Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-25


SENTENCIA Nº 90057 CAUSA Nº 11.701/07 "URRUNAGA, ROBERTO C/ EDITORIAL SARMIENTO S.A. Y OTRO S/ DESPIDO" JUZGADO Nº 32 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 25/08/08, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

El Doctor Guibourg dijo:

Contra la sentencia de primera instancia se alzan ambas partes, mediante los memoriales de fs. 346/347, 348/350, 351/359 y fs. 361/362, con réplica a fs. 366/367, 371/372 y 374/379. El perito contador, a fs. 341, apela sus honorarios por reducidos.

Los demandados apelan la imposición de costas y la regulación de honorarios, por elevada.

El actor por su parte, se queja porque no se hace lugar a la acción de nulidad del acuerdo celebrado con la empleadora.

El 30 de noviembre de 2005, el actor y su empleadora extinguieron el contrato de trabajo de mutuo acuerdo (artículo 241 de la LCT), según escritura pública acompañada en el sobre que corre por cuerda.

El actor solicita la nulidad del acto, por estar viciado de nulidad absoluta en virtud del vicio de lesión y haberse configurado fraude laboral al encubrir un despido incausado bajo la figura del retiro (fs. 7).

La demandada manifiesta en el responde que, debido a la crisis económica y el deseo del actor de acogerse al retiro voluntario para buscar nuevos horizontes, hizo que el 30 de noviembre de 2005 y mediante escritura pública nº 515, se procediera a la extinción del vínculo laboral por voluntad concurrente de las partes (fs. 57).

La juez de grado entiende que, dado que el actor no explícita en modo concreto y circunstanciado cuáles fueron los hechos en cuya virtud califica la conducta de los demandados, como tampoco indica a tenor de qué actos se tradujo concretamente la presión aludida, la extinción del contrato de trabajo se produjo por mutuo acuerdo de las partes y en consecuencia, rechaza la acción de nulidad.

Discrepo respetuosamente con lo decidido por la sentenciante y en tales condiciones paso a fundar mi voto.	El testigo Castillo (fs. 241/243) declara que "por presiones los obligaron a retirarse de la empresa, que la empresa contrató un grupo de patovicas para que presionaran, que hubo personas heridas porque fueron agredidos por las personas que contrató la empresa, que eso ejerció presión para que muchas personas se retiraran de la empresa, que el testigo vivió la presión dentro del diario".

El referido testigo fue compañero de trabajo del actor y sus declaraciones son precisas, suficientemente detalladas y se sustentan en el conocimiento directo y personal por él obtenido de los hechos a los que se refieren. En tales condiciones, las impugnaciones vertidas por la demandada a fs. 246 resultan ineficaces para restarles valor probatorio aun cuando, por tener algunos de los deponentes juicio pendiente contra la accionada en autos, tal declaración sea valorada con mayor rigor crítico (arg. artículo 386 CPCC).

Un dato relevante es que la escritura en cuestión no fue firmada en la escribanía, sino en el predio de la empresa, lo que significa que el escribano se trasladó hacia ésta.

Además, resulta sorprendente que con una antigüedad en el trabajo de treinta y cuatro años, las partes hayan acordado con motivo de la extinción una suma de $ 2.900 y que la hayan imputado a "rubros indemnizatorios de la rescisión y salarios caídos".

En los elementos de juicio que obran en la causa se advierte que la voluntad del trabajador estuvo viciada al momento de la suscripción del acuerdo en consideración como consecuencia de la presión ejercida por la empresa a través del "grupo de patovicas".

La ley laboral restringe la capacidad del trabajador para obligarse o desobligar a su contraparte en ciertas condiciones. Aplica para ello el principio protector, que no hace más que reconocer jurídicamente la desigualdad negocial entre empleador y trabajador. Dado que este último, necesitado de empleo, podría ser constreñido por el dador de trabajo a aceptar condiciones que la sociedad considerase excesivamente perjudiciales, la ley ha extendido a todos los casos el criterio que la ley común, por vía de los vicios del consentimiento, aplica a supuestos precisos y probados.

Se instituye de ese modo el orden público laboral, o piso mínimo por debajo del cual las partes no pueden acordar válidamente condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador y que, en caso de transgresión, sustituye de pleno derecho las cláusulas que se hubiesen concertado. Esta protección está prevista en tres capas superpuestas, en orden creciente de nivel de protección y decreciente de jerarquía: la Constitución Nacional (artículos 14 bis, 28 y 31 CN), la Ley de Contrato de Trabajo y los estatutos profesionales (artículo 12 LCT) y las convenciones colectivas de trabajo (artículos 12 LCT y 8º ley 14250). Cualquiera de esos niveles puede incrementar la protección del trabajador, pero no reducirla por debajo del nivel precedente (cfr. mi voto en "Scocco Nazar, Alberto Eduardo c/ Entidad Binacional Yaciretá s/ cobro de pesos", sentencia Nº 56.151 del 30/5/88).

En la enumeración que acabo de hacer no se cuenta el contrato individual de trabajo que, siempre que no se vulnere ninguno de los niveles de protección del orden público laboral, puede ser libremente modificado por las partes. Desde luego, la voluntad del trabajador para renunciar al contrato o modificarlo en su perjuicio no puede inferirse de su silencio ni de modo alguno que no implique una forma de comportamiento inequívoco (artículo 58 LCT).

El fundamento de este sistema legal es claro. La ley establece ciertos mínimos comunes de protección y procura que las partes colectivas fijen otros mayores, adecuados a lo que ellas mismas entiendan como las posibilidades y necesidades de empleadores y trabajadores en cada rama de la actividad. Por encima de este piso históricamente variable, el trabajador conserva su capacidad para obligarse o para acordar una adaptación de las obligaciones patronales a lo que las partes puedan entender como su conveniencia común.

El artículo 954 del Código Civil dispone que ".podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones.".

En el caso de la extinción del contrato de trabajo por común acuerdo previsto en el artículo 241 de la LCT, el poder de negociación del trabajador no reconoce más límite que el de la autonomía de la propia voluntad, ya que en tal supuesto el empleador no tiene obligación legal de indemnizar al dependiente.

Ahora bien, en autos se probó que la empresa demandada ejerció presión para que se firmara el mentado acuerdo, que razonablemente puede interpretarse como privativa de alguno de los elementos que integran la voluntad del trabajador (esencialmente la libertad), de modo que cabe entender que la voluntad del accionante ha estado viciada al momento de la suscripción del referido acuerdo rescisorio (artículo 954 del Código Civil) y corresponde declarar su nulidad, ya que el contenido expreso allí volcado, es decir, que las partes de común acuerdo decidieron extinguir el contrato de trabajo, constituye sólo una expresión formal hecha al notario pero no responde a la verdad material de lo sucedido y querido por las partes, puesto que, en rigor, medió un despido decidido por la demandada.

También llama la atención -sin perjuicio de lo que resuelva el juez competente en su oportunidad- que en el mismo día en que se firmó el acuerdo, se formalizó una cesión, que fue firmada en el predio de la empresa, por la mitad de los derechos que correspondían al actor por la extinción.

Consecuentemente, corresponde modificar lo resuelto en la anterior instancia y condenar también a la demandada por los rubros indemnizatorios solicitados.

Si bien la ley 12908 no contempla expresamente el instituto "mes integración de despido", cabe considerar que lo incluye en modo implícito. En efecto, al disponer que ".el plazo de preaviso comenzará a computarse a partir del primer día hábil del mes siguiente al de su notificación." (art. 43 inc. a), adopta el mismo sistema que luego recibió la ley de contrato de trabajo (art. 233, párrafo segundo), según el cual, cuando la extinción del contrato de trabajo se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integra con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en que el despido se produjera (esta Sala en "Chamorro, Matías Ignacio c/Telearte S.A. s/Despido" SD 87.361 del 6/12/05). Lo precedentemente expuesto lleva a hacer lugar a este rubro con la incidencia del aguinaldo.

En cuanto a las diferencias salariales reclamadas, el actor sostiene que se desempeñó como redactor, mientras que la demandada refiere que tenía la categoría de cronista volante.

Según el art. 23 de la ley 12908, redactor es el encargado de redactar notas que aparte de su aspecto informático, contengan apreciaciones subjetivas o comentarios objetivos de índole general (inc. d); cronista es el encargado de redactar exclusivamente información objetiva en forma de noticias o crónicas (inc. c).

En la lectura de los recortes de diarios acompañados a fs. 64/73 (que no fueron desconocidos por la contraria) se advierte que el actor realizó notas periodísticas en donde claramente emitió opinión, puesto que en cada una de ellas se desprenden apreciaciones del que suscribe con relación al tema abordado.

Sumado a ello, todos los testigos declaran que el actor era redactor en la demandada.

Consecuentemente, corresponde hacer lugar a las diferencias salariales reclamadas.

Distinto criterio tendré respecto a las gratificaciones solicitadas, toda vez que el accionante no invocó ni acreditó en qué consistían aquéllas y sobré qué base se calculaban.

El actor también reclama 410 horas extras al 100 %.

Considero que le asiste derecho al reclamo, ya que con la prueba testimonial quedó acreditado que trabajaba en exceso de la jornada legal (ver declaraciones de Castillo a fs. 241 y de Requejo a fs. 263).

Ahora bien, en relación con la indemnización el artículo 16 de la ley 25561, esta Sala tuvo oportunidad de expedirse en el expediente "Maspero, Juan Elíseo c/Antillana S.A. s/Despido", SD 89.489 del 25/2/08.

Es criterio de este Tribunal que la circunstancia de que un estatuto profesional regule un régimen indemnizatorio por despido sin causa distinto del establecido en la ley de contrato de trabajo no justifica su exclusión para determinar la duplicación prevista por el artículo 16 de la ley 25561. La norma citada dispone, para los casos de despido sin causa justificada, el pago de un incremento sobre las indemnizaciones que correspondiese percibir al trabajador ".de conformidad a la legislación laboral vigente.", sin establecer exclusiones respecto de tales normas laborales (SD 87.361 del 6/12/06 en "Chamorro, Matías Ignacio c/Telearte S.A."; SD 87930 del 11/7/06 en "Pousa, Rodolfo Ernesto c/Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. y otro"; SD 88427 del 28/12/06 en "Aibar Zacarías Arturo c/Armada Argentina Comando de Transportes Navales").

El presente caso, sin embargo, reviste particulares características ya que - al momento del distracto -regía el artículo 4 de la ley 25972. La citada norma legal prevé puntualmente el pago del incremento sobre el resarcimiento que correspondiese percibir al trabajador ".conforme lo establecido en el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo.".

No puedo soslayar que del texto de la ley 25972 resulta clara la voluntad del legislador de ir reduciendo el incremento previsto por el artículo 16 de la ley 25561 tanto en cuanto a su cuantía como a su permanencia en el tiempo. Lo primero se manifiesta en la disminución del agravamiento pues del doble, vale decir cien por ciento, pasa a ser ochenta por ciento y el adicional se aplica sólo sobre la indemnización por despido contemplada por la ley de contrato de trabajo.

El inciso e del artículo 43 del estatuto del periodista dispone "A los fines de la determinación del sueldo a considerarse para el pago de las indemnizaciones previstas en los incisos b, c y d de este artículo, se tomará como base el promedio que resulte de lo percibido por el dependiente en los últimos seis meses, o durante todo el tiempo de prestación de servicios, si éste fuera inferior, computándose a tal efecto las retribuciones extras, comisiones, viáticos, excepto en cuanto a estos la parte efectivamente gastada y acreditada por comprobantes, gratificaciones y todo otra pago de especies, provisión de alimentos o uso de habitación que integre con permanencia o habitualidad el salario, sobre la base de una estimación o valoración en dinero, conforme a la época de su pago".

Se advierte con claridad que la indemnización a favor de los trabajadores amparados por la ley 12908 no debe calcularse en función de la remuneración mejor, normal y habitual (supuesto previsto por la ley de contrato del trabajo no aplicable el caso).

Desde tal perspectiva, no cabe duda de que la norma convencional prevé un régimen indemnizatorio específico para el despido sin causa y, en consecuencia, considero que al personal sujeto a las disposiciones del estatuto del periodista no asiste derecho al cobro del incremento con sustento en el artículo 16 de la ley 25561 (artículo. 4 de la ley 25972), por lo que resulta innecesario el planteo de inconstitucionalidad de la parte demandada.

No corresponde hacer lugar a la indemnización del artículo 2º de la ley 25323, ya que esta cuestión ha sido zanjada por el Fallo Plenario Nº 313 del 5.06.07, en autos: "Casado, Alfredo c/ Sistema Nacional de Medios Públicos s/ despido", en donde se sentó la siguiente doctrina: "el recargo previsto en el artículo 2 de la ley 25323 no se aplica, en las relaciones regidas por la ley 12908, a las indemnizaciones dispuestas en el artículo 43, incisos b) y c), de esta última ley. Asimismo, tampoco se aplica a la indemnización dispuesta en el inciso d) del mismo artículo".

El actor reclama la reparación por daño moral, pues entiende que la conducta de la demandada al celebrar el acuerdo impugnado para evitar el pago de las indemnizaciones correspondientes, constituye un ejercicio irregular del derecho.

Es mi criterio que la indemnización prevista por el artículo 245 de la LCT (en el caso, la prevista por el artículo 43 de la ley 12908) repara, en principio, todos los daños derivados del despido arbitrario; la reparación dispuesta por la citada norma está llamada a resarcir todo tipo de daño patrimonial o extrapatrimonial originado en la pérdida del empleo, si bien ello no comprende los perjuicios materiales o inmateriales emergentes de conductas ilícitas del empleador contemporáneas con el acto mismo de despedir o, como en el caso, previas y causantes de la denuncia del contrato por parte de la trabajadora (ver entre otras, SD Nro. 73.393 del 28.2.97 "Alí, Andrea Catalina c/ Instituto Chester S.R.L.", SD Nro. 78563 del 25.3.99 "Arruza, Alfredo c/Banco de la Nación Argentina", del registro de esta Sala).

Este Tribunal ha sostenido de modo reiterado que la indemnización por daño moral es susceptible de dos enfoques: el contractual y el extracontractual. Si se trata del contractual, es preciso señalar que en el ámbito del contrato de trabajo todo daño moral se encuentra normalmente incluido en el concepto de injuria laboral y da derecho a una indemnización tarifada siempre que sea invocado oportunamente en los términos del art. 242 de la L.C.T.. Desde el punto de vista extracontractual, el daño moral procederá en los casos en que el hecho que lo determina fuese producido por una actitud dolosa del empleador, de modo que indemnización civil sólo procede en aquellos casos excepcionales en que el despido vaya acompañado de una conducta adicional que resultase civilmente resarcible aun en ausencia de un vínculo contractual (sentencia 42.535 del 29.12.81 en autos "Cuello c/ Laboratorios Promeco", sentencia Nro. 85.143 del 29.8.2003 "Casal, Hernán Roberto c/ Banco Hipotecario S.A.", sentencia Nro. 86.542 del 21.3.2005 "Aranda, Nora Silvia c/ Merkom S.R.L.", del registro de esta Sala).

En el caso está acreditado que el acuerdo firmado por las partes se encuentra viciado, ya que se produjo un acto simulado, en tanto la voluntad de la empresa obró como acto oculto y el mutuo acuerdo como negocio jurídico aparente e insincero.

La actitud asumida por la empleadora revela un proceder contrario a derecho, ya que ejerció amenazas sobre el trabajador (artículo 1071 del Código Civil).

Conviene recordar que el contrato de trabajo, como cualquier otro contrato, debe celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (artículo 1198 del Código Civil) y esta preceptiva de carácter general cobra peculiar relevancia en el ámbito de las relaciones laborales, pues el art. 63 de la LCT consagra la obligación de obrar de buena fe de modo expreso e impone a las partes el deber de ajustar su conducta a lo que propio de un buen empleador y de un buen trabajador. Pesa también sobre ellas el deber de adoptar todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del contrato, de la ley, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, apreciados con criterio de colaboración y solidaridad (artículo 62, en sentido análogo, SD Nro. 88280 del 6.11.2006 "Mendes Diz, Jorge Enrique c/ PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados", del registro de esta Sala).

Entre estas obligaciones de conducta genéricas deben incluirse también las que emanan los artículos 65, 66 y 68 de la LCT, que disponen que el empleador, en el ejercicio de las facultades de dirección, debe preservar y mejorar los derechos personales y patrimoniales del trabajador y al introducir cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación de trabajo debe evitar todo proceder que cause perjuicio material o moral al trabajador, en virtud del principio de indemnidad que es propio del vínculo laboral y que está receptado por las normas ya citadas y también por los artículos 76 y 77 de la LCT. Siempre debe poner especial cuidado en respetar la dignidad del trabajador, excluyendo toda forma de abuso de derecho.

En consecuencia, por haberse acreditado que el acuerdo firmado por las partes se encuentra viciado y que la demandada actuó abusivamente, considero que debe ser resarcido, aun con prescindencia de la relación de trabajo. Este Tribunal estima apropiado que en el caso dicha reparación se fije en una cantidad equivalente a un año de salarios, vale decir en la suma de $ 12.844 ($ 988 x 13), pues este parámetro resulta análogo al criterio adoptado por la Ley de Contrato de Trabajo al fijar las reparaciones para los casos de despido por causa de matrimonio o de embarazo (arts. 178 y 182) y también es acorde a las circunstancias personales de las partes y a las características del caso (en sentido análogo, sentencia Nro. 88311 del 22.11.2006, en causa Nro. 6443/2004 "Parals, Eliana Verónica c/ Bandeira S.A. s/ despido", del registro de esta Sala).

Consecuentemente, el actor resulta acreedor a las sumas que se detallan a continuación.

Salarios meses setiembre, octubre, noviembre y diciembre 2005($ 988 cada mes)	$ 3.952 Sueldo mes enero 2006 e integración mes de despido	$ 988 Vacaciones no gozadas (40 días)	$ 1.580,80 SAC s/ vacaciones	$ 131,73 SAC s/ integración mes de despido	$ 82,33 SAC 2do. semestre 2005	$ 494 Diferencias salariales	$ 10.720,67 Decretos no remunerativos	$ 1.950 Indemniz. art. 43 ley 12908 inc. c)	$ 34.580 Indemniz. art. 43 ley 12908 inc. d)	$ 5.928 SAC s/ rubro anterior	$ 494 Indemniz. art. 43 ley 12908 inc. b)	$ 3.952 SAC s/ rubro anterior	$ 329 Horas extras 410 al 100 %($ 988/200)	$ 4.050,80 Daño moral	$ 12.844 Indemniz. art. 80 LCT	$ 2.400 Total $ 84.477,33	A dichas sumas deberá aplicarse la tasa de interés fijada en la anterior instancia, que llega firme a esta alzada.

Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 CPCC, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y encarar su determinación en forma originaria, por lo que resulta innecesario el tratamiento de las quejas sobre estos puntos.

Las costas de ambas instancias serán soportadas por la parte demandada, con excepción de las correspondientes al codemandado Michetti, que serán soportadas en el orden causado (artículo 68 del CPCC, in fine).

Teniendo en cuenta el monto de condena, la calidad y la extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales y por el experto interviniente y lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de las partes actora y demandada (en su conjunto)y para el perito contador en 16 %, 13 % y 5 %, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena y sus intereses.

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la Sentencia Nro. 65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos "Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993), al sostener "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

Voto, en consecuencia, para que se revoque la sentencia y se condene a EDITORIAL SARMIENTO S.A. a pagar al actor la suma de $ 84.477,33 (pesos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete con treinta y tres centavos), con más los intereses fijados en la anterior instancia. Propicio dejar sin efecto la imposición de costas y la regulación de honorarios, e imponer las primeras, por ambas instancias, a cargo de la demandada vencida, con excepción de las correspondientes al codemandado Michetti, que serán soportadas en el orden causado. Propongo confirmar la sentencia en lo demás que decide y ha sido materia de agravios. También propongo regular los honorarios de los presentantes de fs. 346/347 y fs. 348/349 en su conjunto y fs. 351/359 en 30 % y 25 %, respectivamente, de lo que le corresponda por su actuación en la anterior instancia. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

La Doctora Porta dijo:

Que por idénticos fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Revocar la sentencia y condenar a EDITORIAL SARMIENTO S.A. a pagar al actor la suma de $ 84.477,33 (pesos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete con treinta y tres centavos), con más los intereses fijados en la anterior instancia. II.- Dejar sin efecto la imposición de costas y la regulación de honorarios, e imponer las primeras, por ambas instancias, a cargo de la demandada vencida, con excepción de las correspondientes al codemandado Michetti, que serán soportadas en el orden causado. III.- Confirmar la sentencia en lo demás que decide y ha sido materia de agravios. IV.- Regular los honorarios de los presentantes de fs. 346/347 y fs. 348/349 en su conjunto y fs. 351/359 en 30 % y 25 %, respectivamente, de lo que le corresponda por su actuación en la anterior instancia. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Elsa Porta Ricardo A. Guibourg Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí: Liliana Noemí Picón Secretaria