Sentencia definitiva, recursos, acción de nulidad, asociación ilícita, comunicación telefónica, acción de inconstitucionalidad, régimen penal de la minoridad, tratados internacionales, Defensoría de menores
Materia: PROCESAL
Carátula: Peña, Alicia y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-16

Corresponde rechazar los recursos de casación interpuestos por el Defensor Público Oficial de Menores e Incapaces; por la defensa pública oficial y la particular contra la decisión del a quo de declarar penalmente responsable e imponer pena a los acusados que eran menores de edad al momento de los hechos y condenar a los restantes imputados. En primer lugar, no corresponde declarar las nulidades sino cuando la irregularidad denunciada ha podido realmente influir en contra de las partes y lesionar su interés, situación que no acontece en el presente. En cuanto a la intervención del abonado de telefonía celular, el art. 236 Código Procesal Penal Nacional, dispone expresamente que la Resolución del juez que ordene la intervención judicial deberá ser siempre fundada. En el caso, la orden por la que se dispuso la intervención en las comunicaciones se adecuó a los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la evaluación de la motivación de medidas como las que son materia de examen. No se requiere una semiplena prueba de culpabilidad para proceder a las escuchas sino que bastan circunstancias concretas que avalen la sospecha. En el caso la intervención telefónica se presentaba como imprescindible a fin de establecer la vinculación y actividad de la persona sindicada como integrante de una organización delictiva; por ello aparece sustentada en criterios de razonabilidad, en la medida que no se advertía una medida menos intrusiva para continuar con la investigación. Por otra parte, la selección de la figura asociativa ilícita tiene adecuado sustento en los numerosos y contundentes elementos de prueba, que permiten afirmar la concurrencia de todos los elementos exigidos por el artículo 210 del C.P. Tanto el número de integrantes; la existencia de un acuerdo previo y colectivo de voluntades de delinquir; la estructura organizada del grupo y cierto grado de permanencia en el tiempo del mismo se hallan presentes en el plexo probatorio expuesto en la sentencia. En efecto, entre los meses de junio y agosto de 2016, un grupo de individuos, menores y mayores de edad, integraron una organización o banda con el fin de planificar y concretar delitos indeterminados. Eran personas que se conocían entre sí, quienes acordaron cometer secuestros extorsivos, robo de automotores y a mano armada, para lo cual contaban con una logística que incluía la provisión de armas de fuego y de vehículos previamente sustraídos. La doctrina judicial de la C.S.J.N. (Stancanelli, Néstor y otro", Fallos, 324:3952) aclaró que la asociación ilícita supone la existencia de un acuerdo previo de voluntades, no necesariamente expreso pero al menos tácito. Y que la finalidad de dicho acuerdo tiene que ser, como se verifica en la presente causa, la de planificar y ejecutar una pluralidad de actos calificados por la ley como delitos del derecho penal. La inconstitucionalidad de la figura de asociación ilícita prevista en el art. 210 del C.P., en los términos en que fue planteada resulta inadmisible, teniendo en consideración que el anticipo de la reacción penal de esta figura penal no se concentra en la finalidad de evitar futuros daños a determinados bienes -la vida, la libertad, el patrimonio-, sino que busca la protección de un bien jurídico propio. La tranquilidad o el orden público que se perturba con la asociación de individuos con aspiraciones espurias constituyen el objetivo principal de tutela de este delito. La acción típica es la de formar parte de la asociación, lo cual significa integrar una reunión o congregación de personas. Solo es necesario que los miembros realicen acciones efectivas para el fomento o mantenimiento de su actividad, no bastando que sólo quieran pertenecer a ésta. Y debe comprobarse que existió un acuerdo previo con cierta permanencia en el tiempo dado que la pluralidad de delitos que tendrá por fin cometer la exige justamente una actividad temporalmente extendida. Por último, una correcta interpretación del alcance del art. 4° de la Ley n° 22.278 requiere que no se pierda de vista que, de acuerdo al art. 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la privación de libertad debe operar como medida de último recurso y por el tiempo más breve posible; y que, conforme lo establece el art. 40, el objeto del derecho sustantivo y adjetivo en la materia tiene que estar enderezado a promover "el fomento de su sentido de la dignidad y el valor", "el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros", teniendo en cuenta la edad del joven y "la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad". La redacción del art. 4° de la ley citada, desprovisto del marco prescriptivo supranacional, conduciría a la declaración de inconstitucionalidad de dicha norma. No obstante, es posible determinar racionalmente los alcances del poder estatal en el derecho penal juvenil, si esa norma es interpretada desde los parámetros consignados en la Convención del Niño y los documentos internacionales relacionados con la materia. La decisión del a quo de imponer una sanción a los imputados por delitos cometidos como menores de dieciocho años resulta adecuada. Entendieron que los jóvenes alcanzaron la mayoría de edad, han sido tratados tutelarmente por más de un año, de lo que se cuenta con información sobre su conducta o desempeño (ver art. 8 del Régimen Penal de Minoridad -ley 22.278-), habiéndoselos considerado responsables de diversos delitos graves. Concluyeron que resulta necesaria la imposición de pena habida cuenta de la reiteración delictiva y la naturaleza de los hechos atribuidos que hacen imperativo prolongar su tratamiento penitenciario con miras a lograr que cada uno de ellos "[...] adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social [...]" (art. 1 de la ley 24.660). El fallo considera que esta conclusión se ve reforzada por los distintos informes ambientales arrimados al expediente que en todos los casos marcan la carencia o insuficiencia de un adecuado marco de contención que opere en el sentido antes indicado, ello sin perjuicio de la favorable evolución que en cada caso pueda advertirse. Explicaron que si bien la reducción de la pena, prevista en la escala de la tentativa es facultativa, también es cierto que no puede desconocerse que ésta tiene su génesis en el principio constitucional que exige que la pena no pueda superar la medida de la culpabilidad. Dres. Mahiques, Yacobucci y Slokar.