Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-30


2º Instancia.- Buenos Aires, junio 30 de 2009.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? La doctora Míguez dijo:

I. Hechos del caso.

1) Hugo Alberto Bentancor y María Alcira Aranda demandaron a Caja de Seguros de Vida S.A. (en adelante "La Caja") una indemnización por daños y perjuicios calculada en la suma de pesos ochenta mil ochocientos cincuenta y cuatro ($ 80.854) -comprensiva del capital asegurado y daño moral- o lo que en más o en menos surgiere de las probanzas a producirse, con más los intereses indicados infra y costas.

Relataron que Bentancor se desempeñó laboralmente a las órdenes de Siderca S.A.I.C., empresa a la que ingresó plenamente capacitado en el año 1975, y en la cual debió cumplir horarios rotativos, situación que le causó perjuicios no sólo en el sueño y en su fisiología, sino también en su convivencia social.

Manifestaron que en su condición de empleado, el actor era beneficiario de dos pólizas de seguro de vida colectivo contratadas con la contraria, cuyo riesgo cubierto era la incapacidad total y permanente. Refirieron también haber abonado una tercera póliza con idéntica cobertura, a favor de Aranda, cónyuge del demandante.

Así las cosas, especificaron que a la época en que Bentancor cesó en su empleo (28/06/1999, véase copia de acuerdo de fs. 287), tanto él como la restante coactora padecían una incapacidad física de cuyo grado se anoticiaron ulteriormente, dada la imposibilidad de acceder a otras labores en relación de dependencia.

En tal sentido, arguyeron que luego de practicarse los pertinentes estudios médicos tomaron conocimiento de que ambos eran portadores de una incapacidad total y absoluta (en el caso de Bentancor, originada en una artrosis de columna sintomática, a lo que se sumaban hipoacusia traumática, várices bilaterales, daño visual y daño psicológico; y en el supuesto de Aranda, generada por una enfermedad varicosa bilateral a predomino derecho, lumbalgia crónica, gonalgia bilateral, epoc, disminución de agudeza visual y daño psicológico), razón por la cual procedieron a efectuar las denuncias ante el principal (Siderca S.A.I.C.) -tomador del seguro-, el día 14/08/2000. Refirieron que, sin embargo, la demandada -en su condición de obligada al pago del seguro- nunca respondió a tales denuncias.

En ese marco, entendieron que habiendo transcurrido el plazo de los arts. 49 y 56 LS, sin que "La Caja" hubiese rechazado los siniestros o, al menos, hecho revisar a su parte para comprobar las incapacidades denunciadas, se había producido automáticamente el reconocimiento de aquéllos y la consiguiente obligación de cumplir con el pago de las coberturas contratadas, cancelaciones -éstas- que hasta la introducción de la demanda no habían tenido lugar.

Finalmente los accionantes practicaron liquidación y requirieron la aplicación de intereses moratorios desde la fecha de cese de la relación laboral, así como de intereses sancionatorios, en atención a la conducta dilatoria y obstruccionista presuntamente observada por la aseguradora en lo que al pago de la cobertura respecta.

2) Corrido el traslado de ley, Caja de Seguros de Vida S.A. contestó demanda a fs. 44/50, solicitando su rechazo, con costas.

Como primera defensa, la demandada opuso -por un lado- la excepción de falta de personería (declarada extemporánea y rechazada por el a quo a fs. 51) y -por otro- la de prescripción. Respecto de esta última, "La Caja" justificó su procedencia sobre la base de que los actores dejaron transcurrir el plazo de un (1) año previsto en las pólizas (y en la ley) para exigir la cobertura del siniestro. En tal sentido, la compañía de seguros refirió que el último aporte de primas había sido concretado por los demandantes en el mes de julio de 1999, habiendo su parte tomado conocimiento de tales reclamos más de un año después de abonada la última cuota del seguro.

A mayor abundamiento, la accionada alegó la falta de denuncia del siniestro de parte de los pretensores -invocando la caducidad prevista en el art. 46 LS- y en razón de ello negó la configuración del riesgo asegurado.

Por último, concretó el rechazo pormenorizado de los hechos invocados por los actores, para concluir señalando que la contraria nada podía exigir a su parte.

II. La sentencia recurrida.

En su fallo de primera instancia el a quo: i) rechazó la excepción de prescripción articulada por la demandada, ii) acogió -en lo sustancial- la demanda promovida por los accionantes contra "La Caja", a quien condenó a abonar a aquéllos la suma de pesos ochenta mil seiscientos noventa y dos c/50 cvs. ($ 80.692,50), iii) desestimó el pedido de aplicación de intereses sancionatorios y, iv) finalmente, impuso las costas a la demandada (art. 68 CPCCN) (fs. 889/910).

Para así resolver, el a quo ponderó:

i) Que no se hallaba controvertido que Bentancor fue empleado de SIDERCA S.A.I.C. desde el 25/03/1975 hasta el 28/06/1999.

ii) Que en consecuencia, si bien la vigencia de la cobertura de las pólizas se había extendido hasta el 31/07/1999 (último mes de pago de las primas por parte de los accionantes), lo cierto es que el plazo de prescripción no había alcanzado a cumplirse en el sub examine, al verificarse: a) que las patologías del actor fueron certificadas por un médico recién el 24/04/2000 (esto es, menos de un año después de la desvinculación laboral de Bentancor con SIDERCA S.A.I.C., sociedad tomadora del seguro) y, b) que las denuncias habían sido entregadas al principal el 14/08/2000, es decir, bastante antes de que se cumpliesen los tres (3) años contemplados en el art. 58, párrafo 4º LS, como límite del término de la prescripción.

iii) Que al no haberse controvertido que el empleador recibió las denuncias de los siniestros (cumpliendo los accionantes con la carga legal impuesta a su parte), resultaba objetable que la demandada pretendiese ampararse en la circunstancia de que Siderca S.A.I.C. hubiese omitido comunicarle lo relativo a tales presentaciones, máxime considerando que una vez presentada la denuncia por ante el principal, el asegurado queda liberado de la carga impuesta por la ley en tal sentido.

iv) Que de las probanzas obrantes en el sub lite se extraía: a) que el actor y su cónyuge estaban amparados por las pólizas de seguro de vida colectivo nº 13.071, nº 13.071/C y nº 9873397 y, b) que los demandantes padecían la incapacidad cubierta por tales pólizas.

v) Que, consiguientemente, debía acogerse la demanda, tomando como parámetro de referencia para el cálculo de la indemnización solicitada en concepto de las tres (3) pólizas, la mejor remuneración desembolsada al actor en mayo de 1998, por $ 1.574,25 (emergente del acuerdo celebrado el 02/08/1999 entre Bentancor y la tomadora del seguro), lo que arrojaba un importe de $ 67.692,50, con más intereses. A dicho monto cabía, finalmente, adicionar la suma de $ 13.000, reconocidos en concepto de resarcimiento por daño moral.

vi) Que, sin embargo, no cabía hacer lugar a los intereses sancionatorios impetrados por los accionantes, al no haberse acreditado la existencia de los recaudos comprendidos en el art. 45 CPCCN para su otorgamiento.

III. Los agravios.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron tanto la parte actora, a fs. 911, como la demandada, a fs. 949.

"La Caja" expresó agravios mediante el escrito que obra a fs. 958/963, que mereció la réplica de su contraria a fs. 965/978. De su lado, al no haber cumplido los accionantes con la carga prevista por el art. 259 CPCCN, su recurso fue declarado desierto por este Tribunal (fs. 912).

La aseguradora demandada sostuvo -en primer lugar- que debió acogerse la excepción de prescripción deducida por su parte, pues desde el cese de la vigencia de la cobertura asegurativa de las pólizas comprometidas (31/07/1999) hasta el día en que los actores presentaron la denuncia al empleador (14/08/2000), había resultado claramente excedido el plazo de un (1) año contenido en el art. 58, párr. 1º LS. Subsidiariamente señaló: i) que el a quo efectuó una errónea apreciación del monto comprendido en las pólizas 13.071 y 13.071/C; ii) que la póliza nº 9873397 no era exigible a su parte, al ser el tomador quien ostentaba la condición de beneficiario; iii) que al no haber probado los demandantes la configuración del riesgo asegurado (esto es, de los siniestros denunciados), no cupo condenar a su parte al pago de indemnización alguna; y iv) finalmente, que el daño moral no procedía en reclamos como el de la especie.

IV. La solución.

1) El tema a decidir.

Descriptos del modo expuesto los reproches de la apelante, el tema a decidir en esta Alzada se centra en establecer, en primer lugar, lo relativo a la procedencia de la excepción de prescripción planteada por esa parte, para luego pasar a examinar -sólo en la hipótesis de que dicha defensa resultase inviable- la suerte de los restantes agravios esgrimidos por la quejosa, concernientes a la exigibilidad y quantum de la indemnización demandada.

Al estudio de tales cuestiones habré de abocarme seguidamente.

2) En torno a la prescripción en el contrato de seguro de vida colectivo.

Como es sabido, las partes en el seguro de vida colectivo no se coinciden exactamente con aquéllas que usualmente intervienen en los denominados "seguros patrimoniales individuales" (donde por lo general una misma persona reúne las condiciones de tomador del seguro y de asegurado), lo que -ciertamente- posee incidencia en lo que al alcance de la prescripción de las acciones en cabeza de uno y otro sujeto partícipe de la operatoria respecta.

En efecto: el contrato de seguro colectivo es un contrato que, por regla, es celebrado en favor de un tercero, donde el tomador (en este caso, Siderca S.A.I.C.), que actúa en nombre propio, estipula la cobertura con la aseguradora (en el sub lite, "La Caja"), no en su propio interés, sino en el de cada uno de los asegurados o adherentes (Bentancor y Aranda). Ello pues la nota esencial de este tipo de seguros es la de que cada uno de los integrantes del grupo se hallan unidos con el tomador por una relación contractual (sustancial) de la misma naturaleza, como lo es -en la especie- la relación de dependencia laboral (cfr. Lambert Faivre, Yvonne, "Droit des assurances", Ed. Dalloz, París, 2001, Nº 919, p. 741).

En ese marco, la aseguradora se convierte en obligada, y el asegurado -que es un sujeto ajeno a la celebración del contrato- se constituye en tercero, en cuyo favor estipulan el tomador y la aseguradora, adquiriendo -por lo tanto- la condición de titular de interés asegurado (cfr. Stiglitz, Rubén, "Derecho de Seguros", La Ley, tomo I, Buenos Aires, 2008, ps. 204/205).

Así pues, en el seguro colectivo de vida o de accidentes personales, la regla general se halla constituida por la disociación entre la persona del tomador y la del asegurado, contrariamente a lo que acontece en el seguro patrimonial individual, respecto del cual (como bien se adelantó) existe una coincidencia de ambas figuras, salvo en los supuestos de seguro por cuenta ajena.

Aclarado este aspecto, vale afirmar que si bien el seguro colectivo se celebra por cuenta y en interés del asegurado (que, como se dijo, es un tercero en la contratación), ello no obsta a que este último -en su rol de integrante del grupo adherente- pueda designar a otra persona distinta como beneficiario (arg. art. 153 LS), que de este modo adquiere la condición de destinatario de la cobertura en la hipótesis de que se llegare a producirse el siniestro amparado por el seguro (vgr. muerte del asegurado en un accidente laboral).

De allí que pueda afirmarse, por un lado, que el asegurado es la persona titular del interés sobre cuyo riesgo se contrata el seguro -y que, generalmente (pero no siempre), es el sujeto sobre el cual recae la cobertura del seguro- y por otro, que el beneficiario (en sentido estricto) es la persona ajena al riesgo asegurado a cuyo favor se constituye un seguro y que por ello ostenta el derecho de percibir la prestación indemnizatoria del asegurador (cfr. Tanghe, Carlos A., "Glosario de Términos de Seguro", Seguros I, Academia Judicial Internacional -I.J.A- Coordinador Juan Carlos Dupuy, La Ley, Buenos Aires, p. 227 y ss.).

Tal distinción conlleva a aseverar que, en los seguros colectivos de vida y de accidentes personales, el asegurado y el beneficiario propiamente dicho (en la hipótesis que se hubiese postulado la existencia de esta última figura jurídica en el contrato) son, técnicamente, personas diferentes, aunque -bueno es destacarlo- los usos y costumbres han llevado a confundir indebidamente ambas calidades, lo que ha dado lugar -como es de imaginar- a imprecisas interpretaciones respecto del alcance de ciertos artículos contenidos en la ley que rige la materia.

A modo de ejemplo, traigo a colación a que si bien un sector de la doctrina equipara, v.gr., en el supuesto establecido en el art. 156 LS, la figura del beneficiario con la del asegurado (vgr. Stiglitz, ob. cit., tomo I, p. 205), lo cierto es que una atenta revisión del asunto obliga a señalar que dicha norma atribuye el carácter de beneficiario, no al asegurado, sino al tomador del seguro, que también puede ser beneficiario de la cobertura. Repárese en que el artículo en cuestión estipula que "el contratante del seguro colectivo" (que no es otro más que el tomador, toda vez que el asegurado no es contratante de este tipo de seguros) puede ser asegurado cuando personalmente integre el grupo por los accidentes que él mismo sufra, o cuando tenga un interés económico en la vida de un integrante y por el monto de ese interés (como acontece, vgr., en el supuesto del técnico contratado que debe ser reemplazado mientras dura la incapacidad; o por los gastos que puedan imponer al tomador en razón de esa incapacidad, como gastos de viaje del accidentado) (cfr. Halperín, Isaac - Barbato, Nicolás, "Seguros", Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, p. 93).

Pues bien: la precedente disquisición conceptual -esto es, la que permite diferenciar las figuras del asegurado y del beneficiario propiamente dicho, siempre y cuando se hubiese pactado la existencia de esta última figura en forma autónoma- resulta relevante toda vez que la ley 17.418 -en su art. 58- efectúa un distingo respecto de los plazos de prescripción, al estipular -en primer lugar- que "las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un (1) año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible", para luego agregar que "en el seguro de vida, el plazo de prescripción para el beneficiario se computa desde que conoce la existencia del beneficio, pero en ningún caso" puede exceder "de tres (3) años desde el siniestro" (art. 58, último párrrafo).

Efectuando una interpretación sistémica y armónica de la norma -de la que emanan dos términos de prescripción distintos-, resulta procedente postular que:

i) La regla, tanto respecto del tomador que contrata el seguro, como del asegurado y del beneficiario que conoce la situación de exigibilidad del seguro, es la prevista en el primer párrafo del art. 58 LS. Es decir, rige para los tres casos el plazo de prescripción anual, cuyo cómputo se inicia a partir de la exigibilidad de la obligación.

Bajo ese encuadre, en el tipo de seguros bajo estudio, el curso de la prescripción se inicia: a) a partir del momento en que se evidencia la invalidez total y permanente del asegurado, b) cuando el asegurado cesa en la relación laboral, lo que origina (en los términos del art. 155 LS) que deje de pertenecer definitivamente al grupo protegido y, que -de ese modo- quede excluido del seguro desde ese momento, salvo que existiese pacto en contrario, y c) cuando el asegurado obtiene la jubilación por invalidez (cfr. esta CNCom., esta Sala A, del voto del Dr. Kölliker Frers, 06/12/2007, in re: "Gordillo, Antonio Alberto c. Caja de Seguros"; idem, 13/12/2007, del voto de la Dra. Uzal, in re: "Ifran, Carlos Rubén c. Caja de Seguros de Vida S.A."; idem, Sala E, 09/11/2004, in re: "Varrenti J. c. American Life Insurance", JA, 2007-I-síntesis; CNFed. Civ. y Com., Sala III, 27/12/2001, in re: "Vilca E. c. Caja Nacional de Ahorro y Seguro", LA LEY, 2003-A, 854; Stiglitz, ob. cit., tomo III, p. 349).

ii) La única excepción a la regla antedicha está dada por el art. 58, última parte de la LS, que extiende a tres (3) años el plazo de la prescripción solamente a los beneficiarios de los seguros de vida que ignoran que revisten dicha calidad, importando -pues- la previsión de un límite final para el supuesto de conocimiento tardío respecto del derecho al cobro de la cobertura contratada por el tomador, siempre y cuando exista un beneficiario propiamente dicho (cfr. CNFed. Civ. y Com., Sala II, 17/05/1996, in re: "Enríquez, Raúl c. Caja Nacional de Ahorro y Seguro y otro", LA LEY, 1996-D, 861).

Respecto de esto último, viene al caso recordar que en algunas ocasiones -particularmente en el seguro de vida- el beneficiario ignora la muerte del asegurado, o si ha tomado conocimiento de tal hecho, lo que ignora es su condición de beneficiario acreedor a la cobertura del seguro.

Debe entonces considerarse que la lógica propia del régimen de prescripción liberatoria sentado en el art. 58 LS, último párrafo, insta a la búsqueda de un equilibrio en el tiempo habido entre el conocimiento de la condición de beneficiario y el curso de la prescripción, pero -como se viene señalando- únicamente respecto del beneficiario que ignora su calidad de tal, ya que el derecho no tolera que quien desconoce la existencia de un beneficio termine privado del mismo, pues el instituto de la prescripción -no está de más decirlo- sanciona la inacción o el no ejercicio de un derecho conocido. Sin embargo -y paralelamente- tampoco debe perderse de vista que el instituto bajo estudio no consiente de modo alguno que las relaciones jurídicas inciertas se perpetúen indefinidamente, pues ello atentaría contra la seguridad jurídica.

Al respecto, esta Sala tiene dicho que, dentro de las instituciones esenciales en la vida de las obligaciones y de los derechos subjetivos en general, la prescripción ocupa un lugar esencial. Con razón la identificó Planiol como una de las instituciones más necesarias del derecho común para la paz social (Planiol, Marcel, Traité Élémentaire de Droit Civil, t. 2, Libraire de Droit & Jurisprudence, Paris, 1917, ps. 200/201). En esa línea de ideas, nuestro Máximo Tribunal ha señalado que constituye una necesidad social la de no mantener pendientes las relaciones de derecho sin que sean definidas en un plazo prudencial y respetar las situaciones que deben considerarse consolidadas por el transcurso del tiempo (Fallos, 316:871). Ello, pues la prescripción tiene por fundamento la necesidad de preservar la seguridad jurídica, evitando la sustanciación de pleitos en los que se pretenda ventilar cuestiones añejas que, en el momento oportuno, no fueron esgrimidas por el interesado, configurando una inacción, inercia o negligencia que la ley interpreta como desinterés y abandono del derecho por parte de aquél (cfr. disidencia de los Dres. Petracchi, Cavagna Martínez y Moliné O' Connor; Fallos, T. 316, p. 871). Es que, sin el instituto de la prescripción, no habría derechos bien definidos y firmes, desde que éstos estarían sujetos a una constante revisión desde sus orígenes (esta CNCom., esta Sala A, 28/06/2007, del voto de la Dra. Uzal, in re: "Daly y Compañía S.A. s/quiebra c/Cadbury Schweppes Public Limited y otro"; idem, 04/12/2008, del voto del Dr. Kölliker Frers, in re: "Transportes Tafi de Muñoz Oscar y ot. C. YPF S.A.").

En ese sentido ha dicho también nuestro Máximo Tribunal que "el derecho es, muchas veces, un compromiso entre la seguridad y la justicia. Quizás en ninguna otra institución jurídica resulte eso tan patente como en la prescripción. La justicia parece pedir que todas las deudas se paguen; la seguridad exige que las acciones tengan un término. La prescripción viene a ser así un instrumento de seguridad, de paz social. La ley quiere que los conflictos humanos se ventilen y resuelvan dentro de plazos razonables; que ellos no se mantengan indefinidamente latentes, ni en estado de perpetua suspensión..." (Fallos: 266:77).

Bajo ese encuadre, resulta razonable que el legislador haya declarado, por un lado, que el curso de la prescripción anual (art. 54, párrafo primero LS) arranque desde el momento mismo en que la obligación deviene exigible, y por otro lado, que haya decidido -respecto del beneficiario propiamente dicho (esto es, aquella persona distinta del asegurado y del tomador del seguro) que ignore la exigibilidad de la cobertura- el establecimiento de un plazo trienal (computado desde la producción del siniestro) en aras a preservar el equilibrio que debe haber entre el dies a quo específico, previsto en el art. 58, último párrafo LS y la inestabilidad o incertidumbre respecto de si el derecho habrá de ser -o no- ejercitado.

De lo hasta aquí dicho, cabe colegir que el plazo de prescripción de tres (3) años -computado desde la verificación del siniestro- gobierna únicamente la situación del beneficiario que ignora su condición de tal, mas no la del beneficiario conocedor de la existencia del beneficio, ni menos aún -en el supuesto de que no se hubiese pactado en un caso concreto la figura del beneficiario propiamente dicho- la del asegurado/beneficiario (que puede concretar los estudios médicos pertinentes dentro del plazo anual para verificar sus condiciones de salud) y la del tomador-beneficiario, para quienes rige la regla contenida en el art. 58, párrafo 1º LS.

3) Plazo de prescripción aplicable al sub examine.

Llegado a este punto, estimo oportuno destacar que tanto Bentancor como Aranda revestían la calidad de asegurados (véase peritación contable, ptos c y d, fs. 595 y vta.), resultando -por ende- aplicable respecto de ambos la prescripción anual prevista en el art. 58, párrafo 1º LS, para el inicio de las acciones tendientes al cobro de la cobertura pactada.

No paso por alto que en la demanda se alude -impropiamente- a la condición lisa y llana de "beneficiarios" de los reclamantes, pero tal como se vio supra, dicha caracterización resulta técnicamente incorrecta en este tipo de seguros, donde la condición de asegurado-beneficiario (ello es, de asegurado con derecho de percibir la prestación indemnizatoria a cargo del asegurador, en el supuesto de que no se hubiese nombrado un beneficiario) difiere, claramente, de la del beneficiario propiamente dicho. Aún en el mejor de los casos, en el supuesto de haber revestido los demandantes la calidad de "beneficiarios", se hubiese tratado de "beneficiarios conocedores del beneficio", para quienes también rige -conforme se adelantó- el plazo de prescripción anual (en igual sentido, cfr. Stiglitz, ob. cit., tomo III, p. 352).

Efectuada la precedente aclaración, corresponde señalar que:

i) Conforme se extrae de la peritación contable, de los listados analíticos mensuales remitidos por SIDERCA S.A.I.C. a la aseguradora demandada, surge que el actor estuvo asegurado mediante la póliza nº 13.071 hasta el último día de julio de 1999 y su cónyuge (mediante otra póliza similar), hasta el último día de junio de 1999 (véase respuesta a punto c, fs. 597vta.). Tal circunstancia determinó que a partir de entonces, los demandantes dejaran de pertenecer definitivamente al grupo asegurado (art. 155 LS), quedando cubiertos únicamente por los siniestros que hubiesen acaecido durante el tiempo de vigencia de la cobertura, siempre y cuando hubiesen hecho valer sus derechos (con la denuncia del hecho siniestral) dentro del plazo de un año, estipulado por el art. 58, párr. 1º LS como término de prescripción para el ejercicio de la acción.

ii) Respecto de la póliza ...., el experto contable aclaró que su beneficiario fue el tomador del seguro (Siderca S.A.I.C.) y no los asegurados, por lo que frente a la ocurrencia del siniestro no correspondía reconocer suma alguna a estos últimos en concepto de cobertura asegurativa (véase respuesta a punto c, fs. 596/597 vta.). Ergo, los accionantes tenían derecho a reclamar tan sólo la cobertura de las dos (2) pólizas mencionadas precedentemente (nº .. y ..).

iii) Así las cosas, no se halla controvertido que los accionantes presentaron sus denuncias por ante el principal recién el 14/08/2000 (véase contestación a oficio de OCA, fs. 254), esto es, en el caso de Bentancor, un (1) año y catorce (14) días de transcurrido el último mes en el que se abonó la prima del seguro (coincidente con la época del cese de la relación laboral y consiguiente inicio del cómputo de la prescripción del seguro), y en el de Aranda, un (1) año, un (1) mes y catorce (14) días de ser pagada la última prima (y consiguientemente, de dejar de pertenecer -en los términos del art. 155 LS- al grupo asegurado).

A mayor abundamiento, traigo a colación que el actor tenía conocimiento de la incapacidad absoluta y permanente que presuntamente lo aquejaba, aún antes de producirse el cese de la relación laboral. Ello pues, tal como él mismo hizo constar en el acta-acuerdo firmada con el apoderado de Siderca S.A.I.C. el 01/08/1999 (más de un año antes de presentar la denuncia del siniestro), ya para entonces padecía de la incapacidad antedicha "provocada por las siguientes dolencias: hipoacusia perceptiva bilateral, problemas columnarios, artrosis generalizada, lumbalgia por artrosis, gonalgia, hipertensión, várices, insuficiencia respiratoria, neurosis de angustia y afecciones derivadas del stress laboral" (véase copia de acuerdo, anejada en la contestación a oficio efectuada por Siderca S.A.I.C., fs. 287/288).

De allí que, en el caso concreto de Bentancor, la prescripción comenzó a correr incluso antes de la terminación de la relación laboral, al verificarse que aquél había estado al tanto de la invalidez padecida (o al menos tenía una conciencia razonable de la incapacidad alegada), omitiendo efectuar la pertinente denuncia por ante la aseguradora en tiempo oportuno.

iv) A esta altura del análisis, no resta sino concluir en que tratándose los actores de sujetos asegurados (y no de beneficiarios que ignoraban su condición de tales), el derecho a exigir el pago de las coberturas reclamadas en concepto de las pólizas nº .. y .. había prescripto a la época en que éstos presentaron las respectivas denuncias por ante el principal (art. 58, párrafo primero LS).

v) Finalmente, no se observa la existencia (o al menos no se ha probado lo contrario) de actos interruptivos ni suspensivos de la prescripción, toda vez que la primera exteriorización de los actores para ejercitar su derecho -habiendo ya dejado de pertenecer al grupo asegurado- tuvo lugar (conforme se adelantó) recién el 14/08/2000, ello es, una vez transcurrido el año mentado por el art. 54, párrafo primero LS.

No paso por alto que esta Sala -en su anterior composición- refirió que la acción para exigir el seguro podía nacer incluso después del año, frente al evento de que el siniestro se manifestase con posterioridad, al tornarse -recién entonces- exigible la prestación y el riesgo asegurado (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 12/11/1999, in re: "Albo, María Alejandra c. Telefónica de Argentina S.A.").

Sin embargo, tiempo después, este Tribunal (también en una anterior composición) modificó tal criterio, in re: "Ully, Eduardo c. Sur Seguros de Vida" (del 08/09/2004) al compartir en líneas generales -con el entonces a quo allí interviniente- que el plazo de prescripción corría indefectiblemente desde el cese de la relación laboral.

En ese orden de ideas, resta especificar que la postura sentada in re: "Albo...", cit. supra, terminó siendo desterrada definitivamente por esta Sala -en su actual composición- in re: "Gordillo, Antonio Alberto c. Caja de Seguros" (del 06/12/2007), aunque -vale destacarlo- con una concepción más restringida que la propuesta en este voto, al llegar a afirmarse en aquel litigio que la cobertura cesaba "al retirarse el empleado del servicio activo" del principal, sin importar siquiera si había llegado a cumplirse el plazo de un año contenido en el art. 58 LS.

Así las cosas, es indudable que el legislador ha adoptado respecto de los seguros en general, plazos breves de caducidad y prescripción (cfr. C.N.Civ.Com.Fed, Sala III, 04/10/1995, in re: "Cáceres Raúl c. Caja Nacional de Ahorro y Seguro"), por lo que en supuestos como el aquí ventilado, no parece armonizar con el sistema el hecho de dejar abiertas las acciones indefinidamente al tiempo en el que el asegurado-beneficiario del seguro "tome conocimiento" del siniestro, aunque fuese mucho después de transcurrido un año contado a partir del día en que dejó de pertenecer al grupo asegurado (cfr. arg. art. 155 LS).

Sostener lo contrario significaría atribuir al desconocimiento del asegurado-beneficiario de su derecho al cobro de la cobertura, un efecto desmesurado que no mantiene con respecto a otros derechos, y que implicaría tanto como tornar imprescriptible transitoriamente a una acción prescriptible, juntando así dos contrarios, la imprescriptibilidad y la prescriptibilidad, lo que -ciertamente- escapa a toda lógica jurídica.

A tales razones se suma la no poco significativa circunstancia de que cuando el legislador ha querido prolongar el plazo de prescripción para el reclamo del seguro, lo ha hecho, tal como ocurre -según se vio- con el caso del beneficiario que ignora la existencia del beneficio (art. 58, cuarto párrafo). Y sin embargo, incluso respecto de este supuesto excepcional se fijó el plazo límite de la prescripción en tres (3) años desde la producción del siniestro, que una vez fenecido, de modo alguno puede ser aprovechado por el beneficiario para el cobro comprometido por la aseguradora.

4) La conclusión Sobre la base de lo manifestado -habiendo transcurrido más de un año entre el día en que los actores dejaron de pertenecer al grupo asegurado y aquél en el que presentaron la denuncia ante el principal- cabe, pues, acoger la excepción de prescripción deducida por la aseguradora accionada, rechazar la demanda y -consiguientemente- revocar la sentencia de la anterior instancia en forma íntegra.

5) Las costas Habida cuenta que lo hasta aquí expuesto determina -como se dijo- la revocación de la sentencia de grado, tal circunstancia impone revisar la imposición de costas efectuada en la anterior instancia, debiendo este Tribunal expedirse nuevamente sobre este particular, en orden a lo previsto por el art. 279 del CPCCN.

Sabido es que en nuestro sistema procesal, los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél. Ello así en la medida que las costas son en nuestro régimen procesal corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y 558 CPCCN) y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido. Pero ésa es sólo la regla general ya que la ley también faculta al Juez a eximir de las costas al vencido, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss. CPCCN). Pero ello, esto es la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso-, procede en todos aquellos casos en que, por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación, se hace menester un apartamiento de la regla general (cfr. Colombo, Carlos - Kiper, Claudio, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº I, p. 491).

Pues bien, ponderando tales parámetros, entiendo que, no existiendo motivos para efectuar un apartamiento de la regla general, las costas de ambas instancias deberán ser afrontadas por la parte accionante, aquí vencida (art. 68 y 279 CPCCN).

V. Veredicto.

Por lo hasta aquí expuesto, entonces, propongo al Acuerdo:

i) Acoger el recurso de apelación opuesto por la parte demandada, haciendo lugar al planteo de prescripción deducido por Caja de Seguros de Vida S.A.

ii) En consecuencia, revocar la sentencia de la anterior instancia, disponiendo la absolución de la accionada.

iii) Imponer las costas de ambas instancias a los actores, dada su condición de vencidos (arts. 68 y 279 CPCCN).

Así expido mi voto.

La doctora Uzal dijo:

i) Si bien coincido plenamente con los fundamentos expuestos por mi distinguida colega Dra. Isabel Míguez en cuanto a la solución del litigio respecto del coaccionante Hugo Alberto Bentancor, discrepo con los fundamentos esgrimidos para sostener la procedencia de la excepción de prescripción respecto de la coactora María Alcira Aranda.

ii) En primer término, cabe recordar que la prescripción presume como elemento esencial la inacción o inactividad del acreedor o titular de un derecho y no podría imputársele tal inacción mientras no pueda legalmente reclamar el pago de su crédito. Por ello es que, como lo enseñan los autores, lo confirma la jurisprudencia y resulta de preceptos como los arts. 3956 a 3960 de nuestro Código Civil, el término o plazo de prescripción de un derecho creditorio sólo empieza a correr o computarse desde el momento en que puede ser exigido el cumplimiento o pago de ese derecho. Vale decir, desde que media actio nata, desde que nace la acción correlativa a ese derecho, o sea, desde que éste es exigible y está abierta y expedita la acción del acreedor para demandar el cumplimiento de la obligación de que es titular. Por consiguiente y como lo confirma el art. 3957 CCiv., la prescripción "no amenaza" -como dice Josserand- a un crédito a término, ni a un crédito bajo condición suspensiva, porque tales derechos no son exigibles mientras no venza aquel término o se cumpla esa condición. El art. 3956 CCiv., por su lado, consagrando un principio que es aplicación del concepto universal dispone que "la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación". La palabra título, contenida en este art. 3956 significa en sentido estricto, el documento o instrumento en que consta la obligación, pero debe ser interpretada con amplitud, al aplicar esa norma cuando debe ser incluida en ella la referencia a los actos o hechos que dieron origen a la obligación, haya o no instrumento. En las acciones indemnizatorias el "título" es el hecho que origina el daño y mientras tal hecho continúe, la fecha del título sigue siendo actual.

En ese marco, comparto como criterio pues, -como se ha señalado supra- que mientras el hecho que origina el daño continúa, el título de la obligación de resarcir, previsto por el art. 3956 C.Civil, sigue siendo actual (conf. Rezzónico, Luis María, "Estudio de las obligaciones", V. 2 Ed. De Palma, Buenos Aires, 1966, pág. 1114/5 y notas 17 bis y 19) y siguiendo esta idea, con más precisión, estimo que tiene relevancia también en el caso, el conocimiento del hecho por la accionante y debe distinguirse entre la posibilidad de reclamar desde tal conocimiento, pues desde entonces queda la acción abierta y expedita y el momento a partir del cual la acción comienza a prescribir, que en el caso, recién se inicia a partir del momento en que cesó de producirse el daño que habilita el reclamo. Repárese en que, de otra forma, la acción podría extinguirse por prescripción y el daño continuar con sus efectos.

En este marco, pues, en las acciones derivadas del contrato de seguro, como en todas las acciones, la prescripción comienza en cuanto, acaecido el siniestro, pueda hacerse valer el derecho en la justicia (art. 58 inc. 1º Ley de Seguros y art. 3957, Cód. Civil).

Sentado ello, es de menester dejar aclarado que tal como lo expresara la Vocal preopinante, en el marco del seguro colectivo, -tal el supuesto en la especie-, igual que en el seguro de accidentes personales, el curso del cómputo de la prescripción puede iniciarse, según el caso: a) cuando hubiese obtenido el beneficio de la jubilación por invalidez; o b) cuando cesó en la relación laboral; o c) desde que el actor tomó conocimiento cierto de la invalidez total y permanente que lo aqueja (véase en esta línea de ideas Stiglitz, Rubén S., "Derecho de Seguros", T. III, Ed. La Ley, Buenos Aires 2004, pág. 348/9; esta CNCom. esta Sala A, 12/11/1999, in re: "Albo, María Alejandra c/Telefónica de Argentina").

Estimo claro que se trata en la especie de tres supuestos diferentes en los que se dan distintos principios del cómputo que nos ocupa.

Así pues, de darse el supuesto de jubilación por invalidez, éste presupone además, sin ninguna duda, el conocimiento del estado de invalidez a partir de entonces. Ello así, toda vez que en el seguro colectivo, debe concederse el beneficio provisional de invalidez, acreditando acabadamente la incapacidad absoluta y permanente del asegurado (conf. esta CNCom. Sala D, 28/02/1992, in re: "Ibáñez Antonio c/La Buenos Aires Cía Arg. De Seguros S.A. s/ordinario").

Por otro lado, la ocurrencia de la segunda de las hipótesis indicadas, esto es, el cese en la relación laboral, no conlleva necesariamente la existencia de conocimiento respecto de la incapacidad, la cual puede existir, o no.

En consecuencia, si bien en principio, conforme fuera supra expuesto, al momento en el que cesa la relación laboral comienza el cómputo de la prescripción, ello se ve desvirtuado en la hipótesis de que el asegurado hubiese desconocido su incapacidad a dicho momento, comenzando, por ende, a computarse el plazo en cuestión, en el instante en que se produce efectivamente el conocimiento de la referida incapacidad, constituyéndose éste en el hito inicial de la prescripción.

En ese sentido, Halperín ha sostenido, en la misma línea que la doctrina antes señalada, que para el comienzo del plazo de la prescripción es menester que el asegurado conozca el acaecimiento del siniestro: contra non valetem agere non currit praescriptio. No obstante lo cual, deberá probar la ignorancia que alegó (Halperín, Isaac "Seguros", Ed. De Palma, Buenos Aires 1983, pág. 919).

En la especie, la situación del accionante Hugo A. Bentancor encuadra en este supuesto, dándose la particularidad de que éste, además reconoció expresamente su situación de incapacidad al suscribir el "Acta Acuerdo" con su ex empleador Siderca S.A.I.C., en fecha 2 de agosto de 1999 (véase fs. 287/92). Al respecto pues, no cabe duda respecto del inicio del computo de la prescripción en relación a él y tampoco que se encuentra configurada desde entonces, la prescripción de la acción.

En el tercer supuesto finalmente, si el daño se manifiesta con posterioridad o ha sido conocido después por la beneficiaria, la acción no nace sino hasta ese segundo momento, pues sólo a partir del momento en que la actora tomó conocimiento de la invalidez total y permanente que la aqueja acaecida del modo contractualmente previsto, aparece configurado a su respecto el "siniestro" que torna exigible la prestación (véase en esta línea, Stiglitz, obra citada, T. III, pág. 349). En efecto, el riesgo asegurado aunque pueda alcanzar un mayor o menor grado de probabilidad de materializarse por un hecho futuro, no deja de ser una mera posibilidad que requiere de otro hecho concreto posterior para convertirse en hecho actual y concreto para entender configurado propiamente el siniestro (conf. esta CNCom. esta Sala A, 12/11/1999, in re: "Albo..." citado supra).

iii) En este punto, estimo necesario efectuar unas aclaraciones adicionales en relación al precedente de esta Sala citado por mi colega la Dra. Míguez, in re: "Gordillo Antonio Alberto c/Caja de Seguros S.A. s/ordinario", toda vez que considero que no resulta aplicable en la especie, ni tiene los alcances que se le han atribuido en su voto.

En primer término, entiendo que el referido precedente, que he suscripto, no dejó de lado, bajo ningún punto de vista, la doctrina sentada por esta Sala in re: "Albo, Maria Alejandra c/Telefónica de Argentina S.A.", por el contrario, la postura allí esgrimida, no ha experimentado modificaciones en la actual composición de esta Sala.

Ello así, toda vez que en los autos "Gordillo...", citados supra, cuando se señala que la compañía de seguros no debía responder si la póliza no se encontraba en vigencia, debe entenderse, en su contexto, esto es, en el sentido de que, al momento de la ocurrencia del evento dañoso debía encontrarse en vigencia la cobertura, no siendo imprescindible que la misma subsista al momento de la denuncia del siniestro.

Por otra parte, el punto central fijado por la doctrina sentada en dicho fallo, que reedita textual el precedente de esta Sala in re: "Ully Eduardo T. c/Sur Seguros de Vida s/ordinario", apuntó a determinar frente a quien debe efectuarse la denuncia del siniestro en los casos en que la cobertura hubiese cesado al retirarse el empleado del servicio activo, cuestión que no incide en forma alguna en la solución respecto de la prescripción alegada, sin perjuicio de que, conforme se verá, dicha doctrina resultará dirimente para proceder al rechazo de la acción.

iv) Sentado lo anterior, es menester señalar sin embargo, que la coactora María Alcira Aranda no se desempeñó bajo relación laboral de SIDERCA S.A.I.C., con lo cual, su situación encuadra en la hipótesis general de un caso de cese del contrato de seguro que la vinculara a la demandada, lo cual ha acaecido con fecha 31 de junio de 1999 (véase informe del perito contador, fs. 597 vta.), a partir de entonces, pues, es claro que el siniestro debe haber acaecido dentro del plazo de cobertura y que el cese del contrato no conlleva el inicio del cómputo de la prescripción si la accionante no conocía la situación de invalidez que supuestamente la aquejaba.

En consecuencia, a los fines de dilucidar si se encuentra operada la prescripción respecto de la mencionada, resulta necesario determinar si al momento de la finalización del contrato de seguro -31.06.1999- la coaccionante conocía o no la situación de incapacidad que dijo padecer.

Ello así, toda vez que de aceptarse lo referido por aquella al interponer demanda, esto es, que tomó conocimiento de que era portadora de una incapacidad total y absoluta al denunciar el siniestro en fecha 14 de agosto de 2000 (véase fs. 11 vta.), en virtud de lo supra expuesto, no se encontraría operada la prescripción referida.

Ahora bien, con el acuerdo firmado en fecha 1 de agosto de 1999 entre Bentancor y SIDERCA S.A.I.C. -conforme fuera precedentemente señalado-, sólo se acreditó que aquél tenía conocimiento de su incapacidad absoluta y permanente (véase fs. 287/88), sin embargo, no se efectuó referencia alguna en torno a la restante coaccionante. En consecuencia, no puede presumirse el conocimiento respecto de su supuesta incapacidad al momento de la firma de la mentada "Acta-Acuerdo", en la que no intervino y que no le es oponible, por ende, tampoco al producirse el cese del vínculo contractual. Ha de tenerse en cuenta pues, la índole de las enfermedades supuestamente padecidas por María Alcira Aranda para establecer si, más allá de sus dichos, ésta pudo tener conocimiento de su enfermedad al tiempo del cese de la relación contractual para poder iniciar desde entonces el cómputo de la prescripción.

En efecto, nótese que conforme surge del "informe del médico asistente sobre la incapacidad del asegurado", efectuado por el Dr. Angel Tuero, la Sra. Aranda se encontraba afectada por: i) enfermedad varicosa bilateral con predominio derecho; ii) lumbalgia crónica; iii) gonalgia bilateral; iv) EPOC (enfermedad pulmonar obstrutiva crónica) y; v) disminución de la agudeza visual (véase fs. 6 vta.), todas ellas enfermedades cuya sintomatología, debió ser percibida y advertida por la paciente con cierta antelación, toda vez que ya por entonces la enfermedad debía haber provocado una invalidez total y permanente (artículo 15, conf. endoso Nº 91) como la requerida para tener por configurado el riesgo asegurado.

Ahora bien más allá de que la incapacidad tuvo que haberse producido mientras la cobertura estuvo vigente, lo cierto es que debió haberse configurado tal estado de padecimiento ininterrumpidamente por seis (6) meses como mínimo, antes del cese de la relación contractual, toda vez que, necesariamente, para la cobertura del siniestro se exige que éste se haya producido al menos seis (6) meses antes del cese de la relación (véase artículo 15, conf. endoso Nº 91).

En este marco, la coactora no pudo desconocer que para el acogimiento del pago de la cobertura debió haber padecido las dolencias invocadas en la demanda al menos dentro de ese plazo, antes de finalizada la contratación. Caso contrario -se reitera- no se encontrarían cumplidas las pautas de acogimiento del riesgo cubierto. Tal extremo no ha sido acreditado en modo alguno.

Sentado ello, debiendo descartarse que la asegurada desconociese la existencia de sus dolencias, en el supuesto más favorable a su pretensión, el cómputo de la prescripción debe computarse, al menos desde el cese de la relación contractual. Ergo, si a esos seis (6) meses se adiciona el tiempo trascurrido entre el día del cese de la vinculación contractual (31.06.1999) y la fecha en que se concretó la denuncia (14.08.2000) -esto es, trece (13) meses y catorce (14) días- es dable concluir en que la coactora intentó ejercitar su derecho una vez excedido el plazo previsto por el art. 58-1 L.S. En efecto, pretender haber tomado conocimiento recién a mediados del año 2000, pese a la naturaleza invalidante total y permanente, no puede ser admitido seriamente por este Tribunal.

v) Sentado lo anterior y a mayor abundamiento cabe remarcar que se encontraba en cabeza de la asegurada la prueba de la ocurrencia de la incapacidad total y permanente alegada.

En efecto, téngase presente que las reglas sobre la carga de la prueba constituyen un recurso para descartar la posibilidad de que el juez llegue a un non liquet con respecto a la cuestión de derecho a causa de lo dudoso de los hechos. Conforme lo sostiene conocida y reiterada jurisprudencia, el art. 377 C.P.C.C.N. pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y ello no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso; por lo tanto, al actor le corresponderá acreditar los hechos constitutivos de su pretensión, en tanto que la parte contraria deberá también hacerlo respecto de los hechos extintivos, impeditivos o modificatorios, por ella alegados. Así, la obligación de afirmar y de probar se distribuye entre las partes, en el sentido de que se deja a la iniciativa de cada una de ellas hacer valer los hechos que quiere que sean considerados por el Juez y que tiene interés que sean tenidos por él como verdaderos (conf. Chiovenda, Giuseppe, "Principios de Derecho Procesal Civil", T. II, pág. 253).

La carga de la prueba actúa, entonces, como un imperativo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito (conf. Couture, Eduardo, "Fundamentos del Derecho Procesal", pág. 244), asumiendo así las consecuencias de que la prueba se produzca o no, que en principio debe ser cumplida por quien quiera innovar la situación de su adversario (conf. Fassi, Santiago, "Código Procesal Civil y Comercial Comentado", T. I, págs. 671 y ss.; ver además, esta Sala, 29.12.2000, in re: "Conforti, Carlos Ignacio y otros c/B.G.B. Viajes y Turismo S.A. s/ordinario", entre muchos otros).

Sentado ello, señálase que conforme informara en su dictamen el perito contador, Aranda se encontró asegurada hasta junio de 1999 bajo la póliza 013071, con un capital asegurado de pesos siete mil novecientos ochenta y uno con 82/100 ($ 7.981,82.), es decir, con un capital equivalente al 50% del importe por el cual se encontraba amparado el asegurado principal -Bentancor- (véase fs. 598 y endoso 63 obrante a fs. 567).

Asimismo, dicha póliza, conforme emergía del artículo 2 de las condiciones contractuales, tenía por objeto "cubrir a los asegurados contra los riesgos de muerte e incapacidad total y permanente para el trabajo" (véase fs. 559).

De otro lado, el endoso Nº 91 de la póliza en cuestión, al establecer el beneficio de incapacidad total y permanente se preveía que "la caja concederá el beneficio que acuerda esta cláusula al asegurado cuyo estado de incapacidad total y permanente, como consecuencia de enfermedad o accidente, no le permita desempeñar por cuanta propia o en relación de dependencia cualquier actividad remunerativa, siempre que tal estado haya continuado ininterrumpidamente por seis (6) meses como mínimo, se hubiese producido después de su incorporación individual, durante la vigencia de su seguro... Se excluyen expresamente los casos que afecten al asegurado en forma parcial o temporal" (véase fs. 568).

Puede concluirse de lo hasta aquí expuesto que, a los fines de determinar si se configuró el riesgo asegurado, resultaba menester que Aranda acreditase que padecía una incapacidad total y permanente que se hubiese originado durante la vigencia del contrato y que dicha incapacidad se hubiese manifestado por seis meses, como mínimo, en forma ininterrumpida, lo cual no fue debidamente probado por aquélla.

Ahora bien, recuérdese que en un seguro de vida es deber del asegurado dar indicaciones precisas sobre las enfermedades que padece y sus síntomas, debiendo colaborar legalmente con el asegurador para clarificar y apreciar el riesgo cubierto (conf. esta CNCom. esta Sala A, 08/09/2004, in re: "Ully Eduardo T. c/Sur Seguros de Vida s/ordinario", id. Sala B, 06/12/2002, in re: "Mayaud Maisonneuve de Pérez Catella Elena y otro c/Sur Seguros de Vida S.A. y otro s/ordinario"), deber que también resultó incumplido por Aranda.

En la especie, a los fines de acreditar la configuración del riesgo asegurado la coaccionante únicamente acompañó el formulario suscripto por el médico Angel C. Tuero denominado "informe del médico asistente sobre la incapacidad del asegurado" en el cual éste, sólo informó que las patologías detectadas generaban una incapacidad permanente, sin indicar si la misma era total o parcial. Asimismo, tampoco detalló o siquiera mencionó que estudios se le habían efectuado para llegar a esa conclusión (véase fs. 6 vta.).

No aportó la coaccionante estudio o análisis médico alguno, además del certificado referido, que corrobore las patologías denunciadas o que las mismas tenían la entidad suficiente para generar una incapacidad total y permanente, ni tampoco ofreció vitales pruebas que permitirían concluir, sin duda alguna, la existencia o no de la incapacidad, como lo es la prueba pericial médica o la citación del galeno que la había atendido, para que corroborase las patologías referidas.

En consecuencia, considero que la coactora ha incumplido con la obligación a su cargo de acreditar la configuración del riesgo asegurado (art. 377 CPCC), razón por la cual, sólo se impone el rechazo de la pretensión incoada.

vi) Sentado ello, cuadra señalar, asimismo, que el sentenciante de la anterior instancia, entendió que, al no haberse pronunciado la compañía aseguradora respecto de la configuración del riesgo asegurado, habiendo mediado denuncia de la coaccionante, presentada juntamente con la certificación médica de la incapacidad, ante SIDERCA S.A.I.C., la referida incapacidad había sido aceptada y, por ende, la defensa de falta de configuración del riesgo asegurado no podía tener favorable acogida en esta instancia.

La quejosa en su memorial sostuvo que no existía obligación alguna de su parte cuando no se había configurado el riesgo asegurado, tal como ocurría en el sub lite, razón por la cual, al no haberse acreditado la ocurrencia de dicho riesgo, la pretensión debía ser desestimada.

Ahora bien, a fin de establecer la improcedencia del reclamo incoado, es menester determinar que no existía una obligación en cabeza de la aseguradora de pronunciarse respecto de la denuncia efectuada por la coactora a Siderca S.A.I.C. que le impidiera en esta instancia alegar la inexistencia de la incapacidad total y permanente.

A fin de comenzar con el análisis de dicha cuestión, cabe señalar que con la respuesta brindada por la empresa de correo privado OCA a fs. 254, se encuentra debidamente acreditado que la denuncia de acaecimiento de la incapacidad fue efectuada ante Siderca S.A.I.C. en fecha 14 de agosto de 2000, lo cual resultó corroborado con la respuesta dada por dicha empresa al señalar que el sello obrante en la denuncia de siniestro era "extrínsecamente similar al utilizado en uno de los sectores de Siderca S.A.I.C." (véase fs. 493).

De otro lado, si bien conforme emergía del endoso Nº 91 de la póliza en cuestión, el asegurado debía denunciar la existencia de la incapacidad por intermedio del principal (véase fs. 568), lo cierto es que, Aranda era una asegurada adicional de la póliza que no se encontraba en relación laboral con Siderca S.A.I.C. y, además, que al momento de efectuar la denuncia en cuestión, su cónyuge -que era el asegurado principal- tampoco mantenía relación laboral con la referida empresa, encontrándose ambos contratantes a ese momento sin una cobertura asegurativa vigente.

Este extremo resultó corroborado tanto por el perito contador, como por el propio consultor técnico ofrecido por la parte actora, al señalar que la cobertura de Bentancor se extendió hasta el mes de julio de 1999 y la cobertura de Aranda hasta el mes de junio de 1999 (véase fs. 506/7 y fs. 598).

Asimismo, el cese de la relación laboral de Bentancor, también resultó debidamente acreditado, mediante la contestación de Siderca S.A.I.C obrante a fs. 492 y a través del "Acta-Acuerdo" de fs. 297, entre otras probanzas, documentos de los cuales surgía que el cese acaeció el día 28 de junio de 1999.

En consecuencia, al no existir relación laboral alguna por parte del asegurado principal, así como tampoco por parte de Aranda, al momento de efectuada la denuncia del siniestro, no correspondió presentar tal denuncia ante Siderca S.A.I.C., sino, por el contrario, debió dirigir el reclamo directamente a la compañía aseguradora, lo cual no hizo.

En efecto, en el caso, la realidad de los hechos demuestra que desde el cese de la relación laboral de su cónyuge, la coaccionante dejó transcurrir trece (13) meses para presentar sus denuncias al ex empleador de Bentancor, lo cual, en principio, obstaba a fomentar el reclamo ante aquél, ya que conforme fuera expuesto en el considerando precedente, al efectuar la aclaración respecto del precedente de esta Sala "Gordillo...", es doctrina de esta Sala que, habiéndose desvinculado el actor de la empresa en la que trabajaba, la denuncia del siniestro efectuada ante el ex empleador es de ningún efecto en relación a la aseguradora en los casos en que la cobertura cese al retirarse el empleado del servicio activo (esta CNCom., esta Sala A, del voto del Dr. Kölliker Frers, 06/12/2007, in re: "Gordillo, Antonio Alberto c/Caja de Seguros s/ordinario"; id. id., 08/09/2004, in re: "Ully, Eduardo T c/Sur Seguros de Vida s/ordinario"), solución que, resulta evidente, cabe hacer también extensiva al asegurado adicional, al momento en que su cónyuge se retire del servicio.

De lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que la falta de cuestionamiento a la denuncia efectuada ante Siderca S.A.I.C. -la cual conforme fuera supra expuesto es de ningún efecto para la aseguradora-, no puede considerarse como un obstáculo para la alegación en esta instancia de la defensa de falta de configuración del riesgo asegurado.

vii) Efectuadas las precisiones precedentes concluyo mi intervención, expresando que comparto la solución final a la que arriba la distinguida Colega preopinante, aunque por los fundamentos y con las precisiones precedentemente expuestas, en lo pertinente.

He aquí mi voto.

El doctor Kölliker Frers adhiere a los votos precedentes.

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:i) Acoger el recurso de apelación opuesto por la parte demandada, haciendo lugar al planteo de prescripción deducido por Caja de Seguros de Vida S.A. ii) En consecuencia, revocar la sentencia de la anterior instancia, disponiendo la absolución de la accionada.iii) Imponer las costas de ambas instancias a los actores, dada su condición de vencidos (arts. 68 y 279 CPCCN).- María E. Uzal (por sus fundamentos).- Isabel Míguez (por sus fundamentos).- Alfredo A. Kölliker Frers.