Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-10


Salta, 10 de Abril de 2013.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "MULTA ART. 30 C/COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA" Expte. Nº 20936 del Juzgado de Minas - Salta, EXPEDIENTE DE CAMARA N° 365.635/11 de esta Sala I, y CONSIDERANDO I. Vienen estos obrados por recurso de apelación planteado a fs. 77/85 por la Dra. Ana Inés Rosa, quien actúa en carácter de apoderada de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en contra de la Resolución de fs. 21/23 que aplicara multa a su mandante, luego de liberación de zonas, en los expedientes Nº 19.270; 19.271, 19.272; 19.273 y 19.274.

En sus agravios manifiesta -en disconformidad a la opinión del Sr. Juez- que la liberación de áreas implica avance sobre un derecho sustancial, cual es el de propiedad y ejercicio de la industria lícita, en contraposición al criterio de considerarlo el "desenvolvimiento normal de un trámite", pues estima que su mandante poseía un derecho exclusivo de exploración y cateo, y que se habría violado el debido proceso, al no haberse conferido oportunidad al justiciable de ser escuchado y ejercitar su derecho de defensa.

Le agravia también la falta de consideración de los trabajos que se estaban realizando, como de los pedidos de prórroga en los distintos expedientes tramitados, por cuestiones de índole climática que dificultaron la actividad, aplicando literalmente lo preceptuado por el código minero en cuanto al acaecimiento de los plazos.

También le agravia el hecho de no haber cumplido con la manda del art. 30 del Código de Minería de previa petición a Catastro Minero, adhiriendo a lo expresado oportunamente por la Fiscal que intervino en la instancia de grado inferior.

A fs. 89 la Dra. Verónica Montiel, a cargo del Despacho de Minas de la Fiscalía de Estado, manifiesta en la vista conferida a ese órgano que la decisión atacada resulta razonable pues la aplicación de sanciones deriva de la demora en la determinación de áreas ocupadas, perjudicando la labor del catastro. A fs. 99/101 contesta la vista conferida la Sra. Fiscal de Cámara Civil, Comercial y Laboral, Dra. Adriana María Figueroa, quien se expide por el rechazo del recurso articulado, analizando de manera pormenorizada los agravios expuestos por el recurrente, y solicita su rechazo.

Opina que el derecho de cateo y la exclusividad que conlleva no resulta un derecho de propiedad, sujeto al plazo que prescribe el art. 30 del Código de Minería, aseverando que el trámite conferido en los expedientes detallados supra fue correcto, siendo en todos los casos notificado el actor del término del permiso, superficie, cómputo y término de los trabajos, plazos de primera liberación como presentación del informe final, además de las sanciones por incumplimiento.

Relativiza los agravios vertidos, sosteniendo que no ha existido vulneración al derecho de propiedad, ni al debido proceso o el ejercicio de industria lícita, habiendo a su criterio actuado el A-quo conforme a derecho, aplicando lo preceptuado por citado código, en particular de los arts. 26 y 30, refiriendo a los pedidos de prórrogas formulados, que no los considera como peticiones expresas, ya que aludieron en su momento a diversas causales, además de la cuestión climática (vgr. estudio social o cumplimiento de instrucciones).

Asimismo, estima que la exclusión del Catastro Minero a los fines de la aplicación de sanción, no resultó objetable, toda vez que no se requiere opinión técnica cuando el motivo de sanción tiene base en el fenecimiento y cómputo de plazos estatuidos por la norma vigente. A fs. 102 se dispone el pase de autos a despacho.

II.- Analizando el art. 29 del Código Minero sostiene Catalano (Código de Minería Comentado- pág.122 -Ed. Zavalía- año 1999) que: "La superficie de los permisos de exploración no puede quedar librada a la voluntad de su titular ni tampoco al arbitrio de la autoridad minera.

Tampoco el plazo para realizar los trabajos puede constituir una facultad discrecional frente al interés de no gravar perpetuamente la superficie y de fomentar la concurrencia de nuevas empresas en la zona".

La ley ha limitado con ese criterio -dice- la superficie de los permisos y ha establecido, según su extensión, el plazo que otorga para completar los trabajos.

A tal efecto, crea la unidad de medida de exploración y condiciona el número de unidades concesibles hasta un máximo por permiso, el cual no puede excederse, a efectos de no gravar excesivamente la propiedad inmobiliaria y con el objeto de promover, al mismo tiempo, la concurrencia de otras empresas en las zonas investigadas.

La recurrente reconoce en forma expresa haber estado imposibilitada "del cumplimiento estricto de los plazos fijados en el C.M.", entendiendo que los términos fijados en el Código Minero no serían perentorios como lo son en el Código Procesal Minero.

Sin embargo, y aun cuando pueda surgir según sus dichos "la inequívoca intención de CNEA de mantener vivos sus derechos", ello no implica posibilidad de soslayar los requisitos legales, que son fijos y taxativos, pues la función primordial de la autoridad minera es reconocer los derechos de los particulares peticionantes siempre que encuadren en el marco de la ley.

No debe obviarse que el art. 30 del Código Minero, al regular la duración de los permisos de exploración por unidades de medida, establece, en forma imperativa, que: "Al cumplirse trescientos días del término se desafectará una extensión equivalente a la mitad de la superficie....

Al cumplirse seiscientos días se desafectará una extensión equivalente a la mitad de la superficie remanente de la reducción anterior.... A tal efecto el titular del permiso deberá presentar su petición de liberación del área antes del cumplimiento del plazo respectivo....

La falta de presentación oportuna de la solicitud determinará que la autoridad minera, a pedido de la autoridad de catastro minero, proceda como indica el párrafo precedente, liberando las zonas a su criterio y aplique al titular del permiso una multa igual al canon abonado".

Como puede notarse en los artículos aludidos, la cuestión de los plazos y condiciones que establece el Código Minero no dependen de la voluntad del permisionario ni son prorrogables ya que, de haberlo así entendido el legislador, hubiera consignado "podrá" y no "deberá" (en consonancia con lo normado por el art. 26 del C.P.M. que reza que todos los plazos son perentorios o improrrogables).

Así lo manifesta Catalano (ob.cit. pág. 127) al decir que: "La sanción ante la falta de cumplimiento de esta norma, será la liberación de oficio a solicitud de la autoridad del catastro y la aplicación de una multa al explorador remiso.

Conviene tener presente como premisa que toda demora en la determinación de las áreas ocupadas o liberadas, perjudica la labor del catastro y resulta razonable la aplicación de sanciones severas a los que infrinjan esas normas, tal cual lo manifestara la representante a cargo del Despacho Minero de Fiscalía de Estado a fs. 89 parafraseando al autor citado supra.

Tampoco las manifestaciones de inclemencias climáticas pueden tener virtualidad de prórrogas indefinidas, pues de conformidad con el art. 69 del Código Minero: "Comprobada la existencia de un obstáculo que no era posible superar dentro de los plazos fijados para hacer la labor legal, la autoridad podrá prorrogarlo hasta cien (100) días más" pero, en el caso en examen que abarca el trámite de cinco expedientes, surge de los mismos que tales cuestiones fueron decididas en su oportunidad por la autoridad de aplicación sin que pueda considerar el apelante violación al derecho de defensa, pues se encontraban a su alcance todas las herramientas procedimentales que la Ley adjetiva brinda como garantías.

No puede esgrimirse violación al derecho de propiedad y al ejercicio de la industria lícita, toda vez que el ejercicio de tales derechos en la materia que nos ocupa tiene como directriz el bien común general. Debe recordarse que en todo estado organizado la libertad y la propiedad individual están limitadas en beneficio del bien común.

El fundamento de las mismas se halla plasmado en nuestro ordenamiento constitucional en el art. 14 de la Constitución Nacional que, al enumerar los derechos de que gozan todos los habitantes de la Nación, agrega "conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio".

Dicha restricción se concreta a través del llamado "poder de policía", que es en resumen la facultad de reglamentar y, por consiguiente, de limitar el ejercicio de los derechos individuales en beneficio de la comunidad. Por último, aunque puede ser objetable que no se haya cumplido con la intervención previa de Catastro Minero, tal exigencia resulta una cuestión formal, que en nada impide a los fines de dilucidar la cuestión, pues el acaecimiento de los plazos concedidos por ley, resultan fatales, intervenga o no tal autoridad, siendo en último término la decisión del Sentenciante lo que cuenta como Autoridad de aplicación, quien según lo dispuesto por el art. 2º de la Ley 7141 de Procedimiento minero tiene "competencia originaria, improrrogable y excluyente... facultándolo a encomendar a otras autoridades administrativas o judiciales, según corresponda, la ejecución de determinadas diligencias o actos vinculados al proceso" , lo que desvirtúa de manera liminar los agravios vertidos por la recurrente.

Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución de fs. 64/66 en todas sus partes.

Por ello LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I. CONFIRMA el auto resolutorio de fs. 64/66 en todas sus partes..

II.- ORDENA se registre, notifique, y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.