marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo público, reescalafonamiento, categoría equivalente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GALIZIA, ANTONIO CAYETANO Y OTROS. c/ ESTADO NACIONAL (SECRETARIA DE SALUD PUBLICA) s/ ORDINARIO-ACTO ADMINISTRATIVO-REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS-   INTERPRETACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-22

El decreto 1428/73, si bien estableció una equivalencia de categoriás con el encasillamiento escalafonario del decreto 9530//58, que sería aplicada automáticamente (art.3 del decreto 1428/73 y arts.91 y 92 del escalafón que dicho decreto aprobó), reconoció a los agentes que por aplicación de esa conversión automática fueron encasillados en categorías inferiores a la función desempeñada, el derecho a reclamar su reubicación (art.98 del escalafón). Ese reclamo era un derecho fundado en la ilegitimidad de haberes asignada una categoría inferior a la función, y no una mera posibilidad de peticionar la concesión discrecional de un ascenso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, liquidación, reposición in extremis, sentencia firme
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASAS, GUILLERMO c/ FLOJUFER S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-02-26

De las constancias de la causa se desprende la evidente equivocación del íter recursivo en el que incurrió el presentante, toda vez que el decisorio que -de así considerarlo el interesado- debía ser cuestionado por medio del recurso de inconstitucionalidad local, era la resolución en virtud de la cual el A quo ordenó practicar nueva liquidación sobre la base de los considerandos allí expuestos; y en lugar de ello, contra este último pronunciamiento, el recurrente interpuso revocatoria in extremis -invocando un nuevo apartamiento de la cosa juzgada- y luego de ser desestimada por el Tribunal inferior, dirigió contra ésta su recurso de inconstitucionalidad; por lo que surge prístino que el perjuicio supuestamente sufrido por el recurrente se originó en la decisión que ordenó practicar la nueva liquidación y no en la que resolvió la revocatoria in extremis contra ella intentada, motivo por el cual la resolución mencionada en primer término ha quedado firme. (Del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler)
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, remuneración del juez, prueba, daño actual
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Almeida Hansen, Jorge A. y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-28

La falta de alegación y prueba sobre el período regulado por los Decretos Nos. 1417/87, 1.571/87 no puede ser subsanada por la Corte ni debió tampoco serlo por la Cámara sentenciante, a fin de fallar el "sub lite" en función de actualidad; ya que no puede el juzgador suplir la inactividad de una parte en desmedro de la contraria;

máxime cuando tales decretos son de aplicación obligatoria por constituir derecho positivo vigente en la materia sujeta a juzgamiento y por haber sido ya ejecutados por la Administración Pública Nacional.
Desindexación, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: GARIPE ROBERTO c/ AUTOTRANSPORTE 20 DE JUNIO s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-08-24

El sistema contenido en la ley 23.283 viene a moderar el excesivo ajuste de actualización, sin embargo el mismo no resulta razonable en cuanto lo referimos a las deudas laborales, dada la caída a valores constantes de los salarios, tornándose en muchos casos de extrema gravedad cuando los salarios son muy bajos como para referenciar las deudas a los mismos. Ello provocaría situaciones concretas de injusticia, perjudicando los intereses patrimoniales de los trabajadores.
Incapacidad laboral, indemnización, trabajador, asegurador por riesgos del trabajo, remuneración
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Tomaselli, Daniel Alberto c/ Dirección Provincial de vialidad y otro s/ Accidente acción civil
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2011-05-20

La indemnización de la incapacidad laboral temporaria sustituye a la remuneración de la que el trabajador se ve privado cuando se encuentra imposibilitado de trabajar. La diferencia entre la indemnización de la incapacidad laboral temporaria y la otorgada por incapacidad definitiva ha quedado plasmada en la legislación laboral y fue recogida por la LRT. Su art. 13 dispone que la primera debe pagarse en igual plazo y forma que las remuneraciones (ap. 1), la sujeta a las retenciones por aportes y contribuciones al sistemas de seguridad social e impone al responsable de brindarla la obligación de abonar las asignaciones familiares (ap. 2), y establece que durante el período de incapacidad en que se paga, el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador salvo la de los primeros diez días a partir de la primera manifestación invalidante (ap. 3). Por lo expuesto, debe hacerse lugar al agravio y dejarse sin efecto la sentencia en cuanto manda descontar -del monto de la indemnización fijada para reparar la incapacidad sobreviniente- el importe abonado al actor por "PREVENCIÓN ART" en concepto de incapacidad laboral temporaria.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alegretti Luis Ernesto en J:Carrizo Heriberto c/ Luis Ernesto Alegretti s/ Incidente Nulidad (LIBRO: A140 - 256)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-05-21

La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino es menester para que cumpla su finalidad, que constituya una exposición jurídica, conteniendo un análisis serio, ordenado, razonado, debidamente fundado y crítico de la resolución apelada, demostrando acabadamente con un mínimo de técnica recursiva, que es errónea, injusta o contraria a derecho, precisando como lo exige nuestra ley formal (art. 137 del C.P.C.), las causales de nulidad si las hubiere, los errores en la apreciación de las pruebas o en el derecho aplicado, haciéndose cargo de los fundamentos del "dictum" que ataca, pues la instancia de Alzada requiere el enjuiciamiento de el en función de los fundamentos que se viertan por el interesado, que es quien tiene la disponibilidad y la medida del recurso.
MÉXICO, grupos vulnerables, Pacto de San José de Costa Rica, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, torturas, protección de la dignidad, violencia sexual contra la mujer, violencia de género, Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, derecho a la integridad física, responsabilidad internacional del Estado Parte, interdependencia de los derechos humanos, familiares de la víctima
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fernández Ortega y otros c/ México s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-30

Corresponde declarar la responsabilidad internacional de México por violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada -Artículos 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 7.a de su par Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer-, en perjuicio de la mujer indígena que fue violada sexualmente por un militar, pues fue penetrada intencionalmente y contra su voluntad, agravada la coerción ejercida sobre ella y reforzada por la participación de otros militares también armados que aprovecharon su situación de extrema vulnerabilidad, generándole profundo sufrimiento psicológico y moral por el terror ante la posibilidad de ser también violada por quienes miraban y ante la presencia de sus hijos en los momentos iniciales del hecho.
Accidente de tránsito, falta de uso de casco
Materia: CIVIL
Carátula: Martinez Hector Leandro c/ Transportes 25 de mayo SRL y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-29

Resulta improcedente atribuir culpabilidad, en la producción del accidente de tránsito, a la víctima que circulaba en infracción a la normativa de tránsito sin usar casco reglamentario, puesto que el mismo no ejerce influencia causal a la hora de establecer la responsabilidad en el accidente, por tratarse de un elemento de protección cuya su función consiste en reducir los potenciales daños.
Revocación de sentencia, indemnización por accidente de trabajo, enfermedad profesional, concausa
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Lucas de Ovejero, María c/ Asociación Bancaria Seccional Jujuy. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Corresponde descalificar la sentencia que hizo lugar a la indemnización por enfermedad accidente, considerando que, aún cuando el ambiente de trabajo no hubiera sido hostil, podía fundarse válidamente la responsabilidad de la demandada en el estado subjetivo del trabajador, que se sintió víctima de persecución por sus superiores, porque de acuerdo con la "teoría de la concausa" no se requiere que la afección sea consecuencia exclusiva de las labores desempeñadas; la decisión prescinde de tratar adecuadamente los argumentos relacionados con el apartamiento de las constancias de la causa y con el "hecho u ocasión del trabajo" como un dato objetivo de insoslayable consideración.
Régimen de consolidación de deudas, ley de orden público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Olamtic S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Resolución de Acuerdos Celebrados en Base a Ley 3609
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-05-26

No puede perderse de vista que por imperio de normas de orden público, las acreencias de particulares contra el Estado Provincial se consolidaron, con "el sacrificio de intereses individuales..."; que la demandada no negó la acreencia puesto que la obligación existía consolidada, y que, más allá de las particularidades y resultado del pleito, y de la sinrazón jurídica de la pretensión actora en más, la demandada incurrió en mora en la satisfacción de las sumas que reconoció adeudar, las que no satisfizo tampoco cuando conoció de esta demanda. Y no sólo la mora impulsa a demandar, sino que una Ley específica fijó un plazo de caducidad para las acciones.
Horas extra, prueba testimonial
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Sosa, Marisa Alejandra c/ Casino Buenos Aires S.A. y Otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-30

Resulta improcedente el reclamo que realizó una trabajadora por horas laboradas en exceso de la jornada legal, puesto que de la prueba testimonial aportada no surgen elementos convictivos que acrediten las horas extras, y a pesar de que la prueba de este hecho no requiere de mayor intensidad que la que corresponde a cualquier otro, lo cierto es que deben aportarse elementos que logren avalarlo conforme lo normado en el art. 377 del CPCCN.
Prenda con registro, ejecución prendaria, suspensión de la ejecución, notificación al deudor, ley de emergencia económica, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: FIAT  CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA SA c/ MAZZUCO HNOS. SACI Y OTROS/ s/ SECUESTRO PRENDARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-12

Frente a lo dispuesto por la ley 25563:16, corresponde adoptar un procedimiento que contemple los intereses en juego de ambas partes. En consecuencia no corresponde suspender el secuestro del bien prendado, pues ello podría acarrear un perjuicio innecesario al acreedor en el supuesto de no configurarse ninguna de las situaciones de excepción contempladas en dicha norma, pero una vez efectuado el secuestro se deberá notificar al deudor en su domicilio real tal circunstancia a los efectos de que dentro del plazo de cinco días pueda invocar y acreditar que si se encuentra amparado por la disposición legal aludida.
Accidente de tránsito, violación al deber de cuidado, principio de confianza
Materia: PENAL
Carátula: F., V. J. s/ Lesiones culposas agravadas s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-07-03

Por ser una actividad compartida, en el tránsito "... el criterio que se aplica para determinar la medida de la creación de un peligro prohibido es... el principio de confianza, según el cual no viola el deber de cuidado la acción del que confía en que el otro se comportará correctamente, mientras no tenga razón suficiente para dudar o creer lo contrario. El límite al principio de confianza se halla, en principio, en el propio deber de observación: es violatorio del deber de cuidado mantener la confianza cuando, en el propio ámbito de observación, han entrado indicios de que el otro no se comportaba conforme a lo esperado sin que sea necesario aguardar a que el tercero pierda el dominio total del hecho..."
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Constitución Nacional, Poder Legislativo, ley nacional, personal municipal, jubilaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, ANGEL ROBERTO s/ JUBILACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-27

Si bien es cierto que la Municipalidad de la Capital Federal no puede ampararse en los arts. 104 y 105 de la Constitución Nacional, por no ser una entidad autónoma dentro del Estado Federal, como asimismo también es verdad que las leyes nacionales obligan a los habitantes del distrito federal, no es menos cierto que cuando de la Municipalidad se trata, en su calidad de persona de derecho público, el Congreso{ cuando legisla, lo hace en ejercicio de la atribución que le otorga el inciso 27 del art. 67 de la Ley Fundamental. Es bajo ésta faz que el Congreso Nacional, a partir de la federalización por la ley 1029, ha dictado leyes orgánicas para la Municipalidad a contar de la 1260 hasta la 19.987, cuyo art. 2 , inciso j), declara de competencia municipal la sanción del régimen sobre estabilidad, escalafón, derechos, obligaciones y previsión social de los agentes municipales, condición ésta que revista a quién le fuera denegada su jubilación ordinaria.
Ferrocarriles Argentinos, trabajadores ferroviarios, prescindibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: Farías, Andrés Nicolás c/ E.F.A. (Emp. Ferroc.Arg.) s/ ordinario (18.345)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-08

La aplicación de la ley 21.580 debe regirse por los principios del derecho administrativo, aunque se invoque la naturaleza común de la relación laboral.
Pago por consignación, pago anticipado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DE LUCA BRUNO M. c/ C.A.T. s/ Pago por Consignación (LIBRO: S080 - 406)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-12-18

... el pago no podrá hacerse antes del plazo, sino de común acuerdo. Asimismo presume la norma, que el plazo puesto en las obligaciones lo es a favor de ambas partes, a no ser que por el objeto de la obligación o por otras circunstancias, resultare haberse pusto a favor del acreedor o del deudor. De ahí que la jurisprudencia tenga dicho que, dada aquélla presunción, una alteración fundamental en las consecuencias de lo estipulado en el contrato, exige un acuerdo explícito de las partes interesadas, o resultare de la naturaleza de la obligación, como en el supuesto contemplado en el art. 2217 C.C.-, constituyendo ello una cuestión de hecho, cuya elucidación queda a criterio del magistrado y de las pruebas a rendirse.-
Mutuo hipotecario, sistema de refinanciación hipotecaria, fideicomiso para la refinanciación hipotecaria
Materia: CIVIL
Carátula: GUIJUN  SA  y  otros c/ WRUBEL, Marta Angela y otros s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-29

El art. 16 -última parte- de la ley 25.798 dispone que en ningún caso los pagos que efectúe el fiduciario al acreedor podrán superar el valor actual del mercado del bien objeto de la garantía real de hipoteca. Pero es bien sabido que el derecho de propiedad del acreedor hipotecario no recae sobre el valor del bien gravado sino sobre la suma de dinero dada en préstamo. Como consecuencia de este principio básico, el acreedor puede continuar la ejecución sobre otros bienes del deudor o del garante en caso de insuficiencia del inmueble afectado a la garantía, por lo que la privación de esta alternativa es otra mutación en la sustancia y esencia del derecho de propiedad del acreedor. Desde otra óptica, también se ve afectado el principio de igualdad que consagra el art. 16 de la Constitución Nacional.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez, Norberto Felipe c/ Paz, Enrique Luis S. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-16

Si el sobreseimiento definitivo -por conversión del provisorio-, no está basado en la inexistencia del hecho o en la falta de autoría del acusado sino en la falta de justificación de responsabilidad criminal, no puede ser obstáculo para que el juez civil pueda dictar una sentencia de condena si el hecho importa un supuesto que es apto jurídicamente para generar responsabilidad civil.
Aclaratoria (procesal), competencia laboral, integración del tribunal
Materia: LABORAL
Carátula: Gallardo, Norberto Edgardo c/ Diario La Capital s/ Diferencia de indemnización Pintos, Mercedes Benito y otro c/ La Hidrófila Argentina S.A.C.I. s/ Diferencia de salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25|1991-05-28

No es causal de nulidad de la resolución aclaratoria que corrige un error numérico de la sentencia que uno de los miembros titulares del tribunal del trabajo que la suscribieron no hubiera participado anteriormente en la audiencia de vista de causa y en el dictado del veredicto y sentencia.
In dubio pro reo, presunción de inocencia, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: MIRANDA, Ricardo Martín, en causa nº 15253/07 (reg. C. en lo Crim. - IIª C.J.) s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-12-19

Es preciso puntualizar que es indispensable, en esta etapa del proceso, que el juez haya alcanzado certeza acerca de la culpabilidad del acusado para poder condenarlo como autor por la comisión de un delito determinado. En efecto, "Los extremos de la acusación tienen que ser comprobados de forma tal que resulten evidentes. Esto involucra necesariamente, que de la prueba se obtenga una conclusión objetivamente unívoca, en el sentido de no dar lugar a que del mismo material pueda simultáneamente inferirse la posibilidad de que las cosas hayan acontecido de diferente manera. Pues si los elementos existentes admiten una conclusión diferente, aceptable en cuanto a su criterio lógico en el mismo grado que aquella que incrimina al imputado, se estará sólo ante contingencias equívocas que en manera alguna pueden legitimar un quebranto del estado de inocencia" (conf.: Jauchen Eduardo M..La prueba en materia penal". Ed. Rubinzal-Culzoni. Santa Fe, 1992: p. 47).-
Queja por denegación del recurso extraordinario, interposición del recurso, plazos procesales, plazo perentorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Bustamante, María Vanesa c/ Pepsico de Argentina S.R.L. y otro s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-10

Toda vez que la queja por denegación del recurso extraordinario federal es la única pieza que, con arreglo a la previsión del art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es hábil para suscitar la apertura de la jurisdicción de la Corte, resulta inadmisible el pedido de la interesada para que se incorpore el escrito faltante y se tenga por subsanada la omisión en la que incurrió por un error en la carga de la documentación, pues de conformidad con la constante doctrina del Tribunal, el plazo para la presentación del recurso de queja es perentorio y fatal y solo puede ampliarse si se invoca fuerza mayor o causa grave.
Recusación, leyes, interpretación restrictiva, Superior Tribunal de Justicia, jueces, juicio, partes, consentimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Abalos, Benjamín y otros s/ Recurso de amparo. Recurso de nulidad y revocatoria. Excusación del   Dr. Vigo (Expte CSJ Nº 815-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-17

La nulidad con que sanciona el artículo 247 del Código Procesal Civil y Comercial santafesino a las actuaciones llevadas a cabo por el Juez legalmente recusado, está sujeta a los requisitos generales establecidos para su admisibilidad y procedencia. En tal sentido, no se advierte el perjuicio o interés que pueda sustentar la actora si, conocedora de las circunstancias aducidas por el Señor Ministro de la Corte para excusarse, no las invocó como causales de recusación, cuando es sabido que, al ser éstas dispensables, su falta de articulación importa la dispensa tácita de la causal recusatoria; y, entonces, mal podría sostenerse la nulidad en un interés desistido máxime si, con posterioridad al planteo formulado, la parte actora ha requerido sin salvedad alguna la intervención de la Corte en pleno, y ha consentido, el resultado de dicha actuación.
Expropiación, expropiación irregular
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yuen Doi c/ Entidad Binacional Yacyretá. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

La declaración por el Estado de que un inmueble se halla sujeto a expropiación no crea un derecho a favor de su propietario para obligar a aquél a hacerla efectiva, pues es potestad del expropiante elegir el momento para ello, salvo que medie ocupación efectiva del inmueble, privación de uso o restricción del dominio. La existencia de tales extremos no se desprende de la mera existencia de una norma que califica de utilidad pública el bien.
Nulidad procesal, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ENCOTEL s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

Para que proceda la declaración de nulidad quien la requiere debe demostrar el perjuicio concreto que el vicio aducido le haya causado.
Reincidencia, indulto
Materia: PENAL
Carátula: DE BRITOS OSCAR ALBERTO s/ LIBERTAD CONDICIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1985-03-22

Corresponde dejar sin efecto la calificación de reincidente de aquel que, habiendo sido condenado como tal en virtud de lo dispuesto en el texto original del artículo 50 del Codigo Penal ha obtenido el indulto de la única pena anterior, ya que no habiendo principio de ejecución de aquella primer condena no se configura reincidencia real, tal como lo exige la reforma introducida por la Ley 23057
Cuestiones de competencia, acción de repetición, responsabilidad solidaria, perpetuatio jurisdictionis
Materia: PROCESAL
Carátula: CORRALAN, ORLANDO MAURICIO. c/ VAINSTEIN, JOSE. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-07

Teniendo en cuenta que la naturaleza de la obligación objeto del litigio -cobro de pesos por vía de repetición- no es de carácter laboral, es competente la justicia civil, y no la del trabajo;

máxime si el eventual crédito que surja del cumplimiento de la condena pronunciada en sede de este fuero, no constituye un supuesto de "perpetuatio jurisdictionis", ya que la originaria y excepcional ha quedado agotada en aquel proceso al pagarse la suma de dinero a que fueran condenados los demandados; máxime no tratándose del supuesto contemplado en el art. 501, inc. 1, del Código Procesal Civil y Comercial -ejecución de sentencia-, sino del cumplimiento de obligaciones que el actor reclama al accionado en virtud de la responsabilidad solidaria existente entre ambos, ni tampoco se dan los supuestos de los arts. 6 y 188 y siguientes del Código citado.