Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-13


Salta, 13 de marzo de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "LEGUINA, Audelino Jorge vs. VARGAS, Daniel David; VARGAS, Sergio Orlando -DAÑOS y PERJUICIOS" del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 11º Nominación; Expte. Nº 550537/16 de Sala, y C O N S I D E R A N D O I) Viene apelado (fs. 139/140) por el Dr. Pedro Javier Arancibia, apoderado de la parte actora, el punto tercero de la resolución interlocutoria de fs. 134/137 y vta., por el que se hace lugar a la excepción de costas impagas opuesta por el Dr. Juan Pablo Buttazzoni, en representación del codemandado señor Daniel David Vargas, y se establece el plazo de diez días para que la parte actora deposite en carácter de embargo la suma de $20.000, calculada provisoriamente por costas impagas, bajo apercibimiento de tenerla por desistida del proceso, con costas.

Se agravia el recurrente por cuanto la señora jueza omitió considerar que su mandante se encuentra tramitando el expediente "Leguina, Audelino s/ Beneficio de litigar sin gastos" (Expte. Nº 550.539), ante el mismo juzgado, donde se otorgó el beneficio provisional. Sostiene que la decisión impugnada es arbitraria e irrazonable, puesto que priva al actor del derecho fundamental de acceder a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Asevera que no puede erigirse en obstáculo para obtener un pronunciamiento que resuelva la pretensión, un trámite ritual o procesal y menos aún una deuda dineraria por honorarios que se derivan de un proceso ajeno al presente. Señala que lo resuelto implica una "revictimización" de la persona que ha sufrido trágicamente la pérdida de un ser querido anteponiendo una simple cuestión monetaria. Entiende que la pretensión económica o alimentaria del Dr. Butazzoni debería ser canalizada por el trámite de ejecución de honorarios.

Concedido el recurso y conferido traslado de los agravios, el Dr. Juan Pablo Butazzoni contesta a fs. 143/147 y vta., solicitando se declare desierto el recurso en virtud de que, en su entender, no se rebaten los argumentos expuestos en la resolución impugnada. Indica, por otro lado, que el apelante introduce nuevas cuestiones -la existencia del beneficio de litigar sin gastos otorgado de manera provisional y el acceso a la jurisdicción- que no fueron objeto de tratamiento por parte de la a quo y que, por ello, tampoco cabe su consideración en esta instancia, por imperio del artículo 271 del CPCC. Subsidiariamente, sostiene que el beneficio de litigar sin gastos no implica que quien lo solicite se encuentre exento de abonar costas ni del proceso que tramitó con aquél beneficio ni mucho menos de uno anterior con identidad de partes, objeto y causa, que feneció por causas imputables al mismo actor, impuestas por sentencia firme. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. Señala que el actor ejercitó plena y libremente en más de una oportunidad el derecho de acceso a la jurisdicción, por lo que concluye que el agravio no resulta atendible y debe confirmarse la resolución apelada, con costas. Formula reserva de caso federal y de recurso de inaplicabilidad de la ley. A fs. 157/158 y vta. dictamina el señor Fiscal de Cámara, quien considera que puede rechazarse el recurso de apelación interpuesto.

A fs. 159 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme.

II) En primer lugar, cuestionada la suficiencia técnica del memorial de agravios, se ha sostenido que aunque el escrito de agravios adolezca de defectos, si contiene una somera crítica de lo resuelto por el juez, suficiente para mantener la apelación, no corresponde declarar desierto el recurso (CNFed., Sala Cont. Adm. L.L. 121-134; Id. Id. L.L. 127-369). Así, se ha dicho de manera reiterada, que al efectuarse el mérito de la consideración de la suficiencia o no de la expresión de agravios, debe seguirse un criterio amplio sobre su admisibilidad, ya que es éste el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional, a fin de no limitar la más amplia y completa controversia de los derechos de los litigantes, desde que un mero defecto técnico podría conducir a injustas soluciones en perjuicio de quienes recurren en procura de justicia, buscando ser oídos y que se les brinde la posibilidad de ejercer así su legítimo derecho de defensa en juicio (CSJ. en Fallos 306:474 y C.J. Salta, 22/12/92 in re "Rondoni vs. Eckhardt", Libro 44, f°. 1109/113). También se decidió que si el apelante individualiza, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, no procede declarar la deserción del recurso, por cuanto la gravedad de los efectos con que la ley sanciona la insuficiencia de la expresión de agravios, torna aconsejable aplicarla con criterio amplio favorable al recurrente (CNPaz, Sala V, en L.L. 17-854, 23.426-S; CNFed., Sala Cont. Adm., en L.L. 123-77; id. id. L.L. 127-369; S.T. Entre Ríos, Sala CC. en Rep. L. L. XXX, pág. 151, n° 212; CApelCCSalta, Sala III, año 1997, f° 442; íd., íd., año 1999, f° 741; íd, sala IV, t. XXX, fº 637; íd., íd, t. XXXIV, fº 1177). "Y aún en caso de duda sobre si el escrito de agravios reúne o no los requisitos para tenerlo por tal, ha de estarse por la apertura de la segunda instancia, que implica una garantía más para el que tiene un derecho legítimo para hacer valer en justicia" (Falcón, Enrique M.: Código Procesal Civil y Comercial Comentado, t. II, pág. 427 y CApel.CC. Salta, Sala III, t. 1998, íd., íd., t. 2012, fº 1065/1067).

III) Ahora bien, en el caso, los agravios esgrimidos constituyen, a criterio del apelado, capítulos no propuestos al juzgado de primera instancia. Se observa que, del responde de las excepciones formulado por el actor a fs. 110 y vta., no surge que éste haya manifestado que en el mismo juzgado se le había otorgado el beneficio de litigar sin gastos en forma provisional, de modo tal que la sentenciante no contó con dicha argumentación en oportunidad de dictar la resolución que se recurre. Repárese que en el escrito de fs. 110, apartado segundo, el actor sostuvo que no era ésta la vía para el legítimo reclamo de las costas impagas y que resultaba improcedente el planteo en este juicio, sin mayor alegación. Recién en el memorial de agravios sostiene que contaba con el beneficio de litigar sin gastos (fs. 139). Ello impediría al tribunal emitir pronunciamiento, de acuerdo a lo previsto por el artículo 271 del CPCC.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la resolución atacada encuentra debido fundamento en la legislación vigente y resulta acorde a las constancias de autos. Así, del expediente Nº 343.171/11 caratulado "Leguina, Jorge Audelino y otra vs. Vargas, Daniel David y otro - Sumario", que tramitara por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de 1ª Instancia Cuarta Nominación, que se tiene a la vista, surge que las costas fueron impuestas al actor, por haberse declarado la caducidad de la instancia (fs. 100/101), y los honorarios del Dr. Butazzoni (regulados a fs. 109 y 174/176) se encuentran firmes, sin que obre constancia alguna de que fueron abonados. De hecho, el actor en los presentes autos no sólo no acreditó su pago, sino que se limitó a sostener que ésta no era la vía procesal que debió emplear el letrado en pos del cobro de su pretensión alimentaria, que correspondía se encauzara por una ejecución de honorarios.

Cabe recordar que son dos andariveles distintos y que pueden ejercerse concomitantemente -dado que no se excluyen- por sujetos diferentes, y tienden a objetos diversos. Así, por la acción de ejecución de honorarios, el profesional pretende obtener su acreencia y es libre de ejercer la acción cuando lo considere oportuno; mientras que por la excepción de costas impagas, la parte demandada (y no el profesional) se opone al progreso de una acción frente al incumplimiento del pago de las costas (que comprenden honorarios) firmes fijadas en un proceso anterior con el mismo objeto y entre las mismas partes.

En efecto, el art. 347 inc. 9 del Código Procesal admite como excepción previa la de falta de pago de costas impuestas al demandante en un juicio anterior con la misma persona.

Cabe precisar que, dentro del abanico de excepciones previas que pueden ser opuestas en un proceso ordinario, existen algunas susceptibles de contener fundamentos que tornan improcedente la pretensión y otras que contienen meros argumentos dilatorios, pero que carecen de esa virtualidad. Se aprecia además que la excepción que aquí se analiza, no consiste en una defensa, pues no tiene como base la inexistencia o extinción del derecho que se reclama. El argumento esgrimido no es la inexistencia del derecho o su falta de exigibilidad, sino sólo un impedimento de hecho para el progreso de la pretensión, de naturaleza procesal, consistente en el incumplimiento previo de condena en costas, que sólo tiene por efecto detener el proceso (Falcón, Enrique M., Tratado de Derecho Procesal, T.II, pags. 169/170). Por ello no existe denegación de justicia alguna, sino que, al contrario, es de estricta justicia aplicar la normativa vigente en pos de la bilateralidad del proceso y del derecho de defensa de ambas partes, evidencia de lo cual resulta la resolución impugnada y cuya confirmación se impone.

Este Tribunal ha sostenido que este aseguramiento del libre acceso a la instancia judicial no puede implicar la exoneración de las obligaciones impuestas por sentencias judiciales. También se dijo que quien obtuvo el beneficio de litigar sin gastos está exento del pago de tributos fiscales, pero ello no implica una exoneración de las obligaciones impuestas por sentencias judiciales (CApelCCSalta, sala IV, fallos año 1998, f° 60/61; íd. íd., t. XXV, fº 208; íd., íd., t. XXXV-I, fº 547; íd. sala II, tomo 6, f° 290; íd. sala III, fallos año 2001, fº 90; íd. sala V, tomo V, f° 503 y tomo VII, f° 679;).Por ello, el beneficio otorgado provisionalmente en el Expte. Nº 550539/16, según copia agregada a fs. 44 de estos autos, y que no ha sido acompañado como prueba, no puede ser extendido a un proceso ya finiquitado, con sentencia firme, máxime cuando se lee que la concesión se establece para tramitar el Expte. Nº 550537/16, hasta tanto se dicte resolución definitiva (art. 83 Cod. Proc).Por ello, compartiendo lo dictaminado por el señor Fiscal de Cámara, corresponde rechazar el recurso impetrado. Las costas se imponen al apelante en su carácter de vencido (art. 67 del CPCC).

Por lo expuesto, LA SALA CUARTA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) RECHAZA el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 139/140, con costas. II) REGISTRESE, notifíquese y BAJE.