marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Delegación legislativa, reglamentación de la ley, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Compañía Azucarera y Alcoholera  Soler S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

La permanente expansión del ámbito de la actividad del Estado impone que la extensión del área legislativa adquiera singulares proporciones, determinando ello la exigencia de la controlada y limitada delegación de facultades, sin perjuicio del principio de división de poderes, ya que el Congreso no pierde la titularidad del suyo. Se trata de una apertura que el congreso hace en favor del Reglamento, de áreas inicialmente reservadas a la ley, extendiendo la potestad reglamentaria más allá de su ámbito ordinario, pero con carácter ocasional, teniendo en miras una regulación concreta habilitando al Ejecutivo caso por caso, sin quebrar por ello el principio constitucional de subordinación del reglamento a la ley.
Honorarios, honorarios del interventor judicial, honorarios del veedor
Materia: PROCESAL
Carátula: Tomasini, Lidia  c/ Amitrano, Christian Pablo  s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

La ley manda regular los honorarios de los interventores tomando en consideración el monto de las utilidades realizadas durante el desempeño del profesional (ley 27423: 32-a). No obstante, esa pauta solo puede ser tomada como indicativa de la importancia económica del patrimonio en juego y su aptitud para producir ganancias, no como una exigencia sine qua non de que, en los hechos, esas utilidades se hayan efectivamente verificado. En el caso, las partes enfrentadas han hecho cada una sus propias cuentas acerca de los ingresos y egresos que tuvo la sociedad intervenida, en términos que resultan imposibles de controlar por el Tribunal, que carece de elementos para dilucidar cuál de ellas está en lo correcto, si es que eso ocurre con alguna. En ese marco, teniendo en cuenta solo como pauta indicativa los ingresos que tuvo la sociedad que no llevan descontados todos sus costos, y teniendo en consideración el tiempo que llevó la labor y el trabajo realizado, la Sala estima prudente elevar el honorario de la coadministradora.
Jornada de trabajo, facultades de control, agentes de la administración pública
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido y su acumulado Expte nº 8706/12 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Asociación Trabajadores del Estado (ATE) c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-06

Si el GCBA quiere controlar el cumplimiento de la jornada laboral de 35 horas semanales, bien puede instrumentar sistemas de control que le permitan conocer el horario que cumplen sus agentes, situación muy diferente a imponer obligaciones distintas de las previstas en la Ley 471, desde que una cosa es constatar el cumplimiento de las obligaciones existentes, y otra establecer nuevas. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano.
Derecho procesal, medidas cautelares, medida de no innovar, improcedencia del recurso, revisión judicial de actos administrativos, presunción de legitimidad
Materia: PROCESAL
Carátula: El Hogar de Parque Patricios Cooperativa Integral Ltda. c/  s/ quiebra c/ banco central de la republica argentina s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-17

Procede confirmar la resolución por la cual se denegó la medida de no innovar. Ello por cuanto, los presupuestos básicos para su procedencia no se encuentran configurados. No lo está la verosimilitud del derecho en cuya virtud se procede pues los actos administrativos que se impugnan gozan de presunción de legitimidad (ley 19549: 12) por lo que una impugnación dirigida contra ellos no puede bastar para privarlos de efectos (conf. Arg. ley 19549: 17).
Seguros, auxiliares de justicia, celebración del contrato, productor asesor de seguros, prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Descalzo, Jorge Domingo Jesús c/ The Capita Corporation de Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-30

Procede hacer lugar a la demanda por incumplimiento contractual, por cuanto, como en el caso, si bien no se adjuntó contrato alguno que diera cuenta de la relación invocada entre las partes, lo cierto es que la accionante, en sustento de su reclamo surgiría -en principio- la respectiva recepción por parte de la aseguradora conforme resulta del sello inserto en cada uno de ellos. Y si bien a los fines de establecer la existencia, o no, de la deuda aquí reclamada debe estarse a las constancias que emergen de los registros contables exhibidos; no se configura en autos el supuesto de prueba contradictoria de los libros de las partes, al haberse corroborado el asiento de las facturas reclamadas en los libros de la parte actora, mas sin expedirse el perito sobre su registración -o no- en los libros de la aseguradora accionada. Máxime, cuando fue demostrado que, como productora asesora de seguros, la parte actora lleva el registro rubricado de las operaciones de seguros en que interviene, en las condiciones que establece la autoridad de aplicación, conforme lo dispuesto por la ley 22400: 10
Huelga, servicio público, empleados públicos, sanciones disciplinarias, funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: MAGHDSICK, WALDEMAR HERIBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CSJ EXPTE NRO 121-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

Entre dos valores en juego, cuales son: el derecho de huelga (para el supuesto de que fuera lícitamente ejercido), y continuidad de los servicios públicos, la circunstancia de que se exigiera al único jerárquico su concurrencia al trabajo para preservar estos últimos, en modo alguno hacía peligrar ese presunto derecho colectivo. Antes bien, lo consolidaba y legitimaba asegurando la continuidad de los servicios a que la comunidad tiene derecho.

En el caso, no resulta entonces irrazonable la sanción disciplinaria impuesta al recurrente, quien siendo Jefe de Departamento en la Administración demandada y habiendo sido instado de reintegrarse al trabajo, no lo hizo para adherirse a un paro de actividades del personal municipal.
Contrato de trabajo, remuneración, derechos del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Estrella c/ Sanatorio Guemes  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

El empleador está facultado para fijar sus propias estructuras salariales, cuando mejoran las de las convenciones colectivas.
Acción de amparo, acceso a la información pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Asociación  Derechos Civiles c/ EN - JGM - Dto 1172/03 s/ amparoley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-10

"El particular obtuvo una respuesta a la solicitud, cuyo contenido pretende cuestionar en este proceso, por lo que, en principio, no resultaría aplicable la solución prevista por el art. 14 del Reglamento para el caso de silencio o ambigüedad". No puede interpretarse que la indicación de la vía del amparo por mora efectuada en esa norma "sea una opción excluyente del amparo previsto por la ley 16.986, lo cual implicaría un claro exceso reglamentario". La vía elegida por el actor "resulta idónea para el tratamiento de la pretensión, ya que la información es útil cuando es oportuna". La naturaleza de la petición "no resulta compatible con un pronunciamiento cautelar en el marco de un proceso de conocimiento, ya que la concesión de esta última impediría un resarcimiento en especie del demandado en caso de que la sentencia definitiva resultase eventualmente desestimatoria". La cuestión planteada "exige una sentencia de mérito que, en un plazo razonablemente breve, defina si corresponde el acceso a la información, o no, exigencia que sólo podría cumplirse satisfactoriamente a través del amparo (esta sala Causa N 5.111/10.- "Asociación Derechos Civiles c/ EN - SMC s/ amparo ley 16.986", del 2/11/10)".
Queja por denegación o retardo de justicia, insuficiencia del agravio, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Abril Med Sociedad Anónima y Otro S/ Queja Por Privación Denegación O Retardo de Justicia en Abril Med Sociedad Anónima y Otros c/ GCBA y Otros s/ impugnación de actos administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

La queja por privación, denegación o retardo de justicia no tiene por finalidad remediar situaciones que solo expresan la disconformidad de quien reclama frente a una decisión efectivamente dictada. Tampoco es una vía alternativa para plantear la revisión de las decisiones de las instancias anteriores. El control que este Tribunal realiza de las sentencias de los tribunales inferiores se efectúa, si corresponde, a través de los recursos de inconstitucionalidad o apelación (art. 113, incisos 3 y 5, respectivamente de la CCABA) (cf. doctrina del Tribunal en "MARTIN, AMANDA Y OTROS s/ QUEJA POR PRIVACIÓN DENEGACIÓN O RETARDO DE JUSTICIA en MARTIN, AMANDA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO- IMPUGNACIÓN- INCONSTITUCIONALIDAD" , expte. n° 18436/2020-0, sentencia del 29-12-2020 y "YEBARA, DAMIÁN ENRIQUE s/ QUEJA POR PRIVACIÓN DENEGACIÓN O RETARDO DE JUSTICIA en YEBARA, DAMIÁN ENRIQUE CONTRA ORBIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA SOBRE RELACIÓN DE CONSUMO", expte. n° 164704/2021-1, sentencia del 24-08-2022, entre otros. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Caducidad de instancia, primera instancia, recurso de apelación (procesal), doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE MENDOZA c/ EMILIO NAHIM Y OTROS s/ Jcución Cambiaria (LIBRO: A161 - 075)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-03-15

El acuse de caducidad de la primera instancia, por quien apeló el fallo, importa ir contra los propios actos, pues para él esa instancia estaba extinguida, con la concesión de su propia apelación, por lo que no puede sostener ahora, que la instancia está viva para él o ellos y en consecuencia acusar la caducidad.-
Accidente de tránsito, automotores, conductor no titular, culpa concurrente, violación al deber de cuidado, responsabilidad penal
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: H., G. s/ LESIONES CULPOSAS (EXPTE N  480-03, RESOLUCION N  3, TOMO 10, FOLIO 25)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-02-13

Si bien el conductor de la motocicleta no respetó el principio según el cual todo conductor que viene detrás de otro vehículo debe hacerlo siempre guardando una distancia prudencial a fin de evitar una hipotética colisión lo cual supone una actuar negligente, claramente se advierte que el obrar del imputado consistente en frenar abrupta e imprevistamente su conducido -es decir sin efectuar previamente ningún tipo de señal que permite inferir a quien viene detrás la maniobra a efectuar- en razón de haber avistado el imputad o una compañera de trabajo, es una muestra indubitable de imprudencia y negligencia. Por otra parte, si el justiciable hubiera estado conduciendo con la atención debida, máxime en una zona de tránsito fluido, debería haber observado que la víctima se acercaba. Consecuentemente, actuó imprudente y negligente sin extremar las reglas y cuidado que exigen las leyes de tránsito, ya que antes de detener su conducido debió haber efectuado señales previas que permitieran a quienes vienen por detrás de él poder tomar conocimiento de la maniobra a efectuar y de esta manera adoptar estos últimos los recaudos pertinentes a fin de evitar la colisión.
Seguros, prescripción, plazo, cómputo del plazo, tomador del seguro, muerte del tomador
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARFUNKEL DE RADZINZKY c/ OMEGA COOP. DE SEGUROS LTDA. s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

Las acciones fundadas en el contrato de seguro se prescriben en el plazo de un año contado desde el momento en que pueda hacerse valer el derecho en justicia. Si el tomador del seguro fallece, la determinación del carácter de herederos y sucesores de aquel importa diferir la posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación de indemnizar a cargo de la aseguradora. La asegurada solo puede exigir el cumplimiento del contrato a la aseguradora desde que fue pronunciada aquella declaratoria de herederos.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

La metodología de la ley 24316, consistente en definir primero los casos a los cuales resulta aplicable en abstracto un determinado instituto, para luego establecer las condiciones que deben verificarse en concreto para su procedencia, es reiterada en varios institutos (Código Penal: artículos 26 y 13). Esto permite apreciar una sistemática que inserta coherentemente al instituto del artículo 76 bis del Código Penal (Suspensión del Juicio a Prueba) dentro del cuerpo que lo contiene y junto a otros de similar naturaleza o finalidad, no ofreciendo dificultades de compresión, más allá del juicio de valor que merezca lo legislado como expresión de política criminal deseable. (Del Voto del Dr. Jukic). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Individualización de la pena, atenuantes de la pena, agravantes de la pena, fallos del Superior Tribunal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Blasco, Víctor Daniel y Salazar, César Raúl s/ Recurso de Casación interpuesto por la Dra. Cecilia Cúneo en contra de Sentencia Nº 32/2009 dictada en Causa Expte. Nº 229/08 Blasco, Víctor y otro - ss.as. Robo agravado por el uso de arma de fuego - Esquiú - La Paz
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-05-18

En lo referente al punto de ingreso a la escala penal establecida para el tipo determinado -robo calificado por el uso de arma de fuego-, a los fines de considerar adecuadamente las agravantes y atenuantes, es necesario aplicar un criterio que le permita al Tribunal elegir la sanción que estime más adecuada y justa para el caso concreto, en la inteligencia de que cada hecho y cada autor son diferentes y presentan particularidades que difícilmente puedan reducirse a criterios estandarizados y rígidos.

Lo dijo esta Corte en el precedente Manzini (S. nº 26, 23/12/08), en cuanto a la necesidad de partir del punto medio de la escala penal, a partir del cual, en una y otra dirección, deben comenzar a operar las circunstancias atenuantes y las agravantes, de forma tal que ninguna atenuante y/o severizante tenga el mismo peso relativo, dependiendo de las circunstancias del caso su incidencia en la escala correspondiente.

Esa metodología de determinación de la pena es la que se presenta en la actualidad como la más justa, desde que suministra un parámetro de fijación equidistante, estableciendo así un punto de ingreso certero para la libre y racional dosificación sancionatoria.
Ley de defensa del consumidor, prueba, buena fe
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro (Departamento de Defensa del Consumidor) S- Cruzmiguel Angel C- United Airlines Inc. c/  s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-06-10

El derecho del consumidor no opera por fuera de los términos de la buena fe contractual, imperativo de derecho que se impone en las conductas convencionales; tanto las de la proveedora como las que asuma el consumidor. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Repetición de impuestos, impuestos internos, exenciones impositivas, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: ORDOÑEZ, ANA MARIA. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA. s/ REPETICION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-04

Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la demanda de repetición de la suma pagada por la actora en concepto de impuesto interno, por la importación de un automóvil de origen extranjero con comandos ortopédicos para uso parapléjico, introducido al país durante la vigencia sin reformas de la ley 19.279. Ello así, pues la exención consagrada por la ley 22.499 carece de alcance retroactivo al no hallarse expresamente establecida en el texto legal.
Recurso extraordinario de nulidad, preclusión
Materia: LABORAL
Carátula: Pereyra, Antonio R. c/ Curtiduría Cianco S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

El recurso de nulidad extraordinario ha sido instituído para reparar vicios formales del fallo y no para corregir presuntas falencias procesales anteriores al mismo.
Apreciación de la prueba, prueba testimonial, sana crítica racional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "CAPDEVILLA, Carlos O s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-09

El nuevo Código Procesal Penal para receptar, finalmente, el principio de la libre valoración de la prueba ha abandonado las reglas de prueba legal, es decir aquellas pautas que ordenaban al juez, bajo determinadas condiciones, considerar probado un hecho. Si bien este principio prohíbe imponer al magistrado una determinada convicción, debe remarcarse que la mera certeza subjetiva no es suficiente allí donde el resultado objetivo de la prueba receptada no admite una conclusión racional, es decir que la libertad del juez, a la hora de valorarla, debe estar sujeta, necesariamente, a la leyes del pensamiento y la experiencia.En este sentido, cabe recordar que el principio de la sana crítica racional, contemplada en nuestro ordenamiento procesal, requiere de dos aciones para la valoración de la prueba: la descripción del elemento probatorio colectado y su valoración crítica, que debe estar dirigida a actualizar su idoneidad para fundar la conclusión en que se apoya el decisorio. Es decir, que el magistrado debe expresar cuáles son las razones que, surgidas de las pruebas colectadas, determinan la decisión adoptada indicando cuál fue el camino deductivo seguido para llegar a esta conclusión y no sólo la operación mental.La sana crítica no consiste entonces, en un convencimiento íntimo o inmotivado, sino en un convencimiento lógico y motivado que se basa, en este caso, en los testimonios de las víctimas reflejados en la conciencia del juzgador para dar origen al estado de certeza necesario para emitir su juicio.. Así, descritos, valorados y relacionados con otras constancias, los testimonios de la víctimas son pruebas concretas y suficientes que crean la convicción necesaria para corroborar, con el grado de certeza propio del sumario, el hecho objeto de imputación.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia interlocutoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VARGAS JUAN CARLOS c/ ZIEMBAR JULIO RAUL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-30

La expresión "únicamente serán apelables" comprendida en el art. 494 del ritual confiere carácter taxativo a la enumeración. Sin embargo, la jurisprudencia en tarea de interpretar el art. 496 del C.P.C.C.Nac., se ha pronunciado afirmativamente con respecto al pronunciamiento que resuelve un incidente de nulidad, el que deniega la intervención de un tercero, entre otros supuestos.-
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público, cesantía, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Fontana Emilse Mariela y otros contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-08

Corresponde rechazar la queja porque la resolución de la Cámara que en último término pretende cuestionar la recurrente -aquella que rechazó la revisión de la liquidación porque tuvo principio de ejecución- no es la definitiva a la que se refiere el art. 26 de la ley n° 402, sino una posterior dictada durante la etapa de ejecución de sentencia y, además, el quejoso no demuestra que esa decisión deba ser equiparada a una de la especie mencionada por constituir un apartamiento palmario de lo resuelto en la definitiva (mutatis mutandis Fallos: 187:628; 147:379; 190:139; y 194:40; entre otros). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg por remisión a los fundamentos brindados in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Flores Rubén Máximo Y otros contra GCBA sobre empleo público (no cesantía ni exoneración)", Expte. SACATyRC n° 31474/08-1; 09-02-2022).
Contrato de trabajo, despido, abandono de trabajo, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Nenezian,  Ricardo  Daniel c/ Asociación Francesa Filantrópica yde       Beneficiencia       Hospital s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-24

La figura del abandono de trabajo, definida en el art. 244 L.C.T., no se configura cuando el trabajador invoca una circunstancia eximente de su obligación de prestar servicios antes de que se cumpla el plazo por el cual fue emplazado. De modo que resulta eficaz la respuesta del actor rechazando la figura de abandono con invocación de las comunicaciones anteriores enviadas por él, donde intimaba a la empleadora a que se aclarara su situación laboral frente a un ejercicio abusivo del ius variandi. (Del voto del Dr. Catardo).
Leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Manufactura del Cuero Marplatense s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

La nueva ley 24522 se aplica solamente a los concursos presentados o quiebras declaradas con posterioridad a partir de dicha entrada en vigencia atento que el art. 290 solo fue observado por el Poder Ejecutivo en cuanto establece esa entrada en vigencia y habiendo vencido los 90 días que contempla el artículo citado, dicha observación cayó en lo abstracto. Por lo que habiendo entrado en vigencia la ley de Concursos a los ocho días de su publicación es improbable que la Comisión Bilateral (art. 99 inc. 3ro. cuarto párr.

C.N. y 80 L.C.) en caso de funcionar y entrar a conocer la "observación" efectuada por el Poder Ejecutivo, innove en el "status quo" existente, ya que se encontraría con un hecho consumado e insistir en la vigencia de la ley luego de los noventa días de su publicación, crearía mas zozobras que ventajas; consecuentemente debe mantenerse la estructura actual y total de la ley.