Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-23


G., J. S.

Reg.: A y S t 215 p 289-294. Santa Fe, 23 de agosto del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de J. S. G. contra la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2004, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario en autos "G., J. S. -Robo Calificado por uso de armas- (Expte 1566/04)" (Expte. C.S.J. Nro. 129, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisorio de fecha 8 de noviembre de 2004, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario resuelve -en lo que aquí es de interés- revocar la sentencia de primera instancia y condenar a J. S. G. como coautor del delito de robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no ha podido verificarse, imponiéndole la pena de tres años de prisión y costas (arts. 166 inc. 2º, párrafo 3º, 29 inc. 3º, 45, 40 y 41 del Código Penal y arts. 402 inc. 10 y 168 del Código Procesal Penal) (fs. 48/53 vta.).

Contra dicha resolución, la defensa técnica interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 55/66 vta.).

Entiende que el decisorio es abiertamente violatorio de la Constitución Nacional, principios constitucionales federales y normas regionales e internacionales en materia de derechos humanos con jerarquía constitucional, como así también del sistema provincial constitucional y legal -principios y normas que menciona profusamente-.

Afirma que se ha menoscabado el derecho a la igualdad porque se pretende aplicar de manera discriminadora una pena a G. por sospechas de que pudo haber sido el autor del delito.

Sostiene que la resolución no constituye una derivación razonada del análisis de los hechos y, por ello, deviene absolutamente arbitraria.

Niega que los testigos hayan incurrido en contradicciones y dice que la falta de coincidencia exacta en la hora reloj entre ellos demuestra, justamente, que fueron veraces.

Considera que la valoración de la prueba denota una actitud racista del juzgador, porque el imputado no registra condena en ninguna de las nueve causas pendientes, con lo que sigue gozando del principio de inocencia; no obstante lo cual se ubica al robo como algo propio de su edad y forma de vida. Es demasiado duro para un chico de dieciocho años -agrega- vivir marginado y que, además, el Poder Judicial lo victimice por pobre.

Relata que casi treinta horas después del hecho se detiene a G., imputándosele el delito de robo calificado por uso de arma, y añade que si bien es detenido portando la moto, lo hacía como mero tenedor y no como poseedor, reconociendo la propiedad en otra persona e ignorando que era robada. Niega que ello constituya prueba de la autoría del robo.

Hace referencia al contenido de las declaraciones testimoniales de N. J. - criticando que se le atribuya mantener amistad con el imputado-, D. G., P. G. y el policía O. B. -respecto del cual asevera que da certeza a la versión de J. S. G.-. Pone de relieve que toda la prueba colectada demuestra que éste no ha sido el autor material del delito que se le imputa y que su versión es cierta, porque se lo detiene con la moto con una goma pinchada.

Plantea la nulidad absoluta del reconocimiento de personas, señalando que la víctima, al declarar en sede judicial, expresó que tras esperar en un patio de la comisaría para reconocer la moto, ingresó a la misma porque hacía frío y que justo en ese momento entra el detenido, reconociéndolo como el mismo que le había apuntado con el arma.

Dice que la policía de la Provincia ha vulnerado los derechos de su defendido desde el inicio de las actuaciones y que ésta no debe realizar ningún acto irreproducible. Contrasta aquellas expresiones del testigo con otros de sus dichos, afirmando que ello demuestra la absoluta contradicción en la que incurre. Estima que el reconocimiento practicado en sede judicial fue negativo porque ha sido dubitativo.

Considera que la calificación legal del hecho no es ajustada a derecho pues el arma no existió y ello está demostrado con el hecho de que la misma no se encontró, no se secuestró ni consta que se haya allanado el domicilio del imputado en su búsqueda.

De manera tal -completa- que si no se ha corroborado mínimamente la verdadera capacidad vulnerante del arma y, por lo tanto, su idoneidad, no debe calificarse el robo, dado que éste es el verdadero sentido de la norma.

Manifiesta que el período de tiempo que medió entre la sustracción y el secuestro del rodado no permite inferir la culpabilidad de su defendido, y que no existen elementos para poder determinar quién o quiénes, dónde, cómo y cuándo procedieron a entregar la motocicleta.

2. La Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario, por auto de fecha 14 de marzo de 2005, resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad, entendiendo que no se planteó la cuestión constitucional en la forma debida ni se advierte, prima facie, la existencia de una hipótesis de arbitrariedad con asidero en las constancias de autos (fs. 74/76 vta.).

Tal denegatoria motiva la presentación directa de la recurrente ante esta Corte (fs. 31/45 vta.).

3.1. Ante todo cabe aclarar que si bien la recurrente afirma fundamentar la impugnación en lo normado en los incisos 2º y 3º del artículo 1 de la ley 7055, lo cierto es que no se observa que en el caso se encuentre cuestionada la inteligencia de un precepto de la Constitución de la Provincia y la decisión haya sido contraria al derecho o garantía fundado en él. La totalidad de los agravios se subsumen en la hipótesis contemplada en el inciso 3º de la norma citada, bajo cuya óptica corresponde que sean analizados.

Efectuada dicha aclaración, debe apuntarse que -con relación a la falta de cumplimiento del recaudo establecido en el artículo 1, último párrafo de la ley citada- el tenor de los agravios expresados en el recurso de inconstitucionalidad revela que los vicios achacados habrían surgido con el decisorio de la Alzada -revocatorio de la sentencia de primera instancia-. Siendo ello así, la arbitrariedad sería sorpresiva y, por ende, el requisito mencionado debe tenerse por superado.

Sin embargo -con relación al otro de los fundamentos esgrimidos en el auto denegatorio del remedio extraordinario, a saber: la falta de demostración de la existencia de una hipótesis de arbitrariedad-, el cotejo de la pieza introductoria del recurso de inconstitucionalidad con los fundamentos de la resolución impugnada permite concluir que la decisión adoptada por el A quo en la oportunidad prevista por el artículo 6 de la ley 7055 ha sido acertada.

En efecto, los cuestionamientos de la defensa -expuestos, cabe acotar, con redundancia- carecen de entidad constitucional y constituyen un mero disenso con la ponderación de la situación fáctica y probatoria de autos, llevada a cabo por la Alzada en ejercicio de funciones propias y sobre materia ajena -por regla- a esta vía de excepción.

Así, frente al planteo referido a la inexistencia de prueba sobre la autoría del hecho y la configuración de un caso de discriminación, es dable observar que la Sala apoyó su decisión en diversos elementos probatorios, articulando argumentos sólidos y fundados en los hechos que estimó acreditados en la causa; por lo que al fallo impugnado -en su consideración global- de ningún modo se le puede achacar ser la expresión de un derecho penal de autor, debiendo destacarse sobre este particular que el Tribunal se preocupó por afirmar que no había una persecución -como indicaba la defensa-, abonando tal tesitura con el análisis de las constancias que surgían de los autos -así, con los dichos de la testigo N. J.-.

El A quo también precisó que "la tenencia de la res furtiva en posesión del reo ... centra y fundamenta la relación causal entre el hecho de la sustracción con la persona del imputado", y si bien la recurrente opone un criterio contrario -que dicha tenencia no acredita la participación en la sustracción-, no alcanza a convencer de que el Tribunal haya elaborado una fundamentación antojadiza al concluir que "(l)a justificación o descargo que indica el imputado resulta inadmisible a la luz de las reglas de la sana crítica" en razón de que "resulta ridículo que se indique que otras personas se llegaron hasta su casa, en horas de la noche, en pleno invierno, personas de las que no sabe los nombres o los domicilios, y le pidan o él se ofrezca para arreglar supuestamente una pinchadura" y que "(s)i son del barrio no se explica por qué él conoce una gomería en la zona y los otros no, o por qué dice que él la lleva a la moto, cuando bastaba que le diera la dirección a los que dice que le trajeron la moto para que fueran éstos los que la llevaran, máxime cuando debían ir caminando, si tenía la goma baja".

Es en base a estos elementos y a su vinculación con otros datos -como la actitud de G. de intentar fugarse ante el avistamiento policial, el que "no se ha verificado la real existencia de otra persona en la parte intermedia entre el hecho y la tenencia de la res furtiva" y la circunstancia de llevar la moto con el motor funcionando- que el Tribunal construyó un razonamiento, sobre el que sustentó -en parte- la resolución, que de ningún modo luce como absurdo o irracional.

Tampoco se advierte que el A quo haya analizado los testimonios de descargo de manera contraria a las reglas de la sana crítica -como se agravia la recurrente-. En efecto, la Alzada examinó el relato de los tres declarantes -una vecina y dos hermanos del imputado-, explicando por qué concluía que eran controvertidos -lo que determinó, en relación con la vecina, la disposición de que se investigue la presunta comisión del delito de falso testimonio-, ante lo cual la recurrente formula una crítica que en nada se diferencia del contenido de un recurso de apelación común.

En otro orden, también se objeta la validez del reconocimiento, tanto en virtud de haber sido visto el imputado por la víctima -luego del hecho y antes de la medida practicada en sede judicial-, como por entenderse que -al ser dubitativo- el resultado del acto debió interpretarse como negativo. Frente a ello, cabe recordar que la Sala reconoció "alto valor cargoso sumable a lo anterior como prueba, la sindicación que hace Ciancio, tanto a fjs. 20, por ante la Justicia, de haber visto al que lo asaltó, reconociéndolo fundamentalmente por los pantalones anchos y sus llamativas zapatillas, como razón de tal sindicación; circunstancia que además se adosa de otra pauta más, como lo constituye el resultado de la observación en rueda de personas que se practica a fjs. 30, puesto que el mismo resulta coherente con lo antedicho, ya que habiendo expresado que no estaba seguro de reconocer a las personas por los pocos segundos de duración del hecho, sindica como de notorio parecido -en una calificación 7 sobre 10-, a la persona que ubica en el primer lugar, que 'sugestivamente' es el encartado G.".

Y luego, el A quo agregó que "[p]retender más seguridad en la identificación no resulta atinado según la experiencia, dada la fugacidad del hecho, sumado al temor que provoca una situación de esta naturaleza y que obliga obviamente a no fijar la vista en las personas que tienen un arma e intimidan con ella, para no ser objeto de represalia o ataque; por lo que tal sindicación tiene relevancia al relacionársela con el resto de la colecta ya expuesta"; sin que la impugnante -más allá de su disenso- demuestre la arbitrariedad de tales aseveraciones.

Tampoco ésta logra persuadir que el hecho de que la víctima hubiese avistado a G. en una dependencia policial -conforme a las circunstancias indicadas por la Sala y según surge del relato de la víctima traído por la misma recurrente- torne necesariamente nulos -en estos autos- tal actuación o el posterior reconocimiento en rueda de personas practicado en sede judicial, ni que esta última medida no pueda incidir en la eficacia de la valoración global de los elementos de convicción arrimados.

A propósito de esto último, el A quo -en tren de analizar la prueba colectada en el sub examine- resaltó que "[e]n el proceso penal, la certeza razonable puede derivarse o extraerse no solo de pruebas directas, sino también indirectas, circunstanciales e indiciarias, en tanto sean varias, se relacionen con el hecho principal, conduzcan o se conecten a él de una manera lógica y natural, siendo concordantes, y se funden en hechos reales, en tanto la ley no impone normas generales para acreditar hechos o responsabilidades, ni determinan abstractamente el valor de las pruebas, acogiendo el sistema de libertad probatoria por el que se admite toda aquélla que fuere útil para esclarecer la verdad pues, en principio, todo se puede acreditar y por cualquier medio -en tanto que no sean ilegítimas-, debiendo apreciarse el acervo de acuerdo a las reglas de la lógica, la psicología, la experiencia y el sentido común"; razonamiento que no puede ser tildado de arbitrario.

Con relación a la objeción que recae en torno al tipo penal seleccionado y, concretamente, a la acreditación del uso de un arma de fuego en el hecho, debe valorarse que es la propia recurrente quien señala que "el único que argumentó su uso fue la víctima" y describió el arma como "tipo pistola color gris, como una pistola de 9 mm, pero más corta", con lo que no puede reputarse infundado que el A quo haya entendido que no había duda en torno a la acreditación de dicho extremo de la imputación.

Sin perjuicio de ello, el agravio tampoco resulta idóneo para lograr la apertura de esta instancia excepcional porque, en definitiva, se sustenta en la disímil interpretación de una norma de derecho común -el artículo 166 inciso 2º del Código Penal- lo que, es sabido, no configura un caso constitucional a menos que se arribe a una exégesis irrazonable de la disposición, situación que en modo alguno la impugnante logra demostrar que haya acontecido en la especie; más aun cuando su postulación ni siquiera parece computar la modificación introducida a dicho artículo por la ley 25.882 -particularmente, el agregado del tercer párrafo del inciso 2º-.

En definitiva, los planteos de la impugnante conducen al examen de temas de hecho, prueba y derecho común y esa es una labor encomendada -en principio- a los jueces de grado -salvo que en su juicio crítico no se ajusten a los reglas de la sana crítica racional o resulten capciosos o reñidos con la lógica, lo que no se advierte en el sub iúdice-.

Y, sobre el particular, no debe perderse de vista que mediante el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad se tiende a reparar agravios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción y conviertan al pronunciamiento en una no sentencia, pero no autoriza a sustituir a las instancias ordinarias en la interpretación del derecho sustantivo o procesal o en la ponderación del material fáctico de la causa (A. y S. T. 140, pág. 63).

En sentido similar se ha pronunciado el máximo Tribunal de la Nación al precisar que "esta Corte se reserva sólo la función de corregir los casos en que resulte una arbitrariedad intolerable al principio republicano de gobierno" y que "en materia de prueba, ... incumbe a esta Corte entender sólo en los casos excepcionales en que directamente no se haya aplicado la sana crítica" ("Casal", del 20.9.2005).

2. En otro orden, y teniendo en cuenta lo informado a foja 84 de autos, el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Dubra" (de fecha 21.9.2004) -receptado por este Tribunal en la causa "Gaeta" (A. y S. T. 205, pág.

249)- y razones vinculadas con una adecuada administración de justicia, resulta aconsejable disponer que, por Secretaría de Gobierno, se arbitren la medidas necesarias tendentes a hacer saber a los Presidentes de las Cámaras de Apelación en lo Penal que deberá notificarse al imputado -además de al defensor técnico- el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Disponer que, por Secretaría de Gobierno, se arbitren la medidas necesarias tendentes a hacer saber a los Presidentes de las Cámaras de Apelación en lo Penal que deberá notificarse al imputado -además de al defensor técnico- el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR MARIO LUIS NETRI: Adhiero a los argumentos expuestos en precedencia en lo que refiere esencialmente a la arbitrariedad en la valoración de los elementos de prueba colectados en el expediente y, por lo tanto, propicio el rechazo de los agravios esgrimidos en ese sentido en el recurso de queja presentado por la defensa técnica del imputado.

Por lo demás, entiendo que a idéntica conclusión cabe arribar en lo que concierne a los reparos relativos a la calificación de la conducta enrostrada a G. Y ello así por cuanto, más allá de lo sostenido en oportunidad de fallar la causa "F." (A. y S. T.

209, pág. 477), en la que se analizaban ribetes fácticos similares a los aquí en discusión, en el caso el Sentenciante se ha inclinado por la aplicación de un tipo penal (Art. 166 inc. 2º, último párrafo) con apoyo en las distintas constancias de la causa que daban por sentada la utilización de un arma en el hecho investigado, fundando adecuadamente tal posición, sin que tal inclinación de criterio haya dado origen a un cuestionamiento de parte del actor penal.

Frente a los argumentos expuestos por la Alzada, el impugnante intenta persuadir acerca de que el hecho de no haberse hallado el arma presuntamente utilizada impediría al Judicante la calificación legal aplicada.

Sin embargo, la defensa técnica de G. no logra demostrar la irrazonabilidad del criterio esbozado por el A quo en considerar aplicable al caso la norma prevista en el artículo 166 inciso 2º, último párrafo del Código Penal, pues su argumento recursivo solo se limita a referir que al no haberse acreditado la aptitud del arma, no se podía calificar o agravar la figura básica del robo, de conformidad con criterios doctrinarios a los que alude.

Pero en el caso, más allá de la comprobación o no de la aptitud del arma para el encuadramiento concreto de la conducta en el tipo penal, lo cierto es que en autos, el Sentenciante brindó suficientes argumentos para considerar que estaba debidamente acreditada la utilización de un arma por parte del inculpado en el hecho que se enrostraba, por lo que, de esa manera, no luce inmotivado el criterio de asignar a la conducta investigada la calificación jurídica escogida.

Todo este razonamiento esbozado por el A quo, deja huero de contenido la pretensión de la defensa de G. de que su conducta, por la sola razón de no haberse podido acreditar la aptitud del arma, debía ser encuadrada dentro de los presupuestos estipulados como robo simple (Art. 164 C.P.).

FDO.: NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)