Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-18


///n la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de febrero dos mil trece, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Liliana Elena Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Mariano Hernán Borinsky, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, Dra. María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n 16.605 del registro de esta Sala, caratulada "Huayta Solano, James Alexander s/recurso de casación". Representa al Ministerio Público Fiscal, el doctor Raúl Omar Pleé; y ejerce la defensa del imputado el señor Defensor Oficial ante esta Cámara, doctor Guillermo Lozano.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: Eduardo Rafael Riggi, Liliana Elena Catucci y Mariano Hernán Borinsky.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:	PRIMERO:

1-Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto a fs. 124/129 por el señor representante del Ministerio Público Fiscal de la anterior instancia, doctor Fernando I. Fiszer, contra el pronunciamiento dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 16 de esta Ciudad, por el que se resolvió: "Declarar la prescripción de la acción penal.y en consecuencia sobreseer a James Alexander Huayta Solano respecto del hecho por el cual se requiriera la elevación a juicio..".

2- El tribunal de mérito concedió el remedio impetrado a fs. 130/131.

3- El recurrente sostiene que se ha inobservado la ley procesal pues, a su criterio, se ha omitido arbitrariamente dar tratamiento o al menos dar respuesta a lo pedido por el Ministerio Público Fiscal ; esto es, que previo a resolver sobre la posible prescripción de la acción penal se oficiara al Juzgado de Ejecución Penal ". para determinar si se controló el cumplimiento de las reglas de conducta, o si se omitió informar que se tuvieron por cumplidas o en su defecto, si se prorrogó el plazo de la suspensión del juicio a prueba.".

Indica que el a quo ".se ha manifestado haciendo a un lado el pedido de este Ministerio Público Fiscal, solamente se ha limitado a decir: '.oído que fuera el Sr. Fiscal.' sin dar más tratamiento que ese a lo impetrado"; y que esta circunstancia ".el hecho de que el tribunal no diga el por qué no se hace lugar a lo requerido, implica un error in procedendo, puesto que ha omitido de considerar los pedidos efectuados por esta parte, tornando aparente o carente la fundamentación de la sentencia" .

Refiere que "Admitiendo ese posible escenario que propongo, es decir, que efectivamente a Huayta Solano se le haya prorrogado el plazo para cumplir las tareas, podría ocurrir.que desde el último acto interruptor (requerimiento de elevación a juicio) hasta el presente, no haya transcurrido el plazo máximo dispuesto para el delito reprochado." .

Agrega que ".la prescripción no se sustenta en un sólo argumento, sino que confluyen el desinterés social por el castigo, la buena conducta del imputado y la falta de voluntad de persecución o de actividad de los órganos encargados de impulsar el procedimiento."; y que no puede sostenerse que exista una falta de interés en la prosecución de la causa " .si no se han constatado todas las circunstancias que la ley misma nos impone para que opere el instituto en cuestión.".

Finalmente, sostiene que ".el hecho de resolver la situación procesal con prescindencia del legajo de ejecución .implica también una transgresión a la garantía de juez natural.", puesto que es el juez de ejecución ".el encargado de realizar el control respectivo.".

4- Durante el término de oficina previsto por los arts. 465 primera parte y 466 del C.P.P.N., se presentó la defensa solicitando el rechazo del remedio intentado invocando por lo demás en favor de su asistido la garantía constitucional a ser juzgado en un plazo razonable (fs.136/141).

5- Habiéndose superado la etapa procesal prevista en el art. 468 del ritual -conforme constancia actuarial de fs. 146.-, quedó la causa en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

1.- Que analizado el caso en estudio, advertimos que con independencia de toda disquisición acerca de la posibilidad de declarar la prescripción de la acción penal en los términos de los artículos 63 y 67 del Código Penal, tal como lo señala la defensa al momento de hacer su presentación en los días de oficina, resulta indudable que en la presente causa se ha afectado gravemente el derecho del inculpado a ser juzgado en un plazo razonable, ello en los términos de la doctrina que sentáramos a partir de nuestro voto dictado en la causa n° 9405 del registro de esta Sala, caratulada "Peón Hoyuela, Jesús y otro s/ recurso de casación" (reg. 496, del 27/4/09), y muy en particular, en la causa n° 15.304 del registro de esta Sala, caratulada "Soto, Gastón Ernesto y otro s/ recurso de casación" (reg. 720, del 29/5/12), ocasión esta última en la que se resolvió una cuestión de sustancial analogía a la que informa la presente causa.

Expresamos en esa ocasión que ".el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14.1.c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se encuentra razonablemente reglamentado -en nuestro derecho positivo interno- mediante el instituto de la prescripción de la acción penal, contemplado en los artículos 62 y siguientes del Código Penal; pero que no obstante ello en ciertos casos (en los que las normas legales no resulten suficientes para resguardar debidamente el derecho en cuestión) resultará necesario tornar directamente operativo el derecho constitucionalmente reconocido.

En ese orden, somos de la opinión que -en principio- cuando el tiempo de tramitación de un proceso no exceda el lapso previsto en el artículo 62 del Código Penal para que opere la prescripción, no podrá considerarse vulnerado el derecho en cuestión. Tampoco ello ocurrirá cuando por alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 67 del mismo texto legal (o por otra causa legal), el término de la prescripción se vea suspendido o interrumpido.

Ha sostenido al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación que 'el derecho del imputado a que se ponga fin a la situación de indefinición que supone el enjuiciamiento penal puede encontrar tutela en la prescripción de la acción. Como se destacó en Fallos: 312:2075: el 'pronunciamiento garantizador del art. 18 de la Constitución Nacional (...) puede consistir naturalmente en la declaración de prescripción de la acción penal'.' (conf. causa 'Barra', ya citada) [en referencia a la causa B. 898.XXXVI 'Barra, Roberto Eugenio Tomás s/defraudación por administración fraudulenta' -causa n° 2053- W-31, del 9/3/04].

Resulta particularmente relevante en la materia que se estudia, tener en cuenta y dimensionar adecuadamente que a partir de la reforma producida en el artículo 67 del Código Penal por la ley 25.990, las causales de interrupción del curso de la prescripción de la acción se encuentran acotadas a la comisión de otro delito, el primer llamado a prestar declaración indagatoria, el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, el auto de citación a juicio y la sentencia condenatoria no firme. Es decir, el actual régimen legal contrasta diametralmente con el anterior, en el cual la interpretación que del concepto 'secuela de juicio' correspondía realizarse -al menos, según nuestro criterio- daba lugar a que se le acordara aptitud interruptiva del curso de la prescripción a otros actos procesales, situación que naturalmente restringía la posibilidad de que operase la extinción de la acción penal por esta causal. Es decir, de un régimen de interrupción del curso de la prescripción amplio, hemos pasado a uno restringido y limitado a unos pocos supuestos.

No obstante ello, es dable concebir casos en los que la acción penal se encuentre vigente -según los parámetros legales que rigen el instituto de la prescripción, indicados precedentemente-, pero que aun siendo ello así, la violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable sea evidente, y en consecuencia surja la necesidad de poner fin a la persecución penal, por constituir ella misma una violación a los derechos individuales reconocidos. Como ya se dijo, este criterio surge prístino del pronunciamiento del Alto Tribunal in re 'Egea, Miguel Ángel', en el que se afirmó que 'cualquiera sea el criterio que se adopte respecto de la llamada 'secuela del juicio', en el caso, la duración del proceso por casi dos décadas, viola ostensiblemente las garantías de plazo razonable del proceso y del derecho de defensa. Por ende, cabe seguir el criterio propiciado por el Procurador General'. Es decir, consideró en el caso el Superior que el prolongado lapso de tiempo durante el cual se había sustanciado la causa, tornaba inoficioso incluso analizar si se verificaba la existencia de actos interruptivos del curso de la prescripción, pues cualquiera que fuere el resultado de ese análisis la solución del caso se encontraba predeterminada por la evidente violación a la citada garantía.

En otro caso -también vinculado a un primigenio planteo de extinción de la acción penal por prescripción, al que no se había hecho lugar por existir actos interruptivos de su curso-, sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación que 'de la compulsa del expediente principal se advierte sin esfuerzo que la 'razonabilidad' en la duración del trámite de este proceso no puede afirmarse bajo ningún punto de vista. En este sentido, basta con indicar que la causa tuvo inicio en el mes de abril del año 1989, por hechos acaecidos a partir del mes de febrero de aquel mismo año, los cuales fueron tipificados como administración fraudulenta reiterada -28 hechos- (art. 173, inc. 7°, del Código Penal), formulándose la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal en el mes de febrero del año 1997, con un pedido de pena de seis años de prisión (ver fs. 1753/1765). En consecuencia, el proceso se ha originado mediante denuncias presentadas hace más de diecisiete años sin que hasta la fecha se haya llegado a un pronunciamiento que defina la situación del procesado Santángelo frente a la ley penal. (conf. causa S. 2491. XLI. 'Santángelo, José María s/ defraudación por administración fraudulenta', del 8/5/07). Más recientemente, en un caso que había llegado a su conocimiento en virtud de un recurso extraordinario dirigido a cuestionar esencialmente la mutación dispuesta por el tribunal de la anterior instancia de la calificación jurídica que era asignable a un suceso que dio lugar a una condena -robo simple en la opinión de la defensa, o robo con armas en la del tribunal cuyo fallo se cuestionaba-, la Corte Suprema indicó en consonancia con la doctrina que venimos reseñando, que 'la duración indebidamente prolongada de esta causa por casi quince años (que no puede ser atribuida al imputado ni a la complejidad del caso, toda vez que se trata de un hecho sencillo de robo con un arma ocurrido el 15 de noviembre de 1993) viola ostensiblemente el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)' (conf. S. 1205. XLII. 'Santander, Moira y otro s/ robo calificado', del 28/10/08).

Lógicamente, casos como los descriptos son excepcionales, no resultando a nuestro juicio adecuado que la valoración judicial termine supliendo -en todos los casos- el criterio que surge de la ley. Mas, de adverso, cuando el criterio legal se muestra manifiestamente insuficiente, por lo lesivo, para resguardar en toda su dimensión los derechos y garantías constitucionalmente reconocidos, será función de los jueces asegurar la plena vigencia de éstos.

Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la falta de reglamentación legislativa no obsta a la vigencia de ciertos derechos que, por su índole, pueden ser invocados, ejercidos y amparados sin el complemento de disposición legislativa alguna (Fallos: 315:1492). Esta conclusión armoniza con la antigua doctrina del Alto Tribunal conforme con la cual 'las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución, e independientemente de las leyes reglamentarias' (Fallos: 239:459). Mutatis mutandi, puede sostenerse que en aquellos casos en los que la reglamentación legal de garantías constitucionales no ampare satisfactoriamente el objeto de tutela de las mismas, deberá hacerse prevalecer el derecho conculcado por sobre el dispositivo legal insuficientemente diseñado para proteger en su totalidad y en el supuesto concreto el derecho o garantía de que se trate.

2.- Sin lugar a dudas, la facultad que en el acápite anterior se reconoce a los órganos jurisdiccionales de apartarse del criterio legal en beneficio del supra legal no puede ser confundido con una ilegítima actividad creadora de derecho, reservada -en nuestra materia- al Poder Legislativo.

Recordemos en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que por amplias que sean las facultades judiciales en orden a la aplicación e interpretación del derecho, el principio de separación de los poderes, fundamental en el sistema republicano de gobierno adoptado por la Constitución Nacional, no consiente a los jueces el poder de prescindir de lo dispuesto expresamente por la ley respecto del caso, so color de su posible injusticia o desacierto (Fallos 249:425; 250:17; 263:460).

Sin embargo, lo expuesto no debe conducir a olvidar que es también doctrina del Alto Tribunal que 'la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen y por ende, se reconoce como principio que las leyes han de interpretarse siempre evitando conferirles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y las deje a todas con valor y efecto' (Fallos: 300:1080; 315:727; 320:1090). Asimismo, debe tenerse en cuenta que 'es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que se compadezcan con el resto del ordenamiento jurídico y con los principios y garantías de la Constitución Nacional' (Fallos: 310:937); y que 'la interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta su contexto general y los fines que las informan', comprendiendo ello 'no sólo la armonización de sus preceptos sino también su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico' (Fallos: 287:79).

Como se aprecia de lo expuesto, acordar un carácter extensivo al régimen de la prescripción de la acción penal resultará sólo procedente, cuando la necesidad de armonizar el régimen legal con los derechos y garantías constitucionales sea evidente, por la irresuelta afectación que a estos últimos se produciría en caso de no acudirse a tal proceder.

Téngase presente que en nuestro sistema jurídico el régimen de la prescripción de la acción se basa en la consideración del máximo de la sanción punitiva con la que se conmina el delito, término que a su vez puede ser interrumpido por alguno o algunos de los actos procesales previstos en el artículo 67 del Código Penal. Entonces, a modo de ejemplo, podríamos pensar en el caso extremo que una persona imputada por la presunta comisión de un delito conminado con una pena de diez años de prisión, en la que la prescripción de la acción fuera sucesivamente interrumpida al límite de su término, por la citación a prestar declaración indagatoria, luego por la requisitoria de elevación a juicio, y finalmente por la citación de las partes a juicio. En ese caso hipotético y extremo, insistimos, tendríamos que el individuo hubiera estado sometido a proceso penal por más de treinta años, sin que ese exorbitante período de tiempo de lugar a la declaración de prescripción de la acción penal, en los términos de los artículos 62 y 67 del Código Penal.

Claramente, una solución de ese calibre sería totalmente inaceptable en un estado democrático de derecho respetuoso de las garantías individuales, aseveración que refuerza la antes citada conclusión en punto a que en ciertos supuestos cabe apartarse de aquél principio general que antes enunciáramos vinculado a la aplicación de las reglas de la prescripción como modo de resguardar el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas."	Por lo demás, cabe destacar que el criterio que surge del precedente evocado es también el que se aplicara en las causas n° 9525 caratulada "Cañete, José Roberto s/ recurso de casación" (reg. 325, del 31/3/09); n° 10.455 caratulada "Romero Pucciarello, Juan s/ recurso de casación" (reg. 808, del 18/6/09); n° 9749 caratulada "Acosta, Justo Germán s/ recurso de casación" (reg. 806, del 18/6/09); n° 10.843 caratulada "Santa Cruz Rojas, Santiago s/ recurso de casación" (reg. 1170, del 26/8/09); n° 10.825 caratulada "Cabañas Escobar, Daniel s/ recurso de casación" (reg. 1196, del 27/8/09); y n° 10.944 caratulada "Gómez, Alfredo Hugo s/ recurso de casación" (reg. 1798, del 23/11/09), entre muchas otras.

También la Sala I (conf. causas n° 7790 caratulada 'Miguel, Néstor Roberto s/ recurso de casación', reg. 10.454, del 9/5/07, n° 8428 caratulada 'Barros, Orlando Rubén s/ recurso de casación', reg. 10.829, 13/8/07, y n° 7201 caratulada 'Chacón, Francisco Eduardo y otro s/ recurso de casación', reg. 9546, 5/10/06); la Sala II (causas n° 5361 caratulada 'Robledo, Guillermo Tomás s/ recurso de casación', reg. 7766, del 20/12/04, y n° 6477 caratulada 'With, Guillermo Eduardo y otros s/recurso de casación', reg. 10.264, del 13/7/07); y la Sala IV (causas n° 7291 caratulada 'Mitar, Raúl s/recurso de casación', reg. 10.593, del 24/6/08) se han expedido en un sentido análogo al que surge de los antes mencionados precedentes de esta Sala III, asumiendo el criterio de reconocer y tornar operativo el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas que surge de los instrumentos internacionales de derechos humanos que antes memoráramos.

3.- Entonces, la evaluación de cual ha sido el proceder de los órganos encargados de hacer cumplir la ley debe ser realizada tanto en lo que hace a la diligencia con la que se llevó adelante las pesquisas, así como también la referente al empeño puesto en aras de remover los obstáculos no imputables al Estado que se fueran presentando.

Así las cosas hemos de señalar que según se desprende de las presentes actuaciones, el hecho que dio inicio a las presentes actuaciones ocurrió el 16 de octubre de 2006; se le recibió declaración indagatoria el 17 del citado mes y año, oportunidad en la que se le describió el hecho imputado en los siguientes términos: ".haberle tocado en forma imprevista la cola ejerciendo una pequeña presión mientras movía la mano a VVV, el día 16 de octubre del corriente año, siendo las 3:40 horas mientras la damnificada caminaba junto a VVV por la Av. Corrientes y Mario Bravo de esta ciudad, siendo posteriormente detenido por personal policial.al ser señalado por la víctima, sobre la Av. Corrientes al 3100 de esta ciudad".

Se le dictó el procesamiento el 2 de noviembre de 2006 en orden al delito de abuso sexual simple (arts. 119 primer párrafo del C.P.) cuya pena máxima prevista es de 4 años de prisión (fs. 35/37); el 21 de noviembre de referido año se requirió la elevación de la causa a juicio (fs. 44/45).

El Tribunal Oral en lo Criminal nº 16 con fecha 11 de septiembre de 2007, con el expreso consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal, le concedió al imputado el beneficio de la suspensión del juicio a prueba por un año y seis meses, imponiéndole por el término de un año como reglas de conducta fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato y concurrir a CARITAS a razón de doce horas mensuales a fin de realizar tareas comunitarias no remuneradas; disponiendo la remisión de las piezas pertinentes al juzgado de ejecución penal a los fines del control de las reglas fijadas.

Así, el 3 de agosto del corriente año, y habiendo transcurrido prácticamente 5 años sin que se haya recibido ningún informe por parte del Juzgado de Ejecución, ante la posible extinción de la acción penal se dispuso la actualización de los antecedentes del encartado y se corrió vista al Sr. Fiscal General (fs. 111)	En base a lo precedentemente reseñado, apreciamos entonces que existe, sin razón alguna que lo justifique, un dilatado espacio temporal en el trámite que resulta consecuencia de la inexplicable conducta de las autoridades a cargo de llevar adelante el proceso. Máxime teniendo en cuenta que se trata de la investigación de un hecho que carece de complejidad, ocurrido hace más de seis años, tiempo que excede el máximo de la pena prevista para el delito reprochado, con lo cual no existe un justificativo suficiente para excusar razonablemente la dilación denunciada.

Repárese que habiéndose concedido el beneficio de la suspensión del proceso a prueba en relación al acusado el día 11 de septiembre de 2007, -reiteramos- a mas de 5 años de ese resolutorio las autoridades judiciales a cargo de la ejecución de dicha decisión no han informado la realización de actividad alguna dirigida al control del debido cumplimiento de las reglas impuestas, ni tampoco fue solicitada por el a quo ni por el aquí recurrente, salvo cuando se le corrió vista a fin que se expidiera por la posible prescripción de la acción penal.

Asimismo, es del caso señalar que no se ha invocado ni advertimos la existencia de una conducta dilatoria por parte de la asistencia técnica del imputado, ni de éste.

Como se aprecia de lo dicho, en el sub examine no mediaron razones suficientes que justifiquen la demora que registra su tramitación y, consecuentemente, asiste razón a la defensa del imputado en cuanto sostiene que en el caso, se ha vulnerado la prerrogativa en juego.

Ello así, toda vez que en síntesis y conforme lo que señalamos ut supra, no ha sido la complejidad del asunto lo que provocó la demora, sino el modo en que se han conducido las autoridades sobre las que pesa la carga de adoptar las medidas necesarias para llevar adelante el juicio en forma ágil.

Por ello, el excesivo tiempo transcurrido sin que hubiera existido obstáculo para una tramitación normal, ni una explicación válida, sólo resulta atribuible al órgano jurisdiccional, y no puede pesar sobre el justiciable.

En definitiva, situaciones como las descriptas, sin duda alguna, atentan contra la buena marcha del proceso, el principio de celeridad, y la garantía de obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable.

En atención a lo expuesto, entendemos que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas (arts. 456, 470, 530 y cctes. del C.P.P.N).

Tal es nuestro voto.

La señora juez doctora Liliana E. Catucci dijo:

Atento a que la suspensión del juicio a prueba de James Alexander Huayta Solano se otorgó por el término de un año, el 11 de septiembre de 2007, es evidente que más de cinco años de esa fecha el magistrado a cargo de la ejecución carece de jurisdicción para ejercer un control nunca ejercido.

Frente al tiempo transcurrido, el control ordenado por el Tribunal a quo sólo hubiera podido tener vigencia a tenor de una nueva suspensión del proceso, que en este caso no ocurrió.

Por otra parte, el obrar ineficiente y prolongado atribuible a los operadores judiciales no puede incidir en perjuicio del encausado.

Máxime cuando no se advierte la vigencia de la acción penal, pues según las constancias del expediente, desde el requerimiento de elevación a juicio del 21 de noviembre de 2006 hasta el presente (fs. 44/45)-, previo descuento del plazo en que fue suspendido el proceso a prueba -del 11 de septiembre de 2007 a marzo de 2009-, transcurrió holgadamente el máximo legal previsto para el delito de abuso sexual simple, conforme el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal.

En tales condiciones, por los fundamentos y conclusiones del minucioso voto del Dr. Riggi, me adhiero.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

Por compartir sustancialmente los fundamentos expuestos en sus votos por mis distinguidos colegas, doctores Eduardo R. Riggi y Liliana E. Catucci, expido el mío en el mismo sentido.

Por ello, en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas (arts. 456, 470, 530 y cctes. del C.P.P.N).

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones al tribunal de origen. Sirva la presente de atenta nota de envío.

Fdo: Dres. Eduardo R. Riggi - Liliana E. Catucci - Mariano H. Borinsky. Ante mi: María de las Mercedes López Alduncin-Secretaria de Cámara.