Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación de la resolución, resoluciones apelables, querellante, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SALTA
Materia: PROCESAL
Carátula: ORTEGA NESTOR RICARDO,  FIORENZA LILIANA E. Y NASSER, NADUA c/ ASTUDILLO ROSA, LISTER HUGO CESAR s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-28

La figura del querellante fue incorporada a nuestro código de ritos por Ley 7.262 del año 2003 en el Capítulo II del Título V del Libro I.

En el art. 79 del C.P.P. titulado "Forma del acto" en el que en el primer párrafo refiriéndose a la constitución de parte civil se establecen los requisitos para su formulación y en el segundo párrafo se indica, respecto de la constitución en parte querellante que se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el párrafo anterior.

Tales exigencias formales se establecen bajo pena de inadmisibilidad. La sanción de inadmisibilidad está prevista ante el no cumplimiento del acto de las formas prescriptas por la norma procesal, con su no incorporación al proceso.

La exigencia legal para el pretenso actor civil de "los motivos en los que se funda la acción" para su incorporación al proceso penal resulta justificada por cuanto importa el ejercicio de la respectiva acción civil en su manifestación inicial -promoción-, sin que para ello se exijan fórmulas sacramentales pero sí resulta necesario consignar de una manera inequívoca los aspectos relativos a los motivos en que se funda la acción, el carácter que se invoca y el daño que se pretende haber sufrido sin que en esta instancia se requiera la determinación de un monto resarcible. No resulta por ende suficiente la mera mención a los términos ya denunciados o una remisión a las constancias de la causa.

Exigir tal requisito al querellante importa desconocer el rol asignado por ley a dicho sujeto eventual del proceso penal. Y ello es así por cuanto en nuestro sistema procesal, el "querellante conjunto" en virtud de las facultades que el código de ritos le asigna, no actúa en forma autónoma en el proceso y como acusador público, sino que se adhiere a la acusación y a las conclusiones del Ministerio Fiscal.

Actúa como colaborador del acusador público, puede solicitar diligencias útiles para comprobar el delito e individualizar a su autor, activar el procedimiento, recurrir en los casos, por los medios y en la forma prevista para el fiscal, pero carece del efecto promotor del proceso y de la facultad de acusar en el juicio.

De allí que debe previamente estar definida la acción penal en el parte preventivo y/o en la acusación fiscal por su titular, con sus concretas especificaciones en cuanto al hecho presuntamente delictuoso y las circunstancias de tiempo modo y lugar de su acaecimiento que le dan sustento o fundamento.

El querellante a fin de posibilitar su incorporación al proceso penal, sólo le cabe justificar que es damnificado directo por el delito, en efecto para ser legitimado como querellante es de regla que se trate del ofendido, o sea del titular del bien jurídico que el delito afecta, y puede extenderse al representante legal y a los herederos.

Queda excluído el simplemente damnificado, o sea el que por el hecho sufre solamente un detrimento patrimonial o moral. Lo común es que el damnificado sea a su vez el ofendido, pero hay casos en que esa superposición no se da. El "directamente damnificado", conforme limita la jurisprudencia al "daminificado" es en realidad el particularmente ofendido por un delito de acción pública.