Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-08-24


Esquel, de agosto de 2009.- VISTO:- El recurso de apelación interpuesto por la parte actora y por la Dra. C. M. L. por si contra la regulación de honorarios realizada en su favor, ambos a fs. 199; y por la parte demandada (fs. 202) contra la sentencia registrada bajo el Nº 40 Tomo I, Folio 80/82 del año 2009 de fecha 5 de marzo de 2009, obrante a fs. 196/198 y vta. y que fueran concedidos a fs. 200 y 203 respectivamente; y-- CONSIDERANDO:-- 1. Que la Sra. Juez de Familia en lo sustancial decide hacer lugar parcialmente al pedido de aumento de la cuota alimentaria solicitado por la actora, fijando una cuota mensual de $1.000, retroactivo al momento de interposición de la demanda (18 de marzo de 2008), determina como cuota suplementaria la diferencia entre la efectivamente percibida y la nueva fijada, la que se abonará en ocho (8) cuotas mensuales consecutivas, impone las costas al alimentante y regula los honorarios de la Dra. C. M. L. en el 9 % y los del Dr. Martín Iturburu Moneff en el 6 % del monto del proceso que se cuantificará de conformidad a las pautas del art. 24 de la Ley XIII Nº 4, con más las retenciones impositivas que correspondan.2. Que a fs. fs. 206/208 y vta., la actora detalla los motivos que justifican cada uno de los agravios que la sentencia recurrida le acarrea. Indica que el primer agravio consiste en la falta de valoración de la prueba producida y describe acontecimientos que entiende ameritan que la cuota fijada sea aumentada en la suma de $ 2000, cita acuerdo alimentario celebrados en los autos principales (Expte. Nº 537/165/2000) y denuncia por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, entendiendo que se han acreditado las mayores erogaciones en las necesidades de sus hijos a través de la prueba testimonial, informativa y confesional producida en autos.--Que a continuación, como segundo agravio, entiende que hay incongruencia en el fallo atacado, y transcribe el punto IV de la sentencia recurrida (fs. 197 vta./198) explicitando que es falso que el a quo haya arribado a la conclusión adoptando una decisión "salomónica", ya que para ello se valió de la profusa documentación y prueba producida, agregando que: "Su afirmación denota una omnipotencia que no es tal; la cuota ha sido determinada sobre la base de la clara prueba ofrecida y debidamente rendida.", solicitando en definitiva que se revoque la sentencia apelada y se estipule la asistencia alimentaria de los jóvenes sujetos de autos en la suma de $2000. Hace reserva del Caso Federal.---Asimismo la Dra. C. M. L. -actuando por derecho propio- se agravia respecto a los honorarios por considerarlos bajos conforme las disposiciones de los arts. 32 y 24 de la Ley XIII Nº 4 (Digesto Jurídico Provincial -anterior arts. 33 y 25 del Dto. Ley Nº 2200-), solicitando se revoque la sentencia en este punto y se eleve el porcentaje establecido en concepto de honorarios que le fueran fijados.3. Corrido el pertinente traslado, la contraria no responde al mismo, como tampoco expresa sus agravios especto a la apelación que planteara (fs. 202), por lo que será declarado desierto por imperio del art. 269 del CPCC (Ley XIII Nro. 5 del Digesto Jurídico Provincial -ex Ley 2203-).

4. Resumidas así en sus aspectos centrales las críticas formuladas por la recurrente, este Cuerpo abordará el análisis de las mismas a los fines de determinar si le asiste o no razón en sus planteos.5. Debemos advertir -en primer término - que no nos apartamos de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales mayoritarios que entienden que se admite "... el aumento de la cuota de alimentos fijada para los hijos menores cuando aumenta la edad de éstos, por considerar que ello corresponde a un incremento en los gastos por alimentación, educación, vestimenta, esparcimiento y vida en relación." (conf. CNCiv., Sala f 07/02/85, Rep, ED, 20-A-208, sum. 291; ídem, Sala a, 17/5/88, LL, 1988-E-150 citado en "Prestación alimentaria" de Claudio Belluscio, Edit. Universidad, Ciudad de Buenos Aires, Año 2006, pág. 320).---En este sentido, también parte de la jurisprudencia expresó que "cuando más cerca se encuentren los hijos menores de ingresar en la mayoría de edad, habrá más necesidades a cubrir en cuanto a educación, vestimenta, deportes, recreación y vida social" (CNCiv., Sala E, 30/10/1987, LL 1989-A-724; ídem Sala A, 7/9/1988, LL, 1990-A-688 (caso 6899), ídem, Sala J, 12/11/1998, LL 1999-D-438 y DJ, 1999-1-1022, ídem, Sala K, 30/05/2000, LL, 2000-D-603, citado en "Prestación alimentaria" de Claudio Belluscio, Edit. Universidad, Ciudad de Buenos Aires, Año 2006, pág. 321).---Y desde tal perspectiva, en el análisis del caso que aquí nos ocupa, el pedido de aumento de la cuota de alimentos es para dos adolescentes M. M. (17 años de edad) y H. A. (19 años), conforme surgió de la audiencia llevada a cabo en fecha 6 de agosto de 2009 (fs. 225) en esta Alzada, dando así cumplimiento a las disposiciones del art. 130 de la Ley III Nº 21 (Digesto Jurídico Provincial), como asimismo que ambos jóvenes habitan en la localidad de Trevelin y se trasladan diariamente a nuestra ciudad donde cursan sus estudios secundarios (Escuela Politécnica Nº 701, de doble jornada) y universitarios respectivamente y también -en la actualidad- desarrollan otras actividades, tales como natación y gimnasia.-- Valorada la prueba obrante en autos, se desprende que el Sr. M. A. P. reside en la ciudad de San Martín de Los Andes y que a fines de marzo del año 2008 sufrió un accidente por el cual debió ser intervenido quirúrgicamente, permaneciendo en terapia intermedia durante más de un mes y luego requirió reposo absoluto, asistiendo actualmente al servicio de rehabilitación costeando sus gastos mediante la Obra Social que posee por ser dependiente del Ministerio de Educación.

En la audiencia realizada en esta Alzada, el Sr. P. manifiesta que se desempeña laboralmente en un establecimiento educativo en el cual tiene unas pocas horas cátedras, lo que le permite tener Obra Social y que también arregla computadoras. Aclara que los ingresos de ambas actividades no le alcanzan para vivir, por lo que recibe ayuda de sus familiares y amigos.-En cuanto a las actividades de la Sra. C. B., surge que la misma continúa desarrollando las mismas tareas (Despachante de Aduanas y administradora de una empresa familiar con sus padres).- La circunstancia de que ambos progenitores hayan adjudicado la vivienda que fuera sede del hogar conyugal a sus hijos, es un extremo que no puede dejar de evaluarse a efectos de determinar la cuota de alimentos, pero la madre además hace su aporte abonando los gastos para el mantenimiento de la propiedad, los impuestos y consumos de servicios.--Traducido todo ello al caso que nos ocupa, observamos que la cuota fijada por el a quo de $1000 mensuales y retroactiva al momento de interposición de la demanda (18 de marzo de 2008), aparece ajustada a derecho.

Por lo demás, encontramos sustento en el imperativo de satisfacer el interés superior de los jóvenes (conf. arts. 1º y 3º, Convención sobre los Derechos del Niño), pauta decisiva para la resolución de conflictos de la índole debatida en autos, en el cual son los progenitores quienes están en posición de cuidar los derechos de sus hijos, pero cuando aquéllos se desvíen de tal camino, privilegiando algún interés propio por sobre los de su prole, es donde la intervención judicial cumple un rol fundamental para encauzar la problemática en beneficio de los alimentados, previa valoración de las circunstancias fácticas de la causa.

No debe olvidarse que la medida de la prestación está dada -en principio- por las necesidades del alimentado, pero sabido es que para su determinación no se puede prescindir de las posibilidades económicas del obligado. Entendemos que el concepto de "necesidades" que, conforme al agregado introducido por la ley 23.264, contempla el art. 267 Código Civil (gastos de subsistencia, habitación, vestuario, educación, cuidado de la salud y los que importan una comodidad habitual entre personas de cierta condición social o económica, arts. 265, 267 y ss. del Cód. Civ.) está referido a una cobertura que supera lo estrictamente "necesario" y alcanza lo "integral" (cfr. Daniel H. D'Antonio, "Nuevo régimen legal de la patria potestad", Rubinzal - Culzoni, Santa Fé 1985, pág. 152).

Otra cuestión a tener en cuenta es el aporte en especie que efectúa el progenitor que detenta la custodia -en nuestro caso, la madre respecto de los dos jóvenes- prestando una contribución de significación económica, como lo es atender a los múltiples requerimientos cotidianos en la vida de sus hijos, pues ello implica una inversión de tiempo a la que "debe atribuírsele valor, ya que de otro modo el progenitor podrá invertir ese tiempo para la realización de actividades lucrativas" ("Visión Jurisprudencial de los Alimentos" de María Josefa Méndez Costa, Edit. Rubinzal-Culzoni, año 2000, pág. 52).--También nuestra jurisprudencia ha entendido que: "La tenencia ejercida por la madre configura un importante aporte con trascendencia económica" (C.N.Civil, sala J, 10 agosto 1992, "De la F. M.I. c/ Z.S.C.A. -La Ley, 1993-D-, 535, sec. Jurisp. Agrup., caso 9241); como asimismo: "La obligación materna de contribuir al mantenimiento de los menores se encuentra cubierta por el mayor cuidado y dedicación que aquélla les imparte, así como también por los diversos gastos menores que cotidianamente debe efectuar quien detenta la tenencia de los hijos" (C.N.Ciiv., Sala F, 13/5/87, R. 26.322; id. 17/5//88, R. 34.887, en "Régimen Jurídico de los alimentos" de Gustavo A. Bossert, Edit. Astrea, año 2000, pág. 235).

Luego de celebrada la audiencia en esta Alzada, (fs. 225), de conformidad a las disposiciones el art. 131 de la Ley III N° 21 se corre vista a la Asesoría de Familia e Incapaces, expidiéndose a fs. 227 vta. el Abogado Adjunto Dr. Miguel Contreras, entendiendo que se debe confirmar la sentencia apelada por las consideraciones que realiza y cita doctrina.

Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que la cuota dispuesta por la Sra. Jueza de Familia resulta ajustada a derecho, pues ha tenido en cuenta tanto la situación de hecho de los jóvenes alimentadas, como la normativa y los criterios doctrinales y jurisprudenciales vigentes en la materia, merituando este Cuerpo que la cuota fijada de $ 1000 mensuales resulta adecuada para atender a los gastos que demanda la atención de ambos jóvenes: H. A. y M. M..-6. En cuanto al recurso de apelación que por derecho propio realiza la Dra. M. L., respecto a los honorarios que le fueran regulados en primera instancia, efectuados los cálculos pertinentes, teniendo en cuenta para ello las pautas mensurativas del art. 5º de la Ley XIII Nº 4 (Digesto Jurídico Provincial), en cuanto a la naturaleza y complejidad del proceso, resultado obtenido, mérito de la labor profesional, calidad, eficacia y extensión de su trabajo, carácter en el que actúa la profesional conforme art. 9 de la citada ley, entendemos que los honorarios regulados en la anterior instancia resultan bajos, por lo que corresponde sean elevados al 15,4 % del monto del proceso que se cuantificará, -en función de las disposiciones que rigen los procesos de alimentos en la citada Ley-, con más el IVA que correspondiere.

Que tal como se resolverá la cuestión traída al conocimiento de esta Alzada, corresponde imponer las costas en esta instancia al alimentante en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC), y regular los honorarios de los profesionales por la actuación en esta instancia, estableciéndose los de la abogada C. L. en el 4 % con más el IVA pertinente del monto del proceso y de conformidad a lo establecido en el art. 24 de la Ley de Aranceles, que se determinará al practicarse la liquidación pertinente (art. 13 de le citada ley), no corresponde regular honorarios al Dr. Martín Iturburu Moneff en virtud que su recurso intentado será declarado desierto (art. 3, Ley de Aranceles; cfr. NOVELLINO, Norberto José, Aranceles y cobro de honorarios, p. 19, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995; SIC N° 42/05, "Fernández s. Suc.", entre otras).-- Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut,-- R E S U E L V E:

1º) DECLARAR DESIERTO el recurso impetrado a fs. 202 por el demandado de autos (art. 269 del CPCC -Ley XIII Nro. 5 del Digesto Jurídico Provincial).

2º) CONFIRMAR, en cuanto ha sido materia de recurso, el punto I) de la sentencia de fecha 5 de marzo de 2009 registrada bajo el Nº 40 T° I Folio 80/82 del Año 2009 obrante a fs. 196/198 y vta., ----2º) MODIFICAR el punto II), en cuanto ha sido materia de recurso y con relación a los honorarios fijados a la Dra. C. M. L., de la misma sentencia, fijándole en definitiva sus emolumentos en primera instancia en el 15,4 % del monto del proceso que se cuantificará, con más el I.V.A. pertinente.

3º) IMPONER las costas en esta instancia al alimentante en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC), y regular los honorarios la abogada C. M. L. por su actuación en esta instancia, en el 4 % con más el IVA pertinente y a calcular conforme lo establece el art. 24 de la Ley XIII Nº 4 (Digesto Jurídico Provincial), que se determinará al practicarse la liquidación pertinente (art. 13 Ley de Aranceles).- 3º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.- La presente sentencia es dictada por dos Jueces del Tribunal por vacancia de un cargo de Juez de Cámara y haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 Ley V Nº 17 (Digesto Jurídico Provincial).- JORGE LUIS FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASS REGISTRADA BAJO EL N° CANO DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS DEL AÑO 2009. CONSTE.- Norma Marrero Secretaria