Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-06-29


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 29 días del mes de junio del año dos mil once, reunido en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia, en pleno, bajo la Presidencia de su titular el Dr. Jorge PFLEGER y asistencia de los Dres. José Luis PASUTTI, Alejandro Javier PANIZZI, Raúl Adrián VERGARA y Carlos Alberto VELAZQUEZ para dictar sentencia en los autos caratulados: "G. A. S.A. c/ CHUBUT, PROVINCIA DE s/ Acción Declarativa de Certeza" (Expte. Nº 21.302-G-2.008) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 500 y lo dispuesto a fs. 505 y 508, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nº 3.202, 3.204 y Acuerdos Plenarios Nº 3.613/07 y 3.941/11, encontrándose ausente, en uso de licencia, el Dr. Fernando S. L. ROYER, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Doctores PASUTTI, PANIZZI, VERGARA, VELAZQUEZ y PFLEGER.

Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la demanda declarativa de inconstitucionalidad intentada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.--- A la primera cuestión el Dr. José Luis PASUTTI dijo: --- ANTECEDENTES: - La presentación cosida a fs. 220/239 dio comienzo a las actuaciones de marras, en las que los Dres. E. M. A. y H. E. C. G., en representación de G. A. S.A., interpusieron una Acción Declarativa de Certeza en los términos del art. 325 del C.P.C.C. dirigida a esclarecer la situación jurídica del ente privado que actuó, frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia del Chubut (Ley Provincial Nº 5.450, Libro II, Parte Especial, Título II, texto ordenado 2.006 y sus modif. y complementarias).

La incertidumbre que motivó la acción -señaló el accionante- fue creada por la Ley Nº 5.450, art. 115, punto 15 y se concretó sobre G. A. S.A. en un acto administrativo de alcance particular (Intimación Nº 174/07 DCM, de fecha 26/06/2.007, notificada el 29/06/2.007) emanado de la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut, mediante el cual fue intimada la firma contribuyente a rectificar los Formularios CM 03 -Declaraciones Juradas- correspondientes a los períodos 06/2.006 a 12/2.006 y 01/2.007 a 05/2.007 del citado Impuesto local, por la actividad de "Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejedurías integradas" (Código Nº 171140-0), al considerar que había quedado sin efecto la exención reconocida por la Ley Provincial Nº 3.926 y otorgada en cumplimiento del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12/08/1.993 (normas complementarias y modificatorias).

Añadió que todos los presupuestos fácticos que habilitaban la procedencia de la declaración de certeza que a V.E. le competía, se habían producido puesto que la DGR del Chubut, ya había emitido el acto administrativo de alcance particular mediante el cual intimó el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Provincial N° 5.450, bajo apercibimiento de sanciones.- Entendió acreditado el grave perjuicio que tal incertidumbre le creó, toda vez que se pretendía privarla del beneficio de la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del Chubut, mediante disposiciones locales probadamente inconstitucionales. Ese era, a su criterio, el interés jurídico suficiente que exigía la norma para accionar, proyectada sobre su derecho de propiedad reconocido por los artículos 14, 17, 19 y 33 de la Constitución Nacional y de ejercer industria lícita en cualquier parte del territorio nacional, sin padecer discriminaciones arbitrarias en razón del domicilio de constitución social (artículo 14 de la Carta Magna).-- Señaló que no existía otro remedio legal, judicial o administrativo, para poner fin a la situación de incertidumbre creada por la Ley Provincial N° 5.450, artículo 115, punto 15, sus normas complementarias y la Intimación N° 174/07 DCM de la Dirección Provincial de Rentas del Chubut. Esto, por cuanto la falta de certeza actual, posibilitaría la pérdida de la exención que gozaba la sociedad, el inicio de un procedimiento determinativo de oficio del tributo en cuestión, el cálculo de la deuda (con más sus intereses y recargos) y la aplicación de las sanciones con que amenaza la intimación cursada.---- Luego de fundamentar el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la acción, los letrados de la sociedad actora desarrollaron su contenido sustancial, y en primer lugar denunciaron que la Ley Provincial N° 5.450, artículo 115, punto 15 vulneró lo normado por el artículo 75, inciso 13 de la Constitución Nacional por cuanto supeditó la exención en el impuesto sobre los ingresos brutos a que la producción textil se efectuara en plantas ubicadas en la Provincia, por empresas con domicilio real y sede administrativa principal en el territorio del Chubut.- De ese modo, señalaron, la norma establecía un privilegio en razón del domicilio de origen de la producción industrial claramente discriminatorio, dándole a la exención un alcance de carácter proteccionista y que distorsionaba el comercio interjurisdiccional, cuya regulación le competía, exclusivamente, a la Nación por imperio del artículo 75, inciso 13 de la Carta Magna Nacional, y los artículos complementarios 9, 10, 11, 12, 121 y 126 del mismo cuerpo de legal.-- En segundo lugar, destacó que la ley atacada violaba el Régimen Federal de Coparticipación, pues conculcaba una obligación específica asumida por la Provincia mediante la expresa adhesión al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, acordado el 12 de agosto de 1.993, que era la de limitar el impuesto sobre los ingresos brutos estableciendo exenciones para la industria primaria, y reemplazarlo en un plazo no superior a tres años por un impuesto general al consumo que tendiera a garantizar la neutralidad tributaria y la competitividad de la economía.-- Añadió que la modificación unilateral de lo establecido en el Pacto era inadmisible, pues la exención había sido establecida por un acuerdo interjurisdiccional, cuyas previsiones gozan de preeminencia sobre las disposiciones locales, entrando en juego el principio constitucional de jerarquía normativa (artículo 31 de la Constitución Nacional), por el cual las normas de derecho infrafederal era superiores a las Provinciales.- A renglón seguido, manifestó que la garantía al efectivo goce del derecho de propiedad de G. A. S.A. era lo que perseguía la acción intentada, que se veía menoscabada ante la incertidumbre creada por el obrar de la Provincia del Chubut. Y párrafos siguientes destacó que la tutela judicial de este derecho no se agotaba con la posibilidad de venir ante V.S. a solicitar el cese de la incertidumbre que vulneraba aquel derecho, sino que era menester para su satisfacción que el Juez de la causa declarare la certeza acerca de la inconstitucionalidad y legalidad de la norma Provincial.---- Acompañó prueba documental, hizo reserva de caso federal y formuló petitorio de estilo.-- La demanda fue originariamente presentada ante el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, que declaró su incompetencia para entender en el juicio (fs. 243 y vta.) y elevó el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual resolvió que la causa era ajena a su competencia originaria y ordenó su remisión a este Superior Tribunal (fs. 248/250), cuyo avocamiento se produjo a fs. 265 y vta.--- A fs. 440/451 la Provincia del Chubut, representada por los doctores D. E. F. y F. A. P., con el patrocinio letrado del Señor Fiscal de Estado, doctor Diego Guillermo Carmona, contestaron la demanda interpuesta por G. A. S.A.. Sobre la cuestión de fondo señalaron que, la exención impositiva prevista en el punto 15 del artículo 138 de la Ley XXIV N° 38 del Digesto Jurídico, encontraba su fundamento en los artículos 12, 14, 83, 93, 94 y 135, inciso 2° de la Constitución Provincial y se fundaba en razones de fomento, tendientes al desarrollo de la industria y la economía local, dictada en pleno uso de facultades no delegadas en la Nación.-- Todas las medidas que se adoptaron en el marco del Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento del 12 de agosto de 1.993, tuvieron como objetivo esclarecer las bases para el crecimiento sostenido de la actividad económica, productividad y niveles de ocupación, por lo que resultaban constitucionalmente válidas. Agregó, que cabía recordar que la adhesión de la Provincia al Pacto en modo alguno implicaba la renuncia de facultades no delegadas a la Nación.--- Hicieron varias citas jurisprudenciales para luego aclarar que, no existía diferencia de jerarquía desde el punto de vista constitucional entre el derecho tributario provincial y el nacional, y admitir la menor jerarquía del primero frente al segundo, significaría que el poder delegado sería más amplio que el poder delegante.

Por último, señalaron que la Provincia del Chubut tenía el ejercicio exclusivo del Poder de Policía local en materia laboral y comercial, de manera que el otorgamiento de una exención impositiva con la exigencia de constituir domicilio real y tener sede administrativa principal en la Provincia, encontraba su fundamento en asegurar el ejercicio efectivo de dicho poder y para evitar, además, que empresas con actividad única y exclusiva en la Provincia eludieran todos los mecanismos de control estatal con la simple constitución de su sede administrativa y social en una jurisdicción extraña.- Concluyeron que la exención prevista en el punto 15 del artículo 138 de la Ley XXIV N° 38 del Digesto Jurídico, tenía fundamento en el ejercicio del Poder de Policía de la Provincia y había sido dictada en uso de facultades no delegadas en la Nación y en un todo de acuerdo con el marco constitucional respectivo, por lo que solicitaron a este Superior Tribunal de Justicia, que rechazara la acción entablada en todos sus términos, con expresa imposición de costas a la contraria.---- A fs. 489/492 vta. la accionante alegó sobre el mérito de la prueba producida, mientras que a fs. 494/495 vta. hizo lo propio la Provincia del Chubut.-- El Procurador General de la Provincia, doctor Jorge Luis MIQUELARENA, emitió dictamen a fs. 497/498, y señaló que los pactos de armonización tributaria de carácter intrafederal no impedían el ejercicio -a las provincias- de las facultades no delegadas en el Gobierno Federal. Las exenciones dispuestas obedecían a razones de fomento que tendían al desarrollo de la industria y la economía local, habían sido dictadas por la Legislatura en ejercicio de competencias constitucionalmente asignadas y en cumplimiento de fines igualmente previstos (artículos 94, 135 inciso 2° y concordantes de la Constitución Provincial).- En su opinión, la suscripción por parte de la Provincia del Chubut de pactos infrafederales no implicaba la renuncia a las potestades propias en cuanto se refirieran a facultades no delegadas, en la medida que no implicaran una violación a las previsiones allí establecidas. Es así que toda vez que se hubiera mantenido la exención al impuesto, bajo nuevos recaudos, no se habrían violentado tales condiciones. Por ello, aconsejó el rechazo de la acción.

ANÁLISIS: ---- I.- Conforme se desprende de los antecedentes reseñados, G. A. S.A. se presenta ante este Tribunal a los efectos de promover Acción Declarativa de Certeza contra la Provincia del Chubut, para clarificar su posición jurídica frente al pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (hoy art. 138, punto 15 de la Ley N° XXIV N° 38, sus modificaciones y complementarias). Esta situación de inseguridad la atribuye al dictado de un acto administrativo de alcance particular (Intimación N° 174/07 DCM), que ordenó rectificar los formularios CM 03 de los períodos 06/2.006 a 12/2.006 y 01/2.007 a 05/2.007 del referido impuesto, por la actividad de "Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejedurías integradas" (código 171140-0). Dicha disposición neutralizó la exención dispuesta por la Ley Provincial N° 3.926, otorgada en cumplimiento del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de fecha 12/03/1.993.- En virtud de estos fundamentos, solicitan que se declare la inconstitucionalidad del art. 115, punto 15 de la Ley N° 5.450 (hoy Ley N° XXIV N° 38, artículo 138, inciso 15) y de todas las normas que derivaren de la misma, hasta el acto administrativo N° 174/07 DCM de fecha 26/06/2.007, notificado el 29/06/07), que sirvió de apoyo a la primera de las normas indicadas, por violar el art. 75, inc. 13 de la C.N. y normas complementarias y concordantes.--- Por su parte, el gobierno Provincial entiende que la fijación de dicho tributo se encuentra comprendido dentro de las facultades no delegadas a Nación, y por ende, puede aplicarlo en su jurisdicción dada la naturaleza específica que gobierna el concepto territorial que domina al Ingreso Bruto.

Planteado así el conflicto, analizaré, en primer lugar, cuál es la normativa actualmente vigente en la materia, sin dejar de tener muy en cuenta, los orígenes y fundamentos que motivaron, la celebración de los Convenios Multilaterales y del Pacto Federal que detentan un papel de suma relevancia en la dilucidación del caso que nos ocupa.---- Dicho esto, comenzaré por referirme al Pacto Federal (Decreto N° 1.807/93), que firmaron el Gobierno Nacional y las provincias para adoptar "políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales", conforme se desprende del punto PRIMERO del Anexo del mismo. En pos de tal objetivo, las provincias asumieron el compromiso de derogar en sus jurisdicciones, los impuestos de sellos a toda operación financiera y de seguros institucionalizada, destinada a los sectores agropecuario, industrial, minero y de la construcción, para ir abarcando, después el resto de las operaciones y sectores establecidos, programa que se debía completar el 30/06/95 como parte del proyecto "Argentina en crecimiento 1.993-1.995".---- También se debía derogar el impuesto a los ingresos brutos que gravaran, entre otras actividades, la primaria y la producción de bienes (industria manufacturera).----- La importancia de establecer de manera definitiva la exención del impuesto que nos ocupa, se remonta, entonces, a la celebración de este Pacto Federal denominado para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, que fuera suscripto con fecha 12 de agosto de 1.993. Distintas provincias adhirieron al mismo, entre ellas, la nuestra. La metodología de aceptación, se plasmó mediante la sanción de la Ley Provincial N° 3.925 y se completó con la siguiente (Nº 3.926) que derogó, en su artículo cuarto, el referido tributo.

Así, se celebró una norma convenio entre la Nación y las Provincias, para establecer pautas políticas tendientes a favorecer el crecimiento económico general del país, implementando la reducción y anulación de ciertos gravámenes, con el objeto principal de disminuir los costos de los productos amparados bajo esta modalidad y tornarlos competitivos, incluso a nivel internacional.

Como contraprestación, las provincias debían dejar sin efecto, específicamente, la percepción de los impuestos de sellos y de los ingresos brutos que pesaran sobre la producción primaria, la industria manufacturera, las operaciones financieras y cambiarias, la construcción de inmuebles y otros previstos sobre determinados bienes, con el compromiso de ir progresivamente, eliminando el tributo de los ingresos brutos de la casi totalidad de actividades productivas para reemplazarlo por uno destinado al consumo que permitiera la posibilidad cierta de una efectiva competitividad en el desarrollo del campo económico.----- Por su parte, la obligación del Estado Nacional consistía, según los términos del convenio, en eliminar el impuesto a los activos, reducir paulatinamente el monto de los aportes patronales sobre los salarios en una proporción diferencial según la ubicación de las empresas, asumir el déficit de las Cajas de Jubilaciones Provinciales y coparticipar los impuestos nacionales que excedieran el tope previsto en la suma de pesos setecientos veinticinco millones ($ 725.000.000) en un primer paso para llegar a la suma de pesos setecientos cuarenta millones ($ 740.000.000), desde el día 1 de enero de 1.994 (Punto SEGUNDO del referido Anexo I).- En los hechos que se sucedieron después de la firma el convenio, lo primero que se dejaron sin efecto por parte del gobierno nacional, fueron las retenciones de los montos excedentes de coparticipación federal por encima de un mínimo para cubrir las pérdidas que pudieran suscitarse en la recaudación Provincial, provocadas, precisamente, por la supresión de impuestos y exenciones a las que los gobiernos Provinciales se habían obligado a llevar adelante.

El primer tema que se presenta es saber la fuerza obligatoria de los pactos de este tipo. Toda vez que no existe regulación normativa específica (sólo algunos anteproyectos de ley), se debe recurrir a la doctrina, jurisprudencia y, asimismo, a las disposiciones del Derecho Interno e Internacional, incluso los usos y costumbres.

La Corte Suprema de Justicia ha dicho que: "El nuevo rango asignado a la coparticipación federal de impuestos por la Convención Constituyente de 1.994 y el amplio tratamiento que la Ley Fundamental le dedica después de la reforma, conduce a la conclusión de que la afectación del sistema establecido involucra, en principio, una cuestión constitucional" (Fallos, 324:4.226).

Agregó en el mismo Fallo, que la gestación institucional de los tratados o leyes-convenio celebrados entre las provincias y el gobierno nacional, los coloca en un rango normativo específico dentro del derecho federal. Ello implica que no puede ser derogado en forma unilateral por cualquiera de las partes.-- Los pactos federales constituyen manifestaciones positivas del llamado federalismo de concertación, tendiente a establecer, mediante el acuerdo concurrente del Estado Nacional y de las provincias, un programa destinado a adoptar una política uniforme en beneficio de los intereses nacionales y locales (Fallos, 322:1.781).

Ello no debe interpretarse como una limitación a los derechos Provinciales, pues como lo ha sostenido el Cimero Tribunal, este último se constituye en fuero natural de las provincias argentinas (Fallos, 180:176; 315:1.892; 316:965).-- Por otra parte, lejos de suprimir la voluntad de los gobiernos locales, concilia las diversas necesidades, y busca equilibrar la disparidad de producción, población e intereses, de cada una de ellas, "... y la creación de un órgano para esa conciliación, para la protección y estímulo de los intereses locales, cuyo conjunto se confunde con la Nación misma", consagrando el Principio de "hacer un solo país para un solo pueblo" (Fallos, 324:4.241).---- En doctrina se considera que los pactos interjurisdiccionales, sobre todo los que versan sobre aspectos económicos, buscan la realización de valores utilitarios: "1) realizar una acción conjunta en los problemas de interés común; 2) conjugar, ante la insuficiencia de medios, los elementos propios con los de otros gobiernos; 3) exhibir mayor eficiencia, que en la hipótesis de actuar las partes por separado o aisladamente, para satisfacer las necesidades y requerimientos comunitarios; 4) mantener la identidad corporativa de las unidades participantes y permitir a sus funcionarios retener un mayor control sobre las competencias que se articulen cooperativamente; 5) lograr economías financieras; 6) conciliar los intereses "rivales y opuestos" que anidan en el sistema federal; 7) centralizar o descentralizar el aparato gubernamental...." (Conf.: Horacio Daniel PIOMBO, "Teoría General y Derecho de los Tratados Interjurisdiccionales Internos", Ed. Depalma, Año 1.994, págs. 82/83).

Pero, a su vez, dichos tratados apuntan a ejecutar los valores que anidan en nuestra Constitución Nacional inscriptos en su preámbulo, donde se propende consolidar la unión nacional, asegurar la paz interior, afianzar el sistema federal de gobierno, promover e instrumentar la cooperación recíproca entre los órganos estatales, integrar a la Nación Argentina y democratizar el ordenamiento de derecho público (op. y autor citados, pág. 84).--- Ahora bien, la validez de dichos convenios está prevista, desde el punto de vista constitucional, por los artículos 121 y ccs. de la Carta Magna. El art. 121 reserva a las provincias todo el poder no delegado en el Gobierno Federal. El art. 125 hace referencia a la facultad que tienen las provincias de celebrar "tratados parciales para fines de administración de justicia, intereses económicos trabajo de utilidad común, con conocimiento del Congreso federal...". Y el art. 126, indica que no pueden ejercer el poder delegado a la Nación ni celebrar tratados de carácter político, entre otras prohibiciones. Es decir, las provincias pueden celebrar acuerdos con el estado federal y con otras provincias, respetando los límites de los poderes delegados o de exclusiva regulación federal.

Es innegable que el carácter territorial de los gravámenes que pesan sobre la actividades lucrativas o los ingresos brutos, circunstancia ésta, que en más de una ocasión, ha llevado a que las provincias celebren, entre sí, los denominados convenios multilaterales, para prevenir, precisamente, la superposición del cobro de impuestos, que luego redundan en un costo elevado de las distintas mercaderías que se producen en distintas jurisdicciones. Así, se evita la recarga impositiva que pesa sobre los contribuyentes y se eluden inspecciones y resoluciones administrativas en cada lugar donde el producto se comercializare.- Es dable señalar que el Código Fiscal provincial (actualmente Ley XXIV N° 38), prevé esta circunstancia en su art. 145 (y consecutivos) donde refiere que los contribuyentes que ejerzan actividades "en dos o más jurisdicciones, ajustarán su liquidación a las normas del Convenio Multilateral vigente". Es decir, formula una remisión incuestionable y se somete a lo regulado en dichos acuerdos, hechos que se contradicen con la limitación que impone al modificar el art. 115, punto 15, hoy 138 punto 15.---- Resulta claro que tanto el Pacto Federal de 1.992, inmediatamente anterior al que nos convoca en este juicio, han buscado negociar diferentes aspectos, más abarcativos que solamente el impuesto a los ingresos brutos. Ello así, en miras a resolver más de un rubro que se encuentran en conflicto y que vincula a la Nación con las Provincias. En el marco de dicha negociación, era compromiso asumido por los gobiernos locales la eliminación del impuesto de sellos, de ingresos brutos excluyendo los de la actividad primaria, o bien, reemplazar a este último por uno a las ventas. También se buscó prevenir que los municipios encarecieran los servicios públicos con gravámenes sobre las tarifas y regular el impuesto inmobiliario y las tasas de conservación de caminos.- El Pacto de 1.993 fue aprobado -como ya se señalara-, por la Legislatura Provincial, mediante la Ley Nº 3.925, y si bien no existe regulación nacional específica respecto de cuándo se produce su entrada en vigencia, siguiendo la normativa vigente, es criterio aceptado que, una vez publicada la ratificación o su adhesión legal, se generan obligaciones para las partes intervinientes (art. 2 del C.C.), y deben ser respetados por las restantes provincias (art. 7º de la C.N.).

A mayor abundamiento, una vez ratificado el convenio por la Provincia (tal como lo hizo al sancionar la Ley N° 3.925), el pacto pasó a formar parte del derecho público interno local, con rango normativo específico dentro del derecho federal. Por ello si una provincia se aparta de las obligaciones convenidas por medio de este tipo de convenios, incurre en una franca violación de las cláusulas constitucionales.----- Cabe destacar que desde la sanción de la Ley N° 3.926 antes mencionada, se derogó el impuesto a los ingresos brutos para las actividades como las que desempeña la actora, y así se respetó, sin condicionamientos u observaciones. El Poder Ejecutivo Provincial tampoco lo denunció ni invocó causales en tal sentido, como si sucedió, por ejemplo, con la Provincia de Río Negro respecto del Pacto Federal Eléctrico. Dicha gobernación lo denunció por tratarse de un negocio económicamente rentable, y estableció -unilateralmente- la cantidad de metros cúbicos por segundo que las usinas podían devolver al río. Es decir, recurrió a uno de los mecanismos previstos por el Derecho Internacional para apartarse de las obligaciones asumidas: denunció el convenio y fundó dicha circunstancia.---- En el caso bajo examen -sin entrar a considerar si la denuncia es factible o en qué casos operaría en función de lo previsto por el art. 75 inc. 2), no se acusaron inconvenientes en el cumplimiento del Pacto, tal cual fuera redactado. Tampoco ha operado un mutuo consentimiento para dejarlo sin efecto, ni ha fenecido su objeto. Es decir, sigue vigente en todas sus partes para las provincias que lo han rubricado y así, ha sido incorporado a su legislación local.- Considero oportuno continuar con un breve análisis de los alcances y naturaleza del impuesto a los Ingresos Brutos, por tratarse del impuesto que centra el planteo de la acción.- Siguiendo esa línea conductora, señalo que el concepto de Ingreso Bruto se relaciona con el tributo cuya base imponible la constituyen las actividades económicas ejercidas en forma habitual y a título oneroso. Los hechos que le sirven de base, son de naturaleza eminentemente económica, por cuanto es la capacidad contributiva de las personas la que contempló el legislador al momento de su determinación.

Esta tarea rentable, debe ser efectiva y no potencial, pero a su vez, requiere de habitualidad, es decir, su reproducción continuada en forma que acredite un propósito de permanencia en la modalidad elegida y cierta organización en el "negocio actividad lucrativa" emprendidos. ("El Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Mario Enrique ALTHABE, 2ª Ed. actualizada, Ed. La ley, 2.003, pág. 7, citando a Carlos GIULIANI FONROUGE en su obra "Derecho Financiero", Vol 1, pág. 1.156, actualizada por Susana NAVARRINE y Rubén ASOREY). Se trata de hechos que hacen al giro normal de los negocios, consiste en un gravamen que no se aplica in abstracto sino sobre los actos y operaciones realizados en el ejercicio de las actividades (Conf.: Cám. Civil Sala E, 16/12/68, Establecimiento Vitivinícola Calise, Impuestos, XXVII-105, y D.F. xx-96 citado por GIULIANI FONROUGE - NAVARRINE, en su obra "Impuesto a los Ingresos Brutos, Ed. Depalma, 1.982, pág. 21).

Como se puede apreciar, el concepto se vincula, no solamente a la actividad económica en si misma, sino con el conjunto de hechos o actos llevados a cabo en el ejercicio de la profesión lucrativa. Estos son alcanzados por el impuesto.---- En mi Tesis Doctoral titulada: "Colaboración e integración interprovincial, para la reconstrucción del federalismo", Año 2.011, expresé que los impuestos indirectos provinciales, al aplicarse a la producción primaria se trasladaron fuera de su territorio, con el agravante de que, en caso de exportación, no se efectuaba la devolución correspondiente. Además se utilizaron como una herramienta discriminatoria, ya que la alícuota en muchos casos se agravaba si el producto era proveniente de otra provincia, con lo cual se convertían en una suerte de aduanas interiores.- Por la razón expuesta, se elaboraron diferentes aportes para salvar esa situación de doble imposición, con la condición de mantener subsistentes los impuestos indirectos legislados por la Nación. De los primeros los más destacados fueron presentados por el diputado Luis LEGUIZAMÓN, el 13 de junio de 1.910; el diputado Miguel LAURENCENA, el 21 de agosto de 1.912, entre ellos. Así el 28 de noviembre de 1.916, quien era Administrador General de Impuestos Internos, doctor José Manuel AHUMADA, elevó al Ministerio de Hacienda un anteproyecto de impuestos que constituyo un importante avance en el camino de elaborar un sistema para evitar la doble imposición interna. El anteproyecto fue formulado en 1.922, con reconocimiento por diez años a las provincias que sufrieran déficit como consecuencia de la derogación de impuestos.----- En nuestro país el impuesto a los Ingresos Brutos se aplicó por primera vez en la Provincia de Buenos Aires en el año 1.948, extendiéndose rápidamente a todas las demás (Conf.: Giuliani FONROUGE-NAVARRINE, obra citada, pág. 14). Originariamente, se aplicaba a las "actividades lucrativas". Con la finalidad principal de prevenir la superposición de su cobro, y a partir de varios conflictos que se originaron por dicho motivo, se convino, precisamente, la celebración y firma de los convenios multilaterales entre las provincias, e incluso, los municipios, aunque seguía subsistiendo con otros gravámenes, como lo era el aplicable a las ventas. Con el dictado de las leyes Nº 21.251 y 21.252 (con base en el Acta de Concertación firmada por el Ministerio de Economía y los gobernadores de las provincias en el año 1975), se denominó Ingresos Brutos al impuesto sobre las actividades lucrativas. Se trata de un gravamen de fácil percepción, indirecto a los gastos, acumulativo y plurifase.

Estaba previsto que quedara definitivamente anulado a partir de la creación del I.V.A.. Ello no ocurrió y la mayoría de las provincias, lo siguen aplicando hasta el día de la fecha. La Constitución Nacional ha establecido el sistema federal de gobierno de modo que, tanto los gobiernos Provinciales como los municipios, cuentan con autonomía funcional (arts. 4, 5, 121, 122, 123, y ccs.) para lo cual, poseen la facultad de disponer la aplicación de tasas e impuestos a los efectos de dar cumplimiento a sus fines específicos. Cabe destacar, que en los últimos veinte años no ha habido decisiones jurisprudenciales que contradijeran la potestad tributaria local (Mario Enrique ALTHABE, obra citada, pág. 32).-- Pero queda claro que la distribución de competencias entre el estado federal, provincial y municipal no debe superponerse y en especial, en materia de impuestos. Ninguno de ellos debe avasallar al otro poder (art. 75, inc. 2 de la Carta Magna), ni tampoco entre poderes de igual jerarquía.- Así, el hecho imponible y el territorio son los presupuestos básicos para dar nacimiento a la obligación tributaria. Y las dudas que mayormente, se podrían producir respecto de la jurisdicción competente, se han resuelto por la firma de los convenios multilaterales que vengo de relatar. Sólo cuando estos últimos no existieren, entonces corresponderá a la justicia atender la solución del caso teniendo en cuenta a las particularidades del mismo. -- Los hechos imponibles definidos por la ley en su aspecto objetivo, deben ser delimitados territorialmente para abarcar, solamente, a aquellos que se verifican en el ámbito espacial que establece la ley misma y que, automáticamente, excluye los hechos imponibles que, si bien responden a la delimitación objetiva, deben hacerlo con respecto al espacio que la ley circunscribe para el ejercicio de su poder fiscal (cita efectuada por Mario Enrique ALTHABE de JARACH, Dino, "Finanzas Públicas y Derecho Tributario", p. 32, en obra citada pág. 37).- En el impuesto a los Ingresos Brutos, el hecho imponible está constituido por las actividades que en forma habitual y a título oneroso o con fines lucrativos desarrolla la obligada al pago.--- La facultad de imponer tributos corresponde a los gobiernos Provinciales de manera originaria, los cuales deben establecerlos, con exclusividad, dentro de su ámbito jurisdiccional. Ello así, sin perjuicio de los delegados oportunamente, al gobierno federal. La Corte Suprema ha referido que las provincias retienen todo el poder que deriva de la Constitución, excepto en los puntos que ésta restringe (GIULIANI FONROUGE-NAVARRINE, obra citada, pág. 28).- Como dijera en mi Tesis Doctoral, los pactos interprovinciales conforman un capítulo importante en nuestra historia ya que cuando no se había constituido la Nación y asediaba la guerra civil, fueron dichos pactos los que mantuvieron vivos los lazos de nacionalidad y abrieron el camino para constituir la unión nacional.--- Tal como viene de decirse, y explicitados los aspectos más importantes relacionados con la firma de convenios con el Gobierno Federal y la naturaleza misma del impuesto me llevan a revisar si existen elementos de relevancia adecuada en el sublite, con entidad suficiente para justificar la decisión unilateral para apartarse del Pacto Federal e imponer, en forma unilateral, la percepción del tributo.- Ahora bien, es precisamente el art. 75, inc. 2° el que autoriza la coparticipación de impuestos al establecer, como funciones del Congreso Nacional la de imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias y las directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. El inciso culmina estableciendo de manera expresa que : "Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables".--- Dicho artículo establece que una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las Provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos y fijará las pautas a seguir para su distribución las cuales deberán contemplar criterios objetivos de reparto; ser equitativas, solidarias y priorizando alcanzar un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. También establece la creación de un organismo fiscal federal para controlar el cumplimiento de lo pautado.

Agrega que la Ley Convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. Es decir, la propia Constitución veda toda posibilidad de modificación por una sola de las partes signatarias.-- Por otra parte, en materia de tratados, resultan de aplicación supletoria, las normas de derecho internacional público, plasmadas en el Convenio de Viena, que nuestra nación ratificó mediante Ley N° 19.865. Así, en lo relativo a la interpretación de los mismos, se invoca el principio de "pacta sunt servanda". Dice el art. 26 de la referida convención que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. A continuación, el art. 27 establece que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Por último, el art. 31 establece como regla general que los tratados deben interpretarse de buena fe conforme al sentido que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Es decir, no se puede dejar sin efecto un tratado de manera unilateral y sin seguir los pasos previstos para ello que se deben cumplir, conforme las disposiciones de dicha normativa. Si se han modificado las circunstancias fácticas que lo motivaron o han surgido hechos nuevos que alteraron las bases de negociación, deberán seguirse los pasos correspondientes para justificar el apartamiento de la parte involucrada a los efectos de que pudiere operar dicha renuncia. Nada de eso se advierte en autos ni al momento de ratificar el Pacto Federal, ni tampoco de las conductas posteriores desplegadas por la demandada.

Recuerdo que en mi Tesis doctoral -antes individualizada-, indiqué que el principio de cumplimiento de los acuerdos también se evidencia en el derecho interno. Así, el art. 1.198 del Código Civil establece que: "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender...".- El análisis de la norma cuestionada en autos, y siguiendo este hilo conductor, revisé la exposición de motivos correspondiente a Ley Nº 5.450 (Código Fiscal, hoy Ley XXIV N° 38). Al tratar el art. 115 punto 15 (actualmente art. 138, punto 15), nada se dijo respecto a modificar el Pacto Federal ni se efectuó justificación relacionada con la eventual necesidad de aumentar, por ejemplo, la recaudación tributaria. Es decir, no se expresa causa alguna en el diario de sesiones de fecha 16 de diciembre de 2.005 que sirva de sustento a la modificación introducida en la norma. Pareciera que no los hubo.- Se advierte entonces, que no existe razonabilidad en el antecedente ya que no hay motivación para el cambio. Y tampoco se justifica que la exención se deba considerar solo para quienes tengan su domicilio dentro del ámbito Provincial sin ningún otro requerimiento. Así, cabe la siguiente paradoja, si el domicilio de G. A. S.A. se radicara en la ciudad de Comodoro Rivadavia, pero trasladara la mayor parte de sus instalaciones fabriles a otra localidad, por ejemplo, a Río Negro,¿gozaría entonces de la exención por el solo hecho de tener su domicilio en Chubut y alguna instalación como sede principal en esta jurisdicción? No parece razonable ni mucho menos conteste con las motivaciones que llevaron a las provincias a ceder la percepción de este tributo en pos de los beneficios recibidos en contraprestación, por la firma del Pacto Federal.

Y aquí, me permito recurrir a los fundamentos doctrinarios expresados, oportunamente, por Juan Francisco LINARES, cuando expresara: "Cada vez que el legislador dicta una ley debe efectuar esa valoración de razonabilidad para determinar el alcance del hecho antecedente, incluir cierta clase de circunstancias del caso en él y excluir otras siempre que no sean iguales. El excluir éstas significa que, estimados los hechos o las circunstancias, unos se incluyen como hecho antecedente de la norma y otros no, por ser merituados como distintos" (Autor citado, "Razonabilidad de las leyes", Ed. Astrea, Año; 2.002, pág. 117).

De lo precedentemente expuesto se colige que, debe existir una vinculación entre los fundamentos de la modificación de la ley y los fines perseguidos por la norma. Nada de ello se observa en los antecedentes legislativos, ni en los fundamentos dados más tarde al contestar demanda. Ello genera una notoria desigualdad entre quienes no se domicilian en la Provincia, tengan o no el funcionamiento principal de sus actividades en ella.

Refuerza lo expresado el cotejo de la instrumental e informativa oportunamente incorporada a la lite, ya que de ellas se deriva que la firma actora, desarrolla sus operaciones lucrativas en la ciudad de Comodoro Rivadavia, lugar donde tiene sus instalaciones fabriles pero su domicilio legal se encuentra radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 1.957, circunstancia que nunca fue tenida en cuenta para fijar la exención tributaria.- Por su parte, considero relevante ponderar lo dicho por la accionada al contestar esta acción. Lejos estuvo de rebatir el argumento dado por la actora de considerar un acto discriminatorio la supresión del impuesto por el hecho de tener su domicilio "real" en otra jurisdicción. La modificación del artículo no fue precedida de ningún comentario ilustrativo. Tampoco se explica por qué el cambio de domicilio legal de la empresa puede definir si paga o no el tributo cuando la misma funciona a pleno en el Parque Industrial de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Y aquí encuentro acertado lo referido por la actora, en punto a que se trata de una empresa radicada en la zona por más de 20 años, que emplea a más de 400 operarios en las diversas etapas de producción que desarrolla en sus instalaciones. Estas circunstancias han sido y lo siguen siendo en la actualidad, los factores principales por los cuales se fijaron las exenciones impositivas o se concedieron beneficios por parte del gobierno provincial. Prueba de ello son los permisos de pesca respectivos que se otorgan a las compañías pesqueras, solamente cuando cuenten con plantas en tierra que empleen un mínimo de operadores, encargados de desarrollar las funciones principales vinculadas al proceso de elaboración de los productos de mar (Ley XVII N° 1, arts. 11, 14 y concordantes).

Así las cosas y dadas las carencias fácticas y jurídicas que se advierten en el conteste y en la ausencia absoluta de elementos probatorios que permitieran tener por ciertos sus dichos en el sentido contrario, se vislumbra como improcedente la modificación dispuesta en forma unilateral impuesta por el nuevo Código Fiscal Provincial, cuya sanción no puede ser otra que declarar la inconstitucionalidad de la norma opugnada.---- La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que ".En tesis general y según lo definido por esta Corte en reiterados casos, el principio de igualdad ante la ley que consagra el art. 16 de la Constitución, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, de donde se sigue forzosamente que la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley en los casos ocurrentes según las diferencias constitutivas de los mismos" (Fallos, 16:118; 123:106; 124:122).

Todos estos elementos hacen plena convicción en punto a que no corresponde a la Provincia del Chubut el derecho de reclamar el pago del impuesto a los Ingresos Brutos a las empresas radicadas en esta provincia que se encuentren desarrollando sus actividades en los términos pautados en el convenio celebrado en 1.993 sin antes, denunciar el mismo o articular los mecanismos legales correspondientes para dejarlo sin efecto.

Por los fundamentos que anteceden y mientras no se modifiquen las circunstancias fácticas y jurídicas sobre las cuales se celebró el Pacto Federal para el Empleo, Producción y Crecimiento, propongo al acuerdo declarar la inconstitucionalidad del artículo 138, punto 15, de la Ley Provincial XXIV N° 38 (ex art. 115, punto 15 de la Nº 5.450), las normas iguales que lo preceden desde la sanción de la originaria Ley N° 5.450, y declarar la consecuente nulidad de la Resolución N° 174/DCM de fecha 27/06/2.007 que ordenó llevar a cabo las intimaciones efectuadas para las rectificaciones de las declaraciones juradas, correspondientes al pago del impuesto a los Ingresos Brutos mediante Formularios CM 03 de los períodos 06/2.006 a 12/2.006 y 01/2.007 a 05/2.007. ASÍ LO VOTO.-- En disidencia, el Dr. Alejandro Javier PANIZZI juzga:

I) Los antecedentes del caso fueron expuestos por mi distinguido colega, el profesor PASUTTI, en el primer voto, de modo que sólo anotaré algunas circunstancias causales que considero relevantes.

La acción declarativa de certeza fue promovida por los apoderados de la empresa G. A. S.A. -doctores E. M. A. y H. E. C. G.- ante el Juzgado Federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia (hoja 220/239).--- En concordancia con el dictamen del fiscal (hoja 241), la Jueza, doctora Eva PARCIO de SELEME, resolvió que el trámite no resultaba de la competencia del Tribunal a su cargo, se inhibió de oficio y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (resolución de la hoja 243).

El máximo Tribunal argentino -de conformidad con el dictamen del Ministerio Público Fiscal de la Nación, cosido en las hojas 248, 249 y 250- resolvió declarar que la causa es ajena a su competencia y la remitió a este Superior Tribunal de Justicia, para que decidamos "... lo concerniente al tribunal que entenderá en la causa con arreglo a las disposiciones locales de aplicación...".-- II) El Artículo 179 determina la competencia del Superior Tribunal, que conoce y resuelve, originaria y exclusivamente, en pleno, "De las acciones declarativas de inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, cartas orgánicas y ordenanzas municipales, que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controviertan en caso concreto por parte interesada" (inciso 1. 1).- III) La pretensión de la demanda es que se haga cesar el desconcierto que al reclamante le provoca la situación que describió, sobre la base del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Procura, en subsidio, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 115, punto 15 y de sus normas derivadas hasta el acto administrativo de alcance particular, intimación Nº 174/07 DCM.

Adujo el demandante, a favor de su propósito, que la norma transgrede el artículo 75, inciso 13 de la Constitución de la Confederación Argentina y sus normas complementarias y concordantes (artículos 9, 10, 11, 12, 121 y 126 del Estatuto del Pueblo de la Nación Argentina), además de disposiciones de derecho "intrafederal" -Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, al que adhirió la Provincia del Chubut e integra el Régimen Federal de Coparticipación.--- Dijo que ello le provoca una lesión a sus derechos de propiedad y de comercio y a la garantía de igualdad (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional) y que "... no existe otra vía..." que la acción declarativa de certeza "... para hacer cesar el estado de incertidumbre..." que lo aqueja.---- IV) Es preciso dejar en claro que la norma cuya inconstitucionalidad se pretende no es la que se cita en la demanda, el inciso 15 del artículo 115 de la Ley Nº 5.450, sino que, a partir de la compilación del Digesto Jurídico de la Provincia del Chubut, se denomina inciso 15 del artículo 138 de la Ley XXIV-38-ANEXO-A.-- La distinción es válida.

V) Como anoté en el considerando I, la Corte Suprema de Justicia de la Nación remitió a este Superior Tribunal de Justicia para que se determine qué juzgado es competente para conocer de la acción, no para que se radique aquí la causa -cuya trámite corresponde a un órgano inferior- para su substanciación.- Aun cuando la demanda contenga subsidiariamente un planteo de inconstitucionalidad, no es ésta una de las acciones que se incluyen en el artículo 179, 1. 1 de la Constitución de la Provincia del Chubut.

Se trata de una demanda por la que se procura obtener una sentencia meramente declarativa para hacer cesar una perplejidad sobre una cuestión impositiva, reglada expresamente por el artículo 325 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chubut, cuya competencia corresponde exclusivamente al Juez de primera instancia, no al Superior Tribunal de Justicia, por lo que corresponde que éste se inhiba de oficio (artículos 4º, 5º y 322 del código citado).--- El hecho de que el peticionario incluyera en su pretensión una cuestión constitucional al objetar la ley XXIV-38, no dota de competencia a este Superior Tribunal de Justicia ya que el resguardo del principio contenido en el artículo 31 de la Constitución de la República Argentina está asignado a todos los jueces del Poder Judicial, cuya función principal es, precisamente, interpretar y aplicar las Constituciones Nacional y Provincial y las leyes que juraron cumplir.----- Dicho de otro modo, la inclusión de una cuestión constitucional en el marco de una acción declarativa de certeza no convierte a la acción en la prevista en el inciso 1.1. del artículo 179 de la Constitución de los ciudadanos de la Provincia del Chubut.

Es que el ejercicio del control difuso de constitucionalidad el Superior Tribunal de Justicia lo comparte con todos los tribunales Provinciales. De manera que, en este caso, no compete a este Cuerpo asumir la inspección de constitucionalidad para suplantarlo por un régimen en el cual las partes sorteen las instancias regulares desconociendo la competencia del órgano que debe ejercerla.---- La pretensión principal de la demanda es desbaratar la incertidumbre del demandante, no declarar la inconstitucionalidad de la norma impugnada, por lo que debe someterse a la competencia de los jueces de grado.---- VI) Si el Superior Tribunal de Justicia asumiera la competencia para conocer en esta lite, se vulneraría el principio de doble instancia -el doble tránsito procesal- que consiste en que las partes podrán acudir ante un tribunal de apelación cuando la petición sea rechazada por un tribunal de grado.-- Por otro lado, este Superior Tribunal de Justicia repudió su propia avocación per saltum de resoluciones o sentencias, soslayando instancias intermedias por razón de haberse erradicado ese instituto de la legislación procesal chubutense (Ver Sentencia Nº 012 del 6 de septiembre de 2.007 y ley Nº 5.012).---- Con estas razones, propicio al pleno que este Superior Tribunal de Justicia se declare incompetente para conocer en esta lite. ASÍ VOTO.--- A la primera cuestión el Dr. Raúl Adrián VERGARA dijo:

En estos autos se plantea la problemática de esclarecer la incertidumbre provocada ante el dictado del Código Fiscal Provincial por medio del cual (art. 115 punto 15), se condicionó la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos, al incorporar la obligatoriedad que las empresas deberían tener, no sólo sus plantas ubicadas en la provincia, sino que, también tendrían que constituir su domicilio real y la sede administrativa principal en el ámbito local.- La actora destaca que el perjuicio que ocasionaría la reforma de la ley fiscal Provincial, se evidenció a través del dictado de un acto administrativo de alcance particular que ordenó rectificar los formularios CM 03 de los períodos 06/2.006 a 12/2.006 y 01/2.007 a 05/2.007 del referido impuesto, por la actividad de "Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p.", que dejó sin efecto la exención dispuesta por la Ley Provincial N° 3.926 y otorgada en cumplimiento del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de fecha 12/03/1.993.-- En consecuencia, plantearon la inconstitucionalidad del art. 115, punto 15 del Código Fiscal (hoy art. 138, punto 15 de la Ley N° XXIV N° 38) y de todas las normas que derivaren de la misma, por violación de disposiciones constitucionales, especialmente de los artículos 9 a 12, 17, 31 y 75, incisos 2, 3 y 13, 121 y 126 de la C.N.

En forma liminar quisiera manifestar una pequeña aclaración que considero oportuna, referida a la calificación de domicilio "real" como el exigido por la norma en el punto 15 del art. 138 del Código Fiscal. El domicilio es uno de los atributos de la personalidad, constituye una relación o vínculo de derecho entre una persona (física o jurídica) y un lugar, determinada, fundamentalmente, por un elemento de hecho consistente en tener allí el asiento principal de su residencia y sus negocios (art. 91 del C.C.) y que refleja sobre el sujeto un estado jurídico, esto es, la calidad de domiciliado. El domicilio no es un elemento del patrimonio sino del estado de las personas. Esta consideración basta para rechazar la afirmación de quienes sostienen que el domicilio es elemento integrante de la hacienda mercantil. (Conf.: Rodolfo A. FONTANARROSA, "Derecho Comercial Argentino - 1: Parte General"; Ed. ZAVALÍA, 1.997, pág. 219).- Las sociedades, por su parte, tienen su domicilio en la ciudad o jurisdicción del Registro Público de Comercio en el cual se constituyen para su inscripción (Conf.: HALPERÍN, "Curso de derecho comercial", Ed. 1.980, p. 177). Las empresas, aún las unipersonales, poseen domicilio legal o social, pero no real. Ello así toda vez que, para el supuesto de las sociedades comerciales, se considera que su domicilio es el que figura inscripto en el registro respectivo.---- Es decir, en ningún caso se puede hablar de domicilio real, por cuanto este es el lugar donde las personas físicas desarrollan las actividades del hogar, donde tiene su residencia la familia. En la norma, quienes pueden desarrollar las actividades lucrativas que abarquen el pago de tributo a los ingresos brutos, son los comerciantes o las personas jurídicas sean o no sociedades comerciales. Estas últimas, tienen domicilio propio, diferente de los miembros que la componen, administran o dirigen (Conf.: Julio César RIVERA, "Instituciones de derecho civil. Parte Gral.", Ed. Lexis Nexis, 3ra. Edición, Bs. As., 2.004, T° II, pág.23).-- Esta aclaración es válida por cuanto la norma habla de las empresas que "constituyan domicilio real" resulta erróneo y a la vez confuso, más allá de resultar de imposible cumplimiento.-- Continúa la disposición diciendo con la partícula alternativa (o) para abarcar a quienes "tengan la sede administrativa principal en la Provincia" respecto empresas con plantas ubicadas dentro de la jurisdicción. Es decir, quienes pretendan contar con el beneficio de la exención fiscal deben cumplir con una condición más, que no se había estipulado cuando entró en vigencia el pacto intrafederal en 1.994. Y así entiendo que se generó una obligación discriminatoria respecto de las empresas que, aunque desarrollaran toda su actividad productiva en la zona, debían tener establecido su domicilio legal también en esta jurisdicción, para conservar el beneficio impositivo.---- Refuerza lo dicho la lectura de la documental agregada en autos donde observo que obra oficio a fs. 482, emanado de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia que da cuenta del alta de la actora en los rubros de: G. A. S.A., Tintorería, Estampería y Oficinas Administrativas en en 1.988 y 1.997 (en calles Juan PEVET N° 55 y Alejandro MAÍZ N° 235, Km 8, respectivamente). La sede social se encontraba en Buenos Aires, en la calle Corrientes N° 2.348, Piso 3° of. 31. A fs. 462/479, y hubo un requerimiento para fijar su domicilio en Comodoro Rivadavia, pero no se encuentra inscripto por no haberse susbsanado las observaciones legales y contables efectuadas por el municipio (fs. 484). Nada de ello fue tenido en cuenta por la demandada quien tampoco justifica el porqué de ese agregado a la norma. Estas razones me permiten concluir que la accionante reunía los recaudos necesarios para obtener el beneficio de la exención dispuesta por la propia legislación provincial al ratificar el Pacto Federal de 1.993.

Otro elemento a considerar, es que, mediante Ley XXIV N° 10, se dispuso la adhesión al Convenio Multilateral celebrado en 1.977 en la ciudad de Salta, que con el objeto de evitar la doble o múltiple imposición, acordaron los gobiernos de todas las provincias argentinas. El mismo establece, en su artículo primero, cuáles son las actividades comprendidas, entre ellas las que se "ejercen por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas...".--- De la documental agregada en autos, ha suscripto el Convenio Multilateral celebrado entre provincias, de manera que se encuentra a su vez, dentro de los considerandos que prevé el nuevo Código Fiscal en su art. 145 y ss., al establecer que se deben someter a las normas que regulan este tipo de convenios. Y allí se establece la misma exención impositiva, como ya se expresara más arriba.

Conforme ya han relatado quienes me precedieron en el voto, la Provincia del Chubut ratificó al Pacto Federal de 1.993 mediante la sanción de la Ley N° 3.925, estableciendo de manera específica en el art. 5° de la Ley N° 3.926, la suspensión de la aplicación del impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre las operaciones de venta de bienes de capital nuevos fabricados en plantas fabriles radicadas en la Provincia del Chubut. El único condicionamiento que se les exigía a las empresas que pretendieran acogerse a este beneficio, era que cumplieran con los requisitos establecidos por el decreto N° 937/93 del Poder Ejecutivo Nacional.--- Dicho decreto establecía un régimen de subsidios, bajo la forma de reintegro fiscal, aplicable a los sujetos titulares de empresas que realizaran ventas de bienes de capital nuevos y de producción nacional, destinados a inversiones en actividades económicas que se llevaran a cabo en el país. Esa era la condición esencial para gozar del beneficio.- El Pacto Federal tuvo como contrapartida la distribución de los impuestos colectados. Así se plasmó en la Ley N° 23.548, donde se fijaron las pautas respectivas, y se estableció que los contribuyentes que hubieran firmado el Convenio Multilateral de 1.977, pagarían el impuesto respectivo en una "única jurisdicción".

En un Fallo de la Corte Suprema dictado contra la Provincia de Tucumán por haber modificado la alícuota impositiva sobre la actividad primaria expresó que: "... la adhesión de la Provincia de Tucumán dispuesta por el art. 1° de la Ley N° 6.946 (B.O. del 25-11-93), a los principios y propósitos contenidos en el citado Pacto Federal en el cual el Gobernador que los suscribió manifiesta la voluntad de contribuir a la concreción de tales objetivos, como asimismo, el mandato expreso contenido en el art. 2° de la mencionada ley, ordenando la instrumentación normativa de los diversos tópicos expresados en el art. 1° y disponiendo que sean llevados a cabo, en cada caso, a través de la ley, con el respecto de las competencias y atribuciones constitucionales, no constituye una mera recomendación o simple expresión de deseos, sino que como norma de derecho intrafederal, genera entre los suscriptores del acuerdo obligaciones institucionales recíprocas a cumplir, en la esfera de sus respectivas competencias" (Conf.: C.S.J.N., Compañía Azucarera Los Balcanes S.A., 19/02/09).---- Y agregó que la delegación legislativa conferida al Poder Ejecutivo "tuvo por objeto concretizar la política económico-tributaria que le había fijado el legislador delegante al P.E. en miras al logro de los objetivos y propósitos enunciados en el Pacto Fiscal, al que la Provincia se había adherido por Ley N° 6.496".- Es decir, considero que la ratificación efectuada por la Provincia dio origen a los compromisos asumidos entre quienes lo celebraron, y por lo tanto, no deben ser alterados por la decisión unilateral de una de las partes. La sanción de las leyes que ratificaron el convenio y la derogación del Impuesto a los Ingresos, respectivamente, evidenciaron la voluntad del Gobierno Provincial de respectar los preceptos contenidos en el pacto.

Por ello, comparto lo decidido por el Sr. Ministro preopinante y propongo declarar la inconstitucionalidad del art. 138, punto 15 de la Ley XXIV N° 38 y de las normas que de ella se derivaren, en la medida de resultar contrarias al Pacto Federal de 1.993. ASÍ LO VOTO.---- A la primera cuestión el Dr. Carlos Alberto VELÁZQUEZ dijo:

Coincido con el Dr. PASUTTI en punto a considerar que uno de los temas principales para resolver el presente caso, se deriva del análisis al Pacto Fiscal Federal de 1.993. Sin incurrir en redundancias con lo expresado en su voto, advierto que en el apartado 1º punto 4, incisos a) y e) del referido convenio intrafederal, se estableció el compromiso de modificar el Impuesto a los Ingresos Brutos por parte de las provincias firmantes, disponiendo la exención para la producción primaria y la producción de bienes (industria manufacturera) respectivamente, excepto los ingresos por ventas a consumidores finales que mantenían el mismo tratamiento que el sector minorista, entre otras cosas. Esta idea de reducir la percepción del tributo que nos ocupa, fue el motivo principal para la posterior negociación de la distribución de porcentajes en la coparticipación federal.---- Nuestra Provincia ratificó el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, conforme se desprende de la lectura de la Ley N° 3.925. Con el dictado de la Ley N° 3.926 se dio efectivo cumplimiento a los compromisos allí asumidos. Puntualmente, en el artículo 5° de la última norma citada, se suspendió la aplicación del impuesto sobre los Ingresos Brutos en las operaciones de venta de bienes de capital nuevos, fabricados en plantas fabriles radicadas en la Provincia del Chubut.-- Años después, se sancionó la Ley Nº 5.450 o Código Fiscal Provincial, que derogó la Ley N° 3.926 -mediante el artículo 3°-, y, en su lugar sancionó el art. 115 del Anexo "A" (hoy Ley XXIV N° 38, art. 138, punto 15) que estableció, taxativamente, los supuestos de exención frente al pago de ingresos brutos.- Esta nueva disposición legal en materia impositiva local, no reemplazó la norma derogada, en mi opinión, sino que agregó o dispuso agregar una condición más para relevar a los contribuyentes del tributo en cuestión, pues el inciso 15 del artículo referido, eximió a la producción textil de plantas ubicadas en la Provincia del Chubut siempre que las empresas constituyeran domicilio real y tuvieran sede administrativa principal en la Provincia. Esta disposición incurrió en una discriminación inconstitucional (artículo 75, inciso 13 de la Constitución Nacional) pues mantuvo la exención sólo para las industrias locales y gravó al foráneo por una misma actividad.--- La adhesión de la Provincia al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, mediante la Ley Provincial N° 3.925, receptó a través de su propia legislación normas de derecho infrafederal que no sólo hacen parte del derecho local sino que además gozan de preeminencia sobre las demás leyes Provinciales que no revisten igual carácter, las que no pueden desconocerse ni violarse.----- Así lo dijo nuestro máximo Tribunal Federal, en la causa "Transportes Automotores Chevallier S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ acción declarativa" (Fallos, 314:862), cuando declaró que las leyes-convenio hacen parte también -aunque con diversa jerarquía-, del derecho local (párrafo 4°).-- También ha sostenido que: ". de la inequívoca intención constitucional de eliminar los gravámenes discriminatorios infiérese la de preservar a las actividades que se desenvuelven en dos o más jurisdicciones del riesgo que puedan verse sometidas a una múltiple imposición que las obstruya o encarezca, como resultado de aplicar tributos semejantes sobre la misma porción de la base imponible, tornándolas por tanto desventajosas con relación a otras similares desarrolladas dentro de cada provincia" (Transportes Vidal S.A. c/ Provincia de Mendoza s/ repetición" 306:516; considerando 8).- Y en el considerando 9 del fallo citado, la Corte señaló: ". cabe agregar, con sentido meramente aclaratorio, que la potestad impositiva de las provincias debe también ceder frente a aquellos privilegios que el Gobierno Nacional otorgue en ejercicio de sus atribuciones (artículos 31, 67, inciso 16 y 28 de la Constitución Nacional - antes de la reforma de 1.994)". - Esto refuerza lo ya expresado ya que si los privilegios surgen de una mutua convención entre el Estado Nacional y las provincias mediante la celebración de un Pacto Federal que tiene como objetivo general el bienestar para ambas partes, solamente ellas, en forma conjunta, pueden ponerle fin. Pero jamás en forma unilateral ni, como en el caso de autos, sin una debida justificación.

Por ello, coincido con el Sr. Ministro votante en primer término, de proponer al acuerdo la declaración de inconstitucionalidad del art. 138, punto 15 de la Ley XXIV N° 38 (ex Ley N° 5.450, art. 115, punto 15) y se decrete, asimismo, la nulidad del acto administrativo N° 174/DCM de fecha 27/06/2.007 que ordenó las rectificaciones de las declaraciones juradas correspondientes a los ingresos brutos. ASÍ LO VOTO.--- A la primera cuestión el Dr. Jorge PFLEGER dijo: - I. Los antecedentes del asunto han sido debidamente relacionados por el distinguido colega del primer voto, de suerte que resultaría una redundancia inaceptable reproducirlos ahora. Esta circunstancia me permite ir con derechura a la solución del tema pendiente.

II. Una interesante discusión se ha planteado -en Acuerdo- a partir del enjundioso voto del Ministro Doctor PANIZZI, quien con agudeza ha planteado la falta de competencia del Tribunal para entender en el asunto.-- Obviamente su inteligente posición ha obligado a analizar profundamente la cuestión, y extraigo de ello una conclusión respetuosamente diversa.---- La Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de "GOMER c/ Provincia de Córdoba" (Fallos, 310:142) admitió la existencia de la acción directa de inconstitucionalidad cuando el caso fuera de su competencia, y aceptó como cerco procesal adecuado, el artículo 322 del C.P.C.C.N.

Esto implica, siguiendo a BIANCHI, que bajo esa norma existen ".en realidad dos tipos diferentes de acciones declarativas: a) la acción declarativa de certeza, dentro de la cual puede ejercerse el control constitucional; y b) la acción declarativa de inconstitucionalidad.". Y sigue: ".en la práctica emplea esa norma como referencia para el cumplimiento de los requisitos que la acción debe reunir como caso judicial, pues el art. 322 está claramente desbordado con la acción declarativa creada por la Corte." (ver Alberto BIANCHI en su "Control de Constitucionalidad" T° I, página 413 y 414, en especial, Editorial ÁBACO, 2.002).

Para fijar la competencia de los diversos Tribunales, es preciso delimitar el objeto procesal de la demanda más allá del "nomen iuris" o de la norma procesal invocada. Esto es un axioma de difícil refutación.--- El núcleo principal del pretendiente es que se devele su incertidumbre a través de una declaración de inconstitucionalidad; esa y no otra es la causa de su reclamo.

Puede explicarse el marco procesal escogido en la ausencia de precepto simétrico a nuestra acción declarativa de inconstitucionalidad del art. 179 inc. 1°, 1.1. de la Constitución del Chubut en el orden federal, lugar en que instaló su pretensión. Conocida la jurisprudencia de la Corte es razonable pensar que intentó seguir esa vía.- Sin embargo el reenvío, permite cuadrar la situación en la norma local específica que atribuye competencia originaria al pleno del Superior Tribunal de Justicia, pues la declaración de inconstitucionalidad de una Ley es, repito, el argumento primordial enarbolado.- De otro lado, sin desconsiderar que las cuestiones de competencia son de orden público, las partes nada han objetado al trámite y la demandada ha podido articular su defensa con toda precisión, defendiendo la validez constitucional puesta en juego.

Todo lo anterior, entonces, funda ésta, mi posición, proclive a la intervención de este pleno.

III. Zanjado este asunto, se me ocurre del caso, para mejor comprensión de lo que habrá de decidirse, realizar una breve historia de la normativa en la materia.

Por Ley N° 3.925 la Provincia adhirió al llamado "Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento y al saneamiento definitivo de la situación financiera entre la Nación y las Provincias" comprometiéndose en el punto 4): modificar el impuesto a los Ingresos Brutos disponiendo la exención de las actividades en: a) producción primaria y e) producción de bienes (industria manufacturera), excepto los ingresos por ventas a consumidores finales que tendrán el mismo tratamiento que el sector minorista, entre otros supuestos que no resultan de interés destacar.- Este pacto, según su propio texto, poseía (y posee) como causa final la ". adopción de políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común en crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales.

La Ley N° 3.926, y prosigo con la semblanza, estipuló, art. 5°, la suspensión de ".la aplicación del impuesto sobre los Ingresos Brutos, sobre las operaciones de venta de bienes de capital nuevos fabricados en plantas fabriles radicadas en la Provincia del Chubut, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Nro. 937/93 del Poder Ejecutivo Nacional y sus modificatorias y que se hallen comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura de Comercio Exterior que se detallen en el Anexo I de la Resolución Nro. 161/93, dictada por la Secretaría de Comercio, e Industria de la Nación, a los efectos de lo establecido en el Decreto mencionado precedentemente.".-- La sanción del Código Fiscal Provincial, art. 3°, derogó la Ley N° 3.926, y estableció un nuevo sistema de exenciones. El art. 115 punto 15 de su texto prescribió que sólo estaría exenta del tributo de que se trata: ".La producción textil en plantas ubicadas en la Provincia del Chubut realizada por empresas que constituyan domicilio real y tengan la sede administrativa principal en la Provincia.".--- El Digesto Jurídico -y aparece en los anales como norma no consolidada al respecto- (ver el Cuerpo en el sistema informático respectivo) ubicó a las exenciones en su art. 138 inciso 15 repitiendo el texto (". La producción textil en plantas ubicadas en la Provincia del Chubut realizada por empresas que constituyan domicilio real y tengan la sede administrativa principal en la Provincia.").--- IV. Esta antología que he formulado es pertinente. Se devela de su lectura la sucesión de normas dictadas a partir de la suscripción del Pacto Federal y es capital a la hora de tomar decisión sobre el asunto, pues cabe estudiar, en primer lugar, su ubicación constitucional y las consecuencias que apareja en lo que atañe al derecho interno de la Provincia del Chubut.- Al respecto, indico que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha definido el sentido del Convenio al que se hace referencia, en términos que no dan cabida a hesitación: éste ".comporta por sus alcances y contenido la manifestación positiva del llamado federalismo de concertación tendiente a establecer mediante la participación concurrente del Estado Nacional y las provincias un programa, destinado a adoptar una política uniforme que armonice y posibilite "la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales." (ver Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina AGUEERA c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ Acción Declarativa, 19/08/1.999 T. 322, P. 1.781 - ver sumario en página web del Alto Tribunal de la Nación).- En el mismo caso, determinó el estatus constitucional del Acuerdo con estas palabras: ".Ese pacto, como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configura el derecho intrafederal (Fallos, 314:862) y se incorpora una vez ratificado por la legislatura al derecho público interno de cada estado Provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de ser expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra organización constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional ubica a los tratados o leyes convenios celebrados entre las provincias y el gobierno nacional con un rango normativo específico dentro del derecho federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes (Horacio ZORRAQUÍN BECÚ, "El Federalismo Argentino", Edit. Perrot, 1958, pág. 194)." (ver el considerando 4° de la sentencia en la misma fuente de información).--- Desde la doctrina, Horacio PIOMBO, establece ciertas categorías de tratados interprovinciales y brinda su opinión al respecto. Deja sentado, en principio, que ellas sólo representan una fracción del espectro convencional que ".reconoce como protagonista a las provincias." y señala: ".El acuerdo (o su equivalente) permite tanto una coordinación horizontal, o sea entre sujetos que se hallan en una misma grada del escalonamiento jurídico (provincia o Estado local con otra provincia o Estado local), como vertical, esto es, entre sujetos que se sitúan en distinta grada del mencionado escalonamiento (provincia o Estado local con la Nación o Estado Federal)." (ver el autor citado en "Constitución de la Nación Argentina" SABSAY-Dirección, MANILI- Coordinación, Ed. HAMMURABI, T° 4, página 912, Año 2.010).-- El jurisconsulto, a la par, prefigura las conjunciones entre los sectores susceptibles de entrar en relaciones de cooperación y distingue en: a) Tratados interprovinciales, los concluidos entre miembros de la federación, b) Tratados nacional-Provinciales, celebrados entre uno o los miembros de la federación y el Estado Central, c) Tratado internacionales con participación Provincial, d) Tratados interprovinciales internacionales y e) Tratados Provinciales- Municipales. En lo que toca a nuestro litigio señala que ".Si sólo los convenios particularizados bajo el literal a) del parágrafo inmediato precedente, conforman el objeto tenido en mira por los textos constitucionales sub examine (el art. 125 de la C.N, añado), éstos, en conjunción con los categorizados con el literal b), integran la clase de los "tratados interjurisdiccionales", "sub-nacionales" o "intrafederales", figura jurídica no prevista específicamente en la Carta Magna, pero que asumida por las postulaciones relacionadas con las eventuales reformas, por analogía merece similar tratamiento jurídico al de los tratados interprovinciales." (ver autor y obra citada arriba, página 913).--- Hay empero opiniones que sitúan los convenios en el marco del art. 75 inc. 2° de la Constitución Nacional, aunque en rigor de verdad aquella norma es más específica acerca del modo en que se ha dispuesto el sistema de distribución de los modos impositivos.-- V. Así las cosas, la Provincia del Chubut careció de capacidad de denunciar unilateralmente el Pacto mediante una norma constrictora de las exenciones que se habían dispuesto en consecuencia, alterando el sistema de prelación de las Leyes establecido en el art. 31 de la C.N.

El Acuerdo forma parte del derecho local pero en una situación especial. Así sucede por su carácter, reconocido de modo tan preciso por la jurisprudencia y la doctrina, que lo hace prevalecer sobre las demás leyes domésticas, y no hay duda posible al respecto.----- La convención tiene como finalidad, baste la lectura de su texto, beneficiar a todas las partes contratantes, de manera que son ellas quienes, en forma conjunta, deben ponerle fin y no de manera particular o sin una debida justificación, como sucedió autos mediante la incorporación arbitraria de una cláusula que desvirtuó sus términos.- Por ello, coincido con los señores Ministros preopinantes en cuanto proponen al acuerdo la declaración de inconstitucionalidad del art. 138, punto 15 de la Ley XXIV N° 38 y de las normas que le anteceden en cuanto se opongan al Pacto Federal brindando ultra-actividad a las normas derogadas que regirán relaciones jurídicas con el Estado Provincial, en la materia. ASÍ LO VOTO.--- A la segunda cuestión dijo el Dr. PASUTTI: --- Tal como voté a la primera cuestión, propongo al Acuerdo: 1) HACER LUGAR a la demanda declarativa de inconstitucionalidad que impetra G. A. S.A. contra la Provincia del Chubut; 2) FIJAR LAS COSTAS a la demandada vencida (art. 69 del C.P.C.C.); 3) REGULAR los honorarios de los Dres. E. M. A., H. E. C. G. y C. A. T., en forma conjunta en la suma de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000); 4) IMPONER las costas de la medida cautelar a la demandada vencida; 5) REGULAR los honorarios del Dr. C. A. T. por el incidente de medida cautelar en la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA ($ 680) (art. 26 de la Ley XII N° 4). A los fines regulatorios se han ponderado las labores desarrolladas por los letrados que intervinieron en el juicio según los parámetros del art. 6 de la Ley XII N° 4); 6) No regular honorarios al Sr. Fiscal de Estado ni a sus apoderados atento lo dispuesto por art. 2° de la Ley XII N° 4. Todas las sumas llevarán IVA si correspondiere; 7) Atento las embargos oportunamente ordenadas en autos respecto de los bienes de la actora que ofreciera como contracautela por la medida de no innovar requerida en demanda, y teniendo en cuenta como se resuelve el litigio, déjense sin efecto las mismas, una vez firme el presente resolutorio. ASÍ LO VOTO.- A la misma cuestión dijo el Dr. PANIZZI:

Sin perjuicio de la disidencia que efectuara en la resolución de estos autos, habré de coincidir en la propuesta efectuada al Acuerdo por el Dr. PASUTTI. ASÍ LO VOTO.-- A la misma cuestión dijo el Dr. VERGARA: ---- Por los mismos motivos, adhiero a la solución que a esta cuestión da el Dr. PASSUTTI.-- A la misma cuestión dijo el Dr. VELÁZQUEZ:

Atento como se resuelve el juicio, adhiero a la solución que a esta cuestión dan mis predecesores.

A la misma cuestión dijo el Dr. PFLEGER: ----- En concordancia con lo resuelto en la lite, adhiero a la solución que a esta cuestión dan mis predecesores.-- Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado, por mayoría, dictar la siguiente:

-S E N T E N C I A -- 1º) HACER LUGAR a la demanda declarativa de inconstitucionalidad impetrada por G. A. S.A. contra la Provincia del Chubut y decretar la inconstitucionalidad del punto 15 del art. 138 de la Ley N° XXIV N° 38 y la nulidad de los actos que sean su consecuencia.-- 2º) COSTAS a la demandada vencida (art. 69 del C.P.C.C.).---- 3º) REGULAR los honorarios de los Dres. E. M. A., H. E. C. G. y C. A. T., en forma conjunta en la suma de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000), con más el I.V.A. si correspondiere (art. 6 y 9 de la Ley XII N° 4), sin regular honorarios a los letrados de la Provincia del Chubut (art. 2° de la misma Ley).-- 4º) IMPONER las costas del incidente de medida cautelar a la demandada vencida y regular los honorarios del Dr. C. A. T. en la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA ($ 680), con más el I.V.A. si correspondiere (art. 26 de la Ley XII N° 4).- 5º) REGÍSTRESE y notifíquese. Firme la presente sentencia, déjese sin efecto la medida cautelar dispuesta por S.I. N° 02/S.R.O.E./09.---- Fdo.: Dr. Jorge PFLEGER - Dr. José Luis PASUTTI - Dr. Alejandro Javier PANIZZI (en disidencia) - Dr. Raúl Adrián VERGARA - Dr. Carlos A. VELAZQUEZ.--- RECIBIDA EN SECRETARÍA EL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N° 16 S.R.O.E. CONSTE.