Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-02


-En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, a los dos días del mes de octubre del año dos mil seis, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia de su titular Dr. Benjamín Moisá y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Jorge Luis Früchtenicht y Günther Enrique Flass, para dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "K., J. D. c/ P., D. H. s/ custodia" (Expte. Nro.: 429-91-2005 Juzgado de Familia y Nro.: 19/06 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.

Practicado a fs. 187 el sorteo establecido por el art. 9 de la Ley 1130, correspondió el siguiente orden para la votación: DR. FLASS - DR. MOISÁ DR. FRÜCHTENICHT.Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?. A la PRIMERA CUESTION, el Dr. Flass dijo A fs. 4/5 se presenta la Sra. Y. D. K. solicitando la custodia de su hija F. J. P. detentada hasta ese momento por el padre D. H. P. el cual, corrido traslado contesta a fs. 10/11 oponiéndose al progreso de la acción. A fs. 134/139, luego de minucioso análisis y frondosa argumentación, la Sra. Juez dicta sentencia, rechazando la demanda, otorgando custodia provisoria al padre, fijando pautas para el régimen de comunicación e imponiendo las costas a la vencida. Los fundamentos de la sentencia son los siguientes:

Para decidir a quien otorgar la custodia debe atenderse al interés superior del niño; solo conviene modificar el status quo cuando no se encuentra suficientemente consolidado y el cambio beneficia al menor, situación que no se presenta en la causa pues el padre se encuentra ejerciendo la custodia desde hace tiempo y presenta igual aptitud que la madre; una aplicación automática del art. 206 del C.Civ. resultaría no solo inconveniente sino, incluso, discriminatoria; hace al interés superior del niño que ante la mera sospecha de ofensa sexual o malos tratos se impida el contacto del menor con el denunciado hasta tanto se resuelva la causa penal; el principio objetivo de la derrota determina que las costas se impongan a la actora vencida.

A fs. 141 la actora apela y expresa agravios a fs. 161/165 vta. Pudiendo sintetizarse en los siguientes: El status quo imperante obedece a una modificación unilateral y de hecho perpetuada por el padre cuya actitud la sentencia viene a legitimar; la denuncia contra la pareja de la madre fue incoada con posterioridad al inicio de esta acción y ni siquiera se ha citado a declarar al imputado, razón por la cual no puede ser tenida en cuenta para decidir la custodia; el nuevo régimen de comunicación lesionará el vínculo madre e hija; se debió aplicar la preferencia materna contenida en el art. 206 del C.Civ.; el padre desatendió cuidados elementales al punto que la menor fue atacada por un perro y participó de dos colisiones de tránsito; por último entiende que la actora tenía motivos suficientes para litigar, que el juzgado promueve la responsabilidad parental conjunta y que el rechazo de la demanda lo es solo hasta que se concluya con la causa penal, razón por la cual las costas debieron imponerse por su orden.

La demandada contestó agravios a fs. 168/168 vta. Correspondiendo entonces proceder al análisis de los que hacen al presente recurso.

En primer lugar debo dejar sentado que el interés superior del niño no es un "bill" para que el juez falle conforme a su subjetiva concepción de justicia y en forma desligada con el resto del derecho, especialmente con las garantías contenidas en la misma Convención Sobre los Derechos del Niño (CSDN).

El principio constituye por un lado "...un límite infranqueable para cualquier forma de arbitrariedad y por el otro una finalidad u objetivo que orienta al conjunto del sistema político y la convivencia social" ( Bidart Campos, germán. Teoría General de los Derechos Humanos.

Universidad Autónoma de México. 1993). Esto me lleva a analizar todos los agravios de la recurrente aun cuando no se basen en una distinta concepción del interés superior del niño sino en la vigencia de otras normas y principios jurídicos y, paralelamente, cuando se invoque el interés superior del niño habré de indagar si su concepción resulta coherente con las demás garantías contenidas en la CSDN.

Se agravia la actora por considerar que la sentencia ha dado relevancia jurídica a un status quo derivado de una vía de hecho pues - según sus dichos - el padre habría tomado unilateralmente y a la fuerza la custodia de la menor. Se equivoca la recurrente. El Sr. P. continuó viviendo con su hija en el último domicilio conyugal de calle L. M. s/n (conforme surge del contrato de alquiler agregado a fs. 8) cuando la actora se retiró de allí.

Resulta importante destacar que la actora reconoce (cinta magnetofónica 35 R) no disponer de un lugar para que duerma la menor en su nueva vivienda sino hasta buen tiempo después de la separación; también reconoce la actora (fs. 24 vta.) que desde la separación, F. estuvo a cargo del padre por que ella trabajaba en el Pub el "C. d. l. B.".

Esto me lleva a concluir que el demandado ejercía la custodia de hecho desde la separación y con el tácito asentimiento de la madre. Lo que el Sr. P. modificó unilateralmente es el régimen de comunicación entre la madre y la menor, situación que se intensificó a partir de la sospecha de ofensa sexual y malos tratos.

Surge de la causa que el padre se encarga de la hija desde hace años; que hay buena relación afectiva entre ellos; que hay afinidad de la niña con la familia ampliada de este, especialmente con la abuela paterna y que ambos progenitores son igual de aptos, entonces asiste razón a la Sra. Juez cuando dice que el status quo no debe ser modificado. Voto por el rechazo del agravio respectivo.

La recurrente pone en dudas la veracidad de la denuncia contra A. - pareja de la actora - en base a que habría sido incoada después del inicio de las presentes actuaciones y no puedo dejar de advertir que el demandado tomó conocimiento de este juicio recién el 21 de Junio mientras que la denuncia data del 13 de junio pero además aun cuando esta última fuera posterior, no hay motivo suficiente para presumirla fraudulenta.

La propia menor a fs. 58 declara que A. le pegó y que cuando la actora le exigió se abstuviera de hacerlo, este le propinó también a ella un golpe con puño cerrado, frente a esto, tanto da que la denuncia haya sido hecha antes o después del inicio de la acción de custodia: lo importante es resguardar a la menor pues frente a estas hipótesis prevenir se puede, curar jamás. He dicho que el interés superior del niño no es una construcción metajurídica que deje el decisorio a la libre subjetividad del juzgador, en consecuencias he de analizar si su invocación resulta acorde con las demás garantías consagradas en la CSDN.

Encuentro que el art. 16 otorga protección al niño contra "Ataques ilegales a su honra o a su reputación" y que el art. 19 obliga a los Estados partes a adoptar medidas "apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental .... malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual" principio este que se reitera en el art. 34. Advierto también que la obligación de preservar las relaciones familiares (art. 8-1) y la convivencia del menor con ambos padres (art. 9-1) cede cuando "....

Tal determinación pueda ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato .... o cuando estos (los padres) viven separados y deba adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño..." (art. 9-1).

Observo también que la Sra. Juez a-quo ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 9-3 en cuanto resguarda el derecho del niño separado de uno o ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos pues se ha establecido un régimen de comunicación y se han tomado incluso las prevenciones para el supuesto que tal régimen se incumpla.

Por último la menor ha sido oída (fs. 58) en forma acorde a su edad y madurez (art. 12-2). Concluyo entonces que cuando la Sra. Juez a quo invoca el interés superior del niño como fundamento de su decisorio lo ha hecho respetando el marco de legalidad.

Corresponde analizar ahora si, habiéndose cumplido el marco de legalidad, la decisión tomada es acorde con el interés de la menor conforme a las constancias de autos y a este respecto, sin perjuicio de lo que diré ut-infra debo coincidir con la Sra. Juez a-quo en el sentido de que frente al peligro de violencia física e incluso ofensa sexual, por mas hipotética que esta resulte es conveniente tomar las prevenciones necesarias pues "El preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene presente que estos por su falta de madurez física y mental necesitan protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, lo que impone a los jueces, evitar el menor perjuicio posible, conciliando tanto el derecho de comunicación con sus padres como la protección para evitar que puedan cometerse actos de malos tratos, abuso sexual y/u otros vejámenes siempre valorando el interés superior del menor" (ST Santiago del Estero "G.M.S. c. J.V.L.A. s. D.V.E. s/Recurso de Casación. Res. Serie "A" nº 187 Diciembre 28-2005, fallo 21947) aun cuando ello implique suspender momentáneamente el innegable derecho de la madre a hacerse cargo de su hija pues "No son los intereses de los padres en disputa lo que interesa proteger, sino los daños que los menores puedan llegar a recibir, si no se toman las medidas adecuadas para amortiguar los nocivos efectos que dicha situación genera..." (ST Santiago del Estero "G.M.S. c. J.V.L.A. s. D.V.E. s/Recurso de Casación. Res. Serie "A" nº 187 Diciembre 28-2005, fallo 21947).

A mas debo decir que la imposibilidad de entrevista psicológica, el poco desarrollo que haya tenido el proceso penal e incluso la garantía constitucional de presunción de inocencia aparecen como inconducentes a los efectos de la presente causa pues no se esta juzgando a A. (actual pareja de la actora) sino la conveniencia o no de que la menor conviva con él frente a un peligro hipotético pero posible.

Dice la recurrente que el nuevo régimen de comunicación lesionará el vínculo materno filial pero no encuentro sustancial variación con lo que sucedía cuando ambos progenitores acordaban privadamente. Conforme declaraciones de la propia actora a fs. 24 vta.

La niña era retirada por un transporte escolar a hs. 17, permanecía con ella hasta las 20 hs. y retornaba a pernoctar con su padre, es decir que, inclusive a partir de la sentencia, se incrementa una hora diaria la comunicación con la madre. Lejos de desdibujar la relación materno filial imperante con anterioridad, el decisorio contribuirá a incrementarla aunque ello en gran medida dependerá de la madre y de la actitud que asuma durante la comunicación. Es por lo expuesto que considero debe desestimarse también este agravio.

Invoca la recurrente trasgresión al art. 206 del C.Civ. que reconoce prioridad a la madre para hacerse cargo de los hijos menores de 5 años salvo causas graves que afecten el interés del menor. Como bien dijo la Sra. Juez a-quo la aplicación automática del art. 206 del C.Civ. sería discriminatoria tanto para la mujer como para el hombre.

El concepto de discriminación como actitud peyorativa frente a una persona es, al igual que otros (v.g. interés superior del niño) de novedosa génesis en nuestro derecho y ha alcanzado una inusitada trascendencia al convertirse en un tipo de conducta punible ( Ley 23.592 y Ley 24.782), sin embargo su contenido y alcance no resultan uniformemente determinados. He dicho ("La Discriminación. Dictamen de Opinión para INADI Delegación Tucumán. Periódico El ciudadano nº VI) que para calificar de discriminatorio un acto debe verificarse:

Un trato desigual, una consecuencia lesiva y un fundamento prejuicioso, este último, el mas inasible de los tres extremos puede concebirse como un juicio o proposición previo o al margen de la razón. Cabe aclarar que si bien nuestra ley prevé (art. 1º Ley 23.592) la existencia de grupos de riesgos, por lo común mas vulnerables (mujeres, grupos étnicos minoritarios, militantes políticos y gremiales, personas con opciones sexuales diferentes a la mayoría etc), nada obsta a que sea considerado víctima de discriminación quien no pertenece a dichos grupos de riesgo como ser el varón de edad, situación económica y condición social media.

Ahora bien, si aplicamos en forma automática la preferencia materna consagrada en el art. 206 C.Civ. desprendiéndonos de las circunstancias del caso que en si misma pueden no ser consideradas "causas graves" (aplicación literal y automática del art. 206 C.Civ.) aunque si gravitantes, estaremos discriminando al padre pues lo colocaríamos en situación de desventaja basándonos en el prejuicio de que la mujer siempre es mas apta para proceder al cuidado de los hijos. No solo habríamos incurrido en una mala hermenéutica sino incluso en conducta delictual.

Nunca podría estimarse como voluntad presunta del legislador hacer incurrir al Juez en delito de allí que la interpretación del art. 206 ha de realizarse desde una óptica evolutiva y adaptándolo al enorme progreso social registrado desde su sanción hasta nuestros días donde se ha superado la estructura patriarcal monolítica y la concepción estricta del "pater" proveedor para adoptar formas mas igualitarias en el criado, manutención y cuidado de los hijos. La letra del art. 206 del C.Civ. no puede constreñir al juez a dar una preferencia sin mas a la madre.

No debemos olvidar a este respecto la evolución registrada en la Convención de los Derechos del Niño ( de rango constitucional) donde superando el art. 6 de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 (..."salvo circunstancias excepcionales no deberá separarse al niño de su madre...") se declara en el art. 18 - 1 que "Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño" . Por lo expuesto considero que la Sra Juez a quo ha realizado una correcta aplicación del derecho y en consecuencias el agravio respectivo debe ser desestimado.

Se agravia también la recurrente de que se dé la custodia a un padre que considera descuidado por no haber podido evitar que su hija sea mordida por un perro y haberla hecho partícipe de dos colisiones automovilísticas. No se me oculta que los hechos descriptos resultan evitables mediante un mayor cuidado y prevención pero tampoco que ellos pueden suceder aun a cualquier persona que responda a los estándares de "buen padre de familia".

Se debe tener en cuenta que el demandado se encuentra desde hace tiempo al cuidado de su hija siendo estos - según las constancias de autos- los únicos supuestos riesgosos para la menor registrados durante su vida; no parecen entonces suficientes para calificar al Sr P. como un padre descuidado y negligente sin mas. Paralelamente no surge que la madre ejerza una diligencia superlativa como para pronosticar que tales peligros se evitarían otorgándole a ella la custodia.

La común experiencia enseña que cuando alguien padece un accidente en su persona o en sus seres queridos adquiere mayor actitud de prevención y la misma común experiencia muestra que cuando un menor ha sido abusado física o moralmente puede volver a padecer lo mismo si continúa en contacto con el posible agresor, de allí que ante dos situaciones meramente hipotéticas aunque con distinto grado de potencialidad sea mas dable temer la reiteración del abuso que la reiteración de accidentes.

Queda por analizar el agravio referido a la imposición de costas. En primer lugar se agravia la recurrente de la falta de fundamentación de la sentencia en su decisión de imponer costas a la actora, sin embargo puedo observar que la Sra. Juez a quo basó su decisión en el resultado obtenido (derrota de la actora), manifestándolo expresamente y citando la norma aplicable al caso, es decir el art. 68 del C.P.C. y C. en cuanto establece el principio objetivo de la derrota. La jurisprudencia ha dicho "Es el hecho objetivo de la derrota lo que determina la condena en costas. Su fundamento no es otro que haber sostenido sin éxito una pretensión jurídica" (CNPenal Econ. III, 3/10/67, ED 22-61), en consecuencias mal puede sostenerse que la sentencia resulte infundada.

Respecto a la distribución de costas el principio general es la imposición al vencido pues "Constituye la aplicación de un equilibrio axiológico de sustancia procesal, en cuya virtud se debe impedir, en cuanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en un daño para quien se ve constreñido a promover acción o defenderse en juicio para pedir justicia" (CNCom. A, 25/3/82, ED 106-321) Claro está que el principio no es absoluto, por el contrario "Reconoce excepciones tal como lo establece este mismo artículo, si bien deben ser interpretadas restrictivamente" (CNCiv., D 20/4/81 ED 106-324). Sin embargo entre tales excepciones no encontramos las pretendidas por la recurrente.

De la larga cita jurisprudencial invocada surge que sería viable - según el - apartarse del principio objetivo de la derrota pues es lógico y hasta plausible que ambos progenitores procuren ejercer esa función. Siempre (y no solo en las cuestiones de familia) es lógico y plausible que quien se siente imbuido de un derecho luche por él, sin embargo esto no es motivo para que se lo exima del pago de las costas pues de la otra parte, también hay un sujeto que se siente titular de un derecho subjetivo a defender y no resulta justo que quien en definitiva resulta asistido por la razón, termine pagando las costas que se ha visto constreñido a afrontar.

La jurisprudencia ha dicho "Todo aquel que somete una cuestión a la decisión judicial es por que cree que le asiste razón para peticionar tal como lo hace, mas ello no lo exonera necesariamente del pago de los gastos de su contrario si el resultado le es desfavorable" (CNCiv. F. 13/11/84 ED124-219).

El art. 68 C.P.C. y C. autoriza al juzgador a apartarse del principio cuando encuentre mérito para ello y esta expresión es amplísima, sin embargo ha sido bien acotada por la jurisprudencia quien solo ha encontrado mérito en unos pocos casos excepcionales como "cuestiones dudosas o difíciles de derecho" (CNCiv. F 21/6/82 ED 124-217) casos "verdaderamente excepcionales" (CNCiv. F 15/11/73 ED 52-449), " vencimiento parcial y mutuo" (CNCiv. F 15/11/73 ED 52-449) "Cuando la demanda es rechazada por prescripción" (CNCiv. F 15/11/73 ED 52-449) " cuando se trata de la aplicación de una ley nueva" (CNCiv. F 15/11/73 ED 52-449) "cuando no hay precedentes" (CNCiv. F 15/11/73 ED 52-449) "cuando la jurisprudencia es incierta o contradictoria" (CNCiv. F 15/11/73 ED 52-449). No encuentro en autos ninguno de los mencionados supuestos.

No altera lo dicho el hecho de que la sentencia sea provisoria (hasta tanto se dictara sentencia en la causa penal) pues ello es propio de la naturaleza de la acción instaurada. Tampoco atenúa la evidencia de la derrota la recomendación de la Sra. Juez a quo en el sentido que el demandado debe respetar el régimen de comunicación establecido pues el objeto de la acción no era ese sino el cambio de custodia que fue denegado y no puede interpretarse que ha habido vencimiento recíproco.

Por último es de advertir que la actora en su escrito de demanda pedía expresamente que las costas fueran impuestas a la contraria, que la acción no cambió de objeto y que, si tal como lo dice, en este tipo de acciones lo aconsejable es imponer las costas por su orden, nunca debió pedir que le fueran aplicadas a la contraria en caso de resultar ella vencedora pues esta actitud constituye un flagrante "venire contra factum propii". Por lo expuesto considero que este último agravio debe ser igualmente rechazado.- A igual cuestión, el Dr. MOISÁ, dijo:

1. Por la Sentencia N° 311 de fecha 29 de diciembre de 2005 (fs. 134/139 vta.), la Sra. Juez de primera instancia resuelve rechazar la demanda interpuesta por la Sra. Y. D. K. contra el Sr. D. H. P. por la custodia de su hija menor F. J. P., otorgando la misma a este último, hasta tanto se resuelva la denuncia penal impetrada o se susciten nuevas circunstancias que ameriten el cambio de custodia, con costas. Contra tal decisión, se alza en apelación la parte actora a fs. 141, expresando agravios a fs. 161/168, los cuales son contestados por la contraparte a fs. 168/169.

A fs. 174/vta. obra el dictamen de la Sra. Asesora de Familia e Incapaces y a fs. 184/vta. informe del ETI, sin que los mismos se presenten como decisivos para la resolución de la presente causa.

2. En homenaje a la brevedad, doy por reproducida la relación circunstanciada de los hechos y derechos invocados por la parte apelante con respecto a su pretensión recursiva, efectuada en forma minuciosa por el Sr. Vocal preopinante, Dr. Günther Enrique Flass.

Sin perjuicio de ello, en lo concreto y conducente, de tal relación surge que la recurrente se agravia por cuanto la sentencia en crisis:

a)Rechaza su demanda, cuestionando la valoración de los hechos efectuada por la Sra. Juez de Familia dentro del marco teórico en que sustenta ese rechazo.

-b) Le impone las costas, estimando infundada tal imposición.

3. Reseñados los reclamos del apelante y las cuestiones sometidas a decisión, me abocaré a la consideración de cada una de ellas a fin de dar fundamento a mi voto.

En primer lugar, voy a coincidir con el Sr. Magistrado que me precede en el orden de votación en que la sentencia recurrida no modifica el status quo preexistente a la demanda de cambio de custodia, sino que viene a confirmarlo, pues, como bien lo observa el Dr. Flass, el Sr. P. continuó viviendo con su hija en su domicilio de calle L. M. cuando la Sra. K. se retiró de allí, lo cual es reconocido por la propia actora a fs. 24 vta., cuando expresa que desde la separación, "F. estuvo a cargo del padre porque ella trabajaba en el Pub E. C. d. l. B. D. n.".

En consecuencia, no queda duda que el Sr. P., desde la separación, ejercía de hecho y con el consentimiento materno la custodia exclusiva de su hija. Entonces, no existiendo un motivo grave para ello, no veo razón alguna para modificar tal situación.

En cuanto al apartamiento de la preferencia establecida a favor de la madre por el art. 206 del Código Civil, atinadamente enseña BELLUSCIO que: "Respecto de los hijos menores de cinco años, el art. 213, Cód. Civ., disponía que 'quedarán siempre a cargo de la madre'.

La ley de matrimonio civil, en su art. 76, tomó ese texto pero le suprimió la palabra 'siempre', con lo que la jurisprudencia entendió que la regla no era inflexible, y que cabía apartarse de ella si lo exigía la salud física o moral de los hijos, por existir causas muy graves que hicieran inhábil a la madre para educarlos, como la vida disipada, el adulterio que implicase peligro moral para los hijos, los malos tratos a éstos, o el desprendimiento voluntario de la tenencia.

Ese criterio fue llevado a la ley, primero por la ley 17.711, que introdujo la excepción 'salvo causas graves', y luego por la 23.515, que aclara que esas causas deben ser las que influyan negativamente sobre los menores" (BELLUSCIO, Augusto César, Manual de Derecho de Familia, t. I, p. 440, Depalma, Bs. As., 1988).

Ergo, entiendo que, en su momento, el "desprendimiento voluntario de la tenencia" de su hija por parte de la madre justifica la excepción a la prioridad que le otorga el art. 206 del Código Civil, presentándose a todas luces como injusto privar ahora a su padre de la tenencia de F., sin que haya un motivo grave para ello y por el solo hecho de un cambio en la voluntad de la madre.

En segundo lugar, con respecto a la imposición de costas a la actora vencida, encuentro que la sentencia de primera instancia se encuentra debidamente fundada en el principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCC), sin que se advierta suficiente mérito para el apartamiento del mismo.

4. En virtud de los fundamentos precedentes, voto la cuestión por la afirmativa.-- A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Flass, dijo:

Conforme a lo expuesto al analizar la primera cuestión considero que se debe confirmar la sentencia de primera instancia.

Imponer las costas de esta instancia a la recurrente vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota (art.68 C.P.C.C.), regulándose los honorarios de la Dra. G. A. por la labor desarrollada en esta Alzada, en la suma de $150 y para los Dres. G. A. T. y R. M., en forma conjunta y en proporción de ley, en la suma de $ 90 (art.14 Dto. Ley N°2.200 y art. 59 Ley N°4.920).

A idéntica cuestión, el Dr. Moisá dijo:- Por lo expresado al votar la primera cuestión, propongo: a) confirmar la Sentencia N° 311 de fecha 29 de diciembre de 2005 (fs. 134/139 vta.); b) imponer las costas de esta Alzada a la recurrente vencida; y c) regular honorarios profesionales por la labor desarrollada en esta Instancia, (art l4 Dto.Ley Nro. 2.200 y modificatoria Ley N°.4.335) de la Dra. G. A., en la suma de $150 y de los Dres. G. T. y R. M. en conjunto y en proporción de ley en la suma de $ 90 (art.59 Ley N° 4.920) Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

S E N T E N C I A VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:

1°) CONFIMAR la sentencia N° 311 de fecha 29 de diciembre de 2005 (fs. 134/139 vta.); 2°) IMPONER las costas de esta Instancia a la recurrente vencida (art. 68 C.P.C.C.), y regular honorarios a los profesionales por la labor desarrollada en esta Instancia, (art l4 Dto.Ley N° 2.200 y modificatoria Ley N°.4.335) de la Dra. G. A., en la suma de $ 150 y de los Dres. G. T. y R. M. en conjunto y en proporción de ley en la suma de $ 90 (art.59 Ley N°4.920) 3°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase. La presente sentencia se dicta por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 Ley 1.130, texto según Ley 4.550) y no haber hecho uso el Dr. Jorge Luis Früchtenicht del derecho que le asiste conforme lo dispuesto por el art. 271, última párrafo, del CPCC, texto según Ley 4.550).

BENJAMÍN MOISÁ GÜNTHER ENRIQUE FLASS REGISTRADA BAJO EL NRO.- 30 /06 CANO. Conste.- Norma Marrero Secretaria