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Proceso penal, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora, contracautela
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Laime de García, J. y otros c/  s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-15

Previo al dictado de una sentencia condenatoria pueden ser admitidas medidas cautelares como las previstas en el ordenamiento procesal civil y comercial, pero su viabilidad, al igual que cualquier otra de naturaleza económica que se adopte en el marco de un proceso penal, exige la concurrencia de los tres requisitos que prevén los arts. 195 a 208 del CPCCN: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y prestación de contracautela.
Declaración indagatoria, falta de firma, secretario judicial, ratificación de la declaración, nulidad procesal, cuestiones de competencia, competencia provincial, garantías procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: LEZEMEZUK, Juan Carlos. s/ DECLARACION INDAGATORIA. NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-28

1) No es nula la declaración indagatoria que no fue FIRMADA POR EL SECRETARIO, ya que si bien su presencia instrumenta la certificación de su autenticidad jurídica, lo cierto es que carece de atribuciones para indagar y cumple las labores de un funcionario auxiliar.

Si bien el Cód. de Procedimientos Penales de la pcia. de Bs. As.

donde fue vertida la indagatoria- requiere bajo pena de nulidad que la mencionada declaración esté suscripta por todos los intervinientes, tal sanción tiende a evitar que el acta no esté suscripta por el Juez que indaga, o por el procesado, pues no puede haber indagatoria sin ellos. El mismo artículo dice que si el declarante lo quisiere, rubricará cada una de las fojas o pedirá que se rubriquen por el Juez, si no pudiera o no supiera hacerlo; no refiriéndose la ley en este caso al Actuario, sino al Juez.

Resultaría paradójico que por una mera omisión formal, máxime teniendo en cuenta que también para el Código provincial la indagatoria es un derecho del imputado, que el procesado fuese privado de los efectos favorables de una sentencia absolutoria.

Habiéndose probado pues que ni se han afectado garantías de la defensa en juicio, ni se ha evitado al Ministerio Público control oportuno de las cuestiones que lo agravian, se concluye que la omisión mencionada, no cuestionada por los intervinientes, indirectamente ratificadas por careos posteriores y aceptada como fundamento de la acusación fiscal, no resulta procedente la nulidad requerida.

2) Tampoco es nula la indagatoria prestada ante la JUSTICIA PROVINCIAL, dado que los actos cumplidos conforme a las reglas procesales de un Estado provincial son válidos en cualquier parte del país (art. 7 C.N. ) y que antes de su declaración de incompetencia, el magistrado provincial tenía plenas atribuciones para realizar las indagaciones.

El art. 73 C.P.C. establece que el Juez tendrá la atribución de ratificar tales declaraciones si lo estimase conveniente o si lo requiriesen las partes y en el caso ni el Ministerio Fiscal ni la Defensa lo han solicitado y tampoco lo ha considerado necesario el Sr. Juez de Instrucción de nuestra jurisdicción.
Concurso preventivo, pedido de quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: Quiebra de Olaroz S.A. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-10-14

Si se ha pedido la quiebra, pero ésta no fue declarada, se puede pedir el concurso preventivo deviniendo abstracto el recurso de apelación planteado ante el rechazo del pedido de quiebra.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, fiscales, acción penal, impulso procesal, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VERGARA, MARIANO c/  s/ AMENAZAS CALIFICADAS POR USO DE ARMA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-14

Si bien la quejosa afirma que el Magistrado habría omitido un debido control de legalidad y razonabilidad sobre la negativa fiscal ante su presentación, se observa del resolutorio atacado que, en realidad, para convalidar la decisión de grado de admitir la Acusación sin hacer lugar al criterio de oportunidad propuesto por la Defensa en la audiencia preliminar, luego de explicar por qué entendía que había elementos que le servían al Actor penal para presentar su teoría del caso en un juicio, la Alzada estimó que esa parte había puntualizado las caracterísiticas concretas del mismo -que, entre otras, abarcaban condenas previas del imputado sobre hechos similares al presente y que tenía como víctima a las mismas personas- en virtud de las cuales se sustentaba la negativa a disponer de la acción penal y optar por una salida alternativa, aludiendo a que tal proceder se enmarcaba en una facultad propia de la representante del Ministerio Público por ser su titular; y asimismo corresponde rechazar la alegada gravedad institucional en el presente, puesto que la compareciente no logra acreditar que estas cuestiones excedan el marco del interés individual y afecten de manera directa a la comunidad. - Jurisprudencia vinculada: Renteria, AyS T 271, p 224, sumario J0042330; Cantero, AyS T 270, p 1, sumario J0042211; Fedele, AyS T 262, p 485, sumario J0040815.
Contratos, efectos con relación a terceros, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Beltrán de Cingolani, Clara Soto c/ C.E.L.P. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21

Resulta ilegal y arbitrario, carente de justificación legal y por ende abusivo, pretender no prestar el servicio de energía eléctrica domiciliaria como consecuencia del incumplimiento de su pago a una persona distinta al obligado -locador-, por más que sea el propietario o usufructuario del inmueble en el que se prestó el servicio a quien adujo en la cooperativa encontrarse unido por un contrato de locación. Ninguna duda cabe que dicho incumplimiento puede determinar la suspensión del servicio al contratante incumplidor locatario-, que no es otro que aquél a quien se le otorgó el servicio a su nombre y se le entregó el correspondiente medidor de consumo -art. 505 C.C.-.
Prueba compuesta, indagatorias separadas
Materia: PENAL
Carátula: Brandan, Carlos s/ Robos reiterados.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-13

La imputación extrajudicial del coprocesado no es invocable, en principio, como prueba de cargo y en consecuencia, su inclusión en una prueba compuesta es violatoria del art. 256 "in fine" del C.P.P., ya que por su naturaleza, generalmente carece del poder de convicción propio de los que en dicho texto legal se llaman "elementos de prueba".
Derecho subjetivo vulnerado, interés legítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Roncoroni, Antonio S.V. s/ Cuestión de competencia (art. 6, C.P.C.A.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

La distinción conceptual entre derecho subjetivo e interés legítimo -naturalmente, de carácter administrativo- depende de la relevancia que el ordenamiento jurídico acuerde a los intereses individuales.

Así, cuando la norma garantiza a un sujeto una utilidad sustancial, directa e inmediata para la realización de sus intereses esenciales, el obrar de ese sujeto se enmarca en la esfera jurídica del derecho subjetivo, en cambio, cuando la utilidad garantizada por la norma es meramente instrumental, representada por la conformidad del comportamiento administrativo con el derecho objetivo, aquélla sólo asegura al sujeto la realización de sus intereses en forma indirecta, mediata y eventual, moviéndose su accionar en la esfera jurídica del interés legítimo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GODOY RODOLFO S. c/ COQUIBUS JULIO A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-12-13

Como regla, la culminación del proceso por caducidad se rige -a los fines arancelarios- por lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 7046. En este particular supuesto, la aplicación del artículo 70 resulta acertada teniendo en cuenta la firmeza de la regulación de honorarios por lo actuado en primera instancia, de modo que no cabe fijar una doble retribuación al profesional interviniente por la labor desempeñada en todo el proceso, cuando una etapa del mismo ya fue objeto de regulación mediante decisión que se encuentra firme y consentida.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, caducidad de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SALUDAS, JORGE R A Y OTROS c/ GLADYS E GAY DE BARMAN s/ COBRO DE AUSTRALES. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 340-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-08-11

No autorizan, en principio, la interposición del recurso extraordinario, los pronunciamientos que declaran la perención, en l a medida que no se demuestre la imposibilidad de replantear la pretensión en un juicio posterior. Adviértase que el auto declarativo de caducidad sólo debe equipararse a sentencia definitiva cuando causa gravamen irreparable, esto es, cuando el proceso ya no puede reabrirse.
Docentes, bonificación por ruralidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castiglia, Eva Lia c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

La bonificación por ruralidad es una bonificación inherente al cargo en tanto lo que se pretende compensar con su pago es el esfuerzo adicional que significa el desempeño de servicios en establecimientos alejados del radio urbano o con dificultades de acceso (arts. 10, 31 y 36 de la ley 10.759 y decretos reglamentarios 2140/90 y 2845/92).
Juicio de desalojo, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sonmat S.A. c/ Rodríguez Bentos, Ricardo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18

Si bien la competencia de los Tribunales del Trabajo se extiende no sólo a los contratos laborales, sino también a todas las cuestiones conexas y aún a las reclamaciones que provengan de efectos posteriores a ellos, razón por la que la jurisprudencia -aún antes del dictado del decreto-ley 7718/71-, fue invariable en admitir tal competencia para conocer en los juicios promovidos contra trabajadores (o ex empleados) por desalojos por restitución de inmuebles concedidos a éstos en virtud de los contratos o relaciones de trabajo (art. 22 inc. "g", decreto-ley 7718/71); es lo cierto que, habiéndose desestimado la excepción de incompetencia opuesta por el demandado, quien pretendía que el expediente fuera remitido a la justicia laboral, la cuestión -al quedar consentida-, no puede ser revisada al estar alcanzada por los efectos de la preclusión.
Recurso de inconstitucionalidad, empresas del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: ENERGIA RIO NEGRO S.E. s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEC 1219/93
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-12-21

La empresa estatal Energía Río Negro Sociedad del Estado (ERSE.) carece de legitimación para demandar, por la vía del art. 793 CPCC, la inconstitucionalidad del Decreto 1219/93-que procede a reglamentar los arts. 7 y 38 de la ley 285 (Aguas Públicas)-del Poder Ejecutivo provincial. Ello dado que en el caso, las disposiciones de la ley 2413 y los estatutos de la sociedad inequívocamente conducen a interpretar que la empresa ERSE, es sólo una manifestación funcional del propio Estado Provincial. La entidad (que solo resulta un brazo operador de la política energética estatal, art. 80 Const. provincial) reconoce en la Provincia al suscriptor total de su capital social-art.2 ley-y se encuentra sujeta a las directrices tarifarias del mismo Poder Ejecutivo-art. 9 ley-; a la vez que a la fiscalización del Tribunal de Cuentas según los términos del art. 16 de los estatutos. No parece atendible admitir que una empresa ubicada en el ámbito de la administración descentralizada accione contra la misma Provincia a los fines de cuestionar un decreto emanado del órgano máximo de la Administración.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: D., F. E. c/  s/ delitos contra la propiedad, etc.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-05

Si ante una apelación de la actora penal, un tribunal de alzada agrava la situación del imputado, la defensa tiene habilitada -eventualmente- la apelación horizontal y, en caso de ejercerla, recién con el dictado de la nueva sentencia de Cámara tiene expedito el recurso de inconstitucionalidad local contra ambos pronunciamientos de segunda instancia, considerando que ello es lo que ha ocurrido en el caso (en que se intenta utilizar la vía de inconstitucionalidad para cuestionar algún aspecto del fallo y, a la vez, deducir apelación horizontal contra otros puntos de la decisión) y, habiéndose dispuesto la admisibilidad de la apelación horizontal interpuesta, la sentencia aquí recurrida no reúne en este momento todavía el recaudo de definitividad requerido para habilitar la vía intentada, sin perjuicio de que, como se indicó, pueda ser oportunamente cuestionada al interponerse la impugnación extraordinaria contra la sentencia que agote las instancias recursivas ordinarias. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1.
Prueba, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, prueba testimonial, víctima menor de edad, acceso carnal fraudulento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: R., P. A. s/ Abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal agravado por el vínculo, reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2007-04-24

Que sólo sea la menor víctima la que se encuentre en condiciones de declarar sobre los hechos que se investigan no implica que sus dichos tengan que descalificarse si el tribunal los considera dignos de credibilidad y más aún cuando el modus operandi implica de suyo la ausencia de testigos. Ello se desprende de una evaluación regida por las reglas de la lógica, la psicología, la experiencia y el sentido común. Como se dijo, nuestro sistema de enjuiciamiento penal se rige por el principio de la libertad probatoria, de lo que se desprende que -siempre dentro del marco de las reglas de la sana crítica- cualquier hecho puede ser acreditado por cualquier medio probatorio (con excepción de la restricción prevista en el art. 188 del C.P.P. respecto del estado civil de las personas). En ese orden de ideas, nada obsta a que el acceso carnal pueda ser probado a través de cualquier medio de prueba, incluso la testimonial.
Territorio aduanero especial, beneficios tributarios, reintegros y reembolsos a la exportación, certificado de origen
Materia: ADUANERO
Carátula: Luis Solimeno e Hijos S.A. (T.F. 9179-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-30

A fin de promover la zona que se encuentra al sur del río Colorado se ha creado un régimen de reembolsos a través de un sistema en que se complementan la actuación de la Aduana y de las provincias interesadas. De esa manera, el régimen establecido lleva a la necesidad de que el organismo provincial certificante del origen de la mercadería deba, previo a la extensión de la acreditación oficial, controlar la mercadería a embarcar y ello con anterioridad a la oficialización del permiso en cuestión.
Abuso sexual calificado, procesamiento, confirmación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: E., G. E. c/  s/ Procesamiento-abuso sexual agravado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-16

El fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "E., G. E. s/procesamiento-abuso sexual agravado" (Causa N° 35.543/19) resuelta el 16/7/19 donde Mariano Scotto y Juan Esteban Cicciaro confirmaron el procesamiento por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el imputado encargado de la educación, de quien se desempeñara como celador de un establecimiento escolar.
Deberes del juez, derecho a la protección integral de la familia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: A., D. E. s/ incidente de familia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

La tarea de reanudar el vínculo madre - hijo exige una participación procesal activa del tribunal que facilite y encamine la actuación de las partes y de los auxiliares de la justicia, tarea que deberá llevar a cabo el a quo en la esfera propia de sus atribuciones y con la diligencia que sea posible en función de las circunstancias.
Empresas del Estado, personería jurídica
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCHEZ, JOSE N c/ INSTITUTO FRIGORIFICO MUNICIPAL s/ APELACION      EXPTE NRO 91-92
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-18

El Instituto Frigorífico Municipal según las sucesivas ordenanzas que lo rigen tiene como objeto determinante de su creación el de "ejecutar las medidas conducentes para prever y promover el abastecimiento de carne a la población de la ciudad primordialmente, pudiendo accesoriamente..." lo que vincula la ideología del Estado benefactor con el poder de policía estadual y sus facultades de administración se rigen por el derecho público, conclusión no enervada por su carácter de entidad autárquica, pues resulta de su esencia, a diferencia de "formas asociativas" (Empresas del Estado o Sociedades del Estado) el constituir actividad estatal descentralizada específica sujeta al derecho administrativo.
Competencia por la materia, competencia laboral, procedimiento contencioso administrativo y tributario, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ejecución de multas, autoridad administrativa del trabajo, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ c/ Ledezma Fuentes, Clara s/ Ejecución multas previstas en la Ley 265 s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-28

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende ejecutar judicialmente actos sancionatorios dictados por la autoridad administrativa del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ejercicio de facultades de fiscalización y sancionatorias originadas en los artículos 121 y 129 de la Constitución Nacional; los artículos 44, segundo párrafo y 104, inciso 12 de la Constitución de la Ciudad y la ley n° 265, es decir, ejerciendo el poder de policía del trabajo, se trata de cuestiones de derecho local, aun cuando la interpretación de las normas de derecho del trabajo y su reglamentación (nacionales) pudiera, excepcionalmente (dado que, salvo inexistencia o inexigibilidad manifiestas de la deuda no corresponde analizar la causa de la obligación en un juicio de ejecución fiscal) tener alguna incidencia en la solución de la controversia. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, memorial, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: DÍAZ,   Norman   Frank   y  CARBERY,  Ana  Josefina s/ SUCESIÓNAB-INTESTATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-07

La critica que debe contener el memorial para poder ser considerada como tal, debe ser concreta y razonada de la resolución que el apelante considere adversa. Por ello, en aquélla se deberá indicar puntualmente los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias. Las manifestaciones que importan disentir con la resolución adoptada por el magistrado sin formular critica alguna que permita inferir las razones del agravio, máxime si los argumentos ensayados solo se refieren a un pedido de aclaración que no autoriza a apartarse de lo decidido, no pueden considerarse agravios en los términos exigidos por el art. 265 y 266  del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. (Sumario N°20824 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bianchi, María y otros c/ Buscaglia, Pablo s/ Interdicto de obra nueva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

El mencionado recaudo consiste en el temor fundado de que el derecho alegado en la demanda puede verse frustrado o minorizado durante la sustanciación del proceso tendiente a su reconocimiento y efectivización. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Auto de procesamiento, sentencia no firme, doble instancia
Materia: PENAL
Carátula: Behal, Mabel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-30

El auto de procesamiento no resulta equiparable a sentencia definitiva cuando es dispuesto directamente por la Cámara actuante, a menos que su intervención comporte o durante el trámite del proceso se corrobore una violación de las normas constitucionales que implique una nulidad absoluta, declarable, inclusive, de oficio y en cualquier estado y grado del proceso. El voto concurrente agregó que en los casos en que el auto de mérito ha sido directamente decretado por algunos de los tribunales de apelación, impedir su revisión y control por parte de este tribunal conllevaría una violación a la garantía de doble conforme. La disidencia expresó que las críticas efectuadas al auto de procesamiento resultan inhábiles para fundar la pretendida arbitrariedad de la resolución cuestionada y no logran demostrar, en consecuencia, una palmaria violación a las garantías constitucionales invocadas. (Dres. Hornos -en disidencia-, Diez Ojeda y González Palazzo -según su voto-).
Secuela de juicio, declaración indagatoria, declaración de rebeldía
Materia: PENAL
Carátula: OTERO, Bernardino. s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-05

El decreto por el cual se convoca al imputado a prestar declaración indagatoria y la resolución por la cual se lo declara rebelde, pueden ser considerados "secuela de juicio", por exteriorizar la potestad jurisdiccional de juzgar.

Disidencia del Dr. Donna: Ni el llamado a prestar declaración indagatoria que es un acto de defensa ni el decreto por el cual se dispuso la rebeldía del imputado, que es solo el reconocimiento que el proceso no puede avanzar, pueden ser considerados secuela de juicio.
Divorcio, elemento objetivo, elemento subjetivo
Materia: CIVIL
Carátula: Z.C.Y. c/ J.C.B. s/ DIVORCIO CONTENCIOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-08

El hecho material del abandono hace presumir el propósito deliberado de sustraerse de los deberes-derechos conyugales de cohabitación y asistencia, impuestos recíprocamente por la ley a los esposos.

El abandono del hogar como causal de divorcio, se configura por el hecho de la ruptura de la convivencia (elemento objetivo), quebrada voluntariamente por el abandonante con plena conciencia y conocimiento de que con ello se sustrae al cumplimiento de los deberes conyugales (elemento subjetivo).-
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cosentino, José Enrique c/ Podestá, José Luis y otro s/ Cobro ejecutivo Sarti, Gerardo H. c/ Idiarte, Ricardo N. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-23|1987-06-23

Cuando la excepción opuesta al progreso de la acción es la falsedad, no basta ofrecer la formación de cuerpo de escritura sino que es preciso indicar los documentos indubitados que habrán de servir de base para el examen pericial, aparejando el incumplimiento de dicho recaudo la desestimación sin más trámite de la defensa.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)