Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-04-29


Nº 539 / En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. MARÍA LUISA LUCAS y RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente:

"IRIGOYEN ALBERTO ERNANI C/ LABORATORIOS ARMSTRONG S.A.C.I.F. S/ SUMARISIMO (ART. 52 LEY 23551)", Expte. Nº 53.409, año 2003, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 367/371 vta.

C U E S T I O N E S I.- ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal, en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada a fs. 367/371 vta., contra la resolución dictada a fs. 359/360, por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad.

Recibida la causa, la misma se radica a fs. 381 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, integrada definitivamente con los suscriptos a fs. 395.

A fs. 384 y vta. emite su dictamen N° 671/03 el señor Procurador General; a fs. 388/391 vta. se glosa memorial potestativo presentado por el actor y a fs. 400 se llama autos para sentencia, quedando la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- En el análisis de la concurrencia de los extremos que habilitan esta instancia extraordinaria, advierto que el recurso en trato ha sido anunciado e interpuesto en término por la parte legitimada para recurrir, siendo dable atribuir naturaleza definitiva a la resolución impugnada, toda vez que implica que la cuestión interesada en la sentencia de grado inferior no podrá renovarse en otra oportunidad o en otro juicio.

En tal sentido, se ha dicho que todo pronunciamiento de segunda instancia que implique dejar firme una resolución de grado inferior, debe reputarse sentencia definitiva y, por tanto, materia de recurso extraordinario, si la última también participa de esa calidad (conf. SCBA, DJBA, v. 118, p. 63, cit. en Morello y otros, "Códigos Procesales ...", T. III, p. 534, edic. 1988 y Sent. Nº 128/99). Sentado ello, se impone el examen de los agravios que motivan el recurso.

Sostiene el recurrente que el fallo impugnado carece de la debida fundamentación, pues omite considerar una cuestión esencial, cual es que más allá de la simple invocación del art. 476 del CPCC a este proceso, el mismo no ha tramitado por la vía sumaria y menos aún sumarísima que prevé dicho precepto, sino que se ha ordinarizado y, en el mejor de los casos, ha sido conducido en el marco de la Ley 2383, con el consentimiento y aceptación de ambas partes y por el impulso y trámite dado por la jueza.

Destaca que ejemplo de ello, es que el recurso de apelación se concede, se otorga un plazo de cinco días para expresar agravios y se ordena su notificación personalmente o por cédula, lo que no está previsto en el procedimiento sumario ni en el sumarísimo.

De ahí que entiende que la aplicación intempestiva a un recurso que no estaba sustanciado por esa norma, implica una sorpresa procesal que afecta directamente el derecho de defensa de su parte protegido por el art. 18 CN, recogiendo favorablemente una caducidad de instancia que, como todo modo anormal de terminación del proceso, debe ser de interpretación restrictiva, con afectación al derecho al debido proceso, desde que se veda al acceso a la segunda instancia, garantizado por el pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía constitucional (conf. art. 75, inc. 22 CN).

Por último, insiste en que todo el trámite se ajustó a la ley de procedimientos laboral, indicando a título de ejemplo los actos expresos del Tribunal en ese sentido y convalidados por las partes, razón por la cual, alega que la providencia de fs. 16 invocada por los jueces de la Cámara quedó preterida por la tramitación del proceso descripta, dentro del marco de la Ley 2383.

Dada la reseña de los agravios esbozados, en forma liminar he de precisar que la cuestión traída por vía del presente recurso es de aquéllas que, en principio y por razón de su naturaleza fáctica y procesal, se encuentran excluidas de revisión en la instancia extraordinaria.

En tal sentido, el más Alto Tribunal Nacional ha establecido -en doctrina aplicable al recurso extraordinario local- que: "No compete a la Corte Suprema juzgar sobre el acierto o error con que las Cámaras de Apelaciones aplican e interpretan disposiciones de índole procesal" (noviembre 6-1979, RED, 14-885, Nº 350) y más precisamente que:

"Las resoluciones que decretan la perención de instancia por versar sustancialmente sobre cuestiones de hecho y procesales, son irrevisables en la instancia extraordinaria . máxime si la decisión no excede, más allá de su acierto o error, el límite de lo opinable y es insusceptible de la tacha de arbitrariedad formulada." (septiembre 30-1980, RED. 14, p. 882, Nº 316, cit. en Sent. Nº 102/94 y Nº 227/01, entre otras).

Desde este cuadrante, si bien cabe reconocer excepciones al principio de irrevisibilidad, como cuando el fallo comporta una decisión arbitraria y, por ende, conculcatoria de derechos constitucionales, tengo para mí que no corresponde tal calificación para la hipótesis de marras, toda vez que los agravios esgrimidos resultan ineficientes para sustentar el remedio extraordinario, al constituir el planteamiento de una cuestión novedosa.

Ello así, dado que la imputación formulada en orden a que los sentenciantes han prescindido del examen de un aspecto esencial para dar solución a la cuestión, cual es que más allá de la simple invocación del art. 476 del CPCC a este proceso, el mismo no ha tramitado por la vía sumaria y menos aún sumarísima que prevé el ritual, sino que se ha ordinarizado y tramitado en el marco de la Ley 2383, con el consentimiento y aceptación de ambas partes y por el impulso y trámite dado por la jueza, es introducida por primera vez a través del escrito que consideramos.

Tal cuestión, precisamente por no haber sido planteada a los jueces de mérito resulta inatendible, pues como lo ha señalado esta Sala en diversos fallos si los planteos no fueron efectuados con anterioridad al dictado de la sentencia, no pueden ser esgrimidos por vía del recurso extraordinario (conf. Resol. Nº 143/91; Sent. Nº 84/92, entre otras).

En efecto, conforme surge de las constancias de autos, a fs. 312 se presenta el actor e invoca el precedente sentado por esa misma Sala de la Cámara en la sentencia interlocutoria Nº 02/95, dictada en los autos "Irigoyen Alberto E. c/ Laboratorios Armstrong SACIF y/o quien resulte responsable s/ juicio sumarísimo", que hizo lugar a la caducidad de la segunda instancia por entonces planteada por el apoderado de la demandada, tomando como plazo el de tres meses, por lo que, habiéndose cumplido en autos con exceso dicho término sin que la actora hubiera instado o urgido las actuaciones, solicita se opere el plazo de caducidad de la segunda instancia previsto en el art. 290, inc. 3º del CPCC.

Conferido el pertinente traslado, el mismo es contestado por la demandada a fs. 321/322 quien se limita a peticionar el rechazo del planteo efectuado por la contraria, señalando que el art. 146, inciso b de la Ley 2383, prevé un plazo de seis meses para la caducidad de segunda instancia, término que no se encontraba cumplido en autos; mas ninguna referencia realiza con relación a lo manifestado por el actor ni a las peculiaridades de la causa, en que pretende sustentar ahora su planteo nulidicente.

De tal modo, resulta tardía la tacha de arbitrariedad que el quejoso pretende endilgar a la sentencia dictada por la Cámara, que acoge el pedido formulado por el actor partiendo de la premisa: "Que, en autos se promovió acción de reinstalación prevista por el art. 52 Ley 23.551, la que tramita por vía sumarísima y por remisión del art. 47 de dicha ley, le son aplicables las disposiciones del proceso sumarísimo (Art. 476 C.P.C.C.), trámite éste impreso por el Tribunal a fs. 16.

Ello así, resulta de aplicación en el caso el plazo de caducidad previsto para los procesos sumarios y sumarísimos por el art. 290 inc. 3) del C.P.C.C.", y constatado que desde la última diligencia útil del trámite de apelación (fs. 311), hasta el planteo de caducidad (fs. 312), la apelante no activó el trámite recursivo, encontrándose superado el plazo de tres (3) meses que habilita la procedencia de la perención de segunda instancia prevista en la normativa citada, se pronuncia por la admisión del planteo de caducidad de segunda instancia formulado por el actor respecto del recurso interpuesto por la demandada a fs. 309 y concedido a fs. 311, dejando firme, en consecuencia, la sentencia dictada a fs. 281/308.

Máxime cuando tales argumentos no logran ser conmovidos por el escrito que consideramos, el cual sólo traduce la discrepancia del recurrente, respondiendo las impugnaciones deducidas a su personal criterio y a una diferente postura en orden al alcance que cabe acordar a la normativa procesal en cuestión.

Al respecto señala Sagüés que: "No cualquier agravio o perjuicio es reparable por medio del recurso extraordinario. El "agravio atendible" excluye la consideración de ciertos perjuicios, como los inciertos, los derivados de la propia conducta del recurrente ." ("El Recurso Extraordinario", T. 1, Edit. Astrea, 1992, pág. 496).

Por su parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene doctrinado que: "No puede considerarse el planteo que no fue sometido al a-quo al expresar agravios ni al contestar los de su contraria pese a que pudo hacerlo" (Fallos 301:734; 306:357).

En razón de lo establecido, me expido por la desestimación del recurso en trato, votando negativamente a la primera cuestión. ASÍ VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se desestime el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada a fs. 367/371 vta., contra la resolución dictada a fs. 359/360 por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad.

Las costas devengadas en esta instancia, atento al resultado que propicio y lo normado por el 129, segundo párrafo, de la Ley Nº 2383, deberán imponerse al demandado vencido.

La regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, deberá efectuarse tomando como base el salario mínimo, vital y móvil y de conformidad a las pautas de los arts. 3, 4, 6, 7 y 11 de la Ley de Aranceles. Efectuados los cálculos pertinentes, los estimo de la siguiente manera:

Dra. Verónica Sudar Klappenbach, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00), como patrocinante; Dr. Jorge Daniel Sudar, en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA ($ 140,00), como apoderado; Dra. Patricia Bártoli, en las sumas de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 245,00), como patrocinante, y de PESOS CIENTO SETENTA Y UNO ($ 171,00), como apoderada. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

III.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

En punto a resolver el fondo de la cuestión implicada en el recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada, manifiesto que no comparto el análisis y la conclusión arribada por la señora jueza de primer voto, por lo que dejo planteada formal disidencia en los términos que seguidamente expondré.

En consecuencia, abocado al tratamiento de los agravios sintetizados en el voto que antecede -los que doy por reproducidos en este estadio- y teniendo en cuenta los fundamentos del fallo recurrido, anticipo desde ya que voy a propiciar el acogimiento del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, en coincidencia con lo dictaminado por el Sr. Procurador General, por entender que el caso encuadra en la excepción a la regla general expuesta "supra", toda vez que el pronunciamiento impugnado revela un exceso ritual susceptible de lesionar el derecho invocado por la recurrente (conf. Sent. Nº 128/01 de esta Sala).

En efecto -y tal como surge de los párrafos del decisorio transcriptos por la magistrada preopinante-, señalan los sentenciantes que en autos se promovió acción de reinstalación prevista por el art. 52 de la Ley 23.551, la que tramita por vía sumarísima y que por remisión del art. 47 de dicha ley, se rige por las disposiciones del proceso sumarísimo (art. 476 del CPCC), trámite impreso por el Tribunal a fs. 16, de lo que infieren que resulta de aplicación el plazo de caducidad previsto para los procesos sumarios y sumarísimos por el art. 290 inc. 3) del C.P.C.C.

Por tal motivo, y teniendo en cuenta que desde la última diligencia útil del trámite de apelación (fs. 311), hasta el planteo de caducidad (fs. 312), la apelante no activó el trámite recursivo, encontrándose superado el plazo de tres (3) meses que habilita la procedencia de la perención de segunda instancia prevista en la normativa citada, concluyen que cabe hacer lugar al planteo de caducidad de segunda instancia formulado por el actor, respecto del recurso interpuesto por la demandada a fs. 309 y concedido a fs. 311, declarando firme la sentencia dictada a fs. 281/308.

Ahora bien, a fin de analizar si en la interpretación de la norma en juego, la Sala actuante ha incurrido en la causal de arbitrariedad invocada, cabe recordar que el concepto de "exceso ritual manifiesto", como una de las formas de sentencia arbitraria, fue sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del conocido caso "Colalillo" (Fallos 238:550), por no constituir una derivación razonada del derecho vigente y resultar incompatible con la regla del debido proceso, señalando Bertolino que puede concretarse de diversas maneras, a cuyo fin cita la opinión de Linares ("Recurso Extraordinario y ritualismo", JA, doctrina 1975-464), quien las clasifica sustancialmente en dos:

en el análisis y apreciación de la prueba, y b) al evaluar las normas aplicables al caso, o si elegidas las normas aplicables, se las efectiviza con interpretación literal injusta.

Lo primero afecta a cuestiones de hecho; lo segundo, a asuntos de derecho (Derecho Procesal Constitucional, "Recurso Extraordinario", t. 2, ed. Astrea, Bs. As., 1992, p. 281 y sgtes., cit. en Sent. Nº 128/01).

Por aplicación de los principios en los que se sostiene la doctrina expuesta, resulta que la decisión de la Cámara se aparta de las constancias concretas del expediente y frustra la vía utilizada por el justiciable sin fundamentación adecuada, ya que le asiste razón cuando advierte que el trámite impreso al recurso de apelación se ajustó a la ley de procedimientos laboral, actitud que por otra parte resulta congruente con innumerables actos dispuestos por el Tribunal y consentidos por ambas partes durante el curso de estos actuados, que se iniciaron el 05/04/95, recayendo sentencia de primera instancia recién el 30/03/01, todo lo cual denota que no se han respetado en modo alguno los plazos que para los juicios sumarísimos prevé el art. 476 del CPCC, razón por la cual, el planteo de caducidad de segunda instancia formulado por el actor bajo el amparo de dicha normativa, contraviene su propia conducta asumida durante la sustanciación del proceso.

Prueba de ello, lo constituye el consentimiento de la providencia de concesión del recurso de apelación de fs. 311, que pone los autos a disposición del apelante para que exprese agravios en el término de cinco días.

De tal modo, como lo advierte el representante del Ministerio Público, el argumento utilizado ". no se ajusta a las circunstancias comprobadas de la causa donde por providencia firme el mismo órgano jurisdiccional que concedió el recurso de apelación, dispuso que en el término de cinco días exprese agravios la apelante y ordenó que la notificación se practique personalmente o por cédula; ni aparece correlacionado con el trámite acordado por el Juzgado a la acción instaurada reflejado en la periodicidad de los actos procesales cumplidos por las parte litigantes, todo lo cual priva de fundamento razonable a la conclusión arribada.

Ello desde el momento que al aplicar estrictamente la norma procesal en cuestión, tal interpretación aparece como una aplicación mecánica de un principio procesal más allá del ámbito que le es propio y por esta vía se culmina en la frustración ritual del derecho de la demandada a obtener la revisión jurisdiccional de su pretensión." (fs. 384 vta.).

No obsta a la conclusión arribada, lo argüido por el actor en su presentación de fs. 312 y reiterado en el memorial potestativo -a fs. 391-, en torno a que la decisión de la Cámara se funda en su propia doctrina sentada en el Expte. Nº 409/94, que hizo lugar a la caducidad de la segunda instancia por entonces planteada por el apoderado de la demandada, tomando como plazo el de tres meses, toda vez que dicha postura, luego receptada por la Cámara, confiere una inteligencia cerradamente literal a la normativa procesal, haciendo aplicación de la que gobierna los procesos sumarísimos (arts. 476 y 290, inc. 3º del CPCC), en base al trámite impreso a la causa en la providencia de fs. 16, mas omite valorar las circunstancias concretas de la causa, lo que conlleva un excesivo rigorismo formal que provoca la frustración del derecho de defensa, del debido proceso y a un adecuado servicio de justicia, derechos constitucionales cuyo resguardo constituyen la base de la doctrina de la arbitrariedad.

En razón de lo establecido, me expido por la procedencia del recurso en trato, votando afirmativamente a la primera cuestión. ASÍ VOTO.

IV.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada a fs. 367/371 vta., contra la resolución dictada a fs. 359/360 por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad. En consecuencia, deberán devolverse los autos a dicho Tribunal para que la Sala que corresponda dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 del Decreto Ley 1407/62).

Las costas devengadas en esta instancia, atento al resultado que propicio y lo normado por el 129, segundo párrafo, de la Ley Nº 2383, deberán imponerse al actor vencido, difiriéndose la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, para la oportunidad en que se dicte nuevo pronunciamiento. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

V.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. ALBERTO MARIO MODI, DIJO:

Llamado a dirimir la disidencia suscitada entre los señores jueces de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, dejo anticipado desde ya que voy a compartir la solución propuesta en su voto por el Dr. Ramón Rubén Ávalos.

Ello así, pues considero que el fundamento jurídico brindado por la Cámara para decretar la caducidad de segunda instancia peticionada por el accionante, desconoce la naturaleza y particularidades del caso concreto sometido a su decisión, lo que se traduce en un excesivo rigorismo formal incompatible con el adecuado servicio de justicia.

En ese orden de ideas, como bien lo pone de manifiesto el Sr. juez de segundo voto, la sola circunstancia de que por providencia de fs. 16 se haya impreso a la causa el trámite de los juicios sumarísimos (art. 476 del CPCC), de conformidad a las previsiones de los arts. 52 y 47 de la Ley Nº 23.551, no puede conducir a la inexorable conclusión de que una vez constatado el transcurso del plazo de tres meses previsto por el art. 290 inciso 3º del CPCC, cabe decretar la caducidad de segunda instancia, soslayando de tal modo las constancias concretas de la causa a que hace referencia el Dr. Ávalos en su voto y descriptas por el recurrente en su memorial de agravios;

fundamentalmente, el trámite acordado al recurso de apelación para cuya consideración arribó la causa a la Cámara de Apelaciones, todo lo cual fuera consentido por el actor, de manera tal que el acuse de caducidad formulado, contraviene su propia conducta asumida en la causa.

Y si a ello se suma la circunstancia que lo decidido implica -bajo una apariencia formal-, la clausura definitiva de la vía procesal intentada por el interesado, eventualmente apta para revisar un pronunciamiento que puede causar un agravio irreparable, ello torna procedente el recurso deducido, sin perjuicio de la suerte que merezcan los agravios desarrollados frente a la decisión de la instancia inferior, tema exclusivo de los jueces de la segunda instancia.

En virtud de lo expuesto, hallando configurada en la especie la causal de arbitrariedad invocada por el recurrente, emito mi opinión en el sentido que debe hacerse lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido, adhiriendo específicamente -tal lo adelantara- a la opinión vertida por el señor juez de segundo voto, por compartir los fundamentos de hecho y de derecho expuestos. ES MI VOTO.

VI.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. ALBERTO MARIO MODI, DIJO:

Teniendo en cuenta la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, para definir la disidencia adhiero a la propuesta del Dr. Ramón Rubén Ávalos, acerca de que debe acogerse el recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada a fs. 367/371 vta., contra la resolución dictada a fs. 359/360, por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad.

Por encontrarse ajustada a derecho, presto también específica adhesión a la propuesta del citado magistrado en orden a la imposición de costas y al diferimiento de honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, de lo que doy fe.

MARIA LUISA LUCAS RAMON RUBEN AVALOS JUEZ PRESIDENTE SALA 1ra. CIV., COM. Y LABORAL SALA 1ra. CIVIL, COM. Y LABORAL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA Dr. ALBERTO MARIO MODI PRESIDENTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA	S E N T E N C I A Nº 539 RESISTENCIA, abril 29 de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada a fs. 367/371 vta., declarando en consecuencia, la nulidad de la resolución dictada a fs. 359/360 por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad.

II.- DEVOLVER los autos a dicho Tribunal para que la Sala que corresponda dicte nuevo pronunciamiento.

III.- IMPONER las costas de esta instancia al actor.

IV.- DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales, para la oportunidad establecida en el Acuerdo que antecede.

V.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación al señor Presidente de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad y remítase copia autenticada de la presente a la señora Presidenta de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos conforme lo ordenado en el punto II.

FDO: MARIA LUISA LUCAS- RAMON RUBEN AVALOS - ALBERTO MARIO MODI