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Proceso penal, presupuesto
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gordillo, José Daniel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en contra de la Sentencia Nº 39/2010 dictada en causa Expte. Nº 102/09 - Gordillo, José Daniel y otro ss. Robo doblemente calificado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-06-06

En la actualidad, resulta indiscutido que el fin inmediato del proceso penal es la consecución de la verdad objetiva.

Sin embargo, también se ha puntualizado que la verdad objetiva exige como presupuesto la legalidad de las pruebas obtenidas para alcanzarla, por lo que está prohibida la valoración -en contra del imputado-, no sólo del elemento de prueba que ha sido obtenido con vulneración de las garantías constitucionales que a su favor se han estatuido; sino también, la prueba que es consecuencia de aquél, puesto que admitir a éstas como válidas significaría desnaturalizar la garantía lesionada al punto tal de legalizar el fruto de su violación.

Para despejar cualquier hesitación acerca de ello, el Código Procesal Penal en el art. 202, in fine, declara que "Carecen de toda eficacia probatoria los actos que vulneren garantías constitucionales. La ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubieren podido ser obtenidas, sin su violación y fueren consecuencia necesaria de ellas".

En igual sentido, se ha pronunciado sobre el tema el máximo Tribunal de la Nación en "Rayford".

En lo que aquí interesa, cabe destacar que, según la doctrina denominada de los "frutos del árbol envenenado", la ineficacia probatoria de los actos que vulneran garantías constitucionales se extiende a aquellas pruebas derivadas (es decir, a los "frutos") de aquél acto.

En este orden de ideas, a partir de la redacción de la disposición legal precitada supra (art. 202 del C.P.P.), se infiere que, para determinar si se está en presencia de un "fruto" del "árbol envenenado" y por ende, si se presenta la referida relación de dependencia material, será necesario recurrir a un doble juicio de derivación.

En primer término, el judicante deberá consultar las circunstancias del caso, a fin de determinar si suprimido mentalmente el acto viciado, desaparece la prueba en cuestión; y, en segundo lugar, deberá indagar las circunstancias del caso concreto a la luz de las reglas de la experiencia, a fin de establecer si la prueba en cuestión constituye una consecuencia materialmente necesaria de dicho acto ilícito, y no de una consecuencia meramente casual, contingente.

De modo que sólo serán "frutos" del "árbol venenoso", aquellas pruebas que tengan como única fuente, el acto violatorio de garantías constitucionales y que, además, materialmente sean consecuencias necesarias (y no meramente casuales) de dicho acto ilícito.
Inadmisibilidad formal, recurso de inaplicabilidad de ley, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Expte. Nº 72-STJ-2.012 - Fernández, Maximiliano Daniel S/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en Autos: "Expte. Nº 11.431/ 2.010 Bis 1/2.011 - Fernández, Maximiliano Daniel C/ Negrete, Fabián Alberto S/ Incidente de Nulidad de Notificación" c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-02-14

Procede declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues si bien de conformidad con lo normado por el art. 289 del C. P. C. y C., se cumplieron los requisitos formales, la decisión que se recurre no reúne la ineludible condición de la definitividad que debe contener el pronunciamiento, principio que cede ante circunstancias de excepción que determinen su equiparación, con concreta y acabada demostración de la configuración de un perjuicio irreparable en detrimento de los derechos y garantías del recurrente, lo que no se da en el caso, ya que por sus características especiales involucra un rechazo de un incidente de nulidad de notificación en una demanda de interdicto de retener, que no finiquita la litis ni hace imposible su continuación.
Daño moral, fijación judicial
Materia: CIVIL
Carátula: VAZQUEZ, NICETO c/ NELISCHONSKY, MIGUEL s/ CONTRATO LOCACION-COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

La indemnización por daño moral no procede de manera necesaria ante el incumplimiento de la obligación, sino que el juez "podrá" fijarla "de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso", según reza el art. 522 del C. Civil. No todo incumplimiento contractual conlleva un daño moral resarcible; es preciso que la afección íntima trascienda lo que puedan ser incertidumbres propias del mundo de los negocios, y su existencia debe ser probada claramente y con criterio restrictivo -
Propiedad intelectual, Internet, reproducción ilegal de obra intelectual, derechos de autor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Directv Argentina S.A. y otros  c/ quien resulte responsable de los nombres de dominio  s/ autosatisfactiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-28

Si bien al momento del dictado de la Ley de Propiedad Intelectual no existía internet tal como se lo conoce hoy, lo cierto es que su artículo 1 brinda un amplio marco de protección, pues establece que la propiedad intelectual estará protegida sea cual fuere el procedimiento de reproducción, lo que permite colegir que la distribución de una obra por internet, sin autorización expresa de su autor o del titular del derecho, se encuentra amparada por la normativa vigente y podría ser reprochada de antijurídica, pudiendo configurándose alguno o algunos de los ilícitos tipificados en la ley 11.723. De ello se desprende el derecho exclusivo que posee el titular del derecho de propiedad intelectual sobre una obra de ser el único que puede autorizar su reproducción y, en caso de constatarse que un tercero no autorizado haya reproducido aquella, pueda endilgársele un delito.
Política criminal, oralidad del debate, trata de personas, situación de vulnerabilidad, suspensión del juicio a prueba, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: Huenchor, Olinda Margarita s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-23

La oposición del fiscal encontró basamento en un claro argumento de política criminal en defensa de los intereses de la sociedad, esto es, la necesidad de realizar el debate oral y público a los efectos de establecer los verdaderos alcances de la intervención de la imputada en el hecho atribuido -trata de personas- que considera grave, y, por añadidura, la calificación legal definitiva. Tales circunstancias, con la especial consideración de la afectación de los derechos de la víctimas mujeres, del aprovechamiento de su estado de vulnerabilidad, de la cantidad de damnificadas y la habitualidad de la conducta reprochada -la cual continúa realizando de conformidad con las nuevas denuncias efectuadas con posterioridad a la excarcelación- otorgan sustento suficiente a los fundamentos dados por el fiscal para oponerse a la suspensión del juicio a prueba. Suspender el juicio a prueba en un caso como el presente implicaría desconocer e incumplir con las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en perseguir aquellos ilícitos que revelen la existencia de violencia especialmente dirigida contra la mujer en razón de su condición. (Dres. Slokar, David y Ledesma).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, procedencia del recurso, asociaciones civiles, facultades disciplinarias
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Sierra, Silvia Zulema c/ Asociación Argentina de Anestesiología s/ nulidad de acto jurídico.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

Satisface sólo en forma aparente la necesidad de ser derivación razonada del derecho vigente con adecuada referencia a los hechos de la causa, la sentencia cuya línea argumental supone admitir que quien pone en acción un derecho constitucionalmente protegido, debe quedar necesariamente a salvo de cualquier consecuencia perjudicial, aunque ésta provenga del ejercicio de una facultad merecedora de idéntica tutela; el derecho de una asociación civil de adoptar las medidas que considere adecuadas para el mantenimiento de la disciplina y cohesión internas.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, juicio de apremio, sentencia, resoluciones recurribles
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: CORTESE, TEOFILO c/ CARCARAÑA MUEBLES SRL s/ APREMIO.   QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 660-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-03-09

Sella la suerte adversa del recurso intentado, la falta de oportuno planteo de la cuestión constitucional.

En el caso, el recurrente -accionado- debió alertar a la cámara que la normativa aplicada por el inferior (artículo 509 del Código Procesal Civil y Comercial referido a la imposibilidad del demandado de recurrir la sentencia en el juicio de apremio) quien concedió el recurso frente a esa restricción, no era aplicable por las especiales características del tema sometido a su decisión, y que de hacer mérito a ello incurriría en lesión de sus derechos constitucionales. De ese modo, hubiera generado en el tribunal la necesidad de expedirse sobre la cuestión que originariamente pretende traer ahora a la corte, y sus implicancias constitucionales.
Falsificación de documentos, uso de documento falso, prueba, cuestiones prejudiciales
Materia: PENAL
Carátula: Ambesi, Ana Estela y otra s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-27

En virtud de la imputación que se le efectuara a la imputada -falsificación de documento público y uso de documento adulterado o falso-, es indispensable para que pueda configurarse la existencia del hecho investigado, que se halle acreditado previamente que los documentos en cuestión sean adulterados o falsos. Por otra parte, el vínculo de dependencia, entre ambas figuras (art. 296 en función del 292 del CP), motiva que cuando la imputación se haga contra un mismo sujeto exista cuestión prejudicial penal, "si un documento que fue presuntamente falsificado en una provincia -en donde se labra un proceso por su falsificación- se habría usado en otra -en donde se labra un proceso por el uso del documento falso-, en este último podrá plantearse cuestión prejudicial penal hasta que se dicte resolución en el primero". Conforme surge de las constancias del expediente, nos encontramos ante un impedimento, que opera como obstáculo para la prosecución de la acción penal, ya que de la verificación de la falsificación o adulteración de los documentos (art. 292 del C.P.), depende de la resolución que recaiga con relación al uso de estos. De tal modo, para que se configure la descripción del art. 292 del C.P. es necesaria la comprobación de la existencia de la adulteración o falsificación, en tanto que ese presupuesto representa un ex ante para la configuración de la conducta que pune el art. 296 del C.P. verdadero ex post. Es decir que se requiera una declaración jurisdiccional que determine la existencia del hecho tipificado por el art. 292 del C.P. (Voto de la Dra. Ledesma, adhiere el Dr. Tragant, Dr. Riggi en disidencia parcial).
Recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso, gravamen actual, juicio político, Cámara de Diputados, acusación, Cámara de Senadores
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Gerardo Walter c/ Estado Nacional. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Si con posterioridad a la iniciación de la queja - deducida contra el rechazo del amparo tendiente a que se hiciera lugar a la producción de diversas pruebas -, el recurrente ha informado a la Corte que no sólo el dictamen de la comisión de Juicio Político ya había sido elevado a la Cámara de Diputados, sino que ésta, luego de haberlo conocido, formuló la acusación ante el Senado de la Nación, la demanda deducida carece de objeto actual, al no subsistir el agravio que dio origen a estas actuaciones y la ausencia de dicho requisito torna improcedente el remedio federal intentado.
Retiro policial, haber de retiro, adicionales de remuneración, suplemento por función ejecutiva, carácter no bonificable, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Decoud Julio Argentino c/ Caja de Ret. Jub. y Pens. de la Policía Federal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-22

La característica de no bonificable fue confirmada por la ley 24.061 (art. 24, B.O. 30/12/91) donde se señaló que los adicionales por función ejecutiva no podrían ser considerados para incrementar los haberes jubilatorios o de retiro de quienes fueran titulares de cargos de igual o similar denominación. Ello no resulta adverso a lo prescripto en el art. 96 de la ley 21.965. Esta norma señala que el haber previsional se constituye por el cien por ciento de la suma de los conceptos de sueldo o suplementos generales u otros conceptos que se establecieran expresamente para el personal en servicio efectivo del mismo grado y antigüedad, excluyéndose los suplementos particulares. (Consid. 4º).
Duración del proceso, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: Arevalo, Luis y otros s/ p.ss.aa encubrimiento agravado, etc. -Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-11-13

Es improcedente la solicitud de sobreseimiento por violación a la garantía de la duración razonable del proceso -más de siete años- peticionada por un oficial de policía imputado en orden al delito de homicidio calificado, por ser quien, junto a otros agentes, habría provocado la muerte de un joven que estaba bajo su custodia, pues arguye de manera dogmática que los criterios establecidos jurisprudencialmente por la CSJN respecto a la complejidad del asunto, la actuación del Tribunal y el comportamiento del acusado no resultan aplicables, atento que la Provincia de Córdoba establece un plazo perentorio, que de no respetarse produce el inminente dictado de una sentencia de sobreseimiento. Máxime cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado debe investigar y responder por los actos y omisiones de cualquiera de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia e independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana.
Aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Basso, Jorge c/ ocupantes Hipólito Yrigoyen 4117/21. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Las normas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación.
Consejo de la Magistratura, concurso de cargos judiciales, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Acosta, Guillermo José c/ Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-22

En tanto la atribución que se reconoce al Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán, de modo exclusivo, a fin de proponer al Gobernador de la Provincia, a través de un dictamen vinculante, la terna para el nombramiento de los jueces de primera instancia, de las Cámaras, defensores y fiscales, no sitúa a los actos realizados en ejercicio de esa función fuera de las previsiones y garantías establecidas por la Constitución Provincial, ni importa una implícita declaración de inmunidad de todo control por parte del órgano encargado de proteger las garantías constitucionales, declarando la invalidez de los actos del Estado que pretendan vulnerarlas (del voto en disidencia del Dr. Posse).
Aportes sindicales, pago
Materia: LABORAL
Carátula: SINDICATO DE OBREROS MARITIMOS UNIDOS c/ COMPAÑIA LA ARGENTINA SANAICI. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-12-30

Si el pago por aportes y contribuciones de la ley 18610 se efectúa directamente y el acreedor otorga recibo por capital 'sin reservas' resultan aplicables las previsiones del artículo 624 Código Civil.
Faltas, ejecución de multas, tasa de justicia, exención de tasa de justicia
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Recurso de Queja en autos GCBA c/ VILLAFAÑE, Diego Oscar s/ Ejecución fiscal - Apelación Oscar s/ Ejecución fiscal - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-16

El artículo 3 de la Ley Nro. 327, que regula la aplicación de la tasa judicial en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispone que: "están exentas del pago de la tasa judicial de la Ciudad de Buenos Aires: la Ciudad de Buenos Aires, sus entes descentralizados, el Estado Nacional, las Provincias, las Municipalidades y sus entes descentralizados".

Siendo así, toda vez que el quejoso resulta ser el apoderado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en definitiva actora en el proceso, carece de sustento legal la intimación a abonar la tasa de justicia efectuada por el Magistrado, por lo que corresponde su revocación.
Suspensión del juicio a prueba, condena condicional
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GOMEZ, Ramón s/ aplic. art. 76 bis del Código Penal Causa nro. 27.503
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

La pena de prisión sólo es ineludible para los delitos graves, es decir, para aquellos supuesto delictivos que no permitan una eventual condenación condicional en los términos del artículo 26 del Código Penal . Los distintos sistemas de probation suponen una repuesta concreta a la crisis de la privación de libertad y no una solución fundada en la descompresión del sistema penal o en la saturación del sistema judicial. (Disidencia de la Dra. Riva Aramayo).
Daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Blanco, diego c/ Toscani, Jorge s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-08

Respecto del daño psíquico cabe negar, en principio, autonomía a tal resarcimiento frente al daño moral, siendo el padecimiento de alteración del equilibrio psíquico reparable a través del daño moral (art. 1078 CC.). Pero distinto es el supuesto en que por este motivo se acreditara incapacidad psíquica , o a su vez existieran gastos de medicamentos específicos para ello o terapias propias a la naturaleza de la dolencia o un tratamiento psíquico en tren de detener el deterioro o posibilitar la regresión total o parcial del mismo, tal como la atención con psicólogo, psiquiatra o psicoanalista, que también por su entidad, número de sesiones, prácticas complementarias, etc. deba evaluarse como ítem independiente de gastos médicos o farmacéuticos de carácter general.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: FERRARI, CESAR JULIO J c/ BERNARDINO RIVADAVIA s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-09

En principio procede la indemnización por "desvalorización del rodado" toda vez que las reparaciones, aún bien realizadas, normalmente dejan huellas claramente perceptibles para un entendido en especial en las partes de soldaduras y pintura-, razón por la cual es sabido que quien desea adquirir un vehículo usado lo examine o haga examinar por expertos a fin de conocer con cierta exactitud si ha sufrido choques anteriores con el objeto de hacer incidir negativamente- en su precio de cotización (valor venal) cualquier defecto que le encontrase.
Concursos, resoluciones inapelables, defensa en juicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOLINA Eduardo s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-17

El principio de inapelabilidad sentado por la ley 19.551: 296-3 obedece a la necesidad de evitar la dilación del trámite concursal, a través de la articulación de recursos que sólo persiguen una impropia demora en su curso. Mas tal principio cede cuando resulten afectados el derecho de defensa en juicio, la propia regulación legal en materia concursal, o de modo más amplio, cuando la resolución impugnada cause un gravamen que no pueda ser reparado con posterioridad.
Inexistencia del acto jurídico, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Rosas Arjona, Diómedes E. y otros c/ Nores Martínez, Agustín I. s/ División de Condominios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-11-08

El llamado por la teoría "acto inexistente", no resulta ser una categorización más entre los actos nulos o anulables, por lo que, en materia procesal, no se le puede aplicar los principios que rigen a éstos, como el de su relatividad y posibilidad de confirmación.

Constatado algún acto que por su características deba ser catalogado en la forma indicada, su inexistencia debe ser declarada en cualquier oportunidad y aún de oficio, ya que los mismos no adquieren nunca la calidad de cosa juzgada.
Contratos administrativos, interpretación del contrato, buena fe, sanciones civiles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vigas, Osvaldo c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Revocación de Multas y Devolución de sus Importes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-09-11

Las que previene el contrato, a las cuales se sujeta con buena fe el contratista, son penas pecuniarias que no tienen un carácter retributivo o compensatorio de perjuicios. Tienen un carácter represivo o exclusivamente punitivo, son un castigo, pero no implica que la potestad esté exenta de finalidad. Las sanciones están previstas en el contrato para asegurar su cumplimiento, para encorsetar al contratista en el marco temporal previsto, en beneficio del interés público que el acuerdo de voluntades -la obra- satisface.
Incumplimiento del contrato, pacto comisorio expreso
Materia: CIVIL
Carátula: Aldo Malaspina e Hijos S.R.L. c/ Pereyra, Carlos Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-02

El artículo 1204 del Código Civil sólo autoriza a la parte cumplidora a optar por declarar resuelto el contrato ante el incumplimiento de la otra.
Reglas de tránsito, exceso de velocidad
Materia: CIVIL
Carátula: P., M.K. c/ S., M.C. s/ Sumario (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-06

Velocidad excesiva no es sólo aquélla que se determina matemáticamente en base al estricto kilometraje desarrollado sino que se juzga como la que no permita el control del rodado, según se desprende del precepto general que emana del art.50 de la Ley de Tránsito 24449,a la que se adhiriera la Pcia. del Chubut por Ley 4165 y la Municipalidad de la ciudad por medio de la Ordenanza 6199/96 y arts 901, 902, 906, 1113 Código Civil.

Así ha sido reconocido por la jurisprudencia que sostuvo que "ha de considerarse inapropiada la velocidad de un vehículo cuando, con independencia de la máxima reglamentaria, no se adapta a las circunstancias de tiempo y lugar y por tal razón vulnera el deber de circular con cuidado y prevención que impone el Código de Tránsito.
Pena, graduación de la pena, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: S, L A s/ HURTO AGRAVADO Y ROBO AGRAVADO      EXPTE NRO 3-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-02-11

La pena mínima y la condiconalidad en la ejecución se diagrama en nuestro ordenamiento penal como una suerte de especial consideración hacia casos cuyas características personales y fácticas la aconsejan. Así los artículos 26, 40 y 41 del Código Penal pretenden cobijar, no a quien llega a su primera condena, sino fundamentalmente a quien lo hace en virtud de delito de determinadas características y también determinadas circunstancias.