marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Riesgos del trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad civil, daños y perjuicios
Materia: LABORAL
Carátula: S., A. R. c/ A. T. S.A. P. ART. S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-25

El deber de responder de las ART según el derecho común no encuentra obstáculo en lo preceptuado por el artículo 39, inciso 1, de la ley 24.557, pues esta norma, con los reproches conocidos que recibiera por parte del más alto tribunal de la Nación en el precedente, sólo pretende eximir de responsabilidad civil al empleador (ya en base a un factor subjetivo fundado en la culpa u objetivo) pero no incluye en su texto a las ART.

Por ello la CSJN aseveró que, tratándose de los daños a la persona del trabajador, derivados de un accidente o enfermedad laboral, no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, en el caso de que se demuestren los presupuestos exigibles, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal decuado -excluyente o no- entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales.
Concurso preventivo, verificación de créditos, crédito laboral, relación de dependencia, prueba del contrato de trabajo
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: BERGER Y GUBSER SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE VERIF. DE CREDITO POR AZCONA, MARINA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-02

Si bien la regla establecida por la LCT, art. 23 hace presumir la existencia del contrato de trabajo cuando media realización de un servicio, una correcta interpretación de dicha norma impide extenderla a cualquier tipo de prestación; por lo que, si el propio incidentista admitió haberse desempeñado como síndico de la fallida, resultando ello corroborado por otros elementos aportados a la causa, y ante la prohibición contemplada por el art. 286 de la ley de sociedades, que este, en su calidad de contador, no puede desconocer, cabe concluir que la relación de dependencia invocada no existió.
Poder Judicial, jueces, nombramiento, antigüedad, ejercicio profesional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

No hay duda que antigÜedad en el título y antigüedad en el ejercicio no son sinónimos, pero ello no autoriza a interpretar que el ejercicio debe ser de la profesión de abogado excluyendo la magistratura o la función judicial. No solo se opone a esta interpretación el constitucionalismo provinciano que lo ha recepcionado en sus normas sino también la experiencia vital. Es cierto que el de la abogacía es "el duro oficio de pedir justicia", pero quizá mucho más duro, comprometido, angustioso, agotador y peligroso es el darla.
Condena penal, presunciones, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO WALTER MARIA S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. CORIA LUISA ANDREA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-09

Para atacar la valoración de una prueba indiciaria mediante un recurso de casación, deben señalarse con precisión los falsos juicios de identidad y de raciocinio en la inferencia lógica que liga el hecho probado con los hechos probables deducidos, que pudieron producir una ruptura con las reglas de la sana crítica que invalide tales pruebas indiciarias, siempre y cuando se evalúen en una visión de conjunto, debidamente armonizadas unas con otras para evitar una ponderación arbitraria y fragmentaria que conspire contra las reglas de la sana crítica racional.
Recusación, excusación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MACIAS YANUZZI JUAN Y OTROS c/ WALTER DANIEL COSTAS s/ SIMULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-08-27

Las finalidades de la excusación son: asegurar una recta administración de justicia, conducta imparcial e independiente de los jueces, para que puedan actuar objetivamente y sus resoluciones sean insospechables.
Acción de amparo, protección del medio ambiente, retroactividad de la ley, DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIONES Y HABILITACIONES
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: F., J.J. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. s/ Acción de Amparo Aires. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-14

Las nuevas disposiciones relativas a la presentación del mencionado informe y certificado de aptitud ambiental, no configuran meras innovaciones en cuestiones procedimentales del trámite de habilitación, sino que son manifestaciones del poder de policía, tendiente a proteger la salubridad pública y la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad.

Estas reglamentaciones hallan su fundamento, en lo dispuesto por el art. 41 de la Constitución Nacional y los arts. 26 a 30 de la Constitución local en relación a la preservación del medio ambiente, y no cabe duda que teniendo por fin la protección de intereses públicos tan elevados, su cumplimiento resulta de orden público y no puede pretender el accionante ser relevado del mismo, alegando haber presentado su solicitud con anterioridad al dictado de dichas disposiciones.

En este sentido, y específicamente en lo referente al certificado de aptitud ambiental, debe destacarse lo establecido por la ley Nro. 123 que determinó el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en su art. 40. Este artículo dispone que "los responsables de actividades, proyectos, programas o emprendimientos que se encuentren en desarrollo, ejecución o funcionamiento al promulgarse la presente, y se hallen incluidos dentro de su régimen, deben presentar un Estudio Técnico de Impacto Ambiental, conforme el art. 19", con lo cual se extiende inclusive a las actividades que estuvieran ya en funcionamiento antes de la vigencia de dicha ley la exigencia de presentar el mencionado estudio. En esa misma tónica, la Resolución Nro. 1 del 20/09/99 (BOCBA Nro. 782), en su art. 19 determina que "las actividades, proyectos, programas o emprendimientos que hayan presentado su solicitud de localización, obra o habilitación ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con anterioridad al día 6 de julio de 1999; fecha a partir de la cual tiene aplicación la Ley Nro. 123 y el Decreto Reglamentario Nro. 1252-GCBA-99, deben considerarse comprendidas dentro de los alcances del Artículo 40 (Del Régimen de Adecuación) de la citada ley". En conclusión, entiendo que las exigencias establecidas por el G.C.B.A. para la obtención del permiso especial para la actividad de "música y canto" son absolutamente legítimas, con lo cual el accionante deberá cumplir con ellas para que le sea otorgado el mentado permiso.
Municipalidad, bienes, embargo, juicios contra el Estado, sentencia, ejecución de sentencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, ley provincial
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMPOS, CESAR c/ MUNICIPALIDAD DE CERES s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISPICCION- INCIDENTE  DE EJECUCION DE SENTENCIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 274 BIS AÑO 1987)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-05-16

Corresponde hacer lugar al embargo solicitado por los incidentistas desde que la Administración en su accionar no ha acreditado, mediante "la certificación que extiende el servicio administrativo contable del organismo o entidad involucrada" (art. 9 bis ley 7.234) la inclusión del crédito reclamado a los fines de ser abonado en el llamado "período fiscal siguiente", extremo reconocido por el Municipio.

En ese sentido, el Máximo Tribunal de la Nación en referencia al artículo 22 de la ley 23.982 -norma a la que adhirió el artículo 3 de la ley 12.036 (actual artículo 9 bis de la ley 7.234)-, señaló que la misma "fija el momento a partir del cual el acreedor está legitimado para embargar los bienes estatales susceptibles de ejecución y cobrarse sobre su producido".

Y así, concluyó que si la Administración "no cumple con el deber que le impone dicha norma el actor está habilitado, de todos modos, a ejecutar la condena dineraria en los términos previstos en esta norma, pues no es admisible que el Estado pueda demorar el acatamiento de un fallo judicial mediante el incumplimiento de un deber legal".
Confirmación de sentencia, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: M. M., M. E. c/  s/ robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-22

Mariano González Palazzo, en disidencia, votó por confirmar la resolución debido a que, en función de las características del suceso donde la víctima con apoyo policial lo reconoció prontamente como autor del robo de su teléfono celular, aparecería inviable que el sobreseimiento dispuesto pueda fundarse en una causal distinta sin avanzar en la sustanciación del proceso contra menores no punibles.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, reglas de la sana crítica, calificación legal, facultades del juez, derivación razonada del derecho vigente
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: C., L. M. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante calificado-apelación defensa sentencia condenatoria-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-02

La quejosa formula una reedición de sus agravios apelatorios sobre la forma en que fueron valoradas las pruebas por los Sentenciantes, insistiendo con su particular visión del caso sustentada -en sustancia- en la incertidumbre que rodearía el relato de los niños, el encono que tendría el padre de los menores con el imputado y la falta de certeza para sostener la calificación legal; empero, es sabido que tanto las cuestiones vinculadas al grado de convencimiento que cada uno de los medios de confirmación producidos puede acarrear y a la subsunción típica de los sucesos materia del proceso, no constituyen cuestión constitucional alguna, salvo supuestos de arbitrariedad que no fueron evidenciadas en el caso, al no persuadir a esta Corte que se haya prescindido de las reglas de la sana crítica racional, ni que las razones expuestas no resulten derivación razonada del derecho vigente.
Cómputo de la pena, morosidad del proceso
Materia: PENAL
Carátula: ACOSTA, Alexis s/ COMPUTO. MORA NO ATRIBUIBLE AL CONDENADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-02-20

La mora de la justicia provincial en acceder a lo solicitado por el Juez de Instrucción de la Capital (poner al detenido a su orden), no puede atribuírsele al condenado, ya que éste no tenía a su alcance los medios para remediarla. Por ello, debe computarse a favor del condenado el tiempo de detención cumplido en jurisdicción provincial, desde el momento en que el último de los magistrados mencionados requirió se pusiera al detenido a su orden.
Enfermedad accidente, ambiente de trabajo ruidoso, personas con discapacidad auditiva, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Claros Zurita, Valerio c/ Saieva Patagónica S.A. y Otra y-o Quien Resulte Responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-22

Si se ha acreditado la relación de causalidad entre la situación ambiental del trabajo y el daño experimentado por el dependiente, si el empleador responsable pretende destruir la conclusión a que se ha arribado sobre el punto, sobre la base del carácter unilateral y no bilateral de la afección, debe asumir la carga de la prueba de tal extremo.
Falsificación de instrumento público, cuerpo del delito, falta de acreditación del cuerpo del delito, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: SOLIZ COCA, Santiago J. s/ procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-24

La falta en la actuaciones del documento nacional de identidad falsificado cuyo uso es atribuido al imputado al presentarlo con el fin de obtener un pasaporte puede ser suplida por prueba testimonial y suficiente para esta etapa del proceso para el dictado del auto de procesamiento.
Medidas cautelares, gobierno nacional, leyes
Materia: PROCESAL
Carátula: Gil de Giménez Colodrero, Dolores, y otros c/ Estado  Nacional  (Ministerio  de  Educación y Justicia de la Nación) s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

Una contingente medida cautelar destinada a asegurar un derecho no debe prevalecer por sobre una decisión del Congreso de la Nación que ha modificado aquel derecho.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, jubilaciones, haber jubilatorio, reajuste jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Heit Rupp,  Clementina c/ Administración Nacional de la SeguridadSocial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

Debe revocarse la sentencia que extendió la pauta de movilidad fijada por la Corte en la causa "Chocobar" aún respecto de los haberes devengados a partir de la entrada en vigencia de la ley 24.463, pues el Congreso cuenta con atribuciones para reglamentar el art. 14 bis de la Constitución Nacional y, en particular, para establecer el modo de hacer efectivo ese derecho a partir de la vigencia de la ley 24.463 - que remite a las disposiciones de la ley de presupuesto - por lo que deben rechazarse los planteos de invalidez del art. 7°, inc. 2° de la mencionada norma, si están basados en agravios conjeturales que no alcanzan a demostrar.
Concesión errónea del recurso, empleo público, diferencias salariales, igual remuneración por igual tarea, debido proceso, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Roble, Carolina c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-13

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la resolución de la Cámara que revocó la declaración de inconstitucionalidad de la ley n° 5936 -que excluye a determinados agentes de la percepción del suplemento Fondo Estímulo-. La Cámara consideró que los argumentos de la actora no resultaban ser lo suficientemente sólidos como para demostrar que existiese una clara violación a su derecho constitucional de igual remuneración por igual tarea. Y el recurso no logra configurar un caso constitucional (arts. 113, inc. 3° de la CCABA y 27 de la ley n° 402) dado que los planteos remiten necesariamente al relevamiento de cuestiones de hecho bajo el análisis de normas infraconstitucionales (ley n° 5936) cuyo debate, por vía de principio, no corresponde a esta instancia (conf. doctrina de Fallos: 330:4770, 330:3526, 330:2599, y 330:2498, entre otros). Tampoco la recurrente logra demostrar con claridad que exista una relación directa entre la sentencia en cuestión y las cláusulas constitucionales invocadas, sobre las que sostiene la vulneración de la garantía constitucional de igual remuneración por igual tarea y debido proceso, y de sus derechos a la propiedad y al trabajo. Tales planteos no constituyen, por ese motivo, una crítica suficiente en los términos que exige la ley n° 402. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Protección del medio ambiente, derechos de incidencia colectiva, cuencas hídricas
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ uso de aguas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

En el campo de los derechos de incidencia colectiva, es fundamental la protección del agua para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema y su capacidad de resiliencia.
Emergencia sanitaria, Derechos humanos, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

Quien pretenda restringir un derecho, tiene la obligación de buscar primero los modos alternativos que puedan existir para evitar esa restricción pues, constituye una regla esencial del sistema, que cualquier limitación a los derechos fundamentales debe ponderar el criterio de la menor restricción posible a través del medio más idóneo disponible para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad perseguida (arg. art. 1713 Código Civil y Comercial de la Nación) (Voto del juez Lorenzetti).
Divorcio, aplicación de la ley, indemnización, daños y perjuicios
Materia: PENAL
Carátula: G.A.V. c/ N.R.A. s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-03-04

En los casos de reclamo indemnizatorio peticionado en base al resultado de la sentencia de divorcio vincular decretada por culpa de uno de los cónyuges, serán de aplicación para la solución de la controversia las normas vigentes al momento de ocurrido los hechos lesivos, tal como se desprende de la regla del art. 7 del CCyC.

Observaciones: GALDOS, Jorge Mario, "La responsabilidad civil y el derecho transitorio", publicado en La Ley Online, AR/DOC/3711/2015.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, depósito previo, imposibilidad de pago, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Don Reynaldo SCA. c/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Es admisible el recurso extraordinario si la sentencia que rechazó el recurso de apelación por no haberse integrado el depósito previo exigido, al valorar el informe de contabilidad presentado como prueba de la imposibilidad económica para efectuarlo en que se encontraba la empresa recurrente, se limitó a expresar dogmáticamente que era una prueba insuficiente ( Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Augusto César Belluscio, Guillermo A.

F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: F.I.D.E.M- c/ D.G.I. s/ demanda contenciosa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

El recurso extraordinario es admisible cuando, frente a la ambigüedad del auto de su concesión, la amplitud que exige la garantía de defensa en juicio justifica que la Corte considere -aunque no se haya interpuesto recurso de queja- también los agravios referentes a la arbitrariedad del fallo, toda vez que no fueron objeto de desestimación expresa por parte del a quo y las deficiencias de la resolución apuntada no pueden tener por efecto restringir el derecho de la parte recurrente -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Honorarios, actualización monetaria, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: SEDAN FUAD, EMILIO c/ SOCIEDAD TRANSPORTES DE PASAJEROS EL TRIUNFO S.A. s/ ORDINARIO-INCONSTITUCIONALIDAD-
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-11-28

Se siguen las pautas establecidas en la jurisprudencia constante de esta Corte si la cifra base a actualizar era de fecha setiembre de 1985 y se toma como dividendo el mes de julio de 1988 y como divisor el mes de agosto de 1985. O sea que se toma un mes calendario anterior a la fecha de la base a actualizar comparándola con los guarismos del último índice que se posee (julio 1988).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, derechos del consumidor, deber de información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOLLE, SUSANA Y OTROS c/ EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA (EPE) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-05

Las alegaciones genéricas de los presentantes no logran demostrar cómo se habría configurado un supuesto de gravamen irreparable que constituya para los actores un conculcamiento de los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores protegidos por la Constitución nacional y por la ley 24240 desde que, para rechazar la demanda, la Cámara expresó que la empresa accionada no había violado ninguna disposición legal en todo el proceso de readecuación de tarifas, ni había ignorado el deber de información, ya que las normas dictadas fueron publicadas en el Boletín Oficial e informadas a través de la página web de la empresa; y entendió que el Poder Judicial sólo puede revisar la razonabilidad de las decisiones administrativas -en cuanto a los medios adoptados y los fines perseguidos- pero no la conveniencia y oportunidad de las mismas, sin que los actores hayan demostrado que los planes puestos a su disposición no hayan venido a paliar la situación que dicen enfrentar, ni tampoco que hayan solicitado fundadamente planes especiales y les fueran denegados. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24240.
Daños y perjuicios, indemnización, homicidio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GIL LUIS ANGEL Y OTROS c/ HECTOR ANIBAL CAMUGLIA Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-08-23

La acción por la muerte de una persona, no puede nacer sino en cabeza de personas vivas, dado que el muerto no es la víctima del homicidio, sino solamente la víctima material.
Entidades financieras, responsabilidad del banco, mesa de dinero, mutuo, incumplimiento del contrato, imposibilidad de pago
Materia: BANCARIO
Carátula: PIEKAR, JAIME c/ PEÑA, JAIME. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

Si el accionante colocó en mutuo en una "mesa de dinero" que funcionaba en un banco, diversos importes que eran renovados a sus vencimientos hasta que se produjo el incumplimiento que motivó la deducción de una acción judicial por el cobro de determinada suma de dinero, resulta improcedente que el presidente de la entidad bancaria impugne la sentencia condenatoria de primera instancia, argumentando una genérica necesidad comercial de tomar dineros destinados a ser invertidos fuera de las operaciones públicas de los bancos (públicas tanto en el sentido de ser ofrecidas ostensiblemente, cuanto de ser adecuadas a la reglamentación), de modo de obtener de los prestatarios mayor interés, a fin de remunerar a los clientes proveedores del dinero con mayor renta de la obtenible en operaciones autorizadas, porque sin ese artificio los clientes trasladarían su dinero a otros bancos que practicasen tales modalidades. Ello así, pues esa presunta necesidad comercial no configura el "estado de necesidad", sino que el obrar responde al móvil de subsistencia empresaria y de obtención de utilidad para la sociedad de banca. La necesidad así delimitada no es oponible al cliente menudo, porque este no es un cómplice de lo sucedido (a cuyo cómplice serían oponibles los principios excusantes del "tu quoque" y del acto propio); sino que aparece como la víctima de la oferta seductora promitente de un lucro que tanto estaba vedado por las pautas reglamentarias, cuanto fue insostenible de acuerdo con el conocimiento histórico. A más, la liberación prevista por la última forma de extinción de las obligaciones consiste "en la imposibilidad" de cumplir y no en "la necesidad" de proceder de manera irregular para cumplir. Los conceptos de imposibilidad y de necesidad no son sinónimos absolutos, aunque generalmente no se distingan; el concepto de imposibilidad describe aquello que no es superable, mientras que la necesidad comercial deja a quien la invoca justamente la "posibilidad" de modificar sus pautas de actividad comercial.
Nulidad procesal, agravio concreto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calderan, Pedro Juan c/ bautista, Ernesto A. s/ Ejecución hipotecaria - Incidente de nulidad Duco, Luis Ricardo c/ Alexandrov, Vasilio A. s/ Indemnización Daños y perjuicios - Artº 250 CPC
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19|1989-08-29

En los supuestos en que la nulidad supone la incontestación de la demanda, la exigencia de indicar las defensas no articuladas debe ser apreciada en base, no sólo a las particularidades del caso, sino también con relación a la transcendencia de los actos cuya anulación se solicita. (MINORIA U OPINION PERSONAL)