Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE BAHIA BLANCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-02-16


Bahía Blanca, 16 de febrero de 2012.	VISTO: Este expediente nro. 66.752, caratulado: "Estación de Servicio Don Antonio Cooperativa de Trabajo Limitada c/AFIP - DGI s/ Imp. Acto Adm. - Med. Caut. de no innovar (Cont. Adm.) s/ INCIDENTE de APELACIÓN" (nro. de origen 44.844/1), venido del Juzgado Federal nro. 2 de la sede, para resolver el recurso de apelación interpuesto a f. sub 120 contra la resolución de fs. sub 116/118.; y CONSIDERANDO:

1ro.) Que la actora -Estación de Servicio Don Antonio- Coop. de Trabajo Ltda., con domicilio en la localidad de Rivera-, fue constituida por los empleados que prestaban servicios para la empresa que explotaba la estación de expendio de combustible y afines, y que -ante la quiebra del titular del comercio- decidieron conformar una cooperativa de trabajo para no perder sus empleos (f. sub 91).

Así solicitaron la exención dispuesta por el art. 20 inc. d) de la ley de impuestos a las ganancias, que fue otorgada por la AFIP a través del formulario F 411 (certificado de empadronamiento provisional) con fecha 30 de agosto de 2001 (f. sub 33).

Luego, mediante un proceso de verificación, la AFIP resolvió declarar perdida la vigencia de la exención, a través de la resolución nro. 43/09 DV RRBB, dando de baja a la actora del Registro de Entidades Exentas a partir del 11/04/2005, por haber suscripto dos contratos de mutuo en violación de las normas legales y/o estatutarias que la rigen, por ser operaciones ajenas al objeto social (v. f. sub 54).

La Cooperativa manifestó su disconformidad ante la autoridad competente conforme lo requiere el art. 9 de la RG 1815, con fecha 31/7/09, a lo que no se hizo lugar por resolución 92/09 (DV RRBB) del 22/12/09, confirmándose la pérdida de la vigencia del reconocimiento de la exención a partir del 11/4/2005; asimismo, se ordenó mantener el archivo del Formulario 411 y dar traslado a la División Agencia sede a sus efectos (fs. sub 54/67).

Contra dicha resolución la contribuyente interpuso recurso de apelación en los términos del art. 74 del Dec. Reglam. 1397/79 (fs. sub 68/74vta.), el que fue denegado por la AFIP, mediante la resolución nro. 35/10 (DI RBBL) del 7/4/2010 (fs. sub 76/89).

Con fecha 9/8/2010, la parte actora impugnó judicialmente la resolución nro. 35/10 y solicitó una medida cautelar de no innovar, consistente en la suspensión de los efectos del acto administrativo hasta que se resuelva el proceso, fundado en el peligro que implica la ejecución fiscal de la deuda generada por la pérdida de la exención (fs. sub 90/103vta.).

2do.) Que el Juez a quo no hizo lugar a la medida cautelar, porque consideró que no estaba configurada la verosimilitud del derecho, ya que suspender el inicio de la ejecución fiscal implicaría una franca intromisión en punto a la presunción de legitimidad del acto administrativo (resolución nro. 35/10 de la AFIP) y su consiguiente ejecutoriedad, además de señalar que la situación fáctica que da sustento a la acción resulta discutible y requiere de mayor amplitud de debate y prueba; y por otra parte, que tampoco estaba acreditado el peligro en la demora por ser meramente conjetural (fs. sub 116/118).

3ro.) Que contra dicha resolución la contribuyente interpuso recurso de apelación a f. sub 120, expresando sus agravios a fs. sub 122/126. Sostuvo que: a) el objeto de la medida cautelar es la suspensión de uno de los efectos del acto administrativo atacado, que consiste en la posibilidad que tiene la AFIP de iniciar la ejecución fiscal de la deuda generada por la pérdida de la exención -como lo dispone el art. 2° de la resolución que se impugna-, la cual pondría fin a la existencia de la cooperativa, y no el efecto referido a la pérdida de la exención, la que se discute como cuestión de fondo en el proceso principal; b) La verosimilitud del derecho está dada por la arbitrariedad que se encuentra manifiesta en la ausencia de intervención de la autoridad de aplicación (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), sumada a la inexistencia de causa que motive la pérdida de exención y la desproporción por exceso en dicha resolución; c) el peligro en la demora se encuentra acreditado con lo expuesto en el art. 2° de la resolución nro. 35/10, que resuelve remitir las actuaciones al distrito Carhué a efectos de determinar la deuda y posterior ejecución, lo que implica la emisión de la boleta de deuda por un monto aproximado a los $ 2.100.000, que pondría en estado falencial a la cooperativa de trabajo. Pide en definitiva, que se revoque la resolución apelada.

4to.) Que en primer lugar, cabe señalar que cuando se trata de medidas suspensivas de cobros fiscales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que debe imperar un criterio de mayor estrictez para la apreciación de su procedencia, porque la "percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuesto por la ley es condición indispensable del funcionamiento regular del Estado" (C.S. "Buenos Aires Catering c/DGI", Fallos: 321-I-695), ello por cuanto tiene prevalencia el interés público (Podetti, Tratado de las medidas cautelares, Ed. 1969, págs. 386/388; y causa nro. 61.744 "AFIP-DGI en autos: 'Robert, Jorge c/Estado Nacional -AFIP-DGI s/Acción Decl. de Certeza.", del 2/6/05) y por su carácter excepcional sólo pueden acordarse si están destinadas a impedir la ilegalidad del obrar de la Administración (cf. Beltrán Gambier y Carlos A. Zubiaur, Las Medidas Cautelares contra la Administración, en LL 1993-D-695 y Palacio, Derecho Procesal Civil, T° VIII, pág. 190 y sus citas).

Que en cuanto a la verosimilitud del derecho, que se funda en la alegada arbitrariedad por la ausencia de intervención de la autoridad de aplicación (INAES) y en la inexistencia de causa que motive la pérdida de exención, no aparece manifiesta la contradicción de la norma impugnada con cláusulas constitucionales de modo que habilite la procedencia de la medida peticionada, motivo por el cual debe rechazarse la pretensión de la actora, sin costas (arts. 68 y 69 CPCCN).

Por ello, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación y confirmar la resolución de fs. sub 116/118, sin costas (arts. 68 y 69 CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. Firman únicamente los suscriptos por haberse integrado con ellos el tribunal (art. 22, Ac. 60/90 CFABB).