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Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL. PROCESAL
Carátula: VERTA, LUIS Y OT. c/ INGENIERO PELL CONSTRUCCIONES SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 1458-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-10-01

Carece del recaudo de definitividad exigido por el artículo 1 de la ley 7055 la resolución cuestionada, no pudiendo -por lo tanto- constituirse en objeto procesal de la impugnación extraordinaria, por no ser una sentencia definitiva ni auto interlocutorio con las características prescriptas en el aludido artículo 1, desde que se trata de un auto que resuelve una cuestión incidental sobre plazos procesales, que implicó para la recurrente, en suma, la desestimación de su pedido de suspensión de términos para la deducción del recurso de queja ante la Corte, "en la instancia donde ya no quedan más términos procesales", según lo dicho por la Alzada. En tal sentido, dable es destacar que las decisiones de índole meramente procesal adoptadas durante la sustanciación del juicio no son -en principio- recurribles por la vía extraordinaria, por no satisfacer el recaudo de definitividad. Y tal conclusión no alcanza a ser desvirtuada por la impugnante al sostener que lo decidido torna imposible la continuidad del proceso por cuanto no pudo fundar y, por ende, interponer el referido remedio, impidiendo de tal manera que la Corte considere la cuestión de fondo que fuera materia del recurso de inconstitucionalidad.
Ahorro obligatorio, período fiscal de liquidación, presunción juris et de jure
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: IMPRA S.A. -10.390-I c/ res.apel. del D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

Al resultar pérdida en el ejercicio 1988 (ver Formulario 525, rubro 5) no puede inferirse la presencia de renta y, por consiguiente, al no darse el fundamento para la existencia del hecho gravado, la sola configuración de éste resulta impotente para hacer nacer la obligación. Ello es así porque, en el caso, la presunción de derecho contenida en el art. 13 de la ley 23.549 queda desprovista de razonabilidad, frustra el derecho de propiedad del obligado a ahorrar (conf. esta Sala, in re "Frigorífico Paso de Los Libres S.A.", del /10/95, y Sala III, en la causa "Elías J. Saleme S.A.", del 23/8/94).
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión esencial, atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Orellana, Jorge Raúl s/ Tentativa de robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

Una circunstancia atenuante oportunamente planteada constituye una cuestión pertinente cuyo examen -de resultar exitoso- puede llevar a una disminución de la pena, por lo que la omisión de su tratamiento conlleva la nulidad parcial de la sentencia en lo relativo a la valoración de las circunstancias atenuantes y agravantes.
Sumario administrativo, instrucción del sumario administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Raimondi, Carlos Alberto c/ Municipalidad de Gral. Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-29

Si bien no cabe olvidar que en el sumario administrativo el impulso instructorio es de oficio, no puede concluirse sin más que, ante el fracaso de las citaciones a los testigos propuestos por el actor, la negativa implícita a celebrar nuevas audiencias sea violatoria del debido proceso. En primer lugar, la competencia revisora en materia contencioso administrativa no se extiende a los trámites cumplidos en el ámbito de la Administración salvo circunstancias excepcionales que se configuran, genéricamente, por la comprobación de deficiencias insusceptibles de corregirse en la oportunidad que el actor tiene de defenderse y alegar ante el Tribunal, y, por otro porque la parte actora omite mencionar cuáles son las defensas de las que se vio privado con motivo de la mentada irregularidad administrativa, ni demuestra el mérito que aquéllas tendrían para modificar la decisión en la causa.
Reconocimiento en sede judicial, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Molina, Victor César y otro s/ Estafa y falsificación de documento público en concurso ideal y  en grado de autoría
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-05-10

Carecen de eficacia probatoria los reconocimientos de personas efectuados por el denunciante y su esposa, ya que los mismos fueron dubitativos y vacilantes al momento de señalar para identificar al imputado en la rueda, ya que se limitaron a afirmar que "le parece" que el señalado era el autor del hecho. Dicha prueba ante la rotunda negativa del imputado sobre su participación en el hecho, no puede serle opuesta, ya que se trata de una prueba que no ofrece certeza y, por ende, carece de fuerza de convicción.
Recurso directo, efecto suspensivo, vacío legal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rafael Miguel y Otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ DESALOJO ANTICIPADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-06-17

La falta de regulación legal específica en la vía impugnativa intentada, no significa necesariamente negarle efecto suspensivo.

Si los recursos cuando fueren concedidos tienen en principio efecto suspensivo, es lógico asignarle igual solución al directo, por lo menos con la obligación del recurrente de ofrecer cautela suficiente para el caso en que el recurso fuere rechazado.

Si ese argumento no se compartiese, igualmente el efecto suspensivo se obtendría acudiendo a las disposiciones del art. 484 de la ley ritual, meritando la admisibilidad de una medida cautelar no enumerada específicamente. ( Voto de la Dra. Tarditti, por sus fundamentos).
Huelga, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén c/ Provincia del Neuquén s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-10

No puede perderse de vista que en la huelga, en las sociedades actuales, existe un tercer afectado o protagonista que es el público, pues ya no se trata de un enfrentamiento entre trabajadores y empleador (ya sea privado o público) sino que existe un tercer afectado (público) que a raíz de la huelga o sus repercusiones puede ver lesionado alguno de sus derechos también protegidos y garantizados constitucionalmente.
Juicio de apremio, nulidad procesal, archivo del expediente, sucesores
Materia: CIVIL
Carátula: PROVINCIA DEL NEUQUEN c/ CASTRO HORACIO NESTOR s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-06

Al haber fallecido el causante previamente a la interposición de la demanda ejecutiva, corresponde declarar la nulidad de lo actuado, ordenar el archivo de las actuaciones y, en su caso, procederse a interponer una nueva demanda contra los sucesores del causante.
Proceso contravencional, prueba testimonial, autoridad de prevención, declaración testimonial, prueba insuficiente
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, F.H.C. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-09

El testimonio de un solo testigo puede ser válido -esta Cámara jamás afirmó lo contrario en sentencia alguna-, pero tal validez surgirá de la coincidencia entre los dichos del solitario testigo y las demás probanzas que existan en la causa; la sola deposición de un testigo, sea éste policía, bioquímico o desocupado, por citar algunos ejemplos, no sostenida por otros medios probatorios, es insuficiente para fundar una condena, conforme los mandatos constitucionales de los artículos 18 de la Constitución Nacional y 13 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al tratarse de la única prueba, la deposición del preventor-testigo debe ser analizada y valorada con extremo rigor, ya que no puede ser confrontada con otras probanzas, por imperio del sistema valorativo que nos rige, establecido expresamente en el artículo 48 de la Ley de Procedimiento Contravencional.

En el sub judice tal exigencia no se cumple, ya que no existen otros elementos probatorios que corroboren los dichos del preventor-testigo; por lo que la posición asumida al respecto en la sentencia roza peligrosamente el principio de la responsabilidad objetiva, inválido para el proceso contravencional conforme las normas que lo regulan ,artículos 10 y 13 incisos 3 y 9 Consitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y artículos 1, 3, 5 y 6 del Código Contravencional.
Delitos, homicidio, competencia penal, competencia criminal y correccional, incidentes, lesiones leves
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos NN, NN c/  s/ 89 - Lesiones leves s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Corresponde declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional porque, conforme surge de las constancias de la causa, en los hechos objeto de la presente investigación ocurrió una muerte. Por lo tanto, dadas las circunstancias en las que sucedió el deceso, no hay dudas de que la Ciudad no tiene competencia para intervenir en la investigación pues el homicidio, en cualquiera de sus formas, no ha sido transferido aún a la justicia local. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Sistema electoral, reforma de la constitución, lista cerrada
Materia: ELECTORAL
Carátula: Mozzi Germán Diego s/ acción declarativa de inconstitucionalidad -arts. 158 y 159 del CEN
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-17

No se advierte que el sistema electoral vigente, contenido en los artículos 158 y 159 del Código Electoral Nacional, que consagra la modalidad de listas cerradas y bloqueadas para la elección de diputados nacionales importe una restricción indebida del derecho de sufragio activo, pues no constituye manifiestamente una reglamentación irrazonable del derecho de elegir en tanto no importa aniquilarlo ni alterarlo en su esencia, ni consagra una manifiesta iniquidad, razón por la cual conserva todo su vigor ante las nuevas disposiciones de rango constitucional introducidas por la reforma de 1994.
Seguros, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bello Saldaña, Edison Roberto y Otra c/ Coop. La reserva Ltda. o Coop. Agrícola La Reserva Ltda. y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-06-09

En las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos en las que se solicita la citación en garantía de una empresa aseguradora, los eventuales damnificados puedan optar por interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho o el del domicilio del asegurador (artículo 118 de la Ley 17418); si bien la citada ley de seguros no establece diferencia alguna entre el domicilio de la casa matriz y la agencia o sucursal de la aseguradora, cabe precisar que conforme al artículo 9 inciso 4) del Código Civil, la acción entablada ante la sede de una sucursal debe estar referida a la ejecución de obligaciones contraídas por agentes locales en el ámbito de su jurisdicción, debiendo la actora invocar o acreditar que el contrato de seguro fue celebrado en la jurisdicción donde se promueve el juicio.

Es decir que, si utilizando tal franquicia, el accionante ha citado a la aseguradora, debe acreditar los extremos que tornan viable el desplazamiento de la competencia que la norma autoriza y que es de interpretación restrictiva.
Licitación pública, rechazo de la oferta, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Surballe y Sadosfchi c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza s/ Acción de Amparo (LIBRO: S154 - 148)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-09-02

El fracaso de una licitación por inconveniencia de la oferta no deriva en principio en responsabilidad alguna, desde que la acción resarcitoria basada en la ilegalidad de un acto es accesoria y está subordinada a la previa anulación del mismo.-
Caducidad de instancia, beneficios previsionales, carácter alimentario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: PAGELLA, BENIGNO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-14

Las formas procesales son necesarias para regularizar y encauzar un procedimiento a fin de que éste no se convierta en una anárquica sucesión de actos dependientes de la mera voluntad de los litigantes. En ese encuadre, el instituto de la caducidad es útil por "la necesidad de que no se mantenga indefinidamente incierta y expectante la solución del conflicto, la carga de las partes y la responsabilidad del tribunal" (cfr. Isidoro Eisner, "Caducidad de instancia", pág. 4). Sin embargo, el estricto carácter alimentario del derecho previsional exige una adecuada ponderación de las normas rituales, a fin de evitar que éstas se conviertan en la frustración del derecho del titular a obtener, por lo menos, el conocimiento de sus pretensiones por el juzgador.
Quiebra, síndico del concurso, acreedores del concurso, fallido, representación procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Kestner  S.A.C.I. c/ Y.P.F.  Sociedad del Estado s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-05

El síndico representa, en la quiebra, los intereses de los acreedores en su conjunto y el interés general que deriva del carácter publicístico del proceso universal de liquidación de bienes, pero ejerce también la representación procesal del fallido, que se ha visto privado de ella por disposición legal.
Ejecución fiscal, medidas cautelares, AFIP DGI, debido proceso adjetivo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA METALURGICA s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Peticionada una medida cautelar con el fin de impedir el inicio de la ejecución fiscal anunciada por el organismo, y acreditados prima facie los requisitos exigidos por el art. 230 del C.P.C.C. para su procedencia toda vez que no ha mediado resolución fundada sobre las defensas esgrimidas, impedir a la D.G.I. el ejercicio de la vía ejecutiva hasta tanto se agote la vía recursiva prevista por los arts. 15 de la ley 18.820 y 8 de la ley 23.473 o se venza el plazo para interponer la apelación sin que se presente, aparece como el único medio idóneo para mantener la situación en su estado actual y garantizar el derecho invocado por la recurrente a obtener una resolución fundada (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 02.11.92, "La Protectora Sociedad de Socorros Mutuos c/ A.N.Se.S.").
Proceso penal, prueba, prueba confesional
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: HECTOR ALBERTO MORENO s/ POR VIOLACION DE DOMICILIO (ARTICULO 150 DEL CODIGO PENAL), EN  PERJUICIO DE CARLOS GOMEZ
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1989-04-28

La indivisibilidad de la confesión no beneficia al procesado que ha sufrido condenas por delitos y que tiene malos antecedentes y además el beneficio de la indivisibilidad de la confesión comprende los hechos producidos y la forma en que ocurrieron, pero no se extiende a la obligación legal de aceptar como verdad esa evangélica explicación del reo sobre el proceso de conciencia y voluntad que determine su conducta. También se excluye la indivisibilidad cuando las circunstancias del hecho resultan presunciones graves en contra del confesante.
Jubilación por invalidez, trabajador autónomo, afiliados previsionales, caducidad, deuda previsional, moratoria previsional, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VAZQUEZ, ELVIRA c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

Conforme lo establecido en el art. 9 del Dec. 8525/68 (reglamentario de la leyes 18.037 y 18.038), la afiliación voluntaria al régimen de trabajadores autónomos caducará automáticamente cuando se adeuden seis mensualidades consecutivas de aportes; y el ingreso extemporáneo de la deuda no purga los efectos de la caducidad. Por ello, el acogimiento a una moratoria debe ser considerado como una nueva afiliación, y en consecuencia, no corresponde otorgar la jubilación por invalidez si entre dicha fecha y la solicitud del beneficio no transcurrieron tres años, mínimo que exige el art. 20 de la ley 18.038. (Del voto del Dr. Fernández).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: Rus, Juan Bautista s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia violación de los arts. 256, 257 y 337 del Código de Procedimiento Penal si las consecuencias que se pretende atribuir a la falta de investigación de lo manifestado por el procesado y su equiparación a la situación en que no se ha investigado el delito de apremios denunciados por quien se retracta de una confesión, no tienen relación con las normas que cita.
Información sumaria, beneficio para hijos nacidos en cautiverio
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINEZ   SOLER,  Aníbal  Facundo  y  MARTINEZ  DURAN, VerónicaGabriela s/ INFORMACIÓN SUMARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-23

La Ley 25.914 establece un beneficio para las personas que hubieren nacido durante la privación de la libertad de su madre, o que, siendo menores, hubiesen permanecido en cualquier circunstancia detenidos en relación a sus padres, siempre que cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o detenido-desaparecido por razones políticas, ya sea a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o tribunales militares y/o áreas militares, con independencia de su situación judicial. Para acogerse a ese beneficio se debe acreditar ante la autoridad de aplicación, el cumplimiento de los siguientes requisitos: a)para quienes hayan nacido durante la detención y/o cautiverio de su madre, constancia de la fecha de nacimiento, anterior al 10 de diciembre de 1983, y acreditación, por cualquier medio de prueba, de que su madre se encontraba detenida y/o desaparecida por razones políticas a disposición del Poder Ejecutivo nacional y/o tribunales militares y/o áreas militares, con independencia de su situación judicial; b)en el supuesto de menores nacidos fuera de los establecimientos carcelarios y/o cautiverio, acreditar por cualquier medio de prueba su permanencia en los mismos y las condiciones requeridas en el artículo 1 de la presente ey en alguno de sus padres.

De tal manera, corresponde rechazar una información sumaria solicitada en los términos de la aludida ley si de las declaraciones testimoniales rendidas se desprende que los menores peticionantes del beneficio no estuvieron detenidos en una unidad carcelario y/o cautiverio y, por el contrario, los testigos describen que los hechos ocurrieron en el domicilio del padre mientras los niños se encontraban al cuidado de su abuela.
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: Manubens, Dolores s/ excarcelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

No se halla configurada la gravedad institucional si no se encuentran afectados principios de orden social vinculados con instituciones básicas del derecho, ni se advierte que la intervención de la Corte tenga otro objeto que el de revisar eventualmente intereses particulares.
Empleo público, régimen disciplinario administrativo, sanciones disciplinarias administrativas, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marcos Norma Gladys c/ Estado Nacional (Mº de Educación y Justicia) s/ Empleo Público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-13

Las sanciones disciplinarias nacen del poder de supremacía especial que posee la Administración en la relación de empleo público, instituída con la finalidad de mantener la continuidad del servicio a su cargo y, en general, de proteger su estructura organizativa, tanto personal como patrimonial..." (Del voto del juez Grecco, cons. VI).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, tercera instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ADITA Sociedad Anónima s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Incidente   de Recurso de rescisión en autos "Uribe, Ricardo E. contra quienes   se consideren con derecho (Expte. CSJ No. 213-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-09-02

La mera discrepancia hermenéutica, no configura una cuestión constitucional idónea para habilitar esta instancia de excepción cuyo cometido no es corregir posibles errores o soluciones opinables.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Derecho laboral, contrato de trabajo, empleados públicos, relación de dependencia, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Mendoza, Marcos Francisco c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Laboral (Expte Nro. 62-93) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-02

En lo que atañe a la existencia o no de contrato en las relaciones de empleo público sería labor frustratoria para su esclarecimiento si se pretendiera la vigencia de una situación contractual administrativa para unos con exclusión de otros. Las mismas distinciones son creaciones oportunistas del legislador, una veces sin razón jurídica, otras por simples particularidades presupuestarias. La realidad demuestra que el antiguo contrato privado de trabajo se ha visto desbordado por el moderno contrato laboral, y éste, a su vez, por el moderno contrato de trabajo colectivo. El fenómeno de la publicización de las relaciones laborales comprueba que es labor difícil ubicar las relaciones específicamente privadas y las públicas, y que esto también se presenta en las relaciones creadas con el personal de numerosos agentes a cargo del Estado. El viejo contrato de derecho público del empleado público y el contrato privado de las actividades obreras ha recibido tantos y tan graves impactos que muchos elementos específicos del derecho laboral se introducen en el seno jurídico del contrato de empleo público. Este fenómeno comprueba que el derecho constructivo ha ampliado en gran magnitud el trabajo del material humano de los cuadros estatales, que obligan a distintos planteamientos y a la creación de principios institucionales fundamentales. El contrato del agente estatal no puede ser ajustado al viejo criterio constitucionalista de funcionario de autoridad, ni puede ser reglado como un simple contrato laboral. Es éste un problema grávido por sus contenidos y sus proyecciones sociales y económicas. El contrato de servicio ha creado, en menos de un siglo, una materia codificada que no ha dicho aún su última palabra; esta proyección se presenta también en el contrato del agente estatal. En nuestro País recién se inician los pasos jurídicos preliminares.

(De los Fundamentos del Dr. Sánchez Gambino). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Es competente la Justicia del Trabajo para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes?