marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alimentos, hechos nuevos
Materia: CIVIL
Carátula: N.S. DE D.S. Y OTRO s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-01

Tratándose de alimentos insatisfechos desde tiempo atrás, sobre los que no inciden los hechos posteriores, como puede ser la mayoría de edad o cambio de tenencia de los hijos, desde que quién los mantuvo, dio techo, alimentos, educó, etc. es el único acreedor, siendo los hijos los beneficiarios, debiendo el deudor cumplir con su obligación en cuanto insatisfecha y vencida en exceso.-
Terceros, rebeldía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LLANOS, JUAN DIONISIO c/ COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA UNION LTDA. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-02

La incomparencia del tercero citado no justifica que se lo declare rebelde y la medida de la intervención que se le reconoce no lo autoriza a invocar defensas que le son personales, porque él no ha sido parte demandada en la controversia de que se trata.
Jornada de trabajo, personal de dirección y vigilancia
Materia: LABORAL
Carátula: MORICONI, CARLOS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11

Para que pueda considerarse a un trabajador como perteneciente a personal de dirección de la empresa, no es suficiente que el empleador le de esa denominación o le abone un rubro con el título "personal de dirección". Lo determinante es que las funciones de tal persona sean efectivamente de dirección de la empresa, ordenando los medios materiales y personales para la consecución del fin empresario.
Liquidación de entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, cómputo de intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARBO, MIGUEL ANGEL Y OTRO. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. s/ COBRO DE PESOS - BANCO CENTRAL - RESPONSABILIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

La ley 22051 y la comunicación A-59 (OPA- SI - 1) del Banco Central -que regula tanto los depósitos a plazo como la garantía sobre ellos- no contienen normas o principios que se opongan a la continuidad del curso de los intereses por el período posterior al vencimiento del plazo y anterior a la liquidación de la entidad depositaria, cuando no se trata de un caso de inmovilización de saldos sino demora por parte de ésta.

Aunque el Banco Central solo deviene responsable a partir de la entrada en liquidación de la depositaria su responsabilidad comprende en principio las obligaciones que ésta tenía al día en que la garantía produjo efectos, con inclusión de " los intereses devengados correspondientes" hasta esa fecha.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, prescripción, competencia, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sergi Vinciguerra, Antonio c/ B.C.R.A. s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Si la declaración de prescripción, apelada mediante recurso ordinario de apelación, fue dejada parcialmente sin efecto por la Corte, corresponde ahora un pronunciamiento judicial por parte del órgano jurisdiccional contra cuyas decisiones está previst o dicho recurso ya que el Tribunal carece de competencia para ello (Disidencia parcial del Dr. Carlos S. Fayt).
Beneficios previsionales, pensiones, reconciliación de los cónyuges, deber de cohabitación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fioroni, Irma c/ ANSeS s/ pensiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-18

A la luz de lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 2393, que sólo exige para presumir la reconciliación de la pareja que se demuestre su cohabitación posterior a la separación, corresponde revocar la sentencia apelada y ordenar a la ANSeS que otorgue la pensión solicitada, si se encuentra acreditada la cohabitación invocada sin que pueda sostenerse que la convivencia de la pareja sólo había sido motivada por razones humanitarias, pues la negativa a reconocer el beneficio pretendido resulta una decisión dogmática y carente de respaldo normativo, más aún si no surge de la causa que aquélla se encuentre incursa en las causales de pérdida del derecho de pensión previstas por la ley 17.562
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: F., O. A. c/ M., M. C. s/ Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-26

Se debe restar eficacia probatoria a las declaraciones de los testigos que no aportan suficiente razón de sus dichos (arts. 384, 456, C.P.C.C.) como de aquellos cuyo conocimiento proviene precisamente de las manifestaciones que en el sentido en que se expide se lo relató o comunicó el propio oferente.
Feria judicial, habilitación de feria, doctrina
Materia: PROCESAL
Carátula: Wainrib Alejandro José y otra c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-01-31

La habilitación de la feria judicial sólo procede cuando la falta de un resguardo o de una medida especial, en un momento determinado, pueda causar un daño irreparable por el transcurso del tiempo; vale decir, debe existir un riesgo de que una decisión judicial se torne ilusoria, o bien que se frustre -por la demora- alguna diligencia importante para el derecho de las partes, dado que la habilitación tiene carácter excepcional y está restringida a supuestos de verdadera y comprobada urgencia (confr. esta Cámara, Sala de Feria, causas Nº 6967/03 del 25-7-2003; Nº 5273/03 del 15-01-2004; 16.585/04 del 5-01-2005; entre otras). En tal sentido, no es suficiente el hecho de que la cuestión a decidir guarde relación con medidas cautelares (confr. esta Cámara, Sala de Feria, causas Nº 9.193/94 del 17-1-96; 22.512/96 del 23-01-97; 4.178/97 del 7-01-99; 10.688/01 del 15-01-02, entre otras; Farsi-Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial", ed. Astrea, 1988, Tº 1, pag. 743). A lo dicho se agrega que, en el sub lite, y en razón del transcurso del tiempo, la concreta pretensión deducida parece carecer de utilidad, con independencia del presente expediente judicial.
Costas, exención de costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Edificador de Trenque Lauquen c/ Sierra, Oscar Emilio s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

Cuadra, en principio, eximir de costas al vencido si ha resultado derrotado al triunfar una excepción o defensa de prescripción, a modo que el acreedor pueda conservar intacto su derecho pese a haber perdido su exigibilidad por consecuencia del transcurso del tiempo art. 68 Cód. Proc.).
Responsabilidad extracontractual del Estado, poder de policía, simple damnificado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C., G.F. c/ C., R.O. y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-22

Partiendo de la premisa de que el Estado no garantiza, ni puede hacerlo que sus leyes no han de ser violadas con perjuicio para terceros. Nunca el ejercicio del poder de policía puede neutralizar absolutamente la comisión de hechos ilícitos, habrá de actuarse con mucha prudencia a la hora de juzgarse la actuación del Estado en el ámbito de la responsabilidad extracontractual.

Se dice, y lo comparto plenamente, que la interpretación amplia del artículo 1074 del Código Civil en concordancia con el artículo 1112 referido al poder de policía no deja prácticamente ningún acto ilícito frente al cual no pueda hacerse jugar la responsabilidad del Estado por omisión del ejercicio de aquel poder.
Expropiación, indemnización expropiatoria
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Matiuda de Capelleto, Matilde Adriana y otros s/ Expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

La expropiación tal como está legislada en nuestra C.N. es un instituto concebido para conciliar los intereses públicos con los privados, y la conciliación no existe si éstos se sacrifican substancialmente a aquéllos y si no se compensa al propietario de la privación de su bien ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro similar al que pierde en virtud del desapoderamiento.
Excarcelación, impugnabilidad objetiva, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Ortega, Matías Sebastián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-08

Si bien la confirmación del rechazo del pedido de excarcelación a favor del imputado cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva exigido por el art. 457 CPPN, puesto que resulta equiparable a un pronunciamiento de carácter definitivo, dicha condición no basta al no haberse planteado una cuestión federal debidamente fundada, estando garantizado en el caso el derecho a la doble instancia y teniendo en cuenta que el a quo ha fundado los riesgos procesales lo cual no fue rebatido con éxito por la defensa.
Acta policial, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Arias, Pedro Bernardo s/ Infracción ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29

El art. 128 de la ley 8031 no es violatorio de los principios de defensa en juicio e inocencia (art. 9, Const. prov.) pues la norma en cuestión no invierte la carga de la prueba sino que determina los efectos que en este terreno produce el acta de constatación policial en cuestión.
Recurso extraordinario, cuestión federal, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Cañete, Francisco Rey c/ Estado  Nacional  - Ministerio de Defensa - Estado Mayor del Ejército s/ Accidente en el ámbito militar y F. Seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-20

Para que sea admisible el recurso extraordinario es menester que la cuestión federal planteada guarde relación directa e inmediata con el contenido de la decisión impugnada, recaudo que no se cumple si el pronunciamiento cuenta con fundamentos de hecho - con apoyo en circunstancias comprobadas en la causa - autónomos y suficientes para la solución integral del caso (C.S., Fallos: 300:711; 301:447).

Es preciso advertir que la solución de la causa no depende de la interpretación de la Ley 19.101 puesto que lo decidido en el pronunciamiento atacado se sustenta en cuestiones de hecho, dependientes de la valoración de la prueba rendida en autos, materia que resulta ajena a la vía extraordinaria intentada. Por tal razón, los fundamentos de esa naturaleza expuestos en el pronunciamiento recurrido bastan para sustentarlo (Fallos: 300:1114; 301:1153, entre otras).
Accidentes de trabajo, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: M., R.J. c/ C.T. E.G. Ltda. y Otros s/ Demanda Laboral (Acc. de Trabajo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-16

Indudablemente el art. 39 de la ley 24.557 viola la igualdad ante la ley y de ninguna manera puede tener vigencia frente a los artículos 14 bis, 16, 17, 18, 19, 43 y 75 inc. 22 y 23 de la CN, arts. 1, 2, 3, 25 y conc. de la Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 1, 2, 11, 16 y conc. de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 2, 6, 26 y conc. del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, arts. 7 inc. B, 9 y conc. Del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 1, 4, 26 y ss. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Reforma de la constitución, garantías de los jueces, inamovilidad de los jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

De los antecedentes de la ley 24.309 surge que no era tema de reforma constitucional habilitado el atinente a la cesación de la garantía de inamovilidad por cumplimiento de cierta edad (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Depósito previo, sustitución del depósito
Materia: LABORAL
Carátula: Brossard, Guillermo Abel c/ Graziani, Jorge E.J. y/o quien resulte responsable s/ Cobro de pesos-Inc. Sustitución de Depósito-Art. 125, Inc. A
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-02-25

La resolución recaída en el incidente de sustitución de depósito que se promoviera a los fines del cumplimiento del requisito establecido por el inciso a) del artículo 125 del Cód. Procesal Laboral, se trata de la única controversia subsistente en dicho incidente es, por tanto, una sentencia interlocutoria de las que ponen fin al proceso, por lo que el recurso ha sido bien concedido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Widmer, Miguel Ángel s/ denuncia robo simple.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-18

Corresponde al juez federal asumir su jurisdicción en un hecho que prima facie se encuentra abarcado por las disposiciones del artículo 33, inciso "c" del Código Procesal Penal de la Nación- en el caso, el presunto desapoderamiento habría menoscabado el patrimonio del Estado Nacional, pues a la víctima le fue sustraído un teléfono celular provisto para el ejercicio de sus funciones como empleado nacional. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Excusación, excusación por razones de decoro y delicadeza
Materia: PROCESAL
Carátula: Bertolini, Jorge Alberto Primo c/ Gobierno  de  la  Provincia  de  Misiones  e  Instituto de Previsión Social s/ Demanda contenciosa administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-05-12

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Laboral, ha sustentado reiteradamente un criterio interpretativo amplio en los casos de excusación; sólo el que se excusa, sabe cuando el decoro o delicadeza pesa sobre si mismo, pretender que se expliciten los motivos o se funde en causas concretas, es invadir el fuero íntimo, pudiendo en algunos supuestos llegar a ejercer una verdadera violencia moral en el Juez que deba excusarse. (Dra. Avelli de Lojko:

según su voto).
Sentencia arbitraria, nulidad de sentencia, abuso de firma en blanco, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRIZO PEDRO ANGEL Y OTRO c/ SUC. LEONARDO LEON ARAUJO Y OTRO s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO Y OTRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-04

Es arbitraria, y por ende nula, la sentencia que con argumentos inconducentes para tener por configurado el abuso de firma en blanco y omitiendo considerar aserciones conducentes contenidas en una pericia producida como medida para mejor proveer, les resta validez probatoria a los recibos de pago presentados por la demandada.
Jueces, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RIOS, CLAUDIO ADRIAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-11-03

Si bien el principio de imparcialidad rige también para el juez con competencia para investigar los delitos, sus alcances no pueden valorarse del mismo modo en ambas etapas del procedimiento penal cuando a la jurisdicción se le asignan funciones investigativas. Así lo ha aclarado el máximo Tribunal nacional, cuando ha alertado acerca del intento de tratar "al juez de instrucción como si el nuestro fuera un proceso acusatorio puro en el que cualquier función pseudo inquisitiva es vista como muestra de parcialidad".
Recurso de apelación (procesal), rebeldía
Materia: LABORAL
Carátula: Mazzea  Deborah  Elizabeth c/ Ramalina Sudamericana S.A. y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-09

La resolución por la cual se desestima la presentación de un gestor por una de las partes y se la tiene por rebelde en los términos del art. 71 LO, no se halla contemplada entre la excepciones que, en forma taxativa, establece el art. 110 LO y en consecuencia no resulta viable una interpretación disímil a lo que surge inequívocamente del diseño de la apelación diferida de la ley 18345, que se basa en elementales razones de celeridad y de economía procesal y está destinada a evitar los retrasos de que pueden ser objeto los pleitos laborales, si se permitiera que cada vez que se interpone una apelación en el período de prueba los autos tuvieran que remitirse a la Cámara a fin de resolver y sólo después volver a primera instancia para reanudar el proceso de conocimiento. Por ello deben considerarse mal concedidos los recursos dirigidos contra resoluciones que declaran la rebeldía del demandado.
Imputado, garantías procesales, defensa en juicio, jerarquía de los Tratados Internacionales, denuncia, declaración testimonial
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Almada, Sergio Martín y otros s/ Recurso de inconstitucionalidad Causa n. : 2138.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

En algún momento del procedimiento debe garantizársele al imputado el derecho de controlar las declaraciones de las personas que lo hayan denunciado, conforme con los criterios de la Comisión Europea de Derechos Humanos y a las previsiones del art. 14, inc. 3?, letra "c", del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; dicha posibilidad de control debe ser, en cada caso, efectiva y útil. (voto de los Dres. Bisordi y Rodríguez Basavilbaso).
Abogados, matrícula profesional
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez, Silvia Graciela en representación de su hija Melisa Irigoytía Pérez c/ Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Limitada s/ Indemnización por muerte-Incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-04-19

Teniendo en cuenta el criterio de la C.S.J.N. (fallos 238:550), estimamos conveniente adoptar el criterio que sostiene que la circunstancia que una de las partes actuara representada por un letrado que no se encuentra inscripto en el Colegio Público, no implica la nulidad de lo actuado, resulta viable equiparar tal situación a otras, como la resuelta por esta Sala en autos "López, J. c/Policlínico A.G.O.S.", en la que sostuvo que "revistiendo tal importancia la acreditación de personería, se trate de un proceso civil o de uno laboral, no parece contradecir el espíritu que anima a nuestro Cód. Procesal Laboral, en lo que a celeridad y economía procesal se refiere, la aplicación de la norma contenida en el artículo 340 inciso 4 del Cód. Procesal Civil y Comercial, por lo que corresponde emplazar a la parte demandada para que acompañe el instrumento que acredite el apoderamiento otorgado.
Suspensión del juicio a prueba, recurso de casación, derecho contravencional
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Tejerina, Víctor Angel s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-03

Los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocados por el recurrente vinculados con la suspensión del juicio a prueba en materia penal (art. 76 bis, CP) y con el tipo de resoluciones que pueden recurrirse mediante el recurso de casación (arts. 456 y 457, CPPN), suspensión y recurso -respectivamente- guardan serias diferencias con la regulación de este beneficio legal en materia contravencional (art. 45, CC) y con el carácter extraordinario del recurso de inconstitucionalidad (arts. 27, ley 402) de competencia de este Tribunal Superior. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Competencia por la materia, competencia comercial, daños y perjuicios, Superintendencia de Seguros de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: PICCONE, José María c/ SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-24

Es competente el fuero Comercial -y no la Justicia en lo Cont.

Adm. Fed.- para entender en la demanda por daños y perjuicios ocasionados por la supuesta omisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación en el cumplimiento de sus funciones de contralor de las compaÑías de seguros y violación del deber de policía que le otorga la ley 20.091 (confr. esta Sala, 7-12-93, París ).
Mala praxis, daños y perjuicios, pretensión
Materia: CIVIL
Carátula: Campañoli, César Enrique y otros c/ GCBA s/ responsabilidad médica s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

La responsabilidad del estado por mala praxis médica acontecida en hospitales o centros de salud públicos se fundamenta en la noción de "falta de servicio", consistente en el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los derechos y obligaciones impuestos por el ordenamiento jurídico a la actividad estatal en cuestión. Al resultar indiferente la comprobación de un supuesto de culpa o dolo por parte de un agente del Estado, pues lo que importa es la demostración del funcionamiento defectuoso del servicio estatal, se trata de un supuesto de responsabilidad directa y objetiva del Estado. (Voto de la jueza Ana María Conde).
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: LASYSE  S.A. c/ ALINSA  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-11

Si el profesional solicita la regulación, ella debe practicarse aún cuando el ex-cliente alegue la existencia de un pacto de cuota litis. El análisis de la oponibilidad de tal instrumento es prematuro en esta etapa, en la cual sólo cabe fijar el importe de la retribución; y dicho pacto debe ser invocado cuando el letrado pretende el cobro de la misma.
Medida de no innovar, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora, contracautela
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Coto, Guillermo Emilio c/ Telefónica de Argentina s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-05

Es condición básica para la medida de no innovar la configuración de los extremos previstos en el artículo 230 C.P.C.C . De modo que, sin mengua de ponderar la razón última de la medida, vale decir, la de evitar se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, cabe exigir todavía, como presupuestos insoslayables de tal procedencia, la configuración de verosimilitud en el derecho invocado ("fumus bonis iuris") y el peligro del daño irreparable en la demora (:"periculum in mora") recaudos a los que debe unirse el tercero, previsto de modo genérico por el artículo 199 del citado ordenamiento normativo.
Superintendencia de Seguros de la Nación, poder de policía, asegurador, competencia contencioso administrativa
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A. c/ Superintendencia de Seguros de la Nación s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

Dado que la demanda se sustenta en la ley 20.091, que determina la actividad de control que debe ejercer la Superintendencia de Seguros respecto a las entidades aseguradoras, que valoran una actitud típicamente comercial para cuyo mérito y el del control consecuente está habilitado el fuero respectivo; a lo que se agrega que la norma contiene un sistema específico para recurrir judicialmente las sanciones que aplique ese organismo en el ejercicio de su función (confr. art. 83, ley citada); resulta adecuado que el mismo tribunal -y no este fuero Contencioso Administrativo Federal- entienda en el sub lite, ya que se cuestiona la falta de control ejercido por la Superintendencia de Seguros con relación a una Cooperativa de Seguros Ltda. (conf. esta Sala in re, 7/12/93 "París"; 24/5/94 "Catalano de Ale").