marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, medidas autosatisfactivas
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Arunam SA c/ Swiss Finance & Property SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-29

A diferencia de lo que ocurre con las cautelares tradicionales, existen otros institutos procesales más modernos, caracterizados como cualquier tipo de requerimiento urgente que se formula al órgano jurisdiccional, y que se agota -para quien lo peticiona- con su despacho favorable. Se ha catalogado a las "medidas autosatisfactivas" como una herramienta que traspasa la órbita de las medidas preliminares, con autonomía, que se agota en sí misma y que tiene fuerza vinculante mediante una sentencia que previene el ulterior proceso contencioso, porque la satisfacción preventiva se ha agotado ya con lo actuado dentro de ese tipo de proceso (cfr. Morello, Augusto M.-Stiglitz, Gabriel, Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses colectivos, Ed. Platense, 1986, pág. 162, punto III).
Despido indirecto, injuria laboral, salarios adeudados
Materia: LABORAL
Carátula: BERMUDEZ, OSCAR JORGE c/ CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS ASOCIACION CIVIL s/ DESPIDO - COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-20

El atraso en el pago de las remuneraciones constituye injuria suficiente a los fines de la disolución del vinculo contractual, configurando una justa causa de despido indirecto (artículo 242 LCT ).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, agravantes de la pena, robo con armas, concepto de arma, leyes, interpretación de la ley, arma descargada, simulada o defectuosa
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

En la postura que impugnamos resulta de cita obligada y harto frecuente: el "poder vulnerante" del arma de fuego, al que permanentemente se hace referencia de un modo que -a mi juicio- resulta fragmentado y parcial, puesto que se lo relaciona exclusivamente al poder vulnerante de la integridad física de las personas. Entiendo que si bien es indiscutible que es esa la función específica de un arma de fuego: vulnerar o afectar la integridad física de las personas, no es menos cierto que en base a ese presupuesto -y a raíz de él- con un arma de fuego se pueden vulnerar otros bienes, como lo son por ejemplo la libertad y el patrimonio de las personas, y el Código Penal a mi juicio recoge sabiamente esta realidad en los arts. 149 bis y 149 ter, donde agrava las amenazas y coacciones cuando media el empleo de armas, y en el art. 166 inc. 2º, cuando agrava el robo cometido con armas. Sostener que en esta última norma se contempla únicamente el peligro corrido por la víctima, implica también afirmar que es el mismo bien jurídico la vida- el que se prevé en las agravantes de las amenazas y coacciones, donde habría forzosamente de trasladarse la conclusión de que la calificante no se verifica si el arma empleada está descargada o presenta defectos que le impiden disparar. (Del voto del Dr. Jukic). En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Tiago, Gustavo Víctor s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la defensa denuncia la violación del inc. 3 del art. 253 del Código de Procedimiento Penal (texto ley 3589 y modif.) cuestionando lo relativo a la percepción del hecho por los sentidos de los deponentes, si para ello el recurrente descontextualiza sus dichos atribuyéndoles afirmaciones que no realizaron de las que luego deduce conclusiones que beneficiarían al acusado.
Amenazas calificadas, embargo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Baygorria, Flavio R. s/ Procesamiento y embargo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-05

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes que ".resulta competente la justicia ordinaria para conocer acerca del delito previsto en el art. 149 ter del Cód. Penal, cuando resultare de un modo inequívoco que los hechos imputados tienen una estricta motivación particular, y que, además, no se da la posibilidad de que resultare afectada, en forma directa o indirecta, la seguridad del Estado nacional o de alguna de sus instituciones (Fallos 305:2054; 306:434; 313:912 y Competencia N° 32, XXXIII in re "Bravo, Walter O. s/ infracción al art. 149 ter del Cód. Penal")." (Publicado en LA LEY 1999-D, 226 - DJ 1999-2, 1183, ver también de esta Sala "CASINO BUENOS AIRES S.A. s/ competencia" del 7 de noviembre de 2006)".
Recurso de nulidad, procedencia del recurso, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Canay, Florentino Raimundo c/ Calatayud, Manuel Edgardo y Otra s/ Demanda Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-02-29

Son los vicios extrínsecos de la sentencia los que acarrean la nulidad a que se refiere el Art. 253 del ordenamiento procesal. Los otros, los intrínsecos, importan vicios de juzgamiento susceptibles de corregirse por el recurso de apelación, no correspondiendo anular la decisión, si los defectos atribuídos pueden repararse por este último recurso.
Pacto comisorio, contratos
Materia: CIVIL
Carátula: SOLER, ELBA ELCIRA c/ SARTORI, MIRNA NOEMI LOPEZ DE s/ CONSIGNACION    QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  N. 517-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

La aplicación de la teoría de que no corresponde el funcionamiento del pacto comisorio cuando se ha oblado una parte importante del precio, no depende de los porcentajes aisladamente considerados sino del cúmulo de circunstancias que el caso concreto ofrezca.
Conmutación de penas, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: PENAL
Carátula: M.J.C. s/ PEDIDO DE CONMUTACION DE PENA" EXPTE.N 11840/96.
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-11-26

Debe rechazarse por improcedente el recurso de inconstitucionalidad al ser extemporáneo por prematuro, pues al momento de interponer el recurso la decisión de denegar la conmutación no existía, transitándose por un trámite judicial previo al pronunciamiento del Gobernador, ya que la facultad de conmutar o no una pena, según lo dispone el art. 125 inc. 6 de la Constitución Provincial corresponde al Poder Ejecutivo y no a este Superior Tribunal de Justicia.
Presunción de onerosidad, contrato de servicios, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: P., A. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-30

La gratuidad de servicios no se presume, por lo cual, de existir, corresponde a la demandada probarla. Si el demandado reconoce el servicio prestado, pero divide su confesión asignándole carácter "gratuito", invierte la carga de la prueba, incumbiéndole, entonces, demostrar dicha gratuidad.
Juicio ejecutivo, reconocimiento de firma, preparación de la vía ejecutiva, factura
Materia: PROCESAL
Carátula: APROVISIONAMIENTOS  S.R.L. c/ INTERNATIONAL FUELS  S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-31

La factura no es apta para la preparación de la vía ejecutiva mediante reconocimiento de firma (CPR 525-1); ya que al instrumentar un contrato específico no contiene todos los recaudos previstos por el CPR 520 para un accionar de tal naturaleza.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, sentencia ultra petita, contratos, cláusula penal, escrituración, gravamen eventual
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: CASTILLO, MARIA DE LUJAN c/ PEDEMONTE, CELINA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14

El planteo de la codemandada relacionado a que la Cámara habría fallado ultra petita, violando el principio de congruencia al apartarse de la suma que la actora habría concretado definitivamente al interponer la demanda, no alcanza a persuadir que los magistrados hubieran procedido arbitraria o irrazonablemente al fijar las cuestiones sometidas a su juzgamiento, lo que evidencia sólo su disconformidad con el criterio de la Sala; y, la crítica vinculada a la existencia en el fallo de una condena anticipada -al proyectarse la cláusula penal hacia el tiempo posterior a la sentencia-, constituye un agravio meramente potencial, atento que el hecho de que la responsabilidad por falta de escrituración se subvierta y en adelante recaiga en la compradora no pasa de ser una mera posibilidad, amén de que la impugnante no ha demostrado que, de configurarse esa hipotética situación, el eventual gravamen no pudiera ser reparado ulteriormente. (Del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler)
Traslado de la demanda, notificación, defensa en juicio, nulidad de la notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Aseguradora Federal Argentina S.A. c/ Coronel Pérez, Ruth del Carmen y otros s/ interrupción de prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

El traslado de la demanda constituye un acto dotado de singular importancia, vinculado con el derecho constitucional de defensa en juicio, razón por la cual la omisión en el cumplimiento de los recaudos establecidos por la ley para la notificación de ese trascendental acto procesal ocasiona la nulidad de dicha notificación.
Administración Pública, facultades disciplinarias, recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, interés público, huelga
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martínez Delfa, Norberto Quinto c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 321-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-24

Como presupuesto básico de la acción de la Administración Pública, en cualquier campo de su actividad, es la realización del interés público, cuando se demuestre una manifiesta ausencia de esa finalidad en sus decisiones disciplinarias, procederá la revisión jurisdiccional, aún en el área normalmente exenta de ésta.
Daños y perjuicios, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Concha, Carlos Enrique c/ Liga Santiagueña de Futbol s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-07-15

Se aplica lo dispuesto por el art. 71 del C.P.C.C., si la demanda de daños y perjuicios prospera solo parcialmente y la parte en que es rechazada comporta un reclamo indebido, ésto es, una pretensión sobre cuya improcedencia no puede tener dudas el accionante.
Recurso de queja (procesal), sentencia definitiva, incidente de nulidad
Materia: CIVIL
Carátula: CASTILLO SOLA MARIO s/ QUEJA EN: FAISAL JULIO E. C/ DAVID LEON KRAVETZ S/ COBRO DE  AUSTRALES - INCIDENTE DE NULIDAD DE SUBASTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-06-28

Cuando la cuestión recurrida se refiere a un incidente sobre nulidad de subasta por no darse los presupuestos de admisibilidad que exige el Código de rito, corresponde el rechazo de la queja. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, facultades del gobierno provincial, cuestión de derecho común, autonomía provincial, sistema federal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sinopec Argentina Exploration and Production Inc., Sucursal Argentina c/ Chubut, Provincia del s/ acción declarativa (art. 322 Cód. Procesal)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-22

Si a través de la competencia originaria se pudiesen juzgar los casos vinculados con actos de los poderes públicos provinciales, con relación a los cuales, en ejercicio de los deberes y facultades administrativas provinciales, las autoridades han hecho una determinada aplicación de la legislación común, se habría establecido una subordinación de aquellas con respecto al gobierno central, en desmedro de las autonomías locales que constituyen la esencia del sistema federal de gobierno adoptado por nuestra Constitución.
Administración fraudulenta, chofer de colectivos, venta de pasajes
Materia: PENAL
Carátula: Gómez Rammsy, Octavio P. s/ Administración fraudulenta
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-25

Configura el delito de administración fraudulenta la conducta del chofer de colectivo que violando la relación de confianza, es decir, frente a los bienes que detenta y en base a la independencia que tiene el manejo de ellos, se queda con la recaudación, entregando a los pasajeros boletos ya utilizados, pues esta actitud causa un perjuicio patrimonial a la empresa y no a los pasajeros.

No habiendo sido interrumpido el servicio de transporte pagado por los pasajeros, caso que configuraría estafa, la conducta analizada presenta una bipolaridad con efectos diferentes, esto es, la del colectivero con el pasajero; y por otro lado, la de aquél con la empresa concesionaria ante la cual debe rendir cuentas al cabo de cada viaje, y en cuyo caso la venta de boletos falsos a los pasajeros adquiere en este segundo paso, el carácter de una administración fraudulenta.
Leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mouro, Carlos Manuel s/ Incidente de verificación en autos Marcotullio s/ quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

Si la aplicación de la norma lleva a situaciones que pueden llegar a considerarse inequitativas, la modificación debe provenir necesariamente de una reforma legislativa.
Seguro de vida, seguro colectivo, titular de tarjeta de crédito, prima, suspensión de la cobertura, falta de pago, beneficiario del seguro, sucesores, rescisión del contrato, responsabilidad del banco
Materia: COMERCIAL
Carátula: YANIBELLI, DENIS NOEMI c/ SEGURCOOP COOP. DE SEGUROS LTDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Procede el reclamo judicial tendiente a obtener la prestación de cobertura de un seguro de vida colectivo, formulado por los sucesores de quien oportunamente lo tomó, merced de su tenencia de una tarjeta de crédito emitida por un banco. No empece lo expuesto, la circunstancia de que -como en el caso- dicha entidad haya dado de "baja" al asegurado por causa de un reclamo que efectuó, tendiente a evitar el cobro erróneo de una prima de monto accidentalmente duplicado, toda vez que ello no implica que medió voluntad rescisoria del aseguramiento de lado del beneficiario, quien pagaba bien sus primas hasta que un error accidental provocó el entuerto referido. Por ende, la ausencia de voluntad rescisoria del negocio del lado de su beneficiario y de la aseguradora, impone en derecho reputar que la relación convencional subsistía y que el asegurado continuaba emplazado en su calidad de tal, inequívocamente establecida antes del desatino operativo. De modo que el hecho de que el citado desacierto haya determinado que la aseguradora no percibiera las primas durante algunos meses, es cuestión inoponible al asegurado porque la suerte de ellas escapaba a su control.
Recurso de apelación (procesal), concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIDO CLUB INTERNACIONAL s/ Concurso Preventivo (LIBRO: A074 - 244)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-07-01

En la ley 19.551 no existe ninguna norma expresa que prevea la posibilidad que el deudor recurra el auto que resuelve el planteamiento relativo a una liquidación presentada en autos.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, monto de la pena, cambio de calificación legal, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., J. M. c/  s/ GROOMING Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-20

Del fallo impugnado se desprende que la Cámara explicó los motivos por los cuales estimó que el monto de pena debía confirmarse, considerando no sólo las condiciones personales del imputado -persona adulta, con familia constituida, con instrucción y título de técnico electricista-, como así también la modalidad delictiva desplegada y la magnitud del daño causado a las víctimas; y frente a ello, la defensa postula que se habría omitido motivar adecuadamente el mantenimiento del monto de la sanción impuesta en primera instancia al justiciable, pese a haberse revocado parcialmente la sentencia de grado, al modificarse en los casos de dos de las niñas la selección típica de abuso sexual con acceso carnal a la figura de abuso sexual gravemente ultrajante; sin embargo, de la lectura del pronunciamiento en crisis surge que la Alzada entendió que la modificación de la calificación dispuesta en instancia apelatoria, no implicaba necesariamente una afectación del monto de pena elegido, entendiendo que el mismo guardaba proporcionalidad con la gravedad de los hechos atribuidos al encartado y el daño ocasionado a las niñas víctimas. (Del voto del Dr. Netri)
Sociedad conyugal, subrogación real, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: González de Seguí María c/ Antonia Seguí de Lagos s/ Acción Exclusión de Bienes (LIBRO: A114 - 327)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-05-10

El art. 1271 del Código Civil sienta una presunción juris tantum de que los bienes existentes al disolverse la sociedad conyugal son gananciales, es decir, quien pretenda sostener su carácter propio deberá probarlo, siendo en principio todo medio de prueba válido, y la redacción de este precepto da la impresión de que sólo pudiera probarse la pertenencia de los bienes con anterioridad al matrimonio o su adquisición posteior por herencia, legado o donación. Sin embargo se ha sostenido que, tal enunciación resulta incompleta ya que, además de estos casos, serán propios también aquellos bienes contemplados por los arts. 1266...,norma esta que aún cuando sólo alude a los bienes inmuebles, la doctrina es uniforme en considerar que el principio de la subrogación real también rige respecto de las cosas muebles y de los bienes inmateriales, es decir, todos aquellos que reemplazan en el patrimonio de los cónyuges a los que se enajenaron a cambio de ellos.
Seguridad social, derecho de opción, pensiones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González de Luna, C.M c/ / Caja de Jubilacones, Pensiones y Retiros de Córdoba. s/ Córdoba. recto (Hoy Casación).
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-04-29

La circunstancia que el derecho habiente gozara con anterioridad al fallecimiento del causante de una prestación de la seguridad social (que con valor de cosa juzgada judicial, se reportó "insuficiente"), nada obsta para que, en ejercicio legítimo del derecho de opción, desista del beneficio concedido con anterioridad, para poder así acceder en concurrencia o coparticipación al derecho de pensión.

Porque la finalidad perseguida por el art. 31 de la ley 5846 y el art. 32 del Decreto Reglamentario es la de evitar la acumulación de beneficios, sin efectuar distingo en relación a la oportunidad parta ejercer eficazmente el derecho de opción.

Esta conclusión se desprende del propio texto del Decreto reglamentario cuando el art. 32 lleva ínsito que el sujeto que optó por la pensión, ya se encontraba en goce de una prestación previsional a la cual renuncia.
Prueba de histocompatibilidad, negación de la paternidad
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ JUAN CRUZ c/ BEHERAN JUAN PABLO s/ ORDINARIO FILIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-12-28

Incluso con la nueva normtiva, mantengo y reafirmo la postura que considera a la negativa injustificada como un indicio "grave" contrario a la posición renuente -art. 579 del C.C.C.N.-. Ya había manifestado que si bien el supuesto de mayor dificultad para el juzgador se presenta cuando sólo cuenta -para pronunciarse- con la negativa del demandado a someterse a la pericia médica ordenada, no es menos cierto que -ello- de ninguna manera puede acarrear la impotencia de la jurisdicción de forma tal que la única solución sea rechazar la pretensión filiatoria. El indicio es fuente de presunción y la sentencia puede fundarse en ella con exclusividad cuando, conforme aquí acontece, media la imposibilidad de obtener otra prueba. En otras palabras, del indicio de negarse -el demandado- injustificadamente a rendir la prueba biológica deviene la no menos seria presunción de ser cierta la paternidad endilgada. Y, esto deber ser así aunque se cuente con este único indicio porque -sin duda- la actitud insolidaria revela gravedad bastante como para, a partir de allí, formar un criterio convictivo apto para consagrar la verdad de la filiación pretendida. Sucede que cuanto más precisión tiene la conclusión científica de los exámenes biológicos, más graves son las consecuencias legales derivadas de la negativa injustificada. Quien se niega, algo tiene que ocultar. He ahí el axioma actual que debe dispensarse al art. 4º, de la Ley 23.511.
Desobediencia a un funcionario público, acción pública, querellante, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: VACCARO, JOSE s/ DESOBEDIENCIA. QUERELLA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

Procede que el damnificado en el delito de desobediencia- que afecta a la administración pública- pueda ejercer conjuntamente con el ministerio público la acción pública a título de querellante, por ser pasible de perjuicio real o potencial que lo ofende directamente.
Cámara contencioso administrativa, competencia, agotamiento de la instancia administrativa, informalismo a favor del administrado, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUIRRE, LISANDRO PEDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-25

Corresponde declarar que el presente caso es de la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo; y, atento que ha intervenido en autos el Poder Ejecutivo en una instancia judicial completa e incluso en parte de una segunda, y que el órgano mencionado ya fijó claramente en distintas oportunidades su posición contraria a la pretensión de los demandantes, puede presumirse la ineficacia cierta de remitir a los actores a agotar la vía administrativa, pues tal alternativa se convertiría -en las particulares circunstancias del caso- en un requerimiento de injustificado rigor formal, en aras de un ritualismo que llevaría, además, a un ilógico dispendio administrativo y jurisdiccional; y por lo tanto cabe eximir a los demandantes de la exigencia del agotamiento de la vía administrativa previa establecida en el artículo 7, primera parte, de la ley 11330; y otorgarles un plazo de treinta días para que adecuen sus pretensiones, por ante el órgano judicial pertinente, a los términos de la referida ley. - CITAS: CSJN: Fallos 314:725; CSJStaFe: Raffin, AyS T 175, p 190; Mori, T 131, p 105; Garavano de Galarza, T 165, p 289; Garay, T 171, p 143; Fazzini, T 230, p 403; Andino, T 267, p 376; Hilbe, T 287, p 132; Durán, T 295, p 219. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330, artículo 7, primera parte