Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-05


Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA Nº 95.588 SALA II Expediente Nº 5.286/2006 (Juzg. Nº 70) AUTOS: "AVALOS, AURORA ANTONIA C/ TALYDEN S.A Y OTRO S/ ACCIDENTE-ACCIÓN CIVIL".

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de marzo de 2008, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	La sentencia de primera instancia obrante a fs. 373/80 condenó a Talyden S.A. y a su aseguradora, Consolidar ART S.A., en forma solidaria a abonar a la reclamante una indemnización integral por daños y perjuicios, tras declarar la inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557. Consideró acreditado el carácter eminentemente riesgoso de la máquina con la que trabajaba la actora al momento del accidente, como así también que se omitió la adopción de elementales medidas de seguridad y, en lo que atañe a la recurrente, que no cumplió sus deberes legales de prevención.

Contra tal decisorio se alza la aseguradora de riesgos del trabajo mediante el memorial de fs.388/92, contestado por la reclamante a fs. 395/7 poniendo en cuestión la decisión en cuanto determinara su responsabilidad civil. También apela las regulaciones de honorarios efectuadas en primera instancia. Por otro lado, la perito contadora recurre su regulación de honorarios a fs. 386, entendiéndolos reducidos.

II.	Cuestiona la recurrente Consolidar ART SA que la Sra. Jueza a quo le haya atribuido responsabilidad civil sin que la actora haya probado los supuestos incumplimientos en que habría incurrido ni que eventualmente éstos hayan guardado adecuada relación de causalidad en la producción del daño, recordando que ha sido aquella quien alegó los presuntos incumplimientos, por lo que debía probar sus afirmaciones (conf. art. 377 CPCCN).

A mi juicio, no le asiste razón a la apelante en tanto considero que, frente a la afirmación vertida en el escrito de inicio (ver fs. 10/11) de que la ART no cumplió sus obligaciones legales y reglamentarias, quedó a cargo de la aseguradora demostrar el cumplimiento de los deberes de prevención y seguridad que la ley 24.557 y el decreto 170/96 han establecido como propios de estas agencias especiales del sistema de prevención de los riesgos del trabajo a las que la ley 24.557 confió la gestión del régimen (conf. art. 377 CPCCN).

Amén de que ello es lo que se impone de acuerdo a la regla adjetiva citada, cabe aditar que la aseguradora se encuentra en mejor situación material y procesal a fin de acreditar que ha tomado las medidas legales y reglamentarias a su cargo y tiene los medios técnicos apropiados para arrimar al conocimiento del juzgador los elementos de juicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la determinación y deslinde de las responsabilidades.

En autos fue la propia actora, como señaló la sentenciante de primera instancia, quien aportó dos testimonios -Acosta y Palacio- que dan cuenta de la precariedad del sistema de seguridad en la empresa demandada, con escasos elementos de seguridad y demasiados operarios para utilizarlos, sin que se hayan dictado cursos de capacitación.

Cabe memorar que el art. 4 apartado 1 de la ley 24.557 impone a las aseguradoras de riesgos del trabajo la obligación de adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir con eficacia los riesgos del trabajo y la existencia del infortunio de autos permite colegir que no se adoptaron tales medidas y/o que tal prevención no fue eficaz.

Si bien es cierto que tal obligación pesa también sobre el empleador y los trabajadores, no puede desconocerse la especial aptitud profesional de las aseguradoras de riesgos del trabajo como agentes profesionales de este sistema, creadas y autorizadas a funcionar por su específico objeto y como agentes naturales del sistema creado por la ley 24.557. La regla nacida del art. 902 del Código Civil habilita a exigir de estas entidades profesionales un más estricto cumplimiento de sus deberes profesionales y técnicos en materia de prevención y seguridad que a los otros dos sujetos mencionados en el art. 4 LRT.

Además, los arts. 19 y 20 del dec. 170/96, al reglamentar el deber genérico de promover la prevención y control, exigen a las aseguradoras realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y de control de las condiciones y medio ambiente de trabajo, debiendo, en particular, verificar el mantenimiento de los niveles de cumplimiento alcanzados con el Plan de Mejoramiento que hubiera habido (inc. b) y brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos (inc. c).

Las aseguradoras de riesgos del trabajo deben fiscalizar a los empleadores afiliados, formularles programas especiales con explicitación de los riesgos propios de cada establecimiento y darles recomendaciones para superarlos y reducir las posibilidades de infortunios. También deben investigar las causas de los accidentes graves, organizar seminarios de capacitación, proveer a los empleadores de manuales, instructivos y videos sobre prevención y seguridad para que éstos también capaciten a sus dependientes sobre el manejo de sus riesgos y sobre prevención (arts. 31 LRT, 19 del decreto 170/96 y resoluciones SRT Nº 700/00 y 552/01), así como realizar a los trabajadores los exámenes médicos periódicos.

No se me escapa que el art. 31 apartado 3, inc. a) de la ley 24.557 prevé que es derecho de los trabajadores recibir de su empleador información y capacitación en materia de prevención de riesgos del trabajo, pero resulta un hecho indiscutible que, más allá de que la obligación primaria de dar esa capacitación es del empleador (como también es primariamente del empleador la obligación reparatoria de daños) la reglamentación optó por agregar a la aseguradora, con cierta lógica, como entidad especializada y profesional en la administración de riesgos del trabajo, como ejecutora directa y operativa de ese deber de dar la capacitación y así está expresado en el ya citado art. 19 inc. c) del decreto 170/96.

No advierto que la apelante haya aportado prueba alguna tendiente a demostrar el cumplimiento de los deberes a su cargo y la prueba documental glosada a fs. 45/50 sólo consiste, a mi modo de ver, en un simple formulario que no permite conocer siquiera esquemáticamente el contenido de dicha supuesta "abundante actividad prevencional" como sostiene la recurrente, ni se consignó que la empleadora haya dado cumplimiento real y efectivo a la capacitación básica inicial a todo el personal, como así tampoco que haya efectivizado la especifica instrucción sobre los riesgos puntuales, sin que se hayan aportado otros elementos que corroboren dichos extremos.

Tampoco se probó en autos que se haya informando a la SRT acerca de los planes y programas exigidos a la demandada.

En este contexto de falta de acreditación del cumplimiento de los deberes de prevención que la ley y la reglamentación exigen de parte de las aseguradoras de riesgos del trabajo, y con las particularidades del caso, no tengo la menor duda que, tal como se resolvió en primera instancia, la apelante ha incumplido su deber de prevención eficaz nacido del art. 4 LRT con lo que advierto la existencia de omisiones justificantes de la responsabilidad civil concurrente en los términos del art. 1074 del Código Civil.

Ahora bien, opino que si la aseguradora de riesgos a la que la accionada confió la gestión de sus riesgos laborales hubiese cumplido sus obligaciones de prevención, casi seguramente el accidente con la máquina no hubiese acontecido. Ciertamente, estoy convencido de que si la hoy recurrente hubiera dado cabal cumplimiento a sus obligaciones formales de inspección, control y denuncia, y hubiera efectivizado su deber personal de dar capacitación al personal de la empleadora asegurada, la accionante no hubiera padecido el infortunio que le generó el daño que dio lugar a este reclamo judicial.

Es que, con un mínimo de sentido común resulta sencillo colegir que si a la demandante se le hubiera enseñado que cuando realizaba sus tareas a través de planchas de presión neumática y temperatura corría el peligro de que, según determinados movimientos, se accione un mecanismo que podría aprisionar sus manos; si se le hubiesen provisto guantes de seguridad de acuerdo a la cantidad del personal afectado a dicha tarea para evitar quemaduras y resistir el calor (ya que de los testimonios evaluados surgió que no era normal tal provisión); y se le hubiese capacitado en el uso peligroso de dichas maquinas para estar advertida de sus peligros y a fin de aprender a conjurarlos, así como si se hubiese supervisado el cumplimiento de esta regla, difícilmente Avalos hubiera sufrido el infortunio que la incapacitó, al menos a tenor del curso normal de las cosas.

No es ocioso memorar que de acuerdo a la teoría de la causa adecuada, teoría actualmente predominante en la doctrina jurídica, no todas las condiciones necesarias de un resultado son equivalentes y se reconoce como "causa adecuada" para ver determinado un nexo de causalidad relevante a aquella que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es idónea para producir el resultado (conf. Jorge Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, 8vta. Edición, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 263).

Y enseña el citado jurista que para establecer cuál es la causa de un daño conforme esta teoría, es necesario formular un "juicio de probabilidad", es decir que cabe considerar si tal acción u omisión del presunto responsable era idónea para producir regular o normalmente un resultado, juicio que debe hacerse en función de lo que un hombre de mentalidad normal, juzgada ella en abstracto, hubiese podido prever como resultado de su acto (Bustamante Alsina, ob. cit., pág. 264).

Pues bien, al formular por mi parte el respectivo juicio de probabilidad, según la naturaleza o curso normal de las cosas, concluyo sin hesitación que si la aseguradora del empleador de la accionante le hubiera dado la instrucción correspondiente para identificar los peligros de la máquina; si la hubiese entrenado para poder superar tales riesgos; y si hubiese cumplido con eficacia sus deberes de controlar el establecimiento e instalaciones de la empresa asegurada, efectuándole los señalamientos, indicaciones y reproches de seguridad correspondientes, casi seguramente el infortunio no se habría producido. También estoy convencido de que si la trabajadora hubiese estado provista de guantes de seguridad eficaces, el daño sería menor al padecido.

Y, como corolario de este razonamiento, entiendo que ha mediado una adecuada relación de causalidad material entre los incumplimientos de la ART, ya examinados, y la verificación de la contingencia generadora del daño a resarcir.

En tanto se trata del olvido de obligaciones de alcance legal y opino que hay una suficiente y eficiente relación de causalidad entre las omisiones de la ART y el suceso dañoso, entiendo activada la responsabilidad -concurrente con la del causador directo del daño- del art. 1074 del Cód. Civil. En otras palabras, la aseguradora de riesgos ha concurrido con el empleador a la causación del daño con la omisión de conductas impuestas legal y reglamentariamente y cuyo cumplimiento seguramente hubieran evitado que el siniestro se verificara y/o que el daño se produjera. Por lo que en este aspecto propicio desestimar el recurso interpuesto.

III.	La sentenciante de primera instancia fijó la reparación patrimonial del daño material en la suma de $20.000 y el correspondiente al consecuente daño moral en $5.000 lo que hace un total de $25.000, y mandó calcular los intereses. Expresó haber llegado a ese monto reparatorio teniendo en cuenta el 12% de incapacidad determinado por el perito médico, la remuneración denunciada en el escrito de inicio, la edad de la trabajadora, el tiempo restante de vida laboral útil y lo percibido de la ART en el marco reparatorio especial de la ley 24.557.

En su segundo agravio Consolidar ART S.A. cuestiona el monto de condena argumentando que carece de causa que lo sustente y por falta de motivación de la sentencia en el origen de dicha suma, añadiendo que fue fijada solo con criterios subjetivos. Se refiere a "...la individual voluntad de la a quo... con graves anomalías en su fundamentación".

En primer lugar voy a señalar que, tal como la Corte Suprema ha dicho reiteradamente, para evaluar el monto del resarcimiento por la disminución de las aptitudes físicas o psíquicas no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados en la ley de accidentes de trabajo, aunque puedan ser útiles como una pauta genérica de referencia, añadiendo la Corte Federal que para fijar la reparación integral deben tenerse en cuenta las secuelas, los efectos que éstas pueden tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y en su vida de relación (ver, entre otros, "Coco, Fabián Alejandro c/ Provincia de Buenos Aires y otros s/ Daños y perjuicios", 29-6-04, Fallos 327:2722, también publicado en LL 8-11-04 Nº 108.279 y en ED 30-11-04, Nº 331).

En segundo lugar, no es cierto que la sentencia haya establecido la indemnización con base en exclusivos criterios subjetivos, toda vez que la Dra. Carambia, como anuncié, explicitó los datos objetivos que tuvo en consideración para determinar la suma que, a su juicio y en base a esos datos concretos, consideró una justa reparación del daño material. En efecto, la judicante que me precede tuvo en cuenta tales datos esenciales para determinar el resarcimiento del daño moral en una suma dineraria que, por otra parte, no luce excesiva, desproporcionada ni desprovista de razonabilidad.

Pero, además, lo cierto es que la suma fijada por la sentencia apelada resulta concordante con la que arrojarían los objetivos y exactos cómputos derivados de aplicar la fórmula de matemática financiera que la Sala III de esta Cámara hiciera conocida a partir del caso "Vuotto, Dalmero Santiago y otro c/ A.EG. Telefunken S.A." (S.D. Nº 36.010 del 16-6-78, publicada en revista T.S.S. 1978-673).

En efecto, con base en el salario de $673,08 -que llega incólume como dato a esta Alzada-, con un déficit incapacitante del 12% de la total obrera, 48 años de edad por parte de la víctima y, por ende, 17 años de vida laboral útil remanente, y una tasa de interés del 6% anual, la citada fórmula determinaría un monto reparatorio del daño material salarial equivalente a $11.001,17.

Ello evidencia que la estimación en $20.000 que la Dra. Carambia hizo de la indemnización por daño material, aun descontados los $3.027,62 ya abonados, no resulta arbitraria ni caprichosa si se tiene en cuenta en primer lugar que dicha fórmula sólo cuantifica una parcela del daño material consistente en la merma que el daño a indemnizar provocará exclusivamente en el plano puramente salarial referente al empleo para la empleadora en cuyo marco contractual se produjo la contingencia, sin merituar otras facetas del daño material.

En este sentido deben recordarse los señalamientos efectuados por la Corte Suprema en el "leading case" "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicio SA" (del 21-9-04, Fallos 327:3753) cuando estableció que "No se trata, pues, de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo. Resulta incuestionable que en tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquel valor vital de los hombres". Añadió el Alto Tribunal, para más claridad, que la "incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable", recordando, incluso que, "En el ámbito del trabajo, incluso corresponde indemnizar la pérdida de "chance", cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera (Fallos: 308:1109, 1117, considerando 9 º)".

Y en este último sentido debe tenerse muy en consideración que las secuelas que Avalos presenta en su mano derecha por aplastamiento y lesión térmica, según describiera la peritación médica, afectan su destreza manual, de manera que, más allá de la pérdida salarial concretamente computable por la fórmula "Vuotto", el daño proyecta sus efectos sobre la vida diaria de la trabajadora fuera del empleo, afectando su desempeño en la vida privada e íntima como ciudadana y como persona humana, daños que, indudablemente, deben ser merituados para fijar la reparación integral del daño material.

Por lo dicho, pienso que la estimación efectuada en primera instancia respecto del daño material no puede reputarse insuficientemente fundamentada y, por añadidura, apunto que dicha determinación resulta apropiada a las circunstancias del caso, a las que ya hice alusión.

En cuanto al reconocimiento de una reparación por daño moral, el planteo de la quejosa no puede ser admitido toda vez que esta Cámara ha dejado resuelta esta cuestión con el dictado del Fallo Plenario Nº 243, en autos "Vieites, Eliseo c/ Ford Motor Argentina S.A." en fecha 25-10-82 (publicado en revista D. T. 1982-1665), cuando se sentó la siguiente doctrina: "Es procedente el reclamo por daño moral en las acciones de derecho común por accidente del trabajo, fundadas exclusivamente en el vicio o riesgo de la cosa según el art. 1113 del Código Civil".

En cuanto al monto fijado en la anterior instancia, cabe valorar lo que implica el daño moral por los dolores naturalmente derivados del grave infortunio sufrido, los padecimientos propios del tratamiento y curación, así como el sufrimiento moral perdurable que las lesiones resultantes le provocan y provocarán a la actora en su vida personal social y familiar.

Al respecto conviene memorar que se ha definido al daño moral como la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas (confr. Bustamante Alsina, obra ya citada, pág. 234).

Empero, esas eventuales heridas subjetivas no son de prueba factible ya que, como grafica el ya citado maestro Bustamante Alsina, residen en lo más íntimo del alma (ob. cit. pág 248). Mas, como lo señala Arazi, puede determinarse su existencia mediante presunciones judiciales en base a las máximas de la experiencia o de los hechos notorios, según cada caso (Roland Arazi, "Prueba del Daño Moral", en Revista de Derecho de Daños Nº 6 Daño Moral, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, pág. 107), quien explica que son máximas de la experiencia el conjunto de conocimientos que el juez ha obtenido culturalmente con el uso, la práctica o sólo con el vivir.

Y bien, frente a un hecho claramente agresivo como el infortunio acreditado en autos, fácil es representarme, en mérito a mi experiencia de vida, el dolor moral como un corolario normal y típico en la víctima portadora de la disminución física.

En tal marco, considero que los $5.000 fijados por la Dra. Carambia son una adecuada y equitativa determinación tendiente a compensar el plano moral del daño y propongo confirmar la decisión también en este punto.

En consecuencia, por todo lo hasta aquí expuesto, de prosperar mi voto corresponde confirmar la sentencia de grado en todo cuanto ha sido materia de agravios.

IV.	La aseguradora codemandada apeló las regulaciones que la Sra. Jueza efectuó a favor de los peritos médico y contador y de las representaciones letradas de la actora, de la demandada Talyden S.A. y respecto de su propia representación letrada por considerarlas elevadas.

En mi óptica, los honorarios atribuidos a los dos peritos no lucen excesivos, teniendo en consideración la importancia y extensión de los trabajos efectuados y, por el contrario, considero que los correspondientes a la perito contadora -quien por su parte cuestionó la regulación por exigua- resultan insuficientes para retribuir su labor, juzgada con tales parámetros. Por eso, propicio confirmar los honorarios del perito médico y elevar los de la perito contadora al 6% del monto total de la condena con intereses (conf. pautas leyes 21.839 y 24.432, arts. 3 y concs. Decreto-ley 16.638/57 y 38 LO).

Las regulaciones efectuadas a favor de la dirección letrada de la parte actora, de la representación letrada de Talyden S.A. y de la representación letrada de la propia apelante Consolidar ART S.A. no me parecen elevadas, como propone la apelante, en mérito a la importancia y extensión de los trabajos realizados y a las reglas arancelarias vigentes (leyes 21.839 y 24.432 y art. 38 LO), por lo que propicio confirmar dichas determinaciones de honorarios.

V.	Atento al modo en que propicio se resuelva el recurso interpuesto, voto por imponer las costas de la Alzada a la codemandada Consolidar ART S.A. (conf. art. 68 del CPCCN) a cuyo fin sugiero regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la codemandada Consolidar ART S.A., por las labores cumplidas ante esta instancia, en el 25% y 25%, respectivamente, de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en la sede de origen (art. 14 ley 21.839).

VI.	En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modificada por Acordada C.S.J.N. N° 19/05), sin que esto implique abrir aquí juicio alguno acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, corresponde hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

El Dr. Miguel Ángel Pirolo dijo: Adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza por análogos fundamentos, con la siguiente aclaración:

En reiteradas ocasiones he señalado que no corresponde responsabilizar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo por la reparación integral derivada del derecho común por los fundamentos que expuse entre otras, en la causa: "Santellan Víctor Hugo c/ Industrias Metalúrgicas Halperín S.A. y otros s/ Accidente acción civil" (SD nro. 94785 del 26/2/07) a los que me remito en mérito a la brevedad. Sin embargo, esta Sala por mayoría resolvió -en el precedente citado- que es factible condenar a la ART en pretensiones fundadas en derecho civil, siempre que se trate de contingencias que se encuentran cubiertas por el sistema de reparación previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo.

De las consideraciones que allí efectué, se desprende claramente que, a mi entender, no es jurídicamente viable responsabilizar a la ART al margen de los términos de la póliza contratada en el marco de lo previsto en la LRT, cuando -a su vez- los actos, las omisiones o incumplimientos que se le imputan no guardan relación de causalidad adecuada con el acaecimiento del infortunio (y, por consiguiente, con el daño que deriva de éste).

Ahora bien, en el caso de autos, como surge del análisis de los hechos acreditados en la causa convenientemente efectuado por mi distinguido colega preopinante, la ART co-demandada incurrió en omisiones e incumplimientos a sus obligaciones legales que, por sus características y por su gravedad, aparecen como razonablemente concurrentes en el proceso de causación del daño pues, razonablemente apreciadas, guardan adecuada y lógica relación causal con el desencadenamiento del accidente.

Desde esa perspectiva y tal como lo puntualiza el Dr. Maza, aparece configurado en el caso el supuesto atributivo de responsabilidad previsto en el art. 1074 del Código Civil por lo que, con base a dicha previsión normativa, adhiero a su propuesta de que se mantenga la condena a la ART en forma solidaria. Por análogos fundamentos adhiero a las conclusiones del voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2da. parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de la Alzada a la recurrente vencida; 3) Elevar los honorarios regulados a la perito contadora al seis por ciento (6%) del monto de condena, con intereses; 4) Confirmar los restantes honorarios apelados; 5) Regular los honorarios de los letrados de las parte actora y codemandada, por sus labores en esta instancia, en el veinticinco por ciento (25%) y veinticinco por ciento (25%) -respectivamente- de lo que a cada uno le corresponda percibir por su actuación en la etapa procesal anterior; 6)Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05) y que deberán proceder con arreglo a lo establecido en el considerando pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-	MIGUEL ÁNGEL MAZA	MIGUEL ÁNGEL PIROLO	Juez de Cámara	Juez de Cámara.