marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia por conexidad, principio de prevención, procesos de familia
Materia: PROCESAL
Carátula: D., V.A. s/ INSANIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

Por el principio general en cuestiones de Familia, debe intervenir un solo juez -concretamente el que previno-, con el fin de mantener una unidad de criterio. Particularmente si se repara que las actuaciones versan sobre el estado de salud de la misma persona y no obstante que en el proceso anterior se agotó por la externación de la paciente, deben radicarse ambos ante el mismo juez. (Sumario N°20832 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso contencioso administrativo, viáticos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MORELLI MARIO ABEL c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-16

No corresponde el reconocimiento y pago de viáticos al recurrente que fue afectado con la figura de la Adscripción ya que según el Reglamento de viáticos que integra la Ley de Contabilidad Nº3742/72, sólo se contempla su percepción para el caso de la Comisión de Servicios.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, declaración de inconstitucionalidad, falta de fundamentación, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Barraza, Karen Analía c/ Reconquista ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-03

El auto de concesión del recurso extraordinario que indica que en el fallo cuestionado se había decretado la inconstitucionalidad de una norma y por ello se encontraban reunidos los requisitos del art. 14 de la ley 48 es nulo, pues sus términos ponen en evidencia que el tribunal a quo solo ha sustentado la viabilidad de la apelación federal en una motivación inexistente, en tanto el argumento en que se apoya la resolución no guarda debida concordancia con lo expresado y resuelto en la sentencia.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, libertad de contratar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

El contrato y la propiedad tienen protección constitucional en el derecho argentino y toda limitación que se disponga es de interpretación restrictiva. Esta tutela comprende tanto la libertad de contratar, que es un aspecto de la autonomía personal a la que todo ciudadano tiene derecho (art. 19 Constitución Nacional), como la de configurar el contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer una industria lícita (art. 14 Constitución Nacional) y de la libertad económica dentro de las relaciones de competencia (Voto de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y E. Raúl Zaffaroni).
Beneficios previsionales, derechos personalísimos, litisconsorcio facultativo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ABADI, GLORIA Y OTROS c/ I.N.P.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-13

El legislador dispuso que las prestaciones en el régimen legal argentino revisten "carácter personalísimo" -cfr. art. 46, inc. a) ley 18.037- por lo que cada caso debe examinarse particularmente. En consecuencia, corresponde concluir que no resulta formalmente procedente el recurso interpuesto por una pluralidad de actores, constituyendo un litisconsorcio facultativo en los términos del art.

43 de la ley 18.345, ya que mal podría cumplir dicha figura su cometido de imprimir celeridad a las actuaciones, atento la pluralidad de situaciones particulares concretas que deben ser examinadas por el juez antes de dictar sentencia.
Concursos, honorarios, monto del juicio, clausura del procedimiento, conclusión de la quiebra, pago total, capital de recomposición, recupero patrimonial, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Coviama SA c/  s/ quiebra c/ tisan sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

Toda vez que la acción de recomposición patrimonial fue declarada abstracta porque la quiebra concluyó por pago total (consecuencia de la modificación del tipo de cambio, que implicó que el producto de la inversión a plazo fijo del activo falencial en dólares, resultara suficiente para la atención de la totalidad de los gastos, créditos e intereses suspendidos a que alude la LCQ 228), corresponde que a los fines regulatorios se apliquen las reglas que rigen el supuesto de rechazo de la demanda (conf. CNCom, Sala A, in re "Pereyra Iraola, Patricia María c/ Fine Arts SA y otro s/ ordinario", del 16/12/19).
Competencia del tribunal de casación, pena privativa de la libertad, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: López Londoño, Henry de Jesús c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-14

El voto concurrente expresó que si bien en cuestiones en que la resolución recurrida resulta restrictiva de la libertad personal durante el trámite del proceso y susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, corresponde a la CFCP resolver, en el particular caso de autos, los sólidos fundamentos expuestos por el a quo no han sido rebatidos por el recurrente. (Dres. Borinsky, Figueroa y Hornos -voto concurrente-).
Juicio ejecutivo, embargo, disminución del embargo
Materia: COMERCIAL
Carátula: KUZMICZ, SOFIA c/ VALLADARES, JOSE s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-29

Cabe el rechazo del pedido de reducción de embargo formulado por el ejecutado, cuando -como en el caso- este no precisa en forma concreta el perjuicio que alega -en base a los gastos que dice solventar-, por lo que tal imprecisión constituye un factor obstativo para decidir la cuestión, que presenta cuestiones complejas y delicadas.
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bierg Silvia Noemí c/ Berkley Internacional A.R.T. S.A. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-11-30

La accionante promovió acción de amparo contra la ART a los fines que proceda a otorgarle las prestaciones dinerarias y en especie que prevé la Ley de Riesgos del Trabajo 24557, que estimaba le correspondían como consecuencia de un siniestro laboral, lo cual le fue rechazado argumentándose que era una enfermedad inculpable, de acuerdo a un dictamen producido por la Comisión Médica. Se advierte que la actora se insertó en el procedimiento recursivo previsto en el ordenamiento legal y reglamentario emergente de la citada ley, a los fines de hacer valer sus derechos y con el objeto de revertir el dictamen médico que le resultaba adverso a sus pretensión. Tal proceder obsta a la admisibilidad de la presente vía, conforme lo dispuesto en el art. 3 inciso b) de la Ley 8369.
Recurso de casación, competencia penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Maripil, Juan L.; Maripil, Alejandro; Torres, L. s/ ROBO CALIFICADO S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-04-03

El plazo para interponer el recurso de casación penal comienza a correr a partir de la fecha de notificación al abogado defensor, pues es éste y no el procesado quien debe deducir el recurso. Esto último en razón de la naturaleza eminentemente técnica de dicho medio impugnatorio sólo destinado al control de legalidad.
Caducidad de medidas cautelares, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: DIRECCION DE COOPERATIVAS Y MUTUALIDADES DE LA PCIA. DE SALTA c/ Cooperativa del trabajo  "Informatica Tartagal ltda." INFOTAR s/ INTERVENCION JUDICIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-11-15

Si la acción para actuar el derecho se encuentra expedita, el plazo de caducidad comenzaría a correr el día siguiente de cumplida la medida cautelar; si no estuviera expedita, desde el día siguiente al vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición, o de haber desaparecido el obstaculo juridico o de hecho para reducir la demanda.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ente Nacional Regulador del Gas, facultades de la administración, tarifa de gas, contratos administrativos, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ADECUA - Asoc. de Defensa de los Consumidores y Us. de la Arg. c/ ENARGAS Res. 302/303/304/305/306/307/308/309/310/96.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-09

El ente podrá requerir a los sujetos de la ley la presentación de copias de los contratos de compraventa de gas y de transporte que celebren, y/o la provisión de información agregada sobre el particular. El ente no utilizará un criterio automático de menor costo, sino que, con fines informativos, deberá tomar en cuenta todas las circunstancias del caso, incluyendo los niveles de precios vigentes en los mercados en condiciones y volúmenes similares. En ausencia de mala fe, los precios libremente negociados entre partes independientes se presumirán justos y razonables. Frente a tal presunción el impugnante soportará la carga de la prueba del exceso injustificado. El ente determinará en que casos debe considerarse que no se trata de partes independientes (art. 38 del decreto 1738/92. (cons. VII, 4).
Secuestro extorsivo, intervención de línea telefónica, peligro en la demora, reconocimiento por fotografía, defensa en juicio, reincidencia, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: Moreno, Héctor A. y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

Debe considerarse debidamente justificado el peligro en la demora que requiere el art. 236 segundo párrafo CPPN si el fiscal alegó la posible inminencia en que tales comunicaciones puedan tener lugar, teniendo en cuenta que de la denuncia efectuada se desprendía que en el lapso de media hora había recibido dos llamadas y en la última de ellas se había determinado el monto del rescate, resultaba razonable suponer que los captores podrían entablar comunicaciones para coordinar la entrega del dinero y la liberación de la víctima, de manera inminente. El registro de las comunicaciones de un abonado que pertenece a la víctima, aportado por el padre al efectuar la denuncia, implica un grado menor de injerencia en el ámbito de privacidad del imputado que la intervención telefónica de una línea que se le atribuya directamente a él. Si el rescate había sido abonado y la víctima liberada, era de presumir que los captores podrían desprenderse del celular de manera inminente, por lo que la demora en ordenar la medida podría frustrar la recolección de elementos de juicio útiles para la investigación. La compulsa de todos los actos de reconocimiento cuestionados por la defensa revela que se la notificó de la realización de todos ellos, por lo que no se afecta la posibilidad de ejercer su debido control. El reconocimiento fotográfico constituye un reconocimiento impropio o una modalidad subsidiaria de reconocimiento que integra el contenido de una deposición testimonial cuando se procede a identificar a los supuestos autores del hecho. Las aclaraciones efectuadas por la víctima revelan que, contrariamente a lo señalado por la defensa, el reconocimiento fue positivo, tanto es así que resaltó las diferencias que advertía en la apariencia del sujeto reconocido. La circunstancia de que las afirmaciones efectuadas no hayan sido respaldadas por prueba documental, no resta valor probatorio a la prueba testimonial, ya que conforme a dicha calidad fueron valoradas en el fallo. La prisión preventiva no puede considerarse como cumplimiento de pena en los términos del art. 50 CP.
Procesamiento, embargo, confirmación de sentencia, restricción de acercamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: F., G. N. c/  s/ procesamiento y embargo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-16

El fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "F., G. N. s/procesamiento y embargo" (Causa N° 18.396/2019) rta. el 16/10/19 donde Pablo Guillermo Lucero y Mariano Scotto confirmaron el auto de procesamiento impuesto a quien incumpliera la prohibición de tomar contacto con la víctima, impuesta por un Juzgado Civil y por un Tribunal Oral, al efectuar dos llamados telefónicos desde una línea que figuraba como "teléfono oculto".
Ejecución hipotecaria, inmuebles rurales, obligaciones en moneda extranjera, pesificación, esfuerzo compartido, contratos
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: GARCIA, JOSE MARIA c/ ARASIL, ALFREDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-11-30

Según lo ha destacado el doctor Lorenzetti, cuando la legislación se refiere al 'esfuerzo compartido' (...) suministra criterios que dicen que 'las partes negociarán la reestructuración de sus obligaciones recíprocas, procurando compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio'; que 'el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado a dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas, sustentadas en la doctrina del artículo 1198 del Código Civil y el principio del esfuerzo compartido'; y que 'si por aplicación de esta disposición, el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio' y que 'a los efectos del reajuste equitativo del precio, previsto en dicha disposición, se deberá tener en cuenta el valor de reposición de las cosas, bienes o prestaciones con componentes importados'" (cons. 17 de "Longobardi").

Desde esa perspectiva, aparece como notoriamente irrazonable que los demandados compartan la diferencia cambiaria en igual proporción que el actor, sin que se hubiera acreditado que exista ninguna desproporción entre las prestaciones ni necesidad alguna de compartir el esfuerzo, ya que la restitución de la totalidad de lo debido no es excesiva.

Así, parafraseando al mencionado Ministro del Máximo Tribunal para analizar este caso: la equidad, aplicada a quien se le otorga un plazo para el pago del saldo del precio de un bien cuando el valor de la cosa -un inmueble rural- al momento del pago ha superado con creces el valor del dólar, no puede tener otro significado que obligar a cumplir lo pactado (cfr. cons. 17 de su voto). (De la Disidencia del Dr. Erbetta).
Crédito laboral, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: IZAGUIRRE, JAVIER MARCELO c/ RAZON SOCIAL LEMAI S.R.L. s/ INDEMNIZACION, PREAVISO, VACACIONES Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-02-12

La jurisprudencia nacional exigía para la admisión del reclamo, prueba sumamente categórica, negando en algunos casos la posibilidad de accionar a la parte perjudicada en base a la normativa del artículo 959 del Código Civil. Sin embargo, la sanción de la Ley 24.013 detuvo esa postura jurisprudencial y con el objeto de desalentar las prácticas evasoras, consagró la legitimidad de los reclamos, por que -para develar la realidad contractual-, habrá de recurrirse a los indicios y presunciones que, precisos y concordantes, emerjan de los hechos debidamente probados en la causa -artículo 94 del Código Procesal Laboral-.
Acción de amparo, empleados públicos, indemnización, monto de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: FIGUEROA, JUAN CARLOS; GUZMAN, ROSA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-07-16

La determinación del monto indemnizatorio que debe abonar la Municipalidad demandada, debe calcularse ajustándose a lo preceptuado por el Estatuto del Empleado Público, ya que dicha comuna se encuentra adherida al mismo por decreto.-
Recurso de casación, excarcelación, resolución denegatoria, sentencia definitiva, facultades del juez, apreciación de la prueba, cambio de calificación legal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Quiroga, Honorio s/ recurso de casación". Causa n. : 1414.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-22

El tribunal que dicta sentencia definitiva puede apoyarse en la calificación efectuada en su fallo para resolver sobre la excarcelación que se solicite. Es que resulta absurdo que el magistrado instructor, muchas veces con una limitada cantidad de elementos probatorios, pueda, aun de oficio, modificar el auto de procesamiento, agravando la situación del imputado de modo tal que, incluso, ello pueda determinar su prisión preventiva -la que, conforme el sistema recursivo previsto por los arts. 311 y 332 del C.P.P.N., se hará efectiva aun cuando la decisión no haya adquirido firmeza- pero que el tribunal encargado de dictar sentencia -que incluso posee determinadas facultades de contralor de la actividad del instructor conforme establece el art. 354 del ordenamiento de rito-, que ha recibido en el debate la prueba ofrecida por las partes, las ha oído alegar sobre las cuestiones relevantes del caso, ha fallado considerando que la calificación jurídico penal correspondiente era más gravosa que la contenida en el auto de procesamiento, e incluso ha impuesto pena conforme a ella -pena a la que debe atenderse en los casos de la regla del inciso 4.) del art. 317 del C.P.P.N.-, no pueda luego apoyarse en dicha calificación para resolver un planteo excarcelatorio, cuando en rigor, lo cierto es que con este cambio de calificación se ha efectuado una alteración de la imputación que pesa sobre el acusado y, en este sentido, una virtual modificación del auto de procesamiento. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en mayoría-).
Concursos, crédito laboral, verificación de créditos, prescripción
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BODEGAS Y VIÑEDOS SAINT REMY c/ COLOMBO, ANTONIO ATILIO. s/ CONC. PREVENTIVO. INC. DE VERIF.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-18

Si un acreedor laboral promovió juicio de despido ante el fuero de trabajo encontrándose en vigencia la ley 19551, el plazo de prescripción previsto por la ley 24522, art. 56, comienza a transcurrir desde el dictado de la sentencia de cámara, cuando la de primera instancia fue recurrida.
Daños y perjuicios, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOPEZ ANTONIO ARIEL c/ CLIDE VILLAVICENCIO DE MONTENEGRO Y OTRO s/ COBRO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-10

En los juicios de daños y perjuicios la imposición de las costas al daminificado incidiría sobre la indemnización reconocida, que dejaría así de ser integral.
Recurso extraordinario, sentencia, mala praxis, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BONFIGLI, HUGO ENZO c/ MANGIALARDI, SUSANA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-17

La actora logra perfilar, prima facie, una cuestión federal que justifica la apertura de la instancia al invocar la afectación de garantías constitucionales, por cuanto al examinar el caso a la luz de las obligaciones de medio y de resultado, encuadrando el caso en una obligación de resultado atenuada, se habría omitido dar fundamentación suficiente a la cuestión en torno a que en el caso se trataba de un retoque de párpados con un fin cosmético y no curativo, con la incidencia decisiva que este hecho ostenta para el correcto encuadramiento de las obligaciones en juego; y, sumado a ello, se estima que el compareciente logra con idoneidad suficiente plantear un supuesto de posible afectación de derechos y garantías constitucionales en vinculación a que al examinarse la praxis médica a la luz del peritaje rendido en autos se habría puesto el énfasis en la hemorragia causante del daño pero sin brindarse explicación alguna de por qué una operación de párpados externa desemboca en una lesión definitiva en el nervio óptico que se halla detrás de la retina ocasionando una ceguera. (De la disidencia de los Dres. Falistocco y Spuler)
Proceso penal, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Albarenque, Sixto Omar s/ delito  de favorecimiento de evasión enconcurso ideal con el robo  agravado por el uso de armas - causa nº1078 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

En el proceso penal no es suficiente con el cumplimiento meramente formal de ciertos cánones sino que se debe atender a la realidad sustancial de la defensa en juicio (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Facultades discrecionales, motivación del acto administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Verdún, Rodolfo Avelino Juan c/ Municipalidad de Capitán Sarmiento s/ Demanda Contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-03-20

Los principios republicanos que imponen a la administración dar cuenta de sus actos, los recaudos exigidos para permitir que éstos puedan ser impugnados por quienes ven afectados sus derechos, y la necesidad de que la Corte cuente con los datos indispensables para ejercer la revisión de su legitimidad y razonabilidad, imponen que en el ejercicio de facultades discrecionales los órganos administrativos satisfagan con mayor razón aún el imperativo de una motivación suficiente y adecuada de sus decisiones sin la que aquellos principios, derechos y funciones quedarían desvirtuados;

máxime cuando el acto cuestionado extingue una situación preexistente.
Asociaciones sindicales, prácticas desleales
Materia: LABORAL
Carátula: Alari, Blas Juan c/ Papelera San Andrés de Giles SA s/ práctica desleal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-06

Las prácticas antisindicales en nuestro ordenamiento jurídico están constituidas por aquellas conductas taxativamente tipificadas en el art. 53 de la LAS, a las que la ley les atribuye una antijuridicidad especial que, sin constituir técnicamente delitos del Derecho Penal, se emparentan a ellos, requiriéndose por tanto la configuración de una conducta típicamente antijurídica y, cuanto menos, culpable. En efecto, como lo señala Carlos A. Etala (en Derecho Colectivo del Trabajo, Ed. Astrea, Bs. As. 2002, pág. 254), para el juzgamiento de las prácticas desleales deben aplicarse principios propios del derecho contravencional puesto que, se trata de una pretensión punitiva destinada a reprimir un proceder contrario a la buena fe en las relaciones profesionales, por medio de la imposición de una multa.
Retiro militar, haber de retiro, haberes atrasados
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARTINEZ, JORGE L. c/ ESTADO NACIONAL (COMANDO EN JEFE DE LA ARMADA) s/ ORDINARIO - RETIRO MILITAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-19

Para efectuar la actualización de los haberes atrasados, debe aplicarse el cómputo de las variaciones que para el sueldo del grado con que se calcula el retiro, resulten de la ley de presupuesto al tiempo de liquidarse los haberes, cómputo que viene previsto en el art. 74 in fine de la ley 19.101, para actualizar anualmente los beneficios.
Honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Selich Chop Emilio c/ Marchetto de Barba Enzo s/ Incidente de honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-30

En el juego armónico de los arts. 49 y 61 de la ley 21.839 no puede caber duda de que la actualización debe computarse hasta el pago efectivo que no ha de ser otro que el que se configura con la cancelación total de la obligación, sin perjuicio de destacar, en punto a la expresión "efectivo pago", que la misma debe interpretarse prudentemente con realismo y elasticidad, pues si la parte beneficiaria de la actualización se aferra a la literalidad de su texto, es posible que jamás logre arribar a una liquidación definitiva de la deuda.