Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28


Para mejor comprensión del caso se transcriben los fundamentos del auto anoticiado. "Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

I) Llegan estas actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs.433 por el Sr. Fiscal contra la resolución de fs.430/31, ambas del expediente principal, en la que el "a quo" resolvió desestimar las presentes actuaciones.

II) Comienza la presente causa a raíz de la investigación preliminar nro. 6, por presunto enriquecimiento ilícito de "G. G", iniciada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 2 de Capital Federal, en atención a lo dispuesto por la Resolución nro. 6/92 de la Procuración General de la Nación, en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación y del art. 26 de la ley orgánica del Ministerio Público -nro.24.946.

En el marco de dicha investigación, el Sr. Fiscal solicitó a este Tribunal que se establezca el Juzgado que debía intervenir en ella. Así las cosas, y mediante sorteo de práctica se determinó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro.11, cuyo titular se declaró incompetente en razón de considerar a estas actuaciones una ampliación del objeto procesal de los autos 7930/96 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro.3, remitiéndolas por ello a dicho Tribunal. Por su parte el Juez a cargo del Juzgado mencionado en último término se declaró incompetente por considerar la inexistencia de tal causa conexa, trabándose una cuestión de competencia negativa entre ambos Magistrados, que finalmente resolvió esta Cámara a fs.258 del ppal.

Como consecuencia de esta última resolución, y por los argumentos allí expuestos, las presentes actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal nro. 3, interviniente en la causa 7930/96. Al recibir la causa el "a quo", mediante el auto de fs.261, corrió vista al representante del Ministerio Público Fiscal para que se expida de conformidad con el art. 180 del Código de adjetivo, "sea formulando formal requerimiento de instrucción que dé impulso a la acción penal o, en su caso, desestimándose las presentes actuaciones".

A fs 341, el Sr. Fiscal respondió que si bien con la prueba colectada hasta el momento, no se hallaban reunidos los extremos requeridos por el art.188 del C.P.P.N. para formular requerimiento de instrucción, tratándose de un caso de promoción de la acción penal de oficio sería viable que se le delegue la investigación en los términos del art. 196 del citado cuerpo legal.

Ante tal dictamen, el "a quo" resolvió desestimar las actuaciones (ver fs.430). Apelada tal resolución por el Sr. Fiscal, no le fue concedido el recurso en la anterior instancia, recurriendo en queja ante esta Sala que, a fs.13 de este incidente, declaró mal denegado el recurso. III) Encontrándose el Tribunal en condiciones de resolver el recurso de apelación traído a estudio, corresponde analizar los agravios planteados por el Sr. Fiscal.

Sostiene el recurrente en su escrito de apelación de fs.433/5, que con la resolución atacada se desconocen las facultades investigativas que el ordenamiento legal otorga al Ministerio Público Fiscal. Asimismo, insiste con la posibilidad de que se le delegue la investigación conforme lo prevé el citado art 196 del C.P.P.N., con miras a completar la pesquisa y, en su caso, efectuar requerimiento fiscal o bien solicitar la desestimación.

Frente a tal pretensión resulta menester efectuar ciertas consideraciones.

En primer lugar, es preciso aclarar que efectivamente nos encontramos frente a un caso de promoción de la acción penal de oficio, en el que según lo prescripto por el art. 196, segundo párrafo del C.P.P.N., el Fiscal debe ordenar las medidas de investigación ineludibles y poner inmediatamente en conocimiento al Juez Instructor.

En este contexto, el Fiscal ordenó las medidas enumeradas a fs.43/44 vta. del ppal. y por otra parte el "a quo" tomó conocimiento de las presentes actuaciones a fs.179, que luego de resolverse la cuestión de competencia negativa suscitada le fueron remitidas a fs.258 (ver Considerando II de la presente resolución).

Ante tal noticia, el Juez podría haberle permitido al Fiscal continuar con las medidas y una vez terminadas, decidir si tomaba a su cargo la investigación o se la delegaba al citado funcionario; o bien, ya en aquel momento, pedirle las actuaciones para tramitarlas él, en cuyo caso el Fiscal debe enviarlas con el correspondiente requerimiento de instrucción -arts. 188 y 196 del C.P.P.N.- (ver Luis Darritchon, "Cómo es el nuevo proceso penal", Ed. "Abeledo- Perrot", Bs.As. 1993, pág.109) . Lo cierto es que al receptar la causa, el "a quo" dispuso, mediante auto de fs. 261, correrle vista al Fiscal para que se expida de conformidad al artículo 180 del C.P.P.N..

Ahora bien, del citado auto no se desprende su voluntad de asumir la investigación.

En efecto, según surge de la letra del artículo 188, segundo párrafo, del Código adjetivo, si el Juez de instrucción , "conforme a lo establecido en el segundo párrafo del art.196, decidiera tomar a su cargo la investigación, el agente fiscal deberá así requerirla". Es decir que el "a quo" omitió expresar su decisión de continuar él mismo con la investigación iniciada -y así comunicarla al Fiscal-, presupuesto necesario del acto procesal reflejado a fs.261.

La reflexión ensayada en el párrafo precedente adquiere relevancia frente al temperamento adoptado por el Fiscal al contestar la vista. En efecto, la referida omisión por parte del Juez pudo haber generado incertidumbre en el representante del Ministerio Público Fiscal, impidiendo que interpretara correctamente el sentido de la vista analizada. De hecho, no puede descartarse la posibilidad de que frente a la certeza de que la intención del Juez era tomar a su cargo la investigación, el Fiscal, con los mismos elementos con que solicitó la delegación de ella -invocando la resolución 6/92 de la Procuración General de la Nación-, efectuara el requerimiento.

Ello así, porque frente al ejercicio expreso de tal opción por parte del "a quo", la delegación de la investigación en los términos del citado artículo 196, pretendida por el Fiscal ya no resulta viable.

Es así que, conforme a lo expuesto, la irregularidad señalada, impidiendo al Fiscal una adecuada hermenéutica del auto de fs.261, ha generado perjuicio para una de las partes del proceso, por lo que se impone la sanción prevista por el artículo 167 del C.P.P.N. respecto del auto mencionado, y de todo lo obrado en consecuencia.

Como corolario de todo lo expresado el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR la NULIDAD del auto de fs. 261 del expediente principal y de todo lo obrado en consecuencia, debiendo el "a quo" proceder de la manera indicada en los Considerandos (arts. 167, inciso segundo y 172 del C.P.P.N.).

Regístrese, hágase saber al Sr. Fiscal General y devuélvase, debiendo el "a quo" efectuar las restantes notificaciones a que hubiere lugar.