marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño moral, interpretación restrictiva
Materia: LABORAL
Carátula: Gimenez, Diego Anibal c/ Empresa Constructora Delta S.A. s/ Diferencia de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-11-23

En torno a la indemnización del daño moral existen tres orientaciones jurisprudenciales sobre el tema: la negativa, restrictiva y la amplia. La primera no resulta aceptable, por cuento debe reconocerse que el despido puede estar adicionado en un acto ilícito, el cual a su vez puede ser generador de un daño moral que debe ser resarcido extratarifariamente. La tercera postura constituye una generalización imprudente, si cabe el término, de la "ratio legis" del régimen indemnizatorio tarifado. Esta sala así enrola en la postura restrictiva; es decir, aquella que admite la procedencia de la indemnización del daño moral siempre y cuando el mismo está vinculado a la existencia de un acto ilícito "adicional" al despido, por cuanto la doctrina resulta por cierto enteramente compatible con el régimen de la indemnización tarifada. La doctrina que se desprende de los arts. 1066, 1067, 1072 y 1109 del Código Civil, considera actos ilícitos aquellos que siendo "contrarios a derecho", fueron ejecutados con "dolo y culpa de parte de la gente".
Despido con causa, obligaciones del trabajador, cajero
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHEZ, Silvia Viviana c/ CASA LOZANO S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-05-04

La cajera de Supermercado, con expresas instrucciones del empleador de no manejar dinero personal durante el trabajo, a la que se le encontró al efectuar arqueo de caja una bolsa con dinero y una prenda de vestir, sin que coincida el numero del ticket con el de la clienta del negocio, actuó en forma contraria a su obligación de conducta, buena fe y fidelidad, resultando justificado el distracto efectuado. Ello con prescindencia del valor económico y de que al hacer el arqueo no faltaba importe alguno, atento la gravedad de la conducta asumida, que la trabajadora no logra justificar.
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Constitución Nacional, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: LOZANO, José Enrique c/ E.N. s/ JUICIO DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-22

No resultan contrarias a ninguna cláusula de la C.N. las atribuciones a que los miembros del C.P.A.C.F. quedan obligados, vgr , las cuotas de inscripción anual previstas en el art. 51, inc. a), de la ley 23.187, porque son indispensables para la subsistencia del ente y el cumplimiento de sus fines (C.S.J.N., B.624.XX, Beveraggi de la Rúa , del 3 de marzo de 1987).
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Altamirano, Santos c/ Peralta, Pablo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

La ausencia de cuestionamiento oportuno, solo genera la imposibilidad de hacerlo en el futuro, mas en manera alguna el silencio puede implicar convalidación o firmeza, de manera tal que ello pudiera eventualmente desvirtuar la facultad de seguimiento o apartamiento por el juzgador de las conclusiones del experto (art.

474 del CPCC).
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Fiscales adjuntos, suspensión del agente, vencimiento del plazo, acción de amparo, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOLA, ROBERTO Y OTROS c/ E.N. s/ E.N. S. AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-01-18

Debe declararse abstracto el amparo deducido contra la suspensión en el ejercicio de las funciones de 4 fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones administrativas, si al tiempo de dictar sentencia finalizó el plazo por el que la suspensión fue impuesta.
Despido, personas jurídicas, capacidad de derecho, empleo no registrado
Materia: PENAL
Carátula: Cardozo Néstor Gabriel c/ Club Atlético All Boys Asociación Civil y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-23

Nuestro régimen legal no admite la responsabilidad de los titulares de los órganos de las personas de existencia ideal por el solo hecho de ser tales. Las personas jurídicas sólo tienen capacidad de derecho. Carecen en absoluto de capacidad de hecho. El corolario de estos axiomas es que la sociedad o asociación carece de capacidad para realizar actos ilícitos. Cuando en nombre de una persona jurídica se realiza un acto ilícito, el hecho no puede ser imputado directamente a la sociedad. Sea el ilícito cometido por quienes la dirigen o administran, sea que la autoría del accionar antijurídico corresponda a dependientes. En el caso, al mediar imputación de ilícitos (falta de registro de la relación laboral con el accionante), pudo comprobarse la realización de un delito civil a nombre de la persona jurídica demandada, por lo que corresponde condenar al presidente de la asociación civil demandada. (Del voto del Dr. Arias Gibert, en mayoría).
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, valor venal, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: PETRUNGARO, CARMELO c/ BELLASSAI, RUBEN DARIO Y OTRO s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-01

Corresponde rechazar el reclamo por disminución del valor de reventa del automotor si no ha sido acreditado mediante la correspondiente prueba pericial de ingeniería mecánica. Así como todo daño debe ser comprobado, no puede presumirse que los deterioros invocados produzcan desvalorización de un vehículo con muchos años de uso, puesto que la reparación correctamente realizada no deja secuelas que afecten el uso normal, ni su estética. Los signos que para el ojo de un experto pudieran advertirse, debieron ser probados después de una revisación exhaustiva, no justifica, en principio, reconocer el rubro en cuestión por no encontrarse deformadas o dañadas partes estructurales; por el contrario, los pequeños daños ni inciden en el valor de reventa que se rige notoriamente por tablas según modelos.
Defensa en juicio, derecho a conocer el hecho imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Actuaciones instruidas por las supuestas desapariciones y muerte de Francisco Gregorio Ponce, Griselda Del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-15

Es deber informar al imputado de modo previo a su declaración y en forma clara, concreta y circunstanciada, con todas las indicaciones de modo, tiempo y lugar, el hecho que se le atribuye, pues dicho acto es un medio de defensa mediante la cual se le otorga el derecho de efectuar personalmente su descargo y nadie puede defenderse de lo que ignora.
Contrato de obra pública, teoría de la imprevisión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tidelco S.A. c/ Municipalidad de Pergamino s/ Demanda contencioso administrativa Pascual Bevaqua S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15|1999-06-23

La ley 23.928 en cuanto norma desindexatoria no deroga los institutos jurídicos de la fuerza mayor y la imprevisión contractual. Elimina los procedimientos de actualización por índices o de reajuste por fórmulas matemáticas, pero mantiene los principios de derecho común para compensar los incrementos efectivamente pagados por el contratista. Y si fuera procedente, incluido el mayor gasto salarial.
Agente encubierto, deberes del juez
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: COZZA, Héctor R. y otros s/ infr. ley 23737 Causa nro. 12.994
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

El magistrado que suma la delicada responsabilidad de otorgar un pasaporte de agente encubierto a un agente de las fuerzas de seguridad que lo faculta a penetrar domicilios ajenos e, incluso, ir participando de algunos hechos delictivos que no le resultarán en principio reprochables, debe asumir la indelegable función de implantar un férreo control a la actividad de ese sujeto.
Producción de la prueba, resoluciones inapelables, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Jorge Manuel Saavedra s/ en autos: Expte: N 55/97 Caratulados: "Herrera, José J. c/ Ministerio  de Salud y Acción Social de la Provincia y otro s/ Cobro de pesos"  -Interpone recurso de queja-
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-03-12

Corresponde rechazar el Recurso de Queja incoado y, en consecuencia, confirmar el Auto Interlocutorio que denegó la apelación interpuesta con fundamento en el art. 379 del C.P.C., que establece que son irrecurribles las resoluciones del Juez sobre producción,denegación y sustanciación de la prueba.Al hablar de producción la norma utiliza el término en forma genérica para referirse a todo lo que favorezca a la realización de la prueba.

En efecto, la materia del recurso de queja se limita a resolver si la apelación está bien o mal denegada y, en autos, lo interpuso la demandada en contra del proveído que concedió la apelación deducida por la accionante contra la Sentencia Interlocutoria que declaró negligente a la parte actora en la producción de la prueba pericial y dio por decaído su derecho a producirla.
Fianza, fiador, principal pagador liso y llano, codeudor solidario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE PREVISION SOCIAL c/ CARLOS HECTOR LAFARGUE Y EDUARDO MARIO IMAZIO s/ Ordinario (LIBRO: S129 - 423)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-31

Para concluir sobre el tema diré que quien reviste la calidad de fiador solidario y principal pagador, puede ser demandado con independencia del deudor principal, tanto más si la determinación de la existencia y monto de la obligación, como en el sub-examen, no depende de hechos personales del segundo...

"... puesto que conforme a lo establecido por el art. 2005, en concordancia con el 705 del C.C., ha quedado obligado en forma personal y directa, siendo innecesaria la previa intimación al deudor, ya que en puridad no hay fianza sino un codeudor..."
Honorarios, acción de amparo, ley vigente, declaración de inconstitucionalidad, ley arancelaria
Materia: CIVIL
Carátula: Cala, Gustavo Andrés c/ Provincia de Salta; Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta; Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-06-25

La Ley 8035 (B.O. de la Provincia de Salta Nº 20.120 de fecha 10/10/2017), que fija los aranceles y honorarios de abogados y procuradores, establece en el art. 46 su aplicación a todos los asuntos o procesos pendientes en los cuales no hubiere recaído resolución firme regulando honorarios al tiempo de su entrada en vigencia.

La realización efectiva de las tareas constituye elemento central para la elucidación de la temática de los alcances de la nueva legislación en materia de honorarios.

En el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación, es a partir de allí que nace una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida o modificada por ley posterior sin agravio al derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional.

No corresponde aplicar nuevas disposiciones en materia arancelaria a los trabajos profesionales realizados con anterioridad a su vigencia, aun cuando la norma disponga su aplicación retroactiva, porque si bien es cierto que en nuestro ordenamiento las leyes pueden tener ese efecto, lo es bajo condición obvia inexcusable de que tal retroactividad no afecte garantías constitucionales.

Consecuentemente corresponde declarar, para el presente caso, la inconstitucionalidad del art. 46 de la Ley 8035 y disponer que las tareas realizadas durante la vigencia del Decreto Ley 324/63, deben ser retribuidas con arreglo a sus disposiciones. (Del voto del Dr. Cornejo).
Caso fortuito, fuerza mayor, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Narváez, Ricardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

Quien alega como defensa la fuerza mayor debe probarla, lo que supone que también tiene a su cargo acreditar la inexistencia de las circunstancias que le impedirían alegarla, entre ellas, que no medió culpa.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, irretroactividad
Materia: LABORAL
Carátula: Velarde, Tomas c/ Empresa  Argentina  de  Cemento Armado E.A.C.A. y/o persona física o jurídica responsable s/ Demanda por indemnización de accidente de trabajo Armado E.A.C.A. y/o persona física o jurídica responsable s/ Demanda por indemnización de accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-03

No obstante la posición adoptada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa, (con voto en disidencia del dr. Ariel G. Coll) respecto a la aplicación retroactiva de la ley 23.643, Consideramos que en lo atinente a la cuestión planteada en el caso de marras, se impone el criterio adoptado -en dicha materia- por el máximo Tribunal de la Nación (C.S.J.N.). En la causa C.141.XXIII -"Caja Nacional de Ahorro y Seguro en Jº Nº 17830, Escudero, Adolfo c/Orandi y Massera S.A. Por ordinario", sentencia del 28 de mayo de 1991, pronunciamiento que vino a reformar la jurisprudencia -en tal sentido- de diversos tribunales inferiores.
Depósito previo, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: BOIADZIEV, PERLA YOLANDA s/ RECURSO    DE    QUEJA  POR DENEGATORIA  DE  RECURSO  EXTRAORDINARIO DENEGATORIA  DE  RECURSO  EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1988-12-15

La errónea interpretación del art. 76 de la ley 639 por el a-quo que lo lleva a traspolar la exigencia del depósito previo -previsto en esta normativa- al recurso extraordinario por sentencia arbitraria sin norma expresa que lo autorice, importa una injustificada restricción al pleno goce del derecho de defensa y un inadmisible cercenamiento de la competencia del Superior Tribunal por la sola interpretación de un tribunal inferior, situación de por sí, reveladora de la gravedad institucional que rodea al caso, por ello corresponde declarar mal denegado por esa causal el recurso extraordinario interpuesto.
Remuneración, pago de la remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Méndez, Miguel Ramón y otro c/ Guames, Daniel y/o quien o quienes resulten responsables s/ Reclamo laboral o quienes resulten responsables s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-11

La ley no permite que se hagan pagos laborales sin recibos (art. 138), Pero deja librado a la apreciación judicial la validez de los recibos que carezcan de los datos que forman su contenido "necesario" (art. 140 L.C.T.) Y de los que concuerden con la documentación laboral, provisional, comercial y tributaria. La disposición del art. 142 Reacciona contra la disposición originaria de la ley 20.744 (Art.156), Que en análoga situación negaba toda eficacia probatoria a los recibos.
Confirmación de sentencia, nulidad del despido, fraude laboral, producción de la prueba, situación de vulnerabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Outeda, Roberto Agustín c/ Plan Rombo S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-31

El acuerdo de desvinculación entre la accionada y el trabajador en los términos del art. 241 de la LCT, fue calificado por la juez de grado con carácter de fraudulento y declarado nulo de nulidad absoluta. Existen indicios y particularidades que permiten sostener que existió un despido encubierto y no un "mutuo acuerdo" El convenio extintivo no fue fruto de una libre negociación de las partes, sino que se trató de una imposición unilateral de la accionada que no refleja la real voluntad del actor, de manera que encubrió la existencia de un despido directo, máxime como señalaron los testigos en la prueba producida, que por razones empresarias estaba la voluntad de deshacerse de los empleados de la gerencia comercial de Plan Rombo S.A. Las circunstancias vividas por el accionante previas a la desvinculación, en atención a que se dispuso poner a un reemplazante mientras el continuaba en su cargo, y los comentarios acerca de su desvinculación y la eventual pérdida de su fuente de trabajo lo ubicaron en una situación de vulnerabilidad, indefensión e incertidumbre. Se verifica así un claro indicio de afectación del discernimiento y la libertad del trabajador al tiempo de suscribir el acto rescisorio, pues cuanto menos, en función de la violencia moral y psicológica ejercida, cabe entender en realidad que el actor ha sido forzado a aceptar las condiciones que unilateralmente impuso la empleadora a los efectos de extinguir la relación (conf. art. 276 CCCN). Cabe confirmar la sentencia de primera instancia. (Del voto de la Dra. García Vior, en mayoría).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, apreciación de la prueba, proceso penal, sentencia condenatoria, delito penal, tipo penal, incumplimiento de los deberes del funcionario público, policía, acción por omisión
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: B., L.A.; G., G.H.; V., A.M.; V., J. D. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 448 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-15

La tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba, ni puede tampoco configurarse como un medio de sustituir a los jueces ordinarios en la decisión de cuestiones que les son privativas. En el caso, el razonamiento del A quo es fruto del análisis y valoración de los elementos probatorios obrante s en autos y guarda la suficiente coherencia lógica como para mantener su validez como acto jurisdiccional al concluir que debía respaldarse el criterio del Juez Correccional y, por ende, confirmar la decisión que oportunamente condenara a los imputados como autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a tenor de lo dispuesto en el artículo 249 del Código Penal al "no haber dado órdenes directas en el momento del operativo cuando algunos de los efectivos rompieron filas y persiguiendo a los manifestantes los agredieron y reprimieron, incluso a mano armada. Esta falta de acción, contrariando la orden expresa dada por la superioridad política y policial es lo que fundamenta encuadrar su conducta en la omisión del artículo 249 del Código Penal" En orden a cimentar tal decisión, el Tribunal ponderó el material probatorio incorporado legítimamente a la causa a la luz de la sana crítica -tales los videos, artículos periodísticos, fotografías, fotocopias del sumario policial, las transcripciones de la Legislatura, declaraciones testimoniales e indagatorias de los diversos sujetos procesales y otras pruebas acopiadas al expediente para concluir, frente a los agravios expresados por la defensa, y sin subsistencia de duda razonable, que se encontraba demostrada la falta de planificación, conducción y fiscalización de las misiones asignadas en el operativo policial puesto en ejecución.
Seguridad social, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "TALADRID, TEOLINDO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-26

Desde la vigencia de la ley 24.463, el Poder Legislativo no ha determinado movilidad alguna para los haberes previsionales, salvo en los mínimos o inferiores a mil pesos. Dicha inacción importa un incumplimiento por parte del legislador de los postulados previstos por el art. 75 inc. 23 de la C.N., que le adjudica el deber de promover mediante acciones positivas el ejercicio y goce de los derechos fundamentales reconocidos -en particular a los ancianos-, como asimismo una lesión a la garantía consagrada por el art. 14 bis de la C.N., ya que el fundamento de la movilidad de las prestaciones previsionales allí prevista resulta el mantenimiento del standard de vida de los beneficiarios. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).
Policía federal, adicionales de remuneración, carácter remunerativo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Eitor, Eduardo Alberto c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-20

Toda vez que el reclamo entablado por el actor, dirigido a obtener el reconocimiento de que los suplementos creados por el Dec.2744/93 revisten naturaleza remunerativa y bonificable, importa un reajuste del haber del beneficio, porque va de suyo que fue deducido con posterioridad a la solicitud -y consecuente otorgamiento- de la prestación previsional, el plazo de prescripción aplicable es de dos años, tal como lo dispone el art. 2 de la ley 23.627.
Asignaciones familiares, declaración jurada
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez, Antonino c/ Giménez, Ricardo Anastacio y/u otros s/ Reclamo laboral otros s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-15

Tanto en el régimen de la Caja de Comercio como de la Industria, es obligación del trabajador presentar declaración jurada sobre las cargas de familia en cuya virtud tenga derecho a la percepción de asignaciones. La declaración jurada importa reclamación del pago de aquellas y es también obligación del empleador requerirla a su personal. Este acto debe cumplirse en el momento del ingreso del trabajador, y mientras no lo haga, carecerá de derecho al cobro de las asignaciones.
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, trámites judiciales, oportunidad procesal, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Cetra, Luis María c/  s/ quiebra Energizer Argentina SA c/ Duracell Us Operations Inc (Ex Procter & Gamble Argentina SRL) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-15|2019-07-18

De conformidad con lo dispuesto en el art. 315 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la perención queda purgada cuando se consiente una actuación útil para impulsar el procedimiento posterior al vencimiento del plazo legal, aquiescencia que se produce una vez pasados cinco días desde el conocimiento de dicha actuación sin formular objeción por aplicación analógica del art. 170 segundo párrafo de la ley ritual (Fallos 324:1784; CNCom, Sala F, 6/4/10, "Noya Jorge Néstor c/ Sinistri Sergio s/ ejecutivo"; íd. 28/12/10, "Ghiglione Germán Natalio c/ Trip SRL s/ ejecutivo", entre otros; íd. 8/3/16, "Servente, Adolfo Gustavo c/ Nexo Pharmaceutical Group SA s/ ordinario", Expte. COM N° 15081/2010).
Acción de amparo, habilitación de feria, medidas cautelares, obras sociales, cobertura médica, establecimientos geriátricos
Materia: PROCESAL
Carátula: C., O. c/ Obra Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo - salud medicamentos y tratamientos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-22

Procede habilitar la feria judicial, a fin de cumplir con la notificación ordenada en el proveído y proseguir con las medidas ordenadas y resolución de la medida cautelar peticionada, dado que la habilitación de feria es una medida de carácter excepcional que debe ser aplicada con carácter restrictivo sólo en aquellos asuntos que no admitan demora, requisito que además exige el art. 1.4 in fine del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las razones de urgencia son aquéllas que entrañan un riesgo previsible e inminente de frustrar determinados derechos en el supuesto de no prestarse la función jurisdiccional a quien lo requiere durante el período de receso de los tribunales, cuando, por la naturaleza de la situación, no cabe aguardar a la reanudación de la actividad ordinaria.