marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de obra pública, contratista, carga, teoría de la imprevisión, conservación de suelos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Industriales y Civiles S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 788 año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-18

No puede prosperar el pedido de la empresa actora de que se le reconozca el pago de "demasías" ejecutadas en los trabajos adicionales ordenados por resolución administrativa, desde que en el caso, si bien la empresa contratista informó y precisó los rubros cuyo reconocimiento ahora demanda mediante una nota de pedido en la que informaba cuáles eran, a su criterio, los volúmenes finales de los ítems "suelo cemento", "excavación con retiro" y "suelo compactado", este pedido no estaba orientado, concretamente, a instar el acto de medición de los trabajos referidos. Y, de interpretarse que implícitamente así se lo estaba solicitando, debe señalarse que en las actuaciones administrativas no consta ninguna otra gestión orientada a insistir en ello -lo que se tornaba particularmente urgente atento la "inminente finalización" de los trabajos- ni, en fin, a producir alguna medición fehaciente que trascendiera la sola apreciación de la contratista -ya que más tarde sería de difícil producción-.
Accidentes de trabajo, reagravación
Materia: LABORAL
Carátula: ROMANO, CEFERINO c/ EXPRESO QUILMES  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

Para que sea admitida la acción de reagravación, concepto jurídico por oposición al de agravamiento que tiene connotación médica, es necesario que la misma se manifieste después de haberse dictado sentencia que fijara el monto indemnizatorio.
Marcas, cotejo de marcas, oposición al registro de marca, marcas confundibles, actuaciones administrativas
Materia: COMERCIAL
Carátula: VALERIN INDUSTRIA TEXTIL c/ INDUSWHEEL SA s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

El contenido del dictamen sobre la "registrabilidad" (art. 12, Ley 22.362), se relaciona con las exigencias de los arts. 1, 2 Y 3, incs. C), d), e), f), g), i) y j), de la citada ley, que son susceptibles de ser verificadas aun antes de agregarse los antecedentes relativos a otras marcas idénticas o similares, o de mediar alguna oposición (ver art. 13). Por consiguiente, no resulta una exigencia del procedimiento marcario que el INPI, antes de conceder una marca, cuente con un dictamen que señale la no existencia de confundibilidad entre la marca solicitada y otras anteriores que figuren en los antecedentes o que sea mencionada en un llamado de atención. Y, con relación a este último, esta sala ha decidido -citando la opinión del Dr. Otamendi- que el llamado de atención no obliga al INPI, ni traba el registro de la marca en cuestión (ver causas 4164/93 y 1256/94, resueltas el 30.6.94, con voto en primer término del Dr. Craviotto). Es suficiente que los antecedentes figuren en las actuaciones administrativas antes de que se proceda a la concesión de la marca solicitada y que el llamado de atención quede incorporado a ellas.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, sentencia ultra petita
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 1 s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos Ramírez, Jorge Hernán y otro s/ infr. art.  149 bis, amenazas -CP- (p/L 2303)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-29

Corresponde hacer lugar a la queja deducida por el MPF, porque los agravios articulados vinculados al exceso jurisdiccional en que, afirma, incurrió la Cámara-al expedirse acerca de cuestiones que no le habían sido propuestas al juez de primera instancia-, comprometen el margen de actuación que el art. 106 de la CCBA libra a los jueces para resolver las "causas" que son puestas a su consideración. (Voto en disidencia del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cabello, Zulema s/ Sucesión testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-06

En materia de acuerdos entre el abogado y su cliente, para determinar la retribución por la tarea profesional encomendada, cabe hacer la diferencia entre los denominados convenios por honorarios y los pactos de cuota litis, pues mientras en los primeros (art. 3 dec. ley 8904/77) solamente se acuerda convencionalmente la retribución del letrado, en los segundos (art. 4, dec. ley cit.), el profesional se hace participe del resultado del juicio por lo que, en esta última modalidad, el alea o incertidumbre del litigio por venir, es de la esencia misma del pacto, ya que la retribución del abogado dependerá siempre del resultado del pleito, pudiendo convenirse que el profesional asuma sólo el riesgo o se haga cargo también de los gastos del proceso y la eventual condena en costas causídicas, alcanzando en uno y otro caso topes equivalentes a la tercera parte o la mitad del resultado líquido del juicio, según la forma estipulada.
Competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, juicio ejecutivo, excepción de incompetencia, acción cambiaria, contrato de obra pública, aplicación de la ley, Superior Tribunal de Justicia, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ingeniero Pell Construcciones S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecutivo (Expte CSJ Nº 713-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-06

Si bien es aceptado tanto doctrinaria como jurisprudencialmente que la competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado, es también criterio del máximo Tribunal nacional, que para la dilucidación del tema no basta con indagar la naturaleza de la acción a fin de determinar su carácter civil; es necesario además, examinar su origen como así también la relación de derecho existente entre las partes. Trasladando esos conceptos a la especie, debe consignarse que de las constancias de la causa surge que, si bien el elemento que constituye la base de la demanda en autos es un título de crédito -pagaré- y que, por ende, se regiría por normas específicas de derecho privado, la misma actora reconoció que dicho título cartular tuvo su génesis en la relación jurídica que vinculó a las partes, es decir en la renegociación de las deudas mantenidas en virtud de un contrato de obra pública, negocio jurídico que -como era sabido por ambos contratantes- estaría regulado por las disposiciones de la ley provincial 5188. Y ello es lo que fue valorado en su oportunidad, tanto por el Sentenciante de primera instancia como por la Cámara de Apelación, para concluir que en la causa se estaba discutiendo una cuestión cuya naturaleza era contencioso administrativa, razón por la cual, consideraron que estaba en juego la competencia que el artículo 93 inciso 2 de la Constitución de la Provincia atribuye a la Corte. (De los Fundamentos del Dr. Alvarez)
Sucesiones, impugnación de los fundamentos, inventario y avalúo, colación, doctrina de los actos propios, costas en el orden causado
Materia: CIVIL
Carátula: AYLLON, Sebastián c/  s/ SUCESORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-23

La colación es el acto por el cual un heredero legitimario exige a otro heredero forzoso traiga a la masa partible el valor de la donación que en vida le dio el causante, ello no importa la pretensión de dejar sin efecto la donación, manteniendo el beneficiario, la propiedad del bien donado, sino que todo se resuelve con una operación contable cuando se realiza la cuenta particionaria, computando el valor, sumándolo a la masa partible e imputándolo a la hijuela del heredero obligado, que establecerá si hubo exceso o no en la cuota hereditaria del donatario. (Vidal Taquini, Carlos H.; En defensa del derecho de los herederos legitimarios, La Ley DJ 13/04/2011, 9 - DFyP 2011 - mayo-,135).

La jurisprudencia tiene dicho que nuestro procedimiento de apelación se caracteriza como una revisión dentro de los límites ya fijados en la instancia de origen, por lo que no puede el Tribunal expedirse sobre cuestiones que no fueron previamente planteadas en primera instancia (CApelCC Salta, sala IV, t. XXVIII, fº 358; id. t. XXXVI-S, fº 160).

La teoría de los actos propios constituye una regla de derecho, derivada del principio general de la buena fe, que sanciona como inadmisible toda pretensión lícita pero objetivamente contradictoria respecto del propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto.

Ello es así por cuanto no sólo la buena fe sino también la seguridad jurídica se encontrarían gravemente resentidas si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro y luego procura cancelar parcialmente sus consecuencias para aumentar su provecho.

Nadie puede ponerse de tal modo en contradicción con sus propios actos y no puede ejercer una conducta incompatible con la asumida anteriormente (Borda Alejandro, Calificación de bienes y teoría de los actos propios, La Ley - DJ 26/02/2014, 13).

Si la resolución en crisis hizo lugar parcialmente a la impugnación formulada, existe por ello vencimiento parcial y mutuo y no es posible establecer en este estado de proceso, si las derrotas son equivalentes, resultando acertado por ello, el criterio de la juez en grado, quien consideró aplicable el art. 71 del CPCC.
Honorarios del abogado, contratos de tracto sucesivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Editorial Río Negro S.A c/ F., A. P. R. s/ sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-12-27

La retribución del abogado por representar a su cliente en un proceso judicial se encuentra satisfecha con el pago de la asignación fija mensual pactada entre las partes, pues para revertir ello el letrado debió alegar y probar que el juicio referido fue ajeno a los asuntos para los cuales fue contratado de forma periódica, mas aun si tampoco probó la existencia de una cláusula contractual según la cual esa asignación fija no perjudicaba percibir honorarios judiciales cualquiera fuere el resultado sobre imposición de costas.
Contrato de trabajo, tareas de limpieza, estudio jurídico, actividad normal y específica propia del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: ENRIQUEZ  Rosa  Noemí  y otros c/ AMERICA SERVICIOS S.R.L. y Otro s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-28

Las tareas de limpieza no hacen a la actividad normal y específica propia de un estudio jurídico (establecimiento). Un estudio jurídico no es una empresa de limpieza que en el marco del art. 30 L.C.T. pueda ceder, contratar ni subcontratar servicios de limpieza.
Despido sin causa, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Yañez, Victor Daniel y otros c/ Radiodifusora Salta S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-06-23

Cuando la conducta del empleador al momento del despido injustificado, causa un daño al trabajador que resultaría indemnizable aún en ausencia de la relación laboral que los vincula, dicha responsabilidad no se satisface mediante el simple pago de la indemnización tarifada. Para que este pago adicional sea procedente se debe probar la existencia concreta de tal perjuicio excepcional invocado, o de una conducta genéricamente comprendida en los artículos 1072, 1078 y 1109 del código civil.
Prueba de la filiación, prueba biológica
Materia: CIVIL
Carátula: W., N.I. c/ A., A.A. s/ Filiación Paterna Extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-10-22

Cuestionar la eficacia probatoria de la prueba biológica por el sistema H.L.A. al presente nivel de desarrollo científico carece de asidero. Si alguna crítica se le ha dirigido ha sido dejando a salvo lo incuestionable de la teoría científica base del examen -que las personas, a excepción de los gemelos idénticos, no pueden tener nunca el mismo A.D.N.-, para orientarla a la fiabilidad de las técnicas empleadas.
Universidades, sanciones administrativas, docentes, ley derogada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Riccomi, Humberto Alfredo s/ art. 40 - ley 22.140.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06

La conducta reprochada debe ser merituada sobre la base de las previsiones de la ley 22.207, vigente al momento de comisión de los hechos, aún cuando hubiera sido derogada al tiempo de adoptarse la sanción y aunque se trate del ejercicio del poder disciplinario sobre el agente público, sometido a un régimen estatutario en el cumplimiento de su función docente.
Juicio ejecutivo, concursos, cheque, verificación de créditos
Materia: PROCESAL
Carátula: TOMASPOLKY, ENRIQUE c/ EL CHANGO SUPERMERCADOS INTEGRALES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-09-05

Todos los acreedores deben formular su petición, acompañando sus títulos justificativos ofreciendo toda la prueba y su producción, persiguiendo con ello conocer la verdad comercial, la causa de la obligación, por más que se trate de títulos de carácter abstracto. Si bien lo que se pretende verificar es una sentencia dictada en un juicio ejecutivo y dado que la misma produce efecto de cosa juzgada en sentido formal el actor debió probar la causa de la obligación dado el estrecho marco cognoscitivo del proceso de ejecución. La cosa juzgada no alcanza el concurso en su ámbito de validez personal, el concurso es tercero en la especie, por tanto lo que se resolvió en el juicio ejecutivo contra el concursado no vale ante el concurso, de modo que la sentencia favorable no excusa el deber de tramitar la verificación, invocando ciertamente esa sentencia, pero quedando sometida a la indagación que debe hacer el síndico, de manera semejante al tratamiento dado a los restantes pedidos de verificación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Querellante particular, auto de procesamiento, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: AUTORES DESCONOCIDOS S.D HOMICIDIO, LESIONES GRAVES, DAÑO CALIFICADO Y OTROS ILICITOS A DETERMINAR E.P EXEQUIEL MELIAN Y OTROS. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-07

La limitación recursiva respecto de la resolución de mérito incriminatorio dictado en un proceso penal no le priva al querellante particular del derecho de ser oído, ni se lo coloca por ello en una situación de desigualdad con relación a las otras partes del proceso que no tenga sustento en la peculiar naturaleza que asume en la ley procesal las atribuciones que se han reconocido al acusador particular, quien por lo demás en el curso del proceso puede obtener la satisfacción de sus pretensiones, particularmente en la etapa del juicio.
Inconstitucionalidad, secuestro de bienes, recursos, tribunal de alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Santander Rio S.A. c/ Botto, Stella Maris  s/ secuestro prendario - art. 39 ley 12.962
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-11-13

Aun cuando la inconstitucionalidad de una norma no sea un capítulo propuesto en la primera instancia y tampoco introducido en la expresión de agravios, razón por la cual la Alzada en principio estaría impedida de fallar al respecto (art. 269 CPCC), cabe destacar que no se requiere un planteo expreso de la parte interesada, pues como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente -iura novit curia- incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución.
Asistencia médica, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOKOL SERGIO c/ SARACHO CORNET Y OTRO s/ ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-12-09

La falta de servicio de terapia intensiva no configura circunstancia atributiva de su responsabilidad de la clínica. Si ésta se encuentra habilitada para funcionar, la indisponibilidad de un servicio que no se ha juzgado esencial para su habilitación no configura una circunstancia antijurídica. No hay antijuricidad en la conducta que consiste en la admisión de la internación de una paciente para realizarle una cesárea y miomectomía no teniendo servicio de terapia intensiva. En todo caso cabría atribuir según el caso, imprudencia, negligencia o impericia al profesional que elige la clínica para operar si es que se concibe que la disponibilidad de aquel servicio es imprescindible o cuando menos prudente en el caso concreto. Otra cosa es si la realización de la práctica quirúrgica efectuada viola o no algún principio de prudencia, si es así, no cabe extraer de ello una imputación de responsabilidad de la clínica a título subjetivo.- (Del voto del Dr. Bordenave por sus fundamentos).
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cerutti Estela Fermina c/ Ibarra Gabriel Eduardo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-26

Si bien la interrupción de la prescripción se debe tener por no sucedida cuando se produce la deserción de la instancia, no cabe tener por la prescripta la acción si se ha iniciado una nueva demanda cuando todavía no se hallaba perimida la instancia ni borrados los efectos interruptivos de la anterior, aunque ya hubiese transcurrido el plazo correspondiente, en razón de que la caducidad no se produce de pleno derecho. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cheque sin fondos, intención de pago, interpelación
Materia: PENAL
Carátula: JAROSLASKY, JOSE MARIA s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-02

Existiendo una relación habitual entre el librador y el querellante no se puede aceptar la imposibilidad de pago del cheque rechazado fundado en deficiencias de la interpelación, ni la supuesta intención de pago del querellado al punto que a casi tres años de iniciada la causa no consta que tal disposición de ánimo se haya consagrado en los hechos.
Proceso contravencional, suspensión del juicio a prueba, oportunidad procesal, facultades del juez, homologación judicial
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: GOMEZ, Nicolás Matías s/ infr. Arts. 60 y 61 ley 1472 - Apelación .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-03

La solicitud de suspension del proceso a prueba rechazada por parte del juez a quo no implica afectación de las garantías constitucionales, en tanto es reproponible indefinidamente a lo largo del proceso, en la medida que se subsanen los defectos formales señalados.

En efecto el artículo 45 de la Ley Nro. 1472 no ha regulado específicamente la oportunidad procesal para realizar el acuerdo ni ha fijado un limite temporal para ello, y conforme lo establecido en el artículo 1ro. de la Ley de Procedimiento Contravencional "Toda persona imputada como responsable de una contravención, puede ejercer los derechos que este código le acuerda, desde los actos iniciales y hasta la terminación de la causa".

Es por ello que debe entenderse, que el imputado puede solicitar la suspensión del proceso a prueba desde los propios actos de la instrucción hasta la terminación del proceso.
Revocación de sentencia, declaración de inconstitucionalidad, ley provincial, facultades legislativas, protección de la vivienda, bienes inembargables
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Scavino, Matías Ariel c/ Tosetti, Luis Enrique y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

Corresponde revocar la resolución de grado que declaró la inconstitucionalidad de la ley 14432 de la Provincia de Buenos Aires puesto que entendió que esa provincia invadió las facultades conferidas al Congreso de la Nación por la CN 75-12°. Esa norma tiene por objeto la protección de la vivienda única y de ocupación permanente, disponiendo que todo inmueble ubicado en la provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única y de ocupación permanente es "inembargable e inejecutable", salvo renuncia expresa de su titular (art. 2°). El decreto reglamentario prevé que esa protección es efectiva sin necesidad de registración, siempre y cuando la vivienda sea de ocupación permanente, y exista razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar (arts. 1, 2, 3, 5, 6 decreto 547/13).
Enfermedad accidente, personas con discapacidad auditiva, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: ESTEBAN, VICTORIA c/ MANUFACTURA TEXTIL BOSSI  S.A.I.C. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-13

Una sordera de primer grado severa, que afecta la función social del sentido de la audición, causa un daño moral que no es preciso demostrar con otra cosa que la disminución auditiva misma.
Acción civil, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente
Materia: CIVIL
Carátula: Holzmann, Eleuterio Horacio c/ Supermercado Elva y Otro s/ Enfermedad/Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-07-03

Quien pretende exonerarse de responsabilidad, debe acreditar la existencia de otra causa capaz de producir ese resultado. A la víctima les es suficiente demostrar la relación de causalidad entre la "cosa" y el "daño", quedando a cargo el responsable la prueba de que el daño responde a otro origen o causa.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, despido, trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: ZUCCOLO, INDIANA RITA c/ GRAN RIO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 30 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-10

Corresponde rechazar la queja desde que toda la argumentación recursoria se vincula con el criterio con que el Tribunal analizó -por un lado- la existencia o no de justa causa para el despido de la actora concluyendo que en la especie no había injuria suficiente para sustentar el distracto y -por otro- con la modalidad y extensión en que condena a abonar las horas extraordinarias; materias que en principio están reservadas a los jueces de la causa y ajenas a esta instancia.

En el caso, la Sala evaluó que la conducta de la accionante no se advertía reprochable ni con entidad como para determinar la pérdida de confianza que invoca la empleadora, entendiendo que los antecedentes citados como detonantes del despido no produjeron lesión que impidieran la prosecución del vínculo y tuvieron sanción oportuna por lo que no resultan acumulables ni coadyuvan a tipificar un comportamiento reiterativo que impida la continuidad laboral.

Y lo propio puede sustentarse en punto a los agravios relativos a las horas extraordinarias que se condenara abonar. Es que el voto mayoritario al abordar el tratamiento de este rubro, dejó en claro ante todo, que la originari a modalidad de "trabajo rotativo" que invoca la accionada había sido abandonada para pasar a una jornada fija con claro predominio de laboreo nocturno; y recalcó que el abandono a esa particular modalidad importaba reingresar en la órbita de los límites a la jornada diurna, nocturna e insalubre.
Resoluciones inapelables, inapelabilidad en razón del monto
Materia: PROCESAL
Carátula: ELICAGARAY,  Alicia  Cristina c/ BUDINI, Angélica s/ RECURSO DEHECHO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-28

La limitación de la apelabilidad en razón del monto comprometido alcanza los valores que se discuten en cada cuestión. (del voto de la mayoría) El art. 242 en su nueva redacción trae como novedad que a los efectos de determinar la apelabilidad, hay que atender al monto cuestionado que rija a la fecha de presentación de la demanda o reconvención. Esta es una norma de derecho transitorio, que no aparecía en el texto anterior, que no puede desconocerse apelando a una supuesta voluntad del legislador. En consecuencia, son apelables en general las resoluciones cuando el valor cuestionado es mayor a $ 4.369, 67, en procesos iniciados antes del 7 de diciembre de 2009, y a $20.000 en los promovidos desde esa fecha. (Fundamentos del Dr. Liberman)