Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14


En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Febrero de 2012, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y ROBERTO ANGEL BAGATTIN, con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-113772 , en los autos: "DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BS.AS.C/ GARAY ERNESTO LODESLAO S/ EXPROPIACION".-	La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-	1ª.) ¿Es justa la sentencia apelada?	2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?	Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Roberto A. Bagattin.-	VOTACION A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:

I.- La sentencia de fs. 201/03 es apelada por ambas partes, expresando agravios la actora a fs. 276/77 y la accionada a fs. 272/75, siendo estos últimos contestados a fs. 279/84.

II.- La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires promovió demanda de expropiación de una fracción 1.522,20 metros cuadrados de un inmueble ubicado en el Partido de Luján a los fines de la remodelación y ensanche de la ruta provincial n° 6. Ofreció como indemnización la suma total de $ 17.890.

Con fecha 30/06/2000 tomó posesión del inmueble (fs. 142).

Contestó la demanda el propietario de la fracción, rechazando la suma ofrecida. Dijo que el inmueble tenía una superficie total de 5.466,75 metros cuadrados, una casa construida, otra de huéspedes, piscina y un galpón sin terminar, y que habiendo sin expropiar 3.200 metros cuadrados, los mismos habían quedado depreciados. Asimismo, expresó que dentro de lo expropiado había una importante arboleda y un galpón, lo cual, a la época de la desposesión tenía un valor de $ 32.152,12. En definitiva, sostuvo que la porción expropiada y los perjuicios del desmembramiento ascendían a $ 180.000, indemnización que pretendía.

Producidos los informes periciales y realizada la audiencia prescripta por el art. 32 de la ley 5.708, se dictó sentencia. Evaluando los dictámenes periciales, las respectivas observaciones y la audiencia llevada a cabo, la magistrada fijó la indemnización en la suma de $ 22.000, con más los intereses a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la fecha de la desposesión. Citando el art. 37 de la ley 5.708 y el art. 68 del C.P.C., fijó las costas por su orden.

III.- 1.- Se agravia el demandado por entender que el monto fijado no equivale al justo valor del bien expropiado, toda vez que implica $ 14,45 el metro cuadrado. Expresa que el desmembramiento territorial efectuado ocasionó un daño adicional al alterar la situación de las construcciones erigidas. Sobre la base del informe pericial presentado por el experto por él ofrecido, dice que la depreciación total padecida por el inmueble es de u$s 24.000, suma que desglosa en u$s 15.000 para el valor de la tierra y u$s 10.000 para el valor del galpón expropiado, y que, al cambio del día de hoy equivale a $ 104.500.

Se agravia también de la tasa pasiva fijada, pidiendo que sea la tasa activa atento al tiempo transcurrido desde la desposesión.

Contesta la actora, diciendo en primer lugar que las construcciones existentes en la propiedad no pueden ser tenidas en cuenta toda vez que fueron realizadas en infracción a la ley 6.312, que establece que debe guardarse una distancia de 20 metros de los caminos de la red troncal provincial y nacional. Cuestiona la pretensión de que se fije la indemnización en dólares estadounidenses por ser contrario a las previsiones de la ley 5.708 y porque implicaría una manifiesta violación de la prohibición de actualización monetaria (leyes 23.928 y 25.561). Además, sostiene que el demandado pretende duplicar la indemnización, al pretender, además de la indemnización estimada en dólares, intereses desde la fecha de la desposesión. Insiste en que debe calcularse el valor a la época de la desposesión y que debe aplicarse la tasa pasiva de acuerdo a la doctrina de la casación provincial.

2.- La Fiscalía de Estado se agravia de la imposición de las costas por su orden, argumentando que el art. 37 de la ley 5.708 es claro en cuanto a que deben estar a cargo de aquella de las partes que más lejos hubiera estado al formularse las pretensiones del precio final fijado en la sentencia, por lo cual deben ser impuestas al accionado.

IV.- 1.- Aparentemente, el expropiado, al contestar la demanda, pretendió que se le indemnizara la depreciación sufrida por el remanente de su propiedad (art. 9 ley 5.708) y el valor de la fracción expropiada, aunque no explicó con claridad cómo llegaba a la suma pedida de $ 180.000 (fs. 164vta.).

El perito por él ofrecido estimó que la depreciación de la propiedad sobrante era de un 30 por ciento, o sea de u$s 24.000, pero concluyó diciendo: "el valor de la porción efectivamente expropiada de 1.500 mts.2. asciende al aproximado de dólares estaudounidenses quince mil (u$s 15.000) la tierra, mas un aproximado de dólares estadounidenses diez mil (u$s 10.000) por el valor del galón expropiado" (fs. 223). Al realizarse la audiencia de fs. 249 aclaró este perito que al momento de la desposesión el valor era de $ 24.000 teniendo en cuenta la ley de convertibilidad.	En la expresión de agravios, el accionado, sobre la base del dictamen indicado, insiste en que el monto indemnizatorio debe ser de u$s 24.000, parafraseando el desglose de esta suma hecha por el experto (fs. 273vta.).

Sobre la base del alcance las atribuciones de esta alzada, conforme al art. 272 del C.P.C., ya no se trata, entonces, de que la controversia radique en la depreciación del remanente de la propiedad más el valor de la fracción expropiada, sino del valor atribuido a esta última, cuestión a la que se circunscribe lo que es objeto de revisión.

La Fiscalía de Estado acepta el valor fijado en la sentencia ($ 22.000 al momento de la desposesión), y el accionado pretende que sean u$s 24.000. La discrepancia fundamental radica, entonces, en la moneda en que debe fijarse la suma indemnizatoria.

A partir del fallo de la S.C.B.A. en C. 101.107, "Arbizu c. Prov. de Buenos Aires s. Exprop. Inversa", del 23/03/10, se impuso en el superior tribunal el criterio de que la consideración del dólar estadounidense para fijar el valor expropiatorio no constituye en sí mismo la aplicación de índices de actualización monetaria, sino un modo de establecer una indemnización justa (conf. art. 17 C.N., art. 4 ley 25.561 y 35 ley 5.708). Ello así porque es un hecho notorio que las tasaciones inmobiliarias se realizan en esa moneda, y no implica una actualización, reajuste o indexación sino el cumplimiento del deber constitucional de indemnizar a "valores actuales", toda vez que no se aplican índices o coeficientes sobre una suma preexistente - mecanismo prohibido -, sino que se procede a la cuantificación del justiprecio de la tierra a los efectos de cumplir con los mandatos imperativos de la C.N. (art 17, y art. 2511 C.C.).

El fallo indicado argumentó también con el concepto de "justa indemnización" del bien expropiado, que, conforme a la doctrina de la C.S.J.N., implica que la indemnización debe ser integral, y que el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro alguno. En tal sentido - añadió -, el expropiado no puede ver disminuido su patrimonio, y por ello la indemnización debe ser un valor equivalente al que en economía se designa como "valor de cambio", puesto que la misma reemplaza a la cosa en el patrimonio del expropiado, de manera tal que el Estado cancela su deuda cuando paga una suma cuyo valor real y adquisitivo equivale al valor del bien, con lo cual la obligación del expropiante no consiste en dar una cantidad de dinero sino en reparar un valor patrimonial (conf.: C.S.J.N., sent. del 17/10/85 en L.L. 1986-A-351).

También añadió el fallo, siendo que la indemnización en estos casos era de fuente constitucional "directa", que el juez se encontraba habilitado con mayor razón para fijar la cuantía de lo debido al momento de sentenciar.

Estos argumentos se reiteraron en el fallo dictado en C 100.908, "Ormachea c. Fisco de la Provincia", del 14/07/10, y, aunque en por ajustada mayoría, en C 98.321, "Larrosa c. Fisco de la Provincia", del 5/1011.

Esta Sala tuvo en cuenta los dos primeros de esos precedentes al fallar en la causa n° 113.341, "San Andrés c. M.O.S.P. s. Exprop. Inversa", el 9/11/10, y por ello, dejó de lado el critero sentado en la causa n° 111.709, "Finger, Néstor c. M.O.S.P." (sent. del 2711/08), citado por la actora.

Dije al votar en primer término en la causa n° 113.341 que la indemnización a "valores actuales" era contrariar el texto expreso de la ley (art. 8 ley 5.708), lo que no podía hacerse sin declaración de inconstitucionalidad (conf. esta Sala, causas n° 108.113 del 19/04/04; 109.764 del 3/06/04; 108.783 del 17/06/04; 110.363 del 12/09/06, 111.492 del 6/11/07), y que, como las leyes se presuponían constitucionales y la declaración de inconstitucionalidad era la "última ratio" del orden jurídico, debía hacerse el esfuerzo interpretativo de salvar su compatibilidad con la Constitución Nacional. En tal tarea - señalé -, se advertía que los arts. 8, 9 y 35 de la ley 5.708 no decían en qué moneda debía hacerse la tasación del bien expropiado, y, si bien la interpretación histórica conducía a que se refería a moneda de curso legal, una interpretación actual no impedía que el "valor a la época de la desposesión" (art. 8), o el "valor objetivo del bien" (art. 35) se estimara en dólares estadounidenses, siempre que esta haya sido la moneda con que fuera corriente que se hicieran las tasaciones y las transacciones en ese momento.

En el caso de autos, es un hecho notorio que a la época de la desposesión (junio de 2000, con plena vigencia de la ley de convertibilidad), las tasaciones de los inmuebles se hacían en la moneda norteamericana. Ello no ha cambiado en la actualidad, y también es un hecho notorio que el valor de la propiedad inmobiliaria actualmente es igual o superior a la que tenía antes de 2002.

También hay que tener en cuenta que la "ratio legis" del art. 8 de la ley 5.708 es que no debe tenerse en cuenta, a los efectos de la fijación del monto indemnizatorio, el mayor valor que pueda haber adquirido el bien como consecuencia de la obra pública (v.g. apertura de una ruta que valoriza la zona), y como la expropiación no debe ser causa de enriquecimiento del expropiado, es improcedente tomar en cuenta una fecha posterior a la desposesión (conf. Bidart Campos, "Régimen constitucional de la expropiación", L.L. 144-953). En el caso de autos no se ha denunciado que la estimación en dólares estadounidenses que el expropiado pretende tenga algo que ver con un aumento del valor de la propiedad como consecuencia de la obra pública (conf. razonamiento seguido por el Dr. Soria en su voto en C. 98.321 del 5/10/11).

En conclusión, no existe obstáculo para que se parta en autos de la suma de u$s 22.000 o u$s 24.000 (su equivalente en pesos al día de hoy), para determinar el justo valor expropiatorio.

Ahora bien, no puede perderse de vista que la sentencia establece que al monto indemnizatorio deben adicionarse intereses a la tasa pasiva desde la fecha de la desposesión, y, en la medida que fija aquel en pesos, debe entenderse que se refiere a la tasa de interés por depósitos en moneda nacional. Esto no ha sido apelado por la Fiscalía de Estado y sí por el demandado pero sólo en cuanto pretende la tasa activa del Banco de la Provincia (fs. 275). En tales condiciones, por imperio del art. 272 del C.P.C., no puede esta alzada modificar la tasa de interés, fijando una que sea menor a la establecida en la sentencia, pero ello no implica que no pueda tenerse en cuenta a los fines de establecer la indemnización justa que corresponda.

En efecto, lógicamente si la suma se fija en dólares estadounidenses desde la fecha de la desposesión, la tasa a tener en cuenta debería ser la abonada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por depósitos a treinta días en esa moneda durante todo el período a considerar. Dicha tasa es cinco veces inferior a la tasa pasiva por depósitos en pesos. A título de ejemplo, la tasa pasiva en dólares desde el 30/06/00 (desposesión) hasta la actualidad es del 18,91 %, y la tasa pasiva en pesos es del 96,9 %. Si a la suma de u$s 24.000 convertida a pesos al día de hoy ($ 104.400) le aplicamos la tasa pasiva en pesos arroja $ 205.662. En cambio si a la misma suma le aplicamos la tasa pasiva en dólares da $ 124.142 (fuente: www.colpraba.org.ar).

Por consiguiente, siendo que la expropiación, como ya se ha dicho, no puede ser fuente de lucro para el expropiado, para arribar a una indemnización justa es menester fijar un monto que, al tiempo que tenga en cuenta el valor en dólares al tiempo de la desposesión contemple que, al practicarse liquidación, se adicionarán los intereses a la tasa que no puede ser modificada por esta alzada (conf. esta Sala, causa n° 112.788 del 3/12/09). Por ello, propongo fijar la indemnización en la suma de $ 63.000 (art. 8 ley 5.708)..

2.- En cuanto a la tasa de interés - de la que se agravia el demandado -, no hay razones para apartarse de la doctrina de la casación provincial que establece la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a treinta días según cada período de aplicación (tasa pasiva) (S.C.B.A., C 101.774 L. 94.446 del 21/10/09, L. 98.977 del 3/11/10, entre otras), por lo que propongo la confirmación de la sentencia en este aspecto.

V.- Costas.

Cuestiona la actora la imposición de las costas por su orden, argumentando que implica un apartamiento del art. 37 de la ley 5.708, que obliga a que estén a cargo de la parte que estuvo más lejos de la suma indemnizatoria finalmente fijada, y al respecto aduce que impuso las costas por su orden, siendo que es manifiesto que la suma indemnizatoria que la accionada pretendió ($ 180.000) estuvo mucho más lejos que la fijada.

La suma que por este voto propongo sigue estando más cerca de la ofrecida por el Fisco que de la pretendida por el demandado. No obstante, debe tenerse en cuenta que la doctrina de la casación provincial, si bien ha ratificado en reiteradas oportunidades que el art. 37 de la ley 5.708 establece un régimen especial de costas, diferenciado del art. 68 del C.P.C., y que, por ende, debe aplicarse (Ac. 33.502 del 23/12/85, Ac. 55.536 del 24/05/95, Ac. 83.651 del 8/02/06, C. 96.494 del 13/08/08, C. 101.244 del 7/10/09, entre otros), también permite el apartamiento del mismo cuando en el juicio expropiatorio se han introducen cuestiones ajenas a la discusión estricta del valor del bien expropiado (Ac. 33.298 del 21/12/84, Ac. 42.937 del 12/06/90, Ac. 33.384 del 1/10/85, entre otras).

En autos, fue motivo de especial controversia la moneda en que debía estimarse el valor del bien a la época de la desposesión, siendo el planteo del demandado en cierta forma acogido. Por ello, estimo que se justifica el apartamiento del art. 37 de la ley 5.708, y propongo confirmar lo resuelto por la sentencia apelada (Arts. 68 2do. párr. y 71 C.P.C.)	En cuanto a las costas de segunda instancia, propongo seguir igual temperamento, ya que los agravios del accionado son parcialmente aceptados (Arts. 68 2do. párr. y 71 C.P.C.).

Con las modificaciones propuestas, VOTO POR LA AFIRMATIVA.

El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:

De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1°.- Modificar la sentencia apelada en el sentido de que el monto indemnizatorio se fija en la suma de $ 63.000.

2°.- Confirmar lo demás que la sentencia decide.

3°.- Imponer las costas de segunda instancia por su orden.

ASI LO VOTO. El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:SENTENCIA	Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser modificada.

POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:

1°.- MODIFICAR la sentencia apelada en el sentido de que el monto indemnizatorio se fija en la suma de $ 63.000.

2°.- CONFIRMAR lo demás que la sentencia decide.

3°.- IMPONER las costas de segunda instancia por su orden. NOT. Y DEV.