Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-05-24


AUTOS Nº 136318 (SALA IV Nº 102), DEL 3° JUZGADO EN LO CIVIL, CARATULADOS: "SECURITAS ARGENTINA S.A. C/ Provincia De San Juan S/ Amparo".- PROT: L. DE SENT. T1 F°93/99.- En la Ciudad de San Juan a los veinticuatro días del mes de Mayo de dos mil trece, reunido en Acuerdo de esta Sala IV de la Cámara de Apelaciones con competencia especial en materia contencioso administrativo, Comercial y Familia, que entiende en los autos del epígrafe, constituido por los doctores María Josefina Nacif, Juan Jesús Romero y Estela Zorrilla, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 170/186 vta. contra la sentencia dictada por el Sr. Juez titular del Tercer Juzgado en lo Civil en fecha 25-02-13 que luce a fs.162/167, el que fuera concedido sin efecto suspensivo a fs. 187.

CUESTIONES Primera: ¿Es ajustada a derecho la resolución impugnada?;

Segunda: En su caso, ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? EL DR. JUAN JESUS ROMERO, DIJO:

PRIMERA CUESTIÓN a. .Antecedentes del caso.

I. Por el decisorio cuestionado el Sr. Juez a quo dispuso 1) Rechazar el planteo de inconstitucionalidad efectuado; 2) Rechazar la acción de amparo promovida; 3) Imponer las costas a la actora vencida y regular los honorarios de los profesionales actuantes, conforme lo expuesto en los considerandos.

Para así resolver el sentenciante expresa que el actor dedujo acción de amparo contra la Provincia de San Juan a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 12 de la ley 7775, artículo 12 del Decreto reglamentario N° 649 con vigencia a partir del 01/01/2013 y el artículo 12 del Decreto modificatorio N° 1681; artículo 28 de la ley 7775 y artículo 28 del Decreto Reglamentario N° 649 y artículo 29 del Decreto Reglamentario N° 649; tras reseñar los antecedentes legislativos de las normas cuestionadas, las posiciones de las partes y del agente fiscal interviniente; procede derechamente a avocarse al planteo de inconstitucionalidad del articulado de la ley 7775 y de los artículos de los decretos reglamentarios atacados, expresando que la tacha de inconstitucionalidad no puede prosperar, por cuanto, tal planteo no se compadece con la celeridad, inmediatez y limitación en la producción de prueba inherente a los procesos de amparo. Asimismo expresa que el planteo de inconstitucionalidad instado por el amparista ha sido formulado genéricamente y sin acreditar los requisitos exigidos para su admisibilidad, esto es, que en el caso o controversia sometido a su conocimiento, excepcionalmente procede la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, por ser tal potestad jurisdiccional el último recurso. Citando jurisprudencia referencial.

En cuanto a la procedencia formal y sustancial de la acción amparo, el juez a-quo expresa que deben concurrir las siguientes circunstancias: a) restricción a alguna de las libertades humanas o derechos esenciales de la persona tutelados en la Constitución; b) que esa amenaza o lesión sea manifiestamente ilegal, arbitraria o ilegítima; y c) la irreparabilidad del perjuicio por inexistencia de otra vía para lograr adecuada protección jurisdiccional. En relación al primero de los requisitos enumerados, tras reseñar los antecedentes jurisprudenciales y legislativos del instituto, destaca que del libelo del reclamo surge que la empresa ataca al plexo normativo debido a que se vería obligada a tener que usar el mismo uniforme de color marrón, al igual que las otras empresas de seguridad privada, diferenciándose solamente con las obleas distintivas autorizadas a cada una de ellas. Que en relación a ello advierte que la verdadera pretensión de la amparista no es la inaplicabilidad de la ley que consagraría una desigualdad, sino que su finalidad es obtener un régimen normativo distinto más favorable para ellos. En otro párrafo señala que la actividad desplegada por el amparista está relacionada con la seguridad de los ciudadanos, tarea esta, que es complementaria a la llevada por el estado provincial, por lo que la regulación del negocio de la seguridad privada por parte del Estado, tiene su razón de ser en el ejercicio del poder de Policía que este ostenta, por lo que la intromisión en dicha actividad resulta absolutamente razonable, habida cuenta que con estas disposiciones los trabajadores de la seguridad privada van a ser distinguidos de las fuerzas de seguridad estatales y además este conjunto de normas son más que importantes para erradicar el trabajo informal de los vigilantes, por lo que la concurrencia del primer requisito (restricción de derecho o libertad) no se configura en la especie. Concluye expresando que el amparista no ha acreditado el cumplimiento de los requisitos que habilitan la procedencia del amparo, toda vez que el acto cuestionado aparece legítimo y conforme a derecho por lo que resuelve rechazar con costas la acción promovida.

b. AGRAVIOS. El apelante, tras efectuar una reseña de los antecedentes legislativos y de la forma en que le afectan ciertas normas al caso concreto, expresa que le agravia el decisorio en cuestión por cuanto resulta indispensable para su mandante obtener la declaración de inconstitucionalidad de las normas atacadas, existiendo razones de urgencia que la obligan a recurrir al amparo descartando otra vía. Destaca que para resolver el caso no es necesario un amplio debate o prueba, como erróneamente lo sostiene el sentenciante, habida cuenta que se trata de una cuestión de pleno derecho, insistiendo en que su mandante, en la demanda de amparo demostró claramente de qué manera la normativa cuestionada contraviene disposiciones contenidas en la Constitución nacional y Provincial, en que consiste el gravamen, y que todo ello ocurre en el caso concreto.

Señala, respecto a la exigencia de los uniformes, que el único argumento que invoca el juez a-quo para su justificación está contenido en el párrafo de la sentencia que expresa que dicha intromisión en la actividad resulta absolutamente razonable habida cuenta que con estas disposiciones los trabajadores de las empresas de seguridad privada van a ser distinguidos de las fuerzas de seguridad estatales. Al respecto sostiene que para lograr tal distinción no resulta necesario prohibir los uniformes que se venían utilizando e impedir que las empresas del mercado se diferencian entre sí, pues bastaría con que los uniformes sean distintos a los de las fuerzas de seguridad pública. Asimismo afirma que es errado considerar, como lo hace el a-quo, que el amparista pretenda obtener por esta vía un régimen normativo más favorable, ya que su parte solo pretende la libre elección de su uniforme y distintivos, con la sola limitación de no confundirlo con los utilizados por las fuerzas de seguridad pública; cita antecedentes legislativos Nacionales y Provinciales de otras jurisdicciones que avalan su posición, concluyendo que la intromisión estatal en el caso de autos no restringe razonablemente el derecho de su representada, sino que lo anula. Señala que el uniforme utilizado por su representada no genera confusión con los atuendos de las fuerzas de seguridad pública, siendo que el uso del mismo uniforme reglamentario, para todas las agencias privadas del mercado, traería confusión e innumerables perjuicios para la actividad comercial que realizan estas empresas. Destaca que la normativa cuestionada no tiene como fundamento la violación de algún derecho del estado, ya que si el uniforme no confunde su origen, no puede afectar ningún derecho o interés público.

Sostiene el apelante que el uniforme utilizado por su representada está incorporado a su derecho de propiedad que es anterior y preexistente a la prohibición que la reglamentación impone, destacando que el uniforme constituye parte de la imagen de la empresa, el que reconoce protección legal tanto positiva como negativa conforme lo establece el artículo 1071 del C. Civil Argentino y artículo 31 de la ley 11.723.

En relación al sistema de infracciones y sanciones expresa que la ley 7775 realiza una delegación impropia de la potestad sancionatoria en favor del Poder Ejecutivo en cuanto este poder del estado, a través de los artículos 28 y 29 del decreto N° 649, fija todos los tipos de infracciones y penalidades, vulnerando así los artículos 31 y 28 de la C.N. y art. 44 de la Constitución Provincial; afirma que las sanciones son desproporcionadas con relación a las faltas y que en caso que estas se hagan efectivas contra su mandante ello le impediría ejercer su derecho constitucional al trabajo, generando reclamos de terceros contratistas hacia su representada por eventuales incumplimientos contractuales. Asimismo reitera que la reglamentación cuestionada quebranta normas de rango superior, viola el principio de legalidad en cuanto la misma no se subordina a los preceptos constitucionales, afectando asimismo el principio de razonabilidad. Señala a su vez que el arbitrario ejercicio del Poder de Policía ejercido por el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la sanción de la normativa cuestionada, debe ser corregido por el Poder Judicial. Reitera los perjuicios que le traería aparejada la confirmación de la sentencia cuestionada y efectúa reserva constitucional.

A fs. 189/191 contesta traslado la demandada, solicitando la confirmación de la sentencia cuestionada, por considerar que media inexistencia de fundamentación en la expresión de agravios del recurrente, en cuanto la actora no acredita el modo en que se produce el supuesto quebrantamiento de derechos constitucionales, ni el perjuicio que la aplicación de tal normativa le provocaría. Señala que tampoco rebate la inexistencia de los presupuestos básicos para la procedencia de la acción de amparo, por lo que tal cuestión ha quedado firme para las partes. También le achaca al recurrente no haber dado cumplimiento con las exigencias procesales contenidas por el artículo 253 del C.P.C., en cuanto no ha mediado una crítica concreta y razonada a la sentencia atacada, siendo el planteo de la recurrente reiterativo con escuetos y confusos agravios. Pide la confirmación de la sentencia atacada y mantiene cuestión constitucional.- A fs. 198 vta. se certifica el pase de estos autos a estudio.- c. Tratamiento de los agravios. Habrá en consecuencia y conforme los argumentos vertidos analizar si la sentencia recurrida se ajusta a derecho, no sin antes, destacar en relación a los requisitos y contenido del libelo de agravios que: "Expresar agravios significa reputar y poner de manifiesto los errores de hecho o de derecho que pueda contener la sentencia, pero además, consiste en refutarlos hasta que ninguno de los fundamentos esenciales del pronunciamiento quede en pie. Esto supone la carga procesal que implica una exposición jurídicamente calificada, donde queden en evidencia, punto por punto, aquellos errores que tornan injusta o contraria a derecho la resolución tomada por el juez." (Sala I, Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Minería de San Juan, autos Galván de Cañadas, Elena Ivana c/ Gorviric, Jorge Pablo, DyP-" LS T° 102 F° 49/56 14-11-08 - Jurisprudencia de San Juan 207-2008-2009-2010-2011 1° Semestre Pag.91). Tal disquisición es efectuada al solo efecto de advertir la confusa y reiterativa argumentación contenida en la demanda de agravios obrante a fs. 170/186, incumpliendo de esta forma con la requisitoria procesal contenida por el 2° párrafo del artículo 253 del C.P.C.; no obstante ello y en resguardo del derecho de defensa del apelante, procederé al tratamiento de los aspectos que considero relevantes a los fines de la resolución del presente recurso. En relación a ello debo expresar que la recurrente, por la vía del amparo, pretende se declare la inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 7775; artículo 12 de su Decreto Reglamentario y artículo 12 del Decreto Modificatorio N° 1681, argumentando que en virtud de tal normativa se le impone a su representada la utilización de un uniforme común aplicable para todas las agencias privadas de la Provincia, causando con ello un grave perjuicio a la actividad que despliega. Todo ello dentro de un proceso de amparo siendo que, en relación a la vía elegida en autos, se ha sostenido que: "El instituto del amparo constituye un procedimiento excepcional, residual y de concesión restrictiva, sólo viable en aquellos supuestos de ilegitimidad y arbitrariedad evidentes, que no requieran amplitud de debate y prueba, ni admitan otra vía legal apta, lo que exige, por su parte, especial criterio de los jueces y letrados para impedir que pueda llegar a desnaturalizárselo. El amparo no resulta un medio versátil de procurar solución jurisdiccional a una gama indiscriminada de conflictos, sino una garantía a derechos de raigambre constitucional amenazados o vulnerados en forma manifiestamente arbitraria. Un ensanchamiento indebido del cauce del amparo provocaría sin dudas su deformación, con el consecuente menoscabo -por la cognición ilimitada del trámite- del principio del debido proceso y el descalabro de todo el mecanismo jurisdiccional..." (Trib. Dres.: Garros Martínez, Posadas, Puig, Silisque, Vicente. - Doctrina: Dra. Von Fischer. - Causa: MECLE, DOLLY YANET. AMPARO. RECURSO DE APELACIÓN. Expte. Nº 24.628/02 de Corte FECHA: 12/03/03. L. 83: 805/812. CORTE DE JUSTICIA). Desde esta perspectiva cabe señalar que el actor cuenta con una instancia administrativa y proceso contencioso administrativo a efectos de plantear la afectación de los derechos que considera conculcados, así la Corte de Justicia de San Juan ha expresado: "Esta Corte tiene dicho que aún luego de la vigencia del art. 43 de la Constitución Nacional reformada en el año 1994, la procedencia del amparo está condicionada a la inexistencia de otras vías establecidas por la propia ley ritual u otras leyes aptas para proteger los derechos que se dicen conculcados. (PRE S2ª 1995-II-55) También tiene dicho el Tribunal que cuando el art. 43 de la Constitución Nacional condiciona la procedencia del amparo a la inexistencia de "otro medio judicial más idóneo" no ha hecho sino consagrar a nivel constitucional, como presupuesto de admisibilidad del amparo, aquello que ya existía como tal en las normas locales (en nuestro caso el art. 582 del C.P.C.) y también en la doctrina y jurisprudencia: que es condición de viabilidad de la acción de amparo que el interesado acredite que no tiene opción por otras vías procesales más adecuadas, apropiadas, aptas para lograr la restitución del derecho constitucional menoscabado (P.R.E. S.2º 1996- I- 27).- (AUTOS: Nº 2478/00 CARATULADOS: " RIVAS, CLAUDIA ALEJANDRA - ACCIÓN DE AMPARO - CASACIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD".- P.R.E. S. 1º - 2001- II- 256.-). Amén de esta consideración cabe señalar que el tratamiento de la inconstitucionalidad de una ley o reglamento por vía de amparo, requiere necesariamente acreditar la concurrencia de los extremos procesales exigidos para la procedencia del amparo. "Si bien el art. 43 de la nueva Constitución Nacional, admite que el juez del amparo podrá declarar la inconstitucionalidad de una norma o acto lesivo, ello está condicionado a que se cumplan los requisitos exigidos para la procedencia del amparo.- (Sala III, Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Minería de San Juan, AUTOS Nº 65433 DEL 9º JUZ. CIVIL (SALA III 6991) "ENERGÍA SAN JUAN S.A. - AMPARO".- PROT. DE SENT. Tº I Fº 85/90 AÑO 2003 13-03-03). Así las cosas cabe destacar, que a los fines de acreditar la ilegalidad de la reglamentación cuestionada, el amparista expone argumentos tales como que la imposición del nuevo uniforme cercena su derecho de propiedad por la afectación de la imagen de la empresa; que la aplicación del Régimen sancionatorio resulta arbitrario y desproporcionado; que todo ello le provocaría eventuales perjuicios y demás argumentos ya reseñados. En relación a ello considero que los mismos carecen de entidad suficiente para cuestionar la reglamentación que el Estado Provincial ha efectuado, en ejercicio de una función esencial del Estado como lo es la seguridad Pública, en cuyo caso el interés público está por sobre el interés individual de los Ciudadanos; de modo tal que no advierto la arbitrariedad de la legislación atacada, sino más bien que el recurrente pretende que el Estado adopte el criterio que él considera correcto. En cuanto a la pretensa ilegalidad de la delegación de facultades efectuada por el artículo 12 de la ley 7775 en favor del Poder Ejecutivo a los fines de la reglamentación de la ley y su sistema sancionatorio, debo decir que el artículo 189 inc. 2 de la Constitución Provincial faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar las leyes y participar en su proceso de formación. A mayor abundamiento se advierte que la prohibición de delegación de funciones establecida por el artículo 44 de la Constitución Provincial, establece dos excepciones que son la delegación de funciones otorgada por la propia constitución y la ley." Es improcedente la acción de amparo tendiente a que se deje sin efecto el decreto 1016 de la Provincia de San Juan, pues no aparece manifiesta la mentada arbitrariedad o ilegalidad de la norma en razón de lo opinable del tema y de la necesidad de un debate amplio, incompatible con la naturaleza sumaria del proceso impetrado, máxime si tampoco se ha acreditado la imposibilidad de recurrir a otros remedios judiciales para salvaguardar los derechos que alega conculcados (Cámara en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, Sala II o 18/10/2007 o Rodríguez, Víctor Orlando LLGran Cuyo 2008 (marzo), 192 o AR/JUR/9164/2007); en el mismo sentido, esta Sala sustentando el criterio de la Corte de Justicia de San Juan, ha sostenido: "La arbitrariedad o ilegalidad manifiesta constituye presupuesto esencial y necesario para la procedencia de la acción de amparo, y que ello se da en casos de actos u omisiones manifiestamente opuestos a la ley (P.R.E. S. 2º 11994-I-7) y que el criterio restrictivo con que debe juzgarse la procedencia de la acción de amparo debe incluso acentuarse cuando se dirige contra actos emanados de la Administración Pública, en tanto rige respecto a ellos la presunción de legitimidad establecida en el art. 12 de la ley 3.784 (P.R.E. S.2º 1995-I-192). Cabe señalar que existe una vía especifica de impugnación de tales actos administrativos que está dada por el proceso contencioso administrativo, circunstancia que descarta la vía intentada. (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Comercial y Familia de San Juan, Sala IV AUTOS 133620 (21) ASOCIACIÓN SINDICAL MÉDICA DE SAN JUAN C/ SUBSECRETRIA DE TRABAJO DE LA PROVINCIA - AMPARO PRS F°1/7, Libro I año 2.012) ;

En relación a los perjuicios que podría acarrear al amparista la legislación cuestionada, cabe señalar que sus argumentos están constituidos por invocaciones potenciales, sin demostrar ni acreditar concretamente daño alguno. "Cabe rechazar la acción de amparo tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley 1799 de Control de Tabaco de la Ciudad de Buenos Aires, pues, no se encuentra demostrado el actual menoscabo a los derechos de la empresa actora, en cuanto la demanda se basa en meras alegaciones por los daños y perjuicios ocasionados a aquella por la prohibición de fumar, los cuales la demandante no se creyó obligada a cuantificar, ni mucho menos a probar". (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala II o 21/03/2007 o Amores Perros S.S. c. Ciudad de Buenos Aires o LA LEY 2007-E, 61 con nota de Santiago Legarre o AR/JUR/1412/2007).

SEGUNDA CUESTIÓN En razón de lo establecido precedentemente, corresponde rechazar en todas sus partes el recurso de apelación deducido a fs. 170/186 contra la sentencia obrante a fs. 162/167. Debiéndose tener presente la reserva constitucional invocada.

Con relación a las costas del presente recurso y atento al resultado arribado corresponde se impongan al apelante vencido (art. 66 del C.P.C.), regulando los honorarios del Dr. Juan Bautista Ratto en la suma de Pesos Cuatrocientos cincuenta ($450), en su carácter de apoderado de la actora perdidosa; y en favor del Dr. Marcelo Luís Saffe Spesia, se fijan en la suma de Pesos Un mil cuatrocientos ($1400),en su carácter de apoderado de la demandada gananciosa, todo ello conforme arts. 196, inc. a de la Ley 2150. Así voto.

LA DRA. MARIA JOSEFINA NACIF, DIJO: Que adhiere al voto precedente por similares fundamentos.

LA DRA ESTELA ZORRILLA, DIJO: Por razones análogas voto en el mismo sentido.

Por el mérito que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 170/186, confirmando en todos su términos la sentencia de fs. 162/167. II) Imponer las costas de esta instancia a la Apelante vencida en el modo explicitado en los considerandos. III) tener presente la reserva constitucional planteada por la parte actora.- Protocolícese, agréguese copia autorizada a autos y notifíquese.- FDO. DRA. MARÍA JOSEFINA NACIF. PRESIDENTE. DRES. ESTELA ZORRILLA Y JUAN JESÚS ROMERO. VOCALES. ANTE MI: ROLANDO CABRERA.- SECRETARIO.