Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-03-02


Expte. Nº 5626/11 "CORTEZ, Marcelina Haydee - Amparo - Inconstitucionalidad y Casación".

En la Ciudad de San Juan, a dos ( 02 ) días del mes de marzo del año dos mil doce, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores José Abel Soria Vega, Juan Carlos Caballero Vidal y Adolfo Caballero, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la Provincia de San Juan contra la resolución dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil once, en autos Nº 10768 - 126421 caratulados: "Cortez Marcelina Haydee - Amparo"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?----------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJO:--- --- En la sentencia impugnada el Tribunal admitió el recurso de la amparista. De esta manera, revocó la sentencia de primera instancia y ordenó a la Obra Social de la Provincia que proveyera a la demandante una prótesis total de cadera y los gastos de internación. Al fundar su decisión, el a quo expresa que está involucrado el derecho a la salud de la amparista, lo que hace viable la vía del amparo. Que el Tribunal ya se ha expedido sobre la aplicación de la ley nacional 24.901 de discapacidad a la Provincia de San Juan y sobre la relación del ente Dirección de Obra Social con el Estado Provincial. Agrega que el certificado médico acompañado aconseja el implante de la prótesis total de cadera, ".de lo que se infiere un estado de salud invalidante de la amparista.".-------------------------- --- La demandada encuadra su recurso de inconstitucionalidad en las causales de los incisos 1º y 3º del artículo 11 de la ley 2275. Dice que está en juego, respectivamente, mantener la supremacía de la Constitución Provincial y actuar las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso, claramente violadas.--------------------------- --- En primer lugar, se agravia señalando que no se ha considerado el carácter excepcional del amparo, cuya procedencia requiere de que concurran tres requisitos: lesión a un derecho o garantía constitucional, legalidad o arbitrariedad manifiesta del acto e inexistencia de otro remedio legal. Se explaya expresando que ninguno de los requisitos está presente.------------------------ --- En cuanto al fondo del amparo, la recurrente plantea dos objeciones a lo resuelto. Comienza diciendo que la amparista jamás declaró que fuera incapaz, pese a lo cual el a quo decide tácitamente encuadrarla como tal, al fundar su resolución en la ley 24.901. Agrega que lo decidido en todo caso contradice lo resuelto por esta Corte en el fallo "Paez", en el cual se determinó que la ley 24.901 no estaba vigente en la Provincia. Por otra parte, impugna que se haya asimilado a la Obra Social con el Estado Provincial, en contra de lo resuelto por la Corte en el mismo fallo.----------------------------- --- La demandada encuadra su recurso de casación en las causales de los dos incisos del artículo 15 de la ley 2275. Dice que el Tribunal ha aplicado normas no vigentes, como las leyes 24.901, 23.660 y 23.661. Vuelve a recalcar que lo decidido contradice lo resuelto en el fallo "Paez".------------------------------------- --- Los recursos fueron admitidos formalmente mediante interlocutoria de fojas 229. Se corrió traslado a la parte amparista y al Defensor del Pueblo, quienes contestaron mediante escritos de fojas 238/245 y 247, respectivamente. También se corrió traslado al Fiscal General de la Corte, quien ha dictaminado a fojas 249/250.

--- Expuestos los antecedentes del planteo, paso a examinar su procedencia sustancial. Adelanto que, tras dicho examen, propiciaré la recepción del recurso de inconstitucionalidad.----------------------------------- --- Comienzo reseñando los argumentos que emite el Tribunal sobre el fondo del asunto: en primer lugar, alude a la aplicación de la ley 24.901 y a la adhesión provincial a dicha norma, mediante ley 7064. Luego dice referirse a la relación entre la Dirección de Obra Social de la Provincia y el Estado provincial, a cuyo efecto cita un precedente en el que vuelve a aludir a la ley 24.901. El a quo concluye que el certificado médico aconseja el implante de la prótesis total de cadera, ".de lo que se infiere un estado de salud invalidante de la amparista, por lo que el Estado a través de los entes descentralizados, como es la DOS debe proveerla."------- --- Como puede verse, la argumentación del a quo se basa en la aplicación al caso de la ley 24.901, norma que, cabe recordar, establece un "Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad". El Tribunal parece justificar la aplicación de la norma en la consideración según la cual el estado salud de la amparista (que necesitaba un reemplazo de cadera) se asimilaría al de discapacidad. Pues bien, tal asimilación resulta patentemente arbitraria. En primer lugar, porque refiere a un hecho no invocado por la amparista, quien ni en la demanda ni en las actuaciones posteriores invocó discapacidad alguna. Segundo, porque implica un notorio apartamiento de las constancias de la causa, pues, de hecho, la amparista no es discapacitada.----------------------- --- En efecto, la misma ley 24.901 dispone que se entiende por persona con discapacidad ".a toda aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral." (art. 9) Y que ".la discapacidad deberá acreditarse conforme a lo establecido por el artículo 3 de la ley 22.431 y por leyes provinciales análogas." (art. 10). Por su parte, el artículo 3 de la ley 22.431 establece que "El Ministerio de Salud de la Nación certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado. (.) El certificado que se expida se denominará Certificado Único de Discapacidad y acreditará plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional en todos los supuestos en que sea necesario invocarla (.) Idéntica validez en cuanto a sus efectos tendrán los certificados emitidos por las provincias adheridas a la Ley 24.901, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que se establezcan por reglamentación." Cabe agregar que, en línea con esta última disposición, la ley provincial 7850 dispone que: "El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Personas con Capacidades Especiales, certificará en cada caso la existencia de la discapacidad." (art. 4) Y que "El certificado que se expida denominado 'Certificado de Capacidad Especial', acreditará plenamente la discapacidad en todos los supuestos que sean necesarios invocar y en todos los ámbitos de la Provincia. Será expedido únicamente por la Dirección de Personas con Capacidades Especiales, con previo dictamen de la Junta Evaluadora de Personas con Capacidades Especiales, conforme a las previsiones de la presente ley." (art. 5).-------------- --- La reseña normativa efectuada demuestra que la discapacidad debe ser evaluada y, en su caso, declarada por las autoridades competentes. La declaración implícita de discapacidad que parece haber efectuado el Tribunal se aparta de las constancias de la causa y, además, invade un ámbito de competencia evidentemente ajeno. Según lo adelantado, ello resulta arbitrario, por lo que corresponde anular el fallo. Cabe agregar que la solución del a quo no se sostiene ni siquiera en el contexto que el fallo plantea, pues los restantes argumentos de la sentencia son opuestos al criterio establecido por esta Sala en el fallo Paez (P.R.E. S.2ª. 2009-III-571). Allí se dijo, por un lado, que la adhesión del Estado Provincial al régimen de la ley 24.901 no es operativa; por otro, que la Dirección de Obra Social de la Provincia (DOS) es un ente autárquico y, por ende, persona distinta del Estado Provincial.---- --- Por todo ello, voto por acoger el recurso de inconstitucionalidad, con costas. También voto por anular la sentencia recurrida y disponer que un tribunal subrogante juzgue nuevamente la apelación de la amparista. En cuanto al recurso de casación, voto por declararlo abstracto.----------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON:---------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas, anular la resolución recurrida y devolver la causa al tribunal de origen para que, previo conocimiento, la remita al que deba entender a fin de que dicte nuevo fallo con arreglo al presente. II) Declarar abstracto el recurso de casación. III) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos y a los autos principales. Notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: José Abel Soria Vega, Juan Carlos Caballero Vidal y Adolfo Caballero. Ante mí: Andrés de Cara, Pro-Secretario Letrado.- Ef-5626 E.B.T. P.R.E. S.2ª.- 2012-I-77