marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Derecho contravencional y de faltas, trámites judiciales, falta de notificación, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ERSA URBANO DOMINIO IFE 368 c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-02

La recurrente insiste con su propia postura al considerar que el juez administrativo no imputó una infracción no constatada, sino que cuando se le exigió al conductor la documentación pertinente, presentó la misma vencida, no portando la correspondiente; mas sin hacerse debidamente cargo de lo dicho por el Juez en lo Penal de Faltas, que consideró la nulidad de la misma sobre la base de que en el acta labrada se constató la circulación del vehículo con la ficha técnica vencida y que, al acreditarse lo contrario en la audiencia, el juez administrativo recalificó la imputación originaria por la de circular sin la documentación, sancionándolo sin mediar anoticiamiento alguno a la empresa a los efectos de ofrecer prueba y ejercer su derecho de defensa.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, ley provincial, inhibitoria
Materia: PROCESAL
Carátula: SUMARISIMO  POR  TENENCIA  DE  HIJO  - MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR: Mirta DEL VALLE ALBARRACIN DE SARMIENTO c/ León LIPCHAK s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA - PATRIA POTESTAD - DOMICILIO - MENOR DE  EDAD - INTERVENCION  DE  LA CORTE SUPREMA - TRIBUNALES PROVINCIALES -  LEYES LOCALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-17

No corresponde a la Corte determinar en concreto qué tribunal provincial deberá continuar entendiendo en las actuaciones, pues ello resultará de la aplicación que hagan de las leyes locales los órganos jurisdiccionales que ellas contemplan.
Empresa telefónica, privatizaciones, propiedad participada, compraventa de acciones, derecho de preferencia (comercial)
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Paz Enrique c/ Mº de Economía -Mº del Trabajo y S.S.- s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

No es irrazonable que el P.E.N., como propietario de las acciones, al decidir su venta a los empleados legitimados, y mientras ellas no le fueren totalmente canceladas, hubiese establecido como condición resolutoria expresa el mantenimiento de la relación de dependencia, imponiéndole la retroventa al que perdiera tal condición. En este sentido, si bien no parece que pueda válidamente sostenerse que ese mantenimiento de la relación de dependencia venga impuesto por la propia esencia y definición del PPP (se advierte que durante el curso del debate parlamentario el Senador Menem, por el contrario, sostuvo que si el adquirente "deja de ser empleado puede quedarse con ellas (las acciones) o no";

confr. Diario de Sesiones de la Cám.de Senadores, reunión del 26/27 de julio de 1989, págs. 1439 y ss)., su exigencia, dentro de las amplias facultades de implementación otorgadas al P.E.N. por la ley 23.696, y en el marco de las favorables condiciones de ventas de las acciones a los empleados -pagaderas con los dividendos que ellas devengaren, sin necesidad de inversión alguna por parte de los empleados, a largo plazo, sin derecho a intereses compensatorios a favor del Estado-, no se presentaría como una arbitraria reglamentación del derecho a conservar la propiedad de las acciones, en tanto los trabajadores que dejan de pertenecer a la empresa, no sólo que no comparten ya la comunidad de intereses con los que permanecen en ella, interesados en su mejor marcha, sino que pueden tener incluso un cierto resquemor hacia ella con motivo de ese cese.

(Del voto del juez Buján, consid. 6.7.).
Marcas, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Grupo Familiar S.A. c/ Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A. s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23

Si bien el dictado de medidas como la que aquí se peticiona no debe ser precedido de un examen exhaustivo de la confundibilidad de las marcas o designaciones involucradas en el conflicto -pues ese análisis compete al magistrado que conozca en el eventual proceso de conocimiento que ulteriormente se pudiere promover-, ello no significa que las medidas puedan ser ordenadas prescindiendo del fumus boni iuris (cfr. Sala II, causas 1865/97 del 14-10-97, 6498/99 del 17-11-99 y 13.674/04 del 11-11-04; esta Sala, causas 1104/06 del 11-4-06 y 11.252/06 del 16-11-06). Por el contrario, no siendo evidente la similitud entre las designaciones enfrentadas, es claro que la pretensión cautelar no puede tener favorable acogida (cfr. Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", 3era. Ed., pág. 336).
Acción subrogatoria, citación al deudor, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ZURDO, GERARDO GASTON C/ AGROPLAZA S.A. Y OTROS S/ INCIDENTE LEGAJO APELACION EFECTO DEVOLUTIVO - Expt. N° 7214/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-05-14

La finalidad de la citación del deudor en la acción subrogatoria -art. 109 CPCC-constituye una solución útil y conveniente, para que se lo pueda oír y resolver todas las cuestiones referentes a la acción, con lo que el fallo que se dicte haga cosa juzgada, no solo entre el acreedor subrogante y el tercero demandado, sino también contra el deudor subrogado y sus demás acreedores, evitándose así nuevos pleitos.
Elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, lista de candidatos, Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, boletas de sufragio
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento Libres del Sur y otros s/ amparo electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

Si se convoca a elecciones PASO y generales para 30 candidatos/as a Diputados/as y Diputados/as de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y sus correspondientes suplentes a realizarse simultáneamente con las elecciones respectivas para candidatos/as a Diputados/as y Diputados/as del Congreso Nacional y se establece que en las mesas de electores extranjeros se aplicará el Código Electoral Nacional (en adelante, CEN), ello determina que tanto en ellas como en las mesas de electores nacionales la forma de emitir el voto será, en lo que aquí importa, a través de las boletas reglamentadas por su artículo 62 y concordantes. Estas boletas deben se proporcionadas por los partidos políticos y alianzas (cfr. artículos 66, inciso 5°; 82, inciso 5° y concordantes del CEN) y no a través de la boleta única regulada por el art. 111 y concordantes del CE o de la impresa utilizando un sistema electrónico reglamentada por sus artículos 136, 144 y concordantes, que debe proporcionar el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad (cfr. artículos 122 y 144 del CE). (Del voto en disidencia de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Jueces, jubilación de magistrados, intangibilidad de la remuneración, haber jubilatorio, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gaibisso, César A. y otros c/ Estado Nacional, M. de Justicia. s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

El monto del haber que le corresponde a un juez jubilado forma parte de la expectativa de todo magistrado en actividad, quien, ya sea por un hecho fortuito o por el transcurso del tiempo, cuenta con tal régimen y haber para el ejercicio independiente y sereno de su función, que es precisamente lo que persigue la garantía constitucional de incolumidad de las remuneraciones.
Pacto de San José de Costa Rica, leyes, interpretación de la ley, proceso penal, libertad provisional, excarcelación, imputado, prisión preventiva, ley procesal penal, razonabilidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: D, H. O. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Robo   calificado. Incidente de libertad ley 24390. Pretensión liberatoria   de habeas corpus (Expte. CSJ Nº 802-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-23

El "Pacto de San José de Costa Rica" -vigente entre nosotros desde el año 1984, y con jerarquía constitucional a partir de la Reforma de 1994 (artículo 75, inciso 22)- dispone en su artículo 7, punto 5º, que "toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio". Idéntica norma hallamos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la O.N.U. -también con jerarquía constitucional-, artículo 9, punto 3. A la hora de evaluar la concreción de esta garantía a nivel de derecho interno, se advierte que en el sistema procesal santafesino no existe una norma de fuente local que establezca con carácter general este derecho a la excarcelación por la prolongación de la detención más allá de un período de tiempo considerado como "razonable", a diferencia -por ejemplo- del Código de Procedimientos en Materia Penal, cuyo artículo 379 preveía (en el inciso 6º, agregado por la ley 23050) que "podrá concederse la excarcelación del procesado cuando el tiempo de detención o prisión preventiva hubiese superado el término establecido en el artículo 701, que en ningún caso deberá ser superior a dos años (...)". Sí encontramos, en cambio, normas que funcionan ante supuestos específicos, como el artículo 208 del Código Procesal Penal -el cual, al aludir al término que para la instrucción puede fijar el Presidente de la Cámara a pedido de parte, señala que "este término no podrá exceder de ocho meses cuando el imputado se hallara en prisión preventiva", agregando que si se dispusiera la ampliación del plazo, "el juez dispondrá la cesación del encarcelamiento"- y el artículo 331 del mismo código -regulatorio de la "cesación de la prisión preventiva", instituto que si bien puede funcionar "en cualquier momento del proceso", requiere que existan elementos de juicio suficientes para concluir que "en caso de condena el procesado no sufrirá privación efectiva de libertad superior a la que hubiese cumplido preventivamente"-. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco)
Proceso contravencional, nulidad procesal, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, sobreseimiento, sentencias de segunda instancia, defensa en juicio, prueba, producción de la prueba, suspensión del plazo
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Bustamante, Mariana ; Morales, Vanesa; Icazzati, Celina s/ Infr. Arts. 116 y 117 Ley 1472 - Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

En el caso, esta sala resolvió revocar la resolución del juez a quo que no hacía lugar al pedido de la defensa de suspender el plazo para producir prueba de descargo, por implicar desigualdad de armas y viciar el proceso en esas condiciones; sin embargo el juez al recibir las actuaciones no dictó ninguna resolución en dicho sentido.

La falta de cumplimiento de la resolución adoptada conculca la garantía de la defensa en juicio, consagrada por el articulo 18 de la Constitución Nacional, que lleva implícita la de quien se encuentra sometido a enjuiciamiento pueda contar con el derecho de ofrecer y producir prueba de descargo ante los tribunales de justicia y exige que, en materia criminal, se respeten las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictadas por los jueces naturales, como así también que se haya dado al imputado la oportunidad de ser oído, sin privar al defensor designado de toda oportunidad de actuar , dándole una intervención que no sea tan sólo formal.

Ello así corresponde declarar la nulidad de los actos realizados, por lo que debería retrotraerse y reeditarse actuado, sin embargo atento a que tal situación no fue provocada por la imputada, conllevaría una dilación inapropiada del proceso que comportaría una violación al derecho de obtener sentencia definitiva en plazo razonable por lo que corresponde su sobreseimiento.
Jueces, deberes del juez, leyes, aplicación de la ley, equidad, interpretación sistemática, Derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

Los jueces cuando resuelven sus casos derivan (o deben derivar) razonadamente desde "todo el derecho vigente" la solución justa para el conflicto que disciernen imperativamente. De una manera explícita o implícita, en las respuestas jurídicas esta presente todo el ordenamiento jurídico, al modo -como metafóricamente lo expresara Cossio- de una esfera que se apoya en un punto pero sobre ese punto descansa todo el derecho. Esta visión sistemática del derecho implica distinguir y jerarquizar sus distintos componentes, y en este punto considero acertada la perspectiva que, además de normas, reconoce la existencia de principios y valores; es que, precisamente el núcleo de validez jurídica primaria desde donde se ordenan y justifican las normas son los principios, o sea, los derechos humanos, que a su vez pueden ser atribuidos o remitidos a valores.
Medidas cautelares, peligro en la demora, AFIP DGI, contribuyentes
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Buenos Aires Catering c/ Fisco Nacional (Dirección General Impositiva).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

Son improcedentes las medidas cautelares decretadas contra la Dirección General Impositiva, en tanto obsta a la configuración del peligro en la demora exigido por el art. 230, inc. 2° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación la circunstancia de que la materia que se encuentra en discusión es de estricto carácter patrimonial y nada impide que el contribuyente pueda obtener del Estado el reintegro de las sumas que eventualmente resultare obligado a desembolsar (Voto del Dr.

Antonio Boggiano).
Extinción del contrato de trabajo, obligaciones del empleador, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: DOLCET, ADRIAN c/ CERRITO CAR S.A. Y OTRO s/ DIF. DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-25

La sanción contenida en el art. 45 de la ley 25345 que reformó el art. 80 de la LCT, suma un instrumento de lucha contra la evasión fiscal e impone al empleador la obligación de ingresar las cotizaciones correspondientes a la seguridad social y sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, debiendo entregar al trabajador al momento de la extinción o durante la relación laboral, si median causas razonables, constancia de ello. El objeto de la norma citada en primer término, no es que el trabajador obtenga un resarcimiento indebido, sino castigar al empleador que no dio cumplimiento con las obligaciones contenidas en los primeros párrafos del artículo 80 (t.o.), por ello, el decreto 146/01 otorga un plazo de 30 días corridos posteriores a la disolución del vínculo, a fin de que el trabajador intime la entrega de modo fehaciente.
Recurso de apelación (procesal), apelación en relación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: YBARRA DE MILLA ROSA RAMONA c/ ARMIJO JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

La técnica formal en materia de recursos de apelación concedidos en relación, impone a la Alzada fallar sobre la base de las actuaciones producidas en Primera Instancia. Como correlato de ello, cuando el recurso ha sido concedido en relación no procede recibir nuevos elementos de juicio y, por categórica prescripción legal, no se admite la alegación de hechos nuevos no la apertura a prueba, en Segunda Instancia.-
Caducidad de instancia, interrupción de la prescripción, interposición de la demanda, traslado de la demanda, notificación, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: GOTLOIB, LAZARO c/ GOTLOIB, ALEJANDRO s/ RENOVACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-16

La caducidad es aplicable aún en el supuesto en que se hubiere iniciado la demanda al sólo efecto de interrumpir el curso de la prescripción de la acción (doctrina art. 3936 del Código Civil), solicitándose que no se confiera traslado de aquélla hasta tanto se la complete o integre y se hubiere proveído de conformidad por el Juez toda vez que desde entonces surge la carga de impulso procesal para el actor.

No obsta a ello el agregado hecho por la ley 22.434 al art. 310, en cuanto a que "la instancia se abre con la promoción de la demanda aunque no hubiere sido notificada la resolución que dispone su traslado", ya que este párrafo sólo establece -siguiendo un principio receptado en doctrina y jurisprudencia, que no es necesario el estado de litispendencia para declarar la caducidad.
Propiedad intelectual, donación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Adradas, Oscar c/ Municipalidad de Berisso s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

Cuando una obra artística es donada, el donatario no podrá modificar la obra de manera tal que perjudique la reputación del autor ni usurpar la paternidad.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ALVAREZ, JUAN BAUTISTA s/ IMPUTADO - PRUEBA - SENTENCIA - SECRETO PROFESIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1975-11-14

La motivación constituye una garantía, tanto para el individuo como para el Estado, en cuanto interesa a éste que su voluntad superior sea exactamente aplicada y que la justicia administre correctamente, e incluso lo es para el propio juez, pues le permite aventar la sospecha de arbitrariedad, de parcialidad o de otra injusticia a que está expuesto.-
Apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: J., D. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-28

La duda es aquel estado de conocimiento del juzgador, que respecto de una hipótesis por verificar, le permite inferir de igual manera la existencia o inexistencia de aquélla, o que por insuficiencia de material probatorio no puede rechazarla.
Recurso de nulidad, alegato
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: DURE, INES GUADALUPE c/ BAGNAROLI, JOSE s/ ACCIDENTE DE TRABAJO      EXPTE NRO 230-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-01

Si bien la Ley 7945 determina el sistema de alegatos facultativos, dicho carácter lo tiene para la parte, no para el sentenciante, presentado aquél la parte tiene derecho a que se lo considere, aunque no obliga al Juez; si concurre la omisión de agregarlo se deteriora el ejercicio del derecho de defensa, pero atento las aludidas facultades del Juez para valorarlo no alcanza para fundar la nulidad, ya que no configura una omisión o violación sustancial de las formas y solemnidades que prescriben las leyes y el recurrente puede reiterar las consideraciones del alegato en la alzada, como lo hace, por lo cual no puede aducir perjuicio real; a más de ello, a pesar de entender el a quo que su presentación era extemporánea, de los términos de la sentencia se infiere que lo tuvo en consideración, por lo que no corresponde declarar la nulidad por esta causal lo que igualmente no corresponde por la alegada "carga de subjetividad" que se centra en la insatisfacción a la pretensión defensiva esgrimida (denegación de una prueba cuyo decreto se consintió, que el recurrente enfoca como error del Juez y que sólo sería contemplable de existir como "vicio in iudicando".
Tercería de dominio, bienes muebles
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Peón Oscar Aníbal en autos:Voloj Hnos. c/ Romualda Martinez de Peón. s/ Ejecutivo.S/Tercería de dominio. Peón Oscar Aníbal en autos:Voloj Hnos. c/ Romualda Martinez de Peón. s/ Ejecutivo.S/Tercería de dominio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-07-13|1993-07-13

Atendiendo a la especial circunstancia del domicilio real común entre ejecutada y tercerista, corre a cargo de éste la prueba tendiente a acreditar la propiedad del bien mueble objeto del embargo, a fin de desvirtuar la presunción de propiedad a favor de la ejecutada.-
Despido indirecto, salarios adeudados
Materia: LABORAL
Carátula: Bustos, Oscar Arturo y otro c/ Lutexmar S.A. s/ Indemnización haberes, etc. Mendez, Edgardo Enrique c/ Expreso Sud Atlántico S.R.L. s/ Despido, etc. Tulón, Jorge; Blanco, T. y ots. c/ Moore Hnos. y/u ot. s/ Indemnización por despido, etc. Badano, Hugo A. c/ Fernández, Rubén O. y ot. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-20|1993-11-30|1999-09-14|2000-08-02

La existencia de una deuda de salarios "puede" constituir injuria, pero para que efectivamente "lo sea" y se perfeccione el despido indirecto con justa causa, es necesario que antes que el dependiente exteriorice su voluntad de rescindir el contrato, llegue a conocimiento del destinatario la intimación del trabajador dirigida a su principal a los efectos de establecer su situación respecto de la relación de trabajo y su posterior decisión de considerarse despedido.
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jardín de los Ceibos S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-02

Carece de valor probatorio suficiente el dictamen pericial que no se funda en motivaciones científicas concretas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cheque sin fondos, interpelación, responsabilidad del librador, domicilio constituido, dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: TUSTANOSKI, CARLOS ALBERTO s/ Cheque sin fondos Causa 31816
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-26

1- El titular de una cuenta corriente bancaria que firma cartulares y los pone a disposición de otra, es evidente que lo hace con la autorización para completar sus textos y ponerlos en circulación como medio cancelatorio de obligaciones. En tales condiciones, si luego no se ocupa de la suerte corrida por esos títulos que hacen a la fe pública y en especial a la recepción de la correspondencia vinculada con la cuenta corriente a la que pertenecen en el domicilio constituido al efecto, obra con el dolo eventual requerido para la comisión del delito por el que se lo procesara (Del voto del Dr. Repetto).- 2- Al aceptar la titularidad de una cuenta corriente asume una responsabilidad que está bien indicada en la documentación que suscribe en el banco, por lo que la absoluta despreocupación referente a las "eventuales" consecuencias dañosas de sus actos no es admisible (Del voto del Dr. Repetto).- 3- No se trata en el caso de una actitud negligente o culposa, sino de una verdadera responsabilidad bajo la forma dolosa, por lo que debe afrontar las consecuencias finales de su conducta (Del voto del Dr. Repetto).
Sentencia condenatoria, apreciación de la prueba, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Gutiérrez, Marco Sebastián c/  s/ robo con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-21

La consistencia de la duda no se justifica en sí misma sino contrastándola con los argumentos proclives a la condena; y, a la inversa, la contundencia de la hipótesis condenatoria tampoco se mide en sí, sino según su capacidad para desbaratar la presunción de inocencia y la propuesta absolutoria. En consecuencia, cabe descartar los cuestionamientos formulados a la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de mérito si la defensa no ha conseguido exponer elementos que permitan afirmar que el razonamiento y las inferencias realizadas conduzcan a dudar razonadamente sobre la ocurrencia del hecho y la intervención del imputado, como para justificar la aplicación del principio in dubio pro reo (voto del juez Sarrabayrouse).