marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maiztegui de Carrera, María Teresa c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

Cuando la desaparición forzada de un afiliado al Instituto de Previsión Social acaeciese dentro de los dos años contados a partir del último día hábil de prestación de servicios, ello podría posibilitar el otorgamiento de la pensión solicitada desde que el fallecimiento, equivalente a la incapacidad absoluta que reconoce sus causas generadoras antes de la disolución del vínculo laboral, habría podido dar origen al otorgamiento del beneficio jubilatorio por invalidez del afiliado y en consecuencia el otorgamiento del beneficio de pensión a favor de los causahabientes del jubilado fallecido (conc. ley 10.667).
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, interés legítimo, honorarios del abogado, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco del Chaco c/ Suc. de Segundo N. Quiña s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-15

Es inadmisible la impugnación de inconstitucionalidad de la ley 2868 del Chaco, en cuanto, a raíz de lo en ella prescripto, se regularon al profesional recurrente sus honorarios reducidos al 25% de la escala legal, si la demanda fue interpuesta con posterioridad a la vigencia de la ley y el ahora recurrente no efectuó reparo alguno en torno a su validez hasta el momento en que se regularon sus honorarios.
Derecho de los beneficios de la seguridad social, haber jubilatorio, incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Atilio Secundino Arbe c/ Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-05-04

Al estarse ante un reclamo de carácter previsional, y no encuadrando la acción en los supuestos del art. 3 de la Ley 1.444, se impone la declaración de incompetencia, lo que no significa por cierto la negación de una acción ante la justicia para dejar a salvo el derecho subjetivo invocado, debiendo ser la misma planteada por los carriles procesales correspondientes.
Asociaciones sindicales, libertad sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Estado Nacional - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/ Asociación del Personal Jerárquico de la actividad municipal s/ ley de asociaciones sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-12

La libertad sindical, además de ser un verdadero principio general del Derecho Colectivo del Trabajo, se encuentra expresamente contemplada en nuestro derecho positivo, ya sea en el art. 14 bis CN como en otras normas del derecho internacional a las que nuestra norma fundamental les reconoce igual jerarquía, como los arts. XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el art. 23 inc. 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el art. 8 del PIDESC (cfr. art. 75 inc. 22 CN) u otros de jerarquía supralegal (o al menos similar a la de la ley) como el Convenio 87 OIT sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación (art. cit.). Todo ello, en concordancia con los arts. 6 y 56 de la ley 23.551 que imponen, por un lado, el deber de los poderes públicos de no limitar la autonomía de las asociaciones profesionales de trabajadores y, por el otro, el de ceñirse a requerir judicialmente - cuando existieren motivos graves - la intervención de esas entidades, luego de un proceso de conocimiento desarrollado conforme a derecho.
Lucro cesante, prueba, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caño, Ricardo c/ Flores, Felix Aníbal s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

Tratándose del lucro cesante, si bien su prueba no requiere una demostración exacta de la ganancia dejada de percibir, resulta necesario al menos que se justifique la labor frustrada, lo que se ganaba, el tiempo transcurrido, etc. pues eso es lo que constituye el daño, que debe ser cierto aunque puede no ser determinado su monto (art. 1069, C. Civil). Y como el actor, pese a que los testigos están contestes en que utilizaba su vehículo en su actividad de gasista y plomero, no ha acreditado la entidad de la labor frustrada, ni someramente lo que ganaba, ello impide la aplicación de lo previsto por el art. 165 "in fine", C.P.C.C.
Justicia municipal de faltas, control de constitucionalidad, juez de faltas
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: N, C. J. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Recurso de revisión Recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

Los integrantes de la Cámara de Faltas no son jueces de la Constitución. Siendo ello así, mal pueden ejercer una jurisdicción que no ostentan para decretar la inconstitucionalidad de una norma. Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli
Materia: CIVIL
Carátula: IÑIGUEZ CRISTINA c/ CARUSO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS s/ COBRO DE PESOS - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-13

Si el cambio de beneficiario del seguro aconteció con posterioridad al acaecimiento del siniestro, el beneficiario originario habría adquirido un derecho propio, por lo tanto irrevocable, fundado en el hecho de que no existen constancias explícitas ni implícitas que acrediten que la revocación haya ocurrido con anterioridad.

Si bien está probado el cambio de beneficiario efectuado -conforme la conducta asumida por la asegurada-, y que lo importante es que el asegurador conozca la designación, aunque fuera notificado luego de producido el evento (art. 146 L.S.), es necesaria la prueba de constancia por escrito que exige el artículo mencionado, mas allá de la no exigencia de formalidades establecidas, a los fines de la seguridad jurídica tanto para el que tiene la obligación de pagar, como para el tercero, originariamente investido como beneficiario.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fundamentación de sentencias, fundamentación suficiente, expresión de agravios, contratos de juegos de azar, rifas, pago en cuotas, pago extemporáneo, mora, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: ZORZON, MARIA DEL CARMEN c/ MOREYRA, BLANCA TONELLI DE Y/O CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO PROVINCIA L DE SANTA FE Y/O PROMOTORA RIVERO GAUNA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO  POR EL CODEMANDADO CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE-INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 1770 AÑO  1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03

Corresponde rechazar la queja desde que el quejoso no persuade que la Cámara haya omitido tratar cuestiones planteadas. El hecho de que los jueces no se pronuncien en forma expresa sobre una cuestión no constituye una anomalía que afecte la validez del pronunciamiento, si del contexto general del mismo resulta claro que aquélla ha sido resuelta en forma implícita. Así, en torno a los reproches que se reputan omitidos, la Cámara entendió que referían al derecho de la actora a ser adjudicataria del premio sorteado en la fecha correspondiente, donde resultara favorecido el número de la rifa que la misma adquiriera, consignando el Sentenciante que debía examinar si la actora había pagado las cuotas después del 12, aunque antes del 20 del mes, por considerarlo "determinante en la resolución de esta litis". Y concluyendo que era "incontrovertido" que la actora poseía los cupones de pago de las cuotas al momento del sorteo y que no estaba acreditado el pago fuera de término de las mismas, era irrelevante la mención de las cuestiones tales como las relativas a que: las cuotas no habían sido percibidas por el club; la cobranza efectuada no había purgado la mora y el contrato había quedado resuelto automáticamente, desde que entiende "acabadamente demostrad o que la cobradora había sido autorizada a realizar las rendiciones de cuenta de cobro hasta el día 20 de cada mes, y teniendo en cuenta que tal determinación se tomó en atención a las dificultades de cobro resultantes de la situación general imperante, no puede sino deducirse que fue autorizada a percibir cobros con posterioridad a los días 12 de cada mes", pues "se trataba de flexibilizar las fechas fijadas para el pago de las cuotas".
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Arriarán, Alfredo c/ Transportes Junín s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

En la medida en que la actividad dolosa de un tercero integre el riesgo propio de la cosa, esa actividad no podrá ser al mismo tiempo, causa de exculpación de la responsabilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Comisión Nacional de Previsión Social, pensiones, cónyuge supérstite, conviviente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CIVIL
Carátula: María Josefa FONTAU s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  PROCEDENCIA  -  JUBILACION  Y  PENSION  -  COMISION  NACIONAL  DE  PREVISION  SOCIAL  - MATRIMONIO - CONCUBINATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-03

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que revocó la resolución de la Comisión Nacional de Previsión Social e hizo lugar al pedido de pensión de la actora, en su carácter de viuda del matrimonio contraído con el causante en la República de México, ya que el art.

38, penúltimo párrafo, de la ley 18.037 (texto según ley 21.451) faculta a la autoridad administrativa de aplicación para decidir acerca de la validez y efectos jurídicos de los actos del estado civil invocados por el beneficiario y, puesto de manifiesto que el causante se hallaba vinculado por un matrimonio anterior contraído en la República Argentina, la recurrente pudo legítimamente negar eficacia al que invoca la solicitante de la pensión a fin de denegar el beneficio. No obstante ello, el a quo debió haber apreciado si de la convivencia resultante de dicho matrimonio extranjero podía resultar el derecho invocado, mediante la aplicación de las diversas normas legales vigentes; y, al haberse sancionado posteriormente la ley 23.263, que a los efectos previsionales confiere consecuencias a la mentada convivencia, corresponde que la causa sea resuelta con sujeción a lo que la nueva legislación dispone.
Contratos bancarios, defensa del consumidor, pretensión, cuenta sueldo
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAUCEDO JOSE c/ BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-10

Del dictamen fiscal nº 132410. 1. En el caso que se demande a un banco privado a fin de que cese en los descuentos por debito directo generados por terceros, de la cuenta en la que su empleador deposite su remuneración, el actor resultaría ser destinatario final del servicio prestado por el banco, quien fuera contratado por su empleador en carácter de proveedor del servicio de caja de ahorro, siendo aplicable como consecuencia las normas de la Ley de Defensa del Consumidor y en tal sentido, es dable señalar, como principio de interpretación, que en caso de duda se debe estar a la más favorable para el consumidor (arg. artículos 3 y 37, Ley 24240). 2. La negativa del banco a cesar en los debitos no tiene respaldo normativo y las consecuencias de la suspensión de los débitos directos pueda tener respecto del actor y los eventuales terceros contratantes son ajenos a la entidad, ya que existiendo orden expresa del actor de cesar en los descuentos no puede imputársele responsabilidad alguna. 3. Siendo que el actor acompañó conjuntamente con la promoción de la demanda los resúmenes de cuenta en los que constan los debitos efectuados, así como una nota presentada ante el banco en la que se requiere que cesen los descuentos sobre la cuenta de su titularidad, la carga de probar que el actor había proporcionado autorización para que se efectuaran débitos directos de su cuenta recae sobre el banco demandado, ello así, no solo en atención a lo dispuesto por las normas citadas de la Ley de Defensa del Consumidor, sino también de acuerdo a la regla de la distribución de la carga probatoria dinámica- también conocida como de solidaridad y colaboración-, que implica que tiene el deber de llevar adelante la actividad probatoria quien se encuentra en mejores condiciones de hacerlo. Esta regla ha sido receptada desde hace tiempo tanto por la doctrina como por la jurisprudencia (véase, Highton- Arean "Código Procesal.", pág. 239; Peyrano Jorge W "Doctrina de las cargas probatorias dinámicas", LL 1991-B-1034; CSJN Fallos 324:2689, 321:667, 321: 277, 320:2715, 319:2129).
Principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

El principio de congruencia exige que la sentencia recaiga sobre la misma base fáctica que fue objeto de acusación a fin de permitir al imputado y a su defensa probar, contradecir y alegar sobre aquélla, y garantizar así el principio acusatorio y el derecho de defensa en juicio.
Proceso penal, imputado, libertad provisional, proceso en trámite, juicio correccional, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: D., W. Y OTRO s/ Libertad provisional (Expte Nº 94-95, Resolución Nº 48, Tomo 2,  Folio 351)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-07-20

En el inciso 3º del art. 338 del CPP se plantea el dilema de saber si se refiere a cualquier tipo de liberación o solamente a alguna de entre las que él mismo prevé, o, precisando aún más el problema, la de establecer si las libertades otorgadas en el proceso correccional deben o no computarse a sus efectos. Debe recordarse que en el proceso correccional impera el principio denominado "estado de libertad" (art. 497 CPP) donde las causas deben sustanciarse respetando la libertad del imputado, contemplando una excepción en caso concreto. En aquellos casos donde se respete el "estado de libertad" al no haber -ni poder haber- privación de la libertad, no habrá propiamente excarcelación (por más que oficiosamente suelan tramitarse excarcelaciones) ni tampoco la forma encubierta de eximición de prisión que en nuestra ordenanza procesal viene a ser la liberación de oficio prevista por el art.

342 CPP para cuando el imputado comparece espontáneamente o al ser citado (la que en principio ha sido prevista para el procedimiento común y no para el especial Correccional); en cambio si por aplicación de algunas de las taxativas causas de excepción a dicho "estado de libertad" se ha dispuesto expresamente la detención y luego se ha recuperado la libertad, sí habrá habido excarcelación (tengamos presente que nada de lo que se dice resulta alterado por la circunstancia de que por cuestiones de conexidad -o cualquier otra- intervenga en la causa un Juez de Instrucción, conforme a lo sentado en la última parte del art. 497, citado).De lo anterior se sigue que como derivado del principio relativo al "estado de libertad" propio del proceso correccional, de su respeto no se puede seguir absolutamente ninguna consecuencia perjudicial para el imputado, so pena de entrar en contradicción con el fundamento de dicho principio, y, que en cambio, si haciéndose actuar la excepción se ordenó y ejecutó una detención, la recuperación de la libertad podrá eventualmente tenerse en cuenta a algunos fines procesales.
Contrato de trabajo, tecnología de la información, trabajo informático
Materia: LABORAL
Carátula: Gechelin, Carla Agustina c/ Katz, Jorge Silvio s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-29

Los cambios producidos en la economía como consecuencia de la incorporación de las tecnologías digitales trajeron aparejadas nuevas formas de prestación de servicios por parte de los individuos como, por ejemplo, el trabajo remoto o a distancia, el sustentado en plataformas informáticas o el desarrollado en el e-commerce. Ello trajo consigo el crecimiento de plataformas digitales de trabajo, la publicidad, promoción, asesoramiento y contacto a través de redes o páginas web y, en consecuencia, aparecieron nuevas maneras de organizar el trabajo, el comercio y las empresas
Recurso extraordinario, cuestiones procesales, cuestión federal, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Néstor Farías Bouvier en la causa Farías Bouvier, Néstor c/ Aerolíneas Argentinas S.A. y otro s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Los agravios suscitan cuestión federal para su consideración por la vía extraordinaria, pues si bien lo atinente a la existencia o inexistencia de cosa juzgada es, en principio, una cuestión de hecho y derecho procesal extraña a la vía del art. 14 de la ley 48, tal regla debe dejarse de lado cuando la solución del a quo importa un apartamiento palmario de lo decidido con anterioridad con autoridad de cosa juzgada.
Beneficio de litigar sin gastos, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B., G. N. c/ B., J. y B., J. s/ Beneficio de litigar sin gastos (Legajo Art. 252 C.Pr.C.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2017-02-02

El beneficio de litigar sin gastos encuentra su fundamento en la garantía de defensa y la igualdad ante la ley, ambos preceptos de raigambre constitucional habida cuenta que por su intermedio se asegura la prestación de los servicios de justicia no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes.
Patrimonio, jubilaciones, sentencia, ejecución de sentencia, Estado Provincial, Economía y finanzas, deuda pública, régimen de consolidación de deudas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CENA, JUAN MANUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - INCIDENTE  DE APREMIO (CSJ EXPTE Nº 506-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-02

Ninguna razón autoriza a afirmar que, a criterio del legislador, las deudas previsionales con sentencia firme de autoridad judicial no coadyuvan en el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. Por el contrario, de las expresiones vertidas en la Cámara de Diputados por el miembro informante del proyecto -en cuanto a que el artículo 2 de la ley 11373 "excluye fundamentalmente, ...a aquellas deudas que tengan retroactividad de haberes de los beneficios nuevos y a aquellos pedidos de rectificación por errores materiales o formales que pudieran haberse planteado por liquidaciones de caja y, finalmente, a los reajustes por acreditaciones de nuevos servicios sometidos a su consideración"- surge con claridad que las deudas con sentencia firme resultan ser un concepto más de los excluidos de la consolidación, e incluido -por ende- en el artículo 4. DEL VOTO DE LA MAYORIA. EN MINORIA EL DR BARRAGUIRRE.
Ministerio Público Fiscal, Superior Tribunal de Justicia, fiscales
Materia: PROCESAL
Carátula: Mayorga Ruíz, Luis Orlando y Espinosa, Jorge Armando s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-07-22

Al opinar de esta manera (en forma contraria con el criterio sustentado por el agente fiscal recurrente), el Fiscal no mantiene el recurso intentado por el inferior. No puede ser de otra manera, pues de lo contrario aparecería el Ministerio Público Fiscal sosteniendo por dos de sus miembros una conducta distinta ante el Superior Tribunal y, lo que es peor, con posterioridad al dictado de la sentencia, por lo dos hacen reserva del caso federal en caso de que sus opuestas pretensiones no sean acogidas (del voto del Dr. Hutchinson, por la mayoría).
Proceso penal, imputado, sentencia absolutoria, acción civil, responsabilidad objetiva, responsabilidad extracontractual
Materia: PROCESAL - PENAL - CIVIL
Carátula: R, A M s/ LESIONES CULPOSAS. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   745-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-06-30

La absolución penal del imputado no puede esgrimirse como obstáculo para que el Juez Penal se pronuncie sobre la cuestión civil sobre la base de la responsabilidad objetiva fundada en el artículo 1113 del Código Civil, esto es, la aplicación del riesgo creado en el proceso penal.
Tercerías, tercería de dominio, boleto de compraventa, posesión
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERRONATO, RAUL S/ s/ TERCERIA  DE  DOMINIO  EN  MADARIAGA, ANASTASIO C/ MANUFACTURA TEXTIL  DEL SUD SA S/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-14

El boleto de compraventa y la posesión son insuficientes para el progreso de la tercería de dominio sobre un inmueble.
Locación, locación transitoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Roglic, Gregorio c/ Capot de Marnati s/ Desalojo Merlo, Fernando y otro c/ Recloux, Julio y otro s/ Desalojo Pesciollo, Elvio Oscar c/ Bobbio, Antonia Lucía s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06|1995-12-19|1990-08-09

Si bien la ley 21309 tiene como fin la tutela o protección del locatario al asegurarle un plazo mínimo de locación, si las partes de común acuerdo admiten la existencia de una locación sujeta a un régimen especial, la misma no requiere de aquella protección. La realidad enseña que en la ciudad de Mar del Plata es común la contratación de viviendas tanto por temporadas de verano como durante los meses de receso turístico.
Entidades financieras, banco central, control de entidades financieras
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Caja de Crédito Sarandí, Domínico, Wilde Coop. Ltda. c/ BCRA. s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

Al dictar la resolución 359/84 y denegar la autorización formulada por una entidad bancaria para adquirir parcialmente los activos y pasivos financieros de una Caja de Crédito, el Banco Central no excedió los límites de las facultades que le fueron atribuidas (art. 16 de la ley 21.526) y su obrar no puede ser considerado irrazonable.
Locación, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez, Antonio c/ Villate, Mirta R. y/u otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-13

Cuando el domicilio de pago es el del deudor se requiere la efectiva colaboración del acreedor para que pueda efectivizar la obligación y por consiguiente la mora del art. 509 del C.C. no se produce de pleno derecho, pues es necesario que el acreedor demuestre que ha concurrido al domicilio de pago con intención de recibirlo y así dar por cumplida con la obligación que emergía del contrato.-
Emergencia sanitaria, ejecución de sentencia, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: INVESTIGACIONES  MEDICAS  SA c/ OBRA  SOCIAL PERSONAL INDUSTRIACUERO  ARGENTINA  S/ s/ INCUMPLIM.  DE  PREST.  DE  OBRA  SOC./MED.PREPAGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

El art. 1° de la Ley n° 26.563 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2011 el estado de emergencia sanitaria nacional dispuesta por el Decreto nº 486/02, Decreto nº 2724/02, emergencia prorrogada por las sucesivas leyes 26.077, 26.204, 26.339 y 26.456. En tal sentido, la Ley n° 26.077 en su art. 2°, establece que quedan exceptuadas de los efectos de la emergencia, las ejecuciones de sentencia firme pasadas en autoridad de cosa juzgada. Quedan exceptuadas de la emergencia sanitaria nacional las sentencias firmes pasadas en autoridad de cosa juzgada. Toda vez que la sentencia dictada en estas actuaciones ha pasado en autoridad de cosa juzgada, como así también la regulación de honorarios del perito Lampropulos las manifestaciones efectuadas por el apelante en su memorial de agravios, no resultan atendibles ante la claridad del texto legal referenciado.