Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-03-07


AUTOS Nº 19.738 (Nº 105.837-9º CIVIL) CARATULADOS "VERA TELLO, PAULA MARIA Y OTRA-AMPARO" L. DE S. Tº 101, Fº 86/97 SAN JUAN, 3 de setiembre de dos mil ocho.

VISTO:

Para resolver estos autos Nº 19.738 (Nº 105.837-9º CIVIL) caratulados "VERA TELLO, Paula Maria y Otra - Amparo" en los cuales la Sra. Paula Maria Vera Tello y Paola Natalí Tello inician acción de amparo contra Dirección Obra Social de la Provincia para que cese la arbitraria omisión y ordene cobertura médica integral en el tratamiento que consiste en el Cierre de la Comunicación Interauricular a través de intervención quirúrgica, por cateterismo con colocación de dispositivo tipo Amplatzer. Relata que se presentaron ante la accionada mediante nota reclamando la cobertura; y ante la inacción de ésta concurre a la Defensoría del Pueblo formándose expediente para interceder ante la D.O.S.; al no obtener resultado, a mediados de abril del corriente año, acude a la Defensoría de Pobres y Ausentes nº 5 quien oficia a la D.O.S. para que resuelva. Ante ello la D.O.S. dicta la Resol. nº 2778-1, 09/06/08 accediendo a la cobertura, pero en vez de autorizar el 100% del valor que es de $ 40.960, autoriza solo la suma de $ 35.000. La diferencia, es el monto que tendrían que desembolsar las actoras, a quienes les resulta imposible por ser la Srta. Tello pasante del Gobierno Provincial y su madre empleada pública, con dos hijos más a cargo. Solicita se ordene a D.O.S. en forma inmediata el cumplimiento de la cobertura total. Dice luego del perjuicio producido y la urgencia en la reparación.

Al tiempo de resolver la juez a-quo rechazó el amparo diciendo que la Res. nº 2778-I-2.008 - DOS no muestra palmaria ilegitimidad o arbitrariedad ya que fue dictada por la autoridad competente, en uso de sus facultades, y debidamente fundada en la normativa legal que regula la obra social; que el art. 16 de la ley 4.680 dispone que el organismo de aplicación, de acuerdo a la capacidad técnica y económica disponible, dictará las normas que definan la cobertura, el alcance, calidad y modalidad de contratación utilización y control de las prestaciones a su cargo. Que no existe obligación legal de la obra social de cubrir el cien por ciento de la prestación requerida; que tampoco surge la arbitrariedad por responder a un criterio de razonabilidad; que no hay una negativa caprichosa o antojadiza sino que existe una realidad presupuestaria que justifica la limitación de la cobertura a los fines de poder asistir igualitaria y solidariamente a todos los afiliados; que de admitirse el 100% de cobertura se privilegiaría el derecho de la amparista frente al resto de los afiliados. Que no acreditó haber reclamado sin éxito al coseguro ni gestionado ante Acción social de la Provincia.

La actora recurre mediante apelación y dice agraviarla la sentencia porque es una adolescente de 23 años, con grave riesgo de su vida, lo que está probado; y según los informes médicos de no concederse el presente tratamiento es el reemplazo del órgano, o sea un trasplante; diagnóstico al que se allana la demandada, sin cuestionar el pronóstico. Destaca los gastos superfluos que efectúa el estado, y la incoherencia de no atender este reclamo que está dentro de las prioridades básicas como es la salud.

Al fundar el recurso dice que le agravia que la juez considere, al analizar la Res. de DOS, que se ha dictado por la Intervención en uso de sus facultades, y está debidamente fundada por lo que es legítima; que no existe obligación de cubrir el 100% de la prestación, todo bajo el ropaje de legalidad plasmando un concepto anacrónico y regresivo, anteponiendo una cuestión meramente presupuestaria y de razonabilidad (no probada) a un derecho esencial como la salud y acceso a las prestaciones. El a-quo privilegió el presupuesto sobre el derecho, y ratifica tal hipótesis cuando afirma que de no ser así (cumplimiento parcial) pone en riesgo la posibilidad de asistir en forma igualitaria y solidaria al resto de los afiliados.

Acusa la sentencia de arbitraria por prescindir de la ley para la resolución del caso. Afirma que la Res. 2778-08 pondera que el dispositivo Amplatzer es indispensable para la recuperación por no haber respondido en anteriores intervenciones; sin embargo en forma incongruente y arbitraria con lo manifestado en su propia Resolución elige aplicar el art. 16 de la ley 4.680 en forma errónea. Afirma que el organismo puede dictar nomás, entendidas como abstracciones generales, aplicables innominadamente a sus afiliados; lo que no puede hacer, y menos su Intervención, es el dictado concreto de una resolución con efectos individuales, y luego de reconocer la patología y su gravedad. El recorte a la prestación vulnera la Const. Nacional, art. 33 y 75 y su correlato en la Const. Provincial. El arbitrio en la norma electa en forma errónea para la solución del caso, y en un expediente particular, hace que la ilegitimidad asuma una forma manifiesta.

Agrega que no es cierto que no exista obligación legal de DOS de cubrir el 100% con fundamento en el art. 19 de la Cons. Nac. Si existe obligación. Porque todos los hechos propios vertidos en la Res. 2778-08 dan cuenta de la gravedad de la situación. La solución está en la ley 4.680, en el art. 2 inc. b) que establece que las prestaciones a otorgar hagan al completo estado de bienestar físico, psíquico y social de los beneficiarios. Luego si la ley manda que sea completo, no puede haber un cumplimiento parcial.

La hipótesis del art. 16 no es aplicable a resoluciones particulares que afecten el derecho individual de las personas. Esto, porque si el organismo y sus auditores han admitido el fracaso de todo lo actuado cuando afirman que la paciente no ha respondido en numerosas intervenciones, que las autoridades compartiendo el criterio de dicha auditoria consideran conveniente otorgar similar reconocimiento, no pueden luego otorgar una cobertura parcial.

El yerro es receptado por la sentencia. La juez introduce una cuestión ajena a la litis como es la "realidad presupuestaria que justifica la limitación de la cobertura". Ni la resolución de DOS, ni el informe del Gobierno de la Provincia hablan de realidad presupuestaria. Estas elucubraciones existen en el ánimo de la juez, desprovista de objetividad, y por tanto constituye arbitrariedad.

Otra arbitrariedad es no tratar prueba conducente, porque resulta probado la patología que padece la amparista. La salud es una situación, es un estado y es una dinámica que le permite al ser humano estar óptimo con su cuerpo, mente y espíritu, concepto que se encuentra afectado en la amparista. El informe del Dr. Eduardo Recabarren da cuatro puntos que reflejan que la enfermedad no es estática sino dinámica con el consiguiente deterioro, e impacta directamente en la psiquis y físico, de no llevarse a cabo la intervención; el informe de médico forense es contundente.

Finalmente se refiere a la inadecuada imposición de costas, fundada en el estado de necesidad que la situación genera, y porque pudo estar persuadida del derecho a litigar las impone en un 50%. Ello es una sanción ya que tiene derecho a la vida, y a no querer perderla por un problema de salud no querido ni provocado.

Denuncia como hecho nuevo que su padre fue despedido del trabajo, y acompaña un certificado médico del Dr. Sánchez Martín Y CONSIDERANDO:

El Dr. GILBERTO A. RIVEROS dijo:

No está en dudas, ni ha sido cuestionado el estado de salud, la patología y la necesidad de tratamiento médico que merece la amparista. Tampoco la carencia de medios económicos que puede afectarla; de donde el hecho nuevo que denuncia no va a trascender en la solución a la que se arribe, desde que no pasará por esas determinaciones.- La falta de merituación de pruebas tendientes a probar ese estado no va a empeñar la sentencia desde que es una situación no cuestionada en juicio.

Carece también de trascendencia la crítica inicial de las accionantes referida a la forma en que el Estado Provincial administra los fondos públicos, y la denuncia de destinarlos a actividades alejadas del estado de salud de la población.- Ya la Corte de Justicia en fallo dictado en autos nº 3508/05, caratulados "Nievas Mario Raúl y otra c/ D.O.S.-amparo-inconstitucionalidad", del 06-12-06, P.R.E. S. 1º, 2.006-II-284, marcó la diferencia entre el Estado Provincial y Dirección de Obra Social.

Lo que realmente interesa y va a definir la suerte del recurso que tratamos es demostrar la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en el comportamiento de la accionada en el dictado de la Resolución nº 2778-08 de DOS que fija el alcance de la cobertura para la prestación médica que requiere la accionante.

En esa dirección consideramos que la sentencia apelada va a confirmarse. Ello, en primer lugar, porque como bien lo considera la juez a-quo, el dictado de la resolución citada en el párrafo anterior está dentro de la competencia que la ley le otorga a la autoridad de Dirección de Obra Social; sin que el hecho que se trate de una Intervención, implique que aquellas atribuciones estén de alguna manera restringidas. Además, que conforme al art. 16 de la ley 4.680, bien aplicado al caso, le da facultades para definir la cobertura y alcance de las prestaciones, con lo cual está otorgando la atribución de poder fijar límites inferiores al 100%. Y ello en base a "...la capacidad técnica y económica disponible..." con lo cual el factor presupuestario o económico es un condicionante previsto por la ley.

Más aun, el art. 2º inc. b) de la ley mencionada dice, como lo refiere la amparista que "... las prestaciones a otorgar hagan al completo estado de bienestar físico...". Pero de tal previsión legal no resulta que deba obligatoriamente cubrir el 100% de las prestaciones, porque si observamos el Decreto que reglamenta la ley (0037-80) al ocuparse del art. 2º de la ley dice en su parte final que "la promoción de las actividades contempladas en los incisos b) y c), no podrán comprometer la capacidad operativa o financiera del organismo de las que resulten perjudicadas las prestaciones", con lo cual la normativa aplicable vuelve a marcar la implicancia y trascendencia de la situación económica de D.O.S. con relación a las decisiones que adopte en el cumplimiento de sus fines. De ello resulta que la juez no ha privilegiado el aspecto presupuestario, sino que es la ley quien lo marca como un factor a tener en cuenta por la autoridad para definir el alcance de la cobertura.

Luego, la merituación de la situación económica de D.O.S., queda en la órbita de competencia de la Obra Social, sin que se haya probado, ni sea dable presumir, que hay un manejo caprichoso, o fuera de los límites, o fines previstos por la ley que la rige.

A su vez, que la ponderación de este elemento económico no es un tema que estuviera fuera de la litis, como lo imputa el apelante, o que solo perteneciera al ánimo de la juez. Ello, porque además de estar contemplado en la ley, en base a la que ha de juzgar la sentenciante, ha sido expresamente invocado por la accionada a fs. 59 y vta. cuando alude que "la cobertura de las prestaciones está dada en la medida de lo aportado por sus reales dueños, que son los afiliados...resultando legítimo que por ser este patrimonio de la DOS escaso, frente a tanta demanda y el creciente aumento del costo de la misma, que se distribuya en forma equitativa...".

Tampoco cabe la tacha referida a que la Res. 2778 ha sido dictada en respuesta exclusiva al pedido de la amparista, y que se trate de una norma particular.

Es cierto que se va a aplicar a la amparista; y es muy probable que Dirección de Obra Social la haya dictado ante el planteo de casos como el suyo. Pero ello no implica por si mismo que se trate de una norma particular, pues como resulta de su redacción está destinada a "afiliados de la Dirección de Obra Social que padecen de Cardiopatía Congénita con comunicación interauricular con agrandamiento de las cavidades derecha e hipertensión pulmonar y requieren de cierre con colocación de dispositivo amplatzer de doble disco autoexpandible de nitinol con cable de avance con introductor....".

En vista de lo analizado, coincidiendo con la juez a-quo, no se observa que la Resolución nº 2778-08 de D.O.S. sea de manifiesta arbitrariedad o ilegalidad para que proceda la acción de amparo.

En cuanto al agravio por la imposición de costas, conforme al resultado al que se arriba no se advierte agravio para la perdedora.

Así voto.

El Dr. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO dijo:

Adhiero al voto del Dr. Gilberto A. Riveros.

El Dr. CARLOS EDUARDO FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. Al exponer mi disidencia, ahorro tiempo y evito una repetición inútil de la minuciosa relación de la causa atendida por mis distinguidos colegas que me preceden en orden de votación. Una visión integral del soporte de la tutela jurídica del bien más preciado del sujeto de derecho que es la vida, se ve amenazado en el caso de la joven Paola Natalí Tello, de tan solo veintitrés años de edad, que necesita desesperadamente la cobertura de la Obra Social de la Provincia en un 100%, sin lo cual le sería económicamente imposible afrontar la intervención quirúrgica, por cateterismo con colocación de dispositivo tipo Amplazer para salvar la vida. Como se ha visto, no hubo en el proceso negación de la gravísima enfermedad ni de la urgencia del remedio, pues la D.O.S. accede a cubrir la cobertura hasta la suma de $ 35.000,00, de los $ 40.960,00 que cuesta. Los $ 5.960,00 restantes no los puede reunir la familia por diversas circunstancias que no han sido puestas en tela de juicio en esta acción de amparo. Es decir que el grave riesgo de la salud, hasta el de la muerte, depende solamente de estos $ 5.960,00, mientras los jueces vamos por la soluciones formales del rechazo del amparo por cuestiones meramente presupuestarias de la Obra Social, que no está dispuesta a cubrir la totalidad del costo del "dispositivo Amplatser" de doble disco autoexpandible, única solución vista por la ciencia médica en boca de los especialistas médicos que lo han aconsejado, ya que de continuar esta situación la última solución sería un trasplante de corazón.

2. La Defensoría del Pueblo ha acompañado a este desesperado pedido de amparo, adoptando recaudos tendientes a lograr de parte de las autoridades de la D.O.S. la cobertura integral del dispositivo Amplatzer aconsejado para el diagnóstico de cardiopatía congénita con comunicación interauricular. Y en la acción de amparo ha intervenido defendiendo efectivamente el derecho a la salud como un derecho humano fundamental, derivado del derecho a la vida. Así recuerda, que la Constitución de la Provincia de San Juan, en su artículo 61 establece: "El concepto de salud es entendido de manera amplia, partiendo de una concepción del hombre como unidad biológica, psicológica y cultural en relación con su medio social. El Estado garantiza el derecho a la salud, a través de medidas que la aseguren para toda persona, sin discriminación ni limitación de ningún tipo. La sociedad, el Estado y toda persona en particular, deben contribuir con la realización de medidas concretas, a través de la creación de condiciones económicas, sociales, culturales y psicológicas favorables, a garantizar el derecho a la salud.".

3. La parte trascripta del precepto constitucional no es una mera declaración sino una norma superior de carácter "operativo", pues, sin perjuicio de las políticas de salud a cargo del Estado en sus funciones primarias que propende la norma a la modernización y tratamiento interdisciplinario en la solución de los problemas de salud y a la creación de institutos de investigación, la garantía del derecho a la salud de tutela inmediata e integral tiene prioridad y plena vigencia constitucional.

El precepto constitucional coincide en sus conceptos básicos con la Constitución Nacional y los Tratados internacionales incorporados por la Reforma de 1994, que tienen su misma jerarquía en orden a lo dispuesto en el art. 75 inc. 22. Entre otros cabe invocar, el "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", que en el acápite l. de su Artículo 12 proclama: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". Mientras en el acápite 2., establece: "Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: ..d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad".

Con gran amplitud de criterio Bidard Campos nos ilustra e interpreta este precepto y hace dos momentos al formularse la pregunta si la norma es operativa. Sin dudar, dijo con autoridad y aplomo: "Si focalizamos su contenido en una de las dimensiones posibles -e indudable- contestamos que sí. La norma es operativa en cuanto impide al sujeto pasivo obstaculizar el derecho al disfrute pleno de la salud por parte de cada persona, y en cuanto prohíbe violarlo. O sea, hay obligaciones de omisión: no debe ponerse óbices sino dejar expedito el ejercicio del derecho, y no debe lesionárselo". "Pero de aquí en más, si pensamos en prestaciones positivas de salud a favor de quien las necesita -es decir, si atendemos a obligaciones de dar o hacer algo a favor de la salud de cada persona- parece que el acápite 1 no ostenta operatividad. ¿Por qué? Porque el acápite 2 impone medidas que tienen que adoptar los estados parte para propender a la efectividad del derecho a la salud, y allí no se dice que cada persona tiene derecho a tal o cual prestación, sino que el estado debe emprender políticas del tipo de las enumeradas en los cuatro incisos del mismo acápite. Estamos otra vez, ante obligaciones estatales de índole activamente universal" ("Tratado Elemental de Derecho Constitucional, Nueva edición ampliada y actualizada", T° III, p. 578, EDIAR, 1995).

Con el mismo imperio "La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre" -también de jerarquía constitucional para nosotros- prescribe en su Artículo 11 referido al Derecho a la preservación de la salud y al bienestar la siguiente norma: Toda persona tiene derecho que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

Este tribunal ha tenido oportunidad de expedirse sobre la tutela del derecho a la salud, sosteniendo entre otros conceptos: "...La acción de amparo, tanto la referida en el texto del art. 40 de la Constitución de la Provincia, como la figura que consagra el art. 43 de la Constitución Nacional, son institutos que han de interpretarse, según la situación de cada caso, en concordancia y a la luz de las normas supranacionales incorporadas con igual jerarquía por el art. 75 inc. 22 a la Carta Magna.

De cualquier punto de vista que se analice, a veintidós años de la nueva Constitución de la Provincia de San Juan, y a catorce años de la Reforma de la Constitución Nacional, las políticas de Estado sobre la salud de la población, ya debieran estar perfectamente acomodadas a estos preceptos fundamentales que manda cumplir inexorablemente la Constitución.

4. Una vez más sostengo: La Constitución Nacional, junto a los tratados internacionales referidos en el art. 75, inc. 22, están por encima de toda norma de jerarquía inferior (art. 31, C.N). ¿Qué sucede cuando una norma subordinada a la Constitución de alguna manera desconoce o traba el legítimo ejercicio de los derechos y garantías por ella amparados? Las normas constitucionales que hacen al reconocimiento y la tutela de los derechos fundamentales de la persona humana tienen indiscutible carácter operativo y está prohibido entorpecerlas con reglamentaciones u otras disposiciones legales que pudieran en definitiva negar lo que la norma fundamental concede. Es claro que afectarían seriamente los derechos y garantías de libertad e igualdad (arts. 19 y 16 C.N.).

En el orden jurídico kelseniano la Constitución formal inviste la calidad de suprema, encabeza el orden jerárquico de normas. De ella pende toda la estructura jerárquicamente escalonada. "Ello implica diversas consecuencias: a) la constitución es la fuente primaria de validez positiva del orden jurídico; b) la constitución habilita la creación sucesiva y descendente de ese mismo orden en cuanto a la forma y en cuanto al contenido del sistema normativo; c) la constitución obliga a que el orden jurídico sea congruente y compatible con ella; d) la constitución descalifica e invalida cualquier infracción a ella. Resumiendo: el orden jurídico debe estar de acuerdo con la constitución y no debe transgredirlo. Si la ruptura de ese ligamen de subordinación se produce, la violación implica una anti-constitucionalidad o inconstitucionalidad" Así lo entiende Bidart Campos (La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional, p. 37/38; EDIAR).

5. La proclamación del Derecho a la Salud parte de concebir al hombre como unidad biológica, psicológica y cultural en relación con su medio social, y esto implica proteger y garantizar el equilibrio físico, psíquico y emocional de las personas, según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.). La protección que garantizan las normas y preceptos constitucionales no pueden estar condicionadas a la adhesión o no adhesión de la Provincia al sistema nacional de los Programas Médicos, cuando la salud y la vida de las personas se encuentra en peligro. Es deber del Estado que emerge de las normas operativas de la Constitución allanar el camino y proporcionar los medios adecuados para salvar las vidas, especialmente cuando la salud requiere cuidados o atenciones especiales y los afectados se encuentren en situación de impotencia patrimonial para solventar los gastos.

6. Antes de la Reforma Constitucional de 1994, un visionario y formidable pensador, que fue Carlos Santiago Nino, en su celebrada obra "Fundamentos del Derecho Constitucional", reflexionaba así acerca de los derechos a la vida, a la integridad psicofísica y a la libertad de movimientos: "Parece evidente que la vida constituye el bien fundamental para el ejercicio de la autonomía personal. No hay elección de ideales y planes personales si no hay vida, y la materialización de la mayoría de tales ideales y planes -aunque no todos- también requiere que el individuo concernido permanezca vivo. Algunos filósofos sostienen que la vida en sí misma es neutra y que su valor o desvalor está dado por la experiencia, realizaciones, frustraciones, sufrimiento o goces a los que la vida puede dar lugar. No obstante, pensadores como Thomas Nagel explican, con razón, que la vida en sí misma no es neutra, ya que, independientemente del valor o desvalor de todas esas experiencias o realizaciones a que la vida da lugar, la vida humana implica en sí misma bienes de enorme valor como la percepción, el deseo, la actividad y el pensamiento. Sin embargo, Nagel agrega que esos bienes que dan valor a la vida no están ligados a la mera supervivencia orgánica, sino a la vida consciente. Para circunscribir el bien que es primer requisito para la autonomía personal debemos referirnos entonces a la vida biopsíquica".. "El bien de la integridad psíquica y corporal es objeto de menos dudas filosóficas. Contar con un desarrollo mental y físico adecuado y normal, verse libre de fenómenos perturbadores de la tranquilidad psíquica, no estar sometido al dolor físico o a su amenaza, disponer de un funcionamiento apropiado de los órganos y miembros del cuerpo, son condiciones indispensables para la elección y materialización de planes de vida y, en algún caso, el de ausencia de dolor parece ser un bien en sí mismo. Los problemas que se presentan respecto de este bien no están directamente asociados con su reconocimiento sino con los alcances de los deberes para su protección vis à vis otros posibles deberes" (ob. cit. ps. 221/222, ed. ASTREA, septiembre de 1992).

7. Ahora, pienso, estamos concretamente frente a uno de estos problemas donde parece urgente y absolutamente necesario no solo reconocer el derecho constitucional del derecho a la vida, en el que está incluido el derecho a la salud, sino protegerlo en toda su dimensión de manera efectiva conforme a los principios de solidaridad y deberes señalados del Estado de índole activamente universal como los denomina Bidart Campos. La urgencia de auxilio jurisdiccional no debe hacerse esperar ante la dramática situación. De lo contrario, la plenitud de desarrollo de sus capacidades, experiencias y realizaciones personales, habrán quedado para siempre frustradas para esta jovencita en la flor de la vida.

8. La ilegalidad y arbitrariedad del acto administrativo emitido por la Obra Social de la Provincia que deniega la cobertura total para salvar la vida de la joven Paola Natalí Tello en grave estado de salud (art. 43 de la Const. Nac. y 40 de la Const. de la Prov.), es manifiesta al contradecir abiertamente las normas constitucionales que protegen el derecho a la vida y a la salud, principalmente como un deber impuesto al Estado. A mi criterio, no es suficiente argumentar que la cobertura está dada por el art. 16 de la ley 4680, y que por el costo del dispositivo Amplatzer, se debe fijar un monto límite sobre el que se aplique el porcentaje de la cobertura, como se dice la Interventora de la Dirección de Obra Social en la Resolución Nº 2778-I/08. 9. Juzgo que esta es una excelente oportunidad para utilizar los mecanismos constitucionales con noble propósito de preservar derechos fundamentales de la persona humana, sin altisonancia, con humildad en el servicio de Justicia, dejando de lado la cortedad de los requisitos formales. Me juego con las ideas de Miguel de Unamuno por "el hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere -sobre todo muere-, el que come, y bebe, y juega, y duerme, y piensa, y quiere; el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano" ("El sentimiento trágico de la Vida"). Cuando separamos el Derecho de estas realidades, cometemos desatinos. Especialmente cuando forzamos el orden jurídico, dando más importancia a las normas inferiores en orden de jerarquía respecto de la Constitución.

En aguas del tejido social, nuestra sociedad necesita imperiosamente reconocer los altos valores de la solidaridad en función de la convivencia pacífica y fraterna. En esto debieramos mostrar una férrea voluntad para desterrar el predicamento engañoso de un discurso que en realidad no cultiva estos valores, ni los lleva a la práctica. Tal vez así evitemos de caer en desgracia del solipsismo extremo, que sostiene y difunde gran parte del idealismo subjetivo, para reducir todo lo existente a la conciencia propia, mi "yo solo". Es decir, el que queda encerrado en los límites del "solus ipse", basado en la individualidad del "yo", sin posibilidad de "salida" al exterior (Conf. Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, T° IV, Editorial Ariel, Barcelona).

Es mi convicción que la interpretación de las normas jurídicas referidas a la tutela de los derechos más preciados del ser humano ha de partir de esta base si queremos una sociedad más sana, más equilibrada, más justa, donde "yo", me pueda reconocer en el "otro" y tratarlo como hermano.

10. En consecuencia, propugno la revocación del fallo apelado haciendo lugar a la acción de amparo, a fin de que la Obra Social de la Provincia otorgue la cobertura médica íntegra en un 100% para que la joven Paola Natalí Tello, resuelva su grave problema de salud, o en su defecto, la Secretaría de Salud Pública de la Provincia de San Juan se haga cargo de la diferencia faltante para cubrir dichos gastos.

Así voto.	EL TRIBUNAL POR MAYORíA RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación, con igual imposición de costas que las de primera instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.