Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-12


SENTENCIA NUMERO: TREINTA Y SIETE En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los doce días del mes de noviembre de dos mil diez, se reúne en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 72/10, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas en contra del Auto Interlocutorio Nº 28/10 en relación al expediente "E" Nº 030/10 Espinosa Diego Sebastián", respecto de la nominada resolución dictada el 02 de julio del corriente año por la Cámara en lo Criminal de 3º nominación, y en atención al cual el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es formalmente admisible el recurso? 2º) ¿Ha sido erróneamente aplicado el art. 76 bis del Código Penal? 3º) ¿qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 17, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli, en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Con relación al primer interrogante planteado, observo que el recurso es incoado por parte legitimada, el defensor del imputado Diego Sebastián Espinosa, en forma y en tiempo oportuno, y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva dado que se refiere a una cuestión no susceptible de ser revisada eficazmente con posterioridad. Por ende, considero que cumple el recurso con los recaudos del art. 460 del C.P.P. (S. Nº 4/08, "Herrera"; S 17/09, "Vargas; S 7/10, "Segura"; S 20/10, "Agüero"; y, más recientemente, en S 29/10 "De Souza") y, por ende, es formalmente admisible y así debe ser declarado. Así voto.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

II. El Presidente de la Cámara Criminal de Tercera Nominación, en ejercicio de la jurisdicción unipersonal, resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba.

Contra dicho pronunciamiento, la Defensa interpone este recurso de casación, en el que invoca lo dispuesto en el art. 456 inc.1º del Código de Procedimientos Penales y dice que el Tribunal efectuó una errónea aplicación de la ley sustantiva, refiriéndose con ésta al art. 76 bis, última parte del Código Penal.

Critica el recurrente el fundamento de lo decidido, que remite a la oposición del Ministerio Público y a las circunstancias del hecho y su calificación legal, por considerar el a quo que la oposición fiscal es vinculante, y que por la entidad del hecho de que se trata, no será condicional la eventual condena.

Se agravia porque el Tribunal no emitió juicio de valor sobre las razones expuestas por el Fiscal y también porque, según su criterio, en el caso es procedente una condena condicional, tal como lo entendió también el Fiscal de Instrucción que al resolver la situación procesal del causante, dispuso el recupero de su libertad.

Finalmente, pide al Tribunal que revoque el auto impugnado y conceda la suspensión del juicio a prueba. Deja planteada la cuestión federal y la reserva del recurso previsto en el art. 2º, apartado 3º, inc. b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- III) Después de examinar el recurso, observo que omite el apelante referirse a los motivos expresados por el Fiscal para oponerse a la concesión del pedido de suspensión del juicio a prueba.

No obstante, de su discurso surge de modo indubitable que la oposición del Ministerio Público fue motivada, lo que traduce el cumplimiento por éste del mandato legal que le exige presentar fundadamente sus conclusiones.

El agravio del recurrente se focaliza en la omisión de ponderación judicial de los motivos de oposición expresados en el dictamen fiscal, y en la omisión del consiguiente juicio decisivo de legalidad y razonabilidad de esos motivos.

Sin embargo, en tanto el recurrente no cuestiona las razones del dictamen fiscal, carece de fundamento su oposición a la simple adhesión al mismo que le atribuye al fallo impugnado. Así lo considero en tanto, aun si constatara el Tribunal que el acto presenta efectivamente el señalado defecto formal, con su mera indicación, desprovista de refutación suficiente, el recurrente no justifica la revocación que de la resolución impugnada solicita.

Con ese déficit, el recurso es inadmisible puesto que, con arreglo a los principios de progresividad, preclusión, celeridad y economía procesal, resulta improcedente retrogradar el proceso sólo para satisfacer pruritos formales si, como en el caso, no resulta evidente que del denunciado incumplimiento judicial de los requisitos exigidos por la ley se haya derivado vulneración alguna a los derechos de las partes en tanto, en esta oportunidad legal -que es la primera oportunidad otorgada en el caso al recurrente para cuestionar la oposición fiscal, que constituye el pilar fundamental de la decisión impugnada- no demuestra el recurrente la existencia de arbitrariedad o defecto alguno del dictamen que, a su juicio, debería haber atendido el a quo y en el que debería haber encontrado éste causa suficiente de autorización para prescindir del mismo.

El criterio precedente es compatible, además, con los conceptos jurisprudenciales reseñados por el apelante -de la CNCasación Penal, Sala I en causa "Toichinsky" del 8 de junio de 2006, y de la Sala IV en causa "Peña Peyloubet", del 31 de octubre del año 2008"-, según los cuales la negativa del Ministerio Público Fiscal es vinculante y sólo puede ser dejada de lado por cuestiones de logicidad y fundamentación.

Es que, por una parte, como en el precedente mencionado en primer término, el fiscal ha dado suficiente razón de su oposición. En aquel caso, la motivación se vinculó con los requisitos formales exigidos en el 3º párrafo del art. 76 bis del Código Penal; en éste, el fundamento remite a "las circunstancias del caso" a las que se refiere el 4º párrafo del mismo precepto, por lo que lo decidido tiene también adecuado sustento legal en tanto de esas circunstancias no es posible prescindir sin dejar inoperante dicho párrafo por motivos distintos a los considerados en la causa "Acosta".

Por otra parte, como en el precedente mencionado en segundo lugar, considera el Tribunal que la decisión de no suspender el juicio a prueba puede encontrar válido sustento en la gravedad del hecho siempre que la resolución se encuentre debidamente fundada. Así, según da cuenta la sentencia recaída en aquel caso, ese requisito no había sido satisfecho por el tribunal inferior en tanto, para denegar la suspensión del juicio a prueba, sin dar razón de sus dichos, se había limitado a señalar que no se trató el imputado "de un hecho simple o de poca trascendencia". Por el contrario, como surge del mismo escrito recursivo, en este caso, el magistrado interviniente fundó suficientemente su apreciación del hecho como grave, considerando como indicadores de esa calidad la modalidad de comisión desarrollada por el autor y la entidad del daño ocasionado, con lo que se refirió a la agresión del imputado contra otra persona, a la que atacó con un arma blanca, produciéndole una herida cortante a la altura del labio inferior y ocasionándole, de tal manera, una deformación permanente en el rostro; datos que surgen de la requisitoria fiscal de elevación de la causa a juicio y que en conjunto evaluó el a quo como reveladores de peligrosidad incompatible con los fines del Instituto, de lo que se sigue que, a diferencia de lo ocurrido en aquel caso, en éste no corresponde tener por infundada la resolución impugnada.

Por ende, dado que el recurrente no pone en evidencia las deficiencias constatadas en los mencionados precedentes, con las citas que de ellos efectúa no provee a su crítica de mayores fundamentos.

Del escrito recursivo surge que el magistrado desarrolló argumentos relacionados con el carácter vinculante del dictamen fiscal y destacó que ello era así salvo que contuviera vicios de fundamentación, por lo que no cabe sino concluir que su adhesión no fue automática o inopinada, como predica el recurrente, dado que esas consideraciones autorizan presumir la verificación de un previo juicio de valor sobre la adecuación a Derecho de los múltiples motivos de oposición expresados por el fiscal, y la coincidencia esencial del magistrado con el criterio sostenido en el dictamen.

Así, se había opuesto el Fiscal (fs.329/331 vta. del principal) a la suspensión del juicio a prueba por estimar necesario oír a la víctima -y no sólo al damnificado, que tiene un interés meramente patrimonial- para conocer su situación actual y las consecuencias que le habría ocasionado el hecho; como también por considerar que, de recaer condena, ésta no será de ejecución condicional dado que no se verifican los requisitos exigidos por el art. 26 del Código Penal en tanto, es de la opinión que, con arreglo a las pautas de los arts. 40 y 41 del mismo Código, se impondrá una pena severa, de más de tres años de prisión, como acorde con las circunstancias del caso, por la mayor ofensividad del medio empleado y la actitud del autor posterior al delito, entre otras circunstancias agravantes concurrentes en el caso.

Por ende, en tanto esos motivos no merecieron la crítica del apelante, sobre el punto, el recurso no logra conmover la decisión impugnada.

Se agravia asimismo el recurrente porque el a quo sostuvo también que no resultaba de aplicación el instituto debido a que, en el caso, la eventual condena no sería de ejecución condicional.

En el afán de demostrar el error en el que incurre el Juez, invoca el recurrente el precedente "Acosta" de la Corte Suprema, que modifica el criterio sustentado en el plenario "Kosuta", para recordar que, no obstante el monto máximo de la escala penal prevista para el hecho atribuido en el caso -enmarcado formalmente en los términos del art. 90 del Código Penal como delito de Lesiones Graves-, con arreglo al mínimo de un año de prisión que establece dicha escala, podría el Tribunal dejar en suspenso el cumplimiento de la condena que imponga. Y considera que idéntico criterio manifestó el Fiscal de Instrucción al ordenar el recupero de la libertad del causante.

Sin embargo, de la simple lectura del recurso y de la reseña que del fallo contiene, surge claramente que la decisión impugnada no se sustenta en el monto de la pena sino en el pronóstico sobre el modo de ejecución de la condena, por lo que la mencionada doctrina del Máximo Tribunal no guarda relación con lo decidido y, como consecuencia, con su invocación, no compromete el recurrente la estabilidad de lo decidido.

A los fines que se propone, tampoco resulta eficaz el argumento del recurrente según el cual al disponer el recupero de la libertad del causante, había expresado el Fiscal de Instrucción su convicción sobre la procedencia de la condenación condicional. Así lo considero en tanto, más que con ese posible modo de ejecución de la condena, la decisión de excarcelar al imputado se vincula esencialmente con la inexistencia o insubsistencia de peligro procesal y la consiguiente innecesariedad de mantenerlo privado de su libertad antes de la sentencia definitiva, a título cautelar, para asegurar la realización y los fines del proceso. Por ello, en tanto la posibilidad de condena condicional no es requisito sine qua non del recupero de la libertad del prevenido, la decisión fiscal en este sentido no implica necesariamente un pronóstico de cumplimiento condicional de la eventual condena y, por ello, con la invocación de aquel dictamen anterior, no demuestra el recurrente el desacierto que le atribuye a la predicción judicial sobre la probabilidad en la especie de una condena de cumplimiento efectivo.

Además, ese supuesto pronóstico de ejecución de condena que el recurrente sencillamente le atribuye al Fiscal de Instrucción no es vinculante en la materia; y el recurrente no alega ni demuestra lo contrario, por lo que la simple remisión al mismo no basta para conmover lo resuelto sobre el punto.

Por otra parte, al decir que, de conformidad con el precedente "Acosta", la suspensión del juicio es de plena aplicación si de la escala penal surge que es factible una condena condicional, le asigna el recurrente un irrazonable alcance a la doctrina de la Corte, en tanto esa interpretación importa ignorar los términos mismos de la norma del art. 76 bis del Código Penal.

Es que el precepto faculta -no impone- al Tribunal disponer la suspensión del juicio, y esa precisión semántica supone que la decisión sobre la procedencia del instituto se encuentre precedida de un juicio de valor sobre las circunstancias del caso, el que sería absolutamente innecesario si, como pretende el recurrente, la cuestión se agotara en la consulta a la escala penal prevista para el delito imputado por la mera posibilidad de condena condicio-nal que emerge de su solitaria consideración, con prescindencia de los demás elementos de juicio objetivos y subjetivos que resulta menester ponderar para fundar adecuadamente el juicio de probabilidad sobre esa excepcional modalidad de cumplimiento de la eventual pena.

En contra de la interpretación que propone el recurrente se alza también la intervención que del Ministerio Público Fiscal exige la norma mencionada en tanto no parece razonable que se requiera su audiencia solamente para constatar, a modo de informe actuarial, la entidad de la amenaza punitiva prevista en abstracto con relación al delito atribuido.

Es que, en el 4º párrafo del art. 76 bis del Código Penal, con la alusión a las circunstancias del caso, se refiere indudablemente el legislador a las particularidades concretas del acontecimiento histórico de cuyo juzgamiento se trata, las que deben ser evaluadas por el Representante del Ministerio Público Fiscal y por el Tribunal a los fines de decidir si la entidad de la lesividad que revelan esas específicas circunstancias autorizan el excepcional apartamiento del principio de legalidad que importa el Instituto; y si, economizar recursos, evitar el estigma que implica la condena, o la concurrencia de alguna otra razón de política criminal, justifican resignar la potestad punitiva estatal y suspender el ejercicio de la acción penal.

En el caso, revela el recurso que esa valoración fue practicada, y que, en atención al modo de ejecución del hecho y a su grave resultado concluyó el a quo que no sería de aplicación una condena en suspenso.

Por lo tanto, dado que la decisión impugnada resulta suficientemente fundada en los motivos expresados; que éstos no han sido rebatidos por el apelante ni su razonabilidad cuestionada por el mismo; y que aprecio dichos motivos como acordes -contrario sensu- con los fines del instituto, atento a que ponen en evidencia que en el caso es necesaria la intervención estatal; estimo que el agravio no puede ser acogido.

Por lo tanto, mi respuesta a la Segunda Cuestión planteada es negativa.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la tercera cuestión el Dr. Cippitelli, dijo:

Conforme con lo resuelto al tratar las cuestiones precedentes, y atento la votación que antecede, estimo que corresponde disponer lo siguiente: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs.2/6, por el Dr. Luciano Alberto Rojas, en el carácter de asistente técnico del imputado Diego Sebastián Espinosa. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Tener presente la reserva de la cuestión federal y del recurso contenido en el art. 2º, apartado 3º, inc.b) del Pacto celebrado en la ciudad de Nueva York el 19 de diciembre de 1966.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El Sr. Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs.2/6, por el Dr. Luciano Alberto Rojas, en el carácter de asistente técnico del imputado Diego Sebastián Espinosa.

2) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4) Tener presente la reserva de la cuestión federal y del recurso contenido en el art. 2º, apartado 3º, inc.b) del Pacto celebrado en la ciudad de Nueva York el 19 de diciembre de 1966.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Amelia del V. Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.-