marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Palluzzi Hnos. o Palluzzi y/o Valente c/ Bco. Mayo Coop. Limitado s/ Revisión y rectificación de asientos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

El Superior Tribunal aludiendo al texto del art. 565 del C. de Comercio, (supuestos de intereses moratorios), aplicó esa tasa pasiva a treinta días a aquellas obligaciones en las que no medió pacto de intereses, pero a aquellas en las que existía tal convención pero no la indicación de "cantidad" o "tiempo" acudió para enmendar la omisión, tratándose de obligaciones comerciales, a la tasa activa, pero a su vez reconociendo las características de la deuda ya que se referenció especialmente al operar este supuesto que por "tratarse de un mutuo otorgado por una institución bancaria es razonable concluir que la tasa indicada en el pagaré es la correspondiente a las operaciones ordinarias de descuento (art. 8 ley 23.928; 621 y 1197 del C. Civil).
Empleados de banco, transacción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Calvo, Adolfo Gregorio c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia de Buenos Aires. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-17

No puede excluirse de tratamiento en el contencioso administrativo las pretensiones deducidas por el actor a pesar de haber formulado éste una expresa renuncia en sede administrativa -la que por esencia es de interpretación restrictiva (arts.835 y 874 Cód.Civ). Ello en atención al amplio alcance de los términos utilizados en su significado usual y común (art.16 Cód.Civ.y 217 Cód.de Com.) y al hecho de no haber sido impugnados por el actor en punto a la inteligencia que la demandada le atribuye, sino que tan sólo lo hace en relación a la eficacia jurídica de lo pactado en relación a disposición de orden público.
Deducciones salariales, docentes, restitución de sumas de dinero, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Legajo de apelación (fiscalía apela res. del 6/7/16)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-02-21

Corresponde dejar sin efecto la medida cautelar por la cual se había ordenado al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de aplicar descuentos salariales a los docentes vinculados con las medidas de fuerza llevadas adelante en el marco de la paritaria salarial 2016, como así también la restitución de las sumas descontadas dado que la medida dispuesta no supera el examen favorable de los recaudos que hacen a su admisión, en tanto la cuestión a decidir -evaluación de los descuentos de haberes y su devolución- implica adentrarse en la efectiva participación de los trabajadores en las medidas de fuerza, su alcance y el marco normativo que regula dicho accionar, todo lo cual impone un examen más amplio, que excede el marco preliminar de la etapa cautelar, pues exige mayor intensidad de debate y prueba.
Intervención obligada, terceros
Materia: CIVIL
Carátula: RICHEZZE JORGE A. c/ NOGALO DE SERRANO ANA S/ COBRO DE PESOS s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-12

En la intervención coactiva, el interviniente en causa que hasta ese momento era, en relación al proceso pendiente entre las partes, un tercero extraño, asume también él, de entonces en adelante, la calidad de parte con las facultades y las cargas a ella inherentes, y ello es consecuencia de la "comunidad de causa".
Concursos, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: Felipe Santaella s/ quiebra   voluntaria  -  incidente  de  controversia  jurisdiccional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-31

En función de lo dispuesto por los arts. 111 y 170 de la ley 19 551, la declaración de quiebra del deudor produce el desapoderamiento y la inmediata incautación por el juez de los bienes y papeles del fallido a los fines de su preservación.
Recurso de queja (procesal), sucesiones, declaratoria de herederos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIERA JUAN JOSE s/ SUCESORIO AB INTESTATO RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-19

La Cámara al fundar la denegatoria de la vía extraordinaria decisión que motiva la presente queja consideró esa decisión como no definitiva,ya que si es posible el replanteo de la cuestión por otra vía o en un nuevo proceso no se satisface el requisito exigido por la ley ritual en el artículo 276.Efectivamente la decisión constitutiva de la declaratoria de herederos es una sentencia que no causa estado ni tiene efectos de cosa juzgada.
Compraventa de automotores, documentación del automotor, cumplimiento de la obligación
Materia: CIVIL
Carátula: Boquet, Leonardo A. c/ Brozzi, Ricardo y otra s/ Cumplimiento de Contrato y Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-03-07

Si las partes no hubiesen convenido plazo para la entrega de la documentación accesoria de automotores correspondiente, la obligación de hacerlo es de la categoría de pura y simple, o sea, de las no sujetas a plazo, condición o modo; por lo tanto, la prestación objeto de la misma es exigible de inmediato.
Comuna, personal municipal, cesantía, Administración Pública, facultades disciplinarias, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GURDULIC, BEATRIZ c/ COMUNA DE CHRISTOPHERSEN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 358-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-19

La exigencia de motivación en los actos administrativos que aplican sanciones disciplinarias, responde a la necesidad, como garantía de justicia, de que la Administración valore realmente los hechos, sea para determinar su existencia y naturaleza, sea para establecer la responsabilidad del inculpado y la adecuada sanción que le corresponde. Dicha motivación debe indicar el razonamiento mediante el cual la Administración, teniendo presente los presupuestos de hecho y de derecho, y aplicando las reglas de la buena administración, se ha determinado para dictar el acto y darle un contenido. En una palabra, la autoridad administrativa debe necesariamente justificar el acto a través de la expresión de aquellos presupuestos que le sirven de base o fundamento. La remisión a propuestas, informes o dictámenes, constituye una motivación "per relationem", y para que así sea, estos pareceres -además de ser señalados en forma precisa e individualizarse fácilmente- deben contener motivación suficiente.
Secuestro de objeto no autorizado, acta de secuestro, valor probatorio, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "LOPEZ, Gustavo D. s/ sobreseimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-14

La falta de especificación que permita la individualización de los objetos secuestrados no acarrea la nulidad del acta ni le quita valor probatorio si la anormalidad puede ser subsanada merced a la constancia de remisión al gabinete pericial de manera certificada y en coincidencia con las realizadas con posterioridad, de manera tal, que nunca se perdió la cadena de custodia salvaguardando los extremos exigidos por el art. 233 del C.P.P.N.
Concesión parcial del recurso, modificación de la cosa juzgada, asegurador, siniestro, tasa activa, intereses, daño moral, privación del uso del automotor, destrucción total del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Gutiérrez Leonardo José c/ Orbis Cia. Argentina de Seguros SA s/ sumarísimo (residual)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-10-07

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el actor, y en consecuencia modificar la sentencia haciendo lugar a la acción promovida en contra de la aseguradora, condenando a esta última a abonar al actor en el término de diez días de quedar firme la presente resolución, al pago de la indemnización correspondiente por destrucción total del vehículo asegurado en la suma resultante del valor de venta del mismo a la fecha del siniestro con más la aplicación de la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 días, desde la fecha del siniestro hasta su efectivo pago. Asimismo disponer que en el mismo plazo y previo al pago por la aseguradora, el accionante deberá entregar la documentación complementaria a que refiere la cláusula CG - CO 3.1; y condenar a la demandada al pago de la suma correspondiente en concepto de multa civil -daño punitivo-, en concepto de privación de uso del automotor y en concepto de daño moral, calculados a la fecha de la sentencia dictada en primera instancia con más los intereses de la tasa activa desde esa fecha y hasta su efectivo pago. Para decidir así, cabe señalar que se comparten los fundamentos dados por el a quo, toda vez que la forma de determinar el valor de la indemnización surge de la misma póliza (cláusula CG - DA 4.1) -reconocida por ambas partes- en la que se dispone que el valor de venta del vehículo será el que corresponde a la fecha del siniestro y no a la fecha de interposición de la demanda, como reclama el actor recurrente, sin que existan motivos -y tampoco los invoca el apelante- para apartarse de lo allí dispuesto, ni arrimó elementos que permitan modificar el monto de condena, debiendo desestimarse el agravio en este punto. Finalmente, se ha acreditado que el incumplimiento contractual ha tenido una repercusión en los más legítimos afectos del actor, conculcando los intereses de naturaleza no patrimonial con entidad suficiente para configurar un daño moral, resultando procedente el reclamo por este concepto.
Constitución Nacional, ley provincial, gobierno provincial, Estado Provincial, poder de policía, planeamiento urbano, venta de inmuebles fraccionados en lotes, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mar de Ostende c/ Buenos Aires, Provincia de s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Si las fracciones en debate integraban una superficie mayor que constituyó el inmueble adquirido originariamente por la actora, la afectación de una parte que, unida a las extensiones reservadas para uso público en anteriores subdivisiones, no resulta superior al 30% del total del dominio, no resulta irrazonable y desvirtúa la tacha de inconstitucionalidad del art. 58 de la ley 8912 y el decreto 9196/50 que fue su antecedente.
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia, control de legalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa de Electricidad y otros Servicios Públicos Ltda. Leandro N. Alem s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1988-02-08

No es el Superior Tribunal de Justicia una tercera instancia ordinaria, que deba recibir quejas sobre la justicia o injusticia de un fallo, sino limitarse a examinar su legalidad. En tal sentido, aún cuando la sentencia resulte injusta, equivocada o poco convincente, si no se observa violación palmaria de las leyes vigentes, o razonamientos absurdos que transgredan las leyes de la lógica y originen decisiones incoherentes, no puede asignarse a los agravios del recurrente otra dimensión que una mera discrepancia de sus criterios con los empleados por el Juez para la selección y valoración de las pruebas, campo en el cual ejercen soberanía absoluta, salvo absurdo notorio.
Remuneración, pago de la remuneración, recibo
Materia: LABORAL
Carátula: Rolón Ubaldo c/ Chaco Automoto Club y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-08-07

El pago como acto jurídico que es, sea unilateral o bilateral, requiere siempre de una declaración del accipiens en este caso, del trabajador, que según lo establece expresamente el art. 138 del la LCT, únicamente debe ser instrumentado mediante el recibo correspondiente, el que incluso deberá ajustarse en su forma y contenido a las disposiciones del art. 139, doble ejemplar, del art. 140, deberá contener como mínimo las enunciaciones que allí se indican, y el art. 141, recibos separados.
Recurso de atentado, improcedencia del recurso, traslado
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN MANCA c/ TELEVISORA DE TUCUMAN S.A.P.E.M. s/ REINTEGRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-04-06

No hay actividad jurisdiccional indebida cuando el Juez se limita a poner en conocimiento de la parte interesada una petición formulada por la contraria, toda vez que, la vista o traslado, no implica acogimiento de la petición, ni perjuicio, ni frustracción de derechos.
Policía, personal policial, ascenso laboral, recurso contencioso administrativo, sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDOZA, FERNANDO SEBASTIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ACLARATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-12

El reconocimiento por parte del Tribunal, de que el agente tenía derecho a ser ascendido, no implica un ascenso ni promover a un agente por sentencia, sino simplemente reconocer el derecho que, a ser promovido, tenía al actor. En caso contrario, se vulneraría el principio de la división de poderes, implícitamente consagrado por la Constitución.
Asegurador, acción subrogatoria, robo de automotor, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: SANCOR COOP. SEGUROS LTDA. c/ LEDDA AUTOMOTORES S.R.L. s/ D. Y P. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL PARTICULAR.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-03

Habrá de revocarse en todas sus partes la sentencia de la instancia de origen que hizo lugar a la demanda ejercida en base a la subrogación efectuada por la compañía aseguradora en los términos del art. 80 de la Ley de Seguros, contra el titular de un comercio dedicado a la compraventa de automóviles, a quien le sustrajeron del interior de su local comercial un automóvil que allí tenía por pedido del propietario-asegurado, toda vez que este encargo por parte del asegurado al aquí demandado, le fue planteado a modo de favor y por un lapso de dos o tres días, debido a que el adquirente del automóvil y según sus propias palabras, se iba a ausentar de la ciudad, por lo que en el caso ha mediado un contrato de mandato y no de depósito, y si lo que unía a las partes era un mandato, habiéndose incoado la acción por incumplimiento de los deberes del depositario, es claro que la demanda resulta improcedente.
Prueba compuesta, indagatorias separadas
Materia: PENAL
Carátula: Soutric Roberto Luis y Tornari Félix José s/ Robo simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1983-03-09

Si la imputación del co-procesado no fue mantenida en ocasión de prestar declaración indagatoria ante el Juzgado, la falta de ratificación no enerva la posibilidad de meritar aquella manifestación a los fines integrativos de la llamada "prueba compuesta" ya que,no sólo la rectificación judicial es ponderable, sino que también es necesario recurrir al análisis integral del proceso y a todas las pruebas que en él graviten, como resultado de lo cual, tanto será posible conceder inverosimilitud a una imputación judicial, cuanto creer en una cuasi-judicial si el resto del material probatorio apunta congruentemente en uno u otro sentido.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, admisibilidad de la petición, inhabilidad de título, alteración de las facultades mentales, apertura a prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: De La Vega, Mariano c/ Mendizabal, Thamara Fanny s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-30

Corresponde estimar la excepción de inhabilidad de título opuesta por el ejecutado, quien señaló que firmó el documento base de ejecución -reconocimiento de deuda- con sus facultades mentales disminuidas, para lo cual propone que un experto -teniendo a la vista las historias clínicas y estudios complementarios de rigor- se expida sobre la capacidad del ejecutado. Máxime cuando acompañó un certificado médico que informa un aparente diagnóstico de estado amnésico.

Así y considerando que la cuestión de capacidad de la demandada resulta una regla del derecho de fondo que, según lo que pueda surgir de los antecedentes del caso, podría resultar aplicable en el ámbito de este juicio ejecutivo; se dispondrá la apertura a prueba para que pueda producirse la referida prueba pericial médica y así acreditarse si la demandada estaba o no privada de razón al momento de la firma del acto que sustenta el presente juicio.
Sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, discrepancia del recurrente
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Derudder Hermanos SRL y otro c/ resolución 369/10- CNRT (exp S01:26494/09) y otro s/ entes reguladores
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-19

La mera divergencia de los recurrentes, en cuanto sólo revela su discrepancia con el criterio de la cámara en la selección y valoración de la prueba, excluye la tacha de arbitrariedad, aun cuando se haya prescindido de alguna de las pruebas aportadas. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, Superior Tribunal de Justicia, jubilaciones, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ramón Domingo OCAMPO s/ SUPERIORES  TRIBUNALES  DE  PROVINCIA  - DOBLE INSTANCIA Y RECURSOS -  JUBILACIONES Y PENSIONES - INTERPRETACION  DE  NORMAS Y ACTOS LOCALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

Es improcedente el recurso extraordinario contra el fallo del Superior Tribunal de La Rioja que desestimó la acción que perseguía la declaración de inconstitucionalidad del art. 84 de la ley local 3871 que establece el plazo de la prescripción liberatoria de las obligaciones previsionales.
Actos jurídicos, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramos, Roberto Martín c/ Bagnardi, Martín s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

El acto jurídico inexistente configura un supuesto diverso del acto jurídico nulo o anulable.
Honorarios del perito, costas, costas al demandante
Materia: PROCESAL
Carátula: Bullorini,  Jorge  Alberto  y  otro c/ Córdoba, Provincia de s/ daños y perjuicios (accidente de tránsito).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

La limitación establecida por el art. 77 del Código Procesal Civil y Comercial de la NACION, texto reformado por la ley 24.432, beneficia exclusivamente a "la parte no condenada en costas", condición que no es predicable respecto del coactor si se le impusieron en la proporción del 20% (Voto de los Dres.

Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Constitución Nacional, recurso de inconstitucionalidad, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, ISABELINO c/ ESTANCIA LAS TIJERAS Y OTRO s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 346-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

El juzgamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia Provincial de una cuestión constitucional federal planteada en las instancias ordinarias, permite agotar su consideración en la jurisdicción provincial y deja expedita la vía para su decisión final por el supremo guardián de la Constitución Nacional.
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, interpretación sistemática, jueces, facultades del juez, menores, delitos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: D, J. M; L, J. D. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Daño   (Expte. CSJ Nro. 55-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-08

Frente al argumento del Tribunal a quo que estimó que, conforme interpretación de la ley 11452 "...no surge limitada las facultades investigativas del Juez respecto del hecho presuntamente delictivo, sometido a su conocimiento para lograr su esclarecimiento, aún en el caso de su imputación a un menor no punible...", no puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la asesora de menores que sostiene que lo resuelto es contrario a lo dispuesto por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y que sólo da respuestas a las víctimas y a la sociedad al ordenar la investigación de los hechos imputados a los menores no punibles "...con el objetivo de determinar su autoría o participación, sin marco legal alguno...", haciéndose caso omiso de lo dispuesto por el artículo 4 de la ley 11452, en cuanto a que las disposiciones de esta ley deben interpretarse a favor del interés superior del menor y en respeto por los derechos reconocidos en la Constitución nacional, Tratados Internacionales y Constitución provincial. Ello desde que toda la crítica de la recurrente deviene insuficiente en tanto no logra demostrar que la Alzada en su labor haya excedido los márgenes de razonabilidad tolerados de modo tal que se deba descalificar el decisorio como acto judicial válido, toda vez que, como se señalara, sus reproches sólo dejan traslucir el disenso para con, esencialmente, la interpretación que de las normas en juego hicieran los sentenciantes, tarea que, más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido, resulta privativa de los mismos y, por ende, ajena, en principio, a esta instancia de excepción.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, regulación de honorarios, transacción
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ BANCO DE SANTA FE SAPEM s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-09-13

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto dado que, no obstante el esfuerzo desarrollado por el impugnante, sus postulaciones sólo traducen su discrepancia para con la aplicación e interpretación que de la normativa considerada aplicable efectuó el sentenciante, al considerar que el acuerdo de honorarios suscripto con los apoderados del fallido era inoponible a la Caja actora. Para ello razonó que todo acuerdo transaccional es un acto por el cual las partes que en él intervienen se hacen convenciones recíprocas a fin de extinguir obligaciones litigiosas o dudosas y como declaración de voluntad común destinada a reglar los derechos entre las partes, constituye un contrato al que las partes deben someterse como a la ley misma (arts.1137, 833 y 1197, C.C.), estableciéndose un efecto vinculatorio por el cual ellas tienen el derecho de exigir su cumplimiento ( art. 505 C.C.); pero resaltó que tales efectos son relativos en cuanto sólo alcanzan a las partes que lo celebraron, a sus herederos y sucesores universales (arts. 1195 y 1199, C.C.), pero no a terceros, frente a los cuales la transacción es inoponible, como acto ajeno que no los puede beneficiar ni perjudicar, ya que nadie puede pactar sobre intereses ajenos. Tal razonamiento no fue idóneamente desmerecido por el recurrente en cuanto afirma que los efectos del convenio se extienden también a terceros que no intervinieron en el mismo, pues es de ver que en los precedentes de la Corte nacional que cita los respectivos acuerdos comprendieron los montos de los juicios o montos de condena sobre los que luego se regularían los honorarios de los letrados intervinientes en la causa y no se trató de acuerdos sobre honorarios ni tampoco se abordó el tema relativo a cuál sería la base a fin de calcular los aportes a las Cajas profesionales en tales supuestos (CITAS: CSJN: Murguía, Fallos 329:1191; Zambrana Serrudo, Fallos 329:3148).