Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-04-27


AUTOS N° 20.350 (107.570 11° CIVIL) "OLMOS Silvia Graciela C/ Rivero Juan Raúl Reivindicación Ordinario" L. DE S. T° 107, F° 80/86 En la ciudad de San Juan, a 27 días del mes de abril del año dos mil diez, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR.CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, y los señores Vocales DRES. GILBERTO A. RIVEROS y PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en AUTOS N° 20.350 (107.570 11° CIVIL) caratulados: "OLMOS SILVIA GRACIELA C/ RIVERO JUAN RAÚL REIVINDICACIÓN ORDINARIO", dictada en fecha 28 del mes de agosto del año 2009, obrante a fs. 73/75, de estos autos originarios del Décimo Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. Silvia Graciela Olmos promueve acción de reivindicación contra Juan Raúl Rivero y contra todo otro ocupante del bien inmueble ubicado en calle Agustín Gómez n° 964 Oeste que adquirió por boleto de compraventa de Mónica Elvira Onorata, quien a su vez lo tuvo de Félix Antonio Arias según la documentación adjunta.

A pesar de los reiterados reclamos, en forma verbal y mediante carta certificada con aviso de recibo al Sr. Rivero para que entregara el inmueble libre de ocupantes, como asimismo ante quien le vendió el inmueble, fueron infructuosas sus gestiones ignorando Juan Raúl Rivero la intimación que le envió la actora bajo apercibimiento de denunciarlo por usurpación.

El demandado no contestó demanda y fue declarado rebelde por resolución de fecha seis de febrero de 2009, notificándose la misma por cédula en el domicilio real denunciado.

Abierta la causa a prueba, tampoco compareció el demandado a la audiencia designada para absolver posiciones, rubricándose el pliego.

En el acto se tuvo presente el pedido de confesión ficta del demandado hasta el momento de resolver.

2. La demanda fue rechazada.

El juez de grado entendió que la acción no estuvo dirigida contra quien ostentaba la posesión y la Sra. Silvia Graciela Olmos carecía de legitimación en tanto pretendía hacer valer su derecho reivindicatorio fundado en un boleto de compraventa, instrumento privado que por sí no hace plena fe de la autenticidad de su contenido, siendo necesario que la firma de quien suscribe el contrato sea reconocida por su propio autor.

Por eso le negó valor probatorio a este instrumento.

Tampoco se ha acreditado dice el magistrado quién es el titular registral del inmueble.

Todas ellas, razones por las que le desconoce a la actora legitimación para promover la acción reivindicatoria.

3. La parte actora apela la sentencia.

Los agravios expresados admiten la siguiente síntesis:

a) El juez a quo queda corto al decir simplemente que toda acción de reivindicación nace del dominio que cada uno tiene de las cosas particulares (art. 2758, C.C.).

Coteja la situación de la compradora, Silvia Graciela Olmos, con la norma citada y le desconoce legitimación para promover la acción contra un tercero poseedor.

b) El reivindicante que presenta un título de propiedad anterior a la posesión del demandado no necesita probar la posesión efectiva, bastándole la posesión presunta que implica el título.

c) Debe examinarse la documentación adjunta por la que no cabe dudar de la autenticidad de las firmas estampadas en el contrato de compraventa sobre el inmueble en cuestión.

Mal califica el juez de dudoso el contrato de compraventa firmado por el Sr. Félix Antonio Arias en representación de los Sres. Carmen Yolanda Flores Roja, Lucrecia Aracena de Flores, Jova Nidia Flores de Arias, Mirta Gladys Duran de Muñoz y José Zacarías Flores y la Srta. Mónica Elvira Onorata.

d) En las Diligencias Preliminares iniciadas con el objeto de requerir al futuro demandado en que carácter ocupa el inmueble a reivindicar, consta que no se obtuvo ninguna respuesta de Juan Raúl Rivero.

e) Cita jurisprudencia donde se dijo que para el progreso de la reivindicación resulta innecesario que el demandante pruebe su posesión y la pérdida de la misma si presenta títulos anteriores a la posesión del demandado, puesto que se trata de la situación prevista en el art. 2790 del Código Civil.

También esta otra: El adquirente de un inmueble que tiene la pertinente escritura de dominio puede reivindicar antes de que se le hubiera efectuado la tradición de la cosa, pues cuando la cosa está en posesión de un tercero el contrato de compraventa vale como cesión de los derechos y acciones que el vendedor tiene sobre dicha cosa, entre ellas la acción reivindicatoria que como acción real es cesible independientemente del derecho real que le sirve de base.

f) El art. 2758 del Cód. Civil no puede ser contradictorio con lo dispuesto en el art. 2790 en caso de que el reivindicante pudiera invocar a su favor títulos de dominio anteriores a la posesión del reivindicado, aun cuando no probare la existencia de su propia posesión, "pues debe presumirse que los antecesores del reivindicante tuvieron la posesión de la cosa reivindicada desde la fecha de su título" (S.C. de Buenos Aires, 23/10/79 Massone Clodoveo v. Piltrau y Lartirigoyen Pedro y otros Ac. 28.027; 1980 II, síntesis).

Asimismo, el art. 2772 claramente dice que la acción de reivindicación puede ser ejercida contra el poseedor de la cosa por todos los que tengan sobre ésta un derecho real perfecto o imperfecto.

Alude a la prueba documental y señala: A la Escritura Pública de poder otorgada por los propietarios del inmueble a favor del Sr. Félix Antonio Arias, pasada ante el notario Augusto J. Rodas, quien recibe mandato de transferir la propiedad inmueble en nombre de los mandantes que la firmaron.

"Se ha dudado de la autenticidad de estas firmas, por ello se adjunta la Escritura, figurando en ella José Zacarías Flores, quien compra a Alfonso Rossini, según escritura N° 431, F° 911, por ante el Escribano Rogelio C. Pro, escritura ésta que ofrezco como prueba y que además el Sr. Alfonso Rossini, adquirió a Carlos Bocca, el 14 de noviembre de 1921, según escritura N° 594, F° 406, T° 4 de Desamparados, demostrándose la cadena de adquirientes del inmueble en cuestión".

g) Yerra el juez a quo al entender que la prueba documental no tiene valor porque está basada en instrumentos privados y la firma estampada en ellos no ha sido reconocida por sus autores.

Hay una ostensible interpretación equivocada, desde el momento que los boletos de compraventa como prueba de los actos jurídicos celebrados, no se oponen a nadie, simplemente demuestran el traspaso de la propiedad.

Resulta irrelevante que los firmantes de dichos contratos ocurrieran a reconocer la firma.

h) Pide la apertura de la causa a prueba en segunda instancia.

4. Si bien el pedido de apertura a prueba en segunda instancia es improcedente puesto que no refiere a medidas probatorias denegadas en primera instancia o a hechos nuevos, o documentos de fecha posterior a la providencia de llamamiento de autos (art. 260, CPC), considero que la acción de reivindicación debe prosperar.

El comprador de un inmueble a quien no se le ha realizado la tradición de la cosa está legitimado para ejercerla (art. 2772, C.C.) si justifica su derecho con un título anterior a la posesión de quien la detenta.

La doctrina que sólo acepta la admisibilidad de la acción reivindicatoria en cabeza del titular de un derecho real (art. 2758, C.C.) ha sido superada por autorizadas voces de la doctrina nacional, que han visto factible el derecho a promoverla en los casos del comprador de un inmueble por boleto de compraventa, pues aquélla está contenida en la cesión de derechos implícita que importa la compraventa, a fin de lograr el perfeccionamiento del derecho real.

La transferencia de la titularidad de estos derechos comprende las acciones para defenderlos en idéntica medida y sin limitación alguna en los términos generales del art. 1444 del Cód. Civil.

El cedente transmite ministerio legis la propiedad de los créditos (art. 1434, C.C.) de acuerdo al principio general del art. 3270 del mismo código.

Aquí merece atención el hecho mismo de la compraventa celebrada entre la Srta. Mónica Elvira Onorata y la Srta. Silvia Graciela Olmos el día seis de enero de 1993 mediante instrumento privado.

El acto jurídico no fue negado por el demandado que en todo caso debió cuestionar el documento (art. 340, inc. 1° del CPC).

Sumado a su situación procesal de contumaz sin haber expresado siquiera en qué calidad tiene la cosa, si lo es a título de poseedor o de simple tenedor, se convierte, en cualquiera de los dos casos, en el legitimado pasivo de la acción de reivindicación.

A la luz de la prueba rendida, es dable tener a la falta de contestación de la demanda como reconocimiento de los hechos constitutivos de la pretensión, y de ella inferir que él es el poseedor propiamente dicho, pasible de la condena a transferir el inmueble al demandante (art. 2783, C.C.).

La prueba rendida es suficiente porque denota una cadena de actos jurídicos que tuvieron por objeto la obligación de transferir el dominio sobre el inmueble reivindicable hasta llegar a la parte actora.

5. Al valorar la prueba consolido esta idea.

Dicha apreciación la hago teniendo en cuenta los antecedentes de la causa y la secuencia de las relaciones jurídicas que me permiten aseverar la legitimación de la actora en esta acción de reivindicación.

La reticencia del demandado a contestar demanda, luego declarado rebelde y la injustificada incomparecencia a la audiencia de absolución de posiciones, me autoriza a tener por ciertos los hechos personales referidos en el pliego de posiciones a la vista de las demás circunstancias de la causa (art. 401, CPC).

Tales circunstancias son: Juan Raúl Rivero ni siquiera atinó a contestar la intimación que le fuera cursada por cartadocumento del 20 de abril de 1992 requiriéndole la desocupación del inmueble, como asimismo aquélla fechada el 24 de septiembre de 2007, del mismo tenor y con aviso de recibo, donde se le pide la entrega del inmueble en razón de su ilegítima ocupación bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales.

Sabido es que el silencio opuesto a actos, o a una interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación "sino en los casos en que haya una obligación de explicarse por la ley o por las relaciones de familia, o a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes" (art. 919, C.C.).

En una palabra, el silencio cobra una consecuencia jurídica determinante en esta causa, porque autoriza a tipificar la conducta negativa ante la falta de respuesta en la hipótesis normativa del citado artículo, que a su vez debe ser interpretado en concordancia con el art. 915.

En ese sentido permite aplicar la presunción de la ley referida a la expresión de una voluntad tácita.

El contrato de compraventa celebrado entre Mónica Elvira Onorata como vendedora y Silvia Graciela Olmos como compradora del inmueble sujeto a la reivindicación, tiene fecha cierta porque ha sido aforado en la Dirección General de Rentas (art. 1035, inc. 1° del C.C.) y es factible relacionarlo con los otros instrumentos privados que mentan sobre la cadena de voluntades dispuestas a transferir la propiedad del inmueble entre vendedores y compradores.

Importa en ello el poder especial otorgado por los herederos del titular registral a favor de Félix Antonio Arias confiriéndole mandato para que en sus nombres y representación vendiera el inmueble ubicado en esta Capital, calle Agustín Gómez 964 Oeste.

Todos ellos, instrumentos privados cuya autenticidad no fue impugnada por el demandado en la oportunidad procesal destinada a tales efectos (art. 340, inc. 1°, CPC).

Tiene un significado especial a favor de mi convicción, considerar el pliego de posiciones porque contiene el principal hecho personal de Juan Raúl Rivero con incidencia primaria y contundente que ha de ser tenido por verdadero: Él ocupa el inmueble de calle Agustín Gómez 964 Oeste, habiendo forzado la puerta de ingreso, lo que lo convierte además en un usurpador, porque lo hace sin tener ningún título que justifique su estancia en dicho bien.

6. Las motivaciones precedentes me dejan en la certidumbre de que la pretensión de la actora, Silvia Graciela Olmos, es conforme a derecho.

Si mis pares comparten este criterio, habrá que revocar el fallo apelado y hacer lugar a la demanda, ordenándole al demandado Juan Raúl Rivero a restituir el inmueble, quien deberá satisfacer la sentencia dentro del plazo de diez días, dejándolo desocupado y en estado que el reivindicante pueda entrar en su posesión (conf. art. 2794, C.C.).

Las costas, en ambas instancias, corresponderá cargarlas al demandado vencido (conf. arts. 74 y 279, CPC).

Propicio entonces la siguiente resolución:

I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

Revocar el fallo impugnado en todas sus partes.

II) Acoger la pretensión reivindicatoria y condenar a Juan Raúl Rivero para que dentro del plazo de diez días desocupe el inmueble a fin de que la reivindicante pueda tomar posesión de él.

III) Imponer las costas en ambas instancias al demandado vencido.

Así voto.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

Revocar el fallo impugnado en todas sus partes.

II) Acoger la pretensión reivindicatoria y condenar a Juan Raúl Rivero para que dentro del plazo de diez días desocupe el inmueble a fin de que la reivindicante pueda tomar posesión de él.

III) Imponer las costas en ambas instancias al demandado vencido.

Los DRES. GILBERTO A. RIVEROS y PASCUAL E. ALFERILLO, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

Revocar el fallo impugnado en todas sus partes.

II) Acoger la pretensión reivindicatoria y condenar a Juan Raúl Rivero para que dentro del plazo de diez días desocupe el inmueble a fin de que la reivindicante pueda tomar posesión de él.

III) Imponer las costas en ambas instancias al demandado vencido.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.