Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-05


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 5 días del mes de julio del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "L. TSB B. plc c/ C., A. O. y otra s/ EJECUTIVO", Expte. nro. 15.587/06, venidos del Juzgado Letrado de Ejecución nro. 1 (Expte. nro. 1711/04), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 64), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 41/44 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?	A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelada por la parte demandada a fs. 45 la sentencia definitiva de fs. 41/44 vta., habiéndose concedido a fs. 46 el recurso de apelación en relación y con efecto suspensivo.

El fallo cuestionado falló: "1) Recha-zando la excepción de prescripción opuesta por los codemandados Sres. A. O. C. y L. E. A. contra el progreso de la presente acción ejecutiva de acuerdo a los considerandos pertinentes; 2) Mandando llevar la ejecución adelante hasta que los demandados Sres. A. O. C., L. E. A., M. O. P. y M. B. L. hagan a la actora L. TSB B. plc íntegro pago de las sumas reclamadas de dos mil ciento ochenta y un pesos con sesenta centavos ($2.181,60) con más sus intereses conforme lo dispone en el considerando respectivo; 3) Imponiendo las costas al demandado vencido. Regulando los honorarios de los profesionales intervinientes...".

I.A.) A fs. 47/48 vta. obran glosados los agravios interpuestos por los codemandados Sres. A. O. C. y L. E. A. quienes apelan la decisión del a-quo de rechazar la excepción de prescripción interpuesta por ellos.

Expresan que el a-quo para adoptar tal decisión adopta el criterio de especialidad de la norma de aplicación dando primacía al art. 36 del Dto. 5965/63 por sobre la categórica prohibición que rige el art. 3965 del Código Civil, ya que entienden los apelantes que la primera de ellas no es una norma más específica que la segunda, por cuanto a pesar de su naturaleza cambiaria, sus conceptos y sujetos comprendidos no permiten su aplicación en este proceso.

Aduce que en muchos aspectos, el pagaré queda asimilado a la letra de cambio, siendo uno y la otra diferentes en muchos aspectos, agregando que uno de tales aspectos se trata de los sujetos actuantes en la vida cartular. Cita lo prescripto por el art. 36 del Dto. 5965/63, sosteniendo que el librador de una letra de cambio no es equiparable al librador de un pagaré, más bien éste último se equipara al aceptante de la letra de cambio, quien resulta ser el obligado directo. Cita jurisprudencia, diciendo que por lo expuesto no puede aplicarse literalmente la potestad del librador de una letra de cambio, extendiendo una atribución del librador de una letra de cambio a quien no opera como tal con ocasión del pagaré. Por lo mismo, sólo sería equiparable la facultad del librador del pagaré, si esa facultad de extender el plazo de prescripción futura se hubiera regulado para el aceptante de la letra de cambio y no para el librador.

Expresa que se ha omitido considerar que el art. 3965 del C.C., ha superado el reexamen que comprendiera la reforma sustancial al Código Civil en el año 1968, razón por la cual debe sostenerse que el legislador nacional ha sostenido el carácter de orden público de esta norma, impidiendo la reforma de los plazos de prescripción a futuro.

Insiste en la aplicación de la normativa civil muy especialmente porque se trata de un formula-rio de pagaré impuesto por la entidad bancaria ejecu-tante, y ante cuya confección poco y nada pueden hacer los clientes suscriptos. Enmarcando la cuestión en las normas tuitivas del consumidor bancario, debe extraerse la relación del estricto campo comercial que dispone el a-quo para, por el viaducto, indicado, se promueva la vigencia del art. 3965 del C.C., como norma prohibitiva del orden público. Ante ello, y la imposibilidad de las partes para derogar sus disposiciones, deberá entender-se que la potestad impuesta por la entidad bancaria a estos clientes en nula de nulidad absoluta, concluyén-dose en la procedencia de la excepción de prescripción articulada.

Solicita a fs. 48vta. la imposición de costas a la actora en ambas instancias.	I.A.1) Conforme fotocopia certificada de fs 9, obra un pagare sin protesto entre los codemanda-dos y la entidad bancaria actora, nro. 3095, firmado en la ciudad de Trelew, el día 10/08/99, a la vista, por la suma de pesos tres mil ($3.000), el que incluye que se declara que se amplía el plazo legal máximo dentro del cual podrá ser presentado para el pago del mismo, hasta el día 10/12/04.

La actora promueve demanda ejecutiva (19/04/04 conf. cargo Sec. de Archivo y Adjudicación de causa - fs. 11) para el cobro de la suma de pesos dos mil ciento ochenta y uno con sesenta centavos ($2.181,60) por cuanto los demandados han efectuado pagos parciales del mencionado instrumento, el cual no fue abonado al ser presentado al cobro en el domicilio de pago el día 10/07/01, fecha de su vencimiento y por ende mora de los accionados, razón por la cual inicia la acción directa contra el librador (fs. 10/vta).

Entrando en el estudio de los presentes autos, estimo que en tanto las partes acordaron exten-der el plazo de presentación del pagaré a cinco años y cuatro meses a contar desde la fecha de libramiento, como lo autoriza el art. 36 del decreto ley 5965/63 y el demandado no manifestó que el documento no le fue presentado al pago, si no ha transcurrido a la fecha de interposición de la demanda el término indicado, la prescripción no ha operado, pues su cómputo comienza una vez vencido el plazo para la presentación del título (conf. DLE 5965-63 Art. 36; "Banco I. D. C. L. (su quiebra) c/ C. J. M. y otros s/ Cobro ejecutivo" - CC0100 - SN 992498 RSD-121-00 S - 18-5-2000: elDial - W12A07 ; 85436.04 - "Compañía F. A. SA c/ L. M. R. s/ ejecutivo" - CNCOM - SALA B - 01/11/2005).

En este sentido se ha expedido la jurisprudencia cuando decidió que: "El plazo de pres-cripción de tres años de un pagaré librado sin protesto y a la vista corre desde que fue presentado al pago (día 10/07/01 no cuestionado por los codemandados en su conteste - fs. 14/16; ídem. C.Com. Sala (C) A. - C. F. - Q. T. Banco A C. L. c/ G., D., 17/05/84), y la circunstancia de que las partes hubiesen ampliado el término para la presentación o puesta a la vista del pagaré, no incide en el plazo de prescripción (arts. 36 y 96 decreto ley 5965/1963, "Banco I D.C. L. (su quiebra) c/ SP., A. y otros s/ Cobro ejecutivo" - SCBA - Ac 77245 S - 18-7-2001; Publicaciones: DJBA 161, 127: elDial - W14407). Ello es así, ya que conforme el juego de los arts. 36, 50 y 96 del dec. 5965/1963, el acree-dor debe presentar el título para su pago aunque se tratare de abonos parciales ("Banco I. D. C. L. (su quiebra) c/ P., R. A s/ Cobro ejecutivo" - SCBA - AC 78637 S - 19-2-2002, Publicaciones: DJBA 163, 150: elDial - W15671).

En definitiva, es entendimiento de la suscripta, a través de los criterios jurisprudenciales precedentemente citados, que tratándose de pagaré a la vista con cláusula sin protesto, como es el caso de autos, el plazo de prescripción de la acción es de tres años, y debe computarse desde la expiración del término anual (que en el caso ha sido ampliado a cinco años y cuatro meses) que establece el artículo 36 del Dec. Ley 5965 para su presentación al cobro; salvo que a ese fin hubiere sido presentado con anterioridad (doct. art. 96 primer párr., Dec. ley 5965/63). Habiéndose dispuesto por el librador la ampliación del plazo de presentación y siendo que la ley mercantil establece una presunción "juris tantum" favorable al portador de haber cumplido con la presentación al cobro, manifestando en su demanda el día en que se realizó tal diligencia, sin haber podido desbaratar el deudor los dichos del accionante (art. 50, Dec. ley 5965/63); ello determina que el plazo de prescripción trienal deba computarse desde la presentación al cobro del pagaré objeto de autos (en igual sentido, "BBVA B. F. c/ D F, V.s/ Ejecutivo" - CC0001 - SM 53455 RSD-352-3 S - 12-8-200: elDial - W16DA9).	A mayor abundamiento y teniendo en cuenta la línea argumental expuesta por los apelantes codemandados, comparto el criterio jurisprudencial que determina tanto que: "El plazo de prescripción de la acción directa contra el suscriptor del pagaré es de tres años, ya que su situación es similar a la del aceptante de la letra de cambio (conf. crit. "A F S.A. c/ J. E. M. s/ Ejecución Cambiaria" - Fallo: 99190402 - Primera Cámara Civil - Circunscripción: 1 - Mendoza -1999/05/10; "N. C. S.A. c/ M., H. R s/ Cobro ejecutivo" - CC0002 - SM 43302 RSD-72-98 S - 24-3-1998, Publica-ciones: JA 12-04-00, p. 70/71: elDial - W125EE) como que: "En función del principio de completividad que informa a los papeles de comercio se ha declarado que resulta improcedente la excepción de prescripción interpuesta en el juicio ejecutivo fundada en pagarés, en tanto no surja del contenido de ellos el plazo previsto en el art. 96 del dec. ley 5965 ("F. S.A. c/ C. I. s/ Ejecución" - CC0101 - MP 98311 RSI-1316-96 I - 23-12-1996: elDial - WE8A0).

Por las consideraciones precedentemente expuestas arribo a la conclusión que deben rechazarse los agravios expuestos por los apelantes codemandados a fs. 47/48 vta. y, en consecuencia, confirmar la senten-cia de fs. 41/44 vta. en cuanto fuera materia de agravios.	I.A-2) En lo atinente a la petición formulada a fs. 48 vta. por los apelantes codemandados en cuanto a la imposición de costas a la actora en ambas instancias, teniendo en cuenta lo decidido en el pto. I.A-1) carece de virtualidad jurídica expedirse sobre dicho planteamiento.

I.B) Atento el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia se imponen a los apelantes codemandados vencidos (art. 68 del CPCCCh). Se difiere la regulación de los honorarios profesiona-les para el momento del acuerdo, donde serán regulados de acuerdo a la complejidad de la temática planteada, la labor desarrollada y el éxito obtenido en un todo de acuerdo a lo prescripto por el art. 14 y ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial. nro. 4335.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria, en el caso de coincidencia, la siguiente:

1) Rechazar los agravios expuestos por los apelantes codemandados a fs. 47/48 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 41/44 vta. en cuanto fuera materia de agravios.

2) Imponer las costas de esta instancia a los apelantes codemandados vencidos (art. 68 del CPCCCh). Diferir la regulación de los honorarios profesionales para el momento del acuerdo (arts. 14 y ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335.

A la primera cuestión la Sra Juez de Cá-mara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación de la sentencia de fs 41/44 vta que rechaza la excepción de prescripción opuesta por los demandados Sres A. O. C. y L. E. A., contra el progreso de la presente acción ejecutiva de acuerdo a los considerandos respectivos y manda llevar la ejecu-ción adelante hasta que los demandados Sres A. O. C., L. E. A., M. O. P. y M. B. L. hagan a la actora L. TSB B. plc íntegro pago de las sumas reclamadas de dos mil ciento ochenta y uno, con sesenta centavos ($2.181,60) con más intereses, conforme el considerando respectivo. Impone las costas al demandado vencido y regula los honorarios.

A fs 45 A. C. y L. E. A., con patrocinio letrado apelan la sentencia, agregándose el memorial de agravios a fs 47/48 vta.

Le causa agravio el rechazo de la excep-ción de prescripción, con fundamento en el criterio de "especialidad" de la norma de aplicación, dando prima-cía, el a-quo, al art. 36 del decreto 5965/63 por sobre la categórica prohibición que rige el Art. 3965 del Código Civil.

Considera el quejoso que dicha norma no es más específica que el Art. 3985 del CC, pues a pesar de la naturaleza cambiaria, sus conceptos y sujetos comprendidos no permiten la aplicación a este proceso.

Sostiene que la regulación de la letra de cambio es diferente al pagaré. Menciona que uno de esos aspectos son los sujetos actuantes.

Transcribe el Art.36 y señala con cita de jurisprudencia que el librador de una letra de cambio no es equiparable al librador del pagaré, más bien el librador del pagaré se equipara al aceptante de la letra de cambio.

Le causa agravio que se disponga la pri-macía del Art.36 del decreto 5965/63 por sobre el art.3965 del CC, al ser éste de orden público. Agrega que se trata de un formulario de pagaré impuesto por la entidad bancaria ejecutante, y ante cuya confección poco o nada pueden hacer los clientes suscriptos.

En principio y concordando con doctrina especializada, "Ejecuciones" Norberto José Novellino, he de sostener que el pagaré es un título abstracto por cuyo intermedio una persona (librador, suscriptor o formador) promete incondicionalmente pagar cierta suma de dinero a otra (tomador o beneficiario) en el lugar y fecha que se indican, señalando los Arts 101 y 102 dec.ley 5965/63 los requisitos que debe reunir, apli-cándose en lo demás las disposiciones de la letra de cambio.

A su vez el Art. 103 del mencionado de-creto, establece que son aplicables al vale o pagaré, en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza de este título, las disposiciones de la letra de cambio y entre otras y de acuerdo, a lo que interesa, los Arts. 35 al 39 y 96 y 97.

En consecuencia la acción de prescrip-ción contra el librador y los endosantes se opera al año y contra el aceptante a los tres años desde la fecha de vencimiento.

Ninguna duda cabe respecto que nos en-contramos con un pagaré al portador y a la vista que cumple con los requisitos legales. Se encuentra inserta en el cuerpo del documento la cláusula "Declaro que amplío el plazo legal máximo dentro del cual podrá ser presentado para su pago el presente pagaré, hasta el 10 de diciembre de 2004". Y digo que ha sido creado con las formalidades de ley, ya que de acuerdo a la doctri-na ya referida, son de aplicación cuando no vayan contra la naturaleza del título, las disposiciones sobre letra de cambio, carga cambiaria que debe cum-plirse dentro de un año, a contar desde el día de su creación, término que puede ser ampliado o disminuido por al suscriptor. Condición esta última no vedada para el pagaré, de acuerdo a lo que surge del Art. 36 y 104 del D/L.5965/63.

Ante ello y constituyendo la presenta-ción al pago del pagaré, un título constitutivo y dispositivo del derecho por él representado, se torna imprescindible la misma, siendo sólo el portador quien está legitimado para ejercer los derechos incorporados al título ("Tratado de derecho cambiario", Gómez Leo).

Por lo expuesto la presentación que efectuó el portador el 10 de julio de 2001, y que no fue negada no se encuentra prescripta. A partir del plenario "Caja de Crédito de los Centros Comerciales v. Bagnat, C.", resolvió que en el caso con la cláusula "sin protesto" exigibles a la vista, la carga de probar la omisión de la presentación pesa sobre el ejecutado (LL1984-E-539).

El quejoso se limitó a interponer la ex-cepción y a tenor de la ampliación del plazo de presen-tación suscripta por el librador, el establecido para la prescripción, en el art. 96 del decreto ley 5965 (3 años), el plazo se computa desde el vencimiento del primero. En autos, reitero, el plazo se computa a partir de la fecha de presentación.

En este sentido, se ha resuelto que "el plazo de prescripción para la ejecución de un pagaré debe computarse a partir del último día del año esta-blecido para la presentación al pago, o bien de los años estipulados al efecto si se hubiera extendido el plazo legal -art. 36, decreto ley 5965/1963-" (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 4/6/2000 - Banco d B. C. L. v. G, J D. y otros, LLBA, 2001-111) (C. Civ. y Com. Rosario, sala 2ª,11/02/2004- Sindicatura ex Bid CL. v. Constructora Litoral S.A.).

Asimismo el pagaré a la vista es un do-cumento a plazo en que el vencimiento depende de la voluntad del tenedor y es tal voluntad de la que se ha valido presentándolo para el pago el 10 de julio de 2001, sin perjuicio que la fecha hasta la cual podía efectuarlo era el 10 de diciembre de 2004. Y es ante la presentación efectuada, que deben contarse los tres años que señala el decreto ley, no encontrándose por ende prescripta la acción.

Y a fin de dar respuesta a la queja so-bre las consideraciones que el sentenciante efectúa sobre las disposiciones de orden público del Art. 3965 del CC, he de decir que más allá de compartir los principios generales sobre la prescripción, que efectúa el juez de la instancia anterior parafraseando al Dr Bueres, en obra que menciona, cabe agregar que el artículo de mención se refiere a la usucapión y el Dr Llambías en su tratado, tomo III, pág. 491, enseña que "Sin duda la prescripción es una institución de orden público, por lo que no se justifica la pretensión de los particulares de marginarse del régimen general que se ha instituido en mira del bien general de la socie-dad y tomando en cuenta el justo equilibrio que debe procurarse mantener con respecto a los intereses particulares contrapuestos".

No obstante, admite que puedan las par-tes acordar un lapso mayor.

De donde infiero, que admitiendo el dis-tinguido doctrinario la prórroga, aún cuando se trata de una situación para cuyo fin fue dictado el Art.3965 del CC, ya que se refiere a la usucapión concretamente, no tengo dudas, que no le asiste razón al quejoso, al tratarse de una norma específica.

Por otra parte Zavala Rodríguez, Código de Comercio, T.IV, pág. 25, expresa que para algunos autores, la regla no es estricta, porque invocada por el deudor una prescripción más larga puede el juez por el principio iura curia novit hacer lugar a una pres-cripción más corta o viceversa.

Osvaldo Gómez Leo en "Tratado del Pagaré cambiario", pág. 309 y sgtes, al referirse a las cláusulas previstas y permitidas, en el apartado j) precisamente sobre las cláusulas de vencimiento, dice que el título debe ser presentado al pago dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha que lleva en la creación. El suscriptor puede disminuir o ampliar ese plazo,... y agrega a fs 372 vta que en aplicación de esta regla legal es común que los bancos establezcan en sus formularios que el plazo de presentación al pago se extienda.

Son todas razones por las que desestima-ré las pretensiones del quejoso, máxime cuando a la firma del pagaré sabía cuáles eran los alcances de la cláusula, cuyas consecuencias ahora pretende evitar.

Las costas de la Alzada no encontrando motivo para apartarme del principio de la derrota estarán a cargo del apelante vencido.

A fin de regular los honorarios de los profesionales, que los difiero para el momento del acuerdo merituaré la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los Arts. 6 y 14 de la ley de arance-les.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cá-mara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Rechaza los agravios de fs 47/48 y confirma la sentencia de fs 41/44 vta.

2) Costas al apelante vencido 3) Difiere la regulación de los honora-rios para el momento del acuerdo.

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

En primer término he de señalar que quienes me precedieron en la emisión de sus decisiones han arribado a idénticas conclusiones finales, confir-matoria de la sentencia de grado por aplicación de lo dispuesto en el dto.ley 5965/63. La modificación legal introducida que otorga facultad de no emitir el voto en caso de concordancia entre los preopinantes, y a mayor precisión el STJ de la provincia ha dicho que "la circunstancia que un magistrado haya tratado con mayor relevancia en su voto no significa discordancia pues los jueces son libres de decidir los elementos que forma la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión (voto Dr. Torrejón sent.def. del 1-6-98), más aun "la mayoría de los votos concordantes debe coincidir en la solución de cada uno de los puntos o capítulos que integran la litis, no necesariamente debe exigirse la existencia de fundamen-tos iguales, sino cada juez debe dar sus fundamentos aunque no sean los mismos o difieran de los dados por los otros miembros. Es que si fuera necesaria la coincidencia de fundamentos la exigencia de votos individuales resultaría un requisito sin sentido, pues no sería otra cosa que pretender una reiteración de fundamentos por cada miembro del tribunal. Por lo que considero que para determinar si existe mayoría, en aquellos supuestos en que los votos se apoyan en argumentos distintos, lo que debe sopesarse es que estos no se excluyen jurídicamente entre sí de manera que no tengan afinidad acumulativa indispensable (STJ causa 000A 000026 fecha 20-10-99).

Por lo expuesto precedentemente y atento que la ley 4550 modificó el Art.271 del CPCCCh (Art.4), disponiendo que es suficiente a los efectos de adoptar decisión que el tribunal lo haga fundadamente, exami-nando las cuestiones de hecho y de derecho sometidas al arbitrio del juez de primera instancia que hubieran sido materia de agravios, y por mayoría, "bastando para conformarla los votos en sentido coincidente de quienes se expidan en primero y segundo término", dejando a salvo la facultad del tercero de emitir su opinión; que resultando quien aquí vota precisamente sorteado en tercer orden, haciendo uso de la facultad de absten-ción; sobre aquellos temas que existe mayoría de votos coincidentes en su resolución, y en la especie ambas magistradas preopinantes concuerdan con los similares fundamentos de hecho y con el mismo derecho aplicable, art.36 y concordantes del Dto.ley 5965/63 en considerar que no se operó la prescripción.

Se limitará mi pronunciamiento a la cuestión resuelta adversamente para el apelante por el juez de grado, que desestimó el planteo de los demanda-dos oportunamente interpuesto, de aplicar lo dispuesto en el Art.3965 del Código Civil al caso.

No es secundario dejar aclarado que es el motivo central de decisión, el rechazo de la excep-ción de prescripción decidido, pero existiendo una diferencia, como señalara precedentemente en punto a que fue tratado el planteo, a mi modo de ver argumento superficial e inconducente del apelante para la resolu-ción del caso, que no resulta relevante para la deci-sión acordada y concordante; que tampoco impone la obligatoriedad de expedirse por dichos argumentos, no obstante y a los fines de dejar sentado mi criterio al respecto, me pronunciaré.

El recurrente pretende introducir un ar-gumento estrictamente civil, además de referido a una institución en particular comprendida por el Art.3965 del Código Civil.

En tal sentido estimo que en el fuero donde tramita la causa, el procedimiento, la ley de fondo, deben en primer término atenderse la legislación mercantil (Art.5, 6, 7 Cód.Com.), y solo supletoriamen-te remitirse al código civil, por tales motivos deses-timo el agravio en cuestión.

Si bien el máximo tribunal del país ad-mitió causales de suspensión del derecho civil por aplicación de lo dispuesto en el Art.844 y 845 del Cód. de Comercio sin dejar de hacer hincapié en todo aquello que no se oponga a lo legislado en dicha en materia mercantil en el cuerpo normativo (CSJN "Cornes G. c/ Massuh SA del 3.12.91).

A mayor abundamiento, destaco que si el pagaré que se ejecuta tiene un origen comercial, conforme el Art. 7 del Código Comercial se rige por la legislación mercantil. De ahí que, en cuanto al plazo de prescripción debe aplicarse el Art. 846 del Código de Comercio y además, como el referido instituto es de aplicación restrictiva, debe estarse a la solución más favorable a la subsistencia de la acción (Sumario N°16227 de la Base de Datos de la Secretaría de Juris-prudencia de la Cámara Civil - Boletín N°2/2005- CNCIV - Sala: L Citar: elDial - AE1F8A).

Considero que debió desestimarse el planteo en la instancia de grado por la improcedencia, inconducencia para la resolución del conflicto, por aplicación de la normativa mercantil indicada (art 7 y concs. del cód.comercio). Hay que destacar que no existió una renuncia al plazo prescriptivo como invocan los demandados, sino una ampliación para la presenta-ción al cobro, que varía conceptualmente con lo plan-teado. La noción de orden público se resiste a una definición precisa, es un concepto inasible, ligado esencialmente a las ideas que predominan en la socie-dad. Como punto de partida para aproximarse a su concepto se debe afirmar que el orden público es un conjunto de principios y no de disposiciones legales (Bueres, Alberto "Cód.Civ.", t.pág.56). Todos los ordenamientos jurídicos cuentan con normas que se califican de tal manera, lo que implica también no hacer extensivas unas a otras como invocaron los hoy apelantes.

Sin pretensión de extenderme en el tema, no puede dejar de distinguirse la existencia de la especialidad de la materia comercial y civil, fundada la primera de ellas en los intereses del comercio, que requieren seguridad y pronta consolidación de las situaciones.

Por estos motivos y fundamentos, en lo que fue materia de decisión confirmo el fallo atacado adhiriendo en lo pertinente a la formula postulatoria de las Sras. camaristas.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente	SENTENCIA:

1) Rechazar los agravios expuestos por los apelantes codemandados a fs. 47/48 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 41/44 vta. en cuanto fuera materia de agravios.

2) Imponer las costas de esta instancia a los apelantes codemandados vencidos, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. C. S. K. en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de lo regulado por su trabajo en primera instancia.

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO - Presidente GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara	REGISTRADA BAJO EL nro. 41 DEL AÑO 2006	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS