Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-26


CASTELLI, Graciela Miriam contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 193 p 397-406.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiseis días del mes de noviembre del año dos mil tres, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la Presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "CASTELLI, Graciela Miriam contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 67, año 1995), de conformidad con el acuerdo preparatorio celebrado el día diecinueve del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo:

I.1. Graciela Miriam Castelli interpone recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe, a fin de que se declare la nulidad de los decretos nro. 755/94 y 3914/94 y, en consecuencia, se la reintegre a la Administración Provincial de Impuestos con categoría 16, se le concedan los ascensos automáticos de los que hubiera sido excluida por su separación y se le abonen con intereses los salarios caídos; con costas.

Expone que: ingresó a la Administración Pública en fecha 13.7.1971, en la entonces Dirección General de Rentas, 2 Circunscripción; promediando el mes de octubre de 1989, se iniciaron investigaciones penales y administrativas a raíz de la sospecha de la existencia de irregularidades, consistentes en la fiscalización de escrituras por fuera de la institución; en el ámbito de las actuaciones administrativas, fue suspendida por noventa días; luego de tramitarse el sumario con una serie de irregularidades, se la dejó cesante por decreto nro. 755/94; interpuesta reconsideración, fue rechazada por decreto nro. 3914/94.

Transcribe los considerandos y partes resolutivas de los decretos atacados, y reseña los agravios que dedujo al interponer revocatoria, entre los que menciona la duración de cuatro años y medio del procedimiento sumarial -cuando, conforme los plazos previstos en la ley 8525, entre la fecha de iniciación y el dictado de la resolución respectiva no podrían haber transcurrido más de noventa y ocho días hábiles-, hecho que configura, a su entender, un supuesto de caducidad administrativa invalidante del decisorio.

Concluye que la Administración rechazó la revocatoria sin haber reconsiderado realmente la cuestión, en los puntos propuestos.

En ese sentido, refiere en primer lugar a su planteo de que se omitió correrle la vista establecida por el artículo 71, in fine, de la ley 8525, a lo que en el decreto nro. 3914/94 se le contestó que la alegación era inexacta por constar que había sido notificada de dicha vista.

Al respecto, señala que, si bien es cierto que en las actuaciones administrativas se le corrió vista por cinco días del informe obrante a fojas 74 a 75, también lo es que un dictamen posterior de la Dirección General Técnica y Jurídica del Ministerio de Hacienda y Finanzas (nro. 195, f. 79) "ataca demoledoramente" dicho informe, por no ajustarse a las prescripciones del citado artículo 71.

Y que la instrucción acató tal criterio, despachando posteriormente un escrito titulado "completa informe", del que -destaca- no se le corrió vista.

Concluye que, si el primigenio informe no reunía las condiciones exigidas por el artículo 71, entonces "se (le) corrió vista de nada"; y si se admitiera que el "completa informe" saneó la nulidad del original, igualmente se habría incumplido el artículo 71, al no habérsele corrido vista del mismo.

De ello extrae que se violó su derecho de defensa, y que todo lo actuado a posteriori es nulo de nulidad absoluta.

Sostiene, por otra parte, que el "completa informe" tampoco reúne las condiciones del artículo 71.

Ello, en primer lugar, por desconocer la autonomía de la responsabilidad administrativa respecto de la penal, al basarse en un "mero auto de procesamiento" para fundar la imputación.

Y además, por formular un reproche que menciona "vacuamente" normas administrativas, concretamente, los artículos 13, incisos "l" y "p", y 14, incisos "d" y "f", sin describir las conductas atribuidas; añadiendo que la cesantía se dictó con sustento en el artículo 53, incisos "g" y "h".

En otro orden, argumenta que las conclusiones del sumario no se compadecen con la realidad probada.

Así, alega que en el primer considerando del decreto nro. 755/94 -confirmado por el nro. 3914/94- se postula que le es reprochable la fiscalización de escrituras fuera del ámbito de la Dirección de Rentas, por cuanto obraban en algunas de ellas sellos con su nombre, distintos a los de uso común en la repartición.

Sin embargo -asevera-, nunca se demostró, ni en sede penal ni administrativa, que se hubieran fiscalizado escrituras "fuera" de la Dirección, ni que ella hubiera fabricado o estampado los sellos apócrifos.

En cuanto al segundo considerando, en el que se sostiene que se ocasionó un "considerable perjuicio" al erario provincial, afirma que el presunto perjuicio nunca fue estimado, ni calculado, ni demostrado.

Y en relación al tercero -en el que se destaca que el auto de procesamiento dictado en la causa penal se encuentra firme-, dice que ignora la autonomía de las infracciones administrativas y penales.

Critica además por ambiguo el fundamento normativo de la sanción aplicada, ya que -como lo remarcó en su momento la Dirección General Técnica y Jurídica- los artículos 13 y 14 de la ley 8525 suman treinta y tres incisos.

También se agravia de que la Administración base su decisorio en lo actuado por la instrucción penal, cuando en dicha sede judicial "se demostró científicamente" que sus firmas y sellos, así como los sellos del Banco Provincial de Santa Fe, fueron "falsificados".

Tras efectuar nuevas consideraciones acerca de la relación entre las responsabilidades administrativa y penal, expresa que al rechazarse el recurso de reconsideración se señaló que no podía "poner en crisis la facticidad", por cuanto no la había alegado oportunamente; y se pregunta "cuándo es el momento de cuestionar una 'sentencia' (sic), sino después" de que ésta se haya dictado.

En síntesis, sostiene que el decreto nro. 755/94 carece de causa y es corolario de un procedimiento viciado de nulidad, y fue ratificado por el decreto nro. 3914/94, que presenta igual falta de fundamentación, y que no salva la nulidad insanable del anterior.

Posteriormente, acompaña un escrito (f. 33) denunciando, como hecho nuevo, el decisorio del Juez en lo Penal de Sentencia Nro. 3 de Rosario -adjuntando fotocopia de la sentencia-.

Sostiene que, atento que los actos imputados a ella por la Administración "son exactamente los mismos que se investigaron en la Justicia", "resulta inadmisible aceptar que tales hechos no existieron" para ésta "y sí para la Administración".

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 35), comparece la Provincia (f. 41) y contesta la demanda (fs. 44/56).

Luego de negar diversas postulaciones contenidas en dicho escrito, plantea que no se verifican en el caso ninguna de las hipótesis que justifican acoger el recurso, pues no se configura el vicio de violación de formas sustanciales previas al dictado del acto, que implícitamente invoca la actora.

En tal sentido, afirma que la sanción expulsiva resulta ajustada a las circunstancias fácticas del caso y a la inconducta administrativa de la recurrente, que la misma está probada en el sumario instruido y que la decisión no adolece de ningún tipo de ilegitimidad por incompetencia o violación de formas sustanciales.

Cita jurisprudencia de este Tribunal en su apoyo. Tras ello, efectúa un relato de los actos cumplidos en las actuaciones administrativas, y afirma que del análisis de las mismas surge que el procedimiento sumarial es jurídicamente inobjetable, y los argumentos esgrimidos por Castelli, carentes de todo sustento fáctico y legal.

Manifiesta que el instructor ha observado y respetado todas las normas que regulan el procedimiento -ley 8525-. Así, señala que se le tomó a la agente declaración no jurada sobre los hechos que se le atribuían, haciéndosele conocer los derechos que le asistían, se le corrió la vista prevista en el artículo 69 a la imputada y a su defensor, quien ofreció pruebas, y que se le corrió a este último la vista del artículo 71 sin que la hubiera contestado. Sostiene que cumplidas, entonces, las normas procedimentales por parte de la instrucción, no se justifica que la actora plantee la nulidad de las actuaciones administrativas por violación del derecho de defensa en juicio, alegando que no se le corrió la vista para formular su defensa, porque ello es inexacto.

Cita jurisprudencia en sustento de su postura y agrega que en el caso no se advierten deficiencias que justifiquen razonablemente la nulidad, por cuanto el derecho de defensa aparece suficientemente resguardado, y en razón del principio según el cual no cabe declarar nulidades por la nulidad misma.

También rechaza lo alegado por la actora respecto de la inexistencia de pruebas relativas a su intervención en los hechos imputados. Señala que la pericia caligráfica realizada por el perito oficial de la Policía de la Provincia probó que las firmas existentes en las escrituras investigadas, correspondientes a los registros de los escribanos Eduardo Llanos y Ricardo Ayala, fueron ejecutadas por la agente Castelli, y que dicha conclusión coincide con el informe del perito oficial interviniente en la causa tramitada ante el juzgado penal -la cual fue ofrecida como prueba por la propia actora-.

Advierte que, al momento de prestar declaración no jurada, les fueron exhibidos a la actora los "correspondes" de las escrituras de los registros mencionados, y la misma declaró que no reconocía como suyas las firmas y sellos insertas en los mismos. Asegura que la valoración de las pruebas producidas no aparece irrazonable, teniendo en cuenta que su apreciación se rige, conforme el artículo 74 in fine de la ley 8525, por las reglas de la libre convicción razonada.

En otro orden, expresa que no hay disposición en la normativa aplicable que establezca la nulidad del procedimiento disciplinario por incumplimiento de los plazos sumariales, y que una consecuencia de tal magnitud debe estar contemplada expresamente.

Dice que el artículo 75 habla de la perentoriedad de los términos, pero no alcanza a los actos substanciales del procedimiento, sino que dicha norma regula el accionar al que debe ajustarse el instructor estableciendo, simplemente, un término de los denominados por la doctrina como no perentorios u ordenatorios, cuyo incumplimiento no puede traer aparejado la caducidad o nulidad del procedimiento.

Cita doctrina y jurisprudencia sobre la materia, y afirma que el principio general en relación al tema está contemplado en el artículo 155 del Código Procesal Penal -que transcribe-.

Con relación a la absolución dictada en la causa penal, expone que de la sentencia surge que lo que conduce al magistrado a tal conclusión no es la inexistencia del hecho, sino las dudas que sobre su acaecimiento se le plantean, y menciona que junto con ello el juez señaló que no se habrían respetado, en el tiempo en que se produjeron los hechos investigados, las modalidades usuales en cuanto al orden, ingreso, trámite y sellos aplicables.

Expresa que la estructura fáctica del tipo penal difiere de la estructura de la falta administrativa, lo cual permite una distinta valoración y consecuentemente el grado de certeza que su apreciación produzca en el juzgador.

Apoya sus consideraciones en lo normado en el artículo 59 de la ley 8525, en pronunciamientos de esta Corte referidos al tema, y en opiniones doctrinarias.

Por último, argumenta que las faltas administrativas se encuentran fehacientemente probadas, y que para sancionar la conducta de la actora es irrelevante la estimación concreta de la cuantía económica del perjuicio causado al erario público.

3. Abierta la causa a prueba (f. 57) y producida la que consta en autos, se agregan los informes de las partes (fs. 112/118 y 119/122). Llamados los autos para resolver (f. 123) y consentida dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

II.1. En esa tarea, corresponde inicialmente considerar los planteos formulados en torno del procedimiento administrativo que culminó con la sanción expulsiva.

a. La actora cuestiona que el trámite del sumario se hubiese extendido por un lapso superior a los noventa y ocho días hábiles, plazo al que arriba mediante la sumatoria de: cuarenta y cinco días para la instrucción del sumario (art. 69, primer párrafo, ley 8525), diez de vista al imputado (art. 69, segundo párrafo), quince para la producción de la prueba ofrecida por el agente (art. 70, segundo párrafo), cinco para que el instructor redacte las conclusiones (art. 71, primer párrafo), nueva vista por cinco días al imputado para formular su defensa (art. 71 in fine), tres días para el dictamen de la Asesoría Jurídica (art. 72), y quince días para emitir resolución por la autoridad competente (art. 74); y sostiene que ello configura un supuesto de caducidad administrativa.

Mas no podría extraerse tal conclusión de la sumatoria de plazos que, a excepción de los previstos para contestar las vistas a que refieren los artículos 69 y 71, son meramente ordenatorios, conforme surge del artículo 75 -según el cual "los plazos establecidos en esta sección se cuentan por días hábiles administrativos y son improrrogables.

Los términos dispuestos en los artículos 69 y 71 son perentorios."-.

Ni de las disposiciones citadas, ni de ninguna otra del régimen aplicable, surge que el transcurso de esos plazos acarree la automática nulidad de las actuaciones y, por ende, la del acto final.

En este sentido, además, no puede soslayarse que el Código Procesal Penal de la Provincia -cuya supletoria aplicación ordena el artículo 60 de la ley- adopta, como regla, el sistema taxativo y expreso de sanciones procesales (artículo 161), siendo las disposiciones en esta materia, además, de interpretación restrictiva (artículo 7).

Por lo demás, en el caso no se ha invocado, ni se advierte, la concurrencia de algún supuesto de excepción que justifique apartarse de esos principios (criterio de "Goris", A. y S. T. 161, pág. 45).

Tampoco podría arribarse a la conclusión que pretende la recurrente por aplicación del artículo 57 de la ley 8525, que establece que "no puede ordenarse la formación de sumario ni sancionarse al agente después de transcurridos cinco años de cometido el hecho imputable, salvo que se trate de actos que causen daño patrimonial al Estado". En efecto: de conformidad con el criterio expuesto in re "Retamar" (A. y S. T. 189, págs. 252/266) en relación a una norma de similar contenido a la ahora analizada -y al margen de la cuestión de si el supuesto de autos encuadra o no en la excepción que la misma contempla-, en el caso no se ha excedido dicho plazo, ya que las escrituras respecto de las que se acreditó la fiscalización irregular son del año 1988 -véase fs. 64 y 65 expte. adm.-, y la instrucción del sumario se ordenó el 24.10.1989 (f. 7, expte. adm.).

El agravio, pues, debe rechazarse.

b. Igual suerte corre el planteo vinculado con la vista establecida por el artículo 71 de la ley 8525 -fundado en las deficiencias del informe de la instrucción (fs. 74/75, actuaciones administrativas) a que refería la vista que la actora admite se le corrió, señaladas en el posterior dictamen de foja 79-, y la consecuente violación del derecho de defensa y el pedido de nulidad de lo actuado a partir de dicho informe.

Es que, si bien es cierto que a foja 79 se indicó que el informe de la instrucción presentaba falencias, también lo es que al precisarlas se señaló: "debe advertirse que los artículos 13 y 14 de la 8525 mencionados por la instructora en el punto III de su dictamen final (foja 76) tienen 25 y 8 incisos respectivamente y refieren a deberes y prohibiciones del personal de la Administración Pública, no especificándose claramente cuál ha sido la transgresión en que incurriera la encartada".

Vale decir, se requirió en la ocasión una mayor precisión en el encuadramiento normativo de las conductas imputadas, mas no se observaron otros aspectos, tales como la descripción de dichas conductas, o la mención de los elementos probatorios colectados a lo largo de la investigación, por lo que no surge que las hipotéticas deficiencias así apuntadas hayan impedido a la sumariada ejercer eficazmente su derecho de defensa en relación al informe de fojas 74/75.

A ello corresponde agregar que la actora, notificada a foja 77 vto., no contestó la vista referida al mismo, ocasión que hubiese sido idónea para señalar en qué aspectos aquellas deficiencias le producían la postulada dificultad para ejercer su defensa.

Y que en el recurso de reconsideración, tampoco cuestionó las alegadas falencias de las conclusiones de la instrucción, las que no se advierte -entonces- que le hubieran impedido alegar y probar lo pertinente en el recurso.

Por otra parte, si bien es cierto que conforme al artículo 71 de la ley corresponde al instructor, al redactar sus conclusiones, efectuar "el encuadramiento normativo de esos hechos con cita de las disposiciones aplicables", también lo es que surge del artículo siguiente que tal aspecto compete en definitiva al órgano consultivo llamado a dictaminar luego de formulada la defensa.

2. Descartados los agravios formulados respecto del procedimiento sumarial, puede ingresarse a la consideración de los postulados con relación a los actos administrativos que le pusieron fin.

Sobre el particular, la actora aduce que el decisorio carece de pruebas que lo fundamenten.

Inicialmente, debe señalarse que tanto en las actuaciones administrativas como en las radicadas en el fuero penal -ofrecidas en esta causa como prueba, v. fs. 64, 81, 85, 98, 101 y 105/106 de estos autos-, se especificó cuál era el procedimiento seguido en la Dirección General de Rentas de la 2da. Circunscripción -y, más concretamente, en el Departamento de Inspección de Escrituras Públicas- para la fiscalización de las escrituras públicas.

Los informes pertinentes -obrantes a fs. 1 y vto. del expediente administrativo y fs. 106 y vto. del penal- describen con detalle los controles que la Mesa de Entradas de la dependencia practicaba sobre las escrituras ingresadas para su control, que incluían el registro de diversas constancias en cuadernos llevados a tal fin y la anotación de su retiro por los agentes fiscalizadores.

También surge desde la misma apertura del sumario administrativo -con la resolución que ordenó su instrucción (f. 4, expte. adm.)-, que las presuntas anomalías investigadas consistían en la fiscalización de escrituras públicas no ingresadas regularmente a la Dirección, conforme surgía de los registros de ingreso del Departamento de Inspección de Escrituras Públicas, sin que mediara autorización o designación para tal procedimiento.

Ese fue el hecho que se le adjudicó y se le hizo saber a la imputada al momento de prestar declaración (f. 11, expte. adm.), se concretó en las conclusiones del instructor (f. 74, expte. adm.) -reiteradas en el otro si digo del informe de fojas 80/83-, y se describió en los considerandos del decreto nro. 755/94, que declaró la cesantía (f. 126, expte. adm.).

Constatada la comisión de las presuntas irregularidades, las sospechas sobre la autoría de las mismas se centraron en la agente Castelli a raíz de la utilización de un sello aclaratorio con su nombre en las firmas que aparecían en los correspondes de las escrituras fiscalizadas sin que constase su ingreso regular.

Tanto en sede administrativa como penal se produjeron pericias caligráficas que permitieron acreditar que las firmas insertas en los correspondes de las escrituras cuestionadas eran suyas, pese a su negativa a reconocerlas. Así, el perito en las actuaciones administrativas concluyó "que las firmas existentes en el Registro Nro. 260 correspondiente al Escribano Eduardo Yannos, en las escrituras Nros. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 15 año 1988 y las del Registro Nro. 475 Escribano Ricardo Ayala, Escrituras Nro. 5, 6, 7, 13, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 56, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102 y 125, ..., fueron ejecutadas por la agente Graciela Castelli" (fs. 54/61, expte. adm.).

En tanto, en las conclusiones de la pericia ordenada por el juez en lo penal de instrucción se expresó que "les pertenecen a Graciela M. Castelli las firmas obrantes en la Sección 'Firma del inspector' de los correspondes (originales) de las escrituras públicas número: = 5, 6, 7, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 56, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, y 125, con excepción de 104, 105, 107, y 108, todos del año 1988, pertenecientes al Registro de Contratos Públicos Nro. 475 de Rosario, a cargo del Escribano Ricardo C. Ayala", así como las de los números "2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 31, 36, 50, 63, 64, 67, 70, 76, 84, 93, 97, 104, 105, 115, 126, 129, 132, 136, 145, 154, 161, y 183, todos del año 1988, correspondientes al Registro de Contratos Públicos Nro. 260 de Rosario, a cargo del Escribano Eduardo Francisco Yanno y Adscripción de Fernando Elías Whpei" (fs. 203/211, expte. penal y fs. 63/69, expte. adm.).

También quedó probado que las escrituras no ingresaron regularmente a la Dirección General de Rentas para su fiscalización. Así surge de los informes del Jefe de la Sección Escrituras Públicas, obrantes en las actuaciones administrativas y penales. En el primero, de fecha 24.10.1989 (f. 2, expte. adm.), se especifica que en los cuadernos de registración de escrituras ingresadas al Departamento, aparecen ingresadas por el titular del Registro nro. 260, durante el período 1988-1989, las escrituras nro. 96, 21, 177, 8, 87, 101 y 103.

En el segundo, de fecha 5.12.1989 (f. 106, expte. penal), se da cuenta que entraron para su inspección en dicho período, además de las antes mencionados, las escrituras nro. 13, 70, 97, 79, 109, 114, 26 y 2 correspondientes al Registro nro. 475.

Una simple comparación de las escrituras cuyos "correspondes" fueron objeto de las pericias y lo que surge de estos informes permite comprobar que las escrituras públicas así inspeccionadas por la agente Castelli no se encuentran entre las ingresadas en la dependencia oficial para su control -justamente, el sustrato fáctico de la imputación-.

Puede, pues, concluirse que -tal como lo sostiene la demandada a foja 51- en el caso se produjo prueba cuya meritación por la Administración no aparece en modo alguno irrazonable ni desajustada de los hechos cometidos.

A lo que corresponde agregar que, frente a tales elementos de cargo, no se advierte que la recurrente, en momento alguno, hubiera argumentado u ofrecido pruebas tendentes a contradecir o, por lo menos, asignar una interpretación más favorable a su parte a dichos elementos.

En definitiva, Castelli no logró desvirtuar los elementos básicos que hacen a la configuración del hecho endilgado -la falta de ingreso de las escrituras en el Departamento respectivo y la pertenencia de las firmas insertas en los "correspondes" de las mismas a su patrimonio escritural-; y no se entiende sobre qué base sustenta su afirmación de que la instrucción penal demostró científicamente que sus firmas fueron falsificadas, cuando la pericia caligráfica en dicha sede probó -como ya se mencionó- lo contrario.

Por lo demás, debe señalarse que, ante la comprobación de dichos extremos, carece de decisividad -a los fines de juzgar la legitimidad del acto que aplicó la sanción disciplinaria- la determinación de la cuantía del perjuicio al erario público.

En cuanto a la sentencia penal por la que se absuelve a la aquí recurrente y al coimputado Ayala -la primera en el carácter de partícipe necesaria- del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública, debe señalarse que dicho fallo no impone - contrariamente a lo que entiende la actora- concluir en la procedencia de este recurso.

Esta Corte, como bien lo afirma la demandada, ha dicho que, en términos generales, se considera que existe independencia entre el procedimiento penal y el administrativo, aunque en algunos casos el primero presenta decisiva influencia sobre el segundo.

Respecto de la incidencia del sobreseimiento penal en sede administrativa el principio general es que ambas sanciones son independientes, autónomas entre sí. La potestad, y respectivamente la jurisdicción disciplinaria, se orientan a una finalidad diversa a la represión penal, cual es la regularidad del servicio público (A. y S. T. 19, pág. 413; T. 54, pág. 234; T. 66, pág. 148; T. 102, pág. 116, entre otros).

En el caso, la ley 8525 expresamente dispone que "la sustanciación de sumarios administrativos por hechos que sean objeto de un proceso penal y la imposición de sanciones disciplinarias son independientes de la causa penal. El sobreseimiento o la absolución dictados en el proceso penal no impiden la sanción administrativa cuando en tal sede se ha configurado una falta" (artículo 59).

Esta norma sienta el principio antes aludido, que, por lo demás -como lo afirmó este Tribunal al considerar preceptos similares ("De Bartolo", A. y S. T. 96, pág. 75)- no resulta extraño a los regímenes administrativos locales que regulan o reglamentan este aspecto de la relación de empleo público.

Y no se advierte, en el caso, la configuración de algunas de las limitadas excepciones a ese principio.

En efecto: ya al resolver acerca de la medida cautelar solicitada (A. y S. T. 118, pág. 202), este Tribunal consideró que el fallo absolutorio dictado por el Juez en lo Penal de Sentencia de la Tercera Nominación de la ciudad de Rosario fue consecuencia de la estricta aplicación de la duda favorable y no de la certeza de que los hechos no existieron.

Además, debe tenerse en cuenta que en aquella sede se juzgó la conducta de Castelli como partícipe necesaria del delito atribuido al coimputado Ayala, mientras que en sede administrativa se analizó la posible comisión -por parte de Castelli- de infracciones consistentes -básicamente- en la fiscalización irregular de escrituras públicas no sólo correspondientes al registro del mencionado notario Ayala, sino también al del Escribano Yanno.

No podría, pues, concluirse que la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional penal debe determinar el pronunciamiento acerca de la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa en el caso.

Por último, no podría tampoco juzgarse procedente el recurso por la consideración de que el fundamento normativo de la sanción aplicada es ambiguo, por reunir los artículos 13 y 14 de la ley 8525 treinta y tres incisos; es que no podría considerarse insuficientemente motivado el decreto nro. 755/94, en cuanto aplica la sanción de cesantía a la agente "de acuerdo a lo establecido en el artículo 53, inciso 'g' y 'h' de la ley 8525", ya que éstos prevén que "son causas para la cesantía", el "incumplimiento de los deberes determinados en el artículo 13" y el "quebrantamiento de las prohibiciones determinadas en el artículo 14", respectivamente.

Por lo demás, la actora no desarrolla argumento alguno en relación al encuadramiento normativo efectuado en otros momentos del trámite sumarial, concretamente, en el informe complementario de la Instrucción (v. foja 81 vto., en que se invocan el artículo 13 incisos "l" y "p", y 14 incisos "d" y "f"), que es compartido por la Dirección General Técnica y Jurídica de la A.P.I. (v. dictamen 01, fojas 100/101), y mencionado expresamente en los considerandos de la resolución nro. 75/93, por la que el Administrador Provincial de Impuestos resolvió cerrar la instrucción del sumario y elevó las actuaciones con proyecto de decreto adjunto.

3. En definitiva, la calificación de la conducta reprochada a la inspectora Castelli por la Administración no luce arbitraria, la medida de cesantía dispuesta encuentra razonable fundamento en los elementos probatorios reunidos en las actuaciones, y la sanción fue aplicada luego de un sumario en el que se observaron las normas que regulan el procedimiento administrativo y en el que se brindó a la agente una adecuada oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

De todo lo expuesto se desprende que, en cuanto fue materia de agravio por la actora, no existen elementos que permitan afirmar que la Administración obró ilegítimamente; por ende, el recurso interpuesto es improcedente, debiendo imponerse las costas a la actora (art. 84, ley 4106).

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco y Netri coincidieron con lo expuesto por el señor Ministro doctor Vigo, y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- , el señor Ministro doctor Vigo dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)