Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-21


Salta, 21 de Febrero de 2013 Y VISTOS: Estos autos caratulados: "NADER, Maria Teresa vs. VEGA, Mirian Carmen Gladys Ma. y/o quien considere derecho - Adquisición del dominio por prescripción", Expte. N° 348.579/11 del Juzgado de 1ª. Instancia en lo Civil y Comercial 11ª. Nominación - Expte N° CAM 397997/12 de esta Sala Tercera y, C O N S I D E R A N D O El Dr. Marcelo Ramón Domínguez dijo:

I) La sentencia de fs. 154, es apelada a fs. 155 por la Dra. María Silvina Domínguez, Defensora Oficial Civil N° 6, quién actúa en representación de la titular registral, atento su incomparecencia en el proceso (ver providencia de fs. 99). Concedido el recurso a fs. 156 expresa agravios a fs. 164/166, ocasión en que circunscribe su disconformidad en cuanto al punto I) de la parte resolutiva de la sentencia, por cuanto decide imponer las costas a cargo de la demandada, quién ha sido en este caso declarada legalmente ausente y representada por el Ministerio Público de la Defensa. Repara en lo dispuesto en el art. 51 de la Ley 7328, norma de rigurosa referencia que en su parte pertinente dispone que: "Los Representantes del Ministerio Público no podrán ser condenados al pago de costas", dispositivo que viene a desplazar la aplicación mecanizada del principio objetivo de la derrota. En tal caso resulta inadecuado extender su imposición a los representados "Ausentes", cuando la actuación del Defensor Oficial responde a lineamientos legales de participación procesal en pos de garantizar un debido proceso. Entiende que en el caso a examen no existe rigor en la parte vencida, sino que se esta frente a una hipótesis de pronunciamiento judicial necesario para el reconocimiento de un derecho de controversia, que debe a conducir a distribuirlas por usu orden, alternativa expresamente prevista en el Código Procesal. Cita un precedente de la Sala Segunda de ésta Cámara.

A fs. 175/176 replica los agravios el Dr. Zenón A. González, apoderado de la actora. Pide la confirmación del auto en crisis.

Esta Sala, en la causa Ceballos vs. Castillo - voto del suscripto al que adhiere el Dr. José Gerardo Ruiz (CApel.CC. Salta, Sala III año 2.011 f° 1.294), reparó que, "asiste razón a la recurrente en cuanto la Ley Orgánica del Ministerio Público dispone en su art. 51 que "Los representantes del Ministerio Público no podrán ser condenados en costas". Si bien la citada norma se encuentra dispuesta en el Título III, Capítulo II de la Ley Orgánica aludida, que regula la actividad de la defensa pública, es evidente que alcanza tanto al Ministerio Público de la Defensa, como al Pupilar y al Fiscal, al nombrarlos de modo genérico. Dicha interpretación resulta acorde además con el rol activo que tanto la Constitución de la Provincia, como la Ley Orgánica le ha asignado a las tres ramas de este órgano extrapoder, al ponerlo a cargo de la defensa el interés público (art. 166 de la Constitución de Salta y art. 10, 32, 47, 53 y cctes. de la Ley 7328)" Sigo sosteniendo en el fallo en cita que "En esa orientación la jurisprudencia nacional ha sostenido que "Toda vez que el Defensor de Menores no actúa en interés propio, sino que lo hace, en primer término, en defensa de los intereses de menores y, en segundo, en resguardo del interés público, de conformidad con lo dispuesto por la ley 24946 no puede ser condenado en costas cuando interviene en uso de sus funciones" (Lex Doctor, voz: costas - Ministerio Público, CNCiv, Sala J, "S. L. y R. J. s/ Ordinario", Nº Sent.:047093, Fecha: 02/06/1998), criterio que comparto por estar en consonancia con las previsiones normativas locales".

Ese parecer también fue sostenido por la Sala II del Cuerpo in re Dirección General de Rentas vs. Romera Fernández (CApel. C. Salta, Sala II año 2.012 f° 447) voto de las Dras. Montalbetti y Gómez Naar, quienes estuvieron que "el funcionario actúa en interés de la ley y no sostiene un interés personal, un derecho subjetivo y tiende a proteger un interés general. Así se ha dicho que no procede la imposición de costas al ministerio público que actúa en interés de la ley, sea cual fuere el resultado final de la solicitud, pues la condena en costas requiere como presupuesto que el vencido haya sustentado un interés personal en el proceso, situación que no se da en el caso donde con disposición legal el ministerio actúa en defensa del ausente y por tanto, no ejercita un derecho subjetivo, sino que lo hace en virtud de una "público poder-deber", tendente a proteger el Inter.és general".

Voto entonces por la admisión del recurso. Las costas en esta sede seguirá la misma suerte por la singularidad del caso y lo novedoso de la cuestión.

La Dra. Nelda Villa Valdez dijo:

Que adhiere al voto del Dr. Marcelo Ramón Domínguez.

Por lo que resulta del acuerdo al que se arriba, LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, I ) HACE LUGAR al recurso de apelación deducido a fs. 155. En su mérito, MODIFICA la imposición de costas contenida en la sentencia de fs. 154 las que se declaran por el orden causado. COSTAS del recurso por su orden.

II ) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE.

CApel. CC. Salta, Sala III - T. 2.013 Fs. 18/19 (21/02/13)