Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-27


M., J. O.

Reg.: A y S t 206 p 349-356.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintisiete días del mes abril del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "M., J. O. -Recurso de Apelación ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte.

C.S.J. n 200, año 2003). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Falistocco, Vigo y Spuler.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: El caso. 1. La Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario confirmó la sentencia del Tribunal de Ética del Colegiado de Abogados de esa ciudad -que, a su turno- había aplicado al doctor J. O. M. la sanción de suspensión en el ejercicio profesional por el término de tres meses y una multa de diez unidades jus en forma conjunta por considerarlo merecedor de reproche en razón de haber transgredido las normas de ética contenidas en los artículos 21, inciso f), 51, inciso c), 53, inciso n) y muy especialmente las reglas 7 y 40 del doctor González Sabathié (fs. 144/146, expte. 1225/01).

2. Ese decisorio fue impugnado por el doctor M. a través del recurso de inconstitucionalidad previsto por la ley 7055.

En su extenso memorial recursivo, luego de avocarse al cumplimiento de los requisitos formales de la impugnación y de reseñar pormenorizadamente los antecedentes del caso, se explaya sobre las deficiencias constitucionales que padece el decisorio.

Afirma que el Órgano revisor omite considerar diversas cuestiones fundamentales, las que pueden sintetizarse así: a) La carencia de facultades del Presidente del Directorio del Colegio de Abogados para responder los agravios sin conocimiento ni autorización de esa institución.

b) La cuestión previa referida a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad del Estatuto del Colegio de Abogados de Rosario, en cuanto a la constitución y funcionamiento del Tribunal de Ética, que impedía a este último órgano expedirse sobre la conducta enrostrada.

c) La consideración de una prueba relevante para la dilucidación de la causa como lo era que el fallo del Tribunal había sido suscripto por un abogado ya jubilado - doctor Rubino-.

d) La ambigüedad terminológica empleada en los fundamentos del pronunciamiento que terminan confundiendo investigación con acusación; y e) La evidente discriminación que emerge del fallo al sostener que en estos autos actúo como abogado y no como ciudadano (fs. 1/27, expte. 101/2003, por cuerda).

Le atribuye al Tribunal caer en arbitrariedad de hecho y de derecho al examinar la conducta motivo del procedimiento sancionatorio como así también incurrir en incongruencia.

3. El Tribunal a quo -por mayoría- concedió el remedio extraordinario con excepción de la postulación referida a la ausencia de toda facultad del Presidente del Colegio de Abogados para actuar en el presente procedimiento (vid., voto de los señores Cámaristas Navarro y Sorrentino fs. 31/34, ídem).

Por ende, al no ocurrir en queja la impugnante sobre este planteo, queda al margen del examen de admisibilidad que le corresponde efectuar a esta Corte a tenor de lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055. 4. Delimitada, así, la materia recursiva y quedando en claro que no es motivo de juzgamiento la proporcionalidad de la sanción con el hecho atribuido, circunstancia que obsta decididamente a que esta Corte pueda entender en dicha cuestión, he de concluir que la presente impugnación no puede prosperar.

Ello así, por cuanto, no obstante que en el escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad el impugnante invoca diversas causales descalificantes, toda la argumentación recursoria -pese al matiz constitucional que aspira otorgarle- deja traslucir a la sazón tan sólo el desacuerdo de aquél con la solución dado al "sub lite" en una postura adversa a sus pretensiones, al avalar la decisión del Tribunal de Ética y concluir que debía confirmarse su decisión relativa a la inconducta del letrado apelante, lo cual constituye, por vía de principio, facultad que se encuentra reservada a los jueces de la causa y, por ende, a menos que se demuestre arbitrariedad, no es susceptible de revisión por medio de la vía excepcional intentada (vid., CS, Fallos:306:2088; 305:385, entre muchos otros). Disconforme con la ponderación de las circunstancias fácticas como de las probanzas rendidas que efectuara el Juzgador, en ejercicio de funciones propias, el apelante se empeña en oponer su propia apreciación del resultado al que corresponde arribar en el caso, esto es: el estado de indefensión causado en el procedimiento sancionatorio y que su conducta era insusceptible de configurar una falta ética reprochable, mas sin lograr persuadir que el razonamiento del A quo en torno a estas temáticas -independientemente de su acierto o error- sea irrazonable en grado tal de merecer descalificación como acto jurisdiccional válido.

Así, con relación a que el Sentenciante soslayara considerar una cuestión previa, cual es: la pretensión mere declarativa de inconstitucionalidad de las normas que regulan la composición y funcionamiento del Tribunal de Ética incoada en sede civil y comercial, cabe aclarar -en primer término- que dicha afirmación no guarda correlato alguno con lo sucedido en la causa.

En efecto: En la instancia de grado, el impugnante había denunciado como "hecho nuevo" la mencionada acción ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N 7 de Rosario, solicitando -palabras más o menos- a que se aguarde al dictado de la sentencia de fondo hasta la solución de aquella causa (fs. 215/220).

Esa petición fue denegada por la Alzada mediante resolución 159 del 12.07.2002 sosteniendo que el procedimiento mere declarativo deducido no constituía un "hecho nuevo" en los términos del artículo 430, inciso 1) del Código Procesal Penal, desde que esa pretensión no guardaba relación conducente con la realidad de las presentes actuaciones, en donde se intentaba la revisión de una resolución dictada por el Tribunal de Ética con carácter previo a esgrimir la referida acción ante el fuero civil. Siendo ello así, el planteo no sobrepasa de una cuestión procesal ajena a la vía intentada que -por aplicación de la regla general que campea en esta instancia- no resulta idónea para franquear este grado de conocimiento extraordinario.

Debilita aun más la posición del apelante la circunstancia de que la pretensión mera declarativa de inconstitucionalidad deducida -conforme surge de los propios fundamentos expuestos por el recurrente- se asimila, en mucho, en una de las defensas que el apelante vertiera en las instancias ordinarias, en tanto tendía a cuestionar, precisamente, la congruencia con normas superiores del procedimiento ante el Tribunal de Ética, alegación que mereció respuesta suficiente por parte de la Alzada.

Concretamente, la Sala dijo -en resumidas cuentas- que la postulación carecía de la autosuficiencia de fundamentación en tanto las leyes se presumen legítimas (Fallos:247:121; 220:1458); que la declaración de inconstitucionalidad de una norma requiere plena prueba, clara y precisa de su oposición con la Carta fundamental (Fallos:306:665); que la decisión de inconstitucionalidad requiere prudencia y cautela en su emisión siendo la última ratio del ordenamiento jurídico y en un caso de extrema gravedad institucional (Fallos:264:364; 228:325; 306:1597), y que ante la duda se debe decidir por la constitucionalidad del precepto cuestionado (Fallos:306:655).

Continuó diciendo la Cámara que en autos no se observaba un planteo proporcional con la gravedad denunciada, es decir un sólido desarrollo argumental, reduciéndose la estrategia del recurrente a impugnar el resolutorio atacando la integración del Tribunal de Ética o la calidad de juez denunciante, a quien calificaba permanentemente de incompetente e inhábil constitucionalmente para expedirse sobre la denuncia que efectuara como ciudadano. Para esto último -dijo el A quo- el apelante había dedicado extensas consideraciones mas no para la eventual inconstitucionalidad del reglamento que solo le insumió algunos renglones sin dar fundamentos concretos y ciertos acerca de tal pedimento y más allá de la generalización de la afectación al debido proceso y a su derecho de defensa.

También la Alzada recurrió a la jurisprudencia de las Cortes nacional y provincial para fundamentar su decisión y, en ese sentido, aludió a aquella concerniente a que los tratados internacionales no establecen en forma expresa que la investigación y el juicio deban llevarse a cabo por órganos distintos y que, en principio, no resulta irrazonable la actuación de un solo juez en el proceso, pues no implica que necesariamente el magistrado, al reunir las funciones de instrucción y decisión tengan una idea preconcebida sobre la culpabilidad del acusado.

Y adentrándose concretamente al núcleo de la cuestión debatida, concluyó -el Órgano revisor- que el auto cabeza del proceso (f. 45) no podía ser tachado de parcialidad en tanto solo había importado establecer si existía mérito -y no certeza- para examinar la conducta del colegiado sin que ello implicara, desde luego, una decisión definitiva sobre el tema; o dicho de otra manera, aquél se limitaba a declarar si habían elementos de convicción suficientes como para estimar la comisión de la infracción a las disposiciones del estatuto o a las normas de ética profesional, por lo cabía sostener que el Tribunal de Ética no estaba prejuzgando a menos que mediaran razones objetivas o subjetivas que pusieran en tela de juicio su imparcialidad (vid. fs. 273/274v.).

Todas estas consideraciones dadas por los Magistrados de grado no han sido criticadas por la recurrente, permaneciendo en pie, enhiestas, motivo más que suficiente para desestimar la postulación impugnativa.

Con lo expuesto se desvanece el agravio del apelante tendente a cuestionar el rechazo del recurso de nulidad interpuesto que, a la postre, se sustentaba en el doble rol que -a su juicio- ostenta el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados: investigación y acusación.

Pues, ese planteo se encuentra inexorablemente ligado a las críticas que hiciera respecto de la composición y funcionamiento de ese Órgano ante el fuero civil, que -como ya se vio- carecen de todo matiz constitucional.

La misma suerte ha de correr el agravio en tanto le imputa a la Sala no considerar que la sentencia del Tribunal de Ética fue suscripta por un abogado que no podía integrar ese órgano atento a su condición de jubilado.

Ello así, por cuanto, en primer lugar, sabido es que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos. Basta con que se hagan cargo de aquellos que sean conducentes a la decisión del litigio (CS, Fallos:221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202).

Pero además el planteo -en su esencia y tal como ha sido formulado- no es más que el fruto de la particular interpretación asignada por el recurrente al Estatuto del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial -en especial, al artículo 28-, del reglamento del Tribunal de Disciplina y de la propia Constitución provincial, que en modo alguno demuestra la irregularidad procesal pretendida con el consecuente menoscabo a la garantía del juez natural.

Siendo ello así, el quejoso no logra persuadir que la cuestión omitida afecte de manera sustancial el derecho de defensa, recaudo insoslayable para admitir el recurso extraordinario por sentencia arbitraria ("Albertondo", A. y S., T. 106, pág. 365).

Otro de los agravios del recurrente refiere a que el A quo soslayó que actuó como ciudadano y no como letrado en las actuaciones que dieran origen al procedimiento disciplinario.

Nada de ello ha acontecido en la especie.

Repárese, en tal sentido, que la Cámara dedicó, en un capítulo bien definido de su sentencia, a tratar dicha temática y, en esa tarea, afirmó que "...el doctor M. alega que en todo momento actuó como simple ciudadano, pero el caso es que lo hacía presentando escritos invocando su profesión de abogado y ante órganos jurisdiccionales a los que está acostumbrado a concurrir en ejercicio de su correspondiente profesión. Entiendo que en las circunstancias descriptas y acreditadas en autos, de ninguna manera puede desvincularse al doctor M. de su calidad universitaria -abogado- cuando se comprometía su perfil ético como tal ante un magistrado..." (f. 277v.).

Pero además se impone destacar que esa postulación ya había sido planteada ante los estrados del Tribunal de Ética, discurriendo su respuesta jurisdiccional por idéntico carril al transitado por la Cámara. Sobre el particular, merece memorarse las motivaciones dadas por el Tribunal de Ética, en tanto expresó -en resumidas cuentas- que el imputado en su primer escrito, donde formula la denuncia, se apresura a manifestar que es argentino, mayor de edad, abogado de este foro local, por lo que lo actuado lo hizo en ese carácter y no en el de simple ciudadano como pretende, por lo cual había quedado sujeto a todas las reglamentaciones que controlan la referida actividad de los profesionales del derecho siendo el Tribunal de Disciplina el competente para juzgarlo (vid. f. 146). Resulta de lo expuesto es que la endilgada omisión de tratamiento de una cuestión esencial -su carácter de ciudadano al formular la denuncia- carece de toda correspondencia con las constancias de la causa, concretamente con las sentencias del Tribunal de Disciplina y del Órgano revisor.

Finalmente, el recurrente acusa de incongruente a la sentencia y critica -tenuemente- los fundamentos fácticos y normativos en que se sustenta la sanción impuesta.

Respecto del primer agravio surge claramente que la Sala desestimó el vicio imputado sosteniendo que el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados dictó la resolución n 455, poniendo en conocimiento al doctor M. que, de los antecedentes acompañados por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción N 14 de Rosario, "podría eventualmente, haber cometido infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 21, inciso f), 51 inciso c) y 53, inciso n) del Estatuto del Colegio de Abogados y en las normas 7 y 40 de las Normas de Ética Profesional del Abogado, del doctor Juan Manuel González Sabathié". Recordando la Cámara que luego, el Órgano disciplinario -al juzgar la causa- consideró que la conducta del referido profesional encuadraba en aquellas normas, por lo cual los hechos enrostrados siempre estuvieron en conocimiento de éste siendo objeto de toda la prueba rendida en el proceso. No se advierte, entonces, que la Alzada haya marginado el tratamiento de la incongruencia achacada al Tribunal de Ética y, mucho menos aun, que en la presente causa el núcleo fáctico de juzgamiento no haya sido el mismo a lo largo del procedimiento o no encuentre correspondencia con el contenido de la sentencia.

La restante postulación simplemente se reduce a una mera disconformidad del quejoso con la ponderación de los hechos y de la interpretación que de las normas efectuaran los Jueces de la causa, en una tarea que le es propia a éstos y a menos que se demuestre arbitrariedad, queda exenta de revisión en esta instancia.

Es imperioso recordar que la Cámara -en la tarea de ponderar la plataforma fáctica que diera motivo al procedimiento disciplinario- juzgó que los hechos acaecidos en mesa de entradas del Juzgado de Instrucción a cargo del doctor Prunotto Laborde, tuvieron comienzo en un pedido de extracción de fotocopias por parte del letrado de una denuncia penal desestimada en esos estrados; que a las dos horas del pedido, el doctor M. se presentó en mesas de entradas solicitando saber si éstas se habían ordenado, momento en que se le informó -por medio del actuario- que el expediente estaba a despacho del Juez; que ante esa respuesta el curial solicitó constancia de ello, expresando que se le impedía ejercer sus derechos como ciudadano; que informado el Magistrado por vía del actuario de esa situación, se presentó el doctor Prunotto Laborde -siempre en el ámbito referido: mesa de entradas- y afirmó que las manifestaciones del doctor M. lo hacían sentir extorsionado y que pasara al día siguiente a notificarse del decreto pertinente; haciendo notar la Sala en punto a ello que la extracción del pedido de fotocopias lo era para "proceder a efectuar denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y apología del delito y requerir el enjuiciamiento por ante el Tribunal respectivo por atentar contra el orden constitucional" y otro anterior -de fecha 29 de abril- "para efectuar presentaciones ante la justicia federal, Corte Suprema de Justicia y Tribunal de Enjuiciamiento amén de efectuar denuncia por apología del delito a los responsables de la resolución de marras", pedidos -ambos- que habían sido proveídos favorablemente; que como colofón de esos hechos "ut supra" relatados, el profesional mencionado remitió al doctor Prunotto Laborde carta certificada por medio de la cual -en síntesis- lo intimaba para rectificar sus dichos bajo apercibimiento de iniciar querella criminal en su contra con más los daños y perjuicios que pudieran corresponder.

Toda esta plataforma fáctica, acreditadas, fundamentalmente con el informe del secretario del Juzgado, doctor Postma y la documental acompañada en autos, condujeron tanto al Tribunal de Ética como a la Sala a concluir que el proceder del profesional -a través de esta suma de acciones desarrolladas y documentadas- configuraba no solo una conducta inapropiada y de una acabada falta de estilo sino, además, de total descortesía y patente desprecio por la consideración debida a la Magistratura con más un lenguaje -escrito- excesivo e intimidatorio en el indiscutible sentido semántico del vocablo. Este breve desarrollo del pensamiento sentencial da cuenta que la Alzada ha explicitado claramente los fundamentos de índole fáctico y normativo por los cuales estimó ajustado a derecho el pronunciamiento del Tribunal de Ética, razón por la cual los planteos recursivos quedan en el plano del desacuerdo del recurrente con la sanción impuesta por el A quo, en ejercicio de funciones propias, materia extraña -por regla- al recurso de inconstitucionalidad deducido.

De todo lo apuntado, cabe concluir que la cuestión propuesta no resulta idónea para franquear la vía ensayada, desde que los agravios del impugnante conducen al examen de temas de hecho y derecho común que fueron resueltos con fundamentos suficientes del mismo orden que permiten desechar los vicios de arbitrariedad acusados.

Ello así, puesto que al no haberse demostrado que tales apreciaciones resulten ilógicas o irracionales, aquellos no logran transponer el límite de la discrepancia hermenéutica, de modo que autorice a tener por configurada una cuestión constitucional idónea para abrir esta instancia excepcional, cuyo propio propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental.

En otras palabras, no debe perderse de vista que mediante el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad, se tiende a reparar agravios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción y conviertan al pronunciamiento en una no sentencia, pero que aquél no autoriza a sustituir a las instancia ordinarias, en la interpretación del derecho sustantivo o procesal o en la ponderación del material fáctico del litigio.

Finalmente, corresponde iterar que la proporcionalidad de la sanción impuesta al curial por los hechos atribuidos en la presente causa no ha sido materia de agravio por parte del recurrente en su memorial impugnativo; ello impide sin más a que esta Corte efectúe el test constitucional acerca de la razonabilidad de la sanción conforme al ámbito cognoscitivo que otorga a este Tribunal la ley 7055. Voto, pues, por la negativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar inadmisible el recurso interpuesto. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)