Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-08-17


Salta, 17 de agosto de 2016.-	Y VISTOS: Estos autos caratulados "L., J. M. EN REPRESENTACION DE SU HIJA MENOR: S. L., N. C. vs. FIORINO, CARLOS ALEJANDRO; STANDAR BANK ARGENTINA S.A.; CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. Y/O; QUIEN RES. CIVILMENTE RESP. POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO" - Expediente Nº 8877/08 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 2º Nominación del Distrito Judicial del Sur - Metán (CAM - 451723/13 de Sala II) y,	C O N S I D E R A N D O:	La doctora Hebe Alicia Samsón dijo:	I) Vienen estos autos en virtud del recurso de apelación interpuesto a fojas 228, en contra de la sentencia dictada a fojas 224/226, que declara abstracta la demanda interpuesta por la señora J. M. L., en representación de su hija menor de edad N. C. S. L., en contra de Fiorino, Carlos Alejandro, Standard Bank Argentina S.A., Chubb Argentina de Seguros S.A., propietario y/o tenedor del vehículo Marca Polo, dominio EOL - 122.	Para así decidir el Sr. Juez de grado interpretó que el acuerdo transaccional celebrado y homologado en la causa penal Expte. Nº I-02-748/2007 por la compañía aseguradora Chubb Argentina de seguros S. A., con los herederos del Sr. R. A. S., en fecha anterior a la sentencia que declarara a la menor N. C. S. L. como hija de aquél, ha extinguido la acción de reclamación emergente del accidente de tránsito, con fundamento en que la transacción, debidamente homologada, hace cosa juzgada material sobre la pretensión objeto del litigio. En consecuencia declaró abstracta la cuestión.	A fojas 230/233 expresa agravios la parte actora. Manifiesta su disconformidad con el alcance que el Sr. Juez de la causa le dio a la transacción celebrada entre la compañía aseguradora y los restantes herederos de la víctima del accidente. Luego de referir cuales son los efectos jurídicos de dicho negocio, de conformidad al artículo 850 del Código Civil, objeta que el a-quo no haya tenido en cuenta para resolver lo dispuesto por el artículo 851 de dicho cuerpo legal, en virtud del cual la transacción le es inoponible a su parte, máxime cuando por carta documento se le notificó a los eventuales obligados al pago que la menor N. C. S. L. ha iniciado un juicio de filiación post-mortem en contra de los herederos del Sr. R. A. S. y por tal razón puede estar legitimada para reclamar la indemnización por los daños sufridos, sin que el pago de la indemnización a los otros damnificados le sea oponible. Aclara que dicha resolución no fue objeto de cuestionamiento por la codemandada Chubb Argentina Seguros S.A.. Aduce que la sentencia viola el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño.	Invoca la nulidad de la sentencia que, dice, resulta defectuosa por falta de pronunciamiento que haga lugar o rechace la acción. Afirma que el Juez no puede resolver una cuestión litigiosa, manifestando que la misma es abstracta.	Finalmente expresa que la sentencia prescinde de todo análisis lógico jurídico de las pruebas ofrecidas y producidas por su parte, siendo carente de fundamentación; que es sólo aparente, insuficiente e incluso defectuosa y arbitraria, porque hubo un apartamiento de cuestiones conducentes a su solución con un distanciamiento de la normativa legal e incluso una inobservancia del principio de congruencia que debe presidir este tipo de resoluciones.	A fojas 235 y vta. y 247/248, respectivamente, contestan agravios los demandados solicitando el rechazo del recurso por los motivos allí expuestos a los que cabe remitirse por razones de brevedad.	A fojas 280 y vta., se expide la señora Asesora de Incapaces N° 3. Entiende que debe revocarse la sentencia apelada y hacer lugar a la acción intentada.	A fojas 281 se llama autos para sentencia, providencia que se encuentra firme y consentida.	II) En forma preliminar cabe señalar que en nuestro ordenamiento procesal el recurso de apelación comprende el de nulidad y este último resulta idóneo para impugnar la sentencia y el procedimiento anterior viciado en los supuestos en que no haya mediado tal subsanación; o sea, cuando el acto viciado ha llegado a conocimiento del recurrente con posterioridad al dictado de la sentencia susceptible del recurso y siempre que a ella también le alcance la nulidad (Conf. Roberto Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", 2da. edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea 2009, pág. 210).	Según lo dispuesto por el artículo 252 del CPCC, si el procedimiento estuviere ajustado a derecho y el tribunal de alzada declarara la nulidad por cualquier otra causa, resolverá también sobre el fondo del litigio. De allí las numerosas decisiones de este Tribunal en el sentido que el recurso de nulidad es improcedente si los presuntos vicios que pueden afectar a una sentencia pueden ser enmendados mediante el recurso de apelación propiamente dicho (Conf. CApel.CCSalta, Sala I, año 1981, fº 132; id. Sala II, año 1986, fº 24; id. Sala III, año 1993, fº 112,; id. Sala V, año 1995, fº 219, entre otros).	En el caso traído a juzgamiento, por aplicación de tales principios, los posibles defectos de la sentencia pueden tener respuesta en la decisión de los agravios propios del recurso de apelación.	Ahora bien, cabe recordar los términos en que la cuestión abstracta ha sido delineada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El superior Tribunal ha dicho que "Alli donde no hay discusión real entre el actor y el demandado, ya porque el juicio es ficticio desde su comienzo, o porque a raíz de acontecimientos subsiguientes se ha extinguido la controversia o ha cesado de existir la causa de la acción; o donde las cuestiones a decidir no son concretas o los suceso ocurridos han tornado imposible para la Corte acordar una reparación efectiva, la causa debe ser considerada abstracta" (CSJN, fallo 193-524). Sin embargo ninguno de estos supuestos se presentan en el caso sub examine.	Por el contrario, si bien el sentenciante equivocadamente alude a la cuestión abstracta, de la lectura detenida de los considerandos del fallo se advierte con claridad que analizó y valoró la pretensión de la parte, es decir el reclamo indemnizatorio, como las defensas esgrimidas por la contraria, concluyendo en la extinción de la acción emergente del accidente de tránsito -fuente de la obligación- dando los fundamentos de la decisión, los que son atacados por la aquí recurrente. En efecto, a la luz del material probatorio aportado en autos y en la causa penal, tuvo por acreditado que N. C. S. L. es hija de R. A. S., conforme sentencia de filiación pos-morten dictada el 9 de junio de 2008 en el Expte. Nº 16348/7 y merituando el acuerdo transaccional denunciado por la Cía. Aseguradora, que se homologara en sede penal, determinó que el mismo hace cosa juzgada material sobre la pretensión objeto del litigio.	Es decir que, malgrado la expresión utilizada, en definitivas resolvió la cuestión debatida entre las partes, en base a la posición asumida por cada una de ellas en el proceso y las pruebas aportadas, razón por la cual procede el análisis de los agravios expresados por la actora en desacuerdo con la decisión.	III) Cabe aclarar que si bien ya se encuentra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la presente causa deberá resolverse en base a las normas del Código Civil de Vélez Sarfield, conjunto normativo vigente al momento del hecho dañoso que invoca el actor a los efectos reparatorios, acaecido el 25 de mayo de 2007 (Conf. Aida Kemelmajer de Carlucci, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", pág. 100 y sgte., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015).	A través de la acción de responsabilidad civil extracontractual deducida la actora, invocando su calidad de hija del Sr. R. A. S., pretende que se condene a los demandados a pagar una indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, ocurrido en día 25 de mayo de 2007, en la ruta nacional Nº 9/34, en el que su padre perdiera la vida.	La Compañía Aseguradora, reconociendo la existencia y vigencia del contrato de seguro que lo vincula con Stándard Bank Argentina S.A., denuncia la celebración de un acuerdo transaccional con los herederos del Sr. R. H. S., por medio del cual procedió a indemnizar a los mismos con la suma de $330.000, por la muerte de aquel. Sostiene que homologado el acuerdo, depositó los fondos en el expediente sucesorio por lo que ha quedado desobligada por esa muerte debiendo la actora hacer valer sus derechos en el referido juicio y cobrar la cuota parte que le corresponda por el carácter que invoca.	De acuerdo a los fundamentos de la sentencia la improcedencia de la pretensión deriva de los alcances asignados al acuerdo transaccional invocado por la aseguradora. Partiendo de la premisa que el convenio ha sido concretado por Chubb Argentina de Seguros S.A.C, con los herederos directos de la víctima del accidente y homologado con anterioridad al dictado de la sentencia que declara a la menor N. C. S. L. (actora) como hija del Sr. R. A. S., el juez a quo determinó que dicha transacción hace cosa jugada material sobre su pretensión y que por tanto la actora carece de acción. De ello se agravia la recurrente y desde ya anticipo opinión en cuanto le asiste razón.	El artículo 851 del Código Civil prescribe que la transacción hecha por uno de los interesados ni perjudica ni aprovecha a tercero ni a los demás interesados, aún cuando las obligaciones sean indivisibles. En autos, la accionante no ha participado de la transacción por la cual otros damnificados (ascendientes, descendientes y concubina de la víctima fatal del accidente) acordaron con Chubb Argentina de Seguros S.A, aseguradora del codemandado Stándar Bank Argentina S.A., el pago de la indemnización derivada de la muerte de su padre; por lo tanto aquella no le es oponible (v. fs. 18/19 del expte. penal ).	Resulta irrelevante, en este caso en particular, la oportunidad en que se concretó aquél negocio jurídico tanto porque los efectos de la sentencia de filiación son retroactivos al día del nacimiento; cuanto porque cuando existe pluralidad de damnificados legitimados cada uno de ellos puede ejercer la acción resarcitoria, aislada o conjuntamente, sin efecto alguno entre sí (Conf. Stigliz, Gabriel -Gandolfo de Stiglitz Ana, "Juicio de Daños y perjuicios", pag. 92, Edit. Juris, Santa Fe 1996). Si de la muerte de una persona originada en un hecho ilícito resultan varios damnificados, cada uno de ellos tiene acción independiente; no hay entre los damnificados ninguna solidaridad activa; la renuncia de uno no perjudica a los otros (art. 1100 del Cód. Civ.); tampoco puede serles opuesta a éstos la transacción (Conf. Borda, Guillermo, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones-T II, pág. 435, Edit. Perrot, Buenos Aires, 1989).	Pero fundamentalmente porque la aseguradora conocía la existencia del reclamo filiatorio, con anterioridad a la celebración y homologación de la transacción referida, ya que en dicha causa (que se tiene a la vista) el Sr. Juez de familia ordenó -en el marco de una medida cautelar- que se le notificara, en carácter de eventual obligada al pago de los daños y perjuicios por la muerte del Sr. S., que la menor N. C. S. L. ha iniciado un juicio de filiación post mortem en contra de los herederos del Sr. R. A. S. y por tal razón puede estar eventualmente legitimada para reclamar indemnización por los daños sufridos por la muerte de éste, sin que el pago de la indemnización a los otros damnificados le sea oponible (v. resolución dictada a fs. 24/25 y cédula incorporada a fs. 44/45 del Expte. Nº 16412/07 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia del Distrito Judicial del Sur - Metan y carta documento agregada a fs. 22 de los presentes).	Resulta también equivocada la apreciación de la demandada en cuanto considera que la accionante debe acudir al sucesorio del Sr. S. a reclamar lo que le corresponde en su calidad de heredera toda vez que el reclamo indemnizatorio lo es a título de damnificada indirecta es decir, se reclama "jure propio", en razón del perjuicio que personalmente le ha producido el infortunio y no "jure hereditatis" ya que el derecho al resarcimiento de los daños reclamados ha nacido con ocasión de la muerte del Sr. S. y por lo tanto no forman parte de la sucesión de éste (Conf. Zavala de Gonzalez, Matilde, Código Civil y Normas Complementarias, Bueres - Highton, Ed. Hamurabi, t. 3A, pág. 254).	En consecuencia de todo lo expuesto corresponde revocar la sentencia y no habiéndose expedido el juez en grado sobre el reclamo indemnizatorio en sí, atento la forma en que resolvió la cuestión debatida entre las partes, procede su análisis en esta instancia (conf. doctrina emanada del artículo 272 del Código Procesal). Tiene dicho la jurisprudencia que cuando la Cámara revoca la sentencia de primera instancia que no se pronunció sobre las cuestiones formuladas por declarar procedente una defensa que por si sola es suficiente para sellar la suerte de la acción promovida, en ejercicio de su potestad plena, debe resolver todos los temas que integran la relación procesal y no devolver la causa al inferior con ese fin, sin que con ese proceder se vulnere la defensa en juicio, ni el principio de igualdad ni el régimen de doble instancia (CJBs.As., ED 76-169).	IV) En primer lugar cabe señalar, en orden a la prejudicialidad prevista por el artículo 1103 del Código Civil, que el sobreseimiento del codemandado Alejandro Fiorino en la referida causa penal seguida en su contra, Expte. nº 748/7 del Juzgado de Instrucción Formal de 1º Nominación, del Distrito Judicial del Sur, Circunscripción Metan (a la vista), está motivado en la prescripción de la acción penal (ver Resolución de fs. 450/451), por lo que no tiene influencia sobre el ámbito civil. Siguiendo el criterio sustentado por la doctrina, que acepta la posición del Dr. Jorge Joaquín Llambías, el sobreseimiento o la absolución dictada en sede penal tienen trascendencia por su contenido y no por su forma y condicionan al juez civil solo cuando el hecho no existió o no es el procesado su autor, ya que en los restantes supuestos (prescripción de acción penal, amnistía, muerte del imputado e incluso la convicción de inocencia a la que arribe el juez) no obligan al juez civil que analiza las responsabilidades de esa naturaleza y dicta sentencia conforme a su propia convicción (conf. autor citado en "Limites de la Cosa Juzgada Penal en Materia de Responsabilidad Civil", ED 84-772 y Belluscio y Zannoni en Código Civil, t.V, pag. 318).	V) No hay discusión entre las partes en cuanto al día, hora y lugar en que se produjo el accidente, pero mientras la accionante afirma la responsabilidad del Sr. Carlos A. Fiorino, en tanto conductor del vehículo que dice, conducía en estado de ebriedad, a alta velocidad y con total desatención de las normas de tránsito y la señalización que prohibía el sobrepaso de los vehículos y limitaba la velocidad a 80 Km por hora, la contraria sostiene la culpa de la propia víctima.	Tanto Stándard Bank Argentina S.A.- titular registral del vehículo conducido por el codemandado, como la Aseguradora Chubb Argentina de Seguros S.A., representadas por el Dr. José Figueroa, niegan la responsabilidad de aquél en el accidente atribuyendo la misma al Sr. S. quien, según afirman, circulaba en contramano y a muy alta velocidad. Subsidiariamente impugna los montos resarcitorios solicitados.	La Sra. Defensora Oficial Civil Nº 2, quien actúa en representación del codemandado Fiorino ausente, niega que su defendido haya conducido con desatención a las normas de transito, a exceso de velocidad o en estado de ebriedad, como así también que la reclamante haya sufrido daño psiquico y moral y que el monto reclamado refleje el daño real causado.	De acuerdo a nuestro régimen legal, en materia de daños causados con cosas riesgosas o viciadas el factor de atribución de responsabilidad es objetivo. Así lo establece el art. 1113 del Código Civil que hace responsable al dueño o guardián de la cosa riesgosa o viciada con la cual se ha causado el daño, a menos que demuestre la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder; supuestos en los que podría eximirse total o parcialmente de sus consecuencias patrimoniales, según el caso. Este es el sistema legal de responsabilidad aplicable a los accidentes de tránsito.	Y en cuanto a esa prueba se refiere, resulta de aplicación el principio que surge del art. 377 del CPCC, en virtud del cual corresponde al actor la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión, y al demandado la de los hechos impeditivos, modificatorios o extintivos. En suma la distribución de la carga de la prueba en el proceso se define por la posición de la parte con relación al efecto jurídico que se pretende corregir (conf. Micheli: "La carga de la Prueba", pág. 429). Así, "cada parte esta obligada dentro del proceso a afirmar y probar los presupuestos de la norma que le es favorable. Por ello la carga corresponde a quienes invocan los hechos en que se fundaron sus pretensiones; el incumplimiento de la carga probatoria expone a la parte al riesgo de no lograr la demostración de los hechos afirmados en sus alegaciones, ya que al prueba tiende a producir en el ánimo del juzgador una certeza sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados (conf. Capel.CC Salta, Sala I, Fallos año 1990, págs. 142/143; año 1991, págs. 18/19; año 1992, págs. 103/105; año 1993, págs. 274/277; año 1996, pág. 550; año 1997, pág. 414).	Merituando las constancias de la causa y especialmente las pruebas producidas en autos y en el expediente penal, se tiene que efectivamente el automóvil Volkswaguen Polo, dominio EOL 122, conducido por el demandado Carlos Alejandro Fiorino, embistió de frente al Renault Megane, dominio FVH-959 en el que circulaba, por el carril contrario, el Sr. S., padre de la actora. En efecto, de acuerdo a la pericia accidentológica, incorporada a fs. 173/185, al llegar aproximadamente a la altura del km 1436 de la ruta nacional 9/34 el vehículo conducido por el codemandado invadió el carril por donde transitaba el Sr. S. (en dirección norte-sur) incrustándose de frente contra su automóvil, sin que existiera sobre la ruta obstáculo alguno que le impidiera observar la presencia del mismo toda vez que se trata de una zona de amplia visión panorámica, con la calzada en buen estado de circulación sin depresiones que pudieran desestabilizar los rodados (v. fs. 181) y donde además existía señalización que prohibía el sobrepaso (doble línea amarilla de separación de ambos carriles).	Estas conclusiones, que se condicen con el relato de hecho de la actora, no han sido desvirtuadas en modo alguno por la contraria, quien ninguna prueba produjo tendiente a acreditar lo dicho en su contestación. Es decir que, fuera de la versión de los hechos aportada por la demandada, no hay mas datos ni en esta causa ni el proceso penal, que permitan tener por cierta sus afirmaciones, tendientes a responsabilizar al conductor del Renault Megane que falleciera a raíz del impacto.	Por el contrario queda acreditado que el accidente se produjo por la maniobra indebida e imprudente del Sr. Fiorino, quien conducía en estado de ebriedad, según da cuenta el estudio de alcoholemia incorporado a fs. 19 de la causa penal, infringiendo lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito a la que prestara adhesión la Provincia. Dable es inferir por lo tanto que, en esas condiciones, no tomó las diligencias que le exigía la conducción. Como lo señala el experto al estar el conductor bajo los efectos del alcohol la calidad de la circulación disminuye como también la habilidad para conducir.	En este sentido tiene dicho este Tribunal que el conductor debe conservar en todo momento el completo dominio del vehículo y guiarlo con prudencia, lo cual le impone la obligación de conducirlo en función de las dificultades del tránsito y de los obstáculos previsibles, de manera tal que el automotor no llegue a constituir, en ninguna circunstancia, causa directa o indirecta de daño alguno a las personas. La mentada exigencia, referida a la forma de conducción, se adecua a lo normado por el artículo 902 del Código Civil que establece que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. Ello trae como conclusión necesaria, en lo específico de los accidentes de tránsito, que el manejo eficaz es aquél que permite cubrir las alternativas del tránsito, poniéndose el conductor a cubierto de maniobras o actitudes inadecuadas de terceros (CApel.CC. Salta, Sala III, año 1999, f° 503).	Por lo expuesto cabe concluir que el hecho ha ocurrido por exclusiva culpa del codemandado Carlos Alejandro Fiorino y en consecuencia la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la actora, como consecuencia de la muerte de su padre, producto del accidente y sobre lo que no existe discusión (relación de causalidad) recae sobre él, en tanto conductor del automóvil embistente Volkswaguen Polo, dominio EOL 122 (art. 1109 del Código Civil); la firma Standard Bank Argentina S.A., en su carácter de titular del vehículo, al momento de producirse el hecho dañoso (art.27 del Dcto Ley 6582/58 y modificatorias) y Chubb Argentina de Seguros S.A., aseguradora del propietario del vehículo, contrato cuya vigencia lo reconoce a fs. 56 vta. (art. 118 de la Ley 17.418), en forma solidaria.	VI) Determinada la responsabilidad corresponde abocarse a la merituación de los rubros indemnizatorios reclamados.	a) Daño moral: en relación al daño moral, se ha dicho que lo configura todo sufrimiento o dolor que se padece, y por ello se han considerado tal a los sufrimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser la consecuencia del hecho perjudicial (Llambías, "Obligaciones." Tomo I, 1978, pág. 297/298). Dice Matilde Zavala de González que el daño moral, por su parte, es una afectación del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (Matilde Zavala de González, "El concepto de Daño Moral", J.A. 1985-I-726).	Si bien se entiende que no es necesario probarlo de modo directo, la cuantificación de este daño queda librada al criterio prudente de los magistrados, aunque ellos deben computar la entidad y magnitud de la lesión o agravio en función de las proyecciones de la persona en sus esferas existencial y psíquica, de sus padecimientos, de su dolor físico, de sus miedos, angustias y sufrimientos. La reparación "integral" del daño moral no puede resolverse sino en términos de aproximación, tanto desde la perspectiva del daño mismo, como desde la perspectiva de la indemnización, pues, el monto que se fije no puede representar ni traducir el perjuicio ni sustituirlo por un equivalente (CNCiv. Sala "F", noviembre 15 /2004, L.378.649, voto del Dr. Eduardo A. Zannoni).	La fijación del importe resulta de difícil determinación y esta dificultad es lógica y propia de la necesidad de compensar bienes inmateriales y extrapatrimoniales, con el dinero, que es el símbolo y medida de las cosas materiales (CApel.CC. Salta, Sala V, 18-3-04, "Chibán vs. H.S.B.C.", año 2004, f° 343/349; íd. íd. año 2005, f° 759; CApel.CC. Salta, año 2005, f° 1443). Por ello, la suma que se fije en este concepto, queda librada más que en cualquier otro rubro, a la interpretación que haga el sentenciante, a la luz de las constancias aportadas a la causa, tratando siempre de tomar en cuenta en el caso sus particularidades (CNEsp.CC. Sala V, Rep. E.D. 14-280, n° 61; CApel.CC. Salta, Sala III, año 1997, f° 763; íd. íd., año 1999, f° 454; íd. íd. año 2001, f° 99).	La Corte Suprema ha dejado sentado que a los fines de la valuación del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado (CSJN, Fallos: 311:1018); y que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material pues no se trata de un daño accesorio a éste (CSJN, Fallos: 312:1597).	En este orden de ideas es evidente que la reclamante ante la muerte de quien fuera su padre ha sufrido penurias psíquicas y espirituales y ese desasosiego, generado por la conducta antijurídica de quien lo causó, debe ser indemnizado. La pérdida del padre por sí hiere la afectividad de quienes lo sobreviven y provoca angustias y afecciones que no necesitan ser probadas, a pesar que en autos existe informe psicológico que da cuenta de la dificultades de la menor para efectuar el duelo por la muerte de su padre (v. fs. 152). Mas aún cuando la muerte se produce -como en el caso- en circunstancias trágicas e inesperadas. En consecuencia, en virtud de los prescripto por el art. 1078 del Código Civil que legitima a la actora para el reclamo y atendiendo en forma integral a las particularidades del sublite se aprecia este perjuicio en la suma de $ 105.000 (pesos ciento cinco mil).	b) Daño psíquico y tratamiento psicológico: Si bien se reclamaron en forma independiente, la prueba específica producida en autos no da cuenta de una incapacidad psicológica en la actora, sino de las consecuencias traumáticas que la pérdida de su padre le ocasionó tanto en su vida escolar, social y particularmente en la relación con su madre, para cuya superación se indica tratamiento psicológico. Este rubro -y no la incapacidad psicológica que no se diagnosticó- es el que debe ser resarcido y la condena encuentra sustento en el dictamen de la perito psicóloga (v. fs.152) y en sus conclusiones en cuanto a que los padecimientos de la accionante están directamente relacionados con el hecho que motiva este juicio (muerte del progenitor).	Además las alteraciones psíquicas en cuanto se equiparan con un trastorno existencial que gravita en la interioridad de las víctimas, ha sido evaluado también, al momento de determinar el daño moral.	Teniendo en cuenta que la profesional que interviene en la causa recomienda ocho meses de tratamiento y la actora reclama dos años, con dos sesiones semanales de terapia, entiendo razonable admitir el costo estimado de tratamiento por un año, dos sesiones por semana como se peticiona y al valor de sesión indicado en la demanda ($50), atento a la falta de prueba en contrario. Por tanto se admite en este concepto la suma de pesos cuatro mil ochocientos ($4800).	c) Lucro cesante: se trata nada mas ni nada menos que el llamado "valor vida" y que encuadra dentro de los daños materiales que pueden reclamarse cuando se produce la muerte de una persona, concepto diferente al daño moral antes analizado.	Como lo dijo la Corte de Justicia de la Nación la vida humana no tiene un valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir. No es dable evitar una honda turbación espiritual cuando se habla de tasar económicamente una vida humana, reducirla a valores crematísticos, hacer la imposible conmutación de lo inconmutable La supresión de la vida humana ocasiona indudables efectos de orden patrimonial, lo que se mide no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la abrupta interrupción de un actividad creadora, productora de bienes. En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue. Para fijar la indemnización por valor vida se debe considerar y relacionar las diversas variables relevantes en cada caso en particular en relación con la victima (edad, grado de parentesco, condición económica y social, profesión, expectativa de vida, etc.) como con los damnificados (grado de parentesco, edad de los hijos, educación, etc.). (Conf. CSJN 11-5-93, " Fernández, Alba Ofelia c/ Ballejo, Julio Alfredo y Pcia. de Bs. As", fallos 316:912).	No existen criterios uniformes de estimación y valuación sino que impera el arbitrio judicial. Por ello se considera que la indemnización por tal motivo se debe a título de reparación del daño emergente que el hecho produce en el damnificado al privarlo de esa compañía, en atención a las necesidades morales, materiales y familiares de la vida en común, o sea, a "ciertas pautas como circunstancias particulares de afección, unidad y cohesión de la familia, situación de amparo y desamparo en que quedan los accionantes, etc." (ver Código Civil Comentado y Concordado de Belluscio y Zannoni, t. V, pág. 113/114), además de las circunstancias particulares del occiso y de los reclamantes como edad, sexo, educación, condición social, profesión, relación familiar, etc.	Ha dicho esta Sala que la Corte Federal se inclina, a favorecer cierta elasticidad en el procedimiento de cuantificación que permita al juez adaptarse a las distintas situaciones y contextos, en el entendimiento también de que un sistema cristalizado no sería capaz de ajustarse a nuevas o disímiles realidades, destacando que el nuevo Código Civil y Comercial se orienta en el mismo sentido al señalar como pautas para fijar la reparación por fallecimiento al tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes (art. 1745 C.C. y C.)(Protocolo de Sentencias, Año 2016 -Primera Parte, fl.146/154).	Existe pues cierta flexibilidad para el Juzgador, a la hora de determinar el cuantum del resarcimiento, atendiendo a las circunstancias particulares que rodean cada caso. Siguiendo estos lineamientos, para su fijación deben tenerse en cuenta en el sub examine, que se trata del padre de la actora, según se acredita con la sentencia de filiación dictada en el expte. Nº 16348/07 del Juzgado de 1º Instancia en lo civil de Personas y Familia de Metán; de 41 años de edad al momento de su deceso (ver certificado de defunción obrante a fs. 5 del expte. penal), que si bien no convivía con ella la ayudaba económicamente como así también la visitaba y preocupaba por su persona, conforme lo afirman los testigos a fs. 129, 130 y 131; que la damnificada tenía 9 años al momento del hecho dañoso y se encontraba escolarizada, cursando 4to. grado (v. certificado de escolaridad e informe del Establecimiento educativo de fs 21 y 20, respectivamente). Que el Sr. S. se desempañaba como remisero, explotando un automóvil de su madre por lo cual -según se dijo en la demanda-compartía con ella las ganancias y con una renta mensual de $ 2.250 que si bien no fue acreditada en forma particular puede tenerse por cierta a tenor de las declaraciones de los testigos quienes son contestes en afirmar que el Sr. S. manejaba el remis y que en varias oportunidades los conducía a los declarantes, que no fueron objetadas por la contraria.	No debe perderse de vista tampoco que el fallecido tenía otros hijos más (tres), todos menores de edad y su concubina, conforme reconoce la actora al demandar y surge del acuerdo transaccional celebrado en sede penal y que no hubiera sido lógico que la manutención de su hija N. C. S. L.se extendiera hasta su jubilación (65 años). Ello así porque, aún partiendo del supuesto que aquel hubiera vivido hasta esa edad, es lógico inferir que, alcanzada la mayoría de edad, la accionante ya tendría posibilidades de proporcionarse su propio sustento, sin perjuicio de ponderar también el cuidado personal que tiene trascendencia no solo moral sino económica y la ayuda que -aun cuando sean mayores- los padres puedan dispensar a su hijos, durante toda su vida.	Por lo tanto, valorando estas circunstancias y en consideración a la suma que necesariamente hubiera insumido su propia manutención, en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, estimo razonable fijar este rubro en la suma de $ 95.000 (pesos noventa y cinco mil), poniendo de manifiesto -en relación a la prueba- que el artículo 1084 del Código Civil establece una presunción de daño a favor de los hijos del muerto, que en autos no ha sido desvirtuada en modo alguno y que el derecho al reclamo encuentra sustento en los artículos 1077, 1079 y 1109 (normas de carácter general) y específicamente en el artículo 1085, todos del Código de Velez Sarfield.	d) Daño material: así denomina la accionante a los gastos que tuvo que afrontar para la realización del juicio de filiación y que pretende sean resarcidos por los demandados. Pero es del caso que, aún acreditada la existencia del acción filiatoria y las erogaciones derivadas de ella, no existe relación de causalidad con el accidente. El reconocimiento del estado de hijo no aconteció hasta la muerte del Sr. Santillán (a pesar de haber transcurrido 9 años desde el nacimiento de la menor) de modo que no puede admitirse como cierto y fundamento del reclamo que su muerte obligó a iniciar la acción y tampoco la eventualidad de que la víctima fuera a reconocerla de manera espontánea de no acaecer el hecho dañoso al no existir prueba ni indicios en autos al respecto. Por lo tanto la pretensión resulta inadmisible.	e) Intereses: Al respecto esta Sala viene sosteniendo reiteradamente que cuando la causa de la obligación es un hecho ilícito, corresponde liquidar intereses desde el día en que se produjo cada perjuicio objeto de la reparación y hasta su efectivo pago, conclusión a la que se arriba tanto si se comparte la postura que el responsable está incurso en mora, a todos los efectos legales, desde la comisión del hecho (Busso, Salvat, Colmo, Rezzónico, entre otros autores citados por Llambías, Jorge J., "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", nota nº 87, pág. 157, tº I, ed. Perrot, Bs. As., 1983; Moisset de Espanés, Luis, "La mora en las obligaciones", p. 34 y ss., Zavalía, Buenos Aires, 2006) y doctrina de la Cámara Nacional en lo Civil a partir del plenario "Gómez c/Empresa Nacional de Transportes" del 16 de diciembre de 1958 (LL, 93-667); o si se adhiere al principio de la reparación integral (arts. 1068, 1069, 1077, 19079, 1082, 1109 y cctes. del Código Civil y que rige tanto los delitos como los cuasidelitos (v. Wayar, Ernesto C., "Tratado de la mora", pág. 633, ed. Lexis Nexis, Bs. As.,2007).	Por lo tanto en este caso deben computarse desde que se produjo el accidente de tránsito que diera lugar a los reclamos resarcitorios, esto es el 25 de mayo de 2007.	Ahora bien, en cuanto a la tasa de interés, esta Sala tiene dicho que "...el daño resarcible debe ser valorado al tiempo de la sentencia o momento más próximo a esa época que sea posible por tratarse de una deuda de valor. Tal es la posición reiterada y constante tanto de la doctrina cuanto de la jurisprudencia (Llambías, ob. y tº cit. pág. 314; SCJMendoza, sala I, Dávila de Castro, C. y otros c. Berríos Díaz, J. C. y otros, 30/03/2009,; id. "Bodegas y Viñedos Crotta", 24/02/1994, LS 243-69; "Romairone", 09/06/1995, LS 256- 381; "Cahiza", 27/08/1998, LS 282- 231; casos de LS 268-32 y 155; LS 276- 467; caso "Velázquez", del 29/9/2000, LS 297-307 y sus citas, La Ley online: AR/JUR/6728/2009, entre muchos). Siendo entonces que la estimación de los daños se efectúa al momento de esta sentencia, debe aplicarse una tasa "pura" de interés durante el lapso que va desde la ocurrencia del perjuicio hasta la fecha de este pronunciamiento, puesto que las tasas activas, que son de aplicación mayoritaria en el fuero, comprenden un componente inflacionario, circunstancia que no puede ser desconocida al momento de fijar la compensación resarcitoria en su integralidad. En efecto, durante el período mencionado no puede hablarse de depreciación del monto indemnizatorio ya que, precisamente, se ha fijado tal monto a valores vigentes a la fecha del decisorio; por lo que el cálculo de intereses a una tasa activa duplicaría injustificadamente la indemnización "en la medida de la desvalorización monetaria", produciéndose la alteración del contenido económico de la sentencia, que se traduciría en un enriquecimiento indebido. Cabe, al respecto, adoptar una tasa del 7.5 % anual que ha sido la contemplada por la Corte Suprema de la Nación para supuestos análogos (Fallos 330:5345)...." (del voto de la Dra. Verónica Gómez Naar -al que adherí-, in re "Figueroa vs. Graña - Daños y Perjuicios por accidente de tránsito", CAM-466794/14 y, "Godoy vs. Darfe - Daños y Perjuicios por accidente de tránsito", CAM - 442990/13, Libro de Protocolo de Sentencias Definitivas, Año 2015, 1º parte, folio 112/118 y 221/331, respectivamente).	Por lo tanto, se dispone que los intereses sobre los montos resarcitorios admitidos se calculen a una tasa del 7.5% anual desde la fecha del accidente hasta el presente pronunciamiento y desde allí en adelante, hasta el efectivo pago, a la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta días, que se estima adecuada al contexto económico y la obligación de que se trata según se ha determinado en anteriores precedentes de esta Sala (Fallos año 2013, 1ª parte, folio 40/49, 28/02/13; Fallos año 2013, 1ª parte, folio 132/135, 22/05/13; Fallos año 2015, 1º parte, folio 112/118 y 221/331).	VII) En consecuencia de todo lo expuesto voto por hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora y en consecuencia, revocar la sentencia venida en revisión y hacer lugar a la demandada entablada por la Sra. J. M. L., en representación de su hija menor N. C. S. L., condenando al Sr. Pablo Alejandro Fiorino (art. 1109 del Código Civil); a Standard Bank Argentina S.A.( art.27 del Dcto Ley 6582/58 y modificatorias) y a Chubb Argentina de Seguros S.A. (art. 118 de la Ley 17.418), en forma solidaria, a pagar a la accionante la suma de $ 105.000 por daño moral; $4.800 por tratamiento psicológico y $ 95.000 por valor vida, estimados a la fecha de la presente sentencia, con más los intereses devengados desde el 25 de mayo de 2007, que deberán calcularse conforme lo señalado en el punto e) del Considerando VI).	VIII) En cuanto a las costas propongo imponerlas a los demandados en ambas instancias, por aplicación del principio general objetivo contemplado en el art. 67 del CPCC.	IX) Que atento lo dispuesto por Acordada de la Corte de Justicia Nº 12.062, del 11 de abril de 2016, corresponde en esta oportunidad fijar los porcentajes que corresponden por los honorarios de los abogados que intervinieron en esta instancia.	Realizada la ponderación de la labor de acuerdo a lo prescripto por el artículo 13 del Decreto Ley Nº 324/63 y sus modificatorias, resulta adecuado establecer los porcentuales del siguiente modo: (a) el 50% de lo que correspondiere por la actuación en primera instancia, a la doctora María Cristina Elias (apoderada de la parte actora) y el 40% al doctor José E. Figueroa (apoderado de Chubb Argentina S.A. y Standard Bank S.A.).	La doctora Verónica Gómez Naar dijo:	Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede.	Por ello,	LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,	I) HACE LUGAR al recurso de apelación deducido por la actora y, en su mérito, REVOCA la sentencia de fs. 224/226. En consecuencia, HACE LUGAR a la demanda deducida por la Sra. J. M. L., en representación de su hija menor N. C. S. L., condenando al Sr. Pablo Alejandro Fiorino (art. 1109 del Código Civil); a Stándard Bank Argentina S.A. (art.27 del Dcto Ley 6582/58 y modificatorias) y a Chubb Argentina de Seguros S.A. (art. 118 de la Ley 17.418), en forma solidaria, a pagar a la accionante la suma de pesos ciento cinco mil ($ 105.000) por daño moral; pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800) por tratamiento psicológico y pesos noventa y cinco mil ($ 95.000) por valor vida, estimados a la fecha de la presente sentencia, con más los intereses devengados desde el 25 de mayo de 2007, que deberán calcularse conforme lo señalado en el punto e) del Considerando VI).	II) IMPONE las costas de ambas instancias a la demandada.	III) ESTABLECE los porcentajes por honorarios de segunda instancia de la doctora María Cristina Elias en el 50% y los del doctor José E. Figueroa en el 40%, por su actividad en el presente recurso.	IV) ORDENA que se registre, notifique y baje.-	SALA II, T. 2016-S, fº 220/229, 17/08/16. VOCALES: Dra. Hebe Alicia Samsón - Dra. Verónica Gómez Naar. SECRETARIA: Dra. María Luján Genovese.