Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-26


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 26 de 2009.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 135/137 que rechazó la demanda en lo principal, se alzan la actora (fs. 139/142), los codemandados GENERSIS SA (fs. 145/146) y VÍCTOR HUGO LÓPEZ (fs. 144/144 vta.).

II) La trabajadora se queja de la desestimación del reclamo de indemnizaciones por despido y daño moral, pues entiende que, mediante las declaraciones testificales de LABORDE y RODRÍGUEZ FRÍAS habría acreditado la injuria invocada para darse por despedida, es decir que la empleadora (por intermedio del codemandado LÓPEZ) le negó tareas los días 15, 16 y 19 de mayo de 2008, "obligándola a permanecer sentada en su lugar de trabajo durante toda la jornada de labor, sin otorgarle tarea efectiva alguna". Añade que esa conducta vejatoria le ocasionó un daño moral y psicológico, lo que a su juicio ameritaría el pago de una indemnización adicional a la tarifada.

Los agravios no deberían prosperar, pues, como bien lo señala la Sra. Jueza a quo, las declaraciones de dos ocasionales visitantes (una vecina que fue a devolver a la actora una cámara de fotos, y un compañero de estudios que pasó a dejarle "una documentación relacionada con la facultad") acerca de que "sobre el escritorio de la actora no había nada" (cfr. fs. 81 y 106) de ningún modo pueden considerarse prueba suficiente de la situación descripta en la comunicación extintiva, máxime cuando los compañeros de trabajo de la demandante que declararon en el pleito no mencionaron ninguna anomalía en la dación de trabajo ni menos aun una supuesta actitud persecutoria por parte de LÓPEZ (ver fs. 77/78 y 82).

Por ello, propongo desestimar estos agravios.

III) La codemandada GENERSIS SA se agravia, en primer término, de la condena al pago de la indemnización del art. 80 de la LCT, pues entiende que "no podía exigírsele válidamente un certificado a mi mandante ya que las propias constancias que debían insertarse en el mismo estaban bajo análisis y cuestionamiento", de lo que deduce que "no debería proceder la multa...puesto que, como se ha visto, los términos que debían constar en el documento se hallaban sujetos a lo que en definitiva se resuelva en autos".

Esta argumentación parece ser el fruto de una reflexión tardía, ya que en su responde la empleadora no esgrimió ningún motivo que justificara su omisión. Se trata entonces de una defensa no sometida oportunamente a consideración del juez de primera instancia, lo que obsta a su consideración por la alzada (art. 279 Cód. Procesal).} Sin perjuicio de ello, la excusa tardíamente introducida en el memorial resulta pueril, pues nada impedía a la empleadora extender un certificado con las constancias que ella entendía correctas.

Sugiero entonces confirmar el fallo en este aspecto.

IV) Ambos codemandados se quejan de la distribución de las costas y estimo que les asiste razón.

En efecto, la demanda contra VÍCTOR HUGO LÓPEZ fue íntegramente rechazada y no advierto ningún motivo objetivo que justifique el apartamiento del principio objetivo del vencimiento que consagra el art. 68 del Código Procesal, por lo que las costas de la acción intentada contra dicha persona física deben ser soportadas por la actora vencida.

En cuanto a GENERSIS SA, la demanda prosperó en una mínima parte, por lo que resulta más apropiado imponer los gastos causídicos en un 85% a la actora y en el 15% restante a dicha codemandada (art. 71 del Código Procesal).

V) En cambio, resulta injustificado el pedido del codemandado LÓPEZ de que "se aplique a la actora las sanciones previstas por los arts. 20 de la LCT y 115 del Código Penal".

En efecto, el recurrente se limita a afirmar dogmáticamente que "la temeridad de la acción ha quedado palmariamente demostrada" y que "se ha calumniado e injuriado al Señor López más allá de toda duda", sin explicar cuáles serían, en concreto, las razones que avalarían tan graves imputaciones, por lo que el recurso se encuentra desierto en este aspecto (art. 116 de la L.O.).

Por lo demás, Las sanciones procesales fundadas en temeridad, malicia o pluspetición han de juzgarse con criterio penal. No basta que se aleguen hechos no probados o derechos que no resultan acogidos, pues la realidad tiene múltiples facetas o hipótesis por las cuales el actor pueda considerarse -aun sin razón- acreedor a lo solicitado (cfr. Sala III, 15/2/82, S.D. 42.670, "Fernández, Pedro c/ Cemsa SAMICAC y otra s/ despido"; íd., Sala III, 28/2/86, S.D. 51.556, "Paniagua, José Alberto c/ Grey Rock S.A. s/ despido"). En el mismo orden de ideas se ha dicho que, para que se configure la "conducta maliciosa y temeraria" a que aluden el art. 45 del Código Procesal y el art. 275 de la LCT, no basta que una petición no sea resuelta favorablemente o que una pretensión o defensa no sean acogidas (CNAT, Sala I, 20/11/87, "Vallejos, Claudio c/ Bressuanello, Juan"). Es imprescindible proceder con suma prudencia para la aplicación de este tipo de sanciones y tener presente que éstas no pueden obedecer al sólo hecho de que las acciones o defensas han sido finalmente desestimadas, ni siquiera al hecho de que las pretensiones carezcan de sustento jurídico, dado que ello podría coartar la garantía constitucional de defensa en juicio (CNAT, Sala I, 3/6/96, S.D. 68661, "Córdoba, Angélica c/ Memi, Pedro s/ accidente"; esta Sala, 12/12/08, S.D. 93.799, "Rodríguez, Cecilia Verónica c/ Ed & Events S.A. s/despido"). Por ser ello así, el mero hecho de que la actora no haya arrimado a la causa elementos de prueba suficientes para sustentar su pretensión no amerita la aplicación de las sanciones por temeridad o pluspetición solicitadas por el recurrente.

Tampoco procede la aplicación de correctivos disciplinarios con sustento en el citado art. 115 del Código Penal, pues el marco que implica el juicio civil como espacio para el ejercicio de la defensa en juicio, impide admitir la existencia del dolo exigido para la configuración de la injuria prevista por el precepto citado, para lo cual es necesario acreditar un querer voluntario y deliberado, que exceda el ejercicio de tal derecho (CNCiv., Sala I, 13/10/98, "Cantarella de Lariño, Lidia Juana c/ Solvencia SA de Seguros Generales s/ daños y perjuicios"), lo que no se verifica en la especie.

Propongo entonces desestimar este agravio.

VI) La actora apela por altos los honorarios de los abogados e la contraparte y los del perito contador. Asimismo, su letrado cuestiona los propios por bajos.

En atención al monto del proceso y el mérito e importancia de los trabajos realizados, los honorarios regulados a las representaciones letradas de los codemandados VÍCTOR HUGO LÓPEZ y GENERSIS SA lucen excesivos, sobre todo si se tiene en cuenta que ambas fueron ejercidas por los mismos profesionales, por lo que sugiero reducirlos al 10% y 10% del monto reclamado; los del perito contador resultan equitativos, por lo que cabe confirmarlos; y los de la representación y patrocinio de la actora parecen reducidos, por lo que propongo elevarlos al 12% de la misma base (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3º y conc. dec. ley 16.638/57).

VII) En síntesis, voto por: 1) Reducir los honorarios de las representaciones letradas de los codemandados VÍCTOR HUGO LÓPEZ y GENERSIS SA al 10% y 10%; y elevar los de la representación y patrocinio de la actora al 12%, todos del monto reclamado. 2) Modificar lo decidido sobre las costas, imponiendo las de la acción deducida contra VÍCTOR HUGO LÓPEZ íntegramente a la actora, en ambas instancias; y las de la acción deducida contra GENERSIS SA en un 85% a la actora y en el 15% restante a dicha codemandada, en ambas instancias. 3) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y ha sido motivo de recurso. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

La doctora Estela M. Ferreirós dijo:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Reducir los honorarios de las representaciones letradas de los codemandados VÍCTOR HUGO LÓPEZ y GENERSIS SA al 10% y 10%; y elevar los de la representación y patrocinio de la actora al 12%, todos del monto reclamado. 2) Modificar lo decidido sobre las costas, imponiendo las de la acción deducida contra VÍCTOR HUGO LÓPEZ íntegramente a la actora, en ambas instancias; y las de la acción deducida contra GENERSIS SA en un 85% a la actora y en el 15% restante a dicha codemandada, en ambas instancias. 3) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y ha sido motivo de recurso. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. -Estela M. Ferreirós. - Héctor C. Guisado