Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-09-25


En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los veinticinco del mes de septiembre de dos mil trece, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti y Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia a cargo del Dr. Mauricio Daniel Mariani, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "URRA PATRICIO EDMUNDO S/PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL" Expte. Nº U-774/13/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 169/172 vta. resolvió hacer lugar a la omisión de debate ofrecida por la Fiscalía de Cámara, la que fuera aceptada por la defensa de URRA, sin realizar la audiencia que marca la ley (art. 517 del CPP) previo a resolver, en dicha resolución se lo condena al imputado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo como autor penalmente responsable del delito de tenencia de arma de fuego de uso civil condicional sin la debida autorización legal (art. 189 bis, inc. 2º, párrafo 2º del CP).

Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el imputado Patricio Edmundo Urra, quien se encuentra asistido por el Sr. Defensor General Dr. Domingo N. Fernández, y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Claudio Roberto Espinosa y, RESULTANDO:

I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 169/172, interpuso recurso de casación el Defensor oficial en representación del imputado, fundándolo en los artículos 440 y 442 inc. 1º del CPP, manifestando que la impugnación deducida tiene como sustento la grave inobservancia de las normas contenidas en el Código de Rito (art. 239) en lo referente a la clara afectación al principio de culpabilidad en virtud de la falta de fundamentación de la pena, al observarse la falta total respecto a las circunstancias y motivos que condujeron al tribunal a imponer dicho monto punitivo...".

A fs. 180/181 vta. se hace lugar al recurso impetrado y se emplaza a la parte quien mantuvo el recurso a fs. 204.

El día 05 de julio de 2013 por auto interlocutorio de este Alto Cuerpo, se tuvo por mantenido el recurso de casación articulado (fs. 206 y vta.).

Que, por auto de presidencia que luce a fs. 208, se citó a los interesados a la audiencia de debate que prescribe el art. 451 del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 212/213, exponiendo los asistentes los fundamentos de sus respectivas posturas.

II.-) En la audiencia de debate el Defensor ratificó el recurso de casación presentado a fs. 174/178 agregando que "...se atacó la sentencia dictada conforme a los siguientes fundamentos, la sentencia ha violado el principio de congruencia, la defensa en juicio y el principio de contradictorio, toda vez que modificó la plataforma de la acusación y la defensa, lo cual ha perjudicado a la defensa.

Al modificar el tribunal la calificación y la pena, ha dejado a su patrocinado en estado de indefensión, citó doctrina y jurisprudencia relacionado con la correspondencia entre la acusación y la sentencia.

El fiscal de Cámara fue respetuoso de la plataforma fáctica por el cual fue procesado, y el tribunal luego de siete meses dicta una sentencia extremadamente contradictoria, en primer lugar considera justo la calificación y el monto de la pena y luego en la resolución cambia lo expresado condenando por una pena más gravosa, por lo que solicita la nulidad de todo lo actuado, atento al estado de indefensión...".

Para finalizar, el Dr. Claudio Roberto Espinosa, Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresó que "...

En el artículo 517 los delitos de pena menor a tres años se puede omitir el debate. De estar de acuerdo todas las partes. El imputado deberá manifestar ante el tribunal su petición.

Al no haberse celebrado la audiencia, al ser un requisito esencial se solicita que el procedimiento se declare nulo...".

Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 174/178 por la defensa del imputado PATRICIO EDMUNDO URRA? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y, CONSIDERANDO: I.-) PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 174/178 vta. por la defensa de Patricio Edmundo Urra?.

A la primera cuestión planteada, este Tribunal Superior de Justicia, entiende que el recurso de casación en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados en lo pertinente, por los artículos 446 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir, y teniendo en cuenta que la sentencia objeto del recurso se enmarca dentro de las resoluciones que el código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía (art. 440 C.P.P.), debe entonces admitirse el recurso de casación interpuesto.

Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.

II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? En este entendimiento, y abocados ya en el estudio de los agravios presentados por la parte recurrente, corresponde analizar si en la sentencia impugnada, se constatan defectos procesales que nulifiquen la decisión.

En este sentido, corresponde tener en cuenta lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, en la audiencia por ante este Tribunal, en donde peticiona por la nulidad de todo lo actuado, en razón de no haberse llevado a cabo, la audiencia prevista por el Art. 517 del Código Procesal penal, el cual prevé que el imputado y su defensor deben ratificar en forma personal su propuesta ante el Tribunal de Juicio.

Como bien lo sostiene la Fiscalía, en la mencionada audiencia, se concreta entre otros aspectos, el derecho del imputado a ser oído, aspecto fundamental del derecho de defensa.

En este orden de ideas, es oportuno destacar lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia cuando dice que el imputado en juicio criminal tiene derecho a un proceso tramitado legalmente, en el que se guarden las formas sustanciales, de manera que puedan ejercitar sus derechos con las solemnidades establecidas por las leyes de procedimiento (Conf. Fallos: 310:57 y 310:745, entre muchos otros).

El derecho a ser oído por parte de los magistrados, se encuentra plenamente reconocido por los arts. 14.1 del P.I.D.C.P. y 8.1 C.A.D.H., con jerarquía constitucional en función del art. 75 inc. 22 C.N.; integrando la garantía del debido proceso.

Es dable destacar que el ofrecimiento de omisión de debate por parte del Sr. Agente Fiscal fue el 15 de septiembre de 2011, Urra junto a su defensor aceptan la omisión de debate el 17 de octubre de 2011 (fs. 156) siendo la sentencia el 6 de julio de 2012, es decir, nueve meses después, habiendo solicitado medidas para mejor proveer las que fueron agregadas en la causa durante la feria de enero de 2012.

De más está decir que no se cumplió con el plazo razonable. La figura de la omisión de debate trae la facilidad de no tener que citar a todos los testigos, peritos, etc. que hayan participado en la instrucción, lo que -eso sí- demandaría mucho tiempo. Lo que corresponde es, citar al imputado a una audiencia de visu y resolver a la mayor brevedad posible.

A mayor abundamiento sobre el tema, le asiste razón al Sr. Defensor General -Dr. Domingo Norberto Fernández-, cuando se agravia respecto del tiempo transcurrido entre la aceptación de la omisión de debate y el fallo cuestionado.

De idéntica manera, le asiste razón al Defensor General, cuando sostiene que el fallo resulta ser contradictorio; toda vez que al tratar la primera cuestión, los sentenciantes afirman estar de acuerdo con el monto de pena solicitado por el Sr. Fiscal de Cámara Un (1) año de cumplimiento efectivo; siendo que luego proceden a cambiar la calificación legal, lo que trae aparejado una modificación del monto de la pena acordado, estableciéndose en Dos (2) años de cumplimiento efectivo.

Tal pronunciamiento violenta además la norma procesal que dicen aplicar al omitir el debate, pues condena por una pena mayor que la requerida por el Sr. Fiscal.

Los motivos expuestos, resultaban razonables, para seguir con el trámite establecido por el Art. 517 del código adjetivo; en el sentido de escucharse a las partes en audiencia pública, para de esta forma garantizar el derecho al contradictorio y de inmediación.

En su caso si el Tribunal de Juicio no estaba de acuerdo con lo acordado por las partes (calificación legal, monto de la pena), debía rechazar la propuesta en lugar de dictar un fallo contrario a la norma procesal.

Además de los vicios mencionados, lo cual lo descalifica como un pronunciamiento judicial válido; también corresponde destacar que en todo el devenir del proceso, se omitió tomar conocimiento "de visu" del procesado.

En este sentido el art. 41 "in fine" del Código Penal, establece expresamente que "...el juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto...", por lo tanto instaura una audiencia entre -el magistrado- y el imputado, el cual garantiza un mínimo contacto inmediato del procesado con los jueces que han de fallar.

Sostiene, Patricia Ziffer "...la disposición contenida en el último párrafo del art. 41 tiene carácter fundamentalmente procesal. Su principal objetivo, en su origen, fue sentar una regla que asegurara un mínimo de inmediación en los casos de procedimiento escrito, con el fin de garantizar que, cuanto menos, no se delegara la función de determinar la pena...

A partir de allí es posible identificar en este precepto el germen de una etapa procesal cuyo objetivo específico es individualizar la sanción...

Se ha considerado unánimemente, con la salvedad de algún pronunciamiento jurisprudencial, que la omisión de este requisito significa una fundamentación arbitraria de la pena impuesta.

Su incumplimiento apareja la nulidad de la sentencia..." ("Código Penal, y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", dirección: David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, Artículos 40/41 a cargo de Patricia Ziffer pág. 81).

En igual sentido, Zaffaroni al analizar el último párrafo del art. 41 dice "...este requisito cumple también una función procesal importantísima, que es la que le permite al procesado tener la última palabra ante el tribunal y en contacto inmediato con el juez.

Equivale a la última pregunta que en el plenario oral se formula al procesado, para que responda si tiene algo más que agregar... esta disposición salva el principio de igualdad ante la ley, que quedaría notoriamente lesionado si quienes están sometidos a plenario escrito no gozan de la misma garantía que los procesados sujetos a plenario oral, al menos en cuanto al derecho de ser escuchados en forma directa por el tribunal y en cuanto a la jurisdiccionalidad e inmediatez de los datos recogidos para los efectos del correctivo penal...

La garantía del último párrafo del inc. 2º del art. 41, puede afirmarse, pues, que cumple una doble función, garantizando un mínimo elemental de inmediatez, cualquiera sea la legislación y el sistema procesal, y la jurisdiccionalidad real de la determinación penal..." (Zaffaroni, Tratado de derecho Penal, Parte General V; Edit. Ediar 1983, pág. 334).

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, ha establecido "...Que se trata de una regla claramente destinada a garantizar el derecho del condenado a ser oído antes de que se lo condene, así como a asegurar que una decisión de esa trascendencia no sea tomada por los tribunales sin un mínimo de inmediación.

Desde el punto de vista de la ley penal de fondo, una pena dictada sin escuchar lo que tiene que decir al respecto el condenado no puede considerarse bien determinada..." (CS. cons. 19, Fallos: 328:4343, "Maldonado").

En consecuencia, en virtud de los fundamentos expuestos, corresponde declarar la nulidad del fallo condenatorio dictado de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 180/183 vta..

III-) TERCERA CUESTIÓN ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? De conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448, 454 C.P.P., corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 174/178 vta. por la defensa técnica, en favor de PATRICIO EDMUNDO URRA, anulándose la resolución dictada a fs. 169/172 por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, debiéndose realizar la audiencia establecida por el artículo 517 del Código Procesal Penal, por nuevos jueces desansiculados a tales efectos.

Tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal efectuada a fs. 177 vta.

Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA RESUELVE: 1º) HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 174/178 por el Sr. Defensor oficial del imputado PATRICIO EDMUNDO URRA ANULANDO la resolución de fs. 169/172 por lo considerado ut supra, debiéndose integrar un nuevo tribunal a fin de resolver según lo dispuesto.

2º) Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.

FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariani- Vocal a/c Presidencia Tribunal Superior de Justicia-Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos- Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.