Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-07


Reg.: A y S t 281 p 79/85. En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Mario Luis Netri, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "PROVINCIA DE SANTA FE contra DROGHETTI, ALFREDO Y OTROS -SIMULACIÓN- (EXPTE. 467/12) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-01264228-5). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Netri, Falistocco y Gutiérrez. A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Mediante resolución registrada en A. y S. T. 274, págs. 61/63, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la resolución del 18.12.2014 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, por entender que la postulación de la recurrente contaba "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria. El nuevo examen de admisibilidad que corresponde realizar de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 1113/1116. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Falistocco y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. La materia litigiosa, en lo que aquí resulta de interés, puede resumirse así: 1.1. Según surge de las constancias de la causa, la parte actora impugnó las planillas de costas y honorarios practicadas por los doctores Golber y Jastreb alegando que no correspondía aplicar la unidad jus actualizada sino solo la tasa de interés prevista por el Tribunal. El Juzgador entendió que, estando firmes y consentidos los honorarios fijados por autos 1395/2009 y 691/2009, había precluido la oportunidad procesal para interponer el planteo relativo a que se estaría violando la prohibición de indexación prevista por las leyes 23928 y 25561. La accionante recurrió el decisorio aduciendo que implicaba consentir una indexación indebida e inconstitucional y que su planteo no fue extemporáneo por cuanto la actualización se materializó al practicarse las planillas y no al regularse los honorarios. 1.2. Por resolución 393 del 18.12.2014 la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario hizo lugar parcialmente a la apelación interpuesta por la accionante sólo en lo que respecta a la cuestión de los intereses fijados mediante auto 1755/2009, determinándolos en el 6% anual. Para así decidir, el voto mayoritario de la Sala sustuvo -en lo esencial- que la cuestión de la constitucionalidad o no del jus, como mecanismo de actualización, debió ser planteado contra la regulación realizada con expresión de la equivalencia en jus de conformidad con la ley arancelaria local. No obstante ello, los Sentenciantes efectuaron una revisión oficiosa de lo resuelto en cuanto a su constitucionalidad y convencionalidad y concluyeron que no se advertía incompatibilidad alguna entre el artículo 32 de la ley 6767 (texto según ley 12851) y las normas que prohíben la indexación (leyes 23928 y 25561). En especial, señaló el Tribunal que los honorarios abogadiles constituyen deudas de valor, que conservan esa naturaleza hasta su cancelación total (ya que su quantum quedará consolidado recién a la fecha de pago), y que su traducción a una suma de dinero en el interín no implica la transformación de tal obligación en una deuda dineraria. Además, en relación al juego entre el mecanismo de actualización y los intereses compensatorios y moratorios, la Sala indicó que la aplicación de la tasa pasiva promedio dispuesta por el Juez de primera instancia ha provocado un desfasaje atendible porque se incorporaron elementos inflacionarios que estan contemplados en la confección de la unidad jus, de modo que resolvió reducir dichos intereses y fijarlos a razón de una tasa pura, del 6% anual, única solución que -consideró- permite sostener la compatibilidad constitucional del jus si a éste además se le aplican intereses. 2. Contra este pronunciamiento la demandada dedujo el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055 aduciendo falta de fundamentación, apartamiento normativo y exceso de la facultad jurisdiccional. Sostuvo que el fallo intenta justificar la constitucionalidad de la ley arancelaria local (específicamente del sistema de conversión mediante unidades jus) con prescindencia de lo establecido en la ley de fondo, al juzgar que las deudas por honorarios profesionales son de valor y que -en atención a esta naturaleza- escaparían a la prohibición indexatoria. Afirmó que ese argumento constituye una fundamentación aparente puesto que no se realizó un análisis completo de la cuestión debatida, ya que la veda legal a la posibilidad de repotenciación ha sido obviada sin sustentación que lo avale y ha sido burlada a través de la distinción entre deudas dinerarias y de valor. Cuestionó que los Jueces entendieran que la determinación judicial de la deuda, o su traducción en una suma dineraria, no modificaba la naturaleza de la obligación de valor ya que en el momento en que se procede a su regulación fijándose la suma concreta, se transformaría en dineraria y, por lo tanto, quedaría sujeta a la prohibición de ajuste. Reprochó que los Sentenciantes consideraran que se había precluido la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de la norma arancelaria en cuestión y que no se había invocado ni demostrado perjuicio alguno. Aseveró que éste nació en el momento en que se impugnaron las planillas, por lo que interponer un recurso antes hubiese sido prematuro. Por otra parte, la impugnante señaló que en autos se suscita una cuestión constitucional "compleja, indirecta y clara", por cuanto la modificación que introduce el artículo 32 de la ley 6767 establece un mecanismo de actualización de deuda distinto a los intereses y en base a una unidad de referencia como es, en el caso, el sueldo de un juez de primera instancia, todo lo cual -dice- se opone a la ley de fondo. En ese orden, destaca que la legislatura provincial, al pergeñar el sistema del "Jus", lo hizo en ejercicio de facultades que no le eran propias y en franca oposición al texto expreso e inteligencia de normas de jerarquía superior (leyes 23928 y 25561). Afirma que constituye una franca violación del régimen federal delegado en materia de fondo que las Provincias -y sus órganos jurisdiccionales- acepten la adecuación constitucional de normas que desconocen la limitación o prohibición de repotenciación de deudas. Finalmente endilga arbitrariedad sorpresiva del pronunciamiento de la Sala por los fundamentos del Vocal doctor Silvestri en orden a que el Poder Ejecutivo no estaría legitimado para plantear la inconstitucionalidad de normas a cuya formación contribuyó. 3. Entiendo que las cuestiones debatidas en autos -en cuanto versan sobre el planteo de inconstitucionalidad del "sistema del jus", implementado por la normativa arancelaria local- guardan sustancial analogía con las que fueran materia de análisis y decisión en la causa "MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c. BERGAGNA, EDGARDO -APREMIO FISCAL- (Expte. 121/10) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N° 578/11) (A. y S. T. 276, págs. 294/326) por lo que "brevitatis causae" me remito a los fundamentos y solución que en la misma expuse. Conforme a lo que sostuve en aquel precedente, las alegaciones de la impugnante no logran demostrar que la disposición arancelaria local (art. 32 de la ley 6767, texto según ley 12851) encuadre manifiestamente en un supuesto con virtualidad indexatoria y prohibido por la legislación nacional. También he de señalar que allí se destacó que una vez dilucidada definitivamente la cuestión regulatoria, las finalidades prácticas y procesales que primaron en la normativa arancelaria -al adoptar la unidad jus- conducían a entender que al momento de la firmeza del auto regulatorio los módulos establecidos se convertirán por "su equivalente en pesos o moneda de curso legal" (v. art. 32 -segundo párrafo- ley 6767, texto según ley 12851, ya citado), estableciéndose de tal modo la suma líquida y exigible que corresponda, que de no ser cancelada producirá el devengamiento de los intereses que se determinen. Ahora bien, en el caso, la Sala habría habilitado la aplicación del sistema de la unidad "jus" más allá de la fecha de firmeza de la regulación, por lo que se apartó del criterio sentando en el precedente de mención, correspondiendo anular lo resuelto. Por los demás, en cuanto a la tasa de interés aplicable, -como se dijo en el antecedente al que se remite- es materia reservada a los jueces de la causa, los que deben evaluar con prudencia la compensación de la pérdida del valor adquisitivo y definirla en cada caso, de acuerdo a las particularidades del mismo y a la realidad imperante. Voto, pues, por la afirmativa. Costas en el orden causado. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Coincido con la respuesta brindada por la señora Ministra preopinante al propiciar la procedencia del presente recurso de inconstitucionalidad. En efecto, a tenor de las cuestiones mantenidas en el memorial del recurso de inconstitucionalidad, de entre las que oportunamente se plantearon en autos, se advierte que en las presentes actuaciones se encuentra en discusión, en esencia, si las liquidaciones de honorarios profesionales -regulados de conformidad con el artículo 32 de la ley 6767 (texto según ley 12851)- desconocen la vigencia de una norma federal como la ley 23928 (y sus modificatorias) en cuanto establece la prohibición indexatoria. De tal modo el asunto debatido, al versar sobre la validez constitucional del artículo 32 de la ley 6767 (texto según ley 12851), guarda sustancial analogía con el que fue materia de análisis y decisión por este Tribunal en la causa "Municipalidad de Santa Fe contra Bergagna" (pronunciamiento de fecha 01.08.2017, A. y S. T. 276, págs. 294/326), por lo que en mérito a la brevedad doy por reproducidas las consideraciones allí expuestas en mi voto. Conforme al criterio sustentado en aquella oportunidad, el sistema diseñado por el legislador provincial mediante el artículo 32 de la ley 6767 (modif. por ley 12851), por el cual se instituyó el módulo o unidad "jus" para la regulación de honorarios de abogados y procuradores, constituye un mecanismo indirecto de recomposición del capital enmarcable en la categoría de creación pretoriana de "obligaciones de valor" -ahora receptada en el artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación-, quedando como tal al margen del principio nominalista de la ley 23928 (y modificatorias) hasta su conversión en deuda de dinero, hecho que ocurrirá -de acuerdo con una interpretación constitucional optimizante de las distintas normas en juego- cuando el pago de la obligación por honorarios resulte exigible, tras la firmeza de la regulación respectiva, momento a partir del cual la integridad de la remuneración pasará a ser resguardada por la tasa de interés moratorio -para cuya fijación el precepto de marras exige que se atienda a las vicisitudes del mercado, al valor adquisitivo de la moneda y al carácter alimentario del honorario profesional (art. 32, 3° párr., ley 6767, según ley 12851), es decir, respetando siempre una "razonable positividad" que procure compensar tanto el daño moratorio como la desvalorización monetaria-. Trasladando dichas pautas "al sub examine" se advierte que la decisión de la Alzada aquí impugnada, en cuanto habilitó la aplicación del sistema de la unidad "jus" más allá del momento en que los autos regulatorios respectivos habían devenido firmes -instante a partir del cual la integridad de la remuneración sólo podría ser resguardada, conforme lo expuesto, mediante la fijación de una tasa de interés adecuada-, resulta descalificable desde el plano constitucional; corresponde, en consecuencia, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas por su orden (crit. A. y S., T. 276, págs. 294/326). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Las cuestiones debatidas en autos -en cuanto refieren a la inconstitucionalidad de la unidad jus- guardan sustancial analogía con las que fueron materia de análisis y decisión en la causa "MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c. BERGAGNA, EDGARDO -APREMIO FISCAL- (EXPTE. 121/10) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N° 578/11) (A. y S. T. 276, pág. 294), por lo que "brevitatis causae" me remito a los fundamentos y solución que allí expuse.	2. Proyectando las pautas que expuse en aquel precedente al "sub judice", surge de las constancias de autos que el A quo habilitó la aplicación del sistema jus más allá de la fecha de firmeza de la regulación del estipendio, apartándose del valorismo atenuado adoptado en el precedente mentado, por lo que corresponde anular lo resuelto. Por lo expuesto, voto por la afirmativa, con costas por su orden (arts. 250 C.P.C.C. y 13 ley 7055). Así voto. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: 1. Las cuestiones debatidas en autos, en cuanto refieren a la inconstitucionalidad de la unidad jus, guardan sustancial analogía con las que fueron materia de análisis y decisión en la causa "MUNICIPALIDAD DE SANTA FE contra BERGAGNA, Edgardo -apremio fiscal- (Expte. 121/10) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N° 578/11) (A. y S., T. 276, pág. 294). 2. Proyectando las pautas expuestas en el precedente citado al presente caso, a las que "brevitatis causae" me remito, surge de las constancias de autos que -en lo que ahora es de estricto interés- que el A quo convalidó la resolución de baja instancia que a su hora rechazó la impugnación formulada por la actora contra las planillas de costas y honorarios practicada, por entender que encontrándose aquéllos firmes y consentidos, había precluido la oportunidad procesal para interponer el planteo relativo a que se estaría violando la prohibición de indexación prevista por las leyes 23928 y 25561. Siendo por lo tanto que el criterio sentado por el juez de grado y confirmado por la Sala, habilita la aplicación del sistema de jus previsto por el artículo 32 de la ley 6767 -según la modificación introducida por la ley 12851- más allá de la firmeza de la regulación de honorarios efectuada en autos, dicha resolución contradice lo sostenido en el precedente antes mencionado y, en consecuencia, corresponde anular la decisión impugnada mediante el recurso extraordinario local. Voto, pues, por la afirmativa, con costas en el orden causado. A la tercera cuestión, la Señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Disponer la remisión de los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que la cuestión sea nuevamente juzgada de conformidad con las consideraciones que anteceden. Costas por su orden. Así voto. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Falistocco y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Disponer la remisión de los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que la cuestión sea nuevamente juzgada de conformidad con las consideraciones que anteceden. Costas por su orden. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO.: GUTIÉRREZ - FALISTOCCO - GASTALDI - NETRI - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 7 de Rosario.