marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Régimen de capitalización, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones, improcedencia del recurso, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Lavenia, Adolfo Julio Ricardo c/ A.N.Se.S. y otros s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-16

La finalidad de los aportes voluntarios fue en miras a la percepción de una prestación previsional, la que queda cumplida con la transferencia indicada por la ley 26.425, que creó el Sistema Integrado Previsional Argentino.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, animales sueltos en la vía pública, responsabilidad del Estado, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Bertinat,  Pablo  Jorge y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Ante un accidente de tránsito por la presencia de animales sueltos en la ruta, la responsabilidad estatal que no excluye la del dueño o guardián del animal, esta fundada en la idea objetiva de falta de servicio, pudiendo involucrar también la falta personal del agente público si es individualizado (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Concursos, fondos del concurso, emergencia económica, pesificación, caja de ahorro, moneda extranjera, banco central, Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANS  CEREAL  SRL s/ QUIEBRA  S/ INC. DE INVERSIONES DE FONDOS REFERIDOS  AL  BANCO  CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ INC. DE INVERSION DE FONDOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-16

Del dictamen fiscal 90917 con remisión al dictamen fiscal 89839:

no corresponde dar intervención al Banco Central en aquellas cuestiones en que el juez de la quiebra, declarando la inaplicabilidad a los fondos de este proceso de las disposiciones dictadas por el estado nacional en el contexto de la actual emergencia económica, relacionadas con la restricción de su disponibilidad y la pecificación, ordeno a una entidad financiera -Banco de la Ciudad de Buenos Aires- a que deposite los fondos que se hallaban impuestos a plazo fijo, en una cuenta de ahorro en dólares, toda vez que ese organismo no debe considerarse parte necesaria al respecto, en tanto el asunto en debate emerge de un contrato de deposito celebrado entre el poder judicial -representado, en lo concreto, por el juez de la causa, quien en ejercicio del poder jurisdiccional, ordeno el deposito- y el Banco en cuestión, de manera que tal orden sólo pudo ser dada a este, sin razón para dar intervención al Banco Central; además, no existió condena pecuniaria a la entidad bancaria, ni afectación de su derecho de defensa en juicio, teniendo plena posibilidad de proponer, argumentar o refutar todo cuanto creyó menester en orden a la defensa de sus derechos e intereses (cfr. dictamen 89839, "Barreca Hnos. s/ quiebra s/ inc. transitorio", 10.06.02).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, debido proceso, defensa en juicio, proceso penal, tribunal de alzada, límites del pronunciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: P, L M s/ Recurso de inconstitucionalidad -Estafa procesal y extorsión (Expte.   CSJ N.  630-1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

La restricción irreparable a la garantía de defensa en juicio, torna operable plenamente la excepción a la regla respecto de que las cuestiones procesales son extrañas al remedio extraordinario de acuerdo a la jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación. En el caso, ese estado de indefensión es claro: mientras el Fiscal de Cámaras dirige sus agravios en torno a la configuración de una única conducta delictiva, el Tribunal de Alzada dicta el procesamiento por estafa procesal de "dos hechos en concurso real". Es decir, se lo priva al ahora recurrente no sólo de cuestionar la variación en la imputación (de uno a dos hechos) sino también de impugnar esa resolución por vía de los remedios ordinarios que la ley establece (art. 328, Código Procesal Penal). Entonces, la descalificación constitucional del decisorio no es que deviene de comprobar si el imputado no tuvo efectiva intervención en el procedimiento de segunda instancia. En rigor, el vicio que anida la sentencia es más grave aún: suprime sin más un grado de conocimiento judicial. (Del Voto de la Mayoría).
Liquidación de entidades financieras, pérdida del capital social
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALMAGRO CAJA DE CREDITO COOPERATIVO LIMITADA c/ B.C.R.A. s/ REC. APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-21

La liquidación de una entidad financiera por pérdida del capital social (arts. 94 inc. 5 ley 19.550 y 118, ley 20.337) no requiere sustanciación previa o emplazamiento para que la entidad recomponga su situación, pues basta la comprobación por el Banco Central de que la pérdida se ha producido.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alo, Rubén Raúl s/ Acción de Inconstitucionalidad de la Ordenanza nº 1183-95 dePuerto  Madryn
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-14

Cuando este Cuerpo actúa su jurisdicción originaria por la competencia que le acuerda el art. 32 inc. 2 de la Ley 37, para entrar a decidir sobre la constitucionalidad de una norma, su pronunciamiento debe constituir una mera declaración de "certeza", y esta acción nace cuando se suscita una amenaza "potencial" de la conculcación de derechos de raigambre constitucional, con una finalidad "preventiva", para evitar la materialización de un perjuicio actual.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Puppo, Juan Angel c/ Manrique Soto, Enrique S. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22

El art. 1113 cód. civil 2º párrafo 'in fine' exige un uso contra la voluntad 'expresa': lo que exige que se acredite en debida forma que existió la prohibición de usar o disponer de la cosa (cuando sólo se alude, en el caso, a una falta de conocimiento o autorización que es bien distinto), o en uso contra la voluntad presunta; lo que habría exigido que, como fruto de los datos probados en la especie, se pudiera presumir la voluntad contraria del dueño o guardián relativamente al uso o préstamo de las cosas (lo cual no se infiere en absoluto, en tanto, en el caso, la cosa riesgosa -rifle- se encontraba en la casa del demandado, en un lugar al cual el agente pudo acceder sin dificultades).-
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Arellano, Juan Jose y otro s/ Asociación ilícita - Robo calificado - Privación ilegítima de la  libertad - Violación - Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05

Corresponde la anulación de oficio de la sentencia cuyas falencias, no obstante el extenso y bien fundado recurso extraordinario interpuesto por la defensa que intenta cubrir todas las posibilidades para hacer eficaz la impugnación; impiden a esta Suprema Corte -por inobservancia del a quo de las exigencias del art. 351 del C.P.P.- el correcto ejercicio de su competencia de casación.
Libertad asistida, dictamen fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Reque Condori, Felipe c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-04

La disidencia consideró que resultan válidos los fundamentos del rechazo a la incorporación del interno al régimen de la libertad asistida, y suficientes para considerar motivado al auto impugnado, en concordancia con los argumentos emitidos por el representante del MPF. Dres. Mahiques -disidencia-, Figueroa, Hornos -voto concurrente-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Libertini, Franciso; Laboranti, Pedro O. s/ Falsificación de instrumento público
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-06

Es insufiente la denuncia de transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal si no se logra evidenciar porqué las circunstancias agravantes valoradas por el "a quo" no constituirían tales ni porqué debieron computarse como atenuantes las circunstancias que se invocan.
Acumulación de procesos, sentencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Jujuy, Provincia de c/ Estado  Nacional,  Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado s/ nulidad de decreto y cobro de regalías.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

La posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias es de difícil configuración, si la Corte es el único tribunal que debe dirimir la totalidad de las causas cuya acumulación se peticiona , y en todo caso, las eventuales disparidades en los pronunciamientos que se podrían suscitar responderían a contingencias procesales o a la diferente forma del planteo de sus pretensiones por parte de los demandantes.
Reformatio in pejus, jerarquía de las leyes, jerarquía constitucional, debido proceso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Olmos, José Horacio; De Guernica, Guillermo Augusto s/ estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09

La prohibición de la reformatio in pejus cuando no media recurso acusatorio tiene jerarquía constitucional, por lo cual toda sentencia que ignore este principio resulta inválida en tanto importa que ha sido dictada sin jurisdicción, afectando de manera ilegítima la situación obtenida por el encausado merced al pronunciamiento consentido por el Ministerio Público en la instancia inferior, lo que lesiona la garantía contemplada en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Fianza, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HASE, LINA DEL C VOLPOGNI c/ MARIA YOREY DE BENITEZ s/ RENDICION DE CUENTAS.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 197-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-22

En orden a la equidad, la actualización monetaria de la suma tomada por el fiador, no hace que este se obligue a más de lo que se obligó, sino al límite máximo voluntariamente convenido (artículos 1995 y concordantes del código civil) proyectado en el tiempo, no constituyendo la adecuación ningún tipo de sanción, sino un mero reajuste que toma en cuenta el tiempo transcurrido y que de manera alguna proyecta un mayor monto, sino la suma real prometida cautelada- al momento del pago. Consecuentemente, el riesgo y la carga para él no se agravan, sino que se mantienen constantes.
Entidades financieras, bancos, liquidación de entidades financieras, personería jurídica
Materia: COMERCIAL
Carátula: BCO. BS. AS. BUILDING c/ ASTILLEROS RIO BRAVO SA Y OTRO s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-13

La circunstancia de haberse dispuesto la liquidación de una institución bancaria no conlleva a la extinción de su personalidad jurídica, sino simplemente determina el comienzo de su etapa liquidatoria, conservando su personalidad a esos efectos (LS 101).
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, desocupación del inmueble, desocupación inmediata, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GLATSTEIN, Rosa C. c/ ANTONELLI, César A. y otros s/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-12

No se advierte que la norma contenida en el art. 684 bis del Código Procesal resulte irrazonable ni violatoria de la garantía constitucional de la defensa en juicio. Esta -como todos los derechos individuales reconocidos- está sujeta a las leyes que reglamentan su ejercicio (art. 14 de la Constitución Nacional) y sólo sería observable cuando los medios que dicha reglamentación arbitra no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta iniquidad, ya que el principio de razonabilidad debe cuidar especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Ley Fundamental.
Constitución Nacional, constitucionalidad, inconstitucionalidad, decretos, leyes, robo de automotor, gobierno de facto, decreto ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gómez, Ricardo y Federico, Eduardo Alberto s/ robo agravado - automotor - arma de fuego
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-08

La convalidación expresa por parte de tres legislaturas de jure priva de sustento a toda afirmación referente a la inconstitucionalidad por origen del art. 38 del decreto ley 6582/58.
Recursos administrativos, interés legítimo, derechos subjetivos
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

El interés al recurso administrativo debe ser "directo", "inmediato" y "actual". Es preciso como primera condición, que el acto administrativo incida sobre un interés propio del recurrente (derecho subjetivo o interés legítimo) por lo que se excluye que el recurso pueda utilizarse para la tutela de intereses generales, como sería el interés que todos tienen a la regularidad de la acción administrativa, al buen funcionamiento de los servicios públicos, a la igualdad en los tributos, etc.
Régimen de consolidación de deudas, obligaciones accesorias, jurisprudencia, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Battaglia, Olga y otros c/ E.N.  (Ministerio de Economía) s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal que las obligaciones accesorias alcanzadas por la consolidación dispuesta por la primera parte del art. 1 de la Ley 23.982, son las que acceden a una obligación consolidada (confr. d); por lo que no cabe la distinción que realiza el a quo en punto a la fecha en que el profesional cumplió cada etapa del proceso por lo que la totalidad de los honorarios a la actora quedan comprendidos en el régimen de consolidación.
Proceso contravencional, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, cómputo del plazo, sentencia, lectura de la sentencia, lectura de fundamentos, acta de audiencia, aplicación supletoria de la ley, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: DELGADILLO, Iván Gerardo s/ s/inf. art. 83 Ley 1472. Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-07

El artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria, atribuye al juez la facultad de diferir -en el plazo máximo de cinco días a contar del cierre del debate- la lectura de los fundamentos de la sentencia. Esta decisión que debe ser notificada a todos los intervinientes -luego de concluido el debate- en el mismo acto en que se dicta la parte dispositiva de la sentencia, queda notificada automáticamente a las partes.

De esta manera, es a partir del día siguiente en que aparecen redactados los fundamentos que empieza a correr el cómputo del término para apelar independientemente de que hubiesen concurrido o no a la convocatoria del Tribunal (conf. arts. 161 y 400 del C.P.P.N.).

No empece a lo expuesto la falta de mención por parte del Juez de la norma del Código Procesal Penal de la Nación aplicada. Y ello por dos razones; en primer lugar porque no existe regla alguna que establezca la obligatoriedad de consignarla expresamente y en segundo orden por cuanto el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación es la única disposición procesal en virtud de la cual el Magistrado queda habilitado para efectuar aquél diferimiento; a lo que cabe adunar que la ley se presume conocida por las partes.
Cuestiones de competencia, lesiones culposas, competencia criminal y correccional, prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de Competencia en Autos Lotocki, Aníbal Rubén sobre 94 - Lesiones Culposas y otros c/  s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-17

Corresponde declarar la competencia del fuero Criminal y Correccional Nacional que entendió originalmente en las actuaciones, dado que la investigación aún se encuentra en un estado incipiente, circunstancia que dificulta la realización de un análisis de subsunción típica. Debe advertirse que en el mismo juzgado tramitan otros casos seguidos contra el mismo imputado, y entre ellos existe una clara comunidad probatoria, por lo que el fuero referido adquirió un mayor grado de conocimiento respecto de los hechos conexos. Ello así, se torna necesario, conforme criterios de buena administración de justicia, la continuación del proceso en aquella jurisdicción. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Alicia E. C. Ruiz por remisión al dictamen fiscal).
Juicio ejecutivo, pagaré, acción cambiaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ingeniero Oscar Diez SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

El fundamento jurídico sobre el cual se apoya la ejecutividad -en el caso, del pagaré- debe buscarse en la propia voluntad del deudor cambiario, el cual tiene que someterse a la ejecución inmediata, porque obligándose sobre un título denominado "pagaré" se sujetó voluntariamente a tal ejecución. El legislador, a través de los artículos 60 y 103 del decreto-ley 5965/63, ha reconocido a la voluntad privada la facultad de imponerse esta disciplina férrea, para aumentar el valor de cambio del título, para facilitar su conversión en moneda. (Del Voto en Minoría del Dr. Ulla).
Recurso contencioso administrativo, honorarios, juicio de apremio, dación en pago, costas, sentencia, ejecución de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Placidi, Mario Andres y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio por honorarios (Expte.. CSJ Nº 319 AÑO 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-20

Si la dación en pago referida al capital en ejecución - honorarios y aportes- se ha efectuado de manera intempestiva y la ejecutada ha dado lugar a la reclamación, no exime de la carga de las costas. Por ello, teniendo en cuenta que citada de remate la accionada no ha opuesto excepción legítima en el término de ley, pese a estar debidamente notificada, corresponde ordenar se lleve adelante la ejecución, limitada a los demás rubros reclamados - intereses-, conforme a los artículos 507 y 251 inciso 1) del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (aplicables según artículo 92, ley 4106).
Estafa, compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, compra en comisión
Materia: PENAL
Carátula: MORETTI, OSVALDO s/ ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-30

Encuadra en la figura de estafa, la acción del procesado que suscribió "en comisión" un boleto de compraventa con el propietario de un inmueble, prometiendo en igual fecha enajenar el bien a un tercero, mediante otro boleto de compraventa e invocando actuar "en comisión".

La invocación de una representación existente para conferir apariencia de intermediación en un negocio que no había sido instrumentado como tal y obligarse con respaldo en ella a transmitir el dominio de un departamento, recibiendo la casi totalidad del precio pactado, dentro del marco de credibilidad que le ofrecía la inmobiliaria de sólida reputación, configura un engaño con la debida idoneidad para inducir a la víctima a un error acerca del objeto, naturaleza y efectos del contrato, llevándola a una disposición patrimonial que la perjudicaba.
Personal militar, muerte en acto de servicio, muerte de un hijo, padres, beneficiarios de la indemnización civil, subsidio por fallecimiento, doctrina
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: ALBORNOZ, JOSE DERMIDIO Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL ARMADA ARGENTINA s/ ACCIDENTE EN EL AMBITO MILITAR Y F. SEGURIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

Desde que las leyes que rigen las fuerzas armadas contemplan un haber de pensión derivado de la muerte de un miembro de la reserva permanente (solo reuniendo ciertas calidades) y no establecen para los padres del occiso indemnización o resarcimiento, el derecho de estos para reclamar la reparación fundada en normas del derecho común se adecua a la doctrina actualmente vigente, conforme con la cual el pago de un haber previsional es perfectamente compatible con la percepción de una indemnización fundada en aquellas normas (cfr. Casos "Mengual" del 19.10.95;

"Lapegna" del 20.8.96; "Lupia" del 15.10.96, Etc.).
Caducidad de instancia, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: ELENA SAUZE DE GOWLAND ACOSTA. c/ PROVINCIA DE CORDOBA Y OTROS. s/ CADUCIDAD  DE  LA  INSTANCIA- PLAZO- TASA DE JUSTICIA- DESISTIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-29

No cabe atribuir a las actuaciones atinentes a la determinación de la tasa de justicia y a su pago, efectos suspensivos o interruptivos de la perención de la instancia por cuando no constituyen un presupuesto necesario para que aquélla avance.
Sociedades comerciales, administración de la sociedad, responsabilidad de la sociedad, representación de la sociedad, objeto social
Materia: COMERCIAL
Carátula: VICENTE ROBLES SA c/ NISALCO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-11

La actuación frente a terceros y el ejercicio de las actividades de su objeto social constituyen los dos aspectos sustanciales de la administración del fondo común, o sea, la representación y la gestión operativa de los negocios sociales. En suma, la sociedad comercial tanto es un sujeto de derecho -y como tal actúa frente a terceros en ejercicio de las actividades de su objeto social como también una organización empresaria, destinada a la producción o intercambio de bienes o servicios (ley 19550 art. 1, 2, y 11). Se justifica así el específico régimen tendiente a salvaguardar los interéses esenciales de los socios, el respeto de los derechos de terceras personas y la defensa del interés de la propia sociedad, posibilitando a tal punto, la adopción de medidas tendientes a sancionar aquellas conductas antinormativas en que pudieran haber incurrido en ocasión y con motivo de sus funciones, responsabilizándose personalmente y solidariamente a las personas físicas que encarnan el órgano por el "daño causado" a la sociedad, a los socios o a los terceros.
Asegurador por riesgos del trabajo, comisiones médicas, prestaciones sistémicas, buena fe, enfermedades, fondos fiduciarios
Materia: LABORAL
Carátula: VEGA, JOSE AMADOR C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-05-19

El procedimiento establecido en el art. 6, inc. 2 b) de la Ley de Riesgos del Trabajo, que faculta a la Comisión Médica Central a admitir en casos concretos como "profesionales", patologías previamente no listadas normativamente, debe considerarse que también el Poder Judicial goza de dicha prerrogativa. Ello es así, de acuerdo con los extensos fundamentos proporcionados al respecto en su oportunidad (cf. STJRNS3 Se. 88/10 "MALDONADO" y Se. 31/12 "FERNANDEZ"). (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)