Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-17


SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 48.792 CAUSA N° 21.907/2011 SALA IV "SIMONS PEZZINI BARBARA IVON C/ MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO S/ DESPIDO" JUZGADO N°22 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 17 DE FEBRERO DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

A fs. 182/183 interpuso recurso la parte demandada destinado a cuestionar la resolución de fs.181 que, de conformidad con el dictamen fiscal, desestima la excepción de incompetencia deducida. A fs. 192 emite opinión el Sr. Fiscal General ante esta Cámara.

Tal como lo señala el Fiscal General, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que, para determinar la competencia no cabe atenerse a la ley que pueda resultar en definitiva aplicable sino a la que se invoca como fundamento de la acción entablada (Fallos 302:330 en autos "Sindicato Unico de Petroleros del Estado -Filial Ensenada- c/ Nación Argentina", entre otros). Asimismo, esta Sala ha sostenido siguiendo el criterio del ministerio público fiscal, que es esencial a los efectos de precisar la aptitud jurisdiccional del Fuero, el derecho invocado como sustento de la acción (in re "Lucero Roberto Antonio c/ Administración General de Puertos Sociedad del Estado s/ despido", SI Nro. 47985 del 29/04/2011).

Desde tal orden de saber, si tenemos en consideración que, tal como surge de los escritos constitutivos la actora se habría desempeñado para la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones - mediante un contrato suscripto en los términos del art. 93 LCT, extremo ratificado por la propia demandada a fs. 169vta- y que a partir de su disolución fue transferida a la órbita del demandado -en una categoría profesional prevista en el Decreto 1693/06-; que reclama rubros retributivos e indemnizatorios que, en su criterio, derivan de la aplicación de las normas del Derecho Privado del trabajo a la relación que las unió, en función de lo relatado, corresponde, en este caso concreto y por las particularidades que reviste, mantener la solución de grado que rechaza la excepción de incompetencia. Ello así pues el invocado reencasillamiento en el Sistema Nacional de Empleo Público a partir del 01/01/2011 no puede ser entendido prima facie como una automática inaplicabilidad de la ley de contrato de trabajo, como aduce la demandada al plantear la excepción.

En definitiva, las particularidades de la cuestión de autos justifican confirmar la decisión anterior sin que ello, claro está, implique pronunciamiento alguno acerca del fondo de la cuestión debatida ni con las normas, en definitiva, aplicables. Lo expresado no implica apartarse de lo ya decidido por esta Sala en autos "Zanón Estela Maria c/ Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. E.N.C.O.T.E.S.A. y otro s/ despido" SI N° 48.299/1 del 19/08/2011 pues en la especie el caso presenta aristas disímiles que justifican la confirmación de lo decidido en primera instancia. Con costas por el orden causado teniendo en cuenta que la demandada pudo considerarse con derecho a efectuar el planteo (art. 37 LO y 68 CPCC) Por lo expuesto, compartiendo el dictamen fiscal, propongo: 1) Confirmar la resolución apelada, 2) Imponer las costas por el orden causado, regulando los honorarios de los letrados de ambas partes en el 25% de lo que se les fije en primera instancia.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Surge de los términos de la demanda y de su contestación, como así también de la documentación acompañada, que:

a)	La actora fue contratada inicialmente por la ex AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES, bajo la modalidad de plazo fijo, en los términos del art. 93 de la LCT (cfr. fs. 5 y 169 vta.).

b)	El decreto 1187/2010 del 19 de agosto de 2010 disolvió esa Agencia y transfirió a la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES dependiente de la SECRETARIA DE COMERCIO Y RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, las competencias de aquél organismo, y también "el personal con sus categorías de revista vigentes, así como el personal contratado" (arts. 4° y 5°).

c)	El citado decreto dispuso asimismo que "en un plazo de NOVENTA (90) días a partir de la publicación del presente decreto, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO deberá elevar a consideración del PODER EJECUTIVO NACIONAL un proyecto de estructura organizativa de la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES. En el mismo plazo, el personal de la ex AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES, transferido por el artículo anterior, que reúna los perfiles requeridos por la Jurisdicción, será reencasillado en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por Decreto Nº2098 del 3 de diciembre de 2008 (art. 6°).

d)	El 30 de diciembre de 2010 la actora celebró con dicho MINISTERIO un "contrato de prestación de servicios por tiempo indeterminado y en carácter transitorio en el marco de lo dispuesto en el artículo 9° del Anexo de la ley n° 25.164, en su reglamentación por Decreto n° 1421/02 y normas complementarias". Se pactó como retribución "una remuneración mensual equivalente a la asignada al Nivel B Grado 0 del régimen establecido por el Decreto n° 2098/08 que reglamenta el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).". Asimismo se estableció que "los derechos, los deberes y las prohibiciones que comprenden a la contratada serán los previstos en la Ley n° 25.164 para el régimen de contrataciones, su reglamentación y normas complementarias en todo cuanto fuera compatible con su situación de revista." (fs. 79/80).

e)	El Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto aprobó ese contrato "en los términos del artículo 9° del Anexo de la ley n° 25.164, su reglamentación y pautas de aplicación, aprobadas por los decretos nros. 1421/02 y 2098/08 y la Resolución de la entonces Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros n° 48/02, respectivamente" (fs. 67/70).

2°) En el caso "Cerigliano", la Corte Suprema de Justicia de la Nación estimó oportuno efectuar determinadas consideraciones que, al tiempo que respondía a la materia específica de esa causa y al marco regulatorio aplicable para su decisión, resultaban "adecuadas para conferir una mayor precisión a su jurisprudencia".

El Tribunal dispuso entonces que "la ratio decidendi de 'Ramos' alcanza a todos los trabajadores que se encuentran ligados por un vínculo como el considerado en ese precedente, ya sea con la Administración Pública nacional, provincial, municipal o, como en el presente caso, la específica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

En consecuencia, la Corte dispuso "que los jueces de la causa examinen el material fáctico de la litis a la luz de la tantas veces citada doctrina [la del caso 'Ramos'] sin soslayar que, en su caso y de corresponder, el modo de reparar los perjuicios que se hubiesen irrogado al actor ha de encontrarse en el ámbito del derecho público y administrativo (doctrina de los considerandos 9° del voto de la mayoría y 10 del concurrente de la causa "Ramos"). Al respecto, es del todo propicio remarcar que la finalidad reparadora de la indemnización dentro de ese marco específico -conviene enfatizarlo- exigirá un riguroso apego a pautas razonables que garanticen el principio de suficiencia".

El Tribunal agregó que "el encuadre jurídico establecido determinaría que casos como el sub examine, sean de competencia del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires." (CSJN, 19/4/11, "Cerigliano, Carlos Fabián c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As. U. Polival. de Inspecciones ex Direc. Gral. de Verif. y Control").

Con arreglo a esa jurisprudencia, esta Sala ha decidido que el modo de reparar los perjuicios que se hubiesen irrogado al actor por una contratación supuestamente irregular, ha de encontrarse en el ámbito del derecho público y administrativo, lo que determina a su vez la competencia del fuero Contencioso Administrativo (S.I. 48.567 del 1/11/11, "Mora, Pedro Américo c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro s/ accidente - ley especial").

3°) En razón de las pautas jurisprudenciales reseñadas en el considerando anterior y dado que, como se dijo más arriba, la actora celebró con la demandada un contrato encuadrado en los términos del artículo 9° del Anexo de la ley n° 25.164, de su reglamentación por Decreto n° 1421/02 y normas complementarias, corresponde hacer lugar a la excepción opuesta, declarar la incompetencia de este Fuero para conocer en la presente causa, y oportunamente remitir las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, sin que lo expuesto implique adelantar opinión acerca de la solución que en definitiva corresponda dar al litigio; con costas en el orden causado, dado que la actora pudo considerarse con derecho a deducir su pretensión en esta sede (art. 68, 2ª parte, Cód. Procesal).

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

En cuanto al tema objeto de disidencia que se suscita entre mis distinguidos colegas, en razón del planteo acerca de la competencia de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en la presente causa, estimo que, teniendo en cuenta las particularidades de la causa y la normativa que invoca la actora en el escrito de demanda, en concordancia con lo que señala el Dr. Álvarez a fs. 192 "no sería ajustado, por vía de la declinatoria de competencia, en la instancia introductoria del proceso, desechar "a priori" la aplicación de las normas de estirpe laboral invocadas, so riesgo de adelantar un pronunciamiento sobre el debate de fondo, en un asunto que podría ser calificado, al menos, como polémico".

En definitiva adhiero, por compartir en un todo los fundamentos, al voto de la Dra. Pinto Varela.

Por ello, por mayoría, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la resolución apelada, 2) Imponer las costas por el orden causado, regulando los honorarios de los letrados de ambas partes en el 25% de lo que se les fije en primera instancia.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. HÉCTOR C. GUISADO	SILVIA E. PINTO VARELA	Juez de Cámara	Juez de Cámara GRACIELA ELENA MARINO	Juez de Cámara	ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS Secretaria