marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, bonos de consolidación, pacto de cuota litis, fallos de la Corte Suprema, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Albacete, Gustavo y otros c/ OSN s/ Diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-17

Es doctrina reiterada de la CSJN que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto jurídico de suma gravedad institucional, que debe ser considerada como "última ratio" del orden jurídico (Fallos 260:153; 266:364; 286; 288:325; entre otros), pues constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia (Fallos 260:153). El criterio restrictivo debe tornarse más agudo cuando se analiza una norma como al que no ocupa, encuadrada dentro del marco de la legislación de emergencia. En tal sentido ha dicho la CSJN que estas normas se fundan en la necesidad de "poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar la gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto (Fallos 313:1513). En esa línea de ideas, la Corte predicó que "el régimen de consolidación de deudas sancionado con invocación del estado de emergencia (ley 23982) no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales declarados por sentencia firme, sino que sólo suspende temporalmente la percepción integra de las sumas adeudadas" (sent. del 10/12/96). No es posible, en el caso, afirmar en abstracto, ni tampoco a partir de los elementos de la causa, que sea definitivamente cierto el daño patrimonial alegado o que se proyecte en una disminución confiscatoria del crédito del letrado, por lo que debe desestimarse el planteo de inconstitucionalidad realizado.
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, monto de la indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Ahumada,  Lía  Isabel c/ Buenos  Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

La valoración de la vida humana es la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue.
Declaración de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., M.V.  c/ E. I. M. M. SRL  s/ sumario-cobro de pesos e indem. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-06

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, por configurar un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella, sino cuando una estricta necesidad lo requiera.
Indemnización por accidente de trabajo, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: LUNA, JORGE c/ PALERMO SAI. Y C. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-10-28

En atención a lo dispuesto en el Fallo Plenario número 208 del 22 de septiembre de 1975 'Sartirana c/ Lavadero Eléctrico X', para calcular el salario a percibir por el trabajador accidentado durante su período de inactividad, debe tomarse en cuenta el que percibía al momento de producirse el infortunio conforme al convenio de aplicación y los incrementos que se produzcan durante ese período, no debiendo computarse las horas extras laboradas por el trabajador.
Asociaciones sindicales, aportes sindicales, cuota sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Gaetán, Luis Alberto y otros c/ Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles UTEDYC s/ acción declarativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-31

Las llamadas cuotas de solidaridad son aquellas que se han previsto como una suerte de retribución del servicio prestado por el sindicato para la concreción del convenio, actividad que supone estudios previos, gestiones, negociaciones, etc., que benefician a los trabajadores, tanto a los afiliados como a los que no lo son. Por ello, no resulta cuestionable que los trabajadores no afiliados tengan la obligación de contribuir al pago de tales servicios en su calidad de beneficiarios de la convención. Empero, cuando se pretende dar el carácter de contribución para el financiamiento de beneficios o servicios especiales dirigidos tanto a afiliados como a no afiliados a efectos de justificar su cuantía y permanencia en el tiempo y no se demuestra la implementación de tales beneficios ni su operatividad real respecto de trabajadores no afiliados a la asociación gremial, debe analizarse de manera restrictiva.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, juez previniente, estafa, tarjeta de crédito
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ríos, Martín y otra s/ estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

Corresponde al juez nacional que previno, y donde se domicilian los denunciantes, profundizar la investigación de diversas maniobras delictivas llevadas a cabo tras la obtención de los datos de tarjetas de créditos de las que éstos eran titulares. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Prueba documental, actuaciones administrativas, valor probatorio, instrumentos públicos, plena fe, aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ministerio de Salud y Acción Social c/ Prats de Archubi Elsa Elena s/ Proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-05

Los expedientes administrativos tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando pruebas de ello. Con mayor rigor, se ha sostenido que las constancias administrativas tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos con fundamento en la presunción de validez y regularidad de los actos de los funcionarios públicos y empresas estatales (conf. esta Sala in re: "Dar S.A.", del 13/7/95; Sala III del fuero in re "Distribuidora de Gas del Sur", del 21/9/93; C.S.J.N. Fallos 258:398, 269:189; 263:425; 281:173). Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons. 4º).
Derechos y garantías constitucionales, jueces naturales, juicio por jurados
Materia: PENAL
Carátula: Hurtado, Matías Ariel c/  s/ recurso de casación (RPJ) y acumulada causa nro. 118.347
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-03-13

La triple invocación en nuestra Carta Magna Nacional al juicio por jurados, determina entonces que el "juez natural" para las causas criminales es el panel popular que se constituye como jurado. La excepción que establece de momento y con exclusividad la provincia de Buenos Aires, es la facultad del imputado de declinar ser juzgado por el juez natural y aceptar en su remplazo profesionales técnicos.
Honorarios del abogado, convenio de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Amoedo Ercilia Nelly c/ Cooperativa Agrícola de Gral.Rojo Ltda. s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

Aunque del convenio surgiere la existencia de un derecho renunciado por el profesional y se transgreda de tal modo a la Ley 8904, no se sigue de ello la facultad del mismo de denunciar tal punto del acuerdo, pues de esa manera, dicho convenio quedaría en tal aspecto a expensas de la exclusiva voluntad del abogado que se obligó, lo cual es jurídica y éticamente inadmisible (arts. 1197 y 1198 Cód.

Civil, y art.2, segunda parte Ley 8904).-
Acto administrativo, motivación del acto administrativo, causa del acto administrativo, control de legitimidad, Administración Pública, razones de servicio, reforma del Estado, emergencia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BAÑEZ, JEANNET BEATRIZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 498 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-28

La índole de los fundamentos del acto administrativo impugnado (que alude al ejercicio de potestades de reorganización y racionalización de los recursos humanos de la Provincia, las cuales encuentran, a su vez, fundamento en un marco legal mayor, cual es el de la "Reforma del Estado Provincial" -dec. 73/91-), previene acerca del alcance con que el Alto Tribunal puede efectuar el control de legitimidad de tales actos. En efecto, no puede soslayarse que dicho control es requerido contra actos que, si bien se proyectan e individualizan en sujetos determinados, evidentemente se insertan en el marco de medidas generales, orientadas a instrumentar verdaderas políticas administrativas. Ámbitos tales resultan de muy difícil acceso para el Tribunal, el cual no podría desde luego sustituir a la Administración en la valoración de los precisos modos en que se instrumentan tales políticas administrativas, especialmente en los aspectos vinculados a la exacta delineación de las medidas en cada caso concreto. Es por ello que, salvo una clara violación de ley, las posibilidades de control por el Tribunal quedan limitadas a la razonabilidad de las medidas adoptadas, y particularmente condicionadas a la demostración de la efectiva existencia de una causal de ilegitimidad que permita el adecuado control jurisdiccional.
Consumidores, compraventa de automotores, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL
Carátula: Bourlot, Daniel Luis c/ Buccolo, Carlos Guillermo y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-08-16

Las empresas que prestan un servicio de asistencia en el marco de la garantía otorgada en la comercialización de automotores se encuentran incorporadas dentro de los sujetos enumerados por el art. 40 de la ley 24.240, pues la norma referida no hace distinción respecto del nivel de participación sino de la participación misma, determinando en forma amplia la responsabilidad de los proveedores derivada de los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan ocasionar a consumidores y usuarios, sin limitarlo a los daños directos descriptos en el art. 40 bis, y por ello es que menciona al productor, fabricante, importador, distribuidor, proveedor, vendedor y a quien haya puesto (o permitido que se ponga) su marca en la cosa o servicio mencionando a todos cuantos pueden intervenir en la cadena de comercialización, incluido el transportista, sin que esa enumeración agote la posibilidad de responsables.
Fuerzas de seguridad, policía federal, juicios contra el Estado, adicionales de remuneración, costas, costas al demandado, exención de costas, exención parcial
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: LUCENA, SANTOS RAéL c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-27

Debe confirmarse lo decidido por el "a quo" que impuso las costas en forma parcial a la demandada -aplicando la excepción establecida por el art. 68 del C.P.C.C. que lo faculta a apartarse de tal principio cuando encuentre mérito suficiente para hacerlo-, toda vez que, sin perjuicio del allanamiento efectuado conforme el art. 70 del C.P.C.C., el organismo dio lugar al reclamo, motivo por el cual no corresponde eximirlo de las costas del pleito.
Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2010-05-14


Formosa, mayo 14 de 2010.

Vistos: Estos autos caratulados: "Bordón, Ángel Pablo y Otra c. Provincia de Formosa s/Contencioso-Administrativa". Expte. Nº 27 - Fº Nº 212 - Año 1995, registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto a fojas 628, y Considerando: Que, a fs. 624/625 se presenta Fiscalía de Estado impugnando la planilla de liquidación practicada a fs. 612.

A tal fin sostiene que la actora erróneamente calculó la morosidad devengada por el retraso entre pagos parciales computando meses íntegros, cuando correspondía utilizar solamente tasas proporcionales calculadas atendiendo al tiempo de mora que se produjo entre la fecha de vencimiento de la obligación y la fecha en que cada pago se concretó.

Asimismo, acompaña planilla de liquidación, la que corre glosada a fs. 622/623, de la que surge como suma total adeudada pesos diez mil ciento cuarenta y seis ($10.146), lo que arroja una diferencia en menos de pesos dos mil quinientos seis con setenta y ocho centavos ($2.506,78) con respecto a la planilla realizada por la actora.

Que, habiéndose corrido el pertinente traslado, la accionante contestó a fs. 627 allanándose tanto a la impugnación como a la planilla de liquidación practicada por la demandada, solicitando además que en función de dicho allanamiento y la buena fe demostrada se le exima de costas y se apruebe la planilla acompañada por la contraria conjuntamente con el escrito impugnatorio.

Que, siendo así, atento al allanamiento y lo peticionado por la accionante, corresponde hacer lugar sin más trámite a la impugnación planteada por Fiscalía de Estado, aprobándose la planilla de liquidación practicada a fs. 622/623.

Sin embargo en lo que atañe al pedido de eximición de costas, de conformidad con lo normado en el art. 70 inc. 1º del Código Procesal Civil y Comercial, resulta evidente la improcedencia de la pretensión de la actora, ya que fue su actividad la que ha provocado la presentación de la demanda, al dar motivo para que la misma se vea obligada a efectuar la impugnación de planilla.

Por ello, con las opiniones concordantes de los doctores Carlos Gerardo González, Ariel Gustavo Coll, Eduardo Manuel Hang, Claudio Ramón Aguirre y Telma C. Bentancur, que forman la mayoría absoluta que prescribe el artículo 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y artículo 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el Excmo. Superior Tribunal de Justicia Resuelve: 1º) Hacer lugar a la impugnación de la planilla practicada por la actora a fs. 612. Con costas a su cargo (Art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial). 2º) Aprobar la planilla de liquidación realizada por la demandada a fs. 622/623 de autos. - Carlos Gerardo González. - Ariel Gustavo Coll. - Eduardo Manuel Hang. - Claudio Ramón Aguirre. - Telma C. Bentancur.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MORALES, GERARDO ANTONIO. c/ SALDAÑO, DAVID OSCAR Y OTRO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-02-07

Como lo indica la Cámara, la circunstancia de que la parte actora atribuya el daño padecido a una cosa riesgosa, no soslaya la necesaria acreditación -por parte del actor- de la intervención que adjudica a la cosa riesgosa en la mecánica del accidente que provocara las lesiones que afirma haber sufrido.

Es decir, en los supuestos en donde se pretende atribuir responsabilidad objetiva por una cosa de riesgo (un automóvil que circula por las calles), es claro que debe probarse el nexo adecuado de causalidad entre la cosa riesgosa y el daño, primer elemento material y de consideración abstracta, porque sin él no sería admisible la responsabilidad objetiva o por riesgo y vicio de la cosa, mientras que las circunstancias exonerativas vienen en segundo plano (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C, in re "Tattoli, Ángel A. vs. González, Hernán R. y otro", del 17/11/1992, voto del Dr. Santos Cifuentes, publicado en La Ley 1993-D, 90).

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GANDUR - POSSE.
Pagaré a la vista, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Provincia de Bs.As. c/ Zgonc, Daniel s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-21

Tratándose de un pagaré a la vista la fecha del vencimiento se determina por la presentación al pago y en caso negativo, por la formalización del protesto.
Extinción de la acción penal, resolución denegatoria, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SARACCA, OMAR F. s/ RECURSO DE QUEJA Causa 863
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

La denegatoria de la extinción de la acción, no reúne el requisito de carácter final, ya que no ponen fin al procedimiento, ni hacen imposible su continuación.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, administración de la sociedad, representación de la sociedad, directorio, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Eleta, Francisco Antonio y otros c/ Imágenes Diagnósticas y Tratamiento Médico SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-12

Procede confirmar la resolución que consideró que los actores habían sido ilícitamente privados del derecho al voto que en tanto accionistas les asistía, pues, contrariamente a lo que había sido decidido en la asamblea -en la que solicitan la nulidad de algunas decisiones-, ellos no se hallaban incursos en la hipótesis prevista en la LGS 248. Es que, el argumento del "conflicto de intereses" no puede ser invocado al efecto, salvo, claro está, en los casos previstos en la LGS 241, que regula los únicos supuestos de "concurrencia de intereses" en esta materia que imponen abstención, de lo que se infiere que, en los demás, se encuentra habilitada la votación. Podría decirse que, si el legislador no prohibió el voto en otros supuestos fue porque no "presumió" el conflicto, lo cual no obstaría a que, si se diera el caso y ese conflicto fuera demostrado, el accionista sí pudiera ser privado del voto por aplicación del citado art. 248. Pero esa interpretación -viable ante otros supuestos (v. gr. reconocimiento de honorarios por sobre el tope previsto en el art. 261)- no es posible cuando el socio es convocado a ejercer el derecho a elegir autoridades, supuesto en el cual no existe posibilidad de daño que deba ser neutralizada por aplicación del citado art. 248, lo cual demuestra que esa norma es inaplicable.
Obligaciones de dar sumas de dinero, pago, principio de integridad, Ley de desindexación, aplicación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: SIGLO XXI COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ INSTITUTO NACIONAL DE REASEGURO s/ REASEGUROS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-24

Esta Sala ha sostenido el carácter restrictivo de la aplicación de la ley 24.283, Cuando se sustenta en una obligación de origen estrictamente dineraria, es decir cuando desde el nacimiento de la obligación se debe una suma de dinero (cfr. esta Sala, Causas 687 del 14.6.94, 5461 del 6.4.94, 711 del 24.6.94, 17.528 del 8.3.95, entre otras). Por lo tanto, la ley 24.283 es de aplicación a las situaciones excepcionales que la motivan, no pudiendo derogar con carácter general el principio de integridad del pago de las deudas dinerarias (arts.

673 y 742 del Código Civil).
Aplicación temporal de la ley, confirmación de sentencia, jubilación por invalidez, derechos adquiridos, derechos en expectativa, ley supletoria, retiro voluntario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VERGARA, JULIO RAMON c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-07

Corresponde revocar la sentencia que otorgó el beneficio de jubilación por invalidez a quien, habiendo cesado bajo la vigencia de la ley 18.037, se incapacitó dentro de los cinco años posteriores, pero bajo la vigencia de la ley 24.241. Ello así porque la aplicación armónica de lo dispuesto por los arts. 27 y 43, 2do.

párrafo, de la ley 18.037, conducen a concluir que al momento de producirse el cese laboral no nació un derecho adquirido, sino tan sólo un derecho en expectativa, supeditado a la vigencia de ese régimen. El referido art. 27 condiciona el acceso a la jubilación en lo sustancial, a la legislación vigente a la fecha de cesación en el servicio "salvo disposición expresa en contrario" y, en el caso, las disposiciones en contrario son, por un lado, el art. 16 de la ley 24.241, que derogó la ley 18.037, sus complementarias y modificatorias, y por el otro, el art. 156 de la misma ley, que declaró supletoriamente aplicables las disposiciones de aquélla que no se opongan ni sean incompatibles con la ley fundacional del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, habida cuenta que dentro de éste, para ser acreedor al retiro voluntario por invalidez, se requiere estar prestando servicios al momento de incapacitarse y ser aportante regular o irregular con derecho, de acuerdo a los arts. 27, 97 y conc. de la ley citada. (Disidencia del Dr. Fasciolo).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Sanchez, Oscar Raimundo c/ Galdo, Manuel Antonio s/ ORDINARIO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-10-24

No procede el agravio del recurrente-demandado contra la sentencia por una supuesta violación del art. 163 del CPC, y que sostiene que aquella se ha apartado de la delimitación del conflicto jurídico resolviendo sobre aspectos que no fueron objeto de reclamo, cuando como en el caso, la pretensión del actor claramente explicitada en su primer escrito, fue el cobro de facturas por compra de mercaderías y concretamente a ellas se refiere la condena que las sentencias de las instancias ordinarias contienen, de tal manera que la mensión del destino de la mercadería sólo ha de entenderse como aclaración en el relato de los hechos, en modo alguno relevante en el grado de la pretensión del recurrente.
Recurso contencioso administrativo, falta de personería, poder, demanda, nulidad del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: LOPEZ SERRANO, ANTONIO JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   EXCEPCION FALTA DE PERSONERIA Y REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 80-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-11-06

No es hábil para subsanar la falta de personería para actuar en un juicio contencioso administrativo, la inclusión expresa en la sustitución del poder por parte de un profesional a otro, desde que "nadie puede transmitir un mejor derecho del que a su vez recibió".

Carecen en consecuencia de la representación invocada, faltando así uno de los presupuestos procesales de la acción, y quedando fulminada la demanda por la nulidad con que la ley sanciona dicho vicio.
Pena, sentencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CAPUTO EDUARDO ANTONIO s/ CASACION  PENAL  -  PENA  - INDIVIDUALIZACION - PRINCIPIO 'NON BIS IN  IDEM'
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-07-03

Al desconocerse los alcances de los arts. 7 de la Constitución Provincial y 1 y 336 del CPP la fundamentacion de la sentencia en orden a la individualización de la pena resulta ilegítima, lo que ocasiona su nulidad en este aspecto. Es que si bien la facultad de individualizar la pena por parte del tribunal de juicio escapa al control de la casación el ejercicio de aquella no esta dispensado del deber de motivación impuesto a todas las resoluciones jurisdiccionales, la que debe ser cumplida respetando los efectos legales que producen determinados institutos jurídicos, como son, en el caso, los emanados del sobreseimiento y de la garantía del non bis in idem.
Recurso de casación, promiscuidad de causales, inadmisibilidad del recurso, violación de las formas procesales, sentencia arbitraria
Materia: Procesal
Carátula: Banco del Sud S.A. c/ Oviedo, Angel Ernesto y otra s/ Pedido de Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-03-21

De lo expuesto surge que la interposición es promiscua, pues según cual de los dos motivos casatorios se invoque es distinta la solución que el juzgador debe brindar. Este Superior Tribunal de Justicia reiteradamente en distintas composiciones ha sostenido que no es posible invocar con simultaneidad ambas causales, pues no se cumple así con el requisito de que los recursos han de deducirse en términos claros y precisos, lo que acarrea en este aspecto la insuficiencia del remedio intentado.