Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-19


Buenos Aires, 19 de noviembre de 2002.

Vistos los autos: "Santillán, Ramón Eustaquio Cayetano c/ Ferrovías S.A.C. s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)".

Considerando:

Que esta Corte comparte el dictamen del señor Procurador General y se remite a sus fundamentos y conclusiones por razones de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se declara admisible el recurso extraordinario interpuesto y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a los fines que correspondan. Notifíquese y devuélvanse. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

ES COPIA DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL "Santillán, Ramón Eustaquio Cayetano c/ Ferrovías S.A.C. s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)".

Suprema Corte:

-I- Ramón Eustaqui Cayetano Santillán, quien denuncia tener su domicilio en la Provincia de Buenos Aires, promovió demanda ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 6, contra la empresa Ferrovías S.A.C., a fin de obtener el pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la lesión que sufrió en su ojo izquierdo, mientras viajaba en un tren de la Línea Belgrano Norte, de concesión de la demandada, debido al impacto de un proyectil que fue arrojado contra el convoy, durante el trayecto que va desde la estación Padilla a la estación Florida (Provincia de Buenos Aires).

Ferrovías S.A.C., en su escrito de contestación de demanda, solicitó la citación como tercero de la Provincia de Buenos Aires, en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con fundamento en la responsabilidad que le compete en cuanto al control de seguridad pública dentro de su jurisdicción, lo que incluye la zona de la concesión donde ocurrió el hecho (v. fs. 27/32).

La Provincia de Buenos Aires opuso las excepciones de incompetencia y de falta de legitimación pasiva. Respecto a la primera adujo que, en virtud de lo dispuesto por los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, las provincias sólo pueden ser demandadas ante sus tribunales locales y, fuera de su jurisdicción, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en instancia originaria (v. fs. 74/80).

El juez interviniente, de conformidad con el dictamen del fiscal del fuero, no hizo lugar a la excepción articulada por el Estado local, por considerar que el tercero no es parte plena en el proceso y que su intervención queda sólo circunscripta a la función de control de aquellos aspectos que puedan alcanzarlo en una eventual acción regresiva (v. fs. 101/102).

Dicho fallo, fue apelado por la provincia (v. fs. 104) y, a su turno, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ?Sala I?, con sustento en el dictamen del fiscal, confirmó la sentencia del a quo y declaró que el tercero no reviste el carácter de sujeto pasivo de la pretensión, ya que no se puede forzar a la parte actora a dirigir su demanda contra éste, pues su fundamento sólo reside en evitar que en un futuro proceso el demandado pueda argüir la excepción de negligente defensa.

-II- Disconforme con tal pronunciamiento, la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario, en los términos del art. 14 de la ley 48 (v. fs. 134/138), el que fue concedido por la alzada (v. fs. 150).

Fundó la procedencia de dicho remedio de excepción en la existencia de cuestión federal y en la doctrina de la arbitrariedad.

Adujo que la sentencia interlocutoria recurrida que resolvió sobre la competencia le causa un gravamen irreparable en cuanto afecta su autonomía provincial, garantizada por los arts. 1, 4, 5, 121 y concs. de la Constitución Nacional, al pretender someterla a un tribunal ajeno a ella, en tanto no se trata de su jurisdicción local ni de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 116 y 117 de la Ley Fundamental).

Asimismo, sostuvo que dicho pronunciamiento se aparta de una doctrina reiterada del Tribunal que acepta su competencia originaria cuando una provincia es citada como tercero a juicio.

Por último, consideró que dicha decisión resulta violatoria de su derecho de defensa y del principio de supremacía constitucional (arts. 18 y 31 de la Constitución Nacional).

-III- A efectos de evacuar la vista que se concede a este Ministerio Público a fs. 157, corresponde examinar si en el sub lite se encuentran reunidos los requisitos de admisibilidad del remedio federal deducido.

Sobre el punto, cabe recordar que los pronunciamientos de V.E. que resuelven cuestiones de competencia -como sucede en autos- no autorizan en principio la apertura del recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48, toda vez que no constituyen sentencia definitiva, salvo que medie denegatoria del fuero federal o determinadas circunstancias excepcionales que permitan equiparar esos interlocutorios a pronunciamientos definitivos (Fallos: 315:66; 320:2193), entre ellas, cuando la decisión atacada afecta, de manera no susceptible de reparación ulterior, un específico privilegio federal (Fallos: 299:199; 302:914 y 314:1368).

A mi modo de ver, este último supuesto es el que se presenta en autos, toda vez que se encuentra en juego la competencia originaria de la Corte Suprema, que ha sido invocada por la Provincia de Buenos Aires, la cual constituye una prerrogativa constitucional (Fallos: 315:2157; 324:833) y de orden público (Fallos: 315:1902; 316:1462 y 324:533), asignada exclusivamente a las provincias y sólo prorrogable por ellas a favor de los tribunales inferiores de la Nación en los casos previstos in re "Flores" 315:2157.

Por ello, considero que se configura el supuesto previsto por el art. 14, inc. 3 de la ley 48, circunstancia que permite la habilitación del recurso extraordinario deducido (Fallos: 310:295).

En consecuencia, en tanto el planteo del apelante conduce a determinar el alcance de normas federales "los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional", el Tribunal no se encuentra constreñido por los argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre la cuestión controvertida (Fallos: 312:417; 313:132; 316: 2845; 319:2936 y 321:2288).

-IV- En lo que hace a la cuestión de competencia en examen, cabe señalar que, a efectos de que una provincia pueda ser tenida como parte y proceda, en consecuencia, la competencia originaria prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional, es necesario que ella participe nominalmente en el pleito "ya sea como actora, demandada o tercero" y sustancialmente, o sea, que tenga en el litigio un interés directo, de tal manera que la sentencia que se dicte le resulta obligatoria (Fallos: 311:879 y 1822; 312:1227 y 1457; 313:144; 314:508; 322:1511 y 2105, entre muchos otros).

Asimismo, esa calidad de parte debe surgir, en forma manifiesta, de la realidad jurídica, más allá de la voluntad de los litigantes en sus expresiones formales (Fallos: 307:2249; 308:2621; 314:405; 321:2751; 322:2370), pues lo contrario importaría dejar librado al resorte de éstos la determinación de la competencia originaria de la Corte.

En el sub lite, como antes quedó expuesto, Ferrovías S.A.C., quien fue demandada por el actor a fin de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos mientras viajaba en un tren de dicha empresa, solicitó la citación como tercero de la Provincia de Buenos Aires, con fundamento en la responsabilidad que esta tiene en cuanto a la seguridad pública dentro de su jurisdicción, lugar donde ocurrió el accidente.

Al respecto, cabe indicar que el instituto de la intervención obligada de terceros a que se refiere el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es de carácter excepcional y su admisión debe ser interpretada con carácter restrictivo (Fallos: 311:2725; 318:539; 322:2370 y 3122, entre otros).

Asimismo, debe advertirse que, quien solicita esa citación tiene la carga de probar que se trata de alguno de los supuestos que autorizan a disponerla (Fallos: 313:1053; 322:1470), esto es, que exista una comunidad de controversia entre éste y las partes (Fallos: 310:937; 313:1052; 320:3004; 322:1470) o la posibilidad de una futura acción regresiva contra él (Fallos: 303:461 y 313:1053).

En mi criterio, el peticionario no logró acreditar ninguno de los recaudos ut supra señalados, toda vez que fundó la pretensión de citar al Estado local invocando sólo el poder de policía de seguridad que a éste le compete y, al respecto, es dable recordar que en reiteradas oportunidades el Tribunal ha dicho que el ejercicio del poder de policía de seguridad que corresponde al Estado (o, en su caso, a las provincias), no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa (confr. doctrina de Fallos: 312:2138 y su cita; 313:1636; 323:305, 318 y 2982, entre otros).

En mérito a lo expuesto y, dado que en el sub judice, según los términos de la demanda, no se advierte que haya participado en el accidente en cuestión personal dependiente de la Provincia de Buenos Aires, nada autoriza a citar por ese evento a dicho Estado local.

En consecuencia, la provincia no tiene un interés directo en el pleito y, por lo tanto no reviste el carácter de parte sustancial en la litis (Fallos: 317:980 y 318:1361).

En tales condiciones y, dado que el art. 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos en que la Corte ejercerá su competencia originaria y exclusiva, la cual, por su raigambre, es insusceptible de extenderse a otros casos no previstos (Fallos: 302:63 y sus citas; 308:2356; 310:1074; 311:872 y 1200; 312:640 y 1875; 313:575 y 936; 314:94 y 240; 316:965; 322:813), entiendo que el presente proceso resulta ajeno a la instancia originaria del Tribunal.

-V- Opino, por tanto, que cabe declarar admisible el recurso extraordinario deducido, confirmar la sentencia apelada y disponer que vuelvan los autos al tribunal de origen, a los efectos que correspondan.

Buenos Aires, 27 de junio de 2002.

ES COPIA NICOLAS EDUARDO BECERRA