marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, regulación de honorarios, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: EMPRESA CONSTRUCTORA INDECO  S.A. c/ LONDRES  Y  RIO  DE  LA  PLATA  CIA.  ARGENTINA  DE  SEGUROS    S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14

Procede suspender el pronunciamiento en materia arancelaria, por encontrarse sometida la misma a conocimiento del tribunal y con sujeción a decisión plenaria en la causa "Banco del Buen Ayre c/ Texeira Méndez e Hijos SA s/ ord. S/ inc. regulación de honorarios por Bindi, Gustavo", hasta que se fije la doctrina jurisprudencial aplicable (CPR 301).
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fortuna de Canalicchio Sara y otro c/ Gutiérrez Ramón y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

El conductor demandado sabiendo de su preferencia de paso pudo creer, con justa razón, que el conductor - actor conocedor de la ley de tránsito (art.20 Cód, Civil), se lo iba a ceder, por lo cual siguió su marcha en forma normal, viéndose sorprendido, por la transgresión de la norma, lo cual, en parte le impidió tener el tiempo necesario para maniobrar y evitar la colisión (art.57, inc.

2, ley 11.430).-
Pronto despacho, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, defensa en juicio, amparo por mora
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Pelacoff, Lisa Paola c/ GCBA y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-07

La emisión de una orden judicial de pronto despacho dirigida a la Administración exige determinados recaudos entre los que se encuentra la existencia de un debate en que las partes hayan tenido ocasión de ejercer su derecho de defensa y la posibilidad de expedirse en relación con los antecedentes indispensables para el análisis de un amparo por mora.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, concursos, incidente de verificación, regulación de honorarios, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Greco Hnos.  S.A.I.C.A. s/ quiebra  -  ley  22.334  -  inc. de ejecución por Villarodrigo  S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-07

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que reguló los honorarios de los letrados que patrocinaron al acreedor triunfante en el incidente de verificación reduciendo su monto en función de lo dispuesto por el art. 33 de la ley 21.839, pues no se advierte un caso de arbitrariedad que justifique la intervención de la Corte en materias que, según el art. 14 de la ley 48, son ajenas a su competencia extraordinaria.
Reelección, carta orgánica municipal, interpretación de la constitución
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: FELPETO CARLOS ALBERTO s/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ- ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-02-23

La adopción del principio democrático de alternancia en el mando se postula como un mecanismo adecuado para evitar la perpetuación de las personas en la ocupación de cargos gubernativos electivos (vid T.S.J. en autos Córdoba- Dpto. Capital- Frente Grande...", Auto N° 96 de fecha 30/12/2010).

En función de ello no es admisible sostener que las normas limitadoras de la reelección son lesivas de principios constitucionales, ya que, justamente, buscan preservar uno de los caracteres fundantes de nuestro sistema de gobierno establecido por la Constitución.
Defensa del consumidor, acción judicial, debido proceso, acciones de clase, abogados, representante legal, idoneidad profesional
Materia: COMERCIAL
Carátula: Otero, Matias Damian c/Red Bull Argentina SRL y otro s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-18

Tratándose de una demanda iniciada por una persona humana miembro de la clase, el control de representatividad adecuada respecto del abogado de la parte que promovió el proceso colectivo, exige un análisis de idoneidad sobre su capacidad de llevar adelante una discusión robusta sobre el conflicto colectivo. A ese fin, cabe examinar su calificación, experiencia y antecedentes para la protección de los intereses del grupo. Pues quienes pretendan asumir, en defensa de los intereses de los consumidores, la dirección técnica del proceso colectivo, deben acreditar su específica calificación en la materia.
Despido por falta o disminución de trabajo, riesgo empresarial, trabajador
Materia: LABORAL - COMERCIAL
Carátula: CACERES, RUBEN c/ ETAR SRL s/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-22

Se comete un error cuando se argumenta, para demostrar la existencia de una crisis general y particular que se proyecta sobre una empresa determinada, sin atender que lo que está en discusión es el derecho subjetivo del trabajador concretamente considerado, que es con relación a quien la empleadora debe demostrar que disminuyó o faltó trabajo por razones ajenas a la misma. El trabajador en relación de dependencia no participa del riesgo de la empresa, no es socio del empleador y por lo tanto no comparte el resultado de la gestión empresarial.
Excarcelación, audiencia, flagrancia, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: D. F., C. D. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-15

Alberto Seijas, a cuyo voto adhirió Carlos Alberto González, refirió que del video del acto celebrado, surgía que finalizó la audiencia de clausura sin que el Fiscal haya solicitado el dictado de la prisión preventiva y que, anteriormente, en oportunidad de realizarse aquella otra que contempla el artículo 353 ter, se había opuesto al otorgamiento de la excarcelación y deducido luego recurso de apelación contra el auto que la concedió. Haciendo mención de varios precedentes y doctrina, precisó que "(...) la imposición de la prisión preventiva, al igual que su rechazo o no dictado en los términos del artículo 310, debe estar precedido de un pedido expreso de la acusación que ha de formularse durante esa misma audiencia, en función de los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración, distintivos del régimen de flagrancia instaurado en la Ley N° 27.272 (...). No solo se coloca allí en cabeza del acusador la facultad de solicitar el dictado de esa medida cautelar, sino que se fija el momento último, en la etapa de instrucción, en que podrá reclamarlo: hasta la notificación a la defensa del requerimiento de elevación, en los términos del artículo 349.(...)". Agregó que "(...) Su omisión o mejor dicho, el silencio mantenido al respecto en la audiencia de clausura no puede ser suplido, ni menos interpretado judicialmente en el sentido de que mantiene su inicial pretensión de restricción de libertad, pues bien pudo haber modificado dicha postura entre uno y otro acto, en razón de nuevas circunstancias, como ha sido en concreto la concurrencia voluntaria de D. F. a ese acto, en el que participó. Ha de recordarse que los fiscales deberán siempre motivar sus solicitudes (artículo 69, CPPN), y en el procedimiento de flagrancia, caracterizado, como se ha dicho, por ser bilateral y contradictorio, la audiencia de clausura es precisamente el momento en que las partes podrán debatir al respecto tomando en consideración las condiciones imperantes en esa oportunidad. De tal modo, no cumplir con la carga de requerir una medida cautelar, y fundarla, no puede jugar a favor de la acusación y en desmedro de quien no pudo, por consiguiente, argumentar en sentido adverso, previo a la decisión judicial. Obviar la expresa manda del artículo 353 quinquies en cuanto requiere que el fiscal en la oportunidad, si correspondiere, solicite el dictado de la prisión preventiva, supliéndola por su opinión germinal sobre la improcedencia de la excarcelación, importa una interpretación de la ley procesal y del silencio fiscal que, en tanto deriva en una aplicación in mala partem y en la restricción de la libertad personal, se encuentra vedada en el artículo 2° del ordenamiento adjetivo (ver en tal sentido comentarios a esa norma en el "Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Navarro, Guillermo R. y Daray, Roberto R., Ed. Hammurabi, 2013). (...)".

Fuente del sumario: OFICIAL
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CARRIZO, JORGE ANTONIO c/ JULIO VAZQUEZ Y/0 PROPIETARIO s/ DIFERENCIAS DE HABERES, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-16

Si el accionado no ha podido destruir la existencia de la relación laboral y a más de ello las circunstancias de subordinación jurídica, subordinación técnica y económica que se patentiza en la realización de las tareas, permite su establecimiento.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: DOMINGUEZ DE ALBERTO,TERESA Y ALBERTO,ANTONIA DEL CARMEN c/ BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL s/ FALTA DE PREAVISO,ETC.- RECURSO DE CASACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-03-27

El recurso de casación no da acceso a una tercera instancia ordinaria y la arbitrariedad o el absurdo que autorizan a revisar la valoración de la prueba ampliada por el tribunal de grado es el error grave y manifiesto, con quebrantamiento de las reglas que la gobiernan, configurándose tal vicio lógico cuando la apreciación no es coherente y lleva al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o abiertamente contradictorias entre sí.
Concursos, apertura del concurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gallo, Pablo Gustavo s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-13

Las reformas introducidas por la ley de quiebras marcan como criterio rector auspiciar la prevención a través del Concurso. El enfoque implica un modo eficaz de dar respuesta a los modernos conflictos provocados por agudos procesos de recesión y dificultad de crédito. Existe un interés social en juego en tanto la empresa constituye una actividad útil para la comunidad desde diversos ángulos; los trabajadores, la producción y comercialización en competencia, la población vinculada a esa actividad económica etc., todo lo cual torna necesaria la facilitación del acceso a este tipo de solución que armoniza los intereses en juego. El art. 13 de la ley falencial no prevee que pueda rechazarse la petición de concurso preventivo por las carencias contables. El principio de interpretación será por tanto que la concursalidad es la norma sin agravar las exigencias legales para facilitar la conservación de la empresa a la que tiende en gran medida el concurso preventivo en su actual concepción. La denuncia de los acreedores y la relación de activo - pasivo detallado en los avisos de cheques rechazados y la intimación, permiten prima facie y a la luz de los arts. 79, 288 ley 24.522 encuadrar en principio el presente en pequeño concurso (art. 289 ley 24.522)
Personal municipal, nombramiento irregular, prescripción, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pari, Eva Patricia c/ Municipalidad de Almirante Brown s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

Si el acto administrativo de designación de la actora ha dejado de lado las pautas relativas a la carrera administrativa y a un proceso de selección, condicionando dicho nombramiento -como ocurre en la especie- al período de prueba previsto en el art. 7º de la Ord.

Gral. 207 (el cual no mediando oposición fundada conduce a la adquisición de estabilidad en el cargo por parte de la agente), cabe ubicar la remisión que hace el art. 117 de la Ord. Gral.267 (conc.

dec. ley 7647/70) en la prescripción bianual del art. 4030 del Código Civil, pues en tal caso ha existido falsa causa o error sobre la causa (o motivo) del acto -la agente no reunía los antecedentes administrativos exigibles para acceder a la categoría en cuestión- viciando así la voluntad del órgano en el dictado del mismo.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, declaración de inconstitucionalidad, querellante
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: C., C. J. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-09-17

La respuesta jurisdiccional brindada por la Cámara admitiendo la constitución de la víctima del ilícito investigado en un proceso penal seguido contra un menor, resulta inválida desde el punto de vista constitucional, pues debió atenerse a la prohibición establecida en el artículo 5 inciso 2 del Código Procesal de Menores de la provincia de Santa Fe, que impide la admisión de la figura del querellante en este proceso (Del voto del Dr. Erbetta que hizo mayoría. En disidencia: Dr. Netri).
Sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal, partición
Materia: CIVIL
Carátula: R.N.A. c/ W.D.A. s/ NULIDAD DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-30

Cuando se impugna por lesión subjetiva la partición de bienes, esta cláusula o pacto debe examinarse atendiendo la totalidad, como una especie de aplicación del art. 1039 del Código Civil, el que exige que la invalidez pueda separarse de las convenciones válidas del negocio jurídico.-
Organización de la justicia, derechos de incidencia colectiva, acción declarativa de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucional
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-18

Dentro del esquema de organización judicial mixta que diseñó el constituyente local, la pretensión relativa a un interés colectivo pero, al propio tiempo formuladla margen de cualquier relación jurídica concreta, como lo serían discusiones gremiales en curso o sanciones disciplinarias, remite necesariamente al proceso abstracto previsto en el art.113 inc. 2 de la CCBA. (Voto en disidencia del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Contrato de trabajo, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: HERRERA, MONICA ESTER. c/ LAS QUINTAS S.R.L. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-16

La carga de la prueba de la imposibilidad de otorgar tareas al trabajador incapacitado contemplada por el art. 212, segundo párrafo de la LCT, corresponde al empleador que invoca esa circunstancia como fundamento de la extinción del contrato de trabajo.
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Delgado, Abel Oscar c/ Estancias Argentinas El Hornero S.A. y otro s/ Cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

El valor de convicción de los elementos considerados por el sentenciador debe ser analizado en su conjunto, relacionando unos con otros y todos entre sí, y no separadamente.-
Cuestiones de competencia, competencia federal, competencia penal, Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, falsificación de instrumento público
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MONJE, GILBERTO ROMEO. s/ ADULTERACION Y FALSEDAD EN INSTRUMENTO PUBLICO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-14

En razón del carácter nacional de la autoridad que expidió el certificado que otorga la venia para enajenar los predios ubicados en zonas de seguridad -Comisión Nacional de Zonas de Seguridad- el juzgamiento de su adulteración corresponde a la justicia federal. A ese fuero también debe atribuirse el conocimiento de las adulteraciones que se habrían cometido en el cuerpo de una escritura pública y su respectivo testimonio, toda vez que mediante ellas se ha logrado inscribir una transmisión de dominio eludiendo el control que el Decreto N. 15.385/44 otorga a dicha Comisión, lo que ha entorpecido el buen servicio de esa repartición del Estado.
Recursos, improcedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, copias, falta de copias, verdad jurídica objetiva, Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero, Marcos Arnoldo c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

La negativa a tratar las objeciones deducidas sustentándose en el incumplimiento de un requisito - agregar copia auténtica de la sentencia de la Corte invocada - que no surge del texto legal aplicable, constituye un exceso de rigor formal e importa una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva, máxime si dicho pronunciamiento había sido publicado en "Fallos de la Corte Suprema" y el interesado ya había agregado - al tiempo de sustanciarse las actuaciones administrativas - la copia del mismo.
Concursos, homologación judicial, depreciación monetaria, pago, quita, remisión de deudas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lavié, Mario Alberto. s/ CONCURSO CIVIL PREVENTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-11

La propuesta efectuada por el concursado, al negar la compensación de la depreciación monetaria operada durante un extenso período, disminuye sensiblemente la suma a percibir por los acreedores, de modo que no constituye un ofrecimiento de pago en los términos de la ley de concursos, sino una quita o remisión parcial de la deuda, que no pudo ser aprobada por la mayoría de acreedores que se tuvo en cuenta (arts. 44, 56 y 225 de la ley citada) sino que requiere una mayoría mas rigurosa.
Aplicación de la ley, costas, honorarios, gastos del proceso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: B. M. E. c/ M. O. O. L. s/ régimen de comunicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-19

En relación a los honorarios, por considerar bajos los fijados, lo que primero corresponde señalar, es que ya Nuestro Máximo Tribunal Provincial ha sostenido en autos: "ROSSI, ALBERTO ARTEMIO Y OTRO CONTRA DEHAIS, JOSÉ SOBRE INTERDICTO DE RECOBRAR" (Expte. Nro. 158 - Año 2007) que la regulación de honorarios debe ser expresada en moneda y no en jus, esta circunstancia ya se la hemos hecho conocer a la magistrada en autos: "SIERRALTA VICTORIA ESTER C/ SANCHEZ ALBERTO S/ ALIMENTOS PARA LOS PARIENTES" (Expte. JZA2FE-35923/2017), del Juzgado de FAMILIA n° 2 de la ciudad de Zapala, sin embargo, insiste en la regulación en jus. .nuestra ley arancelaria establece a los fines regulatorios un sistema de honorarios mínimos debajo de los cuales no se puede regular teniendo en cuenta el trámite del que se trata. El presente es un régimen de comunicación, que no tiene valor pecuniario motivo por el cual resulta de aplicación los mínimos previstos en el art. 9 de la ley 1594.
Daños y perjuicios, indemnización, valor locativo, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ HERRERO, Inocencio c/ MAZZOCCOLI, Guillermo Francisco y Otros s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-28

En la determinación del valor locativo de un bien, el sentenciante puede tomar como pauta lo informado por el perito, pero no está obligado a aplicar derechamente sus conclusiones, como así tampoco la actualización rígidamente fundada en índices oficiales, sino que debe tenerse en cuenta, además, el estado del mismo, sus condiciones, ubicación, características de la zona, medios de transporte, etc.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANÓNIMA, honorarios, cuerpo de abogados del Estado, empleo público
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Banco provincial de Santa Fe c/ Richiger S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Ejecución hipotecaria - Reclamo de   honorarios (Expte. CSJ Nro.  1583-1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los abogados recurrentes cuando lo alegado en el sentido de que su desvinculación con la entidad bancaria habría cambiado sustancialmente su situación, remite en definitiva a la interpretación de normas y a cuestiones de determinación de vigencia temporal de las mismas, aspectos que han sido resueltos por los sentenciantes con razones que se estiman suficientes en orden al cumplimiento de las exigencias derivadas del artículo 95 de la Cart Magna provincial, pues ni tal circunstancia ni el hecho de la revocación del poder por parte del Banco constituyen razón suficiente para sustituir el régimen jurídico aplicable a las consecuencias derivadas de las labores que desarrollaron en la presente causa en su condición de apoderados-empleados del Banco Provincial de Santa Fe, sustitución que contradiría las más elementales exigencias del buen sentido que debe presidir las resoluciones judiciales. De allí que tal argumento no pueda conmover lo afirmado por la Alzada cuando, al analizar el caso "con relación a la normativa vigente", se pronunció por la improcedencia de la intimación por no tener los curiales derecho a cobrar del Banco los honorarios regulados en autos, solución que encuentra sustento suficiente en la norma especial del artículo 23, inciso 23, de la ley 9.613, cuya vigencia se extendió hasta el momento en que quedó formalmente registrada la constitución del "Banco de Santa Fe S.A." (ley 10.582, Título IX "Disposiciones transitorias", artículo 45), o sea, 12 de julio de 1991.
Confesión ficta, valor probatorio
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ARES DE PIERAGOSTINI, MARÍA. c/ PASTUCHIK, BASILIO. s/ CONFESIÓN FICTA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-12-04

NO ES NECESARIO PEDIDO DE PARTE PARA TENER POR CONFIGURADA LA CONFESIÓN FICTA Y RESULTA ERRÓNEO LA DISTINTA INTERPRETACIÓN CON BASE EN EL ARTÍCULO 380 CPC., PUES CON LA PRESENTACIÓN DEL PLIEGO Y CORRECTA CITACIÓN BAJO APERCIBIMIENTO TERMINÓ LA CARGA RESPECTIVA, CORRESPONDIENDO A LA CÁMARA LA OFICIOSA COMPULSA DEL PLIEGO.
Prueba, prueba testimonial, declaración de negligencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Carrasco Gimenez Vda. de Murillo Teresa c/ Medina Durán Guillermo y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 40, Fº96/97, Nº 37).- Guillermo y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 40, Fº96/97, Nº 37).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1997-03-17

Se sanciona con la pérdida de la prueba, el desinterés, pues a quien ofrece los testigos y le interesan sus dichos corresponde realizar los trámites necesarios para asegurar la asistencia de los mismos a la audiencia señalada. No activar la citación del testigo equivale pues, desinteresarse por su oportuna notificación; dicho de otro modo, la falta de notificación oportuna de la audiencia señalada a los testigos que deberán declarar en la misma, hace incurrir en negligencia al interesado.-
Competencia, competencia por la persona
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: T., E. A. c/ G., N. S. s/ régimen de visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

La competencia en casos de régimen de visitas se determina por el domicilio de los menores, esto es, por el de quien se encuentra ejerciendo la guarda o la tenencia de hecho. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, preclusión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROMERO ARGENTINO IDELFONSO c/ TERESA GLORIA RUIZ DIAZ s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-06-13

Cualquiera fuese el grado de acierto o yerro de la aseveración decisiva de la Cámara sobre el punto cuestionado por el recurrente, no es admisible la vía extraordinaria de revisión, porque, excluida por el apelante al no haber hecho capítulo de la misma en su memorial de agravios, hizo -por consentimiento tácito- preclusión.