marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Registros laborales, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Puchi, Magdalí Isabel c/ Video Chubut y-u Otros s/ Demanda Laboral -Indemnizaciones-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-10-03

El libro especial reviste especial relevancia jurídica, toda vez que el solo hecho de que carezca de alguna de las formalidades prescriptas en el artículo 52 o que tengan algunos de los defectos allí consignados, es objeto de merituación por los jueces de las particulares circunstancias que presente el caso.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales, Estado Provincial, competencia provincial, ley provincial, Constitución Provincial
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernández Valdez, Manuel Guillermo s/ CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION C/ DECRETO - NUMERO  1376 DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13

Lo relativo a las facultades de los tribunales provinciales, al alcance de su jurisdicción y a la forma en que ejercen su ministerio, todo ello reglado por normas de las constituciones y leyes locales, no es materia revisable en la instancia extraordinaria, en razón del respeto debido a la atribución de los estados provinciales de darse sus propias instituciones y regirse por ellas.
Recurso de casación penal, sentencia arbitraria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CIRIGLIANO, S. C. y otros s/ Procesamiento -casación-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-27

Corresponde declarar inadmisibles los recursos de casación interpuestos por la defensa de los imputados contra el auto de procesamiento dispuesto ya que la fundamentación de los recursos, bajo indicaciones de arbitrariedad, incongruencia y contradicción de la sentencia atacada, se limitan a cuestionar el modo en que se valoró la prueba reunida o se calificaron los hechos, traduciéndose en un mero desacuerdo de cuestiones de hecho y prueba que resultan insuficientes para habilitar el remedio aludido.
Propiedad intelectual, derechos de autor, autorización del autor, reproducción de fonogramas, cobro de aranceles
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ JUAN CARLOS c/ SADAIC s/ REPETICION - PROPIEDAD LITERARIA Y ARTISTICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-02

El arancel que recauda SADAIC no grava el "uso" del disco fonográfico o casete sino la reproducción o propalación para el público de lo grabado en aquéllos.

El fundamento del arancel está en la ley 17.648 que reconoce a SADAIC "como asociación civil y cultural y de carácter privado representativa de los creadores de música nacional..." (art. 1 ), sobre la cual debe ejercer fiscalización permanente el Estado por medio de auditores (art. 2 ), quienes deben "verificar la percepción .. de los derechos autorales a cargo de la asociación..." (art. 3), y en el decreto reglamentario Nro. 5146 del 12 de septiembre de 1969, en cuyo art. 3 inc. b) se autoriza a SADAIC a "fijar aranceles".
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no decisiva, juicio de desalojo, bienes inmuebles
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: YEBRA, MARIA ANGELICA c/ NEUMAN CASUSO, FERNANDO Y OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-20

De la confrontación del escrito recursivo con los antencedentes y constancias elevadas, se advierte que la temática debatida se trata de una cuestión de naturaleza fáctica y probatoria, sin que se advierta que el supuesto de arbitrariedad invocado resulte decisivo para hacer variar la suerte de lo decidido, desde que los planteos del recurrente se diluyen al ser confrontados con los autos principales, por cuanto si bien el impugnante afirmó -al deducir el recurso de inconstitucionalidad- que al momento de ser notificado de la demanda hacía más de veinte días que había abandonado el inmueble, en su responde se limitó a señalar escuetamente que ya no era ocupante, sin manifestar la fecha de desocupación como tampoco que hubiese puesto a disposición el inmueble a favor de la reclamante; sin embargo, al realizarse la constatación durante la medida preparatoria, el Oficial de Justicia fue atendido por el recurrente quien manifestó ante el funcionario que en dicha propiedad funcionaba su estudio jurídico, asimismo, en su comparendo en el juicio de desalojo el codemandado constituyó domicilio legal en el inmueble objeto de la demanda, lo que echaría por tierra la afirmación de que hacía más de veinte días que había desocupado la propiedad. (Del voto de la Dra. Gastaldi, al que adhieren los Dres. Erbetta, Falistocco y Netri)
Daño resarcible, daño moral, mobbing
Materia: LABORAL
Carátula: T., S.K. c/ Supermercados Norte SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-08

A la trabajadora que ha sido víctima de maltrato verbal frente a sus compañeros por parte del gerente, más allá de la indemnización tarifada que prevé la LCT, por los trastornos psicológicos (depresión y ansiedad generalizada) que sufriera a raíz del stress generado por el maltrato de su superior jerárquico, cabe abonarle una suma adicional en concepto de reparación del daño provocado a la salud y el daño moral. Dicha reparación tiene su fundamento en el art. 1113 CC en cuanto el gerente en cuestión, era un dependiente de la empleadora por quien debe responder.
Defensa del consumidor, cumplimiento de normas generales, debido proceso, apreciación de la prueba, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Bellotti, Daniel Anibal c/ Ansila SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-28

Procede revocar la resolución que rechazó la demanda promovida por los daños y perjuicios que adujo el actor haber sufrido como consecuencia del desperfecto que había presentado el artefacto -una cocina- vendida y fabricado por las accionadas; en tanto consideró que no había prueba de los desperfectos denunciados por el reclamante. Ello por cuanto, según la LDC 53 el legislador ha impuesto sobre el proveedor que resiste la pretensión de un consumidor dos cargas: primero, aportar al proceso todo elemento de prueba que se encuentre a su alcance; y segundo, prestar toda la colaboración necesaria para esclarecer el asunto (ver CNCom, Sala C, "La Greca, Daniel Ramón c/ Auto Zero SA y otro s/ Ordinario", 30.5.19). Aplicada esa norma al caso, forzoso es concluir que no era dable a las demandadas mantenerse en la posición pasiva que ha exhibido en el pleito, ni era posible que él fuera resuelto a la luz del principio según el cual la carga de la prueba recae sobre quien alega el hecho que invoca en sustento de su derecho. Así se juzga pues del citado art. art. 53 se desprende que, encuadradas las relaciones de las partes dentro del ámbito del derecho del consumo, la distribución de las cargas probatorias deja de regirse exclusivamente por el CPR 377 para recibir esa otra impronta, que se concreta en aquellas dos cargas que el legislador pone sobre el proveedor. Se trata de una regulación de índole procesal contenida en una norma de fondo que, por ello mismo, debe ser asimilada a ésta en naturaleza, con la consecuente aptitud de desplazar a todas las normas rituales que se le opongan.
Caducidad de instancia, actos interruptivos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GALETTO, RUDY OMAR c/ COOPERATIVA ELECTRICA DE RUFINO LTDA. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIVA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-02-07

El acto procesal para ser interruptor de la caducidad tiene que activar el proceso, hacerlo avanzar de una etapa a otra, hacia su fin natural. En el caso, tratándose de un supuesto de perención de la segunda instancia, el acto interruptivo será aquél que tiende a poner la decisión recurrida en estado de ser revisada por la Alzada.

En el caso, la respuesta de la Cámara-que le restó carácter interruptivo al decreto que ordenó la notificación de la sentencia dictada y de la concesión de los recursos a las partes y la vista a la Caja Forense de la regulación de honorarios efectuada- no deja de ser una afirmación dogmática carente de toda sustentación objetiva al no ser acompañada de un razonamiento lógico que indique cómo ni por qué arribó a esa decisión, siendo que la potencialidad para interrumpir el curso de la caducidad debía ser al menos ponderada por el Tribunal.
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia comercial, compraventa, carnes, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Diaz, Martín Hernán c/ Jumbo Retail Argentina SA y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

Corresponde atribuir competencia al juez comercial para entender en una acción promovida con motivo de la intoxicación sufrida por los accionantes y la carne vendida por la empresa demandada, toda vez que el fundamento de la responsabilidad que se le endilga, deriva de una actividad propia de contratos regidos por las leyes mercantiles, en los que prevalece la actividad lucrativa realizada de modo organizado en forma de empresa (conf. CNCom, Sala E in re "Banco de Crédito Liniers SA c/ Corbalán, Julia s/ sumario", del 16/11/89). Del Dictamen Fiscal N° 274/21.
Prueba, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Salvia, Jorge A. s/ Homicidio - Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

La prohibición a los funcionarios policiales de tomar declaración indagatoria (art. 434 inc. 5, C.P.P.) no puede hacerse extensiva al testimonio de dichos funcionarios relacionados con diligencias que están autorizados a practicar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, indemnización por despido, asignación no remunerativa de carácter alimentario
Materia: LABORAL
Carátula: Volpedo   Pablo   Humberto c/ Southern   Winds   SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-31

En razón de que la asignación prevista por el art. 1 del decreto 2005/04 carece de carácter remuneratorio, no cabe computarla en la base de cálculo del SAC y las vacaciones proporcionales.
Falsificación de documentos, falsedad ideológica, dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: I., C.E. s/ Falsedad Ideológica (art. 293 CP.) -Puerto Madryn
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-23

"Obra con dolo eventual del delito de falsedad ideológica de documento público la escribana pública que certificó las firmas que ya existían en un formulario de venta de automotor, sin adoptar recaudo alguno para verificar la autenticidad de aquéllas".
Incapacidad laboral, porcentaje de incapacidad, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: CENDRA, WALDEMAR c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03

Resulta dificil sostener que el intento de cuantificar la incapacidad de los trabajadores conduzca a resultados matemáticamente indiscutibles, ya que siempre deben valorarse las las circunstancias de cada caso. El informe de los peritos debe considerarse como un elemento de juicio aproximativo que el Juez habrá de integrar a los otros que constan en la causa, haciendo jugar los principios de normas análogas, como las previsionales o las que regulan los accidentes del trabajo.
Escritos judiciales, copia auténtica, admisibilidad formal, declaración jurada
Materia: PROCESAL
Carátula: Gutierrez Alfrredo Clemente c/ Kuchumpos Atanasio Y Otro s/ Ejecutivo Por Cobro De Cheques Letras O Pagarés - Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-11-06

La autenticación de las copias no exige de "fórmulas sacramentales", bastando con que la declaración jurada se coloque en el cuerpo de copias, o en escrito del recurso. El sello puesto por el letrado con la indicación de que se trata de una "copia fiel" y la consiguiente firma y sello profesional es suficiente para dar por cumplido la aludida condición de admisibilidad. Tal no es la metodología ideal para el recaudo de autenticación de las copias, el modo en que debe satisfacerse tal requisito es colocar la declaración jurada en el cuerpo de copias, o en el escrito de presentación con términos claros y concretos.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, defensa en juicio, tratados internacionales, debido proceso, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Gómez, Carlos c/  s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 40.232 del Tribunal de Casación Penal -Sala I-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-12

El derecho a ser juzgado en un plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional -derivado del speedy trial de la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica-), sino que se encuentra también previsto expresamente en los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a justicia (art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional).
Régimen de garantía de los depósitos, entidades financieras, obligaciones del depositante, obligaciones del depositario
Materia: COMERCIAL
Carátula: Maymo, Alcides Hernán y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

Aun cuando la garantía de los depósitos (art. 56 de la ley 21 526) no tiene por objeto asegurar el cobro por parte de un acreedor particular sino que obedece a fines de regulación macroeconómica, la ley no autoriza a exigir de los depositantes conductas más gravosas que las que habitualmente exigen las entidades financieras a quienes les confían sus ahorros. En consecuencia, no pueden imputarse a los depositantes los defectos y omisiones en que puedan incurrir los depositarios, salvo que una connivencia fuere terminantemente probada.
Delitos contra la humanidad, intención de eludir la acción de la justicia, sentencia definitiva, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Mac Gaul, Hugo Andrés J. s/ Fiscal Fed. apela autorización de caminatas diarias, Inv. de delitos de lesa humanidad. (c. n° 04/07 JF1) incidente de detención domiciliaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-06

El recurso de casación interpuesto por el Fiscal es improcedente pues la autorización para que el imputado -bajo detención domiciliaria por imputación de delitos de lesa humanidad- realice caminatas periódicas no constituye sentencia definitiva, o equiparable a tal por sus efectos, ni implica existencia de cuestión federal; y la valoración del peligro procesal existente -peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación- debe efectuarse con diferentes estándares que en un pedido de excarcelación, y no sólo invocado argumentos generales aplicables a cualquier imputado por delitos de lesa humanidad.
Convertibilidad, contratos administrativos
Materia: PROCESAL
Carátula: Covema S.A. c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-26

Al posponerse el cumplimiento de la obligación a cargo del municipio las partes se vieron insertas en un estado de situación que en nada se compadecía con aquel propio que tuvieron en vista al contratar. Pues la convertibilidad del peso con el dólar era historia, y nuestra moneda había sufrido una severa devaluación con respecto a la norteamericana, viéndose alterada de este modo la equivalencia de los factores sobre la cual se decidió un precio final por el cual ofertar. Frente a ello, corresponde adoptar las herramientas necesarias no para rectificar un mal negocio ni para subsanar errores comerciales o financieros del mismo, sino para proteger singularmente a una de las partes de consecuencias destructoras del contrato, de expurgarla de una sobrevenida iniquidad nacida por circunstancias ajenas a las partes y al objeto o fin del negocio contractual.(doctor Genoud, minoría)
Abuso sexual, víctima menor de edad, presunción juris et de jure
Materia: PENAL
Carátula: S., O. H. s/ Violación en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-14

Menor de 13 años es aquél que, al momento del hecho, no ha cumplido aún los trece años de edad. Por debajo de este límite, toda actividad sexual con un menor (con o sin violencia o intimidación) se presume iris et de jure que se ha efectuado sin su consentimiento, careciendo de relevancia que efectivamente lo haya prestado o que, inclusive, sea él el que haya provocado el contacto sexual.
Recurso extraordinario federal, discriminación, tratados internacionales, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. M. P. s/ AMPARO s/ APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

La norma que se ha invocado y aplicado -23592- es una norma especial que como lo dijimos en nuestro voto, opera en el marco de garantías constitucionales que comprenden también las relaciones laborales y siendo así, habiéndose descartado la arbitrariedad, o cualquier otro vicio en la construcción de la sentencia, el recurso propuesto debe en lo sustancial ser rechazado.

Subsiste sin embargo, el problema de la interpretación de una ley, en este caso anti discriminatoria, y por ende dictada en el marco de Tratados Internacionales, a los que la Nación adhirió especialmente.
Competencia por conexidad, declaración de incompetencia, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CONDERCURI, Norma s/ COMPETENCIA POR CONEXIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-28

El 'forum conexitatis' sólo es susceptible de funcionar cuando existe causa respecto de la cual media relación vinculatoria actual que imponga la conveniencia de concentrar ante un solo órgano la sustanciación de los procesos de que se trate, lo que no se da en el caso de autos, dado que el tribunal que previniera declaró oportunamente su incompetencia 'ratione loci' para conocer del sumario con relación al cual se pretende ejercer la prórroga de competencia.
Acción de amparo, medidas cautelares, Poder Ejecutivo, docentes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Confederación de trabajadores de la Educación de la Rep. Argentina (C.T.E.R.A.)  c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-09

Corresponde hacer lugar a una medida cautelar y ordenar suspender provisoriamente los efectos del D.N.U. 70/23 en lo que hace a la operatividad de los artículos 86, 87, 88 y 97 y en relación con la actora y los trabajadores representados por dicha entidad gremial, toda vez que la demandada no ha conseguido brindar suficientes pautas para tener por verificadas las exigencias mencionadas por la CSJN para dicha norma (que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a Capital Federal; o que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes), en tanto no aparece prima facie justificada la medida excepcional previa al trámite legislativo cuando, simultáneamente, se convocó al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias y tampoco se evidencia la urgencia requerida para modificar normas de fondo vinculadas a la negociación colectiva, la libertad sindical y el derecho de huelga y eludir la intervención del parlamento, máxime si se tiene en cuenta la jurisprudencia del Máximo Tribunal que ha reiterado que la alusión a la situación de crisis económica, en forma general, no alcanzan para tener por cumplida la exigencia Constitucional, en una materia excepcional que, por su naturaleza, impone un escrutinio juicioso.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TESTA DE MANTOVANI TELMA E. c/ FILANTI ROBERTO CARLOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-29

La circunstancia de que una persona haya sido declarada objetivamente responsable en su carácter de propietario no obsta para que reclame y se le acuerde indemnización por los perjuicios sufridos con motivo del accidente que fue causa del proceso.
Concursos, quiebra, obligaciones del deudor, rechazo del reclamo, incumplimiento del convenio, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Zabala, Marcelo Alejandro c/  s/ pedido de propia quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-28

Procede revocar la resolución de grado que desestimó el pedido de propia quiebra solicitada por el deudor apelante. Ello por cuanto, en el caso, la propia ley -LCQ 86- requiere el cumplimiento de los recaudos del art. 11 al peticionante pero no sanciona su incumplimiento ya que, no obstante su inobservancia, el juez debe igualmente decretar la quiebra. Y, en el caso, el fallido explicó que se encuentra en estado de cesación de pagos por no poder hacer frente a la obligación emergente en una sentencia firme dictada en cierta causa ordinaria, en la cual se le ha decretado la inhibición general de bienes. A más, tratándose de un pedido de quiebra por el propio deudor, la sola presentación del pedido de falencia implica confesión judicial del estado de cesación de pagos, lo que reviste la máxima eficacia probatoria acerca de la existencia de insolvencia y, en principio, releva al juez de todo análisis sobre el presupuesto objetivo de la quiebra (v. Rouillon, Adolfo A; "Régimen de Concursos y Quiebras", pág. 195, año 2016).
Daños y perjuicios, indemnización, pérdida de la chance, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: OLIVARES DE ARCERITO, ISABEL c/ AGUIAR DE MERINO, ENCARNACIÓN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-03-31

El rubro pérdida de chance, como daño, debe ser perfectamente diferenciado del lucro cesante. Puede ocurrir que el evento dañoso conduzca a que el damnificado sufra la pérdida o frustración de una expectativa o pro validad de ganancias futuras. No se trata, por supuesto del tradicional lucro cesante, pues el daño que éste importa es cierto en la medida que el damnificado tiene un interés legítimo a la percepción de esos lucros al momento del evento dañoso.

En otras palabras: el rubro lucro cesante indemniza no la pérdida de una mera perspectiva o pro validad de beneficios económicos futuros, sino el daño que supone privar al patrimonio damnificado de la obtención de lucros a los cuales su titular tenía derecho, es decir, título, al tiempo en que acaece el evenus damni. La chance es la posibilidad de un beneficio probable, futuro que integra la facultad de actuar del sujeto en cuyo favor la esperanza existe. Privar de esa esperanza al sujeto conlleva daño, aún cuando pueda ser dificultoso estimar la medida de ese daño, porque lo perdido, lo frustrado, en realidad, es la chance y no el beneficio esperado como tal.-