Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26


JAGOU, Delmiro Livio contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 197 p 224-226. Santa Fe, 26 de mayo del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia de fecha 17 de agosto de 2001, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, en autos "JAGOU, Delmiro Livio contra PROVINCIA DE SANTA FE -C.P.L.- (Expte. 34/01)" (Expte. C.S.J. nro. 622, año 2001);

y, CONSIDERANDO:

1. Por sentencia de fecha 17 de agosto de 2001 la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad resolvió confirmar la sentencia recurrida que, a su turno, desestimó la defensa de prescripción interpuesta por la Provincia.

Contra dicho pronunciamiento interpuso la demandada recurso de inconstitucionalidad invocando arbitrariedad.

Señaló que en baja instancia se opuso al pago de la indemnización contenida en el artículo 33 de la ley 8525 en razón de que el reclamo administrativo previo fue interpuesto fuera del plazo de prescripción de la acción por el cobro de un crédito originado en la relación de empleo público, estimado en dos años (art. 256 L.C.T.) por guardar similitud con la establecida en el artículo 212 de la L.C.T..

Dentro del contenido en que quedó trabado el debate el a quo acogió la postura de la actora al considerar que el caso se rige por normas sustanciales no pertenecientes al sistema del derecho laboral, siendo el precepto aplicable el artículo 4023, primer párrafo del Código Civil.

Agregó que la arbitrariedad del fallo se advierte en cuanto, sin otro fundamento, remite a fallos de la Corte Suprema Provincial ("Pisani" y "Alarcón"), cuando dicho Tribunal en el primer caso señalado insinúa la posible adopción de nuevos criterios prescriptivos tanto para cuestiones salariales del empleo público, como para criterios de seguridad social.

Aseguró que la sentencia resulta manifiestamente inmotivada al no haber tratado los argumentos de su parte en relación a que la prescripción aplicable es la bienal, situación que se agrava si se considera que la materia se encuentra sometida al fuero laboral, donde resulta de aplicación indudable el artículo 256.

Continuó diciendo que el pronunciamiento ataca la garantía de defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional y de propiedad previsto en el artículo 17 de dicho cuerpo normativo, al generar una situación de privilegio para el actor por aplicación en la especie de una normativa no operativa en el ámbito del proceso, poniendo en crisis a la Administración Pública Provincial.

Aludió además a una ausencia de adecuada interpretación fáctico-jurídica de la cuestión sometida a estudio, al considerar inaplicable al caso las normas específicas en la materia con una inapropiada remisión a las normas del Código Civil, afectando ello los intereses de la colectividad por cuanto -dice- el pago debe cubrirse con el "dinero que aportamos todos", sustentando, a la sazón, el rechazo de la postura de su parte en una cuestión de interpretación de normas, sin valoración, análisis ni resolución sobre la gravedad institucional, afectando el interés colectivo.

Puntualizó que el fallo de Segunda Instancia no aplicó el derecho vigente e incurrió en excesivo rigor formal que lo descalifican como acto judicial.

En tal sentido, aludió a que la primera posibilidad de integración se presenta en la solución del caso a través de los principios de normas análogas; y si no fuere posible una solución analógica, entonces, la carencia puede ser integrada con recurso a los principios generales del derecho.

Apuntó que tratándose de un caso carente de regulación administrativa, los principios para solucionar el mismo han de buscarse primero en el derecho público provincial, de forma tal que debe recurrirse a la aplicación analógica de normas provinciales, seleccionando entre ellas, para el caso de varias semejantes, la que guarde mayor analogía material, luego recurrir a los principios del derecho público local (principios sectoriales), y por último recurrir a los principios del derecho común.

Siguiendo con esa línea de razonamiento, prosiguió afirmando que para determinar cuál es el derecho común en el caso donde buscar los principios a partir de los cuales construir la solución, es necesario determinar la naturaleza o elementos esenciales del caso carente de regulación, que versa sobre el plazo prescriptivo para la percepción de la indemnización contemplada en el artículo 33 de la ley 8525.

En esa tesitura, enfatizó que el caso puede ser analizado en primer lugar desde la "naturaleza de la vinculación cuya ruptura origina la percepción de la prestación económica" advirtiendo al respecto que existiendo en el ámbito del derecho laboral una regulación que contempla un caso similar, es posible afirmar allí la existencia de principios generales afines con el caso carente de regulación y, consecuentemente, la solución debería construirse a partir de los principios previstos en el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, con lo cual el caso debería de haber sido solucionado mediante la aplicación del plazo de prescripción bienal previsto en aquel orden común.

Manifestó también que, de verse desde el punto de vista de la "naturaleza de la prestación económica contemplada", puede afirmarse que se perfeccionan en ella todos los elementos que habilitan considerarla como una prestación de seguridad social y por ende buscarse la solución en sus principios.

Y por último -remarcó- prescindiendo de estos dos puntos de vista, atendiendo al elemento genérico constituido por la "existencia de una deuda exigible", recurriendo para la integración de la carencia a los principios del derecho civil aplicando el plazo previsto en el artículo 4023 del Código Civil, el intérprete deja de lado el principio esencial que debe orientar la labor de integración que ordena construir la solución a partir de los principios imperantes para casos o situaciones jurídicas que encontrándose regulados guarden la más mínima o estrecha vinculación al caso carente.

Concluyó expresando que al aplicar los principios reguladores del Código Civil a una situación jurídica, cuya naturaleza la torna asimilable a las situaciones reguladas por el derecho laboral o en su caso, por el derecho de la seguridad social, a la vez que se olvidan los principios que deben guiar la sana integración del derecho, se insiste en la reiteración de un anacronismo histórico que pretende erigir al derecho civil como derecho común, cuando ha sido desplazado de ese rango preponderante por la aparición y consolidación de otros órdenes jurídicos que se erigen como derecho comunes en sus respectivos ámbitos y que en el caso, reclaman aplicación preferente en la integración del sistema jurídico.

La referida impugnación fue denegada por el A quo (fs. 24/25); ante tal denegatoria, la perdidosa acudió por vía de queja ante esta sede (fs. 28/32).

2. La postulación de la recurrente cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria.

Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Admitir la queja y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad.

Disponer que por Presidencia se ordene la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)