Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18


REGISTRO N°550/12 ///la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de abril del año dos mil doce, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Mariano H. Borinsky como Presidente y los doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos como vocales, asistidos por la Prosecretaria de Cámara, doctora Jesica Sircovich, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 23/31 de la causa N° 15.220 del registro de esta Sala, caratulada "BUSTAMANTE, Juan Felipe s/ recurso de casación".

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, con fecha 21 de octubre de 2011 resolvió: "I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación incoado por la defensa del imputado JUAN FELIPE BUSTAMANTE y FRANCISCO ANTONIO LAITÁN y; en su mérito, CONFIRMAR las resoluciones obrantes a fs. 02/04, dictadas por el Sr. Juez Federal en autos 991/2011 y 992/2011 el 27 de Septiembre de 2011, conforme se considera (Art. 455 -Ley 26.374- del C.P.P.N.)." (cfr. fs. 19/19vta. y fundamentos fs. 20/22).

II. Que contra dicha resolución interpuso recurso de casación la señora Defensora Pública Oficial, doctora María Angelina Bossini, en representación de Juan Felipe Bustamante, el que fue concedido por el tribunal a fs. 33/33 vta..

III. Que la impugnante encauzó su recurso de casación por la vía prevista en el inciso 2º del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

En primer término recordó lo dispuesto en el artículo 319 del C.P.P.N.; los artículos 7.5 y 8.1 de la C.A.D.H. y lo sostenido por la Comisión Interamericana al interpretar los alcances de la primera de esas normas (caso 11.245).

Indicó que la detención de Bustamante puede separarse en dos etapas: fue detenido el 15 de junio de 2004 hasta el 28 de julio de 2006 en que se resuelve la inmediata libertad por la Cámara de Tucumán (en esa época se encontraban todas las querellas en un solo cuerpo el expte. Nro. 9002/03 que son: Luis Alejandro Lescano, Carmen Santiago Bustos, Cecilio Kamenesky, Aguilar, Barraza, Walter Bellido, Bocci, Bravo, Cavallin, Coronel, Corbalán, Coulter, Domínguez, Garay, Gustavo Urtubey y Margarita Urtubey, Vázquez); ocasión en que no se estableció caución alguna y Bustamante nunca eludió la acción de la justicia; luego, es detenido el 3 de octubre de 2007 hasta la fecha.

Arguyó que mientras estuvo en libertad (durante el plazo de un año y tres meses) Bustamante no se negó a presentarse ante la justicia, recordó nuevamente que para ello no se estableció caución alguna y que en dicha época tenía su pasaporte con vencimiento en el año 2006, que podría haber renovado y salido del país, lo que no hizo.

Señaló que teniendo presente las opiniones de los Tribunales Internacionales en la materia (a los que la C.S.J.N. les reconoce carácter vinculante para los órganos jurisdiccionales de nuestro país), se entiende como plazo máximo para la duración de una detención cautelar durante todo proceso el fijado por la ley 24.390 (3 años), por lo que el actual encierro de Bustamante deviene irrazonable, toda vez que no existe fundamento alguno en tal sentido.

En cuanto al inicio de la prisión preventiva consideró que debe tomarse como primera detención el día 15 de junio de 2004 pues por razones de administración de justicia, para facilitar la organización de las causas, se dividieron en cuatro grupos (en dos de los cuales se dictó auto de prisión preventiva).

Que el cómputo parcial que efectuó el a quo y el Ministerio Público Fiscal resulta arbitrario pues se causa a Bustamante un perjuicio irreparable que supera los límites de todo principio constitucional, penal y procedimental (libertad, debido proceso y plazo razonable).

Alegó que otra circunstancia determinante a la hora de otorgarle la excarcelación a su defendido es su estado de salud, que se encuentra seriamente deteriorado, extremo que se encuentra certificado por el informe de un médico forense.

Recordó que el carácter excepcional de la restricción de la libertad debe serlo a los fines de cautelares de asegurar los fines del proceso, que nunca debe aplicarse como anticipo de pena y remarcó que en el caso no existe el riesgo de fuga.

Por lo expuesto, entendió que la resolución recurrida carece de fundamentación suficiente, infringiendo el código de forma, y como tal resulta nula (artículo 123 del C.P.P.N.).

Finalmente, en relación al plazo razonable en prisión preventiva, hizo mención nuevamente a lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 24.390, el artículo 7.5 de la C.A.D.H. y el artículo 75, inciso 22º de la C.N. e indicó que también debe tenerse presente lo resuelto en el Plenario Nro. 13 "Díaz Bessone" de esta Cámara y la C.I.D.H. en el caso "Bayarri".

En definitiva, solicitó que se haga lugar al recurso impetrado, se case el pronunciamiento impugnado y se haga lugar a la inmediata libertad de Juan Felipe Bustamante.

Hizo reserva de caso federal.

IV. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano H. Borinsky y Juan Carlos Gemignani.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. Liminarmente he de señalar, como ya he tenido oportunidad (cfr. de esta Sala IV: causa N° 1893, "Greco, Sergio Miguel s/recurso de casación", Reg. N° 2434.4, rta. el 25/02/00; causa N° 2638, "Rodríguez, Ramón s/recurso de queja", Reg. N° 3292.4, rta. el 06/04/01 y causa N° 3513, "Villarreal, Adolfo Gustavo s/recurso de casación", Reg. N° 4303.4, rta. el 04/10/02), que a esta Cámara Nacional de Casación Penal compete la intervención en cuestiones como la aquí planteada, en la que la resolución recurrida resulta restrictiva de la libertad y susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, habiéndose alegado la violación de garantías constitucionales y la arbitrariedad de sentencia; y por cuanto no sólo es el órgano judicial "intermedio" a quien ha sido confiada la reparación de los perjuicios irrogados a las partes en instancias anteriores, sin necesidad de recurrir ante la Corte Suprema, sino también porque su intervención -atento a su especificidad- aseguraría que el objeto a revisar por el Máximo Tribunal fuese "un producto seguramente más elaborado" (cfr. Fallos 318:514, in re "Giroldi, Horacio D. y otro s/ recurso de casación"; 325:1549; entre otros). Y ello así, aún en los supuestos en los que no entre en cuestión la cláusula del artículo 8, apartado 2, inc. h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cfr. disidencia de los jueces Petracchi y Bossert en el precedente de Fallos 320:2118, in re "Rizzo, Carlos Salvador s/ inc. de exención de prisión -causa N° 1346", del 3 de octubre de 1997 y, entre otros, sentencia dictada en el caso H.101.XXXVII "Harguindeguy, Eduardo Albano y otros s/ sustracción de menores, incidente de excarcelación de Emilio Eduardo Massera", del 23 de marzo de 2004; y esta Sala IV, desde la causa N° 4512: "Sanabria Ferreira, Silverio s/recurso de queja, Reg. N° 5613, del 15 de abril de 2004).	En este entendimiento, entonces, y a fin de contribuir a cimentar las condiciones para que el Máximo Tribunal satisfaga el alto ministerio que le ha sido confiado (cfr. doctrina de Fallos 308:490 y 311:2478), postura que resulta, en definitiva, de compatibilizar el derecho del recurrente con el resguardo de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues al preservar su singular carácter de "supremo custodio de garantías constitucionales" (cfr. doctrina de Fallos 279:40; 297:338; entre otros), se reserva su actuación -como intérprete y salvaguarda final- para después de agotadas por las partes todas las instancias aptas en el ordenamiento procesal vigente (cfr. doctrina de Fallos 311:2478).

II. Formulada la precedente consideración, convocado a expresar mi ponencia, conforme al orden de sorteo realizado en autos, he de destacar que he conocido el sentido del pronunciamiento de los colegas integrantes del Tribunal; por ello, encontrándose sellada negativamente la cuestión de la admisibilidad del recurso, encuentro insustancial ingresar aisladamente al fondo de la contienda (C.S.J.N., A. 2268 XXXVIII "Astiz, Alfredo y otros s/delito de acción pública", rta 28/2/2006, voto de la doctora Carmen M. Argibay).

El señor juez Mariano Hernán Borinsky dijo:

En el sub lite, la intervención de esta Cámara Federal de Casación Penal se encuentra limitada al examen de las cuestiones de carácter federal oportunamente invocadas, pues la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero actuando como tribunal de Alzada, ha satisfecho la "doble conformidad judicial" o "doble conforme" o "derecho al recurso" reconocido en el art. 8.2.h de la C.A.D.H. y en el precedente "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", Serie C Nº 107 de la C.I.D.H.; ello, aún respecto de una medida esencialmente provisional, como la prórroga de la prisión preventiva.

En efecto, las resoluciones que deniegan la excarcelación, la exención de prisión o prorrogan las prisiones preventivas, en tanto restringen la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, resultan equiparables a sentencias definitivas, ya que pueden ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior al afectar un derecho que exige tutela judicial inmediata (Fallos: 280:297; 290:393; 307:359; 308:1631; 310:1835; 310:2245; 311:358; 314:791; 316:1934, entre otros).

Sin embargo, dicho aspecto, por sí sólo, resulta insuficiente para habilitar la jurisdicción de esta Alzada en su carácter de Tribunal intermedio conforme la doctrina sentada en los precedentes ADi Nunzio", ADurán Sáenz" y "Piñeiro" (Fallos 328:1108; 328:4551; 333:677, respectivamente), en tanto el agravio federal invocado debe encontrarse debidamente fundado, pues la actividad impugnaticia tiene un límite y, ante esta instancia, aquel límite sólo puede ser superado por la debida fundamentación de un agravio de carácter federal.

En el sub examine, la defensa no logra demostrar la existencia de un agravio federal debidamente, toda vez que el recurrente se ha limitado a invocar defectos de motivación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de los elementos concretos que el tribunal a quo consideró relevantes para presumir que el imputado podría intentar eludir la acción de la justicia y entorpecer la investigación (art. 319 del C.P.P.N). Dichas consideraciones conducen al recurrente a sostener una opinión diferente respecto de la hermenéutica de la ley adjetiva realizada por el colegiado de la instancia anterior, que remiten a cuestiones que no constituyen carácter federal.

Tal discrepancia, amén de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configura un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:262; 314:451) o en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605), supuestos que sí habilitarían la jurisdicción de este Tribunal.

Máxime cuando los jueces de la instancia anterior no soslayaron al decidir el caso, el especial deber de cuidado para evaluar riesgos procesales en causas en las que se ventilan delitos de lesa humanidad que emana de la jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos al presente (Dictamen del Procurador en la causa "Vigo, Alberto Gabriel" -V.621. XLV- cuyos fundamentos fueron compartidos, en lo pertinente, por la C.S.J.N el 14/9/2010; en similar sentido, C.S.J.N "Pereyra" P.666 -XLV-, del 13/11/2010; "Binotti" B.394 -XLV- del 14/12/10; "Clements" C.412 -XLV- del 14/12/10; "Altamira" A.495 -XLV- del 14/12/10, entre otros). Dicha jurisprudencia, por cierto, no fue rebatida en el recurso.

A lo dicho, se agrega que la inteligencia efectuada por el tribunal a quo valorando riesgos procesales a partir de la modalidad de comisión de los hechos que se inspeccionan en autos principales, se encuentra en armonía con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Dictamen del Sr. Procurador ante la Corte en causa O.83 XLVI, "Otero Eduardo Aroldo s/ causa 12.003", cuyos fundamentos fueron compartidos, en lo pertinente, por nuestro Alto Tribunal el 1/11/2011; en igual sentido, causa D.174 XLVI, "Daer, Juan de Dios s/ causa 11.874", del 1/11/2011).

Por otra parte, con respecto al agravio que involucra la liberación automática del imputado por el mero transcurso del tiempo fijado por la ley 24.390 (modificada por ley 25.430) que reglamenta el plazo razonable para mantener a una persona en prisión preventiva en los términos del artículo 7.5 de la C.A.D.H, importa destacar que tampoco el impugnante rebate la doctrina vigente de la Corte Suprema de Justicia de Nación, en cuanto establece que el cese de la medida cautelar ante la posible lesión de la garantía de plazo razonable (art. 7.5 C.A.D.H) no es de aplicación automática in re "Firmenich" (Fallos: 310:1476) y que la ley 24.390 no ha derogado las normas que rigen el instituto de la excarcelación, razón por la cual las disposiciones de aquéllas deben ser interpretadas a la luz de las normas respectivas del Código de Procedimiento en Materia Penal y el Código Procesal Penal in re "Bramajo" (Fallos: 319:1840).

Dicha interpretación de la norma fue ratificada y seguida en los precedentes "Trusso" (Fallos: 326:4640), "Pereyra" (Fallos: 330:4885 por los votos de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni), "Guerrieri" (Fallos: 330:5082) y "Mulhall" (M. 389 XLIII -causa 350/06- del 18/12/2007).

Por todo lo expuesto, el recurso intentado no cumple con los recaudos de debida fundamentación previstos en el art. 463 del C.P.P.N. y, en consecuencia, corresponde declarar mal concedido el recurso presentado por la defensa técnica de Juan Felipe Bustamante, sin costas (art. 444 segunda parte y 531 in fine del C.P.P.N.). Tener presente la reserva de caso federal.

El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo:

Que habré de adherir a la solución propuesta por mi distinguido colega que me precede en el orden de votación, doctor Borinsky, por cuanto resolución que se impugna satisface la garantía de "doble conforme" respecto de una medida de naturaleza esencialmente provisional como el encarcelamiento preventivo.

Además, el agravio de índole federal introducido por el recurrente sólo se sustenta en una distinta ponderación de las constancias de la causa a la luz de las normas que rigen los institutos de la prisión preventiva y la excarcelación, sin demostrar, de adverso, la concurrencia de una causal de arbitrariedad en el fallo atacado. Ello, toda vez que el impugnante no ha podido demostrar agravio suficiente que permita sustentar la vía extraordinaria que el remedio casatorio implica.

Por todo ello, propongo al acuerdo, no habiéndose cumplido con los recaudos que prevén los arts. 463 del C.P.P.N. y 15 de la ley 48, declarar mal concedido el recurso de casación, sin costas (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.

Es mi voto.-	Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal por mayoría	RESUELVE:

I. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto a fs. 23/31 por la señora Defensora Pública Oficial, doctora María Angelina Bossini, en representación de Juan Felipe Bustamante, sin costas (artículo 444 segunda parte del C.P.P.N.).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada por la parte.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítase la causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, quien deberá notificar personalmente lo resuelto a Juan Felipe Bustamante, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

MARIANO H. BORINSKY JUAN CARLOS GEMIGNANI	GUSTAVO M. HORNOS Ante mí:

JESICA Y. SIRCOVICH PROSECRETARIA DE CÁMARA