Excepciones procesales, indulto, Fuerzas Armadas, facultades del Poder Ejecutivo, facultades del Poder Legislativo
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: "SUAREZ MASON, Guillermo y otros...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-01

De la letra de la cláusula constitucional del art. 86, inc. 6° surge que el indulto sólo puede recaer sobre penas correspondientes a delitos sujetos a la jurisdicción federal, con expresa excepción de los casos de juicio político, es decir, sobre penas impuestas por sentencia judicial firme de juez con aquella competencia que declare la existencia del ilícito y la culpabilidad del autor. También se ha dicho, que el indulto puede exclusivamente extinguir penas ya impuestas, con carácter particular, pues la facultad de extinguir la acción penal, con carácter general, ha sido confiada en la ingeniería constitucional al Poder Legislativo, único poder autorizado a legislar en ese sentido mediante el dictado de amnistías.

Esta transgresión no puede ser reputada sólo de formal, pues resulta evidente que cuando la estructura constitucional de división de poderes establece un juego de pesos y contrapesos otorgando a cada poder institucional facultades para controlar a los otros dos -aquí, la posibilidad de moderar el uso de la fuerza por parte del Poder Judicial en la aplicación de las penas- tales prerrogativas no pueden en ningún caso, desnaturalizar el normal desarrollo de una función que le es propia a cada uno de ellos. En efecto, es claro el texto constitucional al otorgar la facultad analizada al Poder Ejecutivo, sólo cuando el órgano encargado de administrar justicia ha impuesto -luego de cumplir con las etapas del debido proceso establecidas también por la Carta Magna- aquella pena que se considera desde otro de los poderes como excesiva o falta de equidad para el caso específico. En ese delicado equilibrio, la intromisión del Poder Ejecutivo en un proceso en trámite, en el cual todavía no se ha podido establecer la responsabilidad del imputado y con ello, tampoco se ha decidido la imposición de pena alguna que con el dictado del indulto se pretenda evitar, resulta ser un claro avasallamiento a la división de poderes de gobierno.En este sentido entiende Marcelo A. Sancinetti que "...detrás de la cuestión relativa al órgano, se anidan también valores materiales, como lo es el hecho de que el Poder Ejecutivo no interceda en el esclarecimiento de causas judiciales llevadas a cabo por el Poder Judicial. Es decir, que el valor primario es un derivado de la división de poderes:

mientras no esté explícitamente conferida por la Constitución la facultad de bloquear un proceso judicial por indulto del Poder Ejecutivo, la cuestión cae bajo la regla general de que la facultad de indultar, que sí está conferida, se limita a la ejecución de la pena, no a evitar su imposición (la condena), mucho menos el proceso penal en sí." (Sancinetti -Ferrante, "El Derecho Penal en la Protección de los Derechos Humanos", Hammurabi, Buenos Aires, 1999, pág. 349, nota 159).En primer lugar, implica por parte del Poder Ejecutivo el ejercicio de funciones judiciales en violación a la prohibición del art. 109 de la Constitución Nacional (conf. en este sentido el voto de la minoría en el precedente de la CSJN, "Ibañez", ya citado).Además debe advertirse que la posibilidad de indultar penas en abstracto implicaría, otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de extinguir acciones penales, ingresando así inexorablemente en un campo reservado al Poder Legislativo (arts. 75 y 76 CN).