Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-05


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los 05 días del mes de junio del año dos mil nueve, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia del Sr. Juez de Cámara Subrogante Dr. Omar Higinio Magallanes y con la asistencia de la Sra. Jueza de Cámara Subrogante Dra. Claudia Lía Melidoni, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "L., M. A. c/ L., M. C. s/ Laboral" (Expte. N° 15/09 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.

Practicado a fs. 335 el sorteo establecido por el art. 268 del C.P.C.C. y atento lo dispuesto por el art. 9 del Acuerdo N° 3/82 CANO, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres.: FRÜCHTENICHT - MAGALLANES - MELIDONI.- Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 316/321? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Magallanes dijo:- 1. Llegan los presentes autos a esta Alzada, en virtud de sendos recursos de apelación intentados por la demandada, el primero articulado y concedido con efecto diferido contra la resolución de fecha 28 de febrero de 2007 (v. acta de fs. 40/41) y el articulado a fs. 325 y concedido según providencia de fs. 326, éste último contra la sentencia definitiva de la instancia anterior que se agrega a fs. 316/321, que dispuso hacer lugar parcialmente a la pretensión de la actora.- Los agravios deducidos por la apelante lucen en las piezas procesales de fs. 327 y en la de fs. 328/331, y conforme al traslado ordenado (v. fs. 332), no merecieron la réplica de la contraria.

En lo sustancial, la demandada apelante centra su diferida queja en el agravio que le causa la imposición de costas por su orden en la resolución de fecha 28 de febrero de 2007 de fs. 40/41, pues -afirma- que su parte no dio lugar al incidente y por ello no puede verse perjudicada por aquélla imposición.

Sus quejas contra la sentencia apelada, se reducen sustancialmente a cuatro agravios: En el que identifica como PRIMER AGRAVIO (v. fs. 328/331) se ofende en tanto el juez apelado ha considerado procedente el reclamo por diferencias salariales. Así, desarrolla sus propios argumentos, cita prueba producida en autos y abundante doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura, a los que me remito en homenaje a la brevedad procesal. Su SEGUNDO AGRAVIO (v. fs. 531) refiere su queja en orden al desconocimiento de los pagos efectuados. En su TERCER AGRAVIO (v. fs. 531 vta.), la apelante se ofende en relación al monto condenado por el rubro correspondiente a indemnización proporcional por vacaciones no gozadas. Su CUARTO AGRAVIO, sobreviene por el monto en concepto de honorarios profesionales regulados a favor de la letrada de la parte actora.- 2. Puesto a considerar las quejas de la apelante, debo advertir que serán tratadas en el orden en que han sido propuestas.- Por consiguiente comienzo el tratamiento de la apelación diferida y concedida por el Suscripto como Juez Civil, Comercial y Laboral Subrogando, en la audiencia celebrada a fs. 40/41 -todavía mantengo el asombro que en la Sentencia Interlocutoria dictada a fs. 345/346 vta. no se me aceptara la excusación planteada a fs. 339-, razón por la cual mantengo el criterio adoptado en oportunidad del dictado de la resolución apelada, debiéndose rechazar la queja intentada.- A continuación abordare los agravios esgrimidos contra la sentencia definitiva. Primer agravio: diferencias salariales: Como lo he expresado en otras oportunidades que me ha tocado integrar esta Excma. Cámara, sabemos que el principio dispositivo ritual que emana del art. 377 del C. P. C. y C., pone en cabeza de los litigantes, el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y tal imposición no depende de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso; por tanto, al actor corresponderá acreditar los hechos constitutitos de su pretensión, en tanto que a la contraria, los extintitos, impeditivos o modificatorios que oponga a aquéllos (conf. ED, 100-297; ED, 102-701). La carga de la prueba importa la conveniencia para las partes de producir determinada prueba, y su inobservancia puede conducir al pronunciamiento de una sentencia desfavorable, excepto que dicha prueba haya sido producido por iniciativa de la otra parte o del Juez.-- Asimismo, distinguimos que la apreciación o valoración de la prueba consiste en la actividad intelectual que el juez efectúa a fin de establecer la fuerza probatoria que tiene cada uno de los medios de prueba comparándolos con los demás, para arribar al resultado de la correspondencia que en su conjunto debe atribuirles respecto de la versión fáctica suministrada por las partes (conf. LL 1980-A-94).

En principio y respecto a las críticas sobre la valoración de la prueba, cabe recordar que su estudio no puede efectuarse fuera del marco de la sana critica, que no tiene límite de carácter abstracto. Por otra parte en el terreno de la apreciación de la prueba, el Juzgador puede admitir la que merece mayor fe, en concordancia con los demás elementos de mérito que pudieran obrar en el expediente, siendo ello en definitiva, una facultad del magistrado, de modo que no es imprescindible examinar todas y cada una de la pruebas aportadas sino únicamente las que fueran esenciales para el fallo de la causa (conf. Doctrina art. 386 del C. P. C. y C.).- Sentado ello, de singular importancia a los fines de dirimir la cuestión planteada el telegrama Ley Nº 23.789, original que tengo a la vista y cuya copia obra a fs. 14, por el cual la actora intima a la demandada, entre otros cosas, al depósito de diferencias saláriales desde el mes de agosto/2006, y luego en la demanda incoada reclama diferencias saláriales desde diciembre/2005, pues considero que dicho proceder vulnera la teoría de los actos propios, reconocida por la más prestigiosa Jurisprudencia y Doctrina, según la cual es inadmisible toda pretensión lícita pero objetivamente contradictoria con respecto al propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto. Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente capaz. Es decir que, una intimación productora de efectos jurídicos no puede ser menoscabada por comportamientos posteriores de la misma persona que la generó. Por lo expuesto, quien acciona una conducta de manera objetivamente incompatible con su actuación anterior va contra sus propios actos. Ello contraría el principio de buena fe, ya que lo relevante es garantizar un comportamiento coherente, una armonía objetiva con la secuencia lógica de un razonable obrar.

En consecuencia corresponde hacer lugar al agravio deducido, condenándose al pago de diferencias saláriales correspondientes al mes de agosto/2006, en virtud que la demandada reconoce adeudarlo (ver 15), con más el SAC 2006 proporcional segunda mitad del año citado, el cual asciende a la suma total de $1.580, 04.

Segundo agravio: En virtud de lo resuelto precedentemente, no corresponde pronunciamiento sobre el mismo porque los recibos comunes oportunamente acompañados, hacen referencia al pago de diferencias saláriales correspondientes a los meses de junio y julio de 2006, que no merecieron tratamiento. Por lo dicho, no corresponde hacer lugar al agravio esgrimido.-- Tercer agravio: Analizado el primero de los agravios formulados desde la óptica de la teoría de los actos propios, sin entrar a dilucidar si la jornada laboral era de ocho (8) hs. o cuatro (4) hs., habiendo aludido la propia demandada el pago de diferencias saláriales correspondientes a los meses de junio/2006 y julio/2006 (ver recibos comunes reservados en Secretaría) y reconocido la existencia de diferencias saláriales respecto del mes de agosto/2006 (ver fs. 15), entiendo que no debe prosperar el agravio esgrimido.-- Cuarto agravio: a los fines de determinar si los honorarios establecidos a favor de la Dra. A. N. M. son elevados, efectuados los cálculos pertinentes teniendo en cuenta para ello las disposiciones de los arts. 6, 7, 9, 19, 37, 39 y 47 del Arancel, entiendo que el porcentaje es ajustado a derecho y debe ser confirmado.- A la MISMA CUESTIÓN, la Dra. Melidoni dijo:

El resumen de los agravios correctamente efectuado por el Sr. Vocal preopinante, me revela del planteo de los mismos, razón por la cual me avocaré de plano al tratamiento y consideración de los fundamentos de mi voto.-- Así, en relación a su apelación diferida, anticipo que comparto el criterio sustentando a fs. 40 vta. por el magistrado apelado, toda vez que, por imperio del art. 120 del rito provincial (ello en función del art. 45 de la Ley Nro. 69), la parte tiene la carga procesal de acompañar copia de la documental que aneja y con destino a la contraria, pudiendo excepcionarse cuando, a criterio del juez, "su reproducción fuese dificultosa" (art. cit.). Mas, hallándose comprometida la garantía constitucional de la defensa en juicio, corresponde interpretar aquél con criterio restrictivo, puede la actora reclamar las copias que obliga la ley ritual sin dar más explicaciones, y en tal carácter bien pudo ".creerse con derecho a actuar como lo hiciere." Tal como lo afirmó el Sr. Juez apelado a fs. 40vta. in fine. A todo evento, además, la actora ni rechazó ni desconoció la documental acompañada, por lo que su petición apareció al menos, exagerada. Pero, a pesar de ello reclamó el cumplimiento del rito y no puede ser castigada por ello, de la misma forma que no puede ser castigada la demandada por defender una excepción que se le concedió. En virtud de ello, entiendo existieron vencimientos y omisiones mutuas, lo que habilita -a mi juicio- a imponer las costas en el orden causado, como se hizo. Por lo expuesto, esta primera queja no puede prosperar, y así lo voto.- 1º agravio. Procedencia de las diferencias salariales adeudadas.-- En primer término, considero oportuno anticipar que comparto el sustento doctrinario y las conclusiones a las que arribara el Dr. MAGALLANES al emitir el mismo.- Sin perjuicio de ello, abordaré el análisis de las actuaciones administrativas instruidas por la Secretaría de Trabajo enmarcadas en la Jurisdicción y Atribuciones conferidas por la Ley Nº 3270.

En ese marco normativo queda expresamente establecido que: "En todas las actuaciones que se promuevan en la secretaría de Trabajo, no regirán formas solemnes y de cumplimiento estricto, debiendo mantenerse la igualdad entre las partes y se garantizará la defensa de los derechos constitucionales" art. 5º.

Asimismo, se determina el procedimiento para la comprobación y el juzgamiento de las infracciones a las normas vigentes en materia laboral, estructurándose el mismo de la siguiente manera: a) la infracción constatada por medio de la Inspección correspondiente se documentará labrando un acta circunstanciada en el caso que surjan incumplimientos a la legislación vigente; b) se deberá individualizar al infractor responsable y colocar en el acta el lugar, día y hora en que se verificó la infracción con expresa indicación de las personas que se hallaren presentes en el acto; c) el acta de infracción con los requisitos establecidos en los incisos precedentes deberá estar firmada por el Inspector actuante; d) con la base del acta, el Secretario de Trabajo o el funcionario delegado, dispondrá la instrucción del sumario administrativo, dentro de los quince días hábiles de confeccionada el acta de infracción .. ; g) la falta de presentación del imputado debidamente notificado o la falta de acreditación de la personería no paraliza el proceso, debiendo la autoridad de aplicación declarar la rebeldía del imputado y proseguir la tramitación hasta el final" art. 31.-- Vayamos ahora al caso concreto, se inician las actuaciones a instancias del S. de E. de C. que solicita la inspección del Locutorio de la demandada a efectos de verificar el cumplimiento del CCT 130 y la legislación vigente en materia de higiene y seguridad social.- Que a consecuencia de las mismas, se intima a la empresa a dar cumplimiento de lo requerido en el Acta de Inspección Nº 5884, agregando ésta la documental anexa a fojas 06/29 y verificada a fs. 30 del Expte. administrativo Nº 3-298/06.- Que a fs. 30 se verifica el cumplimiento "parcial respecto de lo solicitado en acta de Inspección, surgiendo asimismo, una serie de irregularidades respecto de la jornada laboral, horas extras declaradas por las trabajadoras y otras detalladas en Acta, cuya notificación consta a fs. 31", según consta a fs. 226 del Expte. Judicial en análisis.- Se dispone luego la apertura del Sumario Administrativo, en el que a consecuencia de la no presentación del titular y/o apoderado de la citada, se resuelve DECLARAR EN REBELDIA a la razón Social M. C. L., imponiéndole, finalmente una sanción de multa, conforme surge de las constancias adunadas.-- En este punto, cabe interpretar el valor que esas actuaciones administrativas y la rebeldía allí decretada ostentan a los efectos probatorios en presente pleito laboral. Con relación a ello, se ha dicho que: "La rebeldía de la demandada sólo crea una presunción a favor de la actora de la veracidad de los hechos que constan en la demanda, pero no tiene por sí el efecto de que la misma sea procedente (conf. arts. 354 inc. 1 y 60, C.P.C.C. y 28, ley 11.653), desde que el tribunal de grado se encuentra facultado para tener por ciertos tales hechos pero de modo alguno está obligado a acceder -por la falta de contestación de la demanda- automática o mecánicamente a las pretensiones deducidas." (Conf: elDial - W1899B) y que "La rebeldía no es suficiente por sí sola para que el Juez admita la verdad de los hechos afirmados por quien obtuvo la declaración, porque la sentencia debe ser pronunciada "según el mérito de la causa"; esto es, valorando los hechos y circunstancias del proceso, y también las pruebas si existiesen." (Conf: elDial - W14822).-- Ello así, si partimos de la base que las horas de trabajo consignadas en las planillas de Inspección, resultan producto de declaraciones vertidas por las propias trabajadoras, conforme surge de las actuaciones individualizadas supra; que los recibos de sueldos tanto formales, cuanto sin la formalidad de ley, agregados en autos, resultaron reconocidos por la actora en ocasión de celebrarse la audiencia cuya acta se encuentra agregada a fs. 40/41; que la sanción impuesta a la demandada en sede administrativa "multa", lo fue como consecuencia de la declaración en rebeldía; resulta, más que evidente que de tales actuaciones administrativas no puede inferirse que la jornada de trabajo resulte ser de ocho horas.

La Doctrina ha sostenido que: "La autoridad de aplicación, al verificar la infracción, confecciona un acta circunstanciada -que hace plena fe hasta tanto se acredite lo contrario- en la que se consigna lugar, día y hora en la que se efectúa la verificación, identidad del infractor, descripción del hecho considerado infracción, indicación de las personas presentes en acto y del carácter que invocan y la firma del inspector actuante..".- Miguel Ángel PIROLO "LEGISLACION DEL TRABAJO SISTEMATIZADA", PG. 922.

Lo consignado entre guiones hace plena fe hasta tanto se acredite lo contrario, es lo que a criterio de la suscripta, aconteció en el presente proceso. En ese sentido se ha sostenido que: "Los expedientes administrativos tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido sino que es necesario que se especifiquen sus fallas, para lo cual deben suministrarse pruebas" y que: ". gozan de plena eficacia probatoria mientras no sean desvirtuadas por otras pruebas. Así, es inadmisible desconocer lisa y llanamente la eficacia de los actos cumplidos por los funcionarios públicos si no se demuestra el error en que éstos incurrieron" (conf. elDial - BC17AC y elDial - BC17AB ).

Pues habiendo concluido las actuaciones administrativas, procediéndose al archivo de las mismas según surge de las constancias obrantes a fs. 238, quedó configurada la rebeldía e impuesta la sanción que tal conducta conlleva conforme la manda del art. 31 inc. G) de la Ley 3270.- Así las cosas, "las diferencias salariales adeudadas "surgen, palmariamente, del reclamo efectuado oportunamente mediante el telegrama ley Nº 23.789, relativas al mes de agosto de 2006, pues de tal conducta se infiere, la aceptación de los pagos hasta el momento recibidos; actitud claramente contradictoria con el propio comportamiento adoptado en la ocasión puntualmente detallada y que ha merecido tratamiento doctrinario en el voto que me antecede. Además de ello, éste comportamiento se orienta en la misma línea consignada en la prueba pericial contable que glosa a fs. 167/168. Así prestigiosa doctrina considera que: "Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior, jurídicamente relevante y plenamente eficaz".(Conf: Moira Fullana, "La Doctrina de los Actos Propios y su Aplicación en Supuestos de Extensión de Responsabilidad" Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social 2008-A, ed. Abeleto Perrot, pág. 1058).-- Es dable destacar que los fenómenos probatorios están ligados al conocimiento y la ciencia, trascendiendo el Derecho, al que traen de un modo particular el mundo exterior para que en lo jurídico esa realidad se universalice y se compare con la prescripción normativa, a fin de crear un precepto concreto sobre las conductas de las personas involucradas en un proceso. Para ello la valoración más óptimas de las probanzas debe efectuarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica, entendida como ".un conjunto de preceptos o reglas para juzgar la verdad de las cosas, libre de error o de vicio" (Conf. Enrique, M. Falcón, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial TII, pág. 697; 715, ed. Rubinzal Culzoni).-- Es entonces, en el contexto general de valoración de las pruebas arrimadas por las partes, que corresponde hacer lugar al agravio deducido, condenándose al pago de diferencias salariales correspondientes al mes de agosto/2006, en virtud que la demandada reconoce adeudarlo (ver 15), con más el SAC 2006 proporcional segunda mitad del año citado, el cual asciende a la suma total de $1.580, 04.

Segundo agravio: Conforme a como propongo la solución del primer agravio, entiendo no corresponde el tratamiento del presente, por referirse los recibos al pago de diferencias salariales de los meses de junio y julio de 2006.

Tercer agravio: En orden a este agravios y tal como voté a la primera queja de la demandada apelante, entiendo aparece abstracto su tratamiento. Así lo voto.

Cuarto agravio: Con respecto a los emolumentos en porcentajes fijados par la Dra. A. N. M., efectuados los cálculos pertinentes teniendo en cuenta para ello las disposiciones de los arts. 6, 7, 9, 19, 37, 39 y 47 del Arancel, entiendo que el porcentaje es ajustado a derecho y debe ser confirmado.

A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Magallanes dijo:

Atento lo manifestado al votar a la cuestión anterior, propongo: 1) CONFIRMAR parcialmente la sentencia venida en recurso revocándola en cuanto hace lugar a las diferencias salariales desde el mes de diciembre del año 2005 hasta el mes de julio de 2006, con más las diferencias de SAC 2005, 2006 y proporcional segunda mitad del último año citado, las que se rechazan. 2) IMPONER las costas de esta Instancia a la accionada, en virtud del progreso de las quejas deducidas y por imperio de los arts. 13 y 60 de la Ley 69, y 3) REGULAR los honorarios del Dr. R. T. G. L. en un 5,7% del monto logrado a través del presente pronunciamiento, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada (art. 14 del Dec. Ley 2.200).

A IGUAL CUESTIÓN, la Dra. Melidoni dijo:

En virtud de lo expresado al votar a la cuestión anterior, opino que: a) la sentencia recurrida debe ser confirmada parcialmente, revocándola en cuanto hace lugar a las diferencias salariales desde el mes de diciembre del año 2005 hasta el mes de julio de 2006, con más las diferencias de SAC 2005, 2006 y proporcional segunda mitad del último año citado, las que se rechazan; b) las costas de esta Instancia deben imponerse a la accionada, por imperio de los arts. 13 y 60 de la Ley 69, y c) fijar los honorarios del Dr. R. T. G. L. en un 5,7% del monto logrado a través del presente pronunciamiento, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada (art. 14 del Dec. Ley 2.200).

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:-- --S E N T E N C I A-- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:-- I.- CONFIRMAR parcialmente la sentencia obrante a fs. 316/321, de fecha 02/02/2009, registrada bajo el n° 07/09, revocándola en cuanto hace lugar a las diferencias salariales desde el mes de diciembre del año 2005 hasta el mes de julio de 2006, con más las diferencias de SAC 2005, 2006 y proporcional segunda mitad del último año citado, las que se rechazan.

II.- IMPONER las costas de esta Instancia a la accionada, en virtud del progreso de las quejas deducidas y por imperio de los arts. 13 y 60 de la Ley 69, regulando los honorarios del Dr. R. T. G. L.en un 5,7% del monto logrado a través del presente pronunciamiento, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada (art. 14 del Dec. Ley 2.200).

III.- REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara Subrogantes, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Jorge Luis Früchtenicht, recusado el Dr. Günther Enrique Flass alcanzado la mayoría, vacante una vocalía de cámara, inhibido de actuar el Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Laboral y haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley 1.130, texto según Ley 4.550).- OMAR HIGINIO MAGALLANES CLAUDIA LIA MELIDONI REGISTRADA BAJO EL N° 38 CANO DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL AÑO 2009. CONSTE.