Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-04-01


En la Ciudad de Posadas Capital de la Provincia de Misiones, a los Un (01) días del mes de Abril del año Dos Mil Once, se reúnen en Acuerdo Definitivo los Señores Miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, Doctores María Luisa Avelli de Lojko y Luis Alberto Diblasi a los fines de considerar los autos caratulados: "EXPTE. N° 9433/2010 CORREA DE FALCON UBALDINA ESTER c./ U.T.I.B.A. S.R.L. Y OTROS s./ Laboral ", elevados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Posadas, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la actora a fs. 515/521 y por la codemandada Asociación de Médicos Especialistas Sanatorio Buenos Aires S.R.L. a fs. 528/531 contra la sentencia dictada a fs. 497/510, concedidos libremente y en efecto suspensivo a fs 522 y fs. 544, respectivamente.

Examinados los autos la Sala se plantea las siguientes cuestiones:

¿ ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA ? ¿ QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR ? Efectuado el pertinente sorteo correspondió emitir su voto en primer término a la Dra. María Luisa Avelli de Lojko, quien dijo:

La sentencia en recurso, previa desestimación de las excepciones de falta de legitimación pasiva opuestas por UTIBA SRL y ASOCIACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS SANATORIO BUENOS AIRES SRL; rechaza también la defensa de prescripción liberatoria opuesta por la primera y admite parcialmente la demanda por los rubros salariales que cuantifica y condena a pagar solidariamente a estas dos codemandadas.

Rechaza en cambio la acción por los conceptos indemnizatorios fundados en el despido indirecto que el decisorio recurrido entiende no perfeccionado, al par que excluye de la litis al Dr. Luis Fernando Vega, distribuyendo las costas entre las partes Se alza la parte actora contra dicho pronunciamiento que ataca según Memorial corriente de fs.515/521, a la vez que ofrece la producción de pruebas en segunda instancia. Por su parte hace lo propio el Síndico falencial de la quiebra de la codemandada condenada Asociación de Médicos Especialistas Sanatorio Buenos Aires S.R.L. conforme fs. 528/531, quien cuestiona el pronunciamiento en cuanto rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva que opusiera esta parte al contestar la demanda, a la vez que la abarca en la condena en forma solidaria. Los demás codemandados, UTIBA S.R.L. y LUIS FERNANDO VEGA consienten el decisorio.

Dado el carácter y extensión de los planteos que abarca el recurso de la actora, deberá ser examinado en primer término.

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO INDIRECTO Entiende el fallo en recurso que la actora no perfeccionó la denuncia motivada del contrato de trabajo, al no haber comunicado en forma escrita y clara a su empleadora su voluntad rescisoria conforme así lo dispone el art. 243 de la LCT, de modo tal, que no se habría perfeccionado el acto extintivo invocado, y por ende, no se habrían generado las consecuencias indemnizatorias cuyo reclamo integró la demanda.

Sostiene en cambio la actora agraviada, que debiera haberse concluido contrariamente, teniendo en cuenta la sucesión cronológica de los telegramas y demás comunicaciones cursadas entre las partes, que enumera y explicita, afirmando que de ellas surge expresada su voluntad extintiva por los motivos que ratificara y fueron objeto de las interpelaciones previas cursadas en noviembre de 2006 y agregadas a fs. 5/6.

A estar a dichas interpelaciones iniciales, se verifica que la actora intimo una aclaración a su situación laboral en atención a que pese a ser enfermera de terapia intensiva del sanatorio Buenos Aires desde el año 1992, se le estaba negando tareas a menos que suscribiera un contrato a plazo, lo que se vio forzada a admitir, aun cuando efectuara la reclamación formal al respecto, y por otra parte, destaca la falta de registración de aportes a ANSES con destino previsional pese a los fondos retenidos con ese destino e intima a su ingreso a los organismos de Seguridad Social.

Ambas intimaciones cursadas respectivamente a las codemandadas UTIBA SRL y SANATORIO BUENOS AIRES S.R.L., fueron contestadas rechazando sus términos, este ultimo por intermedio de la Sindicatura falencial -fs.7-.

Es importante destacar que en relación a la falta de aportes al sistema previsional por los períodos que destacan las planillas de fs. 162/164, contesta la Asociación de Médicos Especialistas Sanatorio Buenos Aires SRL que en caso de considerarse con derecho a "esos créditos" contra UTIBA SRL, los insinúe según las pautas de la ley de Concursos y Quiebras.

La sentencia tiene por acreditado el vinculo con UTIBA SRL hasta agosto de 2006 y una tácita reconducción en la misma función y lugar de trabajo -Sanatorio Buenos Aires- a partir de octubre de 2006 a enero de 2007, pero esta vez con sustento en un contrato a plazo fijo por esos 3 últimos meses citados con la Asociación de Médicos Especialistas Sanatorio Buenos Aires SRL, que si bien se hallaba en estado falencial, había sido autorizado el Síndico, por la Juez de la Quiebra a su instrumentación.

Siguiendo el razonamiento del decisorio, entiende que si bien la actora hubo intimado a las codemandadas a aclarar su situación laboral, y a ingresar los aportes que le fueran retenidos al sistema previsional, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales, no resolvió definitivamente el vínculo en razón de tales in cumplimientos, ni habría prueba en autos de haberlo comunicando por vía postal o la instancia administrativa a las codemandadas, circunstancia que obstaría al reconocimiento de los reclamos indemnizatorios conforme al texto del art. 243 de la LCT.

Para alcanzar esta conclusión de la que se agravia la actora, la a-quo ha omitido merituar correctamente todas las comunicaciones cursadas a UTIBA SRL y ASOCIACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS SANATORIO BUENOS AIRES SRL, especialmente las de fecha 26 de marzo de 2007 agregadas a fs. 144 y fs. 145.

Mediante tales comunicaciones escritas y formales la actora insiste en ratificar que se mantienen los incumplimientos interpelados en sus anteriores de fecha 9 de noviembre de 2006, y al sentirse injuriada comunica que se ha dado por despedida.

Convengamos que la terminología utilizada no es correcta desde un punto de un análisis estrictamente gramatical, pero siendo una trabajadora la que lo emite, su significado y la intención que trasunta son evidentes y no ofrecen dudas, en cuanto a su voluntad, al mantenerse los incumplimientos denunciados en su anterior interpelación que identifica con precisión, se considera injuriada recurriendo al despido indirecto e intima al pago de las indemnizaciones consiguientes.

La lectura de esos dos telegramas colacionados, que no fueron desconocidos por las partes codemandadas en sus respectivas contestaciones de demanda, ni en su autenticidad, ni en su recepción, autorizan a concluir que medió por parte de la actora la expresión de voluntad rescisoria, que comunicó formalmente por escrito tal decisión a las codemandadas, consignando los motivos por los cuales al sentirse injuriada en sus intereses laborales, opta por recurrir al despido indirecto. La formalidad utilizada satisface los requisitos exigidos para el acto pueda ser considerado un despido indirecto motivado en los términos el art. 243 de la LCT.

En consecuencia, asiste razón a la agraviada en que la sentencia ha omitido merituar estas dos comunicaciones de fs.144 y 145 por las cuales se perfeccionara el despido indirecto y motivado de la trabajadora.

Corresponde ahora analizar si la misma estuvo o no legitimada para recurrir a esa denuncia por los motivos expresados en su comunicación extintiva.

Los incumplimientos que ratifica como motivo de la injuria laboral, deben llevarnos a la primera interpelación a la que se remite la comunicación extintiva, esto es a los términos de los telegramas agregados a fs. 5 y 6.

Señala como tales que pese a la continuidad y no interrupción de sus prestaciones en el Sanatorio Buenos Aires como enfermera de terapia intensiva desde noviembre de 1992, se la obliga a suscribir un contrato a plazo desde octubre a diciembre de 2006 para posibilitar su continuidad en el servicio, y por otra parte, denuncia que no se han efectuado los aportes al sistema previsional, intimando al ingreso de esos fondos retenidos a los organismos respectivos bajo apercibimiento de considerarse despedida, por constituir dichos incumplimientos injurias graves.

Viene firme a la Alzada la condena dictada contra UTIBA SRL, quien fuera la empleadora formal de la actora desde 1992 al año 2006, según recibos acompañados, que no fueron impugnados por esta codemandada en su autenticidad al contestar la demanda -fs.12/13¸ y fs. 15 a fs. 130-. Otro elemento de juicio corroborante merituado por la sentenciante lo ha sido el informe de la AFIP en el cual da cuenta de la relación dependiente de la actora con UTIBA SRL desde el año 1994 a setiembre de 2006 -fs.346-.

Para oponer su defensa de falta de legitimación pasiva, recurrió esta demandada a invocar una circunstancia de hecho: haber "entregado al Sanatorio Buenos Aires SRL el espacio físico en que funcionaba terapia intensiva" en el año 2003.

Los convenios internos entre ambos codemandados son "inter alios acta" y no son oponibles a la trabajadora que no intervino en ellos como parte, y continuó prestando iguales servicios en el mismo lugar, y tan es así que los recibos de sueldos siguieron extendidos por UTIBA SRL como empleadora, inclusive en el periodo 2003/2006 -art. 1.199 C.C.-.

El decisorio hace mérito de esta prueba y para desestimar la excepción opuesta por UTIBA SRL, entiende de estricta aplicación la Doctrina de los Actos propios que autoriza a concluir que UTIBA SRL fue la empleadora de la actora al menos hasta septiembre de 2006 formalmente, rechazando las defensas opuestas -falta de legitimación pasiva y prescripción-, conclusión que como expresara viene firme a la Alzada.

Ello ateniéndonos a las pruebas documentales e informativas analizadas, pero sin perjuicio de un nuevo examen de los hechos con arreglo al principio de realidad, al tratar el recurso de apelación de la codemandada Sanatorio Buenos Aires SRL.

Objetivamente entonces, tenemos acreditado que la interpelación a UTIBA SRL por "ceder transitoriamente al menos parte del establecimiento" entre ésta empleadora y el SANATORIO BUENOS AIRES S.R.L. en estado de quiebra, y sin la conformidad de la actora, importó una trasgresión objetiva de las normas aplicables al caso según las disposiciones sobre trasferencia de establecimientos o trasferencia de personal, en los términos regulados por los arts. 227 y 229 de la LCT.

Acoto que, digo transitoriamente ajustándome a la propia versión de UTIBA SRL y tal como surge del contrato agregado a fs. 329/330 de la LCT.

Ello por si solo amerita una conducta francamente abusiva y susceptible de ser calificada como injuria laboral suficiente al pretender eludir claras disposiciones sobre la responsabilidad por cesión total o parcial de establecimientos o de su personal, y lo que es mas grave, de sus consecuencias económicas e indemnizatorias, máxime cuando una de las empresas que accede a la trasferencia temporaria del contrato se encuentra en estado de quiebra.- art. 1.071 del C.C.- Si a ello añadimos que de la información emitida por la AFIP como reflejos de pantalla que obra por cuerda, surge claramente acreditado por ejemplo que a partir del año 1998, se ingresaron tan solo 4 aportes previsionales mensuales ese año, y los sucesivos reflejos de pantalla que a falta de datos informados, debo interpretar se corresponden a los años posteriores, dan cuenta que no se registraron ingresos de fondos con destino previsional, o lo hubieron por solo algunos meses de cada año.

No obstante los recibos de haberes en ese mismo lapso agregados a la causa, y emitidos por la empleadora, nos informan de que de 1999 y 2000 se retuvieron sumas en concepto de aportes para el sistema previsional, y a partir del año 2001 en adelante: se efectuaron a la trabajadora las retenciones pertinentes para el sistema previsional, los que no aparecen ingresados -fs. 34 a fs. 123-.

Queda entonces acreditada la legitimidad de la actora para recurrir a la denuncia justificada; y debidamente interpeladas las condenadas por los incumplimientos puntualizados que constituyen la motivación invocada para ello según C.D. 144 y fs. 145.

Como efecto correlativo corresponde admitir el reclamo indemnizatorio por el despido indirecto legítimamente ejercitado.

En consecuencia corresponde condenar al pago de indemnizaciones por despido según sigue:

Indemnización por antigüedad: $ 1.717,93 x 14 =............$ 24.501 Indemnización sustitutiva preaviso $ 1717,93 x 2=..........$ 3.435,86 Integración mes de despido $ 1717,93 - 18 días-=.... ......$ 1.030,68 Sub-Total.........................$ 28.967,54 Por este monto y el de sus respectivos intereses corresponde modificar el monto de condena y sus respectivos intereses, o sea por la suma de $ 33.275,69 en concepto de capital, con más los intereses fijados según sentencia los que serán liquidados oportunamente, desde que cada concepto fue debido a su efectivo pago. Ello sin perjuicio de los demás conceptos que pudieran corresponder y serán tratados según el orden correspondiente.

MULTA POR INCOMPARENCIA Es motivo que agravia a la actora, la circunstancia de que pese a estar notificada de la audiencia de conciliación, los demandados no concurrieron a ella ni justificaron su inasistencia.

Estimo que el planteo de la actora, si bien pudo ser procedente en su etapa correspondiente, ha precluído en cambio la oportunidad para formular en esta instancia dicho cuestionamiento, dado que debió formalizarse en la audiencia respectiva y ante el Juez de grado - art. 67 Ley XIII.1.- SANCION CONMINATORIA art. 132 bis.

Conforme lo analizara a estar a los reflejos de pantalla producidos por AFIP, que obran por cuerda, restan sin ingresar al sistema previsional, aportes retenidos a la trabajadora, parcialmente en los años 1999 y 2000 y totalmente a partir del año 2001 hasta septiembre de 2006, respecto de UTIBA SRL, en tanto que de la misma informativa surgen ingresados por parte de la codemandada ASOCIACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS SANATORIO BUENOS AIRES SRL aportes al sistema correlativos a los meses de octubre, noviembre de 2006 y enero de 2007, no así diciembre de 2006.

Complementa esta información, la respuesta de la AFIP de fs. 346 y los recibos agregados en autos de fs.18 a fs. 130.

Conforme lo analizado al tratar la legitimidad del despido indirecto, entiendo acreditado que no están ingresados a los organismos previsionales respectivos, todos los aportes que le fueran retenidos a la actora con ese fin, según recibos emitidos por la propia empleadora.

Destaco además que UTIBA SRL, efectuó una negativa genérica al responder a la interpelación -fs. 8-, en tanto que el Sindico falencial, responde en estos términos: "..respecto de los créditos que Ud. Dice tener contra UTIBA SRL, y de interpretar que le asiste derecho a requerirlos a Sanatorios Buenos Aires SRL." le indico que los insinúe en la quiebra de esta última.

Esta no es una respuesta conducente, desde el momento que la actora no tiene un crédito por los aportes retenidos y no ingresados al sistema previsional, sino que el crédito es de los organismos previsionales, y la interpelación de la actora a ingresarlos, no cumplida, a estar a las constancias de autos analizadas, genera las consecuencias que el art. 43 de la ley 25.345 ha establecido, esto es, la sanción conminatoria mensual a favor de la trabajadora afectada, para que se efectivice el ingreso de los fondos retenidos al sistema -art.132 bis LCT.- Entiendo que en autos han sido cumplidos los requisitos de procedencia; esto es, medió una efectiva retención de los aportes según recibos; conforme a la informativa de la AFIP, no fueron ingresados en tiempo oportuno; esta circunstancia existe al momento de la extinción del contrato por denuncia motivada del mismo que hiciera la actora; y por otra parte ha mediado una interpelación formal a ingresarlos al sistema previsional que exige como supuesto el art. 132 de la LCT, pese a lo cual restaron incumplidos.

Este agravio debe receptarse e integrar la condena con la sanción conminatoria que cabe imponer a partir del plazo de 20 días que quede firme la presente hasta tanto sean acreditados e informados por la AFIP-ANSES la efectivización de la totalidad de las obligaciones previsionales reclamadas e incumplidas.

El importe será el equivalente al del último salario devengado de $ 1.717,93 mensuales.

Estas conclusiones tornan innecesario expedirme respecto de la apertura a prueba en esta instancia. CONDENA SOLIDARIA A SANATORIO BUENOS AIRES SRL La codemandada ASOCIACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS SANATORIO BUENOS AIRES SRL, se agravia puntualmente de la extensión solidaria de la condena a su parte, aduciendo la Sindicatura Falencial que conforme lo sostuviera al contestar la demanda y según igual criterio expresado al expedirse sobre la solicitud de verificación del crédito de la actora en su Informe Individual a los fines del art. 200 de la ley 24.522, la fallida no es la empleadora en la relación jurídica sustancial -contrato de trabajo-. Con este fundamento se opuso la excepción de falta de legitimación pasiva que la sentencia desestima atendiendo a que el mismo contrato a plazo fijo instrumentado según fs. 329/330 es una prueba insoslayable y suficiente de la relación laboral concertada entre la actora y esta excepcionante.

Al agraviarse de la desestimación de la defensa que opusiera, alude el Sindico Falencial que debiera haberse hecho mérito que los recibos de pago de remuneraciones agregados a autos fueron extendidos por UTIBA SRL en su condición de empleadora.

Ello es cierto, tan solo por el lapso anterior a octubre de 2006, o dicho de otra manera, los recibos responden a los pagos de remuneraciones a la actora desde su ingreso hasta setiembre de 2006.

A continuación objeta los fundamentos sostenidos por la actora para solicitar la extensión solidaria de la condena, en cuanto afirmara para ello que medió un conjunto económico en los términos del art. 31 de la LCT.

No critica en forma razonada el fundamento de la sentencia consistente en que la contratación de la actora directamente según el contrato a plazo agregado a fs. 329/330 importa el reconocimiento tanto de la actora como dependiente de ella como su propio carácter de empleadora, aun cuando fuere acotado en el tiempo. Este fundamento resta firme.

Cabe sumar a esta prueba documental, la informativa de la AFIP, en sus reflejos de pantalla obrantes por cuerda, en sus ultimas 5 fojas, que da cuenta de que la actora ha sido denunciada como empleada de la Asociación Médicos Especialistas Sanatorio Buenos Aires SRL -ver última, penúltima y la antepenúltima foja y su precedente, quien efectuara ingresos por la actora en el sistema previsional AFJP -en noviembre, diciembre de 2006 y enero y febrero de 2007-. Si bien en principio coincido con el apelante en que podría por vía de mera hipótesis, considerarse que los elementos de juicio aportados en el sentido de acreditar la integración de un grupo económico en la explotación del sanatorio de mención no han sido suficientes; en cambio entiendo que la extensión solidaria de la condena se impone en el supuesto de autos por otros fundamentos legales de orden público.

Conforme a la certificación del Registro Público de Comercio agregada a fs. 324, surge que la Asociación recurrente, hoy en quiebra, se constituyó e inscribió como persona jurídica en el año 1960, en tanto que UTIBA SRL consta inscripta como tal en el año1992.

Como resulta de la escritura de fs. 195/196, el domicilio legal o sede de esta ultima es calle Buenos Aires 381 o actual 1935 de esta ciudad.

A estar a las certificaciones de fs. 205; el testimonio del auto que decretara la quiebra de la Asociación Médicos Especialistas Sanatorio Buenos Aires SRL, y la contestación de demanda por la Sindicatura plural de fs. 207, contrato de trabajo a plazo fijo de fs. 329 y 330 y copias certificadas del Registro Público de Comercio, que en legajo obra por cuerda, esta última tiene como domicilio legal o sede societaria Buenos Aires 381 o 1935 de esta ciudad, lo que permite inteligir que ambas codemandadas funcionaban en el mismo lugar y tenían ambas el mismo objeto societario -ver los contratos constitutivos de ambas sociedades el de UTIBA SRL en su cláusula Cuarta y el de la Asociación de Médicos Especialistas en su cláusula Tercera, copias autenticadas estas que obran el legajo por cuerda mencionado-.

Si ambas funcionaban con la misma sede societaria, vinculante en los términos del art.11 de la ley de Sociedades, y ese mismo lugar era un sanatorio, a la vez que tenían el mismo objeto social -prestaciones de salud-; entiendo que la cesión total o parcial, definitiva o temporaria de parte o de un espacio o servicio por cualquiera sea el título negocial entre ambas, en el cual funcionaba el servicio de Terapia Intensiva, servicio éste propio de un Sanatorio; los trabajos o servicios cumplidos en razón de esta explotación compartida en alguna medida, por corresponder a la actividad específica y propia de un establecimiento sanatorial, ha generado la responsabilidad solidaria que establece el art. 30 de la LCT entre ambas sociedades.

Me cabe precisar al respecto, que si bien existen a la fecha dos criterios interpretativos de la amplitud con que debe extenderse la solidaridad que regula el art. 30 de la LCT, aún adoptando la perspectiva de la posición jurisprudencial menos amplia, cabria extender la responsabilidad de modo solidario en autos, entre ambas sociedades, dado que no puede dejar de verse que constituyeron en la realidad de la explotación del servicio de salud brindado en el establecimiento en que ambas concurrían, " una unidad técnica de ejecución" que incluso conforme a la tesis restrictiva que sentara la Corte Suprema en su anterior composición, en el fallo "Rodríguez c/Embotelladora." tornaría procedente la solidaridad dispuesta en la sentencia de grado que propicio confirmar.

De este modo, las obligaciones incumplidas por parte de UTIBA SRL que han quedado demostradas, deben integrar la condena según considerados, además de las ya condenadas a su cumplimiento según sentencia, debiendo extenderse solidariamente a esta codemandada ASOCIACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS SANATORIO BUENOS AIRES SRL, -hoy su quiebra- en los términos del citado art. 30 de la LCT, incluyendo las derivadas de la extinción del vínculo por despido indirecto legítimamente ejercitado por la actora y las obligaciones de la Seguridad Social -art.30 cuarto párrafo LCT-.

Considero también que media para justificar la extensión de responsabilidad, un fundamento mas, la contratación que se hiciera de la actora a partir de octubre de 2006 bajo la dependencia de esta recurrente lo fue mediando la continuidad de la actividad empresarial por lo que las disposiciones establecidas por el art.229 de la LCT se imponían para la validez de esa pseudo cesión parcial de personal La falta de anuencia de la trabajadora en el caso es objetiva, dado que la actora había formalmente expresado su voluntad adversa a su contratación en con esos alcances -fs.329/330- conforme al telegrama de fs. 5. Vale decir que, desde cualquier punto de vista que se lo analice, aun con criterio restrictivo, la responsabilidad solidaria de esta codemandada se impone y debe confirmarse.

No obstante y respecto de los intereses, el estado falencial de ésta codemandada, amerita que su condena se limite al devengamiento de los mismos hasta la fecha de apertura del Concurso Preventivo que derivara en Quiebra, según testimonio de fs. 203/204 siendo de competencia de la magistrada interviniente en dicha causa establecer sus alcances con posterioridad.

RESPONSABILIDAD DE LUIS FERNANDO VEGA La sentencia excluye de la condena a este codemandado a título personal, al interpretar que al haberse desenvuelto como Gerente de UTIBA SRL, dado el tipo societario de la mencionada codemandada, había actuado como órgano de administración y representación de la misma, lo que autorizaba a excluirlo de la condena a título personal por mediar una responsabilidad diferenciada establecida legalmente. Para fundar su decisión la a-quo ha interpretado que la informativa producida por la AFIP permitía establecer que no mediaban respecto de la actora, deuda previsional.

La informativa integrada con los reflejos de pantalla desde 1994 a 2006 demuestra lo contrario según he dejado analizado.

Asiste razón a la sentenciante en cuanto afirma que la principal responsable de la omisión de integrar los aportes retenidos según recibos acompañados, a los correspondientes organismos del sistema previsional es UTIBA SRL su empleadora, pero ello no es óbice para que sea analizada también, la posible extensión solidaria de la responsabilidad a este codemandado en el supuesto de haberse formulado un factor de imputación de responsabilidad directa y personal que resulte acreditado.

A estar a la demanda, a fs. 166 se demanda a las sociedades condenadas y/o a este codemandado, y/o a quien pueda resultar responsable.

Al expresar los fundamentos de la responsabilidad solidaria que solicita sea declarada respecto de Vega, según punto IV de fs. 175 vta. refiere puntualmente como factor de imputación su condición de Gerente de UTIBA SRL y como conducta reprochable la omisión de integrar al sistema previsional los importes retenidos con tal destino a la actora según recibos, además de las circunstancias determinantes de la injuria que legitimara el despido in directo, todo ello en el marco de las disposiciones de los arts. 54 y 59 de la Ley de Sociedades 19.550.

La primer normativa -art. 54 L.S.- autoriza a desestimar la personalidad societaria, que establece una responsabilidad diferencial entre el ente societario y sus socios o administradores, toda vez que se acredite que en el desvío de fondos por parte del socio o controlante lo ha sido en beneficio propio o de un tercero, o bien el supuesto de inoponibilidad que prevé el segundo párrafo, toda vez que exista y se demuestre la existencia de fines extra-societarios o que la entidad societaria haya sido constituida como un mero recurso para violar la ley.

Entiendo que los elementos de juicio reunidos no permiten tener por justificados acabadamente alguno de estos supuestos.

En cambio, entiendo que la gravedad de la conducta asumida por el Sr. Gerente de Utiba SRL, Dr. Vega, en cuanto a retener durante extensos períodos -parte de las remuneraciones mensuales de la actora durante parte de los años 1998, de 1999 y en parte también de 2000 a 2006- con destino a los organismos previsionales y no ingresarlos sistema, tal lo demostrado por los propios recibos de UTIBA SRL agregados sin cuestionar puntualmente su autenticidad, confrontados con la informativa de los reflejos de pantalla de la AFIP, -que obran en legajo por cuerda- demuestran la existencia de la conducta reprochada e invocada como principal factor de imputación de responsabilidad solidaria de Vega.

Este codemandado aduce y acredita su condición de Gerente de UTIBA SRL.

Con arreglo a la directiva del art. 157 de la L.S. el Gerente de un Sociedad de Responsabilidad Limitada es un órgano de administración y representación de este tipo de sociedades.

La gravedad y extensión temporal de la conducta descripta y acreditada, cabe ser entendida como una transgresión grave al "...deber de obrar con la lealtad y diligencia debidos de un buen hombre de negocios." exigidos a los administradores, como derivación de la regla impuesta por el art. 59 de la L.S. y habilita conforme a dicha norma en su parte in fine, a responsabilizar a este codemandado en su carácter de gerente y por ende administrador de UTIBA S.R.L. en forma personal, ilimitada, y solidariamente por los daños y perjuicios que derivaran para la trabajadora de tal conducta, y demás circunstancias determinantes de la injuria legitimante del despido indirecto a que debió recurrir la misma.

De ser compartido mi voto cabría extender la responsabilidad solidaria a este codemandado, a título personal, con los alcances de la condena.

INDEMNIZACION AGRAVADA -art. 16 ley 25.561- A fs. 165 vta. obra la liquidación de los rubros cuantificados que integraron la demanda. Entre ello se requiere sea esta indemnización agravada con los alcances del Dto. 1433/05 que complementaba sus alcances.

En rigor, la indemnización agravada que se invoca, al haber vencido su plazo original, había sido objeto de prórroga legal por parte del art. 4 de la ley 25.972, de modo que al operarse el 28 de marzo de 2007 la denuncia del contrato, se hallaba vigente esta indemnización en función de la prórroga legal citada, y conforme a los alcances del Dto. 1433/05 de mención que la establecía en el equivalente al 50 % de la indemnización por despido.

No dejo de ver que al propiciar la condena de Luis Fernando Vega, recobran virtualidad las defensas que opusiera al contestar la demanda y entre ellas, la falta de legitimación pasiva que analizara, y la inconstitucionalidad de la norma citada -fs. 223/238-.

Aún de modo subsidiario, plantea a fs 230 vta. y siguientes la inconstitucionalidad de esta norma que ha sido objeto de sustanciación, y Dictamen por parte del Sr. Fiscal de Primera Instancia a fs. 493/495 al que se remite y comparte el Sr. Fiscal de Segunda Instancia.

La minuciosidad con que es analizada la cuestión, en términos que comparto al igual que sus conclusiones, ameritan que por razones de brevedad no las reitere.

Fundamentalmente, me permito aclarar que la norma de mención no cercena de modo irrazonable la facultad de despedir al personal, ni convierte en estabilidad absoluta el régimen implementado por la Ley de Contrato de Trabajo según sus arts. 245 y concordantes, sino que se limita a suspender transitoriamente y mientras dure el estado de emergencia ocupacional, los despidos sin causa, situación que no es la de autos.

Más aún tampoco cercena el derecho del empleador sino que agrava la indemnización a pagar en el supuesto de trasgredir esa normativa de protección especial por el estado de emergencia.

En cuanto al planteo de inconstitucionalidad respecto del Dto. 264/02 citado, este no de aplicación al supuesto de autos por lo que resulta inoficiosa su consideración.

Por ello y remitiéndome a los sólidos fundamentos del Dictamen Fiscal de fs. 493/495 que comparto, cabe rechazar la pretensión a que sea declarada la inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 25.561 -prorrogado por la ley 25.972-. En consecuencia corresponde integrar la condena con la suma de $ 14.483,77 (28.967,54 x 50%) con más los intereses respectivos, devengados desde abril de 2007 a la fecha de su efectivo pago, los que serán liquidados oportunamente.

COSTAS Dado que propondré al Acuerdo modificar la sentencia de grado, debo readecuar las costas con arreglo al nuevo pronunciamiento art.279 de la Ley XII.6.

Atento a la procedencia del recurso de la actora con la sola excepción de la multa pretendida según considerandos, corresponde en razón del resultado al que se arribaría, imponer las costas en su totalidad a los codemandados condenados -art.124 de la Ley XIII.1.- En definitiva concluyo: de ser compartido mi voto, cabría admitir parcialmente el recurso de la parte actora en cuanto fuera materia de agravios salvo respecto de la multa peticionada por inasistencia injustificada de los demandados a la audiencia de conciliación. Rechazar en su totalidad el recurso de la codemandada Asociación de Médicos Especialistas Sanatorio Buenos Aires S.R.L.

Asimismo condenar solidariamente a Luís Fernando Vega y rechazar la pretensión de inconstitucionalidad planteada por este respecto del art.16 de la ley 25.561 y decretos reglamentarios citados. A las mismas cuestiones el Dr. Luis Alberto Diblasi, dijo que: ADHIERE al voto que antecede.

Por ello la Sala Ira. de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral RESUELVE:

I.- RECHAZAR el recurso de apelación deducido por Asociación de Médicos Especialistas Sanatorio Buenos Aires S.R.L..

II.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación de la parte actora; y en consecuencia, EXTENDER LA CONDENA solidariamente al codemandado LUIS FERNANDO VEGA y MODIFICAR los alcances de la misma, cuyo monto se establece según considerandos, en la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con 45/100 cts. ( $ 47.759,45 ), con más los intereses establecidos en sentencia desde que cada suma fue debida a su efectivo pago. Por razones de buen ordenamiento DEJAR SIN EFECTO la liquidación parcial de los devengados practicada en la sentencia de grado al mes de noviembre de 2009.

Los intereses establecidos serán liquidados desde que cada suma y concepto fue debido hasta su efectivo pago, respecto de los codemandados UTIBA SRL y LUIS FERNANDO VEGA.

Dichos intereses respecto de la codemandada ASOCIACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS SANATORIO BUENOS AIRES SRL, lo serán tan solo en iguales términos los devengados hasta octubre de 2006, y a partir de allí, serán establecidos conforme correspondiere por la Juez interviniente en la Quiebra.

III.- REVOCAR lo resuelto en el punto 7 de fs. 510, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 16 de la Ley 25.561 y Dtos. Reglamentarios, que se declara improcedente. IV.- CONFIRMAR la sentencia en lo demás que fuera materia de agravios. V.- ESTABLECER la sanción conminatoria mensual prevista según el art.132 bis de la L.C.T., equivalente a la remuneración mensual de PESOS UN MIL SETECIESNTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y TRES CTVOS. ($ 1.717,93), a partir del plazo de veinte días a contar desde que quede firme la presente, hasta tanto sea acreditado el efectivo ingreso de los aportes y contribuciones correspondientes a las obligaciones previsionales respecto de la actora.

VI.- COSTAS de Ambas Instancias a los codemandados condenados.

VII.- REMITIR copia certificada de la presente a la Sra. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 a cargo de la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, en que tramita la quiebra. Asimismo, firme que quede la presente remitir copia certifica a la AFIP a los fines pertinentes (art. 46 de la Ley 25.345).

VIII.- DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales hasta su oportunidad.

IX.- REGISTRESE, cópiese, notifíquese y oportunamente bajen al Juzgado de origen.-	LUIS ALBERTO DIBLASI	MARIA LUISA AVELLI DELOJKO	VOCAL	VOCAL	CAMARA APELACIONES LABORAL	CAMARA APELACIONES LABORAL	NORMA GRACIELA GONZALEZ	SECRETARIA	CAMARA APELACIONES LABORAL