Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-14


------ En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 14 días del mes de junio del año dos mil diez, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, con la Presidencia de su titular Dr. Daniel Luis CANEO y asistencia de los Sres. Ministros Dres. José Luis PASUTTI y Fernando S. L. ROYER para dictar sentencia en los autos caratulados "C., C. F. s/ Incidente de Ejecución de Honorarios en autos: B. C. S.A. c/ T. S.A. s/ Ejecutivo (1425/06)" (Expte. Nº 21.811-C-2.009) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 291, de conformidad con lo dispuesto en las acordadas Nº 3202, 3204 y Acuerdo Plenario Nº 3875 bis/10 correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. PASUTTI, ROYER y CANEO.------- ------ Acto seguido, se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

------ A la primera cuestión el Dr. PASUTTI dijo:----- ------ Vienen los presentes autos a conocimiento de esta Sala por vía del Recurso de Apelación Ordinaria que la demandada dedujera a fs. 266/267 contra la Sentencia Interlocutoria Nº 195/2.009 de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew, y fundara a fs. 275/281 vta.---------- ------ I.- ANTECEDENTES:

------ A fs. 21 y vta., se presentó el Dr. C. F. C. y manifestó continuar la ejecución de los honorarios regulados a su favor en los autos: "C., C. F. s/ Cumplimiento de Sentencia de Trance y Remate en autos: "B. C. S.A. c/ T. S.A. s/ Ejecutivo" (1.425/06)" (Expte.: Nº 1.646/06), por la suma de pesos setecientos noventa y ocho mil quinientos tres con ochenta y cuatro centavos ($ 798.503,84) con más la suma de pesos ciento sesenta y siete mil seiscientos ochenta y cinco con ochenta centavos ($ 167.685,80) en concepto de IVA sobre honorarios, con más los intereses devengados y que se devengaren hasta su cancelación total. El Juez a-quo requirió informe de actuaria (fs.23) y tuvo por promovida la ejecución de honorarios del Dr. C..- ------ Solicitó en su presentación, el embargo preventivo sobre inmuebles de propiedad del B. demandado, el que luego se trabó sobre sumas depositadas en el juicio: "B. C. S.A. s/ Ejecución Hipotecaria" (Expte.: 1.904/06) (fs. 191 y vta.).---------- ------ La ejecución fue resistida por la entidad demandada, quien articuló excepción de falta de legitimación pasiva con fundamento en lo normado por el art. 2° de la Ley N° 2.200 y lo dispuesto por la Resolución de Directorio N° 307/02, art. 7°, que vedaba, expresamente, el cobro de honorarios al B. por parte de los letrados que percibieran una remuneración fija mensual.----- ------ Explicó cuáles eran las funciones del Dr. C. que se iniciaron con la atención de las causas penales y las civiles derivadas de ellas, para incorporar después los juicios civiles que le encomendaba cada sucursal, motivo por el cual, dicho profesional solicitó un incremento de su remuneración mensual en la suma de pesos dos mil ($ 2.000) mediante nota de fecha 17/12/02.-- ------ Consideró que el contrato original de locación de obra se vio ampliado por las causas civiles que se fueron incorporando más tarde, hecho plenamente conocido por el ejecutante pues, precisamente, por tal motivo, requirió el aumento de sus aranceles mensuales. Si bien dicha ampliación de tareas no fue incorporada por escrito, remarcó que la realidad de las mismas no era la exclusivamente acotada en el contrato de locación de obra y por ello no podía dejar de ser considerada.------- ------ Reiteró que el actor conocía plenamente lo normado por la Resolución de Directorio N° 307/02, pues el título de la nota en la cual pidiera el incremento de sus honorarios mensuales por haber aumentado su participación en otros juicios distintos de los penales originalmente convenidos, fue el título de referencia utilizado en dicha misiva.---------- ------ Calificó que su parte tomó conocimiento de la existencia de tales antecedentes después de haber efectuado algunos pagos de honorarios, hecho que no debería ser entendido como reconocimiento de su parte, y que la pretensión de cobrarlos el actor, evidenciaba una innegable contradicción de su conducta.------ ------ Ofreció prueba y fundó derecho.--------- ------ A fs. 124/135 el Dr. C. contestó el traslado de la excepción, y refirió sentirse plenamente legitimado para reclamar el pago de sus honorarios al banco demandado.---------- ------ Negó que la relación laboral que lo vinculara con el banco quedase encuadrada dentro de lo dispuesto por el art. 2° de la ley de aranceles. No dio crédito a la circunstancia invocada por el banco cuando manifestó que no conocía el Acta de Directorio N° 212/02, ni la nota de fecha 17/12/02 o el contrato de locación de obra con él celebrado, ni los recibos otorgados, en general, de toda la documentación de autos, sino hasta el mes de septiembre de 2.008.-------- ------ Refutó darle carácter de renuncia de sus honorarios por haber presentado la nota de fecha 17/12/02 porque insistió en considerar el pedido de aumento de sus honorarios, circunscripto a los juicios indicados en los contratos de locación de obra celebrados a partir de junio de 2.002.--- ------ Consideró también, que el Acta de Directorio N° 212/02 no hacía ninguna referencia que permitiera considerar incluidos en el convenio de locación de obra, a otros juicios civiles distintos de los derivados de las causas penales para las cuales fuera contratado.----- ------ Indicó que el B. no ofreció ni presentó la documental obrante en su poder, referida a los contratos de locación de obra firmados, porque consideró que los mismos reflejaban la inclusión de una cláusula que decía que el locador prestaría asesoramiento legal directamente a las sucursales Rawson, Trelew, Puerto Madryn y Gaiman, pudiendo delegar tareas en los profesionales letrados citados en su propuesta sin que tuvieran relación de dependencia con el banco, actuando bajo la responsabilidad del locador.- ------ Señaló que la excepción articulada por la accionada debía ser rechazada por cuanto la instrumental acompañada, no cumplía con los requisitos del art. 507 del C.P.C.C., al estar referidos a hechos anteriores a la sentencia que debía conocer y presentar con anterioridad, cosa que hizo en otras ejecuciones similares.--- ------ Entendió que el banco hizo valer sus derechos en un incidente tramitado por ante el mismo Juzgado (1.646 - Año 2.006), donde impugnó las liquidaciones y sus intereses de los honorarios regulados a su favor.

------ Manifestó no haber rechazado la percepción de sus honorarios profesionales en los términos de los arts. 50 y 51 de la Ley N° 2.200 respecto de las causas civiles, comerciales y laborales que le encomendaba la entidad bancaria salvo las incluidas en el contrato de locación de obra.

------ Definió como dilatorios los planteos efectuados por el ejecutado y citó causas similares tramitadas en el Juzgado Universal de Rawson.- ------ Ratificó que la sumas percibidas por el contrato de locación de obra cubría sus honorarios por las tareas especificadas en el mismo, más las de asesoramiento agregadas después.---------- ------ Agregó que la mención que efectuara en su nota de fecha 17/12/02 jamás pudo significar la renuncia a percibir los honorarios correspondientes a su actuación en los juicios civiles, y que ese no fue el criterio seguido por el D. del B. cuando redactara el contrato iniciado con fecha 01/01/03 pues allí se podría haber hecho mención a los juicios que abarcaría.--- ------ Reiteró que su nota de requerimiento de aumento no significó renuncia de derechos, que el banco tomó a su cargo el pago de honorarios en otros juicios tramitados ante el mismo Juzgado y que el banco sólo intentó conductas dilatorias.-- ------ Expresó que si el banco quería aplicar la Resolución N° 307/02 debió volcarla en los contratos de locación de obra celebrados hasta el año 2.004.---------- ------ Remarcó que los trabajos a su cargo se establecieron con precisión en la primera cláusula del contrato que lo uniera con el ejecutado. En dichas causas (penales y civiles derivadas de ellos) se autorizó al letrado a percibir honorarios de terceros pero nunca del banco. Esta circunstancia no podía hacerse extensiva a otras causas distintas de aquéllas, indicó. Ofreció prueba.---------- ------ La sentencia de grado hizo lugar a la ejecución y por ende rechazó la excepción planteada por la demandada. Para arribar a esta conclusión, la sentenciante analizó la documental aportada por las partes, tales como las Resoluciones de Directorio, los contratos de locación de obra firmados y la nota efectuada por el actor, entendiendo que se planteaba una situación confusa en cuanto a los derechos y deberes del ejecutante. Ello así, puesto que si bien tuvo por acreditado el conocimiento del actor respecto de las limitaciones dispuestas por la Resolución N° 307/02, más el incremento de funciones de los letrados del banco, dichas modificaciones no fueron volcadas en el contrato de locación de obra celebrado con posterioridad, circunstancia que sumada a la falta de acreditación del banco de los informes que se le podían requerir al letrado o que éste hubiere presentado, convertía la situación en equívoca. Por aplicación del criterio restrictivo del art. 2° de la ley arancelaria y toda vez que la prueba aportada por el excepcionante no resultaba concluyente para considerar la renuncia a percibir aranceles por parte del ejecutante, no hizo lugar a la excepción articulada y mandó llevar adelante la ejecución. Impuso las costas en el orden causado.------- ------ La decisión fue recurrida por la ejecutada a fs. 211, quien expresó agravios a fs. 220/236 vta.-- ------ II.- SENTENCIA DE LA CÁMARA DE APELACIONES:------- ------ La sentencia de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew (fs. 253/261), fue apelada por la parte demandada (fs. 266/267), quien fundó su recurso a fs. 275/281 vta. La actora contestó los agravios a fs. 283/287 vta.------- ------ El fallo refirió que existían dos ejes sobre los cuales versaban los recursos articulados: la limitación a percibir honorarios por parte del ejecutante de acuerdo a lo normado por el art. 2° de la Ley N° 2.200 y la valoración de la Resolución de Directorio N° 307/02 como limitante distinta y autónoma de lo pactado en los contratos de locación de obra celebrados entre las partes.---- ------ Al analizar el primero de dichos aspectos apuntó que la limitación dispuesta por el art. 2 de la ley arancelaria local de percibir los aranceles de su cliente, se extendía a los letrados que, aunque no tuvieran relación de dependencia, percibieran una remuneración mensual o periódica o que gozaran de una asignación global. Pero siempre teniendo en cuenta que su interpretación necesitaba llevarse a cabo con mucha cautela y que, en caso de duda, debía estarse a favor de no hacerla valer. Adunó el concepto teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 9° de la Ley N° 20.744 y el art. 14 bis de la Carta Magna.----- ------ Revisó la documental aportada por las partes del proceso y concluyó que la voluntad del D. del B. demandado no se volcó en el contrato de locación de obra celebrado con posterioridad a la Resolución N° 307/02, como debía hacerlo. Así no incluyó como actividad profesional retribuida por la locación convenida la representación judicial en causas diferentes a las penales.------ ------ Ello resultó dirimente del caso para confirmar la sentencia de grado y encuadrar la ejecución de los honorarios reclamados, dentro de la excepción establecida por el referido art. 2° de la ley de honorarios.- ------ Consideró, asimismo, que el poder general para juicios dado al ejecutante no alcanzaba para probar la relación invocada por el ejecutado por cuanto para ello no se exigía un contrato con una asignación mensual o periódica, que por otra parte, no se acreditó. Por último, consideró irrelevante la efectividad desplegada por el Dr. C. para habilitar el recurso bajo análisis.--------- ------ Confirmó la sentencia en este punto y la modificó en la atribución de las costas, imponiéndolas al banco vencido en ambas instancias.--- ------ III.- EL RECURSO DE APELACIÓN ORDINARIA:--- ------ El B. C. S.A. en su Recurso Ordinario de Apelación manifiesta, como primer agravio, que la sentencia de grado no se expidió sobre la limitación puntual del ejecutante en virtud de lo dispuesto por la Resolución de Directorio N° 307/02, en su aplicación lisa y llana como norma interna vigente, la cual no fuera cuestionada por el Dr. C. por las vías legales pertinentes.- ------ Refiere que la Alzada comprendió este agravio pero que de manera parcial y defectuosa, aplicó el argumento que el recurrente utilizara para la otra causal de agravio (art. 2° y contrato de locación de obra), y así, rechazó la limitación planteada, desconociendo la normativa vigente del B. ejecutado y avasallando su autonomía para dictar sus propias disposiciones.------ ------ Indica que frente a la Alzada solicitó la comprensión global de la relación que vinculara a las partes, teniendo en cuenta no solamente los contratos de locación de obra sino también las resoluciones dictadas por el D. y la nota del ejecutante requiriendo el incremento de su remuneración mensual.----- ------ Ello así, toda vez que no existían dudas de que con posterioridad al dictado de la resolución antes individualizada, el trabajo remunerado, no se limitaba en forma exclusiva, a los juicios penales y civiles de ellos derivados.-- ------ Afirma que, más allá de lo expresado en el contrato de locación de obra, una vez dictada la Resolución de Directorio N° 307/02, presentada la nota por parte del Dr. C. y elaborada el Acta de Directorio N° 212, debía interpretarse que el nuevo contrato incluía todo tipo de causas, y ello justificaba el incremento de la remuneración fija.- ------ Así, entiende que es erróneo aplicar el art. 2° de la ley arancelaria de la manera restrictiva como lo hizo la Juez de grado pues debía considerar lo dispuesto por la Resolución de Directorio N° 307/02.-- ------ Insiste en que el letrado debió cuestionar la resolución por la vía administrativa pertinente si sus disposiciones lo afectaban directamente en todos aquellos asuntos que eran ajenos a la locación de obra plasmada en los contratos celebrados.------- ------ Transcribe artículos de la Resolución N° 307/02 a los efectos de requerir su análisis con independencia de la restante documental agregada en autos, de donde se colige, según sus términos, que dicha disposición era aplicable de manera automática sin necesidad de autorización ni conformidad de nadie. En su caso, debió ser atacada por la vía judicial o administrativa respectivas.------- ------ Sostiene que esta disposición no debe vincularse con los contratos de locación de obra, ya que, toda la materia ajena a los mismos, quedaba regida por la Resolución de marras.---- ------ Invoca lo resuelto en autos: "G., E. s/ Incidente de Ejecución de Honorarios en autos: "B. C. S.A. c/ T. W. S.A. s/ Ejecución Hipotecaria (Expte.: N° 1.639-2.006) (Expte.: N° 678-2.009), de donde toma y transcribe algunos de los considerandos de la Sentencia Definitiva N° 1.167/09, para interpretar que la situación del Dr. C. era idéntica a la de la Dra. G., ya que ambos habían consentido sin cuestionamientos la Resolución N° 307/02. Esta última profesional no pudo ejecutar los honorarios a su favor contra el banco demandado, precisamente, por no haber observado la resolución de marras. El Dr. C. trabajaba con la Dra. G., es más ella estaba a sus órdenes mientras llevó adelante causas judiciales del ejecutado, de manera que le son aplicables los mismos considerandos.-------- ------ Los agravios de la demandada son contestados por el ejecutante quien manifiesta, en primer término, que su queja no reúne los recaudos de una impugnación al tratarse de meras discrepancias con lo resuelto por la Alzada.- ------ No obstante, responde los agravios sosteniendo que sólo le fueron otorgados dos poderes (y no tres) para representar a la entidad bancaria y que jamás lo alcanzaron las disposiciones de la Resolución N° 307/02, sino los contratos de locación de obra, exclusivamente.------ ------ Refiere que la situación planteada en el juicio de la Dra. G. no es la misma que la del ejecutante puesto que él había firmado contratos de locación de obra que específicamente delimitaban su relación con la ejecutada. Su actuación como patrocinante de dicha letrada, no viola lo dispuesto en dichos convenios.--- ------ Califica de acertado el análisis efectuado en la Alzada y ratifica que en ningún momento renunció a la percepción de honorarios al cliente. Cita jurisprudencia.- ------ A fs. 289 y vta., obra dictamen del Sr. Procurador General por medio del cual considera que se reeditaron los agravios vertidos en la instancia anterior, y sin discurrir en la responsabilidad que le podría corresponder a los funcionarios del B. C. S.A., consideró la inexistencia de sustratos fácticos y jurídicos atendibles para admitir la excepción de falta de legitimación pasiva en el caso.- ------ IV.- ANÁLISIS:--------- ------ En primer lugar, corresponde revisar la procedencia del Recurso de Apelación Ordinaria por causa de interés público, Ley XIII N° 5, art. 257 (antes art. 254 del C.P.C.C.) interpuesto por el B. C. S.A. (fs. 266/267), que fuera concedido por la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew, Sala "B" (fs. 268).-- ------ La vía intentada está contemplada en el art. 32, inc. 6 de la Ley V N° 3 (antes art. 32, inc. 7 de la Ley Nº 37), donde se establece que el Estado Provincial, las Corporaciones Municipales y/o entidades autárquicas o descentralizadas de las mismas, sean parte directa o indirecta podrán interponerla contra los pronunciamientos definitivos dictados por las Cámaras de Apelaciones y del Trabajo cuando el valor en discusión superare el monto allí consignado.-------- ------ Dicho esto, habré de analizar si el presente Recurso Ordinario de Apelación es pasible de ser tratado en esta instancia, sobre todo por el planteo efectuado por la actora cuando califica como insuficiente la crítica desarrollada por la accionada respecto del fallo opugnado. Para ello, es necesario constatar si se encuentran reunidos los requisitos impuestos por el ordenamiento jurídico para tal fin, en la medida que pesa mayor estrictez en su análisis, toda vez que la naturaleza y finalidad específicas del Recurso Ordinario de Apelación, tienen por objeto proteger los intereses del fisco y conceder mayor seguridad de acierto a las sentencias que deciden cuestiones que comprometan el patrimonio de la Nación o la Provincia (Conf.: TAWIL, Guido Santiago, "Recurso Ordinario de Apelación ante la Corte Suprema de Justicia", Ed. Depalma, 1.990, pág. 53). ---- ------ De la lectura de los agravios, si bien se advierte que se reiteran algunas apreciaciones que fueron previamente volcadas en la apelación por ante la Alzada, ese solo motivo, no se traduce en un obstáculo insalvable que impida su tratamiento por este Cuerpo. Se ha sostenido en el sentido expuesto, que la vía intentada: "debe aportar elementos que refuten lo resuelto por la instancia anterior, pero esta exigencia debe sin embargo, ser observada con especial prudencia, pues una visión errada de su verdadero significado podría derivar en una colisión con el principio de congruencia y, consecuentemente, en una restricción injustificada del derecho de defensa de las partes" (Guido Santiago TAWIL, obra citada, pág. 156).---------- ------ Establecida la admisibilidad del recurso, observo que el primer agravio de la ejecutada consiste en atacar que la Alzada, no aplicara -lisa y llanamente-, la Resolución de Directorio N° 307/02. Entiende el recurrente que su vigencia para el ejecutante era efectiva desde su dictado, y que no se la podía soslayar, toda vez que el Dr. C. no la había cuestionado por las vías -administrativa o judicial- pertinentes, tras haber tomado conocimiento de la misma.-- ------ Cuando la Cámara de Apelaciones analiza el caso, interpreta la Resolución N° 307/02 en forma conjunta con la restante documental acompañada por el banco, cuyo contenido resume. Luego revisa la instrumental acompañada por el Dr. C., y concluye que si bien la mentada Resolución N° 307/02 establece en su art. 7° la veda a los profesionales de percibir honorarios contra la entidad financiera, la falta de inclusión de dicha voluntad en el contrato de locación de obra celebrado entre las partes con posterioridad al dictado de la misma, resulta determinante para hacer valer la restricción del art. 2° de la ley arancelaria. Considera insuficiente la demostración de la percepción de sumas mensuales y periódicas para rebatir la petición del actor y aplicar sin más, la normativa local de honorarios.-------- ------ El tema a decidir se refiere, entonces, al supuesto donde se intenta ejecutar honorarios al cliente cuando éste último no ha sido condenado en costas y media, además, una vinculación donde el abogado, si bien no tiene relación de dependencia, percibe una retribución periódica de aquél.-------- ------ Para tratar y resolver esta queja, me veo obligado a considerar varios aspectos que habrán de ser los pilares sobre los cuales se sustente, en definitiva, el resultado del planteo. Ello me conduce a ponderar la normativa de fondo y ritual aplicables en estos supuestos, como, asimismo, la doctrina y jurisprudencia vigentes sin perder de vista las reglas interpretativas de los contratos, y con ello, la documental firme para ambas partes, y la conducta de éstas a lo largo de su relación convencional.-------- ------ Siguiendo a Norberto José NOVELLINO, por "honorarios" debe entenderse la retribución que recibe por su trabajo quien practica un arte liberal. Tal alocución tiene su origen en Roma donde se denominaba como "honores" a los oficios o empleos que por concepción especial llevaban consigo el derecho de percibir una parte de los impuestos (autor citado, "Honorarios Profesionales", Ed. Nova Tesis, 2.003, pág. 15).----- ------ La ley arancelaria local, por su parte, no efectúa precisiones sobre su naturaleza jurídica pero lo protege a lo largo de su articulado, estableciendo los métodos de percepción, la presunción de onerosidad, los plazos de pago, etc. Ello así, toda vez que el abogado, además de tratarse de una persona habilitada para exponer el derecho, hacerlo valer, constituye un auxiliar de la justicia y colaborador de la misma.-- ------ El art. 2° de la Ley XIII N° 4, (antes art. 2° de la Ley N° 2.200) establece que los profesionales que actuaren para su cliente, con asignación fija, o periódica, por un monto global o en relación de dependencia, no están comprendidos en dicha normativa, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquélla relación o cuando mediare condena en costas a cargo de otra de las partes intervinientes en el proceso.-- ------ El artículo 3º presume como onerosa la tarea de los profesionales de la abogacía, en la medida de su oficiosidad, con las excepciones legales para actuar gratuitamente.-------- ------ En los arts. 49 y 50 se los faculta a solicitar el cobro de sus honorarios a su cliente, con protección expresa al establecer el plazo de diez días de notificado el auto regulatorio firme, para que el condenado en costas, abone la sumas reguladas. Cuando dicho pago no se efectuare, entonces el letrado podrá reclamarlo a su cliente. Este último cuenta con idéntico plazo de diez días para cancelar los aranceles de su abogado, contados a partir de la fecha de notificación de dicho reclamo. La vía procedimental que prevé la norma es la de ejecución de sentencia.-------- ------ Dentro de las normas de fondo atinentes a los honorarios no puedo soslayar referirme a los arts. 14 bis y 17 de la C.N. y la norma que los define (art. 2.330 y ccs.), que indica que: "son igualmente frutos civiles los salarios u honorarios del trabajo material, o del trabajo inmaterial de las ciencias". Enmarcan en este tema las restantes disposiciones relativas al mandato y a la representación (arts. 1.870, inc. 6 y 1.872 del código de fondo), en la medida que éstas lo facultan para obrar en nombre de su representado, siendo responsable de su actuar negligente y, donde, la forma, modo de regulación y percepción, se rige a través de las disposiciones procesales.----- ------ De lo hasta aquí desarrollado puedo tener por cierto que el honorario es un derecho que corresponde a quien ha sido beneficiado con la regulación y por ende, goza de las garantías constitucionales previstas por los arts. 14 bis y 17 de la Carta Magna. Es relevante destacar por ello que el art. 49 de la Ley XIII N° 4 (antes art. 48 de la Ley N° 2.200) impone un vínculo de solidaridad entre el condenado en costas y el beneficiario del juicio al momento de ejecutar los honorarios judicialmente regulados, por cuanto la protección del emolumento es una premisa insoslayable que impone al ordenamiento jurídico establecer un nexo obligacional para facilitar su percepción.----- ------ Así entonces, la obligación del cliente de afrontar los honorarios de su abogado cuando no ha sido condenado en costas, es solidaria e indirecta puesto que podrá reclamar lo que pagare por tal concepto, en la medida del interés de cada responsable de la deuda (art. 701 del C.C.).--- ------ Siguiendo con la cuestión de fondo, esta solidaridad tiene la limitación dispuesta por el art. 2° de la Ley XIII N° 4 (antes Ley Nº 2.200 art. 2°). Si bien el art. 49 ya indicado, autoriza el cobro al cliente, ambas parecerían opuestas o al menos generan alguna duda respecto de la aparente contradicción normativa. La Corte Suprema ha sido sumamente clara al fallar que: ". en los supuestos en los que una repartición del Estado Nacional designa a uno de sus agentes para que lo representen en un proceso judicial, éste no ejerce su actividad en función de un contrato de derecho privado, como los de mandato o locación de servicios, sino en virtud de la relación de empleo público que lo une con el organismo administrativo . por principio el cumplimiento de la función pública es remunerada con un sueldo previsto como erogación en el presupuesto; circunstancia que llevó a esta Corte a declarar que los agentes públicos que gozan de aquél no son acreedores a honorarios por los servicios que prestan en el desempeño de su cargo, teniendo por única remuneración de ellos la retribución que las normas les asignen (Fallos, 90-94; 240-140; 259-125)", (Conf.: C.S., septiembre 11/1.984, "Fisco Nacional c/ PAULISTA, S.A., E.D. 111-199).--- ------ En orden a la prueba instrumental traída a juicio, con fecha 20/06/02 la entidad accionada, otorgó "Poder Especial para Juicios, Asuntos Administrativos, Querellar a favor de C. F. C." (fs. 64).---------- ------ El 05/07/02, el B. otorgó nuevo Poder a favor del mismo letrado pero esta vez de carácter General para Juicios y Asuntos Administrativos, autorizándolo a intervenir en "los juicios pendientes" que tuviera el banco, como así también, "asuntos y causas judiciales y administrativas", se le suscitaren o llegaren a suscitársele en el futuro.------ ------ A posteriori, adquiere relevancia la Resolución de Directorio Nº 307/02 (de fecha 05/12/02), donde expresamente consagra en su artículo 7º que: "Los letrados que actúen en representación del B. no tendrán derecho alguno al cobro de honorarios contra la entidad financiera poderdante".------ ------ También resulta trascendente la nota de fecha 17/12/02, presentada por el ejecutante al Presidente de la entidad financiera, donde transcribe: "Ref: Resolución de Directorio N° 307/02" y luego, tras indicar que fue contratado para atender las causas penales y las civiles derivadas de los mismos, refiere que: "Con posterioridad esta función de asesoramiento se fue paulatinamente ampliando, adicionándose las causas judiciales en las que el B. fuera parte como actor, promoviendo las acciones judiciales que encomendaba cada sucursal. Por tal motivo el B. me autorizó a sustituir facultades bajo mi exclusiva responsabilidad, proponiendo la atención de los juicios radicados en los Tribunales de Rawson, Trelew y Puerto Madryn mediante la designación de los Dres. E. R. G. y A. F. V. P.". Esta nota, tenía como finalidad la de obtener un incremento de pesos dos mil ($ 2.000) respecto de la suma convenida en el contrato de locación de obra de fecha 21/06/02.------ ------ Como dije en el comienzo, uno de los pilares que habrán de sustentar mi voto, se refiere a la interpretación normativa y así, siguiendo a GOZAÍNI, se ha sostenido, reiteradamente, que las leyes deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional para obtener un resultado adecuado que no desmerezca la finalidad prístina de la justicia. Se debe tener en cuenta lo que las normas han querido mandar para evitar soluciones notoriamente injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto. Para ello es menester analizar el resultado que se obtendrá de aplicar uno u otro criterio, "pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma" (Conf.: C.S:, 17/9/87, in re LÓPEZ, Osvaldo; L.L., 1.988 - B- 253).

------ En S.D. Nº 16/S.R.E./06 sostuve que: "las reglas de interpretación de las normas jurídicas imponen al juzgador, sin desconocer las palabras de la ley, dar preeminencia a su espíritu y a sus fines, al conjunto armónico del orden jurídico, y a los principios fundamentales del derecho en el grado y con la jerarquía en que son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto basada solamente en la liberalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos incompatibles con aquellos principios axiológicos (CS., noviembre 6-1980). Ello quiere decir que el juzgador no puede ser un mero observador de la norma. Su función no se circunscribe a la simple tarea de aplicar las leyes según la estricta concepción literal de su redacción. Por el contrario, primero debe conocer su contenido, interiorizarse con éste último e interpretarlo, para trabajar después, en la tarea de subsumir el caso en el derecho vigente".-------- ------ Teniendo en cuenta, entonces, las normas aplicables, la documentación agregada en autos, la doctrina y jurisprudencia precedentemente reseñadas, con más las pautas de interpretación acordes para establecer el juego armónico y concordante de la normativa que rige la materia, habré de detenerme en el análisis que entiendo oportuno y central, para establecer con certeza, las particulares circunstancias que rodean la relación contractual que mantuvieron las partes a los efectos de tener por cierto si corresponde o no, hacer lugar a la excepción que prevé el art. 2º de la Ley XIII N° 4 (antes art. 2° de la Ley Nº 2.200). Y ello así porque considero que sólo un análisis global de la relación del abogado con su cliente, habrá de ilustrar respecto de sus verdaderos alcances, sin que resulte razonable circunscribirla al marco restrictivo que regula el tratamiento de la excepción de falta de legitimación en los procesos de ejecución.--- ------ El abogado tiene derecho a percibir la remuneración acorde a las tareas desempeñadas en los juicios que iniciare o tramitare a los efectos de compensar su idoneidad profesional. Pero cuando este actuar es remunerado, sea en relación de dependencia o en forma continua o periódica, y goza de cierta estabilidad en ese rol (aún cuando esto no es decisivo), no podría pedirle a su "cliente" que le pagara las costas obtenidas por el éxito pues la contingencia del honorario está cubierta por la habitualidad de la remuneración (Osvaldo A. GOZAINI, "La opción de ejecutar honorarios al "cliente" cuando no ha sido condenado en costas y existe relación de dependencia", L.L., 1.991-D-803).--------- ------ En este mismo sentido se ha expedido la Suprema Corte de Mendoza al establecer que: "Frente a la ejecución de honorarios, nada impide al cliente ejecutado oponer como defensa que él no es el obligado al pago, sea mediante la excepción de inhabilidad de título o de falta de legitimación pasiva, siempre que lo haga a través de prueba documental o que, esa falta de legitimación surja de la normativa legal". (Expediente: 82.585 - PODESTA CASTRO RICARDO Y OTS. EN J° 110.457/37.164 PODESTA CASTRO Y OTRO C/ BANCO GALICIA Y BS. AS. S.A. P/ EJ. HON. S/ INC. CAS Fecha: 05-08-2.005, Ubicación: LS354 - Fs.049; Magistrados: KEMELMAJER - ROMANO - PÉREZ HUALDE).- ------ En el caso de autos la relación que uniera al ejecutante con el B., quedó plasmada en el primer contrato de locación de obra que celebraron las partes. Luego tuvo lugar el dictado de la Resolución Nº 307/02 que dispuso de manera expresa que los letrados del banco no podrían cobrarle honorarios. Estos sólo podían percibirlos de la contraria y no en su totalidad sino en un 70% como propios del total de los regulados. El 30% restante correspondería al Sr. Asesor Letrado de la Casa Central, en retribución a sus funciones de contralor y auditor (art. 3°, inc "e" de la referida Resolución). Antes del dictado de esta normativa, ya se había otorgado el Poder General para Juicios donde se autorizaba al ejecutante, a intervenir en las causas judiciales pendientes o que se iniciaren en el futuro, sin diferenciar ni especificar la materia de las mismas, es decir, podía tratarse de causas penales o civiles, incluso de índole administrativa. Con fecha 17/12/02 el Dr. C. presentó la nota por medio de la cual solicitó un incremento del monto mensual que recibía hasta ese momento como contraprestación al respectivo aumento de sus tareas, dentro de las cuales, y como se transcribiera ut supra, expresamente incluyó las causas civiles en trámite o a iniciarse, correspondientes a las jurisdicciones de Trelew, Rawson y Puerto Madryn toda vez que habría de contar con dos profesionales más, a sus órdenes y bajo su exclusiva responsabilidad.------ ------ El conjunto de instrumentos hasta aquí individualizados ilustran el desarrollo de la relación habida entre las partes. Así, no puedo dejar de considerar que el ejecutante ya venía actuando en juicios distintos de los establecidos en el primer contrato de locación de obra y que ante la decisión inequívoca de su mandante en vedar todo cobro de honorarios regulados a su favor, contra la entidad bancaria, solicitó el aumento de su retribución mensual. Y aquí es donde resta analizar la conducta de las partes.-------- ------ En S.D. N° 04/S.C.A./02 el Dr. ROYER recordó que MAIRAL, en su obra "La Doctrina de los propios actos y la Administración Pública" (Depalma 1.988) expuso que: "si bien el derecho no puede proscribir totalmente las contradicciones y obligar a una coherencia absoluta de conducta, existen ciertos supuestos en los cuales se ha juzgado necesario sancionarlas para crear así una base de confianza y dependencia recíproca que permita el desarrollo sereno del tráfico negocial. La teoría que explica este resultado y precisa tanto las condiciones para su aplicación como las consecuencias que de ella surgen, ha sido llamada en nuestra lengua "doctrina de los propios actos" y se sintetiza en el aforismo latino "venire contra factum"...(pág. 1), tomando expresión en la regla "a nadie es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe, si se justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho, o su ejercicio posterior choca contra la ley, las buenas costumbres o la buena fe"...(pág. 4), cuyo sustento normativo se ha hecho derivar de los arts. 1.071 y 1.198 C.C.".-------- ------ Es que la actora, quien recibiera mandato para conocer en causas distintas de las especificadas en el contrato de locación de obra y asimismo, un aumento en su remuneración mensual, ha incurrido en violación de la doctrina de los actos propios, pues si sabía de la limitación dispuesta por el acta de Directorio, en vez de impugnarla por las vías pertinentes, nada dijo para después pretender la percepción de los honorarios de su cliente, no perdidoso en los juicios en el cual los ejecuta, alegando la aplicación restrictiva del art. 2º de la Ley XIII N° 4 (antes art. 2° de la Ley N° 2.200).------- ------ Y aquí no puedo omitir la aplicación de otro principio fundamental del derecho cual es el de la buena fe contractual. Como dije en la S.D. Nº 05/S.C.A./2.003 "el principio de la bona FIDES domina todo el tráfico jurídico, por su trascendente contribución a la solidaridad social. No sólo entonces es de estricta aplicación en el ámbito del derecho privado, sino también del derecho público. La buena fe debe ser entendida como un principio en función social-solidarista, como profecía auto confirmatoria de cada uno de los imperativos éticos-comunitarios. La conciencia social es la suma de voluntades, el estilo individual y social de cada sujeto, su "ser libertad" en el progresivo desarrollo. No importará tanto el "forum internum", la sinceridad, en la disposición del sujeto actuante, sino en su aspecto externo, atendiendo primordialmente al otro; el interés del derecho radica en amparar un "derecho a la veracidad ajena", asumiendo un rol social garantista contra la incoherencia o la deslealtad."---------- ------ "El principio general de la buena fe inspira la realidad de lo jurídico, como consecuencia de su esencial fuerza ordenatoria, derivada de los valores éticos que encarna independientemente de su reconocimiento positivo... Del rol inspirador derivan la funciones que la buena fe cumple en la interpretación e integración del derecho y como límite a todo comportamiento que tenga relevancia jurídica. Todo comportamiento susceptible de producir consecuencias jurídicas debe desenvolverse de acuerdo a la buena fe; de este modo actúa como límite en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes." (Carlos A. TAMANTINI y María E. ZAPATA de TAMANTINI, "El principio general de la buena fe", J.A. 1987-IV, pág. 926).-- ------ En S.D. N° 13, 14 y 15/00 y 06/S.C.A./01 el Dr. ROYER recordaba a André de LAUBADÉRE, citado por Pedro COVIELLO en las Jornadas organizadas por la Universidad Austral en Mayo de 1.999, publicadas por la Ed. Ciencias de la Administración -pág. 90- "Sea administrativo o civil un contrato...es siempre un contrato, y en la concepción general de nuestro derecho, esencialmente consensualista, la voluntad manifestada por las partes al momento de la celebración...es la idea directriz a la cual el juez debe en primer lugar referirse cuando hay que determinar el contenido de las obligaciones de los contratantes en vistas de aplicarlas a la ejecución".-- ------ Si es tarea primordial del juzgador lograr una exégesis valiosa de las leyes evitando en todo momento la aplicación de soluciones injustas, es dable concluir que los abogados tienen derecho a percibir los honorarios profesionales por su trabajo, pero cuando gozan de estabilidad en la percepción de una remuneración periódica y continua, esta circunstancia cubre cualquier eventualidad. "Si el abogado pretende cobrar a su cliente, además de este importe el derivado de los honorarios regulados a la contraria, incurriría en un pago sin causa porque las obligaciones que estacionan en cabeza del abogado reposan en los arts. 1.908 y 1.952 del Cód. Civil, de manera que el letrado se somete a la regla del interés principal. Inmediatamente observamos que, de efectuarse el reclamo al cliente, tampoco tiene el profesional causa válida, porque ésta es contraria a las leyes que rigen específicamente la situación (v. gr. art. 18, ley 3.904; arts. 203 y 274, ley orgánica de las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, entre otras). Tampoco puede tolerarse una actitud que postergue la confianza que deposita el empleador, donde la buena fe es la principal causa que moviliza la relación entre ellos..." (GOZAÍNI, L.L., 1.991-D-804).----- ------ La Corte de la Provincia de Buenos Aires ha hecho lugar a reclamos de este tipo cuando no medió contrato escrito que especificara los recaudos de la relación para convalidar los requerimientos de lo clientes ejecutados (Conf.: C.S.B.A., 13/12(06, "MALBERT, Jorge Alberto c. Telefónica de Argentina S.A. s/ Ejecución de Honorarios"). A contrario sensu, si las reglas que regulan la relación contractual están especificadas por escrito, y de ellas surge el impedimento de cobro a su cliente de manera inequívoca, la ejecución no puede prosperar y corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva.- ------ Por último, creo válido señalar que en su gestión profesional como auxiliar de la justicia, el abogado tiene por encima de las apetencias de cada parte o del exitismo en la contienda procesal, límites morales que condiciona su comportamiento e inclusive las postulaciones de fondo de su patrocinado. Y es ahí donde su vocación de justicia le hará tomar el camino correcto (Norberto José NOVELLINO, op. citada, pág. 20).----- ------ Deducida la ejecución contra el cliente, en un juicio como el caso de autos, donde resultó vencedor, no condenado en costas, podría decirse que se desvirtúa ese éxito obtenido al tener que afrontar el pago de honorarios por los cuales no debe responder.----- ------ Por los fundamentos expuestos, corresponde revocar la sentencia apelada, y hacer lugar, en consecuencia, a la excepción interpuesta por la ejecutada. ASÍ LO VOTO.---------- ------ A la misma cuestión el Dr. ROYER dijo: -------- ------ 1.- A modo introductorio, en tanto el Recurso de Apelación Ordinaria por causa de interés público previsto en el art. 257 de la Ley XIII Nº 5 (antes art. 254 del C.P.C.C.), se interpuso contra una Sentencia Interlocutoria de la Cámara de Apelaciones, entiendo procedente efectuar algunas acotaciones sobre si el resolutorio posee el carácter conclusivo que la vía transitada requiere.----- ------ En forma constante y uniforme la jurisprudencia de este Superior Tribunal ha señalado la impertinencia del carril recursivo cuando el pronunciamiento recurrido carece de las notas de definitividad. El Recurso de Apelación Ordinaria previsto por la Ley N° 37, procede contra las sentencias definitivas dictadas por las Cámaras de Apelaciones, y por sentencia definitiva debe estarse al significado que le acuerda el art. 242 inc. 1º de la Ley XIII Nº 5 (antes art. 242 inc.1º del C.P.C.C.), siendo las mencionadas por los arts. 165 y 166 de la citada Ley procesal (antes arts. 163 y 164 del C.P.C.C.), es decir que el recurso no procede contra las sentencias interlocutorias, o las resoluciones simples aún cuando éstas causen gravamen irreparable, sino sólo contra las decisiones que resuelven las cuestiones de fondo, propuestas con valor de cosa juzgada material. Así el criterio para la calificación de sentencia definitiva a los fines de la admisibilidad del remedio intentado, es más estricto que en la hipótesis de los arts. 289 y siguientes de la Ley XIII Nº 5 (antes arts. 286 y siguientes del C.P.C.C.), y aún del art. 14 de la Ley N° 48, pues para éstos son equiparables a la sentencia definitiva las resoluciones que causan gravamen irreparable. (Conf.: S.D. 09/S.R.E./04).- ------ Como se dijo en la sentencia referida supra: "En este marco, el concepto de sentencia definitiva no se constriñe tan sólo a la noción de aquélla que decide el fondo de la controversia. Es también a juicio de este Cuerpo sentencia definitiva, aquélla que sin emitir pronunciamiento acerca del mérito de la pretensión, resuelve desestimar la actuación por considerar atendible una defensa...o cuando se admite excepción de falta de acción... o cuando prospera cualquier excepción fundada en la inexistencia de algún requisito de la pretensión. Loutayf Ranea cita la clasificación de Couture para quien cabe distinguir las sentencias Interlocutorias simples de las Interlocutorias con fuerza de definitivas, que son aquéllas que tienen esa forma pero que de hecho y derecho hacen imposible la prosecución del juicio.(Conf. "Tratado de los Recursos", T° I, pág. 327/329). En S.I. N° 99/S.R.E./01 se dijo que, el concepto de sentencia definitiva, claramente delineado por la Corte, a la que sigue este Tribunal, indica que la nota de "definitividad", sólo accede a aquellos pronunciamientos que terminen con la litis o hagan imposible su continuación. Sólo si la acción subsiste y el pleito puede continuar o reiniciarse, la sentencia no tendrá carácter definitivo" (C.S: Fallos 300:642, 302:345, 303:802, 311:1042, 2701, S.T.J.CH. S.D. N° 19/S.R.E./99, 26, 32/S.R.E./00, 07/S.R.E./03)".------- ------ En el supuesto bajo análisis, pese a tratarse de una sentencia interlocutoria, goza de los atributos de definitividad, por cuanto las cuestiones resueltas en éste no pueden ser discutidas nuevamente en otro juicio ulterior. -------- ------ Cabe afirmar, por lo expuesto, que el Recurso de Apelación Ordinaria ha sido bien concedido, correspondiendo en consecuencia, proceder a su tratamiento.----- ------ 2.- A continuación señalo en forma acotada y en consonancia con los precedentes de este Superior Tribunal, que la vía recursiva que la demandada intenta, se encuentra habilitada, por cuanto, según se ha dicho en relación al art. 32 inc. 6 de la Ley V N° 3 (antes art. 32 inc. 7 de la Ley 37): "aún cuando el inciso 7 (ahora inciso 6) referido habla de situaciones en las que el Estado provincial sea parte directa o indirectamente, no puede negarse que la Provincia posee interés indirecto en la cuestión, pues el B. responderá por el crédito que se le reclama en esta litis con capital que en su mayor proporción pertenece a la Provincia, y cuyo destino entre otros, es el bien común." (Conf.: S.D. 31/S.R.E./00; 05/S.R.O.E./08).----- ------ De este modo, se encuentra el Tribunal habilitado para llevar adelante el examen de la cuestión aquí traída.--------- ------ 3.- Superado tal extremo, debo prevenir que en orden a los agravios expuestos por la accionada, puede surgir en el ánimo del juzgador alguna vacilación cuando se trata de evaluar la suficiencia técnica de los mismos, más me inclino por seguir aquí las enseñanzas de Juan Carlos HITTERS, quien advierte que ante la duda debe estarse a favor de la suficiencia, en la medida que la expresión de agravios tenga un viso de seriedad y signifique una crítica concreta del dispositivo sentencial atacado (Técnica de los Recursos Ordinarios, Ed. Librería Platense, 2da. edición, pág. 466), caracteres que encuentro presentes en el memorial de agravios.------ ------ Por lo que, teniendo en cuenta las particularidades del caso, acuerdo con el prevotante en tener por suficientes los agravios expuestos a los fines de habilitar la vía, recordando a tal fin la señera jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que este Tribunal adhiere, que indica que "el proceso no puede conducirse en términos estrictamente formales, estando vedada la aplicación mecánica de los principios jurídicos que conducen a la frustración ritual en la aplicación del derecho..." pues debe darse primacía a la verdad jurídica objetiva, acorde con el adecuado servicio de justicia y compatible con la garantía constitucional de la defensa en juicio" (Conf.: S.T.J.Ch., S.I. N° 13/03).- ------ 4.- Adentrándome ahora en el análisis de la cuestión debatida, anticipo que no me detendré aquí en el desarrollo particularizado de las constancias de la causa ni de las normas cuya aplicación se debaten en autos, reseñadas en extenso por el Sr. Ministro preopinante, a fin de no agobiar con repeticiones innecesarias. Sólo me referiré puntualmente a aquéllas que el examen que realizo me obligue, para su mejor comprensión.

------ 4.1.- Conforme surge claramente de la lectura de la expresión de agravios de la apelante, ésta sustenta su opugnación a la sentencia recurrida en la errónea interpretación de la limitación impuesta por el art. 2° de la ley arancelaria provincial y de la Resolución de Directorio del B. C. S.A. N° 307/02, dictada el 05/12/02. Aduce que la situación del letrado ejecutante se encontraba abarcada por la citada disposición interna de la entidad bancaria, y que conforme a ella debió ser resuelta la cuestión analizada.-- ------ Plantea por ello la ejecutada que para determinar el alcance de los contratos de locación de obra celebrados entre las partes debía analizarse la cuestión en forma global, incluyendo el resto de la documentación de ellas emanada, esto es, la Resolución N° 307/02, la nota del Dr. C. del 17/12/02 y el acta de directorio N° 212/02.------ ------ Concuerdo particularmente con ello, pues como es norma consagrada en nuestro derecho positivo, "los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (art. 1.198, primera parte).---------- ------ Al respecto, tuve oportunidad de señalar, siguiendo a BREBBIA ("Hechos y Actos Jurídicos" - Tomo II - págs. 205/211), en S.D. N° 06/S.C.A./01 que: "interpretar un negocio jurídico significa desentrañar el sentido y alcance de las voluntades que concurren a formarlo en la medida en que han sido exteriorizadas. No se trata de reconstruir la voluntad psíquica de las partes, sino de determinar el proceso volitivo a través de su exteriorización. La voluntad así fijada -agrega- no admite alteración alguna apoyada en el estudio de los procesos psíquicos internos de las partes que condujeron al acto. La tarea de interpretar un negocio -insiste- sólo puede tener lugar a través de la existencia de una voluntad sanamente expresada. En este orden, existen reglas que guían el proceso de interpretación de los actos jurídicos, que constituyen verdaderas normas, que no sólo se dirigen al juez o al intérprete sino que deben ser tenidas presentes por las partes que negocian para ajustar su conducta al criterio legal que en definitiva será el fijado -si fuere necesario- por el juez. Tales los arts. 1.198 del Código Civil, o bien los arts. 217 a 219 del Código de Comercio".-- ------ Referí allí que: "La interpretación de un negocio -sigue el autor- a diferencia de la aplicada a la ley que es objetiva, es predominantemente subjetiva, sin perjuicio de presentar un cariz objetivo al tener que desentrañar en ocasiones, el sentido y alcance del texto que enuncia la voluntad mediante la aplicación de estándares de conducta -de pautas que se consideran normales en el ámbito de las relaciones negociales-. Esta doble faz objetiva- subjetiva incide para que deba distinguirse entre las normas de interpretación que persiguen reconstruir la voluntad real (histórica) de las partes, y aquéllas que ante esa imposibilidad, tratan sólo de eliminar dudas y ambigüedades en la manifestación, fijando la voluntad presunta. La reconstrucción de la primera exige el análisis del comportamiento de las partes -anterior, simultáneo y posterior al negocio- conforme las circunstancias de lugar y tiempo que debe ser captada in re ipsa en la declaración. En los actos bilaterales, deberá rehacerse su proceso de formación, y no atenerse a las declaraciones aisladas de las partes, que deben considerarse como elementos de un mismo fin práctico perseguido. El negocio debe ser interpretado asimismo de manera sistemática, teniendo en cuenta su contexto general, tomando el acto jurídico como un todo".--------- ------ Y señalé también en el decisorio que cito: "La regla esencial de interpretación que indica el art. 1198 CC -la buena fe- implica que la conducta de las partes debió estar regida por un criterio de recíproca lealtad y confianza. Exige del declarante que la exteriorización de la voluntad se efectúe de manera tal que pueda ser captada en su verdadero alcance por el destinatario, y que éste actúe con la diligencia necesaria para que ese conocimiento de la expresión de la voluntad del emitente sea apreciado en su verdadero sentido".- ------ 4.2.- Lo importante entonces, lo trascendente, será determinar las características propias de la cuestión aquí analizada, sus especificidades y particularidades en relación a las personas, tiempo, lugar y demás circunstancias.--------- ------ Prevengo que para efectuar este estudio he de tomar en consideración la documental aportada por la ejecutada en fotocopia simple (fs. 30/53), por cuanto, si bien se dijo en alguna oportunidad con cita de CARNELUTTI, que si el documento no es auténtico, es decir, si no hace fe de su autor, no suministra la prueba documental de su formación por parte de persona determinada. Pero -se agregó- ello no quiere decir que el hecho mismo que el documento representa no pueda ser probado de otro modo, tomando el mismo como fuente de indicio, no de prueba. En este caso -se acotó siguiendo al autor- la prueba no será documental, pero sí podrá ser testimonial, confesional o certificada por otro documento....- (S.D. Nº 52/92 "V..." y sus citas - Voto del Dr. MARTIN). Ante el expreso reconocimiento de los hechos representados por las copias señaladas, habré de tener por acreditada su existencia (Conf. también se resolviera en S.D. 16/S.C.A./97).-------- ------ 4.3.- Sentado ello, he de establecer que en orden cronológico, la vinculación que uniera al Dr. C. con su mandante, comienza en el año 2.002, cuando se le otorgara "Poder Especial para Juicios, Asuntos Administrativos, Querellar", para intervenir en las causas específicamente detalladas en el mismo (fs. 64/65 vta.). El 21/06/02 se suscribe el contrato de locación de obra a los fines que -entre otros- el profesional represente al B. como querellante en las causas penales que se le indiquen y eventualmente ejercitar la acción civil tanto en sede penal como en sede civil (fs. 60 y vta.). El 05/07/02 se expide nuevo Poder, ahora en carácter de General para Juicios y Asuntos Administrativos (fs. 66/67 vta.). El día 05/12/02 se emite la Resolución de Directorio N° 307/02 (fs. 31/36).-------- ------ A posteriori se suscribe nuevo contrato de Locación de Obra (copia obrante a fs. 61/62), adicionándose al primigenio la cláusula SÉPTIMA, referida al asesoramiento legal a las sucursales de Rawson, Trelew, Puerto Madryn y Gaiman.

------ En ese contexto, en principio, he de señalar que a tenor de las manifestaciones efectuadas por el letrado ejecutante en su nota de fecha 17/12/02 (cuya copia luce a fs. 37/38), la actividad del profesional desde la suscripción del primer contrato de locación de obra (fs. 60 y vta.) no se limitó a la atención de las causas penales y algún asesoramiento legal al Directorio. Siempre según sus dichos, "con posterioridad esta función de asesoramiento se fue paulatinamente ampliando, adicionándose las causas judiciales en las que el B. fuera parte como actor, promoviendo las acciones judiciales que encomendaba cada sucursal". Señala que con autorización del Banco sustituyó sus facultades, proponiendo la atención de los juicios radicados en los Tribunales de Rawson, Trelew y Puerto Madryn mediante la designación de los Dres. E. R. G. y A. F. V. P. Refiere luego que por la Resolución 307/02 se amplían las obligaciones a su cargo, debiendo concurrir a las sucursales y atender las consultas verbales y escritas que se les planteen. Esos motivos llevaron al letrado a solicitar un incremento en el importe del contrato suscripto oportunamente, a partir del mes de enero de 2.003.--------- ------ Llegado a esta instancia, se impone retroceder en el tiempo, y leer la Resolución N° 307/02. En la misma se establecen normas tendientes a regular la actuación de la Asesoría Letrada de la Casa Central del Banco (art. 1°); como así también la de los abogados externos con intervención en los juicios de la jurisdicción de Puerto Madryn, Trelew y Rawson (arts. 3, 5, 7, 8, 9 y 10).- ------ De la copia de la citada Resolución, adjuntada a fs. 31/36, puede leerse un sello impuesto debajo de una firma: "E. R. G. - ABOGADA - MAT. ****-TW", y una anotación: "Notificada 11-02-03".------- ------ A consecuencia de lo reseñado, verifico que desde sus inicios la actuación del Dr. C. fue más amplia de la originalmente circunscripta a las causas penales, conforme el primer contrato de obra y primer poder -especial-, confeccionado a tal fin. Esta labor profesional del abogado implicó el asesoramiento a gerentes y la promoción de acciones judiciales en los que el Banco fuera parte actora (Conf.: nota de fecha 17/12/02, corroborado ello con la emisión del Poder General para Juicios, en fecha 05/07/02, agregado a fs. 66/67 vta.), aún cuando el asesoramiento no implicaba concurrencia a las distintas sucursales. La tarea desarrollada lo fue en relación a las jurisdicciones de Rawson, Trelew, Gaiman y Puerto Madryn.-- ------ Este desempeño del letrado quedó indefectiblemente enmarcado en el ámbito de regulación de la Resolución N° 307/02, que abarcaba, como ya lo señalara supra, a los abogados externos designados para la jurisdicción de Puerto Madryn, Trelew y Rawson, situación en la que, como resultó debidamente demostrado, se encontraba el profesional aquí ejecutante. Asimismo, el sello obrante en la copia de la Resolución acompañada, a fs. 36, expone la evidente intención de notificar precisamente a los abogados que actuaban bajo la responsabilidad exclusiva del Dr. C.	(conforme éste lo manifestara a fs. 37/38). Y si bien no se ha acreditado que el letrado hubiera sido notificado de la Resolución, dicha omisión no impide considerar que efectivamente lo estaba, a tenor de la nota por él suscripta, que hace referencia a la norma interna del B. y expone la ampliación de las obligaciones inicialmente establecidas respecto de la entidad contratante. Del mismo modo, el ejecutante, a fs. 128 vta., manifiesta que tuvo conocimiento del contenido de la disposición del B., lo que despeja completamente esta cuestión.----- ------ Aún cuando el Dr. C., a fs. 131 expresa que "se opuso terminantemente a lo dispuesto en la Resolución N° 307/02", y que "ante la oposición planteada por el suscripto, la Resolución N° 307/02 no fue cumplida por el mismo B....", cabe señalar que siendo él mismo una persona especialmente preparada en el ámbito del derecho, y además un profesional de amplia trayectoria, debió conocer la necesidad de manifestar la mentada oposición a la Resolución del Directorio en forma escrita, incluso aunque la hubiera manifestado en la nota de fecha 17 de diciembre, por la que sí dejó en claro la necesidad de ajustar el valor del contrato ante el incremento de las tareas que hasta el dictado de la Resolución venía realizando, pero ninguna prevención hizo sobre su declamado cuestionamiento. Queda entonces huérfana de sustento probatorio su alegada oposición, y no puedo deducir que el B. haya deliberadamente optado por violar la propia normativa dictada tan sólo un mes antes de la suscripción del nuevo contrato del mes de enero del año 2.003, conforme copia obrante a fs. 61/62.- ------ Es en dicho contexto que por aplicación del principio de buena fe al que me referí al inicio de mi análisis, y a tenor del ámbito de aplicación personal y territorial de la norma interna, no puedo más que entender que la presente ejecución de honorarios en contra de su mandante, violenta aquel principio rector, así como es claramente opuesta y contradice su conducta anterior, válida y eficaz.-------- ------ Según se dijo en la S.D. 2/S.C.A./08, ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "la buena fe implica un deber de coherencia del comportamiento que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever" (Fallos, 323:3035 y "Estado Nacional - Estado Mayor General del Ejército ..." del 5/11/02). Guillermo BORDA ilustra, que la buena fe en la interpretación del acto, implica la confianza ante una declaración de voluntad de que sus efectos serán los previsibles, por normales, en un caso dado; y en la ejecución, el principio obliga al cumplimiento de las obligaciones de la forma que, en cada caso, es dable esperar entre personas de conducta recta (Doctrina publicada en S.A.I.J.). Así también, el Alto Tribunal ha señalado: "resulta necesario exigir a las partes un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, y desestimar toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que se ha suscitado en el otro contratante." (Fallos, 311:971).--- ------ Sentado ello, el art. 2 de la Ley XIII N° 4 (antes art. 2 de la Ley N° 2.200), que exceptúa de la inclusión en las disposiciones de dicha ley a los profesionales que actuaren para su cliente con una asignación fija o periódica, es de aplicación inexcusable, atento que el marco regulatorio interno del B. C. S.A. -Resolución N° 307/02, que como se vio, era de plena vigencia a la situación jurídica particular del letrado- claramente le impedía el cobro de honorarios contra el mismo.--------- ------ Por lo expuesto, concluyo que en los presentes autos es de aplicación la Resolución del Directorio N° 307/02, y por lo tanto acuerdo con el prevotante en el admitir el Recurso de Apelación Ordinaria deducido, hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta y rechazar la ejecución de honorarios en contra de la entidad bancaria. ASÍ LO VOTO.--- ------ A igual cuestión el Dr. CANEO dijo: --- ------ De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. PASUTTI y ROYER, los que conforman la voluntad de la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería de este Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario Nº 3.555, en concordancia con los arts. 27 y 28 de la Ley V N° 3 (antes Ley N° 37 modif. por Ley Nº 5.475) y Acordada Nº 3.202.-- ------ A la segunda cuestión el Dr. PASUTTI dijo: --- ------ Tal como he votado la primera, propongo al Acuerdo hacer lugar al Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por el B. C. S.A., admitiendo la excepción de falta de legitimación pasiva, y rechazando en consecuencia la ejecución de honorarios promovida por el actor. ASÍ LO VOTO. ---- ------ En cuanto a las costas, considero ajustado a derecho establecerlas por su orden. Y me aparto así del principio general de la derrota porque entiendo configurado el supuesto de excepción que autoriza la segunda parte del art. 69 de la Ley XIII N° 5 (antes art. 68 del C.P.C.C.) Se ha sostenido que: "La rigidez normativa en cuanto a la imposición de costas sólo puede ceder en supuestos que presentan serias dificultades en su solución, ya sea por su complejidad o por tratarse de un tema cuya interpretación encuentra dividida la doctrina y jurisprudencia" (L.L. 1.986-B, 598 (37.155-S) y "el art. 68 del Cód. Procesal acuerda al juez en materia de costas un margen de arbitrio que debe ejercerse cuando sea manifiestamente injusto aplicar el principio objetivo de la derrota; por tanto, cuando la cuestión es dudosa por haber recibido soluciones jurisprudenciales diversas, la imposición de costas en el orden causado tiene adecuado fundamento" (L.L. 1.992-E, 598, J. Agrup., caso 8.439).

------ En autos ambas partes han reconocido haber abonado y percibido honorarios en juicios anteriores, circunstancia que de alguna manera, sustentaba la creencia de la procedencia de la ejecución de sus honorarios contra la institución bancaria, es decir, existía para el Dr. C., una cierta probabilidad de esperar un resultado distinto del que aquí se resuelve. En forma coincidente con el criterio que postulo, se ha dicho: "La exención debe admitirse restrictivamente y sobre la base de circunstancias cuya virtualidad, en cada caso, torne manifiestamente injusta la aplicación del principio de que el vencido debe soportar las costas" (Fallos, cit. Roberto G. LOUTAYF RANEA, "Condena en costas en el proceso civil", Ed. Astrea, año 1.998, pág.76).----- ------ Por los fundamentos que anteceden propongo aparatarme del principio rector de cargarlas al vencido, y así considero atinado establecer que las mismas se dispongan por su orden en todas las instancias (arts. 69, 2º párrafo y 70 de la Ley XIII N° 5, antes arts. 68, 2º párrafo y 69 del C.P.C.C.). ASÍ LO VOTO.-- ------ En cuanto a honorarios, atento la forma en que se determinan las costas, no corresponde regulación, ya que el actor es letrado en causa propia (art. 11 de la Ley XIII N° 4, antes art. 12 Dto. Ley Nº 2.200 -T.O. Dto. Nº 138/99); y no procede para los abogados de la demandada (art. 2 de la Ley XIII N° 4, antes art. 2 de la Ley Nº 2.200 -T.O. Dto. Nº 138/99). ASI LO VOTO.-------- ------ A la misma cuestión el Dr. ROYER expresó: --- ------ Atento como he votado a la primera cuestión, concuerdo con la solución propuesta por el Sr. Ministro preopinante en la segunda cuestión. ASÍ LO VOTO.---- ------ A igual cuestión el Dr. CANEO dijo: --- ------ Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión. ---- ------ Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente: -- ---------- S E N T E N C I A - ------ 1º) HACER LUGAR al Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por el B. C. S.A.. ADMITIR la excepción de falta de legitimación pasiva, y RECHAZAR la ejecución de honorarios promovida por el actor. - ------ 2º) IMPONER las costas por su orden en todas las instancias (arts. 69, 2º párrafo y 70 de la Ley XIII N° 5, antes arts. 68, 2º párrafo y 69 del C.P.C.C.), sin que proceda regular honorarios a los profesionales intervinientes por aplicación de los arts. 2 y 11 de la Ley XIII N° 4 (antes arts. 2 y 12 Dto. Ley Nº 2.200 -T.O. Dto. Nº 138/99). ---- ------ 3º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.--- Fdo.: Dr. Daniel Luis CANEO - Dr. José Luis PASUTTI - Dr. Fernando S. L. ROYER.------ RECIBIDA EN SECRETARÍA EL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2.010 REGISTRADA BAJO EL N° 02 S.R.O.E. CONSTE