Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-02-03


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los tres días del mes de Febrero del año dos mil doce, se reunió en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia integrado con los señores Ministros Jorge Pfleger, Daniel Luis Caneo, Fernando S. L. Royer, Carlos Alberto Velázquez, Carlos Dante Ferrari y Aldo Luis De Cunto, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en la causa caratulada "SAMAME, Eduardo s/ Impugnación en autos: "Unifica exptes. 001/08 y 002/08 CI - SA NELSON A. MENGHINI y ESTER CARDENAS DE BALSAMELLO s/Denuncias solicitando juicios políticos al Procurador General de la Provincia del Chubut Dr. EDUARDO SAMAME" (Expte. 21.464- F° 99 -Año 2008).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 3085: Caneo, Royer, Velázquez, Ferrari, De Cunto y Pfleger.

Los señores Ministros pasaron a considerar, cada cual según su método de exposición, las siguientes cuestiones: a. si resulta admisible el recurso, y en caso afirmativo cuáles razones concurren a dar respuesta a los agravios b. que pronunciamiento corresponde dictar El Dr. Daniel L. CANEO dijo:

I. Ha venido a consideración del pleno de este Superior Tribunal de Justicia, la sentencia emitida por la Sala de Juzgar de la Honorable Legislatura del Chubut, que el día 20 de agosto del año 2008 destituyó al Doctor Eduardo SAMAME, quien ocupaba a entonces el cargo de Procurador General de la Provincia del Chubut y le impuso -además- la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el término de cuatro (4) años.

Los Diputados Doralisa Mercedes ARAVENA, Ricardo Enrique ASTETE, Nélida Beatriz BURGUEÑO, Santiago Altidoro CÁRDENAS, Néstor Raúl GARCIA, Roque GONZALEZ, Carlos Alberto LORENZO, Miguel Ángel MONTOYA, Jorge Valentín PITIOT, Mariana Gabriela RIPA, Ricardo Daniel SASTRE, Fernando Francisco URBANO, Stella Maris VARGAS fueron quienes compusieron la Sala de Juzgar y (conforme puede leerse a fs. 2770). Esta emitió la decisión, computándose 11 (once) votos a favor de la cesantía y (2) sufragios en contra, componiéndose de esa manera la mayoría determinante.

El debate, fuente de la sanción se desarrolló alrededor las siguientes imputaciones: "1) Ejercer la superintendencia del Ministerio Público Fiscal en forma arbitraria y con plena desviación de poder tendiente a realizar de manera sistemática un ambiente hostil contra los individuos jerárquicamente inferiores, privando a los mismos de derechos y capacidad de defensa; 2) Omitir formular precisos mínimos lineamientos a fin de fijar la política general y criminal del Ministerio Público Fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal; 3) Negar en forma arbitraria e infundada la concesión de licencias ordinarias y extraordinarias al personal de su dependencia directa y a los Fiscales Jefes; 4) Omitir la supervisión de la tarea de los miembros del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de las investigaciones y el resultado de las gestiones de los Fiscales Jefes de cada circunscripción".

II. En procura de revisar el fallo (ver fs. 2783/2832) dedujo recurso extraordinario el doctor Arnaldo Hugo BARONE, Defensor General de la Provincia junto su colega el doctor Alfredo PEREZ GALIMBERTI, Defensor Jefe, quienes en representación del destituido expusieron en el profuso escrito aludido los agravios que aquella había provocado.

Los impugnantes señalaron los aspectos puntuales que los motivaron y en esa dirección seccionaron su presentación en los puntos que de continuo serán parafraseados y transcriptos según su importancia.

Luego de los aspectos formales y en la tópica III que llamaron: "MOTIVOS" subdividieron la exposición del modo que suigue En el número ".1. Nulidad de la acusación. Afectación de la defensa en juicio" aludieron a que la sentencia dictada por la Sala de Juzgar de la Honorable Legislatura del Chubut había sido el producto de un procedimiento defectuoso, cuya subsanación fue oportunamente reclamada (art. 375 inc. 1º C.P.P. Chubut).

Dijeron que desde el primer momento en que tomó conocimiento de la acusación, su representado manifestó que le resultaba imposible defenderse de una acusación que no contenía una descripción de los hechos sobre los que se sostenía la imputación, y que tal afirmación se sostenía en la ley y la doctrina, pues la acusación debía contener, como mínimo, una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho que se atribuía, lo que no había sucedido. Este defecto, indicaron, había afectado todo el proceso que finalizó con la destitución, concluyendo en un fallo arbitrario.

Apuntaron que el artículo 201 de la Constitución del Chubut prescribe que el Juicio Político sólo puede fundarse en hechos verdaderos.

Al motivo número 2 lo titularon "Afectación de la imparcialidad de los jueces" y en ese tren expusieron que el Presidente de la Sala de Juzgar fue recusado por haber alterado las reglas de propuesta y admisión de prueba; que el Legislador Jorge Valentín PITIOT, en su calidad de miembro de la Sala de Juzgar, mostró con su intervención en el juicio una animadversión contra el acusado incompatible con su calidad de legislador-juez. Ambas recusaciones fueron rechazadas sin fundamentación.

En el acápite "3" consideraron el asunto de "Congruencia". Expusieron acerca de la vaguedad de los hechos imputados originalmente lo que- según afirmaron- se concretó en una exorbitante expansión del objeto procesal en el alegato de la acusación al cierre del debate.

Al parágrafo "4" dedicaron la cuestión concerniente a la "Nulidad de la sentencia". En él expusieron que los votos que conformaron el fallo de destitución no estuvieron precedidos por la deliberación prescripta por la Ley de Enjuiciamiento. Consideraron que no se votó por cargos, no hubo descripción de los hechos por los cuales se destituía o absolvía y que se invirtió la carga probatoria pues los jueces seleccionaron y valoraron la prueba con intolerable arbitrariedad; y ponderaron y reprocharon hechos que no formaran parte de aquellos que los denunciantes habían descrito. En el punto IV del escrito la apelación giró sobre los ANTECEDENTES del caso.

En lo que se ha denominado el Capítulo 1 evocaron que el día 3 de Abril de 2008 el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, Dr. José Antonio KARAMARCO, elevó a la Presidencia de la Cámara el pedido de Juicio Político contra Eduardo SAMAME, en su carácter de Procurador General, y Daniel BAEZ, como Procurador General Subrogante. Esta proposición había sido presentada por Ester Cárdenas de BALSAMELLO en representación de Oscar Luis BALSAMELLO.

Indicaron que los hechos denunciados por BALSAMELLO fueron los siguientes: A) Prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 272 y 249 del Código Penal) por cuanto Eduardo SAMAME había actuado sin excusarse pese a haber sido recusado con causa, dictando resoluciones en su perjuicio y ordenado instruir sumarios administrativos para destituirlo. B) La ratificación de la resolución del doctor BAEZ por Resolución Nº 21/07. C) El hecho de que las resoluciones de BAEZ (Nº 157/07 y SAMAME (Nº 27/07) constituyeron abuso de autoridad (art. 248 C.P.). D) El no haberse dictado resolución aceptando o rechazando los términos de su junta médica (Art. 249 C.P.). E) Mobbing laboral, por parte de BAEZ y SAMAME, en su perjuicio. Posteriormente, en nueva presentación añadió: F) haberse SAMAME expresado públicamente sobre la denuncia presentada por la letrada y hechos relacionados.

Esta denuncia fue girada por el Presidente de la Legislatura a la Sala de Acusar el 27 de Mayo de 2008, por Resolución Nº 042/08 (Fs. 136).

En el Capítulo 2. se apuntó que los miembros de la Comisión Investigadora de la Sala de Acusar de la Honorable Legislatura -el 5 de Junio de 2008- (Acta Nº 02/08, glosada a fs. 162/166 y 851/855) decidieron incorporar, a pedido del miembro Rubén Ángel Fernández, y como otros hechos motivos de investigación en el proceso de Juicio Político, los siguientes: G) Las declaraciones de la Fiscal General Antonia Suárez García a la radio local LU 20; H) Informes que fueran requeridos al Superior Tribunal de Justicia sobre la concurrencia del Procurador General a audiencias ante ese organismo; I) La designación de la Dra. María Tolomei en un cargo distinto al que fuera nombrada por el Consejo de la Magistratura.

Al respecto señalaron que no existe ninguna constancia de que esta incorporación de Hechos Nuevos fuera sometida al trámite previsto por los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 4457, pues no hay ninguna comunicación de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que habilite a la Comisión Investigadora para ampliar el objeto del Juicio Político cuya apertura se decidiera -y comunicara en la forma prescripta- respecto de las denuncias de CÁRDENAS de BALSAMELLO y MENGHINI. En el Capítulo 3. se aludió a que, redefinidos los hechos con esta incorporación, la Comisión Investigadora los enlistó así: a) Hechos denunciados por Cárdenas de BALSAMELLO en su denuncia y ampliación; b) Declaraciones de Antonia Suárez García de las que surgirían: b1) Orden del Procurador General de investigar al poder político; b2) Ordenar a fiscales generales el inicio de sumarios a sus dependientes en ocasión que los mismos expresen sus opiniones y efectuar amenazas de sumarios; b3) Someter por parte del Procurador General a Fiscales a un maltrato permanente; b4) No escuchar propuestas de Fiscales destinadas a mejorar el Ministerio Público Fiscal; c) No concurrencia del Procurador a las audiencias ante el Superior Tribunal de Justicia que pondrían en riesgo la acción penal; d) Designación irregular de la Fiscal María Tolomei en un cargo distinto al que prestó juramento (Confrontar fojas 163 y 852).

También decidieron unificar esta investigación con la desarrollada a partir del pedido de juicio político presentado por Nelson MENGHINI contra Eduardo SAMAME.

El Capítulo 4 es una reseña de que el mismo día 3 de Abril de 2008 el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, Dr. José Antonio KARAMARCO, elevó a la Presidencia de la Cámara el pedido de Juicio Político presentado por Nelson Agustín MENGHINI contra Eduardo SAMAME, en su carácter de Procurador General, haciendo saber que iniciaba "similar acción contra el señor Fiscal General Jefe de la Circunscripción Puerto Madryn, doctor Daniel BAEZ". Ese escrito que luce a fs. 324/335 con la documentación a fs. 336 a 782, fue ampliado por el denunciante a fs. 784.

Indicaron que MENGHINI denunció haber sido objeto de persecución en el marco de su desempeño como Fiscal General por parte de sus superiores, por espacio de varios años. Esta persecución se habría iniciado al asumir como Fiscal Jefe de Puerto Madryn el doctor Daniel Esteban BAEZ, y habría sido encaminada tanto contra él como contra el entonces Funcionario de Fiscalía Daniel YANGÜELA. Enlista veintiún (21) situaciones que enrostra a BAEZ, algunas de ellas conjuntamente a SAMAME -enuncia veintidós (22) puntos, pero el punto 19 ha sido salteado- y efectivamente instala la misma denuncia contra Daniel BAEZ ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut, en un escrito en el que varía exclusivamente el encabezado.

El Consejo de la Magistratura, designó una comisión de cinco de sus miembros para examinar la denuncia, y que a su propuesta el Pleno del Consejo la rechazó en todos sus puntos en la sesión del día veinticinco días del mes de junio del año dos mil ocho realizada en Comodoro Rivadavia, reflejada en el Acta Nº 172/2008 que fuera leída en sus partes pertinentes durante el interrogatorio en Sala de Audiencias al doctor BAEZ e incorporada como prueba documental. Allí, éste explicó punto por punto las circunstancias de cada hecho.

El denunciante MENGHINI acompañó más documentación a 785/839 y el 27 de Mayo de 2008 la Legislatura giró la denuncia a la Sala de Acusar mediante Resolución Nº 041/08.

A fs. 2075 y siguientes se añadió copia de la acción de amparo intentada por Nelson MENGHINI contra las disposiciones administrativas Nº 522/08 y 531/08 del Servicio Administrativo del Superior Tribunal de Justicia y la Resolución Nº 04/08 de la Procuración General; el rechazo del amparo por la Jueza en lo Civil y Comercial de Puerto Madryn, Dra. María Inés de Villafañe, y la apelación deducida. Acompaña documental (fs. 2079 a 2168).- En este Capítulo 5 puede describirse que el día 26 de Junio de 2008 los miembros de la Comisión Investigadora decidieron incorporar Hechos Nuevos, denunciados por Ester Cárdenas de BALSAMELLO (Acta Nº 4/08, fs. 1516/1520).

Como Capítulo 6 de este relato, se expone que los miembros de la Comisión Investigadora presentaron dos dictámenes. Por la minoría, el diputado Carlos Gabriel Díaz estimó que no había mérito para la prosecución del juicio político, y expresó que las facultades de la Comisión Investigadora se limitaban a verificar la verdad material de los hechos denunciados, y no era posible indagar sobre otros tópicos. (Fojas 2264 a 2269). Por la mayoría, los diputados FERNÁNDEZ, TOURIÑAN y BALOCcHI presentaron un informe final acusatorio contra el Procurador General Eduardo SAMAME el día 05 de Julio de 2008, que fue aprobado por la Sala de Acusar el día 21 de Julio de 2008 (Resolución Nº 01/08 S.A.) En la misma fecha se resolvió suspender al Procurador General en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo.

Quedaron de este modo fijados los hechos sobre los que versaba la acusación de esta manera: "1. Ejercer la Superintendencia del Ministerio Público Fiscal forma arbitraria y con plena desviación de poder tendiente a realizar de manera sistemática una denodada persecución laboral contra los denunciantes doctores Oscar Luis BALSAMELLO y Nelson Agustín MENGHINI, individuos jerárquicamente inferiores, privando asimismo a los denunciantes de sus derechos y capacidad de defensa. 2. Actuar el doctor Eduardo SAMAME, pese a haber sido recusado con causa y conocer su impedimento desde el inicio de sus funciones, dictando resoluciones en perjuicio del Dr. BALSAMELLO y ordenando instruir sumarios administrativos para destituirlo del cargo violatorio de los arts. 44 y 45 de la Constitución Provincial y el artículo 21 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 920 de la Provincia del Chubut. 3. Ratificar resoluciones dictadas por un dependiente jerárquico, sin expedirse sobre los argumentos expuestos por el recurrente, contra lo establecido por el doctor Daniel BAEZ en su calidad de Procurador General a cargo, tergiversando los hechos traídos a resolver y el derecho aplicable con el claro objetivo de perjudicar al doctor Oscar Luis BALSAMELLO, respecto de quien dispuso que se inicien los trámites de jubilación por invalidez del mismo (Resoluciones 021/07 PG, 157/07 PG y 081/08 PG, etc.). 4. Cometer actos de Persecución y violencia laboral en violación a los artículos 14, 14bis y 18 de la Constitución nacional, y 18, 19, 23 y 24 Constitución Provincial y demás normas reglamentarias, con el fin de perjudicar a los doctores Nelson Agustín MENGHINI y Luis Oscar BALSAMELLO. 5. Omitir comunicar como Procurador General, tanto a la Dirección de Administración como a la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial, las licencias del doctor BALSAMELLO a los efectos de legalizar dicha situación como es su obligación ineludible. 6. Omitir formular los lineamientos generales y fijar la política general y criminal del Ministerio Público Fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal, tal como han sido descriptos en el punto 1,2,3,4,4b); 4.c); 4.d); 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 22 y 23 del Acápite II, titulado "HECHOS", del escrito de denuncia presentado por el doctor Nelson Agustín MENGHINI obrantes a fs. 322/782. 7. Omitir la supervisión de la tarea de los miembros del Ministerio Fiscal, el desarrollo de las investigaciones y el resultado de las gestiones de los Fiscales Jefes de cada circunscripción. 8. Intervenir en distintos medios de comunicación: Gráficos, Radiales y Televisivos en su carácter de Procurador General de la Provincia del Chubut -Dr. Eduardo SAMAME-; en una conducta desacreditante e impropia de la Magistratura que inviste denunciado como "HECHO NUEVO" por parte del Dr. Oscar Luis BALSAMELLO, tal lo dicho en la emisora radial FM "Del Lago" de la ciudad de Esquel, cuando en su carácter de entrevistado se expresó sobre la persona de Oscar Luis BALSAMELLO, con conceptos tales como "si está enfermo que no trabaje más", "que se jubile por invalidez", "que tiene problemas psicológicos", etc., y asimismo ventilando otras cuestiones históricas y privadas del denunciante lo que confronta con el decoro, delicadeza que hacen al buen desempeño con que está obligado a obrar como máxima autoridad del Ministerio público Fiscal.

En este Capítulo 7 se rememora que, como conclusión, la Comisión informó que los cargos que motivaban la acusación consisten en: "a) Ejercer la superintendencia del Ministerio Público Fiscal en forma arbitraria y con plena desviación de poder tendiente a realizar de manera sistemática un ambiente hostil contra los individuos jerárquicamente inferiores, privando a los mismos de derechos y capacidad de defensa. b) Omitir formular precisos mínimos lineamientos a fin de fijar la política general y criminal del Ministerio Público Fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal. c) Negar en forma arbitraria e infundada la concesión de licencias ordinarias y extraordinarias, al personal de su dependencia directa y a los Fiscales Jefes. d) Omitir la supervisión de la tarea de los miembros del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de las investigaciones y el resultado de las gestiones de los Fiscales Jefes de cada circunscripción.

Como Capítulo 8 puede reseñarse que notificado del dictamen de la Comisión y al contestar la vista del artículo 19 de la Ley 4.457, a fojas 2330 a 2336 el acusado manifestó, y se expone en sus partes esenciales: ".Nadie puede defenderse de algo que no conoce. Es por ello, que para garantizar mi derecho a ser oído, deben poner en mi conocimiento de aquello de lo que se me acusa en forma precisa y concreta. a) El primer cargo que se formula es el de "Ejercer la superintendencia del Ministerio Público Fiscal en forma arbitraria y con plena desviación de poder tendiente a realizar de manera sistemática un ambiente hostil contra los individuos jerárquicamente inferiores, privando a los mismos de derechos y capacidad de defensa.".".En primer lugar, para defenderme eficientemente, los redactores del despacho por la mayoría de la Comisión Investigadora, me deberían hacer saber: a) Desde cuando entienden que ejerzo la superintendencia del Ministerio Público Fiscal en forma arbitraria y con plena desviación del poder; b)Cuáles son los actos u omisiones que definen ese ejercicio irregular; c) De qué manera realicé esos actos u omisiones; d) En qué consiste esta "plena desviación de poder" que me achacan; e) Cuáles piezas probatorias han formado su convicción en cuanto a que esa "plena desviación de poder" tendió a "realizar de una manera sistemática un ambiente hostil"; f) Cuáles piezas convictivas abonan que esa supuesta desviación de poder fue realizada de una manera "sistemática"; g) En qué sentido se utiliza el vocablo "ambiente" en la intimación; h) Si el sentido en el que se utilizó este término coincide con la quinta acepción del Diccionario de la Real Academia Española, esto es: "Actitud de un grupo social o de un conjunto de personas respecto de alguien o algo", debieron necesariamente hacerme saber quienes integran, junto conmigo, ese grupo o conjunto de personas y qué tipo de participación tengo en el mismo; i) Cuáles probanzas generaron la convicción de la mayoría en cuanto a que ese ambiente es "hostil"; j) Quiénes son, concretamente, las personas a las que se define como "individuos jerárquicamente inferiores".- ¿Son ellos todos los miembros del Ministerio Público Fiscal o sólo algunos de ellos?; k) De qué tipo de derechos fueron privados, por cuánto tiempo se vieron despojados de esos derechos esas personas a las que se debió previamente individualizar; l) De qué manera se vio disminuida la "capacidad de defensa" de esos "individuos jerárquicamente inferiores" y por cuanto tiempo; m) Cuál fue, en suma, el perjuicio concreto irrogado a estos individuos, en su conjunto y a cada uno de ellos"."Son estos interrogantes que consigno aquí meros ejemplos de las enormes imprecisiones del cargo que, como adelanté, hacen imposible cualquier acusación y en definitiva, cualquier defensa eficaz y cualquier juicio justo"."b) En el segundo cargo se me acusa de: Omitir formular precisos mínimos lineamientos a fin de fijar la política general y criminal del Ministerio Público Fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal." "Para ejercer debidamente mi derecho de defensa en este segundo cargo, la imputación debería, al menos hacerme saber: a) Desde cuándo omití realizar los lineamientos para fijar la política general y criminal del Ministerio Público Fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal; b) Estas supuestas omisiones fueron sufridas por todas Circunscripciones de la Provincia o por alguna o algunas en particular?; c) De todas estas omisiones que se habrían relevado ¿Cuáles fueron en relación con los lineamientos de política general y cuales de política criminal del Ministerio Público Fiscal? d) ¿Cuál es el estándar mínimo requerido? ¿Qué tendrían que haber contenido esos lineamientos para que cumplieran con ese estándar mínimo? e) El despacho que contesto resulta tan ambiguo y contradictorio que, al mismo tiempo, puede entenderse válidamente tanto que se me endilga no haber formulado lineamiento alguno o haberlos formulado pero en forma imprecisa.- Cabe aclarar para terminar el punto que se trata de dos supuesto lógicamente in-compatibles"."c) El tercer cargo que se me enuncia es el de "Negar en forma arbitraria e infundada la concesión de licencias ordinarias y extraordinarias, al personal de su dependencia directa y a los Fiscales Jefes"."En este caso, es imprescindible para el ejercicio de mi defensa que se me hiciera saber: a) ¿Desde cuando he negado la concesión de licencias; b) ¿Si las he negado personalmente o por intermedio de otra persona?; c) Para el supuesto caso que no todas hayan sido al mismo tiempo arbitrarias e infundadas. ¿Cuales fueron arbitrarias y cuales infundadas?; d) ¿En qué consistió la supuesta arbitrariedad?; e) ¿Qué norma omití plasmar en las resoluciones para fundar las mismas?; f) ¿Cuáles de esas licencias fueron ordinarias y cuales extraordinarias?; g) ¿A todos los miembros del Ministerio Público Fiscal les he negado licencias ordinarias y extraordinarias o algún miembro del mismo pudo gozar de las licencias que le correspondían?; h) Para el caso que las licencias hayan sido rechazadas por algún Fiscal Jefe, Fiscal General o funcionario de la fiscalía, qué tipo de conducta desplegué para que estos funcionarios negaran las licencias en forma infundada y arbitraria?""d) El último cargo que se me formula es el de "Omitir la supervisión de la tarea de los miembros del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de las investigaciones y el resultado de las gestiones de los Fiscales Jefes de cada circunscripción". "Para este cargo habría sido oportuno, en orden al normal desarrollo de mi derecho de defensa, que se me hiciera saber: a) ¿Desde cuando he omitido la supervisión de la que se me acusa; b) ¿Sobre qué miembros del Ministerio Público Fiscal he omitido la supervisión de su tarea?; c) ¿Cuáles fueron las investigaciones en la que omití supervisar su desarrollo?; d) ¿Quiénes fueron los Fiscales Jefes a los que omití supervisar?"."Parece ocioso abundar aquí sobre la evidente dificultad lógica y fáctica de articular el ejercicio arbitrario y abusivo de la primera causal con lo que se me achaca en esta última.""De la simple lectura del Art. 16 de la Ley 5057 resulta que los cargos que se formulan, no son más que la faz negativa de algunas de las atribuciones que se establecen para el Procurador General de acuerdo a la ley que rige la actividad del Ministerio Público Fiscal.- Es decir no se describe allí, en realidad, conducta alguna.""A modo de ejemplo, si al último cargo: "Omitir la supervisión de la tarea de los miembros del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de las investigaciones y el resultado de las gestiones de los Fiscales Jefes de cada circunscripción", se le quita la palabra "Omitir", se reproduce exactamente la regla del inc. H del Art. 16 de la Ley 5057.""Así el primer cargo correspondería al inc. I); el segundo al inc. C); el tercero al inc. K) y el último al inc. H), todos del citado artículo 16 de la Ley 5.057.""Como se dijera en las consideraciones de orden general, Maier enseña que no se cumple con las condiciones de una correcta intimación si simplemente se da el nomen iuris del hecho imputado o se recurre a abstracciones que no describen concretamente la acción u omisión (Maier, op. cit., pág. 560)." Sin perjuicio de lo anterior, formuló consideraciones en particular sobre las imputaciones genéricas que se le hicieran de esta forma:".En cuanto a la imputación consistente en no haberme excusado de actuar en cuestiones de superintendencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en pronunciamientos seguidos por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, tiene dicho que: "... las disposiciones sobre recusación contenidas en los Código de Procedimiento para el trámite ordinario de las causas no son aplicables cuando como en el caso, se trata de facultades de superintendencia que se han ejercido conforme a las respectivas normas legales (Fallos 245:26; 265:377; 302:277; 308:814)."; ".De la misma forma que en los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo, la última razón le corresponde a su titular y que las decisiones adoptadas por éste en una contienda administrativa no son revisables por el Poder Legislativo, sino por el Poder Judicial, en el caso de las decisiones de superintendencia (de neto corte administrativo) adoptadas por la Procuración General, las correcciones por arbitrariedad, desviación de poder o, simplemente, por un criterio de interpretación no compartido, le corresponden también a los jueces.""En esta inteligencia, recién si la Judicatura define que un acto administrativo debe ser revocado porque fue dictado de manera arbitraria y con plena desviación de poder, serán -según el caso- la Honorable Legislatura o el Tribunal de Enjuiciamiento, los que definirán la exclusión o la permanencia en el cargo del infractor.- Pero nunca antes de esta declaración judicial, cuando, como en el caso, sólo se trata de presuntas omisiones o acciones de corte administrativo según el parecer de los denunciantes.""En otro orden de ideas, las resoluciones dictadas por quien oficia de Subrogante Legal del Procurador General, -por ley el Presidente del Consejo de Fiscales-, tienen la misma validez de las emitidas por el titular, de modo que la objeción que se me hace de haber ratificado las que en su momento emitió el doctor Daniel BAEZ, es absurda y no merece mayores comentarios." Dijo que ".En definitiva, es cierto que los doctores Luis Oscar BALSAMELLO y Nelson Agustín MENGHINI fueron intimados a jubilarse por invalidez, porque así lo dispone el artículo 26 del Reglamento General Interno vigente.- Lo hizo el doctor MENGHINI y lo postergó hasta obtener la jubilación ordinaria el doctor BALSAMELLO."; que ".Ahora pretende este último construir un caso de acoso laboral para incrementar los ingresos logrados con años de licencias obtenidas por una enfermedad inculpable.",".Las imputaciones que el doctor MENGHINI hizo contra el doctor Daniel BAEZ ante el Consejo de la Magistratura y que por carácter transitivo me involucraron, han sido desestimadas días antes de que la Comisión produzca el dictamen que contesto. No hubiese sido ocioso agregar la resolución o todo el expediente labrado por el referido Órgano Constitucional.";".En cuanto a las imputaciones que me dirige el doctor BALSAMELLO, es terminante el informe confeccionado por quien fuera su jefe directo, el doctor Eduardo FALCO, a quien la Comisión no le requirió testimonio, a pesar de que por tal circunstancia hubiese sido esencial para averiguar la verdad de los hechos que aquél denunciara.- En copia simple lo acompaño, denunciando que el original se encuentra archivado en la Procuración General, bajo nota de archivo número 2554. En su informe el Dr. FALCO desbarata minuciosamente todas y cada una de las falsas imputaciones que me dirige el denunciante y sus dichos reconocen como motivo no lo que le han contado sino sus vivencias personales en la labor de todos los días." Expuso en su defensa".Se me achaca también, el no haber cumplido con la fijación de la política general y criminal del Ministerio Público Fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal.Es opinión casi unánime de la doctrina en la materia que la Política Criminal se integra de varios ejes, a saber: oUna política penal, que es el conjunto de principios y decisiones que adopta el Estado, dirigidos a determinar que conflictos de la realidad han de ser elevados a la categoría de delitos o faltas penales (política criminal en sentido estricto) y a la vez que tipo de respuestas penales ha de darse a dichos conflictos (política penal en sentido estricto);oUna política de persecución penal, que es el conjunto de estrategias y decisiones que adopta el Estado con el fin de definir los criterios generales que deben orientar al aparato estatal para perseguir racionalmente los delitos cometidos en un determinado contexto social; Una política de investigación criminal, que es el conjunto de principios, métodos, estrategias y decisiones que adopta el Estado para organizar y desarrollar eficientemente la actividad de investigación criminal para la consecuente efectividad de la persecución penal;oUna política judicial, que es el conjunto de estrategias y decisiones que adopta el Estado para organizar y desarrollar los componentes básicos de justicia criminal establecidos por el Estado en el marco legal, mediante el conocimiento y juzgamiento penal de los casos sometidos a jurisdicción penal; yoUna política penitenciaria, que es el conjunto de principios, estrategias y decisiones que adopta el estado para organizar y desarrollar las actividades propias que conlleva la ejecución de la sentencia penal con el fin de garantizar el objetivo político que aquél ha formulado para la sanción penal.

Al respecto continuó: ".Como se ve, la Política de Persecución Penal es uno de los ejes que conforman el marco de la Política Criminal del Estado y, en consecuencia, debe guardar relación y coherencia con los restantes ejes. La imputación no refiere que eje, que sea de mi competencia funcional, he dejado de cumplir y el complejo entramado de este variado catálogo de políticas públicas que confluyen a formar la política criminal, impiden siquiera suponer o hipotetizar cual fue el parámetro sobre el que se apoya la Comisión para arribar a tal imputación. Sólo si el reproche está vinculado a todo lo que falta hacer, estoy de acuerdo, faltan acciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, del que es parte el Ministerio Público Fiscal que encabezo. Empero desde mi asunción trabajé, en realidad trabajamos un grupo de personas, en la organización de un Ministerio Público Fiscal acorde a los lineamientos de nuestra nueva Constitución Provincial. Ello con los límites presupuestarios que en el tiempo nos fueron impuestos por imperio, primero, de la Ley de Emergencia Económica y derogada ésta, por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Aún los testigos más enconadamente hostiles a mi posición, no han dejado de reconocer las acciones desplegadas desde la Procuración General en materia de capacitación y adiestramiento para adecuar las prácticas de los operadores a la normativa vigente. En suma y para finalizar son tantas y de tal grado las imprecisiones en las que el dictamen que contesto incurre, que este colofón no es más que una suma de enunciaciones a modo de mero ejemplo de la imposibilidad de encarar una defensa eficaz, capaz de rellenar todos los intersticios que estas vaguedades dejan en cada uno de los cargos que se me formulan. Ello hasta aquí ha sido contundentemente demostrado y la impostura del dictamen surge con toda evidencia. Formuló la pertinente reserva del caso federal." Como integrante del Capítulo 9 se expone que el 16 de Julio de 2008 los miembros de la Sala de Acusar decidieron incorporar una nueva presentación de Cárdenas de BALSAMELLO (fs. 2343/2375). Entre otras cuestiones, recusaba -impugnaba la intervención de la Defensa Pública de la Provincia en la asistencia de Eduardo SAMAME. La Sala dio traslado a Eduardo SAMAME por un plazo de veinticuatro (24) horas para expedirse sobre este punto (Fs. 2382).

Esa respuesta (Capítulo 10) fue dada por el Arnaldo Hugo BARONE, Defensor General de la Provincia del Chubut, quien observó que la nueva denuncia no había sido girada a la Comisión de Negocios Constitucionales y rechazó la recusación planteada (fs. 2383/2387).

A fs. 2388/2397 (Capítulo 11) la Sala de Acusar resolvió rechazar las postulaciones de nulidad del dictamen de la Comisión Investigadora y adherir al mismo en todas sus partes; y diferir el planteo recusatorio. Este dictamen fue aprobado por mayoría en la sesión de la Sala de Acusar del 21 de Julio de 2008 (Versión taquigráfica fs. 2399 y ss) Se dictó la Resolución Nº 01/08 Sala de Acusar (Fs. 2412). En la misma sesión se resolvió suspender al Procurador General. (Resolución Nº 02/08 Sala de Acusar (Fs. 2413).

Como parte del Capítulo 12 se memora que el Procurador General se presentó a fs. 2423/2424 ante la Sala de Juzgar. Impugnó allí la acumulación de la nueva denuncia ampliatoria de Cárdenas de BALSAMELLO, solicitó que se admita la intervención de la Defensa Pública y que se declare la nulidad de la Acusación. Se reiteró esta petición al ofrecer prueba, a fs. 2427/2436.

En este Capítulo 13 se recuerda que a fs. 2438/2439 los miembros de la Comisión Acusadora elegidos para sostener la acusación se presentaron peticionando se convocara a cuatro (4) testigos para la audiencia de debate del Juicio Político.

En el Capítulo 14 se apunta que, reunida la Sala de Juzgar, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor José Luis PASUTTI, se hace cargo de la Presidencia de la Sala, convoca a los miembros y expone el modo en que se llevará adelante el juicio. (Sesión del día 1º de Agosto de 2008, fs. 2441/2463).

Como Capítulo 15 se trae que en la sesión del día 4 de Agosto la Sala de Juzgar rechaza la nulidad postulada por la defensa (Fs. 2466/2526) También decide no hacer lugar a la pericia psiquiátrica sobre el denunciante Oscar Luis BALSAMELLO, aceptar la intervención de la defensa pública y, a instancias del Presidente, citar como testigo al mismo Oscar Luis BALSAMELLO, que no había sido ofrecido por las partes. Resolución Nº 02/08 de la Sala de Juzgar. (fs. 2527/2528).

En el Capítulo 16 se describe que el día 05 de Agosto se cita a la audiencia (Fs. 2537/2538).

En ella se suceden los siguientes avatares:

Capítulo 17: se recusa al Presidente, se postula la nulidad del procedimiento por afectación de la imparcialidad (fs. 2589/2593).

Los argumentos fueron ".El Juez Dr. José Luis PASUTTI, en su condición de Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, ha asumido la condición de Presidente de esa Sala de Juzgar, tal y como lo manda el artículo 200 de la Constitución del Chubut. En su desempeño, el Juez PASUTTI ha exorbitado claramente su rol imparcial, proponiendo a los señores legisladores miembros de la Sala de Juzgar decisiones que favorecen claramente la posición de la acusación, en contraposición no sólo a los preceptos de la legislación procesal penal vigente, sino a la letra expresa de la ley específica. Los hechos en los que se expresa esta parcialidad del Juez PASUTTI son los siguientes; "a) Ha expresado, públicamente a través de los medios de difusión masiva el día sábado dos del corriente mes, que el juicio daría inicio el día 7 de agosto de 2008. Esto, sin indicar que la realización del juicio dependía de que se rechazara el planteo de nulidad de la acusación hecho por mi parte, que habría hecho el juicio inviable. "b) Ha dado traslado al titular de la Defensa Pública y propuesto a los señores legisladores para decidir la cuestión acerca de la pretendida recusación de los miembros de la defensa pública para que me asistan, sin indicarle a los mismos legisladores, en su carácter de perito en derecho, que el denunciante carece de personería para que cualquier petición de su parte relativa al proceso sea tratada, y que por tanto dicha presentación debía haber sido rechazada sin trámite. El rol del denunciante se limita a la presentación de la denuncia, eventualmente fungirá como testigo y, si lo pide expresamente, podrá auxiliar -sin voz- a los acusadores en la discusión final (Art. 32 Ley 4457). c) Haber tenido por ofrecida la prueba de la parte acusadora, sin haberle dado traslado formal para que, en el plazo de ley, ofrezca prueba. Esta es la inteligencia que cabe extraer de los dispositivos de la Ley 4457, pues, si bien en el artículo 23 se menciona que, recibida la acusación, se emplaza al acusado para que ofrezca prueba, surge del artículo 33, última parte, que el plazo de treinta días para completar el proceso se computa por días corridos, "a partir de que el Presidente emplace a las partes en los términos del artículo 23 de la presente ley. De ser el traslado bilateral, el plazo es común, Por tanto, ha precluído el derecho de la parte acusadora de ofrecer prueba. Como el plazo es común, la ofrecida bajo el título ".Ofrecen nuevas medidas." ha sido presentada extemporáneamente. d) Si, contra la letra expresa del dispositivo del artículo 33, se entiende que la acusación contiene en sí misma el ofrecimiento de prueba, la decisión del Juez PASUTTI de proponer la exclusión de cuatro testimonios que forman parte de la acusación constituye una nueva afectación del derecho de defensa. Pues si la acusación es una sola pieza con el ofrecimiento probatorio, ésta es una facultad que, como el Presidente del Tribunal debería haber explicado a los señores Legisladores, los miembros de la Sala de Juzgar no poseen, pues todo el material probatorio contenido en la acusación -sin exclusión- es aquel que la conforma, tanto el que sostiene la hipótesis acusatoria como el que no la desmiente. Que esto es lo que sucede con los testimonios del caso: no es que no tengan valor, lo que pasa es que desmienten acusaciones. Si la acusación es una con la prueba, el traslado se corre a la parte acusada, esta ofrece prueba, y sólo de ésta prueba ofrecida por la defensa puede ser desechada aquella que no se considera pertinente y útil. (Art. 23 Ley 4457). El dilema es de hierro. Y, se sabe, no puede interpretarse analógicamente la ley procesal en perjuicio del acusado, pues así lo previene la Constitución (Art. 43 Constitución del Chubut; artículo 31 C.P.P. Ley 5478); artículo 3º C.P.P. Ley 3155). Pues si se entiende que la ley ha fijado un traslado bilateral, para que ambas partes ofrezcan prueba y ésta prueba puede ser desechada, debería seguirse que la parte acusadora no ha ofrecido más prueba que la contenida en su escrito ampliatorio. Y esta prueba fue ofrecida el día 1º de Agosto a las once horas, cuando el plazo para ofrecer prueba estaba vencido. e) En este orden lógico, el vicio que continúa es el de haber admitido una ampliación de prueba de la parte acusadora, vencido el plazo, y sin dar traslado a la defensa. Así el Juez PASUTTI ha vuelto a permitir la alteración del contradictorio, pues impide ofrecer tanto testigos de refutación como otra evidencia para confrontar a los testigos nuevos. Aquí también el Juez PASUTTI demuestra cómo, por favorecer la posición de la parte acusadora, o por desconocimiento de las elementales reglas del proceso acusatorio, ha llevado a los Legisladores de la Sala de Juzgar a una posición que afecta su imparcialidad. (Art. 23, primer párrafo, Ley 4457). f) Por último, pero no en último lugar, el Dr. José Luis PASUTTI ha propuesto a los señores Legisladores la citación de un nuevo testigo, el señor Oscar Luis BALSAMELLO, no ofrecido ni por la parte acusadora -pese a ser un denunciante- ni por la defensa. Esto significa una gravísima alteración de la imparcialidad, pues la admisión de nuevas pruebas, según la expresión taxativa de la misma Ley 4457, es posible solo a pedido de las partes, y esto en cuanto su necesidad surja precisamente del debate. (Art. 30 Ley 4457). Tomar injerencia en la estrategia de la acusación o de la defensa, en cuanto a qué testigos se cita o no a juicio, es justamente pretender establecer una estrategia de investigación de la verdad diferente a las hipótesis de las partes; es colocarse en la posición del juez Instructor, el paradigma de la inquisición. El Juez PASUTTI no puede ignorar esto, y ha llevado, una vez más, a la Sala de Juzgar a la creencia de que este procedimiento es correcto, cuando traiciona palmariamente la estructura misma de un juicio político.

Capítulo 18:La Sala de Juzgar resolvió aceptar el informe del Dr. PASUTTI y en consecuencia dispuso: "1º) No hacer lugar a la recusación del señor Presidente, doctor José Luis PASUTTI. 2º) No hacer lugar a la oposición al testimonio de Oscar Luis BALSAMELLO. 3) Recepcionar oportunamente los oficios solicitados, sin perjuicio de los testimonios ya fijados por Presidencia" (Fs. 2597).

Capítulo 19: Apertura del Juicio. Abierto el juicio con la lectura de la Acusación, el Presidente dio la palabra a la defensa para que explicara su posición. El alegato de apertura de la defensa fue el siguiente: ".Señor Presidente, señores miembros de la Sala de Juzgar, señores miembros de la parte acusadora, debo decir que para la defensa éste es un caso sencillo y voy a explicar por qué, pese a la complejidad del mecanismo de juicio político, éste, para nosotros, es un caso sencillo. Hemos planteado que la acusación, como fue formulada, es nula; lo hemos planteado, hemos hecho reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque aquí están afectados derechos esenciales, no solamente contenidos en nuestra Constitución, sino en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: no es posible tener un adecuado derecho de defensa, un adecuado derecho de audición, si la acusación no es precisa. Lo voy a explicar en términos sencillos y sin citas de jurisprudencia, porque esto es lo que se enseña en las escuelas de Derecho desde hace dos mil años: hay normas, hay hechos y hay evidencias. El primero es un mundo abstracto, es el mundo de las categorías; el segundo es el mundo del factum, es el mundo de los acontecimientos físicos, de las conductas de las personas; y el tercero es el mundo de la prueba. En cualquier demanda de índole civil, laboral, de minería, penal, administrativa, lo que se hace es argüir sobre hechos y sobre estos hechos se predica su vinculación con normas jurídicas y se lleva a la sala de audiencias evidencia para comprobar que esos hechos tuvieron lugar y que esos hechos tienen repercusión en el mundo abstracto de las normas jurídicas, en este mundo de las categorías. Hemos planteado la nulidad y la Sala no nos hecho lugar, y esto nos va a llevar a un juicio, cuyo resultado es completamente predecible, porque la acusación no puede probar aquello que proclama que probará y no lo puede probar porque es imposible. Para que la acusación tenga por comprobado el primer cargo significa que el doctor SAMAME ejerció la superintendencia en forma arbitraria siempre. Como no ha anunciado hechos, va a tener que demostrar que todos los hechos de ejercicio de la superintendencia que ha hecho son arbitrarios, todos y cada uno de ellos, desde el día que asumió hasta el día de la fecha, porque no ha anunciado hechos puntuales que puedan ser confutados o refutados, de modo tal que le corresponde la carga de probar todos y cada uno de los hechos del doctor SAMAME y que todos ellos tienen esta categoría. Tendrá que probar que el doctor SAMAME nunca trató con gentileza o amabilidad a una persona de su oficina sino que a todos, todas las veces que trató con ellos los trató hostilmente porque ha reprochado, como categoría, que creó un ambiente hostil en el Ministerio Público. En el segundo cargo, tendrá que probar la acusación que el doctor SAMAME jamás, nunca, realizó una indicación de política criminal. Y en el cuarto cargo deberá, perdón, en el tercer cargo, deberá probar que el doctor SAMAME, todas las licencias que trató las negó, a todo el personal de su dependencia y a todos los fiscales jefes, vale decir que nunca concedió ninguna licencia. Finalmente, la acusación deberá probar que el doctor SAMAME jamás supervisó la tarea de ningún miembro del Ministerio Público, el desarrollo de ninguna investigación, el resultado de ninguna gestión. Por eso digo que el caso de la defensa es sencillo; nos bastará con la evidencia que traeremos frente a los señores miembros de la Sala de Juzgar que, al menos en un caso, seguramente lo haremos en más, el doctor SAMAME trató con gentileza y cordialidad a las personas del Ministerio Público. Seguramente podremos probar que al menos en algún caso, y seguramente en decenas, el doctor SAMAME concedió licencias; podremos probar que al menos en un caso, y seguramente en muchísimos, el doctor SAMAME se ocupó de la política institucional del Ministerio Público; dictó instrucciones y trabajó en los temas de política criminal y tuvo a su cargo la organización de un Ministerio Público en una etapa de tremendas transformaciones como ha sido pasar de una justicia inquisitiva a una justicia en que la carga de la investigación criminal está en manos del Ministerio Público. Traeremos a una persona experta en este punto que mostrará cómo los procesos de transformación institucional son gravísimos; generalmente están acompañados con leyes de retiro para todas las personas que ya no están en edad de adaptarse a estos cambios y que estos cambios provocan un enorme estrés. Pensemos que personas que les cambian un escritorio de lugar son personas que se sienten lastimadas, que se sienten conmovidas porque uno tiende a ser conservador después de los 40 años. Por esta razón, en general, en todos los procesos de reforma las personas que tienen alguna edad optan por retirarse o quedan en la justicia residual. Y éstos son los grandes cambios que se han producido en el Ministerio Público Fiscal. Éstos los vamos a acreditar aquí, en la Sala de Juzgar. Y por esto digo que la defensa es sencilla porque probaremos que, con algunas omisiones, con las falencias que siempre tiene el obrar humano, el doctor SAMAME no ha hecho lo que la parte acusada dice que hizo. Gracias."(Fs.60/63 versión taquigráfica de la audiencia del día 7 de agosto) Capítulo 20: En el curso de la audiencia se recusó al Legislador Jorge Valentín Pitito bajo los términos siguientes. Se dijo que en ocasión de rendir testimonio el doctor Pedro Silva, médico personal del Oscar Luis BALSAMELLO, y habiendo finalizado el interrogatorio de las partes, el Legislador miembro de la Sala de Juzgar Ingeniero Jorge Valentín PITIOT interrogó al testigo formulando una pregunta sugestiva, indicativa de su animadversión y prejuicio contra el acusado Eduardo SAMAME. Concretamente, el Diputado pretendió que el testigo confirmara una actitud "rayana en la perversión" del Procurador General en los siguientes términos: ".Voy a apelar a sus casi treinta y ocho años, treinta y ocho años cumplidos, de psiquiatra de profesión -creo-, y requerir su opinión profesional respecto a las conductas humanas y, si en forma general, alguien que obliga a alguien, a otra persona que está bajo su dependencia, lo obliga a jubilarse por invalidez, con las connotaciones que eso depende, cuando esa persona, dentro de sus limitaciones orgánicas se siente bien, ¿no es rayano con la perversidad?..." (Versión taquigráfica la audiencia del día 11 de agosto fs. 107/112).

Conforma este Capítulo 21 el alegato de los acusadores referido a los hechos por los que se formulaba acusación. El Diputado Fernández se ocupó de delimitar las diferencias que, a juicio de la Comisión, median entre el juicio político y el enjuiciamiento penal. Lo explicó de esta manera: ".El proceso penal tiene regulaciones estrictamente establecidas en cuanto al desarrollo y, por ende, deben respetarse todas y cada una de estas exigencias de rigorismo formal; difiere también del jury de enjuiciamiento en que esta normativa es aplicable al tribunal juzgador y, además, a la persona imputada en lo que el jury de enjuiciamiento somete a juicio a magistrados y funcionarios que han accedido a su función por el mecanismo de selección de jueces previsto para ello y previo concurso de antecedentes y oposición, exigiéndose también en este caso el correspondiente acuerdo legislativo. Mientras que en juicios de estas características, en juicios políticos, se somete a aquellos funcionarios que políticamente han sido propuestos por el gobierno de turno y merecen por ende el correspondiente acuerdo en el marco legislativo que la equidistancia propone al esquema de división de poderes. Esto es una diferencia que nosotros entendemos como esencial y que queremos remarcar desde la acusación. Esta normativa tiene tanto en la forma de designación como en los mecanismos que la ley, en forma específica, prevé para su remoción y destitución, los cuales son aceptados por el Procurador cuando decide tomar para sí el cargo para el que fuera propuesto. Éstas son las condiciones en las cuales se asume esta función acordada por el cuerpo legislativo y designado en tal carácter. Por otra parte, en cuanto a la tarea que desarrollan ustedes como jueces, la constitución de nuestra provincia prevé. Sin duda alguna, entendemos que éste es el espíritu de los constituyentes, no esperan del cuerpo juzgador la formulación de un fundamento en sus votos con las características propias de un voto tal como lo exige el rigorismo formal y específico de una sentencia judicial en detrimento de lo que recurrentemente se propone desde la defensa. (Fs.2/15 versión taquigráfica de la audiencia del día 19 de Agosto). El miembro de la Comisión Diputado BALOCHI no se refirió a los cuatro cargos de la Acusación. En su lugar, enunció los hechos 1 a 5 contenidos en la primera parte del Dictamen de la Comisión (Fs. 15/74 versión taq.). A continuación, historió dos causas judiciales tramitadas en Esquel: una, del año 1996, en la que SAMAME fuera abogado defensor de una persona de apellido WENGIER, diputado de la U.C.R., imputada de delito.- Y en la que habría solicitado el sobreseimiento de esta persona tanto al juez COLABELLI como al Fiscal BALSAMELLO. La otra, una denuncia hecha por una persona de apellido CARIPÁN, de 1997, en la que SAMAME asumiera la asistencia de un joven que acusaba de pedofilia al Fiscal BALSAMELLO.- Asumido el cargo de Procurador General en diciembre del año 2000, supone el acusador, SAMAME habría actuado en un "plan macabro" para sacar de su función a BALSAMELLO, ordenando la práctica de sumarios e intentando obligarlo a jubilarse por invalidez. De seguido tuvo por probados actos de hostigamiento del Dr. Eduardo SAMAME contra Nelson MENGHINI, Ricardo BASILICO, Daniel YANGÜELA, Antonia SUÁREZ GARCÍA y MORENO. (fs. 59/60 versión taquigráfica).

Incorporó como hecho nuevo que, en una causa en trámite, -la mencionó como Gisla- el Fiscal de Esquel RIVAROLA no habría incorporado la denuncia de la damnificada, lo que impidió la condena del acusado; y que SAMAME no había ordenado un sumario para RIVAROLA, hecho demostrativo de su arbitrariedad (Fs. 63 y ss versión taq.). A continuación, se refirió al que fuera denominado Hecho Nº 6 en es escrito acusatorio: "Hay otro cargo, que es omitir formular los lineamientos generales y fijar la política general y criminal del Ministerio Público Fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal, tal como han sido descriptos en los puntos 1, 2, 3, 4, 4b, 4c, 4d, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 22 y 23 del acápite 2 titulado "hechos del escrito de denuncia presentado por el doctor Nelson Agustín MENGHINI" De allí, sostuvo, se comprueba "una serie de irregularidades o de impedimentos en las tramitaciones de la causa, obedecen concretamente y precisamente a esta omisión de formular los lineamientos generales de política criminal que son exclusiva responsabilidad en virtud de lo dispuesto en la Ley 5057 del Procurador General de la Provincia del Chubut". (Fs. 66 y ss). No hizo referencia puntual a los cuatro cargos con los que finalizara el escrito de Acusación que se leyera al inicio del juicio. El diputado TOURIÑAN, a su turno, reprochó el siguiente hecho nuevo a Eduardo SAMAME: "lo ocurrido en una causa casi emblemática en la ciudad de Comodoro Rivadavia.(donde) de las 12 personas imputadas, 11, es decir, más de un 90 por ciento de los imputados habían sido sobreseídos por errores procedimentales.por la utilización de escuchas ilegales en la recolección de pruebas por parte del Ministerio Público. Es decir, que a más de un año y medio de su gestión no hizo nada para remediar el hecho, al menos irregular, de la prueba aportada por la Fiscalía o el Ministerio Público. Resulta una falta grave haber omitido el real contralor de sus dependientes. (Fs. 75/77). También agregó: Otro cargo invocado por la acusación ha sido intervenir en distintos medios de comunicación, gráficos, radiales y televisivos en su carácter de Procurador General de la provincia del Chubut. Entre estas manifestaciones, el Diputado TOURIÑAN le reprocha haber amenazado al Gobernador: ".respecto de la flagrante amenaza que efectúa al Gobernador nos encargaremos de su análisis un poquito más adelante. Sin embargo, en dicha amenaza se encuentra incluido el pedido de remoción de un órgano independiente del control institucional y la gravedad de tal petición resulta una falta de magnitud tal que la Comisión o que el pleno de la Sala de Juzgar no puede minimizar ni soslayar.(Fs. 86 y ss. versión taquigráfica). Un hecho nuevo le es imputado en este momento: ".Como corolario de su desafortunada función, debe destacarse el patético, patético y mediático -porque fue eso- allanamiento realizado el 25 de septiembre de 2004, a la Casa de Gobierno de la Provincia del Chubut, ante la denuncia del diputado radical Carlos Lorenzo con quien previamente se entrevistó,.el hoy denunciado con una asombrosa decisión, rapidez e inusual agilidad, casi felina.Pero sí vale rememorar un poco que en aquella oportunidad lo que sí ocurrió es que se evidenció uno de los escándalos que pone de manifiesto el Poder Judicial, emitió una orden de allanamiento al día siguiente de haberse radicado la denuncia. Ni siquiera en los crímenes más horrorosos es tan diligente la justicia para emitir las órdenes de allanamiento. (Fs. 92/93 y ss. v. taq.). Otro hecho nuevo imputado a Eduardo SAMAME, es el consistente en no haber solucionado la desaparición de personas en Comodoro Rivadavia, en fechas no precisadas, pero -según el propio diputado que remite al año 1998- anteriores a la asunción del Procurador SAMAME en su cargo. Fue articulado de esta manera: "Le mencioné (a la Fiscal Ibáñez) cinco casos de personas desaparecidas, preguntando si había recibido instrucciones por parte del Procurador General de la Provincia y me dijo que sí. Uno de los casos emblemáticos de estas desapariciones, más allá que todos son importantes, lo emblemático, porque ha tenido trascendencia en la Corte Internacional, ha sido el de Iván TORRES. Entonces, le pregunté por Hernán SOTO, Benjamín PAYRÓ, Miguel LINARES, Silvia PICÓN, Iván TORRES y no me acuerdo si algún otro. Sí, en todos ellos había recibido instrucciones del Procurador General. Y estas personas, ¿los resolvieron los casos o continúan desaparecidos? Al día de hoy continúan todos desaparecidos y estamos hablando del '98 en adelante. Entonces, si hubo instrucciones, no hubo soluciones. (Fs. 108 y ss. V. Taq.). Sobre la aplicación del artículo 26 del Reglamento Interno General del Poder Judicial -que no permite tareas pasivas a jueces y funcionarios con acuerdo legislativo- pretendió -falseando la prueba vertida en la audiencia por los testigos, y contra la certificación negativa expresada por oficio por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia-, que sí las habían gozado el Juez Perfumo, la Fiscal Ferrari y el Juez Rago (Fs. 110 y ss.) Ergo, rehusarlas al Fiscal BALSAMELLO sería un acto de arbitrariedad. Finalmente, y esta vez en la réplica al alegato de la defensa, el diputado TOURIÑAN articuló otro hecho nuevo: el Procurador SAMAME habría sometido a presión a los diputados -incluso de la U.C.R.- en el proceso de discusión legislativa de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, Nº 5057, recordando manifestaciones del entonces -y nuevamente ahora- diputado de la U.C.R. Roberto Risso: "SR. DIPUTADO TOURIÑAN: Refería la defensa. refería la defensa también que construir la Ley 5057, la Ley Orgánica del Ministerio Público, fue una tarea ardua, nosotros nos hemos referido a ello e incluso agregamos como documental una versión taquigráfica de la Legislatura porque en realidad como muestra de lo que ocurrió en el tratamiento de esa ley se pueden rescatar los dichos de los diputados en ese momento, de la presión a la que estaban siendo sometidos por parte de la Procuración; y tomando los dichos en esa instancia, de lo que había dicho el diputado de la Unión Cívica Radical en ese entonces Roberto RISSO, también diputado en esta gestión, pero lo había planteado concretamente. En ese momento era diputado por la Alianza y fue el señor diputado radical quien lo acusó expresamente de denunciar ante el Cuerpo Legislativo de ese entonces el tráfico de influencias, posicionando la conducta de los legisladores en el marco del delito de cohecho, artículo tipificado en el artículo 256º del Código Penal. Fue así que el diputado le espetó al doctor SAMAME, destacando sobre su persona que no era un advenedizo en la cosa pública; no era una persona de la cual se pueda presumir que cometa un exceso verbal; por el contrario, ha elaborado -decía el diputado-, ha elaborado dolosamente su declaración. Eso lo afirmó textualmente en esa oportunidad el diputado RISSO. Esto porque marcan lo mismo que cuestionaban antes, cuando decían: ¿qué tiene que ver la respuesta o la carta al gobernador? Y tiene que ver porque marca el perfil de la persona que está siendo sometida a juicio. Acotaba también el diputado que al momento de juzgar, quien emite una declaración de ese tenor, diría que es grave por la calidad de quien la emite. Más claro que estas expresiones, las que provienen de quien lo conoce acabadamente por compartir extensos años de militancia política en la Unión Cívica Radical, inclusive al punto de que es el propio RISSO quien le pidió públicamente, quien le pide públicamente al doctor SAMAME que demuestre que está habilitado moral y éticamente para ser el Procurador de la Provincia y garantizarle a la ciudadanía que, cada vez que lleve adelante una investigación, lo va a hacer en el marco de la ley y no en el marco de sus pasiones personales, o de sus simpatías o antipatías; porque en definitiva lo que quiso hacer, además de invocar el desprestigio, fue presionar a los diputados, condicionarlos diciendo que si no hacen lo que él quiere, si no hacen lo que quiere el Procurador, lo voy a seguir haciendo y así lo hizo, continuó diciéndolo por los medios radiales, el mismo espíritu en que se había manifestado previamente. A más, también RISSO le pidió que sea un hombre de bien y concluyó, por fin, en que no se trata de una persona apta para ejercer la más alta magistratura. Estas palabras expuestas por un legislador provincial del mismo grupo de pertenencia política que el hoy denunciado. Y la realidad demuestra... la realidad demuestra, a tan pocos años vista, que el diputado Risso era un visionario en las premoniciones que hacía de cómo iba a funcionar la Procuración General en la Provincia. La realidad jurídica que padece la Provincia y, por tanto, creemos que debe merecer ser destacado en este juicio, en virtud de lo que planteaba la propia defensa, cuando hacía mención al trabajo que les había llevado y demandado, arduamente, la Ley 5057.(Réplica fs.221 y ss. V. Taq. Audiencia del 19 de agosto).- El Capítulo 22 versa sobre el alegato de la defensa. Así, en respuesta a la acusación, (Fs. 113/210 y dúplica fs. 223/228 versión taquigráfica del 19 de agosto) la defensa comenzó su alegato con esta síntesis: ".Dijimos al principio que para la defensa este era un caso sencillo, y con la evidencia que trajimos a esta Sala de audiencia, lo hemos probado de un modo absolutamente desconocido en tribunales de justicia, por cuanto la Fiscalía en los cuatro cargos que imputó al doctor SAMAME, se obligaba a probarlos de modo categórico, porque son cargos enunciados en forma de categorías. El primer cargo ejercer la superintendencia del Ministerio Público Fiscal en forma arbitraria y con plena desviación de poder, tendiente a realizar de manera sistemática un ambiente hostil contra los individuos jerárquicamente inferiores privando a los mismos de derechos y capacidad de defensa. La Fiscalía no probó, como decíamos al comienzo, que en todos los casos en el ejercicio de su superintendencia, el doctor SAMAME, en forma arbitraria y con desviación de poder, y tendiente además a realizar de manera sistemática un ambiente hostil contra individuos jerárquicamente inferiores, los privó de derechos y de capacidades de defensa. La acusación también le reprochó a Eduardo SAMAME omitir, formular precisos mínimos lineamientos a fin de fijar la política general y criminal del Ministerio Público Fiscal. Hemos probado y abundaremos sobre esto que en ninguna provincia de la República Argentina se ha hecho un trabajo tan sistemático en procura de construir un Ministerio Público Fiscal que comience a ponerse a la altura de las exigencias que la política en sentido general reclama de él. Se había imputado en forma arbitraria infundada la concesión de licencias ordinarias y extraordinarias al personal de su dependencia directa y a los fiscales jefes; no hemos advertido ninguna licencia arbitrariamente negada a ninguna persona de su dependencia directa, es decir, de su oficina y a ningún fiscal jefe. Cuando la acusación ha aterrizado levemente en los hechos ha hecho referencia a dos fiscales generales que no eran personas de su dependencia directa ni fiscales jefes. Y finalmente omitir la supervisión de la tarea de los miembros del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de investigaciones y resultados de las gestiones de los fiscales jefes de cada circunscripción. Con la prueba que trajimos a la audiencia, hemos demostrado consistentemente que esta aseveración tampoco se ha cumplido. Hemos dicho también desde el inicio de este juicio político que no había hechos enrostrados en la acusación a nuestro representado y la entretenida diatriba que ha hecho la parte acusadora en este juicio, nos ha llevado a una cantidad de terrenos que no habían sido ni siquiera enunciados al comienzo de la investigación que dio por conclusión la formulación de cargos contra Eduardo SAMAME." El Capítulo 23 repasa la Ausencia de Deliberación. Se dice, por los recurrentes, que no existió la deliberación prevista por el artículo 36 de la Ley 4457. Esto quedó reflejado en la versión taquigráfica de la audiencia del día 20 de Agosto, aunque fuera negado en el cuerpo de la sentencia.(Fs. 2 de la versión taquigráfica de la audiencia del día 20 de agosto de 2008, y fs. 1 de la sentencia glosada a partir de fs. 2675 de estos obrados).

Como Capítulo 24 se reseñan los votos de la sentencia. Los Diputados miembros de la Sala de Juzgar escogieron este procedimiento para la emisión de su voto: separadamente, los diputados ASTETE, BURGUEÑO, CÁRDENAS, GARCÍA, LORENZO, MONTOYA, PITIOT, RIPA, URBANO y VARGAS confeccionaron un voto escrito, y procedieron -salvo el diputado LORENZO, que fundó oralmente su voto, pero también lo entregó en una versión escrita- a su lectura en la Sala. Los diputados ARAVENA y SASTRE también lo leyeron, pero no hay constancia de que entregaran una versión escrita. El Diputado Roque GONZÁLEZ fundamentó oralmente su voto. En el cuadro que sigue se refleja el resultado aparente de esta votación:

DIPUTADOSCargo 1Cargo 2Cargo 3Cargo 4 ARAVENASISISISI ASTETESISISISI BURGUEÑOSISISISI CARDENASSISISISI GARCIASISISISI GONZALESNOSINONO LORENZONONONONO MONTOYASISISINO PITIOTSISISISI RIPA SISINOSI SASTRESISI NO SI URBANO NONONONO VARGASSI SISINO TOTAL10 SI11 SI8 SI8 SI 3 NO2 NO5 NO5 NO Sin embargo, se insistió, muy distinto era el mismo cuando se repasan los fundamentos dados por cada uno de los votantes, quienes sólo se expidieron en forma genérica y abstracta (Fallos CSJN 327: 5048), sin relacionar siquiera algún hecho concreto con los supuestos cargos que imputa la acusación.- Así se describió:

Diputada Aravena: "...yendo sobre la cuestión de fondo, he arribado a la conclusión que la acusación por mal desempeño se fundamenta en la diversidad de hechos que a mi criterio han sido probados en esta sala, y por ello cada uno de los cuales da lugar a la formulación de los cargos en el sentido dado por quienes acusaron; pero insisto, pueden ser uno o varios, pero en definitiva no quedan dudas que ellos permiten hacer la imputación por mal desempeño en la gestión del Procurador en su puesto judicial. Sin perjuicio de ello, digo que el mal desempeño como causal de destitución, entiendo que es más justo a partir del análisis global de una conducta, porque no resulta de un solo hecho, un expediente o una situación aislada. Es en este sentido que he evaluado en todas sus circunstancias, detalles, antecedentes y hechos el ejercicio de las funciones del doctor SAMAME pura y exclusivamente en función de lo que he podido apreciar en esta sala y de las más de 2500 fojas de la causa.... En definitiva por acción, omisión o simple jerarquía el acusado necesariamente debe responder por estos cargos en tanto era la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal. ( Fs. 2686/2688vta. de la causa. Subrayado agregado).

Al respecto se formularon estas observaciones: Cargo 1: valoración global y variación de la causa. Cargo 2: se refiere al cargo 3, y lo modifica (Fiscales Generales por Fiscales Jefes). Cargo 3. Varía la imputación: "Omitir comunicar como Procurador General a la Dirección de Administración de Recursos Humanos del Poder Judicial, las licencias de los denunciantes en tiempo y forma a los efectos de legalizar dicha situación como es su obligación ineludible". Hecho Nuevo. Cargo 4: Cambia la imputación: en lugar se referirse a la supervisión, le imputa Intervenir en distintos medios de comunicación Gráficos, radiales y televisivos en su carácter de Procurador General de la Provincia del Chubut, en una conducta desacreditante e impropia de la magistratura que enviste el denunciado (fs. 2687vta.).

Diputado Astete: "...sobre el particular supuesto en análisis -MENGHINI y BALSAMELLO-, claros casos en donde se encauzó por parte del acusado un direccionamiento injustificado y desproporcionado de la potestad disciplinaria del mismo para con sus dependientes, apartándose de la razonabilidad y equilibrio en la aplicación de sanciones o requerimiento de justificación.... Pero en el caso del doctor BALSAMELLO, las desmesuradas resoluciones tendientes a perfilar su jubilación por invalidez en principio, cuando BALSAMELLO había apelado las citadas resoluciones de las juntas..." (Fs. 290vta/2691. Subrayado agregado) "...aquella Resolución Nº 134 de la Procuración General que lo investía al doctor SAMAME de poderes casi sobrenaturales...". Haber "armado de una causa por parte del Procurador -a modo de ajuste de cuentas, por mencionarlo de alguna manera- la cual encontró su fundamento en un hecho ocurrido respecto del diputado en ejercicio, señor WENGIER, del que él fue su abogado patrocinante.(Fs. 2690/2691 vta.). "...el Procurador ha incurrido en una multiplicidad de faltas, y particularmente en cuanto a su obligación de concurrir a audiencias ante el Superior Tribunal de Justicia del Chubut." (fs. 2693 vta.). "...yo me acuerdo de él cuando se dedicaba a pagar solicitadas y llenaba páginas y páginas en los diarios de la Provincia refiriéndose a la patria contratista de Carlos Maestro" (Fs. 2695 vta.).

Sobre el particular se dijo críticamente: Cargo 1. Falsea la prueba: no hubo ninguna sanción disciplinaria aplicadas por SAMAME a MENGHINI o a BALSAMELLO. La Resolución de Superintendencia Nº 134 está vigente y nunca fue cuestionada legalmente ni reglamentariamente. Imputa a SAMAME el hecho nuevo de haber "armado" la denuncia contra BALSAMELLO por pedofilia en 1997, lo que implicaría la comisión de un delito de acción pública. Cargo 2: Incorpora Hecho Nuevo: un documento hecho llegar por los fiscales al Dr. (José Raúl) Heredia y éste al Procurador no respondido. Invoca el testimonio de YANGÜELA, desmentido por la prueba documental. Cargo 3. Cita -como única licencia denegada- el testimonio de BASILICO sobre Hecho Nuevo sin respaldo documental. Cargo 4: Se refiere a los hechos nuevos: no concurrencia del Procurador a Audiencias; sumario Delgado y omisión de iniciar sumario al testigo RIVAROLA por causa Ghisla en trámite, y declaraciones públicas hechas por SAMAME contra el Gobernador Maestro (Período 1991-1995, y 1995-1999) durante ese mandato.

Diputada Burgueño: "...Los hechos relatados por algunos testigos que a continuación detallo demuestran cabalmente la manifiesta arbitrariedad demostrada por el Procurador en el desempeño de su ministerio y para esta evaluación, ilustrativos fueron los conceptos vertidos por la doctoras SIGNOROTTO y Sancha respecto del acoso laboral y la desviación de poder..."(Fs. 2697Vta. )... "Correspondería dar por establecido, entonces al respecto del caso del doctor BALSAMELLO en cuanto a su origen, en una enemistad del enjuiciado respecto del doctor BALSAMELLO, por la causa de un comerciante de Esquel, de apellido WENGIER.."..."El abogado defensor del señor Caripán era el doctor SAMAME y públicamente hostigó al Fiscal BALSAMELLO, lo que produjo en éste graves consecuencias en su salud psíquica y física (comentarios del testimonio del doctor Macayo)" (fs. 2698 y vta.)... "La manera de comunicación por los medios públicos refiriéndose intra Ministerio Público y a otros Poderes y personas: De cuanto pudimos escuchar en la documentación testimonial y audio meritados durante el proceso, las propias declaraciones del Señor Procurador General en medios de comunicación masivos atacando a quienes no gozan de su consideración, funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial, desprestigiándolos y poniéndolos en ridículo, (Caso BALSAMELLO, BASILICO, Yauhar (Jefe de Gabinete de la Provincia del Chubut), Moreno, MENGHINI) me llevan a pensar cuán lejos está el Procurador General de poder actuar con recato, con calma, prudencia en el ejercicio republicano del poder"(Fs. 2699vta.) "El cargo 3 se encuentra suficientemente probado con la testimonial del doctor Ricardo BASILICO, en cuanto a que el Procurador General, doctor Eduardo SAMAME, le negó el uso de su licencia ordinaria que había reservado sin afectación del servicio de justicia, para atender el estado de salud de su señor padre" (fs. 2701 vta.). "A modo de ejemplo de la carencia de una eficaz supervisión del desempeño de los fiscales y la falta del principio de unidad de gestión en los procesos que debe tener el Ministerio Público Fiscal, he tomado parte del testimonio de la testigo de la Defensa, doctora Adriana Ibáñez quien consultada sobre las escuchas telefónicas en la causa identificada como "Ferreira, Segundo, Saunders y otros" sostuvo que "es un criterio el expedirse sobre que las escuchas sean legales o ilegales", y aún así sirvan para conseguir pruebas, pero reconoce que las pruebas que se reunieron en esa causa "fueron un desastre". Esta causa terminó con el alejamiento del proceso de casi once imputados -casi 90%- por una falencia en la gestión del propio Ministerio Público, sin que al respecto hubiera el Procurador General emitido instrucción o supervisión en cumplimiento de sus funciones.(Fs. 2701vta./2702).

Al respecto se formuló por los apelantes la siguiente cuestión: Cargo 1: reputa "hechos" de SAMAME a las consideraciones conceptuales de SIGNOROTTO y Sancha sobre acoso laboral y desvío de poder. Ambas testigos negaron enfáticamente que el Procurador incurriera en conductas de esta clase. SIGNOROTTO manifestó que "había sido un orgullo" trabajar con SAMAME. Reprocha a SAMAME haber causado el deterioro de la salud de BALSAMELLO hostigándolo en razón de la denuncia de abuso sexual de Caripán, en 1997. Incorpora como Hechos Nuevos manifestaciones públicas del Procurador General contra el Jefe de Gabinete de la Provincia y otros funcionarios. Cargo 2: No confronta la prueba documental con la testimonial. Cargo 3: se refiere a un hecho único, nuevo, traído por el testigo BASILICO, sin prueba documental, ajeno a la acusación. Cargo 4: Hecho Nuevo. Se refiere exclusivamente a una causa de Comodoro Rivadavia que nunca integró la acusación. Diputado Cárdenas: "El no asistir el Procurador a las audiencias en las que debió estar presente para impulsar y apuntalar el recurso de sus fiscales; ese ejemplo vale y se traduce en un caso concreto como el comentado "Caso Cainechú" en donde se archivó una causa de violación como si nada habría pasado al no ir el Procurador a la audiencia. Es más, así lo informa también la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chubut en cuanto a la escasa concurrencia del Procurador a las audiencias" (Fs.2702/vta.). "No se trata de un real privilegio de este denunciado Procurador, el hecho de tener en su contra la cantidad de nueve denuncias de juicio político desde el inicio de su gestión en el cargo" (Fs. 2703) "También queda demostrada la falta de conducción dada la innumerable cantidad de conflictos generados dentro de su área de dependencia, el inadecuado ejercicio de sus funciones y el desprestigio de un magistrado es causa de remoción. Las respuestas del Procurador General con grosero lenguaje, e incluso hacia los integrantes de este cuerpo elegido por el voto popular, cuando nos trató de delincuentes, lo cual no es decoroso y hacen poco afortunada su función de Procurador General". (Fs. 2703) Se fustigó con el siguiente alegato: No se expide ni fundamenta sobre los cargos de la Acusación en particular, sino que realiza consideraciones globales. Introduce Hechos no imputados: el caso "Cainechú", y pedidos de juicio político al Procurador desestimados. Enuncia como causa de la remoción el "desprestigio", y atribuye al Procurador como Hecho Nuevo responder con "lenguaje grosero".

Diputado García: "Sobre el primer cargo, la arbitrariedad, los testimonios re-cogidos son coincidentes. Su accionar era avasallante, llegando sus órdenes en algunos casos, referido por los testigos, a tener carácter de una orden castrense. Según refiere el Doctor BALSAMELLO en su declaración testimonial, agregando la Resolución n° 134/05, lejos de ser una directiva sobre política criminal, es la reivindicación de un sistema jerárquico, inflexible y autoritario semejante a una orden militar."(fs. 2703vta./2704). "En estos últimos tiempos, la inseguridad se ha agudizado, la falta de ideas rectoras y de políticas de persecución penal han favorecido de tal forma a los delincuentes que los delitos contra las personas y sus bienes han alcanzado su nivel más alto en la historia de la Provincia del Chubut"(fs. 2704 vta.). Por último, cabe hacer una reflexión final: este es un juicio político, quienes debemos decidir somos políticos y no juristas, pero tanto para los políticos como para los juristas, la única verdad debe ser la realidad, esa realidad surge claramente de los datos estadísticos. El informe obtenido sobre la eficacia de nuestro sistema es desalentador. El clamor popular reclama mayor eficiencia de nuestro sistema judicial, la proliferación de delitos contra las personas y sus bienes es causa de preocupación para nuestros representados. La lucha de los fiscales debe centrarse en el esclarecimiento de los hechos delictivos y en el consecuente castigo de sus autores. Para ello se requieren políticas claras, uniformes y un férreo control de nuestras instituciones. Todo ello el pueblo del Chubut se lo ha confiado al acusado y no cumplió.(Fs. 2705/vta).

Se sostuvo que el votante no fundamenta ni vota los cargos en particular como fueran planteados en la Acusación. Arbitrariedad en la valoración probatoria. Contradicción intrínseca en la crítica del ejercicio de la autoridad, y el reclamo de mayor control sobre los subordinados. Imputa como Hecho Nuevo que es responsabilidad del Procurador el aumento de ocurrencia de delitos.- Diputado González: "Rechazo los puntos 1º, 3º y 4º de las páginas 52 y 53 de la acusación; admito el punto 1º de la página 1 y tangencialmente el punto 2º de la página 52, señor Presidente."(Fs. 53 de la versión taquigráfica de la sesión del día 20 de Agosto). La Resolución 134 del 2005 que plantea el señor Procurador la veo bien, me parece que más allá de lo que dice la Constitución Provincial y asimismo la ley 5057, que define el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, tiene todas las atribuciones de tener un órgano con una jerarquía clara. Ahora bien, al punto que sí acepté y que adhiero y admito la acusación referida al punto 1 de la página 1 o el 2 de la página 52. Se refieren a un tema que, salvando todos los temas de juricidad que nombré al principio, sí tiene una entidad política que me obliga a no pasarlo por alto. El doctor Moreno, Fiscal Jefe de Comodoro Rivadavia, se expresó el otro día sobre que el Consejo de Fiscales había trabajado en el año 2005 - 2006 con el manuscrito presentado con el doctor Raúl Heredia sobre lo que eran las primeras versiones de lo que sería posteriormente la Ley 5478, el actual Código Procesal Penal. Esas críticas que hizo el Consejo de Fiscales fueron elevadas, según tengo entendido, a la Procuración, no al doctor Heredia. Y también había recibido una copia el Procurador General de estas críticas. Sin embargo, la queja del Fiscal de Comodoro Rivadavia, el doctor Moreno, fue que ninguna de ellas se plasmó luego en el Código Procesal que aprobó la Cámara de Diputados... (Fs. 2708vta/2709 de la sentencia; fs. 60 versión taquigráfica) "...Y la conclusión que me quedó luego de ese trabajo (En la Comisión creada por Ley 5717 que analiza reformas al C.P.P. Ley 5478) es que en la hechura del Código Procesal Penal el Ministerio Público Fiscal estaba directamente ausente. Esas veintidós modificaciones (planteadas en la Comisión) son porque no estuvo presente el Ministerio Público Fiscal en la hechura de la Ley 5478. En mi visión política esto constituye un hecho grave".(Fs. 2708vta./2709). Quiero aclarar que no me resulta para nada sencillo emitir este voto por algunas cuestiones personales y, entre ellas tam-bién, están que le tengo un profundo respeto al actual Procurador, cuando en el transcurso del año 2001, su propio partido lo quería echar y yo como dirigente político lo fui a defender, porque me parece que tuvo una actitud heroica al haber encarcelado, haber iniciado una causa que terminó en el encarcelamiento de figuras de la primera línea de poder en la provincia.(Fs. 2710) A esto se le respondió que el Diputado tiene por probado un único cargo, el número dos. Pero le da un contenido referido a un Hecho Nuevo, puntual, completamente ajeno a los hechos denunciados: que el Procurador General no tuvo injerencia en la redacción del Anteproyecto de Código Procesal Penal Ley 5478. Este Anteproyecto, como es de público y notorio, fue encomendada por la Honorable Legislatura al Dr. José Raúl Heredia, que trabajó asistido por una comisión en la que figuraban magistrados y funcionarios de la Judicatura y de los Ministerios Públicos, entre los que se contaba la Dra. María Tolomei. Esto fue expuesto por el mismo Dr. Heredia en la nota de elevación que presentara a la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut acompañando el Anteproyecto, el día 14 de diciembre del año 2005. El diputado debería saber que la Legislatura de la que forma parte nunca convocó orgánicamente para esta tarea a los Ministros del Superior Tribunal, al Defensor General o al Procurador General, sino que encomendó la tarea a un jurista de nota. Las propuestas de los Fiscales fueron analizadas por el Dr. Heredia y la Comisión. El diputado justifica su decisión en valoraciones de conveniencia política.

Diputado Lorenzo: Rechaza los cuatro cargos bajo estas palabras: ".no encontré desde la documentación exhibida, que hubiera algo que demostrara que esto es así, que fuera así, estas cuatro cuestiones que se plantearon, que hubiera arbitrariedad en la actividad de superintendencia se expusieron, pero nadie con una prueba de un documento escrito emanado por la Procuración que pudiera testimoniarlo, solamente dichos.

Pasó exactamente lo mismo con las instrucciones, solamente había que leer la carpeta roja que tantas veces se mencionó para encontrar ante la vaguedad de la acusación respuestas sobradas por parte de la defensa, centenares de resoluciones que he tenido a mi vista, dando instrucciones; no se puede entender lo de las licencias; no daba licencias y la realidad del tema es que las licencias corresponden a un reglamente interno, a papeles que se firman, que quedan en los antecedentes, y los únicos antecedentes que había acá eran muchas licencias concedidas, incluso especiales, incluso a los propios testigos de la acusación y en esa misma carpeta roja también surgía claramente que había muchas resoluciones que demostraban que la Procuración General hacía control de la actividad de las Fiscalías en cada una de las jurisdicciones; había resoluciones, entonces, había alguna cuestión de estas cuatro en forma particular, nunca se mencionó, se han querido instalar ayer; pero en esto del debido proceso yo me tengo que remitir a lo que está escrito, a cuatro puntos de una supuesta acusación que creo que se puede resumir pero muy claramente en los dichos del doctor BALSAMELLO.

El doctor BALSAMELLO acá dijo "el doctor SAMAME en las cosas que hacía no dejaba huellas". ¿Qué dijo el doctor BALSAMELLO? ¿Que el doctor SAMAME no dejó evidencias que lo pudieran inculpar? Esto es lo que quiso decir el doctor SAMAME, en mi visión trabajó de acuerdo con la legislación vigente, emanando documentos públicos de acuerdo con la legislación vigente; eso es lo que trató de decir (Fs.2710/2723).

Otra cuestión que podría considerarse en el marco de este punto de la denuncia, o sea analizar supuestas acciones del Dr. SAMAME para generar un ambiente hostil laboral, sería la negativa del imputado de generar la equiparación salarial de los fiscales generales a los magistrados de Cámara. En este caso se encuentran los antecedentes documentales sobre las actuaciones llevadas a cabo por los denunciantes Dr. Oscar Luis BALSAMELLO y Dr. Nelson MENGHINI que pretendían el cobro de esa diferencia a partir de la sanción ley de la 5057. La Ley 5057 establecía una equiparación salarial de los llamados, a partir de esa misma ley, Fiscales Generales con las remuneraciones de los Jueces de mayor jerarquía ante los cuales actuara.

La disposición estaba sujeta a una doble condición. La primera, era que entrara en vigencia el código, aprobado por esta Honorable Legislatura, N° 4566, y a que hubiera una previsión presupuestaria que lo permitiera, lo que iba a tratar de hacerse de forma gradual.

El Código Procesal 4566 fue derogado por el Código Ley 5478, que comenzó a regir el día 31 de octubre del año 2006. Diferentes Procuradores Fiscales, pero básicamente los doctores MENGHINI y BALSAMELLO plantearon que la ley debía ser operativa al momento de su sanción. Vale decir, una vez sancionada la Ley 5057 (octubre 2003), debían recibir la calificación, la calidad de Fiscales Generales y la misma remuneración.

El doctor BALSAMELLO lo plantea, de acuerdo con lo expuesto documentalmente por la defensa al realizarse el testimonio de la Contadora Bergese, incluso ante el Tribunal Electoral para que se le reconozca esta condición y en esa condición pueda ser escogido como juez de cámara o equiparado para el Consejo de la Magistratura. Esta cuestión se le rechaza, plantea que se le reconozca la certificación de servicios, es decir plantea por amparo la equiparación salarial. Esta cuestión le es concedida en primera instancia por el Dr. Jorge CRIADO, la Cámara rechaza y el Superior confirma.

Por vía administrativa hace este mismo planteo para que se le certifique esta misma condición, se le rechaza, recurre, se le vuelve a rechazar. Mas allá de que las cuestiones expuestas iban por carriles distintos, el 18 de octubre del año 2007 el Procurador General informado por el sistema administrativo del STJ de que tiene la previsión presupuestaria suficiente para cumplimentar con la ley 5057 emite la resolución 187/07 PG estableciendo la equiparación salarial.

De la profusa documentación exhibida en el juicio e identificada en la propia situación planteada por el Dr. BALSAMELLO por intermedio de reclamos en sede administrativa y jurisdiccional se acredita que el Procurador General actuó en acuerdo a las mandas legales sobre este punto." (Fs 2717vta/2718) Diputado Montoya: Cargo 2: "En cuanto a la prueba documental debo decir que el punto más relevante es si existió política criminal y si ésta se encuentra escrita; la documental en su mayoría alcanzada por la defensa constituye una carpeta con resoluciones e instrucciones, una serie de pasos ordenatorios de la Procuración Fiscal y en algunos casos instrucciones precisas para casos particulares; del marco normativo se desprende con claridad la Resolución 134 que tiene por objeto dejar claramente asentado el principio de autoridad que dimana del ejercicio del cargo de Procurador General y el sistema vertical de autoridad, el que debe seguirse inexorablemente, llegando al enmarcado de enunciar que de resultar una orden de dudosa legalidad igual debe cumplirla, y todo el sistema disciplinario de no seguir la vía jerárquica, lo que se contrapone con lo enunciado en el desarrollo del juicio respecto de la participación de los fiscales y de los empleados.... Otra norma que me resulta sorprendente es el instructivo 03/03 por el cual disponía el no cumplimiento de la Ley Nacional, abstenerse de participar en los juicios civiles, Ley de Concursos y Quiebras 24.522, Artículo 276° y en la ley de familia y lo establecido en el Código Civil, lo que aparece como incumplimiento de una ley de fondo por lo que también fue anteriormente denunciado por ante esta Honorable Legislatura (Fs. 2727).

Cargo 1: "Asimismo, lo que respecta al cargo una desviación de poder y ambiente hostil debe encuadrárselo en lo que se denomina violencia laboral que puede hacerse presente en las siguientes formas: a) Hostilidad continua y repetida en forma de insulto. b) Hostigamiento psicológico, desprecio y crítica. Constante bloqueo de iniciativas de interacción generando aislamiento en el trabajo. c) Juzgar de manera ofensiva su desempeño en la Organización. Asignarle misiones sin sentido, innecesarias con la intención de humillarlo.

Encargarles trabajos imposibles de realizar, Promover el hostigamiento psicológico a manera de complot sobre un subordinado. Manifestar amenazas repetidas de despido sin fundamento real."(Fs. 2728/vta.) Cargo 3: Denegándole el derecho de licencia anual que había reservado el Fiscal BASILICO a sabiendas que se trataba de la enfermedad de su señor padre, constancia que no obra en el legajo del doctor BASILICO y fue ratificada por éste ante requerimiento de la Defensa de si había sido solicitada por escrito, en sentido opuesto se le concedió licencia a continuación de su licencia para que se reincorpore después de un fin de semana largo aun fiscal en desmedro de otra fiscal que se encontraba en turnos en la ciudad de Trelew; doctora SUÁREZ GARCÍA, hecho denunciado por esta y no escuchado por el señor Procurador (Fs. 2730/2731).

La defensa observó: Cargo 1: Contradicción intrínseca, al reprochar falta y exceso en el ejercicio de la autoridad. Arbitrariedad en la valoración probatoria. Articulación de Hechos Nuevos, referidos a la Resolución 03/03.

Curiosamente, esta Resolución se dicta a pedido del Consejo de Fiscales; y a causa de esta Resolución le fue pedido el Juicio Político al Procurador por los Dres. PORTELA y REBLAGLIATTI RUSSELL, y rechazado por la Legislatura. La Resolución se encuentra vigente, y nunca fue desautorizada judicialmente desde su dictado.

Imputa como hecho nuevo el dictado de la Resolución 134, vigente hoy, nunca cuestionada por vía jerárquica o judicial, a la que descalifica sin fundamentos legales, de los que utiliza profusión para justificar la irrecurribilidad de la decisión de la Legislatura.

Cargo 2: Utiliza hechos -Casos WENGIER y CARIPÁN- huérfanos de evidencia, datados en 1996 y 1997, y los relaciona como causa del deterioro de salud de BALSAMELLO, sin conexión con la prueba documental que surge del legajo del aludido (Violación del principio lógico de derivación). Da por probada la afirmación (Hecho Nuevo) no documentada de denegatoria arbitraria de licencia al fiscal BASILICO; y reprocha a SAMAME conceder licencia a un fiscal "en desmedro de Suárez García", (Hecho Nuevo) conducta atribuida por aquella no al Procurador sino por al Fiscal Jefe Alejandro Franco. Cargo 3: Lo sustenta únicamente en el Hecho Nuevo sobre la supuesta denegatoria arbitraria de licencia al fiscal BASILICO. Cargo 4: No se pronuncia.

Diputado PITIOT: "...Por ello, y en uso de esta atribución traté de dilucidar el concepto objetivo de la acusación, cual es el mal desempeño de las funciones, en tanto cláusula amplia y cuya interpretación queda a discreción de los legisladores, ya que puede deberse a falta o pérdida de idoneidad o aptitud para su ejercicio, a negligencia o, incluso, a falta de idoneidad moral. Entonces los parlamentarios deberán evaluar cada caso concreto, a fin de establecer si existió o no mal desempeño.

Es que las otras tres causales de remoción que prevé la Constitución las descarto por distintas razones .."(Fs. 2733/vta). Finalmente, en un Juicio Político el bien jurídico protegido es el de los administrados -denominado genéricamente bien común- incluso en caso de duda, concepto no coincidente con el principio general del derecho penal que la duda favorece al imputado." (Fs. 2733vta). ...resulta evidente que el Procurador llevó adelante su tarea con absoluta arbitrariedad, practicando con sus colaboradores (fundamentalmente los Fiscales Generales), una "selección natural" impropia a las relaciones humanas" (Fs. 2734) "...cabe mencionar las expresiones de la testigo presentada por la Defensa, la doctora Diana SIGNOROTTO quien preguntada por el propio Defensor, respecto a lo que consideraba desviación del poder "es una cuestión de hecho difícil de probar, pero a veces es cuando se comete arbitrariedad.- Si. es una arbitrariedad. cómo podría explicar. solapada. ¿si? con vicios de legalidad, pero que debe comprobarse..es una cuestión de hecho que debe comprobarse en el marco de una causa judicial.". (Fs. 2735). Respecto a la Doctora Ana CASAJUS, la doctora Maribel Delgado declara." el caso me lo dijo a mí personalmente la doctora CASAJUS que había sido hostigada por el doctor SAMAME y que por eso se había ido del Poder Judicial." La parte que recurre censuró una valoración global. No analiza los cargos en particular, ni realiza un juicio conclusivo sobre cada uno de ellos. Admite que basa su juicio inclusive en la falta de idoneidad moral, lo que ya adelantó en su interrogatorio en Sala de Audiencias al sugerir en el Procurador una conducta "rayana en la perversidad".

Pone el interés común por delante de las garantías del acusado, demostrando ignorancia en cuanto a los principios del derecho público. El diputado realiza una selección arbitraria y sesgada de la prueba, evitando cualquier referencia a los testigos propuestos por la defensa, y sin realizar ninguna justificación de por qué razón, sin descalificarlos personal o intrínsecamente, desdeñara sus testimonios que contradicen palmaria y documentadamente los de los acusadores.

Como ejemplo, utiliza el testimonio de la Dra. SIGNOROTTO, quien declaró que "había sido un orgullo" trabajar en dependencia del Dr. SAMAME, para justificar el acoso laboral. (El testimonio de la Dra. Diana SIGNOROTTO obra a fs. 305 de la versión taquigráfica de la Audiencia del día 12 de Agosto). También refiere el testimonio de la Dra. Sancha, quien afirmó que sabía del acoso laboral por su experiencia en la Defensoría del Pueblo, pero no en el Ministerio Fiscal.

Tuvo por "hostigada", al punto tal de renunciar a su puesto, a la Fiscal Ana CASAJUS, por el testimonio de Delgado, que refiere una conversación telefónica -ver testimonio-; y no considera los dichos y la justificación de personas que trabajaron directamente con ella y gozan de su amistad. Así, el testigo Freire Méndez, quien relata que el marido de CASAJUS había quedado sin trabajo con el cambio de la administración; y que por la muerte de su padre había entrado CASAJUS en posesión de una herencia "millonaria". De hecho, como se informó en la audiencia, ¡no concurrió a testificar por hallarse de viaje en Europa sin fecha de retorno! Además, se trata de un Hecho Nuevo.

Diputada Ripa: (Fs. 2740/2755vta) "Se ha señalado por parte de la acusación que el encartado es responsable de las siguientes conductas que se encuentran comprendidas en la causal de destitución descripta, a saber:

a) Haber ejercido la superintendencia del Ministerio Público Fiscal en forma arbitraria y con plena desviación de poder, tendiente a realizar de manera sistemática un ambiente hostil contra los individuos jerárquicamente inferiores, privando a los mismos de derechos y capacidad de defensa; "...analizaré someramente la situación planteada por el testigo BALSAMELLO, que si bien pareciera remontarse a una etapa anterior a la del nombramiento del Dr. SAMAME en el cargo de Procurador General, es allí donde comienza el historial jerárquicamente hablando, según refiriera el testigo doctor MENGHINI en los siguientes términos ".En la primera reunión que tenemos con el Procurador General en Rawson en su despacho dijo dos cosas que me llamaron la atención.

Primero, dijo voy a reestructurar el Ministerio Público Fiscal y lo vamos a llevar adelante con los que queden... esto fue aclarado por la doctora Susana Sánchez dijo quédense tranquilos que esto lo dice únicamente por el doctor BALSAMELLO .

A los efectos de formar mi convicción, señalo como hechos relevantes los ocurridos con las juntas médicas del doctor BALSAMELLO, en cuanto al doctor Heredia, que fue quien intervino evaluando al mencionado por pedido directo del Procurador General, sostuvo que "fue la única vez que le paso, que el doctor SAMAME se presentara en su oficina y le pidiera que tomara una definición respecto de la salud de BALSAMELLO", siendo la respuesta del doctor Heredia que no estaba en condiciones de jubilarse por invalidez". (La Dra. Susana Sánchez nunca vino a declarar) "Por otra parte, respecto de los dos episodios ya largamente mencionados, y cuyas constancias documentales obran en el expediente, de las Juntas Médicas de fecha 13/08/07 y 29/08/07, en las cuales con una integración no habitual, se dijo que el doctor BALSAMELLO no reunía las condiciones para iniciar los trámites de jubilación por invalidez; produciéndose en la segunda junta médica realizada quince días más tarde, una variación en el dictamen del doctor Roo, que plantea la disidencia sosteniendo que sí debe iniciar los trámites de jubilación por invalidez. Todo ello se sella con la Resolución 157/07 PG firmada por el Procurador subrogante doctor BAEZ, luego ratificada por el propio doctor SAMAME, que extrañamente hace lugar a la disidencia del doctor Roo..", "Para concluir con estos episodios, menciono que el Procurador mediante resolución 81/08 PG, convalida todas las licencias de BALSAMELLO y refiere al dictamen de la Junta Médica, pero en este caso, a la mayoría.", "A los efectos de no extenderme en el desarrollo, señalaré algunas y sólo algunas de las modalidades implementadas por el Procurador en su relación con los integrantes del Ministerio Público, que a mi juicio se configuran en la causal genérica de mal desempeño y específicamente los hechos referidos en el cargo que estoy analizando." "Amenazas de sumario, a modo de advertencia. Lo plantea la doctora Suárez García en una nota a un medio radial que ha sido oída por los integrantes de la Sala, donde manifiesta su temor a ser sancionada con sumario por criticar lo que no funciona en la Fiscalía; puntualmente, refiere a que sufrió "una advertencia de que me van a iniciar un sumario, si sigo hablando las cosas que no están bien en Fiscalía...". (Hecho Nuevo). "Asignación de causas o agencias en forma arbitraria.

El doctor MENGHINI refiere que "llegó un momento en el cual, por circunstancia equis, estaba a cargo de la Fiscalía nº 4 y nº 5. Yo era el responsable de la Fiscalía en Puerto Madryn y de pronto me encontré de, buenas a primeras, de la noche a la mañana, con que tenía una sola causa...". "La doctora SUÁREZ GARCÍA, en la nota radial ya referida, relata "... una persona muy particular que no le gustó lo que yo hice cuanto estaba en la administración pública, que me sacó... he estado sometida realmente a un maltrato laboral, casi permanente...".

Ante la pregunta del periodista, si habla del Procurador, responde "y sí, concretamente". (Hecho Nuevo) "No obstante, cuando a la doctora Ferrari se le denegaron unas licencias, ésta acudió al Procurador, que le firmaba personalmente dichas licencias, no respetando la autoridad jerárquica del Fiscal Jefe. (Hecho Nuevo)."Otro de los puntos controvertidos es la sustanciación de sumarios según de quien se trate, sin importar la magnitud de la falta es decir la testigo Delgado manifiesta que "se está tramitando un sumario disciplinario por cuestiones que, a mi entender, son inentendibles." (Imputa a SAMAME el inicio de un sumario pedido por el Fiscal Dal Verme en el que el Procurador no tuvo ninguna incidencia). "No obstante en el análisis del testigo de la Defensa doctor RIVAROLA, quien refiere que siempre ha tenido la respuesta esperada por el Procurador, que es escuchado y que nunca recibió ordenes respecto de a quien investigar, luego que la Cámara decretara una nulidad en una causa de abuso a su cargo por no adjuntar la denuncia, este expediente se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia y estando en conocimiento del Procurador no se ha iniciado actuación administrativa alguna para deslindar responsabilidades. (Hecho Nuevo, referido a causa en trámite sin decisión del Superior Tribunal de Justicia). "Actos de desconsideración.

La doctora SUÁREZ GARCÍA en su testimonial sostiene "Yo en realidad creo que no le gustó mi reacción al Procurador cuando él decidió comunicarme que quedaba fuera de la agencia de los delitos contra la administración pública... nunca se me dieron razones de por qué el cambio... y se me asignó al área más -por así decirlo- más despreciada dentro de la investigación,...cosa que a mí me afectó psicológicamente porque yo venía de hacer ocho años este tipo de delitos y me parecía que había dado un paso importante, incluso había hecho una maestría en ética y delitos de corrupción. (Hecho Nuevo) "Causa de alejamiento de la Justicia de la doctora CASAJUS.

Si bien no contamos con el testimonio de la doctora, algunos testigos la mencionaron como víctima de persecución.(Hecho Nuevo. Valen las consideraciones similares del voto del Diputado PITIOT).

No obstante ello, resulta un paradigma de esa posición, la situación vivida por la doctora Verónica Escribano, quien debió recurrir ante el Consejo de Fiscales por la negativa del señor Procurador de permitirle el alejamiento en la investigación de una causa donde, concretamente, su cónyuge intervenía como defensor. (Hecho Nuevo). "Si el doctor SAMAME sospecha con serios fundamentos que un Ministro del Poder Ejecutivo se había enriquecido ilícitamente ¿por qué no lo denunció?. Consideración esta esgrimida durante el proceso por la testigo SANCHA, no esta faltando al deber que le impone la Constitución en el Artículo 195 y específicamente la obligación de investigar y perseguir las conductas delictivas dispuesto en el Artículo 1° de la Ley 5057 (Hecho Nuevo.

Se refiere a una manifestación atribuida al Procurador en relación con el Ministro Coordinador de Gabinete Norberto YAHUAR). "Si el doctor SAMAME, consideraba que los integrantes de la Cámara de Trelew, no eran hábiles para ocupar ese cargo, ¿no debía instar la acción ante el Consejo de la Magistratura? (Hecho Nuevo.

Otra vez sobre manifestaciones del Procurador) "Ahora bien, si no contaba con los elementos de tal peso que pudieran formar su convencimiento, su conducta es gravísima ya que con su accionar a ofende, atormenta y deshonra injustificadamente no solo a sus colegas, sino a integrantes de otros poderes del Estado.

No obstante lo que resulta de una mayor gravedad es que ha generado en las personas comunes que tienen el derecho a acceder al servicio de justicia, una sensación de inseguridad y falta de institucionalidad, en tanto no reiteraré las palabras ofensivas que ha tenido para con los doctores PORTELA, REBAGLIATI RUSSELL, BASILICO, MORENO, BALSAMELLO y MENGHINI, entre muchos otros.

"b) Omitir formular precisos mínimos lineamientos a fin de fijar la política general y criminal del Ministerio Público Fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal;

En cuanto a este punto, la Defensa se ha ceñido al referido Plan MENDAÑA.

Considero que este ha sido el único atisbo de organizar efectivamente la tarea de Ministerio Público, y que como proyecto sea probablemente bueno, pero me atrevo a mencionar que con escasas posibilidades de desarrollarse en la práctica". "...es objetable la falta de acciones concretas que el Procurador debió desplegar en estos ocho años, respecto a las directivas organizadas y unificadas de política criminal y la fijación de criterios de persecución penal, solo desarrollándolos en el plano teórico...Se acreditó en el Juicio que no hubo una clara política criminal, que los fiscales en general no eran escuchados, como tampoco el Consejo de Fiscales, y que no se recibían respuestas por parte del Procurador, quien finalmente es el responsable de lo antedicho".

"Es dable señalar que en el corriente año el Procurador ha emitido una Resolución, la 08/08 PG., en la cual dejó plasmadas algunas directivas y existen algunas otras a las que ha referido la Defensa, pero que en modo alguno resultan suficientes a la responsabilidad mayúscula que plantea la normativa vigente en cabeza del responsable del Ministerio hace casi ocho años y que evidentemente no han alcanzado para ofrecer al ciudadano el servicio que el ciudadano se merece .

c) Haber negado en forma arbitraria e infundada la concesión de licencias ordinarias y extraordinarias al personal de su dependencia directa y a los Fiscales Jefes; Me remito a lo relatado en el desarrollo del punto a) y respecto al doctor BALSAMELLO y las juntas médicas que se le realizaran, las que doy por reproducidas aquí.

Si bien no ha quedado probado a mi criterio el hecho concreto del cargo en análisis, la actitud intimidante desplegada por el Procurador General no se compadece con la de quien tiene la obligación de utilizar los canales que la propia Constitución y las demás leyes vigentes ponen a su disposición. Por ello solicito se lo absuelva de este cargo.

Absolución por Cargo 3. "d) Haber omitido la supervisión de la tarea de los miembros del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de las investigaciones y el resultado de las gestiones de los Fiscales Jefes de cada Circunscripción." "En su descargo, la defensa no ha acreditado a esta Sala de Juzgar que el señor Procurador enjuiciado haya realizado la supervisión efectiva y útil de la tarea de los miembros del Ministerio del cual resulta responsable, intentado corregir lo que resulta a todas luces una situación adversa, cuando los resultados estadísticos revelan índices intolerables de denuncias que no son atendidas." (Hecho Nuevo. Responsabilidad por la ocurrencia de delitos)"Que en cuanto al mismo punto, he valorado los testimonios de la doctora SANCHA, en relación a una causa de amplísima difusión y trascendencia pública, como lo fue la "causa ESPINOZA" que hubiera sido útil su intervención, luego afirmar que "fue un vademécum de cómo no debe investigarse".(Hecho Nuevo y afirmación falsa. De hecho el Procurador intervino apoyando al Dr. MENGHINI, Fiscal que inició la investigación, y liberándolo de toda otra tarea para poder culminar la investigación con éxito, como resulta de la Resolución Nº ) "Asimismo y como otro dato relevante es el testimonio de la doctora Ibáñez que se refiere a la causa conocida como la "de trata de personas en Comodoro" como que "fue un desastre" (Hecho Nuevo).

"Los elementos que acabo de reseñar me permiten concluir, sana crítica mediante, ha quedado acreditado que el Procurador ha omitido supervisar adecuadamente la tarea de los miembros del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de las investigaciones y el resultado de las gestiones.

Ergo, dése por probado este cargo. Quien ocupa una función de tamaña responsabilidad, debe procurar que se cumpla la ley, y específicamente él es el primer obligado ante ella".

Sobre el punto se marcó: Cargo 1. Interpretación sesgada y arbitraria de la prueba. Cita a la Dra. Susana Sánchez que no vino al juicio. Interpreta sesgadamente las juntas médicas y la visita de SAMAME al Dr. HEREDIA. Cuestiona las Resoluciones 157/07 y 81/08 PG, que no fueron dejadas sin efectos por los procedimientos administrativos a disposición de los agentes por lo que su legitimidad no está afectada.

Trae como Hecho Nuevo una amenaza de sumario y maltrato laboral a Suárez García que ésta niega en la audiencia. Le adjudica asignación de trabajo a BALSAMELLO, que es competencia del Fiscal Jefe. La afirmación sobre la licencia concedida a FERRARI contraría lo dicho por la testigo en la audiencia, la prueba documental y la afirmación contraria llegada por oficio del Presidente del Superior Tribunal de Justicia.

Imputa múltiples Hechos Nuevos: el sumario a Delgado, el caso GHISLA, los actos de desconsideración a SUÁREZ GARCÍA; el caso CASAJUS, el caso Verónica ESCRIBANO, el caso BASÍLICO. Basa reproches en declaraciones públicas. Imputa al Procurador que no denunciara por enriquecimiento ilícito al Ministro YAHUAR, y la inhabilidad de los jueces de Cámara de Trelew para juzgar excusaciones. Reprocha palabras ofensivas para los Dres. PORTELA, REBAGLIATI RUSSELL, BASILICO, MORENO, BALSAMELLO y MENGHINI, entre otros. Cargo 2: Vaguedad, inversión de la carga probatoria, valoración sesgada y parcial. Reprocha manifestaciones públicas pese a que el Procurador General, como otros altos magistrados, gozan de inmunidad de opinión por protección constitucional (Art. 249 C. Chubut). Cargo 4: Invierte la carga probatoria: dice que la defensa no acreditó la supervisión efectiva de SAMAME.

Imputa defectos de supervisión en la causa Espinosa -responsabilidad de MENGHINI-, y en causa de prostitución de Comodoro -responsabilidad de Moreno-, ambos hechos nuevos. No acusa por el cargo 3.

Diputado Sastre: Cargo 1: "Ejercicio de la superintendencia del ministerio publico fiscal en forma arbitraria. En cuanto a este cargo de arbitrariedad que la acusación le atribuye haber incurrido al doctor SAMAME y de los testimonios vertidos por los testigos, se desprende que su comportamiento era cuanto menos avasallante, llegando sus órdenes en algunos casos según aquellos, a tener el corte de una orden castrense, tal cual lo refiriera el doctor BALSAMELLO en su declaración testimonial, agregando que la Resolución Nº 134/05, lejos de ser una directiva sobre política criminal, es la reivindicación de un sistema jerárquico inflexible y autoritario semejante a un orden militar".

"A su turno, el doctor Moreno expresó que el accionar del Procurador General fue siempre distante, draconiano y vertical, al más puro estilo de un Estado de tipo autoritario pero no de un régimen republicano." "En este sentido otros testimonios ratifican lo expuesto, sin que se hayan aportado por parte de la Defensa documentación o elementos que pudieran confrontar con estos testimonios prestados por testigos altamente calificados y plenamente coincidentes". Cargo 2 - Omisión en la formulación de política criminal.

"En relación al cargo de omisión en la formulación de lineamientos o directivas hacia sus dependientes, obligación que emerge de la propia Constitución Provincial y que se reitera en la Ley de Ministerio Público Fiscal, entiendo se encuentra suficientemente probado con la amplitud de los testimonios colectados, de los cuales sobresale que en las mínimas directivas señaladas se ha priorizado el interés del Estado por sobre el interés de los particulares, lo que constituye también un grave incumplimiento de los deberes a su cargo, que son nada mas y nada menos que los que le imponen otorgar igual jerarquía al interés del Estado que al de los particulares.

"En este sentido, el doctor Rafael Saliva sintetiza a Fojas 45 del informe final acusatorio de la Comisión Investigadora esta cuestión de la falta de lineamientos o directivas del Procurador General al referir que las disidencias por falta de ideas rectoras favorecen a los delincuentes.

Esto sin lugar a dudas también constituye el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones previsto por la Constitución Provincial en su artículo 165". La doctora SANCHA refirió en su testimonio, en el desarrollo de la audiencia, ante la pregunta del diputado Fernández acerca de la recepción de directivas sobre política de investigación, contestó no haber recibido nunca directiva escrita ni del Dr. BAEZ ni del doctor SAMAME.

En este aspecto y casi en una misma línea doctor MENGHINI ante la misma pregunta del mismo diputado Fernández respondió también que no recordaba haber recibido directivas o indicaciones sobre Política General Criminal del Ministerio Público Fiscal, afirmando que sus planteos al respecto no tuvieron recepción favorable por parte del Procurador General.

El doctor BALSAMELLO también sostuvo no haber recibido o leído instructivo alguno, mencionando solo talleres o conferencias desarrolladas por MENDAÑA, BINDER, CHIARA DÍAZ, NEUMAN.

El doctor CORONEL, Fiscal de la Circunscripción de Sarmiento a fojas 33 y 34 del informe final de la Comisión Investigadora sostiene que en estos últimos tiempos la inseguridad se ha agudizado, y que la falta de ideas rectoras y de políticas de persecución penal han favorecido de tal forma a los delincuentes que los delitos contra las personas y sus bienes han alcanzado su nivel más elevado en la historia del Chubut Sin ninguna duda y tal como surge claramente de las estadísticas de las distintas circunscripciones de la Provincia de Chubut obrantes en las presentes actuaciones, la falta de una política criminal ha sido evidente. También, y sin ninguna duda, es clara la Ley 5057 que pone dentro de la orbita de responsabilidad del Procurador General el dictado de esa política criminal que hasta aquí ha estado ausente. Cargo 3- "Omisión de supervisión y falta de directivas precisas:

Con relación al cargo que se le formulara sobre la falta de directivas precisas y del consecuente control de su cumplimiento, esta situación derivó en que cada Jurisdicción adoptara su propio criterio, y mas aún, dentro de cada Oficina única y de cada Agencia se hizo lo mismo, sin que se tuvieran en cuenta los persistentes reclamos de los Fiscales de todas las Jurisdicciones de la Provincia, y a cuyo pesar nunca se obtuvieron del Procurador General, doctor SAMAME, tal como fuera descripto por la acusación, las directivas a las que en virtud del cumplimiento de la Constitución y la Ley está obligado.

La Policía Judicial, cuya dependencia del Procurador General es directa no fue tampoco organizada, lo cual debió haberse realizado para dar con logística y con personal idóneo y experto apoyo directo a las investigaciones. Si bien la conducta desplegada por el doctor SAMAME, a la que ha hecho amplia referencia la acusación, no esta tipificada como delito, al provenir del Procurador General, Jefe de los Fiscales de la Provincia de Chubut, la misma se transforma como mínimo en inaceptable.

Para finalizar diré que, este Juicio Político está enderezado a señalar por la correspondiente vía que nos marca la Constitución, que el Procurador General ha incurrido en mal desempeño de sus funciones y concluyendo que su responsabilidad comprende la realidad de la frustración y el deterioro de la institución que representa.

Al respecto se criticó: Cargo 1: valoración global; inversión de la carga probatoria, omisión de confrontar la vasta prueba documental aportada. Cargo 2 reconoce algunas mínimas directivas, y que se priorizó el interés del Estado por sobre el particular. Se remite a prueba no incorporada (testimonios de Saliva y Coronel en el sumario) y no a la vertida en audiencia..

Menciona a SANCHA, MENGHINI y BALSAMELLO para decir que no existió directivas o lineamientos de política criminal, pero reconoce por BALSAMELLO que recibieron talleres y conferencias por MENDAÑA, BINDER, CHIARA DÍAZ, NEUMAN. Violación del principio de derivación: alude al crecimiento de la inseguridad y se lo imputa a SAMAME por no dictar políticas claras de persecución.

Cargo 3: omite toda referencia, pues el contenido lo traslada al cargo 4. Cargo 4: argumentación aparente y genérica. No fundamenta en particular. Introduce hechos no imputados: caso "CAINECHÚ", y pedidos de juicio político al Procurador desestimados.

Diputado Urbano: (Fs. 2758 vta/2764 vta.) "Independientemente de cuál sea el resultado de la votación, quiero analizar las causas por las cuales estos dos pedidos de juicio político llegaron a esta instancia. Legisladores del Bloque Oficialista. Habíamos dicho de los riesgos institucionales que se corrían, con el partido colector del PROVECH y una vez más no nos equivocamos.

Ésta es la primera consecuencia grave institucional, que no sólo dejará heridas, sino también, lo que es peor, la extensión de la "inseguridad" en la sociedad, a la inseguridad jurídica desde el propio Estado. El partido gobernante previó, en las elecciones próximas pasadas, que ganaría por un margen abultado de votos y que aún así le corresponderían sólo dieciséis legisladores, de acuerdo a lo dispuesto en nuestra Constitución Provincial.

Esto fue advertido por el Gobernador Mario Das Neves, quien a su vez, impulsó, organizó y promocionó en forma acelerada por la proximidad de las elecciones, la creación de un nuevo partido político, el que se denominó Proyección Vecinal Chubut -PROVECH-. "Con este ardid se creó un partido afín, sublema, colector, como se lo quiera llamar.

Estos, como los constructores de las pirámides en Egipto, corren el riesgo de morir aplastados por su propia obra, pero hoy contribuyen a formar un número mayor de las dos terceras partes necesarias, para que el Poder Político, maneje a discreción en forma directa o indirecta, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos de contralor.

"Sus efectos se dejaron ver desde el primer momento en las sesiones legislativas. Si hasta acompañan al partido oficialista, cuando éstos deciden retirarse del recinto porque algún diputado de los partidos de la oposición se dispone a efectuar alguna crítica al señor Mario Das Neves o a su gobierno." "La Comisión Investigadora basa gran parte de su acusación señalando que el doctor BALSAMELLO y el doctor MENGHINI han sufrido daño en su salud a consecuencia del hostigamiento moral recibido en su trabajo.

Pero con la documentación exhibida he podido observar que las patologías que padecen ambos funcionarios no surgen por causas provocadas en el trabajo, mucho menos a consecuencia de hostigamientos del Procurador General que a quien se ha promovido este juicio político." "Respecto al doctor BALSAMELLO he podido constatar en su legajo personal las innumerables veces que ha faltado a su trabajo por razones de enfermedad, de corta y larga duración, artículos 25º y 26º del Reglamento Interno General, respectivamente, además del artículo 39 del mismo Reglamento Interno General por el cual se le permite faltar para realizar trámites personales.

Es así que, desde su ingreso al Poder Judicial en junio de 1985 hasta terminar ese año, faltó a su trabajo doce días en cuatro oportunidades. Año 1986, faltó veintitrés días en ocho veces. Año 1987, faltó ciento quince días en siete oportunidades. Año 1988, faltó ciento treinta y dos días en ocho oportunidades.

Y así sucesivamente hasta su jubilación se pueden contabilizar de a cientos los días que ha faltado a su trabajo. Esto denota que una salud frágil. A través e las certificaciones médicas adheridas en su legajo personal he podido verificar que ha padecido y padece diversas enfermedades, orgánicas y psicológicas, algunas de ellas irreversibles.

Según mi criterio, de acuerdo a las constancias vistas en estas actuaciones, ninguna de esas enfermedades han sido generadas o a empeorado su evolución por acoso u otra forma de violencia moral generadas en el trabajo". "Durante el debate se han dado muestras innegables de la fragilidad de la argumentación sostenida por los tres diputados acusadores, que ha hecho de este juicio una clara demostración de cómo estos tres legisladores (dos de ellos abogados) han tratado de sostener una causa sin fundamentos, lo que ha diluido la razonabilidad de las acusaciones, desnudando una interna judicial que nada tiene que ver con este proceso. Pero si el juicio se definiera por la destitución, no sería por la validez de la argumentación, sino por la suma de voces que es escucharían presionados desde el poder político".

Diputada Vargas (Fs. 2764vta./2770): Cargo 1.- "Puedo decir citando los testimonios que hicieron a mi convicción respecto a este cargo, que la superintendencia se manejó en forma arbitraria, dejando ver que estas personas que pensaban distinto, en consecuencia eran atacadas en detrimento de sus capacidades intelectuales y morales; cuando el Procurador General, en realidad tiene que proteger, por de alguna manera decirlo, a cada integrante del Ministerio Público Fiscal, manteniendo el respeto en primer lugar y no atacándolos sistemática y públicamente como así exponen sus propios funcionarios"...

"De acuerdo al pliego de preguntas formuladas al doctor Daniel Alejandro REBAGLIATI RUSSELL, cuando se le preguntó si se sintió intimidado por las actitudes del Procurador General Eduardo SAMAME, cuándo y por qué hecho, éste contesta: "la intimidación es un estado subjetivo y si en algún momento pude haberla percibido es por el grado de arbitrariedad que denotaban los actos que llevaba a cabo el doctor Eduardo SAMAME de manera reiterada, a lo que he hecho referencia en mi denuncia y que en todos los casos quedó debidamente demostrado que el suscripto resultaba ajeno a ese tipo de reproches." Cargo 2: "Corresponde, entonces, a mi criterio, decir que la política criminal no fue fijada por el Procurador General o al menos no en forma clara, lo cual evidentemente no facilitó la labor de los distintos agentes judiciales como queda evidenciado de lo que se desprende de los testimonios más abajo citados... "BALSAMELLO dice: "la política criminal del doctor Bissio fue clara", como consta en la redacción de la versión taquigráfica.

"Respecto de la política criminal bajo la órbita del doctor SAMAME no puedo decir lo mismo." Cargo 3 - Negar en forma arbitraria e infundada la concesión de licencias ordinarias y extraordinarias, al personal de su dependencia directa y a los Fiscales Jefes. En cuanto a la negativa arbitraria e infundada ante la solicitud del personal para tomar sus licencias, puedo referir que consta tanto en la prueba documental como testimonial dicha situación, que si bien no es en reiteradas oportunidades, es mi consideración, que con el simple hecho que esto se produzca en la práctica, aunque muy pocas veces, pero sin ningún tipo de razón fundada y ante situaciones personales de enfermedad familiar, es más que suficiente para aseverar este cargo.

Así queda reflejado por ejemplo en el siguiente testimonio del doctor BASILICO...." Cargo 4 - Omitir la supervisión de la tarea de los miembros del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de las investigaciones y el resultado de las gestiones de los Fiscales Jefes de cada circunscripción.

En cuanto a este cargo, no encuentro los elementos suficientes, en la prueba testimonial y documental, para poder aseverar que se hayan dado en el desenvolvimiento del doctor SAMAME como Procurador General de la Provincia la omisión de sus tareas de supervisación, investigación y la evaluación de resultados de gestión, no pudiendo así pronunciarme a este respecto".

Se materializaron, por los impugnantes, las observaciones que siguen: Cargo 1: Análisis parcial y sesgado de la prueba; no hay confrontación con prueba documental y testimonios propuestos por la defensa. Incluye a un Juez de Cámara -Rebagliati Russell- no sujeto a superintendencia de SAMAME. Cargo 2: Omite consideración de prueba documental y testimonial. Cargo 3: Hecho nuevo -licencia BASILICO- sin soporte documental. Cargo 4: Absuelve.

En el Capítulo 25 se recrea textual el Fallo según la versión taquigráfica: "SR. PRESIDENTE (PASUTTI): Muy bien. Vamos a ver el resultado de la votación.

Se han dado 11 (once) votos por la destitución; 10 (diez) votos por la inhabilitación y 2 (dos) votos por la absolución, con lo cual existe la mayoría especial que exige la Constitución para la destitución y para la inhabilitación, por lo cual este Tribunal va a emitir su fallo:Artículo 1º: Disponer la destitución en el cargo del Procurador General de la Provincia del Chubut, del doctor Eduardo SAMAME, con accesoria de inhabilitación para ocupar cargos públicos por 4 (cuatro) años".

Sobre el punto se formuló la siguiente reprobación: a)No se pudo identificar la correspondencia entre los cargos por los que se pretendía la destitución, vertidos por los acusadores en el debate, y los cargos puestos a consideración -de modo global- por el Presidente.

b)No existió la deliberación exigida por el artículo 36 de la Ley 4457. c)No se enunciaron y votaron los cargos separadamente, como se exige en la ley: "sobre cada uno de los cargos que contenga el acta de acusación" En ese caso, se hubiera debido consignar que el Procurador General sólo fue destituido por haberse votado su destitución en los Cargos Nº 1 y 2.

Puesto que, sin considerar más que la manifestación de voluntad expresa de cada Diputado en su voto, aunque fuera de manera global y prescindiendo de las razones que en cada caso permiten tachar el voto de nulo por defecto de fundamentación, los únicos cargos que podrían sumar los nueve (9) votos exigidos por la mayoría especial son los cargos Nº 1 y Nº 2.

El escrito de la defensa, a renglón seguido pasó a su punto "V. FUNDAMENTACIÓN".

En el subpunto 1. "Preliminar" se dijo: ".El Juicio Político al Procurador General de la Provincia del Chubut, Dr. Eduardo SAMAME, dio comienzo con la denuncia de dos personas, los ya jubilados Fiscales Generales de Puerto Madryn, Nelson Agustín MENGHINI y de Esquel, Oscar Luis BALSAMELLO. Estas dos personas realizaron presentaciones contemporáneas -un día de diferencia- y de similares características.

Sobre estas presentaciones que se concentraban en la situación particular de estos dos sujetos, la Comisión Investigadora de la Sala de Juzgar de la Honorable Legislatura del Chubut montó una construcción de ramificación arbórea que no dejó de reproducirse de manera exponencial, hasta exponerse por completo en los votos individuales de los señores Legisladores miembros de la Sala de Juzgar. De cada pregunta a un testigo, de cada referencia circunstancial, nació una nueva imputación que terminó instalando un verdadero Juicio de Residencia del que el Procurador General fue reo y convicto.

En todo el proceso de Juicio político campeó el sonsonete de que, si el juicio es político, tanto el proceso como la decisión son políticas. Y que, si el funcionario accedió al cargo por razones políticas, por las mismas razones políticas puede ser destituido.

Esta grave confusión entre el diseño del reparto de competencias del Estado y el modo de integración y remoción de los funcionarios de los tres poderes según la letra de la Constitución, y los intereses de la política de partido, ha estado presente de modo permanente, en especial en las intervenciones de los diputados que fueron encargados de sostener la acusación por parte de la Comisión Acusadora, y en los votos de numerosos legisladores-jueces.

La idea que subyace a esta concepción es la equipara a aquellos funcionarios cuya designación se produce por los mecanismos constitucionales de consenso político con los que, en las democracias parlamentarias, son ungidos por acuerdos políticos para encabezar la administración.

Y en consecuencia se pretende que el instituto de la pérdida de confianza de aquellas democracias parlamentarias debe ser aplicado en estas democracias presidencialistas. Si hay suma de voluntades políticas, no hacen falta razones.

De las imputaciones originarias se expandió la investigación al ejercicio de la superintendencia respecto de todos los subordinados; dentro de este capítulo, a la concesión o denegación arbitraria de licencias al personal, al ambiente laboral, y a todas las implicancias de lo que, de modo conceptualmente difuso y cambiante, se determinó como el deber del Procurador General de definir y actuar la Política Criminal de la Provincia.

Finalmente, en el alegato final la Acusación se extendió en críticas netamente políticas formuladas al Procurador General, centradas en confrontaciones públicas mantenidas con el Gobernador de la Provincia, con Ministros del Poder Ejecutivo, con altos funcionarios y con Legisladores.

Expresamente la parte acusadora pidió que estas críticas fueran tenidas en cuenta por la Sala de Acusar. Los extremos de este desarrollo incontrolable se expresaron en los votos de los diputados llamados a juzgar. Algunos llegaron a justificar la remoción del Procurador reprochándole, de manera directa y por acción u omisión, el incremento en el número de delitos cometidos en la Provincia, o la no aparición con vida de personas desaparecidas. Finalmente, como se narró en el apartado de los Antecedentes, el diputado González determinó que debía ser removido de su puesto ¡por no haber tomado activa intervención en la redacción de la Ley 5478, que consagró el actual Código Procesal Penal del Chubut.

De nada sirvió explicar, una vez y otra, que la protección del debido proceso no es una manda de atribución exclusiva al Poder Judicial, sino que ha de ser respetado cada vez que se ejercen funciones jurisdiccionales. Tampoco fue entendido que las reglas mínimas de un proceso ajustado al Estado de Derecho en la lectura constitucional de hoy en la Argentina, imponen que no pueda expandirse el objeto del proceso.

La Comisión Acusadora primero y la Sala de Juzgar luego entendieron que, habilitado el procedimiento por una denuncia, todo lo devenido en consecuencia podía ser materia de juzgamiento.

Es decir, que tomar un embudo por el extremo estrecho era perfectamente posible, y que también lo era hacer mérito de cuanto produjera la gran abertura de salida. Pero esto es justamente lo que se prohíbe en el curso de un proceso legal. Y muy especialmente en un proceso de corte netamente acusatorio como lo es el proceso de Juicio Político según el diseño constitucional y legal de la Constitución Nacional que ha recogido la Constitución del Chubut." El punto 2. titulado: "Nulidad de la acusación. Afectación de la defensa en juicio. 2.1. La pregunta fue y es: ¿de qué cargos, construidos sobre qué hechos, y sobre la base de qué evidencia, debía defenderse el Procurador General?" versó sobre lo siguiente: ".Las respuestas posibles son:

a)De los denunciados por Luis Oscar BALSAMELLO; b)De los veintiún o veintidós (21 -o 22-) hechos o situaciones denunciados por Nelson Agustín MENGHINI; c)De los anteriores, con más los descritos por los miembros de la Comisión Acusadora el día 5 de Junio de 2008 (Acta Nº 02/08) incorporados como HECHOS NUEVOS a pedido del Diputado Rubén Ángel FERNÁNDEZ; d)De los HECHOS NUEVOS denunciados por BALSAMELLO 26 de Junio de 2008 (Acta Nº 04/08, fs. 1516/1520); e)De los ocho (8) hechos enunciados por la Comisión Acusadora en el dictamen presentado el día 05 de Julio de 2008, que fue aprobado por la Sala de Acusar el día 21 de Julio de 2008 (Re-solución Nº 01/08 S.A; f) De los cuatro (4) cargos "que motivan la presente acusación, constitutivos prima facie causal de mal desempeño" (Fs. 52 del dictamen de Comisión, obrante a fs. 2522/2523;

De los cinco (5) cargos enunciados por el Diputado BALOCHI al momento de alegar (fs. 12/15 versión taquigráfica del día 19 de agosto) , o "tres o cuatro cargos" (fs. 52), un cargo más (fs. 52) con más los agregados por el diputado TOURIÑAN: omitir la (supervisión) de la tarea de los miembros del Ministerio Fiscal (fs. 60); haber intervenido en distintos medios de comunicación, gráficos, radiales y televisivos en su carácter de Procurador General (fs. 62) En esta pieza, los acusadores reprocharon a Eduardo SAMAME -y tuvieron por probados- los siguientes hechos:

1)Enemistad con BALSAMELLO por razones de política partidaria. Se le reprocha haber sido diputado junto con el señor WENGIER (fs. 16, versión taquigráfica) al tiempo de asumir su defensa en una causa penal; 2)Amenazas de muerte a BALSAMELLO (fs. 17 versión taquigráfica); 3)Hostigamiento a BALSAMELLO en la causa Caripán; 4)Padecimientos causados a BALSAMELLO por el accionar diario de SAMAME (fs. 19 versión taquigráfica); 5)Indicaciones a Moreno para que imputara a BALSAMELLO en el sumario que debía instruir. (fs. 21); 6)Haber anulado el sumario a BALSAMELLO (fs. 22);

7)Plan macabro de SAMAME para destituir a BALSAMELLO (fs. 23); 8) Haber requerido al Dr. Roo, en relación al artículo 26 del R.I.G., que la junta médica se expida claramente si el agente debe iniciar los trámites de jubilación por invalidez (fs. 29); 9)Haber negado a BALSAMELLO "reubicación laboral", que sí le fue concedida a los Dres Perfumo, Ferrari y Rago (fs. 31); 10) Haber engañado al Dr. MENGHINI llevándolo a jubilarse por invalidez (Fs. 33); 11) Haber rechazado la recusación de BALSAMELLO sin fundamento (fs. 34/35); 12)Haber desconocido la ley previsional (fs. 39); 13)Haber dictado la "autoritaria Resolución 134 del año 2005" (fs. 41); 14)Haber convalidado arbitrariamente la licencia de BALSAMELLO (fs. 42); 15)Actos de hostigamiento al Dr. MENGHINI cometidos a través del Dr. BAEZ (fs. 43); 16) Haber rechazado la excusación de MENGHINI en la causa Espinoza (fs. 44); 17)Haber perseguido a Daniel YANGÜELA (Fs. 45); 18)Haber ordenado volver a abrir un proceso contra YANGÜELA en el que estaba sobreseído (fs. 45);

19)Haber sometido a amenazas de sumario a la Fiscal Suárez García (fs. 47); 20)Maltrato permanente al Dr. BASILICO (fs. 48); 21)Exigencia de cumplimiento de obligaciones imposibles al Dr. Coronel (fs. 48);

22)Hostigamiento al Dr. Moreno al haber designado a la Dra. Ferrari la tarea de implementación del nuevo Código (fs. 48); 23) Arbitrariedad al no haber dispuesto un sumario al Dr. RIVAROLA por la causa "Gilda, Jilda" (sic) y sí haber dispuesto o consentido un sumario a la Dra. Delgado después de declarar ante la Comisión Investigadora (fs. 49/50); 24)No haber comparecido a la audiencia en el caso "Cainechú" (Fs. 50/51);

25)No haber concurrido a audiencias que fueron celebradas ante el Superior Tribunal de Justicia en los años 2006 a 2008. (Fs. 51/52); 26)Omitir formular los lineamientos generales y fijar la política general y criminal del Ministerio Público Fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal, conforme lo descripto en los acápites 1; 2; 3; 4; 4b; 4d; 6; 8; 9; 10; 13; 16; 17; 19; 22 y 23 de la denuncia MENGHINI (fs. 52);

27)Tener un "manejo" SAMAME con los fiscales distante, draconiano, vertical, al más puro estilo de un Estado de tipo autoritario (fs. 57); 28)Haber sumido al Ministerio Público Fiscal en el más absoluto de los desconciertos (fs. 58);

29)Haber omitido el Procurador General el real contralor de sus dependientes en la causa prostitución infantil radicada en Comodoro Rivadavia "Ferreira, Segundo Eulogio; Suárez, Alberto; Marseau, Carlos Alberto; Saunders y otros" en la que se anularon escuchas telefónicas que constituían prueba de cargo (fs. 60/62);

30)Haberse manifestado en FM del Lago, de la ciudad de Esquel, en relación al denunciante BALSAMELLO (fs. 63); 31)Haber sido objeto el Procurador General de nueve (9) pedidos de juicio político, siete de los cuales no se sustanciaron (fs. 65); 32)Poseer "perfil mediático y de fina e hiriente ironía" en sus declaraciones públicas (Fs. 66); 33)Intimidación a los señores diputados (Fs. 66); 34)No haber guardado respeto a la autoridad máxima de la Provincia, el Gobernador elegido democráticamente (Fs. 67);

35)Haber buscado incidir a modo de descrédito e irónicamente sobre la figura del mandatario provincial, con el fin de desprestigiarlo (Fs. 67/68); 36)También al funcionario de la Oficina Anticorrupción Dr. Jorge Novarino (fs. 68);

37)Desprestigio social (Fs. 68); 38)Haber enviado una nota al Gobernador consignando, entre otros conceptos, "...la patraña montada por genuflexos que dependen de usted y que me tiene como destinatario de una denuncia penal..." (Fs. 68 a 71); 39)Pretender provocar la remoción del denunciante (Dr. Novarino) (Fs. 70);

40)"Debe destacarse el patético, patético y mediático -porque fue eso- allanamiento realizado el 25 de setiembre de 2004 a la Casa de Gobierno de la Provincia del Chubut ante la denuncia del diputado radical Carlos Lorenzo con quien previamente (SAMAME) se entrevistó" (Fs. 72/73); 41)Trato despectivo al referirse a los testigos (Fs. 74); 42)Haber contratado al experto Dr. Ricardo Mendaña cuando se encontraba destituido e inhabilitado para ejercer la función pública (fs. 75/79);

43)Haber provocado la renuncia de la Fiscal Verónica Escribano (Fs. 81); 44)No haber solucionado las desapariciones de personas de Comodoro Rivadavia en los casos Hernán Soto, Benjamín Payró, Miguel Linares, Silvia Picón, e Iván Torres (Fs. 82); 45)Haber concedido "tareas pasivas" a la Dra. Ferrari (Fs. 83)." Y prosiguió: "2.2. Afectación de la defensa en juicio por haber exorbitado su cometido la Comisión Investigadora y por haber ampliado las conductas reprochadas la Comisión designada por la Sala de Acusar para sostener la acusación. Nulidad de la Acusación".

En este sub tema se afirmó que ".Como se anticipó, el artículo 201 de la Constitución del Chubut prescribe que el Juicio Político sólo puede fundarse en hechos verdaderos. "ARTICULO 201: La Sala acusadora nombra actualmente de su seno y en la misma sesión en que se constituye, una comisión de cinco miembros que tiene por objeto investigar la verdad de los hechos en que se funda la acusación, disponiendo a ese fin de las más amplias facultades".

La profusión de hechos atribuidos al Procurador General, a partir de las denuncias que originaran la formación del proceso de destitución, ha hecho completamente imposible establecer una defensa consistente, que pudiera conocer los contornos claros, precisos y circunstanciados de los acontecimientos sobre los que la Acusación sostuviera la remoción del denunciado.

Pues ni los miembros de la Comisión Investigadora ni los que, de entre ellos, fueron designados para sostener la acusación, se atuvieron al cometido demarcado constitucionalmente de "investigar la verdad de los hechos denunciados" sino que oficiosamente, y en una práctica de raíz netamente inquisitiva, en cada oportunidad en que se manifestaron ampliaron la base material de las conductas atribuidas al Procurador General que en su concepto justificaban la remoción.

No hay ninguna justificación para esta perversión del proceso de juicio político. La Constitución Nacional, en su artículo 18, consagra el derecho a ser oído como base de la defensa en juicio. Y para que este derecho de audición tenga carnadura, es necesario conocer en detalle la imputación.

Por esta razón los Código Procesales Penales contemporáneos de manera uniforme legislan que la acusación debe contener un relato claro, circunstanciado y específico de los hechos que son la base de la imputación. Nuestro Código Procesal Penal no hace otra cosa, y la Ley Provincial 4457 que reglamenta el Juicio Político establece expresamente como ley supletoria la ley procesal penal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consagrado desde antaño que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos, y ha precisado de modo detallado cuál debe ser el contenido de esa garantía. Así, en "Núñez vs. Roca de Ominelli" (Fallos,125:10) del 21 de diciembre de 1916, la Corte señaló "Que esa garantía constitucional significa que el litigante debe ser oído y encontrarse en condiciones de ejercitar sus derechos en la forma y con las solemnidades establecidas por las leyes comunes de procedimiento, o como se ha dicho por esta corte: las garantías que en materia criminal asegura y consagra el artículo 18 de nuestra la carta fundamental, consisten en la observancia de las formas sustanciales del juicio, relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales del reo (Fallos, 116:23; 119:284)". Esta línea de doctrina legal se ha mantenido invariable.

En "Fariña Duarte" , (Fallos, 327:2790) del 6 de Julio de 2004, la Corte expresó: "Que en este sentido, se ha señalado que las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio exigen que la acusación describa con precisión la conducta imputada, a los efectos de que el procesado pueda ejercer en plenitud el derecho a ser oído y producir prueba en su descargo, así como también hacer valer todos los medios conducentes a su defensa, que prevén las leyes de procedimientos (Fallos:290:293; 298:308; 306:467 y 312:540)" ( Considerando 11 del voto concurrente del Juez Fayt).

Y agrega: "En efecto, así como "el demandado en juicio civil no se podría defender si no existiera esa concreta y clara manifestación de voluntad que debe estar contenida en la demanda, el imputado no se podría defender si el juicio penal no reposara en una acusación formal que describe el hecho delictuoso que se le atribuye. Nadie puede defenderse debidamente de algo que ignora" (Conf. Vélez Mariconde, Derecho Procesal Penal, ed. Lerner, 1969, T.II, pág. 216). "12) Que ello resulta un requisito ineludible del principio de contradicción que -en tanto enfrentamiento dialéctico entre las partes- coloca a la defensa en posición de resistir la acusación y controlar la prueba de cargo.

Precisamente, lo que debe evaluarse en cada caso es que el imputado haya tenido la posibilidad de colocarse en una situación tal capaz de resistir la acusación.

Para ello es necesario verificar si la sentencia contuvo alguna precisión que hubiera podido significar una "sorpresa" para quien se encuentra sometido a proceso, es decir algo que no haya podido rebatir"(Fallos, 325:2005)". Las exigencias del debido proceso no son privativas del proceso penal, y se extienden al Juicio Político. A tal punto esto es así, que -como ya se consignara- la Doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del caso "Graffigna Latina", ha declarado revisables por los tribunales de justicia los procedimientos de juicio político, en tanto se alegue la vulneración de esta garantía en su trámite. Y, como se anticipó, ratificó esta doctrina definitivamente en el fallo "Nicosia" (09/12/1993, Fallos 316:2940) a partir del cual no ha habido variación alguna.

Allí se dijo que: "Las decisiones en materia de los llamados juicios políticos y enjuiciamientos de magistrados en la esfera provincial, dictadas por órganos ajenos a los poderes judiciales locales, configuran cuestión justiciable cuando se invoca por la parte interesada la violación del debido proceso", a lo adicionó que "Las decisiones en materia de los llamados juicios políticos y enjuiciamientos de magistrados en la esfera provincial no escapan a la revisión judicial por los poderes judiciales locales, ni a la posterior intervención de la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es de seguimiento obligatorio conforme lo consagrara nuestra Corte Suprema a partir del caso "Giroldi" (318:514), lo ha dicho expresamente en el caso de los jueces del Tribunal Constitucional del Perú, cuando fueran removidos a instancias del entonces Presidente Fujimori que aspiraba a ser electo en un nuevo turno electoral, "Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú" Corte Interamericana de Derechos Humanos., particularmente "Violación del artículo 8 (Garantías judiciales) argumentos de la Comisión 64.

En cuanto al artículo 8 de la Convención, la Comisión alegó que: Consideraciones de la Corte 66. El artículo 8 de la Convención Americana establece, en sus numerales 1 y 2, que:" (SIC) El Superior Tribunal de Justicia del Chubut ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente en el caso de la remoción de un miembro del Consejo Deliberante de la ciudad de Dolavon.

En este caso, autos caratulados: "UZAL, Jorge s/ Conflicto de Poderes en Concejo Deliberante de Dolavon" (Expte. Nº 21.318-U-2.008), el Superior Tribunal de Justicia, en pleno, dijo: "...la prosecución de actuaciones persecutorias de la sanción de infracciones declaradas inexistentes, resulta absolutamente improcedente y nítidamente violatoria de una de las más elementales garantías del debido proceso, independientemente de la naturaleza de éste, cual es la defensa en juicio.

Señala MAIER que "para que alguien pueda defenderse es imprescindible que exista algo de qué defenderse, algo que se le atribuye haber hecho u omitido en el mundo fáctico con significado en el mundo jurídico" (conf. "Derecho Procesal Penal Argentino", Ed. Hammurabi, año 1.989, Tº 1 B, pág. 317; cit. VARELA, Casimiro, "Fundamentos Constitucionales del Derecho Procesal", Ed. Ad Hoc, pág. 246). "Acusación, defensa y decisión conforman para el Derecho Penal las tres fuerzas de realización, un trípode para la justicia y esta concepción es válida aún para este especial proceso donde la decisión también consiste en una sanción, una punición. "Si una falta o no está suficientemente desarrollada, el equilibrio se pierde y la justicia cae" (CLARIA OLMEDO, Jorge "Derecho Procesal Penal", Tº I, año 1960, pág. 24, citado por LEDESMA, Ángela, "Principio de congruencia en el proceso penal. Reglas Aplicables", "Ponencia General XXIV", Congreso Nacional de Derecho Procesal, Comisión Procesal Penal, Mar de del Plata).

"... El derecho a ser oído, que reconoce basamento constitucional, hace a las observancias de las formas procesales cuya omisión provoca la nulidad, ya que es violatorio del debido proceso legal y del principio de contradicción. La Corte ha reconocido que las formas sustanciales del juicio penal relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia de los jueces naturales son garantías procesales que consagra el art. 18 de la Constitución Nacional.

El principio implica que el proceso tenga una imputación concreta, que ésta sea informada formalmente y que la sentencia se base en las pruebas incorporadas al debate (conf. VARELA, Casimiro, ob. cit. pág. 250).

En el ámbito del Derecho Administrativo, del mismo modo, se predica que un capítulo relevante del sumario lo constituye la acusación, tanto la primera requisitoria como la acusación final del instructor ya que éste no puede ampliarla con cargos distintos. Consentir esta infracción es destruir los principios de igualdad y bilateralidad de la doctrina procesal (PERTILE, Félix Alberto, "El Sumario Administrativo", Ed. Advocatus, pág. 22). "Nuestra Carta Magna adhiere sin reparos a la consagración de estas garantías, basta la lectura del art. 44 de la misma y la observación de que resultan válidas en todo procedimiento o proceso de naturaleza civil, penal, laboral, fiscal, disciplinario, contravencional o de cualquier otro carácter." (Resaltado en el original).

Finalmente, en el voto concurrente del Juez Dr. Jorge PFLEGER puede leerse: "En ese sentido creo que el Estado de Derecho en que se ha configurado el orden provincial, reflejo del orden jurídico totalizador de la Constitución Federal, implica que el ejercicio del poder por el Estado es, por esencia, limitado; se subordina esa energía que es propia de los elementos que componen el concepto de Estado a la norma y por consiguiente se condiciona, entre otras cosas, la capacidad de acción de los gobernantes.

Pero no haré una antología del Estado de Derecho sino que remarcaré la importancia de las formas procedimentales para la realización del poder y la circunstancia de que en el caso se ha exorbitado lo permitido para ingresar en el terreno de la pura potencia arbitraria. Qué, si no la ruptura del art. 113 de la Ley de Corporaciones Municipales cuando el Concejo Deliberante destituye a un concejal sin que exista acusación fundada privando al destituido, entre otras cosas, del ejercicio de sus derechos y aún del propio cargo.

La naturaleza política de la decisión no cambia las cosas. Existe un severo disconcepto cuando so excusa del adjetivo político se hace la voluntad del que manda, sea éste uno o la mayoría, porque político refiere exclusivamente a la naturaleza del caso pero no abroga la calidad de juicio traducida en la idea de maneras de comportamiento (acusación, defensa, prueba y sentencia) y de causa (motivos para que opere la decisión tomada). Los concejales tienen capacidad de destituir pero no de revocar un mandato por puro decisionismo. El decisionismo es propio de un sistema autoritario o totalizante pero que lejos está de la democracia en el Estado Social de Derecho". Debe consignarse que las Cortes provinciales han sido renuentes a revisar los juicios políticos. En una serie de casos se le planteó a la Corte Suprema que determinara cuál es la intervención que le corresponde a los Superiores Tribunales locales cuando se requiere que revisen las sentencias de los Jurados de Enjuiciamiento de sus respectivas provincias.

En general, estos Tribunales se mostraron reticentes a revisar las sentencias recaídas en los juicios políticos, desestimando los planteos amparándose en cuestiones formales. En algunos casos se apartaron completamente de los criterios sentados por la Corte Suprema en materia de revisión de los juicios políticos.

Esto muestra el propósito de evadirse de la responsabilidad que le corresponde desempeñar a los Superior Tribunales en causas de fuerte impacto institucional.

Esto obligó a que la Corte les ordenara pronunciarse respecto de si se habían violado o no las garantías constitucionales de los jueces removidos. En los casos, sustancialmente idénticos entre sí, el Jurado de Enjuiciamiento de San Luis destituyó a las juezas Ana María Careaga y Adriana Gallo de Ellard en 1998.

El Superior Tribunal declinó su intervención alegando que, de acuerdo con la legislación local, las sentencias del Jurado son inapelables. La Corte, con voto de los jueces Petracchi, Fayt, Lorenzetti; Highton y Maqueda y Argibay, en voto concurrente, resolvió que el Superior Tribunal tiene la obligación de revisar las decisiones recaídas en juicios políticos para controlar que se hayan garantizado la defensa en juicio y el debido proceso. (CSJN, "Gallo de Ellard, Adriana s/ causa N° 1-G-96 y su acumulado N° 2-G-96", sentencia del 08/08/2006).

Entre nosotros, la Corte Suprema resolvió idéntico temperamento respecto del recurso deducido por el destituido juez José Oscar COLABELLI (CSJN, "Recurso de Hecho Hulinao, Silvio Isidoro y Pascuariello, Carlos Alberto s/Denuncia), sentencia del 26 de Febrero de 2008).

En el ítem "2.3. Digresión sobre los hechos originalmente reprochados por los denunciantes" se expuso: ".La profusa prueba testimonial, y especialmente la abundante, detallada, ordenada y sistemática prueba documental aportada desde los Registros de la Procuración General, desde el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, desde el Consejo de la Magistratura, y desde el Consejo de Fiscales, fue sistemáticamente soslayada tanto por los miembros de la Comisión Acusadora como -y esto es lo grave- por los Legisladores-jueces que votaron por la destitución. Esto es motivo de agravio federal, como surge de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresada en el caso "Benzadón, Héctor", (Fallos, 321:1909) con cita de Fallos 303:2080 y 315:632.

Como se ha consignado antes, la compleja trama de hechos que final y tardíamente fueron enrostrados al Procurador General, por esta misma circunstancia, hizo imposible una defensa apropiada. Pero la propia prueba traída por los acusadores, rectamente interpretada y valorada, hubiera permitido, a la Sala de Acusar, desechar sin más las denuncias que fueran el pretexto original para instalar este juicio político.

Los hechos originalmente reprochados a Eduardo SAMAME por los denunciantes MENGHINI y BALSAMELLO se pueden sintetizar del siguiente modo:A) Oscar Luis BALSAMELLO. Reprocha a SAMAME persecución laboral, fruto de una antigua animadversión. Como hitos de esta persecución, que BALSAMELLO remonta al año 1996, SAMAME habría ordenado confeccionarle sumarios, le habría negado licencias médicas y lo habría perjudicado en su trámite jubilatorio.

Pues bien, sobre los hechos descriptos por BALSAMELLO en la audiencia se probó, con su legajo a la vista y las numerosísimas presentaciones del quejoso, que esta denuncia carece de fundamentos. a) Animadversión y persecución laboral. Es necesario entrar en este capítulo pues recurrentemente se ha aludido a la conducta de Eduardo SAMAME como impropia.

Los hechos muestran que, siendo abogado, representó a un diputado provincial de apellido WENGIER en el año 1996. El mismo Juez COLABELLI, que intervino en tal causa, debió reconocer que, no habiendo variado los hechos, sobreseyó al señor WENGIER por sentencia definitiva del día 20 de Julio de año 2000, dictada en Expediente Nº 2357 Fº 177 Año 1996. Esto es, el sobreseimiento es anterior a que SAMAME fuera designado Procurador General. La sentencia por él dictada le fue exhibida y reconocida cuando prestó testimonio (Confrontar su testimonio en versión taquigráfica del día 8 de Agosto, p.398/400). Contrariamente a lo que afirmaron los miembros de la Comisión Acusadora, ninguna ley nueva fue dictada para justificar el sobreseimiento de WENGIER.

Tampoco SAMAME era en aquel tiempo legislador, pues el único período en que fuera Diputado Provincial fue en los años 1983-1987. La "Causa Caripán" -la sentencia definitiva dictada está agregada en el Legajo de Oscar Luis BALSAMELLO- dio inicio el 31 de agosto de 1997. El joven Caripán denunciaba haber tenido trato sexual, por dinero, con BALSAMELLO, cuando era menor de edad.

La participación de SAMAME en este episodio fue haber asistido al joven denunciante luego de la denuncia.

BALSAMELLO pretende que estas actividades de SAMAME como abogado le causaron enfermedades de largo tratamiento. De su legajo surge claramente que desde el ingreso de BALSAMELLO al Poder Judicial, en 1985, las licencias médicas de largo tratamiento fueron una constante.

De hecho registra más de una decena de licencias que superan los treinta días y por tanto requieren que una junta médica se expida. En el año 1996 entró de licencia médica y permaneció hasta el año 1998. Es decir, cuando se produce la denuncia de Caripán, hacía diez meses que BALSAMELLO no trabajaba.- El 10 de febrero de 1998 una junta médica determinó que presentaba "un cuadro de tipo depresivo ansioso reactivo a situaciones personales, con correlato somático de tipo neurovegetativo (angustia), sobre una personalidad de base fuertemente obsesivo-paranoide." Esta patología se mantiene en el informe de la junta médica realizada el 30 de marzo de 1998, y que integraran el Dr. Silva, médico psiquiatra tratante de BALSAMELLO, y los médicos forenses Oscar Heredia y Carlos Alsina. (Legajo de Juntas médica incorporado por lectura). En todo el tiempo en el que SAMAME fungió como Procurador General no aplicó ninguna sanción a Oscar Luis BALSAMELLO.- El sumario agregado a la causa, promovido por el Fiscal Raúl Falco a resultas de lo surgido en un incidente de recusación promovido por el Dr. Gerosa contra el Dr. COLABELLI, se originó antes de que SAMAME asumiera. Fue instruido por el Fiscal Moreno, que propició la aplicación de una sanción, y el Procurador SAMAME dictó la Resolución Nº 47/01 PG del día 12 de Julio de 2001 por la cual desestimó el dictamen de Moreno y exculpó a BALSAMELLO. (Obra en el Sumario agregado a la causa, e incorporado por su lectura en sesión del día 15 de Agosto conf. Versión taquigráfica).

BALSAMELLO, además, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura, en el caso "Eiksman", del 23 de Octubre de 2000. Allí el Consejo, si bien no le promovió jury, decidió el envío al Procurador General. No fue sancionado.

"Fernández adhiere a los puntos 1° y 2° de las conclusiones del sumariante y solicita que se envíe al Superior Tribunal de Justicia, para que por vía de Superintendencia que establece la Ley Orgánica de la Justicia N° 37, se apliquen si procediere sanciones administrativas (art. 21 en función del art. 18)... Ronán expresa que habiéndose considerado que las falencias que podrían atribuirse al denunciado no constituirían argumentos que fundamenten un trámite de destitución del mismo, pero habiéndose puntualizado por parte de la casi totalidad de los consejeros que el desempeño como Procurador Fiscal del Dr. BALSAMELO en la causa que se estudia no fue el que debe esperarse de un funcionario del rango y antigüedad del mencionado, es de fundamental importancia que el Superior Tribunal de Justicia en ejercicio de las facultades de Superintendencia que la Constitución le atribuye, efectúe un seguimiento de la actividad de los distintos funcionarios, a los efectos de que, en cada participación que le quepa a un funcionario judicial, se vea reflejada la dedicación y esmero que toda la sociedad les requiere; máxime en casos como el que se trata en la causa estudiada y que motivara la denuncia; por ello adhiero a que se remitan las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia a los fines expresados precedentemente. ... Puesta a votación la moción del Consejero Fernández, votan por la afirmativa los Consejeros Cervi, Saliva, Caimi, Reyes Sosa, Ronan y Pérez, votan por la negativa los Consejeros Jones, Perfumo, Royer, Pascuariello y Goya, por lo que se aprueba por mayoría. (ver Carpeta Consejo de la Magistratura incorporada por lectura). Del informe presentado por el Fiscal Jefe Raúl Falco, incorporado por su lectura y que obra a fs.2341/2342, surge claramente que no hubo ninguna persecución laboral contra el Dr. BALSAMELLO, más allá de su copiosa imaginación. Como broche cabe referirse al "desalojo" de su despacho.

Narra Falco que, ante la designación de un nuevo Fiscal, el Dr. Dal Verme, la falta de un espacio disponible y la improbabilidad de que BALSAMELLO se reintegrara a su labores, le solicitó a éste que dejara libre el despacho, solución que entendió como la más adecuada en ese momento.

Como se explicó detalladamente en cada resolución, la recusación del Procurador General no es procedente en cuestiones de Superintendencia, y así se le explicó a los miembros de la Comisión Acusadora en su momento: "En cuanto a la imputación consistente en no haberme excusado de actuar en cuestiones de superintendencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en pronunciamientos seguidos por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, tiene dicho que: ".las disposiciones sobre recusación contenidas en los Código de Procedimiento para el trámite ordinario de las causas no son aplicables cuando como en el caso, se trata de facultades de superintendencia que se han ejercido conforme a las respectivas normas legales" (Fallos 245:26; 265:377; 302:277; 308:814).

De la misma forma que en los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo, la última razón le corresponde a su titular y que las decisiones adoptadas por éste en una contienda administrativa no son revisables por el Poder Legislativo, sino por el Poder Judicial, en el caso de las decisiones de superintendencia (de neto corte administrativo) adoptadas por la Procuración General, las correcciones por arbitrariedad, desviación de poder o, simplemente, por un criterio de interpretación no compartido, le corresponden también a los jueces.

En esta inteligencia, recién si la Judicatura define que un acto administrativo debe ser revocado porque fue dictado de manera arbitraria y con plena desviación de poder, serán -según el caso- la Honorable Legislatura o el Tribunal de Enjuiciamiento, los que definirán la exclusión o la permanencia en el cargo del infractor. Pero nunca antes de esta declaración judicial, cuando, como en el caso sólo se trata de presuntas omisiones o acciones de corte administrativo. En otro orden de ideas, las resoluciones dictadas por quien oficia de Subrogante Legal del Procurador General, -por ley el Presidente del Consejo de Fiscales-, tienen la misma validez de las emitidas por el titular, de modo que la objeción que se me hace de haber ratificado las que en su momento emitió el doctor Daniel BAEZ, es absurda.". (De la presentación hecha a la Comisión, fs. 2334/2335). b) Categoría, remuneración y certificación de servicios. Cuando se sanciona la Ley Orgánica del Mi-nisterio Público Fiscal Nº 5057, se establece en su artículo 25: "Equiparación. Regirán la inamovilidad, intangibilidad, inhabilidades e incompatibilidades enunciadas en los artículos 165, 170, 174 y 180 de la Constitución de la Provincia.

Los Funcionarios del Ministerio Público gozarán en cuanto a trato y respeto de los mismos derechos que los jueces. La remuneración de los Fiscales Generales no podrá ser inferior a la de los Jueces de mayor jerarquía ante quienes actúen...".

La norma estaba sujeta a dos condiciones: la primera, que entrara en vigencia el nuevo Código Procesal Penal-entonces el Código Ley 4566 que permaneció en vacancia-; la segunda, que las previsiones presupuestarias lo permitieran. "Artículo 52: Categorías: el organigrama de categorías actual del Ministerio Público Fiscal se mantiene hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.

Los Fiscales de Cámara designados con acuerdo legislativo, existentes a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, son los Fiscales Jefes de sus respectivas circunscripciones y mantendrán la Jefatura mientras permanezcan en el cargo. La facultad de designación del Fiscal Jefe, acordada al Procurador General de acuerdo al artículo 16 inciso f) de la presente, se hará operativa al tiempo en que dichos Fiscales de Cámara cesen en el ejercicio de sus cargos".

"Artículo 53: Equiparación salarial progresiva. Sin perjuicio de la inmediata equiparación funcional, el ajuste de salarios a las nuevas categorías, se realizará de un modo progresivo conforme a las previsiones presupuestarias. Hasta que ello ocurra, cada funcionario conservará la remuneración que percibía a la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal". A todo esto, BALSAMELLO había iniciado diferentes acciones: la primera, ante el Tribunal electoral, para que se le reconociera categoría equiparada a Juez de Cámara y pudiera ser elegido al Consejo de la Magistratura.- Denegada la petición por sentencia Nº 20/05, del 15 de noviembre de 2005, la recurrió administrativamente. Ante una nueva negativa, de fecha 14 de diciembre de 2005, recurrió judicialmente y el Superior Tribunal de Justicia confirmó aquella decisión por sentencia del 27 de Marzo de 2006. La segunda, un amparo para que se le reconociera la remuneración de Juez de Cámara.

La pretensión de BALSAMELLO era -y es- que este reconocimiento se retrotraiga a la fecha de puesta en marcha del Código Procesal Penal Ley 5478, esto es, el 31 de octubre de 2006. Concedido por el juez Criado, de Esquel, en primera instancia, la decisión fue revocada por la Cámara y este rechazo confirmado por el Superior Tribunal por Sentencia, por sentencia Nº 56 del 11 de Junio del año 2007.

Contemporáneamente BALSAMELLO, que no trabajaba desde finales del año 2006 por licencia médica por largo tratamiento, pretendió que el Superior Tribunal de Justicia le expidiera una certificación en la que constara la denominación de Fiscal General y la remuneración equiparada a Juez de Cámara. Ante la negativa.

Esto lo formalizó el día 10 de agosto de 2007, por carta documento. (Fs. 8 informe S.T.J.) La Cdra. Bergese responde por nota de fecha 13 de Agosto (fs. 6 informe S.T.J.).

El 29 de Agosto BALSAMELLO rechaza la certificación de servicios, pues no le ha sido confeccionada reconociendo le jerarquía de Juez de Cámara. El 9 de Octubre, por Acuerdo Nº 3669, el Superior Tribunal de Justicia rechaza el reclamo. BALSAMELLO plantea la nulidad del Acuerdo 3669. Por Acuerdo Plenario Nº 3689, del 12 de Febrero de 2008, el tribunal rechaza la nulidad articulada. Hay aquí un episodio al menos curioso.

El Juez Pfleger, el día 7 de febrero, se excusó de intervenir, manifestando por escrito a sus pares que había recibido numerosos mensajes de texto en su teléfono móvil del reclamante BALSAMELLO, referidos al caso que el Tribunal debía tratar, lo que comprometía su intervención como juez. El Procurador General, por Resolución Nº 187/07 del día 18 de Octubre de 2007, dispuso que, la norma de equiparación se hiciera efectiva, y el Superior Tribunal de Justicia convalidó la disposición por Acuerdo Nº 3682/07, del 5 de diciembre de 2007, aprueba la nueva escala salarial a partir del día 1º de diciembre de 2007.

Por Acuerdo Plenario Nº 3705 bis/08, y de acuerdo a la nota enviada el día 20 de diciembre de 2007 por la Cdra. Bergese, el Superior Tribunal dispone, en fecha 23 de Abril de 2008, que se expida una nueva certificación con la nueva remuneración a partir del 1º de diciembre de 2007.

BALSAMELLO demoró su trámite jubilatorio para obtener una respuesta favorable a su pretensión. Todos estos pasos quedaron completamente documentados en el legajo de BALSAMELLO, y fueron introducidos por su lectura durante el testimonio de la Directora de Administración y Recursos Humanos del Superior Tribunal de Justicia, Cdra. Diana Novaira de Bergese. (Confrontar testimonio de la Cdra. Diana Bergese, versión taquigráfica de fecha 12 de Agosto, fs. 10 y ss, y Documental agregada en informe del Superior Tribunal de Justicia).

Finalmente, BALSAMELLO ha entablado una acción judicial contra el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General. Allí pretende la inconstitucionalidad del artículo 26 del R.I.G., y el reconocimiento de su reclamo. Recusó, además, a todos los Jueces, y a todos los Secretarios del Superior Tribunal de Justicia.

Se proveyó, el 25 de Junio de 2008, que enderezara su pretensión, pues ni el Superior Tribunal de Justicia ni la Procuración General tiene capacidad para estar en juicio. (La demanda en Carpeta Superior Tribunal de Justicia). Debemos transcribir en extenso la sentencia que rechaza las recusaciones interpuestas por el ex fiscal Oscar Luis BALSAMELLO, y que ha sido incorporada por su lectura en la Audiencia del día 15 de Agosto.

Puesto que el primer cargo que ha justificado la remoción del Procurador General sostiene que éste, de modo sistemático, ha privado a sus subordinados de capacidad de defensa, debe quedar de manifiesto que en el Curso de la propia investigación de la Comisión Acusadora, y en el curso del debate, se probó acabadamente que tanto el Fiscal MENGHINI como el Fiscal BALSAMELLO tuvieron todos los recursos a su disposición, tanto en el orden administrativo como jurisdiccional, para utilizar en procura de lo que creían sus derechos, especialmente en procura de lograr lo que entienden es el reconocimiento de la Ley 5057 a una mejor remuneración y escalafonamiento.

Lo que sí es cierto es que sus pretensiones, como la de recusar a todos los miembros de la Corte Provincial, y a todos los secretarios de la misma, no tuvieron el éxito que el Dr. BALSAMELLO esperaba:"Que el Dr. Oscar Luis BALSAMELLO, intentó Demanda Contencioso Administrativa contra -señaló- el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut y subsidiariamente contra la Procuración General de la Provincia, en la que a más planteó la recusación de los Sres. Ministros del Cuerpo, razón por la que -producidos los informes de rigor- en cumplimiento del art. 23 CPCC, se forma este Incidente.

Que la pretensión actora aparece dispersa, expuesta parcialmente en el capítulo II -Objeto- fs. 6 y vta.- con las aclaraciones que el actor intenta a fs. 10/13, completándola en el Petitorio de fs. 20 y vta.

Sintetizando, se deduce que procura que el Superior Tribunal de Justicia integrado por Conjueces, declare la nulidad de actos administrativos dictados por el Ministerio Público Fiscal y por el mismo Superior Tribunal, cuyas copias simples acompaña con la Demanda. No adjunta, ni ofrece como prueba el Expediente Administrativo en que se dictaron, sólo antecedentes médicos y presentaciones que dice haber efectuado (fs. 17), aunque en el Petitum alude al Expte. Nº 307-66-07.

En el relato de los hechos señala, que encontrándose en uso de la licencia médica por largo tratamiento -art. 26 del RIG- que inició en Marzo de 2007, al aconsejársele ampliarla, se lo convoca a una Junta Médica que dictamina continúe la misma de conformidad con esta norma, pero, en lugar de autorizar esa licencia como -sostiene- correspondía, el Sr. Procurador General ordena una nueva Junta, presionando al Médico Forense para que se cambie el dictamen, lo que así se hizo, aconsejando ahora que debía iniciar trámites para obtener la Jubilación por Invalidez. A resultas, el Señor Procurador General Reemplazante Dr. Daniel E. BAEZ emite la Resolución N° 157/07-PG, que por esta vía ataca de nulidad, mediante la cual se lo intima "a iniciar en forma inmediata... el trámite de Jubilación por Invalidez de conformidad a lo dispuesto por el art. 26 del R.I.G.... bajo apercibimiento de solicitar intervención del Tribunal de Enjuiciamiento, en los términos del art. 18 del R.I.G. y art. 15 inc. c) de la Ley 4461 (art. 1°)".

Impugna también su ratificatoria -Resolución N° 21/07- P.G.- dictada por el Señor Procurador General Eduardo SAMAME, que rechaza por improcedentes tanto la recusación formulada de este magistrado y de ///su reemplazante, como el planteo de incompetencia que dedujera, y a más, la de todos los actos que fueron consecuencia de dichas resoluciones (si se atiende a lo manifestado a fs. 10). Asimismo peticiona la nulidad de una Nota del 27 de noviembre de 2007, mediante la cual el Fiscal General Eduardo FALCO justifica las inasistencias del accionarte hasta el día 21 de junio de 2007 y lo intima a justificar las posteriores a partir de esa fecha y/o a reintegrarse al servicio.

Con dichas impugnaciones solicita el actor que se tenga por "formulado el rechazo" a dicha intimación y apercibimiento que contiene esta última nota, y que se tenga por convalidada y autorizada "la licencia médica de largo tratamiento -art. 26 RIG" que le había otorgado la Primera Junta Médica, hasta su agotamiento, aplicándose lo dispuesto por la primera parte de ese artículo y concordantes del R.I.G. y el art. 32 de la Ley Provisional N° 3923, en cuanto establece que "el afiliado no podrá gestionar jubilación por invalidez cuando, antes del vencimiento de las licencias por razones de salud, con pago íntegro de haberes a que tuviere derecho, tenga cumplido o cumpliere los requisitos para el otorgamiento de jubilación ordinaria".

Y que así sea con goce íntegro de haberes. Para lograr esto último plantea la inconstitucionalidad de la última parte del art. 26 del R.I.G. incorporada por Acuerdo N° 3198-///STJ del 29/11/99, peticionando que se deje sin efecto a través de un "nuevo Acuerdo", por coexistir -a su juicio- "tres formas distintas" de aplicación de un reglamento en cuestiones de salud para el personal de un mismo Poder del Estado, y además, por ser contraria -esa parte del precepto, según expresa- a principios y derechos constitucionales, laborales y previsionales vigentes a nivel internacional, nacional y provincial.

Se agravia además tangencialmente, de los términos de la certificación de servicios que se le otorgó -para el trámite jubilatorio que dice haber iniciado- porque éste no contiene la categoría que por Ley Nº 5057 le corresponde (para los ex Jueces de Cámara o Fiscales de Cámara con el 0,900 de porcentual).

Y en relación con esta cuestión, introduce la inconstitucionalidad de la Ley Nº 5444 "en lo pertinente", pidiendo que se ordene al Departamento de Recursos Humanos y Dirección de Administración del Superior Tribunal de Justicia "la corrección de la consignación del cargo Fiscal General" por cuanto la antigua denominación utilizada en los recibos de haberes ha perdido vigencia -por los fundamentos que expone y por ser contraria a la Constitución y a la Ley Nº 5057.

Coetáneamente, ataca de nulidad actos administrativos dictados por el Superior Tribunal de Justicia, a quien el actor dio intervención a través de distintos reclamos.-Así, primero, nulidice la Resolución de Superintendencia Administrativa N° 4487/07 (fs. 69 y vta. del principal, 3 y vta. de este Incidente), que ante la impugnación de la Resolución N° 157/07- de la Procuración General, ya glosada, que intentó ante el Tribunal- en un único punto se resuelve "remitir al Ministerio Público Fiscal las actuaciones", considerando que carece de competencia el Tribunal para resolver los distintos planteos que efectuó, considerando que fue dictada en el ejercicio de la superintendencia que corresponde a dicho Ministerio Público, remitiendo a los arts. 195 de la Constitución Provincial y a las Leyes dictadas en su consecuencia, de conformidad con el art. 16 inc. i) de la Ley N° 5057.- Esta Resolución está suscripta por los Sres. Ministros Dres. Juan P. CORTELEZZI y José Luis PASUTTI. Cuestiona asimismo el Acuerdo Plenario N° 3689/08 del Superior Tribunal de Justicia (fs. 90/91 del principal, 1 y vta. de este Incidente), que frente a un Recurso de nulidad intentado contra esta Resolución de Superintendencia comentada, con recusación del Ministro Dr. José Luis PASUTTI, sin analizar el planteo de fondo, se insiste en la competencia del Ministerio Público Fiscal para entender en el mismo, y a la par, se resuelve aceptar la excusación que formula el Ministro Dr. Jorge PFLEGER, desechando la recusación del Dr. PASUTTI.- El Acuerdo está firmado por los Dres. Juan P. CORTELEZZI, Daniel L. CANEO, Fernando S.L. ROYER, José L. PASUTTI y Alejandro J. PANIZZI. Acusa de nulidad también el Acuerdo Plenario N° 3669/07 (fs. 59/60 del principal y fs. 1/2 del presente) en cuanto no hace lugar a su petición de una nueva certificación de servicios y aportes desde su ingreso al Poder Judicial que contenga la categoría que por Ley Nº 5057 (art. 25) le corresponde, según antes se ha relatado y es también objeto de esta acción.

El acto consideró que no podía certificarse lo que todavía no se había producido; que el ajuste salarial sería progresivo conforme a las previsiones presupuestarias y fue suscripto por los Ministros Dres. CORTELEZZI, CANEO, ROYER, PFLEGER y el Sr. Procurador Dr. Eduardo SAMAME.

Que a fs. 10, punto a), el actor solicita que el Superior Tribunal de Justicia sea integrado en su totalidad por Conjueces, "pues todos sus miembros actuales conocen acabadamente la problemática, han opinado erróneamente sobre el particular, pretendiendo interpretarlo todo como una simple cuestión de Superintendencia Administrativa para no tratar el fondo de la cuestión, que implica gravedad institucional, jurídica y una clara violación a los derechos laborales, derecho a la vida, a la salud, a la integridad y demás derechos humanos esenciales, dejando al justiciable... huérfano de esta garantía suprema...".- Considera el actor que en razón de lo expuesto y porque el Superior Tribunal de Justicia es el demandado en esta acción, debe actuar un tribunal imparcial.- En OTRO SI DIGO, recusa -indiscriminadamente- a los Secretarios del Superior Tribunal de Justicia, en razón que los mismos "toman parte en todo el expediente" pues de otra manera no se entiende que los actuales Miembros de ese Cuerpo no hayan observado la gravedad institucional que se denuncia. A fs. 26 consta, que se invita al actor a aclarar esta recusación, en tanto fue requerida directamente la designación de conjueces, teniendo presente el título de la Demanda, lo normado por el art. 29 de la Ley N° 37 -modificado por la Ley N° 4691- lo prescripto por el art. 14 del CPCC y dado que aquél no había expresado causas de recusación que involucra-sen a los subrogantes legales.

A fs. 24/25, el Dr. BALSAMELLO en respuesta, presenta un escrito que titula "Reitera y amplia recusaciones" -entre otros puntos.

En el acápite "II-Recusaciones" manifiesta que las planteadas "en el título de la demanda (fs. 103) (6 en este Incidente), en el punto a) de fs. 107 (10 en este Incidente) y en el punto 5) del Petitorio y demás motivos expresados en la demanda, así como en escritos anteriores que se adjuntaron a la misma como prueba documental..." las reitera en todos sus términos respecto de "todos y cada uno de los Miembros del Superior Tribunal de Justicia, pues todos han vertido opinión sobre el objeto de la demanda de una u otra forma", de manera individual o colectiva, integrando ese Cuerpo u otros Organismos como el Tribunal Electoral.- Además agrega que otro de los motivos por los que han sido recusados "todos los Miembros titulares de la accionada" radica en que ante la denuncia de las "graves irregularidades" cometidas por el Sr. Procurador General -titular y reemplazantes, en perjuicio de sus derechos "han guardado silencio, convalidan- do con ello el accionar del mismo, y ante los reiterados pedidos de recusación del Dr. BALSAMELLO respecto del Dr. SAMAME y su reemplazante Dr. BAEZ, ese Cuerpo no se avocó a la competencia material que le otorga la disposición del art. 179 (inc. 1.6) de la CCH".- Manifiesta además que los actuales integrantes del mismo Cuerpo, ante sus presentaciones "han incurrido en reiteradas arbitrariedades y contradicciones, negando taxativamente durante más de un año lo que reconocieron una semana después de la última negativa, acompañando al Procurador General en lo dispuesto por la Resolución N° 187/07-P.G. por lo que, ni los actuales integrantes del Superior Tribunal de Justicia ni el Sr. Procurador General o sus reemplazantes (recusados), importan para el accionante garantía de imparcialidad y justicia, en consecuencia todos (subraya) deben inhibirse de actuar".- Ello, sin perjuicio de que han sido demandados en autos tanto este Magistrado como aquel Cuerpo -agrega.

En relación con el "primer subrogante que indica el art. 29 de la Ley 37", advierte el actor que lo ha recusado desde el primer escrito que presentó en la cuestión que sirve de antecedente y origen a estas actuaciones.- Lo ratifica y reitera en todos sus términos por los motivos expuestos en dichos escritos y porque ha interpuesto -dice- ante la Legislatura Provincial un Pedido de Juicio Político contra aquél.- Añade que en tanto no ofrece dudas la recusación del primer integrante que establece la norma referida, sea en la persona de su titular o de sus reemplazantes legales, también recusados, se manifiesta sobre "el resto" de los posibles integrantes del Cuerpo.- Y agrega que conforme el inc. 2) del mismo art. 29 de la Ley 37, recusa sin causa al "actual Presidente de la Cámara de Apelaciones y del Trabajo de la ciudad de Trelew, Dr. Sergio Rubén LUCERO (art.14 CPC)". Finalmente expresa que no existen "incompatibilidades por el momento" respecto de los demás integrantes que establece la citada formativa.- Que a fin de resolver las recusaciones planteadas, haciendo manifiesto que el actor no ha considerado la reforma que a la Ley N° 37 imprime la N° 4691 (fs. 26) se integra el Tribunal a fs. 27/28 con los suscriptos, integración que se encuentra consentida, y a fs. 30 se ordena la producción de los Informes previstos por el art. 22 CPCC de los Sres. Ministros del Superior Tribunal de Justicia, de ambas Salas. A fs. 31 el Dr. ROYER informa, que pese a haber suscripto los Acuerdos Plenarios que obran a fs. 59/60 y 90/91(1/2 y 4/5 del Incidente), ninguno de ellos ha importado anticipar opinión sobre el fondo de la pretensión traída a este juicio.- Por tal fundamento y considerando además que las causas invocadas por el actor en la demanda no encuadran en el rito, manifiesta no estar comprendido en ninguno de los motivos previstos por el art. 17 del CPCC, por lo que rechaza la recusación planteada. A fs. 32 el Dr. PASUTTI también la rechaza.

Interpretando que el actor lo recusa fundado en las causales previstas en los incisos 3 y 7 de aquel artículo, informa que no se encuentra comprendido en ninguna.- Aclara que considerando lo decidido a fs. 69 y vta. y 90/91 (3 y vta. y 4/5 del Incidente), los actos que ha suscripto en función de Superintendencia Administrativa no importan emisión de opinión o adelanto de ella, esto es, prejuzgamiento; que "el pleito pendiente", no se configura a título institucional sino personal; y que además, no puede ser el Tribunal de Justicia parte demandada en el juicio.

A fs. 33 el Dr. CANEO produce su Informe, expresando que nunca ha opinado sobre la cuestión traída a juicio, según queda manifiesto en los Acuerdos Plenarios de fs. 59/60 y 90/91 (1/2 y 4/5 del Incidente); y que no se encuentra incurso en otra de las causales previstas en el referido art. 17. A fs. 34 el Dr. PFLEGER se excusa de intervenir en autos por las razones ya expuestas en el Expte. Administrativo N° 307-Año 2007 caratulado: "Dr. BALSAMELLO, Oscar Luis s/ Presentación-Rawson", valoradas y aceptada la inhibición -advierte- por Acuerdo Plenario N° 3689/08, cuya copia obra a fs. 4/5 de los presentes.

A fs. 35 el Dr. PANIZZI destaca que el actor no encuadra expresamente la recusación formulada en los motivos previstos en dicho art. 17.- Sin embargo, interpretando que con lo expresado al practicarla lo encuentra -al Sr. Ministro- comprendido en la causal de su inciso 7°, se opone, manifestando no estar alcanzado por la misma atento que sólo ha rubricado el Acuerdo Plenario de fs. 90/91 (4/5 del Incidente) y éste no adelanta criterio sobre el contenido y objeto de la acción deducida en autos.- Advierte que, respecto de ésta, no se encuentra alcanzado por otra causa de inhibición. Por último, a fs. 36 el Dr. CORTELEZZI expresa que ha firmado la Resolución Administrativa de Superintendencia de fs. 69 y vta. y los Acuerdos Plenarios de fs. 59/60 y 90/91(3 y vta, 1/2 y 4/5 del Incidente), mas ello no determina causal de apartamiento -entiende- pues no hay pronunciamiento que afecte el caso judicial traído a los estrados del Superior Tribunal de Justicia, y no resulta aplicable a su persona otra de las causales del art. 17 CPCC.

CONSIDERANDO: Que en forma previa a la resolución de las inhibitorias planteadas cabe recordar, que a partir de la conformación del Superior Tribunal de Justicia con seis Ministros -Ley N° 5475- éstos actúan divididos en dos Salas, correspondiendo el conocimiento de este juicio a la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y Minería.

Que el art. 4° de la Ley ha previsto, que cuando debe integrarse una de dichas Salas, se lo hará con los miembros de la otra, lo que ocurre en el orden dispuesto luego por el Acuerdo Plenario N° 3572. Y que, en caso de recusación o excusación de todos sus miembros, la subrogancia se dirime por aplicación del art. 29 de la Ley Orgánica de la Justicia Provincial N° 37, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4691.

Que la reforma aludida importó excluir del orden de subrogancias al Sr. Procurador General, de tal suerte que, no cabe atender en esta instancia la recusación que se impetra contra el Dr. Eduardo SAMAME y sus subrogantes y demás miembros del Ministerio Público Fiscal, al que además, no cabe intervenir en este juicio, y corresponde por estos motivos desestimarla.

Tampoco ha de atenderse la recusación sin causa del Camarista Dr. Sergio Rubén LUCERO, en tanto en el orden indicado por el art. 29 de Ley N° 37, no le correspondió la integración supletoria del Alto Cuerpo.

Que en orden al análisis de la recusación que comprende a los Sres. Ministros del Superior Tribunal de Justicia, se ha de analizar en primer lugar la de los Dres. José L. PASUTTI, Fernando S.L. ROYER, y Daniel L. CANEO, que integran la Sala competente para conocer de estos autos, y en segundo término, ante la eventualidad de un reemplazo por ausencia, licencia o impedimento, la de los Sres. Ministros que integran la Sala Penal, Dres. Jorge PFLEGER, Alejandro PANIZZI y Pedro CORTELEZZI (que ejercen los cargos de Presidente, Vicepresidente y vocal respectivamente en ambas Salas que deberían subrogarlo - Acuerdo Plenario N° 3572 y 3699.

Que establecido esto, debe considerarse que en general, los institutos de la recusación y excusación se fundan en la necesaria imparcialidad que los magistrados deben guardar para conocer y decidir las causas, obligación consagrada en el art. del 32 CPCC. El objeto, es pues, despejar al justiciable de toda duda que empañe la labor de los jueces y preservar, a más de la imparcialidad, el debido proceso.

Ello, sin dejar de considerar que -tanto la excusación como la recusación- implican un desplazamiento anormal de la competencia... por lo que las causales son de enumeración taxativa y en consecuencia interpretadas restrictiva-mente y con la debida mesura atendiendo a su trascendencia y gravedad (CS Fallos 310:2845 - STJCH SI Nº 146/91, 72/SCA/99, 23/SCA/00, 71/SRE/03, entre muchas).

Que la admisión de esos planteos, de acuerdo a las reglas preestablecidas, propicia asegurar esa imparcialidad siempre que no se perturbe el adecuado funcionamiento de la organización judicial.

Por ello, para resolverlo, corresponde atender no solo al interés particular sino también al general, que puede verse afectado por el uso inadecuado -sea por jueces o por las partes- del desplazamiento de quienes deben entender en el proceso (Conf. LL. 1997 -B- 792,804-STJCH SI N° 46/SCA/95, 27/SCA/96; 6/SCA/03).

Que la recusación, "por cuanto se trata de una medida delicada, requiere se señale concreta, sólida y seriamente la existencia y configuración de las causales que ponen en peligro la imparcialidad en el juzgamiento.- Estas deben ser conocidas por el Magistrado, y tratarse de alguna de las enunciadas por las normas rituales como generadoras del incidente..." (STJCH SI Nº 109/SCA/01 y 6/SCA/03).

En concordancia "con la importancia del acto y el respeto debido a la investidura de los magistrados, es menester que el pedido de apartamiento contenga una argumentación sólida, no insinuada... que ponga en evidencia de forma categórica la causal que se invoca" (SI Nº 26/SRE/04).

Que de conformidad con estos criterios cabe puntualizar que el recusante, no ha subsumido las causales que describe en ninguno de las enumeradas por el art. 17 CPCC, "debiéndose oficiosamente desechar -por discernimiento derivado de la descripción, y a fin de no incurrir en el rigor formal del rechazo "in límine"- su inclusión en algunas de las previstas, atisbando la pretensión de quien reclama el apartamiento..." (STJCH SI N° 27/SCA/96). Que ante la generalidad del planteo, la mayoría de los Magistrados al producir su informe ,han inteligido en que la petición de su apartamiento del litigio, radica en la causal incluida en el inc. 7° del art. 17 del CPCC, denominada "prejuzgamiento", por haber suscripto alguno o todos los actos atacados de nulidad.- Uno de los Sres. Ministros, el Dr. PA-SUTTI (Informe de fs. 32) ha entendido que además se funda el recusante en la causal de "pleito pendiente", prevista en el inciso 3° de aquel precepto del Código de rito.

Que esta última - el pleito pendiente- lo infiere el Magistrado de las expresiones del actor cuando dice recusar, por ser el Superior Tribunal de Justicia el demandado en esta acción, a lo que el Ministro responde que esta causa no se configura a título personal, sino institucional, afirmando además que el Tribunal no puede ser parte demandada en el juicio.

Que este supuesto, como cualquier otro traído como causa de apartamiento del juez natural, debe ser personal.- En este sentido se ha dicho "La recusación no procede indiscriminadamente contra el órgano jurisdiccional, sino contra la persona física que desempeña la función.- El cuestionamiento tiene que ser personal..." (Cám. Civ. y Com. Sta. Fe -Sala II- 13/9/93, conc. Cám. Nac. Civ. Sala C - 25/8/94 - JA 1996 - III- síntesis).

Que, con respecto al "prejuzgamiento" deducido por este Ministro y los restantes como causa de la recusación formulada al haber suscripto Acuerdos en función administrativa, ha de decirse que el mismo se configura "cuando se exterioriza, con antelación a la Sentencia Definitiva y sin que exista un requerimiento incidental que lo determine, una declaración de ciencia sobre el mérito de todos o algunos de los aspectos de la cuestión litigiosa" (CN Com., sala B, junio 12-1998, en "SOIMPA S.A.", LL 1999-D-813-n° 14.099); "requiere, para su configuración, que el juez haya emitido intempestivamente opinión acerca de las cuestiones sometidas a su ///conocimiento y que no se hallan en estado de ser resueltas, de modo que permita anticipar cuál será su decisión en la causa." (CSJN en "Díaz Romero..." del 13/02/2001, Fallos 324:265); "...debe ser expreso y recaer sobre la cuestión de fondo a decidir." (CSJN en "Telecor Sociedad Anónima Comercial e Industrial..." 26/04/1988, Fallos 311: 578). Jurisprudencia que ha seguido el Superior Tribunal de Justicia Provincial (STJCH SI N° 46/95 y 6/SCA/03) al sostener que el prejuzgamiento "consiste en revelar con anticipación al momento de la sentencia, una declaración de ciencia en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso, o bien que sus expresiones permitan deducir la actuación futura de un magistrado por haber anticipado su criterio, de manera tal que las partes alcanzan el conocimiento de la solución que dará al litigio por una vía que no es la prevista por la ley en garantía de los derechos comprometidos" (CSJN en "Neuquén, Provincia del c/ Estado Nacional s/ regalías", del 29/11/1990; Fallos 313: 1277)".

Que esta doctrina debe ser irrestrictamente aplicada a la inhibición opuesta a los Sres. Ministros Dres. PASUTTI y CORTELEZZI que dictaron la Resolución de Superintendencia N° 4487/07 a fs. 3 - 69 del principal- los nombrados y los Dres. CANEO, ROYER y PANIZZI que firmaron el Acuerdo Plenario de fs. 4/5 - 90 y 91 del principal, pues allí no medió decisión sobre la cuestión que es el objeto de este pleito, limitándose a establecer la competencia de la Procuración General, lo que no obsta a su aptitud para conocer del pleito.

Por otra parte -ha de añadirse- con especial referencia a los Dres. ROYER, CANEO, y CORTELEZZI, que firmaron el acto de fs. 1/2 relativo a certificación de servicios, que se ha interpretado que "no implica prejuzgamiento ni emisión de opinión con relación a la cuestión a decidir la circunstancia que el juez en ejercicio de atribuciones reglamentarias otorgadas expresamente... haya integrado el Alto Tribunal y ejercitado funciones de superintendencia"(SCBA, B 53865 I 3-11-1992, en "Casa Trasorras... S.C. c/ Prov. Bs. As. (Poder Judicial) s/ Incidente de recusación"; SCBA, B 53737 I 2-3-1993, en "Mobel Interiores c/ Prov. de Bs. As. (Poder Judicial) s/ Incidente de recusación"), desde que el ejercicio por la Corte "de los poderes de superintendencia que inviste no puede dar lugar a la recusación con causa de sus miembros individualmente considerados, fundada en la emisión de "opinión", razón por la cual la que formulare el actor con ese basamento debe ser desestimada de plano por manifiestamente improcedente"(SCBA, B 55553 I 14-12-1993, en "Vázquez, Espirio, Héctor c/ Provincia de Bs. As. (Poder Judicial) s/ Demanda Contencioso Administrativa"; en el mismo sentido: SCBA, B 53209 I 29-12-1992, en "Álvarez, Juan A. c/ Prov. de Bs. As. (P. Judicial) s/ Demanda Contencioso Administrativa"; SCBA, B 53741 I 4-8-1992, en "Chifflet, Marcelo c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Incidente de recusación.- Corte de Conjueces; B 53467 I 14-4-1992, en "Icazzati, Ana Isabel c/ Prov. de Bs. As. (Poder Judicial) s/ Demanda Contencioso Administrativa", sumario B81569; entre muchas, en página web SCBA).- Jurisprudencia concordante con lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia Provincial.- Así, en SI N° 71/SRE/03, planteada la recusación de los integrantes del Cuerpo que redactaron y firmaron el Reglamento Interno General, en juicio en que se cuestionaba la constitucionalidad de uno de sus artículos, se dijo:

"Las disposiciones sobre recusación contenidas en los Códigos de procedimientos para el trámite ordinario de las causas no son aplicables cuando, como en el caso, se trata de facultades de superintendencia que se han ejercido conforme a las respectivas normas legales" (Fallos 245:26, 265:377; 302:272; 308:814).

Reiterada en SI N° 24 y 28/SRE/04, en las que se agregó la de otros Superiores Tribunales de Provincia: "Las atribuciones de Superintendencia conferidas al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa no pueden en modo alguno ser causa suficiente de recusación individual de los ministros en ejercicio de su jurisdicción, la que no puede ser prorrogada ni restringida" (ST Formosa, 2002/03/07, "Roda... c/ Superior Tribunal de Justicia y otro..."; LL Litoral, 2002-1192; Repert. LXII, LL 2002).

Y ante un caso similar al que se presenta en autos -si bien correspondiente a la Secretaría Penal del Superior Tribuna de Justicia, en SI N° 68 del año 1997- habiéndose planteado como motivo de la recusación en contra de los titulares del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, "el dictado de dos resoluciones administrativas adversas a la imputada, reputadas ahora de inconstitucionales" se interpretó que "no es hábil para apartar a los Magistrados del conocimiento y decisión del recurso de queja incoado".

Todo ello, en consideración a las circunstancias particulares de la causa y atendiendo al hecho de que a posteriori del acto nulidicho se emitieran otros generales susceptibles de modificar la situación que motiva el agravio (vg. Acuerdo Plenario N° 3682/07.

En consecuencia, no se configura en autos prejuzgamiento que deba provocar el apartamiento de ninguno de los Ministros del Superior Tribunal de Justicia recusados Dres. PASUTTI, ROYER, CANEO, PANIZZI Y CORTELEZZI.

Con referencia al Dr. Jorge PFLEGER, el mismo se excusa de intervenir en autos, por idénticas razones a las que dice expuestas en el Expte. Administrativo N° 307-Año 2007 caratulado: "Dr. BALSAMELLO, Oscar Luis s/ Presentación-Rawson", valoradas y aceptada la inhibición -advierte- por Acuerdo Plenario N° 3689/08 (fs. 4/5 de este Incidente).

Según se expresa allí, en su considerando II), el nombrado se excusó "en razón de que el reclamante, una vez iniciado el presente, ha remitido insistentemente mensajes de texto en defensa de su posición y anunciado los pasos que daría en cada caso"; y fundó su apartamiento en graves razones de decoro y delicadeza.

La jurisprudencia ha interpretado que "resulta procedente la excusación de un magistrado por motivos graves de decoro y delicadeza... toda vez que debe hacerse honor al escrúpulo respetable del juez que se excusa frente a circunstancias que pueden dar lugar a que se dude de su imparcialidad en sus decisiones, sin perjuicio de que resulten de efectivas circunstancias que demuestren que la inhibición responde a las causales avaladas en serios fundamentos" (CN Civ., Sala L, 7/11/00, en "Arizmendi S.A.", LL2001-C-304).- El decoro representa la duda respecto de la capacidad para juzgar imparcialmente, por relación con las partes... recelosas o sospechosas, basadas en hechos anteriores sucedidos entre ellas, que las hayan colocado en una situación de conflicto emocional, no comprendido dentro de las causales.- (FALCÓN, con cita de COUTURE, en el T° I, pág. 273, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado, Edición 1982). Que -atendiendo a la motivación del Magistrado- de conformidad con los fundamentos enunciados, puede aceptarse la excusación planteada por el Sr. Ministro Dr. Jorge PFLEGER por aplicación del art. 30 CPCC, ante la eventualidad -como se previno- de que deba reemplazar a un integrante de la Sala Civil por ausencia, licencia u otra causa.

Que la Recusación de los Sres. Secretarios del Superior Tribunal de Justicia, que se entiende generalizada a tenor de lo prescripto por el art. 31 inc. 1° de Ley N° 37, no es procedente, conforme el art. 39 del CPCC.- Comentando igual precepto en el orden nacional, la doctrina expresa "Los Secretarios de la Corte sólo pueden excusarse" (FALCON, Cód. Proc. Civ. y Com. Anotado pág. 423); y también se ha considerado que la recusación al Secretario importa un agravio al Tribunal al cual pertenece, si el recusante atribuye al funcionario una influencia impropia en la decisión.- En tal caso, debe desestimarse la recusación deducida sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder a los letrados (FASSI-YÁÑEZ - Cód. Proc. Civ. y Com. Anotado - Tº 1, pág. 304). La jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación indica: Es inadmisible la recusación de un Secretario de la Corte (CSJN en "Cantos, José María..." del 11/07/1990 -Fallos 313:629).

"La recusación sin causa de un Secretario de la Corte es improcedente y debe ser rechazada de plano de conformidad con lo prescripto por el art. 39, tercer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación." (CSJN Incidente de nulidad en autos: G-413 -Tomo XXXVI- "Germán, Aron..." del 16/05/2006 - Fallos 329: 1672; ídem en "Incidente de nulidad en autos: G-413 -Tomo XXXVI- "Germán, Aron..." del 16/05/2006, Fallos 329:1672; en "Gurevich, Guillermo..." del 24/04/2003, Fallos 326:1388, entre muchos).

Y "Corresponde desestimar la presentación que no traduce otra cosa que una distracción para los jueces de la Corte cuando no una conducta rayana en el agravio al Tribunal" (CSJN en "Zamora, Federico..." del 24/10/1995, Fallos 318: 2106. Por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia RESUELVE: 1º) DESESTIMAR la recusación planteada por el Dr. Oscar Luis BALSAMELLO contra los Sres. Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. José Luis PASUTTI, Fernando S.L. ROYER y Daniel Luis CANEO, quienes conforman la Sala que debe conocer en estos autos.- 2°) DESESTIMAR la recusación formulada contra los Sres. Ministros integrantes de la Sala Penal del mismo Tribunal, Dres. Alejandro PANIZZI, y Juan Pedro CORTELEZZI, en su carácter de eventuales subrogantes de los miembros de la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y Minería-; 3°) ACEPTAR la excusación del Dr. Jorge PFLEGER (art. 30 del CPCC).- 4°) DESESTIMAR la recusación planteada contra el Sr. Procurador General Dr. Eduardo SAMAME -sus subrogantes y/o reemplazantes del Ministerio Público Fiscal- en tanto no deben integrar el Tribunal que juzga en autos (art. 4 Ley N° 5475 - 29 Ley N° 37 texto Ley N° 4691), ni intervenir en ellos;

5°) DESESTIMAR la recusación de los Sres. Secretarios del Superior Tribunal de Justicia (art. 39 CPCC); 6°) REGÍSTRESE y notifíquesela presente se firma con dos miembros, por encontrarse el Dr. Raúl A. VERGARA en uso de licencia por enfermedad. Fdo. Dres. Carlos A. Velázquez y Carlos D. Ferrari." El aspecto mentado con letra c) "Licencias médicas, enfermedad laboral, personalidad de base, previsiones constitucionales, legales y reglamentarias" contiene el siguiente alegato: ".El 10 de febrero de 1998 una junta médica determinó que Oscar Luis BALSAMELLO presentaba "un cuadro de tipo depresivo ansioso reactivo a situaciones personales, con correlato somático de tipo neurovegetativo (angustia), sobre una personalidad de base fuertemente obsesivo-paranoide." Esta patología se mantiene en el informe de la junta médica realizada el 30 de marzo de 1998, y que integraran el Dr. Silva, médico psiquiatra tratante de BALSAMELLO, y los médicos forenses Oscar Heredia y Carlos Alsina. En estas juntas médicas también se rechazó la pretensión de BALSAMELLO, para que su afección se calificara como enfermedad laboral. Expresamente se consignó que, desde la legislación laboral, se trataba de una enfermedad inculpable, "entendiéndose por tal aquella que reconoce un origen totalmente extraño o indirecto de la fuente laboral". El médico forense Dr. Heredia en la audiencia reconoció los documentos del Legajo personal de BALSAMELLO que se le pusieron de manifiesto, especialmente las jun tas médicas que constataron que las enfermedades del nombrado se definen como "inculpables", y no "laborales".

En esa ocasión se dió lectura al traído y llevado Reglamento Interno General, en sus artículos 26 y 27: "Artículo 26) Por afecciones o lesiones de largo tratamiento que inhabiliten temporariamente al agente para el desempeño del trabajo, podrán concederse las siguientes licencias en forma sucesiva hasta trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, con goce integro de haberes y hasta ciento ochenta (180) días más con goce del cincuenta por ciento (50%) de los haberes. Para el otorgamiento de esta licencia se requerirá previo dictamen de junta médica la que deberá expedirse en cada ampliación de plazo que se solicite.

Excepcionalmente en los casos de agotarse el periodo de ciento ochenta (180) días con el goce del 50% del haber previsto en el párrafo que antecede, los agentes, podrán usufructuar ciento ochenta (180) días más, con el 50% del haber, previo dictamen de Junta Médica que determine que son casos de enfermedades de larga evolución en estadíos agudos, en tratamiento que pueden revertir su cuadro y/o que a los fines previsionales no están en condiciones de ser evaluados para una decisión definitiva.

En todos los casos de enfermedades de larga duración las Juntas Médicas deberán especificar claramente si el agente debe iniciar los trámites de jubilación por invalidez, circunstancia que notificará fehacientemente al agente, quien deberá iniciar en forma inmediata dichos trámites, acreditando tal circunstancia ante el Superior Tribunal de Justicia; hasta que se produzca la referida acreditación serán de aplicación los párrafos precedentes. El régimen instituido por el presente artículo.

Se hace extensivo a los casos de accidentes y enfermedades profesionales. Modificado por Acuerdo N° 3198 (29/11/99)" (El subrayado me pertenece).- Artículo 27) En caso de enfermedad profesional contraída en acto de servicio o accidente de trabajo, que incapacitasen temporariamente para el desempeño del servicio, podrán concederse hasta setecientos treinta (730) días corridos de licencia en forma continua o discontinuos para un misma o distinta afección, y con goce íntegro de haberes.

Esta licencia también se otorgará previo dictamen de Junta Médica, la que deberá expedirse en cada ampliación del término de la licencia. al concluir dicho lapso, previo nuevo dictamen de la Junta Médica en el mismo sentido podrán concederse otros ciento ochenta (180) días corridos con el 50% de la remuneración y luego deberá expedirse sobre la capacidad laborativa del agente, que podrá ser reintegrado al servicio y obligado a acogerse a Leyes Previsionales.

Todo accidente acaecido en el trayecto del domicilio al lugar del trabajo e inversamente quedará incluido en este artículo. También quedó claramente establecido que, en enfermedades de largo tratamiento, ninguna cláusula reglamentaria autoriza "tareas pasivas" o "livianas".

Por lo demás, el informe del Presidente del Superior Tribunal de Justicia del que allí se dio lectura, suscripto por el Dr. Jorge Pfleger, especifica que, nunca se concedieron "tareas livianas o pasivas" a funcionarios o magistrados judiciales del Poder Judicial, ni tal posibilidad se encuentra prevista legal o reglamentariamente.

Y este nunca se refiere a los cincuenta años de existencia del Poder Judicial del Chubut. Las constancias del Legajo de Juntas médicas del Dr. BALSAMELLO también fueron introducidas por lectura en el testimonio del Dr. Heredia, versión taquigráfica del día 7 de Agosto de 2008, p. 88/110).

Las licencias médicas de las que venía gozando BALSAMELLO desde 1987 se sucedían. Las enfermedades que padecía derivaron en afecciones crónicas, las que puede compensar y sobrellevar si no se somete al rigor del trabajo y cumple las indicaciones médicas.

Pero que, a juicio de los facultativos, hacían imposible pensar en su reintegro en plena capacidad (ver carpeta Juntas Médicas Dr. BALSAMELLO, incorporada por lectura). Cuando se avecinó el tiempo en el que debía resignarse a cobrar la mitad del sueldo, por haber rebasado el año calendario, una junta médica le prescribió "tareas livianas". Esta junta médica no estaba integrada por dos médicos forenses, sino por uno, el Dr. Roo, por la médica tratante de BALSAMELLO y por una profesional de la Provincia.

Al llegar a la Procuración General la comunicación, la Dra. Diana SIGNOROTTO advirtió dos reparos legales: el primero, que las tareas "livianas" o "pasivas", no están previstas en la legislación del Chubut para funcionarios con acuerdo legislativo. La segunda, que la junta médica estaba integrada por un solo médico forense. Esto motivó que se dispusiera una nueva junta médica para que dictaminara conforme las previsiones legales.

La Constitución del Chubut -al igual que la Nacional- dispone en el artículo 165 que los magistrados y funcionarios con acuerdo legislativo pueden ser removidos por inhabilidad psíquica o física.

Esto es fácilmente explicable: si bien hay oficios público en los que es posible adjudicar "tareas livianas", como en el sistema educativo, o en la administración en general, un juez o un fiscal que -por ejemplo- perdiera el uso de las cuerdas vocales, o la vista, aún conservando su capacidad intelectual no podría seguir desempeñando el cargo. Las afecciones de BALSAMELLO, variadas y crónicas, no le permitían un reintegro pleno a sus funciones.

De este modo, la intimación cursada por Daniel BAEZ y sostenida por Eduardo SAMAME (Resoluciones Nº 157/07 y 21/07 PG, incorporadas por su lectura) para que BALSAMELLO iniciara el trámite jubilatorio bajo apercibimiento de ser sometido a jury de enjuiciamiento, es la única decisión que podía tomar el Procurador General, en defecto de la renuncia al cargo.

La comunicación sobre la situación de revista de BALSAMELLO no llegó a la Procuración, que reclamó la justificación de la inasistencia en el período 21/06/07 al 27/11/07. Ante los hechos consumados -BALSAMELLO había continuado gozando de licencia por razones de enfermedad crónica sin ser intimado a reintegrarse a trabajar- la Procuración General convalidó.

Esto ha sido explicado en el testimonio de la Dra. SIGNOROTTO y la Cdra. Bergese (confrontar versión taquigráfica del día 12 de Agosto) y como lo dijo el Presidente de Tribunal de justicia: desde la conformación de Poder Judicial de la Provincia, nunca se reglamentó la posibilidad de tareas livianas, pasivas o de medio tiempo para jueces o funcionarios con acuerdo. (cfr. Carpeta Superior Tribunal de Justicia).

No las tuvo el Juez Perfumo, no las tuvo la Fiscal Ferrari, no las tuvo el Fiscal MENGHINI. No las tuvo nadie. Es posible que, desde la percepción de un ciudadano común, esto resulte injusto. Pero la prescripción constitucional es clara: si un fiscal no soporta la tensión de una audiencia, no puede ser fiscal.

Y la reglamentación que desagrega la cláusula constitucional también es clara: se trata de los transcriptos artículos 26 y 27 del Reglamento Interno General del Poder Judicial, desconocidos tanto por los Miembros de la Comisión Acusadora como por varios Legisladores de la Sala de Juzgar.

En el apartado B) se consideró, por los apelantes, la denuncia de Nelson Agustín MENGHINI. Allí se puso énfasis en que esta persona: ".denunció al Procurador General reprochándole persecución laboral.

Esta habría estado actuada no directamente por el Procurador General sino por Daniel BAEZ, Fiscal Jefe de la Circunscripción de Puerto Madryn, y consentida por Eduardo SAMAME.

También le reprochó demorar la certificación laboral, y perjudicarle con la reducción de su remuneración. Tanto BAEZ, como Luchelli y SAMAME refirieron que MENGHINI sufrió una gran decepción cuando fue postergado en el cargo de Fiscal de Cámara que concursó y ganó en el Consejo de la Magistratura Daniel Esteban BAEZ, lo que en parte explica -junto con las características de la gravísima dolencia que llevara a su jubilación por invalidez- lo afectado que se muestra con sus superiores, especialmente el Fiscal Jefe Daniel BAEZ y, básicamente por omisión al ratificar las decisiones de BAEZ, con el Procurador SAMAME.

En la audiencia se dio lectura a las instancias del concurso que BAEZ ganó, y en el que MENGHINI fuera descalificado (Acta 124 del Consejo de la Magistratura, del 29 de Abril de 2004, páginas 10 a 12, incorporado por su lectura). a) Persecución laboral. Como se historió supra (II - Antecedentes, Capítulo 4) la denuncia del Fiscal MENGHINI ante la Legislatura es la misma -salvo el encabezado- que hiciera al Dr. BAEZ, quien fuera antes su dependiente y luego su Jefe, ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut.

El Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut es un organismo de la Constitución (Arts. 187 a 193 C. Chubut) de bien ganado prestigio, integrado por cuatro abogados, tres magistrados, un empleado judicial -todos elegidos por sus pares- el Presidente del Superior Tribunal de Justicia y cinco ciudadanos elegidos por voto popular.

Este organismo designó una Comisión de cinco miembros que, de manera unánime, se pronunciaron por el rechazo de todos los cargos expuestos por MENGHINI en su denuncia. Presentado el informe al Pleno del Consejo en la sesión que tuvo lugar el día 25 de Junio del año 2008 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, por unanimidad, y sin reparos de ninguna especie, el Consejo decidió archivar la denuncia.

Se transcribe el dictamen y su aprobación, que consta en Acta Nº 172/08 C.M.: "Respecto al PUNTO 1) de la denuncia la Comisión resuelve: Al Dr. BAEZ se lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al haber omitido actuaciones vinculadas con actividades comerciales que habría realizado la Dra. Ponce como propietaria del barco pesquero "La Paloma"; lo que a criterio del denunciante contravendría normas del RIG, que regula los derechos y deberes de los empleados del Poder Judicial.

Ante ello, la Comisión ha observado que la Dra. Ponce era empleada de la Fiscalía, y no fue denunciada por ningún funcionario de esa Agencia, ni aún hoy -Secretaria Juzgado Correccional- por la presunta responsabilidad administrativa de ejercer actos de comercio.

Surge de las actuaciones agregadas por el denunciante -fs. 8vta.- informe del propio Dr. MENGHINI que: "resulta prematuro expedirse en relación a probables responsabilidades administrativas que pudieran corresponderles, dando en su caso el trámite que resulte adecuado".

Esta misma presentación la hizo oportunamente al Presidente del Consejo de Fiscales el día 14 de septiembre del año 2005.

La respuesta a esta nota fue la Resolución 134/05 del Procurador General, de fecha 3 de noviembre del año 2005. Por lo expuesto, se propone rechazar la denuncia en este punto, por un lado por no ser causal per se al no encuadrar en ninguna de las causales previstas en el artículo 15 de la Ley 4461 y por otro, porque la Procuraduría General en el año 2005 ya se había expedido al respecto, con noticia del denunciante. PUNTO 2) Denuncia desconocimiento inexcusable del derecho y de sus principios básicos.

En primer lugar indica que el Dr. BAEZ desconoce principios básicos, tales como, que en materia de derecho penal la responsabilidad penal no se comparte. Otro cargo es que lo han mantenido, a su juicio, con un proceso abierto por un tiempo excesivo sin que se resuelva su situación procesal; y que, luego de sobreseído, tiene la sospecha de seguir siendo investigado.

Del análisis de la causa en cuestión, se observa que, si bien la causa comienza en el año 2003, el Dr. BAEZ interviene en junio del año 2004, el expediente tuvo un trámite regular, demorado en un momento por la no presentación a declarar de la presunta víctima llamada en más de una oportunidad. Ha sido sobreseído finalmente en el año 2005 el Dr. MENGHINI. No se observan las irregularidades que trae el denunciante, por lo que se propone la desestimación de esta denuncia, por no encuadrar la misma en el artículo 15 inc. "b" de la Ley 4461.- PUNTO 3) La denuncia que se hace es en forma genérica, sin cita de causa o juicio alguno. Se hace un relato en relación a la propia actividad interna de distribución de tareas de los Sres. Fiscales, tales como intervenir en los juicios ante las Cámaras. Se propone desestimar la denuncia, pues por los artículos 20 y 37 de la ley 5057 tiene el Fiscal Jefe esas facultades y la Resolución 134/05 P.G, que se ajusta a los términos de la Ley citada, que en su parte resolutiva dice: "Art. 1- Reivindicar la plena vigencia del principio de dependencia jerárquica, al que deben someterse sin excepción los órganos del Ministerio Público Fiscal.

No se observan las irregularidades que trae el denunciante, por lo que se propone la desestimación de esta denuncia. PUNTO 4 a) Atribuye en causa García s/ denuncia Lesiones, haber incurrido el Dr. BAEZ en irregularidades procesales, no habiendo podido sostener en el juicio la imputación en orden al delito de lesiones graves -cuyo inicio, había sido calificado penalmente como homicidio tentado-. Asimismo, le imputa al fiscal BAEZ haber alentado a los padres de la víctima a efectuar una denuncia en su contra ante el C.M. Se observa de la lectura de la documental acompañada -sentencia de la Cámara Criminal-, que el Fiscal BAEZ acusó en orden al delito de lesiones graves, empero, el Tribunal de mérito, por las argumentaciones allí expuestas, consideró que el delito configurado encuadraba dentro del tipo penal de lesiones leves.

Respecto al cambio de carátula del expediente en orden al delito de homicidio tentado a lesiones graves, lo fue por una decisión de la CANE en etapa la instructoria. Respecto a la segunda imputación, más allá de considerar que de así haber resultado no sería causal de reproche a través de sumario alguno, no constan en documento alguno las apreciaciones vertidas por el denunciante.

La Comisión propone se rechace esta denuncia, por no encuadrar en ninguna de las causales previstas en el artículo 15 de la Ley 4461.- PUNTO 4 b) Se le imputa al Dr. BAEZ, que, en causa "Perciante, Diana E. S/Denuncia Lesiones Culposas", habiendo contado con todos los elementos probatorios debidamente acreditados como para arribar a una segura condena y con el agravante de haber participado en la etapa investigativa y confeccionado la vista que prevé al artículo 304 -Ley 3155-, el resultado final fue el pedido de absolución en juicio. De acuerdo a las constancias acompañadas por el denunciante, se observa que el Dr. BAEZ se desempeñaba en la etapa de investigación y clausura del sumario, como Funcionario de la Fiscalía y no como Fiscal con acuerdo legislativo.

Luego, sobre el pedido absolutorio, no es resorte de esta Comisión evaluar el contenido de dicho pedido, máxime que no se observa que el Tribunal, en el control de legalidad, hubiera observado alguna irregularidad o nulidad procesal en el pedido absolutorio. Se propone desestimar esta denuncia. PUNTO 4 c) En el caso "Mary Esteban s/ Homicidio resultó víctima", le imputa al Fiscal BAEZ no haber sometido a proceso a todos los imputados, al considerar que uno de los testigos, en realidad, revestiría la condición de sospechado. Resulta ajena a la intervención del Consejo efectuar una valoración del mérito del contenido de la acusación, estrategia propia que puede llevar adelante cualquier funcionario público en el ejercicio del ius punendi.

Además no se ha probado que su actuación en esta causa penal encuadre en alguna de las causales del artículo 15 de la Ley 4461, por lo que se propone se rechace esta denuncia. PUNTO 4 d) En el caso "Bregonzi s/homicidio r/ víctima", denuncia desidia e ineptitud del titular de la fiscalía por la nulidad de las escuchas telefónicas pedidas tardíamente al juez.

La nulidad decretada por la Cámara de Apelaciones fue de fecha 8 de junio de 2004.El Dr. BAEZ asumió sus funciones como Fiscal de Cámara el día 25 de junio de 2004.Se propone rechazar esta denuncia.

PUNTO 4 e) Indica el denunciante que en la Cria. Tercera de Puerto Madryn, luego de un incendio, un detenido realizó una denuncia, que no obstante haber llegado a manos del P.G., no fue investigada. En esta referencia genérica y sin el agregado ni cita de prueba alguna, no se establece ni se indica que actuación le cupo al Dr. BAEZ.

Puede interpretarse, de la redacción de este punto, que se trataría de una denuncia contra el P.G., cuestión ajena a la competencia de este Consejo. Se propone el rechazo de esta denuncia. PUNTO 5) Se le imputa al Dr. BAEZ haber alentado a un Defensor a que le requiriera -al denunciante- la remisión de más de treinta causas que se encontraban bajo su investigación.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 3764, y fundamentalmente lo establecido en los artículos 13 y 46 de la C. Pcial., -Los actos de los Poderes del Estado son públicos-, (salvo secreto del sumario, o en su caso, que afecten la moral y la seguridad pública) no se advierte en la posición que adoptara el Fiscal Jefe, violación alguna a los deberes de funcionario público. Se propone desestimar la denuncia.

PUNTO 5a) Denuncia maniobras de acoso al inducir a personas conflictivas a accionar en su contra, como el caso del matrimonio García-Casas y como pretendió hacerlo con el matrimonio Galuzo-Realini. De la prueba acompañada, no surge ni se advierte que el Dr. BAEZ haya tenido alguna conducta de aquellas que indica y atribuye el denunciante. Se propone desestimar la denuncia, por no encuadrar en ninguna de las causales previstas en el artículo 15 de la Ley 4461. PUNTO 6) Le imputa al Dr. BAEZ haberlo sustraído del entendimiento en la investigación de los delitos contra la libertad sexual, dejándole solo la investigación de los delitos contra las personas. Según lo prevé la Resolución Interna del Ministerio Público Fiscal Nro.134 y lo establecido en el artículo 20 de la Ley 5057, es resorte del Fiscal Jefe, asignar y distribuir las causas que ingresen a la circunscripción judicial. Se propone el rechazo de esta denuncia. PUNTO 7) Le imputa haber favorecido a la Dra. Gentile -Secretaria del Juzgado de Instrucción Nro. 5- en una causa penal, a partir de que ésta denunciara a MENGHINI por supuestas manifestaciones de amenaza de muerte que habría proferido MENGHINI contra el Fiscal BAEZ. Se observa que esta misma presentación la hizo oportunamente el Dr. MENGHINI al Presidente del Consejo de Fiscales en el año 2005. De la prueba instrumental acompañada, no se advierte actitud o proceder alguno del Dr. BAEZ pasible de control por parte de este Consejo. Se propone rechazar la denuncia. PUNTO 8) Se advierte que la denuncia sería contra el P.G., cuestión de ajena competencia de este Consejo. Se propone rechazar esta denuncia. PUNTO 9) Imputa el denunciante misma cuestión que la dicha en el punto 6. De la documentación acompañada, en causa penal en que estuvo inculpado, fue decretado su sobreseimiento. Se propone el rechazo de este punto. PUNTO 10) Imputa demoras en el trámite de las causas, a partir de que se sustrajeran de su órbita. A juicio de ésta Comisión, el Consejo de la Magistratura no es Ente para arbitrar los medios y recabar estadísticamente las demoras posibles en causas que no se indican, como tampoco el tiempo de demora. Se propone el rechazo de esta denuncia. PUNTO 11) La causa Espinoza se encuentra en trámite, pendiente de resolver por el S.T.J. los sobreseimientos de los imputados, debiendo ese tribunal evaluar la documental, en todo caso, que cita el denunciante. Se propone su rechazo. PUNTO 12) Encontrándose en trámite la causa "Espinoza s/ Homicidio" ante el S.T.J., no cabe más análisis por no ser resorte de este Consejo, por lo que, en consonancia con lo resuelto en el punto anterior, se propone su rechazo. PUNTO 13) Fue dicho y resuelto en puntos anteriores. Se propone su rechazo. (Punto 6 y art. 20 de la Ley 5057). PUNTO 14) Se imputa una serie de presuntas irregularidades, en tiempo en que el Dr. BAEZ aún no era Fiscal. En caso de existir algún reproche, lo debe ser al Procurador General o al Crio. Rojas, no siendo competente este Consejo para considerar esta denuncia, por lo que se propone su rechazo. PUNTO 15) Se observa de la documentación acompañada, que los controles médicos lo fueron por los facultativos forenses, quienes ante la enfermedad padecida por el denunciante, decidían en tal sentido en el otorgamiento de licencias. No se observa actividad del Dr. BAEZ que encuadre en alguna de las causales del artículo 15 de la Ley 4461, por lo que se debería rechazar esta denuncia. PUNTO 16) La Causa Espinoza, se encuentra en trámite como antes se enunciara, por lo que este punto también debería ser rechazado. PUNTO 17) En primer lugar, no se observa en el dictamen de archivo del Dr. BAEZ lo dicho por el denunciante, sino que éste se expide por el archivo por considerar que no existen elementos de causa probable que amerite la apertura de una investigación atento la imposibilidad fáctica de reunir elementos de convicción. Luego, por decisión del P. G. se reabre la investigación. En relación a los planteos, según instrumental agregada, en el legajo de investigación se encuentra en trámite de resolver las situaciones planteadas por el presentante (apartamiento del Dr. BAEZ), por lo que no es tiempo que este Consejo se expida, por no poder inmiscuirse en una causa en pleno trámite Procesal, por lo que se propone el rechazo de esta denuncia. PUNTO 18) Se trata de un cuestionamiento al P. General en materia salarial, por lo que se propone rechazar esta denuncia por no ser competencia de este Consejo. PUNTO 20) Nuevamente cuestiona al Procurador General sobre descuentos de su sueldo, por lo que se propone su rechazo. PUNTO 21) Por un lado se trata de un supuesto acoso del Fiscal BAEZ a otros funcionarios, empero, no existe presentación alguna de estos terceros poniendo en conocimiento de este organismo esta situación. En relación a la toma directa de personal, atento lo dispuesto en el artículo 16 inc. I y 44 de la Ley 5057, es responsabilidad del Procurador General la superintendencia administrativa del Ministerio Público Fiscal. Se propone el rechazo de la denuncia. PUNTO 22) Del contenido de la presentación, se advierte que estamos ante una denuncia en abstracto, al no indicarse las causas en las que hubiera existido un apartamiento del derecho de parte del Fiscal Jefe. Sin perjuicio de ello, la Comisión solicitó al Fiscal Jefe un listado de las causas y su estado procesal, relacionadas a Vejaciones o Apremios ilegales en trámite por ante esa Fiscalía, el cual se agrega como instrumental, observándose un trámite regular -aún en investigación o con debate y sentencia definitiva- y archivo en aquellas que el Ministerio Público así lo dispusiera, sin observación de parte alguna. Respecto al pronto archivo que denuncia en causa 4874/05 "Fiscalía de Estado s/ denuncia presunta prostitución de menores", del análisis de la causa se advierte que se han tomado diversas medidas a los fines de encausar la investigación y a fs. 100/vta, se ordena el archivo luego de casi dos años de investigación, por la imposibilidad fáctica de reunir elementos de convicción que permitan formular una acusación. No surge desde la Fiscalía de Estado reparo a esta medida. Se propone el rechazo de esta denuncia por no encuadrar en ninguna de las causales previstas en el artículo 15 de la Ley 4461. PUNTO 23) Existe un pedido final del denunciante para que se investigue lo antes informado, cuestión que ya ha sido aconsejada su desestimación al Pleno, y apunta, finalmente, a un mal desempeño también del Procurador General, situación de resorte ajeno a este Consejo. Conclusiones: se ha observado que las denuncias estuvieron dirigidas, en algunos casos a hechos en que el Dr. BAEZ aún no era Fiscal de Cámara; en otros, se trató de involucrarlo en cuestiones propias de la Procuraduría General, y en lo demás, se ha tratado de situaciones, que luego de un extenso análisis y pormenorizado control por parte de esta Comisión de la documentación acompañada y solicitada, no encuadraron en ninguna de las causales previstas para la destitución de Magistrados y Funcionarios con acuerdo Legislativo establecidas en el artículo 15 de la Ley 4461 y artículos 168 y 169 de la Constitución Provincial. Se ha advertido además, que muchas de las decisiones cuestionadas al Fiscal Jefe, lo fue por la propia atribución que ostenta en el marco del artículo 20 de la Ley 5057 -Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y lo dispuesto en la resolución 134/05 de la Procuración General. Atento lo establecido en el artículo 34 segundo párrafo de la Ley 4461, la Comisión de evaluación previa de admisibilidad de denuncias, propone al Pleno del Consejo de la Magistratura el rechazo de la denuncia formulada por el Dr. Nelson MENGHINI contra del Dr. Daniel BAEZ. FDO: Leonardo Marcelo PITCOVSKY - Jorge Amado GUTIÉRREZ -Oscar Atilio MASSARI Carlos serafín MARGARA - Franklin John HUMPHREYS." "El Presidente pone a consideración del pleno la aprobación del informe de la comisión, el que se aprueba por unanimidad, por lo que queda desestimada la denuncia." Luego de la extensa reseña se sostuvo que: ".cuando el Consejo de la Magistratura no encuentra mérito para propiciar el jury, pero advierte conductas que podrían ser sancionables por la autoridad de superintendencia, así puede resolverlo remitiendo al Superior Tribunal, a la Procuración General o a la Defensoría General las actuaciones practicadas. En este caso, sin embargo, ni no solo de los Consejeros evaluó que hubiera mérito para enviar las actuaciones a la autoridad de superintendencia respecto del Fiscal BAEZ. Tanto la Comisión Acusadora como la Sala de Juzgar han desconocido completamente la actuación del Consejo en este caso. Esto, pese a que el Fiscal Jefe Daniel BAEZ compareció ante la Sala de Juzgar, y fue interrogado durante casi tres horas, poniéndosele punto por punto de manifiesto todas las expresiones del ex fiscal MENGHINI, y muy particularmente aquellas donde la conducta de BAEZ se trataba de manera enlazada con la del Procurador General. El testimonio de BAEZ no ha dejado resquicios, y tampoco el Acta del Consejo de la Magistratura que se incorporara por su lectura y que obra en la carpeta en la que contiene la respuesta al informe que le fuera pedido (Versión taquigráfica día 13 de agosto, páginas 131 y ss.). Como explicaran consistentemente el Procurador General (Su testimonio en versión taquigráfica del 14 de Agosto) el Fiscal Jefe Daniel BAEZ y el Fiscal General Rafael Luchelli (Sus testimonios en versión taquigráfica del 13 de Agosto), como también del propio Fiscal MENGHINI, él se ocupó de la investigación en una de las causas de mayor trascendencia desde la instalación de dependencias judiciales en la ciudad de Puerto Madryn en 1986: la muerte del empresario pesquero Rubén Espinoza. Los pormenores de esta investigación, desarrollada en vigencia del anterior Código Procesal Penal y por ello a cargo de un Juez de Instrucción, fueron materia de interés público -lo siguen siendo- y ello motivó que el Procurador General finalizara encomendándole que se ocupara exclusivamente de esa investigación. MENGHINI, en su comparendo en la audiencia, reconoció que él solicito continuar con esa investigación, siendo que el hecho había tenido lugar cuando se encontraba subrogando en la restante Fiscalía; esto así, en vigencia de la organización Fiscal anterior a la vigencia del actual Código Procesal.- Pero luego se excusó de continuar, y su excusación no fue aceptada por el Fiscal Jefe (Resolución Nº 46/06, obrante a fs. 446/447 en la documental aportada por él mismo. SAMAME confirmó la Resolución de BAEZ (Resolución N1 104/06 P.G., de fs. 450), y finalmente, por Resolución Nº 127/06 (fs. 451) le encomendó esa tarea como ya se dijo. MENGHINI luego comenzó con licencia médica a causa de la enfermedad que más tarde lo llevó a jubilarse anticipadamente. Sostiene el denunciante que nunca fue escuchado sobre las amenazas recibidas a causa de su intervención en la causa Espinoza, sólo una nota del Comisario Rojas que desechó. Sin embargo, en la Instrucción Nº 02 del año 2004 el Procurador General tomó las medidas que parecían adecuadas. Al menos, no explicó nunca MENGHINI qué clase de respuesta esperaba de la autoridad. En esta Instrucción se dan precisas instrucciones al Fiscal Lucchelli para que se investiguen tales hechos. Que se denuncian. Esta Instrucción está incorporada en la Carpeta INSTRUCCIONES, a fs. 114, y fue leída en la audiencia del día 15 de Agosto).".

Esta nota fue trascripta en el recurso y para completar la descripción de la pieza se reproduce:"Rawson, 11 de mayo de 2.004.- VISTO: Nota suscripta por la firma Costa Comunicaciones, de fecha 08 de mayo de 2004, dirigida al Sr. Fiscal Dr. Nelson A. MENGHINI, remitida en original a esta Procuración General por el citado funcionario y la Nota Nº 26/04 de fecha 07 de mayo de 2004, remitida por el Sr. Fiscal Nelson MENGHINI, y; CONSIDERANDO: Que del informe citado en primer término se desprende que los servicios telefónicos prestados al Sr. Fiscal Dr. Nelson MENGHINI, pueden encontrarse intervenidos, resulta necesario que se promueva investigación al respecto, solicitando las medidas preliminares y pertinentes que pudieren corresponder, a fin de lograr una acabada investigación. Que con relación a los sucesos manifestados en la Nota Nº 26/04 por el Sr. Fiscal, Dr. Nelson MENGHINI, se hace necesario también promover investigación de los hechos en que haya sido víctima el Sr. Fiscal y su familia, como así también resulta indispensable requerir las medidas de protección personal que las circunstancias ameriten. Que, asimismo y tal como surge de la Nota de mención, es conveniente imponer la procuración de las causas en trámite; "MENGHINI, Nelson Agustín s/ denuncia", Expte. Nº 3.900/04, -Juzgado Nº 5 de Puerto Madryn-; "MENGHINI, Marisa Gabriela s/ Denuncia Amenazas", Expte. Nº 5718/03, acumulada a Expte. "Schmidt, Guillermo s/ denuncia, Nº 3151/02, -Juzgado de Instrucción Nº 4 de Puerto Madryn", a fin de tomar todas las medidas que pudieren corresponder. Por ello, en uso de sus atribuciones EL PROCURADOR GENERAL RESUELVE: 1º) Instruir al Sr. Fiscal, Dr. Rafael Luchelli a fin de que promueva las investigaciones pertinentes de los hechos arriba detallados. 2º) Instruir al Sr. Fiscal, Dr. Rafael Luchelli con la finalidad que efectúa la procuración de las causas en trámite indicadas y con el objeto de tomar las medidas que estime corresponder.3º) Regístrese, notifíquese y cumplido archívese.- Instrucción Nº 02/04 P.G." Los apelantes prosiguieron: ".En el curso del debate se dio completa lectura a la Resolución Nº 166/05, por la que el Procurador General trata las cuestiones presentadas por el entonces Funcionario de Fiscalía Daniel YANGÜELA. Una mención especial merece el ahora Juez Yangûela pues en su testimonio, ampliamente valorado como prueba de cargo por los miembros de la Sala de Acusar y de la Sala de Juzgar, afirma de modo categórico que nunca recibió ninguna respuesta formal del Procurador General a sus reclamos. Es sorprendente que los señores Diputados, que escucharon la lectura de esta Resolución, hayan hecho mérito de este testimonio que está completamente contradicho por la prueba documental certificada. (Carpeta Instrucciones, p. 55): "SR. YANGÜELA: Ante distintos reclamos, con motivo de la causa Espinosa sufrimos una serie de amenazas, de sucesos, vigilancias, o sea durante los dos años que duró mi actuación en la causa me sucedieron a mí y le sucedieron al doctor MENGHINI. Yo fui testigo de las cosas que le sucedían, autos que vigilando en su casa, y ante los distintos reclamos ante el Procurador General nunca obtuvimos una respuesta o una solución a lo que venía aconteciendo. Es más, creo que la única respuesta que se dio fue por parte del Comisario Rojas en una nota muy risueña que le aconsejaba levantar un paredón y tener cuidado cuando cruzaba la calle. Esa fue la respuesta del Jefe de la Policía Judicial de la Procuración General al Dr. MENGHINI ante los temas que planteaba, incluso amenazas a su familia. (Fs. 217 Versión taquigráfica del día 8 de Agosto). SR. YANGÜELA: Sí, ésas y tantas otras causas que se hicieron con respecto al doctor MENGHINI. En un accidente de tránsito donde él era víctima resultó siendo imputado hasta determinar que era víctima. O sea, hasta ese ridículo se llegaba respecto de la investigación. Yo no lo aclaré pero en la causa en la cual fui investigado, judicialmente tanto en esa como en una denuncia de Mara Araujo en la Causa Espinoza, fui absuelto por supuesto al corroborar que lo expuesto y los procedimientos habían sido totalmente correctos. SR. DIPUTADO TOURIÑAN: ¿Esta práctica por ejemplo era de conocimiento del Procurador General?. SR. YANGÜELA: Sí, la conoció desde el principio. SR. DIPUTADO TOURIÑAN: ¿Y qué resolución adoptó?. SR. YANGÜELA: Que tenga yo conocimiento, ninguna. (Versión taquigráfica, fs. 219/229).".

Luego indicaron: ".Sin embargo, la Resolución Nº 166 del 2005 lo desmiente de modo categórico. Por la importancia que ha revestido este testimonio palmariamente mendaz, conforme su contrastación con la Resolución que se cita, debemos reproducir su texto íntegro: "RAWSON, 20 diciembre de 2005.Visto: La nota de fecha 7 de Octubre de 2005 remitida a esta Procuración General por el entonces Señor Funcionario de Fiscalía, Dr. Horacio Daniel YANGÜELA; y Considerando: Que, en ella expresa que desde que decidió concursar por el cargo de Procurador General de la Ciudad de Puerto Madryn, en Agosto de 2004, han venido aconteciendo sucesos o presentaciones y/o actuaciones de parte de miembros de la Oficina Única de esa ciudad, que le habrían causado no solo un perjuicio en lo personal, sino que habrían influido directamente en su carrera en el Ministerio Público Fiscal; Que, por tal motivo, recurre a esta Procuración General, a fin de solicitar se tomen las medidas que se consideren adecuadas para que se dé un tratamiento institucional al tema; Que, para una mejor ilustración de tales afirmaciones informa: 1) que con fecha 5 de Septiembre de 2003, el Dr. Luchelli realizó en el Expte. 5235/03 un requerimiento de instrucción contra un empleado policial por abuso de autoridad. Imprevistamente con fecha 7 de Julio de 2004, el Dr. Luchelli amplió el requerimiento de instrucción en su contra enrostrándole el mismo delito. Como consecuencia de ello, se labró el sumario ordenado por Resolución Nro. 65/04 de la PG. En ambas causas- relata- fue sobreseído, pero la causa esperó resolución desde el 20 de Septiembre al 27 de Diciembre de 2004, (ya había pasado el concurso) y quedó claro que su actuar y proceder fue conforme a derecho; 2) que, con fecha 13 de octubre de 2004, el Funcionario de Fiscalía Dr. Miguel Santos, realizó una presentación ante el Consejo de la Magistratura impugnando su concurso, manifestando que lo realizaba como ciudadano, pero con papel membretado de la Unidad Fiscal de Puerto Madryn. Ante el Consejo de la Magistratura (audiencia del 14 de Diciembre) este funcionario realizó una serie de imputaciones de terceros y suyas propias contra el presentante, aclarando que había realizado una investigación de su persona en diversas causas judiciales. Por tal motivo- aclara- no se le permitió concursar el cargo. Agrega que todas estas cuestiones habrían sido puestas en conocimiento del Señor Fiscal Jefe, quien le restó importancia; 3) que, en el mes de Julio de 2005, a escasos días de su última presentación a un concurso por el cargo de Procurador General ante el Consejo de la Magistratura, el Dr. BAEZ, Fiscal Jefe de Puerto Madryn, ante una consulta realizada por esta Procuración General sobre un acta del Juzgado Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes, decidió sancionarlo, sin siquiera darle derecho a explicar una situación que él conocía. Lo grave de esta situación - señala- fue que estas actuaciones se remitieron al Consejo de la Magistratura, en lo que considera una extralimitación de las atribuciones del Señor Fiscal Jefe, Dr. Daniel BAEZ, ya que al decir del Presidente del Cuerpo, ellas fueron amablemente acompañadas por el Fiscal Jefe. Lo que se omitió acompañar fue su recurso y planteo de nulidad y la Resolución Nro. 82/05 PG, ello pese a que expresamente lo habría solicitado a su superior. Este expediente que el Señor Fiscal Jefe acompañó al Consejo de Fiscales (debió decir Consejo de la Magistratura) habría sido el que a la postre, - a pesar de ser su examen el mejor para el cargo- determinó que no se le permita acceder al mismo. Ello surgiría del acta del Consejo de la Magistratura que adjunta; Que, asimismo informa que sobre esta misma cuestión realizó una presentación ante el Consejo de Fiscales a fin de lograr una opinión del órgano consultivo; Que, según expresa, más allá del interés personal que motiva esta presentación, el presentante aspira el fortalecimiento de nuestra Institución, que se ve seriamente resentida al tomar estado público los actos de la naturaleza denunciada; Que, mediante auto de fecha 3 de Noviembre de 2005, esta Procuración General resolvió correr traslado por cinco días de la nota relacionada a los Dres. Daniel Esteban BAEZ, Rafael Luchelli y Miguel Santos a sus efectos; Que, el Señor Fiscal General Jefe Dr. Daniel Esteban BAEZ informó que remitió las actuaciones de mención a requerimiento del Presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Sergio Oribones y lo fue respecto al nombrado como a los restantes funcionarios que se presentaban en esa oportunidad a concursar, asimismo acompañó la documentación que estimaba pertinente y la que ese momento se encontraba a su disposición; Que, el Señor Fiscal General Dr. Rafael Luchelli, explicó que en el sumario caratulado: "Procurador Fiscal Nro. 4 s/ requiere instrucción" (Expte. 5.235-Fº-Año 2003) el día 30 de Junio de 2004, en su declaración de imputado, el empleado policial Marinao, Oscar Egidio, expresó que luego de que se encontrara el D.N.I. de la occisa (único objeto que estaba por orden escrita autorizado a secuestrar) el Dr. YANGÜELA, fue el que impartió la orden de secuestrar los demás elementos, señalando que fue este funcionario judicial quien "comandó todo el procedimiento"; Que a raíz de tal declaración, el día 1º de Julio de 2004, el Señor Juez de Instrucción decretó correr vista al Señor Jefe General de Fiscal Dr. Daniel Esteban BAEZ, dado que se encontraba denunciado un Funcionario de Fiscalía; Que, por tal motivo y existiendo causa probable de delito, advertida por el Señor Juez de Instrucción, el 7 de Julio de 2004 amplió el requerimiento de instrucción en contra del Dr. YANGÜELA; Que, en relación a la mora en la tramitación de la causa que se denuncia, explica que no está dentro de sus funciones resolver la situación procesal de nadie, por lo que no puede tampoco explicarla si es que en realidad la misma existió; Que, al contestar el traslado conferido, el Señor Funcionario de Fiscalía, Dr. Miguel A. Santos explicó que al impugnar la presentación del Dr. Daniel YANGÜELA para el concurso que se realizó ante el Consejo de la Magistratura, y más allá de que en ella obre el membrete de la Unidad Fiscal de Puerto Madryn, de su texto surge en forma clara que ella fue realizada como vecino de esta Provincia, porque además es el único carácter que le habilita la Ley de Organización del Consejo de la Magistratura a realizar tal presentación; Que, en relación a la supuesta imputación que le habría realizado, sostiene que el presentante falta a la verdad, porque en la audiencia ante el Consejo de la Magistratura, se limitó a dar lectura a dos declaraciones prestadas en sumarios judiciales, que le hicieron llegar en forma anónima y que leyó en ese momento porque uno de los Consejeros lo interrogó respecto a las razones por las que pensaba que el Dr. YANGÜELA no podía ser Fiscal y su exposición siempre giró en que el impedimento surgía del hecho objetivo que tenía un sumario judicial en trámite por el supuesto delito de violación de los deberes de funcionario público, que no era poca cosa en ese momento, ya que -entiende- que quienes se presentan en cargos ante el Consejo de la Magistratura deben ser postulantes "impolutos". Nunca realizó -sostiene- una investigación de su persona y solo se limitó a leer lo que otros relataron respecto al accionar de este Funcionario; Que, discrepa con el denunciante en cuanto a que el fortalecimiento de la Institución se ve resentido con los actos que describe en el punto 3 de su nota, porque él recurrió a un instrumento legal y democrático como es la impugnación ante el Consejo de la Magistratura; que fue debatida por el pleno del Consejo de la Magistratura y en decisión democrática no le permitieron concursar para el cargo en dicha oportunidad y si ello -reflexiona- le ocasionó un perjuicio a su persona y carrera judicial no fue él quien tomó la decisión final, sino que fue fruto del análisis que de la cuestión hicieron los Consejeros en audiencia pública; Que, refiere que la enemistad del Dr. YANGÜELA hacia su persona no es nueva y se remonta a la época en que aún no se había unificado las Fiscalías 4 y 5 que se ve acentuada cuando el Señor Fiscal Jefe lo designa como titular de la Agencia de Coordinación y Gestión Rápida, (cargo que creía estarle reservado); Que, atento la naturaleza de la cuestión planteada resulta aplicable la Ley de Procedimientos Administrativos Provincial Dec.Ley 920/72 que rige el procedimiento a seguir por los órganos y agentes de la Administración Pública Central y de los organismos autónomos que no tuvieren un procedimiento legal propio. (conf. arg. art. 1); Que, este cuerpo normativo establece que: "cualquier persona, natural o jurídica puede formular reclamaciones y denuncias contra los órganos y agentes de la Administración Central o los Entes Autárquicos, en su propio interés o el de otras personas o el interés social" (art. 147) y "las autoridades están obligadas a recibir y tramitar las reclamaciones y denuncias con la atención y celeridad correspondientes a su importancia" (conf. arg. art. 148); Que, asimismo prescribe que pueden ser objeto de reclamación o denuncia, la omisión o el cumplimiento irregular de las obligaciones propias del órgano competente o de sus agentes, funcionarios o empleados, la violación de la legalidad o de los legítimos intereses de los administrados y el diligenciamiento dilatorio o moroso de los asuntos administrativos (art. 149); Que, atendiendo al orden impuesto a los sucesos descritos por el presentante, analizo la copia simple de la declaración de imputado rendida en los autos: "Procurador Fiscal Nro. 4 s/requiere instrucción" (Expte. 5.235-Fº1 -Año 2003) por el empleado policial, Oscar Egidio Marinao, remitida a esta Procuración General por el Señor Fiscal General Dr. Rafael Luchelli, de la que se extrae que el Dr. YANGÜELA comandó el procedimiento en todo momento y que en ningún momento pretendió violar la ley como se le imputa o ir más allá de sus funciones pues entendió que al estar el Sr. Fiscal su decisión era secundaria; y el proveído firmado el 01 de Julio de 2004, por el Señor Juez de Refuerzo, Dr. Alejandro N. Joaquín, que reza "Siendo que se encuentra denunciado un Funcionario de Fiscalía, córrase vista el Sr. Jefe General de Fiscales Dr. Daniel Esteban BAEZ"; Que, ateniéndome a dichas constancias y teniendo en cuenta que siempre que tenga conocimiento por cualquier medio de la comisión de un delito de acción pública, el Procurador Fiscal requerirá al juez competente la instrucción (art. 169 C.P.P.) entiendo que lo actuado por el Señor Fiscal General Dr. Rafael Luchelli es legalmente irreprochable e improcedente la denuncia que en este sentido formula el presentante en orden a los funcional que esta actuación pudieron provocarle; Que, siguiendo con el análisis de los hechos denunciados, y a tenor de la prueba agregada por el denunciante, advierto que la impugnación formulada por ante el Consejo de la Magistratura fue suscrita por Miguel A. Santos, en su carácter de vecino de la Ciudad de Puerto Madryn, haciendo uso del derecho que le acuerda el art. 28 de la ley 4086; Que, según la norma invocada "todo habitante de la Provincia está legitimado para oponerse ante el Consejo de la Magistratura a la eventual designación de un postulante, en forma fundada debiendo comparecer si es convocado bajo apercibimiento de entenderse desistida su oposición"; Que, teniendo en cuenta que el Dr. Miguel Santos, se opuso a la designación del Dr. Horacio Daniel YANGÜELA, en su carácter de vecino, ejerciendo un derecho que la ley le reconoce expresamente, esta Procuración nada puede observar. Dejo expresamente a salvo el hecho de que para su formulación haya empleado papel con membrete del Poder Judicial Unidad Fiscal Puerto Madryn, lo que se considera una lamentable inadvertencia, que -en lo sucesivo- es de esperar no se vuelva a repetir; Que, por último el denunciante señala que "en el mes de Julio de 2005"... en lo que considera una extralimitación de sus atribuciones, el Dr. BAEZ, remitió "amablemente" al Consejo de la Magistratura los antecedentes de la sanción que le impuso, omitiendo acompañar las constancias de su recurso y planteo de nulidad y la Resolución Nro. 82/05; Que, el art. 26 de Acordada Nro. 544/04 C.M. "Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de la Magistratura", publicada en el Boletín Oficial de fecha 4 de Marzo de 2004, -vigente a Julio de 2005-, establece que: "... los Consejeros podrán requerir por sí o por intermedio de Presidencia, los informes adicionales que considere pertinentes..."; Que además, rige en la materia el principio del libre acceso a las fuentes de información de los actos administrativos, a que refiere el art. 2 de la ley 3764 y en cuanto al Magistrado informante, era su deber el facilitar el libre acceso personal y directo a la documentación y antecedentes que se le requirieran y que estuvieran bajo su jurisdicción y/ o tramitación, según lo establece el art. 3 del mismo cuerpo legal; Que, en consecuencia, el Consejo de la Magistratura, a través de su Presidente estaba legalmente autorizado a requerir y el Señor Fiscal General Jefe obligado a prestar la información que le fue requerida, que por lo demás involucró a todos los funcionarios que se presentaron a concursar en esa oportunidad; Que, por otra parte, las Resoluciones Nro. 82/05 PG y 110/05 PG fueron dictadas los días 16 de Agosto y 28 de Septiembre del corriente año respectivamente, motivo por el cual, mal pudieron ser remitidas por el Señor Fiscal Jefe al Consejo de la Magistratura "en el mes de Julio" como refiere el denunciante; Que, en consecuencia, el reproche dirigido a su accionar no encuadra en ninguno de los supuestos a que refiere el art. 147 del Dec. Ley 920/72; Que, evaluadas las conductas denunciadas, la prueba producida por el denunciante y los descargos y constancias oportunamente presentados, llego a la conclusión que la denuncia es infundada e improcedente debiendo disponerse el archivo de las presentes actuaciones; Que, según expone el presentante sometió esta cuestión ante el Consejo de Fiscales a fin de lograr una opinión del órgano consultivo, sin querer de ninguna manera desconocer su superioridad, ni potestad de superintendencia que sobre él detenta; Que, mediante el art. 10 de la Resolución Nro. 134/05 PG, de fecha 03 de Noviembre de 2005, se aclaró a todos los miembros del Ministerio Público Fiscal en general y al Consejo de Fiscales en particular, que este órgano fue creado por el Legislador para el cumplimiento específico de las funciones que le atribuye el art. 18 de la Ley 5057, en particular que la función de asesoramiento a que refiere el inc. a) del art. 18 está exclusivamente destinada a ilustrar con su parecer al órgano Procurador General y cuando éste lo requiera; Que, en consecuencia, -pese a las justificaciones rendidas- interpreto que lo actuado por el Dr. Horacio Daniel YANGÜELA constituye un indebido desconocimiento de la potestad jerárquica que legítimamente ejerce el suscripto respecto del Ministerio Público Fiscal en general y del presentante en particular (art. 194 C.P.); Por ello:

EL PROCURADOR GENERAL - RESUELVE: Art. 1: Declarar que lo actuado por el Señor Fiscal Jefe, Dr. Daniel A BAEZ y Fiscal General, Dr. Rafael Luchelli, se ajusta a derecho y no constituye ninguno de los supuestos a que refiere el art. 147 del Dec. Ley 920/72. Art. 2: Declarar ajeno a la jurisdicción administrativa de esta Procuración General, lo actuado por el Dr. Miguel A. Santos como "vecino" de la ciudad de Puerto Madryn ante el Consejo de la Magistratura, con fundamento en lo dispuesto por el art. 28 de la ley 4086. Art. 3: Notifíquese y cumplido, archívese.- RESOLUCIÓN Nº 166/05 P.G." Con respecto a la Jubilación por incapacidad del doctor MENGHINI, afirmaron: ".El Dr. MENGHINI está actualmente jubilado. La Junta Médica que lo examinó determinó que padecía Melanoma en ojo derecho, y depresión neurótica. El acta de Junta Médica cuya incorporación se hiciera en la audiencia del 15 de Agosto, (fs. 111/112 versión taquigráfica), que obra a fojas 103, 104 y 105 del Legajo del Dr. MENGHINI, Junta Médica en la que intervinieron los siguientes la doctora Lidia Fernández, especialista en Medicina del Trabajo; el doctor Roberto Bogado, especialista en enfermedades respiratorias; la doctora Cristina Nazar, médica oftalmóloga; el doctor Sergio Merkel, y el doctor Jorge Escarlata, médico psiquiatra, determinó: "Para elaborar la incapacidad se compatibilizan las incapacidades parciales, tomando el método de capacidad restante y los factores complementarios de acuerdo al Decreto Reglamentario 1290/94, aprobada su aplicación por Resolución Nº 1418/99-I.S.S.y S., de los artículos 48º al 53º de la Ley 24.241 y la Ley Provincial Nº 3923 modificada por Ley Nº 4155. Esta Comisión Médica concluye: 1. Melanoma Ojo derecho 50%, 2. Depresión Neurótica 40%. Conclusión: Visto la solicitud de beneficio y considerando la Historia Clínica, los estudios complementarios, la Comisión Médica dictamina: El señor MENGHINI Nelson Agustín, quien padece Melanoma Ojo Derecho, Depresión Neurótica, presenta al 27/11/07 un porcentaje del setenta por ciento, de acuerdo a la Ley 24.241 y el Anexo I del Decreto Reglamentario 1290/94 modificado por el Anexo I que forma parte del Decreto 478 de fecha 30 de Abril de 1998 y la Ley Provincial 3923, modificada por Ley 4155. Tratamiento de rehabilitación: no se indica. Tratamiento de recapacitación laboral: no se indica. Citación: tres años. De la evaluación oftalmológica, fojas 94, en el mes de agosto de 2006 consulta facultativo por Fotopsia; del examen realizado se le diagnostica un desprendimiento de retina del ojo derecho secundario al tumor de coroides derivado en forma inmediata al servicio de oftalmología del Hospital Italiano, es evaluado por varios profesionales y le diagnostican melanoma coroideo de ojo derecho, se le indica tratamiento con braquiterapia y control general en el servicio de oncología. El afiliado realiza nueva consulta con otro profesional, doctor Arturo Irrazábal, quien confirma el diagnóstico de melanoma coroideo de ojo derecho, e de 2006. Se le detectó un tumor maligno en su ojo derecho. Como producto de tal patología dice haber perdido gran parte de su autonomía, no poder conducir vehículos ni desenvolverse naturalmente en la vida cotidiana. Lo manifiesta con el enojo propio de personalidades narcisistas que sufren especialmente por la pérdida de independencia para decisiones vitales. Se lo observa incómodo con su situación de salud pero con más irritación que depresión. Se encuentra frente a una exigencia de adaptación que no termina de aceptar, pero posee rasgos de autoexigencia desmedida con los cuales se impulsa para no caer en una supuesta depresión subyacente. Se describe como de temperamento fuerte aunque no exento de reflexión. Es un hombre que cuida su físico con rigor, perseverancia y metodología, efectos que se evidencian como características de su personalidad.".

Señalaron que: ". también MENGHINI demandó el mismo reconocimiento que BALSAMELLO. Las notas (la de MENGHINI es del 25 de setiembre de 2007) es idéntica a la de BALSAMELLO. Tuvo respuesta por nota de la Cdra. Albania de fecha 17 de Octubre de 2007, y el 20 de diciembre de 2007 la Cdra Bergese, de acuerdo con la modificación de escalas a partir del Acuerdo 3682/02 ya citado, dictamina que corresponde hacer lugar a la nueva certificación. MENGHINI interpone un recurso jerárquico, el 14 de enero de 2008, pretendiendo se le reconozcan y abonen las diferencias salariales desde la sanción de la Ley 5057. El Superior Tribunal mediante Acordada Nº 3703/08 del 1º de Abril de 2008 dispone que se le haga una nueva certificación, pero a partir del 1º de diciembre de 2007. MENGHINI intenta un amparo en la justicia de primera instancia de Puerto Madryn que le es rechazado. Toda la evidencia documental, que obra en el informe del Superior Tribunal de Justicia, fue confrontada con el propio MENGHINI, con la Cdra. Bergese, y fue leída en la audiencia pública. MENGHINI demoró el inicio de su trámite jubilarorio, que sólo comunicó fehacientemente al Procurador General el 2º de febrero de 2008, porque deseaba contar con la certificación de una categoría conforme su pretensión, que no ha abandonado.

En el punto C) Colofón expusieron: ".El primer cargo consignado a fs. 2673, y reproducido por el diputado BALOCHI en su acusación (Confrontar versión taquigráfica del día 19 de agosto, p. 13) es de haber llevada a cabo SAMAME una "denodada persecución laboral" contra los denunciantes BALSAMELLO y MENGHINI, individuos jerárquicamente inferiores, privando asimismo a los denunciantes de sus derechos y capacidad de defensa". Como se aprecia, no hubo tal persecución, y mucho menos se aprecia que los denunciantes hayan perdido un ápice de su capacidad de defensa. Como los hechos denunciados por BALSAMELLO y MENGHINI han sido los que dieron pábulo a que se formara este juicio político, hemos creído conveniente hacer alguna referencia a la evidencia testifical y documental que demuestra, más allá de cualquier duda, que ambos funcionarios desarrollaron -y desarrollan aún- acciones de corte administrativo y judicial, con contenido patrimonial, procurando vigorosamente el reconocimiento de lo que consideran sus derechos." En lo que atañe al punto 3. "Afectación de la imparcialidad de los jueces" opinaron: ".El Presidente de la Sala de Juzgar fue recusado por haber alterado las reglas de propuesta y admisión de prueba. Y el Legislador Jorge Valentín PITIOT, en su calidad de miembro de la Sala de Juzgar, mostró con su intervención en el juicio una animadversión contra el acusado incompatible con su calidad de legislador-juez. Ambas recusaciones fueron rechazadas sin fundamentación suficiente. La presente impugnación se funda, de conformidad con lo normado en los artículos 374; 375 inc. 1º; 2; 9; 25; 27; 291 y cctes. del C.P.P., en la vulneración de los artículos 42 de la Ley 4457, 44 de la Constitución del Chubut, 18, 31, y 75.22 de la Constitución Nacional; 8.1, 8.2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La imparcialidad del juzgador se presenta como un presupuesto elemental de todo juicio. Así lo ha remarcado la Corte Suprema Federal en el conocido fallo "Llerena" (SCJN, 17/05/2005): la garantía del juez imparcial está "reconocida dentro de los derechos implícitos del Art. 33 constitucional, y se deriva de las garantías de debido proceso y de la defensa en juicio establecidas en el Art. 18 de la Constitución Nacional y consagrada expresamente en los artículos: 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos -que forman parte del bloque de constitucionalidad federal en virtud de la incorporación expresa que efectúa el Art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional". El aseguramiento de la imparcialidad del juzgador hace a la existencia misma de todo juicio y conforma un elemento inherente a la idea de debido proceso. Por esa razón, en el fallo comentado se consigna que "...la imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia de prejuicios o intereses de éste frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia". Es indispensable que el juez sea un tercero, desapegado de interés personal en el caso que la parte que acusa presenta, y la parte demandada resiste. Por ello, "Si de alguna manera puede presumirse por razones legítimas que el juez genere dudas acerca de su imparcialidad frente al tema a decidir, debe ser apartado de su tratamiento, para preservar la confianza de los ciudadanos -y sobre todo del imputado- en la administración de justicia, que constituye un pilar del sistema democrático". Ni siquiera es necesario que se pruebe una causal subjetiva de modo completo; es suficiente que aquel llamado a juzgar objetivamente esté en una posición que permita albergar dudas acerca de su imparcialidad. "Un juez que no está ya excluido de pleno derecho, puede ser recusado por temor de parcialidad, cuando exista una razón que sea adecuada para justificar la desconfianza sobre su imparcialidad... Para esto no se exige que él realmente sea parcial, antes bien, alcanza con que pueda introducirse la sospecha de ello según una valoración razonable. Si ello sucede, corresponde en salvaguarda de la garantía apartar al juez del caso, para eliminar este temor de parcialidad que siente el imputado, y restablecer su confianza en el juicio, como así también la confianza en la administración de justicia de la sociedad.".- Y siguieron: ".Como lo destaca en su voto el Ministro Petracchi en el fallo que venimos citando, ".la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar la garantía del art. 8.1., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha señalado, que "...la imparcialidad objetiva exige que el tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso" (conf. Informe n° 5/96, del 1/3/96, caso 10.970, "Mejía vs. Perú"). Del mismo modo, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado el carácter fundamental del derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, como una garantía fundamental del debido proceso. "Se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática"(conf. CIDH, Serie C, N° 107, caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", sentencia del 2 de julio de 2004, § 171). Respecto de este punto, y siguiendo los precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana formuló la distinción entre los aspectos subjetivos y objetivos de la imparcialidad: "Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrían suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia" (conf. caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", 170 y s.)".Esta doctrina es aplicable al supuesto del juicio político, porque forma parte de las condiciones del debido proceso. Aunque las causales de recusación deban admitirse en forma restrictiva ese principio "...no puede ser interpretado de modo tal que torne ilusorio el uso de un instrumento concebido para asegurar la imparcialidad del órgano jurisdiccional llamado a decidir una controversia, condición de vigencia de la garantía del debido proceso (Fallos: 321:3504, disidencia del juez Fayt en Llerena). Por lo tanto, "no es dudoso que las cuestiones de recusación se vinculan con la mejor administración de justicia, cuyo ejercicio imparcial es uno de los elementos de la defensa en juicio". Y por ello "el instituto procesal de la recusación resulta conducente para lograr la imparcialidad del juzgador, ya que impide que éste continúe con su actividad en el proceso, ya sea por estar relacionado con las personas que intervienen en el procedimiento, con el objeto o materia de éste, o bien con el resultado del pleito. Por tal razón, y si bien estas causales de recusación deben interpretarse en forma restrictiva, al vincularlas con una garantía del justiciable, merecen un tratamiento adecuado, pues "como garantía de esta indiferencia o desinterés personal respecto a los intereses en conflicto, se hace necesaria la recusabilidad del juez por cada una de las partes interesadas. Y si para la acusación esta recusabilidad tiene que estar vinculada a motivos previstos por la ley, debe ser tan libre como sea posible para el imputado. El juez, que no debe gozar del consenso de la mayoría, debe contar, sin embargo, con la confianza de los sujetos concretos que juzga, de modo que éstos no sólo no tengan, sino ni siquiera alberguen, el temor de llegar a tener un juez enemigo o de cualquier modo no imparcial. Esta garantía constitucional ha sido vulnerada al inicio del juicio, por la actividad oficiosa del Presidente del Tribunal Dr. José Luis PASUTTI que tuvo como efecto principal y directo afectar el principio de igualdad de armas en beneficio de la parte acusadora. Y se manifestó de modo patente en el desarrollo de la audiencia por parte del miembro de la Sala de Juzgar Ingeniero Jorge Valentín PITIOT, quien expuso una clarísima animadversión hacia el acusado tildándolo de perverso en el curso del interrogatorio al testigo de la parte acusadora Dr. Pedro Silva. Este vicio se traslada a la decisión final e importa la nulidad absoluta e insanable del pronunciamiento de destitución." En lo que hace a "La recusación del Presidente de la Sala de Juzgar" aludieron: ".Previo al comienzo del debate, la defensa del Procurador General postuló la recusación del Presidente del Superior Tribunal a la sazón también Presidente de la Sala de Juzgar por imperio del artículo 200 de la Constitución del Chubut. Los hechos que justificaron la presentación consistieron, como se describe supra (II - Antecedentes) en un hecho personal: la anticipación de la decisión de llevar adelante el debate, pese a la presentación pendiente que reclamaba, a la misma Sala de Acusar, que pusiera coto a la acusación nula por defecto de completitud, precisión y claridad presentada por la Sala de Acusar. En segundo lugar, provocó la sustanciación de la recusación de la defensa pública por parte del denunciante BALSAMELLO, que no revestía ni podía revestir la calidad de parte, por lo que tenía el deber -en su calidad de experto en derecho que guía a los miembros de la Sala de Juzgar para que toman decisiones ajustadas a la ley- de desestimar liminarmente tal planteo. (Art. 32 Ley 4457). En tercer lugar, tuvo por ofrecida la prueba de la parte acusadora, sin haberle dado traslado formal para que, en el plazo de ley, ofreciera prueba. Así, la Ley 4457 en el artículo 23 dispone que, recibida la acusación, se emplaza al acusado para que ofrezca prueba. Pero en el artículo 33, última parte, se establece que el plazo de treinta días para completar el proceso se computa por días corridos, "a partir de que el Presidente emplace a las partes en los términos del artículo 23 de la presente ley". En una interpretación armónica de la Ley, el Presidente debió haber dado traslado a ambas partes para el ofrecimiento de prueba, con la consecuencia de que, al ser el traslado bilateral y el plazo es común, había precluído el derecho de la parte acusadora de ofrecer prueba. Sea cual fuera la génesis del error, el Estado es quien debe ser diligente y preciso. La parte acusadora debió ofrecer prueba en tiempo y forma. Y sin duda que conocía el estado del proceso, pues concurrió con el escrito "Ofrecen nuevas medidas..." que, por las razones antes expuestas, fue presentado extemporáneamente. El tercer hecho reprochado al Juez PASUTTI como causal objetiva de favorecimiento de la parte acusadora, es el haber propuesto la exclusión de cuatro testimonios que formaban parte de la acusación. Y ciertamente se trataba de testimonios que no apoyaban la tesis de la acusación. Pero no por eso carecían de interés. ¡Sólo carecían de interés para la demostración de la tesis de la parte acusadora!. Por esta razón se afirmó que, si la acusación es una sola pieza con el ofrecimiento probatorio, los miembros de la Sala de Juzgar no cuentan con la facultad de excluir prueba, pues todo el material probatorio contenido en la acusación -sin exclusión- es aquél que la conforma, tanto el que sostiene la hipótesis acusatoria como el que no la desmiente. Por esta razón, se explicó, si la acusación es una con la prueba y el traslado se corre sólo a la parte acusada, sólo de la prueba ofrecida por la defensa puede ser desechada aquella que no se considera pertinente y útil. (Art. 23 Ley 4457). El Presidente interpretó analógicamente la ley procesal en perjuicio del acusado, cuestión prohibida por la Constitución (Art. 43 Constitución del Chubut; artículo 31 C.P.P. Ley 5478). Porque si la interpretación de la ley hecha por el Presidente para guiar a la Sala hubiera sido la de disponer un traslado bilateral y si la prueba de ambas partes puede ser desechada, debería seguirse que la parte acusadora no ha ofrecido más prueba que la contenida en su escrito ampliatorio. Y esta prueba fue ofrecida el día 1º de Agosto a las once horas, cuando el plazo para ofrecer prueba estaba vencido. El Presidente Dr. PASUTTI volvió a guiar a la Sala en la alteración del contradictorio, pues impidió ofrecer testigos de refutación para confrontar a los testigos nuevos. Esto demuestra cómo, objetivamente, y por la causa que fuere, se han desconocido elementales reglas del proceso acusatorio impreso al proceso de juicio político, lo que llevó a los Legisladores de la Sala de Juzgar a tomar decisiones que favorecen a la parte acusadora. (Art. 23, primer párrafo, Ley 4457). La última circunstancia de hecho es la de haber propuesto a los señores Legisladores la citación de un nuevo testigo, Oscar Luis BALSAMELLO, no ofrecido por la parte acusadora. Esto, también objetivamente considerado, además de una nulidad procesal por quebrantamiento de la regla genérica que prohíbe la actuación de oficio (Arts. 198 y 200 Constitución del Chubut; Art. 48 Ley 4457; arts. 18, sgtes. y ccdtes. C.P.P.) y la específica que establece el principio dispositivo en la selección de la prueba (art. 23 Ley 4457), significa una gravísima alteración de la imparcialidad, pues la admisión de nuevas pruebas es posible sólo a pedido de las partes, y esto en cuanto su necesidad surja precisamente del debate. (Art. 30 Ley 4457). La actuación del Presidente de la Sala de Juzgar ameritaba hacer lugar a su recusación por afectación objetiva de la imparcialidad y por haberse excedido en su labor jurisdiccional, lo que torna arbitrario su pronunciamiento (conf. CSJN 329:28).

Los impugnantes (punto 3.2), apuntalaron su posición respecto de "La recusación del Diputado Jorge Valentín PITIOT, miembro de la Sala de Juzgar". Utilizaron los siguientes argumentos: ".En ocasión de rendir testimonio el Dr. Pedro Silva, médico personal del denunciante Dr. BALSAMELLO, habiendo finalizado el interrogatorio de las partes el Legislador miembro de la Sala de Juzgar Ing. Jorge Valentín PITIOT protagonizó este hecho "SR. DIPUTADO PITIOT: Buenos días. Jorge PITIOT es mi nombre. SR. SILVA: Mucho gusto. SR. DIPUTADO PITIOT: Voy a apelar a sus casi treinta y ocho años, treinta y ocho años cumplidos, de psiquiatra de profesión -creo- y requerir su opinión profesional respecto a las conductas humanas y, si en forma general, alguien que obliga a alguien, a otra persona que está bajo su dependencia, lo obliga a jubilarse por invalidez, con las connotaciones que eso depende, cuando esa persona, dentro de sus limitaciones orgánicas se siente bien, ¿no es rayano con la perversidad? SR. DEFENSOR (Pérez Galimberti): Objeto la pregunta, señor Presidente. SR. DIPUTADO PITIOT: Usted no me puede objetar, al jurado no le puede objetar. SR. DEFENSOR (Pérez Galimberti): Discúlpeme, pero sí puedo. SR. DIPUTADO PITIOT: La actitud del Procurador General con respecto al doctor BALSAMELLO, ¿no es una actitud rayana con la perversidad? SR. SILVA: Yo le contestaría...SR. DEFENSOR (Pérez Galimberti): Señor Presidente, voy a recusar al señor miembro del jurado, porque está poniendo condición de perverso en cabeza del señor Procurador General de la Provincia; preguntando a un testigo, que se pronuncie por sí o por no -exclusivamente opinión- y esto tiene, denota, claramente, una animosidad que lo inhabilita para ser juez. SR. DIPUTADO PITIOT: En absoluto; simplemente, soy ingeniero, no soy psiquiatra ni tampoco abogado. SR. PRESIDENTE (PASUTTI): Han planteado una recusación. Primero, habría que ver cómo resolvemos una situación que, de golpe, se transformó en compleja. Primero, tendrán que decidir, el Tribunal en su conjunto, si es procedente o improcedente la pregunta, o si debe ser reformulada. Segundo, tendrán que evaluar si esta supuesta -o como quieran llamarla- calificación constituye un acto de prejuzgamiento en los términos del Código Procesal. Y resueltas estas dos cuestiones, se continuará con el interrogatorio. No sé si están de acuerdo con el procedimiento. No hay otra alternativa. SR. DEFENSOR (Pérez Galimberti): Estoy completamente de acuerdo con el procedimiento, señor Presidente; y me he visto obligado a hacer esto porque la calificación del señor juez legislador es absolutamente ajena a los cargos que la comisión acusadora ha presentado en relación al Procurador. SR. PRESIDENTE (PASUTTI): Sí, para responder si quiere hacerlo la parte. SR. DIPUTADO TOURIÑAN: Me parece que estamos en el marco de un juicio político, tratado por personas que somos legos; tal vez el involucramiento tal que tiene el doctor Pérez en el tema jurídico, en la concepción de la cosa jurídica y no de la cosa política, que es lo que se está juzgando aquí, lo hace llegar a ese tipo de actitudes; pero me parece que lo que ha emitido PITIOT es una opinión técnica, una opinión en términos científicos, explicada por una persona que tiene años de actividad en la profesión y que es simplemente eso. Lo que pasa es que me parece que la dialéctica a veces lo confunde al miembro de la defensa en esta cuestión de la terminología que se emplea y lo lleva a cometer ese tipo de exabruptos; de la misma forma que plantea por lo general las interrupciones y las demoras en el proceso del juicio que a la vista y a lo que la gente puede percibir en esta instancia, es él quien las produce; me parece poco producente para el efecto que se pretende para el juicio. SR. PRESIDENTE (PASUTTI): Una cuestión de orden...SR. DIPUTADO BALOCHI: Quiero agregar algo más a lo que dijo el diputado TOURIÑAN; dejar claramente aclarado que el artículo 42 de la Ley 4457 establece como única posibilidad de recusar a un integrante de la Sala de Juzgar, haber emitido opinión sobre el resultado del juicio político que se lleva adelante, lo cual no ha sucedido en el ámbito de este debate; tal vez este avezado conocimiento sobre la aplicación del Código Procesal Penal lleva a confundir los términos en el cual debe desarrollarse el debido proceso de este juicio político. SR. PRESIDENTE (PASUTTI): Voy a hacer... permítanme que emita una opinión de forma, no de fondo; yo creo que el diputado seguramente podrá reformular en otros términos esta pregunta, en cuyo caso le pediría a la defensa que momentáneamente levante este pedido de recusación y podamos continuar con el juicio. SR. DEFENSOR (Pérez Galimberti): Señor Presidente, somos personas grandes, entre las psicopatologías que el doctor Silva conoce perfectamente y los modos de ser de las personalidades, la definición de perverso tiene una calificación muy precisa en la psicopatología y el hecho de que la haya utilizado y pretendido una respuesta positiva por parte del ingeniero PITIOT es claramente un signo de que está prejuzgando la decisión final que tiene sobre esto. Mantengo la recusación y sostengo que el prejuzgamiento es causal de recusación, incluso contemplado dentro de la Ley 4457 que rige este procedimiento; no puede haber jueces que adelanten el sentido final. Al Procurador General se lo juzga por mal desempeño, no se lo juzga por inhabilidad psíquica, que sería la condición de perverso, porque lo inhabilitaría para el cargo.(....) SR. PRESIDENTE (PASUTTI): Bueno, vamos a retomar para transmitirles cuál ha sido la decisión del tribunal. En primer lugar, entiende que no ha sido de interés de prejuzgar ni de ofender la pregunta que hizo el señor diputado. Es solamente, a lo mejor, haber utilizado un término en un contenido no científico, nada más que eso. A su vez, hace lugar a la impugnación en cuanto al tenor de la pregunta, con lo que queda cerrada la cuestión.SR. DEFENSOR (Pérez Galimberti): Señor Presidente, al sólo fin de dejar constancia de la reserva de impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia, en recurso extraordinario, caso federal, Artículo 14°, ley 48 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y eventualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto en función del Artículo 18° de la Constitución Nacional, 44° de la Constitución de la Provincia del Chubut y Artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es todo, señor Presidente. (Sesión del día 11 de agosto, fs.107/112)." Luego de la trascripción prosiguieron: ".Se advierte claramente en la vehemente insistencia con la que el Diputado-Juez pretendía lograr una respuesta afirmativa a su pregunta que ninguna ingenuidad lo motivaba. No se trataba de una pretensión de aclarar un término o una situación que hubiera resultado de confusa interpretación. Las partes habían finalizado el interrogatorio, que siempre había versado sobre la condición de salud y la capacidad laboral del denunciante BALSAMELLO, y el legislador encontró el momento para pretender una confirmación de su propio prejuicio. Se trató de una pregunta sugestiva, con una alta composición de prejuicio: la palabra perverso o el concepto de perversidad sólo fue utilizado por el Ing. PITIOT, y nunca, en el testimonio del médico Pedro Silva ni en ningún otro testimonio, se calificó o siquiera motejó de perverso al Procurador General. La situación se puso en evidencia como dramáticamente grave, pues hasta ese momento los miembros de la Sala Juzgadora se habían mostrado respetuosos del sistema acusatorio, permitiendo que las partes se hicieran cargo de su respectivo rol. El miembro de la Comisión Acusadora Ing. Touriñan, en procura de defender la posición del recusado, expuso dos cuestiones relevantes: la primera, la pretensión que expuso insistentemente, una y otra vez, en todo el desarrollo del debate y que procuró instalar en todo el proceso de juicio político: la remoción del Procurador General es una decisión política, tomada por políticos, y no puede exigirse que se respeten los lineamientos de un juicio. La segunda cuestión es un fallido, dice: "...lo que ha emitido PITIOT es una opinión técnica, una opinión en términos científicos, explicada por una persona que tiene años de actividad en la profesión y que es simplemente eso". Esta es la versión taquigráfica de su intervención, y lo que dice es cierto. PITIOT expuso una opinión, una opinión que muestra una carga de prejuicio evidente. Piensa que el Procurador es perverso, que tiene actitudes rayanas con la perversidad al pretender que BALSAMELLO se jubile por incapacidad, y lo único que pretende escuchar del médico Silva es una respuesta: si. Ha adelantado prístinamente su voto. Y ha mostrado públicamente que, cuando la prueba de la fiscalía aún no terminaba de producirse y la de la defensa no había comenzado a ser escuchada, ya tenía decidida su sentencia. El contenido del artículo 42 de la Ley 4457 es claro: "Los miembros de la Sala de Juzgar sólo podrán ser recusados por haber emitido opinión sobre el resultado del juicio político anticipadamente". Y ésta es precisamente la situación que se ha presentado. El exabrupto del Legislador-Juez no ha sido una cuestión fruto de la falta de preparación legal o conocimientos jurídicos. Una persona de su experiencia, profesional universitario de extensa trayectoria, que fuera Intendente de la ciudad de Trelew, Funcionario Nacional, Ministro del Poder Ejecutivo Provincial y ahora Legislador Provincial, no puede ser definida como poco preparada. Lo que no ha sabido es ser prudente. El mismo Ingeniero PITIOT se define como persona competente y experimentada para juzgar el carácter de otras personas: "Debo decir acá, que si bien estamos tratando el supuesto mal desempeño de un Procurador, parte trascendente del Poder Judicial, mi experiencia laboral desarrollada en más de 35 años, tanto en la actividad privada como en cargos públicos, en todos los casos con un alto grado de responsabilidad jerárquica, me confiere un mayor grado de conocimiento de una buena o mala actuación de quien debe conducir, en este caso, un brazo del mencionado Poder." (Fs. 2733vta). La decisión de la Sala de Juzgar -no consta siquiera que se hubiera excluido de la deliberación del caso al propio Ing. PITIOT- no expone argumentos. Sólo predica un juicio categórico. El sistema de recusaciones es una forma de garantizar la imparcialidad de los jurados o jueces, y por ello sus reglas deben interpretarse a favor de esa garantía y no desnaturalizándola. Las consecuencias de la no exclusión del Presidente de la Sala de Juzgar, Dr. José Luis PASUTTI, y del Diputado miembro de la misma Sala, Ing. Jorge Valentín PITIOT, irrogan la nulidad del juicio puesto que transmiten ilegalidad a los actos posteriores al momento en que debió haber sido producido su apartamiento. Sobre este particular refiere Julio B. J. Maier: "Empero, ya la denuncia del motivo, por parte de otro participante en el procedimiento, suele provocar el efecto de desplazamiento del juez afectado por el motivo denunciado y dé intervención de un reemplazante". Agrega que "resulta intolerable una decisión obtenida con el concurso de un juez con una relación particular -descripta por la ley- con los protagonistas del caso, con el contenido material del caso o con el mismo procedimiento previo a la decisión. Ello provoca que esas relaciones inhiban de pleno derecho el valor jurídico de la decisión pretendidamente judicial..." ("Derecho Procesal Penal, Tº II, Del Puerto, págs. 574 y 575).".

Renglón seguido el recurso giró sobre el tópico atinente a la Congruencia. Sobre el particular se alegó: ". La vaguedad de los hechos imputados originalmente se concretó en una exorbitante expansión del objeto procesal en el alegato de la acusación al cierre del debate. Será necesario en este acápite tratar de establecer, con la mayor sustentabilidad posible, qué se entiende por congruencia y cuáles son sus características relevantes. La importancia de una correcta tipificación teórica estriba, fundamentalmente, en las cualidades que revestirá el anclaje teórico en la subsunción; será útil, en definitiva, para cotejar la realidad factual con la "buena doctrina", permitiéndonos establecer, con meridiana precisión, el estado o punto exacto que, en función de la subsunción, detengamos el péndulo en la escala siempre oscilante derivada de las garantías constitucionales y el poder punitivo. No debe dejar de mencionarse que los principios y garantías constitucionales constituyen una fina y compleja trama interrelacionada, cuyos efectos, repercuten en el plexo como un todo. Se infiere de lo dicho que, la vulneración del principio de congruencia, no sólo flanquea la defensa en juicio y el debido proceso, sino también, el principio de justicia, el de propiedad, el de imparcialidad de los jueces y, fundamentalmente, el de razonabilidad; todos consagrados y protegidos en la Constitución Nacional. Es trascendente hacer notar que, el principio de razonabilidad, primará en todo el breve desarrollo doctrinario y jurisprudencial que se desarrollará "infra". Es destacable en este sentido lo expuesto por el Dr. Eugenio R. Zaffaroni en el Fallo: 330:4749, CSJN, del 06 de Noviembre de 2007: "Si bien la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias.".- En síntesis, en lo que nos interesa, el considerar las consecuencias en un entramado empírico implicará un adecuado cotejo con su construcción teórica. A modo de hilván lógico, a un individuo debe imputársele, en principio, un hecho del cual resulte verosímil defenderse, o sea, tangible, contrastable o refutable; luego, se le deberá dar la oportunidad de una correcta defensa; seguidamente, el juzgador valorará los elementos de prueba, fundamentando y motivando debidamente la sentencia, refutando los puntos esenciales alegados por la defensa. Los sentenciantes, en función del principio de congruencia e imparcialidad, no podrán apartarse del hecho objeto del proceso, ni de las peticiones de las partes.- Para que lo dicho cobre sentido, y tomando en cuenta el principio de razonabilidad, se deberán establecer los lineamientos básicos del hecho objeto de la acusación, como así también de las pretensiones de cada una de las partes, siendo este núcleo inalterable en el transcurso del proceso. Cualquier modificación al núcleo importará transgredir el principio de congruencia en tanto y en cuanto no se le brinde posibilidad de una debida defensa (en modo y tiempo oportuno) al imputado. Langevin -citando a Guasp- conceptúa la congruencia diciendo: "... la congruencia significa la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto, teniendo en cuenta todos los elementos individualizadotes de tal objeto: los sujetos que en él figuran, la materia sobre que recae y el título que jurídicamente lo perfila. Para ese autor hay tres clases de incon-gruencia: cuando el fallo contiene más de lo pedido, que es la incongruencia positiva, o sea cuando la sentencia concede o niega lo que nadie ha pedido, dando o rechazando más, cuantitativamente o cualitativamente, de lo que se reclama. La incongruencia negativa, que se da cuando la sentencia omite decir sobre alguna de las pretensiones procesales, y la mixta, combinación de la positiva y la negativa, que sucede cuando las sentencias fallan sobre un objeto diferente al pretendido. Las tres clases quedarían dentro de las expresiones: "ultra, citra y extra petita": más allá, menos y fuera de lo pedido." (Julián Horacio Langevin; "Nuevas formulaciones del principio de congruencia; 1ª ed.; Bs. As.; Fabián J. Di Palacio Editor; 2007; ps. 31/2). En función de considerar a la congruencia derivada de la defensa en juicio (Art. 18 de la CN) Vélez Mariconde recuerda que "... el principio de defensa en juicio se traduce en una serie de reglas procesales que están íntimamente vinculadas entre sí, entre las cuales destaca como necesarias: 1) la oportuna intervención del imputado; 2) la existencia de un proceso que asegure el contradictorio; 3) que el proceso tenga por base una imputación concreta, que en el juicio plenario debe estar contendida en una acusación formal (ne procedat iudex ex officio); 4) la correcta intimación de la imputación, incluso en el caso de que la acusación sea ampliada; y 5) la correlación entre la acusación intimada y la sentencia." (Op. Cit., p. 42).- Quizá la referencia más gráfica referente al principio de congruencia ha sido lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Pedro Wissbrod", 1989, cuando dijo: "El respeto de la garantía de defensa en juicio consiste en la observancia de las formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia" (Fallos: 312:597). También ha dicho la Corte: "El principio de congruencia, como expresión del derecho de propiedad y de la defensa en juicio, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso esté orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos; de ahí que lo esencial es que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, lo que se logra con la justicia según la ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales -sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias-" (G. 396. XLI; REX; Gómez, Carlos Alberto c/. Argencard S.A. y otro s/. ordinario; 27/12/2006; T. 329, P. 5903). Aquí la Corte alude a la correspondencia necesaria del hecho en el transcurso del proceso: "Cualquiera sea la calificación jurídica que en definitiva efectúen los jueces, el hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que el que fue objeto de imputación y debate en el proceso, es decir, aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria o defensiva." (S. 1798. XXXIX; REX; Sircovich, Jorge Oscar y otros s/defraudación por desbaratamiento de derechos acordados; 31/10/2006; T. 329, P. 4634). Nuevamente aquí, el Máximo Tribunal, hace especial referencia a la intangibilidad de los hechos: "Si bien en orden a la justicia represiva, el deber de los magistrados, cualesquiera que fueren las peticiones de la acusación y la defensa, o las calificaciones que ellas mismas hayan formulado con carácter provisional, consiste en precisar las figuras delictivas que juzguen con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, ese deber encuentra su límite en el ajuste del pronunciamiento a los hechos que constituyen la materia del juicio" (C. 2182. XXXIX; ORI; Calas, Julio Eduardo c/. Córdoba, Provincia de y otro s/. acción de amparo; 18/10/2006; T. 329, P. 4372). En este caso la Corte relaciona la facultad de los jueces, plasmada en el adagio latino "Iura Novit Curia", y el Principio de Congruencia: "Los jueces -en el cumplimiento de su misión constitucional de discurrir los conflictos litigiosos- tienen el deber de examinar autónomamente la realidad fáctica subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen. Atribución que por ser propia y privativa de la función jurisdiccional lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ellos; y que encuentra su único límite en el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa petendi o introduzca planteos o defensas no invocadas.". (C. 2182. XXXIX; ORI; "Calas, Julio Eduardo c/. Córdoba, Provincia de y otro s/acción de amparo"; 18/10/2006; T. 329, P. 4372). Fuere cual fuera la extensión de la inteligencia dada al concepto "juicio" en la fórmula "juicio político", está claro que los jueces, aunque legisladores, no pueden ir más allá de los "hechos verdaderos" por los que se iniciara el procedimiento (Art. 201 de la Constitución del Chubut). Como se describió al historiar los votos de cada legislador, no hubo imagen que pasara por la imaginación de los señores jueces que no fuera empleada para fundar el fallo de destitución. Y a ello colaboró la esforzada tarea de la Acusación, que llegó a describir más de cuarenta hechos diferentes en su alegato de clausura.

Los que pretenden aquí irguieron censura bajo el rótulo "Nulidad de la sentencia". Al respectp sostuvieron ".Los votos que conformaron el fallo de destitución no estuvieron precedidos por la deliberación prescripta por la Ley de Enjuiciamiento. No se votó por cargos. No hubo descripción de los hechos por los cuales se destituía o absolvía. Se invirtió la carga probatoria. Los jueces seleccionaron y valoraron la prueba con intolerable arbitrariedad; y ponderaron y reprocharon hechos que no formaron parte de los descriptos por los denunciantes." Repitieron el artículo 36 de la Ley 4457 textualmente y atacaron con la decisión con estas palabras: ". Al tiempo de fundar la decisión la Sala de Juzgar, se puso en evidencia que previamente no había deliberado. Así se constata de la lectura de la versión taquigráfica del día 20 de Agosto como ya fuera narrado (II - Antecedentes. Capítulo 23), procedimiento que expusieron de modo textual conforme el acta que mencionaron Así dejaron escrito el contenido: "En Rawson, en el Salón de Eventos del Tribunal de Cuentas, constituido en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura del Chubut, a veinte de agosto de dos mil ocho, siendo las 17,30, se reúne el pleno de la Sala de Juzgar y dice el SR. PRESIDENTE (PASUTTI): Vamos a retomar esta audiencia. Hoy tenemos, es una audiencia muy importante, se tiene que obtener -o no- la resolución o, mejor dicho, tiene que salir la resolución que admita -o no- a la acusación.En primer lugar, le voy a preguntar al decano de los diputados, que fue elegido para estar presente en los actos que yo no pueda dirigir, para que me diga si hay alguna posibilidad para que deliberemos para obtener un resultado. SR. DIPUTADO ASTETE: Señor Presidente, creo que la Sala está en condiciones de comenzar la audiencia, sin ninguna clase de problemas. SR. PRESIDENTE (PASUTTI): Muy bien, muchas gracias.

Quiero advertir, como la votación va a ser nominal y cada uno de los diputados se tiene que expedir sobre la aprobación o el rechazo, la admisibilidad o no, que en la sala se guarde estricto silencio. (Fs. 2 de la versión taquigráfica del día 20 de agosto de 2008).".

Y manifestaron que ".También se extrae la falta de la deliberación prevista en la ley de la fundamentación de su voto por el diputado Lorenzo:

"SR. DIPUTADO LORENZO: Gracias, señor Presidente, ¿me permite primero una aclaración? En realidad yo me quedé con la mecánica de la Sala de Juzgar -que habíamos establecido hace varios días atrás- de entregar el voto por escrito para una facilidad de la Presidencia en cuanto a la emisión de la sentencia. Vine preparado para eso y en realidad le quiero pedir, justamente, la venia en este sentido como no hubo deliberación no lo pude plantear, entonces que me permita, tome mi voto el escrito y permítame hacer un resumen del mismo, el cual asumo el compromiso por convicción de no apartarme un ápice de lo que está escrito" (fs. 64 versión taquigráfica de la audiencia del día 20 de Agosto).".

Prosiguieron: ".Esta omisión fue negada en la sentencia. Efectivamente, se consigna en la primera hoja de la misma que, "para pronunciar el voto individual y fundado luego de la deliberación secreta..." (Fs. 1 de la sentencia, glosada a fs. 2675). Sin embargo, este instrumento, que necesariamente debió ser confeccionado luego de finalizada la audiencia, se contradice expresamente con la versión taquigráfica. La sentencia fue confeccionada a posteriori de la audiencia del día 20 de Agosto de 2008 -que, conforme luce a fs. 176 de la versión taquigráfica, finalizó a las 22:45 horas del ese día- aunque está fechada en el mismo día.- Allí se consigna que, de seguido, el Presidente requirió el voto de los Diputados. Pero el Presidente omitió indicar y requerir a cada diputado, en el momento de emitir su voto, que cada diputado debía votar separadamente la admisión o rechazo de cada uno de los cargos. "Quiero advertir, como la votación va a ser nominal y cada uno de los diputados se tiene que expedir sobre la aprobación o el rechazo, la admisibilidad o no, que en la sala se guarde estricto expresión de aprobación o rechazo por lo que diga el diputado o tampoco que se haga algún tipo de aprobación o de manifestación. En ese caso, nosotros no tendremos otra alternativa que hacerle desalojar a esa persona con la fuerza pública; yo creo que no es necesario. Bueno, con esta advertencia, también para poder recordar que el artículo 206º de la Constitución Provincial dice: "Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por sentencia dictada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Sala de juzgar. La votación será nominal, registrándose en el acta el voto de cada uno de los diputados sobre cada uno de los cargos que contenga el acta de acusación. La ley que reglamenta el juicio político establece: "Cada diputado se pronunciará sobre la admisión o el rechazo de la acusación y sobre la procedencia de la accesoria de inhabilitación por tiempo determinado. Entonces, vamos a proceder en el orden establecido en la resolución que designó a los miembros de la Sala de Juzgar, nombrando a cada uno de ellos y pidiéndole que se pronuncie por la admisión o el rechazo de los cargos y que, después, haga su fundamentación de las razones por las cuales emite ese voto. ¿Entendido?, si no hay objeciones, vamos a pedirle a la diputada Doralisa Mercedes Aravena que se manifieste sobre la admisión o el rechazo de la acusación." (Versión taquigráfica del 20 de Agosto). En concreto, el Presidente preguntó a cada diputado por "el rechazo o la admisión de la acusación", pero no por el rechazo o la admisión de cada uno de los cuatro cargos conclusivos de la Acusación.".

Como conclusión, el recurso sostiene que no ha existido sentencia válida. Que: ".No la hay porque no ha habido acusación válida; porque sobre los hechos denunciados se construyeron fórmulas genéricas, imposibles de satisfacer para la acusación, claro, pero imposible de ser contestadas por la defensa. No hay sentencia válida porque no pudo haber defensa. No hay sentencia válida porque de cada palabra y cada gesto vertidos en la Audiencia, los acusadores y los jueces construyeron nuevos hechos y nuevas razones para apartar al Procurador General de su cargo. No hay sentencia válida porque no se respetó la igualdad de armas. No hay sentencia válida porque ni el Presidente ni el Diputado Jorge Valentín PITIOT podían permanecer en sus cargos. No hay sentencia válida porque no se respetaron as formas de la deliberación prescriptas por la ley especial, y por la ley supletoria. No hay sentencia válida porque no fueron votados los cargos separadamente. No hay sentencia válida porque no hay suficientes votos nominales válidos para fundar la destitución por los cuatro cargos, y el fallo dice que sí los hay. No hay sentencia válida porque no hay votos válidos, por falta de fundamentación, para tener por acreditado uno solo de los cargos. No hay sentencia válida, además, porque las pruebas de cargo y descargo fueron valoradas selectivamente en desmedro del derecho de defensa (Fallo CSJN 328:2019).

En el final los recurrentes mantuvieron la "RESERVA DEL CASO FEDERAL" vertiendo los conceptos que siguen: ".Tal como tanto en presentaciones anteriores como durante la propia audiencia de juicio se dejara planteado, vengo ahora a mantener, para el caso de que el Superior Tribunal de Justicia no acoja favorablemente la postulación enunciada en la presente impugnación extraordinaria -y con el objeto de cumplimentar el requisito jurisprudencial del planteamiento del caso federal (art. 14 Ley 48) en la primera presentación a partir de su constitución y el sostenimiento del mismo en las sucesivas presentaciones-, la reserva de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que repare la afectación de las garantías reconocidas en el bloque de constitucionalidad. a) Oportunidad del Planteo. De acuerdo a la hoy pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema, la cuestión federal ha de plantearse en el proceso en forma oportuna, requisito éste que deriva de la naturaleza de la competencia de dicha Corte cuando conoce por vía extraordinaria que no es originaria (Fallos 302:328). La regla, pues, resulta que la cuestión federal ha de ser introducida en el pleito en la primera ocasión que el procedimiento otorgue a los litigantes (Fallos 287:327; 291:146; 300:522; 303:586). De conformidad a ello, se cumplimenta el requisito, dado que la efectiva configuración de los agravios generadores de la cuestión federal, aparecen en la sentencia dictada por la Honorable Sala de Juzgar y han sido denunciados oportunamente por la Defensa y, ésta, por ser la primera oportunidad, es la debida para su introducción y el resultado adverso de lo que aquí se expresa, no constituiría un evento imprevisible (Fallos 303:386). Ello sin perjuicio, desde ya, de lo que podría constituir arbitrariedad sorpresiva en el caso de un fallo que reuniera esas características. b) Cuestión Federal.Es ésta la premisa básica del recurso extraordinario del artículo 14 de la Ley 48.- Tal cuestión debe inexcusablemente versar sobre la interpretación de normas federales o actos de autoridades federales o conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridad. La cuestión federal se concreta al existir un decisorio que vulnera garantías constitucionales consagradas y protegidas por el art. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Como se sostiene en los gravámenes debida-mente fundamentados en la presente impugnación, de dictarse sentencia no recepcionándose favorablemente lo peticionado, estaríamos en presencia de un fallo arbitrario, por apartarse notoriamente de la legislación vigente (Artículo 18, Constitución Nacional) (Fallos 308:815). Asimismo, y respecto de la presunta violación de los principios constitucionales que garantizan la defensa en juicio y el debido proceso legal (Arts. 18 y 31 C.N.), cabría remarcar que la propia Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que reviste gravedad institucional todo lo concerniente a "la debida preservación de los principios básicos de la Constitución Nacional" (Fallos 257:134). c) Requisitos del Planteamiento. Por último, se ha de señalar que el planteo que se efectúa resulta admisible por ser las cuestiones federales invocadas de manera inequívoca y explícita. Constituye, a la vez, una formulación expresa por cuanto se proponen al Tribunal los temas federales en forma específica. Al respecto, la Corte Suprema tiene dicho que debe invocarse categóricamente el derecho federal del cual procura valer-se (Fallos 187:296). Existe indudable conexidad con la materia del proceso pues la arbitrariedad consistiría en el evento del apartamiento por parte de V.E. de claras normas constitucionales (Artículos 18 y 31 de la Constitución Nacional). Es bien sabido que la sola expresión de que "se reserva el caso federal" resultaría insuficiente, razón por la cual se ha considerado aquí en forma debida, aunque sucintamente, en qué consistiría la cuestión federal cuyo reserva se invoca, lo que también se pide se tenga presente." Al propio tiempo se mantuvo la "RESERVA DEL DERECHO DE OCURRIR ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS" bajo las siguientes premisas: ".Lo actuado, como ya se dijo en anteriores presentaciones, implica la vulneración y el desconocimiento de derechos reconocidos y amparados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8), por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14) y por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts. XXVIII y XXVI). Se arribó aquí a una resolución que incurre en violación de tales derechos reconocidos en los instrumentos internacionales citados. Por tal motivo, mantengo la reserva ya planteada de denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los términos del artículo 44 y siguientes de la Convención." III) A fs. 2835/ 2861 luce agregada la contestación de la Sala de Acusar, a la impugnación deducida por el Dr. Eduardo SAMAME. Allí puede leerse que los Diputados Sebastián Angel BALOCHI, Rubén FERNANDEZ, Rosa Rosario MUÑOZ y Marisol CODINA manifestaron que los agravios de la defensa se basan esencialmente en la violación de la defensa en juicio, consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, 44 de la Constitución Provincial, tratados y otras normas cctes. de alcance constitucional.

Agregaron que en aras de una correcta aproximación en el tratamiento de los agravios, debe analizarse en primer lugar el tipo de juicio que nos ocupa, características especiales del mismo, significación, esencia y modalidad y por ende, resulta imprescindible situar tal discusión en su verdadero marco, que es el Juicio Político, previsto en la normativa constitucional.

Apuntaron, que si bien el mismo tiene las características materiales un juicio: acusación, defensa, prueba y sentencia, cabe destacar que dadas sus características y particular naturaleza, no requiere de un estándar tan elevado de formalidades procesales como lo es el juicio penal y otros procesos de carácter ordinario (con citas de José Manuel Estrada y de Joaquín V. González).

Por ese motivo, entendieron que el núcleo gordiano del Juicio Político es la especial situación del funcionario ante quienes lo han designado y el carácter de juicio de idoneidad funcional, lo cual impone que no es necesario actuar con un ritualismo tal que desvirtúe su particular naturaleza política administrativa.

Señalaron que el Juicio Político no es en rigor un proceso con objeto de castigar a quien sea sometido a él, sino enmarcar las objeciones a la conducta del funcionario y comparables a las denuncias o imputaciones formuladas ante un gran jurado. La imputación puede consistir en una acusación de traición, cohecho y otros crímenes o delitos.

Manifestaron que, cuando la Constitución Nacional y la Provincial establecen la idoneidad para el cargo como una exigencia republicana, resulta éste un requisito inherente a la condición de todo funcionario, esencial para el regular funcionamiento del sistema representativo y republicado que nos rige. Cuanto más alto es el cargo, mayor responsabilidad tiene el funcionario ante la sociedad que lo ha investido.

Para la Sala de Acusar, el Procurador General destituido ostentaba la nada envidiable marca de ser uno de los funcionarios más cuestionados formalmente y, en muchos casos, por sus propios dependientes en el desempeño de su función.

En punto a la causal de mal desempeño imputada al Dr. Eduardo SAMAME, la calificaron de "amplia" porque abarca una variedad de supuestos no establecidos expresamente, no sólo los casos comprobados de mala conducta, sino también de varias situaciones que abarcan indignidad, incapacidad, irregular desarrollo de la actividad en el desempeño de la función pública y que tales actos o situaciones, cuando son de notoria importancia y gravedad, configuran "mal desempeño" en el ejercicio de la función.

Esta causal, en su opinión, entraña un análisis discrecional, genérico y global de la conducta del funcionario juzgado.

Por ello, si bien las imputaciones hechas al Procurador General destituido parecen genéricas, con un principio de sentido común, resultaron claramente comprendidas tanto por el imputado como por su defensor, dado que las circunstancias apuntadas para su comprensión, la documental acompañada y los abundantes testimonios que la avalan, demostraron claramente un dilatado mal desempeño.

Añadieron que la valoración de las acciones y omisiones que pudieron configurar la causal de mal desempeño, es una potestad privativa y excluyente de la Cámara que juzga la conducta del funcionario.

Con apoyo en la doctrina del fallo "Nicosia" de la CSJN dejaron sentado que durante toda la sustanciación del Juicio Político que concluyó con la destitución del Dr. Eduardo SAMAME, éste tuvo la posibilidad de intervenir en el proceso, aportar y proponer pruebas, contradecirlas, preguntar y repreguntar a los testigos, ser oído, pero por sobre todas las cosas pudo ejercitar ampliamente su derecho de defensa.

Aclararon que, con apoyo en el sistema de las libres convicciones y en función de las características del juicio que se trata, es facultad de los legisladores-jueces seleccionar para su análisis racional la prueba que entiendan pertinente y útil, o cambiar su orden de producción, como lo hacen todos los jueces técnicos de los tribunales colegiados, sin que ello modifique el resultado del juicio o implique violación a derecho alguno, pues en este supuesto el orden de los factores no modifica el resultado.

Resaltaron que el debate desarrollado en la Honorable Legislatura y núcleo central del juicio, se ha llevado a cabo en forma oral, pública, continua, contradictoria, con la presencia de los integrantes de la Sala de Juzgar en pleno y de la Sala de Acusar, defensores e imputado y Presidente, respetando y haciendo realidad las reglas de la inmediación, de la identidad de los jueces, acusadores, imputado y defensores.

Por ello, reiteraron, que durante todas y cada una de las etapas del proceso de juicio político celebrado, se cumplió con la posibilidad de que el imputado y su defensor, directamente y en forma personal pudieran apreciar los testimonios, el contenido de cada una de las deposiciones. En su opinión, se cumplieron con satisfacción las reglas del debido proceso, y con el respeto al principio de oralidad se cristalizó el derecho del acusado, a ser oído.

Denunciaron que el impugnante trató de introducir tardíamente en esta instancia, de manera sobreabundante, conceptos introducidos, tratados y elucidados en el propio decurso del trámite del proceso.

Manifestaron que el quejoso pretende abrir sin más la instancia excepcional y exclusiva, sin lograr conmover la génesis del proceso intrínsecamente político, ni develar la violación de preceptos liminares como la existencia de acusación, defensa, prueba y resolución ajustada a derecho, en una extensa melange que combina ostensiblemente hipotéticos subjetivos, olvidando que el proceso político llevado a cabo por la Honorable Sala de Juzgar fue dirigido hacia la figura política del por entonces Procurador General y no del individuo Eduardo Samamé.

En punto a la violación de las reglas al debido proceso que arguyó la defensa, por la intervención como sumariante de un consejero que debió ser apartado luego de su recusación, tanto como la violación al principio de congruencia y el incumplimiento de las reglas de la sana crítica, la Sala de Acusar señaló que todas esas cuestiones fueron resueltas en legal tiempo y forma. +Por ello entendió, que los agravios así incoados no podrían prosperar, máxime cuando la defensa no logró demostrar el perjuicio concreto que contradijo sus intereses.

La arbitrariedad de la sentencia alegada por los impugnantes, por entender que no se cumplió con las reglas del razonamiento, la Sala de Acusar consideró que no podía prosperar porque los hechos fueron contestes y guardaron correspondencia con el resto de la prueba testimonial y documental.

Concluyeron haciendo reserva del caso federal y con un petitorio de estilo.

IV) A fs. 2868/2884 vta. se presentó Alejandro Carrió, en su carácter de Presidente de la "Asociación por los Derechos Civiles" (ADC), con el patrocinio letrado de los doctores Hernán Gullco y Alejandro Segarra, y acompañó un libelo como "amicus curiae" en apoyo de la posición enunciada en la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa del doctor Eduardo Samamé.

V) En la hoja 2885 puede verse un escrito presentado por el impugnante y sus letrados, mediante el cual expresó conformidad con la presentación hecha por la Asociación por los Derechos Civiles.

VI) A fs. 3082/3083 consta la realización de la audiencia prevista en el artículo 385, apartado sexto del Código Procesal Penal, realizada a las 11 horas del día 28 de abril del 2011, con la asistencia del doctor Emilio Ricardo Porras Hernández por la Procuración General, y de los doctores Arnaldo Hugo Barone y Alfredo Pérez Galimberti, por la Defensoría General.

Se inició el acto por el señor Presidente, doctor Jorge Pfleger, quien relató los antecedentes del caso e informó sobre la presentación, en horas de la mañana del mismo día, del Fiscal de Estado, solicitando la suspensión de la audiencia.

Concedida la palabra al Defensor General, este reconoció que el Fiscal tuvo el derecho a interponer un recurso, pero solo de Reposición. Aunque estuviera corriendo el plazo para impugnar, por haber hecho la presentación de mención sin haber agotado la vía local, entendió que debía rechazarse su pedido.

Otorgada la palabra al representante del Ministerio Publico Fiscal, en la persona del doctor Porras Hernández, éste coincidió en líneas generales con el señor Defensor General, pues no se había planteado el recurso correctamente por lo que debía rechazarse.

A continuación se realizó un cuarto intermedio para intercambiar ideas entre los miembros del Tribunal.

Constituidos nuevamente en la Sala de audiencia, el Señor Presidente comunicó a los presentes la siguiente decisión unánime: ".Al escrito no ha lugar, en tanto y en cuanto la eventual deducción del Recurso Federal anunciado carecería de efectos suspensivos sobre el proceso en curso.".

Luego se hizo pasar al señor Sergio Javier Maturana, al que se le recibió declaración testimonial conforme el ofrecimiento realizado por la Defensa Técnica. Se reprodujo en Sala la grabación de un reportaje realizado por el testigo sobre el que, una vez finalizado fue interrogado por el Defensor General.

Concedida la palabra al representante de la Fiscalía manifestó que no realizaría preguntas, dándose por terminada la declaración testimonial.

Con el fin de escuchar los alegatos y dada la palabra a los Defensores, en un principio, el doctor Arnaldo Hugo Barone hizo reserva de recurrir a la Corte Suprema de la Nación en caso de una resolución adversa y, anticipó, que compartiría la labor de alegar con el doctor Alfredo Pérez Galimberti.

Luego de desarrollar sus argumentos el doctor Pérez Galimberti, hizo lo propio el doctor Barone.

Ínterin, por Presidencia se dispuso un cuarto intermedio y reanudado el acto, el doctor Barone terminó su exposición.

Concedida que le fue palabra, el doctor Emilio Ricardo Porras Hernández expuso sus argumentos en defensa de la sentencia atacada, peticionó se confirme y se rechace la impugnación articulada.

A continuación, el Defensor General hizo uso del derecho a réplica. El mismo que fue concedido y usado por el doctor Porras Hernández.

Culminó en uso de la palabra el doctor Barone, luego de lo cual se dio por finalizada la audiencia para informar.

VII. La solución A la cuestión primera respondo del modo en que se consignarán en los párrafos que siguen.

La defensa del Procurador General Dr. Eduardo Samamé, que fuera destituido en el Juicio Político de marras, luego de sostener la admisibilidad, funda la impugnación extraordinaria en: la nulidad de la acusación; la afectación de la imparcialidad de los jueces; la congruencia; y la nulidad de la sentencia.- Cabe entonces comenzar el análisis del libelo referido, como cuestión previa, en punto a la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut de que se trata.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene desde el precedente "Graffigna Latino" (fallo 308:961 del 19/06/86), la doctrina que tanto en los juicios políticos como en los enjuiciamientos de magistrados en esfera provincial, las decisiones de los órganos ajenos a los poderes judiciales locales, son cuestión justiciable cuando se invoca violación del debido proceso y deben intervenir no solo éstos últimos sino con posterioridad ella misma (la CSJN) por la vía del recurso extraordinario.- El mismo Máximo Tribunal en el caso "Nicosia" (fallo 316:2940 del 09/12/93) precisó que lo atinente a la interpretación de la Constitución en orden a las causales de destitución por juicio político y la apreciación de los hechos materia de acusación, son de exclusivo y definitivo juicio del Senado y por ende no revisables judicialmente, pero el cumplimiento de las formas y condiciones que deben regir el proceso si son susceptibles del control judicial, pues es de competencia judicial juzgar si la decisión tomada por el órgano político lo ha sido con arreglo a las formalidades establecidas en la Constitución.- Queda claro entonces tanto que la decisión sobre el fondo del juicio político es de competencia netamente política, como también que los recaudos previstos en la Constitución Nacional para el ejercicio de dicha atribución es de competencia judicial, pues la eventual revisión de que el proceso respectivo no haya sido violatorio de las reglas del debido proceso y de la garantía de la defensa en juicio está en la esfera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía del recurso extraordinario.- Esta doctrina, en esencia, se mantiene por la actual composición del CSJN en sucesivos fallos y es de entera aplicación en la causa sub-exámine.- Es que en la Provincia del Chubut, a la luz de la Constitución local y las leyes consecuentes atinentes a la remoción/destitución de los jueces (arts. 165, 198/214 C.P. y ley V nros 79 y 80 -antes leyes 4457 y 4461, respectivamente-) existe una particularidad respecto a la Constitución Nacional (art. 115) que confirma, a mi entender, la recurribilidad de la decisión del Organo Político ante este STJCH.- Las dos Constituciones diferencian al Juicio Político del Enjuiciamiento, reservando el primero, respecto a integrantes del Poder Judicial, solo a la Corte -sea nacional o provincial- y el segundo, a los demás magistrados y funcionarios.- La particularidad es que la Constitución Nacional prevé expresamente la irrecurribilidad de los fallos dictados por el Tribunal de Enjuiciamiento (art. 115 suprado citado) y en el orden provincial nada dice la Constitución y si en igual sentido y para el mismo Tribunal lo establece el art. 45 de la ley V n° 80 (antes ley 4461).- Pero dicha diferencia adquiere mayor importancia cuando en la ley de procedimiento de Juicio Político (Ley V n° 79 -antes ley 4457-), de aplicación en estos actuados por tratarse de la destitución del Procurador General (art. 165 segundo párrafo Constitución Chubut), nada se dice sobre la recurribilidad del fallo del Órgano Político y se garantiza la aplicación puntual de los principios constitucionales del debido proceso legal, igualdad ante la ley y que por ninguna circunstancia se afectará el derecho de defensa (art. 49); principios todos cuyo contralor de observancia, según doctrina de la CSJN antes referida, son de estricta competencia del Órgano Judicial, en este caso, del STJCH.- Reafirma lo expuesto el art. 52 de la ley V n° 79 (antes ley 4457), cuando establece la aplicación analógica del Código de Procedimientos Penales del Chubut (ley XV n° 9 -antes ley 5478-), en todo lo que no estuviere expresamente previsto, y especialmente de "las normas referentes a las garantías durante el proceso, a la etapa de investigación instructoria, el trámite de ofrecimiento, admisión y producción de pruebas, a las impugnaciones y resoluciones durante el debate, a la citación de personas, interrogatorios, a las actas, a las deliberaciones y a la sentencia". Solo cabe agregar que ante el silencio sobre la recurribilidad del fallo, tanto de la Constitución Provincial como de la ley de procedimiento de juicio politico local, cabe aplicar el art. 375 del Código de Procedimientos Penales que expresamente prevé la impugnación extraordinaria como derecho del imputado.- No cabe duda entonces, que habiendo la defensa del Dr. Samamé impugnado extraordinariamente el fallo dictado por la Honorable Sala de Juzgar de la Legislatura de la Provincia, fundado en razones que refieren a la afectación de las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio (arts. 18 C.N. y 44/45 C.P.), es de competencia de este Superior Tribunal de Justicia la revisión del mismo.- Así voto.

VIII) El art. 200 de la Constitución Provincial dispone que a los fines de la tramitación del juicio político la Legislatura se divida por mitades en dos Salas cuyos miembros se eligen por sorteo. Una será de acusar y la otra de juzgar.- La Sala acusadora nombra de su seno a una comisión de cinco miembros, cuyo objeto es investigar la verdad de los hechos en que se funda la acusación, teniendo ésta última previsto un plazo perentorio de cuarenta días para practicar todas las diligencias y presentar dictamen ante la misma, la que puede rechazarlo o aceptarlo, requiriendo para éste último supuesto dos tercios de votos del total de sus miembros (art. 201 C.P.), que de conformidad con el art. 2 de la ley V n° 79 (antes ley 4457) es de catorce (14) miembros. Es decir para la aceptación del dictamen se requiere el voto de diez (10) miembros.- La defensa no cuestiona inexistencia de mayoría requerida para la aceptación del dictamen y manifiesta que desde que tomó conocimiento de la acusación sostiene que le resulta imposible defenderse por no contener la misma una descripción de los hechos sobre lo que se basa la imputación.- Tal como resulta del mismo fallo, las imputaciones en contra del Procurador General Dr. Eduardo Samamé fueron (fs.2675vta.):

A) "Ejercer la superintendencia del Ministerio Público Fiscal en forma arbitraria y con plena desviación de poder tendiente a realizar de manera sistemática un ambiente hostil contra los individuos jerárquicamente inferiores, privando a los mismos de derechos y capacidad de defensa".

B) "Omitir formular precisos mínimos lineamientos, a fin de fijar la política general y criminal del Ministerio Público Fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal".

C) "Negar en forma arbitraria e infundada la concesión de licencias ordinarias y extraordinarias al personal de su dependencia directa, y a los Fiscales Jefes".

D) "Omitir la supervisión de las tareas de los miembros del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de las investigaciones y el resultado de las gestiones de los Fiscales Jefes de cada circunscripción".

Estos cargos se formulan como constitutivos prima facie de la causal de mal desempeño de las funciones en el dictamen en mayoría de la comisión investigadora obrante a fs. 2271/2323 (puntualmente fs. 2322/2323). En fojas anteriores (2264/2269) obra agregado el dictamen en minoría suscripto por uno solo de los diputados integrantes de la misma.- En este estadio debo formular un pequeño comentario al margen y es que el fundamento legal que se cita en el dictamen en mayoría es el art. 8 quater inc. a) y c) de la ley 4457 modificada por ley 4826, que en la actualidad, en la ley V n° 79, es el art. 11 incs. a) y c).- A fs. 2330/2336 el Dr. Samamé contesta la vista conferida de conformidad con el art. 23 de la ley V n° 79 y en esencia manifiesta su oposición a la prosecución del trámite del juicio político por no contener el dictamen en mayoría, como mínimo, una relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos que se le atribuyen, puntualizando a la luz de dichos presupuestos las falencias de los cargos que se formulan, lo que a su entender convierten a la acusación allí propiciada en insanablemente nula. Formula reserva del Caso Federal y de ocurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- A fs. 2388/2397 se agrega el dictamen de la Sala de Acusar que rechaza el planteo de nulidades por la defensa del Dr. Samamé, adhiere al dictamen en mayoría de la Comisión Investigadora y desecha los conceptos vertidos del dictamen en minoría. A fs. 2398/2410 obra la versión taquigráfica de la que resulta que la votación de la Sala de Acusar fue de once (11) diputados por la afirmativa y tres (3) por la negativa. En este último documento consta además que también por once (11) votos y tres (3) en contra se decide la suspensión del Procurador General en el ejercicio de sus funciones, reuniendo para ello la mayoría especial que exige el art. 203 de la Constitución Provincial (en este caso de once votos -dos tercios mas uno de los miembros de la Sala de Acusar-); como asimismo se designó a los diputados Rubén Alberto Fernández, Sebastián Angel Balochi y Javier Hugo Touriñan para sostener la acusación ante la Sala de Juzgar (art. 204 C.P.).- Recibida la acusación por la Sala de Juzgar, ésta quedó constituida en tribunal de sentencia (art. 26 ley V n° 79 -antes ley 4457-) y se le tomó juramento a los diputados designados por la Sala de Acusar para sostener la acusación y se dio intervención a la defensa técnica del Dr. Samamé, ofreciendo aquellos y ésta última las pruebas que estimaron correspondían, obrando constancia atinentes a aquellas que se produjeron y de distintos planteamientos en el trámite y resolución de los mismos (fs. 2417/2674).- La relación sucinta del párrafo precedente es porque entiendo que, primero se debe despejar que haya existido la mayoría necesaria de dos tercios (2/3) de la totalidad de miembros de la Sala de Juzgar que hayan, por voto nominal, declarado la culpabilidad del acusado sobre cada uno de los cargos que contenga el acta de acusación (art. 206 C.P.).- Es que el recurrente (Dr. Eduardo Samamé) en su conclusión sostiene, entre otras razones, que no hay sentencia válida "porque no fueron votados los cargos separadamente" y "porque no hay suficientes votos válidos para fundar la destitución por los cuatro cargos, y el fallo dice que si los hay" (fs. 2830 vta.).- Solo en el caso de que se haya observado la mayoría referida, con los requisitos que impone la Constitución Provincial y el procedimiento previsto en los arts. 40 y 41 de la ley V n° 79 (antes ley 4457), se retomará el análisis desde el ángulo de los otros vicios denunciados por el recurrente.- La Sala de Juzgar la integran trece (13) diputados, con la composición y forma que prevé el art. 2° de la ley de procedimiento de juicio político y su decisión por la destitución, como se dijera en párrafo anterior, solo es válida (numeralmente) por voto nominal de los dos tercios (2/3) de la totalidad de los miembros, es decir, de nueve (9) diputados.- El Dr. Samamé fue acusado por mal desempeño de las funciones como Procurador General y fundada la causal en los cuatro cargos explicitados mas arriba, por lo que debe haber coincidencia de nueve (9) diputados en la culpa de al menos en uno de ellos.- Los diputados Doralisa Mercedes Aravena, Ricardo Enrique Astete, Nélida Beatriz Burgueño, Santiago Altidoro Cárdenas, Néstor Raúl García, Roque Gonzalez, Carlos Alberto Lorenzo, Miguel Angel Montoya, Jorge Valentín Pitiot, Mariana Gabriela Ripa, Ricardo Daniel Sastre, Fernando Francisco Urbano y Stella Maris Vargas fueron los integrantes de la Sala de Juzgar y se expidieron en ese orden. Solo me referiré al voto de aquellos que se pronunciaron declarando la existencia de causal de mal desempeño, ya que los diputados Carlos Alberto Lorenzo (fs. 2710/2723) y Fernando Francisco Urbano (fs. 2758vta./2764vta.) lo hicieron por el rechazo.- Previo a que los diputados jueces pronunciaran su voto, el Presidente de la Sala de Juzgar leyó el art. 206 de la Constitución Provincial que, dispone para la declaración de culpa del acusado se debe igualar dos tercios de la totalidad de los miembros, por votación nominal y sobre cada uno de los cargos que contenga la acusación (versión taquigráfica del miércoles 20 de agosto de 2008); pero no todos cumplieron con la manda constitucional y hubo quienes omitieron expedirse en uno, varios o todos los cargos que se le imputaron al recurrente. No obstante, igualmente se analizará cada voto y solamente si es claro que se expidieron en referencia de los cargos que se imputan (uno o los cuatro), se considerará salvada la omisión y se contará como válida la decisión propugnada respecto a la admisión o rechazo del cargo.- De los votos de los once (11) diputados que se pronunciaron por la declaración de culpabilidad del Dr. Eduardo Samamé, en este estadio, me limitaré a explicitar por cual o cuales cargos (uno o los cuatro) concluyeron que se configuró el mal desempeño de las funciones. No haré ningún análisis del contenido del voto, sino la mera verificación matemática de que se hayan igualado, como mínimo, nueve (9) diputados de la Sala de Juzgar que funden la culpabilidad que propugnan en uno, algunos o todos los cargos formulados en la acusación.- 1) Diputada Doralisa Mercedes Aravena: A fs. 2686/2689 no responde puntualmente sobre cada uno de los cargos que contiene la acusación, pero del desarrollo de su voto cabe inferir que se circunscribe a los supra identificados como "A)" y "C)", propugnando la declaración de culpa del Dr. Eduardo Samamé fundada en los mismos y se pronuncia por la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.- 2) Diputado Ricardo Enrique Astete: A fs. 2689/2696 responde puntualmente sobre los cuatro cargos de la acusación (cargo "A)" a fs. 2690/2692; cargo "B)" a fs. 2692vta./2693; cargo "C)" a fs. 2693vta.; y cargo "D)" a fs. 2693vta./2694vta.), propugnando la declaración de culpa del Dr. Eduardo Samamé por todos ellos y se pronuncia por la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.- 3) Diputada Nélida Beatriz Burgueño: A fs. 2696/2702vta. responde puntualmente sobre los cuatro cargos de la acusación (cargo "A)" a fs. 2697/2699vta.; cargo "B)" a fs. 2700/2701; cargo "C)" a fs. 2701vta.; y cargo "D)" a fs. 2701vta.), propugnando la declaración de culpa del Dr. Eduardo Samamé por todos ellos y se pronuncia por la destitución e inhabilitación por cuatro (4) años para ejercer cargos públicos.- 4) Diputado Santiago Altidoro Cárdenas: A fs. 2702vta./2703 no responde puntualmente sobre cada uno de los cargos de la acusación y del desarrollo del voto no puede inferirse se haya referido a ninguno de ellos, propugnando no obstante la declaración de culpa del Dr. Eduardo Samamé y se pronuncia por la destitución e inhabilitación por cuatro (4) años para ejercer cargos públicos.- 5) Diputado Néstor Raúl García: A fs. 2703vta./2706 no responde puntualmente sobre cada uno de los cargos de la acusación, pero del desarrollo de su voto, no sin dificultad, cabe inferir que se limita al cargo "B)", propugnando la declaración de culpa del Dr. Eduardo Samamé fundado en el mismo y se pronuncia por la destitución e inhabilitación por cuatro (4) años para ejercer cargos públicos.- 6) Diputado Roque González: A fs. 2706/2710 rechaza puntualmente los cargos de la acusación "A)", "C)" y "D)" (segundo párrafo a fs. 2706vta.) y del desarrollo de su voto debe inferirse, incluso por exclusión, que sólo propugna la declaración de culpa del Dr. Eduardo Samamé fundado en el cargo "B)" y se pronuncia solamente por la destitución y expresamente rechaza la declaración de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.- 7) Diputado Miguel Ángel Montoya: A fs. 2723/2740vta. responde puntualmente sobre los cuatro cargos de la acusación y del desarrollo de su voto resulta que rechaza el cargo "D)" (fs. 2730vta. primer párrafo) y propugna la declaración de culpa del Dr. Eduardo Samamé por los cargos "A)" (fs. 2728/2730), "B)" (fs. 2727/2728) y "C" (fs. 2730), y se pronuncia por la destitución e inhabilitación por cuatro años (4) para ejercer cargos públicos.- 8) Diputado Jorge Valentín Pitiot: A fs. 2731vta./2740 no responde puntualmente sobre cada uno de los cargos de la acusación, pero del desarrollo de su voto cabe inferir que se limita al análisis del cargo "A)", propugnando la declaración de culpa del Dr. Eduardo Samamé fundado en el mismo y se pronuncia por la destitución e inhabilitación por tres (3) años para ejercer cargos públicos.- 9) Diputada Mariana Gabriela Ripa: A fs. 2740/2755vta. responde puntualmente sobre los cuatro cargos de la acusación y del desarrollo de su voto resulta que absuelve por el cargo "C)" (fs. 2752vta./2753) y propugna se declare culpable al Dr. Eduardo Samamé por los cargos "A)" (fs. 2743vta./2750vta.), "B)" (fs. 2750vta./2752vta.) y "D)" (fs. 2753/2755) y se pronuncia por la destitución e inhabilitación por cuatro (4) años para ejercer cargos públicos.- 10) Diputado Ricardo Daniel Sastre: A fs. 2755vta./2758vta. responde puntualmente sobre tres de los cargos de la acusación, el "A)" (fs. 2756 y vta.), "B)" (fs. 2756vta./2757vta.) y "D)" (fs. 2757vta./2758vta.), propugnando se declare la culpa del Dr. Eduardo Samamé fundado en los mismos y omitiendo referirse al cargo "C)", y se pronuncia por la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.- 11) Diputada Stella Maris Vargas: A fs. 2764vta./2770 responde puntualmente sobre los cuatro cargos de la acusación, y del desarrollo de su voto resulta que rechaza el cargo "D)" (fs. 2769vta.) y propugna se declare culpable al Dr. Eduardo Samamé por los cargos "A)" (fs. 2766vta./2768), "B)" (fs. 2768/2769) y "C)" (fs. 2769 y vta.) y se pronuncia por la destitución e inhabilitación por cuatro (4) años para ejercer cargos públicos.- De la narración resumida de los votos de los diputados de la Sala de Juzgar que han propugnado la destitución y casi la totalidad de ellos también la inhabilitación para ejercer cargos públicos, resulta que por cada uno de los cargos de la acusación por los que se ha declarado la culpa del Dr. Eduardo Samamé han totalizado los siguientes números:

Cargo "A)": Ocho (8) votos (diputados Doralisa Mercedes Aravena, Ricardo Enrique Astete, Nélida Beatriz Burgueño, Miguel Ángel Montoya, Jorge Valentín Pitiot, Mariana Gabriela Ripa, Ricardo Daniel Sastre y Stella Maris Vargas).- Cargo "B)": Ocho (8) votos (diputados Ricardo Enrique Astete, Nélida Beatriz Burgueño, Néstor Raúl García, Roque González, Miguel Ángel Montoya, Mariana Gabriela Ripa, Ricardo Daniel Sastre y Stella Maris Vargas).- Cargo "C)": Cinco (5) votos (diputados Doralisa Mercedes Aravena, Ricardo Enrique Astete, Nélida Beatriz Burgueño, Miguel Ángel Montoya y Stella Maris Vargas).- Cargo "D)": Cuatro (4) votos (diputados Ricardo Enrique Astete, Nélida Beatriz Burgueño, Mariana Gabriela Ripa y Ricardo Daniel Sastre).- Surge entonces, que de los once (11) diputados, miembros de la Sala de Juzgar, que han votado por la destitución por mal desempeño de las funciones como Procurador General del Dr. Eduardo Samamé, uno (el diputado Santiago Altidoro Cárdenas) no lo hizo fundado en ninguno de los cargos contenidos por la acusación y los diez (10) restantes no lo hicieron por los mismos cargos, con tal composición que en ningún caso se ha alcanzado el mínimo de nueve (9) que requiere la Constitución Provincial (art. 206) para la declaración de culpabilidad y consecuente destitución y aún inhabilitación para ejercer cargos públicos del nombrado (art. 207 C.P.)- Se han sumado las voluntades que propugnaban la destitución y aún la inhabilitación para ejercer cargos públicos, que fueron once (11), es decir dos (2) mas que la mayoría de los 2/3 requeridos por la constitución, pero no se ha tenido presente que ésta última exige que el voto nominal sea sobre cada uno de los cargos que contenga el acta de acusación (art. 206 in fine C.P.), y que en ningun caso respecto de los formulados por la Sala de Acusar se alcanzó el mínimo de nueve (reitero número que igualan los 2/3 del total de 13 diputados que integran la Sala de Juzgar).- En definitiva, el pronunciamiento que correspondía era el rechazo de la acusación por mal desempeño de las funciones del Dr. Eduardo Samamé y su restitución al cargo de Procurador General del Ministerio Fiscal de la Provincia del Chubut (arts. 41 segundo párrafo de la ley V n° 79 -antes ley 4457- y 205 Constitución Provincial).- En consecuencia, sin ningún otro análisis porque a mi juicio no se ha logrado la mayoría de votos necesarios para declarar culpable al acusado y atento que el art. 205 in fine de la Constitución Provincial prohíbe la repetición del juicio por los mismo hechos, debe hacerse lugar a la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa técnica y declarar la nulidad del fallo de la Sala de Juzgar de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, que a fs. 2675/2770 dispone "la destitución en el cargo de Procurador General de la Provincia del Chubut del doctor Eduardo SAMAMÉ con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de cuatro (4) años".- Así voto.

IX) La defensa técnica peticiona además que se ".ordene la reincorporación del Dr. Eduardo Samamé al Cargo de Procurador General de la Provincia del Chubut con el consiguiente pago de los salarios dejados de percibir." (punto 3. del petitorio).- Tal como se dijera mas arriba, los arts. 205 de la Constitución Provincial y 41 de la ley V n° 79 -antes ley 4457-, prevén la restitución en el ejercicio de sus funciones de quien haya sido suspendido de conformidad con el art. 203 de la Constitución Provincial, tal como fue el caso de autos.- Va de suyo que tal normativa es de aplicación también cuando por juicio político, la Sala de Juzgar de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, haya destituido a los Funcionarios del Poder Judicial que individualiza el art. 165 segundo párrafo de la Constitución Provincial.- Pero, en los presentes actuados surge de fs. 3086 que el Dr. Eduardo Samamé se ha acogido al beneficio de la ley de jubilaciones de la Provincia del Chubut (ley XVIII n° 32 -antes ley 3923-) y que por dicha razón y a fin de "esclarecer detallada y suficientemente" la fecha a partir de la cual se liquida dicha prestación, he solicitado como medida para mejor proveer (fs. 3090) y el Cuerpo ha dispuesto, se requiera al Instituto de Seguridad Social y Seguros el expediente administrativo por el cual le fue otorgado el mismo (fs. 3091). A fs. 3095 por Presidencia se agrega fotocopias auténticas del expediente sobre Jubilación Ordinaria del nombrado.- Precisamente, el "Instituto de Seguridad de Social y Seguros" de la Provincia del Chubut, a solicitud del Dr. Eduardo Samamé, inició el cuatro de marzo del año dos mil ocho (04/03/2008) el expediente por Jubilación Ordinaria n° 839/8 y con fecha trece de mayo del mismo año (13/05/2008) le comunica al nombrado que a ese día reunía los requisitos de edad y años de servicios requeridos por la ley para acceder al beneficio, quedando condicionado el otorgamiento de la prestación al cese definitivo en toda actividad en relación de dependencia (entendiéndose pública, nacional, provincial y o municipal) (fs. 34 el expte. obrante por cuerda).- El próximo trámite fue el de presentación por parte del beneficiario de la certificación de servicios (fs. 40/41 del referido expte. jubilatorio) y cesación (fs 42 de dicho trámite administrativo) que, por cierto, tiene como causa la destitución que nos ocupa. Certificaciones que fueron presentadas por el Dr. Eduardo Samamé con fecha veintidós de agosto del año 2008 (22/08/2008), dos días después del fallo de la Sala de Juzgar y que motivaron, previo los trámites de rigor, que con fecha diez de octubre de dos mil ocho (10/10/2008) el Directorio del Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut le otorgara jubilación ordinaria ley provincial n° 3923 como ex-empleado del Poder Judicial, liquidando la prestación a partir del veintidós de julio de dos mil ocho (22/07/2008) (fs. 48 del expte. del ISSyS).- El pago de la prestación jubilatoria en la fecha señalada en el párrafo precedente coincide con la informada por el Superior Tribunal de Justicia como el último día que percibió haberes como Procurador General del Ministerio Fiscal de la Provincia del Chubut (fs. 42 del expte. administrativo).- No hay entonces salarios dejados de percibir, toda vez que además de la continuidad referida, el haber jubilatorio que se liquida es el equivalente móvil al ochenta y dos por ciento (82%) del Cargo de Procurador General del que fuera inválidamente destituido (fs. 47 del expte. ISSyS). Cabe agregar, como dato ilustrativo, que al personal del Poder Judicial (incluidos los Ministerios) de la Provincia del Chubut, se le descuenta mensualmente el dieciocho por ciento (18%) de sus haberes para aporte jubilatorio (14% de conformidad con el art. 19 inc. 1.- a) de la ley XVIII n° 32 -antes ley 3923-) y obra social (4% de conformidad con el art. 18 de la ley XVIII n° 12 -antes ley 1404-).- Si no obstante hubiera alguna diferencia entre el salario del Procurador General y el haber jubilatorio correspondiente por dicho cargo, el período se limita entre el veintidós de julio de dos mil ocho (22/07/2008) y el diez de octubre del mismo año (10/10/2008), tiempo que transcurrió entre la suspensión sin goce de haberes por la Sala de Acusar de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut y el otorgamiento de la jubilación ordinaria, pero se desconoce si ello efectivamente sucedió y no es objeto de éste juicio discutirlo y dirimirlo. Con posterioridad al diez de octubre del año dos mil ocho (10/10/2008) no existe posibilidad de reclamo de diferencia alguna porque simplemente corresponde la percepción del haber que liquida el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut. Haber jubilatorio sobre el que no existe duda alguna ha percibido y percibe actualmente, conforme surge de lo manifestado por el mismo Dr. Eduardo Samamé a fs. 3086.- En punto a la restitución en el cargo de Procurador General del Ministerio Fiscal de la Provincia del Chubut, tiene consecuencia jurídica el haber iniciado voluntariamente trámite por jubilación ordinaria y fundamentalmente haber requerido de igual manera, es decir libremente, que se le otorgara la jubilación y se le liquidara el haber pertinente con posterioridad al fallo de la Sala de Juzgar de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut.- Es que obtener el goce del beneficio jubilatorio tiene como condición el cese en toda actividad en relación de dependencia (art. 96 inc. a) de la ley XVIII n° 32 -antes ley 3923), sin distingo de la causa de la cesación en el servicio.- Esa voluntad de acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria es un obstáculo a la restitución en el cargo por la condición "sine qua non" antes dicha.- Ante su destitución el Dr. Eduardo Samamé pudo elegir, atento que se había notificado que cumplía con todos los requisitos exigidos para la jubilación ordinaria en la Provincia del Chubut, entre solicitar o no el otorgamiento del beneficio y si optó por pedirlo, voluntariamente se desvinculó del Poder Judicial mas allá de lo decidido por la Sala de Juzgar de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut.- Resulta entonces, que el Dr. Eduardo Samamé se ha desvinculado del Poder Judicial de la Provincia del Chubut por dos motivos: 1) la destitución dispuesta por la Sala de Juzgar de la Honorable Legislatura; y 2) su voluntad de que se le otorgue el beneficio de la jubilación ordinaria por el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia. Voluntad exteriorizada incluso con anterioridad a la o las denuncias causantes del juicio político, cuando solicitó las certificaciones de servicios que obran agregadas a fs. 14/19 y fs. 20/21 del expediente administrativo y que tienen como fecha de expedición, por el Banco del Chubut S.A., la primera, el once de octubre de años dos mil siete (11/10/2007) y por el Superior Tribunal de Justicia, la segunda, el diecisiete de octubre del año dos mil siete (17/10/2007).- La nulidad del fallo de destitución de la Sala de Juzgar de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, no tiene incidencia sobre la desvinculación del Poder Judicial por jubilación ordinaria optada por el Dr. Eduardo Samamé.- Ante el otorgamiento de jubilación ordinaria, el nombrado sólo puede volver al cargo de Procurador General si se respeta lo dispuesto en el art. 166 primer párrafo de la Constitución de la Provincia del Chubut.- Por lo expuesto debe rechazarse la petición del Dr. Eduardo Samamé para que se lo reincorpore o restituya en el cargo de Procurador General del Ministerio Fiscal de la Provincia del Chubut y asimismo el pago de los salarios que reclama.- Debe tenerse presente la reserva del caso federal y de formular denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, peticionados en el punto 4. y 5. del capítulo IX de la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa técnica del Dr. Eduardo Samamé.- Así voto.

X) Por el modo en que decidido cada una de las tópicas, a la segunda cuestión respondo del siguiente modo: Propicio: 1°). Declarar parcialmente procedente la impugnación extraordinaria agregada a fojas 2783/2832 de autos, con costas. 2°) Declarar la nulidad de la sentencia que destituyó al doctor Eduardo Samamé (fojas 2675/2770 vta.). 3°) Rechazar el pedido de reincorporación del doctor Eduardo Samame en el cargo de Procurador General de la Provincia del Chubut. 4º) Rechazar el pago de los salarios que reclama.

El Dr. Fernando Salvador Luis ROYER dijo:

Tratamiento del primer interrogante I.- CUESTIONES PREVIAS A.-COMPETENCIA La Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el año 1986, mas precisamente hasta la sanción de la causa "Graffigna Latino" (19-12-1986), consideraba a las sentencias dictadas por organismos de enjuiciamiento en un proceso de juicio político, "cuestiones no justiciables". Había entendido la Corte que esos fallos eran, materialmente, decisiones tomadas en el ámbito de discrecionalidad propia de los Poderes Legislativos y que por ello no eran revisables en instancias jurisdiccionales. Asimismo interpretó el máximo Tribunal Nacional que no podían ser asimilados a tribunales de justicia ni a ningún órgano administrativo con funciones jurisdiccionales los "tribunales de enjuiciamiento político". (Fallos, 136:147; 193:495; 271:165; entre muchos otros).

Este criterio sustentado por la CSJN -aún con distintas composiciones- varió en el Fallo 308:2609, de fecha 19/12/1986, el caso versaba sobre la destitución de dos jueces de la Corte y el Procurador General de la Provincia de San Juan. En ese proceso, nuestro Cimero Tribunal, distinguió entre los conflictos locales de las provincias en los cuales ciertamente no podía intervenir y en aquellos supuestos en los que "se cuestionaran transgresiones individuales a la garantía de defensa en juicio".

Así fue que la CSJN, fija su posición respecto de la remoción de jueces federales, recién en el caso "Nicosia" (Fallo, 316:2940, sentencia del 9/12/1993). En ese fallo establece concretamente la equiparación del Senado de la Nación a un Tribunal de Justicia, cuya decisión -en este caso destitutoria- era equivalente a un fallo judicial. Y reafirma el alcance del Juicio Político garantizando la protección de la garantía constitucional de la defensa en juicio, establecida por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Concediendo, en consecuencia, el recurso extraordinario planteado.

En dicho precedente, el máximo Tribunal Nacional, sin embargo, dejó claramente establecido los alcances de la revisión. Y dijo que en instancia extraordinaria solamente se pueden revisar todas las cuestiones que hagan a la regularidad del procedimiento en el juzgamiento, pero no los motivos que llevan a la destitución, "cuya configuración y prueba queda al exclusivo arbitrio del órgano competente".

Posteriormente, con la sanción del nuevo orden constitucional en 1994, se estableció -reforma constitucional mediante- la creación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, estableciéndose allí -en lo que aquí nos interesa- la irrecurribilidad de las decisiones del referido Tribunal.

Todas las dudas planteadas a partir de la mentada reforma, fueron disipadas por la Corte Nacional en el denominado caso "Brusa", así fue que, con cita de jurisprudencia de la CIDH sobre el alcance otorgado a la tutela judicial efectiva, debía ser interpretado el precepto de irrecurribilidad, con el resto de las cláusulas constitucionales y enmarcado en el bloque de constitucionalidad con las normas internacionales expresamente incorporadas, concluyendo que la nueva norma constitucional solo podría tener el alcance señalado en la causa "Nicosia". Dijo el Alto Tribunal "En efecto, no podrá la Corte sustituir el criterio del jurado en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento, esto es, el juicio sobre la conducta de los jueces. En cambio, sí será propio de su competencia, por vía del recurso extraordinario, considerar las eventuales violaciones nítidas y graves a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio". Esta solución ya había quedado plasmada en anterior sentencia (Nellar, Fallo 319:705) que si bien se vinculaba a la destitución de un Juez provincial, el Dr. Fayt hubo analizado la cuestión en el mismo sentido.

Asimismo, la CSJN integrada por conjueces en los casos "Moliné O'Connor" y "Boggiano" haciendo hincapié en la sentencia de la CIDH en el caso "Tribunal Constitucional", afirmó que las decisiones tomadas por tribunales no jurisdiccionales en materia de juicio político configuran una cuestión justiciable cuando se invoca la violación del principio constitucional del debido proceso y la defensa en juicio.

Ahora bien, en el marco jurisprudencial de la CSJN que he referenciado, no puedo soslayar la intrusión de éste Superior Tribunal de Justicia en la causa. Ello así dado que -como último tribunal provincial- se hace necesaria la intervención en virtud de la regulación establecida por el artículo 14 de la ley 48, para poder posibilitar la eventual vía recursiva ante CSJN.

B- JUDICIABILIDAD En numerosas oportunidades tanto La Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se han expedido en un mismo, único y similar sentido respecto de la necesidad de intervenir en todos los tipos de juicios cuando se trata de garantizar "el debido proceso judicial".

Así fue que, tanto en materia civil, laboral, fiscal, administrativa o de cualquier otro carácter, las garantías mínimas establecidas se aplican en idénticas condiciones que en materia penal.

Ha sostenido el Tribunal: "...a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materia que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo también tiene el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal..("Paniagua Morales" de 1998).

También en la causa "Yatama vs. Nicaragua" la CIDH sostuvo: "..todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana...El artículo 8.1 de la Convención, que alude al derecho de toda persona a ser oída por "un juez o tribunal competente" para la determinación de sus derechos, es igualmente aplicable al supuesto en que alguna autoridad pública, no judicial, dicte resoluciones que afecten la determinación de tales derechos.." Es decir que, según el criterio sustentado por la CIDH, todas las actuaciones de un organismo estatal dentro de un proceso de cualquier índole siempre que sea sancionatorio, disciplinario o jurisdiccional, debe respetarse el debido proceso legal.

Los argumentos vertidos en los párrafos que preceden, me convencen sin hesitación que es este Superior Tribunal de Justicia el encargado de revisar la efectiva congruencia y la correlación entre Acusación, Defensa y Sentencia del fallo dictado por la Honorable Sala de Juzgar de la Legislatura de la Provincia. Resultando aplicable el ritual penal provincial.

Así lo declaro.

II- ANÁLISIS DEL JUICIO ACUSACION En atención al minucioso análisis realizado por el colega preopinante, he de remitirme a sus dichos en cuanto al relato histórico del acápite que he de analizar infra.

La Sala de Acusar designó -conforme la manda constitucional- a la comisión investigadora, la que quedó integrada por : Sebastián Ángel Belochi, Rosa Rosario Muñoz, Rubén Alberto Fernández y Raquel Marisol Codina.

La referida Comisión Investigadora, luego de analizar los hechos denunciados por Luis Oscar Balsamello y Nelson Agustín Menghini, los que básicamente pivotean en torno a la "persecución laboral" que supuestamente ejerciera Samame y Báez respecto de los denunciantes como asimismo, negar licencias o descalificar públicamente a los acusadores, arriba a la conclusión que los cargos por los que debe ser acusado el Procurador General Eduardo Samame son los siguientes:

1)"ejercer la superintendencia del Ministerio Público Fiscal en forma arbitraria y con plena desviación de poder tendiente a realizar de manera sistemática un ambiente hostil contra los individuos jerárquicamente inferiores, privando a los mismos de derechos y capacidad de defensa.-" 2)"omitir formular precisos mínimos lineamientos a fin de fijar la política general y criminal del Ministerio Público Fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal.-" 3)"Negar en forma arbitraria e infundada la concesión de licencias ordinarias y extraordinarias, al personal de su dependencia directa y a los Fiscales Jefes".- 4)"Omitir la supervisión de las tareas de los miembros del Ministerio público Fiscal, el desarrollo de las investigaciones y el resultado de las gestiones de los Fiscales de cada circunscripción.-" De fojas 2274 a 2292 realizan los investigadores un racconto de las pruebas colectadas en la causa (denuncias, testimoniales, documentales, oficios, notas radiales, etcétera).

Luego de fojas 2292 a 2299 la comisión investigadora realiza una serie de consideraciones generales sobre el Juicio Político y la Causal de Mal Desempeño.

Sigue en el análisis de los antecedentes del hecho y el mérito de la prueba (fojas 2299 a 2321, analizando 23 testimoniales (Maribel Delgado, Rafael Marcelo Macayo, Susana Amanda Montalbeti, Teresa Pazo, Raúl A. Carmelo, Raúl Alberto Coronel, Teresas Iris González Landa, Juan Devetak, Daniel Alejandro Rebagliati Russell, Alejandro Heredia, Daniel Roo, Ricardo Ángel Basílico Mirtha Adriana Morón, Horacio Daniel Yanguela, Leonardo Héctor Nacarado, Carlos Alberto María Villada, Rafael Antonio Saliva, Sandra Nieves Sancha, Nelson Agustín Menghinbi, Carlos Alberto Moreno, José Oscar Colabelli, Raúl Roberto Portela y Antonia Suarez Garcia).

A posteriori, fojas 2321/2323, tipifica la acusación y concluye.

A-DEFENSA Desde fojas 2330 a 2336, el Doctor Eduardo Samamé, contesta la vista conferida (artículo 19 de la ley 4.457, dice de nulidad preliminar, hace reserva el Caso Federal y de efectuar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y designa a la Defensa Pública para que lo asista técnicamente.

Efectúa consideraciones de índole general (fojas 2330 a 2331 vuelta) y particular (fojas 2331 vuelta a 233) a efectos de fundamentar la Nulidad Preliminar planteada.

Posteriormente (de fojas 233e a 2334) se manifiesta por la inexistencia de causales de destitución.

Formula Reserva del Caso Federal, destacando la existencia de Cuestión Federal, Cuestión Federal Suficiente y los Requisitos Formales y oportunidad del planteo (fojas 2334).

Formaliza la reserva prevista para ocurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los términos del artículo 44 siguiente y concordante de la referida Convención.

En el acápite VI de su líbelo realiza una serie de Consideraciones Finales (fojas 2334 vuelta a 2336).

Realiza su petitorio (fojas 2336), solicitando se tenga presente: contestada la vista conferida, la designación de la Defensa pública, la nulidad planteada, la reserva del caso federal, la reserva de formular denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano, se agregue la documental acompañada y se rechace el despacho de mayoría de la Comisión Investigadora ordenándose el archivo de las actuaciones.

Aporta prueba documental (fojas 2337 a 2342) sendas juntas médicas de fecha 10 de febrero de 1998 y 30 de marzo del mismo año, ambas se realizaron con la intervención de los Médicos Forense Oscar A. Heredia y Carlos E. Alsina conjuntamente con el Médico tratante del Procurador Fiscal Oscar Luis Balsamello, como asimismo informe del Fiscal General Eduardo Falco de fecha 17 de junio de 1998.

Asimismo se agregaron distintas actas de Juntas Médicas (fojas 2359, 2360 y 2362/2363), firmadas por los integrantes de Cuerpo Médico Forense y los designados por el agente Balsamillo.

C. SOSTENIMIENTO DE LA SALA DE ACUSAR De fojas 2388 a 2397, la Sala de Acusar se expide por: a) rechazar la impugnación realizada por la defensa en cuanto al modo de recolección de la prueba; b) desestimar la Nulidad planteada por la Defensa en cuanto a la existencia de defectos en la acusación; c) deferir el tratamiento de la Recusación del Defensor para cuando se reúna la Sala rejuzgar; d) adherir en todas sus partes a los conceptos vertidos en el dictamen de mayoría de la Comisión Investigadora, acusando al Procurador General de la Provincia en los términos y alcances allí expuestos.

Celebrada la audiencia (acta de fojas 2398/2410) consta que: a) se aprueba el dictamen de la mayoría; b) se aprueba la suspensión del procurador General y c) se designan los diputados que sostendrán la Acusación ante la Sala de Juzgar (Diputados Rubén Fernandez, Sebastián Balochi y Javier Touriñan). La referida circunstancia queda plasmada en las resoluciones número 01/08 -S.A. y 02/08-S.A. de fojas 2412 y 2413.

B-EL DEBATE Constituida la Sala de Juzgar, su presidente comienza el trámite del juicio propiamente. Tomándole juramento a los diputados que integrarán la sala de Juzgar. Dándole intervención a la Defensa Técnica de Eduardo Samame El Señor Defensor se presenta (fojas 2427/2435) ofreciendo prueba: a) Testimonial de: Ricardo Mendaña, Diana Novaira de Verguéese, Diana Signorotto, Daniel Esteban Báez, Alejandro Franco, Adriana Ibáñez, Eduardo Raúl Falco, Liliana Ferrari, Rafael Luchelli, Miguel Santos ,Juan Carlos Ronan, Antonio Mauricio Germán Baigorria, María Alejandra Hernández, Rodrigo Freire Méndez y Luisa Carol Pasquín; b) Pericial médico-psicológica de Oscar Luis Balsamillo; c) Instrumental dos copias del matutino "Diario Jornada"; d) Documental colectada por la Comisión Investigadora; e) Informativa, al Consejo de la Magistratura, al Presidente del Superior Tribunal, al Procurador General Subrogante, al Presidente del Consejo de Fiscales, a los Fiscales Jefes de las circunscripciones de Trelew y Comodoro Rivadavia y al Director de la Oficina Judicial de Trelew.

Los Diputados informantes de la Sala de Acusar se presentan ofreciendo prueba testimonial de: Ana Casajus, Hugo Cansino, Pedro Silva y Antonia Suárez García.

Comenzada la actuación de la Sala rejuzgar, el primer punto que resuelven es no hacer lugar a la nulidad planteada por el acusado Eduardo Samame y su Defensa técnica. Luego, se decide por unanimidad no hacer lugar a la recusación del Defensor Público planteado por uno de los denunciantes (fojas 2471). Por unanimidad se resuelve hacer lugar a lista de testigos propuesta por los acusadores (fojas 2476). Asimismo, se resuelve -por mayoría- desechar la prueba pericial ofrecida por la Defensa (fojas 2515). Se hizo lugar a la producción de la prueba restante. Todo plasmado en Resolución N° 02/08 - S.J.H.L. (fojas 2527/2528).

A fojas 2589/ 2593, se presenta Eduardo Samame con la Defensa técnica recusando al Presidente de la Sala de Juzgar y se opone a la testimonial de Balsamello, la misma es resuelta desfavorablemente a fojas 2597.

Fijada la audiencia de debate, se cita a los diferentes testigos par días sucesivos. Se libraron los oficios solicitados, cuyas respuestas obran agregadas a fojas 2599/2600 el dirigido al Superior Tribunal de Justicia, a fojas 2604 el Fiscal General, A fojas 2617 obra agregada la respuesta del Consejo de la Magistratura. A fojas 2619 se adosa el informe solicitado a la Procuración General, reservándose en Secretaría la documentación acompañada. De fojas 2620 a 2664 obran agregadas distintas pruebas informativas producidas. A fojas 2665/6 se glosa el interrogatorio al Doctor Daniel Alejandro Rebagliati Russell quien lo responde a fojas 2667/9. C-SENTENCIA DE LA SALA DE JUZGAR La Sala de Juzgar de la Honorable Cámara de Diputados, integrada por Doralisa Mercedes Aravena, Ricardo Enrique Astete, Nélida Beatriz Bargueño, Santiago Altidoro Cárdenas, Néstor Raúl García, Roque González, Carlos Alberto Lorenzo, Miguel Ángel Montoya, Jorge Valentín Pitito, Mariana Gabriela Ripa, Ricardo Daimiel Sastre, Fernando Francisco Urbano y Stella Maris Vargas se expiden en ese orden manifestando sus argumentos y proponiendo la solución como sigue:

A) Aravena, Doralisa Mercedes. Comienza manifestando que su decisión está basada en su "sincera e íntima convicción" y en la acusación de mal desempeño aclara que los hechos pueden ser "uno o varios" no importa. Refiere que se basa en las testimoniales de Balsamello y Menghini (ambos denunciantes) y de Basílico, Coronel, Delgado, Devetack, Roo, Pazos, Silva Cancino, Macayo, Yanguela y Suárez García. No hace ninguna referencia a la prueba producida por la Defensa. No se expide sobre los cuatro puntos de la acusación. Se pronuncia por la destitución y la inhabilitación.

B) Astete, Ricardo Enrique. Luego de realizar un pequeño análisis sobre la naturaleza y objeto del juicio político, el desarrollo del proceso y la acusación, imputación y valoración de fondo, comienza con los hechos cargosos. Con referencia al primero de ellos se basa en varias testimoniales (Basílico, Menghini, Moreno, Balsamello y Delgado) dos de ellos denunciantes y un tercero enemistado públicamente con el acusado, los acertos que establece como tales, encuentran apoyatura probatoria desarrollada por el diputado-juez solamente cuando refiere a los términos de las denuncias, puestos en boca del "testigo" denunciante pero, sin apoyara su postura en otros elementos probatorios.

Con referencia al cargo N° 2, basado en las testimoniales de Yanguela, Moreno, Balsamello y Basílico, da acreditado el mismo. Si bien cita al testigo Mendaña, nada dice respecto de su declaración referida a su participación en la provincia como consultor contratado por el Procurador General para colaborar junto al INECF en la política de puesta en funcionamiento del nuevo proceso penal y el nuevo rol de la actividad fiscal en el mismo.

Respecto del hecho cargo N° 3 se basa únicamente en los dichos de Basílico manifestando que pese a no estar documentado en el legajo personal, lo tiene por cierto dado que "fue ratificado por el testigo en su declaración". No analizó ninguna de las pruebas de descargo.

En relación al hecho N°4 dice que está probado en autos por una "multiplicidad de faltas y particularmente... "Por no concurrir a las audiencias del STJC".

Realiza una serie de consideraciones que no hacen a la cuestión debatida en autos y por las que no ha sido cuestionado.

Propicia la destitución con la inhabilitación propuesta por la Sala de Acusar. C) Bargueño, Nélida Beatriz. Luego de analizar su función en este juicio político pasa a expedirse en los cargos formulados.

Con respecto al primero de ellos hace mención a los dichos de los denunciantes y de Moreno y Basílico, pero referidos -estos últimos- a cuestiones que nada tienen que ver con el hecho cargoso.

En el segundo de los cargos se basa para darlos por acreditado en siete testimoniales, dos son los acusadores, y dos no pertenecen al Ministerio Público Fiscal, a quienes le comprenden la generales de ley, pues fueron denunciantes de Samamé (Portela y Rebagliati Russell); Basílico expresa que Samame daba órdenes aunque para él no fueran significativas, Yanguela le atribuye a que las directivas chocaban con Báez; Sancha manifiesta que no hubo por escrito, pudo haberla verbalmente, Freire Méndez declara que hubo directivas. Sin analizar los argumentos dados por la Defensa en este sentido.

Con relación al tercer cargo, solo manifiesta "una" licencia al Doctor Basílico, sin embargo el cargo era por "negar en forma arbitraria e infundada la concesión de licencias ordinarias y extraordinarias al personal de su dependencia directa y a los fiscales jefes" no dio razones de acreditación mas allá de la enunciada y solo por los dichos del declarante, no analizó el legajo personal del mismo.

Respecto del cuarto cargo, la vaguedad del análisis me exime de comentarlo, pues no dice absolutamente nada sobre la imputación, a tal punto que comienza diciendo "A modo de ejemplo.." Luego de unas "breves reflexiones finales" se expide por la destitución e inhabilitación.

D) Cárdenas, Santiago Altidoro. No analiza ni fundamenta sobre ninguna de las causales imputadas a Samame y concluye "en función de la copiosa y firme prueba agregada afirmo que los cargos que se le imputan al Dr. Eduardo Samame se encuentran absolutamente acreditados y por ende solicito condenar con su destitución e inhabilitación por cuatro años...".

E) García, Néstor Raúl. Si bien no analiza cargo por cargo se puede -no sin esfuerzo intelectual- analizarlos en su conjunto. Ahora bien, el esfuerzo en su análisis no significa que se pueda suplir el mismo, nada dice el diputado-juez de la prueba colectada, solo hace meras referencias a aluna testimonial, pretendiendo utilizar como prueba cargosa los dicho del propio denunciante Balsamello cuando refiere "¿instructivo como el que yo sostengo? No, yo no leí ninguno, no me llego a mis manos ningún instructivo solo talleres y conferencias, Mendaña, Binder, Chiara Díaz y Neuman.

Realiza una serie de consideraciones con relación a la falta de actividad organizativa de Samamé, no aporta elementos de convicción que puedan ser controlados, solo la intima convicción. Finaliza con una reflexión final basada en datos estadísticos que no han sido aportados a la causa. Solicita la destitución y la inhabilitación por cuatro años.

F) González, Roque. Luego de realizar unza breve reflexión sobre el Juicio Político, rechaza los cargos 1, 3 y 4 y se expide solo sobre el segundo. Propone la destitución y no la inhabilitación. No expresa ni un solo argumento probatorio de porque el Procurador General no formuló lineamientos de la política general y criminal del Ministerio Público Fiscal (ver fs. 2708/9). Finaliza haciendo algunas consideraciones que nada aportan a la solución del presente pleito.

G) Lorenzo, Carlos Alberto. Luego de un pormenorizado desarrollo interpretando las Constituciones (Nacional y Provincial), la ley de enjuiciamiento, la doctrina nacional y los pactos internacionales acude a la ley procesal penal aplicable al caso, considerando que si bien es un juicio político, deben aplicarse todas las garantías del debido proceso.

Analiza las cuatro imputaciones por separado. Examina en cada uno de ellos todas las pruebas en general.

Con relación al primero de los cargos, lo desestima analizando los propios dichos de los denunciantes y las testimoniales producidas en la causa.

Con referencia al segundo de ellos se expide sobre las carpetas adjuntadas por la Defensa referidas a "Resoluciones para el diseño y organización del Ministerio Público Fiscal (2001-2008), Resoluciones e Instrucciones al Dr. Ricardo Basílico, documentación Dr. Menghini, Nota 162/06 al Consejo de la Magistratura y Antecedentes Dr. Juan Pedro Cortelezzi".

Respecto al tercero, lo rechaza dado que -dice- no solo no se ha acreditado que no concediera licencias, sino que por el contrario la mayoría de los declarantes asegura que nunca le fueron denegadas.

En lo tocante al cuarto, lo desecha, dado la vaguedad del mismo, pues su generalidad no permite expedirse, ya que al demostrarse en una sola causa que hubo supervisión de tareas daría por tierra la imputación.

Concluye expresando una serie de consideraciones en el rechazo del Juicio Político proponiendo la Absolución de Eduardo Samamé.

H) Montoya, Miguel Ángel. Realiza un análisis de la Naturaleza y Objeto del Juicio Político, expresándose sobre la naturaleza no jurisdiccional del mismo citando casos de la CSJN anteriores a "Graffigna Latino" (1986). Sigue, con "Nulidades planteadas por las Defensa y desarrollo del proceso".

Comienza analizando el cargo número 2. expresa que de la carpeta acompañada por la Defensa se desprende que existían resoluciones e instrucciones para la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal, resalta "..la contratación de un consultor especializado con el fin de llevar a cabo la diagramación de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal..", analiza una carpeta acompañada ".con los lineamientos a aplicar desde el segundo semestre del presente año hasta el año 2010.", manifiesta que el referido plan se efectivizó con "mayor eficacia en Esquel". "tuvo mayor acogida y se trabajo para ello con capacitación y envíos de integrantes de Comodoro, Madryn y Trelew". Luego enuncia que testimoniales tendrá en cuenta (Rebagliati Russell, Balsamello, Moreno, Menghini, Suarez García, Basílico, Yanguela, Portela y Alonso cuyos dichos no expresa dado que "por su extensión doy por reproducidos..".

Luego pasa al cargo uno. Analiza únicamente la situación de Balsamello y de Menghini. Dando por acreditado desde su intima convicción el hecho. "se haya suficientemente probado la violencia laboral llevada a cabo desde el ejercicio arbitrario del cargo hacia sus inferiores jerárquicos". Cargo numero tres. Solamente refiere a una licencia del Dr. Basílico.

Sobre el cuarto, no se pronuncia porqueno ha encontrado elementos reconvicción que le permitan expresarse.

Luego de una serie de reflexiones finales se expide por la destitución e inhabilitación de Samame.

I) Pitiot, Jorge Valentín. Efectúa algunas reflexiones preliminares, manifiesta que el juicio político ".no es un proceso penal, sino que en el peor de los casos para el juzgado, funciona como antejuicio, que en caso de condena, habilita la instancia penal en otro proceso, del que estamos como diputados, exentos de responsabilidad de juzgamiento" (fs 2732 3er. Párrafo). Refiere a la naturaleza del Juicio Político y a fojas 2733 en varios de sus seis párrafos escribe lo mismo que el diputado Montoya a fojas 2724.

Referido a "La cuestión de fondo" no trata ninguno de los cargos acusatorios, solamente analiza en general la postura de Samame en cuanto al trato con los fiscales, trata de explicar lo que es "acoso laboral", "terror psicológico" o "acoso psicológico". Analiza distintas testimoniales pero en forma generalizada. Y solicita la destitución y la inhabilitación por tres años.

J) Ripa, Mariana Gabriela. Hace algunas reflexiones preliminares, manifestando que ha de valorar las pruebas según las reglas de "la sana crítica". Realiza un relato de lo que -según su criterio- es un juicio político y como ha de desarrollar el mismo.

En el primero de los cargos, realiza un pormenorizado análisis de las circunstancias que motivan su conclusión en cuanto a considerar probado el mismo. (fojas 2743 vta./2750 vta.).

Con referencia al segundo de los cargos, refiere a las testimoniales de Basílico, Menghini, Coronel quien responde "hubo en algunos casos instrucciones precisas. cuestiones circunstanciales hicieron que la política judicial del ministerio Público Fiscal fuera un poco mas precisa", menciona la Resolución 08/08 dando directivas a los fiscales. Por esos argumentos da por acreditado el cargo.

Al tercer supuesto no lo encuentra acreditado y por el solicita la absolución del encartado.

En el cuarto de los cargos se basa en las testimoniales de Sancha, Ibáñez, Suárez García, Basílico arribando a la conclusión que el mismo se encuentra debidamente acreditado.

Solicita la destitución e inhabilitación por cuatro años del Doctor Eduardo Samame.

K) Sastre, Ricardo Daniel. Luego de realizar una pequeña consideración sobre la función que debió ejercer el Procurador General se avoca a tratar tres de los cuatro cargos impuestos.

Al primero lo da por acreditado en tres párrafos con las testimoniales de Balsamello y Moreno.

Al segundo lo aborda desde las testimoniales de Saliva, Sancha, Menghini, Balsamello y Coronel, dándolo por acreditado.

No trata el diputado-juez el tercero de los cargos pasando directamente al cuarto el que lo resuelve en tres párrafos y, sin analizar ningún elemento probatorio cargoso lo da por acreditado L) Urbano, Fernando Francisco. Realiza algunas consideraciones respecto a la importancia del Juicio Político.

Si bien no se expide punto por punto respecto de los cuatro hechos cargosos que se le imputan a Samamé, los analiza en general y conjuntamente.

Pone de manifiesto el análisis de parte de la prueba tanto de la Acusadora como de la Defensa. Manifiesta porque -según su criterio médico- Balsamello no sufrió acoso que le manifestara su patología, lo mismo para con Menghini.

Igual criterio de análisis aplica para los restantes cargos, se manifiesta sobre la arbitrariedad, la creación de ambiente hostil, que haya negado licencia o no se dedicara a ejercer la superintendencia.

Se manifiesta por el rechazo del pedido de Juicio Político porque -reflexiona- "..no existían cargos para la destitución y necesitaron a esta altura del proceso, en lo alegatos, cambiarlos nuevamente porque no había acusación. Por ello, no hay defensa posible, por lo tanto no puede haber destitución".

M) Vargas, Stella Maris. Realiza un análisis del objeto y naturaleza del Juicio Político y cual ha de ser el desarrollo del mismo. Habla sobre la cuestión de fondo y los hechos constitutivos de los cargos.

En el primero de los cargos, basa su conclusión en las testimoniales de Sancha, Basílico, Menghini y Balsamello y lo da por acreditado.

Con referencia al segundo, al igual que el anterior solo manifiesta los dichos por los denun-iantes (Menghini y Balsamello) y Yanguela y un Juez (Rebagliati Russell) quien manifiesta "no tengo conocimiento.".

En el tercero de los cargos, negar sistemáticamente licencia al personal de su dependencia, basa su conclusión en una sola testimonial, la de Basílico a quien le denegó en una sola y única oportunidad una licencia.

Relacionado con el cargo número cuatro, no acusa atento que no encontró mérito para hacerlo.

D-ANÁLISIS FINAL Mi voto en el presente caso ha de pivotear en tres principios fundamentales, a saber: el Principio de congruencia, el debido proceso y la defensa en juicio.

El artículo 206 de nuestra Constitución Provincial establece: "ningún acusado puede ser declarado culpable sino por sentencia firme dictada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Sala de juzgar. La votación será nominal, registrándose en el acta el voto de cada uno de los diputados sobre cada uno de los cargos que contenga la acusación". En idéntico sentido el artículo 40 de la Ley V-N° 79 expresa ".concluidas las deliberaciones, que no podrán exceder de dos días corridos, en sesión pública y con la presencia de las partes, el Presidente requerirá en forma nominal el voto a los miembros de la Sala, quienes no podrán abstenerse, registrándose el acta, sobre cada uno de los cargos que contenga el acta de acusación (conf. Art, 206 Const. Chubut) y sobre la procedencia de inhabilitación por tiempo determinado".Siguiendo a Arturo R. Yungano, podemos partir de que la "congruencia es -según deriva del latín congruere- concordar, coincidir, ser conforme "(La sentencia judicial, LL 1995-A, 1014).

De allí la importancia de la pretensión procesal, definida por Devis Echandía "como el efecto jurídico concreto que el demandante o el querellante y el Estado a través del juez o del fiscal, según el sistema vigente en los procesos penales, persiguen con el proceso, efecto al cual se quiere vincular al demandado o al imputado" (Devis Echandía, Hernán, Teoría General del Proceso, t 1 Universidad, Buenos Aires, 1995, p. 231).

El principio de congruencia es de raigambre constitucional (art. 18 CN) y esto hace al genuino ejercicio del derecho de defensa en juicio y para ello se debe tener presente que el proceso tenga una imputación concreta, que se asegure un proceso contradictorio y la existencia de correlación entre la acusación, la defensa y la sentencia (Velez Mariconde, Alfredo, Derecho Procesal Penal, t.II, Lerner, Córdoba, 1986, pp. 211 y 222).

En el supuesto que hoy debemos resolver el objeto sobre el cual la Sala de Juzgar debió expedirse no era ni más ni menos que los cuatro cargos que estableció la Sala de Acusar.

La Defensa de Samame, al oponer la impugnación extraordinaria, lo hace basándose fundamentalmente en la irregular acusación, la que no permitió a su representado defenderse correctamente de cada uno de los cargos imputados dice "la vaguedad de los hechos imputados originalmente se concretó en una exorbitante expansión del objeto procesal en el alegato de la acusación al cierre del debate".

Asimismo planteó la nulidad de la sentencia dado que "los votos que conformaron el fallo de destitución no estuvieron precedidos por la deliberación prescripta por la Ley de Enjuiciamiento. No se votó por cargos.

No hubo descripción de los hechos por los cuales se destituía o absolvía. Se invirtió la carga probatoria. Los jueces seleccionaron y valoraron la prueba con intolerable arbitrariedad; y ponderaron y reprocharon hechos que no formaron parte de los descriptos por los denunciantes".

Asimismo, conforme habré de analizar cada uno de los supuestos por los que se juzga a Samame, he de aplicar el sentido de interpretación integral de la prueba.

A poco de analizar los cargos y relacionarlos con los hechos denunciados y los sentenciados, advierto cuanto menos una disociación entre ellos, que permite otorgarle la razón al planteo de la defensa.

Los cargos imputados son de una vaguedad y ambigüedad tal que no permiten dilucidar acabadamente a que "hechos concretos" se refieren cada uno de ellos.

1) El primero de los cargos imputados consiste en: "ejercer la superintendencia del Ministerio Público Fiscal en forma arbitraria y con plena desviación de poder tendiente a realizar de manera sistemática un ambiente hostil contra los individuos jerárquicamente inferiores, privando a los mismos de derechos y capacidad de defensa".

Ni los propios diputados-jueces, han podido expresarse mas allá de los dichos por los denunciantes y basar sus conclusiones en las testimoniales de ellos mismos o de algún otro dependiente, pese haberse tomado mas de cincuenta testimoniales. Y ello es así dado que no se especifica desde cuando, en perjuicio de quien, mediante que actos se ejercitó arbitrariamente la superintendencia; en que consistió la desviación de poder y mucho menos aún la sistematización de ese accionar que se le achaca.

Arribo a ésta conclusión dado que analizando todas y cada una de las expresiones de todos los diputados-jueces intervinientes (aún aquellos que votaron por la absolución) no advierto que se hayan expresado a algún caso concreto mas allá del denunciado por Balsamello y/o Menghini basándose exclusivamente en los testimonios de ellos mismos y/o solo alguno de los votantes agrega las testimoniales de Coronel, Yanguela, Basílico (Aravena, Bargueño, Ripa aunque esta cita a Susana Sánchez, quien no depuso en el juicio). Además debo agregar que Aravena no resuelve el punto y que Bargueño imputa a Samame los conceptos de "abuso laboral" y "desvío de poder" dados por Sancha y Signoroto, en un marco conceptual y nunca atribuyéndoselo a Samame, es mas Signoroto manifestó el orgullo que significó haber trabajado par Samame, y esto no es tenido en cuenta.

Nadie analizó -o por lo menos no lo expresó- las pruebas producidas por la defensa y, si bien -como ya lo expresara supra- los jueces estamos exentos de referirnos a todas las pruebas producidas pero, no podemos dejar de ponderarlas, más aún cuando vamos a desecharlas a todas.

Además, le asiste razón al quejoso en cuanto en este punto no se ha formado la mayoría necesaria que establece la Constitución Provincial (artículo 206) y la Ley V- 79 (artículo 40). Ello así pues basta con leer los votos y se advierte que solamente ocho (8) de los trece (13) diputados votaron el mismo como establece la normativa citada, es decir sobre cada uno de los cargos que contenga la acusación pero además, dos de ellos (Gonzáles y Lorenzo) lo hicieron por la negativa. Consecuentemente no se hubo logrado la mayoría necesaria para condenar a Samamé por este cargo.

Así lo declaro.

2) El segundo de los cargos consiste en: "omitir formular precisos mínimos lineamientos a fin de fijar la política general y criminal del ministerio público fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal".

No puedo dejar de analizar el presente punto sin partir de idéntico planteo que el realizado supra para el anterior supuesto. Ello así puesto que la mayoría de los diputados-jueces no ha podido expresarse más allá de los dichos de los propios denunciantes y algún que otro testigo (Basílico, Portela, Rebagliati Russell, Yanguela, Suárez García, Coronel).

Me permito una digresión en el análisis, Bargueño refiere a Basílico quien expresó "daba órdenes aunque yo no las compartía" y tanto Portela como Rebagliati Russell eran jueces y pudieron no conocer -salvo por mentas- las directivas que hubiere dado el Procurador General a los Fiscales, mas aún cuando el cargo está referido a ".política general y criminal..", por lo demás debo ser mas estricto en tomar la declaración de estos testigos, puesto que los mismo han sido denunciantes de Samamé en otro juicio político solicitado y desestimado.

El diputado-juez Roque González no analiza ninguna prueba ni de cargo ni descargo en este punto, sin embargo lo da por acreditado, si bien es cierto que la propia ley de Enjuiciamiento establece como forma de valoración "la libre convicción" no menos cierto es que en el mismo artículo se expresa que "..el pronunciamiento de la Sala de Juzgar se ajustará a la lógica de una sentencia judicial." y por ello la misma debe ser debidamente fundada.

Asimismo, el diputado-juez Montoya, se expide contradictoriamente (achaca a Samame falta y exceso en el ejercicio de su autoridad), asimismo, si bien analiza parte de la prueba de la defensa de la cual rescata las carpetas de trabajo que dan cuenta de la actividad desplegada por la Procuración General para poner en práctica el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia, con los lineamientos dado en cuanto a reglamentación y/o capacitación, sin mas los desecha dando por cierto lo dicho de los testigos. Y como ya me expresé al referirme al punto anterior, Basílico sostiene que "había órdenes, aunque a él no lo complacían", que los jueces Portela y Rebagliati Russell, pudieron desconocer, además eran Jueces y los dichos de Rebagliati Russell en cuanto a que -según su criterio, obviamente- no debía particularizarse la directiva en cuanto a que tipo de delitos debían investigarse mas que otros, es un criterio, por cierto muy valioso, pero el Procurador General tenía otro y así lo ponía de manifiesto, por ejemplo, Coronel expresa que "si había directivas particulares", aunque "le hubiera gustado que fueran mas precisas". En síntesis, órdenes o directivas había, podían no gustarle o complacer a todos pero la política era marcada de una u otra manera por el Procurador General.

El diputado-juez Pitiot, se refiere globalmente y no responde al mandato Constitucional de expedirse en cada uno de los cargos imputados, no obstante quiero dejar aclarado que del análisis (muy político, por cierto) que realiza de las testimoniales yerra en las interpretaciones que hace de Signoroto y Sancha, puesto que estas la realiza frente a una pregunta que era absolutamente conceptual "que entienden por acoso laboral y/o desvío de poder" en idéntico sentido cuando se refiere a la testigo Delgado que sabe "porque se lo dijo Casajus por teléfono" que esta renunciaba porque estaba cansada de las arbitrariedades de Samame y no lo contrasta con ninguno de los demás deponentes que afirman lo contrario (Freire Méndez, por caso).

En ese marco no encuentro que se haya logrado la mayoría necesaria para condenar con la destitución a Samame por éste supuesto.

Así lo declaro.

3) El tercero de los cargos imputados consiste en: "negar en forma arbitraria e infundada la concesión de licencias ordinarias y extraordinarias, al personal de su dependencia directa y a los Fiscales Jefes".

En este cargo al igual que los anteriores no se advierte del análisis de la prueba aportada por ambas partes, la arbitrariedad enrostrada a Samame, tampoco el hecho de la sistematización de las negativas, puesto que la generalidad de la recriminación, daría cuenta que la misma lo fuera en forma mas que reiterada, pero no se explicita en referencia a que agentes, a cuales de los Fiscales Jefes se les denegaba la licencia. Demasiado vaga la imputación.

No obstante ello siete (7) diputados-jueces se expidieron sobre este punto, los restantes seis (6) no se manifestaron conforme la manda constitucional (Aravena, Cárdenas, García, Pitiot, Sastre y Urbano), de los siete que votaron, tres (3) lo hicieron por la absolución (González, Lorenzo y Ripa) y los cuatro restantes (Astete, Bargueño, Montoya, Vargas) se refieren única y exclusivamente a un solo hecho de denegatoria de licencia a Ricardo Basílico.

La ausencia absoluta de fundamentos en los votos vertidos en este supuesto da por tierra la condena que se le aplica a Samame.

Así lo declaro.

4) El cuarto de los cargos imputados consiste en: "omitir la supervisión de la tarea de los miembros del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de las investigaciones y el resultado de las gestiones de los Fiscales Jefes de cada circunscripción".

A sabiendas de que he de ser reiterativo, no logro dilucidar del cargo imputado, que se le achaca a Samame.

Pareciera que son tres los supuestos: a) supervisión de tareas de los miembros del Ministerio público; b) el desarrollo de las investigaciones; c) el resultado de las gestiones, estos dos últimos de los Fiscales Jefes.

En el primero de ellos supongo que se trataría de cuestiones administrativas, no surge a que tarea se refieren ni a que agentes (Fiscales, Funcionarios, Empleados). Con respecto a los dos siguientes tampoco se advierte a que Fiscales Jefes, sobre que causas. Nuevamente debo manifestarme por la vaguedad de la acusación.

Sin perjuicio de ello siete (7) diputados-jueces se despachan sobre el particular y seis (6) incumplen con la manda constitucional de expedirse concretamente sobre cada uno de los hechos cargosos (Aravena, Cárdenas, García, Montoya, Pitiot, Urbano). De los siete que votaron el particular tres (3) lo hacen por la absolución (González, Lorenzo y Vargas) de los cuatro que restan (Astete, Burgueño, Ripa, Sastre) lo hacen por disímiles argumentos. Astete por una serie de hechos no imputados, no concurrir el Procurador a las audiencias ante el STJ (por ejemplo). Burgueño, para argumentar la destitución se refiere a la declaración de Adriana Ibáñez en una causa "a modo de ejemplo" y allí la testigo solamente refiere a criterio diferentes respecto de la instrucción y como debe llevarse. Ripa invierte la carga probatoria (tal cual lo manifiesta la defensa) y solo le achaca la falta de control en dos causas las conocidas como "Espinosa" de Puerto Madryn y "trata de personas" de Comodoro Rivadavia. Luego refiere a una serie de consideraciones que no hacen a la imputación, como falta de elementos, computadoras insuficientes, lugares físicos deficientes. Sastre, se refiere solo con vaguedades a lo que el considera mal desempeño.

La absoluta imprecisión con la que se expide la mayoría en este tópico da por tierra la solución que propugnan.

Así lo declaro E-RESTITUCIÓN EN EL CARGO Con relación a lo peticionado por el hoy recurrente Eduardo Samame, en cuanto solicita la restitución en el cargo de Procurador General, adelanto mi opinión desfavorable en ese sentido. Ello así dado que el mismo se acogió voluntariamente al régimen jubilatorio provincial. No consta en el expediente prueba alguna que acredite su aseveración en el sentido que fuera forzado a acogerse al régimen jubilatorio (artículo 107 ley XVIII -n° 32 -antes ley 3923).

Es más, cuando se presenta ante este Superior Tribunal de Justicia en su escrito "INTERPONEN IMPUGNACION EXTRAORDINARIA -MANTIENEN RESERVAS-" (fs. 2783/2832), solicitando su reincorporación y el pago de los salarios dejados de percibir (04/09/2008), ya se había iniciado el trámite de jubilación mediante el expediente N° 839/08, el 04 de marzo del año 2008, del que se desprende que la Certificación de Servicio y de Remuneraciones expedida por la Dirección de Administración del STJ, data del 17 de octubre de 2007 (fs 20/21 del expediente citado), es decir 10 meses antes que lo destituyeran. El dictamen del Asesor Legal del Instituto de Seguridad Social y Seguro (fs 30/1 del mismo expediente) por el cual se expide aconsejando el otorgamiento de la Jubilación solicitada es de fecha 23 de abril de 2008, es decir anterior a la denuncia efectuada por Menghini y Balsamello y, la posterior primera intervención de la Comisión Investigadora de la Sala de Acusar de la Honorable Legislatura Provincial.

A la jubilación se accede mediante los mecanismos establecidos por la ley N° XVIII-N°32 (ex ley 3923), ya sea por autoridad de la Repartición empleadora (artículo 107) o por voluntad del agente, en este supuesto encuadra la jubilación de Samame quien inició los trámites mucho tiempo antes de conocer el inicio del trámite de destitución y que por otro lado le fuera concedido con retroactividad a la fecha en que dejo de percibir sus haberes remunerativos el 22 de julio de 2008 (vide Resolución N° 1676 del ISSS).

Jubilado voluntariamente, la única posibilidad que le asiste de reingresar al Cargo de Procurador General es mediante el mecanismo constitucional previsto es decir que debe ser designado por el Gobernador de la Provincia y contar con el Acuerdo Legislativo prestado por el voto de los dos tercios del total de sus miembros (artículo 166 primer párrafo CP) F-CONCLUSIÓN FINAL Tal como lo vengo sosteniendo, la principal garantía de cualquier imputado en cualquier tipo de proceso que contemple la posibilidad de ser sancionado es la de contar con un proceso justo y equitativo, con un "debido proceso", teniendo garantizada una efectiva defensa en juicio, una adecuada interpretación de la prueba y el primero de los requisitos fundamentales de tales precepto constitucionales está dado por conocer acabadamente los cargos por los que se lo acusa y los fundamentos por los que se lo condena. Ninguno de ellos -tal como vengo de analizarlos- se ha respetado en autos.

Ha dicho la CSJN "si solo alguno de los jueces esgrimió argumentos respecto del tema principal a dilucidar y los restantes se limitaron a opinar sobre asuntos accesorios o complementarios, sin -siquiera- adherir en al aspecto principal al voto que si se expidió sobre el o los puntos de la acusación, aniquila la existencia del decisorio como acto jurisdiccional, toda vez que no reúne las formalidades sustanciales para ser considerado válido, importando un gran quebrantamiento de la normativa legal que determina el modo en que se debe emitir, menoscabando los derechos del debido proceso y la defensa en juicio" (F649:585) Concluyendo, para que las garantías de la defensa en juicio (y el juicio político lo es) y el debido proceso se efectivicen y no se transformen en letra muerta de la Constitución, es exigible que las sentencias estén debidamente fundadas tanto fáctica como jurídicamente, constituyendo una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las concretas circunstancias de la causa, sin que basten a tal fin las meras apreciaciones subjetivas del juzgador ni los argumentos carentes de contenido. No juzgo sobre la validez o no de las circunstancias que apuntan los denunciantes como causales de cargo, las que en otro contexto pudieran ser válidas (o no) pero siempre previo a un juicio justo y una sentencia fundada en los hechos de la causa y en derecho. Aún cuando se trate de un Juicio Político, atípico por la conformación del jurado pero no por la instrumentación del mismo.

Ya lo han expresado -sabiamente- nuestros legisladores al sancionar la Ley V-79 (Procedimiento de Juicio Político). En su artículo 52 expresa, que será de aplicación supletoriamente y en cuanto fuere compatible el Código Procesal Penal de la Provincia del Chubut y agrega "Especialmente serán de aplicación las normas referentes a las garantías durante el proceso, a la etapa de investigación instructoria, al trámite de ofrecimiento, admisión y producción de pruebas, a las impugnaciones y resoluciones durante el debate, a la citación de personas, interrogatorios, a las actas, a las deliberaciones y a la sentencia".

En respuesta a la segunda cuestión planteada diré:

Que, por los argumentos que he venido desarrollando, propongo: 1°) declarar la nulidad de la sentencia que destituye a Eduardo Samamé; 2°) no modificar el status quo existente, atento que el Doctor Eduardo Samamé se hubo acogido voluntariamente al régimen jubilatorio provincial; 3°) No hacer lugar al pedido de salarios adeudados y 4°) tener presente la reserva del caso federal y de formular denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitado en los ítems 4 y 5 del Capítulo IX de la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa técnica del Dr. Eduardo Samamé.- El Dr. Carlos Alberto VELÁZQUEZ expresó:

No difiere mi opinión de las que han expresado los Dres. Caneo y Royer.- Ocioso sería reseñar en detalle los antecedentes y circunstancias de la causa, así como la motivación de la impugnación extraordinaria deducida, ampliamente expuestos ya por quienes me antecedieran en el uso de la palabra. Pasaré pues directamente a las cuestiones planteadas para dar mi voto individual fundado sobre ellas, de acuerdo a la manda del art. 169 de la Const. Prov.- I.- En el ámbito de la impugnación extraordinaria local deducida contra la sentencia de la Sala de Juzgar de la Honorable Cámara de Diputados que destituyera a al Señor Procurador General, no compete al Superior Tribunal de Justicia ingresar en la subsunción de los hechos en las causales de destitución, ni en la apreciación de los extremos fácticos o de derecho que han llevado a aquélla a pronunciarse por la remoción del imputado, dado que no se trata de que el órgano judicial se constituya en tribunal de alzada y sustituya el criterio de quienes, por imperio constitucional, están encargados en forma excluyente del juicio de responsabilidad política del magistrado. Es en cambio cuestión judiciable, que entra en la competencia del Superior Tribunal decidir, el quebrantamiento del debido proceso y el menoscabo del derecho de defensa invocados por el impugnante del fallo.- Tal la doctrina emanada de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los prevotantes mencionaran, al que podría añadirse otro, in re "Torrealday", difundido en L.L. 1996-C-535 con elogiosa nota al pie del recordado Germán J. Bidart Campos ("Dos caras del enjuiciamiento político...", rev. y pág. cit.).- Esa interpretación encuentra además sostén en la normativa provincial. En efecto, la Carta Magna de nuestra Provincia no consagra la irrecurribilidad del fallo de destitución pronunciado en un juicio político y tampoco lo hace la Ley V n° 79 que reglamenta el procedimiento de esas causas, la que, por el contrario, declara de aplicación supletoria a dichos procesos, en todo lo no expresamente previsto, las normas del Código de Procedimientos Penales (art. 52); como aquella normativa, lo llevo dicho, guarda silencio acerca de la recurribilidad o no de la sentencia de destitución, tal laguna ha de ser colmada con la aplicación del art. 375 del indicado código que sí admite la impugnación extraordinaria del imputado. Por lo demás, el art. 49 de la citada Ley V n° 79 ordena observar en el curso del juicio político el principio constitucional del debido proceso y proscribe toda afectación del derecho de defensa , lo que precisamente nos remite a aquellas cuestiones que en doctrina del Más Alto Tribunal de la Nación resultan justiciables en este ámbito.- Como en la especie la motivación de la impugnación interpuesta apuntó específicamente a infracción de los cánones rectores del debido proceso y la conculcación de la garantía de defensa, no creo dudoso que el recurso intentado es admisible, esto es aceptable en su faz formal.- II.- Ya los Señores Ministros antes sufragantes han hecho suficiente sinopsis de las sucesivas fases por las que transitó el proceso. Iré pues a la cuestión dirimente planteada por el recurrente respecto de que la decisión recaída en la causa resulta inválida porque los miembros de la Sala de Juzgar no votaron los cuatro cargos formulados separadamente y porque no hubo suficientes votos para fundar la destitución por ninguno de esos cargos. La validez constitucional de la sentencia de destitución dependía, claro está, de la reunión de la mayoría de dos tercios de los sufragios en cada uno de los cargos imputados individualmente considerados, cual lo determina en modo expreso el art. 206 de la Const. Prov. Desde que la Sala de Juzgar está integrada por trece miembros (art. 2 de la Ley V n° 79), la tal mayoría constitucionalmente exigible era de nueve votos nominales para cada cargo incluido en el acta de acusación.- Puestos al margen los votos de los dos miembros que se pronunciaron por el rechazo de esa acusación (los Diputados Lorenzo y Urbano), por carecer ello de interés para la decisión del recurso, hemos de repasar los emitidos por los restantes once legisladores que se expidieron por la existencia de mal desempeño, atendiendo sólo -por ahora al menos- al número de los reunidos en favor de la procedencia de cada cargo en particular.- Los Dres. Caneo y Royer han hecho prolijas descripciones de cada uno de esos votos, emitidos unos con puntuales referencias a los cuatro cargos de la acusación y otros de manera harto genérica, pudiéndose únicamente por inferencias extraer la opinión de los votantes acerca de algunas de las acusaciones...o sobre ninguna de ellas en alguno de los sufragios. Me remito esas correctas síntesis por respeto al principio de economía procesal, en su vertiente de tiempo, pues alongaría innecesariamente este acuerdo el reiterar extensa y machaconamente lo ya bien expuesto por los colegas. La síntesis de todo ello es dado expresarla así:

Cargo "A" ("ejercer la superintendencia del Ministerio Público Fiscal en forma arbitraria y con plena desviación de poder tendiente a realizar de manera sistemática un ambiente hostil contra los individuos jerárquicamente inferiores, privando a los mismos de derechos y capacidad de defensa"): se registraron ocho (8) votos a favor de la configuración del cargo (Diputados Aravena, Astete, Burgueño, Montoya, Pitiot, Ripa, Sastre y Vargas), un (1) voto por la no configuración del mismo (Diputado González) y otros dos (2) legisladores se abstuvieron de manifestar opinión sobre el punto (Diputados Cárdenas y García).- Cargo "B" ("omitir formular precisos mínimos lineamientos, a fin de fijar la política general y criminal del Ministerio Público Fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal"): hubo ocho (8) votos favorables (Diputados Astete, Burgueño, García, González, Montoya, Ripa, Sastre y Vargas), mientras que otros tres (3) diputados no se expidieron en concreto (Aravena, Cárdenas y Pitiot).- Cargo "C" ("negar en forma arbitraria e infundada la concesión de licencias ordinarias y extraordinarias al personal de su dependencia directa, y a los Fiscales Jefes"): fueron cinco (5) los votos que dieron por configurada esta acusación (Diputados Aravena, Astete, Burgueño, Montoya y Vargas), en tanto otros dos (2) fueron en sentido negativo (Diputados González y Ripa) y los cuatro (4) restantes legisladores no emitieron opinión precisa sobre la misma (Diputados Cárdenas, García, Pitiot y Sastre).- Cargo "D" ("omitir la supervisión de las tareas de los miembros del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de las investigaciones y el resultado de las gestiones de los Fiscales Jefes de cada circunscripción"): esta imputación obtuvo cuatro (4) votos favorables (Diputados Astete, Burgueño, Ripa y Sastre), tres (3) negativos (Diputados González, Montoya y Vargas) y cuatro (4) abstenciones (Diputados Aravena, Cárdenas, García y Pitiot).- En suma, ninguna de las imputaciones logró el apoyo de los nueve legisladores necesarios para declarar culpable al imputado y proceder en consecuencia a su destitución, de modo que la sentencia pronunciada ha sido inválida por inconstitucional, en tanto, quebrantando la manda del art. 206 de la Carta Magna provincial, no fue fruto de los votos de los dos tercios de los miembros de la Sala de Juzgar sobre cada uno de los cargos contenidos en el acta de acusación. Por ende, debe ser declarada nula en esta instancia extraordinaria.- III.- Por cierto que los arts. 205 última parte de la Const. Prov. y 41 de la Ley V n° 79 determinan la vuelta del acusado al ejercicio de sus funciones en el supuesto de no prosperar el juicio político, pero en el caso tropieza tal aspiración del Dr. Samamé con la relevante circunstancia de que él optó, ya con anterioridad a la destitución inválida, por acogerse al beneficio jubilatorio de la Ley XIII n° 32. En efecto, su solicitud de jubilación ordinaria ante el Instituto de Seguridad Social y Seguros data del 4 de marzo de 2008, habiéndosele comunicado que reunía los requisitos para obtener el beneficio el 13 de mayo del mismo año, condicionado ello al cese de servicios (fs. 1 y 34 del expediente administrativo que en copias auténticas por cuerda corre). Luego, el 22 de agosto de dicho año, él presentó ante el ente previsional la certificación de cese, la cual mencionaba que percibió haberes hasta el 22 de julio de tal año 2008, y con fecha 10 de octubre ídem le fue otorgada la jubilación disponiendo que la prestación le fuera liquidada desde aquel 22/7/08 en que había dejado de cobrar remuneraciones (fs. 42 y 48 del mentado expediente administrativo).- Así, en la especie de hecho han confluido dos causas para el cese del recurrente en su cargo de Procurador General, de un lado la destitución por sentencia de la Sala de Juzgar de la Honorable Cámara de Diputados y, del otro, su voluntad de acogerse al beneficio jubilatorio. Que la primera de ellas resultara a la postre inválida, no quita que mantiene su eficacia la segunda.- Dichas solicitud de beneficio jubilatorio y presentación de la certificación de cese constituyeron expresiones de una voluntad deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, que le vedaba al recurrente pretender luego la reposición en su cargo, pues con tal petición entraba en paradójico contraste con su anterior postura. Esa contradicción con el sentido objetivo del comportamiento anterior no resulta admisible, en tanto importa la ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la precedente, infringiendo el fundamental principio de la buena fe receptado en el art. 1198 Cód. Civ., del que es derivación necesaria e inmediata la imposibilidad de "venire contra factum" (confr.: Diez Picaso, "La doctrina de los actos propios", ed. Bosch 1963, págs. 163 y 223). Para desechar el comportamiento posterior contradictorio con los actos precedentes no se trata ni siquiera ya de las razones que adunen o no la pretensión, sino de la lisa y llana improponibilidad subjetiva de la misma, bloqueada para el sujeto en cuestión por esta causa de inhabilidad intrínseca, obstativa a su atendibilidad sustancial (confr.: Morello-Stiglitz, "La doctrina del acto propio", L. L. 1984-A-865, cap. XVIII).- Verdad es que para la aplicabilidad del principio "nemini licet adversus sua facta venire" es menester que el acto antecedente sea jurídicamente válido y eficaz, idóneo para crear, modificar o extinguir algún derecho (Tribunal Supremo de España, Sala 1era., La Ley de España 1980-1-849, 283- R; ídem, íd., La Ley de España 1995-3-617; ídem, Sala 6ta., La Ley de España 1988-2-228), mas en el subexamen nada lleva a concluir que aquellos actos anteriores del interesado resulten ineficaces. Es que, allende su manifestación de haber sido "forzado" a anticipar su jubilación (fs. 3086, párr. 3°), no ha promediado en el caso acción alguna tendiente a lograr la anulación por vicios de la voluntad de dichos actos (arts. 941, 954 párr. 1°, 1045, 1048 Cód. Civ.), de modo que ellos han de ser reputados válidos (art. 1046 cód. cit.).- Atinente a alguna hipotética diferencia insoluta entre los haberes que debieron ser percibidos y las prestaciones jubilatorias cobradas, es en una eventual causa de contenido patrimonial donde la cuestión ha de ser dilucida y no en la presente, que no tiene tal carácter.- IV.-Por tales fundamentos, coincidentes con los expuestos por los Señores Ministros antes sufragantes, considero que la sentencia de destitución del Dr. Samamé del cargo de Procurador General pronunciada por la Sala de Juzgar de la Honorable Cámara de Diputados debe ser declarada nula, mas sin efecto de restitución del impugnante en dicho cargo.- Así pues, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. Caneo.- El Dr. Carlos Dante FERRARI expuso:

I. Los votos precedentes contienen una clara síntesis de los hechos y antecedentes que informan la presente causa, por lo que me abstendré de abundar en detalles relativos a esos tópicos, para abordar en cambio el concreto tratamiento de la cuestión de fondo que nos ocupa. En este cometido, puedo adelantar desde ya mi concordancia con la solución propiciada por los señores Ministros que me han precedido en el uso de la palabra; mas en cumplimiento de la manda constitucional que exige una motivación y fundamentación individual (art. 169, Constitución Provincial), expresaré a continuación las razones que me llevan a acompañar la decisión propuesta, aunque para ello deba incurrir en una inevitable reiteración de varios conceptos ya vertidos por los colegas preopinantes.

II. En tanto el procedimiento de destitución del Procurador General se halla sometido al régimen del juicio político (art. 165, 2do. párrafo, Const. Prov.), la decisión de la Sala de Juzgar sin duda es recurrible por vía extraordinaria en las hipótesis en que -como aquí sucede- se plantea alguna violación al debido proceso legal y/o una lesión a la defensa en juicio, ya que estos principios y garantías están resguardados de manera expresa en la propia ley de enjuiciamiento (Ley V N° 79), que en su art. 49 expresa: "PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. DEFENSA EN JUICIO. Todo el procedimiento de juicio político debe llevarse a cabo, en cada una de sus etapas, observando puntualmente los principios constitucionales del debido proceso legal, igualdad ante la ley y por ninguna circunstancia se afectará el derecho de defensa." A ello se añade la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Penales de la Provincia del Chubut, establecida en el art. 52 del mismo ordenamiento legal, ". En cuanto fuere compatible con el juicio político." y ".en todo lo que no estuviere expresamente previsto...", señalándose que ". Especialmente, serán de aplicación las normas referentes a las garantías durante el proceso, a la etapa de investigación instructoria, al trámite de ofrecimiento, admisión y producción de pruebas, a las impugnaciones y resoluciones durante el debate, a la citación de personas, interrogatorios, a las actas, a las deliberaciones y a la sentencia." Así es que, por aplicación del art. 375 del citado Código de Procedimientos Penales, rigen en este procedimiento ".todas las garantías y derechos consagrados en la Constitución de la Nación Argentina, en los Tratados internacionales incorporados a su mismo nivel [Artículo 75 (22), C.N. y en la Constitución de la Provincia [C.Ch.], artículos 42 a 53, 18 (9), 19, 21 y 22, como normas superiores inderogables para los poderes públicos y los particulares [Artículo 31, C. N.; Artículo 10, C.Ch. ]", así como la impugnación extraordinaria prevista en el art. 375 de dicho Código, en los supuestos allí contemplados. De tal manera, atendiendo a la naturaleza de los planteos formulados por la parte impugnante, la procedencia formal del recurso impetrado en el caso que hoy nos convoca resulta indisputable. III. Constituida la Sala de Juzgar en tribunal de sentencia luego de haberse cumplido las etapas previamente ordenadas por la ley (conf. art. 26, Ley V N° 79), sus integrantes deliberaron y sufragaron en relación a los cuatro cargos formulados, que ya han sido textualmente transcriptos en los votos de los Sres. Ministros Dr. Caneo -individualizados como "A", "B", "C" y "D" - y Dr. Royer -enunciados del 1 al 4- y también reiterados, a su turno, en el voto del Dr. Velázquez. Me limitaré por tanto a considerar el resultado de las votaciones respectivas, ya que no tendría objeto reproducir aquí una vez más el contenido argumental de dichas acusaciones. Lo cierto es que, tal como se desprende de los cómputos efectuados por los colegas preopinantes -cuyo cotejo también he efectuado en forma personal, consultando a este fin las actuaciones pertinentes- queda de manifiesto en forma nítida e incontestable que ninguno de dichos cargos obtuvo una votación suficiente para satisfacer la mayoría exigida por la legislación vigente para la destitución del señor Procurador General, Dr. Eduardo Samamé.

En efecto, siendo que el art. 206 de la Constitución Provincial establece que: "Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por sentencia dictada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Sala de juzgar. La votación será nominal, registrándose en el acta el voto de cada uno de los diputados sobre cada uno de los cargos que contenga el acta de acusación", y que la Sala de Juzgar está integrada por trece (13) miembros (conf. art. 2, Ley V N° 79), se requería el concurso de al menos nueve (9) votos para conformar la voluntad mayoritaria del tribunal, a fin de pronunciarse válidamente por la destitución; número que no se llegó a conformar respecto de ninguno de los cargos formulados.

La destitución dispuesta sobre la base de esos resultados resulta ser, por tanto, el producto de una sentencia nula a la luz de las normas vigentes (art. 206, Const. Prov. y art. 41, Ley V N° 79), lo que así debe ser declarado en esta instancia.

IV. La ineficacia del fallo condenatorio traería normalmente aparejada la consecuencia prevista en el art. 205 "in fine" de la Constitución Provincial, en cuanto establece que el acusado, en su caso, vuelve al ejercicio de sus funciones, sin que el juicio pueda repetirse por los mismos hechos. Sin embargo, en plena coincidencia con lo ya expresado por mis antecesores, considero inviable la reposición en el cargo del Dr. Eduardo Samamé, por idénticas razones a las expuestas en los votos precedentes. En efecto, los elementos aportados a la causa permiten comprobar que el nombrado inició los trámites para acogerse al régimen jubilatorio el 04 de marzo de 2008 (conf. solicitud obrante a fs. 1/vta. - Expte. N° 839/8 del Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut), es decir, más de cinco meses antes del dictado de la sentencia aquí recurrida. En fecha 13 de mayo del mismo año el citado Instituto le comunicó al interesado que se hallaban reunidos los requisitos de edad y años de servicio para acceder a la jubilación y condicionó el otorgamiento de la misma al cese definitivo en toda actividad en relación de dependencia e indicándole la documentación que debería presentar a tal efecto (Expte. cit. - fs. 34). En la secuencia posterior, el Dr. Samamé presentó ante el organismo provincial la certificación de cese y demás documentación requerida el día 22 de agosto de 2008 (conf. fs. 36/43 - Expte. 839/8) obteniendo el beneficio jubilatorio en fecha 10 de octubre de 2008, resolución que dispuso la liquidación de la prestación con efecto a partir del 22 de julio de 2008 (conf. Resolución N° 001-676 - Acta N° 01466 obrante a fs. 48 de las mencionadas actuaciones administrativas).

La breve sinopsis precedente pone de relieve la realización de trámites voluntarios por parte del interesado -en tanto no hubo en ellos manifestación ni indicios que permitan inferir la existencia de algún vicio de la voluntad- tendientes a la obtención del beneficio previsional, incluso muy anteriores a la destitución; actos propios cuyo propósito y eficacia jurídica son, por cierto, manifiestamente incompatibles y contradictorios con la actual pretensión de ser repuesto en el cargo de Procurador General. En el contexto observado, la decisión de obtener la jubilación ordinaria, cuya condición para el otorgamiento era, según lo expresara la comunicación del I.S.S. y S. y de acuerdo con la exigencia legal, el "cese definitivo en toda actividad en relación de dependencia" (conf. art. 96, inc. "a" - Ley XVIII N° 32) selló desde entonces la suerte adversa para el pedido de restitución en el cargo formulado en la pieza recursiva (fs. 2832), por lo que dicha petición debe ser desestimada.

V. Razones concurrentes conducen a rechazar asimismo el pedido de pago de los "salarios caídos", por la sencilla razón de que el haber jubilatorio fue reconocido a partir de una fecha coincidente con la percepción del último haber de la actividad (22 de julio de 2008 - ver fs. 47 - Expte. 839/8) y el hipotético perjuicio emergente de alguna diferencia económica entre el salario y la prestación previsional -si existiere- es una cuestión que, en todo caso, debería encarrilarse por las vías pertinentes, en tanto excede en forma notoria el marco cognoscitivo de estas actuaciones.

VI. Como síntesis de todo lo expresado hasta aquí, opino que corresponde: 1) declarar la nulidad de la sentencia de destitución dictada a fs. 2675/2770 vta.; 2) desestimar los pedidos de restitución en el cargo y de pago de "salarios caídos" formulados por el recurrente; 3) tener presente las reservas del caso federal y de formular denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectuadas por el impugnante.

Por todo ello, en respuesta a la segunda cuestión, comparto la resolución propuesta por el Dr. Daniel Caneo al respecto.

Así lo voto.

El Dr.Aldo Luis DE CUNTO dijo:

I.- Tal como lo expresara el ministro votante en primer término, Dr. Caneo, la impugnación extraordinaria deducida por los defensores del Dr. Eduardo Samamé, se funda: en la nulidad de la acusación por afectarse la defensa en juicio dado que en la misma no se describen clara y precisamente los hechos que se le atribuyen; en la afectación de la imparcialidad de los jueces; en la falta de congruencia dado que la vaguedad de los hechos imputados se concretó en una exorbitante expansión del objeto procesal en el alegato acusatorio; y en la nulidad de la sentencia atento que los votos que conformaron el fallo de destitución no estuvieron precedidos de la deliberación prescripta legalmente y no se votó por cargos, entre otros vicios que se señalan (ver fs. 2784 vta., pto. III).- Sin embargo, antes de la fundamentación someramente descripta, la defensa citada se explayó sobre la admisibilidad del recurso interpuesto (ver fs. 2783 vta./2784, pto. II). Consecuentemente, y por obvias razones de orden lógico, resulta pertinente comenzar el análisis de este último aspecto, para luego, en su caso, tratar la fundamentación antedicha.- II.- Como bien lo explicitan los Ministros prevotantes, la normativa constitucional provincial relativa al juicio político no establece la irrecurribilidad de la decisión del órgano político que dicta sentencia en dicho procedimiento (conf. arts. 165 y arts. 198/208 de la Const. Provincial). Tampoco la establece para la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento (conf. arts. 209/214 de la Const. Provincial), no obstante, en este último caso, el art. 45 de la ley V Nº 80 -antes ley 4461- establece que "Todas las Resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento serán irrecurribles, salvo el recurso de aclaratoria, que deberá interponerse dentro de las veinticuatro (24) horas de la notificación". Dicha irrecurribilidad también está prevista en el art. 115, 2do. párrafo de la Constitución Nacional, con relación al fallo del jurado de enjuiciamiento. Sin embargo, para el caso del juicio político -tal el supuesto en examen por tratarse de la destitución del Procurador General (art. 165, 2do. párrafo de la Const. Provincial)-, la ley procesal respeciva (ley V Nº 79 -antes ley 4457-) no contiene ninguna mención con relación a la recurribiidad del fallo del órgano político decisor. Sí se señalan como reglas procedimentales que en cada una de las etapas del procedimiento del juicio político deben observarse puntualmente los principios constitucionales del debido proceso legal, la igualdad ante la ley y el derecho de defensa (art. 49), así como la aplicación analógica del Código de Procedimientos Penales del Chubut -Ley XV Nº 9 (Antes Ley Nº 5478)- "...en todo lo que no estuviere expresamente previsto. Especialmente, serán de aplicación las normas referentes a las garantías durante el proceso, a la etapa de investigación instructoria, al trámite de ofrecimiento, admisión y producción de pruebas, a las impugnaciones y resoluciones durante el debate, a la citación de personas, interrogatorios, a las actas, a las deliberaciones y a la sentencia". De allí que ante la falta de previsión de la normativa constitucional y legal relativa al juicio político acerca de la recurribilidad de la decisión, resulta de aplicación supletoria el art. 375 del CPP que prevé expresamente la impugnación extraordinaria por parte del imputado.- Amén de todo lo expuesto, cabe indicar que en el caso de la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento, ya me he expedido a favor de la recurribilidad de la misma en el antecedente de este Superior Tribunal: "Hulinao, Silvio Isidoro y Pascuariello, Carlos Alberto s/ Denuncia (Expte. Nº 49/03 C.M.)" (Expte. Nº 19.618 - Fº 103 - Letra H - Año 2004), sentencia del 14/10/2010. En el mismo deslicé conceptos que resultan de plena aplicación al presente. En ese sentido mencioné que con anterioridad a la reforma constitucional, fruto de la cual resulta ser el texto del art. 115 de la Constitución Nacional, la Corte Suprema de la Nación, al resolver el caso "Nicosia" (Fallos 316:2940, ED, 158-245), destacó que la apreciación de las causales para la promoción del juicio político, el encuadre constitucional de los hechos y su análisis, son cuestiones reservadas al arbitrio del Congreso y, en particular, del Senado, insusceptibles de revisión judicial. Sin embargo, la violación de las garantías constitucionales (art. 18 de la C.N.) o de los recaudos establecidos por la Ley Fundamental para la sustanciación del juicio político, podían acarrear la intervención del Poder Judicial por aplicación del principio de la supremacía constitucional (art. 31 de la C.N.) y en ejercicio de la función de control de constitucionalidad reservada al mismo por la Ley Fundamental. Así, la acusación formulada sin cumplir con la mayoría del art. 53; la sanción dispuesta por el Senado sin alcanzar la mayoría del art. 59; la sanción del Senado cuyo contenido difiera del previsto en el art. 60; la violación, durante la tramitación ante el Senado, de la garantía del debido proceso legal adecuada a las modalidades del juicio político, son algunas de las hipótesis que tornan viable la revisión judicial de un pronunciamiento condenatorio emanado del Senado. (conf. Badeni, Gregorio: "Tratado de Derecho Constitucional", Tº II Ed. La Ley, 2006, pág. 1615). Amén del citado fallo "Nicosia", con anterioridad a la reforma de 1994, la Corte se había expedido en similar sentido en "Graffigna Latino" (Fallos 308:961), donde destacó que son revisables las decisiones adoptadas en un juicio político cuando se vea afectada la garantía de defensa en juicio, y que la revisión debe ser planteada por vía de apelación y no por otro cauce procesal como una acción de amparo; en "Magín Suárez" (Fallos 308:2609) expresó que en el juicio político existen cuestiones de orden federal susceptibles de revisión mediante el recurso extraordinario y que lo atinente a la composición del tribunal de la causa y la recusación son cuestiones susceptibles de revisión judicial cuando se alega la violación de las garantías de los jueces naturales; y en "Llamosas" (Fallos 310:2031) destacó que los enjuiciamientos de magistrados no son ámbitos vedados al conocimiento de la Corte en la medida que se acredite la lesión a la garantía del debido proceso (conf. Badeni, op. cit., ídem, pág. 1616).

Bidart Campos sostuvo, poco después de producida la reforma constitucional de 1994 que "Hasta promediar la década de los ochenta, la Corte siempre consideró que el fallo destitutorio del senado -y los equivalentes emanados de órganos diversos en jurisdicción de las provincias- no podían ser sometidos a revisión de ella mediante recurso extraordinario...La jurisprudencia de la Corte cambió diametralmente después, y en menos de diez años ha reafirmado el posible sometimiento de los fallos destitutorios -tanto los dictados en sede federal como en el ámbito provincial- a revisión y control del poder judicial. Esta recurribilidad se limita, sin egoísmo, a verificar si en el procedimiento de enjuiciamiento se respetó o se violó el análogo 'debido proceso' a que debe atenerse, a fin de preservar las garantías emergentes de la constitución federal. Pero no alcanza para que el tribunal judicial revea el criterio que el órgano de enjuiciamiento político ha empleado en el encuadre que de las conductas imputadas al funcionario acusado ha hecho aquél órgano para tener por configuradas una o más causales de destitución...Todo este relato panorámico tiene por objeto interpretar qué sentido hemos de atribuir al actual art. 115 cuando define al fallo del jurado como irrecurrible. ¿Ha sido un desconocimiento de la jurisprudencia firme de la Corte?...Es difícil la respuesta. Para intentarla, hemos de opinar que a partir del momento en que la Corte hizo controlable judicialmente al enjuiciamiento político -tanto en jurisdicción federal como provincial- su nuevo criterio se basó en la idea de que ningún procedimiento, ni judicial, ni administrativo, ni político, puede evadir los cánones del debido proceso, de la defensa en juicio, de las garantías personales. Es así tanto si hay una norma expresa (en el texto anterior a la reforma no la había en relación con el juicio político) como si no la hay, porque el principio -con carácter de fundamental en nuestro ordenamiento jurídico- tiene un ascendente axiológico que ninguna norma puede desconocer. Ese principio no ha desaparecido ni decaído con la reforma, y hace parte de las implicitudes más valiosas de la constitución. Por ende, ni siquiera una reforma constitucional está en condiciones de arrasarlo, aunque -acaso- como la de 1994 haya sumado al art. 115 la parte en que declara que el fallo del jurado de enjuiciamiento es "irrecurrible". El calificativo no puede surtir el efecto, pese a tener rango constitucional, de retroceder en la interpretación judicial que viene consolidando la Corte Suprema en numerosísimas sentencias. Y ello porque un adjetivo, por más que esté incorporado a la constitución, carece de fuerza para oponerse al arsenal principista-valorativo en que ella se apoya, y que no ha sido alterado ni modificado en la reforma actual. ¿Qué alcance damos, entonces, a esta novedad léxica de "irrecurrible"?. Únicamente la que en el caso "Nicosia" puntualizó la Corte: el senado -y ahora el jurado- inviste la competencia final y definitiva para decidir si la conducta imputada configura causal de enjuiciamiento y de destitución...En cambio, el trámite procedimental a través del cual se llega a esa decisión final queda sujeto a control judicial de constitucionalidad en todos sus aspectos, formalidades y condiciones establecidos en la constitución" (conf. Bidart Campos, Germán J.: "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", Tº VI, Ed. Ediar, 1995, págs. 506/508).

He preferido extenderme en la cita doctrinaria que antecede para reflejar de manera cabal el alcance que desde la doctrina constitucionalista se le confirió al carácter de "irrecurribilidad" de art. 115 de la Constitución Nacional, al poco tiempo de producida la reforma de 1994. Dicha interpretación resulta conteste en la doctrina. Así Gelli opina que a pesar del texto del art. 115 de la C.N., la Corte Suprema como intérprete final de la Constitución puede mantener aquella diferenciación entre las garantías de la defensa en juicio y el fallo discrecional acerca de la procedencia de las causales de destitución, revisando aquellas eventuales violaciones de la defensa y absteniéndose de examinar el criterio de destitución. Ello así, pues el art. 115 debe interpretarse en armonía con las seguridades que reconoce el art. 18 de la C. N. y los arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (conf. Gelli, María Angélica: "Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada", Ed. La Ley, 2006, pág. 953). Con posterioridad a la reforma, y en interpretación del art. 115 de la C.N. en el caso "Brusa" (Fallos 326:4816), la Corte mantuvo -por unanimidad pero en distintos votos- la admisibilidad de la revisión judicial de los fallos de destitución de magistrados judiciales en caso de violación del debido proceso. En ese sentido se sostuvo que una interpretación rígidamente literal del art. 115 de la C.N. resultaría incompatible con las normas internacionales de igual jerarquía (art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica). En consecuencia, la "irrecurribilidad" sólo puede tener el alcance otorgado en la doctrina "Nicosia", por lo tanto la Corte Suprema no podrá sustituir el criterio del Jurado en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento, en cambio sí podrá revisar por vía del recurso extraordinario las violaciones -nítidas y graves- a las reglas del debido proceso y a la garantía de la defensa en juicio (conf. Gelli, op. cit., pág. 954).

Finalmente, en lo que respecta a este aspecto de la "recurribilidad" de las sentencias de destitución de magistrados, es de agregar, que conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, las sentencias dictadas en un juicio político son susceptibles de revisión por vía del recurso extraordinario. Su sustanciación requiere de una sentencia definitiva emanada del superior tribunal de la causa que solamente puede ser el Senado o el Jurado de Enjuiciamiento (art. 115 de la C.N.). De modo que las presuntas violaciones a las garantías del debido proceso legal, como es el derecho de defensa en juicio, producidas en el curso de las actuaciones, carecen de entidad jurídica para avalar el control de constitucionalidad judicial que está reservado solamente cuando se dicte sentencia definitiva. Igual conclusión es aplicable a los juicios políticos que se sustancien en las provincias aunque, en este caso, el superior tribunal de la causa será el máximo órgano judicial de la provincia, contra cuya decisión corresponderá plantear el recurso extraordinario (conf. Badeni, op. cit., ídem, págs. 1617/1618).- En definitiva, si no existen dudas de la factibilidad de revisar judicialmente los fallos destituyentes de magistrados, cuando lo que está en juego es la afectación de las garantías del debido proceso o de la defensa en juicio, no siendo óbice para ello la letra del art. 45 de la ley V Nº 80, así como acontece en el orden federal con la norma del art. 115 de la C.N., con mayor razón cabe estar por la recurribilidad de la decisión recaída en el procedimiento de juicio político, ante el silencio de las normas constitucionales y legales al respecto, y la aplicación supletoria del art. 375 del CPP. A ello debe añadirse que la Corte Federal, en su composición con conjueces, consideró afirmativamente la admisibilidad del recurso extraordinario en el caso de la destitución del juez Moliné O'Connor, más allá de la decisión en cuanto al fondo de la cuestión (conf. Fallos CS 327:1914). En consecuencia de todo lo expuesto, coincido en la admisibilidad de la impugnación extraordinaria planteada, dado que la misma se funda en la afectación de las garantías del debido proceso y de defensa en juicio, siendo de competencia de este Superior Tribunal de Justicia el tratamiento de la misma.- III.- Sentado lo precedentemente expuesto, es de considerar que una de las razones por las que se solicita la revisión de la decisión impugnada es la ausencia de la mayoría necesaria de votos para fundar la destitución por los cargos imputados. Al respecto, bien señala el Dr. Caneo, que la primera cuestión a dilucidar es la existencia de la mayoría exigida por el art. 206 de la Const. Provincial, cuyo texto establece que "Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por sentencia dictada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Sala de Juzgar. La votación será nominal, registrándose en el acta el voto de cada uno de los diputados sobre cada uno de los cargos que contenga el acta de acusación". La exigencia de esta norma resulta reflejada -como no podía ser de otra manera, dada su superior jerarquía- en los textos de los arts. 40 y 41 de la ley V Nº 79.- La referida Sala de Juzgar se compone de trece legisladores, once por sorteo más los vicepresidentes primero y segundo (conf. art. 2 de la ley V Nº 79). Consecuentemente la mayoría constitucionalmente exigida es de nueve legisladores, ya que los 2/3 de 13 arroja el resultado de 8,66. Es así que basta la coincidencia de nueve legisladores en alguno de los cuatro cargos formulados. Estos últimos fueron los siguientes: 1) Ejercer la superintendencia del Ministerio Público Fiscal en forma arbitraria y con plena desviación de poder tendente a realizar de manera sistemática un ambiente hostil contra los individuos jerárquicamente inferiores, privando a los mismos de derechos y capacidad de defensa; 2) Omitir formular precisos mínimos lineamientos, a fin de fijar la política general y criminal del Ministerio Público Fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal; 3) Negar en forma arbitraria e infundada la concesión de licencias ordinarias y extraordinarias al personal de su dependencia directa, y a los Fiscales Jefes; 4) Omitir la supervisión de las tareas de los miembros del Ministerio Público Fiscal el desarrollo de las investigaciones y el resultado de las gestiones de los Fiscales Jefes de cada circunscripción (ver fs. 2322/2323).- Sobre estos cuatro cargos se expidieron los legisladores, siendo el orden nominal de los votos, el siguiente: Doralisa Mercedes Aravena, Ricardo Enrique Astete, Nélida Beatriz Burgueño, Santiago Alidoro Cárdenas, Néstor Raúl García, Roque González, Carlos Alberto Lorenzo, Miguel Ángel Montoya, Jorge Valentín Pitiot, Mariana Gabriela Ripa, Ricardo Daniel Sastre, Fernando Francisco Urbano y Stella Maris Vargas (ver fs. 2675). Desde ya se descartan para el cómputo de la mayoría, los legisladores que votaron por la absolución del imputado, esto es los diputados Lorenzo (fs. 2710/2723) y Urbano (fs.2758 vta./2764 vta.). Es así que descartados los dos legisladores precitados,de los once restantes nueve debieron haber coincidido en, al menos uno de los cargos imputados, para lograr la mayoría requerida.- La diputada Aravena (fs. 2686/2689) no se pronuncia por separado y en forma precisa sobre cada uno de los cuatro cargos, sino que efectúa consideraciones generales, mas desde una perspectiva amplia es dable entender que basó su voto destituyente en los cargos primero y tercero. El diputado Astete (fs. 2689/2696) responde cargo por cargo, encontrando al imputado culpable por los cuatro cargos (primer cargo a fs. 2690/2692, segundo cargo a fs. 2692 vta./2693 vta., tercer cargo a fs. 2693 vta., y cuarto cargo a fs. 2693 vta./2694 vta.). La diputada Burgueño (fs. 2696/2702 vta.), también se expide de manera precisa e individual por cada cargo, pronunciándose por la declaración de culpabilidad por los cuatro (primer cargo a fs. 2697/2699 vta., segundo cargo a fs. 2700/2701 vta., tercer cargo a fs. 2701vta., cuarto cargo a fs.

2701vta./2702). El diputado Cárdenas (fs. 2702 vta./2703), no se expide puntualmente sobre ningún cargo, tampoco puede inferirse que en el desarrollo de su voto se hubiera expedido sobre alguno de ellos, no obstante lo cual se pronunció por la destitución del imputado. El diputado García (fs. 2703 vta./2706) tampoco se expide de manera precisa e individual sobre cada cargo, mas cabe deducir del desarrollo de su pronunciamiento que su decisión destituyente se fundamentó en el segundo cargo. El diputado González (fs. 2706/2710) rechaza puntualmente los cargos primero, tercero y cuarto (fs. 2706 vta., 2do. párrafo), por lo cual es de inferir de la fundamentación del voto a partir de fs. 2709, que su decisión por la culpabilidad se basó en el segundo cargo. El diputado Montoya (fs. 2723/2740 vta.) se expide de manera individual sobre cada uno de los cargos, encontrando culpable al imputado por el cargo segundo (fs. 2727/2728), por el primero (fs. 2728/2730) y por el tercero (fs. 2730), rechazando el cargo cuarto (fs. 2730 vta., primer párrafo). El diputado Pitiot (fs. 2731/2740), no se expide de manera individual y precisa sobre cada cargo, mas de la lectura de su voto se explaya sobre actitudes atribuidas al recurrente reveladoras de hostigamiento y acoso laboral, con lo cual cabe considerar que se pronunció por la culpabilidad respecto del primer cargo. La diputada Ripa (fs. 2740/2755 vta.), se pronunció de manera individual sobre cada uno de los cuatro cargos, concluyendo en la absolución por el tercero (fs. 2752 vta./2753), encontrando culpable al imputado por los cargos primero (fs. 2743 vta./2750 vta.), segundo (fs. 2750 vta./2752 vta.), y cuarto (fs. 2753/2755). El diputado Sastre (fs. 2755 vta./2758 vta.) se expide sobre los cargos primero (fs. 2756/vta.), segundo (fs. 2756 vta./2757 vta.) y cuarto (fs. 2757 vta./2758 vta.), propiciando la destitución por tales imputaciones, sin expedirse acerca del tercer cargo formulado. Finalmente la diputada Vargas (fs. 2764 vta./2770), respondió en forma precisa por cada uno de los cargos, propugnando el rechazo del cuarto cargo (fs. 2769 vta.), mientras que se expidió por la culpabilidad respecto de los cargos primero (fs. 2766 vta./2768), segundo (fs. 2768/2769), y tercero (fs. 2769/vta.).- Efectuada la reseña de los votos de los legisladores, cabe concluir que se han sumado los siguientes votos condenatorios por cargo: Cargo 1: 8 votos (diputados: Aravena, Astete, Burgueño, Montoya, Pitiot, Ripa, Sastre y Vargas). Cargo 2: 8 votos (diputados: Astete, Burgueño, García, González, Montoya, Ripa, Sastre y Vargas). Cargo 3: 5 votos (diputados: Aravena, Astete, Burgueño, Montoya y Vargas). Cargo 4: 4 votos (diputados: Astete, Burgueño, Ripa y Sastre). Como consecuencia del cálculo precedente, no se arribó a la mayoría exigida de nueve votos contestes por la culpabilidad por ninguno de los cuatro cargos formulados, tal como lo exige el art. 206 la Constitución Provincial, requisito infranqueable para proceder a la ulterior destitución y eventual inhabilitación (conf. art. 207 de la Constitución Provincial).- Tal como lo precisan los colegas preopinantes, el error en considerar que existió la formación de la mayoría suficiente, consistió en sumar todos los votos propiciatorios de la destitución, sin reparar en la coincidencia de los mismos respecto de cada cargo, lo cual debió cotejarse debido a la exigencia del voto nominal por cada cargo dispuesta en el art. 206 de la Constitución Provincial. De allí que la decisión que debió adoptarse era el rechazo de la acusación por la insuficiencia de los votos necesarios (conf. art. 41, 2do. párrafo de la ley V Nº 79 -antes ley 4457-), y la restitución del imputado al cargo (conf. art. 205 de la Const. Provincuial).- Por las razones expuestas, deviene abstracto pronunciarse acerca de los demás fundamentos de la impugnación en examen, y atento que el art. 205 "in fine" de la Constitución Provincial prohíbe la repetición del juicio por los mismos hechos, corresponde acoger favorablemente la impugnación extraordinaria deducida y declarar la nulidad del fallo de la Sala de Juzgar de la Honorable Legislatura de la Provincia del CHUBUT de fs. 2675/2770 vta. que dispuso "...la destitución en el cargo de Procurador General de la Provincia del Chubut del doctor Eduardo Samamé con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de cuatro (4) años".- IV.- En el petitorio del recurso interpuesto (ver fs. 2832, pto. IX, 3), la defensa del Dr. Samamé solicita que se ordene su reincorporación al cargo de Procurador General de la Provincia del Chubut con el consiguiente pago de los salarios dejados de percibir. De acuerdo a lo establecido por los arts. 205 de la Constitución Provincial y 41 de la ley V Nº 79, se prevé la restitución en el ejercicio de sus funciones si el acusado hubiera sido suspendido en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el art. 203 de la Const. Provincial. Es lógico inferir que esta solución es la que corresponde adoptar en casos como el presente, en el cual se declara la nulidad de la sentencia condenatoria de la Sala de Juzgar.- No obstante ello, en la especie se presenta una circunstancia peculiar. De las actuaciones obrantes a fs. 3086 se desprende que el recurrente se ha acogido al beneficio de la ley de jubilaciones de la Provincia del Chubut (ley XVIII Nº 32 -antes ley 3923-). A la luz de dichas constancias es que el ministro votante en primer término requirió la medida para mejor proveer que fuera dispuesta a fs. 3091/vta., agregándose por Presidencia las fotocopias auténticas del expediente sobre Jubilación Ordinaria pertinente. De tales actuaciones surge que el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia inició, a solicitud del Dr. Samamé, el 04/03/08 (ver fs. 01 del expediente administrativo), el expediente por Jubilación Ordinaria Nº 839/8 y con fecha 13/05/08 le comunicó al peticionante que a ese día reunía los requisitos de edad y años de servicios exigidos por la ley para acceder al beneficio previsional, quedando condicionado el otorgamiento de la prestación al cese definitivo de toda actividad en relación de dependencia (fs. 34 del expediente acollarado). A fs. 40/41 del citado expediente, el interesado presentó la certificación de servicios y a fs. 42 la cesación, producida por la destitución (ojo o la suspensión) examinada. Tales certificaciones fueron presentadas el 22/08/08, es decir dos días después del fallo impugnado y que aquí se declara nulo. Tales presentaciones dieron lugar a que el 10/10/08 el Directorio del Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia le otorgara la jubilación ordinaria ley provincial nº 3923, liquidándole el haber a partir del 22/07/08 (ver fs. 48 del expediente administrativo), fecha que coincide con la informada como la última en la que el Dr. Samamé percibió haberes como Procurador General de la Pcia. del Chubut (fs. 42 del expediente administrativo).- Como consecuencia de lo reseñado cabe concluir que, en principio, no existen salarios dejados de percibir, ya que sólo podría existir alguna diferencia entre el salario de Procurador General y el haber previsional por el período entre la fecha de suspensión sin goce de haberes dispuesta por la Sala de Acusar (22/07/08) y el otorgamiento de la jubilación ordinaria (10/10/08), mas como bien lo señala el Dr. Caneo, ello se desconoce y no es objeto de esta decisión.- A lo expuesto debe agregarse que el Dr. Samamé se desvinculó voluntariamente del Poder Judicial del Chubut, dado que inició el pertinente trámite jubilatorio antes de la sentencia destitutoria, y obtuvo el goce del beneficio previsional una vez que cesó en su relación de dependencia (conf. art. 96, inc.a) de la ley XVIII Nº 32 -antes ley 3923-), sin que sea relevante la causa del cese. De allí que ante la decisión voluntaria y libre de requerir el beneficio jubilatorio, no resulta procedente hacer lugar a la restitución en el cargo que se solicita, ya que -reitero- el interesado inició los trámites pertinentes con anterioridad a la sentencia condenatoria y en forma también voluntaria acreditó el cese de la relación de dependencia, requisito inexcusable para el otorgamiento del beneficio previsional. En todo caso, y como bien lo señala el Dr. Velázquez, en el caso de haberse visto "forzado" a solicitar su jubilación (ver fs. 3086, 3er. párrafo), debió haber ejercido la acción pertinente con invocación de los vicios de la voluntad que lo habrían llevado a tomar una decisión carente de libertad y validez (conf. arts. 941, 954, 1er. párrafo, 1045 y 1048 del C. Civil).- A la luz de lo expuesto, carece de trascendencia la nulidad aquí propiciada respecto del fallo destituyente a los efectos del pedido de restitución, en orden a la desvinculación voluntaria por jubilación ordinaria, por lo que coincidiré con los colegas prevotantes en desestimar la petición de reincorporación en el cargo de Procurador General del Ministerio Fiscal de la Provincia del Chubut y de pago de salarios reclamados por el recurrente.- No obsta lo anterior a que se tenga presente la reserva del caso federal y de formular denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (fs. 2832, pto. IX, 4 y 5).- A la luz del acuerdo logrado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Caneo.- El doctor Jorge PFLEGER dijo:

a. Respuesta a la primera cuestión I.- Me toca, en esta instancia, emitir el último voto en lo que atañe a la materia extraordinaria traída a instancias de la defensa del doctor Eduardo Samamé, destituido del cargo de Procurador General de la Provincia del Chubut por decisión del Tribunal de juicio político que así lo dispuso en la resolución que está añadida a este legajo.

II.- Eludiré marchar en el sendero que otros distinguidos colegas recorrieron con precisión, concisión y prolijidad, y -por tanto- no haré menta alguna de los antecedentes del caso, los motivos de la impugnación extraordinaria y otras misceláneas que se han producido en el recorrido de este procedimiento.

Iré con derechura, entonces, hacia los puntos álgidos o controversiales.

III. Fuera de dudas queda- así lo han estimado de manera precisa los votos que anteceden- la capacidad del Superior Tribunal de Justicia para intervenir en el asunto.

La doctrina que se ha citado por quienes lideran este Acuerdo resulta por demás atinada y delimita con perfección los contornos del control que ha de ejercerse.

La tarea que nos incumbe no es constituir un Tribunal de Alzada que se pronuncie sobre el mérito que el Tribunal Político realizó respecto de la conducta del incuso en su doble aspecto: en la apreciación de la prueba en que basó la conclusión, por una parte, y en la adecuación jurídica de esa especificidad.

Nuestra labor, como se ha explicitado por los pre-votantes con tino, estriba en el control de legalidad del proceso que dio pábulo a la sanción para verificar si alguno de los derechos reconocidos en las Constituciones Federal y Local han resultado vulnerados o alguna garantía (si aceptáramos esa distinción conceptual) sorteada o soslayada durante su desarrollo.

IV. Del mismo modo que ha hecho el doctor De Cunto, evocaré algunas reflexiones vertidas en autos "HUILINAO, Silvio Isidoro - PASCUARIELLO, Carlos Alberto s/ Denuncia (Expte. N° 49/03 C.M.)" (Expte. N° 19.618 - F° 103 - Letra "H" - Año 2004) en lo que al punto atañe. No abundaré en la trascripción completa de aquella; no. Solamente he de traer desde la memoria escrita los siguientes principios: por regla, no son susceptibles de impugnación las decisiones de los Tribunales de Enjuiciamiento, pero esa incolumidad cede ante la denuncia de una nítida, inequívoca y ostensible violación del debido proceso legal.

Si bien la Judicatura no ha de penetrar en el terreno de los hechos y de la adecuación legal de la conducta de los Jueces, que es materia privativa del Jurado de Enjuiciamiento- lo dicho al principio- sí deviene en deber inexcusable verificar que la conducta de éste se adecue a las normas que el Bloque Constitucional estatuye como garantías de todo procedimiento, para evitar el peligro que importa el ejercicio ilegítimo del poder.

No debe olvidarse que en palabras de la Corte, otra vez, el objetivo del instituto del juicio político, antes que sancionar al magistrado, es el de determinar si éste ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad, de manera que el sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que sus exigencias revisten una mayor laxitud.

Es obvio que la normativa provincial, como con precisión han valorado quienes me precedieron en el voto, sustrae de una discusión espinosa acerca del primer punto: la recurribilidad de las sentencias en los Juicios Políticos. Ello así pues, y adhiero a esa posición, la Constitución Provincial guarda silencio al respecto y tampoco refiere al tema la Ley V N° 79, la que - no obstante- se alinea con el precepto del art. 44 de la Constitución Provincial al consagrar la virtualidad de los principios que ilustran el debido proceso legal (con la consiguiente proscripción de obliterar el de defensa) y disponer la aplicación supletoria del Código de Procedimientos en materia penal (arts. 49 y 52). Esto conduce, sin posibilidad de error en el examen, a la operabilidad del instituto que consagra el recurso extraordinario del imputado, con base en estos defectos.

Siendo como es que el agravio del recurrente estriba precisamente en circunstancias de ese talante, no existe razón alguna que impida el examen.

V. Bien dice quien recomienda recato frente a opiniones variadas, coincidentes y fundamentalmente claras.

Las ponencias de los colegas me guían a esa actitud pues coincido con la solución que han dado al caso y - lo que es fundamental- con las razones que han esgrimido.

Me queda formular sólo algunos breves conceptos.

El término debido proceso legal se abastece con las exigencias que la ley impone a los órganos que en él intervienen, en cada caso. No es una fórmula vacía de contenido o un sonsonete que repica como argumento frívolo. Es la piedra angular de los caminos que transitarán los comportamientos estatales a la hora de arbitrar en un conflicto, cual sea, y es por ello que debe aceptarse toda denuncia seria que al apuntar el defecto demuestre el agravio padecido.

Involucra el trámite desde su inicio hasta el fin, de suerte que, acotando el caso concreto, envuelve al modo de construcción de la sentencia. Si bien es cierto que, como ya se expuso, no es aceptable penetrar en su ideología (por usar una palabra que se pretende denotativa) es función de este Tribunal - y así lo han entendido todos los Jueces aquí- observar la arquitectura sentencial para medirla con los cartabones ya expuestos.

VI. La Constitución Provincial manda que las sentencias de culpabilidad emitidas por los Tribunales de Juicio Político observen determinados requisitos. Se ha citado reiteradamente el art. 206 de la carta autonómica que es el que contiene esos imperativos.

La regla se refleja en las leyes que son sus derivadas, art. 40 y 41 de la Ley V N° 79, que exige una mayoría agravada para la destitución, constituida por votos nominales acerca de cada uno de los cargos, motivados en lo posible según la lógica de las sentencias, precedidos del análisis de las pruebas conforme las reglas de la libre convicción.

Entiendo por "lógica de las sentencias" lo que constituye su propia definición: la sentencia es una derivación razonada del derecho vigente con atención a las circunstancias particulares del caso. En nuestro supuesto se traduce en el resultado congruente producto del análisis de los cargos, el proceso mental que conduce a admitirlos o desecharlos en términos fácticos, el contraste con la hipótesis legal escogida.

Cuando en un Tribunal colegiado la sentencia es el producto de la conjunción de opiniones, la voluntad se forma mediando identidad en la consideración y fijación de los hechos y en la aplicación del derecho, en relación con la materia del pleito. Puede variar - claro- la apreciación que cada uno de los Jueces realice respecto de alguna prueba, pero lo inevitable es que la conclusión sea el corolario de opiniones idénticas sobre los tópicos que se consideran, pues ello se proyecta después sobre la administración ideológica de la hipótesis legal.

Si como se ha verificado aquí los votos de los integrantes de la Sala de Juzgar no han logrado mayoría al tratar los cargos sobre los que se basó la expulsión del Procurador General, pues entonces no hay sentencia; el pronunciamiento es nulo.

Comparto con el doctor Ferrari el hecho de que no es necesario reproducir el contenido de las acusaciones, pues de ello se han ocupado los Ministros Caneo, Royer, Velásquez y De Cunto a su turno, quienes, en la otra mano, han materializado los confrontes que, desde lo mío, arrojan iguales guarismos.

Solamente, y por consideración al destinatario de este pronunciamiento, queda por ratificar que, al igual que todos quienes han emitido su parecer, tengo para mí como irrefutable que en ningún caso se ha observado la fórmula establecida en la Constitución para justificar la deposición del Magistrado por quien se procura.

Así ha de declararse.

VII.- A pesar de que he sostenido otrora que en los supuestos como el que ocupa el Tribunal ha de devolver las actuaciones al Cuerpo de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento, basándome en lo que preceptúa el art. 386 del C.P.P.Ch, me apartaré de ese criterio ahora pues resultan convincentes y ajustadas a derecho las proposiciones de los demás integrantes en lo que atañe a la restitución del funcionario que goza actualmente de los beneficios de la jubilación ordinaria.

Los Magistrados que dieron su parecer han expresado argumentos que sólo cabe reproducir.

Comparto con el doctor De Cunto la idea de que en otras situaciones este pronunciamiento aparejaría la restitución del acusado que fuera suspendido (arts. 205, y 41 de la Ley V 79 y 203 de la Constitución Provincial). Pero comparto también con él y los demás la percepción de la particular circunstancia consistente en que el doctor Samamé gestionó los beneficios de la jubilación ordinaria antes de la emisión de la sentencia que lo destituyó y accedió a ello con posterioridad (obsérvese el trámite en el expediente que corre por cuerda) No obstante que en la certificación oportunamente expedida se consigna como causal de cese la "destitución", la realización de actos voluntarios encaminados a "cortar" el vínculo con la Administración que dieron como resultado la percepción de haberes en esa condición, no cambia el asunto.

Como bien ha señalado el doctor Velázquez la confluencia de dos situaciones una de ellas extirpada en esta sentencia, no quita valor a la que queda incólume que mantiene así su eficacia.

En resumen de cuentas no veo razón para apartarme de la posición que es mayoría al no encontrar argumentos potentes que se oponga a ella.

VIII. En lo que atañe a los salarios caídos o diferencias salariales, entiendo que la tópica excede el marco de competencia de este Tribunal, luego adhiero al rechazo.

IX. Por fin voto por tener presente la reserva del caso federal y la eventual denuncia del asunto ante el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos.

Así me expido y voto.

b. Segunda cuestión Adhiero a los contenidos de la respuesta dada por mi distinguido colega Daniel Caneo al respecto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A ---------------- 1º) Declarar parcialmente procedente la impugnación extraordinaria agregada a fojas 2783/2832 de autos, con costas.

2°) Declarar la nulidad de la sentencia que destituyó al doctor Eduardo Samamé (fojas 2675/2770 vta.).

3°) Rechazar el pedido de reincorporación del doctor Eduardo Samame en el cargo de Procurador General de la Provincia del Chubut.

4º) Rechazar el pago de los salarios que reclama.

5°) Protocolícese y notifíquese.- Fdo. Jorge Pfleger-Daniel Luis Caneo-Fernando S.L.Royer-Carlos A. Velásquez-Carlos Dante Ferrari-Aldo Luis De Cunto-Ante mi: Ricardo V. Pellegrini. Registrada bajo el n°9/2012.