marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Facultades no delegadas, poder de policía
Materia: CIVIL
Carátula: Viñedos y Bodegas de Arizú s/ Inconstitucionalidad de las leyes numeros 732 y 922 y devolucion de sumas pagadas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1929-04-10

Es un hecho y tambien un principio de derecho constitucional que la policia de las provincias esta a cargo de sus gobiernos locales, entendiendose inc1uidos en los poderes que se han reservado el de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos, y, por consiguiente, pueden libremente dictar leyes y reglamentos con estos fines;

pero este poder de policia de los Estados es solo un residuo, en presencia de las facultades exc1usivamente delegadas al Gobierno de la Nacion, y no puede invadir en su ejercicio el campo en que se mueve eualquiera de estas. En consecuencia, la ley de la Provincia de Mendoza. numero 922,en cuanto establece un salario minimo obligatorio para los particulares, es inconstitucional.
Competencia por el territorio, división de condominio
Materia: CIVIL
Carátula: González, Mónica c/ González, Avelino s/ División de condominio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-26

Cuando se encuentran involucrados bienes inmuebles, el fuero de situación de la cosa ("forum rei sitae") es único y excluyente.

Dicha regla no puede ser dejada de lado por tratarse de una demanda de división de condominio articulada por el tutor, en nombre de su representado, relativa a un bien situado en extraña jurisdicción, con el solo argumento de encontrarse comprendida la cuestión en el principio reconocido por el artículo 404 del Código Civil.
Alimentos, transacción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P., A. c/ A., O. s/ Alimentos P., A. c/ A., O. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-31|1993-08-31

Los juicios sobre alimentos no pueden ser objeto de transacción (art. 374 Cód. Civil), más no se prohibe que se determine convencionalmente el monto de la cuota o el modo de suministrarlos.

De tal modo, el derecho a los alimentos puede ser objeto de acuerdo de partes en cuanto a su extensión y a la forma de satisfacerlos.
Competencia penal, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aguilo, Manuel (queja en: Aguilo, Manuel). s/ Recurso de Inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-11-18

Sólo la grosera violación de las garantías constitucionales demostradas elocuentemente en el mismo recurso justifican esta excepcionalísima vía de inconstitucionalidad que este Superior Tribunal reservó siempre para casos de verdadera "gravedad institucional".
Régimen de consolidación de deudas, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C., T. c/ Provincia del Chubut s/ Indemnizacion Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-17

El régimen de consolidación de deudas constituye un mecanismo de excepción, concebido para paliar situaciones de emergencia en las que el Estado no puede hacer frente a su pasivo, y procede a postergar a largo plazo su pago o emitir títulos y colocarlos forzosamente en pago de dicha deuda. ... "la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a lo largo de los últimos ochenta años, ha admitido la existencia y fijado los presupuestos y límites del poder de policía estatal en materia económica, ante situaciones de emergencia".
Pago en negro, intimación al empleador, temeridad o malicia, declaraciones contradictorias
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: PEREZ LUQUE, Guillermo c/ VIAJES ATI S.A. Y OTRO s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-10

Si la demandada desconoció en todo momento los pagos en negro que fueron acreditados por el trabajador, tal conducta encuadra en las previsiones del art. 275 LCT toda vez que implicó una clara violación del deber de lealtad, probidad buena fe que las partes deben observar en el proceso.
Objeto de la demanda, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GALIZIA, ANTONIO CAYETANO Y OTROS. c/ ESTADO NACIONAL (SECRETARIA DE SALUD PUBLICA) s/ ORDINARIO-ACTO ADMINISTRATIVO-REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS-   INTERPRETACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-22

Debe haber congruencia entre lo reclamado ante la administración y lo pretendido judicialmente, ya que no puede en principio ésto sobrepasar de aquéllo.
Cuestiones de competencia, competencia por el territorio, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Paquirí, Jorge Oscar c/ Amarilla de Meza, Zunilda s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-03-29

La jurisdicción del Poder Judicial de las provincias dentro de sus respectivos límites territoriales es amplia e indefinida, comprendiendo bajo su imperio todo caso judiciable que no estuviese expresamente señalado como sometido al régimen de la Justicia Federal. Esta última tiene en cambio, un campo limitado y se extiende tan sólo a las personas, asuntos y en los lugares a que se refieren los arts.67 inc.27; 100 y 101 de la Constitución.

Precisando más aún, podemos decir que la jurisdicción de los tribunales de provincia se extiende en principio, dentro de su territorio a todos los casos legislados por los Códigos comunes de la Nación y a los especialmente regidos por la Constitución y leyes locales sobre todas las materias reservadas y entre ellas, especialmente a las que atañen a su propia organización política, administrativa y rentística o a las medidas de policía, seguridad, higiene, etc. que dicten en orden el progreso y bienestar local. La competencia de excepción de la justicia federal necesita en cambio desentrañarse de un conjunto de disposiciones que especifican los casos concretos que la determinan.

Son ellas en primer término los arts.67, inc.11 y 17, 94, 100 y 101 de la Const. Nac. y las leyes reglamentarias Nro.48 del 14-09-63 y Nro.4055 del 11-01-02.
Accidente ferroviario, contrato de transporte, responsabilidad de la empresa ferroviaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Flores, Oscar c/ E.F.A. s/ Sumario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-26

Los pasajeros de los trenes - previa adquisición del boleto - sólo pueden acceder a los mismos por los lugares habilitados al efecto, los que son de propiedad de la empresa de ferrocarriles y a cuyo cargo queda la realización de las tareas de mantenimiento y de cuidado, por cuanto debe velar por la efectiva prestación de los distintos servicios y la protección de la seguridad de las personas y sus derechos. A estos efectos las estaciones ferroviarias deben estar dotadas de comodidades tales como para que el pasajero pueda, sin riesgo, adquirir su boleto y dirigirse hacia el andén en el que habrá de ascender al convoy respectivo, para lo cual será menester habilitar los lugares de circulación de pasajeros en los momentos adecuados, y demarcar las zonas vedadas al tránsito de personas por resultar peligrosas.

Si el pasajero formalizó un contrato de transporte con la empresa de ferrocarriles y comenzó su ejecución al haber traspuesto los controles de acceso al andén, cabe señalar que tales controles son practicados por dependientes de la empresa ferroviaria, y no cabe descartar que entre sus atribuciones se encuentre la de verificar la vigencia del boleto y el acceso al andén correspondiente por el pasajero - según el destino contratado - por lo que la autorización a hacerlo a una plataforma diferente constituye una anómala permisividad que no puede sino ser imputada a la empresa.
Derecho ambiental, Estado Provincial
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Verga,  Angela  y  otros c/ Tagsa  S.A.  y  otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

Corresponde reconocer a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, así como valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Contratos, efectos entre partes, resoluciones judiciales, cláusula penal, disolución de sociedades, infracciones formales, competencia, servicios de instalación
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: De Lucia, Alfonso Daniel c/ De Lucia, José y otro s/ ordinario de lucia, alfonso daniel c/ de lucia, josé y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

3 - Además, el acotado tiempo transcurrido entre la suscripción del convenio y su incumplimiento por parte del defendido no puede más que reflejar por un lado una manifiesta intencionalidad de no respetar la palabra empeñada y por otro la plena conciencia de la cuantía de la cláusula penal pactada, ya que el transcurso del tiempo no había alterado las condiciones de lo convenido.
Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, transferencia de competencias
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-21

El Congreso reconoció al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho a ejercer las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales y dispuso que el Gobierno Nacional debía celebrar con la Ciudad los convenios necesarios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6° de la ley 24.588 (cfr. ley 26.288, artículos 1° y 2°).
Accidente de tránsito, lesiones, responsabilidad del conductor
Materia: PROCESAL
Carátula: Zuttion Pablo Andrés c/ Giusto Ariel y otro s/ Daños y perjuicios por uso automotor c/ lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-02-22

La falta de casco protector del conductor de la motocicleta y del carnet habilitante, más allá de la acreditación o no de tales circunstancias, de acuerdo a cómo ocurre el accidente, y en función del tipo de lesiones sufridas por el motociclista, no tienen mayor incidencia a fin de desvirtuar aunque sea parcialmente de responsabilidad al conductor del rodado mayor.
Contrato de tiempo parcial, jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Enriquez Mauro Agustín C/ Jovanovich Danisa De Los Angeles, Jovanovich Lourdes Mariana, Jovanovich Romina Julieta, y sucesión Jovanovich Gaspar Julio c/  s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2023-11-14

En lo que refiere a la jornada de trabajo que cumplía el actor, cabe decir que la prueba de la jornada reducida de trabajo recae en cabeza de la parte empleadora y deviene imperativa no sólo porque la modalidad contractual a tiempo parcial resulta de excepción y está sujeta a prueba que la constate, sino porque como en el caso los testigos declararon que el actor desempeñaba tareas en jornadas completas de labor.
Conflictos colectivos de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Tassara, Gustavo H c/ YPF SA s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-12-04

En los supuestos de conflictos colectivos, cuando es la autoridad administrativa la que dispone la conciliación obligatoria, suspendiendo los efectos del primer despido, éste adquiere plena vigencia una vez superada la medida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Revocación de sentencia, aplicación de la ley, código civil, acordadas, Suprema Corte de Buenos Aires, adopción, guarda preadoptiva, interés superior del niño, protección del menor y la familia, derechos de las niñas, niños y adolescentes, revisión judicial, registro de adoptantes, adopción plena
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: V.,J.E. s/ Inscripción de nacimiento y guarda con fines de adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-02

La guarda con fines de adopción no es un asunto privado, ni puede serlo, porque sus efectos ulteriores se proyectan luego en toda su existencia, y en el caso posible de una adopción plena, concluyen confiriendo al adoptado una filiación que sustituye a la de origen, de allí que el legislador ha reglamentado con tanto cuidado los pasos a seguir - artículo 316, 317 y 318 del Código Civil-, y a su turno la Suprema Corte ha organizado un listado de postulantes sujetos a diversos controles, entre quienes elige el juez tratando de ese modo de preservar los delicados requerimientos personales que en orden a un menor se comprometen. (Del voto disidente del señor Juez doctor Negri).
Derecho de propiedad, acción reivindicatoria, tierras, pueblos originarios, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, propiedad comunitaria de la tierra, explotaciones agropecuarias, Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones del Estado miembro, Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, responsabilidad internacional del Estado
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Caso Comunidad Sawhoyamaxa c/ Paraguay s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas #TIPO_TRIBUNAL: DH c/ Paraguay s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas #TIPO_TRIBUNAL: DH c/ Paraguay s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas Convención Americana
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-03-29

La falta de materialización del derecho a la propiedad respecto de las tierras pertenecientes a una comunidad originaria, las que actualmente se encuentran en manos privadas, no puede resultar justificada bajo el argumento estatal relativo a la productividad de las tierras -en el caso, la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa demandó al Estado Paraguayo-, pues, bajo ese argumento subyace la idea de que los indígenas no pueden, bajo ninguna circunstancia, reclamar sus tierras tradicionales cuando éstas se encuentran explotadas y resultan productivas, mirándose la cuestión exclusivamente a través de este factor y del régimen agrario, lo que resulta insuficiente a la luz de los artículos 21 y 29 de la Convención Americana y el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Régimen de comunidad de bienes, subasta
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: G., A. A. c/ L., A. R. s/ ordinario divorcio G., A. A. c/ L., A. R. s/ ordinario divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-06-05|2019-06-05

Atento que los precios obtenidos por venta judicial suelen ser menores a los del mercado, como también que el cónyuge que se sirve de la vivienda se beneficia del estado de indivisión, sea por la ausencia de compradores como por actitudes que directa o indirectamente obstaculicen toda operación, y siendo la subasta pública una forma sucedánea de realización, para resguardar el interés de ambas partes, corresponde modalizar la partición ordenada y disponer que contemplando la tasación existente en la causa, se procure al cabo de 90 días la enajenación del inmueble privadamente, pudiendo el precio ser razonablemente menor si ello obedeciera a las condiciones del mercado, cuestión que deberá valorar el juez cuando se someta la operación con intervención del apoyo designado a autorización judicial en razón del trámite de restricción de la capacidad de uno de los cónyuges. Vencido dicho lapso, cualquiera de las partes, el apoyo (según el régimen que se hubiera asignado), o el Ministerio Público, podrán instar se concrete la venta por remate público.
Queja por denegación del recurso extraordinario, depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: C.S.J.N. c/ RESCHINI, JOSE LUIS s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

No cabe duda que el demandado resultó "el recurrente responsable del pago" de la suma que corresponde adeudar en cumplimiento del art. 286 C. Pr. (depósito previo a la consideración del recurso de queja, por denegación del recurso extraordinario ante la C.S.J.N.).
Denuncia, sobreseimiento, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: RUEDA, Daniel Osvaldo c/ ARGENCARD SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-14

1- La decisión judicial que absuelve o sobresee al imputado es insuficiente para que se puedan reclamar daños y perjuicios contra quien realizó la denuncia. Es que para responsabilizar al denunciante se requiere un factor subjetivo de atribución, el cual debe tener determinada envergadura, pues sé requiere una culpa grave y grosera. Ello para preservar el interés social en la investigación y represión de los delitos penales.

2- Si bien resulta plausible que quien ha sido privado de su libertad a raíz de la denuncia penal haya sufrido perjuicios en su actividad laboral así como padecimientos de índole moral, no corresponde responsabilizar al denunciante que se limitó a informar los hechos sin imputar concretamente ningún ilícito penal. Es que la detención es una decisión del magistrado penal en el marco de la instrucción, evidenciando una ausencia total de autoría y relación de causalidad con el autor de la denuncia, extremos indispensables para la procedencia de la acción de daños.

(Sumario N°19066 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Sociedades comerciales, disolución de sociedades, sociedad de hecho
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANSPORTES 8 DE JULIO c/ ABELARDO H LOPEZ s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-30

La disolución de una sociedad de hecho, que es una contingencia jurídica y no ficticia, para tener validez entre las partes requiere una comunicación del socio que pretende la disolución dirigida a los consocios y recibida por éstos; la omisión de tal requisito impide legalmente adoptar cualquier decisión válida al respecto.
Contrato de obra, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Redaelli, Ana María y otro c/ Len, Juan Eduardo s/ Daños y perjuicios. Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19

Más allá de las consecuencias específicas que la falta de redacción por escrito del contrato entre un arquitecto y sus clientes pueda traer en el campo profesional y aún en las relaciones entre las partes, lo cierto es que, por tratarse de una locación de obra, no requiere para su existencia de formas especiales, quedando concluido por el solo acuerdo de los interesados,
Costas, locación de inmuebles, vencimiento del plazo, juicio de desalojo
Materia: CIVIL
Carátula: MAREQUE DE COS, ETHEL FRANCISCA c/ SEGOVIA, RICARDO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-20

Aún cuando la actora resultó perdidosa en la acción principal por desalojo por vencimiento del término y el demandado se allanó a la pretensión de condena de futuro que aquélla interpuso en forma subsidiaria, no puede el locatario beneficiarse con el sistema de costas previsto en el art. 688 del Cód. Procesal si no cumplió con la restitución oportuna del inmueble tres años después de vencido el plazo legal, debiendo tales gastos ser soportados por su orden.
Competencia penal, competencia contravencional y de faltas, legitimación procesal, asesor tutelar, juicio de desalojo, usurpación, niños, niñas y adolescentes, jurisprudencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Asesoría General Tutelar de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Zaragoza López, Elena s/ 181 INC.1 - Usurpación (despojo) - CP (P/ L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Es acertada la decisión de la Cámara en cuanto denegó, por falta de legitimación, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asesoría Tutelar. Ello así, en tanto el recurrente no presenta a los menores ni como autores o partícipes de la infracción imputada, ni como titulares de una relación jurídica ventilada central o tangencialmente en la causa, ni como titulares de la relación jurídica con el propietario del inmueble. En definitiva, no presenta como legitimados activos o pasivos, de vínculo alguno, a sus potenciales representados. Tampoco invoca o explica razones para intervenir -si cupiera- como observador o supervisor en la causa. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Verificación de créditos, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lischeske, EUGENIO s/ Incidente de verificación en Rosetti, Julio.Concurso (hoy quiebra)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

La confesión, expresa o ficta, del fallido, no vincula al concurso, de modo que las posiciones puestas a aquel, absueltas en rebeldía, nada prueban contra la quiebra.
Delitos, competencia penal, competencia criminal y correccional, etapas del proceso, investigación del hecho, lesiones agravadas por el vínculo, administración judicial
Materia: PENAL
Carátula: IRDL SOBRE 92 - AGRAVANTES (CONDUCTAS DESCRIPTAS EN LOS ARTÍCULOS 89 / 90 Y 91) c/  s/ Conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde mantener la competencia de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional toda vez que debe hacerse primar un criterio que privilegie un servicio de justicia eficiente que atienda al grado de conocimiento e intervención ya desplegado por los órganos de la jurisdicción nacional, que llevaron a cabo toda la instrucción del proceso y en donde el caso ha avanzado hacia la etapa de juicio. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi y Alicia E. C. Ruiz).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Estado, división de poderes, distribución de competencias, Poder Judicial, control de constitucionalidad, revisión judicial, Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

En el equilibrio de poderes perfilados por la Constitución Nacional, al Judicial se le ha reservado el contralor de constitucionalidad de la actividad de los otros poderes -que en un sistema difuso como el adoptado importa que cualquier juez puede, bajo determinados presupuestos, pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos legislativos y de la administración-; pero pudiendo revestir tal trascendencia las consecuencias de su actuación, llegando a la descalificación de actos de la esencia de los otros poderes, la propia Constitución, en el artículo 100, le sustrajo autonomía funcional, limitando su intervención a los supuestos en que su jurisdicción resulte reclamada. (Del Voto del Dr. Giménez). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Accidentes de trabajo, cuestiones de competencia, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Núñez Benítez, Marciano c/ Promotion Building S.A. y otros s/ daños y perjuicios (accidente de trabajo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-10

Es descalificable el fallo que mediante la dogmática afirmación de que la pretensión articulada debía encuadrarse en lo dispuesto por el art. 17, inc. 2°, de la ley 26.773, eludió el tratamiento adecuado de los planteos del demandante atinentes a la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para conocer en un reclamo originado en un accidente de trabajo y fundado principalmente en normas laborales (Disidencia de los Dres. Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti).
Relación de dependencia, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Europroyecto SA c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/  Impugnacion de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-17

Determinar probado el vínculo dependiente con sustento exclusivamente en el relevamiento de personal, debe considerarse insuficiente, sobre todo si se está en presencia de una imputación de un cargo. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado voto en disidencia).