Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-06


Salta, 06 de febrero de 2013.

AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados "LLANES, SERGIO ORLANDO c. XIU HUA HE y/o SUPERMERCADO PUMA - ORDINARIO", expte. de Sala EXP 18897/10, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 4, para resolver la apelación interpuesta a fs. 131/35, C O N S I D E R A N D O Dijo el Dr. Figueroa: la sentencia de primera instancia, que hace lugar parcialmente a la demanda entablada, es recurrida en apelación por la parte demandada, por las razones que expresa en su memorial de fs. 131 y sgtes., para que por contrario imperio se la revoque parcialmente y se rechacen los rubros cuya condena dice causarle irreparable gravámen.

Comienza, señalando que le agravia el exámen parcial que de los hechos y la prueba de su parte, realiza la juzgadora a quo, efectuando una valoración equivocada, que torna en arbitrario lo decidido, al emanar de la sola discrecionalidad del juzgador, con omisión de las reglas elementales del derecho, en especial los de la sana crítica, en lo que a esos rubros respecta. Agrega, que es condición de validez de los fallos judiciales, el ser derivación razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas de la causa; que los fundamentos de la a quo son insuficientes y estériles y omite valorar adecuadamente las pruebas incorporadas por ambas partes y que no tuvo en cuenta que el sentenciante debe respetar el conjunto de los elementos probatorios para obtener, de ese análisis ensamblado, un adecuado pronunciamiento.

Sostiene que le agravia lo manifestado, al analizar la modalidad de la prestación de servicios del actor, donde a partir de los instrumentos presentados (por los meses de junio de 2006 a febrero '07), se tiene por reconocida la frecuencia de la misma, que lejos de tener la característica de esporádica, gozó de una periodicidad que permite encuadrarla dentro del contrato por tiempo indeterminado. Añade, que se equivoca la juzgadora, al tener como reconocida la frecuencia de la prestación de servicios del actor, por los recibos presentados; que al contestar demanda, su parte manifestó que cumplía funciones de modo esporádico (trabajando quince o veinte días), pero nunca se sostuvo que Llanes no concurriera todos los meses; que como surge de los recibos, se le abonaba por el tiempo que trabajaba en el mes, sin que ello implique que se tratara de un trabajador mensualizado o que su parte reconociera tal pretensión del actor con la documentación acompañada; que la sentenciante omite considerar el testimonio de Condorí (fs. 71/73), que explica cuál es la modalidad utilizada por el empleador al contratar el personal, cómo se distribuye la jornada de trabajo y cómo se instrumenta el pago de los haberes; que dijo también, que si bien ella mantuvo una relación de carácter permanente con jornada completa, al conseguir otro trabajo por medio día, concurría en forma esporádica a prestar servicios para el demandado, (p. ej. cuando faltaba alguna cajera, pagándosele por día), manifestando que el actor cumplía idéntica modalidad en la prestación de sus servicios; que explicó asimismo, que el accionante cumplía a veces funciones por la mañana y en ocasiones por la tarde y que había trabajadores "blanqueados", de jornada completa, y otros que utilizaban el trabajo como un ingreso extra, al contar con otros empleos; que le agravia la falta de merituación de este testimonio, al momento de resolver, (al parecer por haberse desempeñado la testigo para su parte), toda vez que sus declaraciones prueban acabadamente la veracidad de lo sostenido y el cumplimiento de la carga probatoria, que demuestra que corresponde tener por cierto lo dicho por su parte, respecto de la prestación de servicios del demandante, con carácter esporádico y por media jornada.

Se agravia, del criterio de la señora juez a quo, cuando observa una contradicción entre la afirmación del trabajo en media jornada y el pago de un sueldo de jornada completa, apreciación que califica de equivocada, en la apreciación de la documentación acompañada. Señala, que su parte no abonaba un sueldo de jornada completa, sino que los montos consignados en los recibos eran inferiores a los establecidos para ella; que se debe tener presente, que el actor consigna en la planilla, como haber a percibir, la suma de $ 1.039,52 y su parte le abonó en promedio $ 800, es decir inferior a la jornada completa; que también debe valorarse, que al absolver posiciones Llanes sostiene haber hecho un arreglo con el demandado, cuando fue a buscar trabajo, se lo dio y ahí empezó a trabajar hasta el día que dejó de ir; que de tal modo, el actor reconoce haber tenido un arreglo con el demandado, sin que de sus explicaciones se infiera que hubiera acordado percibir sus haberes por el monto total de un empleado registrado que cumple jornada completa; que de tal modo, no existe contradicción alguna, porque no se abo- naba salario de jornada completa, sino montos inferiores, por el real tiempo de prestación; que no puede en consecuencia la documentación acompañada, ser tenida como reconocimiento de que el trabajador cumpliera funciones todo el mes y por jornada completa; que de esa documentación se desprende, que las tareas cumplidas por el actor (no desconocidas por su parte), no eran mensuales ni de jornada completa y que el uso de los términos "esporádico" o "eventual", de los trabajos prestados, no reflejaba que no trabajara todos los meses sino que lo hacía quince o veinte días en el mes.

Continúa, aludiendo a nueva equivocación de la sentenciante a quo, al considerar procedentes los montos reclamados en concepto de diferencias salariales, por carecer los instrumentos de las formas exigidas por la ley y por tanto de valor probatorio, incluso cuando el actor reconoció la firma de los documentos. Dice que le agravia la descalificación de los instrumentos acompañados, que dan cuenta del pago de salarios reclamados; que su parte reconoce, que la relación era marginal (lo que motiva el pago de las multas correspondientes), pero ello no puede ser determinante a la hora de valorar los pagos efectuados por el demandado al actor; que si bien existió reconocimien- to de Llanes, de las firmas insertas en los recibos, la a quo omitió considerar las contradicciones incurridas, al referir que los mismos fueron suscriptos en blanco; que es así, como al accionar alegó que la demandada lo obligaba a suscribir sistemáticamente en blanco pero, en el telegrama de fecha 14/11/06 dice que se le abonaban $ 20 por día y se le obligaba a suscribir recibos por montos superiores, que jamás fueron percibidos; que se puede apreciar, que el actor se contradice en su relato, obviando la sentenciante esta situación, de la que se infiere que nunca existieron recibos firmados en blanco y, en todo caso, el trabajador pretende desconocer los montos efectivamente percibidos, espe- cialmente los abonados con posterioridad a la extinción del vínculo laboral; que su parte acreditó, con los dichos de Condorí, que el actor le manifestó que iba a cobrar una plata que se le adeudaba, agregando que se comentaba que iba, porque iba a cobrar una plata de lo que le debían, yendo a veces al comienzo y, otras, a fin de la semana; que la parte actora impugna el contenido de los doce recibos, de manera general, negativa que carece de enti- dad para desvirtuar su validez probatoria, especialmente cuando no es cierto que hubiera firmado en blanco, si en el intercambio epistolar dijo que contenían montos superiores a los que se le pagaban. Se agravia, de la falta de merituación por S.S., de los dichos de su parte y de los recibos que acreditaban el pago de los montos consignados, dejados de lado estos últimos ante el desconocimiento malicioso del actor, sin realizar un análisis ajustado a derecho y sin apreciar que sólo al interponer demanda, Llanes denuncia la existencia de recibos firmados en blanco. Agrega, que corresponde valorar en su integridad estas cuestiones, para otor-garle razón al demandado; que partiendo de la premisa de que el reconoci- miento de la firma de un instrumento privado, importa en principio el de su contenido, la alegación de la firma en blanco y de la inexistencia de los pagos, debe ser acreditada por el accionante, no pudiendo valerse de simples presunciones; que los dichos de los testigos del actor, no son suficientes para demostrarlo, más cuando la testigo Viñabal es sospechable de haber sido preparada; que el actor no consiguió desvirtuar los recibos acompañados y, el análisis equivocado de la señora juez a quo le ocasiona grave perjuicio económico, al condenarlo a pagar sumas que no se adeudan, enriqueciendo injustificadamente al actor; que aunque la juzgadora no tenga el deber de valorar toda la prueba producida, le agravia que no se fundamente la decisión y se entienda que su parte no demostró la modalidad ni la jornada cumplidas por el actor; que de la lectura de los testimonios de Gutiérrez Martínez y Viñabal, se comprueba que son insuficientes, parciales e inducidos, especial- mente por la certeza con que sostuvieron el tema de la firma en blanco; que la sentenciante tiene por reconocida la fecha de ingreso 25/6/06, y de egreso del 12/12/06, denunciadas por el trabajador, por despido indirecto, cuando su parte dijo que había despedido verbalmente a Llanes el 13/11/06; que el propio actor, reconoce (pos. 4ª, fs. 66), que trabajó para el demandado hasta el día que dejó de ir, no hace referencia a negativa de trabajo por la patronal, habiendo sostenido, en sus telegramas laborales y en la demanda, que se le había impedido el ingreso a su trabajo; que estos hechos, fueron corroborados por la testimonial, donde Viñabal manifestó que lo echaron y Martínez Gutiérrez que le dijeron que no había más trabajo, que lo llamarían; que la sentencia es arbitraria, no constituyendo derivación razonada del derecho vigente, en razón de las constancias de la causa, violando el principio del debido proceso, agravado con la valoración parcializada de las constancias de autos, en especial la testimonial; que arbitrario, es el fallo que no deriva razonablemente del derecho en vigor; que no aplica la ley o va en contra de ella; que la interpreta inadecuadamente, brindando soluciones injustas e ine- quitativas; que no asegura la verdad objetiva, contravenga leyes de la lógica y de la experiencia y lesione un adecuado servicio de justicia o el correcto entendimiento judicial y que puede afirmarse que la arbitrariedad de la sentencia de autos, proviene de haber transgredido el principio de con-gruencia; de haberse apartado de las constancias de la causa y de las reglas del debido proceso; de ser discrecional y sustentada en el mero voluntarismo del juzgador; de tener por cierta la actitud de la actora, no acreditada en autos y de omitir considerar lo demostrado por la demandada, en orden a fecha de ingreso, funciones cumplidas, jornada laboral y pago de los rubros indemni-zatorios, no limitándose la cuestión a una mera discrepancia del recurrente o a una divergencia interpretativa de las normas aplicadas, sino de una orfandad de la sentencia, que la descalifica como pronunciamiento judicial que necesa- riamente debe ser revocado, en razón de no asistirle razón ni derecho a la trabajadora, en accionar en contra de la demandada. Pide se haga lugar al recurso y se revoque la sentencia en lo que es materia de agravios, con costas. El recurso, es respondido a fs. 141 y sgte., ocasión en que se pide su rechazo.

La apelación no puede en mi criterio prosperar. Por ejemplo, no dedica un sólo párrafo, a rebatir la aplicabilidad del art. 23 LCT, primer fundamento dado por la señora juez a quo (113 vta./114), a partir del cual llega a la conclusión de que "Al reconocer el demandado que el actor prestó servicios en la empresa, debe probar que los mismos tuvieron otra modalidad" (primer párrafo in fine, de fs. 114).

No le habría sido fácil al recurrente, alegar la inaplicabilidad de la norma comentada, del mismo modo que no es sencillo explicar de qué manera se podía desarrollar la tarea de repositor de un supermercado, "de manera esporádica y eventual", (como se asevera a fs. 15, tercer párrafo), de qué modo Llanes se enteraba de que lo necesitaban, quién lo convocaba para que trabajara a veces de mañana y a veces de tarde o cuál podía ser la utilidad de una persona que "cumplía sus funciones de manera esporádica, trabajando quince o veinte días", pero haciéndolo todos los meses (134 vta., penúltimo párrafo).

"Esporádico", es lo ocasional, lo eventual, lo aislado y no se compagina con la lógica ni con la realidad que un supermercado dependa, para la esencial tarea de reponer la mercadería en sus góndolas, de personas que concurrieran de manera ocasional y aislada, cuando sus "changas en diferentes lugares" (fs. 15, penúltimo párrafo) se lo permitieran y lo hicieran, en jornada completa "solamente de manera extraordinaria y pagada en su oportunidad", como se dice al final del quinto párrafo de la misma foja. En tales condiciones entiendo que no sólo son aplicables al caso los antecedentes glosados a fs. 114 sino el de Sala, que dice que "Si al contestar demanda se admitió el hecho de la prestación de servicios, pero se negó la existencia de relación laboral, le incumbe al demandado la prueba de que no se trató de un vínculo dependiente, ya que caso contrario, entra a operar la presunción emanada del art. 23 LCT. Las admisiones efectuadas por escrito en el curso del proceso, tienen los efectos de una verdadera confesión" (autos Maidana c. Bayón, 11/11/02).

La prestación de una tarea propia de la clase de negocio demandado, la consiguiente incorporación a una organización de trabajo ajena y el desem- peño de la tarea "todos los meses", hablan suficientemente, en mi criterio, de la existencia de una relación de carácter laboral y, dentro de ella, de una por tiempo indeterminado, lo que surge de la presunción del art. 90 LCT y de la inexistencia de circunstancias que autoricen a pensar que nos encontráramos dentro de la salvedad de los incisos "a" y "b". Precisamente, lo que comentaba más arriba, demuestra que las modalidades de las tareas o de la actividad, no justificarían que se califique el vínculo en otro sentido. Por ello, voto por desestimar este aspecto del recurso.

No es mejor, la posición del recurrente, en orden a que las cantidades abonadas al actor no fueran las que correspondían a media jornada, sino a una normal de ocho horas. En primer lugar, apunto que si la suma que se reclama como haber a percibir era de $ 1.039,52 y el promedio de lo abonado de $ 800, el demandado habría pagado mes a mes cerca del 80 % de lo que correspondía, sin que las liberalidades se presuman y sin que haya una explicación razonable de por qué decidía beneficiar a Llanes con un 60 % más de los $ 520 que debía por la supuesta media jornada. Es digno de destacar, al mismo tiempo, que se da una situación curiosa, cuando la planilla de fs. 4/5 da cuenta de que el actor percibía mes a mes $ 520 y ello es negado en el conteste de demanda, al decir "mi mandante niega que el actor hubiera percibido un salario mensual de $ 520.-, cuando el haber abonado por el empleador fue la suma de $ 800", fs. 16 in fine. (Es posible, que la posición de la demandada fuera mucho más sólida, en materia de duración de tareas, de haber aceptado que lo abonado era la mitad de lo que correspondía por jornada completa). El argumento de que Llanes haya reconocido haber hecho un arreglo con el demandado, cuando fue a buscar trabajo y se lo dio, nada significa, porque no tenemos por qué suponer que el arreglo incluyera condiciones menos favorables para el trabajador; art. 12 LCT. El testimonio de Condorí, en tanto, carece de peso, y casi hasta de seriedad, en la medida en que no sabe dónde ni cuál era el presunto otro trabajo de Llanes y describe que ella escuchaba las discusiones y las peleas (fs. 72 vta.), cuando debían ponerse de acuerdo sobre la concurrencia matutina o vespertina. Lo que excede los límites de lo razonable, convierte en inverosímil el estado de cosas e incorpora la figura de la escaramuza, a la relación que según he concluído, era de naturaleza laboral.

En otro orden, cabe relativizar la trascendencia de lo manifestado por Llanes sobre recibos en blanco (cuando en el intercambio epistolar sólo había hablado de recibos que consignaban sumas mayores a las reales), del mismo modo que cabe ser condescendientes con la constancia del segundo párrafo de la CD de fecha 16 de noviembre de 2006, donde la demandada dice que el contrato "se inició el día 06/11/06", frase que de tenerse presente "pedem literae", daría por tierra con cuanto venimos analizando, ya sea en lo relativo a horarios, a jornada mensual, a validez de los pagos, etc.. En cuanto a recibos, es de resaltar que denotan una regularidad, incompatible con la figura de un supuesto changarín, que concurría cuando sus múltiples desempeños se lo permitían, segundo párrafo de fs. 15 vta..

La objeción del recurso, en torno de la fecha de egreso de Llanes, "por despido indirecto, cuando esta parte manifestara que despidió verbalmente al actor en fecha 13/11/06", no puede favorecerle, por dos razones. Una vinculada a la forma del despido, que deberá "comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato" (art. 243 LCT). Otra, relacionada a la aplicabilidad al caso, del principio inspirador del antecedente que dice "En la prueba de confesión, sólo debe tomarse en cuenta lo que el absolvente diga en su contra, ya que se presume que cada cual tratará de beneficiarse con sus dichos" (Sala, autos Taboada c. El Billar, 22/10/96 y Juárez c. Reynoso Robert, 18/9/12, entre otros). De ahí, que la relación deba considerarse vigente hasta el momen-to en que el trabajador le pone fin, a través del medio legal utilizado, el TCL 68381770, reservado como prueba.

Las razones expuestas, unidas a las generalidades vinculadas a su pre- sunta arbitrariedad, me llevan a proponer se confirme la sentencia recurrida. Con costas, atendiendo al responde de fs. 141 y sgte., art. 67 CPCC., reserva de la regulación de honorarios y oportuna devolución de los autos al Juzgado de orígen.

La Dra. Ana María Guadalupe Varela, dijo: Que si bien adhiero en forma parcial al voto del señor Vocal que me precede, dejando a salvo mi opinión personal sobre la interpretación de la aplicación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; no comparto la forma en que se resuelve el agravio relativo a la extinción del vínculo, el cual incide sobre otros rubros impuestos en la condena, fundamento por el cual formulo disidencia.

Se agravia el accionado por cuanto la sentenciante tiene por fecha de egreso el día 12/12/06, denunciada por el trabajador, por despido indirecto, cuando su parte manifestó que lo despidió verbalmente el día 13 de noviembre de ese año. Dice que el propio actor reconoció al absolver posiciones que dejó de ir, que el testigo Viñabal manifestó que lo echaron, y el testigo Martínez Gutiérrez que le dijeron que no había más trabajo, que lo llamarían.

Del párrafo quinto de fs. 115 de los considerandos del fallo en crisis, se advierte que el análisis referido a la procedencia de los conceptos indemnizatorios, parte de la ponderación de que ante la intimación cursada por el actor en fecha 15/11/06 invocando negativa de trabajo y a fin de que se aclare su situación laboral y se le abone conceptos adeudados, el demandado contestó el 16 del mes y año citado, expresando que el contrato se encontraba extinguido al haber sido despedido verbalmente el día 13, habiendo percibido liquidación final en esa fecha. No se expidió la señora juez a quo en forma expresa sobre cual de las dos formas invocadas por las partes como causales de extinción del vínculo fue la que le otorgó sus efectos; sin embargo de la condena del rubro: días trabajados diciembre 2006, especificada a fs. 115, apartado cuarto, se infiere que en forma tácita tuvo por concluida la relación laboral con el autodespido del actor notificado a la accionada el día 12/12/06.

Que la cuestión que plantea el recurrente en este punto fue puesta a consideración del juez de grado, dado que fue articulada al contestar demanda, por lo que debió mediar un pronunciamiento en primera instancia al respecto.

Aclarado este extremo, me avoco a la resolución del presente . Sabido es que cuando se invocan distintas causales de extinción del vínculo, debe considerarse la que se configuró en primer lugar en el tiempo. Aduce la recurrente como tal, el despido verbal supuestamente acaecido el día 13/11/06, sin embargo no logró acreditar que haya sucedido en esa fecha, la respuesta dada por el actor al absolver posiciones, que textualmente dijo: "hasta que dejé de ir", nada prueba al respecto. Las testimoniales invocadas tampoco aportan veracidad de tal extremo: la señora Julia Gloria del Valle Viñabal al contestar la pregunta 10º del pliego agregado a fs. 61, efectivamente contestó que al actor lo echaron, pero no especificó en qué fecha. El testigo Roberto Marcelo Martínez Gutiérrez declaró: "Creo que le dijo al señor Llanes que ya lo iba a llamar que no había más trabajo".

Que al ser el despido verbal un hecho, se puede acreditar por cualquier medio de prueba. No obstante, Fernández Madrid, establece una diferencia según sea el sujeto que lo invoque: "Invocación por el empleador: el despido verbal debe ser descartado cuando es desconocido por el trabajador, pues puede dar lugar a situaciones de fraude. Invocación por el trabajador: Nada impide que el trabajador reconozca en juicio o fuera de él, que ha sido despedido verbalmente. En este caso, no es menester que el empleador curse una nueva comunicación disolviendo el contrato, ni que el trabajador pida explicaciones (CNAT, Sala VIII, febrero 29-996, Galeano, Marcelo E. c. Consorcio Juncal 2463 y otros) D.T., 1996-B-1896 ... El despido una vez notificado a la otra parte, produce el efecto de un acto jurídico consumado por lo que no es admisible su retracción o revocación unilateral" (Ley de Contrato de Trabajo - comentada y anotada, Juan Carlos Fernández Madrid, Tomo III, página 2038, Ed. La Ley - 2011).

Entiendo que para descartar el fraude, ya que el actor alegó desconocer que el día 13/11/06 fue despedido verbalmente, la prueba recae sobre la parte demandada. Que si bien en autos el empleador no logró probar que el despido verbal se haya efectuado en la fecha que cita, ello no es óbice para otorgarle efecto extintivo a partir de su notificación al señor Sergio Orlando Llanes mediante C.D. Nº 819093505 de fecha 16 de noviembre de 2006, en cuyo párrafo primero dice: "Rechazo vuestro telegrama ley Nº C.D. 80669138 5 de fecha 14/11/06 por improcedente, falaz y malicioso en todos sus términos, recordándole que el contrato de trabajo se encontraba extinguido al haber sido despedido verbalmente el día 13/11/06, habiendo percibido liquidación final en esa fecha...".

Probado el despido verbal sin causa, no admite la continuidad de la relación laboral, por lo que carecen de efecto las intimaciones cursadas con posterioridad. Ahora bien, no surge de las constancias de autos la fecha de la notificación al actor de la pieza postal precitada, no ofrecieron las partes prueba informativa al correo argentino para dilucidar tal hecho, lo que me lleva a postular como fecha de extinción de la relación laboral el día 20/11/06, dado que se infiere que recibió aquélla por lo menos en esa fecha, al ser éste el día que la actora responde aquella misiva mediante T.C.L. 68381790.

Dado que considero que la relación laboral feneció el día 20/11/06, entiendo que la vía recursiva intentada por la parte demandada debe prosperar parcialmente, dejando sin efecto la condena impuesta en primera instancia respecto de los rubros: días trabajados diciembre 2006 e integración de mes, debiendo recalcularse mediante planilla a practicarse en primera instancia el importe del rubro S.A.C. 2º 2006 de acuerdo a la fecha del despido, con costas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 C.P.C.C.. En tal sentido voto.

La Dra. Mercedes Domecq, dijo: Me adhiero a lo resuelto por la Doctora Varela, puesto que entiendo que la notificación escrita del despido debe ser cumplida en la forma que prescribe el art. 243 de la ley de contrato de trabajo, sólo cuando alguna de las partes invoca una justa causa (o lo que considera como tal) para la extinción del vínculo. En este caso, el empleador manifestó en las piezas postales agregadas a fs. 1 y 2 de la documentación reservada a fs. 9 y en la contestación de la demanda la existencia del despido verbal, circunstancia ésta que pudo acreditar mediante las respuestas 5 de fs. 64 in fine, 6 de fs. 64 vta. y 6 de fs. 65 vta.

En coherencia con su reconocimiento tardío de que la relación no se encontraba inscripta (sexto párrafo de fs. 133), la decisión de despedir verbalmente al actor implicó para Xiu Hua He asumir que la causa mencionada en el acápite V de la contestación de la demanda no podía ser considerada por la Juzgadora como válida para justificar aquella ni, en consecuencia, para eximirse del pago de las correspondientes indemnizaciones. Coherente también con ello, el recurrente no comprendió en su memorial la condena al pago de los créditos previstos en los arts. 232 y 245 de la ley de contrato de trabajo, ni las de la ley 25.323.

Por ello, CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I F A L L A I) Haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 131/135, revocando en consecuencia la condena impuesta en el fallo dictado en primera instancia respecto de los rubros días trabajados diciembre 2006 e integración de mes, debiendo recalcularse mediante planilla a practicarse en esa instancia el importe del rubro S.A.C. 2do. 2006, de acuerdo a las pautas establecidas en los considerandos, con costas y rechazando el resto del recurso en lo que fue objeto de agravios; con costas.

II) Reservando la regulación de honorarios hasta que se practique la de 1º Instancia.

III) Ordenando se copie, registre, notifique y bajen los autos al