marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia administrativa, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: "Cablevisión  SA. c/ EN  -  M° Economía - SCI resol 50/10 y 36/11 s/ medida cautelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-29

Si la actora cuestiona ¿en lo sustancial? que se le impida fijar libremente el precio al que pretende ofrecer y comercializar sus servicios, determinándose un margen máximo de utilidad y obligándole a reintegrar determinadas sumas de dinero percibidas por su prestación, cabe descartar la competencia de la justicia en lo penal económico, toda vez que el art. 16 de la ley 20.680, en cuanto atribuye a ese fuero el conocimiento de los recursos que se deduzcan contra actos que impongan sanciones por infracciones a esa ley, contempla un supuesto claramente distinto (en esta causa no se impugna una sanción que se haya aplicado con fundamento en el citado precepto normativo sino que la actora procura obtener una medida cautelar que suspenda los efectos de varios actos administrativos, a partir de cuestionar su validez por entender que fueron dictados por autoridad incompetente, porque carecen de vigencia las normas que le sirven de sustento así como por tener otros vicios que los invalidarían en los términos de la ley 19.549). En igual sentido se expidió la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, por remisión al dictamen del fiscal general que actúa en dicha sede, al resolver un conflicto de competencia suscitado entre aquel fuero y el contencioso administrativo federal, oportunidad en la que se puso de resalto que no se trataba de un recurso de apelación contra una resolución por la que se imponían sanciones, sino de la impugnación de una norma de alcance general dictada por el Secretario de Comercio Interior invocando las facultades conferidas por el inc. c, del art. 2º, de la ley 20.680 y concordantes (in re "Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/ amparo", causa nº 60.929, del 3/9/10).
Delitos, homicidio en ocasión de robo, dolo eventual, culpa inconsciente
Materia: PENAL
Carátula: C., J. A. s/ Robo seguido de homicidio (Expte. Nro. 665-00, Resolución Nro. 53, Tomo  41, Folio 106/109)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-19

El robo calificado por homicidio del art. 165 del C.P. se construye sobre un resultado, la muerte, simplemente acaecida si se produce "con motivo u ocasión del robo", que no requiere un particular aspecto subjetivo doloso. La concurrencia con armas de fuego normalmente incluye la representación del resultado muerte y el mismo adquiere, así, características dolosas por vía del dolo eventual, obviamente aún para quien no ha disparado, pero que concurrió al hecho armado. Pero es el caso que, además de estos casos en los que bien puede comprenderse el presente, la doctrina ha señalado con acierto que en dicho robo calificado quedan también comprendidos los resultados que devienen aún sin representación, con culpa inconsciente, sin necesidad alguna, incluso, de una relación causal condicionada subjetivamente entre la fuerza y la violencia llevadas a cabo por el agente. Este Tribunal participa también de una interpretación amplia en punto a la captación del resultado muerte en el robo.
Seguros, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tedesco, María Elsa c/ Guicciardini, Francisco s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03

Mientras subsista la obligación de indemnizar sobre el asegurado, no cabe que el asegurador sea liberado de la suya en virtud del eventual acogimiento de defensas que no derivan del contrato de seguro. Por lo cual, no es jurídicamente posible declarar prescripta la acción de responsabilidad sólo con relación a la aseguradora si se mantiene la misma respecto al asegurado (SCBA. en "Ac. y Sent.", 1985-II-696).
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad
Materia: PENAL
Carátula: Etchecolatz,  Miguel  Osvaldo  Roberto s/ recursos  de casación einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

Los delitos de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad calificada y aplicación de tormentos cometidos por el policía a cargo de la Dirección General de Investigaciones Provincial durante el último gobierno de facto constituyen delitos de lesa humanidad, por lo que resultan imprescriptibles.
Simple damnificado, recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: LODEIRO, José D. s/ Hurtos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

El particular damnificado puede interponer recursos extraordinarios en el proceso penal, sólo en cuanto respecta a la indemnización civil y tratándose de sentencias condenatorias. Si la resolución de la Alzada confirma la de primera instancia que sobresee provisoriamente al imputado, no reúne la calidad de sentencia definitiva exigida por el inc. 1 del art. 349 del CPP. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, salarios caídos, permanencia en el cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BORELLO NESTOR c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO    ADMINISTRATIVO   -  CESANTIA  -  PERSONAL  SUPERIOR  -  DISCIPLINARIO - EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-19

No corresponde el pago de los salarios caídos tanto por la inexistencia de normas administrativas como por la identidad del cargo y el tiempo desde el que el actor lo desempeñaba inferior a los seis años requeridos por la ley 6152 para adquirir permanencia.
Concubinato, prueba, juicio de desalojo
Materia: CIVIL
Carátula: Sucesión de Don Marcos Taboada Lafarja c/ Sanchuk Cristina y otros s/ Desalojo Cristina y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-04-05

El concubinato, por prolongado que fuere, no significa ni prueba por sí solo, la existencia de una sociedad de hecho entre los concubinos; ya que tal sociedad no se presume y, eventualmente, es menester probarla con prescindencia del hecho del concubinato (Fallo 924/85, de ésta Cámara de Apelaciones). Por tal razón debe demostrarse la existencia de la sociedad de hecho, por cuanto la misma no se basa en la cohabitación, sino por el real aporte de bienes destinados al aprovechamiento común, debiendo probarse el propósito de obtener utilidades o beneficios económicos para dividirlos entre sí, elemento esencial de la sociedad, de cualquier carácter que sea, lo que escapa al marco propio del juicio de desalojo. Fundamento del Dr. Lotto.
Seguros, seguro de vida, pretensión, asegurador, riesgo asegurable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTINO LILIANA NOEMI c/ CAJA DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-19

Procede condenar a la compañía demandada al pago del seguro de vida reclamado por la actora, sobre la base de considerar que la incapacidad padecida por ésta última se hallaba amparada en la póliza oportunamente contratada por su empleadora. Ello así, por cuanto -en el caso- el interés asegurable consistió en amparar la capacidad laboral de que gozaba la accionante al tiempo de contratar. En este marco, al haber ingresado la asegurada con incapacidades preexistentes severas, que alcanzaban al 61,5 %, que fueron conocidas plenamente por la aseguradora y que tornaban imposible el acaecimiento sobreviniente de una incapacidad del 66 % sobre la total de origen, ello, leído el contrato desde la óptica de la uberrimae bona fidei, que es el norte en este tipo de contrataciones, sólo puede llevar a entender que fue la intención de las partes (ambas) asegurar la "capacidad laboral" de que gozaba la actora al tiempo de contratar (capacidad laboral restante), del posible riesgo de que sobreviniese sobre esa situación, por entonces, actual, una incapacidad total y permanente en los términos del contrato, pero medida sobre aquel porcentaje restante. Es que, es nítido en ese contexto que -por aplicación directa del principio de buena fe referenciado-, ante una beneficiaria del seguro con tales características, la empresa aseguradora para asumir un riesgo asegurable con existencia real, sólo pudo haberse representado la cobertura del 100 % de la "capacidad restante" en la persona de la accionante. Es decir, el riesgo asegurable que debió tener en consideración la demandada al tiempo de admitir la relación de seguro con la actora debió ser, por necesidad, el aseguramiento del acaecimiento del riesgo de una incapacidad total y permanente capaz de afectar el 66 % del 100 % de la capacidad restante de la asegurada. De no concluirse así, descontada la incapacidad preexistente al tiempo del seguro, quedaría una capacidad residual (38,5 %), sobre la cual se daría un supuesto de imposibilidad de ocurrencia del siniestro materia del seguro, lo cual sólo permitiría concluir en la inexistencia de un riesgo que mereciese cobertura.
Juicio oral, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Cafiero, Gustavo Adolfo s/ Priv. ileg. de la libertad; robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-17

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se cuestiona la estructuración probatoria efectuada por la Cámara si el reclamo aparece fundado en normas inatingentes, ya que el art. 286 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- no es aplicable al juicio escrito y el art. 352 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589- contempla los supuestos en que puede fundarse el referido recurso (art. 355 del C.P.P. - según ley 3589 y sus modif.).
Prescripción, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Szpin, Claudio Alejandro. c/ Estado  Nacional  (Ministerio  De  Defensa Estado General y Mayor del Ejército). s/ Cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-30

Esta Cámara, en el fallo plenario dictado el 3 de noviembre de 1992, en los autos: "Cade Rubén Alberto c/Gobierno Nacional Ministerio de Defensa s/cobro de australes" estableció que en la prescripción de la acción iniciada por los conscriptos por daños sufridos como consecuencia de prestar el Servicio Militar Obligatorio es aplicable el plazo prescriptivo bienal.
Ley penal más benigna, secuela de juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RIVEROS, SANTIAGO O. Y OTROS s/ PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-08

A fin de establecer el dies a quo en los hechos en que se encuentran vinculados los procesados -privaciones ilegítimas de la libertad-, se debe distinguir aquellos casos en donde las víctimas recuperaron la libertad -momento a partir del cual comienza a operar el plazo de la prescripción-, de otros en los que no han aparecido, hipótesis en la cual se computará el término desde la fecha en que el supuesto victimario dejó de ostentar el cargo en la correspondiente área militar, ya que es desde entonces cuando escapa a su esfera de dominio la comisión del delito.

Conforme con lo dispuesto en el art. 2 -primer párrafo- del Código Penal resulta imperativo aplicar al artículo 144 bis, inc. 1, agravado por la circunstancia señalada en el último párrafo, en función del artículo 142, inc. 1, del Código Penal la pena máxima de seis años de prisión, conclusión contemplada por la ley 14.616.

El primer acto interruptor en todos los casos está constituido por el llamado a prestar declaración indagatoria.
Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Parnisari, José Luis s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad- Sanción a  Síndico concursal (Exclusión de la lista) - Revocatoria (Expte.:  C.S.J. Nro. 110 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-29

La Corte local ya meritó con anterioridad la imposibilidad de ampliar por vía legislativa o interpretativa la competencia jurisdiccional del órgano regulada en "numerus clausus" por el artículo 93 de la Carta Magna provincial, como que tampoco puede lograrse un "control judicial suficiente" por medio de su competencia de Superintendencia (art. 92 de la Constitución Provincial). A ello debe agregarse la imposibilidad de reemplazar dicho control judicial, directamente, por el control constitucional propio de la Corte local.
Proceso contravencional, sistema acusatorio, requerimiento de juicio contravencional, facultades del fiscal, desistimiento de la acción
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L. D. H. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-21

Cabe atribuir al requerimiento de elevación a juicio (artículo 44 de la Ley de Procedimiento Contravencional) el carácter de una verdadera acusación, ya que en él, el acusador plasma la pretensión punitiva del Estado, solicitando se aplique al presunto contraventor la pena que considera adecuada en términos de retribución a la conducta disvaliosa y a los efectos que esta hubiere generado, conforme el artículo 24 del Código Contravencional.

En tales condiciones, no puede luego el Fiscal "desistir" de su pretensión, en el sentido de no sostener la acusación oportunamente efectuada; lo que podrá hacer es solicitar la absolución por el hecho, o por alguno de ellos en caso de pluralidad de acciones, petición que no obliga al Juez, cuya jurisdicción al respecto es habilitada mediante el requerimiento de elevación. Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli.
Mandato especial, poder especial, fiador
Materia: CIVIL
Carátula: Bruno, Edolver A. c/ Brugier, Fernando s/ Ejecución.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-30

Si no resulta del mandato la facultad expresa o especial, de constituir en fiador al poderdante, salvo para un supuesto específico, ni la buena fe, ni los usos y costumbres sociales, ni las circunstancias del caso pueden llevar a una interpretación de la "procura" que la extendiera fuera de los límites que las partes, fundamentalmente el poderdante quisiera otorgarle. Si el mandatario pudiera considerarse o no como "Falsus procurador" es un tema que excede los límites del proceso de ejecución.
Rebelión, delitos militares, actos de servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recondo, Ricardo Gustavo s/ denuncia infr. art. 226 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-17

La rebelión, o sea el alzamiento armado con fines que se relacionan tan sólo con las instituciones o con la marcha del gobierno, no supone el mismo grado de perversión de sentimiento militar que el motín, por que no es hijo de la repulsión o de la resistencia a los actos del servicio, sino de una perturbación momentánea producida por un ambiente que actúa sobre todos los espíritus, lo mismo del militar que del particular.
Empleados públicos, remuneración, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: CABRERA, ORFILIO EDUARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 44 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-28

Si no surge de autos que el accionante tenga derecho adquirido a la utilización del índice del costo de vida suministrado por el I.N.D.E.C., o de alguno otro determinado como pauta de actualización deberá utilizarse como parámetro actualizatorio la variación de las remuneraciones prevista en el decreto provincial 381/91.
Sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, honorarios del perito, perito contador
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: Cura, Juan Domingo y otros s/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que confirmó la regulación de honorarios a la perito contadora, si los elementos de juicio que el tribunal manifiesta ponderar, atinentes a que la retribución se encuentra dentro de los límites legales, que es equitativa y que es compensatoria de la tarea cumplida, son una mera cita de criterios genéricos, sin una relación concreta con las circunstancias de la causa, que no permiten vincular la suma regulada con las normas arancelarias aplicables al caso.
Control de constitucionalidad, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: BERNARDO STELLA CONCEPCIÓN Y OTRA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-18

La facultad de ejercitar el control de constitucionalidad, requiere que la revisión judicial tenga lugar en verdaderos casos o causas judiciables, destinados a la tutela de intereses propios alegados por las partes. Tales causas se refieren a aquellas que persiguen la determinación en concreto, del derecho cuestionado entre diversas partes ya que no existiría causa, en esos términos, cuando lo que se persigue es la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes.
Intruso, poseedor, tenedor
Materia: CIVIL
Carátula: NESI EDGARDO c/ MARANI RAUL s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-19

El intruso accede al inmueble contra la voluntad expresa o presunta de quien tiene su disposición, con el objeto de ejercer actos de uso y goce, o bien de dominio, ya con la intención de poseer a nombre propio o reconociendo en otro la posesión, es decir que el intruso puede ser poseedor o un mero tenedor.
Recurso contencioso administrativo, trámites judiciales, demanda, pretensión, recursos administrativos, jubilaciones, interpretación amplia
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CARNELLI, MARIA ESTHER c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 51-84 ITURRASPE, SARAH FLOGLIA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 682-86 CASAL, CARLOS ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-05-27|1989-11-23|1990-10-18

Debe admitirse el Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción interpuesto en base a planteos suficientemente claros, aunque no se hayan objetado cada uno de los sucesivos actos administrativos concretos de aplicación y las normas en que se fundan.
Representación procesal, gestor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S.J.L. y Otra s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-26

El art. 48 del ritual establece una facultad excepcional y, por tanto, de aplicación restrictiva, porque autoriza un apartamiento de las reglas relativas a la representación en juicio, y la urgencia alegada por el representante debe ser objetiva, es decir, surgir de la petición misma o de la índole del acto de que se trata o resultar de las consecuencias que se persiguen con el resultado de éste.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Extradición, Estado requirente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Klimacek, Erich s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

El fin del artículo 50 de la ley 24.767 (y las normas coincidentes que contienen los tratados de extradición) es evitar la extensión inmotivada de la detención (o del sometimiento a proceso) del extraditable sin que el Estado requirente exprese en forma fehaciente su interés por el extrañamiento. Es por ello que resulta inadecuado plantear como causal para el rechazo de la extradición su introducción tardía una vez que los recaudos formales de extradición han arribado. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Prueba, testimonio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: VELASQUEZ, HORACIO s/ PRUEBA - TESTIMONIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1960-08-28

Mediante una prohibición que se pretende hacer absoluta, la Constitución no quiere que se imponga a los parientes próximos al imputado el deber de declarar la verdad que al supuesto denunciante pueda afectarle (pueden deponer a su favor pero no en su contra), no sólo para que no sea lícito ponerlos en dilema de mentir o perjudicar, lo cual conduciría a que en el proceso ingresen elementos probatorios indignos de dar base a una decisión justa, sino también y, sobre todo,para evitar que se rompan los lazos de solidaridad que una familia supone. No más que secundaria sería la razón política de impedir el espectáculo de un individuo que impulsase al rigor de la justicia al propio pariente, a fin de que no se perturbe la conciencia social mediante un ataque a la idea de solidaridad familiar.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, remuneración, leyes, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Motta, Luis Aroldo y otros c/ SOMISA s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

En tanto es de la esencia de la labor judicial la interpretación de las leyes, es ineficaz como fundamento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la eventual interpretación de una norma legal (en el caso, decreto 69/85) efectuada por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Despido, derechos en expectativa, derechos adquiridos
Materia: LABORAL
Carátula: JUNCO, JOSE M c/ BANCO UDECOOP COOPERATIVO LIMITADO s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 287-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

Los derechos contemplados en una norma de carácter objetivo no se incorporan al contrato por la sola existencia de la misma, sino que sólo son invocables cuando se produce el hecho respecto del cual han sido previstos; por tanto, hasta su despido, el trabajador sólo tenía una expectativa de protección a la estabilidad y no un derecho a esa estabilidad.
Accidentes de trabajo, responsabilidad civil, enfermedad profesional, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Rodriguez, Juan Pedro c/ TELECOM Argentina Stet France TELECOM S.A. s/ Cobro de Pesos - Diferencia Indemnización Enfermedad Accidente. LEY  24.028  Art. 63 C.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-03-21

Son causales determinantes de la situación en que se encuentra el actor, los trabajos de esfuerzo, el ambiente de tensión que sufría y la presión que se ejercia sobre el mismo en desmedro de su autoestima, todo ello acorde con lo establecido en el Art. 2 apartado 3º de la Ley 24.028.
Declaración indagatoria, nulidad procesal, entrevista previa con el defensor, nulidad absoluta
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SORO, R. s/ TEST. AUTO DE PROC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-15

Es nula la declaración indagatoria, su ampliación y los autos dictados en su consecuencia si se omite hacer saber al procesado el derecho a entrevistarse con su abogado defensor, que se encontraba presente antes de tales actos procesales, sin que se haya dejado constancia de que tal entrevista se hubiera cumplido o que el justiciable hubiera renunciado a ella. A ello no empece que tal circunstancia no haya sido alegada puesto que ella constituye una de las nulidades absolutas, declarables de oficio y en cualquier estado y grado del proceso.
Impuestos municipales, facultades de la Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Industrias Ganaderas Inga S.A.I.C.I.F. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Inconstitucionalidad ordenanza tributaria nº 5747
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

Si las denominadas tasas por "guías de faena" no se encuentran previstas legislativamente el municipio demandado excede con su consagración las atribuciones legales y, con ello, transgrede los arts. 103 inc. 1º y 191 de la Constitución provincial, referidos a las atribuciones privativas del Poder Legislativo en la materia.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)