Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-01


Trelew, 01 de febrero de 2.007.- VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 1173 por los Dres. N. O. M. y P. O. A., por su propio derecho, contra el decisorio de fs. 1162/1163, concedido que fuera el mismo a fs. 1174, fundado mediante el memorial de agravios de fs. 1178/1179, corrido traslado a la contraria a fs. 1180, contestado el traslado conferido a fs. 1181/1188; y las apelaciones interpuestas y fundadas a fs. 1165/1169 y 1175, la primera por el Dr. G. C., por su propio derecho, y la segunda por los Dres. N. M. y P. A., también por su propio derecho, contra la regulación de honorarios practicada a favor del Dr. C. mediante el decisorio de fs. 1162/1163, concedidas que fueran las mismas a fs. 1177 y 1176, respectivamente.

Y CONSIDERANDO:

I.- Mediante el decisorio en crisis el Sentenciante de Grado resuelve: "I) Hacer lugar a la impugnación deducida por la demandada a fs. 1139/1154 ... II) Firme la presente se proveerá la apelación interpuesta en el escrito referido en el punto antecedente.

III) Con costas a los letrados vencidos, a cuyo fin regulo los honorarios profesionales del Dr. G. C. (let. apoderado demandada) en un 1 % del monto que en definitiva resulte de la planilla a aprobarse, con más el 40 % por mandato (arts. 6, 9 y 33 de la ley 2.200), con mas I.V.A. si correspondiere para el caso de que el profesional revista el carácter de responsable inscipto ...".- - Funda lo resuelto en que la resolución interlocutoria nro. 238/03 (fs. 1122), mediante la cual se regularon los honorarios de los profesionales actuantes en la causa, atento el desistimiento de la acción y del derecho formulado por la actora y la conformidad prestada por la demandada (fs. 957), no fue notificada a la parte demandada -poderdante de los Dres. A. y M.- conforme lo dispone para el caso el art. 63 de la ley 2.200, en el domicilio real de esta última, por lo que dicho resolutorio no se encuentra aún firme, sin perjuicio de las notificaciones personales que lucen a fs. 1122vta. y por cédula a fs. 1130. Señala que ninguna prueba se ha ofrecido respecto al invocado conocimiento de la resolución por otros medios.- II.a.- A fs. 1173 los Dres. N. O. M. y P. A., por su propio derecho, apelan lo resuelto. Fundan el recurso interpuesto mediante el memorial de fs. 1178/1179 en el que puntualizan dos agravios. El primero referido al conocimiento del auto regulatorio. Puntualizan que es principio básico que el conocimiento efectivo suple cualquier formalidad.

Invocan que C. F., menos aún su representante legal, no pueden alegar el desconocimiento de la finalización de la causa, toda vez que suscribió en forma personal con la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew acuerdo de extinción de la acción, asumiendo el pago de los honorarios profesionales de los letrados que lo asistieron.

Esgrimen que no se fijó en dicho acuerdo un límite de honorarios profesionales, ni tampoco se pactó suma alguna, de allí que presumen el conocimiento por parte de C. F. S.A. que debía abonar los estipendios, no habiendo realizado al respecto ningún tipo de pago ni gestión con viso de seriedad.

Sostiene que C. F. nunca pudo presumir gratuita la actuación profesional de los letrados que permitieron que saliera indemne ante el reclamo formulado por la Cooperativa de mas de un millón de pesos, a lo que añaden que el propio deudor admite haber suscripto en garantía un pagaré de U$S 100.000, cuya causa origen son precisamente los honorarios devengados e impagos en estas actuaciones.

De lo expuesto concluye que queda en claro que su ex representada tenía conocimiento del auto regulatorio, si bien no recibió cédula sabía del contenido del decreto que fijaba los honorarios a los letrados intervinientes y era conciente de su mora. Centran el segundo de los agravios vertidos en cuestionar el modo en que las costas han sido impuestas.

Señalan que no tiene otro medio de pretender cobrar los honorarios profesionales que no sea esta vía, por lo que han existido razones suficientes para litigar, operando dicho extremo como elemento para eximir de costas a los presentantes. Peticionan se revoque la sentencia de primera instancia en todo cuanto es materia de agravios.- II.b.- Corrido traslado a la contraria de los agravios vertidos, los mismos son respondidos mediante el escrito de fs. 1181/1188. Señala que el memorial bajo responde no importa una crítica concreta y razonada de la decisión recurrida. Subsidiariamente responde afirmaciones vertidas por su contraparte.

Peticiona se confirme en un todo el decisorio impugnado por los quejosos, se impongan las costas a los impugnantes, y al mismo tiempo se sancione adecuadamente la temeridad y malicia con que claramente se han dado a actuar los recurrentes.- II.c.- El análisis del primero de los agravios vertidos exige señalar que la expresión de agravios, en aras de conformar el sustento argumental del recurso de apelación, no debe reducirse a un mero disentir con lo decidido por el juzgador, sino que se debe criticar: atacar directamente la fundamentación de la resolución, tratando de demostrar los errores fácticos y jurídicos que ésta pudiere tener.

La falta de cumplimiento de la crítica concreta y razonada de los puntos del fallo recurrido aparejan la declaración de deserción del recurso de apelación" (C1a de Apel. Civ. y Com., Córdoba, 01/09/03, "L., M. c/ G., D. y Otros s/ Ejecutivo", elDial - AA1C9B).- La crítica concreta y razonada que debe contener el memorial de agravios, ha de consistir en la indicación, punto por punto, de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al pronunciamiento.

En consecuencia, deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho en que fundó el a quo su decisión a través de la expresión de las circunstancias fácticas y de las razones jurídicas por las cuales se tachó de erróneo el pronunciamiento (CNCiv., Sala E , 17/10/985, L.L., 1985-E-402, 37.048-S).- Y, no critican directamente los recurrentes los argumentos centrales desarrollados por el Sentenciante de Grado, los que refieren a que: 1) que la resolución interlocutoria nro. 238/03 no fue notificada a la parte demandada -poderdante de los Dres. A. y M.- conforme lo dispone para el caso el art. 63 de la ley 2.200, en el domicilio real de esta última, por lo que dicho resolutorio no se encuentra aún firme; 2) ninguna prueba se ha ofrecido respecto al invocado conocimiento de la resolución por otros medios.

No fundó el Sentenciante de Grado lo resuelto en el desconocimiento de la finalización de la causa sino del auto regulatorio posterior. No vinculan los apelantes la afirmación del conocimiento de la demandada de su obligación de pagar los honorarios, con el invocado conocimiento presumido del auto regulatorio resuelto mediante sentencia interlocutoria nro. 338/03, dictada habiendo transcurrido algo mas de un mes de la firma del desistimiento de fs. 957 (ver fs. 1122).

Tampoco vinculan el pagaré suscripto, su monto, con la liquidación a la que arriban o el alegado conocimiento de la regulación de honorarios resuelta. No cuestionan los recurrentes la interpretación dada al art. 63 de la ley 2.200, ni fundamentan el alegado conocimiento tácito del pronunciamiento de fs. 1122 por el cual se le regularan los honorarios cuya liquidación formulan.

Los propios apelantes señalan que en materia de notificaciones tácitas debe prevalecer una interpretación restrictiva.

En tal sentido, el memorial de fs. 1178/1179 se limita a afirmar de manera dogmática el conocimiento por parte de la demandada de la regulación resuelta a fs. 1122, sin rebatir eficazmente las conclusiones a las que arribara el Juez de la instancia antecedente.

La expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideran equivocadas no bastando las simples generalizaciones ni las apreciaciones meramente subjetivas que demuestran un enfoque diferente al otorgado por el juzgador.

Tampoco se cumple con las recordadas exigencias cuando el apelante manifiesta una mera disconformidad con el fallo de primera instancia, que considera injusto, mas sin suministrar argumentos jurídicos que fundan un punto de vista diferente reiterando alegaciones ya efectuadas y examinadas por el a quo (CNCiv., Sala F, 14/02/985, L.L., 1985-C-644, 36.876-S).

Así, si no se formulan agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga (esta Sala, SDL 47/03).

Y, el primero de los agravios vertidos no constituye una impugnación concreta del pensamiento del Sentenciante de Grado, no refuta las conclusiones establecidas por la sentencia, por lo que corresponde declarar la deserción parcial del recurso de apelación interpuesto a fs. 1173.

Ingresando al análisis del segundo de los agravios vertidos corresponde puntualizar que el principio general consagrado por el art. 68 del código adjetivo dispone que la parte vencida en juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria. La eximición de costas al vencido sólo puede fundarse en situaciones objetivamente equívocas o de dificultosa solución en orden a una real discusión doctrinaria y jurisprudencial.

La sola creencia subjetiva de la razón probable para litigar no es suficiente para eximir del pago de las costas al vencido, pues salvo hipótesis maliciosas, todo aquél que somete una cuestión a los tribunales es porque cree tener la razón de su parte, lo cual no lo exime del pago de los gastos del contrario si el resultado no le es favorable.

Sólo es admisible esta causal de eximición frente a las características peculiares y dificultades del asunto, supuestos en los cuales la razón probable para litigar debe encontrarse avalada por elementos objetivos de apreciación, de los que se infiera la misma sin lugar a dudas (esta Sala, SIC 01/03), elementos ausentes en el sub examine, por lo que ha de confirmarse el modo en que las costas fueron impuestas.

Finalmente, en lo referente a la aplicación de la multa requerida por la parte apelada, prematuro resulta ingresar al análisis de lo pretendido ya que la oportunidad para su evaluación es la establecida por el art. 551 del código adjetivo.

Es que, la aplicación de la sanción por inconducta procesal debe ser tratada en oportunidad de dictar sentencia, o de dar cumplimiento a la sentencia de trance y remate. La aplicación de la multa sólo puede tener lugar en el momento de dictar sentencia, y no al pronunciar cualquier clase de sentencia interlocutoria (Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial Prov. de Bs. As. y de La Nación", Comentados y Anotados, Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, T. VI-B, pág. 440 y ssgts.).

III.a.- Resta analizar las apelaciones interpuestas y fundadas a fs. 1165/1169 y 1175, interpuestas ambas contra la regulación de honorarios resuelta a favor del Dr. G. C. mediante el decisorio en crisis.

A fs. 1165/1169 el Dr. C., por su propio derecho, apela los honorarios a su favor regulados por considerar insatisfactorio el procedimiento establecido para la ulterior fijación del emolumento, de confirmarse el mismo apela el porcentual fijado como retribución, por considerarlo exiguo.

Sostiene que la cuantía de la regulación final habrá de estar en relación inversa al éxito de la gestión profesional que le fuera confiada, por lo que, afirma, tal temperamento desatiende lo dispuesto por el art. 6 de la ley 2.200.

Invoca que la decisión futura será insusceptible de modificar lo ahora decidido: el rechazo de una pretensión expresada y eficazmente resistida, con la consecuente secuela económica. Esgrime que la fijación de honorarios correspondientes a esta incidencia no admite demora. Aspira a que el porcentaje fijado sea el equivalente al máximo establecido por el art. 33 del ordenamiento arancelario.- A fs. 1175 los Dres. N. M. y P. A., también por su propio derecho, apelan la misma regulación de honorarios por considerar altos los estipendios fijados. Se agravian de que la resolución tome como referencia el importe de una planilla de liquidación (indeterminada por el momento), cuando la incidencia o el tema que resolvió la SI 331/06 resultó ajeno a dicha planilla, resumiéndose exclusivamente en la cuestionada firmeza del auto regulatorio de honorarios (SI 238/03).

Citan jurisprudencia de esta Cámara, cuya aplicación peticionan, referida al apartamiento de los porcentuales fijados por la ley arancelaria. Solicitan se reduzca la regulación efectuada a valores que contemplen razonablemente el trabajo desarrollado, sin relacionarlo con una planilla de liquidación que aún no ha sido determinada.

III.b.- Es el ordenamiento arancelario el que para la regulación de los honorarios debidos considera monto del proceso "la suma que resultare de la sentencia o transacción" (art. 19, ley 2.200) y establece la regulación en términos porcentuales cuando en los juicios susceptibles de apreciación pecuniaria, tal el sub examine, el Tribunal no pudiere determinar el monto del proceso mediante procedimientos matemáticos (art. 47, ley 2.200), por lo que no contándose aún con una liquidación aprobada no puede mas que concretarse la regulación en términos porcentuales, porcentaje a aplicar sobre la planilla que en definitiva resulte aprobada.- Por otra parte, la impugnación se refirió puntualmente a la planilla de liquidación concretada a fs. 1128, por lo que no puede considerarse ajena a la misma.- Ello así, valorada la naturaleza, extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida por el Dr. G. C., el monto involucrado, el resultado obtenido y las normas arancelarias que son de aplicación (arts. 6, 7, 9, 33 y concs., ley 2.200 y modif.), adecuado entiende este Tribunal fijar los honorarios del profesional individualizado en un 1,1 % del monto que en definitiva resulte de la planilla a aprobarse, con mas el 30 % por mandato.

En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut RESUELVE:

I.- Declarar la deserción parcial del recurso de apelación interpuesto a fs. 1173 y concedido a fs. 1174.

Confirmar la imposición en costas resuelta a fs. 1162/1163.

No hacer lugar a la sanción por temeridad y malicia peticionada a fs. 1181/1188.- Imponer las costas de Alzada a los apelantes vencidos (art. 558, CPCC), regulándose los honorarios correspondientes al Dr. G. C., en mérito a la calidad, extensión, eficacia de la labor profesional cumplida y al resultado obtenido, en un 30 % de los que a su favor son establecidos por su actuación en la instancia antecedente (art. 14, ley 2.200 y modif.), sin regular honorarios a favor de los Dres. P. A. y N. M., en virtud de lo dispuesto por el art. 12 del ordenamiento arancelario.

II.- Modificar la regulación de honorarios resuelta a favor del Dr. G. C. a fs. 1162/1163, para fijar los honorarios del Dr. G. C., por su actuación en la instancia antecedente, en un 1,1 % del monto que en definitiva resulte de la planilla a aprobarse, con mas el 30 % por mandato (arts. 6, 7, 9, 33 y concs., ley 2.200 y modif.).

Sin costas de Alzada dado que en materia de honorarios los memoriales y sus contestaciones en principio no devengan costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 02 DE 2007 - SIC.- CONSTE.-