Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-12


SENTENCIA DEFINITIVA NRO.	87288	CAUSA NRO. 2411/09 AUTOS: "Díaz Daniel c. La Ganadera Arenales S.A. y otro s. Accidente-Acción Civil" JUZGADO NRO.	19	SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Diciembre de 2.011, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. Contra la sentencia de fs.487/490, que rechazó el reclamo inicial, apela el actor a tenor del memorial de agravios de fs.497/501 que, a su vez, mereció las réplicas de ambas demandadas obrantes a fs.507/509 y fs.513/514.

Por su parte, a fs.492 y fs.493, los peritos contador y médico apelan porque consideran reducidos los honorarios regulados en origen a su favor.

II. En las presentes actuaciones, el Sr. Juez que me precedió decidió rechazar la demanda incoada por el actor, tras considerar que no fueron aportadas pruebas para acreditar la versión del accidente sufrido ni la participación en el mismo de una cosa riesgosa de propiedad de la demandada.

Contra dicha conclusión se alza el actor cuestionando, en primer lugar, que el Sr. Juez de grado no haya valorado el reconocimiento efectuado por la demandada en el responde.

Asimismo, se queja porque consideró no acreditada la participación de una cosa riesgosa de propiedad de la demandada y porque concluyó que el agente productor del daño ha sido el propio trabajador.

Finalmente, apela que se hubiese desestimado la producción de la prueba pericia psicológica oportunamente solicitada.

III. Asiste razón al recurrente y en tal sentido me explicaré.

Ambas partes coinciden en cuanto a la ocurrencia del accidente sufrido por el Sr. Díaz. En el escrito inicial, el actor señaló que el día 27.02.07, mientras se encontraba realizando sus tareas habituales, consistentes en ultimar mediante un golpe de martillo a los animales que ingresan en una manga destinada a dichos fines, trató de evitar que un animal asustado lo golpeara, saltando desde la tarima donde se encontraba hasta el suelo y cayendo con todo el peso de su cuerpo sobre la pierna izquierda, lo que le provocó una grave lesión en su rodilla (v.fs.4vta./5 ap.IV pto.a). En el responde, la demandada reconoció el accidente referido, aunque sostuvo que el mismo fue producto de la impericia del trabajador y de ".la falta de respecto a las más mínimas normas de seguridad." (v. fs.38 ap.5.1).

Desde tal perspectiva, considero que el reconocimiento expreso formulado por la demandada resultaría suficiente para tener por acreditado el accidente denunciado por el actor. No obstante, aún para el supuesto que se considerase que la manifestación de la parte sea insuficiente a dichos fines, por ello, cuando el damnificado es un trabajador dependiente y el hecho que produjo el daño cuya indemnización se demanda ocurrió -como en este caso- en ocasión y lugar del servicio laboral que aquél prestaba, no puede prescindirse, a los fines de la apreciación de la responsabilidad, del principio objetivo que emana del artículo 1113, 2° párrafo del Código Civil. En ese marco, basta que el damnificado pruebe el daño y el contacto con la cosa dañosa para que quede a cargo de la demandada, como dueño o guardián del objeto riesgoso, demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (Conf. CSJN, Fallos 329:2667 y esta Sala en autos "Gómez Sonia Mabel c/ Neiver SRL y otro s/ Accidente-Acción Civil" SD.86.607, del 03.05.2011).

Ratifica lo expuesto el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído en la causa caratulada "Rodríguez Ramón c/ Electricidad de Misiones SA", del 21.04.2009. Asimismo, el Alto Tribunal ha sostenido que, a los fines de la operatividad del art.1113 del Código Civil, no cabe imponer al damnificado la carga de probar la configuración del riesgo de la cosa dañosa, pues basta con que el afectado demuestre el daño causado y el contacto con aquélla (conf. CSJN, en autos "Machicote, Ramón Hugo c/ Empresa Rojas SA", del 28.04.1992, Fallos 315:854 y sus citas).

De tal manera, correspondía a la demandada demostrar -tal cual invocó en el responde- que el actor actuó con impericia e imprudencia y dejando de lado las más mínimas normas de seguridad. A tal efecto, no debe perderse de vista que la culpa grave de la víctima se configura sólo en casos excepcionales, por la libre determinación del trabajador de llevar a cabo un acto que sabe ilícito.

El obrar culposo por imprudencia, torpeza, distracción o ligereza no enervan el derecho del damnificado de ser resarcido y quien debe correr con las consecuencias negativas producidas por la falta de cumplimiento de las normas de seguridad es el empleador sobre el que pesa el deber de seguridad que, para él, es de cumplimiento ineludible (art.75 de la LCT), significando su omisión responsabilidad "in vigilando" (conf. CNAT, Sala VII en autos "González, Edgardo Darío c/ Flecha Bus SRL y Otros s/ Accidente- Acción Civil" SD.39.861, del 09.02.07; esta Sala, in re: "Murua Héctor Eugenio c/ Soda Alvarez Hnos. e hijos SRL y otro s/ Despido" SD.86.668 del 26.05.2011).

Desde tal perspectiva, un detenido análisis de las constancias aportadas por las partes (conf. art.386 del CPCCN), me permite comprobar que la demandada no acompañó elementos suficientes para acreditar los extremos invocados como fundamento de su defensa. Tampoco aportó pruebas que demuestren la desobediencia a una orden específica o una conducta contraria al sentido común.

Por otra parte, advierto que según el perito médico interviniente en autos, el actor presenta -como consecuencia del accidente sufrido- la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco interno, que implica una incapacidad física parcial y permanente equivalente al 31% de la total obrera (ver fs.443/445 y fs.462/464).

El análisis del peritaje referido, a la luz de lo normado por los arts.386 y 477 del CPCCN, ha sido realizado mediante un completo y pormenorizado estudio de los puntos de pericia propuestos por las partes, con sustento en estudios y consideraciones médico legales que avalan las conclusiones arribadas, razones que me conducen a aceptarlo y otorgarle plena eficacia probatoria, sin perjuicio de señalar que las observaciones de las partes de fs. 447/448 y 454 no logran conmoverla pues fueron contestadas a fs.462/464 y respecto de éstas últimas, la presentación efectuada por Mapfre Argentina ART S.A. (v.fs.468/469) constituye una mera disconformidad subjetiva con relación a las aclaraciones del experto, todo lo cual permite tener por acreditado el daño y la incapacidad que presenta el trabajador. En consecuencia, la empleadora resulta responsable por la lesión sufrida por el trabajador y debe reparar el daño generado. Lo cierto y concreto es que incorporó un dependiente sano, que a su ingreso no presentaba las afecciones que en la actualidad se constatan, extremo que surge del informe médico preocupacional obrante a fs.290 y que, actualmente, padece según se ha constatado una incapacidad física, parcial y permanente del 31 % de la t.o., a raíz del infortunio sufrido mientras cumplía las tareas que le fueron asignadas.

En función de lo expresado, el presente caso encuadra en la situación prevista por el art.1113 del Código Civil, verificándose -además- un actuar culposo de la empleadora, en tanto no adoptó las medidas de seguridad que exigía la naturaleza de su actividad, a la par que -como expresé- no probó la culpa de éste.

Consecuentemente, considero que se encuentran configurados los presupuestos necesarios para que se torne viable el reclamo en los términos de las normas del Código Civil.

IV. Previo al análisis del planteo de inconstitucionalidad interpuesto por el actor respecto de algunas normas de la ley 24.557, resulta necesario establecer el quantum de los perjuicios materiales a reparar, pues considero que constituye otro de los aspectos relevantes para determinar si existió o no una vulneración de garantías constitucionales.

A fin de fijar la indemnización mediante la cual se pretende la reparación integral del daño causado a la persona trabajadora con sustento en las normas del Derecho Civil, no puede utilizarse únicamente fórmulas matemáticas preestablecidas, tampoco aplicarlas en su individualidad, sino que es necesario tomarlas como un indicio e incluirlas dentro de un cúmulo de circunstancias como el grado y tipo de incapacidad física; las consecuencias derivadas de ésta en la actividad que desarrollaba o que desarrolle, su incidencia en la vida de relación; el trabajo realizado; el sexo, la edad a la época del infortunio, el estado civil, las cargas de familia, la expectativa de vida. Tampoco se puede omitir que, de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ".no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres " y ".que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos. no conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente toda vez que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social." (CSJN, en autos "Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA s/ Accidente Ley 9688" del 21.09.2004, A.2652.XXXVIII y "Recurso de Hecho Aróstegui, Pablo c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y Pametal Peluso y Compañía SRL", A 436 X.L, del 08.04.2008).

A cuyo fin, tendré en cuenta la remuneración que surge del informe contable de fs. 421/422 vta., no impugnada por las partes - art.477 del CPCCN- que a febrero de 2007 ascendió a $ 1.019,08; su edad al momento del infortunio (35 años y cinco meses), estado civil, tipo y grado de afección que presenta, la repercusión en la vida laboral en función de su actividad habitual, en especial por las secuelas constatadas, la limitación funcional de su pierna izquierda, el tiempo de vida útil hasta la jubilación ordinaria y sus perspectivas económicas, por lo que considero que le corresponde una indemnización reparadora de las consecuencias del siniestro en la suma de $150.000- (art.165 del CPCCN), a valores vigentes al momento del accidente (27.02.2007), que incluye el lucro cesante y pérdida de chance.

Asimismo, en virtud de la doctrina emanada del Fallo Plenario Nro.243, del 25.10.1982, dictado en autos "Vieites Eliseo c/ Ford Motor Argentina SA", corresponde determinar una indemnización a los efectos de reparar el daño moral, el que considero que se halla configurado por toda lesión a los sentimientos legítimos de una persona o por los padecimientos físicos en que se traducen los perjuicios ocasionados por el evento y en definitiva, por la perturbación que de una manera u otra, incidió en la tranquilidad y el ritmo normal del damnificado (CNCiv. Sala E, diciembre 9.2004 en autos "Mallón, Salvaror Tito c/ Diario Electrónico Satelital SA s/ Daños y perjuicios).

Para establecer su cuantía, tengo en cuenta las dificultades por las que debió atravesar el trabajador, la intervención quirúrgica a la que fue sometido, la evolución de sus dolencias y la angustia provocada por las secuelas incapacitantes. Bajo tales premisas, estimo adecuado fijar por el concepto analizado la suma de $40.000.

Las sumas determinadas devengarán intereses desde el 27-2-2007, conforme la tasa activa fijada por el Bco. de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, de estilo en nuestro fuero. (arts. 8 Ley 23928, 7° Ley 25561, Acta nro. 2357 y Resolución 8/2002 de la CNAT del 7-5-2002 y 30-5-2002, respectivamente.

Por último., los gastos de farmacia y traslado serán desestimados pues no han sido acreditados (art. 499 C.C.).

V. Sentado lo expuesto, corresponde que me pronuncie acerca del planteo de inconstitucionalidad formulado por el actor en el inicio respecto del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557.

En primer lugar, advierto que la norma cuestionada dispone que las prestaciones por ella previstas eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil frente al trabajador, con la sola excepción de la derivada del art.1072 del Código Civil, mientras que el segundo párrafo del art.75 de la LCT, sustituido por el art.49 de la ley citada, prescribe que los daños que sufra como consecuencia del incumplimiento de las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo se regirán por aquellas que regulan la reparación de los daños provocados por accidentes de trabajo, dando lugar -únicamente- a las prestaciones por ella establecidas. Al respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria -cuyos fundamentos comparto- se ha expedido reiteradamente acerca de que la norma señalada resulta discriminatoria y violatoria de los arts.14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución Nacional y de los arts.1.1, 4.5 y 11 del Pacto de San José de Costa Rica, en tanto consagra una desigualdad injusta ante la ley, colocando a la persona trabajadora en una situación de inferioridad con relación a los demás miembros de la sociedad; lo excluye junto a su familia de la posibilidad de obtener la reparación del daño, con la sola limitación de que el empleador hubiere actuado con dolo, mientras que el común de los ciudadanos pueden acceder a la reparación integral, sin limitación alguna. Tal como puede observarse, la única diferencia objetiva que determina la exclusión referida, es la calidad de trabajador dependiente, lo cual agravia el principio general consagrado por el art.19 de la Constitución Nacional "alterum non laedere", que el más alto Tribunal de nuestra Nación sostuvo en los autos "Santa Coloma Luis y otros c. Empresa Ferrocarriles Argentinos", al expresar que un monto menguado y nominal de reparación lesiona la garantía aludida, que no surge de la ley sino de la Constitución (fallos: 308-I:1120).

A ello se suma que nuestro país, a partir de la promulgación de la ley 24.638, del 15.07.96, aprobó el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), que en su art.3° impone sobre los estados el compromiso de garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, extremos que en el caso que analizo no se encuentran cumplidos, en tanto se advierte una conducta violatoria de la discriminación social a partir que, la condición de persona trabajadora implicó para el legislador un tratamiento desigualitario ahondando las diferencias reales que se originan en la relación de dependencia y constituyendo uno de los aspectos más vulnerables de la ley 24.557 como es la ".trasgresión al principio de igualdad porque el régimen, al crear un sistema peyorativo de diferenciación entre trabajadores y los restantes ciudadanos, veda la garantía de igualdad prevista por el art.16 de la Constitución Nacional" (Alvarez Eduardo, "El fallo Aquino: el esperado retorno a la seriedad científica a la Argentina", en Revista de Derecho Laboral -Nro. extraordinario, Fallos Recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- Rubinzal-Culzoni Editores, 2004, pág.155).

Por si alguna duda se suscitara en torno a la norma cuestionada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos "Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA s/ Accidente Ley 9688", del 21.09.04, ha zanjado definitivamente la cuestión en tanto ha señalado -entre otros aspectos relevantes- que ".no se requiere un mayor esfuerzo de reflexión para advertir que la LRT, al excluir sin reemplazarla con análogos alcances, la tutela de los arts.1109 y 1113 del Código Civil, no se adecua a los lineamientos constitucionales antes expuestos, a pesar de haber proclamado que tiene entre "sus objetivos, en lo que interesa, "repara los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales (art.1° inc.2.b.) para concluir que ".el art.39 inc. 1° de la LRT, a juicio del Alto Tribunal, es inconstitucional al eximir al empleador de responsabilidad civil y que para determinar la existencia de menoscabo es necesario examinar, por un lado, el alcance de los derechos constitucionales involucrados en el caso, y por otro, si el daño causado por la contingencia en cuestión encuentra su debida reparación con las prestaciones de la LRT, generándose la necesidad de llevar a cabo un test de razonabilidad (Fallos 325:11,25).

En el presente caso, surge evidente el perjuicio que se causaría al trabajador de no aceptarse la viabilidad de la responsabilidad con sustento en las disposiciones del Código Civil, pues se puede corroborar que el monto que le correspondería percibir, de acuerdo al sistema previsto por la LRT, ascendería a la suma de $ 23692,06 (art.14: IB mensual $779,46.- pericia contable fs.421 vta., x 53 x 31% x coeficiente edad 1,85) y se puede apreciar que resulta sensiblemente inferior a la suma que sólo por daño material ($150.000); he fijado en concepto de indemnización y surge evidente las diferencias sustanciales que existen entre ambos sistemas de reparación.

Por todo ello, considero que la limitación impuesta por el art.39.1 de la ley citada resulta violatoria de principios amparados por la Carta Magna, al igual que el segundo párrafo del art.75 de la LCT que, por la sustitución del art.49 de la ley 24.557, limita también la reparación de los daños a las prestaciones establecidas en la ley 24557 y elimina el deber de tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores y, consecuentemente, sugiero que se declare su inconstitucionalidad.

VI. En cuanto a la situación de Mapfre Argentina ART SA, no obstante los fundamentos expuestos en el inicio para sustentar la solidaridad requerida (v.fs.5 vta.), por aplicación del principio iura novit curia, que implica el deber-facultad del juez de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas con prescindencia de las que enuncian las partes (CSJN "Guerrero Estela Mónica por sí y sus hijos menores c. Insegma, Rubén Leandro", 02/03/2011), por ello estimo que en el presente, dicha codemandada resulta responsable por omisión, ya que ha incumplido obligaciones impuestas por la ley 24.557 (art.4°), tales como el deber de "adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo".

En efecto, dicho dispositivo legal alude a la carga de establecer un plan de acción, incluyendo visitas periódicas, capacitación, provisión de elementos de seguridad, etc. para la prevención de accidentes. En este orden de ideas y en cuanto a la responsabilidad de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo codemandada, memoro que la Corte Suprema de Justicia, en la causa "Torrillo Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina SA y otro", Sent. del 31.03.2009 (DT. abril de 2009, pág. 468 y sgtes), determinó que la ley 24.557 ". impuso a las ART la obligación de 'adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo' (art.4.1); incorporar en los contratos que celebren con los empleadores 'un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad, que indicará las medidas y modificaciones que (aquéllos) deban adoptar en cada uno de sus establecimientos para adecuarlos a la normativa vigente' (art.4.2), así como controlar la ejecución de dicho plan y denunciar todo incumplimiento de éste y de las normas de higiene y seguridad (art.3º.1.a)- a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art.4.4).

A ello se suma, además la obligación de promover la prevención mediante la información a dicha Superintendencia acerca de los planes y programas exigidos a las empresas (art.31.1.c), el asesoramiento que deben brindar a los empleadores 'en materia de prevención de riesgos' (art.31.2.a).

Por su parte, la reglamentación de la LRT (Decreto 170/06) detalló diversos aspectos del desarrollo del plan de mejoramiento y previó también que debía ser redactado 'en lenguaje claro, procurando evitar el uso de conceptos equívocos, de modo que el empleador pueda comprender con claridad sus compromisos e identificar los aspectos que debe mejorar para adecuarse a la legislación vigente' (art.5º), como así también, que su puesta en marcha debía ser vigilada por las ART 'en los lugares de trabajo, dejando constancia de sus visitas y de las observaciones efectuadas en el formulario que a tal fin disponga la Superintendencia de Riesgos del Trabajo', lo cual implicaba verificar el mantenimiento de los niveles de cumplimiento alcanzados con el plan (art.19 incs.a y b).

El decreto citado también precisó que las ART debían brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados, en las siguientes materias: a- determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los establecimientos del ámbito del contrato; b- normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo; c- selección de elementos de protección personal; d- suministro de información relacionada a la seguridad en el empleo de productos químicos y biológicos (art.18). El art.19, por su parte, después de disponer que las ART 'deberán realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo', destacó entre aquéllas: brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos (inc.c); promover la integración de comisiones paritarias de riesgos del trabajo y colaborar en su capacitación (inc.d); informar al empleador y a los trabajadores sobre el sistema de prevención establecido en la LRT (y en el propio decreto reglamentario), en particular sobre los derechos y deberes de cada una de las partes (inc.e) e instruir a los trabajadores designados por el empleador, en los sistemas de evaluación a aplicar para verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento (inc.f). Todo ello, sin perjuicio del deber de colaborar en las investigaciones y acciones de promoción de la prevención que desarrolle la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (inc.g)." (considerando V del voto de la mayoría).

En el precedente mencionado se explicó además que las aseguradoras han ".sido destinadas a guardar y mantener un nexo 'cercano' y 'permanente' con el particular ámbito laboral al que quedaran vinculadas con motivo del contrato oneroso que celebrasen (v. consid. VI). De ahí, que las obligaciones de control, promoción, asesoramiento, capacitación, información, mejoramiento, investigación, instrucción, colaboración, asistencia, planeamiento, programación, vigilancia, visitas a los lugares de trabajo y denuncia, por emplear algunos de los términos de la normativa ya enunciada en el considerando anterior, exigen de las ART, al paso que las habilitan para ello, una actividad en dos sentidos. Primeramente, la adquisición de un acabado conocimiento de la específica e intransferible realidad del mencionado ámbito laboral, para lo cual éste, por así decirlo, debe mantener sus puertas abiertas hacia las ART. Seguidamente, el obrar de éstas sobre dicha realidad, para que se adecue, de ser necesario, a los imperativos de la prevención, incluso mediante la denuncia. Dicho conocimiento individual y directo de esas realidades, sumado, por cierto, a los saberes especializados en materia de prevención con que deben contar, constituyen el par de circunstancias con base en las cuales la LRT formula, mediante precisas obligaciones, su apuesta innovadora a favor de la actuación de las ART, como vehículos útiles y apropiados para prevenir in concreto los riesgos del trabajo.".

En función de lo expresado, tengo en cuenta el carácter peligroso de la actividad que desarrolla el actor, que implica una tareas que podría se calificada, como mínimo, de primitiva. En efecto, resulta sumamente llamativo que a esta altura de la civilización y con el importante desarrollo de la tecnología puesta al servicio de la industria, no se utilice un método más eficiente y menos traumático que el utilizado por la empresa demandada para llevar adelante su objeto social.

Lo cierto es que Mapfre Argentina ART S.A. no acompañó elementos suficientes para demostrar que hubiera inspeccionado el lugar donde desarrollara tareas el Sr. Díaz. Tampoco ha presentado programas y/o procedimientos de seguridad para las tareas que desarrollaran los dependientes de La Ganadera Arenales, para prevenir en concreto los riesgos del trabajo.

Por ello, es posible inferir que la responsabilidad no es únicamente de la empresa demandada sino que también es exigible a la ART aseguradora la adopción de acciones positivas que, desde un criterio mínimo de razonabilidad técnica, procuren evitar o mitigar las consecuencias nocivas a las que pudiere encontrarse expuesto el trabajador en el desempeño de su labor. Si omite adoptar tales medidas, o las cumple de modo deficiente, incurre en antijuridicidad o ilicitud.

En el caso -como quedó expuesto- Mapfre Aconcagua ART SA no observó la conducta apropiada y necesaria para lograr el fin propuesto por la ley 24.557, consistente en la reducción de la siniestralidad laboral. A ello, cabe agregar que a partir de la vigencia de la norma citada, tanto las aseguradoras como los empleadores están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, extremo que ha sostenido la CSJN en la causa "Recurso de Hecho Soria, Jorge Luis c/ RA y CES S.A. y otro", S.1478, XXXIX, del 10.04.2007.

Vale decir que la aseguradora omitió realizar acciones que hubiesen permitido excluir o atenuar el peligro y detener el curso de los acontecimientos que desembocaron en el accidente del trabajador y, dicha omisión, resultó jurídicamente relevante en el resultado de los acontecimientos, motivo por el cual, advierto configurado un adecuado nexo de causalidad entre los daños cuya reparación se reclama y el incumplimiento de Mapfre Argentina ART SA (cfr. arts.902, 904 y 1074 del Código Civil y fundamentos expuestos por esta Sala, en las actuaciones caratuladas "Casiva María Antonia por sí y en representación de sus hijos menores Gisela Guadalupe y Maria del Carmen Mansilla y otro c/ Dagward SA y Otros s/ Accidente-Acción civil" SD.83.736, del 18.07.2006).

Por las consideraciones expuestas, propicio extender la condena, en forma solidaria, a la codemandada Mapfre Argentina ART SA.

VII. En cambio, propongo desestimar el agravio del actor referido a la falta de producción de la prueba pericial psiquiátrica y/o Psicológica.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por los arts.36 del CPCCN y 80 de la LO, los jueces -como directores del proceso- poseen amplias facultades, tanto para seleccionar y jerarquizar las pruebas aportadas por las partes, como para tenerlas presentes o eliminarlas según el caso.

En función de lo expresado y teniendo en cuenta fundamentalmente que la indemnización a favor del actor que propongo en el considerando IV, resulta integral porque incluye todas las afecciones derivadas del accidente laboral denunciado en el inicio, y para ello, he considerado en plenitud la doctrina sentada por nuestro más Alto Tribunal, en los fallos "Aquino" (CSJN Fallos: 327:3753) y "Díaz, Timoteo Filiberto c. Vaspia S.A. del 7-3-06, entre otros, además de las facultades conferidas por el art. 165 del CPCCN y las reglas de la sana crítica (art. 386 del CPCCN), razón por la cual, sugiero rechazar la queja deducida al respecto.

VIII. En cuanto a las demás alegaciones del memorial recursivo, tengo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320).

IX. Atento la revocatoria que sugiero, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art.279 del CPCCN) declarando las primeras en ambas instancias a cargo de las demandadas (art.68 del CPCCN).

Por su parte, propongo regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de La Ganadera Arenales SA y de Mapfre Aconcagua ART SA, por su labor en primera instancia en el 16%, 14% y 14% y peritos médico y contador en el 8% a cada uno, respectivamente, del monto de condena con más los intereses dispuestos en el considerando IV del presente voto. Asimismo, propongo regular los honorarios de dichas representaciones letradas, por su actuación ante la Alzada, en el 30 %, 25% y 25% también respectivamente, de lo que en definitiva les correspondiera percibir por su actuación en la etapa anterior.

X. En definitiva, de prosperar mi voto correspondería: 1) Declarar la Inconstitucionalidad del art.39 inc. 1 de la ley 24.557; 2) Revocar la sentencia apelada y, en su mérito, condenar solidariamente a ambas codemandadas La Ganadera Arenales SA y Mapfre Aconcagua ART SA, a abonar al actor, dentro del quinto día, la suma de $190.000.- con más los intereses fijados en el considerando IV del presente, desde el 27-02-07; 3) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art.279 del CPCCN) y adoptar un nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo dispuesto en el considerando anterior.

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Declarar la Inconstitucionalidad del art.39 inc. 1 de la ley 24.557; 2) Revocar la sentencia apelada y, en su mérito, condenar solidariamente a ambas codemandadas La Ganadera Arenales SA y Mapfre Aconcagua ART SA, a abonar al actor, dentro del quinto día, la suma de $190.000.- con más los intereses fijados en el considerando IV del presente, desde el 27-02-07; 3) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art.279 del CPCCN) y adoptar un nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo dispuesto en el considerando anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara Gabriela Alejandra Vázquez Jueza de Cámara Jueza de Cámara	Ante mí:

Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara En de de , se dispone el libramiento de cédulas. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara En de de se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara