marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Libertad condicional, reglamentos carcelarios
Materia: PENAL
Carátula: Morán, Hugo Daniel s/ Libertad condicional
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-02-23

La pretensión del recurrente acerca de que únicamente corresponde computar el comportamiento carcelario del imputado durante el lapso del encierro cumplido a partir de la condena, a los fines de determinar la observancia regular de los reglamentos carcelarios, para obtener la libertado condicional, no resulta jurídicamente exacta.

Por un lado, debido a la inclusión que efectúa el art. 24 C. Penal, respecto de la prisión preventiva; por el otro, es precisamente esa inclusión la que también se tiene en cuenta a los efectos de determinar el cumplimiento parcial de la pena en la proporción establecida por el art. 13 C. Penal (dos tercios en el supuesto de las penas privativas de libertad superiores a tres años, como ocurre en el caso).

Resultaría inadmisible por la contradicción que ello implica, que el lapso de encierro bajo prisión preventiva se compute a los efectos de verificar el requisito de procedencia relativo al tiempo y se lo excluya para el requisito concerniente al comportamiento.

El art. 104 Ley 24660 establece que "la calificación del concepto servirá de base para la aplicación de la progresividad del régimen, el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida, conmutación de pena e indulto", y en lo concerniente a la procedencia de la libertad condicional no resulta distinta al art. 53 de la anterior ley de ejecución. Tanto una como otra insertan en una ley que remite al Código en cuanto a la procedencia del beneficio y tienen un sentido orientador para la apreciación judicial, proporcionándole al juez el aporte de un elemento más para determinar la observancia regular de los reglamentos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Llamas de Ciappesoni, Elvira c/ Municipalidad de San Fernando s/ Exprop. inversa Martínez de Romo, Marta I. c/ Malgor, Anselmo R. s/ Desalojo Bucco, Jorge Rómulo c/ Metal Service S.A. s/ Daños y perjuicios Ganzero, Carlos Alberto s/ Sanción Colegio de Ingenieros de la Pcia. de Bs. As. Recurso de  queja Horvitz, Julio c/ Asociación de Obras Sociales de Bahía Blanca s/ Daños y perjuicios José Deyacobbi S.A. y ots. c/ Edificadora Atlántica S.A. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03|1989-11-28|1987-02-24|1995-08-29|1994-07-05|1993-11-30

El depósito exigido para el otorgamiento del recurso de inaplicabilidad de ley no participa de la naturaleza jurídica del impuesto u otro tipo de gravamen fiscal, sino que constituye una restricción procesal con carácter de penalidad, que debe soportar el recurrente en el caso de haberse alzado sin derecho contra el pronunciamiento de segunda instancia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad de sentencia, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Diez, Santiago c/ Sucesión de Llerandi Palacios, Luis s/ Ejecutivo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-10-15

Debe nulificarse la sentencia que carece de fundamentación, atento no consigna la norma jurídica aplicada y no muestra la base económica considerada para establecer los honorarios profesionales.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: ALVAREZ NESTOR HUGO S.D.HOMICIDIO SIMPLE E.P. DE CHAVEZ JORGE DANIEL s/ CASACION-RECURSO EXTRAORDINARIO INTERPUESTO POR EL DR.VERGOTINI
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-11-25

La sentencia que declara la nulidad de las actuaciones y ordena la nueva sustanciación del proceso con intervención de diferente tribunal, no adquiere visos de definitividad, en tanto lo resuelto no impide la prosecución del juicio ni motiva un daño grave e irreparable.
Acción de amparo, medida cautelar innovativa, Administración Pública, doctrina de la arbitrariedad, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "LEDESMA GALVAN, SIRIACO ANTONIO c/ JEFATUARA DE LA POLICIA Y/O SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SGO. DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-02-20

"Para la procedencia de una medida cautelar innovativa en un juicio de amparo frente a actos de la administración pública, aún cuando no se requiera de una prueba incontestable de la existencia del derecho, resulta necesaria la comprobación sumaria de los hechos que prima facie determinarían la arbitrariedad del acto recurrido o la violación de la ley, a fin de hacer cesar la presunción de legitimidad de la que aquellos gozan. Tales extremos no se verifican si debe hacerse forzosamente un análisis mucho más exhaustivo que el que corresponde a la etapa cautelar, lo cual conllevaría necesariamente a adelantar opinión sobre el objeto del pleito".
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, operaciones bancarias, contratos bancarios, tarjeta de crédito, modificación de la tasa de interés, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Lauria, Alberto c/ Prisma Medios de Pago SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

2 - En consecuencia, no caben dudas que el episodio de autos excedió una mera molestia o incomodidad, dando debida cuenta de eso los numerosos reclamos que por diversos medios tuvo que transitar el actor hasta arribar a esta causa judicial. Debiendo agregar, por último, que la defendida no puso a disposición del experto informático las constancias necesarias para que pueda expedirse y que también se resistió a adjuntar el registro de llamadas telefónicas aduciendo no contar con el mismo, pese a que, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 2247 y 2475 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra obligado, entre otras cuestiones, a llevar un "Libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos" y ofrecer un servicio de atención telefónica personalizada gratuito para evacuar las consultas y reclamos de los clientes y consumidores. En definitiva, corresponde sobradamente otorgar la concesión del rubro, que deberá ser confirmado en los términos en que fuera otorgado en la sentencia de grado (por un monto de $100.000).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), plazo, notificación electrónica, presentación extemporánea
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LUNA, PABLO EZEQUIEL c/ LA SEGUNDA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-25

Habiendo transcurrido entre la notificación electrónica de la resolución denegatoria de la concesión del recurso de inconstitucionalidad y la interposición del recurso de queja, un término superior al previsto legalmente, corresponde rechazar el remedio deducido por extemporaneidad. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 356; Ley 7055, artículo 8
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Nosti, Emilio A. c/ Nosti, Víctor A. s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-20

Si el interesado no declinó expresamente la instancia administrativa del trabajo antes de la resolución que fijó la indemnización, el conflicto no podrá dirimirse en sede judicial.
Nulidad procesal, vicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferreira Luis Alberto c/ SES y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-10-05

La invocación de la existencia de un vicio formal o de ineficacia de un acto no es suficiente para obtener la declaración de nulidad;

para que ésta proceda se debe expresar el perjuicio sufrido y el interés que se procura subsanar con su declaración, pues no puede pedirse en el solo interés de la ley o para satisfacer simples perjuicios formales. Si el vicio ha sido consentido, ya sea en forma expresa o tácita (art. 176 CPC), no procede la declaración de nulidad en razón del principio de convalidación.
Tasa de justicia, falta de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mulieri C. c/ Váldez R. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-11-04

Si bien el Código Fiscal dispone en su art. 278 inc. "a" que en los juicios ordinarios y ejecutivos de cualquier naturaleza la tasa por servicios judiciales deberá efectivizarse al iniciarse el juicio -lo que le otorga categoría de presupuesto de admisibilidad de la demanda-, no sucede lo mismo con el impuesto de sellos, cuya regulación, contenida a partir del art. 214 del citado código, no contempla dicha posibilidad.

En efecto; de acuerdo a lo normado por los arts. 17, 20, 29 y ss., 50, 75, 83, 253, 260, 266 in fine, existen una serie de consecuencias dentro del ámbito administrativo por falta de cumplimiento del pago del impuesto de sellos ninguna de las cuales da sustento al rechazo de la demanda.

Sin perjuicio de ello, en la instancia de origen, y previo a todo trámite, deberá ponerse en conocimiento de la Dirección General de Rentas la omisión incurrida, a cuyo fin deberá librarse oficio -con copia del contrato de origen- y acreditarse en autos su diligenciamiento (conf. art. 32 del Código Fiscal, t.o. Res. 173/99 del M.Ec.)
Declaración indagatoria, derecho a conocer las pruebas en contra, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dietrich, Guillermo c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-10

La esencia de la indagatoria como acto fundamental de la instrucción previo a una decisión de mérito, es permitir que el justiciable ejerza eficazmente su derecho de defensa y, por ello, se debe cumplir con los requisitos básicos de informar los hechos y pruebas en contra del imputado. Por consiguiente, de no poder contarse con aquellos elementos que hacen a la imputación, mal podría alguien aclarar los hechos e indicar las pruebas que, a su juicio, pudieran resultar útiles.
Daños y perjuicios, juicios contra el Estado, intereses, Fuerzas Armadas
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Mengual, Juan Carlos y otra c/ E.N.  (Ministerio de Defensa) s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-07

En las demandas exitosas por daños y perjuicios contra el Estado Nacional ocurridas por accidentes de soldados, las sumas de condena - en relación al rubro intereses - son fijadas a la fecha del pronunciamiento definitivo, y no al de la promoción de la demanda o al momento de producido el hecho que le dio origen.
Sociedades comerciales, sociedad de hecho, sociedad irregular
Materia: COMERCIAL
Carátula: AMUCHASTEGUI RODOLFO R. Y OTRO c/ CARLOS N. CATTO s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-26

Las sociedades de hecho son aquellas que carecen de instrumento constitutivo y no tipificante, las irregulares, si bien han sido constituidas y tipificadas adecuadamente (pues reúnen, a pesar de ser civiles, los elementos necesarios que determina la ley para que funcionen como tal), carecen de alguno o algunos de los requisitos que exige la ley para que actúen como sociedad regular. La falta de constitución de la sociedad por escritura pública, realza este último aspecto, pues tipicidad y regularidad no instituyen cosas similares, sino dos supuestos separados...por cuanto la tipicidad es anterior a la regularidad (Romero, Soc. Irregulares y de Hecho, p. 29).-
Código civil, prescripción, caducidad, contrato de obra pública, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: MAC KENTOR  S.A.C.C.C.I.A.F. c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ REVISION DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-12

Las disposiciones del Código Civil sobre prescripciones para accionar en defensa de un derecho, y aquellas que tratan la caducidad de éstos sólo pudieron ser alteradas para el supuesto de una obra pública y a los fines del reajuste monetario de la deuda, por la ley 21391.
Extradición, prescripción, acción penal
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO - PROCESAL - PENAL
Carátula: González Jofré, Arturo s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-07

El agravio según el cual sería de aplicación a los efectos de practicar el cómputo de prescripción de la acción penal el art. 34 de la ley chilena 707 y no las disposiciones del código penal respectivo no refuta a la sentencia apelada en cuanto estableció que la primera de esas normas sólo se refiere al tiempo en que debe instarse la acción penal y no al que transcurre después de que la justicia represiva fue puesta en movimiento.
Reglas de tránsito, violación al deber de cuidado, violación de semáforo
Materia: PENAL
Carátula: SCOTT, Luis A. y otro. s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-06

Configura infracción al cuidado objetivamente debido la aceleración de la marcha del rodado al ver que el semáforo se encontraba con luz amarilla para cambiar a roja, aunque se haya actuado de esa manera por estimarse que no se iba a alcanzar a realizar el cruce antes de que se encendiera la luz roja, en cuanto no quiso detenerse.
Aplicación supletoria de la ley, código civil
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: El Tambolar c/ Estado Nacional y  DGI s/ acción declarativa - medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Sólo excepcionalmente en la medida en que el Código Civil contiene principios o normas generales de derecho, rige también en el campo del derecho público porque las normas jurídicas de derecho privado y las normas de derecho público fiscal actúan o pueden actuar en ámbitos diferentes.
Accidente de tránsito, vehículo embistente, daño
Materia: CIVIL
Carátula: Foussal de Comini, María Edith c/ Ministerio de Salud Pública y Acción Social s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-03-27

Reviste el carácter de embistente, el conductor de la ambulancia que cruzó con luz roja y con exceso de velocidad, teniendo en cuenta que no pudo mantener el dominio del móvil.
Impuesto sobre los ingresos brutos, prueba, competencia del Superior Tribunal de Justicia, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Altieri e Hijos S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" y expte. nº 2595/03 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Altieri e Hijos S.A. c/ Dirección General de Rentas (Res. 1672-SHyF-2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR (art. 114, Código Fiscal) inconstitucionalidad denegado" y expte. nº 2595/03 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Altieri e Hijos S.A. c/ Dirección General de Rentas (Res. 1672-SHyF-2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR (art. 114, Código Fiscal)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-29

No integra la competencia de este Tribunal, según lo pretende el recurrente, la actividad de valoración de la prueba introducida ante el tribunal de mérito (sólo posible pues, dado el carácter escrito del procedimiento, rige en cualquier instancia la par conditio), ni tampoco la determinación e interpretación de las reglas locales comunes (infraconstitucionales) que rigen el caso. De otro modo, toda desinteligencia con la interpretación de la ley común (infraconstitucional) constituiría un problema de legalidad del tributo, esto es, un problema constitucional que autorizaría el recurso extraordinario respectivo. Con ello se vaciaría de contenido no sólo el principio de legalidad, que sería inútil y pasaría a formar parte del Derecho común, sino a otros tantos principios relativos a los límites de la discusión litigiosa. Y, de paso, el recurso por inconstitucionalidad pasaría a conformar un recurso ordinario, tan ordinario como el de apelación, del cual no valdría la pena distinguirlo. El principio de legalidad sólo dice que un tributo únicamente puede ser impuesto por una ley parlamentaria y que, por lo tanto, un juez sólo puede fundar su sentencia en la determinación de una ley parlamentaria que rige el caso. Hasta dónde llega la discusión sobre la interpretación que cabe dar a la ley utilizada en el caso constituye otro problema que la propia CCBA limita al referirse a la competencia del Tribunal Superior de Justicia.
Estafa, compraventa de automotores, cheque
Materia: PENAL
Carátula: MOLINERO, VICTOR. s/ DEFRAUDACION. ESTAFA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-06-27

El accionar del procesado,-que mediante la entrega de cheques de su propiedad pertenecientes a su cuenta, que fuera cerrada luego de la operación- logra que el damnificado por medio de este ardid le haga entrega del rodado, configura el delito de estafa. Por otra parte la acción de aquel se ve robustecida por la inmediata venta del automotor a un comerciante (a los 4 días), a un precio considerablemente inferior al pagado, lo que pone de manifiesto la conducta delictiva del encausado, al apoderarse de una suma importante resultante de la diferencia de ambas operaciones.
Intervención de terceros, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: HSBC  LA  BUENOS  AIRES  SEGUROS  SA c/ TRANSPORTES FURLONG SA s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSP TERRESTRE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-22

La intervención obligada de terceros queda configurada cuando a pedido de cualquiera de las partes, el órgano jurisdiccional dispone la citación de un tercero, respecto de quien se considera que la controversia es común (art. 94 del Código Procesal), a fin de que participe en el proceso pendiente y si la sentencia que se llegue a dictar pueda serle eventualmente opuesta. Y, en tal sentido, habrá controversia común cuando se entienda que la eventual decisión judicial que resuelva sobre la relación o situación jurídica planteada en el proceso y que constituye la causa de la pretensión, pueda de alguna manera afectar, rozar, alterar, gravitar o comprometer la relación o situación jurídica existente entre una de las partes y el tercero (cfr. Kenny, Héctor, "La Intervención Obligada de Terceros en el Proceso Civil", Ed. Depalma, 1983, págs. 13 y 33; esta Sala, causas nº 21.292 del 24/9/96, nº 10.512/04 del 2/5/06, nº 12591/06 del 11/6/08, nº 195/08 del 10/6/08 y nº 12533/08 del 8/7/2010, entre otras). La citación del tercero debe estar debidamente fundada y en caso de que sea necesario se deberá acompañar las pruebas necesarias para esa inclusión (cfr. " Revista de Derecho Procesal- Litisconsorcio Intervención de Terceros y Tercerías", Ed. Rubinzal-Culzoni 2006, T. 2, pág. 520).
Delitos, resistencia a la autoridad, lesiones, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Barreto, María de los Ángeles y otros c/  s/ Lesiones leves (art. 89), daños y atentado contra la autoridad s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-28

Si los hechos investigados constituyen una misma unidad delictiva inescindible, resulta conveniente que la investigación quede a cargo de un único tribunal. Por ello, corresponde que continúe interviniendo en las presentes actuaciones el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional dado que la justicia nacional es la que posee la competencia más amplia. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz, por remisión al dictamen fiscal).
Ley de Entidades Financieras, régimen de garantía de los depósitos, declaración jurada, banco central
Materia: COMERCIAL
Carátula: Loyola, Leticia Guadalupe c/ B.C.R.A. s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La presentación de la declaración jurada que menciona el art. 56 de la ley 21.526, modificada por la ley 22.501, es requisito exigible para la procedencia de la garantía puesta a cargo del Banco Central (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Recurso de casación, doctrina legal
Materia: CIVIL
Carátula: MEDINA SANDRA c/ ABDO JOSE LUIS s/ FILIACION - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-07

La doctrina legal a la que se refiere la regulación del recurso de casación es la que nace exclusivamente del Superior Tribunal, por lo que quedan fuera de este concepto la opinión de los autores, los principios generales del derecho y las corrientes que dimanan de cualquier otra fuente que no sea la ley.-
Teoría de la imprevisión, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramos de pella, Nancy E. c/ Labrocca, Mariano Pablo s/ Reajuste saldo de precio. Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-11

La pretensión autónoma de reajuste no sólo puede entendérsela referida al supuesto de culpa o mora del perjudicado, sino también a aquél en que frente a un hecho de iguales características se busca directamente la recomposición del equilibrio contractual.
Juicio de apremio, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Rivadavia c/ Estancias Etcheto S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02

Si la excepción de inhabilidad de título se funda en la falta de publicación de la ley impositiva que crea el impuesto reclamado, es el excepcionante quien debe acreditar la falta de publicación alegada, bastando con oficiar al departamento ejecutivo de la parte actora para verificar si la ordenanza en cuestión ha sido publicada y en su caso por que medio.
Cesantía ilegítima, daño resarcible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Velazco, Oscar c/ Municipalidad de Lanús s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-23

En los casos de ceses ilegítimos de empleados públicos, la indemnización del daño producido deriva directamente de la lesión al derecho administrativo al empleo garantizado por la estabilidad, que otorga caracteres especiales a este ámbito de la responsabilidad estatal por acto ilícito. Ello así pues, en tal caso, el agente sufre en forma inmediata un daño consistente en la privación de un sueldo durante el tiempo que insume la búsqueda de otra actividad remunerada, cuya presunción se impone con la consiguiente inversión de la carga probatoria (En el caso, se fijo en el cien por ciento del total de las remuneraciones no cobradas).
Honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lazzarich, Juan A. y otra c/ Vairo de Koval, María N. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

Cuando el art.23 del dec. ley 8904 establece la posibilidad de actualización sólo se refiere a la liquidación, la que necesariamente observa la manda de la sentencia (art.501, C.P.C.C.), no pudiendo interpretarse que el silencio al respecto (demanda parcialmente admitida) obedezca a una inadvertencia del legislador, pues el fenómeno inflacionario fue tenido expresamente en cuenta en las disposiciones legales (arts.23 in fine y 24, dec. ley 8904).