Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-07-06


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 06 días del mes de julio del año dos mil nueve, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y asistencia del señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "P., L. A. c/ Sucesores de A. E. R. y otros s/ DEMANDA LABORAL (Haberes e Indemnización por despido)", expte. nro. 145/09, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución nro. 1 (expte. nro. 604/07), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 289), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dr. Julio Antonio Alexandre y Dr. Fernando Nahuelanca.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 263/267vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso dijo:

1. El fallo apelado y los agravios.

El juez de grado rechazó la demanda interpuesta por la señora L. A. P., sin indicar en la parte resolutiva contra quién o quiénes fue interpuesta; impuso las costas a la vencida y reguló los honorarios profesionales.

La actora apeló a fs. 271, el recurso fue concedido a fs. 272 y los agravios expresados a fs. 277/282.

2. Los defectos de constitución de la litis.

2.a. Los actos iniciales del proceso: La actora, conforme resulta del escrito inicial, interpuso formal demanda contra "A. E. R. y A. H. R. e Inmobiliaria R. (sic) -fs. 17, capítulo II Objeto-. En el mismo, concretamente en el capítulo III, bajo el título "Notifica falleci-miento", sostuvo: "Es menester, de acuerdo a los principios de buena fe procesal, notificar que el Sr. A. E. R. ha fallecido" (sic) y pidió se libre oficio al Registro de Juicios Universales a efectos de tomar conocimiento si se ha iniciado la sucesión del citado.

El oficio efectivamente se libró y se diligenció, informando el Registro de Juicio Universales y Capacidad de las Personas la iniciación de la sucesión de A. E. R. por ante el Juzgado Civil 2, Secretaría 3, y en causa nº 2711 del año 1999 -fs. 24-.

La siguiente actuación -fs. 25- es un pedido -efectuado por la apoderada de la actora- de libramiento de oficio al Juez de la sucesión para que informe si se ha dictado declaratoria de herederos, si se ha designado administradora judicial, su nombre y apellido y el domicilio constituido por el mismo -fs. 25-.

El juez de la sucesión contestó el requerimiento y la actora a s. 29, presentó un escrito que textualmente dice: "Que vengo a denunciar el domicilio del sucesorio de la demandada... por lo que solicito a V.S. se ordene la notificación de la demanda incoada en autos, al domicilio antes enunciado" (sic).

La señora jueza tuvo presente el domicilio denunciado -fs. 30- y luego la actora pidió se provea la demanda, en los términos que se siguen: "Habiendo denunciado debidamente el domicilio del administrador judicial de la Sucesión de la herencia del extinto A. E. R., aquí demandado, pido se provea la demanda, fijando audiencia de conciliación y ordenando la notificación a las dos personas demandadas: 1.- Herederos de A. E. R. en A. *** de esta ciudad. 2.- A. H. R. en A. XXX de esta ciudad" (sic) -fs. 31-.

La petición fue favorablemente proveída según consta a fs. 32, fijando la jueza laboral la audiencia prevista por los entonces artículos 48 y 52 de la ley de procedimiento laboral.

2. b. Los groseros vicios procesales.

La actora incurrió en severos vicios procesales -que fueron cohonestados por el tribunal originario y por los jueces que han actuado con posterioridad- que por su entidad demuestran la palmaria inexistencia de una debida integración de la litis. Sabido es que la regular conformación de la litis constituye una de las cuestiones esenciales vinculadas al esquema jurídico que la sentencia debe atender para la correcta solución del litigio; por lo tanto debe ser controlado oficiosamente por el tribunal.

En el caso bajo examen, estamos frente a un verdadero engendro procesal; se dirigió la demanda contra una persona fallecida; en el proceso principal se realizó actividad propia de las diligencias preliminares y, finalmente, sin modificar la demandada se pidió la notificación a "herederos de A. E. R.", pretendiendo que estos habían sido demandados.

Previo a toda consideración, no puedo más que remarcar que el tribunal actuante frente a las peticiones incongruentes de la parte actora debió enderezar el proceso. Huelga recordar que como ya hemos dicho en más de una oportunidad, el juez es el director del proceso y no puede, no debe resignar ese rol. Como ya nos precisara Sentís Melendo "el Juez no debe estar contemplando cómo se pierden las energías en el proceso" ("Teoría y práctica del proceso", Ediciones Jurídicas Europa - América, Bs. As., 1959, p. 74).

En relación con los vicios apuntados, en primer lugar, no puede soslayarse que la capacidad jurídica procesal de las personas físicas se extingue con la muerte.

Por ello, cuando alguna o algunas de las relaciones jurídicas fuesen objeto de controversia en un proceso, la legitimación procesal del causante se desplaza hacia los herederos, continuadores de aquél desde su deceso, debiendo demandarse a estos sin que pueda recurrirse al instituto de la sucesión procesal cuando al momento de demandar ya había ocurrido su fallecimiento (cfr. Gustavo E. Randich Montaldi, "Presupuestos procesales", LL Gran Cuyo, 2002, diciembre, p. 830).

En función de lo expuesto y dado que del propio texto del escrito inicial resultaba que un demandado se encontraba fallecido al tiempo de la iniciación de un proceso, siguiendo las enseñanzas del autor citado es dable concluir que está ausente uno de los de los presupuestos procesales esenciales: la existencia de una persona viva que pueda desempeñar la función de sujeto procesal pasivo. Como directa consecuencia de ello, se ha afectado irremediablemente la validez de la relación jurídica procesal, no pudiendo quedar convalidada.

Las diligencias efectuadas a fs. 22/28, no son propias del proceso principal porque por su propia naturaleza corresponden a las llamadas diligencias preliminares, receptadas y regladas por los artículos 326 y 330 del código procesal.

Es que frente al deber de individualizar en el proceso tanto a la persona que ocupa la calidad de parte actora como a la que ocupa el carácter de parte demandada, el actor tiene la carga de acudir a las investigaciones privadas o en su defecto a las diligencias judiciales denominadas "medidas preparatorias" o "preliminares", para averiguar de esa manera la identidad del sujeto contra el cual dirigir la demanda. Es éste el modo estatuido para preservar la regularidad de la constitución de la relación jurídico-procesal que en el caso aparece manifiestamente incumplido.

En efecto, aun cuando se tolerara la realización de estas diligencias dentro del proceso principal, es claro que en el caso que nos ocupa no se han completado los pasos tendientes dar regularidad al proceso desde que no es dable demandar a una persona fallecida, tampoco a las sucesiones o a personas inciertas. En anterior pronunciamiento he recordado que, en nuestro derecho positivo, las sucesiones indivisas no son personas jurídicas (arts. 30, 31 y 33 del CC). Se trata de una entidad inexistente de acuerdo con los principios que fluyen de los arts. 3410, 3417, 3418 y concordantes del Código Civil; criterio corroborado tempranamente por la Corte Suprema de Justicia de la nación (autos "Von Harder, Ada Sturm de c. Gobierno Nacional", JA 76, 50) -Sentencia definitiva CyC nº 5 del año 2008-.

Repárese que el artículo 3415 del citado ordenamiento sostiene que los herederos suceden inmediatamente al difunto, sin intervalo alguno de tiempo y con efecto retroactivo a la muerte del causante. Lo expuesto, demuestra que el patrimonio relicto tiene un titular en todo momento. Tales previsiones ensamblan con las del artículo 3417 que prevé que el heredero que ha entrado en posesión de la herencia "continúa en la persona del difunto y es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor".

La persona fallecida tiene como sucesores legales en todos sus bienes y derechos a los herederos que la ley reconoce como tales sin la intermediación de persona física o ideal de cualquiera denominación y aún sin la intervención de los jueces, los que sólo son llamados para la individualización de quienes están investidos de la vocación hereditaria y en caso de concurrentes en conflicto, para decidir sobre la preferencia en el orden sucesorio. Por ello, tanto para demandar como para ser demandados, son los herederos los genuinos sujetos procesales.

La parte actora en todo momento pudo y debió individualizar a los sucesores. Es que, en el proceso sucesorio ("R., A. E. s/ sucesión", expte. nº 2711/99, Sec. 1, posteriormente radicado ante el Juzgado de Ejecución nº 2, expte. 603/2007), que corre agregado por cuerda a los presentes, al promoverse la sucesión se individualizaron los nombres de los herederos: M.G., L.B., A. H. y S.A., todos de apellido R., hijos del causante conforme surge de las partidas agregadas a dichos autos -escrito inicial de la sucesión presentado el día 6/9/99-.

No impide esta conclusión el dictado de la declaratoria de herederos, el 18 de noviembre de 2004 -fs. 39 del sucesorio-. Ello porque cuando el vínculo es incuestionable (cónyuge e hijos) no se precisa declaratoria de herederos para que los acreedores puedan ejercer contra estos las acciones que le correspondan para percibir el importe adeudado por el causante (Mario C. Perrachione, "Demanda dirigida contra persona incierta", LLC 1996, 1120).

Los argumentos dados ponen de manifiesto una indebida traba de la litis, por omisión de emplazamiento de quienes son partes esenciales: los genuinos sujetos procesales -herederos de uno de los codemandados-, por ello sólo cabe la declaración de nulidad de la sentencia y todo lo actuado a partir de fs. 28. Agrego, a todo evento, que la presentación a juicio de la administradora designada en la sucesión no alcanza para conformar la debida integración de la litis. Es que ésta, en principio, no está facultada para contestar demandas y, en el caso particular, tampoco ha pedido autorización expresa.

A mayor abundamiento señalo que la solución propiciada no responde a un interés exclusivamente formal; ello así desde que la extensión de los efectos de la presente sentencia a quienes no han sido parte en el proceso generaría una clara vulneración a la garantía de defensa en juicio consagrada por normas preeminentes de nuestro ordenamiento (art. 19 CN). Por las razones expuestas, propongo la declaración de nulidad de oficio todo lo actuado a partir de fs. 28.

3. Ateniendo a la resolución que se propone, no se imponen costas ni se regulan honorarios.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1º) Declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 28.

2º) Vuelva al juzgado de origen a los fines de la debida integración de la litis.

A la primera cuestión del Dr. Alexandre dijo:

La colega que abre el acuerdo me ha dispensado de prologar mi voto señalando en forma breve y ajustada la tortuosa tramitación brindada a las presentes actuaciones, tras un dispendio jurisdiccional al que ninguno de los involucrados en tal despilfarro supo sanear y, en consecuencia, necesariamente tener que volver a la etapa de integración de la litis.

Resulta ingenua la afirmación de buena fe formulada por la actora a través de su representación legal al p. III de fs. 17, obviando el trámite preliminar del art. 323 y concs. (hoy 326, Ley XIII N° 5-Anexo A del DJ).

Pero mucho más reprochable la falta de control de quienes se abocaron al tratamiento de la presente ignorando los deberes impuestos por el art. 34, inc. 5°, letra b.

Y es que incumbe a los jueces como directores del proceso dirigir el procedimiento dentro de los límites expresamente establecidos por el Código, señalando antes de dar trámite a cualquier petición los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen, disponiendo de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar y sanear nulidades, manteniendo la igualdad de las partes, previniendo y sancionando todo acto que fuere contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe, procurando que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal (cfr. doct. del art. señalado). (ver v. gr. "Binnevies, Raúl c/ Beade E. y otro s/ Beneficio de Litigar sin gastos" - CNCIV - Sala K - 02/10/2007- Citar: elDial - AA427B).

Refrescando el concepto olvidado, a no dudar la iniciación del proceso exige una acción procesal; para que ésta exista como tal y, por ende, para que logre su objeto de obtener un proceso, es menester que se cumplan conjuntamente las condiciones que le son propias y en caso de faltar una sola de ellas, no habrá propiamente acción y, por ende, no habrá proceso.

Así, se ha sostenido de modo pacífico que los presupuestos de la acción procesal están constituidos por el conjunto de condiciones que deben presentarse inexorablemente al tiempo de instar para que la acción logre su objeto de originar un proceso; por tanto, tales presupuestos hacen a la existencia misma de éste: sin ellos, el proceso no existe como tal. Estamos frente a una demanda en principio, improponible con el agravante de no haberse integrado la litis, no obstante llegó a sentencia afectando claramente el derecho de defensa de los sucesores, convidados de piedra.

En tal caso, la indefensión es el mayor vicio de que es susceptible el proceso, el cual reconoce entre sus funciones más elevadas la de crear certeza jurídica en las relaciones entre los hombres. Y la confianza que emana de tal certitud reposa en su debida formación y regular tramitación, propósito que debe propiciarse en todo tiempo, en virtud de armonizar con el carácter inobjetable del pronunciamiento jurisdiccional (conf. Chiovenda, "Instituciones de Derecho Procesal Civil", versión castellana de Gómez Orbaneja, 2ª ed. vol. I, pto. 49).

Es sabido que la garantía del debido proceso que proclama el art. 18 de la Constitución Nacional está necesariamente reglamentada en las normas procesales, las que contienen los modos de hacer saber a los justiciables la existencia de la causa y las alternativas de su desarrollo, en resguardo de sus derechos de ser oídos y hacer valer sus defensas (conf. Eisner, Isidoro, "Planteos Procesales-Ensayos y notas sobre el Proceso Civil", pág. 170).

El demandante es, sin duda, el primer interesado en extremar las precauciones a fin de lograr que la relación procesal quede válidamente trabada, el éxito de la gestión judicial debe ir acompañada de la seguridad que otorga el haberse procedido escrupulosamente con arreglo a derecho durante su desarrollo.

Ahora bien, insisto, uno de los mentados presupuestos es el de la capacidad para ser parte procesal.

Como primera acepción de la capacidad, podemos decir que "consiste en la aptitud de dar, hacer, omitir o recibir algo con efectos jurídicos. En tal sentido, es un atributo de la persona humana y va desde su nacimiento hasta su muerte".

En específica relación a la capacidad procesal, se enseña que "pueden ser partes procesales todas las personas (gente o ente) en tanto sean susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Con esta explicación, parece obvio que el presupuesto juega negativamente, pues sólo los muertos (personas físicas fallecidas y personas jurídicas extinguidas) carecen de esta capacidad. De ahí que sea factible imaginar a una parte que fallece durante el curso del proceso: a partir de ese momento el proceso dejará de ser tal a menos que se instrumente el medio adecuado para integrarlo (por ejemplo, con los sucesores universales)".

Por lo tanto, y tal el caso de autos, si surge acreditado que un demandado se encontraba fallecido al tiempo de la iniciación de un proceso, es permitido postular que: a) éste carece de uno de sus presupuestos procesales -la existencia de una persona viva que pueda desempeñar la función de sujeto procesal pasivo-, b) se ha afectado irremediablemente la validez de la relación jurídica procesal, no pudiendo quedar convalidada, c) se ha viciado la intervención del tribunal que entiende en el mismo, d) se ha privado al actor de su derecho al proceso -acción-, y e) se ha tornado la demanda en improponible subjetivamente. Máxime cuando se ha tenido la oportunidad de sanear tal circunstancia, pues conocía el trámite sumario, integrando la litis con quienes se encontraban legitimados en forma pasiva para hacerlo.

Dicha situación impone la solución propuesta por mi colega preopinante por improcedencia de la acción interpuesta y falta oportuna de integración de la litis. Y completando los argumentos brindados por el autor señalado en el antecedente doctrinario señalado anteriormente, el autor dice: "En otro orden de consideraciones, entiendo que un "accipiens" antes de iniciar un proceso debe asegurarse de la existencia de la persona contra la cual pretende ejercer su derecho, constituyendo una grave negligencia su iniciación contra una persona fallecida. Incumplido negligentemente con dicho deber, incrementado de tamaño el "elefante judicial" y anoticiado el accionante pendiente "litis" que el demandado había fallecido con anterioridad al tiempo de la interposición de la demanda, debe desistir del proceso o de la acción a fin de no provocar un inútil desgaste jurisdiccional que conspire contra el sistema de economía procesal de esfuerzos y gastos".

La recurrente tuvo la posibilidad de individualizar a los sucesores del causante conociendo el trámite sucesorio en cuestión y dónde se encontraba radicado, pero transitó por las sendas inadecuadas con el agravante de que nadie lo advirtiera.

Todo lo dicho sin desconocer que existen antecedentes jurisprudenciales (v. gr. de la CCiv., Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, en fallo de 1996, citado por elDial - AY41B) en los que se ha dado curso a tales presentaciones en la medida que se enderece el procedimiento con las debidas integraciones vale dejar a salvo que no es lo que ha ocurrido en autos y que: "La práctica curial frecuente de utilizar el término "la sucesión" no lleva a considerar que ésta tenga personalidad propia" (ver trabajo publicado en JA 1993-II-388, cita de LexisNexis -sumarios- 03/08/2004, entre muchos).

Y en línea con tal interpretación se ha resuelto, con escasas excepciones, que la acción mediante la cual se reclama el pago de las deudas contraídas por el causante debe ser dirigida contra todos los herederos, pues la sucesión no es sujeto de derecho (ver v. gr. CCiv., sala F, 08/04/1996 - "Köhnke, Otto c. Knapp, Eugenio s/ suc.", publicado en: LA LEY 1997-A, 235, con nota de Ana Carina Larocca; DJ 1997-1, 866; CCiv., sala C, 11/11/1982 - "Trimarco, Juan C. c. Novoa, Demetrio, suc.". En LA LEY 1983-C, 609; (SCJ Mendoza en pleno en autos "GOMEZ MARCIAL EN J: GOMEZ MARCIAL c/ SUCESION MERCEDES TELLO DAVILA s/ EJECUCION CAMBIARIA - CASACION" - 1968/03/08, citada por elDial - MZ10D7; "Cooperativa Eléctrica de Servicios Anexos de Vivienda y Crédito Pergamino Ltda. c/ Dieguez Hnos. y/o sus sucesores s/ Cobro de pesos" - Citar: elDial - WE095; "Antoniucci, Miguel Antonio c/ Corso, Alberto y otros s/ Ejecución de honorarios en autos: Corso, Carlos s. Sucesión" - Citar: elDial - WC503; "SEPULVEDA ANGEL RODOLFO s/ HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS" - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMAN - Sala Civil y Penal - 22/10/2002, Citar: elDial - BB54A8, constituyendo doctrina legal).

La falta de emplazamiento en legal forma de aquellos que se encontraban legitimados pasivamente para actuar en la causa y de tal modo provocar la traba de la litis conlleva la solución ya enunciada y a la que adhiero, ya que de otro modo se verían conculcados sus derechos de defensa.

La propuesta a la que adhiero justifica el tratamiento y la decisión sobre costas.

Por todo lo expuesto el Dr. Alexandre dijo:

Habiendo adherido a la opinión de la Dra. Silvia Alonso de Ariet, reitero su fórmula decisoria.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1º) Declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 28.

2º) Vuelva al juzgado de origen a los fines de la debida integración de la litis.

3°) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Juez de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca y concordar en la solución del caso (ley V nro. 17 y art. 274 CPCCCh).

REGISTRADA BAJO EL nro. 113 DEL AÑO 2009 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS