marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Revocación de sentencia, sentencia condenatoria, calumnias, derecho a la información, interés público, democracia, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Abad, Manuel Eduardo y otros s/ calumnias e injurias -Causa N. 18.880-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó por el delito de calumnia a los autores de una nota publicada con el objeto de alertar a la ciudadanía sobre una acción conspirativa contra el sistema constitucional, ya que viola el principio de que el derecho de información sobre cuestiones de interés público está garantizado por los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional y desconoce la presunción de licitud que protege a la prensa cuando cumple con el deber de comunicar a la ciudadanía toda noticia relacionada con la seguridad de la República y la preservación del sistema democrático.
Caducidad de instancia, plazos procesales, cómputo del plazo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: SOLIMAN, MATILDE ANGELICA s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-05

Para determinar si se ha cumplido el plazo del art.

310 del C.P.C.C., corresponde meritar la actividad procesal que la parte ha realizado tanto en el incidente (en el caso, beneficio de litigar sin gastos) como en el proceso principal, puesto que la razón de ser y el fundamento principal del instituto de la caducidad es la idea de abandono del proceso y la presunción de renuncia de la instancia que comporta el hecho de la inactividad procesal prolongada.
Daño moral, incumplimiento del contrato, dolo
Materia: CIVIL
Carátula: PEIRANO CARLOS c/ ROASCIO LUIS s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-18

Resulta procedente el resarcimiento por daño moral en el supuesto de que el incumplimiento contractual haya sido doloso.-
Honorarios del abogado, ley arancelaria, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: AGUAS ARGENTINAS S.A. c/ MODICA, Ricardo A.R. Saita Ma. Rosa s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

La relación entre el letrado mandatario y su mandante es creditoria y, por ende, disponible, por lo que prevalece la autonomía de la voluntad por sobre el carácter arancelario de las leyes locales.
Indemnización por muerte, damnificado directo, daño moral, daño psíquico, carga de la prueba
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: REALI, Oscar Alberto y otro c/ ACUÑA, Esther Quintana y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-30

En los casos en que el ilícito genera la muerte de una persona, los damnificados directos más allegados al occiso (v.g. padres, cónyuge o hijos), cuentan a su favor con la presunción de la existencia del perjuicio indemnizable -daño psicológico-, quedando el Ionus probandiI en cabeza de quien niega la viabilidad del daño. Si se tiene en cuenta la distinción entre duelo normal y duelo patológico, el umbral de presumibilidad del daño psicológico se detendría en el duelo normal, hasta allí la liberación de la carga de la prueba, siguiendo el curso normal y ordinario de las cosas. En cambio, si el menoscabo padecido es mayor, esa divergencia en la cuantía requerirá de una prueba idónea que así lo acredite.-
Comisión Municipal de la Vivienda, escritura pública, sanciones conminatorias
Materia: CIVIL
Carátula: Williams, Mabel c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11

Los últimos acontecimientos de dominio público, en orden a eventuales irregularidades en procesos judiciales en los que participa el Estado o sus organismos centralizados o descentralizados, que inclusive dio lugar a la más profunda investigación, exigen un especial criterio de mérito y hacen aconsejable extremar la prudencia al máximo, sólo con advertir las connotaciones de que se vieron rodeados procesos donde participa como demandada la Comisión Municipal de la Vivienda.

Si está descartada la posibilidad de una resistencia dolosa por parte de la Comisión Municipal de la Vivienda para la escrituración a favor del adquirente, - suponer lo contrario resulta lesivo a la propia naturaleza del Estado -, deviene injustificado recurrir al empleo de sanciones conminatorias, generando un desembolso que no reconoce otro origen que el de la propia comunidad, a través de las respectivas formas de contribución, con más razón si un simple cálculo demuestra que de continuar el incumplimiento por un tiempo relativamente corto el monto de la multa llegaría a superar el valor del inmueble. Sin perjuicio de ello, un elemental respeto al cumplimiento de las resoluciones judiciales, aconseja que el tribunal disponga que la deudora informe en forma periódica acerca del avance en los procedimientos y diligencias que permitan zanjar los impedimentos a la concreción de la sentencia.
Revocación del contrato administrativo, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIVERO DARDO A. c/ M.C.B.A. s/ NULIDAD DE DECRETO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-23

La situación de un agente debe determinarse según la apreciación objetiva que realicen los órganos administrativos superiores, en tanto se encuentre regulada y condicionada por normas, que establezcan el cuándo y el cómo de las condiciones de revocación. El interés público aparece, entonces, como una condición resolutoria que apreciada por el órgano determina el contenido de la decisión del caso particular. La pérdida de la confianza para el ejercicio de una función de conducción atiende a la finalidad del acto que dispone la cesación, pues la actividad administrativa tiende siempre -directa o indirectamente- a cumplir o satisfacer necesidades de interés público. La omisión de audiencia de comisiones asesoras no puede necesariamente determinar la nulidad del acto, por cuanto tal formalidad no reviste, en todos los casos, el carácter de esencial.
Caducidad de instancia, actos interruptivos, elevación en apelación
Materia: PROCESAL
Carátula: Sigal, Osvaldo c/ Jara de Giménez, Teresa s/ Demanda por Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-02-25

La circunstancia de que los autos se encontraran en estado de ser elevados a este Tribunal para conocer en el recurso concedido, no configura la causal interruptiva de la perención a que se refiere el artículo 287, inciso 3° del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, ya que no mediaba resolución alguna que estuviera pendiente de decisión por el "a-quo" sino una mera actividad del Juzgado tendiente a elevar, actividad que como tal no hace excepción a aquéllas cuyo control e impulso la parte interesada debe llevar para obtener su derecho en el proceso.
Contrato de trabajo, obligaciones del empleador, pago, prima, seguro de vida obligatorio
Materia: LABORAL
Carátula: PI HSIEN HUANG c/ MORALES, MARCELO s/ SUCESION - INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-09

El seguro de vida obligatorio implica cargas para el empleador y su empleado. Este debe demostrar su interés suministrando los datos pertinentes y su voluntad de asumir el pago de la prima que le incumbe, pero tal requerimiento debe efectuarse en tiempo oportuno, es decir, durante la vigencia del contrato de trabajo, para permitir su cumplimiento por parte del empleador. En consecuencia, no puede hacerlo valer luego del egreso, cuando resulta una obligación de cumplimiento imposible.
Condiciones de detención, salud del imputado, cuestión federal, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Reynoso, Raúl Juan c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-03

El voto concurrente añadió que corresponde encomendar al a quo que disponga lo pertinente para que las autoridades de la unidad carcelaria arbitren los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y a extremar las medidas de prevención, salud e higiene, a fin de tutelar debidamente el derecho a la salud del nombrado. La disidencia señaló que pudiendo constituir los agravios invocados por la parte recurrente alguna de las causales previstas en el art. 456 CPPN y encontrándose prima facie involucrada una cuestión de naturaleza federal, de conformidad con lo dispuesto por el art. 463 del rito, corresponde sustanciar el trámite del planteo casatorio y fijar la audiencia prevista por el art. 465 bis del ordenamiento legal citado, lo que de ningún modo importa anticipar criterio respecto de la materia impugnada. Dres. Mahiques, Slokar -en disidencia- y Yacobucci -voto concurrente-
Importación temporaria, aplicación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: COTONBEL  S.A. s/ APELACION (SECRETARIA MARINA MERCANTE)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-12

El régimen de importación temporaria de mercaderías queda comprendido dentro del concepto lato de importación que contempla el art. 4 de la ley 18.250 y sus modif. O sea que no distinguiendo la normativa señalada a los efectos que para el caso interesa a la importación temporaria de la importación para consumo es de aplicación aquel viejo adagio que "ubi lex non distinguit".
Prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gavarotto, Hortencia c/ Galli, Alberto Cristóbal y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-02

Las máximas de experiencia específicas -sean de ciencia o de técnica - el juez las conocerá, lo más lógicamente, a través de la prueba pericial, pero de ello no se sigue, desde luego, que todo peritaje deba merecer una obediencia ciega y erigirse en factor incondicional de solución del litigio en el cual se ha originado y producido, pues el hecho de que su autor posea conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada (art.

457, CPCC) no releva al juez de estimar su fuerza probatoria, teniendo en consideración -así lo impone el art. 474, CPCC la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se funden, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: REINOSO, SIMON ESTEBAN c/ VELAZQUEZ, ANTONIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-10-26

Para que exista arbitrariedad, tal como esta corte lo ha establecido, el error debe ser grosero, evidente, que implique un apartamiento notorio y sin justificación de los hechos y las pruebas obrantes en la causa.
Reglas de la sana crítica, declaración testimonial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: H. M., L. M.  y otro c/ F. I. L. y otra s/ Demanda Laboral (Diferencia de Haberes)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-12

El sistema de la sana crítica que preside nuestro ordenamiento ritual, excluye la aplicación de la máxima "testis unus testi nullus", desde que ésta carece de fundamentos serios, porque aun cuando no exista la garantía que supone la concordancia entre las declaraciones de varios testigos ella puede ser compensada por la calidad del testigo único y la exigencia que el juez puede apreciar el testimonio con mayor severidad (arts. 386 y art. 485 Cod. Proc.).
Ley arancelaria, honorarios, jus
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL (BID) COOPERATIVO LTDO. c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ QUIEBRA Y CARELLO, LUIS ARMANDO c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO -EJECUCION DE SENTENCIA Y AUTOS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13

El sistema diseñado por el legislador provincial mediante el artículo 32 de la ley 6767 (modif. por ley 12851), por el cual se instituyó el módulo o unidad "jus" para la regulación de honorarios de abogados y procuradores, constituye un mecanismo indirecto de recomposición del capital enmarcable en la categoría de creación pretoriana de "obligaciones de valor" -ahora receptada en el artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación-, quedando como tal al margen del principio nominalista de la ley 23928 (y modificatorias) hasta su conversión en deuda de dinero, hecho que ocurrirá -de acuerdo con una interpretación constitucional optimizante de las distintas normas en juego- cuando el pago de la obligación por honorarios resulte exigible, tras la firmeza de la regulación respectiva, momento a partir del cual la integridad de la remuneración pasará a ser resguardada por la tasa de interés moratorio -para cuya fijación el precepto de marras exige que se atienda a las vicisitudes del mercado, al valor adquisitivo de la moneda y al carácter alimentario del honorario profesional -. (Del voto del Dr. Netri) - Jurisprudencia vinculada: Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna, AyS T 276, p 294/326; Vectra Agropecuaria S.A., AyS T 278, p 255/261. - Jurisprudencia Concordante con Chlus, AyS T 281, p 105/112 y Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado, AyS T 281, p 234/247.
Contratos, contratos de adhesión
Materia: CIVIL
Carátula: M., V. A. c/ S. C. D. S. L. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-02-17

Bien se ha dicho que los contratos de adhesión, que son una instrumentación jurídica necesaria en el derecho moderno, no son una categoría distinta de los demás contratos ya que el acto reglamentario del que realiza la oferta no tiene validez alguna antes de la adhesión de la otra parte, con lo que, como en todo contrato, lo que engendra la relación y debe presidir su interpretación es la voluntad común de las partes.

Por ello es que en este tipo de contratos el principio contra proferentem debe limitarse a la hipótesis de cláusulas imprecisas, ambiguas o contradictorias, mas no cuando aquéllas no requieren ninguna interpretación ya que no es aceptable que so pretexto de ella se altere su sentido o se pugne contra la economía del contrato.
Feriados, franco compensatorio, remuneración, descansos no gozados
Materia: LABORAL
Carátula: VARELA, JULIO HECTOR Y OTRO c/ SEBASTIAN MARONESE E HIJOS  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-30

Para que cobre operatividad la parte final del artículo 207 Ley de Contrato de Trabajo es presupuesto que el trabajador, previa comunicación "formal" al empleador con anticipación no menor de 24 horas, tome efectivamente y por sí el descanso compensatorio. No realizado el acto al que la ley atribuye la consecuencia indicada, no procede el reclamo por falta de pago de remuneración de francos compensatorios no gozados.
Menores, menores en situación de desamparo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G.S.P.A.- C.E s/ Su situación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-16

El abandono (art. 307 Cód. Civ. T. Ley 23.264) se configura, entre muchos otros supuestos, en caso del menor cuyo grupo familiar se encuentra desestabilizado por separaciones de hecho o por divorcio, o aquejado por conflictos desestabilizantes. El criterio en materia de abandono ha dejado de ser objetivo para centrarse en el análisis de la conducta de cada progenitor, en razón de que las obligaciones emergentes de la patria potestad son personalisimas, endelegables e intransferibles.
Accidentes de trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, RIPTE, aplicación temporal de la ley, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Molina, Néstor Gabriel c/ Asociart ART S.A. s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-28

No resultan aplicables las disposiciones de la Ley 26.773 sobre el régimen de los riesgos del trabajo si el accidente ocurrió con anterioridad a su entrada en vigencia, debido a la pauta precisa de aplicación temporal prevista en el artículo 16 del decreto nº 1694/09. Por lo demás, resulta improcedente la utilización del índice RIPTE previsto en su texto aún cuando esté pendiente de pago con posterioridad a su dictado. De modo que las prestaciones dinerarias correspondientes al porcentaje de incapacidad que presenta el actor deben abonarse conforme la normativa vigente, esto es, ley 24.557 modificado por decreto 1278/00
Medidas cautelares, medida de no innovar, conflicto de poderes, contracautela
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mazo, Máximo Catalino c/ H.C.D. de la Municipalidad de General Lucio V. Mansilla s/ Conflicto de poderes General Lucio V. Mansilla s/ Conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1993-12-09

Es criterio constante de este Tribunal, que las medidas cautelares decretadas en conflictos de Poderes y de Autoridades, están, en principio, exentas de la obligación de prestar contracautela, en razón de las investiduras de las partes y del carácter público e institucional de los intereses en conflicto.
Recurso de casación, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUÑOZ, JUAN GUILLERMO c/ CIMALCO NEUQUEN s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1984-12-06

HA DE ADMITIRSE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO FORMAL DE LA AUTOSUFICIENCIA CON HARTA LIBERALIDAD EXIGIDO POR LA LEY CASATORIA, A PESAR DEL INCORRECTO PLANTEAMIENTO, DADA LA GRAVEDAD DE LA CUESTION Y EL INTERES INSTITUCIONAL DE LA CAUSA, LO CUAL OBLIGA A EXAMINAR LA CUESTION DE FONDO SOMETIDA A EXAMEN.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pérez, Raúl c/ Policía de la Provincia de Bs. As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-08

La mera vinculación del testigo con alguna de las partes no es suficiente para descalificar y prescindir de sus dichos (arts. 375, 384, 456 C.P.C.C.), debiendo ser valorado en consonancia con lo que emane del resto de las pruebas y si, en función de éstas, se advierten dudas y sospechas en torno a la veracidad del dicho, recién entonces sus afirmaciones no deben ser receptadas como ciertas(arts.375, 384, 456 C.P.C.C.).
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: CORREA MONTERRUBIO, MARIA VICTORIA Y OTRA. c/ COLEGIO DE ESCRIBANOS DE TUCUMAN. s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-16

La arbitrariedad a que hace mención el inciso 3 del art. 92 del CPCT se refiere únicamente a la impugnación recursiva contra una sentencia de las aludidas en el artículo e incisos anteriores, y que no se encuentra habilitada la apertura de esta vía extraordinaria local cuando la pretendida inconstitucionalidad se circunscribe a un alegado déficit del Tribunal (como acontece en el caso, al imputársele afectación del debido proceso, violación al derecho de defensa, a obtener una sentencia fundada, etc.) y no de alguno de los dispositivos normativos indicados en el artículo e incisos recién mencionados.

En otros términos, la arbitrariedad como motivo del recurso de inconstitucionalidad está circunscripta a "causas en que se hubiere controvertido la constitucionalidad o inconstitucionalidad las leyes, decretos y reglamentos que regulan materias regidas por la Constitución Provincial y siempre que ello forme la materia principal de la discusión entre las partes".

No cabe perder de vista que si bien todo planteo puede tener incidencia, en mayor o menor grado, sobre principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, lo decisivo es que la cuestión constitucional haya sido la materia principal de la discusión, y que exista una relación directa e inmediata el acto cuestionado y alguna disposición de la Carta Magna local, lo que como se dijo, no se verifica en el sub examine.

(CASTELLANOS - GANDUR - IBAÑEZ)
Desobediencia a un funcionario público, apreciación del juez, proporcionalidad de la pena, declaración de reincidencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en tempone, jorge javier sobre 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

En el caso, los jueces valoraron que la pena establecida por la jueza de primera instancia resultaba proporcionada. Ello, debido a que correspondía imponer una pena que excede en tres meses el mínimo legal, en función de las circunstancias cuya valoración requiere el art. 41, inc. 2° del CP. En concreto, valoraron que el imputado, con anterioridad al hecho por el que fue juzgado y condenado en el presente caso, había sido condenado a una pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento y declarado reincidente. Sobre esta cuestión, añadieron que "la circunstancia de que dicha pena quedara prescripta por la inactividad estatal", no produce la desaparición de tal antecedente del registro. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Recurso de queja (procesal), plazos procesales, aclaratoria (procesal), cómputo del plazo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VAZQUEZ, Francisco Manuel y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-14

La resolución emitida por el instructor conforma una unidad indivisible con aquella que aclara posteriormente, sin que pueda pretenderse la autonomía de dichas piezas procesales.

En consecuencia, si prosperó el recurso de aclaratoria, debe tomarse la fecha en que se notificó al fiscal de dicha resolución como punto de partida a partir del cual se deben computar los plazos procesales.

Por ello, debe hacerse lugar al recurso de queja interpuesto.
Contrato de trabajo, modalidades del contrato de trabajo, carga de la prueba, contrato de trabajo eventual
Materia: LABORAL
Carátula: Cardozo, Elina Rosa c/ Sistemas Temporarios S.A.; Cencosud S.A. y Jumbo Retail Argentina S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-02

La contratación eventual, como otras modalidades, constituye un régimen de excepción al establecido por el artículo 90 L.C.T. El contrato se entiende celebrado por tiempo indeterminado. El inciso b) de la norma habilita la exclusión de ese régimen en la medida que, las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen.

El artículo 99 L.C.T. define a su vez en qué casos se entenderá que media este tipo de contratos, lo que ocurre cuando la prestación de servicios tiene en mira la satisfacción de resultados concretos, en relación a servicios o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa. El empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad, tiene a su cargo la prueba de su aseveración.

En este tipo de contratos, y por imperativo legal, lo que debe analizarse es la presencia de la necesidad objetiva de condiciones extraordinarias y temporarias que justifiquen apartarse del régimen general (arts. 90 y 99 L.C.T.).
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: B., C. A. s/ EXCEPCION DE ARRAIGO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   RECURSO  EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION.     CSJ EXPTE NRO 643-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-01

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario (ley 48), si las alegaciones del impugnante (referentes al alcance dado por la Corte al artículo 357 del Código Procesal Civil y Comercial) sólo trasuntan su mera disconformidad acerca de lo decidido por ese órgano en ejercicio de funciones propias sobre un tema de derecho procesal -control de requisitos de admisibilidad correspondientes a un recurso regulado por la ley local (queja)-, lo cual resulta inidóneo para franquear la instancia extraordinaria.