Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03


PERESSOTTI, Daniel Alberto Reg.: A y S t 202 p 368-372. Santa Fe, 3 de noviembre del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de Daniel Alberto Peressotti contra la sentencia nro. 85, de fecha 29 de setiembre de 2003, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario en autos "PERESSOTTI, Daniel Alberto -Recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal de Ética Colegio de Farmacéuticos- (Expte. 502/03)" (Expte. C.S.J. nro. 275, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que el Tribunal de Ética del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe, Segunda Circunscripción, resolvió aplicar a Daniel Alberto Peressotti una suspensión de quince días en la matrícula por infracción ética a disposiciones profesionales de publicidad (artículo 22, ley 3950; artículo 155 del Código de Ética y artículo 11 del Reglamento de Publicidad).

Contra esta resolución Peressotti dedujo reconsideración, la que fue rechazada, concediéndose la apelación interpuesta en subsidio.

La Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario confirmó la decisión apelada por resolución de fecha 29.09.2003, notificándose de la misma el día 30 de diciembre del mismo año, conforme constancia de f. 5. Tras solicitar el retiro del expediente, el Oficio decretó no hacer lugar a tal petición, autorizándolo a extraer fotocopias. Contra esta providencia Peressotti dedujo revocatoria solicitando también se suspendan los términos hasta tanto no se diera cumplimiento a la entrega de los autos a los fines de interponer recurso de inconstitucionalidad.

La Sala a quo resolvió revocar la providencia pertinente en la parte correspondiente, y por ende, hizo lugar al retiro de los autos y a la suspensión de términos solicitada.

En fecha 1 de marzo de 2004, la defensa técnica del imputado interpuso recurso de inconstitucionalidad.

Endilga al pronunciamiento haber vulnerado su derecho de defensa en juicio en tanto, a su criterio, se violó el procedimiento al haberse otorgado intervención al Colegio de Farmacéuticos, constituyendo tal circunstancia "una creación pretoriana de la Presidencia de la Cámara no sustentada en ley alguna".

Explica que este Colegio profesional fue juez de primera instancia en la presente causa y, por ende, no puede corrérsele traslado de su expresión de agravios ni tampoco permitírsele cuestione la pretensión de su parte de presentar documental, por cuanto no es parte en la alzada.

Por otro lado, se agravia en razón de que el Tribunal no aceptó las pruebas presentadas en esta instancia, lo que también viola su derecho de defensa en juicio, "...máxime en este Fuero Penal, donde rige el principio de 'in dubio pro reo' y de la ley más benigna...".

En tal sentido, entiende que el desglose ordenado importa una desconsideración hacia aquella garantía.

Afirma que dicha decisión, sin valorar ni considerar la prueba acompañada, resulta arbitraria y dogmática.

Explica que las testimoniales ofrecidas constituyen "hecho nuevo" y, en consecuencia, lo argumentado por la Sala respecto a que la recepción de pruebas en segunda instancia es excepcional y que su actitud fue remisa en producirla en la inferior, es arbitrario toda vez que son probanzas "...perfectamente encuadrables en la prescripción del art. 369, inc. 1 del Cód. de Procedimientos Civiles...", aplicable con más razón, según entiende, en este fuero por los principios que lo gobiernan.

En ese orden considera que si una conducta era reprochable y sancionable en un tiempo, si luego se dictó una ley que "la convierte" en lícita no puede sancionársela. Así, argumenta que "...si el Colegio de Farmacéuticos era 'severo' en la aplicación y sanción a los agentes que violaban dichas leyes, pero por una 'adecuación' a las circunstancias y conceptos actuales varió su criterio que 'tornó lícito' lo que antes se consideraba ilícito, convirtiendo a la ley en inaplicable (lo que torna una derogación por desuetudo), también debe aplicarse la ley más benigna y absolverse al imputado...".

A los fines de ilustrar la situación que relata adjunta "...como prueba cabal del cambio de criterio del Colegio de Farmacéuticos una fotocopia de una nota recibida en febrero de 2004..." por la cual se le comunica el archivo de una denuncia recibida en el Tribunal de Ética, "...en virtud del reglamento vigente en la actualidad...".

Dice que a partir del año 2003 debido a las protestas de varios colegiados y por la adopción masiva de publicidades ofreciendo descuentos, se dictó una serie de disposiciones que "...sólo 'recomiendan' el cumplimiento del sentido ético de la publicidad farmacéutica...", en cuanto lo que debe juzgarse es si la misma invita al consumo de determinado producto o bien simplemente publicita la farmacia.

La Sala por auto nro. 218, de fecha 25.06.2004 denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

2. Se adelanta que la presente queja no ha de tener favorable acogida.

Y ello es así en razón de que, pese al esfuerzo del recurrente por demostrar configurados en el fallo que ataca, los vicios a que alude -esto es, vulneración del debido proceso, de la defensa en juicio, dogmatismo- lo cierto es que toda su argumentación recursiva no trasluce sino la discrepancia para con lo decidido por el Tribunal de Alzada.

En efecto, discrepa el quejoso, en definitiva, con la confirmación por el a quo de la sanción que el Tribunal de Ética del Colegio de Farmacéuticos le impuso a su defendido, mas es de advertir que, salvo la configuración de un supuesto de arbitrariedad, la materia debatida en el sub examine remite a tarea propia de los jueces de la causa y por ende, en principio, no resulta susceptible de revisión por medio de la vía excepcional intentada.

Y en ese orden, con sus alegaciones relativas a una supuesta violación del debido proceso, toda vez que -según entiende- la intervención otorgada al Colegio profesional no correspondía y constituye "una creación pretoriana de la oficina de Presidencia de la Cámara no sustentada en ley alguna", luce desacertada por cuanto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia en su artículo 47 dispone que cada Cámara, por medio de sus Salas y dentro de su respectiva Circunscripción Judicial, conocerá de las "...sanciones disciplinarias aplicadas a los integrantes de los Colegios o Consejos Profesionales que tienen su asiento en la Circunscripción Judicial a que aquellas pertenecen...", agregando el articulado que tales sanciones son apelables en relación y con efecto suspensivo y aclarando expresamente que "...El Colegio o Consejo Profesional podrá intervenir en la sustanciación del recurso. En su caso se aplicarán supletoriamente las disposiciones introducidas por la Ley nro. 11219...".

Es decir, como claramente se advierte, es justamente en la ley -la norma citada- donde encuentra sustento lo dispuesto por la Alzada al correr traslado de la expresión de agravios al Colegio respectivo.

A su vez, es de destacar lo señalado por el a quo en el auto denegatorio respecto a que fue el mismo recurrente quien peticionó se revocara la resolución dictada por el Tribunal de Ética y, en su caso, se elevaran los autos a esta Cámara a fin de posibilitar lo dispuesto en el art. 47 de la L.O.P.J., "...por lo que la alegación actualmente esgrimida resulta contraria a la teoría de los actos propios...", además de apreciar la Alzada que, asimismo, el impugnante contestó lo solicitado por el Colegio en relación al desglose de determinada documental, "...sin que mediara planteamiento alguno de su parte contra la normativa que faculta su intervención ni eventual vulneración de garantías constitucionales derivadas de su actuación...".

Tales aseveraciones de ningún modo pueden considerarse suficientemente desvirtuadas por el quejoso en su presentación directa desde que solamente se limita a reiterar lo manifestado al interponer el recurso de inconstitucionalidad, denotando sus planteos únicamente el desacuerdo para con lo dispuesto por la Sala.

Por otro lado, tampoco puede tener acogida el cuestionamiento que el quejoso endereza en relación a la falta de valoración de prueba que acompañó y a la que califica de "hecho nuevo" y, a su criterio, "perfectamente encuadrable" en lo prescripto por el artículo 369 inciso 1 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, toda vez que la argumentación que ensaya no resulta suficiente para demostrar irrazonabilidad en la decisión de la Sala al considerar remisa la conducta del quejoso "...que bien pudo ofertar pruebas en su momento y temporariamente..." además de aclarar que, siendo la segunda instancia una etapa de revisión, la Cámara sólo debía facilitar la implementación de lo que no se hubiera podido realizar ante el Tribunal de Ética.

Como es posible advertir, tal conclusión no luce restrictiva de derecho o garantía algunos del imputado, desde que se ciñe a las disposiciones procesales pertinentes, esto es, que la recepción de la prueba en la Alzada está condicionada a la alegación de un hecho nuevo que pueda tener relevancia en el resultado del juicio, o a pruebas no recepcionadas en la anterior instancia, y ninguna de estas circunstancias se infiere de autos conforme las razones brindadas por los sentenciantes al entender que la pretensión de que se recepcionara la prueba enunciada no se adecuaba a los específicos supuestos que reglamentan tal posibilidad.

Además, es de destacar que las probanzas cuya producción fue desestimada por el a quo -testimoniales ofrecidas con pliego abierto y testimonial de Novaresio, según lo expresado por el recurrente (f. 13 vto.)- no constituyen la documental que fue desglosada, siendo incorrectas, por lo tanto, las alegaciones del compareciente en este sentido.

En efecto, el Tribunal a quo al ordenar el desglose consideró que la documental que el compareciente pretendió se agregue, "no hace a lo que es motivo de juzgamiento", no logrando demostrar el quejoso que tal medida fuera arbitraria por cuanto tampoco consigue evidenciar que la valoración de dicha prueba resultara decisiva para arribar a una definición distinta de la litis, desde que, por un lado, no suministra a este Tribunal elementos que permitan apreciar si efectivamente fue objeto de privación de los derechos que invoca pues no aclara siquiera el contenido de la misma, y por otro la Sala centró su análisis en la sanción que Peressotti resiste, concluyendo que "...nada indica que haya habido violación al sistema y legislación vigente y aplicable a los profesionales farmacéuticos, habiéndose respetado en todo momento el derecho de defensa y el debido proceso...".

En consecuencia, y conforme se aprecia de la lectura del pronunciamiento, la decisión se ajustó al examen de la normativa aplicable, esto es, los artículos 22 de la ley 3950 de Ejercicio Profesional de la Medicina, 155 del Código de Ética y 11 del Reglamento de Publicidad, comprobando los juzgadores que la conducta sancionada consistió en una publicidad efectuada en un diario de amplia difusión y gran tiraje "...aggiornada con la perspectiva o promesa de un regalo apetecible, como es un automóvil cero kilómetro...", la que, conforme remisión a un antecedente dictado por la misma Sala, encuadra en la necesidad de cumplimiento de exigencias y límites que reglamentan el derecho a la publicidad dado la finalidad de desterrar "la industrialización de la profesión de los Farmacéuticos" salvaguardando la ética, y custodiando fielmente la salud de los ciudadanos "...sin llevarlos a engaños o equívocos, en pro de una voracidad vendedora fogoneada por hábiles publicitarios y/o comunicadores sociales...".

Y en ese orden, las restantes postulaciones del quejoso atinentes a demostrar, esencialmente, un cambio de criterio en el Colegio de Farmacéuticos y una adecuación a las En definitiva, no logra el recurrente demostrar que lo resuelto por la Alzada al confirmar la sanción que le impuso el Tribunal de Ética del Colegio de Farmacéuticos, implique un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción o la violación de sus derechos al debido proceso y de defensa en juicio, por lo cual el recurso intentado debe ser desestimado.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)