Recurso de casación, apreciación de la prueba, control de legitimidad, control de legalidad, daños y perjuicios, daño moral, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Belitzky Luis Edgard c/ Marta Montoto de Spila s/ Ordinario - Daño Moral - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-04-10

1- La omisión de meritar prueba es considerada por este Tribunal como motivo de casación por violación de las formas impuestas por la ley para el dictado del acto decisorio. No obstante ello, para que tal hipótesis se configure, es necesario que la prueba haya sido realmente omitida y no desechada expresa o implícitamente por el Tribunal y además que el recurrente demuestre, que la misma tiene trascendencia para revertir la conclusión en el aspecto cuestionado.

2- A los fines de calibrar la entidad del daño derivado de lesiones al honor, debe tenerse en cuenta, entre otros aspectos, la mayor o menor divulgación que el hecho lesivo ha tenido. El distingo entre la lesión al honor puramente subjetiva y la que adquiere dimensión objetiva, expresada en el art. 110 del Cód. Penal mediante la utilización de los verbos "deshonrar" y "desacreditar", es tradicional en materia de lesiones al honor desde el derecho romano en adelante y obviamente la segunda tiene mayor entidad agraviante que la primera. Para que ese "plus" de agravio se consume, es menester que la actividad trascienda públicamente, que sea percibida por otras personas. Un agravio que sólo es captado por el damnificado, sin proyecciones a terceros, no es idóneo para comprometer su reputación, o el crédito que merece social o profesionalmente.

3- En principio, el cuestionamiento del daño moral escapa a la revisión casatoria. Sin embargo, es también jurisprudencia de la Sala que si en un determinado caso, la condena apareciera como muy injustificada, podría ser materia de análisis en esta instancia. Esa excepcional procedencia del recurso de casación por vicios en la cuantificación del daño moral, se da cuando el monto de la condena resarcitoria se presenta como notoriamente distante de los valores que la práctica judicial tiene instaurados para casos semejantes. Esta remisión a la práctica judicial, como parámetro a ponderar en la fijación del daño moral, goza de amplio respaldo doctrinario.

4- La demandada no debe indemnizar al accionante por el padecimiento que pueda haberle causado el hecho de verse sometido a un proceso disciplinario, ni la incertidumbre sobre su desenlace, así como tampoco por los sinsabores propios del ejercicio de la defensa frente a una acusación. Esos son los males que padece todo demandado o denunciado, contrapartida obligada del derecho a demandar o denunciar, que no deja de ser tal porque la demanda sea rechazada o la denuncia desestimada, salvo el caso de falsa denuncia o abuso del proceso. El ejercicio de un derecho no configura ilicitud (art. 1071 CC). El daño a resarcir no es aquél, sino el causado por el exceso de la denunciante, que innecesariamente agravió al actor calificando su conducta como "tremendamente corrupta" y le atribuyó intenciones "aviesas". Es el dolor moral que causan esos calificativos, lo que debe ser indemnizado.

5- el principio de individualización del daño, que requiere que en su valoración, se meriten todas las circunstancias del caso, tanto las de naturaleza subjetiva (situación personal de la víctima), como las objetivas (índole del hecho lesivo, y sus repercusiones). Las condiciones personales de la demandada y el mayor o menor reproche que merezcan sus motivaciones, así como la valoración de su conducta como dolosa o culposa, no son extremos decisorios para cuantificar el daño moral, el que está dado por la verdadera situación de la víctima en función de la injusticia del daño sufrido, independientemente de que el perjuicio provenga de conductas antijurídicas, dolosas, culposas o riesgosas, o aún actos lícitos.