Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, inconstitucionalidad, aplicación de la ley penal, dictamen fiscal, ley más favorable, debido proceso, fiscales
Materia: PENAL
Carátula: ACOSTA, Marcos Ramón c/  s/ legajo de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-26

Corresponde hacer extensiva al ámbito recursivo la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa a la falta de acusación (cfr. "García", Fallos 317:2043, "Tarifeño", Fallos 325:2019 y "Cattonar", Fallos 318:1234), pues si la posición acusatoria y valorativa de la prueba del juicio asegura el contradictorio y habilita la potestad de juzgar, de la misma manera debe interpretarse que si el Fiscal General ante esta Cámara -en tanto superiores jerárquicos del Fiscal de Instrucción- declinan la pretensión acusatoria allanándose a la pretensión de la defensa, el juzgador en la etapa recursiva no puede suplantarlo en su rol sin romper el juego de equilibrio entre las partes. Es que las formas sustanciales del juicio requieren de acusación, defensa, prueba y sentencia, dictada por los jueces naturales, dotando así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal, reconociendo de esta manera el carácter acusatorio que debe iluminar la legislación procesal penal, en respeto de la garantía de debido proceso legal (art. 18 C.N.). Esta postura resulta congruente, además, con el principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal, y encuentra sustento en razones constitucionales, así como en la defensa del interés público (art. 120 de la C.N y arts. 1 y 25 y 28 de la ley 24.946). A la luz de lo expuesto, y dado que el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, solicitó que se haga lugar al recurso de casación interpuesto y se revoque la resolución impugnada con fundamentos suficientes para dar por cumplido en el caso el requisito de razonabilidad (Arts. 18 y 28 C.N.), corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto. Amén de la decisión que corresponde adoptar en el caso en aplicación de la garantía de debido proceso, resulta apropiado entender que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pesar de la existencia de múltiples votos individuales concurrentes, ha concluido que la tenencia de estupefacientes para consumo personal siempre que se realice en condiciones tales que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros, es considerada como una de las "acciones privadas de los hombres" que el artículo 19 del texto fundamental excluye de la autoridad de los Magistrados y reserva solamente a Dios.

La aplicación de los principios emanados de esta doctrina a casos como el de autos, el relevamiento de la realidad carcelaria y la defensa que procuramos allí hacer del valor dignidad en la persona humana privada de su libertad, hacen que no sea posible presumir, como se pretende, que la tenencia de estupefacientes para consumo personal por parte de un interno afecte siempre los derechos de otros internos. Sino que es necesario, tal como ha quedado expresado por el Máximo Tribunal, que si se pretende criminalizar la conducta, deba demostrarse una afectación concreta a derechos o bienes de terceros, porque de otro modo se estaría violando el principio de lesividad consagrado en el texto constitucional. Y es en esta inteligencia, que debe entenderse que aun encontrándose alojado en una unidad penitenciaria, y aun viendo reducido su espacio de autonomía personal, el individuo privado de su libertad goza de la protección a un ámbito de privacidad, amparado por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Las personas detenidas en un establecimiento carcelario gozan de todos los mismos derechos que los demás ciudadanos, a excepción de los que hayan sido legal y específicamente limitados. Desde una mirada dinámica y flexible del derecho como ciencia antropocéntrica cuyo principal objeto de análisis y estudio es la conducta humana en interferencia intersubjetiva; no es posible afirmar que la tenencia de estupefacientes para consumo personal, por parte de un interno dentro del establecimiento penitenciario, per se, cause o pueda causar un daño a bienes o derechos de terceros de modo tal que siempre sea considerado un delito; sin que ello implique una violación al principio de lesividad consagrado en el Artículo 19 de la Constitución Nacional y al derecho a la intimidad con la que cuenta todo individuo.

Por el contrario, si se pretende su punibilidad, se deberá demostrar de qué modo en el caso concreto dicha tenencia trajo aparejada un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros. En este escenario, entonces, se presenta razonable la argumentación del Fiscal General ante esta instancia toda vez que, en definitiva, sostiene que no puede colegirse que el imputado haya efectuado ostentación de la sustancia estupefaciente incautada ni que la tenencia del mismo se hubiera realizado en condiciones tales que implicara un peligro concreto o daños a bienes o derechos de terceros. Esta postura resulta congruente, además, con los principios de unidad y jerarquía de actuación del Ministerio Público Fiscal, y encuentra sustento en razones constitucionales, así como en la defensa del interés público (art. 120 de la C.N y arts. 1 y 25 y 28 de la ley 24.946). Entonces, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, revocar la resolución recurrida, aplicar la doctrina del precedente Arriola desarrollada precedentemente, declarar la inconstitucionalidad del art. 14, 2º párrafo, de la Ley 23.737 para el caso en estudio y, consecuentemente, absolver al encausado en orden al delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal (art. 470 del C.P.P.N.). Dres. Hornos, Borinsky y Carbajo.