Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-15


SENT Nro. 992 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 15 de Diciembre de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos García contra la sentencia dictada por el Juez de Instrucción de la Ia. Nominación, del 5/12/2002 obrante a fs. 196/199, el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 4/6/2003 (cfr. fs. 218 y vta.). En esta sede, no se presenta memoria casatoria, mientras que el señor Ministro Fiscal se pronuncia por el rechazo del recurso intentado (fs. 226/227). Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación deducido por Juan Carlos García, en contra de la sentencia del señor Juez de Instrucción de la Ia. Nominación de fecha 5 de diciembre de 2002 por la que decide: como punto 1.- Confirmar la resolución de la Dirección de Transporte de la Provincia de fecha 13 de febrero de 2002 por la que sanciona a Walter F. Salguero con una multa de 7.000 litros de Gas Oil valorizados al momento de su real y efectivo pago por incumplimiento del art. 24 de la Ley 6210 y una multa de 1225 UF por infringir la Ley Nacional 24.449, sanción ésta que se extiende solidariamente a Juan Carlos García y como punto 2.- Hacer entrega en forma provisoria en el carácter de depositario judicial del vehículo Minibús Toyota Coaster, dominio DDK-559, a su propietario Juan Carlos García.

El recurso se concede por decisión del mismo Juez de fecha de 4 de junio de 2003.

ANTECEDENTES.- En fecha 5 de enero de 2002 a hs. 9,30 se labra Acta de Comprobación Nro. 2642 por personal de la Dirección General de Transporte de la Provincia por cuanto al momento del control el vehículo Minibús Toyota Coaster DDK-559 conducido por Walter F. Salguero circula: sin comprobante del último recibo de pago del seguro; sin comprobante de pago de chapa patente; no posee ficha técnica; el vehículo cruzó en luz roja el semáforo de W. Posse y José Ingenieros prolongación. Asimismo en el acta consta que el vehículo quedará demorado en la Terminal de Omnibus (fs. 2 de autos).

En la misma fecha -5 de enero de 2002 y a la misma hora- se labra Acta de Infracción Nro. 16.953 por la causa: Transporte Ilegal de Pasajeros, agregando el acta, que transporta pasajeros desde Bella Vista a Tucumán con descenso de pasajeros en calle Congreso al 100; 24 de Setiembre al 300; y Charcas primera cuadra sin contar con permiso reglamentario (fs. 63 de autos).

En fecha 25 de enero de 2002 según sello fechador de Mesa de Entradas y Salidas de Dirección General de Comercio Interior y Transporte el Sr. Juan Carlos García formula descargo y deduce nulidad del acta de infracción invocando la inexistencia de la falta que se imputa. Solicita se haga lugar al descargo y se ordene la entrega y o restitución de la unidad que fuera retenida por la Dirección General de Transporte.

Tacha el procedimiento de arbitrario y que contiene graves vicios.

Agrega que se vulneró su derecho de propiedad y el de transitar libremente y que no se probó ni se probará el hecho que se le atribuye del transporte ilegal de pasajeros, comprobante del recibo de pago del seguro, chapa patente, el no contar con ficha técnica.

Sostiene que se viola el procedimiento fijado por la Ley Provincial de Transporte, su Decreto Reglamentario, La Ley Nacional 24.449 y su Decreto reglamentario Nro. 779/95 al que se encuentra adherida la Provincia por Ley 6836 y Decreto 320/98.

Asimismo solicita la entrega inmediata de la unidad.

En fecha 8 de febrero de 2002 el recurrente presenta un nuevo escrito interponiendo recurso de nulidad con apelación en subsidio por la sanción del secuestro del vehículo DDK 559 Minibús, invocando no haber sido notificado de sanción contravencional.

Señala que no ha cometido falta alguna. Cita el art. 74 de la Ley Nacional de Tránsito destacando el efecto suspensivo de los recursos que se deduzcan.

En fecha 13 de febrero de 2002 el Director General de Comercio Interior y Transporte de la Provincia de Tucumán dicta Resolución Nro. 0748-DGCI y T-2002 por la que se sanciona a Walter F. Salguero al pago de una multa que se ha expresado más arriba, extendiendo la responsabilidad solidaria al Sr. Juan Carlos García.

En sus fundamentos expresa que obra Acta de Infracción Nro. 16.953 por efectuar transporte ilegal de pasajeros y Acta de Comprobación y Secuestro Nro. 2642 por violación a los arts. 37, 34, 35 y 44 inc a) -aunque no lo expresa se refiere a la Ley 24.449-, además que el infractor es reincidente.

Sigue expresando que ingresando al análisis de la cuestión, se señala que la presentación del infractor no logra desvirtuar las actas de infracciones que han sido confeccionadas por el personal de la Dirección y que las actas se encuentran firmadas por el infractor. Que tampoco ofrece pruebas u ofrece probar la existencia y/o portación de la documentación que fuera solicitada al ser interceptado, y que el procedimiento empleado no es apto para redargüir un acta de la envergadura que se trata. En relación a la supuesta retención indebida la manifestación resulta improcedente por cuanto por el art. 24 inc. c) de la Ley 6210 impone como sanción el secuestro de la unidad, también el art. 72 inc. c) de la Ley 24.449.

Sigue la resolución que, corresponde sancionar la infracción por violar el art. 24 de la Ley 6210 y su Decreto Reglamentario 2129/3 (SO) con una multa de 7.000 litros de gas oil convertibles en dinero al momento de hacer efectivo el pago y con una multa de 1225 UF (Unidades Fijas) por infringir arts. 37, 34, 35 y 44 inc a) de la Ley 24.449 valorizadas cada una de ellas al menor precio de venta al publico de un litro de nafta especial al momento del pago por aplicación del art. 84 de la Ley 24.449 y su Decreto Reglamentario.

En fecha 19 de abril de 2002 se presenta Juan Carlos García ante el Sr. Juez de Instrucción deduciendo recurso de queja por retardo y denegación de justicia invocando que se encuentran vencidos los plazos para elevar el recurso de nulidad y apelación en subsidio interpuesto ante el Director General de Transporte en virtud del secuestro de la unidad dominio DDK 559 como en contra de la resolución 0748/DGCI y T de fecha 13 de febrero de 2002, silencio que configura denegación.

Expresa que el día 5 de enero de 2002 mientras circulaba por la autopista San Cayetano la unidad de la que es propietario -Toyota DDK 559- se labra Acta de Infracción 16.953 y se procede a secuestrar el vehículo.

Agrega que se efectuó un despojo que vulnera disposiciones de jerarquía constitucional tanto nacional como de la provincia y también preceptos de la Ley 24.449.

Cita el art. 3 de la Ley 24.449 que expresa que queda prohibido la retención o demora del conductor, o de su vehículo, de la documentación de ambos o licencia habilitante salvo los casos expresamente contemplados en la ley u ordenado por Juez competente.

Se refiere a que la ley citada en su art. 72 habilita sólo la retención preventiva de la unidad y que esta ley a la que se encuentra adherida la provincia cuenta con la supremacía del art. 31 de la Constitución Nacional.

Transcribe el art. 74 de la Ley Nacional sobre los recursos ante los tribunales del poder judicial y del efecto suspensivo sobre "las sentencias condenatorias". Sigue diciendo que ha interpuesto recurso de reconsideración conforme los términos del procedimiento administrativo Ley 4537, pero que para ser formalmente admisible se exige el pago previo de la multa y que la multa fijada asciende aproximadamente a la suma de $10.000 o $13.000 atento los litros de combustible convertidos en pesos.

Continua expresando que los descargos, reclamos y recursos se basan en la Ley Nacional que señala un procedimiento especial que sólo permite la retención temporal quedando prohibido el secuestro. Expresa que si el secuestro es grave, más grave es la exigencia del pago previo de la multa para restituir la unidad automotor, sin tener en cuenta que para el cobro de la multa cuenta con el procedimiento del juicio de apremio. Transcribe el art. 63 apartado 4 del Decreto Reglamentario 2129/3 que dice: "Los recursos contra las sanciones aplicadas se regirán por la ley 4537 de procedimiento administrativo. Será condición indispensable para la procedencia formal del recurso de revocación contra la resolución, el previo pago de la multa impuesta". "concluyendo que tal exigencia significa una inconstitucional denegación de justicia".

Agrega que la exigencia del pago previo de la multa es inconstitucional porque la propia Ley de Procedimientos Administrativos Nro. 4537 no lo requiere.

Sostiene que el recurso de queja es procedente por tratarse el Sr. Juez de Instrucción quien debe conocer en grado de apelación y última instancia de las resoluciones definitivas de carácter punitorio de la provincia, municipalidades y tribunales de faltas cualquiera sea la pena impuesta, cita la Ley Orgánica de Tribunales, art. 60; el Código Procesal Penal art. 36 y Acordada de la Corte Suprema nro. 127/94.

Refiriéndose a las defensas expuestas, se agravia de que la resolución haga mención que la presentación no sea el medio idóneo para redargüir una acta de la envergadura que ostenta y que la retención del vehículo se funde en lo dispuesto en la Ley de la Provincia y en la Ley Nacional, cuando dichos textos no hablan de secuestro que sólo se refieren a la retención preventiva o demora como medida cautelar.

Habla que se encuentra en presencia de dos graves y exorbitantes sanciones y que además no sabe a que procedimiento se debe ajustar, si a la Ley Nacional de Tránsito, a la Ley de la Provincia 6210; al Decreto Reglamentario 2129/3 o a la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia.

Que ha interpuesto un recurso de reconsideración por expediente 1543/323/G el día 26 de febrero de 2002, habiéndosele advertido que atento al apartado 4 del art. 63 del Decreto 2129/3 para la procedencia formal del recurso era necesario el pago previo de la multa.

Afirma que la exigencia del pago previo de la multa resulta inconstitucional por arbitraria e ilegitima, por alterar el art. 63 de la Ley 4537 y contravenir normas superiores Ley Nacional 24.449 y la Constitución Nacional. Que se debe declarar la inconstitucionalidad en cuanto a la exigencia del pago previo.

A continuación se agravia por el secuestro de la unidad, afirmando que se ha consumado una violación a normas especificas y fundamentales de la Constitución de la Nación, de la Constitución de la Provincia, de la Ley Nacional 24.449 y su decreto reglamentario 779/95, del art. 63 Ley 4537.

Que el secuestro de la unidad como la multa impuesta, con más la restricción a acceder a órganos jurisdiccionales en defensa de sus derechos, constituye una arbitrariedad e ilegalidad manifiesta.

Enumera los derechos afectados, el de circular libremente; el derecho de propiedad; el derecho de defensa de la persona y sus bienes.

Ofrece Pruebas y solicita una medida cautelar innovativa.

Requeridas las actuaciones administrativas el Sr. Juez de Instrucción por sentencia de fecha 7 de mayo de 2002 se resuelve hacer lugar al recurso de queja, en consecuencia hacer lugar al recurso de apelación presentado por Juan Carlos García en contra de las resoluciones de la Dirección General de Comercio Interior y Transporte en los expedientes incoados en su contra.

Como fundamento cita el art. 36 del Código Procesal Penal y que la Ley Nacional 24.449 a la que se encuentra adherida la Provincia por Ley 6836 no exige que deba abonarse la multa previamente para la concesión del recurso de apelación.

Ante la solicitud de entrega de la unidad retenida el Sr. Juez de Instrucción por decreto de fecha 29 de mayo de 2002 decide no hacer lugar a la entrega pedida. En el mismo decreto ordena la devolución de las actuaciones para que la Dirección de Transporte dé cumplimiento a lo resuelto en fecha 7 de mayo de 2002. Agrega el decreto que la Dirección debe expedirse en forma concreta sobre los planteos efectuados por Juan Carlos García referidos a la denegatoria de la entrega de la unidad. Decreto que corre a fs. 154 de autos.

En respuesta a este requerimiento formulado por el Juzgado de Instrucción la Dirección de Comercio Interior y de Transporte dicta la Resolución Nro. 2585 de fecha 5 de junio de 2002 que corre a fs. 157 de autos, por la cual se decide no hacer lugar al pedido de entrega del vehículo minibús marca Toyota dominio DDK 559 hasta tanto se abone la multa impuesta. En un artículo 2° ratifica en todas sus partes la Resolución Nro. 0748 de fecha 13 de febrero de 2002 por la que se impone la multa de 7.000 litros de gas oil y de 1200 UF al señor Juan Carlos García.

En sus fundamentos la resolución expresa que con respecto al Acta de Comprobación 2642 se confeccionó por efectuar tráfico de pasajeros sin la pertinente autorización de la Dirección General de Comercio Interior y de Transporte y que de conformidad con el art. 24 inc. c) de la Ley de Transporte establece como sanción el secuestro de la unidad.

Con respecto a la cuantía de la sanción la resolución hace mención expresamente a los frondosos antecedentes del infractor por efectuar tráfico ilegal de pasajeros.

Por decreto de fecha 30 de setiembre de 2002 (fs. 178) el Sr. Juez de Instrucción decide no hacer lugar al pedido de entrega de la unidad automotor por ahora. Asimismo convoca a las partes a la audiencia que prescribe el art. 36 del Código Procesal Penal para el día 11 de octubre de 2002 a hs. 8,00. Las partes son notificadas por cédulas fs. 183 y 186.

Se celebra la audiencia con la presencia únicamente del infractor Juan Carlos García asistido por la letrada Dra. Olga Gallardo de Cerda.

SENTENCIA.- En fecha 5 de diciembre de 2002 el Sr. Juez de Instrucción de la Ia. Nominación resuelve confirmar la resolución dictada por la Dirección de Transporte de la Provincia de Tucumán de fecha 13 de febrero de 2002 en todas sus partes.

Asimismo ordena hacer entrega en forma provisoria y en calidad de depositario judicial la unidad Toyota, modelo Coaster, dominio DDK 559 al Sr. Juan Carlos García.

Los fundamentos de la sentencia con respecto a la multa impuesta expresan que en el transcurso de la alzada no se ha acreditado ni ha sido probado que los instrumentos públicos que documentan la infracción sean defectuosos o falaces por lo que la sanción aplicada corresponde confirmarla.

Asi, hace mención que la infractora no ha presentado el permiso correspondiente para transportar pasajeros y que la sanción se ajusta a derecho remitiéndose a lo normado por el art. 63 del Decreto 2129/91 que dice que "Las actas que no sean enervadas por otras pruebas serán consideradas como suficiente probanza de la responsabilidad del infractor".

Hace referencia que el proceso administrativo se rige por principios distintos del proceso penal, por lo que el particular es quien debe presentar ante la autoridad la documentación que se le exige y que en el caso la exigencia del documento que autoriza transporte de pasajeros hace a la seguridad.

Dice además que no se observa violación al procedimiento y que la parte infractora solo se ha limitado a ratificar las exposiciones pero sin desvirtuar en ningún momento las actas de constatación.

Con respecto al pedido de la entrega del vehículo hace referencia a la resolución de la Dirección General de fecha 5 de junio de 2003 que corre a fs. 171 (se debe leer fs. 157) que en sus considerandos señala que no se hace entrega de la unidad hasta tanto el infractor abone la multa fundándose en lo establecido en el art. 63 último párrafo del decreto 2129/91 y del art. 24 inc. c) de la Ley 6210.

Agrega la sentencia que sin perjuicio de que la Dirección de Transporte accione para hacer efectiva la multa, procede a hacer entrega del vehículo en calidad de depositario a su propietario en atención al tiempo de secuestro y con el objeto de que no se torne la medida en confiscatoria de bienes particulares.

RECURSO DE CASACION.- Luego de expresar que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad expone como argumentos los siguientes:

a.- Destaca que sobre la materia existen normas nacionales y de orden provincial sosteniendo que deben aplicarse la normativa nacional en el caso concreto.- Indica como normas de aplicación La Ley Nacional 24.449 arts. 3, 72 inc. 4°, 74, 83 84; Decreto Reglamentario 779/95, que concurren con el art. 36 del Código Procesal Penal, Acordada 127/94; arts. 72 al 75 del Código de Procedimientos Administrativos; art. 63 Decreto 2129/91.

Señala que existen diversos procedimientos, como también diversidad de plazos para recurrir, exigencias de previo pago de multa que exige la legislación provincial, prohibición de secuestros de vehículos en la ley nacional; efectos suspensivos de los recursos en el orden nacional y efecto devolutivo en el orden provincial. Entiende que esta diversidad además de ilegal provoca confusiones.

Que lo expuesto hace que el fallo que ataca sea ilegitimo y arbitrario remitiéndose a la Acordada 127/94 de este Tribunal. (Corresponde destacar que la cita de la Acordada deviene improcedente toda vez que el procedimiento a aplicar en el caso de autos se regula por lo dispuesto por el art. 36 del Código Procesal Penal norma posterior a la Acordada citada).

Se agravia por cuanto la decisión judicial no recurre a lo dispuesto por la Ley Nacional en lo referido al secuestro de la unidad que se encuentra prohibido -así lo expresa el recurrente- en el orden nacional.

Se agravia que no se respete el efecto suspensivo de los recursos en contradicción con el efecto devolutivo y la exigencia del pago previo de la multa y agotamiento de la vía administrativa que se exige en la legislación local.

b.- Se agravia del monto de la multa impuesta que ascendería según sus cálculos a la suma de $12.285,35, lo que entiende desproporcionado.

c.- Expresa como un agravio más de que nunca el recurrente ha sido notificado en legal forma de la resolución alguna de la Dirección de Transporte, por lo que recién al deducir el recurso de queja se dio por notificado del contenido de la Resolución 0748 y sus agregados.

d.- Agrega que se acredita con las propias constancias de autos que nunca ha cometido la infracción que se le imputa y que contaba con la documentación necesaria para circular. Hace mención a las infracciones que da cuenta el acta 0475.

Cita a continuación el art. 72 inc. 4° de la Ley Nacional que autoriza la retención preventiva o demora del vehículo pero no el secuestro.

Como conclusiones señala que se ha violado el procedimiento contravencional. Que ha sido condenado sin pruebas. Que no se respetó el debido proceso legal. Que se ha producido un despojo. Que no ha convalidado la contravención, ni tampoco el secuestro del automotor. Que se debía inferir la existencia de una duda razonable remitiéndose a un principio de inocencia que lo beneficia.

También dice que el acta tiene para el agente interviniente el carácter de declaración testimonial.

Hace mención a lo que fija como doctrina legal, formulando la reserva del caso federal.

El Sr. Ministro Fiscal se expide por el rechazo del recurso.

CONCLUSIONES.- Debemos distinguir que el recurso plantea distintas cuestiones las cuales son objeto de consideración.

El art. 2 de la Ley 6210 nos señala que los servicios de transporte publico de pasajeros sometidos al régimen nacional quedan excluidos de la Ley, pero que el tráfico intermedio dentro de la jurisdicción de la Provincia debe estar previamente autorizado por la Dirección General de Transporte de la Provincia. No habiendo invocado ni menos acreditado el recurrente que se encuentre habilitado por autoridad nacional, queda como única conclusión que la habilitación para transportar pasajeros se rige por la legislación de la Provincia sin perjuicio de señalar el ámbito de aplicación de la Ley Nacional 24.449 y que revisten el carácter de autoridades jurisdiccionales para la Ley Nacional, tanto las autoridades del Estado Nacional, como del Estado Provincial y de las Municipalidades. Arts. 1, 2, 5 y cc. de la Ley 24.449.

En este sentido es de destacar que conforme a la Ley 6836 la Provincia de Tucumán se adhiere a la Ley Nacional 24.449 y por su art. 4 se constituye como autoridad de aplicación en el ámbito provincial de la Ley Nacional a la Dirección de Autotransporte de la Provincia o la dependencia administrativa que reemplace a la misma, hoy Dirección General de Transporte en atención a lo dispuesto por el art. 47 de la Ley 6210.

Formulada esta aclaración se observa que la sanción aplicada es consecuencia de las infracciones cometidas entre las que se destaca el transporte ilegal de pasajeros, hecho este que da cuenta tanto el Acta de Infracción 16.953 que expresamente dice "Transporte Ilegal de Pasajeros" (fs. 63) como el Acta de Comprobación Nro. 2642 (fs. 64) que marcaron el signo X el renglón Transporte Pasajeros, infracción ésta que no ha sido desvirtuado en debida forma, ni se ha arrimado elemento que acredite lo contrario. Más aún el acta de infracción de fs. 63 se encuentra firmada por Walter Fabián Salguero, quien conducía la unidad infractora.

Sobre la infracción el recurrente se limita a exponer que no ha incurrido en ninguna, pero no desvirtúa la concreta afirmación de la sentencia en cuanto sostiene que "no se presentó por parte del apelante el permiso correspondiente para transportar pasajeros".

Y que se debe contar con la autorización correspondiente resulta una obligación indiscutida, ya que Ley de Transporte 6210 de la Provincia de Tucumán en su art. 2 nos expresa que el trafico intermedio en la Provincia debe estar previamente autorizado por la Dirección de Transporte.

También la ley mencionada al referirse al sistema de explotación de los servicios de transporte de pasajeros contempla las figuras de la Concesión que explota una línea predeterminada otorgada por la autoridad concedente; de la Licencia del transporte de pasajeros bajo la modalidad de permisos especiales y los permisos por servicios excepcionales.

El recurrente no ha acreditado ni ha invocado que reúne o que se encuentre comprendido en alguno de los sistemas de explotación del servicio suburbano. No reviste el carácter de concesionario, tampoco cuenta con una licencia bajo la modalidad de Servicios Especiales, menos aún exhibe permiso que le permita prestar servicios excepcionales de transporte de pasajeros.

Nunca el recurrente ha demostrado que haya cumplido con las exigencias que establece el art. 21 de la Ley 6210 de la Provincia para contar con permisos especiales, como tampoco nunca ha exhibido permiso alguno por servicio excepcional. En este sentido basta citar que el decreto reglamentario Nro.2129/91 en su art. 20 establece que las licencias para los servicios especiales se otorgaran previo cumplimiento de requisitos entre los cuales se menciona la constitución de una garantía de 0,50% del valor del material rodante; la constitución de seguros sobre personas y bienes transportados, el otorgamiento de la licencia que no podrá ser superior a 180 días.

También corresponde señalar que la Ley Nacional de Tránsito a la que se encuentra adherida la Provincia de Tucumán por Ley 6836 exige igual requisito, así el art. 53 al referirse a las exigencias comunes de los propietarios de vehículos de servicio de transporte de pasajeros en su inc. k dice: "Cuenten con el permiso, habilitación, o inscripción del servicio de parte de la autoridad de transporte correspondiente. Esta obligación comprende a todo automotor que no sea de uso particular exclusivo...".

De ahí se concluye que la sanción impuesta cuenta con el debido respaldo fáctico y legal, por lo que se debe confirmar la Resolución Nro. 0748 de la Dirección de Comercio Interior y de Transporte de fecha 13 de febrero de 2002 cuyo original corre a fs. 92 y 93 de autos, en todas sus partes.

Con respecto al monto de la multa impuesta, la resolución se remite al informe de fs. 5 de la Sección Multas y Reincidencias del Departamento Jurídico que da cuenta que el infractor es reincidente, por lo que no se observa que la misma sea arbitraria o que no sea ajustada a derecho.

Habiéndose limitado el agravio exclusivamente a que el monto resulta excesivo, desproporcionado, falto de razonabilidad y confiscatorio, basta decir que quedando reducido en estos términos el agravio no se observa que se encuentre cuestionada cuestión alguna de derecho, por lo que el agravio excede el marco del recurso de casación al no invocarse inobservancia o error en la aplicación de la ley sustantiva.

Con respecto a la multa que se traduce en el pago de 1225 UF (Unidades Fijas) se ajusta a la normativa nacional art. 77 inc k) y art. 84 de la Ley Nacional 24.449.

Ingresando a la cuestión de la retención y/o secuestro de la unidad automotor, el recurso en reiteradas oportunidades se expide en el sentido que la Dirección General de Transporte no cuenta con facultades para ello en el supuesto que se compruebe una infracción referida a la prestación del servicio de transporte sin la debida autorización.

Invocan el art. 3 y 72 de la ley 24.449.

Se debe señalar que la Ley 24.449 contempla la retención del vehículo no como una sanción sino como una medida de prevención y en este sentido nos debemos remitir a lo expresado por el art. 72 apartado c) que textualmente dice: "Retención preventiva. La autoridad de comprobación o aplicación deberá retener dando inmediato conocimiento a la autoridad de juzgamiento: inc c a los vehículos: 1 Que no cumplan con las exigencias de seguridad reglamentaria, labrando un acta provisional, la que, salvo en los casos de vehículos afectados al transporte por automotor de pasajeros o carga, presentada dentro de los tres días ante la autoridad competente, acreditando haber subsanado la falta, quedará anulada. El incumplimiento del procedimiento precedente convertirá el acta en definitiva. La retención durara el tiempo necesario para labrar el acta excepto si el requisito faltante es tal que pone en peligro cierto la seguridad del tránsito o implique inobservancia de las condiciones de ejecución que para los servicios de transporte por automotor de pasajeros o de carga, establece la autoridad competente. En tales casos la retención durará hasta que se repare el defecto o se regularicen las condiciones de ejecución del servicio indicado".

El mismo art. 72 inc. c) apartado 4 dice: "La autoridad de comprobación o aplicación debe retener, dando inmediato conocimiento a la autoridad de juzgamiento:... c) a los vehículos: ...4.- Cuando estén prestando un servicio de transporte de pasajeros o de carga, careciendo del permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos o en exceso de los mismos, sin perjuicio de la sanción pertinente, la autoridad de aplicación dispondrá la paralización preventiva del servicio en infracción, en el tiempo y lugar de la verificación, ordenando la desafectación e inspección técnica del vehículo utilizado en la comisión de la falta, siendo responsable el transportista transgresor respecto de los pasajeros y terceros damnificados".

En el mismo sentido el art. 3 del Decreto 320/98 reglamentario de la Ley de Adhesión publicado el día 19 de marzo de 1998 consagra la garantía de la libertad de tránsito dejando a salvo lo expresado por el art. 72 y 86 de la Ley 24.449 y de la Ley 6210 y su Decreto reglamentario 2129/91 o si mediare orden judicial.

Se desprende de la cita legal expresada que la retención de la unidad y la paralización preventiva del servicio hasta tanto "se regularicen las condiciones de ejecución del servicio indicado" reconoce sustento normativo, ya que resulta inadmisible que lesionando principios de prevención se permita la circulación de una unidad de transporte de pasajeros sin contar con la habilitación correspondiente.

Por último sobre esta cuestión de la retención de la unidad habiéndose ordenado su restitución el tema se lo reconoce abstracto.

Resta la consideración del agravio de la exigencia del pago previo de la multa para la concesión del recurso que consagra el decreto 2129/91 art. 63.

En primer lugar el principio de legalidad consagrado por el art. 19 de la Constitución Nacional a la cual la Provincia se encuentra obligada a respetar y a acatar en atención a lo normado por el art. 22 de la misma, es un obstáculo a que la obligación del pago previo sea establecido por un Decreto reglamentario de la Ley 6210, cuando la misma ley sobre el particular nada expresa.

Debe destacarse que en el caso a estudio no se trata de un tributo que hace al desenvolvimiento del estado y que no puede ser perturbado con discusiones que demoren su percepción.

Se trata del pago previo de una multa (no de un tributo) que en el caso de autos ha sido ya resuelto por el Sr. Juez de Instrucción por decisión de fecha 7 de mayo de 2002 que corre a fs. 46/47 que ha acogido el recurso de queja por retardo y denegación de justicia sin el pago previo de la misma, por lo que el agravio además de inoficioso deviene abstracto.

Atento lo considerado corresponde el rechazo del recurso de casación imponiéndose las costas al recurrente en razón del principio de derrota.

A las cuestiones propuestas los señores vocales Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación deducido por Juan Carlos García en contra de la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2002, dictada por el Sr. Juez de Instrucción de la Ia. Nominación.

II.- COSTAS, como han sido consideradas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA