marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pesificación, contratos, reajuste del contrato, esfuerzo compartido
Materia: CIVIL
Carátula: BEVILACQUA Rubén Abel y Otro c/ BRANDEMANN de DELLAROSSA Elsa Margarita s/ Consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-12-30

Sobre el principio del esfuerzo compartido, ha dicho Peyrano, que si bien, la regla general en materia de recomposición contractual ha de ser la partición igualitaria de las consecuencias adversas de la mutación de la ecuación cambiaria, de ninguna manera podrá ser automática, porque las circunstancias del caso podrán determinar la inequidad de dicha solución (Peyrano, Jorge W. "La pretensión distributiva del esfuerzo compartido. Análisis provisorio de aspectos procesales de la pesificación", JA, 2002-I fascículo 8 pág. 3, Bs. As. 2002).- Ariel Ariza, por su parte, expresa que la solución de los conflictos con arreglo al citado principio podía resultar atendible en un sistema que pese a haber alterado sensiblemente la relación originariamente contenida en la Ley Nro. 23398, todavía guardaba alguna relación de correspondencia de valor, como unidad de medida, en los contratos entre ambas monedas.- En cambio "sigue diciendo" una vez modificado el régimen monetario de cambio fijo, se admite que la relación entre las dos monedas dejó de representar (como ha ocurrido en el sub lite) valores homogéneos y fácilmente traducibles a unidad de medidas de bienes nacionales. A su entender, en el contexto de liberación del tipo de cambio, la solución legal pasó a ser la de revalorización de las prestaciones.- Agrega entonces que "El principio de distribución del esfuerzo compartido representó al sistema de tipo de cambio fijo de la Ley 25561, lo que el reajuste equitativo (art. 8 del Decreto Nro. 214/02) actúa en el actual sistema de mercado libre de cambio. El primero creó un sistema simplificado de solución para un problema acotado.

El segundo, un sistema complejo de determinación, consistente en revalorizar las prestaciones que la brecha que se produjo entre las dos monedas, originariamente tomadas como equivalentes en el régimen de la Ley 23928, pudo haber alterado.

No se descarta que, luego de evaluar la revalorización, el juez pueda arribar a la asignación de un porcentaje, pero lo que no cabe suprimir es el primer tramo del razonamiento a través de la comparación de valores." (Ariel Ariza, "Revisión judicial de los contratos en la emergencia económica", JA 2002-IV-1065).-
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rabazza, José María c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Diferencia en liquidación final Gigena, Néstor Juan c/ Telefónica de Argentina s/ Diferencia indemnización Asan, Abdú c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Dif. indemn.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30|1998-05-19|1998-07-07

Si el contrato de trabajo se resolvió en los términos del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo cumplidos los recaudos formales para su extinción por voluntad concurrente de las partes, la ley laboral otorga plena eficacia a la libre determinación de aquéllas, por cierto sin carga económica para el empleador.
Defensa en juicio, estado de indefensión
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ríos, Héctor Enrique s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-20

Del análisis minucioso de lo sucedido en el caso, no encontramos acreditados en la causa indicios objetivos o circunstancias manifiestamente excepcionales que nos permitan afirmar que el imputado, se encontró en estado de indefensión en algún momento a todo lo largo del proceso. Por lo contrario, el mismo ha contado en las distintas etapas del juicio seguido en su contra, con el sucesivo y oportuno patrocinio, cuya intervención ha sido legítimamente dispuesta de conformidad con la normativa vigente al respecto. Por otra parte resulta ajeno a esta instancia casatoria calificar la actuación del defensor en el proceso, puesto que ello chocaría frontalmente con la libertad e independencia en el ejercicio de la defensa que un Estado debe garantizar a todo imputado. Nótese que si esta Cámara estableciese, de modo correctivo, cuál estrategia defensiva era la indicada para el caso concreto, ello implicaría una injustificada superposición entre el rol del juez y el del defensor. (Voto del Dr. Riggi, Dra. Ledesma según su voto, adhieres Dr. Tragant).
Mutuo dinerario, cláusula de actualización, cláusula dólar
Materia: COMERCIAL
Carátula: INDOQUIN  S.A. c/ B.C.R.A. s/ ODINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-12

Las cláusulas de estabilización del crédito no incorporan inflación a la deuda ya que sólo tienden a remediar los fenómenos de tal naturaleza una vez producidos. Así en caso de mutuo como el aquí bajo análisis, se trata de devolver una suma de dinero que permaneció invariable en su expresión nominal hasta el término de la imposición y cuyo valor se resguarda mediante el mecanismo de establecer una equivalencia entre el dinero a abonar y una cantidad de moneda extranjera de evidente estabilidad.
Acción dependiente de instancia privada, actuación de oficio
Materia: PENAL
Carátula: FERREYRA, ELIDA s/ DCIA. PTA. TTVA. VIOLACION Y ABUSO DESHONESTO (IMP.: SANCHEZ,  ESTEBAN E.) S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-08-27

Aun a riesgo de que en un hipotético caso, hubiera que declarar una nulidad por la indebida promoción de la acción penal, no puede por ninguna circunstancia dejarse desprotegida a una menor ante su concreta denuncia de ser víctima de un aberrante delito, lo que corresponde es investigar los hechos.-
Contrabando, bien jurídico protegido, control aduanero, hurto de mercaderías
Materia: PENAL
Carátula: GALLI, LUIS A.VALLEJOS, JOSE O. s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-03

1- La sustracción de mercadería extranjera cuya legal introducción a plaza se encuentra discutida en sede penal, no resulta configurativa del delito de contrabando, aun cuando la misma fuera sacada de la zona portuaria donde se encontraba secuestrada.- 2- Si bien la finalidad del delito de contrabando no reside primordialmente en la preservación de la renta fiscal, sino en la protección del control aduanero, éste ha de circunscribirse, como lo indica el art. 863 del Código Aduanero, al control sobre importaciones y exportaciones, que no incluye la actividad que pudiera llevar a cabo como autoridad encargada de la conservación y custodia de un bien secuestrado por orden judicial por estar cuestionado su legal ingreso a plaza.
Sociedades comerciales, denominación social, contrato social, nombres similares
Materia: COMERCIAL
Carátula: TANUS  S.A.C.I.I.A. c/ TANUS ARGENTINA  S.A. s/ SOCIEDADES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23

El nombre comercial y la designación procuran individualizar un establecimiento industrial o comercial en la totalidad de sus elementos y su problemática es ajena a la normativa societaria (ley 22.362: 28). Por lo contrario, la denominación de la persona jurídica es inherente a la sociedad y constituye una estipulación necesaria que debe expresar el instrumento constitutivo a los fines identificatorios del ente, quien cuenta con derecho a obtener el cese de la denominación social por otra sociedad homónima. Ello así, pues la homonimia entre dos sociedades comerciales afecta un requisito que hace a las formalidades del acto constitutivo, pues importa vicio de confundibilidad que hace anulable el contrato (ls:

17, 2do. párr.).

En el caso, el nombre social de la actora era "Tanus S.A.", en tanto que la denominación que originó el pleito fue "Tanus Argentina S.A").
Recurso extraordinario, daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Farfan, Marta Elena y otros c/ Barreiro, Juan Carlos y otros. s/ accidente de transito
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que modificó el que había hecho lugar a la demanda de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito.
Personal militar, actos de servicio, enfermedad accidente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Báez Alberto Higinio c/ E.N. -Gendarmería Nac. s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

El término "por actos de servicio" alude a ciertos actos propios e inherentes al servicio, exclusivos de las funciones militares. Ha de entenderse, por tanto, que el factor desencadenante o agravante de una enfermedad para poder considerarla producida por actos de servicios debe resultar de las actividades características de la función militar o de actos del servicio idóneos o susceptibles de producirla o agravarla. (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, consid. IV).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, cuestión no federal, cuestiones procesales, presunciones, prueba pericial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: G., B. L. s/ CONCESION    DEL    RECURSO  EXTRAORDINARIO  (CSJ  EXPTE  Nº  465-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-07-24

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que condenó al recurrente por el delito de homicidio culposo, si los agravios del apelante se fundan en la crítica que efectúa acerca de la forma en que el a quo apreció la prueba reunida. Ello así, pues no cabe descalificar la tarea de los jueces ordinarios en esa materia propia en razón de la mera discrepancia del apelante con el modo en que el quo ha ejercido la facultad que le confiere el art 305 del Código de Procedimientos en lo Penal, valorando los indicios resultantes del sentido del impacto o admitido la idoneidad de un perito.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zitterkopf, Héctor Osvaldo c/ Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Yanarelli, Daniel Eduardo c/ Borgonovo, Eduardo Oscar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22|1996-06-14

Aún cuando las conclusiones a las que se arriba pudieran resultar discutibles, opinables o poco convincentes a la luz de los intereses de las partes, no por ello se configura el absurdo.
Instrumentos públicos, acta notarial, plena fe, redargución de falsedad
Materia: CIVIL
Carátula: BONELLO, ESTELA c/ MEDICA, ANA s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-31

El acta notarial es instrumento público y tratándose de hechos verificados directamente por el notario, hace plena fe y sólo puede ser desvirtuado si el argüido de falso mediante la acción prescripta por la ley (art. 979,inc. 2, 993 y concordantes del Código Civil).
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, responsabilidad de la obra social
Materia: CIVIL
Carátula: MORRA DE LUJAN, Sandra Mabel y otro c/ INST. DE SERV. SOC. PARA EL PERSONAL FERROVIARIO y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-24

1- El vínculo que se genera entre la obra social y el paciente, con motivo de la atención médica del último, es de origen contractual, ya sea que se sustente en la estipulación a favor de terceros o en la obligación de garantía en beneficio de los afiliados, consistente en que las prestaciones médico asistenciales se brinden con eficacia.- 2- Además de la responsabilidad contractual directa del médico se ha reconocido también una responsabilidad contractual directa de la institución asistencial y aún de la obra social respecto del paciente o afiliado.-
Medios de prueba, presunciones
Materia: PROCESAL
Carátula: K., F. c/ C., H. s/ Acción de Simulación y Colación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-15

En rigor los que por su número, precisión, gravedad y concordancia tienen que producir convicción, son los indicios; las presunciones son la consecuencia de la labor intelectual del juez para extraer conclusiones de esos indicios. Los indicios son fuente de presunciones, y las presunciones son formas del razonamiento judicial.
Acciones posesorias, actos posesorios
Materia: CIVIL
Carátula: Barrionuevo, Juan Fernando  c/ Plaza, Dante Claudio  s/ acciones posesorias
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2024-02-08

Cabe confirmar la sentencia que admite la acción posesoria interpuesta por la parte actora, toda vez que el accionante incorporó al proceso elementos probatorios suficientes a los efectos de sustentar el ejercicio posesorio sobre el inmueble, objeto del juicio, como ser: boleto de compraventa celebrado entre ambas partes del proceso sobre el predio en litigio, pago de materiales para la construcción, pago de servicios de vigilancia, impuestos, informe remitido por DGC y declaración de testigos. Asimismo que no resulta menor que la parte accionada no haya aportado elementos probatorios con sustento que acrediten su ejercicio probatorio.
Peritos, anticipo de gastos
Materia: CIVIL
Carátula: Gatic S.A.I.C.F.I.A. c/ Schrenck, Bettina Esther y otro s/ Ejecutivo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-02-15

El anticipo de gastos a que tienen derecho los peritos, reconoce como exclusivo objeto cubrir los presuntos costos de las diligencias y se acuerda con la carga de oportuna rendición de cuentas, en efecto, cuando el martillero solicita anticipo de gastos para efectuar el remate, son las partes -en principio- las que deben solventar esas erogaciones.
Competencia, competencia por conexidad, divorcio, liquidación de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: V.,  V.M. c/ P.,  O.A. s/ LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL s/COMPATENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-03

El juez que dictó sentencia de divorcio, que declara disuelta la sociedad conyugal y homologó lo convenido por las partes respecto a régimen de visitas, alimentos y tenencia del menor, es competente para entender en la liquidación de la sociedad conyugal. (Sumario N°20294 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Sentencia, voto de adhesión
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Lejarraga, Martín A; c/ Kugler, Ricardo W. s/ SUMARIO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-11-23

Lo que la ley procesal requiere en el juego armónico de los arts.

270 y 271 es el estudio individual -por ello dice se instruirán-, pero no forzosamente la emisión individual del voto.
Recurso extraordinario, tribunal de alzada, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Aldo AGUILERA y otros c/ UZAL  S.A.C.I.F.I. s/ IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  FALTA DE REQUISITOS -  RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - TRIBUNAL SUPERIOR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-25

Si el recurso extraordinario local de inaplicabilidad de ley fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por no haberse cumplido con el requisito de fundamentación en los términos del artículo 279 del Código Procesal de dicha provincia y el remedio federal tiene por base argumentos que también habían sido vertidos en aquél, la parte frustró por una causa sólo a ella imputable, una vía que estimó apta para reparar su gravamen, circunstancia que determina la inadmisibilidad del recurso extraordinario federal intentado por no estar satisfecho el requisito referente al tribunal del cual debe provenir la sentencia definitiva.
Sentencia condenatoria, recurso extraordinario federal, inadmisibilidad formal
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Corte Nº 083/2012 en Expte. Corte Nº 005/12: Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Otros c/ Municipalidad de El Alto s/ Amparo - Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-07-08

Comparece la parte demandada, interponiendo recurso extraordinario federal en los términos del Art.14 de la Ley 48, en contra de la Sentencia Definitiva Nº13/12 dictada por esta Corte de Justicia, que resuelve hacer lugar a la acción de amparo interpuesta, y en consecuencia reincorporar a las actoras a sus lugares de trabajo y pagar los salarios caídos, dentro del plazo diez días, imponiendo las costas a la vencida.

Expresa la parte recurrente, que la materia federal ha sido oportunamente introducida, y pretende la apertura del remedio extraordinario federal mediante la somera invocación - en primer orden- del Art.14 de la Ley 48.

Tal modo de articular el recurso, obstan a su procedencia formal.

En efecto, la jurisprudencia y doctrina emergente de los fallos y acordadas de la CSJN, evidencian una tendencia en franca restricción en los modos de articulación y proposición de las cuestiones federales que motivan el control por el canal del recurso extraordinario federal, imponiendo exigencias rituales de inexorable cumplimiento por parte de los recurrentes.

De lo que resulta, que analizado el memorial recursivo se omite la referencia clara y concreta por cuál de los tres incisos previstos en el Art.14 de la Ley 48, se pretende provocar la apertura de la instancia extraordinaria de revisión constitucional.

Tal omisión debe entenderse por la falta de argumentos jurídicos que tipificarían alguno de los casos previstos en la norma, por cuanto resulta un imperativo legal que "sólo podrán apelarse a la Corte Suprema de las sentencias...." que resuelvan en contra de la Constitución Nacional y decidan en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia.

De manera que, todos los tribunales del país, tienen con motivo de los casos concretos que se someten a su decisión, la atribución y el deber de abstenerse de aplicar aquellas leyes que no guarden conformidad con el texto de la Constitución Nacional.

Dado que este control judicial de constitucionalidad comporta una facultad implícitamente derivada del principio contenido en el Art.31 de la C.N., en consecuencia, resulta incontrovertible que la estructura jurídica sobre la que se asienta el fallo de esta Corte de Justicia resulta inobjetable en orden a la hermenéutica del plexo normativo de aplicación al caso concreto tenidas en cuenta para resolver.

Por ello, corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso extraordinario interpuesto.
Recurso de inconstitucionalidad, falta de personería
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: TOSO, CARLOS ANTONIO Y OTRA c/ LAGGER, ROGELIO EDUARDO Y OTRO s/ DEMANDA ORDINARIA. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 1393-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-23

Habiéndose interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de la Alzada que al revocar el decisorio inferior, no hizo lugar a la excepción de falta de personería; obsta a la admisibilidad del remedio intentado la circunstancia que el pronunciamiento impugnado por esta vía carece del recaudo de definitividad que exige el artículo 1 de la ley 7055, porque, en efecto, la Cámara, al par de rechazar el planteo de nulidad propuesto, dispone que la causa prosiga según su estado. Podrá decirse, desde luego, que en esa instancia inferior lo atinente a la falta de poder de los profesionales actuantes por la ejecutante ya no podrá ser tema de juzgamiento, pero esa sola circunstancia no convierte "per se" en definitivo el fallo de la Cámara, ya que naturalmente el órgano jurisdiccional, luego de sustanciada la causa puede, eventualmente, arribar a un pronunciamiento que de satisfacción a la contrapretensión de la recurrente, accionada en el juicio.
Prueba, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ABREGU, MARÍA ANTONIA c/ A.N.Se.S.". s/ PENSIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-14

La prueba testimonial no puede descalificarse en forma automática. Ante la inexistencia de otros elementos de juicio que le den sustento, las declaraciones deben aparecer como categóricas, amplias, sinceras y quienes deponen deben dar debida razón de sus dichos, de modo tal que analizada dicha prueba en el marco de lo dispuesto por los arts. 386 y 456 del C.P.C.C., aparezca como convincente y autosuficiente para crear certeza en el proveyente sobre los puntos que se quieren acreditar (cfr. C.F.S.S., Sala I, "Montes, María Angélica").
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, culpa de la víctima, prioridad de paso, mano derecha
Materia: CIVIL
Carátula: Aguirre, Salvador Luciano c/ Cupaioli, Lorena María s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-22

Corresponde poner especial énfasis en que la prerrogativa de quien circula por la derecha constituye una norma ordenadora del tránsito fundamental, ya que de ser estrictamente observada, evitaría la mayoría de los accidentes que se producen en esos lugares de potencial peligro, lo cual impone actuar con particular rigor respecto del que la trasgrede.
Daños y perjuicios, herederos forzosos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Crespo c/ Di Cianni, Claudio Mario s/ Daños y Perjuicios Fisco de la Provincia c/ Berardi de Di Cianni, Lina s/ Daños y Perjuicios Guanini de Crespo, Ana María c/ Di Ciani, Lina s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31|1992-03-31|1992-03-31

Los preceptos de los arts. 1084 y 1085 C.C. establecen una presunción "juris tamtum" de perjuicio a favor de todos los herederos necesarios, sin distinciones en cuanto a su edad, recayendo sobre el demandado la carga probatoria orientada a destruirla.
Mandato, extinción del mandato, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: Boado García de Luaces, Casilda c/ Mon, María s/ Fijación de Canon
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-03

Según el art. 1963, inc. 4, del Código Civil, el mandato se acaba por incapacidad sobreviniente al mandante o mandatario, que, de acuerdo a lo prescripto en el art. 1984 del mismo Código, tiene lugar siempre que alguno de ellos pierde el ejercicio de sus derechos. La ley se ha referido aquí a los estados de incapacidad legalmente declarados, como ocurre con los dementes declarados tales en juicio.

Y ello no podría ser de otro modo, atento lo dispuesto por los arts.

54, inc. 3, y 140 del Código Civil. En lo que respecta a los dementes de hecho, el mandato conferido por ellos tendría la presunción de validez, por lo menos en tanto el acto no fuera atacado por las vías legales, pues sería imposible colocar al mandatario y a los terceros que contratan con él, en la necesidad de verificar en cada caso el estado mental del mandante.
Empleados públicos, policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B., R. E. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-05

Una vinculación por demás especial, no sólo por el importante servicio que se presta a la Sociedad sino por la específica regulación que la misma posee .la subordinación jerárquica que es nota esencial del estado policial no habilita al ejercicio de una potestad arbitraria por parte de la superioridad, y el ejercicio de las atribuciones administrativas se encuentra sometido al control de los jueces como garantía fundamental de los derechos de todo habitante pero tal ejercicio debe atender a los parámetros de decoro, respeto y consideración que es exigible, no solamente al empleado policial, o al empleado público, sino en las relaciones humanas en general".

Previne también que "las características propias del fundamental servicio que presta esa área del Estado a la Sociedad, se ve reflejado en la legislación especial que rige a este Personal, para quien se ha dictado un Estatuto propio, y un régimen de licencias particularizado".