Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-19


Causa Nº 354-00-CC/2005 caratulada: "Ottamendi, Martín Ricardo s/ Infr. Art. 189 bis C.P. - Apelación". Sala II.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de mayo de 2006, se reúnen en acuerdo los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Una vez que se elevaron a juicio los actuados, el defensor de Martín Ricardo Ottamendi articuló la prescripción de la acción penal (fs. 265/9) correspondiente a la conducta por la que se lo acusa (ver requerimiento de fs. 139/141) y que se subsumió en el art. 189 bis, inc. 3 C.P. -según ley 25.086- calificación que propone mantener a los efectos de la incidencia por su mayor benignidad frente a la ley ex post facto (Nº 25.886).

El argumento central radica en que el art. 67 C.P. -según ley 13.569, vigente al momento del suceso-, interpretado a la luz de la llamada tesis "restringida" -que limita el concepto "secuela de juicio" a ciertos actos producidos durante la etapa oral, con exclusión de los practicados durante la instrucción- o del aún más restrictivo criterio que identifica aquel enunciado con la sentencia -aunque no se encuentre firme- resulta más beneficioso para su pupilo que la reforma introducida por la ley 25.990, activándose, en consecuencia, el principio general de irretroactividad. La aplicación al sub-lite del antiguo sistema así entendido determina que entre el hecho -3/2/02- y el último acto hasta el cual el defensor está dispuesto a extender la línea de exégesis propugnada -requerimiento de elevación a juicio (5/9/05, fs. 143/149)- transcurrió un lapso superior al máximo de la escala penal para la figura citada en el párrafo anterior (art. 62, inc. 2 C.P.).

En un segundo nivel de exposición, el de la Fuente introdujo dos defensas para el supuesto en que, por acogerse una tesis amplia, correspondiera aplicar la normativa posterior -que en este caso, en cambio, resultaría más benigna-. Pretende demostrar de esta forma la invariabilidad de las consecuencias prácticas.

El art. 67, 4º párr., inc. b) CP (según ley 25.990) prevé -como acto inicial del procedimiento con efectos interruptivos- el primer llamado a una persona con el fin de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado. Empero, ninguna actuación practicada en sede nacional puede ser abarcada por la norma dado que el hecho por el que se persiguió a Ottamendi es distinto al objeto de este proceso. Rige, en consecuencia, la tesis del paralelismo consagrada legislativamente con la reforma.

Motivó este argumento en que del acta del art. 294 CPPN (fs. 63/4) y del procesamiento de fs. 66/8 -causa Nº 20.713, Juzgado Correccional Nº 14, Secretaría Nº 81-, se desprende que el suceso que se le atribuyó al imputado fue el ocurrido el 3 de febrero de 2002, aproximadamente a la 1:00 hs. en el interior del domicilio de la calle Zapiola 3625 de esta ciudad, oportunidad en la que disparó el arma de fuego que portaba sin la debida autorización y amenazó luego a Jorge Luis Lacava con el fin de que no se inmiscuyera en el asunto, mientras que le apuntaba con ella en la cabeza y en el estómago. Sin embargo, el Pigni lo sobreseyó por los hechos acontecidos dentro de la vivienda, por lo cual, la Sra. Fiscal de este fuero lo acusó por el episodio producido en el exterior, específicamente en la vereda en un horario posterior al correspondiente a las hipótesis por las que fue desvinculado (vid. fs. 131/132 y 139/141). Propugna la aplicación de las razones por las cuales la magistrada de la etapa preliminar rechazó la excepción perentoria deducida por esa parte (ver fs. 154/159) como basamento de su argumentación. Concluye de lo expuesto que sólo han de procesarse a la luz de la ley 25.990 los actos practicados en esta sede.

Desprende de aquí su segunda defensa, consistente en que únicamente el requerimiento de elevación a juicio de fs. 139/141 puede ser tomado en cuenta en función de la nueva normativa, atendiendo a que no es posible equiparar de acuerdo con el principio de legalidad la audiencia del art. 41 LPC con aquélla a la que se refiere el inc. b), 4º párr., del art. 67 reformado. Empero, a la presentación de dicha acusación ya se había superado holgadamente el plazo del art. 62, inc. 2 CP.

La Andrade se opuso a la pretensión (fs. 277/278) considerando el nuevo delito cometido por Ottamendi el 5/7/02 y la práctica, con posterioridad, de una serie de actos procesales con efectos interruptivos según la tesis mayoritaria de intelección del término "secuela de juicio", criterio que sirvió de antecedente al cambio legislativo.

Si bien la Molina de Harrington estimó oportuno el tratamiento de la articulación, la rechazó a fs. 279/281. Diversos hitos -que resultan idénticos en ambas legislaciones- obstaron a que transcurriera el plazo invocado a partir del 3/2/02. Enumeró la comisión de un nuevo delito en el mes de julio de 2002; el dictado de la sentencia condenatoria correspondiente; el llamado a prestar declaración indagatoria que en el sub-lite aconteció el 23/6/05 cuando la Sra. Fiscal convocó a Ottamendi Causa Nº 354-00-CC/2005. Sala II.

en los términos del art. 41 LPC -art. 56, inc. 1, ley 1287 y la pacífica jurisprudencia del fuero-; la recepción de la declaración antedicha -27/6/05 (fs. 131/132)- y el requerimiento de elevación a juicio -25/8/05 (fs. 139/141)-.

El de la Fuente apeló la decisión a fs. 282/289 por entenderla enfrentada al principio de legalidad y al derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable como consecuencia de la interpretación extensiva de las causas interruptivas de la prescripción de la acción. Insistió con el argumento central de su pretensión sintetizado con anterioridad, al que sumó una serie de razones por las cuales corresponde adoptar el criterio restringido de intelección de la fórmula del art. 67 CP, según su redacción anterior. Si bien reconoce la comisión de un nuevo delito el 5/7/02, estimó que ello no varía la conclusión dado el transcurso de tres años a partir de allí hasta el requerimiento acusatorio.

Arguye que aún cuando la judicante omitió expedirse expresamente acerca del caso central de su parte, parece haber adoptado una línea amplia de interpretación del derogado enunciado del art. 67 C.P., postura que critica por cuanto permite una extensión ilimitada del concepto en punto a los actos procesales con efectos interruptivos. Paralelamente cuestionó la elección de la magistrada de cada uno de los pasos a los que otorgó la virtualidad que agravia a su parte. Indicó que la comisión de un nuevo delito no altera la conclusión; la condena citada no tiene efecto autónomo alguno; tampoco la convocatoria a la audiencia del art. 41 LPC puede ser considerada como causa de interrupción por estricto apego al principio de legalidad que impide asignarle los efectos del acto al que alude el inc. b), 4º párr., art. 67, nueva redacción; más errada aún ha sido la evaluación de la recepción de la declaración atendiendo a su carácter de acto de defensa. Así, el requerimiento de elevación a juicio -único instrumento que en esta sede puede tener la incidencia antedicha- se presentó una vez vencido el plazo de prescripción. Reintrodujo, por último, la defensa relativa a la independencia del objeto procesal del expediente que tramitó ante el Juzgado Correccional respecto del correspondiente a estos actuados.

La apelación se concedió a fs. 293 y el Fernández propició el rechazo de la pretensión (fs. 297/302). Sostuvo la mayor benignidad de la nueva legislación por observancia del mandato de certeza a diferencia del régimen pasado. Estimó que la comisión de un nuevo delito, el primer llamado a prestar declaración indagatoria (13/3/03) y el requerimiento de elevación a juicio (25/8/05) obstan a la prescripción intentada. Finalmente, en el punto VI del dictamen -más allá de la mención introducida en el Nº VIII- consideró que la hipótesis por la que se acusa a Ottamendi en esta sede fue objeto de intimación en la audiencia del art. 294 CPPN y del auto de procesamiento de fs. 66/68, disposición II.

Por último, a fs. 310/312 el impugnante se presentó en orden a lo estipulado por el art. 62, inc. 2, ley 1287 y criticó el dictamen analizado en lo que se refiere, en especial, a la falta de exposición de los motivos por los que se descartó una tesis restringida como posibilidad interpretativa del sistema anterior.

CONSIDERANDO:

I.- El remedio fue interpuesto en forma y tiempo oportuno por quien tiene derecho a hacerlo ante la jueza que dictó el auto atacado. En lo concerniente a la impugnabilidad objetiva, se dirige contra un pronunciamiento que, al rechazar la articulación de prescripción de la acción, es susceptible de ocasionar a la parte un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior, por lo cual, el recurso es admisible (arts. 432, 1ra. parte, 449 C.P.P.N., de aplicación supletoria conf. Art. 55, ley 1287, ref. ley 1330).

II.- Corresponde estudiar primero el eje del caso de la defensa. Aunque postula que en última instancia la aplicación de uno u otro régimen confluye en la misma consecuencia práctica, pretende demostrar la mayor benignidad del vigente al momento del hecho a la luz de un criterio restringido acerca de lo que "secuela de juicio" significa -aunque forzadamente se aceptara en esta línea la inclusión del requerimiento de elevación a juicio como causa de interrupción, su presentación excedió los tres años desde la hipótesis imputada o del nuevo delito cometido-.

La premisa de la que debe partir el análisis es el imperativo negativo último que encierra tanto la prohibición de irretroactividad como su excepción, es decir, el estado negativo de libertad. Así, "...la conducta individual legítimamente libre jamás puede encontrar consecuencias no fijadas por la ley, bajo la cual se desenvuelve la libertad privada, ni la conducta individual limitada penalmente puede, en caso alguno, suponer consecuencias más graves que aquellas precisadas por la ley al tiempo en que el delito se cometió; y, de otra parte, apenas la ley ha abandonado o aflojado un límite impuesto a la libertad, el Estado, tutor de ésta, no puede exigir ni actuar lo que entonces se declare no necesario o injusto por la Causa Nº 354-00-CC/2005. Sala II.

voluntad colectiva." "...En última instancia, el problema de la benignidad de las leyes punitivas se vincula en la consecuencia; es decir, que se reduce a esclarecer cuál es la que contiene una pena menos severa...Ha de estimarse como ley más benigna la que haga imposible la penalidad del acusado o dé lugar a una pena menos grave..." .

Por lo demás, el examen impulsado exige el cotejo integral de las legislaciones en competencia en perspectiva de su aplicación concreta al caso, "...es decir, comparando en cada uno de los hechos de la vida real los resultados de la aplicación de las distintas leyes...".

La variación legal objeto de análisis consiste en el régimen de la prescripción de la acción penal, específicamente, en lo relativo a las causales de interrupción por actos del proceso. Para la determinación de la extensión del lapso del art. 62, inc. 2 C.P., habrá de tenerse en cuenta el máximo de tres años de pena de prisión prevista para la figura atribuida a Ottamendi de conformidad con la ley del hecho (25.086), asunto ajeno a toda controversia.

El art. 67 -según ley 13.569-, establecía que dicho término se interrumpe por "secuela de juicio", mientras que la reforma introducida por la ley 25.990 enumera taxativamente los hitos procesales con esa virtualidad. El de la Fuente rechaza la coincidencia de ambos regímenes en lo referido a los actos practicados durante la instrucción -en especial, el primer llamado a prestar declaración indagatoria-, por entender restringida la "secuela de juicio" a puntos propios de la etapa oral.

Esta Sala ha destacado recientemente el largo derrotero que provocó la exégesis de tal enunciado como la determinación de su extensión hasta la reforma de la ley 25.990, por lo cual no deviene automático resolver conforme la ley más benigna sino que la labor interpretativa deberá discurrir sobre otras fuentes -doctrina y jurisprudencia- que han ocupado especial relevancia en la interpretación y aplicación del derogado art. 67 C.P.

En oportunidad de expedirnos in re: "Castillo, Juan Mauricio Maximiliano s/ inf. art. 189 bis" , examinamos las diversas corrientes y opiniones antagónicas a las que dio lugar el concepto acuñado por la ley 13.569. Así, al lado de los criterios propuestos por el defensor, se encuentra la tesis amplia que resulta mayoritaria en los ámbitos señalados, la cual a grandes rasgos, no circunscribe la "secuela de juicio" al segundo estadio del procedimiento sino que abarca también a la instrucción, asignando determinadas características a los actos que han de ser considerados interruptivos.

Señalamos, en este orden de ideas, que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en los autos "Cañón, Carlos L. s/ Denuncia", consagró por voto mayoritario dicha línea de interpretación, dejando sin efecto, en consecuencia, el pronunciamiento arribado en la causa "Balchumas o Balcumas, M. Lucía s/ homicidio culposo". En el ámbito de la Casación Provincial, también prevaleció aquella tesis . Por otro lado, tras un repaso de la jurisprudencia de los tribunales nacionales, concluimos que la mayoría coincidió en dicho criterio, estableciendo un límite inicial a los hitos constitutivos de "secuela de juicio" . Se sostuvo en general que el instituto de la prescripción pertenece al derecho de fondo y que la significación y alcance que el C.P. le otorga a la expresión "juicio" guarda coherencia con el "juicio previo" al que alude el art. 18 CN que abarca todo el proceso, incluyendo el llamado a prestar declaración indagatoria. Por otro lado, cuando el legislador no limita expresamente el concepto, no corresponde al intérprete hacerlo. "...En este sentido, existe "secuela de juicio" cada vez que en cualquier etapa del juicio penal Causa Nº 354-00-CC/2005. Sala II.

(comprendido en su totalidad), se produce o realiza un acto con entidad suficiente para dar real dinámica e inequívoco impulso al proceso, manteniendo en efectivo movimiento la acción penal, siendo ésta, además, la tesis a la que adhiere la mayoría de la doctrina nacional (conf. Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", Bs. As. 121976, t. II, p. 456; Fontán Balestra, "Tratado de Derecho Penal", T. III, p. 463; Fernández de Moreda, Blasco, "En torno al concepto de secuela de juicio como causa interruptiva de la prescripción penal", La Ley, 87, 19; Maier, Julio, "Sobre la prescripción penal y su interpretación por la secuela de juicio", Revista de derecho penal y criminología, 1969, Nº 4, p. 577; Núñez, Ricardo, "Manual de Derecho Penal. Parte General", Bs. As., 1972, p. 250 -pese a haber sostenido lo contrario anteriormente-)...". En este marco se estimó que el auto por el cual el juez llama a prestar declaración indagatoria es una convocatoria compulsiva de la persona al proceso por estar imputada de la comisión de un delito, por lo cual, es en esta oportunidad en la que el juez encamina el juicio contra un sujeto concreto (conf. art. 294 CPPN). Se trata de un acto de impulso procesal, el primero, pues sin él no podría proseguirse la causa contra persona determinada ("Busmall Mustafá s/ rec. Casación", 21/8/01).

Lo dicho hasta ahora en cuanto a la amplitud de la fórmula, la necesidad de acudir a criterios jurisprudenciales y doctrinarios para su intelección y la adhesión mayoritaria a la tesis amplia se comprueba si se analizan pronunciamientos recaídos tras la reforma. Así, la Sala I de la CNCP sostuvo en lo concerniente al derogado sistema que: "...No puede desconocerse que desde su incorporación originó, a través del tiempo, una variada interpretación por los órganos jurisdiccionales encargados de su aplicación. Esta Cámara, con resoluciones coincidentes de las cuatro salas que la integran, había adoptado un criterio unánime consistente -en síntesis- en considerar `secuela de juicio´ a todos aquellos actos del órgano tendientes a la prosecución de la acción penal..."; mientras que la Sala II, argumentó que: "...Por lo demás, la reforma introducida por la ley 25990 al art. 67 del CP no ha hecho más que confirmar el criterio que esta Sala ha venido sosteniendo puesto que la sustitución de la fórmula `secuela de juicio´ por un numerus clausus de actos con eficacia interruptiva del curso de la prescripción ha venido a poner punto final a la discusión que respecto a la hermenéutica de aquella expresión se generó..." (CNCP, Sala II, "Revello, Carlos A. y otros s/ rec. De casación", 14/9/05, LL, Sup. Pernal, 2005 -noviembre-).

En este sentido y de acuerdo con lo argumentado en nuestro precedente (ver nota Nº 6), postular la aplicación de la versión normativa anterior implica optar por la interpretación construida jurisprudencialmente que más allá de su aserto o error, deja abierto un ámbito que la nueva redacción de la norma vino a zanjar, siempre que para el caso consideremos la voz "juicio" en concordancia con la tesis amplia .

Atendiendo a las premisas de estudio citadas, entendemos que en la comparación de ambas legislaciones -independientemente del criterio minoritario para interpretar la primera impulsado por la defensa- en perspectiva de las circunstancias particulares del sub-lite y sin perjuicio de que el llamado a prestar declaración indagatoria coincide en lo que respecta a los efectos interruptivos, la segunda de ellas, por su carácter taxativo, no ofrece dudas en cuanto al número y características de los actos con esa virtualidad y permite, en consecuencia, dejar de lado ciertas actuaciones que, a la luz del régimen anterior, podrían influir en el término del art. 62, inc. 2 aunque no, por lo que se dirá, en la solución de la articulación.

En este orden de ideas, el hecho por el que se acusa a Ottamendi data del 3 de febrero de 2002 y el lapso de tres años que comenzó a correr desde esa oportunidad se interrumpió por la comisión de un nuevo delito el 5/7/02 -declarado por sentencia firme- (vid. fs. 273 y certificación de fs. 304/305, asunto que no ha sido controvertido por la defensa). Ahora bien, el primer llamado a prestar declaración indagatoria -conf. inc. b), 4º párrafo, art. 67 según ley 25.990, sin perjuicio de la coincidencia señalada- se dispuso el 13/3/03 (ver fs. 49). De allí que descartado el eje central de argumentación y tomando en cuenta este nuevo obstáculo, la acción no se encontraría prescripta dada la presentación, el 26/8/05 (conf. fs. 139/140) del requerimiento de elevación a juicio (instrumento cuya virtualidad la defensa no discute desde ninguna de las legislaciones en pugna).

Nº 354-00-CC/2005. Sala II.

Empero, corresponde analizar las otras dos defensas que se oponen a considerar la convocatoria mencionada así como la dispuesta por la Sra. Fiscal respecto de la audiencia del art. 41 LPC.

El fundamento de la primera de ellas se aleja del razonamiento contenido en el fallo de esta Sala al confirmar el rechazo de la excepción defensista (fs. 246/251). Allí estimamos que más allá de la distinta precisión fáctica llevada a cabo por la acusadora a fs. 139/141 y 143/149 respecto de la contenida en el resolutorio de fs. 66/8, todo el episodio, como acontecimiento histórico unitario, estuvo sometido a conocimiento del juez correccional que previno. Se argumentó que dichas especificaciones resultaban irrelevantes para descartar el planteo de la defensa. Se sostuvo de ese modo que, independientemente de las formas concursales, a fs. 66/68 el magistrado correccional selló definitivamente la suerte del proceso en punto a dos aspectos pero se mantuvo, de acuerdo con los propios fundamentos de dicho auto, la acción respecto del comportamiento prohibido por el 189 bis, párrafo tercero (ley 25.086) -punto dispositivo II-.

Atendiendo a lo expuesto y a que el acontecimiento aludido estuvo comprendido en la intimación de fs. 63/64, la teoría del paralelismo -consagrada en la reforma- ni siquiera entra en consideración dada la ausencia del problema que ella viene a solucionar. La acción por la hipótesis antedicha se inició en sede nacional y continuó en este ámbito, por lo cual nada obsta a tomar en cuenta la primer convocatoria a la audiencia del art. 294 C.P.P.N. como hito interruptivo.

Aún cuando se pretendiera oponer a este razonamiento el hecho de que la Molina de Harrington no compuso su evaluación con ese punto como segundo obstáculo al transcurso del término -tras la valla representada por la comisión de un nuevo delito-, lo cierto es que sopesarse el acto considerado por la magistrada -primer citación a la audiencia del art. 41 LPC que ubicó el 23/6/05-, el resultado no sufriría variaciones. Más allá de que la solución que adoptamos no se traduzca en un cambio oficioso inesperado que coloque a la parte recurrente en estado de indefensión, corresponde analizar la segunda defensa ensayada concerniente a la incidencia del último acto referido en orden a los términos taxativos del art. 67, 4º párr., inc. b), ley 25.990.

Acerca del asunto nos hemos expedido in re: "Curibanco Carrion" (cit.), en donde razonamos que la ley de procedimiento local previó en el Cap. XIV un tratamiento especial para la actuación de los tipos penales transferidos mediante el convenio Nº 597 (vid. art. 55, que deja establecida la aplicación supletoria del CPPN). En este marco, dentro de la fase preparatoria -de exclusiva actividad fiscal- se estipula la recepción de la audiencia cuestionada con las formalidades del art. 294 CPPN (art. 56, inc. 1º, ley 1287) en consonancia con el sistema de enjuiciamiento previsto en la ciudad y con la reformulación del proceso penal operado en diversas jurisdicciones. Ello no implica que la declaración pierda las garantías que deben rodearlo como acto de defensa material. Por lo demás, el art. 55 lo prevé como presupuesto del requerimiento de juicio, lo cual explica las exigencias formales contenidas en el art. 56 y el derecho que le asiste al imputado a que la audiencia pueda tener lugar en presencia del juez -al igual que el art. 308 del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires-. Por lo expuesto, no se enfrenta al principio de legalidad la consideración de la convocatoria a la declaración sub-examine en los términos del inc. b, párr. 4º, art. 67, ley 25.990.

Por último, cabe señalar que el 26/8/05 la Sra. Fiscal presentó el requerimiento de elevación a juicio sin que hubiese transcurrido hasta esa fecha -que marca una nueva interrupción (inc. c, 4º párrafo, art. 67, según ley 25.990) - desde la primer convocatoria a prestar declaración indagatoria el plazo de tres años, ni a partir de la acusación hasta la actualidad idéntico término.

Por ello, habrá de confirmarse la decisión del "a quo" que rechaza la articulación deducida a fs. 265/268.

Concluido el acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la decisión de fs. 279/281 en cuanto rechaza la prescripción de la acción penal en esta causa seguida a Martín Ricardo Ottamendi en orden al delito de portación de arma de uso civil.

II.- TENER PRESENTE las reservas formuladas en el punto IV del escrito de fs. 265/268.

Tómese razón, notifíquese personalmente al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las actuaciones a primera instancia, quien Nº 354-00-CC/2005. Sala II.

deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de muy atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.