marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad de matrimonio, intervención de terceros
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Zapata Timberlake, Marta María Guadalupe c/ Stehlin, Carlos José Federico. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-03

No obstante que, en principio, debe reconocerse legitimación para intervenir en el juicio sólo a las personas contempladas en la ley, pues la actuación del ministerio fiscal podría cubrir con eficacia la defensa del interés público, lo que redundaría en la protección del interés que pudieran tener eventualmente los terceros en evitar un proceso fraudulento, el examen de un juicio de nulidad de matrimonio donde se hace lugar a la intervención de un tercero que adujo que la sentencia podría lesionar un derecho propio pone de manifiesto la necesidad de evitar toda inteligencia rigurosa de las normas de fondo y de paliar la consecuencias perjudiciales que podrían derivarse de una comprensión restrictiva del problema.
Contrato de trabajo, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta, Eduardo R. c/ Expreso Itapé-Tracto Diesel S.C.C. s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-05-10

Si el despido se produce directa o indirectamente por otra causal ajena al matrimonio y no se adujo ni se acreditó que las mismas fueran creadas para provocar el despido indirecto, no procede la indemnización especial.
Autonomía municipal, competencia, facultades de la Municipalidad, Poder Ejecutivo Municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE APOLINARIO SARAVIA s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-07-28

Se trata de una competencia por razón de la materia, que puede ser declarada en cualquier estado del proceso (art. 352 2do.	párrafo del C.Pr.).

En efecto, la competencia por razón de la materia es absoluta, de orden público e improrrogable (Art. 1 del C.Pr.), es decir que no puede ser dejada sin efecto por acuerdo de partes, siendo irrelevante la expresión de voluntad expresa o tácita de aquéllas.

Aún cuando la demandada no haya interpuesto la excepción de incompetencia al contestar la demanda, ésta puede ser declarada de oficio con los alcances que el artículo 352 2º, párr. mencionado prevé, y en cualquier estado del proceso (Sala IV, T. XIII, fs. 4/5,año 1991) Por lo expuesto, el planteo se considera interpuesto en término.

Por lo que cabe analizar derechamente si el presente se debe tramitar o no ante el fuero contencioso-administrativo. La	circunstancia determinante de la hipótesis de competencia en lo contencioso administrativo, es la actividad del estado cuando actúa como poder público y en los supuestos en donde se reclama demanda, como fuente de reparación pretendido, resulta ser la consecuencia directa e inmediata de dicha actuación del estado (Sala V, T. XXIX, fs. 1395/1398).

O sea que la competencia se determina en cada caso según los elementos integrantes de la pretensión deducida en la demanda.	Si falta la actividad estatal del Estado accionado, como poder público, así como si falta la naturaleza administrativa del derecho afectado, la competencia es civil.

En conclusión siendo el derecho afectado del accionante de índole civil, y se encuentra garantizado por normas de igual naturaleza, la situación no encuadra en el artículo 1º del Código de Procedimientos Contencioso	administrativo (C.J.-Salta, T. 48, fs. 1071/1080).
Leyes, constitucionalidad, recurso contencioso administrativo, cuestión constitucional, resoluciones recurribles
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pisani, Osvaldo c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 551-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-02

El examen de constitucionalidad ha de limitarse al caso concreto traído a decisión, es decir, debe entenderse referido a los aspectos que interesen en atención a las pretensiones ejercidas por las partes. Así alcanzará sólo a las normas involucradas para la decisión del caso y no a una ley genéricamente considerada.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez Benjamina, Zulema Manuela, Jacinto Rodríguez, De Caparra Nélida c/ Ordiz, Adolfo, S.A.M.E.E.P. y Juan Manuel Ordiz s/ Daños y Perjuicios. Rodríguez Benjamina, Zulema Manuela, Jacinto Rodríguez, De Caparra Nélida c/ Ordiz, Adolfo, S.A.M.E.E.P. y Juan Manuel Ordiz s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1989-09-28|1989-09-28

La responsabilidad civil comienza recién a plantearse cuando existe un daño causado. Sólo en presencia de éste el jurista tiene que indagar si ha sido causado ilícitamente, infringiendo un deber jurídico (antijuridicidad) y culpablemente (imputabilidad) art.1069 del Código Civil.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos lícitos, demolición de obra
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Delta Plata S.A. e Iezzi Ottonello y Cia S.A. c/ Municipio de Vicente López s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

Si en sede administrativa se practicó el reconocimiento del valor de lo construido mas todos los gastos que devengue la demolición de lo ejecutado, no corresponde hacer lugar al pedido de indemnización del mayor valor adquirido por los elementos incorporados a la edificación, ya que constituye una pretensión comprendida en los requerimientos ya satisfechos.
Indemnización por accidente de trabajo, depósito en sede administrativa, retiro de fondos, acción civil por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: AGUIRRE, DOLORES E. c/ COMPAÑIA DE SEGUROS INCA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-04

No constituye expresión de voluntad cancelatoria del trabajador accidentado, que vede la futura vía judicial, para una revisión de su incapacidad y, en su caso, el acceso a una mayor indemnización, el hecho que hubiere cobrado en sede administrativa el resarcimiento allí establecido cuyo deposito había efectuado, oportunamente, el responsable.
Accidentes de trabajo, tope indemnizatorio
Materia: LABORAL
Carátula: LILLO HUGO O. c/ COMPAÑIA DE PERFORACIONES RIO COLORADO SA s/ ORDINARIO s/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-03-30

El art.4 de la ley 23643 modificó el art. 8 de la ley 9688 estableciendo que el importe máximo que puede alcanzar el resarcimiento será calculado en base al salario mínimo, vital y móvil "vigente al tiempo de la determinación de la indemnización".El texto anterior disponía que aquél sería el "vigente al tiempo del accidente". De tal modo, es cierto que parece clara la intención del legislador de variar la ubicación temporal a tener en cuenta para la fijación del tope, pero ello no obedece a otra razón que no sea la consagración legislativa de la enfermedad accidente.Por consiguiente, la magnitud del resarcimiento está estrechamente vinculada con el momento del accidente, cuando de este tipo de eventos se trate, o con la toma de conocimiento, ante supuestos de enfermedades accidentes. Por otra parte, si bien los topes de la normativa en análisis pueden resultar irrisorios en un contexto económico de inflación creciente, ante el notable retraso del salario mínimo, vital y móvil en relación al nivel real de remuneración, la reforma legislativa constituye el correcto remedio a tal fin. En efecto: de conformidad al nuevo art. 11, pautada la indemnización, se calculará la depreciación monetaria hasta el momento del efectivo pago e intereses legales. .
Expropiación, indemnización expropiatoria, valor real, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - PROCESAL
Carátula: Servicio Nacional de Parques Nacionales -Fisco Nacional c/ Amelia García del Río de Calero y otros s/ expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Los intereses deben calcularse a partir del momento de la desposesión del bien y no de su indisponibilidad ya que sólo a raíz de este hecho el expropiado pierde toda posibilidad de uso y goce.
Proceso contravencional, contravención continuada, prescripción de la acción contravencional, interrupción de la prescripción de la acción contravencional, plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: R, R. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 72 Artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-15

En la especie se trata de determinar si estamos en presencia de una contravención continuada, que interrumpiría la prescripción.

Si bien esta causa se inicia con el acta contravencional, resulta relevante, a los fines de la aplicación del instituto de la prescripción, que la conducta reprochada perduró en el tiempo, la que motivó los litigios planteados por los vecinos, víctimas de la conducta desarrollada por el encartado, vecinos que presentados en la sede de la Fiscalía de Primera Instancia interviniente, coincidieron en manifestar la perturbación que les causara los ruidos provenientes del local de marras, obrando en los presentes las declaraciones de los testigos del hecho y los denunciantes que comparecieron a prestar declaración testimonial que son contestes en afirmar que desde el local, se escuchan ruidos molestos consistentes en música en alto volumen, gritos de personas, etc.

En este sentido, se percibe claramente la presencia de una conducta continuada, en la que el término de la prescripción sólo comienza a correr una vez que ha cesado de cometerse la misma, hecho que no se dio en la presente hasta la clausura solicitada por el responsable de la división clausuras de la Dirección General de Verificación y Habilitaciones, según constancias obrantes en autos.
Medidas cautelares, reordenamiento del sistema financiero
Materia: PROCESAL
Carátula: "Conti,  Alba  Alejandra  -INC. medida cautelar c/ PEN ley 25.561-Dtos. 14570/01 214/02".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-28

Toda vez que no procede dictar a título precautorio una decisión cuyo objeto coincida con el de la demanda, pues su finalidad es conservatoria y tiende a asegurar la eficacia de la sentencia final (esta Sala "Becher", del 19/3/02 y "Gentilini", del 2/4/02) debe modificarse la medida cautelar admitida por la totalidad de las sumas reclamadas en dólares y previa caución juratoria, reducir la medida cautelar dispuesta en relación al depósito en el banco al 80%.
Acto administrativo, falta de legitimación para obrar, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, medida de no innovar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Edecat S. A. s/ Plantea medida cautelar autónoma
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-03-31

Corresponde rechazar la medida cautelar de no innovar solicitada por EDECAT S.A. por improcedente; en efecto, cuando la pretensión se intenta contra un acto de la Administración Pública, es necesario que se acredite prima facie, "sin que ello importe prejuzgamiento de la solución de fondo "la ausencia de legalidad del acto o arbritrariedad manifiesta, toda vez que los actos administrativos en principio, gozan de la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria.

En el caso el peticionante no desconoce que la cuestión planteada es atinente a la interpretación del contrato de concesión, lo que obligaría a estudiar el mismo para así poder establecer su alcance, excluyendo tal reconocimiento per se la calificación de "arbitrariedad manifiesta" que es requisito sine qua non para la procedencia de la verosimilitud del derecho. Por último los perjuicios invocados son de carácter netamente económicos y por su naturaleza pueden encontrar satisfacción a través de un adecuado resarcimiento.
Filiación, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: P., M. D. c/ A., E. s/ Filiación e indemnización por daños y perjuicios D. M., R. c/ S., A. F. s/ Reclamación de estado de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28|1998-11-10

La indemnización por agravio moral no es punitiva sino resarcitoria, desde que debe atenderse a la relación de causalidad más que a la culpabilidad.
Indemnización agravada, empleo no registrado, principio de irrenunciabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, María Laura c/ Obra  Social  del  Personal  de  laConstrucción y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-01

Resulta justificada la reticencia de una demandada a abonar la indemnización prevista en el artículo 2 de la ley 25323, en la medida en que las particulares características de la relación habida, derivadas del carácter profesional de la accionante y la consecuente ausencia de subordinación técnica con el alcance que habitualmente se verifica en relaciones de índole dependiente, sumadas a la instrumentación del vínculo a la que accediera la demandante a lo largo de la relación, constituyen factores que si bien por influjo del principio de la supremacía de la realidad -que deriva del de irrenunciabilidad (art. 12 L.C.T.) no permiten excluir el amparo del régimen laboral, permiten sin embargo considerar la conducta de la demandada alcanzada por la eximente previsto en la última parte del artículo citado.
Costas, desistimiento del derecho, acuerdo de partes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CHOULET, WALTER ADRIÁN C/ CHOULET, EDUARDO Y OTROS S/ ORDINARIO DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES (OFICIO N° 20/1 SOL. SORTEO- INICIO 01/02/2017 MANUAL A C Y C N° 1 POR SOL DEL PROF -) - Expt. N° 7222/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-05-17

El régimen de costas puede ser pactado por las partes -segundo párrafo del art. 70 CPCC-, en su defecto, y ante el desestimiento de la acción y del derechos, el principio aplicable es que debe cargarlas quien desiste, donde si esa parte alega la existencia de un acuerdo sobre costas tiene la carga de acreditarlo y ante la falta de elementos probatorios que lo demuestren, es aplicable el principio enunciado, sin que resulte suficiente la incontestación del traslado del desestimiento, dada la expresa previsión del art. 147 último párrafo CPCC.
Marcas, cese de uso de marca, marcas confundibles, envase semejante, similitud gráfica, capacidad de engaño
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAENZ BRIONES Y CIA SAIC c/ ASTORQUI Y CIA SA s/ CESE DE USO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-12

Las semejanzas entre ambas marcas se reducen a los "continentes" (botella y "vestiduras" de la misma) y a la elección de casi los mismos colores para los tipos y emblemas impresos, con excepción del gris que "real" incluye en 910 cm3. Teniendo a la vista las dos botellas, los términos "Real" y "Del Valle" son tan notorios, saltan tanto a la vista, dentro de sus respectivas marquillas, que resulta casi imposible confundirse, y ello, aún cuando se encuentren en góndolas de supermercados. Para que existiera confusión, entre estos y otros envases de sidra, quien se confunde, no debe haber leído el nombre de la marca, lo que, en este caso, y con estas marquillas, resulta imposible. Siendo pues lo principal dentro de la marquilla el nombre, pasa a segundo plano y en forma desapercibida, el resto del contexto que la componen.
Proceso penal, violencia de género, violencia contra menores, derecho a ser oído, deberes del juez
Materia: PENAL
Carátula: M. R. s/incidente de ejecución. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2023-03-28

Este Superior Tribunal ha establecido que el derecho convencional con jerarquía constitucional y supralegal (cf. art. 3 CDN, art. 75 inc. 22 C.N y art. 7 inc. b Convención de Belém do Pará) exige, un triple plus protectivo a la hora de investigar -y juzgar- delitos que afecten a una víctima, mujer y niña. (Voto del Dr. Barotto, Dr. Apcarian, Dr. Ceci, Dra. Criado y Dra. Piccinini).
Procedimiento administrativo, informalismo a favor del administrado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fruszman, Carlos Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Escuelas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-27

Si, a tenor del formalismo atenuado del art. 88 del dec. ley 7647 /70, debe considerarse que la segunda presentación del actor en sede administrativa -efectuada fuera del plazo previsto por el art. 161 de la ley 10.759- no es más que el complemento a una mayor fundamentación al cuestionamiento primigenio, debe concluirse que el recurso administrativo fue interpuesto oportunamente y por medio de él resultó suficiente el cuestionamiento de la resolución que le impuso la sanción a fin de que la demanda proceda formalmente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Remuneración, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: BIDEGAIN Eduardo Oscar c/ CARDOZO Horacio Rafael y Otro s/ Cob.Dif.Salar., S.A.C., Indemniz. y Otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-09-27

La existencia de un convenio de partes superior a los mínimos convencionales de la categoría invocada debe ser demostrada por el actor de conformidad con las reglas que gobiernan la carga de la prueba -art. 365 del C.P.C.C.- al tratarse de un supuesto de excepción a los parámetros regulatorios de la categoría convencional invocada por el mismo accionante.
Impugnación del acto administrativo, oportunidad procesal, nulidad absoluta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tolosa de Mares, Stella Maris c/ Provincia del Chubut y Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-09-28

El no haber recurrido temporáneamente las medidas que surgen del acto administrativo, es un comportamiento del que no puede deducirse su consentimiento, cuando aquéllas adolecen de vicios que las tornan nulas. Ningún acto de la administración puede estar tan firme, que siendo viciado y afectando los derechos de los particulares no pueda ser atacado en procura de su abrogación. No sólo la Administración, en su caso, estaría obligada a derogar sus propios actos si los advierte nulos, sino que tiene la facultad de recurrir en procura de la nulidad del acto quien haya sido afectado, en cuyo caso no podría argüir para mantenerlo la extemporaneidad del reclamo.
Personal de casas particulares, accidentes de trabajo, aplicación de la ley laboral, acción civil por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: PUCHETA, DANIEL A. c/ EL BARRI, ELIAS J. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-12-05

En el caso de los trabajadores domésticos si hubiere abuso del derecho del empleador al encomendar una tarea circunstancial ajena al cometido específico de sus labores, tarea en la que se produjo el accidente causante de la incapacitación, la eventual configuración de ese abuso y de su reparación judicial no puede buscarse en la acción especial de la ley 9688, sino en las fundadas en otras disposiciones del Código Civil que pudieren resultar aplicables, según los presupuestos del caso. (Conforme Guillermo Cabanellas, "Derecho de los riesgos del trabajo", página 338, Tissembaun, Mariano; "Los sujetos comprendidos en las reformas a la ley de accidentes del trabajo", DT., 1971, p. 273).
Recurso contencioso administrativo, prueba testimonial, impugnación de la declaración testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ALIENDRO, JUAN CARLOS c/ COMUNA DE EMPALME VILLA CONSTITUCION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 419 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

"Tachas", son las causas que, dirigidas a los testigos, invalidan o disminuyen el valor de sus declaraciones y que las partes hacen presente al Juez para que las aprecie al sentenciar, con el criterio jurisprudencialmente recibido de interpretación restrictiva de las mismas. En el sub lite, corresponde rechazar la misma desde que no se advierte la concurrencia de ninguna de las causales a las que refiere el artículo 221 del Código Procesal Civil y Comercial -aplicable-, siendo a esos fines insuficiente lo aducido por la demandada en sustento de su pedido (que el testigo se considera acreedor de la Comuna y esta circunstancia resta objetividad a sus respuestas) desde que esa circunstancia, por sí sola, no es causa suficiente que permita deducir la inclinación del testigo a deponer en su contra. En efecto, la circunstancia de que este testigo refiera haber tenido un accidente de tránsito con un vehículo comunal aproximadamente un año antes de su deposición, sólo por vía de hipótesis lo convertiría en potencial acreedor del ente demandado, por lo que no alcanza para sustentar la tacha, máxime cuando el mencionado testigo depone sobre hechos de interés para el Tribunal y sus declaraciones no evidencian -prima facie- contradicción ni manifiesta parcialidad. Ello, desde luego, sin perjuicio de la rigurosa valoración que, en su caso, corresponda efectuar del testimonio.
Recusación con causa, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: OSCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-23

La decisión del tribunal a quo que rechazó el pedido de recusación con causa, no es susceptible de revisión por la vía del recurso de inconstitucionalidad, por no constituir sentencia definitiva o equiparable a tal.
Reformatio in pejus, cuestión constitucional
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gassmann, Alicia María s/ inf. art. 2. 2. 3, obra no autorizada -L 451- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado expte. n° 9054/12 "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-11

La mera invocación de la lesión a la prohibición de la reformatio in peius no resulta idónea para configurar un verdadero caso constitucional, en tanto ella no puede ser trasladada sin más a cualquier hipótesis si lo que se pretende, en realidad, es recortar de manera injustificada el alcance de la intervención que le compete al Poder Judicial en los términos de la ley 1.217 para efectuar una correcta subsunción legal de los hechos involucrados en el proceso. (Voto en disidencia del Dr. José O. Casás, al que adhiere la Dra. Ana María Conde).
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, establecimientos asistenciales, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AUSEN Juan Pablo c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S072 - 200)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-03-01

Responsabilidad objetiva no significa ausencia total de factor subjetivo, ya que al contrario, éste es tenido en cuenta según las distintas situaciones encuadrables (no culpa del autor causal, culpa del dependiente, culpa de la víctima, culpa de un tercero).

Por ello resulta conveniente citar a los profesionales del arte de curar, cuando el establecimiento médico-asistencial (o en el caso, el Estado propietario) es demandado por el obrar negligente de aquéllos.-
Código Procesal Penal Federal, dictamen fiscal, delitos contra la propiedad, homologación del acuerdo, sobreseimiento, conciliación, extinción de la acción penal, reparación integral
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ROBLES, J. E. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-18

Corresponde homologar el acuerdo entre quien se apoderó ilegítimamente de un teléfono celular y la persona damnificada -conforme lo establecido en el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal sobre acuerdos conciliatorios en casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia contra las personas-, declarar extinguida la acción penal y sobreseer en consecuencia al acusado, pues no sólo la víctima no tiene interés en continuar con la acción penal, sino que además considera suficiente la indemnización ofrecida, aceptándola como reparación integral en forma libre y voluntaria (Del Voto de la jueza Magdalena Laiño).