Pena, libertad asistida, drogadicción, readaptación del condenado, pena de corta duración
Materia: PENAL
Carátula: Vega Jorge Luis p.s.a. s/ Hurto en grado de tentativa - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-03-22

La concesión de la libertad asistida prevista por el art. 54 de la ley 24660 constituye un beneficio del que puede gozar el interno, que exige una especial valoración de las condiciones personales en que se encuentra, a los fines de descartar la existencia de grave riesgo para el condenado o para la sociedad.

El beneficio pretende, con esta libertad anticipada antes del agotamiento de la pena, evaluar cuál es el grado de reinserción logrado y a ello se dirigen las condiciones que se imponen y la supervisión que se exige. Pero, ello no importa su concesión de forma automática sin efectuar el pronóstico de peligrosidad que prevé la ley: posibilidad de daño para sí o para la sociedad, en base a los informes criminológicos que se poseen.

La ausencia de calificación de concepto no constituye un impedimento para la concesión de un beneficio concerniente a la ejecución de la pena si, el tiempo de detención sufrido y la calificación de conducta permiten una apreciación del mismo, máxime cuando, exigir su existencia implica prácticamente tener por cumplida la pena. Tampoco la ausencia de esa evaluación motivada por el corto período de detención sufrido corresponde sea considerada en contra del imputado.

El pronóstico de peligrosidad impide la concesión del beneficio de la libertad asistida, dado que se trata un interno en el cual la persistencia de la problemática adictiva por su potencialidad impulsora al delito torna inviable el beneficio, en la medida que no se someta a un tratamiento curativo.

Los institutos contenidos en el capítulo de "Alternativas para situaciones especiales" brindan el equilibrio necesario a los efectos establecidos en el art. 1ro. de la Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad con las disposiciones del C. penal.

Los fines de la pena no pueden nunca verse enervados en aquéllas de corta duración. Si el juzgador estima necesario imponerla no es para que constituya en una lisa y llana detención sin sentido alguno. El tratamiento y progresividad del mismo no puede entenderse sólo compatible para casos de penas privativas de la libertad de una prolongada duración.

El juez de ejecución cuenta con mecanismos que permiten alcanzar o intentar, aún en casos como el presente, la readaptación del condenado sin justificar en los vericuetos burocráticos la imposibilidad de llegar -con el tiempo de detención cumplido- a lograr incorporarse a fases del tratamiento y prueba que permitan apreciar que la medida que impuso tuvo algún sentido.

Las penas de corta duración cuya situación no puede ser alcanzada con los institutos establecidos para las alternativas para situaciones especiales, necesitan del control del juez de ejecución y de la autoridad administrativa un compromiso a los efectos de procurar "que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y apoyo de la sociedad" (art. 1).

No en vano el "régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resultan apropiados para la finalidad enunciada" (art. 1, 2do, párr.).

En las penas cortas y con arreglo a circunstancias del caso en las que el juez puede y debe hacer realidad la "progresividad" a través de una promoción excepcional de las fases.