Confirmación de sentencia, pago de la remuneración, decreto de necesidad y urgencia, despido sin causa, diferencias salariales, principio de irrenunciabilidad
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Bellido, Norberto Eduardo  c/ Stars Game SA  s/ cobro de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-29

El DNU 329/20 que prohibió los despidos sin causa, por causas económicas o por fuerza mayor, como así también las suspensiones por estas últimas causales, previó que quedarían "exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo". Las suspensiones a las que alude el mentado art. 223 bis LCT no son otras que las derivadas de causas económicas o de fuerza mayor, por lo que es de toda evidencia que, más allá de la inconsistencia del postulado, lo que se ha querido con tal disposición es habilitar de algún modo la negociación de rebajas salariales en los términos y con los alcances de dicha normativa, es decir, quitándole a lo abonado naturaleza "remuneratoria". Las personas en su generalidad estaban dispensadas de prestar tareas de modo efectivo por una medida de absoluto orden público (DNU 297/20 o las resoluciones del Ministerio de Trabajo que la antecedieron), por lo que la "suspensión de prestar tareas en tal contexto representa una ficción -no se puede suspender, lo que ya está suspendido- y tiene en realidad como consecuencia práctica, por un lado, impedir la invocación de "fuerza mayor" para el no pago de salarios en el marco de la relación individual de trabajo (conf. art. 1733 CCCN) y por el otro, imponer la previa negociación con el sector sindical para disponer rebajas salariales. Se recurrió en forma artificiosa a una variante especial de las suspensiones por causas económicas (suspensiones negociadas) que para que resulten jurídicamente válidas deben reunir las condiciones que rigen para las suspensiones en general, en especial establecer plazo fijo de duración y ser notificadas por escrito. No es posible habilitar suspensiones en los términos de la normativa invocada (art. 233 bis de la LCT) sin cumplir -además- los recaudos generales de validez exigidos para las demás suspensiones por cuanto una interpretación de ese alcance resultaría contraria al principio de la norma mínima que impone el orden público laboral e implicaría habilitar la renuncia a derecho por vía de la autonomía individual o colectiva en franca trasgresión a los principios protectorio y de irrenunciabilidad (art. 14 bis CN y arts. 7, 12, 13 LCT y 7 ley 14.250) sin adoptarse con rigor los extremos que habilitarían solo con alcance temporal y de modo sumamente excepcional medidas del corte de las previstas en la cuestionada normativa. La reducción de ingresos en un 25% habilitada por la autoridad administrativa en el marco de la pandemia requería la celebración previa de acuerdo (colectivo o individual) que sólo resultaría hábil, previa homologación administrativa y siempre que los trabajadores y trabajadoras involucradas lo suscribieran por sí o a través de sus representantes. La accionada no acreditó que el acuerdo colectivo de pago de un 75% del salario pero sin carácter remunerativo hubiere sido homologado antes de procederse a la reducción de ingresos, siendo inadmisible la pretensión de que se pudiera considerar pendiente de homologación la negociación de la que pretende valerse por el período marzo-diciembre 2020. Cabe confirmar la sentencia de primera instancia.