Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-15


FERNANDEZ, Hilda Beatriz contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 203 p 429-433.

En la ciudad de Santa Fe, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil cuatro se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vi En el nuevo examen de admisibilidad que corresponde efectuar por imperio del artículo 11 de la ley 7.055 (aplicable en virtud de la remisión efectuada por el artículo 37 de la ley 11.330) no encuentro razones para apartarme de aquella conclusión provisoria, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 128/130.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler, Netri y Gastaldi, y el señor Presidente doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Vigo A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Vigo dijo: 1. En autos la Provincia de Santa Fe solicitó que se declare la caducidad de la instancia atento a que en las presentes actuaciones "no se realizaron actos procesales entre el 15.12.1998 -fecha en que se ofició para que remitan las actuaciones administrativas- y el 23.04.1999 -fecha de recepción de las actuaciones administrativas- por lo que cabe colegir la paralización por un plazo mayor al que alude la normativa de aplicación" (fs. 61/62).

Evacuado el traslado respectivo (fs. 64/65), la Cámara desestimó el pedido formulado mediante resolución de fs. 70/75 v..

Sostuvo entonces el a quo que "el instituto de la perención de instancia encuentra sus fundamentos, en su aspecto subjetivo, en la presunción de desistimiento por abandono del litigante que tiene la carga de activar el procedimiento, y el interés público de que los procesos no se eternicen, y en el aspecto objetivo en la inactividad por un plazo variable, de allí que su interpretación deba ser efectuada con carácter restrictivo, y que en caso de duda deba optarse por la solución que mantenga vivo el proceso".

Agregó que el caso debe juzgarse a la luz de los artículos 12 y 13 de la ley 11.330, concluyendo en que "no resulta irrazonable sostener que desde la interposición del recurso el Tribunal ejerce su impulsión de oficio hasta el dictado del auto de admisibilidad (...) trámite durante el cual el recurrente no tiene la carga de impulsarlo, por resultar una actividad exclusiva y excluyente, en el proceso administrativo, del propio Tribunal", lo cual "conduce a sostener que en Sentado ello, concluyó en que "en el caso no se advierten reunidas las condiciones de procedencia del instituto", por cuanto "el lapso de tiempo concretamente individualizado por la incidentista en que la actora no realizó acto procesal de impulso corresponde (...) al trámite tendente a la verificación de las condiciones de admisibilidad del recurso cuya resolución le corresponde al tribunal" deviniendo "insoslayable en orden a la dilucidación de la verdad real (...) que fue la accionada la recipiendaria del oficio que contenía la orden judicial de remisión de las actuaciones administrativas (...) surgiendo evidente que la detención del trámite en el período individualizado ha configurado en los hechos un estado de mora culpable a la incidentista", quien tampoco exteriorizó el deber de colaboración procesal a su cargo según el artículo 13 de la ley 11.330, "poniendo en conocimiento del Tribunal oficiante la causa de su demora, o si consideraba indispensable no desprenderse del expediente (...)".

Concluyó entonces la Cámara, con cita de Loutayf Ranea y Ovejero López ("Caducidad de la instancia", Astrea, Bs. As., 1986, pág. 362), que "cuando una cierta demora es imputable a otro órgano jurisdiccional o a dependencias de la administración no puede, sin más, hacerse responsable de ella a la accionante. Ello importaría una declinación y transferencia inadmisible de responsabilidades", no pudiendo soslayarse que "el requerimiento de las actuaciones administrativas no constituía un trámite inoficioso, debido a que es un requisito señaladamente exigido por el ordenamiento (art. 13 de la ley 11.330) e indispensable para la resolución de la causa", y, además, que "la perención de instancia debe interpretarse con criterio restrictivo; en caso de duda debe optarse por la solución que mantenga vivo el proceso".

2. Contra tal pronunciamiento interpuso la demandada recurso de casación invocando la existencia de sentencias contradictorias entre ambas Cámaras de lo Contencioso-Administrativo, que configuraría la hipótesis del artículo 37 de la ley 11.330, en la medida que la Cámara N 2 sostiene que "hasta el dictado del auto de admisibilidad la impulsión del proceso es de oficio, por lo que en esa etapa la carga no pesa sobre el actor, considerándose a éste en imposibilidad de realizar acto procesal alguno tendente al impulso de la causa", mientras que la Cámara N 1, por el contrario, ha hecho lugar al planteo de caducidad "en razón de la paralización del proceso antes del auto de admisibilidad, concretamente, previo a que los actuados pasaran a intervención del Procurador General" (causas "Laurini", "Balquinta", entre otras).

También advierte la contradicción invocada al afirmar la Cámara Nro. 2 que no "alcanzaba el inexorable transcurso del tiempo, sino que era necesaria la paralización voluntaria, concluyendo en que en el caso no se presentaba el supuesto, pues en el período de tiempo individualizado no existía actividad a realizar por el recurrente", mientras que la Cámara Nro. 1, en las causales aludidas, entendió que "aún cuando la actividad o acto procesal deba ser realizado por otro sujeto procesal, corresponde que el recurrente inste su realización". Puntualiza que el criterio adoptado por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 1, sigue los lineamientos jurisprudenciales trazados por el Alto Cuerpo provincial en la materia (en los que su parte sustentó la invocación de caducidad), los que recientemente fueron reafirmardos al resolver las causas "Chiabrando" y "Groisman".

Agrega que en la decisión impugnada los sentenciantes interpretaron erróneamente el artículo 30 de la ley 11.330, al sostener que desde la interposición de la demanda y hasta el dictado del auto de admisibilidad la impulsión del proceso corresponde al Tribunal.

En tal sentido expresa que la norma aludida es clara, la carga del impulso la tiene el recurrente durante la instancia y sólo cesa cuando los autos pendieren de resolución, iniciándose la instancia con la interposición de la demanda. Por consiguiente, dice, el juzgador introdujo una distinción que la ley no formula, al diferenciar dentro del amplio concepto de instancia, el lapso que transcurre entre la interposición de la demanda y el auto de admisibilidad, y el período posterior del proceso.

Sostiene así, el equívoco de los sentenciantes al relevar al recurrente de la carga impuesta legalmente y contradecir doctrina jurisprudencial sentada por la Corte Suprema de Justicia a partir de la causa "Cha Roga Club" -interpretando la ley 4106-, cuyos fundamentos se entendieron aplicables a la ley 11.330 in re "Olmedo" (del 10.4.2001), según la cual, el impulso procesal necesario para que la caducidad no se produzca está a cargo de la actora.

Señala que el legislador santafesino, tanto en la ley 4106 como en la ley 11.330, decidió apartarse del régime 3. Habiéndose cuestionado la decisión del a quo con los argumentos reseñados, no puede escapar al juicio de este Cuerpo que el caso a decidir se encuentra sometido a las reglas de la ley 11.330, y en particular, a su artículo 13, conforme al cual "(...) si requerido, en cualquier caso, el envío del expediente, éste no fuera remitido en el plazo fijado, el Tribunal procederá de inmediato y sin más trámite a entender en el recurso tomando como base la exposición del recurrente (...)", norma ésta que introduce una mención -la destacada en cursiva- ausente en el artículo 28 de la antes vigente ley 4.106.

En tales condiciones, y considerando asimismo -por elementales razones de economía procesal- el criterio sustentado en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Lapaz Ojeda, Roberto y otros" (del 5 de octubre de 2004) -donde incluso se efectúan alusiones a mayor abundamiento al régimen de la ley 11.330-, no cabe sino concluir en la ausencia de fundamentación del recurso interpuesto, en la medida en que por su intermedio se pretende colocar en cabeza del actor una carga impulsoria que resulta inexistente, extremo que determina la improcedencia de la impugnación planteada.

Voto, pues, por la negativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler, Netri, Gastaldi y el señor Presidente doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler, Netri y Gastaldi y el señor Presidente doctor Falistocco dijeron que la resolución que se debía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron.

En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas. Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)