Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-05-20


AUTOS Nº 88.076 (Quinto Juzgado Civil) (SALA III 9523) "CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS C/ Bedini Reinaldo Luciano Ejecutivo" ///Juan, 20 días de Mayo de dos mil nueve.

VISTO: Para resolver sobre el recurso de apelación concedido al ejecutado a fs. 35, contra la resolución de fecha 06 de septiembre de 2007 obrante a fs. 29/32 vta. de estos autos.

CONSIDERANDO: El Sr. Juez a-quo resolvió: "I Desestimar el planteo de caducidad de instancia deducido por la ejecutada. II Rechazar, por los fundamentos expresados en los considerandos precedentes, las excepciones de inhabilidad de título y prescripción opuestas contra el progreso de la acción. III Ordenar siga adelante esta ejecución por todos sus trámites contra el demandado hasta hacer trance o remate en bienes embargados o a embargarse y con su producido íntegro pago del capital reclamado de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 8.538,67), con más intereses legales que correspondan y costas de la ejecución. Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en la ley 4072".

Contra dicho pronunciamiento el ejecutado interpone recurso de apelación a fs. 34, el mismo se le concede a fs. 35. Expresa agravios a fs. 36/37, los que fueron respondidos por la contraria a fs. 39/45. Las partes hacen expresa reserva de los recursos extraordinarios de la ley 2275 y del caso federal del art. 14 de la ley 48.

La resolución apelada causa agravios al ejecutado, los que resumiremos del siguiente modo: Agravios: - Primero: Referido al rechazo del planteo de caducidad por entender el Inferior que no ha operado el plazo. Según su criterio y tomando como punto de partida la fecha de interposición de la demanda (07/03/06), considera que existen actos impulsorios del procedimiento a saber, la providencia que da trámite a la acción. No tuvo en cuenta el Inferior que la jurisprudencia pacífica del máximo Tribunal estableció que los actos existentes entre la interposición de la demanda y su notificación no resultan aptos para interrumpir el plazo de caducidad. Cita jurisprudencia.

El Juez a-quo erróneamente considera que el plazo de caducidad no se ha operado, invocando un error de tipeo cometido. Su parte involuntariamente manifestó que el plazo de caducidad operaría en el mes de julio de 2007 pero, en el párrafo siguiente se aclara que el año se cumplió en el mes de marzo de 2007.

No tuvo en cuenta el Inferior que al momento de notificarle la demanda, ya había transcurrido el plazo previsto por el art. 294 inc. 1°. La letra de la norma citada no alude a las ferias judiciales por lo cual dicha extensión del plazo es una creación extralegal. Solicita al Tribunal declare, que ha perimido la instancia.

Segundo: Referido al rechazo de la excepción de prescripción opuesta por su parte, no obstante haber transcurrido sobradamente el plazo de cinco (5) años previsto por el art. 4027 inc. 3° del C.C.. El Inferior aplicó por analogía las normas de la Ley N° 14.236 -que crea el Instituto Nacional de Previsión Social-, cuando se trata de una norma ajena a su actividad profesional. Sólo cuando existe un vacío legal se pueden aplicar por analogía otras normas, lo que no se da en el caso de autos.

Entrando al tratamiento del recurso concedido al ejecutado y agraviándose en primer lugar, del rechazo del planteo de caducidad formulado por su parte, citaremos jurisprudencia del Tribunal referida a los dos requisitos que deben ser verificados por el sentenciante a fines de declarar -como lo pretende el apelante caduca la instancia: "El art. 300 del C.P.C. impone dos condiciones al sentenciante: Por un lado comprobar el vencimiento del plazo respectivo previsto para el caso en el art. 294 ibid y por el otro, verificar que antes de ello no hubiera mediado impulso del procedimiento por cualquiera de las partes".

(Prot. Autos T.II Fº 390/39l -l999, entre otros). PROT. DE AUTOS Tº III Fº 420/4211 AÑO 2002. De acuerdo a la jurisprudencia citada, debemos comprobar si se ha cumplido el plazo previsto por el art. 294 inc. 1° -por tratarse de un planteo de caducidad en primera instancia y si, dentro de dicho término no se ha llevado a cabo acto interruptivo alguno.

Surge de autos que la demanda ejecutiva se promovió en fecha 07/03/06 (fs. 06/07) aduciendo el apelante que hasta que se le notificó la misma, no se llevaron a cabo actos impulsorios del proceso. Sin entrar a considerar cada uno de los actos que existen entre la fecha de interposición de la demanda (07/03/06) y la fecha de notificación del mandamiento de pago (07/03/07) obrante a fs. 14 y vta. -en relación a si los mismos poseen o no efecto interruptivo del plazo de caducidad que se encontraba corriendo-, surge patente que no se ha cumplido el término de un año. No habiendo transcurrido el plazo que corresponde verificar como cumplido en el presente caso, rechazamos el agravio del ejecutado en sentido contrario.

El recurrente expresa por otro lado, que la letra del art. 294 inc. 1° no hace referencia a las ferias judiciales y que, en virtud de ello no corresponde tener en cuenta lo dispuesto en relación a las mismas. Entendemos no le asiste razón al apelante en tal sentido. Las normas contenidas en nuestra ley ritual deben aplicarse armoniosamente, integrándose las unas con las otras. No es posible -como lo pretende el apelante aplicar el artículo 294 con total desvinculación al siguiente -art. 295 ni tampoco podría serlo en ningún caso, ya que las normas se aplican -como señalamos ut supra integrándolas. El planteo del recurrente, no resiste el menor análisis no obstante diremos que, el Título V de nuestro Código de Procedimientos legisla sobre los modos anormales de terminación del proceso y en su Capítulo V establece todo lo relativo al instituto de la caducidad de instancia. El art. 294 legisla sobre los plazos y el art. 295 sobre el cómputo de los mismos, así los términos a los que se refiere el art. 294 se deben contar desde la fecha de la última petición de las partes o actuación o resolución del tribunal que tenga por efecto impulsar el proceso. Los plazos correrán durante los días inhábiles con excepción de los que correspondan a las ferias judiciales -mes de enero y julio y aquellos en los que el proceso estuviese paralizado por acuerdo de partes o disposición del Juez.

Hemos dicho: "Conforme a lo dispuesto por el art. 294 inc. 1º del C. P.C. dicho plazo es de un año. El plazo se computa desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del Tribunal que tuviese por efecto impulsar el procedimiento. Correrá durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales...". (art. 295 del C. P. C. -Ley 5938)".

PROT. DE AUTOS Tº IV Fº 634/639 AÑO 2003. Realizados los cómputos pertinentes, sostenemos -al igual que lo hizo el Inferior que no había caducado la instancia al momento de formular el planteo el ejecutado. Por lo dicho, rechazamos el primer agravio.

En relación al segundo agravio, surge de las constancias de autos que el ejecutado al momento de comparecer a juicio (fs. 15/16 vta.) opuso al progreso de la acción excepción de prescripción y de inhabilidad de título, ambas fueron rechazadas mediante el fallo recurrido. El apelante, conforme surge del escrito de fundamentación del recurso sólo se agravia del rechazo de la primera de ellas -excepción de prescripción-.

Resulta imprescindible destacar la naturaleza del crédito que se reclama en el presente juicio. En los autos del epígrafe la parte actora promueve la presente acción, peticionando el pago de la suma de pesos ocho mil quinientos treinta y ocho con sesenta y siete centavos ($8.538,67) en concepto de deudas previsionales que el ejecutado debe a la Caja Previsional para Profesionales en Ciencias Jurídicas. Las cuotas que reclama la ejecutante van desde el mes de diciembre de 1997 al mes de octubre del año 2005, promoviendo la demanda -como lo dijéramos precedentemente el día 07 de marzo de 2006 (fs. 06/07). Ahora bien, el recurrente entiende corresponde aplicar el plazo de prescripción previsto por el art. 4027 es decir, el término de cinco (5) años y la ejecutante -como lo hizo el Inferior sostiene que corresponde aplicar el término previsto en el art. 16 de la Ley 14.236 es decir, diez (10 ) años.

Tratándose el presente proceso, del ejercicio de una acción por la que la parte ejecutante reclama el pago de cuotas previsionales, corresponde aplicar la legislación referente a dicha materia. Mediante la Ley N° 6352 se crea la Caja Previsional para los Profesionales en Ciencias Jurídicas, la que resulta de afiliación obligatoria para los mismos. La ley provincial no contiene disposiciones referidas al plazo de prescripción, término que sí se encuentra previsto por la Ley N° 14.236 que organiza el Instituto Nacional de Previsión Social. El art. 16 de la Ley N° 14.236 establece que ."Las acciones por cobro de contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social prescriben a los diez años. Las acciones que aún no hubieren prescripto, para la reclamación de aportes y contribuciones, se prescribirán a los diez años...". Dicho plazo es el que corresponde aplicar atento prevalece la norma especial sobre la general (Código Civil) por lo tanto, reclamándose cuotas del mes de diciembre de 1997 al mes de octubre de 2005 (fs. 05/07) no había operado la prescripción para el ejercicio de la acción al momento de interponer la demanda la ejecutante. La Sala I de esta Cámara de Apelaciones en lo Civil en autos Nº 44.318 (registro de la Sala bajo el Nº 16.793) caratulados "Caja Previsional para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de San Juan C/ Sánchez Carlos Salvador" se pronunció en tal sentido diciendo ".no apareciendo regulada esta materia por normas específicas en la legislación provincial, resultan de aplicación por analogía los fijados por la Ley Nacional que organiza el Instituto Nacional de Previsión Social. La existencia de esta norma nacional específica, sancionada con posterioridad al Código Civil hace que prevalezca sobre la genérica disposición prevista por el art. 4027 inc. 3º del Código Civil." Por lo dicho, rechazamos el segundo agravio.

Por todo lo expuesto, se rechaza el recurso de apelación concedido al ejecutado a fs. 35. Las costas en la Alzada se imponen a su cargo en virtud del resultado del recurso (art. 543 del C.P.C.).

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citada SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación concedido al ejecutado a fs. 35, contra la resolución de fecha 06 de septiembre de 2007 obrante a fs. 29/32 vta.. En consecuencia, se confirma la misma de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente. Las costas en la Alzada se imponen a cargo del apelante vencido (art. 543 del C.P.C.). Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere. FDO: DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. MOISES MOYA, HUMBERTO CABALLERO. ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI SECRETARIA Prot De Autos T 339/342 2009-