Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-02-22


CANO, Mirta Cecilia contra CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 212 p 41-44.

Rosario, 22 de febrero del año 2.006.

VISTOS. Los autos "CANO, Mirta Cecilia contra CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE -C.P.L.- (expte. 19/04) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 427, año 2.004), venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO: 1. Surge de estas actuaciones que por resolución registrada en A. y S. T. 210; págs.

167/171 esta Corte rechazó la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad deducido por la actora contra el decisorio de fecha 30 de junio de 2.004 dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, que resolvió rechazar los recursos de nulidad y apelación deducidos por la actora confirmando -en lo pertinente- la sentencia inferior y receptó el recurso de apelación de la demandada, modificando parcialmente el decisorio de baja instancia imponiendo las costas a la actora.

El pronunciamiento de este Tribunal es impugnado por la accionante mediante el remedio extraordinario previsto por el artículo 14 de la ley 48.

En la pieza de interposición del recurso (fojas 51/56) la apelante después de realizar una reseña de los antecedentes de la causa expresa que se configura una cuestión federal desde que discutida la constitucionalidad del artículo 84 inciso a) de la ley provincial 6314 los Organos jurisdiccionales confirmaron su validez (artículo14, inciso 2, ley 48).

En ese orden, alega que la causal de extinción del beneficio previsional con motivo de la celebración de un nuevo matrimonio de la cónyuge viuda contradice el principio de razonabilidad (artículo 28 de la Constitución nacional) y vulnera el principio de igualdad y de protección integral de la familia contemplados en los artículos 16 y 14 bis de la Carta Magna y que la Cámara no expresó los motivos que justifiquen la constitucionalidad de la norma impugnada.

Afirma, que este Cuerpo incurrió en arbitrariedad al convalidar una sentencia que contiene una equivocación sobre la ley aplicable, toda vez que la norma vigente al momento de ocurrir el hecho generador del beneficio es la que debe regir sus alcances, independientemente de que haya sido derogada con posterioridad.

Sostiene además, que en el decisorio se omitió considerar que los tribunales inferiores no resolvieron un punto oportunamente invocado y conducente para la solución del caso, esto es, la desaparición de la causal de extinción del beneficio en razón del divorcio vincular del segundo cónyuge.

Acusa al fallo interpretar la ley previsional con un mayor rigor que el previsto por el legislador desde que el beneficio de pensión consiste en el pago de prestaciones periódicas y su extinción no puede ser considerada definitiva si reaparecen las causas que le dieron origen.

Por último, cuestiona la imposición de costas desde que la Cámara se apartó del principio general de la seguridad social conforme el cual las costas se imponen por el orden causado, decisión que ha sido confirmada por este Tribunal.

II. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del recurso federal interpuesto.

Cabe señalar que la mera deducción del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad.

A tales efectos, es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por la Corte para fundar su decisión, trayendo razones de peso en orden a destruir la fundamentación de tal decisorio por considerarlo lesivo de derechos constitucionales.

Ello es así, por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la Ley 48 -recurso extraordinario de apelación-, demanda que el recurrente impugne el pronunciamiento que objeta, demostrando asimismo ante la Corte por qué considera que el decisorio impugnado no satisface el derecho federal invocado.

Realizando el análisis a que se hiciera referencia en párrafos anteriores, se advierte que la recurrente en el memorial recursivo omite hacerse cargo de efectuar en la impugnación una crítica prolija, concreta y razonada de la sentencia atacada, por lo que no satisface el recaudo de debida fundamentación exigido por las normas pertinentes (artículo 15 de la ley 48; artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

En efecto, la impugnante limita su crítica a la reiteración de alegaciones ya introducidas en oportunidad de enderezar el recurso de inconstitucionalidad sin lograr insinuar razones valederas demostrativas de que esta Corte, al decidir la inadmisibilidad del recurso directo, lo hubiese hecho soslayando considerar planteos propuestos por su parte, incurriendo en excesos formalistas, de modo arbitrario y lesivo de principios y garantías constitucionales como alega.

Así, expresa la compareciente que el pronunciamiento de este Tribunal incurrió en arbitrariedad al convalidar una sentencia que contiene una equivocación sobre la ley aplicable, sin lograr justificar tampoco en esta instancia cual es el agravio que le depara a la impugnante.

En este punto, examinó este Cuerpo que el planteo carecía decisividad, teniendo presente que la Cámara expresó en la sentencia que "la norma reguladora del sistema" (la causal de extinción del beneficio de pensión para la viuda, por contraer nuevas nupcias), "se mantuvo invariable en las sucesivas leyes reglamentarias"; lo cual fue admitido por la propia recurrente, cuando en el recurso de inconstitucionalidad manifiesta que "es cierto que todas las leyes, repiten las causas de extinción del beneficio de pensión".

Es de advertir en tal sentido que la compareciente no intenta siquiera refutar la consideración brindada por este Cuerpo sino que insiste en su particular postura en torno a lo que entiende debió ser la decisión de la causa, lo que no habilita la apertura de esta instancia extraordinaria.

Tampoco logra demostrar que este Cuerpo hubiese preterido el tratamiento del agravio consistente en la falta de análisis del Tribunal a quo de la desaparición de la causal de extinción del beneficio en razón del divorcio vincular.

Específicamente, consideró esta Corte que, la evaluación de aquel tema es una consecuencia implícita que anida en el juicio de los sentenciantes cuando exponen que "la condición de solicitar y acceder a la pensión, la perdió al contraer nuevas nupcias, con independencia del resultado posterior"; y si bien la escueta respuesta, podrá no conformar a la quejosa, refleja que la Sala consideró que -en el presente caso- el beneficio de pensión se extinguió definitivamente al momento de contraer nuevas nupcias, sin posibilidad de recupero por el acaecimiento de hechos sobrevinientes al matrimonio; criterio que - por lo demás - encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 155:274; 224:453; 255:138; 317:77, entre otros).

Frente a la repuesta brindada que evidencia el tratamiento de dicha cuestión, es de advertir que no existe concordancia entre los planteos formulados por la compareciente y la decisión impugnada, quebrando la regla de admisibilidad que impone que debe existir relación entre las hipótesis doctrinarias jurisprudenciales de arbitrariedad sustentadas y la realidad del caso (Fallos 165:62; 181:290; 276:365; entre otros).

Igual resultado adverso deparan los restantes cuestionamientos de la impugnante consistentes en la falta de fundamentación del Tribunal a quo de la constitucionalidad del artículo 84 incios a) de la ley provincial 6314 y acerca de la imposición de costas, dado que vistas en su desarrollo, y no obstante la invocada arbitrariedad y lesión de garantías constitucionales, tan solo traducen la insistente intención de renovar el debate en procura de una nueva interpretación del derecho aplicable y sobre aspectos resueltos por la Cámara y analizados desde el plano constitucional por esta Corte, sin hacerse cargo -tal como se expresara- de los argumentos expuestos en el fallo.

Es que, tales articulaciones no alcanzan a perfilar un supuesto aprehensible por el remedio federal, desde que en definitiva, traducen un distinto criterio interpretativo acerca de una disposición de derecho público local y su aplicación al caso concreto efectuada por los jueces de la causa en una tarea que más allá de su mayor o menor acierto, se reputó exenta de reproche constitucional y sin que la impugnante logre demostrar que el fallo de esta Corte evidencie un ritualismo que obstruya la correcta defensa del justiciable e incida de algún modo en el principio de imparcialidad (Bertolino, Pedro J., "El exceso ritual manifiesto", págs. 97 y ss., Morello, Augusto M., "El recurso extraordinario", págs. 163 y ss.).

En definitiva, este Tribunal dio razones constitucionales suficientes, las que podrán no conformar a la quejosa, quién insiste en oponer su propio criterio más sin aportar nuevos argumentos que demuestren irrazonabilidad o falta de lógica en el pronunciamiento de esta Corte al rechazar la queja deducida, por lo que la cuestión queda reducida al mero disenso de la impugnante con los fundamentos expuestos por el Cuerpo, para así decidirlo y no resulta idónea para habilitar la apertura de la vía de excepción prevista en el artículo 14 de la ley 48.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria).