Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, violencia familiar, protección del menor y la familia
Materia: CIVIL
Carátula: LÓPEZ, Sandra Patricia c/ FIGUEROA, José Luis s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-26

La Sra. Jueza de la Causa expresamente dispuso una serie de medidas en el marco de lo dispuesto por la Ley 7403, concretamente la orden de abstención al demandado de concretar malos tratos físicos o síquicos contra la denunciante y sus hijas; rondas permanentes de parte del personal policial a fin de asegurar el cumplimiento de lo ordenado y la producción de un informe ambiental y psicológico del demandado.

La mutante realidad que refleja la causa, permite vislumbrar que con las diligencias adoptadas por la Jueza de grado se ha logrado el objetivo primario de la Ley, en tanto no se han verificado nuevos hechos de violencia física o moral en contra de las menores de quien sería su padre (el potencial lo mantengo en tanto no se ha demostrado con prueba fehaciente el vínculo parenteral) y la denunciante -por propia decisión- ha cambiado de domicilio, reiterando que ésta no ha cuestionado la decisión en crisis.

No debe obviarse que se ha invocado en autos la aplicación al caso de la Ley de Violencia Familiar 7.202, y es preciso reparar que el art. 1 de la misma dispone que toda persona que sufriere daño psíquico o físico, maltrato o abuso por parte de algún integrante del grupo familiar conviviente, podrá denunciar estos hechos en la Seccional de Policía, Juzgado de Paz o dependencias del Ministerio Público más cercano a su lugar de residencia. Y a los efectos de la Ley, se considera como grupo familiar conviviente a quienes tengan lazos de parentesco por consanguinidad o afinidad o cohabiten bajo el mismo techo, sea en forma permanente o temporaria.

La presentación de la denuncia, señala el art. 3, podrá hacerse en forma verbal o escrita, con o sin patrocinio letrado. Y a su vez, el art. 7 faculta al juez a adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, las siguientes medidas cautelares: a) ordenar la exclusión del autor o autora, de la vivienda donde habita el grupo familiar; b) prohibir el acceso del autor al domicilio del damnificado como a los lugares de trabajo o estudio; c) ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor; d) decretar una guarda provisoria a cargo de familia sustituta para menores o discapacitados; e) decretar provisionalmente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos; f) ordenar el registro del escenario de los hechos y la recolección de pruebas. Cuando el caso así lo requiera, el Juez dictará las medidas cautelares previstas inmediatamente o dentro de las doce (12) horas siguientes. El Juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo a los antecedentes de la causa.

Está claro entonces que la normativa provincial en materia de violencia familiar ha contemplado el dictado de medidas urgentes de amparo a las víctimas, que en modo alguno implica una decisión de mérito que declare a alguien autor de los hechos que se le atribuyen.

Es decir que por sobre todas las cosas se busca de manera prioritaria la tutela de aquellas personas que son objeto de agresiones físicas o psíquicas, sin atender tanto a óbice formales, ante el auge desmedido de hechos de esta naturaleza, que en los últimos tiempos ha conmocionado a nuestra Provincia (CApel.CC. Salta, Sala III, año 2005, f° 754).