Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-17


COMUNA DE DIEGO DE ALVEAR contra COOPERATIVA DE SERVICIOS ELECTRICOS Y SOC. DE SAN GREGORIO Reg.: A y S t 203 p 46-50.

En la ciudad de Rosario, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez y Mario Luis Netri, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "COMUNA DE DIEGO DE ALVEAR contra COOPERATIVA DE SERVICIOS ELECTRICOS Y SOC. DE SAN GREGORIO -Apremio- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 326, Año 2002).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes:

PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Vigo, Gutiérrez, Netri y Gastaldi A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro decano doctor Vigo dijo:

1. En la presente causa el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N 2 de la ciudad de Venado Tuerto rechazó las excepciones opuestas por la demandada y, en consecuencia, hizo lugar (si bien parcialmente) a la demanda interpuesta por la Comuna de Diego de Alvear, condenando a la "Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y otros Servicios Públicos y Sociales y de Crédito y Vivienda de San Gregorio Limitada" a abonar la suma reclamada en concepto de derecho de concesión del servicio público de electricidad en la localidad de Diego de Alvear, por el período comprendido entre el 10 de junio de 1997 y diciembre de 1998, con más sus intereses (sentencia de fs. 148/151, Expte. 127/2000).

2. Contra tal pronunciamiento interpuso la demandada recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 , de la ley 7.055, atribuyéndole los siguientes vicios: i) dogmatismo, en cuanto rechaza las excepciones con el argumento de que lo que se pretende no es analizable en este estadio, colocando a su parte en un ostensible estado de indefensión; ii) prescindencia de pruebas, pues del expediente surgen constancias -cuya producción fue admitida por el Oficio- de las cuales resulta que el llamado "derecho de co Evacuado que fuera el traslado respectivo (fs. 22/25 v.), el iudex a quo denegó la concesión del recurso por auto de fs. 30/v., accediendo la impugnante a la instancia de excepción por vía de queja (resolución registrada en A. y S., T. 180, pág. 422).

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro razones para apartarme de aquella conclusión provisoria, en concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 44/47.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro decano doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro decano doctor Vigo dijo:

1. En el sub judice, la actora promovió juicio de apremio pretendiendo el cobro de una deuda que "proviene de la falta de pago del derecho de concesión establecido en el contrato de concesión del servicio público de electricidad en Diego de Alvear, suscripto el 31 de julio de 1981 entre las partes en juicio, y que en su artículo 1 dispone que 'la Cooperativa deberá pagar a la Comuna un porcentaje del 11 % a aplicar sobre el importe de la tarifa básica y el cargo fijo'".

Tramitada la causa, y según se expr Asimismo desestimó los restantes planteos de la demandada considerando, en cuanto a la determinación del monto reclamado, que "bien dice la actora que se ha llegado al mismo con los datos que la propia accionada ha proporcionado", tal como resultaría de los autos agregados por cuerda (expte. 1370/98); en cuanto a la compensación, que al no haber sido pactada "deberá recurrirse al ordinario posterior para probarla"; y respecto de la inconstitucionalidad aducida, que la misma debía rechazarse pues la ley aplicada encuentra su basamento en la necesidad de los municipios, comunas y comisiones de fomento de hacerse de recursos por vías judiciales rápidas como única manera de sostenerse económicamente, sin perjuicio de la posibilidad de ocurrir luego al "juicio ordinario posterior".

Habiéndose impugnado tales fundamentos con los argumentos reseñados ut supra, el estudio de la causa me convence de que el recurso interpuesto merece favorable acogida en esta instancia, toda vez que asiste razón al recurrente cuando se agravia de que el iudex a quo se apartó del derecho vigente al admitir en el caso la aplicación del trámite de la ley 5.066 a un supuesto no contemplado por la misma, extremo que determina que la respuesta jurisdiccional no reúna las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda el ordenamiento constitucional.

Al respecto cabe tener presente que la deuda cuyo pago se pretende deriva del "contrato de concesión del servicio público de electricidad" (obrante en copia a fs. 3/8) oportunamente celebrado entre las partes, reclamando la Comuna el cumplimiento de la contraprestación a que se obligara la concesionaria "como derecho por la concesión" (vide artículo primero del contrato citado).

En tales condiciones se advierte que -conforme lo aduce la recurrente- la Comuna no persigue en autos el cobro de tributo alguno, sino lisa y llanamente el cumplimiento de una prestación de origen convencional o contractual, que no participa de la naturaleza de los "créditos fiscales" a los que alude el artículo 1 de la referida ley, los que sólo pueden derivar de las "prestaciones obligatorias" (vide Giuliani Fonrouge, Carlos M., "Derecho Financiero", 6 ed. act. por Navarrine-Asorey, Depalma, Bs. As., 1997, págs. 311 y ss.) establecidas en el ejercicio del "poder fiscal" que "es consubstancial con el origen y la naturaleza misma del Estado", y que aparece reglado por el derecho tributario (vide Jarach, Dino, "Curso Superior de Derecho Tributario", 1957, Cima, Bs. As., pág. 42).

Precisamente el defecto central del razonamiento seguido por el Juzgador reside en que, a la hora de pronunciarse por la aplicabilidad al caso del procedimiento reglado por la ley 5.066, el mismo optó en definitiva por una hermenéutica que, más allá de las ambigüedades semánticas del citado artículo 1, rebasó los límites de lo opinable, desentendiéndose de elementales pautas que rigen la interpretación de los textos legislativos, y que eran de forzosa consideración en el sub judice.

En ese orden cabe destacar primeramente que conforme a un consolidado principio interpretativo, las palabras utilizadas en la ley deben ser entendidas con los significados que habitualmente se les atribuye en la comunidad en la que dicha ley ha de regir, salvo que los legisladores hayan decidido apartarse de tales significados corrientes y hayan señalando de modo inequívoco tal decisión (vide Fallos, 258:75; 283:111; Erskridge, William N. Jr.- Frickery, Pues bien: trasladando dichas consideraciones al presente caso, y frente al interrogante central de si son "créditos fiscales" a la luz del significado que una persona media suele atribuirle a esas palabras, los eventuales acreencias que la Comuna pueda tener como consecuencia de la prestación originariamente pactada en el contrato de concesión, forzoso es concluir en que la respuesta es, sin duda, negativa, porque la experiencia indica que habitualmente la expresión obligaciones/créditos fiscales es utilizada para aludir a cuestiones emparentadas con obligaciones y derechos provenientes de tributos (piénsese en el "crédito fiscal" propio del impuesto al valor agregado; "clave fiscal", o "Tribunal Fiscal de la Nación").

A este dato básico se agrega que el sentenciante también ha omitido efectuar una hermenéutica que consulte la totalidad del texto de la ley, olvidando otra valiosa pauta rectora en materia de interpretación de textos legislativos, conforme a la cual la ley ("statute") debe ser considerada como un todo: "a fin de determinar la verdadera intención de la legislatura, las cláusulas y frases particulares no deben ser examinadas como expresiones aisladas y separadas del resto, sino que la totalidad y cada parte de la ley deben ser consideradas como precisando el significado de cualquiera de sus partes", "statute to be construed as a whole" (vide Black, Henry Campbell, "Handbook on the Construction and Interpretation of the Laws", 2nd. Ed., West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1911, pàg. 317).

Se trata de una regla clásica que se remonta a los romanos, como se lee en el Digesto, con cita de Celso: "incivile est, nisi tota lege perspecta" (D. I, 3, 24), y que luego encontramos reiterada autores como Coke: "injustum est, nisi tota lege inspecta, de una aliqua ejus particula proposita judicare vel respondere" (8 Coke 117b), "ex antecedentibus et consequentibus fit optima interpretatio" (2 Co. Inst. 317); "la tarea de un buen expositor de una ley del parlamento es elaborar una interpretación sobre la base de todas las partes en su conjunto, y no de sólo una parte; nemo enim aliquam partem recte intelligere possit antequam totum iterum atque iterum perlegerit" (Lincoln College Case, 3 Coke 59b) o Blackstone: "One part of the statute must be so construed by another" (Blackstone, sir William, "Commentaries on the Laws of England", 15th. ed., printed by A. Strahan for T. Cadell and W. Davies, London, 1809, t. I, pág. 88).

En el caso concreto, la economía de la ley 5.066 -donde se alude, por ejemplo, a los "contribuyentes" (artículo 3)- evidencia que la misma se halla orientada a organizar un procedimiento expeditivo y especial para el cobro de una categoría de créditos del fisco -los derivados de tributos- que exhiben u Por lo expuesto no cabe sino hacer lugar al recurso. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro decano doctor Vigo y votaron en igual sentido A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas al vencido (artículo 12, ley 7.055). Disponer la remisión de los autos al Tribunal que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri y Gastaldi dijeron que la resolución que se debía adoptar era la propuesta por el señor Ministro decano doctor Vigo y así votaron.

En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas al vencido. Disponer la remisión de los autos al Tribunal que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)