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Recusación, prueba, juicio oral, deber de imparcialidad, sistema inquisitivo, producción de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ALI, Exequiel Andrés c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-07

Corresponde hacer lugar al planteo de recusación, puesto que todo el caudal probatorio del juicio oral ha sido dispuesto oficiosamente por el Juez que preside el debate, quien asumió de este modo el papel del acusador y generó fundado temor de parcialidad en la defensa. Si bien es cierto que la norma del código procesal -aun parcialmente vigente- lo habilita, la actividad desarrollada por el Tribunal, se corresponde con un sistema de corte inquisitivo, que ha sido abandonado, en primer lugar, por la Constitución Nacional, conforme lo reconoce la Corte en el precedente "Casal" (Fallos C.1757.XL, cons. 7 y 15), pero además, por la nueva legislación procesal que rige en materia federal en las provincias de Salta y Jujuy. Resulta claro entonces que, en casos como el traído a estudio, aún pueden verificarse algunos instrumentos procesales que presentan una clara confusión de roles que afectan el modelo constitucional. En ese contexto, se ubica la norma contenida en el art. 356 del CPPN in fine. Esa atribución jurisdiccional -ahora en estudio- ha sido puesta en crisis por ser ajena al sistema acusatorio. Ahora bien, el Código Procesal Federal (Ley N° 27.063 reformada por Ley 7.482) se hizo cargo de este desbalanceo enquistado en nuestra tradición inquisitiva procesal, corrigiendo el desvío constitucional, de un modo claro, categórico y expreso con varios mandatos normativos. En ese norte, es fácil verificarlo, a partir de alguna de sus normas: "El juez no podrá suplir la actividad de las partes, y deberá sujetarse a lo que hayan discutido" (art. 111 CPF); no podrán realizar "actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal" (art. 9 CPF); ni tampoco podrán "de oficio incorporar prueba alguna (135. Inc. c)". También la etapa preliminar, ha sido prevista de un modo diferente, imponiéndole al Tribunal la obligación de resolver las cuestiones "exclusivamente con la prueba que presentaren las partes" (art. 279 CPF, énfasis agregado). Además, cabe destacar, que el esquema normativo impide que los jueces que han intervenido en aquella etapa intermedia, sean los mismos que intervienen en el juicio oral. Como es fácil observar, el Juez debe mantener una posición de imparcialidad -ajeno a la producción de prueba de manera oficiosa- pues ello se corresponde con un rol ajustado al modelo de enjuiciamiento constitucional de corte acusatorio-adversarial.
Desregulación económica, poder de policía, interpretación de la ley, ejercicio profesional, colegio profesional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baca Castex, Raúl Alejo c/ C.P.A.C.F. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

El art. 12 del decreto 2284/91 no configura una declaración retórica de principio sin relación alguna con los fines enunciados, sino que debe ser interpretado como la clara decisión del gobierno federal de atenuar el poder de policía de las profesiones en beneficio del logro de aquellos propósitos, por lo que el decreto 2293/92 no altera el espíritu de la norma reglamentada al disponer que los profesionales pueden ejercer su actividad "con una única inscripción en el Colegio, asociación o registro que corresponda al de su domicilio real" (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Daños y perjuicios, libertad de prensa, derecho a la intimidad, menores, filiación
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Menem, Carlos Saúl c/ Editorial Perfil S.A. y otros s/ daños y perjuicios - sumario. Resolución N° 4015/2017 del 5 de diciembre de 2017 - Declaración de incompatibilidad respecto de la sentencia dictada por la CorteIDH el 29 de noviembre de 2011, Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

La difusión de cuestiones familiares íntimas -no autorizadas por el actor en el tiempo y en el contexto en que fueron usadas por el medio de prensa- configura una intrusión en la zona de reserva del hombre público no justificada por intereses superiores de la comunidad, máxime cuando se han incorporado imágenes y nombre de menores, con exposición sin prudencia profesional de cuestiones atinentes a su filiación.
Acción de amparo, proceso electoral, asociaciones sindicales
Materia: LABORAL
Carátula: Denis Antonio Hipólito c/ Junta Electoral de Concordia de la U.O.C.R.A. s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-06-28

Los conflictos planteados en los procesos electorales de las asociaciones gremiales, deben ser dirimidos dentro de la vía asociacional y agotada ésta por el pronunciamiento o por omisión del mismo, acudir ante la autoridad administrativa antes de traer al conocimiento judicial el conflicto del que se trata.
Acción de amparo, obras sociales, confirmación de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: Ramírez, Rodolfo Justiniano c/ OSPERYH s/ Amparo de salud - Incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-16

Toda vez que el actor puso de manifiesto su voluntad de mantener su afiliación a la Obra Social del Personal de Edificios de Renta y Horizontal de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que el vínculo entre las partes tendría su origen en el marco regulatorio de las Obras Sociales, que el Sr. R. J. R. contaba con afiliación a dicha Obra Social (cfr. copia del carnet de afiliación), este Tribunal considera acertado otorgar -en forma precautoria- supremacía al derecho del actor de mantener su obra social y prestación del servicio de salud pertinente. Habiendo el Sr. R. J. R. invocado el daño que le generaría la falta de la cobertura médica con la que contaba y que las demás circunstancias que rodean las altas y bajas en la afiliación deberán ser objeto de debate y prueba en la etapa respectiva, corresponde confirmar la resolución apelada (conf. esta Sala, causas 1019/15 del 7.4.16, 2566/15 del 9.6.16, 41.135/15 del 14.7.16, 853/15 del 8.9.16, 3476/15 y 4678/15, ambas del 30.8.16 y 5250/2016 del 25.4.2017, entre otras).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, costas, principio objetivo del vencimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., M. A. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-02

Corresponde rechazar el cuestionamiento que introduce la impugnante en su remedio directo en cuanto a la imposición de costas a su parte en el auto denegatorio, desde que tal cuestión -según criterio reiteradamente expuesto por este Cuerpo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación- implica una materia procesal, de derecho común, accesoria, extraña al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, al remedio contemplado en la ley 7055 salvo aquellos casos en que tal aspecto procesal haya sido resuelto con manifiesta arbitrariedad; y ello no logra evidenciarse en el caso, al desprenderse del auto denegatorio que las costas fueron impuestas al recurrente conforme la regla general de costas a la parte vencida del artículo 448 del Código Procesal Penal, y no -como parece entenderlo la quejosa- al representante legal; circunstancia reservada para los casos excepcionalmente dispuestos en el artículo 449, última parte. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículos 448 y 449, última parte; Ley 7055. - Jurisprudencia vinculada: Galván, AyS T 300, p 470/475, sumario J0046632.
Recurso extraordinario, gravedad institucional, régimen jubilatorio provincial, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SOAJE, PEDRO Y OTROS. c/ PROV. DE TUCUMAN Y OTRO. s/ INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-23

Si bien, en principio, los agravios tendientes a controvertir el criterio utilizado por el a quo para valorar la disposición de la ley local que declara inconstitucional, no autorizarían la apertura del recurso extraordinario, toda vez que no ha mediado en la especie pronunciamiento favorable a la norma local como lo exige el art. 14, inc. 2, de la ley 48, ello no obsta a que en atención a la especial situación debatida la Corte en uso de sus más altas y excepcionales facultades, entre a conocer del fondo del asunto. Ello así pues considerando que la decisión apelada al invalidar una norma tendiente a paliar el desfasaje económico en que se encontraría el régimen previsional provincial, puede llevar a la agudización de una situación deficitaria que a la postre terminaría por aniquilar el sistema previsional que se pretendía preservar, claramente se configura en el caso un supuesto de gravedad institucional (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Partes del proceso, muerte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cardenas, Alfredo y ot. c/ Nogueiras, Mario J. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

En función de los deberes de lealtad, probidad y buena fe que deben primar en todo juicio, como asimismo por simple y obligada defensa de sus derechos, deviene procedente que el acreedor impuesto del posible fallecimiento de su contrincante tome los recaudos necesarios a fin de evitar el grave vicio de estar litigando con un muerto (art. 169 Cód. Procesal).
Recurso de casación, sentencia interlocutoria
Materia: LABORAL
Carátula: IBAÑEZ NORA A. Y/U OTROS c/ CLUB CENTRO RECREATIVO Y OTROS S/ DIFERENCIA DE JORNALES s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-18

Si bien la resolución atacada no reviste carácter de definitiva por tratarse de un auto interlocutorio dictado en etapa de ejecución de sentencia, debe ser asimilada a ella, atento que es susceptible de provocar al recurrente agravio de imposible reparación ulterior.
Dominio, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mansilla, Corazón de Jesús c/ Pérez, Rolando s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22

Antes de la sanción de la ley 17711, la legislación vigente sólo requería para la constitución del dominio la posesión y el título correspondiente, por lo que no cabe alegar la inoponibilidad del título por falta de inscripción (o nulidad de la misma) en base al art.2505 del Código Civil y ley 17801 si la transmisión se perfeccionó antes de la reforma a aquel cuerpo legal (arts.3, C.Civ.; 7, ley 17711; 42, ley 17801).
Honorarios, regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Anzalaz, Guillermo Ramón c/ E.D.E.L.A.R. S.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-11-20

De conformidad al art. 13 de la Ley Nacional Nº 24.432 de Honorarios Profesionales, Deben regularse los honorarios sin atender a los montos mínimos establecidos por lo regímenes arancelarios locales, cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta, lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas habría de corresponder. De manera que la regulación no depende exclusivamente del monto del juicio o de las escalas pertinentes, a la luz de la nueva legislación vigente en la materia, sino de todo un conjunto de pautas, previstas en los regímenes respectivos que pueden ser evaluados por los jueces, entre las que se encuentran la naturaleza del juicio y la tarea desarrollada.
Verificación de créditos, verificación tardía
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Merión S.A. s/ Concurso-Inc. de verificación. González, Rafael
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-26

El nuevo plazo de prescripción que establece el artículo 56 de la ley 24.522, computado a partir de la entrada en vigencia de la ley 24.522, resultó interrumpido por las actuaciones laborales seguidas ante un juez competente, motivo por el cual debe rechazarse la excepción de prescripción.
Trabajador autónomo, deuda previsional, interpretación de la ley, actualización monetaria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GOTTE, Vicente c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-26

No existe colisión entre la normativa de la ley 21.864 y la Resolución 270/80 de la C.N.P.T.A. Esta establece el procedimiento para la determinación de deuda por aportes al régimen previsional para Trabajadores Autónomos, en tanto que la ley 21.864 está referida a la actualización de créditos de los regímenes de Seguridad Social (cfr. C.N.A.T., Sala III. sent. del 19.06.87, "Salerno de Mongiello, M.").
Accidentes de trabajo, depósito, depreciación monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ MARIA TERESA c/ CLINICA PASTEUR S.A. s/ ACCIDENTE - LEY 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-05-27

Si el deposito de la suma liquidada por el ministerio de trabajo fue llevado a cabo tardiamente, esta sola circunstancia impone que la demandante tenga derecho a percibir lo adeudado con la correspondiente desvalorización monetaria, toda vez que la misma es ajena a los motivos por los cuales se demoro la consignación y estos no pueden serle opuestos.
Derecho civil, medidas cautelares, acción de reducción, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Gangale, Marta Susana y otra  c/ Larrosa, Elsa Beatriz y otra  s/ Ordinario Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-22

Ante el pedido de modificación o reducción de la cautelar trabada, no es suficiente la alegación respecto del perjuicio que, en general, cualquier cautelar ocasiona sino que es necesario dejar expuesto el que, en particular, al interesado le genera su sostenimiento.
Prueba confesional, confesión extrajudicial
Materia: PENAL
Carátula: Carlini, Miguel Angel s/ Robo agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

Las confesiones extrajudiciales del procesado son ilegalmente incluidas en las pruebas compuestas de su autoría responsable si, no obstante haber sido judicialmente ratificadas invocándose habérselas obtenido por medios delictivos, ello no originó la formación de causa de oficio impuesta por la ley y en tal caso no puede tenerse a dicha confesión por libremente prestada.
Honorarios, honorarios del abogado, patrocinio conjunto
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., E. s/ Sucesión Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-04-05

Cabe señalar, que en los supuestos de actuación de más de un profesional, la suma de los honorarios comunes y particulares no debe exceder del monto que le hubiere correspondido a un solo abogado por la tramitación exclusiva del sucesorio, pues la circunstancia de que intervengan otros indica una menor tarea a cada uno de ellos.
Contrato de trabajo, SECLO, conciliación laboral, nulidad del convenio, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Scaiotti   Sergio   Daniel c/ Perevent  S.A. s/ diferenciassalariales.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

Si lo que se pretende es controvertir la validez de un acuerdo celebrado en sede administrativa -en el caso, ante el SECLO-, cabe señalar que cualquier cuestionamiento del monto por el cual se arribó a la conciliación o contra el contenido de dicha acta, o contra la validez y eficacia del acto homologatorio debe canalizarse por los carriles previstos por la ley 19.549. Ello, debido a que el art. 15 L.C.T. admite la validez de los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios, siempre que se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediare resolución fundada de cualquiera de éstas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. La posibilidad de impugnación judicial de un acto administrativo existe ciertamente; pero para que se pueda dar es necesario que se cumplan los requisitos del art. 23 de la ley 19.549, entre los cuales se encuentra el de que el acto "revista calidad de definitivo" y "se hubieren agotado a su respecto las instancias administrativas". (Del voto del Dr. Pirolo).
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, carga de la prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Rocha, Efraín c/ Olmatic S.A. y Otro s/ ORDINARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-04-17

Conforme al principio de carga de la prueba contenido en el art.

377 del CPC. de aplicación supletoria al procedimiento laboral, pesa sobre el trabajador probar la enfermedad y la relación entre enfermedad y trabajo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: Ferreiro, Nicolás c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Antiguedad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

La doctrina legal a que se refiere el art. 55 del dec. ley 7718/71 56 dec. ley 4444/93) es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que deriva de los principios generales del derecho, de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales.
Depreciación monetaria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: PABLO ALBERTO MENENDEZ c/ RICARDO AGUSTIN LATORRE Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1987-07-06

La determinación de la forma y extensión de un reajuste por depreciación monetaria, como asimismo la apreciación de los elementos en que se basa la condena a indemnizar, y aún el quantum de ella, constituye una cuestión de hecho, ajena en principio a la vía casatoria que se intenta, sin embargo cabe apartarse de tal criterio frente a la infracción de un precepto de la ley ritual que rige la tarea axiológica del juzgador acompañada de la demostración efectiva de tal afirmación - causal de arbitrariedad - de carácter excepcional y de interpretación restrictiva.
Empleador, facultades disciplinarias
Materia: LABORAL
Carátula: ARGAÑARAZ, MONICA E. c/ EDITORIAL RIO NEGRO s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-02-28

Si bien es cierto que los jueces son los únicos que pueden analizar la legitimidad en cuanto a la aplicación de las sanciones disciplinarias previstas en el art. 67 de la LCT y en su caso suprimir la medida, sustituirla o limitarla, cuando encuentren que ella es arbitraria o injustificada, el vocablo "cuestionar" utilizado en dicho artículo no deberá ser interpretado en el sentido restrictivo, sino que debe entenderse como manifestación de disconformidad con la sanción impuesta.-
Ahorro obligatorio, aplicación de la ley, intereses, procedimiento tributario
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: HOMINAL S.A. (T.F. 9625-I) c/ D.G.I. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-18

La pretensión del Fisco Nacional en punto a que el concepto de intereses sobre capital no actualizado (art. 6° de la ley 23.549), sea a su vez reajustable hasta el día del pago, no puede prosperar pues los arts. 6 y 7 de esa ley establecen un régimen específico que diverge del establecido por la ley 11.683, tornando imposible aplicar el reenvío que dispone el art. 29 de la referida ley 23.549, pues las disposiciones de la ley ritual tributaria contemplan soluciones distintas que no pueden integrarse con las previstas por la ley de ahorro obligatorio (esta Sala, "Barbero" 31/3/93).
Desregulación económica, transporte de pasajeros, prestación del servicio público, transporte automotor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Turismo Parque S.R.L. c/ E.N. -Mº de Econ. y Ob. y Serv.Públ. S. de Tr. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-18

Siendo el Tráfico Libre una nueva modalidad dispuesta por la normativa vigente debe analizarse si al momento de la comunicación cursada por la recurrente aquélla reunía los requisitos exigidos por el art. 13 -prestador de servicio público- según lo que la reglamentación entiende por dicho concepto sin poder aplicar conceptos de regulaciones anteriores por cuanto devengaría en la aplicación parcial de las normas según la conveniencia del peticionante. (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, consid.

VII).
Premio por producción, aumento salarial
Materia: LABORAL
Carátula: BOOS, RICARDO Y OTROS c/ JOSE DELBOSCO  S.A. s/ SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1972-12-20

'Los incrementos salariales establecidos por los artículos 1 de las leyes 17224 y 18016 se aplican a los llamados premios a la mayor producción previstos en el capítulo IV del convenio colectivo 52/66, a partir del 1 de abril de 1967'.
Allanamiento, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bissio, Juan Víctor c/ Pons, Marcela s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Habiéndose comprometido la demandada en la audiencia conciliatoria celebrada en el juicio, a entregar a la actora el inmueble objeto del juicio de desalojo, ello ha importado sin lugar a dudas allanarse a la pretensión del accionante, razón por la cual debe soportar las costas del proceso, ya que mediando allanamiento, éste se rige por las normas que gobiernan la materia: la regla es pues, que quien se allana, es vencido (art. 68, C.P.C.C.).
Beneficios previsionales, costas, temeridad o malicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Igartúa, María del Rosario c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-26

Específicamente en materia previsional, la exención de costas a los órganos administrativos fue consagrada en el procedimiento nacional por las leyes 18.447 y 19.038, siguiendo la jurisprudencia federal, que consideró que no podía equiparárselos a una parte 'civil' en los términos de una controversia ordinaria, ya que en estos procesos actúan en defensa de la legalidad de los actos administrativos y de los intereses de los afiliados al conjunto. De modo que el art. 17 del Código de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo, que autoriza la condenación en costas en casos de notoria temeridad no se exhibe como irrazonable. Tampoco es discriminatorio: rige para ambas partes por igual. Y la posibilidad de que las personas de pocos recursos económicos, vean de tal modo restringido arbitrariamente su derecho de defensa y propiedad, no se compadece con las previsiones legales que aseguran tales derechos mediante remedios que la impugnante no arguye que resulten inadecuados (arts.78 a 86, C.P.C.y C.; arts.80 a 87, ley 5827; arts. 212 a 223, ley 5177).
Personal municipal, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-LABORAL
Carátula: Sosa, Raúl Avelino c/ Municipalidad De El Espinillo s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-09-13

La municipalidad debe reincorporar al empleado público despedido en la misma categoría y tareas que venía prestando como agente de planta permanente, pues independientemente de los vicios que se le atribuyen al decreto que incorpora al amparista como personal de planta permanente, la autoridad municipal carecía de competencia para anularlo, toda vez que tal facultad le corresponde a la justicia, a quien debe recurrir para determinar la supuesta ilegalidad de la referida ordenanza municipal.