Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87556	CAUSA NRO. 54144/10 AUTOS: "Castro Casal Nora Hebe c. Federación Argentina Sindical del Petróleo Gas y Biocombustibles s. despido" JUZGADO NRO.	6	SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Marzo de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. Contra la sentencia de fs.131/136 apelan la parte actora y demandada presentando sus memoriales a fs.138/141 y fs. 145/149 respectivamente, mereciendo ambas réplica de las contrarias a fs. 155/157 y fs. 152/153 también respectivamente. Asimismo, la parte actora apela el modo en que fueron impuestas las costas.	II. La parte actora y demandada expresan agravios tendientes a cuestionar la multa del art. 2º de la ley 25.323.

La parte actora lo hace en orden a la reducción del 50% para su cálculo de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 2º de la ley 25.323. Entiende que tal reducción es errónea porque ante el despido de la demandada el 29/12/2010 si bien procedió a poner a disposición la liquidación final, no lo hizo en debida forma pues pretendía hacer entrega de un cheque cruzado -actitud que reitera en la audiencia del Seclo del día 23/12/2010- obligando a su depósito con la consecuente deducción del 1,2% del monto (conf.ley 25.413), circunstancia que llevó a rechazarlo ya que dicha forma de pago, en definitiva, no se adecua a lo dispuesto por el art. 124 y conc. de la Ley de Contrato de Trabajo. En consecuencia, no existió justificativo alguno para que la demandada abonara las indemnizaciones derivadas del despido en tiempo y forma y en virtud de ello sostiene que corresponde en su totalidad el pago de la multa prevista por el art. 2º de la ley 25.323.

En cambio, la parte demandada señala que la multa del art. 2º de la ley 25.323 es improcedente porque no se encuentran cumplidos los recaudos legales, en especial la reticencia del empleador a abonar las indemnizaciones derivadas de un despido incausado. Muy por el contrario, entiende que siempre puso a disposición las aludidas indemnizaciones, inclusive en la audiencia llevada a cabo ante el Seclo y la actora, sin razón que lo justificara, se negó a recibirla. Señala en orden al descuento del 1,2% alegado por la actora que no era un impedimento para recibir el cheque cruzado ya que de todos modos hubiera tenido la posibilidad de recuperar ese débito de la entidad bancaria realizando el correspondiente trámite administrativo, que a su entender hubiera sido favorable por tratarse de créditos laborales. Agregó que también podría haber aceptado el cheque porque tenía la posibilidad de abrir una cuenta en la misma institución, cobrarlo por ventanilla e inmediatamente depositar en la nueva cuenta, lo que no produciría débito alguno, sin embargo no lo hizo. No obstante, todas esas posibilidades, la conducta negativa de la actora persistió aún en la audiencia llevada a cabo ante el Seclo en la que ofreció anular el cheque y transferir el monto a la cuenta sueldo, previa firma de la documental que como empleadora se encuentra obligada a entregar, sin embargo, la actora tampoco quiso. En consecuencia, por las razones explicitadas entiende que al no existir culpa en la demora, no se justifica la multa aplicada en origen, por lo que solicita se revoque la misma. Por último, agregó que aún para el caso de considerarse que la consignación no fue íntegra en razón de los intereses compensatorios no abonados, solicita que la multa se calcule sobre dichos intereses más no sobre el monto total. Ahora bien, a fin de determinar la procedencia de la multa impuesta por el art. 2º de la ley 25.323 y su monto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo, corresponde determinar si ante el despido incausado del 29/11/2010 -circunstancia que llega firme a esta Alzada- la empleadora puso a disposición de la trabajadora las indemnizaciones derivadas de la ley en debida forma.

La cuestión debe ser resuelta a la luz del principio de buena fe que debe primar en las relaciones laborales, aún al momento de la extinción del vínculo laboral (arts. 63 LCT y 1198 del Código Civil).

Así, es atinente señalar que a fin de que el empleador cumpla en debida forma con las obligaciones que tiene a su cargo en orden al pago de las remuneraciones e indemnizaciones derivadas de un despido sin causa debe cumplir con las formas impuestas por los arts. 124,125, 149 y concds. de la LCT. Dichas disposiciones, lejos de establecer meras formalidades, tienen como fin primordial tutelar el pago del trabajador/a evitando todo tipo de fraude y garantizando la real e inmediata percepción y en forma personal de los créditos laborales, al punto que de no cumplirse con las aludidas formas se sanciona con la nulidad el acto. Ahora bien, el art. 124 LCT, que resulta de aplicación al caso por remisión expresa del art. 149 LCT, es claro y concreto al señalar que ".las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado personalmente por éste o por quien él indique o mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial ..En todos los casos el trabajador podrá exigir que su remuneración le sea abonada en efectivo" En el caso de autos la demandada pretendió suplir los medios y formas que autoriza la ley, soslayando el fin tutelar aludido, pues la entrega de un cheque cruzado obligaba a la actora a depositarlo con el consiguiente riesgo que se descontara el 1,2% con carácter impositivo. Como lo señalé anteriormente, y reitero, la Ley de Contrato de Trabajo previó distintos medios para que el trabajador perciba de modo efectivo y tenga la libre disponibilidad de manera íntegra del monto de su crédito. En tal entendimiento, no advierto razón alguna para que la actora aceptara realizar los trámites a los que alude la demandada para percibir el monto de su liquidación. Por otra parte, con relación al ofrecimiento que habría realizado la demandada en la audiencia ante el Seclo, que consistió en anular el cheque y realizar una transferencia a la cuenta sueldo, previa firma de la pertinente documentación, tampoco hubiera sido un medio viable, por un lado, porque no se garantizaba que efectivamente se realizara la transferencia, por lo que mal podía firmar la actora la documentación y por otro lado si su intención era que se transfiriera el monto a la cuenta sueldo, no encuentro motivos atendibles para considerar que no lo pudo realizar con anterioridad.

En definitiva, correspondía a la demandada arbitrar los medios para procurar de modo eficiente el pago de las indemnizaciones debidas a la actora, máxime cuando el art. 124 de la Ley de Contrato de Trabajo otorga varias posibilidades para efectivizar el pago precisamente para evitar incurrir en la mora de sus obligaciones.

Por tales razones, tal como lo consideró la Sra. Jueza de grado, teniendo en cuenta que la actora fue despedida el 29/11/2010 y que la demandada consignó el pago de la liquidación final el 29/12/2010 (ver cargo de fs. 61 vta) aunque el real depósito se efectuó recién el 3/2/2011-ver fs. 91/92- la decisión de origen acerca de la mora de la accionada ha sido adecuada (conf.art. 137, 149 y cctes. LCT). En tales condiciones,. la sanción impuesta por el art. 2º de la Ley 25.323,devino procedente, pues ante la falta de pago de las indemnizaciones legales en tiempo oportuno -dentro del 4º día de extinguido el vínculo laboral- obligó a la actora a iniciar la presente acción.

No obstante ello, considero razonable el monto que determinó la Sra. Jueza en concepto de multa del art. 2º de la ley 25.323 al reducirlo al 50% conforme las facultades que otorga el segundo párrafo de dicha norma.

Digo ello, porque si bien la demandada al intentar realizar el pago al momento del despido no lo hizo en debida forma tal como lo consideré precedentemente, no es menos cierto que fue puesto a disposición, -tal como lo reconoció la propia actora-, ello sin perjuicio de la mora incurrida, lo cierto es que dicha conducta justifica la decisión adoptada, por lo que considero adecuada su reducción.

Por las razones aquí expuestas es que propicio se confirme el decisorio. III. También coincido con el modo en que las costas fueron impuestas en el decisorio apelado.

En efecto, el art. 68 2do. párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, faculta al juez a apartarse del principio general de imposición de costas al vencido, "siempre que encontrare mérito para ello". El mérito a que alude la norma existe cuando se ha litigado mediante "convicción fundada" acerca de la existencia del derecho invocado, por tratarse de cuestiones suscitadas por la interpretación de las leyes o cuando estas cuestiones tienen complejidad jurídica (esta Sala, in re "Marquez Conrado Francisco c/ Banco Provincia de Corrientes" S.D. Nº 57.641 del 20/09/89). En el caso de autos, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida, es adecuada la imposición de costas por su orden, tal como se decidió en origen (art. 68 2º párrafo del C.P.C.C.N.).

En cuanto a su actuación en esta Alzada y por los mismos fundamentos, sugiero imponer las costas del mismo modo dispuesto precedentemente, en el orden causado, y regular los emolumentos de los letrados firmantes de la parte actora y demandada en el 25% a cada uno de ellos a calcular sobre lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (artículo 14 ley 21.839). IV. En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar en lo principal la sentencia apelada; 2) Costas y honorarios como se indica en el considerando III del presente decisorio.

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar en lo principal la sentencia apelada; 2) Costas y honorarios como se indica en el considerando III del presente decisorio.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.	Gloria M. Pasten de Ishihara Gabriela Alejandra Vázquez	Jueza de Cámara	Jueza de Cámara	Ante mí:

Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara En de de , se dispone el libramiento de cédulas. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara En de de se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara