marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, bien jurídico protegido, Derechos humanos, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

No cualquier derecho consagrado constitucional o legalmente es tutelable por la vía del recurso de amparo. En efecto, son sólo aquellos "derechos humanos" que constituyen los derechos fundamentales del hombre, unas libertades básicas que la comunidad internacional, y cada Estado que hace parte de ella deben reconocer, respetar y promover. Asimismo, no toda extensión cubierta por un derecho constitucional configura un derecho humano fundamental. Por ejemplo, el derecho constitucional de propiedad sólo configura "el derecho a la propiedad de aquellos bienes realmente necesarios para el desarrollo integral de la persona humana". (Del voto del Dr. Ulla).
Concursos, pronto pago, crédito laboral, remuneración
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONSELL  SA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/ INC. DE PRONTO PAGO POR STEFANOV, MARTA TERESA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-06

No procede desestimar una solicitud de pronto pago con fundamento -como en el caso- en no tratarse de un crédito incuestionado, ya que fue controvertida la remuneración del acreedor sobre cuya base se fijó la cuantía de los rubros indemnizatorios reclamados, es decir, que aunque se admitió la relación laboral, sin embargo, se encuentra cuestionada la extensión de la indemnización. Ello pues, el pronto pago no importa una mera dispensa provisoria de la carga de verificar tendiente a agilizar el cobro, sino que, cuando se reúnen las condiciones para hacerlo procedente, la resolución que lo concede reemplaza de modo definitivo a la verificación. Por tanto esa dispensa rige sólo en principio: no en todas las hipótesis el "pronto pago" la reemplaza, sino sólo en los casos en que, malogrado el trámite estrictamente sumario que lo caracteriza, puede no obstante lograrse en su ámbito la certidumbre necesaria para admitir el crédito. De lo contrario, la verificación se convierte en insoslayable. Sólo la resolución que lo concede es definitiva. La que lo deniega, en cambio, no hace cosa juzgada: el pretensor deberá requerir la previa verificación de su acreencia, posibilitando de tal modo la aportación de todos los elementos de juicio que no se acompañaron en aquel trámite (conf. Villanueva, Julia, "Concurso Preventivo", Pág.. 105, Artes Graficas Buschi, 1997).
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, culpa concurrente, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Moraga, Enrique Nicolás c/ Escudero Hormazabal, Manuel Nicolás y otro s/ D. Y P. derivados del uso de automotores (con lesión o muerte)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-04-23

Atendiendo a las consideraciones que tuvo en cuenta la a-quo (la angustia propia del evento dañoso y lo dictaminado por la perito psicóloga en su informe), deben valorarse las secuelas emocionales y estéticas, como también la omisión de conducir la motocicleta con el casco colocado en forma insatisfactoria; los padecimientos espirituales de las lesiones y el tiempo de recuperación que le demandó al actor, por lo que resulta justo y equitativo confirmar la sentencia en el monto otorgado por éste rubro.
Empleados públicos, carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Della Croce, Roberto Oscar c/ Provincia de Buenos Aires (Poder ejecutivo) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

La promoción en la escala jerárquica no es un derecho subjetivo del agente público. La vacante de un oficio público no genera tal derecho, desde que los cargos no han sido creados por la ley para el empleado o funcionario sino en razón del servicio. No es suficiente la existencia de vacantes para que la administración pública tenga obligación de cubrirlas.
Acción de amparo, empleo público, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

La objeción respecto del procedimiento llevado a cabo según las reglas del amparo (art.14, CCBA) en lugar de las que corresponden a un proceso de conocimiento, cuando se trata de un litigio por "empleo público" en el que no se manifiesta la evidencia inicial de ilegitimidad del acto u omisión cuestionados, o el daño inminente a un derecho constitucional o legal que deba ser restablecido de inmediato, justifica hacer lugar parcialmente a la queja planteada y también al recurso de inconstitucionalidad que aquella supone. (Voto del Dr. Julio B.J. Maier)
Honorarios del abogado, honorarios extrajudiciales
Materia: CIVIL
Carátula: G. M., M. L. M. c/ F., E. s/ daños y perjuicios (ordinario)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-26

La labor extrajudicial del abogado es la que no se desarrolla en los estrados judiciales, ni tiene conexión con el trámite de las causas radicadas en dicho ámbito. Se trata más bien del desempeño que habitualmente despliega el profesional de determinados actos de asistencia al cliente; incluye consultas y gestiones personales, emisión de dictámenes, asistencia a audiencias extrajudiciales, recopilación y estudio de antecedentes, formulación de recomendaciones y consejos, de estrategias y tácticas para el manejo de un asunto y también la actuación ante los órganos de la administración, que está prevista en el art. 59 de la Ley 27.423 y es una especie de la labor extrajudicial
Costas, pluspetición inexcusable
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INMAR S.A. c/ Fernández, Enrique s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-20

La mera desproporción entre lo reclamado y el importe de la condena no es motivo bastante para que las costas sean soportadas exclusivamente por la ejecutante, toda vez que el ejecutado, con su actitud, obligó a aquélla a la consiguiente tramitación del juicio para obtener lo que en derecho corresponde, de lo que se sigue que no se configura la situación prevista por el art. 72 del CPCC en su primer apartado.
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: LABORAL
Carátula: Ballesteros, Graciela Margarita c/ Municipalidad de Concordia s/ Acción de amparo y prohibición
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-03-11

No habiendo gozado el actor de la estabilidad por no reunir los requisitos del artículo 21 de la Constitución Provincial, el acto dispuesto por la demandada mediante el Decreto 012/2004, no resulta arbitrario ni lesivo como lo pretende calificar la accionante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acumulación de acciones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maggi, Odin Angel y otros c/ La Estrella Alpina s/ Accion negatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

Si la Cámara remitió el expediente a primera instancia a fin de que determinara el monto de la acción negatoria -que fuera rechazada- a los efectos de la regulación de honorarios, la declaración efectuada por el a quo -una vez devuelto aquél- referida a que la mencionada acción quedo subsumida en la pretensión que prosperó y por esa razón consideró como monto del juicio a los fines regulatorios, el de la indemnización que se fijó en definitiva, implica volver sobre todo lo actuado hasta el momento y viola los arts.26, 27 y 38 del dec.ley 8904, ya que en casos de acumulación de acciones, cada una de ellas debe ser considerada en forma separada, teniendo la acción negatoria un tratamiento específico en la ley arancelaria.
Protección contra el despido arbitrario, indemnización por despido, tope indemnizatorio, ley de empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Ceuninck, Raúl Héctor c/ Unilever de Argentina S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-31

Corresponde al legislador asegurar la protección del trabajador contra el despido arbitrario (art. 14 bis C.N.), establecer las bases jurídicas, reglamentar las relaciones de trabajo y las consecuencias que derivan de la ruptura del contrato laboral, sin que los jueces se hallen facultados para decidir sobre el mérito y conveniencia de la legislación sobre la materia. Tal criterio debe aplicarse a la normativa del art. 153 de la ley 24013, cuya remuneración base no ha sido fijada mediante acto unilateral del poder Ejecutivo o de otro organismo habilitado para ello, sino que refleja el acuerdo de las partes colectivas en el punto. (Del voto del Dr. Moroni, en mayoría). (En igual sentido: C.S.J.N. in re "Villarreal, Adolfo c/Roemmers s/Cobro de Salarios", sent. del 10/12/97).
Jurisdicción, recurso de reposición (procesal), plazo, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: Pardo Ramos, Antonio s/ revocatoria de condicionalidad de la pena c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

La intervención de las partes no resulta ociosa, sino que la jurisdicción debe dar respuesta a los planteos propuestos por la defensa. Máxime ello, cando se alega que el plazo de observancia respecto del art. 27 bis CP ha operado, pues la omisión de tratar la cuestión implica someter al condenado a proceso indeterminadamente, o hasta el instante en que el juzgado considere revolver la incidencia (voto de los jueces Bruzzone, Llerena y Días).
Estado Nacional, legitimación procesal, leyes, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BRE. c/ Policía Federal Argentina s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

El Estado Nacional no está legitimado para plantear la inconstitucionalidad de normas que él mismo dicta (Disidencia parcial del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Determinación del monto, deuda previsional
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa de Trabajo Doble H. Ltda. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-16

La RG 3756/93, reemplazada por la RG 1566/03 (texto sustituido en 2004) no es una norma penal, sino que, se trata de una disposición que se limita a fijar el monto de la sanción -entre un máximo y un mínimo- establecida por la Ley 17.250, a los efectos de evitar arbitrariedades por parte de los funcionarios en la aplicación de la misma.
Accidentes de trabajo, competencia por el territorio, lugar de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: MANSILLA, MARCELINO S. c/ RUTA 3 AUTOMOTORES SACIFIA. Y G. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-14

Si el accidente que motiva la demanda por indemnizaciones ocurre con motivo y en ocasión del cumplimiento de tareas en el ámbito territorial que comprende a la vez el lugar del establecimiento y del domicilio de la empleadora, no se justifica la opción (artículo 24 de la LO.) de demandar en jurisdicción distinta con fundamento en su desplazamiento contingente por razones de trabajo.
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, traslado, defensa, apertura a prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ALMIRON, P. A. s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-04

El traslado a la defensa no puede considerarse secuela de juicio;

dado que es un acto que proviene del perseguido. Si bien la apertura de la causa a prueba puede tener relevancia en tal sentido, no lo posee en la presente causa, por cuanto sólo la defensa propuso medidas en interés de su pretensión beneficiante.
Agentes de la administración pública, reducción salarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALARCON OMAR c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-11-28

La sola disminución en los haberes, no puede adquirir entidad de perjuicio por cuanto el agente no prestó servicios efectivos en el ente demandado. Ello, así está contemplado en nuestro derecho positivo local, en mérito al principio emanado del artículo 17 inciso b) de la Ley Nro. 5642 que requiere a efectos del derecho a la retribución de sus servicios, que el agente haya prestado los mismos.
Concursos, período de sospecha, fecha de pago, cesación de pagos, incidentes
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Whittingslow, Federico Fabian c/  s/ quiebra s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Procede confirmar la fecha inicial del estado de cesación de pagos fijada por el a quo, en los términos de la LCQ 117. Ello por cuanto, en el caso, obra verificado a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos un crédito por la falta de pago del impuesto a las ganancias correspondiente a determinado período -2009/2011-. Y tal incumplimiento constituye un hecho revelador del estado de cesación de pagos. Cabe agregar, que no se desconoce que la falta de pago por parte del fallido del crédito aludido podría lucir como una situación de incumplimiento aislada y por ende insusceptible de ser verificada como fecha inicial de su estado de cesación de pagos, pero en el caso el apelante no ha acreditado que haya poseído -con posterioridad a esa fecha- una capacidad económica superadora de dicho puntal estado de mora mantenido con el organismo recaudador.
Obras públicas, contrato de obra pública, recepción de la obra
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Petersen  Thiele  y Cruz S.A. y otro c/ Cámara de Diputados de laNación s/ contrato obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-07

El art. 43 de la ley 13.064 faculta a suspender la recepción provisional "si las obras no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato", pero no obliga a hacerlo. En consecuencia, se puede recibir la obra provisionalmente y aclarar que hay trabajos pendientes, sin que la mentada recepción permita inferir la escasa entidad de aquéllos.
Costas al vencido, costas en el orden causado, interpretación de la ley, conflicto de leyes
Materia: PROCESAL
Carátula: Oros, Oscar Osvaldo c/ CONET s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

Cabe imponer las costas por su orden si la dificultad de los textos legales aplicables pudo inducir al actor a sostener un criterio opuesto (art. 68, párrafo segundo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Prueba, testigos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZALAZAR ANGEL c/ VICENTE GUERINO HILARIO CROCERI Y COOPERATIVA DE SEGUROS RIVADAVIA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S076 - 312)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-11-24

"... la valoracion de la prueba testimonial y su fuerza probatoria, deben apreciarse segun las reglas de la sana logica, procurando desentranar el merito o la inconsistencia de la declaracion, con las demas circunstancias de la causa, que corroboren o disminuyan su fuerza, observando igualmente la calidad de los testigos. Frente a la declaracion de personas que dicen, conforme a sus sentidos, haber presenciado un hecho y son contestes y categoricos y aparentemente veraces en sus dichos, el magistrado no puede apartarse de las conclusiones que de estos se saquen, en base a planteamientos hipoteticos no sustentabes en prueba valorable a tales fines .-
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Suárez, Luis s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-03

Cabe declarar inadmisible el tratamiento en casación de la alegadas infracciones legales, si el recurrente no ha cumplido a su respecto con la carga de fundamentar circunstancialmente el agravio.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho a la identidad
Materia: PENAL
Carátula: MILAGROS BELEN AVILA c/ VILLALBA DE AVILA, OLGA M; AVILA MIGUEL ARMANDO Y GUZMAN, ANGEL ANTONIO s/ SUPRESION Y SUPOSICION DEL ESTADO CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-20

El derecho a la identidad tutelado por la Convención sobre los Derechos del Niño conforme al artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional se materializa en el derecho a establecer la filiación para que toda persona obtenga aquella que le corresponde en el orden biológico y la misma aparezca instrumentada en los registros correspondientes.
SOCIEDADES COMERCIALES, intervención judicial, improcedencia del recurso, incumplimiento del convenio, calidad de accionista
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Surachi, Andriana María c/ Clínica Privada San Andres SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-19

Procede rechazar el pedido de la actora, de intervención judicial de la sociedad demandada. Ello por cuanto, es sabido que como medida cautelar, debe reunir los extremos requeridos por el CPR 198, cuales son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Así, no se trata de exigir a la peticionaria una prueba plena y concluyente del derecho invocado, sino de apreciar la apariencia de credibilidad del reclamo de fondo, con la provisionalidad con que cabe valorar los elementos de juicio incorporados a la causa y siendo una medida de gravedad, se impone al juzgador el estricto cumplimiento de tales recaudos. En ese orden de ideas, la LGS 114 dispone que la peticionante de una medida de esa naturaleza debe acreditar su condición de socio, la existencia de peligro de gravedad tal que ponga en riesgo la existencia misma de la sociedad, acreditar la promoción de la acción de remoción y haber agotado los recursos previstos en el contrato social. Y, en la especie, la peticionante no es accionista de la sociedad demandada (cfr. arg. esta CNCom, Sala E, in re: "Cigorraga Fernán c/ Sambito Frank s/ medida precautoria" del 30/5/05).
Compraventa, saldo de precio, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Resnitzky de Scheinkman, Mirta c/ Cerquetti, Héctor Luis y otros s/ Escrituración.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-29

El deber moral y legal de ejercer regularmente los derechos, la buena fe en la ejecución de las convenciones y la necesidad de mantener y resguardar de algún modo el fin objetivo del negocio, el razonable equilibrio de las prestaciones, son directivas que justifican la revisión del contrato en ciertos casos excepcionales, para evitar que se consolide una operación carente ya de sentido, sin que la mora del enajenante, si se trata de un juicio de escrituración, sea obstáculo a la actualización de su crédito.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Quevedo, Susana Noemí y otro c/ Sanatorio Perpetuo Socorro S.A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-16

Cuando existe una situación de duda el juez criminal debe absolver al acusado, en tanto al magistrado civil le está permitido averiguar si medió alguna culpa a los fines de establecer la reparación del damnificado, pese a la absolución penal. Esto como consecuencia de la diferencia conceptual entre acto ilícito civil, y "delito penal".

El primero es una noción abierta que resulta de cualquier infracción a una norma legal. El segundo responde a la nota de tipicidad, es decir, requiere una prefiguración taxativa en el Código Penal.
Derechos y garantías constitucionales, reglamentación de la ley, derecho a la salud, Salud pública
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Hospital Británico de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

El Estado tiene facultades para intervenir por vía de reglamentación en el ejercicio de ciertas industrias y actividades a efectos de restringirlo o encauzarlo, marco en el cual tienen cabida todas aquellas restricciones y disposiciones impuestas por los intereses generales y permanentes de la colectividad, sin otra valla que la del art. 28 de la Constitución Nacional (Voto de los Dres. Carlos S.

Fayt y Augusto César Belluscio).
Indemnización, docentes privados
Materia: LABORAL
Carátula: ORTIZ, LINA MARIELA c/ SOCIEDAD HERMANAS FRANCISCANAS Y/U OTRO s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-10-03

Los docentes privados se encuentran comprendidos dentro de las previsiones de los decretos 1273/02 y 1371/02 de conformidad con lo precisado por la Resolución ST 169/02 y, en forma concordante en la Provincia de Entre Ríos, el Director Provincial del Trabajo dispuso mediante Resolución Nro. 52 del 07-03-03 el cumplimiento de los decretos referenciados en todos los establecimientos educacionales privados cuyos fundamentos no han sido eficazmente atacados por la demandada.-
Sanciones del Colegio Profesional, exclusión de la matrícula, sentencia arbitraria, responsabilidad del abogado, vista de las actuaciones, falsedad de causa, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CIVIL
Carátula: Machado, Jorge José c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) (expte. 19.982/05)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-15

Cabe dejar sin efecto por arbitrariedad, la sentencia que confirmó la sanción que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal impuso a un abogado- condenado a un año y ocho meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el mismo tiempo, por el delito de estafa en grado de tentativa-, consistente en la exclusión de la matrícula profesional, pues el a quo no ponderó adecuadamente el argumento planteado por el apelante relativo a la inexistencia de la audiencia de vista de causa-conducente para la solución del litigio-, vicio que podría afectar la validez de la sanción impuesta, toda vez que esta se basa en un antecedente de hecho que no existió en realidad, lo cual implica falsa causa (art. 7º, inc.b y 14, inc.b de la ley 19.549) y una lesión a la garantía del debido proceso adjetivo y al derecho de defensa en juicio, que eventualmente provocaría la nulidad del acto en cuestión.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Prescripción adquisitiva, dominio privado del Estado, dominio público, recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL
Carátula: Yapura, Silvestre c/ Provincia de Salta s/ adquisición del dominio por prescripción - recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-10-02

Resulta arbitraria la sentencia que desestimó el planteo de usucapión con sustento en que en tanto la decisión que hizo lugar a la expropiación tuvo como fundamento la utilidad pública del bien, éste ingresó al dominio público del Estado.

Los bienes que ingresan al dominio del Estado como consecuencia de una expropiación no integran "ipso iure" el dominio público aun cuando su modo de adquisición esté regulado por el derecho público. La expropiación, en sí, nunca es constitutiva de dominialidad. En este sentido, y como lo sostiene reconocida doctrina, entre el dominio público y la expropiación existe una marcada diferencia. Mientras que el primero consiste en un conjunto de bienes sometidos a un régimen jurídico especial, la segunda constituye el medio o procedimiento jurídico en cuyo mérito un bien o cosa es transferido de un patrimonio a otro por causa de utilidad pública. Si bien puede ocurrir que, al producirse la expropiación y quedar consagrado el bien al fin que la motivó, dicho bien adquiera calidad pública, la dominialidad del bien no deriva del mero acto expropiatorio. (Del voto en Mayoría de los Dres. Samsón, Vittar, Cornejo, Dra. Ovejero Cornejo, Dr. Posadas)