Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-08-12


AUTOS 53.496 (C.C.Nº19.974) DEL Cuarto Juzgado Civil, CARATULADOS: "FERNANDEZ, Hilda Esther C/ Tarabay Acosta Melhem - Daños y Perjuicios -Sumario".- PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2009- del Tº II- Fº187/193.- San Juan, 12 de agosto de 2009.- Y VISTOS: Estos autos Nº 19.974 FERNANDEZ, HILDA ESTHER C/ TARABAY ACOSTA, MELHEM - DAÑOS Y PERJUICIOS (SUMARIO) I CUERPO, para resolver los recursos interpuestos por actora y demandada contra la sentencia del 22 de agosto de 2.008 que consta a fs. 170/174.- Y CONSIDERANDO:

Recurso de la actora: En primer lugar se agravia solicitando se condene a la demandada cuantificando los daños en base al principio genérico de la reparación dineraria integral a los efectos del resarcimiento que no se efectiviza en la sentencia lo cual la torna injusta y arbitraria.- Pide se eleve el monto por el rubro "valor vida" o "pérdida de chance" a la suma de pesos dieciséis mil ($ 16.000) a fin de lograr una reparación total e integral atento que la reclamante es una mujer soltera de 45 años de edad, ama de casa, la que supuestamente no tendrá otro amparo económico más que la reparación del presente litigio y ya no podrá tener otro hijo.- Por el rubro "gastos de sepelio - inhumación y nicho" pide la suma de pesos un mil seiscientos ($ 1.600) para ajustarse a los valores mínimos de un servicio actual.- Requiere que el valor "daño moral" sea elevado a la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000) a la fecha del accidente y sin perjuicio de los intereses correspondientes, ajustándose así a la realidad y ecuanimidad de una indemnización.- Cita jurisprudencia y hace las reservas de los recursos de las ley provincial 2.275 y nacional 48.- Recurso de la demandada: Se agravia por el porcentaje de responsabilidad impuesta a su parte en un 80% y el restante 20% a la víctima, sin considerar la responsabilidad que le cupo al menor y a sus padres.- El Juez, dice, no tiene en cuenta las circunstancias intermedias que intervinieron como concausa en la producción del siniestro que no fueron normales o previsibles, a pesar de surgir con claridad de la prueba rendida en la causa, sugiriendo que en la décima primera posición de fs. 59 vta. la actora ha reconocido la calidad de embistente del menor, lo que invierte la carga de la prueba, siendo el embistente quien debe probar la falta de responsabilidad que le cupo en el evento dañoso.- Esta circunstancia torna arbitraria la sentencia objeto del recurso ya que el Juez no ha valorado el reconocimiento de un hecho por la parte actora al formular las posiciones, lo que puede hacer variar el resultado del proceso.- Entiende como escollos para determinar la responsabilidad que la única víctima del accidente falleció y que los testigos de la actora son también menores de edad y fácilmente influenciables, destacando que no se consideró la responsabilidad de la madre por haberle permitido circular solo hacia y desde la escuela por una arteria sumamente transitada por camiones sin un mayor que lo acompañe, por lo que debe asumir las consecuencias.- Tampoco evalúa el Juez que la bicicleta constituye una cosa riesgosa, que debe ser conducida con cuidado y previsión, a lo que suma la edad del ciclista, la falta de atención en el momento pues a tenor de los testimonios de Rodríguez y Brito (fs. 68 y 69) jugaban mientras conducían la bicicleta y no iban en fila india afirmando que cuando Jeremías pretendía alcanzar a Brito y sobrepasarlo roza con el manubrio la parte lateral derecha del guardabarros y paragolpes del camión, cayendo debajo del mismo; cuya velocidad era de aproximadamente 60 Km./hora más o menos y que en su caso de haber sido esa la velocidad podría haber arrollado al resto de los niños si es que conducían en fila india.- Sin perjuicio de ello alega también que conforme declaran los testigos de su parte Jeremías fue empujado por otro de los niños, por lo que perdió el equilibrio, cayó y rodó debajo del camión, así lo infiere de lo dicho por los testigos José Edgar Díaz y Francisco Héctor Romero Suárez al contestar a la quinta y primera pregunta respectivamente, en coincidencia con las declaraciones en sede penal.- Cita jurisprudencia en cuanto al riesgo de la bicicleta y a que en caso de colisión con un automotor no es de aplicación la presunción del art. 1.113 del C.C. debiendo probarse la culpa de quien produjo el daño por utilizar ambos protagonistas cosas peligrosas.

Considera que para que se le impute el 80% de responsabilidad en el siniestro debe haber una relación de causalidad adecuada entre el obrar humano y las circunstancias descriptas en autos, lo cual no se encuentra acreditado.- Si bien existió una relación de causalidad entre el impacto del manubrio de la bicicleta con el lateral derecho y paragolpes del camión, también debe considerarse como concausa desencadenante del siniestro el proceder negligente e inconsciente de los menores.- Cuestiona por no ser real que su parte no adoptara en el momento del accidente las medidas de precaución mínimas impuestas por la ley 24.449, alegando que no pudo evitar el siniestro dadas las circunstancias señaladas precedentemente, motivo suficiente para que se le exonere o disminuya la responsabilidad que se le imputa citando jurisprudencia sobre el punto y pidiendo se resuelva que el accidente se produjo por exclusiva responsabilidad del hijo de la actora.- Se queja por el importe acordado por "chance - valor vida", que considera desmesurado y contrario a la doctrina y jurisprudencia imperante en la materia y prueba producida en autos, ya que siendo la madre del menor una mujer joven, la idea de chance no se encuentra presente pues no hay prueba que autorice a presumir que de no haberse producido su muerte, el menor ayudaría en el futuro a solventar las necesidades básicas de su madre además de las propias.- Pide la modificación del importe atribuido al rubro daño moral que considera excesivo, teniendo en cuenta la edad de la víctima, situación económica y social de la persona que reclama y que no se han acreditado consecuencias de orden sicológicos o físicos que le pudo haber causado el fallecimiento del menor.- En cuanto al rubro gastos de sepelio e inhumación pide su rechazo por cuanto se encuentra acreditado que los mismos fueron solventados por la Municipalidad de Caucete (fs. 65 vta. posición 5º).- Hace las reservas de los recursos previstos por la ley provincial 2.275 y federal 48.- Según la sentencia y en base a los datos fácticos que se han tenido por verificados en la sentencia del Segundo Juzgado Correccional concluye que el fallecimiento del menor Jeremías Tomás Fernández se produjo por las gravísimas lesiones que sufriera en el accidente de tránsito producido entre la bicicleta en que circulaba con el camión que conducía el Sr. Melhem Tarabay Acosta, circunstancia en que éste último no adoptó las medidas mínimas de precaución al adelantarse a los menores que circulaban en la misma dirección por calle Juan José Bustos de norte a sur y a los que vio a una distancia no inferior a los cien metros.- Tiene en cuenta que habiendo sentencia penal condenatoria no puede discutirse la existencia del hecho principal ni impugnarse la culpa del condenado, ello en función de lo previsto por el art. 1.102 del Código Civil, sin perjuicio de verificar la concurrencia de culpa por la conducta de la víctima que en el caso se da porque el menor Fernández trataba de alcanzar a otro que circulaba delante suyo cuando cayó en medio de la rueda delantera del camión, atribuyendo el 80 % al demandado y el 20 % restante a la víctima (conf. arts. 1.111 y 1.113 del C.C.).- Hace extensiva la condena a la Municipalidad de Caucete para la cual trabajaba el camión de propiedad de Tarabay.- Considerando que en el caso además del desgarramiento del mundo afectivo que produce la supresión de una vida se produce un daño patrimonial por la pérdida de chance u oportunidad de que el menor ayudara o sostuviera económicamente a sus padres por lo que, teniendo en cuenta su edad y demás circunstancias personales como que cursaba el 3º grado de E.G.B. 1 en la escuela Hipólito Vieytes, como también las de la madre, actora en el proceso soltera, ama de casa, de 45 años fija como monto indemnizatorio el 80 % de la suma de pesos diez mil ($ 10.000).- Por gastos de sepelio -inhumación y nicho- fija el 80 % de la suma de pesos mil ($ 1.000) en tanto respecto del daño moral determina su cuantía en el 80 % de la suma de pesos cincuenta y nueve mil ($ 59.000).- Distribuye las costas en las mismas proporciones establecidas para la culpa.- Analizaremos en primer término el recurso en lo atinente a la responsabilidad que el fallo atribuye a la demandada.- En este plano compartimos la conclusión a que arriba el Sr. Juez A Quo en el sentido de que el conductor del camión no adoptó en el caso las medidas de prevención necesarias para evitar el accidente, imputando al menor una contribución en la producción del accidente equivalente al 20 % pues con su conducta agravó el riesgo creado por el vehículo embistente.- En efecto, no puede hesitarse de ello pues está comprobado exhaustivamente que el camión circulaba detrás de los menores, es decir en la misma dirección por calle Juan José Bustos de sur a norte y que al momento del sobrepaso se produce la colisión que a posteriori deriva en el fallecimiento del menor Jeremías Tomás Fernández.- Ambas partes han reconocido que la colisión se produce cuando el infortunado menor en su intención de adelantarse a su compañero Britos es tocado por el paragolpes delantero, costado derecho del camión.- Así lo indican también las fotografías de la bicicleta que demuestran el contacto entre el rodado y la bicicleta en su parte superior especialmente en su manubrio, de donde es correcto afirmar que en el caso existió culpa concurrente en la indicada proporción que comparto por las razones que daré a continuación.- Entiendo que en el caso resulta evidente la imprudencia de los conductores de ambos rodados: a) El del camión que circulando desde atrás de los menores no adoptó las medidas de precaución que requerían las circunstancias y que la ley impone a fin de conservar en todo momento el dominio efectivo del vehículo teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación, debiendo advertir cualquier maniobra previamente realizándola con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito (conf. arts. 39 y cc. de la ley 24.449) y en el caso del adelantamiento constatar previamente que a su izquierda esté libre en una distancia para evitar todo riesgo, advirtiendo la intención de sobrepaso al que le precede por medio de luces o de la bocina (conf. art. 42 incisos a, b y c); b) El menor conductor de la bicicleta también se comportó imprudentemente al tratar de alcanzar y/o sobrepasar a sus compañeros de colegio.- Enseña la jurisprudencia en esta materia que: Para hacer responsable a una persona por los daños producidos por su omisión, no es necesario que el mandato de cumplir el hecho omitido esté impuesto de una manera expresa por la ley, bastando que lo sea de una manera implícita en la obligación general que se tiene de obrar con prudencia y conocimiento de las cosas.- Esas omisiones aunque no tomen el nombre de delitos hacen responsables al que por su culpa o negligencia causa un daño a otro (SP La Ley 980 - 471; DJBA 119 - 457).- La omisión de la conducta debida, positiva o negativa, para prever o evitar un daño configura comportamiento culposo. (DJ 1.991 - I - 432).- El artículo 512 del C.C. al referirse a la culpa supone una conducta omisiva aunque no maliciosa por parte del agente, que ante un caso concreto no adopta las previsiones y los cuidados que el quehacer requería, consiste en no comportarse, obrar, actuar o accionar con las precauciones que la situación particular exigía a determinada persona de modo tal que, si en esas precisas circunstancias se hubieran observado las diligencias ordenadas el infortunio no hubiera sobrevenido (BCNT 981 - 38 - 3).- También se ha dicho que es manifiesto el dolo eventual en el obrar del camionero que, conduciendo un camión de altura superior a la permitida en el lugar, destruyó el alumbrado público si el hombre sabía que había de dañar necesariamente, o sea que el resultado era inevitable más le fue indiferente causarlo, pues deseaba continuar su marcha y el daño sobrevino (JA 1.981 - IV - 569).- A esta altura resulta infructuoso el argumento de la demandada que pretende se tenga como embistente a la bicicleta en que circulaba el menor Fernández y si bien está probado que los niños no circulaban en fila india, ello no autoriza ni justifica la imprudencia propia del conductor del camión que viendo a los menores delante de su rodado intenta la maniobra de adelantamiento sin medir las consecuencias de la misma, siendo la proporción de culpa atribuida al menor razonable, suficiente y justa.- De acuerdo con ello reitero que comparto la conclusión que impone mayor responsabilidad al conductor del camión, toda vez que de un lado conducía una máquina peligrosa y de mayor envergadura y de otro porque se encontraba por razón de su mayor edad y atento al carácter de conductor profesional para rodados de carga, en mejor situación para prevenir medidas de evitación del accidente.- En consecuencia voto por la confirmación de la sentencia en cuanto a que el accidente ocurrió por culpa concurrente de ambos conductores en la proporción del 80 % atribuible al demandado y el 20 % restante a la víctima.- Trataremos seguidamente los agravios de las partes en cuanto a los rubros de la condena.- En primer lugar y respecto del valor chance que la sentencia ha otorgado en beneficio de la actora debe tenerse en cuenta que el menor Fernández tenía al momento de su deceso sólo ocho años de edad y su madre 45 de donde es dable presumir que la ayuda que pudiere haber prestado a esta última podría concretarse recién desde los 18 años en adelante, sin perjuicio de la posibilidad de que también a partir de ese momento el menor integrara o constituyera su propia familia, por lo que la cuantía en tal caso ha de ser mínima y prudencialmente estimada.- Dichas circunstancias y tomando como base el salario mínimo, vital y móvil y los gastos personales que consumiría de sus ganancias como también el tiempo por el cual podría razonablemente prolongarse la atención y ayuda a su madre, me llevan a concluir que la equitativa indemnización por este rubro es la fijada en la sentencia de primera instancia en la suma de pesos diez mil ($ 10.000) calculada a la fecha del accidente.- En cuanto a los gastos de sepelio, inhumación y nicho que la sentencia admite a fs. 163 deben rechazarse habida cuenta del reconocimiento efectuado en la confesional de la actora de fs. 65/66 en cuanto reconoce que tales gastos fueron satisfechos por la Municipalidad de Caucete.- En cuanto al daño moral no cabe duda de su procedencia cuando se trata de la muerte de un hijo menor que configura una lesión grave a los sentimientos y afecciones legítimas de la actora con profunda incidencia en su tranquilidad y el ritmo normal de su vida, pues se trataba del único hijo y por tanto única posibilidad de recibir su cariño, afecto y protección del que se ha de ver privada a partir del lamentable accidente, padecimiento que exige la consecuente reparación.- En lo que toca a su cuantía, entendemos que la misma es un tanto excesiva y debe reducirse a la suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000) calculada a la época del hecho motivo de la acción.- En definitiva voto por la confirmación de la sentencia de primera instancia en cuanto a la atribución de la responsabilidad en la producción del accidente en las proporciones que el Sr. Juez A Quo ha fijado, confirmándose también la cuantía de la indemnización por valor chance y admitiéndose parcialmente el recurso de la demandada en cuanto a la indemnización de los gastos de sepelio, inhumación y nicho que resulta improcedente y a la cuantía del daño moral que se reduce a la suma de pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000) de la que la demandada deberá abonar la proporción correspondiente al grado de culpabilidad referido.- Por todo ello SE RESUELVE:

Admitir parcialmente el recurso de la demandada.- Modificar la resolución de Primer Instancia en lo que respecta al rubro gastos de sepelio, inhumación y nicho, que se rechaza y daño moral que se reduce a la suma de pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000).- Confirmar dicha sentencia en lo restante.- Imponer las costas de Alzada a la demandada en el 80 % y el 20 % restante por su orden.- Diferir las respectivas regulaciones para el momento oportuno.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.