Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30


VLADIMIRSKY, Viviana I. contra LLOYDS BANK Reg.: A y S t 205 p 471-472. Santa Fe, 30 de marzo del año 2.005.

VISTOS: los autos "VLADIMIRSKY, Viviana I. contra LLOYDS BANK -Medida Autosatisfactiva- (Expte. 61/03) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 564, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Por proveído de Presidencia de foja 29 se intimó a la recurrente al cumplimiento del depósito previsto en el artículo 8 de la ley 7055 atento a que el presente recurso no se encuentra eximido del mismo. Notificada la quejosa, dedujo recurso de revocatoria con fundamento en que tiene varios expedientes referidos a idéntico tema -corralito- con sentencia de primera instancia y en trámite por ante la Alzada, por lo que dijo que suena irrazonable, injusto e ilusorio que deba abonar por todos y cada uno de esos expedientes el depósito requerido cuando se le ha violado su derecho de propiedad y pretende la nulidad de lo actuado.

Afirmó que no puede ser que por vía de un sellado que no puede oblar se queden purgadas nulidades y vicios procesales de la sentencia de Cámara y consideró que el artículo 28 de la Constitución nacional expresa que las leyes pueden reglamentar pero no anular en los hechos sus garantías constitucionales.

Aclaró que se encuentra suspendida en la Caja Forense porque no ha podido abonar la suma adeudada, que su casa está constituida como bien de familia y que ha incurrido en cuantiosos gastos de salud, lo que intenta acreditar mediante el ofrecimiento de pruebas.

Por Presidencia se dispuso el pase a la Corte a los fines de resolver el remedio articulado (f. 33) y, notificada la recurrente, dedujo nuevamente reposición contra este proveído con fundamento en que previamente se debe proveer y producir la prueba ofrecida (f. 35).

2. a. En la forma en que han sido efectuado los planteos, y atento a las particulares circunstancias que se presentan, de las que dan cuenta el relato efectuado, debe, en primer término, rechazarse la reposición articulada contra el proveído que ordenó el pase a resolución de la revocatoria deducida contra la exigencia del depósito previsto en el artículo 8 de la ley 7055.

En efecto, basta para adoptar esa solución el hecho de que si lo pretendido por la quejosa mediante las pruebas ofrecidas es acreditar su estado de pobreza, en los términos en que consagran este instituto las normas del ordenamiento procesal civil y comercial provincial (art. 332 y sig.), le es suficiente con promover la respectiva declaratoria de pobreza por ante el Juez que resulte competente y acompañar a la presente queja la pertinente resolución, todo con el fin de sustraerse al cumplimiento de la exigencia contemplada en la norma citada ut supra.

A más de lo expuesto, cabe señalar que este Tribunal en A. y S., T. 201, págs. 109/110 rechazó, con extensos fundamentos, la revocatoria articulada contra el proveído de Presidencia que ordenaba ocurrir al recurrente ante quien corresponda atento a la solicitud de inicio de declaratoria de pobreza por ante este Cuerpo.

b. Ahora bien, atento a lo resuelto en el punto anterior, debe afirmarse que la quejosa no se encuentra exenta de efectuar el depósito regulado en la ley 7055.

Efectivamente, la Corte Suprema Nacional ha sostenido reiteradamente (por todos, Fallos 285:235) que "La obligación de cumplir el depósito no reconoce otras excepciones que las expresamente comprendidas en la legislación pertinente".

Asimismo, tal como lo sostuviera esta Corte, aunque con distinta integración, en la causa "Vázquez" (A. y S., T. 102, pág. 495), la ley regulatoria en el ámbito provincial del recurso de inconstitucionalidad, dispone en su artículo 8, segundo párrafo, que "... estarán eximidos del depósito los que gozaren de exención del impuesto a las actuaciones y tasas de justicia".

Esta no es la situación en que se encuentra la recurrente, que no está exenta de dicho pago siempre que le corresponda hacerlo pues, como toda excepción, la exención de acompañar el depósito deber ser interpretada de manera restrictiva.

En efecto, el inciso e) del artículo 233 del Código Fiscal exceptúa de dicha tasa a las actuaciones y diligencias para obtener carta de pobreza y, a su vez, el artículo 334 del Código Procesal Civil y Comercial impone considerar pobre al peticionario al sólo efecto de solicitar medidas urgentes o de seguridad o formular pedidos que deban interrumpir la prescripción o la perención de la instancia, sólo cuando la declaratoria de pobreza hubiera paralizado el procedimiento del principal (Cfr. "Chiozzi"; A. y S., T. 132, págs. 465/466).

De lo expuesto, del carácter restrictivo que merece la interpretación de toda excepción y de la falta de copia certificada de la resolución de la declaratoria de pobreza, surge que el recurrente no se encuentra exento de efectuar el depósito requerido (A. y S., T. 195, pág. 114/115; T. 198, págs. 46/47).

Por último, debe una vez más recordarse que de por sí, la exigencia del depósito previo como requisito para la viabilidad de un recurso no contradice garantías constitucionales (Corte Suprema de la Nación, causas "Golpe" 23.3.93 y "Bielli" 22.9.92).

Por todo lo expuesto, lo dispuesto en la ley 10.924 y Acta-Acuerdo Nro. 2 del año 1.993 -punto 13-, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar los recursos interpuestos.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)