marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, regulación de honorarios, derechos adquiridos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Florencia S.A. c/ Modern Plastic S.A. s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La regulación judicial sólo agrega un reconocimiento y cuantificación de un derecho preexistente a la retribución del trabajo profesional.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, expropiación, equidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Motor Once  S.A.C. e I. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

Tanto la expropiación, como el régimen de la responsabilidad estatal por actividad legítima, se desenvuelven dentro del mismo ámbito de las "intromisiones estatales autorizadas"; tienden a proteger la misma garantía constitucional y, sobre todo, persiguen una finalidad tipica de interes publico, que se encuentra ausente en las normas regulatorias de la responsabilidad de derecho comun, que persiguen la composición equitativa de conflictos en los que se involucran intereses privados.
Control de constitucionalidad, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Orozco, Carlos Williams y otros c/ SES s/ Apelación de Sentencia-Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-12-23

El planteo de la cuestión constitucional, si bien no exige fórmulas sacramentales, requiere un planteo inequívoco, concreto, expreso, poniendo de relieve de qué manera la sentencia recurrida violenta derechos de raigambre constitucional, mencionando concretamente cuáles son tales derechos, y la relación concreta con el caso. No haciéndolo así, debe concluirse en el incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 12º de la ley 2275, y con ello, en la inadmisión formal del recurso articulado.
Personas con discapacidad, deberes del juez
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Castelli, Blas Leopoldo c/ Unión Personal s/ amparo s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-08-14

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las personas con discapacidad, a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés de los mismos, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos (cf. CS, in re "Lfschitz", 15/6/04 - Fallos 322:2701; 324:122). (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Prescripción, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Bono, Sergio Luis s/ Infracción ley 11.430
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-23

Debe declararse de oficio la prescripción de la acción si desde la ocurrencia del hecho que motivara la causa transcurrió con exceso el término de prescripción -dos años- que fija el art. 127 de la ley 11.430, no habiéndose producido la interrupción de su curso dado que el infractor no ha cometido "una nueva falta grave" (art. 127 cit.

in fine).
Notificación, domicilio constituido, domicilio especial
Materia: COMERCIAL
Carátula: VEIGAS BAUTISTA Y OT. c/ LOPEZ LOPEZ LUIS Y OT. s/ EJ.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

Si bien el criterio de atribución del domicilio de elección -en el caso, fijado por el demandado-, debe ser restrictivo por tratarse de una derogación o excepción al régimen del domicilio general, teniendo en cuenta aquel standard jurídico de racionalidad, que ordena otorgar más bien eficacia que ineficacia a las cláusulas contractuales, y atento que la ley no impone forma alguna para constituir domicilio especial, corresponde guiarse por las directivas de las circunstancias y usos (ccom 218).
Responsabilidad del fabricante, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ NORMA ESTHER c/ SAPAC S.A. Y OTRO s/ CUMPLIMIENTO ACUERDO LEY 24240
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-27

La codemandada fabricante del vehículo debe responder, si la actora, con altibajos, solamente pudo utilizar su vehículo durante diez meses, por lo que lo justo y razonable es que sea compensada con el valor equivalente al precio actual de un automóvil de iguales características al que oportunamente adquiriera en la concesionaria demandada, en los términos del art. 17 inc. b) de la ley 24.240.
Beneficios previsionales, divorcio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gómez Sánchez, Isabel Eulalia c/ Caja de Prev. Social para Profesionales de la Ingeniería de la Pcia.de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

En la inteligencia de la ley 5920, está negar el derecho a pensión al cónyuge a quien le son imputables las consecuencias de la decisión de excluirse del núcleo familiar dependiente del causante.

Y en tal previsión no resulta ilegítima la exclusión de quien, si bien no incurrió en la conducta que causó la decisión judicial de conceder el divorcio, contribuyó con su voluntad a la disolución del vínculo matrimonial para adquirir aptitud nupcial.En tal caso,la exclusión del núcleo familiar dependiente del causante fue producto de su voluntad, y esa es la situación ponderada en el art. 6 de la ley 17711 para reglar los efectos de los matrimonios disueltos durante la vigencia del art. 31 de la ley 14394, negándole derecho alimentario.
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA DE CAMPOS ANGELA DEL VALLE c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ JUICIO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 6016 GONZALEZ GOLRIA DEL VALLE s/ JUICIO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº6016 ALCALDE DE RUSSO, MARIA LETICIA Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO(INTERVENCION FEDERAL) s/ JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY PROVINCIAL Nº6.016 VIZCARRA, YOLDE AMERICO ORLANDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O RESP. s/ INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 6016 GEREX, RAIMUNDO ARISTOBULO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O RESPONSABLE s/ INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 6.016.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-10|1997-04-23|1997-06-12|1997-12-02|1998-02-09

La razonable proporcionalidad que debe guardar el beneficio previsional debe determinarse comparando lo realmente percibido por el jubilado y lo que hubiera debido percibir de haber seguido en actividad.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, daños y perjuicios, indemnización, monto de la indemnización, indemnización insuficiente
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: César, Santiago Martín c/ Farmacia Galénica y otro. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24

Es admisible el recurso extraordinario cuando la solución alcanzada desvirtúa y torna inoperante la finalidad de las normas que regulan la reparación de los daños, al establecer por ese concepto una suma de dinero que, con total evidencia, no cubre el desmedro del damnificado (Disidencia parcial de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Derecho procesal, facultades disciplinarias del juez, temeridad o malicia, directores de SA, patrocinante, falta de agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: MULTIPUERTO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

1 - Cabe rechazar el agravio del letrado representante del presidente de una S.A., al cual le fue aplicada una sanción de multa procesal en los términos del art. 45, en el marco de un proceso judicial en el que se hallaba controvertida la titularidad del 50% del capital accionario entre los dos socios fundadores de una sociedad anónima. Ello así, toda vez que la sentencia trata genéricamente la situación de los letrados que asistieron a la actora, a fin de rechazar la procedencia de extender a aquéllos la sanción que impuso al presidente, por consiguiente, no se percibe la existencia de agravio alguno basado en una omisión de pronunciamiento respecto del apelante, en tanto sí existió una decisión expresa al respecto en la sentencia recurrida (conf. art. 163, inc. 6º, CPCC) y no se advierten las fallas de procedimiento que aquél menciona ni una eventual violación de alguna cláusula constitucional en este punto. 2 - Aún cuando la brevedad del párrafo destinado a tratar este asunto en la sentencia de grado pueda no satisfacer las expectativas del recurrente, lo cierto es que la admisibilidad del recurso de apelación se halla subordinada a que se derive de la resolución atacada la existencia de un requisito necesario cual es el agravio. De otro modo, no puede haber un interés jurídicamente tutelable, recaudo genérico de los actos procesales de parte (Lino E. Palacio, Derecho Procesal Civil, t. V, p. 85; Kielmanovich, Código Procesal Comentado y Anotado, t. I, p. 451). 3 - En el caso no se presenta ese requisito subjetivo de procedencia del recurso, en tanto la decisión de grado, al desechar la aplicación de una sanción a los letrados, no es susceptible de ocasionar a éstos un gravamen concreto y actual. En tal sentido, es preciso señalar que para determinar la existencia de agravio "es menester atenerse, como principio, a la parte dispositiva de la sentencia" (conf. Lino E. Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, 2004, p. 587; también Kielmanovich, op. cit., p. 452).
Amnistía, soberanía, Constitución Nacional, Poder Legislativo Nacional, acción penal, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LAMI DOZO, BASILIO ARTURO. c/  s/ DECRETO 158/83.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

La amnistía es un acto de gobierno y de soberanía que forma parte del sistema constitucional, y la única autoridad facultada para dictarla con carácter general, es el Congreso de la Nación, conforme lo establece el art. 67, inc. 17, de la Constitución Nacional, en razón de constituir el ejercicio de una potestad por la cual el Estado renuncia circunstancialmente a la represión de determinados delitos, disponiendo la extinción de la acción penal y haciendo cesar la condena y sus efectos, con la excepción de las indemnizaciones debidas a los particulares. Se borra así el hecho delictuoso, se extinguen las penas aplicadas y sus beneficiarios se reputan legalmente inocentes, con la finalidad de afianzar la unidad y la pacificación nacional. (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Jubilación por invalidez, incapacidad, porcentaje de incapacidad, policía, personal policial, retiro obligatorio, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FLORITO, BONIFACIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 211-78
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-08-08

Estando acreditado en la causa que el agente padecía de incapacidad total y permanente a la fecha de su cesantía, es ilegítimo el decreto del Poder Ejecutivo por el que se dispuso su pase a situación de retiro obligatorio, debiendo encuadrarse el cese en la causal de incapacidad total y permanente, en virtud de lo preceptuado en el artículo 16 inciso 9), en concordancia con el artículo 23 de la ley 6830 de retiro policial.
Atentado y resistencia a la autoridad, visitas carcelarias
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: EXCMA.  CAMARA  DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, SALA IV s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-21

Los jueces de la causa tienen a su cargo el control de las condiciones detención (art. 683 del C.P.M.P.).

La autoridad administrativa reglamenta el régimen de visitas de los encausados cuando ellas son autorizadas por el mismo órgano, pero no como facultad autónoma y con facultades decisorias amplias.

En tal caso la oposición a la orden judicial por parte de quien se encuentra subordinado encuadraría en el delito previsto por el art.

239 del Código Penal.
Resoluciones recurribles, competencia, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: L., N. E. c/ Municipalidad de Trelew s/ Acción de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-04

Dado que la actora dedujo recurso sin indicar que interponía el de Apelación Ordinaria, la Cámara de Apelaciones debió conceder el de apelación previsto por el art. 138 de la Ley XVI Nº 46, en el que este Cuerpo actúa en Segunda Instancia, y no el previsto en el art. 257 del C.P.C.C. como erróneamente lo hace.

Sin perjuicio de ello, en instancia superadora del rigorismo formal, este Cuerpo debe dar tratamiento a la opugnación, tal como lo hiciera al ordenar sustanciar el mismo en esta sede en forma idéntica a la de los arts. 257 y 258 del C.P.C.C.".

Si bien como antes dije, en estos autos la propia actora ha invocado en forma equívoca la normativa base de su carril recursivo, aquellas consideraciones son válidamente aplicables, y por lo tanto, formulada la acotación, se procede al análisis de los agravios.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, acción de amparo, Secretaría de Industria, resoluciones, industria automotriz, importaciones, automotores
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: Batistini, Eduardo Rubén c/ Secretaría de Industria y Comercio de la Nación s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar al amparo promovido con el objeto de que se declarase la nulidad o la imposibilidad de aplicar al caso la resolución -de la Secretaría de Industria de la Nación -300/94, en cuanto, por el alcance que asignó a lo dispuesto por el art. 9° del decreto 683/94, impedía al actor obtener el despacho a plaza de ciertos automotores de origen extranjero que se encontraban depositados en zona primaria aduanera por no haberse documentado su importación para consumo al 31 de diciembre de 1994.
Sistema electoral, partidos políticos, tribunal electoral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ventura, Magín s/ Presentación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-06

El Régimen electoral -objetivamente considerado como regulatorio del sistema representativo republicano- comprensivo de la reglamentación de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos, su forma de ejercicio, la creación, reconocimiento y funcionamiento de los partidos políticos, ha dado lugar a un fuero especializado o jurisdicción en materia jurídico-política y electoral. Este fuero es ejercido en la Provincia, por imposición constitucional, por el Tribunal Electoral, cuya composición y funciones han sido particularmente previstas. El proceso electoral, en tanto, si bien está prevenida su regulación por la misma Carta, la norma aún no se ha dictado, por lo que para cada procedimiento eleccionario, la convocatoria determina la aplicación del Código Nacional Electoral.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, agravio concreto, calidad de parte, caducidad de instancia, plazo, inactividad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTRO, Víctor Eduardo c/ BRUNO, María del Rosario s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-18

El fundamento de la caducidad de la instancia radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales.

Como lo señala Guasp, "el fundamento de la caducidad de instancia puede apoyarse principalmente en dos motivos: uno, de orden subjetivo, que ve en la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, la razón íntima de la extinción y otro de orden objetivo que se fija por el contrario, en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, por el peligro que esto lleva consigo para la seguridad jurídica" (Jaime Guasp, "Derecho Procesal Civil", T. 1, p. 539-540).
Derechos y garantías constitucionales, libertad de circulación, límites a los derechos subjetivos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Seisdedos, Héctor Oscar s/ prórroga de prisión preventiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-23

El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza la libertad ambulatoria. Este derecho sólo puede restringirse, en principio, por una sentencia condenatoria firme que imponga una pena privativa de la libertad (artículo 18 de la CN).

Excepcionalmente, se autoriza esta misma restricción aún antes de la finalización del procedimiento penal, circunstancia a partir de la cual toma forma el instituto de la prisión preventiva. Si bien existen planteos que cuestionan la razonabilidad de esta medida a la luz de los fines que se le reconocen -los que seguidamente se detallarán-, lo cierto es que la prisión preventiva se encuentra admitida, aunque con fuertes limitaciones por su carácter excepcional, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7) y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9)
Honorarios, depreciación monetaria, fallos de la Corte Suprema, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: AEROLINEAS ARGENTINAS c/ STEFANUTO, RUBEN s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-28

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha encargado de señalar que la petición de que se compute la depreciación monetaria únicamente a partir de la mora no se compadece con el fin de asegurar la adecuada contraprestación de los servicios de los profesionales - lo que se encuentra resguardado por el art. 17 de la Constitución Nacional -, por cuyo motivo su cómputo debe partir desde la época de la respectiva regulación, sin importar aquella en que se hubiese producido la mora, lo cual sólo tiene relevancia respecto de los intereses.
Remuneración del juez, honorarios de conjueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional c/ N.N. y/o Varela, Juan Pedro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

La equivalencia entre las remuneraciones del conjuez y las de un magistrado de la Nación, no constituye un requisito impuesto por la ley que regula el instituto.
Costas, tasa de justicia, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Mildesa  S.A. c/ Sam Langenaver e hijos s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

La parte condenada en costas debe reintegrar a la otra el impuesto de justicia que ésta abonó, con más sus intereses, computados desde la fecha de la notificación de la demanda principal, puesto que en ese momento quedó constituida en mora.
Juicio de desalojo, falta de pago, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL
Carátula: Dip, María Jesús c/ Urchevich, Blanca Nieve del Valle y otra s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-03

Si bien una verdadera negativa a recibir el pago de alquileres por parte del locador se configura cuando se niega a otorgar el pertinente recibo que acredite el cumplimiento de la prestación o extenderlos en forma defectuosa, las demandadas no acreditaron que haya sucedido este supuesto, la sola invocación mediante telegrama ofreciendo alquileres, no tiene la virtualidad de purgar la mora de las locatarias en razón de que solo detalla una intención o disposición de efectuar el pago que puede o no concretarse. Es que ya se encontraban en mora en el pago de los mismos al no depositarlos conforme fuera convenido, cláusula 4° del contrato locativo. Debieron acreditar haber concurrido al lugar indicado y que se negó el acreedor a otorgar el recibo en debida forma, art. 5 ley 23.091. Por otra parte pudo haber promovido el juicio de consignación e inclusive al contestar la demanda pudo haber intentado pagarlos depositando la suma reclamada a la orden del juez, si su voluntad era en realidad cumplir su obligación contractual, como perteneciente a esta causa, facultando a retirarla al locador accionante previo el otorgamiento de los recibos. En consecuencia el derecho invocado por el actor, causal de desalojo por falta de pago de arriendos es verosímil, por lo que corresponde disponer hacerle inmediata entrega del inmueble de conformidad con lo dispuesto por el art. 423 bis del C.P.C.C..

DRES.: MANCA - ALONSO.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentación suficiente, facultades del juez, homicidio calificado, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: BLANCO, MARIANO JOSUE
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-03-11

Corresponde rechazar el agravio vinculado con la calificación legal del hecho por el cual se condenara al justiciable, ya que la postulación versa sobre una cuestión que, por ser materia de derecho común, resulta ajena en principio a la esfera de conocimiento de esta instancia de excepción, sin que logre la compareciente acreditar por qué considera que la pena impuesta (prisión perpetua) no refleja la medida de la culpabilidad efectivamente probada, apareciendo aquélla relacionada a un delito de entidad- comisión del homicidio de su hijo de tres meses de edad-, no surgiendo de las constancias de la causa que la relación exigida entre la sanción y el injusto y culpabilidad se vea afectada de modo irracional.
Daño, relación de causalidad, cuestiones de hecho y prueba, facultades del juez, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: S., L.A. c/ P., V.N. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-04

La determinación del nexo causal entre el hecho y sus consecuencias depende de las circunstancias que acompañan a la producción del daño, es decir, de las particularidades del caso. En este sentido, la investigación sobre el nexo entre la conducta analizada y sus resultados es una cuestión hecho, supeditada a la apreciación del juez, quien debe establecer, a través de los elementos allegados por las parte, la existencia de la relación de causalidad, y la carga de la prueba se rige por los principios procesales básicos que establece su distribución.
Cheque sin fondos, desestimación de la denuncia, imposibilidad legal de pago
Materia: PENAL
Carátula: EDUARDO EGLENDER Y CIA S.R.L. s/ Cheque sin fondos. CAUSA: 36747.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-21

La falta de presentación del cheque al banco girado por parte del tenedor no es óbice a que el hecho de su entrega pueda constituir delito, por ejemplo, el caso que contempla el inc. 2° del art. 302 del Código Penal, por lo que no corresponde desestimar la denuncia debiendo remitirse los autos al Fiscal que sigue en orden de turno a fin de que formule el pertinente requerimiento de instrucción (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).- 2 - La falta de presentación al cobro del cheque no descarta la comisión del delito previsto en la segunda hipótesis del art. 302 del C.P., ya que la relevancia de la figura radica en la entrega a sabiendas de la imposibilidad de pago (Del voto del Dr. Romero).
Jubilación ordinaria, fecha de pago, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARCONI, IDO NERI c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-28

Del cotejo de la norma legal (art. 44, ley 18.037) y la reglamentaria (art. 17 del Dec. 8525/68) surge con claridad que la solicitud del beneficio aparece como hito a tener en cuenta para fijar la fecha inicial de pago en el caso de la jubilación ordinaria, cuando el afiliado, reuniendo los restantes requisitos a la fecha del cese, cumpliera la edad requerida en los cinco años inmediatamente posteriores a dicha fecha. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala)