marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Embargo preventivo, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pasquet Automotores S.A.C.y F. c/ Gustavo Maffi S.A.y ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

De acuerdo con lo dispuesto por el art.212 inc.3º del CPCC el embargo preventivo resulta procedente pendiente el proceso, si quien lo solicita hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviese recurrida, entendiéndose que no es necesario que exista cantidad líquida, sino elementos que posibiliten fijar una cantidad aproximada para la cautela. En tal sentido, y respecto de los honorarios del abogado, se considera que si la ley reconoce un privilegio a su favor (arts.3879 y 3900 del Cód.Civil), ningún obstáculo hay para la procedencia del embargo preventivo tendiente a garantizar el cobro de su crédito, aunque si no están regulados, debe quedar limitado a una suma que "prima facie" guarde proporción con la entidad de la deuda. En cuanto a los recaudos que se deben exigir para la admisión, tiene dicho este Tribunal que el art.212 inc.3º del CPCC autoriza el embargo preventivo pues, habiéndose dictado sentencia estimatoria, el derecho del solicitante tiene verosimilitud suficiente por la declaración misma que contiene el pronunciamiento judicial, no siendo necesario cumplir con los restantes recaudos, por lo que la caución juratoria es suficiente.

Así entonces, resulta procedente el embargo preventivo solicitado, habiendo señalado esta Sala que, no estando regulados los honorarios, su monto habrá de estar determinado por el mínimo previsto por la ley arancelaria.(arts.17 y 57 del dec. ley 8904/77).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Homicidio calificado con el concurso de personas, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: G.O. y Otros s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-05

En el homicidio agravado por el concurso de dos o más personas no se trata de la mera concurrencia de voluntades, sino la existencia de un acuerdo previo para matar. Soler explica que la premeditación implica una deliberación previa . Por otro lado, Creus dice en relación al aspecto subjetivo de la agravante, que los agentes deben ponerse de acuerdo para matar en concurso, o sea, "no es suficiente que se hayan puesto de acuerdo para matar, sino que se deben haber puesto de acuerdo para hacerlo de ese modo...".
Impuestos, infracciones tributarias, declaración jurada impositiva
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Santa Claus S.A. (TF 23213-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-20

Desde que se mencionó esta ley 23.658, ante la falta de oportuna presentación de declaraciones juradas que -por no ingreso del impuesto adeudado- ocasionaba la consiguiente detracción fiscal, la D.G.I. consideró que tal conducta debía ser reprimida a tenor de lo establecido en el art. 45 por entender que se de daba un concurso aparente de normas y, por consiguiente, aquél absorbía la infracción formal que contemplaba el artículo agregado a continuación del art. 42 -hoy art.42.1-, lo que fue objeto de arduas críticas que llevaron al ente recaudador -Dictamen (D.A.L.T), de fecha 19/9/92, mediante- a variar su criterio y pasar a considerar que la figura descripta por el art. 45 requería una inacción del sujeto pasivo del impuesto que tuviese carácter de definitiva, ya que la norma no esta dirigida a sancionar la mera tardanza en la presentación de la declaración jurada y el consecuente pago tardío del impuesto resultante, sino la omisión irreversible de los mismos, deviniendo ante tal supuesto como necesaria la intervención del fisco -en sustitución del contribuyente- a través del procedimiento de determinación de oficio de la obligación tributaria concluyéndose que la omisión de impuesto por falta de presentación de declaración jurada sólo se configuraba al quedar inequívocamente exteriorizada la conducta omisiva con motivo del otorgamiento de la vista establecida por el art. 24 de la ley 11.683 (t.o. 1978) -art. 17 de texto ordenado en 1998-, momento a partir del cual el contribuyente no podría presentar ya sus declaraciones juradas quedando consolidada su situación, por resultar imprescindible acudir al procedimiento de determinación de oficio y sin perjucio de que pueda resultar de aplicación el artículo agredado a continuación del art. 42 (Díaz Sieiro-Veljanovich-Bergroth, Procedimiento Tributario, Ed. Macchi, Bs. As., 1993, págs. 366/367). Tal fue el criterio plasmado en la Instrucción General 19/92 por el cual, dándose una opinable interpretación que permitiese diferenciar las aparentemente coincidentes conductas tipificadas en los actuales arts. 42.1 y 45 de la ley 11.683 se entendió que la omisión de pago de impuestos por no presentación de declaraciones juradas recién se consideraría consumada en el momento de correrse la vista que el actual art. 17 -art. 24 del t.o. 1978- de la citada ley prevé como acto de inicio del procedimiento de determinación de oficio (Del voto del juez Buján, cons. III 4.2. y 4.3).
Contrato de trabajo, sereno de buque, despacho de buques, liquidación de haberes
Materia: LABORAL
Carátula: Cicatiello,  Luis  Pascual  y  otro c/ Odfjell Argentina S.A. s/ diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-12

Teniendo en cuenta la Sección 2 del REGISEPORT aprobado por el dec. 890/80 que regula la contratación y régimen laboral de los serenos de buque, el "despacho" de los serenos es el envío de éstos a los buques, lo que significa una etapa posterior al "sorteo", adquiriendo los serenos su derecho a percibir haberes desde el momento del "despacho", es decir, desde que comienza el turno para el que han sido designados. En este sentido, el sereno sólo está a disposición del armador o agencia que lo ha solicitado a partir del inicio del turno para el que ha sido sorteado. El derecho a la percepción nace por el sólo hecho del despacho, con prescindencia de que el inicio de la prestación se vea diferido en el tiempo por las eventuales demoras en que pudiera incurrir el buque.
Prueba documental, ejecución de alquileres
Materia: PROCESAL
Carátula: Gliemmo Mansanta Flavio Y Otros c/ Dirección Gral De Cultura Y Educación De La Prov De Bs As s/ Cobro Ejecutivo De Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-06-27

El pago que se alegue como defensa debe ser documentado, debiendo descansar en instrumentos suscriptos por el acreedor o su representante. El medio por excelencia lo constituye el recibo y cuando el mismo no existe los otros elementos que se aportan deben ser apreciados de modo riguroso, no bastando meros indicios que no alcanzan a ser presunciones, o que si lo fueran no son graves, precisas y concordantes, o no son complementadas por otras probanzas directas (arts. 865, CCyC; 163 inc. 5, CPCC).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, medidas cautelares, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en SYL Y OTROS c/ GCBA s/ INCIDENTE DE APELACIÓN - AMPARO - EDUCACIÓN-VACANTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-10

Corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar la decisión de la Cámara que declaró desierto el recurso de apelación. Este, a su turno, había sido incoado contra la de primera instancia que había intimado al recurrente a que abonara a la parte actora los montos correspondientes a las cuotas y a los materiales escolares del Jardín Maternal al que concurre el menor a fin de dar cumplimiento a la medida cautelar. Ello así, pues no cuestiona la sentencia definitiva a que se refiere el art. 27 de la ley n° 402, porque no resuelve el fondo de la controversia ni impide desarrollarla por los medios de ley. En este caso, la sentencia definitiva es la de primera instancia, decisión que tampoco podría haber sido recurrida por esta vía debido a que no fue dictada por el superior tribunal de la causa. Por lo demás, el GCBA no ha acreditado que la decisión de Cámara constituya un obstáculo que frustre arbitrariamente la revisión que a este Estrado le encomienda el art. 113, inc. 3 de la CCBA, por la vía de eludir el superior de la causa, la emisión del fallo que pone fin al pleito. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico, lesión subjetiva, estado de necesidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Davidoff Constantino c/ Lynch Roberto y otros s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Se entiende por necesidad a un estado carencial de orden material o espiritual, que se traduce en una situación verdaderamente agobiante o angustiosa. La ligereza consiste en el estado psíquico y patológico en el que se encuentra el sujeto que no mide el alcance de las obligaciones que contrae, no porque no quiera verlas, sino porque no puede hacerlo en razón de su inferioridad mental. Siendo la inexperiencia, la falta de cognición que se adquiere con el uso y la práctica, extremo que se verifica generalmente en personas de escasa cultura o que por su juventud no han adquirido suficientes conocimientos de la vida.
Excusación por amistad, violencia moral
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE DE OPOSICION A LAS INHIBICIONES PLANTEADO POR EL DR. CARLOS BENITEZ EN AUTOS:QUERELLA CRIMINAL RAUL ROMERO FERISNICILAS GARAY c/ NICOLAS GARAY s/ P/INJURIAS.CAPITAL."EXPTE. N11305/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-12-06

Los reparos formulados adquieren entidad debido a que no está especificando en forma clara, cual es el trato contínuo a que hace referencia como sustento de la amistad íntima invocada.La violencia moral no está contemplada entre las causales de inhibición que preveé el art. 52 del Código procesal Penal.Las causales de inhibición deben ser interpretadas restrictivamente. Ello debe ser así porque lo contrario significaría privar a los justiciables del juez natural, y que esa rigidez solamente puede ceder cuando existan motivos fehacientemente probados que signifiquen un grave riesgo o impedimento de la imparcialidad del juzgador, extremo no acreditado en las situaciones expuestas..
Juegos de azar, QUINI SEIS, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GALIAN, ERNESTO Y OTRO c/ CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL Y/U OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRACTUALES   (EXPTE.: C.S.J. NRO. 127 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-29

Desde que el apostador se acerca a una agencia hasta que finalmente se efectúa el sorteo y se pagan los premios a los ganadores es posible que se produzcan perjuicios surgidos de incumplimientos del reglamento de distinta índole y gravedad, tanto por parte de la Caja como de sus permisionarios.

La reglamentación del Quini 6, por las peculiares condiciones de la actividad, establece determinadas cláusulas que "exorbitan el ámbito del derecho privado" limitando la responsabilidad del Estado frente a tales perjuicios. (De la Disidencia del Dr. Gutiérrez)
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad, falta de prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz Nelson Raúl  c/ Maldonado José Daniel y otro  s/ daños perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-02-03

Era obligación de la parte demandada acreditar en el proceso el eximente de responsabilidad al que hizo referencia en la contestación de demanda, es decir, probar que la maniobra de adelantamiento realizada por el actor fue llevada a cabo en forma negligente sin haber advertido que un automóvil circulaba desde atrás por el mismo carril de circulación y que dicha circunstancia constituyó el desencadenante del siniestro. Al no existir constancias en el proceso que acrediten el relato del demandado, luce acertado atribuirle responsabilidad a éste.
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Distéfano, Salvador Pedro c/ Protto Hnos. S.A. s/ Indemnización por incapacidad absoluta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Infringe el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo el fallo que no traduce a la fecha -posterior- del distracto la mejor remuneración percibida por el actor durante el último año de trabajo.
Condominio, subasta judicial
Materia: CIVIL
Carátula: BREA GERMAN W. c/ AYUB VICTOR G. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-18

Es procedente la venta en pública subasta de la parte indivisa que un condómino posee en el inmueble embargado por su acreedor, dado que así lo autoriza el art. 2677 del Código Civil (conf. C.N Civ. Sala B, J.A. 1978-I-116; íd. Sala E, E.D. 42-288), y no se requiere de la conformidad de los demás copropietarios (conf. Salas trigo Represas, "Código Civil Anotado", t. 2, pág. 703), quienes por tal causa-no deben ser citados previamente a dicho fin (conf. Llambías, "Código Civil Anotado", t. IV-A, pág. 502; C.N.Civ. Sala D, E.D. 55-417). Si cada uno de los condóminos goza de las facultades inherentes al derecho de propiedad respecto de su porción indivisa, y puede enajenarla sin limitación alguna y sin el consentimiento de los demás (conf. art. 2676 del Cód. Civil), no existe razón alguna que determine la necesidad de aquella citación cuando la venta se realiza por orden judicial y no se ven afectados sus derechos sobre sus respectivas partes en el condominio.
Derecho civil, responsabilidad médica, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: AVALOS  FABIO  ALEJANDRO  Y  OTROS c/ HOSPITAL NACIONAL PROFESORALEJANDRO POSADAS Y OTRO S/ s/ AÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

Es confuso y no surge del dictamen del Cuerpo Médico Forense la relación de causalidad entre la conducta médica y el daño integral (la muerte de la señora Delfina Villa). Sin embargo, no es cierto que ese dictamen afirme que se le efectuaron transfusiones oportunas -ese dato corresponde a días anteriores- sino que aparece perfectamente reconocida la falta de registros en la historia clínica a partir de las 14,30 horas del día del deceso y en las horas subsiguientes. Considero que existe un nexo causal, pero con la frustración de la chance de sobrevida, no con el daño total de la muerte. Existe un daño autónomo, que es la lesión al interés de recobrar la posibilidad de supervivencia. Se trata, pues, de una posibilidad negada (confr. Lorenzetti Ricardo, Responsabilidad civil de los médicos, editorial Rubinzal Culzoni, 1986, p. 290) y, por ello, la extensión de la obligación de resarcir es de muy difícil determinación.
Empleo público, docentes, legitimación activa, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Acosta Sofía Victoria del Carmen y otros c/ Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-08-12

Corresponde hacer lugar a la acción de amparo deducida por las actoras, en contra de la decisión administrativa de suprimir determinados adicionales que percibían en su carácter de docentes, por la aplicación de la ley que crea la carrera sanitaria.

Ello es así sin perjuicio de que aquéllas presten servicios en un área específica del Ministerio de Salud, ya que el Decreto Reglamentario -Nro. 1659/06- de la ley que crea la carrera sanitaria -Nro. 5161-, prevé expresamente que el escalafón de los docentes que se desempeñen en ese ámbito se regirá por su propio estatuto, quedando excluidos de la aplicación de aquél, en la medida en que dicha legislación está dirigida al personal sanitario, del arte de curar y sus auxiliares.

En efecto, las actoras acreditan con la prueba documental agregada su calidad de personal docente y no sanitario, por lo tanto se encuentran legitimadas para plantear la cuestión traída a debate, como titulares de un derecho subjetivo, efectivamente existente, que les es propio y que se encontraba incorporado a su patrimonio, el cual se vio violentado con la supresión en sus haberes y del pago de los adicionales cuyo restablecimiento reclaman, de modo que el actuar de la administración perjudica derechos de raigambre constitucional consagrados en el Art. 14 de la C.N. En conclusión, corresponde ordenar al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, Subsecretaría de Salud Pública -Estado Provincial- , el restablecimiento del pago, en la liquidación de haberes de los accionantes, de los adicionales que fueran suprimidos, a partir del mes de agosto de 2007.

Del voto del Dr. Cippitelli.
Sentencia, liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: MOLEON ANDREU, ENRIQUE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ IMPUGNACION DE LIQUIDACION     RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-10-18

Las liquidaciones correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia tienen por objeto -procesalmente- tornar líquidos, concretos, determinados en su apreciación pecuniaria, los rubros acogidos por aquélla, para su cumplimiento.

Es decir que se trata de operaciones auxiliares, que en todo momento deben guardar fiel observancia de lo resuelto en el fallo, estando vedado entonces apartarse de lo que ésta manda, so pena de invalidación por conculcamiento de la cosa juzgada.
Juicio ejecutivo, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rosso de Clausen, María J. c/ Rivera, Román E. y/o s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-10-19

Si bien este Tribunal, en materia de liquidaciones, ha admitido la procedencia del recurso en casos excepcionales, cuando la cuestión no era propia del proceso ejecutivo pues se actualizaba el capital y, por ende, el agravio que podría irrogarse no sería reparable en el juicio ordinario posterior, tal no es el supuesto que motiva al recurso deducido, desde que el mismo no obedece a la actualización del capital, sino a la reedición de una cuestión firme y precluida como es la fecha de la mora, establecida en sentencia; al cómputo de intereses consecuentes, y a la imputación de pagos parciales efectuados.
Derecho constitucional, recurso de inconstitucionalidad federal, recurso extraordinario federal, cuestión constitucional, fundamentación del recurso, recurso de inconstitucionalidad provincial, plazo, aclaratoria (procesal), cuestión federal, incongruencia, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ESSO S.A.P.A. c/ FLEMING, ADOLFO; FLEMING, NORMANDO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2007-09-25

Como principio, el requisito de la introducción oportuna de la cuestión federal sólo rige respecto de las previstas en el art. 14 de la ley 48, y la arbitrariedad no es una cuestión federal de las efectivamente aludidas en la reglamentación del recurso extraordinario, sino, en rigor, la causal de nulidad del fallo por no constituir, a raíz de sus defectos de fundamentación o de formas esenciales, la sentencia fundada en ley a que se refiere el art. 18 de la Constitución Nacional, y de allí que las partes no tienen por qué admitir de antemano que el juzgador podría incurrir en ese fundamental defecto.

No es tal el argüido vicio de autocontradicción atribuido a la sentencia, en tanto la misma no contiene incoherencias o autooposiciones que la tornen jurídicamente incomprensible o demuestren una arbitrariedad intrínseca que la descalifique como acto judicial.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, crédito laboral, jubilaciones, relación de dependencia
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: GENOUD,  HORACIO c/ ARENERA ARGENTINA SA s/ SUMARIO. (LL 19.7.04,Fplicacion 107795).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-26

A fin de liquidar un crédito laboral a quien continuara la relación laboral sin registro luego de haberse jubilado, el computo de la antigbeenedad deberá hacerse desde el momento en que se jubiló, aun cuando los hechos de la causa fuesen anteriores a la ley 24437, modificatoria de la LCT art. 253, que agregó a esta norma un párrafo en tal sentido, toda vez que, dado el efecto normal de la jubilación -extinción del contrato de trabajo-, el párrafo introducido por la referida norma es simplemente aclaratorio y destinado a dar solución expresa a un tema que acarreaba graves problemas tanto en doctrina como en jurisprudencia.
Servicio telefónico, recurso de apelación (procesal)
Materia: LABORAL
Carátula: GOB. PCIA. SAN LUIS C c/ CHAVEZ EVARISTO ALDO Y OTRA s/ EXPROPIACIÓN DE URGENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-03-18

En principio adelanto opinión en el sentido de que el recurso planteado debe prosperar.

Ello es así, ya que en lo pertinente la relación solidaria entre Interservicios y SA y Telefónica de Argentina SA, considero que no es necesario ningún informe técnico para determinar que la prestación concreta de servicio telefónico no puede cumplirse sin el consiguiente cableado de las líneas destinadas a ese fin y que en consecuencia Interservicios SA cumplía una actividad normal y específica de la demandada.
Recurso de apelación (procesal), prueba testimonial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: AMRAN JORGE DANIEL c/ SUPER STOP SH Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-12-05

Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que ordenó al oferente de la prueba que acompañe el interrogatorio de los testigos, pues el magistrado al condicionar de manera previa la admisión de la prueba al cumplimiento de la formalidad en su ofrecimiento con el interrogatorio en forma abierta, lo hizo como director del proceso siguiendo entre otros, los principios de lealtad, contradicción, publicidad y formalidad de las pruebas, por lo tanto, no se advierte que tal providencia cause un perjuicio ni agravio irreparable en los términos del art. 701 del CPC de la Provincia de Tucumán.
Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio, Impuesto sobre los ingresos brutos, control de constitucionalidad, ejercicio profesional
Materia: CIVIL
Carátula: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) c/ GCBA s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-26

El Tribunal, en el marco de la acción declarativa de inconstitucionalidad, no se encuentra habilitado para resolver el planteo mediante el dictado de una sentencia interpretativa que declare -en abstracto y con efecto erga omnes-, acaso, que el corretaje inmobiliario en la Ciudad debe considerarse alcanzado por la exención dispuesta para el ejercicio de actividades profesionales universitarias no organizado en forma de empresa, beneficio previsto para el ISIB por el art 155.7 del Código Fiscal vigente para el año 2013. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhiere la Sra. Jueza Ana María Conde).
DAÑOS Y PERJUICIOS, responsabilidad contractual, compraventa de automotores, defectos de fabricación, desvalorización del automotor, reparación de la cosa, interpelación, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vitco SA c/ Volkswagen Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-18

Bajo ese marco legal, la existencia de posibles restricciones a la importación no implica prohibición o imposibilidad de cumplimiento de lo ordenado por el decreto n° 1798/94: 12, y a todo evento tampoco sería razón bastante para acotar la extensión de la obligación resarcitoria de quienes, frente al consumidor, tienen una obligación de garantía legal que les impide alegar contra él, para justificar demoras en reparaciones, cuestiones relativas, precisamente, a la disponibilidad de repuestos (conf. CNCom, Sala D in re "Gladstein, David E. c/ Gerli SA y otro s/ ordinario", del 18/11/14, y sus citas de la Sala C in re "Rodríguez, Luis c/ Routier Automotores SA s/ ordinario", del 20/04/07; ídem Sala A in re "Del Vento, Juan Carlos c/ General Motors de Argentina SRL s/ ordinario", del 05/10/10).