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Código civil y comercial, reforma legislativa, ley de defensa del consumidor, relación de consumo, prescripción, seguros, contratos de consumo, protección de consumidores y usuarios, ley de seguros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz, Paulo Andrés c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros SA. Abreviado s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-07-03

El art. 3.4 del anexo II de la Ley 26.994 de reformas al Código Civil y Comercial dispone sustituir el art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor que en lo concerniente a la prescripción liberatoria, suprime el plazo especial de 3 años previsto para las acciones judiciales nacidas de la relación de consumo. A partir de la modificación del año 2015 coexisten dos normas que pueden definir el plazo de prescripción aplicable a los contratos de consumo en el cual se enmarca el contrato de seguro. Por un lado, teniendo en cuenta que el Código Civil y Comercial no ha previsto de modo singular un plazo de prescripción para las acciones derivadas del contrato de consumo, la cuestión podría quedar encuadrada en el plazo genérico de cinco años que contempla el art. 2560 del CCC. Asimismo, frente a un contrato de seguro, también podría resultar aplicable el art. 58 de la Ley de seguros 17.418, que establece el plazo de 1 año.
Recurso directo, denegatoria del recurso, medios de prueba, CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL, empleados públicos, cesantía, personal de planta permanente, ausencias injustificadas, Estado Nacional, ley marco de regulación de empleo público nacional
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Schunk, Paula Verónica c/ Estado Nacional y otro s/ Recurso directo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-05

Si bien la aplicación de una medida de cesantía no requiere la formal instrucción de un sumario, el Estado Nacional demandado por la actora a quien se le aplicó dicha sanción a raíz de las inasistencias que no pudo justificar (según lo dispuesto en el inc. a, del art. 32 de la Ley Marco de Regulación del empleo Público Nacional 25.164), le brindó la oportunidad de hacerlo mediante la notificación de la intimación que le fue cursada pudiendo ofrecer los medios de prueba a fin de explicar las razones de sus inasistencias, resultando insuficiente los certificados médicos agregados ya que no se presentó a la última entrevista convocada por la Dirección de Medicina de Trabajo lo que impone confirmar la sanción dispuesta por el demandado.
Medida de no innovar, acción declarativa de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Córdoba, Teresa c/ GCBA c/  s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-23

Corresponde no hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada en el marco de la presente acción declarativa de inconstitucionalidad. Ello, debido a que, aun de acogerse la demanda -si, en primer término, claro está, la acción interpuesta superara el examen de admisibilidad formal que prevé el art. 22 de la ley n° 402-, la sentencia estimatoria de la pretensión no podrá invalidar retroactivamente procedimientos realizados al amparo de las disposiciones atacadas. En suma, las particularidades de estos procesos impiden trasladar a ellos, sin más, los principios generales respecto de las medidas cautelares propios de los juicios contenciosos (cf. sentencia dictada por este Tribunal en la causa "Valdés, Eduardo Félix c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 1542/02; sentencia del 12-06-2002). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz, Marcela de Langhe y Santiago Otamendi).
Denegatoria del recurso, propaganda política
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Coalición Cívica - Afirmación para una república igualitaria (ARI)  c/  s/ Causas electorales - Electoral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-30

Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido contra la sentencia que rechazó la solicitud de los recurrentes, apoderados de un partido político. Estos requirieron que se intimara al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los candidatos de una alianza, a que se abstuvieran de utilizar propaganda institucional con el fin de inducir el voto hacia esa alianza. Sin embargo, no se acredita que las publicaciones atacadas en la denuncia -publicadas en las cuentas personales de redes sociales de los candidatos- puedan atribuirse al GCBA -sujeto de la prohibición contenida en el art. 3 de la ley n° 268- o se hayan financiado con recursos públicos ni, en última instancia, que hayan buscado los fines prohibidos por el mencionado artículo. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Prescripción, seguros, reforma legislativa, ley de defensa del consumidor, relación de consumo, contratos de consumo, protección de consumidores y usuarios, ley de seguros, código civil y comercial, responsabilidad civil, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz, Paulo Andrés c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros SA. Abreviado s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-07-03

Ante la actual inexistencia de una regulación especial en la Ley de Defensa del Consumidor resulta correcta la tesis que postula que el plazo de prescripción aplicable a la demanda de responsabilidad civil derivada del incumplimiento del contrato de seguro que enmarca en una relación de consumo, es el de 5 años que fija el art. 2560 del Código Civil y Comercial. La razón radica en el análisis sistémico de la propia Ley de reformas 26.994, que sustituyó el art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor y puso en vigencia el Código. En ese marco, se incorpora un capítulo especial destinado a regular el contrato de consumo, que implica solidificar y dotar de perdurabilidad a ciertos aspectos y elementos inherentes a la relación de consumo de fuente contractual, y determina que la solución de los conflictos que se susciten en torno al plazo de prescripción aplicable sea buscada dentro de ese cuerpo legal. A la misma conclusión se llega por medio del criterio de interpretación auténtico, esto es, indagando la voluntad del legislador plasmada en los fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación presentados por la comisión redactora y publicados en Infojus en el año 2012, quienes señalan que el contrato de consumo constituye una fragmentación del tipo general de contratos, que influye sobre los tipos especiales. Esta influencia implica otorgarle una mayor relevancia a esta categoría contractual. Por ende, la incidencia sobre los tipos especiales es válidamente predicable respecto del seguro, aunque no integre el mismo cuerpo legal.
Propaganda política, competencia electoral
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Coalición Cívica - Afirmación para una república igualitaria (ARI)  c/  s/ Causas electorales - Electoral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-30

El art. 3 de la ley n° 268 no solo persigue evitar que el GCBA utilice recursos públicos para hacer propaganda, sino también que candidatos, partidos o simpatizantes utilicen eventos oficiales para captar la atención mediática y promover sus candidaturas indirectamente, obteniendo una ventaja ilegítima en la competencia electoral. El legislador, entonces, quiso cerrar todas las vías de instrumentalización de la actividad estatal con fines electorales, tanto las directas (propaganda financiada o ejecutada por el gobierno) como las indirectas (aprovechamiento de actos oficiales por parte de los candidatos para su lucimiento personal). Por ende, el segundo apartado del art. 3 debe interpretarse como una extensión de la prohibición de propaganda institucional, que abarca también a los actos oficiales que puedan aprovecharse como plataformas de difusión electoral, aun cuando la promoción no la realice directamente el Gobierno, sino candidatos, alianzas, partidos o terceros interesados en su éxito electoral. Esta lectura integral del precepto se sostiene no solo en la estructura gramatical del texto legal, sino también en su finalidad: preservar la equidad del proceso electoral y evitar ventajas competitivas indebidas que deriven del acceso privilegiado a recursos o actividades estatales. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Insuficiencia del agravio, propaganda política
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Alianza volvamos buenos aires y otros  c/  s/ Causas electorales - Otros electoral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-30

Corresponde rechazar el agravio según el cual, con motivo de la resolución del Instituto de Gestión Electoral que estableció la aleatoriedad en la visualización de la oferta electoral de las agrupaciones políticas en la pantalla del Sistema Electrónico de Emisión de Boleta Única Electrónica, la agrupación recurrente habría sido privada de la posición a la que se hizo acreedora con el sorteo de lugares para la visualización de pantalla realizado previamente. Ello así, en tanto las recurrentes no se hacen cargo de que la resolución de convocatoria al sorteo público referido solo hace referencia al orden de los espacios en los afiches de exhibición de las listas completas y de los espacios de publicidad en la vía pública, pero no alude al modo de visualizar la oferta electoral en la pantalla de las máquinas para la emisión de las Boletas Únicas Electrónicas (BUE). Tampoco se hace cargo de que el mismo sistema fue adoptado por el IGE para las últimas elecciones PASO -único antecedente de elecciones locales donde se utilizó el sistema de boleta única electrónica bajo la vigencia del CE-, sin recibir impugnaciones. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz, Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Alianza volvamos buenos aires y otros  c/  s/ Causas electorales - Otros electoral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-30

Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido contra la sentencia del Tribunal Electoral que rechazó el planteo de nulidad de la resolución n° 29/IGE/2025 dictada por el Instituto de Gestión Electoral. La recurrente sostiene que el orden de visualización aleatorio impide el control por parte de las agrupaciones políticas. No obstante, no rebate suficientemente en este punto la afirmación del Tribunal Electoral respecto a que "no existe óbice alguno para que, a través de los medios y cuestionamientos pertinentes, lleve a cabo los controles que estime corresponder a fin de cerciorarse sobre el cumplimiento fehaciente de la aleatoriedad por parte del programa encargado de exhibir la oferta electoral en los dispositivos electrónicos". (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz, Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Denegatoria del recurso, propaganda política
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Coalición Cívica - Afirmación para una república igualitaria (ARI)  c/  s/ Causas electorales - Electoral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-30

Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido contra la sentencia que rechazó la solicitud de los recurrentes, apoderados de un partido político. Estos requirieron que se intimara al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los candidatos de una alianza, a que se abstuvieran de utilizar propaganda institucional con el fin de inducir el voto hacia esa alianza. Sostienen que, a través de las publicaciones atacadas, el GCBA promocionó candidaturas con motivo o en ocasión de ciertos actos oficiales, difundiendo la publicidad y las actividades a través de las cuentas personales en las redes sociales de los candidatos durante el período de campaña electoral, violando la prohibición establecida en el art. 3 de la ley n° 268. Sin embargo, tal como valoró la mayoría del Tribunal Electoral, la apelación se funda en afirmaciones generales, que no indican a partir de qué elementos concretos podría llegarse a la conclusión de que a través de las publicaciones en cuestión se persiguieron las finalidades prohibidas por los arts. 61 de la Constitución de la Ciudad y 3 de la mencionada ley. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Revocación de sentencia, diferencias salariales
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Montaño, Boris Alejandro y otros contra GCBA  c/  s/ Empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público- diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-23

Corresponde revocar la sentencia de la Sala Iv que no aplicó la doctrina sentada en el fallo plenario "Paz, Héctor Damián c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público - diferencias salariales", expte. n° 21844/2018-0; sentencia del 25-10-2022 y, en consecuencia, rechazó la demanda y denegó el derecho al cobro de las diferencias salariales derivadas de la falta de pago del suplemento por actividad crítica a pesar de lo dispuesto en el art. 254 del Código CAyT y sin dar razones suficientes que justificaran su inaplicabilidad al caso de autos.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Montaño, Boris Alejandro y otros contra GCBA  c/  s/ Empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público- diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-23

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso, revocar el fallo recurrido y devolver al tribunal a quo a fin de que otros jueces resuelvan con arreglo a lo aquí indicado. El apartamiento de una corriente jurisprudencial, como la que revela el plenario, aun soslayando la fuerza de que busca dotarlo el inc. 5° cuestionado (de la disposición transitoria tercera de la res. n° 152/CMCABA/1999), suscita un supuesto justificado para la aplicación de la cláusula del art. 31 in fine de la ley n° 402, aun cuando el fallo sub examine esté lejos de ser en sí insostenible. Sin embargo, la solución del caso, parte de una constatación de hecho: establecer el carácter crítico del servicio personal de quienes han articulado esta demanda. Solo conocido este dato y si la controversia persistiera, podría este Tribunal expedirse sobre la cuestión jurídica que permitiría detectar si las situaciones son comparables con las consideradas en el plenario y, en tal caso, uniformar la aplicación del derecho según su juicio. Atento a las razones que me llevan a revocar, y aunque no quepa estimar viciado el fundamento del fallo, corresponde reenviar a jueces distintos para alejar toda suspicacia acerca de la reevaluación que se les encomienda. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de inconstitucionalidad, defensa en juicio, igual remuneración por igual tarea
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Montaño, Boris Alejandro y otros contra GCBA  c/  s/ Empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público- diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-23

El recurso de inconstitucionalidad es correctamente concedido si se cuestiona una sentencia definitiva del tribunal superior de la causa y se plantea un genuino caso constitucional, vinculado al derecho de defensa en juicio y al principio constitucional de igual remuneración por igual tarea. (Del voto de las juezas Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe).
Constitución Nacional, competencia de la Corte Suprema, acción meramente declarativa, ministros de la Corte Suprema, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Agropedascoll S.A.  c/ Formosa, Provincia de s/ acción declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-16

En los supuestos en que se debate no solo la validez constitucional de normas locales, sino también su correcta aplicación con arreglo a las disposiciones de la legislación provincial, el pleito debe deducirse ante los tribunales de la provincia, pues esa labor hermenéutica extralimita la que autoriza un planteo de esta índole en cualquier causa en la que, en ejercicio de la jurisdicción originaria que le confiere al Tribunal el artículo 117 de la Ley Fundamental, debe resolverse sobre la constitucionalidad de prescripciones locales (Disidencia del juez Rosatti y la conjueza Andalaf Casiello).
Morosidad del proceso, facultades jurisdiccionales, abuso sexual de menores, deberes del juez, grupos vulnerables, acceso a la justicia, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, víctima del delito, violencia de género, perspectiva de género
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL-PROCESAL
Carátula: S., N. c/  s/ incidente de competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-16

La ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia; dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia.
Cuestión federal, Constitución Nacional, competencia de la Corte Suprema, acción meramente declarativa, ministros de la Corte Suprema, cuestión de derecho público local, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Agropedascoll S.A.  c/ Formosa, Provincia de s/ acción declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-16

La competencia originaria prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional en razón de la materia, solo procede cuando la acción entablada se basa directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso o tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa (Disidencia del juez Rosatti y la conjueza Andalaf Casiello).
Competencia originaria, litio, minería, protección del medio ambiente, competencia de la Corte Suprema, Estado Provincial, Estado Nacional, límites jurisdiccionales, competencia por la materia
Materia: MEDIO AMBIENTE-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos y otras c/ Jujuy, Provincia de y otros s/ amparo ambienta
Fecha: 2025-10-16

Corresponde a la competencia originaria de la Corte la acción de amparo iniciada por comunidades indígenas contra las Provincias de Jujuy y Salta y el Estado Nacional, con el objeto de que se ordene suspender todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes y se realice una gestión ambiental conjunta a fin de prevenir daños, pues se cumplen los recaudos establecidos por la Corte para determinar la procedencia de la competencia federal en razón de la materia ambiental, en tanto las actoras pretenden tutelar sus derechos constitucionales respecto del proceso de exploración y explotación de litio y borato sobre un recurso natural de carácter interjurisdiccional como lo es la cuenca hídrica Salinas Grandes, que constituye un recurso natural único, que abarca los departamentos de Cochinoca y Tumbaya de la Provincia de Jujuy y los departamentos de La Poma y Cobres de la Provincia de Salta, y que también integra la Subcuenca de la Laguna de Guayatayoc - Salinas Grandes.
Derecho a ser oído, víctima del delito, proceso penal
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: S., N. c/  s/ incidente de competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-16

La víctima de un delito tiene derecho al dictado de una decisión judicial fundada por parte de un tribunal que, luego de haberle asegurado el derecho a ser oído, explique las razones por las que resuelve admitir o, en su defecto, rechazar la aplicación de una pena.
Constitución Nacional, competencia de la Corte Suprema, ministros de la Corte Suprema, ley provincial, cuestión de derecho público local
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Agropedascoll S.A.  c/ Formosa, Provincia de s/ acción declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-16

Quedan excluidos de la competencia originaria de la Corte aquellos procesos en los que se planteen cuestiones de índole local que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de estas o que requieran para su solución la aplicación de normas de esa naturaleza o el examen o revisión en sentido estricto de actos administrativos de las autoridades provinciales, legislativos o judiciales de carácter local, ya que el respeto de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión de las causas que versan sobre cuestiones propias del derecho provincial, a fin de lograr el equilibrio que debe coexistir evitando acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa (Disidencia del juez Rosatti y la conjueza Andalaf Casiello).
Morosidad del proceso, abuso sexual, facultades jurisdiccionales, abuso sexual de menores, derechos y garantías constitucionales, derechos de las niñas, niños y adolescentes, deberes del juez, grupos vulnerables, interés superior del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL-PROCESAL
Carátula: S., N. c/  s/ incidente de competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-16

Constituye un deber indiscutible y primordial -y no una mera declamación- de todos los funcionarios judiciales que intervienen en los procesos en los que se denuncian delitos de índole sexual perpetrados contra niños, niñas y adolescentes, dar una respuesta jurisdiccional rápida, eficaz y útil, adoptar todas las medidas que resulten adecuadas para moderar los efectos negativos del delito, como así también procurar que el daño sufrido por la víctima no se vea incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia.
Competencia originaria, litio, minería, protección del medio ambiente, competencia de la Corte Suprema, Estado Provincial, litisconsorcio, límites jurisdiccionales, Estado Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE-PROCESAL
Carátula: Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos y otras c/ Jujuy, Provincia de y otros s/ amparo ambienta
Fecha: 2025-10-16

Cabe a la competencia originaria de la Corte la acción de amparo iniciada por comunidades indígenas contra las Provincias de Jujuy y Salta y el Estado Nacional, con el objeto de que se ordene suspender todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes y se realice una gestión ambiental conjunta a fin de prevenir daños, pues la controversia es común a ambas provincias, en cuanto concurren en la causa los extremos que autorizan a considerar la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, de conformidad con lo dispuesto en el art. 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en razón de la propia naturaleza de la relación jurídica controvertida que vincula a las partes en el proceso, la cual, es de carácter inescindible, ya que exige ineludiblemente la integración de la litis con los titulares del dominio del recurso natural presuntamente afectado, a los fines de que la sentencia pueda ser pronunciada útilmente, esto es, para que, en su caso, ambos deban recomponer.