Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-10-19


Córdoba, octubre 19 de 2010.

1º ¿Es procedente el recurso de apelación? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde? 1º cuestión.- El doctor Sesín dijo:

1. A fs. 287 la accionada interpone recurso de apelación en contra de la Sentencia Número Doscientos setenta y cuatro, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el diecinueve de noviembre de dos mil ocho (fs. 278/285), que resolvió: "1. Hacer lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por Antonio Héctor Rodríguez en contra de la Provincia de Córdoba y, en consecuencia, anular la denegatoria tácita al reclamo de intereses correspondientes a las diferencias de haberes salariales abonadas en mora al actor. 2. Condenar a la demandada a abonar al actor las sumas que en definitiva se determinen en la etapa previa de ejecución de sentencia en la forma señalada al resolver la primera cuestión, actividad que deberá materializar en el plazo de cuatro meses, contados a partir de que la presente resolución quede firme. Dentro de los primeros treinta días hábiles administrativos de ese plazo, la vencida deberá presentar la liquidación pertinente para su control, bajo apercibimiento. 3. Imponer las costas a la demandada...". 2. Concedido el recurso de apelación por Auto Número Quinientos ocho del veintisiete de noviembre de dos mil ocho (fs. 288 y vta.), se elevan los presentes a este Tribunal (fs. 294). 3. A fs. 296 se corre traslado a la recurrente, quien lo evacua a fs. 299/302, solicitando se revoque el decisorio impugnado, con costas. La expresión de agravios admite el siguiente compendio: Señala que los motivos por los cuales se agravia están dados por la legalidad de su actuar, cuya conducta se ajustó estrictamente al marco jurídico establecido por el Decreto Número 9218/80. Tras citar fragmentos de la sentencia cuestionada, sostiene que el Tribunal a quo incurrió en incongruencia al apartarse de la prohibición expresa establecida en el artículo 623 del Código Civil y al no expedirse sobre la defensa de prescripción. Alega que la Sentenciante no valoró la prueba obrante a fs. 204 en la que se aduce que los cálculos efectuados para abonar las diferencias de haberes arrojan un monto superior al que el actor debió cobrar. Relata que las mayores sumas abonadas al accionante de la que le correspondía, más su actualización implícita y la falta de reserva para reclamar intereses, tornan arbitraria la sentencia cuestionada. Expresa que conforme surge a fs. 150 de autos, el actor aceptó el pago de los montos actualizados de oficio conforme lo dispone el Decreto Número 9812/80, sin efectuar la reserva prevista en el artículo 624 del Código Civil, por lo que no corresponde la aplicación de intereses. Cita doctrina. Añade que la conducta observada por el actor implica un proceder contrario a sus propios actos. Tras citar doctrina, refiere que la teoría de los actos propios constituye una regla derivada del principio general de la buena fe, que debe ser aplicada con amplitud pues tiende a proteger la coherencia y los comportamientos probos en todo proceso judicial o administrativo. Hace reserva del caso federal (art. 14, Ley 48). 4. Corrido traslado al actor de la expresión de agravios formulada por la accionada (fs. 303), éste lo evacua a fs. 308/310vta., requiriendo por los motivos que allí expresa su rechazo, con costas. 5. A fs. 311 se dicta el decreto de autos, el que firme (fs. 312), deja la presente causa en estado de ser resuelta. 6. El recurso bajo análisis ha sido oportunamente interpuesto, por parte legitimada y en contra de una sentencia definitiva, razón por la cual corresponde su tratamiento (arts. 43, C.P.C.A. y 366, C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13, Ley 7182). 7. La sentencia de primera instancia contiene una adecuada relación de causa (art. 329, C.P.C. y C.), la cual debe tenerse por reproducida en la presente a los fines de evitar su innecesaria reiteración. 8. Mediante el pronunciamiento recaído en la causa, el Tribunal de Mérito hizo lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por el Señor Antonio Héctor Rodríguez en contra de la Provincia de Córdoba y, en consecuencia, acogió su pretensión de reconocimiento de intereses devengados por pago en mora de las diferencias de haberes salariales adeudadas, difiriendo para la etapa de ejecución de sentencia la determinación del monto de la condena. 9. A los fines de resolver sobre la viabilidad de los agravios que sustentan la censura, ha menester recordar que todo recurso es una impugnación que no puede soslayar la consideración de los fundamentos del acto recurrido y, por tanto, respecto de ellos, deben esgrimirse los defectos susceptibles de conmover su validez. De lo contrario, en la medida que las razones proporcionadas por el Tribunal de Juicio resultan obviadas, carecen de embate recursivo y devienen incólumes, debido a la insuficiencia de la impugnación para hacerse cargo de la fundamentación de la sentencia. 10. En el primer agravio susceptible de ser examinado en esta instancia, la recurrente denuncia la omisión del Tribunal a quo de tener en cuenta que su parte ajustó su conducta al Decreto Número 9218/90. El referido decreto establece en su artículo 1) inciso a) que: "Las deudas emergentes de prestaciones salariales reconocidas por el Estado Provincial se ajustarán automáticamente y de oficio, debiendo efectuarse el cálculo respectivo, teniendo en cuenta los salarios vigentes al momento de la liquidación, para la categoría escalafonaria o su vigente equivalente, en que revista el agente". Asimismo el artículo 2) ib. dispone que: "Establécese que las deudas del Estado Provincial revalorizadas de conformidad a las pautas fijadas en el artículo precedente, devengarán un interés neto como accesorio del capital equivalente al 6% (seis por ciento) anual, únicamente en los casos en que medie pedido expreso o reclamo formal del acreedor en tal sentido, efectuado hasta el momento de percibir el pago.". La Judex a quo para arribar a la conclusión que agravia a la impugnante, sobre la procedencia de la adición de intereses a las sumas abonadas al actor en concepto de diferencias de haberes, ponderó que la demandada había reconocido al Señor Rodríguez los servicios prestados de mayor jerarquía a los de su categoría de revista, como Jefe de División de Automotores, durante el período comprendido entre el veintisiete de septiembre mil novecientos noventa y nueve y el treinta y uno de noviembre de dos mil dos (Resolución Número 1714/05-fs. 13/14vta.) y que el cálculo de las diferencias de haberes resultantes, se había efectuado conforme la actualización monetaria dispuesta por el Decreto Número 9218/80 a valores vigentes a la fecha de pago en el mes de marzo de dos mil seis, (cfr. Informe de la Dirección Recursos Humanos -Liquidaciones- del Ministerio de Educación, anexado a fs. 247), sin incluir intereses por la mora. En tal contexto, la Sentenciante consideró que la deuda en concepto de intereses debía determinarse teniendo en cuenta dos períodos diferenciados, el primero, desde que cada suma es debida hasta el pago del capital actualizado producido en el mes de marzo de dos mil seis, conforme la tasa de interés dispuesta por el Decreto Número 9218/80 esto el seis por ciento (6%) nominal anual y el segundo, desde la fecha de pago de las diferencias de haberes hasta la de la cancelación total de la deuda en el equivalente a la Tasa Pasiva Promedio nominal mensual fijada por el Banco Central de la República Argentina con más el dos por ciento (2%) nominal mensual. La decisión de declarar procedente la adición de intereses a las sumas pagadas al actor deviene inconmovible pese a la crítica de la recurrente, toda vez que como lo ha señalado este Tribunal en numerosos antecedentes, acreditada la falta de pago en tiempo y forma de una deuda legalmente establecida, es decir probado el comportamiento moroso, la deudora debe intereses, así lo establece el artículo 622 del Código Civil: "El deudor moroso debe los intereses que estuvieren convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiese fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar" (cfr. entre otras, Sentencias Nro. 12/2005 "Laboratorios Armstrong S.A.C.I. y F. (Hoy IVAX Argentina S.A.) c/..."; Nro. 51/2007 "Nutrición Profesional S.R.L. c/..."; Nro. 60/2008 "Alfa Sur S.R.L. c/...", Nro. 103/2009 "Toyota Argentina S.A. c/..."). Asimismo como ha quedado reflejado con la transcripción del artículo 2) del Decreto Número 9128/80, la propia normativa citada por la recurrente prevé la obligación de abonar intereses en caso que se produzca mora en el pago de una deuda del Estado Provincial, sí así lo requiere en forma expresa el interesado. Tales dispositivos tienen como finalidad equilibrar las contraprestaciones de las partes, al procurar resarcir al acreedor por la indisponibilidad del dinero al demorarse el pago de la deuda (T.S.J., Sala Penal, en autos "Menghi... ", Sentencia Nro. 80/2002). De allí que no pueda sostenerse, como lo alega la accionada, que resulta ajustado a derecho el pago al actor de la deuda actualizada conforme el Decreto Número 9128/80, sin incluir intereses por la mora de su abono. 11. En orden al agravio referido a la falta de reserva por los intereses prevista en el artículo 624 del Código Civil, tras un repaso detenido de las constancias de autos, se desprende que el Tribunal a quo no incurrió en la transgresión que le imputa la recurrente al resolver la cuestión bajo estudio. En efecto, la atenta lectura de las actuaciones administrativas, como así también de los escritos de contestación de demanda (fs. 27/28vta.) y del alegato (fs. 270/271vta.), pone en evidencia que la demandada no opuso como defensa un hecho extintivo del derecho al pago de intereses como lo es la aceptación del capital sin reservas (art. 624 del Código Civil). La cuestión fáctica de la existencia o no de reservas no fue introducida en la causa por las partes, la actora no hizo mención a ella en su demanda (fs. 4/6vta.) y la accionada no la opuso como defensa. El principio de congruencia obliga al Juez a no traspasar el marco definido por los motivos a la hora de fundamentar su decisión y si bien puede acudir a argumentaciones propias o preceptos jurídicos distintos de los invocados por las partes (iura novit curia) ello es así, siempre que conduzcan a aceptar o rechazar alegaciones ya deducidas por éstas y por tanto debatidas, para fundamentar sus respectivos pedimentos (Tribunal Supremo Español, Sentencia Sala Tercera del 14/7/88, citada por Eladio Escusol Barra, La incongruencia de la sentencia. Su análisis como motivo de casación en la jurisdicción civil y en la contencioso-administrativa, Edit. Colex, Madrid 1998, pág. 46 y doctrina de esta Sala en Sentencias Nro. 69/2000 "Yanicelli..."; Nro. 102/2000 "Empresa de Construcciones Giacomo Fazio S.A. ..."; Nro. 223/2000 "Tafani...", entre muchas otras). Antes bien, cabe destacar que en autos el argumento esgrimido por la demandada recién al momento de expresar agravios del recurso de apelación acerca del supuesto "silencio" guardado por el actor en torno a la reserva de intereses (artículo 624 del Código Civil), no sólo no fue introducido debidamente en la litis, sino que tampoco surge de constancia alguna de la causa, es decir, no tiene correspondencia objetiva, concreta e individualizada en las actuaciones que sea jurídicamente relevante para acoger un hecho extintivo que no fue incorporado a la controversia por la interesada. 12. Sabido es que el artículo 624 del Código Civil se funda en la presunción relativa acerca de quien recibe el capital sin hacer reserva de su derecho a los intereses, hace abandono o renuncia de los mismos. Los términos categóricos del precepto privan de eficacia a otra declaración que no sea la que salve, en el acto de la recepción del principal, la inexistencia del pago de los intereses debidos, pues la ley se basa en presumir la satisfacción de aquéllos cuando falta esa reserva (doctrina de la Cam. Nac. Com. Sala E, Sentencia Nº 138 del 7/3/2000). Para que dicho precepto tenga operatividad y el deudor pueda negarse al pago de los intereses, debe existir una prueba o indicio fehacientemente acreditado de que el acreedor en el acto de recibir el capital, omitió su reserva. Así, se entiende que el acreedor tiene un derecho adquirido a percibirlos (arts. 508, 509, 519, 622 y cc. del Código Civil) y que su renuncia debe ser expresa, máxime teniendo en cuenta que la intención de renunciar no se presume (art. 874 ib.), por lo que la interpretación de los actos que -a falta de recibo en el expediente- induzcan a probarla, debe ser estricta (doctrina Cám. Nac. Com. Sala A, in re: "Gilabert Encendido -Sociedad de hecho- c/Brignone Hugo", Interlocutorio del 11/6/1987). Acreditada entonces en forma indubitable la intención de no renunciar a la percepción de los intereses, por aquéllo de que no se presume la intención de renunciar (art. 847 del Código Civil), no funciona la consecuencia de la pérdida de los intereses devengados (doctrina Cám. Nac. Civ. Sala B, 23/3/73, ED 49-198; Cám. Nac. Com. Sala C, 9/11/88, LA LEY, 1998-C, 360; Sala B, 16/8/88, LA LEY, 1989-C, 649; Bueres, Alberto J. y Highton, Elena I., Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, T. 2 A, pág. 495). En ese contexto, se advierte que en el sub lite, el argumento de la ausencia de reserva de intereses no puede prosperar pues la accionada no lo introdujo en la litis como defensa, ni al contestar la misma, ni al alegar, más aún cuando, por otra parte, tampoco existe dato objetivo alguno que permita tener por acreditada de manera fehaciente la intención del acreedor de renunciar a su percepción. No se halla incorporado a la causa un recibo de capital suscripto por el actor con precisa imputación de deuda al que le falte la pertinente reserva, ni hay certeza siquiera con relación a cuál fue la fecha en que efectivamente se perfeccionó la recepción del pago, por lo que no basta al efecto la simple aserción dogmática de la recurrente, pretendiendo dar por acreditada la falta de reserva al sostener que "...el actor conforme constancias de la prueba rendida en autos. FS.150, aceptó el pago de la suma actualizada de oficio conforme lo dispone el decreto 9812 sin efectuar las reservas previstas en el art. 624 del Cód. Civil, por tanto no corresponde la aplicación de intereses. ..." (sic, cfr. fs. 300vta.). Es dable aclarar que el elemento de prueba al que hace mención la apelante obrante a fs. 150 de autos se trata de la notificación al actor de la Resolución Número 1714/05 que le reconoce las diferencias de haberes a su favor y no del recibo de pago de dichas diferencias. A lo que se adiciona que las constancias de autos revelan que la categórica declaración de voluntad del Señor Rodríguez tendiente a perseguir el pago de los intereses y por tanto contraria a su renuncia, es expresa en el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución Número 1714/05 (fs. 154/156) en el reclamo administrativo presentado el día veintisiete de abril de dos mil seis (fs. 171/172); asimismo fue objeto de rechazo por la Administración, y fue reeditada expresamente por el accionante en su demanda (cfr. fs. 4/6vta.). En esas condiciones, las constancias objetivas neutralizan prueba o indicio favorable que tornen operativa la presunción contenida en el artículo 624 del Código Civil en el particular contexto de estos autos. 13. En orden al agravio en el que la recurrente invoca la prohibición del anatocismo prescripto por el artículo 623 del Código Civil, en este caso particular de autos, en el que se encuentra acreditado y no discutido por las partes que la deuda en concepto de capital ha sido saldada con anterioridad y sólo se reclama el pago de intereses devengados por mora, es aplicable la doctrina del Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene dicho que "...cuando no existe deuda alguna de capital por haber sido éste saldado ... la prohibición de la ley no tiene sentido ni razón de ser porque no subsisten las dos deudas, no hay acumulación de sumas productiva de interés ni simultaneidad de curso de intereses, correspondientes a dos cantidades de distinto origen, esto es capital e interés. No hay aquí capitalización de los intereses o interés compuesto, como se llama también al anatocismo." (cfr. "Vianini S.P.A. y Supercemento S.A.I.C. v. Obras Sanitarias de la Nación s/cobro" - Fallos 304:226, en idéntico sentido cfr. "Recurso de Hecho deducido por Elisa Claudia Torriglia y Mirna Beatriz Torriglia en la causa López, Salvador Eduardo s/p.s.a. homicidio culposo - Fallos 308:463). En efecto, como lo ha expuesto el Máximo Tribunal Nacional en el precedente citado, la prohibición del anatocismo no es absoluta en el sentido que resulte aplicable indiscriminadamente a toda situación en que aparezca una deuda por intereses produciendo, a su vez, interés, como si la ratio legis fuera considerar intrínsicamente disvaliosa esa situación, prueba de ello son las excepciones previstas por el propio artículo 623 del Código Civil y las contenidas en otras leyes como el Código de Comercio. Lo que la ley veda es la reduplicación de intereses a los fines de evitar el riesgo de usura o el abuso del acreedor, lo que necesariamente supone que ambas deudas capital e intereses originarios subsistan y a su vez, ambas produzcan nuevamente intereses. En el caso particular de autos en el que se reclama una sola suma de dinero -los intereses primitivos ya dejados de cursar porque el capital del que provenían fue saldado en el mes de marzo de dos mil seis (cfr. Informe de la División Liquidaciones del Ministerio de Educación, fs. 247)-, nada impide que ese valor así congelado produzca intereses porque se ha convertido en un capital ya desprendido e independizado de su fuente. Se ha transformado en una deuda de dinero autónoma que por disposición del artículo 622 del Código Civil debe devengar intereses en caso de mora. Desde tal perspectiva deviene inconmovible la decisión del Tribunal a quo de condenar a la demandada abonar intereses por el capital saldado de la forma que lo dispuso en el decisorio cuestionado. 14. Con relación a la defensa de prescripción opuesta por la accionada al momento de expresar agravios del recurso de apelación, cabe señalar que deviene extemporánea. En efecto, desde que las constancias acreditadas de la causa ponen de manifiesto que la Provincia de Córdoba, a través de sus representantes legales, guardó un comportamiento omisivo tanto en Sede Administrativa como en la instancia jurisdiccional, al no oponer la defensa de prescripción, el Tribunal de Mérito estaba impedido de suplirla "ex officio", so riesgo de incorporar a la materia de decisión un aspecto que no fue introducido por las partes en el pleito. Frente al claro tenor del artículo 3962 del Código Civil que obliga a alegar la prescripción, ya sea al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla, como asimismo del artículo 3964 ib. que releva al Juez de suplir de oficio dicha defensa, es dable desestimar su planteamiento. Admitir lo contrario, llevaría a convalidar un apartamiento de la relación jurídico-procesal existente, en perjuicio del ejercicio del derecho de defensa del accionante, quien se vería privado de la oportunidad de discutir la procedencia de esa cuestión y desconocería, además, la posibilidad de su renuncia por aquél a quien beneficia (conf. art. 3965 del C.C.). 15. Finalmente en orden a la denuncia que la Sentenciante omitió tener en cuenta el informe de la Sub Gerencia de Recursos Humanos del Ministerio de Educación que señala que al actor le fueron abonadas sumas de más (fs. 204/205), es dable apuntar que no obstante no haber sido una defensa opuesta al contestar la demanda ni mencionada en los alegatos, no se ha acreditado por la demandada que exista declaración de voluntad administrativa alguna tendiente a requerir la restitución del monto supuestamente abonado en exceso como consecuencia del dictado de la Resolución Número 1714/05 que fue notificada al actor el día cinco de diciembre de dos mil cinco (cfr. fs. 147/148vta. y 150), por lo que dicha crítica deviene insusceptible de modificar el sentido de lo decidido por la Cámara a quo. 16. Conforme las consideraciones hasta aquí desarrolladas, el recurso de apelación interpuesto por la demandada no puede prosperar, debiendo ser rechazado, con costas (art. 130 del C.P.C. y C., aplicable por remisión expresa del art. 13 de la Ley 7182). Así voto.

La doctora Tarditti dijo:

Adhiero al voto del Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesín, que a mi juicio ha expresado los fundamentos necesarios para resolver en forma correcta la presente cuestión. Por ello, me expido en igual sentido. A El doctor Andruet (h.) dijo:

Considero que las razones dadas por el Señor Vocal de primer voto, deciden acertadamente la presente cuestión y, para evitar inútiles repeticiones, compartiendo sus fundamentos y conclusiones, me pronuncio en igual forma.

2º cuestión.- El doctor Sesín dijo:

Corresponde: I) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada (fs. 287), en contra de la Sentencia Número Doscientos setenta y cuatro, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el diecinueve de noviembre de dos mil ocho (fs. 278/285), con costas (art. 130 del C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13 del C.P.C.A.). II) Disponer que los honorarios profesionales de los Doctores J. H. G., G. A. De G. y M. T. -parte actora- por sus trabajos desarrollados en la instancia, sean regulados por el Tribunal a quo, si correspondiere (arts. 1 y 26, Ley 9459), en conjunto y proporción de ley, previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en el treinta y dos por ciento (32%) del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (art. 40 ib.), teniendo en cuenta las pautas del artículo 31 ib. Así voto.

La doctora Tarditti dijo:

Comparto en un todo lo expresado por el Señor Vocal preopinante, votando en consecuencia, de igual forma.

El doctor Andruet (h.) dijo:

Voto en igual sentido que el Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesin, por haber expresado la conclusión que se desprende lógicamente de los fundamentos vertidos en la respuesta a la primera cuestión planteada, compartiéndola plenamente. Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia por intermedio de la Sala Contencioso Administrativa, resuelve: I) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada (fs. 287), en contra de la Sentencia Número Doscientos setenta y cuatro, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el diecinueve de noviembre de dos mil ocho (fs. 278/285), con costas (art. 130 del C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13 del C.P.C.A.). II) Disponer que los honorarios profesionales de los Doctores J. H. G., G. A. De G. y M. T. -parte actora- por sus trabajos desarrollados en la instancia, sean regulados por el Tribunal a quo, si correspondiere (arts. 1 y 26, Ley 9459), en conjunto y proporción de ley, previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en el treinta y dos por ciento (32%) del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (art. 40 ib.), teniendo en cuenta las pautas del artículo 31 ib. Protocolizar, dar copia y bajar.- Domingo J. Sesín .- Lucía T. Tarditti .- Armando S. Andruet (h.).