Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-13


San Miguel de Tucumán, 13 de Agosto de 2004-	Y VISTO: El presente juicio caratulado: "Selman,	Sergio Gustavo Rubén s/Homicidio"; y	C O N S I D E R A N D O :

1.- A fs. 164/165 la defensa del imputado Gustavo Rubén Selman solicita aclaratoria del pronunciamiento de esta Corte Suprema de Justicia del 30/4/2004.

Expresa que si bien el Tribunal ha resuelto que no corresponde emitir pronunciamiento sobre los recursos de revocatoria y revisión deducidos por la defensa (punto VI de la resolutiva), omitió resolver el recurso autónomo de nulidad deducido con los mismos fundamentos. Pone de relieve que conforme al punto I de la sentencia, la declaración de nulidad se extiende al auto que concedió el recurso de casación intentado por el Sr. Defensor Oficial; sin decir nada sobre el planteo de nulidad vinculado al resto del proceso.

Sostiene que esta cuestión ha sido considerada por el Tribunal, y no quedaría claro la posición tomada al respecto.

1.1.- Con el dictado de la sentencia ha concluido la jurisdicción del Tribunal. La posibilidad de corregir un error material, aclarar un concepto oscuro o suplir alguna omisión en que se hubiere incurrido (arg. art. 145, CPP), no puede alterar lo sustancial de la decisión. Esa facultad excepcional que se concede, frente a la regla de no poder ya decidir, impone ser ejercitada en los límites que la propia norma señala.

El planteo en análisis excede el marco de la normativa invocada. Lo requerido no es la rectificación de un error u omisión material; toda vez que su admisión importaría modificación esencial de lo resuelto. La vía del art. 145 del CPP tampoco ha sido prevista para salvar supuestas contradicciones del pronunciamiento; cuando la solución propiciada implica una modificación sustancial de aquél.

En tal sentido, cabe señalar que la denominada "acción autónoma de nulidad" articulada ha sido -en las cuestiones que refiere el peticionante- un pedido de revisión de la sentencia también deducido en autos, con los mismos fundamentos. Al respecto, el Tribunal ha sido suficientemente claro al declarar que no corresponde emitir pronunciamiento sobre los recursos de revocatoria y revisión deducidos por la defensa, atento a la nulidad declarada y a los fundamentos que condujeron a esta resolución.

Cualquiera sea la denominación que la defensa asigne a estos planteos, es incuestionable que el reenvío de la causa para dictar nueva resolución sobre la admisibilidad de los recursos de casación, impide la consideración de otros agravios dirigidos contra la misma sentencia, que aún no se encuentra firme. Por lo demás, el fallo ha admitido la declaración de nulidad, con los alcances establecidos en la misma sentencia; sin que se advierta omisión alguna que requiera la integración de aquélla.

No cabe sino recordar que el derecho a recurrir y efectuar peticiones ante el órgano jurisdiccional debe ser ejercitado en la forma y condiciones establecidas por la ley adjetiva; pues no les es dado a las partes plantear indiscriminadamente todo tipo de cuestiones, prescindiendo del contenido integral del pronunciamiento cuya aclaración persigue. La conformidad expresa del imputado con lo decidido al punto I de la sentencia contradice su pretensión de reclamar, por vía de aclaratoria, una decisión incompatible con lo ya resuelto en autos.

En consecuencia, corresponde desestimar el planteo de aclaratoria en examen.

2.- Obra en autos otra presentación personal del imputado, sin patrocinio letrado, por la que requiere se declare la nulidad parcial de la misma sentencia, y plantea además queja por retardo de justicia. En el mismo escrito, informa haber presentado denuncia penal contra el Sr. Ministro Fiscal, Fiscales de Cámara y magistrados integrantes de las Salas I, II, III, IV, VI y VII.

Reitera coincidir con lo decidido al punto I de la resolutiva, pero cuestiona el cese de la intervención del Sr. Defensor Oficial en lo Penal de la IXa. Nominación, alegando que la ley adjetiva no impide su actuación. Destaca en tal sentido que su parte reclamó el tratamiento de las "tres casaciones" interpuestas contra la sentencia de Cámara por el defensor particular, el Sr. Defensor Oficial y la suya personal.

Seguidamente, se explaya en consideraciones referidas a la validez del recurso interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, designado por la misma Cámara y por ende obligado a actuar en esta causa. A su criterio todas estas presentaciones son válidas y fueron efectuadas legalmente, por lo que deben ser en forma conjunta en razón de que resultan complementarias entre sí. Manifiesta que el planteo de nulidad acogido por esta Corte se fundó en la existencia de otras dos casaciones, además de la deducida por el Sr. Defensor Oficial (esta última resuelta en la sentencia anulada).

En suma, requiere se dejen firmes las nulidades declaradas al punto I, y que además este Tribunal "se abstenga de dejar sin efecto la intervención (debe entenderse la presentación de su casación) del Sr. Defensor Oficial en lo Penal de la IX Nominación" (cfr. fs. 168 vta.), en razón de que las tres impugnaciones eran válidas, se complementan, fueron admitidas en tiempo y forma y elevadas a este Tribunal.

Concluye que por desaciertos e irregularidades fue falsamente penado y se encuentra arbitrariamente privado de su libertad. Pone además en conocimiento del Tribunal que ha presentado las referidas denuncias penales, y reitera que por economía procesal corresponde remitir la causa a la Sala Va, única no mencionada en aquélla.

Por último, cuestiona el punto III de la misma sentencia, en cuanto desestima la impugnación al dictamen del Sr. Ministro Fiscal. Invoca lo normado por el art. 271 último párrafo y 272 del Código Penal, en base a los cuales sostiene que tales dictámenes sí pueden ser cuestionados.

Finalmente, dice haber sido discriminado porque el Tribunal omitió resolver los planteos efectuados por derecho propio, sólo mencionados en los considerandos; y que tampoco se decidió el pedido de pronto despacho y la queja por retardo de justicia articulada por el letrado Fernández. Al respecto, pide "se nulifique parcialmente y se complete resolviendo los planteos, cuya resolución fue omitida deliberadamente o por falta de atención".

Corrida vista al Sr. Ministro Fiscal, y ante la inhibición formulada, se dio intervención como subrogante al Sr. Fiscal de Cámara en lo Penal de la VIa. Nominación, Dr. Manuel López Rougés. Pasada la causa a estudio, a fs. 176/177 corre agregada nueva presentación personal de Selman, impugnando este último dictamen, y denunciando pretensas irregularidades. Pide que el Tribunal dicte urgente resolución, y se ocupe de diligenciar lo relativo a su libertad ante la inhibición de todas las Salas Penales.

Con posterioridad, se presenta uno de los defensores particulares del imputado y recusa al Sr. Ministro Fiscal subrogante, por haber sido también denunciado por los delitos de prevaricato y estafa procesal.

En la misma presentación impugna el dictamen emitido. Por Presidencia de esta Corte se dispuso la devolución de dicha presentación, a mérito de estar concluido el trámite del planteo de nulidad, y cerrado el debate para las partes; destacando además la ausencia de efecto vinculante del acto procesal cuestionado. A pedido del imputado, se mantuvo el escrito agregado en autos, a los fines que pudiere corresponder.

2.1.- Es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia que no existe impedimento normativo alguno para admitir la promoción de la nulidad de una sentencia del Tribunal por vía incidental; pero tal reproche está circunscripto a la concurrencia de vicios intrínsecos del fallo, es decir, cuando la sentencia adolezca de vicios o defectos de forma o de construcción que la descalifiquen como acto jurisdiccional;

o sea, dictada sin sujeción a las reglas de tiempo, lugar, forma, falta de firma, constitucióndel tribunal, cuestiones no debatidas, decisión extra litis, entre otras, siendo ajeno a todo lo que tiene vinculación con la aplicación del derecho que el incidentista puede conceptuar erróneo.

Ello así, la vía incidental nulidiscente sólo es idónea cuando se alegan vicios in procedendo y no vicios in iudicando (cfr. CSJTuc., Riviere, Orlando G. vs. Citromax S.A.C.I. s/Cobro de Australes", sentencia del 24/02/97).

En el sublite, las nulidades denunciadas expresan la mera discrepancia del peticionante con el contenido de la resolución, pues en definitiva reclama la subsistencia de la intervención del Sr. Defensor Oficial en lo Penal de la IXa. Nominación, no obstante haber designado con posterioridad a dos defensores particulares para su asistencia y representación, y con prescindencia de las consecuencias que la ley procesal ha previsto (arg. arts. 119, primera parte, 122 y cc. del CPP).

Se trata de disposiciones que, sin mengua del derecho de defensa en juicio, procuran evitar entorpecimientos y dilaciones en el trámite. Por lo demás, y a mérito del reenvío ordenado, corresponderá a la Excma. Cámara expedirse sobre la admisibilidad de las vías casatorias deducidas en autos.

Las interpretaciones ensayadas sobre los alcances de la resolución de esta Corte en este punto, y la consecuente disconformidad expresada, no constituyen causal de nulidad que autorice la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional.

2.2.- En lo atinente a la impugnación del dictamen del Sr. Ministro Fiscal, no cabe sino reiterar lo ya resuelto por esta Sala Civil y Penal al punto III de la sentencia del 30/4/2004.

Según pacífica doctrina del Tribunal, se trata de una materia excluida del ámbito de la impugnación o cuestionamiento, pues la opinión de la máxima autoridad de los representantes del Ministerio Público está exclusivamente dirigida al Tribunal.

Los restantes planteamientos de la defensa, y del imputado personalmente, deberán ser articulados por la vía y forma que corresponda. Sin perjuicio de ello, cabe advertir que las reiteradas presentaciones agregadas en autos, obstaculizan el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en la sentencia del 30/4/2004, y por consiguiente, el trámite de los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la Excma. Cámara, que estableció la responsabilidad penal de Selman en el delito por el que ha sido acusado.

El derecho a defenderse por sí mismo que la ley reconoce al imputado no elimina la necesidad de asesoramiento técnico, y encuentra límites precisos en el ordenamiento procesal; en tanto su intervención no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso (arg. art. 118, CPP).

En consecuencia, corresponde sin más trámite disponer la remisión de estas actuaciones a la Excma. Cámara Penal, a fin de que por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento conforme a lo ordenado en su punto I.

Por ello, se	R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR la petición de aclaratoria de la sentencia del 30/4/2004, formulada por la defensa del imputado Sergio Gustavo Rubén Selman.

II.- NO HACER LUGAR al incidente de nulidad parcial deducido por la defensa del imputado contra el mismo pronunciamiento. En lo restante, ocurra por la vía y forma que corresponda.

III.- REMITIR sin más trámite estas actuaciones a la Excma. Cámara Penal, a fin de que por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento conforme a lo ordenado en su punto Iº de la sentencia de esta Corte del 30/4/2004, obrante a fs. 152/156 de autos.

HÁGASE SABER.-	ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA