marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Falta de firma, escritos judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villalba, José c/ Lanjet, Sara Susana y cualquier otro ocupante s/ Reivindicación del inmueble ocupante s/ Reivindicación del inmueble
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-08-11

La subsanación de la carencia de firma en el escrito judicial no puede generar efecto retroactivo, por el contrario, debe disponerse su desglose y devolución al interesado, pues el escrito carece de uno de los elementos para su debida materialización en el proceso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, conciliación
Materia: LABORAL
Carátula: Lamolina, Edgardo J. c/ Siderca SAIC s/ Indemnización enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

Debe declararse mal concedido el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión del tribunal que denegó la homologación del convenio que celebraran las partes, porque habiéndose cumplido el mismo con posterioridad, no existe perjuicio a reparar por vía extraordinaria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Matrimonio, divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

La persona es el único juez en cuanto a la decisión de solicitar el divorcio vincular (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Transporte de carga, mercaderías en plazoleta de emergencia, responsabilidad del depositario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAMPI  S.A.C.I.F. c/ ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

En el REGISEPORT se define a la plazoleta temporaria como "el espacio descubierto alejado del muelle, donde se depositan mercaderías en general y son operadas por Agencias Marítimas y/o destinatario de la carga".

A su vez, la Disposición N. 11/81 de la Capitanía General de Puertos prevé que el servicio de vigilancia debe ser prestado por el armador o por el consignatario, según los casos.
Notificación, notificación tácita, retiro del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: ASOCIACION DE SOCIOS DE LA ORGANIZACION DE LA TV IBEROAMERICANA c/ DICON S.A. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-20

El retiro del expediente a efectos de extraer copias para contestar la demanda (no otra cosa significa la aclaración de serle necesarias a fin de ejercer el derecho de defensa de nuestro representado) implicó la notificación de todas las resoluciones dictadas en el expediente (art. 134, Código Procesal), cabiendo destacar que las actuaciones fueron retiradas por el autorizado, según constancia que obra en autos y que no fue tachada de falsa. Dicho retiro y la extracción de las fotocopias necesarias autorizan a sostener que el interesado ha tenido plena posibilidad de examinar el expediente y por tanto la finalidad de la notificación personal o por cédula se encuentra satisfecha (cfr. S. C. Fassi y C. D. Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial comentado, anotado y concordado", T. I, p. 681, punto 3 y su cita; E. M. Falcón "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación concordado y comentado", T. II, p. 55, etc.).
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Vilarelle, Pedro Enrique c/ Fate S.A.C.I. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

En materia civil, donde no rige el principio de la indiferencia de la concausa, el empleador sólo está obligado a responder por la parte del daño exclusivamente causado por el riesgo o vicio de la cosa.
Fiscal de mesa, partidos políticos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Merciadri de Morini, María Teresa s/ presentación (Unión Cívica Radical).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-12

La actuación del Fiscal Electoral con fundamento en el art. 13, párrafo II, de la ley 19.108 se limita al ámbito de la habilitación legal, es decir, a las acciones que nacen por incumplimientos o violaciones a disposiciones de la carta orgánica de los partidos políticos - art. 57, primer párrafo in fine, ley 23.298 - y no cabe extenderla al supuesto que versa sobre un eventual incumplimiento al art. 60 del Código Electoral Nacional (según redacción dada por la ley 24.012).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), abuso sexual, sentencia condenatoria, víctima menor de edad, cámara Gesell, cuestión no constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., O. c/  s/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-12-20

En orden a los planteos que giran en torno a la entrevista de la víctima en Cámara Gesell, invocando afectación al derecho de defensa, si bien la interesada aduce que dicho contenido habría resultado determinante para la solución postulada por el Tribunal y que sin ella no se podría sostener la certeza exigida para una sentencia condenatoria, ello no se condice con las constancias de autos, de las que se desprende que en las especiales circunstancias del caso, la condena se apoyó también en prueba independiente al relato del menor.
Resoluciones recurribles, acción de amparo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Unión Tranviarios Automotor c/ Instituto Provincial de Acción Mutual s/ Amparo. Recurso de queja Matos, Carlos María y otras c/ Coopelectric s/ Acción de amparo Otero, Néstor c/ Aguas Argentinas S.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29|2002-02-19|2001-11-28

En materia de amparo el tema de si es o no definitivo queda desplazado ante la claridad del art. 417 del nuevo Código Procesal Penal: el art. 24 de la ley 7166 remite a los arts. 417 y primer párrafo del art. 421 del citado cuerpo legal. (Minoría u opinión personal)
Divorcio, daño moral, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: P. F. L. c/ E. V. S. s/ Divorcio Vincular - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-03-31

En nuestro derecho positivo es susceptible de reparación el daño moral ocasionado por el cónyuge culpable, como consecuencia de los hechos constitutivos de las causales de divorcio.

"Tanto en el régimen del Código Civil, tal como fue concebido por Vélez Sarfield, como en el de la ley 2.393 y en la ley 23.515 que derogara esta última, existe una ausencia de norma concreta que regule el daño moral en lo que hace el divorcio, a diferencia de lo que ocurre con la nulidad del matrimonio".

"La omisión legislativa acerca del tema de que se trata dio origen en la doctrina y la jurisprudencia a corrientes antagónicas".

El principio de la especialidad que domina el derecho de familia, no constituye obstáculo frente al silencio de la ley a que, por vía interpretativa, se apliquen disposiciones expresas como los arts. 1077, 1078, 1109 y concordantes del Código Civil que, por su generosidad, también son aplicables cuando de los hechos que dan lugar al divorcio, se derivan daños al cónyuge inocente.

"Si bien puede admitirse que el derecho de familia ofrece particularidades que, en algunos aspectos lo diferencian de otros institutos, lo cierto es que integra un cuerpo normativo congruente, cual es el Código Civil, que contiene normas generales que sancionan a quien viola un deber jurídico, sea dolosa o culposamente, con la obligación de resarcir el daño causado.

Tales disposiciones, ante la ausencia de normas específicas que excluya su aplicación, también forma parte del régimen jurídico que integra el derecho de familia".

"En consecuencia, y si bien corresponderá al juzgador en definitiva analizar los elementos de juicio que presente cada caso la conducta de los cónyuges y la relación de causalidad entre ésta y el daño moral que cada uno de ellos alega, este tribunal no encuentra obstáculo en el sistema legal vigente para la procedencia de la reparación.-
Constitución Nacional, poder de policía municipal
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Z., F. N. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-06-27

El poder de policía municipal, caracterizado como una potestad jurídica para limitar la libertad de acción o el ejercicio de determinados derechos individuales con la finalidad de asegurar el interés general, y en la medida en que la promoción del bienestar general lo haga conveniente o necesario dentro de los límites constitucionales, asegurando que todos los individuos gocen de la efectividad de sus derechos en igual forma y extensión.
Retiro militar, personal militar, actos de servicio, baja por incapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALFIE, AFLAN c/ ESTADO NACIONAL - ESTADO MAYOR DE LA FUERZA AEREA s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

No importa para la obtención del retiro militar en los términos del art. 76, inc. 2) de la ley 14.777 (modificada por la ley 18.392) la calidad con que el interesado desempeñó los actos de servicio, sino si la patología que presenta se originó o no por causa de los mismos.

En consecuencia, la acción no puede prosperar si se verifica que por sentencia definitiva emanada de un Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal se rechazó una demanda promovida por el actor, para lo cual el juez consideró todos los actos de servicio atribuidos en relación con la dolencia; no obstando a ello que el peticionante alegue que aquél juicio siguió en calidad de Cabo Mayor mientras que el presente lo hace en carácter de ex-conscripto.
Injurias, presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Y., R. J. c/ C., R. s/ Querella s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-04

En el subjudice, son indicios de actitudes sospechosas el no haber realizado ninguna actividad encaminada a rectificar o aclarar los dichos o atribuirlos a quien lo entrevistó sin siquiera mencionarlo, citarlo a juicio u ofrecer alguna prueba en tal sentido.
Compraventa inmobiliaria, ejecución forzada, daños y perjuicios, daño al interés positivo, valor locativo
Materia: CIVIL
Carátula: MACCORA, Salvador c/ QUINTERO, Carlos Alberto s/ EJECUCION   DE  SENTENCIA  -  COMPRAVENTA  INMOBILIARIA  -  EJECUCION  FORZADA - DAÑO COMPENSATORIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-28

Si se accionó por ejecución forzada específica de la obligación debida por la vendedora y no por resolución del contrato, procede indemnizar el daño al interés positivo o interés de cumplimiento y no el daño al interés negativo o interés de confianza; vale decir que hay que mirar al futuro y ubicar al comprador en la misma situación en que se encontraría si el otro contratante hubiera cumplido la obligación a su cargo, y no mirar al pasado para reconstruir el estado patrimonial en que se encontraría si no hubiese celebrado el negocio vinculante. La solución no varía porque se haya "convertido" la obligación originaria en la de daños (art.

889 del Código Civil), por causa imputable al deudor incumpliente;

desde que en la sentencia primitiva quedó establecido que el adquirente había cumplido íntegramente su obligación -o sea, había pagado el total del precio- y este valor permanece en poder de la vendedora, a la inversa de lo que sucede en los casos de resolución en que debe ser restituido.

La suma fijada como daño compensatorio es la que permitirá al acreedor adquirir un inmueble de iguales características al que debió serle entregado y no lo fue por culpa del vendedor. Pero si el deudor renuente hubiera cumplido en el tiempo debido, aquél hubiera contado con el inmueble sea para habilitarlo o para destinarlo al uso que se le ocurriera; al no haber sucedido esto, por causa imputable al otro contratante, la privación del uso de lo que debió habérsele entregado debe compensársele, resarciéndole su valor locativo.
Concursos, apertura del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Grieco, Eduardo y otra s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-14

La exigencia que impone el inc. 6° del art. 11 de la L. C. no tiende a satisfacer requisitos formales cumplimiento de las obligaciones legales del comerciante- sino objetivos sustanciales, en cuanto buscan proporcionar los datos necesarios para que los acreedores puedan al momento de votar el acuerdo preventivo, contar con mayores elementos de juicio para conocer la verdadera situación patrimonial del deudor.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Denuncia, juicio, partes, recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Brebbia, Roberto c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Amparo  (Expte. CSJ Nro. 761-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-21

Una "denuncia", como tal, resulta ser un "acto procesal consistente en manifestar a la autoridad un hecho que a ella corresponde conocer para el cumplimiento de su cometido". Así entendido y sobre la base de que un acto procesal de este tipo no puede dar lugar a participación alguna, debiéndoselo enmarcar como una mera actividad de colaboración con el oficio que a éste le corresponde simplemente tener presente sin generar tramitación o instancia incidental alguna, corresponde admitir la revocatoria interpuesta por el denunciante contra el proveído de Presidencia que rechazó esa presentación entendiendo que resultaba ajeno a la queja atender planteos formulados por cualquiera de las partes que no intervienen conforme al código de rito en su tramitación.
Pagaré, asociaciones civiles, poder especial, avalista, mandato, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BUSSI JORGE c/ MERLINI HECTOR Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-10-12

Si se invoca una representación, necesariamente debe probarse la misma con documentos extracambiarios, a menos que ella conste en el documento mismo, lo que sucede en el endoso en procuración. La representación debe ser cierta pero no formal, constituyendo -en su caso- un documento que no es accesorio inseparable de la cambial, el tomador, endosatario, etc. debe asegurarse de la verdad de la calidad invocada por el suscriptor, pudiendo fiarse de su condición si fuese digno de fe.

El art. 9, primera parte, del Decreto 5965/63 exige facultades especiales para obligar cambiariamente al representado, esto importa que no puede surgir de términos generales, ni deducirse de otras potestades dadas al representante. El supuesto representado no queda vinculado a la relación cambiaria suscripta por quien no tiene suficiente poder para obligarla, sólo el firmante queda obligado (arg. art. 8 Dec. 5965/63).

Si la accionada sostiene que el título de crédito que se le pretende ejecutar, no fue suscripto por quienes legítimamente la representan conforme a sus estatutos, sino por un gerente cuya figura no está prevista en aquél, tratándose de una asociación civil, corresponde al demandante demostrar la existencia de las facultades otorgadas a los firmantes por la representada, a la que se pretende obligar directamente por la cambial. O sea que, ante la oposición del demandado al reconocimiento de tal condición, corresponde al demandante demostrar la existencia del mandato especial del art. 9 del Decreto 5965/63, o bien de la comunicación expresa del representado sobre la posibilidad de quedar obligado por quién era gerente, más aún cuando suscribiere la cambial en reemplazó del presidente, quien juntamente con el tesorero puede obligar a la asociación civil (art. 33 C. Civil, de carácter privado, inc. 1).

Aún reconocido el carácter de gerente del firmante del pagaré, como se trata de un no comerciante, no autoriza aplicar el segundo apartado del art. 9 del decreto 5965/63.

Por imperio del art. 8 del decreto ley 5965/63, el que firma una letra de cambio o pagaré como representante de una persona de la cual no tiene poder, queda obligado cambiariamente como si lo hubiera firmado en su propio nombre, sin perjuicio de los derechos que la propia ley le concede en contra de quien dice representar.

De allí que el título cambiario no resulta inhábil en contra del firmante y sus avalistas, ya que la obligación que ha garantizado sea nula por cualquier causa que no sea un vicio de forma -art. 34 2da. parte-. Vale decir es "subsidiaria" en cuanto requiere una obligación garantizada "formalmente" válida, pero autónoma en cuanto no depende de la suerte de la obligación principal (art. 7).

Por ello es que debe prosperar la excepción de inhabilidad de título opuesta por la Asociación Mutual, pero no la de los codemandados,
Facultades del juez, facultades jurisdiccionales, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: Rocca, J. C. c/ Consultara S.A. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-31

La facultad de decidir los conflictos litigiosos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica, es propia de los jueces y deriva de los principios esenciales que organizan la función judicial (Votos de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert, de los Dres. Antonio Boggiano y Guillermo A.

F. López y del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Keegan c/ Lagos s/ C. Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-29

La acción ejecutiva del locador o del sub- locador procede no solo para el cobro de los alquileres que se adueden, sino también para el cobro de cualquier otra deuda derivada de la locación. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Club Social y Atlético La Pampa c/ Aguas Bonaerenses S.A. s/ Acción de amparo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-05-04

El pronunciamiento de la alzada que dispuso la remisión de las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con competencia territorial sobre el Departamento Judicial, manteniendo la intervención de la jurisdicción provincial en autos, sin definir la suerte del derecho de fondo, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tribunal Fiscal de la Nación, facultades del juez, sanciones tributarias
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Kenia Fueguina S.A. (T.F. 7313-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-10

Por actuar como órgano jurisdiccional superior del organismo recaudador, son amplias las facultades del Tribunal Fiscal de la Nación para establecer la verdad de los hechos independientemente de lo alegado por las partes (arg. art. 1143 del C.A.), ello implica la posibilidad de encuadrar los hechos en la figura sancionatoria que considere adecuada independientemente de la tipificación efectuada en la resolución aduanera recurrida. El ejercicio de esa facultad encuentra como únicos obstáculos las cuestiones fácticas involucradas en la causa de las cuales no puede apartarse, el acatar el principio de la prohibición de la reformatio in pejus y no violar el derecho de defensa. Fuera de tales límites, nada impide al organo jurisdiccional, valorando los hechos acreditados en la causa, meritar la conducta sancionada y calificarla desde el punto de vista penal, con total independencia de lo resuelto por el organismo aduanero, sin que ello implique un agravamiento de la sanción impuesta en la instancia anterior. (Consid. 2º).
Actualización monetaria, liberación del deudor, falta de pago, principio de integridad
Materia: CIVIL
Carátula: Mellor Goodwin Instalaciones c/ Soc. Mixta Siderurgia Arg. Somisa s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-14

Resulta injusta la pretensión de liquidar y pagar una deuda actualizada a un mes anterior a la fecha de notificación de depósito, en una época de pública, notoria y reconocida hiperinflación. La liberación mediante un depósito parcial, de dinero francamente envilecido, no puede obtener el efecto cancelatorio del pago, pues no cumple con el requisito de integridad (art.742 C.Civil). El curso de la depreciación monetaria se detiene en el momento en que el acreedor, actuando con la debida diligencia, tuvo o pudo tener los fondos a su disposición (CNCiv., Sala E, abril 27 1983, ED, 104-750). La corrección de los montos reclamados, en función de la depreciación monetaria, se computa hasta el día de efectivo pago (CNCiv., Sala C, julio 1984, 165-SJ, ED, 114-689).
Juicio de apremio, tasa municipal, no residentes, sentencia arbitraria, publicidad de los actos de gobierno, ordenanzas municipales, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Municipalidad de Junín c/ Akapol S.A. s/ apremio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-22

La decisión que hizo lugar al juicio de apremio persiguiendo el cobro de la tasa por publicidad y propaganda para no residentes resulta arbitraria, pues omitió dar debida respuesta al agravio federal de la ejecutada sobre la base de argumentos aparentes, al no considerar adecuadamente los reproches relativos a la publicación de la ordenanza fiscal, vulnerando el debido proceso legal y la defensa en juicio del demandado (Voto del juez Rosatti).
Marcas, marcas confundibles
Materia: COMERCIAL
Carátula: Syntex S.A. c/ Syntex Corporation. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

La protección de la ley marcaria cubre también aquellos casos en que, a pesar de no tratarse de artículos de la misma clase, existe una proximidad tal que puede llevar al consumidor a confusión sobre el origen y calidad del producto.
Ejecución de sentencia, teoría de la imprevisión, oportunidad procesal, demanda, reconvención
Materia: PROCESAL
Carátula: VIEITES JOSE B. c/ LLAURO ADRIAN G. Y OTRO s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-27

La teoría de la imprevisión no puede ser introducida en el trámite de ejecución de sentencia. En los juicios ordinarios o sumarios, aquélla debe encauzarse por demanda o reconvención, en consonancia con abundante doctrina y jurisprudencia y con los precisos términos del art. 1198 del Cód. Civil, que tan sólo habilita a "demandar" la resolución del contrato, aún cuando se entienda que también cupiese pedir la modificación de sus términos.
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Morassut de Ciriani, María y otro c/ Arevalo, Francisco Azis y otro s/ Daños y Perjuicios Basualdo, Carlos Daniel c/ Irigoyen, Horacio Ariel y otra s/ Regulación judicial de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-25|1994-09-29

No resulta óbice para la aplicabilidad de la responsabilidad objetiva que emana del citado art. 1113 de la ley 340, la circunstancia de que en el hecho hubiesen intervenido dos vehículos conducidos y en traslación, de donde, en el caso, la parte demandada, a fin de eximirse de responsabilidad total o parcialmente considerada, debe acreditar en el proceso, que en la misma medida señalada, ha sido la conducta de la "víctima" (rol asumido por el accionante en estos obrados) o la de un tercero respecto del cual no tenga la obligación de responder la que ha sido facto interruptivo de la relación causal, siendo en esa dimensión que sus conductas han incidido en el resultado dañoso ("A. y S." 1988-I pág. 17, 275, 457, 460, 1988-II pág. 87, 415, 472, 518).