marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad procesal, audiencia preliminar, juicio oral, defensa en juicio, debido proceso, abuso sexual, víctima menor de edad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V. L. E. p.s.a. Abuso Sexual con acceso carnal (dos hechos) abuso sexual simple y exhibiciones obscenas a un menor de 18 años en concurso real. Ciudad. (en expte. ppal. Nº AC-12.875-MPA/20) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2023-08-14

Cabe declarar la nulidad absoluta de todo lo actuado con posterioridad a la audiencia preliminar y demás actos consecutivos y posteriores que de ella dependan, dada la vulneración de garantías constitucionales establecidas en favor del imputado; remitiendo las presentes actuaciones al Tribunal de juicio subrogante para la inmediata prosecución de la causa, especialmente la pronta realización del debate -art. 469 del Código Procesal Penal, Ley 5623-. Para decidir así, se señala que inexplicablemente el a quo autorizó el "acuerdo de partes" -acusador público/defensa- de transformar un juicio oral y público donde se discutirían la existencia y autoría de actos de violencia sexual y física contra mujeres menores de edad -donde ya estaban citados y habían concurrido los testigos del caso-, en un proceso regido por las reglas del "juicio correccional" aplicando lo normado en los arts. 492 y ss y cc de la Ley 5623. Asimismo, se acordó que el imputado reconozca lisa y llanamente todos los hechos, su autoría y la calificación legal a cambio de aplicarle una pena de 7 años de prisión efectiva. Sin embargo, fue condenado con su sola declaración, ya que ni siquiera se dio lectura de los informes ni las declaraciones obrantes en la causa y rendidas durante la instrucción penal preparatoria, además de imponerle una pena superior a la previamente "acordada". Tan inexplicable fue el proceder del tribunal de juicio interviniente, que con la anuencia de todos los presentes -defensor técnico, acusador público y querella- constituyó un total avasallamiento a los derechos y garantías constitucionales del condenado, especialmente a la defensa en juicio de debido proceso que tornan nulo de nulidad absoluta todo lo actuado en instancia de juicio.
Ascenso policial, retiro policial, facultades de la administración, facultades discrecionales, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Varas, Juan Ramon y Palacios Juan Domingo Fermin c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-04-18

Sin perjuicio de que el procedimiento escalafonario por ascensos y retiros dentro de la estructura policial, se rija por legislación específica, la apreciación de las circunstancias fácticas determinantes de movimientos o cambios en la situación de revista, de sus integrantes, resulta discrecional por parte de quienes por ley se encuentran investidos de tales atribuciones.

Por ello ante las particularidades de la carrera policial, resulta inadmisible establecer un franco parangón con el estatuto que rige el empleo público.
Daños y perjuicios, relación de causalidad, culpa de la víctima, concausa
Materia: CIVIL
Carátula: SIMONA  RIOS  LEON  DE  VELAZQUEZ  POR  SI  Y SUS HIJOS CARLOS OMAR E ISMAEL REINALDO VELAZQUEZ c/ EMPRESA ULLOA  S.A. s/ INDEMNIZACION POR MUERTE CARLOS OMAR E ISMAEL REINALDO VELAZQUEZ c/ EMPRESA ULLOA  S.A. s/ INDEMNIZACION POR MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1988-04-21

La relación de causalidad entre el hecho y el daño se interrumpe cuando entre el obrar del agente y el resultado dañoso se interpone una "causa ajena" que puede consistir en el hecho de la víctima o de un tercero. Pero para que pueda hablarse -en estricto sentido- de interrupción del nexo causal, la "causa ajena" que puede consistir en el hecho culpable de la víctima, no debe tener ningún ligamen con la causa ya existente. De otro modo, si ambas causas se encuentran vinculadas, los factores concursales se insertarían en una única serie causal, formándose, así una única cadena causal compuesta de varios anillos. Entre ellos, el ligamen puede ser más o menos extenso, pero en ningún caso puede hablarse de la responsabilidad civil.
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bozzi, Horacio Alberto c/ Medina, pedro Abel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

La circunstancia de que la indemnización que se fija tenga actualidad de valores, no empece al curso de los intereses pertinentes (doctrina arts. 519 y 523 Cód. Civil). La actualización del valor de la reparación debida, no la modifica en sí, sino sólo en su expresión aritmética, y tiende a hacer efectivo el principio de la reparación justa e integral (arts. 1083 Cód. Civil). De allí que nada impide -para supuestos como el de autos- la procedencia de la prestación accesoria de intereses sobre el capital actualizado, que tienden a resarcir el perjuicio de la mora y que corren desde la fecha del hecho ilícito (arts. 508, 509 su nota, 622, 1069 Cód.

Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, crédito laboral, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTRO, ANDREA MARCELA c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-04

El planteo de la actora vinculado a la razonabilidad de la aplicación del índice RIPTE al caso como tasa de interés conforme lo hiciera el Juez de Baja Instancia, implica apartarse de las consideraciones efectuadas por esta Corte en la causa "Campobasso" y "Olivera"; y, por otro lado, tampoco resulta procedente su postulación de utilizar como valor de referencia para obtener una reparación razonablemente adecuada en sustitución de la tasa de interés, la utilización del módulo salario mínimo vital y móvil por ser a su entender la mejor respuesta al criterio de justicia, ya que implica que el Juez al fallar no tenga limitación alguna, desconociendo que éste debe resolver dentro de los márgenes que le impone su función jurisdiccional -en particular, delimitado por los precedentes citados al resolver el recurso de la demandada, los que tornan inviable la pretensión de la compareciente-. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhiere el Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: Campobasso, AyS T 284, p 49; Olivera, T 278, p 295.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, trámites judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Di Pasquo Julio A.E. c/ Banco Provincia de Buenos Aires s/ Despido -Cuestión de competencia art. 6to. C.C.A.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02

Revocado el archivo de las actuaciones por la C.S.J. Nac., corresponde radicar la causa en la Secretaría de este tribunal y conferir traslado a la parte para que adecue la demanda a las normas que rigen el proceso administrativo provincial, especificando de qué manera se hallan cumplidos en autos los presupuestos procesales de la demanda contencioso administrativa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación suficiente
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Plaza Huincul c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

Debe descalificarse la sentencia que se funda en una mera afirmación dogmática, sin sustento alguno en las constancias de la causa.
Indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: V., H. L. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-19

Relacionado con Sumario n° 19039
Recurso de casación, improcedencia del recurso, violación de la ley o doctrina legal, locación, plazo de la locación, cesación de la locación
Materia: CIVIL
Carátula: Talamo, Lucas Isidro s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-09-02

El agravio que el recurrente expone para abonar la objeción por vía del inc. 1º del art. 257 del C.P.C., no se identifica ni compatibiliza con la naturaleza jurídica u ontológica de la causal en la que pretende ampararse equivocadamente. Se arguyen razones o circunstancias de orden netamente procesal, como el hecho de no haber dispuesto el recurrente, con posterioridad a la contestación de la demanda, de oportunidad alguna, para alegar sobre el transcurso de los dos años previstos por la ley 23091 art. 2, que el fallo combatido meritúa (al tiempo de su pronunciamiento), para acoger el desalojo impetrado. Resulta incongruente la naturaleza apuntada, entre la hipótesis casatoria usada (violación o errónea aplicación de la ley sustantiva) y el agravio provocado para justificarla, el que se presenta más propio de la segunda de las hipótesis contenidas en al art. 257 del C.P.C.

El acto sentencial combatido hizo aplicación rigurosa del dispositivo segundo de la ley 23091, que hace finalizar la locación una vez transcurrido el tiempo de dos años previstos en el régimen locativo que consagra, a lo que debe añadirse, la voluntad clara del locador de tener por fenecida la relación contractual, habiendo a tal efecto demandado su culminación aún antes de operado el plazo de ley. En base a esta realidad jurídica, el sentido del rechazo del recurso de casación no hace más que satisfacer la finalidad dikelógica de este remedio extraordinario, habida cuenta de la finalidad trifásica (monofiláctica, uniformadora y dikelógica) que la doctrina y las legislaciones procesales atribuyen a esta vía extraordinaria.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Beret, Pablo A. y otra c/ Ferrari, Carlos A. Y OTRA s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no se hace cargo enteramente de los fundamentos del fallo, sino que desarrolla sus agravios reiterando argumentos que poco tienen que ver con el hilo conductor del pensamiento del decisorio.
Poder Judicial, deberes del juez, partidos políticos, autoridades del partido, carta orgánica de los partidos políticos
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Aner, Andrés Adalberto s/ deduce acción de amparo - solicita medida cautelar (Unión Cívica  Radical).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Es función natural del Poder Judicial velar por la transparente constitución y funcionamiento de los cuerpos orgánicos de los partido políticos, que incluye también las interrelaciones de éstos (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Daño resarcible, discriminación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: V., H.G. c/ Lekryzón SA y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-28

Si la acción que el trabajador ha de intentar se funda en la ley 23.592, nos apartamos de la indemnización tarifada y el discriminador será obligado, a pedido del damnificado, a reparar el daño moral y material ocasionado, lo que remite directamente a los parámetros del Código Civil, y dicha reparación será determinada por el juez sobre la base de los elementos que se aporten en el proceso. Procesalmente deberá tenerse en cuenta la existencia de indicios que puedan conducir a los hechos objeto de acreditación. Ello no implica que se tendrá por acreditado el hecho discriminatorio desencadenante sin más, sino que sobre la base de la inversión de la carga de la prueba, será el empleador quien deba probar que su accionar encontró una causa distinta, quedando descartada la violencia a la dignidad o discriminación, acoso o lo que fuere.
Recurso de apelación (procesal), régimen penal de la minoridad, menor procesado, derecho a la libertad, medidas cautelares
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FAMOSO, Elizabeth y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-17

1) La resolución mediante la cual se decreta la disposición provisoria de un menor -su internación-, se considera una de las resoluciones contra las que procede formalmente el recurso de apelación.

Ello en tanto, dicha medida supone la restricción de los derechos del imputado, particularmente el derecho de libertad ambulatoria (*).

2) El derecho de toda persona a la libertad personal (art. 14, C.N.) puede ser restringido excepcionalmente en el marco de un proceso penal cuando se reúnan ciertas circunstancias, a saber: sospecha fundada de que el imputado ha participado de un hecho reprimido con pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento; prueba de que en el caso de que el imputado permanezca en libertad se pondrán en peligro los fines del proceso; y prueba de que dichos fines no pueden ser resguardados mediante una medida menos restrictiva. Es decir que, la privación de la libertad de una persona debe decretarse solo como última ratio.

Estos principios, que se desprenden de la excepcionalidad de la restricción de la libertad durante el proceso penal, rigen independientemente de la edad de la persona sometida a proceso.

El argumento según el cual las disposiciones referentes a la prisión preventiva no se aplican a los menores de edad y que por lo tanto no rigen respecto de una medida tutelar -por ejemplo, la internación- los límites impuestos a aquella es insostenible.

Cualquier medida que se adopte durante el proceso respecto de un joven imputado de la comisión de un hecho sancionado por el Código Penal como delito -incluida la internación- solo puede justificarse por motivos cautelares. Cualquier otra circunstancia que se alegue para decretarla convertirá a la medida en cuestión en ilegal (**).

Las circunstancias personales y familiares del joven solo pueden servir para evaluar el peligro procesal alegado como justificativo del dictado de una medida de tal tenor, en cuyo caso la parte que propone la medida deberá probar adecuadamente el nexo entre aquellas y el riesgo procesal alegado (***).

La circunstancia de que la medida dispuesta posibilite "en forma temprana el programa educativo adecuado" no puede en ningún caso justificar una medida de carácter cautelar. Menos aún puede justificarse dicha disposición en el hecho de que de este modo se cumpliría con los requisitos exigidos por el art. 4, inc. 3 de la ley 22.278/22.803. Esta afirmación implica lisa y llanamente confirmar el carácter punitivo de la medida tutelar (****).

Por tanto, corresponde confirmar la disposición provisional del menor.
Incidente de nulidad, apelación en subsidio
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ LUIS ANTONIO c/ ARANDA BASILIA ESTER Y OTRO s/ ORDINARIO ACCION REIVINDICATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-03-17

Desde la doctrina se ha explicado que el incidente de nulidad y el recurso de apelación (con su "absorbido", el de nulidad) sirven para acusar defectos radicados en diferentes lugares: en el procedimiento previo a la resolución -el incidente-, en la resolución -el recurso-. De tal suerte que si un acto de procedimiento previo fuese apelado subsidiariamente, la apelación sería manifiestamente inadmisible por no atacarse una resolución judicial sino su iter procedimental anterior; y si la resolución judicial fuese objeto de incidente de nulidad, éste sería manifiestamente improcedente, porque la vía impugnativa idónea es el recurso de nulidad (apelación).
Actualización monetaria, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banfi, Elsa Rosa c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

El pago del importe nominal de los haberes previsionales efectuados por la autoridad administrativa por el período alcanzado por la prescripción legal, no puede encontrar otra sustentación jurídica que evitar su repetición, que la norma del Código Civil que justifica la incorporación al patrimonio del acreedor concibiéndolo como el cumplimiento de una obligación natural (art.515 inc.2). En virtud de ello, cabe negar el derecho del afiliado de exigir luego el pago de la actualización monetaria aduciendo que le fue abonado anteriormente el capital por el mismo período que la autoridad invoca ahora como prescripto(Art.517 Cód.Cit.).
Abogados, cajas profesionales, aportes previsionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Andollo Juan Ramón c/ Filipucci Nilda Deolina s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Al formularse la reconvención, como al contestarse la misma, deben satisfacerse el derecho fijo ley 8480 como asimismo la prestación prevista por el art. 12 bis de la ley 6716 (texto ley 10.268).- (Minoría u opinión personal)
Caducidad de instancia, recurso de casación, impulso procesal, competencia contencioso administrativa, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE CÓRDOBA
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CACERES HECTOR c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA s/ PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-02-17

El C.M.C.A. -Ley 7182- no contiene normas relativas a la perención de instancias superiores, razón por la cual corresponde aplicar supletoriamente las normas del C. de P. C. que fueren pertinentes (art. 13 C.M.C.A.).
Entidades financieras, diferencias de cambio, CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de Valores SA c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

Se entenderá por diferencia de cambio al resultado de la fluctuación en el valor de las monedas en que, en el caso, las entidades financieras realizan sus operaciones. Pretender asimilar este concepto al de "actualizaciones pasivas" representaría una afectación al principio general contemplado por el art. 164 del Código Fiscal (t.o. 2002). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, relación de dependencia, registros laborales, balance social, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: LAGORIA, JESÚS MIGUEL c/ SALTA DEL TUCUMÁN S.A. y/o GARCÍA PINTO, RAYMUNDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-26

La ampliación de responsabilidad a los administradores de la empresa debe ser restrictiva, reservarse para casos muy claros de fraude a la ley y resulta inaplicable a situaciones de mera falta de registro de la relación laboral.

A partir de los autos "Cuevas c. Droguería Inca" la Sala I de la Camara de Apelaciones en lo Laboral, por mayoría de votos, fijó jurisprudencia en el sentido de "hacer extensiva la responsabilidad a los socios .......por haber omitido el registro de la relación laboral" y de que "la falta de registro de la relación, constituye una conducta prohibida que contraviene tanto la LCT cuanto la ley 24013, configurando un fraude en los términos del art. 14" de la citada en primer término.
Impuesto a las ganancias, ejecución fiscal, ejecución de sentencia, recurso extraordinario, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL  D.G.I.  - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA c/ LA IMPRESORA  S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

La excepción fundada en no ser el ejecutado contribuyente del impuesto a las ganancias por excluirlo una disposición de la Ley, puede abrir el recurso extraordinario si no es considerada en la sentencia de ejecución, y por tal razón procede previamente el recurso de apelación ante la Cámara, pese a lo dispuesto por el art.

92 de la ley 11.683, texto según ley 23.658.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, honorarios, vía recursiva
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Irusta, Nélida Dalma c/ Consorcio Prop. Av. Cnel. Díaz 2257/87 s/ Cobro de pesos y acumulados
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Si las demandas individualmente consideradas no fueran apelables por razón de su monto, tampoco lo serán los honorarios - pese a lo dispuesto, para hipótesis de instancias múltiples, por el artículo 242 del Código Procesal -, toda vez que lo accesorio sigue a lo principal y habida cuenta de la redacción del nuevo artículo 242:

"Serán inapelables las sentencias definitivas y las demás resoluciones cualesquiera fuera su naturaleza, que se dicten en procesos en los que el valor cuestionado no exceda de la suma de veinte millones de australes (con más su actualización"). Es que la Ley 23.850, ponderando la escasa significación económica de la controversia ha sancionado, para los procesos que prevé, una instancia única, cuya decisión sólo puede ser apelada por la vía del recurso del artículo 14 de la Ley 48.
Resistencia a la autoridad, doctrina, jurisprudencia
Materia: PENAL
Carátula: C., P. A. c/  s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-19

Explicaron, con cita doctrinaria y jurisprudencial, que la conducta del encausado no queda abarcada por el artículo 239 del Código Penal, dado que fue en respuesta a una actuación ilegítima e injustificada de la oficial preventora. Que la agente había sido alertada por el Departamento de Emergencias que le indicó que un hombre que tenía una cicatriz en el rostro y vestía remera gris y bermuda de jeans, merodeaba "con actitud sospechosa" por las inmediaciones del lugar. Al advertir que éste se encontraba frente a una panadería y notar el imputado su presencia, intentó salir caminando rápidamente, siendo agresivo cuando intentó identificarlo, insultándola, escupiéndola y empujándola cuando pretendió escapar, resultando detenido con la ayuda de otra uniformada. Indicaron los vocales que, dadas las particularidades de lo sucedido, no se verifican en el caso los "indicios vehementes de culpabilidad" o "circunstancias debidamente fundadas" de que el sospechoso hubiese participado de un hecho ilícito, ni consta en el expediente que fuere conocido en la zona por haber participado en infracciones a la ley. Agregaron que su identificación fue arbitraria, tornando atípica la resistencia a la autoridad que se le imputa, pues es necesaria una oposición activa a un acto funcional en ejecución y la orden proveniente del funcionario público debe ser emitida legítimamente.
Facultades del juez, cambio de calificación legal, principio de congruencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Coronel, José Omar s/ recurso de casación. Causa: 42
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

El cambio de calificación es facultad de la que se hallan investidos los jueces, sin que se advierta violación al principio de congruencia al efectuar una calificación distinta del mismo hecho que motivó la indagatoria y la acusación.