marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Asociaciones sindicales, autonomía sindical, intervención del sindicato, Ministerio de Trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SALASEVICUS, WENCESLAO c/ DIRECCION   NACIONAL  DE  ASOCIACIONES  SINDICALES  -  MINISTERIO  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-13

No cabe admitir que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aún con el loable propósito de establecer pautas de acción correctivas, pueda interferir en la vida de una asociación sindical a través de disposiciones que suspendan la convocatoria de un congreso o asamblea o juzguen su validez, art. 6 y 57 de la ley 23551. Esto es así en tanto la expresión "intervenir" contenida en el último artículo citado debe interpretarse acorde con el principio de autonomía sindical.
Honorarios del árbitro, aplicación de la ley, Reglamento de Conciliación y de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Yacimientos Carboníferos Fiscales s/ tribunal arbitral (y Y6XXIII)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

A falta de previsión legal expresa, es razonable adoptar como pauta orientadora para la regulación de los honorarios de los árbitros en los procesos arbitrales, las escalas previstas en el Reglamento de Conciliación Facultativa y de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
Obligaciones internacionales, interés superior del niño, derecho a la identidad, filiación, acciones de filiación, grupos vulnerables
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La República Argentina ha conocido una dramática historia de ocultamiento en la filiación de los niños como para creer que necesariamente es de su mejor interés que la prensa permanezca ajena a toda información y no sea capaz de fijar por sí los límites de su función dentro de la ley (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Expresión de agravios, contestación de agravios, falta de contestación de agravios, Corte Suprema de Justicia de la Nación, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Cueto, Adriana Mabel c/ Telias, Walter Horacio. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

No obstante que la actora no expresó agravios contra la sentencia que había fallado en su favor, ante los agravios del codemandado, la contestación de aquella a dichos agravios y la falta de constestación por parte de otros codemndados, la Corte es competente para el examen total de las actuaciones y decidir en consecuencia de conformidad a los hechos controvertidos y a las normas aplicables.
Acción de amparo, bien jurídico protegido, inexistencia de otras vías, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Rogiano, Julio César y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Avocación (Artículo 2, Ley 11330). Recurso de amparo (Expte. CSJ Nº   59-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-23

La Corte local, ya en la causa "Vaninetti", si bien destacó el criterio de la Corte nacional acerca de que "el remedio singular del amparo está reservado sólo a las delicadas y extremas situaciones en que por la carencia de vías legales aptas peligra la salvaguarda de derechos fundamentales (Fallos: 3030:422)", dejó a salvo el criterio de ese Alto Tribunal "en orden a la garantía consagrada en el artículo 96 de la Constitución Nacional ("Jáuregui").
Pago, efecto extintivo del pago, aportes previsionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodrigo de Cancio, María c/ Central de Ahorro s/ Inc. de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-17

Constituye principio general que hasta tanto no se de cabal cumplimiento al art. 20 de la ley 6716 (texto según ley 10268), los fondos no se encuentran a disposición del acreedor, desde que no puede obtener la efectiva percepción del importe adeudado. De ahí que un depósito judicial que no computa los intereses hasta que el pago pueda ser percibido por el acreedor, reviste el carácter de parcial y, por ende, no puede tener aptitud liberatoria (art. 742 Cód. Civil). Así entonces, si cuando se da en pago la suma que había sido ofrecida a embargo, no se había determinado en forma definitiva los estipendios de los profesionales intervinientes en autos, fue menester que el deudor incorpora una cantidad estimativa para caucionar los honorarios y aportes previsionales, sorteando el valladar del citado art. 20, tal como lo dispuso el "iudex a-quo", habida cuenta que la preocupación liberatoria del deudor no puede desatenderse de la satisfacción de los requisitos legales que posibiliten la percepción del crédito por el acreedor. De tal modo la manifestación, mediante la cual se da en pago la suma oportunamente ofrecida a embargo, carece de eficacia cancelatoria, pues no contempló el imprescindible cálculo de un plus para salvaguardar la prevalencia de la retribución de los profesionales art. 20 ley 6716), y como el acreedor no puede ver aminorado su crédito por demoras acaecidas en la etapa de ejecución de sentencia, máxime cuando ello obedece a disposiciones normativas de insoslayable observancia por los magistrados, forzoso es concluir en que el depósito resultaba insuficiente y los intereses deben calcularse hasta que los fondos puedan ser retirados por el acreedor (arts. 724, 725, 742, 744, 776 Cód. Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Protección del medio ambiente, cuencas hídricas
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Fábrica Militar Río Tercero c/  s/ infracción ley 24.051
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-01

La noción que da sentido a la cuenca hídrica es la de unidad, en la que se comprende el ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y a un ambiente particular y la esencial interrelación entre los componentes de una cuenca hídrica, que hace del curso de agua un verdadero sistema, se refleja en la estrecha interdependencia observable entre sus diversos elementos.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Terrone, Aída c/ Amat S.A. s/ Despido y salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

El art. 211 de la Ley de Contrato de Trabajo habilita la rescisión contractual constituyendo una causal que no opera por sí misma. Es preciso que una de las partes del contrato exteriorice su voluntad de disponer el cese en ejercicio del poder de rescisión que acuerda la norma, sin carga económica.
Trabajadores de la construcción, supervisores
Materia: LABORAL
Carátula: PARED, RAMON VIDAL c/ IECSA S.A. y otros s/ Ley 22.250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-25

El hecho que el trabajador haya entregado a su empleadora la libreta de aportes al fondo de desempleo, no le hace perder su condición de supervisor, ni lo incluye dentro del régimen especifico de la construcción, pues tal circunstancia puede soslayar, en su perjuicio, el principio de primacía de la realidad. Por lo demás, las tareas son posteriores a la entrega del mentado documento y son aquellas y no éste las que definen la ubicación escalafonaria del trabajador.
Actualización monetaria, aplicación de la ley, contrato de suministros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: POLICHACO S.A.C.I. c/ M° de Salúd y Acción Social s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

La ley 21.391 consagra un régimen especial dentro del cual la actualización integra las sumas adeudadas. El pago de los valores nominales por tanto debe reputarse parcial como sostiene el a quo, quedando supeditada la conexión de valores a la posterior presentación del interesado.
Interdicto de recobrar, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramos, Yolanda c/ Ali, Ayelén Zoe s/ interdicto de recobrar la posesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-11-28

Cabe tener en cuenta que los interdictos protegen a todo tipo de poseedor y además al tenedor actual, ambos pueden defenderse mediante ellos contra los ataques a la detentación material, pero, deben probar que tenían - aunque sea- la mera tenencia, el hecho del despojo y cuando se cometió.
Entidades financieras, liquidez bancaria, banco central
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco  Central  de la República Argentina c/ Banco Patricios S.A. s/ solicita   intervención   judicial,  art.  35, pto. 3 Ley deEntidades Financieras (activos excluidos).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18

La suspensión regulada por el art. 48 de la Carta Orgánica del Banco Central -de naturaleza cautelar- puede derivar en la revocación de la autorización para operar, en tanto se da, entre otros supuestos, por la afectación de la solvencia o liquidez de la entidad, asimilable al estado de cesación de pagos, y genera la imposibilidad de efectuar pagos a los acreedores, sin autorización del Banco Central, y sólo en los casos expresamente previstos por el art. 44 de la ley 21.526 y sus modificatorias.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, actor civil, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: BONETTO, RENE ANTONIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-14

Corresponde rechazar la queja interpuesta, pues si bien en ciertos y contados supuestos ante la falta de recurso fiscal en tutela del derecho a la reparación de la víctima, se ha admitido la legitimación del actor civil para acceder a esta instancia de excepción cuando mediare revocación de la condena penal, estas circunstancias excepcionales no se advierten como manifiestamente configuradas en la especie.
Contestación de la demanda, reconocimiento de los hechos, sucesores
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMERO DE SACCO c/ MARTINEZ DE HOZ Ernesto s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-06

La disposición del art. 356, inc. 1, in fine, del Código Procesal se fundamenta en la razonable suposición de que los sucesores -al igual que el Defensor Oficial-, se encuentran imposibilitados de emitir una respuesta concreta y circunstanciada acerca de hechos que no les son propios (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t.VI, p.161, nro. 758, ap. c), punto b).

Ante esta particular situación, se trata de impedir que el probable desconocimiento de los demandados acerca de la veracidad de los hechos invocados por su contrario, los exponga al reconocimiento ficto de los mismos en los términos del primer apartado del citado precepto legal, liberándolos de las desfavorables consecuencias que trae aparejado el silencio, las respuestas evasivas a la negativa meramente general de aquéllos.

La "respuesta definitiva" que autoriza a formular la norma en análisis después de la producción de la prueba debe circunscribirse al reconocimiento o negativa de las circunstancias fácticas alegadas en la demanda, sin que quepa introducir en ella nuevas argumentaciones jurídicas u oponer defensas que debieron ser articuladas en la debida oportunidad procesal, por lo que no cabe sino estimar extemporánea la oposición de excepciones previas (conf.

art. 488 del citado Código).
Tratados internacionales, jerarquía de las leyes
Materia: CIVIL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

Los Estados suscriptores de los Tratados Internacionales tienen el deber de velar para que las disposiciones en ellos contenidas sean efectivamente aplicadas, siempre y cuando las situaciones cayeran dentro de su órbita, pudiendo generar dicha inobservancia una responsabilidad por parte del país firmante. Por ello, resulta incuestionable precisar que los mismos tienen prevalencia sobre lo dispuesto en normas de derecho común, ya sea de fondo o de derecho procesal. (Del Voto del Dr. Falistocco)
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aguilera, Javier Julio y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad -DiferenciasSalariales-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-28

La imposibilidad de emitir pronunciamientos judiciales cuando median actos administrativos, presumidos legítimos, que no han sido covenientemente atacados para habilitarla y son presupuestos de la condena pretendida. Ex-officio, atento el principio de la división de poderes, no puede habilitarse a tal fin la jurisdicción, y este recaudo -el de la jurisdicción- es presupuesto ineludible para la constitución válida de la relación procesal, cuya concurrencia debe establecerse para admitir la acción.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, incongruencia, Ministerio Público Fiscal, destitución
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ASOCIACION TRIBUNALES DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-18

El presente recurso resulta inadmisible, toda vez que a través de la autocontradicción que intenta achacar al pronunciamiento recurrido el compareciente intenta reabrir el debate, iterando los argumentos expuestos en estos autos en torno a que por no revestir la condición de magistrado se extinguió la potestad disciplinaria de esta Corte y se ha prescindido del texto del artículo 246 de la ley 10160, pero sin hacerse cargo con suficiente entidad -y en un vano desenfoque de los fundamentos dados en el Acuerdo impugnado- de que contrariamente a sus afirmaciones en el caso no se le aplicó sanción alguna y que la decisión de remitir copias de las actuaciones a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de la Provincia fue adoptada en ejercicio de incuestionables potestades institucionales relativas a la iniciación del procedimiento de destitución que la ley 13013 establece respecto de los Fiscales Regionales del Ministerio Público de la Acusación.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, retención de sumas depositadas, titular de tarjeta de crédito, administración de bienes
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALVAREZ, ATILIO FERMIN c/ ABN AMRO BANK NV Y OTRO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-27

En una acción judicial deducida contra un banco y una entidad administradora de una tarjeta de crédito, mediante la cual se persigue resarcimiento como consecuencia de la retención de una suma dineraria que, pagaba el pretensor con su tarjeta, sin que la misma haya llegado a su destinatario; procede condenar a la coaccionada cuando, -como en el caso-, surge que "retuvo el pago" debitado de la cuenta del accionante (usuario de la tarjeta) por la entidad bancaria (emisor, quien remitió tal suma a la administradora, cumpliendo totalmente con su parte en la operatoria), toda vez que la legitimación pasiva de la reclamada esta dada por su responsabilidad extracontractual, que se genero a partir del hecho ilícito constituido por la retención del dinero pagado por el usuario. En tal sentido cabe precisar, que al mentado hecho ilícito -cuasidelito- imputable a la defendida, debe aplicársele el principio consagrado en el Código Civil en el sentido de que todo aquel que ejecute un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, esta obligado a la reparación de ese perjuicio (CCIV art. 1109).
Recurso contencioso administrativo, sentencia, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CIA  DE  ESTUDIOS  Y  CONSTRUCCIONES  INGENIERO  RODOLFO  CORNERO SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   INCIDENTE DE APREMIO.     CSJ EXPTE NRO 124-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-11-20

Debe existir congruencia en la ejecución de sentencia como expresión culminante de la jurisdicción del estado y del consiguiente entrelazamiento que debe mediar entre el pedido, con el juzgamiento, y entre éste y su realización.
Nulidad del acto jurídico, declaración del imputado
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CIPOLLINI DARIO ORLANDO Y MERCADO EDUARDO HERIBERTO s/ FALSIFICACION    DE    INSTRUMENTO  PUBLICO  REITERADO  -  IMPRESION  FRAUDULENTA DE SELLOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-09-14

Si el prevenido al ejercer su defensa material ante el juez de instrucción con las formalidades de ley, hizo uso de la facultad que le confiere la norma del art. 294 del C.P.P. absteniéndose de prestar declaración, en presencia de su abogado defensor, pero se omitió consignar la firma de éste cn el acta, corresponde declarar la nulidad del acta que contiene la indagatoria del imputado.

Ello porque, si bien es cierto el art. 125 C.P.P. (art. 137, Ley 8123; art.140 C.P.P.N.) establece la nulidad "...Salvo previsiones especiales, el acta será nula si falta la fecha, o la firma del funcionario actuante o la del Secretario actuante o la del Secretario o testigo de actuación, o la información prevista en la última parte del art. 123" y aparentemente no estaría comprendida la del letrado defensor, no debe perderse de vista que dicho texto es anterior a la sanción de la Constitución Provincial vigente, que en su art. 40 reza: "Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Todo imputado tiene derecho a la defensa técnica, aún a cargo del Estado, desde el primer momento de la persecución penal... . Carece de todo valor probatorio la declaración del imputado sin la presencia de su abogado defensor".

Además, y específicamente relacionado al acto de la declaración del imputado, el art. 299 C.P.P. (art. 264 Ley 8123; art. 301 C.P.P.N.) establece que "...el acta será suscripta por todos los presentes. Si alguien no pudiere o no quisiera hacerlo, esto se hará constar y no afectará la validez de aquélla". Como se advierte en la presente causa no se encuentra aplicación tal dispositivo por no ser del caso. De ello deviene como lógico concluir que se encuentra afectado el legítimo derecho de defensa en juicio y violado el debido proceso legal que por imperio de lo dispuesto por el art. 171, inc. 3ro. C.P.P. (art. 185 inc. 3ro. Ley 8123; art. 167, inc. 3ro. C.P.P.N.) acarrea la nulidad del acta la que por afectar el derecho de defensa, esto es y como dicha norma prevé "Se entenderá siempre prescripta bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes:... inc. 3ro. A la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece".-
Despido discriminatorio, daño moral, violencia de género, responsabilidad del empleador
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: M. C. A. c/ Citytech SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-14

La decisión de despedir a la trabajadora de un call center que desempeñaba actividades gremiales, encubrió la necesidad de la empresa de desprenderse de ella como delegada del sindicato. Dicho despido constituye un acto discriminatorio, y en tal sentido la ley 23.592 tiene por objeto sancionar el trato desigual en cualquier ámbito de que se trate, incluso el laboral. Y por haber sido la actora objeto de trato agraviante y ofensivo por parte del supervisor, ello encuadra en la definición de violencia laboral contra la mujer tipificada por el art. 6 inc. c) de la ley 26.485. Asimismo, a tenor de lo previsto por el art. 35 de la ley 26.485, ante un supuesto de violencia contra la mujer -incluida la laboral- corresponde la reparación integral de las consecuencias dañosas. Y en lo que hace a la reparación, el art. 1 de la ley 23.592 consagra la responsabilidad por daño moral originada en el trato discriminatorio, daño moral que también abarca el art. 35 de la ley 26.485.
Proceso judicial, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valiante de Albamonte, María Angélica c/ Noriega, Ulfa Rufi y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

La doctrina del exceso ritual manifiesto no constituye una doctrina abierta que permita sustituir los principios de orden procesal, que tienen también su razón de ser al fijar pautas de orden y seguridad recíprocas. Sólo cabe acudir a la doctrina del exceso ritual manifiesto en situaciones precisas, debiendo evitarse incurrir en el exceso del exceso ritual manifiesto, abriendo paso así a la anarquía procesal.
Seguros, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Larumbe Rubén Omar c/ San Cristobal Soc. Socorros Mutuos s/ Incumplimiento Contractual e Indemnización de Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-06-10

De ser controvertida la existencia o la dimensión del daño, la carga de la prueba recae sobre el asegurado pues es él quién debe acreditar el presupuesto de hecho de la norma que invoque como fundamento de su pretensión. EL asegurado que pretende ser resarcido por su asegurador debe acreditar las circunstancias que permitan tener por comprobada la producción del siniestro y que el mismo se encontraba dentro de la garantía pactada.
Adopción, adopción plena, guarda del menor, menores en situación de desamparo, prueba, interés del menor
Materia: CIVIL
Carátula: N.S. c/ P.D.P. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

A fin de implementar la guarda con fines de adopción (ley 24.779), respecto de un menor en situación de adoptabilidad, la comprobación de su estado de abandono y la declaración de tal estado, en su caso, contribuyen a otorgar seguridad sobre la desvinculación de aquél con la familia de origen y la futura inserción en otra, todo lo cual tiene por finalidad atender el interés del menor desamparado, de rango constitucional (art. 3, ap. 1 de la ley 23.849 y art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).
Fuerzas Armadas, beneficios previsionales, prescripción, reclamo administrativo previo, interrupción de la prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "RAVAGLIA,  ZULEMA c/ E. N. - Ministerio de Defensa s/ Personalmilitar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06

El reclamo administrativo interfiere el curso de la prescripción -art. 1, inc. e), ap. 9, ley 19.549- (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala III, sent. del 03.12.92, "Chávez, Alfredo c/ E.N."), en tanto no hay prescripción liberatoria sin inactividad del titular del derecho. La suspensión acarrea una detención del tiempo útil para prescribir por causas concomitantes o sobrevivientes al nacimiento de la acción en curso de prescripción, inutilizando el lapso que corre mientras esas causas operan. En consecuencia, el reclamo administrativo no puede alzarse en contra de las pretensiones de quien lo dedujo (en el caso, peticionando las asignaciones dispuestas por los Decretos 2266/84 y 2554/84), mientras la suspensión del curso de la prescripción producida por su interposición continuaba a la fecha de ser deducida la demanda.
Sucesiones, declaratoria de herederos, recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Medina Luis Antonio s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-10

El artículo 737 del C.P.C.C, prevé de que cualquier pretendiente pueda promover demanda impugnando la validez o exactitud de la declaratoria de herederos para excluir al heredero declarado o para ser reconocido con él, de lo cual se sigue que la declaratoria no tiene efectos de cosa juzgada y no causa agravio alguno que pudiera afectar a la recurrente en los términos del art.243 del C.P.C..- (MINORIA U OPINION PERSONAL)