marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad del acto jurídico, sentencia, violación
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MEREB c/ SAAD DE NAPADENSKY s/ RECURSO DE REVISION-SENTENCIA:FORMALIDADES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-08-04

El principio "non est pas de nullite sans grief" solo se aplica cuando el vicio haya influido realmente en contra de la defensa, restringiendo la audiencia o de prueba (art. 1271 CPC), porque solo entonces se habrá violado el "due process of law". Pero ello no excluye que excepcionalmente cuando el interés público se encuentre comprometido el legislador pueda describir formas y solemnidades para su resguardo y que, cuando sean violadas, merezcan tanto o mas que aquellas, la sanción de ineficacia.- Todo derecho positivo tiene su dogmática y de suyo, que nuestro código de procedimiento lo tiene y en su sistema de principios, cuenta este referido a la nulidad de los actos por vicios que afectan al inter es social, razón por la cual sus formas no solo estan prescriptas en los códigos de fondo y de forma sino que responden a expresas exigencias de rango constitucional.-
Contrato de trabajo, empleados públicos, personal contratado
Materia: LABORAL
Carátula: Ricci,  Horacio c/ Intervención-Sindicatura  ley 22229 y 22334 yotros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-20

En relación a la naturaleza de la relación del personal contratado de la administración pública ese sentido, la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación entendió que "Un personal contratado puede encontrarse en dos status diferentes. En un caso, revisten como incoporados a los cuadros de la administración invistiendo una verdadera condición de funcionarios o empleados públicos y, en el otro, aunque llamados a colaborar en la prestación de un servicio público mediante el contrato, no se les atribuye aquélla condición... se hallan equiparados al resto del pesonal administrativo (Dictámenes T.58 pág. 305, T.76 p-202, T.83 p-226). Trazar la línea divisoria entre los contratados, funcionarios o empleados públicos y los demás, no sólo no ha sido nunca fácil en los casos concretos, sino que, a veces, ha significado privar a quien trabaja de las garantías constitucionales del art. 14 bis. Por un lado se lo excluye de la estabilidad del empleado público y por otro y a la vez de la protección contra el despido arbitrario. Así, no queda aprehendido ni por un régimen, ni por otro y queda sumido en el desamparo.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, señales de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: MANINI NACUSI, OSCAR ALFREDO c/ LUIS ALBERTO ANDRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-22

La señal de "pare" funciona para quien la encuentra en su carril de circulación cual si fuera un semáforo en rojo constituyendo así la causa eficiente y adecuada origen del daño. Por lo que, en esta hipótesis no puede pretenderse la aplicación de la prioridad de pasa prevista para el caso de no existir señales en favor del vehículo que aparece desde la derecha.
Proceso judicial, principio de congruencia, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Ruiz, Oscar y otro s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-24

La alegación contenida en el escrito de agravios, en el sentido que el plazo prescriptivo habría sido interrumpido por una actuación anterior a la invocada oportunamente, no puede ser atendida, pues se violaría de ese modo el principio de congruencia procesal, al tratar un tema que no ha formado parte de los escritos constitutivos de la litis (art. 163, del CPCC).
Contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, validez del acto jurídico, gratificaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Esquerra, Rubén Omar c/ HSBC Bank Argentina S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-19

Corresponde rechazar una demanda por despido incoada por quien entendió que fue obligado a firmar sin asistencia letrada y bajo coerción un convenio de desvinculación en los términos del art. 241 LCT, toda vez que el actor formalizó un instrumento ante escribano público por el cual aceptó rescindir de común acuerdo la relación con la demandada. Y agrega que la posibilidad de aceptar una suma de dinero con motivo de una rescisión por mutuo acuerdo no implica que se trate de un acto encubierto que provenga de la voluntad unilateral del empleador.
Poder Ejecutivo, facultades del Poder Ejecutivo, remuneración, aumento salarial, docentes, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Rodríguez, Rafael Antonio y otros c/ Consejo Nacional de Educación Técnica s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

El ejercicio por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la facultad de incrementar las remuneraciones de los docentes, resultante de la Constitución Nacional anterior art. 86 inc. 1 no estaba sujeto a límite normativo alguno y sólo trasuntó una decisión de la autoridad en materia de política salarial,
Contravenciones de juego, tipo penal, juegos de azar
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, A. y A, R.B. s/ Ley Nro. 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-14

El artículo 3 inciso b) de la Ley Nro. 538 no exige la presencia de un apostador para la configuración de las contravenciones previstas en los artículos 2 y 3 de la Ley de Juegos de Azar (Ley Nro. 255), conclusión que en absoluto empece la sola circunstancia de estar definido en la Ley Nro. 538 lo que debe entenderse por "apostador". (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira)
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO, Derecho laboral, indemnización por incapacidad, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: Gravina, Oscar Felipe c/ Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado s/ Recurso de inconstitucionalidad-Indemnización art. 212, párrafo 4to.  Ley de contrato de trabajo (Expte. C.S.J. Nro. 542 Año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-29

Uno de los principios que presiden el régimen mutualista es que las prestaciones que atiende la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado (art. 11, ley 9816) se financian exclusivamente con el aporte mensual de sus afiliados. Todo lo que se recauda se distribuye en beneficios, salvo el porcentaje mínimo (8%) que la Caja retiene para sus gastos de funcionamiento. Ninguna norma de la ley 9816 establece incompatibilidad entre el cobro del seguro mutual en caso de invalidez (artículos 23/28) y la percepción de otros beneficios. Por su parte el párrafo 5 del artículo 212 L.C.T.

determina que "Este beneficio no es incompatible y se acumula con los que los estatutos especiales o convenios colectivos puedan disponer para tal supuesto". Por su parte, el beneficio establecido en el párrafo 4 del artículo 212 de la L.C.T. es -en cambio- (e independientemente de la naturaleza previsional o indemnizatoria que pueda atribuírsele y respecto de la cual existen variadas opiniones doctrinarias y jurisprudenciales) una prestación derivada del contrato de trabajo que la ley pone a cargo del empleador.
Hecho imponible, contrato de publicidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Favacard S.A.C.I. y F. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14

La colocación de la calcomanía por el comerciante está referida a una realización propia del comercio, ésto es el cobro de las mercaderías vendidas y la propaganda sobre esa y otras actividades, mientras sean vinculadas a la actividad de la empresa, no están comprendidas como hecho imponible. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio abreviado, prueba, prueba documental posterior a la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: DI LUCIANO, Víctor c/ Kalejman, Néstor; Ranno, Francisco y Echegaray, Teófilo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-10-31

El recurrente peticiona el replanteo de pruebas denegadas en primera instancia y el tratamiento por esta Cámara de una documentación de fecha ulterior al fallo de primera instancia. Ambos pedidos resultan improcedentes, puesto que las normas en las que de modo respectivo se funda sólo resultarían eventualmente aplicables en caso de apelación de sentencia definitiva en proceso ordinario; pero nunca en uno abreviado como el que rige la tramitación de esta causa, siendo tal vez sobreabundante evocar que la Justicia de Paz Letrada no ostenta competencia para conocer de procesos ordinarios, sino sólo abreviados y monitorios.
Régimen penal tributario, responsabilidad tributaria, personalidad de la pena
Materia: TRIBUTARIO-PENAL
Carátula: Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ D.G.I. s/ Determinación de Impuestos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Juicios en que es parte una provincia, daños y perjuicios, inundación, minería, productos mineros, prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL-MINERO-ADMINISTRATIVO
Carátula: Pronar Sociedad Anónima Mineral, Industrial y Comercial c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Corresponde rechazar la prescripción si en el caso en que se demandó a una provincia por los daños causados por inundaciones que afectaron una propiedad minera, el mantenimiento de la conducta ilícita que origina la obligación civil de resarcir no constituye un perjuicio que esté en proceso de evolución con independencia de la conducta indebida.
Convenios colectivos de trabajo, trabajadores de la industria gráfica, adicionales de remuneración, adicional por antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: RIVAS, ROSARIO MARIA c/ CELOPRINT  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31

La acumulación del beneficio establecido por el artículo 70 del convenio colectivo de trabajo 12/75 (diferencias que surgen a los 4, 8, 12 y 20 años según categoría) es correcta cuando se trata de trabajadores que por la índole de las tareas que desempeñan no tienen acceso a la carrera prevista en el cuadro general de categorías; pero cuando se tiene asignada una categoría, la antiguedad solo da derecho a cobrar la bonificación equivalente a la diferencia existente entre la que se revista y la inmediata superior, y nunca a que se acumulen a las correspondientes a categorías anteriores, porque éstas están involucradas en el básico que va evolucionando en base a la carrera prevista en el cuadro general de categorías.
Recurso de casación, mantenimiento del recurso, constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: HERRERO, Juan s/ Por Lesiones art. 94 C.P. en Perjuicio de Liliana Gil de Arredondo - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-10-19

Lo cierto es que la norma del artículo 431 de nuestro ordenamiento procesal establece una exigencia legal dirigida a exteriorizar la vigencia del interés actual ante el Tribunal revisor para habilitar la correspondiente instancia, la que no se satisface con la mera concurrencia de la parte y su consecuente notificación sin una positiva manifestación en el sentido de exteriorizar la voluntad de mantener el recurso concedido, debiendo tenerse presente que el recurrente fue oportunamente emplazado en la instancia de mérito.

Corresponde declarar desierto el recurso de casación interpuesto si el recurrente no cumplió en debida forma con el emplazamiento establecido... atento la expresa previsión contenida en el artículo 431 del C.P.P. el recurso interpuesto, al no haber sido mantenido en tiempo y forma debe declararse desierto, debiendo en consecuencia procederse a su archivo...

Las normas procedimentales no atentan contra el derecho de todo imputado de que las resoluciones que a su respecto se dictan en un proceso, sean revisadas por el tribunal superior, pero sí son condicionantes del ejercicio de tal derecho a los fines de no afectar el debido proceso y la defensa en juicio. En tal sentido resulta oportuno destacar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada en el caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", parágrafo 161, donde se dijo, al tratar el tema de la necesidad de asegurar una instancia de control "... cuyo acceso puede ser objeto de regulación mientras las restricciones o requisitos no infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo".

De modo que es por demás claro que el derecho del imputado a la revisión del fallo que lo condena no obsta la regulación de ciertos pasos para llegar a tal fin. Y no se advierte que la norma procedimental que prevé el "mantenimiento del recurso", con criterio de demostrar la voluntad de su vigencia, afecte la esencia misma de la facultad impugnaticia.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, venta de cosa futura
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ZANGARO JUAN CARLOS Y OTRO c/ GUTIERREZ SANDRA LORENA Y OTRO s/ D. Y P. DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE PARTICULARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-08

Si la diferencia de superficie en exceso o faltante entre la real y la expresada en el contrato fuese del vigésimo o más, el vendedor y el comprador respectivamente pueden reclamarse diferencias de precio o en mas o en menos, según el caso, con el agregado de que si la diferencia fuere en exceso el comprador podrá optar por tomar el excedente pagando la diferencia o dejar sin efecto el contrato, facultad resolutoria que no tiene cuando la diferencia consiste en faltante (Gregorini Clusellas "Derechos Personales en las relaciones Civiles" en "Código Civil y Normas Complementarias Análisis Doctrinario y Jurisprudencial" dirigido por Alberto Bueres y Elena Highton tomo 3.c. páginas 374 y siguientes Ed. Hammurabi). (del voto del Dr. Trocoso, en adhesión).

Fuente del sumario: OFICIAL
Daño moral, filiación, reconocimiento de hijo extramatrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: S., M.G. y otro c/ D., H,H, s/ FILIACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-31

Del voto del Dr. Liberman:

La procedencia de la pretensión resarcitoria de daño moral depende en mucho de las particularidades de la situación. El daño moral, como cualquier otro daño, debe ser probado, pero en algunos casos el juez puede presumirlo. Desde este enfoque si en el caso, se realizan tratativas extrajudiciales para obtener el reconocimiento cuando el menor cuenta con 10 años y la demanda se promueve 3 años después y el padre pese a que conocía los hechos y la citación a juicio no contesta el reclamo y efectúa el reconocimiento luego de someterse a una prueba genética, su renuncia autoriza a otorgar este tipo de compensación.
Compraventa inmobiliaria, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: AÑASCO DE POLIDO, MARIA CELIA c/ SAGUAYPE SOCIEDAD ANONIMA s/ Resolución de Contrato.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-16

Producida la resolución de un contrato de compraventa por culpa de la vendedora las prestaciones cumplidas por la adquirente quedan despojadas de causa, por lo que la enajenante debe restituir las sumas percibidas, como las obladas en concepto de sellados y comisión, actualizándolas según precios al por mayor nivel general desde la fecha de cada erogación hasta el momento de la restitución o efectiva percepción por el acreedor y sobre las sumas revaluadas se computarán intereses a la tasa del seis por ciento anual.
Despido, despido por falta o disminución de trabajo, establecimiento comercial, habilitación del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: CAPOZZOLI DE GUASSADO, MARIA BEATRIZ c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-29

La falta de habilitación municipal, en virtud de no reunir la empleadora los requisitos previstos en la reglamentación pertinente, no reviste el carácter de causa inimputable como para justificar el despido por falta de trabajo, en los términos del art. 247 LCT.
Tipo penal, bien jurídico protegido, seguridad pública, mayoría de edad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Pinto Samudio, María del Pilar c/ infr.  art.  89 y 104 Ley 1472-Apelación s/ infr.  art.  89 y 104 Ley 1472-Apelación Ley 1472-Apelación s/ infr.  art.  89 y 104 Ley 1472-Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-06

Para la comisión de las conductas descriptas en el artículo 89 del Código Contravencional (Ley Nro. 1472) sólo se requiere la venta o suministro de bebidas alcohólicas en el horario delimitado expresamente por el legislador -23:00 a 08:00 hs.-, excluyéndose la punibilidad de dicha materialidad infraccionaria cuando el expendio se efectua bajo la modalidad de reparto a domicilio o en locales habilitados siempre que el consumo se produzca en su interior, sin que la norma aluda a la mayoría edad de los eventuales consumidores como otra hipótesis de exclusión junto a las enunciadas.
Sentencia, fundamentación de sentencias, prueba prohibida
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MONTIEL, ESTANISLAO s/ IMPUTADO - POLICIA JUDICIAL - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1958-04-25

Si el testimonio del policía, del cual se sirve la sentencia de manera principal para declarar homicida al imputado, padece en su contenido del vicio de ilegalidad por ser contrario a los arts. 192, inc. 7mo., 243 y 248, C.P.P., no ha podido motivar legalmente la sentencia si esta se funda de manera principal en esa prueba ilegal y resulta nula (C.P.P., ley 3831, art. 432, inc. 3ro.).-
Instrumentos públicos, redargución de falsedad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., N. Z. c/ A., J. A. s/ Incidente de rendición de cuentas y liquidación sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

Quien querella corre con la carga de la prueba de la falsedad con que impugna el documento.
Competencia contencioso administrativa, excepción de incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jalil, José Elías c/ Concejo Deliberante del Municipio de Paclín s/ Acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1994-02-22

Corresponde hacer lugar a la excepción de incompetencia planteada por el demandado, ante la prueba de la extemporaneidad del recurso deducido por el actor. En efecto, dicha circunstancia implica que el acto que se pretende impugnar ha quedado firme, entendiéndose por tal como aquél que siendo susceptible de impugnación ha sido consentido por el sujeto afectado, al haber dejado vencer el término legal para interponer el recurso administrativo. En consecuencia ante el incumplimiento de dicho requisito no corresponde habilitar la competencia contenciosa administrativa de la Corte de Justicia para que ésta ejerza su jurisdicción exclusiva y originaria en dicha materia.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Heit, Eduardo Ernesto s/ Inf. Art. 296 e.f. art. 292 C.P...', incidente apel. reg. honorarios y solic. reg. hon. 2da inst. (en expte. nro 121/08 JF2-6)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-11

El abogado que desempeña el rol de defensor en el proceso penal reviste sólo la calidad de defensor, con derechos y obligaciones de parte -art. 104 y sgtes. del CPPN-.por lo que no puede además actuar en el mismo proceso como apoderado o patrocinante, debiendo fijarse la retribución a su tarea según las pautas del art. 6 incisos b), c), d), e) y f) de la Ley 21.839 y las etapas previstas en el art. 45 de la misma ley. (del voto en disidencia del Dr. Pablo A. Candisano Mera)
Inconstitucionalidad, declaración de oficio, Constitución Provincial, Constitución Nacional, acción de amparo, interpretación de la ley, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Herrera, Floridor c/ Banco de Catamarca s/ Indemnización POR DESPIDO, ETC. - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-06-23

La recurrente pretende que los Sres. Jueces de grado y en esta instancia la Corte de Justicia debió y debe proveer la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial 4313 -Carta Orgánica del Banco de Catamarca- ex oficio.

Al respecto cabe considerar que n o existe en la Constitución Provincial norma que habilite tal pronunciamiento oficioso y en relación a la Constitución Nacional y, a pesar de la opinión de cierta corriente doctrinal, acerca de que la Reforma de 1994 habría incorporado por vía del art. 43 la atribución judicial para la declaración de oficio de la inconstitucionalidad, se puede afirmar en una interpretación ajustada del artículo, que la norma tan sólo abre la posibilidad por la vía excepcional de la acción de amparo, poniendo así punto final a la discusión doctrinaria y jurisprudencial de si el análisis de constitucionalidad era compatible, por su naturaleza y amplitud, con el carácter sumarísimo del amparo, sin que de ello pueda inferirse la eximición de actividad de parte. No siendo éste el caso de autos, corresponde el rechazo del recurso de casación por este agravio.
Cesantía, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Viera, Carlos Alberto c/ Municipalidad de Zárate s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

Si conforme las circunstancias del caso y la normativa aplicable, el actor pudo haber sido sancionado con una pena menor, resulta indispensable para la validez del acto que se expusieran en forma concreta las razones por las que optó por la sanción expulsiva.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concurso preventivo, quiebra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Estrella de Mar S.A. Quiebra s/ Incidente distribución parcial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

El pronunciamiento de la Cámara que confirma (o rechaza) la aprobación del proyecto de distribución de fondos no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que ha sido dictado con posterioridad a la sentencia que declara la quiebra.
Obligación tributaria, hecho imponible, IVA, impuesto a la compra y transferencia de automotores
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Autolatina Argentina S.A. (T.F. 12.463-I) c/ D.G.I. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-20

Corresponde revocar la sentencia apelada del tribunal fiscal y dejar sin efecto la determinación de oficio practicada por la D.G.I., mediante la cual se impugnó la declaración jurada del IVA correspondiente al ejercicio 1984, incrementando el débito fiscal con correlativa disminución del saldo a favor de la contribuyente.

(La cuestión nuclear debatida en el proceso remite a la base imponible del IVA bajo la vigencia de la ley nº 20.631 y sus modificaciones, sobre operaciones de ventas de automotores entre su empresa fabricante y grupos de compradores suscriptores de planes de ahorro, gestionados por una sociedad administradora y la mediación de agentes concesionarios de la recurrente, consistiendo el problema fundamental en resolver si aquella base debe cuantificar en función del precio de plaza pagado y vigente a la fecha de su concertación y adjudicación del automotor (tesis de la contribuyente); el de plaza al tiempo de su posterior facturación y entrega, por ser éste el momento en que se perfecciona el hecho imponible generador del tributo (tesis fiscal); o bien el originariamente concertado, repotenciado en el montante del pago anticipado en proporción al incremento del precio entre la fecha de su concertación y pago y la del devengo del impuesto (tesis de la decisión recaída).