Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-26


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa 98/2014/RH1 "Asociación de Anestesia, Analgesia y s. recurso Queja Comisión" (Expte. C. N. D. C. N° S01:0340608/2011) Buenos Aires, 26 de junio de 2014.

AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (en lo sucesivo la Asociación o la recurrente) promueve un recurso de atentado contra las providencias dictadas el 14 y 15 de enero de 2014 por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante, la CNDC o la Comisión), mediante las cuales se dispusieron medidas de prueba. Según alega, ello importó pasar a otra etapa del procedimiento sin encontrarse firmes las resoluciones dictadas en los términos de los arts. 29 y 30 de la ley 25.156 (LDC) que constituyen su antecedente (ver escrito de fs. 3/6vta.).

En esa línea argumental, sostiene la recurrente que esta Sala concedió el 28 de noviembre de 2013 el recurso extraordinario que interpuso contra la resolución dictada el 26 de agosto en las causas 6083/12, 7608/12 y 1002/13. Invoca que la concesión de dicho recurso tiene efecto suspensivo, no obstante lo cual la Comisión continuó con el procedimiento de investigación.

Asimismo, explica que el recurso de atentado es el remedio adecuado en aquellos casos en que un tribunal, no obstante la concesión de un recurso de carácter suspensivo prosigue la ejecución de lo decidido; es decir, es el medio para que el tribunal ad quem detenga la actividad jurisdiccional del a quo impedida por los efectos de un incidente o por la concesión de un recurso. En síntesis, alega que el recurso de atentado tiene por objeto resguardar el efecto suspensivo de la apelación.

A lo expuesto, la Asociación añade que dicho recurso debe ser admitido en este procedimiento regido por normas de derecho penal, aunque no exista una específica disposición legal. Destaca, a tal efecto, que ha deducido planteos de inconstitucionalidad y de nulidad con relación a los actos administrativos dictados por la CNDC; entre ellos los previstos en los arts. 29 y 30 de la LDC -antecedentes de las medidas de prueba cuestionadas en esta oportunidad-, cuya validez está pendiente de decisión por la Corte Suprema en virtud del recurso extraordinario concedido en las mencionadas causas 6083/12, 7608/12 y 1002/13.

En suma, pide que se declare la nulidad de todo acto administrativo posterior a la interposición del recurso extraordinario concedido, y que se ordene a la Comisión la suspensión de toda actividad hasta que recaiga resolución definitiva sobre lo que ha sido materia del remedio federal.

2. Planteada en esos términos la cuestión, es oportuno recordar que el expediente administrativo N° S01:0340608/2011, en el cual se interpusieron los recursos de apelación cuya denegatoria motivó las quejas rechazadas en la resolución dictada el 26 de agosto de 2013 en las causas 6083/12, 7608/12 y 1002/13, fue iniciado con motivo de la denuncia deducida por la Obra Social del Personal de Edificios de Renta y Horizontal (OSPERYH) contra la Asociación por presunto abuso de posición dominante y ejercicio de conductas monopólicas que obstan a la libre contratación de anestesistas y al funcionamiento del sistema de salud (ver denuncia obrante a fs. 2/7vta. y acta de ratificación de fs. 49/54 del referido expediente, cuya copia se tiene a la vista).

También se debe destacar que esta Sala, recientemente, desestimó otro recurso de queja deducido por la Asociación en virtud de la denegatoria de la apelación interpuesta contra la medida dictada en las mismas actuaciones administrativas para que acompañara documentación (ver la resolución dictada el 20 de febrero de 2014 en la causa 4282/13).

El presente recurso de atentado fue deducido contra las providencias dictadas por la CNDC el 14 y 15 de enero de 2014, mediante las cuales requirió documentación y/o información a una Cooperativa, y citó a una audiencia testimonial a médicos anestesiólogos (ver fs. 509 y 512 del expediente S01:0340608/2011).

3. Sin perjuicio de que el recurso de atentado no se encuentra previsto por el régimen legal aplicable al procedimiento administrativo seguido en esta causa en los términos de la ley 25.156 (cfr. arts. 52 y 56 de la LDC y art. 432 del Código Procesal Penal), se procederá a examinar el planteo habida cuenta de la naturaleza de los derechos que invoca la recurrente con relación a las facultades legales del organismo administrativo para continuar con el trámite cuestionado.

El agravio que sostiene la Asociación, en el marco del recurso de atentado, radica -tal como se expuso en los considerandos precedentes- en el efecto suspensivo del procedimiento administrativo que le asigna a la concesión del recurso extraordinario deducido en las referidas causas 6083/12, 7608/12 y 1002/13 (resolución del 28 de noviembre de 2013).

La interpretación que la recurrente hace acerca de los efectos suspensivos de la referida resolución respecto del procedimiento administrativo de investigación de conductas prohibidas por la ley 25.156, es equivocada.

En efecto, el efecto suspensivo del mencionado recurso extraordinario sólo puede considerarse con relación a la decisión de este Tribunal que, en rigor, se limitó a desestimar un recurso de queja por apelación denegada, en tanto que los fundamentos de la Asociación para que se admita el recurso de atentado y se suspenda el procedimiento administrativo, presuponen -como lo sostiene sobre la base de la doctrina que cita en su escrito- un recurso de apelación concedido contra un acto del tribunal a quo (ver fs. 4vta. y 5), extremo que no concurre en el caso.

Por lo tanto, es forzada la interpretación que hace la Asociación de ese pronunciamiento para considerar suspendido el procedimiento administrativo, durante el cual se dictaron los actos del art. 29 y 30 de la ley 25.156, contra los cuales se dedujo un recurso de apelación que no ha sido concedido de acuerdo con lo decidido en la resolución sujeta al remedio federal.

A lo expuesto, corresponde añadir que, como se precisó en las resoluciones dictadas el 26 de agosto de 2013 en las causas 6083/12, 7608/12 y 1002/13 y el 20 de febrero de 2014 en la causa 4282/13, no es posible soslayar que los actos recurridos con fundamento en la nulidad absoluta derivada de la incompetencia del órgano administrativo que instruye la investigación de la conducta denunciada, no son definitivos y, como tales, susceptibles de generar un gravamen irreparable (ver en ese sentido, dictámenes de la Procuración General de la Nación en las causas "Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires s. apel. Resolución CNDC", A.1058.XLVII, del 30-9-2013, y "Coca Cola Polar Argentina s. ley 25.156", C.683.XLIX, del 21-2-2014, aún sin sentencia de la Corte Suprema).

No puede atribuirse, por lo tanto, al auto de concesión del remedio federal el efecto suspensivo pretendido respecto del trámite administrativo sustanciado ante la CNDC en los términos de los artículos 26 y siguientes de la ley 25.156, máxime cuando este Tribunal ya se desprendió de la jurisdicción revisora sobre la cuestión que oportunamente le ha sido planteada, con la declaración de admisibilidad del recurso extraordinario y la elevación de la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tales condiciones, es el Alto Tribunal el que tiene las facultades para juzgar, de modo definitivo, la procedencia de las medidas pertinentes a fin de tutelar el adecuado ejercicio de su jurisdicción (doctrina de Fallos 316:2035).

Por ello, SE RESUELVE: desestimar in limine el recurso de atentado deducido por la Asociación.

El Dr. Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, publíquese, líbrese oficio a la CNDC con copia de la resolución y archívese.

Graciela Medina Ricardo G. Recondo