Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-12


VELAZQUEZ, Gabino Salvador contra INSTITUTO FRIGORIFICO MUNICIPAL Reg.: A y S t 193 p 218-225.

En la ciudad de Santa Fe, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil tres, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "VELAZQUEZ, Gabino Salvador contra INSTITUTO FRIGORÍFICO MUNICIPAL -Laboral- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 213, año 2002).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores: Falistocco, Netri, Spuler y Vigo.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

1. Mediante resolución registrada en A. y S., T. 179, pág. 208, esta Corte -por mayoría- admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada contra la resolución 358 del 28 de diciembre de 1999, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, por entender que la postulación de la recurrente contaba con asidero en las constancias de autos, ostentaba entidad constitucional y resultaba idónea para operar la apertura de esta instancia de excepción.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, realizado con los autos principales a la vista, me conduce a rectificar esa conclusión conforme lo expondré seguidamente.

2. La materia litigiosa puede resumirse así:

Por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral Número 4 de Santa Fe, Gabino Salvador Velázquez promovió demanda contra el Instituto Frigorífico Municipal de Santa Fe por cobro de indemnización de daños y perjuicios como consecuencia del accidente de trabajo acaecido prestando servicios para la accionada.

En el escrito fundante de la pretensión sostuvo que: había ingresado a trabajar a las órdenes de la demandada en la sección achuras en mayo de 1983; el 2.12.1988 sufrió un infortunio en el lugar y en ocasión de sus labores; a raíz del accidente se derivaron las lesiones columnarias cuya reparación persigue; la empleadora se hizo cargo de la asistencia médica; por no haber evolucionado favorablemente se le ordenaron estudios específicos que no fueron autorizados por la accionada; denunció el siniestro ante la Secretaría de Estado de Trabajo el 26.12.1989; el 16.3.1989 se constituyó junta médica administrativa con la presencia del facultativo de ese organismo y de la patronal (doctor Corsano); en esa oportunidad se dictaminó la imposibilidad de reintegrarse a sus tareas habituales y pronta intervención quirúrgica, que finalmente fue realizada el 8.6.1990 con conocimiento de la demandada; igualmente continuó con sus padecimientos, circunstancia que lo motivó a solicitar nueva junta médica a fin de determinar el grado de incapacidad; estando pendiente de realización, comenzó el intercambio telegráfico, que culminó con la extinción del contrato de trabajo (fs. 14/17).

El Instituto Frigorífico Municipal resistió la pretensión oponiendo excepción de falta de acción por no haberse agotado el reclamo administrativo previo estipulado por la ley 7234, modificado por la 9040.

Reconoció la asistencia médica prestada al operario como el dictamen de la junta médica administrativa, mas negó el hecho mismo del accidente con sus consecuentes lesiones en la columna, afirmando que éstas obedecían a una enfermedad inculpable por la cual no debía responder. El Magistrado de baja instancia hizo lugar a la pretensión actoral y, en consecuencia, condenó al Instituto Frigorífico Municipal a pagar la suma de $26.000 por los rubros daño material y moral con más los accesorios legales.

Impugnado que fuera ese decisorio por la demandada, la Alzada lo confirmó.

3. Contra este último pronunciamiento interpuso la accionada recurso de inconstitucionalidad por considerarlo arbitrario como lesivo de cláusulas constitucionales.

Le endilga a la Alzada caer en diversas causales descalificantes, enunciándolas del siguiente modo:

a) No decidir cuestiones planteadas.

Refiere que desde el inicio de la causa opuso excepción de falta de acción de la actora en virtud de no haber cumplido con el reclamo administrativo previo establecido en el artículo 1 de la ley 7234 (modificado por la 9040), en tanto constituye uno de los requisitos indispensables para la admisibilidad de la pretensión.

Sostiene que la Cámara se limita a expresar que la cuestión había sido decidida en el precedente "Fernández", incurriendo en falta de motivación por cuanto debió -ante la inexistencia del reclamo- analizar si era o no un recaudo atinente a la legitimación sustancial. b) Decidir con sustento en prueba inexistente y apartamiento del sistema de valoración de la prueba.

Afirma que los Jueces sustentan la estimación de la pretensión en prueba inexistente y en indicios y presunciones, vedadas en el marco legal de la reparación por el derecho común. Destaca que el sistema de valoración de la prueba que debió utilizarse imponía al actor acreditar en forma fehaciente la existencia del hecho dañoso, el daño y la relación de causalidad entre uno y otro; sin embargo, en autos se verifica una absoluta inexistencia de elementos confirmatorios que demuestren el hecho descripto en la demanda, pues sólo existe una absolución de posiciones ficta -de ponderación más restrictiva- sin que obre prueba documental o testimonial que avale los extremos de la pretensión.

Señala que el Órgano afirma que no interesa que el trabajo sea la causa exclusiva del accidente en tanto basta que obre como concausa, mas omitiendo considerar que se había demandado por el derecho común, que exige una adecuada relación de causalidad entre el hecho y el daño. c) Contradicción con los fundamentos normativos aplicables al caso.

Alude que juzga la causa en base a normas propias del derecho laboral cuando admite que se ha ejercido la opción por el derecho común, imputándose como precepto de atribución de responsabilidad subjetiva el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo.

d) Apartamiento de los términos en que fue trabada la litis.

Asevera que se estima el rubro por daño emergente que no fuera solicitado al demandar, impidiendo a su parte ejercer una adecuada defensa respecto de aquél, por lo que su acogimiento le irroga un agravio de trascendencia constitucional.

Finalmente, le atribuye ausencia de motivación.

4. El análisis del reproche expuesto en el punto a) conduce derechamente a su desestimación en tanto no ostenta matiz constitucional.

Ello así, por cuanto la imputada ausencia de consideración de la excepción de falta de acción -apoyada en el incumplimiento de la reclamación previa exigida por la ley 7234, modificada por la 9040- se desvanece con la propia sentencia atacada, pues su lectura da cuenta que la Cámara le brindó expreso tratamiento, remitiendo, ante todo, a lo ya decidido en otra causa ("Fernández").

Y aun cuando la impugnante entienda que esa fundamentación no satisface las exigencias del artículo 95 de la Constitución provincial, tal planteo importa desconocer la motivación "per relationem" como técnica para fundar adecuadamente las decisiones.

Recuérdese, en tal sentido, lo sostenido por la Corte Federal de que en principio es bastante fundamento de las decisiones judiciales la referencia a lo resuelto en pronunciamientos anteriores (Fallos:283:198; 298:565).

Por su parte, este Cuerpo -si bien con referencia a la motivación de los actos administrativos- se ha pronunciado admitiendo, bajo ciertas condiciones, la validez de la motivación "per relationem", es decir, por remisión, en el caso, a propuestas, informes o dictámenes, entendiendo que ésta cumple los requerimientos del artículo 95 de la Constitución provincial, si los actos a los que se remite son señalados en forma precisa, son fácilmente individualizables y contienen, a su vez, motivación suficiente (vid. "Villar", A. y S., T. 84, pág. 362; "Salvatelli", T. 125, pág. 307; "Expreso El Aguilucho", T. 126, pág. 440; "Gurdulic", T. 135, pág. 1, entre otros).

Claro está que la impugnante no afirma la diversidad fáctica y de derecho de la jurisprudencia en que basa la Cámara su decisión con el caso de autos que impida su aplicación y menos aun cuestiona sus motivaciones, que ni siquiera han sido mencionadas por aquel. Asimismo, bueno es apuntar que la Alzada no solo sustenta su solución en lo juzgado en otra causa sino que la complementa con otras consideraciones. Concretamente, afirma que ("...) aquí no medió -solo-, desconocimiento y rechazo de los hechos y derechos invocados por el actor en su demanda, dándose así su derecho de defensa en juicio, sino que además se revelan actos contra la propia conducta jurídica en la medida que el ente niega, el médico de planta lo afirma al punto de reconocer... en la denuncia por accidente de trabajo, en la posterior junta médica, realizado en la Junta Médica el doctor Corsano que comprueba el síndrome lumbociatálgico y aconseja no reintegrarse a tareas habituales aconsejando la solución quirúrgica que fue finalmente la adoptada -fecha 26.12.1989- (...") (fs. 168v./169).

Pero, además, es necesario destacar que sin perjuicio de reafirmar la necesaria observancia del requisito de procedibilidad que, para demandas como la aquí planteada establece la ley 7234, modificada por la 9040 ("los jueces no darán curso a las demandas... sin que se acredite haber procedido a la reclamación"), cuya aplicación en consecuencia incumbe propiamente a los magistrados, quienes siempre deben verificar de oficio el cumplimiento de la reclamación administrativa previa (cfr. "Vignatti", A y S., T. 121, pág. 69), ha repararse que es por demás claro que la demandada ha resistido la pretensión del actor.

En tales condiciones y compatibilizando la posición asumida por la demandada con los fines declarados por el legislador al consagrar el instituto de la reclamación administrativa previa -mediante el cual "sólo se pretende excitar a la Administración Pública a fin de que se pronuncie dentro de términos perentorios sobre los derechos invocados sobre el particular", permitiendo al Estado gozar de plazos razonables que le permitan "ordenar sus cuentas, evitando conflictos inútiles, en beneficio colectivo" (vid. "Spahn", A. y S., T. 163, pág. 20 y sus citas; también, A. y S., T. 121, pág. 69)-, resultaría irrazonable acoger sin más la postulación sustancial de la recurrente, ya que tal solución supondría en definitiva obligar a Velazquez al planteo de un inútil reclamo ante la Administración para que ésta le brinde una respuesta que ya conoce de antemano (vid. criterio de "Poymulle", A. y S., T. 169, pág. 92).

La restante crítica formulada por la recurrente gira en torno a que la Alzada se aparta del marco normativo en que se fundó la pretensión (derecho común) y, a su vez, incurre en arbitrariedad fáctica por cuanto invoca prueba inexistente y valora las producidas de manera irrazonable.

Las quejas no pueden prosperar conforme se expondrá seguidamente.

A pesar de que la Cámara en el algún tramo del discurso exponga conceptos globales de la indemnización por accidentes de trabajo, sin ninguna trascendencia para la causa y en otros entremezcle consideraciones que pertenecen a ámbitos de resarcimiento distintos, aludiendo indiscriminadamente y con escaso sentido técnico a la causa, a la concausa, al deber de seguridad (art. 75, L.C.T.), a la culpa (art. 1109, C.C.), al riesgo o vicio de la cosa (art. 1113, C.C.), corresponde concluir que esa deficiencia de manera alguna inficiona el pronunciamiento atacado no obstante los reparos formulados por la impugnante.

En efecto: Aquí lo importante es que la Cámara ha aplicado a la presente causa los lineamientos que regulan la reparación integral pretendida por el actor en su demanda (derecho común, art. 1113, C.C.) y, en esa tarea, ha encontrado satisfechos los presupuestos que la condicionan, cuales son, prueba de la relación laboral, acaecimiento del accidente, riesgo o vicio de la cosa y del nexo causal con el daño, sustentándose, básicamente, en la confesión (fixta) de la demandada y en la pericia médica producida en autos.

Y aun cuando la apelante cuestiona la valoración asignada por los Jueces de la causa a la "ficta confessio", cabe concluir que no demuestra que el alcance otorgado a ese medio de confirmación desborde los límites hermenéuticos que la doctrina y fundamentalmente la jurisprudencia han elaborado en la materia. Sobre el particular se ha dicho por vía judicial que dentro de nuestro régimen procesal, la confesión ficta está tarifada con el mismo valor que la expresa, pero su eficacia como prueba debe apreciarse en función de todos los elementos de juicio que obren en el proceso y de las circunstancias de la causa, pues la confesión ficta no es sino una presunción "juris tantum" que queda desvirtuada por la prueba en contrario que pueda rendir el absolvente (cfr. Alvarado Velloso, Adolfo, "Estudio Jurisprudencial, Código Procesal Civil y Comercial Provincia de Santa Fe", Tomo Segundo, Artículos 142 al 300, Santa Fe, 1986, pág. 666 y sgtes.).

Ante estas líneas rectoras trazadas por la jurisprudencia acerca del valor que corresponde otorgarle a la confesión ficta se impone recordar las posiciones a absolver por la demandada: ("...) Jure y confiese como es cierto 1) que el actor sufrió un accidente de trabajo en fecha 2/12/1988; 2) que el actor desempeñaba funciones en el Sector Achuras de ese Instituto; 3) que como consecuencia del siniestro el actor padeció lesiones columnarias; 5) que el actor desempeñaba sus funciones sobre una superficie (piso) mojado y resbaladizo debido a que contiene restos orgánicos de grasas, cebos, etc.; 6) que el actor trasladaba menudencias en carros que cargados pesaban alrededor de 200 kgs. (...") (f. 36).

De cualquier manera las consecuencias procesales de la confesión ficta en el caso de autos son mínimas frente a las que impone el Código Procesal Laboral (art. 66) ante la incomparecencia de la demandada a la audiencia de trámite, nada más ni nada menos que ser tenido por confeso sobre los hechos expuestos en la demanda, salvo prueba en contrario.

Con lo expuesto se quiere significar que la postulación de la recurrente, además de no persuadir de que los Jueces hayan incurrido en arbitrariedad al examinar la mencionada prueba, poca o ninguna conducencia ostenta para el resultado final de la litis, puesto que la confesión de los hechos ya no son solo los que surgen del pliego de absolución de posiciones sino, fundamentalmente, de los expuestos en la demanda como consecuencia de la incomparecencia del Instituto Frigorífico Municipal a la audiencia de trámite prevista por el artículo 51 del Código Procesal Laboral (cfr. f. 37 y resolución de fs. 88/90).

Recuérdese, sobre este último aspecto, que el accionante en la demanda afirmó la ocurrencia del accidente en el lugar y ocasión del trabajo; a su vez, describió la mecánica del infortunio, las condiciones del medio ambiente de trabajo en que sucedió (traslado de carros llenos de achuras, excesivamente pesados, piso mojado y con restos de grasa), como también las consecuencias dañosas del siniestro (lesiones columnarias que derivaron en una intervención quirúrgica y posterior dolencia pos-quirúrgica) (vid. fs. 14/17).

Frente a estas consecuencias procesales (arts. 66 y 67, C.P.L.) no se alcanza a comprender en donde radica la arbitrariedad de hecho y de derecho imputada a los Jueces por entender satisfechos los recaudos legales de la pretensión, cuando la quejosa no menciona ninguna probanza que pueda neutralizar el valor probatorio de la confesión ficta y, fundamentalmente, la sanción dispuesta por la incomparecencia de la demandada a la audiencia del artículo 51 de la ley 7945.

Ahondando aun más en la fundamentación brindada por los Jueces de la causa corresponde hacer notar que la acreditación del accidente en sí mismo estuvo respaldado, además de lo ya expuesto, por la actitud de la empleadora de asumir todos los gastos desde el comienzo de la enfermedad, por el reconocimiento del médico de la planta al caratular de accidente al suceso y por la posterior conducta tuitiva del patronal.

Mientras que la prueba del daño la Cámara la sustenta en la pericial médica, que ("...) comprobaría la intervención quirúrgica practicada al actor, así como dolor a nivel de la 5ta. vertebra lumbar, el cual fuera intervenido en fecha 8.6.90 ( ..."), tomándose como diagnóstico el suministrado por el perito de lumbociática a nivel de S1,L4, L5 y 1S, con una incapacidad del 50% (vid. f. 169).

Corolario de lo expuesto es que la impugnante no persuade que la Cámara haya invertido el "onus probandi" o aplicado presunciones legales distintas al régimen de la reparación por el derecho común o incurrido en ausencia de motivación, antes bien ha juzgado la causa conforme los actos procesales producidos, sus consecuencias y de acuerdo a las pruebas rendidas en la causa.

Sabido es que la lesión a la garantía del derecho a la jurisdicción, si bien puede ser producida por un arbitrario tratamiento o desconsideración de la prueba y de las constancias que surgen de autos, no puede permitir la revisión en una suerte de tercera instancia de criterio que aparecen -"prima facie"- sustentados con lógica racional y expresión de fundamentos, por lo que las afirmaciones de la recurrente en torno a este aspecto resultan inidóneas para franquear esta instancia de excepción.

Tampoco puede prosperar el reparo concerniente a que el Tribunal se aparta de los términos de la traba de la litis al condenar a un rubro no pretendido en la demanda: daño emergente.

Para que proceda el planteo de incongruencia de la sentencia por decidir cuestiones no planteadas, el mismo debe estar fundado seria y concretamente con relación a las constancias de la causa, de modo que esta Corte pueda advertir si hubo un claro desenfoque de la pretensión por parte de los Jueces.

Nada de esto último ha acontecido en el caso.

En primer lugar, el Inferior alude al "daño emergente" para sostener que queda comprendido dentro del daño material o patrimonial y condena únicamente a la demandada por "lucro cesante" al que entiende como daño a la "integridad física las lesiones sufridas y constatadas por el perito médico... consistente en patología..., que le genera una incapacidad parcial y permanente del 50% de la total obrera" y como también a la pérdida de chance para competir en el mercado de trabajo, es decir el perjuicio económico probable que se sigue por la lesión discapacitante, cuantificándolo, en definitiva, en la suma de $ 20.000 con apoyo en la edad del actor al momento del accidente y el salario percibido (f. 144) (vid, sobre lucro cesante, incapacidad y pérdida de chances, Zavala de Gonzalez, Matilde, "Resarcimiento de daños, Tomo 2. Daños a las personas. Integridad sicofísica", Ed. Hammurabi, Bs. As, 1996, págs. 295 y s.s.).

Pero además la postulación de la apelante respecto de que se condena por daño emergente se desvanece absolutamente, habida cuenta que el Inferior (conforme con la cita doctrinaria en que sustenta la concreta reparación económica: Antonio, Vázquez Vialard, "Reparación de los infortunios laborales", Ed. Depalma, Bs. As. 1988, págs. 544 y s.s.) entiende por ese rubro como los gastos que la persona ha desembolsado a fin de palear los efectos nocivos del daño y obtener su desaparición Precisamente esos gastos terapéuticos ya fueron abonados por la demandada, por ende no integraron la pretensión del actor y como lógica derivación de la congruencia procesal tampoco fueron estimados por los Jueces.

En suma: la presente impugnación se circunscribe a la simple discrepancia de la apelante con la apreciación crítica de los hechos y la hermenéutica de las pruebas y normas de derecho común (en lo que, en principio y cualquiera sea su acierto ello está reservada al A quo) sin haber demostrado adecuadamente que el razonamiento argumentativo que da sostén a la sentencia se separa de la sana crítica, de tal modo que se ha hecho privar una solución manifiestamente contraria a las reglas de la lógica y experiencia (esto es, del correcto razonamiento judicial) o se arriba a un resultado manifiestamente inequitativo, que prescinda de las normas que rigen la cuestión.

Por las razones expuestas, voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

El examen de los autos principales me conduce a ratificar la conclusión que arribara al conocer del recurso directo interpuesto por la demandada en la presente causa (A.y S., T. 179,pág. 209), por lo que corresponde remitir -en honor a la brevedad- a los fundamentos que allí expusiera.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESOLVIÓ: declarar inadmisible el recurso interpuesto. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)