Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-12-18


AUTOS Nº 77317 (4º JUZGADO CIVIL) (Nº 8973 - SALA III) "JOFRÉ SILVANA BLANCA - MEDIDA AUTOSATISFACTIVA" ///Juan, a 18 días del mes de Diciembre de dos mil siete.

VISTO: Para resolver sobre el recurso de apelación concedido a la actora a fs. 77 contra la sentencia de fecha 30 de marzo de 2007, obrante a fs. 54/57.

CONSIDERANDO: El Sr. Juez a-quo resolvió: "I) Haciendo lugar parcialmente a la pretensión planteada por la Sra. Silvana Jofré, y -en consecuencia- se condena a la Compañía Aseguradora "Bernardino Rivadavia Cooperativa de Seguros Limitada" el monto de $ 1.000 en concepto de gastos de sanatorio, que según las condiciones de póliza está obligada a cubrir en razón del seguro obligatorio exigido por el art. 68 de la ley 24.449 y la Obligación Legal Autónoma establecida según Resoluciones Generales Nº 21999 y Nº 22058; II) No hacer lugar al incidente de redargución de falsedad promovida por la aseguradora; III) En razón del resultado obtenido, las costas se imponen en el orden causado, difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en la Ley 4072".

Contra la sentencia se alza la actora quien apela y funda a fs. 58/64, el recurso se le concede a fs. 77. La contraria no contestó el traslado de los agravios, según constancias de fs. 80.

Ante el decreto de fs. 77 que concede el recurso, es preciso destacar que la actora fue notificada de la sentencia, según cédula de fs.69 el día cuatro de abril de 2007, apela y funda el recurso el día diez de abril de 2007 a las nueve horas (ver fs. 64), por lo que el mismo está en término. Por lo que el segundo párrafo del referido decreto, es errado en cuanto a que fue fundado fuera de término y además contradictorio.

Respecto a las facultades de la alzada tenemos dicho: "La jurisdicción apelada es de orden público, por cuanto no se genera a expensas de la voluntad de las partes, ni de erróneos decretos que conceden recursos. Partiendo del postulado de que las reglas que gobiernan la materia son de orden público, el Tribunal de Alzada, como juez del recurso de apelación, puede rever el trámite seguido en primera instancia, tanto en lo relacionado con su concesión, como en lo referente a la presentación de memoriales. En efecto, la Cámara tiene la potestad de examinar la admisibilidad del recurso, así como en la forma en que se lo ha concedido, pues sobre el punto no se encuentra ligado, ni por la conformidad de las partes ni por la resolución del juez de primer grado, aún cuando ésta se encuentre consentida. Este examen, además puede hacerlo de oficio (Morello y col- Cod. Proc. Civil comt. Tº III, pág. 395). Lo que significa que el error puede subsanarse, confiriendo al apelante la posibilidad de ejercitar las facultades que hasta entonces le estaban vedadas en orden a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 275 C.P.C.N.-(PROT. DE AUTOS Tº III Fº 412/413 AÑO 2002).

Insistimos la apelación articulada por la actora a fs. 58/64, fue interpuesta y fundada en término.

Según constancias de fs. 07/20 la actora en esta causa interpone medida autosatisfactiva a fin de que se condene a la Aseguradora Cía. de Seguros Rivadavia, a hacerse cargo de las prestaciones asistenciales necesarias, consistentes en internación, operación y todo lo indispensable para las intervenciones quirúrgicas que con urgencia hubo de practicársele, con motivo de las lesiones sufridas en el accidente de tránsito acaecido el 09 de setiembre de 2004, tal como se le requirió oprtunamente a la aseguradora y cuyo monto asciende a la suma de pesos: Nueve mil doscientos ($ 9.200).

El hecho ocurrió el día indicado. La actora se transportaba en ciclomotor junto a Domingo Antonio Gómez, cuando en calle Meglioli,a la altura del domicilio sito en Manzana 9 Casa 6 Bº C.E.S.A.P., se le atraviesa el Fiat Uno dominio BWQ-652, conducido por el Sr.Baldomero Gordillo, quien hace que la motocicleta impacte contra un pilar de luz produciéndose el accidente, por negligencia, imprudencia e irresponsabilidad del conductor de dicho vehículo.

Como consecuencia del siniestro sufrió politraumatismos graves, especialmente fractura luxación tarso metatarsiana, fractura multifracmentaria de hueso cuboide y aplastamiento grave de partes blandas, con intervención quirúrgica, practicada en el Sanatorio Rawson, según certificado médico que adjunta.

Los gastos de la misma, según factura que acompaña es el pago que reclamó a la Aseguradora "Cia. de Seguros Bernardino Rivadavia", sin resultado alguno (ver documentación agregada en copia de fs. 03/06 y certificado policial agregado en copia a fs.05).

Fundó la acción en el apartado 5 del art. 68 de la Ley Nº 24.448, Declaración Americana de los Derechos del Hombre-Pacto de San José de Costa Rica, art.5 inc.1 y art.25 inc.1. Plantea inconstitucionalidad en subsidio, de las Resoluciones dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación por ser violatorias de los arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional. Formula reserva de derechos para ocurrir ante la Corte de Justicia local y del Caso federal. --Previo traslado a la contraria quien lo contesta a fs. 34/39, como ya lo indicáramos, el Sr. Juez a-quo admite parcialmente la pretensión y condena a la Aseguradora "Bernardino Rivadavia Cooperativa de Seguros Limitada" a pagar el monto de $1.000, en concepto de gastos de sanatorio aplica las Resoluciones Generales Nº 21.999 y Nº 22.958.

Los agravios de la actora los subsumiremos de la siguiente forma:

Ataca el fallo en cuanto considera realiza una interpretación equívoca sobre las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación Nº 21.999 y 22.187 y las limitaciones impuestas por las mismas a lo dispuesto por el art.68 de la Ley 24.449.

Hace la actora en su planteo, un extenso análisis acerca de la razonabilidad de los actos, destacando la supremacía de la Constitución sobre las normas inferiores.

Destaca asimismo, la irrazonabilidad manifiesta que implica limitar cuantitativamente y no cualitativamente la obligación de pagar los gastos sanatoriales.- La limitación primera tiene que ser suficientemente amplia a los efectos de resguardar y brindar un verdadero amparo a la integridad física y psíquica de los terceros víctimas, lo contrario sería un acto irrazonable en el sentido constitucional.

Insiste en su planteo de inconstitucionalidad de las Resoluciones Generales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y toda otra reglamentación que imponga una limitación cuantitativa a lo dispuesto por el art. 68 de la ley 24.449.

Fundamenta su petición y a la vez manifiesta, que si se consideran tales normas "Reglamentos de Ejecución" de acuerdo al art. 68 de la ley 24.449, son evidentemente inconstitucionales por haber sido emitidas por una autoridad incompetente; y por haber alterado el texto de la ley (art. 99, inc. 2º C.N.).

También, si se las consideraran "Reglamentos Delegados", no reúnen los requisitos del art. 76 C.N. Además, son inconstitucionales por ser violatorias de los arts. 14, 28 y del art.75 inc.10 de la Constitución Nacional, al haberse arrogado la Superintendencia facultades de resorte exclusivo del Poder Legislativo.

Corresponde analizar en primer término, el planteo de inconstitucionalidad articulado en subsidio por la actora al interponer la demanda y que reitera en la alzada.

Este Tribunal ya se ha pronunciado en forma reiterada sobre el tema. En los autos Nº 74095/1(7805) "Lucero Víctor Hugo-Medida Autosatisfactiva" (Prot. de Autos Tº I- Fº 153/157-Año 2005) dijimos: "La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera reiterada estableció que: Declarar la inconstitucionalidad de una norma constituye un acto de extrema gravedad. Para ejercer la elevada función de control de constitucionalidad de las leyes debe imponerse la mayor mesura, con respecto a facultades propias y exclusivas de otros Poderes del Estado y en virtud del respeto irrestricto al principio de división de los Poderes, pilar del sistema republicano" (F. 522-775, entre otros).

"El requerimiento relativo a la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal debe ser formulado en la primera oportunidad procesal propicia, en las instancias ordinarias y respetando la audiencia de la contraria.-Además de conformidad a las prescripciones del art. 11 de la Constitución de la Provincia, los jueces están facultados para declararla de oficio.En este caso el planteo fue formulado al interponer la demanda y reiterado en la apelación al no ser tratado en la instancia correspondiente".

En el fallo citado este Tribunal dijo: "Las normas cuestionadas constituyen reglamentos delegados, dictadas en base a una autorización del Poder Legislativo; es decir, una ley formal que habilita su emisión.- Como dicha facultad no emana de la potestad reglamentaria, sino de la autorización legal, es una actividad excepcional, que debe estar sujeta a límites y a una política legislativa claramente establecida.- Se trata de la llamada delegación normativa, que se da cuando la ley autoriza o habilita al Poder Ejecutivo, a sus órganos o entes; a dictar normas en determinadas materias y con ciertos límites (Cassagne "Derecho Administrativo" tº I, pág. 147 y sgs.).

Al respecto la S.C.J.N. dijo: "Que no existe reparo constitucional en que las atribuciones especiales que el Congreso otorgue al Poder Ejecutivo para dictar reglamentos delegados o de integración, pueda éste sub delegarlas en otros órganos o entes de la Administración Pública, siempre que la facultad se halle contemplada en la ley" (Fallo 311-2339).

El art. 68 de la ley 24.449 en su primera parte dispone que en el Seguro Obligatorio, las condiciones que cubran eventuales daños a terceros, serán fijadas por la autoridad en materia aseguradora. De lo que se concluye que, la Superintendencia de Seguros de la Nación se encuentra habilitada legalmente para reglamentar lo relativo a gastos de sanatorio o velatorio de terceros.

Como consecuencia de lo manifestado, analizaremos la razonabilidad como la constitucionalidad, de la limitación cuantitativa cuestionada.

Al respecto en el fallo citado dijimos: "Se entiende como razonable lo justo, lo que tiene razón suficiente, lo válido según las circunstancias del caso, la adecuación mesurada de los medios al fin.- La S.C.J.N. tiene establecido que en el control judicial de razonabilidad los Tribunales sólo meritúan la adecuación o proporcionalidad entre el medio utilizado y el fin propuesto.- La falta de adecuación es una limitación que debe soportar un derecho personal".

También se ha dicho que: "El derecho a la salud, tiene rango Constitucional (nuevo art. 42 de la Const. Nacional de 1994) como así también los derechos reconocidos en los Tratados Internacionales incorporados a la misma (art. 75 inc. 22), entre otros, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 11); La Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12 apart. 1º); Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 16º apart. 1º inc. 2º y art. 12). Todos estos Tratados, en especial este último, están destinados a proteger la salud física y mental, a tener acceso a los servicios de atención médica, a la información, entre otros".

"La Constitución de la Provincia en su art. 15 establece que son derechos inviolables de la persona: la vida, la integridad moral, física, psicológica y socio-cultural. A su vez en el art. 61, la Constitución Provincial consagra el derecho a la salud, entendido de manera amplia, partiendo de una concepción del hombre como unidad biológica, psicológica y cultural en relación con su medio social. También la misma norma establece que la Sociedad, el Estado y toda persona en particular, deben contribuir con realización de medidas concretas, a través de la creación de condiciones económicas, sociales, culturales y psicológicas favorables a garantizar el derecho de salud (Prot. de Sent.Tº I- Fº 94/ 107- año 2004).

El art. 68 de la Ley 24.449 en su parte pertinente establece: "Los gastos de Sanatorio... serán abonados de inmediato por el Asegurador, sin perjuicio de los derechos que puedan hacerse valer luego...".

Tales gastos comprenden: "Internación, honorarios médicos, costas de remedios, radiografías, análisis, prótesis, etc. (Mosset Iturraspe y Rosatti "Derecho de Tránsito" pág. 277); es decir, todas aquellas erogaciones referidas a la atención médica requerida por quien ha sido lesionado en un accidente de tránsito.- Considerar como "gasto de sanatorio" sólo los motivados por la internación, desnaturaliza el espíritu de la norma, del cual resulta que, el seguro obligatorio que establece, cumple una función de previsión social, otorgando una cobertura básica por la vía de una indemnización automática de los daños sufridos (autores y obra citada, pág. 278).

"La Ley ha tomado la expresión "gasto de sanatorio" como comprensiva de otros gastos médicos, los que se han indicado, por cuanto la indemnización prevista, en razón del carácter señalado, comprende un resarcimiento integral; en consecuencia el derecho del acreedor se extiende al costo total de la atención médica.- Criterio que corresponde, también, con la interpretación dada a "gastos de curación" que alude el art. 1086 del Código Civil; el cual involucra todos los gastos necesarios para la atención del herido: médicos, sanatorio, farmacia, etc. (E.D. 21-230; y 38-502).

"La obligación que emerge del art. 68 es autónoma, no tiene su fuente en el hecho dañoso, sino en forma inmediata en la norma jurídica comentada.- En efecto, se ha establecido legalmente un vínculo directo entre el asegurador como obligado al pago y la víctima en su condición de acreedora de los gastos (Prot.de Autos: Tº I- Fº 375/377-2002, confirmado por la Excma. Corte de Justicia, P.R.E. Sala I- Tº I- Fº 88-2004).

Es evidente, que la norma del art. 68 al establecer el pago de los gastos de sanatorio, funda su precepto en las normas constitucionales de protección a la salud, en consecuencia, cumple "una función de previsión social o de cobertura básica por vía de una indemnización automática de los daños mencionados" (Mosset Iturraspe y Rosatti "Derecho de Tránsito", pág. 277).	Resulta así evidente que, poner un límite máximo a los gastos sanatoriales resulta irrazonable y contrario al espíritu de la Constitución y de la ley que los autorizó, en la cual el seguro obligatorio cumple, también, una función de previsión social mediante una cobertura básica, por vía de indemnización automática, de los daños mencionados en el citado artículo.

Los autores, en la obra citada anteriormente expresan que: "El art.68 crea para los gastos de sanatorio y velatorio una responsabilidad autónoma, donde las aseguradoras deben responder; otorga un derecho sin límite al tercero víctima.- Determinar si se trata de responsabilidad integral o con tope, es de tal entidad que excede el poder resolutorio de la autoridad de aplicación".

El seguro obligatorio respecto a terceros víctimas, previsto por el art.68 de la ley nº 24.449 ha sido reglamentado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en las Resoluciones Generales Nº 21.999/92 y la Nº 25.429/97, en las cuales se prevé una cobertura por gastos sanatoriales por persona, hasta la suma de Mil Pesos ($1.000). La circular Nº 3809/98 considera que la Resolución General indicada es reglamentaria del art.68 de la ley 24.449. Reiteramos en esta causa lo resuelto sobre el tema en cuanto a que: "La limitación impuesta a la obligación legal autónoma por gastos sanatoriales, en las Resoluciones mencionadas, lesionan los fines previstos por las Constituciones Nacional y Provincial; como asimismo lo dispuesto por el art. 68 de la ley 24.449, que no determina limitación de cobertura alguna y afectan un derecho personal como es el de la salud, al limitar el máximo de los gastos sanatoriales a una suma de dinero reducida, que en la mayoría de los casos no cubre la atención médica debida, ante los altos costos de la misma.- En consecuencia, son irrazonables los topes fijados en las resoluciones atacadas al no satisfacer los fines previstos en las Leyes indicadas; por lo que resultan ser inconstitucionales.

Esta Sala tiene dicho sobre el tope de Mil pesos ($1.000), impuesto por la Resolución Nº 21.999, art 3º,inc.b) de la Superintendencia de Seguros de la Nación que: "La misma excede el marco reglamentario dispuesto por el art.68- párrafo sexto- de la ley 24.449 (ley 6684).- En efecto, dicha norma no establece ni autoriza a la autoridad administrativa para fijar tope dinerario en la obligación impuesta al asegurador de pagar gastos sanatoriales.- La ley no establece limitación cuantitativa alguna, por lo que tratar de imponer límites, ya sea por el Poder Ejecutivo u otra autoridad Administrativa, es contrario a lo dispuesto por el art. 99, inc.2º de la Constitución Nacional (Prot. de Autos: TºIV- Fº739/ 743- 2003; Prot.de Autos Tº I Fº 153/157-2005;Prot.de Autos Tº II Fº 288/292-año 2005; Prot. de Autos Tº III- Fº 504/509-2006).

Con igual criterio se expidieron las Salas Primera y Segunda de esta Cámara de Apelaciones (L. de A.- Tº 128-Fº 53/56- 2003; y L. de S. Tº III- Fº 146/149-2003, respectivamente - Prot. de Autos TºI- Fº191/ 193- 2004; Tº II Fº 257/262-2005).

Por lo que debe declararse la inconstitucionalidad de las Resoluciones supra indicadas y su inaplicabilidad al caso de autos.

Por lo que se admiten así los agravios de la actora y se ordena que los gastos reclamados según factura, por la suma de pesos: Nueve mil doscientos ($ 9.200), que comprenden el costo total de la atención médica, deben ser pagados en forma inmediata por la aseguradora.

Las costas se imponen en ambas instancias a la vencida (arts. 74 y 75 del C.P.C.).

Por todo ello, normas legales, jurisprudencia y doctrina citadas, SE RESUELVE: Admitir el recurso de apelación concedido a la actora a fs. 77 contra la sentencia de fecha 30 de marzo de 2007, obrante a fs. 54/57. Declarar la inconstitucionalidad de las Resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Nº 21.999/92 y 25.429/97, en lo referente al límite máximo impuesto de Mil pesos ($1.000), para la cobertura de la obligación legal autónoma por gastos sanatoriales, previstos por el art.68 de la ley 24.449 y su inaplicabilidad al caso de autos. Modificar la sentencia en cuanto al monto que manda pagar, que se fija en la suma de pesos: Nueve mil doscientos ($ 9.200) y la imposición de costas, que en ambas instancias serán a cargo de la aseguradora vencida (arts. 74 y 75 del C.P.C.). Todo por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes. Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.-FDO: DR. MOISES MOYA, DR. HUMBERTO CABALLERO, DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA. ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI- SECRETARIA- PROT. DE AUTOS Tº V-Fº 817/822 -2007-