marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Representación procesal, gestor judicial, acreditación de la personería, vencimiento del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: MICROSULES Y BERNABO SA c/ ZAMBON SPA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Si bien ha suscitado alguna discrepancia lo relativo a si la ratificación de la actuación tiene que ser presentada en el expediente, o si basta en la medida de que haya sido efectuada antes del vencimiento del plazo fijado por la norma analizada (consultar los votos de los dres. Quintana Terán y Pérez Delgado en el fallo plenario "Lovida, A.G c/ Industrias Yuvena S.A.", del 31.5.77) el instrumento que confirió el poder fue suscripto más allá de los cuarenta días computados desde la primera presentación, inclusive si se contaran desde que quedó notificada por ministerio de la ley la providencia que lo tuvo por parte.
Mora, obligaciones a plazo, plazo cierto, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: INSTITUTO COOPERATIVO DE SEGUROS c/ SIMON KOHN s/ MORA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-17

En las obligaciones a plazo cierto la situación de mora solvendi se produce por la expiración del término, cualquiera sea el lugar del pago, es decir sea la deuda querable (pagadera en el domicilio del deudor) o portable (pagadera en el domicilio del acreedor), incumbiendo la prueba de la no cooperación del acreedor al deudor en todos los casos.
Interés superior del niño, menores
Materia: PENAL
Carátula: TARCHINI ROMAN EDDA NOEMI s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-09-24

La atención primordial al "interés superior del niño" a que hace referencia el Art. 3 1. de la Convención de los Derechos del Niño, constituye para el Juez pauta de valoración ante la existencia de un conflicto de bienes jurídicos a tutelar. Y la decisión debe definirse por lo que resulta de mayor protección al interés del menor.
Interpretación y aplicación de la ley, deberes del juez, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: D., M. J. A. c/  s/ homicidio agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-08-30

La interpretación de las leyes no debe generar reparos constitucionales que sustraigan a los jueces de su aplicación. Ellos deben ejercer el control de constitucionalidad de las normas, que implica comprobar la correspondencia de éstas con el texto de la Constitución. Si una ley cumple con el cometido sistémico republicano de adecuarse a la Carta Magna es obligatoria; de lo contrario, es inconstitucional. Lo que está vedado a los intérpretes-juzgadores es alterar la norma y cambiar la esencia con la que fue dotada por el órgano al que el reglamento del Estado le confirió la potestad de hacer leyes.
Recurso de inaplicabilidad de ley, daño moral, monto de la indemnización, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Provincia de Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-11

Los agravios referidos en aumento de las sumas otorgadas como indemnización por el daño moral los fueron motivados por sentimientos y no racionalmente; no existen motivaciones explicitadas en el fallo, que se limita a ampliar la suma sin expresar causa o motivo, por lo que cabe acoger la queja de la falta de fundamentación de la sentencia. (Dr. Silveira Márquez: En disidencia).
Querellante, admisión del querellante, sociedad anónima, acta poder
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: WOLCOFF, Jorge E. s/ QUERELLANTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-23

Corresponde tener por parte querellante a quienes resultan ser únicos integrantes de la sociedad anónima que aparecería como damnificada ya que concurren en representación de la misma y en forma conjunta, resultando sobreabundante la exigencia de poder especial.
Declaración de ineficacia, actos jurídicos, abuso del derecho, cosa juzgada, fraude
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONSTRUCCIONES MEIJIDE s/ QUIEBRA    PEDIDA  -  INEFICACIA  CONCURSAL  -  PERIODO  DE  SOSPECHA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-07-03

La ley concursal pone de resalto la figura de lo fraudulento del acto en sí, para declarar la inoponibilidad (no la invalidez) del acto jurídico celebrado por el banco y la fallida (Fassi -Gebhard - concursos, p. 253 :Cámara el concurso preventivo y la quiebra, t. 3, P. 2107). De no haber posibilidad de anular estos actos cometidos por el comerciante en el período agobiante y deficitario que casi siempre precede a la quiebra, se daría una patente de corso para que los acreedores mas astutos, o próximos en el afecto del deudor común, perciban íntegramente sus créditos, en fraude y detrimento de legítimos acreedores. Ello constituye aplicación de la fecunda teoría del abuso del derecho: para los acreedores, muchos actos ejecutados por el deudor en ese lapso son ineficaces, con algunas gradaciones: actos ineficaces de pleno derecho (art. 122 de la ley concursal) o ineficaces por conocimientos de la cesación de pagos (art. 123 de la ley concursal). Puede existir cosa juzgada protección constitucional, frente a la figura del fraude, pensamos que no.
Grupo económico, sociedades comerciales, doctrina, domicilio
Materia: LABORAL
Carátula: JUAREZ, LEONARDO JOAQUIN; POONCE, RICARDO RAUL c/ RICOTON S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-02-17

Cuando en un mismo domicilio funcionan dos sociedades comerciales que se dedican al mismo ramo, tienen los mismo bienes muebles y funcionan con las mismas persona, autoriza al juzgador a aplicar la doctrina de la desestimación de la personalidad jurídica, descorriendo el velo y haciendo prevalecer la realidad sobre la mera forma, conforme lo prescribe el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, por cuanto estamos en presencia de un mismo conjunto económico y por ello deben responder solidariamente por las obligaciones.
Honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EXORTO EN AUTOS: MASSEY FERGUSON ARGENTINA S.A. c/ JUAN VICO MORANTE s/ EJECUCION DE PRENDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-11-27

Corresponde actualizar la base y luego calcular el honorario (método directo) ya que el arancel se actualiza una vez estimado y pendiente de pago según lo dispone el art. 54 del Decreto Ley 623/64.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia contencioso administrativa, acción de amparo, inadmisibilidad formal, existencia de otras vías
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ortiz Maza, José Ignacio c/ Jefatura de la Policía de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-07-16

Por imperio de expresas normas constitucionales-art.204 de la Constitución Provincial-, jurisprudencia sentada a partir del caso "Altamirano" y posterior reforma del Art. 4 de la Ley de Amparo por Ley 4998, al implicar materia contencioso administrativa la cuestión planteada, corresponde que se declare la competencia de este Tribunal para entender en la causa.

El proceso abreviado de la acción de amparo tiende a la comprobación fácil y rápida de los derechos constitucionales conculcados por actos u omisiones de autoridad pública que en forma actual o inminente lesionen, restrinjan, alteren o amenacen con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional.

Por lo tanto se impone- como correlato de la actividad jurisdiccional en el mérito de la admisibilidad formal de la acción-, que el amparista en tiempo hábil, demuestre sin mayor esfuerzo el cercenamiento de sus derechos fundamentales, de un modo claro y manifiesto que ponga en evidencia, sin mayor amplitud de debate y prueba, en dónde reside la ilegitimidad del acto que cuestiona y el daño grave e irreparable que se pretende remediar.

Conforme a las pautas axiológicas enunciadas de incontrovertible aplicación a las normativas determinantes de la admisibilidad de la acción, se advierte la falta de enunciación precisa de normas constitucionales conculcadas por el actuar de la administración, ante la mera denuncia de inconstitucionalidad e ilegalidad del accionar de la demandada en la emisión de resoluciones, sin fundamentación alguna que justifique la apertura de esta vía excepcional y restringida de la acción de amparo que se intenta.

En efecto, la actividad desplegada por el amparista al cuestionar la Resolución Interna de la jefatura de policía, denegatoria del recurso interpuesto por su parte, cuando el acto supuestamente lesivo de los derechos que se estiman conculcados, se encuentra representando por la decisión precedente -Resolución Interna Sub Jefe de Policía, pone en evidencia que existen vías previas y paralelas, judiciales y administrativas que permiten obtener la protección requerida, donde con mayor amplitud de debate y prueba podrá discutirse la legitimidad de la pretensión del administrado.

Por ello y de conformidad a lo establecido por los Arts. 1, 2: Incs. c y d, 3 y 17 de la Ley 4642, corresponde declarar formalmente inadmisible la acción de amparo interpuesta, con costas al accionante.
Procedimiento monitorio, apreciación de la prueba, jueces
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DEL CANTO, OSCAR MARCELO c/ PET'S GROUP S.A. Y OTRO s/ PREPARACIÓN DE LA VÍA MONITORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-03-17

La admisión por parte del juez del tipo de proceso que propone la parte actora genera una suerte de "obligación" a su respecto en virtud del principio de preclusión, ya que no puede apartarse luego de la decisión adoptada sin afectar el debido proceso, aspecto comprendido en el derecho de defensa. Resulta improcedente, en el caso, tratar el juicio como un ejecutivo, ya que debió reencausarse como un proceso sumario por cobro de pesos -lo que implica abandonar la cuestión relativa al título-. El deber/facultad del juez de revisar el título se agota con el dictado de la sentencia monitoria teniendo en cuenta las defensas que opusieron los demandados, que no versaron sobre defectos o inhabilidades del título.
Daños y perjuicios, contrato de publicidad, guías telefónicas, falta de pago
Materia: CIVIL
Carátula: ROVITO  LUIS  ANGEL c/ TELEFONICA  DE  ARGENTINA  SA s/ daños yperjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-08

El actor promovió demanda contra Telefónica de Argentina SA, a fin de ser resarcido de los daños y perjuicios que le imputó a la demandada como consecuencia de una supuesta deuda por un servicio de publicidad en "Páginas Amarillas" que refiere nunca contrató. Fundó su pretensión en los arts. 512 y concordantes del Código Civil y disposiciones pertinentes del Código de Comercio. En la presente causa no aparecen involucradas "prima facie" disposiciones o principios relativos a la prestación del servicio básico de telefonía, sino normas de derecho civil o comercial, conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: "García, Margarita Gladis c/Telefónica de Argentina SA s/daños y perjuicios", del 14-10-08 y en igual sentido doctrina de Fallos: 330:1286), corresponde atribuir el conocimiento de las presentes actuaciones a la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Civil.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, sujetos del proceso penal, actos y diligencias procesales, relaciones de familia, divorcio, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: LOPEZ, LUIS BERNABE c/ FUNES, EDITH MAGDALENA s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-05-02

En los juicios de divorcio, la prueba testimonial adquiere especial relevancia porque son los allegados a la pareja,(amigos, familiares, vecinos) quienes pueden haber presenciado hechos relevantes sobre los que a su vez pueden efectuar sus propias conclusiones o comentarios disvaliosos sobre la culpabilidad de uno u otro de los esposos. No se puede pretender que quienes declaren carezcan de opinión en pro o en contra de los esposos, lo cual no conduce necesariamente a que se los considere comprendidos en las generales de la ley por enemistad o que incurran en falso testimonio
Prueba documental, competencia penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Micheletti, Luis c/ Alerto, Carlos s/ Daños y perjuicios Justo de Fiz, N. c/ Scantaliato, D. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-18|1992-06-23

Ninguna pieza sumarial ni las declaraciones testimoniales de la causa penal pueden servir de prueba en el proceso civil si no han sido ratificadas por los deponentes, ya que los elementos de convicción allegados al sumario policial, producidos sin el contralor de las partes, no pueden hacerse valer salvo que ambos litigantes hayan coincidido en ofrecerlo como prueba.-
Principio de integridad, accidente de tránsito, responsabilidad civil, costas
Materia: CIVIL
Carátula: Cabrera Caceres Jose Antonio Y Otros c/ Carrizo Maturano Roque Antonio Y Otros s/ Daños Y Perjuicios, Por Recusacion(De.S.S)Juzg.Civil.Y C.Comun Ia.Nom.. EXPTE. 200/00
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-12

Si bien los daños no prosperaron con la entidad pretendida en la demanda, en virtud del principio de integridad de la reparación proveniente de la responsabilidad exclusiva originada en accidentes de tránsito, los gastos causídicos no deben ser distribuidos con las víctimas, a quienes les corresponde recibir sin menguas la reparación del perjuicio sufrido.
Títulos de crédito, principios cambiarios, autonomía cambiaria, pagaré, endoso, derechos del portador
Materia: COMERCIAL
Carátula: ZOPPI Y CIA S. R. L. c/ MAYER, DAVID s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- EJECUTIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 532  AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-29

El derecho que el título de crédito transmite en su circulación a cada nuevo adquirente es un derecho autónomo, es decir, desvinculado de la situación jurídica que tenía el transmitente; de modo que cada nuevo adquirente del título de crédito recibe un derecho que le es propio, autónomo, sin vínculo alguno con el derecho que tenía el que se lo transmite y, por ende, libre de cualquier defensa o excepción que el deudor demandado para el pago (sea librador, aceptante, endosante o avalista) podría haber opuesto a un poseedor precedente. Ello encuentra su razón práctica en la defensa y seguridad de la circulación de los derechos creditorios.
Prisión preventiva, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/ infracción  art.  139  bis del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

La utilización del instituto de la prisión preventiva con fines intimidatorios o disuasivos, y el establecimiento por esa vía de agravaciones propias de la ley sustantiva, no son válidos por aberrante que pueda parecer el delito que motiva el proceso, pues de serlo, ello sólo puede ser determinado en la sentencia motivando la condena, mas no mediante la alteración de los principios fundamentales del orden procesal; pues la aspiración social de que todos los culpables reciban pena presupone, precisa mente, que se haya establecido previamente esa calidad (Voto del Dr. Carlos S.

Fayt).
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Godoy Marcelo Osvaldo c/ Belotti Carlos Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-11

Si el mismo demandado entendió que la cuestión suscitada revestía naturaleza técnica y siendo ello así, corresponde hacer mérito de la prueba pericial producida en autos para decidir la suerte de la pretensión entablada.
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: SIEMENS SA c/ DICON DIFUSION CONTEMPORANEA SA s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-30

El art. 656 del Código Civil autoriza la reducción de una pena exorbitante, pero se requiere para ello cumplir con dos supuestos:

a) un supuesto objetivo, esto es, que el monto sea desproporcionado, y b) un supuesto subjetivo, esto es, que el acreedor se haya aprovechado abusivamente de la situación del deudor (confr.

Belluscio, "Código Civil", tomo 3, págs. 218/220); Recordándose que la facultad de morigerar la cláusula penal es excepcional y debe ejercerse con prudencia, solo cuando la cláusula es notoriamente abusiva, toda vez que desempeña una función ambivalente, a la vez resarcitoria y compulsiva (confr. Causa 1742 del 20.8.91).
División de la herencia, legítimo abono
Materia: CIVIL
Carátula: MADERNA, M. s/ SUCESION VACANTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-12

En nuestro ordenamiento legal, el legítimo abono no tiene estructura procesal, ni constituye un juicio en el sentido de proceso contradictorio, de modo que no hay obligación alguna de formularlo, y por ello los acreedores pueden promover el juicio que corresponda, sin requerimiento previo.-
Proceso penal, Ministerio Público, acusación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: OLMOS RAFAEL ANGEL s/ PROCESO PENAL - ACUSACION - ACCION PENAL PUBLICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1983-11-04

La falta de actividad promotora, es decir, de requerimiento fiscal de instrucción (C.P.P., arts. 185, 196, y 204), desnaturaliza la esencia misma del sistema de enjuiciamiento, provocando una regresión inquisitiva, superada ya por civilizadas conquistas de pensadores y dogmáticos que lograron conformar con respecto al proceso penal un armónico y equitativo juego de normas de rigurosa observancia, que dan respuestas legalmente válidas a los intereses individuales y sociales que tamizan. Le está vedado al juez, entonces, el ejercicio espontáneo de su jurisdicción , porque el proceso penal para ser una garantía efectiva de justicia "debe asentarse sobre el principio "ne procedat iudex ex officio", en razón del cual se consagra la separación entre la función del juez y la del acusador. Pese al poder jurisdiccional que detenta, el juez no podrá, entonces, iniciar la investigación de un hecho presuntamente delictuoso si antes "el promotor de justicia" no ha llevado a cabo el acto procesal indispensable, para dar por iniciado del presupuesto del "debido proceso penal legal" mediante el correspondiente requerimiento instructorio. Un sistema procedimental mixto debe mantener esta exigencia compatibilizadora de los intereses que regula y a su vez tutela.-
Ejecución hipotecaria, mutuo en moneda extranjera, emergencia económica, tasas de interés, tasa del 15% anual
Materia: CIVIL-ECONOMIA
Carátula: BANKBOSTON NA c/ LAROSE, Horacio Amadeo y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-26

De acuerdo a la realidad actual del mercado resulta adecuada la fijación de una tasa del 15 por ciento anual en el caso de un crédito hipotecario que si bien fue originariamente pactado en dólares estadounidenses, luego se pesificó por aplicación de la normativa de emergencia y el acreedor no pretende se le aplique el CER.
Seguros, siniestro, denuncia del siniestro, plazo, caducidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: EMPRESA José V. CIARPO Y COMPAÑIA c/ COOPERATIVA PATRONAL LIMITADA DE SEGUROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-28

El plazo de caducidad establecido por la ley 17.418: 46 obedece a la necesidad de que la aseguradora pueda implementar las medidas tendientes a que el siniestro no se convierta en más gravoso o que se dificulten las tareas de investigación de los hechos. Pero tal plazo no es fatal.

El informe tardío funda la caducidad del derecho del asegurado siempre que no medie caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa del asegurado (ley 17.418: 47).

El concepto "imposibilidad sin culpa" se refiere a supuestos que en rigor no son de fuerza mayor: que jurídicamente no podrían considerarse tales, pero que han hecho imposible para el asegurado la comunicación oportuna. Ello es consecuencia de la aplicación del principio de buena fe esencial que inspira la celebración y ejecución del contrato.
Entes autárquicos, gobierno provincial, personas jurídicas de carácter público, ley provincial, trabajador, interpretación de normas y actos locales, competencia provincial, jueces
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BARTHE, LUIS c/ INSTITUTO  DE  SEGURIDAD  SOCIAL  Y SEGUROS DE LA PROVINCIA DE CHUBUT s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-23

Aún cuando una entidad queda constituída como autárquica a los fines económicos de un estado provincial, ello no desvirtúa su carácter de persona jurídica pública provincial si debe ajustarse respecto de su funcionamiento a las leyes orgánicas vigentes en la provincia, por lo que en tal supuesto la acción de quien invoca el carácter de dependiente del ente se encuentra directa e inmediatamente relacionada con la aplicación e interpretación de normas de derecho público local, como son aquellas que reglamentan relaciones jurídicas de empleo público provincial y en consecuencia con prescindencia del resultado final así como del régimen en definitiva aplicable, el conocimiento de la cuestión incumbe a los jueces locales.
Acta notarial, valor probatorio
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: ESQUIVEL, BERNARDINO B. c/ ENVASA PLAST. S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-02-16

Carece de valor la declaración tomada mediante acta notarial a la esposa de una de las partes dado que la recepción de tal testimonio, salvo el reconocimiento de firma, está vedada por el art. 411 del C.P.C.
Reordenamiento del sistema financiero, ejecución hipotecaria, obligaciones en moneda extranjera, pesificación
Materia: PROCESAL-CIVIL-ECONOMIA
Carátula: ZAINUTTI, Silvina Alejandra c/ PUHL, Guillermo Diego s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-27

Lo atinente a la aplicabilidad o no del régimen implementado por el decreto 214/02, para las deudas contraídas en dólares estadounidenses, es una cuestión que debe ser resuelta con intervención de ambas partes interesadas, a fin de salvaguardar el ejercicio del derecho de defensa.

De ahí que, la providencia que dispone de oficio la aplicación de la normativa citada aparece como prematura en el estado inicial del proceso sobre ejecución hipotecaria, ya que se priva al ejecutante de debatir cuál es en realidad el objeto de la prestación debida.
Daños y perjuicios, responsabilidad indirecta
Materia: CIVIL
Carátula: Brunelli, Miguel Juan y Diez, Julio César c/ Rhiner, Rodolfo Emilio s/ Indemnización de Daños y Perjuicios Rodolfo Emilio s/ Indemnización de Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-07-10

Tratándose de daños ocasionados entre automotores en movimiento no se puede hablar de la responsabilidad fundamentada en la teoría del riesgo creado, porque ambos vehículos generan riesgo; en consecuencia la cuestión debe ventilarse a la luz de la culpa de los conductores. Estos tienen la obligación de demostrar su falta de culpa; quien pretende el resarcimiento debe probar la imputabilidad de la contraria, la ilicitud y el daño, pero no obstante ello, la accionada, que admite la existencia del evento dañoso, no está eximida de aportar los elementos que tornen verosímiles sus dichos.