Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-11-30


En la ciudad de Trelew, a los 30 días de noviembre del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "B. C. c/ I. S.A. s/ Cobro de haberes e indemnización de ley" (Expte. N° 22.411 - año: 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 244.-------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: --- I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 220/226) hizo lugar a la pretensión entablada, condenado a la demandada I. S.A. a abonar a la actora la suma de $ 10.525,86 con más sus intereses y costas del proceso. El fallo es apelado por la representación letrada de la parte perdidosa a tenor de la pieza de agravios obrante a fs. 229/234 vta. que contiene, en síntesis, los siguientes motivos de agravio: 1) que se considerara a I. S.A. empleadora directa de la actora, cuando esta última reconoció en su escrito de demanda y al absolver posiciones que trabajó para la firma M. A. S.A. desde el 28/11/2003 hasta el 04/10/2003, fecha en que fue despedida. Así surge además de los intercambios telegráficos y de los recibos de sueldo acompañados por la demandante. El sentenciante arribó entonces a una conclusión equivocada al considerar a I. S.A. como empleadora, valorando al efecto sólo la confesional de la demandada, cuando ella se oponía a documentos fehacientes de fecha anterior agregados al expediente. Cita doctrina y jurisprudencia. 2) Causa gravamen asimismo la incongruencia en la que incurre el sentenciante, pues al no existir ningún elemento indicativo de que I. S.A. fuera la empleadora, al condenar a esta última el juez violentó las disposiciones sobre responsabilidad solidaria de la L.C.T., ya que el responsable solidario de una obligación laboral no se convierte en empleador del obrero ni sustituye al directo. Al no ser demandada la empresa principal y empleadora directa (M. A. S.R.L.) es imposible obtener una sentencia favorable contra I. S.A. conforme a lo establecido en el art. 30 L.C.T. y concordantes y arts. 523, 524, 689 y 717 del C.Civil. Afirma que el a quo fue más allá de lo solicitado al fundar su condena en el "principio de la realidad", sin haberse demostrado que I. S.A. haya impartido órdenes a la actora ni haya cometido fraude en modo alguno. Cita jurisprudencia. 3) En tercer lugar existen errores en cuanto a la situación de despido indirecto en que se colocó la actora. Entre la intimación de la actora y su autodespido transcurrieron dos meses, lo que denota su extemporaneidad y ausencia de injuria suficiente. Por otra parte, I. S.A. fue condenada al pago de las indemnizaciones por despido pero nunca recibió una comunicación de B. donde ella le comunicara esa ruptura, con lo cual se violentaron los arts. 242 y 243 de la L.C.T. Sostiene, en síntesis, que el despido careció de causa que lo justifique y además, en todo caso, estuvo siempre dirigido contra M. A. S.R.L. 4) Causa gravamen por último el progreso del reclamo por horas extras impagas, otorgado sin existencia de prueba suficiente acerca de su procedencia, además de la falta de precisión acerca de su cantidad y oportunidad, dado lo impreciso y genérico de la demanda en este aspecto. Se ignoró además la declaración del testigo S. M., la única declaración concreta, coherente y precisa efectuada en autos sobre este aspecto.---- Por todo ello solicitad la revocación del fallo y el rechazo total de la demanda, con costas.----------- III. Las comunicaciones intercambiadas:-- El detenido estudio de los antecedentes incorporados a la causa permite comprobar que no le asiste razón a la apelante en queja acerca de este aspecto.------ Así como no hay dudas de que la actora celebró su contrato de trabajo con M. A. S.R.L. en noviembre de 2000 -circunstancia que además surge de sus propios dichos (conf. demanda, fs. 22)- también ha quedado comprobado en el curso del proceso que dicho vínculo concluyó bajo las órdenes de aquí demandada.---------- Así se desprende en forma inequívoca de los despachos intercambiados entre B. y M. A. S.R.L., que comienzan el 09/06/2003 con una intimación de la actora cursada a I. S.R.L. por presuntos incumplimientos patronales atribuidos a "su empresa de servicios M. A. S.R.L." (TCL 55945221 - fs. 4), comunicación rechazado el 11/06/2003 por M. A. S.R.L. quien (CD 48688495 6 AR - fs. 5) niega adeudar suma alguna por los conceptos reclamados. Dicho despacho también es rechazado por I. S.R.L. "por improcedente" (CD 48636868 8 AR - fs. 6).----- La segunda intimación es cursada el 06/08/2003 por duplicado a I. S.R.L. y/o M. A. S.R.L., conteniendo diversos reclamos (TCL 55945753 y TCL 563970019 - fs. 7/8). Esta última recibe la respuesta de M. A. S.R.L. a cuyos términos me remito, brevitatis causae (CD 48637062 0 AR - fs. 9).----------- A esta secuencia de comunicaciones le sigue una notificación a la trabajadora efectuada por M. A. S.R.L. haciéndole saber que, ante la falta injustificada y sin aviso a sus tareas el día 30/09/2003, se le aplica una suspensión sin goce de haberes por el términos de tres días, debiendo reintegrarse a sus tareas el 05/10/2003. Le hacen saber asimismo que de persistir en esas actitudes se verán obligados "a aplicar sanciones más severas y extinguir el contrato de trabajo por su exclusiva culpa" (sic - CD 390110645AR - fs. 10).-------- Frente a esta respuesta, la aquí demandante cursa dos nuevas intimaciones dirigidas a "M. A. S.R.L. y/o resp. laboral" dirigidos a los domicilios de ambas empresas, conteniendo diversos reclamos (regularización previsional, créditos salariales e indemnizatorios - conf. TCL 55531067 y 55531068 - fs. 11/12), con lo que el vínculo laboral queda disuelto por autodespido y cesa el intercambio epistolar.-- IV. La legitimación pasiva: - En verdad, el caso presenta aristas particulares en cuanto al género de relaciones habidas entre M. A. S.R.L. e I. S.R.L., por cuanto es evidente que la cesión de personal de la primera a la segunda, si bien se habría regularizado en su faz formal y administrativa a partir del 01/04/2004 (ver nota de I. S.R.L. dirigida a la Subsecretaría de Trabajo Provincial copiada a fs. 32), en realidad tuvo lugar desde mediados de 2003, cuando los empleados de aquélla pasaron a depender de esta última, según confesión expresa de su representante legal a la segunda posición (ver pliego de fs. 162 - acta. de fs. 165) que, como es sabido, constituye plena prueba al respecto (conf. art. 423 C.P.C.C.; su doctrina - arts. 45 y 76, Ley N° 69). Mal puede sostenerse que esta confesión se opone a un documento fehaciente de fecha anterior agregado al expediente (en alusión a la nota de fs. 32 ya citada) por cuanto dicha nota, emitida por la demandada, dista de constituir una prueba en contrario, ya que tan sólo revela haber formalizado la situación ante la AFIP en abril de 2004, pero no desdice la situación de hecho confesada por el ponente. En consecuencia, esta evidencia indica de manera inequívoca que, contrariamente a lo sostenido por la apelante, al tiempo de la ruptura la actora se encontraba a órdenes de la aquí demandada.-------- Por otra parte, tampoco es cierto que ella no haya recibido la comunicación de ruptura, dado que el TCL 55531067 fue dirigido a M. A. S.R.L. "y/o resp. laboral", al domicilio de I. S.R.L. (Q.- Rawson - Chubut), de manera que mal podría sostener su desconocimiento acerca de dicha comunicación de ruptura, cuya recepción tampoco fue negada en forma expresa al contestar la demanda, por lo que no constituye un hecho controvertido (doctr. art. 356, C.P.C.C.; art. 76, Ley N° 69).---- Si bien es cierto es que en el período previo al distracto la actora estuvo dirigiendo sus piezas postales a ambas empresas, ello se explica en virtud de la anómala situación existente a esa época, por cuanto la cesión del personal se había realizado de facto, sin cumplir con los trámites legales y administrativos, circunstancia que se prestaba a posibles confusiones, lo cual justifica que la trabajadora, en protección de sus derechos, cursara sus comunicaciones tanto a la cedente como a la cesionaria o "y/o responsable laboral". Ahora bien: sabido es que conforme a lo establecido en el art. 229 L.C.T., cedente y cesionario responden solidariamente por todas las obligaciones resultantes de la relación de trabajo cedida.--- A partir de esta noción, debo decir que deben desestimarse las argumentaciones acerca de su falta de legitimación pasiva, basadas en que ella no era la "principal empleadora directa", en la inexistencia de fraude y que, en síntesis, conforme a las reglas de los arts. 30 L.C.T., 523, 524, 689 y 717 del Código Civil, se imponía como condición de procedencia para su eventual responsabilidad solidaria la exigencia de demandar y obtener condena contra quien contrató al dependiente. Esta doctrina y jurisprudencia, sostenida durante algún tiempo, ha sido actualmente abandonada, por cuanto ello implicaba una exigencia no prevista en la legislación laboral que, además, se apartaba de los principios y reglas generales en materia de solidaridad. En efecto, a partir del Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo del 03/02/2006 en autos: "R., M. I. c. R. C. e I. S.A. y otro" se han sentado nuevas bases interpretativas, cuyos lineamientos principales expresan: 1) La única solidaridad de nuestro sistema de obligaciones jurídicas es la establecida, muy claramente, en el Código Civil. 2) El esquema es semejante al de la fianza solidaria en el derecho civil: existe un obligado directo (el empleador bajo cuya dependencia nace la obligación) y otro indirecto o vicario (el contratista principal, el sucesor en la explotación, el intermediario en la contratación, la empresa vinculada, el empleador permanente en caso de cesión temporaria). 3) El dependiente puede reclamar sus créditos a cualquiera de los responsables solidarios, en forma conjunta o indistinta y no está obligado a demandarlos conjuntamente (art. 705, C.C.). 4) la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha zanjado la polémica, ya que ha juzgado arbitraria la sentencia que rechazaba la demanda de un trabajador dirigida contra un responsable solidario, fundada en el desistimiento de la acción contra el empleador y ha sostenido, con todas las letras, que ese criterio "...implica un apartamiento de la solución normativa prevista para el caso..." (Fallos 306 2: 1421). 5) En consecuencia, corresponde aplicar las claras disposiciones del Código Civil, y no cabe privar al acreedor laboral de ese derecho esencial de elegir que tienen todos los acreedores de obligaciones solidarias y que consiste en demandar, como diría Llambías, a todos..." (conf. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en pleno - 03/02/2006- Ramírez, María I. c. Russo Comunicaciones e Insumos S.A. y otro- T. y S.S.2006, p. 105 y ss).------- En sentido análogo, también se ha sostenido recientemente que la eventual solidaridad que emana del art. 228 de la ley de contrato de trabajo entre el transmitente y el adquirente de un establecimiento, no genera entre ambos un litisconsorcio necesario respecto del trabajador que peticiona el cumplimiento de obligaciones derivadas del contrato de trabajo y/o su extinción, por cuanto las obligaciones solidarias pueden ser demandadas a cualquiera de los deudores por entero. (conf. Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, sala II o 22/03/2006 o L., H. R. c. T. J. S.A. o LLLitoral 2006 (julio), 822 - La Ley Online).---- Comparto el criterio expuesto precedentemente, por lo que en mi opinión debe rechazarse el agravio, y así lo dejo votado.---- V. El despido indirecto- su alegada extemporaneidad e improcedencia: ---- Sostiene la recurrente que el autodespido fue extemporáneo por cuanto entre la intimación cursada por la actora y su comunicación de ruptura transcurrieron dos meses. Advertirá mi colega de Sala que esta argumentación, además de rozar la temeridad, es absolutamente insostenible, ya que está totalmente en claro que los motivos expuestos en el telegrama de distracto aluden a lo que se considera la última actitud patronal injuriosa, consistente en su despacho del 1°/10/2003 (fs. 10) lo cual dio motivo a su respuesta rupturista tres días más tarde (fs. 11). Esta comprobación me releva de mayores consideraciones al respecto.------ En cuanto a la falta de recepción de la comunicación de ruptura, me remito a lo ya expresado en los apartados precedentes.--- Acerca de la existencia o no de justa causa de despido, si la demandada consideraba que existían elementos contrarios a la reclamación en poder de la empresa M. A. S.R.L. bien tenía entonces la posibilidad de ofrecer la prueba documental supuestamente en poder de esta última, tal como lo autoriza el art. 389 C.P.C.C., de aplicación supletoria en el fuero (arts. 45 y 76, Ley N° 69). Por otra parte, la cesión del personal implica la obligación del cesionario de dar cumplimiento a las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social (conf. Art. 30 L.C.T.; su doctrina), de manera que si I. S.R.L. confesó haber recibido la cesión del personal a mediados de 2003, mal podría pretender ampararse en sus propias omisiones para desconocer los reclamos actorales (conf. arts. 42 y 44, L.C.T.; art. 52 y 55, L.C.T.; su doctrina). En consecuencia, estas argumentaciones no llegan a constituir una crítica concreta y razonada del fallo en dicho aspecto, fundado en que la demandada no acreditó el cumplimiento en cuanto a los aportes previsionales y de obra social, diferencias salariales, haberes y adicional no remunerativo (conf. fallo, fs. 224 vta. - art. 265 C.P.C.C.; su doctrina).- VI. Finalmente, en lo que atañe al progreso del reclamo por horas extraordinarias impagas, advierto la misma insuficiencia técnica en las quejas vertidas, ya que el fallo se ha sustentado en la apreciación de tres testimonios y en lo establecido en los arts. 10, 49 y 51 del C.C.T. 137/90, fundamentos que no han sido rebatidos a través de un razonamiento superador por la recurrente. Igual reflexión merece el cuarto motivo de agravio, pues constituye una reiteración de conceptos ya expuestos con anterioridad en la pieza recursiva que no abastece los requisitos exigidos para constituir una crítica concreta y razonada del juicio lógico expuesto en el decisorio (art. 265 CP.C.C. ya citado).------ VII. Conclusiones: Como síntesis de todo lo expresado hasta aquí, propiciaré la confirmación del fallo en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas en la Alzada a la parte apelante (art. 59, Ley N° 69). En vista de la extensión de las labores desplegadas por el letrado actuante en esta sede, Dr. L. C. B. y el resultado obtenido, propongo fijar sus honorarios profesionales en el 4,2% del monto del proceso debidamente liquidado, con más el I.V.A. si correspondiere (arts. 6,14, 47 y conc., Dec. Ley 2.200).--------- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.-- A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso:------------- En procura de la siempre deseable concisión, me remito a la correcta reseña que del fallo impugnado y las quejas expuestas por la apelante realizara el colega preopinante.---------- Coincide mi parecer con el del ponente y para motivar mi voto personal, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos ambos de la ley 4.550), alcanzará con enunciar las consideraciones siguientes.------ I.- Es del todo evidente que la relación laboral de la actora comenzó con M. A. S.R.L., mas con el aditamento que esa empresa era subcontratista de la demandada I. S.A., según está afirmara concretamente a fs. 20 párr. 5°. Luego, a mediados de 2003, el personal de la primera citada pasó a depender directamente de la segunda; esto último lo considero acreditado en autos a través de la reina de las pruebas, la confesión expresa de su representante, quien respondió positivamente las pos. 2da. y 3era. que a fs. 165 le fueran puestas.-------- No priva de valor a tal probanza su supuesta contradicción con un instrumento anterior, en los términos del art. 423 inc. "c" C.P.C.C. De un lado, porque el de fs. 32, que contiene una referencia al alta temprana ante la AFIP como personal de I. S.R.L.-luego S.A.- de aquellos trabajadores cedidos a ella por M. A. S.R.L., no es un instrumento fehaciente cual exige la norma citada, ya que sólo encierra una manifestación unilateral de la demandada. Recordemos aquí que "fehaciente" es aquello que hace fe en juicio y no alcanzan esa calidad las expresiones emanadas de una sola de las partes cuya veracidad no está acreditada; distinto quizá hubiera sido de haberse agregado a los autos fotocopia autenticada de la clave del alta temprana que a fs. 32 "in fine" fuera mentada, en lugar de una mera alusión a ella.-------------- De otra parte, no es advertible entre la confesión y el instrumento de marras una contradicción insalvable, que fuerza a desechar la primera. Correctamente señaló el colega antes sufragante que la nota de la demandada más parece revelar que la anterior cesión de personal, producida a mediados de 2003, fue regularizada -"blanqueada", por así decirlo- en abril de 2004.---------- Tampoco desmerece la fuerza convictiva de la expresa confesión de la demandada la respuesta que la actora diera a la pos. 2da. que a ella le fuera puesta a fs. 165. Cierto es que allí la trabajadora expresó conformidad con la afirmación de que había laborado para M. A. S.R.L. hasta octubre de 2003, pero no lo es menos que a continuación, al absolver la pos. 6ta., negó que el personal de la última empresa indicada haya pasado a la demandada en el mes de abril de 2004. Desde que, como regla, la confesión es indivisible, ante la autocontradicción de la actora en esas respuestas es menester despejar la duda interpretándola a su favor (art. 424, párrs. 1° y 2° C.P.C.C.).------------ En suma, es dado concluir que por las acreencias de la actora anteriores a la cesión de personal la demandada ha de responder a título de deudora solidaria de quien fuera su subcontratista y cedente de personal (arts. 30 y 229 L.C.T.), mientras que por las deudas posteriores debe hacerlo en calidad de empleadora directa.- II.- En cuanto al argumento de la recurrente relativo a la necesidad de demandar al empleador directo, como deudor principal, para hacer valer la responsabilidad solidaria de la contratante o cesionaria del personal, concuerdo con el prevotante en que se trata de un criterio jurisprudencial de imposible sustentación actual.----- La doctrina emanada del precedente de la Corte Suprema Nacional en autos "A. C. vs. S. y C.", donde el Alto Cuerpo decidiera que excluir en esos supuestos la aplicación del art. 30 L.C.T. implica un apartamiento de la solución normativa prevista para el caso que torna descalificable por arbitraria la sentencia (Fallos 306 vol. 2: 1421/1422), debe ser acatada por virtud del principio de seguimiento, forzando al abandono de anteriores posturas. De otro lado, esta nueva posición, que desecha el carácter supuestamente impropio de la solidaridad laboral y declara abarcados todos sus supuestos por el art. 705 Cód. Civ. en cuanto éste autoriza al acreedor a reclamar sus créditos a cualquiera de sus deudores solidarios en forma conjunta o indistinta, ha venido a contar con el apoyo de encumbrados doctrinarios y mayoritaria jurisprudencia (confr.: Vázquez Vialard, "Un criterio desajustado en el ámbito del Derecho del Trabajo respecto al concepto de responsabilidad solidaria", D.T. 2003-A-801 y sgts.; Guibourg, "Las obligaciones solidarias en el derecho laboral", L.T. XXVI 1978, págs.969 y sgts.; C.N. Trab., en pleno, D.T. 2006-A-218 y sgts.).---------- Margino aquí de consideración la inexistencia de fraude que la apelante en su favor invoca, toda vez que su concurrencia no constituye requisito para la aplicabilidad de los arts. 30 y 229 L.C.T.------ III.- A propósito del despido indirecto, ya el Señor Magistrado ponente, al reseñar la secuencia de las piezas postales intercambiadas por las litigantes, destacó que la comunicación de denuncia del contrato fue girada y recibida también por la demandada (fs. 11), lo que basta para descartar el argumento de la apelante montado en la ausencia de tal noticia.-------------- Tocante a la falta de contemporaneidad entre el hecho invocado como injuria justificante del despido indirecto y la decisión rescisoria, es defensa que no cabe considerar, pues no fue introducida oportunamente en el responde de la demanda (v. fs. 39/42 vta.; arts. 52 de la ley 69, 356 parte 1era. C.P.C.C.; confr.: C.N. Trab., sala II, D.T. 1993-A-446). El principio de congruencia impidió al juzgador del otro grado ocuparse de ella, cual le está igualmente vedado hacerlo hoy a esta alzada (art. 277 cód. cit.).

IV.- Es exacto que en más de una oportunidad hemos declarado que la prueba del cumplimiento de horas suplementarias de labor debe ser terminante, asertiva, precisa y convincente, en razón de tratarse de prestaciones totalmente excepcionales, ajenas al desenvolvimiento común del contrato individual de trabajo (esta alzada, c. 12.381 S.D.L. 90/97, c. 18.534 S.D.L. 13/03, c. 19.346 S.D.L. 19/04, c. 19.686 S.D.L. 44/04). Pero es menester igualmente recordar -y también el cuerpo lo ha señalado en varias ocasiones (c. 14.632 S.D.L. 12/99, c. 17.324 S.D.L. 33/01, c. 20.388 S.D.L. 19/05, c. 21.191 S.D.L. 56/07)- que tal criterio no puede ser extremado al punto de transformarlo de lo severo que de por sí es en el requerimiento de una auténtica prueba "diabólica", como sería exigir la acreditación de detalles minuciosos sobre horarios y fechas exactas de realización de todas y cada una de las horas de trabajo extra.------- En el subexamen las declaraciones de los testigos E. J., P. E. S. y M. S. han acreditado que durante los años 2000 a 2003 la actora cumplía prestaciones a lo largo de un promedio de doce horas diarias, aunque al decaer las capturas de peces fuera de temporada disminuyera la cantidad de materia prima, puesto que la "planillera" -función que desempeñaba la actora- cubría los tres turnos de labor de los fileteros y cuando éstos y los envasadores no trabajaban la demandante realizaba tareas de limpieza, convocándosela además fuera del horario establecido (fs. 181, resps. a las pregs. 3era., 7ma., 11era.; fs. 182, resps. a las pregs. 3era., 7ma., 8va.; fs. 204, resps. a las pregs. 5ta. y 6ta.).--------- No desmerecen esas deposiciones los dichos del restante testigo R. R. S. M., pues las manifestaciones de éste acerca de los ciclos de trabajo en el procesamiento de pescados estuvieron referidas a los años 2003 en adelante -mientras que la actora reclamó diferencias salariales por el período octubre de 2001 a igual mes de 2003-, máxime que el dicente aclaró que aludía a "la actividad de los barcos, porque no tenía personal de producción de planta a mi cargo" y reconoció hasta desconocer las tareas que la actora cumplía "porque no tenía vínculo conmigo", destacando que su ingerencia directa con el personal de producción de planta fue a partir del 1°/4/04, esto es cuando ya la trabajadora habíase desvinculado de la empresa (fs. 180/vta., resps. a las pregs. 5ta., 8va. y 10ma.).- Hoy pretende la apelante que su adversaria, por las limitaciones estacionales de la disponibilidad de materia prima, no pudo cumplir la cantidad de horas suplementaria de la labor que invocara. Pues bien a su alcance estuvo el demostrarlo. Es que cuando una de las partes se encuentra en mejores condiciones de suministrar la prueba, porque dispone del medio de acceso a la fuente más adecuado y directo, ella soporta el "onus probandi". En efecto, superando el rígido criterio individualista que para distribuir la carga de la prueba tenía en cuenta exclusivamente el interés personal de cada parte en acreditar el supuesto fáctico de aplicación de la norma que la favorece, moderna doctrina ha venido sosteniendo que en este ámbito ha de atenderse también a otros valores en interpretación armonizante de todos ellos, entre los que se cuenta el principio de colaboración en el acertamiento de los hechos -esencial para el resultado del proceso-, enraizado a su vez en el de la buena fe que nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil consagra en su art. 34 inc. 5° apdo. "d". Ante el comportamiento del litigante que se limita a la fácil negativa mas falta a su deber de colaboración activa, tal conducta observada debe ser atendida por el juez en los términos del art. 163 inc. 5° apdo. 2° cód. cit., módulo de razonamiento adecuado para arribar a la convicción sobre la verdad de las afirmaciones controvertidas (confr.: Morello, "La prueba - Tendencias modernas", Abeledo-Perrot 1991, págs. 57 y sgts.; esta sala, c. 20.100 S.D.L. 7/05, c. 20.175 S.D.L. 21/05, c. 22.057 S.D.L. 22/07, entre otras).------------- Y aquí la empleadora demandada contaba con el medio de prueba más idóneo y asequible. Si en autos fue acreditado que el personal desarrollaba tareas en tiempo suplementario a la jornada legal, a la empleadora le venía impuesto por los arts. 6 inc. "C" de la ley 11.544 y 21 del dec. 16.115/33 el deber de llevar un registro de todas esas horas extraordinarias, que en el caso de las empresas industrializadoras del pescado es instrumentado mediante tarjetas - reloj firmadas quincenalmente por los trabajadores, a cuyo juramento sobre el desarrollo de labores suplementarias debe estarse en caso de ausencia de tal documentación (art. 54 del C.C.T. 137/90). Con exhibir esas constancias le habría bastado a la demandada para acreditar el no cumplimiento de horas extraordinarias por la actora o bien que las laboró en número menor a las reclamadas.-------------- Por tales razones entiendo que este agravio también debe ser desestimado.---- V.- Los motivos precedentemente expuestos me conducen a concluir que la sentencia atacada merece ser confirmada en todo lo que fuera impugnado, con costas de segunda instancia a la apelante vencida en ella (art. 59 de la ley 69) y regulando los honorarios de su letrado apoderado, por sus trabajos de alzada, en la suma que el Dr. Ferrari propusiera, acorde a la extensión, calidad y eficacia de esas tareas (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200).--------- Me expido pues en esta cuestión por la AFIRMATIVA.-------------- A LA SEGUNDA CUESTION, el Dr. Ferrari expresó: - En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR el fallo en todo cuanto ha sido materia de agravios. II) Con costas en la Alzada a la parte apelante (art. 59, Ley N° 69), fijándose los honorarios profesionales del letrado actuante en esta sede, Dr. L. C. B., en el 4,2% del monto del proceso debidamente liquidado, con más el I.V.A. si correspondiere.------ Así lo voto.------- A DICHA CUESTIÓN FINAL el Dr. Velázquez respondió:------- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Ferrari, reflejo fiel de la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre la precedente cuestión.------------- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haber coincidencia de opinión y hallarse vacante la restante vocalía de la Sala (art. 8 de la ley 1130, Textos ley 4550).----- Trelew, 30 de noviembre de 2.007.------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:- S E N T E N C I A: ---- CONFIRMAR el fallo en todo cuanto ha sido materia de agravios.- Con costas en la Alzada a la parte apelante (art. 59, Ley N° 69), fijándose los honorarios profesionales del letrado actuante en esta sede, Dr. L. C. B., en el 4,2% del monto del proceso debidamente liquidado, con más el I.V.A. si correspondiere.----- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---- Fdo: CARLOS A. VELAQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 77 DE 2.007 - SDL.- Conste.-