Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-29


Libro de Fallos Nº III/11.-	Resolución Nº 81	Fojas: 591/598	Registrado: 29/08/2.011.- Dra. I. Natalia Saraceni	-Secretaria- En la Ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los veintinueve (29) días del mes de Agosto del año Dos Mil Once, se reúnen en Acuerdo Definitivo los Señores Miembros de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, integrada con los DRES CECILIA WDOVIAK DE GUIRLAND Y OMAR MUYAL, a los fines de considerar los autos caratulados: "EXPTE. Nº 5911/2011 ROMERO LUCIA TERESA C/ ELECTRICIDAD DE MISIONES SA EMSA S/ LABORAL" elevados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones, en virtud del Recurso de Apelación interpuesto a fs 268/275, por la parte demandada, contra la sentencia de fs 260/264, concedido libremente y en efecto suspensivo a fs 276.-	Examinados los autos la Sala se plantea las siguientes cuestiones:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?	¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?	Efectuado el pertinente sorteo correspondió emitir el voto en primer término a la DRA. CECILIA WDOVIAK DE GUIRLAND, quien dijo:

1) En la instancia a quo hace lugar a la demanda promovida por los actores, Señores Guido Amado Acosta, Rubén Horacio Guerfal de Grenalfe, Norma Graciela Presler, Lucía Teresa Romero y Sara Elizabeth Ruiz Díaz, condenando a Electricidad de Misiones SA (EMSA) a abonar las sumas de pesos especificadas en el fallo, para cada uno de los actores, que se explicitan en la planilla de fs 263, provenientes de la pretensión dirigida a obtener el pago de los Decretos 392/03, 1347/03 y 2005/04, con más intereses hasta su efectivo pago y desde que cada suma es debida. Considera procedente el reclamo, desechando la postura de la demandada consistente en que dichos decretos no son aplicables al sector público ni a las empresas comprendidas en él; por cuanto la accionada en su responde ha admitido el tipo societario y que los trabajadores se hallan amparados por la CCT 126/94 y se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo art. 2° inc. a). Analiza la naturaleza jurídica de la sociedad demandada y la aplicación de los decretos mencionados. Las costas se imponen a la accionada, Art. 123 CPL.-	2) APELACIÓN DE LA DEMANDADA	El recurso es de carácter total, critica a la sentencia por no haber atendido a sus defensas, específicamente al pretender identificar el tipo societario de la demandada con el sector privado, que no reniega de su condición de Sociedad Anónima con capital estatal mayoritario, y menos aún que su personal se encuentre alcanzado por la Ley de Contrato de Trabajo y el CCT 126/94; pero ello no significa que la misma integre el Sector Privado. Agrega que el art. 8 de la Ley 24.156 expresa que las empresas de características similares a las de EMSA, integran el denominado sector público nacional; que los decretos excluyen de sus beneficios a los trabajadores del sector público nacional o municipal y aunque sus trabajadores se rijan por la LCT y el CCT 126/94, citando en su apoyo jurisprudencia que avalaría su postura en relación a que en el caso de las sociedades anónimas en que el Estado Provincial tenga participación mayoritaria en su capital, pertenecen al sector público.-	La apelante en definitiva considera que se omite tratar de manera puntual y concreta los argumentos defensivos expuestos por su parte, además de mencionar que se ha obviado tratar que en todas las Leyes de Presupuestos Generales de la Provincia de Misiones, en los ejercicios financieros que detalla, figuran los aportes que realiza el Estado Provincial, de sus propios recursos, a la sociedad de electricidad provincial, por ello la sentencia sería arbitraria, solicitando se la revoque en todas sus partes.-	La parte actora contesta los agravios a fs. 277/287, manifiesta que existe un reconocimiento de pago de la obligación que se ventila en esta litis, denuncia documento desconocido y hecho nuevo, solicitando se libre oficio y alega inaplicabilidad del art. 287 del CPCyC , a cuya fundamentos me remito y al analizar los agravios, sostiene que los argumentos en los cuales se sustenta el decisorio son ajustados a la postura de la accionada y al alcance de los decretos cuya aplicación se discute, refiriendo a antecedentes jurisprudenciales locales, entre otras menciones a las cuales me remito por razones de brevedad.-	Del hecho nuevo denunciado se corre traslado a la demandada, a fs 288, quien lo contesta a fs 2917292, solicitando su rechazo.-	Siendo competencia de este tribunal de Alzada resolver sobre la cuestión introducida por la parte actora, su consideración se efectuará en forma previa al tratamiento de la apelación de la demandada.-	Sin perjuicio de la normativa vigente al respecto de la denuncia de un hecho nuevo o de documentos desconocidos, puedo apreciar por lo relatado y transcripto por la parte actora a fs 277 vta/281 vta, que se alega la existencia de un acuerdo que fuera homologado, celebrado entre Electricidad de Misiones S.A. y los actores comprendidos en los autos caratulados "Expte nº 236/05 bis 3/08 Do Nacimiento Clodomiro y otros c/ Electricidad de Misiones S.A " que refiere a similares decretos cuya aplicación se discute en autos .-	Partiendo de la hipótesis de existencia de la aludida homologación, entiendo que la pretensión de la actora no es audible, por cuanto se trataría de un proceso de ejecución de sentencia, en el cual no existe un reconocimiento voluntario de una obligación de pago en los términos del Art. 718 del Código Civil; y menos aún, que tal acuerdo pueda resultar extensivo a otras personas que no intervinieron en su celebración.-	Es claro el alcance del convenio que surge de la transcripción que efectúa la parte actora a fs 198 y vta, de tal manera librar oficio al Juzgado actuante a los fines que remita fotocopia certificada del convenio de pago y su homologación, resulta inconducente para decidir sobre las cuestiones de este proceso.-	No dejo de observar que el fondo del conflicto se asienta sobre las mismas pretensiones, pero es el caso que como ya lo señalé, la conducta desplegada en un proceso no puede ser extendida a otro y más aún cuando no proviene de una manifestación voluntaria, sino ceñida dentro de los alcances de una ejecución de sentencia.-	De tal manera como lo indiqué al inicio del análisis de este aspecto, resulta indiferente atenerme a la procedencia o no del hecho nuevo, cuando resulta evidente que lo alegado no tiene la virtualidad de incidir en lo que aquí se esta resolviendo, y su tratamiento a los fines de clarificar la postura de las partes, no vulnera ningún derecho, ya que se propicia descartar las circunstancias denunciadas, debiendo continuar la causa conforme a los elementos de prueba ya incorporados.-	Avocándome a la consideración del planteo recursivo, pongo de manifiesto que esta Sala que integro, ya ha tenido oportunidad de expedirse con respecto a la aplicación de ciertos decretos, pero principalmente ha sentado criterio con relación a las características de la empresa demandada. Transcribo parte del mismo que lucen en la Resolución N° 106, Reg. 07/11/06, Libro de Fallos N° V, Año 2006.-	"En primer lugar, no existe discusión de que EMSA es una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria -en el caso, del estado provincial.-	Ahora bien, el hecho que casi el 99% del capital accionario pertenezca al Estado de la provincia de Misiones, no implica que sea una persona de derecho público.-	La Ley Nº 19.550 -Régimen de Sociedades Comerciales- en el Capítulo II de la Sociedades en Particular, sección VI, trata la Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria. El Art. 308 -incluido en esa sección-, reza: "Quedan comprendidas en esta sección las sociedades anónimas que se constituyan cuando el Estado nacional, los Estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto, o las sociedades anónimas sujetas a éste régimen sean propietarios en forma individual o conjunta de acciones que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias" (lo resaltado en negrilla me pertenece).-	De manera que la Ley 19.550 introdujo expresamente la regulación de esta clase de sociedad -en realidad no es un tipo distinto de la sociedad anónima, sino una variante dentro del mismo tipo-. Su finalidad es servir al Estado teniendo presente la mayor agilidad del trámite en el cumplimiento de sus objetivos. En otras palabras, con la implementación de estas sociedades de economía mixta se busca agilizar el cumplimiento de la finalidad que se persigue a través de ellas.-	Resulta obvio que si está contemplada en la Ley de Sociedades Comerciales, se rige por las normas del Derecho Comercial que reviste el carácter de derecho privado y no por las normas de derecho público, pues no se trata de entidades pertenecientes al sector público ni obviamente sus trabajadores pertenecen a ese sector ya que a ellos les resulta aplicable el derecho privado, en el caso específico la LCT.-	Por otra parte el art. 33 del Código Civil que pertenece al ámbito del Derecho Civil que reviste también el carácter de derecho privado, es claro al respecto cuando expresa: "Las personas Jurídicas pueden ser de carácter público o privado. Tienen carácter público: 1. El Estado nacional, las provincias y los municipios.2. Las entidades autárquicas. 3. La Iglesia Católica. Tienen carácter privado: 1. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar. 2. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar" Texto según Ley 17.711 -	Esta normativa califica a las sociedades comerciales, sin distinción de ninguna índole, como personas de derecho privado.-	Es evidente que esta normativa, en conjunción con lo dispuesto Ley Nº 19.550 respecto a la Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, ya referenciada y analizada, determinan claramente que nos encontramos frente a una persona jurídica de derecho privado y no de derecho público como erróneamente alude la demandada".-	De manera que, para determinar si una persona jurídica es de derecho privado o público se debe recurrir a la mentada normativa, careciendo de relevancia quiénes son los propietarios de las acciones societarias".-	Por ello considero que los argumentos de la demandada no son eficaces para conmover la sentencia que en forma expresa atiende a la defensa de la accionada y ello no altera la forma societaria regida por la ley 19.550; y menos aún para revertir la aplicación de los decretos mentados a sus trabajadores.

Entiendo que, cuando los decretos excluyen a los trabajadores del "sector público" refieren a aquellos que se desempeñen como "empleados públicos", regidos por el Derecho Administrativo, cualquiera sea el régimen legal a que se hallen sujetos, siempre que éste pertenezca también al Derecho Administrativo.

La propia recurrente admite que sus trabajadores se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo y el CCT 126/94. La condición de la empleadora en relación a la Ley 24.156 atiende solamente a la prestación del servicio público de provisión y distribución de energía. No abarca, como ella misma lo admite, la relación con sus trabajadores.	Igualmente, el contrato con sus trabajadores se rige por la LCT y el CCT n° 126/94. Ello impide a EMSA determinar por si misma las condiciones de trabajo y, particularmente, las remuneraciones de sus trabajadores, las que surgirán de la LCT y la convención colectiva.-	Al adherirme al voto de Dr Luis Alberto Diblasi en "EXPTE. Nº 1667/2008/2011 BELLOT DENIS NERI GABRIEL Y OTROS C/ ELECTRICIDAD DE MISIONES S. A. S/ LABORAL, se ha expresado que:

"Cabe decir que el primer decreto que implementó las asignaciones fue uno de necesidad y urgencia (en adelante DNU) bajo el número 1247 del año 2002. La asignación sería percibida "...por todos los trabajadores del sector privado que se encuentren comprendidos en los convenios colectivos de trabajo." El artículo 2 excluía a los trabajadores agrarios y del servicio doméstico.

El decreto 1347/03 mantiene la redacción del artículo 1, pero su artículo 2 excluye a los trabajadores agrarios, domésticos y a "...los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal".

Los trabajadores incluidos en el Decreto 2005/03 se amplían a "los trabajadores del sector privado en relación de dependencia" (es decir aún los no comprendidos en convenciones colectivas) y las exclusiones se mantienen respecto de los trabajadores agrarios y domésticos y "los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal cualquiera sea el régimen legal al que se encuentren sujetos." En cuanto a los Decretos aplicables a esta causa, el Decreto 2005/04 establece que la asignación no remunerativa que crea, "...no será aplicable a los trabajadores del sector público nacional, provincial o municipal cualquiera sea el régimen legal a que se encuentren sujetos ni a aquellos trabajadores del sector privado cuyas remuneraciones sean determinadas por instituciones o procedimientos específicos, diferentes a los previstos en la Ley N° 20.744 ( t.o. 1976 ) y en la Ley 14.250 ( t.o. 2004).

Estas normas dan cabal respuesta a las cuestiones litigiosas.

EMSA sostiene pertenecer al sector público arguyendo con el art. 8 de la Ley 24.156.

En cuanto aquí importa, el precepto establece: "Las disposiciones de esta ley serán de aplicación al Sector Público Nacional, el que a tal efecto está integrado por "...b) Las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria...donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital..." ( negrita agregada ).

El precepto excluye a EMSA de su aplicación. Primero porque el precepto es claro que cuando define el sector público, lo define a "tal efecto". Ello alude a los objetivos de la ley, la administración presupuestaria y el control de los fondos públicos del art. 1 de la Ley 24.156.

Así, el denominado Sector Público deberá adecuar su administración financiera y contable a las normas de esa ley y estarán sometidos al control de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación (art. 7).

Los fondos de EMSA no son fondos públicos, no está sometida por ello a controles de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.

El art. 8 de la Ley 24.156 incluye a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, pero la limita así: "Las sociedades...donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital." La propia apelante admite que quien detenta el capital mayoritario es la Provincia de Misiones y no el Estado Nacional.

El presupuesto de EMSA no forma parte del Presupuesto Unificado que establece la ley (art. 55, inciso b, Ley 24.156) ni se presenta para su aprobación al Congreso Nacional (art. 55 in fine, Ley 24.156). Los fondos que recauda EMSA no forman la caja única establecida en la ley y tampoco son controlados ni administrados por la Tesorería General de la Nación ( arts. 72, 74, inciso e, y 80 Ley 24.156 ). Por ello, en el supuesto que EMSA tuviera fondos presupuestarios no gastados en el ejercicio financiero, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación no podría reasignar la partida correspondiente a cualquier organismo o entidad nacional ( arts. 56, Ley 25.725 y 27 de la Ley 24.156). No lo puede hacer respecto de EMSA porque ésta no es una sociedad anónima con participación mayoritaria en el capital del Estado Nacional, sino del Estado Provincial.

Ello por la sencilla razón de que el capital de EMSA se formó con acciones de la Provincia de Misiones quien, según admite la apelante, detentaría el 99% por ciento de las acciones. La Ley 24.156 establece que formará el Sector Público nacional la sociedad en la que "...el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital." ( art. 8, Ley 24.156 ).

No existe una ley provincial que declare que EMSA forma parte del sector público provincial. Si se sancionara una ley de ese tipo, no podría contener normas que rijan el contrato de trabajo de ella con su personal, porque estas relaciones jurídicas están regidas por la Ley de Contrato de Trabajo y el convenio colectivo de trabajo aplicable en la empresa.

Finalmente, la correcta interpretación de los Decretos 1347/03 y 2005/03 en cuanto excluyen a los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, refieren estrictamente a empleados públicos. En efecto, estos trabajadores no están regidos en sus relaciones laborales por la Ley de Contrato de Trabajo, pues el art. 2, inciso a, LCT establece que sus normas "no serán aplicables: a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, provincial o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo." Por lo tanto, siendo que los empleados de EMSA no son empleados públicos, aún cuando se los considerara tales, el hecho de estar regidos por convenios colectivos de trabajo, los somete a las normas del sector privado y con ello tanto a la Ley de Contrato de Trabajo cuanto al ámbito de los decretos que establecen las denominadas asignaciones no remunerativas: trabajadores en relación de dependencia regidos por convenciones colectivas de trabajo, según lo expresamente normado por los decretos que establecen las asignaciones.

De todas formas, aunque se entienda que existe una contradicción normativa entre el contenido del art. 2, inciso a, LCT y las de los decretos mentados en tanto estos excluirían al "sector público" ( acoto que no es mi caso porque no dudo de la aplicabilidad de los decretos a los actores ), por aplicación de la norma más favorable al trabajador debería darse preeminencia a la interpretación del art. 2, inciso a, LCT, por ser empleados del sector público pero regulados por convenios colectivos de trabajo. "Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley..., los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador." ( art. 9, LCT ). La apelante argumenta que según el Convenio Colectivo de Trabajo vigente en la empresa ( N° 126/94 ) prevé un mecanismo paritario para la fijación de salarios y demás cláusulas económicas del convenio y por ello, el incremento dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en base a decretos no podría modificar estas remuneraciones ( apelación fs.187 ).

Cabe decir que el Decreto 2005/04 no puede considerarse como un decreto reglamentario, sino como una verdadera ley. El Poder Ejecutivo no ejerce su facultad reglamentaria propia, sino que actúa por delegación legislativa del Congreso de la Nación, que le ha delegado facultades legislativas en el art. 1 de la Ley 25561 de emergencia.

En los considerandos el decreto reza: "VISTO el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios Nro. 98 y Nro 154 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO ( O.I.T.), las Leyes N° 14.250 ( t.o. 2004 ), N° 20.744 ( t.o. 1976 ) y sus modificatorias N° 25.561 N° 25.820...y considerando: Que oportunamente por el artículo 1° de la Ley 25.561 y sus modificatorias, se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria y delegó facultades en el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Que conforme al inciso 2) del artículo 1° de la Ley citada el PODER EJECUTIVO NACIONAL fue facultado para reactivar el funcionamiento de la economía, mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos. Que recientemente la Ley 25.972 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2005 el plazo referido en el artículo 1° de la referida Ley 25.561 y sus modificatorias. Que el Gobierno Nacional viene desarrollando una política activa de redistribución de ingresos, destinada a la recuperación gradual y sostenida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en circunstancias de emergencia, está facultado para utilizar instrumentos excepcionales, con el objeto de garantizar la vigencia efectiva del derecho a una retribución justa, asegurado a todos los trabajadores por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, potenciando el crecimiento socialmente equitativo de la economía nacional. Que el dictado del presente...reactiva y potencia el ejercicio, por parte de los actores del mundo del trabajo, del derecho de negociar colectivamente garantizado por el citado artículo de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por los Convenios Nros. 98 y 154 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO ( O.I.T.)...Que la situación en que se enmarca esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes. Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3° de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS DECRETA:" ( Las mayúsculas son del original. La negrita me pertenece ).

La Ley 25.561, en su artículo 1° establece: "Declárase, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley...con arreglo a las bases que se especifican seguidamente: ...2. Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos...".

El artículo 76 de la Constitución Nacional establece: "Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.".

Por ello cuando el Poder Ejecutivo dictó los decretos 2005/04 y 1295/ 05 invocó estas normas y la situación de emergencia. Los decretos no son tales. Son en realidad verdaderas leyes. Leyes cuya sanción el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo.

Como la ley tiene un rango superior al convenio colectivo de trabajo, puede modificar lo que en materia salarial ha dispuesto el convenio. A tal punto es así, que el Decreto 2005/04 en su artículo 4° establece que si un convenio colectivo hubiera acordado incrementos remuneratorios a partir del 1° de septiembre de 2004...podrán compensarlo hasta su concurrencia con la asignación. Por ello también esta ley ( así debe considerarse su rango normativo ) le asigna el carácter de una remuneración ( art. 6 ) y también que las partes de un convenio colectivo podrán negociar la incidencia de esta remuneración "...respecto de los distintos institutos convencionalmente previstos." ( art. 7 Decreto 2005/04 ).

Esto destituye de valor al argumento de la apelante de que un decreto no puede modificar un convenio colectivo. El denominado Decreto 2005/04 es en realidad una ley. Ley cuya facultad para dictarla fue delegada por el Congreso en el Poder Ejecutivo mediante la Ley de Emergencia 25.561, art. 1° según las bases de la delegación fijadas por el Congreso y hasta el 31 de diciembre de 2003. El Congreso prorrogó este plazo mediante la Ley 25.820 hasta el 31 de diciembre de 2005. Todas estas circunstancias son referidas en el decreto y por lo tanto, al actuar por delegación del Congreso de la Nación, se trata de una ley delegada, no de un mero decreto reglamentario.".

Por ello es que la llamada asignación no era sino una remuneración, al respecto la Resolución 64/03 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que reglamenta el Decreto 392/93, en el art. 9 dispone: "Aclarase que el incremento dispuesto por el art. 1° del Decreto 392/03 no será aplicable a los trabajadores agrarios, a los trabajadores del servicio doméstico y a los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal con independencia del régimen legal que norme la relación laboral, atento a que dichos regímenes prevén una regulación propia en la materia."	Como es notorio, EMSA no tiene una regulación propia de las remuneraciones de sus trabajadores, que no sea la que surge de la Ley de Contrato de Trabajo y el CCT 126/94.-	Lo expuesto permite afirmar que la demandada se halla obligada al pago de los decretos 2005/04 y 1295/05, que establece el primero de ellos, una asignación no remunerativa a partir del 1º de enero de 2005, de pesos cien ($ 100) para todos los trabajadores del sector privado en relación de dependencia, mientras que el segundo de ellos, trasforma la suma en remunerativa y la eleva a pesos ciento veinte ($ 120), a partir de octubre de 2005.-	De igual manera, que el Estado Provincial contribuya a la ejecución de las obras, dentro de los sucesivos presupuestos, no altera el régimen societario, por cuanto el aporte estatal conforma el capital y por ende los fondos que asigna, tienden a la ejecución del objeto social, sin alterar su naturaleza jurídica, por ello se torna inatendible la postura referida a su pertenencia al sector público.-	Por ello y si mi voto fuera compartido, propicio, declarar improcedente la alegada mención de hecho nuevo introducida por la parte actora, así como los alcances pretendidos, por los fundamentos expuestos en los considerandos y rechazar el recurso deducido por la parte demandada, con costas a la apelante vencida (art. 123 CPL).-	A las mismas cuestiones el Dr. OMAR MUYAL dijo: que adhiere al voto precedente.-	Por ello la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral:

RESUELVE:

I) DECLARAR improcedente el hecho nuevo alegado por la parte actora.-	II) RECHAZAR el recurso de apelación deducido por la parte demandada, por improcedente.-	III) CONFIRMAR la sentencia apelada en todas sus partes.-	IV) IMPONER las costas de Alzada a la apelante vencida (Art. 123 del C.P.L.).-	V) TENER PRESENTE las reservas legales.-	VI) DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales hasta su oportunidad.-	VII) REGISTRESE, CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y oportunamente bajen al Juzgado de origen.-