Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-02


SENT Nº 81 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dos (02) de Marzo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Jimenez Mario Salvador vs. Falivene Constructora S.R.L. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- Mario Salvador Jiménez, parte actora en autos, plantea recurso de casación (cfr. fs. 423/435 vta.) contra la sentencia N° 74 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 23 de mayo de 2011 corriente a fs. 410/412 de autos, que es concedido mediante Resolución del referido Tribunal del 09-8-2011 (cfr. fs. 437). Ninguna de las partes presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 137 primera parte del Código Procesal Laboral (en adelante CPL), conforme surge del informe actuarial de fs. 445.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Ha sido interpuesto dentro del plazo que consagra el artículo 132 del CPL (fs. 422/435 vta.); se dirige contra una sentencia definitiva con el alcance del artículo 130 del CPL; el afianzamiento previsto por el artículo 133 del CPL no resulta exigido al no haber sido condenado el recurrente -actor en autos- (cfr. artículo 133 del CPL, a contrario sensu); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos; y la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas a derecho y arbitrariedad jurídica y fáctica.

Respecto a esto último, es del caso destacar que la ponderación por parte de esta Corte de aquella valoración efectuada por el Tribunal de grado -la cual constituye cuestión de derecho, pues consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de la causa-, resulta objeto propio del recurso extraordinario local por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por lo señalado el recurso en examen resulta admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal Cimero local para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

III.- La parte recurrente -actora en autos- pone en entredicho la sentencia en examen, por las razones que argumenta en tres órdenes de agravios.

III.1- En un primer orden de agravio, la recurrente -parte actora en autos- sostiene que el A quo habría incurrido en arbitrariedad fáctica al efectuar un análisis parcializado de las constancias y pruebas de autos. Al respecto, arguye con los argumentos que, en oportunidad de examinar la procedencia de este recurso, examinaré confrontándolos con las pertinentes consideraciones contenidas en el discurso sentencial y pertinentes probanzas obrantes en autos.

III.2- En un segundo orden de agravios, expresa la recurrente que la sentencia impugnada resulta jurídicamente arbitraria al apartarse del derecho sustancial vigente.

III.3- En tercer y último orden, se agravia la recurrente que el Tribunal de grado haya impuesto las costas a la parte actora, pues entiende que la posición sustentada por su parte, en última instancia, encontraría asidero en la letra expresa del CCT Nº 40/89, por lo que habría tenido fundadas razones para litigar. Afirma que debió habérsela eximido del pago de las costas, en virtud de lo dispuesto por el apartado 1º del artículo 105 del CPCC, o bien en atención a lo establecido por el apartado 2º de la misma norma.

IV.- ¿Asiste razón a Mario Salvador Jiménez -parte actora en autos- respecto a los órdenes de agravios enunciados precedentemente? IV.1- La parte actora sostuvo en la demanda (fs. 84 y su vta.) que el señor Mario Salvador Jiménez se desempeñó bajo relación de dependencia laboral con la demandada cumpliendo tareas de chofer en la conducción de vehículos, tanto a los fines de transportar materiales como vehículos; que, para esto último, realizó viajes a la Provincia de Buenos Aires. Sobre dicha base fáctica, reclamó el pago de las diferencias que, a su criterio, habrían surgido a su favor de la escala salarial relativa al CCT de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, y de los montos abonados a su parte por la empleadora, conforme sus recibos de haberes.

En el responde, la demandada afirmó que el actor prestó servicios a su favor bajo relación de dependencia, revistiendo la categoría de oficial especializado y realizando, entre otras, tareas de chofer de camiones de la empresa (fs. 105 vta.); y que todas sus remuneraciones le fueron abonadas conforme al encuadre que correspondía al actor en el CCT Nº 76/75 (fs. 104 y vta.).

En la sentencia en crisis, el Tribunal A quo consideró que la primera cuestión a dilucidar en autos es la relativa al CCT en el que corresponde encuadrar al actor.

Al respecto, luego de reseñar la posición de ambas partes explanó que, de la prueba ofrecida en autos, surge que el actor fue registrado por la empleadora, primeramente, en la categoría de "oficial albañil" y, luego, de "oficial especializado" y que sus aportes gremiales se efectuaban al sindicato de UOCRA (cfr. fs. 03/73 y 79/80); que la demandada es una empresa constructora (cfr. fs. 79/80); que el actor cobró el fondo de cese laboral, característico de la actividad de la industria de la construcción (cfr. fs. 245/246); que la UOCRA informó respecto a la categoría de chofer, dentro del convenio de la actividad (cfr. fs. 283); que, además de no encontrarse controvertido en autos que el actor cumplía tareas de chofer, ello se encuentra acreditado mediante las constancias de fs. 76/78; que de la prueba testimonial rendida a fs. 197/200 surge que el actor desempeñaba otras tareas relativas a la construcción, además de las de chofer; que de la prueba confesional se desprende que el actor efectuó tareas de chofer en la empresa y que, además, condujo una camioneta para compras varias en la obra 307 Viviendas en Villa Carmela, realizó trabajos de electricidad en el depósito de la empresa, efectuó labores con la bomba de hormigón, manejó la volqueta, realizó viajes a Buenos Aires para traer vehículos junto a otros empleados de la firma, entre otras tareas (cfr. fs. 209); y que del dictamen glosado a fs. 266/270, evacuado en el marco del expediente administrativo de la AFIP originado a raíz de la denuncia efectuada por el actor, surge que el propio sindicato de camioneros manifestó que las actividades contempladas en el CCT Nº 40/89 corresponden a empleados que trabajan en empresas cuya actividad siempre es el transporte de mediana y larga distancia y que no se encuentra comprendida en dicho CCT la actividad realizada por choferes de empresas constructoras; así como que se concluyó que las pruebas obrantes en dicho expediente evidencian que el actor debe encuadrarse en el CCT Nº 76/75.

En virtud de tales consideraciones, el A quo infirió que la actividad realizada por el actor determina su inclusión en el CCT Nº 76/75, comprensivo de los empleados de la construcción.

Del análisis del fallo cuestionado no surge, a mi criterio, que el Tribunal de grado hubiera efectuado un inadecuado análisis de las pretensiones de las partes plasmadas en sus respectivos escritos de demanda y responde; o que no hubiera atendido debidamente a las concretas tareas efectuadas por el actor, conforme las pruebas obrantes en autos. Por el contrario, considero que la Resolución se ajusta a las pretensiones de las partes expuestas en los escritos constitutivos del proceso, toda vez que el Tribunal de mérito ponderó adecuada y suficientemente las probanzas pertinentes y atendibles reunidas en autos, vinculadas a las tareas desempeñadas por el actor bajo dependencia laboral de la demandada y a la actividad desplegada por ésta última y, en base a ello, resolvió la controversia suscitada en el presente juicio en torno a las pretensiones de ambas partes.

En cuanto a la prueba confesional, si bien es cierto que el representante legal de la demandada reconoció que el actor realizó viajes a Buenos Aires para traer vehículos, también lo es que sostuvo que el actor cumplió, además, otras tareas vinculadas a la actividad de la demandada en la industria de la construcción. No resulta, pues, atendible el argumento de la recurrente basado en que de esta probanza surgiría que las tareas cumplidas por el actor no tendrían relación con la construcción de obra alguna para la que fuera contratada la demandada.

Carece de sustento, asimismo, que la recurrente afirme que la sentencia en crisis vulnera el principio según el cual los derechos laborales son irrenunciables. En efecto, el fallo cuestionado en modo alguno deja traslucir que el Tribunal de grado hubiera considerado como determinante, a los fines de la Resolución de la controversia suscitada en autos, el aludido consentimiento del actor con el encuadramiento convencional o la categorización profesional efectuada por la empleadora. Por el contrario, tal como surge de la lectura del fallo de marras, la Cámara ponderó de manera integral el cuadro probatorio reunido en autos, atendiendo debidamente aquellas probanzas demostrativas de las tareas cumplidas por el actor, más allá de los registros efectuados por la demandada en la documentación laboral pertinente; y en base a las pruebas colectadas concluyó que, dadas las tareas cumplidas por el actor y la actividad desarrollada por la demandada, el actor se encuentra incluido en el CCT Nº 76/75.

Respecto a la invocada falta de debida valoración del informe de la delegación local del Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas Generales, entiendo que el reproche resulta infundado en atención a que la entidad informante no hizo más que adjuntar el CCT Nº 40/89, señalando que allí figuran "los parámetros de la calificación laboral y adicionales para la categoría laboral requerida" (cfr. fs. 296). Esto último de ningún modo alguno implica que el referido sindicato hubiera afirmado que el actor revestía calificación laboral alguna en el marco de aplicación personal del citado CCT, ni que le hubieran correspondido los adicionales de ninguna categoría en particular. Repárese que, al ofrecer la prueba informativa en cuestión, la parte actora solicitó que se libre oficio a la delegación local del Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas Generales, a fin que informe si dentro del CCT Nº 40/89 se incluye a los trabajadores de transporte de mediana y larga distancia, o si incluye las actividades realizadas por los choferes de empresas constructoras (cfr. fs. 288); limitándose la entidad oficiada, en su informe, a remitir copia del CCT Nº 40/89.

Por lo demás, el hecho que el Tribunal no hubiera efectuado, en el fallo impugnado, trascripciones de ninguno de los CCT cuya aplicación es objeto de controversia entre las partes, ni referencias expresas a sus respectivos ámbitos de aplicación, en modo alguno implica que no hubiera considerado adecuadamente tales convenios, en cuanto fuentes del derecho invocado por aquellas en sustento de sus respectivas pretensiones.

Por las razones expuestas, y no observándose en el presente caso la arbitrariedad fáctica denunciada por la recurrente, considero que este primer orden de agravio bajo análisis debe ser desestimado.

IV.2- Respecto al segundo orden de agravios explanado por el actor, destaco, preliminarmente, que existen diferentes opiniones en doctrina sobre el alcance de la regla de aplicación de la norma más favorable al trabajador, contenida en el artículo 9º de la LCT.

Por un lado, se sostiene que el citado artículo se refiere al supuesto de confluencia de normas vigentes de regulación del contrato de trabajo derivadas de diferentes fuentes de regulación, determinando el desplazamiento del principio de prelación jerárquica por el criterio de la norma más favorable y precisando que, ora se trate de normas de carácter estatal, ora convencional, la aplicable es aquella que redunde en un mayor beneficio para el trabajador (cfr. Ojeda, Raúl Horacio -Coordinador- "Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Concordada", Rubinzal-Culzoni Editores, Sta. Fe, 2011, pág. 113 a 115).

Según esta posición, el artículo 9º de marras no resultaría aplicable a los fines de determinar el encuadramiento convencional correspondiente a un trabajador, cuando la invocada "duda" recayera sobre la aplicación de dos convenciones colectivas de trabajo, por ser estas disposiciones derivadas de fuentes de regulación de la misma jerarquía.

Desde otro punto de vista, se admite que la regla de la norma más favorable opera con la misma lógica en la relación entre convenios colectivos de trabajo. En tal sentido, se ha sostenido que la "duda" en la aplicación de normas legales o convencionales a las que refiere el artículo 9º de marras se puede generar por "concurrencia de normas" de la misma o de distintas fuentes para regular una cuestión (cfr. Etala, Carlos Alberto, comentario al artículo 9 de la LCT en La Ley Online).

Sin embargo, dadas las peculiares circunstancias del caso bajo examen, considero que resulta innecesario profundizar sobre tal cuestión toda vez que, aún si se adoptara el segundo criterio, la adaptación del principio de la norma más favorable al trabajador a los supuestos de conflicto de encuadramiento convencional da como resultado que, frente a la situación de dos CCT aplicables al mismo caso, opere la norma más favorable al dependiente (cfr. Arese, César, "Derecho de la Negociación Colectiva", Rubinzal-Culzoni Editores, Sta. Fe, 2008, pág. 413); y en la especie -por las razones que más abajo expondré- no son dos los convenios colectivos potencialmente aplicables al caso, sino sólo uno. En efecto, entiendo que el actor se encuentra claramente encuadrado en el CCT Nº 76/75.

En cuanto a las partes contratantes, se advierte que el CCT Nº 40/89 fue negociado entre la Confederación Argentina del Trasporte Automotor de Cargas, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas y la Cámara de Agentes Comerciales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas. Por su parte, el CCT Nº 76/75 fue negociado entre la Cámara Argentina de la Construcción, la Federación Argentina de Entidades de la Construcción y el Centro de Arquitectos y Constructores, por el sector empresario, con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), por el sector sindical.

Respecto al ámbito de aplicación personal y territorial, el CCT Nº 40/89 establece que sus disposiciones serán de aplicación a la totalidad de los trabajadores ocupados en el transporte de cargas por automotor en todo el ámbito del territorio nacional y/o fuera de éste cuando se encuentren afectados al tráfico internacional; y efectúa una enumeración meramente enunciativa de diversos objetos de transporte, entre los que incluye el "transporte de y/o para la industria de la construcción", y "equipos y/o máquinas y/o elementos que ulteriormente se destinen a montajes de industrias y/o construcciones civiles", especificando que no será condición indispensable para que se considere transporte que el precio de la prestación sea precisamente denominado flete, pudiendo estar este precio involucrado en la cosa transportada o en el servicio prestado, sin que ello desvirtúe la existencia de un transporte.

De las disposiciones del CCT Nº 40/89 surge que éste es un convenio que rige la totalidad de la actividad, de tipo vertical, y que posee normas generales, así como específicas para las distintas ramas y secciones de la actividad contempladas en el acuerdo (transporte de caudales, clearing y servicios postales, recolección y/o compactación de residuos, distribución de diarios y revistas, transporte de combustibles líquidos, de materiales peligrosos, etc.).

Al discriminar las categorías laborales y las tareas relativas a cada una de ellas, el CCT Nº 40/89, establece que debe entenderse por "conductor" a toda persona que realice habitualmente tal tarea y posea su registro que lo habilite al efecto, enumerando expresamente sus funciones (apartado 3.1.1. del CCT Nº 40/89).

Por su parte, el CCT Nº 76/75 este establece que éste será de aplicación en todo el territorio nacional y que regulará las relaciones de trabajo entre los empleadores y los obreros que presten servicios en la industria de la construcción y ramas subsidiarias, en especial, a los que actúen -entre otros- como conductores de vehículos automotores o choferes (artículos 3 y 4, inc. 21, del CCT Nº 76/75). También se trata, pues, de un convenio de actividad, de tipo vertical. Entre las categorías laborales, contempla la de "oficial chofer", en la que se encuentran los trabajadores que cuentan con registro que los habilitan a conducir camiones, y en la que no quedan comprendidos los choferes de la administración (cfr. art. 5, inc. 10, CCT Nº 76/75).

Lo apuntado evidencia que las tareas cumplidas por el actor bajo la dependencia de la demandada -dada la actividad de esta última como empresa constructora- se encuentran expresamente contempladas en el CCT Nº 76/75 como comprendidas dentro de la actividad que tal convención colectiva regula, incluyendo las tareas desempeñadas por el trabajador en la conducción de vehículos de la empresa empleadora, tanto para el transporte de materiales, como de vehículos y maquinarias destinadas a la construcción.

Al respecto, viene al caso destacar que el actor realizaba diferentes tareas vinculadas a la construcción, conforme constancias de autos, entre las que se encontraba la de conducir vehículos de la empresa constructora demandada, lo que determinó que el actor no fuera incluido en la categoría de "chofer", sino en otra que contemple y comprenda aquellas otras tareas por él ejecutadas. Sin embargo, aún cuando no hubiera desarrollado aquellas otras tareas y solamente se hubiera desempeñado en las de conducción de vehículos de la empresa demandada, de las que dan cuenta las constancias de autos, igualmente hubiera estado encuadrado en el CCT Nº 76/75, atento a la actividad desarrollada por su empleadora en la industria de la construcción y al tipo de convenios colectivos de trabajo de los que se trata en autos (ambos verticales).

A propósito de la actividad desarrollada por la demandada, es del caso puntualizar que el Tribunal de grado tuvo por acreditado que tal actividad se enmarca en la industria de la construcción, sin que ello hubiera sido objeto de agravios por parte de la recurrente.

Lo hasta aquí expuesto me lleva a inferir que no corresponde encuadrar al actor en el CCT Nº 40/89 por cuanto aquél no se dedicaba en forma habitual al transporte de cargas por automotor, en el que el precio de la prestación se encuentre involucrado en la cosa transportada o en el servicio prestado; sino que se ocupaba de prestar servicios en la industria de la construcción, desempeñando distintas tareas relativas a tal industria, entre las que se encontraba la conducción de vehículos de la empresa constructora empleadora, dedicada a la industria de la construcción. Atento a ello, corresponde que el actor sea encuadrado en el CCT Nº 76/75.

En sentido coincidente con lo aquí expuesto se ha sostenido, inclusive, que los choferes de oficio pueden ser contratados por empresas cuya actividad principal sea el transporte de carga ajena mediante vehículos propios, y que cobran por tal servicio un flete o retribución análoga; o bien por empresas industriales o comerciales que, valiéndose de vehículos propios, transportan exclusivamente carga que los tiene a sí mismos por remitentes o destinatarios; y que en el primer caso corresponde el encuadramiento del trabajador en la convención colectiva de trabajo aplicable a los camioneros, mientras que, en el segundo, en la correspondiente a la rama de industria o mercantil que constituya el objeto de la empleadora (cfr. Machado, José D., "Encuadramiento convencional de las relaciones individuales de trabajo", publicado en La Ley Online).

Además, corresponde que el actor sea encuadrado en el CCT Nº 76/75 porque en la concertación de este convenio se encontraron representadas ambas partes; tanto el trabajador, a través del sindicato respectivo, como la empresa constructora empleadora, también a través de la representación respectiva. Por el contrario, ninguna representación tuvo esta última al concertarse el CCT Nº 40/89.

Sobre el particular, se ha señalado que el alcance personal de las convenciones colectivas de trabajo se basa en una suerte de "representación objetiva", que hace referencia a la actividad empresaria; de manera que, sobre la base de la actividad empresaria acreditada en cada caso concreto, debe analizarse si la empleadora estuvo representada en la concertación del convenio colectivo, como exigencia para su acatamiento y su aplicación en el caso puntual (cfr. Ackerman, Mario E. -Director-, "Tratado de Derecho del Trabajo", Rubinzal-Culzoni Editores, Sta. Fe, 2007, Tomo VIII, "Relaciones Colectivas de Trabajo", págs. 367 a 374).

En sentido coincidente, se sostiene que basta con que la actividad específica de la empresa haya tenido representación para que le sea aplicable la convención colectiva; y que a los fines de la determinación del convenio colectivo aplicable a la situación jurídica concreta, resulta relevante la representación empresaria, constatándose, como principio general pacíficamente aceptado, que para fijar el ámbito de aplicación de un convenio colectivo no basta verificar la representación que al concertar este hubiera tenido el sector gremial, sino que también debe analizarse la representación de la parte empresaria, ya que la extensión del ámbito de aplicación del convenio surge de la concordancia entre las representaciones que legítimamente pueden atribuirse las partes que lo celebran (cfr. Rubio, Valentín, "Convenciones Colectivas de Trabajo", Rubinzal-Culzoni Editores, Sta. Fe, 2001, Pág. 191 y 192).

Autorizada doctrina plantea la necesidad de respetar la "primacía de la convención competente", lo que depende de "clarificar la representación de las partes, gremial y empresaria, según la personería gremial otorgada y la representación concedida a cada una de ellas". Establecida de tal modo la norma convencional aplicable, esta desplaza a las otras posibles, aún cuando sean más favorables para el trabajador. La representación efectiva de los sujetos en el pacto colectivo nunca es un elemento indiferente al momento de definir el CCT aplicable (cfr. Arese, César, "Derecho de la Negociación Colectiva", Rubinzal-Culzoni Editores, Sta. Fe, 2008, pág. 398 y 409).

Por otra parte, en el caso de autos nos encontramos frente a dos convenciones colectivas de trabajo de actividad general, de tipo vertical, y de alcance nacional; lo que determina la irrelevancia, en el sub examine, de otros criterios -tales como el de especialidad territorial o especialidad en cuanto a la actividad- como pautas para dilucidar el convenio colectivo aplicable.

En consecuencia, no existiendo en el fallo impugnado la arbitrariedad jurídica denunciada por la recurrente, considero que el agravio bajo tratamiento debe ser desestimado.

IV. 3. En cuanto al último orden de agravios, considero que, en virtud de los fundamentos vertidos en el apartado anterior y contrariamente a lo sostenido por la recurrente, la parte actora no tenía fundadas razones para litigar, por lo que carece de sustento su pretensión que sea eximida del pago de las costas procesales generadas en autos, al no encontrarse configurados en autos ninguno de los supuestos previstos por los incisos 1 a 3 del artículo 105 del Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-).

Cabe puntualizar que no hay mérito alguno para la pretendida eximición, ni se trata de un supuesto no resuelto expresamente por la ley. Por los motivos ya expuestos en el apartado anterior, a los que brevitatis causae me remito, entiendo que la parte actora carecía de razones fundadas para pretender la aplicación, al contrato de trabajo que existiera entre las partes, de una norma convencional proveniente de la autonomía de la voluntad colectiva diferente a la determinada judicialmente en estos autos. Ello es así, por cuanto en el proceso de subsunción del material fáctico en la norma, la relación individual de trabajo habida entre los litigantes en el presente caso, únicamente se acomoda a las previsiones del CCT cuya aplicación se determinó en autos.

Por tales motivos, corresponde rechazar también los agravios expresados por la recurrente en el tercer orden.

V.- Atento a la conclusión que infiero, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen en su totalidad a la recurrente vencida (cfr. artículos 49 del CPL y 105 primera parte del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto la conclusión sobre la admisibilidad del recurso, expresada en el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane toda vez que ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, denuncia con fundamentos bastantes arbitrariedad e infracciones normativa y no es necesario cumplir con el afianzamiento por ser el actor el que recurre (arts. 130/133 CPT). Asimismo, comparto las consideraciones formuladas en la desestimación de los planteos del recurrente, referidos a que el fallo ha incurrido en arbitrariedad en el análisis de las costancias y pruebas de la causa, apartamiento del derecho sustancial vigente y distribución de las costas de la única instancia, como también la imposición de las costas del recurso de casación.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia N° 74 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 23 de mayo de 2011, glosada a fs. 410/412 de autos.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030840-05.