marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, demanda, daño futuro, indemnización, intereses
Materia: PENAL
Carátula: ANGELO, OSVALDO ANTONIO (por lesiones culposas) s/ Recurso de Casación".
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-09-03

El artículo 98 del C.P.P. no exige la denominación específica de cada uno de los daños que se incluyen en la pretensión resarcitoria mucho menos restringiéndola a un particular giro lingüístico, siendo suficiente a tal efecto que "señale en que consiste, aunque no es necesario que lo haga detalladamente, ni que determine su verdadera extensión".

Así entendido, el alcance de dicho requisito se ajusta al fundamento de la disposición que lo contiene, cual es el resguardo del derecho de defensa de las partes a través de posibilitar a la contraria el conocimiento de los daños que luego serán demandados.

Los gastos terapéuticos, resarcibles en razón del artículo 1086 del Código Civil, son aquellos destinados a devolver a la víctima su integridad psicofísica, menoscabada a raíz del hecho ilícito. En cuanto tales, con acierto se ha enseñado que debe reconocerse la facultad de lograr cuanto sea preciso para recuperar la salud o la incolumnidad dañada, atendiendo a tres aspectos: su finalidad (terapéutica), la razonabilidad de las erogaciones que importen (evitando abusos o excesos) y la vinculación causal con el hecho.

Es suficiente entonces que la terapia reclamada aparezca como razonablemente idónea para combatir o tolerar las consecuencias perjudiciales del hecho. Lógico resulta que, el carácter netamente técnico-médico de esta materia hace que la mayor seguridad esté dada por la prueba pericial o, al menos, profesional.

Pero, a falta de ellas, adquirirán vital importancia las presunciones hominis de daño. Estas, como válido medio probatorio, permiten proyectar el daño desde ciertos datos objetivos, de modo tal que acreditándose la situación lesiva que constituye la causa, el actor queda liberado de probar precisamente el daño. En la última instancia, se reconoce que en caso de duda, debe resolverse en favor del damnificado.

Sobre la suma reclamada en oportunidad de concretar su demanda en la audiencia de debate, el actor solicitó intereses. Tal pedido no fue reeditado en esta Sede, donde el nombrado se restringió a reclamar la suma fija. La ausencia del reclamo pertinente a través del recurso de casación impide a esta Sala expedirse sobre su procedencia, por lo que sólo corresponderá mandar a pagar el monto base. (Voto de la Dra. Aída Tarditti en Mayoría).
Competencia ordinaria, competencia criminal, fraude a la propiedad intelectual, reproducción ilegal de obra intelectual, videocassette
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Bossi, Pablo Enrique s/ infracción a la ley 11.723.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

Es competente la justicia ordinaria para conocer en la denuncia que da cuenta de la comercialización de reproducciones de videocassettes sin la debida autorizacion de los legitimos distribuidores en el país.
Protección del medio ambiente, competencia ordinaria, competencia federal
Materia: MEDIO AMBIENTE-PROCESAL
Carátula: Fábrica Militar Río Tercero c/  s/ infracción ley 24.051
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-01

De la ley 25.675 General del Ambiente -art. 7- se concluye la regla de la competencia ordinaria y la excepción de la competencia federal para aquellos casos en que, efectivamente, se verifique una afectación interjurisdiccional.
Indemnización, acción civil, acción indemnizatoria
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: D, H G Y M, R V s/ LESIONES CULPOSAS      EXPTE NRO 354-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-11-19

Otra cuestión a desmitificar es el hábito de mensurar el daño moral de acuerdo a una proporción preestablecida del daño material concedido. La indemnización por daño moral no tiene porque guardar esa relación matemática; más aún, puede ser mayor su importe -a tenor de las particularidades del caso- al otorgado por daño material. Lo importante es cuidar que la suma definitiva, sintetice una respuesta ecuánime a la lesión de los derechos y expectativas del accionante y a la obligación de reparar de los responsables civiles.
Retroactividad de la ley, derechos adquiridos, derecho de propiedad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cía. de Intercambio Regional S.A. s/ conc. prev. S/incidente de revisión por Banco de la Nación  Argentina.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

Ni el legislador ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, ya que en ese caso el principio de no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema.
Encubrimiento, lavado de activos, estado de sospecha
Materia: PENAL
Carátula: Orentrajch, Pedro y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

La sospecha del origen ilegal del dinero o bienes, que puede servir para que se informe una operación como inusual o sospechosa -de lavado de activos-, autoriza el comienzo de una investigación pero no puede sustentar una condena, desde que ésta requiere -así sea por el mérito de prueba presuncional- que se adquiera la certeza moral de que ese dinero o esos bienes provienen de un delito anterior, comprobado de modo genérico, vale decir, que en las concretas circunstancias del caso permita descartar otro origen posible. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi).
Facultades del juez, errores en la liquidación, recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Alderete, Germán Armando c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-08-02

Según se desprende de los planteos efectuados por las partes, la demandada no cumplió con la entrega de los bonos de la deuda pública conforme lo establecía la Ley 7125, motivo por el cual celebraron un convenio de pago mediante el que se regularizó solamente la suma reconocida en concepto de capital consolidado, quedando pendiente la determinación de los intereses adeudados. En ese contexto se confeccionaron las respectivas planillas de liquidación que dieron lugar al auto impugnado, en el que se calcularon intereses correspondientes a un período que no se hallaba en discusión. Por lo tanto, se advierte que la jueza "a quo" omitió analizar la cuestión referida al interés de cada una de las cuotas de amortización que establece la Ley 7125, como así también los accesorios que procede aplicar por la mora incurrida por la demandada en el pago de cada servicio de la deuda, hasta la fecha del convenio celebrado con la demandada. De modo que corresponde remitir las actuaciones a la señora jueza interviniente a fin de que determine los intereses -por ambos conceptos- que han sido objeto de controversia entre las partes. (Del voto en mayoría del Dr. Vittar, Dra. Bonari, Dr. Catalano, Dra. Ovejero Cornejo)
Empleados públicos, personal no docente, universidades, aplicación de la ley, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: NAPOLI, ALFREDO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-29

Si el titular dejó de prestar servicios cuando no regían las disposiciones de la ley 22.955 y su decreto reglamentario, no corresponde se lo incluya dentro de su régimen, ya que su "status previsional" es ajeno a la normativa referida, cuya finalidad no es proteger a todos los agentes de la administración pública, sino a quienes hayan prestado servicios en determinados escalafones taxativamente enumerados en su articulado, su decreto reglamentario 3319/83 y la ley 23.982. (Disidencia del Dr. Herrero).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, eximición de prisión
Materia: PENAL
Carátula: Tanca, José s/ Incidente de eximición - Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04

Las decisiones de las Cámaras recaídas en un pedido de eximición de prisión no tienen carácter definitivo en los términos de los arts.349, inc.1, y 350 del Código de Procedimiento Penal a los fines de la admisibilidad de los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, gobierno nacional, facultades del gobierno nacional, gobierno provincial, facultades del gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Disco Sociedad Anónima c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

La Constitución Nacional debe interpretarse de modo que el ejercicio de la autoridad nacional y provincial se desenvuelva armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa.
Jurisdicción y competencia, exhorto a tribunal extranjero
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C.A.P. SA c/ A.C., J. s/ Juicio de Mayor Cuantía
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-11-12

La Corte Suprema Nacional en Fallos t. CXX, pág. 295 sostiene que el problema de la jurisdicción internacional debe resolverse por las normas atributivas de nuestra legislación. La cuestión puede plantearse ante el tribunal exhortado cuando los antecedentes del caso revelan que el juicio en que se decretó la medida compete a la jurisdicción del tribunal al que se requiere el cumplimiento.
Empleados públicos, remuneración, pago, depreciación monetaria, actualización monetaria, efecto extintivo del pago, principio de integridad
Materia: CIVIL
Carátula: Osella, Celso Julio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 480-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-02

Teniendo en cuenta que la actualización no tiende sino a mantener idéntico en sí mismo el contenido del crédito, lo pagado por la accionada no se corresponde con el objeto de la deuda y, por lo tanto, carece del pretendido efecto cancelatorio al no cumplirse -cualitativa y cuantitativamente- la prestación que hace al objeto de la obligación (artículo 725, Código Civil).
Expropiación, indemnización, bienes inmuebles, Tribunal de Tasaciones, dictámenes
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ GAMBOA, MARTINA; COCCOLO Y ACCIARESSI, MARIA ADELA Y ROSSETTI S.A.C.I.F.I. Y/O QUIEN EN DEFINITIVA RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 498 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-18

Debe rechazarse el planteo de la co-expropiada que, al alegar, postula como valor objetivo del predio a la fecha de la desposesión el correspondiente al dictamen de su representante en la Comisión de Tasaciones, expresando que el criterio según el cual se devalúa el inmueble en razón de la aptitud de los suelos es errado, ya que "a los fines de determinar el valor cierto de la fracción se debe merituar el destino natural y posible de la fracción ...", y que "la zona de localización de la fracción expropiada ha sido destinada, desde antaño, a la radicación de urbanizaciones (countries, clubs de campo, etc.) y no a la explotación agropecuaria".

Ello por cuanto en primer lugar, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 39 de la ley 7534, en segundo lugar porque las razones que recién al alegar se exponen para postular una suma superior -que las tierras se destinarán a urbanizaciones y no a la explotación agropecuaria- no fueron expresadas al contestar la demanda, ni en torno a ellas se ofreció ni se produjo prueba ninguna -, no integrando, por ende, la litis, y , en tercer lugar, porque no surgen de la causa elementos de convicción que justifiquen apartarse de la calificación de tierras efectuada por la expropiante, aspecto expresamente debatido en el seno de la Comisión de Tasaciones, que dictamina que la suma finalmente adoptada como valor base tiene una razonable correlación con la establecida en causas referentes a otros inmuebles radicados en la misma zona, por lo que su adopción en el sub judice guarda coherencia con la tradicional doctrina que esta Corte ha elaborado con apoyo en jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación destacando "la importancia que, para fijar la justa indemnización, tienen las valuaciones sobre inmuebles linderos, debiendo evitarse 'diferencias injustas' y manteniendo en lo posible el principio de igualdad de trato entre los afectados a igual destino...".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Simonetti, Ramón J.D. s/ Concurso comercial preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-04

Calificar la actitud exteriorizada por el deudor en punto al cumplimiento del concordato celebrado, constituye una cuestión de hecho.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Cheuquepal, Jorge Martín c/ Textil Windsor S.A. s/ Diferencia de Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-03-29

Si bien la regla general de apreciación es la de apartar del cuadro probatorio las declaraciones del testigo "de oídas", ella reconoce una salvedad: no procede excluirlas totalmente cuando los dichos aparecen avalados por otros elementos de convicción.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reynoso, Benedicto c/ Mendoza, Oscar E. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

En el caso, el pronunciamiento de la Cámara que rechaza la nulidad de notificación del traslado de la demanda, en tanto impide resolver sobre la prescripción de la acción opuesta por los codemandados, reviste carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Cód. Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, concesión para la venta de automotores, rescisión del contrato
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Salas, Miguel Alberto c/ Banco Santander Rio Sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-12

No resulta procedente la demanda por daños y perjuicios incoada en contra de la concesionaria, toda vez que no pudo imputársele a ésta la rescisión intempestiva del contrato de concesión. Ello, ya que, lejos de tratarse de una rescisión abrupta e intempestiva la resolución contractual produjo un sinceramiento de la realidad ya que en los hechos la actora hacía tiempo que no cumplía con su carácter de concesionario,-ya había despedido a todo su personal y abandonado su local comercial- por lo que se encuentran acreditadas las causas invocadas por la demandada a los fines de rescindir el contrato.
Honorarios, regulación de honorarios, actualización monetaria, juicio de apremio, demanda, liquidación, depreciación monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GAGGIAMO, HECTOR J C c/ LAROMET SA METALURGICA Y CONSTRUCTORA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION    INCIDENTE DE APREMIO POR HONORARIOS      CSJ EXPTE NRO 103-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-04-19

Habiendo el actor iniciado el apremio a los 20 días hábiles de la fecha en que por haber transcurrido un mes de quedar firme la regulación, pudo pedir actualización de los honorarios, corresponde entender que en esas circunstancias, está facultado para apremiar no sólo por el monto de los honorarios regulados, sino que puede incluir en el apremio el pedido de desvalorización monetaria anterior a la demanda. Lo contrario sería obligarlo a reiterados trámites similares, porque el plazo que insume el disponer el reajuste, determina generalmente la desactualización del monto del crédito.
Administración de vialidad provincial, multa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 66-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-20

En el ámbito administrativo, la sanción a la empresa titular del vehículo que aprovecha de una actividad económica en infracción a las limitaciones de carga máxima es una derivación que se impone conforme a las normas vigentes. La invocación de la violación del principio de personalidad de la pena por imponerse la sanción al dueño del vehículo proviene de la infundada identificación entre la aplicación de la multa y las sanciones de carácter penal.
Restitución de sumas de dinero, inembargabilidad del salario, empleados públicos, abuso del derecho, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Borghi, Mario Alberto c/ Taylor, Norma Esther y Mendiola, Josefina Esther s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-04-22

Es improcedente el pedido de restitución de las sumas retenidas y percibidas, pues si bien es cierto que las previsiones sobre inembargabilidad de los empleados públicos son de orden público -art. 16 Decreto Ley 6754/43-, dicho carácter de manera alguna puede modificar la firmeza de las libranzas ordenadas, no solamente por dicha estabilidad y su jerarquía constitucional sino porque una solución contraria implicaría un verdadero abuso de derecho -por parte de la coejecutada- que la propia ley no ampara, máxime teniendo en cuenta que ésta nunca se presentó a hacer valer sus derechos con anterioridad a la sentencia y, asimismo, se presentó recién años después de efectivizada la medida de embargo.
Ley penal más benigna, actuación de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Modaffari, Antonio. s/ Confesión calificada Sebatiani, Juan J. s/ Incidente de libertad condicional Bargas, Pedro N. y otros s/ Robos reiterados - Asociación ilícita N.N. s/ Evasión - Robo Segura, José Roberto s/ Recurso de revisión Rabaia, Carlos E. y otro s/ Secuestro extorsivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-06|1984-06-26|1985-02-19|1985-04-02|1987-02-24|1984-08-10

En la instancia extraordinaria abierta por el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, corresponde aplicar de oficio la ley más benigna como único modo de satisfacer la operatividad "de pleno derecho" impuesta en el art.2 del Código Penal.
Juicio ejecutivo, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Constructora Lihue S.A.C.C.I.F. c/ Vega, Elias y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

La constitución en mora configura un instituto privativo de la Ley de fondo o sustantiva -código civil- y de ninguna manera de la de forma o adjetiva, según el orden de prelación jerárquica constitucional y organización de nuestro sistema federal (arts. 31 y 67, inc. 11 C.N.). Fuera de los supuestos de mora "ex re", para su constitución, si bien no se requieren fórmulas sacramentales, en cambio si, una interpelación determinada y concluyente, con un requerimiento expreso y preciso del cumplimiento de la obligación pendiente y por supuesto, con conocimiento del deudor en su domicilio (art. 509 y su doctrina Código Civil). El mecanismo previsto en el art. 46, 2do. párr., de la Ordenanza General Nro. 165 (ADLA XXXIII-B-2429), al no reunir esos requisitos, no resulta idóneo para la constitución extrajudicial en mora. Para el caso, debe recurrirse a la judicial y para ésta, específicamente, la de la fecha en que tuvo lugar la intimación de pago y embargo.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, caducidad, interrupción de la caducidad, notificación, notificación automática, notificación por cédula
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: VEINTICCINQUE, VICTOR ANTONIO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION- RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 468 AÑO 205)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-02-20

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que merece reproche constitucional el razonamiento de la Cámara que entendió que no debía otorgarse efecto interruptivo de la caducidad a la notificación por cédula ordenando se corra vista al Procurador para que se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso.

Es que, el A quo no ha reparado en que para poder instar la vista dispuesta - resultaba ineludible el conocimiento de los recurrentes de ese acto y que, habiéndose dispuesto otra forma de notificación diferente de la automática, la que se realizó por cédula (conf. art. 62, inc. 8 -última parte-, C.P.C. y C.), no correspondería tener por notificados a los demandantes sino a partir de este último acto.

Apréciese que los Sentenciantes sostienen el desdoblamiento de la forma notificatoria, al considerar que la providencia contenía una parte cuya notificación operaba en forma automática y otra que correspondía hacer saber por cédula, mas esa forma de razonar implica incurrir en exceso ritual y el restarle efecto impulsorio a esa notificación por cédula, conllevó la consecuente conculcación de la garant ía constitucional de defensa en juicio y debido proceso. En la situación descripta, y teniendo especialmente en cuenta la propia conducta asumida por el Tribunal, razones de seguridad y certeza jurídica hacían preponderar la notificación por cédula o personal, dado que representa mayor certidumbre en cuanto a la salvaguarda de los derechos.
Personal municipal, personal jerárquico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: O'Grady, Juan Carlos c/ Municipalidad de Berazategui s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

Si el actor quedó separado de la Municipalidad por su remoción en el cargo de jefe de compras -en el que no tenía estabilidad- y consintió los respectivos actos, la Municipalidad actuó innecesaria y erróneamente al promover posteriormente un sumario y decretar su cesantía, por lo que no debe entrarse al juzgamiento de las objeciones planteadas respecto a este último acto.
Cargos gremiales, delegado gremial, juicio sumarísimo, reincorporación, astreintes
Materia: LABORAL
Carátula: ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO  S.A. c/ LLONTO, PABLO s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-30

Si la empresa condenada a la reinstalación en el puesto del delegado gremial es una sociedad anónima, el método natural para lograr el cumplimiento compulsivo de su obligación lo constituyen las astreintes, art. 52 de la ley 23551 y art. 623 y cctes. del C Civil. En caso de renuencia correspondería solicitar el incremento del monto de las mismas, pero no acudir a la fuerza pública por cuanto el art. 629 del C.Civil impide la utilización de la fuerza en los deudores de obligaciones de hacer.
Reclamo administrativo previo, habilitación de instancia, demanda, Ente Nacional Regulador del Gas
Materia: PROCESAL
Carátula: Transportadora  de  Gas  del  Norte c/ YPF SA s/ cumplimiento decontrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-14

Podría existir una cuestión que hace a la admisibilidad de la demanda judicial por no haberse agotado la vía previa que contempla la ley 24.076. Pero no es esto lo que planteó la demandada y en cualquier caso sólo podría ser alegado por el sujeto estatal. En ese orden, es bueno recordar que la exigencia para los particulares de acudir a una instancia administrativa antes de poder entablar su demanda ante un tribunal judicial constituye una prerrogativa de derecho público que la ley confiere a los organismos estatales. De allí que se ha resuelto que la omisión de tal recaudo no puede ser invocada por una persona de derecho privado en un litigio suscitado con motivo de una relación entre particulares (conf. Cámara Nac. de Apel. en lo Cont. Adm. Federal, Sala II in re "Dolder Guillermo Andrés c/ PEN si proceso de conocimiento" del 18.6.05; esta Sala, causa "Petrobras c. Camuzzi", n° 4.421708, del 27.2.09). Y lo cierto es que el ENARGAS no es parte en esta contienda y tampoco sido citado por la recurrente.