Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-16


SENT Nº 396 San Miguel de Tucumán, 16 de Junio de 2011.- Y VISTO: El recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada en autos: "Lischinsky Mariana vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Inconstitucionalidad ", y	C O N S I D E R A N D O I.- En su presentación de fs. 186/189, la Municipalidad de Yerba Buena plantea recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia Nº 513 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 20 de agosto de 2010 (fs. 176/180) el cual, previo cumplimiento con el traslado previsto en el segundo párrafo del artículo 94 del Código Procesal Constitucional -en adelante CPC- (cfr. fs. 190, 191 y 192/195), es concedido por Resolución Nº 736 del 25 de noviembre de 2010 (cfr. fs. 199).

Ninguna de las partes presentó la memoria facultativa a la que alude el artículo 97 del referido digesto procesal.

II.- El fallo, objeto de recurso, hizo lugar a la demanda promovida por Mariana Lischinsky contra la Municipalidad de Yerba Buena y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad, con relación al presente caso, de los artículos 162 y 184 de la Ordenanza Nº 430/91.

Luego de afirmar que el ordenamiento constitucional provincial, al establecer a partir de 1990 que los recursos de las municipalidades se forman con las tasas que se fijen por servicios efectivamente prestados, ha excluido a los tributos no vinculados como fuentes originarias de los municipios, el Tribunal sostuvo que la demandada sólo se encontraba habilitada para crear tributos vinculados, es decir, aquellos en los que el nacimiento de la obligación del contribuyente depende de la realización de una concreta actuación estatal respecto del obligado.

En ese sentido concluyó que la descripción de los sendos hechos imponibles contenidas en las normas impugnadas por la actora no se adapta a la previsión del artículo 114 de la Constitución de Tucumán de 1990, porque la prestación efectiva del servicio que la norma constitucional requiere es concreta y la generalidad de la descripción del servicio gravado implica la creación de un tributo no vinculado.

III.- En su presentación recursiva la Municipalidad sostiene que los conceptos y calificaciones referidas a las tasas que contiene la sentencia atacada han sido tomados de interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales que se encuentran dividas, y que no se partió, entonces, de ninguna norma positiva para caracterizar los tributos que el municipio está habilitado a crear y percibir, por lo cual -a su entender- el acto jurisdiccional de marras incurre en un vicio de fundamentación aparente.

Dice que los servicios municipales deben ser prestados a los contribuyentes en atención a que éstos, con el ejercicio de su actividad comercial (o la tipificada normativamente) crean el hecho o situación potencialmente peligrosa para toda la población. En opinión de la recurrente, no carece de razonabilidad que sean los contribuyentes los que deban hacerse cargo del pago del tributo, aunque de hecho las inspecciones o servicios redunden en un beneficio colectivo.

Asevera que es absurdo interpretar que el servicio se presta uti universi, pues ello equivaldría a sostener, por ejemplo, que un vecino que vive sobre la avenida Aconquija y paga una tasa de servicio más elevada que la de otro que vive doce cuadras alejado hacia "adentro" de aquella arteria principal de Yerba Buena, pueda pretender que dicha tasa se cobre a ambos por igual por el simple hecho de que cuando el vecino que no vive sobre la avenida Aconquija, al circular sobre ella, se beneficia si se encuentra limpia o iluminada.

Cuestiona, por último, que se hayan impuesto las costas del juicio al municipio sobre la base de lo dispuesto por el artículo 105 del CPCyC, sin tener en cuenta la salvedad contenida en el artículo 26 del CPC, el cual prevé expresamente que "cuando la decisión hace lugar a la acción, las costas son a cargo del responsable del acto lesivo, salvo en el caso de inconstitucionalidad de la norma fundante, que correrán por el orden causado".

IV.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte como tribunal del recurso de inconstitucionalidad la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo de marras.

IV.1.- El recurso ha sido interpuesto tempestivamente; en efecto, la sentencia en crisis fue notificada, mediante cédula dejada en el casillero de la letrada apoderada del municipio, el día jueves 26 de agosto de 2010 (ver. fs. 182), y el escrito recursivo fue presentado el lunes 13 de septiembre del mismo año (ver cargo de fs. 189), vale decir, dentro del plazo de diez días -hábiles judiciales- que consagra el artículo 94 del CPC.

IV.2.- Asimismo, en el caso se satisfacen los requisitos de admisibilidad que, de acuerdo a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Cimero local, se infieren de lo preceptuado por las sendas y pertinentes disposiciones contenidas en los artículos 91 y 92 del CPC. Ello es así por cuanto lo objetado es una sentencia definitiva dictada por una cámara de instancia única en una causa donde la cuestión constitucional que forma el objeto principal de la discusión entre las partes está referido, sustancialmente, a materia propia y específica de la Constitución Provincial (cfr. CSJT, 04/7/2002, "Orihuela, Mario Enrique y otros vs. Asociación de Trabajadores de la Sanidad [ATSA] s/ Amparo", sentencia N° 568; 12/5/2004, "Reforma S.R.L. vs. Municipalidad de Concepción s/ Amparo", sentencia Nº 289; 14/5/2004, "Campolo de Díaz Elena Concepción y otros vs. Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán y otros s/ Amparo", sentencia Nº 318; 20/12/2004, "Vargas Aignasse Rodolfo M. y Azcárate José s/ Calumnias e injurias", sentencia Nº 1060; 22/8/2008, "Madrid Hugo Armando vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo", sentencia Nº 794; 14/4/2009, "Club Social y Deportivo Veteranos del Norte vs. Liga Tucumana de Fútbol de Veteranos s/ Amparo", sentencia Nº 313; entre muchas otras), y la sentencia atacada llega a un resultado contrario a las defensas que la recurrente opusiera en la litis.

Sobre el particular cabe puntualizar que el de autos encuadra en el supuesto del artículo 92 inciso 2, del CPC en la medida que con la demanda se cuestionó la validez de tributos instituidos por normas con fuerza de ley, tal como lo son las contenidas en una ordenanza municipal (cfr. CSJT, 10/6/1999, "José Minetti y Cía. Ltda. vs. Municipalidad de Bella Vista s/ Repetición", sentencia Nº 426, y sus citas), que la parte actora reputaba contrarias o violadoras de la disposición del artículo 114 de la Constitución de Tucumán de 1990. IV.3.- En este preliminar nivel de análisis se observa, finalmente, que el recurso de inconstitucionalidad intentado por el municipio demandado cumple también con el requisito de "fundamentación" que consagra el artículo 93 del CPC, desde que los agravios en que se sustenta guardan relación directa e inmediata con la apuntada cuestión constitucional, discutiéndose la falta de conformidad que el tribunal de grado sostiene entre el ordenamiento fundamental vernáculo y las ordenanzas atacadas.

IV.4.- En razón de lo hasta aquí expuesto, la vía impugnativa resulta admisible. Ergo, corresponde pasar al estudio de su procedencia.

V.- ¿Asiste razón a la recurrente? Cabe reparar en que la circunstancia de que existan opiniones doctrinarias o jurisprudenciales en contrario -que, por cierto, la quejosa siquiera identifica- no priva de validez la interpretación que, en ejercicio de facultades constitucionales que le son propias, los tribunales provinciales con competencia en la materia sostuvieron de manera uniforme sobre el sentido y alcance de la disposición contenida en el artículo 114 inciso 1º, de la Constitución Provincial de 1990, en numerosos precedentes que, como bien se indica en el dictamen fiscal emitido en la causa, esta Corte Suprema ha venido confirmando.

Queda así al descubierto la inconsistencia y falacia del argumento que en tal sentido esgrime la demandada, puesto que la solución que se propicia en el fallo atacado cuenta con el sustento de la mentada norma constitucional y de la inveterada hermenéutica elaborada a su respecto por la jurisprudencia local.

Resulta vano, estéril, y por ende está destinado al fracaso, todo intento por torcer el consolidado criterio jurisprudencial que impera sobre la cuestión constitucional de autos, en la medida que no se aporten nuevas razones y argumentos de convicción serios que refuten o superen a los desarrollados en fundamento de aquél. Lejos está el recurso en examen de correr una mejor suerte, máxime cuando el agravio respectivo se construye sobre la base de un paralogismo, como lo es el argumento que se esboza a través del ejemplo comparativo que se consigna en el escrito de impugnación.

Tal razonamiento parte de una premisa falsa cual es la relativa al significado que, en la doctrina judicial de marras, tiene la locución "servicio uti universi". En efecto, el yerro de la quejosa consiste en no advertir que lo decisivo -sustancial- en dicho concepto no pasa por la repercusión colectiva, en sí, que la prestación del servicio puede traer aparejada, sino por la forma en que aquélla se presenta; esto es: si el servicio beneficia de manera directa y personal a un particular (supuesto del propietario del inmueble ubicado sobre la arteria pública que cuenta con el alumbrado y la limpieza provistos por el Estado), se trata de un servicio uti singuli, que autoriza a percibir del beneficiario inmediato el correspondiente tributo vinculado, con independencia de que el resto de la población resulte indirectamente favorecida por la misma prestación; a la inversa, si -como en el supuesto de autos- se está ante servicios que por su generalidad e impersonalidad benefician directamente a la población y sólo de un modo indirecto a cada uno de los vecinos del municipio, en tanto y en cuanto integrantes de dicho colectivo, cabe hablar de servicios uti universi, cuyo sostenimiento o manutención no alcanza a justificar apropiadamente el cobro de una tasa, habida cuenta la apuntada falta de especificidad necesaria en su vinculación con el contribuyente. Por su parte, el agravio relativo a la imposición de costas no resiste el menor análisis. Ello es así por cuanto la queja del municipio se basa en una disposición legal, como la del artículo 26 del CPC, que, de acuerdo a su ubicación metodológica, rige para los procesos de amparo y hábeas corpus, regulados en el Título II del aludido digesto procesal, en ninguno de los cuales encuadra el caso de autos. Desde tal perspectiva, y ante la inexistencia de una norma específica que disponga lo contrario, resulta inobjetable la aplicación que, en la presente acción declarativa, el a quo hiciera del principio general que sobre la materia de costas consagra el artículo 105 del CPCyC.

En mérito a lo dicho corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad de Yerba Buena en contra de la sentencia Nº 513 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 20 de agosto de 2010.

VI.- Atento al resultado precedente, se imponen al municipio demandado las costas generadas en esta instancia recursiva (cfr. art. 105 del CPCyC).

Por ello, y de conformidad con lo sostenido por el Ministerio Fiscal en el punto IV de su dictamen de fs. 207/208, se	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada contra la sentencia Nº 513 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 20 de agosto de 2010.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para ulterior oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	ANTONIO GANDUR CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00029155-01.