marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Delitos contra el honor, calumnias, injurias, sobreseimiento provisional, sobreseimiento definitivo, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: MARINI, Radamés. s/ CALUMNIAS    E    INJURIAS.    NULIDAD.  SOBRESEIMIENTO  PROVISIONAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-29

Si bien en las causas seguidas por delitos contra el honor pueden dictarse sobreseimientos 'definitivos' pero no provisionales, aquéllos sólo resultan procedentes en los casos de conciliación, retractación, desistimiento, muerte del querellado y en la hipótesis de los incs. 4to a 8vo. del art. 443 del C.P.C., advirtiéndose pues, que el sobreseimiento provisional dictado previa vista conferida a la parte querellante, resulta incompatible con la naturaleza de la acción privada ejercida en autos, y en consecuencia lo actuado a partir de esa vista se torna nulo por aplicación de lo dispuesto en el art. 509 del Código de forma.
Recurso de casación penal, declaración testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Bruna Ariel Alejandro (imp) - Fuenzalida, Gloria Carmen (dam) s/ homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-06

Cabe desestimar el recurso de casación contra la sentencia que declaró a los imputados como autores penalmente responsables del delito de homicidio simple, pues los testimonios analizados se correlacionan entre sí de manera armónica en cuanto a las cuestiones decisivas que versan sobre los hechos principales, correspondiendo poner en evidencia que el fallo es el resultado de una merituación razonada de una pluralidad de elementos de convicción, máxime cuando el valor convictivo de la prueba queda fuera de la casación salvo conclusión absurda que no se observa en el fallo ni demuestra el recurso.-
Comisión Nacional de Valores, bolsa de comercio, mercado de valores, fondos comunes de inversión, juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Fos, Francisco c/ Banco Patagonia SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

Procede rechazar la demanda por incumplimiento contractual, cuando, como en el caso, fue el mismo actor quien presentó cierta constancia susceptible de desmerecer su eficacia, cuál es el contrato que firmó en ocasión de efectuar la inversión en un fondo extranjero -de lo cual derivó que el banco accionado debía hacerse cargo de la pérdida de tal inversión, que había sido sufrida por su parte a causa del famoso fraude cometido por Bernard Madoff-, del que surgen claramente los riesgos que asumió. En ese marco, y más allá del testimonio del oficial de cuentas del ejecutado que lo mal asesoró, lo cierto es que él no puede prevalecer sobre un convenio escrito, firmado y reconocido por quien, no obstante, pretende negarle efecto vinculante con el argumento de que se trató de un contrato de adhesión. En ese contexto, es inocultable al sentido común que el tráfico mercantil se tornaría inviable si al consumidor le bastará con invocar su calidad de tal para desconocer íntegramente el contrato que firmó o sostener, como en el caso, que no sabe lo que ha firmado. Esto último es así, con mayor razón, si se atiende a que asiste razón al banco en cuanto a que el demandante debe considerarse un "inversor calificado" en los términos acuñados por la CNV, lo cual no implica afirmar que sea un "profesional", sino sostener que estamos ante alguien que, aunque sigue siendo un consumidor, interviene habitualmente en el específico ámbito de actividad que nos ocupa, invirtiendo desde hace años en los productos que se ofrecen en el mercado de capitales, mediante un movimiento importante de dinero y asumiendo diversos riesgos. En ese marco, tampoco puede aceptarse que el actor no hubiera sabido qué estaba haciendo, ni -como lo sostuvo al demandar- cuál era el convenio que había firmado, ni que lo haya hecho sin contar con el nivel de información que hubiera debido tener, ni que, por fin, la operación cuestionada hubiera sido ajena a su perfil. Nótese que el banco uruguayo -que fue ante quien el demandante suscribió la documentación necesaria para la inversión- no fue traído al juicio, por lo que esa documentación sólo pudo ser obtenida por vía de exhorto que el demandado se ocupó de diligenciar en Uruguay. Esa fue la vía que tuvo que ser seguida para permitir que se aportara al expediente no sólo el aludido contrato que el actor reconoció, sino también las "instrucciones" que, según aquel contratante uruguayo, ratificaban que el producto adquirido había sido acorde con ese perfil inversor del actor.
Daño material, automotores, siniestro, dolo, culpa grave, abandono de la cosa
Materia: COMERCIAL
Carátula: Akena Roberto Oscar c/Orbis Compañia Argentina de Seguros SA s/ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-27

Es que si bien el chofer tenía la guarda del vehículo, el tenor de la gresca y las heridas sufridas (cfr. dictamen de la Policía Científica - Cuerpo Médico Forense) le impidieron tomar cualquier previsión para asegurar el automóvil. En ese marco, resulta evidente que estaba en juego su vida, razón por la cual cabe concluir que no provocó el siniestro dolosamente o por culpa grave como lo establece la LS 70.
Fallos de la Corte Suprema, doctrina legal, indemnización, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez, Hugo Oscar c/ Juan Cincotta S.A. s/ Diferencias Salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-19

De conformidad con las directrices emergentes del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Vizzoti, Carlos A. c/AMSA S.A. s/Despido" (sent. del 14-X-2004), y la concordante doctrina legal de esta Suprema Corte, declarada la invalidez constitucional del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo corresponde aplicar el tope a la base salarial previsto en los párrafos segundo y tercero del citado precepto legal sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual contemplada en el párrafo primero de dicha norma.(doctor Hitters, mayoría)
Suspensión del juicio a prueba, generales de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Ortiz Brizuela, Juan Ramón c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-15

En el marco de la suspensión de juicio a prueba, la auto-inhabilitación se puede admitir como pauta de conducta cuando es ofrecida por la persona que solicita la suspensión de juicio a prueba, de manera que no resulta óbice al otorgamiento el instituto. Sin perjuicio de ello, tal ofrecimiento será tomado con consideración siempre y cuando se encuadre dentro de las generales de la ley. Se infiere, entonces, que si bien resulta factible sortear el obstáculo del penúltimo párrafo del art. 76 bis CP a través del ofrecimiento de auto-inhabilitación, éste siempre debe encuadrarse dentro del plazo mínimo que exige la suspensión del proceso a prueba, según reza el art. 76 ter CP -es decir, un año- (voto de la jueza Llerena al que adhirió el juez Rimondi) Cita de "Turrado", causa nº 5068, Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nº 15, resuelta el 27 de marzo de 2017
Aclaratoria (procesal), honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Perez, Concepción c/ Galme Pesquera S.A.I.C. s/ DEPIDO  INDIRECTO E INCAPACIDAD DERIVADA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL S/  INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-03-30

Corresponde hacer lugar al recurso de aclaratoria interpuesto, cuando -como en el caso- se ha deslizado un error de cálculo en la determinación del monto base computable a los fines de proceder a la estimación de los honorarios del abogado del demandado. Ello en tanto, conforme doctrina de este Superior Tribunal de Justicia -in re "Bobadilla", "Pil" y "Godoy"- se considera ajustado a derecho tomar como monto, aquella suma que resulte del éxito obtenido por la parte representada por el letrado en cuestión, en autos, la medida del éxito del demandado estará dada por el porcentaje de lo reclamado y que fuera desestimado por la sentencia definitiva.
Defensa del consumidor, competencia
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: JUEZ DEL JUZGADO DE EJECUCION NRO. 2 SEC. NRO. 4 EN AUTOS: "M. T. S.A. c/ P., R. O.s/ EJECUTIVO, EXPTE. NRO. 2376/12 s/ INCIDENTE NEGATIVO DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-12-14

En contrapunto con el microsistema de orden público se enarbola la improcedencia de la declaración de incompetencia de oficio en asuntos patrimoniales, fundada en razón del territorio (art. 4 C.P.C.C.) y la abstracción cambiaria como atributo del título de crédito.

Como derivación de esta última, se esgrime un valladar infranqueable a la indagación de tipo causal que habilite al juez a declarar de oficio su incompetencia, basada en el art. 36 LDC.
Impuestos, IVA, inmunidad tributaria del Estado
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Instituto de Obra Social de la Prov. Entre Rios (T.F. 14713-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-05

Tal como lo señala el Dr. Marchevsky en su obra "IVA, Análisis Integral", Ed. Macchi, pág. 214: "Dada la economía general del gravamen y su técnica de legislación, pretender inmunidad fiscal del Estado frente al IVA importaría desgravar en todos los casos la última etapa, cuando sea éste quien venda bienes o sea prestador/locador de servicios directamente a los consumidores finales. Más grave aún sería el caso en que sus bienes o servicios constituyan partes, etapas o procesos intermedios, antes de su consumo final, en cuyo caso se interrumpiría la "cadena" de créditos fiscales y se encarecería el precio final de los bienes o servicios.

(Consid. 4º).
Ejecución prendaria, recurso de queja (procesal), secuestro de bienes, camión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sekaf Miguel Eduardo c/ Petro Rivas SACIFYA s/ Ejecución Prendaria - Recurso de Queja Interpuesto por los Dres.  Alejandro Daniel Briozzo y Edgardo Daniel Garbino
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-04-09

La norma expresa del art. 24 de la ley 24522, al preveer la apelabilidad de la resolución que dispuso la suspensión del secuestro de un camión de la concursada, excepciona el principio del art. 273 en su inc. 3°) y prevé a diferencia del inc. 4° que el recurso debe ser concedido con efecto devolutivo.
Caducidad de instancia, incidentes, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: FRIGORIFICO MORENO  S.A. c/ ALFA LAVAL  S.A. s/ PERENCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-31

Resulta un tema controvertido si los procesos voluntarios se hallan sometidos a plazos de caducidad o si la existencia de "litigio" es inherente a la idea de "instancia"; más de todos modos, el incidente de beneficio de litigar sin gastos no puede ser considerado uno de tales procesos; por lo cuál el CPR.310-2 ha sido correctamente aplicado.
Prescripción, plazo incierto
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sosa, Segunda Margarita c/ Confederación General del Trabajo de la Rca. Argentina y otra s/ Restitución de lo pagado y daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-07-14

Nos hallamos frente a una obligación -la de construir viviendas- de plazo incierto, indeterminado, cuya fijación debía ser hecha judicialmente. En este supuesto el acreedor cuenta con dos acciones distintas que pueden ejercerse simultánea o sucesivamente (artículo 509 del Código Civil): una, para pedir al Juez la fijación del plazo de cumplimiento; otra, para reclamar el cumplimiento de la obligación. En cuanto a la primera, ella comienza a prescribir desde que la obligación existe, es decir, desde que ha sido contratada. La segunda comienza a prescribir desde la fecha señalada por el juez.

Cabe agregar que esta segunda acción puede tener distintos plazos de prescripción conforme a la naturaleza particular; en tanto que la acción para la fijación del plazo, como no tiene plazo especial, prescribe por diez años.Del mismo modo cabe sostener respecto de la hipótesis de enriquecimiento sin causa invocado por la actora, ya que esta acción prescribe también a los diez años.
Expropiación, proceso expropiatorio, facultades del gobierno provincial, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pcia. del Chaco c/ Parra de Bosco, Ana M. y otros s/ expropiación expte. 6214/99 s/inhibitoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

La facultad expropiatoria es una de las reservadas por las Provincias dentro de su territorio y la autonomía de éstas no admite interferencia federal, en virtud del reparto de los poderes nacionales y provinciales establecido en los arts.

75, inc. 12, 121, 122 de la Constitución Nacional.
Daños y perjuicios, indemnización, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOSTAFA QUINTIN EDGARDO c/ MEDRANO GLADYS NELDA DEL LUJAN Y OTRO s/ SUMARIO POR INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-28

Su legitimación para reclamar no deriva "per se" de la sola circunstancia de revestir tal condición, si no se han abonado las preparaciones porque se encuentra obligado de alguna forma frente al dueño.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SPOSITO JOSE ALBERTO c/ GODOY HERNAN P. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

Hay un proceder imprudente en quién adjudicó al restante conductor una determinada intención desechando otra posible, produciéndose el embestimiento cuando éste siguió un rumbo distinto al pensado.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, intereses moratorios, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: SALMERON, FRANCISCO c/ MARINO, SALVADOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTES DE TRABAJO - INTERESES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1935-04-10

Corresponde abonar intereses moratorios sobre la indemnización por el accidente del trabajo, y ellos son computables desde la fecha de notificación de la demanda.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, obligación de seguridad, médico anestesista, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: BASSI, Rogelio Hugo c/ OSPLAD y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-23

Más allá, de si la obligación tácita de seguridad del establecimiento hospitalario debe ser encuadrada como de medios o de resultado, si ha quedado establecido que los daños padecidos por el actor no fueron consecuencia de una reacción alérgica, sino que más bien se trató de una alteración o adulteración de la droga anestésica corresponde al ente asistencial la prueba de que no hubo negligencia de su parte, o sea, de parte de sus dependientes o del personal auxiliar del que se sirve para brindar una adecuada atención a los pacientes. De ahí que, si frente a la conclusión de los dictámenes médicos en cuanto a que el anestésico tenía un componente nocivo, y que pudo haber sido manipulado por dependientes del ente asistencial (en el caso reuso de los frascos con formol), este último no logró desvirtuar tales pruebas ni demostrar que actuó diligentemente al momento de mandar a analizar las muestras de la droga, tales deficiencias constituyen una grave presunción en su contra.
Universidades, docentes, aplicación de la ley, establecimientos educacionales privados
Materia: LABORAL
Carátula: FACCIOLO, ANA MARIA c/ FUNDACION UNIVERSIDAD DE BELGRANO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-12

Los docentes que se desempeñan en institutos de enseñanza universitaria no se encuentran tutelados por las previsiones de la ley 13047.
Ley de contrato de trabajo, derecho a la protección integral de la familia, interpretación y aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la causa Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

Admitir la formulación legal del art. 179 de la LCT sancionada en 1974, destinada a una sociedad y un tiempo sustancialmente distintos al actual, como una limitación o impedimento -basado en el sexo y/o en el género- importaría consagrar una inteligencia regresiva y discriminatoria, que contrasta con la orientación postulada por la Corte al señalar que las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por su naturaleza, tiene una visión de futuro, y está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción (Voto del juez Rosatti).
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio, delito de acción privada, apertura a prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Merlini, J. s/ Incid. de Prescripción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-09

Si la apertura a prueba no ha sido en exclusivo interés de la defensa corresponde otorgarle virtualidad interruptora de la prescripción de la acción penal.
Fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: Olivera Rovere, Jorge Carlos y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-13

El apego a las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia -art. 398, 2º párrafo del Código Procesal Penal de la Nación- requiere un razonamiento coherente del juzgador y exige el respeto a los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente, como así también que sus conclusiones se apoyen en la psicología, la experiencia y el sentido común, pauta imperante en los tribunales internacionales en el sentido de que tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica evitando adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para sustentar un fallo.
Sanciones disciplinarias administrativas, jueces
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FIGUEROA E. s/ INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-11

Corresponde llamar la atención al juez de instrucción que ha impreso a la causa un ritmo de investigación que no se compadece con la celeridad y eficacia que le es exigible en el cumplimiento de las finalidades propias del sumario, en aras de dilucidar con la máxima rapidez posible el derecho de la sociedad a que si representante natural -el Ministerio Público fiscal- pueda ejercitar la pretensión punitiva o, en su defecto, se esté en condiciones de liberar al imputado del estado de sospecha e incertidumbre que importa el enjuiciamiento penal.
Concursos, incidente de impugnación, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ribera Desarrollos SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito por legal corp sa y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-12

La LCQ 50-3° señala como causal de impugnación la "exageración fraudulenta del pasivo" que exige la configuración de un presupuesto subjetivo porque requiere una intencionalidad fraudulenta del agente (conf. Graziábile, Darío; "Instituciones de Derecho Concursal", tomo III, pág. 253, año 2018). No hay que olvidar que, en realidad, esta causal fue tipificada con el fin de evitar que dolosamente se imponga el acuerdo a los acreedores disidentes alterando la conformación de las mayorías exagerando pasivo inexistente.
Portación de armas, culpa con representación
Materia: PENAL
Carátula: S., J. M. s/ Homicidio culposo (Expte Nº  13-91, Resolucion Nº  6, Tomo 1, Folio  17)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-20

Quien toma un elemento peligroso como un arma debe satisfacer ciertas exigencias de prudencia entre las que se halla la de comprobar si está pronta o no para disparar. La verificación de su estado antes de operar con ella frente a varias personas es un deber exigible, en el sentido que un proyectil en la recámara no es algo absoluta o medianamente imprevisible. (VOTO EN MAYORIA).
Municipalidad, intendente, defensa en juicio, concejo deliberante
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Rousselot, Juan Carlos c/ Concejo Deliberante de Morón s/ conflicto art. 187 de la Constitución Provincial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Resulta insostenible la decisión del Consejo Deliberante que dictó la resolución destituyendo al intendente del municipio el mismo día en que se formularon los cargos y se ofrecieron las medidas aportadas por el interesado , porque significaría que el orden jurídico interno de la provincia admite procedimientos en los cuales -de hecho- resultaría imposible el ejercicio razonable del dereho de defensa, con claro exceso de las limitaciones que impone el art. 5 de la Constitución Nacional al poder constituyente de los estados provinciales.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL
Carátula: ARÉVALO DOMINGA FAUSTINA c/ TISSERA DE ELÍAS SILVIA DEL VALLE Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-21

Si el apelante individualiza aún en mínima medida los motivos o causas en los que centra sus críticas a la sentencia que apela, no corresponde declarar la deserción del recurso por parte del tribunal de apelaciones, puesto que ello llevaría a cometer un exceso ritual manifiesto, con el olvido de que el recurso de apelación -al ser un recurso del tipo ordinario-, no admite que la valoración del memorial respectivo sea analizado con la estrictez propia de los recursos extraordinarios, los que por su naturaleza son de carácter más restrictivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fundamentación de la resolución, tribunal de alzada
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aluar Aluminio Argentino s/ Incidente de Revisión en autos "Servicoop s/ConcursoPreventivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-04

La fundamentación de las resoluciones se hace necesaria, tanto como una garantía del acto respecto de las partes, cuanto por una consolidación del Poder Judicial a través de las mismas, cuya fuerza no está dada solamente por la autoridad que despliega el órgano jurisdiccional, sino por la convicción que debe emanar de los actos que toma. Además, su función es servir en la Alzada si le corresponde intervenir en la cuestión y puede cumplir acabadamente el objetivo de ordenación del proceso.
Docentes, caja complementaria, haber anual complementario, cómputo de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Delucchi Graciela Susana c/ Caja Complementaria para la Actividad Docente s/ Prestaciones varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-06

De acuerdo a lo previsto por el art. 4, inc. b) de la ley 22.804, -que dejó sin efecto el convenio de corresponsabilidad gremial y creó la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente- para tener derecho al haber complementario es necesario, entre otros requisitos, acreditar el desempeño de servicios docentes por un tiempo no inferior a 15 años, de los cuales 36 meses consecutivos o no, deben estar comprendidos en el período de 60 meses calendario inmediatamente anteriores al cese en la actividad docente y, por aplicación del art. 2 de la ley referida, sólo deben computarse aquéllos servicios de carácter docente expresamente incluidos en la norma -ver incisos a), b), c) y d) de dicho artículo-. (En igual sentido C.F.S.S., Sala I, en autos "Rodríguez, María Selva c/ Caja Complementaria para la Actividad Docente", sent. 79185, de fecha 30.09.97). (Del dictamen fiscal al que adhiere la Sala).