Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26


Buenos Aires, octubre 26 de 1993, "Corsetti de Patrignani, Irene c/ Martínez, Regino y otros" Cuestión: Si corresponde aplicar la prescripción anual del art. 855, inc. 1° del Cód. de Comercio, reformado por la ley 22.096, a la acción indemnizatoria deducida por el pasajero contra el dependiente que conduce un transporte.

La mayoría, en forma impersonal, dijo:

I. Para explicar la naturaleza de la responsabilidad del deudor contractual por acto del tercero, se ensayaron diversas teorías: a) culpa en la elección o en la vigilancia o -como afirma García Amigo- la culpa por transposición (la culpa del auxiliar equivale a la culpa del deudor); b) teoría del riesgo de Unger y Messineo; c) teoría de la esfera de intereses de Hedemann; d) teoría de la fuerza mayor de Emile Becqué y Ferrara; e) teoría de la representación de los hermanos Mazeaud, Chironi y Burchardi; f) teoría de la estructura de la relación obligatoria de Giovinne (con una buena dosis de consenso en la Argentina); g) teoría de la garantía, aceptada por todos los juristas que trataron el tema en las Jornadas Bonaerenses de Junín (1990) y por López Olaciregui, Bustamante Alsina y otros; h) otras teorías con menor consenso universal, como las del resultado, del órgano del instrumento y de la causalidad (ver el examen de estas teorías en Bueres, Alberto J., "Responsabilidad civil de los médicos", p. 151 y sigtes., 1° ed., Ed. Abaco). También una explicación sucinta de las posturas puede verse en Banchio, Enrique Carlos, "Responsabilidad obligacional indirecta", p. 49 y sigtes., Ed. Astrea, 1973, tesis doctoral.

II. Cabe señalar que en el ámbito contractual -a diferencia de lo que ocurre en el ámbito aquiliano (art. 1113, párr. 1°, Cód. Civil)-, no es necesario que el tercero que ejecuta la prestación sea un dependiente (sujeto a un poder de mando), sino que resulta bastante que sea un asociado, un sustituto o un encargado. De allí que se hable genéricamente de responsabilidad por acto de terceros. De todas maneras, en el caso debe examinarse el deber de reparar del "dependiente" del transportador.

En tal sentido, desde antiguo las doctrinas nacionales y extranjera, estimaron sin controversias que el tercero dependiente que ejecuta la prestación tiene una responsabilidad aquiliana, puesto que no hay nexo negocial alguno entre el referido auxiliar y la víctima del daño (conf. Borda, "Obligaciones", t. II, Nº 1654, ed. 1976; Cammarotta, "Responsabilidad extracontractual. Hechos ilícitos", t. II, p. 324, Ed. Depalma, 1947; Boffi Boggero, "Tratado de las Obligaciones", t. VI, p. 429 y sigtes., Ed. Astrea, 1985; Lorenzetti, "Responsabilidad civil de los médicos", p. 158 y sigtes., Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1986; Banchio, op. cit., p. 97; Llambías, "Obligaciones", 2° ed., t. I, p. 224, nota 93; 2° ed., Ed. Perrot; Bustamante Alsina, "Responsabilidad civil y otros estudios", t. I, p. 173, Ed. Abeledo-Perrot, 1984; Vázquez Ferreyra, "Responsabilidad civil en el transporte oneroso de personas", JA, 1992-IV-812; Mayo, "Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante Alsina", p. 87, Ed. Abeledo-Perrot; Agoglia, Meza y Boragina, "Responsabilidad por incumplimiento contractual", p. 194, Ed. Hammurabi; Alterini, A. A.-Ameal-López Cabana, "Curso de obligaciones", t. I, Nº 454, Ed. Abeledo-Perrot, 1989; Conclusión unánime en las "Cuartas Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal", Junín, Provincia de Buenos Aires, 25-27 de octubre de 1990 (JA, 1990-IV-904), comisión integrada por los doctores Bueres, Andorno, Goldenberg, Zavala de González, Banchio, Vázquez Ferreyra, Gesualdi, Agoglia, Boragina, Meza, Bravo, Giménez, Parrellada, Venini y otros. En el derecho extranjero también existe consenso (Peyrano Facio, J., "Responsabilidad extracontractual", p. 96, Nº 55, Ed. Themis, Bogotá, Colombia, 1979; Mizeaud, Henri y León-Tunc André, "Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual", trad. Luis Alcalá Zamora y Castillo, ts. I, II, p. 719, Nº 1005/2, Ed. Ejea, Buenos Aires, 1959). Asimismo, Francisco Jordano Fraga, talentoso civilista sevillano, en su laureada obra "La responsabilidad contractual", Ed. Civitas, Madrid, 1987, dice que la "ajenidad del auxiliar con respecto a la relación obligatoria que une al acreedor y al deudor no excluye la responsabilidad extracontractual de dicho auxiliar frente al 'accipiens'. Se trata de una aplicación de la responsabilidad de un tercero en la tutela aquiliana del crédito" (p. 562 y sigtes., texto y nota 264).

Cabe señalar que en las Primeras Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas en Santa Fe, en noviembre de 1963 (publicadas en el Boletín del Instituto de Derecho Civil, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, Santa Fe, 1967, Nº 5, vol. 1, ps. 178 y 179), Anteo Ramella, distinguido profesor de la Universidad del Litoral, propuso una tesis extrema, no compartida por la doctrina, para evidenciar la extraneidad del dependiente con respecto a la relación negocial concertada entre acreedor y deudor. Esta teoría, a su vez, se basa en la teoría de la estructura de la relación obligatoria de Achille Giovine, profesor de la Universidad de Bari, según la cual hay que partir de dos premisas: 1) irrelevancia de la sustitución del deudor por un tercero; y 2) equivalencia de los comportamientos de ambos. De tal forma, Ramella dice que el deudor promete una prestación siendo indiferente su sustitución por los terceros que emplee a tal efecto. El comportamiento del obligado alargando o ensanchando el vínculo a recurrir a otras personas es "res inter alios acta" frente al acreedor (arts. 503 y 1195, Cód. Civil). De donde, el tercero es un extraño, un mero "quid facti" en la terminología de Giovine.

Por tanto, Ramella sostiene que la legitimación del acreedor se agota con la pretensión que puede proponer contra el deudor, pero no le es dable demandar a los terceros (dependientes, sustitutos, encargados, etcétera). La doctrina y la jurisprudencia desatendieron por completo esta idea, que de aplicarse conduciría a verdaderas injusticias.

En rigor, el único autor que sostuvo la tesis contractualista del dependiente fue Mosset Iturraspe en su obra "Responsabilidad civil del médico" (ps. 115 y sigtes., Ed. Astrea 1979). Este autor es también partícipe de la idea de estructura de la relación obligatoria para dar sustento al deber reflejo del "solvens" por el hecho del dependiente. Pero estima que no puede privarse de acción al acreedor contra el tercero (auxiliar, dependiente, etc.). A ese fin, descarta que el deber del dependiente sea aquiliano, y cree que se trata de una obligación accesoria, calcada o dibujada sobre la obligación principal del deudor. Hay una suerte de complicidad entre ambos sujetos que no puede desentrañar el acreedor.

Esta posición, que en rigor no contempla la hipótesis tratada, se funda en una teoría de René Demogue, aplicable -para este autor- cuando hay colusión dolosa entre el deudor y el tercero dependiente en el cumplimiento de la prestación.

Demogue aludía a la obligación contractual y accesoria del tercero calcada sobre la obligación del deudor, señalando que era una responsabilidad "d'emprunt" (de préstamo). Hubo otras teorías explicadas por Acdeel Salas en "Estudios sobre la responsabilidad civil", p. 26, Ed. Valerio Abeledo, 1947, y por Boffi Boggero, op. cit., t. 6, p. 428, Nº 2363 y 2364. Como quiera que sea, esta postura sostenida en un fallo plenario de la CNApel. de Paz, de fecha 5/10/66, en la causa "Ades, Isaac, c. Balbi, Adolfo Remo y otro" (ED, 16-278 -La Ley, 124-315-) -colusión dolosa entre locatario y sublocatario-, fue rápidamente abandonada por ese mismo tribunal en otro plenario dictado el 7/7/70 en la causa "Instituto Científico Paul Hnos. c. Castagna, Francisco y otros" (ED, 33-139 -La Ley, 139-296-). Allí se dijo que cada acción conserva su autonomía en arreglo a su génesis. Al respecto, Llambías dice que no es posible -en vista de las diferencias- "colocar la responsabilidad del deudor sobre la de un tercero como si se tratase de un sombrero" (conf. op. cit., t. III, p. 607, Nº 2203, ed. 1973; íd. Boffi Boggero, op. cit., t. VI, p. 429, Nos 2363 y 2364; Félix A. Cazeaux, en Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", t. IV, p. 210, Ed. Platense, 1976; Aparicio, Juan M., "Responsabilidad del tercero por lesión al derecho de crédito", p. 188, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1974; Bueres, "Responsabilidad civil de los médicos", t. I, p. 357, 2° ed., Ed. Hammurabi, 1992).

III. La sala C para sostener que la responsabilidad del dependiente que ejecuta la prestación del transportador entra en la esfera contractual, ha utilizado dos argumentos. Se dice que en el caso media una delegación imperfecta, por la cual el dependiente -tercero-, asume la obligación con el consentimiento del acreedor, pero sin liberar al deudor primitivo. Se ha replicado esta tesis desde distintos ángulos. Bustamante Alsina dice que el argumento es forzado, habida cuenta de que la delegación de deuda es una convención entre el deudor y un tercero por el cual éste se constituye deudor de la misma obligación aunque no se eximiera al primitivo deudor. Si bien el consentimiento del acreedor puede presentarse aun tácitamente, en cambio, el acuerdo con el tercero que asume la deuda debe ser expreso en la convención y no puede inducirse del simple hecho de aceptar el chofer un pasajero en el vehículo que el mismo esté asumiendo personalmente aquella obligación de seguridad, propia del transportista en el contrato de transporte (Bustamante Alsina, op. cit., p. 177, párr. 3º).

También otros autores han criticado esta teoría con similares o distintos argumentos (conf. Mayo, op. cit., p. 91; Vázquez Ferreyra, op. cit., p. 816), diciendo que el dependiente no asume la obligación de la empresa, no hay deberes preexistentes, sino que este sólo concierta una relación laboral con el transportador para realizar meras tareas instrumentales.

Imaginando hipótesis respecto de la afirmación del vocal preopinante, doctor Durañona y Vedia, se podría afirmar que cuando el deudor y un tercero celebran un contrato, por el cual éste asume la deuda, existe una "promesa de liberación".

El acreedor, ante una propuesta de asunción de deuda puede aceptarla o rechazarla. Si la rechaza, en la relación interna, el tercero responde ante el deudor. Si el acreedor acepta, pueden suceder dos cosas: una, que el acreedor acepte la oferta del tercero y libere al deudor. Hay aquí una asunción privativa de deuda perfeccionada. Otra, que el acreedor acepte la asunción de deuda pero que no lo libere al deudor, vale decir una delegación imperfecta (art. 314, Cód. Civil). Este es el caso, en apariencia, aludido por la sala C, en el que existe una asunción cumulativa o acumulativa de deuda. De ser ello así hay una nueva oferta del acreedor que debe ser aceptada por el tercero. Está muy claro que esto último no es viable en el caso del dependiente del transportador. Además hay dos obstáculos insuperables. En la asunción acumulativa de deuda hay una obligación principal y otra accesoria. Por tanto se entiende que dicha interdependencia impone al acreedor la necesidad de demandar en primer término al tercero y, subsidiariamente, al primitivo deudor (conf. Alterini, A. A. Ameal-López-Cabana, op. cit., t. II, p. 275, Nº 1437). Y esto es abiertamente inexacto ya que en el supuesto sometido a plenario, el acreedor puede demandar en forma conjunta al transportador y al auxiliar, siendo las obligaciones de estos dos últimos concurrentes o indistintas, dado que poseen diversa causa fuente. Además, la invocación de la delegación imperfecta resulta incompatible con la idea de "representación" -que ha forzado la postura de la sala C-. En rigor, en la asunción acumulativa de deuda, el tercero es un deudor contractual frente al acreedor, pues asume la deuda con la aceptación de éste. En cambio, en la representación, el representante (tercero) nada debe contractualmente al acreedor, pues el obligado es el representado.

En otro orden de ideas, y en cuanto al argumento de que el tercero es un representante del transportador -más allá que la teoría de la representación fue abandonada como fundamento del deber de responder del "solvens"-, se advirtió con razón que aun cuando el dependiente representare al transportador en la concertación y ejecución del contrato, esto no quiere decir que se transforme en parte de tal contrato, celebrado con el acreedor. El mandatario, por ejemplo, no es parte en un negocio de compraventa en el que interviene. Si fuese demandado por escrituración o por los daños contractuales prosperaría, sin duda, una excepción de falta de legitimación para obrar a su respecto.

Se considera que es fundamental para desechar el argumento mencionado, la opinión de Chironi y de los hermanos Mazeaud sobre el punto, pues ellos sostuvieron la teoría de la representación -hoy desechada universalmente- para fundamentar el deber de responder del deudor contractual por acto ajeno.

Por ejemplo, Chironi, refiriéndose entre otros casos similares a la responsabilidad contractual de las empresas ferroviarias y de las compañías de transporte efectuado por medio de tranvías, dice que tal responsabilidad descuenta la culpa aquiliana de sus empleados (conf. "La culpa en el derecho civil moderno", t. II, p. 54, Nº 268, trad. Bernaldo de Quirós, Ed. Reus, 1928).

Muchísimo más claros son los hermanos León y Henri Mazeaud, también partícipes de la idea de representación, cuando dicen que no hay inconvenientes en conferir acción directa al acreedor contra el auxiliar o sustituto. Y puesto que no existe contrato entre el autor de la culpa y la víctima, parece que la acción de responsabilidad no puede ser sino delictual (op., t. y vol. cits., p. 719, Nº 1005).

También Alterini, A. A.-Ameal-López Cabana, dicen que cuando actúa un representante legal o voluntario su obrar culposo perjudica al representado. Y que sin perjuicio de la responsabilidad del primero, la víctima tiene una acción contra el representante -o en su caso contra el dependiente- en los términos de los arts. 1109 y 1122 (op. cit., t. I, p. 222, NP 454, ed. 1989).

Además, en los fallos de la sala C se hace mención de un pensamiento muy particular de la doctora Elena Highton, que fue vertido en relación exclusiva con la responsabilidad médica -repárase que se discute si los médicos son o no dependientes, aunque si lo fueran, que no es así, serían dependientes "sui generis"-, en un trabajo publicado en JA, 1983-III-659, titulado "Responsabilidad médica ¿contractual o extracontractual?". La autora sostuvo que la responsabilidad médica es siempre contractual, pues es razonable que no existan diferencias entre las dos órbitas. Sobre esta doctrina se ha dicho que carece de todo consenso, pues los supuestos de responsabilidad médica pueden encasillarse en la esfera del contrato o del acto ilícito. Es más, la tesis de Highton se desvanece totalmente, cuando la autora expresa que si del contrato médico se sigue un daño a terceros (por ejemplo los herederos del paciente fallecido que reclaman "iure proprio" el llamado valor de la vida humana o el daño moral), estamos frente a un delito o cuasi delito, típicos actos ilícitos aquilianos. Pero la doctora Highton, que acepta esta premisa, insiste en su teoría contractualista diciendo que ella es justa "más allá de que no encuentra una explicación jurídica apropiada y convincente". Expresa pues un punto de vista subjetivo que se apartaría del derecho vigente por falta de razonabilidad.

Las disfunciones que existen hoy día entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual -por ejemplo en materia de prescripción-, sólo se remedian por vía legal, como lo propuso el Proyecto de 1987 y ahora el Proyecto de la Comisión Federal de 1993, que tiene a la fecha de este plenario, media sanción en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. También así lo recomendaron el Tercer Congreso de Derecho Civil de Córdoba de 1961; las Jornadas de Corrientes de 1965; las Jornadas de Rosario de 1971; las Jornadas de Comodoro Rivadavia de 1980; las Jornadas de Junín y San Juan de 1986; las Jornadas Nacionales de Bariloche de 1989 (conf. Bueres, "Responsabilidad de los médicos", t. cit., ps. 136 y 137, 2° ed., y "La unidad sistemática del resarcimiento. Análisis de la legislación argentina y del proyecto de unificación de la legislación civil y comercial de 1987. Comparaciones con el Código Español", en "Derecho Civil" (ps. 430 a 448, Ed. Universidad de Lima. Centro de Investigación Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Lima -Perú-, 1992).

IV. Desde otra contemplación, la doctrina desecha la idea de que si el dependiente comete un acto ilícito (art. 1109, Cód. Civil) se pueda demandar al deudor como principal extracontractualmente (art. 1113, inc. 1°, Cód. Civil). Si ello se permitiera se vulneraría el principio del art. 1107, consagratorio, en seguimiento de las ideas de Aubry y Rau, del criterio de la opción aquiliana restringida.

Las Jornadas de Junín de 1990 decidieron que la acción aquiliana contra el deudor obligacional, sólo procede si está autorizada por el art. 1107 -vale decir, cuando el hecho de que se trate degenerase en un delito del derecho criminal-. Vale decir que de no mediar las circunstancias que autorizan el traspaso, el deudor sólo responderá contractualmente, sin defecto de la responsabilidad aquiliana del dependiente (art. 1109, Cód. citado).

Con esto se despejan las dudas que generan algunas afirmaciones en los votos del doctor Durañona y Vedia.

V. Recapitulando: a) en el derecho nacional y en el derecho extranjero, no hay opiniones favorables a considerar como contractual la responsabilidad del dependiente del deudor obligacional; b) esto no sería óbice para examinar teorías, en este caso contractualistas, que creasen una doctrina original. No es dable resistirse a aceptar nuevas ideas si ellas son válidas para romper los moldes tradicionales. Máxime cuando esas ideas provienen de los jueces de la sala C, notablemente versados, y cuentan con la valiosa adhesión de los jueces de la sala E; c) Pero en el caso, se estima que ha quedado demostrado que los argumentos de la delegación imperfecta, de la representación o de la justicia de que medie unidad del fenómeno resarcitorio -como insinúa Highton- no son eficaces. Por tales razones, esta mayoría considera que la responsabilidad del dependiente del transportador es extrancontractual y se funda en el art. 1109 y sus concordantes. De donde, la prescripción de la acción -o pretensión- que se dirija contra dicho sujeto será de 2 años, en arreglo a lo que dispone el art. 4037 del Cód. Civil.

Por estas consideraciones, como doctrina legal obligatoria (art. 303, Cód. Procesal), se resuelve:

"No corresponde aplicar la prescripción anual del art. 855, inc. 1°, del Cód. de Comercio, reformado por la ley 22.096, a la acción indemnizatoria deducida por el pasajero contra el dependiente que conduce un transporte".

La vocalía Nº 4 a la fecha se halla vacante.

El doctor Russomano no interviene por hallarse en uso de licencia.

Luis G. Lérida. - Carlos R. Degiorgis (en disidencia y con aclaración). - Jorge A. Giardulli (en disidencia). - Ana M. Luaces (por sus fundamentos). - Hugo Molteni (por sus fundamentos). - Jorge Escuti Pizarro (por sus fundamentos). - Gerónimo Sansó. - José A. M. de Mundo. - Santos Cifuentes (en disidencia). - Jorge H. Alterini (en disidencia). - José L. Galmarini (en disidencia). - Alberto J. Bueres. - Alí J. Salgado. - Osvaldo D. Mirás (en disidencia). - Juan C. Dupuis (en disidencia). - Mario P. Calatayud (en disidencia). - Gustavo A. Bossert. - Ana M. Conde. - Fernando Posse Saguier. - Ricardo L. Burnichón. - Roberto E. Greco (con ampliación de fundamentos). - Leopoldo L. V. Montes de Oca. - Marcelo J. Achával (por sus fundamentos). - Néstor A. Cipriano. - Claudio M. Kiper. - Julio M. Ojea Quintana. - Delfina M. Borda de Radaelli. - Eduardo L. Fermé. - Benjamín E. Zaccheo. - Zulema D. Wilde. - Julio R. Moreno Hueyo (en disidencia). - Teresa M. Estévez Brasa. - Emilio M. Pascual (en disidencia). - Carlos Polak. - Gladys S. Alvarez (en disidencia). - Hernán Daray. - Carlos H. Gárgano (en disidencia por sus fundamentos). (Sec.: José M. Scorta).

Disidencia de los doctores Cifuentes. Alterini, Galmarini, Mirás, Dupuis, Calatayud, Degiorgis, Moreno Hueyo, Giardulli, Pascual y Alvarez.

I. Nuestra legislación civil no cuenta con norma alguna que brinde solución al tema planteado en la convocatoria. Ello es así, y no podía serlo de otra manera, porque el codificador no pudo imaginar los múltiples problemas que sobrevendrían con el correr de los años, entre ellos los relativos al transporte automotor en las grandes ciudades. Mas específicamente, al transporte de pasajeros. Por lo tanto, necesariamente la solución del problema jurídico planteado debe buscarse por vía de interpretación, tratando de encontrar una solución acorde con la realidad.

II. Es indiscutible que si la responsabilidad que nace del transporte es la denominada contractual, es porque existe un contrato. Indudablemente es de carácter mercantil según la remisión que efectúa en su última parte el art. 1624 del Cód. Civil y, por ello, en los precedentes en los que se sostuvo la tesis ahora minoritaria, se aplicaron dos normas del Cód. de Comercio, el art. 184 sobre la responsabilidad del transportista por un lado, y el art. 855 por otro, acerca del plazo de prescripción de la acción (conf. CNCiv., sala C, c. "Polino, L. D. c. Volpato, A. L.", del 15/8/89 (La Ley, 1990-A, 334), entre otras; íd., sala E, c. "Romero Ferrer, J. c. Locurciog", del 11/5/90, entre otras). Al disponerlo así expresamente la ley civil, aquélla es la órbita adecuada a los efectos de buscar respuesta al interrogante.

El conductor del transporte de pasajeros no puede ser considerado como si fuera un dependiente más, asimilándolo en su función a un subordinado cualquiera. Por el contrario, se trata de uno de los denominados "agentes auxiliares del comercio" (art. 87, inc. 5°, Cód. de Comercio), es decir un auxiliar del deudor que colabora con él en el cumplimiento de la prestación comprometida, lo que tiene su razón de ser en las exigencias del tráfico comercial moderno, que, obviamente, impiden el cumplimiento personal por el empresario. En ese carácter cumple diversas y distintas funciones, y un rasgo distintivo que lo diferencia de otros colaboradores, radica en que tiene a su cargo la cosa, concreta y ejecuta el contrato, y con frecuencia, hasta lo interpreta. En su función según las circunstancias y necesidades del tránsito, cambia el recorrido o se detiene o no, en los lugares establecidos para el ascenso y descenso de pasajeros. Más allá de las ordenes generales impartidas por el empresario, que conserva la propiedad del automotor, como agente auxiliar es quien ejecuta la relación que nace al subir el pasajero. En síntesis, celebra el contrato al permitir el ascenso y cobrar la tarifa, es el auxiliar que permite concretar el provecho del contrato, materializa la ejecución del transporte y toma decisiones según las cambiantes alternativas sin consultar, por arbitrio propio. Tiene, entonces, la categoría de todo agente auxiliar del comercio. Y, por ello, la responsabilidad propia cuando no ha concertado el contrato individualizando o indicando la representación de la empresa (conf. Anaya y Podetti, "Código de Comercio y Leyes complementarias comentadas y concordadas, LA LEY, t. II, p. 223, Nº 12, Ed. Omeba, Buenos Aires, 1965"; CNCom., sala B, 27/12/61, LA LEY, 107-797; íd., 15/6/60, LA LEY, 101-189).

Sucede entonces que este agente tan particular por el alcance de sus funciones, al ser cuestionado jurídicamente por sus actuaciones encuadra mejor en la responsabilidad de tipo contractual. Las particularidades señaladas exigen una interpretación realista de lo que está ocurriendo en la calle durante el desarrollo del contrato, más allá de doctrinas conceptualistas y de nociones que, si bien son seria y científicamente estructuradas, no resultan ajustadas a este supuesto.

III. Por lo expuesto, debe efectuarse una distinción esencial a los efectos de la respuesta al interrogante, ya que no debe confundirse el contrato de transporte con la responsabilidad que de él emerge. Una cosa es el contrato "strictu sensu" y otra, como concepción inclusive de la dogmática jurídica, la responsabilidad denominada contractual, para contraponerla con la denominada responsabilidad extracontractual no sólo es la que se origina en el contrato. Se desenvuelve dentro de márgenes más amplios y para que ella nazca basta la existencia de una obligación lícita específica preexistente, que puede provenir de las partes que la han convenido, bien de la ley o de cualquier otra circunstancia que hace preexistir, concretamente, la obligación vinculada con un acto de determinada persona. Es suficiente, entonces, un objeto concreto convencional anterior y un sujeto determinado. Sólo escaparía a ello el acto ilícito obrado con culpa o dolo, si se tratase de una responsabilidad genérica del deber de no dañar, supuesto en el que no hay convención que le preceda, sea de partes o que tenga origen legal (conf. Llambías, "Obligaciones", t. III, p. 556, Nº 2172; Alterini, A. A.-Ameal-López Cabana, "Curso de obligaciones", p. 168, vol. I, Nº 364; Mayo, en "Código Civil comentado, anotado y concordado", dirigido por Augusto C. Belluscio, p. 617). En consecuencia, y a partir de la distinción aludida, no cabe duda que este agente, por las funciones específicas que cumple, se encuentra enmarcado dentro de la responsabilidad contractual no obstante no ser sujeto principal del contrato.

Las críticas efectuadas a los fallos que sostuvieron este criterio, ahora minoritario, padecieron de la confusión de asimilar el contrato con la responsabilidad contractual, lo que choca con la realidad por la diversidad de situaciones que se pueden presentar.

IV. Por otro lado, existe un principio, aceptado unánimemente por la jurisprudencia y la doctrina, que tiene relevancia para la interpretación y que, lejos de justificar un criterio rígido para la aplicación de la responsabilidad contractual, impone un criterio amplio. Se sostiene que el transportista satisface su obligación llevando sano y salvo al pasajero a su lugar de destino, para lo cual debe brindarle durante el trayecto, y en el ascenso y descenso, todas las seguridades necesarias (conf. CNCiv., sala A, c. "Sueldo Guacci c. Maldonado", del 15/10/91; íd., sala B, c. "Lavella c. Lagos", del 17/10/91; íd., sala C., c. "Rojas c. Ferrocarriles Argentinos", del 11/12/89; íd., sala D, c. "Martín de Sánchez c. Alvarez Hnos.", del 19/8/92; íd., sala E, c. "Latorre c. Veltri", del 7/8/92; íd., sala F, c. "Matelli c. Empresa Ferrocarriles Argentinos", del 4/9/89; íd., sala H, c. "Alcaraz c. Ferrocarriles Argentinos", del 16/2/87; íd., sala I, c. "Quevedo c. Sotelo", del 10/8/88; íd., sala J, c. "Gauna c. Ferrocarriles Argentinos", del 18/9/87, entre otras; Acuña Anzorena, "Estudios sobre la responsabilidad civil", p. 338; Brebbia, "Accidentes de automotores", p. 269; Bustamante Alsina, "Teoría general de la responsabilidad civil", p. 399; Garrone, "Manual de Derecho Comercial", p. 273; Gregorini Clusellas, "Daños al pasajero y su acción de responsabilidad frente al transportista y al conductor en relación de depedencia", LA LEY, 1992-B, 202; Trigo Represas-Compagnucci de Caso, "Responsabilidad civil por accidentes de automotores", p. 83, entre otros).

En esa prestación se encuentra la obligación lícita específica preexistente, que va más allá de la figura del contrato y que conforma la responsabilidad contractual. Esto impide marginar de ella al auxiliar, por ser él quien la asume al celebrar el contrato y, en definitiva, al ejecutarlo personalmente. De lo contrario, y de ser encuadrado, como se sostiene, dentro de la responsabilidad extracontractual, la fuente ya no sería el contrato sino la norma contenida en el art. 1109 del Cód. Civil, en cuyo caso sería menester la prueba de su culpa o dolo por la violación del deber genérico de no causar daño a otro, lo que resultaría incoherente con el sistema que rige respecto del empresario.

En el derecho argentino hay una tendencia definida y por entero mayoritaria que pregona la necesidad de la unificación de las responsabilidades, por considerar no admisible las distinciones que de los diversos regímenes surge. Dado que en la ley, acerca de la actuación del empresario y conductor, no se ha cubierto específicamente el caso que se plantea en el plenario, la interpretación que proponemos satisface en este supuesto ese anhelo y unifica los plazos de prescripción, como un logro más de esa tendencia, sin que se observe la violación de ningún principio jurídico o norma legal.

En consecuencia, y toda vez que la actividad del conductor encuadra en la responsabilidad que emerge del contrato de transporte, la conclusión es que a su respecto también es aplicable el plazo de prescripción anual previsto por el art. 855 del Cód. de Comercio.

Por las consideraciones expuestas y como doctrina legal obligatoria (art. 303, Cód. Procesal), se resuelve:

"Corresponde aplicar la prescripción anual del art. 855, inc. 1°, del Cód. de Comercio, reformado por la ley 22.096, a la acción indemnizatoria deducida por el pasajero contra el dependiente que conduce un transporte".

Santos Cifuentes. - Jorge H. Alterini. - José L. Galmarini. - Osvaldo D. Mirás. - Juan C. Dupuis. - Mario P. Calatayud. - Carlos R. Degiorgis. - Julio R. Moreno Hueyo. - Jorge A. Giardulli. - Emilio M. Pascual. - Gladys S. Alvarez.

Voto de los doctores Luaces, Molteni y Escuti Pizarro.

La responsabilidad del transportista es de naturaleza contractual, de ahí que la prescripción de las acciones que se entablen por incumplimiento del contrato de transporte, regido por el art. 184 del Cód. de Comercio, es la que prevé el art. 855, inc. 1° del mismo Código. En cambio, la acción indemnizatoria dirigida por el pasajero contra el dependiente que conduce el transporte, o sea, entre quienes no media ninguna relación de índole contractual, es de naturaleza extracontractual y sólo puede fundarse en el art. 1109 y concs. del Cód. Civil (conf. Boffi Boggero, "Tratado de las Obligaciones", t. VI, ps. 429 y sigtes.; Mayo, "Responsabilidad por daños. Homenaje a Jorge Bustamante Alsina", p. 87; Bustamante Alsina, "Responsabilidad civil y otros estudios", t. I, p. 173; Vázquez Ferreyra, "Responsabilidad civil en el transporte de personas" en JA, 1992-IV-812; Gregorini Clusellas, "Daños al pasajero y su acción de responsabilidad frente al transportista y al conductor en relación de dependencia", en La Ley, 1992-B-201; Alterini- Ameal-López Cabana, "Curso de obligaciones", vol. 1, p. 210, Nº 454; Conclusión de las Cuartas Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal, en JA, 1990-IV-904; etcétera), de modo que a su respecto la prescripción aplicable es la prevista en el art. 4037 del Cód. Civil.

Por ende, en base a tal esquema conceptual, adherimos al criterio mayoritario.

Ana M. Luaces. - Hugo Molteni. - Jorge Escuti Pizarro.

Ampliación de fundamentos del doctor Greco.

I. Al igual que en todos los casos en que se afirma que una cuestión no tiene solución en el derecho vigente, me veo obligado a reiterar -como lo hago cada vez que se predica un "vacío" o espacio carente de juridicidad- que el ordenamiento no tiene lagunas y todo conflicto encuentra solución en los géneros normativos del sistema. Que esa solución puede no gustar a algunos, no plantea problema de lógica jurídica formal sino problema axiológico, como creo se ha demostrado por lo menos desde 1942 (Carlos Cossio, "Las lagunas del derecho", en esp. p. 5 y sigts., Imprenta de la Universidad de Córdoba, 1942, separado del "Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales"; del mismo autor, "La plenitud del ordenamiento jurídico", ps. 37/53, 2° ed., Ed. Losada S. A., 1947, que incluye como primera parte el estudio anterior. Ver ejemplos dados en mi trabajo "¿Ultraactividad de normas abrogadas o derecho libre?", ED, 83-680/703, en esp. cap. III en ps. 683/687).

II. No resulta convincente pretender encuadrar al conductor de un transporte, dependiente de la empresa, en la categoría de agente de comercio porque tiene la guarda material del vehículo y, por la situación de hecho, es quien celebra el contrato de transporte con cada pasajero y ejecuta los actos materiales de cumplimiento de la obligación. Precisamente por "lo que está ocurriendo en la calle durante el desarrollo del contrato" -preocupación del voto de minoría que comparto, aunque ella me lleva a conclusión diferente- y no por doctrinas conceptualistas, pienso que quien decide viajar identifica al vehículo por su número y color y, si lo toma, es porque sabe que por el recorrido que tiene prefijado lo conducirá al lugar a que quiere arribar o sus cercanías y estima que le resulta conveniente el precio del viaje, también prefijado. Si a este "homo qualumque" -que se toma como prototipo de lo que ordinariamente acontece- le resulta incomprensible que su gesto de hacer señas para que el vehículo se detenga implica exteriorización de una voluntad de aceptar la genérica oferta de celebrar un contrato de transporte, dirigida a persona indeterminada, resultante de la circulación del colectivo en función de servicio, mucho más insólito le resultará que se le diga que contrata con el colectivero. Si se logra hacerle entender que esas conductas son formativas de un consentimiento contractual, él dirá que lo que le interesa es contratar con "la línea" (entiéndase la empresa titular de la explotación) y le resulta indiferente que el colectivero sea Juan, Pedro o Pirulo, a quien no conoce ni individualiza por sus datos personales; ni que sea empleado a sueldo, propietario de la unidad, socio, accionista o cualquier otra caracterización que haga a la así llamada "naturaleza jurídica" de la relación interna entre empresa y conductor. Para el usuario, y siempre en orden al contrato entre empresas transportadora y pasajero, el chófer -inidentificado personalmente y hasta, si se permite la licencia de lenguaje, "fungible"- es siempre un dependiente, porque está sujeto a las órdenes del principal que le indica turnos, horarios, recorridos y demás, sea lo que sea respecto de la cosa que conduce.

Es verdad que el conductor que realiza los actos materiales de celebración del contrato, pero no lo hace a título personal sino en representación, por cuenta y orden de su principal. Por eso corta y entrega un boleto emanado de la empresa y percibe el precio, del que deberá rendir cuentas a ésta. Se dijo en el debate, aunque no consta en el voto de minoría -único que conozco al elaborar el presente- que serían aplicables los arts. 136, 137 y 150 del Cód. de Comercio.

Este fundamento figura en la sentencia de la sala C en la causa "Polino c. Volpato" del 15/8/89 (JA, 1989-IV-469/474, con nota crítica de Jorge Bustamante Alsina, "La responsabilidad delictual o aquiliana es de derecho común y la contractual es de excepción" en ps. 474/477). Las normas citadas se refieren al factor de comercio; considerar que el chófer lo es escapa a toda ponderación de la realidad, a menos que se estime que el colectivo es sucursal o establecimiento, y que la máquina expendedora de boletos y planillas con las que debe rendir cuentas constituyen la contabilidad que menciona el art. 145 de ese cuerpo, todavía vigente. Paso por alto la falta de inscripción de la preposición institoria porque, como es sabido, esa omisión no es oponible a terceros que contratan con el factor (su art. 134). Lo que me resulta inconcebible es que al colectivero se lo llame "señor gerente". Y otro tanto sucede si se lo considera acarreador, porteador o empresario de transporte (art, 87, inc. 5°, este sí mencionado en el voto de minoría) porque la regulación de estos últimos se aplica a las empresas con ese objeto y contiene normas similares (art. 162 y siguientes).

Se emplea ese fundamento, que creo ya haber refutado, para concluir que la responsabilidad del conductor sería, como la del principal, contractual. El razonamiento se vuelve en contra de la conclusión. Basta recordar que el pasajero lesionado tiene legitimación para demandar a la transportadora y también al conductor, ambos obligados por el total de los daños resarcibles, por lo que se trata de obligaciones concurrentes; en tanto el factor sólo obliga al principal por las obligaciones que contrae frente a quien contrata con él en los límites de la autorización y permanece como tercero respecto de éstas. Es el juego normal de la representación (arts. 137 y 138), concordante con el principio general en materia de mandato (art. 1946, Cód. Civil). Y si el factor contrata en nombre propio, sólo él queda obligado, salvo el caso del art. 139 "in fine" en el que se abre una opción a favor del cocontratante para dirigir su acción contra el factor o contra su principal, pero nunca contra ambos (Héctor Masnatta, "El factor de comercio", ps. 136/8, Ed. Bibliográfica Omeba, 1961).

Como se ve, el argumento es suicida, Empédocles redivivo en busca en un nuevo Etna.

Tampoco comparto que el conductor tenga la guarda jurídica y material de la unidad, y la empresa la guarda jurídica. Puedo aceptar, porque no se trata de cuestión de etiqueta sino de esencia, que se llame guarda material a la situación de hecho ya que es el dependiente quien está al comando de la máquina, pero la guarda jurídica corresponde siempre, en forma exclusiva, a la empresa transportadora. Por eso el dependiente conductor no es guardián, sin perjuicio de la también conocida discrepancia que se registra para determinar el factor de atribución de su responsabilidad propia, siempre extracontractual, entre quienes le hacen extensiva la regla del art. 1113, párr. 2° agregado por ley 17.711, parte final -responsabilidad por riesgo, factor objetivo- y quienes lo sitúan en el ámbito del art. 1109 -responsabilidad por culpa, factor subjetivo-.

III. Menos convincentes me resultan las otras razones que se dan para atribuir al conductor responsabilidad contractual. Se invoca, por un lado, una delegación simple, acumulativa o no novatoria, que la doctrina corriente denomina "imperfecta". Por otro, que el deber de conducir al pasajero sano y salvo al lugar de destino sería de fuente legal y anterior al contrato. De ser cierto lo primero, la obligación del conductor sería la misma que la del empresario; de ser cierto lo segundo, sería una obligación distinta nacida de otra fuente. Y no es posible que ambas premisas sean verdaderas, porque la una es excluyente de la otra.

La delegación, cuya autonomía conceptual respecto de la novación no se discute en la doctrina moderna desde la obra de Salpius ("Novation und Delegation nach Romischen Recht", Berlín, 1864) es un negocio trilateral en el que participan tres sujetos; delegante -quien toma la iniciativa-, delegado -destinatario inmediato de la iniciativa-, y delegatario -destinatario mediato- quien debe prestar su consentimiento para que el efecto previsto en la iniciativa se consume. Descarto la activa -delegación de crédito- por ser ajena a la cuestión que aquí se trata. La pasiva puede ser "delegatio promittendi", con función creditoria, que tiene por objeto la asunción de una deuda, a la que Messineo llama "promesa de futuro pago" ("Manual de Derecho Civil y Comercial", t. IV, parág. 109, p. 174, trad. de Sentís Melendo, Ed. E.J.E.A., 1954), o "delegatio solvendi o dandi", con función solutoria, que tiene por objeto un pago inmediato sin que el delegado asuma previamente la obligación. No se especifica en la tesis que critico a cuál de estas especies se refiere (para simplificar, si quienes la propician entienden que hay delegación de deuda o de pago). Aunque tampoco se dice, parece evidente que la consideran delegación titulada y no delegación pura, porque en ella la relación final se hallaría vinculada a la obligación de la empresa transportadora. Según este esquema básico, la empresa deudora de la obligación de conducir al pasajero sano y salvo a su destino, actuando como delegante celebraría con el conductor, quien actuaría como delegado, un acuerdo delegatorio por el que éste asumiría la deuda o el pago; y el pasajero, actuando como acreedor delegatorio, aceptaría al conductor como nuevo deudor -o como "solvens" si fuera delegación de pago- sin liberar al primitivo.

La relación de valuta -obligación de la transportadora frente al pasajero- es de fuente contractual, lo que no se discute. La relación de cobertura o de provisión -acuerdo entre el principal y el conductor- es acto ajeno a esa obligación, y la relación final quedaría trabada entre el conductor y el pasajero acreedor con la aceptación de éste. Al no desobligarse al delegante, no produciría novación (doct. art. 814, Cód. Civil).

La construcción doctrinaria de la figura está pensada en función de un acuerdo entre delegante y delegado cuando éste es un tercero en la obligación que se delega, aunque pueda ser parte en otra relación con el delegante que sea fuente de otra obligación entre ellos, respecto de la cual el acreedor delegatorio es tercero. No existe aquí ese acuerdo delegatorio; el conductor no es un tercero independiente y en paridad con la empresa transportadora sino un subordinado de ésta, con la que sólo está ligado por la relación de dependencia (laboral, societaria o de cualquier otra índole), por lo que no se advierte "iussum" -como indican las fuentes romanas, esclarecidas por Salpius- ni otro convenio -"Ermachtigung" de la doctrina alemana- ajeno a esa relación de dependencia, que sea causa de una asunción de la obligación del principal frente al pasajero para quien la citada relación de subordinación o dependencia es "res inter alios". No puede ésta, por esa razón, funcionar como relación de cobertura. Esto es suficiente para cortar el "iter" de la alegada operación trilateral, lo que hace innecesario examinar la simultaneidad que en el caso se produciría entre la constitución de la obligación derivada del contrato de transporte y su pretendida asunción simple o acumulativa por parte del conductor (para mayores desarrollos remito a mi libro "Enajenación de cosa hipotecada", cap. IX, N 48 a 50, ps. 159/167 y sus citas, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1967). De aceptarse la tesis que descarto; el deudor de obligación de cualquier clase que intentase hacer cumplir la prestación mediante actividad de un subordinado, estaría celebrando con éste una delegación; con lo que desaparecerían las figuras de pago por representantes, dependiente o nuncio.

En cuanto a la obligación preexistente, que sería de fuente lícita por emanar de la ley, su alegación incurre en confusión de conceptos. El deber de conducir al pasajero sano y salvo a destino nace del contrato de transporte, el que se celebra o perfecciona en particular con el pasajero de quien se trata en cada caso. Como se ha visto, sólo obliga por esta fuente a la empresa transportadora.

El deber del conductor, que no es parte en el contrato sino subordinado de uno de los contratantes, si se lo pretende previo o anterior al contrato específico que crea una obligación individualizada, no puede ser sino el genérico "neminen laedere" cuya transgresión da nacimiento a una obligación extracontractual. Debo pensar que lo del "dolo cuasidelictual" -sic- es sólo un lamentable "lapsus calami".

Como, por lo demás, el tema está tratado en el voto de mayoría al que adhiero, y reiterando una vez más que ignoro si habrá alguna ampliación de fundamentos del de minoría que es el único que conozco -si llegara a presentarse otro, por el mecanismo del plenario no puedo llegar a considerarlo al entregar este voto-, me detengo aquí.

La respuesta al interrogante inicial es categórica. La obligación surgida del contrato de transporte, de llevar al pasajero sano y salvo al lugar de su destino, tiene como único deudor al empresario parte en ese contrato. No se transmite al subordinado que conduce el vehículo, ni se modifica subjetivamente con el supuesto ingreso de éste en la relación contractual que -se pretende- le haría "asumir" aquella obligación como nuevo deudor independiente del anterior.

Si el dependiente conductor debe indemnizar al pasajero no es por incumplimiento de aquella obligación que él no debe, sino por otra obligación nacida de otra fuente: el acto ilícito que protagoniza, que se le imputa sea por factor de atribución objetivo o subjetivo, y del que resulta el daño al transportado que erige a éste en acreedor del resarcimiento.

IV. En conclusión: el ordenamiento da respuesta al problema. La prescripción de la acción contra el conductor, de naturaleza aquiliana, es dos años (art. 4037, Cód. Civil, texto según la ley 17.711). No se me oculta que al reducir a 1 año el de la acción contra la transportadora en los transportes realizados en la República (ley 22.096, modificatoria del art. 855 del Cód. de Comercio) que antes era decenal, se actuó en una forma difícilmente justificable. De haber fijado un plazo de 2 años, coincidente con el extracontractual, a nadie se le habría ocurrido distorsionar los principios para aplicar el régimen contractual a una obligación que no nace de esa fuente. Pero como no podemos dejar de aplicar la ley porque la consideremos inconveniente, cualquier crítica en ese sentido sólo es válida "de lege ferenda". La ley 24.032, vetada mediante decreto 2719/91, unificaba -no interesa aquí si con acierto o no en cuanto a la extensión del plazo- las prescripciones implicadas, y otro tanto ocurre con los proyectos de unificación civil y comercial actualmente en tratamiento legislativo. En tanto continúe vigente el derecho actual, no cabe sino atenerse la diferencia de plazos señalada.

La novedosa teoría con la que intentó superársela ha tenido un día efímero si se considera, con la relatividad del tiempo, el corrido entre su orto -primeras sentencias que la acogieron- y su ocaso marcado por este plenario. También dejó al descubierto la insenescencia, hasta ahora, de la teoría tradicional que por admitir la distinta regulación de ambas responsabilidades y diversidad de causas fuentes de las obligaciones de cada deudor, respeta la diferencia de plazos prescriptivos. Es de desear que la reforma legislativa, que también contempla la unificación de los regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual, sepulte definitivamente el problema.

Roberto E. Greco.

Voto del doctor Achával.

En ocasión de dar mi opinión en relación al tema de la convocatoria en la sala que me honro en integrar, he sostenido que el art. 1107 del Cód. Civil marca una frontera entre los ámbitos de responsabilidad civil contractual y extracontractual y sólo excepcionalmente permite pasar de la primera órbita a la segunda, en el supuesto de que el incumplimiento convencional involucre la comisión de un delito del derecho criminal, que debe ser imputable.

El daño que sufre el viajero durante el transporte implica el incumplimiento del deber de conducirlo sano y salvo hasta el punto de destino; luego el caso se rige por las normas de la responsabilidad contractual con la opinión indicada, si el episodio degenera en el delito penal (conf. Llambías, "Código Civil anotado", t. II- B, coment. art. 1107, parág. 8).

La ausencia de opción resulta del art. 1107 del Cód. Civil y la consiguiente necesidad de aplicar el régimen de responsabilidad contractual, sólo juega para las partes ligadas por el contrato, pero no respecto de terceros extraños al mismo, como es el caso del dependiente de la empresa de transportes y ajeno a la convención que vinculaba a ésta con el damnificado, cuya responsabilidad es de índole extracontractual. Aquí la cuestión ha de resolverse a la luz del principio general de la culpabilidad.

La obligación del conductor del vehículo de transportes deriva de la violación del deber genérico de no dañar.

En la especie, las obligaciones respectivas de ambos accionados tienen génesis diferentes y estrictamente hablando no son solidarias sino concurrentemente responsables. Se trata de obligaciones "in solidum" o indistintas, en las cuales la independencia de vínculos que unen al acreedor con los deudores, determina entre otros efectos que la interrupción por suspensión de la prescripción respecto de uno de ellos no perjudica al otro (conf. Borda, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", t. I, parág. 580, p. 472).

En consecuencia, opino que la prescripción de la acción promovida en contra del conductor dependiente, no es sino la prevista por el art. 4037 del Cód. Civil y en función de ello comparto la solución a la cual llega la mayoría.

Marcelo J. Achával.

Aclaración del doctor Degiorgis:

Si bien en distintas sentencias dictadas por la sala K que integro participé del criterio que sostiene que debe aplicarse el plazo bienal para la prescripción de la acción seguidas contra el conductor (conf. c. "Villarrubias E. c. Empresa Lloyd Tour s/daños y perjuicios", entre otras), un nuevo análisis de la cuestión, efectuado en razón de la convocatoria a plenario, me convence para modificarlo. Por ello comparto el voto minoritario que considera que rige el plazo anual previsto por el art. 855 del Cód. de Comercio y los fundamentos expuestos al respecto.

Carlos R. Degiorgis.

Fundamentos del doctor Gárgano:

La obligación de resarcir los daños y perjuicios ocasionados al pasajero durante el viaje, es de naturaleza contractual (art. 184, Cód. de Comercio).

El transporte puede ser ejecutado por el obligado o por otro, pues si la obligación no es "intuitu personae" el transportista puede servirse de un dependiente para la ejecución del hecho debido (art. 626, Cód. Civil). Pero no hay novación, la obligación convencional es la misma. Y las empresas y, en general, todos los que se encargan de transportar personas, son responsables por los daños y perjuicios ocasionados al pasajero por culpa o negligencia de sus dependientes, tal como lo establece el art. 162 del Cód. de Comercio.

Por consiguiente, los hechos o las omisiones del transportista y de sus dependientes en la ejecución de las obligaciones convencionales derivadas del contrato de transporte, no están comprendidas en las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos, si no degeneran en delitos del derecho criminal (art. 1107, Cód. Civil). Y la acción entablada por el pasajero contra el conductor del vehículo que no ha cometido un delito penal, prescribe en el plazo establecido en el art. 855 del Cód. de Comercio.

Carlos H. Gárgano.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, como doctrina legal aplicable (art. 303, Cód. Procesal), se resuelve:

"No corresponde aplicar la prescripción anual del art. 855, inc. 1°, del Código de Comercio, reformado por la ley 22.096, a la acción indemnizatoria deducida por el pasajero contra el dependiente que conduce un transporte".

Dése cumplimiento a lo dispuesto por el art. 62 del reglamento del fuero.

Luis G. Lérida. - Carlos R. Degiorgis (en disidencia y con aclaración). - Jorge A. Giardulli (en disidencia). - Ana M. Luaces (por sus fundamentos). - Hugo Molteni (por sus fundamentos). - Jorge Escuti Pizarro (por sus fundamentos). - Gerónimo Sansó. - José A. M. de Mundo. - Santos Cifuentes (en disidencia). - Jorge H. Alterini (en disidencia). - José L. Galmarini (en disidencia). - Alberto J. Bueres. - Alí J. Salgado. - Osvaldo D. Miras (en disidencia). - Juan C. Dupuis (en disidencia). - Mario P. Calatayud (en disidencia). - Gustavo A. Bossert. - Ana M. Conde. - Femando Posse Saguier. - Ricardo L. Burnichón. - Roberto E. Greco (con ampliación de fundamentos). - Leopoldo L. V. Montes de Oca. - Marcelo J. Achával (por sus fundamentos). - Néstor A. Cipriano. - Claudio M. Kiper. - Julio M. Ojea Quintana. - Delfina M. Borda de Radaelli. - Eduardo L. Fermé. - Benjamín E. Zaccheo. - Zulema D. Wilde. - Julio R. Moreno Hueyo (en disidencia). - Teresa M. Estévez Brasa. - Emilio M. Pascual (en disidencia). - Carlos Polak. - Gladys S. Alvarez (en disidencia). - Hernán Daray. - Carlos H. Gárgano (en disidencia por sus fundamentos).