marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio por delitos de acción privada, querella, impulso procesal, audiencia de conciliación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: AGUILERA BRITO, JOSE REMIGIO s/ CONFLICTO Causa 732
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

La querella admitida abre la instancia penal, porque se trata de un acto promotor del proceso, de un verdadero acto de acusación que abre desde el comienzo un proceso plenario y contradictorio. ...

la querella ha sido jurisdiccionalmente admitida por cuanto el decreto que dispone la audiencia de conciliación supone que el tribunal efectuó el control preliminar de las formalidades y del contenido de aquélla, impuesto por el artículo 450 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo que, de modo implícito, la consideró formalmente admisible, esto es, ingresada al proceso con los efectos jurídicos que la ley le reconoce desde la fecha de su presentación.
Pago, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BULACIO, CARLOS ALBERTO c/ NAZAR, RAMON EMILIO s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LOCACION DE OBRA-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-12-17

La forma de probar el pago como medio extintivo de la obligación, es el recibo, con carga de quien asume la condición de deudor. Sin embargo, hay casos donde no pueden evadirse los usos y costumbres de nuestro medio como tampoco las probanzas, presunciones, reglas procesales aplicables al proceso. Con respecto a las presunciones, es oportuno afirmar que son reglas y no medios de prueba. (Minoría u opinión personal)
Recurso de casación, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: Esponga, Luis Enrique c/ La María Teresa S.A. y Jorge Calzato s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-02-23

Es inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley, cuando -como en el caso- el recurrente consintió con sus propios actos la decisión de desglose de la prueba que arrimara, sin manifestar en tiempo oportuno oposición notoria o disconformidad y tardíamente pretendió subsanar su comportamiento mediante la interposición de este recurso. Ello, en tanto nadie puede alegar su propia torpeza.
Jurisdicción y competencia, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ibarra y Cía. c/ Capitán del vapor español "Ibaí" s/ reivindicación del buque
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1937-07-16

Si bien los inc. 9 y 10 del art. 2° de la ley 48 podían ser invocados para justificar la competencia federal con respecto a la acción reivindicatoria deducida contra el capitán de un barco, no ocurre lo mismo cuando el autor dirige su acción contra el Gobierno de una nación extranjera que, por intermedio de su embajador, expresa que no desea ser sometido a la jurisdicción de los tribunales de la República.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, proceso penal, acción civil, responsabilidad objetiva
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL - CIVIL
Carátula: R, A M s/ LESIONES CULPOSAS     QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  NRO 297-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-16

Resultan idóneos para franquear la instancia extraordinaria, los vicios de omisión de cuestiones planteadas, lesión a la garantía constitucional del debido proceso, prescindencia de textos legales y antecedentes jurisprudenciales y falta de fundamentación suficiente, imputados al pronunciamiento que se impugna, por considerar el Tribunal que el Juez penal carece de competencia para resolver la acción civil según los principios de la responsabilidad objetiva por el riesgo creado, habiendo sido absuelto el imputado. Ello, desde la apreciación mínima y provisional que corresponde a este estadio, y sin perjuicio de lo que se resuelva al juzgar nuevamente sobre la admisibilidad y, en su caso, la procedencia de la impugnación (artículo 11, ley 7055).
Consejo de la Magistratura, junta electoral, allanamiento
Materia: ELECTORAL
Carátula: Baldomar, Ricardo Felix s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-21

La resolución adoptada por el Consejo de la Magistratura por medio de su Junta Electoral importa admitir la justicia de la pretensión del actor, lo cual reduce la misión judicial puesto que hace desaparecer el núcleo de la controversia. Sin embargo, esta circunstancia no elimina la necesidad de pronunciamiento judicial, puesto que la sentencia es el modo normal de terminación del proceso y con ella se pone fin al litigio planteado entre las partes.
Migraciones, Dirección Nacional de Migraciones, menores, incumplimiento de resolución judicial, autorización para viajar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kessel, Perla Felicia y otro c/ Estado Nacional (Dirección Nacional de Migraciones) s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

Resultaba irrelevante ponderar si el funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones había aplicado correctamente o no la resolución 2895/85, reglamentaria de la ley 22.439, si la falta de servicio que se imputa no consiste en transgredir la legislación vigente sino en no haber cumplido la orden judicial que prohibía el egreso de la menor de la República Argentina, a pesar de la comunicación oportuna de los datos esenciales nombres completos de la niña y de su padre, demandado en el juicio civil por reintegro de hijo y acompañante de la menor en su partida -.
Compraventa de automotores, nulidad del contrato, precio, pago, dolo, carga de la prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Di Yorio, Carlos Horacio y otro. c/ Falciglio, Juan Carlos y otro. s/ Acción de nulidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-08-19

Estaba a cargo de los últimos acreditar los extremos contemplados en los arts. 931, 932, y 1045 del C. Civil, por imposición del art. 377 del CPCyC, y en su caso, aportar las probanzas respecto del que entendieron celebrado, es decir un mutuo de dinero que debía ser avalado con una garantía real.

De la prueba colectada no resulta indicio alguno o presunción de los que se pueda inferir acerca del negocio que los reclamantes pretenden, mientras que los actos que realizaran con posterioridad al secuestro sí se corresponden con los de una compra venta de un bien registrable y los actos administrativos que para la transferencia del dominio regula el Decreto Ley 6582/58: a) rúbrica del formulario de transferencia 08, del titular y su cónyuge, indicando su precio de venta: $20.000,00; b) denuncia de venta; c) entrega del título de propiedad y tarjeta de identificación (verde); e) entrega del formulario DGI 381 de bienes registrables exigible sólo al titular cuando formaliza su transferencia en venta.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, fundamentación del recurso, autosuficiencia
Materia: PROCESAL
Carátula: BUFFA, RAÚL PEDRO c/ MARIO FERNANDO IBARRA s/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-15

El presente recurso no cumplimenta con lo requerido por el Art. 297 del citado código ritual en cuanto al principio de autosuficiencia. En este aspecto, cabe destacarse que en el escrito por el cual se interpone un recurso extraordinario, deben darse con claridad los fundamentos y razones que se tienen para pedir la revisión del fallo impugnado, explicándose con suficiencia técnica en dónde y por qué motivo existe la violación o la errónea aplicación del derecho.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Braun, Rosana Lilian s/ Martillero y corredor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

Los jueces no pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes, ya que ello requiere como presupuesto la petición de parte cuyos derechos se hallen afectados; de lo contrario se quebraría el equilibrio de los poderes por absorción del Poder Judicial, en desmedro de los otros. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, doctrina legal
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Brizuela, José Benito s/ Sucesorio - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-02-05

Se interpone recurso de casación en contra de la sentencia interlocutoria dictada por la Cámara de Apelaciones, que resuelve no hacer lugar a la apelación deducida, y confirmar la sentencia dictada por el juez de grado, que resuelve no hacer lugar a la impugnación sobre la denuncia de bienes del causante de la sucesión, que se tramita en los autos principales.

Relata que se inició juicio sucesorio, que se dictó declaratoria de herederos a favor de los hijos del causante, que los herederos denunciaron los bienes integrantes del acervo hereditario incluyendo dinero depositado por la AGJS en concepto de seguro de vida y que la recurrente, en el carácter de concubina, se opuso a que esta suma forme parte del acervo hereditario y a que se tenga por beneficiarios a los herederos declarados y no a su parte.

Invoca como causal la aplicación errónea de la doctrina legal, citando jurisprudencia de otros tribunales provinciales, expresando que ante la falta de designación de beneficiario se debió realizar una interpretación armónica con otros cuerpos normativos, tales como la ley de Contrato de Trabajo y la ley de Jubilaciones y Pensiones, donde se legitima a la concubina al cobro de las indemnizaciones derivadas de la muerte del trabajador.

Este Tribunal, en numerosos precedentes jurisprudenciales, ha expresado que doctrina legal ".es la que emerge exclusivamente de este Alto Cuerpo, de suerte que no puede invocarse a este fin la violación de la doctrina que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales, o de los principios generales del derecho o de la opinión de los autores." y "que la aplicación de la doctrina legal a su vez está condicionada a la concurrencia de casos idénticos, lo que importa una similitud entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca como sostenedor de la doctrina, y la del que se pretende hacer valer." (Sentencia Definitiva Nº 09/05 en autos Corte N 197/04 "En.Re. c/ EDECAT SA s/ Ejecución Fiscal s/Recurso de Casación).

Conforme a lo señalado, la jurisprudencia citada por la recurrente para fundar la errónea aplicación de la doctrina legal es claramente inadmisible, por no pertenecer a este Tribunal ni establecer la similitud con el caso bajo examen.
Recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: A., F. E. y OTROS c/ O. y CIA. S.A. y OTRA s/ DEMANDA LABORAL (Acc. de Trabajo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-09-28

Invocar la solidaridad de la demanda ratificada por variada jurisprudencia, incluso de este Superior Tribunal no es eficaz porque la cita de precedentes de muy diversos tribunales del país, cuya interpretación no es vinculante para la Cámara, sin hacerse cargo de la situación de hecho que determinó su dictado ni contrastarla con la que aquí origino la condena, es claramente infructuosa para rebatir los fundamentos de la sentencia impugnada y sostener la arbitrariedad que se pretende denunciar.
Recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional, competencia previsional, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Haquin, Gastón c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe y/o Provincia de Santa Fe s/ Amparo. Avocación (Expte. CSJ Nº 67-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-17

Debe prosperar el pedido de avocación formulado por la Provincia demandada si el caso refiere a la "previsión social", con base -según el propio actor- en una relación de empleo público que había sido entablada con un ente público provincial. Tales supuestos suscitan "materia contencioso administrativa" según calificación expresa que de ella ha efectuado el legislador en el artículo 59, apartado 2, inciso a) de la ley 10160 y, en similar sentido, el artículo 15 de la ley 11330 (cuando exime expresamente de la exigencia de contracautela, a los agentes "jubilados y pensionados en las causas vinculadas con sus derechos como tales"). Por ende, a la luz de esa normativa, no puede dudarse que las causas vinculadas con los derechos que los particulares invoquen en su carácter de jubilados y pensionados provinciales, constituyen materia contencioso administrativa.
Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, pérdida de la jurisdicción
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Bursztyn, Natalio s/ PROCESAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

La Asamblea de Abogados reglamentó el procedimiento que rige al Tribunal de Disciplina y le impuso un término máximo de duración (conf. art. 12 Reglamento Interno del Colegio de Abogados). Vencido el plazo - o la prórroga en su caso - sin que se haya dictado sentencia definitiva, la causa deberá ser resuelta por el tribunal en pleno dentro de los treinta días siguientes (conf. art. 92 inc. h, reglamento citado).

Dado que dicha norma establece la pérdida automática de jurisdicción y que la declaración de nulidad sólo podría requerirse mediante el recurso de apelación previsto por el art. 47 de la ley 23.187, se declaró la nulidad de la sentencia y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento con una integración que excluya a los vocales que emitieron opiniones sobre el fondo (conf. arts. 509, 510 y 512 Cód. Penal).
Leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado c/ Provincia de Buenos Aires (P. EJEC.) Coadyuvante: Rico Roca, Omar Raúl s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-21

Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la función judicial interpretarlas indagando lo que ellas dicen jurídicamente. Para ello resulta indispensable recurrir a las demás normas que integran el ordenamiento jurídico, lo que no puede ser obviado por los magistrados con motivo de sus posibles imperfecciones técnicas, desde que no cabe prescindir de la "ratio legis" y del espíritu de la norma.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Del Grecco, Alberto Luis c/ Alvarez de Ameijeiras, Consuelo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

No puede alegarse en segunda instancia una cuestión que altera la "litis contestatio", estando obligado el tribunal a fallar únicamente los agravios sobre los puntos pertinentes fijados por la traba de la litis (art. 272 Cód. Proc.).
Ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación, certificado de tenencia de bonos, verificación de créditos, crédito no verificado
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto Nacional de Previsión Social. c/ Azucareta Argentina  SA s/ Ejecución  ANSS .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-13

La suspensión del procedimiento de ejecución pretendida en base a lo dispuesto por el art. 29 del decreto reglamentario 2140-91, encuentra como óbice insalvable la falta de acreditación fehaciente por parte de la recurrente de su calidad de titular de un crédito alcanzado por la consolidación, exigida como requisito ineludible por el art. 29 citada y, si bien es cierto que el Estado Nacional no ha emitido aún los bono de consolidación, la demandada se ha limitado a alegar su carácter de acreedora, sin aportar ningún tipo de documentación corroboratoria.
Cuestiones de competencia, Superior Tribunal de Justicia, competencia del Superior Tribunal de Justicia, primera instancia, deberes del juez, seguros, seguro colectivo, contratos comerciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barros, Francisco c/ Administración General de Juegos y Seguros y/o Policía de Catamarca s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-06-17

Cuando se plantea una cuestión de competencia en donde pudiera estar comprometido eventualmente la competencia de la Corte, el Tribunal inferior debe abstenerse de resolver y elevar los autos a sus efectos, como lo ha hecho el Tribunal de grado; sin perjuicio de ello, en el caso se reclama la indemnización en virtud de un contrato de seguro colectivo en el que está el actor como asegurado;

por la naturaleza del mismo tanto el titular como sus beneficiarios tienen un derecho propio contra el asegurador, desde que ocurre el evento previsto. En consecuencia el reclamo que efectúa un asegurado contra su asegurador está regido por las cláusulas del convenio cuya naturaleza es comercial en razón que el asegurado paga una prima obligatoria mientras dure la relación de trabajo; también se repara que en el caso, la denegatoria del beneficio, no ha sido instrumentado mediante una resolución, ni tampoco se solicitó la nulidad de ningún decreto o resolución del ente asegurador.

Resuelvo declarar la incompetencia de éste tribunal para entender en la presente causa debiéndose remitir los autos al Juzgado Comercial y de Ejecuciones. (Disidencia del Dr. Caceres)
Injuria laboral, despido indirecto, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Sepúlveda Sepúlveda, José Luis c/ Bubas, Jorge Juan s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-10-11

Si el actor entendió hallarse ante una situación de injuria que tornaba imposible la continuidad de la relación laboral, así debió hacerlo saber al principal, señalando, además, las causas de su decisión.
Injurias, facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ROLDAN, ROMULO RAMON c/ CORONEL DE ROLDAN, ANA ELIZABETH s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-16

La gravedad de las ofensas debe ser libremente apreciada por el juez atendiendo a la educación, posición social y demás circunstancias de hecho que pueden presentarse. El criterio mensurador debe formarse en presencia de las circunstancias de cada caso, según el medio en que se ha producido, la calidad de las personas y la causa, motivo o pretexto que ha dado lugar al hecho injurioso.
Honorarios del abogado, base regulatoria, transacción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vieira, Alejandra P. c/ Marzorati, Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-08-27

A los efectos de la regulación de honorarios debe tenerse en cuenta la transacción aún respecto de los profesionales que no intervinieron en la misma. En efecto; se ha señalado que el acuerdo de voluntades instrumentado establece una relación jurídica sólo entre quienes transigieron y sólo entre ellos se extinguió o modificó la relación jurídica preexistente. Sólo entre ellos produce la transacción efectos directos. Pero los efectos indirectos de dicha transacción se producen con todos los terceros, a quienes es oponible y por quienes resulta invocable, habiéndose añadido que la transacción o conciliación que pone fin al pleito es oponible a los fines arancelarios a los profesionales que intervienen en el proceso y no participaron del acuerdo respectivo.
Contrato de trabajo, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: PERALTA, JUAN FRANCISCO c/ FERREIRO, SANDRA EDITH Y OTRO s/ 22.250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

En el caso, en la sentencia de grado se estableció la aplicación de la tasa activa para operaciones de préstamos utilizada por el Banco de la Nación Argentina desde que cada suma es debida, y asimismo se previó que, "desde el momento que venza el plazo para cumplir con la intimación del art. 132 de la L.O. y hasta el efectivo pago, se aplicará el doble de la tasa mencionada, sobre el nuevo monto del crédito emergente de la liquidación judicial, según el art. 623 del Cód. Civil". No corresponde la determinación de una tasa de interés diferenciada equivalente al doble de la que el fallo ordena aplicar sobre el capital de condena porque, por el modo en que se ha dispuesto, se asimila a una sanción adicional (ajena a la mora en sí) que se emparenta con las establecidas en distintas normas de índole procesal para los supuestos en que se haya demostrado una actitud temeraria o maliciosa (conf. arg. art. 45 CPCCN). La previsión contenida en el art. 623 del Cód. Civil autoriza que en la sentencia se establezca la capitalización de intereses como modo de compeler al pago de la deuda liquidada judicialmente, pero no autoriza a disponer otra sanción adicional.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, síndico del concurso, crédito verificado, trámites judiciales, recurso de apelación (procesal)
Materia: COMERCIAL
Carátula: Méndez SA c/ Raul Alvarez SRL s/ Incidente de revisión. Quiebra. La cuestión a resolver es si resulta  necesaria la impugnación prevista por el artículo 36 de la ley   concursal para gozar de legitimación para promover el Recurso de   Revisión regulado por el artículo 38 (Expte. Nro. 5-88) -Tribunal pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-27

Dado el carácter facultativo del artículo 36 de la ley 19551, no puede interpretarse que la falta de impugnación pueda obstar a la promoción de la revisión de la decisión del Juez, conforme al artículo 38 Ley de Concursos, debiéndose advertir que esta norma legal de ninguna manera establece alguna referencia preclusiva como podría haberlo hecho si esa hubiese sido la intención del legislador, diciendo que quienes hubiesen impugnado el informe del Síndico pueden pedir la revisión. La ley no lo establece así; sino que determina que la resolución que a un crédito lo "declara admisible o inadmisible puede ser revisada a petición del interesado", y a tal expresión, no cabe atribuirle un sentido restrictivo, sin violentar la ley misma. (Del Voto del Dr. Serralunga). En el caso, la cuestión a resolver era la necesidad de la impugnación prevista por el artículo 36 de la Ley Concursal para gozar de legitimación para promover el recurso de revisión regulado por el artículo 38.
Poder Ejecutivo, facultades del Poder Ejecutivo, reglamentación de la ley, Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGUERO, ROBERTO Y OTRA c/ B.C.R.A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20

La validez del reconocimiento legal de atribuciones libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, está condicionada a que la política legislativa haya sido claramente establecida, pues el órgano ejecutivo no recibe una delegación (en sentido estricto proscripta por los principios constitucionales) sino que, al contrario, es habilitado para el ejercicio de la potestad reglamentaria que le es propia, art. 86, inc. 2 de la Constitución Nacional, cuya mayor o menor extensión depende del uso que de la misma potestad haya hecho el Poder Legislativo.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Lorenzo c/ Cooperativa Ganadera Formoseña Ltda. s/ Enfermedad accidente Ltda. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-03

La doctrina ha establecido que en el caso de las enfermedades accidentes, la fecha de su toma de conocimiento marca la ley aplicable, que es la vigente a dicha fecha.
Títulos de crédito, pagaré, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: B., M. s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-11-12

Tratándose de créditos instrumentados por medio de pagaré, pesa sobre quien pretende la verificación la carga de afirmar la causa que generó el negocio jurídico y su pertinente prueba. Y ello así ya que se ha producido una gran evolución en la doctrina judicial, distinguiéndose dos etapas. En la primera, no era necesario que el acreedor documentado con pagaré justificara la causa de la obligación teniendo en cuenta la autonomía y literalidad que presenta este documento como papel de comercio. Pero en la actualidad se sostiene que el pedido de verificación constituye un verdadero proceso de conocimiento pleno, por lo que el acreedor debe probar los extremos fácticos de su pretensión y, en consecuencia, de las normas jurídicas invocadas y por lo tanto no procede la verificación si no se prueba la causa de la obligación.