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Honorarios, honorarios del abogado, incidentes, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MEDIALDEA, CARLOS ANTONIO c/ MINICIPALIDAD DE CÓRDOBA s/ - PLENA JURISDICCIÓN- RECURSO DE CASACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-02-27

Dada la incompatibilidad de pleno derecho que media entre la situación de revista como activo en relación de dependencia y la de pasivo (Art. 62 inc. "a", Ley 8024), el valor del crédito reclamado por el actor no puede desvincularse de ese dato objetivo de la realidad, que fue esgrimido por el condenado en costas al momento de evacuar el traslado corrido por la incidentista.

debe tomarse como base para tomar la pauta regulatoria a los efectos de regulación de honorarios de la peticionante, los emolumentos que van desde la fecha de la cesantía hasta el día de la liquidación del beneficio previsional (art.17 ley 8024).

Dicha solución es la que mas se aviene con la verdadera situación objetiva de autos, que se erige en un parámetro de interpretación de la voluntad de la parte accionante y que condice en el caso, a morigerar la base regulatoria a los efectos de tener en cuenta a los efectos de determinar la regulación de los honorarios de la apoderada de la Municipalidad de Córdoba.

En orden a las costas del incidente propuesto estimo que no corresponde imponerlas por aplicación del art. 107 del código Arancelario Ley 8226.

Las labores profesionales que se realicen en tales actuaciones incluso los recursos contra la regulación practicada no "devengan" honorarios, acepción que debe ser interpretada a la luz del significado que la Real Academia Española, le asigna ha este vocablo "Adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título". La aludida tarea profesional no genera derecho a su cobro ni a la parte contratante ni a la otra parte contraria.

Los supuestos excepcionales que la norma baja análisis prevé como enervantes de la aplicación de dicho principio son la existencia del "plus petitorio" inexcusable o exceso en la defensa, debiendo advertirse que en estas 2 últimas hipótesis las costas y consiguientemente el pago de los honorarios son a cargo del abogado que incurre en tales conductas y no de las partes , situación que por lo demás no ha sido ni alegada ni probada en la causa.

Por lo tanto en virtud de la interpretación y por consecuente aplicación de lo normado por el art.107 de la Ley 8226, no corresponde imponer costa en el presente. (Voto de la dra. Traditti, en minoría).
Honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M. de C., A. s/ Divorcio Mattarolo, Daniel Enzo c/ Dorrego, Isidro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-12|1990-05-22

Como lo ha sostenido la Corte Suprema Nacional, si bien el art. 54 del dec. ley 8904/77, supedita la procedencia de la actualización monetaria de los honorarios regulados a la existencia de mora por parte del obligado, de ello no debe seguirse que el cómputo de la actualización comience a partir de la mora, sino que una vez que el deudor ha incurrido en ella, nace para el acreedor el derecho de percibir los honorarios actualizados en función de la desvalorización de la moneda desde el momento de la regulación (CSN., Fallo 308-89).
Acción de amparo, Estado Nacional, legitimación pasiva, obras sociales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PRINCIPI DE FARIAS, IRENE MABEL c/ INSSJYP s/ AMPARO (Reg. 12.968)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-27

El INSSJyP está comprendido entre los agentes que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud, encontrándose su actividad fiscalizada por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación que depende del Ministerio de Salud, organismos obligados a implementar medidas concretas para garantizar la continuidad y normalización de las prestaciones sanitarias a cargo de las obras sociales y en especial del cumplimiento del Programa Medico Obligatorios (leyes 23660 y 23661, res.MS 939/00 modificada por Res 1/01 y sus modificaciones).

En consideración a que el Instituto funciona como "persona jurídica de derecho público no estatal" (art.1ro. ley 19032 modif. por art.1ro. ley 25615), es evidente que no le pueden ser asignadas las antedichas responsabilidades y obligaciones que en materia de salud le corresponden al propio Estado Nacional. (del voto del Dr. Ferro, en igual solución que el del Dr. Tazza)
Actividades laborales, convenios colectivos de trabajo, aplicación del convenio colectivo, choferes, remuneración, salario básico, cosa juzgada, contrato de trabajo, relación de dependencia, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: DOFFI JUAN DOMINGO c/ TOTALGAZ ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-01

La demandada denuncia errónea interpretación de la resolución ministerial porque la tarea desempeñada por el actor como chofer esta prevista entre los "maestranzas" y que al no incluírselo se vulnera el alcance que dicho término tiene en la industria del Gas Licuado de Petróleo. Por tal disquisición concluyó que no resultan aplicables los CCT 339/01 y 369/03, cuyas disposiciones son así inobservadas.

A juicio del votante la presentación resulta inadmisible. El a quo respaldó su decisión de aplicar el CCT N° 181/91 por tratarse de un convenio de ámbito menor que no puede verse afectado por otro ulterior de ámbito mayor, salvo adhesión de partes a este último, conforme la normativa vigente al período reclamado.

Luego, la falta de cuestionamiento al respecto, conduce a que, aún valedero el recurso parcial, la conclusión continúe con motivación, lo que obsta el pronunciamiento de esta Sala.

Acusa la parte actora que el fallo omite las disposiciones laborales que consagran la intangibilidad del salario. Asevera que el básico y la bonificación por antigüedad, no pueden restarse de lo abonado por la demandada y que además ya le había sido reconocido.

Afirma que la sentencia acepta claudicaciones que implican una renuncia al salario y cita doctrina como jurisprudencia que avalan su postura. El Máximo Tribunal, considera: "las constancias de la causa y el relato que antecede revelan que el recurso debe ser admitido".

Entiende que, mas allá de la discusión en torno a la procedencia de la compensación efectuada por el Juzgador para determinar las diferencias de haberes, sobre dicho proceder media pronunciamiento firme que rechazó la defensa para otro período de la relación laboral. Luego, en aras de preservar la intangibilidad de la cosa juzgada, debe impedirse que la resolución anterior pueda ser vulnerada a través de un segundo fallo dictado contra res prius iudicatam.

Las razones dadas justifican anular la sentencia en este aspecto y entrando al fondo del asunto, desestimar la compensación efectuada a los fines de determinar las diferencias salariales. Se agravia de la extensión de la relación laboral fijada por el a quo que gravita en la bonificación por antigüedad.

El motivo es inadmisible para el Superior. La objeción se deduce en base a un supuesto reconocimiento efectuado por la demandada, que sólo resulta de una interpretación interesada de las expresiones vertidas en autos, pretendiendo una conclusión que no encuentra respaldo en prueba alguna.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vargas Narcisa c/ Transporte Metrop.Gral. Roca S.A. s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

La participación que al empleado le cupo en adoptar los recaudos previos a la salida del tren y el indudable interés que posee de salir airoso de la cuestión cuyas consecuencias pueden llegar a afectarlo en el ámbito laboral obliga a restarle credibilidad a tenor de las normas que gobiernan la sana crítica.
Recurso de apelación (procesal), demanda, contestación de la demanda, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: González, Esteban c/ Dante Sorba y/o quien resulte responsable s/ diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-11-03

Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo, que hace lugar a la antigüedad reclamada por el actor, ya que el accionado, que contesta en forma extemporánea la demanda, debe ser similado al rebelde, que no la contesta. En tal sentido no es aceptable que por el procedimiento recursivo se pretenda hacer valer hechos, que sólo son susceptibles de ser alegados en el momento procesal oportuno (contestación de demanda). Es ilógico suponer que aquel a quien se ha dado por incontestada la demanda se halle en igual situación procesal que el litigante que se avino a discutir, amplia y cabalmente, los hechos y el derecho, integrando así la relación procesal de autos. Lo lógico es que se encuentre impedido de efectuar posteriormente, el escrito de expresión de agravios, tardíos planteamientos, por lo menos sin menoscabo del instituto de la preclusión, sin el cual se desarticula el andamiaje del debido proceso.
Régimen penal tributario, responsabilidad penal, sanciones tributarias, presunciones
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: "Cerealera Argentina S.R.L. (T.F. 15.454-I) c/ D.G.I.". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-28

Es imposible hacer extensivo al campo de la responsabilidad penal tributaria el sistema de presunciones que la ley de procedimientos tributarios establece con el objeto de determinar la existencia y medida de la obligación tributaria, "sin el necesario sustento de otros elementos de prueba que permitiesen acreditar la existencia de una actividad dolosa, tendiente a defraudar los intereses del fisco". (C.S.J.N. "Mazza, Generoso y Mazza, Alberto s/rec. de apel.", del 6/4/89). (Consid. 4°).
Concursos, concurso preventivo, concurso en caso de agrupamiento, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: HAVANNA SA s/ CONCURSO PREV.* (ED 21.7.04, Fplicacion 52810).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-10

A los fines de regular honorarios de los profesionales intervinientes en el concurso del garante y del garantizado, aun cuando el mismo haya concluido por vía de desistimiento voluntario, cabe considerar que, en tanto se trata de remunerar trabajos diferenciados, realizados en dos procesos concursales distintos, y no de un trabajo único, corresponde proceder a regulaciones autónomas, tomado como base para las regulaciones el activo y el pasivo de cada concurso en particular, abstracción hecha de los resultados que podría aparejar la "consolidación" prevista en el caso de la Lc art. 67; máxime si, como en el caso, se trata de un concurso "de garantes" en el que expresamente se ha previsto la no presentación de un informe general "único" con la formulación de un estado patrimonial "consolidado".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, morosidad del proceso
Materia: LABORAL
Carátula: Deledicque, Mario Alberto c/ DYCASA S.A.I.C.I. s/ Indemnización accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11

No obstante resultar reprochable la demora del tribunal del trabajo en el dictado de la sentencia, ello por sí sólo no evidencia trastorno en la operación de subsunción de los hechos al derecho aplicable ni mucho menos a tener por configurado el absurdo.
Nulidad de sentencia, descripción de los hechos
Materia: Procesal Penal
Carátula: G. CH., C. s/ Homicidio en Grado de Tentativa B., J. M. s/ Homicidio Culposo y Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-08-07|1991-07-16

"Enunciar" puede ser definido como "expresar concisamente una idea" y el Código Penal -art.363- manda que "La sentencia será nula si: 2do.

"Faltare la enunciación de los hechos imputados", lo que significa que el resolutorio que culmina con la relación procesal entablada debe contener, so pena de la sanción amenazada, el relato de los acontecimientos con sus circunstancias de lugar, tiempo, personas y modo, conjuntamente con el resto de elementos objetivos y subjetivos que sustenten el tipo penal que atrape el accionar endilgado al imputado. La carencia de marras, existente en la pieza ahora controvertida, de por sí la invalida porque, conspirando en contra de la garantía de defensa en juicio, hace imposible el control de la correlación que debe existir entre el "factum" que atribuye la acusación y el que tiene por acreditado la sentencia condenatoria.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, aplicación de la ley, prueba, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARRUCHOS SA C/INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

rocede confirmar la sentencia apelada en cuanto desestimó el reclamo de reembolso de los gastos de remoción y traslado de sustancias contaminantes para su disposición final. Ello por cuanto, en el caso, el derrame de la sustancia química fue rápida y eficazmente contenido a los dos días de producido, en razón de haberse depositado la totalidad del material contaminado en 277 tambores de 200 litros, acopiados en un recinto especialmente construido y destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. Así cabe concluir en que el siniestro se encuentra agotado como tal, pues ha cesado el peligro de contaminación ambiental que traía aparejado. No se desconoce el potencial contaminante que aún conservan los residuos almacenados en los tambores. Pero en el supuesto de que éstos ocasionasen un eventual daño ambiental, ello podrá obedecer a un nuevo derrame de ese contenido o a un deficiente tratamiento de los residuos peligrosos, mas no al derrame original. En otras palabras, no existiría un adecuado nexo de causalidad entre el derrame primigenio y el hipotético daño ambiental ocasionado por los residuos peligrosos almacenados en los tambores. En consecuencia, el costo de la disposición final de los residuos peligrosos generados por el derrame de marras no puede ser imputado a gastos de salvamento a cargo de la aseguradora, como pretendió la parte actora, puesto que el siniestro se encuentra agotado.
Concursos, pedido de quiebra, apreciación de la prueba, derechos creditorios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: PL Rivero y Cía. SA le pide la quiebra Aseguradora de Riesgos del Trabajo Liderar SA y otro c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-26

Cabe tener presente que si bien el título en el cual se instrumentó el crédito -en el caso- cuyo incumplimiento fue denunciado como hecho revelador del estado de cesación de pagos ha sido creado de manera unilateral por el propio actor, lo cierto es que la a quo lo juzgó autosuficiente por hallar cumplidos los recaudos a los que la ley 24557 supedita su emisión. Cabe recordar también que a los efectos de pedir la quiebra basta con que el título sea suficiente en el sentido de servir como hecho revelador del estado de cesación de pagos sin necesidad de exigir un "juicio de antequiebra", prohibido por la LCQ 84
Prescripción adquisitiva, accesión de posesiones, acción reivindicatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Calabria, Rubén Jorge y otro/a c/ De La Sota Cristian Gabriel s/ reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-05-29

Debe rechazarse la reconvención por prescripción adquisitiva opuesta a la demanda de reivindicación de un inmueble, pues el reconviniente no logró acreditar fehacientemente que su cedente o antecesor ejerció derechos posesorios sobre el mentado bien, para lograr, por accesión de posesiones, completar el plazo de veinte años que exige el art. 4015 del Cód. Civil
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, imputado, libertad provisional, jueces
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: XX s/ Primera cuestión: ¿Es constitucional la disposición del artículo 28   De la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en   "Defecto de caso concreto"? Segunda cuestión: ¿Es aplicable el   artículo 308 del Código Procesal Penal (libertad por falta de   mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el  procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del   plenario? La presente causa, a raíz de un empate en las votaciones,   se integra nuevamente con un vocal de Rosario, Dr. Bernardini en   fecha 10-12-1992, en fallo registrado en el L.A. Nro. 2, Res. 6, F.   321 -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-14

El procedimiento es de orden público y por tal razón es imposible que, por vía de la interpretación jurisdiccional de una norma, puedan entenderse derogadas todas las que conforman el sistema instituido legislativamente para regular -en el caso- la libertad provisional y su cese. (Del Voto del Dr. Sobrero -Tesis Negativa-).

En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad del artículo 308 del Código Procesal Penal (Libertad por falta de mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del plenario.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, beneficio de litigar sin gastos, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: ÁVILA, Raquel s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-01

La jurisprudencia ha sostenido que "la falta de recursos para iniciar una declaratoria de pobreza debe juzgarse específicamente en relación directa con la importancia -y por lo tanto exigencias económicas- de la futura acción (CNCiv., Sala D, ED 23-583; Sala B, ED 77-330, entre otras), no es menos cierto que el Código Procesal no ha establecido ninguna limitación en cuanto a la concesión del beneficio en razón del litigio en el cual aquél pretende hacerse valer.

La resolución denegatoria del beneficio que se trae a revisión tiene como fundamento central el monto ínfimo de la tasa de justicia y el número de herederos designados quienes eventualmente deberían solventar el gasto en proporción de su parte en la herencia.

Sin embargo, más allá del número de herederos que deba afrontarlo, no puede perderse de vista que la entidad del gasto debe apreciarse en relación a la situación económica de quien debe asumirlo. Lo exiguo para uno puede no serlo para otro.

En la especie, se encuentra probado que la actora percibe como único ingreso una jubilación de ama de casa. Siendo de público y notorio conocimiento que el quantum de este tipo de jubilación apenas alcanza para satisfacer las necesidades básicas de una persona, no es difícil deducir que el mismo resulta absolutamente magro cuando, además, se tiene que cubrir con él las necesidades de un hijo discapacitado a cargo. De allí que afrontar las erogaciones que demanda la tramitación del sucesorio importaría para aquélla un sacrificio patrimonial incompatible con su situación económica.

De todos modos, aún resultando probable de que los gastos que dicho proceso pueda ocasionar han de ser escasos, no puede colegirse sin más, que el patrimonio de la peticionante ha de poder afrontarlos sin que ello pueda comprometer los medios de su subsistencia (con. Fassi "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Bs. As. Ed. Astrea, 1978, I, pág. 289, nº 682 in fine).

Y es que "la defensa gratuita no es un favor dispensado al indigente, es mucho más, es uno de sus derechos fundamentales" (Villegas Basavilbaso, en "La asistencia jurídica de los pobres", JA 1944-II-22, sec. doctrina).

De allí que las normas reguladoras de los requisitos procesales deben interpretarse en el sentido más favorable a la admisión de la pretensión de que se trata, pues una decisión denegatoria implicaría una desproporción entre los fines que se intentan preservar con el proceso y los intereses que sacrifican.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, aplicación de la ley, indemnización por accidente de trabajo, acción civil por accidente de trabajo
Materia: PROCESAL - LABORAL - CIVIL
Carátula: JOSEFA MARIA COSTA c/ HILANDERIA ALGODONERA VILLA DEVOTO S.A. Y OTRA s/ ACCIDENTES  DEL TRABAJO - INCAPACIDAD LABORAL - RESPONSABILIDAD CIVIL  - ENFERMEDAD - ACCIDENTE - RIESGO O VICIO DE LA COSA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-05

Corresponde dejar sin efecto, la sentencia que -por estimar que cuando la dolencia que sufre el trabajador se origina en la reacción interna de su organismo frente a los esfuerzos corporales efectuados al realizar las tareas, no son aplicables las disposiciones del art.

1113 del Código Civil sino las del régimen especial de accidentes de trabajo de la ley 9688- rechazó la demanda de indemnización por incapacidad laboral promovida por un obrero textil. Ello es así, pues lo decidido -frente a los claros términos del informe del perito médico y a las conclusiones del Cuerpo Médico Forense- satisface sólo de manera aparente la exigencia de que las sentencias constituyan derivación razonada del derecho vigente con referencia a los hechos comprobados de la causa.
Contratos innominados, aplicación de la ley, clasificación de las obligaciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: Diego Roberto Bustamante y otro c/ Diego Mario Buonanotte s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-09

Los caracteres del contrato de agencia/representación constan en: a) Es un acto jurídico unilateral, en donde basta la expresión de voluntad de reconocer la deuda formulada por el deudor, lo que no obsta que el acreedor pueda manifestar su conformidad y b) es irrevocable. Para su configuración debe tenerse en cuenta que está sujeto a todas las normas referentes a los actos jurídicos, es decir que debe: a) haber manifestación de voluntad; b) que esa declaración esté libre de los vicios de dolo, violencia, simulación, fraude etc.; c) que la persona que la hace sea capaz (conf. Borda Guillermo A.; "Tratado de derecho civil. Obligaciones" T. I, págs. 487-492 Ed. Perrot, 1994). Asimismo, el CCIV 722 precisa que: "...el acto de reconocimiento debe contener la causa de la obligación, su importancia y el tiempo en que fue contraída." Se ha dicho que la "causa", se refiere a aquella que es la fuente de la obligación reconocida. Su importancia consiste en el objeto de la obligación original, este requisito es exigido a los fines de la correcta individualización de aquella obligación que se reconoce, como revela el precio adeudado. Por último, también es menester citar en el instrumento la fecha en la que se contrajo la obligación original, lo que adquiere transcendencia en punto al efecto interruptivo de la prescripción que produce el acto de reconocimiento (ver Belluscio Augusto C; Zannoni Eduardo A., "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado" T. III, Ed. Astrea, 2004).
Procedimiento laboral, nulidad procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: LABORAL
Carátula: HEREDIA,CRISTIAN  RAUL c/ TOTAL INDUSTRIAS GRAFICAS S.A. Y OTROSS/ s/ ESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-31

El principio de convalidación forma parte de la estructura misma de las modernas concepciones relativas a la nulidad procesal, aún frente a la más reciente doctrina del más alto Tribunal en materia de nulidades. Por ello, resulta imprescindible valorar, previamente, si se ha operado o no la convalidación del acto viciado, porque de haber sido así todo defecto formal habría quedado subsanado al tener presente la relatividad de la nulidad procesal.