Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, elevación en apelación, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: EXENI DE SAFAR, Heluy c/ COLLADO, Víctor Manuel s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-05

El tribunal de alzada se encuentra facultado para examinar la admisibilidad del recurso, pues sobre el punto no está ligado ni por la conformidad de las partes ni por la resolución del juez de primera instancia, aún cuando ésta se encontrare consentida. Este examen puede efectuarse de oficio.

Es que, como juez del recurso, el tribunal de alzada está facultado para revisarlo, aún de oficio, tanto en cuanto a su procedencia como a su trámite y formas, a los fines de verificar, entre otros aspectos, la validez y regularidad de los actos procesales cumplidos a su respecto en la anterior instancia .

Tratándose estos autos de un proceso de desalojo el que tramita a través de las normas del juicio sumarísimo (art. 692 del CPCC), resulta de aplicación el principio de inapelabilidad consagrado en el art. 508 del ordenamiento procesal, el cual establece que en este tipo de procesos la única resolución apelable es la sentencia definitiva.

La inapelabilidad consagrada por la ley adjetiva en el artículo 508 del Código Procesal Civil y Comercial, reside en la esencia jurídica del juicio sumarísimo, criterio congruente con toda la sistemática del ordenamiento procesal que ha restringido la apelabilidad en el juicio sumario, y con mayor razón en el sumarísimo, en el que, en grado superlativo se ha buscado la rapidez.

Establecida la inapelabilidad de la cuestión principal, ello determina que lo resuelto respecto de las costas también resulta inapelable. Así, se ha sostenido que si el pronunciamiento de primera instancia no es apelable en lo principal tampoco puede serlo en punto a la condena en costas, pues lo accesorio sigue a lo principal.

El principio general en materia de interpretación y aplicación de la norma del art. 45 del CPCC, es de que la sanción se ha de imponer con suma cautela para no afectar el legítimo derecho de defensa de las partes. Por ello, para aplicar una multa por los propósitos obstruccionistas o dilatorios, éstos han de ser evidentes, manifiestos, de manera que no todo desconocimiento del derecho de la contraria ha de reputarse malicioso .

Para que una conducta sea calificada de temeraria es menester que la parte haya formulado pretensiones o defensas cuya falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo a las pautas mínimas de razonabilidad.

Es temeraria, por lo tanto, la actuación procesal cumplida con la conciencia de la propia sin razón, debiendo entenderse por maliciosa la utilización de facultades procesales con el propósito de obstruir el desenvolvimiento del proceso o de retardar su decisión. La malicia o temeridad de la conducta del apelante perdedor debe tener directa relación con una actividad obstruccionista, demostrativa de una marcada inclinación dilatoria y entorpecedora del proceso.

La norma del art. 45 del Código Procesal, al igual que la prevista en el último párrafo del art. 561 de aquél, debe ser aplicada "cautissimo modo", vigilando la normalidad del proceso y salvaguardando su buen orden, pero sin afán de convertir al juez en un aplicador mecánico de penalidades de todo aquello que no concuerde con la estrictez de lo que una de las partes pueda entender por buena fe y lealtad procesal.

De allí que el juez debe hacer cabal aplicación de los preceptos sancionatorios, pero sin traspasar los límites fijados por el libre ejercicio de la defensa de los derechos de los contendientes y de la profesión, cuya amplitud ha de estar siempre asegurada como lo manda la Constitución .