Delitos tributarios, fundamentación de sentencias
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Sposto, Alejandro Andrés c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-29

Uno de los votos concurrentes agregó que de la lectura del pronunciamiento impugnado surge que el a quo sustentó su decisión de rechazar la suspensión de la acción (que fue solicitada en los términos de la ley 27.541 -modif. por la ley 27.562-), en el impedimento de aplicar el supuesto bajo examen a las previsiones del título II de la ley 27.260. Ello, sin realizar un análisis pormenorizado de las características de cada uno de los regímenes que, si bien prevén la suspensión de las acciones penales en lo atiente a delitos tributarios, previsionales y aduaneros, difieren en aspectos sustanciales. La ley 27.541 (modif. por la ley 27.562) "Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública" establece en su art. 8 que "También, resultan alcanzadas las obligaciones e infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios, como asimismo podrán regularizarse por este régimen las deudas impositivas resultantes de su decaimiento". Ello se contrapone con lo dispuesto por ley 27.260 ("Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados"), que -al detallar las obligaciones comprendidas en el "Régimen excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras"- establece: "no resultando alcanzadas por el mismo las obligaciones o infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios" (cfr. art. 52, segundo párrafo, título II, de la ley 27.260). Lo expuesto llevó al Ministerio Público Fiscal (a pesar de su oposición a la suspensión de la acción en el sub examine) a reconocer que la ley 27.541 (modif. por ley 27.562) "posee un mayor alcance" que la ley 27.260. En el contexto desarrollado, el colegiado previo no ponderó en su análisis las disimilitudes normativas entre ambos regímenes y sus implicancias en el supuesto bajo examen, lo que lleva a la conclusión de que el fallo impugnado tiene una fundamentación aparente equiparable según reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la falta de fundamentación (cfr. Fallos 338:435, 338:68, 331:1090, 331:36, 330:4983, 330:4903, entre muchos otros).

El otro voto concurrente agregó que en línea con lo señalado en la ponencia que abre el presente Acuerdo, vale destacar lo afirmado recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en punto a que mutatis mutandi ".las razones esgrimidas por el a quo -y las partes acusadoras públicas- encuentran un límite insuperable precisamente en las decisiones de política criminal y económica adoptadas por el Congreso Nacional, plasmadas en la ley y cuya interpretación deben respetar los criterios de hermenéutica jurídica ampliamente desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal según han sido aquí ponderados, sin que corresponda al Poder Judicial sortear -por vía interpretativa- a ese cuerpo deliberativo en el mérito o conveniencia de las soluciones legislativas que adopta, circunscribiéndose su ámbito de apreciación al análisis de lo irrazonable, inicuo o arbitrario (Fallos: 308:1361; 313:410; 318:1012; 340:1480, entre otros)." (CSJN, CPE 601/2016/CS1, "Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769", del 28/10/21). Dres. Ledesma, Borinsky -voto concurrente- y Carbajo -voto concurrente-