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Aplicación temporal de la ley, demora injustificada de pago, expropiación, indemnización expropiatoria, modificación de la tasa de interés
Materia: CIVIL-PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de Rawson  c/ Cuyo Inversores S.A. y otros  s/ Expropiación (en Cont. Adm) s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-03-13

Los intereses no tienen la misma génesis que la indemnización expropiatoria, sino que responden a un concepto distinto, es decir que, son una consecuencia de la demora en el pago de la indemnización que, por mandato constitucional, debe ser previa. Siguiendo esta lógica, esto es, entendiendo que la causa fuente de los intereses responde a la demora en el pago de la indemnización, el tipo de tasa de interés no es una situación que haya quedado consolidada, por lo que, en las expropiaciones el artículo 20 bis de la ley 1000-A (incorporado por LP 1790-A) resulta de aplicación inmediata.
Jubilación por invalidez, diagnóstico médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moure, María Fabiana c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-02

La Administración puede y debe, en salvaguarda de los derechos estatutarios, disponer el cese de un agente cuando se halle en condiciones de obtener el beneficio por incapacidad pero si, como sucede en el caso la actora presentó un certificado médico acreditando su capacidad para reintegrarse a las tareas laborales no cabe desentenderse de tal constancia y mantener el cese fundado en el dictamen de la Junta Médica efectuado con una anterioridad de ocho meses sin solicitar un nuevo examen de la agente.
Prescripción de la acción penal, administración fraudulenta, consumación del delito, cómputo del plazo
Materia: PENAL
Carátula: CLARENS, Ernesto. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-19

El momento consumativo del delito de administración infiel coincide con la producción del daño; así, pues, el perjuicio producido indicará la consumación del delito.

La reciente reforma legislativa en materia de prescripción, modificó el artículo 67 del C.P. (ley 25.990 -B.O. n° 30.567 del 11/01/05-) y, a partir de ello, se prevén en forma taxativa los actos interruptivos del curso de la prescripción, a saber: la comisión de un nuevo delito, el primer llamado a indagatoria, el requerimiento de apertura o elevación a juicio, el auto de citación a juicio y la sentencia condenatoria.

Por ello, si se desprende que entre el llamado a indagatoria y el requerimiento de elevación a juicio ha transcurrido el término liberatorio previsto por el art. 62, inc. 2, del C.P., en consonancia con la regla del art. 2 ibidem, corresponde confirmar el auto por el que se declaró extinguida la acción penal por prescripción, y se sobreseyó al imputado.
Sociedad irregular, disolución de sociedades
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cossutta Pantaleón c/ Biosi, José s/ Retiro de capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-02

Antes de disolverse la sociedad (salvo el supuesto de transferencia global de todo el activo y pasivo a uno de los socios o a un tercero o -en supuesto admitido de resolución parcial- de cesión el uno de ellos de la cuota parte de un socio que se retira de la sociedad) le está vedado a los socios reunirse con su parte social, obtener la devolución de partes o la entrega de ganancias o beneficios sociales, del mismo modo que le está vedado al liquidador -y por ende a los socios- llevar a cabo la partición, adjudicarse o adueñarse del bien o dinero social alguno (doc. art. 107 y 109 Ley 19550).
Acción meramente declarativa, medidas cautelares, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Rizzo Romano, Alfredo Héctor y otros c/ Estado Nacional (Corte Suprema de Justicia de la Nación). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

Si la acción por la cual se formuló la pretensión principal tiende a agotarse en la declaración del derecho (art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) no resultaba razonable implantar una medida precautoria cuya finalidad consistía, en todo caso, en asegurar la ejecución de una sentencia de condena, máxime si no existen motivos por los cuales el mantenimiento de la situación existente con anterioridad al dictado de la medida pudiera tornar ineficaz la decisión a dictarse sobre el fondo del asunto.
Contratos civiles, interpretación del contrato, interpretación literal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE MENDOZA c/ VICTOR R. PANELLA s/ Ordinario (LIBRO: S129 - 078)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-08

Ya el Digesto romano sentaba el principio según el cual "In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit", lo que importa que la voluntad valga más que las palabras, debiendo contemplarse más el propósito que los medios de expresión -pues si el contrato consiste en un acuerdo sobre una declaración de voluntad común es diáfano que lo esencial será averiguar cuál es la intención común-, de donde la literalidad del contrato no descarta la investigación de la voluntad real de las partes ni de la naturaleza jurídica de aquél, debiendo sus expresiones ser entendidas en el contexto general del acuerdo, que forma un todo indivible.-
Recusación, competencia correccional, deberes del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MONNER SANS, R. s/ inc. de recusac. Causa nro. 13.340
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

El temor de parcialidad invocado aparece razonablemente objetivado, máxime cuando de acuerdo al procedimiento que debe imprimirse a las actuaciones, eventualmente es el Juez Criminal y Correccional Federal quien debe sustanciar la etapa de debate y dictar sentencia -art. 27, inc. 1º del C.P.P.-, extremo que impone considerar las cuestiones referidas a la inhibición y recusación de los Magistrados con mayor amplitud.
Derechos y garantías constitucionales, debido proceso adjetivo, defensa en juicio, doble instancia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Complejo Agroindustrial San Juan S.A. s/ inf. ley 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

Si bien la multiplicidad de instancias no es una condición cuya ausencia vulnere per se tal garantía constitucional, ello ocurre cuando se frustra sin fundamento válido la vía revisora prevista legalmente para obtener el reconocimiento del derecho invocado.
Sociedad anónima, derechos del socio, acciones societarias, dividendo societario, embargo
Materia: COMERCIAL
Carátula: KAHL,  AMALIA c/ DEGAS  SA s/ SUMARIO  (S/  INC.  DE  MEDIDASCAUTELARES).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-14

El accionista de una sociedad -con una participación de un 50% del capital- no puede pretender embargar el 50% de los ingresos por alquileres que la sociedad cobraría por el arriendo de ciertos inmuebles de su propiedad, toda vez que, la condición de accionista le otorga el derecho al dividendo y a la cuota de liquidación, mas no conlleva la declamada propiedad de los bienes del ente, dada la personalidad jurídica diferenciada de la sociedad respecto de sus socios; además, la existencia de ingresos no implica necesariamente que exista tal derecho al dividendo; para ello se debe cumplir con los recaudos exigidos por la ley 19550 art. 68 y, en el caso de las sociedades anónimas, por la LS art. 224, y su determinación corresponde a la asamblea ordinaria (LS art. 234-1°).
Sanciones procesales, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: M, R P s/ APELACION DECRETOS FECHAS: 04-08-89 Y 18-08-89      EXPTE NRO 181-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-04

Si el abogado, al plantear la revocatoria de la resolución que le impuso una sanción procesal, trae elementos para justificar sus omisiones, que el Juez no considera al rechazar aquélla, viola el principio de defensa y su resolución es nula.
Transporte de carga, entrega de la carga, mercadería deteriorada, protesta, derechos del transportador
Materia: COMERCIAL
Carátula: S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS LOS ANDES c/ INTER TRANS S.A. s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSP. TERRESTRE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

El estado defectuoso en que fuera entregada la partida fue hecho constar en el remito de la carga, en observación al pie de la cual firmó un representante de la porteadora, documento reconocido por la demandada en el responde. Tal constancia cumple con la finalidad de la protesta exigida por la ley, desde que alertó inmediatamente al transportista sobre el incumplimiento de una obligación esencial del contrato y lo colocó en condiciones de munirse prontamente de prueba de descargo. Ello así porque la exigencia legal no constituye un ritualísmo caprichoso que debe cumplirse por motivos sólo formales.
Excarcelación, resolución denegatoria, falta de auto de prisión preventiva, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LIAJOFF, Maia. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-17

Para denegar una excarcelación no resulta imprescindible, como sucedía en la anterior legislación, el contemporáneo dictado del auto de prisión preventiva (*). Una vez indagado el imputado, su permanencia en prisión tornará obligatorio el pronunciamiento en el plazo indicado, pues adversamente la detención carecerá de sustento (**).

Por tanto, si el mismo día que se solicitó la excarcelación del imputado se le recibió declaración indagatoria y dentro del plazo legal -art. 306 C.P.P.N.- se regularizó su situación procesal, no se desprende como irrazonable la denegatoria del beneficio sin basamento del auto de prisión preventiva.

Por ello, corresponde rechazar el planteo de nulidad introducido por la defensa.
Ley penal en blanco, modificación de la ley, ley extrapenal, ley penal más benigna, jerarquía de los Tratados Internacionales
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cristalux S.A. s/ ley 24.144
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

Ante las modificaciones favorables, experimentadas por las leyes penales en blanco a consecuencia de variaciones de la norma extrapenal, el reo debe beneficiarse con el principio de aplicación de la ley penal más benigna consagrado en los pactos que gozan de jerarquía constitucional (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).

-De la disidencia de los Dres. Fayt, Boggiano y Bossert emitida en el precedente "Ayerza"-.
Recurso de queja (procesal), procedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: POPELKA, ARGENTINA MARIA PAULINA c/ PERDOMO, SILVIA INES s/ COBRO  DE  PESOS,SUELDOS  IMPAG.,  HS.EXT.IMPAG.,VAC-RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-10

Debe rechazarse el recurso de queja si el letrado recurrente ha omitido acreditar, por algún medio, la personería que invoca, para lo cual la suficiente copia del instrumento de mandato, la que por sí obsta a la tramitación de la queja, toda vez que imposibilita al tribunal de alzada conocer acerca, no sólo de la existencia del poder sino, y en su caso, de las facultades que ésta le otorgaría, todo lo cual torna improcedente el recurso directo.
Comodato, interpretación de la ley, personal de casas particulares, jardinero
Materia: LABORAL
Carátula: Siano, Juan Domingo c/ Guarrochena de Palamedi, Dora Delia s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-07-11

Resulta dificultoso discernir, en casos concretos, si la ocupación de inmueble obedece a contrato de comodato, lo que no excluiría labores de conservación y custodia del mismo (cfr. STJ Sala del Trabajo, vía inaplicabilidad de ley: "Pastorelli y otra c/Sosa de Ruiz y otro" del 17/12/91), o bien aquélla responde a la condición de casero o cuidador de casa-quinta, con rol de jardinero encuadrado en el estatuto del servicio doméstico. De acuerdo a la doctrina obligatoria referida, la sola ocupación gratuita de inmueble de tercero, no genera presunción en favor de la existencia de contrato de trabajo con el mismo (vgr. infiriendo labores de custodia del bien), sino que pone de resalto contrato de comodato entre las partes. Es conveniente recordar que la gratuidad es un elemento esencial del comodato, pero que éste no deja de serlo cuando se busca asegurar la conservación y custodia de la cosa.
Proceso judicial, habilitación de instancia
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Gianoli, Graciela Ernestina Elida c/ E.N.  (Honorable Senado de la Nación) s/ Empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-20

Según el sistema de la ley de procedimientos administrativos, la habilitación de la instancia judicial está condicionada, tratándose de una acción de impugnación, el agotamiento de la vía recursiva y no al reclamo previo de los artículos 30 a 32 de la misma ley.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Isaurralde Mario A. y otra c/ Zagabria Carlos A. y otro y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

El peatón distraído es un avatar común en el tránsito por lo que si se percibe su presencia al costado de la ruta el automovilista debe representarse la posibilidad de que intente su cruce, adoptando las medidas de precaución adecuadas para conjurar tal posibilidad (toque de bocina, disminución de velocidad, apartamiento hacia el lado contrario, etc) máxime cuando se trata de un niño que es de suyo distraído y sin percepción ni experiencia de los riesgos.
Daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cuello Rosa c/ Olivieri Luis Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-25

A pesar de que el bien no estaba cercado -pero sí en vías de hacerlo -, no debe dejarse de lado que las construcciones, pozos, obrador y casilla donde moraba al casero estaban precisamente para demostrar la voluntad inequívoca de no permitir el uso del terreno, y no era un lugar que impedía el ingreso sin obstáculos y donde existiera un peligro cierto y grave como sería verbigracia una excavación o cava con agua que hubiera obligado a adoptar severas medidas de seguridad.
Recurso de casación, fundamentación del recurso, fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba, fundamentación insuficiente, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vecchi, Amado A. s/ recurso de casación". Causa n. : 1929.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-26

Para denunciar el vicio de valoración omisiva de prueba de valor decisivo no es suficiente su conceptualización como tal, sino que debe contratarse con el material probatorio utilizado por los jueces y demostrarse que su inclusión hipotética llevaba a una solución distinta de la aportada. (Voto del Dr. Madueño en minoría).
Contracautela, caución real, remoción del administrador de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ayan, Mónica Angelica c/ Caños Luz S.A. s/ Medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-27

Debe elevarse la contracautela ordenada -caución real-, pues si bien no existe una pauta cierta para su fijación ya que la acción de remoción del administrador de una S.A. no tiene stricto sensu una directa apreciación pecuniaria, a la vez que tampoco es posible establecer a priori cuáles podrían ser los eventuales daños a conjurar, debe buscarse procurar un equilibrio al amparo del buen criterio judicial evaluando la potencial efectividad de dicho resarcimiento.
Confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, daños y perjuicios, rechazo de la demanda, Gendarmería Nacional
Materia: CIVIL
Carátula: David Eduardo Marcelo c/ EN M Seguridad Gendarmeria Nacional s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

Se desestima los agravios ofrecidos por el actor y se confirma la sentencia apelada que rechazó la demanda tendiente a impugnar unas resoluciones dictadas por la Gendarmería Nacional. La sala considera que el actor incurrió en una incompatibilidad al admitir que su otra actividad en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSPJ) le impedía cumplir con las funciones encomendadas por la Gendarmería Nacional y que no había sido autorizado por la autoridad para ello. En efecto, las resoluciones de la junta de calificaciones que lo clasificaron como "inepto para las funciones de grado" se apoyaron en el incumplimiento de lo previsto en el decreto 8566/1961 que demostraron "su falta de adaptación al régim en que impera la fuerza". El tribunal entiende que la Gendarmería Nacional evaluó la aptitud del actor sin apartarse de las pautas fijadas por las leyes y, además, no se demostró que la actuación de la junta de calificaciones sea arbitraria o irrazonable. El juez Rodolfo Eduardo Facio adhirió, en lo sustancial, al voto de la jueza Liliana María Heiland.
Poder Judicial, garantías de los jueces, inamovilidad de los jueces, jubilación ordinaria, Constitución Provincial, Santa Fe, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Iribarren, Casiano  Rafael c/ Santa  Fe,  Provincia de s/ accióndeclarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

Es inconstitucional el art. 88 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe pues, al hacer cesar la inamovilidad de los jueces al alcanzar la edad requerida para obtener la jubilación ordinaria, los somete a una situación de marcada precariedad en el ejercicio de sus funciones, sujeta al arbitrio de otro poder del Estado provincial.
Litispendencia, preparación de la vía ejecutiva
Materia: PROCESAL
Carátula: COPA, Bernardo c/ EMPRESA RADIODIFUSORA F.M. ABC 103.5 MHZ. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-05-06

No puede argumentarse la existencia de juicio pendiente, en referencia a una preparación de vía ejecutiva anterior y rechazada, donde el propio interesado consintió retirando el expendiente e iniciando con posterioridad el presente juicio ordinario. La parte demandada fué notificada por nota de tal rechazo en consecuencia no existe litis pendencia, ni posibilidad de sentencias contradictorias, ni acumulación de autos, por tratarse de trámites diferentes.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho procesal, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Z., M.C. y Otra c/ L., A. y Otros s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-01

Los presupuestos objetivos que habilitan el dictado de las medidas cautelares no exigen la cognición precisa y certera del juez acerca del hecho y derecho alegado, pues la certeza será oportunamente el producto de una secuencia de verificaciones y deducciones lógicas que se despliegan en un momento diferente del proceso. La cognición del a quo al momento de resolver la medida cautelar, puede verse limitada en distintos aspectos, siendo suficiente la apariencia fundada del derecho, es decir su verosimilitud.
Patentes, solicitud de patente, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Syngenta  Participations  AG c/ Atar  Semillas  Híbridas  SA s/ incidente de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-28

La precariedad del título otorgado por el acto regular sólo tendría relevancia a los efectos del ejercicio de la potestad revocatoria por parte de la administración, que en principio no tiene relación con la legalidad o ilegalidad que pueda ostentar ese acto (conf. art. 18 de la ley 19.549; ver además, Comadira, Julio R. y Monti, Laura -colaboradora-; Procedimientos Administrativos; La Ley, 2002, t. I, págs. 382/381 y la cita en la nota 1429.b). De allí se sigue, pues, que no hay una conexión necesaria entre precariedad y la ausencia de presunción de legitimidad en el acto que otorga una patente.
Concursos, proceso de verificación, crédito verificado, pago, sucesiones, procedencia del recurso, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: La Uruguaya Arg. Cía. de Seguros c/  s/ otros - liquidación s/inc. de distribución de fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

Procede confirmar la resolución en la que se dispuso que el pago del crédito verificado a favor del causante debía ser hecho mediante transferencia a una cuenta a nombre del juicio sucesorio. Ello por cuanto, si bien es cierto que el CCCN 2337 dispone -tal como lo hacía el CCIV 3410- que, en la sucesión entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad ni decisión de juez alguna; autorizándolo a ejercer todas las acciones transmisibles que correspondan al fallecido a excepción de la transferencia de bienes registrables; empero ello no significa que tengan la potestad de percibir, sin más, el pago de créditos que el causante tenía con terceros. Es que uno de los motivos por el cual se debe iniciar el juicio sucesorio es el cobro de las acreencias existentes (conf. CCCN 2335). En ese contexto, la decisión del juzgado interviniente de que la transferencia pretendida se realice a una cuenta a nombre de la sucesión del acreedor resulta incuestionable.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, incumplimiento del contrato, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: HERNANDEZ, CARLOS c/ CAJA DE SEGUROS DE VIDA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-04

Si se hallan cumplimentados los requisitos configurativos del agravio moral de origen contractual, pues existió, al menos, un incumplimiento particularmente desaprensivo del deudor -Cod. Civil art. 522- (en la especie, la aseguradora defendida rechazó un siniestro con base en su informe médico sin realizar estudios complementarios, pese a que el dictamen médico proporcionado por los empleadores del pretensor -tomador del seguro-, daba como resultado un porcentaje de incapacidad mayor que incluía al reclamante en la cobertura); cabe precisar que la adición de intereses moratorios a la indemnización por daño moral, no es suficiente -como en la especie propone la defendida- para enjugar los perjuicios de orden emocional sufridos por el accionante. Así corresponde interpretarlo, pues los réditos moratorios se encuentran dirigidos a resarcir la no disponibilidad del dinero proveniente de la indemnización debida al pretensor. Por el contrario, el agravio moral es independiente de ese concepto, y de todo tipo de daño material, en tanto se trata de un perjuicio de carácter autónomo y extra patrimonial, con el que se intenta compensar las afecciones en la tranquilidad anímica del damnificado.
Contrato de trabajo, personal de casas particulares, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: LABORAL
Carátula: Palacios, Marta Teresa c/ Impini de Alem, Marta s/ Diferencias salariales - Indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-04

Para calificar el contrato de trabajo de servicio doméstico debe atenderse la existencia de subordinación jurídica y económica, la índole de las tareas y el lugar donde se desarrollan, como también que la prestación se encuentre dirigida a satisfacer necesidades personales del dueño de casa y sus familiares, mediante una relación entre quien se desempeña profesionalmente como doméstica en tales servicios en el hogar de otro, que abona por los mismos una remuneración con las facultades de contralor de las labores.