marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento laboral, prueba testimonial, impugnación de la declaración testimonial
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: SANABRIA, JORGE O. c/ PALMIRA F. DE ZANARDO SRL Y/O s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 10-00, Resolución Nro. 161, Tomo 24, Folio  242)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-18

La incidencia de tacha debe estar fundada en la inhabilidad del testigo o en presunción de parcialidad, la que ha de valorarse por el juzgador según lo dispone en el art. 224 del Cód. de Proc. C. y C., de aplicación integrativa atento lo previsto en el art. 128 de nuestra ley de rito, norma que dispone que los jueces apreciarán la prueba testimonial según las reglas de la sana crítica y el crédito que inspiren las condiciones personales de los testigos.
Excarcelación, resolución denegatoria, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GOMEZ PEREYRA, Eduardo Gabriel s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-15

Corresponde no hacer lugar a la excarcelación solicitada, ya que debe tenerse en cuenta la totalidad de la situación procesal del encausado, máxime que la eventual pena única aplicable no habrá de ser de ejecución condicional, no resultando por otra parte, el tiempo de detención sufrido a la fecha, suficiente para que sea aplicable lo establecido por el art. 13 del C.P. .
Unificación de penas, principios procesales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., S. y Otra s/ Robo con Armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-26

El artículo 23 del C.P.P. establece la previsión procesal de unificación de penas conforme lo dispuesto por la ley sustantiva, pero no excluye los principios de inmediación, oralidad y contradicción que imperan en el ordenamiento procesal penal. Cabe recordar que en materia penal el principio de la inviolabilidad de la defensa tiene una derivación mucho más importante que en los otros campos del derecho, no se trata simplemente en el reconocimiento del derecho y en la garantía de su normal ejercicio, sino también en la imposibilidad de evitarla o impedirla.
Régimen de consolidación de deudas, causa de las obligaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Criscido,  Armando  Tomás c/ Ministerio  de  Justicia  de  la Argentina s/ accidente - ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

En los términos de la ley 23.982 la causa de las obligaciones la constituyen los hechos o actos que de modo directo o inmediato les hubiesen dado origen.
Propiedad horizontal, partes comunes, balcones terrazas
Materia: CIVIL
Carátula: ACCINELLI, HAYDEE N c/ CONSORCIO EDIF. CALLE INDEPENDENCIA 4295/99 s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-08

Si bien es cierto que el balcón terraza de la unidad de un edificio en propiedad horizontal constituye parte del techo de la unidad ubicada en el piso inmediato inferior, no es techo en sentido técnico ya que una característica definitoria de éste último es que "no está destinado al acceso y uso de los copropietarios del edificio", y no debe ser confundido con las azoteas o terrazas, que independientemente que cumplan función de techo, pueden ser incluidas convencionalmente entre los bienes de propiedad individual, dado el criterio de nuestra ley.
Daños y perjuicios, indemnización, daño material, prueba, prueba pericial
Materia: CIVIL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: Velasco Angulo, Isaac c/ Buenos Aires, Provincia de. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-15

A los fines de determinar el monto de la indemnización los daños y perjuicios sufridos por el actor, los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos -aunque elementos importantes que se deben considerar- no conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente, toda vez que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere un marco de valoración mas amplio.
Medidas cautelares, reafiliación a obras sociales, embarazada, derecho a la salud
Materia: CIVIL
Carátula: AGUILERA  JARA  DELIA  EUNIS c/ OBRA SOC UNION PERS DE LA UNIONPERS  CIVIL  DE  LA  NACION s/ INCIDENTE DE APELACION DE MEDIDACAUTELAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-22

No está discutida que la actora fue afiliada de la demandada y que se encontraba embarazada. Tampoco se cuestionó que la demandada dio de baja su afiliación. Está en debate, en cambio, la obligación de la demandada de reincorporar cautelarmente a la actora como su afiliada, brindando en consecuencia el servicio de salud que requiere. Considerando los cuidados y atenciones médicas que requiere una mujer cursando su embarazo y luego su hijo recién nacido; teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, cabe concluir que el mantenimiento de la medida precautoria decretada no ocasiona un grave perjuicio a la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la paciente, ponderando el tratamiento y cuidados que requiere un parto y tratamientos y controles posteriores.
Cosa juzgada material, desestimación de la denuncia
Materia: PENAL
Carátula: FALU, RICARDO s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-12

La resolución que confirmó la desestimación de la denuncia solicitada por el fiscal y dispuso el archivo de las actuaciones por atipicidad de los hechos denunciados tiene el efecto de cosa juzgada material respecto del imputado. La supuesta falsedad en torno a la fecha no hace a la esencialidad del orden del día, ni a lo que el documento estaba destinado a probar con efectos jurídicamente propios, pues para su configuración, el tipo penal requiere que el documento en cuestión contenga declaraciones falsas sobre hechos que esté destinado a probar. La disidencia sostuvo que la desestimación de una denuncia por atipicidad no trae aparejado un impedimento absoluto para reiniciar el procedimiento, única situación que, por su efectos, podría equipararse a definitiva. (Dres. Diez Ojeda, Hornos y González Palazzo).
Marcas, registro de marca, vocablo de uso común
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: QUIMICA MONTPELLIER SA c/ INSTITUTO BIOLOGICO ARGENTINO SAIC s/ cese de oposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

La demandada no puede pretender monopolizar la voz "bio" y "biol" en su clase aun cuando forme parte de su denominación comercial existiendo otros registros de los que no es titular que los contienen sin su oposición, y mucho menos puede pretender impedir un registro que la contenga con otros elementos donde, además, es de uso común; y ambos deben entender que la utilización de la voz "bio" y "biol" (relativo a la vida) para ser utilizado en productos farmacéuticos importa el reconocimiento, por su obviedad, de la debilidad intrínseca del signo, permitiendo, por ende, mayores acercamientos.
Organización de la justicia, subrogación legal, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Taqui - González, Rómulo s/ Homicidio Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-08

Ante la subrogación ilegalmente ejercida por el Fiscal -constituyéndose en Juez- resultan nulos el auto de procesamiento y prisión preventiva y el requerimiento fiscal de elevación a juicio, que presuponen y requieren una indagatoria del imputado válida; y los que se fundan también en probanzas resultantes de los actos ilegalmente practicados a partir de la subrogación aludida.
Despido, invariabilidad de la causa
Materia: LABORAL
Carátula: GIL, DANIEL O. c/ INDAVER. EDUARDO s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-07-08

La ratio legis del art. 243 LCT protege el interés probatorio y el derecho de defensa de la parte denunciada, con el objeto de que pueda ser sorprendida en su buena fe -en el acto de la traba de la litis- con la invocación de motivos distintos de los consignados en la comunicación documentada del distracto.-
Reclamo administrativo previo, interrupción de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: L.M., T.del C. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2019-02-06

...la interposición del reclamo administrativo previo debe interpretarse como una expresión inequívoca del próposito de demandar luego en la vía contenciosa , por lo que cabe asignarle efecto interruptivo de la prescripción
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, delitos, robo calificado, robo de automotor, robo con armas, leyes, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: A, J. M. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Robo calificado de automotor (Expte.  CSJ Nº 187-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-15

En oportunidad de fallar en la causa "Pupelis", la Corte Nacional desechó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 38 del decreto ley 6582/58 fundándose en que: a) el juicio sobre la razonabilidad de la ley penal no puede fundarse exclusivamente en la comparación de las penas conminadas para los distintos delitos definidos en el catálogo penal, pues el intérprete sólo puede obtener, como resultado de tal comparación, la convicción de que existe un tratamiento distinto de los bienes pero de ningún modo decidir cuál de las dos normas de igual jerarquía legal comparadas es la que no respeta la proporcionalidad, ya que tan imperfecto método de interpretación lo llevará al dilema insoluble de saber si la una es desproporcional por exceso o si la otra lo es por defecto (-cons. 7-); b) la proporcionalidad no puede resolverse en fórmulas matemáticas, sino que sólo exige un mínimo de razonabilidad para que la conminación penal pueda ser aceptada en un Estado de Derecho (-cons. 8-); c) no se advierte que la agravación de la pena para el robo con armas de automotores carezca de razonabilidad y d) la argumentación que se funda en que existen otras cosas muebles de mayor valor económico que reciben menor protección que los automotores reposa en la errada convicción de que el valor económico de las cosas es el criterio determinante e igualitario para fijar la protección de los bienes jurídicos, y ello pasa por alto que el derecho penal no protege cosas sino bienes jurídicos y que el menor o mayor valor acordado a un bien jurídico depende de su capacidad para satisfacer necesidades humanas; en otras palabras, para garantizar a los hombres el campo más amplio de respeto y desarrollo de su personalidad. Además, consideró que la declaración de inconstitucionalidad no podría fundarse en la omisión del legislador de proteger de igual modo otros bienes jurídicos, pues en tal caso la sentencia de la Corte no tendría por fin real descalificar una incriminación legislativa de conductas sino, antes bien, imponer al Poder Legislativo la incriminación de otras en la misma medida que la descalificada. Desde tal mira, la Corte sometería a dicho Poder a sus propios criterios acerca de qué conductas deben ser declaradas delictivas y cómo deben ser punibles, lo que repugna a la organización constitucional del poder de la República Argentina (-cons. 9-). (Del Voto del Dr. Ulla).
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, condena anterior
Materia: PENAL
Carátula: Vulcano Jorge Roberto s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1981-04-23

No corresponde computar como agravante una condena anterior recaída como resultado de una acción con un contenido de culpabilidad totalmente distinto del aquí juzgado (ib.c.6151).
Defensa en juicio, declaración indagatoria, derecho a conocer las pruebas en contra
Materia: PENAL
Carátula: Telleldín, Carlos Alberto y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-19

De las cuantiosas irregularidades en que se incurrió en las presentes actuaciones, el hecho de que en el acta que documenta la primer declaración indagatoria, no surge detalle alguno de "las pruebas existentes en su contra" (art. 298 del C.P.P.N.), trae como consecuencia, que este Tribunal se encuentra privado de realizar un control de los elementos que tuvo en cuenta el juez instructor para imputar su participación en el atentado. (Voto de los Dres. Fégoli, David y Mitchell).
Extradición, crímenes de guerra, delitos contra las personas, delitos contra la humanidad, genocidio, imprescriptibilidad de la acción penal, tratados internacionales
Materia: PENAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Priebke, Erich c/  s/ solicitud de extradición - causa n° 16.063/94. 16.063/94.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Si los crímenes de guerra que se imputan al requerido por aplicación de la Convención de Extradición entre la República Argentina y la República Italiana (ley 23.719) configuran delitos contra la humanidad integrados con elementos de genocidio, la acción penal es imprescriptible (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor).
Competencia, fuero de atracción, concurso preventivo, regulación de honorarios, honorarios extrajudiciales, relación de dependencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA MIRA, José F. c/ CUMBRE COOP. ARG. DE SEGUROS LTDA. s/ COBRO DE HONORARIOS PROF. - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-22

Resulta procedente el fuero de atracción previsto en la ley 24522 respecto de un juicio mediante el cual se reclama la determinación de honorarios profesionales extrajudiciales, ya que el contrato en el que se sustenta la pretensión no es de origen laboral, puesto que la relación del abogado con su cliente podrá, según las circunstancias y particularidades del caso, constituir un contrato de locación de servicios o de obra, un mandato o una especie atípica, pero no un contrato de trabajo, pues no existe subordinación plena ni con miras a continuar en el tiempo, más allá del necesario para dar cumplimiento al trabajo encomendado.-
Competencia, excusación, vacío legal, competencia contencioso administrativa, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: RICOTTADENBY,RODOLFO c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

A diferencia de lo que ocurre con la integración de las Cámaras Contencioso Administrativo y Civil y Comercial Federal, supuesto para el ordenamiento no contiene previsión alguna para el caso que aquí se plantea, donde se trata de establecer el Juez que habrá de intervenir ante la excusación de todos los magistrados de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo Federal.Siendo ello así esta sala considera pertinente recu contenida el art. 24 inc. 7) primer párrafo "in fine", del decreto-ley 1285/58.

Si bien en el caso no media una contienda de competencia, la situación planteada equivale a ella, por lo que la intervención del Alto Tribunal se hace necesaria para evitar una efectiva privación de justicia.
Títulos ejecutivos, multa, notificación defectuosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CORDOBA c/ JIMENEZ GARCIA JUAN s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-10-18

Si el notificador del Tribunal Administrativo Municipal de Faltas se constituyó en el domicilio y dejó cédula en un "portón de rejas amarillo",sin dudas que no es ésa la forma de efectuar notificación alguna. No sólo no recibió persona alguna la cédula sino que tampoco se aseguró de manera efectiva que ella estuviera en condiciones reales de ser conocida por los moradores de la vivienda. La cédula quedó en un portón expuesta a ser deteriorada por el medio ambiente, a desaparecer porque simplemente se voló,o porque alguien desaprensivamente la retiró. La trascendencia inobjetable que ella tiene,excluye el poder otorgarle a la misma cualquier posibilidad de ser transmisión adecuada para el conocimiento efectivo del acto administrativo que en ella se consigna.

El propio C.P.C. establece como forma alternativa para la entrega de la cédula (arts. 64 y 65 ib) el de dejarla o arrojarla en el interior de la casa y que puede ser asimilado con un criterio laxo, con la posibilidad de "fijación de la cédula" de la cual otras legislaciones procesales hablan (cfr. art. 141 C.P.C.N.). Sin embargo la "fijación" de la cédula,impone una adherencia que sea apta y hábil porque la cédula cumple propiamente con su objetivo de asegurar el principio de bilateralidad de la audiencia o contradicción (cfr. Maurino, A; Notificaciones Procesales, Astrea, Bs. As.,1990,pág. 11).

El título ejecutivo como resultado de un proceso administrativo,no se conforma debidamente si no ha tomado conocimiento el demandado de la acción que se le sigue,no puede efectuar consecuentemente defensa alguna que pueda ser tenida en cuenta a la forma o al fondo del asunto;sin duda que no estando las constancias respectivas que ahora se hacen valer expedidas en cumplimiento de las formalidades legales no pueden ser tenidas como instrumentos públicos en los términos del art. 819 inc. 1ro. C.P.C. (cfr. Bustos Berrondo;Juicio Ejecutivo,Platense,La Plata,1988,pág. 22). De esta manera,el título ejecutivo no ha sido el resultado del cumplimiento del procedimiento administrativo que las propias Ordenanzas Municipales así habían dispuesto.-
Obras sociales, responsabilidad de la obra social, prestadores médicos, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: RIKKIN DE BALTIMAN ROSA c/ CLINICA COLEGIALES S.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-09

La registración en el INOS de los prestadores directos de servicios médico-asistenciales "genera la presunción de idoneidad" de los mismos. De ahí que, en principio, la obra social no puede ser responsable de hechos de agentes de la prestadora por la cual optara quien resulte damnificado. La actividad de "control" por la Obra Social de la atención en la clínica a los afiliados internados no implica el tener inspectores permanentes para prevenir tales hechos.
Leyes, asociaciones profesionales, interpretación de la ley, Constitución Nacional, sindicatos, intervención del sindicato, revisión judicial de actos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CABRERA, CARLOS ROBERTO s/ RECURSO DE APELACION ART. 62 LEY 22.105
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-15

Una razonable interpretación de las leyes 21.356 y 22.105, armonizando sus preceptos del modo que mejor concuerden con el ordenamiento jurídico vigente y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, lleva a sostener que la inapelabilidad que establece el art. 5 de la primera, o la falta de previsión del art.

62 de la segunda, no importan privar al acto que decreta la intervención de un ente gremial de toda revisión judicial, habida cuenta que a ella, como regla, están sujetos todos los actos que producen efectos jurídicos directos con relación a administrados o terceros destinatarios de ellos.
Impuestos, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Obras Sanitarias Mar del Plata c/ Osorno, R. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

El plazo de la prescripción es de diez años. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, reserva de la cuestión federal, falta de reserva de la cuestión federal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aguada Gigliotti, Natalia y Otro c/ Obra Social de la Policía Federal Argentina s/ Amparo - Medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-15

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal interpuesto por la Obra Social contra la sentencia que admitió la acción de amparo deducida por un afiliado, en tanto no se introdujo ni se mantuvo la cuestión federal, no tratándose en el caso de un supuesto de arbitrariedad sorpresiva, pues la Cámara confirmó la sentencia de autos en los mismos términos en los que se había pronunciado el a quo, por lo que el acogimiento de la demanda es un evento previsible para la accionada.
Escritos judiciales, presentación equívoca
Materia: PROCESAL
Carátula: SUAREZ LADOUCH, ALFONSO s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-02-28

Por haber sido presentado el escrito, de acuerdo a su texto en el incidente de colación y no en el principal en que se dictó la resolución recurrida, correspondería tener por desierto el recurso, más, tal pretensión no puede prosperar, puesto que si bien es cierto el error formal señalado, tal incidente se encuentra incorporado al principal y el sucesorio se inició y tramita teniendo como único bien sucesorio objeto del proceso, el valor del bien colacionado, por lo que el error resulta atendible y su contenido es claro en relación al fin que persigue.
Procedencia del recurso, remisión del expediente, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Peralta, Mónica Nancy S/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (Criminal y Correccional) en expte. nº 17833/2008 (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-01

Con carácter previo a disponer acerca de la concesión o denegatoria del recurso de inconstitucionalidad, corresponde en el caso dejar sin efecto la denegatoria cuestionada y devolver las actuaciones para que se sigan los pasos previstos en la ley n° 402. Ello así, toda vez que la Cámara, sin sustanciación previa, denegó el recurso de inconstitucionalidad, es decir, no le dio el trámite indicado por la ley n° 402 que abre la oportunidad del traslado del art. 27, a fin de que la parte recurrida pueda ejercer su derecho de defensa. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Obligaciones de dar sumas de dinero, reordenamiento del sistema financiero, actualización monetaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alba, Antonia Elena y otro c/ Municipalidad de Trenque Lauquen s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-10-27

La modificación introducida por la  ley 25.561  a la ley 23.928 mantuvo la redacción del artículo 7 de ésta, en el que sólo cambió el término "australes" por "pesos", estableciendo que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada y que en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa y, además ratificó la derogación dispuesta por su artículo 10, con efecto a partir del 1 de abril de 1991, de todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autoricen la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juárez, Rubén Faustino y otro c/ Mrio.  de Trabajo y Seguridad Social (Direc. Nac. de Asoc. Sindicales s/ Acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

La acción de amparo contra actos de la autoridad pública es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiestas y la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos y ordenanzas (arts. 1 y 2 de la ley 16.986).