Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-21


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 21 de 2007.

La Dra. Pérez Pardo dijo:

I.- Contra la sentencia de fs. 317/327, recurre la parte actora por los argumentos expuestos a fs. 354/356 y la parte demandada por los suyos a fs. 360/364, contestados a fs. 366/367.

II.- En la instancia anterior se hizo lugar a la demanda en la cual la actora reclama los daños padecidos como consecuencia del accidente ocurrido el día 21 de enero de 2004, siendo aproximadamente las 12.45 hs, en circunstancias en que la coactora conducía el rodado marca Fiat Tipo, dominio AGM ..., por la bajada de la Autopista Ricchieri, sentido a la Av. General Paz, hacia el Río de la Plata y en forma imprevista pisó una gran mancha de combustible existente en el pavimento que cubría todo el carril, provocando que el vehículo saliera del asfalto, descendiera por la pendiente, colisionara contra un árbol y luego contra el guardarrail.

Se agravia la parte actora por los montos fijados en la instancia anterior en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral. Por su lado la empresa demandada se queja por la responsabilidad atribuida, entendiendo errada la valoración de la prueba efectuada por la "a quo", en el sentido que no se encuentra probada en autos la existencia de la mancha de aceite a la que hizo referencia la actora.

III.- Por una cuestión de orden metodológico, entiendo que en primer lugar corresponde tratar las críticas planteadas en cuanto a la responsabilidad.

La sentencia en recurso hace referencia a la declaración del Sr. Ruiz Díaz (a fs. 219/220), la exposición de la actora glosada a fs. 188 y el dictamen pericial de fs. 237/245. Además hizo mérito de los testimonios ofrecidos por la demandada valorando que no resultan suficientes para desvirtuar el testimonio del testigo propuesto por la parte actora en virtud de que revisten o revistieron la calidad de empleados de la demandada.

Cuestiona la empresa accionada la valoración de la prueba efectuada por la "a quo" respecto de la existencia de una mancha de combustible en el carril por el que circulaba la actora. Atento a ello, corresponde analizar la prueba obrante en autos la que será evaluada conforme las reglas de la sana crítica (art. 386 Código Procesal).

Debo destacar que los jueces no están obligados a referirse a cada medida de prueba, sino solamente a aquellas que sean pertinentes según la forma en que ha quedado trabada la relación procesal (CSJN 20/9/1989, "Salamonte Antonio c/ Dirección Vialidad Nacional").

En este sentido, la declaración del Sr. Ruiz Díaz resulta esencial para dilucidar la cuestión. De su testimonio surge que conoció a la Sra. Corvalan el día del accidente (ver respuesta a la primera pregunta), y que circulando en su auto, por la bajada de Richieri, hacia el Río de la Plata, vio que al entrar a la colectora de Gral. Paz, en el lugar en donde hay una huella profunda porque doblan todos los colectivos, el rodado de la actora se despistó y cruzó por el pasto, chocando contra el guardarrail. Agrega que la actora circulaba a 40 km/h, debido a que en esa zona "... hay que venir frenando porque vienen autos de todos lados..." (ver respuesta a la segunda pregunta). El testigo alcanzó a ver una mancha en el piso, agregando que como ahí doblan muchos colectivos "...pudo haber sido gasoil..."; luego llegó un policía, por lo que el testigo estuvo unos quince minutos y se fue sin que hubieran limpiado la mancha (ver respuesta a la tercera pregunta). Aclara el testigo que pasó por la misma zona pero no sobre la mancha, que estaba sobre la derecha.

En contraposición a este testimonio, obra a fs. 251/253 la declaración del Sr. De Marco -Supervisor de Seguridad Vial de Autopistas del Sol-, quien señala que ocurrido el accidente se tomaron fotografías, se verificó la calzada y no se constataron anomalías (ver respuesta a la tercera pregunta); agregando que tampoco se encontraron manchas de aceite (ver respuesta a la cuarta pregunta).

En cuanto a las declaraciones del Sr. Rocchietti -a fs. 254/255- y del Sr. Cattáneo -a fs. 256/258-, quienes se desempeñan como supervisor del sector de seguridad vial el primero, y como empleado desde hace nueve años de la demandada el segundo, nada dicen respecto de la existencia o no de la mancha en cuestión, coincidiendo en todo lo demás con lo que declara el Sr. De Marco. Además, el Sr. Rocchietti afirmó no haber estado en el lugar, tomando conocimiento del accidente a través del parte que le comunicaron (ver respuesta a la segunda repregunta); y el Sr. Cattaneo tampoco afirma haber estado en el momento del hecho.

De lo hasta aquí expuesto, surge que el único testigo presencial resultó ser el propuesto por la actora, quien afirmó haber visto la mancha de combustible a la cual hace referencia la parte actora. Por ello, la prueba acompañada por la demandada no resulta suficiente a fin de desvirtuar el relato del único testigo que se encontraba presente en el momento del siniestro; máxime cuando el testimonio contiene un coherente relato de los hechos.

Respecto del documento que en fotocopias obra a fs. 69, de donde surge que no se habrían encontrado restos de aceite, cabe destacar que quien lo suscribe afirma haber arribado al lugar cuando la ambulancia del SAME y la policía ya se habían retirado, por lo que tampoco resulta suficiente para acreditar que en el momento en que se produjo el accidente no existía la mancha de aceite. Resta agregar que ello se condice con el testimonio prestado a fs. 288/289 por el Sr. Real -policía federal- quien se desempeñaba como chofer de un servicio de emergencia de la empresa demandada y señala haber firmado el documento de fs. 69. Ahora bien, al ser preguntado si cuando arribó al lugar del accidente, estima que el servicio de limpieza de la empresa demandada ya había pasado por el lugar, contesta que no sabe si pasó alguno de los servicios de limpieza después del accidente, y antes de que llegara el testigo, aunque afirma que previo al accidente no habría pasado (ver respuesta a la octava repregunta).

Efectuado este análisis, corresponde recordar que "...la valoración de los testimonios está sujeta al prudente arbitrio judicial según las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de su contenido (art. 456 del CPCC), de tal suerte que deben ser apreciados en función de diversos elementos, tales como las condiciones individuales y genéricas del deponente, seguridad del conocimiento que manifiesta, coherencia del relato, razones de la convicción que declara y la confianza que inspira, de acuerdo a las reglas de la sana crítica (CNCiv, Sala A, exptes. L.256.311 del 16/4/99, L.367.622 del 18/6/03, L.367.060 del 15/8/03; L.424. 733 de noviembre de 2005)".

Luego del análisis de las pruebas obrantes en autos, llego al convencimiento de que el único testigo que presenció al accidente fue el Sr. Ruiz Díaz, debido a que todos los demás, amén de ser -o haber sido- dependientes de la empresa demandada, arribaron con posterioridad al hecho; e incluso los que afirmaron que no existía la mancha de combustible señalaron haber llegado después de que el SAME y personal policial se habían retirado.

Nótese al respecto que la accionante señaló que el accidente habría ocurrido el 21 de enero de 2.004, siendo aproximadamente las 12:45 hs, mientras que de la documental obrante a fs. 68 -acompañada por la demandada-, surge que el primer arribo del personal de la demandada fue a las 14:34 y los restantes con posterioridad.

Por lo demás, en lo referido al informe técnico realizado por el CESVI y acompañado por la demandada, resta agregar que teniendo en cuenta que el único testigo que presenció el hecho señaló que la conductora del vehículo habría perdido el dominio del mismo como consecuencia de la mancha de combustible allí existente, los informes acompañados pierden valor probatorio ante la coherente declaración del testigo presencial que vio la forma en que tuvo lugar el accidente.

También, del informe mecánico obrante a fs. 237/245 -no impugnado por la demandada-, surge que circulando la actora sobre un derrame o una acumulación de fluido lubricante (probablemente de gasoil), se produce una disminución del coeficiente de fricción (o adherencia) entre los neumáticos y el pavimento de la calzada, generando momentos de rotación debido a que las ruedas se deslizan con distintas aceleraciones, con aptitud para provocar el descontrol del móvil y salir despedido de la calzada asfáltica.

Por todo ello, llegó al convencimiento que la Sra. Corvalan conducía su vehículo a una velocidad aproximada de 40 km/h que la calzada no estaba mojada, y que el rodado terminó impactando sobre del guardarrail (ver fotograbas de fs. 70/72), debido a una mancha de combustible en el camino, que impidió a la conductora el dominio del vehículo.

Ponderando la prueba conducente y útil reseñada precedentemente, entiendo que los argumentos impugnativos traídos a esta instancia revisora carecen de la necesaria aptitud convictiva para persuadir que deba prevalecer su opinión sobre la adoptada en el pronunciamiento en revisión, especialmente si la apreciación o valoración de los diversos medios aportados debe hacerse como un todo en su conjunto, y no aisladamente como pretende el apelante.

La causa eficiente del accidente fue la existencia de una mancha de combustible en el camino de la actora, por lo que concluyo que ha existido por parte de la demandada, un objetivo incumplimiento de los deberes de seguridad que le corresponden respecto del usuario, asegurándole que no sufrirá daños durante su circulación por la misma. La concesionaria tiene a su cargo la realización, mantenimiento, limpieza, reparación y conservación de las obras atinentes a la autopista, pesando sobre ella también el deber de seguridad en el tránsito por la misma; y si bien en principio, ello estaría referido a tomar aquellas medidas tendientes a evitar que se produzcan accidentes cuya causa radique en cosas inertes a la autopista, ello también incluye la de adoptar las medidas necesarias que aseguren adecuada fluidez del tránsito en todo momento, suprimiendo o removiendo aquello que pueda originar molestias, inconvenientes o peligro para los usuarios.

De acuerdo a lo expuesto, propongo rechazar los agravios de la demandada y confirmar lo decidido al respecto en la instancia anterior.

IV.- Sentado el criterio respecto de la responsabilidad, corresponderá tratar las críticas referidas a los montos reconocidos en el pronunciamiento anterior.

Respecto de la incapacidad sobreviniente reclamada por la coactora Sra. Corvalan, no es ocioso destacar que la incapacidad sobreviviente está determinada por el reconocimiento de la disminución en las aptitudes tanto físicas como psíquicas de la víctima, que repercute en lo orgánico como en lo funcional, menoscabando la posibilidad de desarrollo pleno de su vida en todos los aspectos de la misma, como lo son el conjunto de actividades de las que se ve privada de ejercer con la debida amplitud y libertad, y que se proyectan sobre su personalidad integral y afectan su patrimonio, por lo que constituyen inescindiblemente los presupuestos para determinar la cuantificación del resarcimiento, y encuentra su sustento jurídico en disposiciones como las contenidas en los arts. 1068 y 1109 del Código Civil (conf. esta Sala, exptes. nº 63.483, 64.787, 65.058, entre otros). De acuerdo a lo expuesto, entiendo que tanto la incapacidad física como la psíquica y sus correspondientes tratamientos reclamados por la actora integran el rubro sub exámine. Ello se debe a que la capacidad de la víctima es una sola, por lo que su tratamiento deberá efectuarse en ese sentido. Asimismo, debo recordar que el daño psíquico configura un detrimento a la integridad personal, por lo que para que éste sea indemnizado independientemente del moral, debe configurarse como consecuencia del siniestro objeto de autos y por causas que no sean preexistentes al mismo. Ello se da en una persona que presente luego de producido el hecho, una disfunción, un disturbio de carácter psíquico permanente. En conclusión, que muestre una modificación definitiva en la personalidad que la diferenciaba de las demás personas antes del hecho; una patología psíquica originada en éste que permita que se la reconozca como un efectivo daño a la integridad personal y no simplemente una sintomatología que sólo aparezca como una modificación disvaliosa del espíritu, de los sentimientos, que lo haría encuadrable tan sólo en el concepto de daño moral; por lo que sólo será resarcible en forma independiente del moral, cuando sea consecuencia del accidente, sea coherente con éste y se configure en forma permanente.

A fs. 193/195 obra el dictamen pericial médico, impugnado por la parte demandada a fs. 203, de donde surge que la actora presenta como consecuencia directa del accidente cervicalgia cefalea y lumbalgia con manifestaciones clínicas y radiográficas, por lo que el perito estima una incapacidad parcial y permanente del orden del 10 % de la T.O., correspondiendo un 3 % a su columna lumbar, y un 7 % a su columna cervical. Por otro lado, conforme el dictamen pericial psicológico obrante a fs. 198/200 bis -impugnado por la actora a fs. 213-, no se constataron secuelas psíquicas que impliquen incapacidad permanente, pero sí un conjunto de síntomas reactivos en grado leve, por lo se recomendó un tratamiento.

Ahora bien, centra sus críticas el apelante en la cuantificación efectuada por la "a quo" respecto de este rubro. Por ello, debo aclarar que el quantum indemnizatorio no implica la determinación de cálculos, porcentajes o pautas rígidas, sino que para supuestos como el caso de autos queda librado al prudente arbitrio judicial. Ello debido a que se trata de situaciones que varían diferentes elementos a considerar tales como las características de las lesiones padecidas, la aptitud para trabajos futuros, su edad, condición social, situación económica y social del grupo familiar, etc., siendo variables los parámetros que harán arribar al juzgador a establecer la reparación. En consecuencia corresponde destacar que conforme surge del dictamen pericial psicológico precedentemente mencionado, la actora informó a la perito que nació el 29 de noviembre de 1957, por lo que a la fecha del accidente -21/01/2004- contaba con 46 años; surge también que estaba casada con el coactor Sr. Rossi, no habiéndose denunciado descendencia; posee estudios secundarios e hizo el profesorado de yoga. En cuanto a las tareas que desempeñaba, de las testimoniales obrantes a fs. 3 y 4 del exp. nº 77.556/2.004 sobre beneficio de litigar sin gastos surge que trabajaba en un taller (ver respuesta a la segunda pregunta de ambos testimonios), y posteriormente (ver fs. 33) quedó desocupada. En consecuencia, en uso de las facultades conferidas por el art. 165 CPCC entiendo prudente elevar la suma fijada en la instancia anterior a la cantidad de pesos veinte mil ($ 20.000).

V.- En cuanto al daño moral, cuyo monto indemnizatorio fue materia de agravios por las partes, debo aclarar que entiendo al mismo como el menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales provocados por el evento dañoso. El daño moral comprende los padecimientos y angustias que lesionan las afecciones legítimas de la víctima. Es un daño no patrimonial, es decir, todo perjuicio que no puede comprenderse como daño patrimonial por tener por objeto un interés puramente no patrimonial. Asimismo se ha definido como "...una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar la persona diferente al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial. Se trata de todo menoscabo a los atributos o presupuestos de la personalidad jurídica, con independencia de su repercusión en la esfera económica..." (Conf. CNCiv, Sala M, "Segura Godoy, Sergio A. c/ Hagelin, Alex I. s/ daños y perjuicios", 19/03/96).

La determinación del monto indemnizatorio por este concepto, se encuentra librada al prudente arbitrio judicial, con amplias facultades para computar las particularidades de cada caso. En virtud de las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta las circunstancias personales de la víctima señaladas al tratar la incapacidad sobreviniente, en uso de las facultades que confiere el art. 165 del C.P.C.C.N., entiendo que corresponde elevar la suma fijada por la anterior sentenciante a la cantidad de pesos cinco mil ($ 5000).

VI.- Por los fundamentos expuestos, y si mi voto fuese compartido, propongo al Acuerdo, se modifique la sentencia apelada elevando la suma fijada en concepto de incapacidad sobreviniente a la cantidad de pesos veinte mil ($ 20.000); y el daño moral a la suma de pesos cinco mil ($ 5.000); confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios. Las costas de Alzada deberán ser soportadas por la demandada vencida, atento al resultado de las apelaciones (conf. art. 68 del C.P.C.C.).

Los Dres. Víctor Fernando Liberman y O. Hilario. Rebaudi Basavilbaso por análogas razones votan en igual sentido.

Con lo que doy por terminado el acto firmando los señores jueces por ante mí que doy fe.

Buenos Aires, junio 21 de 2007.

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos el Tribunal decide: modificar la sentencia apelada elevando la suma fijada en concepto de incapacidad sobreviniente a la cantidad de pesos veinte mil ($ 20.000); y el daño moral a la suma de pesos cinco mil ($ 5000); confirmar en todo lo demás que fuera materia de agravios. Las costas de Alzada deberán ser soportadas por la demandada vencida, atento al resultado de las apelaciones (conf. art. 68 del C.P.C.C.).

Difiérese conocer de los recursos deducidos por honorarios y los correspondientes a la Alzada para cuando exista liquidación aprobada en los términos del art. 1º de la ley 24.432.

El Juzgado actuante deberá arbitrar los medios a fin de que los condenados en costas integren la tasa de justicia pertinente de conformidad con los arts. 10, 11, 12 y 14 de la ley 23.898.

Regístrese, notifíquese a las partes y devuélvase. -Marcela Pérez Pardo. -Víctor F. Liberman. -O. Hilario Rebaudi Basavilbaso.