marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, juicio ejecutivo, resoluciones equiparables a definitiva, resolución irrevisable en juicio ordinario posterior, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Acrow Argentina S.A. s/ quiebra s/incidente de continuación de empresa s/incidente de  ejecución de alquileres.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Corresponde hacer excepción al principio según el cual las resoluciones recaídas en juicio ejecutivo no constituyen la sentencia definitiva, cuando las cuestiones que la motivaron no podrán ser debatidas nuevamente en un juicio ordinario posterior, lo que ocasiona un gravamen de imposible reparación ulterior (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F.

López y Adolfo Roberto Vázquez).
Lesiones graves, suspensión del juicio a prueba, recurso de inconstitucionalidad, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero Lencina, Ernesto O. s/ Recurso Extraordinario e Inconstitucionalidad interpuesto por Ernesto G. Romero Lencina con el patrocinio del Dr. Sergio F. Túa en causa Nº 80/07 - Pérez, Claudio Nicolás - Lesiones Graves - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-04-07

Por Auto Interlocutorio, la Cámara en lo Penal -Sala Unipersonal- hizo lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba incoada por el imputado por el término de dos años, a contar desde el efectivo inicio del cumplimiento de determinadas normas de conducta.

Contra esa decisión, el querellante, con patrocinio letrado, interpone este recurso que nomina como de inconstitucionalidad.

No demuestra la incompatibilidad que predica del Instituto de la Probation con la CN ni con tratados internacionales.

Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido una doctrina clara y constante en el sentido de que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 314:424; 319:178; 266:688; 248:73; 300:241), y de incompatibilidad inconciliable (Fallos: 322:842; y 322:919); y cuando no exista la posibilidad de otorgarle una interpretación que se compadezca con los principios y garantías de la Constitución Nacional (cfr. C.S.J.N.: Fallos 310:500, 310:1799, 315:1958, entre otros).

Esas razones conllevan a considerar la declaración de inconstitucionalidad como última ratio del orden jurídico (Fallos 312:122; 312:1437; 314:407; y 316:2624), es decir, como procedente sólo cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución (Fallos: 316:2624).

Por todo ello, en tanto el recurrente no demuestra la repugnancia constitucional que predica de la ley 24.316 sobre el Instituto de la Probation, ni de lo resuelto con arreglo a ella en la resolución que impugna, mi respuesta a la primera cuestión planteada es negativa.

De este modo, corresponde no hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Ramos, Luis N. c/ Sindicato Unido Trabajadores Jardineros, Parquistas, Viveristas y Floricultores de la Rep. Argentina y ot. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-02

La manifiesta insuficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impide el acceso de la Suprema Corte a la revisión de lo resuelto (art. 279, C.P.C.C. y su doct.).
Ex empresas del Estado, propiedad participada
Materia: LABORAL
Carátula: Brarda  Luisa otros c/ Ministerio de Economia s/ Part Acc. Obrero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-31

Los parámetros que toma en cuenta la ley para determinar la reparación debida no constituyen una fórmula matemática precisa.

El Estado Nacional reconoce un derecho a la indemnización ceñido a ciertas bases y con la finalidad de evitar el trámite judicial, pero ello no significa el reconocimiento o un allanamiento a una indemnización integral que solo puede obtenerse por medio de una sentencia. La condena debe limitarse a la suma que surge de los parámetros esbozados en la ley 25471 y su decreto reglamentario, ya que en el caso los demandantes no habían iniciado con anterioridad a la fecha de la sanción de la norma, una acción por daños persiguiendo el cobro de la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, por lo que no es posible comparar el monto reconocido por la referida ley, con la suma que podría resultar de una eventual sentencia favorable a los actores.
Beneficio de litigar sin gastos, tasa de justicia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R.G. M.C. c/ I., N.E. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-03

Se ha dicho que si se concede el beneficio de litigar sin gastos, carece de razonabilidad excluir de su alcance a la tasa de justicia, pues ésta constituye la erogación de mayor envergadura que debe efectuar el actor en el proceso. Tal conclusión también corresponde, si el incidente no ha sido resuelto, pues el carácter provisional asignado por el artículo 83 del CPCC conduce a la improcedencia del requerimiento del pago de la tasa de justicia.
Igualdad ante la ley, emergencia económica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sastre, Miguel y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa Otero, Raúl Ariel y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa Basaldella, Raúl Luis Antonio y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-02-17|1994-06-09|1994-03-02

No se ve menoscabo en el caso de esta garantía, pues aún ante la emergencia, no se ha demostrado la igualdad de circunstancias que conduzca a arbitrarios distingos, cuando es lícito presumir -y lo señala la demandada- la diferencia existente en el rango, nivel, y trascendencia de funciones entre empleados del Poder Legislativo y representantes del pueblo que ejercen ese Poder, la que se profundiza si se considera el estrato de responsabilidad que a cada uno le es propia. Diferencias éstas reconocidas a nivel de Poder Ejecutivo Provincial con la sanción de la Ley N°3632
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez, Paula c/ Transportes Atlantica S.A.C. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-07-23

Acreditada la actuación de una cosa riesgosa, como el automotor, el dueño o guardián responde por el daño. Para que esa responsabilidad no exista, lo que debe demostrarse es que la conducta de la víctima constituye la causa del daño. Resulta totalmente inconducente examinar si el comportamiento del damnificado se desarrolla con omisión de aquellas diligencias que exigieren las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, porque lo que interesa es la idoneidad de la actuación de la víctima para producir el evento dañoso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Avalos Benítez; Gómez Leiva; Flores Machado y otros. s/ Privación ilegal de la libertad calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-02-18

Resultan inaudibles en sede extraordinaria, por extemporáneas, las cuestiones que no fueron motivo de cuestionamiento oportuno para ante el tribunal de alzada mediante la expresión de agravios, por lo que no puede pretender la defensa someterlas intempestivamente al conocimiento de esta Corte.
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: García, Horacio Javier y otra c/ Hourtolou, Marcela Araceli y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-02-14

Discrepar con las decisiones de la sentencia no es base idónea de agravios, ni demuestra absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba.
Empleo público, reincorporación, conservación del empleo, acción contencioso administrativa, derechos subjetivos, Seguridad social, jubilaciones, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sicka, Rosa A. c/ Provincia de Córdoba. s/ Plena Jurisdicción - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-03-11

Los términos "reincorporación" "reingreso" no son sinónimos sino que se trata de figuras diferentes. Si bien ambas situaciones son similares, ya que en ambos casos el agente deja de pertenecer a la Administración Pública y luego vuelve a ésta, difieren en la causa o motivo que determinó la exclusión del empleado o funcionario de los cuadros de la misma, puesto qwue en una la causa es lícita y en el otro es ilícita.

Tal distinción asume importancia al momento de determinar los efectos que corresponden asignarle a una u otra situación atento a que en el primer caso, se considera que entre el cese y la reincorporación no hubo solución de continuidad y jurídicamente se admite que el agente nunca dejó de prestar servicios, en tanto que en el segundo caso, existe solución de continuidad entre el cese y el reingreso a la Administración y si el funcionario vuelve a ella será merced a un nuevo nombramiento.

Debe concebirse en general al "Derecho subjetivo administrativo" como el interés personal, directo y exclusivo que tiene un administrado determinado con relación a una norma que establece cuál es la conducta administrativa debida.

Si bien es plausible la intención de mitigar el rigorismo de la ley en materia de previsión social cuando lo permita una razonable interpretación del derecho aplicable, no cabe decir lo mismo cuando tal propósito sólo puede cumplirse al precio de apartarse de norma en debate.Por ello cuando se trata de la interpretación y correspondiente aplicación de una norma relacionada con la temática de la previsión social, la falta de acreditación de los requisitos esenciales exigidos por la misma para la procedencia de las pretensiones de la accionante, constituye un valladar que impide reconocer en favor de ésta, la existencia de un derecho no establecido legalmente a su favor.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, segunda instancia, revocación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: PESQUERA SAN FRANCISCO s/ Régimen penal cambiario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-23

1- Para fijar el monto de los honorarios se debe tomar en cuenta el monto del asunto o proceso susceptible de apreciación pecuniaria, su naturaleza y complejidad, el mérito de la labor profesional y demás pautas establecidas por el Art. 6° en sus diversos incisos de la Ley 21839.- La apreciación pecuniaria, debe tomar como parámetro el monto de la multa impuesta tal como lo decidiera la CSJN en causa "B.C.R.A. c/ Dorfman" del 2/7/85.- 2- Cuando en el Art. 14 de la Ley de Arancel se determina que si la sentencia fuera revocada en favor del apelante el honorario de su letrado se fijará en el 35 por ciento de la cantidad que deba fijarse en primera instancia, el Tribunal de alzada no está limitado por la regulación practicada en la instancia inferior pues dicho artículo no toma como base los honorarios "efectivamente" reguladas sino la cantidad que "deba" ser regulada.
Sucesiones, colación
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ DE PICCARDI EMILIA BEATRIZ c/ GOMEZ JOSE S/ COLACION-RENDICION DE CUENTAS, ETC. s/ RECURSOS DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-11-28

Al estructurar el instituto de la colación el codificador, apartándose del sistema francés, limitó la exigibilidad únicamente a las donaciones hechas por el difunto a un heredero y que ello no fue por inadvertencia, como lo demuestra la nota al art. 3479; puesto que en ésta, luego de recordar la enseñanza de los autores sobre el Código francés, según la cual deben ser traídas a colación todas las liberalidades que el difunto hubiese hecho en vida a sus sucesores, manifestó su discrepancia sosteniendo que ello implicaba dejar incierto lo que aquélla debía comprender y establecer un antecedente de infinitos litigios.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador, facultad de dirección
Materia: LABORAL
Carátula: BENITEZ, EULOGIO GERONIMO c/ SEVEL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-25

La situación de dependencia en la que, por necesidad estructural de la relación de trabajo, se encuentra el trabajador, justifica que el empleador asuma, en su calidad de empresario, las consecuencias de los daños que sobrevengan a aquél en la ejecución de dicha relación (el llamado 'riesgo de autoridad'), ya que es él quien, en ejercicio de sus poderes de organización y dirección, específica y concreta las prestaciones que el trabajador promete, genéricamente, al celebrar el contrato.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, transporte de pasajeros, accidente de tránsito
Materia: CIVIL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: JOSE ANGEL GARCIA Y OTROS s/ LESIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

Si a raíz del daño causado al vehículo de transporte automotor de pasajeros, se produjo la efectiva interrupción del servicio público, ello resulta suficiente para otorgar el conocimiento de la causa a la justicia federal.
Medidas cautelares, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fuhr, Javier Miguel c/ Pincen Automotores S.R.L. y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

Una medida cautelar peticionada en función de una causa principal que le brinda a la misma su encuadre fáctico - jurídico, carece de la autonomía e independencia que presupone el artículo 37 del decreto ley 8904/77, habida cuenta que su innegable accesoriedad predetermina la operatividad de los parámetros que edita el artículo 47 del citado cuerpo legal. Es decir, para practicar la regulación de los honorarios se deberá tomar en cuenta el monto que se reclame en el principal.
Recurso extraordinario, gravamen irreparable, caducidad de instancia, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Szelubsky, Jaime y otros c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

El pronunciamiento que confirmó la resolución que había declarado operada la caducidad de la instancia puede ocasionar a la actora un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior si, en virtud del art. 3987 del Código Civil, el tiempo transcurrido impidiera la posibilidad de replantear eficazmente la pretensión puesto que se habría cumplido el plazo de prescripción (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F. López y Adolfo R. Vázquez).
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba, falta de prueba, eximentes de responsabilidad, discrepancia del recurrente
Materia: PROCESAL
Carátula: J., A. M. c/ EL CONDOR ETSA y Otros s/ SUMARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-02-04

Surge evidente que las argumentaciones sustentatorias de la invocada violación a la ley (arts. 902 y 1113 del Cód. Civ.), como la invocada omisión de valorar prueba incorporada al proceso, resultan en definitiva una discrepancia subjetiva con la selección y apreciación de los elementos de información reunidos en el proceso, y por medio de los cuales se pretende debatir nuevamente la causa eficiente del daño, así como las eximentes de responsabilidad (culpa de la víctima, de un tercero por quien no debe responderse, caso fortuito) cuando dichas temáticas, por su naturaleza fáctica y probatoria, son propia de los jueces de grado y ajenas a la casación.
Daño moral, actos ilícitos, muerte del damnificado
Materia: CIVIL
Carátula: Insaurralde Alejandrina c/ Mercedes Benz Argentina SACIFIM s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-04

En caso de acto ilícito extracontractual del que se siga la muerte de la víctima, no corresponde fijar el daño moral en un porcentaje de los daños patrimoniales sino en función del vínculo familiar y demás circunstancias.
Accidente de tránsito, presunción de culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VILLANUEVA ORLANDO c/ HOURCADE, CELESTINO JUAN s/ SUMARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-30

Quien circula por la izquierda debe demostrar que la llegada a la bocacalle fue suficiente y razonablemente anticipada en pro de enervar los precitados efectos del prioritario paso en orden a la puntualizada presunción de culpabilidad. Acreditada en autos la acordada preferencia al accionado, era a los actores en el ejercicio distributivo de la carga probatoria- artídulo 363 del Código Procesal Civil y Comercial- a quienes cabía demostrar que accedieron a la bocacalle con suficiente antelación.
Prueba, actuaciones notariales, valor probatorio, debido proceso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SQUARTINI LUIS PRIMO c/ CAYETANO R. BECCACECI Y OTRO s/ Cobro Pesos (LIBRO: S121 - 400)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-09-24

... consignados en la actuacion notarial ... no tienen eficacia probatoria en esta sede jurisdiccional, al no haber sido llamado para su ratificacion, a fin de que la Juez y las partes pudiesen preguntarle; y es obvio que aqui esta en juego la garantia raigal del debido proceso.-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, excepciones procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aguirre, Matilde c/ Acosta Echegaray, Ramón s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-04

La decisión de la Cámara que -revocando el fallo de primera instancia que decretara la nulidad de actuaciones procesales y tuviera a la actora por desistida de la acción en los términos del artículo 352 in fine del Código Procesal Civil y Comercial-, rechaza la excepción opuesta por la demandada a quien se tiene por parte, no es susceptible de ser recurrida por la vía del artículo 278 del Código Procesal mencionado, pues no produce el efecto de finalizar la litis. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Delitos contra la humanidad, genocidio
Materia: PROCESAL
Carátula: Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Tucumán
Fecha: 2008-09-04|2008-09-04

Los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, homicidio, asociación ilícita perpetrados contra la víctima durante el Proceso de Reorganización Nacional como integrante del colectivo grupo político, no se subsumen en el delito de genocidio del derecho penal internacional según la formulación actual en la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio -CONUG-, pues los grupos políticos no se encuentran previstos en el delito de genocidio en el ius cogens con anterioridad al surgimiento de la CONUG, ni la jurisprudencia internacional los ha incluido entre los grupos protegidos y los Estados han aceptado la definición adoptada por la Convención.
Cheque, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tigre Argentino S.A. c/ Hidro Plata S.R.L. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

El portador del cheque no pagado puede reclamar los intereses al tipo bancario corriente en el lugar de pago, a partir del día de la presentación al cobro, vale decir el que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones normales de descuento a treinta días (art. 565, tercer apartado, Cód. de Comercio).
Recurso de queja (procesal), ley de contrato de trabajo, jornada de trabajo, prueba, orden público, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: LLAO LLAO RESORTS S.A. S/ QUEJA EN: REYES, PATRICIA C/LLAO LLAO RESORTS S.A. S/ SUMARIO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-12-20

El a quo aplica el art. 92 ter de la LCT porque los derechos del trabajador son de orden público indisponibles e irrenunciables y al dar por probada la carga horaria de la actora (no cuestionada en autos por la demandada) consideró desnaturalizado el modo de contratación previsto por el art. 68 inc. c) del CCT por cuanto con respecto a la accionante al menos, no existió el pretendido incremento extraordinario de la demanda no estacional que habría justificado la modalidad "discontinua" de prestación laboral, por ello resolvió que la trabajadora debe percibir el haber por jornada completa de trabajo y ya no por hora efectivamente trabajada, no sólo porque así lo dispone la norma legal sino porque apenas se considere que el valor de la misma, resulta ser el proporcional del haber mensual y no un importe lo suficientemente mayor que torne atractivo y conveniente para el trabajador la modalidad discontinua de trabajo ofrecida, no pudiendo el Convenio Colectivo en análisis ni cualquier otro, como bien sostuvo el a quo, establecer condiciones menos favorables para los trabajadores que aquellas garantizadas por la LCT arts.7, 8 y 9; debiendo -en caso de entrar en colisión ambas normas- ceder el CCT ante las disposiciones de orden público de la ley. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Monsalvo o Monzalvo, Raúl Mauricio y otros. s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-09-11

Para que el robo sea calificado en los términos del art. 166 inc. 2 del Código Penal sólo basta haber acreditado que en el hecho juzgado se utilizaron armas, en tanto ésta es la única exigencia de la calificante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Defensa en juicio, desobediencia a un funcionario público, declaración indagatoria, requerimiento de elevación a juicio, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: S., E. F.  c/  s/ Desobediencia (Causa Nº 42.610/2023)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-29

Derecho de defensa en juicio.

Magistrado que rechazó el pedido del representante del Ministerio Público Fiscal de adecuación del procedimiento a la normativa procesal nacional y corrió la vista que contempla el artículo 347, inciso 2°, del Código Procesal Penal. Proceso que inicialmente tramitó ante la justicia Penal, Contravencional y de Faltas. Vocal Lucero: Actos llevados a cabo en extraña jurisdicción que son válidos y gozan de plena fe. Ordenamiento procesal que debe ser interpretado en forma uniforme y no puede, en ocasiones, adaptarse sin resentir el derecho de defensa en juicio. Caso concreto en donde se le estaría vedando la posibilidad de un recurso que la propia norma le acuerda. Necesidad de adaptar el procedimiento a los cánones del Código Procesal Penal de la Nación. Imputado que debe ser convocado a prestar declaración indagatoria para que ofrezca su versión y resolver la situación procesal. Vocal Cicciaro: Requerimiento de elevación a juicio que debe estar precedido del correspondiente auto de procesamiento (artículo 346 del CPPN y doctrina del plenario Blanc de la Cámara Nacional de Casación Penal). Imputado que debe ser escuchado por el magistrado nacional de modo de adecuar el ejercicio de la defensa material a las formalidades previstas por el artículo 294 y subsiguientes del CPPN, y si correspondiere, dictar el necesario auto de procesamiento que resulta inexorable para requerir la elevación a juicio.Revocación. Magistrado que debe escuchar en declaración indagatoria al imputado y resolver su situación procesal.