Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-21


Salta, de abril de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "CHOQUE, Guillermo Arcángel vs. GÜEMES, Jorgelina del Valle - SUMARIO"; Expte. N° 206483/07 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 11ª Nominación; Expte. N° 288409/09 de Sala, y _____________________C O N S I D E R A N D O I) Vienen los autos a la alzada a los fines del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 223 en contra de la resolución de fs. 220 que desestimó el incidente de nulidad y el pedido de suspensión del proceso formulados por su parte, con costas.

Al fundar el mismo (fs. 228/230) formula un relato de los hechos y señala que la vía para argüir la falsedad de las firmas de los actos procesales es el incidente de nulidad, sin que ello implique que deban aplicarse los requisitos establecidos para la misma. Que dichos actos, al carecer de firma resultan inexistentes por falta de un elemento esencial, por lo que no han llegado a ser actos procesales, por lo que no pueden ser confirmados ni convalidados. Agrega que a diferencia de la nulidad, puede solicitarse la declaración judicial de inexistencia de tales actos sin límite temporal alguno. Sostiene que tampoco resulta procedente la invocación del perjuicio sufrido y del interés jurídico, y que el sentenciante debió limitarse a verificar la irregularidad denunciada. Pide se revoque la resolución recurrida y se haga lugar al incidente deducido, con costas.

El actor a fs. 236 contesta el traslado corrido, destacando la insuficiencia técnica del memorial. Señala que la sentencia recurrida resulta ajustada a derecho y que tratándose de actos procesales resultan aplicables los principios de preclusión, seguridad jurídica y convalidación. Agrega que la contraria ha partido de una premisa errónea, cual es considerar que estamos en presencia de un acto inexistente por falsedad de firma, lo que no fue objeto de discusión en el incidente, ni de tratamiento en la resolución. Dice que el planteo resulta extemporáneo, que el perjuicio alegado no fue tal, ya que no se le impidió en modo alguno al demandado realizar los actos procesales que hoy pretende dejar sin efecto. Solicita se rechace el recurso, con costas.

II) El art. 255 del CPCC establece que el memorial deberá contener la crítica, concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. De ahí que para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada, para demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. Debe precisarse así, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, no reuniendo las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general, los requisitos mínimos para mantener la apelación (CNCiv, sala C, 29-2-1984, La Ley, 1984-C, 3666-s). Como principio general, el memorial debe ser considerado válido, y sólo por excepción, de modo restrictivo, insuficiente (cf. Morello, Augusto M. "Acerca del abuso en la declaración de deserción de la apelación", JA, 1978-III, p. 750). Así, para que sea procedente la deserción del recurso por insuficiencia del memorial se requiere que ese escrito esté desprovisto de un mínimo de crítica de la sentencia (CNCiv, sala H, JA, 1994-II, 246), porque si la contiene merece ser tratado en la alzada (CApelCCSalta, sala IV, t. XXIV, fº 887, íd. t. XXXI, fº 735).

En el caso, no se advierte la insuficiencia del memorial de fs. 228/230, referenciada por la apelada, por el contrario el mismo contiene una crítica concreta y razonada de las partes del pronunciamiento recurrido que la apelante considera equivocadas, por lo que, cabe adentrar al análisis del recurso interpuesto.

III) la firma del litigante que actúa por derecho propio es requisito formal para la validez del escrito (art. 1012, Código Civil); carece pues de todo valor y no produce efectos la puesta por un tercero, a menos que se haya recurrido al procedimiento del art. 119 del CPCC (CApelCCSalta, sala IV, t. XXII, fº 466). Por ello, si una presentación carece de la firma del litigante resulta insuficiente para provocar el nacimiento de un acto procesal regular e idóneo.

De la compulsa de autos, surge que al deducir el incidente de nulidad por falsificación de firma la demandada ofreció prueba pericial caligráfica (cfr. fs. 191/194). Sustanciado el incidente, se dispuso su apertura a prueba (fs. 200), en contra de dicha providencia el actor dedujo recurso de reposición (fs. 203/204), el que fue acogido favorablemente por resolución de fs. 213, la que se encuentra firme.

En consecuencia, no habiéndose producido la pericial caligráfica no puede tenerse por acreditada la falsedad de las firmas alegada por la incidentista, máxime si se tiene en cuenta que las mismas han sido expresamente reconocidas por el actor en oportunidad de contestar el incidente de nulidad (fs. 199).

Téngase en cuenta que las reglas de la carga de la prueba, dice Fassi, siguiendo a Devis Echandía, es una noción procesal que contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentran en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos para evitarse las consecuencias desfavorables (Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba", t. I, pág. 426). La carga de la prueba es un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis (Fassi, Código Procesal Civil y Comercial", Bs. As., Astrea, 1971, I, pág. 671, nº 1381). En igual sentido Palacio señala que "las reglas sobre la carga de la prueba, en síntesis, sólo revisten importancia práctica ante la ausencia o insuficiencia de elementos probatorios susceptibles de fundar la convicción judicial en un caso concreto, indicando por un lado al juez cuál debe ser el contenido de la sentencia cuando concurre aquella circunstancia previniendo por otro lado a las partes acerca del riesgo a que se exponen en el supuesto de omitir el cumplimiento de la respectiva carga (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Bs. As., Abeledo Perrot, t. IV, 1972, pág. 362; CApelCCSalta, sala IV, t. XXVIII, fº 855).

Si bien lo expuesto resulta suficiente para desestimar el recurso interpuesto, cabe destacar que jurisprudencialmente se ha sostenido que sin desconocer el instituto de la inexistencia de acto jurídico, sus notas distintivas e implicancias, si como aquí sucede el mismo se introduce de modo groseramente tardío y con el solo propósito de desandar injustificadamente actuaciones consentidas, es válido oponer a ello otro instituto cardinal de todo proceso judicial, el de la preclusión, que da seguridad y certeza a los justiciables (cf. C2ªCCom, La Plata, sala I, 95.184, 17/03/2005, citado por Luis Rodríguez Saiach, "Inexistencia de los Actos Procesales", Revista de Derecho Procesal, Nulidades, 2007-1, ed. Rubinzal-Culzoni, p. 148).

Consecuentemente, no cabe sino desestimar el recurso de apelación interpuesto a fs. 223, con costas en virtud del principio general en la materia (art. 67, CPCC).

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 223. Con costas.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.