marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, derivación no razonada del derecho vigente, leyes, jurisprudencia, indemnización tarifada, intereses, tasas, capitalización de intereses
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PANIAGUA, MARIANA RAQUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-27

Lo resuelto por la Alzada no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias particulares de la causa, al no justificar debidamente ni el Juez a quo, ni la Sala, la razonabilidad de los intereses fijados en el caso -el doble de la tasa activa-, con el agravante de disponer una capitalización bimestral -una vez firme la planilla e intimado el pago-, apartándose así de lo resuelto por el artículo 770, inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme lo dicho por esta Corte in re "Olivera". (Del voto del Dr. Spuler, al que adhiere el Dr. Gutiérrez) - CITAS: AyS T 284 p 448/451; AyS T 286 p 351. REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 770, inc. a). - Jurisprudencia vinculada: Olivera, AyS T 278, p 295/308, sumario J0043310; Borda, AyS T 291, p 270, sumario J0045158; Esquivel, AyS T 296, p 28, sumar o J0046036.
Contrato de obra, precio, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bordon, Alcides y otro c/ Caruso, Antonio s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-29

Establece el artículo 1.629 del Código Civil que puede contratarse un trabajo o la ejecución de una obra, conviniendo en que el que la ejecute ponga sólo su trabajo e industria o que también provea la materia principal. En autos los materiales han sido provistos por el que encargó la obra. A su vez el artículo 1.636 establece que el precio de la obra debe pagarse al hacerse la entrega de ella de no haber plazos estipulados en el contrato. Argumentándose en autos la existencia de pago es al deudor a quien incumbe su prueba (art. 724 Cód. Civil), siendo el medio por excelencia el documentado por medio de recibo. No existiendo el mismo, según lo reconoce la requirente, mal puede darse tal valor a las anotaciones unilaterales del deudor en hojas de cuaderno desconocidas, que tampoco tienen el valor de libros de comercio, bajo el argumento de tratarse de usos y costumbres mercantiles que en la especie mal pueden tener los alcances pretendidos ni cobijo legal.
Funcionarios judiciales, honorarios, elecciones
Materia: PROCESAL
Carátula: UCR. c/ JUZGADO FEDERAL DE NEUQUEN (SECRETARIA ELECTORAL) s/ RECURSO  DE  HECHO  -  PEDIDO  DE  PERSONERIA  - APELACION HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06

Carece de derecho a la percepción de honorarios, quien en su carácter de secretaria judicial fue designada por el magistrado con competencia electoral para cumplir tareas de veedora electoral.
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, cobro de sumas de dinero, aportes y contribuciones previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CIVIL
Carátula: De Castro, Jorge Alberto c/ A.N.Se.S. s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-01

Corresponde la devolución de los fondos que en concepto de aportes voluntarios y/o depósitos convenidos y ganancias generadas, se encontraban depositados en la cuenta de capitalización individual de la actora, a la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.425, pues cabe señalar que no obstante el criterio sostenido por este Tribunal en análogas situaciones (ver "Bozzo, Rubén Néstor c/ Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social s/ Amparos y sumarísimos", Sentencia Interlocutoria 94741 de fecha 19.11.14), en atención a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en autos "Villarreal Mario Jesús c/ PEN-PLN y Máxima AFJP s/ Amparo" Sentencia del 30 de diciembre de 2014, corresponde efectuar un nuevo análisis de la cuestión. En el caso "Villarreal" se procede a ordenar la devolución de los aportes voluntarios oportunamente ordenados en la cuenta de capitalización individual del actor; señalando que se configuró una omisión de autoridad pública en los términos del art. 1 de la ley 16.986, dada por la omisión del Poder Ejecutivo en completar el proceso reglamentario del art. 6 de la ley 26.425 que dejó trunco tras el dictado de la resolución 184/10 de A.N.Se.S.
Empleados públicos, cesantía, acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUTAL, CARLOS EDUARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 75 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-01

No puede hacerse lugar al invocado vicio en la motivación del acto administrativo, que el recurrente sustenta en la insuficiente descripción de hechos y conductas imputables, así como de las pruebas que sustentaron la adopción de la medida expulsiva, desde que las conductas imputadas aparecen expuestas con toda claridad en el acto conclusivo del sumario, y, en relación con las circunstancia s de hecho que rodearon las faltas investigadas y a las pruebas que sustentaron la sanción de cesantía aplicada. En efecto, le asiste razón a la Provincia cuando señala que la resolución debe considerarse motivada por remisión a las conclusiones del instructor, pieza que, a su vez, se halla suficientemente motivada. Al respecto, el Alto Tribunal local tiene dicho que la remisión a propuestas, informes o dictámenes sirven de motivación -motivación per relationem- pero para que así sea, estos pareceres, además de ser señalados en forma precisa e individualizarse fácilmente, deben contener motivación suficiente. Pues bien, las conclusiones del instructor del sumario administrativo reúnen ambos requisitos, ya que pudieron ser fácilmente individualizadas por el recurrente -y consultadas por él en ocasión de que se le corrió vista para formular su defensa.
Accidente de tránsito, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: MUSSOM, ANA M c/ VALENZUELA EDUARDO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Si bien es cierto que para acreditar el lucro cesante se requiere una prueba concreta de las pérdidas sufridas, no lo es menos que la misma no puede exigirse en términos matemáticos, debiendo en su caso, tomarse en cuenta el aporte de datos que permitan presumirlos de modo fidedigno, concurriendo asimismo en auxilio del juzgador la norma del art. 165 del Cód. Procesal.

***CPC C 000000 0000 00 00 0165 000 0000 000
Sanciones conminatorias, astreintes
Materia: CIVIL
Carátula: C. S. A. c/ T. A. S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-20

Una de las características de las astreintes es que ellas no pueden imponerse eventualmente: una resolución no puede ir acompañada ab initio de la imposición de astreintes, por si no se cumple.

No resultan pasibles las astreintes de una imposición eventual, condicionada a que se incumpla una resolución judicial, puesto que no son una amenaza de sanción ni una forma de agravar una condena, sino solo un mecanismo -de carácter nada corriente u ordinario- de forzar el cumplimiento de una obligación instrumentada en una sentencia judicial.
Delito culposo, accidente de tránsito, conductor
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: C., A. C. s/ Lesiones graves culposas (Expte Nro. 1245-00, Resolución Nro. 87, Tomo  41, Folio 231)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-13

Cabe concluir que está presente en el caso un aspecto de problemática categorización, pero de evidente exigencia típica, como es la previsibilidad. No puede afirmarse que la detención del vehículo sobre la calzada (que de acuerdo a un testigo circulaba lentamente hasta detenerse por completo), que precedía en la circulación a otro auto y al conducido por el imputado, no es un hecho previsible (posibilidad de ser representado conforme a las circunstancias). El vehículo que se detuvo tras andar lentamente, fue sorteado por el primero, debe concluirse, incluso, que el imputado estaba a una distancia mayor del vehículo que se detuvo al momento de apreciar que el automóvil que lo precedía se desviaba. El hecho de la detención en la calzada es previsible y no puede alegarse en el caso confianza alguna en la actividad de terceros (el imputado no tenía por qué confiar en que los vehículos que lo precedían no iban a detenerse, su circulación debía obedecer a los patrones de cuidado propios para circular por la calzada mientras se encuentre expedita para hacerlo), confianza que de haber existido habría excluido la previsibilidad y con ella la violación al deber de cuidado (estos aspectos, en definitiva, aparecen como marcos limitadores del deber de cuidado: no hay cuidado exigible en lo que se presenta en forma imprevisible, no hay previsibilidad en lo que está amparado en el principio de confianza del comportamiento de terceros). La evitabilidad, que suele mencionarse como exigencia, aparece vinculada con la previsibilidad en cuanto lo que es previsible, permite, en principio, adecuar las conductas a distintas alternativas. Lo previsible permite adecuar la propia conducta (es previsible que los que preceden se detengan y frente a ello la conducta puede ser diligente -presta la debida atención- y prudente -conduce a velocidad moderada- en modo tal que le posibilita el dominio del conducido como para evitar la colisión), pero en el caso, la violación del deber de cuidado llevó a la colisión con sus resultados típicos, previsibles y evitables.
Recusación, deber de imparcialidad, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Smart (defensa de Claudio Grande) c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-25

Corresponde rechazar la recusación interpuesta por la defensa si de la lectura del escrito se advierte que las consideraciones de carácter personal y laboral efectuadas por la defensa respecto del fiscal no resultan procedentes para evidenciar la existencia de algún motivo que justifique el apartamiento del representante del Ministerio Público Fiscal, ya que sus argumentos se presentan inconducentes para evidenciar la falta de objetividad o de ecuanimidad que demandaría la recusación que solicita. Los fiscales deben ajustar su actuación a la ley pero no están sujetos a exigencias de imparcialidad en el sentido y extensión en el que ésta se concibe como tributo del juez o tribunal como garantía judicial, pues el fiscal constituye una parte que debe encontrarse revestida de cierta ecuanimidad y que debe obrar conforme la Constitución y las leyes que reglamentan su función -rigen su actuación los principios de unidad y jerarquía propios del MPF- de promoción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Dres. Hornos, Mahiques.
Recurso extraordinario, desistimiento del recurso, costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto Provincial del Seguro y Alto Paraná S.A s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-09-28

Tomando en consideración las particularidades de la causa y la conducta de los litigantes (desistimiento del Recurso Extraordinario por parte de la demandada y de la citada en garantía - con pedido de costas por su orden - , por un lado, y la conformidad del actor, por el otro), mediando en el caso un acuerdo al respecto, considero que las costas deberán ser soportadas en el orden causado.
Graduación de la pena, condena condicional, disminución de la pena
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Zalazar, Alfredo D. s/ Graduación de la pena
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-23

No puede prosperar el pedido de disminución del monto punitivo, dado que las condenas suspendidas, de corta duración, particularmente en los delitos contra la propiedad, resultan exiguas como factor disuasivo, ya que no satisfacen uno de los fines de la pol
Prueba, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Cáceres, Clemente c/ Wilde S.A.I.C.E.I. s/ Indemnización art. 212 Esperidioni, Roberto c/ Aerolíneas Argentinas s/ Daños y perjuicios Sosa, Ramón U. c/ Frigorífico Surcar S.R.L. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07|1988-11-29|1989-06-06

Si bien los jueces del fuero laboral tienen gran amplitud para ponderar en conciencia el material probatorio que se les somete a su consideración y aún seleccionarlo, ello no implica que puedan desconocerse los elementos de juicio necesarios o indispensables que en cada caso adquieren particular significación.
Leyes, trámites judiciales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

Tradicionalmente se sostuvo que promulgada la ley toda cuestión atinente al procedimiento de su formación era irrevisible por los jueces, con lo cual entran en juego los llamados "interna corporis acta". En ese sentido, en la jurisprudencia de la CSJN se observan algunas sentencias que expresan que es ajena a su competencia el examen del procedimiento de formación y sanción de las leyes.
Indemnización, ley de empleo, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Colombo, Fernando c/ Obes, Hugo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-02-26

Resulta procedente hacer lugar a las indemnizaciones de la ley 24013, fundada en que intimada la demandada para que con los datos que se les daban registrara los contratos, no existe constancia que lo hubiera hecho la demandada no probó que haya cumplido con la clase de registro previsto en los artículos 7 y 18 inciso a, de la ley de empleo. No puede beneficiarse con la presunta pérdida del Libro Especial, cuyas consecuencias sólo a ella deben perjudicar.

No puede pensarse tampoco que el requisito de la ley de empleo se encuentre llenado a través de la eventual denuncia de las relaciones de trabajo con los accionantes a los fines de una normativa completamente diferente, más aún cuando de seguirse la línea de pensamiento del accionado podría llegar a darse una doble categoría de patronales incumplidoras en la obligación de registrar; la de los que aspirarían a ver subsanada la omisión del modo que lo pretende la demandada y la de quienes, por no haberse acogido al régimen de corresponsabilidad gremial y a los aportes no individualizados, debieron soportar el peso de la ley. solución que agrede por igual la lógica y el principio de igualdad previsto por el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Nulidad de sentencia, acusación fiscal, cambio de calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: CICARELLI, C. A. s/ NULIDAD  SENTENCIA  -  CONDENA  POR DELITOS  DISTINTOS  -  ACUSACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-10-10

Si el Fiscal de primer grado acusó a la encausada, solamente por el delito de hurto reiterado y el sentenciante la condenó como cómplice del delito de estafa en concurso ideal con falsificación de instrumento privado asimilado a público, -con lo cual la sancionó por hechos diferentes a los que fueron objeto de debate-, corresponde declarar la nulidad "ex officio" de la sentencia.-
Policía Provincial, retiro obligatorio, beneficios previsionales, interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Maidana, José s/ Recurso de Reconsideración Nichols, Tito s/ Recurso de reconsideración contra Resolución Nro.496 del ISSYS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-02-07|1986-02-07

No corresponde por vía extensiva ampliar el número de beneficiarios toda vez que como lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia, las normas que otorgan beneficios que importa un privilegio en el contexto general del sistema jubilatorio deben ser interpretadas estrictamente.
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, falta de pago
Materia: CIVIL
Carátula: Dieta de Herrero Ana. c/ Peréz Noya, María y otro. s/ Desalojo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-28

La ley 23091 estableció el recaudo del art. 5o. a favor del inquilino para protegerlo de los locadores desaprensivos, pero no para que se valgan de él, pretendiendo ocupar "sine die" el inmueble del locador, sin abonar el monto del arriendo y los gastos a su cargo.
Despido, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Mendoza, Ricardo  c/ Tudda, Liliana Beatriz s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-08-01

La facultad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada.
Decreto de necesidad y urgencia, ratificación del decreto, reducción salarial, empleados públicos, medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: ASOCIACION BANCARIA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL. PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-30

La CSJN al analizar la legitimidad del decreto 290/95 tuvo especialmente en cuenta la ratificación efectuada por el Poder Legislativo mediante el dictado de la ley 24624 (considerando 6 del voto de la mayoría) y, en consecuencia, el caso presentaba aristas distintas, porque quedaba reducido a la no discutida potestad del Estado de reducir salarios en el marco de una emergencia calificada por ley. Pero en el caso del Decreto 430/00 el Senado de la Nación habría materializado una conducta de rechazo, que, más allá de los alcances que se atribuyan en el momento procesal oportuno, parecería descartar el aval pleno del Parlamento que requiere la medida. (Del dictamen del Fiscal general ante la CNAT Nro. 29784 del 29/6/00, al que adhiere la Sala).
Confirmación de sentencia, interrupción de la prescripción de la acción penal, presunción de inocencia, principio de legalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: C., R. D. c/  s/ prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-14

Carlos Alberto González, en disidencia, citando varios fallos emitidos por esta Cámara, la Cámara Nacional de Casación y la Corte Suprema de Justicia, votó por confirmar el auto apelado en el entendimiento de que "(.) la comisión de otro delito por el imputado sólo interrumpe el plazo de la prescripción cuando a su respecto se ha dictado una sentencia condenatoria y la misma ha adquirido firmeza (.)" y que ello "(.) radica en la observancia de los principios de inocencia y de legalidad, consagrados por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Se desprende de ellos el rechazo a la creación pretoriana de un plazo no previsto en la norma penal, pues de tal modo se pone en crisis la noción de seguridad jurídica y la posibilidad de lograr una administración de justicia expedita, dentro de lo razonable, para evitar que los procesos penales se prolonguen indefinidamente (.)". Agregó que la prescripción de la acción penal es por su naturaleza de orden pública debiendo ser declarada de oficio pues opera de pleno derecho por el mero transcurso del plazo pertinente. Concluyó que en el caso se advertía la inexistencia de actos interruptivos por lo que correspondía confirmar la resolución del magistrado.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lagrange, Silvia Esther c/ Mohuana Dayer s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

La inhabilidad que puede alegarse como excepción en el juicio ejecutivo es la consistente en no ser el título de los que se refiere el art. 521 del Código Procesal y no reunir los requisitos que la ley determina para traer aparejada ejecución: crédito por cantidad líquida y exigible de dinero (art. 518 Código Procesal).

Solo puede versar, por lo demás, en la forma externa del título, sin poderse fundar en sus antecedentes, en los actos que le han dado origen trayéndose a colación la causa fuente de que emerge (art. 542 inc. 4° Código Procesal).
Tercerías, intervención de terceros, sentencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: LA VOZ DEL INTERIOR c/ REMONDA DE CUADRADO Y OTRA s/ CONSIGNACION IV CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-03-28

Conforme a lo que dispone el art. 1043 del C.P.C. la sentencia que se dicta después de la intervención de los terceros obliga a estos como a los litigantes principales, lo que no puede interpretarse que caigan obligados por las mismas condenas que eventualmente se dicten, sino que las declaraciones implícitas o explícitas sobre el derecho de los litigantes (art. 348 C.P.C) vincularán a los terceros intervinientes con valor de cosa juzgada.
Reforma de la constitución, Convención Constituyente, sanción de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Polino, Héctor y otro c/ Poder Ejecutivo (Exp. Feria 5/94) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

El mecanismo de la sanción legislativa para declarar la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional no es exigido - ni prohibido -por su art. 30, pero una vez escogido tal mecanismo resultan de inexcusable aplicación las disposiciones del capítulo V de la segunda aparte, título primero, sección primera, que regla lo atinente a la "formación y sanción de las leyes" (art. 68 y siguientes).
Desbaratamiento de derechos acordados, mutuo comercial, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, Maximiliano Sebastián. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-29

Autor del delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados sólo puede ser quien haya ejercido una acción anterior que jurídicamente constituya una obligación válida cuyo cumplimiento requiera de actos ulteriores, es decir, quien haya otorgado algún derecho sobre un bien de tal modo que asuma obligaciones expresas de abstención de disposición para el futuro y luego lo desbarata afectando el derecho en ciernes.

Mediante este tipo penal se tutela la no frustración de un derecho acordado sobre un bien a un tercero, o el cumplimiento de las condiciones pactadas de una obligación referente al mismo bien, siempre que el derecho o la obligación hubieran sido acordadas a otro por un precio o como garantía.

El autor puede producir tales resultados a través de actos materiales o actos jurídicos. Los primeros pueden consistir en la remoción del bien transportándolo hacia otro lugar. Los actos jurídicos deben ser reales -porque de ser simulados debería encuadrarse en el art. 173 inc. 6 C.P.- y pueden provenir de derechos personales o reales, pero para que ellos den lugar a la promoción de la acción por desbaratamiento de derechos acordados deben siempre referirse a un bien, sea éste el objeto mismo de la convención, sea que se sujete el bien a una obligación en virtud de la cual el obligado se ve constreñido a ejecutar cierta conducta con relación a una persona y respecto de ese bien a raíz de un privilegio concedido legalmente.

El tipo penal no pretende castigar el mero incumplimiento de una obligación contractual, ya que de ser así se castigaría un incumplimiento contractual.

Procede confirmar el procesamiento dispuesto en orden al delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados de quien incumplió el pago de una alícuota de un contrato de mutuo con certificación de firmas en actuación notarial en el que se dejó constancia de su voluntad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con todos sus bienes societarios, comprometiéndose a no enajenar o gravar, y/o de cualquier manera restringir el dominio de tales bienes mientras no se cancelara la totalidad de la deuda y se comprometió a "poner las dos conservadoras de helados mencionadas a nombre del acreedor hasta la devolución del dinero ... (con contrato de comodato gratuito renovable trimestralmente para permitir su uso)" si luego de constató que los bienes habían sido retirados del comercio, tornando así imposible o incierto sus derechos como acreedor.