marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: ARAYA Carlos David c/ Rios Sebastian Alejandro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-06-08

La queja resulta parcialmente procedente porque no ha criticado el apelante en forma puntual, concreta y razonada la decisión del sentenciante de considerar, al momento de fijar el monto indemnizatorio por incapacidad, la pericia de fs. 190-92 la cual determina una incapacidad de solo el 10%.

Sin embargo no puede dejar de señalarse que, según el peritaje indicado, la incidencia de ese grado de incapacidad de solo el 10 % ha ocasionado en el actor, si bien su salud no se encuentra debilitada, que su actividad laboral se vea afectada o alterada pues no puede realizar esfuerzos que pueden perjudicar su columna vertebral. Por otro lado la incapacidad es permanente.

Pero además de las consideraciones antes vertidas en lo atinente a la disminución que sufrió el actor en lo relativo a su actividad laboral, no puede dejar de señalarse que esa incapacidad afectó y afecta hasta la actualidad la vida de relación del actor, que a la fecha del accidente contaba con solo 29 años de edad.

Estas circunstancias me llevan a propiciar que se admita parcialmente este agravio elevando la indemnización a pesos veinte mil a la fecha del accidente.

Para así resolver tengo en cuenta que el actor contaba con solo 29 años a la fecha del hecho dañoso, que la incapacidad parcial será permanente y que el dolor físico que experimenta el actor perdurará dado que el mismo se hace crónico.
Intereses, convertibilidad, moral y buenas costumbres
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco de la Pcia. de Jujuy c/ Serv. Soc. Jure s/ RECURSOS DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD RECURSOS DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1994-12-15

a) Tasa de interés pactada: Se la respeta conforme art. 1197 del Código Civil.

b) No se pactó tasa.La misma depende de la naturaleza de la obligación.

1) Créditos de obligaciones de naturaleza comercial: Rige art. 565 del Cód. Civil: el interés se liquida por aplicación de la tasa promedio que fija mensualmente el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos comerciales. No se aplica el art. 10 del Dcto. Nº 941/91, reglamentario de la ley 23928, porque se refiere al art. 622 del Código Civil.Se incluyen las obligaciones emergentes de operaciones concertadas con entidades financieras.

2) Créditos resultantes de obligaciones de naturaleza civil y laboral.Devengarán a partir del 1/4/91, la tasa pasiva que para el uso de la justicia pública mensualmente el Banco Central de la República Argentina (Comunicado Nº 14.290) por aplicación de lo dispuesto en el art. 10 del Dcto. Nº 941/91, reglamentario de la ley 23928, que integra el art. 622 del Código Civil.

c) Se haya pactado o no tasa de interés, cualquiera sea la naturaleza de la obligación, los jueces deberán cuidar que al liquidarse la misma no medie abuso de derecho o enriquecimiento ilícito o que ello configure imprevisión o lesión al orden público, la moral o las buenas costumbres.
Delitos contra la humanidad, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Etchecolatz,  Miguel  Osvaldo  Roberto s/ recursos  de casación einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

En el presente caso las conductas atribuidas al causante, aún en el contexto de la hipotética situación de guerra que conjetura la defensa, constituyen violaciones al derecho humanitario. La pretendida condición de "enemigos" a la que alude en el recurso de casación, no justifica en ningún caso los tratos que sufrieron las personas que se encontraban privadas de su libertad al momento en que el imputado se encontraba a cargo de la Dirección General de Investigaciones. Es que la protección del derecho a la vida no cesa en tiempo de guerra. (Voto del Dr. Madueño, adhiere la Dra. Catucci según su voto, adhiere el Dr. Mitchell).
Procedimiento administrativo, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Supercanal S.A. c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-06-09

Auspiciar en el caso la declaración de inconstitucionalidad de la norma, además de configurar una novación de la acción contencioso administrativa en una acción originaria de inconstitucionalidad,- cuya procedencia resulta sumamente objetable ya que sus requisitos y procedimientos son distintos-, importa consagrar sin más una declaración abstracta y directa de inconstitucionalidad, la que se encuentra reservada para el supuesto en que los particulares acudan a ella, en tanto supone el examen de las leyes y de los actos por parte de los integrantes de Poder Judicial en los casos concretos que se traen a su decisión. Del voto del Dr. Cáceres.
Representación procesal, querella, matrícula profesional, Colegio Público de Abogados, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: VULGATER, Beatriz y otros s/ QUERELLANTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23

Para actuar en la Ciudad de Buenos Aires es necesario estar matriculado en el Colegio Público de Abogados local aunque el incumplimiento a lo establecido en los arts. 83 ó 418, C.P.P. trae aparejadas consecuencias, más no la nulidad de las actuaciones.
Tarjeta de crédito, responsabilidad del garante, codeudor solidario, efectos del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: DEUTSCHE BANK AG c/ MENDIZABAL, MARIA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-30

Aún cuando del pliego de condiciones generales de un contrato de tarjeta de crédito surja que el garante se constituyó en codeudor solidario "sin limitación alguna", dicha cláusula no puede interpretarse aisladamente, pues debe advertirse la inclusión de una leyenda manuscrita en la que se lee "emitir con lim. crédito cero".

De tal manera, el garante asumió concretamente una obligación de garantía que se encontraba circunscripta o limitada a los términos originarios de contratación -esto es, a que la tarjeta funcionara como tarjeta de "compra" o "pago" y no "de credito"-, por lo que mas allá de la calificación de "codeudor" que se le asigna, comprometió su responsabilidad en forma diversa a la del usuario de la tarjeta u obligado principal, por lo que las alteraciones o modificaciones producidas respecto de este último -en el caso, saldos de arrastre financiados, extracciones o adelantos en efectivo-, no pueden extenderse válidamente al garante sin su conformidad (doct. CCiv:

1195). Por tanto, resulta forzoso concluir en la no responsabilidad del garante respecto de las obligaciones que excedieron los términos de su garantía.
Aplicación de la ley, fideicomiso, simulación, daños y perjuicios, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ascar, María Andrea c/ Ahibe, Rosa Argentina y otros  s/ Ordinario daños y perjuicios (Turno A)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-29

En el marco de una acción de nulidad por simulación de un contrato de fideicomiso con motivo de afectarse la legítima de un heredero forzoso cuyo emplazamiento filial fue determinado con posterioridad, corresponde a la parte demandada probar que el fideicomiso era real, como así también su funcionamiento y desarrollo.
Accidente de tránsito, suspensión de la prescripción, acción penal
Materia: CIVIL
Carátula: GUALINCHAY, Juana Benita c/ BIRANT, José Horacio s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-31

En materia de actos ilícitos y con motivo de la prescripción, la ley 17.711 introdujo una nueva forma de interdependencia entre la acción civil y penal al disponer en el art. 3982 bis., que si la víctima de un acto ilícito hubiere deducido querella criminal contra los responsables del hecho, su ejercicio suspende el término de prescripción de la acción civil, aunque en sede penal no hubiere pedido el resarcimiento de los daños. Cesa la suspensión por terminación del proceso penal o desistimiento de la querella.
Recurso extraordinario, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires, recurso de casación, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Añasco, Omar Obdulio; Añasco, Edith Noemí; Añasco, Nélida Mercedes s/ Homicidio agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-13

Si bien los actos cumplidos a partir de la efectiva interposición de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, nulidad e inconstitucionalidad y concesión de los mismos, no han sufrido merma alguna en cuanto a su validez formal (vgr. a título de secuela de juicio) han perdido virtualidad, lo que implica que si las partes no hicieren uso de los derechos recursivos consagrados en el Código Procesal Penal, ley 11922, quedará firme la sentencia que había sido recurrida para ante esta Suprema Corte.
Alquileres, pago por consignación
Materia: CIVIL
Carátula: Rodriguezz, Ricardo Alberto c/ Edificio Kostzer S.A.I.C.y A. s/ Pago por Consignación/Consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-07-05

El hecho de que el locador haya pagado, sin ningún tipo de queja ni impugnación, un aumento en el precio del alquiler por un plazo de 10 meses, importa la existencia de consentimiento de su parte sobre el incremento del canon locativo, por lo que deviene inadmisible pretender modificar unilateralmente lo que consintió, pues debió hacerlo constar expresamente en el momento inicial del nuevo precio.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Baiza, Héctor Miguel y otra c/ Stebelski, Norberto Jorge s/ Nulidad de contrato de compraventa Pavia, Rubén Horacio c/ Carlos, Jorge Benito s/ Cobro de pesos Cardozo, Emiliana Carolina c/ Ferri, Pablo Horacio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21|1994-10-25|1992-11-24

Las alegaciones referidas al acierto de lo decidido, arbitrariedad y violación de garantías constitucionales resultan ajenas al recurso extraordinario de nulidad.
Despido por huelga, paro de actividades, declaración de ilegalidad, injuria laboral, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: LEON, ELIAS c/ LANICO  S.A. s/ COBRO DE PESOS - DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-11

La falta de declaración de ilegalidad del paro, por parte de la autoridad administrativa, no obsta a que el órgano judicial pueda calificar la huelga para el caso concreto, y determinar su alcance respecto de los contratos individuales de trabajo, a fin de evaluar adecuadamente la ruptura de los vínculos laborales, y la configuración de la injuria. Si bien los jueces deben admitir la calificación administrativa, pueden apartarse de la misma en caso de que suponga una clara irrazonabilidad o error grave, lo que denota su no obligatoriedad.
Contratos administrativos, interés público, obligaciones, incumplimiento del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berron, Roberto Jesús c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nro.   660-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-27

La eventual justificación del estado de mora del actor en el pago del canon respectivo en oportunidad de ser adjudicatario de un local en la Terminal de Omnibus de la ciudad de Santa Fe, remitiría a tomar en cuenta una solución equivalente a la excepción de incumplimiento contractual, la cual permitiría a uno de los contratantes no cumplir con las obligaciones a su cargo si la contraparte no cumplió sus obligaciones principales en un contrato bilateral. Respecto a dicho instituto, expresamente reconocido en el derecho privado nacional a través del artículo 1201 del Código Civil, no es pacífica su aplicación en el campo de los contratos administrativos; y aún en los casos en que es posible entender que resulta aplicable, las soluciones no pueden desentenderse del interés publico comprometido en este tipo de contratos que en innumerables ocasiones no admite la suspensión del cumplimiento de las obligaciones del concesionario. En el caso, el recurrente justifica su estado de mora en la tardía puesta en posesión por parte de la Municipalidad del local adjudicado, como así también en la falta de devolución del depósito en garantía.
Derecho procesal, costas, principio objetivo del vencimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: Guerrero, Damian Carlos c/ Chevrolet SA de Ahorro para Fines Determinados y Otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-30

El hecho de que el actor resultare sustancialmente vencido en la controversia y se haya seguido el principio general relativo al criterio objetivo de la derrota (CPR 68 y 73), no puede resultar invalidado por el análisis que ulteriormente pudiera caber en torno a la inoponibilidad o eximición en su pago, en función de la concesión del beneficio de justicia gratuito acordado (ver CNCom, Sala F, in re Fernandez, Sergio A. C/ Lepic SA y otro S/ sumarísimo", del 22/04/21).
Depósito judicial, automotores
Materia: PROCESAL PENAL -PENAL
Carátula: PEREZ JUAN EMILIO s/ DEPOSITO JUDICIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-06-28

El art. 235 del C.P.P. establece que cuando se tratare de automotores u otros bienes de significativo valor, no se entregarán en depósito, sino a sus propietarios. La ley ha concedido a la inscripción registral de los automotores efecto constitutivo, lo que equivale a decir que sin ella no se produce la adquisición de ningún derecho real sobre el vehículo. La inscripción es aquí el modo en reemplazo de la tradición.

Con relación a los muebles, el art. 2412 C.C. protege a los poseedores de buena fe, considerándoles propietarios de la cosa, y esta norma era la que debía aplicarse a la propiedad de los automotores. Necesidades de carácter fiscal y otras vinculadas con la regulación del tránsito, impulsaron a las provincias y municipalidades a crear registros de carácter administrativo, cuyas constancias podían resultar útiles para corroborar la titularidad del dominio, pero de ninguna manera alteraban el régimen establecido por la ley de fondo, es decir el C. Civil. El elevado valor de los automóviles y las características propias de este tipo de bienes muebles que hacen posible la identificación de cada unidad, distinguiéndola de otras marcas, modo y números de serie de motor y del chasis, hicieron aconsejable crear un registro de carácter nacional que brindase amplia publicidad sobre la titularidad del dominio, gravámenes prendarios, embargos y otras limitaciones a la facultad de disponer, para lograr así una mayor seguridad en el título jurídico de estos bienes y poner trabas a la comercialización clandestina de rodados. Se sancionó así el Decreto Ley 6582/58 que creaba el Registro del Automotor e introducía una modificación sustancial con relación al régimen de propiedad de estos bienes muebles, ya que reemplazaba la tradición, como modo de constitución del derecho real, por la inscripción registral de carácter constitutivo, en consecuencia si no se inscribe el título no se operar a la transmisión, aunque se haya hecho entrega de la cosa. A la inversa, la inscripción es suficiente para transferir el dominio aunque no se haya hecho tradición del vehículo.-
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia criminal, competencia por el territorio, lugar del hecho, estafa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Márquez, Gustavo s/ estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-08

Habida cuenta que la competencia penal por razón del territorio se establece atendiendo al lugar donde se ha consumado el delito, corresponde conocer de la denuncia al juez del lugar donde fueron expedidos los "créditos" -utilizados como medio de pago para el trueque de bienes y servicios- presuntamente apócrifos. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Poder Judicial, establecimientos asistenciales, transfusión de sangre, consentimiento del paciente, testigos de Jehová
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Prestaciones Médico Asistenciales S.A. s/ autorización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

Resulta manifiestamente ajena al cometido del Poder Judicial de la Nación el pedido de autorización para no efectuar trasfusiones de sangre a un paciente que pertenece a la religión Testigos de Jehová, debido a la inexistencia de conflicto de intereses entre el establecimiento médico y el paciente (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Notificación, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: MUÑOZ ANGELA c/ MUMENTHALER GABRIEL Y OTRO s/ ORDINARIO - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-10-27

No se produce indefensión por el hecho de que las cédulas de notificación de la audiencia estuvieran firmadas por una letrada ajena al proceso,pues no se privó a la contraparte del conocimiento del día y hora fijados para el acto judicial. Ello, porque las nulidades procesales no deben declararse fundadas en principios abstractos sin finalidad práctica, ya que las cédulas contenían los requisitos necesarios para que la contraparte tomara conocimiento del proveído. En definitiva, el vicio precisado no importa restricción alguna al derecho de defensa en juicio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ves Losada, María Luisa c/ Maidana, Dora Beatriz s/ Desalojo por intrusión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-04

Es prerrogativa de los jueces de grado seleccionar el material probatorio, por cuanto en todo lo concerniente al análisis de la prueba, los juzgadores ejercen facultades privativas, salvo el caso excepcional de absurdo.
Simulación, causa simulandi, apreciación de la prueba, presunciones
Materia: PROCESAL
Carátula: A. F. L. c/ G. E. L. Y OTRO s/ SIMULACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-20

A los fines de determinar si el acto es simulado, cobra relevancia la relación de parentesco existente entre las personas otorgantes del negocio, que unido a la causa simulandi, permiten tener por acreditada la falsedad del negocio.
Facultades reglamentarias, delegación de facultades a la Administración, Comisión Nacional de Valores, multa administrativa, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Establecimiento  Modelo  Terrabusi  S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

La precisión del hecho sancionable no supone atribuir a la administración una facultad indelegable del Poder Legislativo, sino que se trata del ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria discernida por el art. 99, inc. 2º de la Constitución Nacional, razón por la cual las sanciones que la Comisión Nacional de Valores puede aplicar, de acuerdo con el art. 10 de la ley 17.811, tienen carácter disciplinario y no participan de la naturaleza de las normas del Código Penal.

(Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Antonio Boggiano).
Presunciones, apreciación de la prueba, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Pellex, Leonardo Celestino o Papa, Roberto o Soarez Martínez, Walter Omar o Soarez Martínez Plaza, o Pellex Briaberter, u Olea, José Alberto o Unsdrich, Juan Carlos o Pellex, Pedro Celestino o Pellex Bria, Leonardo Celestino s/ Robo simple reiterado (dos hechos) en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-09

Es insuficiente la impugnación referida a la equivocidad de los indicios y la falta de sustentación de alguno de ellos -sin decir cuáles- que no es acompañada de intento de demostración alguno (art.

355, C.P.P. - según ley 3589 y sus modif.-).
Costas, expropiación irregular
Materia: CIVIL
Carátula: CAMPANER HECTOR ATILIO c/ M.C.B.A. s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-17

En el juicio expropiatorio la vigencia de aquel principio general según el cual se debe impedir, en cuanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar en juicio para pedir justicia (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t.

III, p. 367 y sus citas), como así que sólo en el supuesto excepcional de que el expropiado impugne, sin éxito, la declaración legislativa de utilidad pública se justifica la modificación del régimen de las costas (conf. Maiorano, "La expropiación en la ley 21 499", p. 120 y sus citas; C.N.Civ. Sala G, L. 284.893 del 24-11-82;

L. 270.270 del 22-7-81 y L. 289.521 del 10-10-83), la improcedencia de alguno de los rubros indemnizatorios, que la expropiante no individualiza, no impide la calificación a que alude el art. 68 del Código Procesal, por cuanto dada la naturaleza resarcitoria deben ser impuestas a la Comuna, aún cuando la demanda no prospere íntegramente, salvo supuestos de excepción.
Daños y perjuicios, indemnización, gastos médicos, gastos de farmacia, falta de prueba
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: MONTESINO, EUSTAQUIO c/ TRIOLO, DANIEL HECTOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-12

Aunque la actora afirma que "ha tenido gastos médicos, farmacéuticos y de traslados", ni en la pieza de inicio, ni en ningún momento se pone de manifiesto circunstanciada y concretamente -menos se acredita- en qué consistieron aquéllos. Por tanto, si bien es cierto que en esta materia no es dable exigir del damnificado la conservación de los instrumentos demostrativos de cada uno de los gastos que se vio obligado a llevar a cabo y que resulta notorio que la atención hospitalaria o de las obras sociales no es absolutamente gratuita, de ello no puede derivarse que reclamos de esta especie deban ser admitidos por el total que se solicite en demandas de extrema parquedad, en las que no se ofrezcan referencias o indicaciones que ayuden a formar juicio sobre la entidad del resarcimiento que se persigue.
Fraude procesal, desplazamiento de documentación
Materia: PENAL
Carátula: YOUNG, J. Y OTROS s/ DESOBEDIENCIA PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-03

El delito de desobediencia procesal fraudulenta consiste en cambiar o alterar lugares, cosas o personas, en el sentido de mutarlas o reemplazarlas por otras; razón por la cual el mero desplazamiento de documentación carece de adecuación típica dentro del art. 240 bis C P.
Contrato de trabajo, ley de empleo, despido indirecto, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Vargas, David c/ Conarpesa S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-21

El silencio guardado ante el reclamo, aún en plazo inferior al del art. 11º de la LNE, importa en mi opinión la clara decisión de no regularizar la relación laboral.
Prescripción, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: HERNANDEZ, LILIANA MARIA FLOR. c/ BANCO PATAGONIA Y OTROS. s/ COBRO DE HABERES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-02

Con respecto la oposición defensiva -excepción de prescripción- planteada por la codemandada, que no mantuviera relación directa con la empleada y que tampoco ha sido intimada formalmente, habiendo transcurrido el plazo de tres años, corresponde declarar prescripto el crédito a su respecto según art. 256 de la LCT, destacando que los efectos de la suspensión no se extienden a los codeudores solidarios según lo dispuesto por el art. 3981 del Cód. Civil.