Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-12


SENT Nro. 878 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 12 de Noviembre de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Gemsa Automotores S.A. vs. Gálvez, Marcelo Ramón s/Ejecución prendaria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur y, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 164/169 por demandado Marcelo Ramón Gálvez en contra de la sentencia de fecha 30/9/2002 dictada por la Sala IIIº de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

El pronunciamiento recurrido (fs. 161 y vta.) confirmó la sentencia de Iº instancia, que oportunamente rechazara la excepción de inhabilidad de título opuesta por el demandado y mandara llevar adelante la presente ejecución.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 06/3/2003 que glosa a fs. 188, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al recaudo de definitividad del pronunciamiento impuesto por el art. 813 del CPCC, puede considerarse satisfecho en la especie. Si bien como principio, la sentencia emanada del juicio ejecutivo no reviste la calidad de definitiva a los fines del recurso de casación, en tanto proceda una vía posterior mediante juicio de conocimiento (arts. 544 y 814 CPCC), existe una excepción restringida al supuesto de rechazo de una excepción de inhabilidad de título en aquellas cuestiones inherentes exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, que adquieren la calidad de cosa juzgada material; y siendo que tampoco pueden discutirse nuevamente las interpretaciones legales formuladas en la sentencia (art. 544 tercer párrafo CPCC), el pronunciamiento impugnado, por la forma en que fue resuelto -confirmando el rechazo de la defensa de inhabilidad de título-, admite su encuadramiento dentro de la preceptiva del art. 813 inc. a de la ley adjetiva" (CSJT, sent. 469, "Banco de la Nación Argentina vs. Seleme José Nicolás y otro s/Ejecución Hipotecaria" del 12/6/2001; sent. 473, "Banco de la Nación Argentina vs. Seleme José Nicolás y otro s/Ejecución Hipotecaria", del 12/6/2001; sent. 669, "HSBC Banco Roberts S.A. vs. Celano S.A. s/Cobro Ejecutivo" del 22/8/2001; entre otros). Se advierte que lo aquí resuelto, no podrá renovarse en un juicio de conocimiento posterior, circunstancia que i mpone pronunciarse positivamente respecto de la definitividad del decisorio impugnado.

III.- Se invoca como quaestio iuris (art. 815 procesal), la infracción a la preceptiva del art. 36 de la ley 24.240 de defensa del consumidor, que impone los requisitos que bajo pena de nulidad, debe contener el documento que instrumente la operación de crédito para la adquisición de cosas o servicios.

Se agravia el recurrente de que el pronunciamiento haya ignorado los argumentos expresados para fundar la excepción de inhabilidad de título oportunamente opuesta por su parte. Destaca que el contrato prendario no consigna el precio de contado del automóvil, ni el total de los intereses a pagar, ni los demás gastos que imponía el contrato (seguro, patentamiento, etc.), tal como exige la norma citada, bajo pena de nulidad.

Se agravia asimismo de que se rechazara el argumento referido a la caducidad de la inscripción del contrato prendario, alegada para justificar la posición asumida durante la tramitación de la causa. Destaca que su parte no planteó la defensa mencionada en la etapa procesal oportuna, sencillamente porque a esa fecha la caducidad de la inscripción no se había producido. Sostiene que la propia ley de prenda, 12.962, prevé que si durante la ejecución judicial de la prenda se produce la caducidad de la inscripción respectiva, el juez puede ordenar a instancias del acreedor, la reinscripción de aquella, todas las veces que fuera necesario. Expresa que durante la tramitación del presente juicio, se produjo el vencimiento del plazo de 5 años previsto para la caducidad de la inscripción del contrato prendario (art. 23 de la ley 12.962), sin que se peticionara la reinscripción correspondiente. Afirma que para llevar adelante una ejecución como la de autos, no basta con alegar la validez del contrato que se ejecuta sino que es necesario mantener la eficacia del mismo a lo largo de todo el proceso. Afirma que la Sala a quo prescindió arbitrariamente de esta directiva en perjuicio de su parte.

Desde otro enfoque, se agravia de que el tribunal de alzada haya omitido el tratamiento del agravio referido a la falta de legitimación pasiva, fundante de la excepción de inhabilidad de título articulada por su parte.

Expresa que tal como lo acreditó en autos, transfirió el dominio del automóvil prendado a un tercero, suscribió la documentación pertinente, formalizó la denuncia de venta por ante el Registro del Automotor; todo ello, con conocimiento de la firma actora y no obstante lo cual, se la demandó reclamando el pago de venta del vehículo.

Se agravia de que la Sala a quo haya sostenido que el deudor no podía enajenar el bien prendado y que la propia norma establece los efectos derivados de una venta en esas circunstancias (la continuidad de la prenda en idénticas condiciones, inclusive la responsabilidad del enajenante). Expresa que la cita del precepto legal es incompleta y que conforme el art. 9 de la ley 12.962 la posibilidad de enajenación del bien prendado no está vedada sino condicionada a que el adquirente asuma el pago de la deuda garantizada, en cuyo caso, continúa en vigor la existente, bajo las mismas condiciones, inclusive en cuanto a la responsabilidad del enajenante.

Destaca que en las sucesivas transmisiones del automotor, los adquirentes (Salinas, Gómez, Delgadino y Aráoz) asumieron la deuda garantizada con la prenda e incluso, acordaron con la actora, una nueva forma de pago; extremos que acreditó con la documentación presentada a fs. 109/119 y 121/124. Considera que si bien su responsabilidad se extiende a los incumplimientos de los sub-adquirentes, la actora debía probar este extremo para recién ejercer la acción en su contra. Pone de resalto que ello impediría el enriquecimiento sin causa del acreedor, mas aún cuando -como en el sublite- su parte efectuó pagos parciales a los que se deben adicionar los realizados por los terceros sub-adquirentes.

Se agravia asimismo de que se hubiera denegado la apertura a pruebas de la causa, afirmando que ello hubiera permitido a su parte demostrar los hechos en que funda su posición. Señala que ello afecta derechos y garantías de raigambre constitucional y asume caracteres de gravedad institucional que justifican el remedio interpuesto.

El recurrente propone la doctrina legal que estima aplicable al caso y hace reserva del caso federal.

IV.- Visto el recurso, y por tratarse de un proceso de ejecución, se analizarán en primer término, los agravios referidos a la idoneidad del título cuya ejecución se persigue en autos.

Asiste razón al recurrente en tanto la caducidad de la inscripción del contrato prendario tiene directa incidencia en la procedencia de la ejecución promovida por el actor.

En autos, Gemsa Automotores S.A. promovió la ejecución de la prenda ofrecida en garantía de su crédito, conforme el procedimiento especial previsto en el art. 29 del dec. ley 15.348/46 (ADLA, VI, 578) ratificado por ley 12.962 (ADLA, VII, 229). Ello surge de los propios términos de la demanda interpuesta a fs. 9/10 vta. (cfr. punto IV de fs. 9 vta.). Se acompañó al escrito de demanda, el certificado de prenda que sirve de título ejecutivo a la acción intentada (conf. art. 26 del dec. ley 15.346/46) debidamente inscripto en el Registro Prendario.

El demandado Marcelo Ramón Gálvez se apersonó en autos a fs. 27/30 y opuso excepción de inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva. A fs. 66/67 (ampliada a fs. 69), el demandado denuncia la caducidad de la inscripción del contrato prendario; cuestión que conforme se provee, quedó pendiente para su oportuna valoración (cfr. proveído de fs. 70).

Al analizar la incidencia de la caducidad de la inscripción de la prenda mencionada respecto de la ejecución promovida en autos, la juez a quo no obstante admitir que se trata de una cuestión controvertida, entendió que la falta de reinscripción del contrato prendario -operada la caducidad de la inscripción durante la tramitación de la causa- "no perjudica la habilidad del título ni enerva su fuerza ejecutiva" (fs. 128/130).

Apelada la resolución de Iº instancia por el demandado, el tribunal de alzada puntualizó que si bien el art. 30 inc. 5 de la ley 12.962 prevé como excepción admisible en el proceso de ejecución prendaria, dicha defensa no había sido opuesta por el demandado en autos. Desestimó asimismo, la postura asumida por el ejecutado, afirmando que la caducidad de la inscripción no obsta a su calidad de deudor y al derecho del acreedor a perseguir el cobro por esta vía; más aún cuando la autenticidad del contrato base no fue cuestionada (cfr. fs. 161, último párrafo).

V.- Si bien se trata de una cuestión ampliamente debatida en la doctrina y en la jurisprudencia, esta Corte adhiere al criterio según el cual el sistema procesal impuesto para este tipo especial de ejecución, exige la inscripción del contrato prendario para la conformación del título que se pretende ejecutar. Tal como se ha entendido, el art. 26 de la ley de prenda -que regula el procedimiento ejecutivo especial analizado- determina que el título es el certificado que acredita la inscripción del contrato prendario por ante el Registro especial; criterio que se ve reforzado por el art. 29 del mismo cuerpo normativo, que impone acompañar a la demanda en cuestión, el certificado correspondiente. Desde esta perspectiva, la admisión del título esgrimido por el actor (el certificado) supone la existencia de un contrato de prenda debidamente inscripto y cuyos efectos deben mantenerse al momento de valorar la habilidad del mismo (cfr. arg. CSJMendoza, Sala I, sent. del 27/6/89, LL 1989-E, 376).

El art. 4 de la ley 12.962 establece que "el contrato produce efectos entre las partes desde su celebración y con respecto a terceros, desde su inscripción en la forma establecida por la ley" y si bien reafirma el régimen sustancial de naturaleza declarativa previsto por el art. 2505 del Cód. Civil, impone recaudos particulares a quien pretende ejercer los derechos derivados de la garantía prendaria, por la vía ejecutiva especial.

Refuerza este criterio la preceptiva del art. 23 del dec. ley 15.348/46, que determina la caducidad de la prenda cumplido el plazo de 5 años a contar desde la inscripción del contrato respectivo en el registro correspondiente. La norma no practica distinción alguna entre las partes y los terceros pronunciándose por la caducidad de la prenda de forma automática y por el sólo transcurso del plazo legal señalado (cfr. CCiv. y Com., Santa Fe, Sala I, sent. del 19/4/2001, "Sifa S.A. vs.- Ramírez, Dionisio J.", LL Litoral, 2002, 1287); sin que corresponda hacer una interpretación que carece de apoyo legal.

La misma norma sienta la directriz según la cual, si se hubiera iniciado la ejecución prendaria estando vigente la inscripción y el vencimiento del término de 5 años se produjera durante la ejecución, el acreedor debe requerir al juez ordene la reinscripción del contrato prendario; extremo que condiciona la habilidad del título esgrimido y permite superar las consecuencias derivadas de la caducidad de la inscripción.

Desde este enfoque, el certificado pierde su ejecutividad como título ejecutivo hábil conforme a la ley de prenda, pues aun cuando la caducidad se haya producido una vez iniciado el proceso, alcanza a las partes y a los demás terceros.

En nada empece a la procedencia de la defensa articulada, que la caducidad de la inscripción no se haya opuesto como excepción puntual en la etapa procesal oportuna. De un lado, y tal como lo señalara el recurrente, al momento de oponer excepciones, la caducidad de la inscripción no se había producido. Por otra parte, se impone al juez de la causa, examinar los extremos que determinan la habilidad del título esgrimido por el ejecutante, más aún cuando la caducidad fue advertida al sentenciante antes de pronunciarse sobre el particular (cfr. cita bibliográfica en CCiv. y Com., Santa Fe, Sala I, sent. del 19/4/2001, "Sifa S.A. vs. Ramírez, Dionisio J.", LL Litoral, 2002, 1287).

La caducidad de la inscripción del contrato de prenda obsta al progreso de la acción ejecutiva prendaria incoada (art. 30); todo ello sin perjuicio de las demás acciones que puedan corresponder al acreedor prendario.

VI.- De conformidad a lo expresado, resulta inoficioso ingresar al análisis de los restantes agravios.

Corresponde por tanto, hacer lugar al recurso interpuesto y casar el pronunciamiento impugnado de conformidad a la siguiente doctrina legal: "El régimen legal impuesto para la ejecución prendaria especial, prevista en el dec. ley 15.348/46 ratificado por la ley 12.962, exige la inscripción del contrato de prenda en el registro prendario para la conformación del título; inscripción que debe mantenerse durante la tramitación del proceso, a instancias del acreedor. La caducidad de la inscripción -aún la producida durante el juicio- perjudica la habilidad del título en cuestión a efectos de la acción especial, por tratarse de una vía excepcionalísima, prevista por la ley para quien esgrime un título conforme los extremos por ella exigidos (art. 26, 29, 30 y concordantes del dec. ley 15.348 ratificado por ley 12.962). La acción ejecutiva especial promovida -frente a la caducidad de la inscripción del contrato prendario producida antes o durante el trámite de la ejecución- debe ser rechazada, sin perjuicio de las demás acciones que pudieren corresponder al acreedor".

A tenor de lo expresado, se dicta como sustitutiva la siguiente: I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el ejecutado Marcelo Ramón Gálvez en contra de la sentencia de fecha 12/12/2001. En consecuencia, revocar el pronunciamiento recurrido, resolviendo no hacer lugar a la demanda interpuesta por GEMSA S.A. en contra del demandado Marcelo Ramón Gálvez. II.- Costas, al vencido (art. 106 del CPCC).

VII.- Las costas se impondrán al vencido, conforme los principios que rigen la materia (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por demandado Marcelo Ramón Gálvez en contra de la sentencia de fecha 30/9/2002 dictada por la Sala IIIº de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones. En consecuencia CASAR el decisorio impugnado conforme la doctrina legal antes mencionada, dictando como sustitutiva, la siguiente: I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el ejecutado Marcelo Ramón Gálvez en contra de la sentencia de fecha 12/12/2001. En consecuencia, revocar el pronunciamiento recurrido, resolviendo no hacer lugar a la demanda interpuesta por GEMSA S.A. en contra del demandado Marcelo Ramón Gálvez. II.- Costas, al vencido (art. 106 del CPCC).

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA