Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-05-14


(Registro: Tomo 175:871/878) Salta, 14 de mayo de 2013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "C/C CRUZ, MIGUEL ÁNGEL; VILLAGRÁN, MARTA LUCINDA - RECURSO DE CASACIÓN" (Expte. Nº CJS 35.858/12), y CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 213/217 vta., la Sra. Fiscal de Impugnación, Dra. María Josefina David de Herrera, interpone recurso de casación contra la resolución dictada a fs. 209/212 por la Sala II del Tribunal de Impugnación, que dispone no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 118/119 vta. por su parte y en su mérito confirmar el auto de sobreseimiento dictado a favor de la Sra. Marta Lucinda Villagrán en el pto. III de la resolución de fs. 112/117.

2º) Que la recurrente sustenta sus motivos en los tres supuestos previstos por el art. 466 del C.P.P. (texto según Ley 6345 y modificatorias), y expone que la resolución es arbitraria al presentar deficiencias en la estructura lógica, al omitir analizar constancias existentes en la causa, afectándose así lo preceptuado por el art. 115 del citado Código. Cita jurisprudencia en abono de su pretensión.

Reseña los antecedentes de la causa y sostiene que existieron de parte de la imputada innegables actos materiales de colaboración a la producción de los hechos. Insiste en que la adecuación típica de la conducta atribuida se halla en el art. 133 del C.P. Señala que existe una intrínseca contradicción en la resolución impugnada en cuanto a que, si bien se afirma la atipicidad de la conducta omisiva y reniega de la falta de fundamentación expresada por el juez de instrucción, confirma un auto de sobreseimiento que, en definitiva, se fundamenta en la tipicidad del hecho y su exclusión de pena por razones de política criminal.

Pide por todo ello que se revoque la resolución que cuestiona.

3º) Que en su dictamen de fs. 228, el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 1 sostiene que encontrándose suficientemente fundado el recurso interpuesto, a fin de no incurrir en reiteraciones estériles, en función de la unidad de acción que anima al Ministerio Público, se remite a dichos fundamentos, viabilizando la instancia que posibilite el pronunciamiento de esta Corte.

4º) Que otorgada la correspondiente intervención a todos los interesados, en tanto el recurso fue oportunamente concedido (v. fs. 220/221), previo a expedirse sobre los motivos invocados por el recurrente, incumbe a esta Corte en la presente instancia efectuar un nuevo control de los recaudos de orden formal a los que la ley subordina su admisibilidad (art. 36 de la Ley 7716).

A ese respecto, se observa que ha sido presentado en término y por parte legitimada (v. fs. 212 vta. y 218); además, la resolución resulta objetivamente impugnable y los motivos expuestos encuentran adecuación legal (arts. 444 1er. párr., 466 incs. 1º, 2º y 3º, 467, 468 y cc. del C.P.P., texto según Ley 6345 y modificatorias). Razón por la cual, cabe ingresar al examen de la cuestión planteada en el recurso.

5º) Que a pesar de haberse arribado a un criterio desincriminatorio por parte del juez instructor, confirmado por la Sala II del Tribunal de Impugnación, de la lectura de la causa se avizora, sin embargo, que deben adoptarse medidas tendientes a evaluar la posible cooperación de la madre en la perpetración de los reiterados abusos sexuales con penetración que sufriera la víctima, toda vez que existen diversas medidas probatorias pendientes de producción. Entonces, la posible existencia de esos errores configura causal suficiente para admitir el examen casatorio en este caso en particular.

En ese orden, la imputada habría propiciado la colocación de un dispositivo intrauterino (DIU) en el momento del nacimiento de la hija de la víctima (fs. 1 vta., 16, 62), a los fines de evitar futuros embarazos producto de los referidos abusos sexuales con penetración, actitud colaborativa que corrobora el imputado, verbigracia, en la pericia psiquiátrica de fs. 72 y vta. (que la esposa conocía el hecho).

A ello se suma lo expresado por la víctima (fs. 1/2, 30/32, 61/62 vta.), el informe policial de fs. 5, la declaración indagatoria de Marta Lucinda Villagrán (fs. 23/24), la declaración testimonial de Valeria Soledad Davalo (fs. 28/29 vta.), la declaración indagatoria de Ángel Miguel Cruz (fs. 59 y vta.), lo manifestado por Donato Villagrán (fs. 63 vta.) en el informe social de fs. 63/54 vta., y el informe psicológico de la víctima (fs. 104/ 105).

6º) Que el auto de sobreseimiento, pronunciamiento liberatorio de carácter definitivo, es una decisión que de manera anticipada cierra definitiva e irrevocablemente el proceso penal, cancelando de manera irrevocable la continuidad de la persecución penal según lo prevé el art. 325 del C.P.P. (texto según Ley 6345 y modificatorias), con relación al imputado a cuyo favor se dicta, y presupone como "conditio sine qua non" un estado de certeza desincriminatoria con relación al inculpado (esta Corte, Tomo 130:715; 145:837; 159:967).

Es por ello que su pronunciamiento sólo está autorizado cuando se ha adquirido un estado de convicción asimilable a la certeza absoluta, es decir, que no existen dudas sobre la responsabilidad penal de los imputados (Tomo 106:403), toda vez que hace cosa juzgada irrevocablemente porque, al equivaler a sentencia definitiva, causa estado y extingue la potestad del juez (Tomo 119: 613; 135:765; 159:967).

Al respecto la doctrina puntualiza: "... cualquiera sea la causal que lo fundamente, por regla general el sobreseimiento procede cuando se adquiere certeza acerca de ella; vale decir, cuando no queda duda acerca de la extinción del ejercicio de los poderes de acción y de jurisdicción, o de la inexistencia de responsabilidad penal del imputado con respecto al cual se dicte" (Clariá Olmedo, Jorge A., "Tratado de derecho procesal penal", Tomo IV, "La Actividad Procesal", Ed. Ediar, Bs. As., 1964, pág. 328). "Es una exigencia que el juzgador para proceder a dictar aquél pronunciamiento debe llegar a un grado de conocimiento o convicción, definido como de certeza" (Torres Bas, Raúl Eduardo, "El sobreseimiento", Ed. Plus Ultra, Bs. As., 1971, pág. 129; esta Corte, Tomo 90:611; 96:969). "Corresponde desaprobar el sobreseimiento definitivo decretado por el 'a quo' por cuanto tal declaración judicial presupone una investigación agotada en lo que respecta a la producción de diligencias probatorias, lo que no ocurre en autos. Tal declaración procede en cualquier estado del sumario" (STJ Entre Ríos, Sala Crim. y Corr., 18/02/1966; esta Corte, Tomo 157:587; 159:967).

Dicho estado de certeza debe fundarse en la apreciación de toda la evidencia relevante reunida en la causa, conforme a las reglas de la sana crítica racional. Esa valoración conlleva que se ponderen de modo completo las evidencias colectadas, dando la razón concreta por la que se hacen prevalecer algunas de las pruebas sobre otras, sin que sea dable en este aspecto al magistrado manejarse de un modo intuitivo o preconceptual (Tomo 109:97).

7º) Que en el "sub judice", todavía no puede predicarse de manera indudable la ajenidad de la imputada, con lo cual el sobreseimiento pronunciado aparece como apresurado ante dichas lagunas probatorias que no fueron superadas, toda vez que su presupuesto debe ser un juicio de certeza sin fisuras que el juez ha de formarse sobre los extremos antes indicados, seguridad que no puede nacer de la duda en el ánimo del juzgador, y que a su vez difiere de la absolución el plenario, donde prima en todo su esplendor el principio "in dubio pro reo". Máxime cuando al mentado sobreseimiento se llega sin una plena discusión previa y sin que las partes hayan tenido ocasión de aportar todos los elementos de convicción, como ocurre en el presente caso; y que no se dicta con relación a un delito o denominación jurídica del mismo, sino respecto de un hecho o de una realidad histórica todavía desconocida (Tomo 157:587).

8º) Que por todo lo expuesto, y habida cuenta que restan diligencias por producir, y siendo prematuro aseverar tanto la existencia como la inexistencia de colaboración de la imputada en los términos del art. 133 del C.P., debe revocarse la resolución de la Sala II del Tribunal de Impugnación de fs. 209/212, que confirmó el auto de sobreseimiento de fs. 112/117, por lo que en consecuencia, corresponde que bajen los autos al Juzgado de Instrucción Formal de Séptima Nominación, del Distrito Judicial Centro, a fin de profundizar la investigación.

Por ello, LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 213/ 217 vta. y, en su mérito, dejar sin efecto la resolución de fs. 209/212 y revocar el sobreseimiento dispuesto en el auto de fs. 112/117 pto. III.

II. MANDAR que se registre, notifique y, oportunamente, bajen los autos.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, Guillermo A. Catalano, Guillermo Félix Díaz, Abel Cornejo, Gustavo A. Ferraris, Susana Graciela Kauffman de Martinelli y Sergio Fabián Vittar -Jueces de Corte-.