Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-04-29


SENT Nº 358	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 29 de Abril de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Cruz Prats Carlos Esteban vs. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (I.N.S.S.J.P.) S/ Amparo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo el 20 de junio de 2008 (fs.65/66), la parte demandada dedujo recurso de casación, que fue concedido por dicho Tribunal mediante resolución del 25/8/2008 (fs. 81 y vta.). Consta en informe actuarial de fs. 89 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPL.

2.- En autos, el actor inició por ante los tribunales ordinarios un juicio de amparo a los derechos y libertad sindical en contra del INSSJP, invocando su carácter de secretario de finanzas y administración de la seccional IX Norte de la Unión de Trabajadores del INSSJP. La acción fue promovida a fin de que se declare la nulidad de todos los actos cumplidos por la demandada en el marco del sumario administrativo Expte. N° 200-2005-00732-0-0000 1 que considera violatorios a la ley 23.551, y que se ordene el cese inmediato del comportamiento antisindical.

La accionada plantea revocatoria en contra de las resoluciones de fecha 29/9/2006 y del 04/10/2006, en cuanto implican afirmar la competencia de los tribunales provinciales del fuero laboral para entender en la causa. En fundamento de su planteo esgrime que de conformidad a la ley 19.032 con sus modificatorias y a la ley 23.661, la Justicia Federal es la que resulta competente para entender en la presente causa.

Corrido el traslado del planteo, el actor sostuvo que las providencias atacadas son absolutamente ajustadas a derecho, por cuanto han sido dictadas en un todo de conformidad a lo prescripto por el art. 47 de la ley 23.551 y a lo dispuesto por el art. 6 inc. "d" del CPL, resultando en su criterio competente el Juzgado de Conciliación y Trámite para continuar entendiendo en la causa.

Mediante sentencia de fecha 30 de abril de 2007 (fs. 22/23), el Juzgado de Conciliación y Trámite de la Vª. Nominación resolvió no hacer lugar a la revocatoria impetrada por la demandada, y en consecuencia ratificó su competencia para continuar entendiendo en la presente causa.

Elevados los autos en apelación a la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo, este Tribunal mediante fallo de fecha 20 de Junio de 2008 (fs. 65/66), ratificó el criterio sostenido por el a quo, en relación a la competencia ordinaria del fuero del trabajo. Sostuvo que la pretensión fue incoada para que se garanticen los derechos y libertades sindicales de la ley 23.551, y que el art. 6 inc. "d" del CPL otorga en tales casos competencia a la justicia del trabajo para entender en los conflictos derivados del derecho colectivo del trabajo cuando las leyes de fondo así lo determinen, siendo la justicia laboral local competente en razón de la materia para entender en los casos en que se viera afectada la libertad sindical. De conformidad con estos fundamentos, la Cámara dispuso el rechazo del recurso de apelación deducido por la demandada.

3.- En contra de lo decidido por el pronunciamiento de fs. 65/66, la demandada interpone recurso de casación, solicitando que se deje sin efecto el mismo en base a las razones expresadas en el escrito de fs. 72/79.

Denuncia que la decisión contiene afirmaciones que no guardan relación con lo decidido, y que dejan de lado la cuestión, que es cómo resolver el conflicto entre la competencia material definida en su razonamiento y la competencia intuitu personae que por ley corresponde a la demandada.

Afirma que en autos se ha demandado a un ente que por ley, debe pleitear en sede federal en donde los Tribunales también poseen competencia para tratar temas laborales. Señala que la Cámara no advierte que si fallara a favor del respeto por el art. 14 de la ley 19.032, ello no afectaría en lo más mínimo las garantías de la ley 23.551.

Cuestiona que el fallo jamás aborda el tema de la competencia federal exclusiva instituida expresamente por el art. 14 de la ley 19.032, y no explica cómo ni porqué la misma debe ceder ante la decisión unilateral del actor. Puntualiza que una normativa tan clara y específica como ésta no puede ser soslayada en el análisis de un considerando, máxime cuando con ello se viola un precedente de un tribunal de igual jerarquía y otro dictado por la Suprema Corte.

4.- Corrida vista al Sr. Ministro Fiscal atento a los motivos del recurso de casación interpuesto, éste dictaminó que en su criterio le asiste razón al recurrente, por lo que corresponde revocar la sentencia y declarar la incompetencia de los tribunales provinciales del fuero laboral para entender en el presente juicio, atento a la norma del art. 14 de la ley 19.032 (ver fs. 91/92).

5.- En orden a la admisibilidad del recurso de casación intentado, de la compulsa del expediente surge que el mismo ha sido deducido en término, se fundamenta en motivos jurídicos que han sido suficientemente expuestos, y no es exigible el afianzamiento de ley por no ser la recurrida sentencia de condena. Si bien la resolución cuestionada no constituye en principio sentencia definitiva, en el caso se cuestiona la aplicación de normas federales, como son la ley 19.032 y 25.615 en relación al reclamo del fuero federal, y la sentencia impugnada ha sido contraria a las pretensiones del recurrente, lo cual configura un supuesto de gravedad institucional que autoriza a tener por superada la ausencia de defintividad (cfr. CSJTuc., sent. n° 1055 del 12/11/2007).

Encontrándose cumplido la totalidad de los requisitos de admisibilidad del remedio casatorio intentado (arts. 130 a 133 CPL), corresponde abordar el análisis de procedencia del mismo.

6.- El tema traído en casación ya ha sido abordado por esta Corte mediante el dictado de la sentencia n° 1055 de fecha 12 de noviembre de 2007, dictada en la causa "Barreñada Osvaldo vs. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) (PAMI) s/ especiales (Residual)", por lo que para su resolución seguiré las consideraciones expuestas en aquella oportunidad.

La cuestión a resolver radica en interpretar si corresponde aplicar al caso la norma competencial del artículo 63 inciso c) de la ley 23.551, que atribuye a la justicia local la competencia sobre las acciones fundadas en el artículo 47 de esa ley, o el precepto del artículo 14 de la ley 19.032 que establece el fuero federal reclamado por el demandado.

Para discernir la cuestión planteada, cabe recordar que la Corte Suprema de la Nación expresó que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados "es una persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad financiera y administrativa, de acuerdo al art. 1° de la ley de su creación 19.032, texto según ley 25.615 (B.O. 23/7/2002)... El decreto de necesidad y urgencia 925/96 dispuso que las relaciones de trabajo del INSSJP se regirán solamente por la Ley de Contrato de Trabajo, con exclusión de cualquier otra disposición, reglamento interno o norma que estipulara condiciones diferentes (art. 9°)". (cfr. CSN en sentencia del 03/10/2006 en "Franciosi, Ernesto Nicolás c. I.N.S.S.J.P" publicado en: La Ley Online; en igual sentido Fallos: 312:234, entre otros). A su vez, el artículo 14 de la ley 19.032 establece que "el Instituto estará sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional, pudiendo optar por la justicia ordinaria de las provincias cuando fuere actor".

De acuerdo a lo expuesto, el Instituto demandado, en su calidad de persona jurídica de derecho público no estatal, tiene asignada por la ley que lo rige la competencia federal cuando es demandado, y puede optar por la justicia ordinaria de las provincias cuando fuera actor. Se trata de una competencia establecida por la ley para una entidad creada en ejercicio del poder de policía del gobierno federal, con el objeto de tutelar intereses públicos. La facultad de creación del organismo implica la de proteger sus actos, motivo por el cual el legislador ha previsto la intervención de la justicia federal (cfr. Palacio y Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial t. 1 p. 126, Rubinzal-Culzoni, 1988).

Se trata de una competencia impuesta en consideración a la naturaleza de la persona, y debe aplicarse aunque se trate de causas de índole laboral sindical (cfr. CSN en sentencia de fecha 17 de septiembre de 1996 dictada en "Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. c. Barboza, Clemente s. exclusión de tutela sindical"; en "Nieve, Elpidio Tomás c. Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A., n° 40. XXXI; "Ponce, F. vs. Red Argentina de Emisoras Splendid, F: 259: 9; 238: 226 y 385; 247: 238 y 713; 248: 348, 279 y 506). Como expuso el Sr. Ministro Fiscal, "no se trata de confrontar la preeminencia de la competencia material sobre la competencia en razón de la persona, ni viceversa, sino que la razón es que la ley ha asignado la competencia de la justicia federal cuando el Instituto es demandado y corresponde aplicar la norma".

Esta Corte, en sentencia de fecha 22 de diciembre de 2006 dictada en los autos "Quinteros, Adela del Valle y otros vs. Prestadores Empresarios de Servicios S.R.L. y otros s/ Cobro de pesos" se pronunció por la competencia federal en un conflicto de naturaleza laboral, en base a lo prescripto por el artículo 14 de la ley 19.032, ya citado. En esa sentencia se citó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un juicio laboral contra el I.N.S.S.J.P., en el que a propósito de la competencia, se declaró que "es función específica de la justicia federal el resguardo y tutela de las instituciones e intereses nacionales (Fallos t. 210, p. 643 y 830 - Rep. La Ley t. X, p. 142 sum. 122 y sus citas; t. 286 p . 153, p. 156 y sus citas), pues el Gobierno Federal dejaría de existir si perdiera la posibilidad de defenderse a sí mismo en el ejercicio de las facultades que como tal le corresponden (Fallos t. 226 p. 55, Rev. La Ley t. 71, p. 625 y sus citas), lo que se relaciona estrechamente con la idea de que la facultad acordada al Congreso para crear una institución, envuelve la de protegerla en todos sus actos, lo cual sería imposible sin la intervención, cuando procede, de la justicia federal...". "Que el art. 14 de la ley 19.032 -según el cual el "Instituto estará sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional, pudiendo optar por la justicia ordinaria de las provincias cuando fuere actor...", resulta plenamente compatible con el origen, objeto, estructura y funcionamiento de la entidad que aquélla ha creado, sin que quepa tachar de irrazonable lo establecido en la norma..." (CSN en "Peralta, Roberto Aldo c. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s. daño moral", sentencia del 2/9/1986, La Ley 1987-A,639 - ED 121, 237).

De igual modo, en el caso "Zatt, Elena vs. PAMI II s. cobro de australes", la Corte Suprema, no obstante que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario había confirmado el fallo de primera instancia en el cual se declaró la incompetencia de la justicia federal para entender en una demanda laboral, con idénticos fundamentos al del precedente citado, resolvió que correspondía la competencia federal. En este fallo la Corte recordó, como en Peralta, que cuando el Congreso de la Nación crea un ente destinado a cumplir finalidades de la política social o económica que el legislador federal está autorizado a trazar, está presupuesto el derecho de reservar para la justicia nacional el conocimiento de las causas que deriven de su funcionamiento" (refiriéndose al PAMI).

Por las razones expresadas, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, y casar la sentencia en mérito a la siguiente doctrina legal: "En virtud de lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 19.032, resulta incompetente la jurisdicción provincial para entender en una acción de amparo contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados fundada en el artículo 47 de la ley 23.551".

Por lo expuesto, se casa la sentencia y se dicta la siguiente sustitutiva: "HACER LUGAR al recurso de apelación en subsidio deducido por el accionado en contra las resoluciones de fecha 29/9/2006 y 04/10/2006, las que se revocan y se sustituyen por la siguiente: DECLARAR LA INCOMPETENCIA de los tribunales provinciales del fuero laboral para entender en la presente causa. COSTAS por el orden causado".

7.- Tratándose de una cuestión de cierta complejidad por la existencia de normas divergentes en materia de competencia, se considera adecuado imponer las costas del recurso y de la instancia anterior por el orden causado (art. 106 inciso 1° CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 91/92, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en contra de la sentencia de fecha 20 de junio de 2008 dictada por la Sala IV de la Cámara del Trabajo (fs. 65/66), la que se casa en mérito a la doctrina legal expresada en los considerandos, y se sustituye por la siguiente: "HACER LUGAR al recurso de apelación en subsidio deducido por el accionado en contra las resoluciones de fecha 29/9/2006 y 04/10/2006, las que se revocan y se sustituyen por la siguiente: DECLARAR LA INCOMPETENCIA de los tribunales provinciales del fuero laboral para entender en la presente causa. COSTAS por el orden causado".

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

IV.- DEVOLVER el depósito cuya constancia corre a fs. 71 de autos.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.