marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tasa municipal, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Amacri S.A. c/ Municipalidad de Ayacucho s/ Inconstitucionalidad Ordenanza 1416/1992
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-07

La garantía de igualdad ante la ley que consagra el art. 11 de la Constitución local no supone una igualdad aritmética o absoluta (aquella que supondría una imposición matemática igual en su quantum para cada uno de los habitantes) sino la equiparación de tratamiento frente a la igualdad de situaciones o circunstancias.
Recurso de inconstitucionalidad federal, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Oroquieta, Luis María y otros c/ Apelejg, Juan Martín y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-04-14

Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad no cubre la disconformidad del apelante con las conclusiones del a-quo, ni tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que se consideren tales, sino que sólo atiende a la exigencia constitucional de que aquellas sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las sentencias de la causa , y su aplicación es excepcional y restringida, en el sub-lite, habiéndose atacado el resolutorio de este Cuerpo con argumentos que rebatirían a los entonces empleados sobre aspectos que hipotéticamente y en abstracto podrían encuadrar dentro de los postulados del Alto Tribunal in re:

Banco de Intercambio Regional S.A.: "Por vía de la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa", corresponde conceder los recursos extraordinarios deducidos.
Transporte por agua, oportunidad procesal
Materia: NAVEGACION
Carátula: International Graphic Webster  S.R.L. c/ Cap.  y/o  Arm.  y/o  Prop.  y/o  Flet.  Bq.  "Cosmo  Ocean" y otros. s/ Faltante y/o avería de carga transporte Marítimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-16

En la causa 1367 la transportista depositó la suma que consideró equivalente a 200 libras esterlinas oro, con más los intereses, pero lo hizo como una forma de allanarse a la demanda promovida por la consignataria y no por la aseguradora, a tal punto que pidió la regulación de los honorarios del letrado apoderado de aquélla y el levantamiento del embargo trabado en esa causa. Es cierto que en los autos de los que ahora me ocupo hizo saber ese depósito y la limitación de responsabilidad, pero lo que importa a los efectos de determinar si ese depósito tiene o no carácter cancelatorio es que la aseguradora no estuvo en condiciones de disponer de esa suma por la sencilla razón de que la demandada no se la dio en pago a ella.

Se puede agregar todavía que el referido depósito tampoco cubrió la totalidad de la deuda, pues no se contemplaron los honorarios regulados en el reconocimiento judicial previo, los que fueron también reclamados, habiendo sido fijados por esta Sala sobre la base de la limitación de responsabilidad, de tal modo que podían haber sido bien decidido que el límite de responsabilidad y los intereses correspondientes se deben calcular al tiempo de practicarse la liquidación de la deuda, pues el depósito hecho en la causa acumulada carece de eficacia cancelatoria.
Recurso de inconstitucionalidad, Municipalidad, poder de policía, control ambiental
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MATASSA, NELIDA DOLORES c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-06-13

La Sala incurre en afirmaciones dogmáticas cuando analiza la responsabilidad de la Municipalidad codemandada, toda vez que efectúa un análisis teórico del poder de policía municipal y del artículo 2618 del Código Civil, concluyendo que de lo expuesto surgiría nítidamente su discrepancia con el argumento principal del rechazo de la responsabilidad municipal dispuesta por el Juez a quo, mas sin brindar ningún tipo de explicación en concreto; por lo que -más allá de las extensas consideraciones del Sentenciante- lo dicho en este punto tampoco se sustenta desde una óptica constitucional al permanecer en un plano eminentemente abstracto, sin la debida conexión con la realidad del caso. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhirieron los Dres. Spuler y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 2618.
Doctrina de la arbitrariedad, carácter excepcional, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Temer, Pablo Fabián c/ EN - PJN y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

La arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que el recurrente considere tales, con sustento en su mera discrepancia con el alcance atribuido por el a quo a principios y normas de derecho común o con la valoración de la prueba, sino que reviste un carácter estrictamente excepcional; por ello su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación, pues de lo contrario se extendería la jurisdicción de la Corte habilitándola para revisar todas las decisiones judiciales que se dicten, con menoscabo de los límites establecidos por la Constitución y las leyes. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Falsificación de documentos, documentación del automotor
Materia: PENAL
Carátula: Torres, José Alberto s/ falsedad documental -  incidente apel. sobreseim.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-11

La fotocopia de la cédula de identificación del rodado, llenada a máquina de escribir, resulta un documento idóneo para causar perjuicio en la medida en que puede inducir a graves errores, configurando por tanto el delito de falsedad documental, puesto que lo que interesa no es la apreciación de un funcionario policial, que tiene un ojo experto en la materia; sino la valoración de cualquier habitante, que considera que la posesión de un papel implica ser poseedor legítimo de un bien registrable.
Lesiones culposas, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, perros, violación al deber de cuidado, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LUDUEÑA, Facundo Martín. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-16

Si el imputado omitió adoptar las medidas de seguridad señaladas en la ordenanza n° 41.831 de la Ciudad de Buenos Aires, que en su art. 29 establece que el tránsito de perros en la vía pública deberá hacerse en "forma responsable mediante el empleo de rienda y pretal o collar y bozal", actuó en forma negligente, en violación al deber de cuidado que le incumbía como dueño y cuidador del animal.

No obsta la configuración del delito de lesiones el hecho de que el médico veterinario informara que el perro no presentaba signos de agresividad, ya que no puede omitirse que es un ejemplar de raza temperamental -Rotwailer-, que se adiestra para el ataque y que en virtud de su porte y contextura implica un riesgo latente y potencial que justifica la adopción de las correspondientes medidas de seguridad.

Por ello, corresponde confirmar el procesamiento decretado en orden al delito de lesiones culposas.
Contratos administrativos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Hotelera Americana S.A. c/ Ministerio de la Producción y Empleo de la Provincia de Buenos Aires -Subsecr. de Turismo s/ Acción de amparo -cuestión de comp. art. 6 C.P.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-30

La materia sometida a decisión de la justicia ordinaria es de aquélla cuyo conocimiento la Constitución de la Provincia ha reservado transitoriamente en forma originaria a la Suprema Corte (art. 215 Const. prov.) si la situación jurídica que la accionante aduce lesionada deriva de una relación contractual de derecho público puesto que en ese ámbito la competencia del Tribunal es muy amplia y comprende a los litigios vinculados con la celebración, interpretación, ejecución o rescisión de ese tipo de convenios (arts. 1, 3 y su nota, 28 inc. 3 y conc. del C.P.C.A.). (Minoría u opinión personal)
Terceros, intervención obligada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gamaleri, Gustavo Darío s/ Inc. apelación en "Perez T. c/ Saavedra, Carlos s/ Daños y  perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-05

Procede la intervención coactiva del tercero cuando exista la posibilidad de una acción de regreso contra el mismo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, sentencia, ejecución de sentencia, intereses, tasas de interés, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CALLACI, VICENTE c/ MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-JUICIO  SUMARISIMO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 394 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-28

Como regla no son impugnables por la vía del recurso reglado en la ley 7055 las resoluciones dictadas después de la sentencia definitiva, generalmente de orden procesal y encaminadas a la ejecución de aquélla .Y si bien es cierto que dicha doctrina admite excepciones, entre ellas, cuando tales pronunciamientos tengan un contenido ajeno o impliquen un ostensible apartamiento de lo resuelto por la sentencia que se ejecuta, también lo es que la recurrente no demuestra que se configure un supuesto de excepción que autorice a dejar de lado el aludido principio. En el caso, el agravio de la recurrente centrado en el cómputo de los intereses y la tasa aplicada no aparece suficiente para demostrar que la Sala haya incurrido en algún vicio al entender que "...la aplicación de 'intereses' integró la condena dispuesta en la sentencia dictada en los principales, pasada en autoridad de cosa juzgada....no obstando a su aplicación que el perito haya estimado valores al año 2000 porque los intereses moratorios no constituyen una revalorización de la deuda...".Y, con respecto a la tasa indicó que la accionada no explica por medios idóneos la existencia de error alguno en que se hubiere incurrido al seleccionar la tasa de interés incluida en la planilla. En este último aspecto, viene al caso recordar, que la determinación de la tasa de interés a aplicar en cada caso, queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa, en tanto las normas que deben interpretarse en tal labor no imponen una versión reglamentaria única de esta materia. Siendo ello así, la postulada admisión del remedio extraordinario con base en la discrepancia con el cálculo de los intereses y con la taha aplicada, no resulta susceptible de habilitar esta instancia de excepción. (De la Disidencia de los Dres. Gutiérrez y Netri)
Ius variandi, sanciones laborales
Materia: LABORAL
Carátula: CORONEL, JOSE HORACIO c/ CROWN SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Si la empresa derivó al trabajador a una plaza fija en atención a su inconducta (anteriormente laboraba en turnos rotativos) adoptó una sanción prohibida en nuestro derecho positivo, pues el legislador ha vedado toda posibilidad de que el "ius variandi" sea utilizado como sanción disciplinaria (art. 69 LCT). Sobre el particular la doctrina ha señalado que admitir al "ius variandi" como sanción podría equivaler a una multa sobre remuneraciones futuras, resultando mas perjudicial para el obrero que imponerle el despido. (Cfr. Justo López "Fundamentos y Límites del Ius Variandi" LT 15/65, Fernández Madrid "Tratado Práctico del Derecho del Trabajo", T.II p. 1018, Pose "Manual Práctico del Ius Variandi" p.33).
Derecho a la vida, derecho a la salud, derechos de la mujer, aborto no punible, aborto fundado en violación, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

Alegar que la vulneración del derecho a la vida del feto es mayor que la afectación de los derechos de la madre de la persona por nacer y que el daño que padece ésta puede repararse a través de medidas alternativas tales como asistencia psicológica a la víctima y su entorno familiar durante el embarazo, implica una preferencia de un distinto esquema de valores, que de ningún modo puede considerarse suficiente como para calificar de inconstitucional la autorización legal del art. 86, inc. 2º, del Código Penal y, de ese modo, dejar de aplicarla, pues además de la particular estimación que se hace del daño sufrido por la víctima de violación y los remedios que se proponen para subsanarlo, la posición referida omite desarrollar un análisis exhaustivo tendiente a determinar si someterla a continuar forzosamente con el embarazo que fuera producto de dicho comportamiento antijurídico hasta llevarlo a término, no podría derivar en un perjuicio de una severidad tal que demostraría, en definitiva, que la valoración de los intereses en juego que realizado resultaba incorrecta. (Del voto de la Dra. Argibay)
Recurso de casación, resoluciones recurribles, sentencia interlocutoria
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: JUAREZ TERESITA DEL VALLE Y OTROS s/ PREVENCION - RECURSO DE CASACION - COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-12

Es formalmente improcedente el recurso de casación interpuesto en contra de un auto interlocutorio dictado por la cámara de acusación , confirmando una resolución de un juez de menores que declaró en estado de abandono material y moral a un menor y que no hizo lugar al pedido de restitución formulado por la madre y sus abuelos maternos, porque no se encuentra comprendida en ninguna de las hipótesis contenidas en los arts. 491 a 495 C.P.P., que dispone, en forma taxativa, que sólo son impugnables las sentencias definitivas y los autos que ponen fin a la acción o a la pena o hacen imposible que continúen, o denieguen la extinción , conmutación o suspensión de la pena.

Además, en el caso, los recurrentes carecen de legitimación subjetiva (C.P.P. 492 a 495), porque el derecho a recurrir no les ha sido acordado expresamente por la Ley -Ley 4873 art. 6to. modificado por Ley 7676, arts. 1 y 185, respectivamente "a contrario"-.
Quiebra, pedido de quiebra, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL
Carátula: RAMALLO  S.A.  POR GASPAROVIC DE MIELE, MARIA C. s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-23

No procede diferir el pronunciamiento sobre la pertinencia de un pedido de quiebra hasta la conclusión de un juicio ordinario incoado por la presunta deudora contra el acreedor peticionante, pues esto importaría crear con base jurisprudencial una cuestión prejudicial ajena a las que de modo excepcional nuestra legislación prevé taxativamente (CCIV 1104).
Inimputabilidad, ebriedad, prueba, falta de prueba, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Samperi, C. D. s/ Inimputabilidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-29

Habiendo alegado el procesado al confesar el hecho, que estuvo bebiendo antes de su comisión, y no obstante ello no se practicaron dosajes, ni prueba de ningún tipo, se encuentra amparado por el beneficio de la duda, ya que su principal descargo quedó sin verificación seria, no siéndole imputable tal extremo, sin que el recuerdo de lo acontecido pueda, por sí mismo, descalificar la posibilidad de que la conducta estuviera viciada en la faz volitiva.
Trabajadores de la construcción, obligaciones del empleador, libreta de aportes patronales
Materia: LABORAL
Carátula: ORTIZ, RAMON c/ PREALCO  S.A. s/ EMBARGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-30

El incumplimiento por parte del empleador de la obligación impuesta por el art. 17 de la ley 22250, entrega de la libreta de aportes con acreditación de depósitos, puede ser más o menos grave.

Puede no haberse entregado la libreta con la constancia de los depósitos, o con parte de ellos, o lisa y llanamente, la libreta sin ningún aporte. Todas estas infracciones serán valoradas por el juzgador a los fines de establecer la indemnización que expresa el art. 18 de la ley 22250.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, proceso penal, imputado, acusación, sentencia condenatoria, dictamen fiscal, requerimiento de sobreseimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: L,F.R.; A.R; S.C.A.; V A y O.A.B. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - PARTICIPE  DE EXTORSION, ETC. (EXPTE.: C.S.J. NRO.197 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

Tal como lo ha sostenido el Alto Cuerpo Nacional en la causa "Marcilese, "...si llegara a determinarse que la petición del acusador maniata la decisión de quien ha de juzgar, se estaría reconociendo a los acusadores su disponibilidad sobre el derecho penal. Como contrafaz de esta noción, debe subrayarse que la determinación del objeto mismo de la acusación no puede quedar en manos del tribunal, pues ello si afectaría su imparcialidad. Así circunscripto, el principio acusatorio supone como regla de garantía que el juzgador sólo queda ligado a la acusación en el sentido de su imposibilidad de condenar a persona distinta de la acusada y por hechos distintos de los imputados, pero la solicitud concreta del fiscal en modo alguno lo vincula..."
Representación procesal, representación del Estado en juicio, entes autárquicos
Materia: PROCESAL
Carátula: BONFIGLI  ALBERTO  JORGE  Y  OTROS c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-26

Las direcciones jurídicas de los distintas reparticiones de la Administración, de las sociedades y de los entes autárticos estatales, fueron creados por normas específicas para que la actuación de todos ellos se ajustaran a la Constitución y a la ley y, además, para evitar la concentración de los problemas jurídicos -incluidos los juicios en que son parte- en un solo órgano. El artículo 35 del Código Civil prescribe que las personas jurídicas -y el Estado Nacional es una de ellas (art.

33, incisos 1º y 2º del mismo cuerpo legal)- pueden ejercer los actos que no les sean prohibidos, por ministerio de sus representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido. Es en virtud de los principios y normas aludidas que, tanto la AGP como la PNA han actuado en este juicio; y si bien es cierto que el Estado es uno, no lo es menos que quienes lo representan en juicio en los términos en que las normas determinan no pueden ser desplazados sin justificación normativa.
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gorriarán Roberto Guillermo s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-02

Quién dejare de habitar la vivienda durante el lapso de duración de la locación de la misma -aunque denunciare a ésta como acto de administración de su cónyuge excedida en sus atribuciones- ha desencadenado como efecto la extinción del beneficio de inembargabilidad conferido por el art. 35 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional (Ley 22232), máxime cuando no ha impugnado tal acto de administración ni acreditó tampoco la presunta autorización de tal institución bancaria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Facultades del juez, facultades instructorias, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGUIRRE, EDUARDO c/ MARIO SPORTE  S.R.L s/ JUEZ - FACULTADES - MEDIDAS INSTRUCTORIAS - APELABILIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-08

Las medidas instructorias (CPR 36, 2) son -en principio- alcanzadas por el régimen establecido en el CPR 379, por lo que las impugnaciones contra las mismas deben deducirse en oportunidad de encontrarse el expediente en la cámara para conocer en los recursos contra la sentencia definitiva.

No obstante lo expuesto, se ha admitido en algunas oportunidades la recurribilidad de las medidas instructorias, cuando las mismas resulten evidentemente violatorias de sus limitaciones propias.
Torturas, responsabilidad penal, muerte, policía
Materia: PENAL
Carátula: B. L.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-19

La compensa efectuada sobre la víctima por la mano del vigilador encargado de su guarda, no en una oportunidad sino en dos, y que provocara finalmente la muerte del interno, aún cuando el resultado muerte haya sido contemplado, no puede ser calificado sino como tortura seguida de muerte en los términos del art. 144 tercero inciso 2° del Código Penal, habida cuenta que ese actuar resulta revelador del designio de torturar, en el sentido de provocar un sufrimiento para doblegar la conducta molesta de la víctima, quien se encontraba en un notable estado de intoxicación alcohólica, que reclamaba por su familia y estaba encerrado en un calabozo desprovisto de lo más elemental. (Del voto en disidencia de la Dra. Torrisi)
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Peñarrietta, Vanesa c/ Quintana, Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-16

Quién realiza un giro a la izquierda en una avenida de doble mano para tomar una calle lateral doblando, debe tomar los premencionados recaudos, pués a más de la ya también indicada "interferencia" que ese proceder crea en el tránsito, la prioridad de paso corresponde a quien circula por la derecha y sobre su mano, prioridad que adquiere mayor trascendencia cuando los vehículos se encuentran circulando por dos arterias que se cruzan entre sí (Cfr. art. 57 inc. 2 ley 11.430).
Recurso extraordinario, gravedad institucional, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Dromi,  José  Roberto  (Ministro  de Obras y Servicios Públicos de la Nación) s/ avocación  en  autos:  "Fontenla, Moisés Eduardo c/ Estado Nacional".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-06

La existencia de aspectos de gravedad institucional puede justificar la intervención de la Corte superando los ápices procesales frustratorios del control constitucional confiado a ella.
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García, Carlos c/ Decreto municipal Nº1644/89 s/ Acción contencioso administrativa contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-28

Cuando la ley se refiere al consentimiento a "cualquier actuación del tribunal..." En el art. 313 del C.P.C.C., En realidad no se trata del consentimiento a la actuación en si misma, signo a que la instancia continúe.
Recurso de inaplicabilidad de ley, aplicación errónea de la ley, resolución administrativa, acto administrativo, trabajo ad honorem
Materia: PROCESAL
Carátula: C., H. c/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. ROCA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-06

La conclusión del suscripto difiere de la sustentada por el voto del colega preopinante, toda vez que considero bien fundado el recurso en tanto el vínculo entre las partes se rige únicamente por la resolución de designación del actor en el ámbito de la Dirección. Considero que estamos ante una típica cuestión de derecho administrativo, más allá de la prueba en contrario de la que se hizo mérito en la instancia de origen, que carece de eficacia formal y sustancial para descalificar ese encuadre, lo que determina la procedencia excepcional del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ya que el "a quo" aplica erróneamente la ley vigente.