Gravedad institucional, gravamen irreparable, ofrecimiento de la prueba, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Olmedo Abel Armando c/ Federico A. Milocco s/ Ordinario - Recurso De Casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2006-08-04

La alegación de un perjuicio de gravedad institucional deviene harto insuficiente para justificar la eventual configuración la causal pretoriana que se invoca. Por lo tanto, desestima tal agravio al no configurar un argumento idóneo para excepcionar las reglas procesales vigentes que disciplinan las condiciones de admisibilidad formal del recurso (art. 384 C.P.C.). Aclara que existe gravamen irreparable, cuando por el dictado de una nueva resolución en el mismo juicio o en uno posterior, o por un nuevo procedimiento o recurso, no sea posible subsanar el gravamen nacido de la resolución impugnada. En el caso existe posibilidad futura de solución del supuesto agravio, puesto que aún cuando se trate de la denegación de la totalidad de la prueba ofrecida, debe necesariamente esperarse el resultado final de la causa, ya que, de serle éste favorable, ningún agravio habrá causado a su parte. La definición del carácter definitivo no reposa en la entidad cuantitativa de la prueba denegada, sino de la función procesal del acto decisorio que se objeta en casación. En suma, la resolución bajo anatema no cumple el requisito objetivo de impugnabilidad, lo que impide el análisis de los deméritos invocados en sustento del motivo de casación formal. Respecto al agravio fundado en la causal del inc. 3° del art. 383 CPC, la casación articulada ha sido mal concedida. Para el análisis de la aptitud formal del presente planteo recursivo, recuerdo que en el caso de los recursos extraordinarios, el criterio de evaluación de los recaudos que condicionan su admisibilidad formal, es de carácter restrictivo. De allí que sólo provocarán la apertura de esta Sede extraordinaria cuando el planteo exhiba una argumentación razonable que demuestre la eventual configuración de alguna de las causales casatorias que se encuentran predispuestas en la ley. Advierte al efecto, que la interpretación de las normas, en tanto se mantengan dentro del marco de lo razonablemente opinable que en ellas siempre existe, importa materia privativa de los tribunales de mérito, que excede el normal ámbito funcional del Órgano de casación. De allí que la función uniformadora del Tribunal Superior de Justicia, sólo tiende a garantizar un criterio uniforme en la aplicación del andamiaje normativo, sin que ello importe el demérito a la doctrina jurisprudencial antagónica, cuando esta se encuentre fundada. La facultad de los jueces de interpretar la ley, constituye una herramienta imprescindible para dilucidar de alguna manera el sentido y alcance de las normas.(...) Su télesis inspiradora trasciende el interés de las partes, pues se erige en el medio apto para garantizar un criterio igualitario que coadyuve a la obtención de una justicia homogénea, que robustezca la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. En la especie, el motivo legal invocado (inc. 3° del art. 383, C. de P.C.). Constituye una carga que el recurrente debe insoslayablemente afrontar puesto que, mal puede alegar que la judicatura dispensó a su caso un tratamiento disímil, en detrimento del principio de igualdad ante la ley (art. 16, C.N.).