Tribunal: JUZGADO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: La Pampa
Fecha: 1981-11-27


Vistos:

Para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 23/24 por Fidel Alberto Bretón contra la resolución. de la D. G. I. obrante a fs. 20/21 por la que se le impuso diez días de arresto por infracción al art. 44 de la ley 11.683 (t. o. 1978) (IMPUESTOS, t. XXXVII-92).

Considerando:

Que adviene la presente causa a la consideración del tribunal, en virtud del ejercicio que el contribuyente hace del derecho que le acuerda el art. 44 de la ley 11.683 (t. o. 1978) último párrafo y como órgano de revisión de la decisión del juez administrativo de la D. G. I.

Que impreso el trámite procesal pertinente (arts. 518 y sigts., Cód. de Proced. Penal, art. 44 in fine) y corrida la vista prescripta por el art. 519 al Procurador Fiscal, dictamina propiciando el rechazo del recurso con costas y la confirmación consiguiente de la resolución fundado en la inconsistencia de los argumentos excusatorios de la defensa.

Que convocado el infractor, mejora sus argumentos de fs. 23 a través de su abogado defensor a fs. 45.

I - Argumentos de la apelante A) Alega la apelante que el decisorio de fs. 20/21 es nulo por no haber sido dictado por el juez Administrativo que fija la ley de procedimiento, desconociéndole ese carácter el Jefe de la División Jurídica. Lo impugna además por "no existir un membrete en la resolución donde conste que pertenecen a la D. G. I.".

La objeción es desestimable, "en efecto, del juego armónico de los arts. 5º, 9º y 10 de la ley 11.683 y art. 3º, inc. b) del dec. 1397/79 reglamentario de aquélla (IMPUESTOS, t. XXXVII-1033), surge que los Jefes de Sección revisten el carácter de jueces administrativos y siendo el firmante de dicha resolución "Jefe de la División Jurídica" está investido de la competencia que la ley le acuerda.

La alegación referente al papel sin membrete debe descartarse de pleno, primero porque el auto apelado tiene las formalidades básicas y segundo porque tal imputación no está probada ni se ha intentado hacerlo; hallándose amparado por el principio según el cual se presume la legitimidad de los actos administrativos.

B) Se agravia luego del contenido del acta de fs. 19 y vta. aduciendo que no se consignó con claridad lo que expresara en su descargo. Dice haber manifestado que a raíz del incendio ocurrido en la fábrica y la consiguiente destrucción de elementos, ello le impidió la confección de las planillas respectivas y ofrecía como prueba la documentación labrada con motivo del siniestro. Expresa además que si bien se reconoció único responsable de los incumplimientos, nunca declaró haber recibido las reiteraciones de las intimaciones.

Cuesta creer que Bretón, hombre maduro e instruido puede haberse prestado a suscribir un acta donde se viertan expresiones distintas a las expresadas por él. La versión resulta un tanto infantil y la firma que suscribe el acta que impugna no ha sido desconocida, debiendo considerársela legítima; el incendio aducido no ha sido probado, ni en la audiencia de descargo, ni en sede judicial pese a que el recurso fue libremente concedido. Cabe asimismo otra reflexión: Si el incendio destruyó elementos que impidieron la confección de las planillas respectivas, no se comprende con qué elementos se elaboró la declaración jurada glosada a fs. 42; por último, el mismo Bretón reconoce a fs. 19 que el incendio destruyó la fábrica, no así la sección administrativa.

C) A fs. 23 expone no haber recibido "la reiteración de la intimación" y a través de su defensor a fs. 45 impugna los requerimientos hechos en el domicilio social entendiendo debieron serlo en el domicilio real: concluye que los mismos no fueron de su conocimiento personal.

Estos reparos merecen las siguientes consideraciones:

1) Fidel Alberto Bretón se declara único responsable del incumplimiento de las obligaciones formales que se imputan a Industrias Breize S. C.; 2) Esta última en sus declaraciones juradas consigna su domicilio en Leandro N. Alem 721 de la ciudad de Santa Rosa -La Pampa-; la prueba la incorporada a fs. 42/43 con sello del 22/8/77 y las constancias de fs. 44, adecuación a posteriores a la sentencia de revisión, datadas el 4/8/81; 3) A la luz de los párrs. 2º, 3º y 4º del art. 13 de la ley 11.683 (t. o. 1978) el mismo producirá en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio constituido" siéndole aplicable los arts. 41 y 42 del Cód. Procesal de la Nación: 4) El art. 100 de la ley establece las diferentes formas de notificación y los 13 y 40 del dec. reg. 1397/79 precisan tales disposiciones, considerando que a los fines de los arts. 44 y 47 de la ley se estimará intimación fehaciente la realizada según aquellas formas; 5) Cuando se desea mayor precisión en la notificación se la establece expresamente como ocurre con el art. 42 in fine del decreto reglamentario que lo estatuye para la audiencia de descargo en las formas de los incs. b, e y f del art. 100; 6) Los arts. citados del dec. reg. 1397/79 no han sido cuestionados respecto a su constitucionalidad; tal decreto se dicta en ejercicio de atribuciones propias del Poder Ejecutivo y en virtud de lo establecido en el art. 5º de la ley 21.858 (IMPUESTOS, t. XXXVI-1187), modificatoria de la ley 11.683; no existe manifiesta contradicción entre la reglamentación y la ley; 7) Las intimaciones fueron hechas conforme al inc. c, del art. 100 de la ley 11.683, según constancias de fs. 51/54 aportadas por la D. G. I. en fotocopias legitimadas, a requerimiento del tribunal; 8) El acta de fs. 4 reúne las formalidades determinadas por el art. 44, -sexto párrafo- de la ley y 42 del dec. reg. y en la audiencia de descargo Bretón rectifica su domicilio particular y expresa "que en el momento de haber sido intimado se apersonó..." con lo que expresamente está reconociendo que tenía conocimiento de la intimación.

Concluyendo, tampoco son atendibles las objeciones referidas a las intimaciones y notificaciones.

D) Asimismo no convence el argumento atinente a la regularización en virtud de la ley 21.589 (IMPUESTOS, t. XXXV-827), del primer semestre del año 1977 de la que da cuenta el expte. 409/77 del registro de este Tribunal tramitado por ante la Secretaría Civil y agregado por cuerda.

En efecto, la regularización comprende las posiciones mensuales por el primer semestre de ese año las que revisten el carácter de anticipos, lo que no presupone la presentación de las declaraciones juradas que son anuales, debiendo cumplimentarse el final del ejercicio comercial (por quienes practican balances comerciales o llevan anotaciones) y al final del año calendario por los demás (art. 16, ley 20.631) (t. o. 1977, IMPUESTOS, t. XXXVI- 221), obligación de cuyo cumplimiento da cuenta el 1er. formulario agregado a Fs. 44 con fecha de presentación: 4 de agosto de 1981.

En cambio es atendible el reparo respecto a la declaración jurada del año 1976, conforme Expte. por cuerda 161/78 (registro de este tribunal), los formularios Nos. 250 y 253 incorporados a fs. 42/43 de estos obrados y el reconocimiento de la D. G. l. al contestar la vista a fs. 47 y vuelta.

E) No debe prosperar la interpretación de la nulidad del procedimiento por la circunstancia valorada en el párrafo precedente, por cuanto quedan subsistentes los incumplimientos por los años 1977 y 1978, sirviendo en todo caso, a los fines de la graduación de la pena.

II - Inconstitucionalidad de la norma Alega la apelante la inconstitucionalidad del art. 44 de la ley 11.683, por ser violatoria el "debido proceso" que consagra el art. 18 de la Constitución Nacional al asignar al Poder Ejecutivo la facultad de aplicar penas privativas de libertad, planteando al efecto, el caso federal.

Es reiterada y pacífica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia por lo menos desde el caso Fernández Arias c. Poggio -Rev. La Ley, t. 100, p. 63-, en admitir las facultades jurisdiccionales de jueces administrativos siempre que sus decisiones sean susceptibles de "revisión judicial suficiente" que impidan a aquéllos ejercer un poder discrecional (entre otros Fallos, t. 247, p. 646; t. 244, p. 54; t. 276, p. 241 -Rev. La Ley, t. 100, p. 63; t. 96, p. 98; Rep. La Ley, t. XXXI-J-Z, p. 1658, sum. 307-, Germán J. Bidart Campos "Manual de Derecho Constitucional Argentino" p. 417).

Por otra parte el efecto suspensivo del recurso asegura al apelante la posibilidad de que en caso de aplicarse en definitiva pena privativa de libertad, lo será con la previa ratificación judicial y con plenitud de defensa y prueba.

Es dable sentar en apoyo de esta decisión el enjundioso fallo del doctor Orlando Gallo -Juez Federal de Mercedes- "in re" "Pérez, Angel" (IMPUESTOS, t. XXXIX-B, 2493), que ilustra al suscripto y a cuyas consideraciones me remito.

III - Esencia de la causa El art. 44 de la ley 11.683, reprime con pena de arresto la pertinacia de los contribuyentes que no responden a las intimaciones del órgano recaudador respecto al cumplimiento de la obligación formal de presentar las declaraciones juradas, persiguiendo un fin preventivo y coercitivo más que represivo.

Bretón, responsable confeso de Industrias Breiza S. C. hizo caso omiso a los requerimientos de que da cuenta el acta de comprobación de fs. 4; fue desidioso y contumaz en su actitud alusiva y como si la sanción aplicada por la D. G. l. (resolución de fs. 20/21) lo despertara de un prolongado letargo (las D. D. J. J. corresponden a los años 1976, 1977 y 1978) o lo alumbrara en su ignorancia de disposiciones conocidas por el más desavisado de los comerciantes; (obvio es acatar que el error de derecho no es excusable), las presente el 4 de agosto de 1981 en forma extemporánea carente de validez para la liberación de sus obligaciones por imperio del art. 68 del dec. reg. 1397/79 con especial referencia el art. 44 de la ley 11.683 (t. o. 1978). Cuadra agregar que los intervalos entre los requerimientos fueron amplios (noviembre/1978; marzo/1980; marzo 1981). Corresponde en consecuencia, confirmar la sentencia del juez administrativo, en revisión en esta instancia judicial.

IV - Graduación de la pena Conforme la consideración hecha en el párrafo final del acápite C - punto I de este decisorio, corresponde adecuar la sanción a la reducción en las intimaciones que el mismo supone. En cambio no considero aplicables al caso las consideraciones hechas en autos "Sibert, Felipe s /apelación art. 44 inc. a) de la ley 11.683; - expte. Nº 132/81" fallado el 24 de noviembre pasado (IMPUESTOS, ver "supra", en este tomo), respecto a la aplicación de los arts. 3º, 6º, 8º y 9º de la resolución interna de la D. G. I. 4693, la pertinacia de Bretón además de abarcar dos períodos fiscales, se subsanó en un tercero (1976) por una ley de regularización impositiva (21.589) (IMPUESTOS, t. XXXV- 827) y previa inhibición general (expte. 161/78 por cuerda). Corresponde, por lo tanto, confirmar la pena; adecuándola según lo manifestado al principio de este apartado, fijándola en 7 (siete) días de arresto.

V - Condena de ejecución condicional Conjugando los arts. 4º y 26 del Cód. Penal y ante el silencio al respecto de la ley 11.683, es viable dejar en suspenso la ejecución de la condena atento al carácter de primario que ostenta el encartado (Conf. Elena D. Fernández de la Puente "El ilícito tributario en la ley 11.683 -t. o. 1978-", Abeledo-Perrot, 1980, ps. 27 y 45; Marienhoff, "Tratado de derecho administrativo", t. V, p. 611; Fernando Castellanos (h.) -"La Información"-, t. XXXVIII, p. 537, Juzgado Federal de Mercedes "Benarós, Alberto J. y Pérez, Angel" en IMPUESTOS, t. XXXIX-B, 2490 y 2493.

Por lo expuesto, oídos que han sido el Procurador Fiscal ante esta instancia y el apelante;

Resuelvo: I. Confirmar en lo principal la sanción aplicada por el juez administrativo de la dirección general impositiva (resolución de fs. 20/21) Fidel A. Bretón, argentino, nacido el 1 de octubre de 1948, hijo de Fidel Felipe y de América Rosa Evangelista, de profesión comerciante, L. E. Nº 7.369.745, domiciliado en calle González 421 de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, como autor responsable de infracción al art. 44, inc. a) de la ley 11.683 (t. o. 1978 - L. 21.858) y adecuarla en el monto de la sanción atento la magnitud real de la infracción, fijándola en 7 (siete) días de arresto. Con costas a cuyo efecto regula los honorarios del doctor... en la suma de ...... pesos (art. 8º, ley 21.839 y dec. 876/81). Por secretaría practíquese la planilla de costas pertinente.

II. Declarar de ejecución condicional la pena privativa de libertad aplicada (arts. 4º y 26, Cód. Penal). - Carlos W. Lema (Sec.: José M. Cello).