Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-09-23


SALA SEGUNDA Expte. N° 5594 caratulado: "ARANCIBIA Antonio Nelson c/ Municipalidad de Chimbas - Contencioso Administrativo - INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION" En la Ciudad de San Juan, a veintitrés días del mes de setiembre del año dos mil once, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de examinar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha dos de agosto de dos mil once, en autos Nº 20.935 (112.464) caratulados: "Arancibia Antonio Nelson c/ Municipalidad de Chimbas - Cont. Adminis.".--------------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:------- --- La sentencia de primera instancia receptó la demanda y, en consecuencia, revocó el acto administrativo municipal, decreto emitido por el Presidente del Concejo Deliberante, que había dispuesto la baja del actor, secretario privado de una concejal. La jueza consideró que, pese a carecer de estabilidad, la remoción requería observar el debido proceso y el régimen legal pertinente, lo que no se cumplió en la especie. En la sentencia ahora impugnada el Tribunal rechazó la apelación de la demandada, con lo que confirmó el fallo de primera instancia. Al fundar su decisión, el a quo ratifica la necesidad de que el procedimiento previo a la remoción respete el derecho de defensa del agente.--- --- La demandada encuadra su recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. Dice que la sentencia es arbitraria y violatoria de su derecho de defensa, por incurrir en error notorio, palmario y fundamental, que destruye el principio de razonabilidad.----------------- --- Se agravia de lo resuelto señalando que yerra la jueza de primera instancia cuando manifiesta que el acto administrativo fue dictado sin que mediara un trámite previo; que, como surge de las constancias de autos, la concejal y el propio actor fueron notificados. Agrega que de la confesional del actor resulta que la concejal Alaniz tenía estrecha relación con la familia del primero, lo que no fue considerado. Agrega que la concejal reconoce en su respuesta a la pregunta seis el contenido del decreto de baja y manifiesta no haberlo recurrido, lo que implica que consintió la sanción.----- --- La demandada encuadra su recurso de casación en las causales de los dos incisos del artículo 15 de la ley 2275. Dice que el a quo ha interpretado erróneamente la norma contenida en el artículo 26 inciso 10 del reglamento interno del Concejo y el artículo 84 de la Carta Orgánica Municipal.------------------------------- --- Tras exponer sucintamente los antecedentes de los recursos planteados, me aboco a examinar su admisibilidad formal. Adelanto que dicho examen conducirá a desestimarlos, por las siguientes razones:-- --- En cuanto al recurso de inconstitucionalidad, advierto, en primer lugar, un evidente defecto de fundamentación. Bajo el título "Fundamentos del Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad", la demandada se limita a realizar una crítica genérica del fallo, crítica que ocupa poco más de una carilla y que incumple con los requisitos del artículo 13 inciso 3º de la ley 2275. Es cierto que algunos agravios pueden extraerse del capítulo anterior del escrito ("Sucinta relación de antecedentes"). Sin embargo, dichos agravios tampoco son eficaces, ya que parecen dirigidos contra la resolución de primera instancia y no contra la del a quo. Ha dicho esta Corte que si el pretenso agravio se limita a reiterar los motivos que se adujeron en oportunidad de ocurrir a la Alzada, y para nada se intenta rebatir los argumentos que se exponen en la sentencia impugnada, esto demuestra su manifiesta improcedencia. (P.R.E. S.1ª 1990-II-73).-------------------------------------------- --- En segundo lugar, e incluso considerando dichos agravios, el recurso no se autoabastece en lo pertinente. Cabe recordar que el artículo 4 de la ley 2275 (t.o. ley 6846), dispone que: "El recurso debe autoabastecerse, de forma tal que permita al Tribunal examinar y decidir la admisión formal sin necesidad de requerir antecedentes o actuaciones". Ha dicho al respecto esta Corte que el recurso extraordinario es de interpretación restrictiva y debe bastarse a sí mismo, por lo que la presentación debe estar integrada por todos los elementos necesarios para demostrar y apoyar la pretensión esgrimida. No cabe, por ende, suplir las eventuales omisiones mediante reenvíos o solicitud de autos principales para integrar fundamentos, pues la competencia de este Tribunal está objetivamente ceñida por el régimen de la ley 2275 (P.R.E. 1985-166; S.1ª 1989-1; S.2ª 1991-I-26; etc.).- --- Puesto que los agravios se basan en errónea valoración de las constancias de autos, básicamente de la testimonial de la concejal Alaniz y la confesional del actor, era necesario que la recurrente adjuntara copia de las actas correspondientes. Las copias resultaban imprescindibles para verificar el sustento de los argumentos expuestos y para, en definitiva, juzgar sobre la arbitrariedad invocada.------------------------ --- Tampoco el recurso de casación resulta admisible. En este caso, porque no se configura el supuesto de hecho que la recurrente plantea. Las instancias de mérito han interpretado las normas, no en el sentido que la peticionaria entiende, sino en el que propugna en el recurso. Es decir, que, sobre el punto, la decisión adoptada es justamente la que la demandada propicia.---- --- Veamos: mediante la referencia a las normas supuestamente mal aplicadas o interpretadas (art. 26 inc. 10 del reglamento interno del Concejo y art. 84 de la Carta Orgánica Municipal), la peticionaria parece controvertir una supuesta decisión relativa a la incompetencia del Presidente del Concejo para dar de baja al actor. Sin embargo, dicha incompetencia no resulta de las sentencias de primera y segunda instancia. Por el contrario, la jueza de grado refiere que: "la baja del actor (.) fue dispuesta por la autoridad competente pero sin respetar el régimen legal al que éste se encontraba sometido". El Tribunal de apelación, por su parte, ratifica dicha consideración cuando expresa: "si el Presidente del Concejo Deliberante tiene esas facultades, las ejerce conforme al sentido y fin de la norma y no al impulso de actos emanados de la voluntad del funcionario".------ --- Es así que, los argumentos del recurso de casación se basan en una incorrecta lectura de los fallos de las instancias de mérito. Como digo, lo resuelto sobre el particular resulta de una interpretación de las normas coincidente con la posición de la demandada, con lo cual ésta carece de interés para plantear el recurso.-------- --- Por todo ello, voto por desestimar formalmente los recursos planteados.------------------------------------ --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSE ABEL SORIA VEGA Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON:------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.------------------------------------------- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí. Dr. Jorge Daniel de Oro - Secretario Letrado.

Df-5594 S.E.

P.R.E. S.2ª 2011-III-559.