marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuota alimentaria, responsabilidad del empleador
Materia: CIVIL
Carátula: Olmos, Raquel Corina c/ INC S.A. s/ incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-10-15

Corresponde condenar a un supermercado a pagarle a una mujer la suma adeudada en concepto de cuota alimentaria no retenida a su ex pareja al abonarle la indemnización, pues el empleador conocía la existencia del proceso de homologación por el cual efectuaba las retenciones de cuotas de alimentos, sin embargo omitió avisar al juzgado o depositar el monto correspondiente, de modo que la responsabilidad surge en definitiva de la reticencia del tercero a dar cumplimiento a la orden judicial, quien no ha acreditado o denunciado siquiera, los motivos del incumplimiento, como así también de la indiferencia hacia los derechos del niño a percibir la cuota de alimentos fijada, por lo que la conducta despreocupada de la empleadora no puede premiarse con la falta de obligación en la cuota de alimentos que conocía.
Reintegro de gastos de comida, carácter remuneratorio, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BANCO CREDITO PROVINCIAL S.A. c/ C.A.S.F.E.C. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-29

La sustitución del servicio de comida anteriormente prestado en la empresa por el pago a los trabajadores de una suma fija por día, no debe considerarse retribución ya que responde a un gasto efectivo que los dependientes efectúan para satisfacer una necesidad básica (en el caso, merienda). Dicha conclusión se encuentra avalada por el Dec.

333/93 que en su art. 1, inc. a) califica como beneficio social los servicios de comedor en la empresa y, en consecuencia, es dable inferir que la prestación dineraria efectuada en sustitución de tal servicio tiene su misma naturaleza jurídica, esto es la de una prestación empresaria otorgada para mejorar la calidad de vida de la comunidad laboral y propender al desarrollo comunitario. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).
Segunda instancia, tribunal colegiado, firma de la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Laurent, Cecilia L. s/ testamentaria s/ incidente de protocolización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

No existió marginación de los magistrados que formaban el tribunal si por un mero error de hecho suscribió la decisión un integrante de la cámara ajeno a la contienda ya que de las constancias obrantes en la causa y del auto de concesión del recurso extraordinario surge que el magistrado designado al efecto había tomado la debida intervención en la cuestión y había dado su aprobación a la solución adoptada.
Juicio ejecutivo, resoluciones equiparables a definitiva, juicio ordinario posterior
Materia: PROCESAL
Carátula: Diner's Club Argentina c/ Cenci, Miguel Angel s/ Prepara vía ejecutiva s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-02-13

Son equiparable a sentencia definitiva aquellas decisiones tomadas en procesos ejecutivos que rechazan excepciones que no se las podrá hacer valer en el posterior juicio ordinario, mencionando entre otros casos aquellos que resultan de disposiciones procesales como el art. 553 del CPCC. que en su apartado cuarto establece que no podrá discutirse en el juicio de conocimiento entre otras cuestiones la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución.
Adopción simple, adición de apellido
Materia: CIVIL
Carátula: M.P.S. Y OTRO s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29

No es admisible la pretensión del adoptante de que se mantenga como primer apellido de la adoptada el de su padre de sangre adicionándole el del adoptante.

El instituto de la adopción persigue, aún en su forma simple, que el "status" fili" que en el ámbito jurídico crea, no sólo sea expresión de lo que sucede en los hechos entre adoptante y adoptado, sino que ello trasunte y se exteriorice sin limitaciones en el medio social, para que ese vínculo de filiación artificial se asemeje en la mayor medida posible al que crea la naturaleza.

Entre sus efectos más importantes el art. 23 de la ley 19.134 impone como derecho-deber del adoptado el de llevar el apellido del adoptante, sin perjuicio de la posibilidad de agregar su apellido de origen. La disposición responde a un objetivo principal de la institución, como lo es la individualización en el medio social del adoptado como hijo del adoptante y viceversa (conf. CNCiv. Sala F, c. 8120 del 3-7-84).

Si se califica como integradora a la adopción del hijo del cónyuge, aquel razonamiento conserva y aún acentúa su fuerza. La pretensión de integrar jurídicamente un hogar a través de una adopción crea la necesidad de mostrar a ese hogar integrado ante la sociedad, lo que en este aspecto- se logra a través del medio de individualización de sus componentes, o sea a través del nombre común.

Este aspecto de la adopción no puede dejar de ser tenido en cuenta por quien promueve la demanda. No es aceptable que tras su obtención invoque razones de conveniencia de la adoptada para impedir que aquella produzca uno de sus efectos propios. El análisis de la conveniencia del menor, que el art. 10 de la ley 19.134 exige al juez, debe ser efectuado previamente por el propio solicitante, quien debe tener en cuenta a dicho fin la totalidad de los efectos que la adopción producirá (conf. CNCiv. Sala F, causa citada "supra").
Prueba, principio de adquisición
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Remorino, Laura Esther c/ Jarowtzky, Jorge D. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

El principio de la comunidad de la prueba y la finalidad misma de la actividad probatoria desbaratan el pensamiento sobre la pertenencia individual de las pruebas a sus aportantes y su no menos sorprendente consecuencia: los frutos o la convicción a extraer de ellas solo pueden beneficiar a dicho sujeto y no a quien fue ajeno a su ofrecimiento, desde que una vez producida la prueba la misma es adquirida por el proceso y sirve a la convicción o certeza del magistrado, con prescindencia de los sujetos que la ofrecieran o produjeran -doct. art. 384 del CPCC-.
Trabajadores de la salud, higiene y seguridad del trabajo, trabajo penoso, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, RUBEN HORACIO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-17

La reglamentación de la ley 19587 establece normas concretas respecto del levantamiento de bultos y las condiciones que deben reunir los aparejos y otras máquinas que se emplean para izarlos, por lo que es evidente que ellas no han sido fijadas para ser observadas respecto de los pacientes en hospitales, y que resultan inaplicables en tales ámbitos.
Ley sobre riesgos del trabajo, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: AREBALO, ANCELMO DAVID c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-28

En relación a los argumentos expuestos por la recurrente sobre la falta de motivación en la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo en tanto no existe discriminación en contra del trabajador como para que opere aquella decisión, no logra convencer de que se configure en el fallo el vicio invocado, dado que surge de la lectura del mismo que la Alzada se sustentó en doctrina ya sentada por la Corte nacional a partir del precedente "Aquino" en el cual se remarcó el agravio que tal disposición causa a las garantías constitucionales que se derivan, argumentación que supera el desarrollo histórico de la cuestión, tal como pretende hacer ver. (Del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler).
Régimen de consolidación de deudas, deuda no consolidada, tasas de interés, cómputo de intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gunther Avelino c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ sucesiónexpropiación - servidumbre administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

En lo concerniente a los intereses a partir del 1/4/91, no tratándose de una deuda consolidada, deberá estarse a la tasa fijada en el decreto 941/91. (Del voto del juez Buján, cons. VI.2)
Allanamiento domiciliario, aplicación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ceballos, Aníbal Sebastián y otros s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-24

Si el delito a partir del cual fue dispuesto el allanamiento desarrollado en una provincia no es de competencia federal, la validez del procedimiento debe ser analizada a la luz de las leyes procesales pertinentes (art. 7 CN). Es válido el allanamiento que tuvo su génesis en el marco de la investigación por los delitos de abuso sexual, portación de armas y amenazas y fue a partir de dicho registro domiciliario que personal policial tomó conocimiento de la posible comisión de otro delito -tenencia de estupefacientes con fines de comercialización-, y resulta aplicable al caso la "Plain View Doctrine". El procedimiento documentado en dos actas distintas no implica que expresen situaciones disímiles, sino que, por el contrario, detallan el procedimiento de manera concatenada, ordenada y coherente con el suceso de los hechos. Debe rechazarse el agravio relativo a la ausencia de testigos, toda vez que de las constancias de la causa se desprende la intervención de dos testigos de actuación durante el procedimiento de allanamiento, los que ingresaron al domicilio una vez que el mismo estuvo asegurado. Es válido que los oficiales de policía recojan las manifestaciones e indicaciones que voluntaria y espontáneamente efectúen las personas, aún imputadas o sospechosas de la comisión de un delito, sin que dicha actividad se traduzca de manera automática en una irregularidad nulificante de la diligencia, máxime ante una clara situación de flagrancia.

Corresponde ajustar las sanciones impuestas a los quantums punitivos propiciados por el acusador público en su alegato. (Dres. Hornos, Borinsky y Gemignani).
Compraventa mercantil, precio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: KLEPPE  S.A.C.I.A. c/ PIÑEIRO PEARSON, JORGE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-16

Si bien el CCIV 1323 establece en principio que el precio en la compraventa debe ser cierto, completando el CCOM 450 que debe ser "convenido", también puede ser determinable, sin que ello deje de ser cierto si ello surge de las particularidades del contrato y fundamentalmente si se ha producido la entrega de la cosa adquirida.

Si contractualmente se fijó parcialmente la forma de pago y fueron realizados varios de ellos, es de aplicación analógica lo preceptuado por el CCOM 458, concordante con el CCIV 1354, en el sentido que se sujetarán al corriente en el día y lugar en que se efectuó la entrega; en otros términos, será aplicable el precio de plaza, por lo que la alegación de que este último no es precio cierto debe ser desestimada.
Recursos, admisibilidad del recurso, plazo legal, valor real
Materia: PROCESAL
Carátula: Petrobras Argentina SA c/ GCBA y otros s/ Impugnación de actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

El recurso de apelación ordinario ha sido articulado en legal tiempo y forma y fue correctamente concedido según la normativa vigente al momento de interposición del recurso en esta causa -arts. 37 de la ley n° 402, y 26 inc. 6 de la ley n° 7, modificado por el art. 2 de la ley n° 189-, se dirige contra una sentencia definitiva (conforme lo establece el artículo 26 inc. 6° de la ley n° 7, texto según art. 2° de la ley n° 189, al que remite el art. 37 de la ley n° 402) emanada del superior tribunal de la causa, la Ciudad es parte en el proceso y el valor disputado en último término supera el mínimo fijado en la norma precedentemente citada. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Control de cambio, delegación de facultades a la Administración, régimen penal cambiario, bien jurídico protegido
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: Legumbres  SA . y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

El hecho de que por razones prácticas el órgano que ejerce el control de cambios lo haya delegado parcialmente en otro organismo de la administración mediante un acto administrativo, no puede tener virtualidad para cambiar la naturaleza del control que se ejerce y que está en la base de los bienes jurídicos que pretende proteger el derecho penal cambiario.
Emergencia económica, reordenamiento del sistema financiero, pesificación, hipoteca, mutuo
Materia: ECONOMIA
Carátula: Lama, Enrique Gustavo Tadeo c/ Giménez, Alejandro Rumildo y otra. s/ recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-06

No obsta a la aplicación de la ley 26.167, el hecho de que los ejecutados no hubiesen efectuado la opción por el régimen de refinanciación hipotecaria previsto por las leyes 25.798 y 25.908 y el decreto reglamentario 1284/2003, si el mutuo en litigio cumple con la totalidad de los requisitos enumerados en los incs. a, b, c, d, e y f del art. 1 de la ley 26.167, entre los que no se estableció como condición que hubiese sido declarado elegible por el agente fiduciario.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: López, Hugo y otros c/ Serra Néstor y otros s/ Daños y perjuicios perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

La sentencia civil no puede limitarse a una lectura lineal de las conclusiones relativas al hecho principal, sino que la interna unidad de contenido de todo el derecho, debe hacerse cargo también de las circunstancias de procedimiento que llevaron a ellas artículo 384 del C.P.C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Defensa en juicio, producción de la prueba, sentencia, iura novit curia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Cúneo Libarona, Angel c/ Andrilli de Cúneo Libarona, María Sara. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Se lesiona el ejercicio del derecho de defensa en juicio, si se limita la producción de ciertas medidas de prueba mediante la aplicación estricta del principio que las restringe a las cuestiones contenidas dentro del marco de la litis, y luego, al dictar sentencia, se funda el pronunciamiento en un criterio amplio que incluye la admisión de pretensiones no deducidas bajo el amparo de la regla iura novit curia.
Prescripción, daños y perjuicios, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: MERINO, José y OTRO c/ B.C.R.A. s/ JUICIO DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

La prescripción de la acción por daños y perjuicios comienza a computarse a partir de la fecha de ocurrencia del daño cuya reparación persigue esa acción (Llambías, Tratado de Derecho Civil , Obligaciones, T. III, pág. 433/4).
Vitivinicultura, contrato de maquila
Materia: AGRARIO
Carátula: SUCESION-CAROZO, ANDRES c/ BODEGAS LAS TAPIAS S.A. s/ SUMARIO (LEGAJO DE COPIAS DE RECURSO DE APELACION CONCEDIDO EN  EFECTO DEVOLUTIVO)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-25

El contrato de maquila, consiste, en el convenio por el cual el bodeguero se compromete a elaborar, cuidar, conservar y mantener en depósito por un tiempo determinado el vino obtenido con las uvas aportadas por el viñatero, recibiendo como pago por su labor una porción del propio caldo vínico industrializado o su equivalente en dinero. A partir de este concepto, se ha precisado tanto por la ley 18600 como por las distintas interpretaciones de autores y jurisprudencia, como la realizada por la Corte Suprema de justicia de la nación en el caso "Quiroz S.A." (C.S.J.N. fallo 31005 23/05/1978; E.D. t 78 pág. 707), que la propiedad del vino elaborado por el sistema de maquila es del viñatero y no del bodeguero.
Prescripción, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LA REPUBLICA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ CAPITAN Y/O PROPIETARIOS BUQUE MARVALIENTE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-06

La prescripción liberatoria es de interpretación restrictiva, debiéndose preferir la solución que preserve y no la que aniquile la subsistencia del derecho. (S2,1876,060583)
Prueba, medios de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: C., C.L. y Otra c/ C., L.P. y/o C.M., L.P. y/u Otros s/ Demanda por Usucapion
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-17

Tal como lo entiende la doctrina y jurisprudencia, los medios de prueba son aquellos que exteriorizan los sucesos, traídos al proceso a través de la vivencia o probabilidad de los mismos.
Base indemnizatoria, accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Etcheverry, Maria Celeste c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-05-31

La indemnización debida por la ART a la actora como consecuencia del accidente de trabajo mientras dictaba clases como docente -que le ocasionó una incapacidad permanente parcial definitiva-, se debe liquidar según el salario base mensual atendiendo únicamente a los haberes percibidos por aquélla en las dos instituciones que se desempeñaba a las órdenes de un mismo empleador -habiendo ocurrido el hecho en una de éstas-, aplicando la limitación establecida en el art. 13 del decreto 491/97, y no considerar el haber percibido en otra institución donde el empleador no es el mismo (del voto en disidencia del Dr. Britos)
Determinación del haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: ROSSELOT, ANGEL FERNANDO c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-17

La C.S.J.N. ha establecido que la aplicación del art. 7 de la ley 24.463 implica lisa y llanamente una frustración de la manda constitucional que impone la movilidad de los haberes previsionales (art. 14 bis C.N.). Ello así, toda vez que su aplicación retroactiva conlleva un virtual congelamiento de los haberes por un período superior a tres años, estableciendo un dispositivo de movilidad sin contenido concreto.
Derecho procesal, debido proceso, actos y diligencias procesales, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Alonso, Gustavo Adrian y otros c/ Asociacion Trabajadores del Estado ATE s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-16

Corresponde rechazar el planteo de nulidad de una cédula librada a uno de los domicilios electrónicos, toda vez que en los casos en que se constituyan distintos domicilios electrónicos por una misma parte y no se hubiere designado uno como principal -como aconteció en autos-, se podrá notificar indistintamente en cualquiera de ellos, considerándose cumplida la notificación en todos. En ese orden, toda vez que al constituir domicilio electrónico la letrada de la actora omitió asignarle el carácter de principal, de ello se desprende que la diligencia enviada al otro domicilio electrónico -que pertenece a la misma representación letrada-, resultó válida siendo inconducente la nulidad articulada (conf. Acordada CSJN 31/2011 art. 4°).
Recurso de inaplicabilidad de ley, costas, facultades discrecionales del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: AVICOLA MONTECARLO S.A. c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-14

En materia de costas, resulta extraño el recurso de inaplicabilidad de ley, por ser los hechos insusceptibles de generalizarse y, por ende, inidóneos para cimentar decisiones encontradas como requiere dicha vía. Depende, en síntesis, de la valoración de cada juez acorde con los hechos planteados y dirimidos que, como tales, son privativas del juzgador e insusceptibles de cuestionamiento por el recurso de referencia (cfr. C.N.A. Com., en Pleno, sent. del 31.03.80 "Pampin Jorge c/Di Paola"; C.N.A.Com. S:

"E", sent. 19.02.96, "Banco Shaw c/Díaz Colodrero", entre otros).
Acto administrativo, presunción de legitimidad, facultades de la administración, facultades reglamentarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López María Cristina c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Consignación y Rendición de Cuentas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

El acto administrativo goza de la presunción de legitimidad y no admite descalificación por la sola manifestación de voluntad de los administrados; máxime cuando se trata no de un acto administrativo particular sino de un reglamento de alcance general, que no fue impugnado dentro de los plazos legales. Cabe recordar que "La ley, por fuerza, no puede gobernar ella misma sino recurriendo a la colaboración, cada vez más estrecha y generalizada de los reglamentos. Guste o desagrade, sean o no grandes los riesgos de una normación secundaria de ese carácter, la potestad de la Administración es hoy absolutamente imprescindible"; siendo oportuno añadir que la potestad reglamentaria respecto del Fondo Nacional de la Vivienda está expresamente autorizada por la ley 21.581, cuyo art. 2do. dispone: "La Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda es el Organismo de aplicación de la presente Ley, facultada para establecer las normas reglamentarias y aclaratorias que considere necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Fondo Nacional de la Vivienda".-
Actuaciones administrativas, conflictos colectivos de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ruca S.A. s/ Demanda de inconstitucionalidad art. 17 ley 10149
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

La instancia administrativa establecida por el art. 17 de la ley 10149 no constituye un trámite previo a la vía judicial, pues queda vedada toda posibilidad de acudir a la justicia mediante un acción de conocimiento suficiente, resultando limitada la intervención judicial prevista en grado de apelación por el art. 14 de la ley.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, pesificación, bancos
Materia: COMERCIAL
Carátula: "Perri  Hugo Carlos c/ PEN- ley 25.561, dtos 1.570/01 y 214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-17

En el contrato de transferencia -celebrado entre el Scotiabank Quilmes S.A. y el Comafi S.A. -sólo fueron excluidos los depósitos cuyos titulares hubieran recibido pagos de la entidad, en virtud de medidas cautelares otorgadas a su favor (conf. pto.

4 ap. 3 del Contrato de Transferencia). Asimismo, la resolución 523/02 del B.C.R.A. dispuso que correspondía dar a los pasivos asumidos, a los fines de las regulaciones monetarias, el mismo tratamiento que las que correspondían en el Scotiabank Quilmes S.A. (Conf. consid. 88). (Cons. IV).
Retiro policial, cómputo de servicios, ley derogada
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CASTILLO, LINA DEL CARMEN c/ CAJA DE RETIROS, JUB. Y PENS. s/ RETIROS Y JUB. POLICIALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06

Las exigencias establecidas por la Ley 19.303 para los reconocimientos de servicios fueron derogadas por la Ley 19.319.
Indemnización expropiatoria, desindexación
Materia: CIVIL
Carátula: DI MECOLA, Silvio y otros c/ M.C.B.A. s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-24

La desindexación prevista por la ley 24.283, no resulta aplicable a la indemnización debida por la expropiación, cuyo cálculo se efectuó teniendo en cuenta el valor del inmueble al tiempo de la condena. No obsta a ello la distorsión en el valor del bien producida por las fluctuaciones del mercado, máxime cuando tales riesgos se derivaron de la propia mora de la Comuna.-