Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-03-31


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Treinta y Uno (31) de Marzo de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Alberto José Brito -por no existir votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Sosa, Enrique Rolando vs. Segubank S.R.L. s/ Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane, Antonio Gandur y Alberto José Brito, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo el 27/3/2003 (fs. 157/162 vta.), la parte actora dedujo recurso de casación, que fue concedido por dicho Tribunal mediante resolución del 06/02/2004 (fs.195 y vta.). Consta en informe actuarial de fs. 202 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- La sentencia admitió la demanda entablada contra la firma Segubank SRL, condenándola a abonar al actor la suma de $ 5.533,12 por los rubros y montos detallados en planilla de capital e intereses.

Asimismo, el fallo hizo lugar a la defensa de fondo de falta de acción interpuesta por Banco del Tucumán S.A., y en consecuencia no hizo lugar a la demanda entablada en su contra. El Tribunal consideró que las labores de vigilante del actor, dependiente de Segubank SRL que era una firma contratista del Banco co-demandado, no queda incluida en la actividad específica del establecimiento citado ni se relaciona claramente con la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa bancaria, y dispuso que no es admisible la solidaridad pretendida.

3.- El recurrente afirma que la sentencia es arbitraria, por cuanto se limita a afirmar que no existe relación entre la actividad del banco y la del vigilador, sin efectuar un análisis razonado de la cuestión debatida ni de las pruebas ofrecidas, ni explicar cómo arriba a tal conclusión.

Sostiene que en el presente caso se observa claramente la existencia de solidaridad contemplada por el art. 30 LCT. Entiende que, para determinar lo que debe considerarse como actividad normal de la empresa, no debe tenerse en cuenta que existe una serie de actividades que resultan necesarias para que opere lo que se entiende como fin último, y precisamente por ello, al ser partes del todo, se impone que los que la cumplen reciban el mismo tratamiento jurídico. Señala que la norma en cuestión debe interpretarse comprendiendo todas aquellas actividades que hacen posible el cumplimiento de la finalidad de la empresa.

Expone que el banco debe tener siempre disponible por lo menos la cantidad de dinero del encaje obligatorio, y para no correr el riesgo de perderlo, los bancos deben custodiarlo, sea por medios técnicos o por personal de vigilancia. Añade que como los bancos tienen clientes que depositan y extraen fondos constantemente, es lógico que tengan la seguridad de que dentro del banco no serán asaltados. De ello interpreta que la responsabilidad solidaria rige, porque las mencionadas tareas son necesarias a la empresa.

4.- El recurso ha sido interpuesto en término (art. 132 CPTT), se dirige contra sentencia definitiva (art. 130 CPTT), se invoca suficientemente el motivo previsto por el art. art. 131 inc. a) CPTT, y no es exigible el afianzamiento del art. 133 por ser la parte actora quien recurre. Consecuentemente, corresponde abordar el análisis de procedencia del recurso intentado.

5.- El tema central traído en casación, consiste en determinar si la codemandada Banco del Tucumán S.A. es responsable o no en los términos del art. 30 LCT, por la condena dispuesta contra la firma Segubank SRL.

La Cámara tuvo por reconocida la contratación de los servicios de la empresa Segubank SRL por parte de Banco del Tucumán S.A., para la vigilancia y seguridad de sus establecimientos, en forma mensual desde Julio de 1996 hasta marzo de 2000. Asimismo consideró acreditado que el Sr. Sosa se desempeñó como 'vigilador' dependiente de la firma Segubank SRL, prestando servicios en la sucursal Tafí Viejo de dicho banco, en forma continua, durante los años 1995 o 1996 hasta el año 2000 época del distracto.

Sobre dicha base fáctica que no se encuentra controvertida, el Tribunal desacertadamente estima que no existe solidaridad entre el Banco del Tucumán S.A. y Segubank SRL, en el entendimiento de que las labores de un 'vigilador' desempeñadas por el actor no quedan incluidas en la actividad específica del banco codemandado.

Contrariamente a lo sostenido por el Tribunal de grado, esta Corte asume el criterio de que el servicio de vigilancia corresponde a la actividad normal y específica propia de la entidad bancaria codemandada, toda vez que a la par de la actividad propiamente financiera que desarrollan, los bancos se encuentran destinados precisamente a la custodia de los valores que en ellos se depositan.

Este criterio resulta ampliamente mayoritario en el ámbito de la jurisprudencia nacional, donde se ha dicho que "las labores de vigilancia se encuentran integradas y coadyuvan al objetivo final de la actividad normal y específica de los bancos, lo que trona operativa la solidaridad prevista por el art. 30 LCT" (CNTrab., Sala III, sent. del 16/4/2002 in re "Lamarca Jorge E. vs. Segubank SRL y otro". En igual sentido, ST Entre Ríos, Sala II Trab., sent. del 7/6/96 in re "Lencina Juan F. c. Expas SRL y otro", DT 1997-B, 2043; CNTrab., Sala VI. sent. del 11/8/97 in re "Amoroso Alfredo c. Centro de investigaciones Argentinas SRL y otro", JA 2001-III-síntesis; CNTrab., Sala I, sent. del 18/12/89 in re "Mayans Tur, Jaime c. Agencia Mitre SRL y otro", La Ley 1990-C, 568; CNTrab., Sala VIII, sent. del 28/02/94 in re "Olivera Luján G. c. Investigaciones Duque S.A. y otro", DT, 1994-B-1451).

A la luz de las consideraciones efectuadas, habiendo quedado establecido que el actor trabajó para la empresa Segubank S.R.L. prestando tareas de vigilancia en la Sucursal Tafí Viejo de la firma codemandada Banco del Tucumán S.A., y resultando de lo ut-supra señalado que dicha labor se encuentra comprendida en el ámbito de la actividad normal y específica propia del establecimiento bancario, se concluye que el Banco del Tucumán S.A. es responsable solidariamente de la condena dispuesta en autos en los términos del art. 30 LCT.

Consecuentemente, corresponde CASAR la sentencia impugnada en base a la siguiente doctrina legal: "Los servicios de vigilancia contratados por una entidad bancaria integran su actividad normal y específica en los términos del art. 30 LCT", y disponer sustitutivamente a los puntos I y III resolutivo "I.- HACER LUGAR a la demanda entablada por el actor Sr. Enrique Rolando Sosa en contra de Banco del Tucumán S.A., condenando solidariamente a este último al pago de los rubros y montos contemplados en la planilla de capital e intereses. III.- Las costas generadas en el proceso serán soportadas del siguiente modo: las generadas por el actor serán soportadas solidariamente por Segubank SRL y Banco del Tucumán S.A., y cada una de dichas firmas soportará las costas generadas por su accionar".

6.- Atento al resultado arribado, las costas deberán ser soportadas por la codemandada Banco del Tucumán S.A. (art. 106 CPTT).

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La representación letrada de la parte actora presenta recurso de casación (cfr. fs. 168/170 vta.), contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, dictada el 27 de marzo de 2003, obrante a fs. 157/162 vta., que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 6 de febrero de 2004 (cfr. fs. 195 y vta.). Ninguna de las partes, según surge del informe actuarial de fs. 202, presentó la memoria facultativa prevista en el artículo 137 del CPT.

II.- Adhiero a la adecuada y concreta consideración hecha por el señor vocal preopinante, Dr. Alfredo C. Dato, con relación al criterio hermenéutico que informa la sentencia en crisis referido en el punto 2, como así también, al relato de los agravios que sustentan el recurso en examen, expuesto en el punto 3, ambos de su voto.

III.- Siendo competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, juzgar de la admisibilidad del referido recurso -no obstante haber sido concedido por el Tribunal de grado- corresponde examinar si el mismo cumple los requisitos exigidos por el artículo 132 del CPT.

El recurso ha sido interpuesto tempestivamente; el afianzamiento dispuesto por la ley ritual resulta innecesario por recurrir la parte actora; el escrito respectivo satisface las exigencias del artículo 132, motivándose el mismo en la invocación fundada de errónea aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 30 al acordarle, por restricción, un sentido incompatible con el supuesto de hecho planteado en la especie.

Por las razones expresadas, considero que el recurso en examen resulta admisible; voto porque así se declare.

IV.- Por el contrario, disiento con los fundamentos, doctrina legal y conclusiones a las que arriba el señor vocal preopinante, en los puntos 5 y 6 de su voto, con relación a la cuestión jurídica consistente en el alcance que cabe asignar al artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), como así también, en lo atinente al modo de imposición de costas, respectivamente.

IV.1.- En el caso, el actor promueve originariamente demanda contra la razón social Segubank S.R.L. (demandada originaria) empresa dedicada a la prestación de servicios de seguridad y vigilancia, invocando ser dependiente de la misma habiendo revistado en ella como personal de vigilancia, en la categoría de Vigilador. En el marco de esta relación de dependencia, cumplió funciones en la Sucursal Tafí Viejo del Banco del Tucumán S.A, habiéndose dado por despedido con causa justificada. Posteriormente, invocando dicho desempeño, y que la referida entidad bancaria había contratado con la demandada originaria, los servicios propios del objeto social de esta última, amplía la demanda contra el Banco del Tucumán S.A. (codemandada) alegando como fundamento normativo la solidaridad que instituye el artículo 30 de la LCT. Estas circunstancias relativas a la actividad comercial normal y real de ambas empresas no se encuentran controvertidas en la causa.

La cuestión sobre la cual las partes debaten se centra en la posición de la codemandada -Banco del Tucumán S.A.- contraria a la del actor en el sentido que el contrato que la vinculara con la demandada originaria -Segubank S.R.L.-, desde el mes de julio de 1996 y hasta el mes de marzo de 2000, no constituye ni cesión del establecimiento ni la contratación o subcontratación de trabajos o servicios que complementen o completen su actividad normal bancaria; objeto social que, como lo define el artículo cuatro de su estatuto social, consiste en realizar operaciones activas, pasivas, de servicios y todas las otras que por su naturaleza pertenezcan al giro de los establecimientos bancarios. Sostiene que no existe vinculación esencial entre la actividad normal y específica que, como entidad bancaria tiene conforme a la ley y sus estatutos con las actividades específicas de seguridad y vigilancia, objeto propio y exclusivo de la demandada originaria. Agrega que es necesario distinguir entre actividades que hacen al giro normal y habitual de la empresa -las relacionadas con la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de ésta- de aquellas otras que revisten el carácter de accesorias por limitarse a coadyuvar a la obtención del objetivo final.

IV.2.- Como surge del pronunciamiento del Tribunal a quo, la demanda prosperó únicamente contra la demandada originaria -Segubank S.R.L.-, acogiéndose en cambio la defensa de falta de acción opuesta por la codemandada -Banco del Tucumán S.A.-, con el consecuente rechazo de la misma a su respecto.

Para ello, y con relación a la codemandada, el Tribunal de grado sostuvo la inexistencia de solidaridad con Segubank S.R.L., por considerar que las tareas de vigilancia no pueden ser incluidas dentro de la actividad específica del Banco.

V.- La cuestión controvertida en el caso se centra, pues, en la interpretación del alcance que corresponde conferir a la solidaridad que prevé el artículo 30 de la LCT que, en lo pertinente, la atribuye a "quienes ... contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento..." por las obligaciones laborales del contratista o subcontratista.

V.1.- Una primera consideración preliminar me lleva a resaltar que, siendo el orden jurídico un sistema normativo que tiene por objeto proporcionar las conductas a la consecución, inmediata o mediata del bien común, el sentido teleológico que lo inspira se erige en principio rector de toda hermenéutica a su respecto. De allí la importancia rectora que inviste la finalidad perseguida por el legislador con la formulación de la proposición normativa contenida en el artículo 30 y cc. de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), para delimitar el recto alcance de la misma.

Pues bien, como lo destaca el más Alto Tribunal de la Nación, en sentencia de fecha 15 de abril de 1993, recaída en autos: "Rodríguez, Juan Ramón c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro" (punto 2° del considerando), con la disposición normativa de marras "...se persigue evitar la interposición de "hombres de paja" entre un trabajador y su verdadero empleador y realizar los ponderables fines tuitivos del ordenamiento laboral (confr. antecedentes parlamentarios de la ley 20.744, opinión del senador Pennisi, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Nación, año 1974, T. I, págs. 480/481)".

En esta perspectiva teleológica adquiere, pues, singular y determinante incidencia, las naturalezas de los objetos sociales de las respectivas empresas que, por existir entre ellas un vínculo contractual, se pretende quedan aprehendidas en el presupuesto normativo del artículo 30 de la LCT.

Asimismo considero, como una segunda cuestión preliminar, recordar la prevención que el más Alto Tribunal de la Nación realizara, en el parágrafo 8° del considerando de la sentencia -a la que ut supra hiciera referencia y parcialmente citara-, que "...las gravísimas consecuencias que derivan de la extensión de la responsabilidad patrimonial a terceros ajenos en principio a la relación sustancial que motivó la reclamación de autos, requiere la comprobación rigurosa de los presupuestos fácticos establecidos en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta exigencia de un escrutinio estricto de los recaudos legales que condicionan la obligación de garantía de un tercero, tiene su fundamento en la fuerte presunción de inconstitucionalidad que brota de toda norma -o de su interpretación- que obligue al pago de una deuda en principio ajena, solución que se aparta de la regla general consagrada por los artículos 1195 y 1713 del Código Civil y 56 de la ley 19.550, vinculados, en este aspecto, con la intangibilidad del patrimonio establecida por el art. 17 de la Constitución Nacional." V.2.- Atendiendo a la índole misma de las actividades de los pertinentes objetos sociales de la codemandada y de la demandada originaria -las específicas, respectivamente, bancarias y de seguridad y vigilancia- no aparece como razonable entender que entre ambas existiera segmentación y segregación por parte de la primera respecto de la segunda, de actividades y funciones que integren, esencialmente, el objeto propio de la entidad bancaria. Es decir, no puede aprehenderse conceptualmente a la actividad bancaria como completiva de los servicios de seguridad y vigilancia ni viceversa, por existir entre la primera y estas últimas una diferencia esencial.

Las actividades de seguridad y vigilancia, por su propia naturaleza y consecuente alcance, no puede reputarse como una porción, parte o segmento de la actividad bancaria en cuanto tal, que le confieran a ésta una cualidad que, integrándola como uno de sus requisitos esenciales, la hace íntegra y perfecta en su ser propio específico de establecimiento bancario. Por el contrario, entre unas y otra, en sí mismas consideradas existe un diferencia específica, que descarta absolutamente que las primeras completen o complemente a la segunda, integrándose como una unidad técnica destinada al logro de los fines propios de la actividad bancaria.

Los servicios de vigilancia y de seguridad no influyen determinando esencialmente a la actividad bancaria, sino solamente -al igual que respecto a la de cualquier otro establecimiento destinado a la producción, a la comercialización o a la prestación de servicios-, sólo influye en la posibilidad de su ejecución. Se trata, entonces, de servicios que, sin revestir la índole de un requisito que, integrando el objeto y los pertinentes fines propios, normales y específicos de la actividad bancaria, de suyo, en si y por si misma considerada -per se- confiriéndole su perfección esencial, simplemente concurren respecto de ésta como una condición conveniente o incluso necesaria (conditio sine qua non) para su adecuado ejercicio.

Las consideraciones que anteceden me persuaden que, como la solidaridad que instituye el artículo 30 de la LCT respecto al establecimiento que contrata o subcontrata trabajos o servicios con otro y otros establecimientos presupone que el objeto de esa contratación o subcontratación integre la actividad normal y específica propia de aquél, en la especie, no se configura dicho presupuesto entre la codemandada (Banco del Tucumán S.A.) y la demandada originaria (Segubank SRL).

Recapitulando, considero que los servicios de seguridad y vigilancia no hacen al ser propio y específico de la actividad bancaria, determinantes de su esencia, y por ende no están destinados a la consecución de sus fines específicos sino que, por el contrario, media entre ésta y aquellos una distinción real y esencial, sin que obste en absoluto, a esta conclusión, que exista una relación -no causal sino meramente condicional- entre unos y otra. En definitiva, los servicios de seguridad y de vigilancia sólo influyen en la posibilidad del desarrollo adecuado de la actividad bancaria, pero no son notas que determinen la índole, naturaleza o esencia propia, específica de esta última. Con palabras de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando en el parágrafo 10° del considerando del fallo precitado, refiriéndose al artículo 30 de la LCT, expresa que "La norma comprende las hipótesis en que un empresario encomienda a un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento. Son supuestos en los que se contrata prestaciones que completan o complementan la actividad del propio establecimiento, esto es, "la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones" (art. 6 de la Ley de Contrato de Trabajo).

Las razones que prolijamente he desarrollado, y la conclusión que en base a las mismas infiero, revelan que en la especie no se configuran los presupuestos fácticos ni, como necesario corolario, la finalidad previstos y perseguida, respectivamente por el legislador con la formulación de la proposición normativa contenida en el artículo 30 y cc. de la Ley de Contrato de Trabajo.

La conclusión a la que arribo es coincidente con la opinión jurisprudencial de otros tribunales nacionales (cfr. CNATr., Sala VI, 8/11/95, D.J., 1996-2-243; CNATr Sala VI, sent. 48.085 del 16/8/96, B.J., 1996, 201; CNATr. Sala III, sent.72.581 del 23/3/96, B.J. 1997, 202/203, etc.). En esta dirección hermenéutica se ha dicho: que "Un banco no es una empresa de seguridad, no puede ceder, contratar o subcontratar servicios que no presta, y ello excluye su responsabilidad en los términos de ese dispositivo. Por lo demás, es un hecho notorio, que actúan en el mercado numerosas empresas que prestan a terceros los servicios de seguridad y vigilancia que ocupa numeroso personal, que se ha organizado en sindicatos, y que las relaciones entre trabajadores y empleadores han sido reguladas mediante convenciones colectivas de trabajo específicas para la actividad. También lo es que el personal es ocupado en diversos "objetivos" en cumplimiento de los contratos celebrados por sus empleadores (Del voto del Dr. Morando, en Minoría) (CNATr, Sala VI, sent. 47.188 del 11/8/97, "B.J.", 1998, 212/219).

Por todo lo expresado, voto porque se rechace el recurso de casación incoado por la parte actora contra los puntos I, III y IV de la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, dictada el 27 de marzo de 2003, obrante a fs. 157/162 vta.

VI.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, deben imponerse íntegramente a la recurrente, vencida en autos (CPT, artículo 49 y CPC C, artículos 106, primera parte y 108, analógicamente).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en igual sentido El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en el mismo sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación incoado por la parte actora contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, dictada el 27 de marzo de 2003, obrante a fs. 157/162 vta.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios, para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO (en disidencia) ALBERTO JOSÉ BRITO ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA