Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-09


///la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 9 días del mes de abril de 2012, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Raúl R. Madueño como Presidente, y los doctores Luis María Cabral y Mariano Borinsky como Vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en esta causa Nº 14.726, caratulada: "Piferrer, Adrián Arturo s/recurso de casación", de cuyas constancias RESULTA:

1º) Que el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 28 resolvió -en lo que aquí interesa-, condenar a Adrián Arturo Piferrer a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por ser autor material penalmente responsable del delito de abuso sexual de un menor de trece años, agravado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima y por la situación de convivencia preexistente respecto de ambas menores, cometido en forma reiterada -hechos A y B-, que concurren materialmente entre sí (art. 119 párrafos primero, segundo y cuarto inciso "f" del Código Penal de la Nación). Contra ese pronunciamiento, la defensa del condenado interpuso recurso de casación; concedido, fue mantenido en esta instancia (fs. 681/687, 689/690 y 696).

2º) Que la defensa sustentó la vía recursiva en las previsiones del artículo 456 incisos 1° y 2° del catálogo procesal.

Planteó en primer término que no se han arrimado al debate elementos de cargo que permitan acreditar, con el grado de certeza propio de un veredicto de condena, que su ahijado procesal haya llevado a cabo las conductas abusivas que se le atribuyen.

Alegó en tal sentido que la única prueba de cargo contra su asistido que existe en el sumario lo constituyen los dichos de las víctimas, que en autos no resultaron corroborados por prueba indiciaria que permita atribuir certeza a tales declaraciones.

Consideró que, por imperio del principio "in dubio pro reo", su ahijado procesal debió ser absuelto.

Agregó que las declaraciones de las menores víctimas no fueron recibidas con los recaudos que preceptúa el artículo 250 bis del catálogo procesal, razón por la cual planteó su invalidez.

Al respecto, señaló -con cita de la Resolución 8/09 de la Procuración General de la Nación- que la recepción de declaraciones testimoniales en los términos del referido precepto exige la filmación de la entrevista con la víctima y la notificación al imputado y a su defensa de la realización de dicho acto, recaudos que no se observaron en autos, quedando pues su pupilo en un estado de indefensión que se mantuvo durante todo el proceso, lo que conlleva la invalidez del referido acto procesal y, en consecuencia, la imposibilidad de atribuir valor probatorio a los informes periciales practicados en ocasión de tales entrevistas.

Por último, alegó que la acusación formulada respecto de su ahijado procesal se encuentra viciada, en tanto la misma adolece de una clara, precisa y circunstanciada relación de los hechos, a la vez que sólo se sustenta en el relato de los padres de las menores, que claramente se contradicen entre sí.

Finalmente hizo reserva del caso federal -fs. 687 vta.- 3 ) Que durante el trámite previsto en los arts. 465 -segundo párrafo- y 466 del C.P.P.N., la fiscalía presentó el escrito glosado a fs. 700/703 propiciando el rechazo del recurso de casación deducido por la defensa por considerar plenamente acreditada la participación del causante en los hechos investigados, postulando que el pronunciamiento en crisis sea confirmado.

4°) Que superado el trámite previsto por el art. 468 del C.P.P.N. las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano Borinsky, Luis María Cabral y Raúl Madueño.

El doctor Mariano Borinsky dijo:

En trance de examinar los agravios introducidos en la instancia por la defensa, es menester en primer término recordar que el tribunal de juicio tuvo por acreditado que Adrián Arturo Piferrer cometió diversos hechos de contenido sexual -detallados a fs. 664/665-, en perjuicio de Luz Tamara Bechard -nacida el 12 de enero de 2001- y de Lucía Beatriz Bechard -nacida el 5 de octubre de 2003-.

Se tuvo por demostrado que los episodios abusivos tuvieron lugar en la finca sita en el Edificio 14 "A" piso 12° departamento "B" del Barrio Piedrabuena de esta Ciudad de Buenos Aires y en un inmueble sito en la localidad balnearia de Mar de Ajó, Provincia de Buenos Aires, desde mediados del años 2007 hasta el mes de enero del año 2008, como así también durante el mes de febrero del año 2008 hasta el mes de diciembre del mismo año, en momentos en que Piferrer -amigo de los padres de las damnificadas-, se hallaba a cargo de ellas y de sus hermanos con quienes convivió quince o veinte días al mes durante el lapso de un año y medio.

Se estableció en el mismo pronunciamiento que a fin de lograr su cometido, el imputado se aprovechaba de la situación de convivencia con las víctimas llevando a cabo las maniobras abusivas en los momentos de ausencia de sus progenitores, que las dejaban a su cuidado.

Ahora bien, compulsado el razonamiento desarrollado por el juzgador meritando el plexo cargoso a partir del cual se tuvieron por demostrados los hechos descriptos, tengo para mí que el juicio de reproche formulado respecto del procesado reposa en un contundente cuadro probatorio que fue prudentemente valorado por los sentenciantes, con estricto apego a las reglas de la sana crítica, y que permite tener por acreditado -con el grado de certeza que requiere un veredicto de condena- la intervención del acusado en los eventos criminosos.

Puntualmente el tribunal valoró el coincidente relato de ambas damnificadas -tanto respecto del propio abuso como del sufrido por la hermana-, efectuado a sus padres y a las profesionales del Cuerpo Médico Forense que las entrevistaron, quienes se explayaron en el debate acerca de su credibilidad, teniendo en consideración su espontaneidad y resultando particularmente significativos los detalles sobre situaciones sexuales que resultan incompatibles con el conocimiento que puede esperarse en niñas de la edad de las damnificadas (que al momento de inicio de los hechos tenían la edad de cuatro y seis años), no habiendo advertido las facultativas que las menores presentaran signos de fabulación patológica ni sobrecarga imaginativa patológica.

Las facultativas también dieron cuenta sobre la presencia -en ambas niñas- de aquellos elementos característicos en casos de abuso sexual infantil tales como miedo, recuerdos intrusivos, trastornos del sueño, falta de concentración y problemas de aprendizaje, quedando así configurado un cuadro de sintomatología postraumática compatible con los abusos a los que fueran sometidas.

En el contexto indicado, adquieren particular relevancia las constancias de atención médica que se les brindó a ambas menores en el Hospital Alvarez con fecha 22 de diciembre de 2008, donde consta que ambas niñas presentaron en el examen genital, una lesión erosiva en "hora III" (afección física en la vagina que pudo tener su origen en un intento de penetración no concretado, ya sea con el dedo o con el pene, lo cual resulta compatible con lo relatado por las niñas -ver fs. 672 vta./673 vta.-).

En la misma dirección, se ponderó el examen psicológico practicado respecto del procesado por la Licenciada María Elena Chicatto del Cuerpo Médico Forense, del cual se desprende que el nombrado presenta una afectación psicosexual que es compatible con los hechos investigados en autos.

En definitiva, se advierte que el tribunal valoró pormenorizadamente la prueba producida en el debate, cuya solidez no logró ser desvirtuada por la versión proporcionada por el imputado en ocasión de efectuar su descargo, ni por los reclamos que su esforzada defensa formuló en ocasión de alegar y que reedita en su presentación casatoria sin alcanzar a conmover los contundentes argumentos utilizados por el tribunal para descartarlos.

De tal guisa, se concluye que la autoría de Piferrer respecto de las maniobras sexuales que damnifican a las menores Luz y Lucía Bechard por las cuales fuera llevado a juicio reposa en un contundente plexo cargoso que fue evaluado por el tribunal de mérito a través de un razonamiento exento de fisuras lógicas, lo que impide dar favorable acogida al reclamo de inocencia formulado por su defensa.	Por otra parte, el agravio en virtud del cual cuestiona la validez de las entrevistas realizadas a las menores por las facultativas del Cuerpo Médico Forense en los términos del artículo 250 bis del catálogo procesal, agravio que sustenta en la circunstancia de no haberse notificado a la defensa la producción de diligencias ni haberse filmado las declaraciones de las damnificadas, tampoco prosperará en esta instancia.	En primer término, es menester señalar que no alcanza la defensa a demostrar un perjuicio concreto derivado de la supuesta irregularidad que alega, desde que el genérico estado de indefensión invocado en sustento de su queja no alcanza por sí mismo para dar favorable acogida a su embate nulificatorio.

A esta conclusión arribo porque considero que no resulta suficiente la invocación por parte del quejoso de la inobservancia de las prescripciones establecidas por el artículo 250 bis para habilitar la nulidad de dicho acto procesal, y por ello de la sentencia dictada en su consecuencia, sino que debió haber demostrado de qué modo dicho defecto habría resultado suficiente para causar perjuicio a los intereses de su defendido, y de la solución distinta que pudo alcanzarse en el fallo si no hubiese existido tal defecto.

En resumidas cuentas, frente al claro, concordante y por demás minucioso relato proporcionado por ambas menores, no se hace cargo la asistencia técnica de indicar puntualmente qué tramos de las declaraciones le resultan imprecisos, dudosos o contradictorios, o -más concretamente- qué interrogantes se vio privado de despejar al no haber presenciado las declaraciones a través de una Cámara Gesell.	En punto a ello he de recordar que las nulidades procesales requieren un perjuicio concreto para alguna de las partes, toda vez que -al ser inaceptable la declaración de una nulidad por la nulidad misma- no procede su declaración en el solo interés del cumplimiento formal de la ley (C.S.J.N., Fallos: 322:507; 324:1564, entre muchos otros), porque ello significaría un manifiesto exceso ritual, incompatible con el buen servicio de justicia (Fallos: 311:1413).

Así, en materia de nulidades, debe primar un criterio de interpretación restrictivo -art. 2° del C.P.P.N.- y sólo cabe pronunciarse por la anulación de las actuaciones cuando exista un derecho o interés legítimo lesionado, de modo que cause un perjuicio irreparable, mas no cuando no exista una finalidad práctica en su admisión. En efecto, la nulidad por vicios de forma carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal. Su procedencia requiere, como presupuesto, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho; en el sub- examine, no se advierte que se hubiera afectado alguna garantía constitucional del imputado. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, que va en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 323:929 y 325:1404).

Por lo demás, es dable memorar que en ocasión de ofrecer prueba de conformidad con lo previsto en el artículo 354 del catálogo adjetivo, la defensa postuló la recepción de declaración testimonial a ambas damnificadas -fs. 546- y frente al rechazo de dicha diligencia por parte del tribunal, el defensor omitió recurrir tal decisión como sí lo hizo ante al rechazo de otras medidas probatorias solicitadas (confr. fs. 547 y recurso de reposición deducido a fs. 558/559).

De tal guisa, la falta de protesta oportuna significó que la defensa implícitamente consintió los razonables argumentos expuestos por el tribunal para rechazar una nueva declaración de las damnificadas en los términos del art. 250 bis del C.P.P.N., en tanto expresó -con invocación del interés superior del niño consagrado en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño- que someter a las menores a un nuevo interrogatorio en el marco del debate resultaría revictimizante, máxime existiendo suficientes constancias acerca de la versión de los hechos por parte de ambas -ver fs. 590-.

Por las consideraciones expuestas, este agravio también habrá de ser rechazado.

Igual solución habré de propiciar respecto del último planteo introducido en la instancia por la defensa por vía del cual alega que los hechos por los cuales su asistido recibiera condena no fueron suficientemente descriptos.	Al respecto, es menester destacar que la empeñosa asistencia técnica reedita idéntico reclamo ya deducido en ocasión de alegar -ver fs. 652 vta./653-, y que fuera objeto de respuesta por parte del tribunal de mérito a fs. 663, no habiendo introducido en su presentación casatoria nuevos argumentos que permitan conmover lo resuelto en la anterior instancia.

Es que tal como lo señaló el a quo en aquella oportunidad, tanto en el requerimiento de elevación a juicio glosado a fs. 428/449 como en la acusación formulada en el debate según lo documentado a fs. 650/652 vta., se describió en forma por demás circunstanciada el quehacer criminoso atribuido al procesado, relatando con precisión las maniobras abusivas, el lapso en el que las mismas sucedieron y los lugares de comisión, descripción que, por lo demás, coincide con la plataforma fáctica definida por el juzgador en el veredicto de condena según consta a fs. 664/665.

En verdad, de una atenta lectura del agravio descripto a fs. 685 y ss., se advierte que so pretexto de una insuficiente descripción del hecho sometido a juzgamiento, lo que la defensa en realidad cuestiona es, una vez más, la orfandad probatoria que le atribuye al veredicto de condena que se examina, cuestión ésta sobre la cual ya me pronuncié en el responde al primer agravio, razón por la cual este planteo tampoco habrá de tener favorable acogida.

En virtud de las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo propiciado por el Fiscal ante esta instancia, considero que el recurso de la defensa debe ser rechazado, con costas. (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y 531 del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.

Los doctores Raúl R. Madueño y Luis María Cabral dijeron:

Que adhieren al voto del Dr. Borinsky y emiten el suyo en igual sentido.

Por ello, y en mérito al acuerdo que antecede el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de casación deducido por la defensa de Adrián Arturo Piferrer, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y 531 del C.P.P.N). Tener presente la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a su procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Fdo. Raúl Madueño, Luis M. Cabral y Mariano H. Borinsky Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretaria de Cámara.