marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fianza, fiador, codeudor solidario, beneficio de excusión, doctrina
Materia: CIVIL
Carátula: D., J. C. c/ EMPREDIMIENTOS BARILOCHE y Otros (CUMPL. CONTRATO Y COBRO PESOS) s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

Jaime ANAYA y Félix A. Trigo Represas, expresan que la imposibilidad de equiparar al "fiador principal pagador" con el "codeudor solidario", resulta de un cúmulo de circunstancias, a saber: ... b) El argumento resultante de lo dispuesto en el art. 2013, inciso 3 del Cód. Civil: El art. 2012 del Cód. Civil concede al "fiador" el "beneficio de excusión", consistente en que, a su pedido, el acreedor deberá dirigir en primer lugar su acción contra todos los bienes del deudor principal.

Pero en el subsiguiente art. 2013 el Cód. Civil establece las excepciones a tal "beneficio", es decir que hay casos en que "no le es necesaria al acreedor la previa excusión"; mencionando allí en su inciso 3, que ello es así: "cuando (el fiador) se obligó como principal pagador". Lo cual permite suponer ante todo que el codificador consideraba al "principal pagador" como un "fiador"; ya que de otra manera no se explica por que reputó necesario privarlo de ese beneficio a través de una disposición específica.

Y además desde otra perspectiva, sucede que si al "principal pagador" se le aplicaran de manera exclusiva las disposiciones sobre los codeudores solidarios, la citada norma del art. 2013 inc. 3 importaría una inexplicable incongruencia, en razón de que el "beneficio de excusión" es por completo ajeno y extraño a la solidaridad.

En consecuencia, lógicamente dicha preceptiva sólo puede admitirse, si se acepta que para el ordenamiento civil quien se obliga como "principal pagador" no deja por ello de ser un "fiador", esto es: alguien que asume únicamente una obligación accesoria de otra principal.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, lesiones, prueba, inversión de la carga de la prueba
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Aguirre, Lázaro Mariano s/ lesiones culposas (causa N. 32.533).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-05

Corresponde dejar sin efecto la disposición que, contrariando lo establecido expresamente por el art. 468 del Código de Procedimientos, invierte la carga de la prueba y exige al acusado probar que las lesiones no existen, frustrando de manera directa e inmediata concretas garantías constitucionales.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: PENAL
Carátula: PARTESANO, Juan s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-31

Quien conduce un vehículo cuyos frenos no responden en forma inmediata, debe ceñirse a una conducción prudente que importa circular más despacio que la velocidad reglamentariamente autorizada.-
Suspensión del juicio a prueba, gastos del proceso
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: MARENCO, Juan F. s/ Causa 2.329
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-16

Aun cuando la situación no se encuentra establecida específicamente, surge de la concordancia de los arts. 530, 531 y 533 del C.P.P. y del art. 76 bis de la ley 24.316, que el imputado debe solventar no sólo la reparación del daño en la medida de lo posible, sino también los gastos que originó la sustanciación del proceso, pues, en su defecto, la querella se vería perjudicada en forma injustificada ante la situación de encontrar a su cargo gastos que, en principio, no habría generado.
Leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO c/ SUCESORES DE ROSENDO ALLUB U OTRO s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-04-07

Si al entrar en vigencia la nueva ley se había cumplido el plazo establecido por la ley anterior para que la acción prescribiera, existe un derecho adquirido a hacer valer esa defensa, que la ley nueva no puede alterar.
Accidente de tránsito, menores, responsabilidad de los padres, culpa in vigilando
Materia: CIVIL
Carátula: Vega, Elisa Benita y otro c/ Messina, Pedro Héctor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-19

Aunque la madre no presenció el accidente ocurrido, su apreciación respecto a que el menor acostumbra a cruzar la calle corriendo tiene fundamental relevancia, desde que el niño, de escasos seis años en ese momento, estaba a su cargo, y a su respecto medió culpa "in vigilando" (art. 1114 del Código Civil), al no cumplir con justeza el deber de custodiar con detenida atención a su hijo, menor impúber. La patria potestad impone a los padres impedir que sus hijos causen o se causen perjuicios, de modo que cuando éstos se producen, cabe la presunción de que no han cumplido con su deber de vigilancia, y la falta no radica en el hijo menor sino en la de la propia progenitora por su imprevisión o falta de cuidados.

La víctima, menor impúber y como tal incapaz de hecho absoluto, sin discernimiento, para los actos ilícitos (arts. 54, inc. 2), 127 y 921 del Código Civil), careciendo por tanto de la noción de lo bueno y de lo malo y, por ende, sin poder apreciar lo que para él podía ser o no conveniente, necesitaba imperiosamente de la asistencia materna al salir a la vía pública para evitar que un hipotético descontrol lo llevara a arrojarse a cruzar la calle por un lugar no habilitado y corriendo, por lo que medió por parte de la madre un cumplimiento negligente de las obligaciones inherentes a la patria potestad (arts. 264 y 265 del Código Civil).
Concursos, conversión de la quiebra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Abentín, Joaquín Antonio s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-12

Al solicitar la conversión de la quiebra en concurso preventivo el deudor debe satisfacer los recaudos formales propios del concurso preventivo enumerados en el art. 11 de la ley 24.522.

La solución es razonable pues el efecto es que la quiebra se transforma en concurso preventivo y continúa tramitando este proceso. El juez puede conceder el plazo de diez días previsto en la última parte del mencionado art. 11.
Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Labandal, Juan Carlos y otros c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no sólo cumple las funciones específicas de casación, sino también las de naturaleza administrativa como cabeza del Poder Judicial. Y esta actividad administrativa llevada a cabo por el Poder Judicial, cuando ejerce sus facultades de superintendencia, no puede dejar de estar sujeta a control judicial en los términos del art. 149 inc. 3 de la Constitución provincial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, pensiones, matrimonio del cónyuge supérstite, rehabilitación del beneficio
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Detinis, Ruth Cohen de Levis de s/ pensión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que confirmó la resolución administrativa que había denegado la rehabilitación de la prestación a la cónyuge supérstite, cuyo derecho se había extinguido al contraer nuevo matrimonio (art. 1° de la ley 21.388), en virtud de lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 3° de la ley 22.611, si se funda en una exégesis inadecuada que desvirtúa la finalidad de la norma aplicable y la vuelve inoperante, lo cual se traduce en la frustración del derecho reclamado que cuenta con amparo constitucional.
Tipo penal, sentencia condenatoria, abuso sexual, víctima menor de edad, agravantes de la pena, transmisión de enfermedades
Materia: PENAL
Carátula: M., B. E. c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-28

Desde el punto de vista de la tipicidad objetiva, resulta arbitraria la calificación impuesta al imputado en la sentencia condenatoria cuando en el marco de un abuso sexual de una persona menor de trece años, se aplicó la agravante prevista en el art. 119, primer y último párrafo, inc. a) C.P., basada en el contagio de sífilis a la víctima, puesto que, por un lado, hay un tipo penal especial en el que se subsume el contagio de enfermedades venéreas -el art. 18 de la ley 12.331- que desplaza cualquier otro general -la agravante genérica prevista en el art. 119, cuarto párrafo, C.P.- y, por el otro, porque el contagio de una enfermedad venérea no puede ser considerado un grave daño en la salud física y mental, dadas las características curables de la enfermedad en términos objetivos, por lo que, en consecuencia, no puede ser equiparado a provocar las lesiones graves o gravísimas de los artículos 90 y 91 del Código Penal. Asimismo, cabe descartar la acreditación del tipo subjetivo del delito previsto en el art. 18 de la ley 12.331, puesto que, de las actuaciones, no surge con certeza plena que al momento de cometerse al abuso sexual atribuido al imputado, éste tuviera sífilis y más importante aún, que supiera que portaba esa enfermedad contagiosa. Al respecto, la citada norma sanciona la conducta del que "sabiéndose afectado de una enfermedad venérea transmisible, la contagia a otra persona", circunstancia que constituye una clase de conocimiento específico que no puede inferirse sin más (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Llerena y Rimondi).
Hábeas corpus, detención, tribunales militares, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Cardozo, Miguel Oscar. s/ Interpone recurso de hábeas corpus en su favor
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-01-09

Si no se cuestionó el carácter jurisdiccional de la actividad del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y su aptitud para someter al recurrente, debe tenérselo por detenido a disposición del tribunal competente y sometido a normas del Código de Justicia Militar.
Notificación, absolución de posiciones, cédula de notificación, domicilio, domicilio social, domicilio legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Colortex S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-07-11

No le asiste razón al hoy casacionista al pretender que la notificación para absolver posiciones se notificara en el domicilio real del Presidente de la demandada, por cuanto la accionada -por quien su presidente absuelve- es una sociedad, y en éstas el domicilio legal equivale al real de las personas físicas.

Debe tenerse presente que solo las partes absuelven posiciones (concepto que no varía porque en el caso de la sociedad lo haga a través de quien legalmente la representa); y lo que aquí interesa es que la parte sea notificada en su domicilio particular (real o legal según sea física o jurídica la persona), y no en el domicilio ad item. No puede exigirse que la contraria realice indagaciones tendientes a determinar nombre y domicilio de quien representa a la empresa, por ser un elemento variable de la misma; en tanto que ésta tiene su asiento en un lugar determinado, que susbsiste mientras no denuncie su cambio, en el que deben practicarse las notificaciones que en virtud de la trascendencia de sus efectos, deben notificarse en el domicilio real.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ALVAREZ, HIPOLITO M. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-20

El valor de las pruebas no esta prefijado y corresponde a la propia apreciación del tribunal de juicio determinar el grado de convencimiento que aquellas puedan producir, quedando dicho examen excluido de la inspección casacional.
Competencia contravencional y de faltas, armas de uso civil
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos "Coman, Waldo Walter Yair y otros sobre 189 bis (2) - portación de arma de fuego de uso civil" c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-15

Corresponde declarar la competencia del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas pues no fue controvertida la calificación de los hechos en el art. 189 bis, inc. 2°, cuarto párrafo, del Código Penal y asiste razón a los magistrados nacionales en cuanto afirmaron que una buena administración de justicia hace aconsejable que el presente caso continúe su tramitación por ante el fuero local, más aun teniendo en consideración que los hechos involucrados en los distintos procesos resultan escindibles entre sí. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg, por remisión al dictamen fiscal. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Pago, prueba, carga de la prueba, presunciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Continente Miguel c/ Ema Benedetti s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: A120 - 020)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-05-15

Si bien el pago, puede justificarse por todos los medios de prueba, las probanzas que se ofrezcan para suplir la instrumental debe ser concluyente, pues el deudor que pudo haber exigido el recibo de lo que pagó, según es de práctica en los negocios, y no lo ha hecho, debe cargar con el peso de su propia negligencia.
Sucesiones, partición
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ASMET TIOFILA s/ Sucesión (LIBRO: A130 - 461)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-09

No hay duda que el legislador, como la doctrina y jurisprudencia privilegian la división de los bienes relictos en especie, pero este principio no se vulnera en el sub-examen... Pero con el decisorio impugnado lo que si se vulnera es la voluntad de las partes beneficiarias. Esta, se entiende, es la que no puede dejar de tenerse en cuenta y distintas disposiciones de fondo y forma así la priorizan. En efecto el art. 3462 del C.C. establece que ante la conformidad de todos los hereceros, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que juzguen conveniente, con las limitaciones sabidas en cuanto a la instrumentación si hay bienes inmuebles. Por su parte el art. 352 del C.P.C. reglamenta la partición judicial, pero para el supuesto que los herederos no hubieran ejercido la facultad de partir privadamente la herencia y aún en aquel supuesto, si hubiere observaciones, se provee una audiencia para escuchar a los herederos.-
Cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia, calificación legal
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. c/ averiguación de delito. Denunciante: Ploder, Marcelo Roberto s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-17

La adecuada notificación de las distintas etapas fundamentales del juicio, en especial la del pronunciamiento y la atinente al trámite previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tiene por objeto proporcionar a los litigantes la oportunidad de ejercer sus defensas con la amplitud que exige la garantía del debido proceso y planear las cuestiones que crean conducentes para la correcta solución del litigio
Cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Estado Provincial, legitimación procesal, hospitales públicos, obligación subsidiaria, beneficio de excusión
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ZORZOLI, ROBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-02-15

Es inadmisible la queja sustentada en la irrazonabilidad de que se incluya subsidiariamente a la Provincia en una condena a un hospital público, desde que la misma evidencia tan sólo el disenso de la recurrente respecto del criterio de la Sala, máxime si se tiene en cuenta el carácter subsidiario de la condena reconocido por las partes, siendo posible por razones prácticas y de economía procesal la acumulación subjetiva de acciones, o sea que el actor accionara contra ambos; por ende no media arbitrariedad en la decisión adoptada, pues la ejecución contra la Provincia sólo será factible previa excusión del deudor principal.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZORRILLA DE ROJAS VICTORIA AIDA c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-15

Es bien sabido que el llamado "valor vida" no es realmente tal, sino que -a través de esta expresión por una suerte de licencia de lenguaje- se alude al perjuicio económico sufrido por el reclamante a raíz de la muerte de quien de algún modo, subvenía las necesidades de aquél, o representaba una posibilidad futura y suficientemente cierta de hacerlo. (S2,2056,150683)
Mandato, ratificación del mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CIARDULLO FRANCISCO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL DE MENDOZA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A110 - 336)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-07-07

La ratificación, en principio, equivale al mandato y tiene efecto retroactivo al día del acto cumplido a instancia de un representante que no acreditó debidamente su personería y podrá efectuarse mientras no se haya dictado la providencia que ordena el desglose de las actuaciones cumplidas por el mandatario. La ratificación si bien equivale al mandato no puede tener como efecto la restitución de plazos procesales. La ley no requiere fórmulas sacramentales para la ratificación, bastando que sea expresa.
Insuficiencia del agravio, exacciones ilegales, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA s/ Queja Por Recurso De Inconstitucionalidad Denegado En Incidente De Recurso De Inconstitucionalidad En Autos Sequeira, Santiago Edgardo c/  s/ 266 - exacciones ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

Los agravios del fiscal de Cámara, dirigidos a cuestionar la resolución que revocó la decisión del juez de grado que había rechazado, a su vez, la solicitud de suspensión a prueba efectuada por la defensa, son improcedentes. Ello así, porque el acuerdo entre la defensa y la fiscalía de grado al impulsar la solicitud de suspensión del proceso a prueba con posterioridad a la audiencia del art. 223 del CPP, contó con la conformidad del fiscal y, obviamente, la oportunidad de la solicitud no fue motivo de agravio. Tampoco fue una cuestión abordada por la jueza de grado al resolver la petición ni le era exigible a la Cámara que lo hiciera. El fiscal de Cámara tampoco podía válidamente introducir la cuestión ni avanzar sobre el consentimiento brindado oportunamente por el fiscal de grado ni corresponde, por lo tanto, que sea abordada aquí. De conceder esa posibilidad, se estarían dejando de lado los principios de unidad y coherencia de actuación que deben regir la actividad del Ministerio Público Fiscal en el marco del debido proceso, confiriendo a la intervención de la fiscalía ante la Cámara, un efecto completamente ajeno al que la ley adjetiva le adjudica. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Retiro militar, personal militar
Materia: LABORAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Pappalardo, Luciano c/ Estado Nacional (Mrio.de Defensa) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

El "préstamo" instituido por el decreto 1897/85 y reglamentado por la resolución 500/85 del Ministerio de Defensa Nacional, debe también alcanzar a quienes tenían por la ley 19.101 el derecho a ser considerados como en servicio efectivo a los fines de la percepción de cualquier haber que no fuese un suplemento particular o una compensación.
Jueces naturales, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ, SEBASTIAN DARIO c/ PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-07-06

El juez puede y debe, si manifiestamente surgiera, declarar su incompetencia. Lo contrario, conduciría a admitir que la competencia,que importa una distribución de la actividad jurisdiccional entre los distintos jueces con arreglo a determinados criterios, y por tanto, una cuestión de orden público, se encuentra en todos los casos sujeta a la disponibilidad de las partes, principio que, obviamente, resulta inaceptable. Y esto, si bien aplicable a toda organización judicial, lo es especialmente a la justicia federal que conoce los casos de excepción con arreglo al texto constitucional.-
Contratos administrativos, rescisión del contrato administrativo, tasas de interés, tasa del 6% anual, cómputo de intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Paz Valentín c/ Adm.Gral. de Puertos -Res. 318 y 67/83 y otro s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-16

Los intereses debidos deben correr a la tasa del 6% anual desde la fecha de notificación del acto rescisorio y hasta el treinta y uno de marzo de 1991. (Del voto del juez Gallegos Fedriani, consid. IX).
Accidentes de trabajo, ambiente de trabajo ruidoso, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: MUÑOZ, Francisco c/ SOMISA Soc Mixta Siderurgia Argentina s/ accidente acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-29

Si bien es cierto que el ruido y el nivel sonoro por sí no son "cosa" en los términos del art 2311 del C. Civil, no puede escindirse de la cosa, los efectos que ella produce como consecuencia lógica de su actividad. Esa accesoriedad es la que permite atribuir el carácter de cosa riesgosa al ambiente ruidoso, poblado de máquinas que producen intensos ruidos constantes.
Recurso de casación, querellante
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LOAIZA JORGE ALBERTO c/ ZAPATA ALEJANDRO LUIS s/ RECURSO DE CASACION - QUERELLANTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-03-23

Al querellante le corresponde los mismos derechos y obligaciones que al ministerio fiscal, y puede recurrir en casación, respecto de la acción penal, cuando puede hacerlo aquél (cpp.465 y argumento del art. 462).

Consecuentemente, en virtud de lo dispuesto por el art. 492 CPP., que regula los supuestos en lo cuales el Ministerio Fiscal puede recurrir en casación , el querellante puede impugnar la sentencia absolutoria de la C amara del Crimen, siempre que hubiera requerido la imposición de una pena que exceda de tres años.-
Intervención de entidades financieras, intervención cautelar, certificado de depósito a plazo fijo, pago, banco central, responsabilidad del banco
Materia: COMERCIAL
Carátula: Pascazzi, Luis A. y otro c/ B.C.R.A. s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Durante el período de la intervención cautelar no es el Banco Central el responsable del pago de los certificados, sino la entidad intervenida y el obrar del interventor - que desplaza a sus órganos de administración y representación - obliga a la persona jurídica intervenida, y no genera responsabilidad estatal siempre que la función sea ejercida regularmente.
Aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Mendoza Reyes, Rigoberto Eduardo c/ Rest Services S.R.L. s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

Cuando una ley ha optado por omitir toda referencia a su aplicación al juzgamiento de los hechos ocurridos bajo la vigencia de la ley anterior, aquéllos deben quedar sometidos a los preceptos legales imperantes en el momento en que se produjeron, ya que, en esas condiciones, el nuevo ordenamiento no tiene efecto retroactivo.