Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-14


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Catorce (14) de Mayo de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en autos: "Acosta Andrea Cecilia vs. Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/ Indemnización/Pago de haberes".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán y la doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- Andrea Cecilia Acosta, parte actora en autos, plantea recurso de casación (cfr. fs. 376/380) contra la sentencia Nº 1265 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I de fecha 20 de diciembre de 2011 obrante a fs. 368/372 vta. que es concedido, mediante Resolución del referido Tribunal del 31-7-2012 (cfr. fs. 388 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751, in fine, del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC) norma, ésta, de aplicación por expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como Tribunal de Casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo la primera cuestión, a examinar, es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 373 y 380); el acto judicial atacado constituye una sentencia definitiva; se dio cumplimiento con el depósito (cfr. fs. 375); el escrito recursivo se basta a sí mismo, en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos, y propone expresamente doctrina legal; finalmente la impugnación se motiva en la invocación de infracción, a normas de derecho, en cuanto invoca el vicio de arbitrariedad en la ponderación del material fáctico obrante en autos, entre otros planteos, por los que se denuncia lesión a normas jurídicas; por tales motivos el recurso en estudio es admisible; por ende queda expedita, a este Tribunal Supremo, la competencia jurisdiccional para ingresar a analizar la procedencia del presente recurso.

III.- Sostiene, la recurrente, que se encontró al inicio de este proceso en la siguiente disyuntiva: considerase como trabajadora no registrada privada, o empleada pública en negro o clandestina optando, por la primera solución, mientras que el Tribunal lo hizo por esta última.

Expresa que, el fallo en recurso, reconoció que la trabajadora fue una empleada pública clandestina y lo injusto e inmoral de la solución, a que llegó, no obstante lo cual absolvió a la demandada de responsabilidad por su proceder ilegal aduciendo que no son aplicables las normas jurídicas reclamadas por la actora, con las cuales se arribaría a un resultado justo y moral y que sí lo son, otras, que al no haber sido invocadas no pueden ser aplicadas.

Puntualiza que el personal designado es quien debe regirse por el Estatuto del Empleado Público siendo que su parte no revistaba, en esta categoría en el Casino, porque nunca existió el acto administrativo de designación hecho, éste, reconocido hasta por la propia accionada.

Entiende que, en realidad, es la Cámara quien falló ultra petita al asignarle, a la actora, el carácter de empleada pública cuando, la misma demandada, alegó en su defensa que no revestía tal calidad y por lo anteriormente referido.

A su modo de ver, la solución propiciada en la sentencia, lleva a sostener que lo que debió haber reclamado es, su nombramiento, en planta permanente cuando dicho nombramiento, por imperativo legal, sería nulo; o no reclamar su nombramiento de modo que, el empleador, que actuó en fraude o violación de la ley generando un acto, de consecuencias nulas, se beneficiaría con su proceder.

Resalta que no fue una agente de la Administración Pública Provincial ya que, no había sido designada como tal, y tanto la parte actora como demandada coinciden en este extremo. Destaca que, por acto expreso, se admite que la empleadora tenga a su cargo trabajadores comprendidos en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante LCT). Añade que de acuerdo al régimen de la Carta Orgánica de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia (en adelante CPAP), la demandada, sí puede y de hecho es sujeto de derecho en el ámbito de la LCT y, parte de sus trabajadores, se encuentran incluidos en el régimen, de la mencionada ley, lo que se encuentra autorizado en forma expresa por el artículo 2° de la LCT.

Denuncia que la circunstancia que la trabajadora privada, comprendida en la LCT, se desempeñe en el sector Bingo o Casino no es algo que resulte oponible, a la actora, y que no se traduce en una situación de la cual, la accionada, pueda prevalerse por cuanto ello constituiría un acto inmoral que no puede admitirse; es decir incluir, a la demandante, en una categoría en la que no puede revestir por existir un impedimento legal para ello (falta de las formalidades indispensables para que la trabajadora pueda ser considerada empleada pública). En su opinión si no era, trabajadora pública, porque faltaba para ello el requisito de la designación era trabajadora, privada, comprendida en la LCT y Convenciones Colectivas de Trabajo lo que le autorizaba a producir, el distracto por culpa de la empleadora, y reclamar las indemnizaciones de ley.

Señala que el Tribunal invoca, como fuente normativa, para rechazar la demanda al artículo 1° del Estatuto del Personal de la CPAP al que reputa, una simple resolución, de la demandada dictada en el año 2003 o sea, con posterioridad, al comienzo de la existencia de la relación laboral que data de 1999.

Advierte que, de quedar firme la sentencia recurrida, los funcionarios estatales tendrán las manos libres para efectuar nombramientos nulos, ilegales y clandestinos en la Administración resultándole, a los trabajadores (víctimas de esas maniobras), inabordable la vía judicial dado que no les corresponde, la vía reparatoria, que tiene cualquier otro trabajador siempre y cuando, quien lo haya contratado, no sea el Estado.

Finalmente concluye diciendo que es arbitraria o nula la sentencia que niega a, una empleada, su condición de trabajadora privada cuando, el empleador, se encuentra facultado por ley para tener ese tipo de trabajadores habiéndose invocado, para excluir dicho derecho, la asignación de tareas en una dependencia del mismo empleador en la cual no es posible tener, empleados privados, lo que implica otorgar a determinado tipo de empleadores la facultad unilateral de violar la ley.

IV.- A fin de dar adecuada respuesta a estos agravios juzgo, conveniente, rescatar de la sentencia en crisis algunas nociones que considero, importantes, para la correcta resolución del recurso en examen.

En primer lugar la parte, en que se afirma, que la actora en su demanda se desempeñó en la órbita del Casino de Tucumán (Bingo). Esta circunstancia fáctica surge manifiesta, del referido escrito, en donde la propia actora expresa que su tarea era ".la de promoción y venta de cartones en el juego de bingo auxiliar en sala y ocasionalmente de Cajera en el bingo de Maipú 593 de esta ciudad capital explotado por la demandada" (cfr. fs. 12). Tal circunstancia no es, contradicha, en el escrito recursivo sino todo lo contrario.

Lo segundo que merece ponderarse especialmente es la cita del fallo de esta Corte Nº 738 del 22-9-1997 (in re: "Juárez Darío Armesto c/ Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/ Contencioso administrativo") en estos términos: ".que coexisten en el mencionado ente autárquico dos regímenes jurídicos diferentes que lo vinculan con sus dependientes: a) el personal designado en la Caja que en virtud de la Carta Orgánica de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (Ley 5.115 B.O. 17/10/79), en mérito, a la reforma introducida al artículo 15 inciso q) se encuentra sometido, por acto expreso idóneo, emanado de autoridad competente, a las normas de la LCT, la Convención Colectiva de Trabajo Bancaria, Estatuto Interno del Personal y demás disposiciones que integran el régimen bancario con el efecto de significativa y grave importancia institucional de adoptar, como reguladora de la relación de empleo público de una institución administrativa descentralizada provincial, un ordenamiento jurídico que, por sí mismo, sólo está destinado a las relaciones jurídicas de empleo privado; b) personal designado en el Casino, cuya relación de empleo público se encuentra sometida al Estatuto del Empleado Público y disposiciones reglamentarias" (cfr. fs. 370 vta.). Estos conceptos fueron sostenidos, por este Superior Tribunal, en otros precedentes (cfr. CSJT: sentencias Nº: 104 del 27/3/1995; Nº 423 del 10/6/1997; Nº 720 del 17/9/1997) que vienen a denotar la existencia, en una misma entidad autárquica, de personal sometido a regímenes jurídicos distintos según sea el órgano donde se presten funciones sin que se aprecie porqué, la asignación de tareas, a una dependencia u otra o, en su caso, al sector Casino constituya una autorización, para violar la ley, como lo postula la impugnante.

En esta misma inteligencia cobra también, relevancia, la ratificación de las precedentes consideraciones que el A quo encuentra en el texto del artículo 1° segundo párrafo del Estatuto del Personal de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (Acta N 3.618-Resolución Nº 089/03) cuyo texto es el siguiente: "El personal designado como integrante de la Planta del Departamento Casino, se regirá, por las disposiciones del Estatuto del Empleado Público, su Decreto Reglamentario y demás disposiciones que sean de aplicación al personal que presta servicios en la Administración Pública Provincial. Además, le serán de aplicación todas aquellas normas del presente Estatuto que, por acto expreso, así se hubiere dispuesto o se dispusiera en el futuro". Idéntica redacción poseía el párrafo segundo del artículo 1° del anterior Estatuto del Personal de la CPAP aprobado, por Acta Nº 2.983, Resolución Nº 1.379/88, de noviembre de 1988.

De allí, entonces, que no merezca la menor objeción la conclusión de la Cámara en el sentido que ".el personal del Departamento Casino siempre se rigió y se rige actualmente por el Estatuto del Empleado Público (Ley Nº 5.473) y sus disposiciones reglamentarias" (cfr. fs. 370 vta.).

Para terminar de configurar, el cuadro de elementos con entidad suficiente para arribar, a una justa composición de la pretensión impugnativa en examen la remisión a los términos en que se concretó, el objeto de la pretensión deducida en autos, resulta ineludible. Así en su demanda la actora claramente consignó que venía, a iniciar demanda, contra la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán por la suma de $ 44.330 con el interés correspondiente ".en concepto de indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, S.A.C., Integración del mes de Despido, Haberes adeudados, Diferencias salariales, Vacaciones, Indemnización Especial Ley Nº 25.561, Indemnización Ley Nº 24.013 y art. 80 de la L.C.T." (cfr. fs. 12); lo que la demandante concretó en números, mediante la planilla correspondiente, a fs. 13 de autos. Es decir que, de conformidad a los términos de la demanda, la actora planteó una acción de naturaleza laboral fundada, esencialmente, en la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas laborales quedando, con este alcance, determinada la pretensión de la actora. Y tanto ello es así que, la presente demanda, fue deducida originariamente ante el fuero laboral (cfr. fs. 14).

Efectuadas las precisiones que anteceden cabe preguntarse, ahora, si es posible jurídicamente que a una persona que prestó funciones en el Departamento Casino de La Caja Popular de Ahorros de la Provincia se le acuerde una indemnización por antigüedad y los otros rubros indemnizatorios que reclama fundados, principalmente, en la LCT. En mi criterio, la respuesta negativa se impone.

Ocurre que si, conforme se lo puso de resalto ut supra, las personas que cumplen funciones en dicho Departamento (como la actora) no se rigen por previsiones de la LCT (sin perjuicio de que aún con relación al personal de la Caja regido por esta última ley tampoco sea compatible a su respecto la existencia de un despido indirecto y, por ende, la procedencia de los rubros indemnizatorios de aquella normativa y demás legislación laboral -cfr. artículo 2° inciso d del Estatuto del Personal; CSJT: sentencia Nº 14 del 13/02/1997-), mal puede concedérseles indemnización, alguna, fundada en dicho régimen. Es que si no es, factible, desde el punto de vista jurídico la constitución de una relación de naturaleza laboral, en blanco, regida por las disposiciones de la LCT con relación a un sujeto que preste servicios en el Departamento Casino de la CPAP va de suyo que, tampoco, puede configurarse, a su respecto, una relación del mismo tenor en negro, como la que invoca Andrea Cecilia Acosta, que lleve a convalidar la legitimidad del despido indirecto y la procedencia de los rubros indemnizatorios que impetra. Por todo ello es que deviene no arreglada, a derecho, la aseveración de la recurrente de que la CPAP se encuentra habilitada por ley para tener trabajadores laborales (como pretende lo fue Ella en el sector Bingo) que puedan ser despedidos o darse por despedidos, con el derecho a las indemnizaciones correspondientes.

Por lo tanto, estando atada la suerte, de este litigio, al objeto demandado en autos por la parte accionante y siendo imposible jurídicamente, en la especie, reconocer a una persona que trabajó en el Departamento Casino de la CPAP el derecho a las indemnizaciones tarifadas de la LCT y demás legislación laboral, no cabe otra solución que confirmar, el rechazo, de la demanda resuelto en la sentencia en crisis por los fundamentos precedentemente explicitados.

En este orden de ideas no debe perderse de vista que si bien, el juez tiene la facultad de declarar el derecho, ello debe ejercitarse con estricta sujeción al principio de congruencia ya que no se encuentra autorizado, el magistrado, merced al principio iura novit curia a desnaturalizar o cambiar, la pretensión incoada, convertir la acción deducida en otra distinta, suplir la deficiencia en el planteo de la acción, introducir acciones no planteadas o acordar al actor lo que no pidió en su demanda. En ningún caso puede apartarse de la causa petendi para, reconocer y admitir, otra acción distinta a la instaurada.

La apelación al principio iura novit curia debe ser sin menoscabo del principio de congruencia pues, el juez, debe aplicar la norma inherente al caso pero, siempre, enmarcado dentro de las situaciones presentadas por las partes pues, tal adagio, no autoriza a cambiar la pretensión interpuesta ni a modificar los términos en que ha quedado trabada la litis. Lo contrario importaría conculcar la garantía de defensa en juicio y las reglas del debido proceso' (cfr. Arazi, Roland y Rojas, Jorge A.: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. I., pág. 101).

En la perspectiva de las consideraciones que anteceden queda claro que, lo dirimente en la especie, para la recta resolución del conflicto es descartar, la naturaleza laboral, de la relación que vinculó a la actora con la CPAP y establecer la imposibilidad de satisfacer, el objeto de la demanda, consistente en el reclamo de distintos rubros indemnizatorios de idéntica naturaleza sin que resulte, imprescindible, determinar con certeza la naturaleza de dicho vínculo (verbigracia, locación de servicios, empleo público de facto).

V.- Atento a las conclusiones inferidas, las peculiares circunstancias de la causa, la complejidad y naturaleza de la cuestión planteada, y los argumentos desarrollados en el recurso de casación todo lo cual bien pudo nutrir la convicción, de la recurrente, acerca del derecho a recurrir que le asistía, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen por el orden causado (cfr. artículos 89 del CPA y 105, inciso 1, del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto el voto del señor vocal preopinante doctor René Mario Goane, apartados I, III, IV, V y los puntos dispositivos. Asimismo, comparto y adhiero a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso del Apartado II, toda vez que ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, denuncia infracción normativa, se basta a sí mismo y se dio cumplimiento con el depósito (cfr. fs. 375).

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia Nº 1265 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I de fecha 20 de diciembre de 2011, glosada a fs. 368/372 vta. de autos, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como están consideradas.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.