marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, obligación de seguridad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ferreyra,  Víctor  Daniel y Ferreyra, Ramón c/ V.I.C.O.V. S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

La extensión del deber de seguridad se refiere a los acontecimientos previsibles según el curso normal y ordinario de las cosas, y la previsibilidad exigible variará -de acuerdo a la regla del art. 902 del Código Civil- de un caso a otro, lo cual vendrá justificado por las circunstancias propias de cada situación, por lo que incumbe al juez hacer las discriminaciones correspondientes para evitar fallos que resulten de formulaciones abstractas o genéricas (Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Concursos, extensión de la quiebra, acción de responsabilidad, terceros, responsabilidad de representantes
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Colegio de Familia SRL  c/  s/ quiebra c/besio nilda y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-28

Procede revocar la resolución que hizo lugar a la acción de responsabilidad promovida por el síndico de la quiebra de la sociedad fallido -en los términos de la LCQ 173- contra la socia gerente y los socios de la fallida a quienes se condenó, en forma solidaria, a abonar el pasivo insoluto y los gastos y costas parcialmente no cancelados. Ello por cuanto, si bien en relación con la responsabilidad que se atribuye la socia gerente, es preciso señalar que, a la luz de las constancias obrantes en estas actuaciones, se observa que ha incurrido en diversos incumplimientos de las obligaciones impuestas por la ley en su rol de administradora del ente, si se mide su diligencia con las pautas exigidas por la LGS 59 y todo ello ha evidenciado un obrar impropio e imprudente, mas no, la intención deliberada y dolosa de defraudar a terceros o de aprovecharse de ese rol en exclusivo beneficio propio. Los hechos configurativos de ese obrar antijurídico no resultan suficientes para determinar la procedencia de la acción de responsabilidad de marras con los recaudos exigidos por la LGS 173, dado que no surge de las probanzas rendidas en la causa que el dolo, presupuesto insoslayable para su configuración, haya sido acreditado.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, denuncia, delitos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Acosta Martínez, José Delfín c/  s/ muerte por causas dudosas -causa n° 22.190/96
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-18

Constituye sentencia definitiva o equiparable a tal a los fines del recurso extraordinario la situación que se presenta cuando el hecho imputado no constituye delito pues el archivo importa desestimar la denuncia por inexistencia de delito, lo cual surge del juego armónico de los arts. 180 y 195 del Código Procesal Penal de la Nación circunstancia que pone fin a la denuncia (Voto de los Dres. Antonio Boggiano, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Daño estético, indemnización, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: VALENTON DE DEANGELIS, HERMINIA c/ BRAVO RODRIGUEZ, HIGINIO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

La lesión estética, como deformación que altera la armonía del cuerpo, debe traducirse indirectamente en un perjuicio patrimonial a fin de constituir un daño resarcible. De otro modo, la preocupación que pueda acarrear a la víctima del ilícito una cicatriz, debe ser valorada en orden al daño moral que puede derivarse de la misma.
Robo con escalamiento, requisitoria fiscal, sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Mellado Marcelo Hector s/ Robo en grado de ttva. E/ C.R. c/ Atentado y resistencia a la autoridad s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-10-25

Para poder condenar por el delito de robo en su modalidad agravada, escalamiento, la acusación debió indicar, verbigracia, la forma de la ventana por la que se ingresó, sus dimensiones y la altura en la que se encontraba en relación de la calzada. Este conjunto fáctico, de haberse detallado, permitiría suponer la existencia -como cuestión de hecho a meriturar por el a quo- de un esfuerzo o trabajo por parte del imputado calificable como escalamiento. Sin embargo la total ausencia descriptiva en el sentido indicado impide dicha condena, de donde resulta que la sentencia analizada, al condenar por escalamiento, comete una violación al principio de congruencia puesto que dicha calificante supone una ampliación de la requisitoria fiscal en aspectos de hecho esenciales: mutación del factum.(Del voto de los Dres. Balladini y Lutz sin disidencia).
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: INSTITUCION SALESIANA c/ QUIROZ, Damián s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-24

La enumeración que contiene el art. 13 de la ley 23.898, en relación a las exenciones al pago de tasa de justicia, es taxativa y toda vez que en ella no se encuentra comprendida la Institución Salesiana, corresponde oblar el tributo.
Recurso extraordinario, jueces, remuneración del juez, intangibilidad de la remuneración, depreciación monetaria, orden público, convertibilidad, emergencia económica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chiara  Díaz,  Carlos  Alberto c/ Estado provincial s/ acción de ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

Lo atinente a la garantía de irreductibilidad de las remuneraciones de los jueces en su relación con la pérdida del poder adquisitivo y con las disposiciones legislativas que derogan las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan el empleo de índices de precios para actualizar valores (arts. 4° de la ley 25.561 y 10 de la ley 23.928) reviste trascendencia institucional suficiente, implica la interpretación de pautas de orden público constitucional y excede el interés de las partes, lo que habilita el abordaje de la misma (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Tribunal de cuentas, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González, Raúl y otros c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Las decisiones del Tribunal de Cuentas no se deben asimilar a los recursos extraordinarios, pues no se trata de sentencias de Tribunales de Justicia en los términos del art. 149 inc. 4º de la Constitución de 1934 pero la posibilidad del control judicial de las resoluciones del Tribunal de Cuentas surge por tratarse de actos que constituyen causa contencioso administrativa en los términos del art. 149 inciso 3º de la Constitución de 1934, pese a que en la reforma de 1994 no corresponden ya a la competencia originaria de esta Corte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Servicio telefónico, derecho de conexión, medidas cautelares, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Stancanelli, José. c/ Telefónica de Argentina. s/ Amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-21

Habida cuenta de que las relaciones que vinculan al accionante con la empresa telefónica (especialmente lo relativo al cargo por conexión), no permiten su juzgamiento mediante una ligera aproximación a la cuestión de fondo sino que necesariamente imponen el ingreso a la discusión sustancial del caso, lo que no resulta admisible en el limitado marco de las medidas cautelares, aquéllas deben quedar reservadas para el momento de dictarse la sentencia definitiva.
Iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: Palomino Rocha, Monica c/ Obra Social para la actividad Hotelero Gastronómica s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-09-18

La elección del derecho debe hacerse dentro del encuadre fáctico generado por la traba de la litis, no admitiéndose que se aplique el derecho sobre presupuestos de hechos diferentes, toda vez que se afectaría la garantía de defensa en juicio y el principio de seguridad jurídica, que tiene el amparo constitucional. Recordamos que en virtud del principio; iura novit curia; corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos enunciados por las partes.
Daño moral, prueba, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Campos, Isolina Ermelinda y Ot. c/ Romera, Marcos A. s/ Daños y Perj.Autom.C/Les. o Muerte (Exc.Estado (99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-04-24

Corresponde admitir el reclamo por daño moral solicitado por el hermano de la víctima fatal de un accidente, toda vez que, de las declaraciones testimoniales surge que ésta no tenía descendencia y vivía en el departamento de atrás de la casa de su madre donde también lo hacía el peticionante y uno de sus hijos, todo lo cual da cuenta de la cercanía y unión que mantenía con la víctima, sumado a la posterior desintegración de la familia luego del fallecimiento.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, médicos, sanciones disciplinarias, resoluciones recurribles, responsabilidad profesional, tribunal de disciplina, colegio profesional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CARNIELLI, WILLIAMS Y MINITTI, ALTIBANO A s/ QUEJA    POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 41-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-05-06

No puede entenderse satisfecha la exigencia de oportuno planteamiento del caso constitucional -en cuanto a las tachas de "arbitrariedad" alegadas por los quejosos-, pues las implicancias de esa jerarquía debieron ser expuestas al recurrir ante la Sala, ya que a ese momento era dable representarse como posible el rechazo de la impugnación, fundado en la irrecurribilidad jurisdiccional de la sanción aplicada por el Colegio Médico.

En el caso, los recurrentes -profesionales de la medicina sancionados por el Tribunal de Etica del Colegio de Médicos con apercibimiento por escrito, con publicación en los órganos informativos de la entidad-, ponen en evidencia que advirtieron era factible que sus impugnaciones enfrentasen vicisitudes adversas a su admisión, al haber hecho uso de la vía -apelación- ante el órgano directivo del Colegio, prevista en el artículo 19 inciso "f" de los estatutos, contra las resoluciones a las cuales no corresponden recursos judiciales; y paralelamente impugnado "ante la Justicia Ordinaria, ante lo oscuro y confuso del artículo 171 del Código de Etica..." -tal como lo puntualizan en el escrito del recurso de inconstitucionalidad-. Empero, no efectuaron ninguna alegación de orden constitucional, no obstante que la cuestión fue prevista por los interesados.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Palazzo, Adrián Alfredo s/ Tentativa de hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-17

Es insuficiente la denuncia de transgresión del art. 259 inc. 4 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- si el planteo aparece dirigido a indicios particularmente considerados y no a la relación existente entre las presunciones.
Recurso de inconstitucionalidad, inundación, indemnización
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rizzo, Juan Ramón Alberto y otros c/ Provincia de Santa Fe y otros s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-16

No resultan atendibles los achaques relacionados con la inadmisión de los agravios apelatorios relacionados con la cuantificación de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales reconocidos por el Tribunal de origen, desde que la escueta formulación de la recurrente sobre el particular no constituye un planteo mínimamente serio y fundado en orden a persuadir acerca de la posible existencia de una cuestión constitucional, limitándose el municipio a reiterar la disconformidad expresada respecto de la determinación efectuada por el Colegiado; por lo que cabe entender que la sentencia impugnada contiene motivación adecuada y suficiente en los términos del artículo 95 de la Carta Magna provincial y, por ende, no puede afirmarse que no reúna las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción con el alcance que resulta del artículo 1, inciso 3°, de la ley 7055. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren la Dra. Gastaldi y los Dres. Erbetta y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Provincial, artículo 95; Ley 7055, artículo 1, inciso 3°
Contrato de trabajo a domicilio, relación de dependencia, tallerista
Materia: LABORAL
Carátula: Cardozo Franco, Bárbara Virina c/ Nostarco S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-19

La ley 12.713 no constituye un estatuto que regula de modo integral la modalidad del trabajo a domicilio pues se trata de una norma de Policía del Trabajo por la cual, y sobre la base de lo dispuesto por los arts. 2 y 9 de la L.C.T., a los trabajadores a domicilio les resulta aplicable el régimen laboral común cobrando operatividad la presunción prevista en el art. 23 L.C.T.. El trabajador a domicilio no es otra cosa que un dependiente desplazado de la sede de la empresa, que tiene un lugar fijo para la realización de sus labores, por lo que el vínculo y la dependencia presentan connotaciones particulares que no son índice de un trabajo autoorganizado sino de una labor organizada por el empresario de acuerdo con su propio beneficio; es decir, que el trabajo a domicilio es en definitiva la modalidad según la cual el empresario encara su actividad productiva.
Juicio de apremio, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Argen-Pack Env. S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

No corresponde aplicar el art. 104 de la ley 10.397 para imponer las costas en el juicio de apremio si no concurre el supuesto de pago no comunicado.
Procedimiento tributario, AFIP DGI, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Autoservicio T.M.  SRL. s/ ley 11.683. De Soto, Arturo Constantino s/ apelación clausura.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08|1993-06-08

El procedimiento llevado a cabo por la Dirección General Impositiva cumple con las exigencias del art. 18 de la Constitución Nacional, si la autoridad impositiva hizo conocer al imputado, al labrar el acta de la supuesta infracción, con anterioridad a la audiencia de descargo, que debía concurrir a ésta munido de las pruebas de que intentare valerse.
Facultades del querellante, impulso procesal
Materia: PENAL
Carátula: Oxilia, Gabriela Inés y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-20

El querellante se encuentra legitimado para impulsar el proceso en solitario desde el comienzo de la causa penal, o en la etapa de juicio, sin que sea necesario, a tal efecto, el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal. La disidencia sostuvo que el impulso de la acción indudablemente corresponde al Ministerio Público Fiscal y no es posible que el querellante participe en el proceso sin la intervención de aquél. (Dres. Catucci, Mitchell y Ledesma -en disidencia-).
Sociedad anónima, directorio, remuneración, relación de dependencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SIERRA Y ALESSIO S.A. c/ C.N.P.S. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

Si los directores y síndicos de una sociedad anónima perciben como retribución por todo concepto, sumas que exceden el 25% de las ganancias de la empresa, dicho extremo sólo trasluce que se están violando las disposiciones establecidas en el art. 261 de la ley 19.550, pero no da lugar a la presunción de la existencia de tareas dependientes (cfr. C.N.A.T. S: VII, sent. del 20.10.80, "Industrias Ochetti S.A.").
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino S.A. c/ San Martín Aguiar, Julio César s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-13

El Superior Tribunal Bonaerense ha sostenido que la circunstancia de que constituya título ejecutivo el saldo deudor de cuenta corriente que reúne los requisitos del art. 793 in fine del Código de Comercio (art. 521 inc. 5º CPCC), y que dicho saldo resulte exigible desde su determinación no sirven por sí solas para acarrear la mora del deudor. Es que al no existir en el Código mercantil disposiciones expresas que resuelvan este instituto debe acudirse a lo normado al respecto en el Civil (Código de Comercio, Titulo Preliminar I).
Poder Legislativo, inmunidad de jurisdicción, voto en disidencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

La inmunidad de proceso es una prerrogativa casi exclusiva de los legisladores santafesinos, en tanto no la tienen los nacionales, ni los integrantes de los otros poderes del estado nacional, lo cual resulta compatible con el modo en que se encuentra regulada la cuestión en la ley nacional de fueros 25320 (del año 2000), que en su artículo 1 dispone que cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión; que el llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad, pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político; y en el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo, pudiendo seguir adelante el proceso hasta su total conclusión. Por último expresa que no será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tenga derecho, aun cuando no hubiere sido indagado, a presentarse al tribunal, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan serle útiles; y que no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la interceptación de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 25320, artículo 1
Pensiones, cónyuge divorciado, reconciliación de los cónyuges, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARTINEZ DE WEGNER, MATILDE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-02-25

Probada la cohabitación, renace el derecho del cónyuge supérstite a obtener el beneficio de pensión, ya que éste es el único requisito exigido por la ley para presumir la reconciliación de los esposos.
Competencia por la materia, competencia comercial, juicio de desalojo, concesión comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: MUSCIA DE PETRONE, MATILDE Y OTRO c/ PIÑEIRO, ENRIQUE LUIS s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-24

En el supuesto de una acción de desalojo, por el vencimiento del plazo de una concesión convenida entre las partes, -en el caso negocio de hotel y despacho de bebidas-, es competente la justicia comercial, por el carácter del contrato orientado a la explotación mercantil.
Prescripción adquisitiva, prueba testimonial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hernández, Andrés Roberto c/ Paganini y Ferrari, Enriqueta Luisa y otro s/ Posesión veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29

La prueba testifical mantiene todo su valor y por lo general resulta la más apta para acreditar las afirmaciones del demandante, puesto que posibilita la reconstrucción de los hechos a través del lapso posesorio, pero debe confrontarse con otras pruebas que reflejen esos mismos hechos (art. 679 inc. 1º CPC).
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes, culpa de la víctima
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, Oscar Alberto c/ Conte, Salvador y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-25

habiendo un microómnibus detenido en la intersección de las calles en que ocurre el hecho daños, al que el actor se hallaba sobrepasando, el volumen de este transporte público dificultaba la visión tanto para uno como para otro de los protagonistas; pero con mayor obligación de cuidado para el actor, pues se disponía a adelantarse a otro vehículo en un lugar no permitido y riesgoso, más aún cuando (como sucedió) el tránsito debía aparecer por la derecha del motociclista, aún cuando se tratara de una calle de menor importancia; (arts. 69, 71 inc. 2, ley 5800 vigente al tiempo del accionante). En conclusión, que por todos los elementos considerados sostengo que la demanda ha sido bien rechazada, tanto por la influencia de la sentencia penal absolutoria, cuanto porque de la prueba útil traída resulta que el accionado logra levantar la responsabilidad objetiva que la ley pone en su cabeza, cosa que no ha conseguido el actor sobre quien pesa idéntica responsabilidad (arts. 1068, 1103, 1113, Código Civil).
Delitos contra el honor, injurias, injurias a personas jurídicas, sociedad anónima
Materia: PENAL
Carátula: Castro, Eduardo s/ Injurias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-26

Es improcedente considerar a las personas jurídicas como sujetos pasivos de los delitos contra el honor.

El alegado desprestigio comercial sufrido por una sociedad anónima a raíz de un irregular manejo de fondos por parte de los querellados, es atípico, pues tal proceder orientado a lograr un beneficio económico no es asimilable a la ofensa producida por una acción dirigida a lesionar el crédito del sujeto pasivo.

Sin que sea exigible en la injuria un ánimo especial, debe darse al menos un propósito encaminado a ofender, que no debe confundirse con la eventualidad de que ese resultado se produzca.
Cuenta corriente bancaria, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Córdoba de Villoslada, María E. y otros s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

Por acatamiento a la decisión de la mayoría en el fallo plenario de esta Cámara de fecha 17 de Agosto de 1995, corresponde aplicar, en materia de interés, la tasa activa en el supuesto de no haberse invocado la existencia de estipulación contractual a ese respecto.-
Acción de amparo, deberes del juez, rechazo in límine
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ROMERO FERIS, José Antonio -RQU- c/ E.N. s/ QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-06

La ley 16.986 impone al juez la obligación de examinar con carácter previo si la acción instaurada es o no manifiestamente inadmisible. Luego de efectuado este análisis debe rechazar in limine la acción o declararla admisible.