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Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, intereses, contrato de obra pública, contratos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: José RODRIGUEZ CARRERA e HIJOS  S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  SENTENCIA  ARBITRARIA -  FALTA DE FUNDAMENTACION SUFICIENTE - CONTRATO ADMINISTRATIVO  - OBRAS  PUBLICAS - INTERESES - MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-13

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que rechazó la demanda contenciosoadministrativa por revocación del decreto y de las resoluciones que no habían hecho lugar al reclamo de intereses.

Ello es así, pues, aceptado por el a quo que estaba "suficiente y definitivamente probado en autos" que "para el descuento de certificados de obras públicas" el banco referido aplicaba las "pautas instrumentadas en la circular nro. 999/77", se advierte que las referencias a la tasa efectiva anual sólo se sustentan en una apreciación subjetiva sobre el modo de establecerla y hacen perder de vista el tema central del planteo, ya que el fallo desconoce lo que surge de los antecedentes y contrato de obra pública e incide en menoscabo de los derechos de la contratista que, en razón de la falta de pago a su debido tiempo, se vio privada del capital correspondiente que pudo haber dispuesto.
Prueba confesional, confesión ficta, audiencia, incomparecencia de las partes, reconocimiento de los hechos
Materia: PROCESAL
Carátula: NUÑEZ DANIEL c/ SAN MARTIN ALDO s/ COBRO DE PESOS - PRUEBA - CONFESION FICTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-08

Como bien se encarga de aclarar el art. 417 del Código Procesal si el citado no compareciere el juez lo tendrá por confeso sobre los hechos personales, de acuerdo a las circunstancias de la causa y las restantes pruebas producidas, por lo que el reconocimiento reviste un carácter absoluto como la confesión expresa, pudiendo ser desvirtuada mediante prueba en contrario.
Contrabando, control aduanero, control de productos alimenticios, verificación de la carga
Materia: PENAL
Carátula: CARBEL, JOAQUIN s/ Contrabando Causa 26518-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

1- La figura del contrabando no se agota en casos como el de autos (productos alimenticios), por la sola salida de la mercadería del recinto portuario y el pago de los correspondientes derechos, toda vez que el contralor aduanero se halla integrado con el posterior contralor bromatológico y sanitario necesario para que la mercadería en cuestión pueda ser despachada legalmente a plaza (Cf. Reg. 48/83 "GUILLERMET, Jorge A. 26.4.83 Inc. de Excarc.) (Del voto del Dr.

Riggi).- 2- El art. 23 inc. h) del Código Aduanero establece concretamente como función de la Aduana el autorizar de acuerdo con la naturaleza de la operación y con los controles que en cada caso correspondieren la verificación de la mercadería en los locales o depósitos de los importadores o exportadores, siempre que los locales brinden las seguridades requeridas para el adecuado contralor de la operación y la debida salvaguarda de la renta fiscal. (Del voto del Dr. Riggi).
Procedencia parcial, costas, caducidad de instancia, tercería de mejor derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: Tercería de mejor derecho deducida por Leonardo David Ojeda c/ Banco de Galicia y Buenos Aires en autos: Banco Gacilia y BS AS. c/ Vaudagna, Javier Gustavo - ejecutivo s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-04-07

Cabe hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido y en su mérito, revocar el interlocutorio sólo en cuanto dispuso que las costas generadas sobre la instancia principal -tercería- se distribuyan por el orden causado y en su lugar, imponerse al tercerista -art. 130 del CPCC de la Provincia de Córdoba-; no así en relación a las del incidente de perención que deben mantenerse por el orden causado. Para decidir así, se señala que la cuestión devino abstracta por sustracción de materia litigiosa, pues efectivamente el bien sobre el cual se disputaban los derechos fue rematado. Paralizado el proceso y declarada perimida la instancia -considerando las circunstancias particulares, en especial que había desaparecido el objeto de la acción-, se dispuso imponer las costas por el orden causado y así debe mantenerse dado que la resolución atacada en modo alguno viola el principio de legalidad, sino que se trata de una solución posible dentro del marco de arbitrio judicial que acuerda el mencionado artículo; consecuentemente, no puede considerarse que la a quo hubiese fallado contra legem, tal como predica la apelante. En cambio, le asiste razón a la apelante en cuanto a que siendo que se encontraba ya trabada la litis sobre la tercería -aún cuando la cuestión hubiese devenido abstracta-, ello no constituía óbice para que pudiese obtener un pronunciamiento sobre las costas de dicha incidencia sobre la base de un análisis en abstracto de la posición asumida y con la aspiración de que sea el tercerista quien deba cargar con las mismas. Consecuentemente, el hecho de que en definitiva se hubiese determinado la caducidad de la instancia -y no la abstracción-, y que tal solución hubiese sido consentida por el tercerista, conduce a precisar que es quien debe asumir al respecto la condición equivalente a la de vencido y por tanto cargar con las costas de dicho proceso.
Prescripción, interrupción de la prescripción, cargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. c/ BERNHARDT EDUARDO JORGE s/ SUMARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-30

Cabe admitir la validez del cargo puesto a la demanda por el actuario del otro juzgado civil que no estaba de turno y fuera de horario, a los efectos de interrumpir la prescripción.
Derecho procesal, partes del proceso, intervención de terceros, efectos entre partes, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Carchedi, Federico Oscar c/ Lucamar Logística SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

Por lo demás, la relación o situación jurídica sobre la que versa el proceso debe ser común y guardar conexión con otra existente entre el tercero y alguno de los litigantes originarios, de manera tal que aquél podría haber asumido inicialmente la posición de cualquiera de ellos.
Daños y perjuicios, propiedad intelectual, derechos de autor, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música
Materia: CIVIL
Carátula: MITNIK, Bernardo c/ S.A.D.A.I.C. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-03

Disidencia de la Dra. Lozano:

Al tratarse de una entidad con la organización y medios que supone cobijar a la totalidad de los autores de un país, a quien se le ha confiado, precisamente, la custodia y defensa de sus intereses, también en el extranjero, no existen razones para no organizar coordinadamente con sus pares o representantes en el exterior un adecuado servicio de control y fiscalización. Los convenios con entidades similares en el extranjero pueden revelarse medios apropiados, pero no suficientes si no van acompañados de una labor de auditoría, semejante a la que debe llevarse a cabo en el orden interno. Sólo la falta de control puede permitir que recaudaciones efectuadas en un país por derechos autorales argentinos sean derivadas a un tercer estado, sin que se gestione eficazmente su encauzamiento en forma debida.-
Contrato de trabajo, encargados de casas de renta, contrato de trabajo por tiempo indeterminado, relación laboral permanente discontinua
Materia: LABORAL
Carátula: "Vega, Emma c/ Cons. Prop. Edif. Condarco 427 s/ Despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

Toda vez que la actora realizaba los reemplazos cuando el encargado permanente tomaba licencias (un mes al año en un período definido) y aunque no se hubieran instrumentado tales reemplazos mediante contratos a plazo fijo, cabe considerar que dichas prestaciones correspondieron a una relación de trabajo por tiempo indeterminado pero con vínculo discontínuo, regulado por los arts. 96 y conc. de la LCT. En tales condiciones, la negativa de la demandada a reconocer la relación laboral constituye una injuria cuya gravedad justificó la decisión rescisoria de la accionante.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, auto de procesamiento, actuaciones en sede penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CAJA DE PREVISION PARA PROFESIONALES MEDICOS ODONTOLOGOS Y BIOQUIMICOS DE SAN JUAN c/ Domínguez Alicia Edith y Otros s/ Ordinario - Actuaciones para Elevar a la Cámara"
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-06-15

Los presupuestos de admisibilidad de la pretensión de aseguramiento se encuentran reunidos en este caso si se ha dictado auto de procesamiento en sede penal contra el recurrente (Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala V, c. n° 14.095, "Banco Galicia y otro", rta. 11/7/00), dado el reducido ámbito cognoscitivo propio de las medidas cautelares, y aun cuando dicho auto de procesamiento haya sido recurrido pero sin acreditarse que fuera revocado (arg. art. 213, ap. 3), C.P.C.C.M.).

Es que la verosimilitud del derecho invocado debe ser entendida como la posibilidad de que aquél exista. El ordenamiento procesal sólo exige que el derecho del peticionario sea aparentemente verdadero, y no que se acredite la certeza en la existencia de ese derecho, que sólo se obtendrá al dictarse el pronunciamiento definitivo.
Locación de inmuebles, forma del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: ALTAMIRANO, LUISA c/ DEL FRANCO, JUAN FLORENTINO s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

Según se desprende del art. 1 de la ley 23091 los contratos de locaciones urbanas, así como también sus modificaciones y prórrogas, deberán formalizarse por escrito. En el caso de que el contrato no fuera celebrado por este medio y tuviera principio de ejecución, se considerara hecho por el plazo mínimo fijado en el art. 2, no es aplicable a las prórrogas contractuales, pues el art. 1622 del C Civil que veda la tácita reconducción, no ha sido derogado por la ley 23091.
Juicio, caducidad, ley procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: RABINOWICZ, SAMUEL c/ BUSTAMANTE, JUAN ANTONIO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-28

Conforme lo entiende autorizada doctrina, no puede -ni debe- confundirse la paralización del procedimiento con la suspensión de los términos, ya que mientras la paralización del pleito -por implicar la imposibilidad de desarrollar actividad procesal impulsoria- acarrea la suspensión de todos los plazos procesales incluyendo el de la caducidad de la instancia, no sucede lo mismo con la mera suspensión de términos, que sólo detiene el plazo procesal cuya prosecución afectaría el derecho de defensa de un justiciable pero no impide la realización de la actividad procesal ulterior y, por tanto, su dictado no involucra la interrupción o suspensión del curso de la perención. (Del voto del Dr. Netri) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 181, p 445/453. - DOCTRINA: Maurino, Alberto L., "Perención de la instancia en el proceso civil", Astrea, 1991, pág. 221; Guasp, "Comentario de la Ley de Enjuiciamiento Civil", T. I, Madrid, 1948, pág. 798; Micheli "Derecho Procesal Civil", T. IV, trad. de Melendo, Bs. As., 1970, pág 336.
Cuestiones de competencia, acción de amparo, competencia por la materia, competencia originaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de Misiones. s/ Cuestión de Competencia Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-10-03

Lo solicitado por el actor, bajo la apariencia de una acción de amparo, interpuesta en Primera Instancia plantea dos acciones diferentes, las cuales son de competencia de este Superior Tribunal de Justicia. Por un lado la acción de inconstitucionalidad (declarar inconstitucional la Resolución Nro. 0288 del Instituto de Previsión Social de la Provincia), regulada en los Arts. 785 y s.s. del C.P.C. y por el otro, nos encontramos con un reclamo de materia contencioso administrativa (se deje sin efecto la Resolución Nro. 0288, medida cautelar de no innovar que se lo reintegre a la Jefatura de Departamento con derecho a percepción de los adicionles de manejo de fondos y compensación jerárquica que le dieron de baja) reglada por la Ley Provincial 3064, normativa que se aplica para resolver las controversias que surgen de las relaciones de empleo público. Estas circunstancias fáctico jurídica encuadra en la competencia originaria atribuida constitucional y legalmente a este Alto Cuerpo.(Dra. Poggiese de Oudín:Según su voto).-
Obras sociales, Superintendencia de Servicios de Salud, pago espontáneo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "OSSEG c/ SSS - Resol 231/11 (Expte 155610/09)". s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-20

En cuanto al agravio vinculado a la omisión de la autoridad administrativa de permitirle a la actora hacer uso del derecho al pago voluntario que contempla el artículo 9° de la Resolución N° 1379/10 (B.O. 7/12/10), cabe señalar que esa norma no resultaba aplicable al caso, dado que al momento de su entrada en vigencia ya había vencido el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día hábil subsiguiente al de la notificación del sumario que establece para realizar el reconocimiento voluntario; y que, por otro lado, dispone ese beneficio sólo para incumplimientos formales y a la Obra Social recurrente se le imputaron tanto incumplimientos formales como sustanciales.
Indemnización, pensiones
Materia: CIVIL
Carátula: HERMOSILLA, OLGA G. c/ FIDEL, JORGE R. Y OTRA s/ ORDINARIA S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-03-31

Tanto en el caso del seguro de vida como el de acceso a un beneficio previsional se originan en lo que puede denominarse situaciones compradas por la víctima y para el responsable del daño resultan res inter alios acta.-
Obligaciones del empleador, negación de tareas
Materia: LABORAL
Carátula: A., E. F. c/ C. W. S.A. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-11

Es dable recordar asimismo que conforme prestigiosa jurisprudencia a los fines de la aplicación del art. 212 párrafo segundo de la L.C.T. no basta con acreditar que no existe ninguna vacante en la empresa demandada sino que el empleador debe demostrar la imposibilidad de asignar al trabajador tarea alguna compatible con su capacidad residual con arreglo a la actividad empresarial.
Embargo preventivo, sentencia interlocutoria, crédito por honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: D.N.R.P.  DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL c/ INDUSTRIAS ALGODONERAS UNIDAS  S.A. s/ EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-07

La sentencia a que alude el inc. 3 del art. 212 del Código Procesal que autoriza la traba del embargo preventivo es aquélla de la cual resulta un crédito o derecho. En consecuencia, el crédito por honorarios que dimana de una sentencia interlocutoria puede ser beneficiado con la protección que brinda la norma.
Sentencia absolutoria, sentencia condenatoria, sentencia consentida, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: SOLIS TERCEROS s/ RECURSO  DE APELACION. PROCESADO QUE CONSINTIÓ EL FALLO CONDENATORIO.  NOTIFICACIÓN  SIN  LA  PRESENCIA  DEL  DEFENSOR  Y CIRCUNSCRIPTA A LA  PARTE  DISPOSITIVA.  VIOLACIÓN  DE  LA  DEFENSA EN JUICIO.  APELACIÓN INTERPUESTA POR EL DEFENSOR. DEFENSA EN JUICIO (ÍD.).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-16

la conformidad prestada por el procesado respecto de la sentencia condenatoria no empece a su absolución cuando el tribunal de alzada conoce del recurso interpuesto por el coprocesado.
Responsabilidad contractual, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Safenraiter, Juan Ramón c/ Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia y-u otro s/ Resolución de Contrato y Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-05-31

...en la reparación de daños derivados de incumplimientos contractuales la medida de la indemnización depende de la virtualidad jurídica del título en que se apoya la pretensión resarcitoria del actor, es decir la actitud de éste ante la opción por reclamar la resolución o el cumplimiento que ante él se abre.
Empleo público, remuneración, adicionales de remuneración, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, aportes previsionales, procedencia parcial
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Chimbo, Alejandrina del Valle y otros contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-24

El recurrente pretende por un lado, que se revise la decisión de la Cámara que lo obliga a realizar las retenciones de aportes previsionales únicamente respecto de las diferencias salariales reconocidas en la sentencia de fondo. Referido a este agravio, la actuación del GCBA como agente de retención no constituye el ejercicio de un derecho ni la defensa de una prerrogativa propia sino el cumplimiento de una obligación legal que le imponen las leyes n° 24241 y n° 472. En efecto, al actuar como agente de retención, el GCBA no actúa en defensa de su patrimonio ni persigue satisfacer una obligación de la cual resulte acreedor, sino que se limita a intervenir (por expreso mandato legal) en la recaudación de los aportes personales debidos por los trabajadores y cuyo acreedor es un tercero. Ese mandato legal no necesita ser ratificado por la sentencia definitiva para adquirir vigencia en el caso concreto, ni fue descalificado por inconstitucional en ese pronunciamiento. El incumplimiento a esta obligación de retener acarrea consecuencias jurídicas gravosas para el empleador. Por un lado, el incumplidor deviene deudor solidario junto con el trabajador del monto dejado de retener (conf. art. 8 inciso c) de la ley n° 11683, aplicable a los recursos de la seguridad social en virtud de lo dispuesto por el decreto n° 2102/93). Pero por otra parte, el incumplidor es pasible de multas administrativas y sanciones penales. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Marcela De Langhe por remisión a los fundamentos expresados in re y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Fudim Ernesto contra GCBA sobre empleo público -no cesantía ni exoneración-", expte. n° 45800/12-1; 10-02-2022).
Delitos contra la integridad sexual, abuso deshonesto
Materia: PENAL
Carátula: O.I.G. s/ Corrupción de menores
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-08-07

El dolo que requiere la figura del Abuso deshonesto debe esta encaminado a realizar exclusivamente actos impúdicos que ofendan el pudor sexual de la victima y con la conciencia y la voluntad de cometer solamente actos libidinosos sin acceso carnal.
Sentencia condenatoria, encubrimiento, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Giménez, Miguel Angel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

Corresponde declarar la nulidad de la sentencia condenatoria por el delito de encubrimiento (art. 277 inc. 1° del C.P.) si el tribunal de juicio omitió acreditar debidamente el delito previo al cual se encubrió. La resolución obvió toda referencia al tiempo, lugar y modo en que se habría consumado el encubrimiento por adquisición endilgado, teniéndose únicamente por acreditado que el imputado fue sorprendido a bordo de un vehículo que registraba orden de secuestro, por hurto. La total falta de precisión en el hecho en relación a la carencia de la determinación de la fecha de compra del automotor trasciende en la correcta aplicación de la ley sustantiva, toda vez que se subsumió la conducta juzgada en el artículo 277, inciso 3°, del Código Penal, según reforma introducida por la ley 25.246 (publicada en el Boletín Oficial el 10/5/00), sin haberse siquiera intentado demostrar que la adquisición del vehículo -el encubrimiento por receptación se consuma con la entrega de la cosa por tratarse de un delito instantáneo- ha sido anterior o posterior a la vigencia de la norma en cuestión -cuya mayor benignidad, en su caso, tampoco se analizó- la que en su redacción precedente exigía ánimo de lucro; finalidad por la que nunca fue intimado el nocente, conforme surge de la descripción que de los hechos se realizó al ser indagado. (Voto de la Dra.

Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, el Dr. Hornos en disidencia).
Contrato de obra pública, mayores costos, flexibilización salarial
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: SAVYC SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 44-81 SAVIC SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 43-81 INGAR SACI c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 33-81 LAROMET SA METALURGICA Y CONSTRUCTORA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 45-81 SAVYC SA VIAL Y CONSTRUCTORA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 3-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-03-05|1986-03-05|1986-07-02|1986-07-08|1986-09-03

Si la licitación se basó en pliegos impresos con anterioridad a la época del surgimiento del fenómeno conocido como flexibilidad salarial, que autoriza el traslado a los costos de los incrementos por sobre las escalas de las convenciones colectivas de trabajo, no puede entenderse que implícitamente se haya aceptado, por parte de la administración, como elemento de los mayores costos el aumento optativo de salario hasta el límite fijado en los decretos nacionales pertinentes, desde que, a pesar de su vigencia, las partes no efectuaron aclaración alguna anterior al acto de apertura de la licitación, como hubiera sido de esperar si se entendían variadas las bases sobre las que se efectuó el llamado.
Auto de procesamiento, prisión preventiva, nulidad procesal, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sr. Fiscal de Instrucción de Cuarta Nominación, Marcelo Soria s/ Causa Nº 210/94 Pérez, Juan Carlos-Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-12-20

La Resolución de la Cámara Penal que declara la nulidad de oficio del Auto de Procesamiento y Prisión Preventiva dictado por el Juez de Instrucción, argumentando violación a las garantías del debido proceso y de defensa en juicio del imputado, carece de motivación.

En efecto, no se aprecia, ni tampoco el Tribunal lo demuestra en el decisorio, que la declaración del imputado, recibida por el Juez de Instrucción en Sede Policial donde se encontraba detenido, viole la garantía de defensa, toda vez que las manifestaciones del imputado han sido producto de su libre voluntad, contándose en dicho acto con la presencia de su abogada defensora -que no articuló objeciones al respecto-, el Juez, Secretario, el Fiscal, el Defensor de Menores y la Delegada Judicial.

De igual modo, respecto del debido proceso, resultando erróneas las argumentaciones que pretenden desacreditar la presencia del Juez en dicho acto procesal exigiéndole a rajatablas el cumplimiento de normas procedimentales, obviando que cabe a la razonabilidad del mismo la oportunidad de su aplicación, debiendo merituar la preocupación de quien posee el poder jurisdiccional de intervenir personalmente en la dilucidación de un hecho, que conmueve a la sociedad preocupada porque la justicia dé a cada uno lo que le corresponde.