marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Municipalidad, beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio, derechos adquiridos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "LUPPI, SUSANA NOEMÍ c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes - Medida cautelar".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-09

Respecto a la movilidad del haber previsional posterior al 01 de diciembre de 2002, la C.S.J.N. ratificó la atribución del Congreso de disponer las pautas adecuadas para hacerla efectiva conforme el principio que consagra el art. 14 bis de la C.N. Por ello, reconocido a quien obtuvo el beneficio conforme con el Dec. 1044/83 el derecho al reajuste del haber hasta el 01 de diciembre de 2002, para el período posterior a dicha fecha resulta oportuno analizar los argumentos vertidos por el Tribunal en las causas "López, Consuelo" y "Díaz, María Esther" (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. -ambas- del 07.09.06) respecto a la situación que se presenta ante la falta de definición del Congreso sobre parámetros de movilidad concretos; cobrando especial relevancia los fundamentos vertidos por la C.S.J.N. en la causa "Badaro, Adolfo Valentín" (sent. del 08.08.06) al analizar el planteo de inconstitucionalidad del art. 7.2 de la ley 24.463. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, acción civil por accidente de trabajo, indemnización por incapacidad, derecho de opción, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL - LABORAL
Carátula: LUIS NORBERTO ARMANDO c/ FRIGORIFICO TRES CRUCES  S.A.I.C  y otro s/ ACCIDENTES  DE  TRABAJO  - INDEMNIZACION - RESPONSABILIDAD OBJETIVA -  SENTENCIAS ARBITRARIAS - CONTRADICCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-25

No procede el recurso extraordinario contra la sentencia que no hizo lugar a la demanda fundada en los arts. 1113 del Código Civil y 75 del Régimen de Contrato de Trabajo por indemnización de secuelas incapacitantes, si los agravios del apelante conducen al examen de temas de hecho, prueba y derecho común, resueltos con fundamentos que descartan la tacha de arbitrariedad; que el caso no está regido por el art. 1113 invocado sino por las normas del derecho laboral ya que las afecciones del actor no habrían sido causadas por las cosas de la demandada ni por sus vicios o riesgos, sino por la actividad del hombre en el manejo de ellas y que la demandada cumplió los deberes prescriptos por el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Responsabilidad civil, carga de la prueba, carga probatoria dinámica, presunciones
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A., N. A. c/ B., A. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-25

El principio que pone la prueba de los elementos de la responsabilidad civil a cargo del actor puede ser morigerado mediante la utilización de las presunciones judiciales, que se encuentran expresamente contempladas por las normas procesales, sin que sea posible aplicar la teoría de las cargas probatorias dinámicas, por resultar esta contraria al ordenamiento jurídico que rige la distribución del onus probandi.
Concursos, actuaciones administrativas, aplicación de la ley, grupo económico, delegación de deudas, habilitación de instancia, instancia administrativa
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Obra Social del Personal de la Actividad Vitivinicola  c/ Estado Nacional Argentino  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-28

Corresponde admitir la demanda promovida por una obra social en reclamo de las deudas previsionales generadas por ciertas sociedades integrantes del Grupo Greco, cuyos pasivos fueron asumidos por el Estado Nacional mediante las leyes 22229, 22334 y el decreto nro. 1316/98, y en tanto las actuaciones administrativas promovidas a fin de cobrar estas acreencias concluyeron por caducidad.

Ello así pues surge de la prueba colectada, que un miembro ejecutivo de la Comisión Ad Hoc creada por el Ministerio de Economía para aprobar los pagos, reconoció la legitimidad de las deudas reclamadas por la Obra Social mediante un convenio de pago. Tales actuaciones fueron ratificadas (cfr. ley 19549: 19-a) por resolución de la referida Comisión al instruir su ejecución. En ese marco, corresponde rechazar la defensa del Estado Nacional según la cual los convenios son inexistentes, o que constituyen meros proyectos sujetos a una ulterior expedición de los organismos de control.

Por otro lado, el Estado Nacional no acreditó que los actos administrativos mencionados se subsuman en un caso de nulidad absoluta e insanable (ley 19549: 14), ni manifestó haber instado su anulación en sede judicial en razón de irregularidad, omisión o vicio alguno (ley 19549: 15). Tampoco manifestó haber suspendido sus efectos (ley 19549: 12), ni haberlo revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa por verificarse un supuesto justificante (ley 19549: 18).

Por todo lo expuesto, los convenios suscriptos por el miembro ejecutivo de la Comisión Ad Hoc y la Obra Social actora, y ratificados por la Comisión mediante resoluciones oficiales, implican el reconocimiento de la obligación de pago por el Estado Nacional (CCIV 718).
Acción de amparo, rechazo in límine
Materia: PROCESAL
Carátula: Palacios, Luis G. c/ M.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-11

El acto administrativo municipal por el que se autoriza la instalación de un refugio peatonal publicitario ante el local del accionante no produce el perjuicio grave e irreparable que autorice a prescindir de las eventuales vías judiciales ordinarias y, consecuentemente,no habilita el trámite sumarísimo y excepcional del amparo, por lo que corresponde su rechazo "in limine".
Transporte de contenedores, locación de contenedores, prescripción, plazo, aplicación de la ley, transporte por agua
Materia: NAVEGACION
Carátula: E.L.M.A.   S.A. c/ MC. DONALD'S RESTAURANTS DE ARGENTINA  S.A. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-23

La relación jurídica derivada del contenedor no guarda vínculo de accesoriedad respecto del contrato de transporte por agua, no le resultan aplicables las normas específicas del derecho marítimo, sino que cabe indagar acerca del dispositivo relacionado con la prescripción liberatoria que se adecue a las particularidades de la obligación reclamada. Por tratarse de un reclamo por el reintegro de los gastos producidos por las averías sufridas por un contenedor, en lo sustancial, de la acción del locador por la reparación de los perjuicios causados por el locatario en la cosa, corresponde aplicar el plazo decenal que prescribe el art. 4.023 del Código Civil.
Abogados, sanciones disciplinarias, apercibimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CERES c/ TELECOM ARGENTINA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-02

Esta Corte -en uso de las facultades que le concede el artículo 222 de la ley 10160 a los efectos de velar para que las actividades judiciales y profesionales se desarrollen dentro de un ambiente de orden y respeto- no puede dejar de advertir que expresiones como las utilizadas por el profesional firmante del escrito de interposición del recurso extraordinario configuran una falta de respeto a la autoridad e investidura de este Tribunal -por lo que resulta sancionable disciplinariamente-, pues las mismas trasuntan un contenido evidentemente lesivo de la investidura judicial y sobreabundante para lograr el propósito perseguido; siendo ello así, se considera que el tenor de las expresiones vertidas atentan contra el ambiente de orden y respeto que debe imperar en el desarrollo de las actividades judiciales y profesionales, más aún en el caso, donde el profesional interviniente ya fuera advertido por la juez a quo por la utilización de expresiones inadecuadas y excesivas, resultando procedente la imposición de un apercibimiento, debiéndose dar intervención al Colegio de Abogados a los efectos que pudiera corresponder. (Del voto de la mayoría. En disidencia parcial: Dr. Erbetta).
Recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Sayago, Ramón Eduardo c/ SERVOIL S.A. s/ Laboral Silva, Francisco c/ Servoil S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-07-08|1993-07-08

..."hacer justicia, misión específica de los Magistrados, no importa otra cosa que la determinación de lo justo" "in concreto" y ello solo se puede lograr ejerciendo la virtud de la prudencia, arrimada con un espíritu de justicia en la realización efectiva del derecho con las situaciones reales que se presentan, lo que exige conjugar los principios enunciados en la ley con los elementos fácticos del caso, cuyo conciente desconocimiento no se compadece con la misión de administrar justicia".
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOPEZ RUBEN A. c/ VEDMARIX JOSE LUIS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-01

El conductor debe tener siempre presente que la velocidad máxima impresa a su vehículo no debe significar un peligro para el mismo, así como para los otros vehículos que transiten por la vía pública, debiendo extremar la precaución cuando por la disposición del lugar -bocacalle- puede ser causa de accidente, disminuyendo sensiblemente la velocidad y aún detener la marcha, estando obligado a no superar la precaucional de cuarenta kilómetros horarios, la que es aceptable a lo largo del camino, pero no cuando se llega a una encrucijada o bocacalle. Por otra parte el que viene por la izquierda está comprometido a mayor prudencia debiendo prevenir la aparición de otro vehículo por su derecha, al que debe respetarle la prioridad de paso (arts. 66, inc. 1ro. y 71 inc. 2 Ley 5800).
Transporte de carga, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías, indemnización, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Xulux  S.A. c/ Cap.  y/o  Arm. y/o Prop. y/o Flet. bq. "Quinquela Martín" y/o  Elma s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-12

La actora manifestó su pretensión indemnizatoria mediante el reclamo de la suma de 15.475,28 - más sus accesorios - "o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en autos".Cuando se utiliza una fórmula de este tipo, la doctrina plenaria de esta Cámara tiene decidido que el tribunal puede acordar una indemnización mayor a la expresada numéricamente si la prueba producida demuestra que el monto del daño ha sido superior. Sobre la base de ambos presupuestos, el agravio debe ser admitido, pues el peritaje de tasación determina un valor en plaza de la mercadería faltante que es mayor al reclamado, y toda vez que este guarismo no ha sido materia de objeción alguna, por ese importe se debe dictar la condena.
Prescripción, facultades disciplinarias, razonabilidad tributaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´Colangelo, Estela Dominga c/ GCBA  s/ amparo (art. 14 CCABA)´
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-08

Dado que no existe ninguna norma expresa del ordenamiento jurídico que establezca límites a la duración de la causal de interrupción de la acción disciplinaria, para suplir esta ausencia normativa, el a quo aplicó al caso el principio de razonabilidad, concluyendo que la interrupción durante diez años de la acción disciplinaria resultaba irrazonable, si se la comparaba con el plazo de prescripción de la acción disciplinaria (5 años), argumento que resulta insuficiente para sostener la validez del fallo. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Concurso civil, recurso de apelación (procesal), recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: SANFELICI, JORGE s/ CONCURSO CIVIL DE ACREEDORES.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 140-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-11-26

Debe desestimarse la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad si el planteo del quejoso resulta huero y traduce tan sólo su personal interpretación de la norma que a su entender era aplicable al caso, contrariamente a la escogida por la Cámara, pero sin demostrar y fundamentar la irrazonabilidad del criterio de selección e interpretación legal escogido por el Tribunal a quo.

En el caso, lo que el impugnante pretende plantear como cuestión constitucional, no es más que su disenso con la interpretación efectuada por el a quo respecto de las normas procesales contenidas en la ley de concursos 19551 -artículo 310-, implicadas en materia de apelabilidad del auto que denegó el pedido de concurso civil (el Tribunal consideró que resultaba inapelable).
Recurso de nulidad, defectos del procedimiento, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CORTIJOS ESTER HAYDEE c/ SUSANA L. DE LAS MERCEDES DESPONTIN s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-12-22

El recurso de nulidad no es el remedio adecuado cuando se lo utiliza no con el fin de que se deje sin efecto un acto al que le faltan los sustanciales y formales requisitos que la ley exige, sino a los efectos de degradar la eficacia de una resolución que se considera por la parte como contraria a su pretensión.

Es por vía de la apelación como habrán de subsanarse los errores en que pudiera haberse incurrido en la sentencia de primera instancia.

Si bien el legislador ha omitido detallar cuáles son los defectos de la sentencia, que hacen el objeto de la nulidad, es posible colegir que son los relativos a la formas y solemnidades de la sentencia, tanto como a la omisión, incumplimiento, o lisa y llanamente a la inexistencia de los presupuestos necesarios para arribar válidamente a su pronunciamiento. No hay dudas de que la prescripción normativa (art. 1264 del C. de Procedimiento Civil) apunta a la violación o inobservancia de las formas viscerales sobre las cuales deben estar estructuradas las resoluciones judiciales, tales como cuando se advierten defectos insuperables en las mismas (fecha, firma del juez, error esencial en lo nombres de las partes), falta de solemnidades insoslayables (bilateralización, respeto de la audiencia de partes, cumplimiento del principio de conocimiento, etc) Falta de fundamentación legal u omisión de pronunciamiento no salvable por el superior y, finalmente, falta de presupuestos, el primero y principal, en orden a la estructura lógica del proceso, una pretensión viva (o no formalmente rechazada in limine), y luego, adecuada integración de la litis.-
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RUARTES, JUAN ALFREDO c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-11

Si la sentencia que se ataca no es definitiva -y por ende, no impide la interposición de una nueva acción- escapa del campo de aplicación del recurso de inaplicabilidad de ley (art. 289 C.P.C.C.)
Tarjeta de crédito, prescripción, cómputo del plazo, resumen de cuentas, cupón de compra
Materia: COMERCIAL
Carátula: DINERS CLUB ARGENTINA c/ AMREIN, MAX s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05

El termino prescriptivo fijado para el cobro de los cargos derivados del uso de una tarjeta de crédito, solo puede computarse desde la extinción de la relación contractual y la consiguiente determinación del saldo adeudado, y no desde la fecha en que ellos se generaron. Ello así, en primer lugar, porque la posibilidad de exigir el pago de dichos cargos solo nace a partir de la presentación de los cupones a la entidad y su consiguiente inclusión en los resúmenes de liquidación mensual, pues, recién entonces la emisora está en condiciones fácticas de accionar por cobro de una deuda que no sabía que le era debida, y en segundo lugar, el sistema de financiamiento al que acceden los adherentes a partir del otorgamiento de la tarjeta, que los habilita a diferir el pago de los cargos incluidos en los resúmenes a cambio de un interés sobre el capital cuyo pago se posterga, transforma lo que originariamente era un gasto, en una especie de crédito renovado indefinidamente con cada liquidación, impidiendo considerar como fecha de inicio del término prescriptivo, el momento en que se generan los cargos.
Amenazas, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: PONCE, LUIS s/ AMENAZAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-14

...En el ámbito de la valoración del injusto típico, se vuelve necesario adecuar la dicha objetividad del término con todas las circunstancias de tiempo, modo, sexo, edad, condiciones intelectuales de la víctima, etc., de modo de poder afirmar que, en el caso concreto, la tan grave amenaza era, además, efectivamente idónea, esto es, potencialmente suficiente como para infundir temor a la víctima. Y en autos aparece, no sólo un joven de 21 años de edad que, descubierto en su intento de hurto, echa a correr hasta que es aprehendido y se verifica que, además está totalmente desarmado, y cuyas amenazas en tales circunstancias sólo pueden ser tomadas como meras bravatas para ver de hacer desistir a las víctimas de su ulterior denuncia, sino también una víctima que, obviamente, asumió las tales amenazas como lo que en realidad eran y, por tanto, no cejó en ningún momento de incriminar al encausado, hasta el total desarrollo de la persecución penal.- Ello es, a mi juicio, la prueba más acabada de la ya mencionada inidoneidad de las amenazas como para alcanzar el plano de seriedad exigido por el tipo objetivo.-
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: CAJA DE SEGURO DE VIDA S.A. c/ ROJAS NORMA BEATRIZ Y/U OTROS s/ PAGO POR CONSIGNACION-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-03-27

La perención, como modo anormal de terminación del proceso, debe considerarse como una medida de carácter excepcional y, por lo tanto, su aplicación debe ser restrictiva, debiendo optarse en caso de disyuntiva o de duda por la decisión de mantener viva la instancia.
Concursos, concurso declarado en el extranjero, principio de reciprocidad, carga de la prueba, iura novit curia
Materia: COMERCIAL
Carátula: LINEAS  AEREAS  PRIVADAS  ARGENTINAS SA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO (POR ALLIANCE COATINGS INC).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

La condición de reciprocidad establecida en la LCQ 4 es, ciertamente, una manifestación retorsiva, introducida en nuestro derecho concursal por la ley 22917. En cuanto a la prueba de la existencia de reciprocidad, se ha reconocido acertadamente la amplitud de los medios de prueba, dado que la norma no pone en cabeza de nadie en concreto la carga de la prueba, ergo, si se medita en que el interés es la medida de las acciones, dicha prueba correrá, en primer término, por cuenta de quien está interesado en verificar su acreencia y debe satisfacer la información legalmente exigida en punto a la existencia -o no de reciprocidad de parte del sistema conectado como referencia para ello. Esto no obsta, sin embargo, a que si el síndico concursal cuenta con tal información o si ella ya ha sido adquirida para el proceso respecto de otras acreencias, pueda expedirse fundadamente sobre el punto, sin que obviamente quepa poner en cabeza del funcionario concursal la indagación y prueba sobre tales extremos. Nada obstaría tampoco para que fuese el concursado quien acreditase tal extremo si ello pudiese ser de su interés. Y, por supuesto y en virtud del ya recordado principio iura novit curia, el tribunal siempre podrá aportar de oficio la información sobre el derecho extranjero si lo conoce o le es fácilmente asequible. Es prudente en esta línea, la solución técnica que torna facultativo para el juez aplicar el derecho extranjero de oficio, cuando lo conoce, aunque las partes no lo hayan probado y que manda indagarlo cuando no lo conoce y cuando pueda indagarlo de manera segura, adoptada en la fórmula amplia del actual art. 377 del CPCCN, en la línea del art. 2º de la Convención Interamericana sobre Normas Generales del D.I.Pr. CIDIP II. Montevideo 1979 (conf. Uzal, María Elsa, "Procesos de Insolvencia en el Derecho Internacional Privado", La Ley, Buenos Aires, 2008, pag. 557; véase, Uzal, María Elsa, "Apostilla sobre la reciprocidad en el art. 4º de la ley de concursos, las transferencias de fondos y la prueba del derecho extranjero", LL, Suplemento de Concursos y Quiebras, 08/07/2005, pág. 49, comentario al fallo "Sabaté Sas S.A. c/ Covisan s/ Concurso Preventivo s/ Verificación Tardía s/ Inc. Casación", Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, del 28/04/2005). Conforme a ello, cabe concluir con un enfoque realista de la cuestión en que los tribunales podrán investigar la legislación extranjera y aplicarla a la relación jurídica materia del litigio, cuando ésta les sea asequible. En ese marco, en general se ha desechado la prueba testimonial, salvo la emanada de profesional con título habilitante y la confesional, sólo excepcionalmente admitida.
Daños y perjuicios, lucro cesante, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OLMOS CESAR OSCAR c/ YAYA JORGE FERNANDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-17

El lucro cesante y la indemnización por incapacidad sobreviniente no pueden superponerse porque responden a conceptos diversos. El primero está destinado a enjugar las pérdidas experimentadas durante el tiempo de inactividad absoluta de la víctima, en tanto que el quebranto patrimonial debido a las limitaciones que se verifican una vez reanudadas las tareas o la definitiva imposibilidad de hacerlo deben ser cubiertas mediante el importe que se fije por incapacidad, ya que de otro modo otorgaría una doble indemnización por igual concepto. (S1,1712,170683)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SILBERMAN ROSARIO DEL CARMEN c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-13

Ante una inasistencia injustificada del agente, el Organo Municipal puede aplicar una sanción tal como lo prevé la reglamentación del art. 47 del Dec. 359/71 con independencia de que su acumulación en el año calendario dé lugar a la cesantía.
Responsabilidad parental, relaciones de familia, estado de familia, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: Carnero, María Rosa s/ Homologación de Convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-15

No pueden existir transacciones o acuerdos relativos a la patria potestad porque, todo lo relativo a la organización de la familia y a las cuestiones de estado de las personas, es de orden público.
Proceso electoral, plazos procesales, falta de notificación, boletas de sufragio, igualdad ante la ley
Materia: ELECTORAL-PROCESAL
Carátula: Tribunal Electoral Permanente s/ Antecedentes Integrantes del Consejo de la Magistratura
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-10-31

Incurren en un error conceptual los recurrentes, cuando sostienen que ante la ausencia de notificación de la postergación de la fecha límite, la lista en cuestión debió cumplimentar la presentación de modelos en el primer plazo fijado, pues no se trata de un "plazo común" para adjuntar modelos, sino de un "termino común", una fecha idéntica para todas las partes, cuya falta de notificación no puede resultar perjudicial para aquellos candidatos ausentes en la audiencia, esto afectaría la igualdad entre las partes, si se accediera a retrotraer la obligación de presentación de modelos a la fecha fijada en primer término, pues la postergación se decidió con el común acuerdo de las partes.