Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-23


2º Instancia.- Buenos Aires, abril 23 de 2007.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? El doctor Molteni dijo:

1º.- La sentencia de fs. 365/374 desestimó la demanda entablada por Adan Michel y Adolfo Shick, por concluir que los mismos no habían demostrado haber sido víctimas del accidente ocurrido el 13 de julio de 1998, a las 4:30 horas, en la Ruta Nacional nº 9 a la altura de la ciudad de Campana (km. 77), en que el automóvil dominio BUE-285 circulaba al mando de José Mario Milanese y arrolló a un caballo que invadió la autopista. En cambio admitió la demanda entablada por ese conductor, por su esposa Elsa Josefina Quintás y su hijo José Mario Milanese, porque consideró que la concesionaria de la ruta era responsable por el daño producido por el ganado que transitaba por la autopista en cuestión, por lo que cuantificó los daños reclamados en las sumas de $43.300, $21.250 y $16.050 para sendos accionantes.

Contra dicho pronunciamiento apelan todas las partes. A fs. 389/391 la empresa demandada controvierte la responsabilidad que se le atribuye y la procedencia de los daños reconocidos. A fs. 396/397 la aseguradora citada en garantía cuestiona también la atribución de responsabilidad, mientras que los actores se quejan de la exclusión de Adan Michel y Adolfo Shick dentro de los damnificados, como asimismo por considerar exiguo el monto concedido por incapacidad sobreviniente y el daño moral de las restantes víctimas, como por el rechazo del tratamiento psicológico reclamado. Esos agravios se vieron replicados a fs. 404/407, a fs. 409/413 y a fs. 414/416.

2º.- Para fundar el agravio respecto de la exclusión de los co-actores Michel y Shick, se alude a que la sentencia no ponderó adecuadamente los elementos probatorios, especialmente el referido al certificado médico expedido por la Unidad Hospitalaria San José de la Municipalidad de Campana donde constaría la No es exacto que la sentencia omitiera valorar esas constancias glosadas a fs. 174 y 286, sino que consideró que ese único elemento no era suficiente para demostrar la participación en el accidente de dicho actor, cuando ni siquiera se podía apreciar la fecha en que había sido emitido ese certificado médico y había otras pruebas que contradecían la circunstancia de que esos actores hubiesen viajado en el auto manejado por Milanese, como afirmaron al entablarse la demanda.- La falta puntual de crítica de los extremos ponderados por el a quo para desestimar la legitimación de dichos accionantes, determina que el recurso resulte insuficiente para conformar un agravio en los términos del art. 265 del Cód. Procesal e impone la deserción de este aspecto de la apelación (art. 266 del Código citado).

Pero aunque se soslayara esa falencia procesal, es dable ponderar que la testigo amiga de los Milanese, que vio el accidente en un noticioso de la televisión, manifestó desconocer a los demás actores que no fueran los tres miembros de esa familia (ver fs. 302). El testigo Corsini, que declara a fs. 220/vta., que estuvo en el lugar del accidente en el momento de su ocurrencia, se refiere exclusivamente a las tres personas que viajaban en el Renault 9, lo cual descarta la presencia de aquellos co-actores. Si a ello se le suma que, contradiciendo lo aseverado en la demanda, dichos accionantes le manifestaron al perito médico de fs. 256, que las heridas cortantes de cuero cabelludo y el politraumatismo del brazo derecho y los mareos que padece Schick, obedecen a que "circulaba en un Fiat 1, que a raíz del impacto mencionado vuelca", se concluye que aquél postulado de la demanda que los hacía víctimas del accidente sufrido por los Milanese, porque viajaban en el mismo vehículo Renault 9, queda seriamente sospechado de mendacidad , en especial cuando aquél único elemento que podría vincular las lesiones de Schick con el accidente -certificado médico de fs. 174 y 286- parece haber sido emitido el "18-5-98", cuando el accidente aconteció el 13 de junio de ese año.

Por tal motivo, considero que este primer agravio no puede ser atendido, porque aunque la pericia médica haya apreciado que los actores en cuestión tuviesen lesiones, ello no indica que las mismas estuviesen causalmente relacionadas con el accidente que motivara este proceso.

3º.- A fin de analizar las quejas vertidas en materia de responsabilidad civil de la concesionaria vial, hemos mantenido un criterio coincidente con otras salas de este Tribunal, en el sentido de que esas empresas deben responder cuando la causa del siniestro está consustanciada con la utilización de la ruta, es decir, referida a los daños que provengan por el mal estado del pavimento, de roturas, baches, montículos o en la deficiente iluminación o señalización que hacen peligrar la circulación de los vehículos y no por la aparición imprevista y excepcional de un animal (conf. C.N.Civ., esta sala, L. 257.253 del 6-5-99, public. en LA LEY, 2000-D,40, con nota del doctor López del Carril; ídem. L. 315.876 del 10-8-01; L. 315.557 del 11-12-01; ídem., L. 384.806 del 25-2-04, public. en JA, 2004-III-179; id., sala "I", Papasidero, Agostino c. Camino del Atlántico S.A. s/ daños y perjuicios" del 24-11-98; id., sala "H", "Feity, Gisela c. Ríos, Rafael y otros s/ daños y perjuicios" del 11-9-99; id., sala "D", "Roa, Juan Manuel c. Semacar S.A. s/ daños y perjuicios" del 5-6-98; id., sala "L", "López, Marcos c. Caminos del Oeste S.A. s/ daños y perjuicios" del 23-6-98; etc.).

En este mismo sentido se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando en el año 2000 dictó los primeros pronunciamientos sobre esta materia en las causas "Colavita" y "Bertinat" (ver LA LEY, 2000-E, 495), en las cuales fijó un criterio restrictivo sobre la responsabilidad del concesionario vial que, en lo medular, sólo era admitida en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones o deberes asumidos en el régimen legal-reglamentario por medio del cual el Estado nacional le otorgó a las empresas la concesión del servicio, con sustento en un factor subjetivo de atribución, eximiéndolas en general y por vía de principio, en los supuestos de aparición de animales sueltos en la ruta (ver notas críticas de Galdós, Jorge Mario, en "Peaje de animales sueltos. ¿La clausura de un debate?" en LA LEY 2000-E, 495; Sagarna, Fernando "Responsabilidad de las concesionarias de peajes y del Estado por animales sueltos en rutas", en LA LEY, 2000-B, 754).

El 21 de marzo de 2006 la Corte Suprema, con su parcialmente renovada composición, dictó un pronunciamiento en los autos "Ferreyra, Víctor D. y otro c. V.C.O.V.S.A.", que fuera seguido por otro in re "Caja de Seguros c. Caminos del Atlántico S.A.", donde la mayoría rechazó el recurso extraordinario interpuesto contra una sentencia del Tribunal Superior del Chaco, en el primer caso, y por la sala "M" de esta Cámara en el segundo, por estimar que no era arbitraria la interpretación plasmada en esos fallos donde se había condenado a las empresas viales por la sorpresiva presencia de equinos, encuadrando la cuestión en la relación de consumo y la aplicación del principio "in dubio pro consumidor".- Pero a fines de ese año 2006 el Alto Tribunal dictó finalmente sentencia en el caso "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Provincia de Buenos Aires y otros" (7-11-06 public. en DJ, 2006-3-950; DJ, 28-2-07 con nota de Carlos Ghersi y Celia Weingarten y en LA LEY, 13-3-07 con nota de Jorge Mario Galdós), en el ámbito de su jurisdicción originaria, donde sentó el criterio que entre el concesionario de la ruta y el usuario existe una relación contractual, donde aquél no asume una obligación de dar el uso y goce de la cosa, sino de prestar un servicio, lo cual cobra relevancia porque hay una obligación nuclear en el contrato, constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos y también deberes colaterales con fundamento en la buena fe, entre los cuales se encuentra el deber de seguridad, que obliga al prestador a adoptar las medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles. La previsibilidad de los riesgos que adjetiva la obligación de seguridad a cargo del concesionario de rutas, puede variar de un supuesto a otro, porque no todas las concesiones viales tienen las mismas características operativas, ni idénticos flujos de tránsito, extensión lineal, condiciones geográficas, ni grados de peligrosidad o siniestralidad, por lo cual en muchos casos podrá establecerse un deber de previsión -art. 902 del Cód. Civil- que no puede ser exigido en otros, lo cual vendrá justificado por las circunstancias propias de cada situación.

La Corte asimismo ratificó el criterio de que la responsabilidad que el art. 1124 del Cód. Civil pone en cabeza del dueño o guardián de un animal por los daños que cause, no es exclusiva ni excluyente de la responsabilidad de distinta índole y causa que puede caberles a los concesionarios viales por el incumplimiento de los deberes propios, entre los cuales no son ajenos -bajo ciertas circunstancias- los atinentes a la previsión y evitación de la presencia de animales en la ruta.

Según interpretó la Corte Federal en ese precedente, el deber de seguridad a cargo de las empresas concesionarias es lo suficientemente amplio como para abarcar en su contenido prestaciones tales como la vigilancia permanente del camino, su señalización, la remoción inmediata de elementos extraños que se depositen, el retiro sin demora de animales que transiten por el lugar y toda otra medida que pueda caber dentro del referido deber, a los efectos de resguardar la seguridad y la fluidez de la circulación, asegurando que la carretera se mantenga libre de peligros y obstáculos. Por ende, la responsabilidad de la concesionaria de rutas por el daño que sufra el usuario es de carácter objetivo, ya que asume un carácter de seguridad por resultado, consistente en que aquél debe llegar sano y salvo al final del recorrido, en consonancia con el principio de buena fe que integra la convención y permite interpretarla, al igual que el deber de custodia que sobre aquella recae.

Desde otro punto de vista, dicho Tribunal Superior se inclinó a reconocerle al vínculo existente entre el concesionario de una ruta y el usuario, naturaleza contractual, en tanto aquél realiza la explotación por su cuenta y riesgo, por lo cual cabe atribuirle responsabilidad directa y personal por las consecuencias derivadas del cumplimiento del contrato. Esa fuente contractual hace nacer una obligación de seguridad, pues se trata de prestar un servicio de carácter continuado, sin que pueda existir una deliberación previa que permita al usuario modificar los términos de la prestación (conf. Ghersi, Carlos A. en LA LEY, 2006-C, 490; Pizarro, Ramón Daniel, LA LEY, 2006-B, 451; Correa, José Luis, LA LEY, 2006-C, 55; Rinesi, Antonio J., DJ, 2006-1-985).

Bajo esta concepción objetiva de la responsabilidad que ha impuesto la Corte Suprema en este precedente, corresponde sin duda coincidir en que, así aprecie la situación de la emplazada desde el prisma de las prerrogativas que consagra la ley 24.240 en favor de los usuarios o meramente desde el deber de seguridad contractual, debe reconocerse que la misma no ha logrado soslayar esos factores de imputación y descargar su responsabilidad, porque por lo pronto, no ha demostrado que en el accidente haya incidido la actuación culposa de las víctimas -ya que ni siquiera se alegó que se desplazara a velocidad excesiva o en forma poco cuidadosa-, ni tampoco se probó que la aparición del caballo atropellado en la cinta asfáltica o de otros que se hallaron sueltos en las inmediaciones (ver test. de fs. 220, preg. 5ta.), conformara un caso fortuito, que no pudo superarse a pesar del asiduo control de la muy transitada ruta 9 y de la frecuente constatación de que no había obstáculos en la autopista, ni alambrados en mal estado por donde pudieran ingresar el ganado hacia su traza. La demandada debió al menos demostrar, que la presencia de los animales fue imprevisible y un hecho insólito, que conformó una circunstancia que no había nunca acontecido en la zona, lo que justificaba la falta de presencia de carteles advirtiendo a los usuarios sobre esta peligrosa circunstancia (test. de fs. 220, preg. 7ma.).- La omisión de la demostración de esos extremos hace que permanezca incólume aquella atribución de responsabilidad, generada en el compromiso de la concesionaria de ofrecer una vía carente de sorpresivos obstáculos que impidan la circulación segura a las velocidades permitidas, porque esa falta de prueba, en definitiva, no le permite descargar ese presunto incumplimiento de la obligación de seguridad que le compete, ya que el accidente pudo eventualmente ser producido por el pastaje de animales en las banquinas de la carretera, que la tolerancia o desidia del concesionario, no denunció ni removió, por lo cual generó ese riesgo adicional a la segura circulación que debía preservar.

En virtud de estas razones, opino que este aspecto medular de la sentencia debe ser confirmado.

4º.- El apoderado de la empresa demandada descalifica la procedencia de los perjuicios sufridos, porque entiende que los mismos se encuentran probatoriamente sustentados en los dos testimonios rendidos en autos, que son inaptos para demostrar las lesiones y en definitiva los detrimentos patrimoniales invocados por los actores.

Este agravio resulta inconsistente, porque parece no haber leído correctamente la sentencia, desde que para el otorgamiento de los renglones resarcitorios, especialmente los referidos a la "incapacidad sobreviniente", el a quo valoró especialmente el dictamen pericial de fs. 256/258 y las historias clínicas de fs. 226/230 y 238/242, por lo que la queja relativa a que los testimonios resultan ineficientes para probar el daño, es inadecuada para criticar la sentencia, por lo cual debe juzgarse desierto este aspecto del recurso de la demandada.

5º.- De acuerdo a las constancias del referido examen pericial, José Mario Milanese presenta como secuela postraumática una contractura cervical, con parestesias en ambos miembros superiores, dolor a la palpación paravertebral de las masas musculares, limitaciones en la movilidad de la columna cervical, que ocasionalmente le produce mareos. Desde el punto de vista psíquico, presenta un trastorno por estrés postraumático. Ambas afecciones le producen una incapacidad parcial y permanente del 20 %.

Su esposa, Elsa Quintás, también presenta una cervicalgia postraumática y periartritis de hombro derecho y un similar trastorno por estrés generado en el accidente. El experto estima que la misma sufre una incapacidad parcial y permanente del 15 %.

El hijo de ambos, José Mario Milanese no presenta secuelas físicas, aunque sí de orden psicológico, por padecer también un trastorno de estrés postraumático, que le ocasiona una incapacidad parcial y permanente del orden del 5 %.

El porcentaje incapacitante padecido por los damnificados repercute unitariamente en sus personas, lo cual aconseja que se fije, con igual criterio al seguido por el juzgador, una partida indemnizatoria que abarque ambos aspectos "físico y psíquico", porque, en rigor, si bien conforman dos índoles diversas de lesiones, las mismas se traducen en el mismo daño, que consiste en la merma patrimonial que sufre la víctima por la disminución de sus aptitudes y para el desempeño de cualquier trabajo o actividad productora de beneficios materiales (conf. Libres de esta sala nº 261.021 el 2/3/2000, n? 299.193 del 31/8/2000, nº 326.844 del 27/8/2001, entre muchos otros).- Con relación a dichos porcentajes de incapacidad fijados por el perito de oficio, creo oportuno recordar que esta Sala participa del criterio que establece que para cuantificar la magnitud del perjuicio, no debe sin embargo asignársele un valor absoluto a los mismos, como así tampoco fijar fórmulas matemáticas que establezcan el valor de cada punto de incapacidad, sino que es menester compulsar la efectiva medida en que dicha mengua física y psíquica ha repercutido patrimonialmente en la situación del lesionado, tanto sea en la disminución de sus aptitudes para el trabajo, como en otros aspectos, que, de manera indirecta, le han impuesto limitaciones en su vida social y la forma en que esto afectó sus perspectivas de evolución material (conf. mis votos en libres nº 239.292 del 22/2/99; nº 303.289 del 7/11/2000 y nº 324.527 del 20/7/2001, entre muchos otros).

El que mayor menoscabo sufrió fue José Mario Milanese (padre), quien actualmente cuenta con 68 años y que estaba próximo a cumplir 60 años a la fecha del accidente. Se dedicaba en forma independiente a hacer trabajos de pulidor, para lo cual requería buena disposición física, por lo que debe inferirse que especialmente la limitación cervical que le produjo el accidente, con repercusión en sus extremidades inferiores, habrá incidido en el desarrollo de su trabajo, por lo que considero equitativo -en función de los años de aptitud laboral que probablemente le resten- elevar esta reparación a la suma de $ 20.000.

La esposa, que actualmente tiene 62 años (casi 54 años al accidente) se desempeñó como ama de casa, por lo que su lesión cervical y la limitación que le provoca el dolor en su hombro, será sin duda un inconveniente para realizar las tareas domésticas, para la cual deberá requerir alguna ayuda onerosa. Por ello considero que la suma acordada en la anterior instancia debe elevarse a $ 15.000.

El hijo sólo tuvo una repercusión anímica. Se trata de un muchacho que estaba a punto de cumplir 14 años al momento del accidente y que actualmente tiene 22 años y se dice que es estudiante. No creo que la natural impresión que le pudo provocar el accidente, pueda haber repercutido económicamente de manera más intensa que los $ 4000 acordados en la instancia de grado, porque es natural que esas contingencias que no dejan secuelas físicas, puedan superarse con el correr de los años. Y como en los casi nueve años transcurridos desde el accidente, este joven no habría realizado ninguna actividad lucrativa, parece evidente que no es factible incrementar esta partida.- 6º.- Los dolores físicos sufridos y las limitaciones resultantes del accidente, como también sus secuelas anímicas, justifican incrementar el daño moral acordado en favor del matrimonio Milanese en el orden de $ 6000 para el marido y $ 5000 para la esposa. En cambio la falta de lesiones físicas en el hijo hace que no sea atendible la pretensión de elevar los $ 2000 acordados en la sentencia apelada, aunque se computen los golpes sin secuelas y la desagradable vivencia del accidente.

7º.- El a quo ponderó el consejo del perito, en cuanto consideraba necesario que las víctimas realizaran una terapia psicológica, respecto de las cuales no indicaba su extensión ni su frecuencia. Pero el mismo se inclinó por rechazar esta partida, porque si la incapacidad se había otorgado como secuela permanente y el tratamiento se lo aconsejaba con el afán de revertir el cuadro, implicaría entonces conceder una doble indemnización por el mismo daño.

Este razonamiento no lo veo contradicho en los agravios, donde los actores se quejan de que el sentenciante haya soslayado la opinión del perito y no otorgase una partida para afrontar este gasto. Es evidente que el pronunciamiento de grado no obvió ni se apartó de lo opinado por el experto, sino que consideró incompatible conceder una suma para afrontar un tratamiento, cuando ya había acordado indemnizaciones para enjugar la permanente incapacidad psíquica. Al margen de que se comparta este razonamiento del juez, lo cierto es que no resultó replicado por los apelantes, por lo cual debo entender que el recurso en este punto está desierto y firme la meritada decisión desestimatoria.

8º.- En definitiva, si mi criterio fuese compartido, correspondería confirmar la sentencia en cuanto rechaza la demanda respecto de Adan Michel y Adolfo Shick, como también con relación al medular aspecto de la responsabilidad de la concesionaria vial y elevar la condena a la suma de $ 52.850,de los cuales $ 26.450 (incapacidad: $ 20.000; daño moral: $ 6000; gastos médicos: $ 250; gastos de traslado: $ 200) le corresponden a José Mario Milanese; $ 20.400 (incapacidad: $ 15.000; daño moral $ 5000; gastos médicos $ 200; traslados:$ 200) a Elsa Josefina Quintás y $ 6000 para José Mario Milanese (hijo), que mantiene el monto de la instancia de grado.

En atención al resultado de sendos recursos, las costas de alzada deberían distribuirse en un 80 % a cargo de las demandadas, que resultaron vencidas en lo que atañe a la responsabilidad y el 20 % a los actores, quienes, si bien lograron cierto incremento en algunos conceptos, fueron derrotados en la inclusión de otros (art. 71 del Cód. Proc.). Ello, con excepción de la acción dirigida contra Adán Michel y Adolfo Shick, cuyas costas de alzada deben ser soportadas por ellos.

Así lo voto.

El doctor Li Rosi votó en el mismo sentido por motivos análogos a los expuestos por el doctor Molteni.

El doctor Escuti Pizarro dijo:

Disiento parcialmente con las conclusiones a que arriban mis distinguidos colegas, sin dejar de ponderar que el primer votante, doctor Molteni, adhiere al nuevo criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su actual composición, pues tengo ya opinión formada sobre el tema.

En efecto, he sostenido "in re" "Trefontane, Sergio A. c. Caminos del Uruguay S.A. s/ daños y perjuicios", (esta sala del 6.5.99, publicado en LA LEY, 2000-D,39, con nota "Pautas Interpretativas de la Responsabilidad del Concesionario Vial" del doctor López del Carril, Gonzalo), caso que guarda analogía con el presente, en cuanto a que: a) Discrepaba con el distinguido sentenciante de grado, en cuanto encasillaba el caso en examen en la órbita de la responsabilidad contractual; b) que no se me escapaba que la relación entre el poder concedente y la concesionaria es contractual y de derecho administrativo, bajo cuyos parámetros deben decidirse también las relaciones en la concesionaria y el usuario, siendo criterio mayoritario tanto en doctrina como en jurisprudencia, que deben contemplarse desde la óptica de la responsabilidad contractual, pues el peaje es una es una contribución de naturaleza tributaria y no el pago de un precio por la utilización de la ruta, es la percepción de una tasa, por el uso de determinada obra, destinada a costear su construcción y mantenimiento, importando el derecho, en favor del contratista, de exigir a los administrados un precio por la utilización de la obra, cuyo monto y forma de pago deben ser establecidos en el momento de formalizarse la concesión o puede fijarlos posteriormente la Administración, por ser una facultad que le corresponde sólo a ella (conf. voto citado, considerando III) y sus citas doctrinarias, jurisprudenciales, incluso de la C.S.J.N. en anterior composición).

Acoté, además, que en la especie, resultaba obvia la responsabilidad de la emplazada por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a terceros durante la circulación de la ruta, para lo cuál deben adoptarse las medidas de seguridad concomitantes con su explotación, que de quebrantarse en perjuicio de terceros, la harían responsable extracontractualmente. Empero, para que esto ocurra sería preciso que la causa del siniestro estuviere en sí misma, como por ejemplo el mal estado del pavimento, roturas, baches, montículos, o en la falta de señales o de iluminación que comúnmente hacen posible la circulación de vehículos. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando el siniestro se produce por la aparición de animales en ruta, como ocurrió en el sub-examen, desde que el contrato de concesión no ha puesto a cargo de la concesionaria la vigilancia de animales de terceros, que se rige por el derecho común, debiéndose tener en cuenta fundamentalmente la extensión de la ruta concesionada.

Que si bien éste último extremo no ha sido acreditado en autos, es posible inferirlo en función del principio de celeridad procesal, dado que he requerido telefónicamente al OCCOVI, Paseo Colón 189, 6º piso, Capital Federal, información que corrobora que, al tiempo de emitir este voto, la concesionaria actual de la ruta es Vial 3 S.A. desde el Km. 72,90 hasta el Km. 278,29 (igual a 205,39 Km. de ruta) de la ruta en cuestión.- En conclusión, debo disentir con las conclusiones del primer votante en cuanto declara la responsabilidad del concesionario vial por el accidente sufrido por los actores Milanese-Quintás-hijo, y adherir al rechazo de la demanda entablada por Adan Michel y Adolfo Shick en cuanto no demostraron haber sido víctimas del accidente ocurrido.

Así voto.

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se confirma la sentencia en cuanto rechaza la demanda contra Adán Michel y Adolfo Shick y en cuanto establece la responsabilidad de "Servicios Viales S.A. Concesionaria de Rutas por Peaje" por el accidente sufrido el 13 de junio de 1998 por José Mario Milanese, Elsa Josefina Quintás y José Mario Milanese (hijo). Se eleva la condena dispuesta a la suma de cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta pesos ($ 52.850), de los cuales veintiséis mil cuatrocientos cincuenta ($ 26.450) le corresponden a José Mario Milanese, veinte mil cuatrocientos ($ 20.400) a Elsa Josefina Quintás de Milanese y seis mil ($ 6000) a José Mario Milanese (h). Las costas de alzada, respecto de los recursos entablados por éstos últimos actores y por los demandados, se distribuyen en un ochenta por ciento (80 %) a cargo de los condenados y en el veinte por ciento (20 %) restante a los actores. Los correspondientes al recurso de Michel y Shick, deben ser soportados por los mismos. Los honorarios serán regulados una vez fijados los de la instancia anterior. - Hugo Molteni. - Ricardo Li Rosi. - Jorge Escuti Pizarro.