Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-15


Posadas, 15 de Agosto de 2011.- AUTOS Y VISTOS:

Los caratulados: "EXPTE. Nº 155-STJ-2010-AGUIRRE, ISMAEL S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABI-LIDAD DE LEY P/ SENTENCIA ARBITRARIA EN AUTOS: "EXPTE. Nº 2.205/05- AGUIRRE, ISMAEL C/ COOPERATIVA AGRÍCOLA MIXTA MONTECARLO LTDA. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO (ACCIÓN DERE-CHO CIVIL)".- Y CONSIDERANDO:

De acuerdo con el sorteo realizado correspon-de votar a los Señores Ministros en el siguiente orden: 1) Dr. Humberto Augusto Schiavoni, 2) Dr. Roberto Rubén Uset, 3) Dra. Ramona Bea-triz Velázquez, 4) Dr. Sergio César Santiago, 5) Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, 6) Dra. María Laura Niveyro, 7) Dra. Cristina Irene Leiva, 8) Dr. Froilán Zarza y 9) Dr. Jorge Antonio Rojas.- Concedida la palabra al Dr. Humberto Au-gusto Schiavoni, dijo:

La presente causa llega a consideración del Superior Tribunal de Justicia con motivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por sentencia arbitraria interpuesto por la parte actora contra la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 351/357 de autos, que hizo lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la demandada y en consecuencia redujo el porcentaje de incapacidad fijado en la pericial médica: 13,20% y por ello, modifica el monto de la condena por daño material reduciéndola a la suma de $16.344,10 a la fecha del siniestro; adecúa la condena en costas, fijándola en un 60% a la demandada y un 40% a la actora. Además hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, modificando el porcentaje de honorarios profesionales de la misma elevándolo al 22,95%.- Considero que el recurso cumple con los requisitos formales exigidos por el Código Procesal Civil y Comercial, que hacen a la viabilidad de su articulación; por lo demás, un análisis detenido de las actuaciones me lleva a la conclusión que el planteo impugnatorio genera duda razonable acerca del carácter de hecho o de derecho de las cuestiones propuestas, y a efectos de analizar en profundidad los motivos de la queja, juzgo procedente la apertura de la vía extraordinaria de acuerdo a lo dispuesto en el art. 297, segundo apartado del Código Procesal.- Por ello, voto para que se declare la admi-sibilidad formal del recurso articulado, corriéndose la vista pertinente al Sr. Procurador General.- Concedida la palabra al Dr. Roberto Rubén Uset, dijo:

Que adhiere al voto que antecede.- Concedida la palabra a la Dra. Ramona Bea-triz Velázquez, dijo:

Me adhiero al voto del Sr. Ministro, Dr. Humberto A. Schiavoni, por considerar que el presente caso genera una duda acerca del carácter de hecho o derecho que amerita su apertura y que se encuentran cumplidos los recaudos formales de admisibilidad del recurso extraordinario, permitiéndome agregar -refiriéndome específica-mente al requisito exigido por el art. 286, 3er. párrafo del CPCC- que entiendo resulta oportuno rever el criterio que he venido sustentando cuando el trabajador que reclama lo hace mediante la acción civil y no la laboral.

Replanteo que efectúo atento las particularida-des de la presente causa, como así los parámetros brindados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación referente al beneficio de gratuidad a favor del trabajador más allá del tipo de proceso de que se trate (causa CSJN M. 1035 XLIV Rec. Hecho...).

Así, en los casos como el sub examine donde más allá de la circunstancia que el trabajador (actor) ha optado por efectuar su reclamo con encuadre en las normas del derecho civil, la pretensión tiene su origen en una relación de naturaleza laboral, por lo que corresponde tener al recurrente por exento de efectuar el depósito legal. (arts. 286, 3er. párrafo y 289, inc. 3° del C.P.C.C.). Así voto.- Concedida la palabra al Dr. Sergio César Santiago, dijo:

Comparto la solución propuesta por el Sr. Ministro Preopinante, Dr. Humberto Schiavoni respecto de la admisibilidad del recurso articulado.

Al respecto considero que se hallan cumplidas las condiciones que hacen a la admisibilidad formal del remedio articu-lado.

Específicamente en lo relativo al depósito previo, en anteriores ocasiones me he expedido en el sentido que el beneficio de gratuidad le es explícitamente reconocido al trabajador por el art. 36 de la Constitución Provincial. No obsta a ello que la presente causa se encuentre enmarcada dentro de una acción civil, toda vez que la naturaleza de las cuestiones que se ventilan resultan ser, en la especie, cuestiones de índole laboral.

Así, siendo que la Carta Magna Provincial reconoce al trabajador el aludido beneficio, y dada la naturaleza protec-toria de los principios que rigen la materia laboral, considero que el trabajador se halla exento de abonar el depósito exigido por ley.

En función de lo expuesto y adhiriendo al voto del Dr. Schiavoni, me pronuncio por la admisibilidad del recurso articulado.- Así voto.- Concedida la palabra a la Dra. Cristina Irene Leiva, dijo:

Que adhiere al voto de la Dra. Ramona Beatriz Velázquez.- Concedida la palabra al Dr. Froilán Zarza, dijo:

Que adhiere al voto del Dr. Sergio César San-tiago.- Concedida la palabra al Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, dijo:

Viene a consideración del Cuerpo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia, obrante a fs. 351/357.- El Señor Ministro que votó en primer término ha efectuado el examen de los requisitos de admisión formal del recurso, encontrándolos cumplidos. No obstante, debo manifestar que, en mi criterio, no ha sido satisfecho el recaudo que exige el art. 286 del C.P.C. relativo al depósito en el Banco oficial, a la orden del S.T.J., de una suma igual a un (1) salario mínimo vigente.- Ello así, por cuanto considero que la gratuidad laboral no es aplicable en la especie, en que el accionante promovió -según él mismo lo dice- una acción de naturaleza "civil" y no laboral; que se funda en el derecho civil, habiéndose requerido la aplicación específica de los arts. 1.109, 1.113 y concordantes del Código Civil.- La interpretación de los hechos a los cuales se aplicará el Derecho debe hacerse, pues, con arreglo a las normas y principios comunes, prescindiéndose no solo del origen del daño, sino también de la orientación protectora del derecho laboral.- Al optar por la acción común o civil, el demandante se ha sometido a los principios del derecho ordinario, dentro del cual no tienen cabida las normas protectorias del derecho laboral.- El S.T.J. tiene dicho que "la opción de acción civil en caso de accidente de trabajo importa la declinación de los derechos que eventualmente resulten del ejercicio de la acción especial indemnizatoria, y el abandono del régimen de las normas del derecho laboral" (Res. 160-STJ-95, entre otras).- Tampoco sería correcto asignar carácter "laboral" a la presente acción, prescindiendo de la voluntad del accionante, que ha querido, e insistido expresamente, en definir como "acción civil" a la que aquí intenta.- Finalmente, cuadra recordar que el art. 286-párrafo 3° del C.P.C. en su última reforma establece que la exención del depósito rige para la Nación, la Provincia, los Municipios y los trabajado-res que sean parte en juicios "laborales", naturaleza que no reviste el presente.- Por ello, considerando incumplido el requisito del depósito previo, voto para que el recurso sea declarado formalmente inadmisible, con costas.- Concedida la palabra al Dr. Jorge Antonio Rojas, dijo:

Adhiero al voto del Sr. Ministro Dr. Humberto Augusto Schiavoni.

Ahora bien, respecto al recaudo del depósito exigido en el art. 286 del C.P.C. y C., es menester destacar, la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada recientemente en el fallo "Machado, Epifanio Roque s/ sucesión intestada"; en esta causa el Superior Tribunal de Justicia de Misiones declaró inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley planteado porque no se efectuó el depósito previo exigido por la ley del rito, con fundamento en que la persona que se presentó a reclamar la indemnizacion prevista en el art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, no se encuentra entre quienes la ley procesal local considera exenta de dicha obligación, en el caso se trataba de la concubina.- En el fallo mencionado, la Corte dijo, remi-tiendo al Dictamen del Sr. Procurador General, que: "EI Superior Tribunal local declaró inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley porque no se efectuó el depósito previo exigido por la ley del rito, sin excepción para la peticionante, a pesar de la norma nacional que reconoce el beneficio de la gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la Ley de Contrato de Trabajo, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo al trabajador o sus derechohabientes (art. 20 de la Ley Nº 20.744). EI beneficio alcanza al trabajador, a sus derechoha-bientes, a la concubina o conviviente en las condiciones del art. 248 de la L.C.T., extendiéndose a los procedimientos judiciales de cualquier tipo. La decisión hace hincapié en que: "...La naturaleza u origen del depósito aludido no convierte a quienes debaten sobre la suma depositada en beneficiarios de litigar sin gastos y ni siquiera hace presumir la carencia de recursos... " (v. fs. 48 vta. in fine), sin hacerse cargo del citado artículo 20 de la Ley, norma que según la doctrina, en este tipo de asuntos, establece la gratuidad en el proceso como uno de los pilares del derecho del trabajo. Mediante una forma razonable, encaminada a hacer más real y efectiva la defensa en juicio (v. Morello, Augusto Mario, "Fundamento procesal del beneficio de pobreza a favor del trabajador", JA, Doctrina 1975-669, entre otra doctrina calificada), se corrige el desnivel económico para afrontar un litigio con la declaración ministerio legis del beneficio de pobreza, pues, como puntualizó V.E. si el Estado no facilitara el acceso al proceso a quienes no pueden soportar su costo, comprometería la defensa en juicio que garantiza la Constitución Nacional (Fallos 290: 322, considerando 4° y Fallos 298: 778)".

Atendiendo estas claras pautas de la Corte respecto a la amplitud del beneficio de gratuidad a favor del trabajador en cualquier tipo de proceso, considero oportuno y necesario reexaminar el criterio tradicional que he venido adoptando, a fin de resguardar el acceso a la justicia y no enervar la garantía de defensa en juicio del trabajador.- Es así, que en autos se reclama una indemni-zación proveniente de un accidente de trabajo, es decir de un crédito laboral, toda vez que lo reclamado es un beneficio concedido por el Derecho del Trabajo que hace a la protección de la integridad psicofísica del dependiente sin perjuicio de que tramite a través de un proceso civil.

Por ello, y conforme a la interpretación seña-lada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde exceptuar al recurrente de la carga del depósito, en virtud de ser beneficiario de la gratuidad concedida por el art. 17 del Código Procesal Laboral y art. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Así voto.- Concedida la palabra a la Dra. María Laura Niveyro, dijo:

Adhiero a la solución arribada por el Sr. Ministro Dr. Humberto Augusto Schiavoni, considerando respecto al recaudo formal del depósito legal previsto por el art. 289 inc. 3º del C.P.C. y C. que, no obstante los argumentos expuestos a fs. 361 vta. de manera insuficiente por el recurrente para exceptuarlos de la carga impuesta por el art. 286 del código de rito, entiendo que el mismo goza del beneficio de gratuidad que las leyes procesales reservan a los trabajadores para eximirse del pago del depósito, toda vez que se encuentra demostrado que la cuestión que da origen al presente reclamo, se originó en una relación de naturaleza laboral.

En consecuencia, advirtiéndose el cumplimien-to de las exigencias previstas por el art. 289 del C.P.C. y C., sin que implique adelantar opinión, voto para que se declare formalmente admisible el recurso extraordinario incoado en autos, corriéndose vista al Sr. Procurador General.- Por ello, y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 41 de la Ley IV - Nº 15 - Antes Decreto - Ley Nº 1550/82).- EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA R E S U E L V E:

I).- DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el Recurso Extraordinario, interpuesto en autos.- II).- CORRER VISTA al Señor Procurador Ge-neral.- III).- REGISTRESE, cópiese y notifíquese.-