Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-10


RIOS, María Antonia y ANDRADA, Luis Pío contra ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB SPORTIVO BEN HUR Reg.: A y S t 213 p 224-228.

Santa Fe, 10 de mayo del año 2.006.

VISTOS: Los autos "RIOS, María Antonia y ANDRADA, Luis Pío contra ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB SPORTIVO BEN HUR -Amparo- (Expte. 407/04) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 217, año 2005), venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario interpuesto por los actores para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO:

1. En la presente causa, y por auto de fecha 19 de octubre de 2005 (registrado en A. y S. T. 210 págs. 155/160) esta Corte rechazó la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los actores contra la decisión de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela confirmatoria de la de baja instancia que había desestimado la demanda de amparo interpuesta por los padres de Javier Agustín Andrada contra la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Sportivo Ben Hur no obstante acoger la cautelar solicitada tendiente a mantener el estado de salud del menor y la realización del transplante renal previsto (fs. 84/89).

2. Contra tal pronunciamiento deducen los perdidosos recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (escrito de fs. 95/105), planteando los siguientes agravios.

Postulan la existencia de una cuestión federal simple, considerando que el Tribunal a quo efectuó una interpretación del artículo 43 de la Constitución nacional arbitraria y contraria a la amplitud que el constituyente quiso otorgarle a la figura del amparo y esta Corte al sostener que lo resuelto se encontraba dentro del marco interpretativo que brindaban las normas en juego menoscaba el derecho a la salud garantizado por los artículos 31 y 33 de la Constitución nacional, 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y 23 y 24 de la Convención sobre Derechos del Niño.

También acusa la existencia de cuestión federal compleja por resultar la resolución de este Órgano un acto contrario a garantías tuteladas por la Constitución nacional, en especial la contenida en el artículo 43 de dicho cuerpo normativo y al no considerar arbitraria la sentencia del Tribunal a quo que resolvió que los amparistas tenían a su alcance la vía ordinaria para tutelar su pretensión.

Asimismo acusan arbitrariedad al fallo de esta Corte por las siguientes causales descalificantes: 1) realizar una arbitraria interpretación del artículo 43 de la Constitución Nacional y 2) desconocer la supremacía de las leyes dictadas por el Congreso sobre normas de organismos administrativos.

La primera, en tanto a tenor del artículo 43 mencionado no es menester la inexistencia de otras vías aptas, en tanto tales medios no se presenten como más idóneos para alcanzar la efectiva protección de los derechos de los amparistas, bastando la prueba atinente a que el amparo se presenta como la más idónea.

Surgiendo evidente -aducen- que la vía ordinaria no resultaba idónea para proteger sus derechos por cuanto las dilaciones propias del trámite habrían obstado el dictado de una resolución dirimente de la cuestión de fondo en tiempo oportuno, y no hubieran podido evitar que el daño se produzca, aún intentando una medida cautelar.

Reprochan a esta Corte arbitrariedad al sostener que no se advierte en la decisión de la Alzada que se hubiera escogido una exégesis desbordante de las posibilidades hermenéuticas que ofrecía la normativa aplicable incurriendo en los mismos vicios del pronunciamiento de la Sala apartándose de la exigencia constitucional de motivación suficiente del pronunciamiento.

La segunda, al confirmar la sentencia apelada que consideró que las empresas de medicina pre-paga constituidas bajo la forma jurídica de una mutual se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la ley 24754 que impone a todas las entidades cuyo objeto sea la prestación de aquel servicio el otorgamiento a sus afiliados de las contenidas en el Programa Médico Obligatorio.

Y esa interpretación fundada en resoluciones del I.N.A.E.S. (organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional) es absolutamente arbitraria pues se opone a la supremacía de las leyes sobre normas de tipo administrativas y a la finalidad del legislador al imponer a las empresas que presten el servicio de medicina pre-paga el otorgamiento del Programa Médico Obligatorio.

También alegan que resulta arbitraria la conclusión relativa a que el Reglamento facultaba a la prestadora del servicio de salud a dar de baja del padrón a quien incurriera en omisión dolosa de datos en la solicitud de ingreso o en la declaración jurada, en tanto estaba demostrado en autos que ni los padres ni la hermana del menor conocían la afectación del estado de salud del niño al momento de su incorporación habiendo denunciado la medicación que estaba tomando.

Y no puede pretender -dicen- una mutual desarrollar una actividad de tipo empresarial sin asumir los riesgos que dicha actividad importa y delegando en los afiliados la carga de demostrar su estado de salud excluyendo prestaciones comprendidas en el Programa Médico Obligatorio.

Aducen que también incurre en arbitrariedad este Cuerpo al confirmar el criterio de la Alzada relativo a la validez de la notificación dirigida a su parte en forma personal cuando, en realidad, debieron ser citados en calidad de representantes de su hijo menor de edad vulnerándose -de este modo- sus derechos de defensa y debido proceso, en tanto no sabían en que carácter habían sido citados.

Reiteran, finalmente, alegaciones oportunamente desarrolladas en el recurso de inconstitucionalidad local y en las instancias ordinarias.

3. En el examen de admisibilidad que debe efectuar este Órgano a fin de conceder o no -según corresponda- el remedio intentado, aparecen descalificados en el plano formal los argumentos expuestos por los recurrentes.

Liminarmente, cabe dejar sentado que no se configura en autos la pretendida cuestión federal alegada.

Ello, puesto que el decisorio de esta Corte, no ha propiciado una interpretación del texto del artículo 43 de la Constitución nacional contraria a la postulada por los quejosos de modo que pudiera entenderse habilitada la instancia extraordinaria ante el Máximo Tribunal nacional.

Antes bien, el referido pronunciamiento se limitó a convalidar el decisorio impugnado que estimó ausente uno de los presupuestos de viabilidad de la vía elegida, sin advertir arbitrariedad en el mismo, lo que resulta ajeno al control correspondiente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con respecto a la postulación de incompatibilidad del pronunciamiento de este Cuerpo con garantías constitucionales, se advierte que en realidad los planteos se enlazan con la arbitrariedad acusada al mismo.

Al respecto, debe puntualizarse que la mera interposición del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (A. y S. T. 67, pág. 441; T. 71, pág. 276; T. 77, pág. 439).

A tales efectos, es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por este Cuerpo para fundar su decisión, con argumentos encaminados a revertir lo decidido en el fallo recurrido.

En este sentido, ha sostenido el Alto Tribunal nacional que pesa sobre la apelante la carga de efectuar en la impugnación una crítica prolija, concreta y razonada de la sentencia atacada, así como la refutación de todas y cada una de las motivaciones enunciadas por el tribunal superior de la causa para arribar a las conclusiones que originan sus agravios (cfr. Fallos:303:109 y 481; 304:1306 y 1588; 306:503).

Realizando el análisis a que se hiciera referencia en los párrafos anteriores, se advierte que pese al esfuerzo argumentativo desarrollado en el memorial introductorio, los impugnantes no logran perfilar con eficacia los vicios de arbitrariedad en que supuestamente habría incurrido el fallo de este Cuerpo, incumpliendo de tal suerte con el recaudo de debida fundamentación que imponen las normas pertinentes.

En efecto, la supuesta arbitrariedad en la interpretación efectuada por este Cuerpo del artículo 43 de la Constitución nacional no guarda una mínima relación con las constancias de la causa.

Adviértase, que en oportunidad de rechazar el recurso directo local, este Órgano señaló que los planteos de los recurrentes reflejaban su disconformidad con la solución respecto de la existencia (en el caso) de los presupuestos de admisibilidad o viabilidad del amparo.

Así, este Tribunal sostuvo "...el A quo en tren de evaluar aquellos presupuestos juzgó que no se encontraban presentes, pues luego de algunas precisiones relativas De tal argumentación se desprende claramente que esta Corte se limitó a convalidar el criterio de la Sala relativo a la ausencia de un recaudo esencial de viabilidad del amparo -el referido a la manifiesta ilegitimidad del acto de que se trate-, destacándose asimismo que el hecho de enmarcar la contienda a dilucidar en una acción que propende a lograr la satisfacción más amplia y plena de los derechos no trae aparejada una indefectible recepción si en el caso concreto no concurren o no se acreditan los presupuestos necesarios para que así sea, por lo que una respuesta negativa no es sin más sinónimo de arbitrariedad, si ésta no se demuestra fehacientemente.

Tampoco tiene asidero, en el caso, la arbitrariedad invocada con sustento en que se privilegiaría legislación derivada de organismos administrativos por sobre la emanada del Congreso, ello en tanto se brindaron las razones por las cuales no resultaba de aplicación al caso la normativa nacional invocada a una asociación mutual, resultando el planteo un nuevo intento de los impugnantes en que sea receptada su postura adversa a la exégesis escogida por los Juzgadores respecto de la normativa en juego.

Con respecto a la nulidad de la prueba confesional ficta (al no haber sido citados a declarar en su calidad de representantes del menor sino por derecho propio), este Órgano aludió a las razones de la Alzada que dio respuesta al mismo en el sentido de que resultaba de toda obviedad que debían comparecer a absolver posiciones en representación de su hijo (al carecer éste de capacidad procesal), lo que descartaba cualquier posibilidad de indefensión.

De modo que, una lectura global -no parcializada- del fallo impugnado, revela la inconsistencia de los vicios endilgados, que lucen fundados en simples discrepancias con las motivaciones de esta Corte.

Las demás críticas contenidas en el escrito de interposición de la impugnación federal, caen a poco de considerar que los comparecientes reeditan los argumentos que vertieran tanto en el recurso de inconstitucionalidad local como en la queja, sin lograr desmerecer los fundamentos brindados por este Tribunal para desestimar los reparos endilgados contra la sentencia de Alzada, e intentando nuevamente dotarlos de un cariz constitucional a fin de lograr la apertura de esta instancia de excepción.

En definitiva, los impugnantes no demuestran -en este estadio- la configuración de la cuestión federal pretendida, ni aportan nuevos argumentos que justifiquen la existencia de irrazonabilidad o falta de lógica en el pronunciamiento de esta Corte al rechazar la queja deducida, por lo que la cuestión queda reducida a la disconformidad de aquéllos con los fundamentos expuestos por este Tribunal para así decidirlo, y no resulta idónea para operar la apertura de la vía del artículo 14 de la ley 48.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber.