Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-23


"SOUZA NORBERTO C/ HELPING SISTEMA DE SALUD Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS- RESP. PROF. MÉDICOS Y AUX." Buenos Aires, Agosto 23 de 2.000..

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I) La resolución de fs.264 rechazó la excepción de incompetencia interpuesta a fs.190.

Afirmó el Sr. Agente Fiscal de la anterior instancia -a cuyos fundamentos sin más adhirió el Sr. Juez "a-quo"- que, del examen del Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires y especialmente de su artículo 113, no surge la competencia originaria de su Tribunal Superior en el caso, desde que la causa que da origen al reclamo no se encuentra entre las taxativas confiadas a dicho tribunal.

A ello agregó que tampoco son de competencia de los Tribunales Contravencionales y de Faltas, o de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, las causas en las cuales, como ocurre en el "sub-exámine", se demanda por responsabilidad derivada de "mala praxis" médica, ya que éstas son de neto corte civil. En síntesis, y por los fundamentos expuestos por el referido funcionario, el juez declaró la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 5 de la ley 24.588 y 43 del decreto 1285/58.

Contra dicho pronunciamiento alza sus quejas el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el memorial obrante a fs.379/383, contestado por el actor a fs.384.

Sostiene la recurrente que el Poder Judicial de la Nación, en su condición de autoridad federal (arts.108 y 119 de la Constitución Nacional), carece de competencia para intervenir en las acciones que se pretendan ventilar contra la Ciudad de Buenos Aires.

Expresa que la Constitución Nacional, creó para la ciudad Capital del Estado Federal, un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción. Asimismo, previó el dictado de una ley para garantizar los intereses del Estado Federal en la ciudad Capital (art.129).

Como consecuencia de ello, el Congreso de la Nación sancionó la ley 24.588 (Adla. LV-E, p.5921) que determinó el marco jurisdiccional de la nueva entidad jurídica pública, habilitando en su artículo 8 la competencia local en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria.

Por ultimo, agrega que los términos del escrito de demanda permiten considerar que sería el fuero contencioso- administrativo y tributario local, el legalmente habilitado para conocer en este proceso, cuya creación ha previsto el art. 48 de la ley 7 ( Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires en Adla. LVIII-A, p.718), el que a la fecha se encuentra en proceso de integración.

Por su parte, el Sr. Fiscal de Cámara dictamina a fs.404/406.

II) Expuesto el tema sujeto a decisión, cabe adelantar que las quejas del recurrente no han de tener favorable acogida.

Como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoce en el memorial de fs.380, el Congreso Nacional, en cumplimiento del mandato conferido por la Constitución Nacional (art.129), determinó el marco jurisdiccional de la nueva entidad pública creada, otorgando a la misma competencia "en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso administrativo y tributaria locales (cfr.art.8 ley 24.588)".

En igual sentido, este Tribunal, en su Acuerdo Extraordinario del 21 de febrero de 1997, por abrumadora mayoría y con la adhesión de los Ministerios Públicos, sostuvo que el artículo 129 de la Constitución Nacional, según texto incorporado por la Convención Constituyente del año 1994, a la par que reconoció a la Ciudad de Buenos Aires un régimen "autónomo" con facultades propias de legislación y jurisdicción y un jefe de gobierno elegido por el pueblo, a través de otras disposiciones limitó esas facultades, estableciendo en su párrafo segundo y en forma imperativa, que una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación.

Allí también se dijo que el referido mandato constitucional se encuentra cumplido, por cuanto el Congreso Nacional, el 8 de noviembre de 1995 sancionó la llamada "ley de garantías" nro. 24.588, que el Poder Ejecutivo promulgó el 27 del mismo mes y año. En ella, precisamente, se garantizan los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República (art.1).

En ese orden de ideas, recordó este Tribunal, que: " el artículo 8 de la ley citada, en forma categórica dispone que la justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación. Por otra parte, sólo otorgó a la primera facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria locales" y por último concluyó: "No puede haber seguridad jurídica cuando la Constitución Nacional dispone que "una ley" garantizará los intereses del Estado Nacional (art.129, 2 párrafo), y a poco de entrar en vigencia se la pretende modificar con otra que la alteraría en su propia esencia".

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho que: "El Estatuto organizativo de la Ciudad de Buenos Aires no pudo otorgar a las normas de la ciudad un alcance más amplio que el conferido por los constituyentes nacionales y en tal sentido dicho alcance fue delimitado por las leyes 24.588 y 24.620" ( cfr. in re, " Gauna Juan Octavio s/acto comicial del 29/3/97" del 7 de mayo de 1997, Fallos, 320:897).

De lo hasta aquí expuesto, se desprende que la Constitución Nacional reconoció a la Ciudad de Buenos Aires facultades de jurisdicción, dentro del marco de "una ley que garantizará los intereses del Estado Nacional" y condicionó su ejercicio pleno, "mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación" (cfr.art.129).

En consecuencia, en tanto la ciudad de Buenos Aires siga siendo capital de la Nación, la jurisdicción de sus tribunales estará limitada a las cuestiones que taxativamente fija como de su competencia el art.8 de la ley 24.588, que es la ley de garantías a que alude la Constitución Nacional, y toda norma de rango inferior que se oponga a ella, sea el Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires, o cualquier ley local, resulta inaplicable por violar la jerarquía normativa que fluye de los arts. 31 y 129 de la Constitución Nacional.

Asi lo entendieron los estatuyentes de la Ciudad de Buenos Aires, cuando al sancionar la Constitución local establecieron la inaplicabilidad de las normas que se opusieran a la ley 24.588 (cfr. Cláusula Transitoria Segunda).

III) Precisados los límites que la Constitución Nacional y la consiguiente ley de garantías 24.588 imponen a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, cabe examinar ahora si, en el caso, la aplicación de las leyes 7 (art.48) y 189 (art.2), en tanto asignan competencia a los tribunales locales en lo contencioso- administrativo "en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuere su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado", se oponen a la citada ley de "garantías".

No existe unanimidad de criterio en cuanto a definir el elemento determinante de la competencia contencioso administrativa, puesto que, si bien algunos afirman que es el sujeto, la orientación prevaleciente sostiene que está constituido por la materia en debate, es decir, por su contenido jurídico y por el derecho que se intenta hacer valer.

En el primer sentido, se ha pronunciado Julio Di Giovanni , diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que intervino en la discusión parlamentaria del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (cfr. Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, p.15). Y, si bien éste cita en apoyo de su postura a Bartolomé Fiorini (cfr. Qué es el contencioso, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1965, p.197) dicho autor, también sostuvo que: "...Siempre el error sobre la doble personalidad de la Administración se ha opuesto a la consagración de la síntesis que impone la unidad de la actividad. Si se pretendiera un dato diferenciador para este contencioso civil podríase decir que sólo se manifiesta cuando la demanda se fundamenta en normas del Cód.Civil, en forma directa..." (cfr. "Sistema y Crítica del Código Contencioso Administrativo", en L.L. 96-837), y más recientemente afirmó que: "...la doctrina actual destaca el carácter de la norma objetiva aplicada a los actos administrativos como la que impone la jurisdicción contencioso administrativa..." (cfr. Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, 2ed, Buenos Aires,1976, p.695). Por último, también sostiene la tesis del sujeto como determinante de la jurisdicción Roberto Dromi (cfr. Manual de Derecho Administrativo, Depalma, Buenos Aires, 1987, Tomo 2, p.355 ) En el segundo sentido, es decir que el elemento prevaleciente está constituido por la materia, se inclinó la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (cfr. art.166 p.5), gran parte de la doctrina, como así también la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de esta ciudad (cfr. Marienhoff, M. S.,Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1978, t.III-A, p. 126/7; Heiland Liliana M., Competencia de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso-Administrativo Federal, La Ley 1989-E, p.811/830 y jurisprudencia citada en nota nro. 26; Perrino Pablo E., "La competencia de los tribunales Contencioso Administrativo en el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires", E.D. t.178, p.984 y sgts.; C.N.Cont. Administrativo Federal, Sala II, "in re", "Martiré Horacio y otros c/ D.G.I. s./cobro de adicionales" del 21-04-92; idem. id. "in re": "Perrota Pablo Santiago c/ Ministerio de Salud s/ Juicio de conocimiento" del 2-09- 93; idem. id., Sala III, "in re" "Alasia Alicia Beatriz c./ E.N. (Ministerio de Justicia) s/ Amparo" del 27-02-92; idem. Sala V, "in re", "Ferreyra Rafael c/Aguas Argentinas S.A." del 9-4-97, en L.L. 1998-D, p.725 ).

Por último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también adhirió a esta postura (cfr. Fallos, 313:1467 y sus citas; "in re", "Rodríguez Hugo Manuel c/Aguas Argentinas S.A. s/amparo ley 16.986" del 6/2/97, en Fallos 320:46; "in re", "González María T. y otro c/ Aguas Argentinas S.A." del 17-02-98, en L.L., 2.000-E, p.37; entre otros), aspecto éste de particular relevancia, al tratarse del Máximo Tribunal de la República. Más allá de la señalada controversia, lo cierto es que la propia ley 24.588 toma partido al brindar el marco de referencia, al cual debió ajustarse el legislador local (cfr.art.16 ley cit. y art.31 de la C.N.), cuando expresa que: "...La Ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso administrativa y tributaria locales" (cfr.art.8).

Como se aprecia, el legislador nacional precisó en forma inequívoca que la competencia contencioso administrativa que la Constitución delegaba en la justicia local, se determinaba "ratione materiae", y no por el sujeto.

En consecuencia, aún cuando pueda aceptarse, en el ámbito doctrinario, la determinación por el sujeto de aquello que el legislador porteño entiende como jurisdicción "contencioso- administrativa", lo que no puede admitirse es la aplicación efectiva de tales normas, en lo que importen contradecir los expresos términos y límites impuestos por la ley 24.588, ya que ello llevaría a una invasión indebida de la esfera propia de competencia de este tribunal, por la vía de extralimitar la jurisdicción contencioso administrativa local, a casos que como el presente son de total naturaleza civil.

En este último sentido, cabe señalar que en el "sub- lite", el actor demanda por daños y perjuicios derivados de un contrato de prestación médica (ver fs. 95 vta), de manera tal que la acción no puede desvincularse del derecho sustancial aplicable que es de naturaleza civil y no administrativa. Así, afirma Marienhoff: "...Si dicha acción de daños y perjuicios, o de devolución o de pago de una suma de dinero, fuese promovida a raíz de la anulación (extinción) o del incumplimiento de un contrato de derecho común de la Administración, el juzgamiento de tal acción -por ser de "derecho privado"- le compete a los tribunales ordinarios de justicia" (cfr. op.cit, T.II-A, p.131).

Ante lo dicho, y por tratarse el caso de una cuestión de naturaleza eminentemente civil, cabe interpretar que los arts. 48 y 2 de las leyes locales 7 y 189, respectivamente, resultan inaplicables al caso (cfr. arts.129 p.2 de la C.N., 8 y 16 de la ley 24.588 y cláusula transitoria segunda de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires), correspondiendo en consecuencia la competencia de la justicia nacional en lo civil ( art.8 p.1 de la ley 24.588).

Por ello, habiendo dictaminado el Sr. Fiscal de Cámara a fs.404/406, SE RESUELVE: I) Confirmar lo resuelto a fs.264; II) Las costas se imponen a la vencida (arts.68 p.1 y 69 del Código Procesal). Notifíquese y al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y devuélvase. DUPUIS - MIRAS - CALATAYUD