Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-04-19


La Plata, abril 19 de 2005.

1º ¿Resulta admisible el recurso incoado? 2º ¿Es procedente el planteo de nulidad impetrado? 3º ¿Surge como correcta la calificación legal aplicada a M. A. S. C., H. M. S. C. y el resto de los coencartados? 4º ¿Se ha producido una arbitraria valoración de la prueba testimonial producida en el debate? 5º ¿Ha mediado una adecuada aplicación de los arts. 40 y 41 del C.P.? 6º ¿Es constitucional el art. 8 de la ley 12.061? 7º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Piombo dijo:

La sentencia se ha dictado con fecha 12/9/2002, notificándose a las partes por lectura según lo dispuesto por el art. 374 del C.P.P. Así las cosas, la reserva conservativa de derechos recursivos fue interpuesta por la defensa oficial, en representación de todos los coencartados, el día inmediato posterior, mientras que el escrito recursivo lo ha sido el vigésimo día del plazo otorgado por la ley para ello. La adecuación temporal es, por ende, irreprochable.

Adunado a ello, el recurso pone de manifiesto los agravios que la defensa oficial considera atendibles, los fundamenta en derecho y postula la solución que se estima procedente; todo, debidamente apontocado en soporte documental certificado.

Por último, la queja se dirige contra una sentencia que reviste el indubitado carácter de definitiva, por lo que me pronuncio por la admisibilidad formal y material del remedio incoado.

Voto por la afirmativa.

El doctor Sal Llargués dijo:

Adhiero al voto del doctor Piombo en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

El doctor Natiello dijo:

Adhiero al voto de los colegas preopinantes y doy el mío en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

2º cuestión. - El doctor Piombo dijo:

La nulidad fue desestimada por no haber sido la pieza instrumental de que se trata ofrecida como prueba y por lo tanto resultar "inútil o inservible con miras al debate oral" (fs. 16 in fine y 17 1er. párrafo). No obstante, al examinar la materialidad del hecho, el Tribunal puntualizó que "... se desprenden de las incuestionadas pericias de levantamiento de rastros y su complementaria constancia de fs. 17 y 48/50 y balística de fs. 301/303..." (fs. 24 de estos autos). O sea que el razonamiento no fue acompañado de una actitud congruente, dado que el a quo utilizó el acta que se reputa nula por la defensa como cargosa para los encartados.

Así las cosas, resulta clara la legitimación de aquélla para requerir la invalidez, la cual deviene de que ella no contiene los requisitos básicos normativamente exigidos para gozar de legitimidad, en la medida que no consigna fecha, hora, lugar, causa y fiscal interviniente amén de no puntualizar que los actos se hicieron en presencia de determinados testigos sin que conste, además, la aclaración de la firma apuesta al pie de la diligencia.

Empero, aun fulminada la invalidez de la actuación de que se trata en orden a lo establecido por el art. 201 del ritual, advierto que la pluralidad de disparos y el desorden en el escenario de los hechos, fluyen de fuentes independientes ("independent source" estadounidense (C.S.N., "Fallos 310:1847"), como son las declaraciones testimoniales referidas en el acto de debate y sentencia y los reconocimientos médicos practicados en el cuerpo de la víctima. Incluso, no cabe perder de vista que la sanción de la ley 13.183 marcó los lineamientos de una nueva doctrina de las nulidades.

En verdad, articulándose el procedimiento de la ley 11.922 en el debate plenario, al que configura como eje central y medular del proceso, no inciden en su resultado las fallas anteriores de una I. P. P. que elabora una de las partes, en la medida que las diligencias sean reproducibles y que las irreproducibles no afecten la defensa en juicio. En esa inteligencia -reiteradamente afirmada por esta Sala al cumplir el cometido que le confía el art. 4 de la ley 11.982 (vgr.: Sala I, sent. del 25/4/00 en causa 706, "Igía", doctrina de la mayoría; ídem del 28/8/01 en causa 1680, "Chamorro Pacheco")-, los defectos no gravitan ni tienen el alcance que adquieren en un proceso dividido en etapas que se van cerrando al hilo de la preclusión. A mi entender, no puede hablarse más de efectos secuenciales, que al igual que un dominó maculen todas las actuaciones desde la reputada inválida hacia adelante, sino que siendo el debate el punto sobre el cual converge todo el accionar (lo anterior es meramente preparatorio), cabe convenir que la validez de los actos no debe verse al tiempo de ser producidos sino al momento de ser introducidos en esta suerte de nuevo plenario oral. De manera que cada hallazgo preparatorio, como hecho, puede ser introducido y debatido, en la medida que sea factible su constatación por medios que se produzcan o reproduzcan en ese momento estelar. Todo enmarcado por la general exigencia de razonabilidad (sala I, sent. del 9/11/99 en causa 232, "González"; ídem del 18/10/00 en causa 801, "Recurso fiscal en causa nro. 2041 del Departamento Judicial de Necochea).

Con las limitaciones que fijo, me expido entonces por la afirmativa.

El doctor Sal Llargués dijo:

Adhiero al voto del doctor Piombo en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

El doctor Natiello dijo:

Adhiero al voto de los colegas preopinantes y doy el mío en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

3º cuestión. - El doctor Piombo dijo:

Tiene dicho esta sede que en el homicidio calificado por la pluralidad preordenada de agentes (art. 80, inc. 6, C.P.), en cuyo ámbito se agrava la penalidad en razón de la mayor peligrosidad que ello representa y la consecuente disminución de las posibilidades de defensa de la víctima, la concurrencia de personas debe responder a una convergencia de voluntades previamente establecida, o sea que la acción de cada uno se encuentre subjetiva y objetivamente vinculada a la de los otros partícipes, no bastando la simple reunión ocasional. La preordenación a que alude el tipo objetivo no exige, en cambio, una sistemática reflexiva y fríamente calculada, producto de una prolongada deliberación, como ocurría en su significación tradicional, siendo suficiente el acuerdo previo para matar entre todos (Sala II, sent. del 17/7/03 en causa 1008, "Cano"; ídem del 2/9/03 en causa 12076, "Mare").

El examen del fallo revela la existencia de una intención homicida, trasuntada en la pluralidad y dirección de los disparos, como así también la existencia de un concierto delictivo para escarmentar o vengar cierta afrenta exteriorizada en la entrada mancomunada "invito domino" a la vivienda, amén de un accionar vandálico en el "situs". Pero de allí a establecer con la certeza que requiere un fallo judicial que la irrupción fue guiada por el propósito de asesinar, hay una distancia que lo acreditado no puede cubrir. De ahí que me incline por la acriminación simple del homicidio.

También en el marco del encuadramiento legal la accionada sostiene la legítima defensa de derechos propios y de terceros para todos sus pupilos, y endilga al a quo la falla de haber tomado como mendaces los dichos de sus defendidos. Empero, en la sentencia ya se trata el tema y el planteo sólo es mera reedición en esta sede de lo opuesto en el debate, sin que se aporten elementos valederos para reputar disvalioso o errado el razonamiento de la instancia inferior.

Con el alcance apuntado, voto por la negativa.

El doctor Sal Llargués dijo:

Adhiero al voto del doctor Piombo en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto, con el alcance apuntado por el colega preopinante, por la negativa.

El doctor Natiello dijo:

Coincido con el Fiscal de Casación, el planteo que pretende mutar la subsunción legal del hecho, debe rechazarse.

El juicio de tipicidad que se realizara en la sentencia no merece censura alguna, pues, con basamento en los hechos acreditados en la cuestión primera y segunda del veredicto, queda claro que los coencartados ingresaron a la vivienda de L. con la intención de matarlo.

Los cinco sujetos imputados, en la madrugada del 1º de enero, ingresaron en la vivienda de O. L. que se encontraba festejando el año nuevo, y es en esas circunstancias que M. S. C. dispara con un arma de fuego impactando en la pierna del dueño de casa, al no darle muerte vuelve a disparar, así tres disparos más impactan en la víctima. Es evidente, que al no detenerse ni detenerlo ninguno de los agresores concertados después del primer disparo, la intención con la que ingresaron a la vivienda era la de matar a L.

Es clara la división de roles, mientras uno disparaba un arma de fuego para darle muerte a L., los otros neutralizaban al resto de los comensales. Todo ello corroborado por la prueba testimonial.

Sin duda todo el accionar de los partícipes estuvo dirigido a disminuir la defensa de la víctima de autos, neutralizando a los asistentes a la cena, que al decir del sentenciante eran por lo menos diez personas. No abrigo dudas -como tampoco las tuvo el sentenciante- que al momento de irrumpir en la vivienda sabían que se dirigían a matar a L., cuestión por la cual debe rechazarse el planteo.

Voto por la afirmativa.

4º cuestión. - El doctor Piombo dijo:

Sólo en cuanto al punto marcado al contestar el interrogante precedente. En todo lo demás, no hay inferencias encausadas en el marco de la sana crítica que puedan ser tachadas de irrazonables o absurdos. Por lo demás, es verdad sabida que si en una prueba campea la soberanía de los jueces de grado es, precisamente en la evaluación de los testigos, puesto que ameritar los elementos que hacen a un testimonio creíble -talante del declarante, ausencia de contradicciones, reacciones durante la audiencia, etc.- es, en principio, materia reservada naturalmente a los jueces que han tomado directo contacto con el material probatorio, y no a jueces que, como quienes ejercen esta jurisdicción, sólo tienen un acta de debate o, eventualmente, grabaciones fonomagnéticas (Sala I, sent. del 8/9/99 en causa 185, "Benítez"; ídem del 6/7/00 en causa en causa 781, "Herrera"; ídem del 7/12/00 en causa 3097, "Pan"; ídem del 8/2/01 en causa 196, "Galván").

De ahí que mi voto es, con la salvedad apuntada "ab initio", por la negativa.

El doctor Sal Llargués dijo:

Adhiero al voto al voto del doctor Piombo en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la negativa.

El doctor Natiello dijo:

No se advierte visos de absurdidad o arbitrariedad en la valoración de la prueba. El a quo ha dado sus razones de por qué descree de la versión de los coimputados, apontocada en los testimonios del resto de los testigos que ha merituado como creíbles y conducentes para cerrar un plexo cargoso. En ese sentido y con fundamento en la soberanía de los jueces de grado -como gusta decir mi colega el doctor Piombo-, en la evaluación de los testigos, el planteo debe rechazarse. Voto por la negativa.

5º cuestión. - El doctor Piombo dijo:

La circunstancia de aplicar una tesis mutativa al rubro subsunción jurídica, implica movilizar nuevamente las pautas contenidas en los arts. 40 y 41 del C.P. a la luz de los hechos estimados como comprobados por el órgano jurisdiccional de grado.

Y bien, revistiendo la sentencia el carácter de acto complejo que no reconoce partición en compartimentos estancos o incomunicados entre sí, y cuyo veredicto en su totalidad implica determinar el sustrato fáctico de la sanción, emerge como inesencial el lugar donde consten las premisas de la resolución que se adopte respecto de la pena (Sala I, sent. del 19/8/99 en causa 103, "Molina"; ídem del 13/4/00 en causa 782, "Brugnoni"). De ahí que a la minorante y agravante mencionados cabe tener en cuenta la índole vandálica del hecho destacada al tratar las cuestiones primera y segunda del fallo controvertido. Digo agravante en singular y no en plural, toda vez que el empleo de arma de fuego y la cantidad de disparos en un ámbito "donde había concentración de gente", en rigor configuran una única causal encuadrable en la "mayor peligrosidad" prevista en el art. 41 del texto fondal. Sin perjuicio de esto, la falta de prueba en el punto a la premeditación, no en cuanto al apoyo brindado al matador tentativo, debe también tener su recepción en el ámbito de fijación sancionatoria.

Con el alcance apuntado, voto por la afirmativa.

El doctor Sal Llargués dijo:

Adhiero al voto del doctor Piombo en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

El doctor Natiello dijo:

Nada puede reprochársele a la sentencia. En el rubro atenuantes, trata claramente la situación primaria de los imputados, en consecuencia el planteo en ese sentido es infundado. En cuanto al empleo de arma de fuego y la cantidad de disparos efectuados, adhiero al voto del doctor Piombo por sus fundamentos.

Voto por la afirmativa.

6º cuestión. - El doctor Piombo dijo:

La adecuación constitucional ha sido destacada, a mi juicio con suficiencia, por los magistrados de grado. De ahí que quepa remitirse en un todo a lo allí dicho para rechazar el planteo.

Voto por la negativa.

El doctor Sal Llargués dijo:

Adhiero al voto del doctor Piombo en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la negativa.

El doctor Natiello dijo:

Adhiero al voto de los colegas preopinantes y doy el mío en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la negativa.

7º cuestión. - El doctor Piombo dijo:

Atento el resultado arribado, propongo al acuerdo: 1) declarar admisible el recurso de Casación 11.504, incoado por el señor Defensor Oficial titular de la U.F.D. Nº 5 del Departamento Judicial Morón, doctor Rómulo Soria Paz, en representación de sus asistidos M. A. S. C., H. M. S. C., E. J. G. S. C., V. O. M. y N. E. S. (arts. 448, 450, 451, 454 del C.P.P.); 2) hacer lugar a la nulidad impetrada, sin que la misma tenga efecto alguno en la configuración del cuerpo del delito o la responsabilidad de los coencartados, atento la existencia de fuentes independientes de conocimiento respecto de cada una de las anotadas parcelas del pronunciamiento inculpatorio (arts. 201, 210, C.P.P.); 3) por mayoría y los fundamentos dados en el tratamiento de la cuestión tercera, recalificar el hecho como constitutivo de homicidio simple (art. 79, C.P.); 4) rechazar la existencia de alguna forma de legítima defensa o de exceso en su ejercicio (art. 34 incs. 6 y 7 -ambos a contrario-, C.P.); 5) señalar que, salvo en cuanto a la inserción de la agravante, no existen vicios en la apreciación probatoria efectuada en la sentencia objeto de examen (doctrina citada de esta sede); 6) en consecuencia de lo expresado, corresponde por mayoría casar parcialmente la sentencia impugnada, exclusivamente en lo atinente a la calificación del ilícito y fijar las penas, en función de las circunstancias determinantes acreditadas en el veredicto, en nueve años de prisión para M. A. S. C., ocho años de igual pena para H. M. S. C. y cinco años y seis meses de la misma especie privativa de libertad para E. J. G. S., V. O. M. y N. E. S., dejando incólumes las demás declaraciones formuladas en el fallo (arts. 40 y 41, C.P., 460 C.P.P.); 7) afirmar la constitucionalidad del art. 8 de la ley 12.061; 8) imponer las costas en atención a lo preceptuado en el art. 29 del Código Penal (arts. 530 y 531, C.P.P.).

Así lo voto.

El doctor Sal Llargués dijo:

Adhiero al voto del doctor Piombo en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

El doctor Natiello dijo:

Dejando a salvo mi opinión vertida en el tratamiento de la tercera cuestión y reafirmando mi criterio contrario a la fijación de pena en esta sede, así como a la imposición de costas cuando la recurrente es la defensa pública, dada la mayoría alcanzada, adhiero a voto de los colegas preopinantes y doy el mío en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede el Tribunal resuelve: I. Declarar admisible el recurso de Casación 11.504, incoado por el Defensor Oficial titular de la U.F.D. Nº 5 del Departamento Judicial Morón, doctor Rómulo Soria Paz, en representación de sus asistidos M. A. S. C., H. M. S. C., E. J. G. S. C., V. O. M. y N. E. S. II. Hacer lugar a la nulidad impetrada, sin que la misma tenga efecto alguno en la configuración del cuerpo del delito o la responsabilidad de los coencartados, atento la existencia de fuentes independientes de conocimiento respecto de cada una de las anotadas parcelas del pronunciamiento inculpatorio. III. Por mayoría y los fundamentos dados en el tratamiento de la cuestión tercera, recalificar el hecho como constitutivo de homicidio simple. IV. Rechazar la existencia de alguna forma de legítima defensa o de exceso en su ejercicio. V. Señalar que, salvo en cuanto a la inserción de la agravante, no existen vicios en la apreciación probatoria efectuada en la sentencia objeto de examen. VI. Por mayoría y los fundamentos dados, casar parcialmente la sentencia impugnada, exclusivamente en lo atinente a la calificación del ilícito y fijar las penas -en función de las circunstancias determinantes acreditadas en el veredicto-, en nueve años de prisión para M. A. S. C., ocho años de igual pena para H. M. S. C. y cinco años y seis meses de la misma especie privativa de libertad para E. J. G. S., V. O. M. y N. E. S., dejando incólumes las demás declaraciones formuladas en el fallo. VII. Afirmar la constitucionalidad del art. 8 de la ley 12.061. VIII. Imponer las costas en atención a lo preceptuado en el art. 29 del Código Penal. Arts. 29, 34 incs. 6to. y 7mo. -ambos a contrario- 40, 41 y 79, C.P. 201, 210, 460, 530 y 531, C.P.P. IX. Tener presente la reserva del caso federal interpuesta por el recurrente. Art. 14 de la ley 48. - Horacio D. Piombo. - Benjamín R. Sal Llargués. - Carlos A. Natiello.