Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-08-30


Expte. N° 6717 "C/ N. N. Y N. N. - por abuso sexual agravado y homicidio agravado e/p de N. N. - s/Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a treinta días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, se reúnen los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, por los doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión de los artículos 585 y 591 del Código Procesal Penal. Se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?---------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL DIJO:---------------------------------------------------- --- A partir de la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara Penal y Correccional en fecha 15 de abril de 2.016 interpone recurso de inconstitucionalidad el doctor Leonardo Raúl Arancibia.--------------------------------- --- El decisorio cuestionado (fojas 987/989) dispuso condenar a N. N. a la pena única de reclusión perpetua, unificadora de las dictadas por dicha Sala y por el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires, por los delitos "tentativa de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el número de personas, y homicidio agravado cometido con el propósito de lograr la impunidad de otro delito, en concurso real" (artículos 45; 42; 119 párrafos 1º,3º y 4º, inciso "d"; 80 inciso 7º y 55 del C.P.) en perjuicio de N. N. y "homicidio en ocasión de robo" (artículo 80 inciso 7º del C.P.) en perjuicio de N. N. Todo ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 58 del Código Penal.- --- Por su parte, el defensor el condenado (a fojas 994/997 vta.) impetra la inconstitucionalidad de la pena impuesta al considerar que las penas perpetuas vulneran y contravienen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional -que fuera aprobado por la ley nacional 25.390 e implementado por la ley 26.200- en tanto allí solamente se ha establecido la pena de "prisión" para reprimir la comisión de los delitos de mayor contenido injusto (genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y agresión), resultando un verdadero sinsentido y arbitrariedad que la "reclusión" sea válida para delitos menos gravosos, como los endilgados a su pupilo.------------------------------ --- Se expresa también que al habérsele impuesto reclusión a N. N., al unificar sus penas, se lo hace con una innegable y evidente connotación más gravosa hacia su situación jurídico procesal de encerramiento carcelario; debiendo hacerse la unificación solamente bajo la especie máxima que el interno ya venía cumpliendo en dependencias del servicio penitenciario provincial (es decir, prisión perpetua).----------------------------------------------- --- Sostiene que la reclusión afecta las reglas de proporcionalidad y de irracionalidad mínima, resultando su aplicación inadmisible en un Estado de Derecho cuyo ordenamiento jurídico positivo (ley 26.200) castiga con una especie inferior a injustos que resultan ser objetiva y sustancialmente mas aberrantes. Afirma que el fallo afectaría así el principio de igualdad ante la ley.---------- --- Finalmente se impetra la inconstitucionalidad de la pena única a reclusión perpetua impuesta a N. N., y el dictado de un nuevo fallo ajustado al bloque constitucional argentino. Formula las reservas del caso federal.---- --- El Señor Fiscal General de la Corte (fojas 1.016/1.019) se pronunció por la desestimación del remedio intentado, dando los fundamentos de su posición.----- --- Así la cuestión, corresponde abordar el asunto afirmando que la pena de reclusión perpetua, como sanción establecida por el legislador en proporción a la gravedad de la infracción penal, no resulta inconstitucional, en tanto no es infamante, cruel ni inhumana y tampoco es verdaderamente perpetua por no ser vitalicia, ya que admite la posibilidad, transcurrido determinado tiempo de su cumplimiento, de obtener la libertad condicional (cfr. artículo 13 y cc. del Código Penal).--------------------- --- Cabe señalar que la reclusión perpetua es legítima y resulta adecuada a las pautas constitucionales, pues dicha sanción guarda proporcionalidad con la gravedad del hecho, teniendo en cuenta el bien jurídico lesionado. Dicha sanción no viola el artículo 18 de la Constitución Nacional, ni los instrumentos internacionales de la misma jerarquía. Y su inclusión en el ordenamiento penal no contradice los lineamientos de la normativa supranacional.---------------------------------------------------- --- Es que el modo de sancionar los delitos en el ámbito interno resulta una cuestión de política criminal y legislativa respecto de la cual no cabe objeción alguna en la medida que respete los preceptos constitucionales. Es decir que, si el legislador ha considerado oportuno sancionar con reclusión perpetua ciertas conductas de suma gravedad, ello no merece reproche jurisdiccional.-------- --- Así resulta por demás aventurado fundamentar la petición del presentante trayendo a colación las disposiciones del Estatuto de Roma y las normas de la Corte Penal Internacional, cuando en verdad el sistema penal previsto para ese ámbito solamente está referido para determinados y específicos crímenes y delitos, dejando totalmente a salvo la autonomía del derecho interno nacional en materia de delitos y penas. Muestra de ello es lo dispuesto por los artículos 2 y 12 de la ley 26.200.--------------- --- No obstante lo dicho en el párrafo precedente, el régimen del Código Penal argentino no resulta -en lo sustancial- diferente al sistema que establece el Estatuto de Roma, pues ambos prevén penas perpetuas y también admiten el acceso al beneficio de reducción de la pena después de transcurrido un período de tiempo y, en consecuencia, resultan concordantes con el criterio de la invalidez constitucional de la pena privativa de libertad realmente perpetua, que fue adelantado por la CSJN al admitir el recurso de hecho deducido en el caso "Jiménez Ibáñez" (Fallos, 329:2440).------------------------------ --- Esto permite afirmar que no existe contradicción entre el régimen de penas perpetuas establecido en el Código Penal y el sistema constitucional, ni vulneración de los tratados internacionales que la República Argentina ha suscripto y se encuentran incorporados a nuestra Constitución Nacional (artículos 31 y 75 inc. 22º), en tanto aquéllas no son realmente perpetuas porque admiten obtener la libertad condicional y acceder a regímenes de salidas transitorias y de semilibertad anticipada, con lo que resulta que, además, la finalidad resocializadora de la pena se cumple igualmente porque esos beneficios permiten al condenado mantener viva la esperanza de volver a obtener su libertad, cumpliendo las condiciones establecidas en la ley. En síntesis, la pena de reclusión perpetua es constitucional porque nuestra Carta Magna no prohíbe esa clase de pena sino que protege la dignidad inherente a la persona humana, vedando las penas degradantes, crueles o inhumanas. Incluso ninguno de los tratados internacionales mencionados (art. 75 inc. 22º) han abolido la pena de reclusión o prisión perpetua (cfr. Breglia Arias, Omar; Gauna, Omar R., "Código penal y leyes complementarias comentado, anotado y concordado", Ed. Astrea, Bs. As., 2003, Tomo 1, pág. 666).------------------ --- Con éste mismo criterio y temperamento, la Sala Segunda de la Corte, frente a un planteo sustancialmente idéntico al presente, dejó sentado que ". de ninguna manera consideramos que las penas perpetuas resulten inhumanas o contrapuestas a los principios superiores que rigen el derecho penal, sino que las mismas se prevén justamente en relación al bien jurídico lesionado por el delito cometido. Tal tipo de pena en nada contradice lo previsto por el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, en su última parte. Además, la resocialización que persiguen las penas no se encuentra afectada desde el momento en que el reo condenado a reclusión perpetua también puede obtener la libertad condicional (art. 13 del Código Penal) o alguno de los beneficios previstos por la ley de ejecución penal (art. 17 inciso "b" de la Ley 24.660). En definitiva en nuestra legislación, la pena perpetua en realidad no es tal sino que constituye sólo un endurecimiento de la pena privativa de libertad que se presenta en el común de los casos como un más escarpado camino hacia la recuperación de la libertad en el régimen progresivo . (PRE S.2° 2015-IV-604)".-------------------- --- Bajo tales conceptos, corresponde desestimar la pretendida inconstitucionalidad, dejando en claro la imposibilidad de expedirse sobre otros aspectos que resultan totalmente extraños del remedio intentado.--------------- --- Tal es mi voto.-------------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO, JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:-------------------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad planteado. II) Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega. Ante mí: Héctor Fabián Meló - Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Cp-6717 CS ///Si ///guen las firmas.

PRE S.2° 2016-III-456