Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-12-05


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los .......5....... días del mes de Diciembre del año dos mil siete, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Vicepresidencia a cargo del Dr. José Luis Pasutti y asistencia del Dr. Fernando S. L. Royer, para dictar sentencia en los autos caratulados: "R., H. A. c/ A. V., J. J.l s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 20.839R2007), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 199, de conformidad a la Acordada N° 3.204 y los Acuerdos de la Sala Civil Nros. 37; 44 y 47/07, correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. Royer, Pasutti y Caneo.

Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Casación? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. Royer dijo:

I) ANTECEDENTES:

El Sr. H. A. R. inició demanda por daños y perjuicios contra el Sr. J. A. V. por la suma de Pesos Dos mil setecientos treinta y uno con cincuenta centavos ($2.731,50) en concepto de reparación por daños materiales y privación de uso del rodado que comandaba en ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 1 de enero de 2.005, aproximadamente a las 04:50 (fs. 9/11). Refirió a los siguientes aspectos: mecánica del siniestro, legitimación como usuario del rodado, dominio ......, legitimación del demandado por haber sido el conductor y propietario del automóvil dominio ......, responsabilidad y descripción de los daños. Luego, fundó en derecho su pretensión, detalló prueba documental acompañada, ofreció la restante y formuló petitorio de rigor.

El accionado, Sr. J. J. A. V. a fs. 18/20; opuso excepción de falta de legitimación activa, contestó demanda, ofreció pruebas, fundó su derecho y formuló petitorio de estilo. En orden a la defensa planteada, desconoció en el actor, la calidad de usuario que invocara del dominio ......, por considerar que para ser titular de la acción debía acreditar la calidad de dueño, poseedor, heredero o usufructuario de la cosa que ha sufrido el daño.

Corrido el pertinente traslado de ley, (fs. 22, cuarto párrafo y fs. 25 y vta.) se contestó por el accionante a fs. 26 y vta., solicitando su rechazo. Fundó su posición en la circunstancia de que la acción instaurada en el marco del art. 1.110 del C.C. es de naturaleza personal y no real; extremo que lo autoriza a reclamar el monto indemnizatorio como usuario del rodado que conducía el día del accidente. Respaldó su postura en varios precedentes jurisprudenciales que citó.

Por sentencia definitiva de fecha 9 de febrero de 2.006 (fs. 119/123), el Magistrado de Primera Instancia, hizo lugar a la demanda entablada y condenó a la accionada al pago de la suma de $ 2.100 con más los intereses correspondientes desde la fecha del accidente hasta el efectivo pago, impuso las costas al vencido y reguló honorarios. En orden a la excepción de falta de legitimación activa, decidió su rechazo. Para ello, según lo expresado, siguió tendencia jurisprudencial en esta temática, que considera al guardián del bien dañado, debidamente legitimado para accionar por daños y perjuicios emergente de un accidente de tránsito. Tal calidad, la tuvo por acreditada por conducir el respectivo vehículo al momento del siniestro y por ordenar la confección de presupuestos para determinar el costo de los arreglos del automotor (fs. 120 vta., sexto párrafo).

Contra este fallo, se alzaron el accionado y los letrados patrocinantes del actor por derecho propio, por considerar bajos los honorarios regulados.

II. SENTENCIA DE CAMARA.

Por sentencia definitiva, registrada bajo el N° 19/06 la Alzada, con el voto disidente de la Dra. M. G., revocó en cuanto fue materia de recurso la sentencia de origen, fijando el monto de la condena en la suma de $ 150, con más los accesorios determinados en la misma, se adecuaron los honorarios de primera instancia, se impusieron costas y regularon honorarios por las tareas desarrolladas en su sede.

Siguiendo un sector prestigioso de la doctrina y de la jurisprudencia, la mayoría entendió que la legitimación del actor como "usuario" carácter no cuestionado se circunscribe a los fines de reclamar indemnización por daños y perjuicios, al rubro "privación del uso", y no a los "daños materiales", agregando que al no haberse interpuesto la demanda por derecho propio tampoco resulta de aplicación el último párrafo del art. 1.110 del C.C. que prevé el supuesto del "tenedor" que en ausencia del dueño, como gestor de negocios ajenos, reclama la reparación del daño.

Por su parte, el Dr. Flass, explicitó en su voto, que cualquiera sea entonces, la relación del sujeto con la cosa, podrá demandarse indemnización, pero en el supuesto caso del "no propietario", habrá de probarse la lesión a un derecho subjetivo o interés legítimo y solo será resarcido en la medida en que ese derecho subjetivo o interés legítimo resulte lesionado. Agregó, el no propietario podrá ser damnificado cuando el detrimento de la cosa impida el ejercicio de su derecho de uso, usufructo, posesión o tenencia; cuando impida la obtención del lucro que venía percibiendo y tenía derecho a percibir; más no puede ser resarcido por los detrimentos intrínsecos de las cosas, por cuanto conforme nota al art. 578 del C.C. las cosas perecen, se deterioran y aumentan para su dueño. En el caso de autos, merituó que el actor no demostró ser dueño del vehículo, ni tener sobre él derecho de uso o usufructo, situaciones que exigen la inscripción registral; y que tampoco logró demostrar un status posesorio. A su criterio, la circunstancia de pedir presupuesto de reparación unos pocos días antes de iniciar una demanda de daños no acredita, animus domini indubitable, porque podría tratarse de una mera recolección de pruebas con vistas al litigio. Distinta sería la situación si el actor hubiera procedido a reparar el vehículo o hubiera arrimado a la causa otras pruebas tales como recibos por pago de tributos, póliza, etc. Reflexionó así, que aún estando a nombre del titular registral, la sola disposición de los mismos por el actor le habría dado un indicio más acabado sobre el animus domini del actor. Agregó, que tampoco se dio el supuesto contemplado en el último párrafo del art. 1.110 del C.C., por no haber demostrado el actor, estar obligado a restituir la cosa a su dueño ni que el mismo se encontrara ausente. Concluyó diciendo, que al actor ha de considerárselo como un simple tenedor de la cosa y como tal podrá reclamar la lesión a su derecho de tenencia que se traduce en la privación del uso, no así, por el detrimento en el valor intrínseco de una cosa sobre la que no ejerce dominio.

Asimismo, añadió que surgiendo del acta policial de choque N° 01/05 que el titular del dominio sería el Sr. O. A. M. , tendría habilitación para incoar la demanda por daños materiales sufridos en su vehículo, por lo que en caso de confirmarse la sentencia de grado, se estaría frente a un verdadero escándalo jurídico pues por un error judicial, el demandado indemnizaría dos veces lo mismo. Disintiendo, con la Dra. González de Vicel, consideró que el pago por consignación no daría resguardo frente al peligro señalado, por ser la consignación una forma excepcional de pago que solo procede en los presupuestos enumerados por el art. 757 del C.C.. Si el demandado consigna las sumas condenadas no se liberaría ya que la sentencia impugnada lo condena a pagar al actor, no a consignar. El pago por consignación, agregó no exorcizaría el peligro de escándalo jurídico sino que lo confirmaría tornando en actual un doble pago que al menos hasta tanto accione el titular registral, es sólo potencial.

Para cerrar la temática de análisis, citando a Saux, dice que en la doctrina se encuentran dos tesis contrapuestas, una estricta y una amplia. Para la primera, el mero tenedor debe inexorablemente demostrar el perjuicio derivado de la pérdida o deterioro de la cosa; mientras que para la segunda tesis, bastaría con que el pretensor arrime a la causa elementos de juicio suficientes para suponer que el titular registral no reclamará nuevamente el pago. A ello, discurrió, que aún enrolándose en esta segunda posición doctrinaria, el actor no aportó ninguna prueba que pueda hacer presumir la abstención del vero dominis; más que a la fecha del dictado de la sentencia no había prescripto el plazo para accionar del titular registral, en caso de haber tomado conocimiento del siniestro en forma simultánea a su acaecimiento. A continuación, apoyó su postura en precedentes jurisprudenciales.

A su turno, la Dra. González, votó en disidencia enrolándose en la postura amplia que propugna la doctrina y jurisprudencia que citó; y en tal sentido, sostuvo que la mera calidad de usuario (probada en esta litis no sólo con la presentación de los presupuestos, sino también con las declaraciones de los testigos y la denuncia de la que da cuenta el acta de choque), convierte a A. V. en damnificado aparente. Y agregó que el uso del automotor se acreditó con su propio ejercicio, que el perjuicio es real (la sentencia no fue atacada en cuanto a las condiciones de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el evento, la existencia del daño, ni la relación de causalidad), y que el desinterés del titular dominial queda en evidencia desde que no demandó el mismo. Entendió que hay que prescindir de todo requisito complementario, y viabilizar el reclamo del mero tenedor o usuario.

Reforzó su posición, señalando que se traduce en un exceso ritual manifiesto exigir al usuario del rodado al que se le reconoce un quantum indemnizatorio por privación del uso, que para ser acreedor a los "daños materiales" que también reclamó, deba acreditar que abonó las reparaciones; y que es insuficiente el acompañar al proceso los presupuestos de gastos. Citó, luego jurisprudencia que consideró de aplicación.

Concluyó el análisis del agravio invocado, señalando que al estar acreditada la calidad de usuario con las pruebas arrimadas, el perjuicio a su derecho surge al quedar acreditado el daño mismo y su cuantía, puesto que en el supuesto de automotores no resulta prudente exigir el previo pago de las reparaciones (en algunos casos, imposible incluso para la economía del damnificado), resultando suficiente haber obtenido los presupuestos para su reparación, así como haber suscripto el acta policial relatando el siniestro, o acreditado por las declaraciones de los testigos de la causa que, efectivamente, el conductor del rodado al momento del siniestro era la persona que accionaba lo que constituyen precisiones graves, precisas y concordantes de que el usuario tenía el vehículo en su poder con animus domini. El daño producido a su vehículo afectó, entonces, a su derecho, y de allí emerge la legitimación para accionar.

Por otra parte, si se le reconoce la calidad de usuario en punto a la privación de uso (y en tanto vería afectado su derecho), es esa misma calidad y no otra la que lo legitima sustancialmente para obtener la reparación del daño material sufrido.

Finalmente, la Alzada impuso costas a la vencida. Los estipendios profesionales fueron regulados a la luz de lo establecido por el último párrafo del art. 1.627 del C.C.; por entender que la aplicación de los mínimos legales previstos en la ley arancelaria local ($ 500), conducirían a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida (la demanda prosperó por $ 150). Adecuó los honorarios de Primera Instancia, en $ 50 al Dr. O. S. G., y en $ 30 a los Dres. R. T. G. L. y M. I. M: en conjunto y proporción de ley; y los de Segunda Instancia fueron regulados, por $ 17,50 a favor del Dr. G., y por $ 7,50 a favor del Dr. R. T. G. L. por las tareas de la Alzada. El voto disidente, confirmó los honorarios regulados en la instancia de origen por no considerarlos bajos.

III. RECURSOS DE CASACIÓN. TRAMITACIÓN.

A fs. 168/173 vta. y fs. 175/179 vta. lucen sendos Recursos de Casación deducidos por la parte actora, y sus letrados patrocinantes, por derecho propio, contra el pronunciamiento del tribunal de Alzada de fs. 155/163 vta., ambos por la causal de arbitrariedad de la sentencia (art. 288, inciso "e" del C.P.C.C.). La Alzada mediante sentencia interlocutoria, registrada bajo el N° 153/06 (fs. 186/188) declaró la inadmisibilidad formal de ambos recursos. A fs. 196 y vta. obra testimonio de Secretaría que da cuenta de la sentencia N° 13/07 dictada en el Recurso de Queja interpuesto ante este Tribunal, y que diera lugar a las actuaciones caratuladas "Recurso de Queja en autos: "R., H. A. c/ A. V., J. J. s/ Daños y Perjuicios"(Expte. N° 22/06 CANO)" (Expte. N° 20.678R2006), por la que se declararon mal denegados los recursos de casación interpuestos; y se puso el expediente a disposición de las partes a los fines previstos en el art. 293 del C.P.C.C.; no habiéndose presentado memorial alguno.

III. 1. RECURSO DE CASACION DE LA PARTE ACTORA.

El actor comienza su libelo recursivo con el relato de los antecedentes de la causa, para luego bajo el apartado III exponer y explicitar la causal de arbitrariedad alegada contra la sentencia definitiva atacada. Entiende que la Alzada ha efectuado una interpretación irrazonable del art. 1.110 del C.C. generando su vulneración, e igualmente del art. 19 de la Constitución Nacional, porque se exige una calidad diversa a la establecida en el citado artículo para poder demandar.

Explicita que su legitimación surge del simple hecho de haber usado y tenido en su poder el vehículo al momento del accidente, de lo que dan cuenta; la exposición policial, el acta de choque y las declaraciones testimoniales de G. y S. R.; y que aún, no compartiéndose esta tesis, la realización de diversos actos, tales como el pedido de presupuestos, participación en la confección del acta policial, no dejan dudas de su interés legítimo en tal sentido.

Entiende que el art. 1.110 del C.C. no trata la hipótesis de una "acción real" derivada del derecho de dominio sobre el automóvil sino de una "acción personal" resarcitoria que la ley otorga a la víctima del cuasidelito, con motivo del daño sufrido, de donde la legitimación activa del accionante surge de esta última condición.

Agrega, citando jurisprudencia de la Corte de Buenos Aires, que al ser el automotor una cosa mueble, la presunción del art. 2.412 del C.C., soslayada por los magistrados sentenciantes, resulta suficiente para legitimar a quien se encuentre en posesión de ella para demandar por daños y perjuicios, no siendo necesario probar la propiedad del vehículo objeto del accidente, ya que el derecho de uso no requiere más prueba que su propio ejercicio.

La queja del recurrente también se alza contra la apreciación que efectuó el Dr. Flass, referido al escándalo jurídico que se podría generar ante el supuesto que el titular registral accione contra el demandado, en la medida que puede ser condenado a un "doble pago". Ha acreditado, mediante las citas pertinentes, que esta cuestión ya ha sido resuelta por otros Tribunales provinciales, al señalar que el desinterés del titular dominial se evidencia con el hecho de no haber demandado "él", como así también, que el responsable del hecho queda desobligado pagando ante la sentencia que lo condena así hacerlo, con lo que no corre el riesgo de tener que pagar dos veces.

Arguye, que así expuestas las cuestiones, la sentencia en crisis se aparta claramente del texto de la ley, que no la interpreta correctamente y que se equivoca en la solución del caso. También resultan mal interpretados los tratadistas citados por el Dr. Moisá, y erróneos los fallos consignados por el Dr. Flass porque no se condicen con el tema analizado, ya que se refieren a la "desvaloración del rodado" o "disminución del valor de reventa"; y no a los daños materiales.

Formula reserva del caso Federal.

III. 2. RECURSO DE CASACIÓN, POR DERECHO PROPIO DE LOS LETRADOS PATROCINANTES DEL ACTOR.

Invocan la arbitrariedad de la sentencia por haber mediados en la regulación de honorarios que efectuó la Alzada, una violación al art. 8 del Dto. Ley N° 2.200, por adecuar los honorarios de primera instancia por debajo de los mínimos legales invocando para ello el art. 1.627 del Código Civil, que resulta inaplicable por el principio de especialidad. Consideran que existiendo una norma jurídica expresa que regule el tema en cuestión, art. 8 ley arancelaria vigente, no puede aplicarse ninguna otra de carácter general, como lo han pretendido los Sres. Camaristas. Además arguyeron que la norma establece honorarios mínimos, reglamenta el derecho de propiedad del abogado, y le asegura una compensación justa por su labor, no pudiendo ser dejado de lado por los jueces, ya que en tal caso, se estarían convirtiendo en legisladores, y por consiguiente, excederían el marco de sus respectivas competencias. Abonan su postura con copiosa jurisprudencia. En fin, consideran que la retribución fijada por la Alzada resulta directamente ridícula, por una notoria transgresión de los mínimos arancelarios, por lo que la decisión adoptada es descalificable como acto judicial válido y configura lesión a las garantías constitucionales establecidas en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.

IV. ANÁLISIS.

Como he expuesto al relatar los antecedentes del caso, el actor fundó su Recurso de Casación en la causal contemplada en el inciso "e" del art. 288 del C.P.C.C. a los efectos de demostrar en el fallo cuestionado, la errónea interpretación que la Alzada hizo del mentado art. 1.110 del Código Civil. Por otra parte, los letrados patrocinantes del actor acudieron a esta vía, por considerar que medió arbitrariedad en la regulación de los honorarios profesionales al justipreciarlos por debajo del mínimo legal contemplado en la ley arancelaria local vigente. Este será, entonces el orden de tratamiento que efectuaré de ambos libelos recursivos, según corresponda.

I. La temática que ha traído el actor a esta Sala, está estrictamente vinculada a los alcances interpretativos del art. 1.110 del C.C.; pero se los debe conjugar con las circunstancias particulares de esta litis, y enmarcar en el ámbito de los accidentes de tránsito.

Por otra parte, quiero destacar que si bien, la cuestión en una primera visión, pareciera ingresar en un terreno ajeno a esta senda extraordinaria, por estar en juego "prima facie" cuestiones de hecho y prueba, y por ello, sólo reservadas a los jueces de las instancias ordinarias; no puedo soslayar que en orden a los distintos aspectos que fluyen en derredor del tema de estudio, que a la postre lindan con la interpretación de una norma de fondo; y a la técnica empleada por el casacionista en su libelo recursivo, ameritan de esta Sala un pronunciamiento de fondo. Es más, abonan tal criterio las circunstancias de que este Superior Tribunal de Justicia tuvo ocasión de pronunciarse en la temática de referencia por S.D. N° 06/S.R.E./98; y que las Cámaras Provinciales han adoptado al respecto diversas posiciones, según el caso.

En otros términos, vale aclarar que son entonces, estas posiciones divergentes que marcan avances y retrocesos; las que imponen a este Cuerpo determinar el alcance que se ha de formular a la norma de fondo en cuestión; y por ende, reexaminar el criterio sentado hace aproximadamente diez años; a la luz de los nuevos conceptos que hoy conforman el derecho de daños; y a los aportes positivos que se han logrado en el campo doctrinario y jurisprudencial. Esto permite a la Sala, cumplir con la función uniformadora de las decisiones judiciales garantizando certidumbre jurídica. En otros términos, evitar la inseguridad que crea la multiplicidad de interpretaciones de una misma norma legal; máxime que las Cámaras de Apelaciones de Jurisdicción Provincial no cuentan con el sistema de plenarios. Pero debo insistir, que el antecedente necesario que habilita en tal sentido esta vía, y por ende, la revisión del pensamiento de los Judicantes, está dado por la forma en que el casacionista ha introducido la cuestión en esta instancia; y porque en casación se debe determinar el real sentido jurídico a los hechos verificados que permanecen invariables.

1. Ingresando, por lo tanto, en la cuestión, he de señalar que han llegado firmes a esta sede, los siguientes temas: 1. reconocimiento de legitimación activa del actor, en el carácter de " usuario" del rodado, dominio ......; 2. las circunstancias de hecho, tiempo y lugar del siniestro, relación de causalidad; y responsabilidad del accionado en tal evento; y 3. procedencia del rubro "privación del uso" del rodado a favor del actor como "usuario" del rodado.

2. Por ello, la cuestión ha dilucidar estriba en determinar, en base a las circunstancias particulares de la causa, si el actor, como "usuario no propietario" del vehículo de referencia, gozaba de legitimación activa para reclamar el rubro "daños materiales".

3. En ocasión del dictado de la S.D. N° 06/1998, como tercer votante; y siguiendo la línea trazada por mis excolegas, Dres. Morejón y Martín, sostuve, precisamente en el marco de un juicio de daños y perjuicios de automotores que: "atendiendo al caso en concreto, ha de privilegiarse la relación real, la que vincula al sujeto activo de la pretensión con el objeto de aquella, como factor de legitimación. ... " el meollo del asunto estriba en verificar que hubo uno que sufrió un daño en un bien de su propiedad (concepto constitucional , no civil) por la actitud antijurídica y reprochable de otro (causalidad) cuyas resultancias perjudicantes no deben quedar impunes y sí deben ser objeto de cumplida pena, plena e íntegra reparación....".

En este precedente, se puso énfasis que para la resolución del litigio, debía ineludiblemente considerarse las circunstancias particulares de la causa para valorar el verdadero alcance de la normativa procesal y fondal en juego. Es más, se destacó la visión acotada de la Alzada en orden a la cuestión de estudio, lo que sin dudas, generó que el Superior Tribunal, se enrolara en un criterio de interpretación amplia, que lo condujo a concluir, que "la aportación del título de propiedad a la causa unida al hecho cierto e incontrovertible de que el actor comandaba el vehículo que acreditó propio al tiempo del siniestro, debió despejar toda duda posible en lo atinente a la legitimación del actor"... "más allá de la invocación del carácter de propietario efectuada por el actor, que demostró con el título, éste alegó estar al mando del rodado en ocasión de producirse la embestida... situación propia del usuario...". En fin, siguiendo entre otros doctrinarios, a Héctor Conde y Suares Roberto, este Cuerpo que integro fue partícipe en considerar que cuando el actor sostiene ser propietario del automóvil, por implicancia hay que considerar que también sostiene que es su poseedor, su usufructuario, su usuario y por ende se encuentran amparados por el art. 1.110 del C.C. en cualquiera de aquellas calidades, teniendo legitimación para accionar por los daños inferidos a la cosa con la que mantiene la relación real" "... más allá de la invocación del carácter de propietario efectuada por el actor, que demostró con el título, éste alegó estar al mando del rodado en ocasión de producirse la embestida contra el obstáculo, situación propia del usuario, aunque terminantemente no lo calificara de modo tal ..." (del Voto del Dr. Torrejón).

4. Ahora bien, en esta materia están en juego distintas corrientes jurisprudenciales e incluso doctrinarias, con sus matices propios. Un criterio de interpretación restrictiva del art. 1.110 del C.C. sostiene que "el demandado por daños y perjuicios emergentes de un accidente de tránsito ocurrido entre dos automotores, tiene derecho a que se acredite la propiedad del vehículo reparado desde que sólo está obligado a quien corresponda y la sola utilización del automotor no prueba el dominio y que carece de acción el tenedor de la cosa (locatario, comodatario, depositario, guardador, locador de obra) para demandar por responsabilidad civil al que ocasionó los daños, si no acreditó haber pagado su importe, por lo cual sólo el propietario del automóvil o quien tenga un derecho legítimo sobre él puede reclamar el resarcimiento. Un criterio intermedio, afirma que negar legitimación supone una defensa de fondo cuya prueba incumbe al demandado, y que si el demandado no niega la calidad, reconociendo adeudar cierta cantidad, el juez no puede hacerlo de oficio. Y por último, un criterio de interpretación amplio postula que no es necesario que quien pide ser resarcido pruebe la propiedad del vehículo dañado, pues basta que lo usara en el momento del suceso o tuviera sobre él la guarda jurídica, en razón de que el derecho de uso no tiene más prueba que su propio ejercicio, y que la posesión del vehículo basta para reclamar la reparación de los daños sufridos por él, considerando actos posesorios, llevar el vehículo a reparar, encargar un presupuesto y obtener un segundo con el mismo fin, o haber contratado el seguro. Pero por supuesto, el derecho presumido de quien lo conducía no debe haber sido destruido por prueba en contrario (Cfr.: BelluscioZannoni en "Código Civil y leyes complementarias" Comentado, anotado y concordado, Tomo 5, págs. 386/387, Ed. Astrea, Año 1984).

5. En efecto, siendo este el escenario con el que se cuenta; debo adelantar que el sublite impone un análisis que me conducirá en definitiva a ratificar, y en cierto aspecto, a integrar el criterio plasmado en el decisorio N° 6/98; que no hizo más que receptar el criterio de interpretación amplia referenciado. Ello así, porque el precedente citado tiene la particularidad de que el actor revestía el carácter de propietario y usuario a la vez, poniéndose en debate el modo de acreditar el dominio invocado (título de propiedad o informe dominial); mientras que en autos, la situación fáctica varía, en el sentido que el actor se presenta en el escrito postulatorio inicial como "usuario" del rodado que detentaba (fs. 9 vta, apart. III), y así, fue considerado en ambas instancias de grado, extremo como sostuve ha llegado firme a esta instancia en relación al rubro "privación del uso", desestimándose parcialmente la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por el accionado. El sujeto activo es el usuario no propietario.

No obstante la disparidad señalada, el precedente autoriza por su claridad, ha efectuar una interpretación finalista, que conduce sin dudas, a concluir que tanto el "propietario" o el "usuario no propietario", están por disposición legal legitimados a reclamar por "daños materiales", al menos en el campo de los accidentes de tránsito que causan daños a los automotores, con la sola circunstancia de acreditar que al tiempo del siniestro comandaba el rodado afectado.

6. En materia de legitimación activa en el marco de un reclamo indemnizatorio por daños y perjuicios, derivado de un cuasidelito, como el de autos, el art. 1.110 del C.C., es por demás elocuente, al referenciar como sujetos legítimos a pedir reparación al dueño o poseedor de la cosa, a sus herederos; y al usufructuario, y usuario. Por otra parte, el art. 1.195 del C.C. también ofrece una enunciación de los sujetos legitimados para el caso de delitos contra la propiedad. Ahora bien, esta multiplicidad de sujetos fue concebida por el codificar en orden a la naturaleza propia de la acción de reparación; que es de tipo personal y no real. Es decir, el artículo 1.110 del C.C. reitera y complementa la lista de los legitimados activos que prevé el 1.095 del mismo cuerpo legal (Cfr. BelluscioZannoni, obra y tomo citados, pág. 280).

7. De allí, que en el sublite, invocada la calidad de usuario del actor repito cuestión firme ante esta sede; no es posible entonces prescindir de hechos y pruebas que se mantienen inalterables, y que incluso en las instancias anteriores no fueron cuestionadas, tales como, que el actor requirió presupuestos para determinar el costo de los daños producidos y los acompañó al proceso (fs. 6/7, 61, 63, 65), efectuó personalmente la correspondiente exposición policial (fs. 8), y adjuntó el acta de choque (fs. 4 y 42/45). Asimismo de las declaraciones testimoniales producidas, no hay dudas que el día del siniestro, el actor estaba al mando del rodado (fs. 84/85 vta.); e incluso que fue quien puso la camioneta que conducía a disposición del perito designado en autos para hacer la experticia encomendada; que como es lógico, no se practicó en los días posteriores al siniestro (enero de 2.005) sino, prácticamente, a los cinco meses y medio (21 de junio de 2.005 según cargo inserto a fs. 57 vta.) en la que el mismo experto expresa que contactó el vehículo y tomó fotografías (fs. 56/57 y vta.). Siendo ésta la realidad que emerge del proceso; la subsunción legal del caso al art. 1.110 del C.C. devenía sin reparo alguno; y por ende, la viabilidad del rubro "daños materiales". No media presupuesto legal, que imponga al accionante que para reclamar el mentado rubro; deba previo al reclama judicial, pagar las reparaciones y así acreditarlo. A mi criterio, no es éste el sentido de la expresión legal "... si el daño irrogase perjuicio a su derecho..." (art. 1.110 del C.C.).

En fin, si tal carácter fue reconocido por la Alzada para concederle el rubro "privación de uso", no advierto que medie obstáculo legal alguno para desestimar los "daños materiales" incurriendo en este aspecto en una interpretación errónea del art. 1.110 del C.C.; configurando un excesivo rigor formal que trasunta sólo en denegar una adecuada administración de justicia, y relegar abiertamente la verdad jurídico objetiva que debe emerger de las circunstancias particulares de la causa. Es más, el derecho de uso no requiere otra prueba que no sea su propio ejercicio, por lo que con la sola circunstancia de haberse encontrado el actor usando el rodado el día del siniestro, y así haberlo acreditado junto al daño material que invocó, ya lo habilitaba para su reclamo indemnizatorio; máxime que el perjuicio representado por los daños materiales sufridos en el vehículo existen propiamente desde el momento en que éstos se causan, es decir, a partir del propio suceso y sin que corresponda exigir que los arreglos hayan sido efectuados o pagados. Este extremo, destaco nuevamente, es lo denota el excesivo rigor formal que no habilita norma alguna.

8. Esta postura jurisprudencial que propugno se mantenga, y que refleja un equilibrio entre la justicia y la seguridad jurídica, ya fue plasmada por la Suprema Corte de Justicia en el año 1.986 en la causa caratulada "V, O. R. c/ A., J. O." en la que sostuvo que: "es arbitraria la sentencia que desconoce el derecho a la indemnización de los daños sufridos por un automotor derivados de un accidente de tránsito, a quien acreditó su condición de usuario exhibiendo un boleto de compraventa, considerando que es exigible la especial demostración de los daños inflingidos, al derecho de usuario...Ello es así, pues acreditada la condición de usuario del apelante y los daños sufridos por el automotor, se hallan reunidos los requisitos que surgen de Lara. 1110 del Cód.Civil, por lo que la sentencia que desconoció ese derecho derivado de la norma legal es descalificable en los términos de la doctrina de la Corte Suprema sobre arbitrariedad" (Cfr. Fallos: 308:1564, 02/09/1986; o L.L. 1987A 680). Es más, mucho antes, por el año 1.979; in re "Castelli c/ Díaz" 16/08/79 consignó que: "... La sentencia que rechaza la demanda por daños y perjuicios derivados de una colisión entre vehículos, por entender que no está en condiciones de accionar quien no acredita haber abonado ninguna suma en concepto de reparación de la cosa deteriorada, y que de esta manera hace depender la falta de demostración del perjuicio patrimonial alegado por el actor de la sola circunstancia de no haber probado el previo pago de aquella reparación, no constituye una derivación del derecho vigente con adecuada referencia a los hechos comprobados de la causa, la que la descalifica como acto jurídico válido"(Cfr. E.D. 85135).

9. Por su parte, el resto de los Tribunales del País, son consecuentes con esta postura delineada por nuestra Corte Nacional, que fue y es seguida con sus propios matices, conforme a las particularidades de cada litis (Cfr. CSJSF, 27/07/94 "Pr, Ladislao Francisco c/ Ramos de Meneghetti, Nélida y/u otro s/ Indemnización de daños y perjuicios", Expte. N° 118/90; SCJSF, 03/12/97 "T., C. L. B. c/ V., J. C. y/u otro y/o etc. s/ Daños y perjuicios. Recurso de inconstitucionalidad", Expte. N° 1.580/96; Cám. Civ.Com. y Lab. de Rafaela, 28/12/94, "V., C. c/ A., .A. y/u otros s/ Ordinario", Zeus 68J8; Cám. Primera de Apel.Civ. y Com. de San Isidro, Sala I, 14/08/98, "V., A. c/Pinazo, L. s/ Daños y perjuicios"; Cám. Apel. Trelew, 17/04/98, 000C000025, sum.06972; Cám. Apel. Civ. y Com. N° 2 de Corrientes, 08/07/88, "D., D. E. c/ G., Pedro y/o quien resulte responsable s/Ordinario", Expte. N° 8.246; C.C.Com. de Paraná, sala II, 30/08/96, "M., M. M. c/ V., C. s/ Daños y Perjuicios"; CNECC en pleno, 30/12/85 "B., N. R. c/ P., E. C. y otros s/ Sumario"; Revista de Derecho de Daños, "Accidentes de tránsito III", N° 3, Año 1998; igual obra "Accidentes de tránsito", N° 20021 Ed. Rubinzal Culzoni; CCC Azul, sala II, 04/12/2.003, DJ 2.0042, 374 LLBA 2.004, 191 webRubinzal jucciv 2.2.r5, entre otros).

Esta línea de pensamiento es reforzada y compartida por un calificado sector de la doctrina, y entre los que puedo nombrar a la Dra. M. Z. de G., G., G., M: de E., entre otros. Concretamente, la Dra. M. Z. de G., en esta temática sostiene que el usuario no necesita probar; además de su calidad de tal, ningún otro recaudo que torne viable su pretensión, y el onus probandi adverso se desplaza al contendor. De lo contrario, dicho precepto art. 1.110 del C.C. sería superfluo: para conferir legitimación a las personas indicadas por la norma, bastaría la aplicación de los principios generales. Además, la presunción es razonable, por apoyarse en lo que generalmente ocurre: el usuario pretensor es de ordinario el damnificado. En síntesis, consigna que el usuario no propietario se encuentra equiparado al dueño en cuanto a la posibilidad de reclamar la indemnización a partir de la misma producción de los daños materiales en el automotor y sin necesidad de desembolso alguno (Cfr. Matilde Zavala de González, "Resarcimiento de daños", tomo 1, "Daños a los automotores", pág. 29, Ed. Hammurabi, 2ª reimpresión, año 1996).

10. Por lo tanto, por la letra y fuerza de la norma, el usuario es damnificado aparente que prácticamente se refleja en un perjuicio real, cuando se está en presencia de colisiones de automotores. Este espíritu normativa, es lo que da sustento para liberar al usuario de acreditar el desinterés del propietario en la cosa. Ello, autoriza a considerar, sin reparos, que ante el supuesto de cumplimiento por parte del accionado del reclamo indemnizatorio del usuario; se libere totalmente, porque la misma norma lo habilita para ello. Entonces, ante la probable situación de ser accionado por el titular registral podría oponer el pago del reclamo indemnizatorio y sus efectos.

11. Reexaminada y mantenida mi posición en relación a la cuestión planteada en mérito a las consideraciones precedentes, debo concluir que la sentencia en crisis, resulta arbitraria, por no constituir una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias particulares de la causa, que fueron alegadas y probadas. De lo contrario, no estaría más que renunciando a la verdad jurídica objetiva, que resulta incompatible con el adecuado servicio de justicia. Desde esta óptica, propongo al acuerdo, que se case la sentencia en lo que fuera materia de agravios, y se confirme el pronunciamiento de Primera Instancia en tanto hizo lugar al rubro indemnizatorio de "daños materiales" por la suma de $ 1.950. ASÍ LO VOTO.

II. 1. De acuerdo al resultado que he propuesto al Acuerdo, el tratamiento del recurso de casación de los letrados patrocinantes del actor, deviene abstracta. Por ello, en mérito a lo dispuesto por el art. 279 del C.P.C.C. será en la segunda cuestión donde propondré la adecuación pertinente.

2. No obstante ello, y precisamente por este resultado, cobra virtualidad a los fines de su tratamiento el recurso de apelación interpuesto por los letrados, a la regulación de honorarios que efectuara el Sentenciante de Primera Instancia (fs. 124, tercer párrafo). Vale que recuerde, que la Alzada consideró abstracto su tratamiento, por la modificación al monto de condena.

En efecto, valoradas las actuaciones desarrolladas en autos por los profesionales intervinientes, a la luz de las pautas cualitativas y cuantitativas que emergen de los arts. 6 y 7 de la ley arancelaria vigente, los letrados han cumplido prácticamente en su totalidad las dos etapas en la que se divide este proceso de naturaleza sumaria (no se hizo uso del derecho de alegar art. 495, segundo párrafo del C.P.C.C.); extremo que complementado con la calidad y eficacia de los escritos presentados, el monto del proceso, y el resultado obtenido; no advierto que la regulación de los estipendios profesionales efectuada por el Sentenciante de Grado haya sido baja. Otra, no pudo ser la regulación. Ello es así, por cuanto aún evaluándose las pautas que prevé el art. 6 de referencia donde la norma le da un rol preponderante a la discrecionalidad del juzgador hay que hacer aplicación de las escalas del art. 7 por tratarse de un proceso de contenido económico; siempre que supere el tope mínimo que contempla el art. 8 de la L.H. para estos procesos ($ 500); de lo contrario, se debía hacer aplicación de estos montos mínimos, so pena de incurrir, en arbitrariedad. Esta situación, sin dudas, es la que se ha dado en autos, único modo por cierto de preservar la dignidad del trabajo técnicojurídico efectuado por los profesionales. Tal es así, que acorde a derecho, el Sentenciante fundó la regulación efectuada y la respaldó normativamente en los arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39, 47 y 61 del Dto.Ley N° 2.200 y su modificatoria (Cfr.: fs. 122 vta., quinto párrafo). En mérito a lo expuesto, el agravio invocado por los letrados, no puede ser atendido. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión, el Dr. Pasutti dijo:

1. Los antecedentes de la cuestión litigiosa como los agravios de los apelantes, han sido reseñados adecuadamente por mi colega prevotante, por lo que entiendo apropiado remitirme a los mismos.

2. En apretada síntesis, la parte actora fundó el recurso de casación en la causal contemplada en el inciso "e" del art. 288 del C.P.C.C, por entender que la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Esquel formuló y explicitó una interpretación errónea del art. 1.110 del C.C. en mérito a las constancias de hecho y prueba obrantes en la causa. Asimismo, y por igual causal casatoria, los letrados patrocinantes del accionante atacaron de arbitrarios los honorarios regulados por la Alzada al apartarse de las normas arancelarias provinciales.

3. Conforme ha sido planteada la cuestión, el agravio que le produce al recurrente la sentencia atacada de la Cámara de Esquel y expuesto a conocimiento del Cuerpo es perceptible y justifica el tratamiento del caso facilitando, además, una de sus funciones esenciales, cual es, lograr el orden y la uniformidad garantizadora de la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. Tarea, que por cierto, es factible en mérito a la demostración de la arbitrariedad invocada por el casacionista a través de la técnica recursiva empleada.

4. Conforme a la temática que convoca a la Sala no puedo eludir el precedente del Cuerpo en la S.D. Nº 06/98, su alcance; y la línea jurisprudencial en la que se ha enrolado el colega que me precede en el voto. No obstante ello, y siendo esta mi primer oportunidad para expedirme al respecto, procederé a su análisis, y luego evaluaré mi adhesión o no al voto que propone al Acuerdo el Dr. Royer.

5. En efecto, de los arts. 1.095 y 1.110 del Código Civil surge el amplio espectro de legitimados activos en materia de indemnización por daños causados a las cosas, provenientes de delitos o cuasidelitos. Esta gama de sujetos es meramente enunciativa y no taxativa en la medida que el derecho resarcitorio nace en cabeza de cualquier sujeto damnificado. De allí, que la acción indemnizatoria sea de naturaleza personal y no real; y cuando el art. 1.110 del C.C. establece, en una primer lectura a título de condición para la viabilidad de la acción para el "usuario" y "usufructuario", que "el daño irrogase algún perjuicio a su derecho"; precisamente ella debe estar latente en cualquiera de los legitimados, dado que por principio "el interés es la medida de la acción".

Si bien esta cuestión siempre se da así en el marco del derecho fondal, otra cosa sucede en el ámbito procesal. He de señalar, entonces, siguiendo a la Dra. M. Z. de G., que en lo atinente a la carga de la prueba: no siempre el demandante puede acreditar directamente su interés, pues éste puede estar evidenciado re ipsa o mediar presunciones legales o judiciales (iuris tantum) de que el daño afecta personalmente al actor, a partir de determinada calidad que éste inviste. Esta solución, que se acepta comúnmente a propósito del propietario del automotor (no es menester, por ejemplo, que pruebe haber pagado las reparaciones), se hace extensiva a otras hipótesis, entre ellas, a la muy relevante del usuario del automotor. Es así, que circunscribiendo la cuestión a la calidad de "usuario", el problema estriba en determinar si el usuario, como tal, y sin necesidad de demostración especial, goza de la misma amplitud que el dueño para peticionar indemnización por los variados perjuicios que puede ocasionar el hecho lesivo a la cosa. Para algunos, el título de usuario es genéricamente suficiente para justificar la reclamación; en tanto que otros únicamente le dan operatividad en concreto: sólo en relación a ciertos perjuicios (por ejemplo, la afectación del uso mismo y no la desvalorización venal) o bien, aportando elementos que denoten un perjuicio proyectado al usuario, como sería haber pagado el costo de reparación del automotor. Pero es claro que de exigirse requisitos suplementarios, ya no es calidad de usuario la relevante, sino alguna otra: la de pagador, en los daños materiales al automotor. En el caso específico de los daños patrimoniales, una cierta teoría considera no eficaz la condición de usuario, mientras, que la opuesta la admite per se. Todavía, una postura intermedia no le asigna eficacia en el rubro desvalorización venal, pero sí para la refacción del vehículo (Zavala de González, Matilde "Resarcimiento de daños", Tomo 1 "Daños a los automotores", págs. 271 y 280/281, Ed. Hammurabi, 2ª reimpresión, Año 1996).

Asimismo, enfocando el estudio desde la jurisprudencia de nuestro país, que a lo largo de años se ha ido esforzando por delimitar los alcances interpretativos del mentado art. 1.110 del C.C. cuando se refiere a la figura del "usuario"; sin duda, hay casos en los que se han sentado precedentes; en otros, se ha modificado el criterio bajo un nuevo análisis de la normativa llegando incluso a dictarse Fallos Plenarios. De ello, no ha sido ajena la Suprema Corte, que como bien lo señala el Dr. Royer, ya en el año 19.., in re "C: c/ D.", del 16879, E.D. 85135 se ocupó y expidió sobre el tema. A título ejemplificativo, puedo citar fallos de Tribunales inferiores que participan de esta hermenéutica amplia o finalista: SCJBA, 26/02/85, "Sly c/ C.", Acuerdos y Sentencias 1985I160; 07/04/87, "I. c/ O.", Acuerdos y Sentencias 1987I505; Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala III, "S. c/ N."; ídem, sala IV, 24/04/81, "V. c/ C."; ídem, sala VI 17/06/81, "K. c/ B."; Cám. Nac. Civ. sala C, 27/06/68, L.L. 13384; sala F, 21/11/68, L.L: 135407; Sala A, 22/09/67, L.L. 133932; Sala D, 29/11/77, L.L. 1978A512, etc.). Considero además, interesante enunciar lo resuelto por la C.N.E.C.C. , en pleno el 30 de diciembre de 1985 en los autos "B., N. R c/ P., E. C. y otros s/ Sumario", Expte. N° 7267/85, por cuanto refleja en definitiva la recepción del criterio amplio que ya se venía imponiendo, y que en determinados Camaristas implicó un cambio de opinión a lo que habían resuelto con anterioridad. Así, la cuestión sometida al Pleno fue: "si el usuariotenedor que no ha realizado las reparaciones está legitimado para reclamar los daños causados al automotor del causante y responsable civil del accidente de tránsito". A esta cuestión, la mayoría en forma impersonal estableció la siguiente doctrina legal: "1°) Que el usuario, entendiendo comprendido en tal concepto todo aquel que haga valer el derecho que le confiere su calidad de poseedor, usufructuario, usuario este último en los términos del art. 2948 del Código Civil está legitimado para reclamar indemnización por los daños sufridos por el rodado aunque no haya efectuado o pagado las reparaciones, y sin que a ello obste que no se haya probado la calidad invocada en la demanda si se acredita otra que dé derecho al resarcimiento...".

A nivel local, y tal como he podido apreciar, las Cámaras de nuestra Provincia no han escapado a estos vaivenes jurisprudenciales. E incluso, este Superior Tribunal, en anterior composición se pronunció en la materia, por sentencia definitiva N° 6 del año 1.998; y me atrevo a decir, que aún después de haber transcurrido más de nueve años y medio, tal criterio debe ser mantenido, por los alcances que el pronunciamiento ha tenido. Indefectiblemente, además de la arbitrariedad configurada por prescindirse o apartarse de las circunstancias particulares de la causa; se siguió la tesis mayoritaria, dejándose sentado que aún cuando el actor no hubiere acreditado la calidad de propietario que invocó al entablar la acción, igualmente se encontraba legitimado, por la sola circunstancia de encontrarse al mando del rodado en el momento del siniestro, y demostrado el daño inferido al bien. El modo en que fue resuelta la cuestión y los fundamentos jurídicos en los que se sustentó, a mi entender implicó, no sólo impartir justicia al caso concreto, sino que, el alcance que el mismo ha proyectado, permite sin dificultad alguna, mantenerlo en autos, lógicamente, con las particularidades que son propias de este caso. En síntesis, el Cuerpo no hizo más que enrolarse en la línea jurisprudencial amplia que propugna la mayoría.

Ahora bien, trasladándome al caso de autos; y en el marco de los agravios traído a esta instancia, la opinión mayoritaria ameritará un análisis particularizado, en virtud a los fundamentos en el que los Sres. Camaristas han sustentado su opinión al Acuerdo.

El Dr. Moisá, fue partícipe, citando el art. 1.110, primer párrafo del C.C., del criterio según el cual, el único legitimado activo para reclamar el rubro "daños materiales", es el propietario del rodado, no revistiendo tal calidad el actor, sino, el Sr. O. A. M. , conforme al acta policial obrante a fs. 4 (fs. 156, segundo párrafo).

A su turno, el Dr. Flass se ha basado prácticamente en la misma posición que el Dr. Moisá, pero sustentó su posición en la nota al art. 578 del C.C. que indica que "las cosas perecen, se deterioran y aumentan para su dueño"; y que el hecho de acompañar a la demanda el presupuesto de reparación, no acreditan a su criterio el "animus domini" que exige la ley, podría tratarse sostuvo textualmente de una "mera recolección de pruebas con vistas al juicio". Siguiendo con su razonamiento, y pareciendo ampliar su espectro, con un sentido más flexible, párrafos siguientes expresa que distinto hubiera sido la conclusión, por ejemplo, si el actor hubiera acompañado la constancia de pago de las reparaciones o arrimado otro tipo de pruebas, tales como el pago de tributos o pólizas. Estos elementos, podrían haber configurado indicios más acabados del "animus domini" del actor.

Estas conclusiones, a mi criterio reflejan, en un primer juicio de valor, que los Sentenciantes se han enrolado en la posición restrictiva; prácticamente hoy superada. El Dr. Moisá se ciñó a un positivismo extremo desembarazado en su integridad del plafón fáctico y probatorio que las partes pusieron a su consideración; mientras que por su parte el Dr. Flass, si bien coincidió con el Dr. Moisá en el tramo inicial de su trabajo intelectivo; en un momento posterior, y con el fin de fundamentarlo, pareciera apartarse; y alinearse dentro de las teorías que legitiman al usuario en el reclamo de daños materiales, pero entre las que condicionan su viabilidad a la efectiva reparación de los daños. Consideró, además que el "animus domini" no se acredita con la presentación de un presupuesto para efectuar las reparaciones al rodado.

Conforme los ejes centrales en los que se han apuntalado las conclusiones de los Sres. Carmaristas, debo decir, sin duda alguna, que la sentencia en crisis no es verdaderamente un acto jurisdiccional válido porque la tarea de susbsunción jurídica se ha efectuado desvinculada de las circunstancias particulares de la causa que hubieran conducido sin más a una interpretación de la norma en cuestión que permita un adecuado equilibrio entre la justicia al caso concreto y la seguridad jurídica por la que se debe velar, en aras de una adecuada administración de justicia; siendo los justiciables los destinatarios directos de tan loable servicio. Es más, concluir como lo entendió el Dr. Flass, que el "animus domini" no se encuentra acreditado con la presentación de los presupuestos, y señalar que otra hubiera sido la suerte, de haberse adjuntado a la causa, por ejemplo constancias de pago de primas o patentes del rodado, sólo trasunta en un rigorismo formal excesivo, de espaldas a la realidad fáctica avalada por la documental acompañada a la causa (cfr. fs. 4/8, en conc. con informativa de fs. 42/45, 61, 63 y 65) y las demás pruebas producidas en la litis (cfr. fs. 56/57, 84 y vta. y 89 y vta.) que son esenciales a los fines de su resolución. En fin, una interpretación, contrario sensu, permite señalar que si el actor hubiera acompañado al libelo inicial los pagos de las reparaciones del vehículo que conducía, el Dr. Flass le hubiera reconocido legitimación activa y por ende, su derecho al reclamo indemnizatorio correspondiente. En este supuesto, como puede observarse, otro habría sido su criterio. Y con respecto, a la prueba de la calidad de "animus domini" que pretende, evidentemente, quedó en un plano de subjetividad propio del Sentenciante; en la medida de dar ejemplos de actos posesorios que a su criterio hubieran cambiado la suerte del reclamo; omitiendo valorar prueba esencial que corrobora la realidad fáctica que emerge de la litis y en concreto, la posesión del actor con ánimo de dueño. Por último, no puedo prescindir en considerar, como acertadamente lo expuso la casacionista que la jurisprudencia en la que se ha sustentado el Dr. Flass involucra el tratamiento del rubro "desvalorización del vehículo" o "disminución del valor venal", que es un tema ajeno al propuesto por la apelante ante la Alzada.

En fin, participando del criterio que mayor apoyo tiene en doctrina judicial y autoral, considero que el actor, como usuario, es legitimado activo para el reclamo de los daños materiales, por la sola circunstancia de haber estado al mando del rodado siniestrado el día de la colisión acto que demuestra el verdadero ejercicio de la calidad invocada y acreditado el daño inferido al rodado. No exige el texto del art. 1.110 del C.C. presupuesto legal alguno que deba complementarse; por lo que generar, por vía pretoriana, un requisito normativa que no fluye de su propio texto, implica incurrir en una errónea interpretación del artículo de referencia. Considero, asimismo que nunca debió ser desconocida la condición del actor como damnificado directo; porque obran en autos, actos de naturaleza posesoria que fueron llevados por el actor a la litis, tales como la presentación de presupuestos extendidos a su nombre, la exposición policial que efectuó personalmente, y incluso la puesta a disposición del perito designado en autos de la camioneta para la realización de la experticia, que no es un dato menor. Estas conductas; despejan toda duda acerca de un reclamo futuro del titular registral ante el accionado; no obstante quedar desobligado en su caso, pagando ante la sentencia que lo condena, no corriendo el riesgo de pagar dos veces. En otros términos, y tal como lo sostiene Edgardo Ignacio Saux en uno de sus trabajos doctrinarios, la apertura legitimante del usuario no pagador se sustenta en un vínculo previo y ulterior del reclamante para con la cosa dañada o si se quiere su conducta extraprocesal anterior y posterior para con ella que es evidenciadora de una situación que revela un vínculo jurídico relevante que no puede ser desatendido por el intérprete, so capa de aventar el riesgo de afrontar un eventual ulterior reclamo resarcitorio del verus domoni, riesgo que queda minimizado con la acreditación de esas conductas posesorias para con la cosa por parte del reclamante (Cfr. Saux, "Accidente de Tránsito. Tenedores o Usuarios del vehículo automotor. Dependientes. Legitimación activa y pasiva, publicado en Revista de Derecho de Daños, "Accidentes de tránsitoI", págs. 113/154, Ed. RubinzalCulzoni, Año 1998).

Ciertamente, propugno como lo sostiene el Dr. Moisset de Espanés ("El usuario de un automotor y su derecho a ser indemnizado", en Zeus, t. 75, entrega del 1997) que los operadores del derecho deben hacer una interpretación elástica y finalística del texto del art. 1.110 del C.C. brindando protección al usuario de manera amplia al concederle legitimación activa con pautas hermenéuticas razonablemente flexibles, en las cuales queda preterida la clásica exigencia del pago anticipado del costo de las reparaciones. Por supuesto, que conozco, que la tarea del intérprete no es fácil. Interpretar una expresión de derecho no es simplemente tornar claro su decir; es sobre todo, desentrañar el verdadero sentido que el legislador ha pretendido plasmar en ella, y conjugarla con la realidad que se le presenta; pero siempre por principio de hermenéutica jurídica, debe preferirse la interpretación que favorece y no la que dificulta sus fines. "Es labor del juez emitir un juicio prudencial aquí y ahora, no para subsumir el caso como si se tratase de un silogismo teorético sino de un silogismo prudencial que arribe a lo justo en el caso concreto" (Cfr. Héctor Hernández "Función de los jueces y valores jurídicos" en J.A. 1.978I págs. 743/751).

En mérito a las consideraciones que he expuesto, voto por casar la sentencia venida en recurso en lo que fuera materia de agravios, y por ende, confirmar el pronunciamiento de Primera Instancia en todos sus partes.

2. Por último, en mérito a la suerte que ha corrido el recurso de casación del actor, coincido con el Dr. Royer, que deviene abstracto el tratamiento del recurso de casación, que por derecho propio interpusieron los letrados patrocinantes del actor (art. 279 del C.P.C.C).

No obstante ello, la situación procesal en la que se encuentra anclada la litis, impone el tratamiento del recurso de apelación de los letrados por considerar que los estipendios profesionales regulados por el Sentenciante de Origen fueron bajos. En tal sentido, atendiendo a la naturaleza del presente proceso, las cuestiones planteadas, la extensión y eficacia de las tareas efectuadas, y el resultado obtenido, opino que la retribución fijada de ningún modo puede considerarse exigua, por lo que propiciaré su confirmación; máxime que en este proceso sumario no fue cumplida una porción de la segunda etapa, ya que el actor no presentó alegato de bien probado (arts. 495 párr. 2° C.P.C.C. y 39 del Dto. Ley 2200 vigente); y las tareas desarrolladas en ocasión de la incidencia que se suscitó con la oposición de pruebas que la actora ofreció en su oportunidad, fueron objeto de regulación (cfr. punto II de la parte resolutiva de la S.I. N° 143/05, fs. 28/29).

A la segunda cuestión el Dr. Royer dijo:

Del modo en que he votado a la primera de las cuestiones, propongo al acuerdo lo siguiente: 1°) Declarar procedente el recurso de casación interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, casar la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Esquel, registrada bajo el N° 19 SDC del año 2.006 en lo que fuera materia de agravios, y confirmar en todos sus términos la sentencia de Primera Instancia, registrada bajo el N° 04/06; 2°) Declarar abstracto el tratamiento del recurso de casación interpuesto por los letrados del actor, por derecho propio; 3°) Adecuar las costas de Segunda Instancia de conformidad con lo normado en el art. 279 del C.P.C.C., imponiéndolas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.); y los honorarios en mérito a la calidad, eficacia, extensión y resultado de los trabajos realizados, los que estimo en la suma de Pesos Ciento setenta y cinco ($ 175) en conjunto a los letrados patrocinantes de la parte actora; y en la suma de Pesos Ciento setenta y cinco ($ 175) al letrado apoderado de la parte demandada, monto en el que contemplo el 40% de "plus" por el ejercicio de la procuración (arts. 9, 13 y 14 de la Ley Arancelaria vigente); 4°) Imponer las costas por la actuación desplegada ante este Superior Tribunal de Justicia a la accionada vencida (art. 68 del C.P.C.C.); 5°) Regular los honorarios de los letrados patrocinantes del actor en esta Instancia Extraordinaria, de acuerdo a la calidad, eficacia, y extensión del libelo recursivo presentado y al resultado obtenido, en la suma de Pesos ciento setenta y cinco ($ 175) en conjunto (arts. 9, 13 y 14 del Dto. Ley N° 2.200 reformado por Ley N° 4.335 T.O. Dto. N° 138/99), en todos los casos, con más el I.V.A. si correspondiere.

A la misma cuestión el Dr. Pasutti dijo:

Según voté a la primera cuestión, acuerdo con la solución propuesta por el Dr. Royer.

Con lo que se dio por finalizado el acto, dejándose constancia que la presente se dicta con dos miembros de la Sala Civil, por haberse obtenido la mayoría y por encontrarse el Sr. Presidente Dr. Daniel Luis Caneo, ausente en comisión de servicios (art. 28 de la Ley N° 37 reformado por Ley N° 4.550 y lo dispuesto en el punto 4° última parte del Acuerdo N° 3.204), quedando acordado dictar la siguiente:

S E N T E N C I A 1°) DECLARAR procedente al recurso de casación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, casar la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Esquel, registrada bajo el N° 19 SDC del año 2.006 en lo que fuera materia de agravios, y confirmar, por ende, en todos sus términos la sentencia de Primera Instancia, registrada bajo el N° 04/06.

2°) DECLARAR abstracto el tratamiento del recurso de casación interpuesto por los letrados del actor, por derecho propio.

3°) ADECUAR las costas de Segunda Instancia de conformidad con lo normado en el art. 279 del C.P.C.C., imponiéndolas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.).

4°) ADECUAR los honorarios de la Segunda Instancia en la suma de Pesos Ciento setenta y cinco ($ 175) en conjunto a los letrados patrocinantes de la parte actora, Dres. M. E. I. M. y R. G. L.; y en la suma de Pesos Ciento setenta y cinco ($ 175) al letrado apoderado de la parte demandada, Dr. O. S. G., en el que se incluye el 40% de plus por el ejercicio de la procuración. (arts. 9, 13 y 14 de la Ley Arancelaria vigente), con más el I.V.A. según correspondiere.

5°) IMPONER las costas por la actuación desplegada ante este Superior Tribunal de Justicia a la accionada vencida (art. 68 del C.P.C.C.).

6°) REGULAR los honorarios de los letrados patrocinantes del actor en esta Instancia Extraordinaria, en la suma de Pesos ciento setenta y cinco ($ 175) en conjunto (art. 14, del Dto. Ley N° 2.200 reformado por Ley N° 4.335 T.O. Dto. N° 138/99), con más el I.V.A. si correspondiere.

7°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dres. José Luis Pasutti y Fernando S.L. Royer.

Recibida en Secretaría el 07 de Diciembre del año 2007.

Registrada bajo el Nº 16 S.R.E.. CONSTE Fdo. Dra. Carmen Velez Secretaria