Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-29


SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 27148 SALA V. AUTOS: "AMARILLA, ABEL C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO VIAMONTE 2902 S/ DESPIDO" (Jdo. Nº 12) Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010.

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 427/429 contra la resolución de fs. 424, y la réplica de la contraria a fs. 434/436.

Y CONSIDERANDO:

I. Que previo a todo cabe señalar que si bien resoluciones de la naturaleza de la atacada, dictadas durante los procedimientos de ejecución de sentencia son -en principio- inapelables en orden a lo dispuesto en el art. 109 de la L.O., la naturaleza de la cuestión debatida torna aconsejable la apertura de la instancia revisora en aras del principio de eficacia de la jurisdicción.

II. Que a fs. 405/406 se hizo lugar al pedido de embargo efectuado por el accionante a fs. 403 y vta. sobre los bienes de propiedad del consorcio demandado hasta cubrir la suma de $ 36.599,87 con más la suma de $ 7.000 presupuestada provisionalmente para responder a intereses y costas, disponiéndose que para efectivizar dicha medida se librase oficio a Servicios Electrónicos de Pago S.A. a fin que procediese a retener de las sumas que debía abonar al consorcio demandado, dichas cantidades.

Que a fs. 410 se celebró una audiencia en la que la accionada hizo un ofrecimiento de efectuar pagos mensuales de $ 3.000 hasta cancelar el monto de condena, ofrecimiento que no fue aceptado por la parte actora.

Que a fs. 415 obra la respuesta brindada por la oficiada donde ésta dio cuenta de la inexistencia de relación alguna con el consorcio accionado.

Que frente a ello, el accionante con la finalidad de trabar embargo sobre cada una de las unidades funcionales propiedad de los distintos consorcistas, peticionó que se autorizase el libramiento de oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal a fin de que informase la titularidad de dominio de cada una de aquéllas (fs. 416/7).

Que a fs. 418 la sentenciante desestimó dicha pretensión con fundamento en que el consorcio de propietarios -regulado por la ley 13.512- es una persona jurídica privada (conf. art. 33 inc. II del Código Civil) y, como tal, ejecutable, siendo perfectamente embargables su cuenta corriente y las cuotas por expensas comunes que perciba el administrador del consorcio, no siendo embargables en modo alguno, por deudas del consorcio las denominadas partes comunes, en mérito a que las mismas son inescindibles de las unidades que integran la copropiedad (conf. art. 3º, ley 23.512) y tampoco las unidades funcionales, por ser el consorcio una persona distinta de los miembros que la componen. Que sin cuestionar siquiera someramente tal resolución, de la que quedó notificada por ministerio de la ley el 13 de julio de 2010 (conf. art. 48 ley 18.345), a fs. 423 la parte actora pidió que se trabase embargo sobre algunas de las unidades funcionales del consorcio demandado (3, 7, 8; sin aclararse por qué se elegía a estas unidades y no a otras o a todas) en los porcentajes que les asignaría el Reglamento de Copropiedad, pretensión que fue rechazada por la Sra. jueza de grado a fs. 424 con similar criterio y fundamentos que los vertidos a fs. 418 los que, reitero, no fueron oportunamente criticados por la ahora recurrente y tampoco lo son adecuadamente ahora, en el memorial recursivo sub examine.

Por el contrario, este Tribunal advierte que la apelante, basándose precisamente el criterio expuesto por la a quo, pretende que se embargue a los copropietarios por resultar éstos subsidiariamente responsables de las deudas del consorcio, mas a tal fin se basa en situaciones fácticas que no surgen acreditadas en la causa, tales como que se tornaría de imposible realización la sentencia recaída en caso de trabarse embargo sobre las expensas comunes o que ello conllevaría un evidente saldo desfavorable para el actor en relación a los créditos reconocidos en la sentencia de autos.

Nótese que -sin perjuicio de las dificultades propias de una ejecución contra un consor-cio- a fs. 427 vta. se sostiene que la accionada se niega a pagar lo debido pero a fs. 410 existió una oferta concreta de pago ante el Juzgado, mientras que en cuanto a lo expresado en el párrafo anterior, de la única medida llevada a cabo en la causa con el fin de trabar el embargo decretado a fs. 405/6 no se desprende de modo alguno la insufi-ciencia de saldo para cubrir los créditos del actor que agita la recurrente como funda-mento de su petición (solo se informa no mantenerse actualmente vínculo con el consorcio), extremo que no surge de ninguna de las restantes constancias habidas en la causa -nótese que ni siquiera se conoce cuántas unidades funcionales componen el consorcio accionado, ni el monto al que ascienden las expensas comunes o extraordina-rias si las hubiere, o si existen fondos de reserva, etc.-, circunstancias que, en la forma en que fue planteado, sellan desfavorablemente la suerte del recurso, resultando innecesario adentrarse en el análisis del planteo efectuado por la apelante.

Que, por las consideraciones expuestas y sin que implique en este estado emitir juicios acerca de las cuestiones sustanciales aquí involucradas, corresponde desestimar el agravio y confirmar la resolución apelada.

III. Que en atención a la forma de resolver y particularidades de la cuestión, se estima prudente que las costas de alzada en este caso sean impuestas por su orden, pues por su propia índole la petición desestimada involucraba los intereses de personas -los propietarios de las unidades 3, 7, y 8 ya indicadas- con quienes no se sustanció la controversia (art. 68 2ª parte C.P.C.C.N.).

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Confirmar la resolución apelada con la aclaración efectuada en el último párrafo del considerando II de la presente; 2º) Costas de alzada por su orden; 3º) Reg., not. y dev.. Conste que la vocalía tercera se encuentra vacante (art. 109 RJN).

MMV María C. García Margalejo -Oscar Zas