marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Locación de servicios, cuidador de ancianos
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Espínola Rojas Bona Fidela c/ De los Ríos Eduardo Ramón y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-21

Los cuidados prestados por cuidadores particulares de enfermos y ancianos se encuentran excluidos del marco de protección otorgado por el Estatuto del Personal Doméstico (conf. art. 2 dec. 326/56) y es una figura ajena a la L.C.T., tratándose de una relación de carácter civil que encuentra su marco de regulación en la locación de servicios. La relación de trabajo en los términos de la L.C.T. existe sólo donde hay organización empresaria, por lo cual el trabajo doméstico se encuentra excluido de este estatuto particular. (Del voto del Dr. Brandolino, en mayoría).
Simulación, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: S., M.T. c/ F., J.B. y otro s/ SIMULACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-02

1- El plazo de prescripción impuesto por el art. 4030 del Código Civil para la acción de simulación ejercida entre las propias partes celebrante del acto jurídico, es el mismo que debe aplicarse respecto de la acción ejercida por terceros, con la salvedad de que el término de la prescripción empezaría a correr recién desde el momento en que éstos han tomado conocimiento del acto ficto que los perjudica. Es que si se lo empezara a contar desde la celebración del acto simulado, se burlaría fácilmente -dejando transcurrir los dos años desde tal celebración sin intentar desconocer el carácter simulado del acto- la posibilidad del perjudicado de plantear el rango insincero del negocio jurídico en cuestión. 2- A los fines del comienzo del curso de la prescripción, el conocimiento del acto simulado debe ser efectivo, pleno y cabal; no basta la simple sospecha. La inscripción del acto en el Registro de la Propiedad no configura conocimiento del interesado en el sentido del art. 4030 del Código Civil, ni puede ser punto de partida para hacer correr la prescripción de la acción de nulidad determinada por tal norma.
Recurso de casación penal, inadmisibilidad del recurso, prescripción de la acción penal, secuela de juicio, abandono de personas, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: B., R. B. s/ Abandono de Personas Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-03-29

...el alegato defensivo se circunscribe a peticionar la prescripción de la acción penal porque entre el día 27 de octubre de 1988 hasta el 25 de junio de 1990 no se produjo algún acto impulsor del proceso, pero silencia cuáles normas del Pacto de San José de Costa Rica derogarían la necesidad de que la secuela del juicio no irrumpa para esos efectos liberatorios, conforme la pena que amenaza el Abandono de personas calificado, en el término más dilatado del Código Penal, art. 62 inc. 2º; su instancia, infundada, no puede prosperar.
Prescripción de la acción penal, acción pública, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Lejtman, Romás s/ Presc. acción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

En los delitos de acción pública, constituye secuela de juicio tanto el llamado a prestar declaración indagatoria, como la efectiva realización de dicho acto.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, VENEZUELA, revocación del mandato, admisibilidad de la prueba, orden público interamericano, derechos políticos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso San Miguel Sosa y otras Vs Venezuela c/  s/ Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2016-12-20

Resultan pertinentes los peritajes ofrecidos por la Comisión Interamericana que demanda la responsabilidad internacional de Venezuela, a raíz del despido de quienes firmaron la convocatoria a referendo revocatorio del mandato del entonces Presidente Hugo Chávez Frías, mientras se desempeñaban en cargos públicos, -en el contexto de la creación y publicación de la denominada "lista Tascón" que incluía a quienes así se pronunciaban-, pues no sólo se ha justificado adecuadamente su finalidad sino que trasciende la controversia del propio caso en tanto aportarían elementos sobre aspectos del orden público interamericano, muy en especial el ejercicio de los derechos políticos y las salvaguardas que deben existir para que las personas puedan expresar su opinión política.
Homicidio simple, emoción violenta
Materia: PENAL
Carátula: Jara, Santiago Germán  c/  s/ homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-08

Descartada la configuración de una emoción violenta que haya afectado sus frenos inhibitorios (elemento subjetivo), el tribunal también procedió a analizar el elemento normativo de la figura atenuada, esto es, que esa emoción pueda ser excusable debido a las circunstancias que lo produjeron.
Juicio por delitos de acción privada, delitos contra el honor, nulidad procesal, nulidad de sentencia, desestimación de la querella
Materia: PROCESAL
Carátula: BLANCO, BENITO s/ NULIDAD - SENTENCIA - DELITO DE INSTANCIA PRIVADA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-12

Los arts. 511 y 512 del C.P.M.P. preven dos situaciones distintas: a) nulidad por las formas de la sentencia; b) nulidad por vicio del procedimiento.

En el primer caso declarada la nulidad, el Tribunal pasará la causa a otro juez de primera instancia para que la sentencie; y en el segundo continuará entendiendo el mismo juez, quien deberá volver a sustanciar el proceso, en la parte que ha sido motivo de anulación.

Si la nulidad declarada por vicio de procedimiento se extiende a la sentencia pronunciada, - que en el caso de desestimación, en los procesos por calumnias e injurias, es equiparable a ella -, el juez que la dictó queda inhibido para entender de nuevo en la causa, porque al quedar la sentencia involucrada en la anulación hace aplicable analógicamente a una situación comprendida en el art. 512, el precepto que contiene el art. 511.

El principio que informa el art. 511 del C.P.M.P., ajeno a las situaciones que preven los arts. 75 y 77 del mismo, es evitar que un magistrado que ha emitido su opinión sobre el fondo del asunto juzgando inválidamente, se encuentre en la disyuntiva de volver a pronunciarse en idénticos términos, juzgando válidamente, dando una opinión concreta y definitiva sobre la prueba y responsabilidad que haya de establecerse en un delito, o de contradecirse por un posible cambio de criterio, lo que restaría al fallo la garantía de seriedad y justicia.

Como el proceso por calumnias e injurias se inicia directamente en el plenario, al haberse declarado la nulidad de la resolución por la que se desestimaba la acción por inexistencia de delito, por no haber sido la oportunidad procesal de pronunciarse sobre el fondo del asunto, la causa debe pasar a otro juez de primera instancia para que sentencie en la ocasión debida, afianzándose la garantía del art. 18 de la C.N., al darse cabida a la sustanciación previa del juicio conforme a las prescripciones del Título I, Sección Segunda, Libro IV de la ley adjetiva.
Proceso penal, recurso de apelación (procesal), prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Fuenzalida, Mario Sebastián s/ infracción al art. 189 bis C.P. -  Apelación bis C.P. -  Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-24

La Ley de Procedimiento Penal establece en su artículo 61, tres únicos supuestos en los cuales el recurso de apelación es admisible; limitando de este modo la labor revisora de esta Alzada respecto de la valoración de las pruebas realizada por el sentenciante, y estableciendo un recurso innominado contra la sentencia, asimilable a un recurso de casación
Derecho procesal, recursos, recurso extraordinario, cuestión federal, procedencia del recurso, Derecho internacional, jerarquía constitucional
Materia: PROCESAL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-03

Corresponde conceder el recurso extraordinario incoado por la ART por encontrarse en discusión la inteligencia de una norma de carácter federal (la ley 24557), así como el principio de retroactividad de la ley penal más benigna (art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y CN 75-22°), y la decisión impugnada ha sido contraria a la pretensión que la apelante fundó en ellas (CSJN in re "Vigil Constancio y otros s/ contrabando", del 09/11/00).
Empleo público, abandono de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Nabias,  Ricardo  A. c/ Mº  de  Economía  y  O.S.P.  (Dir. Gral. de Asuntos Jurídicos)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-08

No se encuentra acreditada la causal de abandono establecida por el art. 32 inc. b) de la ley 22.140, debido a que el actor ha incurrido sólo en tres inasistencias consecutivas injustificadas, en tanto que el art. citado prevé cinco inasistencias como causal de cesantía.
Daños y perjuicios, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL
Carátula: Suárez González José M. En j: Suárez González José M. c/ Mamerto Irizarri y otros s/ Acción ordinaria - Casación (Libro: S067-037)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-12-30

Frente a los muy respetables derechos de la persona perjudicada, por lógicas razones la ley ha preferido eximir a los padres de responsabilidad de los hechos dañosos cometidos por sus hijos de más de 10 años (art. 273) cuando aparece cierto que los primeros no han descuidado su deber de vigilancia, esto es cuando no han tenido culpa en el cumplimiento de ese deber.
Daños y perjuicios, indemnización, procedimiento administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Adán, Víctor Horacio c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Si el recurrente reclamó la indemnización por daños y perjuicios sobre la base de los haberes que debió percibir por la efectiva prestación de servicios, se trata del reclamo por el reconocimiento de un derecho, cuya procedencia no depende de la declaración de invalidez de acto administrativo alguno, y no de una vía impugnatoria, que sí presupone el agotamiento de la instancias administrativas (artículos 23 y siguientes de la Ley 19.549 y 99 de la Ley 19.987) cuya consecuencia sería necesariamente un pronunciamiento sobre la ilegitimidad del acto cuestionado.
Concurso preventivo, cuestiones de competencia, competencia por el territorio, administrador de la sociedad, domicilio real
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Rosiere,  Jesús  Nazareno s/ conc.  prev.  s/  inc.  cuestión decompetencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

El domicilio real de quien se denuncia como administrador de los negocios, no determina la competencia del titular del patrimonio que se concursa (art. 3 de la ley 24.522).
Intereses, convertibilidad, tasas de interés, tasa pasiva, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Deluca, Alberto Y. c/ Caja Nacional Ahorro s/ Costas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-03

Esta Cámara ha atribuido a las decisiones de la Corte en materia federal una obligatoriedad de hecho, a fin de atender a buenas razones de economía procesal y por la jerarquía institucional que en el orden judicial cabe atribuir a su interpretación en esas cuestiones.

Estamos en presencia aquí de una cuestión de derecho común, como es la relativa a la tasa del interés. Sin embargo, el tema se enlaza estrechamente con la interpretación de los fines y alcances de la ley 23.928 que en lo esencial es una norma dictada por el Congreso en ejercicio de las funciones que le encomienda el art. 67, inc. 10, de la Constitución Nacional, lo cual remite indudablemente a una materia federal en la que es conveniente que todos los tribunales sigan un criterio homogéneo.

Consecuentemente, los intereses se deberán liquidar a la tasa pasiva promedio a que se refiere el art. 8 del decreto 529-91, según el texto aprobado por el decreto 941-91, conforme con la reciente decisión de la Corte Suprema en la causa Y. 11, XII, " Y.P.F.

c/Pcia. de Corrientes" -resuelta el 3 de marzo de 1992.
Seguros, seguro de caución, interpretación del contrato, locación de obra, acción de repetición, obligaciones del asegurador, caducidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: VULEJSER, BERNARDINO c/ ASEGURADORES DE CAUCIONES SA CIA. DE SEG. s/ SEGURO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-18

Si sobre la base de un contrato de construcción de vivienda unifamiliar y de un contrato de seguro de caución, el locatario de la obra inicia acción judicial contra el locador de la misma y la aseguradora de este, para repetir las sumas entregadas al primero de los accionados mencionados por haberlas distraído del destino previsto contractualmente, resulta improcedente que la Cía. de Seguros oponga la caducidad del derecho del pretensor, por haber incumplido la cláusula contractual que le imponía el débito de informar tempestivamente "de los actos u omisiones del tomador que puedan dar lugar a la afectación de esta póliza", puesto que -como en el caso-, esa disposición, contractual no importo para el reclamante la carga de reputar acaecido dentro de cierto lapso inequívoco el incumplimiento del tomador del seguro ni de participar sobre ese incumplimiento a la aseguradora dentro de cierto lapso igualmente inequívoco. Ello resulta de la imprecisión del concepto de "afectación de esta póliza", empleado en la citada disposición que no fue clara ni cortante, pues ni identifico resuelta e inequívocamente el incumplimiento del contrato de obra, ni indico que existiera una carga, para el locatario, de negarse a tolerar el incumplimiento de los plazos de la prestación del locador de obra, y de participar inmediatamente luego del incumplimiento, a la aseguradora, respecto de esa infracción del débito contractual vinculante del locador.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Brindo, Héctor Rubén y otro s/ Tortura agravada por el resultado muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia la transgresión de los arts. 156 y 159 -n.a- de la Constitución provincial, alegando que la sentencia adolece de cierta incongruencia en cuanto al número de intervinientes en el hecho, si tal supuesta incongruencia no descalifica la sentencia como acto jurisdiccional, toda vez que respecto de lo resuelto en relación a los procesados la mencionada circunstancia no tiene incidencia alguna.
Extradición, Derechos humanos
Materia: PENAL-PROCESAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Lariz Iriondo, Jesús María s/ Solicitud de Extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-10

Los convenios y leyes de extradición no deben ser entendidos exclusivamente como instrumentos de cooperación judicial destinados a reglar las relaciones entre los estados en la materia, sino que también deben considerarse como garantía sustancial de que una persona no será entregada a un Estado extranjero sino en los casos y bajo las condiciones fijadas en el tratado o la ley, con respecto a sus derechos humanos fundamentales.
AFJP, cambio de AFJP, multa
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAFJP c/ PROFESION + AUGE AFJP SA s/ APELACION DIRECTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19

Del Dictamen Fiscal 116365:

Cabe aplicar una sanción de multa de 250 mopres a una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) por incumplimiento de lo establecido en la ley 24241: 44 y en la Instrucción SAFJP 768/95: 25 y en la Instrucción 20/03: 23, toda vez que se verifica que los rechazos a las solicitudes de traspasos formulados por ciertos adherentes no tuvieron una causa válida que los autorizara, por cuanto los beneficiarios se encontraban en condiciones de ejercer su derecho de traspaso de AFJP. En ese contexto, el error en el sistema informático alegado por la AFJP sancionada, no puede considerarse como una circunstancia eximente de la responsabilidad en que incurrió, toda vez que las actitudes que afecten el interés público, merecen sanción (cfr. Análogo: Dictamen 59685 en autos "Superintendencia de AFJP c/ Siembra AFJP s/ recurso de apelacion", N° Cámara: 60599/97).
Falsificación de documentos, documento nacional de identidad, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, DANIEL ANDRES s/ INF. ART. 292, PARRAFO 2DO. DEL C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-01

No puede prosperar el argumento basado en que el delito de falsificación de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas consiste en un acto preparatorio del uso de ese instrumento, pues la acción de adulterar posee tipicidad autónoma y se consuma en el mismo momento de la adulteración, constituyendo su uso posterior, un plus de su accionar susceptible de otro encuadre penal.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, actividad riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: T., J.P. c/ M., E.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-11

Acerca de la inexistencia de prueba objetiva sobre la culpa del conductor, no cabe sino reiterar elementales conceptos jurídicos que ya he expuesto. Tal ausencia de pruebas no haría desvanecer la responsabilidad atribuida al demandado a base del criterio de imputación objetivo consagrado en el art. 1113 párr. 2da. parte 2da. Cód. Civ.: el riesgo creado por la cosa de su propiedad o guarda.

Si él puso el riesgo en acción y era beneficiario de la actividad de la cosa, la ley le impone soportar las consecuencias desfavorables de dicha actividad, pues, según el tradicional aforismo latino, "ubi emolumentum, ibi onus esse debet" -donde está la utilidad debe estar la carga.
Código de Ética, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, resoluciones, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: S. G., E. F. - B., J. C. s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Recurso de Apelación interpuesto   ante el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados (Expte. C.S.J.   Nro. 309 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-19

Una de las características inevitables que en general asumen los códigos de ética profesional es la de recurrir a grandes principios que constituyen el núcleo de aquéllas exigencias que resultan ser las propias del buen profesional en cuestión. Pretender que los códigos de ética recurran a la estructura lógica propia de las normas jurídicas, de tal modo que a ciertos hechos definidos como supuestos se le atribuyan o imputen ciertas consecuencias perjudiciales para el autor de aquél, implicaría juridizar la ética, sin advertir lo específico y propio de la misma, lo que a su vez conllevaría la imposibilidad de atribuir una responsabilidad ética diferenciada de la estrictamente jurídica.
Acto administrativo, acto administrativo ilegítimo, Municipalidad, personal municipal, traslado, inspector de policía de tránsito, suplemento por inspección, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cáceres, Sevilla Isidoro c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nro. 470-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-27

Si bien la decisión judicial de declarar ilegítima la medida atacada por la recurrente en virtud de la cual se dispuso el traslado del agente municipal con pérdida del suplemento por inspección, no importa desconocer las potestades que la Administración pública tiene para trasladar a su personal, ni tampoco desconocer que el derecho a la estabilidad no se hace-sin ningún limite- extensivo a la función que desempeña el agente, pero en supuesto como el de autos, en lo que en definitiva, sin motivación suficiente se produce un perjuicio patrimonial al empleado, la anulación del acto respectivo constituye la decisión que corresponde con arreglo a derecho.
Recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad, despido sin causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Andrada Castillo, Walter Oscar y Otros c/ Total Servicios S.R.L. y otros s/ Beneficios Laborales - s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-03-13

La extensión de la responsabilidad a los socios sólo es posible en tanto se demuestre que la persona jurídica hubiere sido constituida con la finalidad de violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de terceros descartándose que la registración irregular sea un fraude que habilite el corrimiento del velo societario, ya que tratándose de un hecho ilícito su sanción es suficiente con la que prevén las respectivas leyes (S.C.J.B.A. 28/8/2.013, L. 112 . 851, Calmens Roberto c/ Naiman Jaime y Otros s/ Despido), en igual sentido éste Tribunal, en las causas Casas Ramón Omar y Otro c/ Total Servicios SRL y Otros s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación, y Expte. Corte Nº 26/16 Casas Ramón Omar c/ Total Servicios S.R.L. s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación, resolvió que las deficiencias enrostradas a la sociedad demandada, en cuanto a la registración de los actores, se exhiben como incumplimientos contractuales, que no amerita extender la responsabilidad de la condena a los socios, por no acreditarse la configuración de las causales que describe el artículo 54 de la Ley de Sociedades, sin perjuicio de que deba merituarse en cada caso en concreto, si corresponde o no la extensión de la responsabilidad a los socios.-
Impuestos, régimen penal tributario, competencia, cuestiones de competencia, declinatoria, competencia en lo penal económico, delitos tributarios
Materia: PENAL
Carátula: LA ARMENIA S.A.C.I.F.I. s/ Régimen penal tributario, Causa: 35419.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-06

Resulta prematura la declaración de incompetencia en causa por art.

1 de la ley penal tributaria ante la supuesta infracción a los art.

288, 292 y 174 CP si las medidas conducentes al esclarecimiento de los hechos no resultan suficientes - por el momento - para afirmar que el documento en cuestión haya sido falsificado al no haberse establecido en forma fehaciente la calidad del sello bancario ni cursado el oficio requerido para que el banco informe sobre la autenticidad del sello, el ingreso del respectivo monto y, en su caso, el destino dado a éste.
Injuria laboral, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Galdame, Nieves Angélica c/ Carbajal, Patricia y otros s/ Despido y salarios Eguía Segui, Norah M. c/ Colegio de Escribanos de la Provincia s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-08|1995-06-27

Quien invoca la injuria como causal de despido, debe acreditarla (arts 242 LCT y 375 CPCC).