Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-14


//la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de septiembre del año dos mil siete, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Pedro R. David como Presidente y los doctores Juan E. Fégoli y W. Gustavo Mitchell como Vocales, asistidos por la Secretaria, doctora Gabriela García, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 6/10 de la causa n° 7870 del registro de esta Sala, caratulada: "Alfieri, Carlos Alberto y otros s/ recurso de casación", representado el Ministerio Público Fiscal por el señor Fiscal General doctor Pedro Narvaiz y la defensa pública oficial por la doctora Eleonora Devoto.

Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Pedro R. David y en segundo y tercer lugar los doctores W. Gustavo Mitchell y Juan E. Fégoli, respectivamente (fs. 36).

El señor juez doctor Pedro R. David dijo:

I- 1°) Que el Juzgado de Ejecución Penal Federal de Posadas, Misiones, resolvió no hacer lugar al pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 121 inc. c de la ley 24.660 y en consecuencia, rechazar la solicitud de reintegro del veinticinco por ciento del dinero que le fuera descontado mensualmente a los condenados (art. 11 C.P. y art. 121 inc. 'c' de la ley 24.660).

Contra dicha decisión, la defensa oficial interpuso recurso de casación a fs. 13/15 y vta., que concedido a fs. 16/17 y vta., fue mantenido a fs. 22.

2) Que estimó procedente el recurso en virtud de lo establecido en el art. 456, inc. 1°, 490 y 491 del C.P.P.N., dado que a su entender "en el proceso de marras ha mediado errónea aplicación de la ley sustantiva ya que se ha omitido interpretar de manera correcta la ley aplicada" (fs. 13 vta.) Y a su vez, que "el decisorio jurisdiccional se encuentra entre los previstos en los arts. 490 y 491 del C.P.P.N., donde se establece que las decisiones del juez de ejecución penal son sometibles a recurso de casación" (fs. 13).

3°) Que durante el plazo del art. 465 del C.P.P.N. y en la oportunidad del 466 ibídem, la defensara pública ante esta Cámara, doctora Eleonora Devoto presentó el escrito glosado a fs. 25/27, manifestando que "el mandato constitucional de brindar condiciones carcelarias adecuadas es un requisito más que se suma al conjunto de condiciones que el Estado debe respetar, para legitimar la privación de la libertad de una persona (art. 18 C.N.)" (fs. 25 vta.).

Añadió que "conforme a ello, los artículos 106 y siguientes de la ley 24.660 enumeran lo principios generales a tener en consideración con relación al trabajo intramuros, y entre otros, el inciso f) y el inciso g) respectivamente, establecen que el trabajo debe ser remunerado y que debe respetar la legislación laboral y de la seguridad social vigente" y que "de ello, resulta lógico y necesario declarar la inconstitucionalidad del art. 121 inc. c) de la ley 24.660 por imponer una rebaja de claro corte confiscatorio y notoriamente contrario a los principios constitucionales de trabajo, igualdad y propiedad" (fs. 26 vta.).

Por todo ello, solicitó se revoque la sentencia recurrida por la Defensa Oficial haciendo lugar al recurso de casación interpuesto, y que en consecuencia, se declare la inconstitucionalidad del art. 121 inc. "c" de la ley 24.660, haciendo reserva de recurrir ante la CSJN en virtud de lo previsto en el art. 14 de la ley 48.

A su turno, el señor Fiscal General ante esta instancia, doctor Pedro Narvaiz, presentó el escrito glosado a fs. 29/31 y vta., solicitando el rechazo del recurso casatorio ya que "el artículo 121 inc. 'c' deberá interpretarse armónicamente con las demás disposiciones mencionadas. Esto es, que el 25% deducido para 'costear los gastos que causare' se refiere a la retención para afrontar los gastos extraordinarios -y no los ordinarios de alimentación, alojamiento, salud y vestimenta- que refiere el artículo 129 de la ley 24.660; los cuales, si no son usados para los fines señalados en la norma, deberán reintegrarse al peculio del interno a su egreso del establecimiento carcelario" (fs. 31 y vta.).

4°) Que a fs. 36 se dejó debida constancia de haberse superado la etapa prevista en el art. 468 del Código Procesal Penal de la Nación.

II- Llegadas las actuaciones a este Tribunal estimo que el recurso de casación interpuesto con invocación de lo normado en el art. 456, inc. 1° del Código Procesal Penal de la Nación es formalmente admisible toda vez que del estudio de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional surge que el recurrente invocó fundadamente la inconstitucionalidad de una norma; además el pronunciamiento mencionado es recurrible virtud de lo dispuesto por el art. 491 del citado Código.

III- Examinados los planteos traídos a examen por la casacionista, adelanto que el remedio que deduce habrá de prosperar.

En el caso se plantea una cuestión sustancialmente análoga a las resueltas por esta Sala in re: Morales, Alberto s/ recurso de casación" causa n° 7222, reg. n°9638, rta. el 8 de marzo de 2007; "Trotta, Juan M. s/ recurso de casación" causa n° 7209, reg. n° 9639, rta. el 8 de marzo de 2007; y "Giménez, Selso s/ recurso de casación", causa n° 7880, reg. n° 10307, resuelta el 19 de julio de 2007.

En la última resolución mencionada se sostuvo, con cita de "Gamboa, Miguel Javier s/ recurso de casación", causa n° 7081, reg. n° 1319, rta. el 8 de noviembre de 2006, de la Sala III de esta Cámara, que "si el trabajo carcelario es considerado un deber y un derecho de los condenados, de conformidad con la normativa que rige, y éste específicamente deberá ser remunerado y respetar la legislación laboral vigente, no me parece razonable ni equitativo que su retribución, de la que ya se deducen los aportes correspondientes a la seguridad social, se vea disminuida con motivo de 'gastos' cuya naturaleza es difícil de precisar, y mucho menos interpretar que su destino sea la manutención del interno, pues ello es una obligación que tiene el Estado, quien por lo demás a través de los órganos apropiados decidió su encierro, y debe asegurar que se les provea de todos los bienes indispensables para su subsistencia en el establecimiento carcelario, en cumplimiento de la regla del art. 18 in fine de la Constitución Nacional".

En el mencionado precedente "Giménez, Selso s/ recurso de casación", también se sostuvo que "en definitiva, contrariamente al criterio de la fiscalía, la normativa en análisis repugna disposiciones constitucionales, pues permitir la reducción de la remuneración del condenado en las circunstancias señaladas, colisiona frontalmente con el deber enunciado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, acerca de que el trabajo gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán condiciones dignas y equitativas de labor (cfr. en igual sentido "Irustra, Bárbara D. s/ recurso de casación, causa n° 7010, reg. n° 1298/06, rta. el 6 de noviembre de 2006)".

IV- Por todo lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso deducido por la defensa oficial de Carlos Alberto Alfieri a fs. 13/15 y vta., sin costas, revocar el decisorio de fs. 6/10, declarando la inconstitucionalidad de la previsión contenida en el art. 121 inc. "c" de la ley 24.660 respecto del nombrado Alfieri, y devolver las actuaciones a su procedencia a fin que proceda conforme lo aquí dispuesto. Tal es mi voto.

Los señores jueces doctores W. Gustavo Mitchell y Juan E. Fégoli dijeron:

Que adhieren al voto precedente.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal RESUELVE: Hacer lugar al recurso deducido por la defensa oficial de Carlos Alberto Alfieri a fs. 13/15 y vta., sin costas, revocar el decisorio de fs. 6/10, declarando la inconstitucionalidad de la previsión contenida en el art. 121 inc. "c" de la ley 24.660 respecto del nombrado Alfieri, y devolver las actuaciones a su procedencia a fin que proceda conforme lo aquí dispuesto (arts. 470, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación) Regístrese, notifíquese en la audiencia designada a los fines del artículo 400, primera parte, del Código Procesal Penal de la Nación en función del artículo 469, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal y remítase al tribunal de procedencia sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Firmado: señores jueces doctores Pedro R. David, W. Gustavo Mitchell y Juan E. Fégoli. Ante mí: Gabriela García.