marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO c/ SATECNA COSTA AFUERA  S.A. s/ EJECUCION   DE  HIPOTECA  NAVAL  HONORARIOS.  PLAZO  DE  PAGO.  MORA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

Si bien el art. 61 de la ley 21.839 establece como requisito para el cómputo de la depreciación monetaria la mora del deudor, esta Sala a partir del falso dictado en la causa 1858 del 27.10.83 ha señalado que una vez configurado tal estado, la actualización se debe practicar a partir de la época en que los honorarios fueron determinados.-
Recurso extraordinario, cuestión federal, debido proceso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cáseres, Martín H. s/ tenencia de armas de guerra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Existe cuestión federal suficiente, si los agravios conducen a determinar el alcance de la garantía del debido proceso, con resultado adverso a las pretensiones de la apelante (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Correos, servicio postal, prestación del servicio público, permisionario, contratos administrativos, contratos comerciales, cláusulas exorbitantes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SA ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA c/ SECRETARIA DE INTELIGENCIA DE EST. DE LA PRES. DE LA NAC. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-06

Relación administrativa es aquélla en la que el Estado concede el permiso a la actora para que ésta pueda desarrollar sus actividades, pero saliendo de allí, los contratos que la actora celebre con sus usuarios, -la demandada, p.e en principio, son contratos de derecho privado. Y ello es así porque la diferencia es exclusivamente "substancial", "material" u "objetiva", entre las que están las cláusulas exorbitantes de derecho privado, en virtud de las cuales "el cocontratante aparece verdaderamente en un estado de "subordinación" respecto de la administración o "inusuales" o que en el derecho privado resultarían "ilícitas" por contrariar el orden público.
Encargados de casas de renta, ayudante
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, OSVALDO MAURO c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS VIDAL 1971 s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-23

El artículo 24 del convenio colectivo de trabajo 398/75 establece entre las funciones de la comisión paritaria la de resolver cuando corresponde la contratación de ayudante en una determinada finca, teniendo en cuenta las características y tareas que en ellas se realice. Por lo tanto, no acreditándose la existencia de dicha resolución, obligando a un consorcio a designar ayudante, debe desestimarse la pretensión de quien, en el carácter de 'encargado permanente con vivienda' persigue el cobro de salarios correspondientes al de 'ayudante permanente con jornada completa', aduciendo haber cumplido con ambas funciones.
Reordenamiento del sistema financiero, emergencia económica, decretos, aplicación de la ley, juicio ejecutivo, obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones en moneda extranjera, pesificación
Materia: CIVIL-PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: ZAINUTTI SILVINA ALEJANDRA c/ PUHL GUILLERMO DIEGO s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-27

No corresponde la aplicación del decreto 214/02 en el estado inicial del proceso ejecutivo, debiendo efectuarse la intimación de pago al ejecutado conforme lo previsto por el artículo 520 CPCC, sin perjuicio de las defensas que oportunamente se pudieran plantear.

(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Competencia civil, contrato de publicidad, locación de obra
Materia: CIVIL
Carátula: SELU LEN S.A. c/ GONZÁLEZ, Araceli s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-06

La Justicia Civil es competente para entender en todo los procesos derivados de contrato de locación de obra, de servicios y de contratos atípicos, salvo que el locador sea una sociedad comercial o un comerciante matriculado.

Los tribunales civiles son competentes para entender en un contrato publicitario -cuya naturaleza jurídica se asimila a una locación de obra- por el material resultante de las sesiones de fotos a una modelo, en tanto ésta -como locadora de sus servicios- no es una sociedad comercial ni se encuentra acreditado que sea una comerciante matriculada. El asunto se encuentra comprendido en la competencia remanente que asigna a este fuero el art. 43, inc. c)del decreto-ley 1285/58 (ley 23.637).
Recursos, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Danelli, Eduardo Mario c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Intimayta Ramos, Javier s/ art. 82, ruidos molestos, CC'" y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

Corresponderá intimar al recurrente para que cumpla con la integración del depósito previo sólo de declararse la improcedencia de la queja y si el recurrente no se encuentra dentro de los sujetos exentos por la ley de tasa judicial (n° 327), ni ha acreditado haber obtenido o iniciado un beneficio de litigar sin gastos ante el juez de mérito con anterioridad al rechazo de la queja por parte de este Tribunal. (Del voto del juez José Osvaldo Casás).
Recurso de inconstitucionalidad, extinción de la acción penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Juárez, Rubén Oscar c/ Provincia de Salta s/ ejecución de honorarios C/C L. S., J.P. c/  s/ Recurso de Inconstitucionalidad Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-20|2019-12-19

Con relación al agravio referido a la insubsistencia de la acción y la aplicación de los precedentes provinciales y nacionales, en el "sub examine" surge un fallo absolutorio dispuesto por el tribunal de juicio, que fue revocado e impuesta posteriormente la pena y que, en definitiva, fue confirmado por el Tribunal de Impugnación; es decir, siempre existió por parte de la jurisdicción una respuesta concreta y tempestiva a la instancia recursiva que impide tener por extinguida la acción penal.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Pulcini, Luis Benjamín y Oscar Alberto Dobla s/ p.ss.aa. Infractores Ley 20.771
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

El deber de los tribunales inferiores de conformar sus decisiones a las de la Corte, no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el renconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento.
Empleados de banco, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Koser, Guillermo Horacio c/ Banco de la Provincia del Chubut s/ Dif. Salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-12-22

...el acceso a la categoría jerárquica, puede producirse directamente, por designación expresa -medie o no ascenso- o indirectamente, por el desempeño de la función jerárquica durante un cierto período, exigiéndose el efectivo desempeño de la función, al menos por el tiempo requerido para la adquisición de la categoría.
Medidas cautelares, reordenamiento del sistema financiero, depósito bancario, restitución de sumas de dinero, caución juratoria
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: "Savage,  Eduardo  Martín c/ PEN Ley 25.561 Dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-16

Debe modificarse el fallos apelado -que había admitido la medida cautelar hasta el 100% de la suma depositada- y concederla disponiéndose que el B.C.R.A. arbitre los medios necesarios para que el banco depositario reintegre a la actora la suma depositada motivo de estos autos, pesificada en los términos del art. 2 del decreto 214/02, previa caución juratoria y dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, a consecuencia de la tendencia liberadora de las operaciones de los depósitos reprogramados de hasta $42.000 dispuesta en el art. 1 del decreto 739/03 P.E.N.
Libros de comercio, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO c/ EDUARDO ALFREDO AZAR Y SUSANA L. TARCHINI s/ COBRO DE PESOS-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-13

El aserto de que los libros de comercio hacen prueba a favor de sus dueños, cuando se llevan en debida forma es plenamente válido cuando se trata de litigios entre comerciantes, pero no lo es cuando el contrincante del comerciante es un particular, toda vez que solo se constituye un principio de prueba, si por sí mismos constituyeran prueba, se violaría la regla que impide que alguien pueda preconstituir prueba en su propia ventaja. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acusación fiscal, requerimiento de pena, pena inferior al mínimo legal, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: SABIN, CLAUDIO. s/ ACUSACION.    PENA   INFERIOR  AL  MÍNIMO  LEGAL.  VALIDEZ.  NULIDAD.  ACUSACIÓN  FISCAL.  PENA    INFERIOR  AL  MÍNIMO  LEGAL.  457  C.P.C.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-12

no es nula la acusación fiscal que solicitó una pena inferior al mínimo legal previsto por la figura, pues tratándose la pena solicitada de una inferior y no superior a la establecida en la norma y no habiéndose producido reclamo ni observación alguna por parte de la defensa al contestar el traslado, no se han visto vulnerados los principios preliminares del procedimiento, ni el derecho de defensa del justiciable ha sufrido menoscabo alguno.
Intervención de línea telefónica, secuestro de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Kowalczuk, Adalberto Oscar - Sueldo, Luis Humberto Ramón - Dayan, Héctor Luís - Scherdenovsky, Jorge Alberto s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-05

Corresponde anular la resolución que declaró la nulidad de la intervención telefónica toda vez que ella se dispuso como consecuencia de las tareas investigativas llevadas a cabo por personal de la División Investigación del Tráfico Ilícito de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, el que fue puesto en conocimiento por el agregado policial de la Embajada de Italia en virtud del secuestro de más de mil kilogramos de sustancia estupefaciente realizado en una embarcación, determinó que uno de los jefes de la organización criminal radicada en Italia, se contactaba con un ciudadano argentino. La intervención fue autorizada previo a determinar la veracidad de la información aportada por el agregado policial de la Embajada de Italia.
Acción de amparo, control de constitucionalidad, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de enseñar y aprender, carrera docente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GABRIEL DARIO ARENZON c/ ESTADO  NACIONAL  ARGENTINO (MRIO. DE EDUCACION) - DIRECCIONNACIONAL DE SANIDADESCOLAR. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-15

El inc. d) del art. 2' de la ley 16.986 no puede impedir la declaración de invalidez de una norma que resulte palmariamente opuesta a preceptos constitucionales. Dicha inteligencia es la única que permite la compatibilidad de la referida ley con la Carta Fundamental, y resulta de aplicación al caso.

Ello así, pues la resolución 957/81 del Ministerio de Educación con arreglo a la cual se exige una estatura mínima de un metro y sesenta centímetros a los varones que deseen ingresar al Instituto Nacional Superior del Profesorado para seguir estudios de Matemática y Astronomía, comporta una reglamentación manifiestamente irrazonable de los derechos de enseñar y aprender (si es que no excediese la potestad acordada al Poder Ejecutivo por el art. 86, inc. 2, de la Constitución Nacional, aspecto sobre el que no media agravio), afecta la dignidad de las personas que inicuamente discrimina, y, por lo mismo, conculca las garantías consagradas en los arts. 14, 16, 19 y 28 de la Constitución Nacional.
Recurso contencioso administrativo, sentencia, ejecución de sentencia, plazo, jubilación de privilegio, jubilaciones, salarios caídos, actualización monetaria, intereses, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: GALLUCCIO, RAUL RAFAEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-24

No corresponde acceder al pedido de que en forma inmediata y con pronto despacho se ordene el libramiento de un oficio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia a fin de que disponga la liquidación y pago de la totalidad de los haberes devengados, actualizados hasta la fecha del efectivo pago, con más intereses, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la declaración de caducidad del beneficio de la jubilación ordinaria, sólo con relación al beneficio y a partir del instante en que tal caducidad fue dispuesta. Por lo tanto no existen razones jurídicas que justifiquen apartarse del método habitual de determinación de la deuda y fijación del plazo para su cumplimiento, aunque sí procede, atento a que se trata de haberes que corresponden por el otorgamiento -no por reajuste- de la jubilación, reducir los plazos normalmente fijados para el cumplimiento de la condena.
Prescripción adquisitiva, interversión de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dolset, Martha Alicia c/ Tarantino, Francisco s/ Prescripción veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Si la prescripción es título idóneo para que un condómino o coheredero extinga el parcial derecho de sus otros comuneros y adquiera para sí la propiedad de la totalidad de la cosa, ello lo es a condición de que intervierta su título de coposeedor por el único poseedor, excluyendo así de la relación real con la cosa a los demás condóminos o coherederos. A partir de dicha mutación o interversión es que comienza a correr el plazo usucaptivo.
Defensa del consumidor, acción judicial, aplicación de la ley, ejecución prendaria, competencia comercial, prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fca Compañía Financiera SA c/ Barrios, Nicolás Leonel s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-03

La Justicia Nacional en lo Comercial es incompetente para conocer en estas actuaciones. Ello por cuanto, en el caso, la acción fue iniciada por una entidad financiera contra una persona física cuyo domicilio real se encuentra en extraña jurisdicción. Asimismo, el contrato de prenda que sostiene documentalmente la petición exhibe que el vehículo ha sido afectado a uso privado. En ese contexto, cabe concluir que estamos ante una relación de consumo en los términos de la LDC 3 de y que las circunstancias personales de las partes y elementos obrantes en las actuaciones permiten formar convicción positiva respecto del encuadramiento de la relación jurídica dentro de las operaciones regidas por el art. 36 de la citada ley. Es que las normas que rigen el secuestro prendario son, en definitiva, disposiciones meramente procesales o de forma, que deben armonizarse y coordinarse con todo el ordenamiento vigente (CN 31 y CPR 34-4°). De modo que, la primacía del estatuto del consumidor por sobre las normas citadas, se funda en la necesaria armonización entre las normas procesales y sustanciales, en los principios de lex posterior derogat prior y lex specialis derogat generalis, y en la jerarquía constitucional de la Ley de Defensa del Consumidor -reglamentaria de la cláusula constitucional contenida en el art. 42-. Por otra lado, no puede pasarse por alto que la ley de Defensa del consumidor es ley de "orden público"; por lo cual, como allí se otorga al consumidor un régimen especial derivado de su debilidad intrínseca en la relación con el empresario o productor de bienes o servicios, sus normas son de aplicación imperativa y deben tenerse como modificatorias de la legislación sustancial y procesal, en todo aquello que esté regulado en forma incompatible.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Pcia. de Buenos Aires c/ Romano, Osvaldo Gerardo y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

Los honorarios regulados a los apoderados o patrocinantes de entidades públicas en los juicios en que la parte contraria resulta vencida en costas, tienen diversos regímenes análogos (v.ley 8838, art. 1ro. ley 7543 -t.o. por dec. 969/87-, art. 17; ley 8019 -t.o. por dec. 8524/86-, art. 22). En todos los casos las previsiones legales disponen el destino de las sumas fijadas en tales circunstancias, pero en ninguno de ellos se condiciona o altera el modo de fijación de los estipendios, ni menos aún, se otorgan facultades para realizar dicha actividad a órganos extrajudiciales.-
Recurso de inconstitucionalidad, adhesión al recurso, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: EXPTE. Nro. 85557 GÓMEZ BLAS, MIGUEL EN J° 123.682 JUAN MINETTI S.A. c/ MATHIEU CLAUDIA Y OT. s/ REIVINDICACIÓN S/ INCIDENTE.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-11-04

La adhesión a un recurso es una situación de excepción, y especialmente prevista para el recurso de apelación ordinario - art. 139 C.P.C.-, tratándose de recursos extraordinarios, no existe una disposición similar y atento a la naturaleza de los mismos y la interpretación restrictiva que los informa, no cabe la aplicación por analogía. De aceptarse la adhesión propuesta, se consagraría una excepción al cumplimiento de las recaudos de admisibilidad formal previstos para todos los recursos extraordinarios, cuya exigibilidad es insoslayable.
Recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: D' Gregorio, Carlos s/ Denuncia. Madina, Mario Roberto (Imp.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-15

Transgrede los derechos de defensa en juicio y al debido proceso consagrados en el art. 18 de la Constitución nacional y los arts.

342 y 314 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.-) la decisión del tribunal que avanzó ilegítimamente sobre la situación procesal alcanzada por el imputado al incursionar en una cuestión -la de la calificación- que había pasado en autoridad de cosa juzgada pues el Agente Fiscal no se agravió al respecto.
Competencia, juicios contra el Estado, daños y perjuicios, accidente de tránsito, rutas provinciales
Materia: PROCESAL
Carátula: BAZZO,  María  Cristina c/ MARTÍNEZ, Fernando Daniel y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-02

Resulta incompetente la Justicia Nacional en lo Civil para entender en la demanda entablada por un particular contra una Provincia, con motivo de los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito sobre una ruta provincial. Ello, toda vez que las provincias sólo pueden ser demandadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con el art. 117 de la Constitución Nacional o, en su defecto, ante sus propios jueces, según lo establecen los arts. 121, 122, 124 y concordantes de la ley fundamental. La opción prevista en el art. 5, inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en el art. 118 de la ley 17.418 en el sentido de otorgar varias posibilidades al demandante respecto del órgano judicial en el cual radicará su pretensión, halla su lógica limitación en el ámbito de los privilegios constitucionales de los Estados provinciales en cuanto a los tribunales en los que puede litigar, que se verían desvirtuados en el caso de admitirse la opción por la justicia del lugar del domicilio de la citada en garantía o de la concesionaria del corredor vial respectivo.

Atendiendo a que la Provincia demandada no consintió la competencia de la Justicia Nacional, corresponde declarar la incompetencia del Fuero Civil para conocer en las actuaciones. (Sumario N°20991 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Leyes, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Andrés s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

El art. 38 del dec. ley 6.582/58, ratificado por la ley 14.467, recuperó su vigencia en los términos del art. 1º de la ley 23.077.
Trabajadores telefónicos, reintegro de gastos de comida, carácter no remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: MARSILI, ELISA ELENA Y OTROS c/ ENTEL Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-11-30

El decreto 2256/80 que determinó el carácter no salarial, a los fines de la determinación del aporte y contribuciones patronales al régimen jubilatorio, del rubro 'reintegro de gastos de comida' no resulta violatorio de normas constitucionales. Al dictarlo, el Poder Ejecutivo se limitó a actuar dentro del ámbito propio de su competencia (conforme ley 19983) dirimiendo un conflicto entre dos organismos sujetos a su órbita (ENTEL y Consejo Nacional de Previsión Social).
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, contratos
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: JULIAN, RAUL A. Y OTROS c/ GENCHI, SANTOS s/ SUMARIO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-12-02

Las chances de que este Superior Tribunal de Justicia entre a examinar la significación jurídica de un contrato son absolutamente excepcionales y por cierto no se dan en el caso, siendo esa tarea exclusiva del mérito.
Procedimiento judicial de la seguridad social, conversión del proceso previsional, aplicación de la ley, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: STORTINI DE PACCAMICI, LAURA ALICIA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-25

No han de soslayarse las graves consecuencias que derivaría para el peticionante de la conversión del trámite como lo dispone el art. 24 y conc. de la ley 24.463, bajo el capcioso argumento de asegurar el derecho de defensa del organismo, sin advertir que aquel tuvo a su cargo la sustanciación del trámite administrativo y la posibilidad de fundar adecuadamente su resolución que, de ajustarse a derecho, indudablemente sería confirmada por la autoridad judicial que intervenga, cualquiera sea esta.

Las derivaciones apuntadas imponen extremar los recaudos de manera de evitar que un exceso de rigor formal conduzca a la desnaturalización del trámite y a su prolongación indefinida, lo que no se compadece con la naturaleza alimentaria del reclamo (cfr. Fallos 311:1544 y C.N.A.S.S., Sala III, sent. 56 del 16.08.89, "Bastero, Benjamín"); máxime luego que la reforma constitucional de 1994 incorporara a su texto un conjunto de tratados y concordatos que han de entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidas (art. 75, inc.

22). Por ello debe declararse la inconstitucionalidad del referido art. 24 de la ley 24.463.
Acto administrativo, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Burgos de Carrizo, Miriam A. c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 45, Fº 294/299, Nº 158) Provincia s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 45, Fº 294/299, Nº 158)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-09-04

La discrecionalidad se refiere siempre a estimaciones fundadas en el interés público y es, por tanto, un carácter que se relaciona al tema de la motivación de los actos administrativos. Esto quiere decir también que no hay actos reglados ni discrecionales está cuantitativamente más acentuada que la regulación y a la inversa.- No existe en los actos del poder administrador discrecionalidad irrestricta o absoluta, el control del ejercicio de la discrecionalidad -en consecuencia- debe referirse siempre a las categorías axiológicas de igualdad, seguridad y buena fe.-