marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, notificación, nulidad de la notificación, subasta
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Hipotecario SA c/ Iglesias, Gonzalo Martín y otro s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-11

Ha sido sostenido en posición que se comparte, que cuando se alega la nulidad de la citación de remate por falsedad del domicilio en el que se diligenció, no es menester que el recurrente individualice y especifique las defensas de las que se ha visto privado por esa diligencia mal cumplida, pues el perjuicio sufrido resulta de la misma naturaleza del acto procesal de que se ha visto privado, esencial para hacer efectiva la garantía de defensa en juicio (Colombo - Kiper, "Código procesal. Anotado y comentado", T. V, pág. 227, edit. La Ley).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, aclaratoria (procesal), depreciación monetaria, cosa juzgada, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: Francisco SENOSIAIN c/ CITROEN ARGENTINA  S.A. s/ RECURSO    EXTRAORDINARIO   -  INTERPOSICION  -  PLAZO  -  TERMINO  -  ACLARATORIA - DEPRECIACION MONETARIA  -  COSA  JUZGADA  -  DERECHO DE  PROPIEDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-17

No constituye derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias del caso la decisión que, so pretexto de corregir un error material, introdujo una cuestión que ya había sido resuelta de manera distinta y que se encontraba firme -computó sobre cantidades en juego la actualización monetaria en forma distinta a la fijada en la primitiva sentencia-, por lo que el a quo no sólo excedió las facultades que le otorgaba el art. 104 de la ley 18.345 en tanto permite corregir en cualquier estado del juicio errores aritméticos o de nombres-, sino que, además, desconoció los derechos reconocidos por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, los que se encuentran incorporados al patrimonio del afectado y protegidos por el art. 17 de la Constitución Nacional, de modo que no podía ser privado de ellos sin que se viole el mencionado precepto constitucional.
Obligaciones de dar sumas de dinero, desindexación
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRIZO JOSE LUIS c/ ORTIZ CARLOS A. Y OTRO s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-09-02

Quien solicita la aplicación de la Ley 24.283 debe probar el presupuesto de hecho que la justifique, es decir no basta que se limite a invocar el pedido de desindexación, sino que debe demostrar y convencer al juez de que el índice aplicado no guarda relación con la economía real y el valor de los bienes o prestaciones involucradas, lo que torna a las obligaciones en objetivamente injustas.

Que, como consecuencia, tal acreditación constituye un presupuesto que debe revestir el carácter de "... manifiesto, notorio, patente..."
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, sentencia, extradición, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Ventura, Giovanni Battista s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

La especial naturaleza de los procedimientos de extradición, que los diferencia de los juicios criminales propiamente dichos, no puede llevar a la conclusión de que el sujeto requerido no se encuentra amparado por la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Pena, estado de derecho
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Pupelis, María Cristina y otros s/ robo con armas -causa nx 6491.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

La proporcionalidad de la pena no puede resolverse en fórmulas matemáticas sino que sólo exige un mínimo de razonabilidad para que la conminación penal pueda ser aceptada en un estado de derecho.
Inconstitucionalidad, reincidencia, cuestión federal, flagrancia, transporte de estupefacientes, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Toro, Claudio Hernán c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-20

Uno de los votos concurrentes destacó que no procede el planteo planteo de la inconstitucionalidad de la reincidencia, puesto que se trata de una cuestión federal dirimente, y el otro voto concurrente agregó que ante un delito flagrante de transporte de estupefacientes, las fuerzas de seguridad están llamadas a impedirlo, que los agravios demuestran su mera disconformidad con lo resuelto, sin que pueda advertirse la arbitrariedad invocada ni la violación a las garantías constitucionales alegadas. (Dres. Borinsky, Gemignani -voto concurrente- y Hornos -voto concurrente-).
Recurso extraordinario, cuestión federal, Cámara Federal de Casación Penal, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Capuano, Gustavo Ignacio c/  s/ infracción ley 22.415
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

Siempre que, en el ámbito de la justicia penal nacional, se invoquen agravios de naturaleza federal que habiliten la competencia extraordinaria de la Corte, éstos deben ser tratados previamente por la Cámara de Casación Penal, en su condición de tribunal intermedio, constituyéndose de esa manera en el tribunal superior de la causa a los efectos del artículo 14 de la ley 48. -Del dictamen de la procuración General al que la Corte remite-.
Abuso sexual, agravantes de la pena, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: P., A. s/ Abuso sexual seguido de muerte r/ víctima M.M.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-11-13

Todos los autores excluyen la aplicación de la agravante cuando el autor ha actuado con dolo directo, causando intencionalmente la muerte de la víctima, como lo requieren los anteúltimos párrafos de los artículos 142 bis y 170 del CP.
Competencia de la Corte Suprema, ejecución fiscal, impuestos provinciales, Impuesto sobre los ingresos brutos, competencia provincial
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Genneia S.A. s/ inhibitoria en autos: 'Dirección General de Rentas de la Provincia de Chubut c/ Genneia S.A. s/ ejecución fiscal'
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20

Si el título que sirve de base a la ejecución promovida por la Provincia del Chubut fue expedido como consecuencia de actos administrativos dictados por la Dirección General de Rentas en el procedimiento de determinación de oficio del impuesto a los ingresos brutos, con apoyo en normas locales, no corresponde que la Corte asuma competencia en la causa promovida por un Estado local por cobro de gravámenes reclamados con arreglo a su legislación, ya que la recaudación de sus rentas es una función que sólo a éste le incumbe.
Tercería de dominio, boleto de compraventa, embargo, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TERCERIA DE DOMINIO PROMOVIDO POR EL SR. LOHIDOY HUGO ORLANDO EN AUTOS:NUÑEZ JUSTO ABDALA c/ LUIS RICARDO REPISO s/ EJECUTIVO. EXPTE. N 10310/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-04-16

La aplicación de la segunda parte del art.150 de la ley 19551 (ratificada por ley 24522, art.146, segundo párrafo) no puede considerarse violatoria de la garantía del derecho de igualdad, por ser igualmente razonable la protección que la norma brinda a los adquirentes de bienes destinados a vivienda, pues el acceso a una vivienda digna tiene tutela constitucional.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Iaies Gustavo Fabián c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Incidente de Apelación de Medida Cautelar Aires s/ Incidente de Apelación de Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-06

En el caso, el actor solicitó en otro expediente la suspensión de la ejecución del acto y la declaración de la prohibición de innovar. El magistrado dispuso la suspensión y la misma no ha sido modificada al día de la fecha en ese expediente, por lo cual carecería de sentido el tratamiento de tal cuestión en esta causa. De lo contrario, se dictaría una medida que afectaría a otro litigio.

Es decir, dado que la medida cautelar que ha sido solicitada por el actor en este expediente, ya ha sido otorgada en otro y no ha sido dejada sin efecto por una resolución judicial posterior, deviene abstracta la resolución de la cuestión planteada.
Pena, sentencia, fundamentación de sentencias, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Huamani Aldave, Juan Rodolfo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-20

Resulta válida la apreciación del Tribunal que pondera para individualizar la pena impuesta al condenado, la cantidad de droga secuestrada, pues ello da la pauta del mayor grado de afectación al bien jurídico protegido. (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli).
DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN PREVISIONAL, prescripción
Materia: CIVIL COMERCIAL
Carátula: DIRECCION  DE  RECAUDACION  NACIONAL - INCIDENTE DE REVISION EN AUTOS "GANADEROS UNIDOS  S.R.L.  - QUIEBRA PEDIDA POR ACREEDOR" s/ INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-08-23

Quien invoca la prescripción liberatoria le basta con indicar el transcurso del lapso respectivo, que es un dato objetivo, de modo, que si objetivamente dicho lapso esta cumplido, al acreedor le incumbe la alegación y prueba en su caso de hechos suspensivos o interruptivos.

La prescripción se interrumpe por: la demanda, o actos judiciales equiparables, por el sometimiento de la cuestión a arbitraje, y por el reconocimiento expreso o tácito de la deuda (arts. 3986, 3988 y 3989 C. Civil.

La impugnación de una liquidación administrativa de deuda, no importa, de por sí un acto interruptivo, salvo que signifique, al propio tiempo un reconocimiento de la deuda aunque sea tácito, como por ejemplo, si se afirma que la deuda no existe, ningún valor tiene ello a estos fines.

La prescripción de una acción personal comienza desde que el derecho se formó o nació, o desde el ángulo del deudor, desde que se convirtió en tal. Dicho de otro modo, desde que se produjo el presupuesto de hecho fuente de la obligación.

En el caso, al tener personal respecto del cual debía hacerse y retener aportes, como dice el art. 3956 C. Civil, la prescripción corre desde la fecha del título de la obligación, o, lo que es lo mismo, desde que el crédito es exigible, aunque no sea líquido.

No debe confundirse "título" como documento en el que se instrumenta el crédito. El título, en la primera acepción lo constituye el hecho indicado, y en la segunda es si la certificación de deuda de la ley 18.820 es ejecutiva. Pero su inexistencia o el procedimiento para su formación carece de toda influencia en cuanto al curso de la prescripción, de lo contrario, estaría en manos del acreedor dilatar sine die el propio comienzo de aquella. Ese título documento es necesario para el ejercicio de la acción ejecutiva, pero nada le impide al acreedor perseguir su cobro por la vía ordinaria.
Competencia penal, declaración de incompetencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: Añón, Gladys. s/ Encubrimiento s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-03-29

Nuestro Código Penal, luego de determinar en el art. 27, que la incompetencia por razón de la materia debe ser declarada aun de oficio en cualquier estado del proceso, prevé los efectos que trae aparejada la inobservancia de las reglas relativas a la competencia en razón de la materia, sancionando el art. 28 la nulidad de las mismas con dos salvedades: la referida a la irreproductibilidad de determinados actos o a la intervención de un tribunal de competencia superior que haya actuado en una causa atribuida a otro de competencia inferior. Como el rito manda remitir el expediente al tribunal que considere competente, pero en la especie se ha dispuesto la remisión al de instrucción por los fundamentos que expresa el decisorio en crisis, parece como evidente que es éste último -inclusive por la evaluación de la validación de actos a que alude el art. 28- el que deberá aplicar y pronunciarse por los efectos nulificatorios a que alude el citado artículo. Es claro que la determinación de la calidad de irreproductibilidad de los actos queda sujeta a la libre interpretación del juez competente, sin recurso alguno. Opinión personal: Dra. Flores).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, robo, agravantes de la pena, robo con armas, concepto de arma
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En el caso la cuestión a resolver es: El   empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma    la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2º del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

Teniendo en cuenta que la esencia de la cuestión debatida es la real existencia de un peligro cierto y objetivo para la vida o integridad física de la víctima para configurar la agravante, el supuesto a que refiere una sentencia de un tribunal alemán -que tuvo que decidir si la amenaza de arrojar en la cara ácido clorhídrico era o no un arma-, lleva a considerar que si alguien amenaza a otro con un recipiente conteniendo un líquido humeante manifestándole que se trata de una sustancia química sumamente tóxica ¿habrá que estar a lo que determine la pericia posterior acerca de la mucha, poca o nula potencialidad lesiva del líquido en cuestión? o, en otro caso, cuando un sujeto que se manifiesta enfermo con HIV esgrime una aguja hipodérmica conteniendo un líquido que parece sangre y amaga con hincarla al agredido ¿habrá que establecer mediante la prueba bioquímica si se trata efectivamente de sangre y si ella es portadora del virus sidoso? y los ejemplos se pueden extender hasta el cansancio.

Que no se diga que se trata de un problema puramente probatorio que no hace al meollo del debate, porque no lo es. Está claro que la tesis que subordina la configuración del agravante a la existencia real del peligro objetivo, es la que genera esta clase de problemas probatorios que requieren necesariamente ex post la comprobación del presupuesto exigido con las dificultades antes apuntadas que producen más dudas que certezas, sumiendo la aplicación de la ley en un tembladeral de perplejidades. (Del Voto Del Dr. Fierro)
Contrato de trabajo, enfermedades, despido
Materia: LABORAL
Carátula: REALES MARCELO OSCAR c/ MINERA ALUMBRERA LIMITED s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27

El despido dispuesto por la empleadora del trabajador que se encontraba de licencia por enfermedad, y aun vencido el período de reserva del puesto de trabajo continuaba incapacitado para prestar tareas, resulta violatorio de los deberes establecidos en los arts. 62, 63 y 78 L.C.T., teniendo en cuenta el pedido formulado por el trabajador para que se le otorgaran tareas acordes a su nueva capacidad. Aun cuando la empleadora hubiera tenido dudas acerca de la condición física del actor para su reincorporación, en modo alguno la habilitaba a rescindir sin más el contrato (art. 210 L.C.T.).
Fallos de la Corte Suprema, resoluciones inapelables
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Espósito, Miguel Angel c/  s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa -Bulacio, Walter David-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-23

Las sentencias de la Corte Suprema no son inapelables por ser infalibles sino porque son finales y si no hubiera sentencias finales se incurriría en denegación de justicia (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, impugnación de decisión del directorio, ley de promociones, acción de nulidad, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: San Román, José Luis y otros c/ Imágenes Diagnósticas y Tratamiento Médico Sa y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-18

Es claro entonces que al no presentar el escrito original ante la Cámara, sino otro que definía los límites de la acción al tiempo de su sorteo, no es pertinente desde lo jurídico, dar algún efecto procesal o sustantivo a aquel que luego provocó el ingreso espurio. En definitiva, la ilicitud no puede generar derechos a quien la comete. Consecuentemente, corresponde calificar a la nueva asignación por sorteo como la regularmente válida, privando de todo efecto jurídico a la anterior presentación ya que había sido concretada con un escrito que fue ilícitamente sustituido o adulterado por el letrado apoderado de los aquí actores.
Seguros, interpretación del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Larrea, Juan Antonio y otras c/ Quitegui, Carlos Enrique s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-08-08

En materia de seguros ha de evitarse conferir a las cláusulas contractuales una inteligencia que, por vía de extensión o analogía, restrinja el alcance del riesgo asegurado. De mediar oscuridad o duda razonable, tiende a prevalecer la solución interpretativa más favorable a la subsistencia y operatividad de la obligación de la compañía aseguradora, toda vez que dado que ésta confecciona unilateralmente los términos contractuales en función de previsiones y cálculos actuariales, se presume que dicha tarea es producto de un obrar diligente (arg. art. 1198, Cód. Civil).
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios judiciales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado c/ Provincia de Buenos Aires (P. EJEC.) Coadyuvante: Rico Roca, Omar Raúl s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-21

El derecho genérico que la ley 10.839 reconoce, consiste en que las personas comprendidas puedan computar como trabajado el período que va desde la fecha de cese efectivo y la sanción de la indicada ley a fin de corregir una situación injusta. La ficción legal que permite a los magistrados y funcionarios incluidos en la norma obtener el beneficio teniendo en cuenta servicios no prestados no puede llevar a desconocer que no puede haber simultaneidad entre ellos y los servicios efectivos ya que se trata de conceptos antagónicos.
Inadmisibilidad del recurso, insuficiencia del agravio, sustitución de la multa, prisión
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Figueroa, Maximiliano Jorge Isaac c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-27

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra la resolución que no hizo lugar al pedido de sustitución del pago de la multa de cuarenta y cinco unidades fijas por días de prisión impuesta al encausadotoda vez que los planteos que la defensa ha traído a conocimiento de este tribunal no logran conmover los argumentos por los cuales el referido órgano jurisdiccional resolvió el rechazo del pedido de la defensa. El tribunal sostuvo que ".la conversión aquí analizada deberá ser utilizada como última ratio, y previo descarte de las medidas alternativas propuestas por la norma concreta, lo que no aconteció en estos actuados dado que la defensa no ofreció al Tribunal ninguna otra variante que no sea la conversión de los días de prisión. Es decir, que la parte peticionante no ha agotado las opciones que prevé el Código Penal para estos casos".
Medidas cautelares, coerción personal, pena, principios procesales
Materia: PROCESAL PENAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: M, O s/ RETENCION INDEBIDA     EXCARCELACION      EXPTE NRO 82-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-20

Las medidas de coerción personal en modo alguno pueden equipararse a una pena, sino que se trata de métodos de actuación en el proceso previo. Es justamente el artículo 67 inciso 11 de la Constitución Nacional que cita la defensa el que deja a la legislación provincial su determinación. El artículo 9 de la Constitución Provincial que contiene el principio de inocencia declamado por la defensa, es el que en su penúltimo párrafo implicitamente contempla y admite las medidas de coerción personal en el proceso, al establecer las condiciones de alojamiento distintas a que deben ser sometidos los encausados y procesados en relación a los penados y condenados.
Instrumentos privados, doble ejemplar, eficacia del acto jurídico, valor probatorio, principio de prueba por escrito
Materia: CIVIL
Carátula: SCIANGULA HECTOR R. c/ VALVERDE HIGINIO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-10

La omisión del doble ejemplar afecta la eficacia probatoria del instrumento único, pero no determina la nulidad del acto instrumentado, que puede acreditarse por otros medios (arg. art.

1023 del Cód. Civil). El documento en sí no carece totalmente de valor, pues puede servir como principio de prueba por escrito si reúne los extremos exigidos por el art. 1192 del código citado, es decir, si se trata de un documento que emana del adversario y hace verosímil el hecho litigioso. No hay que confundir el vínculo contractual con la prueba de existencia, porque el doble ejemplar no tiene otro objeto que poner a las partes en un pie de igualdad para poder pedir el cumplimiento de lo pactado. La falta de redacción de un convenio en doble ejemplar no importa su invalidez y lo único que sucede es que el instrumento carece de eficacia para servir de suficiente prueba (art. 1023 del Cód. Civil). El contrato celebrado continúa siendo perfectamente válido y las partes pueden demandarse su cumplimiento si por otros medios de prueba pueden acreditar su celebración.
Trámites judiciales, liquidación, actualización monetaria, depósito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DOMDINGUEZ EN J:DOMINGUEZ c/ SILVA s/ Ordinario (LIBRO: A068 - 081)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-11-22

El depósito por si solo no basta para fijar un límite en la actualización, sino que, ésta, debe computarse hasta que exista libre disponibilidad del retiro para el acreedor. El objeto debido, según el principio de integridad, debe ser completo, abarcando toda la cuantía de lo debido, dentro de la cual se halla la desvalorización monetaria, la que debe ser calculada hasta el momento de la percepción por parte del acreedor y no al de la fecha del depósito.
Robo calificado, tenencia ilegítima de armas de guerra, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: Mieres Ricardo y otros s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-21

En el plano normativo el robo calificado por el uso de arma de fuego no absorbe el de tenencia o portación ilegítima de arma de guerra sin la debida autorización legal, debido a que tienen distintos ámbitos de protección y momentos de consumación. El robo es un delito de daño tanto para la propiedad como para la integridad física y es instantáneo, en tanto la tenencia y la portación son delitos de peligro abstracto que afectan a un indeterminado número de personas, que no coinciden con las víctimas del robo y son de carácter permanente. Si no pudo probarse la previa posesión de las armas, no puede escindirse la tenencia de arma de guerra como hecho autónomo del robo calificado reprochado a los imputados, así, lo acontecido constituye una única conducta donde los delitos en juego concurren en forma ideal. La disidencia afirmó que la portación del arma es complementaria del robo calificado por su utilización, ya previsto por el legislador como agravante, y que se trata de un concurso aparente de tipos penales en donde el robo agravado desplaza al de portación.