Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-01-10


Salta, 10 de enero de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "L., Á. c/ M., L. M. - tenencia de hijos", Expte. Nº 3.432/10 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 2ª Nominación - Distrito Judicial del Norte - TARTAGAL (Expte. Nº CAM 466.627/14 de esta Sala Primera, Adscripción Nº 1), y CONSIDERANDO:

La Dra. Adriana Rodríguez de López Mirau, dijo:

I. Que a fs. 161 la demandada interpone recurso de apelación en contra de la sentencia de fs. 154/160, que otorga al actor la tenencia de la menor X.G.L. y establece un régimen de visitas amplio a favor de la demandada. El recurso es concedido a fs. 162, libremente y con efecto suspensivo.

A fs. 163/164 expresa agravios la apelante. Manifiesta que la juez de grado realiza una interpretación errónea e incoherente de la prueba rendida en autos, lo que implica que la resolución impugnada sea arbitraria por carecer de una fundamentación válida. Señala que la juez pondera los informes psicológicos agregados a fs. 85/86, 91/82, pero de ellos sólo extrae que hay un quebrantamiento afectivo y comunicacional de los adultos en su rol de pareja, lo que la lleva al convencimiento de lo inconveniente de resolver por la tenencia compartida. Sin embargo, dice, de estos informes psicológicos surge que la Sra. M. puede brindar a su hija el afecto y la contención que necesita y que el actor ejerce acciones de alineación parental, que si bien la ciencia psiquiátrica de hoy no lo categoriza como un síndrome, no deja de ser una forma de maltrato infantil, que destruye el vínculo con el progenitor no conviviente con consecuencias devastadoras para el desarrollo físico y psíquico de la menor. Afirma que la Sra. Juez de grado le ha dado la tenencia al padre, que somete a la menor a un maltrato psicológico, influenciándola y presionándola para que se oponga a su madre, impidiéndole todo contacto con ella; que se trata de una persona con indicadores de agresividad, de dependencia y de escaso control de los impulsos, quien además no le brinda calor de hogar ni es un referente afectivo, lo cual implica que la decisión carezca de toda lógica y coherencia.

Alega que, además, la sentenciante ha dictado la resolución sin ningún fundamento probatorio, ya que no existen en autos otras pruebas que contradigan los informes psicológicos, lo que convierte a la sentencia en arbitraria. Afirma que con ella se está avalando la violencia y la utilización de vías de hecho para conseguir la tenencia de los hijos, permitiendo que quien obtiene por la violencia la tenencia de su hija, la mantenga, influenciando a la menor en contra de su progenitora, impidiendo todo contacto con ella que sólo la podría ver a la salida de la escuela.

Dice también que lo resuelto va en contra de toda la jurisprudencia actual, que dispone la preferencia en el otorgamiento de la tenencia al progenitor que garantice un fluido contacto con el otro no conviviente, pues ello hace al interés superior del niño. Señala que es verdad lo que se expresa en el último considerando: que los progenitores deben construir un clima propicio de paz, afecto y trato asiduo con su hija, pero que el responsable de que ello no fuera así fue justamente aquél a quien se le otorgó la tenencia, ya que de ningún informe psicológico surge que haya sido la madre quien ejerciera alguna influencia negativa en contra del progenitor.

Por último, afirma que, atento la edad de la menor, se hace aplicable a los fines del otorgamiento de la tenencia lo dispuesto por el artículo 206 in fine del Código Civil, es decir que el juez debe otorgar la guarda al progenitor más idóneo, conjugando ello con el estándar internacional del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño de atender al interés superior del niño; que a pesar de estar acreditado que es la madre quien se encuentra en mejores condiciones de atender las necesidades de la menor se prefiere al padre, desatendiendo su interés superior y las probanzas de autos.

Corrido traslado, lo contesta a fs. 166/167 el actor. Solicita que se declare desierto el recurso porque la presentación del recurrente -dice- no contiene los requisitos exigidos por el artículo 255 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que sólo se trata de afirmaciones y consideraciones genéricas, sin hacer una crítica concreta y razonada de la sentencia.

Seguidamente afirma que la sentencia de la a quo se ajusta a derecho; que en la misma se han resuelto todas las cuestiones esenciales que han sido objeto del proceso, que la decisión guarda relación con lo pedido y lo resistido por él y, en cuanto a su contenido volitivo, dice que la sentencia es la expresión de la libre voluntad de la a quo, quien la ha fundado debidamente, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. Cita jurisprudencia en el sentido de que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones sino en las que consideren conducentes a la solución del pleito y alega que no hay arbitrariedad en un pronunciamiento seriamente fundado que contempla los aspectos esenciales del litigio.

A fs. 180/181 obra dictamen del Asesor de Incapaces Nº 4 quien considera que debe revocarse la sentencia de 1ª instancia, otorgándose la tenencia a la madre con un régimen de visitas establecidas en forma clara (días y horas determinadas) a favor del padre.

A fs. 184 el Sr. Fiscal de Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral se pronuncia manifestando que se debe contar con informes psicológico y ambiental actualizados a fin de conocer la realidad actual de la familia en conflicto, pues los obrantes en autos remontan a septiembre de 2010 y junio y julio de 2011 En virtud de ello, a fs. 185 se ordenó, como medidas para mejor proveer, practicar nuevos informes psicológicos y ambientales.

A partir de allí se realizaron varias y diversas diligencias tendientes a dar con el paradero de la menor y de sus padres. Habiéndolos ubicado, a fs. 371 se fijó una audiencia a la que debían concurrir los tres, así como también sus letrados, el Asesor de Incapaces y un profesional del Servicio de Psicología.

A fs. 386 se agrega informe psicológico de la menor X.G.L. elaborado por la Lic. Estela del V. Lizondo, del Servicio de Psicología del Poder Judicial de Tartagal.

A fs. 399 la Sra. Asesora General de Incapaces informa que aún no existe un Abogado del Niño designado en el ámbito del Ministerio Público y que la adolescente podría también elegir un abogado de la matrícula del Registro Provincial de Abogados del Niño del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y que, a los fines de la audiencia fijada en autos, contará con la intervención del Asesor de Incapaces Nº 4, quien podrá garantizar que la adolescente sea escuchada en forma privada y sin la presencia de sus progenitores, manteniendo el Asesor una entrevista privada con la joven en forma previa al ingreso a la audiencia.

A fs. 401 se ordena desglosar el Acta de la entrevista de la menor X.G.L. labrada por ante la Asesoría de Incapaces Nº 2 de Tartagal, que obraba a fs. 384/385 y reservar la misma (ver constancia a fs. 402).

A fs. 405 se deja constancia de la celebración de la audiencia celebrada en autos y se ordena reservar las tres actas labradas (ver constancia a fs. 406).

A fs. 407 obra dictamen del Sr. Fiscal Civil, Comercial y Laboral, quien considera que corresponde revocar la sentencia y otorgar el cuidado personal unilateral a la madre, con un amplio régimen de comunicación con el padre; sin perjuicio de que el padre y la adolescente continúen con tratamiento psicológico para poder superar la situación de conflicto.

A fs. 408 se llaman Autos para Sentencia, providencia que se encuentra firme conforme Nota impuesta al dorso de dicha foja.

II. Que el recurso fue interpuesto y fundado en término, conforme constancias de fs. 160 vta y 161y fs. 162 vta. y 164 vta.

III. Que liminarmente cabe destacar que esta Sala ha sostenido en forma reiterada la conveniencia de aplicar un criterio amplio en cuanto a la valoración de los agravios, por ser el que mejor se armoniza con el derecho de defensa y con el sistema de la doble instancia. Más, se ha dicho que en caso de duda sobre si el escrito tiene los méritos exigidos para la expresión de agravios, debe estarse a favor de su idoneidad (C.A.C.C. Salta, Sala I, Fallos 1992:101; 2000:654; 2013-SD:254, 31/10/13; 2014- I:222, 30/04/14).

Siguiendo tal criterio, se tiene que el memorial presentado contiene una crítica suficiente de la resolución en crisis a los fines de permitir su análisis por esta vía recursiva.

IV. Que luego del dictado de la sentencia definitiva, cuya revisión se encuentra a consideración del Tribunal, con fecha 1 de agosto de 2015 entró en vigencia el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (aprobado por Ley 26.994) circunstancia sobreviniente que amerita algunas consideraciones previas al dictado del pronunciamiento, vinculadas con la ley aplicable para resolver la cuestión apelada.

Al respecto el artículo 7 del mencionado cuerpo legal expresamente establece: "Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tiene efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas mas favorables al consumidor en las relaciones de consumo".

El nuevo artículo contiene cuatro reglas que son: aplicación inmediata de las nuevas leyes a las relaciones y situaciones jurídicas en curso; principio de irretroactividad salvo disposición en contrario; límite de retroactividad dado por los derechos amparados por la Constitución; inaplicabilidad de las nuevas leyes supletorias a los contratos celebrados con anterioridad a ella, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo (conf. Graciela Medina, "Efectos de la ley con relación al tiempo en el proyecto de código", en L.L. 2012-E- 1302; cita online AR/DOC/5150/2012.).

Por su parte la Dra. Kemelmajer de Carlucci, con relación al efecto inmediato explica que "... es el efecto propio y normal de toda ley: ella se aplica inmediatamente después de haber sido sancionada. Es el sistema que ya tenía el Código Civil. Consiste en que la nueva ley se aplica a: (i) las relaciones y situaciones jurídicas que se constituyan en el futuro; (ii) las existentes en cuanto no estén agotadas; (iii) las consecuencias que no hayan operado todavía. O sea la ley toma la relación ya constituida (por ej. una obligación) o la situación (por ej. el matrimonio) en el estado en el que se encontraba al tiempo en que la ley es sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos. Los cumplidos, en cambio, están regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron. Del mismo modo, si antes de la vigencia de la ley nueva se han producido ciertos hechos aptos para comenzar la gestación de una situación según la vieja ley pero insuficientes para constituirla (o sea, la situación o relación está in fieri), entonces rige la nueva ley". Particularmente sostiene que son de aplicación inmediata las normas referidas al cuidado personal por ser consecuencia de la relación (responsabilidad parental), aunque el juicio se haya iniciado con anterioridad a su entrada en vigencia (Kemelmajer de Carlucci, Aida, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", pág. 29/30 y 145/146, Edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015).

En orden a los lineamientos señalados cabe concluir que las normas del Código Civil y Comercial referidas al objeto del presente juicio resultan de aplicación inmediata toda vez que la sentencia que resuelve el cuidado de un hijo menor no adquiere carácter de cosa juzgada material y puede ser revisada si con ello se favorece el interés de aquél.

V. Que el cuidado personal es el concepto y contenido que viene a reemplazar el término "tenencia". El artículo 648 del Código Civil y Comercial lo define como "los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo". De este modo, los actos o hechos que hacen al día a día de la vida de un niño son los que integran la noción de cuidado personal, que deriva del ejercicio de la responsabilidad parental, pero este último no se agota en el primero.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece que cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser asumido por un progenitor o por ambos (artículo 649). La reforma se inclina preferentemente por el régimen compartido, no obstante ello se prevé en casos excepcionales la posibilidad de que sea unipersonal o unilateral.

El cuidado compartido puede asumir dos modalidades: alternado, cuando el hijo pasa períodos de tiempo con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia, e indistinto, cuando el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado (art. 650 C. C. y C.). Como regla el juez debe otorgar, como primera alternativa, el cuidado compartido con la modalidad indistinta, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo (art. 651 del código citado).

El artículo 653 del Código Civil y Comercial establece que "en el supuesto excepcional en el que el cuidado personal del hijo deba ser unipersonal, el juez debe ponderar: a) la prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular con el otro; b) la edad del hijo; c) la opinión del hijo; d) el mantenimiento de la situación existente y respeto del centro de vida del hijo. El otro progenitor tiene el derecho y el deber de colaboración con el conviviente".

VI. Que cabe recordar que en materia de guarda o tenencia de hijos (hoy cuidado personal) debe prevalecer como factor decisivo de toda determinación judicial, el interés de los menores, su conveniencia material y moral, sobre cualquier otra circunstancia que pueda concurrir en el caso. El artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que hoy forma parte de nuestra Constitución Nacional establece que: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales . una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

En efecto, debe primar el interés superior del niño por sobre los intereses de los padres, tal como lo entiende la Ley 26.061: ". la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por esta ley" (art. 3º). De allí que, en todas las cuestiones traídas a conocimiento del Tribunal, se deberá tener en cuenta que el interés primordial de los niños y adolescentes orienta y condiciona toda decisión de los Tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos; razón por la cual se requiere adoptar medidas especiales para su protección en atención a su condición de vulnerabilidad (ver CSJN, 6/02/2001, Fallos, 324:122 ; 2/12/2008, 331:2691 ; 29/4/2008, 331:941, entre tantos otros; C.A.C.C. Salta, esta Sala, Tomo 2016-SD:103), lo que no significa que los niños sean los que deban decidir por sí cuestiones como la aquí planteada.

Es por ello que, más allá de los conflictos entre los progenitores, debe ponerse el acento en las necesidades e intereses de los niños, consagrando la responsabilidad de aquéllos - ambos- en su cuidado y crianza, eliminando la prioridad de uno sobre otro y creando un espacio gratificante entre los padres y ellos, más allá de la convivencia (conf. Derecho de Familia "Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia"; Directoras Cecilia Grosman, Nora Lloveras, Aida Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera. Tomo 72, Noviembre 2015, pág. 107, Edit. Abeledo - Perrot, Año 2015; C.A.C.C. Salta, Sala I, T. 2016, I:748).

Se trata, pues, de una delicada situación que requiere de la especial colaboración de los progenitores para no dañar la salud emocional y psíquica de los hijos, porque el contacto con ambos es medular para su desarrollo.

También es doctrina uniformemente aceptada que debe contemplarse el statu quo existente en la actualidad, debiendo en lo posible tratar de no alterar las condiciones de hecho en las que vive el menor si no existen poderosas razones que lo aconsejen (El Derecho, T. 165, pág. 271). En igual sentido Augusto Belluscio sostiene que en esta materia deben evitarse las innovaciones, en tanto sea posible, de manera que no se someta a los hijos a cambios, así en casos dudosos debe ser mantenido el statu quo ("Derecho de Familia", T. III, pág. 608/609, Edit. Depalma, Buenos Aires 1981).

VII. Que en el caso de autos se dictó sentencia de grado otorgando la tenencia de la menor X.G.L. al padre y estableciendo un régimen de visitas amplio a favor de la madre e intimando a ambos progenitores a iniciar terapia psicológica.

Para decidir como lo hizo, la iudex a quo entendió que el escenario personal, intrafamiliar y social entonces existente no era el más conveniente para el otorgamiento de una tenencia compartida porque no existían posibilidades de acuerdo entre los padres. Aun más: la jueza consideró que era desfavorable el contacto directo entre los padres porque el trato personal que se dispensaban era violento, perjudicando de manera evidente la integridad de la menor. Tuvo en cuenta también que el padre venía ejerciendo la tenencia de hecho de la menor desde el año 2.010 hasta la fecha de la sentencia (2013), por lo que se había establecido un fuerte vinculo paterno filial, aunque también la menor sufría carencias afectivas por el escaso contacto materno, motivado en gran parte por la actitud impeditiva del padre.

En esta instancia, a propuesta del Sr. Fiscal de Cámara Civil, Comercial y Laboral, se dispuso tomar una serie de medidas para conocer la actual situación intrafamiliar y la opinión de la menor, que ya es adolescente puesto que acaba de cumplir 15 años (el 16/10/17).

A los fines de conocer la voluntad de X.G.L, se llevó a cabo una entrevista con la Sra. Asesora de Incapaces Nº 2 de Tartagal en fecha 11/10/17, que contó con la presencia de la Licenciada en Psicología Estela del Valle Lizondo (ver acta reservada en Secretaría, según constancia de fs. 402) y también una audiencia en la sede de este Tribunal, por ante los Sres. Vocales y a la que comparecieron el Sr. Asesor de Menores Nº 4 y dos profesionales psicólogas del Servicio de Psicología del Poder Judicial (ver acta reservada en Secretaría, según constancia de fs. 406).

El informe de la Licenciada en Psicología Estela del Valle Lizondo (obrante a fs. 386) señala que la menor tiene un gran amor por su padre y por su madre, pero que posterga sus deseos y necesidades de compartir con la Sra. M. para que el Sr. L. no se sienta mal; recomienda que la menor realice psicoterapia para disminuir el sentimiento de culpa que le produce tal situación.

Asimismo, en la audiencia del día 1/11/17 llevada a cabo por ante este Tribunal (acta reservada en Secretaría, según constancia de fs. 406), la Sra. M., si bien solicitó primeramente el cuidado personal unilateral con régimen de comunicación amplio a favor del padre, luego dijo que estaría de acuerdo con un cuidado personal compartido, pero tiene miedo de que el padre no quiera ceder, que no lo cumpla; que tiene toda la buena voluntad de llevarse bien con el padre y de acompañar a su hija en todo lo que puede y sus necesidades.

Por su parte, en la misma audiencia (ver acta también reservada a fs. 406) el Sr. L. manifiesta preocuparse por la seguridad diaria de su hija. Manifiesta que si X. se fuera a vivir con la madre él quisiera ir a buscarla para llevarla al colegio. Confirma que la menor no siempre estuvo viviendo con él, que la mayoría del tiempo estuvo viviendo con la madre; que una de las cosas que influían en ello era la presencia de las hermanas, cuya compañía ve como necesaria y conveniente para su hija; que si bien la menor pelea bastante con su mamá, la extraña.

Así, habiendo escuchado a las partes y a la menor se puede concluir que ambos progenitores son referentes afectivos y de cuidado en la vida de la adolescente, pero por su edad, la compañía de sus hermanas y una natural relación entre una adolescente y su madre, es conveniente estrechar el vínculo con ésta.

Sin embargo, la pretensión de la apelante de obtener el cuidado exclusivo de la hija no puede ser considerada como la más apropiada para atender a su interés superior.

A la luz de las particularidades del caso, el régimen jurídico más acorde con la situación familiar actual es el del cuidado personal de X.G.L. en forma compartida por ambos progenitores, con la modalidad indistinta, debiendo la adolescente residir de manera principal en el domicilio de la madre, pero haciéndose ambos padres cargo de su cuidado, compartiendo las decisiones y distribuyendo de modo equitativo las labores, todo conforme lo dispuesto por los artículos 649, 650 y 651 del Código Civil y Comercial. Este sistema es el que mejor asegura el derecho constitucional de la menor a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular en igualdad de condiciones (art. 9 y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño) y el respeto al principio de "coparentalidad".

En este sentido se dijo que "... el cuidado compartido de los hijos en general y en la modalidad indistinta en especial es considerado el mejor sistema legal al reconocer a ambos padres el derecho a tomar decisiones y distribuir equitativamente las responsabilidades y deberes inherentes al ejercicio de la responsabilidad parental, según sus distintas funciones, recursos, posibilidades y características personales. En este orden de ideas, se ha entendido con acierto que el compartir las responsabilidades paternas sobre el hijo es mucho más que la elección de los lugares de residencia. Se trata de reafirmar desde la ley la importancia de que los padres desarrollen un actuar conjunto y solidario, el que se entrelaza con el interés social que aspira a la mejor formación de las nuevas generaciones y el interés individual de los que integran el núcleo familiar" (cfr. Marisa Herrera, "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", T. IV, pág, 344, Edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015).

La decisión en este sentido se apoya en el criterio establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación que, en su artículo 651, autoriza al juez a otorgar -aún de oficio- como primera alternativa, el cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta a ambos progenitores, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para aquél. Contiene esta normativa una clara aplicación del principio inquisitivo u oficioso por el cual el juez está facultado para resolver más allá de las pretensiones de las partes, sin que ello vulnere el principio de congruencia, en atención a la especial naturaleza de la materia debatida y los intereses del niño involucrados en su decisión, garantizando aquélla que mejor los satisfaga (conf. Cámara de Familia de Mendoza, in re "C.M.L. c/ S.C.N. s/ tenencia" fallo del 31/07/2015; La Ley online: AR/JUR/29529/2015).

VIII. Que, a los fines de preservar la integridad psicológica de la adolescente, tanto ella como sus padres deberán iniciar tratamiento psicológico tendiente a construir un clima propicio de paz, afecto y trato cordial entre ellos.

El cumplimiento de este dispositivo deberá ser acreditado en el plazo de 10 (diez) días a partir de la notificación de la presente sentencia.

IX. Que, en cuanto a las costas de esta instancia, cabe decir que en materia de cuidado personal de los hijos no resulta conveniente la aplicación rígida del principio de la derrota, porque es lógico y hasta plausible que ambos progenitores procuren ejercer esa función; y, en definitiva, al decidirse la cuestión se atiende a lo que mejor convenga a la menor; de allí que se ha sostenido que ese criterio sólo deba ceder cuando el progenitor que resulta perdidoso le sea reprochable su conducta en relación con los deberes que tiene respecto de sus hijos. (CNCiv. Sala A, 27-02-90, E.D. 137-313; Id. Sala C, 26-04-84, Rep. LL, XLIV, A-I, 595, sum. 105), situación que no se aprecia en autos.

En consecuencia, corresponde imponer las costas por el orden causado.

Por todo lo expuesto es necesario revocar parcialmente la sentencia recurrida y otorgar el cuidado personal de la menor X.G.L. a ambos progenitores, en los términos indicados.

El Dr. Ricardo N. Casali Rey, dijo:

Que, por sus fundamentos, adhiero al voto precedente.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, FALLA:

I. HACIENDO LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto a fs. 161 y, en su mérito, OTORGANDO a ambos progenitores, señora L. M. M. (DNI xxxxxxxxxxxxx) y señor Á. L. (DNI xxxxxxxx), el cuidado personal compartido de su hija X.G.L. bajo la modalidad indistinta, debiendo la menor residir de manera principal en el domicilio de la madre, e INSTANDO a ambos progenitores a que las decisiones relacionadas con la vida de su hija sean tomadas en un marco de diálogo, presidido por la aspiración del máximo bienestar de la menor.

II. ORDENANDO que las partes y la menor X.G.L. realicen un tratamiento psicológico a los fines señalados en el considerando VIII, cuya iniciación deberá ser acreditada en el plazo de 10 días a partir de la notificación de la presente.

III. IMPONIENDO las costas por su orden.

IV. MANDANDO se registre, notifique y, previa notificación a las partes, a la Sra. Defensora General, al Sr. Asesor de Incapaces Nº 4 y al Sr. Fiscal de Cámara Civil, Comercial y del Trabajo, BAJEN los autos al Juzgado de origen.

SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. EXPTE. N° CAM - 466627/14 - VOCALES: ADRIANA RODRÍGUEZ DE LÓPEZ MIRAURICARDO CASALI REY - SECRETARIA: DRA. MA. DEL CARMEN RUEDA SALA I, T. 2018 SD, Fº 01/07, 10/01/2018.