Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-31


Reg.: A y S t 283 p 401/407.

Santa Fe, 31 de julio del año 2018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad y casación interpuesto por la actora contra la sentencia 529 de fecha 23 de agosto de 2017 dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario en autos "LARRAMBEBERE, Marcela y otros contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- (EXPTE. 42/14)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°:21-00511481-8); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que, por resolución de fecha 27.3.2017, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 declaró improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por varios agentes -bioquímicos- contra la Municipalidad de Rosario, tendente a obtener la calificación del "suplemento profesional sanitario" establecido por decreto 1775/06, como remunerativo y bonificable, y en consecuencia el cobro de la deuda derivada de los incrementos del resto de los rubros salariales, cuyo cálculo se basa en la "asignación de categoría", por los períodos no prescriptos.

Contra aquel pronunciamiento interpuso la perdidosa -en cuanto aquí interesa- recursos de inconstitucionalidad y casación (fs. 23/25).

Funda el primero en las causales previstas en los incisos 1), 2) y 3) del artículo 1 de la ley 7055.

Con relación al artículo 1, incisos 1 y 2, argumenta que se ha cuestionado la inteligencia de los artículos 1, 6, 7, 8, 20 y 21 de la Constitución de la Provincia, siendo el decreto 1775/06, en cuanto declara no remunerativo y no bonificable el "suplemento profesional sanitario", contrario a los derechos, principios y garantías allí consagrados, tales como el principio de legalidad, los derechos de defensa en juicio, propiedad, igualdad ante la ley, protección al trabajo en todas sus formas y derecho a la previsión social.

Respecto del artículo 1, inciso 3, postula diversas causales de arbitrariedad.

En primer lugar, afirma que la sentencia recurrida prescinde de la ley y convalida una actuación ilegítima de la Administración en cuanto declaró que el decreto 1775/06 fue dictado en ejercicio de una facultad discrecional, ya que -sostiene- los adicionales no remunerativos están vedados por el derecho, máxime cuando por su monto, duración y concepto implican un aumento salarial encubierto.

En tal sentido, se agravia de que el fallo consolide una calificación que contraría el principio de legalidad "por aplicación del artículo 14 bis de la Constitución nacional, el Convenio 95 de la O.I.T., la objeción expresada por el informe de la Comisión de expertos de 1998" y la ley 12469 de la Provincia de Santa Fe.

En segundo término, expresa que la sentencia recurrida es autocontradictoria, ya que habla de una "remuneración no remunerativa", lo cual contradice las leyes de la lógica.

En tercer lugar, plantea que el fallo atacado se basa en un fundamento sólo aparente al invocar jurisprudencia de esta Corte local no aplicable a la litis. Así, la causa registrada en A. y S. T. 130, pág. 289 ("Rossi"), ya que trata de un adicional específico por la función especial de chofer y su retiro por traslado; y T. 112, pág. 43 ("García Leiva"), porque refiere a monto de los salarios y congelamiento y no a calificación de rubros. En cuanto al resto de la jurisprudencia invocada, asevera que tampoco es aplicable por cuanto no plantea situaciones análogas a la debatida en autos y son fallos "caducos".

En cuarto término, postula que la sentencia recurrida contradice otros pronunciamientos del mismo Tribunal que lo dictó, y jurisprudencia de la Corte local. Ello, en referencia a la causa "Pérez Machado", en la cual este Tribunal respaldó lo resuelto por la Cámara Contenciosa, en el sentido de que resultaba justificado que se soportara el cargo de los aportes correspondientes, dado el reconocimiento del carácter remuneratorio de los rubros reconocidos -entre los que se encontraba el profesional sanitario-, y su consecuente derecho a integración en el haber previsional.

Destaca que el caso "Paz", a que se alude en el fallo ahora recurrido, no fue tratado por el Alto Tribunal local, con lo cual el único criterio que tiene sentado el Máximo Tribunal en la materia es a favor del carácter remuneratorio y general del adicional "profesional sanitario". Y que el entendimiento contrario importa consentir la evasión al sistema previsional.

En quinto lugar, aduce que la sentencia impugnada incurre en el vicio de exceso ritual manifiesto, por cuanto se escuda en una supuesta discrecionalidad del Estado, acudiendo a un argumento netamente formalista y que desconoce la verdad jurídica objetiva. Ésta -explica- radica en que la Municipalidad de Rosario ha otorgado un incremento salarial a los profesionales que se desempeñan en los efectores municipales dependientes de la Secretaría de Salud -como surge de los considerandos del decreto 1775/06 al hablar de reconocimiento a la labor de los mismos-, quienes lo perciben en forma mensual desde hace diez años. Por su naturaleza, este incremento reviste el carácter de alimentario y, arbitrariamente, se le atribuye carácter no remunerativo ni bonificable, generando mes a mes una deuda previsional, que implica en la práctica la imposibilidad de gozar de la jubilación relativa a ese rubro, y otros daños, tanto materiales (disminución de posibles indemnizaciones) como psicológicos (incertidumbre, temor).

En sexto término, plantea que el fallo en crisis invierte la interpretación de los considerandos del decreto 1775/06 respecto de la generalidad con que otorga el adicional, ya que de los mismos surge que fue intención del Ejecutivo otorgar una recomposición salarial en reconocimiento a la labor de los accionantes, en el marco de las paritarias, sin limitación temporal ni condición alguna.

Es más, la misma Cámara en fallo confirmado por la Corte local así lo interpretó en autos "Pérez Machado", expresando que "la asignación fue otorgada a todos los profesionales comprendidos en el Estatuto ley 9282 en forma proporcional a las cargas horarias, sin requerirse determinadas exigencias o condiciones especiales para su percepción". Y a continuación reafirma que "por decreto 708/07 se deja establecido que a partir del 1 de enero de 2007, la asignación especial profesional sanitario será ajustada en función de los incrementos salariales que se otorgasen en la asignación de la categoría correspondiente a jefe de sector de 36 hs. semanales, guardando la proporcionalidad de acuerdo a las distintas cargas horarias". Concluye que la contradicción entre fallos de la misma Cámara es evidente.

En cuanto al recurso de casación, afirma que la Cámara ha desconocido y cometido un grave error en la aplicación de normas jurídicas, en razón de que ha efectuado una interpretación prescindente y distorsionante de la normativa mencionada en el párrafo anterior.

2. La Cámara, por auto del 23.8.2017, resuelve denegar la concesión de los recursos interpuestos (fs. 39/43), por considerarlos inadmisibles.

Ello así, en relación al de inconstitucionalidad basado en el inciso 1 del artículo 1 de la ley 7055, por no hacerse cargo los recurrentes -sólo insistiendo en argumentos ya expuestos- de lo señalado por la Cámara en el sentido de que la asignación "profesional sanitario" no integra ni se ha incorporado definitivamente al régimen de remuneraciones establecido por el artículo 17 de la ley 9282, ya que fue creado por una norma de naturaleza local (decreto municipal 1775/06), emitida en ejercicio de facultades discrecionales que le competen y por razones de política salarial, de lo que se sigue -incluso- la posibilidad de cambio o supresión del régimen jurídico que la estableció.

En cuanto al fundado en el inciso 2, por cuanto tal encuadramiento requiere que se hubiera cuestionado la inteligencia de un precepto de la Constitución, lo que no ocurrió en el caso, en que se puso en tela de juicio, directamente, la compatibilidad de la sentencia con las normas constitucionales.

Respecto de la arbitrariedad, señala la Cámara que toda la argumentación de los recurrentes se centra en insistir en su propia interpretación acerca de la normativa legal aplicable al caso, sin hacerse suficientemente cargo de los extensos fundamentos brindados por el Tribunal para resolver como lo hizo. Así, no resultan atendibles los planteos relacionados con la falta de motivación suficiente, atento las citas de opiniones doctrinarias y antecedentes jurisprudenciales aplicables al caso, respecto del ejercicio de potestades netamente administrativas relacionadas con la apreciación de la conveniencia, mérito y oportunidad de la aplicación de determinado régimen salarial; tampoco, el agravio de arbitrariedad normativa, habida cuenta que el Tribunal fundó el rechazo del recurso en el ordenamiento jurídico vigente; ni la violación al principio de congruencia, desde que el planteo formulado no ha sido fundado seria y concretamente en las circunstancias comprobadas de la causa.

Añade que no basta para rebatir la posición del Cuerpo con alegar genéricamente la existencia de precedentes jurisprudenciales aplicables al caso, sin especificar concretamente cuáles serían las circunstancias fácticas y jurídicas de dichos autos que resultarían sustancialmente análogas a las del presente asunto.

Específicamente, en cuanto a la causa "Pérez Machado", en la que un jubilado pretende que el ente previsional incluya en el cálculo de su haber jubilatorio determinados rubros, destaca que es diversa a la considerada y resuelta en los presentes, en los que se trata de una cuestión relacionada con la política salarial del Municipio.

El invocado exceso ritual manifiesto -continúa- en cuanto se hace mención a potestades administrativas discrecionales del Estado, tampoco se advierte configurado en la especie, desde que la postulación recursiva articulada no logra acreditar en concreto que el fallo, más allá de su acierto o error, haya brindado una respuesta jurisdiccional sin suficientes razones fácticas y jurídicas que la avalen, apareciendo, en principio, satisfecho el mandato contenido en el artículo 95 de la Constitución provincial.

Y respecto del recurso de casación, también lo considera inadmisible por cuanto no ha existido por parte del Tribunal, conforme los considerandos de la resolución impugnada, un apartamiento de la doctrina legal aplicable, sino una interpretación armónica y fundada en la normativa aplicable al caso de autos, lo que no puede constituir causal habilitante del recurso intentado.

Tal denegatoria, motivó la presentación directa de los recurrentes ante este Cuerpo (fs. 43/52).

3. El examen de los argumentos aportados en la presentación directa efectuada ante esta Corte, en su cotejo con los fundamentos que expusiera la Cámara en el auto denegatorio, conduce a la conclusión de que la quejosa no ha cumplido adecuadamente con el cometido que le impone el artículo 8 de la citada ley 7055, conforme al cual tiene la carga de rebatir cada uno de los motivos expuestos por el A quo al denegar la concesión del recurso, trayendo razones de peso en orden a desvirtuar la referida fundamentación, extremo que sella la suerte adversa del remedio intentado (cfr. A. y S., T. 42, pág. 365; T. 58, pág. 304; T. 87, pág. 400; T. 152, pág. 252; T. 271, pág. 411).

Es que los alegados agravios constitucionales que le causa el auto denegatorio, expuestos en el escrito de queja, no persuaden ni siquiera en grado liminar de la inaceptabilidad de lo sostenido por el Tribunal a quo, cuando concluyó en la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad basado en los tres incisos del artículo 1 de la ley 7055, así como en el de casación por no existir grave error en la aplicación del derecho.

En ese orden de reflexión, y en lo referente a la postulación de la quejosa vinculada a que la a quo omitió relacionar los lineamientos sostenidos en el auto en crisis con el presente caso y desarrollar las razones por las que consideró que no concurrían en el subjudice los supuestos regulados en los tres incisos del artículo 1 de la ley 7055, limitándose a sostener que "aplicó los decretos que otorgan el 'suplemento profesional sanitario' sin justificar el apartamiento del mismo de las normas superiores a las cuales debe ajustarse ni valorar las violaciones a derechos constitucionales que el mismo causa a los recurrentes", cabe destacar que el auto denegatorio, en relación al inciso 1, lo desechó por no haberse hecho cargo los recurrentes de lo señalado por la Cámara en el sentido de que la asignación en cuestión "no integra ni se ha incorporado definitivamente al régimen de remuneraciones establecido por el artículo 17 de la ley 9282, ya que fue creado por una norma de naturaleza local, emitida en ejercicio de facultades discrecionales que le competen y por razones de política salarial". En similar sentido, respecto de la arbitrariedad normativa alegada, destacó que el Tribunal fundó el rechazo del recurso contencioso administrativo interpuesto en el ordenamieto jurídico vigente, criterio que podría no satisfacer a los recurrentes pero que en modo alguno podía considerarse arbitrario. Y en cuanto al recurso de casación, aseveró que, más allá de no conformar a los actores, no había existido por parte del Tribunal, conforme los considerandos de la resolución impugnada, sino una interpretación armónica y fundada en la normativa aplicable al caso de autos -artículo 17 de la ley 9282 y decreto nro. 1775/06-, lo que no constituía causal habilitante del recurso intentado.

Tales argumentos no recibieron la réplica debida y acorde a esta instancia, como no sea la insistencia en invocar genéricas garantías y principios -el artículo 14 bis de la Constitución nacional, el Convenio nro. 95 de la O.I.T., y la ley provincial 12469-, mas sin lograr conmover el criterio sostenido en cuanto a la falta de cuestionamiento suficiente de lo resuelto sobre la falta de incorporación definitiva del adicional dispuesto por decreto al régimen remuneratorio de la ley 9282, ni el vinculado a la naturaleza local de la norma consagratoria del derecho; ni, tampoco, ponerlo en crisis mediante la invocación de algún supuesto atendible de arbitrariedad en el ejercicio de la potestad discrecional invocada, o -en fin-las razones por las que sería aplicable al ámbito municipal la ley provincial 12469.

Similares consideraciones corresponde formular respecto del inciso 2, ya que la quejosa omite cuestionar suficientemente los fundamentos del auto denegatorio en cuanto juzgaron que era inaplicable al caso tal figura legal, por no haberse en el mismo cuestionado directamente la inteligencia de un precepto de la Constitución.

Asimismo, en cuanto a la arbitrariedad del decisorio, respecto de la cual no logran los recurrentes con sus planteos poner en crisis lo señalado en el auto de fojas 39/43, en cuanto a que "toda la argumentación de los recurrentes se centra en insistir en su propia interpretación acerca de la normativa legal aplicable al caso, sin hacerse suficientemente cargo de los extensos fundamentos brindados por el Tribunal para resolver como lo hizo", rechazando a continuación y en forma pormenorizada los planteos de falta de motivación suficiente, arbitrariedad normativa, violación del principio de congruencia, apartamiento de jurisprudencia relevante y exceso ritual manifiesto.

En efecto, en el escrito de queja la impugnante reitera -básicamente- las mismas argumentaciones que viene sosteniendo ya desde las instancias ordinarias del proceso -consistentes, principalmente, que la calificación normativa de "no remunerativo y no bonificable" del suplemento establecido por decreto municipal 1775/06, es contraria al ordenamiento jurídico; que por ende no resulta fundamento suficiente que se hubiera dictado en ejercicio de una potestad discrecional; que el suplemento en cuestión fue otorgado con alcance general; que la Cámara se contradice con lo que resolvió y confirmó esta Corte in re "Pérez Machado"; que los fallos citados en el pronunciamiento atacado no son aplicables al caso-; mas, pese al matiz constitucional que pretende conferir a sus planteos, no logra en verdad poner en crisis lo ya señalado en relación a esos tópicos por el Tribunal, tanto al denegar los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos, como, en lo pertinente, al declarar improcedente el recurso contencioso administrativo.

No logra, tampoco, rebatir lo aseverado en el auto denegatorio, en cuanto al invocado apartamiento de precedentes jurisprudenciales y excesivo rigor formal, en relación a los cuales la a quo explicó suficientemente las diferencias entre las situaciones consideradas en dichos pronunciamientos y la juzgada en autos, sin que tales razones resulten puestas en crisis en su presentación directa.

Por último, respecto de los argumentos vertidos en el escrito de queja en relación a los agentes que se habrían jubilado durante el transcurso del proceso, cabe señalar que obsta a su consideración por este Cuerpo el consolidado criterio según el cual la presentación directa, conforme la mecánica establecida en la ley 7055, no puede mejorar el recurso de inconstitucionalidad antes deducido. De ser así se violaría el derecho de defensa de la contraria, impidiéndosele su contralor en virtud de que en esta instancia no es parte, como también al Tribunal a quo efectuar el examen de admisibilidad que tiene a su cargo a fin de conceder o denegar el mismo (cf. A. y S. T. 237, págs. 110/112; T. 232, págs. 410/424; T. 197, págs. 333/336; T. 174, págs. 391/394; T. 165, págs. 422/426; T. 162, págs. 170/180; T. 158, págs. 198/202; T. 152, págs. 320/325; entre muchos otros).

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de Orígen: Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de Rosario.