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Hurto de automotor, hurto con llave o ganzúa, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: CORTES EDUARDO s/ HURTO.  LLAVE  PARA  SUSTRAER  UN  VEHÍCULO  ( ART.162 C.P. Y ART. 38  DECRETO-LEY 6582/58). EXCLUSIÓN DE LA AGRAVANTE  DEL ART. 163 INC 3 C  P.   HURTO AUTOMOTOR: USO DE LLAVE PARA PONERLO EN  MARCHA,  NO  PARA PENETRAR    AL  LUGAR DONDE SE HALLA LA COSA OBJETO DE LA SUSTRACCIÓN  APLICACIÓN  DEL ART.  162  C.P.  Y  ART.  38  DECRETO-LEY 6582/58. NO  APLICABILIDAD  DE LA NORMA DEL ART. 163 INC. 3 C.P.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-13

no puede considerarse el hurto de automotor, agravado por la utilización de llave para su sustracción, si ésta ha sido usada para ponerlo en marcha y llevárselo, dado que la norma del art. 163 Inc, 3 vigente en la actualidad determina que la calificante se configura cuando se la usó "para penetrar al lugar donde se halla la cosa objeto de la sustración", debiendo encuadrarse el hecho en la figura del art. 162 C.P. Y 38 del decreto-ley 6582/58, que es más benigna que la ley 21.338, Vigente al tiempo del hecho.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Caruso, Pablo C c/ Eland SA y otros s/ Daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-27

Determinar el monto indemnizatorio debido constituye una típica cuestión de hecho que sólo puede ser reexaminada por la Suprema Corte si se ha acreditado la existencia de absurdo.
Delitos militares, jurisdicción
Materia: PENAL-MILITAR
Carátula: De La Barrera, Julio César s/ recurso del art. 445 bis del C.J.M.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-07

Este Tribunal carece de jurisdicción para conocer en relación a infracciones previstas por el C.J.M., la cual se limita a lo atinente a delitos esencialmente militares (art. 445 bis del C.J.M.).
Sentencia, cumplimiento imposible, división de condominio, alícuota, revocación de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: Cisternas, Cindulfo y Carrizo de Cisternas, Elba c/ Córdoba, José Abel y otros s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-12-29

Haciendo uso de la facultad de control y fiscalización que le corresponde al tribunal de grado, debe calificarse al fallo dictado por el A-quo de cumplimiento imposible, ello por cuanto al haberse fallado haciendo lugar a la división de condominio y fijado fecha de audiencia para que las partes acuerden la forma de venta del inmueble objeto del litigio, fácil resulta afirmar que se ha determinado en el pronunciamiento la conclusión del condominio y por consiguiente la partición del bien que es el acto que pone término al estado de indivisión a través del cual cada comunero adquiere, materializa la parte que le corresponde en orden a la vocación que pudiere haber sustentado, es decir, que se logra la transformación de la alícuota, por lo que el paso previo obligado es la determinación de la entidad de las cuotas de los comuneros, al resultar ese el único medio de obtener la equivalencia de la transformación buscada; tal omisión torna ilusorio lo resuelto. En consecuencia se resuelve revocar el apartado III de la parte resolutiva del fallo recurrido, mandando dictar un nuevo pronunciamiento por el mismo juez a fin de que se determine la alícuota que le corresponde a cada condominio, previo a decretar la subasta del inmueble en cuestión.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-27


Salta, 27 de febrero de 2013.

Y VISTOS: estos autos caratulados: "PEREYRA ROZAS, César León, RODRIGUEZ DE PEREYRA ROZAS, Magdalena c/ PEREYRA ROZAS, Estela del Valle - Ordinario: Impugnación de Reconocimiento de Filiación y Petición de Herencia"- Expte. nº 19.414/98 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 3ª Nominación, Expte. nº 77.751/3 de esta Sala Tercera, y C O N S I D E R A N D O I) Vienen estos autos como consecuencia de la devolución dispuesta por la Sala Primera a fs. 1181 al entender que la misma participó dentro del acotado margen del reenvío efectuado por la Corte de Justicia. Asimismo, analiza que en virtud de un planteo de incompetencia previo, la Corte ya consideró -a fs. 279 del expediente conexo 147766/06- mal elevado el expediente y ordenó su devolución a esta Sala, concluyendo que los autos deben quedar, en consecuencia, aquí radicados.

Por otro lado, a fs. 1196 dictamina la señora Fiscal de Cámara y opina que procede la radicación del expediente en esta Sala por aplicación del artículo 5 de la Acordada 5293/80.

II) Atendiendo que la Corte de Justicia entendió, en el expediente conexo 147766/06, que no había propiamente una declaración de incompetencia pasible de ser analizada en cuanto la declaración allí realizada (fs. 279) no constituía un acto jurídico complejo que expresara la voluntad de un tribunal colegiado, no se ha resuelto aún la incompetencia de esta Sala Tercera por el Tribunal Superior.

III) Por otro lado, dado que la nulidad de la sentencia de esta Sala resuelta a fs. 1159/1168 por parte de la Corte de Justicia en el Expediente CJS 028.055/05 importó la pérdida de la jurisdicción de este Tribunal y que al caso de autos no aplica el supuesto normativo del artículo 5 de la Acordada 5293/80, en tanto la pérdida de la jurisdicción operada no puede ser subsanada por el principio de prevención, la Sala resulta incompetente para seguir entendiendo en estos obrados.

IV) En función a lo expuesto, y la devolución dispuesta a fs. 1181, se ha suscitado un conflicto negativo de competencia entre esta Sala y la Sala Primera, ambas de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Salta. En ese sentido, el art. 153, ap. II, inc. b) de la Constitución atribuye a la Corte de Justicia, la decisión, en forma originaria, de los conflictos de jurisdicción y competencia entre los Poderes Públicos provinciales y municipales, entes públicos, autoridades, entre las ramas de un mismo poder y en los que se susciten entre los Tribunales de Justicia, por lo que corresponde remitir estos autos a la Corte de Justicia de la Provincia. ASÍ SE RESUELVE.

III) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y ELÉVESE, sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

CApel. CC. Salta, sala III - T. 2.013 Fs. 41 (27/02/13).
Recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional, costas, aclaratoria (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Alban, Ricardo Angel y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo jurisdiccional. Avocación. Aclaratoria (Expte. CSJ N.  369-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-07-26

Corresponde admitir la aclaratoria articulada temporáneamente por la parte demandada respecto de la resolución que declara que el caso es de la competencia contencioso administrativa de la Corte (artículos 248 y 70 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicables) en lo que respecta a la imposición de las costas; y en consecuencia, corresponde aclarar la resolución consignando en la misma que las costas del trámite de avocación que resuelve deberán ser soportadas por la actora.
Notificación del acto administrativo, cuestión de fondo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cálix S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección de Vialidad). s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-11

Las circunstancias en las cuales se vertieron las expresiones "notificación en disconformidad" o "con reservas", efectuadas por un representante de la empresa son diversas a las dadas en otras causas examinadas por esta Corte con anterioridad, en las cuales se decidió abrir paso a la dispensa formal en vez de favorecer el temperamento más riguroso, que inhibe la revisión de la cuestión material controvertida por el interesado. En este caso, las manifestaciones formuladas por un mandatario de la empresa al tiempo de notificarse de la negativa del reclamo no resultaron útiles a los fines de poner en funcionamiento el procedimiento recursivo. Resulta entonces significativa la inactividad del particular al respecto (del voto de la doctora KOGAN).
Tribunal de enjuiciamiento, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FROIS, MAURICIO c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-29

No puede habilitarse la instancia extraordinaria en relación al agravio que desarrolla el impugnante al afirmar que las mismas personas que decidieron acerca de su responsabilidad funcional como magistrado, intervinieron previamente -al suspender cautelarmente al enjuiciado y ordenar ampliar la investigación que se había desarrollado en contra del enjuiciado para luego admitir la denuncia formulada- pues éste no es el argumento originariamente introducido para fundar la cuestión constitucional y ni tampoco aquél que declarara procedente el Máximo Tribunal del país; y no obstante entender que todo lo atinente a la afectación de la garantía de imparcialidad ya fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal de Enjuiciamiento no estuvo contaminado por su actuación inicial, toda vez que las actuaciones fueron en primer término llevadas adelante por la Procuración General, la ampliación de la investigación fue concretada por el Sr. Presidente de la Cámara Penal de Santa Fe en el marco de una decisión tomada por la Secretaría de Gobierno de la Corte -que dispuso tanto la ampliación, como el funcionario actuante- y en la que no intervino ningún Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, ampliación que-por otra parte-también fue solicitada por la Procuración; y por otra parte, ante esa denuncia fue que el Tribunal de Enjuiciamiento actuó, abriendo sólo el proceso, dado que la suspensión opera ministerio legis, por lo cual de ningún modo puede considerarse un mecanismo que hace perder la imparcialidad a los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento.
Proceso penal, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RICO, Mónica L y otros s/ procesamiento  Causa nro. 27.438
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

Aunque el Ministerio Público Fiscal se halla facultado para la dirección de la investigación, existen determinados actos procesales que no puede disponer en forma autónoma, justamente, por su carácter de parte - y obviamente parcial a los intereses persecutorios-.

Aunque con la admisión en nuestro sistema procesal del fiscal director de la investigación supone por parte del Ministerio público suma cautela en tal actividad, de modo tal que no se afecten los derechos de la parte contraria, tan sólo en la imaginación podría concebirse un fiscal totalmente objetivo, que ante la influencia del delito que investiga conserve intacta su imparcialidad sin el contrapeso de la defensa, que también controla sus intereses y le da trasparencia a lo que debe entenderse por debido proceso legal.
Honorarios, honorarios del interventor judicial, honorarios del veedor
Materia: PROCESAL
Carátula: Tomasini, Lidia  c/ Amitrano, Christian Pablo  s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

El hecho de que la ley 27423: 32-a) no traiga ninguna distinción según el tipo de intervención - veeduría, coadministración y administración plena- si bien la generación de utilidades podría vincularse con la labor de quien administra, nada tiene que ver con la de quien se ha acotado a llevar a cabo una veeduría. De todo esto resulta que, al aludir a esas utilidades, el legislador no pudo sino referirse a un parámetro flexible, indicativo de la importancia de los resultados económicos susceptibles de obtenerse por medio de la gestión intervenida, que no necesariamente exigen contar con números exactos, que solo podrían extraerse de estados contables aprobados.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, fianza
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Todarello de Mangone, P. y ot. c/ Olguin, Juan Esteban y ots. s/ Cobro ejec. de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

La decisión de la Cámara que al rechazar la excepción de inhabilidad de título declara que el codemandado fiador responde por las obligaciones contraídas por el locatario con relación a la locación aun cuando la misma se halle vencida y hasta tanto se restituya la cosa locada, reviste en el caso carácter definitivo en los términos del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que lo resuelto no puede ser revisado en el juicio ordinario posterior (art. 551 del Cód. cit.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: CARDOZO Carlos Walter c/ Páez Ramón Antonio y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-07-30

Teniendo en cuenta que tal como surge de la sentencia apelada, y en ello están de acuerdo las partes, el accidente se produjo en circunstancias en que el actor circulaba en su motocicleta por la calle de norte a sur mientras que el demandado lo hacía en el vehículo Fiat Siena por la calle de este a oeste, no hay dudas de que no dándose en el caso ninguno de los supuestos de excepción que en forma taxativa señala la ley, el actor que ingresaba a la encrucijada desde la derecha gozaba de la prioridad de paso contemplada en el art. 41 de la ley 24.449.

Conforme ello, el conductor del automóvil Fiat Siena debió ceder el paso a aquel que viniera por calle Tucumán de norte a sur y así hubiera evitado la colisión con quien se aproximaba desde su derecha; esto aun cuando hubiera llegado a la intersección de ambas calles simultáneamente o con cierta antelación respecto del conductor de la motocicleta, puesto que los hechos acaecidos, que culminaron con la colisión de quien transitaba a su derecha, demuestran que no tuvo tiempo para trasponer calle Tucumán sin riesgo alguno y que el cálculo que pudo hacer estuvo errado.
REPÚBLICA ARGENTINA, obligaciones internacionales, alternativas a la prisión preventiva, control de razonabilidad, peligro en la demora, medidas urgentes
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asunto Milagro Sala S/ Solicitud de Medidas provisionales respecto de Argentina c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-11-23

Resultando acreditado a través de distintos informes médicos y sicológicos que la salud de la líder de la organización social "Túpac Amaru" se encuentra en una situación de extrema gravedad y urgencia, bajo la posibilidad razonable de que se materialice un daño de carácter irreparable, considerando que ha sido privada de su libertad de manera preventiva y habiendo quedado demostrado que su internación en el centro penitenciario agravó sus crisis de salud mental, debe el Estado Argentino adoptar en forma urgente, las medidas que garanticen su vida, integridad personal y salud, sustituyendo su prisión preventiva por otra medida alternativa sea la de arresto domiciliario, en cuyo caso deberá ser llevada a su casa o lugar donde habitualmente vive, o bien por otra medida aún menos restrictiva de sus derechos, tal como podría serlo una tobillera o la retención de su pasaporte, recordando que la adopción de la medida debe justificarse teniendo en miras, exclusivamente, la consecución de fines procesales.
Materia: CIVIL
Carátula: FISCO DE LA PROVINCIA c/ BAZÁN JOS? BENITO s/ EJECUCIÓN FISCAL - CASACIÓN CIVIL FISCAL - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-20

En las actuaciones judiciales referidas a subastas de bienes debe prevalecer la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, que tiendan a brindar un marco de seguridad jurídica para los interesados en este tipo de ventas, ya que de lo contrario se comprometería seriamente la actividad jurisdiccional, y se crearía además, un clima de desconfianza en los posibles compradores.
Prescripción de la acción penal, facultades del fiscal, audiencia de debate, actos interruptivos, secuela de juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ríos, Mariano Exequiel s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-22

El pedido de fijación de audiencia de debate efectuado por el representante del Ministerio Público al Tribunal Oral en lo Criminal Federal del interior, aunque justificado, no constituye secuela de juicio. En este entendimiento, sólo habrá de otorgársele calidad interruptiva a los actos persecutorios y provenientes de los órganos que tienen a su cargo la impulsión, regulación y resolución de la acción penal, debiendo desecharse los actos de mero trámite o normales del proceso y aquellos que efectúa el procesado o su asistencia técnica en miras de su mejor defensa. En esta inteligencia, estimo que la determinación de los actos de procedimiento con efecto interruptor debe hacerse con el criterio que se viene reseñando, es decir que se trate de actos de persecución y, en principio, no de requerimientos de la acusadora, aún enderezados a lograr tales efectos (Voto del Dr. Tragant -en minoría-).
Excarcelación, rebeldía, enfermedades, cáncer, caución real
Materia: PENAL
Carátula: PINTOS, Marcelo Claudio A. s/ ROBO EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-19

Si el hecho de la causa es previo a la condena impuesta por el Tribunal Oral, se torna procedente la soltura del imputado de conformidad con lo establecido en el art. 316 en función del art. 317, inc. 1° y 318, C.P.P.N. Si bien de manera contemporánea con la condena en suspenso que le fue impuesta quedó rebelde en este legajo que se le sigue por robo, no surge que desde entonces hubiera sido vinculado nuevamente a delitos contra la propiedad. Debe, asimismo, considerarse que el imputado padece de cáncer en etapa terminal con atención permanente ante el Hospital Municipal de Oncología, lo que justifica considerar que por la gravedad conllevada que supone para él la prisión preventiva, debe ser considerada como el último recurso para lograr la realización de la justicia. Sin embargo, no se puede desatender que al mismo tiempo que recibió un severo reproche social por varios hechos de delitos contra la propiedad, optó por quedar rebelde en este legajo, desatención que obliga a desconfiar de su mera palabra como garantía de acatamiento a las órdenes del tribunal, en favor de una caución real como la impuesta por el juez de grado (art. 320 y 324, C.P.P.N.).
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, Poder Legislativo, funcionarios legislativos, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROSSI, SERGIO RUBEN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-29

Es materia que excede el limitado ámbito de discusión de la suspensión de la medida administrativa regulada en el artículo 29 y concordantes de la ley 4106, la fundamentación dada por el recurrente estrechamente vinculada a su situación jurídica durante la prestación de servicios en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, intentando demostrar -con argumentos que en general refieren a la naturaleza de las funciones que desarrollaba al momento de ser dado de baja- que su encasillamiento dentro de la categoría de personal "no permanente", fue incorrecta.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia del Neuquén c/ Y.P.F. S.A. s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

Las decisiones judiciales sobre determinación de competencia no autorizan, como regla, la apertura de la instancia extraordinaria por no estar satisfecho el recaudo de sentencia definitiva, principio que admite excepción en aquellos supuestos en que medie denegación del fuero federal u otras circunstancias excepcionales que permitan equiparar esos interlocutorios a pronunciamientos definitivos, entre ellas, cuando la decisión atacada desconoce un específico privilegio federal. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Saura, Adriana s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-12

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tanto la apreciación de los hechos y de la prueba, como la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal constituyen, por vía de principio, facultades propias de los jueces de la causa y no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria. Sin embargo también permite hacer excepción en los supuestos que el pedido se fundamente, como en el caso, en la doctrina de la arbitrariedad del decisorio. Por lo que voto por la concesión del remedio intentado. (Dr. Riggi en disidencia).
Caducidad de instancia, excepciones procesales, falta de personería, fiscal de Estado, jubilación ordinaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Peralta, Juan Alberto s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-04-17

Habiéndose presentado la solicitud de perención de la causa por el abogado de Fiscalía de Estado, es improcedente el incidente de falta de personería invocado por la contraria contra él, porque se acogió a los beneficios de la jubilación, si en el expediente no se ha revocado expresamente el poder al letrado, ni se ha diligenciado la prueba del actor tendiente a acreditar los extremos de su cuestionamiento.
Recurso contencioso administrativo, recurso de reposición (procesal), acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Petroar S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo - Ley 11.330 - Revocatoria(Expte.  C.S.J. Nro. 530 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-26

La interposición del recurso de revocatoria exige, como condición de admisibilidad del mismo, que se exprese de manera concreta cual es el vicio o error que contiene el acto de decisión que se ataca, por lo que la mera disconformidad con el proveído recurrido sin indicar el error cometido o el agravio causado, caracterizan a la invocación efectuada como vaga e imprecisa, debiendo asimilarse al supuesto contemplado por el segundo párrafo del artículo 345 de la ley de rito supletoriamente aplicable. Y, en el caso, el recurrente no logra conmover lo ordenado por proveído de Presidencia, porque mas allá de habérsele otorgado la posibilidad de fundar concretamente el recurso intentado -al requerir el Tribunal los expedientes administrativos y contestar el traslado que solicitó una vez recepcionados los mismos-, no manifiesta puntualmente los errores que pretende sean rectificados ni brinda argumentos jurídicos que autoricen el remedio postulado.