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Despido, responsabilidad solidaria, excepción de prescripción, crédito laboral
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Suarez Bustamante, Erick Thomas  c/ Umea S.A. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-29

La parte demandada se queja de que se haya omitido el tratamiento de la excepción de prescripción opuesta en la réplica. En los pleitos denominados como de extensión de responsabilidad solidaria el plazo aplicable respecto de la prescripción liberatoria es de dos años, porque, en definitiva, se trata de reclamos de créditos laborales de causa individual y rige, pues, en plenitud, el término fijado por la normativa específica, es decir, el art 256 LCT. El punto de partida de la prescripción corresponde ubicarlo en el momento en el que el derecho respectivo puede hacerse valer, pues existen supuestos en los cuales la relación jurídica o el derecho subjetivo y la acción para ejercitarlo pueden estar disociados temporalmente. El momento desde el cual debería comenzar a computarse el plazo de dos años previsto en el citado art. 256 LCT es cuando el actor tomó real conocimiento del cambio de titularidad operado del establecimiento gastronómico donde laboraba. El título del que se vale el reclamante para el reclamo de extensión de responsabilidad deducido lo constituye en sí (o principalmente) la sentencia dictada contra la ex titular del establecimiento, una vez que pasa en autoridad de cosa juzgada o es declarada la habilitación de la instancia ejecutoria.
Leyes, validez de la ley, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Horvath, Pablo c/ Fisco Nacional (DGI.) s/ ordinario (repetición).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

La validez de la ley no debe ponerse en duda a menos que repugne tan claramente a la Constitución que cuando los jueces señalen su inconstitucionalidad todos los hombres sensatos de la comunidad se den cuenta del conflicto entre la ley y la Constitución.
Defraudación fiscal, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cooperativa Agrícola Ganadera La Defensa Ltda. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

El actor que sostiene que su conducta no es punible por no encuadrar en la figura de la defraudación fiscal le incumbe la tarea de acreditar las causales de exculpación si ella no surge con irrefutable evidencia de las propias actuaciones.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Díaz, Jorge Antonio c/ Astrafor S.A.I.C. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-05

Constituye un principio común, el que debe desconocerse todo valor al testigo de referencia, porque en él la relación de conocimiento no es directa. En efecto si el testigo es de oídas es insuficiente para justificar el hecho sobre el que depone.
Estafa procesal, prescripción, tentativa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de excepción de previo y especial pronunciamiento por extinción de la acción penal iniciado por el letrado Ángel Ignacio Carranza, en relación a los autos 'Ardiles, Hugo Antonio y otros p. ss. aa. estafa procesal en grado de tentativa, etc., expediente n.° 2027141´ c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-03-08

La determinación del momento de cesación de la vulneración al bien jurídico protegido por el delito de estafa procesal no depende de una evaluación sobre la fecha en que uno de los eventuales partícipes en la maniobra haya concluido su aporte en la causa donde se está ejecutando el fraude procesal, sino de la perención del plazo que comenzará a correr cuando se consume el delito o cuando medie desistimiento -expreso o implícito- de la pretensión deducida, confirmándose la tentativa.
Contrato de trabajo por obra determinada, empresas de servicios eventuales
Materia: LABORAL
Carátula: CARNUCCIO, LUCIA BEATRIZ c/ LABORATORIOS BETA  S.A.  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-27

Para que una empresa de servicios eventuales pueda cumplir su función, debe contar con una organización y personal estable al que le encomienda la realización de los servicios que ha contratado. La eventualidad se refiere a la de la empresa que solicita se le provea 'personal temporario' y no a la que lo suministra.
Pagaré, acción cambiaria, exceso ritual manifiesto
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ingeniero Oscar Diez SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

El criterio adoptado por la Alzada en torno al reconocimiento al librador de los pagarés de la posibilidad de oponer defensas causales ("excepciones fundadas en su relaciones personales") contra la acción cambiaria instaurada por las personas con las que se obligaran directamente (o sea, por los primeros tomadores), aparece habilitado por una interpretación a contrario de lo resuelto en sede originaria por la Corte Suprema de Justicia Nacional en la causa "Mandataria de Negocios SA c- Santa Fe, Provincia de y otros s/ cobro de pesos", donde se tuvo especialmente en cuenta, a la hora de afirmar la inadmisibilidad de las defensas causales contra una acción cambiaria, la circunstancia de que en el caso la demandante no era el primer tomador -puesto que el pagaré circuló- sino un endosatario; el límite cognoscitivo derivado de su carácter abstracto beneficia al tercero -cuya buena fe se presume- y torna irrelevante la eventual discusión sobre la licitud del negocio subyacente a la obligación cartular del librador, que es inoponible a la actora (artículos 18 y 103 del decreto-ley 5965/63). (Del Voto en Minoría del Dr. Vigo).
Compraventa mercantil, nota de débito, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANIARSA PRIMERA FABRICA ARGENTINA DE ANILINAS SAIC c/ ORUS SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-22

Las notas de débito son documentos unilaterales que hacen a la contabilidad de la parte interesada y por ello inhábiles para generar obligaciones por parte de quien ha sido ajeno a su confección. No son las notas de débito créditos que puedan reclamarse en justicia, sino la mera expresión escrita de una voluntad jurídica mediante la cual el sujeto que la expresa afirma poseer un crédito a cargo de otro. Es manifiesto que, si lo que se reclama no son las notas de débito como cosa en sí, sino los intereses devengados por la falta de pago tempestivo de las facturas que instrumentan las compraventas en ellos expresadas como en este caso, la demanda podrá prosperar, con independencia de su emisión o recepción.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, personal municipal, indemnización por incapacidad, intereses, tasas de interés
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MORALES, ROBERTO ROMUALDO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-04-27

En cuanto a los planteos enderezados por la demandada agraviándose de la tasa de interés aplicada por apartarse del texto legal que considera aplicable (ley 25561), cabe recordar que lo concerniente a la aplicación de las tasas de interés se ubica en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa, que tienen la labor de interpretar las normas respectivas sin lesionar garantías constitucionales, en tanto este ordenamiento no impone una versión reglamentaria única del tema en cuestión, remitiendo por el contrario a la consideración de temas de derecho común que, por su naturaleza, son ajenos a la vía intentada (Citas: CSJN:

Fallos 317:507; 323:2122 y Banco Comafi SA contra Cardinales, Miguel Ángel y otro del 25.02.2003. CSJStaFe: Romero, AyS T 208, p 186; Boetto, AyS T 208, p 191) (Del voto de la mayoría)
Derecho comercial, concursos, homologación del acuerdo preventivo, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: New Glam SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

A fin de considerar la homologación de un acuerdo preventivo, no debe rechazarse en todos los casos una propuesta que tenga por contenido la mera entrega de títulos, sino que cada caso deberá ser juzgado a la luz de sus concretas circunstancias y de ningún modo descartarse, de antemano y en términos generales, la viabilidad de acudir a herramientas que son normales en cualquier mercado de capitales.

Ello así, pues la LCQ 43 admite aquellas propuestas que incluyan entre otras posibilidades "obligaciones negociables, debentures o bonos". Esta enumeración es meramente enunciativa si se atiende la última parte del pertinente párrafo en cuanto habilita cualquier otro acuerdo que obtenga las mayorías allí previstas. De ello se concluye que el legislador ha aceptado que se ofrezca el pago a plazo, y que lo adeudado pueda ser instrumentado en estos documentos, para ser entregados en cumplimiento de lo acordado.

Es decir: la LCQ 43 admite que la propuesta pueda consistir en una "espera" sin precisar nada acerca de su instrumentación, lo cual lleva implícito que el legislador dejó librado a la voluntad de las partes la posibilidad de instrumentar o no cada pago programado.

En ese marco, no puede interpretarse que, cuando seguidamente aceptó la emisión de títulos de deuda, "haya reiterado" la alternativa de una "espera" -esta vez instrumentada en esos títulos- que acababa de admitir, sino que lo razonable es interpretar que, en cambio, aceptó que la propuesta tuviera otro contenido, esto es, que implicara una reestructuración que permitiera al deudor salir de su insolvencia con la sola entrega de esos títulos.
Defensa en juicio, estado de indefensión, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PENAL
Carátula: Avalos Benítez; Gómez Leiva; Flores Machado y otros. s/ Privación ilegal de la libertad calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-02-18

Resulta infundado el planteo vinculado con un eventual estado de indefensión que denuncia el procesado, pues mal puede argumentarse que hubo tal indefensión cuando contó en todo momento no sólo con la debida asistencia letrada, cuyo Defensor Oficial incluso interpuso recurso de inaplicabilidad de ley ante este Tribunal, sino además con oportunidad de audiencia a lo largo del proceso.
Competencia federal, competencia por la materia, telecomunicaciones, tarifa de servicio de telecomunicaciones
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Chaar, David c/ Cía. Argentina de Teléfonos  S.A. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20

Es competente la justicia federal para conocer en la demanda contra una empresa telefónica, con el fin de establecer el monto correcto que se debe abonar por el uso de una línea telefónica, pues tal pretensión exige precisar el sentido y los alcances de normas federales, como son las dictadas por el Estado Nacional en ejercicio de las facultades que le confiere la ley nacional de telecomunicaciones.
Docentes, beneficios previsionales, derechos adquiridos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "NIEVA, TERESA DEL CARMEN c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-14

Tanto en el régimen provincial como en el nacional, los docentes gozan de un derecho adquirido al 82% móvil; y la Nación, al hacerse cargo del sistema previsional provincial (en el caso, de Catamarca), se comprometió a respetar los derechos adquiridos por los jubilados y pensionados provinciales y a cumplir las pautas de movilidad de las prestaciones otorgadas de acuerdo con la legislación previsional vigente en dicho ámbito. Al respecto, cabe recordar que el Máximo Tribunal ha expresado que los beneficios jubilatorios acordados legítimamente constituyen derechos adquiridos e integran el concepto de derecho de propiedad que cuenta con garantía constitucional (cfr. Fallos 118:451, "Sturiale, Nicolás"). Además, en fecha reciente, la Corte Suprema señaló que las cláusulas ambiguas del régimen de transferencia previsional que pudieran generar dudas sobre su alcance, deben entenderse destinadas a lograr un mayor nivel de bienestar posible y no a restringir derechos adquiridos en el marco de la normativa local que el Estado Nacional se obligó a respetar (cfr. sent. del 19.02.08, "Blanco de Mazzina, Blanca Lidia").
Derecho de la navegación, doctrina
Materia: NAVEGACION
Carátula: De los Santos, Bernabé y otros c/ Cap. y otros Bq./M. "Linera" s/ Salario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22

Montiel aclara que "el remolque-maniobra es el que se realiza con el propósito de facilitar o cooperar con la operación de un buque, ya sea en su salida o entrada de puertos, travesía de un canal, movimientos en interior de puertos, o sea en aguas restringidas donde los buques de cierto tonelaje, destinados a navegar específicamente en aguas abiertas, requieren el concurso de una energía motriz de más fácil dominio".

Su característica esencial radica en el hecho de que el buque remolcado conserva, en principio, la conducción o dirección de la maniobra.

La derogación de ese principio debe formalizarse por vía de la pertinente constancia en los diarios de navegación de ambos buques.
Pericia psicológica, abuso sexual, intento de suicidio
Materia: PENAL
Carátula: C. A. T. C/C. N. Z. c/  s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-10-27

El informe practicado por el Director de Salud Mental de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Goya, del que surge como diagnóstico de A.: "Trastorno por estrés pos- traumático", fundado en haber "experimentado un acontecimiento caracterizado por muerte (amenazas), recuerdos recurrentes que provocan malestar, sensación que el acontecimiento traumático está ocurriendo, malestar psicológico intenso a estímulos que simbolizan o recuerdan el acontecimiento, esfuerzo para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso, reducción de interés para tener sentimientos de amor, sensación de un futuro desolador, dificultad para conciliar el sueño y concentrarse". Cerró el dictamen, refiriendo que la Srta. C. "durante el año 2013 había sido internada en dos ocasiones en el Hospital regional Dr. Camilo Muniagurria, debido a dos intentos de autoagresión". Sugirió por ello, psicoterapia individual, interconsulta psiquiátrica en caso de ser necesario.
Alimentos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Bernabé, Irma Rosa c/ Salvadori, Victorio Angel s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-05-09

La prueba eficaz acerca de los ingresos compete a ambas partes, siendo conocida la dificultad que suele existir para establecer los que percibe quien se desempeña por cuenta propia. No caben dudas que, en tales circunstancias, es el propio alimentante quien está en mejores condiciones para suministrar prueba fehaciente de estos ingresos.
Diligencias preliminares, caducidad de instancia, exceso ritual manifiesto
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: QUEVEDO MENDOZA, CARLOS ALBERTO c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-20

Si la parte actora manifestó acabadamente su voluntad de demandar al organismo previsional y actuó en consecuencia iniciando una medida preliminar, diligenciando en tiempo oportuno oficio a la A.N.Se.S. a fin de que remita el expediente administrativo solicitado en la medida y, ante el incumplimiento de la administración, solicitó oficio reiteratorio y suspensión de plazos; independientemente de resultar o no acertado el criterio utilizado por su dirección letrada en cuanto al inicio de la referida medida preliminar sin interponer conjuntamente demanda, cabe señalar que un excesivo rigor formal en la materia -en donde se protegen contingencias de ancianidad y subsistencia- se tornaría vulneratorio de derechos constitucionales básicos. En consecuencia, corresponde confirmar lo resuelto por el a quo que rechazó la excepción de caducidad de instancia interpuesta por el organismo
Representación procesal, Ministerio de Menores, legitimación procesal, acción declarativa de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público - Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-19

No puede interpretarse que del art. 59 del Código Civil surja una representación promiscua extendida en abstracto a toda la niñez en general, pero tampoco puede perderse de vista que la Constitución local ha incorporado esta posibilidad de actuación judicial en abstracto y que los artículos 124 y 125, así como las funciones que la Ley nro. 1.903 le impone desempeñar al Ministerio Público justifican que -en casos como el presente, en el cual el planteo se encuentra acotado a la defensa de los intereses que tutela y concretamente referido a la validez constitucional de una disposición normativa cuya aplicación le toca controlar- se considere con aptitud procesal suficiente para la promoción de la acción directa a la Sra. Asesora Tutelar. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Movilidad del haber jubilatorio, remuneración, reajuste jubilatorio, índices de actualización, confiscatoriedad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SZCZUPAK, Sofía Rebeca c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-16

Declarada la inconstitucionalidad de los arts. 49 y 53 de la ley 18037, para calcular el haber inicial del beneficio habrán de aplicarse coeficientes mensuales de actualización para lo cual resulta imprescindible establecer la retribución que el interesado percibía, mes a mes durante el período que se tome en consideración, y una vez obtenida ésta habrá de ser actualizada aplicando los índices del peón industrial. A continuación, se confeccionará un cuadro comparativo haciendo figurar, en una columna, el haber inicial efectivamente percibido por el beneficiario y sus actualizaciones mensuales posteriores calculadas por el organismo previsional; y en otra columna, el haber inicial y los posteriores reajustes calculados en base a los índices antes indicados. Cuando de la comparación de ambos montos surja una diferencia mayor al 10% se la considerará confiscatoria, razón por la cual el beneficiario tendrá derecho a percibir, debidamente actualizada y con los intereses correspondientes, la cantidad excedente al 10% de la diferencia entre los términos de la comparación llevada a cabo. (disidencia del Dr. Laclau).
Compraventa inmobiliaria, seña, seña a cuenta de precio
Materia: CIVIL
Carátula: ESCANDAR ANA MARIA c/ CABEZAS RUBEN NESTOR s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-31

En caso de duda, cuando no se indica la calidad en que ha sido entregada la suma, no tiene la calidad de seña prevista en el artículo 1202 del Código Civil (conf. C.N.Civ. Sala E, J.A. 1968-4 298; íd. Sala F, J.A. 1961-4-468).

No es necesario que en el convenio sobre las arras se consignen términos categóricos y sacramentales, bastando con que la entrega se haga como "seña", en "garantía" o cualquier otra expresión similar.

De la mera entrega a cuenta o dación al momento de celebrarse el contrato no puede desprenderse, por vía de interpretación, que se trata de una seña tácita. Siendo la seña una pena civil, no puede surgir por vía deductiva, y en la duda, respecto de la efectiva voluntad de las partes, debe concluirse que la dación ha sido a título de anticipo o entrega a cuenta (conf. Mosset Iturraspe "Las arras confirmatorias" J.A. 1977-4-621).
Extradición, entrega de la documentación, tratados internacionales
Materia: PROCESAL - PENAL - INTERNACIONAL
Carátula: MERKIN, Samuel s/ extradición, Causa nro. 26.718
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-11

Los documentos presentados aparecen como suficientes para tener por cumplidos los requisitos establecidos en el tratado respectivo, máxime si se tiene en cuenta que, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal "...el envío de las probanzas constituye un recaudo exigido a los efectos de la mínima comprobación admitida en este tipo de procedimientos... atento que no compete a la Justicia Nacional analizar el fondo del asunto ni pronunciarse sobre si está o no probada la comisión del delito o la culpabilidad del acusado", (del voto del Dr. Vigliani ).
Exportaciones, promoción industrial, nulidad del decreto, deserción del recurso
Materia: ECONOMIA-PROCESAL
Carátula: GUILFORD ARGENTINA SA c/ EN M° ECONOMIA DTOS 2000/92 Y 541/00 s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-18

Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda dirigida a obtener la declaración de nulidad de los decretos 2000/92 y 541/2000 y la indemnización de los daños y perjuicios derivados de tales actos, que fue fijada en el importe correspondiente a los reembolsos por las exportaciones realizadas, con sus intereses, pues, frente a los defectos de fundamentación advertidos, cabe declarar desierto el recurso interpuesto por el Estado. -Del precedente A. 585.XLIV "Aluar Aluminio Argentino SAIC c/ Mº Economía- Dtos. 2000/92 y 541/00", del 1º de noviembre de 2011, al que la Corte remite.
Suspensión del juicio a prueba, cómputo de la pena
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DADIN, Oscar G. y otros s/ pedido de susp. de juicio a prueba Causa nro. 27.218
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

La viabilidad de la procedencia del instituto legislado por la ley 24.316 se hallaba limitada, entre otras exigencias, a que en el delito que se imputa no se supere, en abstracto, los tres años de prisión o reclusión.
Acción civil, efectos de la sentencia penal en sede civil, sentencia condenatoria, Subterráneos de Buenos Aires, apreciación de la culpa, culpa civil, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Benítez de Correa, María Magdalena c/ Subterrános de Bs. As. Sociedad del Estado s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-09

Existiendo condena en el juicio penal no se puede discutir en el proceso civil ni la existencia del hecho principal, ni la culpa de los dependientes de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires (conf.

artículos 1102 y 1103 del Código Civil). Sin embargo, nada impide considerar la culpa concurrente de algún otro partícipe del evento con la finalidad de disminuir el monto indemnizatorio.