marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tutela sindical, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CARDOZO, Pablo José c/ IAFAS s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-02-28

En el precedente "MARTINEZ Y SEDEVCIC c/ I.A.F.A.S." -3/III/00-, se expresó que: "durante el largo tiempo la competencia ad-quem en los procesos de amparo, de ejecución y de prohibición estuvo legalmente asignada a la Sala N1 en lo Penal de este Tribunal, fue criterio jurisprudencial que, para el caso en que se denuncien violaciones a la tutela sindical garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, no obstante disponer el actor de una vía procesal sumarísima prevista en la misma Ley de Asociaciones Sindicales, si el sustrato fáctico que constituye el objeto de la denuncia puede ser canalizado procesalmente por la vía específica ante los tribunales laborales (artículos 47 y 63 de la Ley 23551) y, a la vez, daría lugar a pretender el remedio genérico previsto en los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Provincial, mediante el procedimiento establecido en el Capítulo I de la Ley N 8369, cabe al actor la selección del remedio a su alcance del modo que considere mejor resguardados sus derechos y sin que la opción del remedio de carácter general pueda verse obstaculizada por la existencia del restante de carácter específico, pero que presenta las mismas cualidades de excepcionalidad que el anterior.

De tal modo, aún cuando en estos especiales supuestos existiría otra vía judicial idónea, es evidente que la tramitación del sumarísimo del artículo 484 del Código Procesal Civil y Comercial muestra diferencias esenciales con el proceso de la Ley 8369, reconociendo, por ejemplo, una palmaria menor celeridad para su final resolución, y si quien considera afectada una garantía constitucional en su perjuicio escoge, como vía más idónea, la de la acción genérica de amparo, no hay razón para imponerle una reprochable discriminación impidiéndole acceder a ella, bajo el -en el caso- opinable fundamento legal de la cláusula de inadmisibilidad consagrada en el artículo 3, inciso a, de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Tales razones llevan a reafirmar el criterio expresado, pronunciándose por la admisibilidad de la acción de amparo bajo examen.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Segal, Carlos Alberto y otros s/ Robo calificado calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se cuestiona la habilidad de un testigo, debido a su carácter de víctima y denunciante, si no se acompaña el agravio con el pertinente fundamento legal, pues aún considerando que en relación al mismo se hubiera invocado el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.), no ha intentado evidenciar el recurrente de qué modo las circunstancias que señala y que a su juicio invalidarían el testimonio- resultarían violatorias de las reglas de la sana crítica.
Oposición de defensas, oportunidad procesal, preclusión, fallos del Superior Tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (A.F.A.D.A. ONG) c/zoológico Bubalco s/amparo (F)" c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2023-05-09

Si la parte no introdujo los argumentos de su defensa en la etapa procesal oportuna, todos los intentos y argumentaciones a la postre desarrollados para salvar la omisión, resultan vanos por aplicación del principio de preclusión procesal (cf. STJRNS4 Se. 25/23 "NONNENMACHER"). (Voto de la Dra. Criado sin disidencia)
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Agüero Salas, Miguel Angel s/ Robo calificado Morales, Miguel Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03|2000-06-07

Aquello de que lo usual es que los revólveres disparen es una inferencia que no constituye la demostración de que los revólveres siempre disparan sino la descripción de sólo una presunción de ello. Pues si lo usual y razonable es que quien empuña un "arma" de fuego la lleve en condiciones de disparar entonces del hecho de haberla esgrimido puede extraerse la presunción de que se hallaba en condiciones de arrojar proyectiles (arts. 258 y 259 incs. 3, 5, 6 in fine y 7, C.P.P.); claro está que una sola presunción no produce plena prueba de un hecho.
Jubilación de abogados, derecho al beneficio, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Garibotti, Juana  Genoveva c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

Procede aplicar en el ámbito de la seguridad social de los profesionales del derecho las previsiones de la ley 10.754 (mod. del dec. ley 9650/80), enderezadas al reconocimiento de iguales derechos a quienes se encuentren en las mismas circunstancias (conc. arts. 10 y 159, Const. Prov.) si, como en el caso, la interesada acredita haber convivido públicamente en aparente matrimonio con el causante durante por lo menos un período de cinco años inmediatamente anterior al fallecimiento (cumpliendo con el requisito del art. 31 inc.1, ley cit.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, horario de trabajo, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González, Oscar Rodolfo c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Las disposiciones de la ley 10.944, sancionada el 16-VIII-90 y publicada el 31-VIII-90, tuvieron efecto retroactivo puesto que, según establece el mismo texto legal, entró en vigencia el 1-IV-90 art. 3º). De allí que el cumplimiento del exceso de tres horas diarias de labor entre los meses de abril y agosto de 1990, que originó el pago del suplemento por dedicación exclusiva para algunos agentes de la Administración Pública, no fue ya un recaudo que el agente debiera cumplir para obtener -durante ese período- el pago del adicional por Disposición Permanente y el exceso horario cumplido durante ese lapso fue compensado por la Administración a través de lo dispuesto por el decreto 3481/91.
Protección de la vivienda, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Roget, Carlos Alberto c/ Buchianeri, Silvina Andrea s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

La protección que instaura el instituto "Bien de familia" no puede convertirse en vehículo o instrumento para sorprender a los acreedores, burlando las legítimas expectativas que han tenido en cuenta para conceder crédito, fundamentalmente sobre la base de la confianza y solvencia demostrada por el deudor, pues una elemental aplicación del principio de buena fe contractual impone que, a los efectos de determinar la oponibilidad del beneficio, se considere la situación patrimonial del obligado que se tuvo en vista al momento de contratar y no a su vencimiento o a la fecha desde la cual se hizo exigible, ya que de lo contrario se prestaría al fraude a los acreedores, principio aquél que resultaría lesionado si se tolerase que el fiador disminuya la garantía que el locador tuvo en cuenta la aceptarlo en aquella calidad (art. 1198, primera parte del Código Civil). El eje de la inembargabilidad está representado en el caso por el principio de que son los compromisos pecuniarios contraídos después de la inscripción los únicos que pierden ejecutabilidad y que tratándose de obligaciones contractuales -como aquí ocurre- el origen cronológico del crédito surge de la fecha del contrato, como lógico complemento de la carencia de todo procedimiento destinado a facilitar la oposición de los acreedores que -por ser anteriores- no pueden quedar perjudicados.
Derecho de registro e inspección, multa, procedimiento tributario, CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE SANTA FE, leyes, constitucionalidad, defensa en juicio, derecho a ser oído
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Agencia Marítima Christophersen S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nro. 159 año 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

No puede prosperar el agravio de la actora quien sostiene la inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Tributario Municipal por autorizar la aplicación de sanciones sin sumario previo desde que exige la instrucción de un sumario administrativo, sin dar mayores precisiones acerca de cómo debería concretamente estructurarse tal procedimiento y sin dar razones acerca de porqué el plazo de diez días que establece el artículo 44 a los fines de presentar un descargo - dentro del cual nada impide que también pueda proponer pruebas- resultaría insuficiente a los fines de resguardar su defensa; máxime si se tiene en cuenta que los presupuestos objetivos de las infracciones a que refiere esta norma ("infracción por omisión") resultan de configuración relativamente clara.
Derecho procesal, partes, costas, honorarios, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mansilla, José Daniel  c/ Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-17

La correcta interpretación del CCCN 730 (anterior CCIV 505) no implica fijar oficiosamente un límite máximo al que deba someterse la cuantificación de la retribución sino, únicamente, establecer una valla a la responsabilidad del deudor por el pago de las costas del juicio (cfr. CSJN, Fallos 332:921; 332:1118; 332:1276 y 342:1193). Y como tal, por tratarse de una materia distinta al quantum de los honorarios profesionales, tal limitación debe ser propuesta recién en ocasión de su ejecución (conf. CNCom, Sala D in re "Marvecchio Carolina c/ contra Seiseme s/ ordinario", del 19/11/19, entre otros).
Pensiones, matrimonio del cónyuge supérstite
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GOMEZ, PAULINA A. CARBALL DE s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1970-12-18

'Dejar sin efecto el plenario 77 dictado por esta Cámara el 14 de julio de 1961 en la causa 'Baccaro, Juan s/ pensión' solicitada por Elvira Delia Camarano'.
Revocación de sentencia, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, póliza, nulidad parcial
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Villarruel, Jorge Oscar c/ CNA. Y S. s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que omitió examinar el planteo fundado en la nulidad parcial de la póliza, introducido en la demanda, mantenido en la contestación de agravios y que se considera relevante para la solución del caso.
Recusación, recusación con causa, devolución del expediente, organismo de origen
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA, RAUL c/ TRANSPORTES AUTOMOTORES CHEVALLIER  SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-17

La atribución provisional de un proceso a un magistrado mientras se sustancia un incidente de recusación con causa, que posteriormente es rechazado, con la correspondiente devolución del expediente al tribunal de origen, en forma alguna importa prevención a favor del juez subrogante (en el caso, se trato del rechazo de una anterior recusación sin causa, con fundamento en lo extemporáneo de su presentación, resolución que implicó la devolución del expediente, y puso fin a tal subrogación, mera sustitución circunstancial, que se agotó con el antecedente referido y que, en forma alguna, puede causar prevención, con efectos de perpetuación de la trámite, para futuras subrogaciones).
Defensa del consumidor, multa, automotores
Materia: COMERCIAL
Carátula: "Volkswagen Argentina S.A. (T.F. 18.274-A) c/ D.G.A.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-15

Una empresa automotriz puede ser sancionada con una multa por infracción al artículo 12 de la ley 24.240 por presentar un automovil severas deficiencias de funcionamiento y defectos de fabricación desde el primer momento, a pesar de tratarse de un producto nuevo dado que, aún cuando se realizaron diversas reparaciones, los desperfectos no fueron solucionados en los términos de la garantía otorgada.
Carta certificada, fe pública, prueba
Materia: PENAL
Carátula: ENCOTEL s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

El documento privado tendrá relevancia jurídica en la medida en que su contenido de pensamiento pueda determinar una prueba trascendente para el derecho y esto no puede ponerse en duda respecto de la pieza postal certificada cuya función probatoria suele estar establecida expresamente por la ley.
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, inhibición general de bienes
Materia: COMERCIAL
Carátula: BERTERO    DANTE   JOSE  FRANCISCO  VERIFICACION  TARDIA  EN:  REHACE EXPEDIENTE EN KONSTRUCCIONES  S.A. s/ QUIEBRA PEDIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-18

Si la situación de ex-fallida (por el acuerdo resolutivo homologado) de la firma que se encontraba en quiebra, tiene el presupuesto de que se mantiene la limitación impuesta antes, según lo dispone la parte final del art. 66 de la ley concursal 19551, por el inc. 8 del art. 14 del citado cuerpo legal, lo que quiere decir que, dada aquella situación, dicha firma no puede se considerada parte contraria o adversario, (conceptos que suponen amplitud de facultades para efectuar reconocimientos o negativas) en el sentido de que surge del art. 196 del C.P.C, por las consecuencias que pueden resultar de aquel acto, corresponde denegar la prueba confesional del; representante legal de la firma ex fallida.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, actos y diligencias procesales, consentimiento, preclusión
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PASADENA S.A. c/ BANCO NACION ARGENTINA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-03-01

Corresponde rechazar la queja desde que los agravios del recurrente- en torno a que se dio trámite al recurso de apelación interpuesto cuando se había operado la preclusión prevista por el art. 108 del CPCC- refieren a cuestiones procesales cuya trascendencia para eludir el principio de irrecurribilidad no fue acreditada y que traducen "la sola discrepancia" de su parte con la aplicación de las normas legales efectuada por la Alzada, sin lograr conmover la razonabilidad de lo sostenido por los magistrados sobre que "efectivamente la demandada consintió el decreto de concesión del recurso de apelación (artículo 355 C.P.C.C.), habiendo precluido para ella la posibilidad de cuestionarlo
Sentencia, cosa juzgada, prueba de informes, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASAL, FRANCISCO  M. c/ LOCOCO, BRUNO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-30

La circunstancia de que la sentencia dictada hubiera sido fundada en la valoración de medios de prueba informativa presuntamente errónea, conforme indicó con posterioridad el mismo informante, no quita a aquella su efecto de cosa juzgada irrevisable para el tribunal.
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvira Félix Antonio c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

El art. 2° de la ley 11.207 comprende a los que no obtuvieron el beneficio por la falta de años de servicio y a los que habiéndolo obtenido lo alcanzaron limitadamente por su escasa antiguedad.

Ahora, merced al reconocimiento legal, pueden los primeros obtener el beneficio y los segundos aumentar los años de servicio computables y así, incrementar su haber previsional.
Acción de inconstitucionalidad, verosimilitud del derecho invocado, carácter alimentario, beneficios previsionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Druetta, Augusto Pedro Luis y ots. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad leyes 11.761 y 13.364. Incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-12-14

Esta Suprema Corte ha admitido -en determinadas circunstancias- la suspensión de los efectos de la norma cuestionada en la acción de inconstitucionalidad, en los casos en que la aplicación de la misma importe innovar en la cosa litigiosa con evidente perjuicio para el derecho invocado. Siendo así, y resultando verosímil el derecho en que se funda la demanda (conf. doct. causa I. 1904, "Martín", sent. 8-III-2006, y voto en minoría en las causas A. 69.664, "González, Josefa", sent. del 6-V-2009 e I. 2.024, "Velurtas", sent. del 10-VI-2009) e irreparable el perjuicio que se alega a tenor de las circunstancias invocadas y considerando que la medida que se pide recae sobre una prestación de índole alimentaria y de carácter personalísimo, corresponde hacer lugar de manera total a la pretensión cautelar y, por consiguiente, ordenar que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, se abstenga de modificar la situación previsional del coactor, lo que implica que, en lo sucesivo, deberán liquidarse sus haberes previsionales conforme las pautas contenidas en la ley vigente a la fecha de ocurrir el hecho generador de la prestación de que se trate.(Dres. Negri-Kogan, minoría)
Daños y perjuicios, indemnización, prueba, daño material, legitimación activa, homicidio
Materia: CIVIL
Carátula: Lugo, Francisca del C. c/ Angelino, José L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

La nómina de damnificados indirectos por un homicidio es amplia y se extiende más allá de la vocación sucesoria, del parentesco y del derecho alimentario, quedando legitimado para accionar todo aquel que sufre por ese hecho un daño cierto en relación causal adecuada.

La exigencia probatoria no es la misma para todos los damnificados, si se aprecia que en los supuestos de homicidios es factible distinguir dos clases de damnificados, los supeditados a la prueba del daño, que para tener derecho a una indemnización deben necesariamente probar el perjuicio, y los denominados presuntos, integrados por la viuda y los hijos menores del muerto, quienes a diferencia de los primeros, se encuentran sometidos a un régimen especial, edificado sobre la presunción de la existencia del daño patrimonial, en virtud de la cual se los exime de la prueba concreta del menoscabo, recayendo sobre el autor del delito, la carga de demostrar que la muerte no ocasionó el perjuicio que se pretende.
Recurso extraordinario, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ REGA, JOSE s/ ASOCIACION ILICITA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-22

Los argumentos esgrimidos para sostener la existencia de cuestión federal basada en la violación de las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada a nuestro derecho por Ley 23.054, sólo tiene por objeto pretender constituir el Alto Tribunal en una tercera instancia de la causa, lo cual no habilita tampoco el remedio federal.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Marano Walter G. c/ B.E.R.S.A. y otro s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-05-28

Conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, es improcedente la declaración de oficio de invalidez constitucional de un texto normativo.
Facultades del juez, medidas para mejor proveer, declaración de negligencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lescano, Edelmiro Enrique c/ Del Blanco, Horacio Rubén y Otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-29

El juez solamente puede ordenar aquellas diligencias para mejor proveer que no signifiquen sustituirse a la inactividad probatoria de la parte que debió producir la prueba ofrecida o, en otras palabras, suplir la negligencia de las partes o la ausencia total de material probatorio de una de las partes.
Costas, vencimiento parcial y mutuo, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: MAPFRE ACONCAGUA CIA. DE SEGUROS S.A. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. "OCEAN TERESA" s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

Lo que el art. 71 del Código Procesal procura es una distribución equitativa de los gastos del juicio en función del éxito de cada parte. Y es obvio que si una destruye casi todas las defensas de la otra, y obtiene así el reconocimiento de su derecho (que le es negado) y la oponente lo único que consigue es disminuir un porcentaje del daño que debe indemnizar, ceñirse estrictamente al monto de ese daño y no computar todo el resto de la causa importa una miope hermenéutica de la norma y torpe percepción de su finalidad. Este Tribunal -al menos en los casi 20 años que llevo en él-ha privilegiado siempre el tema de la responsabilidad. Y al vencedor en ese aspecto -que es el núcleo central de la controversia-le hemos reconocido reiteradamente un 60% de las costas, asignando el 40% restante al monto del reclamo. Luego, si la actora triunfó en el punto neurálgico (60% de las costas) y obtuvo un éxito del 67% en el quántum demandado, ese 67% aplicado al 40% antes aludido significa exactamente un 26,80%.

Y sumando el 60% de la responsabilidad mas el 26,80% del monto, tiénese como justo -según el criterio invariable de la Sala-reconocer a la actora el derecho a que le sea reembolsado un 86,80% de los gastos causídicos; porcentaje que prácticamente es igual al que fijó el señor juez. (Del voto del Dr. E. Vocos Conesa)
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Balmaceda, Esmeralda Geronima c/ Empresa 30 de Agosto SRL y Ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-01

En la responsabilidad derivada del riesgo o vicio de la cosa, no interesa si hubo culpa, negligencia o falta de previsión en el dueño o guardián, porque éstos no son elementos exigidos por la norma para atribuir responsabilidad, a tal punto, que la ausencia de alguno de ellos no exime aquella. (Minoría u opinión personal)
Intimidación pública, actividades subversivas, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: GRUBEN, Guillermo H. s/ competencia Causa 26.457
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-30

La figura típica en la cual se ha subsumido la conducta juzgada requiere una intención dirigida a la perturbación del orden, que se asienta no tanto en el resultado obtenido por los agentes sino más bien en el elemento subjetivo consistente en el designio de intimidar para que resulte afectada la tranquilidad pública. Las circunstancias enumeradas dan cuenta del claro efecto provocador, más aún si se tiene en cuenta el estado de sensibilidad de la sociedad frente a sucesos terroristas. No se puede atribuirse a la casualidad sino a una planificación previa que los medios empleados, aunque evidentemente inidóneos y con una finalidad distinta, fuesen los mismos que los que se utilizaron para atentar meses antes del suceso que aquí se investiga contra el edificio de la Asociación Mutual Israelí Argentina. (Se trató de un asalto simulado frente al edificio del Club Macabi).