Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-20


Causa Nº 017-01-CC/2006 "Incidente de apelación en autos "FERRETI, Walter Alfredo Enrique y otra s/ inf. arts. 116 y 117 (Ley 1472)" -Apelación- SALA II En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de abril de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver las presentes actuaciones.

Y VISTOS:

Convoca la atención del Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el José Antonio Lagorio, abogado defensor de los coimputados Walter Ferretti y Silvana Carla Ferretti (fs. 138/139 y vta.), contra la decisión que en copia obra a fs. 136 de este incidente, por medio de la cual la titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nro. 24, María Alejandra Doti, no hizo lugar al pedido de devolución de ciertos efectos secuestrados en el marco del allanamiento que tuviera lugar el día 22 de julio de 2005 en el inmueble ubicado en la Av. Alvarez Jonte 4208 de esta ciudad.

En dicha providencia, la Magistrada señaló que los efectos resultaban sujetos a comiso, por lo que podían ser incautados preventivamente, sin que la medida adoptaba implique, en principio, una evidente desproporción punitiva.

Destacó que la norma del art. 35 (ley 1472) no prevé excepción alguna en materia de comiso de los bienes, y que pretender lo contrario sería arrogarse funciones legislativas. Asimismo, agregó que la causa se encontraba en plena investigación por lo que la Fiscalía aún se hallaba en condiciones de efectuar diligencias probatorias sobre los objetos incautados.

Por su parte, el Lagorio argumentó que los efectos cuya restitución había sido solicitada no tenían vinculación alguna con la presunta contravención endilgada a sus defendidos, sino con la actividad propia desplegada en el local en cuestión (servicio de internet y locutorio).

Sobre esa base adujo que el decisorio de la Sra. Juez lesionaba los derechos al trabajo y de propiedad de sus asistidos al privarlos de ciertos elementos con motivos tan solo aparentes, toda vez que, a su criterio y conforme pudo comprobarse pericialmente, los bienes cuya devolución pretende resultan ajenos a la conducta reprochada en autos.

En su dictamen de fs. 150/152 la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino sostuvo que debía hacerse lugar al remedio intentado por la defensa y procederse a la devolución de algunos de los bienes objeto de reclamo -computadoras identificadas con los nros. uno (1) a tres (3) en la pericia de fs. 104/119-. Ello así, por cuanto no existe prueba suficiente de que dichos efectos hubieran servido para cometer el hecho investigado.

No opinó de igual forma respecto del "tarifador telefónico" -también objeto de reclamo- señalando, básicamente, que por el tipo de actividad pesquisada el mismo podía ser sometido a pericia.

Oídas las partes y cumplidos los plazos procesales de aplicación, ingresan las actuaciones a estado de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I.- La impugnación en examen ha sido interpuesta en tiempo oportuno, ante el Juez que dictó el pronunciamiento atacado y por quien tiene derecho a hacerlo (impugnabilidad subjetiva), contra un auto susceptible de causar gravamen irreparable (impugnabilidad objetiva). En cuanto a este último extremo hemos sostenido reiteradamente que "...desde la perspectiva abstracta que gobierna el análisis de admisibilidad, la restricción actual y concreta de derechos impide que las quejas respectivas y la eventual reparación que se persigue mediante su introducción, encuentren otra oportunidad útil en donde ser ventiladas y satisfechas (el eventual saneamiento de los agravios será, al menos, tardío). Tomando en cuenta la doctrina de la CSJN relativa a las resoluciones equiparables a sentencias definitivas como objetos del recurso extraordinario, que el gravamen al que alude el art. 449 C.P.P.N. se verifica: 1) Ante la ausencia de otra etapa idónea para obtener el amparo del derecho que se trate; 2) Teniendo en cuenta la magnitud del perjuicio económico que lleva aparejado el cumplimiento de Causa Nº 017-01-CC/2006. SALA II la decisión; 3) Atendiendo a las dilaciones y trastornos que ésta es susceptible de ocasionar...".

II.- El tratamiento del núcleo del agravio defensista se efectuará en concordancia con los reiterados pronunciamientos de esta Alzada en los que se consideró que si el comiso es una sanción accesoria (art. 23, inc. 3 CC) y la condena por una contravención comprende el desapoderamiento de las cosas que han servido para cometer el hecho (art. 35, 1er. párrafo CC), tal consecuencia es parte de la ley material que el procedimiento contravencional se propone actuar. Por ello, la razonabilidad de las medidas coercitivas ha de evaluarse a la luz de los fines del proceso (arts. 14 y 28 CN) y el recurso al art. 35 CC no significa un adelantamiento de pena sino una herramienta de interpretación.

Cafferata Nores nos enseña que: "...El secuestro consiste en la aprehensión de una cosa por la autoridad judicial con el objeto de asegurar el cumplimiento de su función específica: la investigación de la verdad y la actuación de la ley penal... La ocupación de cosas por los órganos judiciales, en el curso del procedimiento, puede obedecer a la necesidad de preservar efectos que puedan quedar sujetos a confiscación (art. 231 CPPN) -cautelando de tal modo el cumplimiento de esta sanción accesoria, en caso de que proceda-, o adquirir y conservar material probatorio útil para la investigación... Puede cesar antes cuando los objetos sobre los cuales recayó han dejado de ser necesarios, ya sea porque se comprobó su desvinculación del hecho investigado o porque su documentación tornó innecesaria su custodia judicial. Pero si tales efectos pudiesen estar sujetos a confiscación, restitución o embargo, deberán continuar secuestrados hasta que la sentencia se pronuncie sobre su destino..." (Cafferata Nores, "La prueba en el proceso penal", con especial referencia a la ley 23..984, Ed. Depalma, 3º edición, actualizada y ampliada, Buenos Aires, 1998, ps. 201 y 204/205, cit. en causa nº 20-01-CC/05 del 29/04/05, entre otras).

Si los fines del proceso pueden ser asegurados por medios menos lesivos, correspone adoptar estos útimos. Sin embargo, si el objeto del secuestro es uno de aquellos que de recaer sentencia de condena será decomisado, su restitución anticipada a la decisión del conflicto puede hacer peligrar la actuación de la ley material.

En consecuencia, la retención provisional durante la sustanciación resulta razonable, pues es la sentencia que concluye la causa la oportunidad adecuada para decidir el destino de los elementos, precisamente porque recién en esa etapa -precedida por una amplia discusión de las partes y análisis de la prueba recolectada- se podrá afirmar con el grado de convicción necesario el derecho cuya verosimilitud inicial fundó la cautelar, o su negación (C nº 085-01-CC/2004, rta. 11/06/04, con cita de Palacio, Lino E., "El recurso extraordinario Federal", Ed. Abeledo Perrot, 2001, Lexis Nexis Nº 2501/000819, nº 20-01-CC/2005, rta. 29/04/2005, nº 301-01-CC/2005, rta. 28/09/2005, nº 301-02-CC/2005, rta. 28/09/2005, entre otras).

No obstante lo dicho hasta aquí, lo cierto es que de las constancias de la causa no surge, al menos de momento, elemento alguno que permita afirmar siquiera con el grado de provisoriedad requerido en la etapa, que las tres computadoras reclamadas -cuya pericia arrojara resultado negativo (ver conclusiones de fs. 106 y vta. "ordenadores nros. 1, 2 y 3")- hayan sido efectivamente utilizadas en los hechos aquí ventilados. Es por ello que debe acogerse el reclamo de la defensa, en cuanto a que no exsite motivo razonable actual para mantener la medida asegurativa adoptada por la Sra. Magistrada.

Sin perjuicio de ello, y atendiendo a la provisionalidad (adecuada al estado vigente del proceso) de aquel juicio, no cabe descartar que, eventualmente, durante el transcurso de la investigación puedan surgir nuevas y mejores probanzas que permitan adoptar otro temperamento con respecto a dichos bienes.

Es en esta inteligencia, y en orden a lo que resolveremos, que habremos de disponer que la restitución de las computadoras se realice en calidad de depositario judicial en cabeza de la coimputada Silvana Carla Ferretti (art. 238 del CPPN), al ser ella quien resulta titular de la habilitación del comercio donde tuviera lugar el allanamiento y secuestro en cuestión (ver documentación obrante a fs. 10, 35/37 y 96/99).

Distinta es la situación del "tarifador telefónico" también objeto de reclamo, toda vez que no existe prueba alguna, como sí sucede en el caso de las Causa Nº 017-01-CC/2006. SALA II computadoras solicitadas, que permita descartar inequívocamente, al menos a esta altura del proceso, su utilización en la actividad ilícita que se investiga. En tales condiciones, entendemos que corresponde estar al mantenimiento de la medida adoptada por la a quo, por resultar ésta acorde y razonable a la luz del objeto que conforma las presentes actuaciones.

Por todo lo expuesto y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I.- REVOCAR parcialmente la resolución impugnada (fs. 136) en cuanto rechaza la restitución de las computadoras individualizadas en el informe pericial glosado a fs. 104/119 con los nros. uno (1), dos (2) y tres (3), y disponer su entrega, en carácter de depósito judicial, en la persona de Silvana Carla Ferretti.

II.- CONFIRMAR parcialmente el decisorio aludido, en cuanto no hace lugar a la restitución del "tarifador telefónico" que formara parte del secuestro.

Tómese razón, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara, y devuélvase al Juzgado de origen, el que deberá practicar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

(Conf. causa 20-01-CC/2005, "Incidente de apelación en autos: Ramírez, Florio Hernán s/ inf. art. 83 CC", rta. el 29/04/2005, con cita del fallo de esta Sala in re: "Incidente de secuestro en autos caratulados Quiroga, Luis Alejandro s/ inf. art. 54 CC, rta. 11/04/2004).

Conf. causas nros. 020-01-CC/2005, rta. 29/04/05; 073-00-CC/2005, rta. 10/05/2005; 082-01-CC/2005, rta. 11/05/2005, entre muchas otras.

Cámara deApelaciones en loContravencional y de Faltas