marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cesión de créditos, deudor cedido, notificación al deudor
Materia: CIVIL
Carátula: GESUALDO BENJAMIN DONATO c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

Mientras no se haya notificado la cesión al deudor cedido, el cedente puede exigir la satisfacción de su crédito, debiendo el deudor hacer el pago al cedente, aunque tenga conocimiento de la cesión (Salas - Trigo Represas, "Código Civil anotado", Tomo 2, pág.

202; Cámara Comercial, JA, 1946-IV-387). Si la notificación proviene del cesionario, o de un escribano comisionado a ese efecto, debe ser practicada en base a un documento auténtico emanado del cedente, en el que conste la cesión. Y el contenido de la notificación, aunque no transcriba el documento de cesión, debe suministrar al deudor lo sustancial de ese acto (Llambías-Alterini, "Código Civil anotado", Tomo III-B, págs. 55 y 59).
Acción de inconstitucionalidad, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ocral S.A. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 11.665
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

La cuestión litigiosa deviene abstracta si el régimen legal de suspensión del trámite de juicios implantado por la ley 11.665 y sus sucesivas prórrogas (leyes 11.784, 11.865 y 11.946) se ha agotado en su vigencia, por haber transcurrido los términos normativamente establecidos y el supuesto agravio invocado por los actores circunscribió a la aplicación de la norma, y no se extendió, en momento alguno, más allá.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, autosuficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Limitada de Prov. de Serv. Elect. O. y Serv. Públicos As. Viv. y Consumo Pehuajó c/ Frigorífico Pehuajó S.A. y otra s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe autoabastecerse.
Daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cárdenas, Erwin Daniel c/ Sucesores de Norberto J. Fernández y otro s/ Accidente acción civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-02-14

Es guardián quien ejerce de hecho o de derecho un poder de mando, gobierno, dirección o control sobre la cosa. La responsabilidad establecida en primer lugar sobre el dueño de la cosa, no lo es por el mero hecho de ser propietario de la misma, sino porque en razón de serlo, es el que ordinariamente se sirve de la cosa y tiene a su cargo el deber de vigilancia. En otros términos, el dueño responde en tanto "guardián" natural de la cosa y por el hecho de servirse de ella. Por consiguiente la idea de "servicio" en interés propio, es fundamental para caracterizar el responsable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, escrito recursorio, traslado, nulidad del acto jurídico, fundamentos insuficientes
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ANDREOLI, GERARDO ENZO c/ ISALEX SA s/ APREMIO     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 519-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-23

Corresponde anular la providencia que deniega la concesión del recurso de inconstitucionalidad, si el mismo se ha tramitado sin correr a la contraparte el traslado exigido por el artículo 4 de la ley 7055 y tampoco se ha cumplido con la carga legal de formular un juicio fundado, acerca de la admisibilidad del recurso, para satisfacer de ese modo la exigencia constitucional que prescribe que las sentencias y autos interlocutorios deben tener fundamentación suficiente, so pena de nulidad.
Facultades del Poder Legislativo, facultades del Poder Ejecutivo, decreto reglamentario
Materia: LABORAL
Carátula: BARCO DE CERBASE, MARTA c/ SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Los decretos 1757/90 y 1930/90, reglamentarios de las leyes 23696 y 23697 son normas que ejecutan la ley en las materias queridas por el Congreso y que encuentran su fundamento constitucional en el juego armónico de los arts. 67 inc. 28 y 86 inc. 2 de la Constitución Nacional. Tal la doctrina receptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se expresó: "La cuestión no es si la acción legislativa afecta los contratos, directa o indirectamente, sino si la legislación está dirigida a un fin legítimo y si las medidas adoptadas son razonables o apropieadas para su finalidad".
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria, segunda instancia, incidentes, leyes, interpretación sistemática
Materia: PROCESAL
Carátula: Strembel de Lanzillota, Lidia s/ Declaratoria. Cuestión a resolver: ¿Cuál es el honorario profesional  que corresponde regular respecto a los incidentes articulados en la  alzada atento al régimen de la ley local 6767 de aranceles  profesionales de abogados y procuradores? (Expte. Nro. 163- 83)   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-31

La eventualidad de que el incidente se haya articulado en la alzada amén de enmarcar esa contención en el trámite ya ante los estrados de la Cámara agrega una cierta afectación (un grado de afectación) al instituto primario "incidente". Tal conjetura puede incluso ser dogmática en la medida en que el artículo 19 de la ley de aranceles literalmente estatuye- "El honorario de segunda instancia, se regulará a razón del cincuenta por ciento del honorario definitivo de primera instancia". El principio de subsidiariedad se verifica en el caso de manera expresa. La aplicación del artículo 19 no desvirtúa el artículo 16 en cuanto no hay colisión de normas sino interpretación sistemática, y tampoco un concurso meramente aparente de disposiciones sino una hipótesis más, de las tantas, en las que la característica "instancia" morigera (si de la alzada se trata) la alícuota del artículo 16. Esta subsidiariedad opera aquí por "interferencia" como por "progresión" de la figura básica del artículo 16. (Del Voto del Dr. Chiappini -En Disidencia-).
Recurso de apelación (procesal), legitimación procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ferrus, Haydee Alcira s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

El letrado quejoso, no actúa invocando representación alguna de los herederos o de terceros, sino que lo hace en nombre propio por estar en juego un derecho que le es personalísimo, emergente de la labor profesional que desplegara en los autos principales. Se trata ni más ni menos de una simple puja respecto de los pertinentes honorarios profesionales devengados y previamente acordados. En su virtud, deberá admitirse la queja y conceder el recurso de apelación denegado. (Minoría u opinión personal)
Facultades jurisdiccionales, deberes del juez, interpretación de la constitución
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramírez, Juan Carlos c/ E.B.Y. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

Según los términos del art. 116 de la Constitución Nacional, no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Daños y perjuicios, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes, concepto de dependencia
Materia: CIVIL
Carátula: VARELA, Tomás y otro c/ OBRAS SANITARIAS DE LA NACION y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-27

La responsabilidad del principal opera aún en el ejercicio aparente de las funciones por parte del dependiente. Esto ocurre cuando el agente comete el hecho ilícito actuando de manera manifiesta u ostensible dentro de la esfera de la incumbencia o función que le atañe, o con los elementos propios de tal función, aunque dicha situación no constituya más que una mera apariencia, que no coincide con la realidad oculta, sea por haberse contrariado expresas órdenes, o por haberse obrado en la emergencia sin instrucciones especiales al respecto, o aún valiéndose el subordinado de la función para su disfrute o beneficio particular.
Cuidado personal compartido, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: E., M. J. s/ asistencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-07

La prevención del juez opera mientras no haya cesado la intervención del Tribunal. El art. 13 del dec. ley. 10.067/83 al atribuir toda nueva causa que se origine respecto de un menor, a la competencia del juez que haya prevenido en el conocimiento del incapaz, no distingue la naturaleza de los nuevos procesos, desde que lo perseguido es el tratamiento integral, por parte de un único magistrado, de la situación de desamparo o inconducta del causante.

( arts. 13, 47 dec. ley 10.067/83 ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, leyes, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Soliverez, Carlos y otra c/ Mandamus. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

La presunción de validez de las leyes sólo debe ceder ante una prueba tan clara y precisa como sea posible de la transgresión constitucional que se les imputa.
Culpa penal, in dubio pro reo, prueba, acusación, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: JUAREZ ALDO CESAR S.D. VIOLACION Y HOMICIDIO CALIFICADO EN CONCURSO REAL E.P. DE MARIA VIRGINIA ITURRIAGA s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-03-31

El instituto del in dubio pro reo, recogido por el Código de Procedimientos en su art. 4 , rescata el principio de que corresponde a la acusación probar el hecho y la responsabilidad del procesado, y al tribunal la certeza respecto de la suficiencia de la prueba para condenarlo.
Declaración testimonial, principio de oralidad, jueces
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LIVERA, EDUARDO s/ PRESUNTA INFRACCION ART. 119 CPE S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-09-08

El art. 362 del CPP prevé, entre otras excepciones al principio de que las declaraciones testimoniales no podrán ser suplidas-bajo pena de nulidad-por las prestadas en la instrucción, la situación planteada "cuando el Ministerio Fiscal y las partes hubieran prestado su conformidad o la presten cuando no comparezca el testigo cuya citación se ordenó...". Es cierto, y cabe admitirlo sin reparos, que el defensor del acusado , en autos, en la estación procesal del art. 362 del ritual, consintió la no comparecencia del testigo, pero también es cierto que incumbía al fiscal, por ser un elemento de cargo, solicitar dicha declaración. Lo que se incorpora, en el caso, son las declaraciones del menor-testigo-prestadas en la instrucción, de sólo unos cuantos renglones y sin descripción fehaciente del hecho. La obligación de indagar del Juez (art. 223 CPP) debe ser realizada bajo las prescripciones del art. 105, en función del art. 233 CPP, especialmente en lo atinente a que "cuando se proceda por escrito se consignarán las preguntas y las respuestas". Este deficiente relato del hecho, donde no se sindica al autor-del delito-no puede servir de base a la sentencia condenatoria. Por otro lado, el testigo se encontraba presente al momento de iniciar la audiencia, es decir, había comparecido a la citación, situación que contradiría el supuesto del art. 362, que entonces no debió aplicarse.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la constitución, libertad de prensa, censura previa
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Morales Solá, Joaquín Miguel s/ injurias - causa n° 9648 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Existe cuestión federal bastante para su tratamiento por la vía extraordinaria si el a quo decidió en forma contraria a las pretensiones del recurrente la cuestión constitucional fundada en los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional (art. 14, inc. 3, ley 48) (Voto de los Dres. Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano, Adolfo Roberto Vázquez y disidencia parcial de los Dres.

Carlos S. Fayt y Enrique Santiago Petracchi).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Masil S.R.L. y otras s/ Inconstitucionalidad, art. 2, ley 11.825 Expreso Paraná S.A. s/ Inconstitucionalidad Ordenanza Nº 2685
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-15|2004-04-27

No se demuestra la violación de la libertad de trabajar y comerciar consagrada por la Constitución local si la parte actora se limita a señalar que la norma legal atacada modifica arbitrariamente las condiciones de su actividad comercial.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, recurso de rescisión, procedimiento laboral, interpretación de la ley, ley procesal
Materia: LABORAL
Carátula: FABRIZI, ALDO ALBERO c/ HORST S.R.L. Y/O HORACIO LUIS HORST s/ Cobro de pesos - Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

A los fines de adoptar una determinación sobre la viabilidad del recurso de rescisión, no cabe considerarlo en forma aislada sino dentro del contexto de nuestro Código de Procedimientos en lo Laboral. Una interpretación teleológica del mismo nos lleva necesariamente a sus raíces. Ya en el Mensaje de elevación del Anteproyecto de Ley Procesal Laboral (21.09.76) se destacó que la Comisión respectiva "efectuó un análisis comparativo con relación a la legislación procesal laboral de la Capital Federal y de otras provincias para ponderar la posible incorporación y vigencia adecuada al anteproyecto, procurando armonizar la implementación de un procedimiento apto para instrumentar eficazmente la justicia social con las garantías insoslayables que requiere la defensa en juicio". A su vez, la Comisión redactora de tal Anteproyecto al formular su Exposición de Motivos, explicitó que prevaleció el criterio de elaborar un régimen especial que contempla aquellos caracteres particulares que deben configurar el proceso laboral, para responder adecuadamente a los fines y principios informadores de la materia y que, en lo demás, se hizo expresa remisión a la "ley procesal común" (el Código Procesal, Civil y Comercial), por lo que "en base a ello se formuló un esquema previo de todas las instituciones que debían ser consideradas en la iniciativa consiguiente a los efectos de compaginar con unidad de conceptos y de normas el proceso judicial laboral, de conformidad con los postulados propios de esta rama del derecho".- Es evidente entonces que, pensando en un proceso acorde con el derecho de fondo, el que tiende a nivelar a las partes en razón de la desigualdad habitual que se observa entre ellas, y previo estudio de las instituciones, se decidió no regular el recurso de rescisión tal como lo indicara expresamente la Comisión redactora del Anteproyecto del C.P.L. en su Exposición de Motivos, aclarando que es su criterio que en los casos que dan motivo a la interposición del mismo se deberá aplicar lo dispuesto en el título relativo a la ineficacia de los actos procesales. La no inclusión, entonces, del recurso de rescisión en el Código de Procedimientos en lo Laboral (ley 7945), fue una actitud deliberada de la Comisión Redactora del Anteproyecto respectivo, con lo que no existen dudas que con ello se trató de preservar la homogeneidad deseada con el derecho de fondo y la unidad de conceptos que integran el C.P.L. (Del Voto de la Dra.

Bugni de Basualdo) En el caso, la cuestión a resolver era la procedencia de la aplicación del recurso de rescisión en el procedimiento laboral.
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, daño causado por animales, presunción legal, daños y perjuicios, responsabilidad civil, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: Gavira, Natalia Raquel c/ Alvarez, Nestor Omar s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-08-08

El dueño del animal que atacó a una persona debe indemnizar los daños y perjuicios derivados del hecho si no acreditó la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, ya que tratándose del ataque de un can resulta de aplicación el art. 1124, así como también el art. 1113 del Código Civil, recayendo sobre el dueño y/o guardián del animal la presunción de responsabilidad que solo es desvirtuable probando alguna de las causales exculpatorias que establece el art. 1125 del mismo cuerpo legal.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, indemnización por muerte, muerte del cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: GOLFARB de DE PINCO c/ BRUNO, Américo A s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-20

Al estimarse el perjuicio que sufre la cónyuge supérstite de la víctima de un accidente de tránsito, debe valorarse la privación de ayuda en las tareas del hogar que prestaba el esposo, siendo éste una persona mayor y resultando usual en familias de escasos recursos.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, empresa de servicios públicos, correos, renuncia al empleo, notificación al empleador
Materia: CIVIL
Carátula: AGÜERO, ALFREDO c/ CORREO ARGENTINO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-24

1- La empresa de correos es responsable por los daños y perjuicios ocasionados a un trabajador como consecuencia de la alteración del contenido del telegrama que el reclamante envió a su empleador para comunicarle que se ausentaba de su puesto por motivos personales y que por error llegó con un texto de renuncia que fue aceptada. Esta responsabilidad se limita a la confusión que provocó la alteración del contenido del telegrama y la pérdida del trabajo del actor pero no se extiende a cuestiones ajenas como lo es la negativa del empleador a reincorporarlo a sus tareas.

2- Es que, si bien en principio está a cargo del remitente completar los datos del formulario y el contenido del telegrama además de consignar al pie del instrumento el tipo de comunicación (renuncia, ausencia u otros), el servicio público que presta la empresa de correo exige de parte de su personal la colaboración mínima de observar el contenido del formulario y su coincidencia sustancial con el texto del telegrama. Máxime ante lo delicado de la comunicación que requería una mayor atención y diligencia en la prestación del servicio postal.

3- De tal manera, aun cuando el trabajador hubiese equivocado el casillero que consigna el tipo de comunicación que enviaba, el comportamiento del personal encargado de la transmisión del telegrama fue negligente al no observar el error, pues si era indispensable marcar con una "x" el tipo de telegrama el correo debió rechazarlo en ventanilla al no coincidir con el texto que contenía.
Delitos contra la salud pública, sangre humana, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, productos hemoderivados, concurso de delitos
Materia: PENAL
Carátula: "LUNARDON, Roxana y otros s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-18

Es constitutiva del delito descripto por el art. 91, última parte, de la Ley 22.990 la conducta de quien le da a la sangre humana o sus hemoderivados un destino distinto al que autoriza dicha ley liberando sangre para ser transfundida cuando esta debió ser indefectiblemente descartada como consecuencia de los resultados serológicos obtenidos.A su vez, esta conducta también se ve alcanzada por las previsiones del art. 202 del Código Penal en cuanto se habría, al menos, efectuado actos que se consideran idóneos para la transmisión de enferemedades peligrosas.
Enfermedad profesional, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: C., J. O. c/ LA SEGUNDA A.R.T. S.A. s/ APELACIÓN s/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-06-03

Convalidó este Superior Tribunal de Justicia en su momento (cf. STJRNS3 Se 88/10 "MALDONADO") el criterio plasmado por el tribunal de trabajo que había admitido contra el dictamen de la correspondiente comisión médica zonal la apelación de una trabajadora afectada por incapacidad psíquica no contemplada en el baremo referido por la LRT, entendiendo que la ley específica estableció un cerrojo inconstitucional en torno de la existencia de enfermedades resarcibles, al extremo de pretenderse que las no incluidas como tales por el Poder Ejecutivo no resultaban por tanto resarcibles, considerando que semejante criterio era claramente contrario a principios constitucionales indiscutibles; entre ellos, los que establecen que el trabajo, en sus diversas formas, goza de la protección de las leyes, y que aquél que cause un daño debe repararlo. (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: BENITEZ Claudia Mariela c/ CLUB KEN S.R.L. s/ Cob.de haberes, dif.de haberes, indemnizac.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-04-18

El pago de la indemnización por despido no empece la reclamación de otras que correspondan por distinto título jurídico, de carácter contractual o extracontractual, como en el caso -daño moral- provocado por falsas imputaciones de hechos dolosos como causa de la resolución y su difusión en ámbitos en que el trabajador desarrolla su actividad, lo cual provoca un daño específico extra.
Derecho procesal, facultades del juez, sanciones disciplinarias, juicio ejecutivo, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: BISVAL, ANA MARIA c/ PAPPOLA, BEATRIZ NOEMI s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-05

Cabe revocar la decisión por la cual se aplico una multa equivalente al 30% del importe de la deuda, en los términos del Cpr: 551, ello en tanto resulta un hecho indiscutible el prolongado tiempo que ha insumido el trámite de la ejecución hasta lograr el dictado de la sentencia. Sin embargo, -en el caso- esa demora no puede ser atribuida -al menos en forma dirimente y exclusiva- a la demandada. Si bien rechazada, la excepción opuesta cupo dentro del ejercicio del derecho de defensa que asiste a la accionada, de allí que no se advierten reunidos cabalmente, los requisitos previstos por la normativa vigente, para tener por configurada la conducta tipificada por la norma en la que basa su imposición. El Código Procesal, en el artículo 551, alude al supuesto del ejecutado que "...hubiere litigado sin razón valedera u obstruido el curso normal del proceso con articulaciones manifiestamente improcedentes, o que de cualquier manera hubiese demorado injustificadamente el trámite...". Así la mera oposición de defensas finalmente rechazadas no es fundamento suficiente para imponer la sanción pecuniaria receptada por esa norma. Resulta necesario además, haber invocado y luego acreditado, la actitud maliciosa orientada a provocar esa dilación (conf. CNCom., Sala D, 24.06.1996, "Carollo Miguel c/ Banco de Crédito Argentino SA s/ ordinario"; Sala C, 9.10.2006, "Banco Itau Buen Ayre c/ Rofral s/ ejecutivo", entre otros).