marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: H. J. F. Y T. T. A.  c/  s/ medida de protección excepcional de niños y adolescentes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-19

Si de la documental da cuenta las diversas intervenciones de la Autoridad de Aplicación (en éste caso la Municipalidad), y de cómo desde aquélla se le requirió al funcionario la adopción de medidas, pero no se desprende que éste haya abordado la situación desde la Defensoría, ejerciendo las funciones que le son propias, corresponde al funcionario que arbitre las medidas que estime adecuadas para la protección de los derechos de sus representados, lo que no coarta su posibilidad de requerir, oportunamente y de corresponder, una medida concreta al órgano jurisdiccional.
Recurso de apelación (procesal), deserción, expresión de agravios
Materia: LABORAL
Carátula: Saavedra Omar Norberto c/ Chevasco Fabián y otro. s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-11-10

Se impone declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por cuanto el recurrente se ha limitado a expresar su opinión discordante con el fallo, pero no formula en concreto argumentación alguna que procure demostrar los supuestos yerros o la interpretación equivada en que pudo incurrir el a-quo, no alcanzando dichas expresiones la jerarquía de agravios en el sentido del artículo 125 inciso c) del Código Procesal Laboral.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, fundamentos insuficientes, honorarios, regulación de honorarios, incidentes, prueba, apertura a prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ACETOGEN SA c/ TODESCHINI, JUAN CARLOS s/ COBRO DE PESOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 268-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-10-14

Torna inadmisible el recurso (artículo 3 inciso a) ley 7055) la deficiencia de fundamentación que priva a este órgano jurisdiccional de datos esenciales para la comprensión del caso. En el sub examen, el recurrente se queja porque el monto de la regulación de honorarios en un incidente de clausura de término de prueba efectuada por el inferior, significa imponerle una carga sin razón lógica aceptable y por un monto exorbitante, si se tiene en cuenta su intrascendente naturaleza. Pero de ninguno de los escritos agregados a los autos surge cuál ha sido el importe estimado originariamente, el de las ampliaciones, ni el período por el que corresponde actualización e intereses, de modo tal de permitir a esta Corte, que teniendo en cuenta todos esos elementos y las normas legales invocadas, pueda llegarse a una liminar apreciación acerca de que efectivamente, haya incurrido el Tribunal a quo en la arbitrariedad que se le imputa.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del peatón, peatón distraído
Materia: CIVIL
Carátula: LO RUSSO, Héctor Rubén c/ ARTUSA, Daniel s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

Si el accionado circulaba a una velocidad normal, haciéndolo por su mano e inmerso en el tránsito en una vía de gran volumen vehicular, circunstancias éstas que no le permiten detener totalmente su rodado por las graves consecuencias que puede traerle, y en esas condiciones, una persona cruza a pie, en forma, lugar y tiempo prohibido, es claro que es la única culpable de las consecuencias de esa conducta, que resulta irresistible para el conductor del vehículo.-
Derecho procesal, competencia, competencia federal, cuestiones de competencia, procedencia del recurso, prestaciones de la obra social, Poder Judicial, dictámenes
Materia: PROCESAL
Carátula: Barraca Acher Argentina SRL c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-17

Del Dictamen Fiscal N° 339/22:.

Corresponde confirmar la resolución de grado mediante la cual el Sr. Juez se declaró incompetente para entender en una demanda por cobro de facturas promovida por una empresa médica contra la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, y ordenó la remisión de las actuaciones a la Cámara de Apelaciones de la Justicia en lo Civil y Comercial Federal, para su posterior sorteo y tramitación. Ello así, pues la accionada no se encuentra regulada por la ley 23660 que comprende el régimen de las obras sociales como agentes del seguro de salud, sino que se encuentra regida por las Acordadas 43/81 y 25/84, como un organismo con individualidad financiera y funcional dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En consecuencia, resultaría demandado el Estado Nacional.

La temática planteada en autos, en lo relativo a la jurisdicción en razón de la persona excede el ámbito meramente mercantilista, circunstancia que torna procedente la atribución de la competencia federal toda vez que la demandada es, según la CN 116, una entidad nacional, y se encuentra regulada por las Acordadas 43/81 y Ac. 25/84.
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL
Carátula: García Cuerva, Ramiro; Ruiz Díaz, Víctor Hugo; Rivera, Julio César s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-25

El secuestro de un "ladrillo" de marihuana en poder de los imputados, no puede tacharse de exiguo y la mera alegación de los agentes de que era para consumo personal no resulta suficiente como para aplicar la doctrina del fallo "Arriola".
Principios procesales, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Bansud SA c/ Flori, Leonardo Emilio y Otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-29

No hay transgresión al principio de congruencia, cuando existe el nexo necesario entre la fórmula propuesta en la traba de la litis y el contenido de la decisión del juzgador; únicamente aparecería el quebrantamiento si el argumento decisorio alterara dicha relación.
Cuestiones de competencia, juicios contra el Estado
Materia: PENAL
Carátula: G. ,G. G. c/ P. G. d. l. P. d. B. A. y o. s/ Pretensión indemnizatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-02-11

En el caso -en que el actor reclama daños y perjuicios que habría padecido como consecuencia de la privación de la libertad sufrida en el marco de una investigación penal en la que luego resultara sobreseído, pretendiendo un resarcimiento por las circunstancias en las que fue llevada a cabo la detención- no se encuentra comprometida la competencia asignada a los Juzgados en lo Contencioso Administrativo por mandato constitucional (art. 166 de la Constitución provincial), pues la mentada atribución no comprende los casos en que pretende hacerse efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación u omisión de funcionarios y/o magistrados en el ejercicio de funciones jurisdiccionales.(del voto de los Dres. Hitters-Genoud- Kogan, mayoría)
Nombre, cambio de nombre, adición de nombre
Materia: CIVIL
Carátula: Camaño Francisca Nelida s/ sumaria información Camaño Francisca Nelida s/ sumaria información
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-09-13|2000-09-13

El principio de inmodificabilidad del nombre no se ve alterado, por adicionar un nombre de pila como tercer nombre, a los dos ya existentes, sin que se vislumbre en modo alguno, perjuicio patrimonial o análogos para terceros. (Voto de la mayoría, Dres. Lloveras y Andruet).
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, revocación de sentencia, rechazo in límine, representación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros c/ Ministerio de Trabajo (delegación local). s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-14

Corresponde revocar el rechazo in limine del recurso extraordinario que la cámara fundó en que el letrado que lo interpuso no se hallaba habilitado para representar procesalmente a su mandante en esa jurisdicción, si los instrumentos que abonan la representación resultan idóneos a tal fin.
Extradición, doble incriminación, asociación ilícita
Materia: PENAL
Carátula: Lázzari, Derval c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

Cabe excluir de la procedencia de la extradición por ausencia de doble incriminación el cargo por conspiración para obstruir la justicia obstaculizando la investigación de un delito federal y con la destrucción de registros, pues sólo incluye como integrante de esa conspiración al requerido junto con un coimputado, de modo tal que no se configura respecto de ese cargo la exigencia del número de intervinientes que contempla el artículo 210 del Código Penal argentino
Recurso extraordinario de nulidad, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Desimone, Serafin c/ Frigorifico El Tolosano S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

El tema de las costas -dado su carácter accesorio- no constituye cuestión esencial (art. 156, const. prov.).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Telefónica Móviles Argentina SA  c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-22

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal si se incumple con las previsiones del artículo 15 de la ley n° 48 y con la constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que "es preciso que el escrito en que se lo dedujo contenga una crítica concreta y razonada de todos los argumentos en que se apoya el fallo que se impugna" (Fallos: 314:440, entre muchos otros); y que "no basta con la invocación genérica y esquemática de agravios o sostener un criterio interpretativo distinto del seguido en la sentencia, sino que es preciso formular una crítica prolija, concreta y razonada de todos y cada uno de los argumentos expuestos en la misma" (Fallos: 319:123 y 320:769, entre muchos otros). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Tenencia de estupefacientes, excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, reincidencia, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "FRANCO, Roberto s/ proc. y P.P.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-05

Calificándosela conducta atribuida como constitutiva del delito de tenencia simple de estupefacientes (art. 14 primer párrafo de la Ley 23.737) no procede la excarcelación cuando el frondoso prontuario que amenaza con la dureza de una condena de cumplimiento efectivo, conllevaría, asimismo, a la declaración de reincidencia prevista por el artículo 50 del Código Penal en tanto tales antecedentes hacen presumir, de conformidad con los parámetros establecidos en el art. 319 del C.P.P.N. que el procesado intentará eludir la acción de la justicia. (Conforme lo resuelto en los autos "OJEDA, fernando" del 5.7.2005). Del voto de los Dres. Vigliani y Cavallo - el Dr. Freiler en disidencia).
Jueces, prueba pericial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FISCAL DE ESTADO c/ DOMINGO SCACCHI s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S076 - 488)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-07-06

"...la libertad con que cuentan los jueces para apreciar el dictamen pericial y apartarse, incluso de sus conclusiones, no importa reconocer a aquellos "una absoluta discrecionalidad".

Deben existir razones serias en el sentido de que los datos del experto esten "renidos con principios, logicos o maximas de experiencia, o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia "para determinar la conviccion acerca de la verdad de los hechos controvertidos". ..."
Acto administrativo regular, acción de lesividad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.P.V. c/ RICARDO DEIS s/ Expropiación (LIBRO: S082 - 247)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-02-19

Ante un acto que no podía ser extinguido (revocado) en sede administrativa por tener estabilidad, no le cabía a la quejosa, para proceder a su extinción o anulación, sino recurrir a la acción de lesividad prevista en el art. 3 del Cod. Procesal Administrativo, cuyo conocimiento y decisión es competencia de la Suprema Corte. La actuación por consiguiente en sede judicial se imponía previa declaración del órgano competente de que el acto irrevocable administrativo resultaba lesivo a los intereses públicos por razones de legitimidad. No ha sido esa la conducta de la recurrente. la Resolución N: 173/88 es jurídicamente ineficaz, para afectar la definitividad del acto administrativo en el que se determinó el precio del inmueble expropiado, integrado por Resolución 417/87 -la que consecuentemente conserva su vigencia- y la expresa conformidad prestado (por el expropiado).-
Ejecución hipotecaria, escritura pública, redargución de falsedad, juicio ordinario posterior
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BUCI c/ MIRANDA JOSE RICARDO Y OTRA s/ Ejecución Hipotecaria (LIBRO: S154 - 172)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-09-26

Es inatendible por esta vía cuestionar la validez de la escritura pública. Implicaría desnaturalizar el carácter acelerado de las ejecuciones hipotecarias. Correspondería la redargución de falsedad y/o juicio ordinario posterior.-
Empleo público, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Díaz, Gustavo c/ Provincia de Córdoba s/ Acto administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-03-11

En el marco de la Ley 6402 -Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial-, dentro de los derechos reconocidos como consecuencia del status definido para la relación funcional pública, surge como primigenio el de la "estabilidad".

Este derecho es reconocido a favor de los agentes incorporados definitivamente a la administración, con los alcances atribuidos por la propia ley (art. 17), en el sentido de "...conservar el empleo, la jerarquía y el nivel alcanzados, entendiéndose por tales, la ubicación en el respectivo régimen escalafonario, los atributos inherentes a los mismos y la inamovilidad en la residencia siempre que las necesidades del servicio lo permitan...".
Prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: W., L. C. c/ S., N.R.O. s/ Demanda Laboral (Haberes e indemnización de Ley)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-16

Es jurisprudencia constante que "los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, ni a valorar toda la prueba, sino solo a tomar en cuenta lo que razonablemente estimen conducente para la solución del litigio".
Honorarios del perito, ejecución de honorarios, deudas consolidadas, régimen de consolidación de deudas, irretroactividad de la ley, validez de los actos procesales
Materia: ECONOMIA-PROCESAL
Carátula: LA HISPANO ARGENTINA CIA DE SEGUROS SA c/ ESTADO MAYOR DE LA FUERZA AEREA s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANS TERRESTRE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-03

No existe impedimento alguno para que una Ley sea de aplicación inmediata a los juicios pendientes, siempre que ello no importe afectar la validez de los actos procesales cumplidos (cfr. Palacio, L.

E., "Derecho Procesal Civil", T° I, pág. 50; Sala III, Causa 41.885 del 1.11.95, entre otras). El proceso de ejecución recién se inicia contra la Caja, de modo que no es posible afirmar que estamos en presencia de una ejecución firme y consentida. Por lo expuesto, y por aplicación del art. 17, Ley 24.624, los honorarios que el perito pretende cobrarle a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, se consideran consolidados en los términos de la Ley 23.982; en consecuencia deberá encauzar su requerimiento siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Consolidación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba documental, gravamen eventual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GERVASONI, SEBASTIAN c/  s/ EXTORSION -APELACION AUDIENCIA PRELIMINAR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-18

El agravio en relación a la confirmación de la admisión de la prueba documental se vislumbra meramente eventual, por cuanto sólo se concretaría en caso de condena y de que la misma se sustente directamente en el contenido de los cuestionados informes técnicos y no en la meritación de las declaraciones de quienes los confeccionaron; y ello se vislumbra como remoto, teniendo en cuenta que ambos fueron ofrecidos y admitidos como testigos para el debate y que es de esperar que en el juicio tales informes técnicos sean empleados correctamente, es decir, sólo en los términos del segundo párrafo del artículo 326 del Código Procesal Penal. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 326
Sentencia, cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Borsani, Jorge Alberto c/ Companía Gillette de Argentina s/ Indemnización, diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-03

Cuestiones esenciales, en los términos del art.156 de la Constitución de la Provincia son aquéllas que conforman la estructura de la litis y el esquema jurídico al que la sentencia debe atender para la solución del litigio.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferrari, Rubén Oscar c/ Guccione, Angel V. s/ Ejecución Mercolli, Enrique y otro c/ Garcia Nestor E. y otra s/ Ejecución hipotecaria Antifora, Lidia Noemí c/ Brunello, José Nazareno s/ Ejecución hipotecaria Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19|1995-10-17|1997-03-01

La defensa contenida en el art.542 inc.4 del CPC. tiene que referirse únicamente a la formas extrínsecas del título y no a la causa de la obligación, salvo que la inexistencia, falsedad o ilicitud de ésta surja del título mismo, no pudiendo sustentarse en la existencia de una causa ilícita, o en la pretendida falta de causa, defensas ajenas al proceso de ejecución; dentro del cual no podrá ser objeto de prueba y debate, sin desvirtuarlo, transformándolo liso y llanamente en un proceso de conocimiento.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Habeas data, Ministerio de Menores, derecho a la información
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Moreno, Gustavo Daniel. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-09

El Ministerio Público Tutelar tiene la obligación -entre otras-, de procurar ante los Tribunales la satisfacción del interés social (art. 1 de la Ley Nro. 21, y 125 inc. 2 del a CCABA), y tal obligación se vería dificultada si no cuenta con información básica sobre los recaudos y programas sociales a favor de los ciudadanos que padecen necesidades insatisfechas. Asimismo, la Ley Nro. 104 incorpora el derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna respecto a la actividad administrativa (art. 1), señalando que se considera información a los efectos de la ley, cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales. En el caso, el señor Asesor Tutelar solicitó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe la nómina total actualizada, los requisitos de ingreso, los destinatarios y beneficiarios, la descripción, las autoridades de ejecución y la normativa aplicable a tales programas sociales. La accionada no ha cumplido con el deber de suministrar información. Esto resulta fácilmente verificado en autos, toda vez que de la compulsa de las actuaciones surge entre otros defectos y omisiones, información repetida, programas que no están en vigencia, datos genéricos y simples títulos. Tampoco se advierte en el caso, que el plazo otorgado para el cumplimiento fuese breve en relación con la complejidad de la documentación solicitada, considerando que la información requerida sólo consiste en la descripción de los servicios brindados a la comunidad, sin que ello revista mayor complejidad.
Accidentes de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Pereira, Félix c/ Municipalidad de Palo Santo s/ Demanda  por  Daños  y  Perjuicios  derivada de accidente de trabajo Demanda  por  Daños  y  Perjuicios  derivada de accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-04-18

El art. 4037 del Código Civil dispone: "Prescríbese por dos años la acción por responsabilidad extracontractual", y si bien dicha norma no fija un punto de partida del plazo de la prescripción, de ordinario su curso comienza cuando acontece el hecho generador, el tal sentido Rodríguez Saiach en "Acción Civil en Accidentes de Trabajo" Ed. círculo Carpetas pág. 450, sostuvo que "...a nuestro juicio no cabe entender que empieza el término con la determinación de la incapacidad, sino que, -en la generalidad de los casos- correrá desde la fecha del evento... si la víctima queda incapacitada a raíz del súbito accidente, la fecha del evento es la que hace principiar la prescripción"
Aplicación de la ley, irretroactividad de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ABRAHAM DE ACHEM MARGARITA c/ I.S.S.P. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-03

La perdida de vigencia de la normativa referida al reajuste de los haberes previsionales invocada por la actora en sustento de su pretensión, traería aparejado en principio el rechazo de la acción, sin embargo, la ley Nro. 6.006 en su artículo 2, deja a salvo los trámites administrativos iniciados bajo la vigencia del texto derogado, esto es bajo el régimen establecido por la Ley Nro. 5.641, lo que determina la procedencia de su pretensión.
Responsabilidad del Estado, establecimientos penitenciarios, delito de peligro abstracto, tenencia de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Mercado, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-21

Es aplicable la doctrina CS "Arriola" si el comportamiento del imputado en modo alguno colocó en peligro concreto o causó daños a bienes jurídicos o derechos de terceros -línea demarcadora que sólo de ser sobrepasada consentiría la intromisión judicial-, ya que la marihuana incautada constituia una escasa cantidad -9 gr.- y la detentaba en un orificio de una de las paredes de la celda, orificio oculto a su vez tras un enchufe de fabricación casera en la unidad penitenciaria donde se encuentra alojado.

La disidencia sostuvo que la prohibición de la tenencia de estupefacientes en una institución carcelaria -que es un lugar público donde el Estado tiene el deber de garante a fin de proscribir interferencias intersubjetiva- constituye un supuesto distinto de consumo realizado por un hombre en libertad, que no se encuentra bajo la responsabilidad del Estado de preservar su salud y vida, y constituye un delito de peligro abstracto que se consuma con sólo poner en riesgo o crear la posibilidad de peligro para el bien tutelado por la norma, el delito se formaliza con la mera circunstancia de tener o suministrar la droga, por el peligro a la salud del causante y, muy especialmente, de sus compañeros detenidos.
Daños y perjuicios, daño resarcible, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guacone Julio Rubén y otra c/ Budiño Néstor Eduardo y/o quien resulte propietario responsable. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

No son la totalidad de los ingresos probables de la víctima la base a considerar a efectos del resarcimiento a su hija, porque no es aquélla la pérdida que "iure propio" sufre la menor por la muerte de su madre, sino el aporte que recibía de ella para su subsistencia, alimentación, vestido, educación y esparcimiento, y durante el lapso que restaba para que alcanzara la mayoría de edad.