marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Abastecimiento, competencia por el territorio
Materia: PENAL
Carátula: CASA PEZZOT s/ Ley de Abastecimiento, competencia negativa entre el Juzg. Fed.  Nro. 1  de La Plata y el Juzg. en lo Penal Económico Nro. 3 Causa Nro.  36896.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

El hecho que se imputa en autos (falta de formulario 446 e irregularidades en la emisión de facturas) debe reputarse como consumado en el lugar que se llevó a cabo la inspección; habiéndose labrado el acta, en el caso, un pueblo de la Provincia de Buenos Aires, corresponde entender al Juzgado Federal con jurisdicción en aquel lugar.
Uso indebido del espacio público, tipo penal, productos alimenticios, control de productos alimenticios, aplicación de la ley, poder de policía, Salud pública
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Childe Arias, Carlos René s/ inf. art. 83 ley 1472, Apelación" Apelación"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-05

No han de considerarse incluidos en la descripción del tercer párrafo del artículo 83 del Código Contravencional, los alimentos, ya que su comercialización en los espacios públicos se encuentra estrictamente normada por la Ley Nro. 1166 (reglamentada por el decreto Nro. 612) que prohíbe su elaboración y/o expendio -ejercicio de actividad comercial en torno a ellos- en espacios públicos, a toda persona que no tenga otorgado a su favor un permiso de uso (cap. 11.1.2 Código de Habilitaciones y Permisos), con la finalidad de garantizar el control de la higiene y la calidad de los productos que se ofrecen en la vía pública (según considerando del decreto reglamentario precitado).

La salubridad pública es garantizada por el poder de policía local mediante la reglamentación específica del otorgamiento de permisos.

La naturaleza de los alimentos impide encuadrarlos en las excepciones individualizadas en el artículo 83 del Código Contravencional como casos de insignificancia (esa es su connotación restrictiva de la tipicidad) excluidos de la materialidad infraccionaria -venta ambulatoria de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general venta de mera subsistencia-, puesto que el desvalor típico -en el caso- se funda en la necesidad de control y habilitación específica en tanto se trata de supuestos proclives de causar daños que trascienden la competencia desleal y el uso apropiatorio del espacio público -ambos en sentido económico-, bienes a los cuales hacen referencia los parámetros objetivos del mentado tercer párrafo pero a los que no se limita exclusivamente la norma, puesto que también está en juego la administración de ese ámbito por parte del poder de policía en función del bienestar de los garantidos cuyo acceso debe ser además de libre e igualitario, seguro (cfr. causas Nro. 166-00-CC/2005, 089-00-CC/2005 y, en particular, Nº 50-00-CC/2005, rta. 17/10/05).
Posesión, adquisición de la posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARRERA DE DARGOLTZ, MARIA c/ HECTOR PAZ s/ INTERDICTO DE RETENER LA POSESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-26

Ante la duda de quien es en verdad el último poseedor de un bien, y ante actos que constituyen una verdadera desposesión o turbación, debe estarse por las disposiciones contenidas en el art. 2.471 del Código Civil cuando expresa: "Siendo dudoso el último estado de la posesión entre el que se dice poseedor y el que pretende despojarlo o turbarlo en la posesión, se juzga que la tiene el que probare una posesión antigua...", norma que autoriza a resolver la cuestión de la posesión teniendo en cuenta el derecho o el mejor derecho de poseer, constituyendo una excepción al principio de independencia entre el posesorio y el petitorio.
Prisión domiciliaria, salud del imputado
Materia: CIVIL
Carátula: Icazatti, Alejandro G s/ Inc. prisión domiciliaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Cabe confirmar el rechazo del pedido de prisión domiciliaria, pues la resolución atacada se ha basado en las constancias emergentes de los informes sicológico, cardiológico y clínico, de los que claramente se desprende que las condiciones de salud del imputado no hallan encuadre en las disposiciones del art. 32 de la ley 24.660.
Acción, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Abramovich, Silvia T. y otros c/ Municipalidad de Ensenada s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

No constituye una actuación útil para impulsar el procedimiento administrativo -y por ende enervar la retardación configurada para habilitar la instancia judicial- un pedido de informe posterior a tal retardación, efectuado luego de un largo período de inactividad (17 meses) cuyo destinatario -otra oficina se limitó a hacer constar su agregación sin expedirse al respecto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, medida de no innovar, indemnización por accidente de tránsito, ejecución de sentencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARANDA, ALBERTO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-15

Procede decretar la prohibición de innovar con respecto al régimen de los bonos depositados en una causa, hasta tanto se dilucide el planteo sustancial, debiendo el Estado Nacional mantener inalterado su valor en la divisa norteamericana y abonar oportunamente la renta correspondiente; ello así pues, al hallarse el pleito en plena ejecución de la sentencia que estableció el derecho de la parte actora a la reparación de los daños causados en el accidente -condenándose a ferrocarriles argentinos a abonar una indemnización por el accidente de una niña al caer del tren, en bonos de la deuda pública emitidos en dólares estadounidenses-, no cabe juzgar la solicitud con la estrictez propia de una medida precautoria, ya que ella no tiene, en el caso, un fin meramente cautelar sino que en buena medida tiene carácter ejecutorio, pues procura mantener inalterado el cobro de la renta de los títulos.
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Campos Oscar Guillermo Y Otro c/ Orellana Felipe Y Otro s/ daños Y Perjuicios  S/incidente de Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-12-14

Debe admitirse el planteo de caducidad de la segunda instancia, abierta con la concesión del recurso de apelación en subsidio al recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución que hizo lugar a la medida cautelar y ordenó el embargo preventivo, pues desde la notificación de la sentencia que dispuso que se acompañen las copias suficientes a efectos de la formación del incidente de apelación hasta el planteo de caducidad, ha trascurrido el plazo de tres meses que prevé el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, operando la caducidad de la instancia recursiva.
Gastos del proceso, beneficio de litigar sin gastos, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: S., R.D. s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-28

En este tipo de proceso -beneficios de litigar sin gastos-, atento la participación de la parte contraria a los efectos previstos en los artículos 80 y 81 del C.P.C.C.Ch., asume las características de un trámite contradictorio abreviado y por lo tanto, con posibilidad de caducar.

El trámite, aun con características particulares, configura una summaria cognitio que lo aproxima a los incidentes; de allí que la doctrina y jurisprudencia le asignen este carácter, el cual, por ende lo hace perimible. Conforme a estos principios, al proceso para obtener el beneficio de litigar sin gastos le es aplicable el plazo de perención de tres meses.
Daños y perjuicios, mala praxis, responsabilidad médica, relación de causalidad, intervención quirúrgica, mastectomía, responsabilidad de la obra social
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CENICOLA,  Ana  Amelia c/ SNAIDAS,  Lázaro  y  otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-13

Resulta responsable el médico y el centro asistencial por los daños y perjuicios ocasionados a una paciente a raíz de una operación de mastectomía en razón de que en el terreno de la responsabilidad médica, la doctrina y jurisprudencia nacional aceptan en forma prácticamente unánime que la responsabilidad de los médicos debe encuadrarse en las reglas del incumplimiento de las obligaciones y no en la de los hechos ilícitos, salvo la hipótesis de delito de derecho criminal, como que se encuentra sometida a los principios generales de las obligaciones que enuncia el artículo 499 y sigtes especialmente 512, 519, 520 y 521 del Código Civil.  Se configura la responsabilidad médica como consecuencia de la intervención quirúrgica que se le efectuara a la paciente donde se procedió a la extracción de tejido mamario sano, cuando los estudios previos mostraban la existencia de microcalcificaciones sospechosas de malignidad, habiéndose aconsejado su exéresis, la que al no realizarse, permitió la evolución natural progresiva de la patología subyacente con detrimento de la salud, conduciendo finalmente a la intervención quirúrgica de mastectomía de mama, privando de la chance de curar la enfermedad, con el consiguiente perjuicio para el desarrollo de su vida.

La responsabilidad directa del establecimiento asistencial deriva a su vez: de la responsabilidad que incumbe al contratante por el hecho de quienes introduce en la ejecución del contrato; de una obligación de seguridad a su cargo, en virtud de la cual, una vez establecida la responsabilidad del médico, responde conjuntamente con él; la clínica es responsable no sólo por la prestación del servicio, sino también por que sea prestado "en condiciones tales que el paciente no sufra daño por deficiencia de la prestación prometida"; pudiendo resultar también la responsabilidad del establecimiento de sus propios incumplimientos. (Sumario N°21118 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Deberes del juez, hechos nuevos
Materia: PROCESAL
Carátula: Koprowski, Juan c/ Ordeig, Carlos G. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-12-30

Si bien el juez debe considerar la sentencia condenando las acciones deducidas y los hechos afirmados en la demanda y en la contestación procesal y sin que se resienta la justicia de la resolución, debe tomar en cuenta las circunstancias ocurridas durante la tramitación del proceso que consolidan o extinguen el derecho invocado en la demanda, tal como lo preceptúa el inc. 6º del art. 163 del Código Procesal en su 2° párrafo. Norma que faculta al juzgador a considerar los aludidos hechos sobrevinientes, que sin variar las pretensiones deducidas, han consolidado o extinguido el derecho aplicable; lo contrario iría contra el principio de economía al exigir un nuevo juicio.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caballero Enrique c/ Comesaña José y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

Incluso en los supuestos de sobreseimiento definitivo o absolución del procesado en sede penal, que no se hayan basado en la inexistencia del hecho sino en la irresponsabilidad criminal del acusado, nada obsta a la apreciación de la misma prueba para determinar la existencia o concurrencia de circunstancias constitutivas de la responsabilidad civil, o sea que nada obsta a que se indague la culpa civil del agente como fuente resarcitoria.
Procedimiento laboral, competencia por la materia, accidentes de trabajo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Villafañe, Juan Carlos c/ Chubut Construcciones S.A. s/ Indemnización Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-06

La determinación de la competencia debe hacerse por la naturaleza de la pretensión portada en la demanda, atendiendo de modo principal a la exposición de los hechos que el actor efectúa en la misma, y en tanto se adecue a ellos el derecho invocado como fundamento de la pretensión, y en general, sin perjuicio del resultado final de la acción, en el modo en que fue propuesta y con la precariedad de conocimiento que el estadio procesal impone, es competente el juez del trabajo en todos los casos en los que un trabajador accidentado o enfermo reclame, con invocación de la ley sobre riesgos del trabajo o del Código Civil, a su empleador o a la aseguradora de riesgos del trabajo, pues el infortunio laboral es un hecho derivado del trabajo y este dato determina la competencia laboral.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: LABORAL
Carátula: PERALTA JAVIER EUSEBIO c/ ELEMEC INGENIERIA  S.R.L. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-31

La argumentación del impugnante debió apuntar a la construcción jurídica resultante de los hechos privados y el análisis de la normativa aplicable, y no, como lo hizo, a proporcionar otra solución, acorde con la discrepante interpretación que efectúa de la actividad que desempeña la accionada. De ningún modo relaciona dicha interpretación con lo efectivamente acontecido en el sub-examen.

Elabora su planteo partiendo de la afirmación de que la demandada estaría incluida en el art. 1ro. de la Ley 22250; intenta corroborarla con citas doctrinarias -que se refieren a situaciones abstractas y generales contempladas por la ley luego de la reforma- que no contribuyen a dilucidar la particular situación de la demandada, cuya actividad fue concretamente definida por el Tribunal. Además resalta parcelas de la testimonial, que en algunos aspectos es contradictoria con la que aquél tuvo en cuenta. No ha demostrado que, de acuerdo a la actividad -metalúrgica- que resultó acreditada, la juzgadora adoptara una solución incorrecta. En definitiva debió poner de manifiesto que la actividad de la empresa efectivamente probada- hacía posible la aplicación de la Ley 22250, atacando el razonamiento de la a quo para llegar a la conclusión contraria.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/ N.C.R. Argentina  S.A.I.C. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

El pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos es incompatible con las garantías de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: GLEBA SA c/ ZANJITAS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-04

Corresponde revocar la resolución del juez a quo, en cuanto decretó la caducidad de la instancia toda vez que, si bien es cierto que la parte actora recién ahora comunicó que se arribó a un acuerdo, cosa que debió realizar una vez finalizado el trámite de mediación, resulta gravosa para las partes la decisión del juzgado, puesto que las cláusulas que aquel acuerdo contiene se encontrarían en plena etapa de cumplimiento, tal es la razón que explica la detención en el curso del proceso. En tales condiciones, resulta excesivo el decreto de caducidad ex oficio, máxime si se tiene en cuenta que el tribunal nada dijo acerca de la suspensión del proceso que solicitaran en su oportunidad ambas partes, limitándose a sostener que autorizaba "...el reinicio de los tramites de la mediación...", sin considerar cuanto dispone al efecto el cpr: 157.
Estado Provincial, procedimiento administrativo, reclamo administrativo previo, repetición de impuestos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cooperativa Falucho de Viviendas Ltda. c/ Municipalidad de Rada Tilly s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-09-19

En el contencioso-administrativo "provincial", que ante la ausencia de código específico sólo se rige por la Ley 37, el principio es la "inexigencia" de la vía administrativa previa, "salvo que una norma de derecho positivo aplicable a la relación jurídica sustancial así lo exija". En materia de repetición de impuestos, el agotamiento es exigible por imperio de los arts. 55 a 58 del Código Fiscal. Cuando se trata de acciones civiles contra el Estado Provincial, en cambio, la regla es la "exigibilidad", de conformidad con los arts. 138 y sigs. del Dto.Ley 920.
Escritos judiciales, copias, voluntad del legislador, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: ADOS SAN JUAN s/ Concurso Preventivo - Hoy Quiebra - Verificación Tardía UOCRA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-28

El acompañamiento de copias tiene ratio legis permitir a las partes disponer de ellas para ejercer el derecho de defensa. Cuando el conocimiento, previsto a través de copias, es obtenido por otro medio, ya pierde de sustento lógico el cumplimiento del rito. Las formas procesales van a prevalecer solo cuando a través de ellas se ejerciten ordenadamente los derechos sustantivos y garantías constitucionales; pero no cuando su acatamiento no represente un resultado útil.

Haber podido contestar a los agravios de sindicatura - aunque lo haya hecho en forma extemporánea - implica que a pesar de la falta de copias tenía conocimiento del contenido del escrito que iba a responder; de donde aquella omisión no le ha causado gravamen al acreedor. No dice en qué forma hubiera mejorado su posición en caso de contar, en vez del expediente con el escrito original, con la copia de éste; o cuál el perjuicio que sufrió.

Si no hay gravamen, no cabe admitir recurso alguno.

Además, "si no se han adoptado oportunamente las medidas dispuestas por el CPCN, 120, esto es, la devolución el día siguiente del escrito presentado sin copias, no cabe hacerlo con posterioridad sin dar oportunidad al presentante para suplir la omisión, ya que el decreto judicial que admitió la presentación pudo hacerlo incurrir en confusión; pues la aplicación de inmediato de los arts. 38 y 120 es defensa del presentante quien, advertido de su omisión puede hacerlo nuevamente en término; pero si se tiene proveído el escrito, ese auto puede llevar al oferente a la creencia de que su actitud ha sido correcta y completa.
Recurso de inconstitucionalidad provincial, costas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Tabarcachi, Miguel Olallo y Otros c/ Dirección Provincial de Recursos Hídricos - Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en expte. nº B-125.133/04 (Sala I del Tribunal del Trabajo) s/Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-09-18

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la distribución de gastos causídicos, pues implica el análisis de cuestiones de hecho, que es materia reservada a los jueces de la causa y ajena a la instancia extraordinaria.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, contrato de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, reincorporación
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Di Sarno, Genaro Héctor c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a las indemnizaciones reclamadas con sustento en el art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo si el único considerando en que se pretende fundar la decisión no guarda vínculo alguno con las circunstancias de la causa ni con los argumentos que el apelante esgrimió en defensa de sus derechos.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley laboral, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Marasco, Bernardo Luis y otro c/ Sociedad Anónima Otto Spuler y otro y/o contra quien resulte Jurídicamente responsable s/ LABORAL (Expte. Nro. 126-92) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-14

Las leyes de trabajo son de aplicación inmediata y rigen la vida y los efectos de las relaciones de trabajo, de las ya formadas y de las futuras; a partir de su vigencia. (De los Fundamentos del Dr.

Dallo -En Disidencia-). La cuestión a resolver es: ¨Es aplicable la reforma dispuesta por la ley 23643 al artículo 8 de la ley 9688 a los infortunios laborales ocurridos con anterioridad a la fecha de su vigencia?
Marcas, cese de uso de marca, productos de calzado y confección, daños y perjuicios, indemnización, monto de la indemnización, ganancia neta
Materia: COMERCIAL
Carátula: AFRIKA KUEROS SA c/ EFEJOTA SA s/ CESE DE USO DE MARCAS, DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-16

Con respecto a la existencia del daño, lo considero suficientemente probado, de acuerdo con las directivas jurisprudenciales sentadas en precedentes de esta Sala (Causas Nos.

2357 del 14.8.84; 7407 del 17.5.91, y 7695/91, del 3.3.95; la primera y tercera con voto en primer término del suscripto y la segunda con el de mi distinguido colega (Dr. Eugenio Bulygin). No obstante, no corresponde computar todos los artículos que el peritaje contable determinó como vendidos por la demandada, durante los años 1991/93, pues de lo que se trata es de las prendas que llevaban incorporada la palabra Afrika. Por otra parte, no procede tomar en cuenta el precio de venta sino que el daño debe circunscribirse a la ganancia neta, que es de lo que fue privada la accionante, valorándose también el hecho de que la denominación principal en las etiquetas cuestionadas era el vocablo Touch.
Sentencia, nulidad procesal, condena condicional, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: FERRAN, Jorge E. s/ Causa 44.555
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-02

Es improcedente la declaración de nulidad de la sentencia de primera instancia, que otorga al imputado una nueva suspensión del cumplimiento de la pena, no obstante registrar éste una primera condena en suspenso, y una segunda de efectivo cumplimiento, pues la sentencia en sí, no incurre en un vicio formal que haga a la propia estructura del decisorio, sino una inadecuada aplicación del derecho. Ello es así por cuanto, aun cuando se optara por la declaración de nulidad como medio para subsanar tamaño error, la nueva sentencia no podría agravar la situación del imputado, debido a que sólo interpuso recurso el procesado, por lo que a fin de no incurrir en la "reformatio in pejus", debe homologarse la sentencia apelada.
Instancia judicial, sentencia, contenido de la sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MONTIEL GABINO MARTIN c/ CORPORACION DEL RIO DULCE DE SGO. DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION -  RECONSTRUCCION -
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-01

El juez, para expedirse en la instancia judicial, debe estar a los hechos propuestos por las partes, los cuales únicamente pueden estar contenidos en el escrito de demanda y eventualmente en su contestación, donde también debe expresarse la pretensión concreta del accionante endicando los hechos en que funda la misma, expresando con claridad y precisión como así la indicación de los medios de pruebas que haya de valerse para demostrar sus pretensiones, el derecho expuesto suscintamente y la petición en términos concretos entre otros requisitos exigibles por el art. 22 del Código de Procedimiento Administrativo, ley 2.297.-
Fuentes del derecho, equidad
Materia: CIVIL
Carátula: V.V., M.L. c/ M.A.O. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-22

La equidad no ha sido establecida en nuestro ordenamiento independiente de la ley. No es fuente directa del derecho. Solamente se aplica por sí misma cuando la ley se remite a ella para determinadas instituciones. Es claro que importa un elemento de indiscutible valor para la interpretación de las normas positivas, para lograr la justicia que el caso requiere, pero no cabe acudir a la equidad para soslayar las directivas concretas del sistema legal vigente.
Concursos, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Zilli, José Gilberto s/ Verificación de crédito - Obligatoriedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-09-22

La carga que impone la ley de verificar el crédito, alcanza a todos los acreedores incluidos los organismos nacionales, provinciales y municipales.-