marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pago, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scarpino J. c/ Abuhid A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

Los depósitos efectuados por el deudor dentro de los diez (10) días de las respectivas notificaciones cumplen en término con el pago total de las sumas a que se encontraba, en ese momento, obligado a oblar en el proceso. La dilación en el retiro de los fondos imputables al acreedor, determina que no corresponde extender la aplicación del artículo 776 del Código Civil, prevaleciéndose del curso de la desvalorización durante el lapso de la citada demora.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bayni, Jorge c/ Automotores El Ombú s/ Resc. compraventa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

Si la demandada se opuso in totum a la pretensión deducida y ésta es admitida en cierta y considerable medida, aquélla mantiene su calidad de vencida, ya que se es vencedor aunque la demanda prospere en mínima parte (art. 68 del C.P.C.).
Proceso contravencional, penas contravencionales, multa contravencional, pago de la multa, sustitución de la multa, obligación de realizar trabajos comunitarios
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, V. A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 72 Artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-14

En el caso, el recurrente no había comenzado a cumplir la pena de multa y pide que la misma se sustituya por trabajos de utilidad pública, fundamentando su solicitud en el último párrafo del artículo 14 del Código Contravencional.

La situación del apelante no es asimilable a la contemplada por el artículo 14 in fine, pues no dio principio de ejecución a la penalidad y cuando fue intimado al pago de la primera cuota manifestó que no podía abonarla. Del voto del Dr. Ventureira con adhesión de la Dra. Robledo.
Guarda del menor, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: Asesoría Civil de Familia e Incapaces s/ Medida de Protección
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-12-20

Específicamente, en materia de guarda hay que atender al interés del menor y para ello es necesario analizar adecuadamente las circunstancias de hecho que rodean el caso.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado por actos lícitos, monto de la demanda, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: VOLPATO, JOSE Y OTROS c/ MINISTERIO DEL INTERIOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-21

En ambas instancias se debe mantener la imposición en el orden causado y las comunes por mitades, porque si bien la demanda procede y se ha reconocido la responsabilidad del estado, la extensión de la obligación resarcitoria se ha aceptado en términos notoriamente inferiores a los pretendidos por el actor, sobre todo, si se tiene en cuenta el desorbitado monto pretendido en la demandada. En consecuencia, resultan aplicables los preceptos de los arts. 68, párrafo segundo y 71 del Código Procesal.
Recurso de reposición (procesal), regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: Agüero Iturbe, Angel Nicolás s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1984-04-10

Existe un recurso de revocatoria ordinario o típico; ajustado a las precisiones generales de la doctrina y jurisprudencia;

exclusivamente contra los decretos o autos dictados sin sustanciación (art. 253 del C.P.C.). Excepcionalmente y solo para la impugnación de la regulación de honorarios; en nuestra legislación positiva procesal, existe otro recurso de revocatoria, excepcional o atípico que no solo es procedente contra sentencias precedidas de sustanciación, sino que es vía obligatoria y previa para recurrir en esta materia (art. 157 ap. 2º).

Que como surge de esta simple referencia a la norma legal que rige el caso ni a la parte, ni al Tribunal, le está permitido evadir esta vía recursiva compulsiva, ya que la única forma de impugnar una regulación de honorarios, exista o no sustanciación, es la del recurso de revocatoria.
Concursos, conclusión de la quiebra, avenimiento (comercial), efectos entre partes, costas, gastos del proceso, tasa de justicia, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Rodeos SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-25

La LCQ 225 dispone la conclusión de la quiebra por avenimiento, en cualquier momento y cuando consientan en ello, todos los acreedores verificados y hasta que se realice la última enajenación de los bienes del activo, exceptuando los créditos. Por su parte esta norma se completa con la disposición contenida en la LCQ 226 que dispone la facultad del Tribunal de requerir el depósito de una suma para satisfacer el crédito de los acreedores verificados que no puedan ser hallados y los pendientes de resolución judicial. Síguese de ello, que para lograr la conclusión propuesta, se requiere que se deposite una suma en garantía del pago, destinada a aquellos acreedores que resulte difícil ubicar y para los que estén pendientes de resolución de verificación, con más los gastos y costas del juicio fijando el plazo pertinente. En el marco apuntado, los gastos ocasionados desde la fecha del decreto de quiebra hasta la fecha de la resolución que dispuso la conclusión de la quiebra deben quedar comprendidos dentro de la garantía que fije el magistrado. En igual sentido las costas del juicio (LCQ 226). Es que los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de bienes del concursado y en el trámite del concurso gozan de la preferencia de la LCQ 240. Ergo, deben ser garantizados para procederse a la conclusión de la quiebra. En función de ello, la resolución de conclusión queda sujeta a que el deudor, en el plazo establecido por el juez, concrete el pago de los gastos causídicos (LCQ 240) o deposite el importe de éstos, u otorgue garantía suficiente que demuestre cumplir con la carga de abonar esos gastos y las costas. Ello así, por el principio de integridad en el pago (CCCN 867, 869 y 880), también debe preverse dentro de la garantía una suma para atender a los accesorios que se devenguen hasta el efectivo pago de cada uno de los importes incluidos. En tal contexto, el importe de la garantía debe comprender los rubros mencionados por el juez, con más sus accesorios, a la que deberá finalmente adicionarse, la suma que resulte de las regulaciones de honorarios a cargo de la fallida.
Recurso extraordinario, concesión errónea del recurso, cuestiones de competencia, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Lackovic, Eduardo c/ Soruco Estrada, Carlos Eduardo y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. sin lesiones)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-05

Corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que hizo lugar a la excepción de incompetencia, dado que las decisiones recaídas en materia de competencia, cuando no media denegatoria del fuero federal, no son susceptibles de apelación extraordinaria al no revestir carácter de sentencia definitiva, requisito que no puede suplirse aunque se invoque la existencia de arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales.
Lesiones, daño, resistencia a la autoridad, facultades jurisdiccionales, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Flores, Isaac Valentín c/  s/ Infr. art. 13, Ley n° 25.891 s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde atribuir competencia a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional haciendo primar un criterio que privilegie un servicio de justicia eficiente, a la luz de la estrecha vinculación de los hechos cometidos calificados como constitutivos de los delitos de lesiones graves, daño y resistencia a la autoridad -que aconseja su juzgamiento conjunto-. Ello así toda vez que ha quedado fijada la competencia de la Justicia Nacional para conocer respecto de las lesiones. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Gestión de negocios, gastos de gestión, reembolso de gastos, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: M.C.B.A. c/ IANNI BUENAVENTURA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-30

El gestor puede repetir todos los gastos que la gestión le hubiese ocasionado, con los intereses, desde el día que los hizo, por cuanto la mora se produce de pleno derecho (conf. Borda, "Contratos", t. II, p. 505, Nro. 1815; Spota, "Contratos", vol. IX, p. 95, Nro. 1899; Salvat-Acuña Anzorena, "Fuentes de las obligaciones", t. III, p. 611, Nro. 2608 y C.N. Civ. Sala E. L. 8956 del 25-10-84).
Prueba pericial, ofrecimiento y producción de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maragua S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (p. Ejec.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

En atención a que el pedido de explicaciones a los dictámenes periciales, efectuado por las partes, debe tener por objeto salvar alguna omisión o aclarar una contestación que no se considere suficientemente explícita con relación a los puntos de pericia formulados oportunamente (art. 473 C.P.C. y C.) y 25 del C.P.C.A., no siendo dable a las mismas introducir -por esta vía-, extemporáneamente, prueba instrumental (art.50 C.P.C.A.), y no configurando el caso de autos ninguno de los supuestos previstos por el art. 38 del C.P.C.A., corresponde practicar el desglose de la documentación acompañada al formular las explicaciones a los peritos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rossi, Rodolfo c/ About S.R.L. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11

Las decisiones recaídas en juicio ejecutivo no revisten, en principio, carácter definitivo en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, no observándose en el caso en que se rechaza la ejecución promovida y el pedido de ordinarización de la causa, motivos suficientes que permitan apartarse de dicha regla, desde que no habiéndose introducido el a quo en consideraciones que excedan el marco de la ejecución, como son aquéllas que hacen a la causa de la obligación, queda abierta al recurrente la posibilidad del juicio ordinario posterior (art. 551, Cód. cit.). (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pobran, Lorena Fabiana c/ Gimenez, Osvaldo Francisco s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

Partiendo del principio de la responsabilidad objetiva, es al demandado a quien corresponde acreditar que una conducta ajena interrumpió con virtualidad suficiente el nexo de causalidad entre la actuación de la cosa generadora de riesgo y el daño producido (arts. 362, 375, 384, 456, 474 del C.P.C.).
Fiscalía Provincial de Investigaciones Administrativas, constitucionalidad, competencia
Materia: PENAL
Carátula: B.M.E. s/ SU DENUNCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-12

No se advierte que la legislatura tuviere algún obstáculo constitucional para crear este organismo de control, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Por su propia naturaleza, tiene poderes implícitos, en cumplimiento de los fines que le otorga la propia Constitución para desempeñar los elevados poderes que le están asignados y que deben ser utilizados de la forma más beneficiosa para el interés general. Si esos medios a su alcance no están prohibidos, sino que están de acuerdo con la letra y el espíritu de la Constitución, debemos considerarlos como constitucionales. En ese orden de ideas entiende este Tribunal que la facultad de la legislatura de creación de este ente de investigación deviene de las propias funciones de legislar como de la de ejercer el contralor de los actos de gobierno y en este supuesto, la creación de un ente autárquico, independiente, de investigación, en tiempos que el flagelo de la corrupción aparece como prioritario y que socava los basamentos del propio Estado, no deja dudas en cuanto a su legitimidad, máxime cuando en principio, de acuerdo a la literalidad del texto constitucional, ni la Fiscalía de Estado ni el Honorable Tribunal de Cuentas alcanzan en su competencia a los supuestos que prevé la ley 9245. Además, si bien el Ministerio Público Fiscal como representante de la sociedad es el dueño de la acción pública, nada impide que otro organismo coadyuve en la averiguación de la verdad, siempre que se respeten las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio.
Inimputabilidad, alteración morbosa de las facultades, trastorno psicopático
Materia: PENAL
Carátula: DE JESUS, JORGE s/ IMPUTABILIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-29

1) La psicopatía puede ser causa de inimputabilidad si de las pruebas de autos surge que se equipara a una psicosis, en el sentido de alteración morbosa de las facultades, que lleven al sujeto a no comprender la criminalidad de los actos, o a dirigir los mismos.

La fórmula del Código que exige no sólo una enfermedad mental sino además un efecto sobre la comprensión de la criminalidad o sobre la dirección de la voluntad para actuar conforme a esa comprensión, articula un sistema en nuestro ordenamiento legal que exige que se den ambos requisitos para que la eximente del art. 34 inc. 1 se de como tal.

2) En el caso de autos no surge que el procesado haya actuado sin esa falta de comprensión, o impulsado por su alteración morbosa de modo que no supiera lo que hacía.
Empleo público, adicionales de remuneración, fondo de estímulo, diferencias salariales, AFIP DGI, percepción de impuestos, presupuesto nacional, compensación tributaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Criado, Jorge Eduardo c/ Min. de Economía s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

Se comparte la opinón de la Procuración del Tesoro, del dictamen nº 145 del 31/8/95, en el expte. Nº 81.067/91, en el sentido de que los conceptos de recaudación y percepción incluídos en el art. 113 de la ley 11.683 para definir el denominado fondo de estímulo, no son términos equivalentes dado que la función específica de la D.G.I. es la percepción como lo prevé el art. 2º de la misma ley, en cuanto describe las tareas a cargo de dicho organismo, las que por lo demàs deberàn ser efectuadas del modo indicado por las leyes y disposiciones respectivas. La autorización a Y.P.F. de no ingresar al Tesoro Nacional los pagos que efectuara en concepto de servicios y gastos de su deuda financiera durante el ejercicio 1986, fue dispuesta por la ley 23.410 de Presupuesto de ese año (conf. art. 45), de igual jerarquía a la 11.683, en un tema que no se controvierte ni se vincula con la descripción y el contenido de las cuentas que integran el Presupuesto Nacional, es decir materia propia del derecho presupuestario. Constituye entonces, una medida de política financiera dictada por el órgano competente. Al igual que la decisión de considerar compensadas las deudas impositivas de Y.P.F. con el Tesoro Nacional, con un aporte de capital de igual monto de la Nación a dicha empresa (conf. art.

46). (Del voto del juez Muñoz, cons. 3º).
Thema decidendum, discrepancia del recurrente, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: M. A. c/ C.S. Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-03-22

Cuando existen distintas visiones sobre el "thema decidendum", como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad; máxime cuando, como en este caso, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria son contestes en atribuir responsabilidad a la obra social por considerar que esta asume ante sus afiliados una obligación accesoria y tácita de seguridad por la eficacia del servicio de salud que ella ofrece, tal como se señalara en el fallo de grado.

En el sub lite, la Cámara se ha guiado para decidir por los antecedentes jurisprudenciales que han sido mayoritariamente aceptados, por lo que no se observa en el fallo atacado vicio alguno que habilite la vía casatoria.

Más allá de la discrepancia con la postura asumida que el recurrente pudiera tener, lo cierto es que - sobre el punto- ésta se encuentra debidamente fundada y ha dado una solución razonable y equilibrada a la contienda.
Tutela, facultades del tutor, mutuo dinerario, mutuo hipotecario
Materia: CIVIL
Carátula: L.L. DE P.C. s/ INSANIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1951-11-13

El tutor puede dar en préstamo con garantía hipotecaria dinero de su pupilo porque ese acto no está incluido en la prohibición establecida por el art. 450, inc. 8 del Código Civil.
Heredero único, desistimiento de la acción, recurso de apelación (procesal)
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: PASSONI, ENRIQUE CARLOS c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-06

Si la única causahabiente del actor manifiesta su voluntad de desistir del proceso, corresponde hacer aplicación del principio dispositivo por el cual le asiste a la parte el derecho de apelar, no apelar o desistir de la apelación deducida con anterioridad al pronunciamiento del Tribunal.
Daños y perjuicios, daño causado por animales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Yalour de Furlong, Angela E. c/ Egaña, Horacio R. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17

La responsabilidad del daño causado por animales cae bajo la aplicación de la teoría del riesgo creado. Se trata de un daño causado por la cosa y su disciplina está regida por el art.1113 del mismo código en cuanto responsabiliza indistintamente al dueño y al guardián sin que el art.1124 (cód.cit.) autorice ninguna excepción.
Encubrimiento real, automotor sustraído, dolo eventual, compraventa de automotores
Materia: PENAL
Carátula: FAZZIO, OSCAR s/ ENCUBRIMIENTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

Encuadra en la figura de encubrimiento, la acción de los procesados que fueron habidos con un automóvil robado, pues, dedicándose a la compraventa de rodados, resulta increíble que hayan actuado más acá de la "leve duda" que exige Welzel para umbral del dolo con respecto a la procedencia ilegal del automotor que intentaban vender, y que, curiosamente, había sido sustraído a su propietario.
Defraudación, apropiación de cosa habida por error, obligación alimentaria entre parientes, cuentas bancarias, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DAUD, María Susana. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-11

Si la imputada se apropió de cuatro mil quinientos pesos que habían sido ingresados en la cuenta por error, ya que el ANSES continuó descontando a la damnificada mensualmente el dinero, se configura el delito de apropiación de cosa habida por error (art. 175, inc. 2° del C.P.).

Por ello, y dado que la imputada siguió retirando las sumas de dinero, no obstante haber cesado la obligación alimentaria que tenía la damnificada respecto de su nieta al haber cumplido esta última la mayoría de edad, y sumado a que era la única autorizada para efectuar dichas operaciones, debe confirmarse su procesamiento en orden al delito de apropiación de cosa habida por error (art. 175, inc. 2° del C.P.).
Médicos, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Szir, Daniel c/ Sanatorio San Miguel S.A. s/ Despido y salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-07

La mayor libertad que detentan quienes ejercen una función de jerarquía -en el caso, médico con funciones de coordinador del área de Pediatría y Neonatología del Sanatorio demandado- dentro del cuadro organizativo de la empresa y que hace al desempeño responsable de la misma no se contrapone con la idea de subordinación jurídica que se configura al haber puesto el actor su tiempo y capacidad de trabajo en beneficio de la demandada, a cuyas necesidades en definitiva se subordinó mediante el cumplimiento de horarios y funciones que le requería la tarea encomendada.
Recurso de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad, Superior Tribunal de la Causa, sentencia, sentencia definitiva, recurso extraordinario, tribunales de instancia única
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: RESUMI, CARLOS GABRIEL c/ EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  Nº 305-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-11

Aplicándose mutatis mutandi las pautas emergentes del caso "Strada" al control de constitucionalidad local, se deduce que, en los casos de sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Instancia Unica, para alcanzar el acceso directo a la Corte Suprema de Justicia local en los supuestos de los incisos 1) y 2) del artículo 1 de la ley 7055, es necesario haber transitado previamente el camino hacia la Cámara a través de una impugnación, que si bien es extraordinaria, es menos extraordinaria que la del recurso de inconstitucionalidad previsto para excitar el control último de constitucionalidad en el ámbito provincial.
Aplicación temporal de la ley, ley derogada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Molinos Río de la Plata S.A. c/ Fisco Nacional (D.G.I.) s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04

Para que una norma pierda vigencia es necesario que otra la derogue expresamente, que haya llegado el término establecido para su vigencia o la fecha en que ella concluye. Existe una causa más que determina el fin de la vigencia de una norma. El dictado de otra que resulte manifiestamente incompatible con la anterior. (Consid. 6º).
Medidas para mejor proveer, recurso de apelación (procesal), juicio ejecutivo, pagaré
Materia: CIVIL
Carátula: Capurro, Gustavo Martin c/ Vignolle, Jesica Raquel y otro s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-04-08

Deviene apelable la medida de mejor proveer si la misma importa un exceso que ocasiona gravamen irreparable al derecho de defensa de las partes. Deviene apelable la medida de mejor proveer si la misma importa un exceso que ocasiona gravamen irreparable al derecho de defensa de las partes.
Tribunal: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION Nro 30
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-29


1º Instancia.- Buenos Aires, octubre 29 de 2003.

Y Vistos: La complejidad de las actuaciones y la circunstancia de que en la misma se encuentran personas detenidas desaconseja que el sumario salga físicamente del ámbito del tribunal, ya que no puede descartarse la producción de imprevistos ajenos a la voluntad del querellante que termine con su desaparición completa o la de alguno de sus cuerpos, lo que demoraría seriamente el trámite por la necesidad de realizar una reconstrucción. No existiendo impedimento alguno para que los interesados compulsen las actuaciones en la sede del tribunal cuantas veces consideren necesario, al préstamo solicitado no ha lugar. Notifíquese mediante cédula urgente.- Hector L. Yrimia.
Filiación, daño moral, estado de familia
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ FILIACION EXTRAMATRIMONIAL - ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-09-27

Procede hacer lugar a la demanda por daño moral contra el progenitor que violó el deber jurídico de reconocimiento espontáneo de su hijo por configurarse una actitud ilícita -culposa o dolosa-, la que implica la vulneración de un interés subjetivo jurídicamente tutelado, siendo responsable el progenitor que por su omisión causa un daño probado "re ipsa" por la falta de emplazamiento en el estado de familia y por ende la privación de poder usar el apellido de su padre.