Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-16


FESTRAM contra PROVINCIA DE SANTA FE y otro Reg.: A y S t 198 p 32-34. Santa Fe, 16 de junio del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Municipalidad de Rosario, contra la resolución nro. 273 del 5.11.2003, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, en autos "FESTRAM contra PROVINCIA DE SANTA FE y otro -Laboral- (Expte. 2/03) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 497, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Según surge del relato de los antecedentes fácticos de la causa vertidos en el libelo introductor, la municipalidad recurrente manifiesta haber sido citada como tercero en el proceso promovido por la entidad sindical actora ante el fuero laboral y en demanda de certeza, pretendiendo obtener la convocatoria de paritarias y atacando el acto administrativo en el que la Provincia manifestó un criterio contrario al que proponía, haciendo referencia a que como la actora se basa en la denegatoria tácita, en un sentido consecuente con ello, debía haber acudido "ante la Corte".

Puntualizó que ante ello, planteó excepción de incompetencia en favor del fuero contencioso administrativo.

Señaló que constituía una irregularidad de suma gravedad que un Juez del Trabajo dirima "una controversia entre un administrado y la Provincia" -no tratándose de un amparo-, pues implicaría que la actora pudiera "oblicuamente, sustraerse a la competencia contencioso administrativa que surge de la Constitución y la ley, para arrastrar a la Provincia y todos los municipios de la misma a someterse a un tribunal que por la materia es incompetente".

Abundó en consideraciones en torno a que no basta que un administrado -quienquiera que fuere- formule su reclamo aduciendo hacerlo por la vía de la ley 7234 y sus reformas para -de esta manera y por este medio- sustraerse de la vía contencioso administrativa.

En ese sentido, destacó que la propia actora planteó la cuestión en la esfera administrativa y que ante ello las alternativas eran: por una parte, aguardar la resolución expresa, y en su caso, impugnarla por la vía administrativa correspondiente, o bien, optar por entender que se había producido la denegatoria tácita.

Alega que la propia actora siguió este camino e hizo referencia al pronto despacho que interpusiera sin que se le diera respuesta.

En ambas instancias, la competencia contencioso administrativa fue rechazada.

Señaló que el juez de origen, invocó su competencia para la demanda de certeza y que, además, sostuvo que se trataba de la interpretación de normativa laboral -de la ley 9996- "'en orden a la obligatoriedad de la Subsecretaría de Municipios y Comunas a citar a reunión de Intendentes'" y ponderó el sentenciante que aun cuando refiriera a empleo público, el caso correspondía al derecho colectivo del trabajo.

Sustenta que ante ello apeló ese decisorio y la Sala confirmó el rechazo de la excepción de incompetencia planteada por su parte (mediante resolución 155 del 13.08.2003, fs. 1/2), basándose según relata en que la relación de empleo público no puede desplazar la normativa laboral, sea ésta legal o convencional, refiriendo a lo que entendió como claro principio sentado por la Ley de Contrato de Trabajo, al establecer que sus disposiciones serán aplicables a los dependientes de la Administración.

Apuntó que el Tribunal "a quo" en su argumentación incluyó la vinculada al análisis del tratamiento legislativo de la ley 9286 y, particularmente, la referida a la intención del legislador, con relación a involucrar a los empleados públicos de la Provincia -municipales y comunales- en la negociación colectiva laboral, lo que entendió constituía el objeto del juicio.

En síntesis, en la versión de la recurrente, la Sala confirmó la competencia laboral, básicamente tomando en consideración estas razones: a) la presencia de empleo público no basta para desplazar la normativa laboral y, b) ello es indicativo de la intención de incluir la aludida relación de empleo público en la negociación colectiva.

En pro de su postura impugnativa argumenta que más allá de que la cuestión de competencia contencioso administrativa suscita suficiente cuestión constitucional -según destacó- señala que la resolución en recurso presenta vicios.

Para fundar sus asertos se explayó en las razones que seguida y sintéticamente se señalan.

En la tarea de acreditar el agravio constitucional, propuso como cuestión central del recurso de inconstitucionalidad, que el "a quo" -si bien resolvió una cuestión de competencia- lo hizo omitiendo considerar las facultades funcionales del órgano, valorando "la legislación aplicable", cuando en realidad no se trataba de "qué ley" se aplicaba, "sino de quién la aplica".

Consecuentemente, se agravia de que omitió su consideración y fundamento, puesto que trató una cuestión ajena: la de la ley aplicable.

Atacó dicho decisorio por haber incurrido en citra y extrapetita.

Con igual cometido dirige su crítica en relación a que la presencia de empleo público no alcanza para desplazar la ley laboral y la competencia a las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, tildando de dogmática tal afirmación y agregando el recurrente que la Sala omitió la consideración de cuestiones conducentes para la solución de la litis, que versa sobre la impugnación de un acto administrativo, lo que -en su criterio- releva de cualquier otro análisis, en razón de que incluso se había preparado la vía administrativa.

En apoyo de sus argumentaciones hace mención a que conforme reiterada jurisprudencia de este Cuerpo, las cuestiones relativas a empleo público constituyen materia contencioso administrativa y, a más de ello, señala que la Sala desatendió la cuestión de que se ataca la validez de un acto administrativo, lo que debió ser analizado en confrontación con los artículos 3, 4 y 5 de la ley 11330.

Asimismo, enfatizó en el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad del recurso en queja, bajo la doctrina judicial de este Cuerpo, que invoca.

2. El "a quo", por decisorio nro. 273 del 5.11.2003 (fs. 23/25) denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad intentado.

Para ello argumentó que los agravios evidenciaron la intención de reapertura del debate, especialmente en lo que se relaciona con el derecho aplicable, materia en la que ejerció facultades propias, en el marco de las peculiaridades del caso, las que tuvieron en cuenta en su totalidad, desplazando posturas dogmáticas o míticas respecto de lo que constituye materia contencioso administrativa y el supuesto concreto de empleo público.

Concluyó así en que no se configuró cuestión constitucional idónea para la admisibilidad del recurso intentado, ostentando un razonamiento lógico, que obsta a su descalificación como acto jurisdiccional.

Ello motivó la presentación directa de la perdidosa ante esta sede (fs. 29/35).

3. La postulación de la recurrente cuenta -"prima facie"- con suficiente asidero en las constancias de autos, e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción.

Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Admitir la queja interpuesta.

Disponer que por Presidencia se requiera la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponde.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)