Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-12-15


TL0101.1637537.

T 6174 / 10 Salta, 15 de diciembre de 2017.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "AYALA, NESTOR FAVIAN C/ AMELLA, ALBERTO - S/ ORDINARIO LABORAL", T - 6174/10; originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Tartagal, para resolver la apelación interpuesta a fs. 338/340, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Federico Gabriel Kosiner dijo:

Apela el demandado diciendo que se acreditó en autos que no tiene ningún vehículo, ni empleados. Califica al fallo de arbitrario, ya que no existió relación laboral y no es consecuencia razonada del derecho vigente, basado solamente en la voluntad del juez, contraviniendo todo elemento de prueba. Dice que se encuentra afectada la defensa en juicio y el debido proceso. Afirma que se acreditó que el señor Amella es jubilado y no tiene camiones, ni otro vehículo propio o de terceros. Destaca el informe de ANSeS de fojas 138, del que surge que el demandado no es empleador; como también el de fojas 159/161 y 187/190, del Registro Público del Automotor, por los que se comunica que no hay rodados inscriptos a su nombre. Afirma que la sentencia no está fundada en la ley, ni en debido proceso, ni en pruebas. En cuanto a la presunción de los artículos 388 CPCC y 55 LCT, no correspondía que su parte presente documentación laboral, ya que no tiene empleados. Continúa el desarrollo del recurso refiriéndose al principio de razonabilidad, con cita de doctrina y jurisprudencia. Hace reserva del Caso Federal. El recurso es respondido a fojas 347/349, solicitándose su rechazo con costas.

El recurso planteado controvierte la sentencia por la interpretación que hace de la prueba, y por la conclusión a la que arriba de tener por acreditada la existencia de la relación laboral entre las partes.

La demandada negó el vínculo, motivo por el cual debe examinarse si la actora logró probarlo, ya que sobre ella pesaba la carga procesal (art. 377 CPCC y 90 CPL).

En relación a la prueba testimonial, comparto el análisis que se efectúa en la sentencia apelada. Ramón Cruz (fs. 147vta.) dice que el actor sí trabajaba; que él estaba siempre que los changueros iban; que las órdenes las daba Alberto Amella, y que el pago de los sueldos también lo hacía el demandado; que Ayala manejaba siempre el camión. Antonio Gumersindo Aranda (fs. 148vta.) afirma que empezó a hacer changas cuando ingresó Ayala, que manejaba un Mercedes rojo; que Amella fue a buscar a otro muchacho, y este lo fue a buscar a él; que manejaba el actor solo; que Alberto Amella tiene un hijo que se llama Rodrigo Amella.

Los testimonios son coherentes y precisos. Coinciden en que el actor cumplía tareas como chofer, que lo hacía en un camión, y que Alberto Amella daba órdenes y pagaba el sueldo. Entiendo acreditada la prestación de servicios de Ayala a favor del demandado, y por ende aplicable la presunción derivada del artículo 23 LCT.

"La presunción -iuris tantum- de existencia del contrato de trabajo prevista por el art. 23 de la LCT, se torna operativa con la simple acreditación de la prestación de servicios del actor a favor del demandado y operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio".(Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VI o 21/10/2015 - Sardon, Hernán David c. Ricchi, Paulo Gustavo s/ despido o La Ley Online - AR/JUR/57297/2015).

La referida presunción encuentra respaldo en otros elementos que surgen de la causa, tales como los términos en que fue contestada la demanda, y las posiciones que se le formulan al actor en su absolución. En la exposición de los hechos de fojas 34 y vuelta, si bien es cierto que el demandado niega la existencia de la relación, omite realizar una exposición precisa y circunstanciada del fundamento fáctico de su posición procesal.

El artículo 356 inciso 1º CPCC le impone al requerido en juicio el deber de exponer su propia versión de los hechos. Debe dar su propia interpretación, de manera tal que permita al juez contraponer ambas posturas para arribar a una solución basada en la prueba. El demandado incumple con su obligación, ofreciendo una simple negativa de la relación, y ello no responde a la exigencia de la norma.

"La respuesta negativa no puede quedar circunscripta a una mera fórmula, por categórica que sea su redacción, sino que debe apoyarse en alguna razón que la justifique, pues la negación debe ser fundada, sea mediante la alegación de un hecho contrario o incompatible con el afirmado por el actor, o a través de un argumento relativo a la verosimilitud de ese derecho". (CApel. CC Salta, Sala I, año 1987, pág. 141, año 1989, p. 349, año 1991, pág. 78).

Esta insuficiencia en la contestación de demanda, hace aplicable la presunción que contiene la norma, en cuanto a tener por verídicos los hechos expuestos por el actor en su escrito inicial. Conjugadas ambas presunciones, las del artículo 23 LCT y la referida, la existencia de la relación laboral en los términos denunciados cobra vigor.

Párrafo aparte merece también las posiciones formuladas al actor por el demandado a fojas 147, vinculadas a Ramiro Amella. Es así que las afirmaciones relacionadas a que esta persona era el empleador del actor; que transportes "Ulises" era de su propiedad, y que le pagaba el sueldo (cfr. pliego de fojas 143); denota una extemporánea incorporación de cuestiones de hecho que no fueron introducidas en la contestación de la demanda, y que evidencia el interés del accionado de acreditar una relación de trabajo que no fue expuesta en su momento.

Tal proceder procesal, además de la postura asumida en el intercambio epistolar, consistente en una negativa genérica frente a la intimación, debilita aún más la posición de la demandada en el sentido de otorgarle mayor poder de convicción a los hechos expuestos en la demanda.

Finalmente, considero que la procedencia del artículo 23 LCT, torna posible la aplicación del artículo 55 LCT, y por ello resulta correcto hacer efectivo el apercibimiento que contiene la norma, tal como lo efectuó el señor juez de primera instancia a fojas 80 de autos.

Por último, considero que los informes de ANSeS de fojas 138, y del Registro Público del Automotor de fojas 159/161 y 187/190, en nada inciden en la forma en que se resuelve la cuestión. Se trata de inscripciones realizadas por el demandado frente a organismos públicos y que ninguna relación tienen con las circunstancias de hecho que se busca establecer en el marco de un proceso judicial. Menos aún puede otorgársele valor probatorio, frente al conjunto de presunciones derivadas de las normas procesales y de fondo reseñadas precedentemente.

Por lo expresado, voto por el rechazo del recurso de apelación de la parte demandada, y la confirmación del punto I) de la sentencia de primera instancia, con costas (art. 67 CPCC).

En los términos del art. 15 de la Ley Nº 8035 y la acordada Nº 12.062 de la Corte de Justicia de Salta, regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 40% de los honorarios que correspondan por su intervención en la primera instancia.

La Dra. Analía Villa de Moisés, adhiere al voto precedente.

Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I F A L L A I) RECHAZANDO el recurso de apelación de la parte demandada, y confirmando el punto I) de la sentencia de primera instancia, con costas (art. 67 CPCC).

II) DISPONIENDO que en la oportunidad procesal correspondiente, se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes, por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 40% de lo que se regulare en la primera instancia (Ley Nº 8035 y la acordada Nº 12.062).

III) ORDENANDO se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.- CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA. SALA I