Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-27


SENTENCIA DEFINITIVA NRO.	74485 SALA V. AUTOS: "FIEL MARTINEZ CARLOS ANIBAL C/F.V. S.A. S/DESPIDO" -(JUZGADO NRO: 69) En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 27	días del mes de Setiembre de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el doctor OSCAR ZAS dijo:

I.- Contra la sentencia de la anterior instancia (ver fs. 345/348), se alzan las partes actora y demandada en los respectivos términos de los memoriales que lucen a fs. 360/362 y fs. 349/358.

II.- Por cuestiones de método trataré en primer término la queja de la demandada.

Esta parte recurre porque la jueza de primera instancia considera que se encuentra acreditado el uso del automóvil y teléfono celular los fines de semana y fuera de jornada y consecuentemente le otorga naturaleza salarial. Cuestiona la valoración de la prueba de testigos realizada por la sentenciante de grado.

La accionada sostiene en su contestación de demanda que se le facilitó el uso del teléfono celular con un objetivo laboral y que por razones de comodidad operativa y dado la confianza que se tenía a Fiel Martínez no se le exigía someterse a una burocrática instancia diaria de entrega y devolución del celular, así como tampoco existía un control en relación a las llamadas efectuadas. En cuanto al auto Renault Express modelo 1997 era usado por el personal para realizar compras de insumos y trámites varios, y que cuando utilizaba el vehículo para ir y volver de su casa a la fábrica y viceversa la empresa nada le decía al respecto, pero ello no implica un uso propio de tipo habitual (ver fs. 81).

La jueza de primera instancia concluye que: ".quedó acreditado que si bien el actor utilizaba el vehículo y el celular como una herramienta de trabajo, resulta evidente que los fines de semana y fuera de la jornada laboral, el trabajador disponía del vehículo para la satisfacción de sus actividades y desplazamientos personales, por ello considero como integrativa de su expectativa remuneratoria una proporción al valor de uso que lo fijo en la suma de $ 400 de conformidad con el art. 56 de la L.C.T. Con respecto al uso del teléfono celular, si bien se trataba de un elemento necesario para el cumplimiento de su trabajo, sólo podía considerarse la parte de los gastos derivados de su uso para fines personales, por tal motivo lo fijo en la suma de $ 30 (art. 56 de la LCT) (ver fs. 347).

Sin entrar a considerar el monto por el que dichos rubros en definitiva han de prosperar toda vez que no fueron motivo de queja expresa, la empresa no desconoció que afrontaba los gastos ocasionados por el uso del automóvil y del teléfono celular.

Capdevilla (fs. 173/174) dice que el actor tenía el uso de un vehículo de la em-presa, que lo sabe porque el actor iba y venía todos los días con una camioneta que era de la empresa. Manifiesta que esto le consta porque al ser jefe del sector donde trabajaba el actor. Afirma que era una camioneta multicarga Express color rojo. Dice que el actor también tenía un celular que lo usaba siempre y pertenecía a la empresa. Aclara que la camioneta era de la demandada pero la tenía siempre con él, así los fines de semana también se la llevaba y el lunes volvía con la camioneta. Dice que esto le consta también porque en el área del actor, éste y sus compañeros lavaban la camioneta. Manifiesta que del celular hablaba interna y externamente, que le consta porque él escuchaba la conversación. Aclara que el actor venía de su casa en camioneta y cuando tenía que hacer un recorrido de planta lo hacía con la camioneta para verificar si todo estaba en orden, también la usaba si iba a Pilar o Florida a comprar materiales. Aclara que al ser jefe debía efectuar ese control. Dice que debían tener preparada la camioneta y que dentro de la planta de F.V. hay un surtidor de combustible.

Stojacovich (fs. 176/177) dice que lo veía al actor hablar por teléfono pero no sa-be a quién pertenecía el teléfono que usaba. Manifiesta que a veces lo veía caminando y a veces lo vio que venía en camioneta, que supone que venía de la casa. Dice que no sabe a quien pertenecía la camioneta. Afirma que siempre lo vio al actor en esa camioneta, una Express roja, que no tenía ningún logo y que ninguna camioneta que se usaba tenía logo.

Amoroso (fs. 203/205) dice que el actor se desempeñaba como jefe de manteni-miento del sector donde trabaja el testigo. Manifiesta que el actor habitualmente hacía un recorrido de planta, diariamente, que la planta comprende aproximadamente unas 5 o 6 hectáreas, aclara que después hay otros campos. Dice que el recorrido lo hacía con un vehículo de la empresa, que ésta se lo proveía y que también lo usaba fuera de la planta habitualmente. Dice que los gastos del vehículo estaban a cargo de la empresa, que esto le consta porque en un momento él se hacía cargo de llevar el control de los gastos de los vehículos. Aclara que en el sector mantenimiento hay un lugar donde hacen el manteni-miento de los vehículos que se usan, que de acuerdo al puesto que tenían en la empresa se les provee al empleado un celular, que el actor tenía un celular que le daba la empresa, que los gastos se hacía cargo la empresa. Dice que la mayor cantidad de días el actor se manejaba con la Renault Express, que le consta porque lo veía usándolo. Manifiesta que después de terminada la jornada de trabajo el actor se retiraba a su domicilio con el vehículo que le tocaba llevar, que le consta porque él lo veía tanto cuando se retiraba o en la ruta cuando observaba que lo pasaba. Aclara que el actor los días sábados y domingos también se lo llevaba a su casa. Dice que le consta porque el actor se retiraba el viernes con ese vehículo y el lunes volvía con el mismo. Manifiesta que durante las vacaciones del actor el vehículo quedaba en la planta. Dice que no sabe puntualmente en el caso del actor que pasaba con el uso del celular fuera del horario de trabajo.

Trejo (fs. 207/208) dice que el actor era el jefe de mantenimiento de la demanda-da del taller central. Manifiesta que el actor hacía el recorrido por toda la planta en forma diaria en un vehículo, que a veces lo hacía con un vehículo de ahí y otras con el vehículo que específicamente se lo adjudicaba la demandada que era una Express, que este vehículo lo usaba el actor para ir y venir de su domicilio y también para cuando se lo reclamaba en la planta para una urgencia o necesidad. Aclara que lo tenía "full time". Dice que el actor tenía un celular a su cargo que se lo daba la empresa. Manifiesta que los gastos del celular eran a cargo de la misma empresa. Dice que el actor tenía a su cargo el vehículo que le proveía la empresa todos los días, se lo llevaba todos los días en forma permanente y también los fines de semana. Dice que le consta porque lo veía y porque en mantenimiento se le hacía controles al vehículo. Manifiesta que el uso del celular adjudicado por la empresa era uso permanente para el actor, de tal manera que si había alguna urgencia se lo podía localizar. Aclara que también este celular se lo llevaba a su domicilio.

Stoia (fs. 277) dice que el actor recorría la planta con vehículos de la empresa. Manifiesta que el vehículo lo utilizaba afuera solo para hacer gestiones para la empresa. Dice que el actor usaba un celular de la empresa y que los fines de semana también lo tenía para uso de la empresa. Aclara que el pago estaba a cargo de la empresa. Dice que el actor retiraba el auto cuando tenía que hacer gestiones fuera de la empresa. Afirma que se llevaba el auto a la casa cuando tenía que hacer algo para la empresa.

Lordi (fs. 282) dice que el gasto del celular y todos los costos son a cargo de la demandada. Manifiesta que se le daba uso netamente laboral. Dice que el actor para ir y venir de la empresa se manejaba en combi. Manifiesta que el actor usaba vehículos de la empresa para cubrir diligencias laborales, con temas de trabajo, para eso se entregan. Dice que sabe que se usa para temas laborales porque es política de la empresa. Manifiesta que el vehículo el fin de semana no se entregaba, en muy raras excepciones y para realizar un trámite el lunes. Dice que sabe que el celular es para uso laboral porque se testeaban las llamabas y si se usaba para interés personal se sancionaba.

Beck (fs. 296) dice que el actor tenía un celular para poder tener una constante comunicación con la empresa, para poder asistir a eventuales inconvenientes. Dice que mensualmente cada jefe o gerente de sector recibe el resumen de gastos del celular y lo chequea para ver si hay excesos en el uso del mismo. Aclara que si hay excesos y se usa para algo fuera de lo labora se le retira el celular a la persona o se lo sanciona. Manifiesta que no sabe que hacía el actor para ir y venir de su trabajo.

Coincido con la valoración de los testigos que ha realizado la jueza de grado.

En efecto, reconozco plena eficacia convictiva a los testimonios de Capdevilla, Stojacovich, Amoroso y Trejo porque los declarantes, que han dado suficiente razón de sus dichos, resultan concordantes entre sí y tienen conocimiento directo de los hechos sobre los que deponen, ya que fueron empleados de la demandada. Por lo demás, estimo que Stoia resulta impreciso pues señala que el actor se llevaba el auto a casa cuando tenía que hacer algo para la empresa. Lordi si bien señala que el actor para ir y venir utilizaba la combi afirma que es porque resulta política de la empresa pero no porque lo haya visto. Beck dice que no sabe como hacía el actor para ir o venir de su casa a la empresa.

En consecuencia, resulta claro que el vehículo era otorgado con doble carácter, es decir como "beneficio" para su uso personal y familiar y como una herramienta de trabajo para poder cumplir con sus funciones, al igual que la provisión de un aparato celular, por lo que considero acertada la decisión de la sentenciante anterior y propicio confirmarla. Todo esto principalmente partiendo del reconocimiento que realiza la demandada de que no ejercía un control en las llamadas del celular y que el actor utilizaba el vehículo para ir y venir de su casa a la empresa, por lo que la prueba dada por la demandada no resulta suficiente para apoyar su versión.

Además, resulta claro que el uso del automóvil de un valor significativo en el mercado, irrogaba gastos para su mantenimiento y uso, representando ello una ventaja patrimonial para el trabajador por lo que debe reputársela como remuneratorio (conf. art. 103 y 105 L.C.T.).

III.- En cuanto al agravio referido a los tickets canasta adelanto que no asiste ra-zón al recurrente y en este sentido me explicaré.

La Corte Suprema ha señalado, con criterio que comparto:

".Que, ciertamente, la evolución progresiva de la tutela jurídica del trabajador en materia de salarios se inserta, en lo inmediato, en un proceso más comprensivo, concerniente a todos y cada uno de los aspectos del contrato o relación de trabajo, lo cual ha tenido, entre sus propósitos fundamentales, la protección de la dignidad de la persona humana en el vínculo laboral subordinado.".

".Lo antedicho se explica ni bien se percibe que la relación de trabajo muestra una especificidad que la distingue de muchos otros vínculos jurídicos, puesto que la prestación de una de las partes, el trabajador, está constituida por la actividad humana, inseparable e indivisible de la persona del hombre y, por tanto, de su dignidad. Son éstas, entre otras, las "características" del trabajo humano "que imponen su consideración con criterios propios" ("Mansilla c. Compañía Azucarera Juan M. Terán", Fallos: 304:415, 421 y su cita), a lo cual se suma que, la salarial, es una cuestión que no ha cesado de emerger en la historia de la humanidad desde antiguo, con la gravedad que significa poner en juego créditos de evidente naturaleza alimentaria (Fallos: 264:367, entre otros), que interesan a vastos sectores de la población y que se originan en una relación que supone, regularmente, una desigualdad entre las partes, en disfavor del empleado (Fallos: 181:209, 213/214; 239:80, 83 y 306:1059, 1064)." ".Que, en tales condiciones, es preciso entender que el recordado principio protectorio y el plexo de derechos que de él derivan, así como los enunciados de las citadas declaraciones y tratados con jerarquía constitucional, que han hecho del trabajador un sujeto de "preferente tutela constitucional" ("Vizzoti", Fallos: 327:3677, 3689 y 3690; "Aquino", Fallos: 327:3753, 3770 y 3797), perderían buen parte de su sentido y efectividad si no expresaran una conceptualización del salario que posibilitara su identificación. Los derechos constitucionales, ha sostenido esta Corte al examinar una cuestión de índole laboral aunque con alcances no acotados a ese campo, tienen un contenido inserto en la propia Constitución pues, de lo contrario, debería admitirse una conclusión insostenible y que, a la par, echaría por tierra todo control de constituciona-lidad: que la Constitución Nacional enuncia derechos huecos, a ser llenados de cualquier modo por el legislador, o que no resulta más que un promisorio conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad de este último. Ello muestra que la determinación de dicho contenido configure, precisamente, uno de los objetos de estudio centrales del intérprete constitucional ("Vizzoti", cit., p. 3688; asimismo: "Sánchez c. ANSes", Fallos: 328:1602, 1623/1624, voto del juez Maqueda)." "Al respecto, aun cuando a conclusiones a las que inmediatamente serán asen-tadas conduciría al estudio del art. 14 bis y de otras normas del ya señalado bloque de constitucionalidad, corresponde centrar la atención en los arts. 6º y 7º del PIDESC puesto que, al resultar "interdependientes" (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general nº 18. El Derecho al Trabajo, 2005, E/C.12/GC/28, párr. 8), proporcionan, con entera sencillez y elocuencia, pautas decisivas para esclarecer la antes mencionada conceptualización y, por ende, para resolver el sub lite. En efecto, dado que el primer precepto dispone que el derecho a trabajar "comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo [.]" (inc. 1º,.), y el segundo califica, cuando dicha oportunidad se materializa mediante un trabajo en relación de dependencia, como "salario" o "remuneración", la prestación debida por el empleador al empleado, es necesario concluir, entonces, en que resulta inadmisible que caiga fuera del alcance de estas últimas denominaciones una prestación que, como los vales alimentarios en cuestión, entrañó para el actor, inequívocamente, una "ganancia" y que, con no menor transparencia, sólo encontró motivo o resultó consecuencia del mentado contrato o relación de empleo." "Llamar a dicho vales, en el caso, "beneficios sociales", "prestaciones de natu-raleza jurídica de seguridad social, no remunerativas"; mutar al trabajador en benefi-ciario y al empleador en beneficiador; suplantar como causa del crédito o ganancia al contrato de empleo por un acto del empleador ajeno a este último; introducir en un nexo oneroso para ambos celebrantes una suerte de prestación gratuita por parte de una de éstas, el empleador, traduce una calificación que, por repetir los términos de un prece-dente que guarda con el sub discussio un estrecho grado de vinculación, resulta "poco afortunada, carente de contenido, y un evidente contrasentido" ("Piccirilli c. Estado Nacional", Fallos: 312:296, 300; asimismo: Fallos: 323:1866, 1872)." "La naturaleza jurídica de una institución debe ser definida, fundamentalmen-te, por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador, o los particulares, le atribuyan (doctrina de "Inta Industria Textil Argentina S.A. s/apelación", Fallos: 303:1812 y su cita), sobre todo cuando cualquier limitación constitucional que se pretendiese ignorar bajo el ropaje del nomen iuris sería inconstitucional (Fallos: 329:3680).".

".Tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso es-trictamente relacionado con el derecho del trabajo, que la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos, que normalmente tiene sus efectos en las relaciones entre los Estados y los individuos sometidos a su jurisdicción, "también proyecta sus efectos en las relaciones interindividuales", lo cual alcanza al "marco de la relación laboral privada, en la que el empleador debe respetar los derechos humanos de sus trabajadores" ("Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados". Opinión Consultiva OC-18/03, 17-9-2003, Serie A nº 18, párr. 146; asimismo: párr. 151)." ".Empero, tanto la voluntad del legislador o del empleador, cuanto la espon-taneidad de éste, son inválidas, aun cuando se motiven en propósitos tan levantados como los antedichos, para modificar el título con el cual se corresponde una prestación a la luz constitucional, mayormente cuando la evolución tutelar de la disciplina laboral y los motivos que la impulsaron, ya señalados, han impuesto, entre otras muchas consecuencias, que la determinación y alcances de las prestaciones debidas por el empleador al trabajador derivadas del empleo, no obstante el marco de reciprocidad que tipifica al contrato o relación laborales, rebasen el cuadro conmutativo, que regula las prestaciones interindividuales sobre la base de una igualdad estricta ("Nowinski, Elsa Alicia", Fallos: 322:215, 223), para estar regidas por la justicia social (v., entre otros, además de los ya citados casos "Mansilla" y "Aquino": "Madorrán", Fallos: 330: 1989, 2002; "Prattico, Carmelo y otros c. Basso y Cía.", Fallos: 246:345, 349 y "Roldán, José Eduardo c/Borrás, Antonio", Fallos: 250:46, 48/50 y sus citas)." ".Que lo expuesto en los considerandos 3º, 4º y 6º es demostrativo de que la re-levancia de todo lo atinente al salario supera los límites del "llamado" mercado de trabajo o, mejor dicho, somete a éste a las exigencias superiores de la protección de la dignidad de la persona y el bien común ("Vizzoti", cit., ps. 3691/3692).".

".De consiguiente, así como es indudable que "salario justo", "salario mínimo vital móvil", entre otras expresiones que han sido recordadas, bien pueden ser juzgados, vgr., en punto a la relación adecuada entre los importes remuneratorios y las exigencias de una vida digna para el empleado y su familia, también lo es que, además de ello, el salario se proyecta con pareja intensidad a otro costado de la dignidad del trabajador. Se trata, en breve de que es preciso y necesario que a la persona trabajadora le sea reconocido, de manera tan plena como sincera, que se ha "ganado la vida" en buena ley, que toda ganancia que obtiene del empleador con motivo o a consecuencia del empleo, resulta un salario, i.e., una contraprestación de este último sujeto y por esta última causa.Sólo es calificable de "trabajo digno", el que "respeta los derechos fundamen-tales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a condiciones de [.] remuneración" (Observación general nº 18., cit., párr. 7)." "Luego, dichos reconocimiento y contraprestación sólo pueden y deben ser lla-mados, jurídicamente, salario, remuneración o retribución.".

".Que., atento a que la noción de remuneración que ha sido enunciada en manera alguna podría entenderse de alcances menores que la acuñada en el art. 1º del Convenio nº 95 sobre la protección del salario, es oportuno hacer cita de las observa-ciones dirigidas a la República por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.En efecto, a propósito del Convenio nº 95 dicha Comisión.le recordó a la Argentina.que el art. 1º del citado convenio, si bien "no tiene el propósito de elaborar un `modelo vinculante´ de definición del término `salario´", sí tiene como objeto "garantizar que las remuneraciones reales de los trabajadores, independientemente de su denominación o cálculo, serán protegidas íntegramente en virtud de la legislación nacional, respecto de las cuestiones que tratan los artículos 3 a 15 del Convenio¨. Acotando que, "[c]omo lo demuestra la experiencia reciente, en particular con respecto a las políticas de `desalarización´, practicadas en algunos países, las obligaciones derivadas del Convenio en materia de protección de los salarios de los trabajadores, no pueden eludirse mediante la utilización de subterfugios terminológicos". Por el contrario, "es necesario que la legislación nacional proteja la remuneración del trabajo, cualquiera sea la forma que adopte, de manera amplia y de buena fe" (Conferencia Internacional del Trabajo, 97ª reunión, 2008, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (artículos 19, 22 y 35 de la Constitución) Tercer Punto del orden del día: Informaciones y memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones Informe III (Parte 1A) Informe general y observaciones referidas a ciertos países, 2008, p. 595)." ".Que, en conclusión, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 103 bis inc. c de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 24.700), relativo a los vales alimentarios, en cuanto niega a éstos naturaleza salarial. Llamar a las cosas por su nombre, esto es, por el nombre que el ordenamiento constitucional les da, resulta, en el caso, un tributo a la "justicia de la organización del trabajo subordinado" ("Aceval, Héctor León c. Industria Argentina de Aceros Acindar S.A.", Fallos: 251: 21, 35), principio rector a cuya observancia no es ajena "la empresa contemporánea" ("Zerbini, Elena y otros c. Cía. de Acumulación de Ahorro La Metropolitana", Fallos: 254:152, 155)." (conf. C.S.J.N., P. 1911. XLII., 1/09/2009, "Pérez, Aníbal Raúl c/Disco S.A.", Fallos: 332:2043).

Posteriormente, el Supremo Tribunal Federal ratificó su criterio en un caso donde se cuestionaba la constitucionalidad de los decretos 1.273/02, 2.641/02 y 905/03, en cuanto calificaron como "asignaciones no remunerativas de carácter alimentario" a las prestaciones dinerarias que establecían a favor de los trabajadores.

En ese caso, la Corte Suprema se remitió expresamente a las consideraciones y conclusiones expuestas en "Pérez c/Disco S.A.", y agregó en lo pertinente:

".mal pudo dicha norma (el dec. 1273/02) dar naturaleza "no remunerativa de carácter alimentario" a la "asignación" que dispuso, sobre todo cuando, después de todo, el carácter alimentario es naturalmente propio del salario, con arreglo a más que conocida doctrina de esta Corte (Fallos: 311:1003 y 308:1336, entre otros). El salario, apuntó el Tribunal en 1959, "constituye, substancialmente, una prestación tendiente a proveer el sustento del trabajador y de su familia" (Fallos: 245:400, 405). Los decretos 2641/02 y 905/03 se basan en análogos motivos, acotando este último, sin rebozos, que tendía a "continuar con la política de recomposición del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores que fue generada a partir del dictado del Decreto No. 1273/02"." ".Que en el presente litigio está fuera de todo debate que el desconocimiento de la naturaleza salarial de la prestación dispuesta por los decretos impugnados produjo una disminución en el importe del sueldo anual complementario. Pero también lo hizo del correspondiente a las indemnizaciones por despido sin justa causa., lo cual posibilita añadir las siguientes consideraciones.".

".resulta notorio que la calificación del concepto litigioso trastornó la finalidad reparadora del régimen indemnizatorio (Ley de Contrato de Trabajo, art. 245), reglamentario del art. 14 bis en cuanto ordena que la ley protegerá al empleado contra el "despido arbitrario", por cuanto condujo a que la indemnización termine desconociendo la concreta realidad a la que quiso atender, a causa de limitaciones a uno de los elementos de cálculo de aquella que, precisa e inequívocamente, constituye uno de los dos indicadores de esa realidad: el salario realmente percibido por el trabajador despedido ("Vizzoti", Fallos: 327:3677, 3686).dicho Comité (encargado de examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Venezuela del Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) y del Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158), al considerar qué debía entenderse por "indemnización adecuada" de la terminación de la relación de trabajo injustificada, prevista en el art. 10 del mentado Convenio nº 158, sostuvo que, por cuanto la Ley Orgánica del Trabajo venezolana establecía una proporcionalidad entre la indemnización por dicha terminación y el importe del salario, "las leyes y reglamentos por las que se crean o aumentan bonos o subsidios que no se contabilizan a efectos de la definición del salario para el cálculo de las indemnizaciones [.] provocan una reducción de la base de cálculo del importe [de éstas] y, por este motivo, alteran el carácter adecuado de la indemnización" prevista en el citado art. 10 (Document No. (ilolex): 161997VEN095, 25-3-1997, párr. 26; en igual sentido respecto de la "indemnización por fin de servicios", párr. 28). Tampoco cabe olvidar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al examinar el contenido y el alcance del "derecho al trabajo" del art. 6º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tomó en cuenta el citado Convenio Nº 158 en cuanto a que el régimen nacional debe prever el derecho a recursos jurídicos y de otro tipo en caso de despido improcedente, al tiempo que expresó que todas las víctimas de esas violaciones tienen derecho a una reparación "adecuada", que puede adoptar la forma de una "indemnización" (Observación general nº 18 El Derecho al Trabajo, 2005, E/C.12/GC/18, párrs. 11 y 48)." ".Que, en conclusión los decretos 1273/02, 2641/02 y 953/03 resultan inconsti-tucionales en cuanto desconocen la naturaleza salarial de las prestaciones que estable-cen." (conf. C.S.J.N., G. 125. XLII., 18/05/2010, "González, Martín Nicolás c/Polimat S.A. y otro").

Con anterioridad a las sentencias dictadas por el Supremo Tribunal Federal en los casos "Pérez c/Disco" y "González c/Polimat", me había pronunciado en el mismo sentido y mediante argumentos substancialmente coincidentes con los expuestos por la Corte Suprema (conf. C.N.A.T., Sala V, sent. nº 69.764, 29/06/2007, "Sosa, Stella Maris c/Segar Seguridad S.R.L.", voto del suscripto).

A mayor abundamiento, cabe señalar que el 12/12/2007 el Poder Legislativo dictó la ley 26.341 por medio de la cual se derogan los incisos b) y c) del art. 103 bis de la ley 20.744 y el art. 4° de la ley 24.700.

En consecuencia, propicio confirmar la sentencia de primera instancia en este as-pecto.

IV.- Con respecto al agravio referido a la aplicación del fallo plenario Nro. 324 en autos: "Lawson, Pedro José c/Swiss Medical S.A. s/despido" que sentó la siguiente doctrina: "La condición prevista en el artículo 4° de la ley 25.972, en lo referente a la derogación del incremento indemnizatorio del artículo 16 de la ley 25.561, solo debe considerarse cumplida a partir del dictado del decreto 1.224/07", estimo que la afirma-ción de que contradice el principio de legalidad no constituye agravio en los términos del art. 116 de la ley 18.345, por lo que propicio declarar desierto el recurso en este aspecto y confirmar lo resuelto en primera instancia.

V.- Estimo que en atención a lo aquí resuelto se torna inoficioso el tratamiento del agravio referido a la entrega de los certificados art. 80 L.C.T., toda vez que los anexados no reflejan la realidad.

VI.- Corresponde ahora tratar la queja del actor.

El actor señala un error aritmético en la sentencia de primera instancia en lo que respecta a la mejor remuneración tomada por la sentenciante de grado como base de cálculo.

Asiste razón en su planteo puesto que la misma sentenciante afirma que teniendo en cuenta la mejor remuneración del actor de $ 9.310,69 más la suma de $1.228 ($ 798 en concepto de tickets, $ 400 gastos por el valor del uso del automóvil y $ 30 de telefonía celular) por error consigna la suma de $ 10.438,69 mientras que debió ser la de $ 10.538,69.

En consecuencia y en virtud de lo establecido en el art. 104 L.O. corresponde co-rregir dicha suma y consecuentemente recalcular los rubros sujetos a condena, teniendo en cuenta que, por aplicación de la doctrina de la Corte Suprema en el caso "Vizzoti", la base salarial del art. 245 LCT sería de $7.060,92.

VII.- Cuestiona también el rechazo de las indemnizaciones de los arts. 1º y 2º de la ley 25.323 y estimo que le asiste razón en su planteo.

En efecto, el art. 1° de la ley 25.323 específicamente establece que:

"Las indemnizaciones previstas por las leyes 20.744 (t.o.), artículo 245 y 25.013, artículo 7, o las que en el futura las reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente" (el subrayado y la negrita me pertenecen).	La previsión legal aludida se verifica en la especie pues la demandada registró de la relación laboral con una remuneración inferior a la que efectivamente devengaba la actora.

En consecuencia, corresponde modificar la sentencia de primera instancia en este punto y calcular dicho rubro.

Ahora bien en cuanto al art. 2 de la mencionada ley 25.323 entiendo que toda vez que el trabajador intimó para que el abonaran las correctas indemnizaciones y que debió iniciar la presente acción para el cobro de las mismas corresponde hacer lugar a la indemnización del art. 2 aunque en la medida de la diferencia (conforme el último párrafo del art. 2, ley 25.323).

VIII.- Por todo lo expuesto, le corresponde al actor los siguientes rubros 1.- Ind. por antigüedad	$ 162.401,21 2.- Ind. art. 4 ley 25.972	$ 81.200,60 3.- Ind. sust. del preaviso más SAC	$ 22.833,12 4.- Salario Abril más integ. mes desp. y SAC	$ 11.123,04 5.- SAC prop 2007	$ 2.887,31 6.- vac. prop más SAC	$ 13.219,37 7.- Ind. art. 80 L.C.T.	$ 31.616,07 8.- Ind. art. 1 de la ley 25.323	$ 162.401,21 9.- Ind. art. 2 ley 25.323	$ 12.618,88	Todo lo que hace un total de $ 500.300,81.

Toda vez que llega firme a la alzada que la demandada abonó oportunamente al actor la suma de $ 172.282,36 (ver fs. 347vta.), propicio modificar la sentencia de grado y elevar el capital de condena a la suma de $ 328.018,45, lo que llevará los intereses fijados a fs. 347vta., los que no han sido controvertidos.

IX.- Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria por lo que resulta abstracto el tratamiento de las restantes apelaciones al respecto.

Postulo imponer las costas de ambas instancia a cargo de la demandada vencida (conf. art. 68 C.P.C.C.N.).

Teniendo en cuenta la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes, el resultado del litigio, así como lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes (conf. arts. 38 de la ley 18.345, 6, 7, 9, 11, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y arts. 3 inc. b) y g) y 12 dcto-ley 16.638/57) propongo regular los honorarios de primera instancia sobre el capital de condena más intereses, a la representación y patrocinio letrado de la parte actora 16%, de la demandada 13% y del perito contador 6%.

Postulo regular los honorarios a los profesionales actuantes en la alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda a cada uno percibir por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 14 de la ley 21.839).

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO manifestó:

Adhiero a lo expresado en el primer voto en su punto II en virtud de las circunstancias concretas del caso que allí se señalan, a partir del análisis realizado sobre la prueba rendida, a lo que me remito. Adhiero a la solución mocionada en el punto III del primer voto por acatamiento a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en los casos "Pérez c/ Disco" y "González c/ Polimat" allí citados. En todo lo demás, por análogos fundamentos a los que lucen en el voto que antecede, a ello me sumo.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: I.- Modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de elevar el capital de condena a la suma de $ 328.018,45 con más los intereses fijados en la anterior instancia que no han sido cuestionados en esta alzada. II.- Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior. III.- Imponer las costas de ambas instancia a cargo de la demandada vencida propongo regular los honorarios de primera instancia sobre el capital de condena más intereses, a la representación y patrocinio letrado de la parte actora 16%, de la demandada 13% y del perito contador 6%. IV.- Regular los honorarios a los profesionales actuantes en la alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda a cada uno percibir por su actuación en la anterior instancia. Reg., not. dev.. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que el Sr. Juez Enrique Néstor Arias Gibert no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

Oscar Zas María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara