marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedades comerciales, rendición de cuentas
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARKEVIAN DE BERBERIAN, ANGELA c/ BERBERIAN, HECTOR s/ SOCIEDADES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-20

La rendición de cuentas en las sociedades comerciales regularmente constituidas se cumple a través de: a) contabilidad regular que se integra con los respectivos comprobantes - CCOM 44 -, b) el derecho de los socios a examinar los libros y papeles sociales y recabar del administrador los informes que estimen pertinentes, sea directamente durante las reuniones de socios o mediante el órgano de fiscalización, c) el derecho de los socios a aprobar o impugnar los estados contables y la gestión de los administradores.

De ello se sigue entonces la tajante diferencia que entiende que la rendición de cuentas procede para quien actúa por otro o tiene obligación de restituir, quedando comprendida en ésta situación las sociedades que no son típicas mientras que, tratándose de sociedad regular solo resultan de aplicación las acciones que la ley prevé contra el órgano administrador.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Alcides COLOMBO c/ Adalberto Vicente POLICARPI s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  SELECCION Y APRECIACION DE LAS PRUEBAS - GARANTIA  DEL DEBIDO PROCESO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-06

Si bien las discrepancias del apelante con el criterio de selección y apreciación de las pruebas no autorizan a la Corte a sustituir a los jueces de la causa en las decisiones que por su naturaleza les son privativas, ello admite excepción cuando la sentencia se refiere a aquéllas en forma parcializada sin dar razones suficientes para ello, lo que resulta indispensable a los efectos de agotar la tarea de valoración de la prueba propia de los jueces de grado, y satisfacer de manera cabal las exigencias constitucionales vinculadas a la garantía innominada del debido proceso de ley (art.

18 de la Constitución Nacional).
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios judiciales, edad mínima para jubilarse, modificación de la ley, interpretación de la ley, voluntad del legislador, ley derogada
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GOENAGA, ARNALDO OMAR c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-04

No sería razonable que el legislador, a través del art. 183 de la ley 24.241, modificara el art. 3 de la ley 24.018 si ésta hubiera sido derogada por aquélla. Si la ley estuviese derogada, el legislador no se hubiese remitido a ella, sino que habría previsto directamente que los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público estarán en condiciones de obtener las prestaciones no contributivas a los 65 años de edad. La ley 24.241 fija expresamente cual es la edad para obtener la prestación en la .... ley 24.018, art. 3, 65 años. No es posible sostener, entonces, que una norma deroga y, a la vez, modifica la norma que ha sido objeto de derogación.
Periodistas, estatuto profesional
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ, ALBERTO c/ LIMPIOLUX SRL. s/ COBRO DE PESOS GANDULFO c/ LIMPIOLUX SRL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-08-31|1978-08-30

El artículo 28 del Estatuto del Periodista, procura impedir la evasión de sus disposiciones por medio de actividades fraudulentas que importen de modo directo o indirecto la exclusión del régimen laboral estatutario, más favorable que el ordinario.
Dominio, transmisión del dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coop. de Vivienda Azul y Blanco Ltda. c/ Aguilar Osvaldo Alejo y ot. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-06

En nuestro régimen legal, trátese de compraventa, permuta o donación, el dominio de un inmueble sólo se transmite, mediante tradición de la cosa, título e inscripción registral (arts. 577, 976, 977, 1184 inc. 1, 2373, 2378, 2379, 2383, 2505, 2601 del Cód.

Civil).
Robo, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ CLAUDIO DANIEL s/ ROBO AUTOMOTOR - TENTATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-09-07

Si el vehículo, que se encontraba estacionado en la vía pública, sólo fue desplazado veinte metros, no fue sacado prácticamente del lugar donde había sido estacionado por su dueño, lo que significa que no salió del ámbito de custodia, elemento éste necesario para lograr el desapoderamiento, por lo que el comportamiento desplegado configura una tentativa de robo (C.P. arts. 42 y 164).-
Procesos de ejecución, ejecución de sentencia, pago parcial, liquidación, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: LEMAN S.A. c/ M., G. y Otros s/ EJEC. ALQUILERES s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-05-13

Respecto a los cuestionamientos formulados a fin de atacar la admisión del pago parcial deducido, tampoco le asiste razón al recurrente, pues confunde el pago ordinario con el pago efectuado en el proceso de ejecución de sentencia. En este último supuesto las sumas se acreditan según lo que resulte de la disputa y se entenderán como en pago de lo que resulte de la liquidación definitiva pero no pueden ser desconocidos como pretende la actora. Máxime, si lo que se discute es el monto de lo adeudado, la procedencia de algún otro rubro de condena o el quantum de la multa o cláusula penal. Y aún ante situaciones no regladas los jueces pueden valorar el comportamiento de las partes en el proceso; en este caso a favor del deudor pagador.
Medidas cautelares, embargo preventivo, peligro en la demora
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: MULTICARGO U.S.A. INCORPORATED c/ HISPANO AMERICA DE PETROLEOS S.A. s/ INCIDENTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-19

Si bien el embargo preventivo participa, como medida cautelar, de todos los caracteres y requisitos de ella, la ley ritual contempla casos específicos que lo tornan procedente aún en ausencia del "periculum in mora", como sucede en las hipótesis previstas en los artículos 209 a 212 del Código Procesal (cfr. esta Sala, Causas 5465 del 10.5.88; 6164 del 22.8.89; 7217 del 23.8.90; Sala I, Causa 5094 del 19.2.88; Sala II, Causas 221 del 2.10.92, 7133 del 3.12.93; etc.; Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado", T. I, pág. 690; Morello, A. M. y otros "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T. II-C, págs. 652, 705 y 716). La petición cautelar sub examine se inscribe en el marco del art. 209, Inc. 4., del Código Procesal, configurándose, pues, uno de los supuestos de excepción antes referidos (cfr. Novellino, N. "Embargo, Desembargo y demás Medidas Cautelares", págs. 5 y sgtes.).
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SYCIC S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Dcción. de Vialidad) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-14

Si el pliego de base y condiciones estableció una opción al contratista en el sentido de acordar el suministro de materiales con la empresa Y.P.F., dicho mecanismo no resulta obligatorio para las partes y la continuidad libre y voluntaria en la ejecución contractual, sin acudir a otro medio más ventajoso, no autoriza la procedencia de mayores costos.
Querellante, rechazo del querellante, víctima del delito, trata de personas, nulidad de sentencia, rol de querellante, simple damnificado, interés legítimo, derechos de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: Navarro, Jorge Raúl  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-12

Es nulo el fallo que rechazó tener como parte querellante, cuando ya se había clausurado la etapa de instrucción, a una víctima del delito de trata de personas con fines de explotación sexual (arts. 145 bis y 145 ter, incs. 1, 4, 5 y anteúltimo párrafo, del C.P.), habida cuenta que el art. 82 del CPPN prescribe que toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tiene derecho a constituirse en parte querellante, y que la expresión particularmente ofendido abarca tanto sujeto pasivo del delito, como así también a quien resulte damnificado, por haber sufrido un perjuicio real y concreto. Por ello, no puede ignorarse que la recurrente posee un interés legítimo en este expediente, en razón de su carácter de víctima.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, autosuficiencia, fundamentación del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Gonik, Simón Julio c/ Astilleros y Fábricas Navales del Estado s/ Despido Bertolini, Alberto c/ Medisur y otros s/ Despido Veltri, Jorge Gabriel c/ Establecimientos Aconcagua s/ Salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-26|1985-05-21|1986-04-15

El escrito de interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe bastarse a si mismo, para que de su lectura pueda advertirse el error o transgresión en la aplicación de la ley o de la doctrina legal, motivo por el cual no es suficiente la mención de normas presuntamente violadas sino que debe demostrarse concretamente la infracción atribuida a la sentencia, y para ello es requisito ineludible la impugnación directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objeto del fallo.
Accidente de tránsito, muerte del damnificado
Materia: CIVIL
Carátula: VENTRE GERARDO E c/ LAMANNA ALEJANDRO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

Es evidente que la dirección del hogar, además de las múltiples tareas que desempeña la mujer casada, apreciadas desde el punto de vista material, ahorran al marido tiempo y dinero, y tienen por tanto un valor económico que no requiere prueba porque es lo que sucede en el curso ordinario de la vida y porque la familia debe ser concebida como una comunidad plena en la que todos colaboran material y espiritualmente.
Cheque sin fondos, interpelación, deber de obrar con prudencia, librador, obligaciones
Materia: PENAL
Carátula: BALTAIAN, PABLO s/ cheque sin fondos, Incidente de apelación del auto de procesamiento  CAUSA: 36949.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-14

1 - A los fines del Art. 302 inc. 1) del C.P. la comunicación del tenedor del cheque dirigida al domicilio especial constituido en el Banco para la atención de la cuenta corriente es en principio, por sí misma, eficaz para enterar al librador de la repulsa bancaria.- 2 - El librador es responsable por la falta de diligencia que le impidiera tomar conocimiento del rechazo, pues debe arbitrar las medidas conducentes a que en el domicilio constituido se reciba y se ponga en su conocimiento la correspondencia que se le remite, pues en caso contrario quedaría a su arbitrio la recepción de tales comunicaciones.- 3 - El cheque es una orden de pago pura y simple, por lo que la disponibilidad dineraria en la cuenta corriente debe mantenerse desde el libramiento del documento hasta la fecha de su presentación al cobro, aunque aquél haya sido suscripto con fecha posdatada.
Efectos del contrato, daño al interés positivo
Materia: CIVIL
Carátula: Angulo, Mario Alberto y otro c/ Cooperativa de Consumo y Trabajo Tehuelche Ltda. y otra y-o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-06-27

Cuando el contrato se frustra por alguno de los mecanismos que comportan su ineficacia, sea antes de su mismo nacimiento -culpa "in contrahendo"- o por subsecuente invalidación -resolución, nulidad o anulación- ya no puede pretenderse que se cumplan los efectos de las obligaciones en él concertadas a los que genéricamente alude el art.

505, 519 y conc. C.C., tales como el equivalente de la prestación incumplida, pues ésta corresponde al llamado "interés de cumplimiento" o "daño al interés positivo" que se corresponde con la ventaja esperada por la eficaz culminación del contrato.
Quiebra, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MENDOCINAS S/ QUIEBRA S/INC. DE HONORARIOS BORISONIK c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-04

La ley 24522 no contiene ninguna norma destinada a regular la remuneración que corresponde por la actuación cumplida en el trámite que se inicia en los términos de la LCQ 32 y culmina con la sentencia prevista en el art. 36 de la misma ley, de modo que corresponde acudir al régimen arancelario local vigente al momento en que las tareas hayan sido realizadas. Y, aun cuando autorizada doctrina ha considerado aplicables las pautas que la ley de honorarios contempla para el trámite de los incidentes, esta Sala juzga que dichos incidentes no presentan -en lo que hace a su aspecto ritual- ninguna analogía con el trámite de que aquí se trata; estimando, por el contrario, que la diferencia entre ambas situaciones procedimentales es notoria, de lo cual se deriva la improcedencia de esa interpretación analógica. De hecho, el incidente es, en el marco del concurso y conforme lo establecido por el art. 280 y siguientes de la ley concursal, un trámite estructurado sobre los cuatro pasos allí previstos, esto es, demanda, contestación, prueba y sentencia (más allá del informe que debe producir el síndico en los términos del art. 56), en cambio, la verificación instada en los términos del citado art. 32 sólo reconoce como necesaria la presentación del pedido respectivo, dado que, por un lado, el derecho a oponerse u observar regulado en el art. 34 es solo eso, un derecho, que no pone sobre el peticionante ninguna obligación. A ello se agrega que, casi por definición, tampoco es viable en el marco de ese procedimiento la posibilidad de producir prueba que no sea documental, por lo que tampoco tiene sentido siquiera ofrecerla, de lo que se deriva que la entidad del trabajo exigible al profesional es, al menos en principio, susceptible de aquellas diferencias que conducen a la conclusión de que no es viable adoptar a estos efectos la escala arancelaria que por entonces se hallaba prevista para los aludidos incidentes en la mencionada ley de arancel. A más, aunque estamos ante actuaciones extrajudiciales -pues se realizan en la oficina del síndico-, tampoco es posible juzgar la cuestión a la luz de lo dispuesto para este tipo de trabajos en el art. 57 de esa ley, pues, lo cierto es que el parámetro en ella sentado tenía por referencia un trámite regulado, que es precisamente lo que nos falta en el caso. En conclusión, se considera procedente acudir a las pautas que establece el art. 6 LA, lo cual importa tanto como aclarar que el importe comprometido en la insinuación no habrá de constituir la base estricta sobre la cual aplicar porcentuales específicos, sino pauta meramente referencial del interés económico comprometido en el asunto.
Medida cautelar innovativa, medidas cautelares contra el Estado, reincorporación
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Cautelar: Innovativa: R. C. y otros c/ Municipalidad de El Talar s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2024-04-04

Rechazan medida cautelar innovativa ya que, existe en el caso identidad de objetos entre el que se persigue con esta medida cautelar y el de la demanda principal sometida a decisión. Con la medida cautelar se solicita, aun cuando no lo menciona específica y claramente, el reintegro de los actores a sus funciones en carácter de jornalizados -o de planta permanente- y por consiguiente el cobro de sus haberes. Admitir entonces la medida precautoria en esta instancia sería plasmar anticipadamente lo que es objeto de la acción principal y ello desvirtuaría el instituto cautelar, por cuanto el objeto de la medida se confunde con el resultado al cual se pretende arribar por medio de la sentencia definitiva. Además, cuando la medida cautelar se intenta contra actos de la Administración Pública, es menester que se acredite prima facie la manifiesta arbitrariedad de la norma o del acto atacado, lo que no se cumple en el presente caso.
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Mencequez de Cabañas, Rosa Viviana c/ El  Hogar  Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Ltda s/ ORDINARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-06-11

Las pruebas, en el especial caso de los juicios laborales, brindan convicciones a los que solo puede arribarse en ocasión de la celebración de la vista de causa, resultando ajenas, por su irreproductibilidad, al recurso de inaplicabilidad de ley.
Hecho diverso, estafa, encubrimiento
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ JOSE ALBERTO s/ HECHO DIVERSO - ESTAFA - ENCUBRIMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-05-20

Si el acusado es intimado de haber vendido un radiograbador sustraido, comportamiento al que se calificó como estafa (C.P., art. 172) y el hecho que surge del debate es el mismo, pero se lo calificó de encubrimiento (C.P., art. 277 inc. 3ro. 2do. supuesto) existió un cambio de calificación que en nada modificó la imputación original y, por tanto, no puede afirmarse que se haya sorprendido al acusado con circunstancias o hechos no contenidos en la intimación original, máxime si se tiene en cuenta que la imputación por la sustracción descansaba probatoriamente en la sentencia y comercialización del efecto producto de la rapia.-
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, escribanos públicos, participación secundaria, promesa anterior, dolo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Sayos, Alicia Zulma y otros s/ contrabando (causa n° 9102).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Si el sobreseimiento decretado en primera instancia se fundó en que los poderes fueron otorgados con posterioridad a la consumación del delito y que carecían de valor indiciario del dolo de colaborar en el delito, resulta infundado el pronunciamiento que tuvo por acreditada por semiplena prueba la existencia de la previa concertación dolosa.
Daños y perjuicios, pérdida de la chance, robo de animales
Materia: CIVIL
Carátula: BRAUN,  Eduardo  Daniel c/ ALTOS  DE  CASARES  S.A. s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-09

La chance representaría la posibilidad de un beneficio probable futuro, de manera que aun cuando la yegua estaba preñada, la probabilidad de que el potrillo naciera sano y con aptitudes para destacarse en el salto eran inciertas por lo que, corresponde estimar la indemnización con suma prudencia.
Proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Laboratorios Fatt SRL c/ Bco. de Galicia y Bs. As. s/ Cobro de Australes y ds. y ps.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

Según el principio de adquisición procesal, un acto debe reputarse válido cuando no obstante su irregularidad ha cumplido la finalidad a que iba destinado y la realización de la actividad debida, aun después de acusada negligencia por la contraparte, subsana la inactividad anterior; mucho más será así cuando las actuaciones impulsorias fueron anteriores al acuse (arts. 169, 3° párr. y 383 6° del CPCC.).
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo, privación del uso del automotor, falta de entrega del automotor, pérdida de la chance
Materia: COMERCIAL
Carátula: ZAMORATTE, RAUL ALBERTO c/ CIRCULO DE INVERSORES SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-18

Corresponde hacer lugar al reclamo por privación de uso del automotor en caso de falta de entrega de un rodado ya adjudicado mediante el sistema de ahorro previo, pues la indisponibilidad del rodado constituye un menoscabo cuya configuración surge "in re ipsa", como consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación (CCIV art. 520), máxime aún si se acreditó en la causa que el vehículo estaría destinado a ser utilizado como "remise", lo que constituye una actividad lucrativa; así se pone de manifiesto el daño a que se vio expuesto el suscriptor del plan a raíz de la falta de entrega del vehículo objeto del contrato; mas no habiéndose aportado a la causa datos suficientemente concretos y precisos para determinar la utilidad frustrada, la reparación sólo puede ser conferida a título de "chance" y evaluada según pauta de estimación prudencial contemplada por el C.P.C.C. art. 165 "in fine"
Recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso, resoluciones apelables, actos jurisdiccionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, M. B. s/ Ley N° 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-30

En el proceso contravencional, el imputado y su defensor no pueden recurrir ante la Cámara de Apelaciones, mediante la apelación o queja, contra algún acto emanado del Ministerio Público Fiscal, sino que deben hacerlo contra aquellos que surgen de la propia actividad jurisdiccional del tribunal (resolución o providencia) que admite el acto del cual se agravia la defensa y lo incorpora como eficaz al proceso, es decir, que la vía recursiva en cuestión va dirigida siempre contra una resolución judicial.

La queja interpuesta por la defensa procede respecto de un acto emanado del Fiscal de la Primera Instancia, y no de quien se encuentra investido de jurisdicción, ello es el Juez de Primera Instancia, por lo que resulta inadmisible su concesión. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Depreciación monetaria, desagio, intereses, inflación
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Porcelli, Luis A. c/ Banco de la Nación Argentina s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-20

No vulnera el derecho de propiedad fundado en el hecho de haber recibido menos unidades monetarias que las pactadas si no se ha demostrado en autos que el valor adquisitivo de la suma convertida, por aplicación del art. 4 del decreto 1096/85, era inferior al que correspondía a los intereses originariamente estipulados, de haberse mantenido el proceso inflacionario en niveles similares a los imperantes al momento de la celebración del contrato.
Accidente de tránsito, vehículo detenido, señalización defectuosa, balizas
Materia: CIVIL
Carátula: Arriola c/ Rigazzio y/u otro s/ Ordinario (Expte Nro.  170-01, Resolución Nro.  51, Tomo 20, Folio  225/230)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

El actor cometió imprudencia grave al detener su conducido sobre el pavimento sin señalizarlo perfectamente, que no es más que colocando balizas eficaces para cumplir su finalidad y a una distancia adelante y atrás del vehículo que permita a quienes se conducen en ambos sentidos de la ruta, advertir el obstáculo y eludirlo desviando su dirección o frenado a tiempo, y tal conducta culposa ha influido en gran medida en el resultado dañoso producido.
Accidente de tránsito, daño moral, daño estético, apreciación del juez, monto de la indemnización, asistencia psicológica, reintegro de gastos
Materia: CIVIL
Carátula: Huaiquimil Saavedra, Francisco Antonio c/ Muñoz, Marcelo Adrián y Otro s/ Daños y pejuicios por uso automotor c/lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-28

Debe ser confirmado el monto otorgado por tratamiento psicológico, pues, aún cuando deba reconocerse al apelante que la pericia psicológica no fue impugnada, (...)el informe mencionado hace referencia a una serie de dolencias físicas y circunstancias que no han sido corroboradas en esta causa, y por ende no encuentran nexo causal adecuado con el accidente sufrido (vgr. pérdida de fuerza en hombro/brazo izquierdo, haber recibido tratamiento neurológico, no haber podido continuar ejerciendo su oficio). Téngase en cuenta que la pericia se elabora sobre la base de los dichos del actor, muchos de los cuales no han tenido correlato probatorio.