Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07


Causa Nº 446-00-CC/2005 "Santos, Marcelo Fabián s/reventa de entradas- Apelación" En n la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de febrero del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por Marcelo Fabián Santos, con el patrocinio letrado del Gonzalo M. Tafel, a fs. 81/83 de la presente, de la que:

RESULTA:

I. Que a fs. 10/17 obran las actuaciones policiales de fecha 8/6/2005 seguidas contra Marcelo Fabián Santos, por la presunta contravención consistente en la reventa de entradas del partido de Argentina vs. Brasil; ocasión en que se secuestraron cincuenta y tres (53) entradas populares, una (1) platea Almirante Brown y doscientos noventa y un pesos ($ 291) en billetes.

II. Que a fs. 21 la Sra. Fiscal de Grado, Claudia Barcia, decide remitir la causa a la Unidad Administrativa de Control de Faltas por considerar que la conducta del encartado no encuadraría en el art. 91 CC, la que no obstante podría constituir una infracción a la Ley Nº 451.

III.- Que a fs. 24/25 el Controlador Administrativo Nº 16, Pablo Martínez Carignano, resuelve -el 16/8/2005- declarar la validez del acta 20845159 y aplicar al imputado una pena de multa de doscientos noventa pesos ($ 290), de acuerdo a lo normado por el art. 5.1.7 de la Ley Nº 451.

IV.- Que a fs. 26 Santos solicita el pase de las actuaciones a esta Justicia Contravencional y de Faltas.

V.- Que el 31/8/2005 la Sra. Juez Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado Nº 8, Natalia M. Molina de Harrington, resuelve notificar al encartado a partir de lo dispuesto por los artículos 41 y 42 de la Ley 1217 (fs. 31).

VI.- Que a fs. 34 la Sra. Fiscal de Grado a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia Nº 11, Claudia Barcia, decide intervenir en el presente proceso atento a lo dispuesto por la Resolución 7/04 de la Fiscalía General, y ofrece prueba.

VII.- Que según consta a fs. 74/76 vta., luego de celebrarse la audiencia, la Magistrada resuelve condenar al encartado en orden a la falta consistente en la reventa de entradas del partido de futbol entre Argentina y Brasil celebrado en el Estadio del Club River Plate a la sanción de multa de doscientos pesos ($ 200) de cumplimiento efectivo, con costas; restituir el dinero secuestrado y decomisar las entradas (art. 33 Ley 1217 y arts. 5.1.7, 32 y 24 Ley Nº 451). Los fundamentos de la sentencia obran a fs. 77/79 vta.

VIII.- Que a fs. 81/83 obra el recurso de apelación interpuesto por el imputado, con el patrocinio letrado del Tafel, solicitando se revoque la sentencia impugnada y se lo absuelva en orden a la falta por la que fuera condenado. Al respecto, afirma que la Judicante ha valorado en forma arbitraria la prueba rendida en la audiencia de juicio por cuanto: 1) El preventor Bravo no es un testigo del hecho sino que se ha limitado a labrar el acta según lo referido por el Prosecretario de la Fiscalía, lo que descalifica su testimonio, y por tanto cede la presunción iuris tantum del acta de comprobación ante un plexo probatorio sólido que la desvirtúa. 2) El hecho de que Santos se encontrara fuera del área de control no implica que el mismo estuviera revendiendo las entradas que se hallaron en su poder. Si bien la tenencia de éstas podría constituir un indicio de la falta endilgada debió probarse -para tener por configurada la misma- la existencia de compradores, lo que no fue acreditado en la presente. 3) En la causa sub examine se ha invertido la carga de la prueba puesto que no es el encartado quien tiene que acreditar su falta de responsabilidad sino la parte acusadora, es quien debe demostrar lo contrario, todo ello vulnera claramente el principio de inocencia consagrado constitucionalmente. 4) Asimismo, plantea que la sentencia recurrida debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido puesto que carece de una debida fundamentación y resuelve sobre la base de afirmaciones dogmáticas que se apartan de las pruebas rendidas en la audiencia de juicio, y no efectúa un mínimo de análisis que permita establecer las razones por las que sentó las conclusiones, las que aparecen en clara contradicción con las constancias que informan la prueba.

IX.- Que a fs. 88/90, en su Dictamen Nº 278-FC/05, el Sr. Fiscal de Cámara solicita se declare inadmisible el recurso de apelación, y en su defecto se confirme la condena impuesta por la Sra. Juez de Grado. Al respecto, considera que: 1) De la lectura del remedio procesal intentado se advierte una mera discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por la Judicante y no una fundamentación arbitraria de la misma como pretende el impugnante. 2) Se equivoca el recurrente al afirmar que la responsabilidad del encartado surge únicamente de la declaración de Bravo, sino que es de la valoración armónica de todos los elementos probatorios agregados a la presente de donde se desprende la autoría del mismo. 3) Siendo que hay dos momentos en la compraventa, es suficiente la prueba de que el presunto infractor ha adquirido las entradas causando un daño económico cierto a quienes hacen un negocio del expendio de las mismas, lo que se encuentra debidamente acreditado en la presente puesto que el encartado tenía las entradas en su poder -cuando no debía tenerlas- y se encontraba fuera del estadio donde debía estar trabajando. 4) El imputado tenía la facultad de probar su inocencia aport ando la prueba a su alcance para desvincularse del hecho, lo que no fue realizado en la presente, siendo este el alcance que posee la expresión de la Judicante y no -como afirma el impugnante- la inversión de la carga de la prueba.

X.- Que a fs. 94, pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a tratar ¿Resulta admisible el recurso de apelación impetrado En su caso ¿Resulta conforme a derecho la sentencia recurrida En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación ha sido interpuesto en las condiciones de tiempo y forma establecidos por el artículo 57 de la Ley Nº 1217, y por quien posee legitimación para hacerlo.

Sin perjuicio de ello, y con relación al juicio de admisibilidad del recurso es menester recordar que este Tribunal ha expresado en numerosos precedentes que es "el Juzgado ante el cual se interpone el recurso quien debe efectuar una primera revisión de aquél a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales de tiempo y forma que la ley prevé, pero su decisión no se ciñe al recuento de esas exigencias, pues debe avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surja la improcedencia de la vía intentada. Ello no significa que se convierta en Juez de su propio fallo, sino que participa en la habilitación de la instancia superior en la medida en que la ley 1217 lo establece" (conf. causas Nº 168-00-CC/2004 "Brunero, Jacinto s/ estacionar en lugar prohibido" del 27/05/2004; 164-00-CC/2004 "Guglielmone, Alberto Edmundo s/ exceso de velocidad-Apelación" del 17/6/2004; 271-00-CC/2004 "Chalela, Osvaldo Antonio s/ infracción violar luz roja y otras-Apelación" del 1/9/2004). Ello por cuanto el art. 56 de la ley 1217 prevé específicos supuestos de viabilidad: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley; c) arbitrariedad, fuera de los cuales no puede concederse la vía intentada (conf. este Tribunal in re "Pos adas, Daniel s/ Estacionar en lugar prohibido - Apelación", causa Nº 229-00-CC/2004, del 5/8/2004).

En el caso examinado la concesión del recurso por parte de la Sra. Juez de Grado omite aludir a la previsión legal en virtud de la cual decide. Sin embargo, pese a lo expuesto, por razones de economía procesal y a fin de no retardar la tramitación de la causa, corresponde que este Tribunal supla tal omisión y realice un motivado juicio de admisibilidad a fin de dilucidar si los fundamentos enunciados en el recurso configuran alguna de las causales que tornarían admisible el remedio procesal intentado de conformidad con lo dispuesto por el art. 56 de la Ley 1217.

A partir de ello, y de la lectura de los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación se desprenden dos agravios esenciales, a saber, la arbitrariedad de la sentencia y violación al principio de inocencia, por la inversión de la carga de la prueba, lo que podría configurar un supuesto de violación de la ley. Ambos argumentos se analizarán separadamente para su mejor tratamiento.

I.- Arbitrariedad de la sentencia.

Al respecto, es dable analizar si del remedio procesal intentado se desprende un contenido crítico que, al denunciar defectos jurídicos apreciables, permita revisar la decisión de la Jueza a quo o si, por el contrario, encubre una mera discrepancia con la forma en que, a partir de la inmediación, valoró la prueba producida en la audiencia de debate.

Así las cosas, y como bien afirma el Sr. Fiscal de Cámara, la tacha de arbitrariedad de una sentencia exige que la misma posea errores graves en la fundamentación o en el razonamiento, sea al considerar la prueba o al aplicar la ley vigente, y son éstos los extremos que tornarán -en su caso- procedente el recurso.

A mayor abundamiento, es dable recordar que una sentencia resulta arbitraria si "(s)e apoya en fundamentos que se apartan de circunstancias acreditadas en el proceso, las que fueron seleccionadas y valoradas fragmentariamente, todo lo cual importa franquear el límite de la razonabilidad que está subordinada la valoración de la prueba y, en esas circunstancias, el pronunciamiento que contiene esos defectos no constituye un acto juridiccional válido ... este defecto de fundamentación constituye una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resiente la motivación lógica del fallo, y desatiende el mandato de los artículos 123 y 404 inc 2 del CPPN, en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas en la causa" (CNCP- Sala III "Cabral, Jorge Carlos s/recurso de casación", rta. del 18/12/1996).

A partir de lo expuesto, del análisis de los fundamentos del recurso impetrado se advierte únicamente una discrepancia con la valoración de las pruebas realizada por la Sra. Juez de Grado en la sentencia impugnada. Es decir la crítica se traduce solo en poner en duda la solidez de dichas pruebas para conformar un cuadro probatorio suficiente que permita acreditar con el grado de certeza necesario la conducta endilgada al encartado.

En razón de ello, es dable afirmar que los argumentos brindados por el recurrente encierran solo un problema típico de apreciación y valoración de la prueba en principio propia de los Jueces del debate. En efecto, en el caso, el impugnante se limita a cuestionar la calidad de "testigo" del preventor Bravo, que la reventa de entradas se encuentre debidamente acreditada y la presunta carencia de debida fundamentación del resolutorio recurrido; es decir claramente se refiere a cuestiones probatorias ajenas al remedio procesal intentado -atento lo antes expresado- y que implican únicamente una discrepancia con la valoración efectuada por la Magistrada.

Asimismo, y en cuanto a la pretendida carencia de fundamentación del decisorio en crisis, es dable mencionar que lo expuesto por el impugnante no alcanza para demostrar que la motivación de la sentencia no fue suficiente, es decir que no ha expresado las razones de lo decidido vulnerando por ello el derecho de defensa en juicio.

En razón de lo expuesto, los argumentos rendidos por el impugnante no alcanzan para denunciar un caso de arbitrariedad que habilite la competencia revisora de esta Alzada, por tanto corresponde declarar inadmisible el remedio procesal intentado en relación al agravio analizado.

II.- Violación de la ley.

Tampoco presenta un caso hábil para excitar la competencia de este Tribunal el agravio que se vincula con la violación al principio de inocencia a partir de la presunta inversión de la carga probatoria, por los argumentos que a continuación se expondrán.

Así, y como bien afirma el Sr. Fiscal de Cámara, la expresión errónea por parte de la Magistrada al afirmar que "(e)l presunto infractor ... tampoco pudo probar su falta de responsabilidad ..." (fs. 78) no significa una inversión de la carga probatoria y por tanto el deber del imputado de demostrar su inocencia como alega el recurrente, sino que se refiere a lo dispuesto por el art. 5 de la Ley Nº 1217, en cuanto confiere al acta de faltas debidamente confeccionada el valor probatorio suficiente para acreditar la comisión de la presunta infracción.

En este punto la norma antes mencionada establece "(E)l acta de comprobación de faltas que reúna los requisitos del artículo 3º se considera, salvo prueba en contrario, prueba suficiente de la comisión de las mismas". Es decir, es claro que la Judicante no ha efectuado una inversión de la carga probatoria vulnerando el principio de inocencia -que constituiría un supuesto de violación de la ley- sino que tan solo se ha limitado a hacer aplicación de la presunción iuris tantum establecida por la norma antes citada. En razón de ello, corresponde desestimar como supuesto de viabilidad del recurso el agravio antes analizado.

Por lo expuesto, en mérito al acuerdo que antecede, a las normas legales y los antecedentes jurisprudenciales citados, el Tribunal, RESUELVE:

Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, obrante a fs. 81/83 de la presente (arts 56 y 57 1217).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente devuélvase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí.

RI Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y deFaltas