Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-03


SENTENCIA Nº 38660 JUZGADO Nº 77 AUTOS:"SANDOVAL, Gabriela Alicia c. INC S.A. y otro s. Accidente -Ley Especial" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de febrero de 2012, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia, hizo lugar a la demanda indemnizatoria que la actora fundó en normas del Código Civil, y condenó a satisfacer los resarcimientos por daño patrimonial y extrapatrimonial a INC S.A. y a Provincia ART S.A. Las demandadas y el perito contador, quien postula la revisión de sus honorarios, vienen en apelación.

II.- La accionante trabajaba como cajera en el establecimiento de la sociedad demandada. Padeció un proceso de tendinitis en la mano y muñeca derecha, originada en las tareas realizadas. Fue operada y, según información pericial, presenta una limitación de la movilidad de la articulación afectada que la incapacita parcialmente.

III.- La sentenciante de grado, para así decidir, hizo mérito de lo informado por el perito médico y los testimonios que citó, y consideró que: ".el accidente se produjo como consecuencia de la implementación de trabajo en condiciones potenciales de riesgo para los trabajadores", y afirmó que "lo relevante del caso es advertir que la tarea que desencadenó el infortunio fue potencialmente riesgosa. Si bien la provisión de los elementos de seguridad indispensables hubieran disminuido la posibilidad de daños, es evidente que la manipulación, realización y repetición de movimiento cargados con pesos variables durante aproximadamente siete horas diarias, sin elementos de protección y semejantes a los referidos por los testigos, las consecuencias de tales movimientos recaen directamente sobre las manos y muñecas, lo que representa un peligro cierto para la integridad física de los dependientes. En el caso de análisis, el accidente se produjo por la precaria implementación de un proceso de trabajo que hacía previsible la producción de tales hechos." Agregó, que "al momento de su ingreso a la empresa la trabajadora fue sometida a un examen médico que aprobó, por encontrarse apta físicamente" y, que no se acreditó "que la accionante hubiera contribuido con su negligencia a la producción del resultado dañoso ya que, el infortunio se produjo como consecuencia de la inadecuada implementación de los trabajos, defecto que resulta imputable directamente al empresario .". Lo expuesto condujo a la a quo a concluir que: " .el daño producido en la salud de la actora como consecuencia de un trabajo ejecutado sin protección, constituyó una actividad riesgosa que torna aplicable el sistema de responsabilidad previsto en el artículo 1113 del Código Civil.pues se encuentra debidamente demostrado que el infortunio ocurrido el 13 de agosto de 2007 se produjo con independencia de la conducta de la trabajadora quien, en cumplimiento de las órdenes de la principal, se limitó a desempeñar la labora en las condiciones de seguridad existentes".

Los fundamentos de la decisión adversa no fueron sometidos a la crítica razonada y concreta por las demandadas, ni demostraron, con precisa referencia al material probatorio acumulado, vicios in judicando derivados de la incorrecta apreciación de la prueba o de la indebida aplicación de las normas jurídicas que gobiernan la cuestión. Las partes remiten a las pruebas recibidas en la causa sin hacerse cargo de las conclusiones que de ellas extrajo la a quo (artículos 265 C.P.C.C.N. y 116 de la Ley 18.345).

El perito médico informó que "el examen pericial permitió comprobar con maniobras clínicas una gran pérdida de fuerza en su muñeca y mano derecha, refrendada por el estudio kinesiológico de la fuerza muscular que arroja un resultado de pérdida de fuerza mayor al 50% en la mano derecha respecto de la izquierda. Las ecografías realizadas informan de la presencia de una tendinitis. Teniendo en cuenta que la actora es una trabajadora manual, y que la pérdida de fuerza de más del 50% en su mano hábil representa una gran perdida de la capacidad motora y por ende de la capacidad de ganancia, es que estimamos una incapacidad parcial y permanente del 30% de la t.o. a causa de las secuelas del accidente que representa un gran deterioro del estado de salud práctica de la actora, marginándola en caso de un examen preocupacional médico".( ver fs. 415/419). No es cuestionable, el diagnóstico del facultativo. Por lo demás, el juicio de causalidad es, siempre, jurídico y es facultad del juez emitirlo con efectos vinculantes (artículos 386 y 477 C.P.C.C.N.).

INC S.A. es responsable civilmente por las consecuencias dañosas que se han derivado de las labores prestadas en su provecho y concurren al efecto tanto un factor subjetivo como objetivo de atribución.

Existe un factor objetivo, en los términos del artículo 1113 segundo párrafo del Código Civil, porque está probada la influencia que las cosas -mercaderías de diversos pesos- que manipulaba reiteradamente con movimientos repetitivos la actora, de propiedad o guarda de la demandada, tuvieron sobre la posición que debía adoptar con la mano derecha para desplazarlas, y realizar la tarea y su vinculación con el esfuerzo realizado, un efecto perjudicial para su salud. Si bien no se trata de cosas riesgosas en sí mismas, la actividad que desarrollaba sí lo era en función de la modalidad empleada - la manipulación y desplazamiento de los objetos en jornadas extensas -. Resulta de aplicación en autos la doctrina plenaria sentada en "Pérez, Martín I. c. Maprico, S. A.", según la cual: "En los límites de la responsabilidad establecida por el artículo 1113 del Código Civil, el daño causado por el esfuerzo desplegado por el trabajador para desplazar una cosa inerte, puede imputarse a riesgo de la cosa".

En dicho contexto, la demandada para eximirse de responsabilidad, debió demostrar la concurrencia de alguna de las eximentes que consagra la parte final del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil, es decir, que el daño obedeció al propio accionar de la víctima o que fue provocado por un tercero por quien no debe responder, circunstancias que no logró acreditar.

También estimo que concurre un factor subjetivo de atribución de responsabilidad, según el artículo 1109 del Código Civil, atento el incumplimiento del deber de seguridad a cargo de la empleadora. A pesar de estar al tanto de las dolencias que registraba la trabajadora, a su reingreso, tras el alta médica, le fueron otorgadas las mismas tareas riesgosas para su integridad física, ello corroborado por la prueba testimonial.

IV. No le asiste razón a Provincia ART S.A. por la extensión de responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley 24.557 que le son reprochables desde la égida del derecho común (artículo 1074 del Código Civil).	En efecto, la sentenciante condenó a la aseguradora por entender que omitió cumplir con la obligación de prevención de accidentes, con la capacitación del personal en ese sentido y con deber de seguridad impuestos legalmente.

La aseguradora no especificó concretamente acerca de cuáles fueron las diligencias realizadas, ni ilustró los actos orientados a la prevención de los riesgos laborales propios de la actividad que realizaba la actora, a pesar de que el ordenamiento jurídico les imponía un obrar positivo, mandato legal que es explícito (artículo 4 ° de la ley 24.557, ley 19.857 de Higiene y Seguridad en el Trabajo - artículos 5°, 7 ° y conc. y su reglamentación: decreto 351/1979, con sus modificatorios), circunstancia que excluye, a mi juicio, vacilaciones anudadas en torno de la relación causal. Es que, como lo puntualiza el Profesor Bueres, al hacer tema de las previsiones del artículo 1074 del Código Civil, aplicable en la especie, "en las omisiones puras, el omitente se abstiene de realizar una conducta que le es exigible con arreglo a los principios del ordenamiento. En tal hipótesis, existe un proceso causal preexistente y extraño al agente que permanece inerte, quien, no obstante, no se interpone y lo frustra" y añade: "sin perjuicio de la existencia previa de un proceso causal que desencadena el daño, la falta de interposición del omitente para conjurarlo cuando el ordenamiento se lo impone, tiene virtualidad suficiente para considerar que hay relación causal" (Bueres, Alberto Jesús, en "Código Civil y normas complementarias", Ed. Hammurabi, Bs. As., 2005, tomo 3 °, Págs. 60 a 62). En ese orden de pensamiento, expresa el Profesor Goldemberg: "Desde el punto de vista de la relación de causalidad, ese no hacer viene a ser una condición apta o adecuada para que el desmedro se produzca.de haberse observado el comportamiento positivo que las circunstancias exigían, se podría haber interrumpido el proceso causal, evitándose el desenlace dañoso" (Goldemberg, Isidoro H., "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Editorial La Ley, 2 ° edición, Bs. As., 2000, Pág.163).

En síntesis, la omisión no puede ser catalogada como ajena al daño si los actos omitidos, impuestos expressi verbis por el ordenamiento jurídico, eran aptos para excluir el peligro y detener el curso de los acontecimientos que desembocaron en el perjuicio.

Por cierto, no se quiere significar que la aseguradora de riesgos del trabajo hubiere debido garantizar un resultado (la indemnidad del trabajador), como en las obligaciones de esa categoría, siguiendo la añosa clasificación de Demogue, quien las distinguió de las obligaciones de medios ("Des obligations en general", Paris, 1925, tomo V, n ° 1230). Sólo se quiere decir que es altamente probable, y por ello no admite dudas la existencia de relación de causalidad adecuada y jurídicamente relevante, que de haberse cumplido con diligencia ese obrar impuesto, indicándose los factores de riesgo involucrados en la labor, proporcionándose desde el saber técnico información sobre los recursos preventivos y por último, señalándose los incumplimientos, con oportuna información a la SRT, se habría podido interrumpir el proceso causal que desembocó en el daño.

Por otra parte, si la ley 24.557 impone a las aseguradoras de riesgo del trabajo conductas positivas inherentes a la provisión de capacitación, al control y a la fiscalización de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, es porque está presuponiendo que el cumplimiento efectivo de tales funciones tendrá relación causal con la reducción de la siniestralidad. Luego, a "contrario sensu", también está presuponiendo que la omisión de esa actividad es apta para no detener los procesos causales con desenlaces dañinos.	Es decir, las normas legales en vigor no ofrecen dudas en cuanto a que pesa sobre estos entes de derecho privado obligaciones concretas atinentes a la prevención de los infortunios laborales que se suman a las que la ley también fija para ser cumplidas con posterioridad al siniestro y que se relacionan con la provisión de asistencia médica acorde a la dolencia padecida por el trabajador como al otorgamiento de las prestaciones dinerarias o en especie.

Luego, si la aseguradora de riesgos del trabajo no cumple las obligaciones que legalmente le están impuestas en el campo de la prevención, debe reparar de manera integral y con ajuste al derecho común, los daños que tienen relación causal adecuada con su antijuridicidad por omisión, en la medida que le sea imputable al menos a título de culpa (artículos 512, 902, 1109 y 1074 del Código Civil, fallos CSJN "Galván" y "Torillo"). En contraposición, su responsabilidad patrimonial se ceñirá a las prestaciones tarifadas por la ley 24.557 si su obrar no merece reproche en la antesala del infortunio, ya sea porque no incurrió en ilicitud, o bien porque el daño no tiene relación causal con la omisión culposa; en síntesis, si no se configuran los presupuestos básicos de la responsabilidad civil.

Desde esta perspectiva, considero que se concretó una ilicitud de omisión, imputable a título de culpa, con incidencia causal jurídicamente relevante respecto del daño que fue efecto del siniestro motivo de esta litis.

V.- También discrepan las demandadas respecto del monto de las indemnizaciones y postulan su reducción. El agravio es admisible.

La sentenciante de grado estimó en $ 516.000.- la reparación integral en el marco del derecho civil ($ 430.000.- daño patrimonial y $ 86.000.- daño extrapatrimonial), y explicó los parámetros que utilizó para llegar a ella (fs. 525 punto V). Teniendo en cuenta, los datos que regularmente son considerados relevantes a ese fin -edad, expectativa frustrada de desempeño laboral futuro e ingreso base, el "lucro cesante", significa la frustración de cualquier proyecto de vida, de directa incidencia en la esfera afectiva de su personalidad (artículos 1068, 1069 y 1078 del Código Civil, 165 C.P.C.C.N.), porcentaje de incapacidad, estimo satisfactorio a la luz de la doctrina de la Corte en "Arostegui" y "Pametal" fijar en $ 250.000.- la indemnización con fundamento en la normativa civil ($ 200.000.- indemnización por daño patrimonial y $ 50.000.- indemnización por daño moral). Cabe agregar que, la estimación es el único procedimiento para cuantificar daños eventuales y futuros, en suma, conjeturales, que consisten en una pérdida teórica de chance, consistente en la disminución de la capacidad laborativa.

VI. A influjo de lo normado por el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, corresponde una nueva decisión sobre costas y honorarios. Propongo que las costas de ambas instancias se impongan a las demandadas vencidas (artículo 68 CPCCN) y que se regulen los honorarios de la representación letrada de la actora, de la demandada y de la aseguradora, por los trabajos de ambas instancias, en el 20%, 15% y 13% respectivamente, y los de los peritos médico, y contadora, en el 7% y 6% respectivamente. En todos los casos, del monto de condena, incluidos capital e intereses (artículos 6 º, 7 º, 14, 19 y concordantes de la ley 21.839 y decreto 16.638/57).

VII. Por las razones expuestas, citas legales y, en lo pertinente, argumentos propios de la sentencia apelada que doy por reproducidos, propongo se la confirme en lo principal que decide; se fije en $ 250.000.- el capital nominal de condena con los intereses establecidos en grado; se dejen sin efecto los pronunciamiento sobre costas y honorarios; se impongan las costas del proceso a las demandadas; y se regulen los honorarios de la representación letrada de la actora, de la demandada y de la aseguradora, por los trabajos de ambas instancias, en el 20%, 15% y 13% respectivamente, y los de los peritos médico, y contadora, en el 7% y 6% respectivamente, del monto de condena, incluidos los intereses (artículos 6, 7, 14, 19 y concs. Ley 21.839; artículo 3 y concs., D.L. 16.638/57 ).

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

I) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide; fijar en $ 250.000.- el capital nominal de condena con los intereses establecidos en grado;

II) Dejar sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios;

III) Imponer las costas del proceso a las demandadas;

IV) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora, de la demandada y de la aseguradora, por los trabajos de ambas instancias, en el 20%, 15% y 13% y los de los peritos médico y contadora, en el 7% y 6% respectivamente, del monto de condena, incluidos los intereses.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- ls LUIS ALBERTO CATARDO VICTOR A. PESINO JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA	Ante mí:	ALICIA E. MESERI	SECRETARIA