Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-11


Causa Nº 3810-01/CC/2007 caratulada "Incidente de nulidad en autos TOMEO, Maria Ercilia s/ Infr. Art. 111 ley 1472 - Apelación".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de mayo de 2007 se reúnen en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo y Marcela De Langhe para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

El Jorge Patricio Vergara, defensor de María Ercilia Tomeo, interpuso a fs. 29/33 recurso de apelación contra la pieza obrante a fs. 21/22, en virtud de la cual la María Fernanda Botana -titular del Juzgado nº 5- rechazó el planteo de nulidad incoado en relación al acta cuya copia luce a fs. 3 del incidente.

Para así decidir, la Magistrada consideró que el contenido del mencionado documento viene regulado específicamente por el artículo 36 de la L.P.C., por lo que no resultaría de aplicación en este punto el art. 138 del ceremonial nacional. Interpretó que la norma local, a la vez que impone la mención de los testigos sólo "si los hubiere", no exige que ellos sean ajenos a la repartición policial; tales circunstancias obstan a la procedencia de toda impugnación acerca del origen de aquéllos o de la falta de consigna de sus rúbricas en la pieza -fs. 21-. Seguidamente, desechó la pretensión sustentada en la ausencia de juramento de los deponentes, habida cuenta de que la disposición invocada por el letrado -el art. 223 del C.P.P.N.- legisla exclusivamente la hipótesis de inspección -que circunscribió a los registros domiciliarios- o de reconstrucción del hecho, mas no las formalidades exigidas al iniciarse el procedimiento contravencional -ídem-. El tópico denunciado tampoco aparece demandado en otros artículos del cuerpo nacional, supletoriamente aplicables en la especie -fs. 21vta.-.

En cuanto a la alegada carencia de fecha cierta del acta, la Magistrada sostuvo la necesidad de valorarla en armonía con las restantes constancias del legajo, en función de los principios de trascendencia y conservación de los actos procesales y de la manda del art. 115 del C.P.P.N. Ello la condujo a sustentar la inocuidad en el concreto caso del defecto señalado, teniendo en mira el carácter relativo de la nulidad pretendida -fs. 21vta.-.

Respecto de la inexistencia de la palabra "dosaje" en el catálogo de las que componen el idioma castellano -que, a criterio del defensor, restaría concreta significación al relato de los hechos- la proveyente observó que, a pesar de no encontrarse reconocida por la Real Academia Española, su uso se ha impuesto en nuestro país por la costumbre. Tal circunstancia, sumada a las concretas previsiones vigentes sobre tránsito vehicular, tornan inatendible el desconocimiento de la proporción prohibida de alcohol en sangre al conducir -ídem-.

El apelante reitera su postulación de aplicabilidad del ordenamiento adjetivo nacional en todo cuanto no se oponga a la Ley de Procedimiento Contravencional, y en esta dirección es que entiende incorrecta la exclusión declarada por la Botana. Con este argumento, propone que la omisión de la fecha de labrado resulta insusceptible de ulterior subsanación; que la inclusión del inexistente vocablo "dosaje" y de un guarismo interlineado en el documento obsta a una pertinente descripción circunstanciada del hecho, no bastando a tal efecto la mención genérica de la disposición vulnerada; finalmente, que, una vez afirmada la presencia de testigos en el lugar, su firma debe obrar en las actas -fs. 30vta./31-. Respecto de este último tópico, enuncia que los funcionarios policiales no debieron haber escogido personal de la "Guardia Urbana" citadina, por pertenecer a la misma repartición que se encontraba efectuando el control vehicular -fs. 31vta.-. Todo ello vulneraría las garantías de debido proceso y defensa en juicio y configuraría los presupuestos de operatividad de los artículos 167 inc. 3º y 168 segunda parte del C.P.P.N. -conf. fs. 31vta./33-.

A fs. 40/41 se expide el Sr. Fiscal de Cámara, quien promueve el rechazo de la pretensión defensista, básicamente con sustento en la omisión del letrado de exponer concretamente el gravamen que le ocasiona la resolución en crisis -circunstancia que obstaría a la asimilación a "sentencia definitiva" necesaria a los fines de la apertura del recurso-. En lo referente a las cuestiones de fondo introducidas por el apelante, sostiene que han sido ya debidamente tratadas y resueltas -reiterando aquí sustancialmente los argumentos vertidos por la a quo y aportando una noticia etimológica acerca de la voz "dosaje"-. Por otra parte, entiende que las cuestiones relativas a los testigos no pueden ser tratadas en esta instancia, toda vez que fueron introducidas en oportunidad de fundar el recurso.

Finalmente, el Vergara mejora fundamentos a fs. 44/45, pieza en la que reitera tópicos de embate antes ensayados, subrayando con insistencia su hipótesis de conculcación de las garantías constitucionales antes mencionadas.

Causa Nº 3810-01/CC/2007. Sala II.

Cumplidos los plazos y pasos procesales, corresponde resolver la vía promovida.

Y CONSIDERANDO 1.

El recurso ha sido interpuesto por quien tenía derecho a hacerlo, dentro del plazo de cinco días y por escrito fundado. En cuanto al requisito de impugnabilidad objetiva, esta Sala ya se ha manifestado en reiteradas oportunidades respecto de la equiparación a sentencia definitiva de aquellas resoluciones que, conforme lo dispone el art. 449 del C.P.P.N. -de aplicación supletoria en función de lo normado en el art. 6º de la ley de rito local-, resultan susceptibles de causar gravamen de imposible o tardía reparación ulterior -causas nº 085-01-CC/2004, rta. el 11/06/2004; 073-00-CC/2005, rta. el 10/05/2005; 301-03-CC/2005, rta. el 22/11/2005; 068-01-CC/2006, rta. el 21/06/2006 y 13700-00-CC/2006, rta. el 01/09/2006, entre muchas otras-. Se ha considerado incluida en esta clase de resoluciones a la que deniega una nulidad que ha sido correctamente articulada y tramitada -conf. causas nº 0031-00-CC/2004, rta. el 24/03/2004; nº 061-01-CC/2004, rta. el 26/04/2004; nº 404-00-CC/2005, rta. el 13/12/2005 y 12036-01/CC/2006, rta. el 23/10/2006, entre otras- ; máxime cuando, como en el caso, se invoca una de orden general en conexión con la violación de normas constitucionales que tutelan el debido proceso. Esta última circunstancia refuerza el deber ínsito en la función jurisdiccional de velar por la observancia de los derechos, garantías y obligaciones que asisten a las partes, sin dejar de tener en cuenta que éstos tienden mayormente a la protección del imputado, en tanto sujeto pasivo de la persecución estatal -conf. criterio sentado en causa nº 0024-00-CC/2004, rta. el 11/03/2004-.

Por lo expuesto, el recurso debe meritarse correctamente concedido por la Magistrada.

2.

Incumbe, a continuación, el tratamiento de las impugnaciones traídas a estudio del Tribunal, el que deberá contemplar especialmente la finalidad de la declaración pretendida por el accionante; esto es: la privación de eficacia al acta labrada con motivo del procedimiento prevencional que derivó en la imputación a la Sra. Tomeo, como consecuencia de hallarse aquélla impedida de producir los efectos previstos por la ley al alojar vicios que, a criterio de la defensa, la desnaturalizan como acto procesal -conf. D' Albora, Francisco J.: Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado. Buenos Aires, Ed. Lexis Nexis -Abeledo Perrot, 6ª edición, 2003; Tomo I, pág. 290-.

Como efecto de tales irregularidades, el presentante denuncia la conculcación de garantías esenciales que inmunizan a su defendida de toda manifestación arbitraria de la potestad punitiva estatal, circunstancia que impondría la inmediata declaración a que hace referencia el art. 168 del ordenamiento nacional.

De otro lado, corresponde delimitar el específico ámbito regulatorio previsto para el diseño normativo del acta contravencional, el cual viene dado, prioritariamente, por el artículo 36 de la Ley de rito. Ello así, en tanto la Ciudad posee facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas -art. 8º de la Ley 24.588, que garantiza los intereses del Estado Nacional en el ejido- y atribuciones legislativas específicas para dictar el código sustantivo y los de procedimiento -art. 81 inc. 2 de la C.C.A.B.A-. Así queda configurada la base técnica que permite afirmar, para todos aquellos casos, la vigencia primera de la regla local respecto de aquellos espacios de proyección normativa que hacen concretamente a su autonomía, con exclusión -en ese mismo campo- de las disposiciones nacionales; y sólo cuando exista una expresa remisión a ella es que habrá de predicarse su aplicabilidad en este marco territorial.

En virtud de este principio, y toda vez que, como se dijo, ha sido específicamente diseñado el régimen que gobierna la conformación del documento impugnado, cabe echar mano del C.P.P.N. sólo en cuanto no haya sido previsto por el ceremonial porteño -pues en ello consiste la supletoriedad instituida en el art. 6º de la L.P.C.- y siempre que tal aplicación no venga impedida por resultar opuesta al texto local.

A la luz de las precedentes guías rectoras del análisis, la primera de las impugnaciones vertidas -carecer el documento cuestionado de fecha cierta- aparece insuficiente a los efectos pretendidos por el recurrente. Si bien es cierto que en la pieza de fs. 3 sólo aparece inscripto el mes y el año de efectuado el procedimiento -enero de 2007-, un elemental criterio de sano raciocinio impone meritar tal omisión complementada por las copias de los tickets emitidos por el "alcoholímetro" -ver fs. 18-, en las que figura con precisión la fecha y la hora en Causa Nº 3810-01/CC/2007. Sala II.

que la encausada fue sometida al control (27 de enero de 2007 a las 03:42). La consigna temporaria coincide, además, con la declarada una hora después de la medición por el preventor Fernando Javier Carretero a fs. 1bis., quien hizo entrega -según allí consta- de los comprobantes a fin de integrar el legajo que sería elevado a la Fiscalía que por turno correspondía, pocos días más tarde -ver cargo de fs. 5vta.-.

La anomalía advertida en modo alguno obsta a la validez del documento cuyo enervamiento postula la defensa, y mucho menos otorga mérito a la pretensión de archivo de las actuaciones. Sin perjuicio de que el art. 36 de la L.P.C. no construye el necesario sustento normativo requerido para la declaración que se propugna -principio "no hay nulidad sin texto" recogido en el art. 166 de la norma a que aquélla remite- lo cierto es que, como correctamente fundó la a quo y reiteró en su dictamen el Sr. Fiscal ante esta instancia, el artículo 115 del C.P.P.N. precisamente prevé la subsanación de este defecto a partir de una observación de conjunto de las constancias de la causa. En este sentido, no procederá la declaración nulificante siempre que del referido examen se concluya que, a pesar del apartamiento de la forma estipulada -aun bajo pena de nulidad- el acto ha cumplido con sus fines en virtud de la correlación incontestable entre los que operan como sus antecedentes y los que resultan su consecuencia -conf. D'Albora, op. cit., pág. 249-.

Similar tratamiento merece el resto de los tópicos de impugnación señalados por el letrado, los cuales, en tanto no encuentran vinculación con las hipótesis enumeradas en el art. 167 del C.P.P.N., requieren la efectiva demostración del perjuicio ocasionado a quien los opone -lo que no se verifica, por cierto, si de la exposición sólo surge una mera mención genérica de preceptos constitucionales en sustento de la propuesta invalidante-. Así es que, a falta de otras consideraciones, y tratándose de presupuestos de nulidades relativas, no se advierte de qué modo resultan lesivas a las garantías que tutelan el sometimiento procesal de la imputada los reparos denunciados.

Obsérvese que la forma en que el preventor estructuró la descripción circunstanciada del hecho -si lo hizo utilizando una palabra existente o no en el idioma castellano- no incide a priori -y no expresa el Sr. Defensor de qué manera podría hacerlo- en los derechos de su pupila hasta que se perfeccione la imputación, momento a partir del cual quedará delimitada definitivamente la versión fáctica sobre la que se erigirá el objeto del juicio. Por otra parte, el intercalado de una cifra luego de la discutida voz "dosaje" abriría eventualmente el camino a su cuestionamiento como elemento integrante del documento, mas no a la conmoción de éste en su totalidad -conf. art. 140 C.P.P.N., último párrafo-.

No debe pasarse por alto, además, que "...el acta del art. 36 LPC tiene por fin dejar constancia de la producción de una contravención .... de esa forma el presunto infractor conocerá que se dará inicio a un proceso de este tipo y los derechos que le asisten, mientras que el Fiscal podrá proceder en consecuencia y recolectar la prueba necesaria para preparar su caso. A través de esta tarea, el acusador recién estará en condiciones de fijar concretamente la hipótesis contravencional sobre la que, tras requerir la elevación a juicio en su caso, se habrá de juzgar (principio de congruencia).

Es entonces en la oportunidad prevista por el art. 41 LPC, en la cual el Fiscal le hará saber al justiciable la hipótesis correctamente delineada con el fin de que éste pueda presentar su caso y ejercer así cabalmente su defensa. En tal sentido, el presunto contraventor no se encuentra en una desventaja sustancial frente a su oponente, dado que ambos pueden disparar la construcción de sus respectivos casos desde el mismo punto de partida en igualdad de condiciones: la constancia de la actividad prevencional efectuada" -causa nº 043-00-CC/2004, rta. el 23/04/2004-. Al amparo de estos principios, los cuestionamientos arrimados emergen, además, prematuros.

Esta misma dirección gobierna la consideración relativa a la ausencia de firma de un testigo en una de las copias del acta, circunstancia que -toda vez que no aparece conculcatoria de la plena facultad de la imputada de rebatir la acusación en la etapa procesal pertinente- informa su valor probatorio, mas no su validez. Como se dijo, las formalidades que hacen a su regular confección encuentran explícita reglamentación legal en la Ciudad; y en tanto se ha diseñado en sentido eventual la mención de quienes presenciaron el hecho, la fulminación por nula fundada en la falta de rúbrica de sólo una de las dos personas constituidas en el lugar de la prevención resultaría evidentemente excesiva en el particular, habida cuenta de la armónica integración de las inocuas carencias denunciadas con los restantes elementos recabados por el personal policial.

En cuanto a los embates dirigidos al carácter de los testigos escogidos, y por el mismo enfoque impreso al presente análisis, la impugnación luce claramente ajena a la pretensión ensayada, en razón de constituir valoraciones Causa Nº 3810-01/CC/2007. Sala II. que hacen a la idoneidad de aquéllos en su carácter de fuente de prueba -extremo susceptible de editarse hábilmente con posterioridad-, mas no empecen a la intrínseca virtualidad del documento impugnado.

Por lo demás, otorgar la contundente solución propugnada en virtud de las fallas señaladas implicaría resignar la potestad persecutoria propia de la jurisdicción en el solo beneficio de las formas, lo que repugna a la idea de una regular administración de justicia. Concordantemente, nuestro Máximo Tribunal ha dicho que "...en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte a un derecho o interés legítimo que cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia.

En efecto, la nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter de accesorio e instrumental del derecho procesal, exigiéndose, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho.

De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público..." -CSJN, causa "Bianchi, Guillermo O. s/ defraudación", rta. el 27/06/2002; LL 2002-F, 665-.

Por lo hasta aquí expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal y habiendo concluido el presente Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR el auto de fs. 21/22 del presente incidente, en cuanto rechaza el planteo de nulidad interpuesto por la defensa en contra del acta contravencional glosada a fs. 3 (arts. 166 y cc- "a contrario sensu" del C.P.P.N. y 6 de la ley 12).

Tómese razón, notifíquese por cédula al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones al Juzgado de Primera Instancia interviniente, el que deberá practicar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: El Fernando Bosch no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.