Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-18


CAUSA N° 112-02/CC/2006 "Incidente de Apelación en autos: Mila, Alejandro y CIERI, Cristian s/art. 85 ley 1472" //n la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de octubre de 2006, se reúnen los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el cotitular de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 5, Francisco Malini Larbeigt, contra la resolución de la Sra. Juez de Grado obrante a fs. 52/55 del presente incidente de apelación, del que, RESULTA:

1.- Que a fs. 231/235 de los autos principales consta la sentencia dictada por la Titular del Juzgado Contravencional y de Faltas Nro. 9, María Laura Martínez Vega, con fecha 1/9/2005, en la que resuelve, en relación a Cristian Alejandro Cieri, condenarlo a la pena de multa de dos mil pesos ($2.000) cuyo cumplimiento quedará en suspenso, por considerarlo autor responsable de la contravención prevista en el art. 85 de la ley 1472, disponiendo, en consecuencia, que el nombrado cumpla las siguientes reglas de conducta: a) fijar residencia y comunicar tanto al Juzgado como a la Fiscalía cualquier cambio de ella, b) cumplir con las citaciones o requerimientos que le sean cursadas por el Tribunal y c) presentarse ante la Sra. Fiscal entre el día 1 y 10 de cada mes a partir del próximo mes de octubre del corriente año y hasta el mismo mes del año 2006, con costas.

2.- Que a fs. 14/vta. la cotitular de la Fiscalía Contravencional y de Faltas Nro. 8 solicita la revocación del beneficio otorgado a Cieri y se continúe con el proceso en su contra.

3.- Que a fs. 15, con fecha 25 de octubre, la Sra. Juez corre vista a la defensa ante el incumplimiento del condenado de la regla de conducta impuesta en el punto resolutivo II.c (obrante a fs. 231/5 de los autos principales).

4.- Que a fs. 16, la cotitular de la Defensoría Oficial Nro. 5, Sandra Donnini, manifestó que su defendido se presentó a la Fiscalía interviniente con fecha 28/10/05, no habiendo podido concurrir previamente por problemas personales.

5.- Que a fs. 18 consta la radicación del legajo de ejecución en la Secretaría Judicial de Coordinación y Seguimiento de Ejecución de Sanciones, a cargo de la Vilma Bisceglia, encontrándose a fs. 19/21 las notificaciones cursadas a las partes.

6.- Que a fs. 22/vta consta el oficio remitido por el Secretario de la Fiscalía Nro. 8 a la Secretaría de Ejecución, notificándole que Cieri no concurrió en el mes de noviembre a la Fiscalía por lo que solicita la revocación del beneficio otorgado y se continúe el proceso en su contra conforme arts. 45 CC y 76 ter CP. De la revocación "efectuada por la Sra. Fiscal a fs. 22 del presente incidente, así como de la suspensión de la medida, obrante a fs. 16 del "Incidente de Ejecución de Pena correspondiente a la causa Nro. 66/FCP"(sic), la Secretaria de la oficina antes mencionada dispone la remisión de ambos legajos al Juzgado Nro 9 para conocimiento de la Sra. Juez (fs.26).

7- Que a fs. 28/vta obra la contestación a la vista cursada a fs. 27 por la Juez a quo, donde la Sra. Defensoría Oficial nro. 5, entiende que conforme lo dispuesto en el punto II c de la sentencia condenatoria, y por razones de cercanía y para evitar que Cieri pierda tiempo de trabajo en traslados, la obligación de presentarse ante la Sra. Fiscal se siga cumpliendo en la sede de la Fiscalía Nro. 8, y no en la Secretaría de Seguimiento de Sanciones.

8.- Que a fs. 29/vta, la Martínez Vega resuelve que, sin perjuicio de la creación por parte del Consejo de la Magistratura de la Secretaría Judicial de Coordinación y Ejecución de Sanciones, resultan atendibles las razones esgrimidas por la Defensa y por lo tanto mantiene el lugar de cumplimiento en la sede de la Fiscalía Nro. 8.

9.- Que a fs. 36 obra la constancia de fecha 03/05/06 efectuada por la prosecretaria coadyuvante de la Secretaría Judicial mencionada, informando que el condenado no se presentó en la Fiscalía en los últimos dos meses.

10.- Que a fs. 37 la Secretaria de la Fiscalía interviniente reitera la solicitud de revocatoria del beneficio otorgado a Cieri y la continuación del proceso en su contra conforme arts. 45 CCy 76ter CP, atento el incumplimiento desde el mes de marzo, por parte del mismo de las reglas de conducta impuestas por la juez de primera instancia.

11.- Que a fs. 39 la Juez a quo decide remitir la causa a la fiscalía Nro. 8 a efectos de que su titular se expida conforme a derecho y a fs. 40 el Sr. Fiscal vuelve a expedirse en los mismos términos que en oportunidades anteriores, solicitando la revocación de la suspensión del proceso a prueba; razón por la cual a fs. 41, la Martínez Vega ordena una nueva vista a la fiscalía.

12.- Que a fs. 40, el Brotto admite el error involuntario al contestar la vista y solicita la revocación de la suspensión de la condena impuesta a Cieri, atento el incumplimiento por parte del mismo de una de las reglas de conducta impuesta en autos.

13.- Que a fs. 44/vta. al contestar la vista conferida, la Defensa manifiesta que Cieri no trabaja más en la remisería donde siempre lo ubicaban por lo que presumen que debió acontecerle algún problema personal que lo obligó a ausentarse temporalmente de su lugar de residencia, pues ya en la última entrevista el mismo viajaba constantemente a San Nicolás, lugar adonde se había mudado su familia. Por ello, considera que el incumplimiento aislado de Cieri de una regla de conducta no debe provocar la revocación de la suspensión de la condena y que se lo debe citar, a fin de que comparezca a derecho.

14.- Que a fs. 51/vta. consta la presentación de Cieri en el Juzgado Nro. 9 ante la citación cursada, en la que manifestó que actualmente vive en Ramallo, que trabaja de remisero de 18 a 6 de la mañana, seis días por semana y sin franco fijo, percibiendo aproximadamente $1500 por mes, lo que le imposibilitaría pagar la condena impuesta si se revocara su suspensión. Asimismo expresó que por la situación familiar explicada no pudo seguir compareciendo a la Fiscalía la que ahora queda a 200km de su hogar solicitando la posibilidad de realizar trabajos comunitarios en el pueblo en el que vive y así poder terminar esta causa.

15.- Que a fs. 52/55 consta la resolución de la Juez a quo en la que dispone la revocación de la suspensión de la pena de multa de dos mil pesos ($ 2000) impuesta a Cristian Alejandro Cieri y en consecuencia, intimar al nombrado para que , dentro del quinto día hábil de quedar firme la resolución, deposite el total de la suma mencionada. Para así resolver entendió que surge claramente que el nombrado ha incumplido en los meses de noviembre de 2005 y en forma consecutiva durante marzo, abril, mayo y junio el compromiso asumido., por lo que habiéndose constatado en autos tal incumplimiento y atento la facultad otorgada por el art. 46 CC, corresponde revocar la condicionalidad de la ejecución de la pena impuesta.

16.- Que a fs. 61/63vta consta el recurso de apelación presentado por la defensa oficial de Cieri, por entender que el resolutorio de fs. 52/55 causa a su pupilo un gravamen de imposible reparación ulterior. Manifiestó que si bien su defendido ha tenido un desempeño desprolijo en el cumplimiento de la pauta accesoria de presentarse del 1 al 5 de cada mes, ésta ha sido incumplida sólo parcialmente y por problemas personales que han sido justificados ante el Tribunal, pero la voluntad del mismo es la de estar a derecho. Asimismo sostuvo que la Juez procedió a la revocación cuando Cieri manifestó expresamente que no podría afrontar dicho pago, y en cambio no reemplazó la multa por trabajos de utilidad pública tal como lo faculta el art. 30 de la ley 1472, y que dicha resolución carece de fundamentación. Finalmente hizo reserva del recurso de inconstitucionalidad y del caso federal.

17.- Que a fs. 64/65vta. consta el rechazo por parte de la magistrada de grado del recurso de apelación interpuesto, por entender que el mismo no causa un gravamen de imposible reparación ulterior, toda vez que el defensor podía plantear la conversión de la pena de multa en trabajos de utilidad pública; y que el art. 46 CC obliga al juez a la revocación de la ejecución en suspenso una vez verificado el incumplimiento de las normas de conducta impuestas.

18.- Que a fs. 92/96 obra la queja interpuesta ante esta alzada ante la denegatoria de la juez de grado de abrir la vía recursiva.

19.- Que a fs. 99/100 consta la resolución de esta Sala por la que se declara admisible la queja interpuesta, mal denegado el recurso de apelación y en consecuencia se lo concede.

20.- Que a fs. 106/108 la Sra. Fiscal de Cámara, dictamina que debe rechazarse el planteo defensista y confirmarse la resolución apelada, ello por cuanto se desprende claramente del estudio de la causa que el incumplimiento del Sr. Cieri no sólo ha sido reiterado sino que además no se ha justificado debidamente lo que torna aplicable lo normado por el art. 46 CC; señalando que el cambio de domicilio del condenado sin haberlo notificado a la fiscalía también es un incumplimiento de las obligaciones a su cargo. Aclara que si el imputado no cumplió las reglas de conducta por la distancia entre su domicilio y la ciudad, mal podrá realizar las tareas de utilidad pública que solicita, conforme las previsiones del art. 26 CC. Asimismo agrega que si al momento de acordar el juicio abreviado, Cieri y su defensa aceptaron una multa de dos mil pesos cuando sus ingresos mensuales eran de ochocientos pesos (conforme informe socioambiental glosado en el legajo de personalidad), y ahora alega imposibilidad de pago cuando gana más que antes, entiende que o bien la situación económica de Cieri ha variado de modo desventajoso o que consideró que estaba en condiciones de afrontar una multa cuando en rigor de verdad no podía hacerlo. Descarta la primera hipótesis ante el incremento del sueldo y respecto de la segunda entiende que la queja de la defensa queda transformada en una alegación de su propia torpeza.

PRIMERA CUESTIÓN:

Sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de Cieri, ya se ha pronunciado esta Sala con fecha 17 de agosto de 2006 en la Causa 112-01-CC-2006 caratulada "Recurso de Queja en autos Mila; Alejandro Ricardo; Cieri, Cristian Alejandro s/art.85 ley 1472", por lo que nada cabe agregar respecto de la misma, dado que el recurso fue concedido por esta Alzada.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Admitido formalmente el recurso, corresponde dilucidar la pertinencia o no de la revocación de la condena en suspenso dispuesta por la magistrada de grado a fs. 52/55.

En primer lugar, es dable aclarar que el Código Contravencional al regular la condena en suspenso establece en su art. 46: "En los casos de primera condena si el juez/a, atendiendo a los antecedentes personales, modo de vida, naturaleza, modalidades y móviles de la contravención, presume que el condenado/a no volverá a incurrir en una nueva contravención de la misma especie, podrá dejar en suspenso su cumplimiento. Al suspender la ejecución de la condena el juez/a dispone que el condenado/a cumpla una o más de las reglas de conducta prevista en el tercer párrafo del artículo 45, durante un lapso que no puede exceder del allí estipulado." Teniendo en cuenta la falta de antecedentes contravencionales de Cieri y el acuerdo de juicio abreviado celebrado por las partes, la Sra. Juez dejó en suspenso la condena de multa de dos mil pesos impuesta, disponiendo que el condenado cumpla con diversas reglas de conducta (art. 45 incs. 1, 2 y 7 Ley 1472).

Dispuso además la revocación de la ejecución en suspenso de la pena, fundada en el incumplimiento del condenado del compromiso asumido de presentarse en la Fiscalía interviniente los meses de noviembre de 2005 y en forma consecutiva de marzo a junio de 2006, conforme lo dispuesto en el art. 46 CC.

Corresponde señalar que el art. 46 del CC establece que ante el incumplimiento de las pautas de conducta "el juez puede revocar la condena en suspenso". La magistrada de grado entendió que ella estaba obligada a revocar la condena atento al incumplimiento de Cieri, y por ello negó la apelación presentada oportunamente por la defensa (aunque ella misma había reconocido que se trataba de una facultad en la resolución de fs. 52/55).

En la Causa 112-01-CC/2006 citada precedentemente, nos pronunciamos sobre la interpretación de dicha norma, señalando que se desprende claramente del texto legal que la revocación de la condena en suspenso es una facultad otorgada al juez pero de ninguna manera constituye una obligación. Más aún, la misma norma establece que el juez puede, incluso, modificar las reglas de conducta "según resulte conveniente." Asimismo resulta pertinente señalar que la concesión de la condena en suspenso es un beneficio otorgado a quien es condenado por primera vez, y fundado en la presunción de que no volverá a incurrir en una nueva contravención de la misma especie.

Por otro lado, dable es tener en cuenta que el legislador, al regular la materia, estableció que el juez debe imponer al condenado una o más de las reglas de conducta reguladas en el art. 45 del CC. Por ello, resulta pertinente remitirse a las consideraciones efectuadas por esta Sala respecto al incumplimiento de aquellas en ocasión de tratar el instituto de la probation, pues en ambos casos la imposición de reglas de conucta posee igual finalidad, de tipo preventivo especial.

Sobre el particular los jueces de esta Sala ya afirmamos que "...no cualquier incumplimiento de las reglas de conducta resulta suficiente para configurar una causal de revocación de la suspensión del juicio a prueba, sino que el mismo deber ser "(c)laro y flagrante...El incumplimiento debe ser de naturaleza tal de dar certeza de la voluntad del imputado de no someterse a las reglas impuestas..." (Luis M. García, "Suspensión del juicio a prueba: Probation", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año II, Números 1-2, pág 375, Ed. Ad-Hoc, Bs.As., 1996)." (Causa Nº185-00-CC/2004 "Flores, Juan Alberto s/infr. art 68 CC", rta. 17/02/05) En el mismo sentido "...la revocación debe ser dispuesta judicialmente en forma sumamente excepcional, cuando se han agotado las vías estatales para lograr un margen de cumplimiento satisfactorio de las condiciones y siempre que se haya comprobado la voluntad irrevocable el imputado de no cumplir con ninguna regla..." (Gustavo Vitale, "Suspensión del proceso penal a prueba", Ed. Del Puerto, 2da edic actualizada, 2004, p.355).

En el caso, si bien es cierto que parcialmente, Cieri ha demostrado su voluntad de cumplir con la regla de presentarse en la fiscalía interviniente y luego ha justificado debidamente sus inasistencias a partir del mes de marzo, solicitando en oportunidad de presentarse en el Juzgado de primera instancia que en caso de que dichas razones no resultaren suficientes y que la Judicante procediera a hacer efectiva la condena de multa, la misma fuera transformada en trabajos de utilidad pública, atento su imposibilidad de afrontar el pago.

Este planteo no fue respondido por la Sra. Juez, a pesar de que es una facultad otorgada por ley, la conversión de la pena de multa en trabajos de utilidad pública (art. 30 CC). También asiste razón a la defensa en cuanto afirma que la a quo no ofrece mayores razones para la revocación del beneficio que el mero incumplimiento de las pautas de conducta establecidas en la sentencia condenatoria.

Sin embargo, por los principios señalados supra (que no cualquier incumplimiento permite automáticamente la revocación de la suspensión de la condena) y por la justificación razonable por parte de Cieri de los motivos del incumplimiento de las pautas de conducta en las fechas reseñadas, así como la demostración de su voluntad de querer estar a derecho, corresponde revocar la resolución de fs. 52/55.

Como se señaló precedentemente previo a hacer efectiva la condena de multa, la jueza tenía otras opciones: podía modificar dichas pautas e incluso en el supuesto de la revocación proceder a la conversión de la multa en Trabajos de Utilidad Pública en atención a lo manifestado por el condenado a fs. 51.

Sin perjuicio de la solución a la que se arriba en la presente, corresponde señalar algunas cuestiones en torno a la tramitación de la presente.

En primer lugar, el plazo de cumplimiento de la regla de conducta impuesta en el punto II c de la sentencia obrante a fs. 231/235 de los autos principales, esto es, presentarse del 1 al 10 de cada mes en la Fiscalía interviniente desde octubre de 2005 y hasta el mismo mes del año 2006, excede el máximo legal previsto en el art. 45 CC (1 año). Por ello debe entenderse que las mismas debían cumplirse hasta el mes de septiembre de 2006. Este error en el cómputo fue realizado por la Fiscalía interviniente, no corregido por el a quo y tampoco cuestionado por la Defensa.

Por su parte, la Fiscalía solicitó en cuatro oportunidades la revocación de la probation, cuando en autos se trataba de una sentencia, consecuencia de un juicio abreviado celebrado entre las partes, cuya condena había sido dejada en suspenso por el término de un año imponiéndose las reglas de conducta de los inc. 1, 2 y 7 del art. 45 CC.

Asimismo, en dos oportunidades dicha solicitud fue planteada a la Secretaría Judicial de Coordinación y Seguimiento de Ejecuciones, la que claramente no tiene facultades para disponer dicha revocación, pues se trata de una facultad conferida por ley expresamente al Juez de la causa (art. 46 CC en el caso de autos y art. 45 del mismo código en materia de suspensión de juicio a prueba) y no a funcionarios administrativos del Consejo de la Magistratura. Sin perjuicio de ello, la mencionada oficina tampoco ha cumplido con los objetivos estipulados en la Resolución CM Nº 760/05 que aprobó su reglamento interno.

Finalmente en cuanto a la alegada torpeza por parte de la defensa en la celebración del juicio abreviado, mencionada por la Sra. Fiscal de Cámara, corresponde señalar en primer lugar que la aceptación de Cieri de la pena estipulada, se condicionó justamente a que la misma fuera en suspenso. Y si la Fiscalía ( y luego el Juzgado) entendían que Cieri no podía cumplir con la pena, no podían haber celebrado el acuerdo en el primer caso y dictado sentencia en el segundo, pues el art. 29 in fine CC prohíbe imponer pena de multa a quien no tiene capacidad de pago.

Atento las consideraciones que anteceden, el Tribunal, RESUELVE:

I.- Revocar la resolución obrante a fs. 52/55 del presente incidente en cuanto dispone la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena de multa de dos mil pesos ($2000) impuesta a Cristian Alejandro Cieri ( arts. 46 y 45 CC) Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente devuélvase al Juzgado de Primera Instancia, a sus efectos.

Ante mí: