Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-12-06


Salta, 6 de diciembre de 2016.	Y VISTOS: Estos autos caratulados "GONZÁLEZ, Ana Gloria c/ ALE HNOS. S.R.L. y Mutual Rivadavia - SUMARIO: Daños y Perjuicios", Expte. Nº 458875/13 del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 11º Nominación y de esta Sala Quinta y,	______________________CONSIDERANDO	La Dra. Soledad Fiorillo dijo:	I.Vienen estos autos en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 276 por el Dr. José Espin Cánovas en representación de la actora, a fs. 278 por el Dr. Carlos Alberto Atencio, en carácter de apoderado de Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros y a fs. 279 por el Dr. Adolfo A. Comune Moreno, en representación de ALE HNOS. S.R.L. concedidos a fs. 277 y 282, 1º y 2º párrafos, respectivamente.	a. A fs. 308/312 vta. manifiesta el recurrente que la sentencia apelada le causa agravio toda vez que reconoce el acaecimiento del accidente y la existencia de daños físicos y extrapatrimoniales pero acoge parcialmente la demanda. Considera que la declaración testimonial de la Sra. Patricia Sandra Molina es una prueba directa de los gastos que debió sufragar la actora a causa del accidente ya que ésta prestó juramento de decir la verdad y la prueba fue realizada con el debido control de los demandados, por lo cual debió ser valorada de conformidad a la sana crítica.	Expresa luego que los rubros incapacidad y pérdida de chance fueron rechazados injustificadamente, toda vez que ambos surgen acreditados de la referida testimonial y de la confesional de la actora. Cita jurisprudencia. Finalmente se agravia del monto fijado en concepto de daño moral. Sostiene que la suma de $ 8000 condenada es exigua y que no guarda relación con las constancias de la causa ni con el monto de $ 25.000 oportunamente reclamado.	A fs. 318/319 vta. contesta el Dr. Carlos Alberto Atencio y solicita el rechazo del recurso interpuesto con fundamento en que el recurrente sólo discrepa con lo resuelto pero en modo alguno existe un "agravio recursivo".	A fs. 320 el Dr. Adolfo Comune Moreno solicita también el rechazo en base a los argumentos que allí expone a los que cabe remitirse por razones de brevedad.	b. A fs. 323/326 el Dr. Atencio en representación de Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, aduce que le causa agravio a su representada la errónea determinación económica en concepto de daño moral; la desproporcionada tasa de interés fijada y la exclusiva imposición de costas a su parte a pesar del rechazo de importantes rubros de la demanda.

A fs. 329/330 contesta el Dr. Espín Cánovas por la actora y solicita el rechazo del recurso. Considera que los argumentos son insostenibles ya que la sentenciante concluyó adecuadamente en atención a los elementos probatorios existentes en la causa y no existe duda de la responsabilidad objetiva en la que incurrió la parte demandada.	c. A fs. 334/335 vta. el Dr. Adolfo Comune Moreno en representación de ALE HNOS. S.R.L. manifiesta que si bien existe el principio de responsabilidad objetiva en el transporte público de pasajeros, considera que en este caso concreto se acreditó debidamente la culpa de la víctima, quien actuó negligentemente al bajar del ómnibus. Agrega que le causa agravio el reconocimiento del daño extrapatrimonial ya que fue fundado en deducciones y no en pruebas irrefutables. Por último expresa que las tasas del 30 y del 36 % fijadas en la sentencia son absurdas y excesivas de acuerdo con la doctrina y jurisprudencias imperantes.	A fs. 338/339 contesta el Dr. Espín Cánovas, por la actora, solicitando el rechazo del recurso en base a los argumentos que allí expone a los que cabe remitirse por razones de brevedad.	A fs. 343 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra firme y a fs. 344 pasan a despacho.	_______ II. Liminarmente y tal como lo dejó sentado la sentenciante, pese a haber entrado en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación el 1 de agosto de 2015, la cuestión de la responsabilidad a resolver debe ser juzgada a la luz del Código Civil de Vélez. Al respecto, esta Sala tiene dicho que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico y dañoso, toda vez que el daño no es una consecuencia del ilícito, sino un elemento constitutivo y la obligación de resarcir es una relación jurídica que se establece entre la víctima y el responsable, en razón de la ley, cuando se reúnen los requisitos o presupuestos de hecho necesarios para que ella se configure (conf. Jurisprudencia citada en Aída Kemelmajer de Carlucci, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", Rubinzal- Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, pág. 101, apartado "b").	__________________________________________	También tiene dicho esta Sala que existen discrepancias acerca de qué son elementos constitutivos y qué consecuencias de ese ilícito, teniendo en cuenta que la nueva ley rige las consecuencias que no están consumadas al momento de su entrada en vigencia (cfr. CApel. CC. Salta, Sala V, tomo XXXVI, fº 961/974, entre otros). En ese contexto, se consideró que la cuantificación del daño debe regirse por la ley vigente al momento de su determinación judicial, sea fijándolo en dinero o estableciendo las bases para determinar su medida o extensión en la etapa de ejecución de sentencia, en cuanto no se trata en el caso de una consecuencia consumida con anterioridad a este hecho (cfr. Aída Kemalmajer de Carlucci, ob. cit. pág. 234; Galdós, Jorge Mario, "La responsabilidad civil y el derecho transitorio", LL del 16/11/15, p. 03, AR/DOC/3711/2015; Depetris, Carlos Emilio, "El derecho transitorio en materia de responsabilidad civil", RCyS 2016-VII, 21, LL Online: AR/DOC/1553/2016).	_______En virtud de ello y teniendo en cuenta la fecha en que se produjo el accidente, corresponde aplicar la normativa del Código Civil de Vélez a los hechos constitutivos y a las consecuencias agotadas de la relación jurídica indemnizatoria y, el Código Civil y Comercial, eventualmente, a la cuantificación de los daños reclamados._______________________________ _____ III. Corresponde en primer término meritar conjuntamente los recursos interpuestos por la parte demandada y la citada en garantía, quienes solicitan se revoque íntegramente la sentencia de fs. 264/273 y luego, en su caso, se analizará el recurso de la parte actora, quien pretende que se reconozcan los rubros rechazados y se eleve el monto condenado en concepto de daño moral.________________________________________________________ ______ IV. La sentencia recurrida hace lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios interpuesta y condena a la demandada a abonar a la Sra. Ana Gloria González, la suma de $ 8.000 en concepto de daño moral, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía en la medida del seguro y con la limitación de la franquicia pactada. Para así decidir, la Sra. Juez de primera instancia, encuadrando la cuestión en lo dispuesto por el art. 184 del Código de Comercio y en la Ley de Defensa del Consumidor, atribuyó responsabilidad exclusiva a la demandada en el suceso que dio origen a estos autos al concluir que ésta no logró acreditar en debida forma ninguno de los eximentes de responsabilidad legalmente establecidos, los que deben ser apreciados con criterio restrictivo.___________________________________ _____Al respecto es dable recordar que nuestro máximo Tribunal ha enmarcado el contrato de transporte público dentro de la órbita de los derechos del consumidor. Así, ha sostenido que "la interpretación de extensión de la obligación de seguridad que tiene su causa en un contrato de transporte de pasajeros integrada con lo dispuesto por el art. 184 del Código de Comercio, debe ser efectuada teniendo en cuenta el derecho a la seguridad previsto en la Carta magna para los consumidores y usuarios. Ha afirmado asimismo que la seguridad debe ser entendida como un valor que debe guiar la conducta del Estado así como a los organizadores de actividades que, directa o indirectamente, se vinculen con la vida o la salud de las personas, ya que la incorporación de este vocablo en el art. 42 de la Constitución Nacional es una decisión valorativa que obliga a los prestadores de servicios públicos a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe: la vida y la salud de sus habitantes, sosteniendo por otra parte, que los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial y, por lo tanto no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial" (cfr. 22/04/08, "Ledesma, María Leonor c/ Metrovías S.A. Fallos 331:819).	____________ ______ En este lineamiento y específicamente en relación con el caso en concreto, Beatriz Areán, precisa que si se trata de un colectivo, quedará agotado el objeto del contrato de transporte cuando la persona transportada haya descendido totalmente, colocando sus dos pies en el suelo. Esa responsabilidad funciona en casos de accidentes en ocasión del descenso del pasajero, toda vez que aquélla desaparece recién cuando el pasajero se accidenta después de haber cesado toda relación con el vehículo, por haber finalizado el servicio comprometido ("Juicios de accidente de tránsito", Ed. Hammurabi, T. 3, p.141).__________________________________________ _____ Tanto la empresa demandada como la citada en garantía consideran que la prueba producida logró acreditar que el daño acaecido tuvo lugar por culpa exclusiva de la víctima, cortándose totalmente el nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio. Es decir, se agravian de la valoración efectuada de las pruebas producidas.__________________________________________ _____ La Sra. Juez de primera instancia, considerando que la existencia del daño se encontraba acreditada como también el incumplimiento del deber de seguridad por parte de la prestadora del servicio, basó su conclusión fundamentalmente en que las testimoniales de los Sres. Héctor Mariano Carral y María Alejandra Tarcaya resultaban insuficientes por sí mismas para probar la culpa de la víctima invocada como eximente y que además, era la demandada quien se encontraba en mejores condiciones de demostrar que la escalera del colectivo se hallaba en perfectas condiciones.________________ ______No obstante ello, los recurrentes no controvierten debidamente tales aspectos, reiterando lo manifestado al contestar la demanda y al alegar (cfr. fs. 44 vta./45; fs. 86; fs. 256, punto V y fs. 260). En efecto, insisten en que la culpa exclusiva de la víctima surge del hecho de que, al momento de descender, la actora cargaba bolsas de supermercado, vestía tacones altos y anteojos oscuros y que, sin duda, cayó por no haberse aferrado al pasamanos. Cabe destacar que la citada en garantía se limita a enumerar tales actos -y otros sin trascendencia a los fines de la eximente invocada- y a afirmar que los escalones se encontraban en perfectas condiciones sin hacer mayores aportes y sin hacer referencia a alguna prueba que lo acredite (cfr. fs. 323 vta. y 324). Por su parte, la demandada además de enumerar esos hechos de los cuales -a su criterio- surgiría la exclusiva responsabilidad, destaca que la sentenciante hizo caso omiso a las testimoniales y a la confesional de la actora, las que confirmarían el perfecto estado de los escalones del ómnibus como también que el chofer se detuvo correctamente para que la pasajera pudiera descender, lo que lo lleva a concluir que no existió en éste conducta reprochable. Pero en modo alguno, mencionó concretamente cuál testimonial ni en qué respuesta fundamenta su apreciación ni efectuó una crítica concreta de la prueba en la que la Sra. Juez se basó, destacando los errores que le atribuiría a la interpretación dada. En este sentido se ha dicho que si el recurrente considera que existe un yerro en la valoración de la prueba es necesario indicar la forma y el modo en que aquél se ha producido, no resultando suficientes las afirmaciones genéricas sobre la prueba, sin precisarse el yerro o desacierto en que incurre el juzgador en sus argumentos, tampoco las impugnaciones de orden genérico ni la reiteración o la remisión al alegato de bien probado ("El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Roberto Loutayf Ranea, Ed. Astrea, año 2009, tomo 2, pág 168)._______________________________ ______ No obstante que lo expuesto resultaría suficiente para rechazar el agravio en análisis, es dable puntualizar que le asiste razón a la sentenciante cuando concluye que las testimoniales producidas no alcanzan por sí mismas para acreditar la culpa de la víctima, con el grado de estrictez exigido legal y jurisprudencialmente. En efecto, si bien el Sr. Carral -conductor del colectivo- y la Sra. Tarcaya adujeron que la actora llevaba bolsas y tacones (cfr. fs. 179 y 186), el Sr. Cejas manifestó que él venía detrás de la actora al descender del ómnibus y que ésta no traía varias bolsas sino sólo una cartera colgada de su hombro (cfr. fs. 180, respuesta 10º), y la Sra. Rita Jorgelina Concepción Gutiérrez, manifestó al responder la misma pregunta, que sólo la vio con su cartera y que el taco de los zapatos era normal de unos cuatro centímetros (cfr. fs. 182, respuesta undécima). Cabe destacar que estos testigos además, coinciden en que la actora enganchó el taco en la chapa del escalón de la bajada (cfr. respuestas 9º y 5º respectivamente). De lo transcripto se puede advertir que efectivamente, ante los testimonios contrapuestos y la inexistencia de otras pruebas que corroboren los hechos que los recurrentes invocan como eximentes de su responsabilidad, la prueba producida no resulta suficiente. En este sentido se tiene dicho que, cuando se está en presencia de testigos contradictorios, no deberá tenerse en cuenta su número, ni entenderse que en virtud de esa contradicción se anulan entre sí, sino que, en cada caso, deberá establecerse el grado de certeza de cada uno confrontándolo con los restantes elementos de prueba (Cám. Civ. y Com. de Paraná, Sala II, Zeus 61-J-186, citado por José V. Acosta "Visión Jurisprudencial de la Prueba Civil", tomo II, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 242 vta. nº 22.1.2; CApelCCSalta, Sala IV, t. XXXI, fº 457 y 548, entre otros); "En el terreno de la apreciación de la prueba y, en especial, de la testimonial, lo que el artículo 386 del Código Procesal de la Nación exige al juzgado, es que la valoración de la misma resulte iluminada por los principios de la sana crítica, siéndole totalmente lícito al juez, apreciar oportuna y justamente, si el testimonio en cuestión aparece objetivamente verídico, no solamente por la congruencia de sus dichos, sino además, por la conformidad de los mismos con el resto de las pruebas que pudieran obrar en el expediente, siendo ello en definitiva una facultad privativa del magistrado (Cám. Nac. Civ., sala M, 31-10-90, Rep. J.A. 1991-794, citado en José V. Acosta, "Visión Jurisprudencial de la Prueba Civil, tomo II, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 227, nº 19.2.1.3). ______________ ______ Por su parte, también le asiste razón a la sentenciante cuando tiene en cuenta que -además de que la carga de acreditar alguna eximente de responsabilidad recaía sobre la parte demandada-, quien se encontraba en mejores condiciones para demostrar que la escalera del colectivo se hallaba en perfectas condiciones era la empresa, cuestión que la citada en garantía controvierte simplemente afirmando que los "escalones del micro sí se encontraban en perfectas condiciones" (cfr. fs. 324, 3º párrafo).___________ ______ En virtud de todo lo expuesto y considerando que efectivamente ni la demandada ni la citada en garantía lograron acreditar en debida forma la alegada exclusiva culpa de la víctima en el accidente ya que, a los fines de la eximición de responsabilidad, resulta imperioso demostrar con apoyo en las constancias de la causa la culpa evidente de la víctima y que para llegar a esa conclusión se requiere una muy fundamentada exposición analizando íntegramente el acervo probatorio, y teniendo en cuenta que tal como lo tiene dicho la CSJN, la culpa con aptitud para cortar totalmente el nexo de causalidad debe revestir las características de imposibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor (C.S.J.N., 11.06.1993, "Fernández, Alba O. c. Ballejo, Julio A. y otra", La Ley, 1993-E, 472), orientación en la que también se encolumnan la Suprema Corte de Buenos Aires, la de Mendoza y la de Santa Fe (Galdós Jorge Mario: Accidentes de automotores, la teoría del riesgo creado y la bicicletas, publicado en La Ley, 1994-B, 70), corresponde rechazar el agravio en análisis.__________________________ ______V. Manifiestan luego ambos recurrentes que les causa agravio el acogimiento de la indemnización reclamada en concepto de daño moral._____ ______ La Sra. Juez de primera instancia rechazó la indemnización peticionada por los rubros incapacidad sobreviviente y lucro cesante pero la otorgó por el rubro daño moral sobre la base de la prueba documental incorporada a la causa y de la informativa obrante a fs. 145/151, entendiendo que del traumatismo con pérdida de conocimiento, obnubilación leve, desorientación y de las heridas en el codo izquierdo se podían deducir los padecimientos que necesariamente conllevan esas lesiones sufridas.________ _____El daño moral, ha sido definido certeramente como "la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (cfr. Bustamante Alsina, "Teoría general de la responsabilidad civil", pág. 203); como "toda modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en el cual se hallaba antes del hecho, provocando padecimientos físicos o perturbación de su tranquilidad y ritmo normal (CApel. CC. Salta, Sala III, t. 2001, flº 482/485).___________________________________________ _____	Los recurrentes consideran que el daño moral reclamado y otorgado no sólo no encuentra justificación en la realidad de los hechos sino que además no fue acreditado. Al respecto se ha dicho: "Toda vez que en materia de actos ilícitos la sola realización del hecho dañoso lleva a presumir la existencia de una lesión en los sentimientos del damnificado, salvo que el responsable destruya la presunción mediante prueba en contrario, procede hacer lugar a la indemnización por daño moral" ("Gabrieucig, Héctor c/ Zarco, Leonardo s/ Sumario" CComercial, Sala E, 19/09/96, - Lex Doctor); "El daño moral como una lesión a los sentimientos que determina dolor, sufrimiento o inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas.su separación está determinada por imperio del art. 1078 del CC, que con independencia de lo establecido por el art. 1068 del mismo cuerpo legal, impone al autor del hecho ilícito la obligación de indemnización sin exigir prueba directa de su existencia" ("Seygas, Norma c/ Troncoso, Sergio, Daños y Perjuicios", Civil, Sala K, Sentencia Nº C 133877 - 17/12/93, Lex Doctor). Al respecto, cabe destacar si bien en general, la jurisprudencia ha relevado a la víctima de la prueba del daño moral cuando es una consecuencia natural de determinados hechos (cf. Stiglitz, Gabriel A. y Echevesti, Carlos A., en "Responsabilidad Civil", Dir. Mosset Iturraspe, Jorge, p. 250), tal como lo sostiene la sentenciante, en realidad las presunciones que emergen de determinadas situaciones constituyen un medio probatorio, sólo que indirecto ya que en estos casos la prueba directa resulta casi imposible._____________________ ______ En este contexto, se puede concluir que, contrariamente a lo sostenido por los apelantes, las lesiones a las que hace referencia la Sra. Juez a quo, efectivamente, surgen de la historia clínica cuyas copias obran a fs. 146/151, especialmente de fs. 146 y 149, además de las testimoniales, de las que emerge que la actora sufrió un golpe en la cabeza y en el codo izquierdo (cfr. fs. 179 vta. 3º); que días después del accidente se la vio con algo como un apoyo ortopédico en el brazo (cfr. fs. 181, 7º); que tenía inmovilizado el codo (cfr. fs. 183, respuesta a la primer pregunta formulada por el Dr. Comune). De manera tal que la mera negación genérica efectuada por los recurrentes sin controvertir que de esos padecimientos acreditados se puede deducir un daño moral, resultan insuficientes para conmover la conclusión a la que arriba la sentenciante, quien incluso tuvo en cuenta el grado de las lesiones para reducir el monto de $ 25.000 peticionado por la actora a la suma de $ 8.000, sobre la base la entidad del sufrimiento causado y del estado de incertidumbre y preocupación que le produjo el hecho (CSJN, Fallos: 316:2894; 321:1117; 325:1156). Por lo cual, el agravio en análisis deviene también inaudible.____ ______ Sin perjuicio de lo expuesto y concluido, cabe aclararle a la citada en garantía -atento lo manifestado a fs. 324, último párrafo, 1º parte- que cuando la Sra. Juez se refiere a las "funciones de sustitución y compensación", lo hace sobre la base de lo dispuesto en el último párrafo del art. 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación, el que resulta aplicable a los fines de la cuantificación del daño moral reconocido, por tratarse de una cuestión todavía no consumada -tal como se explicó en el punto III. Esta última parte del artículo dispone que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. Al respecto se ha dicho que con esta incorporación se superó el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba "el precio del dolor" para aceptarse que lo resarcible es el "precio del consuelo" que procura "la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias", se trata "de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado", de permitirle "acceder a gratificaciones viables", confortando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena. En definitiva, es a esta nueva modalidad de reparación del daño no patrimonial -que atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, reparar el padecimiento mediante cosas, bienes, distracciones o actividades-, a la que se refiere la sentenciante y la que tuvo en cuenta para su cuantificación.	_____________________________________ ______ VI. Finalmente, ambos recurrentes consideran que las tasas de interés fijadas en la sentencia resultan totalmente desproporcionadas y excesivas de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia imperantes. Asimismo, estiman que resulta un exabrupto pretender que ella se aplique desde el momento del hecho._________________________________________________________ ______La sentencia recurrida deja sentado que -sobre la base del principio de la reparación plena- la determinación de la tasa aplicable en supuestos como el de autos debe fijarse teniendo en cuenta la finalidad resarcitoria y los vaivenes económicos del país. En ese contexto, se consideró que la aplicación de una tasa del 30% anual hasta la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación y, a partir de allí y conforme lo dispuesto por el art. 768, una tasa del 36 %, resultaban razonables y acordes a las circunstancias inflacionarias por las que atravesó y atraviesa nuestro país. __________________________ ______ Liminarmente, es dable dejar establecido que le asiste razón a la Sra. Juez de primera Instancia en cuanto a la normativa aplicable antes y después del 1 de agosto de 2015._________________________________________	No obstante ello, el art. 1748 del CCyC de la Nación al disponer que el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio recoge la jurisprudencia imperante en esta materia hasta el momento de su entrada en vigencia. En efecto, en reiterados precedentes de esta Cámara se había dicho que tratándose de responsabilidad extracontractual, los intereses deben partir de la oportunidad en que se produjo el hecho dañoso. Es que, conforme se ha decidido, en supuestos como el de autos los intereses se devengan desde el momento mismo en que se produjo cada perjuicio objeto de reparación (conf. CNCiv. en pleno en La Ley, 93-667), puesto que la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados se adeuda desde el día en que el hecho ilícito o sus consecuencias dañosas se produjeron, ya que el responsable incurre en mora, a todos los efectos legales, desde el momento mismo de la comisión del hecho (conf. Sala C, voto del Dr. Belluscio, en ED, 57-505 y sus citas: Colmo, "Obligaciones", N° 94; Lafaille, "Tratado de las Obligaciones", N° 163; Salvat y Galli, "Obligaciones en General", t. I, N° 106; Busso, "Código Civil Anotado", t. III, art. 509, N° 127; Rezzónico, "Estudio de las Obligaciones", t. I, p. 137, N° 7; Cazeaux y Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", t. 1, p. 161, Sala IV, t. XXXV -S, fº 20/25). Se expresó también como fundamento que si el capital se debe desde la fecha del acontecimiento y la obligación de indemnizar también cubre los accesorios -como lo son los intereses- no se advierte la razón para que su cómputo se inicie desde otro momento._____________________________________________________	En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el agravio referido a la fecha a partir de la cual deben computarse los intereses condenados a pagar, agravio que por lo demás, se limita a manifestar que la tal pretensión de la sentenciante resulta un "exabrupto" (cfr. fs. 325, 3º párrafo).	_____ Resta meritar el agravio referido a la tasa de interés fijada en la sentencia, a la cual ambos recurrentes tildan de desproporcionada, injusta y arbitraria (cfr. fs. 324 vta. II, b), absurda y excesiva conforme jurisprudencia y doctrina imperante (cfr. fs. 335,4º párrafo), sin especificar cuáles son los motivos para llegar a esa conclusión. Al respecto es dable puntualizar que la sentenciante dio abundantes argumentos -citando doctrina y jurisprudencia- para aplicar la tasa del 30 % en un supuesto como el de autos (cfr. fs. 271, punto V, 3º, 4º ,5º párrafos; fs. 271 vta, 1º, 2º, 4º párrafos; fs. 272, 1º, 2º párrafos) como también para aplicar una tasa del 36 % a partir del 1 de agosto de 2015 (cfr. fs. 272, 3º, 4º párrafos; 272 vta. 1º , 2º párrafos) sin que los recurrentes rebatiesen en debida forma ninguno de ellos. Por lo cual, y teniendo en cuenta que tal como ya se dijo ut supra, discrepar sin refutar las conclusiones de hecho y de derecho en forma concreta, precisa y clara, no implica una crítica razonada, cabe concluir que la mera calificación de excesiva e injusta resulta insuficiente para conmover lo resuelto, ya que ésta sólo vislumbra una simple disconformidad con ello.	VII. Si bien resta meritar el agravio esgrimido por la citada en garantía (cfr. fs. 325 vta./326) referido a la imposición de las costas en su totalidad a la demandada, atento que la pretensión impugnativa de la parte actora tiene por objeto el reconocimiento de los rubros rechazados y la elevación del monto fijado en concepto de daño moral, corresponde reservarlo hasta tanto se resuelva dicho recurso.	VIII. Corresponde entonces analizar el recurso de apelación interpuesto a fs. 276 por el Dr. José Espin Cánovas, en representación de la actora.	Manifiesta éste en primer término que le causa agravio el rechazo de los rubros lucro cesante e incapacidad y pérdida de chance solicitados. En ambos casos los agravios se dirigen fundamentalmente a cuestionar la valoración efectuada de la prueba producida, considerando el recurrente que la testimonial de la Sra. Sandra Patricia Molina resulta suficiente para acreditar ambos rubros.	Si bien las lesiones alegadas por la actora abren las puertas para un reclamo indemnizatorio, aquéllas deben ser distinguidas necesariamente de la noción del daño que pueden haber producido, el que debe revestir la calidad de "resarcible" y puede ser definido como "la consecuencia perjudicial o el menoscabo que se desprende de la lesión". Ahora bien, quien pretende su reparación tiene la carga de la prueba de todas las circunstancias relevantes y conducentes a identificar el modo y la medida en que las lesiones han gravitado en el aspecto patrimonial o moral, sin que sea suficiente la enumeración de un catálogo de rubros" (CApel. CC. Salta, Sala IV, t. XXI, fl. 610/61).	Aclarado ello, corresponde distinguir conceptualmente los rubros peticionados toda vez que indudablemente -tal como lo señala la senteciante- el daño reclamado por la accionante encuadra dentro del concepto de daño emergente, es decir, de la pérdida o disminución de los valores económicos ya existentes (empobrecimiento) y no dentro del de lucro cesante, el que equivale a la frustración de las ventajas económicas esperadas (pérdida del enriquecimiento). A su vez, cabe diferenciar éste de la incapacidad sobreviviente la que puede generarse cuando de la lesión surgen secuelas que acompañarán al damnificado por el resto de su vida; en tanto la pérdida de chance, rubro que también integra la indemnización del daño patrimonial -originado en el derecho francés y receptado por nuestra doctrina y jurisprudencia nacional- ha sido conceptualizada como la pérdida de la oportunidad de obtener una ganancia, correspondiendo resarcirse la frustración de dicha oportunidad a raíz del hecho dañoso (La indemnización del daño originado en las lesiones, Enrique C. Muller, Revista de Derecho de Daños, 2013, 3, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 2014, pág. 196/197).	En el caso de autos, la actora reclamó la suma de $ 20.000 en concepto de lucro cesante, manifestando que a raíz del accidente debió contratar personas para que realicen las tareas del hogar como también que aquél le impidió proseguir con su actividad solidaria. __________________________	Desde luego que el daño a la integridad psicofísica es resarcible. Se trata de un daño a la salud de la persona, quien lo puede sufrir en su salud física, psíquica, estética, en su vida de relación, tanto social, laboral o personal. Se ha dicho que para determinar su indemnización no corresponde limitar el estudio al tema de la capacidad laborativa, sino de toda la actividad del sujeto y de la proyección que la secuela del infortunio tuviere sobre la personalidad integral de quien la sufra (CNEsp. CC. Salas III, IV, V y VI, en Rep. ED. 16-331, nº 172). Específicamente, Matilde Zavala de González señala que en caso de disminución de integridad psicofísica es procedente el resarcimiento por daño patrimonial, aun cuando la víctima no tuviera ocupación remunerada, pues las repercusiones del daño a la persona no se limitan a la posibilidad de desenvolver un empleo remunerado, sino que es mucho más amplia; la merma de las aptitudes del sujeto se traduce por lo común en el cercenamiento o restricción de las actividades normales del mismo en su integral vida productiva, o bien, en la necesidad de suplir las falencias por vía de gastos, eventual colaboración de otras personas, etc. que son de difícil prueba (Zavala de Gónzalez, Matilde "Daño a las Personas" Bs. As. Hammurabi, 2º ed., 1990, pág. 86/87).	La sentenciante consideró que el mero testimonio de la Sra. Sandra Patricia Molina resultaba insuficiente para acreditar las erogaciones que habría efectuado la actora al contratar una persona para que la ayudase con las tareas domésticas.	Al respecto, es dable puntualizar liminarmente que la existencia de un único testigo no importa que pueda desecharse ligeramente esta prueba. El testigo único no se encuentra excluido porque la ley no prevé la eliminación de este testimonio. En este sentido se ha dicho que la credibilidad de una prueba testimonial no depende del número de los que son llamados a esclarecer la justicia sino de la verosimilitud de sus dichos, probidad científica del deponente, seguridad del conocimiento que manifiesta, razones de convicción que declara, confianza que inspira, etc. Ello sin perjuicio de que un número menor de declarantes o uno solo sea examinado con mayor rigor, conforme las reglas de la sana crítica. "El esquema de apreciación regido por la sana crítica -esquema de persuasión racional- no le impide al juez fundar su pronunciamiento en un testigo único pues los testigos se "pesan" y no se "cuentan" (SCJBA, 7-2-2001, Zuanetti, Margarita c/ Rinaudo, Ariel y otros" J.A. 2003, II, 256 - Enrique Falcón, "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, año 2006, Tomo III, p. 238/239).	De las pruebas producidas surge que con motivo de la caída, la Sra. González sufrió lesiones que si bien no son de la envergadura que le otorga ésta, existieron. De la historia clínica surge que al ingresar al Sanatorio -20/01/12- la actora presentaba obnubilación y desorientación temporo-espacial, herida en codo izquierdo (cfr. fs. 147), luego, en la consulta de evolución traumatológica, la paciente manifiestó dolor muscular a nivel cervical. (fs. 148). Del examen físico realizado el 20/01 surge y se aconseja tratamiento. Por su parte, a fs. 143 el Pastor de la Casa de Dios Iglesia Cristiana Evangélica, Sr. Daniel Felipe Cisneros, informa en fecha 16/03/15, que la actora es miembro activo de esa Iglesia desde el año 2005, aclarando que desarrolla tareas de voluntariado social. Aduce luego que en el año 2012 sufrió un accidente y que estuvo dos días en terapia intensiva en la Clínica San Roque y que durante su rehabilitación usó un cuello ortopédico, tuvo el brazo derecho inmovilizado y la mano vendada. A su turno, los testigos que depusieron en autos también refirieron a las lesiones. Así, el Sr. Carral -conductor del ómnibus y testigo presencial- adujo que la actora se golpeó la cabeza y el codo izquierdo (fs. 179 vta. 3º); la Sra. Dina Irene Valle manifestó que regresando a su domicilio, vio el colectivo detenido, mucha gente alrededor de la actora -a quien conocía- y que días después del accidente la vio con algo como un apoyo ortopédico en el brazo (fs. 181, respuesta 7º); la Sra. Molina, dijo que la Sra. González no podía hacer nada y era una persona nula (cfr. fs. 183, 4º), que tenía como una tabla en el antebrazo, un pañuelo y que tenía inmovilizado el codo, doblado (fs. 183, 1º del Dr. Comune).	De lo expuesto se puede concluir que la testimonial de la Sra. Patricia Sandra Molina, quien manifestó haber trabajado en la casa de la actora desde el 23 de enero hasta abril de 2012, ya que a consecuencia del accidente ella no podía hacer nada (cfr. fs. 183, respuesta segunda), valorada en forma conjunta con las restantes pruebas analizadas y de conformidad con las reglas de la sana crítica, resulta suficiente para acreditar el gasto reclamado por este concepto; por lo cual el agravio en análisis deviene procedente, correspondiendo tabular este rubro en la suma de $ 7.200, conforme lo declarado por la Sra. Molina a fs. 183, 5º.	IX. Distinta suerte correrá el agravio referido a los rubros incapacidad sobreviviente y pérdida de chance, toda vez que el apelante no logra controvertir el fundamento dado por la Sra. Juez de primera instancia para rechazarlos. En efecto, de la pericial agregada a fs. 203/204, emerge claramente que no se evidencia patología en el dedo medio de la mano derecha, que sus articulaciones son estables, que la movilidad de la mano es completa y que no presenta incapacidad. Por lo tanto, y no habiéndose acreditado que la víctima hubiese resultado a causa del hecho, disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente ni mucho menos que al momento del accidente se hallaba emplazada efectivamente en una situación que implicaba en su favor un interés jurídicamente protegido o derecho subjetivo idóneos para producir ganancias, corresponde rechazar el agravio basado en la afirmación de que por el tipo de accidente y lesiones sufridas, el estado físico de la actora nunca será el mismo (cfr. fs. 310 vta.).	X. Finalmente, se queja el recurrente del monto fijado en concepto de daño moral. Al respecto, se ha dicho que para establecer su cuantía, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro sufrido; por ello, este rubro, más que cualquier otro, queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a una recta ponderación de las diversas características que emanan del proceso (Sala L de la Cámara Nacional Civil, fallo del 23/06/08 en causa "Rodríguez c/ Microómnibus Quilmes S.A. citado por CApel. CC. Salta, Sala III, tomo 2016).	______ Por lo tanto, el agravio sustentado meramente en que el monto condenado resulta exiguo comparado con el sufrimiento padecido por la actora y que además no existe adecuada relación entre dicho monto y la suma de $ 25.000 peticionada, resulta insuficiente para conmover lo resuelto por la Sra. Juez de primera instancia ya que sólo trasunta una mera disconformidad con ello. Por lo demás, cabe considerar razonable la suma estipulada en $ 8000.	XI. Acogido uno de los rubros objeto de la pretensión impugnativa del actor, corresponde ahora meritar el último agravio esgrimido por la citada en garantía (cfr. fs. 325 vta.) referido a la imposición de las costas de primera instancia en su totalidad a la demandada cuando prácticamente se rechazaron todos los rubros o ítems económicos demandados y se le reconoció una suma inferior en concepto de daño moral.	Al respecto cabe destacar que tal como lo dejó sentado la sentenciante, en los procesos de daños y perjuicios, las costas deben imponerse al demandado vencido aun cuando no hubiesen prosperado todos los rubros pretendidos, en virtud del principio de reparación integral. No obstante ello, se ha dicho que este postulado no puede llevar a dejar de lado, sin más, la aplicación de las disposiciones contenidas en el art. 71 del CPCyC (conf. Chiappini: "Costas y Honorarios", Santa Fe, Panamericana, 1995, pág. 35; Wetzler Malbran: "Una reflexión necesaria a propósito de la imposición de las costas", en E.D. 167-456).	En ese contexto y teniendo en consideración que en el caso de autos la sentencia atribuyó a la accionada responsabilidad exclusiva en el suceso que dio origen a este reclamo y que se acogieron dos de los tres rubros reclamados - daño moral (sentencia de primera instancia) y daño emergente (sentencia de segunda instancia), corresponde confirmar la imposición de las costas correspondientes a la primera instancia a la parte demandada. En este sentido se ha dicho. "En materia de controversias que versan sobre reclamos indemnizatorios, las costas deben ser soportadas por el responsable del daño inferido, con abstracción de que las reclamaciones del perjudicado no hayan progresado íntegramente con relación a la totalidad de los rubros resarcitorios, ya que la noción de vencido ha de ser fijada con una visión global del juicio y no por meros análisis aritméticos de las pretensiones y sus respectivos resultados" (cfr. "Loutayf Ranea, Roberto", La condena en costas en el proceso civil, Astrea, Bs. As. 1998, pág. 402).	XII.1. En virtud de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 276 por el Dr. José Espín Cánovas, en representación de la actora, y en su mérito, condenar a la parte demandada a abonar a la actora también la suma de $ 7.800 en concepto de indemnización por el rubro daño emergente, con más sus intereses de conformidad a lo resuelto en el punto IV y a la sentencia recurrida (puntos I, II y III). Con costas a la parte demandada, aplicando igual criterio que el expuesto en el considerando XI.	2. Por su parte, corresponde rechazar los recursos de apelación interpuestos a fs. 279 por el Dr. Adolfo A. Comune Moreno, en representación de la empresa demandada, ALE S.R.L. y a fs. 278 por el Dr. Carlos Alberto Atencio, apoderado de la citada en garantía. Ambos con costas atento el principio objetivo de la derrota consagrado en los arts. 67 y 68 del CPCC.	El Dr. Alfredo Gómez Bello dijo:	Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.	Por ello,	LA SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA,	I. RECHAZA los recursos de apelación interpuestos a fs. 279 por el Dr. Adolfo A. Comune Moreno, en representación de la empresa demandada, ALE S.R.L. y a fs. 278 por el Dr. Carlos Alberto Atencio, apoderado de la citada en garantía, conforme considerandos. Con costas.	II. HACE LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 276 por el Dr. José Espín Cánovas, en representación de la actora, y en su mérito, CONDENA a la parte demandada a abonar a la actora también la suma de $ 7.800 en concepto de indemnización por el rubro daño emergente, con más sus intereses de conformidad a lo resuelto en el punto VI y a la sentencia recurrida, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía en los mismos términos ordenados en el punto III de la sentencia recurrida. Con costas a la parte apelada, conforme considerandos.	III. CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE.	SALA V, T. XXXVI, fº 1043/1062, 06/12/16. VOCALES: Dra. Soledad Fiorillo - Dr. Alfredo Gómez Bello. SECRETARIA: Dra. María Jimena Loutayf.