Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-05-04


AUTO NÚMERO: DIECINUEVE Córdoba,	CUATRO de	MAYO	de dos mil cuatro.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "ACCIÓN DE AMPARO PRESENTADA POR ERMELINDA ESCOLÁSTICA CARRANZA C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ APELACIÓN RECURSO DE QUEJA" (expte. letra A , nº 08, inic. el nueve de octubre de dos mil tres) en los que:

1. A fs. 02/06, el Dr. Alberto H. Lagos en su carácter de apoderado de la actora interpone recurso de queja en contra de la resolución de fecha seis de octubre de dos mil tres dictada por la Cámara Décima en lo Criminal de esta ciudad, mediante la cual se resolviera declarar la inadmisibilidad de los recursos de casación e inconstitucionalidad planteados por su parte, por extemporáneos.

Tras hacer reserva del caso federal y denunciar la arbitrariedad y gravedad institucional de la resolución recurrida, efectúa el relato de los antecedentes de la causa, iniciada al amparo de la Ley 8465 por ante el Tribunal con competencia Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, el día quince de mayo de dos mil tres.

Manifiesta que por motivos ignorados por su parte y sin justificativos en el marco legal vigente, la acción se traslada al Sr. Juez de Control, Menores y Faltas de la ciudad de Villa Carlos Paz, comenzando a transitar un camino no elegido ni consentido por su parte.

Con cita de doctrina, señala que al efecto de la admisibilidad del amparo no cabe emitir opinión sobre su fundabilidad sustancial ni tan siquiera sobre la verosimilitud del reclamo, más aún cuando de su relato fáctico y jurídico se deriva la posible lesión a derechos de raigambre constitucional.

Denuncia denegación de justicia por omisión de resolución fundada en ley así como un alto grado de indefensión que su parte tuvo que soportar con motivo del erróneo procedimiento aplicado.

Enfatiza que resulta más grave aún la falta de información y de acceso a la causa tramitada en sede penal con la aplicación de una normativa distinta al procedimiento elegido, a resultas del cual se rechazó la acción de amparo imponiéndose las costas a su representada.

Relata que apelada la resolución del Tribunal de mérito, la impugnación es rechazada en todas sus partes por la Cámara del Crimen interviniente, con costas, mediante resolución que le fuera notificada con fecha quince de agosto de dos mil tres.

Subraya que contra ese decisorio interpuso recurso de casación con sustento en inobservancia y errónea aplicación de la ley y grave violación a normas de raigambre constitucional, siendo el mismo rechazado por el aquo, cerrándose así el ciclo de avasallamiento a los más elementales derechos de la parte que representa. Cita doctrina.

Manifiesta que el fallo atacado prescinde del texto legal constitucional que alberga el derecho de amparo, omite aplicar las leyes N° 4915 y N° 5770 y encuadra la cuestión impropiamente en la Ley N° 8123 y no en la elegida por el accionante que es la Ley N° 8465, todo lo cual produce un innecesario desgaste jurisdiccional, caprichoso y sin sustento legal.

Subraya, asimismo, que tal como lo denunciara por vía indirecta en instancias anteriores y el sentenciante no advirtió, la incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada aun de oficio en cualquier estado del proceso.

Solicita, en definitiva, se declare la nulidad de lo actuado a partir del primer proveído de autos, reenviándose la causa al tribunal originario competente, para su prosecución en forma, con costas a la contraria.

Y CONSIDERANDO:

I. El recurso directo deducido lo ha sido en tiempo propio, por parte legitimada y en contra de una resolución susceptible de ser revisada por esta vía, por lo que corresponde analizar si el mismo cumplimenta los demás recaudos que determinan su procedencia formal y sustancial.

II. En esencia, el quejoso se agravia de la legislación jurídico procesal aplicada por los Tribunales intervinientes en autos, por cuanto sostiene que el caso debía regirse por las normas contenidas en el Código de Procedimientos Civil y Comercial y no por las disposiciones que imperan en el ámbito penal, de conformidad al art. 17 de la ley 4915, en virtud del derecho de poder elegir el fuero pertinente a la acción de amparo, que entiende el quejoso le asiste.

Por lo tanto, sostiene, siendo aquel fuero en el que se inició la presente acción, debieron aplicarse al procedimiento las reglas previstas en la Ley 8465.

Cabe señalar, en primer término, que el remedio impugnaticio articulado deviene manifiestamente inadmisible toda vez que el mismo carece de un presupuesto básico para su procedencia, cual es el de contener una crítica fundada en contra de la resolución denegatoria que lo motiva.

Sabido es que el recurso directo se erige en el medio impugnaticio idóneo para que el Tribunal adquem revise el juicio de admisibilidad efectuado por el órgano aquo respecto del recurso interpuesto en contra de una resolución emanada del inferior.

Para ello es menester que la queja se dirija en contra del pronunciamiento que deniega el recurso articulado ante el aquo para que la Alzada revise la decisión adversa a la concesión de la impugnación ante el Superior, lo que en el caso no ha ocurrido.

Mas pese a la ausencia de una crítica suficiente y categórica en contra de la resolución denegatoria del recurso extraordinario local intentado por la parte actora que habilite la admisión de la queja incoada, este Tribunal estima útil y pertinente, a los fines de otorgar mayor satisfacción al justiciable, abocarse al análisis de la problemática procesal traída a consideración.

III. A tal efecto, corresponde, entonces, dilucidar el contexto normativo al cual debe sujetarse el procedimiento a seguir en la acción de amparo planteada en autos.

Este Tribunal ya ha tenido ocasión de expedirse sobre la temática propuesta en el sentido que: el art. 17 de la ley 4915 sienta en materia de supletoriedad de la legislación procesal aplicable en este tipo de acciones, el principio según el cual debe aplicarse el ordenamiento que corresponda ...en razón del Fuero ante quien se haya promovido la acción . Es decir que es el fuero ante quien se ha originado el proceso de amparo el que determina las normas procedimentales que sirven de marco regulatorio en todo lo que no esté previsto específicamente por la ley 4915, por cuanto si bien esta garantía de resguardo de derechos constitucionales puede ser ejercida ante el Juez de Primera Instancia que esté de turno ...cualquiera fuere su competencia por materia... , ello no implica abandonar el principio de especialización por materia, lo que conlleva a que el magistrado debe aplicar por remisión el derecho adjetivo correspondiente al fuero al que pertenezca (cfr. "ACCIÓN DE HABEAS DATA INTERPUESTO POR CALIO CÉSAR ADRIÁN CARMELO C/ SEVEN S.R.L. Y PROVENCRED 2SUCURSAL ARGENTINA RECURSO DIRECTO" Auto n° 29 de fecha 26 de julio de 2001).

Es claro que el legislador ha consagrado dicha regla apoyado en la presunción de que los procesos judiciales, conforme lo indica la experiencia, comienzan y finalizan ante el mismo magistrado y excepcionalmente, ante otro juez aunque con la premisa de respetar la competencia material al que pertenece el primero. Ello se ve reforzado por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto establecen que en caso de reemplazo del magistrado interviniente por "...vacancia, impedimento, recusación o inhibición serán suplidos por un juez de la misma competencia material" (art. 38 y cc. ley 8435), estableciendo en su defecto un orden sucesivo de sustitución en razón del fuero en los supuestos en que aquella regla no fuere de aplicación en la práctica. Por lo tanto, el criterio de pertenencia de la ley procesal aplicable en subsidio en los juicios de amparo al fuero correspondiente al tribunal ante quien se haya promovido la acción, opera en aquellos supuestos en los que en el amparo desde su inicio han intervenido en todas sus etapas, incluso las recursivas, tribunales pertenecientes a un mismo ámbito material.

Dicha pauta procesal responde también a la circunstancia de que en materia de amparo se ha establecido una competencia universal, en virtud de la cual todos los jueces de primera instancia "cualquiera sea su competencia por materia" se encuentran habilitados para entender en dichas demandas, por cuanto "...el amparo versa, en definitiva, sobre una sola y genérica materia, cual es el aseguramiento de la plena vigencia de la Constitución en orden a los derechos humanos, y de que el logro de estos fines sea deber de todos los jueces" (Bidart Campos, Régimen Legal y Jurisprudencial del Amparo, Ediar, 1968, p. 345). Por ello, y a los fines de ser coherente con la naturaleza sumaria del proceso de amparo, es que el legislador ha pretendido plasmar en el art. 17 de la ley 4915 el principio que más se adecue a los caracteres de prontitud y celeridad en el trámite de estas demandas, estableciendo que la acción deducida debe regirse en los aspectos procesales no previstos por la ley específica, por la ley adjetiva que más conoce el tribunal donde ha recaído el amparo; ello, en el entendimiento de que ese mayor conocimiento que el juez posee de la ley procesal de su especialidad, es lo que le permitirá desenvolverse con más amplitud y eficiencia en la tramitación para poder resolver con la mayor urgencia posible la cuestión traída ante su estrado.

Sin embargo, puede ocurrir que por circunstancias excepcionales la causa mute de fuero por haber sido remitida a otro juez con competencia material distinta al primero que intervino en ella o, como en el caso, por razones de turno, en cuyo ámbito rigen, obviamente, normas procesales diferentes al que debía aplicar aquél.

Una interpretación armónica de la regla del art. 17 de la ley 4915, con aquellas particularidades del amparo, conlleva a concluir que la ley procesal subsidiaria aplicable es la que corresponde al fuero al que pertenece el magistrado que interviene en la causa. Por lo tanto, ante la alternativa procesal de que las actuaciones se muden y radiquen en forma definitiva en otro ámbito material, el juez convocado a proseguir el trámite del proceso como tribunal de la causa hasta su finalización debe aplicar subsidiariamente, los dispositivos procedimentales previstos en el código respectivo que rige en el fuero de su pertenencia, al menos en cuanto esto sea compatible con el normal desarrollo del proceso.

IV. Ahora bien, conforme acertadamente analiza la Cámara aquo (cfr. fs. 175 y vta.), en el caso, si bien la demanda inicial fue interpuesta ante el Juzgado con competencia en lo Civil y Comercial de Carlos Paz, el Juzgado de Primera Instancia que se encontraba de Turno en materia de amparo para aquella Sede era el Juzgado de Control, Menores y Faltas al que, el mismo día de la presentación quince de mayo de dos mil tres se remitieran las actuaciones para la prosecución de su trámite, conforme da cuenta el certificado de Secretaría de idéntica fecha, obrante a fs. 19 del expediente principal.

Justifica plenamente dicho proceder la Resolución emanada de la Delegación de Superintendencia de Carlos Paz bajo el Número Uno, del día tres de febrero de dos mil tres, que en copia obra glosada a fs. 170/173, mediante la cual se dispuso el diagrama anual de distribución de causas de amparo, determinando el Turno del Juzgado de Control, Menores y Faltas entre los días diez y dieciséis de mayo de dos mil tres (fs. 172).

Cabe recordar que la organización de los turnos es una atribución propia del Tribunal Superior en ejercicio de sus facultades de Superintendencia, no constituyendo la elección del tribunal o fuero de interposición del amparo materia disponible por las partes.

En efecto, la Constitución Provincial y las leyes dictadas en su consecuencia, han asignado al Tribunal Superior de Justicia, en atención a su calidad de Máximo Tribunal de la Provincia y cabeza del Poder Judicial las atribuciones de Superintendencia (art. 166 inc. 2° de la Constitución Provincial, en concordancia con el art. 12 incs. 1°, 32º y 33° de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 8435).

La estructura orgánica y territorial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba impone la necesidad de establecer turnos judiciales de actuación de los órganos que la integran, preestableciendo la distribución de causas y así lograr un reparto equitativo, ordenado y rígido entre los jueces y funcionarios de un mismo fuero y competencia, a fin de establecer un equilibrio del trabajo judicial.

En cumplimiento de dicha tarea y con la finalidad de reglamentar los turnos para la distribución de causas entre los diversos tribunales, en orden a la competencia acordada a los jueces de primera instancia para entender en las acciones de amparo (art. 4, Ley Nº 4.915), este Tribunal Superior de Justicia ha dictado el Acuerdo Reglamentario Número Quinientos cuarenta, Serie A , de fecha seis de abril de dos mil, que dispone asignar a ciertos Tribunales de esta ciudad de Córdoba competencia exclusiva y excluyente para entender en las acciones de amparo reguladas por el artículo 48 de la Constitución Provincial y por la Ley Nº 4.915, estableciendo un diagrama de distribución por turnos, al tiempo que en su artículo 4° encarga a las Delegaciones de Superintendencia de los restantes Centros Judiciales de la Provincia, el dictado de una resolución a los fines de determinar un diagrama de distribución de causas de amparo conforme idénticos criterios y en función de la estructura orgánica local, por turnos de siete días corridos (art. 2° ib.).

El acuerdo referido implica el legítimo ejercicio por el Tribunal Superior de Justicia de la facultad que le confiere el art. 12 inc. 25 de la Ley Nº 8.435. Si dicha norma dispone que el Tribunal Superior de Justicia debe reglamentar los turnos para la distribución de causas entre los Tribunales con idéntica competencia material y territorial y el art. 4 de la Ley Nº 4.915 confiere competencia en las acciones de amparo a los jueces de primera instancia, cualquiera fuese su competencia por materia y que esté de turno , va de suyo que no puede seriamente cuestionarse la asignación de un turno cronológico para entender en los juicios de amparo, comprensivo de todos los jueces competentes en la materia, con el propósito de lograr un mejor y más eficiente servicio de justicia.

V. En ese contexto, y siendo incuestionable la facultad del tribunal penal de Primera Instancia para entender en la demanda de amparo incoada en autos, por razones de turno, y siguiendo el criterio de que la ley subsidiaria aplicable es la del fuero al que pertenece el juez que interviene en el proceso, si la causa se mudó para quedarse en forma permanente en el fuero penal, materia a la que pertenecen los dos órganos jurisdiccionales que en sus respectivas instancias resolvieron la pretensión constitucional contenida en el amparo, sin cuestionamiento oportuno por el amparista, no puede generar duda en cuanto a que la ley procesal aplicable en la etapa recursiva extraordinaria, al no estar contemplada esta etapa en la ley 4915, es el Código Procesal Penal.

En consecuencia, la denegatoria del recurso de casación por extemporáneo dispuesta por la Cámara del Crimen de Décima Nominación de esta ciudad, en virtud de las disposiciones contenidas en el C.P.P., debe calificarse acertada por ajustarse a la correcta interpretación del art. 17 de la ley 4915, aun cuando el recurrente haya invocado las normas del Código de Procedimientos Civil y Comercial como plexo aplicable.

Esto es así, además, porque el juzgamiento sobre la validez de una sentencia debe ajustarse a las normas que regulan la forma y modo de fallar en cada fuero. El recurso de casación previsto en el C.P.C. y C. sólo es procedente contra fallos dictados por las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Las sentencias de las Cámaras del Crimen, aun cuando puedan contener pronunciamientos sobre materia regulada por el derecho civil lo cual ocurre a menudo son recurribles en casación en los términos y por los medios que regula el Código de Procedimiento Penal.

VI. Atento las razones apuntadas en las consideraciones precedentes, corresponde declarar formalmente inadmisible la queja deducida, y declarar bien denegado el recurso de casación intentado por el representante de la parte actora.

Por ello, SE RESUELVE:

I) Declarar formalmente inadmisible la queja deducida y en su mérito, declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por el representante de la parte actora.

II) Remitir las presentes al Tribunal de origen junto con las actuaciones principales que se encuentran reservadas en la Secretaría del Tribunal, a sus efectos (art. 488, C.P.P.).

Protocolícese, hágase saber, dese copia y bajen.