Tribunal: CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-06


2º Instancia - Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011.

Autos Y Vistos I) Surge de autos que el Dr. A. B. inicia demanda contra el Estado Nacional a fin de que se declare la nulidad de los actos administrativos que culminaron con la Resolución 4156 del 05/11/2007 del Ministerio de Desarrollo Social por las cuales se le denegó el derecho a la jubilación como Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; persigue además la declaración de inconstitucionalidad del art. 29 de la ley 24.018 en cuanto priva al juez que hubiera sido destituido por juicio político del beneficio jubilatorio que otorga la ley mencionada, la declaración de inconstitucionalidad de la pena degradante de inhabilitación por tiempo indeterminado que le fue impuesta por resultar violatoria de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, su declaración por vicios del procedimiento en su dictado y solicita que, en consecuencia, se condene al Estado Nacional a reconocerle el derecho jubilatorio que fue privado y se ordene su pago desde el 16 de agosto de 2006 con más los intereses devengados desde el primer mes vencido o, en su defecto, desde su primer reclamo administrativo del día 27/02/07 hasta el día de su efectiva cancelación.

Contestada la demanda y producida la prueba documental correspondiente, a fs. 198/200 la Sra. Juez a-quo dicta sentencia por la que resuelve hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada con relación a la pretensión de que se declare la inconstitucionalidad de la pena de inhabilitación por tiempo indeterminado impuesta por el Senado de la Nación en los términos del art. 60 de la Constitución Nacional; hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el actor, dejando sin efecto la resolución administrativa impugnada y condenando a la demandada a que otorgue al Dr. B. el beneficio previsto en los arts. 2, 3 y cctes. de la ley 24.018 desde el 16 de agosto de 2006 y abone las sumas retroactivas resultantes con más los intereses que dispone; declara la inconstitucionalidad de lo prescripto por el art. 29 de la ley 24.018; impuso las costas en el orden causado y reguló honorarios.

Contra dicha sentencia plantean recurso de apelación la parte actora a fs. 201; la letrada del actor a fs. 202 y la demandada a fs. 203. Concedidos que fueran los recursos, son elevadas las actuaciones a esta Alzada a fs. 205.

II) A fs. 210 la Dra. A. L. B. de B. apela la regulación de sus honorarios por considerarla exigua por lo que solicita que se modifique el monto de la regulación o bien elevándolo o bien, postergando su regulación hasta el momento de la liquidación.

Por su parte, el actor se agravia que se haya hecho lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada pues entiende que como la demanda fue promovida contra el Estado Nacional, que es uno solo constituido por los tres Poderes -los que carecen de personería jurídica distinta y diferente para actuar en juicio- y él está persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad de las normas y disposiciones que lo llevaron a su destitución, la excepción no es procedente pues la demanda al estar dirigida contra el Estado Nacional, alcanza a los actos realizados por alguno de los órganos del Poder, en este caso, el Poder Legislativo.

Manifiesta que el Estado Nacional que demanda le impuso una pena degradante cuya inconstitucionalidad solicita, en este caso, a través del Congreso de la Nación, y para denegarle su beneficio jubilatorio, a través del Ministerio de Bienestar Social, que aplicó el art. 29 de la ley 24.018, dictada por el Congreso de la Nación; que no tiene lógica pretender que la inconstitucionalidad que persigue deba reclamarla ante el Congreso de la Nación porque ello es competencia exclusiva del Poder Judicial de la Nación.

Por último, argumenta sobre la pena de inhabilitación por tiempo indeterminado a la que considera inconstitucional; sobre la nulidad de la condena por irregularidad en el cómputo de los dos tercios de votos requeridos para la condena que se le hizo, por lo que solicita que se revoque la sentencia en este punto.

A fs. 217/221 expresa agravios la demandada manifestando que en el caso de autos el Dr. B. no ha cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos por la ley 24.018 para acceder al beneficio establecido por la ley 24.018, ello porque las exigencias de la norma no se agotan con las determinadas en los arts. 2 y 3, sino que además se agrega lo que dispone el art. 29 que determina que, los beneficios de esa ley no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones.

En razón de lo expuesto considera que el actor no contaba con un derecho adquirido tutelado por el art. 17 de la C.N. y que se encontraba impedido de obtenerlo con posterioridad, en razón de haber dejado de pertenecer al régimen. Que el actor solo tiene un derecho subjetivo en expectativa que solo quedaría configurado con el cese de funciones normales, por lo que se estaba en presencia de un acto sujeto a una condición suspensiva.

Considera de aplicación para el caso la teoría de los actos propios ya que el Dr. B. realizó una opción por la ley 24.018, sin reserva, por lo que no puede desconocer ahora la normativa que se le aplica para denegarle la prestación. Manifiesta también la apelante que no se está desconociendo el derecho del actor a un beneficio jubilatorio pues tendrá derecho a la jubilación del S.I.J.Y. P. por lo que no se vulnera su derecho de propiedad. Se agravia también de la fecha impuesta para el pago del beneficio y de la imposición de las costas a su cargo, por todo lo que solicita que se revoque la sentencia en crisis.

III) En primer lugar corresponde tratar la apelación interpuesta por el actor en relación con la excepción de falta de legitimación pasiva a la que se hizo lugar en la sentencia apelada.

Así, cabe destacar que la legitimación pasiva se vincula con la identidad entre la persona demandada y el sujeto pasivo de la relación sustancial controvertida.

Al respecto, el art. 347 del C.P.C.C.N. admite la oposición previa de la excepción de "...falta de legitimación para obrar... en el demandado, cuando fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva".

En relación a lo expuesto y toda vez que de los claros términos de la demanda incoada surge que se ha demandado al Estado Nacional en la persona del Ministerio de Desarrollo Social (ver fs. 1/33), individualización que se encuentra ajustada a lo dispuesto por la ley 3952 y complementarias y, tal como lo sostiene la Sra. Fiscal General, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto hace lugar a la falta de legitimación pasiva respecto a la pretensión de que se declare la inconstitucionalidad de la pena de inhabilitación por tiempo indeterminado que le fuera impuesta al actor por el Senado de la Nación, en los términos del art. 60 de la Constitución Nacional.

A mayor abundamiento, cabe señalar que la vía apropiada a los fines perseguidos por el actor resulta ser la del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, prevista en el art. 14 de la Ley 48, según el criterio jurisprudencial del Alto Tribunal que abandonó a partir de 1986 su doctrina tradicional de considerar la revisión de un fallo del Senado por juicio político como "una cuestión política no judiciable" en el caso "Graffigna Latino", "Llamosas" de 1987, "Lamonega" de 1988, entre otras. Respecto a esto, el propio actor manifiesta que le fue desestimada la queja por denegatoria del recurso extraordinario hecha por el Senado y que está pendiente de resolución la apelación que de ello se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana.

IV) Ahora bien, entrando a la cuestión de fondo cabe señalar que en el caso de autos se debate si el Dr. A. B. tiene derecho a percibir la asignación mensual, móvil, vitalicia e inembargable por su desempeño como Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Al respecto cabe señalar que la ley 24.018 prescribe en su art. 29 que: "Los beneficios de esta ley, no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones".

El art. 59 establece que "al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados...". A continuación, el art. 60 dispone que " su fallo no tendrá mas efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor de confianza o a sueldo de la nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios".

En el diccionario de la Real Academia Española la primera acepción de la palabra destituir significa separar a alguien del cargo que ejerce.

Es decir que, tanto en la norma constitucional como en el común significado de la palabra, la destitución no implica más que abandonar la función que desempeñaba como ministro de la Corte el Dr. B..

Sobre el particular ha de señalarse que la Constitución Nacional prevé la remoción para el supuesto de progresar el juicio político pero nada dice en orden a que simultáneamente se pierdan beneficios previsionales, concretamente en este caso el establecido en los arts. 2 y 3 de la ley 24018.

En tal sentido debe destacarse que los órganos del estado deben desarrollar su actividad conforme a la Constitución Nacional, exceder ese marco normativo involucra un exceso, tal como acontece con lo dispuesto por el art. 29 de la ley 24018, el cual implícitamente impone una sanción no prevista en el art. 60 de la Carta Magna Magna ("ubi lex non distinguid nec nos distinguire debemos").

Esto así, pues en tanto la norma constitucional establece expresamente que el fallo del Senado "no tendrá mas efecto que destituir al acusado y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación", surge palmaria la inconstitucionalidad del art. 29 de la ley 24.018, toda vez que una norma de inferior rango no puede agregar un efecto más a los establecidos por la norma constitucional, sin provocar sustancial agravio patrimonial y previsional al accionante ( ats. 17 y 14 bis de la CN).

La ley no puede imponer, como lo hace el art. 29 de la ley 24.018, una sanción anexa a la destitución ya que la Constitución limita el efecto sancionatorio a la remoción, sin perjuicio, si fuera el caso, de la prosecución de juicio de responsabilidad ante los tribunales ordinarios, lo que no ha acontecido en este caso.

La Constitución es el primer fundamento jurídico del Estado y por ser la " ley de leyes " las normas dictadas en su consecuencia no pueden contradecir lo que en esta se ha dispuesto. En su carácter de ley suprema obliga normativamente a que las leyes ulteriores se ajusten a sus disposiciones, so pena de reputárselas inconstitucionales. Lo contrario implica violar el orden jerárquico establecido por el art. 31 de la Constitución Nacional.

Si bien debe enfatizarse que la declaración de inconstitucionalidad de la ley, o de alguna de sus partes constituye la mas delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un Tribunal de Justicia y configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada "ultima ratio" del orden jurídico, ya que las leyes debidamente promulgadas y sancionadas, esto es dictadas por los mecanismos previstos en la ley fundamental gozan de una presunción de legitimidad que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia resultando procedente únicamente cuando la repugnancia de la norma con la Constitución sea manifiesta, clara e indudable, lo cual resulta evidenciado con lo precedentemente expuesto, de donde no queda duda alguna que el art. 29 de la ley 24.018, se halla en franca colisión con el art 60 de la Constitución Nacional.

En tal sentido no puede pasarse por alto que el beneficio de que se trata es de carácter alimentario, imprescriptible e irrenunciable (art. 14 bis C.), de modo que asimismo a la luz de estos principios se infringe agravio constitucional al recurrente, despojo que también afecta la garantía establecida en el art. 17 de la Constitución Nacional, perjuicio que no se limita en este caso solo al accionante sino que también alcanza a los eventuales beneficiarios del derecho a pensión.

Por otra parte, el art. 75 inc. 23 de la CN fortalece la vigencia del principio de progresividad en materia previsional, descalificando todo accionar gubernamental que en la práctica dé un resultado regresivo en el goce efectivo de los derechos (CSJN, Fallos 331:250) El decidido impulso hacia la progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos propia de los tratados internacionales de la materia, sumado al principio "pro homine", connatural con estos documentos, determinan que el intérprete deba escoger dentro de lo que la norma posibilita el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana. Y esta pauta se impone aún con mayor intensidad, cuando su aplicación no entrañe colisión alguna del derecho humano así interpretado, con otros valores, principios y atribuciones o derechos constitucionales (CSJN 330:189).

De tal manera y en mérito a los fundamentos que anteceden entendemos que debe confirmarse la inconstitucionalidad declarada por el "a quo del art, 29 de la ley 24.018.

V) Descartada la validez constitucional del aludido art. 29 de la ley 24.018, resta pronunciarse sobre si el recurrente reúne los requisitos establecidos en los arts. 2 y 3 de la citada ley.

Ello así pues de acuerdo con el art. 60 Constitución Nacional el juicio político no tiene incidencia en cuestiones propias de la justicia ordinaria, toda vez que dicha norma prescribe que " ...la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ordinarias".

De tal modo, así como el Senado en su fallo no podrá pronunciarse sobre la eventual responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera derivarse de la conducta objetada al Magistrado enjuiciado, tampoco podrá hacerlo en cuestiones previsionales.

Al respecto cabe tener por objetivado en autos, que el Dr. B. acredita al cesar en sus funciones largamente los requisitos exigidos por los art. 2 y 3 de la ley 24.018, aplicables al caso.

En efecto, expresa el recurrente y no ha sido controvertido en autos que se ha desempeñado por el periodo 1973- 1975 como Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre los años 1975-1980 ejerció el Cargo de Juez de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal, a cargo del Juzgado Nº 13. En el lapso 1980-1986 fue Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. En 1986 renunció para dedicarse a la profesión. El 11 de junio de 1991 asumió como Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo que desempeñó ininterrumpidamente hasta el 28/9/2005 en que el Senado de la Nación constituido en Tribunal de juicio político decidió su destitución confirmada el 16/8/2006 por el mas alto Tribunal de la Nación, habiéndosele descontado los aportes diferenciales correspondientes.

O sea que acredita más de cuatro años como Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 28 años en el Poder Judicial de la Nación.

De modo que a la fecha de cese el accionante tenía adquirido su derecho a gozar de la asignación mensual vitalicia por haber cumplido en exceso la antigüedad en el cargo de Juez de la Corte Suprema Justicia de la Nación, de acuerdo a lo establecido en el art. 2 de la ley 24.018.

Asimismo a partir de ese momento, que deberá fijarse en el 16-8-2006, fecha en la que el mencionado Alto Tribunal confirma la destitución del Dr. B. por el Senado de la Nación del 28-9-2005, también tiene derecho a percibir como lo establece el art 3 de la ley 24.018 el beneficio correspondiente, en tanto cumple con la exigencia de servicios y aportes que dicha norma prescribe.

En el caso de autos y dando cuenta de la pública y extensa carrera judicial que ostenta el actor y, específicamente, de los largos mas de 4 años que exige el art. 2 de la norma en estudio para adquirir el derecho al goce de la asignación mensual, éstos se encuentran sobradamente cumplidos.

En virtud de ello estimamos que si se reúnen los requisitos especiales para obtener el beneficio de jubilación de magistrado, no se pierde el derecho a ese tipo de jubilación si el requisito general de años de edad se cumple con posterioridad a haber cesado en la función; máxime teniendo en cuenta la redacción del art. 9 de la citada ley que se refiere a "Magistrados y Funcionarios que hayan ejercido o ejercieren los cargos comprendidos en el art. 8...", con lo que queda consagrado que el derecho adquirido se consolida al reunirse los requisitos legales sin estar sujeto a otra condición.

Así lo propiciamos por cuanto la introducción del vocablo "o" en el artículo 3 de la ley de marras, en lugar de "y" -como sí lo hace el artículo 8 para los demás jueces y fiscales-, nos muestra a las claras que los requisitos exigidos para acceder al beneficio no son acumulativos. En efecto, sólo basta con acreditar alguno de los tres que exige la norma para lograr la adquisición del derecho.

Todo esto sin perjuicio de señalar, a mayor abundamiento, que el 21 de octubre de 2011 el actor cumplió 65 años de edad, también requeridos alternativamente por el art. 3 de la ley 24.018, modificada por el art. 183 de la ley 24.241, por lo cual de no haber objetivado alguno de los otros requisitos establecidos en ella podría percibir desde esa fecha la asignación vitalicia establecida por la ley 24.018 para los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En mérito a los argumentos que anteceden, corresponde, en consecuencia, confirmar en este aspecto la sentencia de primera instancia en cuanto ha sido materia de recurso y agravios.

VI) En relación al agravio vertido por la demandada por el orden en que han sido impuestas las costas cabe señalar que, toda vez que en la instancia de grado ha habido vencimientos mutuos pues el actor no ha recibido respuesta favorable a todas sus pretensiones y ello ha corrido la misma suerte en esta instancia, corresponde confirmar lo resuelto en la sentencia apelada en relación a las costas y así disponerlas también en esta Alzada (art. 71 del C.P.C.C.N.).

VII) Por último, en relación a la apelación de la dirección letrada de la parte actora por considerar reducido el monto en que se regularon sus honorarios, corresponde diferir su tratamiento hasta el momento en que haya suma líquida exigible.

Por ello y, visto el dictamen fiscal, el Tribunal por mayoría resuelve: 1º) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de agravios y de conformidad con las consideraciones precedentes. 2º) Costas de la Alzada en el orden causado (art. 71 del C.P.C.C.N.). 3º) Diferir el tratamiento de la apelación de los honorarios de conformidad con lo resuelto en el considerando VII.

Regístrese, notifíquese y remítase. - Lilia Maffei de Borghi. - Bernabé L. Chirinos. - Victoria P. Pérez Tognola (en disidencia) La Dra. Victoria Pérez Tognola, dijo:

I) Por compartir la solución propuesta por mis colegas preopinantes respecto del rechazo de la falta de legitimación pasiva adhiero al voto que antecede en dicho punto.

II) Sin embargo, disiento con lo resuelto respecto de la cuestión de fondo. En efecto, las cuestiones derivadas del proceso de juicio político continúan más allá de la sanción que establece la Constitución Nacional, que es apartarlo del cargo. La Cámara de Senadores no puede constituirse como tribunal para evaluar delitos o conductas provenidas de otras normas legales que deberán ser analizadas por la justicia.

Tal es así que el art. 60 de la C.N., luego de establecer que el fallo del Senado se limitará a destituir al acusado -y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación-, aclara que "la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios".

Idéntica prescripción impone el art. 115 de la C.N., respecto de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación, en cuanto éstos también "quedarán sujetos a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios", en el supuestos de ser removidos de su cargo por el Jury de Enjuiciamiento.

Dichas disposiciones no hacen más que reafirmar el principio de división de poderes, sobre el que se asienta la forma republicana de gobierno, que la propia Constitución adopta en su artículo primero.

Es decir que la Carta Magna restringe la facultad de los senadores a la posibilidad de juzgamiento más allá de lo que cabe a un juicio político -cuyo objetivo es determinar si el magistrado ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad, de ahí que el sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de las causas judiciales (cfr. Fallos 331:1784 y 330:452, entre otros)-, pero va de suyo que las demás implicancias que pueda tener su apartamiento podrán ser consideradas en las leyes especificas, cuyo alcance y análisis corresponderá entender al Poder Judicial, como parte del principio de división de poderes.

En ese sentido, y en virtud del planteo efectuado en la presente causa, cabe analizar los alcances de la ley 24.018. En efecto, esta norma fija los requisitos para el acceso de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a los beneficios previsionales. Para el caso de los Jueces de la Corte Suprema de la Nación, se establece que quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias, a partir del cese (ver art. 1), y si cumplen además, con los requisitos que fijan los artículos 2 y 3, referentes a edad, años de servicios y años en el cargo de ministro.

Sin embargo, la norma también prevé un artículo específico que forma parte de las condiciones necesarias de cumplimiento para poder acceder a la prestación. Así, entre las disposiciones comunes, el art. 29 reza que "Los beneficios de esta ley, no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones". En consecuencia, nos hallamos frente a un requisito forzoso para poder acceder al beneficio. Por lo tanto, un magistrado apartado de sus funciones en juicio político, por mal desempeño, pierde sus derechos jubilatorios propios del régimen especial instituido por la ley 24.018.

Cabe señalar, que no se priva al actor de los beneficio de la seguridad social, sino de la aplicación de una ley especial, que como tal es de interpretación estricta, y que tiene como fundamento que el magistrado o funcionario, luego de concluir su carrera judicial, pueda acceder a un beneficio que le garantice una remuneración acorde a su vida laboral, habida cuenta la dedicación exclusiva que ha tenido frente a ella. Sin embargo, este beneficio tiene como contraprestación el mantener un "estado judicial" que permite que el magistrado sea convocado, aun después de haber cesado por jubilación para volver a ejercer funciones judiciales, en caso que así se lo requiera En efecto, el art. 16 de la norma establece que "a) Los magistrados y funcionarios jubilados en virtud de disposiciones legales específicas para el Poder Judicial de la Nación conservarán el estado judicial y podrán ser llamados a ocupar transitoriamente en los casos de suspensión, licencia o vacancia, el cargo que desempeñaban en oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Nación o de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas". Esta cuestión no es menor, toda vez que de otorgarse el beneficio pretendido entraría en contradicción la subsistencia del estado judicial con el desplazamiento del juez por juicio político. Ello es así tanto para los jueces de los tribunales inferiores como para los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el voto que antecede se ha valorado la circunstancia de que el Dr. B. se ha desempeñado como juez y como ministro de la Corte, pero no puede soslayarse que este status especial que permite la percepción del beneficio previsional guarda estrecha relación con el "estado judicial" indicado.

Por lo tanto una visión armónica de todo el articulado de la ley 24.018, lleva a considerar que el art. 29 es un requisito fundamental para el acceso al beneficio previsional pues no sería lógico que un juez pudiera obtener esta prestación especial pero careciera de la capacidad para ser convocado para cumplir la función que le es propia.

Asimismo, y compartiendo el dictamen 30.227 de la Sra. Fiscal, obrante a fs.272/vta., cabe destacar que el sistema especial establecido por la ley 24.018 no consagra una sanción sino un recaudo para el reconocimiento del derecho jubilatorio que ella contempla. El magistrado despojado de su condición judicial por juicio político mantiene el derecho a obtener una jubilación común, es decir que, el cuestionado art. 29 sólo establece la inaplicabilidad de un régimen previsional especial. Lo contrario supondría contradecir el objetivo último tenido en vista por el legislador al concebir tan especial sistema.

Tal como lo ha señalado la Corte in re "Gaibisso" (Fallos 324:1177), la finalidad de preservar un régimen propio en materia previsional es evitar que se maneje a los magistrados con la amenaza de frustrar sus expectativas de vida decorosa para la vejez, y ello favorezca un ámbito proclive a componendas contrarias a la independencia de criterio para la función jurisdiccional. Los destinatarios de la especial protección de las remuneraciones y jubilaciones de los jueces no son las personas que ejercen la magistratura sino la totalidad de los habitantes, que gozan del derecho a acceder a un servicio de justicia configurado bajo las pautas que rigen el sistema republicano de gobierno. La intangibilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a la institución del Poder Judicial de la Nación, a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión por parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia.

En dicho precedente, también se destaco que cuando, bajo la vigencia de una ley, el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido, porque la situación jurídica general creada por esa ley se transforma en una situación jurídica concreta e individual que no puede ser suprimida por ley posterior sin agravio del derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional.

Ahora bien, en el caso de autos, el Dr. B. no había accedido a beneficio alguno, previo a su destitución, solo tenía un derecho en expectativa, por lo que no puede considerarse que existiera una situación jurídica definitivamente consolidada en su favor al amparo del derecho de propiedad, sino como una mera expectativa a obtener la prestación bajo la ley especial. Expectativa que se vio frustrada al no darse la condición de no haber sido destituido por juicio político.

Por último, cabe señalar que la solución que propicio en nada contradice el principio de progresividad de los derechos en materia previsional, toda vez que aquí no se verifica una situación generalizada de afección al derecho de la seguridad social -supuesto este sí reñido con los principios consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos que amparan la materia-, sino que únicamente se ve restringido el acceso a una prestación especial por parte de un sujeto determinado y en función de la ley pertinente emanada del Poder Legislativo y en la forma prescripta por la Constitución, tal como oportunamente lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derecho Humanos en la causa "Carlos Torres Benvenuto y otros vs. Perú" Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto, correspondería revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda. - Victoria P. Pérez Tognola.