Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-09


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de noviembre de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS Los Dres. Adolfo Luis Tamini e Ignacio Javier Costa, por el Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil, promueven a fs. 257/260 recurso de apelación contra el auto de fs. 254 del Norberto Luis Circo -a cargo del Juzgado nº 23- que no hace lugar al pedido de extinción de la acción por prescripción planteado a fs. 248/249.

El Magistrado consideró extemporánea la solicitud, habida cuenta de que, por no haberse impugnado la resolución de esta Sala que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad oportunamente interpuesto, la sentencia condenatoria recaída en estos obrados se halla firme.

Sostuvo, a continuación, que el plazo de prescripción de la acción de faltas debe contarse desde la citación al procedimiento -sea ésta administrativa o judicial- y hasta el dictado de la sentencia de primera instancia, excluyendo del cómputo los períodos de tramitación de las vías recursivas ordinaria y extraordinaria -conf. doctrina sentada por la Sala I de este Tribunal en la causa 65-00/CC/05-. Finalmente, destacó que la pretensión en tratamiento es susceptible de ser deducida como excepción previa, pero no con posterioridad, como lo hicieron los presentantes.

Arguyen los quejosos, en primer lugar, que la resolución de grado no se encuentra en realidad firme, pues no les fue debidamente notificada la pieza que declara inadmisible el recurso de inconstitucionalidad oportunamente incoado, en razón de haberse adjuntado a la cédula respectiva otra decisión de esta Alzada en la presente causa. Entendieron, de ese modo, "...que se trataba de una simple repetición de la notificación, algo no extraño en la práctica judicial" -fs. 257 y vta.-.

Interpretan, en segundo lugar, que el único acto que interrumpe el plazo extintivo es la citación para comparecer al procedimiento de faltas -de acuerdo con lo establecido por los arts. 16 y 14, segundo párrafo, de la L.P.F.-. En esta inteligencia, y toda vez que aquélla se perfeccionó en sede judicial el 10 de agosto de 2005, a la fecha de formulada la solicitud de declaración había transcurrido el período de un año previsto en la normativa citada. Ello así, aun si se adhiriera a una exégesis amplia del articulado de mención, abarcativa tanto del emplazamiento efectuado por el Controlador como del ordenado por el Juez de grado. En este sentido, sostienen que la especulación del a quo en relación a la finalización del cómputo por el dictado de la sentencia de primera instancia es equivocada, pues no existe disposición legal alguna que habilite a sostener tal versión, situación coherente, a su criterio, con la voluntad legislativa de estructurar un procedimiento ágil y rápido -conf. fs. 258vta./259-.

Respecto de la necesidad de incoar la cuestión a través de la excepción correspondiente, alegan los mandatarios que en el ceremonial de Faltas no se verifica tal exigencia. Explican que el artículo 43 no habla de excepciones "previas", sino de las "admisibles", ni existe otra norma que obligue a entablar la defensa con anterioridad a la celebración de la audiencia de juzgamiento. Por otra parte, deducen del texto del art. 53 del mismo cuerpo la facultad de oponer el remedio durante el curso de la audiencia; finalmente, afirman que, por tratarse de una cuestión de orden público, puede ser planteada y debe ser declarada en cualquier momento del proceso -fs. 259vta.-.

Concluyen que los mencionados defectos resultan conculcatorios del principio republicano de gobierno y de los de legalidad, defensa en juicio y debido proceso, en perjuicio de su representada -fs. 259vta.-, y que la dilación del proceso no puede reprocharse a su mandante, en virtud de que las pruebas propuestas fueron proveídas en diciembre de 2005 -a más de tres meses de su ofrecimiento- y la audiencia fue fijada para dos meses después -febrero de 2006-.

A fs. 265/266 emite su dictamen el Sr. Fiscal de Cámara, centrando su razonamiento -en forma poco clara por cierto- en el estudio de la notificación del resolutorio que rechaza el recurso de inconstitucionalidad. Si bien considera que "en autos puede deducirse que la cédula fue fijada en la puerta del domicilio constituido" (ver fs. 266) -lo que hace suponer que se inclinaría por la validez del acto-, sorpresivamente concluye en que aquel pronunciamiento "no se encuentra firme por cuanto no ha sido debidamente notificado(a)" (ver fs. 266). En función Causa nº 029-00/CC/2006. Sala II.

de ello propicia que se haga lugar al recurso interpuesto y se declare prescripta la acción.

A partir de esta premisa, y en atención a las constancias de la causa, deriva que la acción se encuentra prescripta, pues desde el acaecimiento del único acto interruptivo -la citación al procedimiento judicial el 10 de agosto de 2005- hasta el momento de la emisión del dictamen -3 de octubre de 2006-, se hubo superado el año de tramitación legalmente previsto.

Cumplidos los plazos y pasos procesales pertinentes, el legajo se encuentra en estado de ser resuelto.

Y CONSIDERANDO 1.

Si bien el remedio fue interpuesto contra un pronunciamiento que no constituye una sentencia definitiva en términos del artículo 56 de la Ley 1.217, antes de ahora nos hemos expedido en sentido favorable respecto de la apelabilidad de la resolución que deniega la solicitud de prescripción de la acción, con fundamento en su virtualidad de producir un gravamen de tal entidad -la prosecución de una causa en perjuicio del imputado enmarcada en un proceso formalmente extinto- que habilita su equiparación a aquel rango. En efecto, de resolverse a favor de la aplicación del instituto, el trámite fenecería por ausencia de interés del Estado en la persecución de la infracción reprochada -conf. causa nº 345-00-CC/2005, "ABDUL, José Abel s/ falta de habilitación de remis - APELACIÓN", rta. el 27/10/2005-.

Ello torna procedente la continuación del examen de admisibilidad formal, el cual queda superado al constatarse la legitimación subjetiva de quienes incoaron la vía, su interposición por escrito y la presentación dentro del plazo de cinco días previsto en aquella norma.

2.

Para dilucidar el problema traído a estudio del Tribunal, resultará útil la realización de un breve recuento de ciertos actos de relevancia verificados en la causa, a fin de determinar con claridad si asiste razón a los recurrentes o si, por el contrario, ha quedado vedada la posibilidad de peticionar válidamente en ella, por encontrarse finiquitado el trámite y firme la sanción en él recaída.

Luego de formalizar a fs. 97 la solicitud de pase de las actuaciones prevista en el art. 24 de la L.P.F., el día 10 de agosto de 2005 el Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil se notificó de su radicación en el Juzgado respectivo y de la citación a comparecer al procedimiento judicial de faltas -fs. 104 y vta.-. La causa continuó regularmente hasta que el 22 de junio de 2006 -fs. 237/240- esta Sala rechazó el recurso de inconstitucionalidad intentado contra la sentencia de fs. 208/216 -que modifica la condena impuesta por la Juez a quo en su resolutorio de fs. 188/190-.

El 23/06/2006 el Sr. Fiscal de Cámara fue notificado personalmente de aquella denegatoria -fs. 240-. Remitida la causa al Juzgado de origen -fs. 241-, el Magistrado a cargo, Norberto Luis Circo, ordenó su notificación a las partes -fs. 242-, lo que se cumplió con las diligencias documentadas a fs. 243/246. El día 3 de julio de 2006 la cédula enviada a los mandatarios de la asociación civil sancionada habría sido fijada en la puerta del domicilio por ellos constituido, según puede deducirse del sello de estilo que -en forma borrosa- luce al dorso del instrumento de notificación. El 17 de agosto siguiente, los apoderados del C.A.S.L.A plantearon la prescripción de la acción -fs. 248/249- que fuera rechazada en el resolutorio de fecha 12 de septiembre de 2006 -fs. 254- notificado un día después -instrumento de fs. 255-. Cinco días -hábiles- más tarde fue promovida la vía de apelación que hoy nos ocupa -fs. 257/260-. Finalmente, y de acuerdo con las certificaciones de fs. 247 y 253, no se había interpuesto, respectivamente, recurso alguno ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación al 18 de agosto de 2006, ni ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad al 11 de septiembre del mismo año.

De la reseña anterior se desprende que, cuando se incoara la pretensión extintiva, la sentencia condenatoria se encontraba ya firme. Contabilizados los días inhábiles y el período de feria invernal, el plazo para interponer la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado ante el Estrado local venció luego de cumplidas las dos primeras horas del 13 de julio de 2006 -plazo de cinco días Causa nº 029-00/CC/2006. Sala II.

establecido en el art. 33 de la Ley 402-. Consecuentemente, al momento de entablar la prescripción de la acción, la sentencia oportunamente cuestionada -con las modificaciones impresas desde esta Alzada- había pasado en autoridad de cosa juzgada, y los únicos actos procesales válidos que en relación a ella podían practicarse eran ya por entonces los relacionados con la ejecución de la condena allí impuesta.

A la conclusión antedicha no obsta ninguno de los argumentos vertidos tanto por la defensa como por el órgano acusador en esta instancia. Nótese, en referencia a la presentación efectuada por el Club, que los defectos de notificación alegados se encuentran abonados tan sólo en manifestaciones unilaterales que no tienen conexión alguna con las constancias de la causa. Baste para ello destacar que en las cédulas de fs. 222 y 245 -que los apoderados denuncian portadoras del mismo contenido- se notifican dos providencias de fechas diferentes, separadas por un lapso de cincuenta y cinco días -del 4 de mayo al 28 de junio de 2006-, lo que da por borda, incluso, con la propuesta de consideración relativa a una "práctica judicial" consistente en notificar más de una vez la misma resolución, pues en forma palmaria surge de las piezas la transcripción de distintos decretos. Por lo demás, es clara la inscripción de fs. 245 en cuanto "se adjunta copia íntegra de la sentencia de segunda instancia", la que, en conjunción con la fecha de la resolución de trámite -28 de junio de 2006- no lleva sino a concluir, frente a la desnuda manifestación de los quejosos, que el acto ha sido regularmente desplegado y que la sentencia en copia adjunta era la dictada en estos autos a fs. 237/240 -inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad-.

Tampoco resultan hábiles las menciones formuladas por el Sr. Fiscal de Cámara. El representante del Ministerio Público parece confundir el contenido del instrumento notificador relativo a la decisión judicial en sí con la constancia que debe consignarse al finalizar la diligencia respectiva; de tal forma, aparenta entender que, como esta última mención luce borrosa, el acto en su totalidad carece de validez. Sin embargo, como se reseñó en los considerandos, acepta que "en autos puede deducirse que la cédula fue fijada en la puerta del domicilio constituido..." -fs. 266-, mención que despeja todo posible conflicto al argumentar a favor de la regularidad de la notificación.

Sentado lo anterior, se advierte que la premisa sobre la que ambas partes construyeron sus versiones expande su inconsistencia al resto de las alegaciones que en su virtud se han arrimado, debilitando de este modo la fuerza de las exposiciones. Ello así pues, si no es cierto que la resolución que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad fue indebidamente puesta en conocimiento de los ahora apelantes, tampoco lo es que la acción continuaba vigente al momento del ensayo prescriptivo que nos convoca, y a esta conclusión nada aporta ni quita la doctrina de la Sala I de este Tribunal en la causa citada por los accionantes, como así tampoco cualquiera otra disquisición respecto de la postulada capacidad interruptiva de los diversos actos del trámite que, dicho sea una vez más, no ha prescripto sino que ha finalizado con una sentencia condenatoria que se encuentra firme y ejecutable.

Sin perjuicio de lo dicho, menester resulta recordar que se aprecia como una buena práctica procedimental el consignar en el texto de las cédulas de notificación, aun en los casos en que se acompaña copia íntegra de la resolución, al menos la parte dispositiva del decisorio, a los efectos de aventar eventuales e infecundos planteos que impliquen un innecesario desgaste de jurisdicción y mayor dilación en el proceso como el que aquí nos ocupa.

A la luz de las precedentes consideraciones, los restantes problemas traídos a estudio han derivado en cuestiones abstractas, cuyo tratamiento deviene, por esa razón, innecesario.

En consecuencia, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE I.- CONFIRMAR la resolución de fs. 254 en cuanto dispone no hacer lugar al pedido de extinción de la acción por prescripción planteada por los Dres. Adolfo L. Tamini e Ignacio J. Costa en representación del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

II.- TENER PRESENTE las reservas de ocurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación efectuadas a fs. 260 -punto 5 del escrito recursivo-.

Causa nº 029-00/CC/2006. Sala II.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente, a fin de que el Sr. Magistrado a quo ordene practicar las restantes notificaciones.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.