marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alteración de la tranquilidad pública, bien jurídico protegido
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: T, O. L. y Y, R. E. s/ Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

El ofrecimiento o demanda de servicios sexuales para sí u otras personas en los espacios públicos constituye un ejemplo del uso abusivo por parte de quienes desarrollan dicha actividad en beneficio propio, privando así a otros ciudadanos que no comparten su estilo de vida de la necesaria tranquilidad para el disfrute pacífico de los espacios públicos, flotando una sensación de abandono en el uso de los mismos especialmente respecto a aquellas personas que por razones de edad y creencias profundamente arraigadas en su conciencia optan por evitar los conflictos que la disputa por dicho espacio ocasionaría y a los cuales el Estado también debe proteger buscando el delicado equilibrio que la situación amerita.

Se debe evitar la confusión de creer que para alterar la tranquilidad pública es necesario que se suscite un escándalo descomunal producto de la concentración de ruidos, perturbación del tránsito de personas o vehículos, con hostigamiento o exhibiciones como lo requería el antiguo artículo 71 del Código Contravencional.

En el momento actual es indudable que el legislador ha considerado que el ejercicio de la prostitución callejera altera la tranquilidad pública de los vecinos cuando se lleva a cabo en esta particular forma que, no es la única forma de ejercerla y constituye una conducta disvaliosa para la convivencia urbana. (Del voto en disidencia del Dr. Ventureira)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, ley sobre riesgos del trabajo, renta periódica, leyes, indemnización por muerte del trabajador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: SAN JUAN, STELLA MARIS c/ NACION A.F.J.P s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE PESOS-DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 174 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-13

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de la Sala que declaró la inconstitucionalidad de los apartados primero del artículo 18, segundo del artículo 15 y primero del artículo 19 de la ley 24557, desde que las aseveraciones de la demandada recurrente no exhiben aptitud para poner en tela de juicio el razonamiento del "A quo", respecto de que la renta periódica desnaturalizaba el fin reparatorio perseguido y la convertía en una reparación absurda que no alcanzaba a satisfacer las efectivas necesidades de subsistencia, agregando que las entidades a que la ley 24557 atribuye la administración e inversión del capital no son asociaciones sin fines de lucro y que para su funcionamiento además necesitan de una importante infraestructura general de elevado costo, todo lo cual hace que el beneficio o renta que pueda proporcionar el capital correspondiente a los derecho habientes sufra una merma en detrimento de estos últimos.

Y, como necesaria derivación de lo expuesto, coligió que el sistema de la ley 24557 atenta contra lo dispuesto en los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional, por afectar la protección del trabajador, la igualdad y el derecho de propiedad.

La reseña precedente es demostrativa de que bajo ningún aspecto se presentó en el caso un error hermenéutico capaz de dar curso al medio impugnatorio previsto en el referido inciso 3ro. del artículo 1 de la ley 7055, siendo evidente que, se compartan o no, los motivos brindados por la Sala sirven para sostener eficazmente la declaración efectuada en el caso.
Inadmisibilidad del recurso, excarcelación, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: GASSAN SABA, Ricardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-24

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la resolución que confirmó el rechazo de la excarcelación solicitada por el encausado, toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción de esta Cámara, y la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones ha satisfecho el "derecho al recurso".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, regulación de honorarios, acto administrativo, empleados públicos, cargo, acción de reintegro
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Pérez, Noemí Del Valle c/ Municipalidad de Coronda s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-12-05

A tenor del relato de los antecedentes del caso brindado por la propia compareciente así como de sus escasas alegaciones, no alcanza a vislumbrarse en este estadio que la resolución recurrida no se halle en línea con la doctrina sentada en precedentes de esta Corte, según los cuales tiene contenido patrimonial el proceso en el que se reclama, además de la anulación del acto administrativo impugnado, el reintegro a la situación jurídica que se dice vulnerada, en su aspecto económico -más allá de la suerte que corra esa pretensión-, tornándose por ende operativo el artículo 8 de la ley 6767, respecto de la determinación de la cuantía del juicio. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 209, p 58; T 178, p 292; T 183, p 277; T 163, p 435; T 56, p 100. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículo 8
Violencia digital, medidas cautelares, Ley Olimpia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: C. G. Z  c/  s/ protección contra la violencia de género
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-06-14

En el marco de una denuncia por violencia de género efectuada por una joven a causa de la obtención de imágenes sin su consentimiento, si bien corresponde declarar la incompetencia, deviene procedente ordenar el cese de los actos de perturbación e intimidación y disponer, como medidas preventivas, la prohibición del denunciado de acceso a la vivienda, de acercarse a una distancia menor a 200 metros y de mantener cualquier tipo de contacto con la víctima, toda vez que los hechos encuadran en una situación de violencia digital o telemática la cual se encuentra prevista en la Ley 27736, conocida como Ley Olimpia, definida como toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basadas en su género que sea cometida, con la asistencia, utilización o apropiación de las tecnologías de la información y de la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o a su grupo familiar.
Recurso de casación, sentencia arbitraria, admisibilidad del recurso, examen preliminar
Materia: PROCESAL
Carátula: ROJAS MARCOS ARIEL s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-11

En el sistema procesal local, la arbitrariedad de la sentencia no constituye motivo autónomo de casación; sino que debe estar referida a alguna de las causales que habilitan la instancia extraordinaria local; esto es, violación o errónea aplicación de normas de derecho procesal o sustantivo.

Si bien incumbe a esta Corte Suprema de Justicia juzgar sobre la existencia o inexistencia de un supuesto de arbitrariedad de sentencia denunciado, ello no exime a los órganos judiciales que deben expedirse sobre la concesión del recurso de casación, de resolver circunstanciadamente si los motivos expuestos cuentan con fundamentos para sustentar la invocación de esta excepcional doctrina.

De no ser así, la jurisdicción extraordinaria se vería habilitada o denegada sin razones que expliquen uno u otro resultado, en perjuicio al derecho de defensa de los litigantes. Cuando se ha invocado el déficit de arbitrariedad, es necesario una apreciación mínima y provisional de los fundamentos esgrimidos por el impugnante, a fin de establecer si el planteo ha sido motivado, y guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso.

En el primer juicio de admisibilidad, el Tribunal de mérito no determina si la sentencia es o no arbitraria, sino que analiza si el planteo formulado, encuadra en una hipótesis abstracta de arbitrariedad que no resulte manifiestamente ajena a la litis. Tal examen no importa un juicio pleno y definitivo sobre la corrección jurídica de lo resuelto, sino que tiende a verificar el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad propios de la vía extraordinaria local.
Allanamiento domiciliario, consentimiento del morador
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DUTRIA, VILMA Y OTRO s/ RECURSO DE CASACION Causa 259
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

La mera ausencia de reparo no puede equipararse a una autorización suficiente, no puede haber consentimiento tácito a un allanamiento domiciliario. Para que la ausencia de objeciones a una inspección domiciliaria pudiese ser entendida como un consentimiento, tal actitud debe hallarse expresada de manera que no queden dudas en cuanto a la plena libertad del individuo al formular la autorización (voto en disidencia del Dr. Hornos).
Sociedades comerciales, control de sociedades, responsabilidad de la sociedad, obligaciones solidarias, obligaciones simplemente mancomunadas
Materia: COMERCIAL
Carátula: JABIF, RICARDO. c/ BONINA Y TOMASINI SOCIEDAD ANONIMA. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-20

El mero incumplimiento contractual por parte de la sociedad controlada no puede dar lugar para responsabilizar a la controlante, sobre todo si no se ha demostrado la imposibilidad actual de satisfacer las obligaciones contractualmente asumidas por aquélla tampoco existe solidaridad entre controlante y controlada: en derecho comercial la solidaridad se encuentra sujeta a los mismos principios que rigen en materia civil. Es así que la misma no se presume, debe ser expresa, ya que en el área mercantil solo existe solidaridad en los casos especiales en que aparece consagrada por la ley o cuando las partes así lo convienen. De lo contrario, el vínculo es siempre simplemente mancomunado.

No existirá, por fin, mancomunación si la controlante no participó en el negocio jurídico ni asumió, en consecuencia, responsabilidad alguna.
Recurso de queja (procesal), interposición del recurso
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L, J. J. s/ Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-28

En régimen general de los recursos, el de queja -de allí su nombre- est concebido como un medio para hacer conocer a un tribunal superior que otro inferior ha denegado la concesión de un recurso, pudiendo el primero efectuar un nuevo examen sobre su admisibilidad y, si entiende que la denegatoria es contraria a derecho, mutar la decisión del segundo y, en consecuencia, conceder el recurso originalmente denegado.

Conforme tal entendimiento, las leyes procesales han previsto que los recursos de queja deben ser interpuestos y tramitados ante el tribunal ad quem; así lo prescriben los artículos 476 del Código Procesal Penal de la Nación, 282 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 250 Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. En el caso, se vislumbra claramente que el recurso de queja ha sido mal presentado, ya que el mismo se impetró por ante el Juzgado de la instancia anterior, escollo éste insalvable a los efectos de la concesión del remedio procesal intentado. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Daño, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: TOCCOLI JUAN CARLOS s/ HURTO  CAMPESTRE - DAÑO - ROBO - CONCURSO REAL - RECURSO DE CASACION    REFORMATIO IN PEIUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-20

El daño como delito contra la propiedad atenta contra el valor económico de la cosa extinguiéndola o disminuyéndola y esa lesión afecta al dueño o en su defecto al poseedor, aunque el derecho a exigir la indemnización del perjuicio causado por el delito corresponda a otra persona. Ese delito recae también sobre una cosa inmueble aunque se trate de un inmueble por accesión , como es el alambrado de un campo.

La materialidad del daño implica, entre otras conductas, destrucción o inutilización , lo que sin duda se produjo en autos, con el corte del elemento en cuestión .

Lo importante es que la cosa, aunque subsista, se vea perjudicada en su valor y ese perjuicio debe ser obtenido mediante un querer directo del autor -dolo directo- como surge claramente, de la decidida actitud de los autores del hecho al cortar el alambre.-
Recurso extraordinario federal, sentencia definitiva, sentencia absolutoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Flores Núñez, María Aurelia s/ art.  5  -  inc.  c - ley 23.737 causa n 1036.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Es definitiva a los efectos del art. 14 de la ley 48 la resolución que ha puesto fin al proceso con el dictado de la sentencia absolutoria.
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: U., C. F. c/ G. y L., C. A. y otros s/ Acción de reclamación de estado y petición de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-09

El valor de convicción de los elementos considerados por el juez, debe ser analizado en su conjunto, relacionando unos con otros y todos entre sí, y no separadamente (S.C.B.A., en "D.J.B.A.", t. 71, p. 30; esta Sala III en "D.J.B.A.", t. 50, p. 182).
Costas al querellante, costas al vencido, principio objetivo del vencimiento, interés concreto
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BERTA, Angel B. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-16

En el sistema procesal impera como regla general el hecho objetivo de la derrota como base para la imposición de la condena en costas como consecuencia de que, quien promueve una demanda lo hace por su cuenta y riesgo, con prescindencia de la buena o mala fe con que la parte vencida pudo haber actuado durante la sustanciación del juicio, y encuentra su fundamento en que se debe impedir que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho, se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o defenderse para pedir justicia, de modo que las excepciones a ese principio deben aplicarse con criterio restrictivo, el cual es corolario de la teoría objetiva del riesgo, que tiende a reparar los gastos que se ha visto obligado a realizar quien indebidamente fue vinculado al pleito por la contraparte, a fin de que se reconozca el derecho que le asistía.

La sola creencia subjetiva del litigante de la razón probable para litigar no es por sí suficiente para eximir del pago de las costas al perdidoso, pues es indudable que todo aquél que somete una cuestión a los tribunales de justicia, es porque cree tener la razón de su parte, mas ello no lo exime del pago de los gastos del contrario si el resultado del juicio no le es favorable.

En consecuencia, corresponde revocar el auto que eximió de costas a la querella.
Recurso de reposición (procesal), Superior Tribunal de Justicia, auto de Presidencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., J. O. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL- (RECURSO DE RECONSIDERACION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-05

En cuanto a la pretendida nulidad del decreto impugnado, en el entendimiento de que la reposición debió ser juzgada por la Corte en pleno, corresponde señalar que la mecánica establecida en el artículo 22, apartado 2, punto 2 de la ley 10160, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 345 segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial, faculta al Presidente de la Corte Suprema al dictado de las providencias de trámite, con recurso de apelación ante el Cuerpo e incluso de rechazar sin trámite impugnaciones notoriamente inadmisibles o improcedentes, circunstancia que descarta de plano el exceso de jurisdicción atribuido; que además éste ha sido el iter recursivo seguido por el propio recurrente ante la interposición de la presente revocatoria ante este Corte, conducta que despeja toda posible lesión o agravio al derecho de defensa en juicio. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 277, p 438. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 345, segundo párrafo; Ley 10160, artículo 22, apartado 2, punto 2
Prescripción de la acción penal, inconstitucionalidad, secuela de juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FRIDMAN de SANCHEZ, Flora s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-17

No se vislumbra que lo establecido en el art. 67, inc. 4°, C.P., sea contrario al art. 18 de la Carta Magna, toda vez que los actos considerados como secuela de juicio son -con exclusividad- los que representan naturaleza persecutoria por parte de la actividad estatal.
Violencia familiar, hogar conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: N.N c/ N.N s/ VIOLENCIA FAMILIAR (Ley 7943)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-11-22

Toda controversia sobre la atribución del hogar conyugal y alimentos exceden el objeto de esta acción y se deben ventilar por la vía pertinente, en este caso en el juicio de divorcio. De lo contrario se desnaturaliza la finalidad de la ley 7943, que lleva a la cesación del riesgo que pesa sobre las víctimas, evitando que los perjuicios que sufren, a causa del mal trato se agraven, pudiendo resultar irreparables.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Acevedo, Rubén Oscar s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-29

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si al invocar plena prueba confesoria el sentenciante no transgredió el régimen de los arts. 235 y 236 -n.a.- del C.P.P..
Competencia federal, Estado Provincial, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación  Usuarios  y  Prestatarios de servicios del Puerto deSanta Fe c/ Ente  Administrador Puerto de Santa Fe s/ juicioordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

La intervención del fuero federal en las provincias es de excepción, es decir, se encuentra circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las normas constitucionales y las leyes que fijan su competencia que son, por su naturaleza, de interpretación restrictiva.
Sentencia condenatoria, declaración policial, apreciación de la prueba, presunciones
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: QUIROZ, ROCIO AYELEN c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-21

No se advierte que la impugnante logre demostrar irrazonabilidad en la labor de los Judicantes al valorar la declaración prestada por la imputada en sede policial pues, si bien las declaraciones prestadas ante la prevención policial -circunscripta su finalidad a la orientación de la investigación- no constituyen confesión, ello no significa que carezcan de todo valor probatorio, desde que valen como mero indicio siempre que se encuentren corroboradas por otras pruebas; y el marco fáctico que sustenta en el caso la condena reconoce múltiples y variadas fuentes alternativas a la prístina asunción por la imputada de su responsabilidad. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta).
Admisibilidad de la petición, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, REPÚBLICA ARGENTINA, excepción de falta de agotamiento de los recursos internos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - Sr. X Vs. Argentina - Derechos de las personas detenidas - Atención, cuidados y rehabilitación en relación adecuada al estado de salud c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2011-04-11

Conforme los términos del artículo 2, párrafo (d) del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, se declara admisible la petición de quien a pesar de no haber agotado los recursos internos - específicamente el extraordinario federal, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, acudió durante más de tres años ante los tribunales argentinos solicitando su detención domiciliaria, traslados e internamientos en centros de rehabilitación apropiados de acuerdo a su grave estado de salud, máxime cuando la prolongación de la tramitación sólo contribuiría a aumentar el riesgo que corre su vida y el Estado no ha podido justificar de qué manera aquél recurso, hubiera resultado efectivo y adecuado a los fines de reparar las posibles violaciones alegadas.
Leyes, competencia contencioso administrativa, interpretación de la ley, Superior Tribunal de Justicia, sanciones administrativas, Administración Pública, recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestión de derecho público local, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Transporte Maxi S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso   Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación   (Expte. CSJ Nº 258-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-09-23

El sistema establecido por el Código Contencioso Administrativo Santafesino (ley 4106), que establecía la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en instancia originaria para entender en la revisión de los actos administrativos por la vía amplia del recurso de plena jurisdicción, con posibilidad de cuestionar posteriormente el fallo por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, -de concurrir los requisitos previstos por el artículo 14 de la ley 48-, garantizaba -frente a sanciones de naturaleza administrativa- un efectivo control judicial suficiente de la actividad de los órganos administrativos. Por tanto, siendo que la evaluación de la conveniencia o eficacia de los medios arbitrados por el legislador para lograr los fines por él propuestos, son materia ajena al Poder Judicial, la circunstancia de que las conclusiones de tal análisis fueran adversas a la postura de la recurrente, en modo alguno puede justificar la apertura de la instancia extraordinaria.
Daños y perjuicios, indemnización, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B.Z., J.A. y Otros c/ E.P.F.S. SA s/ Demanda Laboral -Haberes e Indemnizaciones de Ley-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-30

"Aún en materia de indemnización la carga de las costas es cuestión que debe examinarse frente al caso en conflicto".
Moratoria impositiva, desistimiento, recurso contencioso administrativo, caducidad, honorarios
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: LOS DOS CHINOS SCA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 41-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-06-13

Habiéndose extinguido la relación procesal por perención de instancia y no por el "desistimiento" autorizado por la ley 9105 de moratoria impositiva, no corresponde aplicar el art 8, inc m) de la ley arancelaria, ya que no se da la virtual transacción que torna aplicable dicha norma, debiendo efectuarse la regulación de honorarios de acuerdo a las normas de la ley 6767, arts 3, 4, 6, 7 inc 1) apartados 2, 21 y 37, que no resultan modificadas por lo dispuesto en la ley 9105.
Decretos, decreto reglamentario, ley federal, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Antonio Manuel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia  S.A. s/ accidente-acción civil.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

El decreto 941/91 reglamentario de la ley 23.928, participa de la naturaleza federal de esta ley.