marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, ley provincial, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: A.R.I c/ J.A.P. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-03-13

La obligación impuesta por la ley Provincial 7269 art. 14, que supedita la conclusión del trámite de divorcio al pago de honorarios profesionales, es violatorio de lo preceptuado por los arts. 26, 47 inc. 3ro., 66 primera parte y 67 del Dec. ley 8204/63, ratificado por la ley 16478, y sus modificatorias. Las normas citadas establecen imperativamente que debe darse publicidad, mediante su anotación en el Registro del Estado civil y Capacidad de las Personas, a toda modificación del contenido de las inscripciones (art. 26). Así se debe tomar razón en el libro de matrimonios de la sentencia de divorcio (art. 47 inc. 3ro.), pues toda resolución judicial que de origen, altere o modifique el Estado Civil de las personas , deberá ser remitida al Registro para su cumplimiento (art. 66, 1ra. parte). Ello con las formalidades y el procedimiento que establece el art. 67 para registrar las notas de referencia.

La ley Provincial, al obstaculizar la conclusión del trámite de divorcio por condicionar el libramiento de los oficios al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,impide el cumplimiento de la preceptuado por la ley de fondo. Se afecta de este modo el orden jerárquico establecido por la Constitución Nacional; esto significa que los grados más altos subordinan a los inferiores y todo el conjunto debe sujetarse a la Constitución. No puede dudarse de la jerarquía superior de que goza la ley nacional por sobre la provincial,atento la naturaleza de la materia que regula. En efecto, se trata del Estado Civil de las personas que configura uno de sus atributos esenciales. En tal carácter es único e indisponible.

Además compromete el orden público y es ello lo que exige su certeza y justifica su publicidad.-
Partes, asistencia médica, terceros, intereses, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: Molina, Sergio Omar c/ Programa Federal Salud y otros s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-06

La fundación prestadora del servicio de salud, reviste el carácter de parte en el proceso de ejecución de sentencia que ordenó al Ministerio de Salud de la Nación -PROFE - otorgar cobertura de la enfermedad del amparista y su seguimiento en dicha fundación, pues se trata de un tercero afectado en un interés propio -art. 90 inc. 1 del CPCCN- y está habilitado para peticionar en los autos principales las intimaciones que sean conducentes hasta la plena satisfacción del crédito que reclama respecto del paciente amparista.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: G., M.M.R. c/ F. R., P. y/o Quien Resulte Propietario y/o ResponsableLaboral de El Imperio s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-04-18

Frente a los dichos de quienes aseveran haber presenciado o percibido hechos positivos concretos, quita relevancia a los de quienes deponen en forma negativa, puesto que la circunstancia de que ellos no hayan visto o sentido aquéllos no significa que no hayan ocurrido.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Goldstein Dozoretz, Ricardo Horacio contra GCBA sobre amparo - tributario c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-14

Corresponde rechazar la queja porque el GCBA insiste en objetar el modo en que la Cámara interpretó los hechos y las normas infraconstitucionales que rigen la cuestión, impugnaciones que replica para sostener su agravio de arbitrariedad de sentencia, sin articular sus dichos con los términos del auto denegatorio. En este se habían descartado la concurrencia de tal supuesto y las razones dadas por la Cámara para rechazar su recurso de inconstitucionalidad (procedencia de la vía de amparo, ausencia de sentencia arbitraria y cuestión constitucional). Este Tribunal ha dicho reiteradamente que es requisito necesario del recurso directo que contenga una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso deinconstitucionalidad ("Fantuzzi, José Roberto y otro s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en/ Fantuzzi Jose roberto y otro s/ art. 57 bis Causa 665-CC-2000" Expte. SAPCyF n° 865/01; sentencia del 09-04-2001, entre otros). (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Homicidio culposo, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: Barrionuevo, David Leonardo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-15

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa condenando al encausado a la pena de tres años de prisión cuya ejecución será dejada en suspenso, toda que se trata de la primer condena por un delito de naturaleza culposa, que se trata de un hombre con trabajo y familia, padre de un niño de corta edad de quien es fuente de sustento, no luciendo así el monto y modalidad de cumplimiento efectivo de la pena la más acertada atento a que dicho encierro habrá de segregarlo de la sociedad y de su grupo familiar, todo con las secuelas negativas que de ello derivaría, incluido el contagio criminógeno que el encarcelamiento suele producir. La disidencia expresó que las circunstancias particulares que rodearon el hecho -en especial la conducción imprudente y antirreglamentaria sumada a su actitud posterior de alejarse del lugar- justifican mantener el quantum y modalidad de cumplimiento de la pena establecida por los sentenciantes en tres años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo. (Dres. Fégoli y Madueño y Rodríguez Basavilbaso -en disidencia-).
Desaparecidos, detención sin orden, responsabilidad civil, daños y perjuicios, daño moral, indemnización por muerte
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Tarnopolsky, Daniel c/ E.N. y Otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-09

Cuando al codemandado Massera se le atribuyó responsabilidad penal por los casos 200, 201, 202 y 203, limitados a la privación ilegítima de libertad, no cabe adjudicarle responsabilidad civil por la muerte de los familiares del actor, como lo hizo el a quo.
Municipalidad, personal municipal, traslado, Administración Pública, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cáceres, Sevilla Isidoro c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nro. 470-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-27

La circunstancia de que en el Estatuto del Personal de Municipalidades y Comunas no haya norma que expresamente prevea el traslado del empleado de una dependencia a otra, dentro de la misma sede, no es obstáculo para reconocer esa facultad. La ausencia de previsión normativa se debe a que estos estatutos miran preferentemente al empleado, determinando prolijamente sus derechos y deberes, pero no regulan a la par, de modo explícito las facultades, derechos y deberes de la Administración, los cuales pueden surgir indirectamente de aquellos.
Juicio de apremio, apoderamiento, juicio ejecutivo, ejecución fiscal
Materia: CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA c/ ZAMBON, Delfino Carlos s/ APREMIO S/ EJECUTIVO (EXPTE. N° 1963)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-05-19

El sentenciante interpreta como especial el alcance del poder conferido a la mencionada procuradora en orden a la nota del Codificador al art. 1879 CC, más allá que tal disgresión opera como pauta interpretativa de la norma, no está demás destacar que en la misma el autor del Digesto alerta sobre los inconvenientes para brindar una definición exacta sobre ambas clases de mandato y las diversas opiniones que sobre el particular imperaban en la doctrina francesa -fuente de la norma- de entonces, para finalmente prevenir que "Pero, en fin, el artículo no dispone, es meramente doctrinal, y los artículos siguientes de este título salvan las dificultades prácticas que podrían ocurrir." (Cfr. Código Civil, Ley 340, Nota al art. 1879 in fine), lo cual deja sin sustento a la decisión recurrida y es suficiente para acoger la apelación deducida. No obstante, los términos en que fue concebido el apoderamiento otorgado a la procuradora Barrientos, no da margen a dudas en cuanto a que la faculta para perseguir el cobro del crédito ejecutado en autos dada la amplitud de facultades conferidas la que comprende, entre otras, la de entablar o contestar demandas y deducir reconvenciones, además de enumerar una serie de actos judiciales y extrajudiciales que la mandataria puede ejecutar en representación del citado municipio, por lo que en tal contexto no parece para nada dudoso que el instrumento de fs. 3 le confiere suficiente aptitud para obrar representando a dicha entidad e interponer la ejecución deducida en autos, resultando irrelevante la distinción efectuada en torno al carácter tributario, o no, de los conceptos cuyos pago aquí se reclama.
Graduación de la pena, individualización de la pena, abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima
Materia: PENAL
Carátula: T. V., F. J. - abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple todo ello en corcurso real c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-12

El recurso de inconstitucionalidad sólo puede prosperar en aquellos supuestos de evidente discrecionalidad, apartamiento injustificado de los hechos o del derecho aplicable o irrazonabilidad de las conclusiones a que se arriba en el fallo.

Las pautas objetivas y subjetivas para la dosificación de la pena deben ser objeto de una consideración particularizada, sin perjuicio de que algunos factores personales resulten comunes. De la cuantificación de todas ellas se podrá obtener, el monto de la pena a aplicar.

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad denegado si, no obstante haberse verificado la existencia de circunstancias agravantes que motivan suficientemente el incremento de la sanción penal dentro del margen del tipo infringido y que fueron consideradas en ocasión de condenar al inculpado, su valoración no se refleja en la sanción impuesta. (Del voto de los Dres. Samsón y Vittar)
Empleados públicos, sanciones disciplinarias, trámites judiciales, sumario administrativo, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: MOYANO, MARIO HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE EL TREBOL s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 199-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-23

En ausencia de normas reglamentarias que regulen el procedimiento disciplinario, debe asegurarse al imputado la posibilidad de ser oído, probar y alegar. La exigencia del sumario administrativo, como el respeto del derecho de defensa, tienen su origen en la Constitución.
Daños y perjuicios, costas, monto de la demanda
Materia: COMERCIAL
Carátula: STAGNO, CARLOS ALBERTO c/ BANCO RIO DE LA PLATA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-08

En una acción por daños y perjuicios corresponde imponer las costas de ambas instancias a la accionada, con abstracción de las reclamaciones que no hayan progresado íntegramente con relación a la totalidad de los rubros resarcitorios; sin embargo a los efectos de cuantificar el valor de las costas, específicamente al momento de regular los honorarios profesionales, no corresponderá computar como monto del proceso el quantum reclamado en la demanda, sino, expresamente, el monto por el que prospera la acción.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, acuerdo de partes, consentimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: C., M. A. c/  s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-07

La quejosa insiste de forma parcializada con su postura divergente, aludiendo a que el justiciable fue prácticamente obligado a rubricar y aceptar una condena, pero sin exponer con suficiencia lo acontecido en la causa y -en especial- en la audiencia de procedimiento abreviado, a fin de persuadir a este Tribunal de que en las circunstancias concretas del caso el justiciable no haya podido consentir libremente la suscripción del acuerdo respectivo, siendo ello de especial relevancia, ya que el Fiscal, al contestar el traslado previsto en el artículo 4 de la ley 7055, precisó que el encartado había reconocido el hecho como propio al momento de celebrarse la audiencia del abreviado luego de manifestar que comprendía el alcance de la condena y sin que la Jueza interviniente haya advertido ninguna circunstancia que hiciera presumir ni siquiera en forma indiciaria la voluntad viciada del inculpado, apuntando que dicha Magistrada había garantizado que el imputado conociera y comprendiera los alcances del acuerdo, dando lugar a un cuarto intermedio a los fines de que éste pudiera conferenciar en privado con su defensor para, luego prestar su consentimiento; por lo que en definitiva, las afirmaciones de la impugnante quedan sin el debido sustento en las constancias del caso y no logran rebatir el razonamiento del A quo para desestimarlas, a la par que tampoco demuestra la relación directa e inmediata entre los derechos y garantías que genéricamente invoca y lo ocurrido en la causa. - CSJStaFe: AyS T 99, p 393; T 117 p 296; T 138, p 433; T 226, p 50; T 227, p 495.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, ebriedad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DïAgustini, Oscar c/ Rivella, Zulma s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

Dentro de las formas clínicas de estados de inconciencia se encuentran los estados de intoxicación por: a) fugacidad de los síntomas, b) gravedad de la perturbación de la conciencia que llega hasta la supresión y que es muy profunda en comparación con su duración y c) confusión mental.
Allanamiento, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Beltran, Juan Servando c/ Rugna, Catalina s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11

No incurre en costas el actor si opuesta la defensa de prescripción, se allana inmediatamente a la misma, pues las obligaciones prescriptas son demandables y no se incurre en culpa al reclamarlas, dependiendo de un acto posterior del demandado, que se tornen obligaciones naturales, privadas de acción. Ello es así por cuanto hasta el momento en que el vencedor se amparó en la prescripción, el actor pudo válidamente ejercer su derecho, criterio éste adoptado en el Código Procesal de la Nación (art.76 según reforma introducida por la ley 22.434). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos y garantías constitucionales, derechos adquiridos, ejercicio del derecho
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HUARRIZ, Juan Carlos c/ E.N. -Sec. de Hacienda de E.O. y S.P. Mun. de Bs. As. s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-20

Conforme al criterio de la C.S.J.N. ("Superintendencia de Seguros de la Nación s/ infracción tarifaria de Sud América Terrestre y Marítima" del 23/2/93) los derechos y garantías consagrados por la Carta Magna no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que los reglamentan, siempre que ellas sean razonables, se adecuen al fin que requería su establecimiento y no incurran en arbitrariedad.
Contracautela, caución real, caución juratoria
Materia: PROCESAL
Carátula: FERRUCCIO CARLONI E. HIJOS  S.R.L. s/ CONTRACAUTELA REAL - MEDIDAS PREVIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-04

Toda vez que la solicitud formulada sería susceptible de ocasionar algún perjuicio al que fuere demandado -circunstancia que admite la recurrente-, corresponde fijar una caución real y no meramente juratoria (ésta, en la práctica no tiene mayor relevancia, ya que la responsabilidad existe aunque no se formule el juramento) a fin de que queden debidamente resguardados los derechos de la contraria.
Quiebra, declaración de quiebra, contratos de tracto sucesivo, resolución del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: PAPELERA SAN VICENTE  SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACIONES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-21

En un contrato de prestación de servicio telefónico, contrato de prestación continuada, la declaración de quiebra resuelve el contrato (LC: 151), resolución que ocurre ope legis. De tal modo aún cuando no proceda aplicar las previsiones convencionales para la falta de pago (LC: 149), la propia ley provee de la pauta a aplicar en el caso, no siendo procedente disponer que la prestadora del servicio rehabilite las líneas telefónicas del fallido.
Estupefacientes, acta de secuestro, falta de firma, nulidad procesal, prueba pericial, pericia química
Materia: PENAL
Carátula: LLANTADA, CARLOS ALEJANDRO s/ ACTA SECUESTRO. NULIDAD. PRUEBA PERITOS.Estupefacientes.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

Es nula el acta de secuestro en la que figura la comparecencia del Comisario y del Secretario de la prevención al laboratorio químico de la Policía Federal a fin de proceder al acto de apertura de los sobres y envoltorios que contenían el material secuestrado, pero al pie del instrumento sólo obra la firma del primero y no del segundo que debe dar fe de la diligencia, circunstancia que acarrea la invalidez formal del acta (arts. 986 y 988 Cód. Civil) y de los actos posteriores que del mismo derivan, entre ellos la pericia, pues no puede aseverarse que la sustancia sometida a examen sea efectivamente una porción de la que fuera secuestrada al causante.
Alimentos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G.V. c/ D.O.E. de G.E.G. s/ Incidente alimentos en auots G.V. c/ D.O.E. s/Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

Las costas en los juicio de alimentos deben ser soportadas -en principio- por el alimentante, pues de otra manera incidirían sobre el importe de los alimentos que deben percibir los beneficiarios, postura que sólo correspondería abandonar en casos excepcionales, como ante la promoción de planteamientos aventurados, o cuando media una resistencia caprichosa frente a articulaciones adecuadas a derecho.-
Acción de amparo, LEY DE AMPARO, Constitución Nacional, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Klimovsky, Silvio Rafael c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-16

Las acciones de amparo que se intenten en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene por norma rectora el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 43 de la Constitución Nacional. La normativa contenida en la Ley Nro. 16986 resulta, en algunas de sus prescripciones, reñida con las normas constitucionales nacionales y locales en la materia, especialmente teniendo en consideración la reforma de la Ley Fundamental operada en 1994 (en particular los art. 43 y 75 inc. 22, entre otros). Sin embargo, esta sola circunstancia no debe llevar sin más a considerar derogada en el ámbito local a la Ley Nacional de Amparo. Por el contrario, las diferencias entre las redacciones de los artículos 43 de la Constitución Nacional y 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Ley Nro. 16986, no implican la derogación in totum de esta última norma, que mantiene su vigencia en tanto sus contenidos normativos no se opongan a aquella cláusula constitucional. (Del voto de los Dres. Carlos Francisco Balbín y Esteban Centanaro).
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villareal Ruperto c/ Izquierda Juan y Otro s/ Daños y perjuicios Gregorutti Raul Antonio y otro. c/ Cofarquil S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios Ibañez Elba c/ Paz Luis Hector s/ Daños y Perjuicios Otaran Ricardo Marcelo c/ Dimauro Eduardo s/ Daños y Perjuicios Gonzalo, María Laura c/ Lopez, Ariel Osvaldo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-09|1998-05-14|1999-02-09|2000-02-09|2001-08-17

El daño moral tiene el mismo carácter resarcitorio que la indemnización del daño material, y no requiere prueba específica alguna, ya que debe tenérselo por demostrado por la sola circunstancia de la acción antijurídica -daño in re ipsa-, siendo a los responsables del hecho a quienes incumbe probar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño de este tipo (art. 1078 del Código Civil).
Medidas cautelares, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alga, Blanca Liliana s/ Incidente medidas cautelares en autos: "A., B. L. c/ P., A. s/  Fijación de cuota alimentaria Alimentos atrasados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-03

Cuando el litigante obtiene el dictado de una medida cautelar corresponde que se regulen honorarios. Si la requirió dentro del proceso principal, corresponderá que se apliquen las pautas del art. 47 de la ley 8904; y si la solicitó en forma autónoma deberá regularse en la forma dispuesta por el art. 37 de la misma ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: R., H. R. s/ PROCESO SUCESORIO s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-06-05

Haciendo una interpretación que tenga no sólo en cuenta sus palabras sino la finalidad de la ley y su coherencia con todo el ordenamiento jurídico, no cabe sino concluir que la excepción prevista por el inciso 2) del artículo 22 de la Ley D N* 869, sólo incluye a los honorarios que los Abogados y Procuradores renuncien a percibir en gestiones enumeradas en el artículo 18, realizadas y/o ejecutadas por ellos mismos.

Es lo que surge de la simple lectura de la norma, que limita y circunscribe la excepción al régimen de la ley, a los supuestos en que "el causante sea cónyuge, ascendiente o descediente, hermano o pariente por afinidad hasta el 2º grado inclusive, del Abogado o Procurador interviniente.". (Voto de la Dra.Piccinini sin disidencia)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba confesional
Materia: LABORAL
Carátula: Mansilla, Francisco c/ Ise, Jacinto y otro s/ Diferencias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Incurre en absurdo con transgresión del art. 44 inc. "e" del dec.ley 7718/71 el fallo que prescinde evaluar la confesión ficta de los demandados y que, en el caso, constituye una prueba esencial y decisiva para la suerte del reclamo.
Competencia previsional, competencia por la materia, aplicación de la ley, personal policial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: MONACO, JOSE ROBERTO Y OTROS c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones Policía Federal s/ RETIROS Y PENSIONES MILITARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-30

El art. 28 de la ley 13.593 no ha sido derogado por la legislación posterior; ergo, mantiene plena vigencia, y la Cámara Federal de la Capital de la República a la cual hace referencia no es otra que la hoy Cámara Federal de la Seguridad Social.

(Disidencia del Dr. Díaz).
Proceso penal, efectos de la sentencia penal en sede civil, juicio ejecutivo, competencia penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vemis, Mateo c/ Marín, Carlos s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05

La existencia de juicio penal pendiente en el cual se debaten cuestiones ajenas al ámbito cognoscitivo del juicio ejecutivo, no obsta a que se dicte sentencia de remate en este último, toda vez que dicha sentencia no tiene carácter de definitiva al respecto.

Ahora bien, en el presente, el ejecutado plantea la excepción de falsedad del documento base de la ejecución, mientras que en sede penal se debate la falsificación o adulteración de ese mismo documento, circunstancia que podría dar lugar al dictado de sentencias contradictorias que torna aplicable el artículo 1101 del Código Civil en atención a las particularísimas circunstancias de la causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)