de aquél en el que verdaderamente ocurrió; y encuadró arbitrariamente la conducta del imputado en la figura del encubrimiento (artículo 277 incisos 2 y 3 CP), cuando debió hacerlo en la del robo del artículo 164 CP.

Hace hincapié en que la decisión se funda exclusivamente en que el hecho no ocurrió en la fecha y hora descriptas en la acusación, extremo en cuya determinación -según sostiene-, se prescindió de prueba fundamental. En este sentido indica que se parcializaron los dichos del testigo Florencio Adolfo Mendoza, tomando en cuenta solamente que dijo que al regresar de su salida de 20 minutos encontró la ventana rota y la puerta chica del portón abierta; y de allí se hizo derivar que situar fuera de esa hora la producción del ilícito, constituiría una mera hipótesis. Sin embargo, señala, de los testimonios del Ingeniero Yapur y del técnico Machuca, surge que los cables conectados a la bocinas de la alarma fueron cortados desde el interior del inmueble, lo que demuestra que la acción fue realizada con conocimiento de quienes allí se encontraban; que la operación demandó algún tiempo, que necesariamente debió ser previo al ingreso a la habitación de la Gerencia donde se encontraban las llaves del tesoro; que del Informe de la División Criminalística de fs. 45/48 vta. surge la rotura de la puerta de la Gerencia, en coincidencia con los testimonios de Mendoza y Santilli ( fotografías Nro. 3, 12, y 13); todo lo cual demuestra que la puerta fue violentada y después "calzada", para generar la apariencia de que continuaba cerrada.

Afirma que el Tribunal omitió relacionar debidamente estos elementos probatorios, lo que le hubiera permitido extraer conclusiones que aparecen evidentes, como por ejemplo que en el lugar no se hallaron los restos y astillas que necesariamente debieron saltar al romper la puerta, pues el lugar fue prolijamente limpiado para disimular la rotura; y que con igual fin, se colocaron papeles en la misma, lo que demuestra que rompieron la puerta con posterioridad al corte de cables de la alarma, pero se disimuló su rotura; y que los autores del hecho rompieron la ventana que da al pasillo con el sólo fin de desorientar la investigación, ya que el ingreso se realizó por la puerta.

Desde otra perspectiva señala que, tal como lo indica el voto en disidencia, de lo declarado en el Debate por el policía Mendoza surge que al ingresar a Trapasa S.A el domingo por la mañana, fue a la cocina y efectuó una recorrida superficial, aclarando que no llegó al lado de la puerta que une la venta de cospeles con la Gerencia para cerciorarse de su estado. Que el Gerente de la firma, Sr. Santilli, explicó que luego de que Mendoza le comunicara telefónicamente lo sucedido, se trasladó al inmueble de calle Corrientes 1339, y que al ingresar no vio desorden alguno, ni se notaba que había ocurrido el robo. Indica que dicho testimonio concuerda con los dichos de Mendoza en orden a que no había signos del hecho perpetrado, ni de las roturas existentes en el lugar, y que los cables rotos de las alarmas de la sala de cospeles y de la cocina, se encontraban disimulados, estando arrancados los primeros, y colocados sobre la alacena los segundos, mientras que la puerta rota de la gerencia estaba disimulada con papeles, añadiendo que ni en la basura ni en el inmueble, se encontraron rastros de astillas ni pedazos de madera de la puerta que rompieron los delincuentes para acceder a las llaves d el tesoro y de la camioneta de la empresa que se guardaban en el escritorio de la Gerencia (fs. 2 vta.). Puso de relieve, además, que el automóvil de la empresa había quedado estacionado en el fondo del inmueble, con las puertas debidamente cerradas; y que si bien después del evento se encontraba en el mismo lugar, tenía las puertas abiertas, y sus llaves desaparecieron.

Señala, por otra parte, que la ubicación de las sirenas de la alarma y las habitaciones que tenían sensores, sólo eran conocidas por el personal de vigilancia, quienes sabían precisamente cuáles eran los lugares por donde podían circular libremente, cuando aquélla era activada; y que no tenían acceso a la Gerencia ni al Tesoro, pues dichas habitaciones eran cerradas con llave por el propio Santilli cuando se retiraba de la firma. A lo que añade que el imputado González fue el único empleado de vigilancia que estuvo presente cuando se instaló el sistema de alarma (fs. 32); que estaba familiarizado con su instalación y funcionamiento; y que la activó personalmente dos veces: cuando fue colocada, y una semana antes del robo, y que esta última vez, cuando Santilli le preguntó qué había ocurrido, le respondió que estaba probando el funcionamiento del sistema (fs. 36/38 vta., y debate oral).

Sobre esa base la recurrente afirma que si el lugar donde se guardaban las llaves del tesoro y de la camioneta sólo era conocido por el Gerente, los empleados, y el personal de vigilancia; y si la persona que cortó los cables de la alarma sabía dónde se ubicaban las sirenas de la misma, no puede sino concluirse que resulta materialmente imposible que en 20 o 30 minutos que estuvo ausente Mendoza la mañana del 1° de octubre, personas extrañas ingresaran al local, cortaran los cables de la alarma, rompieran la puerta de comunicación entre la sala de venta de cospeles y la gerencia, encontraran las llaves del tesoro y de la camioneta, y lograran transportar 650 kilos de cospeles desde el Tesoro hasta un vehículo, el cual debió haber ingresado por el portón grande del inmueble, que, según declaró Santilli, era el único modo posible de sacar los cospeles por el peso que representaba la cantidad sustraída. Agrega que desde el Tesoro hasta el lugar donde debió estacionarse el vehículo en el que se trasladaron los cospeles, existe una distancia considerable con un terraplén, siendo imposible realizar tal operación en 20 minutos, y sin que el vehículo para transportarlos ingrese en el inmueble.

En el mismo sentido señala que del testimonio del vecino Jerónimo Danilo Grosso (fs. 30), debidamente incorporado al debate pero que el Tribunal omitió valorar, surge que vio salir a Mendoza en dirección a Avda. Mitre; que luego permaneció conversando por espacio de 20 minutos con un vecino de la zona; que continuó después sentado en la galería de su casa con vista hacia la calle; y que vio regresar a Mendoza, pero que en ningún momento observó que la camioneta entrara o saliera del inmueble.

Concluye afirmando que las pruebas producidas en la causa, mediante las que se acreditó que González tenía conocimiento de la instalación y funcionamiento del sistema de alarma, el tiempo de permanencia en la firma comercial, la conducta anterior y posterior del encartado, bastan para clarificar su participación como coautor del ilícito que se le atribuye; y que sea que se adopte la doctrina de la coautoría funcional o la de la participación primaria, corresponde el encuadre legal de la conducta en los términos del artículo 45 CP.

Propone doctrina legal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso tentado.

3.- Por auto interlocutorio del 10 de mayo de 2002 se concede el recurso interpuesto correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

4.- La sentencia en recurso -voto de la mayoría-, se refirió a las pruebas producidas en la causa, entre las que mencionó la declaración de Gerardo Esteban Navarro quien relató que el imputado González le ofreció la suma de $10.000 en bonos para que los hiciera efectivo; que los trajo a su domicilio en dos bolsas de polietileno y tres papeles rectangulares, de donde fueron secuestrados (acta de fs. 112 vta y 113); el acta de fs. 115 vta., que da cuenta del allanamiento y secuestro en el domicilio de González de 13 bolsitas vacías pertenecientes a la firma Trapasa de las utilizadas para cospeles, y una bolsa de la misma firma conteniendo 68 cospeles; la declaración judicial (fs. 121/124) del ya mencionado Navarro quien manifiesta que González ofreció dejarle 3.000 cospeles diarios para la venta, a lo que respondió que si se trataba de los cospeles robados a Trapasa le proponía que le entregara de una sola vez 30.000 cospeles, a $400 la bolsa de mil, ante lo cual González dijo que iba a consultarlo con "los otros", y pasados unos días concurrió con otra persona (Juan Domingo Sierra), y le manifestó que no tenía los cospeles, pues luego del reparto, cada uno se encargó de venderlos; los videos realizados por la investigación policial en la puerta del domicilio de Navarro, en los que se ve a González conversando con éste, y q ue contradice la versión proporcionada por ambos imputados y por Sierra, en el sentido de que no se conocían entre sí.

En orden a la existencia del hecho y su autoría, el voto de la mayoría sostuvo que si bien se había acreditado la existencia del robo, no se había determinado que el acusado hubiera sido autor del mismo; y que conforme a los indicios existentes en la causa, su participación consistió en el encubrimiento del hecho ilícito investigado.

El Tribunal se refirió, entre otros, a los siguientes elementos probatorios: a.- la declaración del Ingeniero Daniel Yapur, quien instaló el sistema de alarmas en Trapasa SA, sostuvo que la persona que cortó los cables sabía que pertenecían a la alarma y que en la sala donde se venden cospeles no existía sensor; que por ello cortó la bocina de la alarma de la oficina del gerente, y luego desde la cocina, cortó la del Tesoro, lo que explica que aunque la alarma estaba accionada, no sonaban las bocinas; b.- la declaración de Florencio Adolfo Mendoza, el vigilante que relevó a José Segundo González, quien manifestó que en la entrega de la guardia no notó nada raro, salvo que no vio la máquina de contar cospeles. Que luego de que se retirara González, como a horas 10 o 10:15, dejo la puerta chica del portón con llave y se retiró a buscar comida, caminando hacia Avda. Mitre y luego por Santa Fe. Que en la esquina de Santa Fe y Mitre se puso a conversar con un suboficial armero de la División y a ver el maratón que se iniciaba. Que al regresar sin llevar la comida vio que la puerta por donde había salido estaba abierta; y al ingresar notó que el portón estaba sin el candado en el cerrojo, y que la puerta de la reja también estaba abierta, siendo que había dejado todo con llave, y luego observó que estaba roto el vidrio de la oficina del gerente, por la misma ventana observó que la puerta del gerente que comunica donde se vende cospeles estaba violentada y en el piso papeles revueltos, vio trozos rotos, vio que el cable de la alarma de la bocina estaba sacado de la pared y puesta sobre la alacena de la cocina, luego llamó por teléfono al Gerente Sr. Santilli, quien vino y sacó de la caja fuerte el duplicado de las llaves del Tesoro para abrirlo, que observó que la puerta del mismo estaba abierto y faltaba dinero y cospeles del interior. Que cuando llegó a recibir la guardia no notó ninguna novedad, salvo que González no había sacado la basura, y que cuando fue a la cocina éste lo seguía, cosa que no era normal, y le decía que lindo está para correr el maratón que se está por largar de la plazoleta; el testimonio de Gerardo Esteban Navarro, quien, previo proyectarse un video, y ante la exhibición de la fotografía de fs. 190, manifestó que se trataba de González que le fue a ofrecer la venta de cospeles. Que recibió dinero envuelto en un diario, cuya cifra le fue informada por González. A fines de brevedad reproduce su declaración de fs. 121/125.

Luego de mencionar el restante material probatorio incorporado al juicio por su lectura en la audiencia oral (cfr. fs. 941 vta/942), el Sr. Vocal preopinante Dr. Carlos Francisco Ruiz Vargas dejó establecido que, valorando la prueba en su integridad, debía considerarse que el hecho investigado no había ocurrido en el horario fijado en la requisitoria fiscal, sino entre horas 10-10:30 y 11:30-12 del 1° de octubre de 1995, ya que todo otro horario sería hipótesis. Y en cuanto a la autoría, consideró que la investigación no había llegado a determinar que José Segundo González hubiera sido autor del robo, sino que los indicios existentes en la causa demostraban que su participación había consistido en el encubrimiento del mismo.

La Vocal Dra. Alicia Freidenberg de Ferreyra expresó su coincidencia con lo expuesto en el voto precedente -Dr. Ruiz Vargas- en orden a que no había quedado probado que González hubiera participado en el robo. Señaló en tal sentido que los indicios a los que la Fiscalía consideraba prueba concluyente, no resultaban suficientes por las dudas en torno al horario en que se cometió el delito, no habiéndose determinado si había ocurrido durante la noche o en horas de la mañana. Observó que tal diferencia de horario modificaba radicalmente la situación, pues mientras durante la noche había estado de guardia González, durante la mañana lo había hecho Mendoza, quien fue sobreseído en la causa, de modo que no podían reexaminarse circunstancias que podrían implicar una afectación a sus derechos.

En orden a la calificación legal, el voto mayoritario encuadró la conducta del imputado en la figura del encubrimiento de robo.

Al respecto sostuvo que con la filmación exhibida en la audiencia quedó demostrado lo dicho por Navarro en el sentido de que González le fue a ofrecer cospeles en venta, no habiendo justificado éste su presencia en la casa de aquél; así como la circunstancia de que se secuestró el dinero en la casa del mencionado Navarro, quien manifestó que el acusado se lo llevó porque no tenía forma de hacerle llegar los cospeles para que se los cambie por efectivo. Y sostuvo que todo ello hacía presumir que González encubrió el robo.

Observó, sin embargo, que si bien González hizo la guardia la noche en que presuntamente se cometió el robo, quedó acreditado que ingresó al establecimiento después de dejar la guardia, conjuntamente con Mendoza que la tomaba; y que ambos transitaron sin que ninguno manifestara haber visto anormalidad alguna, la que recién fue advertida por este último cuando regresó al local después de ausentarse momentáneamente, de modo tal que no existe certeza sobre el momento en que ocurrió el hecho.

Por otra parte, destacó que en el domicilio de González se encontraron anotaciones conteniendo el teléfono de Sierra, quien vino originariamente como imputado a la causa, y falleció antes del juicio, y a quien el Comisario Escobar, investigador en la causa, sindicó oportunamente como uno de los principales autores del hecho, aclarando que a su criterio González era el que vendía los cospeles. Añadió que el testigo Navarro, que colaboró aparentemente con la investigación, expresó que consideraba que González ofreció los cospeles, pero que no parecía un individuo con capacidad para robar, mencionando incluso una reunión en la que Sierra dio explicaciones sobre el modo como se hizo el asalto, demostrando que su actuación fue trascendente. Con relación a los dichos del testigo Navarro, el voto mayoritario sostuvo que sólo podían considerarse indubitados en orden al conocimiento de González; mas no con relación a la autoría de éste en el robo, tal como lo había hecho la acusación.

Sobre la base de tales argumentos encuadró la conducta de González en la figura del encubrimiento del artículo 277 inciso 3° CP. Puso de relieve que el encubrimiento es un delito especial, independiente del delito principal encubierto, con el que no guarda relación de tiempo y lugar; y que atenta contra la Administración Pública porque interfiere la función de investigación y represión de la delincuencia, auxiliándola después de su ejecución. Añadió que aunque el encubrimiento está previsto como un delito específico en la ley penal vigente, reúne las características de un acto de coparticipación en el hecho principal, pero el encubridor no debe tener nexo causal alguno con la ejecución del delito. Y que para imputar responsabilidad a título de encubrimiento, no es necesario que el autor del delito principal haya sido individualizado y juzgado, bastando con el conocimiento de que la cosa era robada, aunque no se conozca con certeza cómo y por quién lo fue.

En ese sentido consideró que González sabía del robo ya consumado, así como del origen de los cospeles, extremos que consideró demostrados por la filmación, los dichos de Navarro y el secuestro de dinero en su casa, y la circunstancia de que González tenía en su agenda el teléfono de Sierra. Consideró que todos esos elementos permitían conjeturar que el acusado encubrió el robo, pues tenía conciencia de que los efectos que ofreció en venta provenían del delito, y que los cospeles eran los robados a la empresa Trapasa.

En suma, sostuvo que no existiendo elementos suficientes para considerar acreditado que el acusado hubiera sido autor del robo, pero habiéndose demostrado que conocía el origen ilícito de lo ofrecido y de su tenencia como res furtiva, y que cooperó en la venta de los efectos producto del delito, su conducta debía encuadrarse en la figura del encubrimiento del artículo 277 inciso 3° CP; y modificó la calificación por la que vino requerido (artículo 410 CPP).

5.- Por su parte, el voto en disidencia advirtió que el voto mayoritario prescindió de prueba fundamental para la recreación del suceso fáctico, lo que llevó a situar la ocurrencia del robo en la mañana del 1° de octubre, con lo que se dejó de lado el momento fundamental que relaciona al acusado con la realización del injusto, toda vez que éste cumplió funciones hasta horas 8 del día del robo. Considera que situar el hecho a media mañana de ese día, y no en horas de la madrugada como lo hizo la acusación fiscal, no se ajusta al cúmulo de pruebas coincidentes rendidas en el juicio oral.

Puso de relieve que con los testimonios del Ingeniero Yapur y el técnico Machuca, especializados en la colocación de alarmas, quedó acreditado que los cables conectados a las bocinas fueron cortados desde el interior del inmueble, con conocimientos de quienes allí se encontraban; que esta operación demandó algún tiempo, que debió necesariamente ser previo al ingreso a la habitación de la Gerencia en la que se encontraban las llaves del tesoro; que la rotura de la puerta de la Gerencia quedó acreditada con el informe de la División Criminalística de fs. 45/48 vta. (y fotografías Nro. 3, 12 y 13), en coincidencia con los testimonios de Mendoza y Santilli (fotografías Nro. 3, 12, y 13). Sostiene que todos estos elementos evidencian que la puerta fue violentada y después "calzada", manteniendo la apariencia de que continuaba cerrada. Observó que el voto preopinante omitió relacionar estas pruebas decisivas; que los restos, astillas y otros elementos que debieron saltar al romper la puerta, no se encontraban en el lugar, por lo que debieron ser proli jamente limpiados y sacados, disimulando la rotura con los papeles que se colocaron. De ello hace derivar que la puerta se rompió con posterioridad al corte de los cables de la bocina, pero se disimuló su rotura. Advierte que todo lo contrario ocurrió con la rotura de la ventana de la misma sala que da al pasillo, cuyos vidrios se encontraron esparcidos. En relación con el testimonio del policía Mendoza, expresó que en la audiencia éste dijo que "por confiado" recibió la guardia así. Observó que éste policía tiene razones para no profundizar el reconocimiento de su propia responsabilidad en cuanto al objetivo deber de cumplimiento del trabajo para el que había sido contratado, y que resultó evidente que al ingresar el domingo a la mañana con las tortillas calientes para tomar un café, como relató, fue a la cocina, efectúo una recorrida superficial, y aún así expresó que no llegó al lado de la puerta que une la venta de cospeles con la gerencia, para cerciorarse de su estado, pero que sí recuerda que la ventan a estaba sana, y que el tiempo que le demandó su salida no fue de más de 20 minutos a media hora.

Por otra parte, consideró que el testimonio de Jerónimo Danilo Grosso (fs. 30), debidamente incorporado al debate, aportó elementos fundamentales cuya ponderación omitió el voto mayoritario. Refiere que este señor, vecino de la firma damnificada, es minusválido y -según explicó- pasa horas en una galería que da al frente de su casa, desde donde puede ver lo que ocurre afuera; y que con relación a lo sucedido en la mañana del 1° de octubre, dijo que vio salir al vigilante de Trapasa en dirección a Avenida Mitre; que en ese momento vino un vecino y se puso a conversar con él por espacio de unos 20 minutos; que luego se retiró de la puerta de la galería por unos 35 minutos, momento en el que se presentó este vigilante de nuevo y le preguntó si vio que llegara algún vehículo a Trapasa, respondiéndole que no. Destaca que en su declaración el gerente Santilli explicó que se necesitaban más de 20 minutos para bajar las bolsas de cospeles y subirlas a un vehículo, si esto ocurría entre varias personas y con una camioneta, pero que de otra manera habría llevado mucho más tiempo. Sobre esa base sostiene que si esa mañana no entró ningún vehículo, si no se abrió el portón grande que permite el ingreso de los automotores, resulta lógico concluir que el robo no ocurrió por la mañana. Sostuvo que está probado con los elementos volcados al debate, que la secuencia tuvo dos tiempos: uno en el cual se cortaron los cables de la alarma, se rompió la puerta, se ingresó a la oficina del gerente, se sacaron las llaves del tesoro y se sustrajeron los cospeles, sacados del inmueble con un vehículo; y otro, en el que se rompió la ventana, tal como dijo el primer policía interviniente en la investigación, según acta de fs. 1/3, donde se consigna que el tiempo de salida de Mendoza no habría sido suficiente para cortar el cable de la alarma, romper el vidrio, violentar la puerta, sino que había sido hecho para desorientar la investigación. So stiene que teniendo en cuenta el testimonio de Navarro, abonado por el del comisario Escobar, las actuaciones de autos y el video exhibido en la audiencia, no puede arribarse lógicamente a la conclusión de que el imputado haya tomado conocimiento de la existencia de los cospeles robados, y que Sierra le pidiera que mediara en la venta, tratándose justamente de uno de los vigilantes de la empresa, ya que no resulta verosímil que el autor de un robo se presente al encargado de vigilar la institución robada, y le descubra su botín, solicitándole intermediación en la venta del mismo. Explica que la lógica más elemental encuentra un nexo causal suficiente para imputar a González el delito de robo por el que vino acusado, aun prescindiendo de la prueba anteriormente valorada, ya que es unánime la doctrina en orden a la existencia de un nexo causal entre la función que cumplía González en Trapasa y el hallazgo de los cospeles robados a la empresa, que no es diferente del hecho de que se los hubieran encontrado a él en su casa, admitida su existencia y posesión frente a Navarro, por lo que resulta tan imputable a González como si los hubiera llevado consigo o se le secuestraran en su casa. Sostiene que existe un grado de certeza positivo suficiente para tener por autor penalmente responsable del hecho traído a juicio a José Segundo González, y sostuvo que conforme a los elementos probatorios reunidos, éste facilitó el ingreso a Trapasa a otras personas, con las que realizó las tareas de inutilización de las alarmas; luego aportó los datos referidos a la ubicación de las llaves en Gerencia, participando del hecho de rotura de la puerta y posterior limpieza de los rastros, acomodándola para que Mendoza no se diera cuenta al día siguiente; con las llaves permitió el ingreso al tesoro y la sustracción de los cospeles, cheques bonos, y dinero en efectivo, como están detallados en la requisitoria fiscal de fs. 384 y 389; habiendo ingresado luego un vehículo en el cual se cargaron los cospeles, que eran la parte más pesada del botín, ya que representaban 650 Kg. Afirmó que en el hecho participaron otras personas pero que la participación del vigilante de la empresa acusado fue necesaria, pues sin que éste permita el ingreso al local y el trabajo adentro, la realización del ilícito hubiera sido imposible. Sostuvo entonces que el policía que tiene a su cargo la vigilancia de una empresa en la cual se comete con su participación un robo, es autor en los términos del artículo 45 CP; y encuadró su conducta en la figura del artículo 164 CP.

6.- El examen de admisibilidad del recurso interpuesto demuestra que los motivos de casación encuadran en lo preceptuado por la ley adjetiva, en tanto se dirigen a atacar la validez del pronunciamiento por ser contradictoria la fundamentación del Tribunal, y por no haberse observado las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, imputándose arbitrariedad a la sentencia en crisis.

Los fundamentos esgrimidos se vinculan circunstanciadamente a los antecedentes de la causa y a las normas cuya violación se invoca, indicando además la aplicación que se pretende (art. 474 CPP).

Con ello se satisfacen los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario local, correspondiendo ingresar al análisis de su procedencia.

7.- La confrontación del material probatorio obrante en el expediente con los argumentos proporcionados por el voto mayoritario, permite advertir que no se efectuó una valoración adecuada e integral de las pruebas y los indicios existentes en la causa, de modo tal que los fundamentos en los que se sustenta el decisorio atacado aparecen como una reflexión dogmática, que no constituye una derivación razonada del derecho aplicable, con referencia a las circunstancias probadas de la causa.

El artículo 413 inc. 4 CPP prevé la nulidad de la sentencia para el supuesto que faltare o fuera contradictoria la fundamentación en que se basa o no se hubieran observado en ella las reglas de la sana crítica racional con relación a elementos probatorios de valor decisivo, lo que supone la adecuada ponderación de las pruebas, y la indicación o precisión de los elementos en los que se sustenta el decisorio.

Tales requisitos se vinculan a la adecuada motivación de la sentencia, puesto que de un lado el tribunal debe sustentar el fallo en un razonamiento claro y suficientemente circunstanciado, que se apoye en los elementos probatorios legalmente producidos en la causa. Y la sentencia debe ser fundada de forma tal que la solución a que se arribe corresponda a los sucesos comprobados, evitando los pronunciamientos dogmáticos o de fundamentación meramente aparente, que impiden vincular concretamente las circunstancias del caso al derecho aplicado.

Como la convicción judicial es resultado de la valoración de los hechos y de las pruebas, es necesario que los motivos de la decisión a que arriba el órgano judicial sean debidamente explicitados, para que las partes puedan conocer realmente los fundamentos en que se apoya la sentencia, y controlar si en su valoración se han respetado las reglas de la sana crítica racional, así como la adecuada subsunción de los hechos en el derecho aplicado.

Desde esa perspectiva, se advierte que la sentencia -voto de la mayoría- no ha efectuado una adecuada valoración de los elementos probatorios producidos en la causa, ni ha cumplido con el requisito de efectuar una determinación circunstanciada de los hechos, de modo que explique cómo arriba a la decisión que adopta.

En orden a la existencia del hecho y su autoría, el voto de la mayoría sostuvo que si bien se había acreditado la existencia del robo, no se había determinado que el acusado hubiera sido autor del mismo; y que conforme a los indicios existentes en la causa, su participación consistió en el encubrimiento del hecho ilícito investigado. En orden a la ocurrencia del hecho el Sr. Vocal preopinante Dr. Carlos Francisco Ruiz Vargas dejó establecido que no había ocurrido en el horario fijado en la requisitoria fiscal, sino entre horas 10-10:30 y 11:30-12 del 1° de octubre de 1995, ya que todo otro horario sería hipótesis. Por su parte, la Vocal Dra. Alicia Freidenberg de Ferreyra expresó que existían dudas en torno al horario en que se cometió el delito, no habiéndose determinado si había ocurrido durante la noche o en horas de la mañana, diferencia que modificaba radicalmente la situación, pues durante la noche había estado de guardia González, mientras que por la mañana lo había hecho Mendoza, quien fue sobreseído en la causa, de modo que no podían reexaminarse circunstancias que podrían implicar una afectación a sus derechos. Destacó que después de dejar la guardia que hizo durante la noche, González ingresó con su relevo, el vigilante Mendoza; y que en forma conjunta transitaron por el establecimiento sin que ninguno manifestara haber visto anormalidad alguna, la que recién fue advertida por este último cuando regresó al local después de ausentarse momentáneamente, de modo tal que no existe certeza sobre el momento en que ocurrió el hecho.

Sobre esa base -falta de certeza sobre el momento en que ocurrió el hecho-, concluyó el Tribunal que si bien quedó demostrado que González sabía del robo ya consumado, así como del origen de los cospeles, y los ofreció en venta; no quedó acreditada su autoría en el robo, y calificó su conducta como encubrimiento.

La confrontación de los fundamentos del fallo con las constancias de la causa, permite advertir que no se ha efectuado un análisis integral de las pruebas producidas en el proceso, ni se las ha vinculado entre sí, de modo que quede demostrado que los elementos probatorios no resultan suficientes para despejar las dudas a las que se hace referencia. En ese sentido, cabe destacar que los interrogantes planteados en torno al horario de ocurrencia del hecho, imponían el examen relacionado de las pruebas y de los indicios existentes en la causa, lo que no aconteció. En ese sentido se observa que la sentencia menciona los testimonios del Ingeniero Yapur y el técnico Machuca, de donde surge que los cables conectados a las bocinas de las alarmas (uno en la cocina y otro en el salón de venta de cospeles), fueron cortados desde el interior del inmueble, por personas que conocían la ubicación de los mismos y el funcionamiento del sistema. El informe de la División Criminalística de fs. 45/48 vta. que acredita la rotura de la puerta de la Gerencia, y que luego fue disimulada manteniendo la apariencia de que continuaba cerrada.

En esta dirección cabe destacar que el testimonio de Jerónimo Danilo Grosso (fs. 30), no fue tenido en cuenta en la sentencia, no obstante estar debidamente incorporado al debate. Dicho elemento guarda vinculación con la determinación del horario en que ocurrió el hecho, por cuanto el testigo, vecino de la empresa damnificada, estuvo en la puerta la mañana del 1° de octubre, y dijo que vio salir al vigilante de Trapasa en dirección a Avenida Mitre; que en ese momento vino un vecino y se puso a conversar con él por espacio de unos 20 minutos; que luego se retiró de la puerta de la galería por unos 35 minutos, momento en el que se presentó este vigilante de nuevo y le preguntó si vio que llegara algún vehículo a Trapasa, respondiéndole que no. A su vez, se debe tener presente que la acusación fiscal insistió en que en el lapso de tiempo en que Mendoza dijo haber estado ausente (20 o 30 minutos), era imposible que se cometiera el hecho, esto es que personas extrañas ingresaran al local, cortaran los cables de la alarma, rompieran la puerta de comunicación entre la sala de venta de cospeles y la gerencia, encontraran las llaves del tesoro y de la camioneta, y lograran transportar 650 kilos de cospeles desde el Tesoro hasta un vehículo, y sin que éste ingrese en el inmueble. Mas nada dijo sobre este punto la sentencia, que omitió toda referencia al modo en que habría ocurrido el suceso. A lo que cabe añadir que mientras el Vocal preopinante fijó el suceso entre horas 10-10:30 y 11:30-12 del 1° de octubre de 1995, la Vocal Dra. Alicia Freidenberg de Ferreyra, integrante de la mayoría, expresó que no había quedado determinado si había ocurrido durante la noche o en horas de la mañana.

Tampoco explica fundadamente el Tribunal cuáles son las razones por las que considera que González fue meramente un encubridor, no habiendo efectuado ninguna valoración en torno a la vinculación de la función que cumplía en la empresa damnificada y el hecho de que haya tenido en su poder los cospeles robados y los haya ofrecido en venta, así como la circunstancia de que los presuntos autores del ilícito lo hayan contactado para que obrara como intermediario en la venta de los mismos.

Las circunstancias fácticas y los elementos probatorios mencionados debieron ser puestos en relación y confrontados, de modo que quede explicado en la sentencia cómo se arriba a la conclusión de su falta de aptitud para permitir llegar al estado de certeza necesario respecto a la autoría de González en el robo investigado.

El cotejo de los fundamentos del fallo en crisis, con las constancias de la causa y las pruebas producidas, demuestra que el plexo probatorio ha sido examinado en forma parcial, exponiendo únicamente los fundamentos que permitirían desincriminar al acusado; mas ha sido soslayado el análisis de las posibles pruebas de cargo, sin dar razones bastantes para explicar objetiva y racionalmente el estado de duda que condujo a desestimar la acusación por el delito de robo.

Así, la mera invocación de la existencia de dudas en torno al horario de ocurrencia del hecho, sin que siquiera se haya intentado explicar cómo sucedieron los hechos en el horario establecido en la sentencia, no resulta suficiente para sostener la absolución por el delito de robo por aplicación del principio "in dubio pro reo", toda vez que se ha omitido el análisis integrado de antecedentes que obran en la causa, como posible prueba de la autoría atribuida al acusado, según la posición del Ministerio Público al formular requisitoria fiscal, y al mantener la acusación en el juicio, y el examen de su aptitud conviccional confrontándola con el plexo probatorio reunido en autos.

La motivación del fallo, como requisito que exige un razonamiento claro, completo y circunstanciado, es requisito de validez de la sentencia, pues permite tanto a las partes como al órgano judicial al que competa el control de su legalidad, verificar la observancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas, y en la determinación de la plataforma fáctica del proceso, la existencia material del hecho, y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Ello así, no aparece suficientemente fundada la falta de certeza objetiva, y aún de probabilidad sobre la autoría del robo atribuida a González. Si bien la duda invocada refiere a un especial estado de ánimo del juez, que le impide alcanzar la convicción de certidumbre sobre los hechos, dicho estado no puede sustentarse en una pura subjetividad, sino que debe derivarse racional y objetivamente de la valoración de las constancias del proceso, lo que no acontece en el caso, puesto que se ha soslayado el análisis integral del plexo probatorio producido, y no se proporcionan elementos de convicción idóneos para respaldarla. Merituando según las reglas de la lógica las pruebas reunidas, podrá o no subsistir el estado de duda expresado en la sentencia, pero no puede desconocerse que la falta de aptitud conviccional de las pruebas desechadas no ha sido suficientemente fundada.

En suma en el análisis de la autoría del delito de robo atribuida al imputado, la sentencia no contiene fundamentos suficientes para dar sustento al estado de duda que determinó la absolución por este hecho, lo que descalifica a la sentencia como acto jurisdiccional válido, configurándose a su respecto una causal de arbitrariedad al transgredir el deber de motivación impuesto por el art. 28 de la Constitución de la Provincia, y los arts. 408, inc. 2º, 413, inc. 4º y cc. del CPP, por lo que la sentencia debe ser casada parcialmente y declarada nula en cuanto absuelve de culpa y pena a José Segundo González del delito de robo por el que venía requerido, a tenor de la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido el pronunciamiento que infringe el deber de adecuada motivación".

Los autos serán restituidos al Tribunal de origen, a fin de que por intermedio de quien corresponda, y previo debate, se dicte nuevo pronunciamiento; sin que la presente decisión implique establecer criterios ni pautas acerca de la responsabilidad del imputado en la presente causa.

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Fiscal de Cámara en lo Penal de la IIIa. Nominación, contra la sentencia de la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal, cuya lectura de fundamentos tuvo lugar en audiencia del 21/3/2002, declarándose la nulidad de la misma sobre la base de la doctrina legal enunciada.

II.- REMITIR la causa al Tribunal de origen, a fin de que, por quien corresponda y previo debate, se dicte nuevo pronunciamiento en esta causa.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO