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Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, principio de congruencia, despido, indemnización agravada, ley vigente
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: FOSSATI, PABLO ALFREDO Y OTRO c/ Banco Bansud S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

No respeta el principio de congruencia y agravia la garantía de la defensa en juicio el pronunciamiento que desconoció que las partes -a lo largo de todo el proceso- habian concordado en que se trataba de un despido sin causa justificada, esto es, que se hallaba reunido el presupuesto necesario al que se refiere el art. 16 de la ley 25.561 para la procedencia de la doble indemnización a la que alude la norma y sólo expresaron su disenso con respecto a si dicha norma se hallaba vigente o no a la fecha en que los actores fueron despedidos.
Sentencia, hechos nuevos
Materia: CIVIL
Carátula: HERRERA, LUIS Y OTROS c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUALES s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-07

Ante la presencia de hechos nuevos modificativos y extintivos introducidos con posterioridad a la iniciación del proceso -ya que altera la situación fáctica inicialmente planteada- los jueces pueden exceder el límite cuantitativo del reclamo originario para llegar a una sentencia más justa y equitativa.
Dictamen fiscal, falta de fundamentación, control de legalidad, defensa en juicio, cambio de calificación legal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: FLORES, VIRGILIO MARTÍN. s/ Homicidio en grado de tentativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2012-03-28

No corresponde hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba, en tanto si bien es cierto que el otorgamiento del beneficio no implica reconocimiento de responsabilidad penal alguna (art. 76bis C.P.); el sometimiento del imputado a reglas de conducta basado en un acuerdo de partes, que se apoya en una decisión del fiscal inmotivada, también implica una afectación de las garantías constitucionales de éste, por afectar el principio de inocencia (art. 18 C.N.).
Quiebra, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito, remito
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDICIONES  CREVEL    S.R.L.    S/PEDIDO DE QUIEBRA POR ARTES GRAFICAS MODERNAS  S.A. s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-24

Sin perjuicio de lo que deba resolverse una vez oída la presunta falente, es procedente la citación de la lc 94 cuando la quiebra se pide en base a remitos cuya firma se atribuye a aquélla, los cuales, al contener el precio, también cumplen la función de facturas.
Plazos procesales, trámites judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: GARAY DI LULLO MARTA s/ RETARDO DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-05-12

No encuentra evidencia en la legislación interna argentina que permita inferir que un proceso civil ordinario, sea per se complejo; por lo que la dilación de un proceso civil (en el caso por daños y perjuicios) no puede justificarse en razón de la complejidad del asunto para que se prolongue por un lapso irrazonable de tiempo.
Alimentos, cuota alimentaria, porcentaje de los ingresos
Materia: CIVIL
Carátula: S., Y. E. c/ B., J. J. s/ INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-08-04

En la determinación de la cuota alimentaria, constituye una ecuación insoslayable la compatibilización entre necesidad y posibilidad; en tal sentido la fijación en porcentuales contempla adecuadamente tal delicado equilibrio desde que implica una valoración de los dos extremos.

Luego, la modalidad es ventajosa fundamentalmente para el alimentado desde que tendrá asegurado el aumento de la cuota en función del crecimiento salarial del obligado y, como contrapartida, también lo es para el alimentante para los supuestos de disminución de sus ingresos fijos.

Ha de decirse, entonces que contempla adecuadamente las pautas que deben ser consideradas en la materia y que evita la proliferación de incidentes tanto de aumento como de disminución de cuotas ante eventuales modificaciones de las entradas; evidenciando, entonces, sólidos fundamentos de economía procesal.
Revocación de sentencia, quiebra, verificación de créditos
Materia: PENAL
Carátula: LA ROSA AZUL SA c/  s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-29

Corresponde revocar la resolución que rechazó el pedido de conclusión de la quiebra por avenimiento, al considerar que la disposición de la LCQ 226 constituye una excepción al principio de unanimidad establecido por el art. 225 del mismo cuerpo legal, y que en la especie no eran suficientes los depósitos para acreedores no ubicados o renuentes. Dicha decisión resulta prematura sin antes haber intimado a la fallida a integrar los depósitos efectuados a favor de los acreedores verificados renuentes o no hallados.En consecuencia, corresponde supeditar la declaración de conclusión de los procedimientos a los requisitos necesarios a tal fin, la entrega de los libros ordenados por el Juez a quo y, la garantía que éste fije para asegurar los gastos y costas del juicio (cfr. CNCom, Sala B in re "Scalise, Juan Jose s/ quiebra", del 15/07/10; y sus citas). De cumplirse con el íntegro depósito de las acreencias de aquellos acreedores renuentes o no habidos, no estaríamos frente a la conclusión de la quiebra por avenimiento, sino ante un supuesto mixto que incluye aquél y el caso del pago total, porque para tener por concluida la quiebra resulta procedente exigir a la fallida -además de la garantía que establece la LCQ 226- el depósito de las sumas necesarias para cancelar los gastos y los honorarios del síndico, y para tener por concluida la quiebra por pago total es necesario que previamente tales conceptos se encuentren abonados (LCQ 228).
Acción de amparo, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Bancaria Seccional Catamarca c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-05-09

Si bien la Constitución Provincial atribuye competencia originaria y excluyente a la Corte de Justicia, si la materia es contencioso administrativa, debe precisarse que cuando la forma escogida para demandar es una acción de amparo, puede en algunos casos desplazarse esa competencia, pudiendo entender el juez de primera instancia.

En efecto, es obvio que en toda acción de amparo subyace siempre la cuestión Constitucional, pero ella deja de ser subyacente, cuando el supuesto acto ilegítimo o arbitrario proviene de una violación en forma directa a la constitución, debiéndose expresar en forma clara y precisa esa violación de los derechos reconocidos por la constitución, lo que significa que en los supuestos de mixtura entre materia administrativa y cuestión directamente constitucional no hay competencia originaria de la Corte provincial.
Recurso de apelación (procesal), domicilio constituido, tribunal de alzada
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MARTINEZ ANTONIO c/ RAUL E. FREITES Y DEOLINDO MANZANELLI s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1966-10-11

En todo caso de apelación, la constitución de domicilio dentro del radio y ciudad que sirve de asiento al tribunal de alzada, es condición de admisibilidad del recurso.-
Accidentes de trabajo, incapacidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: BASUALDO, PABLO M. c/ URBANZA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-26

La reforma introducida por la ley 23643 al art. 8 de la ley 9688 resulta inaplicable a los accidentes ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia, aún cuando la incapacidad que de ellos se sigue se consolide con posterioridad a aquella fecha.
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Noya Norman Oscar c/ El Estribo S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Siendo la contracautela condición que hace a la ejecutoriedad de la medida precautoria, en tanto que la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora hacen a la procedencia de la misma, la alegación de insuficiencia de aquélla no es argumento válido para el cuestionamiento del embargo preventivo trabado, debiendo acudir el recurrente para ello a la vía prevista por el art. 201 del rito. (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito, banco de datos, pago, acción de nulidad, indemnización, improcedencia del recurso, violencia como vicio de la voluntad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ortiz, Brian Federico Alejandro c/ Banco Santander Rio SA y Otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-11

Procede revocar la condena impuesta por el anterior sentenciante al banco demandado en cuanto juzgó ilícita la deuda denunciada como antecedente para informar al actor como deudor moroso y ordenó la restitución del pago abonado por el actor a la mandataria del banco para su cancelación, en tanto no cabe duda que dicho pago resultó ser un reconocimiento tácito e irrevocable de parte del actor sobre la existencia de vinculación con el banco demandado, del crédito reclamado y su monto. La actitud de escudarse tardíamente en esas circunstancias importa, en rigor de verdad, la invocación de la propia torpeza como un medio de sustraerse a las consecuencias derivadas de la decisión que tomó el actor, de abonar de todos modos la deuda.

Tampoco puede declararse nulo el pago en los términos del CCCN 276 y sgts., por cuanto el actor alega haberlo realizado afectado por la presión derivada de su inclusión en la base de deudores del Banco Central de la República Argentina y por el impedimento que ello suponía para la obtención de un crédito hipotecario, circunstancias que generaron una fuerza irresistible sobre su persona y viciaron su voluntad. Esto por cuanto, la inclusión por parte del banco demandado al accionante como deudor en mora en la base del BCRA constituyó simplemente el cumplimiento de una obligación impuesta por el órgano de contralor a las entidades bancarias (comunicación A 2216 del BCRA).
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: C.de A. A. c/ A. J. J. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-08

A fin de determinar el monto de la cuota alimentaria debe tenderse a lograr un equilibrio entre el monto y la cuota, las necesidades a cubrir y la aptitud que para llenar tal finalidad tiene el obligado.
Recurso extraordinario, recursos, improcedencia del recurso, debido proceso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Del Franco, Luis Alberto c/ Lomastro, Eduardo y otro. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Si bien las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos planteados por ante los tribunales locales no justifican el otorgamiento de la apelación extraordinaria, cabe hacer excepción a ese principio cuando la decisión frustra la vía utilizada por el justiciable sin fundamentación idónea suficiente, lo que se traduce en una violación de la garantía del debido proceso consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Aplicación de la ley, aplicación supletoria de la ley, accidente de tránsito, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: E., H. D. c/ R. V., G. R. y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-27

No cabe prescindir de las normas de tránsito -si las hubiera directamente aplicables- y aplicar directamente los artículos del Código Civil, puesto que las normas de tránsito son específicas y los artículos del Código constituyen normas genéricas. Y en materia de interpretación rige la regla de la menor generalidad posible. Cuanto más específica y aplicable directamente al caso concreto es la norma seleccionada para el caso, más limpia e incuestionable es la faena hermenéutica.

Pero, ante la falta de norma específica aplicable a un caso del tránsito recobran todo su vigor las mandas del Código Civil. Dicho de otro modo, al momento de seleccionar la norma aplicable a un caso debe optarse por aquella que exhiba la menor generalidad y abstracción posible; por ello, solo cabe acudir a los principios generales cuando no existen normas específicas y sólo cabe acudir a normas de fuera del sistema que se aplica, cuando en éste no existen y armonizando las tomadas prestado (normas de tránsito) con las que imperan en el sistema general (Código Civil).

Tratándose unas (las del Código Civil) de normas de fondo, de aplicación necesaria en materia de responsabilidad civil y las otras (normas de tránsito) de específicas e imprescindibles normas reglamentarias de la circulación automotor, cuyo incumplimiento aumentaría el caos en las calles, ellas deben integrarse de una forma armónica y coherente, de modo de dar nacimiento a soluciones adecuadas en materia de responsabilidad civil por accidentes automovilísticos.

Esta integración se ha dado de una manera indirecta: no, obviamente, declarando la existencia de responsabilidad civil por accidentes de automotores en todos los casos en que medie violación de normas de tránsito, sino estableciendo que la violación de los reglamentos de tránsito genera contra el infractor la presunción de culpa en el accidente de tránsito subsecuente.
Robo calificado, robo con perforación o fractura
Materia: PENAL
Carátula: Barrena Marcelo Jorge Osvaldo s/ Robo Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-21

Aún cuando un objeto resulte más débil que otro en su función de defensa, no pierde por ello esa calidad, en tanto y en cuanto haya sido colocado con esa finalidad, y no de un modo meramente simbólico o manifiestamente inadecuado; puesto que la defensa se integra, no basada exclusivamente en la pura subjetividad de quién lo coloca sino revestida de cierta objetividad, ya sea por el lugar que ocupa como por la relativa resistencia que pueda ofrecer (destino defensivo).
Jubilaciones, pensiones, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Klein, Carlos Bernardo c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

El art. 36, último párrafo del dec. ley 9650/80 y el decreto reglamentario nº 460/81 no contemplan como una excepción al concepto de remuneración a los denominados originariamente como "gastos de mesa" y luego más genéricamente como "gastos funcionales", siendo las únicas exclusiones a que se alude expresamente en la ley son "horas extras, las asignaciones familiares, las percibidas en calidad de viáticos, los gastos de residencia y las asignaciones percibidas en concepto de becas"; en que dicho decreto hace lo propio con "las prestaciones de vivienda y alimento, las gratificaciones o retribuciones que estén sujetas a devolución o rendición". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuesto a las actividades lucrativas, pago, leyes, constitucionalidad, sociedad cooperativa
Materia: TRIBUTARIO - CONSTITUCIONAL
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA "LAS PAREJAS" LTDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 142-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-04-08

El pago sin reserva del impuesto a las actividades con fines de lucro que gravaba la actividad cooperativa, implica una renuncia tácita de la alegación de inconstitucionalidad basada en que se trata de entes sin fines de lucro, y por ello no cabe considerarla como causa justificable de la exclusión del tributo.
Facultades de la alzada, interposición del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Estrella, Luis Fernando; Menéndez, Luciano Benjamín; Vera, Domingo Benito s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

Es deber del tribunal de alzada limitarse al estudio de los motivos casatorios expuestos ab initio en ocasión de interponerse el recurso de que se trate, salvo que el asunto propuesto a revisión una vez expirada esa oportunidad procesal, sea susceptible de acarrear cuestión federal dirimente o se cuestione la validez de algún acto del proceso factible de nulidad absoluta, puesto que los verbos desarrollar y ampliar -art. 466 del Código Procesal Penal de la Nación- demuestran que el objetivo tenido en miras por el legislador es dar a la parte recurrente una oportunidad para que se extiendan o profundicen los motivos que fueron introducidos en la oportunidad del mencionado código, más no incorporar o adicionar otros no volcados en el recurso de que se trate. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, robo con armas, arma descargada, simulada o defectuosa, arma impropia, graduación de la pena, aplicación de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En  el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

La tesis subjetiva argumenta que el sujeto pasivo se encuentra en el momento del hecho imposibilitado de establecer si el arma empleada es hábil o no para causar lesiones o muerte. No obstante, la subsunción legal requiere que el agente haya obrado con pleno conocimiento del empleo de un elemento capaz de ofender o lesionar o, en otros términos, que ello haya sido abarcado por el dolo del sujeto activo.

La víctima del despojo con empleo de un arma de fuego apta para el disparo ha corrido un riesgo, ha estado realmente en peligro de sufrir lesiones o muerte y es este riesgo el que castiga el legislador en la figura agravada. Los supuestos de empleo de arma inhábil encuadran, en el robo simple, cuya amplia escala penal permita graduar la pena teniendo en cuenta el modo de comisión. (Del Voto En Disidencia De La Dra. Ramón)
Contrato de obra pública, suspensión de obra pública, gastos improductivos, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vector Ingeniería Soc.Col. c/ Obras Sanitarias de la Nación s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

El resarcimiento de los gastos improductivos que la contratista aduce haber padecido como corolario de la paralización de los trabajos, entre los que cabe incluir el mantenimiento y amortización de los equipos, gastos de combustible, mantenimiento de planteles de personal, sólo es procedente en tanto la contratista acredite haberlos sufrido. (Del voto del juez Mordeglia, consid. 7º c).
Manifiesto de carga, infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Alpemar S.R.L. (T.F. 7057-A) c/ A.N.A. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

Razonable es la previsión del art. 956, inc. c) del Código Aduanero, en cuanto por ella se dispone la equiparación, a los fines punitivos, de la presentación del manifiesto general de la carga con las declaraciones de destinaciones de importación, pues aquél forma parte de la "documentación complementaria imprescindible con el fin de respaldar parte de los dichos de la declaración (comprometida)" (Enrique C. Barreira, Código Aduanero, t. II-A, Buenos Aires, 1986 p. 221). Es menester resaltar que la remisión que se efectúa en la norma bajo examen abarca a todos los supuestos descriptos en el art.

954, sin hacer exclusión alguna, amplitud ésta que no está discutida desde el punto de vista constitucional.
Pérdida de la chance, daños y perjuicios, pretensión
Materia: CIVIL
Carátula: Lezcano, Daniela c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto res. médica) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

Para que la pérdida de chance sea indemnizable (tanto en el ámbito de la responsabilidad contractual como extra contractual), se requiere que aquel que pretende ser indemnizado se haya emplazado en la situación idónea para obtener la ganancia o evitar la pérdida. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhieren las juezas Alicia E. C. Ruiz y Silvina Manes).
Daños y perjuicios, incendio de la cosa, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: CARRINO, Humberto c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

1- Si el damnificado sufrió quemaduras en el hospital y dicha lesión se produjo en el curso de la operación o inmediatamente después de ella, la accionada violó el deber secundario de conducta que pesa sobre los entes sanitarios, en relación con el cuidado de la integridad física de los pacientes internados en ellos, si no acreditó la ruptura del nexo causal, único límite de responsabilidad idóneo para obtener su liberación.- 2- Tratándose de hospitales que suministran asistencia médica en general, la obligación es de resultado.-
Jubilaciones, jubilación ordinaria, denegatoria del beneficio, prestación de servicios, prueba, constancia de aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Silva, José Alberto c/ INPS. -  Caja  Nacional  de Previsión de laIndustria, Comercio y Actividades  Civiles s/ dependientes: otrasprestaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

Debe confirmarse la sentencia que denegó la jubilación ordinaria en virtud de no haberse acreditado los servicios denunciados como prestados por el actor en los períodos que detalla, pues la sola existencia de las certificaciones a que alude el recurrente y el testimonio de dos personas, no resulta suficiente para tener por acreditados los servicios frente a la inexistencia de registros en el organismo previsional que den cuenta del ingreso de aportes y la falta de recibos de sueldo en los cuales conste la debida retención de dichas obligaciones, circunstancias que habrían permitido constatar la inaplicabilidad el caso de la sanción del art. 25 de la ley 18.037.
Prescripción de la acción penal, revocación de sentencia, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: P., D. R. c/  s/ prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-31

El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "P., D. R. s/prescripción" (causa 22.287/2013) rta. 31/5/18, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra el auto del juez de la instancia de origen que no hizo lugar al planteo de prescripción de la acción penal formulado. Los vocales revocaron la decisión, declararon extinguida la acción penal por prescripción respecto del imputado y dispusieron su sobreseimiento.