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Homicidio culposo, mala praxis, responsabilidad médica, relación de causalidad, responsabilidad por omisión, delito de omisión
Materia: PENAL
Carátula: Herellac Tomas Udadislao s/ Homicidio Culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-03-05

Habiendo quedado acreditado el hecho que se imputa -homicidio por negligencia médica-, corresponde determinar la responsabilidad penal. El tema encuentra ubicación en el tratamiento de la acción y el tipo penal no en la culpabilidad. Su análisis es de índole ontológico y jurídico y surge con el estudio individual de la letalidad de las lesiones; los prácticos recurren al tamaño de la herida; Leyser introduce el factor tiempo; Carrara hace la distinción entre lesiones absolutamente mortales, accidentalmente mortales y por último individualmente mortales.

Las distintas concepciones causales en materia penal, se pueden agrupar en aquellas que son causalistas y las otras no causalistas.

En materia penal la base de la relación de causalidad está dada por la teoría de la equivalencia de las condiciones; pero será el tipo penal el que indicará al intérprete cual de las condiciones corresponde a la relación causal propia que la ley establece.

En el caso donde la figura penal es la de homicidio culposo por negligencia, por omisión de actos debidos médicos y extramédicos, hacen a la relación causal establecida en el precepto. Se deja así establecida la exigencia causal entre el no obrar y el resultado acaecido: la muerte de la menor.

La culpa reside en un vicio no del intelecto sino de la voluntad, por conductas u omisiones irreflexivas o ligeras. Se trata en el caso de inobservancias del deber de cuidado en el desenvolvimiento de la propia conducta para evitar daños a terceros.-
Menores, consumación del delito, agravantes de la pena, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: O., R. P. y otro s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-19

Es necesario acreditar el concierto de voluntades exigido por el art. 210 CP para de ahí establecer el tipo penal acuñado en el art. 167 inc. 2º CP. El robo se consuma con la real y efectiva posibilidad -aunque sea por un corto lapso- de disponer de los bienes sustraídos. La agravante del art. 41 quater CP se configura cuando el mayor utiliza al menor como instrumento de su autoría, así, el mero conocimiento de la minoridad no es suficiente. La consideración de que el imputado es reincidente porque así fue declarado en causas anteriores genera un perjuicio para él, ya que aquella circunstancia debió darse en el marco del debate, de lo contrario implicaría aceptar que la sentencia ahora impugnada es un pronunciamiento constitutivo de un nuevo estado: el de reincidente. La omisión de dar vista al representante del Ministerio Público Fiscal a efectos de que formule el requerimiento respectivo, no surge de manera determinante del juego armónico de los arts. 180, 188 y 195 CPPN, en el caso, el hecho en cuestión se anoticia mediante la actuación de los funcionarios policiales que concurrieron al lugar del hecho, la prevención policial, excitada de este modo, desplaza al requerimiento fiscal y es válida de conformidad al art. 195 CPPN, máxime cuando el juez actuante tuvo conocimiento y control. A los fines de la aplicación de la agravante art. 41 quater CP, el mero conocimiento de la minoridad no es suficiente, sino que resulta necesario acreditar que el mayor utilizó a los menores. Una de las disidencias parciales consideró que se advierte un vicio esencial en lo actuado, que por sí invalida las decisiones adoptadas por el instructor al omitir la intervención necesaria del Ministerio Público Fiscal y la otra disidencia parcial sostuvo que corresponde la aplicación de la agravante prevista en el art. 41 quater CP, toda vez que al momento del hecho delictivo, dos de los actuantes tenían 16 y 9 años, mientras que el tercero contaba con 25 años de edad y que de la declaración de reincidencia no puede conceptuarse como desproporcionada ni arbitraria, sino que es fruto del ejercicio lícito de una potestad legislativa.
Cómputo de servicios, artistas de variedades, prueba, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TESIO, ELSA MARIA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SERVICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-23

Atento la índole de la actividad de los artistas (en el caso, espectáculos circense) caracterizada por una gran movilidad laboral que dificulta su acreditación, las constancias arrimadas al expediente han de ser evaluadas con criterio amplio donde se haga aplicación del principio hermenéutico vigente en materia previsional según el cual, en caso de duda, ha de resolverse en sentido favorable el derecho del beneficiario. (Disidencia del Dr. Laclau).
Honorarios, regulación de honorarios, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: BECERRA JULIO ORLANDO c/ JULIO CESAR MENENDEZ s/ REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-18

Según la norma del art. 11 del C. de C.P., el juez competente para lo principal lo es también para conocer de sus incidentes, dependencias, juicios accesorios y conexos ("forum connexitatis"), por ello como quiera que se lo califique -demanda de regulación o pedido de cuantificación de honorarios-guarda estrecha conexión con el proceso principal.

Tratándose de actividades letradas desarrolladas en el pleito preexistente, la pretensión correspondiente debe canalizarse necesariamente por vía incidental ante el magistrado que entendió en primer grado de aquél.

La pérdida de jurisdicción que en los términos del art. 362 acarrea la notificación del pronunciamiento emitido por el órgano judicial, y hasta la firmeza que el mismo con posterioridad pueda alcanzar sólo precluye las cuestiones efectivamente juzgadas y las que pudiendo haber sido propuestas, no fueron de hecho deducidas ("tantum iudicatum disputatun vel quantum diputare debebat");pero de ninguna manera comprende aquellos puntos que, lejos de haber podido ser juzgados, fueron expresamente postergados para una oportunidad ulterior, que es precisamente lo que ocurrió en el caso particular, donde la liquidación de los honorarios fue diferida para cuando existiese base cierta.-
Contratos, locación, contrato de servicios, consulta técnica, laboratorios, preaviso, cobro de sumas de dinero, apreciación de la prueba, juicio ordinario
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Schickendantz, Gustavo Alfredo c/ Centro Medico Vilella SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-09

1 - Corresponde admitir la acción promovida por un galeno contra un centro médico, en reclamo de una suma dineraria, a modo de indemnización por los daños y perjuicios causados por la rescisión intempestiva de la relación comercial habida entre las partes, encuadrada en una locación de servicios profesionales no formal, que los mantuvo vinculados durante un tiempo prolongado, mediante la cual la sociedad demandada le requería al actor la realización de exámenes médicos en su laboratorio, y éste los facturaba. Ello así, toda vez que la accionada reconoció el vínculo, aunque afirmó tener motivos para finalizar la relación, pero no pudo acreditarlos.
Plazos procesales, suspensión del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Mendieta, Ramón Salvador c/ SOMISA s/ Indemnización incapacidad laborativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

La suspensión decretada por el Presidente del Tribunal del Trabajo resulta improcedente desde que el art. 17 de la ley 11.653 (art. 17, dec. ley 7718 -t.o. dec. 4444/93- n.a.) establece la perentoriedad e improrrogabilidad de los términos procesales y el procedimiento seguido no es aplicable a los supuestos de notificación por cédula cuando nada impidió al recurrente ejercer la facultad que le concede el art. 483, in fine, del Código Procesal Civil y Comercial, (art. 63, ley 11.653). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, derecho a la salud, personas con discapacidad
Materia: PROCESAL-CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: C., E. A. y Otro c/ Estado Nacional - Ministerio De Salud PROFE s/ Incidente de Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-16

No se encuentra controvertido en autos la calidad de discapacitado del menor E., como así también la enfermedad renal que padece. Se encuentra controvertido, la obligación de la demandada de ordenar cautelarmente la inscripción del menor en la lista respectiva de espera de transplante en el INCUCAI. Entiende este Tribunal que, con la limitación que impone el estrecho marco cognoscitivo propio de las medidas cautelares (conf. Sala 1, doctr. causas 4176 del 10.8.99 y 394 del 1.3.01), debe ponderarse cual es la afección del menor E. y, principalmente, que se estarían cumpliendo los pasos necesarios para inscribirlo en el INCUCAI. No consta en autos alguna negativa preliminarmente ilegitima o arbitraria de parte de las autoridades sanitarias de nuestro país, en orden a rechazar o denegar la inscripción en el INCUCAI. De esta manera, no puede ordenarse a la demandada que inscriba al paciente en el INCUCAI si no se ha demostrado prima facie una violación de sus derechos y garantías constitucionales.
Contrato de trabajo, aportes previsionales, cuota sindical, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: ASCANI KARINA JESSICA c/ DIAGNOSTICO MEDICO S.R.L. s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-25

Debe reputarse como injustificada y apresurada, la conducta asumida por la trabajadora de darse por despedida cuando al momento de tomar tal determinación la empresa procuraba alcanzar la regularización de su deuda de aportes y contribuciones provisionales y de cuota sindical, mediante planes de Facilidades de pago formulados ante la AFIP y ante el Sindicato, por lo que tal circunstancia no puede constituir causa de despido indirecto.
Rebeldía, confesión ficta, presunciones, prueba insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Vazquez, Juan Ramón c/ Parajón, José María y/u otros s/ Reclamo laboral Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-10-12

La confesión ficta en base al pliego acompañado y las posiciones contenidas en el mismo, son insuficientes para acreditar los hechos narrados en la demanda por falta total de otros elementos probatorios que avalen la confesión solicitada en la audiencia de vista de causa, por ausencia del codemandado, porque no constituye un medio de prueba en sí, sino solamente una presunción cuya evaluación por el juzgador debe ser realizada en consonancia con la actitud asumida por la parte respecto al hecho confesado.
Pena privativa de la libertad, ejecución de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GONZALEZ, GERARDO RAMON s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-24

Del análisis de la normativa de orden local e internacional que rige en nuestro país en materia de ejecución penal surge que la ley 24660 establece que la finalidad de la ejecución de la pena privativa de libertad es lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos proclaman como finalidad esencial del régimen penitenciario la reforma y readaptación social de los condenados a través del tratamiento, y las "Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos" de las Naciones Unidas que, si bien no están incluidas en la incorporación prevista por el artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna, conforme la Corte nacional, configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención, establecen que es conveniente -utilizando así un lenguaje recomendativo- que, antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un "retorno progresivo a la vida en sociedad", el que puede alcanzarse de tres modos diferentes: dentro del mismo establecimiento penitenciario, en otra institución apropiada, o mediante libertad condicional.

Es decir, el Estado cumpliría su obligación alternativa -aun si percibiéramos que el lenguaje fuera imperativo- bajo cualquiera de esas modalidades, dos de las cuales serían a través de la institucionalización de la persona condenada, y no mediante el régimen de la libertad condicional.

Con las referencias apuntadas hasta aquí, debe reconocerse que no se puede señalar que "resocialización" equivale sin más a "externación" y, como surge del propio texto de las Reglas Mínimas, es factible instaurar un régimen progresivo a desarrollarse intra-muros.

En esta línea, también se puede indicar que la restricción contenida en el artículo 14, segunda parte, del Código Penal, no resulta en sí misma contradictoria con el ideal resocializador, sino que se asienta en la necesidad de adecuar la progresión en el régimen carcelario al grado de indiferencia o rechazo al orden jurídico puesto de manifiesto por cada imputado.(Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dr.Erbetta).
Contratos administrativos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arbizu, Felipe F. en representación de IPAR S.R.L. s/ Acción de amparo -cuestión de competencia art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-01-06

En el ámbito de las relaciones contractuales de derecho público, la competencia del Tribunal es muy amplia y comprende a los litigios vinculados con la celebración, interpretación, ejecución o rescisión de concesiones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Delitos contra la humanidad, corte interamericana de derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

Los crímenes de lesa humanidad son serios actos de violencia que dañan a los seres humanos al golpear lo más esencial para ellos:

su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud y/o su dignidad, que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo, conforme ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Massalín Particulares  S.A. c/ Resolución  nx37/90    de la Subsecretaría de Finanzas Públicas de la Nación. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

El carácter excepcional de la acción de amparo obliga a admitirla únicamente en aquellas situaciones que revelan la imprescindible necesidad de ejercerla para la salvaguarda de derechos fundamentales, en tanto ella no altera las instituciones vigentes ni faculta a los jueces para sustituir los trámites pertinentes por otros que consideren más convenientes y expeditivos.
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Milian, Roberto Domingo contra Moyano, Oscar Alberto y otros. c/  s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-16

El reconocimiento y resarcimiento del daño moral, dependen, en principio, del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido sin que sea necesaria otra precisión, siendo su apreciación cuestión de hecho irrevisable por esta Corte, salvo supuesto de que resulte absurdo o irrazonable.(doctor Soria, minoría)
Contratos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Prietropaolo, José María y otra c/ Gambacorta, Hugo Aldo y otra s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

Con relación al principio que sienta el art. 1193 del Cód. Civil, la Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Bs.As., ha expresado que sólo es absoluto, indeclinable e irrenunciable, cuando se pretende probar el contrato mismo; pero no cuando lo que se intenta acreditar sin hechos que -exteriorizando la actuación de las partes- descubren que ha mediado el acuerdo de voluntades que la ley exige para que el contrato exista.-
Diligencias preliminares, prueba pericial, puntos de la pericia
Materia: PROCESAL
Carátula: Iguazú Cía. de Seguros  S.A. s/ Reconocimiento de Mercadería.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-23

Si bien es cierto que el art. 327 del Código Procesal dispone la apelabilidad de las medidas preliminares ello es así en tanto el juzgador desestime "in limine" la petición formulada (conf. Morello, A.M. y otras. "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y la Nación, Comentados y Anotados", t. IV, pág. 463). En el procedimiento elegido por la recurrente lo que se pretende es la "ampliación" de la pericia que se está realizando en esta medida de prueba anticipada, labor pericial que aún no ha concluido lo cual se sustrae a un dispositivo cuyo alcance pudiere ser sujeto a revisión de la Alzada.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Boating Club A.C. c/ Djivelekian, O'Hannes y ot. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

La omisión que genera la nulidad del fallo no es aquella en la que el tribunal -bien o mal- expresa en su fallo que el capítulo no debe ser tratado. El acierto o no de dicho convencimiento es ajeno al recurso extraordinario de nulidad y la reparación del agravio debe buscarse en el de inaplicabilidad de ley.
Inadmisibilidad del recurso, procesamiento sin prisión preventiva, resoluciones irrecurribles, evasión, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Córdoba, Juan Carlos c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-21

Es inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la resolución que confirmó el procesamiento sin prisión preventiva del encausado por el delito previsto y penado por el artículo 281 del Código Penal, evasión por negligencia de funcionario público, toda vez que resoluciones como la atacada no son -por su naturaleza ni por sus efectos- sentencias definitivas ni a ella equiparables, en los términos del art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación; la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción de esta Cámara.Dres. Borinsky, Hornos y Carbajo.
Prenda, nulidad del acto jurídico
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. c/ BENEDETTI EUGENIO Y OTROS s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-02

Es nula la prenda cuando se han violado normas expresas de la ley que tienden a asegurar la seriedad y realidad de la operación que se garantiza o cuando el precio consignado es ficticio y cubre otras mercaderías que no se han entregado.

"No hay prenda valida sin la debida contraprestación que coincida con las constancias del documento que la instituye."
Admisibilidad formal, concesión errónea del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Deppeler, Aldo y Dech, Lidia Margarita y/o León Heker y Cía. S.R.L. y/o Heker, Daniel y/o Lipsich, Moisés s/ cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-10-30

Cabe declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad, pues no se ha cumplido con los extremos que hacen a la admisibilidad formal del remedio interpuesto, de conformidad a los arts. 10º y 11º de la ley Nº 6997 de la Provincia del Chaco, y tampoco se cumplimentaron las reglas establecidas por la Resolución N° 1.197/07 del Superior Tribunal de Justicia y su Anexo.
Concursos, concurso especial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Provincia de Buenos Aires c/ Tambascio, Juan c. y otros s/ Ejecución prendaria Banco Provincia de Buenos Aires c/ Tambascio, Juan s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-12|1991-08-06

La ejecución prendaria puede deducirse o continuar una vez presentado el pedido de verificación en el concurso, el crédito, en cuanto a su monto y privilegio debe quedar determinado en el concurso, siendo el proceso verificatorio la vía idónea para tal fin. El contenido de la acción que se inicia o prosigue, de conformidad con lo normado por el artº 22 inciso 1º de la Ley de Concurso, queda circunscripto a la etapa de subasta del bien, si es que no se ha satisfecho el crédito con anterioridad, aún cuando haya finiquitado el proceso verificatorio, bastando en tal caso que constituya caución suficiente para el caso de fracasar esa insinuación, aplicando así analógicamente el artº 203 de la Ley de Concurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Espósito, María c/ Saestur s/ Incumplimiento de contrato. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

Si bien el art. 365 del CPCC dispone que las pruebas debe ofrecerse dentro de los primero diez días del plazo de prueba, ello debe entenderse dirigido más a concluir una etapa del proceso que a señalar a dicho ofrecimiento un orden determinado en la sucesión de actividades procesales, pues, en verdad, el ofrecimiento anticipado -que es impuesto en el proceso ordinario para la prueba instrumental (art. 333 CPCC) y en otros procesos para todas las pruebas (arts. 486 y 498 CPCC)no perturba el buen orden del juicio ni causa agravio a la contraparte o al órgano judicial, lo cual impone cierta flexibilidad en la interpretación sobre todo cuando con ello dada la trascendencia del acto, se asegura al máximo el derecho de defensa.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: VERA JOSE LORENZO Y OTRA c/ ESTEVEZ BENITO Y OTRO s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-12

La vida humana en sí representa un valor económico que debe indemnizarse a ciertos parientes, cuando ella se pierde por un cuasidelito, y el monto resarcitorio debe guardar relación con las circunstancias de cada caso, edad de la víctima, ayuda que prestaba o podía prestar en el futuro, grado de parentesco y daño pecuniario actual y traducido en el tiempo, que la desaparición de aquélla causará en el seno de la familia de la que formaba parte (conf. C.

N. Civ. Sala F, E.D. 11-112 y E.D. 82-489; Sala A, L.L. 93-372 y L L. 34-250; Sala C, E.D. 84-333; C.N.Esp.Civ. y Com. Sala V, R.E.D.

11-324 nro 270; S.C. Bs. As. E.D. 91-374; id. id. E.D. 72-120).
Beneficios previsionales, reciprocidad jubilatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nogueira, Néstor D. c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa Suárez, Lilia Angela c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-07|2002-12-18

Conforme el acuerdo de reafirmación federal suscripto por la Nación y las provincias el 24 de mayo de 1990, aprobado por ley 11.163 (pub. en B.O. , 14-III-1992) existió el compromiso, en materia de poderes concurrentes y delegados, de ejecutar políticas de concertación a través de mecanismos que aseguren la participación de las provicnias en la toma de decisiones (artículo sexto).