marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Expropiación, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Francano de Campana, María A. y otro s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

No corresponde imponerle los gastos de justicia al expropiado que se allanó incondicionalmente y aceptó el importe indemnizatorio ofrecido por la actora pues nunca las costas podrían incidir en detrimento del propietario que no se resiste, como aquí sucede, a la acción deducida y ha aceptado el importe indemnizatorio ofrecido que fuera depositado por la actora (arts. 14 y 17 de la Const. nac.).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentos insuficientes, sucesiones, derechos patrimoniales, colación, herederos, parada de diarios y revistas
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: FIASCO DE BURKHARDT, MARGARITA c/ BURKHARDT, EDMUNDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-09-22

Si bien por principio la sucesión abraza la universalidad de los derechos patrimoniales del causante (art. 3476 C.C.), lo cierto es que se exceptúan otros, considerados intransmisibles por sucesión, entre los que habrá de incluirse todas las relaciones jurídicas que, aunque puedan tener algún contenido patrimonial involucran prestaciones "intuito personae".

En el caso, aunque la reglamentación-relativa al "derecho de parada" en ningún momento alude expresamente a este carácter, un minucioso repaso de su texto permitirá reconocer un marcadísimo tinte personal de la actividad (arts. 2, 3, 8, etc de la resolución 43/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social); circunstancia que socava también el carácter de "heredable" conferido por el A quo.

En estas condiciones, admitir que a través de la acción de colación instaurada, se reste eficacia a las resoluciones de la autoridad de aplicación que autorizan al hijo a ejercer la actividad, sin otro fundamento que el afirmado carácter "heredable", priva al decisorio de la adecuada motivación constitucionalmente exigida.(Del voto del Dr. Erbetta que hace mayoría).
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, ejecución de créditos laborales, procedencia del recurso, despido, acción de reducción, indemnización, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Argos Comercial SA c/  s/ quiebra s/ incidente de pronto pago por castañeda, adrian alfredo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

Corresponde desestimar la pretensión de la sindicatura de aplicar la reducción indemnizatoria que prevé la LCT 247 al crédito del acreedor laboral, pues la argumentación relativa a que la demanda de los productos que fabricaba y comercializaba la fallida (cotillón) disminuyó a partir de cierta modificación de hábitos de consumo infantil y que sus principales productos contaban con licencia internacional, lo cual ante la devaluación de la moneda nacional provocó un desequilibrio financiero que imposibilitó el pago de los regalías a empresas extranjeras, no son idóneos para justificar la aplicación de la norma en debate.
Revocación de sentencia, recurso directo, nulidad de la notificación, defensa en juicio, relación de consumo, personas con discapacidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ciallella, Aldo  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en garbarino saicei y otros contra gcba sobre otros procesos incidentales - recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-24

Corresponde revocar la sentencia de la Cámara que rechazó el planteo de nulidad de la notificación y, en consecuencia, consideró extemporáneo el recurso de apelación. Este recurso fue deducido por un consumidor contra la disposición que sancionó a las empresas denunciadas por infracción a los arts. 11 y 12 de la Ley de Defensa del Consumidor n° 24240, y reconoció una suma de dinero en concepto de daño directo a favor del denunciante, quien cuestionó el monto. La Administración no cumplió con la obligación de arbitrar mecanismos tendientes a minimizar el riesgo de que la discapacidad del consumidor afectado dañara su derecho de defensa -y en complementariedad, la accesibilidad-, lo que pone al obrar del Estado en contravención con lo que manda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Honorarios del abogado, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Concordia Jugos S.C.A. s/ Concurso Preventivo-Legajo apelación-Síndico Justa Rostom
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-09-20

La Cámara se ha excedido en su competencia al modificar la base económica y declarar la nulidad de las regulaciones de honorarios regulados a la Sindico y a los letrados de la concursada, siendo que ambas se encontraban firmes y, con ello, ha violentado la cosa juzgada. En consecuencia se impone casar la resolución recurrida, la que queda sin efecto, dejando subsistente la de Primera Instancia en orden a la regulación de honorarios de la Síndico y letrados de la concursada, debiendo devolverse las actuaciones a la Cámara para que dicte nueva resolución en orden a las pautas aquí expuestas.
Procedimiento administrativo, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABE ESTRUCTURAS S.A. c/ I.P.V.U. s/ ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION CABE ESTRUCTURAS S.A. c/ I.P.V.U. s/ ACCION CONTENCIOSSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION(OBRA 400  VIVIENDAS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-05|1997-07-11

El sistema procesal vigente se orienta sobre la base de una amplia revisión por parte del Poder Judicial, de los actos emanados de la Administración Pública, aunque sometido a ciertas condiciones de procedencia de la acción-habilitación de la competencia judicial por el agotamiento de la instancia administrativa-pues nuestro derecho procesal exige que dichas decisiones hayan causado estado en sede administrativa.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, crédito laboral, compensación, Derecho laboral, contrato de trabajo, extinción del contrato, gratificaciones
Materia: LABORAL
Carátula: GIORDANELLI, SUSANA c/ SWIFT-ARMOUR S.A.A. s/ Demanda Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-03

La compensación prevista en el art. 131 de la Ley de Contrato de Trabajo apunta al supuesto de vigencia del contrato de trabajo y a retenciones o compensaciones efectuadas por el empleador "per se", pero siempre fuera del ámbito jurisdiccional. De lo considerado surge que, el término compensación empleado en los fallos que tratan de la situación en examen, no está usado, en el sentido técnico con que define el instituto el art. 818 del Código Civil, sino en su sentido etimológico: compenso-are (del latín pendeo-ere) "suspender, colgar" de allí "pesar" dado el tipo de balanzas usadas en la antigüedad. Más adelante compenso-are significa "pesar una cosa con otra" por lo tanto igualar los pesos. Además, el verbo "penso" pasó muy pronto a significar en especial "pesar dinero" y "pagar" debido a que los pagos se hacían antiguamente con lingotes sin acuñar que se pesaban en la balanza y de allí se llega a "pesar dinero suficiente para indemnizar". Es por estos motivos por los cuales las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 131 y ss.) no resultan aplicables a este tipo especial de "compensaciones" judiciales que constituyen el tema del Pleno. (Del Voto de la Dra. Bellotti de Podestá) En el caso la cuestión a resolver es: Posibilidad de que las llamadas gratificaciones o pagos graciables al trabajador que practican algunas empresas, en el momento del cese de la relación se compensen imputándolas a posibles acreencias vinculadas con el contrato de trabajo, por cualquier concepto que sea, aún indemnizatorias de la ley 9688, reconocidas por sentencia judicial.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moresino, Alberto Enrique c/ Municipalidad de San Vicente s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

A los efectos de nuestro Código Civil no hay acto punible si no hubiese daño causado (art.1067), por lo que la responsabilidad civil presupone -de manera necesaria- la existencia de un daño, y sólo a partir de él, corresponde determinar los otros elementos que la integran (antijuridicidad, imputabilidad y relación causal).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, acción de amparo, competencia federal, emergencia económica, leyes, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: MARTOCCHIA, JUAN RUBEN Y OTRA c/ B.B.V.A- BANCO FRANCES s/ Cuestión a resolver ¿son competentes los tribunales ordinarios para  entender en las acciones contra instituciones financieras por  cumplimiento de contratos bancarios relacionados con las  disposiciones contenidas en la ley 25561/02, sus reglamentaciones y  complementarias? (Expte.: nro. 108, año 2002) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-04

En la acción de amparo, por las propias características de este tipo especial de acción, lo que se ataca como acto manifiestamente ilegítimo, es la normativa nacional que estableció la moratoria financiera por lo cual el objeto y naturaleza eminentemente constitucional de la pretensión está marcando que la base normativa esencial del reclamo se encuentra en las disposiciones federales, ya que la vinculación entre los derechos demandados y la ley federal deben ser tan estrechos, que la dilucidación de la controversia dependa de la interpretación y aplicación exclusiva o principal de la norma federal, pues lo que en estos casos interesa es la sustancia o materia jurídica federal del pleito.

En la acción de amparo el acto o decisión atacado como manifiestamente ilegítimo lesivo de derechos y garantías constitucionales (art.43 Constitución Nacional, 17 Constitución Provincial) lo constituyen las leyes, decretos y reglamentaciones federales. (Del Voto del Dr. Cordini).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), intereses, LEY DE CONCURSOS
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERNANDEZ, CLAUDIO MARCELO c/ LIDERAR ART S.A. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-30

En cuanto a las formulaciones del impugnante peticionando la suspensión de intereses conforme lo previsto en el artículo 129 de la Ley de Concursos y Quiebras, se advierte que éste incumple la carga impuesta por el artículo 8 de la ley 7055 de rebatir todos y cada uno de los argumentos del auto denegatorio, por cuanto, aunque se estime superado, mediante las alegaciones del quejoso, el valladar del planteo oportuno y suficiente de la cuestión constitucional y la falta de definitividad -en tanto aduce haber efectuado suficientemente dichos planteos e invoca la existencia de un gravamen irreparable-, el presentante no logra derribar el argumento de la Sala, que confirmó el proveído que en su oportunidad había rechazado la suspensión de intereses por no resultar aplicable la normativa concursal en tanto no se encontraba ante el proceso de liquidación de la aseguradora. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24522, artículo 129; Ley 7055, artículo 8
Pensiones, hermanos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TERNAVACIO, CLAUDINA MARGARITA s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-31

Corresponde conceder el beneficio de pensión derivado de la jubilación que gozaba el hermano de la peticionante, aún cuando ésta no era huérfana de madre a la fecha del fallecimiento de aquél, en razón de que no corresponde exigir para la concesión del beneficio el requisito de orfandad total, ya que el mismo fue establecido para evitar que se otorgue cuando el grupo familiar ya cuenta con una protección de este tipo.
Extinción del contrato de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Aramburu, Diana c/ Cardenas, Mirta y-o quien resulte responsable s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-04-11

...cuando las partes alegan distintas causales de extinción del contrato, debe considerarse la virtualidad de aquella que quedara configurada en primer lugar.
Tutela sindical, estabilidad del delegado gremial, cambio de lugar de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: AGRA, Alfredo c/ CORREO ARGENTINO s/ Juicio sumarísimo. Incidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-08

La ley 23551 concede a los representantes gremiales en sentido lato y electos en la forma por ella prevista, una protección expresada en la ineficacia de las decisiones unilaterales del empleador en orden al despido, suspensión o modificación en las condiciones de trabajo del sujeto protegido, para cuya implementación debe recurrir a un régimen de propuesta. Dentro de ese marco protectorio se halla el traslado del delegado gremial a otra sucursal de la demandada, pues dicho traslado es una especie del género "modificación de las condiciones de trabajo".
Prescripción, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Abalos, Soraya Fabiana c/ Nazar de Machao, Nélida y otro s/ Despido y preaviso
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-02-10

El archivo de las actuaciones dispuesto por el organismo administrativo a pedido expreso formulado por la propia reclamante, determina la finalización del efecto interruptivo sobre el término de la prescripción, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 257 de la Ley de Contrato de Trabajo, que lo asigna por el tiempo de duración del trámite y hasta un máximo de seis meses, resultando claro que si la tramitación finaliza antes de ese término, el plazo de prescripción se reinicia allí aunque no hayan transcurrido seis meses desde el comienzo del mismo.
Contratos administrativos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dr. Diego Paulo Isabella s/ Promueve acción de amparo. Parking S.A. -cuestión de competencia  art. 6 C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

Si lo que el accionante persigue es que se condene a la demandada a resolver reiterados reclamos y recursos que efectuara e interpusiera en el marco de la relación contractual de derecho público que mantiene con la Municipalidad demandada, la materia debatida es de aquélla reservada, transitoriamente, en forma originaria a este Tribunal (arts. 215, 2da. parte Const. prov.; arts. 1, 3, 7, 28 y concs. del C.P.C.A.).
Hábeas corpus, estado de sitio, detención
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: HORACIO DANIEL RODRIGUEZ s/ ESTADO    DE  SIRIO-  FACULTADES  DEL  PODER  EJECUTIVO-  CONTROL  DE  RAZONABILIDAD-  CONSTITUCION  NACIONAL- DETENCION DE PERSONAS- HABEAS  CORPUS JORGE HORACIO GRANADA s/ ESTADO    DE  SITIO-  FACULTADES  DEL  PODER  EJECUTIVO-  CONTROL  DE  RAZONABILIDAD-  CONSTITUCION  NACIONAL- DETENCION DE PERSONAS- HABEAS  CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-04|1985-12-03

No puede estimarse carente de motivación asertiva acerca de la relación entre el arresto del beneficiario del hábeas corpus y las causas del estado de sitio, ya que si bien la restricción a la libertad que el interesado sufre actualmente emana del decreto 2069 85, que estableció el estado de sitio y del Nro. 2070-85 que dispuso su detención en virtud de las facultades propias del Poder Ejecutivo, tampoco cabe olvidar que el decreto 2049-85, al cual se remite como necesario antecedente el decreto 2069-85, expresa de manera inequívoca que se dispone el arresto de quienes se habrían concertado para atentar contra el órden constitucional y entre los sujetos de la órden de arresto figura el accionante.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ DIVORCIO VINCULAR - ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-03-31

Actualmente se entiende por injurias graves todas las violaciones a los derechos del otro cónyuge, o toda inejecución de las obligaciones derivadas del matrimonio, o bien los actos contrarios a las obligaciones legales de los esposos o a la dignidad del cónyuge. También cabe agregar, que para la concurrencia del requisito de la voluntariedad de la injuria no es necesario que el acto se ejecute con la intención de dañar, sino que basta que sea hecho con discernimiento y libertad, lo que es suficiente para responsabilizar de las consecuencias de los actos a su autor.

Por lo tanto, entran en el concepto legal de injurias graves inclusos los hechos no cometidos con el propósito de ofender al cónyuge, pero que importan errores de conductas de los que se tiene o debería tener el convencimiento de su incompatibilidad con los deberes matrimoniales, porque se resuelven en motivo de afrenta o humillación para el otro esposo. Y en cuanto a la gravedad, la injuria es grave cuando por su intensidad o trascendencia hace imposible al cónyuge ofendido la convivencia digna.
Orden público, acción de deslinde
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Irusta, Alejo s/ Deslinde y mensura - Inconstitucionalidad (Libro: S051-359)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-03-26

La acción de deslinde está fundada en el interés particular de los colindantes, razón por la cual las normas que reglamentan su ejercicio, y entre ellas el art. 287 del Código de Procedimientos Civiles, participan lógicamente de tal carácter, siendo en consecuencia, ajenas a toda idea de interés público o general.
Empleo público, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Heinrich, Agustín Angel c/ Municipalidad de Eldorado y/o El Honorable Concejo Deliberante s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-06

Para ingresar en el régimen específico del Estatuto del Empleo Público o función pública y ser titular de un derecho subjetivo administrativo como es "la estabilidad en el empleo público" es menester, que el ingreso y la carrera administrativa esté exenta de toda sospecha o duda de prebendismo o privilegio.
Registro de marca, marcas de servicio, programa de televisión, exclusividad, nombre de fantasía
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA Y GARCIA OVIDIO ANTONIO c/ TELEVISORA FEDERAL SOCIEDAD ANONIMA TELEFE s/ CESE DE USO DE MARCAS, DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

La direccion de tecnología, calidad y propiedad industrial, en los expedientes agregados estableció que "la denominación hola Susana no está comprendida dentro de las prohibiciones del art. 3, inc. H), ley 22.362, teniendo en cuenta que es una voz de fantasía, no siendo el seudónimo de persona alguna, toda vez que no corresponde al nombre empleado por una persona en lugar del suyo propio". Asimismo, sostuvo que "nadie puede pretender un derecho exclusivo sobre el prenombre Susana, dado que encontramos cantidad de registros con dicho prenombre, y muchos de ellos con el agregado de elementos diferenciadores, lo que hacen que no sean similares entre si". El argumento de que el público identifica el nombre Susana y al título "Hola Susana" con la conductora no es conducente a los fines de resolver el ítem en cuestión, en virtud de que el punto relevante es si la marca posee suficiente carácter distintivo para amparar el servicio protegido por ella. Si bien es indudable que existe un proceso de compenetración entre la marca "Hola Susana" y la sra. Susana Giménez cabe señalar que el signo marcario representa un amplio espectro de actividades afines que supera la sola figura de la conductora.
Competencia por la materia, competencia laboral, procedimiento contencioso administrativo y tributario, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ejecución de multas, autoridad administrativa del trabajo, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ c/ Ledezma Fuentes, Clara s/ Ejecución multas previstas en la Ley 265 s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-28

Corresponde declarar la competencia del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario para entender en las demandas ejecutivas promovidas por el Gobierno de la Ciudad con sustento en los certificados de deuda emitidos por la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de la ley n° 265. Si bien tanto en la normativa local -ley n° 265- como en la nacional -ley n° 18345- se establece que las referidas causas deben someterse al conocimiento del fuero laboral y la Justicia del Trabajo de la Ciudad, a la fecha no ha sido constituida por cuanto el traspaso de competencias en dicha materia no se ha producido. Así, todavía resulta aplicable la cláusula transitoria tercera de la ley n° 265 que dispone la intervención del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, hasta tanto se constituya la Justicia del Trabajo en la ciudad de Buenos Aires, conforme lo establezcan futuros convenios de transferencia. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Jurisprudencia, carácter vinculante
Materia: PROCESAL
Carátula: R., A.D. s/ Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-07

No desconocemos que dentro de nuestro ordenamiento no existe un deber legal del juez de instancias inferiores de mantener los principios interpretativos sustentadas por los superiores. Sin embargo, no puede desconocerse la fuerza moralmente vinculante de estos fallos.
Recurso de inconstitucionalidad, Constitución Nacional, Constitución Provincial, ley de emergencia, igualdad ante la ley, crédito laboral, juicios contra el Estado, ejecución de sentencia, intereses, Poder Judicial, control de razonabilidad, control de legitimidad, control de legalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Defilippi de Sirolesi, Elba Concepción c/ Superior Gobierno de la Provincia s/ Ordinario - Recurso de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-06-24

El art. 174 de la reciente Constitución de Córdoba incorpora expresamente este criterio al imponer como obligación de quien ejerce la función administrativa de sujetarse al "orden jurídico", siguiendo la tendencia de las modernas Constituciones extranjeras.

La estrategia o metodología judicial no debe construir su silogismo lógico jurídico en base al precepto aislado de la norma específica sino de la amplia adecuación a la unicidad del orden jurídico.

Son los jueces, entonces, quienes tienen la atribución-deber de analizar la adecuación positiva o negativa de la norma aplicable a la luz de lo reglado por la Constitución. (VOTO DR. SESIN)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Genta, Néstor s/ Denuncia de usura
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

No puede prosperar el agravio por el que se denunció la falta de calificación de los hechos si en el acta que instrumentó la declaración informativa se le imputó el "delito de usura en veintisiete oportunidades."