marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, liquidación, recurso extraordinario federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Canga Osorio, Margarita c/ Instituto Provincial de Previsión Social s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-08-05

Respecto del establecimiento de pautas para una regulación de honorarios posterior, la Corte ha dicho que La liquidación practicada conforme disposición de un tribunal laboral, que sería base para una posterior determinación de honorarios del letrado recurrente, no reviste el carácter de sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de la ley 48, porque el agravio puede encontrar remedio en la instancia ordinaria o por la vía de la intervención de la Corte, en ocasión de la regulación.
Accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Paredes Gustavo Fernando c/ Municipalidad de Colón y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-02-06

El actor se accidentó cuando transitaba en motocicleta por una calle interna del parque, en horario nocturno al engancharse en la pierna con un rollo de alambre de púas dejado en el lugar, al desarmarse estructuras utilizadas para una fiesta nacional. Resultan responsables tanto el Estado Municipal como dueño o guardián de la cosa, y la entidad organizadora, en tanto resultaba innegable el deber de vigilancia de ambos por la seguridad que debían mantener en las calles internas del parque, habitualmente destinadas al tránsito público.
Municipalidad, personal municipal, cesantía, ausencias injustificadas, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ledesma, Pedro c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 536-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-01

El supuesto que prevé el artículo 63 inciso a) de la ley 9286 como causa para la cesantía ("inasistencias injustificadas que excedan los diez días continuos o discontinuos en los doce meses inmediato anteriores") no excluye la posibilidad de que la Administración haya sancionado previamente las distintas inasistencias injustificadas en que hubiere incurrido el agente. Por el contrario, al igual que la causal de cesantía que se contempla en el inciso b) del mismo artículo ("incurrir en nuevas faltas que den lugar a la suspensión cuando el inculpado haya sufrido en los doce meses inmediato anteriores, treinta días de suspensión disciplinaria"), la configuración de esta falta supone la comisión previa de otras y sanciona la reiteración de incumplimientos que, a su vez, pudieron ser objeto de reproche disciplinario, mediante la imposición de una sanción correctiva (en el supuesto del inciso a, o fueron efectivamente sancionadas, en la hipótesis restante). Así, mientras el agente incurra en inasistencias injustificadas que no excedan de diez días continuos o discontinuos en los doce meses inmediatamente anteriores, podrá ser pasible de sanción de apercibimiento o suspensión de hasta treinta días corridos (artículo 62, inciso b), más en cuanto las inasistencias injustificadas del agente "excedan los diez días continuos o discontinuos en los doce meses anteriores" , se habrá configurado esta nueva irregularidad que habilita la cesantía.
Recurso extraordinario, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: Mussin Norma Gilda s/ Queja En Autos: "Mussin, Norma Gilda C/Otiz, Argentina Antonia Y/U Otros S/Accion Comun
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-04-17

Cuando el trámite de perención del recurso extraordinario federal ocurre antes de que el Tribunal Superior se expida sobre la concesión o denegación formal del recurso, el planteo debe ser resuelto por el tribunal ante quien se articuló y el órgano competente para pronunciar la caducidad es el Superior Tribunal de la causa.
Mora, obligación principal, obligaciones accesorias
Materia: CIVIL
Carátula: T. M. P. S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-10-29

La obligación de resarcir el daño moratorio es accesoria de la obligación primitiva. La accesoriedad supone, que aún cuando en principio las obligaciones no quedan afectadas por las vicisitudes que experimentan otras ajenas a ellas, excepcionalmente se presenta una interdependencia cuando están ligadas entre sí, es decir, cuando alguna no puede existir sin la otra.

Conforme el art. 523 del Código Civil, la obligación que tiene existencia propia e independiente de la cual está conectada es una obligación principal, mientras que la accesoria no encuentra en sí misma la razón de su existencia, sino que depende de la existencia y legitimidad de una primera obligación.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, indemnización, incapacidad sobreviniente, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: EXPTE. Nro. 31066 GARCIA HUMBERTO EDUARDO Y OT. P/SI Y POR SU HIJO MENOR c/ CHIARPOTTI, CARLOS Y OT. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-04-06

Se ha mantenido ya con anterioridad a la realidad económica financiera que se vive en la actualidad, que para el cálculo de la indemnización por incapacidad correspondía aplicar un sistema financiero de amortización gradual progresiva, pues la indemnización correcta a otorgar, debe consistir en una suma que, invertida, cubriera los ingresos de que fuera privado quien acciona, por el tiempo que pueda durar su incapacidad y que se consuma al final del mismo. No obstante ello, desde hace tiempo las fórmulas matemáticas apli-cadas fríamente en ciertos supuestos son insuficientes o inadecuadas para traducir numé-ricamente situaciones personales diferentes y puntuales, aportando sólo un elemento más en la determinación de la indemnización.
Estabilidad del empleado público, cambio de categoría
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GOROSITO, JORGE ALBERTO Y OTROS c/ DIRECCION  PROVINCIAL  DE  VIALIDAD  DE  LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS Y ESTADO PROVINCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-07-14

Las Resoluciones 65/88, 286/88 y 289/88, que promovieron a los accionantes, lo hicieron en forma transitoria y no bajo el régimen de concursos de antecedentes y oposición, previsto en la Ley 20.320 como vía de acceso legítimo a fin de cubrir las vacantes y único medio a través del cual aquéllos podrían pretender tener garantizada la estabilidad en esos cargos conforme al artículo 21 de la Constitución de Entre Ríos. La ausencia de dichos requisitos condicionantes, establecidos en los artículos 21, 22 y siguientes de tal cuerpo legal, régimen al que adhiere la Ley 8186, obsta a que aquí pueda reconocerse el derecho al ascenso.
Emergencia económica, fondo fiduciario federal de infraestructura regional, obligaciones de dar sumas de dinero, mutuo, Estado Provincial, interpretación restrictiva
Materia: ECONOMIA
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional s/ incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-08

Corresponde hacer lugar a la demanda seguida por la Provincia de La Pampa contra el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y el Estado Nacional con el fin de obtener el cumplimiento de lo pactado expresamente en los contratos de mutuo y declarar inaplicable al proceso el decreto 214/02 si, por sus características de emergencia, la norma es de interpretación restrictiva y las cuotas correspondientes a los saldos deudores fueron fijadas en pesos convertibles, entonces moneda de curso legal en el país, y así debía exigirse su cumplimiento, motivo por el cual no corresponde aplicar el reajuste equitativo previsto por la ley 25.561 y el decreto mencionado para las obligaciones de dar suma de dinero pactadas en moneda extranjera.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cómputo de la pena, debido proceso, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, derivación razonada del derecho vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Castelli, Néstor Rubén y otros c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-03

Si bien el ejercicio de la facultad de los jueces de la causa para graduar las sanciones dentro de los límites ofrecidos para ello por las leyes respectivas no suscita, en principio, cuestiones que quepan decidir en la instancia del artículo 14 de la ley 48, cabe apartarse de dicha regla cuando se ha ocasionado un agravio a la garantía del debido proceso que, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, se tiende a resguardar, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Transacción, litisconsorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rabellino, Bruno c/ Ojeda, Walter y otros s/ Cobro de alquileres Rabellino, Bruno c/ Barletti, Agustín y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10|1992-11-02

Los acuerdos a que pueden arribar las partes en los supuestos de los arts.308 y 309 del CPCC, requieren, para su plena validez y para adquirir la autoridad de la cosa juzgada, el examen por el juez de las condiciones de capacidad y de cumplimiento de la ley, para lo que debe oír a todas las partes interesadas. La ausencia de una de dichas partes en el acuerdo, y su oposición al mismo impiden modificar lo decidido, porque a través de la homologación culmina un modo anormal de terminación del proceso, siendo de destacar que los actos de disposición procesal que pudiera cumplir uno de los litisconsortes -allanamiento, conciliación, transacción- sólo producen efectos normales en tanto los restantes asuman una actitud idéntica, en razón de la conexidad inescindible que caracteriza a su objeto, no pudiendo entonces haber sino una sentencia para todos los litisconsortes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la persona, entes autárquicos, Banco Nación, depósito a plazo fijo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Salice, Alberto c/ Banco de la Nación s/ juicios de conocimiento en general.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-26

Es competente el juzgado nacional en lo contencioso administrativo federal para conocer en la causa en que se demanda al Banco de la Nación Argentina por la restitución de un depósito a plazo fijo alcanzado por las disposiciones del decreto nx 36/90.
Dirigente gremial, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Palacio, Silvia Liliana c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

Producida la cesantía de un dirigente gremial sin cumplimentarse previamente el trámite de exclusión de la tutela legal el legislador resolvió poner en cabeza del representante la disyuntiva de escoger entre la continuidad en el empleo o la rescisión del mismo; sin que, la elección por la segunda opción resulte conculcatoria de derechos irrenunciables e indisponibles para sus destinatarios pues tan sólo de lo que se trata es del ejercicio regular de los mismos.
Municipalidad, personal municipal, sanciones disciplinarias administrativas, ausencias injustificadas, cesantía, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FASANO, ARMANDO LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nº. 497 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-07

La ley 9286 no establece trámite alguno previo al dictado del acto administrativo que, en el caso, dispuso la cesantía del actor -por haber incurrido en la causal prevista en el artículo 63 inc. a) de la ley-, pero se desprende de antecedentes jurisprudenciales que en supuestos como el de autos es necesario correr una vista al agente con anterioridad a la sanción expulsiva -aunque no la instrucción de un sumario como plantea el actor-. Si bien, en el sub judice, dicha exigencia no fue cumplida antes del dictado de la resolución respectiva, lo cierto es que la anulación del acto de cesantía no es la solución que se ajusta a las particulares circunstancias del caso, ya que de las constancias administrativas surge que si bien no se corrió una vista al agente previo al dictado de la resolución que dispuso su cesantía, lo cierto es que éste tuvo una razonable oportunidad de ser oído y de ofrecer prueba conducente a la demostración de sus argumentos, durante el procedimiento sustanciado en sede administrativa; más concretamente en la tramitación del recurso de reconsideración y antes de la emisión del acto que puso fin a dicha instancia. Por ello, la omisión de la vista previa -al comienzo del trámite administrativo- no impidió, en el caso, que aquel alegara y probara lo pertinente en la instancia recursiva. No se puede tener -además- por vulnerado el derecho de defensa, si el recurrente no ha especificado de qué concretas defensas y pruebas se vio privado a consecuencia del trámite que objeta, ni la incidencia que dichas omisiones hubieran podido tener para modificar en su favor la situación. (Del Voto del Dr. Gutiérrez, al que Adhiere la Mayoría. En Disidencia los Dres. Vigo y Falistocco)
Decomiso, secuestro de bienes, automotor secuestrado, personas privadas de la libertad, bien común, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Bustos, Narciso Rubén s/ robo calificado, etc. -recurso de casación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2007-07-12

El texto del art. 23 del C.P. incorporado por la ley 25.815 (B.O. 1/12/03), prescribe que en los casos en que se dicte condena penal por un delito, "...la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito...". De ese modo y en lo que aquí interesa, la nueva normativa introduce dos cuestiones fundamentales frente al régimen anterior. Por una parte, prescribe que el decomiso debe ser decidido expresamente por el Tribunal de mérito. Lo que hasta la reforma no resultaba necesario, pues operaba ministerio legis frente a la sentencia condenatoria que imponía la pena principal. Por otra parte establece el momento del dictado de la sentencia condenatoria como oportunidad procesal para disponerlo. Tal modificación no altera, sin embargo, el carácter obligatorio -no facultativo- de esta clase de sanción patrimonial accesoria. Lo que implica que ordenada la pena principal, el Tribunal no tiene margen para no disponerla.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, gastos de reparación del automotor, prueba, falta de prueba, cómputo de intereses, sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: MARINCOLA DE MARTINEZ, ROSANA ALICIA c/ LUDER, GREGORIO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-23

Cuando el damnificado por un accidente de tránsito no prueba concretamente el desembolso efectuado para pagar las reparaciones del automotor, ni la fecha en que éste se ha efectivizado, los intereses del rubro deben comenzar a correr desde la fecha de la sentencia.
Policía judicial, prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: PEREYRA ENRIQUE GERMAN s/ PRUEBA  -  PERICIA  JUDICIAL  -  INFORME  TECNICO  POLICIAL - POLICIA  JUDICIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-19

Entre la pericia y los informes técnicos de la policía judicial existen diferencias formales. La primera sólo puede ser ordenada por un órgano jurisdiccional (C.P.P. art. 255) (salvo el caso de citación directa, en que la ordena el Ministerio fiscal) dirigida por aquél (aún en el caso de citación directa) con la observancia de todas las disposiciones tendientes a garantizar la seriedad de las conclusiones periciales y los derechos del ministerio fiscal y las partes (C.P.P. arts. 260 y 261) y llevado a cabo por un experto titulado (C.P.P. 256). En cambio, los informes técnicos de la policía judicial serán ordenados por esta "si hubiere peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación (C.P.P. 190 inc. 3ro.) observando sólo en lo posible las normas de la instrucción (C.P.P. 192) sin exigirse, a quienes los llevan a cabo, títulos especiales.

Si el informe técnico policial se produce dentro de los límites del art. 190 inc. 3ro. C.P.P., podrá ser valorado en la sentencia, previa incorporación al debate (C.P.P. arts. 402 y 410 2do. párrafo) ya que "no se puede impedir el ingreso de esos elementos técnicos, recogidos en el primer momento de la investigación y que podrían ser valiosos, so color de que no han sido controlados por el defensor" (Exposición de motivos del Código Procesal Penal año 1969 pág. 46).-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fusco, Domingo D. c/ Arnelli, Susana C. s/ Cobro ejecutivo. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

No reviste carácter definitivo la decisión recaída en un juicio ejecutivo que revoca el pronunciamiento de primera instancia que hacía lugar a la excepción de falsedad de título y manda llevar adelante la ejecución por considerar que el ejecutado no había probado la pretensa anomalía obrante en el documento, desde que la Cámara se ha limitado a pronunciarse sobre cuestiones que no desbordan la estructura formal del proceso ejecutivo, sin abrir juicio sobre las que hacen a la obligación sustancial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, declaración testimonial, caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: Albornoz, Aníbal Alejandro y otros c/ Shell CAPSA y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-09

Ante las dificultades o inconvenientes que impidan la rápida concreción de las actividades desplegadas fuera de la causa (cabe reiterar que habían transcurrido más de dos años y medio desde que se tomaron las declaraciones testimoniales) es deber del interesado informar tal circunstancia en el pleito principal solicitando al juez que adopte las medidas correspondientes, lo cual no hizo (arg. art. 311 del CPCCN). De lo contrario, los actos realizados carecen de aptitud para sanear la inactividad en la que se ha incurrido (conf. Highton - Arean, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. 5, ed. Hammurabi, p. 770 y sus citas).
Derecho procesal, Ministerio Público, fiscal general, fiscal de juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sandoval, Alberto A. s/ conflicto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-15

Son actos controlables por el tribunal de juicio en la etapa prevista en el artículo 354 del C.P.P.N. El requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio y sus presupuestos necesarios: la declaración indagatoria y el auto de procesamiento ; no así la prisión preventiva por no ser recaudo previo. En consecuencia su nulidad por ausencia de fundamentos o haber sido dictada después del auto de procesamiento carece de sustento legal, máxime si el fiscal y la defensa no han dejado oir
Malversación de caudales públicos, depósito judicial
Materia: PENAL
Carátula: D., A. s/ Malversación de bienes o caudales privados
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-09-16

El delito de malversación del art. 263 del C. Penal en el caso de depósito judicial de bienes embargados se comete al disponer o apoderarse de ellos, violando así las obligaciones que dicho depósito impone y el embargo trabado para garantizar los derechos del acreedor con prescindencia del perjuicio patrimonial que con ello pudiera sufrir o no el embargante.
Intereses, intereses convencionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carta Austral S.A. c/ Loreiro, Ana G. s/ Cobro ejecutivo de pesos Márquez, María A. c/ Trincheri, Julio M. (s/herederos) s/ Acción ejecutiva Voglino, Alberto C. c/ Sánchez, María E. y otros s/ Cobro ejecutivo Carta Austral SA c/ de Juana, Silvio R. s/ Cobro ejecutivo de pesos Carta Austral SA c/ Villalba, Gabriel s/ Cobor ejecutivo de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26|1998-09-15|1999-09-14|2002-02-14|2002-04-11

La fijación convencional del interés según lo normado por los arts.

621 y 622 del C. Civil reafirma el principio de la autonomía de la voluntad consagrado por el art. 1197 del mismo cuerpo legal y rige tanto para los intereses compensatorios como para los moratorios, encontrándose únicamente sujeta al límite que imponen las reglas de la moral y las buenas costumbres (arts. 21 y 953, C. Civil). La determinación de dicho límite es una cuestión eminentemente cambiante, dependiendo de las variables económicas que influyan en el mercado y que van estableciendo un interés en las operaciones de crédito conforme a la realidad económica, debido a lo cual no se pueden dar reglas fijas sobre la tasa considerada excesiva.
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: PROCESAL
Carátula: Maltagliatti, Luis Adolfo c/ Administración Nacional de Seguridad Social s/ ejecución previsional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Resulta indiscutible el carácter obligatorio de las decisiones adoptadas por la Corte Suprema en el ejercicio de su jurisdicción, que importa lo conducente a hacerlas cumplir.
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CLEMENTE, IRMA c/ AGUAS SANTAFESINAS S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-07

En cuanto a la alegada inconstitucionalidad del artículo 43 de la ley 10160, la vaga y desdibujada postulación de la recurrente no constituye un planteo mínimamente serio y fundado en orden a sustentar la existencia de un caso constitucional; amén de que los topes apelatorios han sido reiteradamente declarados constitucionales, máxime cuando la limitación de que se trata no impide el oportuno ejercicio de defensas de naturaleza federal. (De la disidencia del Dr. Netri) - CITAS: CSJN: Fallos 301:1066, 298:665, 295:122, 281:38 y 67, 275:109. - DOCTRINA: Peyrano, "Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe", Nova Tesis, T. 1, pág. 336; González, Atilio y otros autores, "Inapelabilidad por monto", Ed. El Foro, pág. 22.
Honorarios del abogado, leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Altamirano, Pablo Pedro c/ Albisini, Osvaldo René y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-05

Si bien la ley 24432 tiende a mitigar las consecuencias disvaliosas, que para los deudores de las costas de un proceso, puedan derivar de una regulación de honorarios desproporcionada con la labor profesional cumplida en el juicio, mantiene sin embargo, en consonancia con el ideario desregulatorio en boga, la posibilidad de ajustar libremente el precio de los servicios profesionales involucrados.
Debate, prueba, actos jurídicos, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FERRADAS ASTRADA, ANTONIO s/ DEBATE - PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1982-07-05

El art. 1193 C.C. no tiende a la nulidad de un acto jurídico, sino que la omisión de la forma escrita está referida a obstáculos probatorios. La doctrina jurídica califica con disfavor la prueba testimonial, abundando en razones de variada índole.

La esencia de este precepto, anticuado y confuso, tiende a prevenir que mediante la declaración de testigos no se pueda contradecir lo que está manifestado en un documento.

El viejo texto del art. 1193 C.C-., fijaba una suma de doscientos pesos y el nuevo la eleva a diez mil pesos, es decir, a cien pesos de la ley 18.188. Observación que demuestra la fragilidad del concepto, no obstante sus antecedentes legislativos en códigos de ponderable influencia (de Prusia, art. 131, título 5to., 1ra.

parte, Código de Napoleón, art. 1295 y el de Vaud, art. 995).-