marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, empresa de transporte, citación en garantía, obligación de seguridad, carga de la prueba, responsabilidad objetiva
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Palazzo, Luciano  c/ Sociedad Anónima Transporte Ciudad de Río Cuarto  s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-05-31

Corresponde no hacer lugar a los recursos de apelación deducidos por la demandada y la citada en garantía, dado que los recurrentes omiten mencionar la legislación correspondiente y la autoridad competente a la que hacen referencia. Conforme la reglamentación que regula las condiciones con las que debían contar los vidrios del ómnibus -propiedad de la transportista demandada- se analiza el cumplimiento del deber de seguridad. Así las cosas, mientras existe prueba de que los vidrios se habrían astillado y esparcido por todo el vehículo, no hay ningún esfuerzo probatorio por parte de la empresa demandada para acreditar que efectivamente veló por la seguridad de los pasajeros previendo -aunque sea- la colocación de vidrios inastillables; es decir, estando ante una responsabilidad objetiva, aquélla era quien cargaba con el onus probandi de demostrar que había cumplido con lo dispuesto en el art. 42 de la CN.
Costas, desistimiento
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez de Lardit, Silvia por sí y sus hijos menores c/ Derudder Hnos. S.R.L. y otros s/ Indemnización- Recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-07-14

Ante el desistimiento de la acción contra uno de los demandados y siendo de aplicación lo dispuesto por el artículo 57 del Cód.

Procesal Laboral, corresponde a quien desiste soportar las costas, casándose parcialmente la sentencia.
Contrato de trabajo, certificado de trabajo, reglamentación de la ley, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Bourel, Martín Federico c/ Vicus S.R.L. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-08

En el caso del decreto 146/01 estamos en presencia de un decreto reglamentario que es de aquellos que el Poder Ejecutivo dicta a los fines de instrumentar y efectivizar las leyes. En este sentido la C.N. en su art. 99, inc. 2 dispone que el citado poder en su tarea de reglamentar las leyes para su ejecución no debe alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. De ello se deriva que el decreto reglamentario está jerárquicamente subordinado a la ley. Cuando el decreto excede el ámbito de la interpretación posible u opinable de la ley, optando por una solución fuera de ésta la colisión entre el decreto y la ley se da por la desnaturalización de ésta. En este sentido la requisitoria que el decreto 146/01 impone al trabajador excede claramente lo que establece la norma superior que reglamenta (art. 45 ley 25.345). En este entendimiento resulta inconstitucional el decreto 146/01. (Del voto de la Dra. Ferreirós, por la mayoría).
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: C., L. y otros c/ Hospital Zonal de Agudos Gra. Manuel Belgrano y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-05-09

El acto quirúrgico, por sí, no revestía grandes riesgos y por ello no puede sostenerse que exista reproche alguno a los profesionales actuantes por no haber informado acabadamente a los padres del menor acerca de los riesgos del mismo. Ni esta circunstancia guarda relación de causalidad adecuada con las consecuencias dañosas sufridas por el paciente (arts. 513 y 514 del C.C.).
Honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria, incidente de caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: La Valva Hugo c/ Provincia de Cordoba s/ Plena Jurisdicción - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-06-02

1- En lo atinente a la tramitación del incidente de perención de la instancia de apelación, tomando en consideración la carencia de contenido económico propio del mismo y la apertura a prueba dispuesta en su desarrollo, que lo torna un proceso cognoscitivo de carácter declarativo, corresponde que la regulación se practique en el veinticinco por ciento (25%) de la escala del artículo 34 de la Ley 8226, sobre la base regulatoria del juicio principal, porcentaje estipulado de conformidad a la pauta legal contenida en el artículo 80 inciso 2 ib. y a las reglas de evaluación cualitativas que brinda el artículo 36 ib.

El referido incidente no tiene un "contenido" "económico" "propio" en los términos del artículo 80 inciso 1 de la ley 8226.

El artículo 80 ib., condiciona las escalas para practicar la regulación de honorarios por las tareas profesionales desarrolladas en el marco de la incidencia -en el caso de perención-, según se trate de incidentes con contenido económico propio (inciso 1) o de incidentes sin contenido económico propio (inciso 2).

Hablar de "contenido económico", al que la ley arancelaria adjetiva como "propio", importa determinar en el caso del incidente, un valor económico, traducible en términos pecuniarios, que debe ser característico de ese trámite.

El incidente de perención de instancia, tiene por objeto resolver sobre la extinción de la "instancia".

Por consiguiente, si la instancia considerada en sí misma es insusceptible de ser valorada económicamente de manera directa, a fortiori, menos aún puede determinarse si el contenido económico es "propio" o no, de conformidad al claro tenor del artículo 80 inciso 1 de la Ley Arancelaria.

Desde que la valoración del contenido económico del incidente de perención no se realiza en forma "directa" o "inmediata", sino por referencia al valor de la pretensión del juicio principal, a nuestro entender, la labor profesional debe ser estimada en función de la hipótesis del artículo 80 inciso 2 de la Ley Arancelaria. (Voto de la mayoría, Dres. Lafranconi y Tarditti, en mayoría).
Excepciones procesales, defecto legal, registro de marca, oposición al registro de marca
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: ESTABLECIMIENTO FABRILES GUEREÑO  S.A. c/ LOPEZ, JOSE BENITO s/ OPOSICION INFUNDADA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

En estos autos se ha accionado -en forma concreta y precisa- para que se declare infundada la oposición a la solicitud de registro de la marca "Granby", peticionada por acta N. 1.526.863 para proteger productos de la clase 3.

Por consiguiente la omisión de las copias de las actuaciones administrativas que eventualmente debiera acompañarse con el traslado de la demanda no autoriza la procedencia de la excepción de defecto legal, sino, en todo caso, la suspensión del plazo para contestarla habida cuenta de que el escrito de inicio, por sí mismo reúne los requisitos exigidos al efecto por el art. 330 del ordenamiento de rito y que, aún admitiendo por hipótesis, aquella necesidad, el remedio adecuado hubiera sido la solicitud de suspensión del plazo para contestar la demanda.
Confirmación de sentencia, rechazo de la demanda, indemnización por despido
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FAINSTEIN, HECTOR NATALIO c/ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL Y OTRO s/ EMPLEO PÚBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-12

La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia apelada, por medio de la cual se rechazó la demanda interpuesta por el actor, tendiente a que se abonen las indemnizaciones previstas en los artículos 80, 232, 233, 242, 245 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo, por considerar que había sido despedido sin causa. El Tribunal consideró que el caso difería de las circunstancias analizadas en el precedente "Ramos" (Fallos: 333:311) y que no había mediado incumplimiento del régimen de contratación aplicable.
Competencia, competencia laboral
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Páez, Miguel Angel c/ Municipalidad de la Calera s/ Incapicidad - Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-04-28

Las normas de procedimiento que regulan el trámite administrativo diferencian estas dos alternativas diversas, previendo sólo la vía recursiva con el carácter de obligatoria y necesaria cuando se ejerce la función administrativa, produciendo actos de igual naturaleza que puedan afectar situaciones jurídicas al amparo del derecho administrativo.

En cambio, cuando el Estado actúa en una relación jurídica aplicando reglas o principios del derecho civil o laboral, no es imprescindible el agotamiento de la vía administrativa, aún cuando a veces las normas del trámite regulan reclamos facultativos, que pueden ser o no interpuestos por los particulares como paso previo al inicio de la acción judicial.

En el subexamen, no cabe duda alguna que la municipalidad demandada ha actuado como sujeto de una relación jurídica privada regulada por las normas del derecho laboral (Ley 24028). En consecuencia, la ordenanza municipal de que se trata no podía disponer la obligatoriedad del agotamiento de la vía administrativa como paso previo del ejercicio de la acción judicial.

Y ello es así, porque no obstante que el art. 180 de la Const. Provincial reconoce la autonomía municipal en el cumplimiento de sus atribuciones, ella se ejercita de conformidad con la propia Constitución y las leyes que en su consecuencia se dictan. De tal modo, si ni la norma nacional que rige la relación laboral que unió al actor con la demandada establece una etapa prejudicial y menos aún el Código Procesal del fuero cuyo art. 1ro. (Ley 7987) otorga a los tribunales del Trabajo competencia para entender en las acciones emergentes de la ley nacional de accidentes y enfermedades del trabajo, aun cuando fueren iniciadas por los agentes de los tres poderes del Estado Provincial, sus empresas, municipalidades y comunas (art. 1ro. inc. 2do.), mal puede la Municipalidad de la Calera establecer una instancia administrativa previa a la que se le otorga el carácter de necesaria e ineludible, según la reglamentación dictada. Dicha disposición resulta, por lo tanto, inaplicable en el caso de autos por no ajustarse al claro principio de supremacía establecido en expresas disposiciones constitucionales (arts. 31 Const. Nacional y 161 Const. Provincial).
Conflicto de poderes, Superior Tribunal de Justicia, competencia, corporaciones municipales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de Trelew s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-12-28

La intervención del Superior Tribunal de Justicia, en orden a lo preceptuado por los arts.179 inc. 1.4 de la Constitución Provincial, 119 y 120 de la Ley N° 3098, se produce al efecto de restablecer los principios constitucionales de legalidad y razonabilidad, fuere en cuanto hace a las exigencias procedimentales que imponen la Ley de Corporaciones Municipales o las Cartas Orgánicas, fuere en cuanto se ha incurrido en la arbitrariedad o en el absurdo cayendo en una desviación de poder en el acto o decisión motivante del conflicto, ejerciendo un contralor extraordinario y excepcional.
Acreedores del concurso, pronto pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MULTICREDITO EN J: SARRIGUREN s/ Incidente Pronto Pago (LIBRO: A110 - 459)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-10-06

Toda deuda contraída por la sindicatura de un concurso debe ser abonada a su vencimiento, si así no se hiciere se cancelará -con sus accesorios- con los primeros fondos disponibles, por lo que no debe el acreedor esperar el resultado de la liquidación, sin perjuicio de que en caso de no existir tales fondos el pago inmediato se verá prorrogado, siendo de aplicación el art. 274, último párrafo, L.C., pues en principio los créditos contra la masa están todos en igual grado, cualquiera sea su naturaleza. Reconocido el derecho del incidentante al pronto pago de su crédito no corresponde diferir el cobro de la actualización monetaria e intereses hasta la etapa señalada por el art.1º Ley 21488 y obligarlo a someterse a la posiblidad de existencia de remanente, con posterioridad a la etapa de liquidación. Los intereses serán los señalados por el art.3º(6
Derecho electoral, recurso extraordinario
Materia: ELECTORAL
Carátula: Recurso de apelación de Espindola, Daniel en autos Espindola, Daniel s/exclusión del padrón electoral art. 3º CEN c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-06

En el marco de una causa en la que se declara la inconstitucionalidad de los incisos "e", "f" y "g" del artículo 3° del Código Electoral Nacional y de los artículos 12 y 19 inciso 2° del Código Penal de la Nación, concede recurso extraordinario, toda vez que se ha cuestionado la validez constitucional de leyes nacionales -el Código Electoral Nacional y el Código Penal de la Nación- y la decisión apelada resultaría adversa al derecho en que la apelante funda su pretensión, se configura una cuestión federal en los términos del artículo 14 de la ley 48
Actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, interpretación de sentencias, cosa juzgada
Materia: COMERCIAL
Carátula: Figueredo Jorge Roberto c/ Madero Motors SRL y otros s/ recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-12

Cabe recordar que la cosa juzgada hace que lo resuelto adquiera firmeza y se mantenga inmutable para el futuro como garantía de seguridad jurídica; impidiéndose la discusión, alteración, modificación del "factum" sometido a proceso (Di Pietro, Andrés, A; Gringaum, Mario y Girón Mariana, "La revisión de la cosa juzgada", en Ponencia CNSMLA CD, p. 3, citado por esta Sala el 20.10.14 en los autos "Cadena País Producciones Publicitarias SA s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de revisión por -Vargas Lerena Alvaro-"). Desde tal óptica, pretender la reedición de aquello que fuera objeto de acuerdo conciliatorio en la oportunidad de celebrarse la audiencia prevista por el CPR 360 importaría tanto como reabrir un debate que se encuentra concluido por voluntad de las partes, y sobre el cual no se han invocado la existencia de vicios de la voluntad o intereses de sujetos incapaces o vulnerables que merezcan especial tutela jurisdiccional.
Intereses, reserva a la percepción de intereses, cheque
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANSPORTES GIULIANO  S.A. c/ SERVENTE  S.R.L. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-16

La presunción prevista por el Código Civil 624 es solo iuris tamtum y debe ser interpretada de forma restrictiva, frente a la presunción de onerosidad de los actos mercantiles contenida en el Código de Comercio 218-5; tanto más cuando la deudora no ha entregado dinero sino cheques, lo cual suponía una acreditación posterior.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Castriotta, Oscar Alberto c/ Valentini, Juan Carlos s/ Despido y enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

Las cuestiones esenciales a decidir, cuya omisión abre el recurso extraordinario de nulidad en orden a lo dispuesto por el art. 156 de la Constitución de la Provincia, son las que versan sobre una misma acción deducida y que por eso pueden influir preponderantemente en el fallo respectivo, pero no las relacionadas con otras acciones independientes y perfectamente separables que ninguna gravitación tienen sobre aquélla y cuya omisión se subsana por medio de la aclaratoria.
Pagaré, enriquecimiento sin causa, acción in rem verso, acción cambiaria, acción causal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ACRE ANTONIA c/ JORGE ARCAS Y OTROS s/ Ordinario (LIBRO: S084 - 498)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-13

Surge del texto del art. 62 de la ley de Letra de Cambio, aplicable al pagaré por remisión del art. 103, que el portador, para poder ejercer la acción por enriquecimiento sin causa, tiene que acreditar que no cuenta con acción causal alguna en contra de los obligados, esto es, la derivada del acuerdo-antecedente que debió preceder en la emisión de los títulos, y ya fuera por prescripción, anulación o algún otro motivo de pérdida del negocio, y además probar cúal ha sido el perjuicio sufrido y el enriquecimiento de la contraparte, lo que no necesariamente tiene que coincidir con el monto de los pagarés.-
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Ricardo Daniel c/ Municipalidad de Ushuaia s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-10-08

Cuando se trata de una demanda rechazada totalmente, los honorarios de los abogados y procuradores que intervinieron en el proceso se deben fijar tomando como base el monto reclamado en ella, actualizado -si corresponde- por los índices de precios que publica el INDEC hasta el 1 de abril de 1991 (conf. arts. 7 y 8 de la ley 23.928), teniendo en cuenta las previsiones establecidas por la ley 24.283, y aplicando sobre dicho monto la escala fijada por los arts. 7 y 9 de la ley 21.839 (del voto del Dr. Carrranza).
Daño psíquico, prueba pericial, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: AGÜERO CRISTIAN MIGUEL c/ MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A. s/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-30

Corresponde desestimar el daño psicológico informado por el perito médico en una acción civil, pues, para que sean indemnizables las patologías psíquicas, no solo requieren de su comprobación por parte del perito médico, sino también de las pruebas -nexo causal- de aquéllas con el evento dañoso, lo cual no ha sido demostrado probatoriamente dentro del expediente, máxime cuando la vinculación causal se encuentra dentro de la órbita de la ciencia jurídica siendo una atribución de los jueces.
Crímenes de lesa humanidad, abuso de autoridad, encubrimiento, falta de denuncia, ministros del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PENAL
Carátula: Montoya, Bernardo Alfredo y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2024-03-21

Al tratarse de hechos llevados a cabo dentro del marco de ilegalidad e impunidad impuesto durante la última dictadura militar, resulta probado que los ex magistrados coadyuvaron o toleraron los padecimientos sufridos por las víctimas -cuyos casos fueron considerados como delitos de lesa humanidad-, al no denunciar ni promover la investigación del accionar de las fuerzas, del que tomaron conocimiento. No se trata de que los ex magistrados tuvieran o no competencia para resolver las situaciones procesales o proceder al juzgamiento de tales sucesos, sino de que estaban obligados a realizar la correspondiente denuncia ante la autoridad que estimaran competente, conforme las expresas obligaciones que las normas vigentes en aquella época les asignaban.
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, recurso de queja (procesal), rechazo in límine
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de Queja en autos ROCARAZA S.A. s/ Violar luz roja" roja"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-03

El auto de esta Sala que resuelve rechazar in limine el recurso de queja planteado, no constituye sentencia definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad ni causa agravio irreparable que permita su equiparación. Ello es así en virtud de que los defectos de interposición del recurso de hecho, que resultó formalmente inviable, determinan que la decisión del juez de primera instancia que declara inadmisible y rechaza la apelación incoada contra la sentencia haya quedado firme, constituyéndose en la "sentencia definitiva", al haber resultado fallida la queja intentada. Es que al desestimarse in limine la queja, la vía impugnaticia ordinaria quedó agotada al adquirir firmeza la sentencia de primera instancia.
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gutierrez H. c/ López Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-04

No es resarcible la privación del uso del automotor por un tiempo mayor al necesario para arreglarlo, condenando al victimario a restañar un daño cuya causalidad con su conducta excede de las previsiones de los arts.903 y 904 del Cód.Civil. En ese sentido, pueden existir lapsos de privación del uso ajenos a tal causalidad, por la interferencia de acciones u omisiones no imputables al demandado, que son para éste, correlativamente, puramente casuales.

Pero no puede considerarse como tales los factores externos plurales que gravitan sobre la finalización de los trabajos de modo que el intervalo entre el instante de encararlos y el retiro del rodado arreglado resulte, a la postre, algo más extenso que el número de horas y días de labor en el taller.
Representación procesal, querellante, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música
Materia: PENAL
Carátula: HELERIMG, JOSE ALPERTO s/ QUERLLANTE - SADAIC
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-09-14

La SADAIC no tiene facultades para actuar en el campo penal en representación de sus afiliados, salvo que lo haga con poderes especiales de los particularmente ofendidos por el delito por el que se pretende accionar, desde que la querella no sólo exige que el particular querellante quede sometido a la jurisdicción del Juez que conociere de la causa en todo lo relativo al juicio por él promovido y a sus consecuencias legales (art. 172 Cód. cit.), sino que determina asimismo que el accionante contrae responsabilidad personal cuando hubiese procedido calumniosamente.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, convertibilidad, tasas de interés
Materia: CONSTITUCIONAL - COMERCIAL
Carátula: VARELA, JORGE RAUL c/ E.N.  (P.E.N.) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28

No procede el recurso extraordinario intentado contra la tasa de interés aplicable sobre las sumas de la condena a partir del 1 de abril de 1991 como consecuencia del dictado de la ley de convertibilidad y de los Decretos 941/91, 521/91, ambos del P.E.N , ya que se trata de una cuestión en principio ajena y accesoria a la jurisdicción del art. 1 de la Ley 48 y la tacha de arbitrariedad sólo transunta prima facie considerada la mera discrepancia con la solución adoptada por no advertirse la gravedad del desacierto que se le imputa.
Certificado de origen, zona de libre comercio, exenciones impositivas, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
Materia: ADUANERO
Carátula: Autolatina Arg. S.A. (T.F. 7919-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-08

En el régimen de exención de gravámenes impuesto entre los países signatarios del Tratado de Montevideo (Asociación Latino Americana de Libre Comercio), se consideran amparadas por sus disposiciones a las mercaderías que cumplen con los requisitos establecidos para su exportación e importación en los distintos acuerdos celebrados en su consecuencia. Entre esos requisitos figura la expedición del "certificado de origen" en el que debe constar, con precisión, la cantidad de mercadería que se importa en el país que fiscaliza la operación. Esta exigencia tiene su sentido. En primer lugar, les permite a los países entre los que se efectúa el tráfico, controlar los volúmenes de las mercaderías respecto de las que efectúan el sacrificio de la renta fiscal. Asimismo, y esto es lo decisivo para el caso que se examina, sólo esa cantidad de mercadería es la amparada por la exención en los términos del tratado que creó la zona de libre comercio; toda mercadería no mencionada en el certificado no puede afirmarse que se encuentre amparada por la exención y por su importación se deben tributar los gravamenes correspondientes (cfme.: Sala II, in re "Maderera Lanza S.R.L.", del 30/6/77; Sala I, in re "Mercantil del Litoral S.A.", del 26/4/84). (Consid. IV).
Honorarios, contadores públicos, sucesiones, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARCELO EDUARDO A. s/ Sucesión (LIBRO: A064 - 350)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-11-30

A fin de regular los honorarios del perito contador, que practico las operaciones de inventario, avaluo, particion y adjudicacion debe actualizarse la peticion desde la fecha en que se presento a la de regulacion.