Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, LEY DE ORGANIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES SINDICALES, intimación a jubilarse, tutela sindical, exclusión de la tutela sindical, ley de contrato de trabajo, empleo público, competencia laboral, estabilidad del delegado gremial, jurisprudencia aplicable, trámite jubilatorio, suspensión del acto administrativo, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Novello, Mónica Patricia c/ GCBA s/ Inc. Apelación. Amparo. Empleo Público. Cesantías y sanciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-21

En el caso corresponde modificar parcialmente la sentencia de grado y, en consecuencia, de modo cautelar suspender los efectos de la Resolución Administrativa que dispuso el cese de la Actora por no haber acreditado el inicio de los trámites jubilatorios, y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que mantenga su reincorporación en el puesto que desempeñaba hasta que recaiga sentencia definitiva o hasta que finalice su mandato como delegada gremial, lo que primero ocurra. En el larval estado del proceso, puede observarse que la actora habría sido elegida delegada, y que mediante la Resolución Administrativa se habría dispuesto su cese en razón de lo establecido en el inciso c) del artículo 146 y artículo 148, de la Ley 6.035. En este punto, no se discuten las facultades que en esta última ley se reconocen al Gobierno local para disponer por las razones allí indicadas, el cese de los agentes que se desempeñan en el ámbito de la Administración por la falta de inicio de los trámites jubilatorios de quienes debidamente intimados a hacerlo, se encontrasen en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio. El meollo de la cuestión planteada radica en la posibilidad de sortear el procedimiento de exclusión de tutela gremial que se establece en el artículo 52 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. En efecto, la previsión normativa parece clara en cuanto en ella se exige que, salvo resolución judicial previa, no podrán modificarse las condiciones de trabajo de agentes que cuenten con dicha protección en orden al desempeño de sus funciones gremiales. En este contexto, la justa causa a la que alude el artículo 48 de la Ley 23551 de Organización de las asociaciones Sindicales, debe interpretarse en conjunto con el posterior artículo 52, en cuanto exige la resolución judicial previa a los fines de modificar las condiciones de trabajo; de este modo, el procedimiento de exclusión de tutela sindical constituye un recaudo previo a efectos de dar por concluido el vínculo laboral sin que aparezca como excepción a ello la circunstancia invocada por la demandada para proceder con la cesantía. Por lo tanto, no se trata, como postula la recurrente de prorrogar indefinidamente la relación de empleo público, sino de sujetar el distracto a las condiciones establecidas por la legislación vigente. La doctrina de los tribunales del trabajo ha sido contundente al respecto. Efectivamente, ese fuero ha sostenido, en el marco de la normativa similar aplicable en el contexto de la ley de Contrato de Trabajo, que ]a condición de delegado impone a la empleadora la carga de requerir la exclusión de tutela, con carácter previo a la intimación del art. 252 de la LCT (CNAT, Sala IV, Nyari de Sanoner, Hortensia Raquel c/ Aerolíneas Argentinas SA, del 27/3/08, LL del 29/7/08 y las numerosas citas allí vertidas en idéntica dirección).