marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de competencia, competencia federal, competencia por la materia, Ferrocarriles Argentinos, empresas del Estado
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERROCARRILES ARGENTINOS (G.F.A.). c/ PAPADOPULOS, JORGE. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-26

Por ser el derecho privado la órbita jurídica propia de Ferrocarriles Argentinos en sus relaciones con terceros, no cuadra aseverar, como regla, que la adquisición de bienes muebles que ella suscriba configure siempre un contrato administrativo o algún otro negocio jurídico que deba regularse primordialmente por normas de derecho administrativo, y resulta adecuado atenerse a la directiva sentada por el legislador, quien ha querido que dicha entidad se rija por el derecho privado en sus relaciones con terceros, incluso en caso de dudas razonables. En tal sentido, la mera existencia de cláusulas que puedan ser consideradas inusuales en el derecho privado no basta para tener por configurada una excepción a aquel principio, cuando median razonables dudas acerca de que las mismas puedan cambiar la naturaleza del contrato. (Disidencia del Dr.

Carlos S. Fayt).
Accidente de tránsito, culpa civil, presunción de culpa, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: MAREGATTI, MAURO S. c/ LINEA DE COLECTIVO 24 s/ SUMARIO (ACCIDENTE DE TRANSITO)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Cuando el accidente aconteció en una esquina de intenso tránsito, se considera que ambas partes debieron haber extremado las providencias para evitarlo. Cuando los elementos de prueba arrimados no permitan establecer a ciencia cierta el grado de responsabilidad en el evento, se entiende que cabe imputarse la culpa por partes iguales.
Honorarios, empleados públicos, Estado Nacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Astilleros Hernán Cortés  S.A. c/ Estado Nacional s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-18

La CSJN tiene resuelto que el óbice para percibir honorarios contra el Estado "ha de ser considerado como inherente al status rector de la situación jurídica de derecho público en que los referidos empleados y funcionarios se encuentren, con el carácter de norma de policía administrativa tendiente a asegurar el mejor cumplimiento de los deberes propios del cargo". Trátase, en consecuencia de un principio general que tiene en cuenta que el empleado o funcionario a sueldo de la Nación reconoce los siguientes deberes: a) Prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad que determinen las normas emanadas de autoridad competente" (art. 27 de la Ley 22.140, que sancionó el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública).
Indemnización por accidente de trabajo, reingreso a la actividad remunerada
Materia: LABORAL
Carátula: GALVAN, ALBERTO L. c/ LA CANTABRICA  S.A.M.I.C. s/ 1113 C.CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-08

Es normal que la clase pasiva trate de reinsertarse en el mercado de trabajo para realizar alguna labor lucrativa que supla los exiguos montos jubilatorios que, en la actualidad, son abonados; por lo que haber egresado de la empresa para acceder al beneficio de jubilación ordinaria no exime de recompensar el perjuicio material, partiendo de normas de equidad.
Recurso de casación, escritos judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: J., M.L. c/ T., H.C. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-21

Todo planteo destinado a poner de resalto la carencia de los requisitos indispensables para la admisión de la postulación procesal de quien se presente en juicio por un derecho que no sea propio, tiene por única finalidad procurar que se subsanen las deficiencias que inhabilitan la pretensa postulación dentro del plazo que el juzgador señale, so pena, de tenerse por no presentado el escrito.
Recurso de apelación (procesal), efectos del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caraballo, Teresa Claudia c/ Cuevas, Angel Norberto F. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-05-08

Es insuficiente el recurso que se desentiende del fundamento central del sentenciante al aplicar la doctrina legal establecida por este Superior Tribunal respecto de la extensión del resultado del recurso a los coobligados que no se agravian de la decisión desfavorable que se revoca.(doctor Negri, sin disidencia)
Obligaciones, sustitución del deudor, obras sanitarias
Materia: CIVIL
Carátula: O.S.N. c/ NOMS, OSCAR s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-27

La venta del inmueble no resulta hábil por sí sola para desobligar al deudor primigenio respecto de las obligaciones que por la utilización del Servicio de Obras Sanitarias, nacieron a favor de la empresa que se lo prestó. Ante la enajenación de la finca, únicamente se podría eventualmente producir una suerte de traspaso de deudas, pero el mismo nunca significaría desvincular de la prestación al deudor originario. De lo contrario, por la simple convención del obligado y un tercero, el adquirente, se estaría modificando la persona del comprometido originalmente al pago sin el consentimiento del acreedor y tal solución carece de sustento legal.

El art. 42 de la ley 13.577, norma la necesidad de aceptar la sustitución del "solvens" por parte de Obras Sanitarias de la Nación, por lo que, si ese consentimiento no se produce y por cualquier razón se opera la transferencia de dominio de la propiedad en la que presta el servicio, el primero continúa sujeto a la satisfacción de la prestación, sin perjuicio de la eventual responsabilidad de otras personas.
Procesamiento, hurto
Materia: PROCESAL
Carátula: A., J. R. c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-01-15

Magdalena Laíño precisó que los hechos se conocieron sólo por los dichos del damnificado y que, de su relato, no surgía que se hubiera empleado un mínimo de violencia física, siendo así relevante el lenguaje por él utilizado al contar lo sucedido. Al respecto hizo referencia a que la palabra "arrebato" "(...) podría implicar tanto un simple escamoteo para sustraer (es decir, puede aludir a lo sorpresivo y fugaz de la maniobra de sustracción), como un ejercicio de fuerza de cierta significación (in re mi voto en la causa nº 4.221/2018, "Soria", de la Sala VI de esta Cámara, resuelta el 5/7/2018). No desconozco que tanto los hurtos como los robos son susceptibles de ser cometidos tomando por sorpresa al tenedor de la cosa mueble objeto del despojo. No obstante, estimo que no puede establecerse en el suceso aquí ventilado, de modo terminante, que el acto sorpresivo que no esperaba la víctima configure parte de la violencia típica del robo. Insisto, no está en discusión que el imputado habría obrado con la finalidad de despojar y apoderarse del teléfono celular, sino que del relato del damnificado no media mayor descripción de las circunstancias que rodearon al suceso. (...)". Por su parte, Pablo Guillermo Lucero, coincidió con Laíño.
Aplicación errónea de la ley, decomiso, daños y perjuicios
Materia: PENAL
Carátula: Montoya, Pedro Eduardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-12

El tribunal a quo aplicó erróneamente el art. 23 CP y favoreció el patrimonio de entidades estatales -entre otros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación- por sobre la indemnización correspondiente a las víctimas y el destino asignado legalmente a los bienes sujetos a decomiso. De tal suerte, omitió atenerse a un deber que es primario y básico en la actuación judicial: reparar a la víctima antes que beneficiar al propio Estado.
Causales de divorcio y separación personal, abandono del hogar conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: U., E.A. c/ A., J.A. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-01

No hay abandono voluntario cuando responde a causas atendibles, ajenas a la voluntad, cuando existe causal atribuible al otro cónyuge, motivos de salud, etc.
Procedimiento laboral, declaración testimonial, testigo único, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: ACEVEDO, JOSE ANTONIO c/ MUNDO MUEBLES y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-03-31

"En materia laboral, no rige el principio "testis unus, testis nullus" dado que la eliminación del valor probatorio del testigo único resulta injustificable, toda vez que implicaría una limitación a la libre valoración de las probanzas y que cercenaría la facultad del Juez de sopesar la credibilidad que le merece el testimonio prestado, facultad que le otorga el art. 386 del CPCC, de aplicación supletoria en nuestro fuero.

De la declaración testimonial se observa que las manifestaciones son objetivas, serias, convictivas, la circunstancia de que se trate de un solo testigo no obsta a la validez de sus dichos y que éstos tengan eficacia probatoria".
Estupefacientes, falsificación de instrumento privado, competencia por la materia, receta médica falsa, expendio de medicamentos, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "MOCIULSKY, Norberto N. s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-22

La inclusión del tipo penal del artículo 29 de la ley 23.737, ha venido a desplazar la aplicación del delito previsto por el art.

292 del C.P. en favor de esta figura, en razón de que la primera contempla un supuesto específico de falsedad documental al precisar el objeto ciñéndolo a las recetas médicas, dando lugar así a un caso de concurso aparente por especialidad al caracterizar más precisamente este tipo de hechos regulándolos de modo autónomo (ver Stratenwerth, Günter, "Derecho Penal, Parte General, I. El Hecho Punible", IV Edición, trad. de Manuel Cancio Meliá y Marcelo A. Sancinetti, pág. 541, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005).En tal sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que "...Del contexto de la ley 23.737 se infiere que el legislador decidió penalizar no sólo hechos relacionados con el comercio de estupefacientes -y a los que, en principio, apuntarían la mayoría de las conductas previstas- sino también aquellos otros en los que, por algún medio, se lesione o afecte la salud pública en general como consecuencia de una comercialización indiscriminada de medicamentos que pueda ponerla en peligro..." (Fallos 326:4.906).

Así las cosas y en virtud de ello, resulta competente esta justicia de excepción para que continúe interviniendo en la presente investigación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la ley en cuestión.
Sociedad anónima, transmisión de acciones, compraventa de acciones, responsabilidad de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: DE LAS CARRERAS, DANIEL c/ SHAW, GUILLERMO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-09

Si se concluyó un contrato de venta de acciones entre dos accionistas de una sociedad anónima, resulta improcedente que el enajenante pretenda responsabilizar al ente social por la gestión de cobro de la diferencia en el tipo de cambio aplicable, si -como en el caso- se verifica que la sociedad no fue parte de la convención, pues no adquirió ni transfirió acciones en nombre ni por cuenta propia, sino que, por el contrario, los títulos aparecen adquiridos por el accionista a titulo personal, lo cual deviene congruente con la condición de negocio parasocial que indudablemente conviene a tal operatoria. Todo indica que se trató de una venta de paquete accionario (debiendo entenderse por tal, esto es, "paquete", no a la mera sumatoria de acciones aisladamente consideradas, sino a una universalidad de ellas, susceptible de determinar control en alguno de los sentidos del art. 33 de la ley de sociedades) y esta clase de operatorias resulta por principio, en tanto parasocial, inoponible a la sociedad, a cuyo respecto es "res inter alios". Por ende, la intervención del ente en la gestión de cobro no lo convierte en parte en la negociación antes referida, razón por la que careció de legitimacion pasiva.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martínez Baldi, Gloria c/ Club A. y S. Alumni s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-22

El Tribunal contencioso administrativo no es competente cuando la acción se ubica en el plano de la responsabilidad aquiliana de la administración, no resulta de la lesión de un derecho de carácter administrativo, no accede a una pretensión principal en la que sea competente aquél, sino que, en cambio, ha sido acumulada a las que, con idéntico objeto y por los mismos hechos se dirigen contra particulares, con sustento en normas de derecho común, claramente propias de la justicia ordinaria aunque en la cuestión resultase involucrado un acto de la autoridad.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la Constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   Plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El Instituto de la suspensión del   Juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter Y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

La "probation" constituye un verdadero tratamiento en libertad que persigue una finalidad rehabilitadora, tratamiento que debe incluir un cierto contralor que, aún no siendo de tipo policial, disminuya al menos parcialmente el riesgo de un nuevo agravio a la comunidad.

(Del Voto de la Dra. Burrone de Juri). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Luna, Severo c/ Marchetta, Marcelo Ricardo y otros s/ Daños y perjuicios. Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-08

Los porcentajes de incapacidad que arroja la pericia tienen un valor de orientación, pero no han de llevar a realizar cálculos estrictos ya que se carece en sede civil de una suma "tope" de referencia, de la cual pudieran derivarse, según los casos, otras proporcionales.
Despido, proceso penal, sobreseimiento definitivo, responsabilidad civil
Materia: LABORAL
Carátula: PINTOS RAUL c/ CEDICOM S.A. s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-05-04

El sobreseimiento definitivo en favor del inculpado no impide que se declare su responsabilidad por el daño civil causado, y no implica, "per se" que no se pueda ser responsable desde el punto de vista civil o laboral. La culpa laboral se informa en principios distintos a los que constituyen la culpa penal y debido a ello no tiene porque guardar siempre y necesariamente correspondencia con las reglas que rigen en ese particular ámbito. Un hecho que no constituye delito puede ser legítima causal de despido , de allí que la absolución del trabajador en sede penal no impide apreciar, en la sede laboral, si el mismo configura injuria al empleador y el motivo legítimo de resolución del contrato de trabajo.
Concurso preventivo, proceso de verificación, honorarios, letrado del síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: GROSS CUER SOBRE INC. VERIFICACION DE CREDITO BONAVERI s/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

Es procedente verificar el crédito del letrado al síndico en juicios laborales promovidos contra la fallida en extraña jurisdicción.

A ello no se opone la falta de autorización prevista por el art. 282 Lc. ya que el letrado actuó en carácter de patrocinante del síndico en ejercicio del deber que a este imponen los arts. 114 y 175 Lc, para lo cual requería el patrocinio exigido por los arts. 57 y 65 de la Ley 7.718 -ambas de la Pcia. de Buenos aires.
Prueba pericial, apreciación de la prueba, facultades del juez, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: J., E. c/ Municipalidad de Trelew s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-15

Es que sabido es que los jueces tienen amplia libertad para evaluar el dictamen pericial aportado a la causa, tomando en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, como así también, las demás pruebas y elementos de convicción que la causa contenga. Claro está que no se trata de que el juzgador deba siempre y bajo cualquier circunstancia someter su decisión a los dictámenes periciales convirtiéndose en un autómata y trasformando, de esa manera, en el verdadero órgano decisor a los peritos; empero, cuando las conclusiones del experto se basan en fundamentos técnicos científicos claros y convincentes, no se pueden desechar ni menos aún ignorar sus conclusiones: o bien, apartarse de ellas sin fundamento serio que así lo justifique. Es en tal hermenéutica que el juzgador debe contar con razones insoslayables y explicitarlas para apartarse de las conclusiones del perito, por cuanto si bien las normas procesales no otorgan al dictamen el carácter de prueba legal, no deja de ser cierto que cuando él comporta la necesidad de la apreciación específica del saber científico del campo del perito -técnicamente ajena al conocimiento jurídico del magistrado- para desacreditar su pericia y la consiguiente información que este provee, es necesario traer apropiados y oportunos elementos de juicio que desvirtúen las conclusiones arribadas por el sentenciante, cuando ellas se basan en la opinión vertida por el experto.
Responsabilidad médica, mala praxis
Materia: PENAL
Carátula: PAZ, ARISTOBULO VICTOR s/ S.D.HOMICIDIO CULPOSO E.P.MARIA MARTA CARRIZO (CASACION).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-11-21

Cuando está en juego la vida humana, la menor imprudencia, el descuido o la negligencia más leve, adquieren dimensión especial, que les confiere una singular gravedad. No hay aquí cabida para culpas pequeñas. El recto ejercicio de la medicina es incompatible con actitudes superficiales.-
Acto administrativo, presunción de legitimidad, impugnación del acto administrativo, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: C. P., M. C. c/ JUNTA VECINAL DEL BARRIO LAS CHACRAS s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-17

Este Cuerpo ha expresado en reiteradas oportunidades la vigencia del mencionado principio, respecto de los actos administrativos, ya desde la vigencia de la Constitución Provincial de 1988 se ha venido reiterando que "De la presunción de legalidad de los actos administrativos, surge la regla legal según la cual el que impugna la validez del acto debe probar los extremos de la ilegalidad del mismo".
Honorarios, monto del juicio, transacción
Materia: PROCESAL
Carátula: Pereyra Juarez, Benito  c/ Fca SA de Ahorro para fines determinados y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-18

Es criterio de esta Sala que cuando el juicio concluye por conciliación o transacción, el monto del proceso, a los efectos arancelarios, es el que emerge del respectivo acuerdo conciliatorio o transacción, monto que resulta aplicable no solo a los profesionales que participaron en su celebración, sino también, en principio, a aquellos que no intervinieron en él, salvo que se invocare o -eventualmente-, demostrare que medió dolo o fraude tendiente a perjudicar a éstos últimos -ley 21839: 22-. Y si bien es cierto que la jurisprudencia de las distintas Salas que componen este Tribunal no ha sido siempre pacífica sobre este particular, lo cierto es que la cuestión debe considerarse -hoy por hoy- definitivamente zanjada en el sentido expuesto más arriba a partir del criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: "Murguía Elena J c. Green Ernesto B.", del 11/04/06.
Restricciones al dominio, vistas sobre inmueble vecino, medianería
Materia: CIVIL
Carátula: Kairuz Succar Domingo y otros c/ Igarreta Domingo s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-25

Debe rechazarse la demanda tendiente a que se cierre o suprima una ventana abierta en la pared divisoria del octavo piso de un inmueble que da sobre la propiedad vecina, con fundamento en la afectación del dominio e intimidad, si el bien afectado es una casa antigua de dos plantas principales construida en el centro de espacios arbolados, la ventana se encuentra a una altura de 25 metros y no da sobre la construcción vecina sino sobre los jardines, ya que la utilización de la vista no puede considerarse comprometedora de la intimidad.

No puede considerarse que la vista desde el octavo piso y a 25 metros del jardín resulte perjudicial ni que pueda permitir introducirse con "fisgoneo" en las habitaciones de la propiedad lindera resguardadas por los árboles del jardín, con más razón si éstas no fueron mencionadas en la demanda, lo que era un hecho de capital importancia que debió ser expuesto para asegurar la defensa y la producción de las pruebas develadoras de la cuestión.

A los efectos de resolver debe deslindarse la diferencia entre muro medianero y privativo y la distinción entre luces como servidumbres de las que no lo son, así como de la mayor gravedad de las vistas con respecto a las luces o ventanas destinadas a introducir claridad y que impiden toda visión sobre el fundo vecino (arts. 2.654 a 2.657 del Código Civil). No obstante la mayor importancia en la restricción cuando se trata no de luces sino de vistas, pues éstas pueden ser más perjudiciales que las luces, y es por eso que el legislador ha consagrado a su respecto mayores restricciones, ninguna de tales restricciones escapa al concepto de que la reglamentación, que peca hoy de anticuada y exige reforma, ha tomado en cuenta las circunstancias, ya para las luces, ya para las vistas, "y la manera cómo estas últimas se producen, según el grado en que puedan alterar las relaciones de vecindad".
Responsabilidad médica, daño físico, daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: M., V.L. c/ SIPROSALUD y Otro s/ Juicio Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-04

"Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural y social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida".