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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, proceso penal, imputado, prueba de cargo, prueba testimonial, víctima menor de edad, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: CZERWIEC, JUAN MANUEL c/  s/ PROMOCION Y FACILITAMIENTO A LA CORRUPCION DE MENORES, ETC. -APELACION- SENTENCIA CONDENA PRISION PREVENTIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-27

No se avizora la presencia de un supuesto de arbitrariedad que justifique la intervención de esta Corte desde que los Magistrados abordaron las postulaciones de los recurrentes -vinculados con la vulneración del debido proceso y del derecho de defensa en juicio por falta de control del reconocimiento realizado y de las declaraciones de las menores- y descartaron las nulidades planteadas, con base en que no se advertía lesión al ejercicio del derecho de defensa, toda vez que el reconocimiento en rueda de personas había carecido de decisividad para la condena y que existían motivos suficientes y razonables para denegar la reiteración de los testimonios de las menores víctimas, más allá de que éstos habían podido ser controvertidos por las respectivas defensas; y frente a esta argumentación de la Alzada, la compareciente no se hace cargo de refutarla ni alcanza a acreditar su insuficiencia o irrazonabilidad y, por tanto, no logra descalificarla desde la óptica constitucional.
Acto administrativo, notificación, correspondencia, recursos administrativos, oficial notificador, correos
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: TERENTINO, RODOLFO ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA CONTRA DECRETO  DE  PRESIDENCIA  QUE DECLARA INADMISIBLE  EL RECURSO.     CSJ EXPTE NRO 387-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-07-20

Tratándose de notificaciones efectuadas por Correo, el aviso de retorno sellado y firmado por un empleado de dicha repartición hace plena fe de la entrega de la cédula mientras no se demuestre lo contrario por el que la impugna.

En el caso, no se rindió prueba alguna tendiente a demostrar anormalidades o deficiencias en la recepción de la carta con aviso de retorno que notificaba la denegación de un recurso jerárquico en sede administrativa.
Honorarios, ejecución de honorarios, Estado Provincial, deudor, mora
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: 99513 - SANTAMARIA LUIS Y OTS. EN J 182.485/42.334 JOFRE HUGO RAUL Y OTS. C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ EJEC. HON. S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-03-28

El núcleo básico de la queja se asienta en imputación de arbitrariedad de la sentencia de Cámara, en razón de pronunciarse sobre defensas no opuestas.

Ello así, en razón que Fiscalía de Estado opuso la excepción de pago y el Tribunal de Alzada analizó en definitiva la existencia de la mora del demandado, para determinar si resultaba procedente la ejecución de los honorarios pretendidos.

El agravio no puede prosperar desde que la existencia o no de mora en el deudor, es una condición indispensable para analizar la procedencia de la excepción de pago interpuesta, habida cuenta que el depósito se realizó con posterioridad al inicio de la ejecución. La situación del estado de mora fue expresamente invocada por la sentencia de primera instancia y rebatida por la apelante Fiscalía de Estado, quien afirmó que al momento de la ejecución existía una situación de espera legal, conforme el procedimiento que debe seguirse para el pago de deudas del Estado.
Delitos contra el honor, personas jurídicas
Materia: PENAL
Carátula: "La Isla", Emisora s/ Delitos contra el honor
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

Una persona de existencia ideal, no puede en si misma y abstracción hecha de los miembros que la componen, ser sujeto pasivo de delitos contra el honor.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Uriarte, Victor Hugo c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-07-27

No resulta de recibo la queja del amparista atacando el pronunciamiento del A-quo por carecer de los recaudos fijados por el Código de ritos, tildándolo de inexistente como sentencia. En efecto, el mencionado pronunciamiento resulta suficiente para abrir la jurisdicción de esta Alzada, por cuanto que si bien aquel pronunciamiento no da cuenta de la presencia de un formalismo riguroso, éste refleja el trabajo intelectual del juez, quien al realizar en el acto un estudio crítico de las cuestiones planteadas por los justiciables, sus pruebas y alegatos, examinó los hechos pertinentes y fundó su pronunciamiento; tan es así que luego el recurrente pasó a impugnar los razonamientos dados por el sentenciante para determinar su proceder, por lo que la falta de un estricto formalismo en el decisorio no se constituyó en impedimento para ejercer el derecho de defensa que pueda aparejar la frustración de lo resuelto, poniendo fin al proceso.
Recurso extraordinario, cuestión justiciable, enjuiciamiento de magistrados, Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Brusa, Víctor Hermes s/ pedido de enjuiciamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-11

Lo atinente al recto alcance que cabe asignar a la irrecurribilidad prevista en el art. 115 de la Constitución Nacional constituye una controversia "definida y concreta", que remite al estudio de puntos regidos por normas constitucionales e infraconstitucionales de naturaleza federal, lo cual es propio del Poder Judicial (arts. 1° y 2°, ley 27; ley 24.937; arts. 18, 53, 110, 115 y 116 de la Constitución Nacional) (Voto de los Dres. Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Altamiranda, Felipe Aurelio c/ Empresa de Transporte 12 de Octubre S.R.L. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-11

Las empresas de transporte públicos o privadas deben estar al servicio de la comunidad y el chofer que conduce las unidades debe extremar la atención, cuidado y previsión para cumplir con ese cometido y velar por la integridad física de los pasajeros. Es responsable la empresa de transporte por los daños ocasionados por culpa de su dependiente y es obligada al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios de acuerdo al artº 184 Código de Comercio.
Acto administrativo, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: I., M. I. y otro c/ Instituto Autárquico de Colonización de la Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-03-15

Las competencias administrativas son otorgadas por el ordenamiento jurídico con miras a un fin específico, de interés público. Y también, que el fin debe conformarse siempre a este último. Con mayor precisión, ajustarse al interés público particularmente contemplado por el legislador o la autoridad reguladora, quien en razón de él, ha conferido poderes al administrador. Entonces, los actos administrativos deben estar acordes con esa finalidad específica; con una finalidad honesta, verdadera, no encubierta, ni falsa, ni distinta de la correspondiente al acto administrativo, según su causa y objeto o contenido.-
Impuesto sobre los ingresos brutos, impuestos, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: THX Medios S.A. y otro c/ GCBA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: THX Medios S.A. y otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

El Código Fiscal no genera tributación ni sobre la venta de las acciones, ni del paquete de control, ni de una figura de disposición de un negocio en marcha como es el de transferencia de fondo de comercio. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Proceso penal, declinatoria, competencia, competencia contravencional, secuela de juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Komel, Augusto s/ inf. art. 189 bis CP -Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-23

En el caso, no puede considerarse como pretende la Fiscal de grado, que el auto que declina la competencia en favor de la justicia contravencional constituya secuela de juicio, pues sólo los actos que revisten naturaleza y dinámica procesal de carácter persecutorio con aptitud para generar un impulso procesal que importe el ejercicio de la jurisdicción constituyen tal efecto, y no un mero acto ordenador del proceso que tuvo como única consecuencia establecer quién debería ser el juez que debería ejercer allí en más su jurisdicción (CNCP, Sala III, causa nº 4472 "Tchmlekdjoglou, Jorge y otros s/recurso de casación", rta. el 3/10/03).
Incidentes, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Etchevarne, Natividad Ernesto c/ Brescia, Antonio y otros s/ Indemnización Martinelli, Eduardo c/ Ke Grande S.A. y Cooperativa Avícola s/ Nulidad de acto jurídico Martínez de Herrador, Nélida M. c/ Peralta, Carlos R. y otros s/ Ejecución de alquileres Parisi, Eduardo Luis c/ Pennisi, Bonacorso y Malvica SRL y otro s/ Ejecución y embargo preventivo Gallina de Del Dago, Emilia F. s/ Incidente levantamiento de embargo sin tercería en autos: "Diners Club c/ Del Dago s/ Ejecución" Gluck Luis c/ Divito Jorge s/ Ejecución Aitor S.A c/ Barbadillo Rosa y otra s/ Ejecución-Embargo preventivo Citibank N.A. c/ Márquez, Luis Arnaldo s/ Ejecución Fisco de la Pcia. de Bs.As. c/ El Jardín Holandés S.R.L. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-14|1995-02-28|1993-02-23|1996-04-11|1996-12-26|1997-09-30|1997-06-19|1999-06-01|2000-02-15

Quien reviste la calidad de vencido en la solución de un artículo debe cargar con las costas, como una consecuencia de tal carácter.

Este criterio objetivo de la derrota como fundamento para la imposición de las costas es de interpretación más estricta tratándose de los incidentes, ya que en principio, sólo puede eximirse al vencido cuando se tratare de cuestiones dudosas de derecho. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Declaración de inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: P., V. D. c/ E. A.R.T. SA s/ Accidente de Trabajo (sistémico)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-10-31

Siguiendo el criterio sostenido por nuestro Máximo Tribunal Nacional, me pronuncié a favor de la facultad de declarar la inconstitucionalidad de oficio. Sin embargo, advertí allí que tal decisión debe tener lugar en el marco de las respectivas competencias y regulaciones, lo que presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables, entre las cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo, las que fijan los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes. La descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución; es justamente la actividad probatoria de los contendientes así como sus planteos argumentales lo que debe poner de manifiesto tal situación.
Ejecución de la pena, salidas transitorias, leyes, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: MARTINEZ, GUILLERMO DANILO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-30

El recurso articulado debe merecer favorable acogida en esta instancia, toda vez que la norma del artículo 56 bis de la ley 24660 en cuanto inviabiliza la posibilidad de obtención de los derechos del período de prueba a los condenados por los delitos que enumera resulta contraria a normas superiores y esenciales de nuestro sistema constitucional, por lo que corresponde su declaración de inconstitucionalidad en el caso concreto, debiendo resolverse la petición de las salidas transitorias del recurrente atendiendo exclusivamente a las restantes exigencias reguladas en la ley 24660. (De la disidencia del Dr. Erbetta) -
Despido indirecto, primacía de la realidad
Materia: LABORAL
Carátula: Krujoski, Francisco Narciso c/ Pérez, Ernesto s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-30

Resulta justificada la decisión del trabajador de considerarse despedido ante la deficiente registración, ya que surge acreditado mediante prueba testimonial que el actor fue registrado con fecha posterior a la que figura en los recibos de haberes, sumado a que la pericial contable tampoco informa que la fecha de ingreso sea la que figura en los recibos.
Control de legalidad, dictamen fiscal, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Metrevichi, Eduardo Daniel s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-16

El control de legalidad de los actos del MPF no es incompatible con la independencia de dicho Ministerio y que, en el caso, la presentación del Fiscal General se evidencia como un intento de sustituir con su dictamen la función jurisdiccional, avasallando a su vez la propia autonomía funcional de sus colegas de las anteriores instancias, quienes a lo largo de la tramitación del expediente requirieron al imputado, se opusieron a los pedidos nulificantes incoados por la defensa y consideraron que el encartado debía responder penalmente por el hecho por el que luego resultó condenado. (Dr. Gemignani -voto concurrente-).
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Copropietarios Edificio Olague VIII c/ Nuin Mario s/ Infracción a la ley 13.512
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-04

El reglamento de copropiedad y administración de un consorcio constituido según lo dispuesto por la ley 13.512 forma parte del título de dominio de cada uno de los propietarios y constituye la ley a la que deben ajustar sus derechos y obligaciones; al mismo tiempo representa el vínculo que liga entre sí a los miembros del consorcio, siendo de naturaleza contractual o convencional. Atento ello, sus alcances dependen de la voluntad de los interesados, en cuanto no sea restringida por la ley, y su incumplimiento debe juzgarse en el ámbito de la responsabilidad contractual; con lo cual, tratándose de una acción personal y no existiendo un plazo específico de prescripción, corresponde aplicar el término general del art. 4023 del Código Civil.
Juicios contra el Estado, empleados públicos, pase a disponibilidad, revisión judicial de actos administrativos, plazos procesales, habilitación de instancia, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Husen Mirta Silvia y otras c/ Estado Nacional -Mº de Cultura y Educación de la Nación s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-06

Del caso sub examine, los actores no han impugnado la resolución administrativa Nº 21/94 que establece la disponibilidad de los actores, sino que por el contrario han iniciado una demanda contra el Estado Nacional con el objeto de obtener el pago de las indemnizaciones por pérdida de empleo público en los términos del decreto 2043/80 y ello así porque entienden que la resolución ya citada no ha contemplado expresamente su situación una vez que se agotaron los plazos establecidos por el art. 20 de la ley 14.443. En ese sentido, cabe distinguir entre la vía impugnatoria que presupone el agotamiento de las instancias administrativas reglamentadas en los artículos 23 y siguientes de la ley 19.549, cuyo resultado sería necesariamente la declaración de ilegitimidad del acto administrativo, de la reclamación del reconocimiento de un derecho basada en lo dispuesto por los arts. 30 y concordantes del mismo cuerpo legal, inclusive en los casos en que hubiese mediado reclamación administrativa previa, los que no estarían sujetos al plazo del artículo 25 de la citada ley (Conf. C.S.J.N. in re "Mackentor S.A. c/ O.S.N." del 27-6-89). Además el artículo 32 inciso d) de la ley 19.549 establce que "El reclamo administrativo previo... no será necesario... cuando... d) Se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado...". Por todo ello, en el caso sub-examine no resulta de aplicación el régimen del artículo 25 de la ley 19.549 toda vez que se trata de un reclamo y no de la via impugnatoria a la que hace referencia el artículo en cuestión.
Derechos personalísimos, derecho a la intimidad, derecho al honor, prensa, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: A., A. E. c/ B., M. L. s/ Sumario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-08-28

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, en lo referente al ámbito de aplicación del art. 1071 bis del Código Civil, que:

"La Cámara excedió sus facultades al disponer que, por aplicación analógica del art. 1071 bis del Código Civil se publicará la sentencia condenatoria en los mismos órganos de prensa involucrados en la demanda, por cuanto esa norma no apunta a tutelar el honor ni todos los derechos personalísimos, sino que se refiere específicamente a los casos en que se hubiera perturbado la intimidad ajena, lo que no ocurrió en el caso; se requería la existencia de condiciones de hecho que, partiendo del ataque a la intimidad, contuviesen también de modo preponderante la lesión al honor"
Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, recurso de reposición (procesal), mandato, firma
Materia: ELECTORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bergenfeld, Sergio Fabián y otros s/ pedido de revocatoria de mandato revocatoria de mandato
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

La finalidad del art. 67 de la CCBA es que "el electorado", representado en una proporción numéricamente significativa -el 20%- pueda obtener la convocatoria a un referendum para la revocación del mandato de algún funcionario en razón del incumplimiento de sus funciones.

Se persigue el aseguramiento de las instituciones jurídicas de la Ciudad y no puede considerarse que sea un derecho subjetivo de los funcionarios, ni soslayarse en su estricto cumplimiento.
Aborto, instigación
Materia: PENAL
Carátula: Jorge Osvaldo Chacoma. s/ Instigación Al Aborto.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-24

No ha quedado acreditado que el proceder del imputado haya determinado a la menor a cometer un delito; comenzar un hecho punible. Tal circunstancia surge claramente de los informes médicos los que ilustran respecto a la ausencia de maniobras abortivas intrauterinas idóneas para provocar el aborto, habiendo nacido el feto mediante una operación cesárea. Por otra parte no es punible la sola instigación por no ser delito en sí mismo, si el delito no es intentado o consumado, por la inidoneidad de los medios empleados, ni la incitación sutil.
Recurso contencioso administrativo, Administración Pública
Materia: PROCESAL
Carátula: Barraza, Nicasio Miguel c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso de  revocatoria contra el auto de Presidencia (Expte. CSJ Nº 551-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-29

Existen intereses que el ordenamiento jurídico reconoce como exclusivamente propios de ciertos sujetos y, como tales, los protege de un modo directo e inmediato, a través de normas - llamadas de relación- las cuales ponen a cargo de la Administración Pública un deber jurídico hacia determinados sujetos, a quienes correlativamente corresponde una pretensión, que reviste el carácter de un derecho subjetivo. Este aparece, pues, como un poder de obrar, que define y tutela la norma jurídica y se concede a un sujeto para satisfacer un interés propio con relación a un objeto.
Bien de familia, embargo por deuda anterior, obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: C. de M., M.A. y otro c/ M., G.J. s/ INCIDENTE FAMILIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-21

Las deudas por alimentos no pueden ser ejecutadas sobre el bien de familia en sí mismo, pues la ley 14.394 no las exceptúa del principio de inejecutabilidad.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de la ley, costas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Trueba, Pablo F. Miguel c/ DGI s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

La imposición de las costas en las instancias ordinarias es una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa, y ajena al remedio federal.
Reincorporación, despido indirecto, conservación del empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Bechi, Gabriel Emanuel  c/ Loma Negra C.I.A S.A. s/ despido y cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-07-07

La demandada pretende imponer al trabajador que se mantenga en reserva de puesto cuando en realidad no podía simplemente negar el alta médica otorgada por el médico tratante, sino que, eventualmente ante la discrepancia debió reincorporar al trabajador y someter a decisión judicial la impugnación del alta médica. La conducta de la demandada consistió, lisa y llanamente, en priorizar el diagnóstico de su médico por sobre el del médico tratante del trabajador, lo que constituyó en los hechos una negativa de tareas conforme bien lo pone de resalto la sentenciante. Consiguientemente, este primer motivo de injuria (negativa de tareas) es suficiente por sí sólo, para tener por justificada la decisión rescisoria.
Jueces, deberes y facultades del juez, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL
Carátula: RUZO NORA DEL VALLE c/ TELECOM ARGENTINA S.A Y/U OTROS S/ COBRO DE PESOS EXTRAS s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-06-12

Los jueces tienen el deber de fundar sus sentencias, porque los fallos han de constituir una derivación razonada del derecho vigente y no producto de su voluntad individual.
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal, incidente de verificación, regulación de honorarios, contadores públicos, honorarios del síndico del concurso
Materia: PROCESAL
Carátula: F.SACIFIA s/ Concurso preventivo s/Inc. Revisión -DGI- s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-03-04

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el síndico y su abogado patrocinante contra la regulación de honorarios realizada por la sentencia en crisis por absurda y violatoria de las disposiciones arancelarias locales. En consecuencia, conforme a lo expuesto, si el art. 287 de la Ley 24522 establece claramente para los incidentes de revisión de verificación de créditos la aplicación de las leyes arancelarias locales, y en la Provincia de Río Negro existe vigente un Decreto Ley específico que regula los aranceles en materia judicial de los profesionales en ciencias económicas en general y del Síndico en especial (art. 37), resulta sin duda alguna, que los honorarios del Síndico recurrente deben regularse de acuerdo a tal normativa (arts. 34, 35, 37 Decreto Ley 199/66 - Res. C.P.C.E. 191/01). Respecto al planteo formulado por el abogado -por derecho propio- quien se agravia igualmente de la regulación de honorarios practicada por el grado también le asiste razón. En el caso -conforme lo establecido por el citado art. 287 de la Ley de Concursos y Quiebras Nro. 24522-, y como acertadamente argumentara el recurrente, resultan aplicables para la regulación de los honorarios, los arts. 31, 6, 7 y 33 de la Ley de Aranceles de Abogados Nro. 2212