Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-20


Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 95.760 SALA II Expediente Nro.: 16.815/2007 (Juzg. Nº 43) AUTOS: "RESCHINI SEBASTIAN ALEJANDRO C/MASSUH S.A. S/DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 20 de mayo de 2008, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

La Dra. Graciela A. González dijo:

El actor inició demanda en procura del reconocimiento del agravamiento indemnizatorio dispuesto por el art. 16 de la ley 25.561 (conf. ley 25.972) por cuanto la demandada sostuvo que, a la fecha de distracto (31/3/07), no se encontraba vigente la suspensión de los despidos dispuesta por dicha norma, al haberse cumplido la condición prevista en el art. 4° de la ley 25.972.

El sentenciante de grado hizo lugar al reclamo al considerar que, por los términos en que se había previsto la prórroga de la suspensión de los despidos sin causa dispuesta por el art. 16 de la ley 25.561 ("hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC- resulte inferior al diez por ciento (10%)"), era necesario un acto jurídico expreso que otorgue certeza en cuanto a la fecha en que correspondía considerar operada la condición. En tal inteligencia, hizo lugar a la pretensión deducida por la parte actora y, contra tal decisorio se alza la accionada a tenor del memorial obrante a fs. 39/41.

La demandada en apoyo de su crítica sostiene que: 1) el art. 4° de la ley 25972 no requiere de un acto jurídico expreso para producir efectos; 2) que es de público conocimiento que el INDEC informó que la tasa de desocupación del último trimestre 2006 fue del 8,7%; 3) que al cumplirse la condición resolutoria prevista en la norma, el agravamiento indemnizatorio dispuesto en el art. 16 de la ley 25.561 perdió vigencia en forma automática; 4) que la tasa de desocupación informada por el INDEC era definitiva, ya que en modo alguno tenía carácter provisorio y/o requería corroboración; 5) el fallo convalida "aparentes incertidumbres" imaginadas por los "interesados".

No es la primera vez que el lapso de vigencia de una norma es puesta en cuestión. Generalmente los planteos se dirigen a cuestionar la eficacia de una norma para dejar sin efecto otra, las facultades legislativas ejercidas por el poder administrador, la aplicación o no del principio general contenido en el art. 8 del Código Civil en relación a la fecha de publicación de la ley en el Boletín Oficial, etc. El caso bajo examen no encuadra en ninguna de las hipótesis conocidas. A punto tal que, a raíz del dictado del decreto 1224/07 que declaró cumplida la condición prevista en el art. 4 de la ley 25.972 para dar por finalizada la vigencia del art. 16 de la ley 25.561 se publicaron numerosos trabajos de doctrina advirtiendo sobre las discrepancias interpretativas que habrían de plantearse a raíz del modo en que se legisló en la materia (ver Etala, Carlos A. "La pérdida de vigencia del recargo indemnizatorio de la emergencia", D.T. 2007-B, págs. 1060 y ss; Ramírez, Luis E, "Una ley argentina para el Libro Guiness (a propósito del fin de la "doble" indemnización), D.T. 2007- 1070; Alejandro, Sergio J. "Término de vigencia del agravamiento indemnizatorio. Los alcances del decreto 1224/2007", D.T. 2007, 1083; Ambesi, Leonardo, "Apuntes sobre el decreto 1224/07", DT 2007, 1078; Maza, Miguel A. y Bloise, Leonardo G. "La derogación de la denominada doble indemnización o recargo indemnizatorio del art. 16 de la ley 25.561 por el decreto 1224/07", D.T. 2007-B, 1053; Pavlov, Federico "Muerto el perro. ¿se acabo la rabia?. Acerca del final de la "doble indemnización", DT 2007 B, 1088; Etala Juan José y González Rossi, Alejandro, "El decreto 1224/07 -inconstitucional y extemporáneo-". DT 2007 B, 1063, etc).

Algo parecido había ocurrido con la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.561 (dec. 50/02) y con los sucesivos decretos de prórroga cuya constitucionalidad ha sido fuertemente cuestionada, pero lo cierto es que, lo sucedido en cuanto a la pérdida de vigencia del dispositivo legal en cuestión, reviste facetas inusitadas porque, como lo puntualiza la recurrente -y el sentenciante de grado no desconoce-, la vigencia del régimen indemnizatorio agravado por la emergencia ocupacional declarada por ley, por disposición de la ley 25.972, quedó sujeta a que la tasa de desocupación elaborada por el INDEC resulte inferior al 10%. No obstante ello, luego de varios meses de haber salido a publicidad el informe del INDEC correspondiente al último trimestre del año 2006 y al primero del año 2007, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1224/07 (B.O. 11/9/07) declarando cumplida la condición establecida en el art. 4 de la ley 25.972, es decir, que la tasa de desocupación había descendido de los dos dígitos.

Admito que, como lo señalaron los Dres. Maza y Bloise en el trabajo publicado en D.T. 2007-B, págs 1053 y ss., los términos del art. 4 de la ley 25.972 permitirían considerar que la vigencia de la norma se intentó supeditar únicamente al cumplimiento de una "conditio iuris" y que no puede válidamente discutirse que con anterioridad al dictado del decreto 1224/07 algunos órganos periodísticos habían informado que, conforme el resultado de las estadísticas elaboradas por el INDEC, la tasa de desocupación era inferior al 10% .

Sin embargo, en la difícil tarea de juzgar, no puedo dejar de considerar que las informaciones acerca del nivel de desocupación vigente a fines del año 2006, carecían de suficiente certeza tanto en cuanto a su entidad, como con relación al momento en que debía considerarse alcanzado el nivel de desempleo que la ley había fijado como determinante de la finalización de la crisis a nivel ocupacional en función de la cual se dispuso la suspensión de los despidos injustificados y el agravamiento indemnizatorio en caso de violarse tal disposición legal.

El dato de publicación de los que la mayoría de los autores se valen, ubican el hecho en el día 28 de febrero del año 2007 pero lo cierto es que esa simplemente es la fecha en la que fue emitido o suscripto un "informe de prensa". No se publicó en el Boletín Oficial ni entró en conocimiento -real o presunto- de la población en un único y determinado momento. Ello dependió más de la recepción de los organos periodísticos de difusión que de la propia actividad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y, a mi juicio, la verificación de un hecho de tanta trascendencia jurídica, no podía quedar librada a las contingencias propias del alcance y credibilidad de los datos obtenidos a través de medios de divulgación masiva que, por lo demás, rara vez se exponen en "estado puro" -es decir, libres de todo contenido valorativo-, máxime cuando los métodos y parámetros utilizados por el INDEC estaban siendo seriamente cuestionados desde distintos sectores de la vida política e institucional. Nótese al respecto que el propio apelante no indica la fecha de publicación del mencionado índice. Alude a que se trata de un hecho de "público conocimiento" y para ilustrar su aserto adjunta una noticia periodística del 26/4/07 (posterior al despido) -ver fs. 40 vta.-	A su vez, en la fecha antes mencionada no se divulgaron los resultados definitivos sino que se trató de un "adelanto de resultados". A mi juicio, de tal elemento no puede colegirse con exactitud que la tasa de desempleo elaborada por el INDEC resultó inferior al 10% en el último trimestre del año 2006, porque se trata de datos estadísticos que consideran diversas variables y ello surge evidente de la compulsa de los datos dados a publicidad por el INDEC - que se pueden consultar vía internet en www-indec.gov.ar-.

Allí se informaron tres tasas de desocupación distintas porque si bien en el primer cuadro en el que se indicó una tasa de desocupación del 8,7%, se desagregó la tasa correspondiente al índice de subocupación, que a su vez fue subclasificado en "subocupación demandante" y "subocupación no demandante" (según que las personas consultadas estuvieren o no buscando empleo); en el siguiente, se indicó una tasa de "desocupación" del 9,3% computando a los titulares de Planes Jefes y Jefas de hogar que, además buscaban activamente trabajo; y en el tercero se informó una tasa del 10,1% que resultaría de considerar que, de no ser titulares de tales planes, dichas personas serían desocupadas y estarían por lo tanto incluídas en la población económicamente activa. Efectué este análisis de la información de prensa del 28/2/07 que puede consultarse en la página web del INDEC (denominada "mercado de trabajo: principales indicadores 4° trimestre de 2006 - Adelanto de resultados") sólo con el fin de demostrar que, cualquier pauta que se tome a efectos de intentar constatar la reducción de la tasa de desocupación elaborada por el INDEC a un porcentaje inferior al 10%, carece de certeza y precisión tanto en cuanto a su contenido como a la fecha de su verificación.

En esa inteligencia, adhiero a las consideraciones efectuadas por Luis E. Ramirez ( en "Una ley argentina para el Libro Guiness" D.T. 2007, 1070) al señalar que el art. 4 de la ley 25.972 no fue preciso sobre el indicador que había que tener en consideración, y que, por tanto, requería de una norma reglamentaria. A mi juicio, en dicha ley, el legislador estableció una pauta para que se considere finalizada la emergencia y obligó al poder ejecutivo a atenerse a los informes del INDEC, pero no sustrajo de las facultades reglamentarias expresamente otorgadas en el art. 2 de dicha ley al Poder Ejecutivo , el aspecto en cuestión. En igual sentido, el Dr. Eduardo Álvarez sostuvo que "en el caso se da una hipótesis de condición extintiva que requiere, en el ámbito del poder público, un acto expreso para darle eficacia, y tal conclusión se ve respaldada por la lectura armónica de la ley 25.972. Hago esta afirmación porque el art. 2 de la disposición legal mencionada faculta al Poder Ejecutivo Nacional para declarar la cesación, ya sea en forma total o parcial, del estado de emergencia pública a alguna o todas las materias comprendidas "cuando la evolución favorable. así lo aconseje", y esta iniciativa que implica una delegación no cuestionada, parte de la premisa de la necesidad de una disposición expresa" (del Dictamen de la Fiscalía General ante la Cámara Nro. 45904 del 31/3/08).

En tal aspecto, Luis E. Ramirez afirmó que "la extraordinaria imprecisión del art. 4 de la ley 25.972 sólo puede interpretarse como una delegación de facultades al Poder Ejecutivo para que, vía reglamentaria, llene los baches legales, claro está que sin alterar el espíritu de la ley. Aunque morosamente, el decreto 1224/07 vino a cumplir esa misión".

Interpretar de modo diverso el art. 4 de la ley 25.972 llevaría a presumir la inconsecuencia del legislador porque no advierto, entonces, cuál habría sido la finalidad perseguida con el decreto 1224/07 (publicado en el B.O. del 11/9/07) mediante el cual se declara cumplida la condición.

Cabe recordar que, el Máximo Tribunal, al decidir respecto de los alcances del decreto 50/01 -referido también a la aplicación temporal del art. 16 de la ley 25.561 y en un aspecto mucho menos controvertido-, sostuvo que "La interpretación jurídica debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que informan las leyes, puesto que la primera regla en esta materia consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador (V. Fallos: 320:389;323:566; 324:1740, 3752; 325:186,350,1922; entre muchos), sin que pueda suponerse su inconsecuencia, falta de previsión u omisión involuntaria, motivo por el que se reconoce como principio inconcuso que la interpretación debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (V. Fallos: 312:1680; 315:727; 319:1131; 320:2701; 322:2189; 323:1787; 324:1481, etc).(Del Dictamen del Procurador Fiscal ante la CSJN Dr. Obarrio). - CSJN " Valente, Diego c/ Bank Boston" 19/10/04.

Asimismo, en tal oportunidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que "En la denegación de beneficios, como los que informan el derecho del trabajo ha de procederse con suma cautela, buscando siempre una interpretación valiosa de lo que las previsiones han querido mandar porque en planos como el descripto, el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de no desvirtuar los fines que inspiran las leyes (v. Fallos: 318:1695, 320: 2596, etc)" .

Por lo demás, elementales razones de seguridad jurídica imponen inclinarse por la interpretación que otorga mayor certeza a las relaciones y a los derechos que de ellas se derivan, tal como acontece con otros supuestos que implican la pérdida de derechos o beneficios (vgr. caducidad, prescripción, etc.).

Asimismo, creo necesario referir que, a mi juicio, resulta evidente que estamos ante un caso de duda en la interpretación del alcance de una norma y la reseña de los trabajos doctrinarios efectuada precedentemente corrobora la sensación en la que la población en general se encontró inmersa, incluso antes del dictado del decreto 1224/07, en atención al indicador elegido por el legislador para condicionar la vigencia del régimen de suspensión de despidos dispuesto en el art. 16 de la ley 25.561. Tal circunstancia impone estar a la pauta hermenéutica establecida en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo que, en nuestra especialidad resulta insoslayable, por ser directa derivación del principio protectorio sobre el cual se estructura todo el Derecho del Trabajo, de conformidad con los lineamientos que emergen del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo que "La interpretación y aplicación de las leyes requiere no aislar cada artículo y cada ley sólo por su fin inmediato y concreto, sino que debe procurarse que todas tengan en cuenta los fines de las demás y considerárselas como dirigidas a colaborar, en su ordenada estructuración, para que las disposiciones imperativas no estén sujetas a merced de cualquier artificio dirigido a soslayarlas en perjuicio de quien se tuvo en mira proteger (del dictamen de la Procuración General al que remitió la CSJN in re "Ategam S.A. c/Provincia del Chubut s/demanda contencioso administrativa", T. 329, P. 3546 del 5/9/06)	En consecuencia, en resguardo de la seguridad jurídica antes mencionada y por aplicación de la pautas interpretativas aludidas, de prosperar mi voto corresponde considerar que el cese del agravamiento indemnizatorio dispuesto por el art. 16 de la ley 25.561 se operó recién al darse a publicidad el decreto 1224/07 (B.O. 11/9/07).

También con relación a la redacción del decreto bajo análisis se han efectuado serios reparos, puesto que no especifica su carácter (reglamentario, declarativo, aclaratorio, etc.), ni la fecha exacta a partir de la cual no rige el incremento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25.561 -nótese que declara cumplida la obligación sin indicar el momento en que se habría verificado el hecho o condición a la que alude la norma que se intenta completar, aclarar o reglamentar-. En tal sentido, creo necesario señalar que, tal como lo puntualizó el Dr. Eduardo Alvarez al emitir opinión in re "De la Fuente Mónica Gladis y otrio c/Swiss Medical S.A. s/despido" (Expte. 23.441 del registro de la Sala III CNAT) -Dictamen Nro. 45904 del 31/3/08 antes referido- la suspensión de los despidos concluyó el día de la publicación del decreto 1224/07, o sea el 11/9/07, porque no se trata de una disposición de carácter normativo, sino de una suerte de aquello que se denominara "decreto de ejecución" que se agota, en el caso, con la corroboración del hecho.

En efecto, tal como aconteciera en el caso "Valente" en el que la Corte admitió la vigencia inmediata de la ley 25.561, al convalidar el decreto 50/02, estimo que, para establecer su fenecimiento en lo que hace al aspecto en cuestión (suspensión de los despidos), debe estarse a similar pauta interpretativa, máxime cuando, como lo he dejado expuesto, el indicador al que el art. 4 de la ley 25.972 sujetó la vigencia de la prórroga dispuesta, llegó al nivel previsto con anterioridad al mes de septiembre de 2007, por lo que con la adopción de tal criterio no se advierte afectado interés alguno.

Al respecto la Corte ha sostenido que "La interpretación de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción, a cuyo efecto una de las pautas más seguras para verificar si la inteligencia de una disposición es racional y congruente con el resto del sistema del cual aquélla forma parte, es la consideración de sus consecuencias" (CSJN A. 1708. XLI; REX, "Ávila Zanini, Carlos P. y otros s/recurso de casación" del 8/4/2008).

En tal context, por todo lo hasta aquí expuesto, propicio confirmar la sentencia de grado en todo cuanto ha sido materia de agravios, e imponer las costas de la Alzada en el orden causado en atención a la índole de la cuestión debatida (art. 68 in fine CPCCN). En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la ley 21839, propongo regular los honorarios de la representación y patrocinio de la parte demandada y de la parte actora, por su actuación en la Alzada, en el 25% de lo que en definitiva resulte para cada una de ellas por su actuación en la instancia previa.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Mi distinguida colega Graciela A. González propicia confirmar la sentencia de primera instancia al entender, al igual que el Sr. Juez de primera instancia, que al día del distracto (31-3-07) se encontraba aún vigente el régimen de emergencia que suspendía los despidos sin justa causa, de acuerdo a la primigenia norma del art. 16 de la ley 25.561, prorrogada luego por el art. 4 de la ley 25.972.

Ha concluido la Dra. González que dicho régimen de excepción cesó al darse a publicidad el decreto 1.224/07, que fue publicado en el Boletín Oficial del 11-9-07.

II.	Con todo respeto, y con expreso reconocimiento de que se trata de un tema harto opinable, me permito discrepar con ese criterio pues, como lo señalé como reflexión hipotética en el estudio monográfico citado por la vocal preopinante, pienso que el art. 4 de la ley 25.972 previó una condición derogatoria que se verificó bastante antes de la publicación del decreto 1224/07.

Memoro que dicha norma legal dispuso la prórroga de la suspensión de los despidos sin causa justificada establecida por el artículo 16 de la ley Nº 25.561 y sus modificatorias, "hasta que la tasa de desocupación elaborada por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10%)".

A mi modo de ver, de ese texto legal resulta claro que el Congreso Nacional subordinó la vigencia de ese régimen excepcional al cumplimiento de tal hecho, configurado como una condición de vigencia de la norma, instituto jurídico parecido al de la condición resolutoria pero diferente. Al respecto, conviene recordar que la "conditio iuris" o condición de aplicación de las normas es un elemento constitutivo de la ley, no dependiente de las partes (conf. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas, Sociales y de Economía, dirigido por Víctor De Santo; Editorial Universidad, Buenos Aires, 1999, pág. 254); mientras que la condición regulada en los arts. 527 y stes. del Código Civil constituye una modalidad de los actos jurídicos o de las obligaciones, modalidad, por otra parte, accidental (Ver Pizarro, Ramón Daniel y Vallespinos, Carlos Gustavo, Instituciones de Derecho Privado - Obligaciones, Editorial Hammurabi-José Luis Depalma Editor, Buenos Aires, 1999, T. 1, pág. 236).

.	En ese entendimiento considero que dicha conditio iuris derogatoria ha implicado que la extinción o finalización de la prórroga legal quedó únicamente sujeta al acaecimiento del hecho o evento futuro e incierto mencionado en la ley y una vez cumplido éste, se produjo la auto derogación comprometida en la propia norma. Como consecuencia directa de ello, la previsión legal debe considerarse auto suficiente y no requirente para su operatividad de una reglamentación, norma ni sentencia administrativa ni judicial meramente declarativa que, en este caso, pondría meramente de manifiesto una condición material y temporalmente ya acontecida.	Subrayo que, a desde mi enfoque, de acuerdo al texto del art. 4 de la ley 25.972, no se necesitaba el dictado de una norma pues no se supeditó la derogación del régimen de suspensiones y recargo a una decisión estatal, es decir que la ley no prometió que cuando la tasa de desocupación fuese menor al 10% se dictaría una norma derogatoria, ni comprometió a autoridad alguna a elaborar tal norma; criterio que hubiese ahorrado dudas, incerteza y problemas jurídicos. Por el contrario, estableció una cláusula derogatoria auto suficiente y automática.

En concreto, pues, opino que el legislador dispuso que el régimen de suspensión de los despidos perdería vigencia al producirse el hecho mencionado en el art. 4 de la ley 25.972 y, una vez verificado éste, la conditio legis debe juzgarse verificada de pleno derecho.

III.	Este criterio lleva a determinar en qué momento se produjo ese suceso, es decir cuando la desocupación fue inferior al 10% y al respecto pienso que debe tenerse en cuenta el indicador que el legislador tuvo en miras, es decir la tasa de desocupación elaborada por el INDEC, pese a los cuestionamientos que pueda merecer por, como mínimo 2 motivos, puesto que cuando la ley 25.972 fue dictada dicho Instituto ya incurría en la tan curiosa como para mi inexplicable práctica estadística de contar como ocupados a trabajadores potenciales a los que se abonan subsidios por carecer de un empleo, y en tal sentido me parece preciso como magistrado presumir que los legisladores conocían este extravagante criterio y que, pese a ello, ataron la vigencia de la suspensión al resultado de tal medición.

Con esta interpretación -textual y exegética- me resta afirmar que la condición resolutoria se produjo tras el cuarto trimestre de 2006, que indicó un porcentual de desocupación equivalente a 8,7 por ciento.

Como lo afirmé con el Dr. Bloise en la publicación ya referida, estimo que jurídicamente debe estarse, como regla válida, al indicador elaborado y publicado por el órgano estatal al que la ley le asignó la función, en tanto no sea declarada la nulidad del procedimiento de cálculo, nulidad que no está planteada en el caso. Lo contrario afectaría de un modo inadmisible la seguridad jurídica.

IV.	Ahora bien, decidido como tengo que la condición resolutoria se cumplió automáticamente cuando la tasa de desocupación midió el desempleo por debajo del 10%, falta dilucidar si debe juzgarse verificada con la finalización del período medido por el INDEC (esto es: al terminar el cuarto trimestre de 2006); con la confección de los respectivos índices; o con su respectiva publicidad.

Dado el efecto jurídico derogatorio que el hecho estadístico tiene, considero que debe tomarse en cuenta la fecha de publicitación de los indicadores, a saber el 28/02/07, ya que ésta es la solución que mejor resguarda la seguridad jurídica y el respeto al principio republicano de publicidad de los actos de gobierno que regula la aplicación y derogación de las normas jurídicas (arts. 2, 3 y concs. C. Civil).

V.	En síntesis, opino que la derogación de la prórroga que el art. 4 de la ley 25.972 dispuso del régimen nacido con el art. 16 de la ley 25.561 se produjo en forma automática al verificarse la condición jurídica resolutoria prevista en la ley; que ésta aconteció cuando el INDEC publicó el índice de desocupación del cuarto trimestre de 2006 como inferior al 10% el 28-2-07.

VI.	Por ende, con este criterio, al momento del distracto aquí examinado (31-3-07) no estaba vigente la suspensión de los despidos, por lo que la empleadora no debía abonar el recargo demandado por la parte actora ni el del 50% de la indemnización por despido dispuesto por el decreto 1433/05.

De ello se sigue que propongo revocar la sentencia apelada, desestimando la demanda aunque imponiendo las costas de ambas instancias en el orden causado en atención a la lógica duda que este tema ha generado y seguirá generando, seguramente hasta el dictado de un Fallo Plenario por parte de esta Cámara, duda que evidentemente justificó objetivamente que el demandante se sintiera asistido de derecho a deducir su pretensión (art. 68, párrafo 2, CPCCN).

Propicio, también, dejar sin efecto las regulaciones de honorarios efectuadas en primera instancia (art. 279 CPCCN), fijando los emolumentos de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, por todas las tareas efectuadas, en las sumas de $1.500 y $1.900, respectivamente, en atención a la importancia y extensión de los respectivos trabajos profesionales, y al verdadero monto del pleito (fijado en la sentencia de primera instancia), siendo de señalar que la parte actora reclamó una suma infundada ya que no se atuvo para calcular su pretensión al texto del decreto 1433/05, norma que sería la que hubiese regido el caso de no darse la derogación del régimen por cumplimiento de la condición legalmente prevista (conf. arts. 6, 7, 8, 9, 14, 19, 39 y conctes. de la ley 21.839 y 38 LO).

Miguel Ángel Pirolo dijo: Por análogos fundamentos y porque, de lo contrario, carecería de sentido que se hubiera dictado el decreto N° 1.224/07, adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte L.O.), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo cuanto ha sido materia de agravios, 2) Declarar las costas de la Alzada en el orden causado, 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada y de la parte actora por las tareas de la Alzada, en el 25% de lo que en definitiva resulte para cada una de ellas por su intervención en la instancia previa, 4) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05).

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.