Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21


Buenos Aires, 21 de febrero de 2006. VISTOS: Para resolver los recursos de apelación interpuestos por AUSA y el GCBA, contra la sentencia que hizo lugar al amparo, y CONSIDERANDO: 1. Que Carlos Alberto Louzán y C. E. R., en su carácter de vecinos y habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el último también en representación de su hijo menor de edad, interpusieron acción de amparo con el objeto de impugnar la decisión del Directorio de la Empresa Autopistas Urbanas S.A. -en adelante A.U.S.A.- del 2 de marzo de 2004, de suspender las actividades de la Escuela de Educación Vial. Procuran el reinicio de tales actividades, así como su difusión y publicidad, a través de los distintos medios de comunicación masiva. Relataron que el 6 de agosto de 2000, A.U.S.A. inauguró una Escuela de Educación Vial, en un predio bajo autopista de 7000 mts./2 situado entre las calles Herrera, General Aráoz de Lamadrid, Quinquela Martín y General Hornos, del barrio de Barracas. La finalidad de la escuela era la prevención de accidentes de tránsito mediante cursos teóricos y prácticos destinados a alumnos primarios y secundarios de establecimientos educativos tanto de la Ciudad como de la Provincia de Buenos Aires. Manifestaron que en febrero de 2004, abruptamente y aduciendo razones de índole económica, A.U.S.A. dispuso la cancelación de los turnos otorgados para las colonias de vacaciones y para el próximo ciclo lectivo, decisión que afectó a más de 10.000 alumnos. Posteriormente, el 2 de marzo de 2004, el Directorio resolvió cerrar la Escuela. Observaron que el presupuesto comprometido para el mantenimiento de la Escuela ha sido de treinta mil pesos ($ 30.000.-), y que esa suma está lejos de superar el gasto que demandan las propagandas en vía pública o en televisión sostenidas por el Gobierno en educación Vial. Alegaron que el funcionamiento de la Escuela de Educación Vial redundaba en un beneficio directo para los niños y en un claro y concreto beneficio para el resto de la sociedad. 2. Que a fs. 35/38 tomó intervención el Ministerio Público Tutelar en representación del menor G. R., y de los derechos de incidencia colectiva de las niñas, niños y adolescentes menores de edad que habitan en la Ciudad. 3. Que A.U.S.A. contestó la demanda a fs. 72/77. Consideró extemporánea la promoción de la acción de amparo atento que el acto atacado dispuso el cierre de la escuela a partir del 2 de marzo de 2004 y que los actores han dejado transcurrir el plazo de caducidad previsto en el decreto -ley 16.986. Por su parte, negó que la escuela se hubiera cerrado por razones presupuestarias. Señaló que elevó un informe a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad relatando los motivos que ocasionaron el cierre del predio, en el que muy particularmente se consideró el accidente ocurrido el 23 de abril de 2003, a las 5:15 hs. sobre la Autopista 9 de Julio Sur, a la altura de la calle Herrera al 1300, a escasos metros de la escuela. En dicho evento un colectivo no habilitado para el transporte de pasajeros saltó de la Auto pista a la calle Herrera, y como consecuencia un pasajero murió. Señaló que las dos trazas de la cinta asfáltica de la autopista no alcanzaban a cubrir todo el circuito de pistas de la Escuela, dejando una luz de 15 metros de ancho en el centro y laterales, suficientes para permitir la eventual caída de objetos y vehículos. Relató que a criterio del Directorio era un contrasentido mantener el funcionamiento de una Escuela de Educación Vial en un predio en el que no se podía garantizar la seguridad vial. Por último manifestó que el 30 de julio de 2004 A.U.S.A. suscribió un convenio con la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana local, por el que cedió gratuitamente el predio con el objeto de que fuera reabierto. 4. Que el Tribunal de grado realizó un reconocimiento judicial, en los términos del artículo 387 CCAT (fs. 80), el 2 de septiembre de 2004, conforme surge de las constancias agregadas a fs. 92/95. Además, dispuso integrar la litis con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, fue i ncorporado a la causa un Convenio firmado por las demandadas el 30 de julio de 2004 (fs. 68/71). 5. Que el Gobierno contestó el traslado a fs. 115/118. Planteó la extemporaneidad de la acción y solicitó su rechazo. Negó haber incurrido en actos u omisiones manifiestamente ilegitimas en perjuicio de los actores, así como que exista alguna norma legal que obligue a poner en funcionamiento una escuela de educación vial en los términos que se reclama o que los actores fueran portadores de un derecho que les permita exigir la apertura o puesta en funcionamiento de una escuela de educación vial. Afirmó que los actores no lograron demostrar cuál era la norma que imponía la obligación de instalar una escuela, y, menos aún en las condiciones pretendidas. Por último señaló que la cuestión devino abstracta, en tanto la pretensión se encuentra satisfecha por la conducta asumida por su mandante. 6. Que como medida para mejor proveer el a quo requirió a la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte que informase acerca de estudio sobre niveles de inseguridad del inmueble en cuestión. Los informes lucen agregados a fs. 122/141 y fs.144/157. Además fijó audiencia para que concurrieran las partes junto con funcionarios responsables de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte (fs. 160). En la audiencia, registrada a fs. 171, el juez de grado intimó al Gobierno a que en el plazo de tres (3) días presentase un informe de la Dirección de Seguridad Vial de la citada Subsecretaría, indicando el grado de avance en el cumplimiento del convenio firmado con A.U.S.A. y, en especial, la integración y tareas realizadas a la fecha por el equipo técnico a que alude la nota de esa Dirección de Seguridad Vial de fs. 172/173. El informe obra a fs. 230/245. A fs. 188/218 se agregó un informe técnico de la Dirección General de Infraestructura Mantenimiento y Equipamiento de la Secretaría de Educación, con referencia a las barreras de protección en el tramo de la Autopista 9 de Julio sur. Finalmente, el Asesor Tutelar se exp idió a fs. 249/250, y propició que se hiciera lugar a la acción intentada. 7. Que el señor juez de grado hizo lugar a la acción de amparo y condenó a la empresa Autopistas Urbanas S.A. (A.U.S.A.) y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a restablecer el funcionamiento de la Escuela de Educación Vial descripta en autos, en los términos detallados en el considerando X de la sentencia, dentro de los noventa (90) días corridos. En primer lugar indicó que más allá de los cuestionamientos que el decreto ley 16.986 ha merecido y merece frente a las claras disposiciones de nuestro régimen constitucional (arts. 43 CN y en especial 14 CCABA), las constancias de autos muestran que la conducta de los actores no merece ser sancionada con la extrema rigidez que pretenden los demandados, por cuanto la demanda se promovió el 15 de junio de 2004 con el objeto de impugnar un acto del 2 de marzo de 2004. Indicó que descartando el arbitrario corsé de la norma de facto, por imperio del artículo 14 de la Constitución lo cal y en virtud de los principios pro homine y pro actione, la acción era temporánea, considerando parámetros equitativos y razonables; conclusión que se refuerza, en criterio del juez de grado, si se considera que nos encontramos frente a la alegada afectación de derechos de incidencia colectiva referidos a la infancia, la educación, la salud, la seguridad pública y la integridad, entre otros, cuyo cuidado debe primar sobre cualquier consideración formal. Manifestó que desde el punto de vista sociológico no cabe la más mínima duda de la importancia y necesidad de la educación vial, como medio más idóneo y menos costoso de prevenir las dañinas consecuencias de la inseguridad en el tránsito automotor. Indicó que si bien se trata de una cuestión pública y notoria que merece la atención de la autoridad y la realización de campañas públicas, no está de más recordar que, durante el año 2004 hubo en nuestro país un total de 7.137 muertos por accidentes de tránsito (según cifras provisorias al 3/1/2005), con un prom edio diario de 20 decesos, y mensual de 595. Señaló que las estadísticas indican que cabe calcular entre cuatro o cinco heridos por cada fallecido, muchos de ellos con discapacidad permanente. Agregó que lamentablemente la República se ubica entre los primeros puestos del mundo en esta desgraciada materia. Consideró que las normas han previsto el tema e imponen la obligación expresa de actuar en pro de la seguridad vial, es decir, de instrumentar acciones y conductas que progresivamente lleven a una mayor seguridad, entre las que se encuentra la educación. La primera norma que invocó es el artículo 27, inciso 9, de la Constitución de la Ciudad: "La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve: (inciso 9) "La seguridad vial y peatonal".

Agregó el inciso 14, que incluye en esa política a la "educación ambiental en todas las modalidades y niveles", entre los que debe considerarse incluida la vial, dado el capítulo en que ambas citas se insertan. Agregó que no puede desvincularse esta prescripción de la del artículo 23 CCABA, en tanto impone el deber de garantizar un sistema educativo tendiente a un desarrollo integral de la persona. Expresó que el Gobierno no ignora el punto, y que "la Dirección de Seguridad Vial", entre otras funciones que le fijan las normas, "asume como responsabilidad primaria aumentar el margen de seguridad de los sujetos que intervienen en el tránsito (conductores y peatones) con el objeto de reducir los costos sociales y humanos de los accidentes, desde un enfoque que privilegia los aspectos humanos que intervienen en el tránsito" (conf. datos que obtuvo de su página en Internet). Mencionó que la ley 23.348 establece la obligación de impartir la educación vial "en todos los establecimientos dependientes e incorporados a los planes oficiales de [la] ... Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (hoy Gobierno de la Ciudad Autónoma, art. 7º, CCABA). Añadió que la ley 24.449, de Tránsito, que rige en la Ciudad, amplía los alcances de la ley 23.348, y su artículo 9º ordena, "para el correcto uso de la vía pública ... a) Incluir la educación vial en los niveles de enseñanza preescolar, primario y secundario". En su criterio, la omisión en el cumplimiento de estas directivas afecta derechos de incidencia colectiva referidos a la infancia como ser el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad publica y a la integridad de los niños. Agregó que el Convenio que las dos demandadas han firmado el 30 de julio de 2004 habla a las claras de que ellas mismas están contestes en los puntos reseñados, pero que, sin embargo, aún no se ha instrumentado. En su criterio, la ausencia de concreción de lo pactado obsta que la cuestión haya devenido abstracta como pretende el Gobierno; a lo que añadió que el co nvenio era posterior al inicio de la demanda, lo que le permitió presumir que ha sido producto de ella. Señaló que la acción de infundir en los niños conciencia acerca del respeto a las normas viales constituye una actividad que la Ciudad no puede descuidar, y que esa opinión se apoya en el principio de no regresividad, que ordena mantener y en lo posible acrecentar los logros obtenidos en materia de derechos que hacen a la calidad de vida de las personas. En su criterio determinada la necesidad jurídica sociológica y axiológica de restablecer la Escuela, no hay oposición sobre el punto. Agregó que de la inspección visual realizada, con la ayuda de su experiencia pues ya en 1978 se había desempeñado en la primera Comisión Nacional de Seguridad Vial, surgía que las instalaciones son adecuadas a sus fines en tanto respetan las sugerencias de la bibliografía especializada. En cuanto a los aspectos técnicos relativos al emplazamiento tuvo en cuenta que la Dirección General de Infraestructura Mantenimiento y Equip amiento de la Secretaría de Educación, en el informe de fs. 188/218, señaló, con referencia a las barreras de protección en el tramo de la Autopista 9 de Julio bajo la que se encuentra la Escuela, que responden a las características y dimensiones prescriptas por las reglamentaciones vigentes. Aclaró que no existía un método de cálculo determinado, pero que el tipo de defensa adoptado ha sido probado con buenos resultados, destacando que los estudios se realizan para un ángulo de choque no mayor a los 30º y para velocidades no mayores a las permitidas y que como medida de protección adicional, en el tramo observado, se agregaron un tercer tubo de protección y una protección de alambre tejido a fin de evitar la caída de objetos desde la calzada, y que el sector no es de gran velocidad, por encontrarse a la salida de una subida, lo que disminuye el grado de siniestralidad. Mencionó que la Dirección General de Seguridad Vial creó una comisión para establecer las pautas de funcionamiento de la escuela, cuyas concl usiones fueron vertidas en el informe obrante a fs. 233/44 y en donde, en líneas generales, refieren que la aludida dependencia tomó posesión efectiva del Edificio el 20 de septiembre de 2004, a fin de restaurar y mejorar el predio, por cuanto a la fecha sólo fueron dictados cursos de capacitación del personal del Cuerpo de Guardia Urbana como agentes de prevención y colaboradores de las fuerzas policiales en general, con particular orientación hacia la Seguridad Vial. Concluyó que siendo aptas las instalaciones de la Escuela, la única barrera que podría obstaculizar su restablecimiento es la de la seguridad del lugar, y que no puede sustituir en este aspecto a los cuerpos técnicos, si bien aclaró que el punto es secundario frente a la obligación principal. Ello deriva, a su entender, del propio convenio suscripto entre A.U.S.A. y el Gobierno, que establece que la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana debe destinar el inmueble en cuestión para el funcionamiento de instalaciones relacionadas con las activi dades de una Escuela de Educación Vial, y que el funcionamiento de las actividades del predio conforme el objeto convenido debe iniciarse en un plazo no mayor de 90 días corridos contados a partir de la firma, al que voluntariamente se obligaron las codemandadas, y que operó el 28 de octubre de 2004. En concreto, condenó a A.U.S.A. y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a restablecer el funcionamiento de la Escuela de Educación Vial, respetando o mejorando según la conveniencia técnica sus características actuales, en cumplimiento del convenio celebrado entre ambas el 30 de julio de 2004, en el lugar en que se encuentra hoy edificada u otro que se estime más apto en términos de seguridad. Todo ello en el plazo máximo de noventa (90) días corridos, contados desde la notificación de la sentencia. 8. Que tanto AUSA S.A. como el GCBA apelaron la sentencia reseñada. AUSA planteó sus agravios a fs. 264/270. Sostuvo que no habiendo sido declarada la inconstitucionalidad de la ley 16.986 -o de su parte p ertinente- debe regir plenamente y el apartamiento del juez implica que la sentencia no es ajustada a derecho por no haberse observado las normas que regulan el procedimiento. Manifestó que el juez de grado no ponderó los peligros derivados del funcionamiento de la escuela en el antiguo emplazamiento. Agregó que no existen normas que obliguen a AUSA a contar con una escuela de educación vial. Indicó que ni las normas que se encontraban vigentes al momento del cierre, ni en las actuales (aclaró que la concesión se rige hoy por el decreto 1721-GCBA/2004) establecen obligación de ese tipo. Señaló que las que debe cumplir para mantener la concesión se limitan al pago del canon estipulado y a la realización de las obras mencionadas en el Anexo I del precitado decreto. Fuera de ello, toda obligación accesoria que se pretenda agregar altera las reglas del contrato. Agregó que es una sociedad anónima y que no es la misma persona que el Gobierno. Por ello, consideró que no es ajustado condenar a AUSA invocando como se ha hecho el artículo 27, incisos 9 y 14 de la Constitución local, toda vez que estos obligarían en su caso al GCBA pero no a la empresa AUSA. Lo mismo afirmó respecto de las restantes normas mencionadas. 9. Que a fs. 277/279 fundó su posición el señor Asesor Tutelar Adjunto. Propició que los recursos fueran rechazados y la sentencia confirmada. Por su parte la señora fiscal ante la Cámara propició que el recurso de AUSA fuera admitido y el del GCBA rechazado por su extemporaneidad, razón por la cual la sentencia estaría firme a su respecto. 10. Que en primer término respecto del Gobierno de la Ciudad, cabe puntualizar que fue él mismo quien tomó a su cargo el compromiso de poner en funcionamiento la Escuela de Educación Vial, lo cual surge en forma clara del Convenio con AUSA, suscripto el 30/07/2004: ART. 1.1: "AUSA S.A. ofrece a LA SECRETARÍA y ésta acepta, la administración gratuita del inmueble ubicado en la proyección de la Autopista 9 de Julio Sur, entre las calles Herrera, General Aráoz de Lamarid, Qu inquela Martín y General Hornos, el que incluye los terrenos excedentes de expropiación vinculados a dicha Autopista" (fs. 134). ART. 2.1: "LA SECRETARÍA deberá destinar el inmueble para el funcionamiento de instalaciones relacionadas con las actividades de una Escuela de Educación Vial, no pudiendo darle otro destino que el convenido" (fs. 134). ART. 5.1: "FUNCIONAMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO: Será por cuenta única y exclusiva responsabilidad y costo de LA SECRETARÍA el funcionamiento de las actividades que habrán de llevarse a cabo en el predio" (fs. 135). El Gobierno confirmó en términos preciso todo ello, pues afirmó a fs. 117 vta. que "...en el inmueble se reabrirá una Escuela de Educación Vial, cuya administración ha sido asumida por el G.C.B.A." Aclaró además "...que en la Escuela de Educación Vial [...] se focalizará la educación vial en los niños, pero además se constituirá un Centro de Formación para efectores del sistema de Seguridad vial y de protección civil..." (fs. 118). Conducta que, a su vez, es tá de acuerdo con la normativa constitucional y legal, citada y desarrollada por el juez a quo (ver cons. VIII.2 y VIII.3 de la sentencia de grado, fs. 255 y vta.); siendo por demás a todas luces obvias las obligaciones del Estado en materia de Seguridad Vial (art. 27 inc. 9º CCABA) y Educación en general (arts. 23 y 27 inc. 14 CCABA). En otras palabras, la decisión del juez de primera instancia no hace sino confirmar una conducta a seguir por parte del gobierno local que, además de ser acorde al régimen constitucional, también lo es respecto de los términos del convenio por él celebrado y a través del cual tomó a su cargo la reapertura de la Escuela de Educación Vial. Tal es así que los agravios del Gobierno (fs. 271/2) se limitan a solicitar la ampliación del término fijado por el juez de grado: "El decisorio en crisis agravia a mi conferente toda vez que otorga para el cumplimiento de la sentencia un plazo de noventa días que es notoriamente breve e insuficiente para su cumplimiento" (fs. 271 vta.). Señaló al respecto la sentencia apelada, que las actividades convenidas debían iniciarse en un plazo no mayor a 90 días corridos contados a partir de la firma del acuerdo celebrado con AUSA (art. 2.3, fs. 134); "...plazo, al que voluntariamente se obligaron las codemandadas, y que operó el día 28 de actubre de 2004" (fs. 256). Estando entonces vencido el plazo pactado originariamente entre las partes, parece más que razonable el tiempo fijado por la sentencia recurrida que como límite máximo estableció noventa días corridos, contados desde la notificación de aquélla (fs. 256 vta.). 11. Que lo hasta aquí dicho, además debe agregársele la extemporaneidad del recurso interpuesto por el GCBA. Pues el decreto ley 16.986 ha establecido términos en horas, pero sin disponer la habilitación de las horas inhábiles. Conforme al artículo 15 del decreto ley 16.986, el plazo para apelar la resolución de marras era de cuarenta y ocho horas. Habiendo vencido en horario hábil asiste razón a la señora Fiscal acerca de su extemporane idad. Distinto sería el supuesto si el vencimiento hubiera operado en horas inhábiles, ya que en esos casos la aplicación del plazo de gracia contemplado en el artículo 108 del CCAyT se presenta como la única forma de conciliar el computo del plazo de horas con el hecho de que la acción de amparo no importa per se la habilitación de horas inhábiles. Este tribunal ha decidido que tal disposición resuelve el problema que crea la limitación de los horarios de los tribunales ante plazos que vencen en horas inhábiles (ver doctrina coincidente, CNACAF Sala II, "Paradela Máximo y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/queja" 15/04/93; Sala V, "Aurosur SA -RQU- c/ Aduana s/ queja" 6/04/98; y esta Sala "Mercedes Bouzo c/ GCBA s/ otros autos incidentales" exp. 5907/1, 28/10/02). En efecto, la decisión del juez fue notificada al GCBA el 7 de octubre de 2005 a las 12:00 hs. (ver fs. 262 vta. ). El recurso fue interpuesto el 12 de octubre a la 1.34 PM. Tomando en cuanta que el 10 de octubre fue inhábil, el recurso fue presen tado una hora y treinta minutos tarde. Por lo expuesto, debe rechazarse el recurso interpuesto por el Gobierno de la Ciudad. 12. Que en cuanto al recurso de AUSA cabe señalar que de acuerdo al Convenio suscripto con la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana del Gobierno de la Ciudad, la empresa ofreció la administración gratuita del predio (art. 1.1, fs. 134), lo cual fue aceptado por la otra parte, fijándose como único destino del inmueble, el funcionamiento de una Escuela de Educación Vial (art. 2.1, fs. 134). Surge de fs. 19 como a AUSA enorgullecía la existencia de la Escuela. Véase que publicitaba al respecto que fue "Construida en un predio de 8.000 m2, es única en el país. Destinada a niños de entre 6 a 16 años, con el objeto de capacitarlos para reconocer situaciones cotidianas que presenta el tránsito urbano y semi urbano, en su condición de peatones, ciclistas o acompañantes de los mayores en los automóviles. Las prácticas se realizan en karting y bicicletas, en un predio que reconstruye una ciud ad con todos sus edificios a escala" (el resaltado es del original). Ahora bien, la Escuela fue iniciada por AUSA y cerrada por su directorio por cuestiones de seguridad (conf. fs. 74 vta./76), una vez solucionado ello, nada obsta su apertura a cargo del Gobienro, tal como las mismas partes acordaron. Ello sin que signifique que su continuación por parte de la empresa sea irrazonable; si embargo, dentro del marco contractual que rige la relación de ambas partes, ellas han decidido que el Gobierno sería quien tendría la responsabilidad ce que la escuela vuelva a funcionar, así AUSA cedió el predio con ese destino y fue el Estado local quien aceptó la tarea de poner en marcha nuevamente la institución de educación vial (ver cons. 10). Por ello, debe estarse a lo convenido por las partes y revocar la sentencia del a quo respecto de AUSA, pues ellas han pactado que el funcionamiento de la Escuela sería a cargo del Gobierno y no se encuentra óbice para que ello sea así. Para finalizar basta señalar que lo dicho to rna innecesario ingresar en el tratamiento de los restantes agravios de AUSA y que respecto de ella la sentencia en crisis debe ser revocada Disidencia parcial de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro. 1. Que coincido con lo manifestado por mis distinguidos colegas en los considerandos 1 a 10 precedentes. Pero en cuanto a los agravios de AUSA considero necesario señalar que conforme lo establecido por los artículos 43 CN y 14 CCABA la acción de amparo procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte. Como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requiriere que la lesión de los derechos o garantías reconocidos resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio debate o prueba (Fallos 306: 1253; y 307: 747). Luego, resulta procedente cuando la acción u omisión cuestionada reúna prima facie los caracteres de ilegitimidad o arbitrariedad y ocasione una lesión, restricción, alteración o amenaza de derechos o garantías constitucionales o legales. A su vez, es preciso que se presente una situación de urgencia que dé mérito a la tramitación de esta vía sumarísima y libre de formalidades procesales, de modo tal que conforme a la prudente ponderación de las circunstancias del caso se advierta que remitir el examen de la cuestión a los procedimientos administrativos o judiciales ordinarios puede ocasionar un daño grave e irreparable al titular del derecho presuntamente lesionado. Precisamente por esta última consecuencia la acción de amparo ha sido erigida como garantía constitucional , prevista para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías y en ello consiste su específica idoneidad como vía procesal. De lo dicho se desprende que el carácter sumario del amparo está al servicio de la urgencia del caso y, por tanto, ha sido previsto para situaciones que no admiten demora, toda vez que, en caso contrario, no hay razón para no acudir a los restantes cauces procesales que pudieran resultar procedentes. Por lo demás, sabido es que la acción de amparo no es la única vía apta para la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales o legales (cfme. esta Sala in re "OLIVEIRA FABIAN Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)", EXP 5412 / 0, del 13 de diciembre de 2002). 2. Que cabe tener en cuenta que el artículo 2º, inciso e, de la ley 16.986 dispone que el amparo no es admisible cuando "...la demanda no hubiese sido presentado dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse..." Tal como lo ha expresado el máxi mo Tribunal de la Ciudad, "[d]e acuerdo con el art. 5º de la ley 24.588 continúan vigentes en el ámbito local las leyes y ordenanzas que regían hasta el momento del dictado de la Constitución, mientras no sean derogadas o modificadas por las autoridades nacionales o locales, según corresponda. Entre esas normas se encuentran: a) la ley 16986..." (Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad in re "Perrone, Héctor Alejandro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo" del 22-4-99, doctrina reiterada por el mismo Tribunal en "Asociación de Receptorías de Publicidad c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo" del 12-5-99; "Gottschau, Evelyn Patrizia c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo s/ Recurso de queja" del 20-06-00, "Vera, Miguel Ángel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Recurso de queja" del 4-5-01). También esta Sala se ha pronunciado en reiteradas oportunidades respecto de la vigencia de la citada ley afirmando que "[h]asta tanto el Poder Legislativo de la Ciudad se expida al respecto, continúa vigente la ley 16.986" (CCAyT, esta Sala, "González, Eva Teresa c/ Secretaría de Educación (G.C.B.A.) s/ Amparo" del 21-11-00), temperamento mantenido un numerosos fallos (CCAyT, esta Sala, "Diyon S.A. C/ G.C.B.A. s/ Amparo" del 16-11-00; id. "Giribaldi, Juan Eduardo c/ G.C.B.A. s/ Amparo" del 14-12-00; id. "Oronoz de Bigatón c/ G.C.B.A. del 14-12-00; id. "Bernardello, Edgardo Tisiano Luis c/ G.C.B.A s/ Amparo" del 26-12-00). En igual sentido se ha pronunciado la Sala I de este fuero en autos "Klimovsky c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo" del 16-11-00 y "J.C. Taxi S.R.L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo" del 21-11-00, entre otros. Sentado lo expuesto, corresponde poner de relieve que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa Vera, fallada el 4 de mayo de 2001, se ha pronunciado por la procedencia del plazo de caducidad del artículo 2º inc. e) de la ley 16.986, en la medida en que exista una pauta tempor al para empezar a computar el plazo (voto de Dres. Muñoz, Conde, Maier). 3. Que la aplicación de un plazo prudencial para iniciar la acción de amparo deriva de la propia naturaleza de la acción y de lo intolerable del vicio atacado. Si la ilegalidad es tan grave, si el agravio es de suma entidad, no puede quien demora el inicio de la demanda de amparo invocar el gravamen irreparable que le significa el largo trámite ordinario. El propio texto constitucional al contemplar como presupuesto de procedencia de la acción la existencia de una lesión "actual o inminente", determina que la facultad de ejercer esta acción no puede dilatarse sine die. Es útil destacar que "este criterio resulta plenamente compatible con los postulados de la Carta Magna, e importa, como también ocurre con los demás derechos y garantías, la relatividad del derecho al ejercicio de esta acción. En síntesis, el derecho constitucional de accionar por vía de amparo, en tanto derecho, no es absoluto, y por su contenido, debe ser ejercido por un espacio de tiempo determinado" (CNCiv.yCom. Fed -en pleno- , Capizzano de Galdi, Concepción c/IOS s/amparo, 06-06-1999, del voto del Dr. de las Carreras). 4. Que admitida la validez y vigencia del plazo de caducidad establecido en el artículo 2, inciso e, del decreto ley 16.986, corresponde determinar a partir de cuando deben computarse los quince días hábiles. En el caso el inicio del plazo ha sido mencionada por los actores en su presentación inicial, se trata del 2 de marzo de 2004. Y a ese respecto no se han mencionado circunstancias justificantes de la demora de tres meses en iniciar la acción. No han dedicado párrafo alguno al punto, lo que sella definitivamente la suerte de la acción, razón que impone hacer lugar al recurso de la codemandada AUSA. Por las razones expuestas, y de acuerdo a lo dictaminado por la Sra. Fiscal ante la Cámara el tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada AUSA y revocar a su respecto la sentencia apelada, con costas en el orden cau sado; 2) Rechazar por extemporáneo el recurso interpuesto por el GCBA razón por la cual la sentencia de grado ha quedado firme a su respecto. Regístrese, notifíquese -a los integrantes del Ministerio Público en sus despachos- y devuélvase.