Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26


PANICCIA, Marcelo Egidio Reg.: A y S t 197 p 246-250. Santa Fe, 26 de mayo del año 2.004.

VISTOS:

Los autos "PANICCIA, Marcelo Egidio -Concurso Preventivo-Expte. 865/00-Incidente de Revisión promovido por Administración Federal de Ingresos Públicos- (Expte. 162/02) s/ QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 140, año 2003), venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos -D.G.I.-, contra la sentencia de este Tribunal de fecha 22 de octubre de 2003; y, CONSIDERANDO:

1. Surge de estas actuaciones que la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, mediante pronunciamiento 309 del 13 de noviembre de 2002, desestimó la apelación deducida por la Administración Federal de Ingresos Públicos -D.G.I.- contra el fallo de baja instancia dictado el 27 de diciembre de 2001 -que, a su turno, había rechazado la demanda de revisión iniciada por la entidad recaudadora tendente a obtener el reconocimiento de la parte del crédito quirografario insinuado en concepto de intereses y multas que no había sido admitida por el auto verificatorio-, confirmando la resolución impugnada con costas a cargo de la acreedora (fs. 1/2).

La denegatoria del recurso de inconstitucionalidad que contra el fallo de la Alzada dedujera la incidentista (fs. 3/42; 50), motivó su presentación directa ante esta Corte (fs. 55/78), la que corrió la misma suerte adversa que la anterior impugnación (fs. 80/84, A. y S. T. 192, p. 429/433).

Es este último pronunciamiento el que se objeta a través de la vía del artículo 14 de la ley 48.

2. En el memorial del recurso extraordinario (fs. 87/118), la impugnante postula la existencia de una cuestión federal infraconstitucional, considerando que el supuesto se encuentra subsumido en el artículo 14 inciso 3 de la ley 48. Señala, al respecto, que existe una confrontación entre una cláusula de derecho federal inferior a la Ley Suprema (artículo 37 de la ley 11683 y resoluciones dictadas -al amparo de la mencionada norma- por la Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación) y el decisorio, que es adverso al derecho que se pretende derivado de aquella cláusula.

Asimismo, acusa la arbitrariedad del fallo de esta Corte, por entender que se configurarían distintas causales descalificantes, que pueden sintetizarse así:

a) Desconocimiento o apartamiento de la norma aplicable: alega que las causas neutralizantes de dicho vicio, establecidas en la sentencia de este Cuerpo, no son tales.

Manifiesta que es errónea la conclusión de este Tribunal de que el A quo adoptó una posición posible -una de las posibles interpretaciones- por lo que no habría incurrido en arbitrariedad.

Reputa que el yerro radica en que el vicio atribuido al fallo atacado no era la interpretación arbitraria de la ley, sino el apartamiento de la norma aplicable, desde que las disposiciones que resultan operativas no brindan marco de posibilidad alguna para la interpretación.

Dice que al ser tan clara la norma, la interpretación deviene en "elusiva", equiparable a haber prescindido del texto legal, y que la única vía apta para no aplicar una norma, encontrándose vigente, es la previa declaración de inconstitucionalidad de aquélla, lo que no se hizo.

b) Arrogarse los jueces el papel de legisladores sin sentirse limitados por el orden jurídico: aduce que este Órgano se conforma con aseverar que la tasa del 1% mensual -que difiere de la expresamente prevista por la normativa federal-, no ha sido establecida en la sola voluntad del Sentenciante, por haberse basado éste en los principios concursales -pars conditio creditorum-.

Refiere que la violación de dicho principio no es tal, pues el Fisco no aventajó a acreedor alguno dentro del trámite universal, desde que sus relaciones con el concursado son muy anteriores al inicio del proceso colectivo.

Agrega que la máxima de "igualdad" se encuentra actualmente devaluada, habiéndosela considerado como un concepto genérico e ideal, que debe limitarse en cuanto a su aplicación efectiva.

c) Incongruencia por exceso: opina que esta Corte, al expresar que el tópico relativo a que "las multas no se encontraban firmes antes de la presentación en concurso" fue utilizado por la Juzgadora de primera instancia en la sentencia reglada por el artículo 36 de la ley 24522, está reconociendo que el tema no fue tomado como fundamento por dicha magistrada al decidir el recurso de revisión interpuesto.

De allí colige que la Alzada echó mano a un argumento ajeno al fallo que fue motivo de agravios por su parte.

Por lo demás, reitera alegaciones oportunamente desarrolladas en el recurso de inconstitucionalidad local y en las instancias ordinarias, y vuelve a sostener la presencia en el caso de un supuesto de gravedad institucional.

3. En el examen de admisibilidad que debe efectuar este Órgano a fin de conceder o no -según corresponda- el remedio intentado, aparecen descalificados en el plano formal los argumentos expuestos por la recurrente.

Liminarmente, cabe dejar sentado que -de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 14 de la ley 48- no se configura en autos la pretendida cuestión federal infraconstitucional.

Ello, puesto que los decisorios, tanto de esta Corte, como de los tribunales inferiores, no han propiciado una interpretación del artículo 37 de la ley 11683 -y de la normativa invocada- que contrariara la postulada por la quejosa, de modo que pudiera entenderse habilitada la función casatoria del Máximo Tribunal nacional.

Antes bien, los referidos pronunciamientos se han limitado a considerar viable la facultad jurisdiccional de morigerar intereses correspondientes a créditos fiscales insinuados en un concurso preventivo, sin necesidad de declarar previamente la inconstitucionalidad de normativa alguna, en ciertos supuestos previstos en el derecho común, lo que constituye -salvo arbitrariedad- materia ajena al control correspondiente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otra parte, debe puntualizarse que la mera interposición del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (A. y S. T. 67, p. 441; T. 71, p. 276; T. 77, p. 439).

A tales efectos, es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por este Cuerpo para fundar su decisión, con argumentos encaminados a revertir lo decidido en el fallo recurrido.

En este sentido, ha sostenido el Alto Tribunal nacional que pesa sobre la apelante la carga de efectuar en la impugnación una crítica prolija, concreta y razonada de la sentencia atacada, así como la refutación de todas y cada una de las motivaciones enunciadas por el tribunal superior de la causa para arribar a las conclusiones que originan sus agravios (cfr. Fallos 303:109 y 481; 304:1306 y 1588; 306:503).

Realizando el análisis a que se hiciera referencia en los párrafos anteriores, se advierte que pese al esfuerzo argumentativo desarrollado en el memorial introductorio, la impugnante no logra perfilar con eficacia los vicios de arbitrariedad en que supuestamente habría incurrido el fallo de este Cuerpo, incumpliendo de tal suerte con el recaudo de debida fundamentación que imponen las normas pertinentes.

En efecto, frente a la supuesta "prescindencia de la normativa aplicable", el error imputado a este Tribunal, consistente en haber utilizado una causal neutralizante de una especie de arbitrariedad que no fue alegada, no guarda una mínima relación con las constancias de la causa.

Al respecto, en oportunidad de rechazar el recurso directo local, este Órgano sostuvo que "... la quejosa no logra demostrar que la tesis seguida por el A quo implique la elección de una alternativa irrazonable o ajena al derecho en vigor..." y que "...Dicha decisión se enrola en una de las principales corrientes jurisprud Tampoco tiene asidero, en el caso, la arbitrariedad invocada por haberse arrogado este Cuerpo el papel de legislador, al aseverar que la tasa del 1% mensual no fue establecida en la sola voluntad del Judicante, dado que éste se basó en los principios concursales -pars conditio creditorum-.

Al respecto, no está demás precisar que este Órgano también consignó, al rechazar la queja local, que: "...el Sentenciante se basó en principios de derecho concursal, remitió a argumentos volcados en antecedentes propios en los que intervino el mismo ente público, y aceptó la operatividad de la normativa civil y comercial mediante la confirmación del criterio adoptado por el juez concursal y a través de citas jurisprudenciales (cfr. fs. 1/2)..." (f. 83). De modo que, una lectura global -no parcializada- del fallo impugnado, revela la inconsistencia del vicio endilgado, que luce fundado en simples discrepancias con las motivaciones de esta Corte.

Con respecto a la incongruencia alegada, pierde de vista la impugnante que este Tribunal señaló, también al resolver la queja, que: "...no puede dejar de tenerse en cuenta que en la sentencia de verificación y graduación de créditos -confirmada por el fallo del 27.12.2001-, el Juzgador desestimó las multas por considerar -entre otros argumentos- que no se había acreditado que ellas se encontraran firmes antes de la fecha de la presentación en concurso preventivo (cfr. f. 12).

Esto revela que en el análisis que del crédito insinuado efectuó el juez de baja instancia, la fecha de cristalización del pasivo concursal constituyó un elemento determinante, cuya ponderación no puede negarse a la instancia revisora..." (f. 83vto.).

Tanto de la transcripción que antecede, como del relato de los antecedentes de la causa que efectuara la propia quejosa (ver fs. 17, 59vto. y 96vto.), surge palmariamente que la sentencia que resolviera el incidente -o recurso- de revisión, "confirmó" la resolución verificatoria, convalidando expresamente sus fundamentos.

De allí que no pueda sostenerse que la Alzada, al afirmar que "...el hecho de que la aplicación de la multa sea sobreviniente a la apertura del concurso es un óbice decisivo a su viabilidad..." (f 2vto.), haya utilizado un argumento ajeno al fallo recurrido.

En otro orden de alegaciones, este Cuerpo descartó -en el pronunciamiento recurrido- la invocada gravedad institucional por cuanto que -amén de no constituir una hipótesis que habilite per se la apertura de la instancia excepcional-, si bien podía entenderse que existía en forma genérica, no sucedía lo mismo si se la trasladaba a la litis concreta, habida cuenta que la compareciente no había logrado persuadir de que la inteligencia asignada por el A quo a las normas y principios aplicados conllevara la deformación del sistema de percepción de la renta pública, de modo que perturbe la recaudación fiscal y afecte los intereses que se dijeran comprometidos (cfr. fs. 84 y vto.).

Las demás críticas contenidas en el escrito de interposición de la impugnación federal, caen a poco de considerar que la compareciente reedita los argumentos que vertiera tanto en el recurso de inconstitucionalidad local como en la queja, sin lograr desmerecer los fundamentos brindados por este Tribunal para desestimar los reparos endilgados contra la sentencia de Alzada, e intentando nuevamente -sin éxito- dotarlos de un cariz constitucional a fin de lograr la apertura de esta instancia de excepción.

En definitiva, la impugnante no demuestra -en este estadio- la configuración de la cuestión federal pretendida, ni aporta nuevos argumentos que justifiquen la existencia de irrazonabilidad o falta de lógica en el pronunciamiento de esta Corte al rechazar la queja deducida, por lo que la cuestión queda reducida a la sola disconformidad de la recurrente con los fundamentos expuestos por este Tribunal para así decidirlo, y no resulta idónea para operar la apertura de la vía del artículo 14 de la ley 48.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Denegar la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-NETRI-SPULER-VIGO- Fernández Riestra (Secretaria)