Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-22


Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 95.690 SALA II Expediente Nro.: 3.326/2005 (Juzg. Nº 33) AUTOS: "ROMERO SERGIO C/FIRME SEGURIDAD S.A. Y OTROS S/DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 22 de abril de 2008, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	La sentencia de primera instancia hizo lugar a los rubros salariales e indemnizatorios reclamados contra Firme Seguridad S.A. y extendió la condena en forma solidaria a la codemandada Puente Hnos. Turismo, Pasajes y Cambio S.A. por aplicación de lo dispuesto en el art. 30 de la L.C.T.. Asimismo, rechazó la acción entablada contra el codemandado Tomasevich y condenó exclusivamente a la sociedad empleadora (Firme Seguridad S.A.) a la entrega del certificado de trabajo previsto en el art. 80 L.C.T.

Contra tal decisorio se alza la codemandada Puente Hnos Turismo, Pasajes y Cambio S.A. a fs. 931/939 por considerar que la prueba rendida no se evaluó de conformidad con los concretos términos en que quedó planteado el conflicto. Señala al respecto que entre Firme S.A. (empresa de seguridad) y su representada (empresa de cambio y turismo) no se verifica una unidad técnica de ejecución porque fueron varias las empresas contratadas para el transporte de valores y que, a su vez, Puente Hnos. S.A. no fue cliente exclusivo de la empresa de seguridad codemandada.

II.	Las particularidades de la causa y los términos en que han sido expuestos los agravios imponen referir que en la especie no se discute que el actor se desempeñó como chofer de camiones transportadores de caudales a las órdenes de Firme Seguridad S.A. y que esta empresa fue contratada por Puente Hnos. S.A. para el traslado de valores desde y hacia distintos destinos. Incluso se encuentra probado a través de la pericia contable y de la testimonial aportada que entre las empresas codemandadas se suscribió un contrato de servicios de transportes caudales con "movil fijo" (ver pericia contable a fs. 780 y testimonios de fs. 799, 791 801 y 808).

En el contexto expuesto debe analizarse la pretensión del Sr. Sergio Romero por cuanto en su demanda sostuvo que trabajó en los servicios contratados por Puente Hnos. S.A. Así, a fs. 32 vta. afirmó que los remitos donde se consignaba el N° de precinto que se colocaba en las bolsas, el destino y su receptor eran indicados por la codemandada Puente Hnos S.A; que trasladaba dinero y otros valores provenientes de dicha codemandada y que los clientes en general contrataban a Puente para la realización de alguna operación de cambio y le solicitaban a esta demandada el traslado, por lo que el transporte de valores era un servicio que Puente Hnos. ofrecía a sus clientes.

La sentenciante de grado consideró acreditado no sólo que la actividad de transporte y custodia de valores resultaba integrativa de la actividad cambiaria desarrollada por la codemandada Puente Hnos. S.A., sino también que el Sr. Romero se vio afectado al transporte de valores contratado por dicha accionada con Firme Seguridad S.A. Contra tales conclusiones se alza la quejosa, y el detenido análisis de las pruebas aportadas me lleva a otorgarle razón sólo en forma parcial.

En efecto, no puede afirmarse a priori que las tareas vinculadas a la vigilancia y custodia de valores (ya sea en un lugar fijo o en tránsito) resulten ajenas a la actividad financiera y cambiaria desarrollada por Puente Hnos S.A.. Por el contrario, resulta evidente que ésta no puede desarrollarse sin aquella, tanto es así que, en el caso, Puente Hnos. S.A. tenía contratada la asignación de transportes de caudales en forma permanente. La situación que se plantea al respecto en torno a la índole de la actividad, no es diversa a la que se puede predicar respecto de una entidad bancaria o una compañía financiera (ver, entre otros, CNAT., Sala III, 16/04/2002, "Lamarca, Jorge c/Segubank SRL y otro s/despido", en igual sentido, Sala V, sent. Nº 6520, 22/02/2002, "Ramos, Modesto c/Finanflower Bursátil S.A. y otro s/despido").

El tráfico de dinero y otros valores, requiere necesariamente de la contratación de seguridad para su transporte y ese aspecto de la controversia, a mi juicio resulta indiscutible.

Puente Hnos. S.A. al no haber tomado a su cargo tales servicios, optó por recurrir a otras empresas para que, mediante la correspondiente contratación, efectuaran el traslado de dinero y otros valores. Esta decisión de encomendar una parte de sus actividades a terceros -tercerización, según hoy se dice- encuadra en la descripción del art. 30 LCT pero ello no significa, per se, que se trate de uno de los supuestos a los que dicha norma considera generadores de responsabilidad vicaria para el principal. Por eso, corresponde decidir si la actividad que Puente Hnos. S.A. delegó en la firma contratada formaba parte de su actividad normal y específica propia, y si el trabajador reclamante (Sr. Romero) integró el plantel del personal ocupado en las labores integrativas de la actividad de Puente Hnos S.A.

Con relación al primero de los aspectos señalados, cabe referir que, como es sabido, a la hora de trazar los límites que permitan determinar cuando un segmento de actividad forma parte del objeto específico propio de la empresa principal, hay dos grandes visiones del tema que dividen a la doctrina y la jurisprudencia. Una se encuadra en una interpretación estricta del concepto de "objeto" o "giro" empresario. Para esta concepción es ajeno al objeto o giro de la empresa todo lo que no haga íntima, esencial y precisamente a aquello a lo que la organización se dedica y que la distingue (en el extremo de esta posición se enmarca la postura de la C.S.J.N. plasmada en los casos "Rodríguez" y "Luna", a los que luego referiré).

La otra visión, de la que participo (véase el estudio que con el Dr. E. Gustavo Plaisant publicamos, Intermediación Laboral, Bs. As. l993, David Grinberg Libros Jurídicos), seguida hasta hace poco, entre otros, por la S.C.B.A., juzga el proceso productivo o prestador de servicios en forma integral y, así, entiende que el objeto empresarial se logra merced a actos específicos y otros de apoyo, sin los cuales los primeros no serían fructíferos ni útiles. Quienes así pensamos afirmamos que el objetivo empresarial se nutre de actos propios y específicos (esenciales), pero también de otros secundarios que les dan soporte (con igual criterio, ver sentencia 95664 del 9/4/08 in re "Pérez, Ángel A. c/Día Argentina S.A. y otro s/despido" del registro de esta Sala)	Adviértase que, en el caso bajo juzgamiento, la actividad cambiaria y el tráfico de valores que ella supone, depende necesariamente del servicio de transporte y custodia, el que no puede considerarse meramente accesorio o contingente, sino que resulta además de imprescindible, imposible de desvincular de la actividad nuclear de la empresa contratante. Al decir de la doctrina española, se trata de una actividad "inherente" al giro empresario de la principal, pues no sólo es necesaria (como se advierte en la casi totalidad de las actividades lucrativas), sino que a su vez, integra el servicio que la empresa dedicada al manejo de valores y cambio de divisas ofrece al mercado (cfr. Del Rey Guanter "A propósito de los requisitos del art. 42,1 TRET y en especial sobre la "propia actividad" en el libro de ponencias del X Congreso Nacional Español de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Zaragoza, 1998, colección Informes y estudios, serie Relaciones Laborales Nro. 28, p.327 y ss).

En tal sentido he sostenido que "no puede soslayarse que una actividad es considerada inescindible de la principal si integra la definición del producto (bien o servicio) ofrecido o esperado por los destinatarios, según las expectativas del mercado" y que se trata "de aspectos o facetas de la misma actividad del propio establecimiento, esto es, la unidad técnica de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones (art. 6º de la L.CT.)" (cfr. mi voto in re "Barrios Villalba, Carmen R. c/Sodexho Argentina S.A. y otro s/despido", sentencia 95381 del 9/11/07). Desde tal directriz, para analizar la atribución de responsabilidad prevista en el art. 30 de la L.C.T., debe tenerse en cuenta no el modo en que se estructura la actividad de la prestataria, sino la índole de la actividad por la que se reconoce a la usuaria en el mercado. Por ende, para establecer si el transporte de caudales hace o no a la actividad normal, propia y específica de la agraviada, no importa tanto saber cómo se estructuraron las actividades de cada una de las demandadas y con quien o quienes se pudo contratar o subcontratar los mismos servicios, sino que basta con establecer si la actividad de una resulta integrativa del bien o servicio que la otra ofrece como propio al mercado, lo que a mi criterio -insisto- no suscita en autos debate alguno en atención a que se trata del manejo y tráfico de dinero, valores y divisas en el marco de una empresa dedicada a efectuar operaciones de cambio.

III.	Sin embargo, como lo puntualiza la codemandada recurrente, pese a las alegaciones del inicio, el actor no probó haber sido destinado a prestar servicios en forma exclusiva para Puente Hnos. S.A., es decir que no se logró demostrar en estos autos que Romero haya integrado el plantel del "personal ocupado" en esa faceta de la actividad que precedentemente califiqué como integrativa de la "normal y específica" de la demandada Puente Hnos. S.A.

En efecto, para que se torne operativa la solidaridad prevista en el art. 30 de la L.C.T. debe tratarse de personal específicamente afectado a los trabajos o servicios que hacen a la actividad normal específica y propia de la principal. No basta con que integre el personal de la empresa contratada porque la responsabilidad prevista en la norma se ciñe al "personal ocupado" en esas labores y no a cualquier otro (como puede ser el personal administrativo o técnico de la empresa contratada). En tal sentido se ha sostenido que "la solidaridad del art. 30 de la LCT no se extiende a todos los empleados y obreros que ingresen a la empresa contratista, sino sólo respecto de aquéllos cuya labor integre el objeto de la contratación vinculada, es decir, aquellos que hayan sido afectados a tareas normales específicas y propias de la empresa principal" (CNAT, Sala I, sent. 58518 del 14/6/90 "Constantino, Gregorio c/YPF").

En efecto, si bien Moretti a fs. 808 sostuvo que Firme destinaba en forma permanente dos móviles a Puente Hnos S.A., identificó a dichos camiones con los Nros. 54 y 18 y el actor no probó haberse desempeñado en unidades fijas o predeterminadas. Así, Tamburini a fs. 376 sostuvo que en la codemandada había tres camiones fijos pero no afirmó que el actor haya trabajado en ellos. En igual sentido se expidió Martín a fs. 799 y Kirco a fs. 801. El único testigo que sostiene que el actor trabajó en los servicios contratados por Puente Hnos S.A. no resulta preciso en cuanto a la índole y extensión de tales labores porque reconoce que trabajaban para Firme Seguridad S.A., que eran supervisados por personal de dicha empresa, y que transportaban valores desde y hacia distintas entidades bancarias. Asimismo sostuvo que también eran clientes de Firme S.A., Sepsa, Primo Hnos., Ferrocarriles Argentinos, el BNL, etc.

No se alegó en el inicio que el actor estuviera asignado a los "móviles fijos" contratados por Puente Hnos. S.A. y surge en la especie por demás acreditado que la empresa Firme Seguridad S.A. era contratada por muchísimas entidades (bancarias, financieras, de transporte, etc, ver fs. 166, 283, 304, 344, 392, 373, 444 y testimoniales de fs. 296, 799, 376, 791, 801 y 808), como así también que Puente Hnos S.A. también contrató los servicios de otras empresas transportadoras de caudales (ver pericia contable a fs. 779/783) por lo que, en el concreto caso sometido a consideración aún cuando se encuentre reconocido que el actor se desempeñó como chofer de unidades de transporte de caudales, pese al esfuerzo argumental desplegado en el inicio, no se ha logrado probar que las tareas del actor se vincularan exclusivamente al contrato existente entre las demandadas. Por lo demás, aún tratándose de un servicio que integra la misma actividad, no parece lógico ni razonable considerar a todas las eventuales clientes con las que pudo vincularse Firme S.A. solidariamente responsables por sus obligaciones respecto del contrato de trabajo que la uniera al actor, máxime cuando no se aportaron elementos que permitan discernir acabadamente en qué medida las labores del actor beneficiaron a Puente Hnos S.A., y en cuál a cada una de las muchas empresas contratantes de los servicios de transportes de Firme S.A.

En los casos en que el dependiente de una contratista presta servicios para muchas empresas clientes en las que la actividad desplegada pueda considerarse integrante de la actividad normal y específica propia, a mi criterio no es posible proyectar sin más el presupuesto atributivo de responsabilidad contenido en el art. 30 de la L.C.T. en tanto dicha previsión se sustenta en el concepto de "establecimiento o explotación" y la no inserción del trabajador en forma clara a la unidad técnica de ejecución correspondiente a la principal, impide hacer aplicación del dispositivo legal en cuestión.

IV.	En consecuencia, por lo expuesto, de prosperar mi voto, corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto hizo extensiva la condena a la codemandada Puente Hnos. Turismo, Pasajes y Cambio S.A.

En atención al nuevo resultado que se propicia con respecto a dicha coaccionada, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en forma conjunta en la instancia previa y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCCN), deviniendo por tanto abstracto el tratamiento de las apelaciones deducidas al respecto.

Las costas correspondientes a la acción que prospera, se imponen a cargo de Firme Seguridad S.A. (art. 68 CPCCN). En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en la ley 21839, en el dec. ley 16638/57 y en el art. 38 L.O., corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio de la parte actora por toda su actuación en primera instancia en forma conjunta en el 15% del monto de condena (capital e intereses) y los del perito contador en el 4% del monto de condena (capital e intereses) teniendo en cuenta los trabajos encomendados con relación a los hechos en los que se sustentó la demanda dirigida contra dicha coaccionada.

En cambio, las costas correspondientes a la acción que propicio rechazar contra la codemandada Puente Hnos S.A., dadas las especiales particularidades de la causa, deberían ser impuestas en el orden causado y las comunes por mitades en tanto el actor pudo, verosímilmente, considerarse asistido con mejor derecho a dirigir la acción como lo ha hecho (art. 68 CPCCN). En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en la ley 21839, en el dec ley 16638/57 y en el art. 38 L.O. correspondería regular los honorarios de primera instancia correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la codemandada Puente Hnos. Turismo Pasajes y Cambio S.A. en el 15% del monto de condena (con intereses) que representa el verdadero valor económico del litigio, y los del perito contador con relación a las tareas vinculadas a los hechos vinculados a la codemandada Puente Hnos. S.A. en el 2% sobre idéntica base regulatoria.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la ley 21839 corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la demandada Puente Hnos. Turismo Pasajes y Cambio S.A. y de la parte actora por las tareas de Alzada, en el 25% de lo que a cada una de ellas corresponda por su intervención en la instancia previa.	En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05), sin que esto implique abrir aquí juicio alguno acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, corresponde hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

Miguel Ángel Pirolo dijo: De conformidad con lo resuelto por esta Sala in re "Tamburini Maximo c/Firme Seguridad S.A. y otros s/despido" (sentencia 95668 del 11/4/08 del registro de la Sala), adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Maza, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada y rechazar la demanda entablada por Sergio Romero contra Puente Hnos. Turismo Pasajes y Cambio S.A., 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios practicadas en forma conjunta en la instancia previa y proceder a su determinación en forma originaira, 3) Declarar las costas con relación a la acción que prospera contra Firme Seguridad S.A. a cargo de dicha demandada, 4) Declarar las costas de ambas instancias con relación a la acción que se rechaza contra Puente Hnos. Turismo Pasajes y Cambio S.A. en el orden causado, 5)Regular los honorarios de primera instancia por la acción que prospera contra Firme Seguridad S.A. correspondientes a la representación y patrocinio de la parte actora -en forma conjunta- en el 15% del monto de condena (capital e intereses) y los del perito contador en el 4% del monto de condena (capital e intereses); 6) Por la acción que se desestima contra la codemandada Puente Hnos. Turismo Pasajes y Cambio S.A., regúlanse los honorarios de primera instancia correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la codemandada Puente Hnos. Turismo Pasajes y Cambio S.A. en el 15% del monto reclamado (sin intereses) y los del perito contador con relación a las tareas vinculadas a los hechos vinculados a la codemandada Puente Hnos. S.A. en el 2% del monto reclamado (sin intereses); 7) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la demandada Puente Hnos. Turismo Pasajes y Cambio S.A. y de la parte actora por las tareas de Alzada, en el 25% de lo que a cada una de ellas corresponda por su intervención en la instancia previa, 8) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05) y que deberán proceder con arreglo a lo establecido en el considerando pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Miguel Ángel Maza Juez de Cámara Juez de Cámara