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Procedimiento contencioso administrativo y tributario, caducidad de instancia, demanda, notificación, agotamiento de la instancia administrativa, cómputo del plazo, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Cdad. de Bs. As. c/ Genzamo de Quintela, Osvaldo y otra s/ Ejecución fiscal Osvaldo y otra s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-10

Cabe analizar si resulta aplicable al caso el plazo de caducidad de sesenta días establecido en el artículo 100 de la Ley Nro. 19.987, o el de noventa días previsto en el artículo 7 de la Ley Nro. 189.

Al momento de la notificación del acto que agotó la vía administrativa era de aplicación el término de caducidad dispuesto por el artículo 100 de la Ley Nro. 19.987, en el que se disponía que las demandas contra la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires debían promoverse en el término perentorio de sesenta días hábiles computados desde la notificación del acto que se pretendía impugnar.

Pero durante el transcurso de dicho plazo, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nro. 189 (B.O.C.B.A. 28/6/99) que en su artículo 6 dispuso que entraría en vigor a partir de los sesenta días de la fecha de su publicación.

A su vez en el artículo 7 del Código de Procedimientos en lo Contencioso Administrativo y Tributario, agregado como anexo de la Ley Nro. 189, se establece que la acción impugnativa debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa días computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la instancia administrativa.

Atento a que la demanda fue interpuesta cuando ya se encontraba vigente el plazo de noventa días que prevé la Ley Nro. 189, no resultaba aplicable el plazo del artículo 100 de la mencionada Ley Nro. 19.987. Ello, según lo previsto por los artículos 2 y 3 del Código Civil.

Esta solución deriva de la simple aplicación inmediata de la norma, tomando en cuenta el lapso en curso bajo la ley precedente, y sin ignorar, claro está, que el hecho relevante para computar el plazo de caducidad es el momento de inicio de la demanda.
Filiación, maniobras dilatorias, prueba de ADN
Materia: CIVIL
Carátula: G. F. B. c/ G. V. H. s/ FILIACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-09

En lo referente a los datos, las frecuencias alélicas el perito fue claro al contestar que le son suministradas por la Sociedad Argentina de Genética Forense, nada más cabía agregar, y en todo caso, debió el impugnante saber que la afirmación del médico perito era falsa. Otro tanto corresponde decir con respecto a la aclaración sobre los registros y perfiles de secuenciación obtenidos con la amplificación de las secuencias, pues ellos se encuentran en el cuadro que obra en autos. En definitiva, puedo afirmar que los agravios respecto de la merituación de la prueba pericial carecen de sustento fáctico y fundamentalmente técnico científico, como para restar valor a la pericia llevada a cabo en autos. Incluso, teniendo en cuenta, la asistencia de un perito de parte y la ausencia de observaciones técnicas por parte de este, para contradecir el resultado arrojado, aún cuando cuenta con muestras para una prueba privada, hacen lucir el agravio sobre este punto mas bien como una maniobra con fin puramente dilatorio. Al respecto esta Cámara tiene dicho que: "En este sentido debe tenerse especialmente en cuenta que, tratándose de prueba biológica de ADN, con el nivel de precisión y certeza que dicha prueba ha alcanzado, para que el cuestionamiento a la misma amerite la realización de una nueva prueba, debe fundarse en cuestiones técnicas específicas que generen un razonable duda sobre la posibilidad de un resultado erróneo" (C:C. Flia y Suc. Sala I, Sent. 405 del 26/08/14). Igualmente se estableció en el fallo citado que "es deber también de los magistrados, medir el alcance de nuestras decisiones y el efecto que estas producen no solo en el caso concreto, sino la proyección que la decisión tendrá en casos futuros. En este contexto, no puedo ignorar que, de admitir el presente recurso y revocar o anular la sentencia de primera instancia con fundamento en un cuestionamiento de bases tan supérfluas como las contenidas en la apelación y en la impugnación pericial, abriríamos la puerta para que, todo aquel que obtenga un resultado adverso en la prueba de ADN, pueda dilatar el proceso exigiendo una nueva prueba, siendo suficiente para ello alegar sin mayores fundamentos fácticos ni científicos de que la prueba fue alterada o mal manipulada, porque no puede ser posible que dé un resultado distinto al pretendido." En razón de lo expuesto, y ante la inconsistencia de los agravios respecto de la prueba pericial, ciñiéndose estos a cuestiones que no logran conmover la credibilidad de los datos arrojados en la pericia, es que la sentencia, en este punto, y tal como lo anticipé, debe confirmarse.
Recurso de casación laboral, sentencia, medidas para mejor proveer, junta médica
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ALDONZA MONICA GRACIELA c/ FRIGORIFICO HUINCA RENANCO S.A. s/ RECURSO  DE  CASACION: SEDE LABORAL - QUEBRANTAMIENTO DE LAS FORMAS Y  SOLEMNIDADES PRESCRIPTAS PARA LA SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-08-28

No se configura el quebrantamiento formal (art. 94, ley 4163) alegado por el recurrente en relación a que el informe producido por la junta médica, no pudo ser controlado por su parte. Al disponer la medida cuyo resultado se impugna, la Cámara obró en uso de sus legítimos poderes. En procura de la verdad material de los hechos controvertidos, dispuso la realización de una junta médica para que dirimiese una situación planteada en forma contradictoria entre el perito médico oficial a quien adhiriera el de control de la actora y el propuesto por la demandada, acerca del padecimiento de la accionante y, en su caso, relación con el trabajo y grado de incapacidad. No se explicita la violación del derecho de defensa que se denuncia y no se advierte lesión al respecto. Pese a haber sido notificado de la realización de la junta médica no se solicitó designación de un médico de control - o la intervención del ya designado para la pericia de autos -, habiéndose tratado por la a quo las impugnaciones en cuanto a la forma y al contenido efectuadas en la audiencia de vista de causa; constituyendo una mera especulación del impugnante lo manifestado acerca del resultado del pleito de no haberse dispuesto la medida.
Recurso de casación, tasa pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARRANQUERO, NORBERTO c/ A.P.E. Y/O PROP. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-05-17

Corresponde aplicar la tasa pasiva del Banco central de la República Argentina, desde la vigencia de la Ley de Convertibilidad hasta el efectivo e integral cumplimiento de la sentencia por parte de la condenada, evitando utilizar la activa que, generaría expectativas inflacionarias, ocasionando un enriquecimiento in causado en el patrimonio del acreedor.-
Recursos, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: P., G.L. c/ T.C.S.A. s/ Demanda Laboral (Diferencias Salariales)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-07

eiteradamente ha dicho el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que "resultan inadmisibles los recursos extraordinarios en los que no se critican los argumentos sustanciales en los que los Sres. Camaristas fundan sus sentencias".
Competencia federal, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: PROCESAL
Carátula: Mendoza, Laudelino Berísimo s/ tentativa de estafa - causa n. 79.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

En el ámbito de la justicia federal, la autoridad institucional de la pauta jurisprudencial contenida en la sentencia de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la limitación establecida en el art. 459, inc. 1. del Código Procesal Penal, rige para las apelaciones extraordinarias federales contra sentencias notificadas con posterioridad a tal decisión.
Indemnización por accidente de trabajo, incapacidad total, pago único
Materia: LABORAL
Carátula: Liguori,  Miguel  Marcelo c/ La Meridional Compañía Argentina eSeguros S.A. s/ acción ordinaria de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-11

No cabe hacer lugar al pedido de pago único e íntegro de la indemnización contemplada en el art. 15 ap. 2 de la ley 24557 (incapacidad permanente total), ni a la inconstitucionalidad de dicha norma, pues una decisión en tal sentido no perjudicaría a la ART sino al sistema previsional y los fondos comprendidos en él, más aún si se tiene en cuenta que la AFJP o la compañía de seguros de retiro, en su caso, no fueron oídas por no haber sido integradas a la litis y por lo tanto la garantía de defensa en juicio se vería conculcada. Boletín Nro. 251. Toq. 1179.
Queja por denegación del recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Morales, Hugo c/ Telecom Argentina Stet-France-Telecom S.A. s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

Al pronunciarse en un recurso de queja la Corte Suprema puede desestimarlo o declarar la admisibilidad del recurso extraordinario, respecto del cual, al correrse el traslado que determina el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la NACION, la otra parte está habilitada a manifestar las razones que entiende le asisten en derecho para que el Tribunal las tenga en cuenta en su decisión.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, excepción de pago parcial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arrebillaga, Raúl E. c/ Sadelco S.A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

La sentencia de Cámara que desestima la excepción de pago parcial por considerar que, a más de ser de fecha anterior, no hay total identidad del recibo con los títulos que se ejecutan a los fines de relacionarlo con su pago y difiere dicha discusión -por implicar introducirse en la causa de la obligación- para el juicio ordinario posterior, no reviste carácter definitivo desde que la propia alzada ha dejado abierta la posibilidad de hacer valer la excepción invocada en una ulterior oportunidad (conf. arts. 278 y 551 del C.P.C.C.).
Aclaratoria (procesal), error material, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: FRANCISCO MEDINA c/ REFRIGERACION DE FUSCO Y OTRA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-08-04

La aclaratoria es un remedio procesal concedido por la ley ritual a los efectos de que el mismo órgano jurisdiccional que dictó una resolución aclare algún concepto oscuro o supla cualquier omisión de la misma, cabe advertir que el valladar legal impuesto por el artículo 277 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, de no alterar sustancialmente la decisión, ha sido interpretado extensivamente a los errores materiales, por lo que la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación no dudó en calificar de arbitrario un decisorio que por vía de aclaratoria y sobre la base de un supuesto error material, modificó una fijación arancelaria "en un monto cien veces superior". Cuando la ley se refiere a "errores materiales", quiere significar aquellos que surgen evidentes, es decir a simple vista y sin necesidad de mayor investigación y no de presuntas equivocaciones sobre aspectos que impliquen una verdadera alteración de una cuestión esencial de la decisión jurisdiccional cuya emienda corresponde intentar a través de otros remedios impugnaticios que consagra la ley procesal.
Empleo público, contravenciones, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NOWACKI, HECTOR c/ INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-14

Puede ocurrir que un hecho o un acto del empleado no alcance a configurar un delito penal, pero si revestir la de una falta o contravención prevista en el Estatuto del Empleado Público y como tal, sujeta al derecho disciplinario administrativo y a las penas correctivas o expulsivas- allí contempladas.
Prescripción, tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Provincial de Salta c/ Muthuam, Rubén; Varela Zummer de Muthuam, María s/ Cobro de pesos-Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-03-12

Las cuentas que el usuario y el establecimiento comercial contratan con el administrador en el sistema de tarjetas de crédito con cuentas corrientes mercantiles, por lo que la acción para reclamar el pago del saldo, se prescribe al término de cinco años, a computarse de la conclusión definitiva de la cuenta, pues precisamente es con la clausura que nace el derecho a demandar el arreglo o liquidación.
Distribución de gas, distribuidores, tributos, tarifa de gas
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Distribuidora de Gas Pampeana S.A. y otro c/ Ministerio de Economía y OSP. - resol. 1680/93. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Las licienciatarias - Decreto 2255/92 - están obligadas a abonar los tributos con vigencia anterior a la fecha de toma de posesión del servicio, sin poder transferirlos a las tarifas, únicamente se prevé la variación de las mismas si con posterioridad esa fecha se produjera la modificación en las cargas impositivas por el incremento de las alícuotas existentes o por la aparición de nuevos gravámenes.
Relaciones de familia, juicio de alimentos
Materia: CIVIL
Carátula: LOBO, MARIA SUSANA c/ MOISES, JUAN JORGE s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-07-06

Se ha expresado en forma reiterada, que las cuotas de alimentos convenidos deben presumirse en principio adecuadas a la situación de las partes y a sus necesidades recíprocas. (conf. CapelCC, Sala I, 1996,fs.761/762; Sala III, año 2003, fs. 982; año 2004, fs. 1244, entre otros).

El origen contractual de la cuota, no impide que las partes puedan pedir su modificación, ante circunstancias que estimen han ocasionado la variación de los presupuestos que llevaron a su determinación, en la práctica las necesidades del alimentado o las posibilidades del alimentante; de ahí su carácter eminentemente variable y circunstancial.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, partes, Estado Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Steifel,  Juan  Carlos c/ Santa  Fe,  Provincia  de s/ acción declarativa de certeza.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-11

A efectos de que una provincia pueda ser tenida como parte y proceda, por tanto, la competencia originaria prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional, es necesario que ella participe nominalmente en el pleito -ya sea como actora, demandada o tercero- y sustancialmente, o sea, que tenga en el litigio un interés directo, de tal manera que la sentencia que se dicte le resulte obligatoria, y esa calidad de parte debe surgir, en forma manifiesta, de la realidad jurídica, más allá de la voluntad de los litigantes en sus expresiones formales.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Gobernador, vicegobernador, elecciones, sistema electoral, sistema representativo, sistema republicano, autonomía provincial, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Electores  y  apoderados  de  los partidos Justicialista,Unión civica Radical y Democracia Cristiana s/ nulidad de elección de Gobernador y Vicegobernador.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

La infracción de los regímenes de mayoría instituidos para llenar los cargos de gobernador y vicegobernador o el desconocimiento del derecho de las mayorías populares, expresado por el sufragio, para hacer prevalecer su voluntad de imponer a su candidato, son cuestiones que, de comprobarse, hacen a la esencia del sistema representativo republicano, cuya jerarquía en la protección constitucional supera con indiscutible supremacía la valla, inexistente en ese aspecto, del art. 105 de la Ley Fundamental.
Contrato de trabajo, contrato de trabajo eventual, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, pluriempleo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Natali Nadia c/ Citibank N.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-14

La circunstancia de haber contratado a través de una agencia autorizada no produce la liberación de toda responsabilidad de la usuaria. Mediante las reformas implementadas al art. 29 L.C.T. a través de la ley 24.013, el legislador ha resuelto poner fin a las conflictivas situaciones que provocaba el vacío normativo anterior definiendo a la relación entre la agencia y el trabajador como permanente (contínua o discontínua). Cuando una empresa contrata personal a través de otra, aquél debe considerarse empleado de ambas (art. 29, 1º y 2º párrafo); sólo que el derogado 3º párrafo consagraba una excepción que operaba únicamente cuando se acudía a una intermediaria autorizada para cubrir necesidades "eventuales". Vale decir que no sólo el carácter de intermediaria sino, además, la cabal demostración de que se utilizaron los servicios del trabajador para cubrir una necesidad o exigencia transitoria u ocasional, era lo que autorizaba a eximir de toda responsabilidad a la usuaria. Hoy, tal posibilidad liberatoria no existe no sólo porque se ha derogado el citado 3º párrafo (art. 75 LNE) sino porque además, se agregó como "art. 29 bis" L.C.T. (art. 76 LNE) una disposición que consagra invariablemente la solidaridad de la usuaria respecto de todas las obligaciones nacidas del vínculo que la intermediaria establece con el trabajador contratado, aún cuando la contratación se hubiera efectuado para cubrir una exigencia eventual de aquélla. De acuerdo con ello y con la directiva que emana de los arts. 29 y 29 bis L.C.T., cabe concluir que ambas co-demandadas deben ser consideradas empleadoras en forma conjunta de los servicios de la actora, o dicho de otro modo, como integrantes de un sujeto "empleador" pluripersonal (art. 26 LCT). (Del voto del Dr. Pirolo).
Sistema acusatorio, delito de acción pública, principio de legalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Manganare, Julio y otro c/  s/ Robo y lesiones leves
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-03

En el proceso penal por delito de acción pública, en el sistema actualmente vigente, sólo rige un acusatorio formal, pues es el mismo Estado el que obligatoriamente (principio de legalidad procesal), persigue penalmente (ex officio), no bien toma noticia de la presunta comisión de un hecho presuntamente punible. De allí también que, con la sola limitación del thema decidendum, derivada del principio de defensa (contradictorio), el tribunal penal pueda fallar extra y ultra petita. En el supuesto en que el Tribunal de juicio considere que la pena adecuada es superior a la solicitada por la Fiscalía, no se verá afectada la garantía constitucional aludida, y debe entenderse que a la misma conclusión ha llegado la mayoría de la Corte en el precedente "Amodio" (voto del juez Huarte Petite). Cita de Maier, Julio B.J., "Derecho Procesal Penal", Tomo I, Editores del Puerto S.R.L., 2da. Edición, 2da Reimpresión, Buenos Aires, 2002 y Fallos: 330:2658
Acto administrativo, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAGRISTANI DE BAJO, MARTA SUSANA c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  -  EMPLEO  PUBLICO  -  HABERES  CAIDOS -  PRESCINDIBILIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-06-04

No corresponde el pago de haberes caídos y su actualización, si el actor no prueba los daños y perjuicios efectivamente sufridos a consecuencia del acto ilegítimo (art. 20 In fine ley 6108).
Prescripción adquisitiva, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ribinski, Maria Angélica (Expte. N° 144-STJ-2.012) s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en Autos: "Expte. N° 3.063/2.006 - Ribinski, Maria Angelica c/ Federacion de Jubilados, Pensionados y Retirados s/ Usucapion"
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-04-03

Las pautas que deben regir la apreciación de la prueba, cuando se pretende revertir un título de dominio, en el caso usucapión, deben ser estrictas, exigiéndose la demostración de hechos concretos que no dejen lugar a dudas acerca de la posesión animus domini, con apoyo formal, serio y convincente, respecto a la posesión como también a la antigüedad.
Recurso de casación, denegatoria del recurso, defensa, responsabilidad penal, non bis in ídem, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, delitos contra la humanidad, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, Ley de Obediencia Debida, Ley de Punto Final, nulidad de la ley, torturas, ausencia por desaparición forzada, extinción de la acción penal, amnistía, imprescriptibilidad de la acción penal, Cámara Federal de Casación Penal
Materia: PENAL
Carátula: Comes, César Miguel y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-29

Resulta improcedente la pretensión recursiva de la defensa de quienes fueron encontrados penalmente responsables por la comisión de delitos de lesa humanidad, argumentando la existencia de cosa juzgada y violación a la prohibición del ne bis in ídem, pretendiendo la primacía de las garantías consagradas en los artículos 18 y 19 de la Carta Magna por sobre los principios elaborados en "Simón, Julio" y "Mazzeo" -Fallos: 328: 2056 y 330:3248, respectivamente-, alegando asimismo que tal cosa juzgada se sustenta en un pronunciamiento anterior de la propia Corte respecto de los ahora condenados, pues la extinción de la acción penal resuelta por el Tribunal en 1988 respondió a leyes -las de Punto Final y Obediencia Debida-, posteriormente declaradas nulas por los Magistrados al ratificar lo dispuesto por el Congreso -sanción de la Ley 25.779-, en la convicción de que la investigación por graves violaciones a los derechos humanos tales como torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas no puede ser impedida por disposiciones de amnistía o de prescripción.
Defensor particular, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, deberes del juez, imputado, derecho a elegir defensor
Materia: PROCESAL
Carátula: DEFENSORA OFICIAL (NUMERO I)-DRA NILDA CARMEN DURAN s/ RECURSO  DE  APELACION  INTERPUESTO  EN  FORMA  SUBSIDIARIA  DEL  DE  REPOSICION, POR LA DEFENSORA OFICIAL (NUMERO I)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-07-29

A la par del llamado abogado defensor particular de confianza, existe el defensor oficial. Para preservar el derecho de defensa en juicio, si el imputado no designa un defensor de confianza, el juez deberá designarle al defensor oficial, quedando siempre a salvo el derecho del imputado de designar en cualquier momento un defensor de su confianza o defensor particular , pero lo que no podrá hacer es designar a otro defensor oficial, pues estos, distribuyen la tarea judicial conforme a un determinado turno, que en el caso de nuestra provincia en virtud del art. 202 de la Constitución Provincial, lo determina el Fiscal General a través de resoluciones anuales; obrar en forma distinta, importaría crear un verdadero caos en el ámbito de las defensorías letradas.