Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 73840 SALA V. AUTOS: "MAESTRI LUIS FERNAN C/ SABO ARGENTINA S.A. S/ CERTIFICADO DE SERVICIOS (JUZGADO Nº 34) En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 14 días del mes de febrero de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

1) En su sentencia de fs. 57/61 el Dr. Elio Gustavo Plaisant admitió la excepción de prescripción articulada a fs. 33, declarando prescripta la acción con relación a la totalidad de los conceptos que la integran. Destacó que, del análisis efectuado en relación al expediente Nº 22454/06 tramitado entre la mismas partes, surge que al cotejarse las fechas de extinción contractual (17/07/06), e interposición de la acción en este pleito (16/07/10), el plazo bienal se encontraba ampliamente cumplido (art. 256 LCT). Resaltó que en dicha acción (cuyo objeto fue despido), el demandante no efectuó reclamo alguno por la entrega de certificados, ni por daños y perjuicios, ni daño moral o multa derivada de su falta de entrega (ver fs. 59 anteúltimo párrafo) de modo que no ha tenido aquella efecto prescriptivo en lo que aquí interesa. Señaló además, a fs. 58 y 59, que no existen elementos que puedan llevar a considerar la existencia de una suspensión del plazo prescriptivo.

Contra tal decisión se alzan: a) la parte actora a fs. 62/63 por el rechazo de la acción y costas, b) la parte demandada por honorarios (fs. 67).

2) Por razones de método primeramente debe ser analizado el agravio de la parte actora. Aduce ésta que el plazo de prescripción sería el de 10 años; y que si no denunció circunstancia alguna interruptiva o suspensiva del plazo de prescripción, fue porque el reclamo no se encontraba prescripto.

En cuanto al plazo, esta Sala ya se ha expedido en casos similares relativos a la entrega de certificaciones y obligaciones que de ello podrían derivarse, en el sentido de que el de dos años previsto en el art. 256 L.C.T. es aplicable a las reclamaciones fundadas en el art. 80 L.C.T. de igual cuerpo legal "ya que se derivan de la relación individual de trabajo y de una disposición legal del derecho laboral (art. 256 cit.)." (sentencia interlocutoria nº 22.584 del 21-9-2004 "Blanco, Osvaldo Enrique c/ Consoli-dar Seguros de Retiro S.A. s/ diferencias de salarios" y sentencia definitiva nº 68.068 del 27-12-2005 "Lucciarini, Domingo c/ Karadajiyan Lobov, Paulina Valeria s/ cert. serv. y aport. prev.", entre otros). En efecto, se trata de una obligación de naturaleza contractual -aún en cuanto a la entrega del certificado de aportes previsionales- pues está ligada a la disolución del vínculo.

En ese sentido se ha expedido el Sr. Fiscal General ante esta Cámara al decir: "Este Ministerio Público, en sus diversas composiciones, ha sostenido que la obligación prevista en el art. 80 de la L.C.T. se encuentra incluida en el régimen genérico del art. 256 de la citada norma y por lo tanto, prescribe a los dos años ya que es de naturaleza contractual y el hecho de que se relacione, en alguna medida, con el status previsional no permite considerarla ajena al dispositivo común (ver especialmente dictamen de mi ilustre antecesor Dr. Jorge G. Bermúdez, emitido el 12-12-88, en autos "Miceli, Jorge c/ Cía. General Fabril Financiera S.A." y dictamen nº 29.422, del 8-5-00, "Carrizo, Miguel c/ YPF S.A. s/ despido," expediente nº 45.927/95)".

Así se resolvió asimismo en el caso "López, Alfredo Rafael c/ Consolidar A.R.T. S.A. s/ Cert. art. 80 LCT", sentencia definitiva de esta Sala nº 71.553 del 12-5-2009.

Lo expuesto torna insustancial referirse al resto de la apelación en la forma en que fue interpuesta, a excepción de lo que paso a exponer.

3) En segundo término debe ser analizado el agravio II, B (fs. 63vta.). Conside-rando que en cuanto a uno de los planteamientos expuestos en el inicio existen fallos jurisprudenciales de diverso signo -lo que podría haber llevado a la parte actora con base objetiva, y no meramente subjetiva, a intentar la acción- propicio que se impongan las costas en el orden causado y las comunes por mitades (art. 68 2ª parte C.P.C.C.N.).

4) Pasando a fs. 67, el letrado que allí se presenta lo hace "por la parte demanda-da", no por derecho propio; y carece la parte de interés en cuestionar por bajos -lógicamente, sí por altos- los emolumentos de sus propios letrados. El recurso pues, fue mal concedido a fs. 70.

5) Las costas de alzada deberían imponerse en la misma forma que las de 1ª instancia por similares fundamentos; y regularse los emolumentos del Dr. Eduardo Rubén Camus en $ 700 y los del Dr. Ricardo Horacio Gelblung en $ 1.000 conf. art. 14 ley 21.839, art. 38 L.O. y lo que paso a exponer.

A tales efectos cabe tener en consideración que, además de la normativa de la ley 21.839, debe tenerse en cuenta el art. 13 de la ley 24.432 que obliga a que las regulacio-nes de honorarios guarden una adecuada proporción con las labores efectivamente cumplidas. Desde otro ángulo, la regulación de estipendios profesionales no depende exclusivamente del monto del juicio y de las escalas dispuestas en las normas arancela-rias, sino de un conjunto de pautas precisas previstas en los regímenes respectivos que deben ser evaluadas por los jueces y entre las que se encuentran la naturaleza y comple-jidad del asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, y la manera de arribar a una solución justa y mesurada acorde con las circunstancias particulares de cada caso.

Establecer los honorarios profesionales medianate la aplicación automática de los porcentuales fijados en la ley, aún del mínimo establecido, puede dar por resultado subas o bajas exorbitantes y desproporcionadas en relación con las constancias de la causa, no compatibles con los fines perseguidos por el legislador al sancionar la ley ni con los intereses involucrados en el caso. En la cuestión de regulación de honorarios es de aplicación el principio elaborado por nuestro más Alto Tribunal, según el cual la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de los textos legales, sino que requiere del intérprete la búsqueda de la significación jurídica o de los preceptos legales aplicables que consagre la versión técnicamente elaborada y adecuada a su espíritu, debiendo desecharse las soluciones notoriamente injustas que no se avienen con el fin propio de la investigación judicial de determinar los principios acertados para el reconocimiento de los derechos de los litigantes (Fallos 253:267 entre otros -C.S.J.N., D. 163 XXXVII. R.O., 14-2-2006 "D.N.R.P. c/ Vidal de Docampo, Clara Aurora" en especial consideran-dos 10, 11, 12 y 13 del voto del Sr. Ministro Dr. Juan Carlos Maqueda).	EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Declarar mal concedido el recurso de fs. 67. 2º) Confirmar en lo demás la sentencia interlocutoria apelada, en todo cuanto fue materia de recursos y agravios, a excepción de lo que resuelve sobre costas, que se declaran en 1ª instancia en el orden causado y las comunes por mitades. 3º) Costas y honorarios de alzada como se sugiere en el punto 5 del primer voto de este acuerdo. 4º) Reg., not. y dev..Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que el Sr. Juez Dr. Enrique Néstor Arias Gibert no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

MLF María C. García Margalejo Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara