marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley penal más benigna, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: O.D. s/ HOMICIDIO CULPOSO.CAPITAL" EXPTE.N 11238/95.
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-09-04

No corresponde aplicar a un condenado por hechos anteriores a la vigencia de la ley N° 24316 del art.27 bis del C.P., en cuanto incluye modalidades de aplicación y ejecución de la pena de prisión de cumplimiento condicional restrictivas de los derechos del condenado.Si la ley vigente al momento de cometerse el ilícito es mas benigna corresponde aplicarla, aun frente a la ley N° 24316, pues con la aplicación de esta ultima aumentan las obligaciones que el condenado debe cumplir para mantener la condicionalidad de la prisión; debiendo desarrollar una actividad "extra" sujeta al contralor jurisdiccional lo que torna menos favorable las condiciones de ejecución de la pena de prisión condicional impuesta.
Proceso contravencional, excusación, aplicación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L, R. A. y C, M.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Excusación Aires s/ Excusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-04

El artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional establece que serán aplicables en forma supletoria las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación, en todo cuanto no se opongan a esa ley.

El artículo 7 de la Ley Nº 12 prevé las causales de excusación; por ende, no resultan aplicables al sub lite las disposiciones previstas por el artículo 55 inciso 8 del Código Procesal Penal de la Nación.

En el caso, la causal invocada por la Sra. Jueza de Grado no se encuentra comprendida entre las contempladas en el citado artículo 7, en razón de lo cual corresponde rechazar la excusación planteada.
Recurso de casación, falta de fundamentación autónoma
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Arenas, Osvaldo Enrique c/ Transporte Dre S.R.L. y/o Q.R.R. s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-22

Se interpone recurso de casación en contra de la sentencia definitiva dictada por la Cámara de Apelaciones que confirma el fallo de primera instancia que hace lugar parcialmente a la acción, ordenando al demandado el pago de diferencias de haberes reclamados, indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso, e indemnización del Art. 16 de la ley 25661 y Ley 23551, desestimando los demás rubros reclamados en la demanda. La viabilidad formal del recurso extraordinario de casación está condicionada a que la presentación revista suficiencia técnica.

En lo referente a lo enunciado, corresponde expresar que el recurso no satisface el requisito de fundamentación autónoma, toda vez que el recurrente efectuó un relato parcial de los antecedentes de la causa, omitiendo los fundamentos esenciales del fallo, por lo que fue necesaria la lectura de las actuaciones para tomar conocimiento cabal de la misma.

En reiteradas oportunidades este Tribunal ha expresado que para su viabilidad, el escrito de interposición debe bastarse a sí mismo, dado el carácter autónomo que posee y que su sola lectura debe ser suficiente para la comprensión del caso, debiendo por ello contener un relato claro y preciso de los hechos relevantes, especialmente de la sentencia que se pretende impugnar.

A más de lo señalado, el memorial de agravios carece de una crítica directa a los fundamentos del fallo, habiéndose desentendido por completo de los mismos, circunscribiéndose a efectuar un desarrollo argumental que solo demuestra una mera disconformidad con lo resuelto, totalmente desvinculada de las razones dadas.

Es evidente que los agravios vertidos por el recurrente no alcanzan a constituir una réplica adecuada a las fundadas razones que contiene el fallo, deviniendo en consecuencia en un desarrollo argumental de carácter general, sin vinculación directa con la estructura jurídica del decisorio.

También se observa el incumplimiento de la Acordada Nº 4070/08 Art. 3 Inc. b) en razón de que el memorial no desarrolla la causal de arbitrariedad, siendo que el recurso intenta basarse en ella. Conforme a las deficiencias señaladas, el recurso debe ser rechazado,con costas al recurrente.
Accidentes de trabajo, reincorporación
Materia: LABORAL
Carátula: Núñez, Angel Abelardo c/ CIDEC S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-12

El mantenimiento del empleo del trabajador parcialmente incapacitado por un accidente del trabajo en las tareas que cumplía con anterioridad al siniestro o en otras distintas acordes con su minusvalía, sin mengua de su remuneración, no es más que el cumplimiento de la obligación que el art. 212 de la L.C.T. impone al empleador, sin que de ello pueda inferirse que la merma en la capacidad de ganancia no existe, cuando es obvio que ella resulta de la disminución laborativa acreditada en la causa.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quintana, Ivarón Félix y Quintana, Alberto F. s/ Concurso preventivo. Rec.de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12

El pronunciamiento por el cual se tiene por desistido el concurso preventivo por incumplimiento del art. 14 incs. 2º, 5º y 9º de la ley de concursos, no reviste carácter definitivo en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, estatuto del periodista
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Roca, Mario Alberto c/ Análisis S.A.I.C. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1972-04-03

No es atendible la impugnación constitucional del art. 43 del Estatuto del Periodista Profesional - texto según ley 16.792 - fundada en que vulnera la garantía de la igualdadal otorgar un resarcimiento mayor, en caso de despido arbitrario, que el reconocido por otras normas a la generalidad de los trabajadores. Dicha garantía no impone una reglamentación uniforme de los distintos contratos laborales.
Regímenes jubilatorios especiales, médicos, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kicis de Sardi,Sara c/ Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

El art. 45 del decreto ley 8999 (ley 6742) no exige en modo alguno una intensidad determinada en el ejercicio de la profesión, bastando que ella sea realizada en la forma permanente y continua durante el período establecido.
Contracautela, caución real, seguro de caución, embargo de buque, interdicción de navegar, Ley de Navegación
Materia: PROCESAL-NAVEGACION
Carátula: FARIAS MARCELO Y OTRO s/ EMBARGO DE BUQUE/INTERDICCION DE NAVEGAR BQ SAN JORGE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

El art. 538, Ley 20.094, no altera sustancialmente el régimen genérico de medidas cautelares que legisla el Código Procesal, dentro del que se establece específicamente que la medida precautoria solo deberá ser decretada bajo la responsabilidad de la parte que la citare "quien deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar" (cfr. esta Cámara; Sala II, Causas 2317 del 13.9.83, 3969 del 24.9.85 y 4001 del 3.10.85; Sala III, Causa 4757 del 14.10.92); solución que no impide que los peticionarios puedan acudir a otros medios para integrar dicha caución (vgr. seguro de caución).
Revocación de sentencia, incidente de revisión, ejecución hipotecaria
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Sassone, Lilian Noemi  c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito promovido por la concursada respecto del crédito de romo armando y otro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-07

Cabe revocar la resolución que rechazó el incidente de revisión que formuló el concursado sobre el crédito declarado admisible a favor del crédito del incidentista perseguido en la ejecución hipotecaria tramitada en sede civil. Es que cumplidos por la deudora todos los recaudos previstos en la ley 26167, se debió proceder conforme lo dispone su art. 7 y, en consecuencia, pagarse al acreedor originario la totalidad de la deuda, quedando subrogado el fiduciario en todos los derechos, acciones y garantías, lo que ocurre, según se prevé allí expresamente, de "pleno derecho". Y no resulta posible que, por cuestiones operativas del banco u omisiones de los acreedores o por una situación especial de hecho que afectaba a uno de ellos, se pretenda justificar de forma válida la falta de consolidación del procedimiento, pues ello importaría aceptar que la culpa de un tercero, por quien la deudora no debe responder, perjudique sus derechos en cuyo beneficio se instauró, justamente, el referido sistema de refinanciación hipotecaria. Ello, claro está, no importa desconocer los derechos del acreedor quien, en ese escenario y en todo caso, podrá reclamar ante el fiduciario conforme surge de la ley 26167: 7, considerando, incluso, que este último ya ha manifestado la voluntad de poner a disposición los fondos que se encuentran depositados en el banco.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, velocidad reglamentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mouchard de Neme, Brenda y Neme, A. c/ Aguará S.A. y Rodríguez, E. y/o quien resulte propietario s/ Indemnización Rodríguez, E. y/o quien resulte propietario s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-09

A efectos de la determinación de culpa en el hecho, la velocidad imprudente no se determina por el número de kilómetros/hora de la marcha del automotor, sino en cuanto importa, según las circunstancias, la pérdida culposa del control o del dominio de su vehículo, que lo despoja de toda posibilidad defensiva frente a obstáculos o peligros en la ruta, potenciales o previsibles.
Revocación de sentencia, impugnación del acto administrativo, crédito fiscal, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Noble Argentina SA c/ En- Afip- Dgi- Res. 105 (Rdex)  s/ dirección general impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-10

La jueza de primera instancia rechazó la demanda interpuesta contra la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva, que tenía por objeto impugnar las resoluciones administrativas que habían rechazado los recursos deducidos por la empresa contra los actos por los cuales se desestimaron parcialmente las solicitudes de reconocimiento de créditos fiscales por exportaciones realizadas en los períodos de abril de 2003, abril y mayo de 2004, septiembre de 2004 y enero a septiembre de 2005.

La sala revocó la sentencia apelada, como así también las resoluciones administrativas impugnadas, e hizo lugar a la demanda. En consecuencia, reconoció el crédito fiscal por las operaciones impugnadas e individualizadas en la demanda, y ordenó el reintegro a la empresa actora, con intereses a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina. Para así decidir, consideró que la firma actora había acreditado la veracidad de las operaciones comerciales que el organismo recaudador cuestionaba.
Revocación del sobreseimiento, investigación inconclusa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Bazzini, Patricia s/ dcia. inf. art. 292 CP
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-21

Cabe revocar el sobreseimiento del imputado, atento a que el mismo resulta prematuro, siendo necesario a los fines investigativos efectuar las medidas de instrucción propuestas por el impugnante; más allá de las que el juez de la causa estime pertinentes y útiles.
Liquidación de entidades financieras, calificación de conducta del empleador, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: MIGUEZ, ALICIA S. c/ BANCO DE LOS ANDES SA. (EN LIQUIDACION) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-05-19

El juez laboral resulta competente para meritar si la situación de liquidación judicial de la entidad bancaria es imputable o no a esta (conforme artículo 251 LCT.) A los fines de establecer las indemnizaciones legales correspondientes.
Cobro de sumas de dinero, multa, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Assi Ricardo Alfredo c/ Cruz Angélica Ramona y otros s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-27

La empleadora demandada no levantó adecuadamente el onus probandi que sobre su posición pesaba. Ello así porque no demostró que el accionante hubiera sido quien inició la trifulca que invocó como causal, ni los detalles de ésta -necesarios para sopesar proporcionalidad de la medida-. Y, la indemnización establecida en el art. 2 ley 25323 se aplica tanto cuando el empleador despide sin causa o cuando los motivos invocados como receptados en el concepto normativo de "justa causa" no fueron probados, máxime sí el trabajador para cobrar la indemnización correspondiente tuvo que iniciar la acción judicial (Voto Ronconi en adhesión a Welp)
Delitos contra la propiedad, bien jurídico protegido, hurto simple, tentativa
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: CONFALONIERI, MARCELO s/ HURTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-10

La propiedad como bien protegido por el Código Penal, no es la propiedad de dominio del Código Civil, dado que aquél la protege en el sentido que confiere la Constitución Nacional, que reconoce a toda persona el derecho de usar y de disponer de su "propiedad" (art. 26, según Constitución año 49, art. 17 C.N. vigente).

Cinco ananás son "cosas" susceptibles de apreciación pecuniaria y por lo tanto propiedad de alguien, por lo cual el intento de su apoderamiento configura el delito de hurto tentado.
Indemnización, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: Reynoso, Luis Arturo c/ Mastellone San Luis S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2007-11-29

En cuanto agravio por monto indemnizatorio en orden a atender el rubro material, cabe señalar que comparto el método o sistema propuesto para la estimación de la reparación indemnizatoria, y que no es otro que el denominado de "amortización constante" - "fórmula Vázquez Vialard".
Recurso extraordinario, costas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: GIANFELICI VDA DE COSENTINO, ANGELA IRMA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA JURISDICCION.   IMPOSICION  DE COSTAS EN  EL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  DENEGADO.    CSJ EXPTE NRO 31-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-09-03

Habiendo la parte impugnante recurrido directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se declaró perimida la instancia, corresponde entonces pronunciarse sobre la imposición de las costas de la impugnación extraordinaria, e imponerlas a la recurrente vencida, por aplicación del artículo 68 del Procesal Civil y Comercial de la Nación (t o 1981).
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: M.T. SA c/ J., O. s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-23

Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada.
Contratos administrativos, buena fe, doctrina de los actos propios, contrato de suministros, oferta, contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONSTRUCCIONES RIO PARANA SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 206 AÑO 1985)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

El deber de buena fe con que deben conducirse las partes en los contratos administrativos, constituye una mera derivación la doctrina de los actos propios, según la cual "nadie puede invocar un derecho que esté en pugna con su propio accionar, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz". En el caso, corresponde destacar que si la contratista fue lo suficientemente previsora al tiempo de elaborar y proponer su oferta, es claro que no lo fue ni al tiempo de expresar que la mantenía, en un momento en el que no estaba reglamentariamente comprometida a hacerlo y en el que -según puede extraerse de las constancias de la causa- ya podía razonablemente conocer el aumento de los precios.
Periodistas, actividad periodística, derecho a la información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PALAZUELO CABRERA. s/ COMPETENCIA-LESIONES GRAVES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-13

El derecho a informar debe ejercerse en el marco de la más amplia libertad, lo que no implica hacerlo a cualquier costo. Si los dichos en pugna resultan ser, la orden impartida por el funcionario policial, que tiende a preservar la integridad física de las personas en un lugar donde ocurría un incendio y el derecho a informar, preferible resulta privar a la sociedad de ser informada a poner en peligro a aquellos encargados de trasmitir las noticias.
Ejecución fiscal, aportes previsionales, ejecución previsional, intimación de pago, resoluciones inapelables, AFIP DGI, Ley de Procedimiento Tributario, aplicación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FISCO NACIONAL DGI c/ GASPARRI HNOS. SA. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-10

Las ejecuciones por deudas de aportes previsionales se hallan regidas por las leyes 18.820 y 21.864 y los dec. 507/93 y 2102/93, y por remisión de éstos a la ley 11.683. A su vez, el art. 92 de esta última norma (según leyes 23.658 y 23.871) establece en su noveno párrafo que "la sentencia de ejecución, o la revocación del auto de intimación de pago y embargo en su caso, son inapelables, quedando a salvo el derecho de la Dirección General Impositiva de librar nuevo título de deuda, y al ejecutado, de repetir por la vía establecida en el art. 81". En ocasión de resolver otras cuestiones relacionadas con ejecuciones de esta naturaleza, la Sala no sólo ha considerado la validez del dec. 507/93, sino también, por vía de dicha norma y del dec. 2102/93, las remisiones a la ley 11.683, y la aplicación de esta última norma a las ejecuciones de recursos previsionales. En consecuencia, se establece la inapelabilidad de las ejecuciones donde se persigue el cobro de los recursos de la seguridad social en los términos del art. 92, párrafo 9° de la ley 11.683.
Control aduanero, importación de automotores, contrabando, contrabando de automotores
Materia: ADUANERO
Carátula: Vigil, Constancio y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

No tratándose el caso de facultades ajenas a las propiamente aduaneras, la conducta reprochable al recurrente importó la frustración objetiva de la facultad de control de la aduana, al impedirle detectar la existencia de un supuesto en el cual se fundaba la prohibición a la importación de un automóvil que pretendía destinar al uso particular, y por ende dicha conducta se halla atrapada en el art. 864, inc. b, del Código Aduanero (Voto del Dr. Luis René Herrero).
Medidas cautelares, decomiso
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S. J. W. s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-06

La resolución recurrida que dispone y ratifica un secuestro de distintas prendas, no causa un gravamen irreparable siendo susceptible de reparación ulterior en razón que puede volver a ser replanteada en el transcurso del trámite ordinario del juicio y resuelta en la sentencia respectiva.

No se trata en este caso particular, de mercaderías perecederas que obligarían a una rápida disposición de las mismas. El destino final de las prendas secuestradas tendrá que ver con las secuelas del juicio atento que podrían, eventualmente, ser considerados estos elementos como medios idóneos para configurar una contravención.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, impulso procesal, elevación en apelación, segunda instancia, incidente de caducidad, caducidad de instancia, terminación del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: CHOSCO DE CANCHI, NELIDA LUCIA c/ MANZUR DE MADRIGAL, NARCISA GENOVEVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-03-01

Es principio doctrinario y jurisprudencial aceptado que con el llamamiento de autos para sentencia cesa recién la carga de las partes de activar el procedimiento, a partir de ese momento el juicio queda sustraído a su actividad; y tal providencia obsta el transcurso del plazo legal para que opere la perención de la instancia (CApel. C. C. Sala III, tomo 2003, fl. 850).-	La notifica ción personal o por cédula acorde lo dispuesto por el art. 135, inc. 4 del PCC, del proveído que dispone la suspensión del llamado de autos, resulta esencial teniendo en cuenta que produce la modificación de la situación del expediente en estado de sentencia; y, concomitante a ello, ocasiona a la parte la carga de instar el trámite, y por ende factible de perención.

Para que una petición tenga por efecto suspender el plazo de caducidad debe ser útil y adecuada al estado de la causa, de modo que la intención de la parte se traduzca en hechos que evidencien el propósito de la parte en ese sentido y que guarden relación con la marcha del proceso.

El acto de impulso procesal, efectuado con posterioridad al vencimiento del plazo de caducidad, no tiene eficacia interruptiva por sí mismo, pues para que tenga esa consecuencia, es necesario que se encuentre consentido por la contraria" (conf. C.Apel. CC Salta Sala V, T XXIV, fojas 2279/2284).
Accidentes de trabajo, muerte del trabajador, servicios de vigilancia, vigiladores, asegurador por riesgos del trabajo, eximentes de responsabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Naval, Patricia Elisabeth por sí y en representación de sus hijos menores Rocío Elisabeth Noemí San Martín Naval y Marco Alejandro Isaías San Martín Naval c/ Odipa S.R.L. y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-24

No existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales.
Responsabilidad de la administración portuaria, transporte de pasajeros, responsabilidad solidaria
Materia: AERONAUTICO-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Pintos Gayoso, Mónica c/ Rex Argentina SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-17

En una aeroestación como es el Aeroparque Jorge Newbery -cuya administración portuaria es actividad de Aeropuertos Argentina 2000 SA-, donde se presta un servicio de envergadura pública y notoria como es el transporte de personas , no se puede separar para su óptimo funcionamiento y calidad, la limpieza, mantenimiento e higiene de sus instalaciones realizadas en forma contínua y permanente, esencial para los usuarios del servicio de que se trata y posibilita el cumplimiento de la finalidad empresarial. Por ello corresponde la extensión de la responsabilidad solidaria a ambas codemandadas en el marco del art 30 LCT.