Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22


Causa Nº 029-00/CC/06 caratulada "CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO SOC. CIVIL S/ cables expuestos y otras - Apelación" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de junio de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

A fs. 226/229vta. los doctores Adolfo Luis Tamini e Ignacio Javier Costa, en representación del Club Atlético San Lorenzo de Almagro Sociedad Civil, interponen recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de esta Sala de fs. 208/217vta. que confirma parcialmente la decisión del a quo obrante a fs. 188/190vta y condena en definitiva a la encartada a la pena de multa de cinco mil setecientos pesos ($5.700), manteniendo la modalidad de cumplimiento efectivo, sin costas en la instancia.

Señalan los presentantes, en primer lugar, que la sentencia emanada de este Tribunal habría afectado la garantía de prohibición de la reformatio in pejus, al fijar una pena mayor que la dispuesta por el Sr. Controlador -aunque atenuada respecto de la determinada por el Magistrado de grado-. Admiten que "si bien no se trata de la clásica 'reformatio in pejus' el concepto es analógicamente aplicable a este caso" (fs. 226vta.); e interpretan que la imposición de una multa más elevada que la establecida en sede ejecutiva afecta el libre ejercicio del derecho de su representada a la revisión de los actos administrativos dictados a su respecto, situación que se verificaría al haberse colocado a la enjuiciada en una posición más desfavorable que aquella en la que se encontraba con anterioridad a la activación de la acción respectiva (fs. 228, párrafo tercero). Citan en abono de esta postura el precedente "Gómez" (CSJN, año 1956), que entienden de aplicación, toda vez que "proyectó constitucionalmente la prohibición de la reformatio in pejus a fin de evitar colocar al imputado en 'la disyuntiva de correr el citado riesgo o consentir una sentencia (en este caso una resolución administrativa) que considera injusta" (fs. 228, segundo párrafo).

Alegan, asimismo, que ambas sentencias adolecen de arbitrariedad y menoscaban el derecho de defensa en juicio de la encartada (fs. 227). Conectan este agravio no sólo con la apuntada indicación de haberse transgredido la prohibición ya reseñada, sino, además, con la denegación en esta instancia de la pretensión relativa a la modalidad de ejecución de la pena, rebatimiento justificado en la existencia de condenas anteriores. Explican que, al extender la relación de significación de la voz "condena" a la "sanción" administrativa, se ha fallado en contra de la normativa vigente -circunstancia que torna carente de fundamento en ley la resolución ahora recurrida-. Ello, porque una interpretación sistemática del art. 32 de la Ley 451 obligaría a considerar que sus disposiciones van dirigidas a los jueces contravencionales y de faltas -y no a los controladores-, quienes serían los únicos órganos de los cuales podrían emanar "condenas" en sentido estricto. El estudio así orientado llevaría también a concluir que el vocablo remite sólo a la actividad materialmente judicial, pues el término de marras recién aparece al enumerarse los requisitos de la sentencia en el art. 55 del cuerpo adjetivo (fs. 227 vta.).

Por otra parte, advierten los letrados una relación entre el art. 32 de la L.P.F. y la garantía de juicio previo. Estiman -con basamento en la doctrina del fallo "Ciorazzo" del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 10- que el presupuesto de aplicación de la citada disposición se activa sólo cuando se ha "verificado mínimamente un proceso judicial con acusación, defensa, prueba y sentencia". Por ello, la resolución que asimila los conceptos de "condena" y "sanción" -y que, en consecuencia, dispone el cumplimiento efectivo de la pena- devendría arbitraria y pasible de revocación (fs. 228).

El Sr. Fiscal de Cámara a fs. 233/234vta., se expide a favor de la admisibilidad de la vía intentada, centralmente por considerar que las alegaciones propuestas a estudio del Tribunal -que reproduce en su dictamen- conforman un verdadero caso constitucional. Sustenta su posición en que "la arbitrariedad de las sentencias vulnera los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, como así también en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades, ello afecta el debido proceso, constituyendo de ese modo un caso constitucional suficiente que habilita la revisión de los presentes actuados ante el Tribunal Superior de Justicia local" (fs. 234).

Cumplidos los plazos y pasos procesales pertinentes, corresponde ventilar la cuestión entablada.

Causa nº 029-00/CC/2006. Sala II.

Y CONSIDERANDO:

1.

El remedio ha sido interpuesto por quien tenía derecho a deducirlo, mediante escrito que aparece fundado y dentro de los diez días de notificada la resolución atacada, conforme lo normado en el art. 28 de la Ley 402., de modo que se satisfacen los requisitos formales de deducción.

En lo que atañe al aspecto sustancial de este examen, no resulta ocioso una vez más señalar que la tarea que incumbe a este Tribunal en oportunidad de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad no sólo se circunscribe a la constatación de las demandas objetivas de procedencia de la vía, sino que también abarca la verificación de concurrencia de agravios constitucionales reales y no aparentes -lo que no importa, por cierto, que se emita pronunciamiento sobre ellos-. A fin de desplegar cabalmente esa labor, es necesario discriminar la mera invocación genérica de preceptos, principios, derechos y garantías o la reiteración de argumentos ya tratados, de una concreta impugnación constitucional del fallo (conf. TSJ, Expte. 2212, "Ministerio Público - Defensoría en lo Contravencional Nº 1 - s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Feng, Chen Chih s/ art. 40 - Apelación", rta. el 11/06/2003 y causas del registro de esta Sala nº 369-00-CC/2004, rta. el 08/03/2005; nº 363-00-CC/2004, rta. el 09/03/2005; nº 300-00-CC/2004, rta. 31/03/2005; nº 385-00-CC/2004, rta. el 27/05/2005, entre muchas otras). Tampoco bastará una imprecisa indicación de los "motivos" en que funda el recurrente su crítica, sino que habrá menester una concreta individualización de los puntos contenidos en la resolución que a su criterio lo agravian, especificándose las razones de su disconformidad a la luz de las constancias del expediente (conf. causas nº 1568-01-CC/2003, rta. el 22/12/2003; nº 206-00-CC/2004, rta. el 05/08/2004; nº 207-00-CC/2004, rta. el 26/11/2004; nº 265-02-CC/2005, rta. el 15/09/2005, entre otras). Lo contrario implicaría convertir al Tribunal Superior de Justicia en una virtual "terce ra vía" ordinaria de todos los procesos que tramitan bajo jurisdicción local (causas nº 049-00-CC/2004, rta. el 14/06/2004; nº 282-00-CC/2004, rta. el 17/11/2004, también entre muchas otras).

2.

En relación con el primero de los agravios formulados -haberse transgredido la prohibición de la reformatio in pejus en ambas resoluciones recaídas en este proceso-, la pretensión recursiva no superará el testeo descripto.

En efecto, enseña Maier que: "...la reformatio in pejus vive en el ámbito de los recursos contra las resoluciones jurisdiccionales y, básicamente, significa prohibir al tribunal que revisa la decisión, por la interposición de un recurso, la modificación de la resolución en perjuicio del imputado, cuando ella sólo fue recurrida por él o por otra persona, autorizada por la ley, en su favor" (Maier, Julio B. J.: Derecho Procesal Penal, Tomo I Fundamentos. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2002 -2ª edición- pág. 590). En orden a tal definición es que aparece desconectada la tacha en tratamiento con las circunstancias del caso, toda vez que en modo alguno -como se afirmó en la sentencia ahora recurrida- puede considerarse un "recurso" la solicitud de pase de las actuaciones a sede judicial prevista en el art. 24 de la L.P.F., ni se estatuye el Juez de grado en "revisor" de la decisión emanada del Controlador, pues, conforme dispone el art. 27 del mismo cuerpo, la jurisdicción en materia de Faltas es ejercida sólo por el Fuero Contravencional y de Faltas de la Ciudad -aseveración que obsta al reconocimiento de una limitación de competencia en los términos pretendidos por la defensa-. Conclusión necesaria es que, fuera de la órbita de los "recursos contra las decisiones jurisdiccionales", el alegado imperativo no encuentra presupuesto alguno de gravitación sobre la actividad de los Magistrados.

Es que la figura examinada viene determinada, desde una óptica estrictamente procesal, por aplicación del principio tantum devolutum quantum apellatum, una de cuyas consecuencias -que coadyuvan a la seguridad jurídica del imputado- se traduce en la veda al Tribunal de Alzada del conocimiento y decisión de la causa en exceso de la jurisdicción que le ha sido "devuelta". De otra manera, expone el referido autor, "...recursos perfectamente fundados no se interpondrían -aceptándose sentencias injustas- por temor a la agravación de las consecuencias" (op. cit., pág. 593).

Adviértase, en consonancia con lo hasta aquí dicho, que la solicitud de ingreso del legajo administrativo al Fuero no requiere de parte del peticionante motivación alguna -pudiendo, inclusive, materializarse a través de un formulario, conf. art. 24 de la Ley 1.217- ni impone al Controlador la tarea de meritar la pertinencia o admisibilidad de la remisión así tramitada, la que debe efectuarse sin otra sustanciación dentro de los cinco días de presentado el escrito o llenado el formulario (conf. art. 25 de la L.P.F.). Mal puede, en consecuencia, considerarse una "devolución" en el sentido expuesto el simple transporte del expediente ejecutivo al Juzgado que por sorteo corresponda, máxime teniendo en cuenta que es la propia ley la que otorga a tales actuaciones el único valor de antecedente administrativo, a los efectos de juzgamiento -art. 25 referido-.

Causa nº 029-00/CC/2006. Sala II.

Por lo demás, el antecedente jurisprudencial aportado en sustento de la propuesta defensista -el leading "Gómez", de 1956- abona precisamente la posición delineada en los párrafos anteriores, habida cuenta de que, lejos de referir el problema del agravamiento judicial de una sanción impuesta en sede administrativa, en aquella oportunidad nuestro Máximo Tribunal se expidió acerca del obstáculo constitucional que impide a la Alzada revocar, sin recurso fiscal, el fallo absolutorio recaído en la primera instancia interviniente y disponer una condena; todo ello en el marco de un proceso formalmente penal originado en una imputación de homicidio calificado. Sin dificultad se aprecia la ajenidad de tales extremos en relación al caso que intentan construir los representantes de la encausada, circunstancia que, adunada a su desajuste del marco técnico de operatividad del instituto -la interposición de un recurso contra lo decidido-, conllevará a la declaración de inadmisibilidad del remedio ensayado.

A mayor abundamiento, esta Sala ha tenido oportunidad de expresar antes de ahora que "...no resulta cierto que haya recaído en el expediente una decisión de segunda instancia más gravosa que la pena impuesta por el a quo (circunstancia que habría conferido virtualidad a la tacha en relación con la admisibilidad del remedio intentado), por lo que el agravio constitucional invocado resulta meramente aparente y no trasciende, una vez más, la mera enunciación genérica de derechos y garantías de ese rango" (causa nº 270-00-CC/2004, "Gral. Tomás Guido S.A. s/ inf. violar luz roja y otras - Apelación", rta. el 27/06/2005).

Tampoco el segundo embate a la pieza de fs. 208/217vta. alcanzará el éxito propugnado a los fines de la continuación del trámite. Antes bien, en el punto el libelo impugnaticio trasluce tan sólo un simple disenso entre el sentido jurisdiccionalmente asignado al art. 32 del Régimen de Faltas y la versión propuesta por los mandatarios, quienes, en refuerzo de este aserto, concluyen a fs. 229 que "se efectuó una equivocada interpretación de la ley en perjuicio de nuestra mandante". Tales genéricas apreciaciones aspectan insuficiente el agravio formulado, máxime si se considera que el débil basamento argumental ensayado no logra conectar la alegada anomalía con una efectiva vulneración en el particular del plexo garantista informante de las nuestras leyes supremas -citadina y nacional-, ni ilumina acerca de la necesidad de abrir el control de constitucionalidad propuesto a partir de una pretendida arbitrariedad que únicamente encuentra sostén en la desnuda disparidad de criterios. Ello -en términos del art. 27 de la Ley 402- conduce a desestimar la procedencia de la vía intentada en relación al motivo expues to, con fundamento en que no existe una concreta controversia entre la interpretación normativa en que se encolumnó el decisorio impugnado y las constituciones nacional o local.

A lo dicho debe agregarse que es el carácter esencialmente instrumental de la disposición cuya exégesis la encartada merita írrita lo que cierra toda posibilidad de recepción de las alegaciones en estudio, habida cuenta de que la actividad que atañe al Tribunal Superior de Justicia se halla restringida por el carácter extraordinario de la vía a aquellas cuestiones que, por su ínsita naturaleza lesiva de principios operativos incluidos en el bloque constitucional, repugnan a su permanencia e incolumnidad. Ello impide, por regla general, llevar a su conocimiento cuestiones suscitadas por la interpretación que los Tribunales inferiores realicen respecto de normas de derecho común o local (conf. Bidart Campos, Germán: Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino. Buenos Aires, Ed. Ediar, 1986, Tomo II -El Derecho Constitucional del Poder- pág. 467).

Al arribo de las conclusiones antes vertidas no empece la escueta argumentación fiscal -de idéntica propuesta que la arrimada por la defensa-, fundada sin otras consideraciones en la unilateral manifestación de resultar arbitraria la sentencia recurrida. Por ello es que tampoco aquí habrá de meritarse suficiente la exposición de una verdadera "cuestión constitucional" que conlleve a la admisibilidad de la vía ensayada.

En virtud de lo hasta aquí sentado, y habiendo concluido el Acuerdo pertinente, el Tribunal RESUELVE:

1.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 226/229 del legajo.

2.- TENER PRESENTE la reserva "de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 14 de la Ley 48)", efectuada a fs. 229.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen, debiendo el Sr. Magistrado a quo practicar las restantes notificaciones.

Causa nº 029-00/CC/2006. Sala II.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.