Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-28


ALEGRE, Héctor José y otros contra UNION AGRICOLA DE VILLA OCAMPO y otro Reg.: A y S t 210 p 27-31.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ALEGRE, Héctor José y otros contra UNIÓN AGRÍCOLA DE VILLA OCAMPO y otro -Juicio Ordinario de Declaración de Ineficacia- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. C.S.J. Nro. 429, Año 2004).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?, y TERCERA: en consecuencia, qué resolución corresponde dictar.

Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gutiérrez, Vigo, Gastaldi y Netri.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 200, pág. 330, esta Corte admitió la queja deducida por el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. contra la sentencia de fs. 265/266 v. y, en consecuencia, concedió el recurso interpuesto, por las razones entonces expuestas.

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro motivos para apartarme de aquella conclusión, no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 523/v..

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Vigo, Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

1. En el sub júdice los actores (Héctor José Alegre, Sergio Clamades Romero, Rodolfo Benjamín Fernández y Nelson René del Fabro) promovieron juicio ordinario de declaración de ineficacia contra el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. y la Unión Agrícola de Villa Ocampo, en procura de que se declaren ineficaces las hipotecas celebradas por escrituras públicas 152 y 153, de fecha 30 de junio de 1991, pasadas ante el escribano público Omar Pittau, hipotecas que -sostuvieron- habían sido constituidas durante el período de sospecha, para asegurar el cumplimiento de obligaciones que originariamente carecían de dicha garantía; "la deuda en mora que se canceló -adujeron entonces- no figuraba a nombre de la Cooperativa, sino de algunos directivos y socios que se limitaron a actuar de prestanombres -sic-".

Invocaron en sustento de su pretensión el artículo 122, inciso 4 , de la ley 19.551, y el artículo 124 de la misma ley, respecto del cual afirmaron haber intimado previamente a la sindicatura para el ejercicio de la acción de ineficacia (escrito de cargo 28.IX.1994, a fs. 20/21 v.).

A fs. 33/37 el banco -en lo que es de interés- se opuso al progreso de la demanda aduciendo que, en cuanto a la hipoteca n 152, la fallida había cancelado su deuda con anterioridad a la constitución de la misma, y que "la deuda nació con ese compromiso", por lo que no encuadraba en las previsiones del artículo 122, inciso 4 , de la ley concursal; y en cuanto a la n 153, que la misma respondía a una deuda que no era de la cooperativa, sino del señor Nemesio Benito Stechina, garantizada con una hipoteca sobre un inmueble de aquélla.

A su turno, y conforme se expresara ut supra, el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N 2 de la ciudad de Reconquista declaró ineficaces -e inoponibles a la masa- las hipotecas de referencia atento considerar, a partir de pruebas que examinó, que la hipoteca n 152 correspondía a un crédito de refinanciación de deudas anteriores, y que en cuanto a la n 153 el señor Stechina había declarado que no recibió ningún dinero proveniente de dicho negocio, siendo coincidentes los testigos "en el sentido de que nadie pudo afirmar que la Cooperativa haya recibido efectivamente el importe del crédito" (fs. 213/214 v.).

Por sentencia de fs. 265/266 v., la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista desestimó los recursos articulados por el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. y, en consecuencia, confirmó el fallo de baja instancia.

Para así resolver consideró la Alzada, en cuanto al agravio fundado en la aplicación de la derogada ley 19.551 (artículo 122), en lugar de la vigente ley 24.522, que no obstante que "una decisión judicial no puede fundarse en una ley que ha perdido vigencia", "en la especie corresponde al juzgador un mayor esfuerzo de calificación (art. 243 C.P.C.C.) por cuanto la litis quedó trabada en otro marco legal.

Observó que si bien la constitución de hipotecas no encuadra en ninguno de los supuestos del artículo 118 de la ley 24.522, "no habiéndose planteado (...) la eventual gratuidad de los pagos hechos por la hoy fallida para cancelar deudas de sus asociados", de cualquier manera debía analizarse -en función de lo normado por el art. 119 de la L.C. 24.522, esto es, actos perjudiciales para los acreedores celebrados en el período de sospecha- "si quien contrató con la fallida conocía la cesación de pagos".

Y en ese orden entendió que cobraban "especial relevancia" las actas de reuniones del Consejo de Administración de la fallida (n 1338, 2. Contra tal pronunciamiento dedujo el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. recurso de inconstitucionalidad fundado en el artículo 1, inciso 3 , de la ley 7.055.

En su presentación se agravió de que la Alzada se apartó de la litis al confirmar la sentencia de baja instancia con el argumento de que su parte conocía el estado de cesación de pagos, argumento que no había sido traído al debate y respecto del cual el banco no tuvo oportunidad de probar ni de esgrimir defensa alguna, por lo que -observó- es arbitrario el reproche del incumplimiento de la carga de demostrar que los actos no causaron perjuicio, que se refiere a un verdadero hecho nuevo.

Agregó que al así decidir la Alzada tampoco valoró las resoluciones del Directorio del Banco glosadas en autos a fs, 104/112, y omifió el análisis pormenorizado que hizo su parte de la situación económico-financiera de la cooperativa al momento de otorgarle el crédito, en particular el balance del año 1993 "en donde nada hacía presumir un estado de cesación de pagos".

Expresó que el Tribunal falló sin tomar en consideración sus agravios respecto de que el cambio de la ley de concursos "cambia la posibilidad de los actores y hace pasible la excepción de falta de legitimación a los actores", por aplicación del artículo 119 de la ley 24.522.

Sostuvo asimismo que el decisorio parte de la aplicación errónea e infundada de una norma jurídica, toda vez que en la causa se halla probado que se trataba de una deuda vencida, por lo que al juzgarse por la ley 24.522 debía aplicarse su artículo 118, y no el 119, que opera para casos totalmente distintos al de autos (fs. 276/283).

Evacuado que fueran los traslados respectivos (fs. 286/288 y fs. 290), la Cámara denegó la concesión del recurso por auto de fs. 294/295 v., accediendo la impugnante a la instancia extraordinaria por vía de queja, como se expresara al tratar la primera cuestión.

3. El detenido estudio de Esto último es precisamente lo que se verifica en el caso de autos, toda vez que so pretexto de tomar nota del nuevo régimen introducido por la ley 24.522, que introdujo sustanciales modificaciones en materia de ineficacia concursal, la Alzada confirió a la litis un encuadre jurídico que no se compadece con lo oportunamente demandado en autos, con olvido de la elemental regla de congruencia según la cual los términos de la litiscontestatio "proceden jurídicamente" de los escritos de demanda y contestación (artículo 243 del código de rito), no pudiendo los jueces -ni las partes- apartarse de los mismos.

Ni siquiera ante la constatación de que "la litis quedó trabada en otro marco legal" podía la Alzada -sin violar la regla mencionada, y con ello el derecho de defensa de las partes- proceder a hacer abstracción de los referidos términos sobre los se trabó el debate judicial, transformando la pretensión originaria de declaración de ineficacia de una constitución de hipoteca "respecto de obligación que originariamente no tenía esa garantía" (artículo 122, inciso 4, ley 19.551), en otra bien distinta de declaración de ineficacia falencial por encuadrar la hipoteca en la hipótesis de "realización de actos perjudiciales para los acreedores en el período de sospecha " (artículo 119, ley 24.522), supuestos cada uno de ellos que exhiben sus propias características y exigencias desde el plano de la argumentación y de la prueba a cargo de las partes en orden a convencer al Oficio sobre la solución que correspondía adoptar en el caso (vide "R.M.S.", R. A. y S., T. 139, pág. 403).

En tales condiciones, al afectar sustancialmente las posibilidades de defensa En consecuencia, corresponde acoger favorablemente el recurso interpuesto, debiendo reenviarse la causa al tribunal que corresponda a fin de que la misma sea nuevamente juzgada con arreglo a las pautas sentadas en el presente.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Vigo, Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas (artículo 12, ley 7.055).

Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda a fin que dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a las pautas sentadas en el presente.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Vigo, Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Presidente doctor Gutiérrez y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas.

Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda, a fin de que dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a las pautas sentadas en el presente.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)