Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-02


Salta, 02 de Marzo de 2011.

AUTOS Y VISTO: Este Expte. Nº28.875/11 de la Cámara de Acusación, Sala II, caratulado: "INCIDENTE DE TRASLADO DEL INTERNO PENADO PASTRANA, ALBERTO MARTIN" EN EXPTE Nº 6030/10 DEL JUZGADO DE EJECUCION, del Distrito Judicial del Centro; y,______________________CONSIDERANDO El Dr.LUIS FELIX COSTAS, dijo:

Que a fs.31/32 comparece la Sra Fiscal de Cámara en debido término legal y plantea rectificatoria por vía de aclaratoria (art. 118 C.P.P.) contra el auto de fs. 28/30 y vta. a tenor de los términos contenidos en dicha presentación.

En tal sentido la norma mencionada dispone que el Tribunal podrá rectificar, a instancia del fiscal o de las partes, cualquier error u omisión material contenido en las resoluciones.

En principio, la instancia aclaratoria, según doctrina uniforme y constante seguida por la Corte de Justicia de Salta refiere a los errores u omisiones que se observan en la parte resolutiva del pronunciamiento y de ninguna manera cuando aluden a defectos que se relacionan con los considerandos del auto cuestionado, pues la aclaración encuentra límite en cuanto ello no importe una modificación esencial de los fundamentos del decisorio.

En el caso concreto, la observación aclaratoria no pasa contra la parte resolutoria, ni tampoco por entender sobre un error material en la medida que se trata de discutir los alcances del concepto recursivo en la Ley Nº 24.660 en correlación con los arts. 29 y 500 del C.P.P..

Sin embargo, interpretamos que la cuestión guarda interés jurídico para determinar los parámetros recursivos en la materia que ofrece algunas dificultades interpretativas aunque no sea objeto propiamente de las rectificaciones autorizadas en el art. 118 del C.P.P..

Es cierto que el Tribunal ha fijado como criterio que en todas aquellas decisiones a cargo del organismo administrativo penitenciario, resultan susceptibles de vía apelativa ante el Juez de Ejecución. Estrictamente la aplicación se encuentra contemplada dentro de la competencia que la ley procesal otorga al Juez de Ejecución en el art. 29 del C.P.P. toda vez que dicha instancia expresamente se encuentra reconocida de manera acotada a las sanciones disciplinarias impuestas por las autoridades penitenciarias a los penados o procesados.

Tampoco cabe entrar a discutir el espíritu de judicialización que enmarca a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Esto es el control jurisdiccional que se adopta a partir de la redacción del art. 3º de dicho ordenamiento jurídico y de lo establecido en el art. 11 in fine al subrayar que las cuestiones que pudieren suscitarse serán resueltas por el juez competente, que en nuestra organización orgánica se instituye en la persona del Juez de Ejecución. Tal temperamento no significa que esta magistratura especial , sin dejar de cumplir la función de órgano jurisdiccional de control, llegue a sustituir lo que es materia reservada del órgano administrativo.

La ley dentro de su estructura permite inferir un trámite incidental previsto cuando están en juego institutos del Código Penal, como la libertad condicional, revocación de ella, cómputos de pena, medidas de seguridad o bien definiciones respecto beneficios que aluden al régimen progresivo de la libertad antes que se haya agotado la condena. En estos casos, debe promoverse la formación procedimental de la vía incidental y su posterior resolución queda reservado exclusivamente a los pronunciamientos que dicte el Juez de Ejecución y contra dichas decisiones existe el ulterior recurso de apelación ante este Tribunal (art. 29 in fine y art. 24 inc.1º in fine del C.P.P.).- En estos términos conviene remarcar que la competencia originaria del Juez de Ejecución abarca también lo relativo a todos los beneficios relacionados con un paulatino proceso de salidas transitorias y regímenes de semilibertad a modo de encausar la real resocialización del penado, que se encuentra involucrado en aquellos clasificados dentro del Periodo de Prueba.

Al contrario, la aplicación en relación al Periodo de Tratamiento en sus fases de Socialización, Consolidación y Confianza queda librado a las medidas tomadas por la autoridad penitenciaria encargada del control y seguimiento de la conducta que observa el interno. Precisamente las decisiones en torno a actividad laboral, educacional, deportiva, recreativa, contacto familiar, trabajo de extramuro y traslado a Granjas semiabiertas (art. 217 Res. 159 Reglamento Interno de Unidades Carcelarias) corresponden en su aplicación al Director de la Unidad Carcelaria (art. 10 ap. II del Reglamento Interno).

Hipotéticamente en caso de impugnación frente a estas últimas decisiones administrativas consignadas cabe formalizar el respectivo incidente para su control jurisdiccional ante el Juez de Ejecución con alcance a lo dispuesto en los arts. 500 y 29 del C.P.P., lógicamente la revisión resolutoria con posterioridad no deviene apelable ante la Cámara de Acusación toda vez que el Juez de Ejecución como Tribunal a-quo, facultado para entender a modo similar a una instancia apelativa, emite decisiones con entidad definitiva, pues sería tanto como admitir apelación de la apelación.

En síntesis, más allá de la objeción de utilizar el vocablo apelación que pondera la Sra. Fiscal con el pretendido recurso de aclaratoria, podemos concluir que las decisiones de la máxima autoridad administrativa cuestionadas por los internos y sustanciadas como un conflicto incidental, deben ser atendidas exclusivamente por el Juez de Ejecución sin apelación ante la Cámara de Acusación Tribunal ad-quem que sólo resulta competente para revisar todos aquellos pronunciamientos recurridos del Juez de Ejecución que se ha expedido en calidad de Tribunal a-quo con competencia para adoptar decisiones respecto de facultades atribuidas expresamente por la ley penitenciaria y sus decretos reglamentarios en forma originaria.

El Dr.ENRIQUE GRANATA, dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, _________LA SALA II DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, ________________________RESUELVE:

I) Tener por explicitado los alcances del término apelación vertidos en los considerandos de fs. 29 segundo párrafo y que fuera objeto de cuestionamiento por la presentación de fs. 31/32 y como auto complementario de este último.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al Juzgado de origen.