Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-16


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los ...16.... días del mes de Agosto del año dos mil siete, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia del Dr. Daniel Luis Caneo y asistencia de los Sres. Ministros Dr. José Luis Pasutti y Dr. Fernando S. L. Royer, para dictar sentencia en los autos caratulados:

"Q, H A c/ Cooperativa de T y T de P S Ltda. s/ Demanda Laboral (Indemnizaciones)" (Expte. Nº 20.805-Q-2007) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 510, de conformidad con las Acordadas N° 3202 y Nº 3204, y el Acuerdo N° 031/07 SALA CIVIL, y atento que en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Plenario Nº 3607/07, asumió el 1º de Abril del corriente año la presidencia el Dr. Caneo correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. Pasutti, Royer y Caneo.

Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Casación? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dic-tar?.

A la primera cuestión el Dr. Pasutti dijo: - I.- ANTECEDENTES:

1.- A fs. 297/309 vta. y 311 y vta., el actor demandó a la Cooperativa de T y T de P y C S Ltda. y a los Sres. E S C, P G, E R M, F V y E D R, el pago de la suma de Pesos Ochenta y cuatro mil setecientos sesenta y uno con sesenta y siete centavos ($ 84.761,67) con más intereses conforme la tasa de descuento del Banco Provincia del Chubut y capitalización cada 30 días.

Denunció como domicilio de la Cooperativa el de Oficina S de la T Ó de la ciudad de Comodoro Rivadavia y el de los restantes codemandados en S ***, Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz.

Precisó que ingresó a trabajar a favor de la demandada el 1° de mayo de 1.994, como chofer de larga distancia; que fue contratado por el entonces presidente de la Cooperativa, Sr. E S C, quien lo contactó en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Caleta Olivia.

Describió los trayectos que recorría (Comodoro Rivadavia-Las Heras, Comodoro Rivadavia-Los Antiguos, Comodoro Rivadavia-Pico Truncado y Comodoro RivadaviaRío Gallegos), indican-do las horas de salida y arribo a cada una de las ciudades y las tareas que efectuaba.

Relató las circunstancias por las que se dio por despedido y las piezas telegráficas que se intercambió con los codemandados. Expuso las razones por las cuales consideró que lo unió a la contraparte una relación de dependencia. Precisó los rubros salariales e indemnizatorios que reclama, fundándolos en derecho. Ofreció pruebas.

Mencionó que la situación de fraude a la cual refiere, se agudizó en marzo del año 2.004, cuando la casi totalidad de empleados de S decidieron suspender sus prestaciones laborales y, en virtual paralización de los servicios de transporte público, obligó a la demandada a comenzar una negociación, que se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo, Delegación Comodoro Rivadavia, ofreció, como prueba de esas actuaciones el Expte. Adm. N° 1-205-63.671/04, entre otras.

Sostuvo que era competente para entender en esta causa el Juzgado Laboral de Comodoro Rivadavia, en virtud de lo dispuesto en el art. 1° de la Ley N° 69 -el que transcribió-. Afirmó, que tal norma debe interpretarse conforme la doctrina de la Corte Nacional en Fallos, 315:2108, que dice:

"Cuando el lugar de trabajo cae bajo jurisdicciones diversas, el trabajador puede optar válidamente por uno u otro tribunal, sin perjuicio de aplicar al mismo objeto, el principio del derecho laboral "in dubio pro operario" decidiendo por la competencia del juez que ha elegido el actor".

2.- Los codemandados -Sres. F V, E S C, P G, E R M, y E D R-, a fs. 345/351, plantearon fuero de atracción, opusieron excepciones de incompetencia, falta de legitimación y prescripción. También, subsidiariamente, contestaron demanda y solicitaron el rechazo de la misma, con costas. Ofrecieron pruebas.

En cuanto a la excepción de incompetencia, que es la que hoy ocupa, arguyeron que el Juzgado ante el cual se interpuso la demanda es incompetente en razón del territorio y que así surge del art. 1ro. de Ley Pcial. N° 69, que transcribieron en su parte pertinente.

Afirmaron que si -hipotéticamente- hubiera existido entre las partes una relación de dependencia, ésta se había desarrollado en la localidad de Pico Truncado, Pcia. de Santa Cruz; que el demandante, no obstante denunciar en la demanda que se domicilia en la ciudad de Comodoro Rivadavia, conforme surge de la carta poder glosada en autos, que el mismo se encuentra realmente en la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, y en tercer lugar, si se optase por la alternativa de considerar el lugar del trabajo, también el Juzgado Laboral de Comodoro Rivadavia sería incompetente, ya que, concluyeron, que el actor desde el 29/09/01, fecha en que fue notificado de su cambio de funciones, no ha conducido ni controlado rodado alguno de la firma accionada, cumpliendo sus funciones en la Terminal de Caleta Olivia, en particular en el B de la firma, situación que hace caer la pretendida jurisdicción que invoca.

3.- La Cooperativa de Trabajo y T de P y C S Ltda., a fs. 417/423 vta., opuso excepciones de incompetencia y prescripción y, subsidiariamente, contestó demanda.

Los fundamentos de la excepción de incompetencia, son idénticos a los expuestos por los restantes codemandados, ya resumidos precedentemente.

4.- Corrido traslado a la actora, ésta respondió a fs. 436/445 vta., solicitando el rechazo de la excepción de incompetencia. Volvió a referirse, como lo hiciera al demandar, a la posibilidad de elección que contempla el art. 1° de la Ley N° 69. Mencionó distintos fallos, anteriores, en los que el juzgado, en situaciones semejantes, se declaró competente, al igual que la Cámara. Hizo lo propio con dictámenes de distintos fiscales y alegó que tal jurisprudencia era la que lo llevaba al convencimiento de que el Juzgado Laboral de Comodoro Rivadavia era el competente.

Afirmó que la ciudad de Comodoro Rivadavia, no era un mero punto del trayecto que recorría sino, como expusiera al demandar, era un lugar de llegada, de partida, de aprovisionamiento, de carga y descarga de equipaje, donde pernoctaba esperando su próxima salida.

Así, en todas sus jornadas, trabajaba en la ciudad de Comodoro Rivadavia, verdadero centro neurálgico, dice, -desde el punto de vista social y económico- de la región que surcaba. Nuevamente hizo mención a lo resuelto por la Corte Nacional en Fallos, 315:2108.

5.- A fs. 453 y vta., obra dictamen del Ministerio Fiscal quien se pronuncia por la competencia del Juzgado Laboral de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Mencionó la posibilidad que otorga el art. 1° de la Ley N° 69 y refirió que la prestación laboral fue realizada, en parte, en la mencionada ciudad. Adujo que no debía distinguirse lo que la ley no distingue, sin perjuicio, de que el marco de la mencionada ley es protectorio del trabajador.

6.- A fs. 455/457 vta., la Sra. Juez de Primera Instancia resolvió declarar la incompetencia, en razón del territorio, del Juzgado Laboral de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia.

7.- La actora apeló a fs. 458, y expresó agravios, a fs. 462/472 vta., con fundamento en que no se reparó que al demandar, sostuvo que cumplía su contrato de trabajo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, lo que permitía habilitar la jurisdicción local, conforme el art. 1º de la Ley N° 69.

Indicó que al contrario de lo sostenido por la Juez de grado en cuanto a que la mencionada ciudad era sólo un punto del trayecto asignado, la misma era uno de los centros principales donde desarrolló sus tareas, el destino principal, por lo que resulta innegable la competencia territorial del a quo. Detalló que no sólo conducía la unidad sino que, además, debía llevar a cabo una serie de tareas accesorias.

También, afirmó, que se desprende con absoluta claridad que trabajó en la ciudad de Comodoro Rivadavia, haciéndolo tanto o más que lo laborado en otras ciudades y que en este contexto, le asiste el derecho y la facultad procesal de elegir ante qué Juez radicar su demanda, conforme lo consagra el art. 1º de la Ley N° 69.

Resaltó que la mayor actividad probatoria se realizaría en dicha ciudad. Que tanto el Sr. Q como la Coop. S tienen domicilio en la misma (lugar donde se notificó la demanda); los reclamos y medidas de fuerza adoptados por trabajadores de S fueron y son realizados en esa localidad, así como las negociaciones y tratativas entre las partes, fueron presentadas y tratadas ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social correspondiente a la agencia de dicha ciudad.

Señaló lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal.

Refirió que por medio de una decisión voluntarista, que no se condice con las constancias objetivas y fácticas de la causa, no obstante la clara plataforma fáctica que sustentaba el rechazo de la excepción de incompetencia articulada, la sentencia recurrida hizo lugar a la misma, apartándose de lo expresamente prescripto por el art. 1° de la Ley N° 69.

Mencionó antecedentes jurisprudenciales que apoyan la postura de aceptar la competencia cuando el actor invocaba haber trabajado en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Agregó que la ley, tiene por objeto permitir que el trabajador opte el lugar en que iniciará la acción y que ha existido un grosero yerro de la sentenciante.

II.- LA SENTENCIA DE LA CÁMARA DE APELACIONES.

La Alzada a fs. 481/484, confirmó lo resuelto por la Primera Instancia, impuso las costas a la actora y reguló honorarios.

Precisó que de las actuaciones surgía que el actor, promovió acción contra la demandada, invocando un contrato de trabajo celebrado en la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, desempeñando tareas como chofer de transporte de pasajeros de larga distancia y que parcialmente se cumplía en la ciudad de Comodoro Rivadavia, comprendiendo los trayectos realizados las ciudades de Comodoro Rivadavia-Las Heras y Comodoro Rivadavia- Los Antiguos.

Que de los recibos presentados consta que los domicilios de la empresa como de los co-demandados se encuentran en la ciudad de Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz. Agregó que, en cuanto a las intimaciones cursadas por el actor, las mismas fueron remitidas a los domicilios de los demandados en dicha ciudad y que de las actuaciones administrativas se evidencia la intervención de la Subsecretaría de Trabajo, Dirección Zona Norte, Caleta Olivia, Santa Cruz, en virtud del domicilio de la empresa. Además observó, con relación a la prueba ofrecida, que salvo uno de los testigos ofrecidos, el resto se domicilian en Pico Truncado o Las Heras.

Indicó, que del texto del art. 1° de la Ley N° 69, surgía que el trabajador tiene, en todos los casos, una amplia facultad de opción con respecto al Tribunal que ha de entender en su litigio, tal como lo ha reconocido especialmente la jurisprudencia predominante en la materia.

Pero, arguyó, que siempre se ha tenido en cuenta que nada más práctico que en tales litigios entienda el Juez del lugar del trabajo, dado que podría poseer un conocimiento más cabal de las características y modalidades del trabajo dentro de la zona, circunstancia que también reviste interés en la solución de las controversias laborales.

La radicación de los pleitos en base al lugar del trabajo, argumentó, que es la que mayores ventajas ofrece en razón de la proximidad de la prueba lo que permite al Juez recibirla personalmente. Y agregó que cuando la prueba, total o parcialmente, ha de recibirse fuera de la sede del Juzgado, falla uno de los principios más interesantes en materia laboral, o sea el de la inmediación o de contacto directo del Juez con la prueba.

Así, siguiendo tales pautas, confirmó la sentencia, toda vez que sumado a la abundante prueba, dijo, no sólo las testimoniales, sino también reconocimiento de documentación, informativa y domicilio de los demandados, la mayoría debe realizarse en extraña jurisdicción, lo que conlleva a una dilación del proceso. Concluyendo que no surgía de autos que Comodoro Rivadavia sea el lugar de trabajo con la entidad relevante que se le pretendía otorgar.

Expresó además, que la sola voluntad del actor no alcanzaba a los fines de determinar la competencia del juez actuante y que la crítica realizada no conmovía los fundamentos del fallo.

III.- EL RECURSO.- La actora, a fs. 489/498 vta., interpuso casación por arbitrariedad. El recurso fue declarado inadmisible por la Alzada; vino en queja ante este Cuerpo y en un primer juicio de admisibilidad se declaró procedente aquélla. Puestos los autos a disposición de las partes a efectos de que hagan uso de las facultades que les acuerda el art. 293 del C.P.C.C., ninguna de ellas hizo uso de tal facultad.

Sostiene, la recurrente, que la sentencia de la Alzada es arbitraria, toda vez que la misma, ha interpretado y aplicado erróneamente el art. 1° de la Ley N° 69, violentando con ello preceptos estrictamente vinculados con la cuestión debatida.

Afirma, además, que la sentencia es absurda porque se desvincula de las constancias de la causa, convalida la incompetencia decretada por el Juzgado de Origen, pese a las claras disposiciones emanadas del citado art. y norma legal, y la exposición de los hechos manifestados en la demanda.

Apoya su afirmación transcribiendo en su parte pertinente el art. 1° de la Ley N° 69 y citando el criterio de la Corte Nacional en la causa: "Gassino, Francisco M. c. Empresa Ferrocarriles Argentinos" (Fallos, 315:2108).

Argumenta que el trabajador tiene el derecho, dentro de las opciones previstas, de elegir ante que Juez interponer la demanda, que es lo que hizo en autos, de incoarla ante el Juez del lugar donde efectivamente trabajó, es decir, la ciudad de Comodoro Rivadavia, razón por la cual, dice, que no entiende porqué razones no se aceptó la competencia.

Aduce que el haber también trabajado en otra provincia y ciudades, en absoluto minimiza aquel hecho, por cuanto sigue siendo una verdad imposible de ocultar que cumplió su prestación laboral en la mencionada ciudad.

Asevera que en el fallo se insiste en distinguir si Comodoro era o no el lugar de trabajo principal o secundario, pero ninguna distinción consagra la ley, por lo que -en principio- le está vedado a los Magistrados efectuarla, refiere que su posición es avalada por el propio Ministerio Fiscal, conforme dictamen.

Expone, como otro yerro del fallo, el trastocar el verdadero contenido de la demanda, modificando los hechos que se alegaran cuando se sostiene que "Comodoro era un punto del trayecto asignado", incurriendo así, en un claro vicio de incongruencia, por cuanto se resuelve en base a un material fáctico alterado por las Sentenciantes, ajeno a sus reales alegaciones; trascendente, a la hora de aplicar el primer párrafo del art. 5° del C.P.C.C.

Señala que el principio de inmediación, aludido y defendido en la sentencia, carece de relevancia al momento de definir la competencia territorial, puesto que constituye un standart o principio probatorio -carente de recepción legal- insusceptible de desplazar la aplicación del art. 1° de la Ley N° 69. Máxime cuando no corresponde determinar la competencia en función de la prueba que ofrecen e intentan hacer valer las partes, sino que contrariamente a ello "la competencia se determina por los hechos expuestos en la demanda, y luego, por el análisis de las normas que se invocan en su derecho" de conformidad con el primer párrafo del art. 5° y ccdtes. del C.P.C.C.

Concluye diciendo que en orden a lo desarrollado la violación del art. 1° de la Ley N° 69 en que se incurrió, priva al fallo cuestionado de la mínima fundamentación, y por ende de validez, pues es deber de los magistrados resolver las cuestiones sometidas a su conocimiento con arreglo a las circunstancias fácticas comprobadas en la causa y haciendo aplicación del derecho vigente.

IV.- ANÁLISIS.

I.- Se esgrime como causal casatoria, la contemplada en el inc. "e" del art. 288 del C.P.C.C., tildando de arbitrario el fallo de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de la ciudad de Comodoro Rivadavia que rechazó el recurso de apelación que interpusiera y confirmó la resolución de Primera Instancia, en cuanto a que es incompetente el Juzgado Laboral de Comodoro Rivadavia, para entender en la causa. Se discute nuevamente la competencia territorial en materia laboral, ya este Cuerpo ha fijado su doctrina sobre el particular en un caso similar.

II.- Como lo hiciera al votar en la causa: "R, D P c/ Cooperativa de T y T S Ltda. s/ Demanda Laboral" (Expte. Nº 20.508-R-2006), S.D. N° 19/S.R.E./06, quiero resaltar, que si bien, en principio, la decisión que rechaza la excepción de incompetencia territorial -sin pronunciarse sobre los derechos que se pretenden hacer valer ni sobre el vínculo jurídico existente entre las partes-, no produce los efectos que exige la ley para ser considerada sentencia definitiva (Conf.: STJCH, S.I. N° 24/77 y 17/S.R.E./01); sin embargo, observo, que tal regla no es omnímoda, cuando se excluye la jurisdicción provincial aplicando una norma al caso en forma incorrecta; es más, existen pronunciamientos que han admitido tales características para el referido tipo de resoluciones, como la de este Cuerpo, a la que refirió el Dr. Caneo en su voto en la definitiva ut supra indicada -S.I. N° 10/S.R.E./97- y como también lo entendieron otros tribunales provinciales, tal como lo expusiera al votar en la misma, por ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, Sala Laboral en la causa: "S. 108 - "L, E A c/ COOP. HOSP. "SAN VICENTE DE PAUL" Y OTRO" resuelta el 05/07/2004 ó la Suprema Corte de Justicia - Circunscripción: 1 - Sala: 1 de Mendoza, en la causa. "B. S. EN J: B., SA. c/ BANCO DE PREVISION SOCIAL s/ ORDINARIO - CASACION", resuelta el 05/02/1979 (causas consultadas en elDial.com.ar).

También en la definitiva mencionada expresé que: "Incluso la Corte Nacional ha sostenido: "Si bien las decisiones judiciales sobre determinación de competencia no autorizan, como regla, la apertura de la instancia extraordinaria por no estar satisfecho el recaudo de sentencia definitiva, tal principio admite excepción en aquellos supuestos en que media denegación del fuero federal u otras circunstancias excepcionales que permitan equiparar esos interlocutorios a pronunciamientos definitivos." (Del dictamen del Procurador Fiscal subrogante que la Corte hizo suyo) causa: "Provincia del Neuquén c. Y.P.F. S.A." del 13/06/2006, ídem.: "Hamburgo Compañía de Seguros S.A. y otro c. Banco de Acción Social y otro" del 04/04/2006".

Referí en aquella oportunidad que: "Con respecto al criterio de la Corte sobre el particular, resulta de ilustrativa lectura y lleva a apartarse del principio general, el trabajo de Sagüés, Néstor P., titulado, "Las resoluciones sobre competencia y su asimilación a las sentencias definitivas para el recurso extraordinario", publicado en LA LEY 1987-E, 432".

III.- Además, allí señalé que "ha dicho este Superior Tribunal de Justicia que para discernir la competencia, debe analizarse el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico-procesal (S.I. Nº 79/91, 218/95, 17/S.C.A./96, 21/S.C.A./96, entre otras), así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa, la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y el derecho que se invoca en el reclamo (S.D. Nº 40/85).

El mismo criterio se ha seguido en S.I. N° 143, 144/95; 7/S.C.A./98; 10, 22 y 90/S.C.A./99; 04/S.C.A./00; 59 y 60/S.C.A./03 y en las recientes resoluciones de este Cuerpo que mencionaba el Dr. Caneo, en su voto en la S.D. N° 19/S.R.E./06, entendí ajustado valorar en dicha causa los hechos relatados por el actor en su demanda.

Dije también que: "Además, refiriéndose el caso a un juicio de naturaleza laboral, y digo esto sin adelantar en manera alguna criterio sobre el fondo de la cuestión, tratándose en la especie de la competencia territorial, debe tenerse en cuenta las distintas opciones que prevé la norma específica que regula la materia.

Así, el art. 1° de la Ley N° 69 de procedimiento laboral, otorga competencia para conocer en la acción entablada en el libelo de inicio al Juez Letrado de Primera Instancia del: a) lugar del trabajo, b) domicilio del demandado y c) lugar donde se hubiere celebrado el contrato, a elección del demandante.".

Consideré allí, adecuado para resolver el caso, atender los conceptos que vertiera la Dra. Noemí Rial en su obra: "Normativa Procesal en el Derecho del Trabajo", Edit. Ediciones Gizeh S.A., Bs. As., 1987, págs. 54 y sgts., refiriéndose a la competencia territorial y a la opción que en materia laboral, la Ley de Procedimiento Laboral Nacional, otorga al demandante.

Asimismo cité, lo que dice la doctrinaria al respecto, transcripción que para el caso, por la similitud con lo resuelto en aquella oportunidad, es atinado efectuar nuevamente. La Dra. Rial expone: "La competencia territorial de la justicia nacional del trabajo, está determinada a elección del demandante, por el Juez del lugar de trabajo, el del lugar de celebración del contrato, o por el del domicilio del demandado. - Cuando se utiliza el término lugar de trabajo, se debe entender aquel donde se desarrolla la prestación del trabajador, es decir, donde efectivamente se realice la actividad en favor del principal, y que constituye el lugar de cumplimiento del contrato.

Puede ocurrir sin embargo, que el trabajador realice su prestación en distintos lugares. En tal supuesto conviene distinguir a aquel trabajador que sólo esporádicamente sale de su lugar normal y habitual de trabajo, de aquel que realiza la actividad normalmente en distintos lugares a la vez.

En el primer caso es fácil diferenciar el lugar de ejecución principal del lugar de ejecución meramente accidental, por lo cual la justicia nacional del trabajo será incompetente si el trabajador prestó tareas en el ámbito de la Capital Federal, sólo en forma accidental, y como correlato de sus funciones propias, que realiza fuera del ámbito geográfico de la misma.

En cambio, cuando el trabajador realiza sus tareas habitualmente en la Capital Federal, la justicia nacional será competente, aunque el trabajador también realice prestaciones en el interior del país.- El lugar de celebración del contrato es aquel donde el acuerdo de partes quedó perfeccionado, es decir, por el consentimiento. De acuerdo con el art. 1144 del Cód. Civ., el consentimiento se debe manifestar por ofertas o propuestas de una de las partes y ser aceptado por la otra.

En la actividad laboral, normalmente el lugar de celebración del contrato coincidirá con el domicilio de alguna de las partes o bien con el del lugar de trabajo, lo cual le resta interés práctico en relación con la determinación de la competencia; sin embargo es posible que esto no ocurra, en cuyo caso son aplicables las normas contenidas en el derecho común para la determinación del concepto de lugar de celebración.

Por último queda por determinar qué se debe entender por domicilio del demandado.

El domicilio real de las personas es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios (art. 89, Cód. Civil). El domicilio legal es el lugar donde la ley presume sin admitir prueba en contrario que una persona reside en forma permanente, para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (art. 90, Cód. Civil).

Cuando una persona tiene establecida su familia en un lugar y sus negocios en otro, el primero es el lugar de su domicilio (art.94, Cód. Civil). El domicilio de las personas jurídicas es el señalado en sus estatutos o en la resolución de autoridad pública que las autoriza a funcionar, y que constituye el asiento legal de la misma.

No interesa para la determinación de la competencia, si en este lugar se realizan o no actividades, o si es el establecimiento principal, o inclusive si la administración o dirección se encuentran fuera de él. Cuando en los estatutos de la persona jurídica no está establecido el domicilio legal, éste será aquel donde funcione su administración o dirección. Una excepción a los principios expuestos la constituye el funcionamiento de las denominadas sucursales, en cuanto la amplia gama de relaciones jurídicas que éstas pueden protagonizar, inclusive con total independencia funcional, obligan a admitir la fijación de la competencia territorial en el domicilio de éstas, en lo que respecta a obligaciones de orden local.

El principio expuesto en el párrafo anterior cobra singular importancia cuando se trata de acciones que tienen por objeto el cobro de aportes y contribuciones de cuota sindical establecidos por la ley 22.269, de acuerdo con la ley 22.105, ya que en estos supuestos la competencia territorial, está dada por el domicilio del demandado. El que no tuviere domicilio fijo puede ser demandado en el lugar que se encuentre o en el de su última residencia.

La ley 7718 que regula el procedimiento en la provincia de Buenos Aires, contiene una norma que establece un régimen similar al descripto, sin embargo se aparta de la ley nacional, en cuanto establece que si la demanda es deducida por el empleador ella se deberá entablar ante el juez del domicilio del trabajador.".

Luego de transcripto el criterio doctrinario que comparto y ateniéndome a los hechos relatados por el actor, arribo a la conclusión que la sentencia de la Cámara resulta arbitraria.

Es que la primera regla que enuncia el art. 1° de la Ley N° 69 se refiere al lugar de trabajo y cuando este cae bajo jurisdicciones diversas, el trabajador puede optar válidamente para formalizar su reclamo por uno u otro tribunal, sin perjuicio de aplicar al mismo objeto el principio del derecho laboral "in dubio pro operario" decidiendo por la competencia del juez que ha elegido el actor (Conf.: C.S.J.N., in re "Gassino, Francisco M. c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos", 17/9/92, en revista Doctrina Laboral, abril 1998, Nº 152, pág. 449).

Lo expuesto, me permite recordar, que en la S.D. N° 19/S.R.E./06 sostuve que: "el mismo criterio ha seguido la Corte Nacional, en el pronunciamiento del 4 de Abril del año 2000 en la causa caratulada: "Cosentino, Marcelo c/ Asociación Argentina de Telegrafistas, RADIOTELEGRA-FISTAS Y AFINES" (Fallos, 323:719), en el cual expuso de conformidad con lo dictaminado por el procurador general: "Vuestra Excelencia tiene reiteradamente dicho que en los pleitos derivados de contratos laborales entre particulares rige el artículo 24 de la ley 18345 (ver Fallos - T. 303 - pág. 141 y sus citas, T. 306 - pág. 368 y sus citas, y T. 311 - pág. 72), que prevé la competencia, en las causas entre trabajadores y empleadores -a elección del actor- del juez del contrato o el del domicilio del accionado y que está inspirado por el objeto evidente de proteger a los trabajadores que, en la casi totalidad de los casos, serán los demandantes a que se refiere el precepto (conforme Fallos - T. 315 - pág. 2108).

Recuérdese que cuando las partes tienen domicilio en diferentes Provincias o una en una Provincia y otra en la Ciudad de Buenos Aires, no es una disposición local la que puede establecer la competencia sino la ley nacional (Fallos, 306: 1059)." Es que, incluso, aplicando al caso el art. 24 de la Ley N° 18.345, de acuerdo a lo que indica la Corte Nacional, esta norma atributiva de la competencia está inspirada por el propósito evidente de proteger a los trabajadores, tal como, con acierto, lo interpretó el Dr. Caneo al votar en la referida S.D. N° 19/S.R.E./06, en cuanto al art. 1° de la Ley N° 69, yendo al análisis del debate parlamentario.

Por lo que, en la casi totalidad de los casos, serán los demandantes los que opten ya que a los mismos se refieren dichas disposiciones. Es que es método recomendable, en la interpretación de las leyes, atenerse al espíritu que las informa, es lo que debe rastrearse en procura de su aplicación racional y para dar pleno efecto a la intención del legislador han de superar los jueces las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal (Fallos, 306:1060).

IV.- En esa inteligencia, el actor ha optado por promover la demanda en cuestión ante el Juzgado Laboral de Comodoro Rivadavia, donde desarrollara parte de la actividad, que él dice, prestó bajo relación de dependencia, y que por cierto no lo hizo en forma esporádica, según lo que relata en la demanda.

Si bien es adecuado el criterio relacionado con los principios de inmediación y celeridad que deben estar presentes en todo juicio, más en los de naturaleza laboral, al cual se hace referencia en la sentencia cuestionada, en el caso, tampoco observo que el mismo pueda ser óbice para impedirle al actor el derecho de opción que la Ley le acuerda.

Más cuando en el estado procesal de la causa no puede asegurarse que todos los testigos vayan a declarar en extraña jurisdicción, ello teniendo en cuenta que no resulta excesiva la distancia existente entre Pico Truncado y Comodoro Rivadavia.

Y de tal modo se cumple el espíritu que inspira a la norma nacional e incluso a la provincial que persigue que los tribunales ante los cuales se sustancia el proceso se encuentren a una razonable proximidad del trabajador interesado (C.S.J.N., Fallos, 323: 719).

Como lo señalara en la S.D. N° 19/S.R.E./06 en nota al fallo de la Corte Nacional: "Cosenti-no, Marcelo c/ Asociación Argentina de Telegrafistas, RADIOTELEGRAFISTAS Y AFINES", el Dr. Carlos POSE, en Doctrina Laboral ERREPAR (D.L.E.) Nacional L.DL.193.J.14, dijo:

"Es obvio que el decisorio que nos ocupa tiene un gran alcance práctico y revela: a) la preponderancia que tiene la directiva del artículo 24 de la ley 18345 como norma nacional por sobre otra cualquier previsión de carácter local, y b) la necesidad de aplicar la opción amplia del referido artículo en beneficio del trabajador y con el fin de facilitar su oportuno acceso a la jurisdicción.".

V.- En función de lo expuesto, resultando coincidente el criterio sostenido por este Cuerpo en la causa "R ...", S.D. N° 19/S.R.E./06, con los hechos de la causa, considero que la aplicación del art. 1° de la Ley N° 69, en el caso, no ha sido correcta y la sentencia dictada resulta arbitraria por lo que propongo revocar la misma y resolver que intervenga en esta causa el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral de la ciudad de Comodoro Rivadavia. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. Royer dijo:

I.- Los antecedentes de la cuestión litigiosa ya fueron descriptos y tratados adecuadamente por el colega que me precediera en el voto, por lo que entiendo apropiado remitirme a los mismos.

II.- Como señalara el ministro prevotante en el caso, se discute nuevamente la competencia territorial, en materia laboral, y ya este Cuerpo sentó su doctrina, al resolver la casación planteada en los autos: "R, D P c/ Cooperativa de T y T S Ltda. s/ Demanda Laboral" (Expte. Nº 20.508-R-2006), en la S.D. N° 19/S.R.E./06.

III.- Los antecedentes de la presente causa son "casi idénticos" a los formulados por el Sr. R, actor, en los autos ut supra mencionados, y digo ello, porque éste último entabló demanda y posteriormente, la amplió no haciéndolo así Q.

También observo que el Sr. R denunció su domicilio en la ciudad de Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz -pto. I.2, 3er. párrafo de la S.D. N° 19/S.R.E./06- mientras que Q lo precisó en Comodoro Rivadavia, según la carta poder obrante a fs. 4 de estas actuaciones.

IV.- Señaladas estas diferencias, en todo lo demás hay identidad fáctica, por lo que no encuentro motivo para apartarme de lo decidido en la causa "R...", que dictaran los Dres. Caneo y Pasutti, al haberse obtenido mayoría y por encontrarme, en dicha oportunidad, ausente en uso de licencia (art. 28 de la Ley N° 37 -reformado por Ley N° 4550- y lo dispuesto en el punto 4° última parte del Acuerdo N° 3204).

V.- En ocasión de emitir sus votos, los colegas, señalaron que, "en principio, la decisión que rechaza la excepción de incompetencia territorial -sin pronunciarse sobre los derechos que se pretenden hacer valer, ni sobre el vínculo jurídico existente entre las partes-, no produce los efectos que exige la ley para ser considerada sentencia definitiva".

Así, hemos precisado en más de una oportunidad, del mismo modo decidió este Superior Tribunal de Justicia, recientemente, en la S.I. N° 69/S.R.E./07 y en las S.I. N° 24/77 y 17/S.R.E./01.

Coincido, también, que para discernir la competencia, debe analizarse el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico-procesal (S.I. N° 59 y 60/S.C.A./03; 5, 35, 39, 48/S.C.A./05; 2/S.C.A./06, 4/S.C.A./07;

21/S.C.A./07 y 53/S.C.A./07, entre otras), así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa, y la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda.

Y no corresponde estar a las defensas opuestas por los demandados, ya que de lo contrario la cuestión sólo podría dilucidarse una vez agotado el ejercicio de la jurisdicción por la sentencia final (Conf.: arts. 4° y primer párrafo del 5° del C.P.C.C.; C.S.J.N., Fallos, 311:172; 312:808; 313:971, entre otros).

VI.- Además, viene al caso referir que, en la S.D. Nº 05/S.R.E./04, -voto del Dr. Pasutti-, este Cuerpo expresó, en cuanto a las interpretaciones de las leyes que:

"..Ciertamente la tarea del intérprete no es fácil, examinar el texto en sí, su sentido y el significado de cada vocablo, inquirir cuál es el fin de la inclusión de la regla en el texto, analizar a éste teniendo en vista el objeto de la ley toda y del derecho en general y luego determinar el alcance de la norma jurídica no es activi dad volitiva exenta de dificultades.

Interpretar una expresión de derecho no es simplemente tornar claro su decir; es sobre todo, revelar el sentido apropiado para la vida real y conducente a una recta decisión; después habrá que integrar el precepto, esto es determinar su extensión, su alcance y su significado dentro del ámbito del derecho. (Conf.

Roberto Dromí, "Los jueces", Ed. Ciudad Argentina, año 1992, págs. 79/81)" y también, siguiendo a Carlos Alberto Etala, en su obra "Interpretación y aplicación de las normas laborales", Astrea, 2004, págs. 63 y 65, quien menciona lo expuesto por la Corte Nacional, en cuanto a que:

"La primera regla de interpretación de las leyes consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador; propósito que no debe ser obviado por los jueces so pretexto de posibles imperfecciones técnicas en la instrumentación legal" (Fallos, 310:149; 311:402; 313:1670) y también que:

"Para la interpretación de la ley es menester dar pleno efecto a la intención del legislador, y es regla de hermenéutica de las leyes atender a la armonía que ellas deben guardar con el orden jurídico restante con las garantías de la Constitución nacional, razón por la cual no es siempre recomendable el atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que las nutre es el que debe determinarse en procura de una aplicación racional que elimine el riesgo de un formalismo paralizante.

Debe buscarse en todo tiempo una valiosa interpretación de lo que las normas jurídicamente han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones injustas cuando es posible arbitrar otras de método opuesto, no resulta incompatible con el fin común de la tarea legislativa como de la judicial" (Fallos, 308:54).

VII.- En razón de lo expuesto es que, acuerdo con el análisis de los antecedentes parlamentarios que efectuara el Dr. Caneo en la S.D. Nº 19/S.R.E./06.

En el mismo se puso de manifiesto, con toda elocuencia, que los principios que guiaron a nuestros legisladores en la sanción de la Ley N° 69, fueron mejorar la situación del obrero, y así, su art. 1° establece a favor del obrero la opción para entablar demanda laboral ante el Juez Letrado de Primera Instancia del lugar del trabajo, el del domicilio del demandado o el del lugar donde se hubiese celebrado el contrato, por lo que no encuentro justificación valedera en estos autos, para resolver no respetando la opción ejercida.

VIII.- Incluso, creo oportuno acotar que, la excepción de incompetencia invocada por los demandados, es de aquellas denominadas dilatorias, puesto que no impiden el inicio de un nuevo trámite, ante el juez que corresponda; y esta pauta no puede ser obviada, si lo que se pretende es dar al trabajador una solución justa sobre la concreta materia a decidir, teniendo especialmente en cuenta que están involucrados, en el orden laboral, principios de consagración constitucional (art. 14 bis), como el protectorio que tiene como fin mantener el equilibrio entre quienes están, o estarían, vinculados por un contrato de trabajo, en atención a la diferencia de fuerzas que media entre los empleadores y los obreros que debe ser considerado, ya que, de admitirse la defensa articulada, recaerá sobre el actor una innecesaria condena en costas, pero nada impedirá que inicie nuevamente esta acción, con el consiguiente desgaste que ello implica.

Por lo tanto la declaración de incompetencia que propician los demandados no les aportaría beneficio alguno de orden sustancial, salvo los apuntados en el párrafo precedente, ya que de haber otros ni siquiera los mencionó.

Pues, para los demandados, es casi idéntico tener que litigar ante el Juzgado Laboral de Comodoro Rivadavia que hacerlo ante el correspondiente de la Provincia de Santa Cruz, en cuanto a la distancia territorial se refiere, y ninguna desventaja objetiva y atendible se ha esgrimido como para justificar la necesidad de paralizar este proceso y esperar uno nuevo a iniciarse ante la Justicia de Santa Cruz.

Consecuentemente, y ante la ausencia de motivación verosímil que justifique la admisión del planteo de los demandados, como los palmarios que se ciernen sobre el actor ante esta última situación paralización del proceso, inicio de uno nuevo y condena en costas-, visualizada la cuestión desde la protección que corresponde otorgarle al trabajador por mandato constitucional, el planteo articulado debe ser desestimado y lo expuesto sin emitir juicio sobre el resultado final de esta litis.

Este último criterio fue seguido, recientemente, por la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Bariloche, Sala III, Provincia de Río Negro. Ésta entendió ante una acción laboral, correspondía el rechazo de la excepción de incompetencia interpuesta, en virtud de que la relación laboral habida entre las partes se desarrolló en una localidad de una provincia distinta a aquélla donde se entabló la demanda, dado que el actor hizo uso de la opción que el art. 10 inc. "a" de la Ley N° 1504 de la Provincia de Río Negro (Adla, XLI-B, 2631) confiere al trabajador, máxime si la demandada no acreditó una motivación verosímil que justifique la admisión de su planteo como para justificar la necesidad de paralizar el proceso y esperar uno nuevo a entablarse ante la justicia del domicilio de la demandada" (Conf.: 17/03/2006 - V, S N. c. V, R y/u otros - LLPatagonia, 2006, 359).

A más de todo lo expuesto, debo adicionar que el trabajador no ejerció su derecho de defen-sa en forma abusiva, esto no se ha demostrado, pues Q denunció su domicilio en la ciudad de Comodoro Rivadavia cuando suscribió la carta poder (vide fs. 4 ) de modo que este dato en nada modifica la opción a la cual refiere el art. 1° de la Ley N° 69, que, reitero, le otorga al actor la posibilidad de elección para demandar ante el Juez Letrado de Primera Instancia del lugar del trabajo, el del domicilio del demandado y el del lugar donde se hubiere celebrado el contrato.

IX.- Si se me ha permitido la disquisición precedente es porque, tal como se manifestara en las VIII Jornadas Argentinas y I Jornada del Sur Argentino de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Comisión Nº 5, tema general Revisión y Reforma de la Legislación Laboral, de la Seguridad Social y Procesal, subtema "C", Los principios del Derecho del Trabajo y su Proyección en el Derecho Procesal, Ponencia del Dr. Miguel Angel De Virgiliis, "El orden procesal no es otra cosa que el cúmulo de normas y principios de procedimiento aptos para poner en movimiento los derechos reconocidos por las leyes de fondo ... y por lo tanto, para cumplir adecuadamente su misión, debe adaptarse a su derecho reglado, es decir, al orden material; y por ello debe estar imbuido de los esenciales y definidores principio que éste posee. Por mayor que fuera la protección que el Derecho de Trabajo material otorgara al trabajo humano dependiente, su efecto resultaría nulo si esas mismas finalidades sociales no se establecieran en el proceso, o sea el campo donde aquéllos deben efectivizarse .... El principio protectorio debe traducirse en una regla rectora, porque la misma inferioridad propia del trabajador que las leyes de fondo reconocen, se produce en el momento de discutirse jurisdiccionalmente las reclamaciones laborales.

Esa desigualdad del trabajador se refleja en el proceso, en la dificultad que tiene para acercar y producir la prueba de su razón, presupuesto para activar los beneficios que la ley material le otorga" (Conf.: Revista de Derecho Laboral, Procedimiento Laboral - I, Rubinzal - Culzoni Editores, 2007-1).

En razón de lo expuesto, reitero, me parece adecuado que los obreros sean quienes ejerzan ampliamente la facultad que les otorga nuestra Ley de procedimiento laboral N° 69, y porque concuerdo, también, con los colegas votantes en la S.D. N° 19/S.R.E./06, con lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

"La facultad de opción establecida por el art. 4° del decreto 32.347/44, a los efectos de la competencia con respecto a las causas que versan sobre cuestiones del trabajo, no es susceptible de ser alterada por la elección de un domicilio especial en los términos de los arts. 101 y 102 del cód. civil." (C.S., 28-952, Bugnone y Cía. Ltda. S.A. Com. e Ind. de Pav. y Constr c. de la Fuente, Gerardo, LL 68-159).

Consecuencia de lo reseñado, es que opino que el pronunciamiento ad quem deviene contrario a la adecuada interpretación de la disposición contenida en el art. 1° de la Ley N° 69, en su mérito, el reproche analizado debe ser receptado, por lo que propongo revocarlo y resolver que intervenga en autos el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral de la ciudad de Como-doro Rivadavia. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. Caneo dijo:

De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. Pasutti y Royer, los que conforman la voluntad de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario Nº 3.555, en concordancia con los arts. 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 5.475 y el Acuerdo Nº 3.202.

A la segunda cuestión el Dr. Pasutti dijo:

Tal como voté la primera, propongo al acuerdo: 1°) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora; 2°) Casar el fallo de fs. 481/484, registrado bajo el N° 83/06, de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y en consecuencia revocar el mismo y declarar competente al Juzgado Laboral de la Ciudad de Comodoro Rivadavia para entender en esta causa; 3°) Imponer las costas por las actuaciones efectuadas ante este Superior Tribunal de Justicia a las demandadas vencidas conforme a lo dispuesto en el art. 59 de Ley N° 69 en concordancia con el artículo 68 y sgtes. del C.P.C.C.;

4°) Regular los honorarios de los Dres. M D V y J M G en esta Instancia Extraordinaria, en mérito a la calidad, eficacia yextensión de los memoriales presentados y al resultado obtenido, en un 35 % de los que se fijan por sus actuaciones en la Primera Instancia, con más el I.V.A. si correspondiere (art. 4 del Dto. Ley Nº 2.200 modificado por Ley Nº 4.335 -T.O. Dto. N° 138/99-); y 5°) Adecuar las costas de Primera y Segunda Instancia (Conf. art. 279 C.P.C.C.), ambas se imponen a las demandadas vencidas (Conf.: arts. 59 de Ley N° 69 en concordancia con el artículo 68 y sgtes. del C.P.C.C.) y regular los honorarios de los letrados intervinientes,Dres. M L B, M D V y J M G, por lo actuado en la Instancia de origen, en conjunto, en un 2,1% (15 x 40% + x 10%) sobre el monto del juicio; los del Dr. Y J C, en un 1,54% (11 x 40% + x 10%) y los del Dr. G F M, en un 1,54%, (11 x 40% + x 10%) también sobre el monto del juicio (Conf. arts. 6, 7, 9 y 33 del Dto. Ley Nº 2.200 modificado por Ley Nº 4.335 -T.O. Dto. N° 138/99-).

Los estipendios de los Dres. M L B, M D V y J M G por todo lo actuado en la Alzada se fijan, en conjunto, en un 30% de los regulados a los letrados del actor por su actuación en Primera Instancia (Conf.: art. 14 del Dto. Ley Nº 2.200, modificado por Ley Nº 4.335 -T.O. Dto. N° 138/99-). Todos los honorarios regulados con más el I.V.A. correspondiente.

A igual cuestión el Dr. Royer dijo:

Atento como he votado a la primera, acuerdo con la solución propuesta por el Dr. Pasutti a la segunda cuestión.

A la misma cuestión el Dr. Caneo dijo:

Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.

Con lo que se dio por terminado el acto quedando acordado dictar la siguiente:

S E N T E N C I A 1°) DECLARAR admisible el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 489/498 vta.

2°) CASAR el fallo de fs. 481/484, registrado bajo el N° 83/06, de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

3°) DECLARAR competente al Juzgado Laboral de la ciudad de Comodoro Rivadavia para entender en esta causa.

4°) ADECUAR las costas de Primera y Segunda Instancia (Conf. art. 279 C.P.C.C.), ambas se imponen a las demandadas vencidas (Conf.: art. 59 de Ley N° 69 en concordancia con el artículo 68 y sgtes. del C.P.C.C.).

5°) ADECUAR los honorarios de los letrados intervinientes por su actuación en la Primera Instancia fijando los de los Dres. M L B, M D V y J M G, por lo actuado en la Instancia de origen, en conjunto, en un 2,1% (15 x 40% + x 10%) sobre el monto del juicio; los del Dr. Y J C, en un 1,54% (11 x 40% + x 10%) y los del Dr. G F M en un 1,54% (11 x 40% + x 10%), también sobre el monto del juicio (Conf. arts. 6, 7, 9 y 33 del Dto. Ley Nº 2.200 modificado por Ley Nº 4.335 -T.O. Dto. N° 138/99-).

Por lo actuado en la Cámara, a los Dres. M L B, M D V y J M G se establecen, en conjunto, en un 30 % de los regulados a los letrados del actor por su actuación en Primera Instancia (Conf.: art. 14 del Dto. Ley Nº 2.200, modificado por Ley Nº 4.335 -T.O. Dto. N° 138/99-), con más el I.V.A. si correspondiere.

6°) IMPONER las costas por lo actuado ante este Superior Tribunal a las demandadas vencidas conforme a lo dispuesto en el art. 59 de Ley N° 69 en concordancia con el artículo 68 y sgtes. del C.P.C.C..

7°) REGULAR los honorarios de los Dres. M D V y J M G en esta Instancia Extraordinaria en un 35% de los que se fijan por sus actuaciones en la Primera Instancia (art. 14 del Dto. Ley Nº 2.200, modificado por Ley Nº 4.335 -T.O. Dto. N° 138/99-), con más el I.V.A. si correspondiere.

8°) REGÍSTRESE, notifíquese, agréguese por cuerda la queja a estos actuados y devuélvanse.

Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti y Fernando S.L. Royer.

Recibida en Secretaría el 17 de Agosto del año 2007.

Registrada bajo el Nº 08 S.R.E.. CONSTE Fdo. Dra. Carmen Velez -Secretaria- Rawson, dede 2007.

NOTA n°/07 S.I.J.