Despido sin causa, cuestiones de hecho y prueba, primacía de la realidad
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Olmos, Fabio Adrián c/ Yersiplast S.A. y Otros s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-04-16

La demandada interpone recurso de casación en contra de la sentencia que fuera emitida por la Cámara de Apelaciones de Segunda Nominación, invocando las causales previstas en los incs. "a" y "c" del art. 298 del C.P.C.C.

El actor inicia demanda de daños y perjuicios con fundamento en lo establecido en los arts. 1109 y 1113 del C.C, solicitando asimismo los rubros derivados del despido.

En primera instancia se hace lugar a la demanda en contra de la empleadora y la ART condenándolas en forma solidaria a abonar la suma de $ 60.750,00 en concepto de daño material y moral, condenando asimismo a la empresa empleadora a abonar la suma de $ 18.952,45 en concepto de haberes adeudados, SAC, preaviso, Vacaciones proporcionales, antigüedad e indemnización del art. 16 ley 25.561.

Apelada la sentencia por la empleadora y la aseguradora, en Cámara se revoca el fallo en cuanto a la condena solidaria por daño material y moral impuesta por el A-quo, y se confirma todos los demás puntos cuestionados.

Contra la sentencia de Cámara que al confirmar el fallo del A-quo condena a la empresa demandada por todos los rubros derivados del despido incausado, se deduce el presente recurso extraordinario.

A través del presente recurso de casación la parte demandada pretende la revocación de la sentencia de Cámara que confirmando la sentencia del A-quo condena a resarcir todos los rubros derivados del despido incausado.

En lo que al caso interesa, aduce que la arbitrariedad se configura cuando se omite valorar en la sentencia el reconocimiento que hace el trabajador en sede judicial como extrajudicialmente del carácter inculpable de la enfermedad.

En base ello y lo informado por la ART, es que procedió observando y cumpliendo todas las exigencias legales, por lo que no probando el trabajador su aptitud para reintegrarse a trabajar es que dispuso la rescisión del contrato.

En consecuencia, el despido responde a justa causa porque al tiempo de producirse había vencido el periodo de reserva del puesto de trabajo.

La temática, como podrá advertirse, gira en torno a una típica cuestión de hecho y prueba, que como se sabe resulta inabordable a través de este medio extraordinario salvo que se demuestre el error grave y manifiesto en la apreciación de los elementos que obran en la causa, desacierto que no logro advertir en la presente litis, pues, conforme fuera analizado, la enfermedad que el trabajador denunció como inculpable en realidad se produjo con motivo del trabajo realizado.

El principio de primacía de la realidad y de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador direccionan mi razonamiento en tal sentido, no obligando a la jurisdicción -como afirma la Procuradora General Subrogante- la calificación que el o las partes den a la patología descripta.

Por ello la circunstancia de que el actor haya invocado una enfermedad inculpable no es óbice en mi opinión para concluir que la enfermedad es laboral, ya que debe estarse a la realidad de cómo se han desarrollado los hechos, de los que se extrae el infortunio laboral que desencadena la dolencia del trabajador.

Así las cosas, y habiendo sido anoticiado el empleador a través del intercambio telegráfico de las dolencias que padecía y de la falta de respuestas para asistirlo en la enfermedad tanto de la obra social como de la aseguradora contratada, los deberes de colaboración y de buena fe le imponían como mínimo comprobar por sus propios medios la enfermedad denunciada por aquél, no siendo suficiente al respecto el informe de la ART de que la misma era inculpable y ajena al sistema de la LRT, pues de dicho informe no surgen cuáles han sido extremos analizados ni los estudios realizados para concluir que la patología era inculpable. A "contrario sensu" extraigo de dicho informe que el diagnostico "protusiones discales múltiples" es una patología que esta fuera del sistema cerrado de la LRT, lo cual es muy distinto a afirmar que la misma es extraña al trabajo o bien que no guarda conexión causal con las tareas cumplidas.

En ese contexto y existiendo divergencia de criterios, lógico y necesario hubiera sido que el empleador requiriera otro dictamen medico o la formación de una junta medica que determine el carácter de la enfermedad. Dicha omisión no puede ser invocada en perjuicio del trabajador, pues era como se ha visto una facultad suya verificar las dolencias realizando los controles médicos pertinentes conforme al art. 210 de la LCT que acuerda al empleador el derecho de control de la enfermedad, por lo que si este derecho no lo ejerce pierde la posibilidad de cuestionar lo invocado por el trabajador, en tanto no estará en condiciones de aportar una opinión profesional para controvertir la imposibilidad que aquél invocó.

De allí que su omisión lo haya llevado a una errónea calificación de los hechos - enfermedad inculpable- subsumiendo el caso en normas que no resultaban aplicables, desacierto que como he dicho no puede ser invocado en perjuicio del trabajador.

En ese marco resulta cuantos menos excesiva la medida dispuesta de poner fin a la relación, pues la prudencia aconsejaba que el empleador arbitre una razonable solución.

En conclusión, comparto el razonamiento efectuado por la juez de primera instancia de que el despido dispuesto en esas circunstancias ha sido sin causa, razón por la cual estimo deberá confirmarse aquel pronunciamiento íntegramente, como la sentencia de Cámara en lo que a este agravio se refiere.

Por las razones expuestas corresponde rechazar el recurso deducido por la parte demandada.