Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-10


En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de agosto del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de queja por apelación denegada interpuesto por el José A. Lagorio, a fs. 13/15 del presente, del que:

RESULTA:

I.- Que a fs.1/4 obra copia del decisorio de fecha 18/5/2006 que dispone librar orden de allanamiento de los inmuebles allí consignados, no hacer lugar a la solicitud de clausura preventiva respecto de los casos en los que se incauten elementos incriminatorios, disponer el secreto de sumario y formar incidente de solicitud de embargo preventivo efectuado por el Sr. Fiscal General Adjunto.

II.- Que a fs. 5/9 vta. obra copia del escrito impetrado por el Lagorio planteando la revocatoria con apelación en subsidio respecto del decisorio supra mencionado.

III.- Que a fs. 10/ 11 vta. se agrega copia de la resolución del Judicante que rechaza la reposición interpuesta por el Lagorio y no hace lugar al recurso de apelación articulado en subsidio por considerar que el decisorio en cuestión no causa a su parte gravamen irreparable puesto que los allanamientos ya fueron efectuados y se trata de una resolución irrecurrible (art. 199 CPPN). Asimismo, en cuanto a la ausencia de fundamentación de los allanamientos expresa que se trata únicamente de una discrepancia con la motivación esgrimida.

IV.- Que a fs. 13/15 la Defensa interpone recurso de queja por apelación denegada, por considerar que los allanamientos dispuestos por el Judicante carecen de fundamentación suficiente puesto que los motivos esgrimidos por el Representante del Ministerio Público para la solicitud de los mismos carecen de un mínimo de motivación para justificar la conculcación a derechos y garantías constitucionales. Asimismo, refiere que el Magistrado no se ha expedido respecto de la oposición formulada por su parte a la solicitud de embargo preventivo, ni respecto a la errónea aplicación de las normas procesales penales respecto de dicha medida, lo que acarrea la nulidad del resolutorio recurrido.

V.- Que a fs. 39 obra constancia de la recepción de copias certificadas del expediente principal -solicitadas oportunamente por esta Alzada- y el incidente de embargo preventivo, quedando los autos en estado de ser resueltos, siendo la cuestión a dilucidar ¿Resulta admisible el recurso de queja impetrado ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:

El recurso de queja resulta formalmente admisible, pues el planteo ha sido efectuado en la forma y en los términos del art. 477 CPPN, aplicable supletoriamente de acuerdo a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley Nº 12. Es decir, el remedio procesal de marras ha sido interpuesto por escrito y dentro de plazo legalmente establecido.

Ello así, y siendo que el recurso resulta autosuficiente, corresponde a este Tribunal evaluar si el decisorio recurrido causa gravamen irreparable que habilite la vía recursiva denegada (art. 449 in fine CPPN). El que según se ha afirmado "... no se presta a una definición genérica y debe por lo tanto verificarse su concurrencia en cada caso concreto, puede decirse que aquél se presenta, fundamentalmente, cuando no existe otra oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que irroga la resolución ..." (Palacio, Lino Enrique, "Los recursos en el proceso penal", Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As. 2001, págs. 60/61).

Teniendo en cuenta ello, cabe mencionar que de acuerdo a lo expresado por el quejoso los agravios a su parte pueden sintetizarse en dos cuestiones fundamentales, la primera relativa a la presunta falta de motivación suficiente de la resolución del Judicante para disponer el allanamiento de los locales en cuestión, y la segunda de ellas referida a la falta de tratamiento por parte del Magistrado de los cuestionamientos relativos al embargo preventivo.

I.- En primer término, y en materia de nulidades es importante recordar la postura que ha venido sosteniendo esta Sala en numerosos precedentes, al afirmar que la declaración de nulidad posee carácter excepcional, debiendo primar los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales (causa Nº 030-01-CC/2006 Incidente de nulidad en autos "Beltrán Sergio Miguel s/inf. art. 83 CC"- Apelación", rta. el 4/5/2006, entre otras), es dable afirmar que la declaración de nulidad sólo resultaría procedente de advertirse algún vicio sustancial o la afectación de garantías constitucionales.

A partir de ello, y en relación al planteo del quejoso respecto a la presunta falta de motivación de los allanamientos dispuestos por el Magistrado, lo que a su entender provocaría la nulidad del resolutorio impugnado, cabe adelantar que no tendrá favorable acogida.

Así, el impugnante refiere que el decisorio recurrido resultaría nulo en razón de que la decisión que ordena los allanamientos carecería de motivación suficiente. Al respecto, y en materia de allanamientos, el art. 224 CPPN aplicable supletoriamente en materia contravencional (art. 6 LPC), requiere que el Juez ordene el registro por auto fundado, es decir en forma motivada lo que exige que se aclaren las razones que permitan hacer excepción al resguardo constitucional de la inviolabilidad del domicilio, ello teniendo en cuenta que esta garantía se vincula con el ámbito de intimidad y reserva que protege a todo individuo frente a la injerencia estatal. Por tanto, son los jueces (art. 30 LPC) quienes por imperio constitucional están autorizados para ordenar el registro de un domicilio (artículo 13 inciso 8 CCABA), únicamente cuando presuma que pueden hallarse elementos probatorios útiles (artículo 30 LPC), y ésta presunción debe ser fundada (artículo 123 CPPN).

En el caso de autos se advierte que el Sr. Juez de Grado, al disponer la medida en cuestión, a raíz de la solicitud del Sr. Fiscal General, tuvo en cuenta que los locales en cuestión formarían parte de una presunta organización dedicada a la captación de apuestas de juego clandestino, ello a partir de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal consignadas en los distintos informes de los que da cuenta el Judicante en la resolución cuestionada. Asimismo, del decisorio impugnado se desprende que el a quo ha valorado aquellas piezas procesales, a partir de las cuales dedujo la existencia de indicios que permitirían inferir que se estaría efectuando la captación de apuestas de juego en forma clandestina.

Siendo ello así, la medida probatoria dispuesta se encuentra decididamente fundada. En relación a la razón suficiente que sirva de fundamento a la orden, se ha afirmado que "si bien ... la exigencia de motivación es el modo de garantizar que el registro aparezca como fundadamente necesario ... no se exige a los Magistrados en tal tarea una semiplena prueba de la culpabilidad de la persona que debe soportar el registro de su domicilio ..." (CNCP, Sala II "Fuentes, Bernardo Matías s/rec. de casación, causa nro. 540, Sala IV "Q., N.R. s/rec. de casación", rta. el 15/12/2005).

A partir de lo expuesto, y siendo que los agravios esgrimidos no constituyen mas que una mera discrepancia con los fundamentos expresados por el Judicante para disponer el allanamiento de los locales en cuestión, corresponde rechazar el remedio procesal intentado.

II.- La misma solución cabe propiciar en relación a los planteos efectuados respecto del embargo preventivo. Al respecto, el Lagorio se agravia por entender que la resolución impugnada devendría nula al omitir dar tratamiento a los cuestionamientos que ha efectuado a dicha medida.

Así, cabe mencionar que el recurso de queja impetrado no resulta viable ello en razón de que, conforme se desprende del incidente de embargo preventivo (cuya formación dispuso el Juez de Grado en el punto IV de la resolución de fecha 18/5/2006), el Judicante resolvió los planteos nulificatorios de la Defensa -fs. 67/68- decisorio que fue debidamente notificado al quejoso, el 29/6/2006 según consta a fs. 81/vta. del mismo, y no ha mediado hasta la fecha recurso alguno contra lo allí dispuesto. En razón de lo expresado, corresponde rechazar el remedio procesal intentado puesto que el mismo resulta procedente contra la denegatoria de un recurso de apelación, que nunca fue interpuesto.

Asimismo, cabe mencionar que de acuerdo a lo resuelto por el Magistrado en el decisorio obrante a fs. 67/68 del incidente, en cuanto dispuso tener presente las consideraciones vertidas por el Lagorio para el supuesto que la Fiscalía insistiera con la solicitud de embargo preventivo, sumado a que claramente en relación a dicha medida no se ha adoptado temperamento alguno y los requerimientos de información pedidos por el Fiscal resultan únicamente medidas de prueba que no causan agravio alguno al impugnante, cabe afirmar que su pretensión carece de total asidero, lo que torna al remedio procesal intentado claramente inconducente.

Por los motivos expuestos, este Tribunal RESUELVE:

Declarar inadmisible el recurso de queja por apelación denegada interpuesto por la Defensa, obrante a fs. 13/ 15 de la presente.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente devuélvase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí RI