marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad del Estado, mala praxis, falta de atención médica, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Campañoli, César Enrique y otros c/ GCBA s/ Responsabilidad médica s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

La responsabilidad del estado por mala praxis médica acontecida en hospitales o centros de salud públicos se fundamenta en la noción de "falta de servicio", consistente en el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los derechos y obligaciones impuestos por el ordenamiento jurídico a la actividad estatal en cuestión. Al resultar indiferente la comprobación de un supuesto de culpa o dolo por parte de un agente del Estado, pues lo que importa es la demostración del funcionamiento defectuoso del servicio estatal, se trata de un supuesto de responsabilidad directa y objetiva del Estado. (Voto de la jueza Ana María Conde)
Extradición, excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, prisión domiciliaria
Materia: PENAL
Carátula: Jones Huala, Francisco Facundo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-13

Corresponde denegar la excarcelación del imputado, respecto de la prisión preventiva que se encuentra cumpliendo en virtud de la solicitud de extradición formulada por la República de Chile y reenviar las actuaciones a la instancia de origen para que la medida se siga cumpliendo bajo el régimen de prisión domiciliaria. La actitud elusiva del imputado quedó demostrada en el proceso que se le sigue en país mencionado, donde accedió y quebrantó múltiples beneficios relacionados a su libertad ambulatoria que luego debieron ser revocados, motivando la orden de captura y posterior pedido de extradición, sin embargo, dadas las circunstancias particulares del caso la prisión domiciliaria con la adición de un dispositivo electrónico de control en los términos del artículo 33, último párrafo de la Ley 24.660, resulta una medida razonable a evaluar, garantizando la sujeción del encartado al proceso.
Medianería, muro medianero
Materia: CIVIL
Carátula: LOFREDO, Ana Nélida c/ RAMIREZ, Eduardo Alberto s/ MEDIANERIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-15

La presunción que emana del art. 2718 del Código Civil, en cuanto alude al término "edificios", debe interpretarse con toda amplitud, ya que en toda clase de construcciones existe siempre la razón informativa de la norma, cualquiera fuese el destino que tuviesen los edificios o en general las construcciones.-
Honorarios, base
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TOSELLO A. c/ MUNICIPALIDAD DE ALEJO LEDESMA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-07-31

La base económica del incidente de levantamiento de embargo la constituye el monto de la medida cautelar.
Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-17


CAUSA 7960/2013 -S.I- "B. G. G. A. Y OTROS C/ THE WALT DISNEY COMPANY S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" Juzgado n 5 Secretaría n 9 Buenos Aires, 17 de junio de 2014.

Y VISTO:

Estos autos para resolver acerca del recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 361 y fundado a fs. 368/377, contra la resolución de fs. 359/360; y CONSIDERANDO:

1. El señor juez a quo con fundamento en el hecho de que dentro de las condiciones de contratación de la travesía realizada por los actores se previó la aplicación de la ley inglesa, así como también la jurisdicción de los Tribunales de Inglaterra y Gales, se declaró incompetente para entender en la presente causa. Asimismo, agregó -dentro de sus fundamentos- que la empresa demandada no se domicilia en el país y que los lugares de cumplimiento del contrato no se encuentran ubicados en esta República, así como también el hecho de que la oferta provino del exterior y el pago se realizó en moneda extranjera.

2. La queja de los recurrentes se basa en la circunstancia de que el decisorio adolece de una falta de fundamentación y viola las normas procesales en materia de competencia, todo lo que afectaría la garantía del debido proceso y su derecho de propiedad , amparados por el art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica.

3. Este Tribunal entiende que, al tratarse el caso sub examine de una cuestión de naturaleza exclusivamente patrimonial, la decisión del magistrado de la anterior instancia -en cuanto está apoyada en la competencia territorial- es prematura, pues en tal hipótesis no cabe su declaración de oficio (conf art. 4 del CPCC; esta Sala, causa 3015/98 del 25.8.98).

Y ello es así porque la ley otorga a las partes la facultad de atribuir la competencia, respecto de determinadas pretensiones, a un órgano judicial que, en principio, carece de élla, o bien, de consentir la competencia ya admitida, si no se deduce la defensa de incompetencia o la declinatoria.

Por lo expuesto, y habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General Subrogante ante esta Cámara, el Tribunal RESUELVE: revocar la resolución apelada, en cuanto declara de oficio su incompetencia.

El Dr. Ricardo Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese -al Sr. Fiscal General Subrogante ante esta Cámara a su despacho- y devuélvase.

María Susana Najurieta-Francisco de las Carreras
Cuestión constitucional, actos y diligencias procesales, recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Villarreal, Domingo Alfredo c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-05

El agravio relativo al rechazo de la introducción del hecho nuevo en la causa debe ser descartado ya que se trata de una cuestión de naturaleza procesal propia de los jueces de mérito y ajena por regla al recurso de inconstitucionalidad. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg y voto coincidente del juez Santiago Otamendi).
Recusación, sentencia, sentencia definitiva, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: PROCESAL
Carátula: JURICH, NICOLAS BERNARDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-02-23

Esta Corte ha superado la falta de definitividad de la resolución acerca de la separación del juez de la causa, por considerar que "...cuando aquélla se halla íntimamente vinculada a una garantía constitucional, erigir tal carácter en obstáculo a la viabilidad del remedio extraordinario importaría tanto como tornar inoperante la garantía comprometida..." ("Campilongo, Raúl - Tentativa de homicidio - Incidente de recusación promovido por el Dr. Jorge O. Majul", A. y S., T. 72, pág. 64; en el mismo sentido ver "Fardín", A. y S., T. 209, pág. 110); o cuando los planteos en análisis permiten inferir una cuestión de "gravedad institucional", que verifica "en abstracto una hipótesis en donde, por un lado, se pone en juego a la Administración de Justicia en relación a las exigencias de imparcialidad de los jueces y, por el otro, se entrevé la posibilidad cierta de que, a través de un manipuleo indiscriminado del instituto recusatorio, pueda violentarse gravemente la exigencia del juez natural..., ello particularmente en casos donde la garantía de la defensa en juicio se vería prima facie afectada de una modalidad susceptible de conmover la estructura institucional de la Administración de Justicia, al comprometer el atributo más distintivo de la jurisdicción, esto es, la imparcialidad, ínsito en el concepto mismo de aquélla" ("Bellia", A. y S., T. 94, pág. 25).

Sin embargo, no ha logrado el recurrente demostrar que se den en el presente caso las circunstancias que permitieron soslayar la ausencia de definitividad en los precedentes de excepción anteriormente señalados.
Banco central, liquidación de entidades financieras, medida de no innovar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIPLAN  S.A. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ MEDIDAS    PRECAUTORIAS    -  LIQUIDACION  DE  ENTIDADES  FINANCIERAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-22

La índole de la actividad bancaria y su importancia económico-social es lo que se halla en la base de las exigencias contenidas en las normas legales respectivas, Las "personas" o "entidades" que se dedican a ello saben con antelación que se encuentran sujetas a un así llamado poder de policía bancaria cuyo debido sustento constitucional ha sido admitido por la jurisprudencia en numerosos precedentes.

En el caso de autos, interesa destacar que el efecto devolutivo acordado a los recursos previstos en los arts. 46 de la ley 21.526 y 32 de la ley 22.529, no comporte una institución novedosa en el ámbito de nuestro derecho bancario positivo. Y el art. 40 de la ley 18.061 contenía un precepto similar y -mi parecer- se mantiene aquí incólume la fundamentación entonces aducida para eliminar el efecto suspensivo en estos supuestos: "la intervención del Banco Central no puede resultar tardía o extratemporánea para el objeto que toda la ley procura: (la seriedad y el fortalecimiento del sistema financiero"; para ello y, al propio tiempo, "evitar toda decisión arbitraria el legislador entendió otorgar "un recurso judicial de jerarquía" (de la exposición de motivos de la ley 18.061).

De conformidad con el Fiscal se rechaza el planteo de inconstitucionalidad deducido.

En cuanto a la prohibición de innovar, cabe en este caso decretarla, ya que si el B.C hiciera efectivo el cobro de los cargos liquidados en la resolución recurrida, tornaría ilusoria la decisión del Tribunal.

Con referencia al pedido de suspensión de la solicitud de quiebra, la documentación no es suficiente, y sería necesario tener en cuenta circunstancias que no puede valorar el Tribunal en razón de la materia de que se trata.

La suspensión de la "disposición", no tiene fundamentos ya que el Banco Central actúa en uso de sus facultades.

El pedido de inmediato cumplimiento de las obligaciones de la recurrente, frente a sus mandantes, siendo la medida de la posesión ajustada a derecho, es competencia de la demandada tomar las medidas para el pago de los depósitos (art. 56 ley 21.526, ref. 22.051) En cuanto a la suspensión de la tramitación del recurso, corresponde hacer lugar, a fin de evitar sentencias contradictorias con el proceso ordinario ya iniciado.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia, ciclista
Materia: PENAL
Carátula: MARESCA, ABEL ANTONIO. s/ HOMICIDIO CULPOSO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-13

El avistamiento del menor por parte del imputado importa desde luego, la admisión de que el riesgo o peligro no Fueron imprevisibles, sino que por el contrario la previsión estaba dada por la sola circulación del biciclo, mas aun cuando era conducido por un niño de 11 años. El haber proseguido a igual velocidad sin adoptar o asumir dicha probabilidad de colisión ante la previsión de un desvío, que pudo evitar o al menos atenuar reduciéndola, o desviándose lo suficiente lo coloca decididamente en situación de violación de un deber de cuidado y prudencia francamente indiscutibles, mas allá, claro esta, de la imprudencia que hubiese incorporado al hecho el menor al desviarse de su circulación. ...no cabe duda alguna que el imputado no conducía en la emergencia con la debida atención y con el máximo de cautela y precaución o lo hacia demasiado confiado, sobre todo porque la experiencia esta indicando permanentemente que frente al discurrir de la bicicleta en la ruta, y mucho mas si quien la conduce es un menor o una persona de avanzada edad, no cabe incurrir en descuido ninguno, ya que siempre es posible una maniobra peligrosa del biciclo, y entonces frente a esa sola posibilidad, perfectamente pensable y previsible no puede argüirse, ni sorpresa, ni imposibilidad o inevitabilidad de la colisión.
Juicio ejecutivo, pagaré, excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, sociedad anónima, escisión de sociedades, cesión de créditos
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BGM ARIOLA ARGENTINA SA c/ FERNANDEZ, ADELINA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-16

Procede la excepción de falta de legitimación activa, opuesta por el defensor oficial en la ejecución de un pagaré, cuando -como en el caso- surge que la beneficiaria del título es una sociedad anónima y no existe en el mismo, transmisión de los derechos cambiarios. No constituye óbice a lo expuesto, que el ejecutante invoque su legitimación sobre la base de la escisión verificada con una primera sociedad decidida en los términos de la ls 88 en una asamblea realizada al efecto; toda vez que, salvo en el supuesto de la ls 88- 3 (escisión división), la escisión no supone transmisión a título universal, pues implica la transferencia de una parte del patrimonio de la sociedad escindente en favor de la escisionaria, a diferencia de lo que ocurre con la fusión, donde una o mas sociedades se disuelven y otras asumen el activo y el pasivo de aquellas. Por ende, en tal situación no se infiere que la accionante sea titular de la relación jurídica cartular, pues nada se conoce sobre la inclusión del título ejecutado en la porción del patrimonio transferido en virtud de la escisión. De modo, que no mediando transmisión por vía de endoso o de cesión del titulo, corresponde acoger la excepción opuesta.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Heredia, Antonio Albino s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La agravante fundada en el sexo de la víctima tiene su razón de ser en el amparo de la mayor debilidad física de la mujer, y en la necesidad de mantener el respeto y consideración de que es acreedora, y por lo que simboliza en la esfera social y familiar.
Contrato de trabajo, actividades laborales, peluqueros, registros laborales, libros del empleador, inversión de la carga de la prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Robledo  Mariel  Irene c/ Giordano  Leonardo  Roberto y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-24

De acuerdo con lo dispuesto por la ley 23.947 el dueño de una peluquería debe llevar un libro especial registrado y rubricado en las mismas condiciones que se exigen para los restantes libros laborales, en el que debe constar: inscripción por orden de fecha, numeradas y correlativas de las copias de facturas por servicios de ventas a los clientes. Dicha legislación a su vez prevé en su art. 7 que si el libro mencionado no fuere llevado o se lo hiciere incumpliendo algunos de los requisitos específicos incumbirá al empleador la prueba en contrario respecto de los montos que se indiquen en la demanda que se pudiere promover, es decir que se produce una inversión de la carga de la prueba a cargo del empleador. Toq. 1233.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, excepciones procesales
Materia: LABORAL
Carátula: Lanzillotta, Luis A. c/ Eseba S.A. s/ Dif. salariales. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

En el caso, no se configura el supuesto de excepción previsto por el art. 55 de la ley 11.653 en el sentido y con el alcance establecido por esta Suprema Corte, toda vez que los agravios traídos se refieren a la valoración de la prueba y a cuestiones de hecho, como lo es determinar que la extinción del contrato se produjo por voluntad concurrente de las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Divorcio contradictorio, reconvención, desistimiento de la acción, conciliación, costas, costas en el orden causado, separación de hecho, cónyuge inocente
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: N., O.C. c/ P., A.A. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

Si pese a las distintas posiciones sustentadas por los cónyuges en la demanda por divorcio y su respectiva reconvención, ambas partes desistieron de la controversia, resolviendo que el juicio de divorcio se concretaría a través de la causal objetiva prevista en el art. 214, inc. 2 del Cód. Civil, esto significa que ninguno ha resultado vencido, razón por la cual cabe imponer las costas por su orden (art. 73 del Cód. Procesal). No obsta a lo expuesto el hecho de que se haya dejado de lado la inocencia de la esposa, pues la solución del pleito quedó consagrada a través de la conciliación arribada por las partes.
Recompensas, bienes inmuebles, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: A., A. P. c/ R., J. B. s/ divorcio - inc. de liquidación soc. conyugal (A., A. P.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2021-06-29

Se califica el bien inmueble con las mejoras allí instaladas como propio del marido - por haber éste suscripto el contrato de venta de derechos y acciones- y se reconoce a favor de su cónyuge derecho de recompensa por el 50% del inmueble (terreno y mejoras), ya que estando debidamente acreditado en autos que el inmueble fue adquirido con fondos comunes de ambas partes cuando mantenían una unión convivencial que posteriormente se convirtió en matrimonio, durante el cual quedó probado que ambos aportaron para que en la actualidad tenga un mayor valor. Queda evidenciado con total claridad que el inmueble al momento de su adquisición contaba con una construcción precaria, que luego del paso de los años y con esfuerzos mutuos, realizaron mejoras, refacciones y ampliaciones hasta la separación de hecho, que finalizaron en el inmueble que es hoy en día.
Debido proceso, defensa en juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Del Río Eugenio y Otra c/ Gonzalez Leandro Rafael y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-02-12

La facultad que el artículo 263 último párrafo del Códdigo Procesal Civil y Comercial no exime a la Cámara de dar tratamiento a los agravios, sin perjuicio que en ese análisis y para su definición se compartan los fundamentos dados por el a-quo, pero debe concreta y puntualmente examinarse la queja con puntual remisión a la motivación del a-quo sobre cada aspecto de la decisión que se controvierte, porque el deber legal y constitucional de dar fundamento lógico y normativo al veredicto hace a la existencia misma del mismo acto jurídico válido en tanto se encuentra comprometido en ello el derecho de defensa y el debido proceso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Silva Gómez, Rodolfo Guillermo c/ Dumrauf, Agustín s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-29

Acreditadas las labores desempeñadas por el trabajador que permiten encuadrarlo en una norma expresa de la convención colectiva de trabajo que regula la relación entre las partes, incurre en absurdo el Tribunal del Trabajo que omite en su valoración de los hechos la regla convencional aludida.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, competencia por la materia, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VINARDI, LEANDRO c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-23

En relación al genérico planteo respecto al exceso en la actividad jurisdiccional efectuado por la Alzada al valorar la prueba, corresponde señalar que lo resuelto se encuentra dentro de las márgenes de actuación que le impone el artículo 391 del Código Procesal Penal, toda vez que surge del relato de la resolución cuestionada que la defensa ante el Tribunal de Segunda Instancia presentó determinados extremos fácticos y argumentos tendentes a la absolución de su defendido; por tanto el análisis formulado por la Alzada sobre estos postulados, valorando e integrando aquellos elementos con otros existentes en la sentencia de primera instancia, surge como una actividad jurisdiccional válida y dentro de su competencia material. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 391.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto, recurso de casación, sentencia condenatoria, proceso penal, homicidio, homicidio calificado, homicidio con alevosía, agravantes de la pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Tabarez, Roberto Germán s/ delito de homicidio agravado por alevosía causa n° 232 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Incurre en excesivo rigor formal en el examen de su competencia asignada por la ley, el pronunciamiento que declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que había condenado al recurrente por homicidio agravado por alevosía de una niña de un mes de edad, al prescindir del sentido común y jurídico de las expresiones empleadas en el recurso, que le hubiese permitido advertir con simpleza que la parte reclamaba una distinta aplicación del derecho común al caso, porque consideraba errónea la de la decisión impugnada (art. 456, inc. 1°, del Código Procesal Penal).
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Torres, Néstor Darío c/ Bahía del Mar S.R.L. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-02

Radicada ante la instancia administrativa del trabajo provincial la denuncia de un infortunio laboral, cualquiera de las partes involucradas -trabajador y empleador- tienen dos alternativas posibles: a) aceptar el procedimiento administrativo que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires establece la ley 10.149 y su decreto reglamentario 6409/84 en cuyo caso el trámite es de oficio y la intervención de quienes lo aceptaron se torna obligatoria; b) declinar la instancia administrativa acudiendo a formalizar el diferendo ante sede judicial como está previsto en los arts. 7 y 9 de la ley citada. Manifestación de voluntad ésta que debe formularse expresamente por las partes en cualquier etapa del procedimiento, siempre que se concrete antes de dictarse la resolución administrativa fijando la indemnización.
Juicio de desalojo, legitimación procesal, facultades de los condóminos
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: BELLONE, MARIA TERESITA c/ GORRIA, TOMASA AMALIA y/u OCUPANTES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DESALOJO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 312 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30

El ejercicio de la acción de desalojo ha sido entendido como un acto de administración, conservatorio de un patrimonio común, actuando el condómino en calidad de mandatario o gestor oficioso, de manera que no necesita la autorización de los restantes para ello.

En el caso, no cabe hacer lugar al argumento de la recurrente relativo a la exigencia del consentimiento del otro condómino para que la actora pudiera promover la demanda de desalojo -planteo que trajo a la instancia extraordinaria como apartamiento del artículo 2680 del digesto de fondo-, desde que ese silencio puede ser interpretado como una desestimación -también en forma implícita-, criterio que no resultaría lesivo de las garantías constitucionales, en tanto en autos no consta tampoco una oposición explícita por parte del otro copropietario.