marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Silencio de la administración, habilitación de instancia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BEPA  S.R.L. c/ EN  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03

Corresponde tener por habilitada la instancia judicial, sin que tal declaración implique prejuzgamiento acerca del derecho de fondo que pudiera eventualmente corresponderle a la accionada en sus pretensiones, cuando no existe pronunciamiento de la administración respecto de los requerimientos de la actora en sede administrativa, tomando en consideración la fecha de su última presentación y la interposición de la demanda por aplicación del art. 23, inc. c de la ley 19549 que permite la impugnación de un acto administrativo de alcance particular, por vía judicial cuando se diere el caso de silencio de la administración a que alude el art. 10 de la ley.
Apremios ilegales, proceso penal, prueba confesional, apreciación de la prueba, jueces
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Ruíz, Roque A. s/ HURTOS REITERADOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-17

Si los jueces no tomaron en consideración como prueba de cargo las manifestaciones vertidas por el acusado mediante apremio ilegal, no se dan los requisitos para invalidar la condena.
Concursos, pedido de quiebra, trámites judiciales, prueba sumaria del crédito, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vorterix SRL le Pide la Quiebra Cooperativa de Credito y Vivienda Unicred LTDA. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-24

Cabe revocar la resolución que desestimó -sin sustanciación-, el pedido de quiebra solicitado por un acreedor con sustento en una sentencia incumplida, por considerar que el acreedor había omitido realizar en el marco de aquel juicio individual, una exhaustiva búsqueda de los bienes de la presunta deudora. Ello así, pues ante la mora en el cumplimiento de esas obligaciones y de conformidad con lo dispuesto por la LCQ 78 y 79-2°, el peticionante se encuentra habilitado para solicitar la declaración de falencia pretendida (v. esta Sala, 23/03/10, en "Megalum SA s/ pedido de quiebra por Bianchi, Rubén Darío", y jurisprudencia allí citada).

Consecuentemente el reproche vinculado con esa omisión como requisito de admisibilidad del pedido de quiebra, carece de apoyatura legal en la normativa vigente (conf. Sala proveyente, "Dobry Luis le pide la quiebra S.T. Dupont", 16/02/01; íd. "Comodex SA -le pide la quiebra- Sanlufilm SA", 14/02/03; íd. "DATECO SRL le pide la quiebra Paz Lautaro Ysidoro, 07/10/05"; íd. "Nicenboim José Eduardo s/ pedido de quiebra por Kaunzinger Freir Alfredo Hans", 8/11/11; "Bonquim SA le pide la quiebra Ovniplast SA", 3/03/16), por lo que ese temperamento no puede ser admitido.

Máxime, cuando el peticionante de la falencia requirió un embargo sobre cuentas de la demandada en distintas entidades bancarias. Y tras la frustración de esas medidas, solicitó la obtención de copias certificadas para iniciar la presente acción, lo cual descarta la existencia de una "doble vía" que hubiera podido obstaculizar la presente acción.

No se pasa por alto que el señor juez a quo señaló que en el marco de las diligencias ordenadas en esta causa, se había detectado que la presunta deudora sería titular de ciertas marcas registradas a su nombre. No obstante, esa sola circunstancia no habilita a decidir el asunto del modo en que lo fue, desde que aun cuando se desconoce el estado y valuación actual de esos bienes, lo cierto es que nada pregonan ellos per se sobre la solvencia de la presunta deudora. En efecto: si de lo que se tratase fuese de la constatación de un eventual equilibrio entre activos y pasivos, lo que debería investigarse es si el deudor puede pagar esas deudas en tiempo propio; posibilidad que no depende de una valuación o estimación que pudiera realizarse sobre sus bienes, sino del valor real que éstos tengan y de la viabilidad de su oportuna realización, datos que solo se obtienen luego de intentada -y en su caso lograda- la venta.
Prevención, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LOIACONO, V. s/ nulidad Causa nro. 26.815
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-21

Una correcta hermenéutica del artículo 195 del Código Procesal Penal de la Nación contempla expresamente a la prevención policial como acto autónomo de promoción instructoria.
Testamentos, capacidad para testar, coherencia del testamento
Materia: CIVIL
Carátula: V.J.G. y otro c/ V.M.G. S/Suc. s/ NULIDAD DE TESTAMENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-24

Cuando se controvierte la aptitud mental del testador, lo único que puede examinarse es si el testamento resulta absurdo o incoherente a fin de determinar si revela "color insaniae" o si registra alguna de las "bizarreries" o "excentricités" que llevaron a la doctrina francesa a reputarlo "comme étant l'oeuvre d'un fou". Si las disposiciones están bien concertadas y responden a las afecciones presuntas del testador, constituyen la prueba corroborante de la presunción de perfecta razón (conf. Fornelies, "Tratado de las Sucesiones", T. II, nro. 164, nro. 4, p. 131; Fassi, "Tratado de los testamentos", vol. 2, nros. 1890 y 1892, ps. 388/9 y 390, y sus respectivas citas). La coherencia interna de las disposiciones y el beneficio a los cuñados que convivían con el testador y a sus antiguos servidores, lejos de evidenciar algún absurdo son muestra acabada de consciente y reflexiva determinación.
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Otero, Zulema c/ Caja de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-10-26

El rubro percibido en el haber jubilatorio como consecuencia de un error de liquidación, no constituye un derecho irrevocablemente adquirido derivado de un acto administrativo. Ello así, por cuanto para que puedan alegarse derechos al patrimonio de una persona, derivados de un acto administrativo es preciso que éste haya sido cumplido en ejercicio de facultades regladas y conforme los recaudos necesarios para su validez en cuanto a forma y competencia;

circunstancia que no se configura en autos, donde nos encontramos ante una liquidación erróneamente practicada, de la que tuvo conocimiento tanto el ente previsional como debió tenerlo el reclamante, ya que no percibía el rubro en cuestión al cesar sus funciones.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), voto en disidencia, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, jueces, contrato de garaje, responsabilidad objetiva, relación de causalidad
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: PISACCO, EDGAR JOSE c/ DI PAOLO, ESTER TERESA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-09-14

La recurrente pretendió endilgar a la resolución recurrida el vicio de arbitrariedad, mas no logró poner en crisis el pensamiento sentencial ni evidenciar que adolezca de falla alguna en el razonamiento con el que se sostiene la decisión, desde que -para revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda instaurada- la Cámara consideró que el vínculo habido entre las partes era un contrato de garaje y no un contrato de locación de cosa, como sostuvo la accionada, toda vez que el comercio fue habilitado bajo el rubro cochera en una fecha que coincide con el inicio del vínculo contractual, que los testigos dan cuenta que el actor alquilaba una cochera en el inmueble de la demandada, que la accionada se encuentra registrada como monotributista en la AFIP con domicilio fiscal en ese mismo inmueble, que el recibo de pago otorgado al actor consigna "alquiler mensual de una cochera", que según la declaración testimonial del encargado, el lugar estuvo asegurado por robo e incendio, y que, aunque se trata de un emprendimiento comercial menor, ello no le quita el carácter lucrativo y las legítimas expectativas generadas en el usuario, que mas allá que la demandada relativizara los controles, como mínimo podía esperar que se mantuviera vigente la contratación de una póliza de seguro con cobertura para los eventuales siniestros; por lo que entendió el A quo que la obligación del guardador es de resultado y, por ende, su responsabilidad objetiva, es decir que, para eximirse de responsabilidad, debía acreditarse la interrupción del nexo causal, lo que no aconteció en el sub lite. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi)
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, empresa, quiebra, recuperación de empresas, continuación de la empresa, interés público, derecho de propiedad
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Cía. Swift de La Plata c/ Estado Nacional Argentino (PEN.) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

No puede considerarse que las sociedades que son declaradas en quiebra tengan un derecho sustentado en las previsiones de los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional, que determine que su situación económica al momento de ser desapoderada de sus bienes como consecuencia de la falencia no deba sufrir detrimento alguno al concluir la administración realizada por las personas designadas por la autoridad estatal con competencia para ello.
Competencia contencioso administrativa, admisibilidad del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Gordillo, Mirta Nicolasa y Otros c/ Estado Provincial de Catamarca s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-02-21

Comparece la parte actora interponiendo acción contencioso administrativa de plena jurisdicción en contra del Estado Provincial de Catamarca, persiguiendo se deje sin efecto la denegatoria tácita al Reclamo Previo efectuado con fecha 15/SEP/11 requiriendo la aplicación de la ley de porcentualidad y con ello el reconocimiento y pago de diferencias de haberes que se adeudan desde el año 2005 a la fecha.

Analizada la materia que involucra la pretensión se infiere que la misma se trata de una relación regida por normas de derecho administrativo, se impugna un acto de denegatoria tácita emitido por la autoridad administrativa de última instancia que causa estado, conforme documentación que se adjunta, habiéndose interpuesto la acción en tiempo hábil, todo de conformidad a lo previsto en los Arts. 1, 5, 7 y 13 CCA, por lo que corresponde declarar la admisibilidad prima facie de la acción en los términos del Art. 3 de igual plexo normativo.
Medidas cautelares, honorarios, ley arancelaria
Materia: CIVIL
Carátula: Marraco, Fernando c/ Yaroslava Orichin s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-29

Cuando la medida cautelar es una consecuencia de la acción promovida, y para obtenerla no se ha realizado un trámite autónomo ni especial, no es de aplicación el artículo 27 de la ley arancelaria, debiendo reglarse por lo normado en el artículo 33 de la misma ley, que atribuye las tareas cumplidas en los incidentes. Es que las normas contenidas en el artículo 27 del Decreto Ley 2200, contempla el supuesto en que las medidas precautorias constituyen el único objeto perseguido, a través de una tramitación autónoma, independiente o aún previa al juicio principal.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pozzer, Juan Ismael y otros c/ Marietta Marmetal SAIC s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Cobro de australes (Expte. CSJ Nº 409-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-04

La arbitrariedad por omisión de pronunciamiento resulta descartada cuando el tema de que se trata fue resuelto en forma implícita o carece de incidencia en la solución del litigio. En el caso, los apelantes no logran demostrar que la Corte no haya dado cumplimiento a su cometido jurisdiccional incurriendo en la mencionada preterición, dado que dichas cuestiones han de entenderse implícitamente juzgadas al examinar el argüido apartamiento de la Sala de las directrices sentadas por un tribunal laboral pleno de Rosario en torno a la regulación correspondiente al rubro automotor, así como la exégesis que el Juzgador realizó del Laudo 29/75 y de la Resolución Ministerial 37/90; y, en definitiva, concluir que no aparecían configurada en la especie las invocadas arbitrariedades.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, apartamiento de las constancias de la causa, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Partido Conservador Popular - orden nacional - s/ inscripción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

La omisión por parte de la cámara de tratar constancias relevantes que habían sido incorporadas al expediente, vicia el pronunciamiento como acto jurisdiccional y justifica la intervención de la Corte en garantía del debido proceso: art. 18 de la Constitución Nacional.
Derecho contravencional y de faltas, proceso contravencional, proceso penal, sistema acusatorio
Materia: PROCESAL-PENAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: RIQUELME, VALERIA DOLORES c/  s/ CONFLICTO DE ATRIBUCIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-14

Ante las sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad o nulidades de los procesos de faltas sostenidas por las distintas Cámaras de Apelación en lo Penal de la Provincia desde hace tiempo, es necesaria -hasta tanto se modifique la legislación- la intervención de un acusador en el proceso de faltas y la adecuación del trámite al modelo de enjuiciamiento propio de la Constitución nacional, pues resulta absolutamente irrazonable que hasta tanto ello ocurra se paralice el funcionamiento de la persecución y juzgamiento de las faltas y contravenciones invocando razones o disputas de naturaleza formal; y no existiendo ninguna alternativa -ya que no sólo por razones temporales no compete a los fiscales del sistema conclusional la intervención en casos como el presente, sino que además el 10 de febrero del año 2017 se produce la conclusión del sistema residual con el eventual traspaso de las estructuras correspondientes al único sistema de justicia penal vigente quedando solamente afectados los órganos necesarios para la finalización de las causas penales aún en trámite dentro de aquél sistema- corresponde intervenir en los presentes el representante del Ministerio Público de la Acusación.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte, daños y perjuicios, gobierno de facto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Porto, Jesús Edelmiro c/ Estado Nacional s/ da$os y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Debe rechazarse el agravio del actor al pretender responsabilizar al Estado por la falta de percepción de haberes jubilatorios por su condición de diputado y otros rubros, ya que no aparece debidamente cuestionada la aserción del fallo referida a que tales items quedaban fuera del ambito de aplicacion de la ley 21.670.
Remuneración, remuneraciones accesorias, horas extra, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: PAEZ BARBARITA ELENA c/ SUCESION SIXTO PAPOTTI s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-12-30

El trabajo en horas extras debe ser acreditado por quien lo invoca, es decir, que las horas extras reclamadas, por su naturaleza, deben ser probadas por quien las invoca de un modo eficaz y concluyente.
Despido con causa, despido por riña
Materia: LABORAL
Carátula: Torrico Balderrama, Juan Carlos c/ Alpesca S.A. s/ Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-26

Los actos de agresión física contra los compañeros de trabajo han sido invariablemente considerados como causa injuriosa legitimante del despido, en tanto alteren la disciplina y el orden del establecimiento y no exista justificación de la conducta asumida por el trabajador.
Acción de revisión, hechos nuevos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G, F R s/ HOMICIDIO CULPOSO. REVISION PENAL (CSJ EXPTE Nº 372-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-10

El remedio que se confía a la acción de revisión penal no tiene el propósito de corregir la equivocada valoración de los elementos que estaban presentes en el proceso, sino el de permitir ponderar los que por no haber estado presentes entonces, no pudieron influir para poder arribar a una condenación más benigna. Es decir, son necesarios, pues, hechos o pruebas sobrevinientes, esto es, eventos o documentos que ocurran o sean descubiertos con posterioridad al pronunciamiento impugnado.
Intervención de terceros, intervención obligada
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALESANDRELLI EVARISTO c/ GARAJE NICARAGUA Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-11

Dentro de la normativa contenida en el art. 94 del Cód. Proc.

a los efectos de la citación de terceros a juicio, deberá tenerse en cuenta la conexión que pueda mediar entre la relación jurídica que vincula al tercero con algunas de las partes y los elementos objetivos (objeto y causa) de la pretensión. Dentro de tal tesitura cabe acoger la citación cuando el tercero pueda ser sujeto de una eventual pretensión regresiva.

En términos generales puede aseverarse que el fundamento de la intervención coactiva del tercero radica en evitar que, en el proceso que tuviese por objeto la pretensión regresiva el demandado pueda argüir la excepción de negligente defensa (exceptio mali processus) de manera pues que la eventual sentencia condenatoria sólo constituye un antecedente favorable a la fundabilidad de la pretensión de regreso que se interponga frente al citado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), declaración de inconstitucionalidad, defensa en juicio, bien jurídico protegido, reglas procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE-PROCESAL
Carátula: González, Sonia María y otros c/ Municipalidad de Sastre y Ortiz s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-10-10

No puede tener favorable acogida el agravio consistente en cuestionar la declaración de inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 9 de la ordenanza número 1174 cuando el juicio inició con anterioridad a su dictado, dado que dicho planteo no alcanza para desvirtuar lo argumentado por el Tribunal respecto a que no existió violación alguna al derecho de defensa de la demandada puesto que si bien con la sanción de la ordenanza mencionada, modificatoria de la 951/04, se amplió a 200 metros la prohibición de aplicaciones terrestres, la pretensión de los actores con relación a este tipo de fumigaciones era llevar el límite agronómico a los 1000 metros, razón por la cual mal puede afirmarse que no hay cuestión para debatir o que se introdujo un nuevo asunto que no fue materia del litigio; adecuándose los fundamentos de la Sala al tratamiento que cabe dar a un asunto concerniente a la tutela del ambiente, íntimamente vinculado con la salud y la vida de las personas, en el que se encuentra en juego un interés general que requiere la adopción de medidas necesarias para proteger la comunidad afectada, correspondiendo, de ser necesario para la efectiva tutela de los derechos superiores comprometidos, flexibilizar el principio de congruencia, y procurando la menor afectación posible al derecho de defensa de la contraria, de manera de otorgarle la oportunidad de expresarse aunque sea reduciendo o postergando el contradictorio, toda vez que en este tipo de casos las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite de su propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador. - CITAS: CSJN: Fallos: 332:663; 329:3493; 339:201; 344:174. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Municipalidad de Sastre y Ortiz, Ordenanzas 1174/19, artículo 9 y 9 1/04.
Prueba, reconocimiento en rueda de personas
Materia: PENAL
Carátula: FERREYRA LUIS MARIA s/ VIOLACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-13

La impugnación que efectúa la defensa al reconocimiento realizado por la víctima no puede prosperar; entiendo que las personas que acompañaban al imputado, reunían los requisitos exigidos por la ley ya que, cuando ésta dice semejantes quiere significar no sólo similar, constitución física sino también semejante presentación personal, económico y social, requisitos estos, en mi criterio reunidos por los testigos que depusieron ante el tribunal y que integraron la rueda de reconocimiento junto con el imputado, ya que de ser exactamente iguales - como lo requiere la defensa - se haría más dificultosa la práctica del reconocimiento por el parecido excesivo.
Incidentes, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pianelli, Liliana c/ Pancani, Jorge s/ Incidente de nulidad de convenio de honorarios en Pianelli c/  Pancani s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Durante el trámite de un incidente rige en todo su curso del mismo la irrecurribilidad, salvo la resolución que pone fin al incidente.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Facultades del juez, facultades jurisdiccionales, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: LA EDITORIAL  S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

La misión de los jueces no se cumple adecuadamente sino haciendo efectivo el derecho del art. 18 de la Constitución Nacional mediante el primado de la verdad jurídica objetiva, lo que los faculta a valerse de todas las constancias obrantes en la causa para esclarecer los hechos debatidos. El ocultamiento de esa verdad, la renuncia consciente a ella, no son compatibles con el adecuado servicio de justicia, sin que esto importe suplir la conducta omisiva de las partes ni vulnerar la bilateralidad del proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, responsabilidad penal, garantías procesales, doble instancia, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BUSTOS, ALEJANDRO RUBEN Y VARELA, FERNANDO HERNAN c/  s/ FALSEDAD IDEOLOGICA DE DOCUMENTO PUBLICO AGRAVADO POR SER FUNCIONARIO PUBLICO-
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-03-21

En el presente, la Cámara omitió analizar los agravios de la defensa vinculados con la confirmación de la condena al justiciable como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado a la pena de prisión perpetua, por entender que aquéllos resultaban extemporáneos, argumentando que tal aspecto del fallo había quedado firme al haberse satisfecho a su respecto el doble conforme con el primer fallo de Cámara dictado; mas dicha limitación del objeto del recurso de inconstitucionalidad a los puntos de la sentencia respecto de los cuales se había expedido ese mismo Tribunal para satisfacer el doble conforme deducido por la defensa por la vía de la apelación horizontal, no puede ser convalidada desde que, por aplicación de la doctrina sentada por esta Corte a partir del precedente "Scalcione" y su jurisprudencia consecuencial, la declaración de responsabilidad penal y la pena se conforman con la conjunción de más de un fallo de Cámara, por lo que la vía regulada por la ley 7055 debe deducirse -si la defensa opta por ejercerla- una vez que se cumpla con la garantía de doble conforme sobre todos los aspectos. - CITAS: CSJStaFe: Scalcione, AyS T 271, p 239.