marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Servicios de inteligencia, empleados públicos, Administración Pública Nacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vernet, Sara c/ Ministerio  del  Interior  (Caja  de  Jubilaciones  y Pensiones de la Policía Federal) s/ Haber de Jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-14

El Estatuto para el Personal Civil de Inteligencia de la Secretaría de Informaciones del Estado y de las Fuerzas Armadas establecido por Ley "S" 19.373, modificada por Ley "S" 21.705, se reglamentó por el Decreto "S" 4639/73. El personal comprendido en este régimen específico está exceptuado de toda norma correspondiente al personal de la Administración Pública Nacional, salvo indicación expresa (confr. art. 4).
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, actos nulos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramirez Ricardo y otra en j: Ramirez Ricardo y otro c/ Marcelo Santos s/ Casación (LIBRO: S277 - 156)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1998-02-06

Los actos declarados posteriormente nulos constituyen actos útiles que interrumpen el curso de la caducidad, porque en su momento (antes de declararse la nulidad) constituyeron objetivamente una actividad impulsoria de la instancia.-
Desindexación, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSORCIO QUINTANA 386 c/ AGROPECUARIA CEVIS s/ EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-23

1- La desindexación autorizada por la ley 24.283 es de articulación libre, ya que el interesado tiene derecho a deducirla en cualquier estado del proceso, aunque haya sentencia o liquidación firmes, pero sin afectar -por lo menos en principio- a los pagos efectuados y recibidos sin reservas.

2- La ley 24.283 ha circunscripto como límite temporal para su aplicación, el del momento del pago, pero no ha fijado ningún plazo preclusivo para su articulación. Claro está que no se puede volver sobre una resolución desestimatoria firme que haya decidido su inaplicabilidad en el caso, por ejemplo, porque no han sido empleados los índices, estadísticas u otro mecanismo de actualización.-
Salud pública, medidas cautelares, tratamiento médico, jerarquía de las leyes
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: SALGUERO  CLAUDIA  NOEMI c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE SALUD YAMBIENTE s/ incidente de apelación de medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-20

En términos generales, se debe proceder con amplitud de criterio para admitir peticiones como la del sub examen, teniendo en cuenta su finalidad y para evitar la eventual frustración del derecho (conf. esta Sala, causa n° 5646/02 del 17-09-02; Sala II, causa n° 6106/98 del 17-12-98 ,entre otras). Toda vez que se encuentra en juego el derecho a la salud, de rango constitucional (conf. art. 42 de la Constitución Nacional; art.

12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, ratificado por ley 23.313), no es irrazonable pretender que se le brinde a la actora la prestación requerida, teniendo en cuenta su estado de salud y la atención que necesita, hasta que se dirima el amparo interpuesto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto de manifiesto la función rectora que ejerce el Estado Nacional en la materia de que se trata y la labor que compete al Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación, para garantizar la regularidad de los tratamientos sanitarios coordinando sus acciones con las obras sociales y los estados provinciales, sin mengua de la organización federal descentralizada que corresponda para llevar a cabo tales servicios (conf. Fallos: 323: 3229, esta Sala causa n° 5868/01 del 03-02-04).
Docentes, antigüedad, igualdad ante la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: D'ANDREA, ROSINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-07

La Constitución no considera que establecer un mismo punto de partida es sinónimo de igualdad, sino que -por el contrario- el Estado debe tomar medidas de acción positivas e igualadoras a fin de cumplir con la manda establecida en el artículo 75, inciso 23 de la Carta Magna; y así, dado que los docentes del sector público ingresan conforme las pautas impuestas por la ley 8927 basadas en complejos y exigentes sistemas de prueba de la idoneidad (como son los concursos, base sobre la cual se constituyen los escalafones) y los del sector privado rigen su ingreso -mayormente- por la libre elección del propietario del establecimiento (sin otro mayor requisito que el título habilitante) según surge de la ley que los rige, esto es, la 6427 y demás normas que regulan el ingreso al sector educativo privado, el Ministerio de Educación le haría un flaco favor al derecho a la igualdad si no tendiera a reparar las diferencias propias del sistema. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6427. - Jurisprudencia Concordante: Burggi, AyS T 284, p 63/73.
Obligaciones internacionales, fondo de asistencia legal, acceso a la justicia, sistema interamericano de Derechos Humanos, competencia contenciosa de la Corte Interamericana
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Torres Millacura y otros c/ Argentina s/ fondo de asistencia legal de víctimas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-02-13

La creación del Fondo de Asistencia Legal, su funcionamiento y disponibilidad, responde al propósito de garantizar el acceso a la justicia interamericana de aquellas presuntas víctimas que carezcan de recursos económicos, por lo tanto a ellas está destinado, de donde la falta de cumplimiento oportuno de los Estados de reintegrar al Fondo de Asistencia Legal, la cantidad ordenada en las sentencias afecta de forma directa su sostenibilidad y, esencialmente, el acceso a la justicia de las presuntas víctimas ante la Corte Interamericana.
Robo con armas, robo calificado, Ministerio Público Fiscal, prueba, derecho a la intimidad, telefonía celular
Materia: PENAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: F. c/ Almonte Sánchez Luciano Emanuel, Luna Medina Carlos Roque, Medina Roberto Mauro, Luna Amaya Lucas Enzo, Coria Muratore Luciano Andrés, Weiss Alonso Alejandro Exequiel s/ Robo agravado por el uso de arma de fuego P/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-29

La necesidad de control jurisdiccional de la actividad probatoria del órgano acusador que puede llegar a afectar el derecho a la intimidad de las personas vinculadas a la investigación se hace todavía más evidente en casos en los que aquél acceda al contenido de las comunicaciones telefónicas y de lo almacenado en la telefonía celular. Y ello es así, porque en la actualidad probablemente se afecte más el derecho a la intimidad de una persona si se accede a toda la información vinculada a sus comunicaciones, como también a su computadora o a su teléfono móvil que a su propio domicilio. En efecto, es tal la cantidad de información privada que se puede encontrar en un dispositivo electrónico que posiblemente el ámbito de privacidad se juega más allí que en el domicilio particular. Y, porque la centralidad que ocupa el Ministerio Público Fiscal en el proceso penal actual ha terminado por tergiversar el sistema autodenominado adversarial que ha degenerado en un proceso que aparece como más inquisitivo que el viejo sistema mixto. Ello, obliga a los órganos jurisdiccionales a extremar las medidas de control para evitar que el sistema se transforme en un fraude de etiquetas, en el que se consolida un modelo de investigación oficial nominalmente acusatorio pero materialmente inquisitivo. El control de las garantías no puede quedar en manos del controlado, sino que esa función le corresponde a los jueces y juezas del Poder Judicial. (Voto en Disidencia Dr. Palermo)
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, plan de parentalidad, impedimento de contacto del menor con el padre no conviviente, sentencia absolutoria
Materia: PROCESAL-CIVIL-PENAL
Carátula: DMJD  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos spv sobre 1 1er párr.- impedimento de contacto de menor de edad con su padre no conviviente
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-30

Corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar, en último término, la sentencia de la Cámara que revocó la condena por el delito de impedimento de contacto agravado (art. 1, segundo párrafo de la ley n° 24270), absolvió a la acusada y declaró abstracto el recurso de apelación de la querella. Ello así, toda vez que carece de una crítica suficiente del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad que se sustentó en la falta de fundamentación del recurso y la ausencia de relación directa entre las razones del fallo con los agravios constitucionales invocados. Y en cuanto a la tacha de arbitrariedad y gravedad institucional, los jueces sostuvieron que la quejosa no acreditaba su concurrencia conforme los criterios esbozados por la CSJN al respecto. (Del voto de las juezas Inés M. Weinberg y Alicia E. C. Ruiz).
Impuestos, régimen penal tributario, eximición de prisión, caución real, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: SGRECCIA DE MAZZIERI, NELIDA ESTHER s/ Inc. de exención de prisión Causa 34863
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-29

1- La norma legal que establece la fijación de caución real cuando la exención de prisión se acuerda a quien está imputado de delitos de la Ley Penal Tributaria (23771), no se encuentra en pugna con disposiciones de la Constitución Nacional en tanto no impide ejercitar el derecho de permanecer en libertad durante el proceso.- 2- Si bien la ley procesal vigente (Código procesal penal, Ley 23984) establece otro criterio para determinar la clase de caución por la que debe optarse, surge de su contexto que no ha sido intención del legislador la derogación de la ley especial. La norma procesal que alude a la índole económica del delito como requisito para optar por la caución de carácter real, resulta armónica con la de la ley Penal Tributaria.
Hurto, tentativa, principio de insignificancia
Materia: PENAL
Carátula: FLORES, Sebastián. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-28

Si el imputado intentó apoderarse ilegítimamente de cuatro cajas de pasta dental, siendo avistado por personal policial al retirarse del comercio cuando se acomodaba un bulto que ocultaba en la zona de la cintura, corresponde revocar el sobreseimiento dispuesto y decretar su procesamiento.

Rige respecto del imputado la previsión del art. 306 del C.P.P.N., toda vez que la insignificancia en cuya base el juez de la anterior instancia ha basado la decisión en recurso no es tal, a poco que se repare en que la cantidad de productos, si bienno representan un valor venal significativo, denotan el espurio ánimo de lucro del agente y menoscaba el derecho de propiedad (del voto de los Dres. Pociello Argerich y Filozof).

El despojo de cuatro cajas de pasta dental, por su valor venal constituye un caso de lesividad a los fines de la tipicidad objetiva y la injerencia del Estado al respecto, deviene conducente (del voto de la Dra. Garrigós de Rébori).

Por ello, corresponde revocar el sobreseimiento y decretar el procesamiento del imputado en orden al delito de hurto en grado de tentativa.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, ejecución de sentencias contra el Estado, ejecución de honorarios, suspensión de la ejecución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FURBIA S.A. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BUQUE "GLACIAR PERITO MORENO" s/ COBRO DE AUSTRALES (A17.771,30.-)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-11

No forma obstáculo a la procedencia del recurso extraordinario interpuesto el hecho de que no se hiciera reserva del "caso federal" en oportunidad de peticionarse la suspensión, desde que ese extremo resulta irrelevante cuando el Tribunal ha decidido una cuestión de naturaleza federal y la solución es adversa al derecho pretendido por el apelante.
Competencia, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CALAMERA DE PARISE ANGELA. c/ SANATORIO GUEMES. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-26

Tratándose de la reparación de los daños y perjuicios atribuidos a dependientes de la dirección de la obra social de e.N.Tel., Empresa estatal constituida como ente interjurisdiccional, resulta competente, en razón de la persona, la justicia nacional en lo civil y comercial federal. (S1,2064,260783)
Juicio de desalojo, lanzamiento, ejecución de sentencia, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: OLIVERA, Balbina c/ ARCE PEREZ, A.E s/ LOCACION-DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-13

El plazo de noventa días para el desahucio que establece el art.

1509 del Código Civil en favor del locatario está condicionado a dos circunstancias: la primera de ellas alude al plazo mínimo de vigencia del contrato de locación a que se refiere el art. 1507 del Código Civil y la segunda al hecho de encontrarse el locatario al día en el pago de los arrendamientos.
Procesos de conocimiento, acción de amparo, depósito bancario, moneda extranjera, ley de emergencia, pesificación, criterio de razonabilidad
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI, SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

Cabe rechazar el reclamo tendiente a que se restituya la diferencia entre las sumas acreditadas en pesos a la relación de cambio de $ 1,40 por cada dólar y la que hubiera resultado de realizar tal conversión según el valor de esa moneda en el mercado libre, respecto de un depósito bancario en moneda extranjera, con fundamento en la inconstitucionalidad de la normativa de emergencia; toda vez que al solicitar la transferencia de esos fondos a fin de ejercer la opción que brindaba la comunicación "A" 3481 del Banco Central, no se formuló reserva alguna en punto a resguardar su derecho a cuestionar la constitucionalidad de tal procedimiento (cfr. CSJN, in re "Cabrera, Gerónimo R. y Otros c/ PEN, ley 25561, decretos 1570/01, 214/02 s/ amparo", del 13.7.04). Pues, mas allá de que aun cuando en nuestro sistema los fallos dictados por el alto tribunal no tengan efecto vinculante para los tribunales inferiores, marcan cierta tendencia que no puede ignorarse, la doctrina sentada en el fallo citado es aplicable por ser compartida por el tribunal; no obstante, esta doctrina puede tener excepciones, en caso de que quien accione pueda demostrar que se vió impedido de formular reserva, o que exhibió, en tiempo razonable, su intención de mantener vivo su derecho y luego ejercerlo.
Pena, graduación de la pena, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Juan Carlos Peralta Rodríguez s/ Estafa y falsificación de cheque
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-05-09

Las condenas anteriores, aún prescriptas, deben tenerse en cuenta a los efectos de graduar la pena y las reincidencias, que demuestran una mayor peligrosidad y recaída en el delito, facultan al juzgador para considerarlas como agravantes genéricas de la pena.
Acción de amparo, drogadicción, tutela, derecho a la salud, derecho a la vida, tratados internacionales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: N. N. c/ Provincia de San Juan s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-16

Es que es de sana y razonable interpretación dar prioridad al derecho a la vida, a la determinación de un desarrollo pleno de la persona dentro de las capacidades individuales de cada ser, en el orden de la Constitución Nacional y los Tratados internacionales que refieren al derecho a la salud.

La continuidad de los tratamientos de enfermedades sociales como es la drogadicción, es un tema que atañe directamente al Estado, de modo que no puede anteponerse los procedimientos administrativos que solo retardarán la mejoría o acaso frustrarán la recuperación de los pacientes para volverlos a la vida social útil, en tanto son reconocidos como derechos especialmente protegidos por la Constitución.

De suerte tal, hay que allanar el camino con decisiones concretas, dando soluciones a la altura de la urgencia de los padecimientos físicos y morales, proporcionando las vías expeditivas para llevarlas a cabo.

La vía del amparo del art. 43 de la C.N. y 40 de la C. Prov. es la más idónea que puede encontrar quien se encuentre en situación tan apremiante. El derecho tiene, en el caso de drogadicción, una proyección social que interesa a toda la comunidad y no solo al enfermo.............

En nuestra Provincia no hay razón valedera para eludir la efectiva tutela y protección inmediata del derecho a la salud, comprendido en el de la vida del drogadependiente, pues conforma el espectro de los derechos y garantías consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12 inc. 1 y 2 "c" y "d"), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 14 y 75 inc. 22 de la C.N. Y al igual que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, sala A, ha de sostenerse aquí, que la vía del amparo resulta ser la más idónea para lograr este objetivo, ya que el Estado está obligado a brindar los tratamientos adecuados en forma gratuita, con asistencia completa, en los niveles ambulatorios y de internación, "según las especificaciones impuestas por la Resolución Conjunta 361/97 y 153/97 del Ministerio de Salud y Acción Social y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción de la Nación y Lucha contra el Narcotráfico, ambos de la Nación, exigibles también a los establecimientos públicos provinciales (art. 2 de la mencionada resolución)".

El pronunciamiento, considera al derecho a la salud en su doble dimensión: individual y social. Es decir, como derecho de cada persona y como derecho de incidencia colectiva y, en ambos casos como uno de los derechos humanos fundamentales.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, secretario de la Corte Suprema, celeridad procesal, llamado de atención
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrarotti S.A. -T.F. 12.442-I- c/ D.G.I. s/ regulacion de honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

Si bien es comprensible el interés de la parte en obtener un rápido pronunciamiento, corresponde llamar la atención al presentante, si las observaciones formuladas importan un desconocimiento de las atribuciones asignadas a los secretarios de la Corte Suprema, quienes han impreso al trámite interno toda la celeridad posible, máxime si el expediente no registra un atraso significativo que determine que deba darse prioridad a la causa frente al cúmulo de recursos a consideración del Tribunal.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Uhalde, Víctor Hugo; Hassell, Juan Carlos; Fernández, Mario Damián; Peressutti, Juan Carlos s/ Apremios ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia la violación del art. 159 -n.a.- de la Constitución provincial por la falta de fundamentación de los extremos referidos al cuerpo del delito y la autoría responsable, argumentando que las citas legales invocadas por la Cámara no son suficientes por resultar ajenas a las aludidas cuestiones, si la sentencia recurrida se encuentra fundada en ley, siendo ajeno a la vía intentada lo referido al acierto o desacierto de la invocación legal.
Incidentes, regulación de honorarios, base regulatoria, recurso contencioso administrativo, transacción, homologación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNDO CONSTRUCCIONES S. A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- HONORARIOS  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 150 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-28

Tanto doctrina como jurisprudencia han reconocido, a partir de una armónica interpretación de los artículos 15 y 16 de la ley 6767, la existencia de incidentes con cuantía económica propia, caracterizados por encerrar un debate en torno a un monto patrimonial específico, es decir, involucran intereses pecuniarios propios que determinan que en relación a ellos deben justipreciarse los emolumentos profesionales por la tarea desplegada.

En el caso, l a no homologación del convenio transaccional resuelta por la Corte posee un contenido económico específico.

Es más, y previo cotejo entre el importe allí comprometido y lo decidido en el recurso contencioso administrativo, resulta evidente el beneficio patrimonial obtenido por la parte accionada; por lo tanto, en función de la cuantía referida debe efectuarse la nueva regulación, no sin antes aclarar que ese justiprecio se debe adecuar a la concreta labor desarrollada en la incidencia y así considerar a ésta -tal como lo sostiene abundante doctrina y jurisprudencia- como un mini-incidente.
Ahorro obligatorio, contribuyentes, capacidad contributiva
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Horvath, Pablo c/ Fisco Nacional (DGI.) s/ ordinario (repetición).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

La circunstancia de que la ley 23.256 tome como base para determinar la prestación debida por el contribuyente su situación impositiva correspondiente al ejercicio anterior a su sanción, no autoriza a sostener que la obligación tributaria se retrotraiga a ese período, ni constituya un gravamen adicional a los pagados en él, pues tal obligación corresponde a los ejercicios en los que debió ser cumplida, y recae sobre una capacidad contributiva cuya subsistencia en ese momento presumió el legislador.
Remuneración, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Lohaysa de Costa, Juan c/ Pointis, Roberto s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

Cuestionado el hecho mismo que da origen y constituye la causa jurídica del pago que se pretende no opera la inversión de la carga probatoria que consagra el art. 39 del Dec. Ley 7718/71.
Tercería de dominio, bienes de uso común
Materia: CIVIL
Carátula: GALLEGO, CEFERINO c/ GALLEGO, ALEJANDRO s/ EJECUTIVO    -  TERCERIA  DE  DOMINIO  EN  AMERICAN  EXPRESS    S.A.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

En supuestos como los de autos -convivencia en idéntico domicilio- cabe inferir que los bienes que allí se encuentran son de uso común.
Cuestiones de competencia, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Contessi, Federico y Otro s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-07

Las resoluciones que deciden acerca de cuestiones de competencia no constituyen ninguna de aquellas que taxativamente se encuentran numeradas en el art. 457 CPPN, ya que su dictado no imposibilita la prosecución de las actuaciones, y si bien la CS ha admitido excepciones a esa regla general, ninguna de ellas se configura en el caso.
Periodistas, colaborador permanente, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: BALDASSARRE, EDUARDO JORGE c/ LA PRENSA SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-20

En tanto se demuestre que las tareas realizadas por un 'colaborador permanente' de un diario, periódico, revistas, semanario o agencia noticiosa, retribuido por unidad o al centímetro perciban el SAC, alcancen un mínimo de veinticuatro colaboraciones anuales, revistan el carácter de continuas y por la índole no se correspondan con las habituales que dichos órganos cumplen, debe calificarse la relación de trabajo como subordinada y dependiente (artículos 2, 23 inciso d) y concordantes Ley 12908 y artículos 21, 22 y concordantes LCT.).