Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-13


LHERITIER ARGENTINA S.A.

Reg.: A y S t 215 p 498-500. Santa Fe, 13 de setiembre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el incidentista contra la sentencia del 13 de octubre de 2005 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "LHERITIER ARGENTINA S.A. -Concurso Preventivo-Expte. 57/00-Incidente de Revisión promovido por SCHEGGIA, Carlos Eduardo- (Expte. 202/05)" (Expte. C.S.J. nro. 31, año 2006); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que Carlos Eduardo Scheggia pretendió la verificación de su crédito laboral en el concurso de Lheritier Argentina S.A. y que éste fue declarado inadmisible. Promovido el pertinente incidente de revisión, el Juez de primer grado de conocimiento declaró la perención de la instancia, con costas, en los términos y en el plazo previsto en el artículo 277 de la ley 24522.

Al conocer del recurso de apelación deducido por el demandante, la Sala confirmó la perención declarada por el Inferior, a través de la resolución 338 del 13 de octubre de 2005 que es la que ahora se ataca por medio del recurso de inconstitucionalidad local.

Afirma el recurrente que si bien el Juez del concurso solicitó la remisión del expediente que tramitaba ante el Juzgado Nacional número 48 de Capital Federal éste defendió su competencia y no lo remitió, determinando de tal suerte la pérdida de los derechos del actor pues al no enviar los autos dejaba sin sustancia el presente incidente de revisión.

Fue así -dice- que sin dar intervención a su parte -en violación al derecho de defensa y debido proceso- el Juez de grado declaró perimida la instancia. Relata que pendiente de resolución la apelación deducida por el actor, éste denunció que la Cámara Nacional había anulado la sentencia de aquella sede atento que la causa debió haberse remitido al Juez concursal y solicita -el 21.3.03- que se enviasen los autos al concurso.

Como pese a todo, los oficios no se libraban, su parte interpuso pronto despacho el 29.4.03; y luego de reiterar la solicitud de remisión -ahora los autos se encontraban ante el Juzgado número 48- en fecha 10.9.03 la causa laboral se recepciona en el proceso concursal.

Sostiene que en el caso se encuentra recurriendo una sentencia definitiva que, al extinguir el proceso sin darle posibilidad real de intervenir en el trámite concursal en procura de su crédito laboral, lesiona derechos y garantías de rango constitucional.

Afirma que se ha dejado a su parte en un grave estado de indefensión al someterlo al inacabable debate sobre el lugar en que debía tramitar el juicio laboral, provocando de esta forma que su crédito quedara virtualmente inexistente.

También se violó -asevera- su derecho de defensa toda vez que el Juez dictó la caducidad de la instancia sin correr traslado a su parte. Alega que la sentencia interpreta erróneamente las circunstancias del pleito al considerar que no hubo actos interruptivos del plazo de caducidad cuando -tal como se desprende del relato del iter de la causa- se requirió tres veces al Juzgado de Capital Federal que se remitieran los autos al Juez del concurso y que así lo entendió también la Cámara Nacional.

También enrostra a la Sala una errónea interpretación de la jurisprudencia sobre el instituto de la caducidad de instancia y por ello de interpretación restrictiva y sin tener en cuenta que se trata de un derecho laboral el que está en juego, y que resulta imposible intentar una verificación tardía.

La Sala denegó la concesión del remedio extraordinario intentado razón por la cual el perdidoso ocurrió en forma directa por ante esta sede.

2. Aun reputando satisfechos los recaudos de temporaneidad en la interposición del recurso de inconstitucionalidad como de la definitividad de la sentencia que se ataca, de todos modos el remedio no puede prosperar.

Es que la confrontación de los planteos esgrimidos en el escrito recursivo con los fundamentos de la sentencia impugnada revela la insuficiencia de aquéllos en orden a persuadir acerca de la existencia de agravios que justifiquen la revisión de lo resuelto por los Sentenciantes en esta instancia excepcional, denotando tan sólo la fuerte disconformidad del recurrente con el criterio con el que los juzgadores, en ejercicio de funciones indudablemente propias, interpretaron las normas legales en juego a la hora de rechazar los recurso de nulidad y apelación deducidos.

Es que, sin perder de vista que el punto en debate es si ha operado -o no- la perención de la instancia en curso (incidente de revisión) se advierte que la Sala avala la caducidad declarada por el Inferior en el entendimiento que entre el último acto impulsorio -pericial contable agregada el 15.5.2001- y el informe actuarial de fecha 26.11.2001, han transcurrido seis meses y once días, plazo que supera holgadamente el referido en el artículo 277 de la ley concursal.

Frente a dicho argumento, el quejoso se esfuerza en intentar rebatirlo cuestionando lo resuelto desde dos flancos: por un lado, alude a diversos actos procesales a los que atribuye efecto interruptivo del plazo de caducidad; y por otro, enrostra a los Juzgadores vulnerar su derecho de defensa por no haber dado a su parte debida intervención antes de declarar la caducidad. Sin embargo, tal como fueron esbozados, ninguno de dichos argumentos puede ser considerado idóneo a fin de desvirtuar el pronunciamiento en crisis.

En primer lugar, y en lo relativo a la virtualidad interruptiva del plazo de los actos procedimentales que puntualiza, cabe destacar que -sin entrar a evaluar si la solicitud de librar oficios o su reiteración reviste idoneidad interruptiva- la solicitud de oficios pidiendo al Juzgado Nacional el envío de la causa no puede ser valorada con tal efecto en el "sub lite" desde que la primera solicitud es de fecha anterior a la agregación de la pericial considerada por el Tribunal como último acto impulsorio y las restantes solicitudes y reiteraciones a que refiere, son de fecha posterior a la declaración misma de caducidad con lo cual, se advierte que carecen de todo efecto sobre el cómputo del plazo.

En segundo lugar, y en lo que tiene que ver con la sustanciación previa que el perdidoso acusa como preterida, el quejoso no brinda argumento alguno que permita verificar en el proceder el Tribunal violación a las normas pertinentes del Código Procesal Civil y Comercial o que se haya omitido regirse por las disposiciones legales correspondientes.

Finalmente, y en cuanto a las consideraciones relativas a los avatares de la radicación del pleito laboral cabe destacar que más allá de las peripecias acusadas, éstas no puede achacarse al yerro de los Juzgadores ni estimar que éstos hayan desconocido alguna proyección de aquel pleito sobre el "sub examine" de modo de merecer descalificación.

Tal como se desprende del relato del quejoso, todo ha operado de acuerdo a la elección del actor laboral en el marco de las normas concursales -que aunque admitan disquisiciones sobre el modo en que deberá conducirse el acreedor laboral con juicio en trámite frente al concurso de su empleador- no hay dudas de que en el "sub lite" el actor optó por verificar su crédito ante el Juez concursal, que al ser declarado inadmisible, generó la incidencia revisora y que coloca sobre su cabeza la carga de impulsar el trámite a fin de evitar la situación fatal que ahora intenta revertir con argumentos ajenos al tema en análisis.

En síntesis, no obstante los planteos el recurrente no ha podido demostrar que los fundamentos brindados por la Cámara al confirmar la declaración de caducidad, resulten irrazonables, contrarios a las constancias de autos, dogmáticos; en suma, arbitrarios.

Por ello, al margen del grado de acierto o error de lo resuelto, el rechazo del remedio intentado se impone desde que solo refleja la discrepancia del compareciente en torno a cuestiones interpretativas que no habilitan la instancia excepcional, salvo arbitrariedad, la que en el caso -como ya se señalara- no logra ser acreditada.

Por lo demás, con las alegaciones que el perdidoso trae a fs. 33/33vto. no consigue demostrar que la reforma introducida al régimen concursal a través de la ley 26086 -que invoca como hecho nuevo pretendiendo proyectar sus modificaciones en punto a la radicación de los juicios laborales, fundamentalmente, aseverando que la disposición transitoria contenida en el artículo 9 impone la inmediata remisión de estos obrados a la justicia laboral de Capital Federal- pueda aprehender al "sub examine" puesto que ya se encuentra a fallo en esta sede -vía recurso de queja- la revisión de la caducidad de instancia decidida en el incidente de revisión, deducido como consecuencia del rechazo del pedido de verificación del crédito solicitada en ejercicio de la opción prevista por el artículo 21 inciso 1) de la ley 25522.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)