Tribunal: JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL Nro 73
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-24


1º Instancia. - Buenos Aires, mayo 24 de 2002.

Resulta: a) A fs. 87/100 se presentó, por apoderado a partir de fs. 357, M. A. B. promoviendo demanda contra el Círculo Militar para que se decrete la nulidad del acto administrativo de fecha 6 de enero de 2000 por el que se dispuso su exclusión como socio activo de la entidad.

Manifestó que resulta público y notorio que se desempeñó hasta el 13 de diciembre de 2000 como Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino.

El mismo día en que cesó en tal cargo, la comisión directiva del Círculo Militar dispuso constituir una sub comisión "ad hoc" integrada por oficiales superiores de grado similar al suyo, a fin de que evaluara su proceder como socio activo del Círculo Militar.

Esa subcomisión -integrada por cinco tenientes generales- tras analizar la documentación que le proporcionara la Comisión Directiva, resolvió citar al actor para el día 27 de diciembre de 1999, el efecto de que efectuara los descargos del caso.

Las notificaciones respectivas fueron remitidas al Estado Mayor General del Ejército -lugar que no era ni su domicilio real ni profesional por haber cesado en el cargo- donde fueron recibidas y reservadas, llegando recién a sus manos el día 29 de diciembre de 1999, fecha en que se remitieron a su domicilio particular.

En esas circunstancias cursó sendas notas a los presidentes del Círculo Militar y de la sub comisión respectivamente pidiendo que se le informara en detalle acerca de las inconductas en que habría incurrido.

No obstante ello, en la reunión de la Comisión Directiva del día 6 de enero de 2000 se resolvió aplicarle la sanción de "exclusión por tiempo definitivo" prevista en el art. 28 del estatuto del Círculo Militar, fundada en que su conducta como socio de la ex Fundación Cultura Círculo Militar había obrado en perjuicio del Círculo Militar.

Con fecha 3 de febrero de 2000, en los términos del art. 30 del mencionado estatuto interpuso recurso de reconsideración contra tal sanción, negando que en su accionar como socio de ambas instituciones hubiere incurrido en favoritismos a favor o en perjuicio de una u otra.

El 22 de marzo de 2000, mediante resolución 4742 de la Comisión Directiva se desestimó el recurso interpuesto confirmándose la sanción en cuestión.

Afirmó que luego del rechazo de la reconsideración efectuó la presentación que impone el art. 31 del estatuto para que la Asamblea confirme o no la decisión de la Comisión Directiva.

Entendió que se lo ha privado del derecho de defensa por encontrarse mal notificado, que le ha faltado motivación al acto, que han existido vicios en el procedimiento, y que se encuentra agotada la instancia administrativa.

Fundó su derecho y oportunamente ofreció prueba.

b) A fs. 289/318 contestó demanda, por apoderado, el Círculo Militar, pidiendo el rechazo con costas de la acción instaurada.

Sostuvo que el fundamento de la sanción impuesta al actor se encuentra en la conducta que asumiera a favor de la Fundación Cultural Círculo Militar (luego denominada Fundación Cultural Ejército Argentino) en el prolongado conflicto judicial que ha existido entre dicha fundación y la entidad aquí demandada.

Tras reseñar pormenorizadamente todos los conflictos exteriorizados entre ambas instituciones relató cuál fue la actuación del demandante, que en su opinión consistió en una abierta apoyatura a la posición de la "Fundación".

En lo tocante al procedimiento seguido para concluir en la sanción aplicada al Tte. Gral. B. entendió que se siguieron todos los pasos procesales estatutarios.

Más allá de lo que pudo haber sido una defectuosa citación, indicó que el actor estuvo en condiciones de defenderse a punto tal que el 30 de diciembre de 1999 efectuó sendas presentaciones, con anterioridad a la fecha en la que se le aplicó la sanción que ahora pretende impugnar.

Por otra parte, tras ser notificado de su exclusión interpuso recurso de reposición donde pudo ejercer con plenitud su derecho de defensa, el que concluyó con la desestimación del replanteo, y quedó consentido por el accionante al no interponer el recurso ante la Asamblea General Ordinaria contemplado por el art. 30 del Estatuto.

Por último destacó que en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2000, con el voto unánime de todos los socios presentes, se decidió que el actor quedara excluido como socio del Círculo Militar, resultando claro entonces que dicha sanción está firme.

Fundó su derecho y ofreció prueba.

c) A fs. 325 se abrieron a prueba estas actuaciones, produciéndose las que detalla el certificado de fs. 514 y vuelta A fs. 548/561 alegó el actor y a fs. 516/545 hizo lo propio la demandada.

d) A fs. 563 vta. pasaron estos autos a sentencia por providencia que está firme.

Considerando: I. El actor demanda para que se decrete la nulidad del acto administrativo de fecha 6 de enero de 2000 por el cual la Comisión Directiva del Círculo Militar dispuso su exclusión como socio activo de la entidad.

La pretensión es resistida por la parte demandada.

II. a) Los arts. 34 inc. 4º, 163, inc. 6º y 164 del Cód. Procesal consagran el principio de congruencia, base de nuestro ordenamiento jurídico adjetivo, que se deriva a su vez del sistema dispositivo.

Puede definírselo como la conformidad que ha de existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, mas la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto.

Y la praxis judicial ha expresado en torno al mismo, que las sentencias judiciales han de atenerse a la situación que existía al momento de trabarse el debate, resolver con arreglo a las acciones deducidas en el juicio, pronunciarse sobre todo lo que piden las partes y nada más que sobre lo que piden.

No debe considerar el juez otras cuestiones que las incluidas en la relación procesal, ni pronunciarse sobre pretensiones no deducidas, cosas no pedidas o solicitudes no formuladas.

De lo expuesto se desprende, sin dudas, que la sentencia no puede hacer mérito sino a lo peticionado en la demanda y contestación (Conf. Morello, Sosa, Berizonce, "Cód. Proc. Civ. y Com. com. y anot.", t. II-C, com. art. 163, p. 76 y jurisprudencia allí citada, Buenos Aires 1996).

b) Lo expuesto viene al caso por cuanto si bien el actor lo que en el fondo pretende es que quede sin efecto su exclusión como socio de la demandada, sólo cuestiona la primigenia resolución de Comisión Directiva del 6 de enero de 2000 que así lo dispuso, pero omite pedir pronunciamiento acerca de la validez o no de la resolución 4742 del 22 de marzo de 2000 (que rechazó su reconsideración contra la exclusión dispuesta el 06/01/2000 confirmando aquel pronunciamiento) y tampoco discute lo resuelto en el mismo sentido -su exclusión como socio- el 30 de junio de 2000 por la Asamblea General Ordinaria (máximo organismo del Círculo Militar).

Es cierto que a la fecha de promoción de la demanda no se había celebrado esta última, pero también es cierto que la misma sesionó y resolvió con anterioridad a la fecha en que se ordenó el traslado de la demanda (26 de septiembre de 2000 según consta a fs. 116) por lo que el demandante estuvo en condiciones de ampliar su pretensión planteando la nulidad de dicha asamblea, y no lo hizo.

Por lo demás no se alcanza a comprender cómo habría de cuestionar la validez de dicha asamblea cuando según sus propias manifestaciones vertidas a fs. 87/100 después de ser rechazada la reconsideración ..."efectué la presentación que impone el art. 31 del estatuto, para que la Asamblea confirme o no, la decisión de ha H.C.D." (ver fs. 96 vta. punto 6 primer párrafo).

Algo similar ocurre con la medida de no innovar pedida por el demandante a fs. 87/100 tendiente a que la Asamblea que sesionaría el 30/06/2000 se abstuviera de considerar su situación como socio, la que resultó rechazada por providencia de fs. 104/105, resolución que fue consentida por el actor.

c) Así las cosas puede reconstruirse sucintamente el trámite procesal que ha seguido el actor con relación al tema aquí en debate.

A partir de la resolución del 6 de enero de 2000 que resolvió su exclusión por tiempo definitivo como socio del Círculo Militar ha abierto dos frentes.

Por un lado continuó -como correspondía- con el procedimiento interno establecido por el estatuto, esto es: planteó un recurso de reconsideración, y perdido el mismo solicitó -según sus propias aseveraciones- que el tema fuese tratado por la Asamblea (así lo establece el art. 30 inc. d) del estatuto).

Confieso que no he encontrado dentro de la documentación acompañada este último planteo, pero como la ha afirmado el actor en su escrito de demanda le resulta aplicable la teoría de los propios actos.

Esta se enuncia a través de la locución latina "venire contra factum proprium nulli conceditur" y se la ha conceptualizado jurisprudencialmente de la siguiente manera: "las partes no pueden contradecir en juicio sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, como asimismo, devienen inadmisibles las pretensiones que ponen a la parte en contradicción con sus comportamientos anteriores jurídicamente relevantes" (conforme Borda, Alejandro, "La teoría de los Actos Propios", Ed. Abeledo Perrot, p. 55 y siguientes).

La doctrina de los actos propios resulta una derivación del principio de buena fe y particularmente la buena fe procesal no es sino una especie dentro del género de las relaciones jurídicas y constituye no una facultad sino una obligación del órgano jurisdiccional hacerlo valer de acuerdo con lo dispuesto por el apartado d) del inc. 5 del art. 34 del Cód. Procesal, en razón de lo cual nadie puede alegar un derecho que está en pugna con su propio actuar anterior, que a tal fin implica una renuncia tácita que invalida la nueva pretensión (conforme "La virtualidad de los actos propios en el derecho argentino" de Alterini-López Cabanna, LA LEY, 1984-A, 876; "La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia argentina y española", LA LEY, 1984-A, 519 de José Luis Amadeo; "La voluntad", Rubén Héctor Campagnucci de Caso, LA LEY, 1985-A, 100; CNCiv., sala H, "Papazian Martín c. C.O.P.L.A. s/daños y perjuicios", 28/03/95).

d) En síntesis, el actor para cuestionar una primera resolución que lo afectó ha seguido los pasos institucionales internos previstos en el estatuto del Círculo Militar: primero pidió reconsideración (sin suerte) y luego pidió que el tema se tratase en la asamblea (también con suerte adversa).

Con relación a esta Asamblea, si bien es cierto que no se ha arrimado en autos prueba fehaciente acerca de lo allí resuelto (las copias simples de fs. 273/274 son insuficientes), también es cierto que cuando los hechos son públicos y notorios, pueden reputarse conocidos, al menos por parte de quienes tienen acceso a un nivel razonable de información como forzosamente lo son los jueces.

Consultando las páginas "www.lanacion.com.ar" y "www.clarin.com.ar" correspondientes a los ejemplares de dichos diarios del día 1º de julio de 2000 he constatado que tal asamblea efectivamente se realizó, y que por el voto unánime de todos los presentes se aprobó la exclusión del actor como socio del Círculo Militar.

Por lo demás, a fs. 560 vta., en su alegato el propio accionante reconoce el hecho al sostener que "Ninguna importancia tiene, que la Asamblea de socios (y admiradores de la comisión directiva), haya ratificado la exclusión".

e) Empero, el accionante ha abierto también el frente jurisdiccional pretendiendo que aquella resolución originaria no sólo fuese revisada dentro del orden administrativo de la institución, sino que también se la juzgara desde el Poder Judicial.

Y aquí aparece una contradicción.

Señala Llambías que "para que proceda la instancia judicial debe previamente agotarse la instancia corporativa, deduciendo los recursos estatutarios pertinentes. Esto significa que la decisión cuya impugnación se efectúa ante la justicia ordinaria, ha de ser definitiva e insusceptible de toda reconsideración ante el mismo organismo que haya impuesto la medida disciplinaria, o de apelación ante otro organismo superior o ante la misma asamblea de socios" (Conf. Llambías J.J., "Cód. Civ. Anot.", t. I, com. art. 40, A-Doctrina Nº 12).

De aplicación concreta para la especie es la consideración de que "para que proceda el recurso judicial, el miembro debe haber agotado previamente todos los recursos existentes dentro del mecanismo interno de las entidades. El recurso interno y el judicial no son alternativos, no puede el asociado optar por uno u otro, no procede la instancia judicial sino se agota la instancia corporativa" (Conf. Belluscio A.C. "Cód. Civ. Com.", t. I, com. art. 40, Nº 5, y jurisprudencia allí citada).

En base a lo hasta aquí expuesto, y aún cuando pudiese haber existido algún vicio en las primeras notificaciones dirigidas al actor, lo concreto es que éste no ha cuestionado en esta sede judicial ni el acto administrativo del 22/03/2000 por el cual se rechazó su reconsideración, ni lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria del 30/06/2000.

Carece de sentido por tanto el juzgamiento de un acto, si lo resuelto en ese decisorio ha sido ratificado por otros actos posteriores cuya validez o nulidad no se puso aquí en tela de juicio.

Ha mediado un consentimiento tácito con referencia a las dos últimas resoluciones que no hicieron sino confirmar lo que originalmente se decidiera.

Consecuentemente la presente demanda será rechazada.

III. Habida cuenta de cómo se resuelve, deviene innecesario el tratamiento acerca de los enfrentamientos habidos entre el Círculo Militar y la Fundación Cultural Círculo Militar o Fundación Cultural Ejército Argentino o Fundación Cultural Militar, y el papel que en los mismos asumiera el Tte. Gral. B..

IV. Conforme al criterio objetivo de la derrota impongo las costas al actor vencido (art. 68 y conc., Cód. Procesal).

Por todo lo expuesto y en base a las disposiciones legales citadas fallo: Rechazando la demanda de fs. 87/100, con costas a cargo del accionante.

Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, su resultado, mérito y extensión de los haberes profesionales realizadas, regulo los honorarios por la representación y patrocinio letrado de la parte demandada, al doctor O. P., en la cantidad de pesos dos mil ochocientos ($2800); y por igual gestión con relación al actor, regulo los honorarios del doctor J. A. D. en la suma de pesos un mil setecientos ($1700), los que deberán ser abonados en el plazo de diez días (conf. arts. 6, 7, 89 y conc. de la ley 21.839, t.o. ley 24.573). - César H. Cozzi Gainza.