Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-25


000289/2010 --- En la ciudad de Trelew, a los días de octubre del año dos mil diez, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y la presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "O., J. A. c/ Provincia del Chubut s/ Daños y perjuicios - beneficio de litigar sin gastos" (Expte. 289 - Año 2010 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 244. A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Carlos Dante Ferrari, expresó: ------- I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 207/217 vta.) acogió la demanda entablada condenando a la demandada Provincia del Chubut a abonar al actor la suma $ 25.598,53 con más sus intereses, imponiendo las costas del proceso a la demandada vencida y regulando los honorarios de los profesionales intervinientes.------ II. Los fundamentos del decisorio, en síntesis, son los siguientes: 1) Que la causa tiene como antecedentes el daño sufrido por el actor a causa de un disparo de arma de fuego realizado por el cabo de la Policía de la Provincia del Chubut, J. A. A., quien actuó en ejercicio de su ocupación y que, aunque su función fue ejercida abusivamente, ello no libera de responder al Estado Provincial cuya responsabilidad queda comprometida debiendo reparar las consecuencias del obrar jurídicamente reprochable de un miembro de su fuerza policial. 2) Considera el sentenciante razonable el pago en concepto de gastos de medicamentos sin perjuicio de la ausencia de comprobantes sobre dichos gastos dado que no es necesaria su acreditación cuando la gravedad de las lesiones autoriza a presumir que se han debido realizar erogaciones. 3) Respecto a la incapacidad resultante manifiesta el a quo que de la pericia médica de fojas 183/6 se determinó que la secuela incapacitante del actor es parcial, permanente y asciende al 15,12 % y que debe ceñirse a ella al no existir fundamentos científicos del mismo nivel que la contradigan y que para darle contenido monetario a este rubro aplicó la fórmula matemático- financiera de práctica, donde "C" es el capital a determinar, "a" el valor de la renta a percibir, "i" la tasa de interés puro que establece en un 6 % y "n" el número de períodos computables que en la especie son años. Finalmente acoge este rubro por $ 13.298,53.- 4) Sobre el daño moral agrega que tiene configuración independiente de los detrimentos patrimoniales y de subsistencia y surgen del hecho mismo. Que en el caso encuentra al reclamo procedente por la disminución de los valores de integridad física y tranquilidad de espíritu sufridos por el actor fijándolos en $ 12.000. - El fallo es apelado por la representación letrada de la demandada a fojas 222, concediéndose el recurso a fojas 223. ---III. A fojas 236/238 la parte demandada funda el recurso de apelación interpuesto, expresando en síntesis, los siguientes motivos de agravios: 1) De la valoración de la prueba: Manifiesta que la sentencia del a quo resulta selectiva en la valoración de la prueba dado que desconoce como en la valuación del rubro daño moral tiene por probados circunstancias no acreditadas en autos. 1a) Indemnización por daño moral: hace notar que el actor no se encontraba laborando al momento del hecho ni del reclamo administrativo ni mucho menos al momento de la interposición de la demanda, por lo cual no se encuentra bien valorado por el sentenciante el tiempo estimado como molestias para retomar la actividad habitual del actor. Se refiere a que el sentenciante manifiesta las sensaciones de angustia y minusvalía ocasionados al actor, pero sin detallar como la actora logró probar tales afectaciones y secuelas. Existe una ausencia de prueba en el rubro "daño moral" que conlleva a una sentencia por demás injusta y que si bien el monto puede encontrarse sujeto a la ponderación del juzgador, entiende el apelante que si bien el juez posee facultades discrecionales al momento de fijar este tipo de indemnizaciones, las mismas no son ilimitadas. Manifiesta que la suma reclamada en la demanda es elevada, de conformidad a las circunstancias del caso. Cita jurisprudencia. 2) De la imposición de costas: Solicita el apelante la eximición del pago de costas a su representada en virtud de la buena fe procesal que los ha llevado hasta estas instancias del proceso, haciendo notar que el demandó por un monto de $ 86.000, y el a quo hizo lugar por $ 25.000. Habiendo prosperado la demanda por un 80 % menos del valor reclamado entiende que el principio objetivo de la derrota no se encuentra cumplido, por lo cual requiera se aplique el art. 71 del C.P.C.C.. Agrega finalmente que se delineó un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir las costas de primera instancia de conformidad al art. 71 del C.P.C.C., y por aplicación de dicha norma deberá ajustarse los honorarios regulados.------- Concluye solicitando se revoque la sentencia recurrida en todas sus partes, con costas a la actora. -------IV. Corrido traslado a la contraria del memorial de agravios a fs. 239, el mismo es contestado por la actora a fojas 240/241 vta. donde solicita se rechacen los argumentos de la parte apelante por carecer de fundamentos, confirmando el fallo de primera instancia, con costas. V. Un detenido estudio de la causa me permite anticipar que, a mi criterio, le asiste parcial razón a la apelante en su queja. Me explicaré.--------Al demandar el resarcimiento correspondiente al daño moral, estimado en la suma de $ 35.000.-, la parte actora fundó su reclamo, sintéticamente, en los siguientes hechos: 1) el actor sufrió un atropello al ser detenido en forma cinematográfica, tirado al suelo, herido de bala, esposado y llevado a la comisaría injustamente; 2) teniendo en cuenta la corta edad de la víctima y haber ocurrido el hecho en cercanías del barrio, fue el comentario de los vecinos por varios días, haciendo que Jesús se sienta avergonzado por hechos de los que no es responsable; 3) además de ello y sobre todo, la víctima ha sufrido el padecimiento corporal de haber recibido un balazo en el brazo izquierdo por el que debió permanecer inmóvil durante más de un mes, debido a la fractura sufrida, soportando intervenciones quirúrgicas y el posterior tratamiento de rehabilitación no menos doloroso, siendo un hecho agudamente traumático para quien jamás había tenido roces con la policía ni con la justicia, dada su intachable conducta y educación (conf. demanda, fs. 6/vta.).Al decidir acerca de este tópico, el juez a quo le otorgó la suma de $ 12.000.- a título indemnizatorio, con base en las siguientes razones: a) el reclamo es "procedente en lo que se refiere a las lesiones padecidas, es decir, a la disminución de los valores de integridad física y tranquilidad de espíritu, toda vez que ha quedado acreditado que como consecuencia del disparo accidental de un arma de fuego reglamentaria por un policía en servicio, el actor -un joven de 18 años-, sufrió fractura de húmero del miembro superior izquierdo, como así también el consecuente tratamiento al que fue sometido, y que por su gravedad, le ha dejado secuelas incapacitantes..."; b) valorando "la índole del hecho generador, la gravedad del daño en un joven de 18 años, que le han dejado secuelas incapacitantes, y que todo ello le ha generado y le genera algún grado de molestias para retomar su actividad habitual, el resarcimiento por el daño moral debe comprender por una parte y hacia el pasado la incomodidad provocada por la obligatoria inmovilidad, el dolor físico y la sensación de angustia que hubiera provocado el tratamiento de la misma, por otra, hacia el futuro, la sensación de minusvalía que esa incapacidad provoque durante el resto de la vida, y dichas secuelas repercutieron sensiblemente en su calidad de vida, sin perjuicio de lo que fue objeto de indemnización por otros rubros" (textual, fallo, fs. 216/217).El simple cotejo entre los hechos invocados por el demandante para abonar su pretensión y los tenidos en cuenta por el juez de grado anterior denotan que no existe plena correspondencia entre los mismos. Veamos. En primer lugar, el actor aludió a la repercusión social del episodio dentro del vecindario como factor "vergonzante", y en verdad no ha aportado ninguna probanza al respecto, por lo que bien hizo el sentenciante en no tener en cuenta ese hecho no acreditado en la causa. Luego, consideró asimismo la lesión sufrida y sus secuelas incapacitantes, así como las molestias y sufrimientos provocados por la herida, las intervenciones quirúrgicas y el proceso de rehabilitación posteriores. Estos hechos no sólo fueron probados en lo pertinente a través de la pericia y documentación respectivos, sino que los padecimientos físicos y espirituales emergentes de hechos de esta naturaleza surge de modo evidente, como el propio juez lo expresó, en razón de las propias circunstancias ("in re ipsa loquitur"). En casos como el aquí tratado he sostenido que los hechos objetivos permiten presumir sin hesitación que se han causado mortificaciones que, por su naturaleza y gravedad, afectaron los sentimientos del perjudicado, razón por la cual cabe considerar que tales contrariedades tuvieron relevancia suficiente para ocasionar el menoscabo a intereses no patrimoniales, según el curso natural y ordinario de las cosas (arts. 901, 903, 522 y conc. del Código Civil - conf. mi voto en Expte. 19741 -S.D.C. 01/05; id. Expte. 755/09 - S.D.C. 13/10; entre otros). De tal suerte, apreciando las circunstancias del hecho y su indudable repercusión perniciosa en el ánimo de la actor, no puede sino acordarse a la damnificado una condigna reparación por el perjuicio sufrido por los factores ya aludidos. Hasta aquí, según puede apreciarse, la fundamentación guarda congruencia con los términos del reclamo. Mas luego el a quo alude a dos hechos que no fueron invocados por el demandante, a saber: a) las molestias que sufre el actor "para retomar su actividad habitual" y b) la "sensación de minusvalía" que la incapacidad provoque durante el resto de la vida. En cuanto a la "actividad habitual" del actor, cabe señalar que ni siquiera se ha invocado en la demanda en qué consistiría la misma y de qué modo las secuelas de la parcial minusvalía podrían afectarla, por lo que, además de no ajustarse al principio de congruencia (conf. arts. 34, inc. 4°, 165 inc. 6° - C.P.C.C. - texto seg. Ley XIII N° 5; su doctrina) se trata de un hecho puramente conjetural que, como es sabido, no es apto para generar derecho a obtener una indemnización, ya que el daño debe ser cierto y no hipotético. En este sentido, he tenido ocasión asimismo de referirme a la necesaria condición de certeza. Para que el daño sea indemnizable debe lesionar un bien que afecta un interés propio (personal, patrimonial o moral), y además debe ser cierto y subsistente (conf. Zannoni, E.A., "El daño en la responsabilidad civil", p. 44 y ss. - Astrea, 1987). La certeza del daño la brinda su existencia real o, al menos, la probabilidad de una existencia futura (conf. Mosset Iturraspe, J., " Responsabilidad por daños ", p. 147 - Ediar, 1971 - conf. mi voto en Expte. 22730 - S.D.C. 23/08) y en la especie, además de no haberse invocado esta hipotética afectación a la "actividad habitual" del actor, tampoco existe prueba alguna a su respecto. En síntesis, atendiendo la queja de la parte apelante, puede apreciarse que a los fines de estimar la cuantía del resarcimiento, el juez de grado anterior hizo mérito de un hecho no alegado ni probado en la causa, comprobación que debe computarse a la hora de revisar el monto fijado para indemnizar este daño. Luego, respecto de la "sensación de minusvalía" a futuro, cabe efectuar las mismas consideraciones, ya que se trata de un hecho no alegado por el propio interesado, de manera que aun si en abstracto pudiere considerarse razonable la virtual existencia de esa mortificación espiritual, no podría ser considerada sin incurrir en una visible transgresión al ya señalado principio de congruencia, que subordina y delimita el marco fáctico de los pronunciamientos judiciales.-------VI. Opino, en definitiva, que estos otros factores tenidos en mira por el sentenciante deben ser suprimidos en la consideración del monto indemnizatorio. En consecuencia, atendiendo exclusivamente a los dos hechos alegados y probados a los que he aludido en los puntos 1) y 3) del segundo párrafo del apartado anterior, el resarcimiento correspondiente a este rubro deberá adecuarse a los mismos, para lo cual propongo fijar, en base a las circunstancias del caso ya reseñadas, un monto de $ 8.000, suma que a mi juicio compensa de manera prudente y razonable el perjuicio moral sufrido en el caso bajo examen (conf. art. 1078 del Código Civil; su doctrina).VII. Acerca del agravio relativo a las costas de primera instancia, anticipo que a mi criterio no le asiste razón a la parte recurrente en su queja.Esta sala ha tenido reiteradas ocasiones de sostener que tratándose de demandas por daños y perjuicios, el principio objetivo de la derrota consagrado el art. 69 -antes 68- del C.P.C.C. (texto seg. Ley XIII N° 5) y su doctrina no se ven alterados por la circunstancia de que alguno de los rubros indemnizatorios haya progresado por una suma inferior a la pedida. Este es el criterio que prevalece en la materia, del que sólo excepcionalmente cabe apartarse. Debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el actor se vio en la necesidad de litigar para obtener la reparación económica, frente a la resistencia de la parte demandada a su pretensión, quien pidió el total rechazo de la acción. De modo que el progreso parcial de uno de sus rubros no obsta a la imposición de las costas a la vencida (Conf. Morello y otros, "Códigos Procesales..." T. II-B, pag. 112 y ss., Ed. Platense-Ab. Perrot, 1985). --VIII. Como conclusión de todo lo expresado hasta aquí, opino que debe revocarse parcialmente el fallo a fin de modificar el monto por el que prospera la demanda, fijándolo en la suma de $ 21.598,53, con adición de los intereses ya determinados en dicho decisorio. La modificación propuesta no justifica alterar lo resuelto en materia de honorarios en la instancia de origen, ya que los mismos han sido fijados en términos porcentuales que se compadecen con la calidad, extensión, eficacia de las tareas cumplidas y los resultados respectivamente obtenidos, según las escalas arancelarias vigentes. En cuanto a las costas de alzada, opino que deben ser soportadas en un 50% por la parte apelante y en el 50% restante por la parte actora, en vista del resultado que aquí se propicia (art. 72 -antes 71- del C.P.C.C. - texto seg. Ley XIII N° 5). Con los mismos parámetros de valoración ya expresados anteriormente, propicio fijar los honorarios en los siguientes porcentajes a computar sobre el monto de condena debidamente liquidado: a) para la Dra. G. J., en el 6,3% y b) para el Dr. C. M. A., en el 3,5% (arts. 5, 6, 8, 13, 18, 46 y conc., Ley XIII N° 4 - antes Ley 2.200). Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.

A DICHA CUESTIÓN PRIMERA el Dr. Velázquez dijo:

Reseñados ya en el voto precedente los antecedentes del caso y los agravios que el apelante expresara, a esa síntesis me remito en aras de la brevedad, pasando pues directamente a exponer mi opinión sobre los últimos.- I.- Comenzaré destacando que el actor en su demanda alegó concretamente tres hechos como productores del daño moral que sufriera: su injusta detención en la vía pública, con derribo y colación de esposas incluidos, los comentarios desfavorables provocados por esa circunstancia entre los vecinos del barrio que lo avergonzaron y el padecimiento corporal consecuencia de la herida de arma de fuego en un brazo, fractura de huesos, intervención quirúrgica y tratamiento de rehabilitación posterior. En absoluto fue invocado el hecho de que la sensación de minusvalía por la incapacidad sobreviniente le generara agravio moral (fs. 6 vta., párrs. penúltimo y último y fs. 7 párr. 1°).- Firmemente adherido nuestro ordenamiento procesal al principio dispositivo, tocaba únicamente al pretendiente alegar los hechos que operaban como fundamento de su pretensión. Es más, en el régimen adjetivo vigente consectaria de dicho principio dispositivo es la teoría de la sustanciación o del hecho natural, de acuerdo a la cual esos elementos fácticos constitutivos de la "causa petendi" de la pretensión han de ser introducidos no a través de la simple invocación de datos que permitan individualizarla dentro de la categorías jurídicas generales -la simple mención de "daño moral", lo que alcanzaría según la contraria teoría de la individualización o del hecho jurídico-, sino mediante la introducción al proceso de los muy concretos acaeceres de la vida que particularizan la petición del pretendiente (art. 333 inc. 4° C.P.C.C., ex art. 330; confr.: Guasp, "Derecho procesal civil", 3era. ed., Instituto de Estudios Políticos 1968, I-227; esta sala, c. 19.686 S.D.L. 44/04, c. 21.237 S.D.C. 28/07, c. 21.597 S.D.L. 43/06, c. 100/09 S.D.,C. 22/10). Y en el caso esas puntuales alegaciones fácticas fueron la detención en la vía pública, los comentarios de los vecinos y los padecimientos generados por la herida y su tratamiento posterior, sin la menor mención en cambio a sinsabores morales derivados de la incapacidad sobreviniente.- Derivación del sistema dispositivo son los límites puestos a la actividad del juez, quien "no podrá hacer mérito en su decisión de presupuestos fácticos no afirmados por las partes, de donde el hecho que no fue alegado para él no existe" (Morello y otros, "Códigos Procesales...", 2da. ed., L.E.P. 1982, I-575, "E"). Es el antiguo aforismo "iudex iudicare debet secundum allegata partium".- Así pues, jamás fue dado al "a quo", quebrantando el principio dispositivo y su derivado el de congruencia que venía obligado a respetar (art. 34 inc. 4 C.P.C.C.), invocar de oficio el último de los hechos indicados, no alegado por el demandante, sino que en la consideración del daño moral debió haberse ceñido a los hechos que lo habrían generado invocados por el reclamante.- Tanto la circunstancia fáctica de la detención policial del actor en plena calle, con derribo al suelo y esposamiento incluidos, cuanto la herida de bala y posterior tratamiento, fueron acabadamente probados en autos. A partir de ellos resulta harto presumible el sufrimiento moral de la víctima. Es este uno de los casos en que la existencia de tal perjuicio surge de los mismos hechos. Si en ocasiones los hechos hablan por sí mismos y extendemos esta locución a los hechos jurídicos, debemos necesariamente concluir que el daño moral normalmente se desprende de los mismos "in re ipsa" (confr.: Stiglitz - Echevesti, en "Responsabilidad civil", dirigido por Mosset Iturraspe, Hammurabi 1997, pág. 237, n° 114). Bien pueden los jueces presumirlo entonces (art. 165 inc. 5° párr. 2° C.P.C.C., ex art. 163), partiendo de la base de la uniformidad de la naturaleza humana y generalizando las sensaciones experimentadas en casos análogos por cada uno, de acuerdo a las máximas de la experiencia y preceptos de la lógica integrantes de las reglas de la sana crítica.- No acontece lo mismo con el daño moral que, según el actor, le habrían producido los comentarios desfavorables de los vecinos del barrio, lo que habría importado una ofensa a su honor. Rememoraré en este aspecto, cual en algunos precedentes de este cuerpo ya hiciera (por caso, c. 15.968 S.D.C. 30/01, c. 16.979 S.D.C. 22/01, c. 17.634 S.D.C. 11/04), que el honor de las personas constituye un bien jurídico factible de descomponer en dos aspectos: uno subjetivo y otro objetivo. "Es el primero -marcaba Cuello Calón, siguiendo la celebérrima exposición del Guardasellos al presentar en el Parlamento Italiano el proyecto de nuevo Código Penal para ese país- el sentimiento de la propia dignidad moral nacido de la conciencia de nuestras virtudes, de nuestros méritos, de nuestro valor moral. El aspecto objetivo está representado por la apreciación y estimación que hacen los demás de nuestras cualidades morales y de nuestro valor social. Aquél es el honor en sentido estricto, ésta es la buena reputación" ("Derecho penal", 14ta. ed., Bosch 1975, II-II-680). La afectación del sentimiento de la propia dignidad moral, es decir del honor en la faz subjetiva, no precisa en general de prueba directa del detrimento, pues, vengo de expresarlo, la existencia del daño moral surge a manudo de los mismos hechos. Por el contrario, respecto del aspecto objetivo del honor, sí será menester, así sea como regla general, acreditar el deterioro de la estimación y fama del reclamante entre los integrantes de los círculos donde actuaba, pues si no se prueba que la imputación fue creída en algún grado por el público no habrá daño cierto que quepa indemnizar desde el punto de vista civil (c. 15.968 S.D.C. 30/01, c. 16.979 S.D.C. 22/01); podrá en tal supuesto resarcirse la violación de la autoestima, mas no de la reputación no vulnerada (confr.: Zavala de González, "Responsabilidad civil y penal en los delitos contra el honor", J.A. 1980-I-760).- Así pues, cual bien señalara el colega ponente, frente a la ausencia de pruebas acerca de la afectación a la reputación del actor, en la especie el resarcimiento del daño moral debe ser determinado atendiendo al producido por la detención del sujeto y los padeceres producto de la herida.- Dada la naturaleza reparadora del rubro "daño moral", especie del género indemnización, su "quantum" debe estar referido a la dimensión del daño sufrido, correspondiendo pues para fijarlo atender al tipo de derecho lesionado, a las consecuencias que el ilícito acarreó a la víctima y al factor de atribución de la responsabilidad, pues hiere más el ánimo del damnificado el ataque cuanto más próximo a la intencionalidad del agente se presenta (este tribunal, c. 13.428 S.D.C. 44/98, c. 17.634 S.D.C. 11/04, entre innúmeras otras).- A este efecto ha de tenerse en cuenta: a) respecto del interés herido, que se trató de derechos de la personalidad, en concreto el derecho al honor y a la integridad física y; b) a propósito las consecuencias de los hechos, que ellos afectaron la autoestima del actor, el sentimiento de la propia dignidad moral, y a la par le causaron dolores e inquietudes provocados por la herida de bala, fractura ósea y su imprescindible tratamiento médico posterior; c) tocante a la índole del ilícito, que el factor de atribución es la culpa -mas en alto grado, bajo la gruesa forma de la culpa penal-, fuente de responsabilidad intermedia entre la cabal intencionalidad del agente -esto es, el dolo- y la más alejada de ésta -es decir, la objetiva del riesgo creado- (confr.: Zannoni, "El daño en la responsabilidad civil", 2da. ed., págs. 360/361).- Vistas la particularidades del caso -en especial, la edad y personalidad de la víctima- y los niveles resarcitorios que esta alzada ha alcanzado en supuestos más o menos similares de heridas y afectación del derecho al honor, algunos de mayor y otros de menor entidad vulnerante, unos con menoscabo del honor en ambas fases subjetiva y objetiva y otros en el sólo aspecto subjetivo (c. 15.007 S.D.C. 52/99, c. 15.968 S.D.C. 39/01, c. 16.979 S.D.C. 22/01), hallo adecuado a su finalidad reparadora el importe de $ 8.000 propuesto por el prevotante.- II.- Bajo el rótulo "De la Imposición de las costas", la demandada apelante en el pto. "C" de fs. 236 vta./237 vta. argumentó de modo promiscuo acerca del carácter de parcialmente vencido del actor y sobre los honorarios regulados, en particular el monto adoptado como base para tal determinación de los emolumentos profesionales. Subyace en ello un yerro conceptual que es menester aclarar. Aunque los honorarios integran el concepto de costas en los términos del art. 78 C.P.C.C., (ex art. 77), no se confunden con ellas y, menos aún, con la condena a soportarlas. Alguna vez he señalado en este aspecto que mientras la imposición de las costas responde a la pregunta de ¿quién paga?, la regulación de honorarios lo hace a la de ¿cuánto paga? (c. 18.333 S.D.C. 7/03, c. 20.353 S.D.L. 20/05).- La materia de la condenación en costas forma parte del recurso de apelación libre concedido contra las sentencias definitivas dictadas en procesos ordinarios y sumarios (confr.: Podetti, "Tratado de los recursos", EDIAR 1958, págs. 162/163, n° 66; Rivas, "Tratado de los recursos ordinarios", Ábaco 1991, II-447/448 n° 194), pero no ocurre lo propio con los honorarios, excluidos de dicha forma recursiva. En efecto, cual muy reiteradamente y desde antiguo declaráramos, la apelación de honorarios de abogados posee una autonomía normativa, con especiales previsiones en cuanto al plazo y ocasión de fundamentarla, que impiden considerarla implícita en el recurso deducido contra la sentencia definitiva, aunque ese acto decisorio contenga la regulación (art. 48 de la Ley XIII n° 4, antes art. 49 del Dec.-ley 2.200, su doc.; c. 9.831 S.D.C. 34/92, c. 10.083 S.D.L. 104/92, c. 11.278 S.D.C. 19/95, entre innumerables otras posteriores). Inaudible resulta pues la impugnación traída por esta recurrente contra los honorarios fijados, en tanto ella apeló sólo la sentencia definitiva (fs. 222) y no esos emolumentos en la oportunidad y forma prevista en el art. 48 de la ley del arancel, cuestionándolos recién en ocasión de expresar agravios contra el fallo definitivo en el mérito. La revisión de la alzada ha de limitarse entonces a la imposición de las costas causídicas.- Este tribunal, siguiendo las aguas de pacífica jurisprudencia, tradicionalmente ha declarado que en el proceso sobre indemnización de daños las costas forman parte de la reparación y que no quita al demandado su calidad de vencido la circunstancia que la pretensión termine prosperando por un monto inferior al reclamado cuando los rubros resarcitorios dependieron de estimación judicial; desde luego, tal regla general reconoce como excepción los supuestos en que promedie el rechazo de ítemes indemnizatorios o severa disminución de aquellos cuyo justiprecio no pendiera del juez (c. 13.871 S.D.C. 23/99, 19079 S.D.C. 9/04, c. 20.412 S.D.C. 41/05, c. 21.245 S.D.C. 32/08, c. 114/10 S.D.C. 12/10).- Mas el de autos no es un caso de excepción, sino típico comprendido en el principio general en la materia. En efecto, rechazo de ítemes resarcitorios no ha mediado, pues los tres reclamados -disminución de capacidad laborativa, daño moral y gastos farmacéuticos- han prosperado; tampoco cabe tomar en cuenta la disminución cuantitativa de tales rubros en relación a lo peticionado, porque la fijación de ellos estaba sujeta a determinación judicial, supuesto en el que la suma pretendida sólo significa la estimación del actor, siéndole dado al juzgador coincidir con ella o bien reemplazarla por aquella en que él tase el daño.- No hubo pues en el subexamen vencimiento parcial alguno y las costas de primera instancia debían ser impuestas íntegramente a la demandada vencida (art. 69 C.P.C.C., ex art. 68).- III.- Tales razones, coincidentes con las vertidas por el Señor Magistrado ponente, me conducen a concluir que la sentencia en crisis debe ser parcialmente revocada, a fin de reducir el monto del capital de la condena a la suma de $ 21.598,53.- No será menester adecuar a esta nueva decisión los honorarios regulados en origen, ya que fijados éstos en términos porcentuales su ajuste al novel capital operará automático.- Acogido un agravio y desestimado el otro, queda delineado en esta instancia un vencimiento parcial y mutuo que conduce a imponer las costas de ella en un 50 % a cada parte (art. 72 C.P.C.C., ex art. 71).- Vista la extensión, calidad y resultado de los trabajos cumplidos, concuerdo asimismo con el preopinante en punto a los honorarios que propusiera regular por las labores profesionales de alzada (arts. 5, 6, 8, 13, 18, 46 de la Ley XIII n° 4, antes arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del Dec.-ley 2.200).- Me expido en esta cuestión entonces PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Carlos Dante Ferrari expresó: En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto: I) REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado a fin de modificar el monto por el que prospera la demanda, que quedará fijado en la suma de $ 21.598,53, con adición de los intereses ya determinados en dicho decisorio. II) Distribuir las costas de alzada en un 50% a cargo de la parte apelante y en el 50% restante pro cuenta de la parte actora, fijándose los honorarios profesionales de los letrados actuantes en esta sede en los siguientes porcentajes a computar sobre el monto de condena debidamente liquidado: a) para la Dra. G. J., en el 6,3% y b) para el Dr. C. M. A., en el 3,5%.Así lo voto.

A ESTA CUESTIÓN FINAL el Dr. Velázquez respondió:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. Ferrari, fiel reflejo del acuerdo alcanzado al ocuparnos de la cuestión anterior.- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Marcelo J. López Mesa (Art. 7º Ley V Nº 17).------- --- Trelew, de octubre de 2.010.---En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente: ------ S E N T E N C I A: REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado a fin de modificar el monto por el que prospera la demanda, que quedará fijado en la suma de $ 21.598,53, con adición de los intereses ya determinados en dicho decisorio.DISTRIBUIR las costas de alzada en un 50% a cargo de la parte apelante y en el 50% restante pro cuenta de la parte actora.FIJAR los honorarios profesionales de los letrados actuantes en esta sede en los siguientes porcentajes a computar sobre el monto de condena debidamente liquidado: a) para la Dra. G. J., en el 6,3% y b) para el Dr. C. M. A., en el 3,5%.

--- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.010 - SDC.- Conste.-