Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-30


Salta, 30 de Abril de 2010.AUTOS y VISTOS: Estos autos caratulados: " FERNANDEZ PASTOR VS. TERUEL CESAR ADOLFO - VILLALBA CARINA DEL ROSARIO S/ ORDINARIO EXPTE Nº PPI 22684/10" originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo Nº 5 (expte. nº PPI 22684/09 , para resolver acerca del recurso de apelación interpuesto a fs. 3/6 y _ C O N S I D E R A N D O I.-) El Dr. Cabrera dijo : por la parte demandada comparece el Dr. Roberto Luciano Robino expresando que se notifica expresamente del decisorio cuya copia obra a fs. 2 de éstas piezas, mediante el cual el tribunal de grado dispuso embargo preventivo sobre un inmueble de su cliente. Dice que sus agravios emanan de la falta de acreditación de los extremos legales, tanto de la verosimilitud como del peligro en la demora.

Señala que la totalidad de los rubros reclamados son improcedentes como lo expresó al contestar demanda. La apelación de la cautelar concedida no se sustenta sobre hechos y derechos invocados en aquella oportunidad (incompetencia del fuero laboral) sino en la falta de suficiencia e idoneidad para acreditar el pedido de embargo.

Compara simétricamente el derecho de cada parte, para alegar como para controvertir, la verdadera naturaleza de la prestación de servicios. Considera que los hechos se encuentran balanceados, que las cartas documentos del actor se contraponen a las enviadas por su cliente. Opina que faltó declaraciones testimoniales que avalen los dichos del actor, frente a la falta de una prueba concreta. Lo agravia que la A Quo en el texto de la resolución, haya omitido realizar una identificación de la documentación tenida en cuenta para formar su convicción. Advierte que no se mencionan hechos, ni derechos, ni pruebas concretas, si siquiera se apunta a indicios.

En relación al peligro en la demora, considera que no es más que una mera suposición del actor. No existen maniobras extrañas de sus representados que signifiquen indicios de ocultación de bienes, de posible insolvencia o de vaciamiento del patrimonio. Todo queda en el campo de la hipótesis del actor, bajo la figura del malvado empleador que hará lo posible para que el trabajador no le saque dinero. Compara la validez de la clásica afirmación válida para católicos, de que el hombre nace con el pecado original con la falsa afirmación subyacente, de que el empleador nace con una mala fe para ocultar bienes. Falta de examen profundo, restringido y pormenorizado de los extremos legales, se desnaturalizó el espíritu de la medida. En el fuero laboral al no haber contracautela por los eventuales perjuicios, debe haber mayor restricción y la exigencia al merituarse los extremos de su concesión.

Expresa que para la tranquilidad del actor, su representado no posee otros acreedores con preferencia, ni tampoco usará de maniobras fraudulentas. Un simple oficio hubiera probado que no hay juicios contra su representada ; unos testimonios quizás, hubieran probado las extrañas y maquiavélicas maquinaciones para ocultar patrimonio. No tuvo en cuenta la A Quo que, uno de los demandados "César Adolfo Teruel - Kike Teruel" es integrante del conjunto folclórico salteño más famoso de argentina y Latinoamérica. Además, su fundador y su actuación es intuitu personae. No se expondría con su imagen en supuestas maniobras fraudulentas. Es una persona solvente y no existe por ende, peligro en la demora. Expresa que la cita que realizó no es un rapto de arrogancia, sino que procura que el sentido común se aplique al caso concreto. Insiste, no hay peligro en la demora en relación al patrimonio de éste demandado. Es autor de letra y música de temas registrados que generan ingresos permanentes. Además, el grupo folclórico ofrece más de cincuenta conciertos al año. Todo estos ingresos constituyen la prenda común para los acreedores. Consecuentemente, la resolución recurrida no posee fundamentos válidos, es absurda y es arbitraria. Pide costas para la actora, sólo en caso de oposición al presente recurso.

Corrido traslado (fs. 7) compareció la Dra. Mónica Safar Exeni por el actor a solicitar su rechazo con costas.

II.-) La primera consideración que realizo respecto del recurso que me ocupa, es tenerlo por deducido en tiempo. Ello, en orden a las razones que seguidamente expreso.

El plazo para recurrir el embargo comienza a correr a partir de su notificación o desde su traba, si el interesado estuvo presente en el acto de ejecución de la medida. Esto depara para el afectado el conocimiento de la medida cautelar. Ciertamente, el conocimiento de la medida cautelar debe ser apreciado con prudencia y en forma restrictiva. De la compulsa de estos autos y de los autos principales, se advierte que el demandado no estuvo presente en el diligenciamiento de la medida. Tampoco fue notificado por cédula o en forma personal del embargo. No se concretó préstamo del expediente a su letrado. Estas circunstancias, ameritan tenerlo al recurso de apelación por deducido temporalmente.

Merituada la apelación, como así también las constancias y las pruebas arrimadas, considero que el mismo, debe ser acogido.

Si bien es cierto que, la Ley de Contrato de Trabajo consagra principios y derechos que complementados con las presunciones le otorgan a las medidas cautelares un matiz especial ya que se establecen criterios interpretativos de mayor amplitud; ello, bajo ningún concepto significa que, en cada caso particular, no deba verificarse la satisfacción de los recaudos de admisibilidad de la medida solicitada.

El art. 27 del Código Procesal Laboral articula la posibilidad de ordenar medidas cautelares, antes o después de instaurada la demanda. Conjuntamente, fija como criterio normativo una pauta genérica, consistente en la existencia de elementos de convicción -previamente valorados que se resumen en la imperativa frase: "y según el mérito que arrojen los autos". Con esa valoración debe verificarse la posible existencia de una relación laboral y de un crédito cierto a favor del trabajador. De adoptarse un criterio diferente, toda demanda laboral debería ir acompañada siempre de un embargo.

El primer recaudo de la medida preventiva "verosimilitud del derecho" no requiere de certeza del derecho invocado, resulta suficiente que la acreditación resulte "prima facie" bastando la mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. La cognición cautelar debe finiquitarse, cuando para acceder a una medida deba abrirse opinión sobre el fondo de la cuestión debatida; pues aquella tiene como límite el prejuzgamiento. El pronunciamiento cautelar nunca valora el fondo de las cosas, sino su aparente atendibilidad (Así se lo ha entendido esta Sala en Asociación Bancaria de Empleados de Banco Secc Salta vs. EN JA SA CAM 5989/03 - 4/12/03). El grado de apariencia del derecho invocado si bien debe apreciarse con criterio amplio queda librado al sano criterio judicial.

La documentación adjuntada por la actora se corresponde con el intercambio epistolar de las partes donde la mencionada, afirma la existencia de una relación laboral y la demandada la existencia de una locación de servicios. A su vez, la demandada, acompaña como documentación detalles y recibos suscriptos por la actora por los pagos en concepto de servicio de vigilancia en el domicilio. Si bien la verosimilitud del derecho invocado por el actor se encuentra controvertida por los dichos del demandado, en este estadio procesal inicial, es frecuente cada parte alegue en su defensa para obtener el reconocimiento jurisdiccional de su pretensión. Bajo los términos referidos, la presente causa requiere de una investigación a ventilarse en la etapa probatoria para poder entrar al fondo del debate y verificarse, la acreditación de los hechos invocados por las partes y del Derecho aplicable.

Por su parte, el requisito del peligro en la demora, consistente en el interés jurídico que justifica la medida para disipar un temor de daño inminente, " no alcanza a ser configurado por la sola opinión personal del reclamante o por su temor, aprensión, recelo, apreciación subjetiva o mero pesimismo, sino que debe provenir de hechos que puedan ser apreciados en sus consecuencias aún por terceros, quedando evidente que existe fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable " (Cf. De Lázzari Eduardo, "Medidas Cautelares", T. 1, pág. 37, 583).

En relación a este recaudo de la cautelar, la Sala ha señalado "La mera opinión personal del reclamante, o el temor, el recelo, la aprensión, una apreciación subjetiva o el pesimismo, no son suficientes para considerar presente el peligro en la demora, ya que de lo contrario, toda acción debería ir acompañada de una medida cautelar" (autos López c. Caratoni, 13/2/02). "Si bien es cierto a mayor verosimilitud es dable disminuir la exigencia del peligro en la demora, no puede serlo hasta desaparecer, por lo que las conjeturas que formule el peticionante en torno de los riesgos, son insuficien tes, pudiendo de todas maneras pedir nuevamente la medida, apenas comprue be lo que temía" (Di Pauli c. Sanatorio El Carmen, 8/4/03 y López c. Taxitel, 22/6/06).

Los dichos de la actora en su demanda acerca del peligro en la demora no dejan de ser suposiciones del momento actual, que en caso de ser demostradas deberán ser atendidas. A la luz de los criterios mencionados, en este estado procesal inicial de la causa y en orden a las especiales circunstancias fácticas y probatorias existentes, considero que el extremo del peligro en la demora como temor de daño inminente acreditado prima facie o presunto, no se encuentra suficientemente acreditado. De igual modo, la verosimilitud del derecho del actor que fue contrapuesto por la defensa del demandado y frente a la falta de suficiencia (a veces propia del estadio procesal inicial) ambas partes tendrán que debatir judicialmente acerca de su derecho en el período probatorio correspondiente.

No obstante lo expresado, no debe desdeñarse que las medidas cautelares son esencialmente "provisionales" y que modificadas las circunstancias fácticas y procesales, procede un nuevo análisis y en su caso, su eventual acogimiento o nuevo rechazo.

En orden a los argumentos dados voto por hacer lugar al recurso de apelación deducido y en su mérito revocar la resolución impugnada, dejándola sin efecto El Dr. Figueroa dijo: que adhiere al voto precedente.

Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo RESUELVE I.-) Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 3/6 vta. y en su mérito, revocar el decisorio de fs. 2 de estas piezas pertenecientes, dejando sin efecto la medida cautelar.

II.-) Mandar registrar, notificar, y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.