marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recusación con causa, recusación por prejuzgamiento, cuestión de fondo, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: IRUSTA CORNET, JOSE DOMINGO c/ COMFER s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-01

El prejuzgamiento, para autorizar la recusación con causa, debe ser expreso y recaer sobre una cuestión de fondo a decidir, por lo que no se configura cuando el tribunal se haya en la necesidad de emitir opinión acerca de algún punto relacionado con la materia controvertida, lo que ocurre, entre otros casos, al decidirse sobre la admisión o rechazo de una medida cautelar.
Sanciones tributarias, actualización monetaria, obligación tributaria
Materia: TRIBUTARIO - CIVIL
Carátula: BRUNO HNOS.  S.C.  y otro s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  - PROCEDENCIA  -  IMPUESTOS  - DEPRECIACION  MONETARIA - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

La recomposición de los valores que sirven de base para el cálculo de sanciones, (art. 123 de la ley 11.683, t.o. 1978) sólo procede cuando se imponen como castigo al incumplimiento de ciertas obligaciones tributarias, situaciones en las que la pena se calcula sobre la base del crédito fiscal originado por la conducta sancionada. Ello requiere la existencia de un crédito fiscal, sobre cuya base determinar la pena, y que al momento de imponerse ésta dicho crédito resulta actualizable (97 de la Ley de Aduana) por haber sido abonado dentro del plazo acordado en la intimación formal de la repartición.
Proceso penal, imputado, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., C. s/ Lesiones (Expte. Nro.  1277-98, Resolución Nro.  302, Tomo 50, Folio 73)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-28

La condena firme, en causa que es fundante de la situación procesal del imputado hace que la cuestión debatida haya devenido en abstracta. Resultaría impropio expedirse sobre el cese de prisión cuando la misma ya atañe al instituto de la libertad condicional.
Sociedades comerciales, fiscalización de sociedades, Inspección General de Justicia, tasa de inspección, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CIRCULO DE INVERSORES  S.A. s/ CUMPLIMIENTO ART. 93 LEY 11672
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-26

La resolución de la I.G.J. que dispone intimar a una sociedad sujeta a contralor a practicar nueva liquidación de la tasa que establece la ley 11672: 93, y a abonar las diferencias resultantes, no causa un agravio actual que merezca protección jurisdiccional. La falta de imperium para exigir el cumplimiento de lo dispuesto hace que la resolución recurrida no configure un acto jurisdiccional.
Despido por matrimonio, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: CALDERON DE GOMEZ, Marta Elizabeth c/ YOUNG CHA CHU DE PAK s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-04-29

Si se han cumplido los requisitos del art. 181 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto a la notificación a la demandada al producirse el distracto dentro de los plazos señalados por la ley, cabe hacer lugar a la indemnización por despido por causa de matrimonio. Dicho artículo hace nacer la presunción no sólo cuando el despido hubiera sido dispuesto sin invocación de causa, sino también cuando no se hubiera probado la que se invocare. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, Derecho laboral, daños y perjuicios, resolución administrativa, acto administrativo, convenios colectivos de trabajo, ENTEL, quinquenios
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: Pinget, Violeta Raquel y otros c/ Estado Nacional-Ministerio de Economía. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-11

Corresponde a la Justicia Nacional del Trabajo entender en la causa en que se demanda al Estado Nacional por los daños y perjuicios devengados a raíz de sucesivas resoluciones dictadas por interventores en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, por las cuales se derogó el beneficio denominado "quinquenios", ya que más allá del cuestionamiento que formula el actor de los actos administrativos implicados en el caso, el criterio para determinar la atribución de la competencia debe ser referido al encuadramiento normativo que invoca el demandante y que presumiblemente puede llegar a tener influencia decisiva en la solución del litigio y en el caso la cuestión debatida aparece vinculada con aspectos del derecho laboral y de las convenciones colectivas de trabajo.
Daños y perjuicios, responsabilidad del banco, incidente de impugnación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Italcred S.A. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Cobro sumario de sumas de dinero
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-05-24

Resulta técnicamente insuficiente (art. 31 bis, ley 5827 y art. 279, CPCC) el recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de la Cámara que confirmó la condena al pago de sumas de dinero aunque readecuó los montos, en razón de la responsabilidad atribuida a la entidad bancaria demandada, cuando aquél no logra rebatir adecuadamente los pilares en que se funda la decisión judicial, en tanto el recurso expresa argumentaciones vinculadas a las circunstancias fácticas del litigio, el incumplimiento contractual, el alcance de la responsabilidad y la determinación del daño emergente y el lucro cesante, limitándose a discrepar con las razones expuestas por el sentenciante de grado anterior, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre las cuestiones debatida.
Indemnización por muerte, valor vida, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: ALANCAY IRMA c/ ROMEO FABIAN ROBERTO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-07

Cuando se trata de la pérdida de la vida humana, el monto de la indemnización debe quedar librado a la "prudencia de los jueces", como así también el modo de satisfacerla, lo que significa que el juez no esta ceñido a formulas matemáticas, ni esta constreñido a fijar un capital hipotético, cuya renta mensual resulte equivalente a la remuneración mensual que hubo de percibir el causante de haber seguido con vida. Los únicos elementos que debe tener en cuenta son los hechos y datos comprobados del expediente, como la edad del causante, su estado de familia, entrada o remuneración percibida a la fecha del deceso, numero probable de años de vida útil hasta la jubilación, edad de los hijos y su situación social y familiar, período de tiempo que falta para llegar a la mayoría de edad, etc.
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, culpa civil, daño por vicio o riesgo de la cosa, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MORENO, DORA YOLANDA c/ DISCO S.A. Y SéPER VEA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-05-17

Aún cuando se considere que la idea de culpa está ausente en la atribución de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa, de ello no se sigue sin más que pueda presumirse su riesgo o vicio, ni que fuera apta para repotenciar, recrear o aumentar la posibilidad de daño, máxime si no ha tenido una participación activa en su producción.

Ello es particularmente aplicable al supuesto de cosas inertes, pues la probabilidad de intervención causal de la cosa es menor que si se tratase de cosas en movimiento cuando la víctima ha sufrido daños que imputa al riesgo o vicio de la cosa, a ella incumbe demostrar la existencia del riesgo o vicio y la relación de causalidad entre uno u otro y el perjuicio; esto es, el damnificado debe probar que la cosa jugó un papel causal, acreditando -cuando se trata de cosas inertes- la posición o comportamiento anormales de la cosa o su vicio, pues en el contexto del 2 párrafo, última parte, del artículo 1113 del Código Civil, son tales circunstancias las que dan origen a la responsabilidad del dueño o guardián, quien podrá eximirse total o parcialmente de dicha responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
Concursos, efectos de la apertura, concesión comercial, autorización judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: FIESTAS  Y EVENTOS SA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INC. DE APELACION-ART. 250-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-23

El contrato de concesión, como el de locación comercial, mantiene su vigencia aún frente al concursamiento del concesionario, en tanto implica una relación jurídica contractual de tracto sucesivo que hace a la continuación de la actividad empresaria (cfr. Molina Sandoval-junyent bas, "ley de concursos y quiebras", lexisnexis, 2003, lexis n°6208/003037, con cita de artículos de Heredia y marzorati publicados en "derecho concursal", universidad austral, rubinzal-culzoni, 2002); y, para su subsistencia, no se requiere que el deudor solicite autorización judicial, pues las prestaciones acordadas no se encuentran pendientes o diferidas, sino que se deben ir cumpliendo periódica y reiteradamente.
Fiscal de Estado, allanamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Esver Polam Sociedad de Hecho c/ D.E.B.A. s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-18

El allanamiento de la Fiscalía de Estado a la pretensión actora fue autorizado por la Dirección de la Energía de la Provincia de Buenos Aires, organismo responsable de la emisión del acto administrativo cuestionado, razón por la cual el mismo deviene procedente.
Desestimación de la denuncia, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: Dr. César O. Céspedes s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-23

Advirtiendo que la queja se interpone por la desestimación de la autodenuncia del profesional actuante, resulta colacionable el art. 164 último párrafo, en que el ordenamiento procesal acuerda solamente al Fiscal la posibilidad de apelar ante la Cámara Criminal que corresponda, cuando el mismo no estuviese de acuerdo en que la denuncia sea desestimada. Por lo tanto, el imputado no está legitimado para apelar una desestimación de denuncia y menos aún para recurrir en queja.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, Estado Provincial, contratos administrativos, juicio ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva S.A.I.C.I. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Ejecutivo (Expte.: C.S.J. Nro. 35   Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

La Corte Suprema de Justicia Nacional, en su instancia originaria, ha decidido reiteradamente rechazar ejecuciones promovidas con sustento en pagarés emitidos con el fin de negociar deudas provinciales emergentes de contratos administrativos (por no constituir "causa civil"), fundándose para ello en la eventual necesidad de examinar el origen como así también la relación de derecho existente entre las partes. Dichos precedentes han dado lugar a una línea jurisprudencial que ha significado un explícito juicio favorable a la admisión "prima facie"del debate de cuestiones extracartulares en el marco de tales procedimientos. (Del Voto de la Dra. Gastaldi)
Asociaciones sindicales, competencia originaria, justicia nacional del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo c/ Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina s/ Ley de Asociaciones Sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-15

Los artículos 61 y 62 de la Ley 23.551, con relación a la aptitud jurisdiccional de la CNAT, se refieren solamente ".a las resoluciones definitivas de la autoridad administrativa del trabajo en materia reglada por esta ley.", o sea, en lo vinculado a la vida interna de las asociaciones sindicales, y no en lo concerniente a aspectos típicos de la negociación colectiva.
Daños y perjuicios, daño moral, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: Perete,  Claudio  y  otra  y  p.s.h.m.  y Carlos Albert Fuks y otro. s/ Recursos Extraordinarios de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-12-11

Acontece que las discrepancias de criterio u opinión con los juicios singulares o conclusiones del juzgador solo pueden servir de base a recursos ordinarios ante una instancia superior con competencia funcional para estatuir sobre hechos y derechos, pero no bastan para asegurar la correcta aplicación de la ley y la doctrina legal de la Suprema Corte.

Siendo el fallo del a-quo derivación razonada del derecho vigente, corresponde "desechar" el recurso de inaplicabilidad de ley, con costas y pérdida del depósito.(Dr. Bertolini:en disidencia).
Declaración de la víctima menor, medios de prueba, trata de personas, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Quintana, Manuel y otra c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-26

Si bien el testimonio de la víctima u ofendido es uno de los medios de prueba que puede elegir libremente el tribunal (art. 241 CPPN), no puede soslayarse la especial situación en la que se encuentran las víctimas del delito de trata de personas, toda vez que ellas constituyen la prueba viviente de la comprobación del delito. La sentencia es producto del análisis fraccionado de los hechos relatados por la menor, sin que se haya tomado debidamente en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba ni sus pocos años de edad, circunstancias que debieron ser consideradas en concordancia con lo dispuesto, entre otras, por la Convención sobre los Derechos del Niño.
Acción de repetición, impugnación del acto administrativo, deudas impositivas
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de apelación ord. denegado en/ Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art. 457 CCAYT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

La repetición será procedente siempre y cuando prospere el pedido de impugnación del acto administrativo que determinó la deuda abonada por la actora, pues de lo contrario no existiría fundamento jurídico que justifique la devolución pretendida, o en otras palabras el pago realizado obedecería a una causa (acto determinativo de oficio) cuya legitimidad no habría sido rebatida por la contribuyente. (Del voto en disidencia de la jueza Ana María Conde, que remite a los fundamentos brindados in re "Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art 457 CCAyT) s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. n° 9989/13, sentencia suscripta el 23/12/2015)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, recusación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: BORRAS, MODESTO Y OTRO c/ MARENTES, ISABEL s/ QUEJA    POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 236-87 FIDELIO,  ANGELA  JOSEFA  CORREA  DE  Y  FIDELIO,  CARMELO  RAUL  SOC COMERCIAL DE HECHO Y ESTOS, SUS SOCIOS s/ QUIEBRA     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 753-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-25|1989-03-01

La discusión acerca de la procedencia de la recusación en sí, es una cuestión de derecho procesal que escapa a la materia del recurso extraordinario de inconstitucionalidad (ley 7055).
Responsabilidad del juez, error judicial, Consejo de la Magistratura, remisión del expediente, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. o M. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-29

No corresponde la remisión de un expediente al Consejo de la Magistratura para evaluar la actuación de un juez por las razones que emite en su sentencia, toda vez que el remedio adecuado para reparar el error de los magistrados es el recurso de apelación, o, en su caso, el extraordinario normado en el art. 14 de la ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Del voto de la Mayoría: Dres. Moreno Hueyo y Degiorgis
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, policía, personal policial, retiro obligatorio, junta médica, dictámenes, incapacidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Florito Zapata, Miguel Angel c/ Provincia de Sante Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Incidente   de suspensión de medida administrativa (Expte. CSJ N. 360-1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-21

Corresponde rechazar el pedido de suspensión de medida administrativa desde que la circunstancia de que el actor hubiera impugnado el dictamen de la Junta Médica que determinó que padecía de una incapacidad parcial y permanente del 30 % no imputable al servicio y posterior a su ingreso y que podía realizar tareas sin uso de armas de fuego no es suficiente para encuadrar el caso en el artículo 30 de la ley 4106; máxime si se observa que el decreto impugnado -que dispuso el pase a retiro obligatorio del actor de la Policía Provincial por haber alcanzado los dos años de licencia por enfermedad- se funda, en principio, en el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, que aconsejó disponer el retiro obligatorio del actor con base en el artículo 16, inciso 1, de la Ley 6830 más "sin perjuicio del cambio de causal que puede operarse respecto del mismo, en el caso que triunfe el remedio legal deducido", esto es, el "recurso (interpuesto) contra el dictamen de la Junta Médica de Incapacidad que lo examinara oportunamente". En principio -y siempre en un análisis liminar, propio de esta instancia- resultaría ser ésa la vía idónea para la discusión de los aspectos que sustentan los agravios que se dirigen contra el dictamen de la Junta Médica en sí misma; vía que, de conformidad a los dichos del propio actor, se encontraría todavía pendiente. Ello, sin que implique pronunciamiento respecto del sentido y alcance del acto administrativo que el Poder Ejecutivo pueda, en su caso, dictar en el recurso de apelación deducido contra lo resuelto por la Junta Médica y por el Jefe de Policía.
Sociedad cooperativa, actos cooperativos, actos jurídicos
Materia: CIVIL
Carátula: STANISLAVSKY, RICARDO c/ COOPERATIVA FALUCHO DE VIVIENDA  L.T. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-29

El art. 4 de la Ley 20.337 dice que "son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus asociados... en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales". De tal precepto se deriva que los actos cooperativos son de naturaleza peculiar, propia y diferente de los actos jurídicos comunes, en los cuales existen: a) ciertas y de terminada características relevantes de las partes que intervienen, y, además, b) hay un objeto que no es cualquiera, sino el específico de la cooperativa en cuestión, es decir que se trata siempre de un servicio que la cooperativa brinda a sus asociados, lo cual excluye el ánimo de lucro o de beneficencia.
Intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mauceri c/ Scipione s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

El anatocismo es la capitalización del interés que unido al capital anterior genera nuevos intereses. La estipulación que pacta la capitalización de intereses todavía no vencidos es en principio nulo de nulidad absoluta, por transgredir una normativa de orden público.

Sólo por excepción es admisible la capitalización de intereses: a) cuando se trata de intereses ya vencidos y la convención que la admite es posterior al devengamiento de los mismos (art.623 Cód.Civil), b) cuando el deudor no cumple la intimación judicial de pagar el importe de una liquidación de capital e intereses resultantes de una condena (art.623 Cód.Civil), c) en los supuestos del derecho comercial (arts.795, 788 y 569 del Cód.Comercio), d) cuando una ley así lo dispone. Tratándose en el caso de una operación mercantil (art.8 inc.4 Cód.Comercio) rige lo normado por el art.569 del Cód.Comercio que admite el anatocismo cuando se demandan judicialmente los intereses adeudados "a lo menos por un año", aún no mediando convención posterior al devengamiento y sin necesidad de liquidación judicial aprobada. Vale decir que los intereses adeudados deben abarcar un período mínimo de un año.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, cómputo de la pena, juez de ejecución
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Muñoz Moraga, Julio Patricio s/ competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-07

Si el legajo del condenado se encuentra ya radicado ante el Juzgado de Ejecución, corresponde que éste entienda acerca del planteo formulado por la defensa respecto del cómputo de pena de que se trata.
Rechazo de la demanda, daños y perjuicios, monto del juicio, ley vigente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rocha, Héctor Antonio c/ Sanatorio Privado Figueroa Paredes S.A. y otro s/ Daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-03-10

Ante el rechazo de la demanda, el valor del litigio está representado para el actor por el importe reclamado en la misma, sin que corresponda adicionar intereses a dicha suma ni actualizarla. Las condiciones de admisibilidad, en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de interposición. De allí que no resulta admisible la pretensión de tomar el valor de la unidad arancelaria al tiempo de la demanda.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Consejo de la Magistratura
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Rodríguez María Laura c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Aut. Adm. Actora Buenos Aires s/ Aut. Adm. Actora
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-06

La Resolución Nro. 406/2000 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se refería específicamente a las acciones de amparo, que eran las únicas que no se hallaban suspendidas de acuerdo a los términos de la Resolución Nro. 40/99 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En los considerandos de la mencionada Resolución Nro. 406/2000 se señaló que correspondía determinar los límites de la actuación de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas respecto de los procesos de amparo de materia contencioso administrativa y tributaria en los que hubiera tomado intervención con anterioridad al día 26 de octubre de 2000.

Tratándose en el caso de una cuestión contenciosa administrativa, no siendo la presente una acción de amparo, habiendo declinado su competencia la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y al estar en pleno funcionamiento esta Cámara Contenciosa, corresponde declarar la competencia de este Tribunal para resolver la cuestión planteada en autos. Del Voto de los Dres. Nélida M. Daniele y Eduardo A. Russo.
Derecho a la libertad, Pacto de San José de Costa Rica, vicio de irrazonabilidad, desproporcionalidad de la pena, violación de derechos humanos, revisión judicial, retención ilegal de un detenido o preso
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala c/  s/ Sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2003-11-27

La protección de la libertad -artículo 7 de la Convención Americana-, protege tanto la libertad física de los individuos como la seguridad personal, en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar de la subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas mínimas de protección legal, de allí que sus incisos 2 y 3 prohíben expresamente detenciones o arrestos ilegales tanto en su faz material como formal, pues si el método resulta incompatible con el respeto a los derechos fundamentales, podrán reputarse violatorios por irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad, aún cuando se los califique de legales.