Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-20


NEUQUEN, 20 de mayo de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "A. F. L. C/ G. E. L. Y OTRO S/ SIMULACION", (Expte. Nº 330338/2005), venidos en apelación del Juzgado Civil N° 2 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo:

I.- Vienen estos autos a consideración de la Alzada para el tratamiento del recurso de apelación articulado por la parte demandada a fs. 958, contra la sentencia de fs. 944/952, que hace lugar a la acción de simulación interpuesta por la actora contra el Sr. E. L. G. y L. E. G., declarando la inexistencia de la cesión de derechos y acciones instrumentada mediante Escritura Pública N° 348, del 29 de Octubre del año 2004, con costas a cargo de éstos últimos.

En sus agravios de fs. 966/976, expresa que la jueza ha omitido valorar la inexistencia de mora del demandado a los fines de declarar improcedente la simulación por falta de éste requisito, por lo que entiende que la sentencia resulta agraviante por violar el libre ejercicio de su derecho de propiedad, garantizado constitucionalmente.

Afirma que, se ha omitido valorar la extemporaneidad entre la cesión atacada y la acción, pues dice que la cesión de derechos fue realizada el 9 de octubre de 2004, y presentada para su publicidad en los autos: "Miglionelli Marái Estrella s/ Sucesión ab- intestato" (Expte. N° 280062/2), en tramite ante el Juzgado Civil N° 2, el 1/11/04, mientras que la presente demanda de simulación le fue notificada a su parte en el mes de diciembre de 2005, es decir, 13 meses después.

Sostiene, que la actora no demostró -como era su ineludible obligación procesal- los requisitos para que sea admitida la grave denuncia de fraude, como ser la insolvencia a los fines de evadir la deuda que se reclama y la mora en el cumplimiento de la obligación que le impidiera disponer de sus bienes.

Indica que, la Jueza al admitir la demanda de simulación no tuvo en cuenta los efectos jurídicos y legales de no haberse encontrado en mora en ningún momento, ni en la celebración de la cesión, ni al dictarse la sentencia.

Menciona, que la a-quo no tuvo en consideración el manifiesto "abuso del derecho" de la actora, que interpone su demanda, alegando que su instituyente había realizado la cesión de derechos como "ardid fraudulento", después de trece meses de su realización, y a su vez 4 años desde la suscripción como parte integrante de la demanda de divorcio realizada en el mes de febrero de 2002.

Expresa, que tampoco se valoró correctamente, que era un claro abuso del derecho demandar por simulación por una deuda alimentaria supuestamente vencida de $179.622, cuando recién a los ocho años, el día 7/12/2010 se determinó como obligación de su mandante abonar la suma de $3500, mensuales, hasta totalizar la suma de $168.000 a esa fecha no a la del convenio (2/2002) y además el cumplimiento sin ningún tipo de intereses, en 48 meses según primera instancia, y 30 meses, en la segunda instancia. Efectúa otras consideraciones referidas al convenio de alimentos.

Aduce que, la jueza no valoró correctamente la distribución de la carga probatoria, y no apreció las pruebas contundentes arrimadas por su parte.

Tampoco, aplicó correctamente el principio de "colaboración probatoria", dispensando a la actora por su total omisión en lo que respecta a la prueba, que la cesión de derechos se hizo en "fraude" de la obligación alimentaria.

Expone que, para que un acto sea reputado "fraudulento" deben darse los requisitos del art. 962 del Código Civil. Destaca, que los derechos cedidos por su parte revisten la categoría de bienes propios, ya que proviene de la herencia de su padre.

Añade que, la magistrada tampoco tuvo en consideración que la demandante, debió demostrar -y no lo hizo- las imputaciones formuladas en la demanda, relativas a que su mandante es una persona insolvente, como así la cesión de sus honorarios profesionales.

Se agravia por la falta de valoración en relación a la actora no es "acreedora" sino una importante "deudora" de su mandante, por la suma de U$S160.103,36.

Expresa, que sin pretender ejercer una compensación económica entre la acción de alimentos y la liquidación de la sociedad conyugal, jamás la actora de buena fe puede alegar que su parte trata de insolventarse, cuando a ella le consta que es ampliamente deudora, como se encuentra establecido en la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en los autos caratulados: "E. L. c/ A. F. L. s/ División de Bienes" (Expte. 25.980) e/ G., E. L. y A. F. L. s/ Divorcio Vincular por Mutuo Consentimiento" (Expte. 2630/1).

Aduce que, su parte es acreedora de la actora, ya que de conformidad con la resolución mencionada precedentemente, se le reconoce a su mandante su derecho de recompensa, por el adelanto efectuado a favor de la actora; como asimismo el derecho a la respectiva medida cautelar de "prohibición de contratar", sobre el lujoso inmueble ubicado en calle Zapala 55 de esta ciudad, que se construyó en un terreno propio de su poderdante, recibido en donación de sus padres.

Dice, que conforme dictamen emitido por la perito contadora oficial, a su mandante le corresponde la suma de U$S61.795, en concepto de bienes gananciales, más el valor del terreno de la casa de Zapala 55, como bien propio, el que rondaría en la suma de U$S85.000, por lo que entiende que la actora le adeuda a su parte la suma de U$S160.103,36., por ello considera ilógico que siendo acreedor de semejante suma, su parte piense en insolventarse para evadir el pago de $3500 mensuales.

Por último, considera incorrecta la pretendida fundamentación moral invocada por la a-quo para justificar la falta de prueba de los extremos necesarios para admitir la acción de simulación, ya que la actora no ha demostrado ninguna conducta inmoral de su mandante.

A fs. 979/982 vta. la actora contesta el traslado de los agravios, solicitando en primer lugar se declare desierto el recurso articulado por incumplimiento de lo establecido en el art. 265 del CPCyC. Luego aborda los agravios de la contraria y finalmente peticiona que oportunamente se rechace el recurso, con costas.

II.- Liminarmente, efectuaré algunas consideraciones sobre el instituto de la simulación a fin de poder analizar correctamente el caso de autos y determinar si la cesión de los derechos y acciones instrumentada mediante Escritura Pública N° 348, de fecha 29 de octubre de 2004, efectuada entre el Sr. E. L. G. y su hermana, la Sra. L. E. G., constituye o no un acto simulado, en los términos del art. 955 y concordantes del Código Civil.

La simulación es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo (Conf. Ferrara, La simulación, Pág. 56). Puede ocurrir que tras el negocio simulado no exista otro negocio, o sea un negocio disimulado, como en aquellos casos en que una persona para sustraer los bienes de su patrimonio a la acción de los acreedores, le transfiere a otra la propiedad de esos bienes, ya sea por acto a título gratuito, como sería a través una donación, cesión gratuita de derechos, o a título oneroso, simulando la celebración de un contrato de compraventa.

El negocio simulado resulta un medio para alcanzar un fin distinto al que su causa representa. En este sentido podemos observar claramente dos aspectos bien diferenciados en el acto simulado. Por una parte tenemos el "negocio simulado", que es la parte visible, la que los contratantes hacen ostensible, y por la otra tenemos "el acuerdo simulatorio", que es aquello que quedará oculto y será conocido sólo por los interesados. (Simulación- Revista Dcho Privado y Comunitario- año 2006-1- Ed. Rubinzal- Culzoni, pag. 57/58).

La causa "simulandi" es el motivo que induce a dar apariencia a un negocio que no existe, o presentarlo en forma distinta del que corresponde. En ambos casos la simulación general un doble orden de relaciones: a) relaciones internas: el acuerdo simulatorio; b) relaciones externas: entre el negocio simulado y los terceros. (Simulación- Revista Dcho Privado y Comunitario- año 2006-1- Ed. Rubinzal- Culzoni, Pág. 97).

Los elementos que siempre concurren cuando media simulación. ...son los siguientes: 1) disconformidad intencional entre la voluntad real y la voluntad declarada. Existe un divorcio deliberado entre la voluntad interna y la manifestación de la voluntad, entre lo que realmente se quiere y lo que se expresa querer. Así, se ha establecido que "la simulación exige como presupuesto la declaración de un contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y de acuerdo entre las partes" (Rev. LA LEY, t. 143, p. 499);

2) existencia de acuerdo entre las partes. Al decir de Acuña Anzorena, "...no basta a los efectos de la existencia del acto simulado, que una persona manifieste su voluntad en sentido diverso al querido, sino que es menester la presencia de otra persona que acuerde con aquélla, de otra declaración de voluntad, igualmente ficticia y formulada de acuerdo entre las partes del acto simulado". Es decir que la simulación supone una relación bilateral entre quienes efectúan el negocio, sujetos que cooperan entre sí para la creación del negocio aparente u ostensible; y 3) finalidad de engañar a terceros, esta característica va ínsita en la simulación, toda vez que la creación de una apariencia diversa de la realidad, la construcción de una ficción, necesariamente conduce al engaño de quienes no participan en esa construcción.

La doctrina, de manera uniforme, reconoce que estos tres elementos, antes reseñados, son indispensables para la existencia de simulación (Llambías, "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", TII - B, pág. 125; Zannoni, "Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos", pág. 399 y ss.,; entre otros). (Voto de los Dres. Sodero Nievas y Balladini). Número de Texto: 18470 STJRNSC: SE. (63/07) "C., A. c/ K., C. s/ SIMULACION s/ CASACION" (Expte. N* 21279/06 - STJ-), (26-03-07). SODERO NIEVAS - BALLADINI - LUTZ (en abstención).

La doctrina ha dicho que el acto simulado es aquel que tiene una apariencia distinta de la realidad. Hay un contraste entre la forma externa y la realidad querida por las partes; el negocio que aparentemente es serio y eficaz, es en sí ficticio y mentiroso o constituye una máscara para ocultar un negocio distinto. La simulación puede ser absoluta o relativa, según se celebre un acto que no tiene nada de real, o cuando el acto aparente esconde otro real distinto de aquel; lícita o ilícita según perjudique a terceros o contraríe la ley.

Mientras el juez debe ser riguroso en la apreciación de la prueba producida por las partes, no puede serlo respecto de terceros. La situación de estos es distinta, las partes han podido salvo casos excepcionales procurarse un contradocumento, pero los terceros no pueden poseerlo, justamente porque la simulación se hace en su perjuicio. Las presunciones adquieren así una importancia singular, más deben por su carácter y concordancia llevar a la convicción de que el acto fue simulado. Las presunciones generalmente admitidas como prueba son las siguientes: sin un motivo que la explique, estrecho vínculo entre las partes, imposibilidad económica del adquirente, la falta de ejecución material del contrato, precio vil, entre otras. Más se ha sostenido que en caso de duda, el juzgador debe decidirse por la validez del acto impugnado. (p. 332 y ss., t. II, Tratado de Derecho Civil, Parte General, Borda).

De allí que en los juicios de simulación cuando la acción es ejercida por un tercero, es decir, alguien que no participó del acto, no se requiere la existencia de prueba directa, pues es prácticamente imposible recabar este tipo de pruebas por parte del tercero que inicia este tipo de acción, sino que a tal fin basta que concurran una serie de indicios y presunciones que denoten convicción suficiente de que se está ante un acuerdo que tiene por objeto crear una falsa apariencia de que se ha enajenado o transferido la titularidad de un bien que en realidad pertenece aún en el patrimonio del deudor.

A los fines de determinar si el acto es simulado, cobra relevancia la relación de parentesco existente entre las personas otorgantes del negocio, que unido a la causa simulandi (acto celebrado para sustraer los bienes a un embargo y/u otra medida cautelar), permiten tener por acreditada la falsedad del negocio.

Teniendo en cuenta los lineamientos expuestos, en función de los agravios expresados por el apelante, corresponde analizar si en el caso la cesión de derechos y acciones celebrada entre los demandados constituye un acto simulado en los términos del art. 955 y siguientes del Código Civil.

La inexistencia de mora que invoca el apelante, no constituye motivo suficiente para corroborar la validez del negocio concertado entre los contratantes, si no existen otros elementos que hagan procedente el acto simulado. Así puede ocurrir que las partes celebren el negocio simulado a fin de que el deudor contratante - que aún no incurrió en mora- sustraiga de su patrimonio un bien en perjuicio de un tercero que reviste el carácter de acreedor. De este sencillo ejemplo se puede apreciar que la inexistencia de mora no constituye un elemento trascendente para afirmar la validez del negocio concertado entre las partes contratantes como pretende hacer valer el apelante. De lo expuesto se despende que es muy común que el acto simulado se anticipe al nacimiento o exigibilidad de algún crédito o derecho que lo precede, por lo que los argumentos del recurrente en tal sentido no resultan suficientes para revocar la sentencia apelada.

Por otra parte, la existencia de "extemporaneidad" que invoca en sus agravios el recurrente, entre la cesión atacada y la acción de simulación, de manera alguna legitiman la validez de la primera, pues para atacar la autenticidad del acto que se reputa simulado, éste debe ser anterior al inicio de la acción de simulación permitente. Además, el ejercicio de la acción de simulación no necesariamente tiene que coincidir o ser interpuesta de manera simultanea con el acto jurídico que se ataca, pues por lo común esta acción se interpone con posterioridad.

En cuanto a la falta de demostración de fraude que invoca en sus agravios el apelante, consistente en la insolvencia de su parte para evadir la deuda que se reclama, corresponde marcar claramente que el fraude y la simulación son dos institutos distintos que no necesariamente se complementan. Las diferencias fundamentales que existe entre ambos institutos son: a) El negocio fraudulento es un acto real, el simulado es pura apariencia creada para engañar a terceros;

b) El acto fraudulento en esencia siempre va dirigido a perjudicial a un tercero, mientras que éste elemento no necesariamente se encuentra siempre en el acto simulado (simulación licita); c) para ejercer la acción revocatoria o pauliana - producto de fraude- hay que ser acreedor de fecha anterior al acto; no así para ejercer la acción de simulación, a fin de no ser reiterativo, traigo aquí los argumentos expuestos en oportunidad de tratar la extemporaneidad; d) para ejercer la acción de simulación no es necesario que el acto produzca o agrave la insolvencia, mientras que éste sí constituye un requisito para la acción de fraude; e) el acto simulado es nulo, es decir, tiene efectos erga omnes, mientras que acción revocatoria solo beneficia a quién la ha intentado.

Estas diferencias expuestas, grafican de manera clara que en la acción de simulación no deben existir necesariamente los requisitos que invoca el recurrente (mora he insolvencia) a los fines de su procedencia.

En cuanto a la falta de valoración por parte del juez de grado que aducen los demandados en lo que respecta al abuso del derecho que constituye demandar por simulación por una deuda alimentaria supuestamente vencida, diré que las consideraciones en torno al acuerdo y demás circunstancias relativas a la deuda de alimentos, deben plantearse en el respectivo expediente; en segundo lugar, a los fines de la acción de simulación no hace falta acreditar la insolvencia del demandado, sino que a los fines de la nulidad del acto, basta probar los elementos que constituyen la simulación: 1) disconformidad intencional entre la voluntad real y la voluntad declarada; 2) existencia de acuerdo entre las partes y 3) finalidad de engañar a terceros, esta característica va ínsita en la simulación, toda vez que la creación de una apariencia diversa de la realidad, la construcción de una ficción, necesariamente conduce al engaño de quienes no participan en esa construcción.

Tales elementos habrán de ser necesariamente analizados a través de las presunciones que surgen de los hechos debidamente constantados en el expediente, pues en el caso no se trata de dejar sin efecto un negocio concertado entre las partes, sino que sus efectos se proyectan hacia terceros que no participaron del acto, en el caso se presenta la Sra. F. A. en representación de sus hijos promoviendo al acción de simulación de un negocio "cesión de derechos y acciones sucesorias" que el Sr. E. L. G., progenitor de estos, celebra de manera gratuita a favor de su hermana, Sra. L. E. G..

De las constancias analizadas por la jueza de grado, surgen dos elementos que han sido determinantes para considerar aparente el acto de cesión de derechos y acciones celebrados entre los hermanos. En primer lugar, la presunción que genera el negocio celebrado entre parientes, colaterales en el caso, y en segundo lugar, la forma en que se celebra dicho negocio: "gratuito". Por otra parte considero que no resulta suficientemente convincente, ni clara la explicación que brindan los demandados para sostener la validez del negocio en la forma que ha sido concertada. Así éstos sostienen que la cesión de derechos y acciones efectuada en el sucesorio de sus padres a favor de su hermana L. G., obedeció a que el Sr. L. G., se encontraba gravemente afectado psicológicamente por el traumatismo que le provocó el comportamiento deshonesto de la actora, siendo que dicha cesión iba a ser una especie de cuidado. De ello se desprende sin mucho esfuerzo que la finalidad de la cesión de los derechos y acciones responde a fines completamente distintos a los que de ordinario produce este tipo de cesión, es decir, que a pesar de haber dotado al acto de una determinada forma: "cesión de derechos y acciones" y cumpliendo determinada solemnidad: "formalización por Escritura Publica", la finalidad no ha sido en realidad transferir de manera irrevocable la titularidad de esos derechos y acciones, sino la de preservar o cuidar esos derechos como consecuencia del "grave estado psicológico" que producto de la separación y comportamiento de su exconyuge ha experimentado el Sr. L. G..

Si bien, las consideraciones volcadas precedentemente son a mi entender suficientes para propiciar la confirmación del fallo apelado, observo que existen otros elementos en la causa que permiten llegar a idéntico razonamiento, en cuanto a que la cesión de derechos y acciones celebrada ha tenido una finalidad distinta que la allí expresada, es decir que la causa simulandi, más allá de la apariencia del acto, la constituye el hecho de preservar los bienes a favor del demandado.

Conforme lo expuesto, los accionados contaban con otras figuras contractuales distintas y más transparentes a fin de procurar el cuidado de los bienes que a consecuencia de la sucesión de sus padres se trasmiten al Sr. González (ej. poder de administración etc). Junto a esto, los recurrentes no han atacado de manera satisfactoria el análisis efectuado por la Sra. Jueza sobre el testimonio del Sr. J. C. G., hermano de los demandados, quién al responder sobre la posición económica de E. G., expresó: "yo pienso que es una persona solvente, por su actividad y su profesión y porque el tiene parte de lo que yo tengo en la sucesión de mi padre" (fs. 541 vta.- respuesta pregunta sexta), además, al preguntársele sobre la cesión de derechos efectuada por el Sr. Eduardo González a favor de su hermana, dijo que: "Sí mi hermana me contó el tema, el andaba mal de la cabeza y ella se iba a hacer cargo de la administración de los bienes.." (fs. 541- respuesta decimonovena), el testimonio trascripto confirma las consideraciones volcadas sobre la verdadera finalidad que el contrato de cesión de derechos y acciones ha tenido, cual es la de cuidar el patrimonio de su hermano, Sr. E. L. G..

Por lo tanto, respondiendo el contrato a una finalidad distinta "causa simulandi" que la aparentemente expresada en el instrumento de cesión, habré de confirmar la sentencia en todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios, con costas de alzada a cargo de los demandados, debiendo regular oportunamente los honorarios de Alzada de conformidad a lo establecido por el art. 15 de la ley 1594.

El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo:

Por compartir la línea argumental y solución propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala III RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 944/952, en todo lo que fuera materia de recurso y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada a los demandados vencidos (art. 68 C.P.C.C.).

3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que oportunamente se fije en la instancia de grado a los que actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA.