Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-03-27


AUTOS Nº 9762 - "VALLECILLO PACHECO, Marcela Vanesa C/ Davila, Emanuel Alejandro S/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil quince, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Lucía E. Daroni de Pontoriero, Miguel Ernesto Novoa y Julio Rolando Coll, bajo la presidencia a cargo de la primera, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 9762, caratulados "VALLECILLO PACHECO, MARCELA VANESA C/ DAVILA, EMANUEL ALEJANDRO S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por sentencia dictada por el Sr. Juez del Segundo Juzgado Laboral se resolvió hacer lugar a la demanda promovida por la actora contra el demandado, únicamente por la indemnización del art. 250 de la LCT, imponiéndose las costas en el 90% a la primera y en el 10% a la segunda.

Contra este fallo se alzan ambas partes interponiendo recurso de apelación. A fs. 232/236 expresa agravios la demandada, y a fs. 245/255 la parte actora; obrando las respectivas contestaciones a fs. 239/242 y 268/271. Elevados los autos al Tribunal, se da vista a Fiscalía de Cámara a fs. 280/281, se llama autos a resolver a fs. 285, y se practica el sorteo para la emisión de votos de los Sres. Camaristas, a fs. 286, arrojando el siguiente resultado: 1)- Dr. Novoa; 2)- Dra. Daroni y 3)- Dr. Coll.

A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la actora? Segunda cuestión: Es procedente el interpuesto por la demandada? Tercera cuestión: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DOCTOR MIGUEL ERNESTO NOVOA DIJO:

I- Por la sentencia recurrida se decidió desestimar los reclamos indemnizatorios pretendidos por la actora; arts. 232, 233 y 245 LCT; sin perjuicio de declarar procedente la reparación prevista en el art. 250 de la LCT. Para así decidir sostuvo: 1)- Que sin duda, la contienda tiene relación directa con la modalidad del contrato de trabajo, en tanto que el demandado sostiene que fue de plazo fijo, y la dependiente lo cuestiona, con el argumento de que había vencido el período de prueba, según términos de su TCL. 2)- Que si bien tal defensa claramente contiene el error de confundir el contrato a plazo fijo con el período de prueba, procede igualmente determinar si se cumplen los requisitos que se exigen para el primero. 3)- Que el instrumento consigna, entre otras cosas, que la empresa contrata a la actora a partir del día 05-10-2009, hasta el 04-10-2010, pudiendo prorrogarse por el término de un año más, condicionado al mantenimiento del contrato que la empresa tiene con la Agrupación X de Gendarmería Nacional; asimismo, que las tareas se harán en jornada reducida y consisten en jardinería, mantenimiento y limpieza de lunes a sábados en horarios que la empresa señale. 4)- Que por otra parte consta que el día 30-08-2010 se le comunicó a la actora que el día 30-09-2010 vencía el contrato celebrado; documento reconocido expresamente por la misma al absolver posiciones (fs. 126 de autos). 5)- Que conforme art. 1026 del C.Civ. el documento privado reconocido judicialmente por la parte a quien se opone, tiene el mismo valor que el instrumento público entre los que lo han suscripto y sus sucesores. 6)- Que la demandada acompaña licitación privada por la cual la Agrupación X de San Juan de Gendarmería Nacional, contrata a la accionada para el servicio de limpieza con fecha 01-10-2009, y por una duración de doce meses; documento público que hace plena fe, por estar suscripto por el Jefe de la Unidad y con sello de la misma. 7) Que a su vez obra un informe de Gendarmería Nacional en el cual se comunica que la licitación para el servicio de limpieza con el demandado tiene fecha de inicio el 01-10-2009, y por un período de doce meses. 8) Que todo ello demuestra que el contrato a plazo fijo presentado se formalizó en el marco de lo dispuesto por el art. 90 inc. a y b y 93/95 de la LCT, y que habiéndose demostrado sus extremos legales, es decir, ser confeccionado por escrito, duración y tareas para el cual fue celebrado, justifican plenamente su celebración, pues estuvo destinado a un contrato de limpieza que el demandado tenía con Gendarmería Nacional por un plazo de un año a partir del 1° de Octubre de 2009. Contra esta decisión se alza la parte actora en su primer agravio, alegando errónea interpretación del derecho aplicable y de las constancias arrimadas por las partes, prueba agregada y rendida, y en tanto el fallo no ha valorado adecuadamente la relación jurídica denunciada en autos. Expresa que afecta a su parte que, sin fundamento ni criterio interpretativo de rigor laboral, el Aquo haya tenido por válido y oponible a su mandante, el contrato a plazo fijo denunciado como fraude laboral. Que con ello, se dejaron de lado las circunstancias de hecho y derecho que formaron parte de la contratación, es decir, objeto de la actividad empresarial y funciones cumplidas por la trabajadora. Sostiene que lo expresado por el Juez no basta para sostener que el contrato denunciado sea a plazo fijo. No ha analizado el objeto o actividad desarrollada por la patronal (servicio de limpieza a terceros), resultando que esa actividad no es transitoria, eventual y/o extraordinaria. Tampoco ha analizado las tareas específicamente cumplidas por la actora; concretamente las circunstancias o razones objetivas para utilizar tal modalidad de contratación. Aclara que en el caso, la lógica del plazo de un año, se agota en la necesidad del presupuesto (la imputación del gasto corresponde a una partida presupuestaria nacional), pero no en la necesidad del servicio cumplido por el tercero. Que Gendarmería Nacional sigue contratando el servicio de terceros para limpieza del lugar, y no por ello, va a interpretarse que porque contrate por un año, esta labor es excepcional, transitoria o eventual. Las tareas cumplidas por la actora corresponden a una actividad permanente de la patronal, como objeto de la empresa y tiene relación directa con el requerimiento permanente de contratación de servicios efectuada por Gendarmería Nacional. Expresa por otra parte, que el plazo fue por un año, con posibilidad de renovarlo por otro año más; lo que demuestra que las tareas a realizar no eran excepcionales, no habiendo acreditado la demandada que el plazo fijo no dependiera de su voluntad. Tampoco tuvo en cuenta la situación de embarazo de la actora, y la situación de vulnerabilidad en que se encontraba; circunstancias de las que fue notificada la patronal en fecha 10-09. Que por otra parte la comunicación de la finalización del contrato inmediatamente, en fecha 29-09 prueba que fue un despido incausado, al coincidir con la noticia del nacimiento. Finalmente expresa que no ha tenido en cuenta el A quo que las normas de la LCT son de orden público, siendo el Juez quien debe desentrañar la verdadera naturaleza del vínculo. Por lo que solicita se haga lugar al agravio, y se declaren procedentes los rubros indemnizatorios reclamados.

Por su parte la contraria se opone al progreso del agravio, aportando razones en favor de la confirmación del decisorio, las que se omite consignar en honor a la brevedad, sin perjuicio de que son tomadas en cuenta al resolver la cuestión.

Expuestos suscintamente los antecedentes del agravio en estudio, y luego de analizadas las constancias de la causa, adelanto opinión en sentido contrario al recurrente, por considerar que lo decidido por el A quo resulta ajustado a derecho, y a los hechos denunciados y acreditados por las partes.

En efecto, tal como lo expresa el sentenciante, en la causa ha quedado demostrado con certeza que el contrato de trabajo a plazo fijo se formalizó en el marco de lo dispuesto por el art. 90 inc. a y b y 93/95 de la LCT, con todos los recaudos previstos en la normativa; esto es, por escrito, y se consignó tiempo, duración y tareas para el cual fue celebrado como justificación de su celebración, pues respondía a un contrato de limpieza que el demandado tenía con Gendarmería Nacional, por un año, a partir del 01 de Octubre de 2009. Todo lo que, como se expresa en el fallo, se acreditó debidamente por la demandada con el contrato, reconocido por la accionante, y licitación privada por la cual la Agrupación X de Gendarmería Nacional contrata a la empresa, debidamente suscripta por su responsable, además del informe emanado de dicha entidad de fs. 106.

Cabe resaltar, que si bien es cierto que en virtud de la norma del art. 92 de la LCT, la carga de la prueba de que el contrato es por tiempo determinado pesa sobre el empleador -prueba que en la causa ha sido aportada como lo expone el Juzgador-, no es menos cierto que si el accionante alega la existencia de un fraude, también pesa sobre este último la carga de su acreditación; lo que no se ha logrado en la causa, como seguidamente se expone.

Expresa el recurrente que el A quo no ha analizado la actividad de la empresa ni los servicios prestados por la trabajadora, los que alega, respondieron a una actividad permanente de la misma, a lo que cabe responder que tal circunstancia no cambia la conclusión a la que se arriba en el fallo, en tanto justamente se está en presencia de una modalidad legal, contemplada con el sólo requerimiento que mencionan los incs. a y b del art. 90 de la LCT, específicamente, la fijación en forma expresa y por escrito del tiempo de duración, a más, que las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen. Recaudos que considero debidamente cumplimentados.

Pues bien, en cuanto al primero, no cabe dudas de que el mismo se encuentra suficientemente acreditado, a partir de la presentación del instrumento pertinente, y su reconocimiento por la accionante; y en cuanto al segundo, considero que tampoco caben dudas de que se encuentra cumplimentado, teniendo en cuenta: 1- que por licitación privada la Agrupación X de Gendarmería Nacional, contrata con la demandada para llevar a cabo el servicio de limpieza por el término de un año a partir del día 01-10-2009. 2- Que en fecha casi concomitante, la actora fue contratada por la demandada para cumplir sus funciones en dicha agrupación, a partir del día 05-10-09, y también por un año. 3- Que, aún reconociendo, como lo expresa el quejoso, que seguramente tal entidad seguiría necesitando el servicio de limpieza, no se ha acreditado en la causa que fuera la demandada quien lo continuó prestando luego de finalizado el contrato. Todo lo que me lleva a considerar, que las modalidades de las tareas para las que fue contratada la actora "razonablemente apreciadas" justificaron tal tipo de contratación; no pudiendo advertirse fraude alguno en ello, como lo intenta hacer ver la apelante.

Por otro lado, cabe poner de manifiesto que la ley de modo alguno exige que las tareas que se desarrollen en la modalidad de plazo fijo, sean transitorias, o excepcionales (para las cuales está prevista otra modalidad -art. 99 LCT- que no es el supuesto de autos); requiriéndose solamente en el presente caso -contrato a plazo fijo- que las tareas "razonablemente apreciadas" justifiquen la determinación del plazo; como resulta de la causa y se expuso precedentemente, lo que descarta, por otra parte, que la finalización del vínculo haya obedecido a un simple voluntarismo de la demandada.

Por último debe aclararse asimismo, que tampoco se advierte que la comunicación de la finalización del vínculo pudiera tener relación con el embarazo y nacimiento de la hija de la trabajadora, resultando tal situación intrascendente, teniendo en cuenta que justamente en tal fecha se cumplía el plazo del contrato.

Todo lo cual, me lleva a propiciar el rechazo del agravio, y la confirmación del decisorio en tal aspecto.

II- Como segundo agravio, el apelante expresa que el A quo ha incurrido en una errónea valoración del art. 90 de la LCT, y de los recaudos exigidos por la normativa. Específicamente, manifiesta que no sólo debió acreditarse el plazo, sino también su justificación. Cita copiosa jurisprudencia en respaldo a su pretensión.

Atento a que lo expuesto en este agravio, está tratado al decidir el anterior, me remito a lo allí expuesto, propiciando también su rechazo.

III- Se agravia en tercer lugar, por cuanto sostiene que la resolución atacada resulta violatoria de los principios de derecho internacional reconocidos en los tratados internacionales y ratificados por la Nación. Específicamente, que afecta el "proyecto vida" del trabajador y la "libertad".

Considero que el agravio debe ser rechazado, no sólo por la generalidad que contiene, al no especificar concretamente de qué forma la situación planteada ha afectado tales derechos esenciales de la trabajadora, sino también por cuanto lo sustenta en el supuesto fraude cometido por la patronal; lo que se ha descartado según fundamentación dada precedentemente en los puntos anteriores.

IV- Apela en último lugar la imposición de costas, sosteniendo que de acuerdo al resultado del recurso, deberán ser impuestas a la demandada.

Atento lo resuelto en los puntos anteriores, este agravio también debe ser desestimado.

V- Por último, y según luce a fs. 223 de autos, también recurre la parte actora la regulación de honorarios practicada en el fallo, por considerar altos los porcentajes regulados.

Analizada la misma, y efectuados los cálculos correspondientes, teniendo en cuenta el asunto puesto en discusión, carácter en que intervinieron los profesionales, y éxito obtenido por cada uno, considero que este punto también debe desestimarse, en cuanto considero que los porcentajes regulados se encuentran ajustados a los márgenes previstos en ley arancelaria 2150, en sus artículos, 185, 186, 187, 189 y 191.

VI- De acuerdo a lo expuesto precedentemente, propicio el rechazo del recurso de apelación deducido por la parte actora, y la consiguiente confirmación del fallo en tales aspectos.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DOCTOR MIGUEL ERNESTO NOVOA DIJO:

I- Por la sentencia recurrida se resolvió que asiste razón a la actora, en tanto le resulta de aplicación el CCT 130/75, que en su Capítulo II, art. 2°, ap. c, establece que el convenio será aplicable a los empleados de las empresas de limpieza y desinfección; y en atención a las tareas desarrolladas por la misma, le corresponde la cat. de "Maestranza y Servicios A".

Contra esta parte del fallo se alza la demandada en su primer agravio. Entiende tal parte que existen numerosos convenios colectivos en el país que se aplican al rubro Servicio de Limpieza; citando por ejemplo el 281/96 (ciudad Autónoma de Bs.As.), 144/90 (Mendoza), 392/04 (Córdoba), 576/10 (Ciudad de Rosario -Santa Fe), entre otros, que han sido suscriptos por los respectivos sindicatos y Cámaras Empresarias de cada provincia. Sin embargo distinta es la situación en San Juan, en tanto que por parte del demandado, se encuentra adherido a la Cámara Empresaria de la Sanidad Ambiental, entidad autónoma que jamás ha participado en la elaboración, discusión o concertación de convención colectiva alguna, ni se encuentra agrupada en ninguna otra cámara o federación con la que pudiera estar identificada. Que además, la categoría laboral de operario o trabajador de limpieza o maestranza, se encuentra en casi todos los CCT aplicables en nuestra provincia; pero no por el solo hecho de que estén mencionados, indica que le son aplicables. Aclara que de forma simple se puede observar que en tal CCT no ha participado ningún representante de empresas de limpieza, ni siquiera de empresas de prestación de servicios; por lo que mal puede aplicarle el CCT 130/75.

Por su parte, la contraria responde el agravio, oponiéndose al mismo, manifestando que no se han debatido los argumentos del fallo; y que se ha reconocido que la empresa presta servicios de limpieza en favor de terceros, cual es su actividad productiva, que es lo que categoriza la relación laborativa.

Expuesto el agravio en estudio, adelanto opinión en sentido adverso al recurrente, en tanto conforme surge de las constancias de autos, la postura defensiva que ahora esgrime la demandada no fue introducida en oportunidad de contestar la demanda, momento procesal en que nada dijo el hoy recurrente sobre la aplicación o no del CCT 130/75 (no obstante haber sido reclamado por la actora, conforme fs. 43 vta); situación que me exime de entender en el tema, por cuanto ello si bien fue resuelto por el Aquo, no se consideraron los argumentos defensivos ahora expuestos, ni la situación excepcionante propuesta pudo ser objeto de prueba.

Sobre dicha temática, específicamente en relación a la interpretación que debe asignarse al artículo 262 del Código de Procedimiento Civil, la Corte tiene dicho que: a) las facultades jurisdiccionales que adquiere el tribunal de alzada con la apertura de la segunda instancia no son plenas, sino que se encuentran limitadas en función del principio de congruencia (art. 168 -164 del Código actual- inc. 6º del CPC, por remisión de los artículos 169 -165- y 271 -262- del mismo cuerpo normativo); b) por virtud del recurso de apelación, no se lleva a cabo un nuevo juicio, sino una revisión de lo decidido en primera instancia en orden a los agravios propuestos por las partes (PRE S.1ª, 2011-II-235 y 240); c) el art. 277 del CPC -actual 262 del CPC- veda al tribunal de alzada considerar capítulos no propuestos por las partes a la decisión del juez de primera instancia (PRE S.2ª, 2009-II-340); y d) por más que se trate de un hecho que se encuentra probado en la causa, resulta evidente que si se trata de un "capítulo no propuesto a la decisión del Juez de Primera Instancia", la alzada se ve impedida de pronunciarse sobre él (PRE S.1ª, 2007-II-244). "Es cierto (.) que, en función del principio iura novit curia, la jurisdicción subsume los hechos en el derecho que entiende corresponde aplicar. Pero siempre debe tratarse de hechos invocados por las partes en las oportunidades procesales adecuadas (CPC, arts. 164 inc. 6º, 262, 293 inc. 4º, 296, 318 inc. 2º; y 180 para el caso de los incidentes)" (PRE S.1ª, 2013-IV-666). Con lo que, tal como se dijo precedentemente, este agravio debe ser desestimado.

II- Apela la demandada en segundo lugar, la procedencia dispuesta por el A quo respecto de la indemnización del art. 250 de la LCT., alegando que ello no fue reclamado en la demanda, por lo que se ha vulnerado su derecho a la legítima defensa al no haber tenido la posibilidad de defenderse. Expresa asimismo, que sin perjuicio de ello, igualmente no procedería tal indemnización por cuanto tal como el propio Juez lo reconoce en el fallo, el contrato no habría superado el año requerido por la norma; por lo que de modo alguno correspondería la misma.

Analizado el punto, entiendo cabe acoger favorablemente el agravio, por encontrar razonable el primer fundamento expuesto por el recurrente. En efecto, del escrito de demanda, no se advierte bajo ningún aspecto, que la indemnización prevista en el art. 250 de la LCT hubiera sido reclamada, ni siquiera en subsidio del reclamo principal. Por lo que el fallo indudablemente afecta el principio de congruencia, en abierta violación al derecho de defensa en juicio, de raigambre constitucional.

Me permito recordar: 1- que uno de los elementos de la pretensión, consiste en la causa de la misma, que no es otra cosa que la invocación de una concreta situación de hecho a la cual el actor asigna una determinada consecuencia jurídica, sin que tal invocación actúe como razón justificante de la pretensión, sino que tiene por objeto particularizarla o delimitarla, suministrando al juez el concreto sector de la realidad dentro del cual debe juzgar el caso. ( Palacio, D.P.C., Tomo V, págs. 387/388); y 2- que paralelamente con lo expresado, la sentencia debe cumplir con el requisito de congruencia, esto es: la conformidad entre ella y la pretensión; la rigurosa adecuación de la sentencia a los hechos y causas que se individualizan en la pretensión y la oposición.

Pues bien, según escrito de demanda, se reclama entre otros rubros, el pago de la indemnización por antigüedad, con basamento en que el contrato de trabajo que unió a las partes fue por tiempo indeterminado, alegando la existencia de fraude en la firma del contrato a plazo fijo. Tal fue el sustento o causa de la pretensión de pago de la indemnización por antigüedad, por lo que la declaración de procedencia de la indemnización prevista en el art. 250 de la LCT en su reemplazo, por haberse acreditado que la realidad de la relación obedeció a la modalidad de plazo fijo, afecta el principio de congruencia. Por lo que, como previamente se dijo, propicio el acogimiento del agravio, y la consiguiente modificación del fallo en el aspecto tratado.

III- En tercer lugar, apela la demandada la imposición de las costas del proceso. Expresa que las mismas deben cargarse en su totalidad a la actora atento el resultado del juicio, además de que, según surge de autos, la misma no ha litigado con derecho y buena fe.

Atento el resultado de la apelación, propicio que también se haga lugar a este agravio, modificándose la imposición de costas prevista en el fallo atacado, e imponiéndose las mismas a la accionante vencida, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 125 del CPL.

IV- Atento lo expuesto precedentemente, propicio la admisión parcial del recurso de apelación deducido por la demandada.

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL ERNESTO NOVOA DIJO:

Atento el resultado de los recursos deducidos, y lo dispuesto por el art. 125 del CPL, las costas se imponen a la actora, en el deducido por su parte, y en el 50% a cada parte, en el interpuesto por la demandada.

De acuerdo a la normativa del art. 800 inc. 10 del CPC, 222 y 196 de la ley 2150, y teniendo en cuenta el resultado y contenido económico de cada una de las apelaciones, se regulan los honorarios de alzada de los Dres. Emanuel Alejandro Dávila y Jorge Alberto Osman, ambos en doble carácter, en el 5% y 4% respectivamente, del porcentaje regulado en primera instancia, por el recurso deducido por la actora; y en el 2% a cada uno, del mismo porcentaje, por el interpuesto por la demandada.

LOS DRES. LUCIA E. DARONI DE PONTORIERO Y JULIO ROLANDO COLL DIJERON:

Que por los fundamentos expuestos, se adhieren al voto precedente.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I)- Desestimar el recurso de apelación deducido por la parte actora, en un todo de acuerdo a los fundamentos expuestos en la primera cuestión.

II)- Admitir parcialmente el recurso deducido por la demandada, tal como se expone al tratar la segunda cuestión, disponiéndose la modificación de la sentencia recurrida, en la parte pertinente.

III)- Imponer las costas y regular honorarios de alzada, en la forma expuesta al tratar la tercera cuestión.

IV)- Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.