Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-16


SENT Nro. 246 San Miguel de Tucumán, 16 DE ABRIL de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por la parte actora en autos: "Chacana, César Augusto vs. E.D.E.T. S.A. s/Daños y perjuicios Expte. nro. 2335/01"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- A fs. 12/14 se presenta el apoderado del actor César Augusto Chacana e interpone queja directa ante esta Corte Suprema de Justicia, por haberle sido denegado el recurso de casación que oportunamente articulara en contra de la sentencia de fecha 03/9/2002, dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común.

El pronunciamiento mencionado (fs. 1/2) confirmó la sentencia del juez a quo que hizo lugar parcialmente a la demanda (receptando el daño emergente y el lucro cesante pero desestimando el daño moral peticionado en autos) con imposición de las costas en el orden causado.

El auto denegatorio de la casación (fs. 10) funda su rechazo en que los agravios remiten a típicas cuestiones de hecho ajenas al recurso intentado, salvo el supuesto de arbitrariedad de sentencia que no se advertía configurado en autos.

II.- Dice el recurrente que su parte alegó fundadamente la arbitrariedad del pronunciamiento recurrido. Expresa que se invocó la violación de los principios que rigen la sana crítica racional en la aplicación de los arts. 106 y 109 del CPCC.

Entiende que la imposición de costas en el orden causado deviene arbitraria pese a no haber prosperado la totalidad de la pretensión esgrimida por su parte.

Destaca que el allanamiento parcial a la demanda no justificaba la aplicación del art. 106 inc. 3 que prevé un allanamiento liso y llano a la pretensión esgrimida.

Por otra parte, y para justificar la arbitrariedad que imputa al decisorio, afirma que si lo que se rechazó fue la pretensión indemnizatoria del daño moral (facultativo para el juez -según su criterio- por aplicación del art. 522 del Cód. Civil referido a la responsabilidad contractual), no puede considerarse que el éxito es parcial. Señala que tratándose de una indemnización facultativa para el juez (distinta de la pretensión indemnizatoria del daño moral en la esfera extracontractual, conforme el art. 1078 del Cód. Civil), la discrecionalidad judicial no permite atribuir al resultado, un carácter parcialmente exitoso. Siendo así, entiende que las costas debían ser soportadas íntegramente por el demandado vencido.

Desde esta perspectiva, considera que el pronunciamiento recurrido en casación, exhibe un razonamiento incoherente e incongruente que lo descalifica como acto jurisdiccional válido.

III.- Vista la queja, se advierte que la misma no puede prosperar.

La Sala a quo, siguiendo la doctrina de esta Corte, dispuso confirmar la imposición y distribución de las costas practicada por el juez de la causa. Expresó que el artículo 109 del CPCC admite no sólo la imposición de costas conforme un prorrateo prudencial derivado del resultado del pleito, sino que también legitima la posibilidad de que ellas se distribuyan por el orden causado. Y ello, porque la directiva emanada de la norma de marras se orienta a que el juzgador prorratee las costas en forma proporcional al éxito obtenido por cada uno de los litigantes en la contienda, es decir, a que ambos soporten de manera equitativa los gastos emanados por la sustanciación del proceso.

Señaló el tribunal de alzada que el artículo 109 prescribe que las costas se deben distribuir o prorratear prudencialmente en proporción al triunfo o derrota de cada uno de los contendientes en el pleito; circunstancia que a criterio de los sentenciantes, permitía colegir que cualquier camino que conduzca a tal resultado se encuentra admitido por su normativa.

Desde esta perspectiva, la imposición de las costas por su orden constituía una manera de prorratearlas toda vez que, de esta forma de distribución se puede desprender, sin dificultad y con exactitud, el porcentaje o parte en que cada litigante debe proporcionalmente hacer frente a los gastos del juicio, lo cual se apreciará con respecto al éxito logrado por cada uno de ellos (cfr. sent. 797 del 02/10/2000, "Roldán, José Ramón vs. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones s/Cobro de diferencias"; sent. 366 del 26-5-99, "Finocchio, María Petrona vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Accidente de trabajo"; entre otros).

IV.- El recurrente no logra desvirtuar las premisas que adopta el tribunal de alzada para arribar a la conclusión que se cuestiona.

La Sala a quo entendió que era aplicable al caso, la preceptiva del art. 109 procesal atento al resultado parcialmente favorable de la pretensión incoada; presupuesto que el quejoso no logra rebatir.

El argumento según al cual el daño moral reclamado era una cuenta indemnizatoria puramente discrecional (conf. art. 522 del Cód. Civil) y cuyo rechazo no autorizaba a considerar parcialmente exitosa la pretensión esgrimida, no alcanza a revertir el criterio adoptado.

El art. 522 del Cód. Civil establece que el juez "podrá" condenar a la reparación del daño moral derivado del incumplimiento contractual; expresión que ha llevado a un sector de opinión a sostener erróneamente que la indemnización del daño moral contractual era puramente discrecional, supeditada al libre arbitrio del sentenciante a diferencia del daño moral extracontractual, donde el juez "debía" ordenar la reparación del mismo si se encontraba debidamente acreditado (cfr. Bueres-Highton, "Código Civil Anotado", T. 2 A, comentario al art. 522 de Matilde Zavala de González, pág. 233; en igual sentido, Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por Daños", T. IV, pág. 154; Pizarro, Daniel, "Daño moral contractual", JA 1996-IV-923).

El daño moral sea en la esfera contractual como en la extracontractual, es siempre resarcitorio. El verbo "podrá" del art. 522 del Cód. Civil (Adla, XXVIII-B, 1799), no significa de ninguna manera el conferir al juez un arbitrio o libre facultad, sino que el vocablo ha de interpretarse como un equivalente a la expresión "deberá" siempre que la existencia del perjuicio extrapatrimonial se encuentre acreditada (cfr. CNCiv., Sala A, 14/5/98, "Dotti, Rafael A. c. Sacta S.A. y otros", LL 1999-C, 378 - DJ, 1999-2-914 - RCyS, 1999-891; CNCiv., Sala D, 10/3/86, "Broggi, Carlos R. c. Club Atlético Banco Provincia de Buenos Aires", LL 1986-E, 708 (37.480-S).

Los argumentos vertidos resultan insuficientes para desvirtuar la aplicación de la norma citada; con lo que permanece indemostrado el vicio que se atribuye al decisorio en crisis.

V.- En el caso no se advierte violación por parte de la Cámara de lo dispuesto en el art. 109 del CPCC. La norma establece que el prorrateo de costas en caso de vencimiento recíproco se debe realizar prudencialmente, lo que implica una valoración de las circunstancias de la causa conforme a las reglas de la sana crítica para a sí practicar una distribución proporcional de las costas conforme al éxito obtenido por cada parte.

En tal sentido, el planteo recursivo conduciría a practicar una nueva valoración de cuestiones fácticas y probatoria (daños invocados en la demanda, posición asumida por el accionado en el escrito de responde, pruebas arrimadas a la causa, etc.), y no advirtiéndose que la sentencia hubiera incurrido en arbitrariedad o inequidad manifiesta, los agravios resultan inadmisibles en esta vía casatoria.

Por ello, y compartiendo lo dictaminado por el señor Ministro Fiscal a fs. 16/17, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto por el actor en contra de la sentencia de fecha 04/02/2003 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA