Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-25


//n la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de noviembre del año dos mil ocho, se reúnen los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, Dres. Angela Ester Ledesma, Guillermo José Tragant y Eduardo Rafael Riggi, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, Dra. María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° 9677 caratulada "Crigna, Francisco Luis s/recurso de casación", con la intervención del representante del Ministerio Público ante esta Cámara, Dr. Ricardo Gustavo Wechsler, del Dr. Hugo Sibilia abogado patrocinante de la querella y de la Dra. Graciela N. M. Lara por la defensa del imputado.- Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el orden siguiente: Tragant, Ledesma, Riggi.- Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez Dr. Guillermo José Tragant dijo:

PRIMERO:

Que llega el expediente a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 247/250vta. por el señor Fiscal interino a cargo de la Fiscalía General nº 16, Dr. Fernando I. Fiszer, contra la resolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 16, obrante a fs. 234/240vta. por la que se dispuso: "I) SUSPENDER EL PROCESO que lleva el número 2.937 A PRUEBA por el término de TRES AÑOS respecto de FRANCISCO LUIS CRIGNA..." "II) TENER POR ACEPTADO el acuerdo oportunamente formulado entre las partes, no imponiéndose aquí monto alguno. III) IMPONER a FRANCISO LUIS CRIGNA, las siguientes reglas de conducta, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 76 ter, en función del art. 27 bis, ambos del Código Penal: a)Fijar residencia y someterse al cuidado de un Patronato POR EL TÉRMINO DE TRES AÑOS. b) Concurrir a C.A.R.I.T.A.S., por el término de DOS AÑOS, a razón de DOCE HORAS MENSUALES, a fin de realizar tareas comunitarias no remuneradas en el área que sea asignada. c) FRANCISCO LUIS CRIGNA deberá abstenerse de ejercer la profesión de ingeniero civil, por el término de DOS AÑOS, a cuyo fin corresponde librar oficio al Colegio de Ingenieros Civiles haciendo saber lo aquí dispuesto en este sentido.".- Que concedido por el a quo el remedio intentado mediante decisorio de fs. 252/252vta. y radicadas las actuaciones en esta Cámara, la impugnación fue mantenida por el Fiscal General a fs. 264.? Puestos los autos en Secretaría por diez días, a los efectos de los artículos 465 primera parte y 466 del ordenamiento ritual, el Sr. Fiscal General se presentó a fs. 267/267vta. y amplió los fundamentos del recurso interpuesto. Por su parte, la defensa particular del imputado se presentó a fs. 271/273, solicitando el rechazo del recurso incoado.? Finalmente, habiéndose celebrado la audiencia prevista por el artículo 468 del código de forma, según constancia actuarial de fs. 280, el expediente quedó en condiciones de ser resuelto.- SEGUNDO:

a) Con invocación de la presencia de un vicio in iudicando, el impugnante encarrila su recurso en la causal prevista en el inc. 1º del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.? Sostiene, que el Tribunal Oral en lo Penal Económico nº 1 otorgó la suspensión del juicio a prueba en favor de Francisco Luis Crigna, sin tener en consideración la oposición a la concesión del beneficio, realizada por la Fiscalía y por la querella en oportunidad de la audiencia del art. 293 del Código Procesal Penal de la Nación.- Manifiesta que de quedar firme la resolución recurrida, ya no podrá discutirse cuál es el valor vinculante del Fiscal en el instituto en cuestión y si su aplicación puede ser solicitada, incluso luego de designada fecha para la celebración del debate oral y público.-	Estima que para poder concederse la suspensión del juicio a prueba, debe haber consentimiento del Ministerio Público Fiscal, tal como se desprende del art. 76 bis del CPPN.- Afirma que en el régimen procesal penal vigente, se ha dispuesto que la acción penal pública sea ejercida por el Ministerio Público Fiscal (conf. art. 5 CPPN), y en casos como el presente en donde se pone en juego la naturaleza pública y oficiosa de la acción penal que sufre restricciones a raíz de la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba, la figura del Fiscal cobra significativa importancia.- Por ello, considera que en el caso el magistrado antes de resolver la procedencia o no del beneficio, debe requerir el expreso consentimiento del Ministerio Público, quien luego de realizar un análisis de las circunstancias fácticas y jurídicas determinará si presta o no su consentimiento, quedando el juez supeditado al mismo.- En virtud de lo expuesto, solicita se haga lugar al recurso de casación, se revoque la resolución impugnada, y hace expresa reserva del caso federal.- b) Por su parte, la defensa particular del imputado en el término de oficina expresa que disiente con el criterio del Fiscal y considera que éste no ha expresado cuáles son los agravios que le causa la resolución cuestionada.- En cuanto al consentimiento Fiscal, considera que si bien hay parte de la doctrina que lo considera necesario, entiende que tal criterio no es absoluto, debiendo interpretarse con el espíritu que motivó al legislador al dictado de la ley, de manera que la opinión infundada o errónea del Fiscal habilita al Tribunal a establecer la forma de cumplimiento de la pena alternativa que importa la imposición del instituto en cuestión.- Considera correcto lo resuelto por el a quo en tanto que el órgano que ejerce la jurisdicción no debe verse impedido o condicionado de examinar la correcta adecuación del caso al presupuesto legal, como tampoco puede considerarse que el consentimiento del fiscal sea vinculante ya que el tribunal no puede quedar atado a una evaluación de los hechos y una interpretación del derecho de la que no participa.- En otro orden de ideas, afirma que existen diferentes interpretaciones del art. 76 bis del CP, una de ellas es que la norma no especifica el carácter de la inhabilitación, como pena principal, accesoria, conjunta, alternativa o cuando es la única prevista para el delito y otra interpretación incorrecta de la ley, ha originado la idea que la intención del legislador ha sido la de favorecer los delitos dolosos donde se exteriorizó la voluntad criminal- y prevén una escala mayor, sobre los culposos -como el presente caso- solamente porque tiene una escala menor pero en forma conjunta.- Por todo lo expuesto, solicita se rechace el recurso de casación interpuesto y se confirme la solución recurrida.- TERCERO:

Ingresando al tratamiento del planteo efectuado por el recurrente, primeramente cabe señalar que a fs.182/185 el Ministerio Público Fiscal formuló requerimiento de elevación a juicio calificando el hecho atribuido al imputado como homicidio culposo (arts. 45 y 84 del Código Penal). Que el delito en cuestión trae aparejada, entre otras sanciones, la de inhabilitación. (cfr. art. 84 del C.P.).- Advierto que en el caso resultaba imposible conceder la probation a Crigna por aplicación del plenario "Kosuta, Teresa R. s/recurso de casación" (Acuerdo nº 1/99 del 17/8/99) y sin perjuicio de la opinión contraria que en minoría sostuviera.- En primer lugar, teniendo en consideración el delito atribuido se ha establecido que "no procede la suspensión del juicio a prueba, cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa".- Al respecto, debo señalar que dicha doctrina que aquí se propugna, fue avalada por nuestro más Alto tribunal en los autos "Gregorchuk" (G.663.XXXVI rta. el 3/12/02) y se encuentra plenamente vigente, y no ha sido revertido por el reciente fallo "Acosta, Alejandro Esteban s/infracción art. 14, primer párrafo de la ley 23.737 -causa nº 28/05" rta. el 23/4/08, que sólo modificó la interpretación del plenario en lo que respecta a la pena a considerar a los efectos de la otorgación del instituto y no así en lo atinente a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.- Debe recordarse que el precedente "Gregorchuk" también se sostuvo que "La imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensión del proceso a prueba para aquellos delitos cuya pena prevea la de inhabilitación -art. 76 bis in fine del Código Penal- surge de manera inequívoca de la intención del legislador. En efecto, el miembro informante del dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado Antonio M. Hernández, señaló que "en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto" lo que importa continuar el juicio hasta una sentencia definitiva que pruebe adecuadamente la conducta del imputado y que permita adoptar las sanciones que correspondan según el caso (ver Antecedentes Parlamentarios, La Ley, 1995)."(Considerando 5°).- En cuanto al ofrecimiento que hiciera el imputado de autoinhabilitarse, debo puntualizar que esta Sala tiene dicho que ello resulta inaceptable, desde que esa pena incluida en el art. 5 del Código Penal tiene un modo de cumplimiento -siempre efectivo- cuyo control y ejecución depende de órganos especiales del Poder Judicial. No es ya, que otro Poder del Estado se arrogue la facultad que incumbe al Legislador, mas parece que en el caso es un particular el que pretende derogar una parte de la ley, específicamente del art. 94 del código de fondo (cfr. en este sentido "Guido Spano, Carlos s/recurso de casación", reg. nº 362/01 del 8/6/2001; causa nº 3292 "Sciuba, Horacio Enrique s/recurso de casación" reg. nº 374/01 del 14/6/2001 y nº 3438 "Flores, Juan Manuel s/recurso de casación", reg. nº 408/01 del 28/6/2001, entre otros).- Sólo en los casos de los delitos de injurias o calumnias hay una especie de sustitución de la pena que el juez debería imponer y se trata de la retractación en la que el querellado se desdice cuando expresa que al decir, escribir o hacer, ofendiendo el honor del querellante, ha mentido, esto es, ha obrado contrariamente a lo que sabe, cree o piensa. Así también, cuando reconoce su sinrazón o revoca lo que ha dicho, escrito o hecho, aunque lo haga porque recién se haya dado cuenta de su error. (confr. Ricardo C. Núñez "Tratado de Derecho Penal" Tomo III, Volumen II, Ed. Córdoba, Buenos Aires 1988).- En segundo lugar, tampoco procedía conceder el beneficio, pues mediaba a mi juicio, oposición fundada del Fiscal (confr. "Kosuta" ya citado), mas allá de la postura contraria que mantuviera en minoría en dicho plenario.- En este sentido no comparto lo resuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 16 en el voto de la mayoría en punto a que "Encontrándose entonces vulnerado lo dispuesto por el art. 69 del C.P.P.N., se halla expedita la facultad de este órgano para resolver la petición efectuada...".- Por todo lo expuesto, propicio al acuerdo hacer lugar al recurso de casación deducido sin costas, anular la resolución recurrida, apartar a los señores jueces del conocimiento de la causa (conf. "Llerena, Horacio Luis s/abuso de armas y lesiones -art.104 y 89 del Código Penal- CSJN causa 3221" rta. el 17/5/05") debiendo remitirse las actuaciones a la Secretaría General de esta Cámara a fin de que desinsacule los nuevos magistrados habilitados que deberán dar debida sustanciación a la causa con arreglo a la doctrina aquí establecida.-	Tal es mi voto.-	La señora juez Dra. Angela Ester Ledesma dijo:

Coincido con la solución propuesta por el doctor Tragant, pero por los motivos que a continuación expondré.

El representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó, a fs. 233, su oposición en dos argumentos centrales. El primero, "...este tipo de suceso no deben ser resueltos por una suspensión del juicio a prueba, y por razones de política criminal el Ministerio Público Fiscal debe determinar si se cometió o no un homicidio. Nótese que si se determinara que estamos en presencia de un homicidio las consecuencias son graves..."y el segundo que, "...además de la pena de prisión, podría recaer una inhabilitación".

Que el primer fundamento presentado por el Fiscal, radica en cuestiones de política-criminal, por lo que corresponde analizar la valoración efectuada a fin de establecer si aquella se encuentra ajustada a derecho.

Para una adecuada solución del caso, debemos remitirnos al detallado análisis que realiza Alberto Bovino respecto al control que debe efectuarse sobre la facultad del fiscal para consentir o no la suspensión del juicio a prueba. Ello así, desde que el dictamen del órgano acusador responde a un análisis de oportunidad sobre la prosecución de la acción en el caso concreto.

En esta línea, Bovino anota que "la opinión del fiscal - su 'consentimiento'- se debe limitar a la formulación de un juicio de conveniencia y oportunidad político-criminal, en un caso concreto acerca de la continuación o suspensión de la persecución penal... El juicio de oportunidad del acusador acerca de la conveniencia de suspender el procedimiento, por otro lado, se debe limitar a las razones político-criminal que el ministerio público puede legítimamente tener en cuenta para tomar su decisión. Esto implica una doble exigencia: a) se debe tratar de razones político-criminales referidas a la conveniencia de la persecución respecto a este caso en particular; y b) esas razones deben ser razones que, según el ordenamiento jurídico, puedan ser tomadas en cuenta para una decisión de ese carácter..." (Bovino, Alberto, "La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal argentino", Del Puerto, Buenos Aires, 2005, pág. 160/161).

Y agrega que"si el fiscal se opone a la concesión de la medida por razones legítimas de política criminal vinculadas al caso, la decisión del acusador no puede ser cuestionada por el tribunal, y, en consecuencia, impide la suspensión del procedimiento en ese caso concreto. Ello pues la discreción reconocida legalmente ha sido atribuida, inequívocamente, al titular de la acción penal estatal: el ministerio público..." (op. cit., pags. 161/162). También se ha dicho que "la eventual oposición deberá estar fundada en razones de 'oportunidad y conveniencia' porque sólo de ese campo podrá provenir la 'decisión fiscal' que acota la jurisdicción. Sobre esta base de razonamiento, el juez no podrá cuestionar en tales casos el criterio del fiscal y su control se limitará a la consideración de su dictamen como acto procesal válido, es decir, fundado y no arbitrario.." (Devoto, Eleonora A. "Probation e institutos análogos", segunda edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, pág. 200).

En este sentido, considero que el Ministerio Público Fiscal no prestó consentimiento por razones de política criminal, referidas a que este tipo de casos deben ser llevados a juicio oral, circunstancia que constituye la materialización de la facultad que posee, como titular, de ejercer la acción penal pública (art. 5 del CPPN).

En segundo lugar, hago reserva de opinión en lo que se refiere a la posibilidad de que la suspensión del juicio a prueba proceda para los supuestos en que el delito imputado tenga previsto pena de inhabilitación (cfr. causa 5455 caratulada "Layún, Martín Alejandro s/ recurso de casación" reg. 414/05 del 28 de mayo de 2005 y el criterio expuesto por la CSJN, en el precedente A. 2186 XLI, Recurso de hecho, Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción art. 14.1° párrafo ley 23.737 -causa nro. 28/05- rta.23/4/08),cuyo tratamiento deviene inoficioso en virtud de la propuesta que efectué precedentemente.

En consecuencia, adhiero a la solución que propugna la voz que lidera este acuerdo.

Tal es mi voto.

El señor juez Dr. Eduardo Rafael Riggi dijo:

Que adherimos a la solución propuesta por el doctor Guillermo José Tragant en su voto, y en consecuencia, emitimos el nuestro en idéntico sentido.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal, RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación deducido a fs.247/250vta. por el Fiscal interino a cargo de la Fiscalía General nº 16, Dr. Fernado I. Fiszer SIN COSTAS, ANULAR la resolución obrante a fs. 234/240vta. dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 16 de esta ciudad, APARTAR a los señores jueces del conocimiento de la causa y en consecuencia remitir las actuaciones a la Secretaría General de esta Cámara a fin de que desinsacule nuevos jueces habilitados quienes deberán dar debida sustanciación a la causa con arreglo a la doctrina aquí establecida (arts. 456 inc. 1°, 470, 530, 531 y concordantes del C.P.P.N.).- Regístrese, hágase saber y cúmplase con la remisión ordenada sirviendo la presente de atenta nota de envío.- Firmado: Angela E. Ledesma - Guillermo J. Tragant - Eduardo R. Riggi.

Ante mí: María de las Mercedes López Alduncin. Secretaria de Cámara.