marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, fundamentación de sentencias, juicio ejecutivo, recurso de inaplicabilidad de ley, ley de defensa del consumidor, relación de consumo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Romero Juan Ramón c/ Blanco Carla B. s/ proceso ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2021-12-15

Procede rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la ejecutada, dado que claramente se desprende del art. 254 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes -hoy art. 400 1er. párr. Ley 6556- que la nulidad que autoriza el recurso homónimo, subsumido en el de apelación, es la que se asienta en defectos de sentencia. De allí, que la a quo al no considerar el recurso de nulidad y tratar en el de apelación los agravios de la recurrente referidos al rechazo de la nulidad fundada en la inobservancia del art. 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, no incurrió en fundamentación dogmática, apartamiento de las constancias de la causa ni menos en errónea aplicación de la ley. En el caso no se adujo, menos se probó el destino de la suma de dinero, sólo la ejecutada insiste, reitera, que el pagaré en cuestión fue en garantía de una operación de crédito financiero para el consumo, de modo que no hay dato, rastro, huella, indicio del que pueda extraerse válidamente su calidad de consumidora más aún teniendo en cuenta que el consumidor no constituye un status. En síntesis, de las comprobaciones de la causa no se extraen indicios contundentes, concordantes, suficientes, claros de la existencia de los presupuestos indispensables -dos polos que constituyen el componente subjetivo del vínculo y el destino específico que la ley requiere para considerar que se trata de una operación de consumo- que permitan concluir que la relación que unió a las partes pueda ser encuadrada conforme las disposiciones de la Ley 24240.
Procedimiento judicial de la seguridad social, conversión del proceso previsional, ley de orden público, control de constitucionalidad, división de poderes, estado de derecho
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: FANGI, ROQUE MARIO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-17

El hecho de tratarse de una ley en el sentido literal y formal no invalida, por cierto, su eventual cuestionamiento por parte del Poder Judicial; y tampoco caben actitudes autorrestrictivas por la circunstancia de tratarse de una ley calificada como de orden público. El control de constitucionalidad es función indelegable, hace a la división y relación armónica de los diversos poderes, y es esencia del Estado de derecho.
Derecho contravencional, penas contravencionales, pena accesoria, decomiso, sentencia condenatoria, facultades del juez, fundamentación de sentencias
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Sajón, Manuel Esteban s/ Infr. art. 84 ley 147 -Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-27

Si bien el comiso es una pena accesoria, no es de aplicación automática, sino que el Juez deberá fundar los motivos por los que resulta procedente su imposición.
Remuneración, culpa del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Moreno, Viviana Beatriz c/ Olmedo, José Enrique s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-06-11

La naturaleza alimentaria del salario hace que su pago oportuno y completo sea la primera obligación patronal y que su incumplimiento autorice hasta la rescisión contractual por culpa del empleador.El derecho de dar por rescindido el contrato está sometido a determinadas formas que no tienen por objeto limitar el derecho,sino garantizar la claridad de las relaciones.No tampoco para poner en mora al patrón que es automática artículo 137 de la Ley de contrato de Trabajo,sino para exteriorizar la injuria y dar a la patronal la oportunidad de evitar el alejamiento del trabajador.
Demanda, acto administrativo, motivación del acto administrativo, razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González Peón, Ricardo Ariel c/ Provincia del Chaco s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-03-25

Es procedente la demanda Contencioso Administrativa interpuesta por la parte actora contra la Provincia del Chaco, que por decreto aplica sanción de cesantía. Ello así, ya que han faltado circunstancias de hecho para que el acto pudiera ser legítimo, y los motivos que se invocan en la decisión expulsiva de cesantía, no han sido probados y en consecuencia no han tenido existencia. No hay motivación del acto impugnado, entonces la sanción, aparece injusta, arbitraria e irrazonable. La razonabilidad consiste en la valoración jurídica de los hechos y su encuadramiento legal que están ausentes en éste caso, pues del sumario no surge ninguna prueba con entidad suficiente que fundamente seriamente la conclusión a la que se llega. Las argumentaciones son ilógicas y la decisión ilegítima, y ello torna al acto impugnado en nulo.
Personal militar retirado, reincorporación al servicio, plazo, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mestola Aldo c/ E.M.G.E. s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

El personal de la reserva, sea que hubiera sido incorporado obligatoria o voluntariamente, no tiene derecho a permanecer incorporado por mayor tiempo que el que la autoridad militar -en los límites de sus facultades (ver arts. 24 a 26 de la ley 17.531 y art.

106 de su Reglamentación)- considere necesario para satisfacer el propósito buscado con su incorporación, habida cuenta que es de exclusivo resorte del Poder Ejecutivo y de las respectivas Fuerzas Armadas -en el marco de sus respectivas competencias- determinar la necesidad de la convocatoria y del número de reservistas, asignando los pertinentes recursos financieros que resulten necesarios para atender los gastos que ello demande (arts. 108 y 109 de la Reglamentación de la ley 17.531). (Del voto del juez Buján, consid.

4).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Olivera, Eusebio Narciso s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-26

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, tratándose de un juicio oral, formula extensas consideraciones sobre las decisiones de la Cámara en materia probatoria fundándolas en los arts. 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal, que se refieren a la valoración de la prueba en el juicio escrito.
Caducidad de instancia, plazos procesales, cómputo del plazo, interposición de la demanda, traslado
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Granada, Jorge Horacio c/ Argentina Televisora Color s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

El criterio según el cual el plazo de caducidad de la instancia comienza a correr desde la fecha de interposición de la demanda, siendo a tal fin innecesaria la notificación de traslado o la traba de la litis es aplicable también en el caso de que no se haya conferido el traslado de la demanda porque el actor no lo haya pedido o bien, porque la acción se interpuso al sólo efecto de interrumpir la prescripción.
Pérdida del equipaje, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: G., A. A. Y Otro c/ Lanairlines Sa Y Otro s/ Pérdida/Daño De Equipaje
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-11

El Tribunal considera que corresponde admitir la excepción deducida, pues -como afirma la demandada- se tratan de daños ya acaecidos y perfectamente mensurables, al menos en una dimensión aproximada. Habida cuenta de que el monto por daño material se relaciona exclusivamente con los bienes que integraban el equipaje extraviado, bien pudo la parte actora establecer su valor de una manera aproximada, aun cuando en la etapa probatoria se realice la tasación actualizada de los mismos mediante la prueba pericial ofrecida. El art. 330 del Código Procesal establece como regla general que la parte actora debe cuantificar el alcance de la reclamación resarcitoria, excepto en dos circunstancias: que no le fuese posible determinarla al promover la demanda en mérito a las circunstancias especiales del caso, o que la estimación dependiera de elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuera imprescindible para evitar la prescripción.
Exenciones impositivas, pacto fiscal, convenio multilateral
Materia: TRIBUTARIO-ADUANERO-ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: Toyota S.A. c/ Administración Tributaria Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-02

En un caso en que se invoca la violación al Pacto Fiscal Federal al no darle el fisco local tratamiento de exenta a la actividad industrial de un contribuyente de Convenio Multilateral, corresponde rechazar tal planteo, si el interesado no cumplió los requisitos establecidos en la normativa local para la implementación de los beneficios comprometidos en dicho Pacto, a los cuales no objetó en su constitucionalidad.
Depósito previo, oportunidad procesal, beneficio de litigar sin gastos, recurso de queja (procesal), deber de información, jurisprudencia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Automóviles Lamborghini Latinoamérica Sociedad Anónima de Capital Variable y otro c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (comercial), en Automóviles Lamborghini Latinoamérica Sociedad Anónima de Capital Variable y otro c/ Automobili Lamborghini SPA s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-17

Si las recurrentes solicitaron la exención de la integración del depósito previsto por el art. 33 de la ley n° 402 en virtud de que estaban tramitando el beneficio de litigar sin gastos, corresponde diferir el estudio de la queja hasta tanto se acredite la concesión definitiva de dicho beneficio -y debe la interesada informar periódicamente acerca del trámite del referido incidente bajo apercibimiento de decretar la caducidad de la instancia- o hasta que se integre el depósito exigido por la ley (mutatis mutandis doctrina de Fallos: 340:658, 341:1371 y 343:1386, entre otros). Esta regla podrá ser exceptuada cuando la recurrente invoque motivos fundados por los que no sea posible esperar el dictado de la resolución que conceda el beneficio mencionado sin grave peligro para la efectividad de la defensa, en cuyo caso se admitirán los efectos del beneficio de litigar sin gastos provisional -art. 77 del CCAyT- (cf. doctrina de Fallos: 343:1386, cons. 4 y sus citas). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Excarcelación, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: TORALES, E. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-12

Con la nueva redacción del art. 379 inc. 1, 1era. parte C.P.C.

por la ley 23.050, ninguna relevancia tiene que exista o no posibilidad de que una eventual condena sea de ejecución condicional, si el delito que se imputa al procesado merece una pena máxima no superior a los 8 años de reclusión o prisión.
Sentencia, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: SANTA ANITA TRAVEL AGENCY  S.R.L c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ SENTENCIA - COSA JUZGADA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-18

La sentencia sólo produce efectos dentro de la causa, y con vinculación a la ley y a las relaciones jurídicas que la motivaron, y de ningún modo puede hacerse extensiva a leyes y hechos futuros.
Medidas cautelares, ley de servicios de comunicación audiovisual
Materia: PROCESAL
Carátula: Grupo Clarín y otros S.A. s/ Medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-05

Cabe fijar un límite razonable para la vigencia de la medida cautelar que suspendió repecto de las empresas demandantes- titulares de licencias de televisión y radiodifusión -la aplicación de la disposición contenida en el artículo 161 de la ley 26.522- en cuanto fijó el plazo de un año para desinvertir, pues podría presentarse una situación de desequilibrio, y si la sentencia en la acción de fondo se demorara un tiempo excesivo se permitiría a la actora excepcionarse- por el simple transcurso del tiempo -de la aplicación del régimen impugnado, obteniendo por vía del pronunciamiento cautelar un resultado análogo al que se lograría en caso de que se acogiera favorablemente su pretensión sustancial, debiendo entonces ponderarse no sólo la irreparabilidad del perjuicio del peticionante, sino también el del sujeto pasivo de éste, quién podría verse afectado irreversiblemente si la resolución anticipatoria fuera mantenida "sine die".
Juicio ejecutivo, litisconsorcio necesario
Materia: PROCESAL
Carátula: ING. LANA CONSTRUCCIONES S.R.L. s/ Concurso Preventivo - Legajo p/ Tramitar Rec. de Apelación con Efecto Devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-11-27

En los procesos ejecutivos comunes, no resulta viable la conformación de un litisconsorcio necesario, propio de los procesos de conocimiento.
Daños y perjuicios, responsabilidad del empresario
Materia: CIVIL
Carátula: ALTAMIRANO, Carlos Issac; MAIDANA de ALTAMIRANO, Catalina c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLO URBANO Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SALTA u/o ESTRUCTURAS METALICAS S.A. s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1988-09-16

Los daños y perjuicios derivados de una obra mal construida tienen una regulación específica que está dada por el art.1646 del Cód.Civ.

Los constructores no pueden excusar la responsabilidad aduciendo que la norma solo opera entre las partes contratantes de la obra pues la acción se concede también al tercero adquirente del inmueble con la obra ya construida que luego sufre la ruina.
Quiebra, calificación de conducta, incidentes, aplicación de la ley, ley derogada
Materia: COMERCIAL
Carátula: HIZA, JULIO s/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-04

El poder ejecutivo observó mediante el dec. 267/95: 1 y 2, el art. 290 del proyecto de ley 24522, que contemplaba específicamente la situación de los incidentes de calificación de conducta, disponiendo que si estaban promovidos o no contaban con sentencia firme caducarían de pleno derecho, con lo que dicho artículo en la actualidad, carece de vigencia. Sin perjuicio de ello, y considerando que la ley 24522: 293 dispone expresamente la derogación de la ley 19551 y sus modificatorias, conjugando armónicamente las citadas disposiciones y lo establecido por el cciv 2 y 3, cabe concluir que la calificación de conducta debe juzgarse bajo la normativa de la ley 24522, y en tanto ésta no la prevé, procede sobreseer los trámites del incidente de calificación.
Nulidad procesal, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benedetti, Honesto c/ González, Edmundo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-17

Cuando se deduce nulidad de actuaciones posteriores a la sentencia, se está tomando conocimiento de la misma, comienza a correr para el anoticiado el término para interponer recursos. Así entonces, cualquier recurso que quisiera eventualmente intentar contra la sentencia dictada por ésta Alzada, sería extemporáneo, motivo por el cual la nulidad pretendida contra la cédula está desprovista de interés jurídico, pues este ha desaparecido por el transcurso infructuoso del tiempo (arts. 155, 169, 170, 172, 279 y concds. Cód.

Procesal).
Juicios contra el Estado, suspensión de juicios contra el Estado, sindicatura general de empresas públicas
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL - PENAL
Carátula: Fariña de Morales, Carmen Francisca c/ Estado Nacional ( E.F.A.  - F.C. Gral. Roca) s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-22

En estas actuaciones, no se advierten irregularidades que permitan presumir la existencia de un delito que deba ser materia de la denuncia a que se refiere el art. 164 del Código de Procedimientos en Materia Penal: y sin perjuicio de los deberes y facultades que atañen al juez de la causa en orden a la dirección del procedimiento y que resultan del art. 34 del CPCC , se las debe considerar eximidas del régimen de suspensión disciplinado por los Decretos 34/91 y 53/91, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 383/91.

Habida cuenta de que la configuración de los hechos que se intentan prevenir mediante aquellas normas, eventualmente podría resultar de la concatenación de actos y diligencias cumplidos en el proceso con los producidos en otro ámbito y que, por tal razón, la Sala desconoce, considérase apropiado librar oficio a la Sindicatura General de Empresas Públicas, haciéndole saber que se ha decidido reiniciar el trámite en las presentes actuaciones, por manera que si eventualmente ellas fueren materia de investigación por dicho organismo, deberá hacerlo saber a la brevedad a fin de que se dispongan las medidas correspondientes.
Prescripción, declaración de quiebra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SORIA EN J: GARCIA JOSE s/ Sucesión por Ejecución Honorarios (LIBRO: S107 - 396)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-10-25

Para los honorarios regulados judicialmente resulta aplicable la prescripción decenal prevista por el art. 4023 del C.Cívil, cuyo plazo comienza a correr desde que queda firme la sentencia que los establece.-
Juicio de desalojo, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ MANZANO E. c/ CASTRO DE GARRO, A. C. Y OTROS s/ DESALOJO-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-08-12

La acreditación de la aseveración que hace viable la citación de terceros constituye un recaudo insoslayable para la admisión de la citación pretendida, debiendo limitarse el análisis preliminar a verificar si se advierte un interés jurídico que proteger.
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Pcia. de Buenos Aires c/ Camara de Comercio e Industrial de Bernal s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

Si el documento cuenta con dos firmas atribuidas por la ejecutante a los funcionarios autorizados al efecto - gerente y contador de la entidad- más allá de la ausencia de sellos aclaratorios quien opuso la excepción de inhabilidad de titulo, fundada en la circunstancia de desconocer o negar las referidas rúbricas, debió producir la acreditación de tal aserto; ya que en caso contrario - como ocurre en las presentes -, resultarán alegaciones infundadas estériles para generar los efectos pretendidos por el recurrente.
Justicia de paz letrada, justicia de paz no letrada, juez de circuito, Poder Judicial, jueces, Poder Ejecutivo, leyes, interpretación de la ley, ley anterior
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

Bajo el imperio de la Ley Orgánica 3611, los jueces de paz letrados, departamentales y legos eran nombrados por el Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones (artículo 72, inciso 6) sin intervención de ninguna otra autoridad y su remoción se adecuaba al procedimiento establecido por el artículo 92 inciso 5) de la Constitución Provincial. Con la sanción de la ley 10160, los jueces de paz letrados y departamentales se transformaron en Jueces de Primera Instancia de Circuito cuya designación compete ahora al Poder Ejecutivo con Acuerdo de la Asamblea Legislativa y su remoción, se efectúa a través del procedimiento para enjuiciamiento de magistrados (artículo 91 de la Constitución provincial). Frente a las múltiples alternativas con que contaba el legislador para compatibilizar la estructura que respondía a la ley del pasado con la legislación actual que mira el futuro, indagar cuál fue su temperamento impone insoslayablemente recurrir a las disposiciones transitorias de la ley 10160, único modo de apreciar el alcance de la trasformación. (De los Fundamentos del Dr. Falistocco a los que Adhiere el Dr. Iribarren).
Accidentes de trabajo, incapacidad total, monto de la indemnización, costas
Materia: CIVIL - LABORAL
Carátula: BONINO, OSCAR ALBERTO c/ FABRICA SASTRE SA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-06-28

Las demandas por daños y perjuicios por accidentes de trabajo en la opción civil no escapan a la distribución de las costas ajustándose al principio objetivo del vencimiento por lo que corresponde que el actor soporte las costas en la proporción que fue rechazada la demanda.
Procedimiento aduanero, notificación, notificación del acto administrativo, procedimiento administrativo, aplicación supletoria de la ley, cómputo del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO - ADUANERO
Carátula: GATIC S.A.I.C.F.I.A. (T.F. 11.295-I) c/ D.G.I. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

Esta Sala al decidir la causa "Pindapoy S.A.I.C." (sentencia del 18/2/94, Doct. Jud. XI, p. 33), sostuvo, a través de una interpretación sistemática, que las notificaciones practicadas en el ámbito aduanero deben reunir los requisitos establecidos en el art. 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y que la omisión de su cumplimiento produce los efectos en esa norma previstos. Ello lo es en razón de la aplicación supletoria de las normas de la ley 19.549 al procedimiento aduanero como resulta de los arts. 1, inc. 6, del decreto 9101/72 y 1017 del Cód. Aduanero. Conforme al texto del mencionado artículo 40, ante la omisión de indicar los recursos que pueden interponerse contra el acto notificado y el término dentro del cual deben articularse, se inicia un plazo de sesenta días para deducir el recurso administrativo que resulte admisible o, en su caso, deducir la demanda indicada en el art. 25 de la mencionada ley 19.549. Como se señaló en dicho precedente, la omisión incurrida no provoca, según el citado artículo 40, la nulidad de la notificación, sino que la consecuencia prevista es la de prorrogar el momento en el que la notificación que no reúne los requisitos de validez analizados comienza a producir los efectos jurídicos que normalmente provoca la practicada en legal forma. No obsta a ello la circunstancia apuntada por la apelante en cuanto a que la actora tuvo siempre asesoramiento letrado por lo que mal puede argumentar ignorancia de los recursos de deducir y de los plazos para hacerlo, por cuanto en la disposición bajo examen ninguna distinción se efectúa a ese respecto.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Herrero, Eliseo y otra c/ Morettini, Raúl y otro s/ Daños y perjuicios Wagner, Elder M. c/ Lagos, Garcia Mario y/o propietario s/ Daños y perjuicios Ferretti, Maria Josefina c/ Lagos Garcia, Mario y otros s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-03|1991-02-15|1991-02-15

1. La vida humana tiene, por sí misma, un valor económico, que es independiente de si el occiso era o no productor de ganancias. 2. La indemnización debe ser efectuada discrecionalmente por el juez, valorando, lógicamente, una serie de datos de importancia, tales como la menor o mayor productividad de la víctima, su aporte al mantenimiento de quienes efectúan el reclamo, la edad de éstos como de aquella, sus aptitudes, condiciones, sexo, estado, vínculo familiar, número de componentes de la familia, medio ambiente social.