Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-13


Autos N° 22.002 (N° 139.357- 11° JUZGADO CIVIL), caratulados: "BANCO DE SAN JUAN SA C/ Icazati Jorge Eugenio y Otra- Simulación" En la ciudad de San Juan, a 13 días del mes de agosto del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los Dres. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO y GILBERTO A. RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia interlocutoria, recaída en autos N° 22.002 (N° 139.357- 11° JUZGADO CIVIL), caratulados: "BANCO DE SAN JUAN SA C/ ICAZATI JORGE EUGENIO Y OTRA- SIMULACIÓN", dictada en fecha trece del mes de noviembre del año dos mil catorce, obrante a fs. 350-354, de estos autos originarios del Décimo Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: EL DR. PASCUAL E. ALFERILLO, DIJO:

La sentencia impugnada rechazó las excepciones planteadas, impuso las costas a los vencidos y reguló los honorarios profesionales de los Dres. Rodolfo y Federico López en la suma de pesos Diez mil ($10000) y los de los Dres Carlos Sánchez Bustos y Ramiro Sánchez Mestre en la suma de pesos ocho mil ($8000) (arts. 185,188 y 215 ley 2150).

Los Agravios:

I- La demandada por medio de su apoderado se agravia en primer lugar del rechazo de la excepción de prescripción opuesta. Sostiene que teniendo en cuenta las previsiones señaladas en el art. 4033 del CC para determinar el momento inicial del cómputo del plazo de la prescripción, la acción se encuentra prescripta. Alude que el contrato de fideicomiso fue celebrado en el mes de diciembre de 2011 y la demanda se interpuso el 08 de julio de 2013, por lo que la acción claramente prescribió.

Expresa que si el cómputo del plazo se inicia desde que el acreedor tomó conocimiento del acto, la acción estaría prescripta a la fecha de interposición de la demanda, atento que tiempo antes que el indicado en la ley, el actor ya conocía el acto que pretende revocar. Sostiene que ello surge de los autos N° 132.763 caratulados "Banco de San Juan SA S/Diligencia Preliminar" en trámite ante el Noveno Juzgado Civil, presentada en fecha 12 de junio de 2012 ante Mesa General de Entradas. Agrega que allí, el banco reconoce expresamente estar en conocimiento del contrato de fideicomiso, siendo obvio que con fecha anterior a su presentación sabía y conocía el acto jurídico que pretende revocar, por lo que al 8 de julio de 2013 momento de interposición de la presente demanda se encontraba superado el plazo del art. 4033 del CC.

Ataca la parte del fallo que asimila la diligencia preliminar con la demanda en los términos del art. 3986 del CC ya que las diligencias no interrumpen el curso de la prescripción, por cuanto no produce los efectos propios de la demanda, no constituyen en mora, ni abren la instancia.

Entiende que en el supuesto de considerar que si interrumpieron la prescripción, surge de la causa que tales diligencias fueron presentadas el día 12 de junio de 2012, así, la prescripción se interrumpió y a partir de ese día comenzó a correr un nuevo plazo. La demanda fue interpuesta el 8 de julio de 2013, es decir cuando la acción ya estaba prescripta.

Alega que no resulta razonable pretender que la interrupción se extienda por todo el tiempo del trámite de la diligencia preliminar, como hace el a quo, ya que ello violenta los plazos de prescripción dejándolos en manos del actor, lo que resulta contrario a derecho.

II- El apelante argumenta que la acción debió ser rechazada in límine por cuanto uno de los demandados, Sr. Icazati, se encuentra en concurso preventivo, consecuentemente su patrimonio sujeto a la normativa concursal, que al respecto dispone la suspensión de las acciones de contenido patrimonial desde la fecha de la apertura del concurso. Sostiene que durante el concurso preventivo ningún acreedor puede alegar perjuicio ni sustraerse del régimen general fijado para los acreedores verificados, por lo que no pueden coexistir simultáneamente esta acción de simulación con el proceso concursal, desde que luego de homologado en concurso, el banco no podrá sustraerse a los efectos del acuerdo, careciendo de legitimación para cuestionar el fideicomiso impugnado. Critica la posición doctrinaria adoptada por el aquo. Señala que el Banco de San Juan ha promovido una acción de impugnación del acuerdo, con la base fáctica de esta acción de simulación, por ello considera que no es admisible que existan dos procesos para dirimir el mismo tema, en la especie la cuestión debe debatirse en el ámbito concursal. Solicita se revoque la resolución recurrida y se rechace la acción o en su caso se ordene la suspensión de su trámite en razón de la existencia de concurso preventivo.

III- Reitera el apelante, al introducir el tercer agravio, que el Banco de San Juan SA carece de interés para el ejercicio de esta acción, desde que su crédito verificado está alcanzado por los efectos del concurso preventivo. De ello concluye que no hay interés legítimo del actor, ni en la acción de simulación ni en la de fraude, desde que está imposibilitado de ejecutar su crédito, por otra vía que no sea la del concurso.

IV- El apelante entiende que la sentencia es errónea ya que ha desestimando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por su parte y ordenado, conforme las facultades del juez, la integración de la litis. Sostiene que tal decisión beneficia y subsana errores de la actora al demandar, lo que es violatorio del principio de igualdad de partes y debido proceso, afectando el derecho de defensa de su parte, más aun cuando tal deficiencia fue objetada por medio de la excepción opuesta.

Sostiene que existiendo un litisconsorcio pasivo necesario, la demanda interpuesta contra algunos de los partícipes del acto cuestionado, es errónea y debe ser rechazada. Reitera que la demanda es improponible del modo en que ha sido efectuada, la litis ya está trabada con los Sres. Icazati y Sra. Sánchez Sarmiento circunscribiéndose a peticionar la nulidad de la escritura N° 224, por lo que precluyó la oportunidad procesal para integrarla con terceros mencionados. Además, afirma que la sentencia a dictarse no podrá extender sus efectos contra la escritura N° 35, por la cual la Sra. Aranda se constituyó en fiduciaria y titular de la propiedad de los bienes inmuebles cuya transmisión cuestiona la actora.

V- Solicita que luego de resuelto el presente recurso se impongan las costas a la actora y se regulen los honorarios en términos porcentuales por revestir el caso contenido patrimonial susceptible de apreciación pecuniaria, una vez que haya sido rechazada la acción.

La actora contesta a fs. 370/379 el traslado de los agravios conferidos.

Tratamiento de los agravios:

La sentencia atacada presenta la característica de haberse expedido sobre excepciones opuestas como de previo y especial pronunciamiento.

A fin de un mejor análisis metodológico modificaré el orden en que han sido planteados los agravios propuestos:

Planteo referido a la solicitud de rechazo "in límine" de la acción y suspensión del trámite por encontrarse en concurso el codemandado Sr. Jorge Eugenio Icazati.

No existe duda alguna que el patrimonio del Sr. Icazati se encuentra sujeto a la normativa concursal, pero ello no significa que corresponda la suspensión del trámite de esta causa por los motivos que expondré.

Confunde el apelante el objeto de esta acción. Cabe recordar que el actor inicia la presente causa que tiene por objeto que se declare la nulidad por simulación de la transferencia fiduciaria instrumentada en la escritura n° 224 de fecha 27 de diciembre de 2011, mediante la cual el codemandado Sr. Eugenio Icazati en su carácter de fiduciante le transmite a la Sra. Beatriz Sánchez Sarmiento en su carácter de fiduciaria, varios inmuebles. En subsidio interpone acción revocatoria.

La presente acción no tiende a desplazar el patrimonio del deudor, sino a recomponerlo, siendo la vía hábil para tal fin. Con esta acción el acreedor tiende a la protección del patrimonio del deudor, prenda común de los acreedores. Ambas acciones de simulación y fraude, son conservatorias, tendientes a asegurar la integridad patrimonial del deudor.

Se trata de un proceso de conocimiento en trámite, que tiende a la comprobación judicial de la verdadera realidad jurídica de los demandados, oculta según la actora , bajo una falsa apariencia. Tal pretensión es totalmente diferente al objeto propio del proceso concursal (Autos N° 3464) que tramita ante el Juzgado Comercial Especial, donde el acreedor -actor- Banco de San Juan, ha verificado su crédito, que es anterior al acto que ataca de fraudulento; y quedará sometido, en caso de homologarse el acuerdo a los términos allí convenidos a los fines del cobro de su crédito. El juez del concurso (fs. 171), previo informe de la sindica interviniente en el mismo, resolvió que la presente causa queda excluida del fuero de atracción por ser un juicio de conocimiento en trámite, por lo que continúa su tramitación ante los Tribunales de su radicación originaria (Décimo Primer Juzgado Civil), con intervención del síndico como parte necesaria.(art. 21 ley LCQ). Dichos actos se encuentran firmes y no han sido impugnados por los demandados. Sentado ello, corresponde rechazar el agravio del apelante por encontrarse incluido el presente proceso en la excepción prevista por el art. 21 (inc. 2) de la ley concursal, por tratarse de un procesos de conocimiento en trámite.

Sostiene también el apelante que el banco ha hecho uso de la herramienta del art. 50 del LCQ y por ello no estaría habilitado para proseguir este proceso.

La circunstancia de que el Banco de San Juan SA ha deducido impugnación al acuerdo en los autos N° 3464 en base a la ocultación de bienes del deudor (inc. 4° art. 50 LCQ) en nada perjudica el desarrollo y trámite de esta acción ordinaria cuyo objeto, en caso de prosperar es lograr, tal como adelanté, en definitiva, la recomposición patrimonial del codemandado.

Cabe destacar que el presente proceso tiene un objeto propio, con la estructura de todo proceso de conocimiento con amplitud probatoria y en la cual cabe la posibilidad de plantear y decidir en forma definitiva, la totalidad de las cuestiones involucradas en el conflicto, a los fines de demostrar, en caso que prosperase la acción, la supuesta ocultación de bienes por parte del codemandado. De allí se advierte que subsiste el interés legítimo del Banco en el inicio y trámite de este proceso. En cambio, por medio de la impugnación prevista en el art. 50 de la LCQ el acreedor hace uso, en el tiempo oportuno, del medio de idóneo que le brinda la ley a efectos de defender su interés dentro del procedimiento concursal. Ejerce por medio de la formulación del incidente, con una tramitación abreviada, uno de los remedios que la ley concursal le brinda en defensa de sus derechos, sujeto a las distintas consecuencias que pueden acaecer en caso de que dicha impugnación sea admitida o rechazada; siempre con el objeto final de lograr el cobro de su crédito. Por ello, considero que tal argumento debe ser desestimado.

Excepción de falta de legitimación activa: Tal defensa sólo puede oponerse cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de la fundabilidad de ésta.(Autos: Phalarope S.A. c/ Santiago del Estero Provincia de s/ daños y perjuicios. Tomo: 317 Folio: 687 Magistrados: Nazareno, Belluscio, Petracchi, Levene, Moliné O'Connor, López, Bossert. Disidencia: Abstención: Fayt, Boggiano. Exp.: P. 257. XXIV. - Fecha: 23/06/1994 Jurisprudencia de la Nación-Lex Doctor 9.1).

No sólo las partes están legitimadas para ejercer la acción de simulación, sino también los terceros que demuestren un interés legítimo en hacerlo, cuando el acto aparente vulnera un derecho subjetivo o amenaza su violación, mereciendo por ello también tutela jurídica la amenaza o daño potencial si el negocio jurídico aparente le traerá perjuicios al reclamante. (cfr. López Mesa M, Código Civil y Leyes Complementarias, T°II, pág. 167).

Todos los bienes de una persona están afectados al cumplimiento de sus obligaciones, por ello; si por algún acto de disposición sobre alguno de estos, coloca el deudor a sus acreedores en una situación de disminución de la garantía común, corresponde a los acreedores el ejercicio de las acciones referidas tendientes a la restitución de los bienes y a su ingreso nuevamente al patrimonio del deudor.

Conforme a ello, el Banco de San Juan, acreedor del codemandado, se encuentra legitimado para iniciar la presente demanda ya que es sujeto activo de la relación jurídica. Propicio, por ello, el rechazo del agravio.

Falta de legitimación pasiva:

El litisconsorcio necesario se da cuando no puede pronunciarse útilmente una sentencia más que con relación a varias partes.

Arazi, Rojas, en su obra Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo I, pág 419, Editorial Rubinzal Culzoni, señala recordando jurisprudencia (fallo de CNCiv sala C-2-7-81 ED 96-305) que "hay litisconsorcio necesario cuando la eficacia de la sentencia se halla subordinada a la circunstancia de que la pretensión procesal sea propuesta por varias personas o frente a varias personas o, simultáneamente por o frente a varias personas." Así, en el presente caso, el actor demanda la nulidad de la escritura N° 224 por la que se constituyó un fideicomiso de administración. Ello exige la integración de la relación jurídico procesal con todos los participantes en el otorgamiento del acto jurídico atacado, por existir un litisconsorcio pasivo necesario.

Media en tal caso una relación sustancial única e indivisible, en cuya cuestión se impone la actuación de todos los legitimados, no debiendo omitirse la presencia de alguno de los legitimados, pues el pronunciamiento sería de ejecución imposible.

El art. 89 del CPC dispone que si no se ha demandado a todos los sujetos a fin de poder dictar una sentencia útil respecto de ellos, el juez antes de la providencia de apertura a prueba, puede ordenar la integración de la litis, disponiendo la suspensión del proceso.

Así, el juez de grado, entendió que la litis no se había trabado correctamente y ordenó en el fallo atacado su integración en virtud de las facultades ordenatorias e instructorias conferidas por el art. 33 inc. 5° del C.P.C.

Considero que la solución dada por el a quo encuentra su fundamento en la preservación del debido proceso en relación a las partes demandadas, con la conveniencia de asegurar la economía procesal y el eficaz servicio de justicia (cfr. Autos N° 21973 "Bustamante Hugo Marcelo C/ Sucesores de Domingo Krause S/Escrituración, L.de S. T° I-2015, F°88/92-2/06/15).

Este Tribunal ha dicho que "no constituye obstáculo para la integración de la litis la excepción de falta de legitimación pasiva parcial o falta manifiesta de legitimación para obrar, desde que tal integración puede ser dispuesta aún de oficio, conforme artículo 95, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial atendiendo a la etapa en que se encuentra el proceso". (Cfr. L de A. T° 124, F° 92/94, 14/04/2003). Esta Sala se ha expedido al respecto en los Autos N° 17.110 caratulados "Romero Carlos C/H.S.B.C Bank Argentino SA S/Nulidad de Subasta -Cautelar": "Entendemos que ello no es así porque se trata en el caso de una deficiencia al demandar que no consistía en dirigir la demanda contra quien carece de interés para ser demandado sino en una incompleta mención de aquellos con legitimación para participar en el contradictorio que se generaba, por lo cual la sentencia se ajusta a derecho y a las específicas disposiciones, sobre el tema, contenidas en el C.P.C." "Procede la extensión de la demanda contra otros codemandados si no se modifica la acción contra los demandados primitivos que tomaron intervención en autos. Ello así, porque la inclusión de otros puede evitar un proceso posterior y no perjudica a los restantes quienes ya han comparecido desde que no ven alterada la pretensión originaria (conf. CNCiv. Sala E, 28/5/91, J. A. 1991-IV, pág. 408; R. 38.594, del 5/6/88 y antecedentes allí citados; ídem, Sala B, J.A. 1955-II-74, Colombo "Código Procesal Comentado", T. III, pág. 154). Es que si la citación fue requerida antes de la apertura a prueba, sin haberse modificado la causa ni el objeto de la pretensión, tal ampliación no afecta la regla del art. 331 del Código Procesal y por otra parte, encuentra amparo en el principio de economía procesal, al evitar la duplicación de procesos con idéntico reclamo. En igual sentido fue dispuesto por la Corte Provincial en autos " Reverendo Oscar N. c/ Bazán de Podestá y Otros- amparo- Inconstituc." del 9-12-98)" (Cfr. Autos N° 17.110, caratulados "Romero Carlos C/HSBC Bank Argentino S/Nulidad de Subasta).

Ahora bien, considero que, en virtud de que la integración de litis fue efectuada a raíz del planteo de la excepción de falta de legitimación opuesta por los demandados, corresponde que las costas de esta incidencia, de acuerdo al resultado arribado, se impongan por su orden (art. 70 del C.P.C.). (988-O) Prescripción de la acción:

El actor inició las diligencias preliminares ante el Noveno Juzgado Civil con el objeto de recabar copia certificada de la escritura N°224 F°587 de fecha 27 de diciembre de 2011 y se ordene la constatación judicial de los inmuebles que denuncia fueron transferidos por medio del contrato de fideicomiso a la codemandada Beatríz Sánchez Sarmiento; todo ello a fin de iniciar acción judicial de simulación o fraude contra Jorge Eugenio Icazati y Beatríz Sánchez Sarmiento.

Las diligencias fueron iniciadas en fecha 12 de junio de 2012, efectuando el actor diferentes actos impulsorios y válidos que de ella derivan, siendo el último, la constatación de fecha 09 de octubre de 2012.

Las medias llevadas a cabo en las citadas diligencias preliminares son expresiones patentes de voluntad del actor de no renunciamiento, de no abandono, del crédito perseguido; y por sobre todo de mantener activo el acto que produjo la interrupción.

Esta conclusión, impone analizar si el alcance de las diligencias preliminares queda comprendido en los términos de demanda previsto por el art. 3986 del CC. a los fines de determinar si tuvieron efecto interruptivo de esta acción.

Al respecto esta Sala ha dicho en autos Nº 18.771, caratulados "U.D.A.P. C/ Manuel Carcelero y otros - sumario - incidente de honorarios Dra. Nilda Atencio de Ortiz", del 20-12-06, protoc. L. de A. Tº 148, Fº 186/193, donde definimos el término "demanda" acudiendo a otros precedentes (Protocolo: L.A. 121, Fº 140/147) y caso Nº 16681, caratulados "Gallardo, Oscar Osvaldo c/ Municipalidad de Calingasta - Cobro de Pesos - Ordinario" (L. de A. Tº 117 Fº 130/132); y dijimos, con relación a los términos del art. 3986 del Código Civil que "...la doctrina y jurisprudencia reiteradamente vienen sosteniendo en torno a la interpretación del mencionado artículo, que el término demanda en la citada norma no ha de tomarse en el sentido técnico de la expresión, valiendo por tal concepto los actos procesales realizados ante la justicia que ostensiblemente tienden a resguardar el crédito contra la prescripción, o que muestren la voluntad inequívoca de lograr el cumplimiento de la obligación manteniendo vivo el derecho del acreedor. Entre los supuestos alcanzados por la acepción "demanda", en el sentido indicado, dice Moisset de Espanés, se cuentan: la reconvención, la oposición a la compensación, el juicio ejecutivo, la presentación efectuada en un concurso o quiebra, la iniciación de juicio sucesorio del deudor, el pedido de indemnización formulado en sede penal, la solicitud de medidas cautelares, las medidas preparatorias de la demanda, la solicitud de beneficio de litigar sin gastos, etc...".

Como se colige se ha marcado que las medidas preliminares, producen la interrupción de la prescripción. Vinculado con el punto y en igual sentido, Cazeaux-Trigo Represas, interpretan el vocablo demanda utilizado por el art. 3986 C.C. en forma amplia inclinándose "a extender el concepto de demanda a toda pretensión deducida judicialmente, a todo acto que evidencie que el acreedor no ha abandonado su crédito y que su propósito es no dejarlo perder, lo cual de por sí constituye una manifestación de voluntad idónea suficiente para interrumpir la prescripción..." (Derecho de las Obligaciones (Librería Editoral Platense - 1980), Tº 3, pág. 577). De igual modo aseveran que "...el acto interruptivo para ser tal debe ser anterior al fenecimiento del término de prescripción pues de suceder a posteriori serían otros, distintos sus efectos..." (ob. cit., pág. 575). En igual sentido A.A. Alterini en "Derecho de las Obligaciones- Civiles y Comerciales", pág. 652.".

Definido entonces el término "demanda" se debe determinar ahora la duración del efecto interruptivo de ella, como así de los actos que la siguieron.

Este Tribunal en los precedentes AUTOS N° 21.627 CARATULADOS "MORENO, IRMA ELVA C/ YPF SOCIEDAD ANÓNIMA - PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA". L. DE S. T° 116, F° 47/54- 18/09/2013 y en autos Nº 16.908 "Gimenez Manuel Cecilio c/ Municipalidad de Chimbas - Cobro de Pesos", analiza si el efecto de la interposición de demanda judicial se agota instantáneamente posibilitando que, con posterioridad, renazca un nuevo curso del período prescriptivo, o si ellos se prolongan en el tiempo, y en su caso la trascendencia de la actividad procesal."...Respecto de esta cuestión considero que el efecto interruptivo de las diligencias preliminares no se limita a un solo instante, el de promoción, sino que también ha de reconocérselo a los subsiguientes actos impulsorios y válidos que de ella derivan desde que no son otra cosa que expresiones patentes de voluntad de no renunciamiento, de no abandono, del crédito perseguido; y por sobre todo de mantener activo el acto que produjo la interrupción. Autorizada doctrina y jurisprudencia me inclinan por esta solución, tal la publicada en J. A., 48, P. 363, Punto II, "El curso de la prescripción liberatoria y las medidas de seguridad", donde se dijo que, atendiendo a que el supuesto de hecho de la prescripción lo constituye la inacción del acreedor, del titular del derecho expuesto a extinguirse, concluyo en que prescindiendo del significado procesal estricto del término "demanda" correspondía asimilar a ésta con el espíritu con que dicha voz es utilizada en el art. 3986 otros actos procesales que resultando contradictorios con el "factum" del instituto de la prescripción liberatoria "patentizaran" la voluntad del acreedor de mantener vivo su derecho, destruyendo de tal modo la presunción de abandono (en apoyo de esta posición se citaron en los precedentes referidos las opiniones de Acuña Anzorena, Spota, Salvat, Borda, Galli, Colmo y Rezzonico; y fallos de la CN Fed., Sala I, J. A., 5-1970, P. 396; Cnciv., Sala A, E. D., 16-512; Sala B, E. D., 18-573; Sala C, E. D., 39, Fallo nº 19.092; Sala D, J. A., 1968-VI, p. 118; Scba, J. A., 1959-III, p. 389 y E. D., 8-510).

"Debe concederse efecto interruptivo a cada uno de los actos procesales demostrativos de la voluntad del actor de ejercer el derecho que se atribuye, pues de otro modo la demanda (entendida en sentido técnico procesal) no mantendría por su sola presentación, interrumpido sine die -el curso de la prescripción-. Es necesario que el demandante no permanezca inactivo, pues la inactividad conduce a la prescripción." "Si el proceso continúa después de la demanda, con la sucesión de actos procesales necesarios para el impulso de aquél, la prescripción es cada vez interrumpida por un nuevo acto el cual, si bien técnicamente no es "demanda", se ligan con ésta y la implican de modo tal que la renuevan implícitamente, al punto de poder considerarse a cada acto procesal impulsivo, como una reiteración de la demanda originaria. Justamente este criterio básico es el que funda el instituto de caducidad de la instancia, ya que sin un nuevo acto procesal impulsivo, se supone que la demanda ha dejado de renovarse y, por eso mismo, perece la instancia. De allí, entonces, que no puede colegirse en modo alguno que el derecho parte del supuesto que la demanda, por sí sola, hace subsistir la instancia. La demanda sólo produce los efectos de tal pero para que los mismos perduren en el tiempo, es menester su reiteración implícita mediante los consecuentes actos impulsivos de la instancia." (cfr. Palacio, L.E "Derecho Procesal Civil", 2da. reimpresión, 1984, T. IV, pág. 215).

De todo ello concluyo, que aún considerando la fecha más lejana a la interposición de las diligencias preliminares, es decir la fecha en que el acto tuvo lugar (27 de diciembre de 2011) hasta el 12 de junio de 2012, fecha en que la diligencia preliminar fue interpuesta, transcurrió un período de tiempo menor al año previsto por el art. 4033 del CC. Las diligencias preliminares interrumpieron el curso de la prescripción y los sucesivos actos y peticiones del actor efectuados en dichas medidas continuaron interrumpiendo dicho plazo, siendo el último idóneo a tal fin la constatación de fecha 9 de octubre de 2012. Desde tal fecha hasta el 8 de julio de 2013 tampoco transcurrió el tiempo necesario a los fines de la prescripción de esta acción. Por ello propicio rechazar el primer agravio.

Costas y honorarios:

En virtud del rechazo de los agravios efectuados por el apelante, la imposición de costas, salvo respecto de incidente de integración de litis, se mantiene, tal como lo resolvió el a quo.

El a quo reguló los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con las previsiones del art. 188 de la ley 2150. Opino que la queja formulada al respecto por el apelante, debe ser desestimada por cuanto los planteos por él efectuados quedan enrolados en los incidentes de neto corte procesal, siendo adecuada la normativa aplicada en la sentencia atacada.

En razón de haber sido llamadas ha integrar la litis dos menores, las Srtas. Sol Icazati Novoa y Paz Icazati Novoa, corresponde dar intervención necesaria a la Asesora Letrada de Menores.(art.31 Ley 7014). Corresponde regular honorarios por la tarea de segunda instancia, a los letrados Rodolfo López Aragón y Federico López, como vencedores, en forma conjunta, en la suma de pesos Tres Mil ($3.000), a los profesionales Carlos Sánchez Bustos y Ramiro Sánchez, en forma conjunta en la suma de pesos Mil Ochocientos ($1.800). Así voto.- EL DR. GILBERTO RIVEROS, DIJO:

Por sus fundamentos, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: EL DR. PASCUAL ALFERILLO, DIJO:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Confirmar el fallo de fecha 13 de noviembre de 2014, salvo en lo que alude a las costas del incidente por el que se dispuso la integración de la litis, las que se imponen por su orden. Atento la confirmación de la sentencia cuestionada, dése intervención a la Asesora Letrada de Menores Regular honorarios por la tarea de segunda instancia, a los letrados Rodolfo López Aragón y Federico López, como vencedores, en forma conjunta, en la suma de pesos Tres Mil ($3.000), a los profesionales Carlos Sánchez Bustos y Ramiro Sánchez, en forma conjunta en la suma de pesos Mil Ochocientos ($1.800).

EL DR. GILBERTO RIVEROS, DIJO:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

1)Confirmar el fallo de fecha 13 de noviembre de 2014, salvo en lo que alude a las costas del incidente por el que se dispuso la integración de la litis, las que se imponen por su orden. 2)Dése intervención a la Asesora Letrada de Menores.

3)Regular honorarios por la tarea de segunda instancia, a los letrados Rodolfo López Aragón y Federico López, como vencedores, en forma conjunta, en la suma de pesos Tres Mil ($3.000), a los profesionales Carlos Sánchez Bustos y Ramiro Sánchez, en forma conjunta en la suma de pesos Mil Ochocientos ($1.800) Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° II-2015; F° 3/11; FECHA: 13/08/15 DRES. ALFERILLO y RIVEROS