Tribunal: CAMARA 8va DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2007-12-13


2º Instancia. - Córdoba, diciembre 13 de 2007.

1º ¿Es justa la Sentencia apelada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - La doctora Graciela Junyent Bas dijo:

1) Que se encuentra radicada la causa en esta sede con motivo de la concesión Recurso de Apelación interpuesto por la apoderada de la demandada en contra de la sentencia Numero ochenta del 3 de abril de dos mil siete dictada por el señor Juez de Décimo Primera Nominación de esta ciudad de Córdoba cuya parte resolutiva ya ha sido transcripta.

2) En la oportunidad procesal oportuna el apelante expresó agravios los que se encuentran a fs. 276/285vta. y fueron contestados por la parte actora a fs. 296/300.

3) Atento a tratarse de una cuestión de su incumbencia, se corrió vista al señor Fiscal de Cámaras Civiles la que fue evacuada a fs. 301/306, en cuya opinión corresponde rechazarse el recurso de amparo por no concurrir los presupuestos adjetivos de admisibilidad de la acción de amparo.

4) Dictado y consentido el decreto de autos queda la causa en estado de ser resuelta.

5) La sentencia contiene una relación fáctica que satisface los extremos exigidos por el art. 329 CPCC por lo que a ella me remito en honor a la brevedad.

6) La apelante -apoderada de la demandada Municipalidad de Córdoba-, se agravia porque considera que lo sometido a consideración judicial no es materia de amparo, arguyendo que el a quo resuelve sin tener en consideración el informe producido por la Municipalidad. a) Considera que el amparo es un remedio excepcional y que no será admisible cuando existan otras vías o remedios judiciales que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trata. Se queja porque considera que el a quo ha desvirtuado el alcance de la Ley 7182 al omitir considerar el alcance del artículo 19 de la misma que prevé un trámite rápido, más breve que la acción de amparo para lograr suspender los efectos del acto administrativo que considere lesivo. Critica el fallo en crisis en cuanto el mismo contradice en forma completa la doctrina sentada sobre esta cuestión por el Tribunal Superior de Justicia quien a través de sus fallos ha interpretado el art. 48 de la Constitución Provincial y el art. 2º de la Ley 4915, en el sentido de que debe evaluarse con estrictez el requisito de la inexistencia de otra vía. b) Se agravia también porque el a quo considera en el punto V que la lesión, restricción, amenaza actual e inminente del acto de la administración se tipifica en el impedimento del ejercicio de derecho constitucional a trabajar y que la denegatoria de la licencia de remis a quien se encontraba desarrollando esa tarea, aunque fuera en forma provisoria, ocasiona una pérdida de ingresos que tiene el carácter alimentaria. En este sentido, el apelante considera que la Municipalidad es la principal precursora del derecho del trabajo, tan es así, afirma, que trata el tema con elasticidad, dando nuevas oportunidades, incluso años, para que los poseedores de remises legalicen su situación. Que la resolución que se pretende atacar de ilegítima por no lograr la habilitación en tiempo y forma de acuerdo a la normativa legal, ha sido justamente para asegurar la calidad del servicio atendiendo el interés del usuario por encima del interés del prestador. Cita la opinión en este sentido emitida por esta Cámara en Auto Número trescientos ochenta y uno en cuerpo de apelación al revocar la medida de no innovar. Afirma que la Constitución Provincial en su artículo 186 reconoce expresamente la competencia material de la Municipalidad de Córdoba refiriéndose expresamente a la prestación de servicios Públicos por sí o por intermedio de particulares y la atención del transporte público -entre otras-. c) Se agravia cuando el a quo en el considerando VII) considera que la denegatoria de la licencia de remis constituye una pena, o si se quiere, una condena provisoria por un "delito de sospecha" que resulta incompatible con la presunción de inocencia. Afirma que en ningún momento se vulnera el principio de inocencia, sino que la legislación exige para obtener ciertos permisos administrativos no debe pesar sobre el aspirante causas penales, aun cuando las mismas se encuentren en trámite, ello en función de las características del permiso o de la actividad que desarrolla priorizando el interés general por sobre el particular; preservando los intereses de terceros. Cita resolución judicial en idéntico sentido. d) Aduce que el a quo no ha efectuado una valoración de la prueba rendida en autos cuando expresa en el considerando VII) "que la Municipalidad bien pudo oficiar a la Policía de la Provincia de Córdoba para verificar la veracidad de tales apreciaciones", cuando a fs. 131 de autos obra informe de la Policía de la Provincia de Córdoba que da cuenta de que el señor Martín Aurelio Bustos a la fecha de la consulta registraba antecedente por amenazas y resistencia a la autoridad U.J-1-Fiscalía Dtto 3 Turno 5, no obrando en su Unidad Prontuarial hasta el 02/12/2004, agregado alguno de estado de la causa ni resolución de la misma. Reitera que la Municipalidad no le otorgó la habilitación por que el señor Bustos falseó en dicha oportunidad el certificado expedido por la Policía de la Provincia, ya que contaba con antecedentes, por lo que si no se hiciera lugar a la apelación, se estaría premiando a quienes violan la ley. Que la sentencia no se funda en la prueba, se aparta de la misma, o la desvirtúa al considerarla en forma parcial. e) Reprocha también al a quo la falta de fundamentación lógica y legal. Que da fe de los dichos del actor sin cotejarlos con la prueba rendida en autos. Afirma que el vicio en el proceso lógico del razonamiento incide sobre lo que constituye el aspecto esencial de la decisión que se adopta en la sentencia. Cita doctrina en apoyo de su postura. Hace reserva del caso federal.

7) A fs. 296/300 el amparista contesta los agravios esgrimidos por el apelante quien solicita el rechazo de los agravios por considerarlos infundados y a ellos me remito en honor a la brevedad.

8) Ingresando al análisis de los agravios, debo pronunciarme en primer lugar acerca de los requisitos exigidos por la ley para la viabilidad de la acción de amparo, especialmente al requisito del alegado carácter subsidiario, que ha sido motivo del primer agravio esgrimido por el apelante. Adelanto mi opinión en el sentido que le asiste razón al apelante. Si bien es cierto que destacados juristas de nuestro país sostienen que en razón de la reforma constitucional, el amparo ha dejado de ser un remedio excepcional y subsidiario, la jurisprudencia de la CSJN en cambio, se ha mantenido invariable en considerar al amparo como "un remedio de excepción, reservado para aquellas situaciones extremas en las cuales la carencia de otras vías legales aptas para zanjarlas pueda afectar derechos constitucionales" (Fallos, 312: 262).

9) En idéntico sentido se ha expedido nuestro Máximo Tribunal, reiteradamente. Así en pleno in re "Miranda Liliana y otros c. Municipalidad de Córdoba -Amparo- Cuestión de Competencia - Recursos de Casación e inconstitucionalidad" Sentencia Nro. 57 afirmar que... "la acción de amparo continúa siendo un remedio judicial subsidiario pese al hecho que una interpretación crudamente literal del art. 43 de la CN pueda inducir a una conclusión diversa y conducir a aquella a la categoría de un instituto excluyente de todo el ordenamiento procesal ordinario". También ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia que "... no cabe admitirlo cuando esa protección es susceptible de ser obtenida a través de otro procedimiento administrativo o jurisdiccional que, frente a las particularidades del caso, se pretende como 'el más idóneo'. La invocación y acreditación de tales extremos, es por tanto, de inexcusable observancia por parte de quien acude a esta vía" TSJ, sala Penal, in re "Acción de amparo interpuesta por Zeverín Karina c. Telecom Argentina", 25/05/00).

10) En el caso de autos, como bien lo expone el Sr. Fiscal de Cámaras, habiendo intentado el señor Bustos la reclamación administrativa correspondiente sin obtener respuesta de la Municipalidad, intentando entonces un pronto despacho, debió recurrir a la "vía más idónea" cual acudir al amparo por mora de la administración previsto en el artículo 52 de nuestra Constitución Provincial a fin de lograr obtener -por esa vía a mi criterio la más idónea- la resolución correspondiente.

Es que la condición de admisibilidad prevista en el art. 2º de la ley 4915 no ha sido derogada por la reforma constitucional nacional de 1994 (art. 43). Este Tribunal participa del criterio según el cual, si bien debe existir una armonización y, por ende, flexibilización en torno al recaudo de la existencia y recorrido de otras vías, no por ello puede admitirse que en todo caso sea derechamente admisible la pretensión de amparo, que tiene carácter residual.

El texto constitucional dispone que el amparo será admisible como vía expedita y rápida siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. De allí que en el proceso de amparo se requieran dos circunstancias: preexistencia de un derecho que habría sido conculcado, y arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, esto es, constatables en el estrecho marco del proceso de amparo. De donde, cuando se requiera una mayor amplitud de debate y prueba, la vía del amparo es improcedente (Conf. C.S. Fallos 305:1878; 306:788).

La Corte ha señalado que este criterio "... no ha variado con la sanción del nuevo art. 43 de la CN pues reproduce -en lo que aquí importa- el citado art. 1º de la ley reglamentaria, imponiendo idénticos requisitos para su procedencia..." (CSJN, 10/12/96 "Servotrom SA c. Metrovías SA", Supl. de Jurisprudencia de D. Adm. LLBsAs., 97-4 y ss.). La acción de amparo no tiene por finalidad facultar a los jueces a sustituir los trámites y procesos ordinarios, en tanto no se verifiquen los recaudos condicionantes para su procedencia.

En esa línea argumental se ha dicho que el amparo "es un proceso excepcional, utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vías legales aptas peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y exige para su apertura circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, origina un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expedita. La carga de demostrar la inexistencia o insuficiencia de otras vías que permitan obtener la protección que se pretende debe ser cumplida por quien demanda [...]" (TSJ, en pleno, Sent. nº 121, 15/10/99, in re: "Acción de amparo interpuesta por José Martín Carabajal y ot. contra ley 8575. Recursos de casación e inconstitucionalidad").

En marras, el amparista no ha logrado poner en evidencia que la utilización de los remedios ordinarios fueran susceptibles de consumar un daño de dificultosa o imposible reparación ulterior, por lo que el amparo ha sido indebidamente admitido.

11) No obstante ello, y habiéndose declarado la inconstitucionalidad de la Ordenanza que prevé el requisito de no contar con antecedentes penales para ser acreedor a la licencia de remis, corresponde analizar si la potestad reglamentaria, en el caso, ha sido ejercida de modo razonable.

Sabido es que la potestad reglamentaria de los derechos constitucionales debe ser ejercida dentro de ciertos límites. "En ese sentido Fiorini postula como límites del poder de policía, los siguientes: 1) La limitación debe ser justificada y fundada; 2) El medio utilizado debe ser adecuado al fin deseado; 3) El medio y el fin utilizado deben manifestarse proporcionalmente; 4) Todas las medidas deben ser limitadas. La razonabilidad se expresa con la justificación, adecuación, proporcionalidad y restricción de las normas que se sancionen" (TSJ, Sent. nº 119, del 29/9/00 in re "Municipalidad de Pampayasta Sud c. Eduardo Zihieri...").

Teniendo en cuenta tales parámetros he de adelantar que, estimo, la normativa atacada no resulta manifiestamente arbitraria. Doy razones: El Alto Cuerpo Provincial, en Sentencia nº 135, del 24/10/00, in re "Las Repetto y Cía. S.R.L. c. Municipalidad de Bell Ville - Acción de Amparo" señaló que "... las 'municipalidades', dentro de la esfera de competencia que le es propia, son titulares de un 'poder de policía municipal', es decir de una potestad jurídica para 'limitar la libertad de acción o el ejercicio de determinados derechos' individuales con la finalidad de asegurar el interés general, y en la medida en que la promoción del bienestar general lo haga conveniente o necesario dentro de los límites constitucionales, asegurando que todos los individuos gocen de la efectividad de sus derechos en igual forma y extensión".

La CSJN ha indicado que "El régimen municipal que los constituyentes reconocieron como esencial base de la organización política argentina al consagrarlo como requisito de la autonomía provincial, consiste en la administración de aquellas materias que conciernen únicamente a los habitantes de un distrito o lugar particular y, por lo tanto, debe estar investido de la capacidad necesaria para fijar las normas de buena vecindad, ornato, higiene, vialidad, moralidad, etc. de la comuna, y del poder de preceptuar sanciones correccionales para las infracciones a las mismas" (fallo del 18/4/97 en "Telefónica Arg. S.A. c. Municipalidad de Luján" LA LEY, 1997- E, 114).

El Alto Cuerpo Nacional ha reconocido también, la facultad del Estado (en sentido lato) de intervenir, por vía de reglamentación, en el ejercicio de ciertas actividades a efectos de restringirlo o encauzarlo en la medida que lo exijan la defensa y el afianzamiento de la salud, la moral y el orden público, como así también, cuando estén en juego intereses económicos vitales (Fallos 136:161; 7:150; 199:483; 247:128).

Conforme lo expuesto, el texto normativo en el que se encuentran incluidas las disposiciones que en el caso se atacan, sin duda, enmarca dentro del amplio poder de policía del que es titular la demandada, desde que procura la salvaguarda de una materia que es de su competencia. Ello así, debe descartarse la censura de ilegalidad manifiesta.

El objetivo cardinal y específico de la Ordenanza en crisis, en mérito a los propósitos que le dan contenido, reviste carácter inequívocamente público o general.

Es que el análisis del mérito o eficacia del medio instituido por la disposición en cuestión para alcanzar el fin propuesto escapa a la competencia del Poder Judicial, al que sólo le incumbe pronunciarse sobre la razonabilidad de aquél, esto es sobre su proporcionalidad.

Al respecto ha dicho el TSJ (Sent. nº 57 del 18/5/99) que "El control del juez termina al comprobar que se ha elegido una alternativa entre varias igualmente válidas para el derecho, no pudiendo revisar ni sustituir el núcleo político discrecional interno, esto es, el por qué de un remedio en lugar del otro. Tales aspectos entran dentro del ámbito de reserva del 'legislador' o del 'administrador' en su caso. En cambio la razonabilidad de la medida dispuesta, es plenamente controlable judicialmente porque entra dentro del bloque vinculado o reglado expresa o implícitamente por la juridicidad".

"El uso de la discrecionalidad en el marco de la juridicidad, implica en su operatividad una serie de momentos de libre valoración y elección, entremezclados por elementos fuertemente reglados por el ordenamiento".

"El análisis de la orientación político administrativa, la apreciación de las circunstancias, la individualización de los variados intereses en juego, su comparación valorativa en función con el interés público específico, la determinación del momento decisivo de lo discrecional, que se traduce en la elección de la alternativa que el órgano competente considera mas conveniente, constituyen diferentes etapas por las cuales atraviesa la modalidad discrecional".

En la misma línea ha apuntado la CSJN que "Es irrazonable una ley cuando los medios que arbitra no se adecuan a los objetivos cuya realización procura (Fallos, 307:906) o a los fines que requirieron su sanción (Fallos, 311:1176) o cuando no media correspondencia entre las obligaciones que impone y los propósitos que pretende alcanzar (Fallos 247: 121)" (Conf. Sagüés "Elementos de Derecho Constitucional", T. 2, pág. 70).

En función de lo señalado, advierto que el medio que instaura la disposición tachada en marras no resulta desproporcionado al fin público que mediante la sanción de la misma se persiguió.

Al respecto enseña Bidart Campos que "La calificación de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, que a veces en la doctrina y en la jurisprudencia es reemplazada por la de ilegitimidad revela que el acto lesivo debe mostrar fehacientemente, en su primera apariencia, la violación grosera y ostensiblemente visible del derecho subjetivo de quien promueve el amparo ('El control de constitucionalidad en el juicio de amparo y la arbitrariedad e ilegalidad del acto lesivo', JJ 1969 T. 2 pág. 169)". En marras, tal ostensible violación no se vislumbra.

En suma: en función de lo expuesto es posible concluir que la Ordenanza cuestionada no es sino fruto del ejercicio del poder de policía que, dentro de su territorio, corresponde al ente comunal demandado dentro de su territorio.

A modo de colofón cabe señalar que estimo que los accionantes no han logrado acreditar, con las limitaciones cognocitivas que impone el trámite sumario de la acción intentada, que la Ordenanza que cuestionan exorbite las potestades que al ente municipal demandado le competen. Tampoco ha podido ponerse en evidencia que el texto cuestionado transgreda palmariamente los derechos consagrados en las Constitución Nacional.

12) Aun cuando las manifestaciones vertidas precedentemente son suficientes para revocar el decisorio en crisis atento a la improcedencia formal de la acción de amparo en estos autos, a mayor abundamiento y para satisfacción del accionante cabe aclarar lo siguiente.

En cuanto a los agravios referidos a los derechos específicamente lesionados por el acto que se pretende impugnar por esta vía de excepción: el derecho a trabajar del señor Bustos y el principio de inocencia, debo manifestar que no surge de la prueba aportada en autos que los mencionados derechos de reconocimiento Constitucional sean lesionados, restringidos, alterados o amenazados en forma actual o inminente con ilegalidad manifiesta.

En diversos precedentes el TSJ ha establecido que "... la procedencia del amparo está condicionada a que el acto u omisión impugnado, en forma actual e inminente, lesione, restrinja, altere o amenace el derecho o garantía constitucional, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, la que debe presentarse como algo palmario, ostensible, patente, claro o inequívoco, es decir, visible al examen jurídico más superficial (Palacio... "La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994", LA LEY, 1995-D, 1238, Sec. Doctrina). La calificación de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, que a veces en la doctrina y en la jurisprudencia es reemplazada por la de ilegitimidad, revela que el acto lesivo debe mostrar 'fehacientemente, en su primera apariencia, la violación grosera y ostensiblemente visible del derecho subjetivo de quien promueve el amparo' (Bidart Campos, Germán, "El control de constitucionalidad en el juicio de amparo y la arbitrariedad e ilegalidad del acto lesivo", JJ 1969 T. 2 pág. 169)..." (TSJ en pleno, Sent. nº 135, 24/10/00, en "Las Repetto y Cía. S.R.L c. Municipalidad de Bell Ville -Acción de Amparo- Apelación. Recurso Directo").

Por consiguiente, se frustra la procedencia del amparo cuando la arbitrariedad o ilegalidad que se invoca, no surge con total nitidez, resultando por tanto ajenas a esta acción todas aquellas cuestiones que sean opinables o bien requieran de un mayor debate y aporte probatorio, excediendo por tanto las posibilidades cognoscitivas propias de esta acción (art. 2º inc. d, Ley 4915).

Independientemente de la imprecisión de los términos empleados por la ley de amparo, lo cierto es que la figura está dispuesta para aquellos actos u omisiones en que se haya vulnerado un derecho o garantía constitucional, actuando de manera manifiestamente contraria a las normas del derecho positivo (ley, decreto u ordenanza, etc.): ilegalidad; o bien cuando aparezcan viciados de "irrazonabilidad", "ilegitimidad" o "injusticia", términos que nuestra jurisprudencia involucra en el concepto de "arbitrariedad" (conf. Sagüés, Néstor Pedro "Derecho Procesal Constitucional, Acción de Amparo", Ed. Astrea, pág. 122) ("Las Repetto y Cía. S.R.L c. Municipalidad de Bell Ville -Acción de Amparo- Apelación. Recurso Directo", en pleno, Sent. nº 135, 24/10/00 y "Trejo Noemí del Carmen c. Municipalidad de Córdoba -Amparo- Cuestión de Competencia, Recurso de Casación e Inconstitucionalidad", en pleno, Sent. nº 109, 23/09/00.).

Sobre el particular resulta ilustrativa la doctrina elaborada por la C.S.J.N., que en su calidad de intérprete último de la Ley Fundamental de la Nación, en pacífica jurisprudencia, ha resuelto que la acción de amparo es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba, requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla (fallos 75:320, 296:527, 302:1440, 305:1878).

Se ha dicho, además, "La C.S.J.N [...] ha resuelto en pacífica jurisprudencia que la acción de amparo procede únicamente para la tutela inmediata de un derecho constitucional violado en forma manifiesta; es inadmisible, en cambio, cuando [...] el vicio que compromete garantías constitucionales no resulta con evidencia, y la dilucidación del conflicto o la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba, requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla (Fallos: 275:320; 296:527; 302:1440; 305:1878; 306:788, "Prodelco c. Poder Ejecutivo Nacional", fallo del 07/05/1999, LA LEY, 1998-C, 572).

Sentado ello y entrando concretamente a las constancias de autos, se advierte que de la prueba rendida en autos, surge ostensiblemente que la Municipalidad de Córdoba no otorgó la licencia correspondiente al señor Bustos por no completar los requisitos exigidos por la reglamentación vigente. En tal sentido, el instrumento que obra a fs. 131 emitido por la Policía de la Provincia de Córdoba da cuenta de que: 1) Al 2 de diciembre de 2004, esa división expedía certificados con la Letra (serie) "O" haciendo constar igualmente que los certificados (serie) I fueron expedidos en los años 2000 y parte del 2001. Por otra parte, informa que el señor Martín Aurelio Bustos a la fecha de la consulta registraba antecedentes por amenazas y resistencia a la autoridad U.J-1-Fiscalía Dtto 3 Turno 5, no obrando en su Unidad Prontuarial hasta el 02/12/2004, agregado alguno de estado de la causa ni resolución de la misma.

Esta circunstancia motivó que la Municipalidad presentara denuncia ante el señor Fiscal de Instrucción del Distrito I turno I en contra del señor Bustos, Martín Aurelio por supuesto autor de documento Público falso (fs. 112), y que se denegara la licencia de remis.

El dictado de una Ordenanza reglamentaria cuestionada, en modo alguno puede constituir un agravio al derecho de los particulares, que se ven compelidos por la norma para actuar en consecuencia, pues su accionar esta dispuesto en miras de la preservación de bienes de la comunidad a la seguridad y moralidad, derechos ontológicamente superior al invocado por el quejoso.

Si conforme lo tiene sostenido el recientemente desaparecido Maestro Germán Bidart Campos, ("Manual de la Constitución Reformada" Tomo II p. 385) la arbitrariedad es equiparable a lo ilegítimo, quedando reservado la ilegalidad a lo contrario a lo normado, no advertimos, que exista una actitud y conducta ilegal e ilegitima de parte de la Comuna al disponer que para obtener una licencia de remis debe carecer de antecedentes penales.

13) Reiterando conceptos ya esgrimidos por este Tribunal y en estos mismos autos, afirmo que debe prestarse particular atención al interés público comprometido. No es posible limitar el ejercicio del Poder de Policía de la Municipalidad en el otorgamiento de licencias a cualquier persona que no haya cumplido con los requisitos impuestos por las leyes, ordenanzas y reglamentaciones. Ello pondría en peligro el interés de toda una comunidad y la seguridad jurídica de los habitantes que son transportados a través del transporte público de remises. El interés particular del señor Bustos, cede ante interés general. Su derecho a trabajar como remisero será tutelado por el ordenamiento jurídico sólo en la medida en que él cumpla previamente con los requisitos legales para ello.

Cabe recordar que "El amparo presupone, que el acto u omisión frente al menoscabo se caracterice por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (Art. 43 CN). De allí que, ante todo, debe formularse un juicio de valor, en cuya virtud la conducta impugnada aparezca como ilegítima (contraria a la ley) o arbitraria (carente de fundamento razonabilidad y justicia). Así pues no torna procedente el amparo la exclusiva evidencia de la restricción de un derecho constitucional (Matilde Zavala de González, Doctrina Judicial Solución de Casos t. 4 p. 23. Ha dicho la misma autora, "... la carga de la prueba pesa sobre el amparista, y en caso de no satisfacerla, el magistrado debe rechazar su pretensión pues, en defecto de una situación lesiva inequívoca, el Tribunal debe fallar en contra de quién debía probar y no lo hizo" (ob. cit. T. 3 p. 21).

El acto administrativo y político dispuesto por la Municipalidad, mediante la cual dispuso los requisitos para ser remisero, sólo luce como el ejercicio del poder reglamentario que sustenta la Comuna, no pudiendo nunca considerarse arbitrario el ejercicio legítimo de un derecho.

La tacha de inconstitucionalidad por la aducida violación a los derechos de trabajar, no aparece sustentada, toda vez que la ordenanza opugnada solo ha reglamentado los requisitos para ser acreedor a la licencia de remis, no existiendo violación alguna, sino solamente, lo reitero, el ejercicio regular del poder reglamentario en manos del Estado.

Por otra parte, por la naturaleza de su actividad y en el marco de la división de poderes, comportan tanto en nuestro país como en el extranjero, actos "institucionales" o también llamados "políticos" que, por "importar el ejercicio de un poder político de fuente directamente constitucional" se encuentran, en principio, excluidos del contralor judicial (ver analógicamente arts. 2º inc. "a" Ley 7182 y 2º inc. "c" ley 4915), salvo arbitrariedad, la que no se ha acreditado en autos".

Es que la pretendida vulneración al derecho de trabajar del transportista amparista que se denuncia debe examinarse en el marco del principio según el cual no existen los derechos absolutos, del que se deriva la necesaria adecuación de las actividades de los particulares al orden jurídico vigente, por cuanto los derechos reconocidos por nuestro ordenamiento deben ser ejercidos en el marco de las leyes que reglamentan su ejercicio (arts. 14 y 28 C.N.).

Deviene oportuno recordar asimismo lo establecido reiteradamente la CSJN, "... la Constitución no consagra derechos absolutos ('De Stoll', Fallos, 304:319, y 'Juzgado Federal de Resistencia', Fallos, 312:318) ni ellos tienen en sí ese carácter ('Ascencio', Fallos, 304:1293)" y que "Todos los derechos son reglamentables. Es decir, que los derechos están sometidos a la regulación que disponga la ley ('Loisi', Fallos, 307:2262). Esto importa la sujeción de tales derechos a la ley reglamentaria ('Graduados en Ciencias Económicas', Fallos, 311:1132), conforme a los cuales deben operar" ("Schoklender", Fallos, 311:1148) (Néstor P. Sagüés en "Elementos de Derecho Constitucional", Ed. Astrea, Bs. As., 1999, t. 2, p. 878).

La potestad reglamentaria de los derechos constitucionales es lo que se ha dado llamar Poder de Policía. Indica el Tribunal Superior de Justicia en Sentencia nº 119 del 29/9/00, in re "MUNICIPALIDAD DE PAMPAYASTA SUD c. EDUARDO R. ZIHEIRI - EJECUTIVO - RECURSO DIRECTO - HOY RECURSO DE REVISION E INCONSTITUCIONALIDAD", que "La doctrina tradicional ha definido al poder de policía como una potestad reguladora del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, como atribución perteneciente al órgano legislativo (Marienhoff, Miguel S., 'Tratado de Derecho Administrativo', T. IV, Abeledo Perrot, Bs. As. 1973, pág. 514) o bien, como la facultad o potestad jurídica por parte de la Administración pública de establecer limitaciones y ejercer coactivamente su actividad, con el fin de regular el uso de la libertad personal y promover el bienestar general (Bielsa, Rafael, 'Derecho Administrativo', J. Lajouane & Cía. edit., Bs. As., 1921, pág. 71)". Así, decía Bielsa que "... Condición esencial para la conservación de la sociedad es, pues, el orden público. Sin él no hay seguridad en las personas ni en las cosas. Sin él no existe la libertad ni el goce de los derechos que las instituciones jurídicas positivas consagran..." (autor y ob. cit. pág. 83). También explica este autor que del art. 19 de la Constitución Nacional se pueden separar dos esferas de la libertad personal: una esfera privada, a la cual no alcanza la ley, y otra esfera común, esto es "la esfera de libertad del hombre dentro de la comunidad jurídica en que vive y en donde lo alcanza la ley, o sea, las normas jurídicas positivas mediante las cuales el Estado regula la convivencia de las personas que lo componen. Y es, precisamente, en esta última esfera en donde se desenvuelven las facultades del poder público, el dictar leyes, reglamentos y mandatos que, teniendo por objeto la subsistencia armónica del conjunto de todas las libertades individuales, importan restricciones más o menos amplias a la libertad de cada uno..." (Bielsa, Rafael, ob. cit., pág. 72).

14) En conclusión, corresponde hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la apoderada de la Municipalidad de Córdoba y revocar la sentencia apelada en todo cuanto decide inclusive la condena en costas que contiene y los honorarios allí regulados debiendo practicarse una nueva regulación conforme al resultado obtenido en esta sede.

15) Las costas en ambas instancias deben ser impuestas al vencido (art. 130 CPCC) para lo cual se regulan los honorarios de la Dra. M. S. M. en 20 jus, (arts. 90 y 37 de la Ley 8226).

El doctor Héctor Hugo Liendo dijo:

Adhiero a la solución propiciada por la Sra. Vocal preopinante, expidiéndome en igual sentido.

El doctor José Manuel Díaz Reyna dijo:

La cuestión debe resolverse conforme lo propicia la Dra. Junyent Bas, expidiéndome en el mismo sentido.

2º cuestión. - La doctora Graciela Junyent Bas dijo:

A mi juicio corresponde: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocando el decisorio en crisis en todo cuanto decide, y en su lugar rechazar la acción de amparo por inadmisible. 2) Imponer las costas en ambas instancias a la parte actora, regulando los honorarios de la Dra. M. S. M. en veinte Jus, (arts. 90 y 37 de la Ley 8226).

Así voto.

El doctor Héctor Hugo Liendo dijo:

Adhiero a la solución propiciada por la Sra. Vocal preopinante, expidiéndome en igual sentido.

El doctor José Manuel Díaz Reyna dijo:

La cuestión debe resolverse conforme lo propicia la Dra. Junyent Bas, expidiéndome en el mismo sentido.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocando el decisorio en crisis en todo cuanto decide, y en su lugar rechazar la acción de amparo por inadmisible. 2) Imponer las costas en ambas instancias a la parte actora, regulando los honorarios de la Dra. M. S. M. en veinte Jus, (arts. 90 y 37 de la Ley 8226). - Graciela Junyent Bas. -Héctor Hugo Liendo. - José Manuel Díaz Reyna.