Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-04-23


Expte. Nº 6271 caratulado "MUÑOZ Aída Noemí c/ Clínica Mayor S.R.L. Apelación de Sentencia S/ Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a veintitrés días del mes de abril del año dos mil catorce, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en esta causa, doctores Ángel Humberto Medina Palá, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de examinar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Primera del Trabajo, en fecha veintiséis de febrero de dos mil catorce, en autos Nº 9437 (24272) caratulados: "Muñoz Aída Noemí c/Clínica Mayor S.R.L. apelación de sentencia".

EL SEÑOR MINISTRO DR. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJO: En la sentencia impugnada el tribunal de alzada hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocando así la resolución de primera instancia que había admitido la demanda de indemnización por despido, sustitutiva de preaviso y la correspondiente al artículo 2 de la ley 25.323.

Al fundar su decisión, el a quo concluye que en autos ha quedado probada la participación de la actora en los hechos causantes de su despido, como también la gravedad de la injuria, de conformidad a lo regulado por el artículo 242 de la LCT. Considera que es la propia trabajadora la que en su escrito de demanda relata la sucesión de hechos acaecidos el 25 de julio de 2008, al expresar que cada sector decidió bajar a hablar con el Sr. Fernández sobre las 9 horas; que éste no los quiso atender, por lo que resolvieron llamar a la Subsecretaría de Trabajo y a ATSA; que cuando el Sr. Fernández decidió hablar con el personal en el pasillo, arribó también el Dr. Correa Esbry y el Sr. Duarte por ATSA y que la reunión duró hasta las 10,30 horas aproximadamente, en que los nueve empleados continuaron su labor. El tribunal merita que pese a que la accionante reconoce que sólo tuvo lugar una "reunión de empleados" y no un paro de actividades, lo cierto es que medió una suspensión en la prestación de ciertas tareas esenciales y habituales, con el consiguiente perjuicio para los pacientes y la patronal.

La alzada entiende que la participación de la actora en los hechos ha quedado acreditada con el relato efectuado en el escrito de demanda, con el pliego de posiciones presentado por ésta, del que surge que todos bajaron a hablar con el Sr. Fernández, (posición 25) y con el testimonio de Mercedes Dora Luján y Nelly Susana López, que dan cuenta que participó de la medida. Considera asimismo que el despido dispuesto por la empleadora se ajustó a lo dispuesto por el artículo 242 de la LCT, por tratarse de un acto que por su gravedad no consentía la prosecución de la relación laboral, revistiendo los caracteres de proporcionalidad y oportunidad; que tratándose de una institución dedicada a la salud, sus servicios son esenciales y no pueden suspenderse en forma sorpresiva, sin un claro detrimento de grandes valores como son el derecho a la salud y a la vida de las personas, aunque fuera por un corto tiempo; que esto se vio agravado en el caso al haberse omitido seguir los pasos que prevé la ley 5976 de la Subsecretaría de Trabajo (artículos 102 y 206 debió decir 106) que impide adoptar medidas de acción directa mientras no se agote la instancia de conciliación; que por tratarse de una medida sorpresiva, la patronal se vio impedida de adoptar los recaudos necesarios para que la prestación de los servicios no se viera interrumpida, situación de la que dan cuenta los testigos, al expresar que hubieron pacientes que debieron ser internadas a primera hora del día y recién lo fueron al medio día, reprogramándose sus cesáreas para horario vespertino. Concluye que los servicios que prestaba la actora reconocidos por ésta y corroborados por los testigos, consistentes en la limpieza de habitaciones de internados y del quirófano entre otros sí resultaban esenciales y absolutamente necesarios para la prestación del resto de los servicios de la institución demandada, tales como la internación de pacientes y la realización de intervenciones quirúrgicas programadas; que su suspensión sorpresiva, sin respaldo legal, evidencia la gravedad de los hechos y justifica la decisión de despido de la empleadora, pese a que la trabajadora no contara con antecedentes disciplinarios previos, ya que la gravedad de la injuria debe meritarse en términos cualitativos y cuantitativos. Entiende, por último, que lo dicho no implica desconocer el derecho de los trabajadores a reclamar lo que legalmente les corresponde, ni el derecho de huelga constitucionalmente protegido, pero no debe olvidarse que los mismos deben ser ejercidos de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio y con las limitaciones allí establecidas.

El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en los incisos 2º y 3º del artículo 11 de la ley 2275. La recurrente afirma que el fallo impugnado carece de las formas necesarias para su validez y vulnera sus derechos de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), de reunión y manifestación individual y colectiva (art. 50 de la Constitución Provincial), como también el derecho a huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

En primer lugar afirma que el tribunal de mérito efectúa un razonamiento altamente contradictorio ya que por un lado descarta que se tratara de un paro de actividades al focalizar su análisis en la retención de tareas, pero simultáneamente no aplica lo regulado por el artículo 1201 del Código Civil, determinando si en el caso hubo falta de cumplimiento de prestaciones por la parte empleadora que justificara la aplicación de la exceptio non adimpleti contractus. Manifiesta que la reunión de empleados con la patronal se efectuó por una deuda de salarios y sueldo anual complementario, conforme surge del expediente administrativo tramitado ante la Subsecretaría de Trabajo, ofrecido como prueba por la propia demandada; que la retención de tareas realizada por la trabajadora se fundó así en un incumplimiento grave del empleador, por lo que no puede ser considerado un acto de indisciplina al constituir el ejercicio de una potestad especial de autotutela reconocido por el ordenamiento jurídico; que además no existe constancia alguna de que se haya tratado de una huelga ni su calificación por parte de la autoridad competente Subsecretaría de Trabajo por lo que el a quo no debió hacer prevalecer lo dispuesto por la ley 5976 por sobre el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional; que finalmente las pautas de guardias mínimas se cumplieron en el caso ya que todos los testigos son contestes en admitir que solo nueve empleados bajaron a hablar y el resto se mantuvo en su puesto; que tanto la recepción, pediatría, internado, terapia y neonatología continuaron funcionando normalmente y sólo dos cesáreas fueron reprogramadas sin que ningún caso de urgencia dejara de ser atendido.

En segundo lugar le agravia que el a quo reconozca que la reunión de empleados no tuvo la trascendencia de una huelga, no obstante lo cual aplica la ley 5976 que legisla sobre esta última. Sostiene que, además, la alzada hace referencia específica a los artículos 102 y 206 de la ley aludida pero omite invocar lo dispuesto por el artículo 107 que pone en cabeza del empleador la obligación de intimar al trabajador a dejar sin efecto la medida; que en autos nunca existió una medida de acción directa por parte de los empleados, por lo que no existió calificación alguna sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga; que el hecho de participar en una medida no constituye injuria suficiente para el despido del trabajador sino hasta que, una vez declarada ilegal por la autoridad laboral pertinente, se lo intime a deponer la retención de tareas.

En tercer lugar refiere que de acuerdo a la documentación aportada por la demandada, su categoría corresponde a la de una mucama de piso, que ello no obstante el a quo justifica la medida arbitraria adoptada por la patronal colocándola en la posición de una mucama de cirugía, con responsabilidades mayores a la que correspondían a su registración; que en tal virtud el tribunal de mérito debió considerar que la trabajadora se encontraba incorrectamente registrada y hacer lugar a diferencias salariales derivadas de su incorrecta registración, con más la multa del artículo 1º de la ley 25.323, lo que omitió realizar en su perjuicio.

Por último, expresa que tratándose de un despido directo causado, es el empleador quien debe demostrar en forma acabada la ocurrencia de los hechos y su gravedad, a punto tal que no consienta la prosecución del vínculo; que además debe probar que la decisión fue adoptada en forma temporánea con el hecho o hechos que han constituido la base objetiva de la injuria, lo que no ha acaecido en autos, tornando arbitrario el pronunciamiento.

El recurso de casación es subsumido en el inciso 1º del artículo 15 de la ley 2275. Argumenta la recurrente que la alzada debió aplicar el artículo 1201 del Código Civil ya que ante el incumplimiento en el pago de los haberes por parte de la patronal, la trabajadora tenía vigente su derecho a retener las tareas hasta tanto la primera cumpliera con las obligaciones a su cargo. Manifiesta que el a quo aplica la ley 5976 pero solo en lo que perjudica a la trabajadora (arts. 102 y 206) omitiendo aplicar lo dispuesto por el artículo 107, vinculado a la declaración de legalidad o ilegalidad de la medida y a la intimación fehaciente a retomar las tareas; que además ha dejado de tener en consideración el principio in dubio pro operario y los derechos consagrados en los artículos 50 de la Constitución Provincial y 14 bis de la Constitución Nacional.

Tras exponer los antecedentes de los recursos planteados, procedo a examinar su admisibilidad formal. Adelanto que dicho examen conducirá a su desestimación, en función de las consideraciones que a continuación expongo. Aclaro asimismo que circunscribiré el análisis del recurso de inconstitucionalidad a la causal de arbitrariedad (art. 11, inc. 3º de la ley 2275) por cuanto el agravio fundado en el inciso 2º de la misma norma no ha sido desarrollado por la quejosa.

De la lectura de los agravios que motivan el recurso de inconstitucionalidad, en su confrontación con la sentencia impugnada, advierto que conducen al examen de los criterios adoptados por el tribunal de conocimiento para juzgar cuestiones eminentemente fácticas, como son determinar si en el caso se configuran o no los presupuestos de despido directo por justa causa (art. 242 de la LCT). Tales cuestiones son en principio propias de los tribunales de conocimiento y ajenas a la instancia extraordinaria, mientras no se desborden los límites de la razonabilidad como exigencia formal de toda sentencia. Esta Corte ha expresado sobre el particular que: "En materia laboral se ha declarado cuestión de hecho decidir sobre las circunstancias en que se produjo la ruptura del contrato, la apreciación de la injuria como causal de despido, la determinación de su gravedad, entre otras hipótesis" (PRE 1978II353).

No juzgo que en el caso se configure un supuesto de arbitrariedad, como afirma la recurrente. No resulta irrazonable, en mi opinión, concluir como lo hizo el a quo en el sentido que la participación de la actora en los hechos causantes de su despido, como también la gravedad de la injuria, se acreditó en debida forma: lo primero con el relato efectuado en el escrito de demanda, el pliego de posiciones presentado por ésta y con las testimoniales que confirman su participación en la medida; lo segundo: porque la suspensión de tareas constituyó un acto grave, ya que al tratarse de una institución dedicada a la salud, sus servicios son esenciales y no pueden suspenderse en forma sorpresiva, lo que se vio agravado por la inobservancia de lo establecido por la ley 5976; que los servicios que prestaba la actora, consistentes en la limpieza de habitaciones de internados y del quirófano resultaban absolutamente necesarios para la prestación del resto de los servicios de la institución demandada, por lo que su suspensión sorpresiva, sin respaldo legal, justifica la decisión de despido de la empleadora, pese a que no contara con antecedentes disciplinarios previos.

De donde, los agravios en que se sustenta el recurso traído conducen no al control de legalidad, sino a la revisión del mérito con que el a quo ha juzgado las cuestiones que integran la litis, y por ello la queja traída, en tal aspecto, resulta inadmisible, pues conforme tiene reiteradamente dicho ya esta Corte, el recurso extraordinario no es la vía normal y apelatoria para obtener la revisión en tercera instancia de las decisiones comunes con la mira puesta en la mayor oportunidad para corregir sentencias que se dicen defectuosas, pues de ser así habría que extenderla para todos los casos y en todos los pleitos como un tribunal más de mérito en detrimento de la función de la Corte como Tribunal de garantías constitucionales (PRE 1981186; 1986III466; 1987424; PRE S.2ª, 1989I86; PRE S.1ª, 1998III403, etc.).

Sin perjuicio de lo dicho opino que el primer y segundo agravio resultan improponibles: la alzada deja en claro que más allá de la denominación dada al hecho injurioso (reunión de empleados, paro de actividades, abandono de tareas), importó la suspensión de la prestación de un servicio esencial (servicio de salud) y que por ello los trabajadores debieron observar el procedimiento establecido en los artículos 102 y 106 de la ley 5976 que exigen agotar la instancia de conciliación antes de adoptar medidas de acción directa. La aplicación de esta normativa especial desplaza al artículo 1201 del Código Civil y no supone ni mucho menos desconocer el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ya que, como bien destaca el a quo, tal derecho debe ejercerse de conformidad a las leyes que reglamentan su ejercicio y con las limitaciones allí previstas. Por otra parte, la aplicación parcializada de la ley 5976 no es tal: la intimación del cese de medidas de acción directa y su calificación (art. 107) es facultativa para la Subsecretaría de Trabajo y no condiciona el cumplimiento imperativo de los artículos anteriores al tratarse de servicios esenciales.

Asimismo resulta inaudible que la actora cuestione que el tribunal de mérito califique la gravedad de la injuria sobre la base de tareas que ella misma reconoció realizar en el líbelo de demanda (mucama de cirugía) alegando para ello que estaba inscripta como mucama de piso. El pretenso crédito que las tareas más calificadas le generarían (diferencias salariales) no fue reclamado en la demanda y por ello no pudo ser objeto de reconocimiento por la cámara de apelaciones (art. 262 del CPC de aplicación supletoria). El recurso de casación entiendo que debe ser desestimado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 inciso 4º de la ley 2275: el planteo es ineficaz ya que, de conformidad a la solución adoptada en el fallo impugnado, resulta aplicable la ley 5976, que desplaza al artículo 1201 del Código Civil. Asimismo, la inaplicación del artículo 107 de la primer norma en nada modifica lo decidido por el tribunal de mérito, como se anticipara al tratar el recurso de inconstitucionalidad. Por último, la falta de aplicación del artículo 50 de la Constitución Provincial y del 14 bis de la Constitución Nacional no constituye motivo de casación ya que la errónea interpretación o aplicación de normas constitucionales o asimiladas a tal rango debe ser resuelto por la vía del recurso de inconstitucionalidad (PRE S.1ª, 1999II293). Por las razones expuestas, corresponde desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON: Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. Ángel Humberto Medina Palá, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí: Jorge Daniel de Oro Secretario Letrado de la Corte de Justicia".

Df 6271 S.V.

PRE S 2°2014I116