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Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, medidas autosatisfactivas, fraude a la Administración Pública, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MORALES GLADYS MARGARITA Y OTROS c/ GCBA s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-29

En el caso, la Sindicatura General de la Ciudad constató diferencias entre los importes reintegrados por el Banco de la Ciudad por cuotas de préstamos personales que percibió en forma errónea, y los fondos devueltos a los agentes, verificándose pagos en exceso por parte de la Dirección de Liquidación de Haberes.

Dicho descontrol del movimiento de los fondos correspondientes a las liquidaciones complementarias de haberes no había sido fruto de negligencia o desidia, sino de un positivo interés en que no tomaran estado público, y que, por lo tanto, habían sido disimuladas a fin de evitar que fueran conocidas.

Con motivo de estos hechos la Procuración General promovió querella criminal por el delito de defraudación contra la Administración Pública, y se resolvió el procesamiento de diversos agentes de la mencionada Dirección, por habérselos encontrado -prima facie- coautores de los delitos de defraudación contra la Administración Pública y asociación ilícita.

Así las cosas, quienes resultaron procesados en la causa penal fueron sancionados con cesantía, sin perjuicio de su agravamiento en caso de ser condenados en sede penal -artículos 49, inciso a), y 53, de la Ley 471, 37, inciso b), y 38, Ordenanza Nro. 40.401-.

El examen de las constancias del expediente conduce al Tribunal a concluir -con la provisoriedad propia del instituto precautorio- que no se encuentran reunidos los recaudos que hacen procedente proveer la tutela cautelar autosatisfactiva solicitada con el objeto de que se suspendan los actos administrativos que dispusieron su cesantía.

En efecto, el derecho invocado por las requirentes en sustento de su pretensión impugnatoria, no resulta suficientemente verosímil en este estado del proceso, en tanto las meras argumentaciones de los agentes no bastan -en este estado preliminar de la causa- para sostener la hipótesis de que fueron completamente ajenos a los hechos antes descriptos.

Por lo demás, no se advierte que el acto impugnado ostente una ilegalidad manifiesta. En particular, la sanción no aparece como palmariamente irrazonable o desproporcionada en función de la gravedad de los hechos imputados. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Horacio G. A. Corti).
Legitimación procesal, legitimación pasiva, boleto de compraventa, escrituración, cooperativa de crédito
Materia: PROCESAL
Carátula: SALINAS, CARLOS c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-07

En el boleto de compraventa y convenio de financiación se convino expresamente que "la escritura .... será otorgada en la oportunidad que fije el Banco y por ante el escribano que éste designe" lo cual por sí solo, justifica la inclusión de la entidad crediticia -Coop. de Vivienda, producción y consumo 22 de abril- entre los demandados, sin que resulte necesario ahondar acerca de la naturaleza de la intervención que le cupo en el negocio jurídico, a los efectos de desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta.
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Norma y otros c/ Castro, Jesús y otro s/ Indemnización. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

El daño moral no requiere prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -prueba "in re ipsa"- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un dolor moral.
Cuestiones de competencia, competencia ordinaria, competencia federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: S., N. E. c/ IOSFA s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-19

El conflicto de competencia suscitado en la causa entre magistrados nacionales ordinarios y federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe ser dirimido por la Corte Suprema.
Rechazo de la demanda, acción de amparo, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VAYO MIGUEL ENRIQUE y otros  c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

Corresponde rechazar la demanda de amparo promovida por algunos integrantes de las Juntas Comunales con el objeto de que se declare la nulidad absoluta e insanable del decreto que aprobó la estructura organizativa de las Comunas. Los actores invocan su legitimación como habitantes de la Ciudad que actúan en defensa de un derecho de incidencia colectiva en los términos del artículo 14 de la CCABA. Sin embargo, pese a las afirmaciones genéricas contenidas en la demanda y en las sentencias de mérito -vinculadas con la vulneración del derecho a la participación ciudadana- la parte actora no ha podido identificar de qué manera el decreto impugnado, en cuanto estableció ciertos órganos en la estructura de las Comunas, podría afectar el derecho colectivo de los habitantes de la Ciudad a emitir opinión, ejercer sus derechos políticos en el ámbito comunal y en general, intervenir en la gestión de la cosa pública. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pena, imputado, situación de vulnerabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Melian, Jonatan David c/  s/ homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y tener como fin facilitar, consumar otro delito y procurar la impunidad; robo-apelación de sentencia-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-16

La impugnante no se hace cargo de acreditar -con sus genéricas postulaciones sobre la ausencia de valoración del estado de vulnerabilidad del imputado- por qué considera que la pena aplicada no refleja la medida de la culpabilidad efectivamente probada ni de demostrar que la sanción escogida resulte en el caso de una magnitud irrazonable o desproporcionada a la gravedad del injusto por el que se condenó al justiciable.
Recurso de queja (procesal), acto administrativo, cuestiones de hecho y prueba, oportunidad procesal, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cencosud  Sociedad Anónima y Producciones Top Sociedad Anónima s/ ley 22.802.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

Corresponde rechazar la queja relativa al vicio de procedimiento por no haber presentado descargo ante la autoridad nacional, si -más allá de constituir una cuestión de hecho y prueba- se trata de un agravio tardío, ya que no lo expresó ante los jueces encargados de revisar el acto administrativo sancionatorio.
Patria potestad, titularidad de la patria potestad
Materia: CIVIL
Carátula: MANCINI JUAN s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1917-02-27

La madre viuda que ha perdido la patria potestad de sus hijos al contraer segundas nupcias, la recupera al producirse el fallecimiento de su segundo esposo.
Contrato de trabajo, accidentes de trabajo, período de prueba, suspensión del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: ARROYO, NESTOR MARTIN c/ MEDIO AMBIENTE S.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-03-22

Sobre la cuestión de que la ley 24465 no suspende el período de prueba por causa de accidente de trabajo y la interpretación literal del artículo 62 bis inciso 6°, introducido por la ley cabe destacar que ello no es normativamente y hermeneúticamente correcto, conforme a la doctrina que comparto y que enseña: siendo la transitoriedad del vínculo consustancial con el contrato de trabajo a preuba y constituyendo el objeto de este contrato la realización de una obra, experimento o prueba determinada para constatar la idoneidad o la falta de ella en el postulante al cargo vacante de la empresa, concluida la prueba, finaliza el contrato, lo que permite afirmar su eventualidad. En el caso específico del pago de salarios por enfermedad proveniente de accidente de trabajo sufrido durante el periodo de prueba, no existe ya la limitación establecida por el artículo 100 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino que la situación se resuelve por aplicación del artículo 8 inciso d, de la Ley 24028 que prescribe que los salarios por incapacidad laboral temporaria; derivada de accidente de trabajo, deberán seguir pagándoselos al trabajador hasta la consolidación de su incapacidad y por el plazo máximo de un año sin perjuicio de abonarle, asimismo, la indemnización que, de conformidad a la incapacidad resultante, pueda corresponderle. La respuesta es afirmativa, no solo porque el artículo 8 de la Ley 24028 no establece en ningún momento que la relación debe estar vigente para mantener las prestaciones correspondientes a la incapacidad temporaria, si no porque, además el artículo 9 de la Ley señala como se debe calcular el salario diario en caso de que el vínculo laboral se haya extinguido, lo cual implica que el reclamo puede ser efectuado aún resuelto el contrato, siempre que se acredite relación causal con él.
Defensa en juicio, lesiones, sentencia condenatoria, robo con armas, coautoría, agravantes de la pena, prueba
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, Analía Verónica s/ condena c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-18

Corresponde descartar la afectación al derecho de defensa invocado con sustento en que el fiscal que intervino en el juicio no se encontraba habilitado para ampliar la acusación en el debate, en los términos el art. 381 CPPN. Conforme surge del acta de debate, queda claro que -luego de haber incorporado un "testigo nuevo", su historia clínica y los informes del hospital en el que fue atendida sobre la lesión sufrida- la fiscalía planteó que ampliaría la acusación sólo cuando el Cuerpo Médico Forense se expidiera al efecto, en tanto el robo con armas que se atribuía hasta entonces a la imputada, como coautora, podría verse agravado por haber ocasionado a la víctima las lesiones previstas en el art. 90 CP. De ese modo, ejerció adecuadamente la facultad de ampliar la acusación, lo que fue reconocido por el tribunal, al disponer los traslados correspondientes y permitir a la acusada declarar sobre la ampliación. La oposición de la defensa en esa oportunidad y ahora, es la misma y recibió adecuada respuesta por parte del a quo, ya que tal circunstancia se verificó durante el curso del debate, por lo que la facultad de la fiscalía de ampliar la acusación se estaba efectuando de manera correcta, de acuerdo a lo establecido por la citada norma, y respecto de la cual, la acusada se pudo defender adecuadamente en el marco de la acusación. En efecto, la aplicación de la agravante no fue discutida con anterioridad, porque no se contaba con la información necesaria para acreditar la entidad de la lesión sufrida como consecuencia de la violencia del robo (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Rimondi y Llerena)
Costas, incidentes
Materia: LABORAL
Carátula: Sosa Jorge Nelson c/ Solís Andrés Ignacio s/ Ejecución de Honorarios - Levantamiento Embargo sin Tercería
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-05-24

El criterio objetivo adoptado en la legislación Argentina las costas deben ser soportadas por el vencido. En el caso, las mismas deben imponerse en el orden causado ya que al momento de la traba del embargo no se le impuso al embargante que los bienes fuesen de un tercero, lo que dio razón suficiente para la práctica de la medida, lo que autoriza al apartamiento del criterio objetivo.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Gregorio, Reginaldo H. c/ Acosta, Oscar s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Ciertos daños, como los que se reclaman en autos y son motivo de queja (incapacidad y daño moral) se encuentran sujetos en lo que respecta a su quantum, a la determinación del mismo mediante el prudente arbitrio judicial, en función de las circunstancias dadas en cada caso conforme a las constancias del proceso (arts. 1068, 1069, 1078, 1083, y conc. del C. Civil, art. 165 del CPCC.).
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, demanda, identidad del demandado, falta de individualización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires c/ Titular Plan de Facilidades Solicitud 059000 s/ Ejecución fiscal Facilidades Solicitud 059000 s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-03

En los casos en los cuales la demanda contiene una indicación de las pautas que permitirían individualizar al demandado, resulta improcedente intimar al accionante en los términos del artículo 271 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, extremo éste que sólo debe reservarse para aquellos supuestos en los que se ha omitido por completo cumplir con la carga impuesta por el artículo 269 inciso 2 del citado Código, esto es, cuando no se consigue dato alguno que permita la individualización del accionado.
Garantías procesales, acceso a la justicia, depósito previo, falta de depósito
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ingeniero  Héctor  Francisco  Carrera  S.A. c/ Terrenos Golf SanMartín S.A. y/o quien resulte propietario o poseedor a título dedueño.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

En caso de no haberse efectuado el depósito previo la Corte debe igualmente examinar los planteos traidos a su conocimiento y, si los desestimase y el obligado no pagare o no lo garantizare, previa intimación para su cancelación bajo apercibimento de ley, deberá proceder a su ejecución por vía de apremio, sin perjuicio de cualquier acción que pudiere eventualmente corresponder, incluso la concursal, del obligado (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Habeas corpus, violencia familiar, arma reglamentaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A. D. S. s/ ACCION DE HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-09-13

No existe norma expresa ni se infiere de su inteligencia que el artículo 40 de la Constitución Provincial, que estatuye la acción de hábeas corpus, no tenga como destinatarios a individuos particulares. Pues si su teleología reside en resguardar la libertad ambulatoria, la intimidad y otras prerrogativas vinculadas, en nada obsta que pueda proteger a la accionante, frente a actos de amedrentamiento que son de índole particular (no funcionales) pero en cuya mecánica se utiliza un arma reglamentaria provista al accionado por su calidad de policía, a los efectos de cumplir con las tareas funcionales de seguridad pública estatal.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, relación de dependencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTELLANO, RODOLFO H. c/ DELTA SALUD S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-05

La impugnante centra sus cuestionamientos en afirmar la existencia de un contrato civil, mas omite hacerse cargo de demostrar, en concreto, cómo sus agravios -contra lo decidido en primera instancia- no habrían obtenido una respuesta suficiente por parte de la Sala, ello en el marco de la litis tal cual habría sido planteada por las partes y en el ámbito de revisión propio de la Alzada; por lo que lo resuelto lo fue en el marco de las circunstancias fácticas y procesales del caso, sin que se demuestre ni se advierta insuficiencia en lo sentenciado. (Del voto de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dres. Spuler y Gutiérrez).-
Enfermedad profesional, póliza, cauciones
Materia: LABORAL
Carátula: Aguiar Héctor Eduardo c/ Experta ART S.A. s/ Enfermedad Profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-30

La letra del art. 125 inc. a) del C.P.L. no establece recaudos específicos respecto de las pólizas de seguros de caución, y que los que campean en la materia han sido creados por la jurisprudencia, a medida que se han ido presentando distintas cuestiones en la práctica tribunalicia, ello atento las dificultades que aparejaría en esta materia una interpretación literal de la ley (Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, imputado, falta de mérito, prisión preventiva, auto de procesamiento, libertad, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: XX s/ Primera cuestión: ¿Es constitucional la disposición del artículo 28   De la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en   "Defecto de caso concreto"? Segunda cuestión: ¿Es aplicable el   artículo 308 del Código Procesal Penal (libertad por falta de   mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el  procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del   plenario? La presente causa, a raíz de un empate en las votaciones,   se integra nuevamente con un vocal de Rosario, Dr. Bernardini en   fecha 10-12-1992, en fallo registrado en el L.A. Nro. 2, Res. 6, F.   321 -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-14

Una de las posturas doctrinarias limita la aplicación del artículo 308 a los momentos previos al dictado del auto de procesamiento- como variante de la tesis de la preclusión de los actos procesales-, sin ligar la eventual liberación posterior a la prisión preventiva, a la reforma o revocación del auto de procesamiento. Ella exige la aparición de circunstancias o elementos nuevos, no considerados al momento de denegarse el pedido de excarcelamiento a la luz de otros preceptos procesales. Resulta claro que tal posición no sólo supone que antes de llegar a pretenderse una libertad merced a las previsiones del artículo 308 ha de haberse pasado por el tamiz previo de la libertad bajo promesa o caucionada (lo que todo el mundo admite y lo dice claramente el actual texto legal del 308 al expresar "...y no fuese procedente la libertad bajo promesa o caucionada..."), sino que al pretender que para hacer cesar la prisión preventiva se debe acudir a otros institutos preceptuados por la ley para modificar la situación, no solo olvida que el artículo también integra la ley procesal, sino que omite considerar que al colocarse a través de la expresión antes transcripta el propio 308 -como subsidiario de las disposiciones de libertad caucionada o bajo promesa-, expresamente está abriendo una nueva instancia para reconsiderar la situación relativa a la privación de libertad del imputado. Por otra parte, en materia de restricción de libertad personal es harto difícil hablar de preclusión de actos procesales encaminados a su cese, toda vez que en tema de tanta trascendencia el solo transcurso de un día más de encierro amerita la reconsideración de la situación. (Del Voto del Dr. De Olazábal -Tesis Positiva-). En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad del artículo 308 del Código Procesal Penal (Libertad por falta de mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del plenario.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, responsabilidad del Estado
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Estigambia, Francisco Javier c/ Sky Catering S.R.L. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-17

La demanda apela el fallo de primera instancia que hizo lugar a la demanda y condenó solidariamente a Prefectura Naval Argentina - Estado Nacional - Ministerio de Seguridad, en los términos del art. 30 de la L.C.T.. Siguiendo el fallo de la C.S.J.N. "Gómez, Susana Gladys c/ Golden Chef S.A. y otros s/ despido", el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una empresa y el suministro de comida, -si bien es necesario para la atención de los pacientes allí internados- no es una actividad que pueda considerarse incluida en el objeto propio que esa autoridad política despliega en el ámbito de un hospital público, no se verifica el presupuesto esencial contemplado en el art. 30 de la L.C.T. en orden al reconocimiento de la solidaridad pretendida. Por lo expuesto, corresponde modificar el fallo apelado y rechazar la demanda contra Prefectura Naval Argentina - Estado Nacional - Ministerio de Seguridad, progresando la acción solamente contra Sky Catering S.R.L. (Voto de la Dra. Carambia en mayoría).
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, prueba confesional
Materia: PENAL
Carátula: Garone, Jorge Horacio s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04

No procede estimar atenuante la confesión del procesado si no se determinó el motivo de tal actitud procesal.
Organización de la justicia, tribunal oral, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V. H. L. s/ Robo Simple  en grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-09

"El Tribunal Oral posee amplias facultades autónomas de investigación y está autorizado a ordenar la producción de todas aquellas medidas -a indicación de partes o aún de oficio- que puedan gravitar en la dilucidación del objeto del juicio".
Derecho procesal, recusación y excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: M., A. B. c/ E. F., R. R. s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-09-30

Es sabido que la interpretación restrictiva que impera en materia de recusaciones y excusaciones, teniendo como fundamento la fe primaria de la mesura, ecuanimidad y ponderación de juicio del magistrado o funcionario, que sólo cede ante causales de extrema importancia, capaces de comprometer la recta administración de justicia y que importa, además, la permanencia y estabilidad de los órganos jurisdiccionales constituidos sobre las bases de aquellas condiciones legales y morales.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: PENAL
Carátula: PORFIRI, JORGE ALBERTO. s/ HOMICIDIO CULPOSO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-24

El encartado ha violado un deber de cuidado exigible: el conducir la unidad a su cargo en condiciones que no creen un riesgo mayor que el que resulta del normal acontecer de las cosas.
Medidas de seguridad, régimen penitenciario, reclusión accesoria por tiempo indeterminado
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Conmutación Miño, Ernesto Oscar y otro s/ Robo Cuello, Segundo Dionisio s/ Tentativa de robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07|1986-11-28|1994-04-26

Estimar que la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado (art.52 C.P.) es una pena implica tener por inexistente el dec. ley 412/58, ratificado por ley 14.467, complementario del Código Penal art.131 de dicho decreto- que establece en su art.115 que aquélla es una medida de seguridad, y prohibe que sus destinatarios sean alojados en el mismo establecimiento que quienes sufrieren "pena" privativa de libertad formulando, de tal claro modo, una neta diferenciación jurídica entre un encierro y el otro. Además el art.52 del C.P. califica a la accesoria como "medida", y de modo alguno podría la ley llamar así a una pena. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cheque sin fondos, intención de pago
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MANZUR, MITRE s/ ESTAFA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1984-12-12

EL PLAZO DE GRACIA DE 24 HORAS PARA EL PAGO -QUE RESGUARDA LA FUNCION DEL CHEQUE COMO INSTRUMENTO DE PAGO- FUE EXTENDIDO POR VOLUNTAD DEL ACREEDOR A TRES DIAS MAS; SI ESTA CONCESION SE PROLONGA POR BREVE PLAZO, ARRIBANDOSE A LA CANCELACION DEL CHEQUE DE COMUN ACUERDO, EL MECANISMO SANCIONATORIO NO DEBIERA PERMANECER A DISPOSICION ARBITRARIA DEL ACREEDOR, POR EL SOLO HECHO DE RETENER LA ORDEN DE PAGO.