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Constitución Nacional, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, leyes
Materia: COMERCIAL
Carátula: PROMETRO  SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE REV. PROM. POR FISCO NACIONAL(AFIP-DGI).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-12

Del Dictamen Fiscal 97591:

No procede declarar la inconstitucionalidad de la ley 11683 art. 37 y 52, T.O.1998, sobre la base de que la ley especial a la que reenvía el Cód. Civil art. 622 si no existen intereses convenidos, no puede estar constituída por resoluciones emanadas de la Secretaría de Ingresos Públicos, por existir una minusvaloración de la ley en pos de dichas resoluciones en flagrante colisión con el principio constitucional del art. 31, toda vez que, las declaraciones que excluyen la validez de normas legales en virtud de planteos de inconstitucionalidad, constituyen la última ratio del orden jurídico y requieren no solo la aserción de existir un agravio, sino su comprobación en el caso concreto; en este sentido, la norma en cuestión ha implementado un sistema para el cálculo de los intereses al momento de ocurrir a la vía judicial, facultando a la Secretaría de Ingresos Públicos a fijar una tasa y el mecanismo de aplicación, y dentro de ese marco de expresas atribuciones administrativas, dicha secretaría dictó la resolución que fija el interés punitorio, que no puede tacharse de inconstitucional, puesto que no transgrede los lindes establecidos por la norma fundamental, ya que consiste en conferir cierta autoridad al poder ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de una ley, lo cual esta admitido.
Inmunidades parlamentarias, delito de acción privada, aplicación de la ley, suspensión del proceso judicial
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cavallo, Domingo F s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-03

La inmunidad que ampara al querellado no sido establecida en consideración a la persona del congresista sino que obedece a una razón de interés general cual es preservar el normal desenvolvimiento institucional de las autoridades creadas por la Constitución, lo cual desplaza la aplicabilidad al caso de la garantía invocada en resguardo del interés de rango superior que inspiró el especial "status procesal" asignado por los constituyentes a la investidura del legislador. Tampoco se advierte, por las mismas razones ya invocadas, que el precepto de mención avance por sobre la protección constitucional, habida cuenta el amplio alcance otorgado por nuestro máximo Tribunal a la impunidad de arresto consagrada por el art 69 de la Carta Magna, conforme lo explicitado más arriba. Sin perjuicio de ello -y descartada así la inconstitucionalidad propiciada por el casacionista- es menester poner de resalto que nada en la letra del art 189 autoriza colegir su inaplicabilidad a las querellas instauradas por delito de acción privada -por cierto, donde la ley no distingue, no ha de hacerlo el intérprete-; por idéntico motivo, tampoco puede inferirse que el legislador deba revestir tal calidad al momento de iniciarse la acción, habida cuento el espíritu que anima la protección (Voto del Dr. Madueno).
Despido, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: RIVERO ELVIO c/ FRIGORIFICO FERRARI  S.A.I.C.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-25

Tratándose e un jubilado que reingresa a trabajar con el mismo empleador, la antiguedad anterior a la fecha de jubilación ya tuvo sus efectos (art. 253 Ley 20744) y sólo debe indemnizarse por la antiguedad cumplida con posterioridad a esa fecha, aunque sea a las ordenes del mismo empleador. Claramente está establecido que el beneficio jubilatorio es una causal de extinción del contrato de trabajo, que exime al mismo tiempo al empleador de la obligación resarcitoria prescripta por el art. 245 de la Ley 20744, siendo reemplazada ésta última por el derecho al beneficio previsional. No se aplica lo dispuesto por el art. 18 Ley 20744 ya que no se trata de un trabajo activo.-
Falta de contestación de la demanda, declaración de rebeldía
Materia: LABORAL
Carátula: SGOIFO LUIS MANUEL Y OTROS c/ AUDITORIA GENERAL EXTERNA S.A. (A.G.E. S.A.) s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-09-02

La no contestación de la demanda, al igual que la declaración de rebeldía no importa una sanción contra el rebelde, ni sumisión sin razón a sus pretensiones sino un reconocimiento de los derechos afirmados por el actor, de modo que tal conducta faculta al juzgador a tener por ciertos los hechos pertinentes y lícitos sostenidos en la demanda. Ello así en cuanto a que la inactividad de una de las partes no puede ser causa suficiente para que se le atribuyan al adversario derechos que no tiene.
Concursos, proceso de verificación, acción revocatoria, verificación de créditos, dolo
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: La Cabaña de Buenos Aires SA c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-04

El criterio restrictivo debe imperar en materia de dolo. Ello así, toda vez que, en virtud de las consecuencias que acarrea, el dolo no puede simplemente presumirse sino que debe ser acreditado al menos mediante indicios contundentes o constancias suficientes para crear en el juzgador un estado de certeza. El dolo es comprobable mediante el aporte de cualquier medio de prueba (Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de derecho civil, parte general, T. II, pág. 502, Ed. Perrot, 1980; Belluscio-Zannoni, Código civil y leyes complementarias, T. IV, pág. 226, Astrea, 1988) y, la prueba de la incurrencia en dolo incumbe a quien alega haber sido víctima de dicho obrar. Es que la prueba y la sentencia se vinculan de tal forma que la primera debe ser fuente de la segunda, pues el juez debe juzgar con arreglo a lo alegado y probado por las partes (CNCom, Sala F, "Bruno de Matsubara Lidia Norma c/Generación XXI SRL y otro s/ordinario" del 27/12/12). Voto de la Dra. Tevez:.

Se adhiere a la solución propiciada, ello así en virtud de todo lo recientemente manifestado sobre las características y presupuestos para la procedencia de la acción por dolo prevista por la LCQ 37 y 38 (v. mi voto en los autos "Pedro Petinari e hijo SA c/ Alderete Roberto Luis y otros s/ ordinario", del 11.4.19, a cuya lectura me remito), que en el caso no se hallan configurados.
Sentencia arbitraria, nulidad del acto administrativo
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Vera González, Alcídes Juan c/ Estado Provincial y Dirección de Energía de Catamarca s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda promovida contra la Provincia de Catamarca y la Dirección de Energía por nulidad de la resolución de este organismo - que había autorizado al demandante el uso de los postes del tendido eléctrico de propiedad de la repartición, sujetando la autorización definitoria a la presentación de planos y a la celebración de un convenio -, con fundamentación aparente, sosteniendo en forma dogmática que la motivación estaba satisfecha sin atender a que la situación fáctica invocada era la misma que había sido considerada idónea por la propia administración para conceder la autorización provisoria dejada sin efecto por la resolución cuestionada.
Fallos de la Corte Suprema, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Sueldo, Victor Ovidio c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-30

Las sentencias definitivas e interlocutorias de la Corte Suprema de Justicia no son susceptibles de ser modificadas por el recurso de reposición (art. 238 y 160 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Leyes, interpretación de la ley, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Betros, Daniel y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios La Menza, Vicente S. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios Otto, Erl c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios García Dopico, J. A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Recanati, Hugo O. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21|1991-04-30|1991-11-05|1994-02-22|1996-05-21

No obstante que la Corte Suprema Nacional sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus pronunciamientos a aquéllos.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, Marcelo Alejandro s/ Robo y privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-25

La afirmación del testigo de hallarse comprendido en alguna o algunas de las circunstancias enunciadas en el art. 152 del Código de Procedimiento Penal no obsta la valoración de su respectivo testimonio como hábil.
AFJP, relación de dependencia, contrato de beca
Materia: LABORAL
Carátula: GONCALVES, Juan c/ ACTIVA AFJP s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31

Si el actor se desempeñó para una AFJP en base a un "contrato de beca", por el cual se lo capacitó en un curso que duró 9 días y luego pasó a desempeñar funciones dirigidas por un supervisor, cumpliendo un horario fijo, realizando una cantidad determinada de promociones diarias en representación de las empresas del grupo y rindiendo cuenta diaria de la actividad cumplida, debe considerarse que existió en realidad una inserción del actor en un empresa ajena, mereciendo ser calificada tal relación como laboral (art. 25 LCT).

Para llegar a tal solución no importa que las partes hayan caracterizado tal relación como práctica rentada.
Regulación de honorarios, incidentes, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, Norma Natividad  c/ Renault Argentina S.A. y otro  s/ Ordinario Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-07-28

La circunstancia de que la diligencia preliminar arroje certeza sobre la individualización de los futuros demandados, en nada incide sobre el hecho de que en la carta poder presentada luego en el juicio principal se haya conferido al letrado apoderado la facultad amplia para que éste promueva el juicio contra cualquier persona que resultase responsable, por ende, tal supuesto no da lugar al defecto en la personería.
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, autorización para girar en descubierto, intereses usurarios, acción de impugnación
Materia: COMERCIAL
Carátula: COSENTINO ELECTRICIDAD SA c/ BANCO QUILMES SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

Si se omitió convenir intereses para la utilización del descubierto, no correspondió al banco fijar unilateralmente la tasa, sino atenerse al código de comercio, art. 565, por lo que deberá devolver lo que en exceso cobró, no resultando óbice, la falta de observación de los resúmenes por su cliente, pues tal proceder no puede permitir a la contraria enriquecerse ilícitamente con intereses excesivos y contrarios a la moral y a las buenas costumbres (código civil, art. 953).
Recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: VELARDE, MARTA s/ RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA EN AUTOS: "BUTILER JOSE C/  LOYPER S/ DESPIDO INJURIOSO"
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-14

Si el decisorio del inferior alude a la inobservancia de requisitos formales por parte de la apoderada de la actora, sin explicitar a cuales requisitos se refiere, ni fundar sus dichos, carece por tanto de sustento para denegar la casación.-
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, multa, procedencia del recurso, cuentas bancarias, incidente de impugnación, tarjeta de débito, silencio, consumidores
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ, GUILLERMO BERNARDO C/ BANCO SANTANDER RIO SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-29

En tal sentido, el silencio observado frente a tales requerimientos y la demora en procesar inmediatamente la información favorable al actor, en contraposición a la conocida celeridad que tienen los bancos en procesar la que es desfavorable a sus clientes, muestra un comportamiento, como mínimo, groseramente negligente que evidencia, de manera notoria, cómo el demandado puso el acento en la protección de su propio interés, pero cómo actuó con displicencia cuando el interés era el de su cliente, lo cual es inadmisible máxime desde la perspectiva de la responsabilidad profesional bancaria implicada (conf. Spanghero, M., "El daño punitivo como sanción a las malas prácticas bancarias", DCCyE, año 1, n° 2, noviembre 2010, p. 73 y ss.; CNCom, Sala D, in re "Quiroga Lavie, Humberto", citado en Sala D, in re "Olivera, María Anabel c/ Industrial And Commercial Bank Of China (Argentina) SA y otros s/ ordinario", del 01/06/21).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Pellex, Leonardo Celestino o Papa, Roberto o Soarez Martínez, Walter Omar o Soarez Martínez Plaza, o Pellex Briaberter, u Olea, José Alberto o Unsdrich, Juan Carlos o Pellex, Pedro Celestino o Pellex Bria, Leonardo Celestino s/ Robo simple reiterado (dos hechos) en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-09

Es insuficiente el agravio en el que se denuncia la violación de los arts. 259 in fine, 150, 252 y 253 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- cuestionando la defensa la utilización del testimonio de la víctima como elemento base de la prueba compuesta si en relación a las pretendidas irregularidades que invoca, en el acto de reconocimiento en rueda de personas, el recurrente -que, en rigor, no ha expresado en que consistirían- omite controvertir con el debido fundamento legal los argumentos esgrimidos por la alzada para desestimar similares planteos sometidos a su conocimiento mediante la expresión de agravios (art.

355, C.P.P. - según ley 3589 y sus modif.-).
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, regulación de honorarios, monto del juicio, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Industrias Llave  SA  (en liquidación) c/ Panamerica de Plásticos  SAIC s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-02

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que determinó el monto del proceso a los fines regulatorios y fijó las retribuciones de los profesionales y peritos, si carece de fundamentación suficiente, lo que se traduce en un evidente menoscabo de la integridad del patrimonio de la recurrente, garantizado por el art. 17 de la Constitución Nacional.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, ejecución de sentencia, moneda extranjera, pesificación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia aplicable, cosa juzgada, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RABINOWICZ, SAMUEL c/ BUSTAMANTE, JUAN ANTONIO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-28

Carece de asidero lo expuesto por los comparecientes acerca del gravamen que resultaría de la declaración de caducidad del procedimiento especial de la ley 13116 -esto es, la supuesta imposibilidad de liquidar y pagar, pesificación mediante, el monto de la condena en moneda extranjera dictada en el año 2001 en el juicio de ejecución hipotecaria- desde que el invocado agravio se desvanece frente a la doctrina sentada por la Corte Suprema de la Nación en "Souto de Adler, Mercedes c/ Martorano, Marta Teresa", donde el Alto Tribunal fijó los alcances de la cosa juzgada de pronunciamientos anteriores a las leyes de emergencia, señalando que en tales supuestos procede solicitar la pesificación de la deuda; a lo que cabe añadir que en la propia sentencia de ejecución hipotecaria dictada en autos se dejó expresamente aclarado que el tope fijado a la tasa de interés pactada, en caso de resultar excesivo, podría ser materia de revisión ulterior al tiempo de practicarse la liquidación respectiva. (Del voto del Dr. Netri) - CITAS: CSJN: Souto de Adler, Mercedes c/ Martorano, Marta Teresa" (Fallos: 330:3593).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, pago, depreciación monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Arrative, Julio César c/ Huamac Patagónica S.A. s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-29

Si la demandada y su aseguradora deben responder por el depósito recién realizado el 16 de febrero de 1989...- ...empero no es ajustado a derecho cargarle a la demandada y su aseguradora el retardo o retraso en que la caja incurrió para abonarle al actor su indemnización y que se va a producir recién el 14 de abril de 1989...

Debe aceptarse la necesidad de llevar a cabo los trámites que cita la Caja de Accidentes, en lo cual debe recordarse que en autos se trata de la égida de la Ley 9688 que no admitía otro medio de pago que el que se llevó a cabo. Pero también puede exigirse que la caja, consciente del fenómeno inflacionario como cualquier otro integrante de la comunidad, hubiera extremado las medidas o la rapidez y celeridad del trámite para que el actor se hiciera con su indemnización.
Dictamen pericial, valor probatorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rocha, Jorge Edio c/ Saieva Patagónica S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-23

Si se considera que es la pericia la que debe determinar si el trabajo ha sido el factor desencadenante de la dolencia, se estaría atribuyendo la misión de juzgar a quienes solamente son auxiliares del sentenciador. El juez debe apreciar y valorar la prueba pericial en su debida extensión, es decir, que el dictamen constituye un elemento más de prueba el que debe sopesarse conjuntamente con otras pruebas allegadas al expediente.
Recurso de casación, dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial, ley laboral, retroactividad de la ley
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Sanchez, Mirta Haydeé c/ Sindicato  Obreros  y  Empleados  de la Fruta de Río Negro y Neuquén. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-02-08

Corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia por la que se desestima la acción que persigue indemnización especial por violación de las normas que tutelan la estabilidad sindical, cuando -como en el caso- el Tribunal de mérito ha hecho correcta aplicación de la ley 22105 vigente al momento de producirse el hecho generador de la estabilidad gremial del candidato oficializado reclamante, situación que lo amparaba desde la notificación fehaciente al empleador de la lista oficializada por el sindicato, hasta la finalización del proceso eleccionario.
Honorarios, regulación de honorarios, derechos adquiridos
Materia: PROCESAL
Carátula: IMPSA c/ GOB.PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.SUMARIO.ACUMULADO IV CUERPO.  INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-08-30

El derecho adquirido de tener una regulación de honorarios, consolidado al amparo de la cosa juzgada, que al menos parcialmente habría adquirido la sentencia definitiva en primera instancia, no puede ser alterada en manera alguna ni por el convenio transaccional arribado con posterioridad por las partes sin su participación, ni por la decisión judicial de la cámara a quo.
Contratos, lesión subjetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASTRO ALDO GUILLERMO c/ MIGUEL NUNCIO FERRARA Y MARIA MARGARITA FERRARA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-27

El instituto de la lesión subjetiva tiene por objeto dejar sin efecto o modificar sustancialmente los términos de un acuerdo de voluntades en razón de la conducta antijurídica asumida por una de las partes al aprovechar la situación de inferioridad de la otra para obtener exageradas ventajas económicas con notorio exceso de lo que puede considerarse un buen negocio. El orden jurídico no tolera que la fuerza obligatoria de los contratos impuesta por el art. 1197 del C.C. pueda utilizarse como instrumento de explotación. Puesto que se trata de un supuesto de excepción a esta regla general, quien alegara el vicio debe probar claramente los extremos y presupuestos que lo configuran, esto es la notable desproporción de las prestaciones y la situación de inferioridad negocial, de cuya conjunción se presumirá, salvo prueba en contrario, la explotación que el ordenamiento jurídico se niega a cohonestar.Ese es el orden en el que corresponde examinar los elementos configurantes del instituto ya que si no existe desproporción,mal puede haber aprovechamiento,resultando ocioso establecer cualquier posible situación objetiva. A la inversa, aún demostrada la notable desproporción de las prestaciones y la situación de inferioridad,la parte interesada en la validez del contrato podrá demostrar a esos efectos que su cocontratante no padecía de tal situación porque fue un acto suficientemente reflexionado,que contó con el adecuado asesoramiento,que el desequilibrio de las prestaciones estaba de alguna manera justificado por otras motivaciones,cualquier otra circunstancia que se revele incompatible con el reproche de aprovechamiento o explotación que se le enrostra.-
Jueces, facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, GUILLERMO c/ ZULUAGA, VICENTE JOSE s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-08-01

Aún mediando disconformidad entre las partes acerca de los hechos, si el magistrado estima que las pruebas propuestas resultan inconducentes para gravitar en el contenido del fallo cabe su rechazo. Los jueces deben ejercer con mayor estrictez la facultad conferida por el art. 534, tercer párrafo, del Código Procesal.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANUEL C LAMAS SA Y CABAL IRIONDO Y CIA SA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA JURISDICCION.   SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA.     CSJ EXPTE NRO 10-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-12-16

A efectos de ordenar la suspensión del acto impugnado, no puede entenderse "prima facie" configurada la incompetencia ni la violación de la ley, con el grado de evidencia que requiere el artículo 30 inciso a) del Código Contencioso Administrativo cuando, para decidir al respecto, es preciso el análisis de las disposiciones legales aplicables y de la naturaleza de la medida dispuesta, implicando aspectos jurídicos que no son susceptibles de mera constatación, sino de una complejidad que aventa la posibilidad de considerarlos claramente demostrados.

En el caso, la alegada incompetencia del presidente del instituto frigorífico municipal para disponer la desocupación de las instalaciones que las actoras empleaban en el mercado de hacienda y la violación de la ley por apartarse el acto recurrido de las disposiciones de la Ordenanza 5682, son aspectos que requieren el análisis de extremos fácticos y jurídicos, que constituyen la materia del proceso principal.