Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-22


SENTENCIA DEFINITIVA N° 64080 SALA VI Expediente Nro.: 12.599/2009 (Juzg. N°61) AUTOS: "GUALA EZEQUIEL MIRTO JOSE C/ LA SALAMANDRA S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE- ACCION CIVIL" Buenos Aires, 22 de JUNIO de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

I. La sentencia de fs.413/417 hizo lugar a la acción promovida por el actor, con sustento en el derecho común, condenando solidariamente a la demandada y a La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA, codemandada en autos.

Interponen recurso de apelación a tenor de los memoriales obrantes a fs. 419/424 la codemandada La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA; a fs. 425/427 la parte actora; a fs.433/442 la empleadora La Salamandra SA con sendas réplicas del accionante (fs.449/451 I); de la ART codemandada (fs.452 I/450 II); de la codemandada empleadora (fs.451 II/453).

La perito médico apela sus honorarios por bajos (fs.418).

II. La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA se agravia por cuanto la sentencia de grado:

1. La condenó por la suma de $ 320.000 en concepto de reparación material y por daño moral, lucro cesante y pérdida de chance.

Siendo el presente agravio común al del actor, los trataré conjuntamente brevitatis causa.

La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA afirma que la sentencia no establece como arriba a la cifra de condena y la compara con la tarifa de la Ley 24557.

La comparación no resulta válida ya que la sentencia viabilizó el reclamo de la acción basada en el art. 1113 del Código Civil y estableció la reparación integral.

A fs. 416/vta. el sentenciante funda el monto de la indemnización en la edad del actor, porcentaje de incapacidad y salario del actor.

Entiendo que el monto fijado se encuentra dentro de los parámetros razonables de reparación que establece la doctrina de ésta Sala y concuerda con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re "Arostegui") en tanto no sólo cabe justipreciar en el quantum indemnizatorio el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio.

Inclusive a contrario de la impugnación sub-examine, la edad del actor al momento del siniestro el 6.6.2007 era menor a la tomada por el sentenciante, que tenía casi 24 años, y su remuneración era levemente superior a la considerada (ver referencia DNI del actor en prueba documental y recibos de haberes agregados en anexo 3135 adjuntado a fs.4 de autos).

Por ende no asiste razón a la queja de la codemandada aseguradora en el punto.

Reclama el accionante en tanto no se le otorgó en la reparación la indemnización por daño moral y entiendo que la queja deberá ser acogida.

Sabido es que la obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende además de la indemnización por pérdidas e intereses la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima (art. 1078 - 1er. Párr. Código Civil).

La Corte Federal en la causa "Migoya Carlos A. c/ Provincia de Bs. As. s/ Daños y Perjuicios (CSJN 2011/12/20 - cita on line AR/JUR/84373/2011), estableció un piso cuantitativo para el daño moral, valorando los padecimientos anímicos y espirituales de una víctima de un ilícito.

El daño moral comprende:

a) el "pretium doloris" que involucra el dolor físico de la víctima y el puro daño moral, que se refleja en la pena, la tristeza y el sufrimiento -no físico- que puede sufrir la víctima;

b) el daño a la vida de relación (privación de satisfacciones, pérdida de la posibilidad de ejercitar ciertas actividades de placer u ocio, como las artísticas y deportivas pero de cualquiera que afecte las satisfacciones sociales o interpersonales de la vida);

Y otros a mensurar que no alcanzan al caso de autos, como el daño estético; el "perjuicio juvenil" (dolor que provoca en una persona joven la conciencia de su propia decadencia); el perjuicio sexual o pérdida de las facultades sexuales.

Sabido es que el reconocimiento de una suma de dinero no puede reemplazar el daño a los afectos y los sentimientos. Se procura la mitigación o remedio del dolor por medio de bienes deleitables que mitigan la tristeza, desazón, penurias (ED 112-280; "De los daños a la persona" y Revista de Derecho de Daños Nº 6 "Daño Moral" p. 197).

Por ello entiendo razonable fijar en concepto de daño moral la suma de pesos sesenta mil ($60.000) que se diferirán a condena, con más intereses conforme Acta 2357 de la CNAT desde la fecha del infortunio antes citada.

2. La condenó en los términos del art. 1074 del Código Civil.

El presente agravio no aporta elementos objetivos que permitan un apartamiento de lo decidido en origen ni proporciona una crítica razonada y concreta en el punto cuestionado, razón por la que no puede prosperar.

Se limita a disentir con la sentencia en cuanto fue objeto de condena pero no controvierte eficazmente el principal argumento de la misma en cuanto establece que ..no ha aportado ninguna prueba para demostrar que hubiera desplegado medidas preventivas tendientes a evitar los daños en la salud de los trabajadores entendiendo que se omitió el cumplimiento de los deberes de seguridad, vigilancia y control por parte de la ART a los que se encuentra obligada y de tal modo encuadró su responsabilidad en los términos del art. 1074 del Código Civil en decisión que comparto, ya que era la propia recurrente la que se encontraba en mejores condiciones para probar los extremos que se requieren de sus obligaciones legales y contractuales, en el sentido dinámico que de las cargas probatorias viene señalando la Corte Federal (in re "Pellicori c/ Colegio Público de Abogados" 2011) y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente en el CASO "ATALA RIFFO Y NIÑAS VS. CHILE SENTENCIA DE 24 DE FEBRERO DE 2012. No previó la ART demandada las consecuencias dañosas que podrían derivarse del traslado manual de mercadería en carretilla (leña) a cargo del actor, de considerable peso, que una eficaz labor de prevención en el lugar de trabajo permite evitar infortunios como los sufridos por aquel.

En tal sentido en el caso "TORRILLO, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro" T. 205. XLIV, (CSJN 31.3.2009) la Corte Federal sostuvo que en el sistema de la Ley 24557 las ART han sido instituidas como un nuevo sujeto de derecho consignado que.

"De ahí, que las obligaciones de control, promoción, asesoramiento, capacitación, información, mejoramiento, investigación, instrucción, colaboración, asistencia, planeamiento, programación, vigilancia, visitas a los lugares de trabajo y denuncia, por emplear algunos de los términos de la normativa ya enunciada en el considerando anterior, exigen de las ART, al paso que las habilitan para ello, una actividad en dos sentidos. Primeramente, la adquisición de un acabado conocimiento de la específica e intransferible realidad del mencionado ámbito laboral, para lo cual éste, por así decirlo, debe mantener sus puertas abiertas hacia las ART. Seguidamente, el obrar de éstas sobre dicha realidad, para que se adecue, de ser necesario, a los imperativos de la prevención, incluso mediante la denuncia. Dicho conocimiento individual y directo de esas realidades, sumado, por cierto, a los saberes especializados en materia de prevención con que deben contar, constituyen el par de circunstancias con base en las cuales la LRT formula, mediante precisas obligaciones, su apuesta innovadora a favor de la actuación de las ART, como vehículos útiles y apropiados para prevenir in concreto los riesgos del trabajo. Con ello, por lo demás, la LRT asume implícitamente la comprobación de la OMS: los problemas de salud y seguridad en el trabajo son, como principio, prevenibles y deberían ser prevenidos, mediante el uso de todos los instrumentos disponibles: legislativos, técnicos, de investigación, entrenamiento y educación, de información y económicos" (Declaration on occupational health for all, Beijing, 13-10-1994, WHO/OCH 94.1, párr. 6).

Por ello propicio la confirmación de lo decidido en origen al respecto.

3. No valoró las observaciones que su parte efectuó a la pericia médica.

El daño sufrido por el actor se encuentra fundamentado en las conclusiones de la pericia médica, coincidiendo con el sentenciante en que no se encuentran fundamentos para su apartamiento. Mientras que el nexo de causalidad entre el daño, las tareas y el hecho que ocasiona el daño lo extrae el juez de los dichos de los testigos en el marco de la sana crítica (art. 386 CPC) que no son objeto de crítica por el apelante, lo que sella su suerte atento que sustentan lo decidido en origen.

4. Le impuso las costas del proceso y no aplicó la Ley 24432 en cuanto al tope de honorarios.

Las costas de origen han sido correctamente impuestas siguiendo el principio general de la derrota en el marco de las facultades del Juez por los que propicio su confirmación (art. 68 C.P.C.C.N.).

Estimo que para determinar la forma de imposición de costas en materia laboral no debe atenerse a un criterio meramente aritmético sino jurídico y que en este caso la demanda prospera por los rubros pretendidos.

Según doctrina de la CSJN la regulación de honorarios no depende exclusivamente del monto del juicio y de las escalas dispuestas en la ley de aranceles sino de un conjunto de pautas que deben ser evaluadas por los jueces y entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, la índole extensión calidad y eficacia de los trabajos realizados de manera de arribar a una solución justa y mesurada acorde con las circunstancias del caso (conf. A.70. XLI R.O. 18.11.2008 "ASTRA Cía. Argentina de Petróleo c/ YPF").

El planteo de la co demandada referido a al límite porcentual contenido en la ley 24.432 se difiere para la etapa prevista en el art. 132 de la L.O..

Lo dicho anteriormente, vale para desatender también la impugnación de la codemandada empleadora en el punto.

III. La codemandada LA SALAMANDRA SA se agravia por cuanto la sentencia de grado:

1. Incurrió en errónea valoración de la prueba al concluir que existió vicio en la cosa en los términos del art. 1113 del C. Civil.

El agravio se limita a reiterar lo sostenido en el responde de la demanda y disentir con la valoración efectuada por el juez de grado, no planteando ninguna crítica a la merituación probatoria efectuada, sin rebatir eficazmente el sustento del decisorio ni aportar elementos que permitan apartarse del mismo.

No logra en suma superar la exigencia de una critica detallada y concreta de todos y cada uno de los puntos del decisorio apelado, no demostrando en mi criterio lo que pudo ser erróneo, injusto o contrario a derecho para delimitar los límites precisos de la actividad revisora del Superior tal como es doctrina inveterada de esta Sala (CNAT Sala VI 16.11.87 DT 1988-623). Su esfuerzo no supera la mera disidencia con la valoración del juzgador de primera instancia.

No encuentro que el recurso se baste a si mismo en cuanto a fundamentar una errónea apreciación de los hechos materia del litigio, errónea aplicación del derecho o equivocada valoración de los medios de prueba que puedan implicar errores en el contenido de la sentencia in iudicando subsanables por vía recursiva.

2. Declaró en el caso concreto la inconstitucionalidad del art.39,1 de la LRT.

No asiste razón a la queja en el punto.

La cuestión ya ha sido suficientemente tratada por el Tribunal Supremo y fijada doctrina a partir del caso "Aquino" (CSJN Fallos 327:3753 Bs.As. 21.9.2004) que de modo claro estableció la inconstitucionalidad el art.39,1 de la Ley 24557. Ese ha sido en mi opinión el criterio establecido por la mayoría del Tribunal descalificando como de inconstitucionalidad directa absoluta a la mencionada norma mientras que la minoría se expresó por la inconstitucionalidad directa relativa. Y el sentenciante resolvió la cuestión aplicando dicha doctrina.

IV. El actor se agravia por cuanto la sentencia de grado fijó la indemnización en la suma de $ 320.000, se apartó del salario peticionado por su parte y equivocó la edad del accionante.

El agravio fue tratado y desarrollado conjuntamente con el agravio de la codemandada La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA, por lo que brevitatis causa me remito a la conclusión allí arribada.

V. HONORARIOS Los honorarios de la perito médico se fijan en el 6% del capital de condena teniendo en cuenta el valor del litigio, el mérito y la importancia de los trabajos efectuados y las características del procedimiento laboral (art. 38 LO) y confirmados los restantes (art.68 CPCCN).

La objeción formulada por La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA respecto a la no aplicación de la Ley 24432 en cuanto al tope de honorarios se difiere a la etapa del art. 132 de la LO.

VI. COSTAS Y HONORARIOS DE ALZADA Las costas de ésta instancia deben ser soportadas por las codemandadas vencidas en forma solidaria (conf. art. 68, C.P.C.C.) y los honorarios de la presente instancia se fijan en el 25% de los regulados en la instancia anterior (conf. art. 14, ley 21.839).

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que, por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Elevar el monto total de condena a la suma de $380.000 con más intereses conforme pautas del Acta 2357 de la CNAT, por las que responderán solidariamente las codemandadas La Salamandra SA y La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA. 2) Elevar los honorarios de la perito médica y fijarlos en el 6% sobre el capital de condena, difiriéndose el planteo sobre la no aplicación de la Ley 24432 a la etapa del art. 132 de la LO. 3) Imponer las costas de Alzada a cargo de las demandadas. 4) Regular los honorarios por los trabajos profesionales de la presente instancia en el 25% de los regulados en la etapa anterior.	Regístrese, notifíquese y vuelvan.

LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA	GRACIELA L. CRAIG	JUEZ DE CAMARA