Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-16


SENT Nro. 240 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 16 DE ABRIL de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la Sra. Fiscal de Cámara en lo Penal de la IIIa. Nominación en contra de la sentencia dictada por la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal, del 12/8/2002 (fs. 334/344), que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 30/9/2002 (cfr. fs. 362). En esta sede, el señor Ministro Fiscal sostiene el recurso casatorio y solicita la anulación del fallo recurrido y el dictado de la sentencia condenatoria sustitutiva (fs. 368/375). Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la Fiscal de Cámara en lo Penal de la IIIa. Nominación contra la sentencia de la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal, del 12 de agosto de 2002, que absuelve a Vicente Alberto Valle, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de Gastón René Oscar Valles (artículo 119, párrafos 3 y 4 inc. b CP) y por el delito de abuso sexual en perjuicio de M.E.W. (artículo 119, 1° párrafo CP), y dispone su inmediata libertad.

2.- Invoca como motivo de casación la inobservancia de las normas que el digesto procesal penal local impone bajo pena de nulidad, regulado en el artículo 468 inciso 2° CPP, y en particular lo normado por el artículo 413 inciso 4° CPP.

2.1.- En relación con el primer hecho atribuido al imputado, que es la acusación de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su hijo menor de edad Gabriel René Valle (artículo 119, tercer párrafo, inciso b CP), sostiene que la conclusión a que arriba el voto mayoritario, se basa en una consideración fragmentaria y aislada de las pruebas directas, indicios y presunciones existentes en la causa, incurriendo por ello en omisiones y falencias con relación a la verificación de los hechos conducentes para la decisión del litigio, lo que determina la nulidad del pronunciamiento, por erróneo, ilógico e inequitativo análisis del material fáctico y probatorio.

En este sentido advierte que de los informes médicos de fs. 14 y 33, en particular de este último, surge que el menor presenta una lesión en horas seis consistente en una cicatriz lineal eritematosa de aproximadamente un centímetro -un desgarro cicatrizado-, que constituye un indicador directo de que la víctima ha sido violada; conclusión que se ve corroborada por las esquimosis en zona de glúteos de que da cuenta el informe de fs. 14. Sostiene que tales informes refutan en forma categórica los argumentos proporcionados por los jueces integrantes de la mayoría, que los valoraron indebidamente, en forma ilógica y parcializada, y sin vincularlos racionalmente con lo declarado por el menor víctima, cuyos dichos también fueron considerados en forma fragmentaria. Al respecto señala que la afirmación de la Dra. Alicia Freidenberg en el sentido de que la cicatriz lineal eritematosa de que da cuenta el informe mencionado puede ser indicador de acceso carnal, pero también puede no serlo, no proporciona las razones en las que funda tal aserto. En relación con el voto del Dr. Francisco Ruiz Vargas observa que parcializa la declaración del menor víctima, afirmando que según éste había sido violado una sola vez en agosto de 1998, lo que se ve contradicho por el por menorizado relato que el voto minoritario efectúa a fs. 342/344 de los dichos del menor en la audiencia realizada a puertas cerradas en presencia del Tribunal, el actuario, las partes y la Defensora de Menores; que parcializa también el informe de fs. 14, omitiendo analizar las explicaciones vertidas por el profesional responsable del mismo en la audiencia, y que fueron ampliamente desarrolladas por el voto de la minoría; y que razona ilógicamente, por cuanto para descartar la ocurrencia del ilícito denunciado, parte de que el menor declaró que fue violado una sola vez en agosto de 1998, y señala que si la lesión de que da cuenta el informe de fs. 33 se hubiera producido en ese momento (agosto de 1998), al tiempo del examen (abril de 2000), tendría que haber desaparecido, o ser imperceptible, omitiendo considerar que precisamente por sus características, dicha lesión demuestra el acceso carnal denunciado el 20 de febrero de 2000, máxime si se tiene en cuenta que el imputado continuó conviviendo con la víctim a durante casi tres meses desde la fecha de la denuncia, hasta su detención, producida el 15 de mayo de 2000, según constancias de fs. 39/41.

Por otra parte se agravia porque, según sostiene, el voto mayoritario omite valorar la eficacia conviccional de los informes psicológicos del menor víctima; toda vez que se limita a sostener que de los mismos surge la existencia de perturbaciones en la conducta y la vinculación del bajo rendimiento de aquél con interferencias emocionales de índole familiar, más nada dice acerca del origen de tales perturbaciones, que según el informe de fs. 104/105, hallan causa en una experiencia sexual traumática de carácter incestuosa. Destaca que el voto preopinante descarta los citados informes científicos, elaborados sobre la base de pruebas técnicas, y se apoya en la intuición o creencia personal del juzgador, que, por ejemplo a fs. 339, señala que la causa de los desarreglos de conducta del menor serían los desencuentros familiares, mas sin dar las razones de tal aserto.

Sostiene que con ello queda evidenciada la transgresión a las reglas de la sana crítica racional, ya que el voto de la mayoría se aparta sin fundamento alguno del dictamen profesional de la especialista forense de fs. 104/105 y 270 y vta., y de las ampliaciones efectuadas en el debate oral, sin proporcionar explicación alguna acerca de por qué se concluyó de la manera en que lo hizo, y no como lo propone el dictamen psicológico concordante con las demás pruebas arribadas. Pone de relieve que en igual sentido el voto de la minoría señala que el voto preopinante no refleja con seriedad los dichos de la Licenciada Rodríguez, que fue categórica en relación con que el niño fue violado, y que el padre fue el autor del hecho; y menos aún explica por qué habría que dejar de lado tan valioso dictamen, lo que demuestra la falta de motivación de las conclusiones del fallo.

Denuncia que el Tribunal no considera las conclusiones emergentes del informe psicológico del imputado de fs. 272/275, realizado por la Licenciada Barrionuevo de Ahumada, que concordarían con los informes psicológicos del menor y las declaraciones de las víctimas y de su madre María Edith Vega. Expresa su desacuerdo con lo manifestado en el voto minoritario con relación a los reparos que podrían oponerse a la realización de test u otras exploraciones de personalidad al presunto autor del hecho, fundados en las garantías de los artículos 18 y 19 CN. Al respecto destaca que la admisión de la inspección corporal y mental del imputado surge del artículo 198 CPP, y del carácter obligatorio de la pericia psiquiátrica en los delitos de índole sexual (artículo 85 CPP), de donde deriva que tales estudios no están comprendidos en la prohibición de auto incriminación, lo que halla razón en que cuando el imputado actúa como objeto de prueba no está alcanzado por los términos de la cláusula constitucional que veda la declaración contra sí mismo. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de tal aserto. Concluye el punto afirmando que por tratarse de una medida de prueba ne cesaria, en atención a la índole del delito imputado y su razonabilidad en el caso concreto, la pericial psicológica del acusado debió haber sido valorada como elemento probatorio incriminatorio, dada la compatibilidad de su personalidad con el hecho imputado y el carácter científico de dicha prueba, por lo que la prescindencia de dicho elemento probatorio decisivo y esencial, legalmente incorporado al debate, torna arbitraria a la sentencia.

Desde otra perspectiva imputa al fallo en crisis -voto de la mayoría-, arbitrariedad y violación a las reglas de la sana crítica racional en la valoración del testimonio del menor víctima Gastón René Valle. En este sentido indica que la sinceridad del testimonio mencionado quedó categóricamente demostrado en el debate oral, y así lo sostuvo el voto minoritario al expresar que el testimonio del menor brindado con libertad, fue concluyente en el sentido de que el autor de la cicatriz de que da cuenta el examen médico de fs. 33, fue su padre; y que dicha declaración resulta coherente con la brindada por la psicóloga Rodríguez, y por su madre y hermana, no existiendo razón para dejar sin efecto la declaración prestada ente los estrados judiciales.

Observa que para restar valor al testimonio de cita, el voto de la mayoría se limita a expresar que "el mero dicho de la víctima es insuficiente para acreditar la responsabilidad del acusado, ya que es necesario que el elemento material se traduzca en un hecho externo indubitado, que sólo aparece reforzado por la declaración de otra persona que también se dice víctima y que serviría en todo caso para afianzar la propia acusación" (fs. 357). Sin embargo, prosigue, dicho argumento había sido ya prevenido por el Ministerio Público en sus conclusiones finales, advirtiendo que el menor víctima -y también su hermana- fue sometido a exhaustivos exámenes psicológicos que llevaron a concluir sobre su total sinceridad, y que ello otorgaba eficacia probatoria a sus dichos, aun cuando se esté en presencia de un testigo único. Se agravia por que dicha circunstancia no fue tenida en cuenta por el voto de la mayoría, que restó valor probatorio al testimonio en cuestión, sin proporcionar explicación alguna, ni dar motivos lógicos, racionales, y científicos, quedando escondidas en el fuero interno del juzgador las razones de la conclusión a que arriba, lo que torna arbitrario el pronunciamiento, y lo descalifica como acto judicial válido.

2.2.- En relación con el segundo hecho, consistente en la acusación de abuso sexual en perjuicio de M.E.W. (artículo 119, primer párrafo CP), sostiene que la absolución de acusado, decidida en forma unánime por el Tribunal, carece de motivación adecuada, en evidente infracción a los artículos 28 de la Constitución Provincial, y 408 inciso 2° y 413 inciso 4° CPP.

Indica que el voto preopinante -al que adhieren los restantes vocales, sin aportar ningún fundamento individual-, se limita a enunciar en forma sintética la denuncia formulada contra el imputado por la madre de las víctimas (fs. 1), por agresiones físicas y psíquicas en perjuicio de sus dos hijos, la que es ampliada en relación a la hija mujer M.E.W. a fs. 9; y a continuación concluye que esta última, ni en las denuncias ni en el testimonio prestado en el debate oral, hizo referencia a hechos configurativos de amenaza sexual.

Sostiene que en el punto el fallo en crisis exhibe una total falta de fundamentación, y que resulta incomprensible y contrario a la recta razón y justicia el desconocimiento de la seriedad y veracidad de la denuncia por los abusos deshonestos cometidos contra M.E.W., que fueron debidamente corroborados y concordantes con las conclusiones a que arriba la Licenciada Lilia Teresa Rodríguez, como resultado del seguimiento psicológico de ambas víctimas, y que se expresan en los dictámenes producidos en autos, ampliados en el debate oral por la citada profesional, que destacó la sinceridad de los dichos de la víctima mencionada.

Se agravia porque sostiene que este relevante elemento de prueba fue totalmente omitido por el Tribunal, con el sólo argumento de que la víctima no ha referido hechos configurativos de amenaza sexual, pero sin exponer los fundamentos del tal aserto, de modo que se permita a las partes controlar el razonamiento mediante el que se arriba a dicha conclusión; y verificar los motivos por los que se desecha la imputación de una conducta que queda aprehendida por la norma del artículo 119 CP que reprime a quien abusa sexualmente aprovechando que la víctima, por cualquier causa, no pueda consentir libremente la acción, que es el supuesto que se configura en el caso; de modo que el fallo resulta arbitrario al transgredir el deber de motivación.

Invoca las normas que estima violadas, cita doctrina y jurisprudencia que considera aplicables al caso, propone doctrina legal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso interpuesto.

3.- Por auto interlocutorio del 30 de septiembre de 2002 se concede el recurso interpuesto, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

4.- El examen de admisibilidad del recurso interpuesto demuestra que los motivos de casación encuadran en lo preceptuado por la ley adjetiva, en tanto se dirigen a atacar la validez del pronunciamiento por ser contradictoria la fundamentación del Tribunal, y por no haberse observado las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, imputándose arbitrariedad a la sentencia en crisis.

Los fundamentos esgrimidos se vinculan circunstanciadamente a los antecedentes de la causa y a las normas cuya violación se invoca, indicando además la aplicación que se pretende (artículo 474 CPP).

Con ello se satisfacen los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario local, correspondiendo ingresar al análisis de su procedencia.

5.- La confrontación del material probatorio obrante en el expediente con los argumentos proporcionados por el voto mayoritario, permite advertir que no se efectuó una valoración adecuada e integral de las pruebas y los indicios existentes en la causa, de modo tal que los fundamentos en los que se sustenta el decisorio atacado aparecen como una reflexión dogmática, que no constituye una derivación razonada del derecho aplicable, con referencia a las circunstancias probadas de la causa.

La sentencia -voto de la mayoría- no ha efectuado una adecuada valoración de los elementos probatorios producidos en la causa, ni ha cumplido con el requisito de efectuar una determinación circunstanciada de los hechos, de modo que explique cómo arriba a la decisión de absolver al imputado.

La evaluación que se efectúa del informe de fs. 14, no resulta suficiente por sí para desechar la acusación de abuso sexual con acceso carnal en contra del menor Gastón René Valles. La sentencia hace hincapié en la insuficiencia de las explicaciones brindadas por el profesional que confeccionó dicho informe en la audiencia de debate, a las que califica de inaceptables, destacando que ellas arrojan más dudas que certezas; pero omite ponderarlo en forma conjunta con los restantes elementos probatorios incorporados a la causa. En este sentido se advierte que el informe de fs. 33 no ha sido debidamente merituado, toda vez que no se han proporcionado fundamentos capaces de justificar por qué se deja de lado una prueba que da cuenta de la existencia de una cicatriz lineal eritematosa de 1 cm en la víctima, no bastando a tal efecto la referencia que se efectúa a la falta de consignación en el citado informe del dolor que debería haber expresado la víctima al momento del examen. Al respecto cabe observar que en la formulación de la conclusión sentencial según la cual el dictamen médico forense no consignó la comprobación de ningún signo directo o indirectamente indicativo de rastros o vestigios de un acto concreto de acceso carnal (fs. 339) directamente se omitió toda consideración del informe de fs. 33, sin dar ningún argumento que justifique dicha exclusión.

Por otra parte la sentencia no vincula los informes mencionados con la declaración del menor víctima proporcionada en la audiencia, y que es detalladamente referida en el voto de la minoría. Al respecto cabe advertir que el argumento utilizado para restar eficacia conviccional a esta declaración, basado en que el mero dicho de la víctima -sólo reforzado por la declaración de su hermana que también se dice víctima- es insuficiente para acreditar la responsabilidad del acusado, no resulta apto para fundar la absolución por falta de certeza en la existencia del hecho incriminado y su autoría, cuando no se han valorado los informes psicológicos del menor víctima, según los cuales las perturbaciones -que según el voto mayoritario se origina en los desencuentros familiares-, hallan causa en una experiencia sexual traumática de carácter incestuosa (fs. 104/105), ni se los ha vinculado debidamente con los restantes elementos probatorios producidos en el proceso. No cabe perder de vista que el voto de la minoría señala que la Licenciada Rodríguez fue categórica en relación con que el niño fue violado, y que el padre fue el autor del hecho (cfr. fs. 341 y vta.). En esas condiciones, no cabe sino con cluir que asiste razón a la recurrente cuando afirma que la sentencia -voto de la mayoría- se aparta sin fundamento alguno de las pruebas producidas, entre ellas del dictamen profesional de la especialista forense de fs. 104/105 y 270 y vta., y de las ampliaciones efectuadas en el debate oral, transgrediendo las reglas de la sana crítica racional en la apreciación de la prueba.

Lo expuesto permite afirmar que la sentencia -voto de la mayoría- no ha efectuado un análisis integral de las pruebas producidas en el proceso, ni las ha vinculado entre sí, de modo que quede demostrado que el cuadro probatorio producido en el sublite no resulta suficiente para despejar las dudas tanto en relación al hecho incriminado como a su autoría.

Los elementos probatorios mencionados debieron ser puestos en relación y confrontados, de modo que quede explicado en la sentencia cómo se arriba a la conclusión de su falta de aptitud para permitir llegar al estado de certeza necesario respecto a la autoría de Valle en los hechos que se le atribuyen.

Por el contrario, el examen de los fundamentos del fallo en crisis y su comparación con las constancias de la causa y las pruebas producidas, demuestra que el plexo probatorio ha sido examinado en forma parcial, exponiendo únicamente los fundamentos que permitirían desincriminar al acusado; mas ha sido soslayado el análisis de las posibles pruebas de cargo, sin dar razones bastantes para explicar objetiva y racionalmente el estado de duda que condujo a la absolución del imputado. Dicho de otro modo, el Tribunal no ha descartado con fundamentos bastantes, conforme a las concretas circunstancias del caso, la existencia de elementos que podrían tener aptitud conviccional para arribar a una decisión opuesta.

Ello así, no aparece suficientemente fundada la falta de certeza objetiva, y aún de probabilidad sobre la autoría del acusado en el primer hecho incriminado. Si bien la duda invocada refiere a un especial estado de ánimo del juez, que le impide alcanzar la convicción de certidumbre sobre los hechos, dicho estado no puede sustentarse en una pura subjetividad, sino que debe derivarse racional y objetivamente de la valoración de las constancias del proceso, lo que no acontece en el caso, puesto que se ha soslayado el análisis integral del plexo probatorio producido, y no se proporcionan elementos de convicción idóneos para respaldarla. Merituando según las reglas de la lógica las pruebas reunidas, podrá o no subsistir el estado de duda expresado en la sentencia, pero no puede desconocerse que la falta de aptitud conviccional de las pruebas desechadas no ha sido suficientemente fundada.

La motivación del fallo, como requisito que exige un razonamiento claro, completo y circunstanciado, es requisito de validez de la sentencia, pues permite tanto a las partes como al órgano judicial al que competa el control de su legalidad, verificar la observancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas, y en la determinación de la plataforma fáctica del proceso, la existencia material del hecho, y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar.

El artículo 413 inciso 4 CPP prevé la nulidad de la sentencia para el supuesto que faltare o fuera contradictoria la fundamentación en que se basa, o no se hubieran observado en ella las reglas de la sana crítica racional con relación a elementos probatorios de valor decisivo, lo que supone la adecuada ponderación de las pruebas, y la indicación o precisión de los elementos en los que se sustenta el decisorio.

Tales requisitos se vinculan a la adecuada motivación de la sentencia, puesto que de un lado el tribunal debe sustentar el fallo en un razonamiento claro y suficientemente circunstanciado, que se apoye en los elementos probatorios legalmente producidos en la causa. Y la sentencia debe ser fundada de forma tal que la solución a que se arribe corresponda a los sucesos comprobados, evitando los pronunciamientos dogmáticos o de fundamentación meramente aparente, que impiden vincular concretamente las circunstancias del caso al derecho aplicado.

Como la convicción judicial es resultado de la valoración de los hechos y de las pruebas, es necesario que los motivos de la decisión a que arriba el órgano judicial sean debidamente explicitados, para que las partes puedan conocer realmente los fundamentos en que se apoya la sentencia, y controlar si en su valoración se han respetado las reglas de la sana crítica racional, así como la adecuada subsunción de los hechos en el derecho aplicado.

En suma en el análisis de la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado (artículo 119, 3 y 4 párrafo CP), en perjuicio de Gastón René Valles, atribuida al imputado, la sentencia no contiene fundamentos suficientes para dar sustento al estado de duda que determinó la absolución por este hecho, lo que descalifica a la sentencia como acto jurisdiccional válido, configurándose a su respecto una causal de arbitrariedad al transgredir el deber de motivación impuesto por el artículo 28 de la Constitución de la Provincia, y los artículos 408, inc. 2º, 413, inc. 4º y cc. del CPP.

5.2.- Los agravios dirigidos a cuestionar la absolución del imputado por el segundo hecho que se le atribuye, esto es el delito de abuso sexual en perjuicio de M.E.W., remiten al tratamiento de una cuestión de hecho, cuyo establecimiento queda reservado a los jueces de mérito y exento, en principio, del control casatorio, salvo el supuesto de arbitrariedad o absurdo, el que no se ve configurado en la especie.

La recurrente sostiene que el fallo en crisis exhibe en el punto una total falta de fundamentación, y que resulta inaceptable que se desconozca la seriedad y veracidad de la denuncia por los abusos deshonestos cometidos contra la M.E.W. cuando éstos fueron debidamente corroborados y concordantes con las conclusiones a que arriba la Licenciada Lilia Teresa Rodríguez, como resultado del seguimiento psicológico de ambas víctimas, y que se expresan en el los dictámenes producidos en autos, ampliados en el debate oral por la citada profesional, que destacó la sinceridad de los dichos de la víctima mencionada.

La alegada falta de motivación de la sentencia en cuanto se afirma que ni en la denuncia de fs. 9 ni en la audiencia de debate la presunta víctima refirió la existencia de hechos configurativos de amenaza sexual, no halla sustento adecuado en las constancias de la causa, ni se halla debidamente fundada por la recurrente, que en verdad no demuestra el error en la apreciación sentencial, ni alude a las precisiones que la denunciante habría efectuado y que la sentencia omitiría considerar; sino que argumenta que los abusos que habría sufrido esta víctima fueron corroborados por los dictámenes psicológicos, que además dan cuenta de la sinceridad de sus dichos. Sin embargo los dictámenes obrantes en autos (fs. 17, 144 y vta.), no aportan elementos suficientes como para desvirtuar la afirmación de la sentencia. En esas condiciones, el cuestionamiento se dirige en realidad a obtener el reexamen de una típica cuestión de hecho, cuya fijación corresponde al Tribunal del juicio, y que no puede ser invocada como motivo de casación, salvo el supuesto de arbitrariedad o absurdo que no se ve configurado en la especie. La casación no constituye un medio ordinario para revisar el acierto o error de las decisiones de los tribunales inferiores vinculadas al material histórico del proceso. De allí que su competencia quede limitada y circunscripta a resguardar el derecho sustantivo y procesal, sea para evitar la inobservancia o errónea aplicación del primero, o la inobservancia de las disposiciones del segundo impuestas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad (CSJTuc., "Solórzano P. R s/lesiones culposas", 15 de febrero de 1995). La instancia casatoria con relación a las cuestiones de hecho exige la demostración de que el criterio del juzgador constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado contra las leyes del raciocinio, lo que no acontece en la especie, donde la lectura del fallo impugnado muestra que el Tribunal ha fundado las razones por las que arriba a la solu ción adoptada, no verificándose el quebrantamiento de las reglas de la lógica y la sana crítica racional (CSJTuc., "Pitruzello, Luis Humberto s/violación". Recurso de casación, sentencia del 20 de marzo de 2000; "Ferreyra Antonio s/violación". Recurso de casación, sentencia del 23 de agosto de 1999; "Díaz, José Antonio s/robo agravado", 23 de diciembre de 1999; "Mamaní, Simón Máximo s/homicidio", 24 de noviembre de 1999, entre muchos otros).

6.- Conforme a los fundamentos expuestos, la sentencia debe ser casada parcialmente y declarada nula en cuanto absuelve de culpa y pena a Vicente Alberto Valle por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado (artículo 119, 3° y 4° párrafo CP) en perjuicio de Gastón René Valles, a tenor de la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido el pronunciamiento que infringe el deber de adecuada motivación".

Los autos serán restituidos al Tribunal de origen, a fin de que por intermedio de quien corresponda, y previo debate, se dicte nuevo pronunciamiento; sin que la presente decisión implique establecer criterios ni pautas acerca de la responsabilidad del imputado en la presente causa.

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto por la Fiscal de Cámara en lo Penal de la IIIa. Nominación, contra la sentencia de la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal, del 12 de marzo de 2002, declarándose la nulidad parcial de la misma sobre la base de la doctrina legal enunciada.

II.- REMITIR la causa al Tribunal de origen, a fin de que, por quien corresponda y previo debate, se dicte nuevo pronunciamiento en esta causa.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA