Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-12


C., J. R. M.

Reg.: A y S t 193 p 213-217.

Santa Fe, 12 de noviembre del año 2.003.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica del imputado J. R. M. C. contra la sentencia 10 del 27 de marzo de 2003, dictada por la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario en autos "C., J. R. M. -Robo calificado- (Expte. 1655/02)" (Expte. C.S.J. nro. 260, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso de inconstitucionalidad local, la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, en lo que aquí concierne, revocó el punto segundo del fallo apelado y consecuentemente condenó a J. R. M. C. a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas por el delito de robo calificado por uso de arma ocurrido en la ciudad de San Lorenzo el 28 de abril de 2001 en perjuicio del taxista A. M. L., comprendiéndose en esta pena la impuesta en el punto primero de la sentencia 108 del 24.10.2002 dictada por el doctor Antonio S. Ramos, por los delitos de robo -tres hechos- y hurto, todos en concurso real (fs. 35/40).

En el libelo introductor del remedio previsto en la ley 7055 (fs. 43/50), el letrado defensor de C. reprochó al fallo de la Alzada incurrir en arbitrariedad en mérito de las siguientes razones:

En primer lugar, bajo el acápite "arbitrariedad normativa", refirió que la Cámara efectuó una interpretación subjetiva de los hechos y pruebas, basada en la preeminencia de una única declaración de la víctima y posterior reconocimiento de personas -e inclusive de vestimenta- concluyendo que ello constituía plena prueba que acreditaba la participación, autoría y responsabilidad de C. en el hecho de robo calificado por uso de arma.

Por otra parte, acusó al Tribunal de violación a la prohibición de "reformatio in pejus", patentizada a su juicio en el hecho de que el Fiscal de Cámaras no apeló el punto 1 de la sentencia de primera instancia que condenó a C. por robo (tres hechos) y hurto, y compurgó la pena establecida con la detención sufrida por su defendido- y que sin embargo, la Cámara decidió comprender en la pena que fijó "la impuesta en el punto primero de la sentencia N 108 del 24 de octubre de 2002 dictada por el Dr. Antonio S. G. Ramos, por los delitos de robo (tres hechos) y Hurto...", en perjuicio de C.

Aseveró también que la decisión incurría en arbitrariedad fáctica, por cuanto se hizo un análisis y ponderación irrazonable de los hechos y pruebas agregados a la causa, y se fundó en puros voluntarismos y afirmaciones dogmáticas de hechos, reiterando que se basó el Tribunal en la mera declaración y reconocimiento inducido de persona y vestimenta, sin que tales apreciaciones hubiesen sido corroboradas por otras pruebas acopiadas a la causa. Remarcó que se evaluó subjetivamente la declaración y reconocimientos posteriores efectuados por la víctima, único elemento incriminante producido en autos, sin que existan otros elementos probatorios que acrediten la responsabilidad penal de C.

La referida impugnación fue denegada por el A quo (fs. 54/56); motivo por el cual el interesado acudió por vía de queja ante esta Sede (fs. 58/63).

2. Es preciso señalar en primer término que, tal como lo sostuviera el Tribunal a quo en oportunidad de denegar la concesión del remedio extraordinario, obsta a su admisibilidad la falta de cumplimiento del recaudo que establece el artículo 1 in fine de la ley 7055; por cuanto la cuestión constitucional recién se introdujo en la pieza de interposición del memorial recursivo-, y sin que con su sola alusión al tema al afirmar a foja 44 vuelto que "Esta cuestión se articula en este grado e instancia del trámite en razón de la existencia del fallo revocatorio de la sentencia de primera instancia y, recién entonces surgir el planteo de arbitrariedad normativa y fáctica en cuanto apreciación arbitraria de la prueba y conculcación de las expresas garantías constitucionales que fundan la admisibilidad del presente", logre el recurrente en modo alguno perfilar la existencia de un supuesto de arbitrariedad sorpresiva.

Y es que, habiendo expuesto el Fiscal de Cámaras al expresar agravios, las razones en que luego se basó el Tribunal -concretamente, en que debía revocarse la absolución de C. con base en que el reconocimiento que de aquél efectuara el taxista víctima del delito no resultaba dudoso como expresara el Sentenciante, sino certero y veraz-, obviamente, el recurrente pudo, al contestarlos, plantear los reparos constitucionales (A. y S. T. 53, p. 113; T. 60, p. 108, entre otros).

En consecuencia, el tema resulta traído directamente ante esta Corte con incumplimiento del requisito del artículo 1 in fine de la ley 7055, lo que sellaría sin más su suerte adversa (A. y S. T. 60, p. 421; T. 64, p. 461; T. 69, p. 462; T. 99, p. 307; T. 114, p. 381/384, entre muchos otros); sin embargo, preciso es decir, a mayor abundamiento, que otras razones conspiran contra la admisión del remedio intentado.

Es que, si bien el quejoso acusa la invalidez del pronunciamiento por presunta arbitrariedad fáctica y normativa, del análisis de los fundamentos vertidos en la pieza recursiva en su confrontación con aquél, se puede inferir que se vinculan, esencialmente, con el criterio con el que el Tribunal analizó los hechos, valoró las pruebas aportadas y aplicó las normas en juego, ámbito que, en principio, resulta ajeno al remedio excepcional intentado.

Y bien sabido es, vale agregar, que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba (Cfr., entre muchos otros, A. y S. T. 99, p. 102/104; T. 99, p. 179/181; T. 100, p. 251/260; T. 101, p. 408/411; en sentido análogo, Fallos CSJN, 297:29; 297:117; 297:291; 300:1039; 301:1062; 302:1030; 302:1564; 306:282; 307:716; 307:234, etc.); ni tampoco puede configurarse como un medio de sustituir a los jueces ordinarios en la decisión de cuestiones que les son privativas (A. y S. T. 95, p. 341/344; T. 100, p. 251/260, entre muchos otros).

En efecto: los planteos reseñados precedentemente sólo trasuntan su discrepancia para con el criterio adoptado por la Alzada al revocar la absolución de C. en baja instancia y condenarlo penalmente como autor del robo calificado por el empleo de arma en perjuicio del taxista L., intentando hacer prevalecer su propio enfoque acerca de la solución que hubiese correspondido al caso -y opuesta a la de los juzgadores de segundo grado de conocimiento- en cuanto que, a su juicio, debió habérselo absuelto de culpa y cargo del delito atribuido, por cuanto la única prueba incriminante consistió en el testimonio del taxista sin el respaldo de otros elementos cargosos, asentado todo ello en su particular apreciación de los hechos y del plexo probatorio reunido en la causa y el valor que se le asignara a éste.

Mas lo cierto es que no logra demostrar que el A quo al decidir como lo hizo -independientemente de su grado de acierto o error- hubiese marginado los parámetros fácticos, probatorios o jurídicos con que contaba.

En tal sentido, dable es el señalar que el cuestionamiento dirigido al alcance que asignara el Tribunal tanto a los dichos como a los reconocimientos practicados por L., carece de asidero.

Ello así por cuanto el discurso argumentativo expuesto por el compareciente -tendente a enrostrar a los miembros de la Sala arbitrariedad y subjetividad al ponderar el testimonio del taxista sin el respaldo de otros elementos cargosos- no logra desmerecer la conclusión de aquéllos que se derivaba de haber ponderado dicha testimonial, en punto a que "...L. aparece como alguien coherente, veraz, y fundamentalmente, como quien con sus dichos, a los que se añaden indicios, presunciones y principalmente haciendo una evaluación conglobante guiada por el sentido común, permite llegar al estado intelectual de certeza que es el que requiere un pronunciamiento de condena" (f. 36 vto.).

Es que si se atiende a los términos del pronunciamiento puesto ahora en tela de juicio, la Alzada analizó dichas declaraciones en cuanto expusiera los viajes que hizo en el automóvil a su cargo en la madrugada del 28.04.2001, y afirmara que el rostro de dos de los tres que le habían hecho señas le resultaba conocido de unos días antes como así la indicación que aquél efectuara del lugar a donde los llevó.

Asimismo, puso en evidencia que lo aseverado por L. en cuanto a las circunstancias en que conociera a dos de sus tres pasajeros -frente a la Jefatura de Policía- se encontraba corroborado con el informe obrante a foja 14 de los principales de donde se desprendía que C. había recuperado su libertad el martes 24 de abril de 2001.

Hizo mérito el A quo además del señalamiento fotográfico, al que otorgó eficiencia convictiva toda vez que L. a foja 17 "sindicó la imagen de C. sin dudar, señalándola como la correspondiente a uno de los sujetos que subieran a su rodado el día del acontecer delictivo atribuido a C." (f. 38vto.); como así también del reconocimiento en rueda de personas de foja 42 en el que L. señalara a C. diciendo el lugar que ocupaba aquél en la rueda, reputándolo altamente comprometedor para el justiciable, y dejando en claro que "...la circunstancia de que el taxista no haya reconocido a S., en modo alguno se constituye en elemento desincriminante para C., quien sólo ha sido reconocido..." (f. 38vto./39).

Consideró a su vez que una de las prendas incautadas en el domicilio de C. (f. 22) fue reconocida por L. a foja 63, aludiendo a que "Se tratará sí de un reconocimiento impropio, pero en el conjunto probatorio no favorece al justiciable y así debe ser computado" (f. 39).

Y, finalmente, en cuanto a los testigos deponentes a fojas 66, 67, 68 y 69, aseveró que ninguno de ellos había aportado algo que desincriminara a C. (vid f. 39), para colegir -en definitiva- que debía revocarse la absolución de baja instancia por cuanto "...se dispone de pruebas que merituadas con lógica y sentido común, inexorablemente conducen a concluir en que C. debe responder penalmente por el accionar que se le reprochara, pues se ha acopiado prueba que permite llegar al estado intelectual de certeza que es el que se requiere para sustentar un veredicto condenatorio" (f. 39).

Claramente se advierte, pues, de todo lo expuesto, que el Tribunal a quo hizo mérito de las pruebas obrantes en autos, si bien les otorgó un alcance diverso al propiciado por el impugnante, por lo que el planteo queda reducido a su mero desacuerdo para con la inteligencia asignada a los medios probatorios aportados en la especie, ciertamente ajena a la materia constitucional por estar reservada a los jueces de la causa salvo arbitrariedad, no acreditada en el sub discussio.

Desde otro ángulo, tampoco puede merecer favorable acogida la supuesta violación de la prohibición de "reformatio in pejus" por parte de la Alzada que el recurrente pretende derivar del hecho de que al momento de imponer la pena de seis años de prisión al justiciable tras haber concluido en su autoría en el robo calificado en cuestión, comprendiera en dicha pena la impuesta por el Juez de Sentencia por un hecho de hurto y tres hechos de robo pese a no haber sido aquélla objeto de recurso, atento que el agravio que pretende esbozar sólo responde a la particular hermenéutica que efectúa del principio señalado, habida cuenta que lo que se limitó a hacer el Tribunal fue unificar las penas, tras imponer al justiciable la pena de seis años de prisión, tener por comprendida en aquélla, precisamente la que le fuera impuesta por el Juez de Sentencia por el hurto y los tres hechos de robo, de un año y cuatro meses de prisión, y que le fuera compurgada por el tiempo que cumpliera en detención, sin alterar en modo alguno la pena que no fuera recurrida.

Por ende, con los extremos que señala en su escrito impugnativo en confrontación con todo lo precedentemente apuntado, no logra el defensor de C. persuadir a esta Corte acerca de que la decisión de la Cámara exhiba una aparente fundamentación; antes bien, preciso es señalar que los motivos brindados por el Tribunal de segundo grado aparecen acordes con la exigencia de suficiente motivación que impone el artículo 95 de la Constitución provincial, el que -como tiene dicho reiteradamente este Cuerpo- no obliga al juzgador a efectuar desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga a sí misma como un pronunciamiento objetivo y razonable o, lo que es lo mismo, no aparezca como pura afirmación caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial (Cfr., A. y S. T. 65, p. 424; T. 99, p. 195/197; T. 102, p. 236/241; T. 117, p. 139/142; T. 149, p. 418/422, entre otros).

En definitiva, toda la crítica del impugnante queda reducida a la disconformidad para con los criterios valorativos e interpretativos sustentados por la Alzada en su decisorio, en una postura adversa a sus pretensiones, pero de la cual no se infiere causal alguna de arbitrariedad que habilite la apertura de esta instancia de excepción, por cuya vía se tiende a reparar agravios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción, y conviertan al pronunciamiento en una no sentencia, mas no autoriza a sustituir a las instancias ordinarias, en la interpretación del derecho sustantivo o procesal o en la ponderación del material fáctico del litigio.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)