Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-09


Salta, 9 de Febrero de 2011.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "TEJERINA, AURORA JUSTINA; PONCE, MARIA LUZ vs. AGUIRRE, NELLY; AGUIRRE, HUGO PAZ; AGUIRRE, HUMBERTO SANTOS - SUMARISIMO O VERBAL" - Expte Nº 281.594/09 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 3° Nominación (Expte. N° CAM 314556/10 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

El Dr. Alfredo Ricardo Amerisse dijo:

I) Para cumplir con la sentencia dictada a fojas 203/204 que hace lugar a la demanda por determinación judicial de deuda y los condena a pagar la cantidad que resulte del trámite sumarísimo, se abre el juicio de autos, en el que se dicta la sentencia de fojas 42 que determina en la suma de $183.000 el importe que los demandados deben pagar. Esta sentencia es apelada por ellos.

Según expresan los demandados en el memorial de fojas 51/54, tratándose de un juicio sumadísimo, el Juez no ha cumplido con los actos procesales correspondientes a este tipo de juicio regulado por los artículos 498 a 508 del Código Procesal. En efecto dice, como surge fe fojas 34 y 35, el procedimiento de mediación termina sin acuerdo de partes, por lo que correspondía continuar con el proceso de los juicios sumarísimo, cosa que el magistrado omitió, produciendo una verdadera indefensión de los demandados, a tal punto que ni siquiera llegó a conocer a las partes.

Otro agravio consiste en no haber ordenado la agregación de los expedientes 107.357/04 y 112.323/. Por lo tanto sostienen, es pertinente arrimar a estas actuaciones esos expedientes, pues el examen de su contenido nos llevará a un fallo verdaderamente equitativo y ajustado a derecho.

Con respeto a los antecedentes del caso, relata que la familia Aguirre vendió a los señores Tejerina y Ponce mediante boleto de compraventa el inmueble designado en el boleto esta glosado a fojas 2, Boleto en el que se estableció que la operación sé hacia por $90.000, de los cuales la parte vendedora recibía $45.000.

Por otra parte la cláusula diez estipula un pacto comisorio de modo que si la compradora dejara de cumplir cualquiera de las obligaciones que por el presente se le imponen, la contraria podrá optar: a) dar por resuelta esta operación de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial, ni extrajudicial alguna perdiéndose el dinero entregado en concepto de indemnización...b) exigir su cumplimiento..., Entienden que por aplicación del convenio, la suma que deben devolver los señores Aguirre no debe exceder de $45.000, pues el importe que no devuelven, constituye la pena o sanción que se imponen a los incumplidores Tejerina y Ponce. Por consiguiente condenarlos a pagar $183.00 resulta una enormidad. Lo que pasa, explica luego, que al decir el señor Juez corresponde hacer lugar al pedido de restitución de lo recibido por los vendedores, con más los intereses a la tasa del 12% anual.; y que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 165 del Código Procesal Civil, dicho valor ser determine con tres informes de inmobiliarias reconocidas del medio.

En resumen pide se ordene la devolución de un importe adecuado al incumplimiento de las obligaciones.

A su vez, los apelados piden la confirmación de la sentencia. En el memorial de fojas 58/61 expresan como sustento que de las constancias de autos surge que los únicos elementos que le fueron aportados al señor Juez son los que presentó su parte, quien acompañó las valuaciones inmobiliarias, como así también planilla de determinación de deuda, las cuales no fueron objeto de reparo al contestar la demanda. Después dice que los apelantes no mostraron jamás la mínima intención de solucionar el conflicto de intereses, limitándose a señalar la inconducta de las frustradas compradoras, quienes escudándose en una cláusula prevista en el carácter de pacto comisario, pretendía hacer perder la totalidad del dinero abonado.

II) Las partes se vincularon a través del boleto de compraventa agregado a fojas 2, en el que estipularon un pacto comisario en los siguientes términos: si la compradora deja de cumplir cualquiera de las obligaciones que por el presente se le imponen, la contraria a su exclusiva opción podrá: a) dar por resuelta esta operación de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial ni extrajudicial perdiéndose el dinero entregado en concepto de indemnización por el uso de inmueble con más los intereses por mora vigente en plazo, o bien b) exigir su cumplimiento con las consecuencias legales que dicho acto importa. Se pacta la mora automática. Si por otra parte fueran los vendedores quienes no cumplieran con las obligaciones propias de la operación que realizan, la compradora podrá rescindir la operación de pleno derecho sin necedad de interpelación judicial ni extrajudicial alguna, debiéndose devolver el dinero entregado en este acto, o bien exigir su cumplimiento.La resolución del contrato como consecuencia del arrepentimiento de una de las partes, sólo tiene por efecto imponer la devolución de la señal y otro tanto si aquel proviene de quien recibió la señal, o la pérdida de ella si quien se arrepiente es quien la dio, cualquiera sea el daño sufrido por la otra parte y sin que sea necesario probar que éste existió.Teniendo en cuenta que el pacto comisario legislado por el artículo 1202 del Código Civil está amparado por el principio de la libertad de las convenciones del artículo 1197, las partes deben someterse como a la ley misa. Por consiguiente si la compradora entregó $45.000 al realizarse la operación y después se arrepintió, de acuerdo con lo convenido, perdería el dinero y la demanda no podría prosperar.

Esta es la solución que en derecho corresponde, pero encontrándose firme la sentencia de fs. 203/204, del expediente principal caratulado: "Tejerina Aurora Justina y en rep. de su hija menor Ponce María Luz vs. Aguirre Nelly, Aguirre Humberto Paz, Aguirre Humberto Santos - Sumario: determinación judicial de deuda. Cumplimiento de contrato" nº 112.323/04, donde se condena a la parte demandada a abonar a la actora la suma de $45.000 más intereses del 12% anual desde que fuera abonada, menos el 50% del valor locativo del inmueble durante los 10 meses que duró la ocupación compartida y no del valor actual del inmueble como se estableció en la sentencia, debe hacerse lugar al recurso planteado y determinarse la deuda a abonar de la siguiente forma:

Capital: $45.000.

Intereses: $31.050.

Total: $76.050.

Menos ocupación de marzo a diciembre $ 7.500.

Total: $68.550.

Es decir que la suma de $68.550 es la cantidad correspondiente hasta diciembre de 2009 (fecha de la planilla de fojas 29).

En consecuencia voto porque se modifique la sentencia determinando la suma a abonar en $68.550, con costas por el orden causado en ambas instancias dado los fundamentos de la resolución (art. 67 del C.P.C.C.).

Costas por el orden causa en ambas instancias dado los fundamentos de la resolución.

La Dra. María Cristina Montalbetti dijo:

Que atento que la cuestión puede ser solucionada por vía del recurso de apelación no cabe la nulidad de la sentencia también peticionada.

Teniendo en cuenta que en la causa se encuentra sólo en debate la cuestión referida al monto sujeto a la restitución, adhiero al voto precedente en cuanto determina la suma de $68.550, pues el pronunciamiento en el juicio principal, hoy firme, no hacía alusión al valor actual del bien, sino a la cifra recibida por los demandados y sus intereses, descontando el periodo de ocupación compartida a valores locativos.

Por el acuerdo que antecede, se modifica la sentencia fijándose en la suma de $68.550 (pesos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta) la cantidad a restituir por los accionados, comprensiva de capital e intereses. Con costas en ambas instancia por el orden causado (art. 67 del CPCC.).

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.