Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-08-27


Trelew, de agosto de 2010.- --- VISTOS: La resolución de fs. 67, el recurso de apelación de fs. 69, concedido en relación a fs. 79, y la expresión de agravios de fs. 71/73; y ----- CONSIDERANDO: I.- Que el juez "a quo" por resolución de fs. 67 decidió que, a los fines de sustanciar la medida cautelar solicitada por la actora, resulta procedente la intervención del juzgado competente ante el proceso de declaración de insanía. Por lo que ordena remitir el expediente al juzgado declarado competente por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 64). Contra esta decisión se alza el accionante y expresa agravios, en lo fundamental, argumenta sobre los siguientes puntos: a) el juez merituó lo expuesto en el líbelo de inicio y la documental anejada, pero ha ignorado que la medida cautelar solicitada tiene por antecedente un contrato de arrendamiento (aparcería) sobre un bien inmueble; b) la acción principal es una cuestión patrimonial que habrá de iniciarse -dice- ante la justicia del lugar de celebración del contrato o donde deba cumplirse, agrega: los tribunales de esta provincia y no los de Córdoba; c) los procesos de curatela, al no ser juicios universales, no ejercen fuero de atracción; d) la declaración de incompetencia no impide el dictado de la medida cautelar para evitar perjuicios de difícil o imposible reparación ulterior. Invoca jurisprudencia que avalaría su postura y solicita que se revoque el fallo de grado y se haga lugar a la medida cautelar. II.- Así planteada la cuestión, corresponde desestimar el recurso. El recurrente se agravia contra la decisión del juez "a quo", al que endilga haberse declarado incompetente a favor de la justicia de Córdoba, por cuanto ello, dice, no le impedía despachar la medida cautelar que solicitó. Dos precisiones caben formular al respecto. ---- 1. No es la resolución del juez de grado, en rigor, la que determina la competencia de la justicia de Córdoba para entender en autos, sino el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación glosado a fs. 64. De los antecedentes de autos se desprende que, en concreto, el recurrente consintió la intervención del juzgado de familia competente en relación con la insanía de la contraria (fs. 54vta.), y ello derivó en el conflicto negativo de competencia que finalmente resolvió la Corte Suprema, previo dictamen del Procurador General (fs. 59/vta) y Defensor General de la Nación (fs. 60/63). ------ Ese pronunciamiento del Máximo Tribunal de la Nación es, en definitiva, irrevisable en esta instancia. Sobre esto debe estarse a lo que es jurisprudencia de la Corte Suprema, precisamente sobre el punto, en tanto tiene dicho que "la secular y vigente expresión de que la Corte es custodia e intérprete final de la Constitución y de los derechos en ella consagrados debe ser entendida no sólo en el sentido de que sus decisiones son irrevisables, sino también en el de que son últimas" (CS, 09/03/2004, "Ciancio de Deluchi, Estela c/ Guesalaga, Francisco y otros", Fallos 327:347; también: CS, 15/05/2007, "Binotti, Julio César c/ E.N.-Honorable Senado de la Nación", Fallos 330:2222). Esto es también lo que explica la doctrina; en particular por cuanto se expresa que "la Corte Suprema es el tribunal en último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción. Sus decisiones son finales. Ningún tribunal las puede revocar" (vid. GONZALEZ CALDERON, Juan A., "Curso de derecho constitucional", Buenos Aires, 3ª ed., 1981, p. 562; EKMEKDJIAN, Miguel A., "Tratado de derecho constitucional", Buenos Aires, 1999, T. V, p. 205, nº 785: "Rol institucional del Poder Judicial de la Nación"). ------- Ello hace aplicable el criterio que establece que "la providencia que es sólo consecuencia de otra resolución anterior que se encuentra firme es inapelable, pues lo contrario importaría tanto como consentir la revisión de decisiones judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada" (esta Sala, SIC. nº 100 de 2002; nº279 de 2009); por lo que corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 70. ------ En sustento de lo anterior, cabe tener presente que "si bien es el Juzgador de primera instancia quien concede el recurso, el juez del mismo es siempre el órgano de apelación y, por lo tanto, dichas providencias deben ser revisadas oficiosamente investigando los presupuestos que hacen a su admisibilidad, previo al ingreso del examen de la causa" (conf. COSTA, "El recurso ordinario de apelación", Buenos Aires, 1950, pág. 65, nº 41 y nota 130; IBAÑEZ FROCHAM, "Tratado de los recursos en el proceso civil", Buenos Aires, 3ª ed., nº 46; citados por MORELLO-SOSA-BERIZONCE, "Códigos Procesales en los Civil y Comercial, Provincia de Buenos Aires y de la Nación ", Ed. Platense, La Plata, 1988, T. III, pág. 393). ------ ----- 2. Sin perjuicio de lo anterior, en razón de que también pretende agraviarse el accionante en relación a la no consideración de la medida cautelar que solicita, cabe advertir, en función de los términos del art. 198 de la de la ley XIII nº 5 (antes art. 196, C.P.C.C.), que es "deber" del magistrado de grado "abstenerse de dictar medidas precautorias cuando su conocimiento de la causa no fuese de su competencia"; y que el segundo párrafo de esta norma establece sólo una excepción de "validez" para el caso en que el juez haya dictado la medida cautelar (admisible y procedente) no obstante su incompetencia, con obligación de inmediata remisión de la causa al magistrado competente-requirente. ------ De ello se sigue el criterio de esta Sala de interpretar de modo restrictivo el otorgamiento de medidas cautelares por magistrados incompetentes. Ello se decidió así, por ejemplo, en la causa "A. R. y otra c/ O. S. U. P. s/ Acción de amparo" (expte. nº 22.819, SIC. Nº 114 de 2008), en donde, por sus particulares circunstancias, se valoró una cuestión de salud fundamental y urgente, resolviéndose favorablemente el reclamo de un paciente terminal. Allí se dijo, consecuentemente, que "el art. 196 del C.P.C.C. establece como regla general que los jueces deberán abstenerse de decretar medidas precautorias, cuando la causa no resultare de su competencia. Sin perjuicio de que las medidas ordenadas mantengan su validez, resultando prudente destacar que la excepción a la regla se funda en la urgencia de las medidas cautelares" (Cám. Civ. Com. San Isidro, Sala 1ª, 17/8/00, "K., O. c/ G., M. s/ Divorcio", en Juba sum. B1700740). Y se agregó que si bien es cierto que los jueces incompetentes pueden decretar medidas cautelares, no debe olvidarse que ello sólo es posible excepcionalmente y cuando razones de urgencia así lo aconsejan, siendo el principio general que estas medidas deben requerirse ante el juez que tenga la competencia de la acción principal, ello fundado en que las medidas cautelares no constituyen un fin en si mismas, sino que son un accesorio, instrumento o elemento de otro proceso" (Cám. Civ. Com. La Matanza, Sala 2ª, 5/7/01, "Romero Félix Miguel y otros c/ Lacuadra Carlos y otros", en Juba sum. B3400109). ------- A mayor fundamento, también dijo esta Sala en la citada causa "A." que "el artículo 196 del CPCC establece un principio general -los jueces deberán abstenerse de decretar medidas precautorias cuando la causa no resultare de su competencia, en razón de la materia, valor o grado- y una excepción, que debe ser tomada como tal y con la estrictez del caso en el sentido de su urgencia" (Cám. Civ. Com. La Matanza, Sala 2ª, 15/6/04, "Strapko, Felipe Roberto c/ Ministerio de Gobierno y otros s/ Amparo", en Juba sum. B3400545). ----- ----- 3. Frente a lo expuesto, se advierte que la cuestión de competencia negativa se planteó sin que el magistrado local considerado incompetente se expida sobre la medida cautelar, cumpliéndose así el "deber" del art. 198 de la ley XIII nº 5 (antes art. 196, C.P.C.C.), y, tal como se deriva del fallo de la Corte Suprema glosado a fs. 64, la cuestión se resolvió en función de los derechos del insano comprometidos en la litis y con referencia implícita a la medida solicitada a través de la indicación que se realiza al tribunal de provincia declarado competente, en el sentido de que éste es quien "deberá adoptar -con carácter de urgente- las medidas que resulten necesarias para salvaguardar la integridad psicofísica y el patrimonio del incapaz". Por lo que deberá estarse a lo que, en definitiva, resuelva el tribunal competente (doc. arts. 6, inc. 4, y 198, de la ley XIII nº 5; antes art. 196, C.P.C.C.). -- III.- Por lo expuesto, sólo resta cumplir con la remisión del expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 12ª Nominación de la Primera Circunscripción de la Provincia de Córdoba, para que si así lo estima procedente se expida sobre la medida cautelar solicitada respecto de bienes de la insana, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia. IV.- Por la forma en que se resuelve, las costas se impondrán por su orden (art. 69 y 70, de la ley XIII nº 5; antes arts. 68 y 69, C.P.C.C.). Atendiendo la extensión e importancia de las tareas desarrolladas, el resultado obtenido en el presente, así como el carácter con que actuara, corresponde regular los honorarios de los Dr. H. I. en el 0,65% de la liquidación que oportunamente se practique (arts. 5, 6, 8, 13, 32, Ley de Aranceles). ------- Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew, RESUELVE: -- Declarar mal concedido el recurso de fs. 69. ------- Ordenar que se cumpla, en carácter urgente, con la remisión del expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 12ª Nominación de la Primera Circunscripción de la Provincia de Córdoba, conforme lo ordena la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fs. 64. ------ Imponer las costas por su orden. Regular los honorarios de los Dr. H. I. en el 0,65% de la liquidación que oportunamente se practique. ------- Regístrese, notifíquese y devuélvase. REGISTRADA BAJO EL Nº 48 DE 2010 - SIF.- Conste.