Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-06-06


AUTOS N° 20.461(N° 53541-8°CIVIL) "PÉREZ, ROGELIO VICENTE Y OTROS C/ RIVEROS, RODOLFO ROBERTO Y OTRAS - REVOCACIÓN DE ACTO JURÍDICO" L. DE S. T° 108, F° 89/94 En la ciudad de San Juan, a 6 días del mes de setiembre del año dos mil diez, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, y los señores Vocales DRES. GILBERTO A. RIVEROS Y PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 20.461 caratulados "PEREZ, ROGELIO VICENTE Y OTROS C/RIVEROS, RODOLFO ROBERTO Y OTRAS-REVOCACION DE ACTO JURIDICO", dictada en fecha 22 del mes de octubre del año dos mil ocho, obrante a fs. 286/302, de estos autos originarios del 8° Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso?	2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva?	1ra. CUESTIÓN: El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. Este proceso se inicia con la demanda que promueven los Sres. Rogelio Vicente Pérez, Jesús Conrado Pérez y María Antonia Pérez en contra de los Sres. Rodolfo Roberto Rivero o Riveros, María del Carmen Boetti de Rivero o Riveros y José Martín Rivero o Riveros, con la pretensión de nulidad del acto jurídico por el cual el Sr. Rodolfo Roberto Rivero o Riveros transfirió a la codemandada Sra. Adriana del Carmen Riveros de Mallea como anticipo de herencia, el inmueble inscripto en el Registro General Inmobiliario al Folio Real N° 03-02695 con fecha 03/09/98 cuyo titular de dominio es el Sr. Roberto Rodolfo Rivero o Riveros, no oponible a su parte.

Con anterioridad, entre las mismas partes, se había dado curso a los Autos N° 43.348, caratulados: "Pérez, Rogelio Vicente y otros c/ Riveros, Rodolfo Roberto y otros - Ordinario", que se encuentran acumulados al presente. Este proceso también tiene está impulsado por la acción revocatoria, con objeto de que se deje sin efecto el acto jurídico de anticipo de herencia a favor del José Martín Rivero o Riveros, hijo de Rodolfo Roberto Rivero o Riveros, sobre el inmueble inscripto en el Registro General Inmobiliario al Folio Real N° 03-02694.

2. Se explica en la demanda referida, en primer lugar, que dicho inmueble figuraba inscripto en mayor extensión en favor del mencionado Sr. Roberto Rodolfo Rivero o Riveros, casado con la Sra. María del Carmen Boetti, y la fracción Dos: N.C. N° 03-3002695, fue transferida como anticipó de herencia a la Sra. Adriana del Carmen Riveros de Mallea. Que en fecha 24/06/1992, el Sr. Rogelio Vicente Pérez por sí en nombre de la sucesión de Juana Carmen Sobelvio, promueve acción judicial -posteriormente ampliada- por daños y perjuicios en contra de Rodolfo Walter Riveros, Rodolfo Roberto Riveros y Roberto Bastías que tramita por ante el Noveno Juzgado Civil, autos el N° 4471, caratulados; "Pérez, Rogelio Vicente c/ Riveros, Rodolfo Walter; Riveros, Rodolfo Roberto y Bastías, Roberto - Daños y Perjuicios - Sumario". En esas actuaciones se decretó embargo preventivo sobre el inmueble inscripto a nombre del codemandado Sr. Rodolfo Roberto Riveros. El 27 de febrero de 1997, se dictó sentencia haciéndose lugar a la pretensión condenando a los Sr. Rodolfo Walter y Rodolfo Roberto Riveros en forma solidaria, a pagar los rubros indicados en el fallo que con fecha 30 de abril de 1998 confirma la Cámara de Apelaciones. Habiendo sido parte el Sr. Rodolfo Roberto Rivero o Riveros en dicho proceso, no desconoce su tramitación ni la sentencia dictada en él donde recibió condena. En razón de este fallo adeudan la suma de pesos sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta y uno con sesenta centavos (liquidación aprobada al 14/09/98). En el proceso de ejecución de sentencia se decretó embargo ejecutivo (06/10/98) sobre el inmueble embargado preventivamente. Según la comunicación del Registro General de la Propiedad, no se pudo tomar nota del embargo porque había sido transferido el inmueble en fecha 03/09/98. Toman conocimiento de que el titular de dominio. Sr. Rodolfo Roberto Rivero (demandado) realiza la transferencia a favor del Sr. José Martín Rivero (Folio real N° 03-12694) en carácter de anticipo de herencia, por escritura N° 112, de fecha 22/07/98, pasada ante la notaria Ruiz Quiroga de Varese. De esta manera se concreta el acto fraudulento con la finalidad de sacar del patrimonio del deudor el inmueble, único bien de valor que posee, dejándolo en estado de insolvencia en perjuicio del acreedor. De ahí la necesidad plantear acción revocatoria pauliana con el objeto de satisfacer el crédito pendiente.

La parte actora pidió la acumulación con los autos N° 43.348 caratulados: "Pérez Rogelio Vicente y otros c/ Riveros Rodolfo Roberto y otros - Ordinario", lo que ordenó el juez, pero ambas causas con trámites separados hasta la sentencia definitiva.

3. Hugo Guillermo Mallea y Adriana del Carmen Riveros, representados por el Dr. Rubén Mut, opusieron la prescripción, fundados en lo dispuesto por el art. 4033 del Código Civil y pidieron fuera resuelta como de puro derecho. Advierten que el propio demandante admite haber tomado conocimiento de la escritura N° 112, F° 504, pasada ante la Notaria Martha Elena Ruíz de Varese en fecha 22/07/1998 y registrada el día 03/09/1998. Si se toma la fecha desde la publicidad registral, desde entonces corre el plazo de prescripción de la acción; pero aun considerando lo dicho por el actor en su demanda que tomó conocimiento del folio real 03-02694 en fecha 23/10/1998, también lo tuvo de la existencia de la mencionada escritura pública.

También contestaron demanda y manifestaron que Rodolfo R. Riveros autorizó a su hija, Carmen Riveros, a construir su casa en su propiedad ubicada en calle Pablo Pizurno 1207 -norte-, con el fin de facilitar el préstamo que pidió a su empleador, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, para lo cual acreditó el anticipo de herencia, el 01/07/1991, realizado por instrumento privado, obligándose a otorgar la pertinente escritura pública. La Sra. Carmen Riveros de Mallea, junto a su esposo, construyó la vivienda en el terreno cedido por su padre como anticipo de herencia, donde actualmente viven. Mucho antes de que el actor tuviera una acreencia cierta contra el donante, Sr. Rodolfo Roberto Riveros, ya habían construido la vivienda-habitación, de modo que no cabe duda sobre la buena fe en la adquisición del dominio por donación o anticipo de herencia.

Rodolfo Roberto Riveros y María del Carmen Boetti, por intermedio de su apoderado, Dr. Fernando Andrés Zapata, contestan demanda y oponen la excepción de falta de legitimación pasiva.

4. El juez de grado resolvió: 1) En los Autos N° 43.438 caratulados: "Pérez Rogelio Vicente y otros c/ Riveros Rodolfo Roberto y otros - Ordinario", hacer lugar a la acción reivindicatoria impetrada, declarando inoponible a los actores, Sres. Pérez Rogelio Vicente, Jesús Conrado Pérez y María Antonia Pérez, el acto de transferencia de dominio celebrado mediante la escritura de donación N° 112 celebrada en fecha 22 de julio de 1998 y respecto del inmueble cedido a Sr. José Martín Riveros, individualizado como fracción uno, o lote 1, matrícula N° 03-2694. 2) Imponer las costas a la demandada vencida. 3) En los Autos N° 53.541 caratulados: "Pérez Rogelio Vicente y otros c/ Riveros Rodolfo Roberto y otras -Acción revocatoria - Ordinario", acumulados al precedente expediente: Hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción articulada y en consecuencia desestimar la demanda en todas sus partes. 4) Imponer las costas de este proceso a la parte actora vencida.

5. El Dr. Luis Dante Maldonado, por la parte actora, en Autos N° 53.541, caratulados: Pérez Rogelio Vicente y otros c/ Riveros Rodolfo Roberto y otras - Revocación de acto Jurídico", interpone recurso de apelación con el objeto de que sea revocada la sentencia en cuanto hace lugar a la defensa de prescripción. Haciendo un resumen de la causa recuerda que los Sres. Riveros fueron condenados a pagar una indemnización y por tal motivo en Autos N° 4471, caratulados: "Pérez Rogelio Vicente c/ Riveros Rodolfo Walter, Riveros, Rodolfo Roberto y Bastía Roberto - Daños y perjuicios", del Noveno Juzgado Civil. fue trabado un embargo preventivo que luego se pretendió transformar en ejecutivo, pero fue imposible la traba de este último en razón de haber sido transferido el inmueble a la favor de los hijos de Rodolfo Roberto Riveros, José Martín y Adriana del Carmen Rivero, en calidad de anticipo de herencia. Tal como está resuelto en la sentencia, la acción revocatoria pauliana prospera respecto de la transmisión a favor del hijo varón como anticipo de herencia; pero no así para el acto jurídico de anticipo de herencia respecto de uno de los lotes, que beneficia a la hija Adriana del Carmen, donde fue planteada la prescripción de la acción.

En el punto crucial de los agravios apunta al error in iudicando del juez a quo porque le atribuye a los actores haber tomado conocimiento de la transferencia realizada a título gratuito a favor de la hija Adriana del Carmen Riveros de la fracción (lote 2, Folio real 03-02695) el día 12/02/1999, cuando en realidad de las constancias documentales aportadas a la causa resulta otra cosa. Alega que conocieron el acto fraudulento recién el día 17/08/2000 cuando tramitan los informes ante el Registro General Inmobiliario y más ampliamente el día 20/03/2001. Esto surge de la misma fecha de emisión del informe de dominio; es decir el 17/08/2000 (fs. 90/92) y más ampliamente al obtener la copia de escritura N° 112, instrumentada por la Escribana Ruíz de Varese el día 20/03/2001 (fs. 94/96). En base a este razonamiento considera que el plazo de prescripción del art. 4033 del Código Civil no estaba cumplido.

5. Mi intención es hacer un breve y conciso análisis de la situación que motiva el recurso de apelación y determinar si están dadas la condiciones para declarar prescripta la acción revocatoria pauliana respecto a la fracción de terreno que le fue cedida a la hija Adriana del Carmen Riveros para desestimar la demanda.

Si bien nadie duda que el sistema de publicidad de los derechos reales está regido por lo dispuesto en el art. 2505 y la ley 17.801, denominada ley registral inmobiliaria, la premisa podría llevarnos a considerar que el plazo anual de prescripción para la acción revocatoria pauliana contra un acto jurídico de transferencia de dominio, instrumentado por escritura pública, comienza a correr a partir de la inscripción en el Registro Inmobiliario, porque la publicidad permite a los terceros tomar conocimiento de la realización del acto. Sin embargo, en los casos de prescripción de la acción revocatoria, vale el momento en que el acreedor toma conocimiento efectivo del fraude cometido por el deudor.

Comentando Santos Cifuentes y Fernando Alfredo Sagarna el art. 4033 del Código Civil en su obra "Código Civil Comentado" T° VI (ed. La Ley, 2008), advierten: "En rigor, la prueba del acreedor debería encaminarse a demostrar que no tuvo conocimiento del acto antes de cierta fecha, pero como esta prueba negativa resulta imposible, su tarea es mucho más simple: demostrar la fecha en que tuvo noticias del acto. No basta para tener demostrado el conocimiento del fraude por el acreedor, la circunstancia de que el acto se haya otorgado por escritura pública, pues es sabido que, en la práctica, ni dicha escritura, ni su inscripción permiten a los terceros tomar conocimiento de la realización del acto". (BORDA, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, t° II, p. 77; LLERENA, B., Concordancias y comentarios del Código Civil argentino, t° X, p. 541).	6. La naturaleza jurídica de un embargo preventivo y de un embargo ejecutorio, es sustancialmente la misma. Sólo difieren en que para la procedencia del primero no es exigible la certeza, sino la verosimilitud del derecho. No obstante, la medida cautelar está destinada a garantizar el cumplimiento de la sentencia, para que el deudor no pueda evadirse ligeramente de la responsabilidad disminuyendo su capacidad patrimonial.

Bien apunta Manuel Antonio González Castro y colaboradores en su obra "Medidas Cautelares - Visión Jurisprudencial", que la cautelar "está dirigida a la cosa mueble en su totalidad", para agregar: "Ello significa que no se limita el embargo a la suma expresada en el oficio de embargo que pudiera inscribirse en el Registro pertinente. La garantía del acreedor es el bien embargado, aislado de otros que componen el patrimonio del deudor; se busca resguardar el crédito en toda su extensión, de donde el importe que pudiera surgir del título no es suficiente para desinteresar al acreedor". Y con la misma invocación de la cita jurisprudencial, reiteran: "El embargo tiene como objeto separar la cosa afectada en el patrimonio del deudor, a los fines que el acreedor vea asegurado su derecho, sin que aquél se vea impedido del goce o disposición de la cosa. Pero para satisfacción del acreedor, el embargo tiene como meta afectar un bien determinado a un proceso, dirigiéndose la cautelar a la cosa inmueble en su totalidad, lo que debe entenderse que el embargo no se restringe a la suma expresada en el oficio de inscripción en el registro pertinente, en atención que el acreedor debe ser satisfecho en la totalidad de su acreencia. El embargo como medida cautelar es una garantía a favor del acreedor que no puede limitarse en sus efectos por un acto de enajenación, pues de otra manera, se afecta seriamente el derecho de propiedad del actor embargante como el principio de buena fe que integra todo acto jurídico (art. 1198 del CC)" (ob. cit. ps.51 y 52).

7. La acción de nulidad por fraude, cuyo derecho a promoverla le está reservado al acreedor por el perjuicio o fraude que le ocasiona su deudor, está contemplada en el art. 961 del Cód. Civil, en el artículo siguiente se establecen los recaudos de admisibilidad. La insolvencia de los demandados, condenados a pagar una indemnización luego de dictada sentencia en Autos N° 4471, caratulados: "Pérez Rogelio Vicente c/ Riveros Rodolfo Walter, Riveros, Rodolfo Roberto y Bastía Roberto - Daños y perjuicios", que tramitaron en el Noveno Juzgado Civil, no está desmentida. De modo que la transferencia del inmueble a título de anticipo de herencia que estaba afectado por un embargo, muestra a las claras la intención de perjudicar a los acreedores al ponerse voluntariamente en insolvencia no afrontar la obligación. Sin duda que el perjuicio resulta del acto mismo de la transferencia como anticipo de herencia y que la deuda reclamada en aquel proceso de daños y perjuicios era anterior. He ahí configurado todos los requisitos de la acción.

La especificidad del gravamen tiene por objeto la individualización del bien embargado y la indisponibilidad del mismo para no diluir la garantía que la ley otorga al acreedor asegurándole que será satisfecho su crédito con la realización del bien afectado. En este caso, los acreedores demandantes vieron burlados ese derecho con el artilugio de recurrir al anticipo de herencia del art. 3476 y concordantes del C.C., que en los hechos implicaba la insolvencia de sus deudores para de esa forma neutralizar con el fraude pauliano las legítimas expectativas de sus acreedores utilizando un medio legal eficaz para lograrlo.

8. Corresponde adecuar la imposición de costas de primera instancia a este pronunciamiento. En consecuencia deberá afrontarlas la parte demandada (conf. art. 279 y 74 del CPC).

9. Propongo entonces esta resolución: I) Hacer lugar al recurso de apelación y revocar en cuanto ha sido motivo de impugnación la sentencia apelada. Costas a cargo de la parte vencida.	II) Hacer lugar a la acción revocatoria pauliana, declarando la nulidad del acto jurídico por el cual se concreta el referido anticipo de herencia a favor de Adriana del Carmen Riveros.	III) Imponer las costas de segunda instancia a cargo de la parte demandada. Así voto.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación y revocar en cuanto ha sido motivo de impugnación la sentencia apelada. Costas a cargo de la parte vencida.	II) Hacer lugar a la acción revocatoria pauliana, declarando la nulidad del acto jurídico por el cual se concreta el referido anticipo de herencia a favor de Adriana del Carmen Riveros.	III) Imponer las costas de segunda instancia a cargo de la parte demandada.

Los DRES. GILBERTO A. RIVEROS y PASCUAL E. ALFERILLO, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación y revocar en cuanto ha sido motivo de impugnación la sentencia apelada. Costas a cargo de la parte vencida.

II) Hacer lugar a la acción revocatoria pauliana, declarando la nulidad del acto jurídico por el cual se concreta el referido anticipo de herencia a favor de Adriana del Carmen Riveros.

III) Imponer las costas de segunda instancia a cargo de la parte demandada.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.