Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-04-10


AUTOS 34114 (C.C.Nº21833) DEL Juzgado Letrado Jachal, CARATULADOS: "PAEZ Carmen M. - Sucesorio".- PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2014- del Tº I - Fº88/91.- En la Ciudad de San Juan a 10 días del mes de abril de 2014, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y el Sr. Vocal Dr. Roberto M. Pagés Lloveras, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. 214, contra la sentencia de fecha 21 de mayo del año dos mil trece, recaída en los presentes autos Nº34114 (C.C. Nº21833) caratulados: "PAEZ CARMEN M. - SUCESORIO", dictada por el Sr. Juez titular del Juzgado Letrado de Jáchal, obrante a fs. 208/212.- 1ra. CUESTIÓN: ¿Resulta justas o adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? EL DR.ROBERTO PAGÉS LLOVERAS DIJO:

A la 1ra. CUESTIÓN:

Antecedentes I. El Sr. Juez de primera instancia, en la resolución que obra a fs. 208/212, decretó la nulidad absoluta de todo lo actuado por el incidentado con costas a su cargo.

Para así resolver consideró, en síntesis, que el incidentado al momento de iniciar el sucesorio no cumplió con lo establecido en el artículo 118 del C.P.C., al no citar al heredero-deudor por el plazo de 10 días para que éste formule oposición o manifieste la improcedencia de la subrogación.

II. A fs. 213 el apoderado del incidentista deduce el recurso de apelación contra esta resolución.

En el escrito de expresión de agravios (fs. 215/225), en síntesis, señala que se agravia en primer lugar por resultar arbitrario que se haya considerado que su parte invocó el art. 1196 del C.C. excluyendo el art. 3314 del mismo cuerpo legal.

Como segundo agravio, expresa que el a quo hace una incorrecta interpretación de la normativa aplicable, al entender que como acreedor del heredero únicamente pudo iniciar la acción utilizando la vía procesal contemplada para la acción subrogatoria.

En el tercer agravio alega que la sentencia es contradictoria al citar como fundamento de la resolución -según sostiene- una jurisprudencia favorable a su parte, pero interpretada de manera errónea.

El cuarto agravio esta referido a la alegada errónea fundamentación de la sentencia, en razón de citar una jurisprudencia de la Suprema Corte de Mendoza cuando el régimen normativo aplicable es distinto en dicha provincia.

Con relación al quinto agravio, expresa que la sentencia es arbitraria al declarar la nulidad de todo lo actuado sin fundamentación suficiente.

Por último, se agravia indicando que resulta erróneo que le sean impuestas las costas de la incidencia, dado las fundadas razones que tuvo para litigar ante la conducta dilatoria, evasiva y reticente del heredero deudor.

Cita doctrina y jurisprudencia, y pide que se revoque la sentencia recurrida con costas.

III. A fs. 228/234 consta el escrito de contestación de agravios presentado por el Sr. Zabaleta con patrocinio letrado, en el cual se solicita que se declare desierto el recurso al no contener una crítica concreta y razonada de la sentencia.

Sin perjuicio de ello, replica los agravios señalando: a) que la intimación se hizo una vez abierto el sucesorio; b) que corresponde distinguir entre acreedores del causante y acreedores de los herederos del causante, y en éste último caso se debe intimar al heredero para que permita que se subroguen en sus derechos; c) que la jurisprudencia citada no lo favorece; d) que no cumplió con los requisitos exigidos por la ley ritual (art. 118, CPC); e) que no existen argumentos que no hayan sido considerados; f) que las costas deben ser impuestas al incidentista vencido. IV. A fs. 253 se certifica el pase de los autos a estudio.

Tratamiento del recurso 1. La crítica efectuada en el escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas, sin que sea suficiente remitirse a presentaciones anteriores (art. 253, CPCCyM).

2. Ahora bien, en general la doctrina nacional ha aceptado que tanto los acreedores del causante como los del heredero son terceros interesados en el proceso sucesorio y se encuentran legitimados para intimar a aceptar o repudiar la herencia, porque están interesados en el pago de sus deudas y en acrecentar el patrimonio de su deudor (Cfr. CCCom. de San Isidro, sala I, 26-10-99, Lanza Florinda s/Sucesiones, E. D. del 27-3-2000). Y la intervención de los acreedores en el impulso del trámite sucesorio está supeditada a la inacción manifiesta de los herederos, sin que al efecto quepa distinguir entre acreedores del causante y de los sucesores (arg. art. 3314, Cód. Civil) (Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, "Blaustein, Germán y otra, suc.", 20/10/1982, LA LEY 1983-B , 134 ).

En efecto, el interés de los acreedores del heredero en la aceptación de la herencia es evidente, ya que ella generalmente representa un aumento patrimonial para el beneficiario. Tal interpretación surge -además- de los términos del art. 3351 del Cód. Civil, pues si los acreedores pueden demandar la revocación de la renuncia hecha en perjuicio de sus intereses, con mayor razón están facultados para gestionar la opción.

La diferencia está en que mientras los acreedores de la herencia están facultados para ejecutar su acreencia directamente sobre bienes de la comunidad indivisa, dado que toda ella es garantía de solvencia del crédito, el acreedor del heredero necesita determinar qué bienes se adjudicarían a su deudor.

3. Pero para que proceda la apertura del sucesorio a instancia de un acreedor debe éste demostrar la calidad de tal e intimar previamente a los herederos a iniciarlo (arts. 3314 Código Civil y 679 CPCCyM -ley N°3738-). Y a los efectos de otorgar certidumbre a la calidad de acreedor basta con que el crédito esté justificado prima facie, dependiendo la verosimilitud de este carácter de las circunstancias que se aleguen y de la prueba que se aporte en cada caso particular.

En consecuencia, en el supuesto de que individualizados y notificados los sucesores conforme las previsiones del art. 679 del CPCCyM (ley N°3738 y art. 687 según ley N°8037), su manifiesto desinterés en el inicio de la sucesión legitima a los acreedores para solicitar la apertura del sucesorio, pero para ello -previamente- debe habérselos intimado en los términos del art. 3314 del Código Civil.

4. Conforme lo expuesto, por más que resulte errónea la distinción hecha en la resolución impugnada entre los acreedores del causante y los acreedores de los herederos, lo cierto es que los acreedores podrán iniciar el proceso sucesorio, siempre y cuando -previamente- se hubiera intimado a los herederos a los efectos de que acepten o repudien la herencia (art. 3314 CC), salvo en casos excepcionales "...como puede suceder cuando ha pasado un tiempo muy prolongado (mucho más de cuatro meses) sin que se promueva el juicio. La intimación en tal caso aparecería como un rito inaceptable..." (Cfr. Velert F. y Otros "Código Procesal Civil, Comercial y Minería San Juan", Ed. Nuevo Enfoque, T* 4, pág. 357).

Y si en el caso en análisis, el acreedor del heredero promovió el juicio sucesorio luego de transcurridos más de dos años del fallecimiento del causante (constancias de fs. 07 vta. y 01), como también realizó -aunque no de manera previa- la intimación prevista en el art. 3314 mediante carta notarial de fecha 20/02/2007, que fuera contestada en fecha 21/03/2007, en la que sin perjuicio de negar la legitimación del acreedor manifiesta que "repudia la herencia con todos sus efectos legales", entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido.

Es que además de haber pasado un plazo más que prolongado, al manifestar expresamente el heredero que "repudia la herencia" ha optado por el abandono de la herencia a favor de acreedores y legatarios, para que éstos la administren y procedan a su liquidación (art. 3379 a 3381 C.C.), resulta inaceptable mantener la declaración de una nulidad por la nulidad misma (arg. art. 175, CPCCyM. ley n° 3738, y art. 171, CPCCyM ley n° 8037).

De confirmarse la declaración de nulidad impugnada, se llevaría a cabo en el solo beneficio de la ley, vale decir que carecería de todo fin práctico, real y positivo que efectivamente la justifique.

Así voto.

A la 2da. CUESTIÓN:

En mérito a la votación que antecede corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la incidentada a fs. 213, revocando la sentencia impugnada, e imponiendo las costas en ambas instancias en el orden causado dado que por las particularidades del caso cabe considerar que la parte vencida actuó sobre la base de una convicción razonable acerca de su posición asumida en la incidencia (Arg. cfr. Palacio-Alvarado Velloso, Código Procesal civil y Comercial, T° III, p. 38).

EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la incidentada a fs. 213, revocando la sentencia impugnada, y en su lugar se rechaza el planteo de nulidad deducido a fs. 121/125;

II- Imponer las costas en ambas instancias en el orden causado.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.