Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-27


Buenos Aires,	27	de mayo de 2015 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.	resulta:

1. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) interpuso queja ante este Estrado (fs. 5/12 vuelta) con el objeto de mantener el recurso de inconstitucionalidad que dedujera contra el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario (fs. 376/383 de los autos principales, a los que corresponderá la foliatura que en lo sucesivo se mencione, excepto indicación expresa), que decidió ".[h]acer lugar parcialmente al recurso planteado por el GCBA y, en consecuencia, modificar la sentencia de grado con los alcances establecidos en el considerando XIII." (fs. 383). Esto es, ordenar al GCBA que ". en tanto subsista la situación actual de los accionante les prest[ase] adecuada asistencia habitacional, ya sea mediante la continuación de las prestaciones dinerarias (subsidio), o bien por cualquier otro medio que resguarde los fines habitacionales perseguidos en el proceso, excluyendo a los paradores u hogares" (fs. 382 vuelta). Y que, "[s]i decidiese la entrega de un subsidio, su importe deberá ser suficiente a lo largo del tiempo para afrontar el costo de la vivienda mientras no cambien las condiciones para ejercer el derecho" (fs. 382 vuelta).

2. La Sala, al resolver, tuvo en cuenta la situación de hecho de la parte actora, esto es, una mujer, con un hijo menor -que padece una discapacidad- a su cargo, y que no cuenta con recursos económicos suficientes, perdurando su situación de vulnerabilidad.

3. Contra ese pronunciamiento, el GCBA interpuso el recurso de inconstitucionalidad que intenta sostener en esta instancia. Allí, centró sus agravios en que el decisorio impugnado violaba la garantía del debido proceso legal adjetivo, los derechos de defensa y de propiedad; y los principios de legalidad y división de poderes. En particular, alegó que la sentencia se apartaba de la normativa aplicable en materia de subsidios habitacionales como así también de la doctrina del Tribunal in re "Alba Quintana", según la cual tanto los plazos como los montos establecidos son constitucionales. Sostuvo, además, que el pronunciamiento atacado había efectuado una equivocada inteligencia y aplicación de las normas constitucionales relacionadas con lo decidido (art. 31 CCABA/ art. 14 bis CN), y que era arbitrario. Señaló que la cuestión revestía gravedad institucional (fs. 384/396).

4. Para denegar el recurso de inconstitucionalidad, los jueces de la Sala III, entendieron que el recurrente no había planteado un caso constitucional (fs. 438/439). Ello motivó la queja de la que se da cuenta en el punto 1.

5. Requeridos sendos dictámenes, la Asesora General Tutelar propició el rechazo del recurso directo (fs. 173/178 vuelta, de la queja). Por su parte, el Fiscal General opinó que correspondía hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad; revocar la sentencia recurrida y reenviar las actuaciones a la Cámara interviniente para que dicte un nuevo fallo conforme a derecho (fs. 180/199 vuelta de la queja).

Fundamentos:

Los jueces Ana María Conde, Luis Francisco Lozano y José Osvaldo Casás dijeron:

1. La queja deducida por el GCBA fue interpuesta por escrito, ante este Tribunal y dentro del plazo que fija el art. 33 de la ley nº 402.

2. En el sub examine no se encuentra controvertido que la parte actora (i) inició estás actuaciones con el objeto de que se condenara al GCBA a que le garantizara su derecho a una vivienda digna; (ii) que es una mujer con un hijo -que padece una discapacidad mental- a su cargo (cf. fs. 380/380 vta. de los autos principales), y que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

3. En el caso, el GCBA pretende resistir la sentencia de la Cámara CAyT que hizo lugar parcialmente a su recurso de apelación, y, en consecuencia, ordenó que, mientras subsista la situación actual del accionante, le prestase adecuada asistencia habitacional, ya sea mediante la continuación de las prestaciones dinerarias (subsidio), o bien por cualquier otro medio que resguarde los fines habitacionales perseguidos en el proceso destacando que "si decidiese la entrega de un subsidio, su importe deberá ser suficiente a lo largo del tiempo para afrontar el costo de la vivienda" (cf. fs. 376/383 de los autos principales).

Ahora bien, los agravios del GCBA contra esa decisión resultan sustancialmente análogos a los examinados por el Tribunal in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: K.M.P c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. nº 9205/12, sentencia del 21 de marzo de 2014.

En ese marco, por las razones que dimos en esa oportunidad, a las que respectivamente nos remitimos y que deberán ser incorporadas mediante agregado de copia de esa decisión a este expediente, votamos por hacer lugar a la queja y parcialmente al recurso de inconstitucionalidad del GCBA; revocar la sentencia de fs. 376/383 de los autos principales; y condenar al GCBA a que presente, en el plazo que indique el juez de grado, una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la actora un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas, en los términos de esta sentencia, a su situación.

Así lo votamos.

La juez Inés M. Weinberg dijo:

La queja ha sido interpuesta en tiempo y forma -art. 33 de la ley 402- no obstante, no puede prosperar y debe ser rechazada toda vez que no rebate en forma suficiente la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad intentado, así como tampoco acredita la existencia de un caso constitucional (arts. 113, inc. 3, de la CCABA y 27 de la ley 402).

Entiendo aplicable mutatis mutandi la doctrina de la CSJN en lo concerniente a los fundamentos que deben expresar las quejas por recursos denegados -v. Fallos 287:237; 298:84; 302:183; 311:133, 2338, 2462; 331:373 entre otros-.

En efecto, las genéricas invocaciones sobre las garantías constitucionales afectadas revelan sólo una mera disconformidad con lo resuelto, sin lograr conectarse adecuadamente con las razones que dan fundamento a la sentencia denegatoria a cuyos términos corresponde remitirse en honor a la brevedad.

Asimismo, debe recordarse también aquí que la tacha de arbitrariedad "no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, quedan descalificados como actos judiciales" -conf. Fallos 235:654; 244:384; 248:129, 528 y 584; 294:376 entre otros-.

Finalmente, la referencia a la doctrina de la "gravedad institucional" invocada no aparece respaldada con un fundamento apto para demostrar de qué manera la decisión recaída en el caso efectivamente incidiría sobre los intereses de la comunidad o los principios institucionales básicos de la Constitución Nacional -conf. Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240 y sus citas-.

Sobre tales premisas, debe concluirse que el tribunal a quo arribó a una solución jurídicamente posible, con fundamentos y base suficientes, no logrando los agravios vertidos evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Por todo lo expuesto, oída la Fiscalía General y de conformidad con lo concluido por la Asesoría General Tutelar, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por el GCBA.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja del GCBA ha sido interpuesta en tiempo y forma por parte legitimada -art. 33 de la ley n° 402-. Sin embargo, no puede prosperar ya que carece de una crítica suficiente de las razones por las que la Cámara del fuero no admitió el recurso de inconstitucionalidad que aquélla viene a defender.

2. Al denegar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, los magistrados indicaron que éste no había planteado adecuadamente un caso constitucional. Así dijeron: "[N]o se verifica en este caso concreto la concurrencia de un caso constitucional (.). Tampoco [el GCBA] ha podido demostrar cuál ha sido el gravamen constitucional producido por el pronunciamiento de la Sala".

3. En su recurso directo, la Ciudad no consigue poner en crisis la decisión interlocutoria que declaró inadmisible el remedio extraordinario que aquél pretende sostener. Es que allí se limita a reiterar los agravios que expusiera en su recurso de inconstitucionalidad, sin hacerse cargo de los defectos de fundamentación que individualizaron los jueces de la Sala interviniente, y aunque reseña algunos de los argumentos del auto denegatorio, no los articula con los términos de su presentación.

4. Por las razones expuestas, corresponde rechazar la queja intentada. Así lo voto.

Por ello, y oído lo dictaminado por el Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir la queja y hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Revocar la sentencia de fs. 376/383 de los autos principales y condenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que presente, en el plazo que indique el juez de grado, una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la actora un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas, en los términos de esta sentencia, a su situación.

3. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal en los autos "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: K.M.P c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. nº 9205/12, el 21 de marzo de 2014.

4. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto anterior, se agregue la queja al principal y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.