Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-15


Salta, 14 de febrero de 2005.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "FLORES, MARGARITA EN REPRES. DE SU HIJA SARAPURA, RITA; RENFIJES, EULALIA EN REPRES. DE SU HIJA SARAPURA, ELIANA Y OTROS VS. EDESA S.A. Y JUNCAL CÍA. DE SEGUROS S.A. (A.R.T.) - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. Nº CJS 26.475/04), y CONSIDERANDO:

1º) Que, a fs. 302/308, la co-demandada EDESA S.A. interpone recurso de inconsti-tucionalidad contra la sentencia de fs. 288/293, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

Según la impugnante, la sentencia atacada, que confirmó parcialmente la anterior, al declarar la inconstitucionalidad de los arts. 39 inciso 1º y 49 de la ley 24557 transgredió el sistema republicano de división de poderes y los derechos previstos por los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional por aplicar la Cámara un régimen de reparación diferente al establecido por la L.R.T.

Señala que la regulación de infortunios laborales prevista para quienes presten servi-cios en relación de dependencia, tiene su razón de ser en las singulares circunstancias en que se producen las contingencias y constituye -conforme surge del mensaje de remisión del Poder Ejecutivo- un sistema de prevención y reparación de los riesgos originados en el trabajo.

Considera que la forma de reparación del Código Civil no es la única posible y que los topes indemnizatorios son una cuestión atinente a la política jurídica, ya que el derecho puede limitar o restringir el contenido normal del daño, teniendo el legislador como límite la razonabilidad y la adecuación a un cierto sentido de justicia.

Sostiene que en el caso de autos la suma abonada por Juncal A.R.T. de $ 55.000 no resulta absurda ni arbitraria al equivaler casi a 62 meses de la retribución bruta total del causante o a 75 meses de su retribución neta. Agrega que ese monto se adiciona a la pen-sión que por fallecimiento otorga el Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones aprobado por ley 24241.

Niega que la autoridad judicial pueda ignorar la determinación realizada por el legis-lador, adjudicándose la decisión de cuál es el monto adecuado para la protección en caso de accidente de trabajo con atribución evidente de competencias que no le son propias.

Concedido el recurso por el tribunal "a-quo" mediante la resolución de fs. 309/310 vta., se agrega el memorial presentado por las actoras a fs. 321/323 vta. A fs. 325/327 dic-tamina el Sr. Fiscal ante la Corte nº 2, en el sentido de que corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad, encontrándose ahora los autos en estado de resolver.

2°) Que es criterio reiterado de este Tribunal que el recurso de inconstitucionalidad resulta de carácter excepcional y de interpretación restrictiva. Su admisión se circunscribe a los supuestos en que una cuestión constitucional, oportunamente introducida, deviene esen-cial para la resolución de la causa. Por ello, el remedio extraordinario, lejos de importar la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de consti-tucionalidad y no para revisar sentencias pronunciadas por los jueces de la causa, en tanto y en cuanto ellas no revistan vicios de entidad grave que lesionen un principio constitucional, o que impliquen su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad, tal como ha sido elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Tomo 49:347; 53:329; 54:241; 59:1093; 64:841; 70:229).

3º) Que, en la especie, la Cámara ha confirmado la declaración de inconstitucionali-dad del art. 39 de la L.R.T. por considerar que la validez de la limitación que establece la norma depende de la extensión del daño que acredite el damnificado y que, de las constan-cias de la causa, surge que el monto abonado configura una lesión al principio establecido en el art. 19 de la Constitución Nacional que prohibe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero.

Si bien es competencia y atribución del legislador concretar a través de políticas el mandato constitucional de protección de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos (cfr. art. 75 inc. 23 de la C.N.), es de competencia de los jueces declarar la inconstitucionalidad de aquellos casos en que la garantía no se efectivice. Se ha señalado al respecto que el hecho que, de acuerdo con la división de poderes establecida en nuestra Constitución Nacional, no pueda el juez pronunciarse sobre la prudencia de la norma (pues se trata de un tema excluido de la esfera de su competencia), no lo inhibe para, ante el agravio deducido, analizar si aquélla resulta razonable. De otra manera, el legislador podría fijar una base simbólica que no tuviera en absoluto nada que ver con el daño que se intenta reparar, lo que sería absurdo. En el caso, cabe distinguir entre el juicio respecto de la prudencia de la norma (que no le es permitido realizar al juez, que no es legislador) y el de su razonabilidad, es decir, cuando la misma no tiene un fundamento real (basado en la cosa que se intenta regular), sino más bien es fruto de la voluntad de aquél. Si éste adolece de ese vicio, la norma no puede ser aplicada como si fuera derecho, ya que carece de uno de los supuestos que le dan su consistencia (razona-bilidad) (cfr. Antonio Vázquez Vialard, "Razonabilidad de los topes fijados a los fines de determinar el monto de las indemnizaciones que prescribe el Derecho del trabajo" L.L. 1.996 E, pág. 503).

4º) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en su actual integración- señaló en la causa "Vizzoti, Carlos A. c. AMSA S.A. s/despido" (cfr. Sup. Especial L.L., 17-09-2004, págs. 25/30) que la reglamentación del derecho del trabajo no debe perder de vista el sentido profundamente humanístico y protectorio del trabajador que la Constitución Nacio-nal, robustecida por los aportes del art. 14 bis y la reforma de 1994 (especialmente el art. 75 inc. 22), le exige. Expresó que si el propósito del instituto es reparar, no hay dudas con res-pecto a que la modalidad que se adopte, en todo caso, debe guardar una razonable vincula-ción y proporción con los elementos fácticos que el propio legislador eligió como significa-tivos para calcular la prestación. Con tales parámetros consideró que en caso que el importe del salario devengado regularmente por el trabajador resulte disminuido en más de un ter-cio, el art. 245 de la L.C.T. resulta inconstitucional en tanto de la aplicación del tope esta-blecido en los párrafos segundo y tercero, se violente la protección contra el despido arbi-trario y el derecho de propiedad del trabajador despedido.

Con fecha 21 de setiembre de 2004, el Supremo Tribunal Federal en la causa "Aqui-no" (cfr. Sup. Especial L.L., 27-09-2004, págs. 37/56) confirmó la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 de la ley 24557 y condenó a la empleadora al pago de la indemnización por daños fundada en el Código Civil. Afirmó que la ley de riesgos del trabajo al excluir, mediante el art. 39 inc. 1º sin reemplazar con análogos alcances, la tutela de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, no se adecua a los lineamientos constitucionales a pesar de haber proclamado que tiene entre sus objetivos reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales -art. 1º, inc. 2º b-, negando a la hora de proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador, la consideración plena de la persona humana y de los imperativos de justicia de la reparación que no deben cubrirse sólo en apariencia. Sostuvo también que el hecho de que los menoscabos a la integridad del tra-bajador, prohibidos por el principio "alterum non laedere", deban ser indemnizados en los términos del art. 39 inc. 1º de la ley de riesgos del trabajo, que excluye la vía reparadora del Código Civil, vuelve a dicha norma contraria a la dignidad humana, al considerar a la per-sona no más que un factor de la producción, un objeto del mercado de trabajo. Agregó que el régimen del art. 39 inc. 1º no tiende a la realización del principio constitucional de la justicia social sino que, marcha en sentido opuesto al agravar la desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo, en consecuencia, formula una preferencia legal inválida por contrariar dicho principio. Esta norma comporta un retroceso legislativo en el marco de protección que la pone en grave conflicto con el Pacto Internacional de De-rechos Económicos, Sociales y Culturales que está plenamente informado por el principio de progresividad, según el cual, todo Estado Parte se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena eficacia de los derechos allí reconocidos, existiendo una fuerte presunción contraria a que dichas medidas regresivas sean compatibles con el Trata-do, cuya orientación no es otra que la mejora continua de las condiciones de existencia. El máximo Tribunal Federal recordó que la dignidad de la persona humana constituye el cen-tro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional (Fallos, 314:424) e hizo presente el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Huma-nos que establece que toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económi-cos y sociales "indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". Es por ello que -agregó- en la jurisprudencia de la Corte, no está ausente la evaluación del daño como "frustración del desarrollo pleno de la vida" (Fallos, 315:2834, 2848, conside-rando 12).

5º) Que en el "sub judice" las actoras reclaman la indemnización que les corresponde a sus hijos (cinco en total) por la muerte de su padre, ocurrida -a los 29 años- cuando des-empeñaba su trabajo para la empresa demandada. La Cámara confirmó la sentencia apelada respecto a la declaración de inconstitucionalidad, debido a que el tope de $ 55.000 fijado en la normativa no cumple con la pauta de razonabilidad que prescribe el art. 28 de la C.N. e implica una vulneración de los derechos constitucionales invocados por las accionantes. Consideró que la suma fijada por el juez "a-quo", descontados los $ 55.000 ya abonados por Juncal A.R.T., resulta correcta y debe ser abonada en su totalidad por el empleador al haber mediado en el evento culpa grave de su parte, por no brindar al trabajador la protec-ción adecuada y por aparecer la suma abonada por la ART como irrazonable para cubrir la reparación integral solicitada.

De ese modo, el tribunal "a-quo" ha prescindido del tope legal aportando razones plausibles para ello, en consonancia con la doctrina imperante de la Corte Suprema de Jus-ticia de la Nación, por lo cual el fallo satisface la exigencia de fundamentación, lo que im-pide su descalificación como acto jurisdiccional válido.

6º) Que, a mérito de lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso de inconstitu-cionalidad deducido a fs. 302/308. Con costas.

Por ello;

_LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 302/308. Con costas.II. MANDAR se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas, Edgardo Vicente, María Cristina Garros Martínez, An-tonio Omar Silisque -Jueces de Corte-