marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo eventual, contrato de trabajo por obra determinada
Materia: LABORAL
Carátula: CARNUCCIO, LUCIA BEATRIZ c/ LABORATORIOS BETA  S.A.  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-27

Los requerimientos de 'mayor mano de obra' para satisfacer las exigencias que se derivan de los 'picos' de trabajo, caben perfectamente dentro del carácter del trabajo eventual, aunque los mismos se refieran a tareas que normalmente (pero en menor intensidad) son desarrolladas por la organización empresaria.
Pena, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: Brito, Eduardo Fabio y otro s/ Tentativa de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

No existe violación del art. 314 del Código de Procedimiento Penal al imponer el tribunal una pena mayor que la solicitada en la acusación pues el juzgador no ha generado la agravación prohibida por dicha norma ya que modificó -sin recurso fiscal y en perjuicio del procesado- lo decidido en la sentencia originaria, en la que frente a la absolución no cabía expedirse sobre la pena.
Notificación, validez de los actos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sociedad Cooperativa de Transportes Automotor Litoral Limitada c/ Municipalidad de San Nicolás s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

Resulta inatendible el argumento del recurrente, atinente a la falta de notificación de la providencia de reanudación del procedimiento si ha habido presentaciones efectuadas en autos por las partes con posterioridad al vencimiento del término de suspensión del proceso dispuesto por la ley 11.174 porque éstas demuestran la reanudación automática de la marcha de las actuaciones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, concurso de delitos
Materia: PROCESAL
Carátula: Caldren, Sergio Gustavo s/ estafa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-04

Corresponde que el juez bonaerense continúe con el trámite de las actuaciones si no puede descartarse, en esta etapa primigenia de la investigación, que los hechos que constituyen materia de la contienda y aquellos cuyo conocimiento se reservó el juez local formen parte de un contexto delictivo único, en el que los fondos depositados en la cuenta del imputado provengan de la actividad ilícita desarrollada por él y sus cómplices y que, por razones de economía procesal y una mejor administración de justicia, deban ser investigados por un mismo tribunal. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Kaswalder, Antonio (por Kaswalder Constructora Contenedores) c/ Municipalidad de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-09-21

La doctrina ha establecido que: "no obstante la resolución que declara la competencia y la habilitación de la instancia, aún cuando haya sido resuelta por el tribunal, el estado o ente público de que se trate pueden oponer cualquiera de las excepciones que son comunes a todos los juicios o las específicas de la materia contencioso administrativa, alegando el incumplimiento de algún requisito de admisibilidad.

Ello es así, porque al no haber sido parte en el trámite de habilitación de instancia, la decisión que recaiga no tiene efecto de cosa juzgada ni produce preclusión alguna". (Conf.: Luqui, Roberto Enrique, "Revisión judicial de la actividad administrativa". T.II, p.302).
Seguridad social, beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio, pago en negro
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: REAL, ANTONIO LORENZO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-31

La ley 18.037, en su art. 46, inc. d), prevé que puedan efectuarse deducciones en el haber del beneficio en concepto de cargos provenientes de créditos a favor de los organismos de seguridad social, con lo cual, en última instancia, el acerbo común de los afiliados queda resguardado sin adoptar medidas tan drásticas como la dispuesta por el art. 25 del cuerpo legal de marras, que entra en pugna con lo dispuesto por el art. 14 bis de la C.N. y, en los hechos, se traduce en un desconocimiento del principio de irrenunciabilidad de los beneficios previsionales. Por otra parte, ello armoniza con lo contemplado por el art. 12 de la ley 24.013, el cual dentro de un sistema que propende a lograr el blanqueo de los aportes previsionales y la regularización de las relaciones laborales, permite computar como tiempo efectivo de servicio tareas realizadas con posterioridad al 31 de diciembre de 1976. (Del voto del Dr. Laclau).
Pago por consignación, prueba, obligaciones, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION CIVIL HERMANOS MISERICORDISTAS c/ PILAN DANIEL s/ PAGO POR CONSIGNACION-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-12-20

En relación al alcance que se le atribuye al pago por consignación reconocimiento de la obligación-, cabe señalar que como en nuestro régimen legal no hay obligación sin causa, y demostrada la ausencia de responsabilidad de un establecimiento educativo, un supuesto reconocimiento obligacional mediando pago por consignación, resulta insuficiente para generar obligación alguna. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, regulación de honorarios, pautas orientadoras, equidad
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA DE VIVIENDA CONSUMO Y CREDITO c/ Delgado, Eduardo Luis y Otros s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-04-16

El artículo 1.627 del Código Civil no constituye una norma procesal dictada por la Nación por ser necesaria para la operatividad de un instituto de derecho sustancial por ella creado (por ejemplo la ley de prenda con registro o la de quiebras), sino una normativa de derecho común destinada a reafirmar la libertad de contratación en el precio de lo servicios, con una manda a los jueces para que al regular honorarios en juicio no lo hagan de modo que se produzca una evidente e injustificada desproporción entre la retribución acordada y la importancia de la labor cumplida, debiendo para ello si es necesario ir por debajo de los mínimos arancelarios dispuestos por las leyes locales (art. 1627, párr. 2, Cód. Civ.), con lo cual está señalando la necesidad de aplicar el principio de equidad, cosa que los jueces vienen haciendo desde siempre, apartándose incluso de las leyes arancelarias cuando el caso lo requiere.

Dicho art. 1627 también está implícitamente señalando la supremacía que en el tema de regulación de honorarios en juicio tienen las leyes locales -con lo cual la libertad absoluta de convenir el precio de los servicios sólo rige para los que se realizan extrajudicialmente- debiendo fijarse los que se prestan en juicio según las leyes arancelarias de cada provincia, recomendando aquella norma únicamente morigerarlas cuando resulte necesario por razones de equidad.
Transporte de estupefacientes, in dubio pro reo, tentativa, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Saravia de Almeida, Bejalmira y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-05

No debe considerarse que, por aplicación del beneficio de la duda, la droga haya sido cargada en el lugar donde fue encontrada, ya que por su volumen no pudo pasar desapercibida. La frustración de la entrega en destino no determina que el hecho haya quedado en grado de tentativa pues el delito se consuma con el inicio del traslado, es un delito permanente, o de ejecución permanente, que se sigue consumando mientras el agente continúa con los actos ejecutivos del transporte de la sustancia. No puede alegarse sorpresa, falta de contradictorio, desigualdad o carencia de bilateralidad, si la jurisdicción condena a una pena mayor a la pretendida por la acusación en tanto aquella se integre dentro de la escala penal correspondiente al título de imputación que el propio fiscal o acusador particular ha seleccionado y el tribunal ha acogido favorablemente. La disidencia parcial sostuvo que los jueces no tienen autoridad, como regla, para imponer una pena más grave que la requerida en la pretensión del acusador, porque esta pretensión impone un límite a su jurisdicción para determinar la pena. (Dres. García -disidencia parcial-, Yacobucci y Mitchell).
Honorarios del abogado, aportes previsionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kindaravicius, Liliana c/ Diez, Héctor s/ ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01

Previo a la disposición de fondos, deben abonarse los honorarios del letrado representante de la parte a quien beneficia la medida. Aun su afianzamiento mediante medida cautelar sólo puede admitirse si se acreditare en autos el pago efectivo en autos de los aportes y contribuciones sobre los mismos. ( art. 20 ley 6716 - Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires- ;

arts. 134 a, 148, 174 ley 10.397 y art. 9 a, rubro 82.500 ley 11.583 - Impuesto a los ingresos brutos - ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, pago de las vacaciones, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: E., R. y otros c/ Municipalidad de Trelew s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-15

El pago de la licencia, vigente la relación de empleo público, participa de la naturaleza del salario y su reclamo constituye una pretensión procesal materialmente contencioso-administrativa, especie del género pretensiones procesales, cuya nota común, en la generalidad de los ordenamientos, concierne a su fundamento: se trata de reclamaciones judiciales fundadas en normas y principios de derecho administrativo, a diferencia de la materialidad de la pretensión que se esgrime por vía de la acción de Derecho Común, en que la situación y por ende la relación, se rigen primordialmente por el Derecho Civil.
Medidas cautelares, Universidad de Buenos Aires, estatuto social
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mirande, Susana Laura c/ E.N. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-28

Corresponde declarar la suspensión a título cautelar de los efectos de los arts. 79 y 80 de la ley 24.521 -que imponen la adecuación de los estatutos de la Universidad de Bs.As. en un plazo perentorio de 180 días- hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
Derechos y garantías constitucionales, orden público, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P., P.F. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-09

Para apreciar de acuerdo al Derecho el significado y límites de la "Policía", ha de partirse del principio de que en el Estado de Derecho la presunción habla a favor de la libertad del individuo frente a la coacción del Estado.- La Constitución consagra como dogma, la garantía de la libertad y la propiedad, por ello el ciudadano puede disponer libremente de su propiedad y obrar según su voluntad.- Pero una actividad descontrolada de ambas conduce al "bellum omnium contra omnes" razón por la cual se concede con la condición de no estorbar el buen orden de la cosa pública.- La "policía" se erige así en función administrativa que impone coactivamente a la libertad natural de la persona y a su propiedad, las restricciones necesarias para asegurar el mantenimiento del orden público, concepto éste que alude a un estado de hecho de amplia esfera, de delimitación circunstancial.
Medida de no innovar, prohibición de contratar
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Montes, Nicolása María del Cármen c/ Francisco Montes S.A.C.I.F. s/ Nulidad de Asamblea Legajo para Tramitar Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-24

Esta medida de prohibición de contratar establecida en el art. 236 del C.P.C., no se refiere a una prohibición genérica e indeterminada, por cuanto ello involucraría a la existencia de una incapacidad de derecho para la parte que deba sufrir la medida, la cual no se haya comprendida en la ley sustantiva. En consecuencia, individualizando el bien, o bienes que componen el objeto litigioso, la prohibición de contratar proyecta sus efectos a toda convención, pacto o contrato que para el caso de una suerte adversa en el pleito imposibilite el reintegro del bien motivo de la litis. Se trata de una limitación a la autonomía de la voluntad, y en definitiva como un medio para asegurar la ejecución forzada de los bienes objeto del juicio.
Clasificación de delitos, delito culposo
Materia: PENAL
Carátula: B., D.D. s/ Lesiones graves a V.C. en accidente de tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-03

La característica esencial del tipo de injusto del delito imprudente no es la simple causación de un resultado, sino la forma en que se realiza la acción. De esta manera, la observancia del deber objetivo de cuidado constituye el punto de referencia obligado del tipo de injusto del delito culposo. El concepto de cuidado es objetivo, por cuanto no interesa para establecerlo cuál fue cuidado del autor en el caso concreto, sino cuál es el requerido en la vida de relación social respecto de la realización.
Procedimiento administrativo, reapertura del procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Salinas, Julio Oscar c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

La Administración no puede negarse a considerar los reclamos de los afiliados que intentan la reapertura de un procedimiento con fundamento en nuevos fallos judiciales, debiendo admitirse su análisis a fin de determinar si resultan conducentes o no a los fines requeridos en sede administrativa.
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PAPORELLO, RITA GUADALUPE s/ RECURSO DE AMPARO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 408-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-08-06

No reviste gravedad institucional, que permita hacer excepción de la falta de definitividad de las resoluciones recaídas en los amparos, el ataque a las resoluciones del Ministerio de Educación y Cultura que sólo tiene en miras el interés individual de las postulantes al concurso.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aidar, Camil E. y otros c/ Alonso, Adrián A.y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

La autoridad de la cosa juzgada que emana de la sentencia penal firme, alcanza no solamente al delito por el que fue condenado el demandado, sino también a las circunstancias en que ese ilícito fue consumado.-
Cuestiones de competencia, fiscales
Materia: CIVIL
Carátula: Sucesión de Villegas Quincoser s/ Competencia (Libro: A027A-258)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-12-19

Entre los representantes del Ministerio Público -Fiscales- no puede suscitarse una cuestión de competencia a dirimir por la Corte; pues éste Tribunal decide contiendas o conflictos entre jueces. Las cuestiones planteadas entre fiscales acerca de su intervención en la causa debe ser resuelta por el juez que entiende en ésta.
Ejecución de sentencia, confirmación de sentencia, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL
Carátula: Resguardo Cía Arg. de Seguros c/  s/ liquidación forzosa s/ devolución de compañía s/incidente de ejecución de sentencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-26

Procede confirmar la resolución que dispuso que la Superintendencia de Seguros de la Nación, en el plazo de 30 días corridos, debía pagar las sumas equivalentes al 198,70% del valor actual del capital mínimo exigido para operar como indemnización substituta a su obligación a restituir la empresa a la entidad aseguradora. Lo que en definitiva decidió el juez a quo fue: a) que el valor del capital mínimo exigido para operar sobre el cual debe calcularse la condena sea el vigente al décimo día de quedar firme esa resolución según los valores establecidos por el art. 30 del Reglamento para la actividad aseguradora (Res. SSSN 38708/14 y modificatorias y las tasas de actualización fijados por la RESOL- 2020-147-APN-SSN#MEC); b) reconocer que la deuda está afectada al Régimen de Consolidación de deuda pública establecido por la ley 23982 y sus modificatorias; y c) que el monto actualizado del crédito devengue intereses desde esa fecha y hasta el momento en que se encuentren cumplidos los requisitos para el pago que establece el régimen de consolidación de deuda, calculados según la tasa que perciba el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones corrientes de descuento a treinta (30) días. Ello por cuanto el pago de 198,70% del valor actual del capital mínimo exigido para operar es una obligación de valor y, por tal, está sujeta a lo previsto en el CCCN 772. Ello significa que es necesario establecer el momento en que se debe realizar la conversión del crédito de valor a una obligación de suma de dinero. Establecer el momento en que la resolución aquí apelada quedare firme no es una cuestión incierta. Por el contrario será fácilmente determinable y no depende de la voluntad de la Superintendencia de Seguros. A su vez, como el cobro pretendido está sujeto al procedimiento de consolidación de deuda del Estado, el reconocimiento de réditos se justifica en que la consolidación de la deuda por parte del Estado no es un mecanismo que resuelva la cuestión de manera automática. La demora que ello provoca requiere la compensación de un interés y, por cierto, la tasa fijada por el juez no fue cuestionada. Por ello, dicho interés no podrá, por el momento, ser considerado moratorio -en relación al cumplimiento de la sentencia- sino compensatorio; es decir que es reparador del uso de capital ajeno. En conclusión, es evidente que resultó razonable el reconocimiento de su devengamiento hasta que la deuda sea consolidada; pues a partir de allí la acreencia quedará sometida al régimen de la ley 23982.
Sucesiones, apertura de la sucesión, apertura por los acreedores
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: JUAN, Osvaldo J. s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-19

La iniciación del proceso sucesorio por parte del acreedor que ha manifestado desconocer la existencia de herederos, impone dar inmediata intervención al Ministerio de Educación a efectos de concederle la oportunidad de solicitar la apertura del juicio sucesorio. La omisión de dicha citación no puede redundar en detrimento de la entidad, porque de haber iniciado el proceso, ésta se habría visto exenta del pago de honorarios, en virtud de contar con un plantel de profesionales a sueldo a tal efecto.-
Suspensión del trabajador, plazo máximo, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: Yurcic Horacio Omar c/ A.T.A.C.O. Norte Sociedad Anónima Comercial e Industrial y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-10-19

No prospera el agravio de la parte demandada quien se duele porque la Juez a-quo considera al despido sin justa causa. Ello así, ya que encontrándose el actor sumariado, no ha sido la negativa del mismo a notificarse personalmente de la iniciación del sumario, lo que ha provocado la extensión del plazo más allá de los diez días corridos que prevé el art.13 del Conv. Colectivo de Trabajo Nro.322/73, sino que la demandada no ha obrado con la debida diligencia que tal plazo imponía, no ha completado una conducta que permitiera al juzgador tener la convicción que, aún cuando materialmente no lo lograra, su proceder llevaba el fin de culminar a la mayor brevedad el término estipulado. Extremo que habilitaría superar, conforme a las razones señaladas, el rigorismo formal en aras de la verdad real. Más, no dándose en la empleadora el temperamento diligente que el caso ameritaba, resulta correcto aplicar el art.13, como lo ha hecho la sentenciante.
Intereses, intereses punitorios, intereses compensatorios, anatocismo, juicio ejecutivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: VITALE, Eduardo c/ BABI, Francisco s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-06

Esta sala ha admitido la capitalización de intereses compensatorios, lo cual cabe extender en principio a los punitorios.

Tal capitalización de intereses punitorios contenida en la cláusula penal podría arrojar un resultado desproporcionado en los términos del Código Civil: 656; mas esta eventual desproporción sólo puede ser analizada a través de elementos objetivos (las circunstancias del caso) y subjetivos (el abusivo aprovechamiento de la situación del deudor según el art. cit. ) que escapan largamente a las posibilidades cognoscitivas que brinda el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate: tales cuestiones sólo podrán ser conocidas, en su caso, en la oportunidad del Código Procesal: 553.
Daño por vicio o riesgo de la cosa, relación de causalidad, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Rocha, Jorge Edio c/ Saieva Patagónica S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-23

En los casos en que se demanda por la vía del derecho común el dispositivo del art. 1113 CC establece una presunción de causalidad por el riesgo o vicio de la cosa, de tal suerte que no pesa sobre el damnificado la prueba de una estricta relación causal entre hecho y daño. Basta que el damnificado pruebe -y lo haga fehacientemente- un nexo causal aparente, claro y suficiente para que esta presunción obre. Por efecto de tal presunción es el demandado el que debe rendir la prueba opuesta: que el daño derivó de un factor distinto y ajeno al riesgo, o concomitante con éste. Así, el principio es que, la presunción de causalidad no destruida, es causalidad demostrada.
Ejecución de sentencia, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: MEGA VICTOR A. c/ MOLINA RAUL Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-09

Las limitaciones previstas por la ley procesal a las apelaciones en los procesos de ejecución de sentencia, deben interpretarse de manera estricta, de forma tal que sólo pueden quedar alcanzadas aquellas resoluciones judiciales que regularmente se ajusten al procedimiento impuesto y no a las que se aparten del mismo y que puedan inferir agravio eventual al recurrente.
Sentencia arbitraria, quiebra, bien de familia, desafectación del inmueble (civil), derechos y garantías constitucionales, derecho a la protección integral de la familia
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pirillo, Víctor s/ quiebra  s/  incidente  de venta del inmueble de Marcelo T. de Alvear  1934/6.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Es arbitraria la sentencia que hizo lugar al pedido de desafectación de una vivienda inscripta como bien de familia formulado por la síndico, si la interpretación del a quo frente a créditos nacidos con posterioridad a la afectación del bien, neutralizó, sin dar razones fundadas para ello, el fin tuitivo de la ley 14.394 y desvirtuó sus normas hasta tornarlas inoperantes, con grave afectación de la garantía de la defensa del bien de familia instituida en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, cuya raigambre constitucional exigía evaluar las circunstancias que la afectaran con cuidado de no desatender su finalidad esencial.