Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-07


En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de marzo de dos mil cinco, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "Omint S.A. de Servicios contra G.C.B.A. sobre otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones", Expediente Nº RDC-583/0, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la resolución apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores Esteban Centanaro, Eduardo Ángel Russo y Nélida Mabel Daniele.- A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: RESULTA: Las presentes actuaciones se inician con motivo de la denuncia realizada por Roxana Beatriz Vera ante la Dirección Jurídica de Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Manifiesta que junto con su padre -mayor de 70 años- conformaban el grupo familiar adherido a la empresa de medicina prepaga Omint S.A. de Servicios y que el día 10 de septiembre de 1997, en oportunidad de presentarse en el domicilio de la recurrente para abonar las cuotas atrasad as de los meses julio y agosto se le entregó un recibo de pago que decía "...que el importe solo salda deuda...", "...que la regularización de la cobertura del asociado titular y su grupo familiar queda sujeta a las condiciones de Omint S.A. de Servicios dentro de un plazo de 30 días..." (fs. 1). Asimismo, la cuota que vencía ese mismo día correspondiente al mes de septiembre no fue abonada. Fue así que, la denunciante solicitó a un empleado de la empresa el traspaso a un plan médico menos oneroso del que tenía, el 2E (Sistema Mixto-Cerrado y Abierto) y PC (Plan Odontológico Cerrado). Dicha solicitud fue presentada ante el Area de Promoción Atención al Socio por escrito y verbalmente, con la posibilidad de mantener el PC (Plan Odontológico Cerrado). Según su relato, la respuesta al pedido fue favorable. Transcurridos los seis días de haber efectuado el pedido de cambio de plan, recibió de la empresa denunciada una carta en la que se le informaba "...que luego de analizar antecedentes y servicios prestados a s u grupo familiar nuestro Comité Médico ha resuelto lamentablemente no dar curso..." (fs. 3). A todo eso, agregó, que en los primeros días de octubre de ese año llegó la factura con el viejo monto, y que lo mismo ocurrió en el mes de noviembre. Finalmente, el día 22 de mayo de 1998 ante el silencio de la empresa, la denunciante expresó que se comunicó telefónicamente con Omint S.A. de Servicios, quien por intermedio del Personal de Asistencia Jurídica le informó "...que fuimos dados de baja por mora..."(fs. 4). 2. Abierta la instancia conciliatoria, las partes no arribaron a una composición (fs. 10). A fs. 11/2vta. se halla glosado el descargo presentado por la aquí recurrente respecto a la imputación por la infracción al art. 4º de la ley 24.240, concluyendo que en ningún momento se infringió el citado artículo ya que la empresa recurrente nunca se apartó de lo previamente establecido en el reglamento vigente a la fecha de incorporación de la reclamante. Sostuvo que, con fecha 1º de octubre de 1981 el padre d e la reclamante ingresó como titular al plan equivalente al 2E, revistiendo Roxana Beatriz Vera como familiar a cargo. En agosto de 1986 el titular solicitó que pasara a figurar como titular su hija Roxana, quedando él en la condición de familiar a cargo. Asimismo, agregó que en el mes de febrero de 1993 se le envió a la reclamante un aviso de moroso por atraso en los pagos firmando carta de moroso "sin carencias adicionales", y que en abril de ese mismo año se le dio la baja con vigencia al mes de mayo. Agregó que luego del pedido de reincorporación por parte de la denunciante, se la reactivó, pero en agosto del año 1993 nuevamente se le envió un aviso por mora en el pago de la cuota. Aclaró que durante los años 1996 y 1997 se le enviaron a la denunciante en reiteradas oportunidades cartas de aviso de deuda por pagos fuera de término, quedando nuevamente moroso en octubre del último año razón por la cual se le dio de baja a partir de diciembre. Continuó su relato manifestando que en el mes de septiembre de 1 997 la reclamante solicitó el cambio de plan que tenía, el 2E (con reintegro) al Plan 20 (cerrado) por razones económicas, motivo por el cual la Administración de Socios con Auditoría Médica resolvió no autorizar dicho cambio conforme la facultad que surge del punto 4º, del Capitulo II del Manual de Beneficiario que lleva el título "Cambio a otro plan médico". 3. A fs. 203/5 se encuentra glosada la resolución Nº 310-SDE-2001, a través de la cual la autoridad de aplicación le impuso a Omint S.A. de Servicios una multa de pesos cinco mil ($5.000.-) por encontrársela responsable de la infracción al art. 4º de la ley 24.240 ordenando a la sancionada la publicación del mentado acto condenatorio (arts. 1º y 3º). Para fundar la resolución, la Administración sostuvo, que de la documentación acompañada en autos y mas allá de la valoración que en virtud de lo normado por el art. 37 de la ley 24.240 pudiera hacerse respecto de la cláusula cuarta del Manual de Beneficios de Omint S.A., lo cierto es que no surge de las pr esentes actuaciones que la Sra. Vera hubiera sido oportunamente informada respecto de la imposibilidad de cambio de plan en sentido decreciente y de la única excepción contemplada a esta regla que deja a juicio del Comité Médico la aceptación de este tipo de cambios. A su vez, remarcó que la denunciada no acreditó en forma fehacientemente que el manual citado, acompañado a fs. 17/30, se encontrara en vigencia al momento de iniciarse la relación jurídica entre las partes, ni al momento de producirse la crisis que dio origen al presente registro. Por último afirmó, que la denunciada no había probado que el referido manual constituyera parte integral del contrato, ni que el mismo hubiera sido entregado a la denunciante ni informada acerca de su contenido, ya que, de la documental de fs. 17/30 no surgen firmas ni constancia alguna de su recepción. A fs. 219/24 la denunciada interpuso y fundó recurso de apelación contra la resolución sancionatoria, el cual fue concedido en relación a fs. 225/vta. En síntesis, la r ecurrente se queja por cuanto entiende: a) que cuando la denunciante decidió asociarse a Omint S.A. de Servicios aceptó todas y cada una de las condiciones de contratación ofrecidas, entre las cuales se encuentra la cláusula que impugnó al efectuar su denuncia; b) que la empresa se comprometió a brindar cobertura en el Plan 2E/Pc y a mantener las condiciones de contratación, y que de los dichos de la propia denunciante surge que no cumplió con la obligación a su cargo, de pagar en tiempo y forma, ya que expresamente reconoció el atraso en el pago; c) que de solicitar el cambio de Plan resulta razonable que la aquí denunciada pueda analizar la nueva solicitud de contratación y decidir si acepta las nuevas condiciones contractuales que se le plantean o no, pues el principio general establece que un contrato no puede ser modificado unilateralmente como pretendió la denunciante; d) que la cuota que el denunciante se comprometió a abonar en modo alguno resulta excesiva o desproporcionada, pues es la justa obligaci ón que se encuentra a cargo del afiliado, como contraprestación al servicio de excelencia que ofrece la empresa recurrente; e) que la Constitución Nacional se preocupa por garantizar la libertad de comercio e industria, el ejercicio de las actividades lícitas y como derecho innominado el principio de la libertad contractual (arts. 14 y 33 de la CN); y que cualquier injerencia externa en la actividad de la recurrente resultaría inadmisible, pues violaría las mencionadas garantías constitucionales. 5. Por su parte, ante el traslado conferido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contestó los agravios vertidos por Omint S.A. de Servicios, con la presentación de fs. 268/70, a cuyos términos me remito por razones de brevedad. CONSIDERANDO: 6. En atención a la cuestión central aquí planteada, cabe advertir que el Tribunal no está obligado a seguir a la recurrente en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que fueran conducentes para dirimir el tema en debate (conf. C.S. Fallos 300:584 , entre otros). 7. Llegado el momento de pronunciarme, deviene oportuno señalar las normas que resultan de aplicación al caso debatido en autos. La ley 24.240 tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios, es decir, de las personas físicas o jurídicas que contraten a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otros supuestos, la adquisición o locación de cosas muebles, la prestación de servicios y la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda (art. 1º de la ley 24.240). A su vez, la Constitución nacional prevé que "[l]os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los me rcados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios " (art. 42 CN, 1º y 2º párrafo). Y, por su parte, la Constitución local dispone en el capítulo decimoquinto dedicado a los consumidores y usuarios que "[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas" (art. 46 CCABA, 1º y 2º párrafo). 8. Asimismo, es oportuno recordar las pautas interpretativas que rigen la prestación del servicio de medicina prepaga. Es tos contratos son caracterizados como de consumo, por lo que quedan comprendidos dentro del marco regulatorio de la ley 24.240. En ese orden de ideas, puede decirse que los contratos de medicina prepaga son aquellos en los que una empresa especializada se obliga a prestar el servicio de asistencia médica a una persona o grupo de ellas recibiendo, como contraprestación, el pago de una suma de dinero que generalmente es periódico. Estos contratos, que suelen ser celebrados por adhesión a cláusulas predispuestas, no están contemplados dentro de ninguna de las figuras previstas por los códigos de fondo o leyes especiales, siendo en consecuencia innominados y atípicos. La característica principal de estos negocios jurídicos es que, a través del ahorro consistente en pagos anticipados verificados en el transcurso del tiempo, los pacientes se protegen de riesgos futuros en su vida o salud. Es decir, el beneficiario se asegura de que si necesita los servicios prometidos, podrá tomarlos, aunque no tenga certeza de cuá ndo ni en qué cantidad; puede ocurrir inclusive que nunca los requiera, en cuyo caso el gasto realizado se traducirá únicamente en la tranquilidad que le dio la cobertura durante todo ese tiempo. En esta línea argumental, se puede concluir que el contrato de marras se caracteriza por ser uno de adhesión, de consumo y de larga duración, "[q]uien dispone es un empresario, quien concentra para sí el poder de negociación. El prestador agrega al servicio un valor de competencia específica en su área de conocimiento razón por la cual -en doctrina- se lo considera como un experto en relación a su contraparte, "profano" en la materia" (Cám. Cont. Adm. Fed. Sala II, "Medicus S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones -Res. DNCI 39/96, 08-10-1996). En sentido concordante, la doctrina ha dicho que los contratos que vinculan a una medicina prepaga con sus clientes son contratos de adhesión con cláusulas predispuestas, por lo que el poder de negociación de las partes es diferente, pudiendo presentar desequilibrios en la relación contractual que ocasionen perjuicios a la parte más débil (adherente) (conf. Vázquez Ferreira, Roberto A., Medicina Prepaga, Contratos de Adhesión y tutela del consumidor, JA, 22 de julio de 1998). 9. Sentada tales pautas generales, corresponde analizar si, en el caso, se ha acreditado la falta de información imputada por la administración a la empresa. A tales efectos, recuérdese que el art. 4º de la ley 24.240 señala que "Quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos". Asimismo, es conteste la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a que el deber de información no se agota con la suscripción del contrato sino que "comprende (...) las tres etapas del íter negocial: a) en primer lugar, contempla el aspecto precontractual, al incluir la obligación de suministrar los datos que permitan al consumidor celebrar reflexivamente el contrato (protección del consentimiento); b) en segundo término, abarca toda la información necesaria en la etapa posterior a su celebración, tanto en el momento de la entrega de la cosa como durante la prestación del servicio, si ocurren en tiempos distintos; c) por último, incluye toda la información que resulte indispensable después de entregada la cosa, para un disfrute adecuado de ésta ..." (Juan M. Farina, Defensa del consumidor y del usuario, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1995, p.106 y esta sala in re "Citibank NA contra G.C.B.A. sobre otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones", Expediente Nº RDC-485/0, sentencia de 4 de mayo de 2004, entre muchos otros). 10. Ahora bien, a la recurrente se le imputa no haber cumplido con la obligación de informar al usuario respecto de las características esenciales del servicio, en cuanto no ha podido establecerse con certeza que el consumidor estuviera oportunamente informado respecto de la imposibilidad de cambio de plan médico en sentido decreciente y de la única excepción contemplada a esta regla que deja a juicio del Comité Médico la aceptación de este tipo de cambios. En este sentido, la denunciante sostuvo que, en oportunidad de pedir ante el Area de Promoción y Atención al Socio, por escrito y en forma verbal el cambio de plan al inmediato anterior, obtuvo respuesta verbal favorable. Pero transcurridos los seis días del pedido, se le comunicó en forma escrita que la solicitud había sido rechazada sin que se le explicaran los motivos de la decisión. Tal circunstancia se corroboró con la copia de la carta acompañada por la misma denunciada a fs. 33. Por su parte, la recurrente sostiene que la denunciante conocía las causas por la cuales se rechazaría el cambio de plan médico; ello así, en virtud de que cuando la denunciante decidió asociarse a Omint S.A. de Servicios aceptó todas y cada una de las condiciones de contratación ofrecidas. Además destacó en oportunidad de presentar su descargo, que ante la negativa dada a la reclamante al solicitar el cambio de plan, no se hizo otra cosa que lo expresamente estipulado en el punto 4º del capítulo II del Manual del Beneficiario. Pues bien, aún cuando resulta cierto que el manual en copia acompañado a fs. 17/30 por la denunciada, el punto citado, segundo párrafo reza: "Los cambios a otro plan podrán hacerse exclusivamente en un sentido creciente..."; y en el tercer párrafo aclara "Unicamente se aceptarán cambios a otro plan en el sentido decreciente en casos debidamente justificados a juicio del Comité Médico de Omint" lo concreto y determinante en el caso, es que tal información no es la que oportunamente se le brindara a la denunciante. En efecto, la consumidora sostuvo que, al momento de solicitar el cambio de plan médico de su grupo familiar expuso a la empleada de la empresa Ana Lardiez el alivio económico que eso significaría, obteniendo una respuesta totalmente contraria a la brindada con posterioridad al rechazo. En otras palabras, la carta obrante a fs. 33 remitida a l a denunciante con posterioridad a la información en sentido diverso suministrada por la empleada de la firma, importa una contradicción tal que no puede resultar idóneo cumplimento del deber consagrado por el art. 4º de la ley 24.240. Máxime, que al no tener fecha el "Manual del Beneficiario" acompañado por la recurrente, no se pudo corroborar que al momento del inicio de la relación jurídica entre las partes o del pedido de cambio de plan médico, el punto 4º del capítulo II del instrumento mencionado se encontrara vigente. 11. Seguidamente cabe señalar que cada parte debe probar los hechos que alega como sustento de su pretensión, ya sean éstos constitutivos, impeditivos o extintivos -art. 301 del CCAyT-, este criterio general se ve morigerado, a su vez, por la aplicación de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas según la cual, cuando una de las partes está en mejores condiciones fácticas para producir cierta prueba vinculada a los hechos controvertidos de la causa, ésta debe soportar el onus proban di. Así, cuando por la índole de la controversia o de las constancias documentales de la causa surge evidente que uno de los litigantes se encuentra en una posición dominante o privilegiada en relación con el material probatorio -ya sea, porque se encuentra en posesión del instrumento probatorio o por el rol que desempeñó en el hecho litigioso-, su deber procesal de colaboración se acentúa, al punto de atribuírsele una carga probatoria más rigurosa que a su contraparte. En ese sentido, no puede dejar de señalarse que, si bien el manual en cuestión, en el punto 2), del Capítulo II expresamente aclara "Este manual, llamado Manual de Beneficiario, con las modificaciones posteriores que introduzca OMINT, así como toda la documentación pertinente extendida por OMINT (ejemplo: solicitud de ingreso, comunicaciones a los beneficiarios aún cuando sea de fecha anterior a la solicitud de ingreso) constituyen las normas que rigen la relación entre OMINT y el beneficiario titular...", lo cierto es que la recurrente no pro bó que dicha documentación constituya parte integral del contrato, ni que el mismo se hubiera entregado a la denunciante, como así tampoco surge que se haya sido firmado, o que se le hayan entregado constancias del aquel. A partir de entonces, pierden todo sustento los agravios expresados por la recurrente en torno a la documentación obrante a fs. 17/30, toda vez que en tanto no se acompaña el contrato suscripto por el denunciante, no pueden considerarse acreditadas por los medios probatorios pertinentes -arts. 208 del Cód. de Comercio y 1190 del Cód. Civil- las cláusulas del acuerdo que unía a las partes. En efecto, si bien la recurrente afirmó haber cumplido con el deber impuesto por el art. 4º, acompañando la copia del "Manual del Beneficiario", ninguna prueba ha aportado que permita corroborar la exactitud de esta apreciación. Por ello, cabe concluir que la denunciante no tuvo conocimiento de los motivos arriba mencionados, quedando en consecuencia acreditada la infracción por parte de la empresa al deber de información consagrado por el art. 4º de la ley 24.240. 12. Despejado todo ello, corresponde agregar que el agravio detallado en el punto 4), apartado e), no amerita tratamiento alguno en esta instancia, toda vez que la resolución recurrida en ningún momento abordó cuestiones referidas a lo estipulado en el contrato que rige la relación entre las partes, sino que, teniendo en cuenta las constancias acompañadas a estos autos por la recurrente, se corroboró la afectación del deber de información establecido en el art. 4º de la ley 24.240. Es decir que, en la mentada resolución no se advierte ningún tipo de injerencia por parte de la administración que permita concluir como sostiene la quejosa, que se trató de modificar los términos de la relación contractual, razón por la cual queda descartado el agravio dirigido a la afectación de las garantías en los arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional. En ese sentido, es dable realizar algunas aclaraciones respecto de las reglas especiales que rigen para los contra tos de consumo en cuanto al tema de la interpretación. La ley 24.240 trae dos artículos que disponen el principio de interpretación a favor del consumidor, estos son los arts. 3º y 37. El al art. 3º de la ley 24.240 establece "[l]as disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas, en particular las de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial. En caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable al consumidor." Se trata aquí de la interpretación de la ley. El sistema jurídico de protección del consumidor constituye un todo en el que entra el cúmulo de normas mencionadas por el artículo citado. En ese cúmulo de normas aparecen unas que tienen el carácter de lex interpretativa (en principio lo son las de la L.D.C.: art. 65) y otras que mantienen su carácter de lex supletoria (por ejemplo, las que con esa tonalidad aparecen en el Código Civil o el de Comercio, regulando el contrato). Trátese de una lex impera tiva o de una lex supletoria, la interpretación es siempre a favor del consumidor (López de Zavalía, Fernando J., Teoría de los contratos, Tomo 1, Parte General, Buenos Aires, Zavalía, 2003, pág 451). Por último, el art. 37 de la ley 24.240, en su penúltimo párrafo prescribe "...La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación se estará a la que sea menos gravosa". Ahora bien, teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto 4) del Manual del Beneficiario, no pueden soslayarse las normas de interpretación que contiene el Código Civil. Así, el art. 1598 de ese cuerpo legal expresa [l]a cláusula de que el locatario no pueda ceder el arrendamiento, o subarrendar sin consentimiento del locador, no impedirá al locatario ceder o subarrendar, si el cesionario o sublocatario propuesto ofreciese todas las condiciones de solvencia y buen crédito"; y, si bien esta norma se encuentra dentro del Capítulo VI, Libro II, Sección III, de la locación, lo cierto es que ella -además de constituir también una norma de interpretación- la pauta que consagra resultaría asimismo aplicable en el sub lite y permitiría el cambio a un plan inferior si la negativa por parte de Omint S.A. de Servicios fuese arbitraria. Del art. 3º de la ley 24.240 surge con claridad que la cobertura normativa referida al consumidor no se limita a la ley 24.240, sino que abarca otras normas que resulten aplicables a las relaciones jurídicas descriptas en sus dos primeros artículos. En conclusión, como ya fue dicho, las disposiciones de la ley se integran con las normas que resulten afines en la temática del consumidor (CNCont.Adm.Fed., Sala II, 14/04/98, "Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados c/ Sec. De Comercio en Inversiones -Disp. DNCI 2381/96). Por todo ello, y si mi voto fuera compartido, propongo: Rechazar el recurso de apelación judicial interpuesto por Omint S.A. de Servicios y en consecuencia, confirmar la resolución 310-SDE-2001, con costas a la venci da (art. 62 CCAyT). El Dr. Eduardo Ángel Russo y la Dra. Nélida Mabel Daniele, por las razones expuestas por el Dr. Esteban Centanaro, adhieren a su voto. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal, por unanimidad, RESUELVE: Confirmar la resolución recurrida en cuanto impone una multa de cinco mil pesos ($5.000.-) a Omint S.A. de Servicios y ordena la publicación de la resolución condenatoria. Con costas a la apelante vencida (art. 62, CCAyT). Regístrese en el libro de recursos directos, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-