Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-08


Trelew, 08 de febrero de 2.007.- VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 27vta., contra la sentencia de fs. 25/27, concedido que fuera el mismo a fs. 28, fundado mediante el memorial de agravios de fs. 30, corrido traslado a la contraria a fs. 31.

Y CONSIDERANDO:

I.- El decisorio apelado resuelve declarar la nulidad de la cédula de notificación del traslado de demanda que obra glosada a fs. 8 y de las actuaciones posteriores dictadas en su consecuencia.- II.- La parte actora apelante se agravia de lo resuelto por cuanto invoca que la nulidad dispuesta violenta el instituto de la preclusión procesal. Afirma que la notificación se realizó en el domicilio real denunciado con las formalidades del art. 339, CPCC.

Señala que la demandada no denunció ningún otro domicilio real, ni alegó que la supuesta indefensión estuviere relacionada con el traslado de la demanda en un domicilio distinto al real que se denunciara por su parte, por lo que entiende la notificación del traslado de la demanda debe tenerse por realizada en forma válida.

Esgrime que el principio de preclusión procesal veda al tribunal declarar de oficio una nulidad relativa ya consentida. Peticiona se revoque la sentencia dictada en todas sus partes y se ordene continuar al procedimiento en la etapa procesal que se encontraba con costas a la demandada.

III.- El Sr. M., por intermedio de su letrado apoderado Dr. J. G. V., promovió en autos demanda laboral contra la Sra. B. el 18/04/05 (ver fs. 4/5). A fs. 8 obra cédula que con fecha 26/05/05 fuera diligenciada a fin de notificar el traslado de la demanda en el domicilio real denunciado. A continuación, a fs. 9, con fecha 07/06/05 y previo al vencimiento del término para contestar demanda, el actor, por su propio derecho, con patrocinio letrado, se presenta a los fines de desistir de la acción y del derecho.

El 09/06/05, en virtud del desistimiento formulado, el 'a quo' cita a primera audiencia al actor a fin de ratificar o rectificar el mismo (ver fs. 10). Con posterioridad a ello, la primera petición que se realiza es la de sacar el expediente de paralizados el 24/07/06, concurriendo el 01/08/06 el actor al Juzgado a fin de manifestar que no ratificaba el desistimiento formulado a fs. 9 (ver fs. 13).

Ello así, notificada la parte demandada de la providencia que ordenaba la extracción de la causa de paralizados, a fs. 16, el 22/08/06, se decreta su rebeldía y se tiene por incontestada la demanda. Sin que esta última fuera notificada de dicha providencia, promueve a fs. 18/19 incidente de retrogradación o de nulidad del procedimiento.

La demandada en su presentación de fs. 18/19 invoca que no compareció a contestar demanda por razones que no le son imputables. Puntualiza que el día 26/05/05 se le corrió traslado de la demanda y el 07/06/05 el actor presentó un escrito desistiendo de la acción y del derecho. Relata los motivos a los que obedece la actitud del actor. Afirma que fue junto con el actor al juzgado a llevar el escrito de desistimiento.

Invoca que no concurrió al juicio en el convencimiento de que con esa presentación finalizaba el pleito. Esgrime que si el actor no hubiera presentado el escrito desistiendo de la acción y del derecho hubiera contestado demanda y ofrecido toda la prueba que hace a su defensa.

Sostiene que el cambio en la decisión de la parte actora debió hacerse conocer necesariamente a la demandada para que a partir de ese momento comience a correr el plazo para contestar la demanda. Sostiene que la declaración de rebeldía es de interpretación restrictiva. Ofrece prueba.- Al contestar el actor el traslado que le fuera conferido señala que el desistimiento formulado por su parte no interrumpió el plazo para contestar la demanda, señala asimismo que el instituto de la preclusión procesal impide la retrogradación del proceso que pretende introducir la demandada.- Resuelve el Sentenciante de Grado el incidente planteado declarando de oficio la nulidad de la cédula de notificación de traslado de la demanda glosada a fs. 8, por haberse practicado la misma en un domicilio distinto del real del demandado.-- Si bien no obsta a su declaración la falta de planteo, por cuanto es criterio sostenido por esta Sala que cualquier vicio manifiesto en el traslado de la demanda y su notificación, por constituir dichos actos condiciones indispensables para que existe una litis válida, da al pie al juzgador para declarar la nulidad ex officio (esta Sala, SIC 32/02, 14/06, entre otras), obsta a su procedencia el conocimiento del acto afirmado por la propia incidentista, quien a fs. 18 puntualiza "que el día 26 de Mayo de 2005 se le corrió traslado" a su parte de la demanda.- Ello así, el afirmado conocimiento del acto obsta a la nulidad declarada.- Es que, la omisión de las notificaciones, o su defecto, se subsanan por el conocimiento que la parte tenga del acto procesal. Al tomar conocimiento la parte interesada del acto cuya notificación faltó o se hizo en forma irregular, al haberlo consentido expresa o tácitamente, no corresponde admitir nulidad alguna (Alberto Luis Maurino, "Nulidades procesales", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1.999, pág. 132 y ssgts.).

En tal sentido, ha de revocarse el decisorio en crisis en cuanto declara de oficio la nulidad de la notificación del traslado de demanda, cuya cédula obra glosada a fs. 8 y de las actuaciones posteriores dictadas en su consecuencia.- Sentado lo expuesto en los párrafos precedentes, la conclusión a la que se arriba exige, por imperio de la apelación implícita, que se ingrese en la consideración de los restantes argumentos planteados por la incidentista de fs. 18/19.

Es que, pudiendo apelar solamente de una resolución la parte que resulta vencida y sufre un gravamen o perjuicio como consecuencia de ella, aquellas defensas o argumentos planteados oportuna y debidamente por el vencedor en primera instancia y que fueron rechazados o no considerados por el juez de primera instancia -y de lo que no podía apelar por resultar vencedor en el litigio-, quedan, mediante el recurso concedido al vencido, implícitamente sometidas al conocimiento del tribunal de alzada, aun cuando tales defensas o argumentos no hayan sido reiterados por el vencedor en oportunidad de contestar la expresión de agravios; y si la Cámara revoca la decisión de primera instancia no debe devolver la causa al 'a quo' para que se pronuncie sobre las otras defensas o argumentos no analizados por este último en su sentencia, sino que el tribunal de alzada debe resolver directamente todos los temas que integran la relación procesal, sin que con ese proceder se vulnere la defensa en juicio, ni el principio de igualdad, ni el régimen de la doble instancia (Roberto G. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989, t. 1, pág. 78 y ssgts.).

En ese análisis, corresponde puntualizar que los plazos procesales son susceptibles de suspensión o de interrupción. La suspensión de los plazos procesales puede producirse de hecho, por resolución judicial o por acuerdo de partes.

La primera hipótesis se verifica cuando median contingencias procesales incompatibles con la continuidad del plazo fijado para el cumplimiento de uno o más actos (Lino Enrique Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1.972, t. IV, pág. 79).- Ello así, la presentación concretada por la parte actora a fs. 9, el 07/06/05, desistiendo de la acción y del derecho invocado, con anterioridad a que venciera el término para contestar demanda, término que vencía el 10/06/05 a las 9 hs., importó la suspensión del plazo para contestar la acción incoada por resultar incompatible el desistimiento manifestado con la continuidad del proceso, por cuanto el desistimiento del derecho constituye el acto en cuya virtud el actor declara su voluntad de abdicar del ejercicio del derecho material invocado como fundamento de su pretensión y trae aparejado el desistimiento de la pretensión, ya que no cabe concebir la subsistencia de una pretensión despojada de su fundamento sustantivo (Lino Enrique Palacio, Op. Cit., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1.975, t. V, pág. 536).

Y, debía ser notificada la contraria de la negativa a ratificar el desistimiento formulado, a fin de que se reanude el término con el que contaba a los fines de contestar la demanda presentada en su contra, ya que deben notificarse por cédula las resoluciones que importen la reanudación de plazos suspendidos por tiempo indeterminado (art. 76, ley 69; art. 135, inc. 6°, CPCC).

Por otra parte, autorizada doctrina sostiene que la resolución que rechaza el desistimiento y dispone, por ende, la prosecución del proceso, debe revestir la forma de una sentencia interlocutoria (art. 162, CPN) (Lino Enrique Palacio, Op. Cit., t. V, pág. 544), merecedora también de ser notificada por cédula (arts. 17, inc. b) y 76 ley 69; art. 135 incs. 13 y 18, CPCC).

Ello así, es nulo el procedimiento seguido adelante sin que la negativa a ratificar el desistimiento formulada por el actor fuera notificada a la parte demandada, siendo que la notificación de la providencia que dispuso la extracción de la causa de paralizados y su puesta en mesa de entradas a disposición de las partes ningún dato aportaba a la incidentista de la actitud asumida por el demandante.- Es que, no debe olvidarse que en el sub examine se vela por un principio de orden superior al de preclusión procesal, como lo es el derecho de defensa en juicio.

En tal sentido, le restan a la demandada 3 días hábiles, con más las dos horas de gracia del siguiente, a fin de contestar la demanda que tramita en su contra, plazo que ha de computarse a partir de la notificación de la presente sentencia a dicha parte, por lo que ha de disponerse la inmediata devolución del expediente al juzgado de origen.- Atento el modo en que se resuelve corresponde readecuar la imposición de costas y la regulación de honorarios (arts. 76 ley 69, 279 CPCC), resultando pertinente imponer las costas de ambas instancias al actor perdidoso (arts. 68, 69 y concs., CPCC), regulándose los honorarios por la actuación en la instancia antecedente, correspondientes a los Dres. C. F. M. y J. G. V., en mérito a la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida, el carácter en que intervinieran y el resultado obtenido, en un 1,4 % y un 1,3 %, respectivamente, del monto que en definitiva resulte del transcurso del proceso, porcentajes que no podrán ser inferiores a la suma de cincuenta pesos (arts. 6, 7, 9, 33 y concs., ley 2.200 y modif.).

Por su actuación ante esta Alzada corresponde regular los honorarios del Dr. G. V. en un 25 % de los que a su favor fuera regulados por su actuación en la instancia antecedente (art. 14, ley 2.200 y modif.).

En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut RESUELVE:- Revocar el decisorio de fs. 25/27 en cuanto resuelve declarar la nulidad de la notificación del traslado de demanda, cuya cédula obra glosada a fs. 8 y de las actuaciones posteriores dictadas en su consecuencia.

Declarar la nulidad de los actos procesales cumplidos con posterioridad a la audiencia de fs. 13.- Establecer que le restan a la demandada 3 días hábiles, con más las dos horas de gracia del siguiente, a fin de contestar la demanda que tramita en su contra, plazo que ha de computarse a partir de la notificación de la presente sentencia a dicha parte, por lo que ha de disponerse la inmediata devolución del expediente al juzgado de origen.- Imponer las costas de ambas instancia al actor vencido (arts. 76, ley 69, 68, 69, 279 y concs., CPCC).

Regular los honorarios por la actuación en la instancia antecedente, correspondientes a los Dres. C. F. M. y J. G. V., en mérito a la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida, el carácter en que intervinieran y el resultado obtenido, en un 1,4 % y un 1,3 %, respectivamente, del monto que en definitiva resulte del transcurso del proceso, porcentajes que no podrán ser inferiores a la suma de cincuenta pesos (arts. 6, 7, 9, 33 y concs., ley 2.200 y modif.).

Por su actuación ante esta Alzada regular los honorarios del Dr. G. V. en un 25 % de los que a su favor fuera regulados por su actuación en la instancia antecedente (art. 14, ley 2.200 y modif.).

La presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. S. R. L. (art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 01 DE 2007 - SIL.- CONSTE.- c.

CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA