marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Administración Pública, juicios contra el Estado, seguridad jurídica, estabilidad del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Gypobras  S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ contrato de obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

La existencia de términos para demandar a la administración se justifica por la necesidad de dar seguridad jurídica y estabilidad a los actos administrativos, se trata de evitar una incertidumbre continua en el desenvolvimiento de la actividad de la administración, pues de lo contrario se afectaría el principio constitucional de la seguridad jurídica, que constituye una de las bases principales de sustentación de nuestro ordenamiento, cuya tutela innegable compete a los jueces.
Empleo público, despido, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Barat, Cecilia c/ Universidad de Buenos Aires s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-10

Dado que el encuadre juridico formulado determinaria que situaciones como la presente -la actora reclama a la Universidad de Buenos Aires una indemnización por los perjuicios derivados de la ruptura del vínculo de empleo que unía a las partes- sean de la competencia del fuero contencioso administrativo federal, razones análogas a las que llevaron a enunciar la doctrina de la causa "Tellez" (Fallos: 308:552) aconsejan que el sub lite, dado su avanzado estado de tramitación, continúe y finalice ante el fuero laboral.

-Voto de los jueces Highton de Nolasco y Enrique S. Petracchi-.
Delito penal, lesiones agravadas, amenazas, violencia de género, facultades jurisdiccionales, competencia penal, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Balentini, Juan Leonardo c/  s/ s/ Lesiones agravadas s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

Corresponde declarar la competencia de la Justicia Criminal y Correccional para entender en las presentes actuaciones, en la que se investigan los hechos encuadrables en los tipos de lesiones agravadas y amenazas. Ello así, máxime cuando resulta materialmente competente para conocer respecto de uno de los hechos denunciados (lesiones agravadas) y el presente proceso se hallaba pendiente ante los tribunales nacionales en el momento de perfeccionarse su transferencia a la justicia local (cf. cláusula transitoria de la ley n° 26702). A su vez, debe considerarse que el juez nacional fue el que primero intervino con relación al contexto de violencia de género, doméstica o intrafamiliar -que aconseja su juzgamiento conjunto-. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Constitución Nacional, inamovilidad de los jueces, límite de edad, Constitución Provincial, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LILLJEDAHL, ENRIQUE ERNESTO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-12-05

Si el art. 110 de la C.N. que consagra la garantía de la inamovilidad vitalicia de los jueces, es base sustancial del Régimen Republicano de Gobierno, de la división de Poderes y la Independencia del Poder Judicial, proyectándose de ese modo, como principio aplicable al modelo de organización institucional de las provincias, siendo sus par metros fundamentales los criterios establecidos en los arts. 1 y 5 de la C.N, resulta que el art. 195 de la Constitución Provincial en su último párrafo, al limitar la inamovilidad de magistrados e integrantes del ministerio publico a la edad de sesenta y cinco años, contraviene explícitamente la garantía contenida en el Art. 110 de la C.N. y así debe declararse en cumplimiento del principio de prelación contenido en el Art. 31 de la C.N.

En consecuencia, en el caso corresponde hacer lugar a la acción autónoma de inconstitucionalidad interpuesta y declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo -última parte- del Art. 195 de la Constitución Provincial. Del voto de la Dra. Sesto de Leiva
Restitución de sumas de dinero, haber jubilatorio, Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-MILITAR
Carátula: Instituto De Ayuda Financiera c/ García, José Roque s/ Reintegro por Dec. 894/01
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-15

El Instituto de Ayuda Financiera carece de facultades para efectuar un reclamo persiguiendo la restitución de haberes percibidos por el accionado vulnerando lo dispuesto por el Dec. 894/01. Ello así, porque la misión encomendada al instituto, fijada por el art. 2 de la ley 22.919, no contempla dicha posibilidad. En consecuencia, corresponde confirmar lo decidido por el a quo al sostener que el único organismo facultado para ordenar tanto el otorgamiento como la suspensión del beneficio -en el caso, el Estado Mayor General de la Armada-, no dispuso el reintegro de las sumas percibidas.
Juicio ejecutivo, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jecomi SCA c/ De Tomasso, Alicia y otro s/ Cobro sumario (R. de queja) Caja de Previsión Martilleros y Corredores c/ Fidanza, Griselda Marina s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-10|1995-02-14

El art. 552 del C. Procesal no alcanza a aquellos temas que resultan insusceptibles de proponerse al juzgador a través del remedio brindado por el art. 542 del C. Procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicios contra el Estado, trámites judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ JOSE LUIS; SANCHEZ JOSE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE CLODOMIRA Y GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-09

La prerrogativa que establece el art. 11 de la Constitución Provincial, se traduce en una imposibilidad inmediata o directa de trabar embargo sobre bienes y rentas del estado provincial o del municipio, razón por la cual se prevé un procedimiento especial en materia de ejecución de sentencias cuando hubiere condenación a pagar sumas de dinero en juicios contra el Estado, imponiendo un tramite ante la Honorable Cámara de Diputados de la provincia o Concejo Deliberante en su caso, de inclusión del crédito derivado de la sentencia en el presupuesto anual inmediato al de su ejecutoria, bajo pena de cesar esta prerrogativa en el supuesto de no cumplimentarlo en el plazo de tres meses. Este privilegio a favor del Estado, tiene por finalidad permitir que aquel pueda arbitrar los medios para su pago e impedir que, por causa de un embargo de sus bienes, pueda verse comprometida la subsistencia misma de la organización estatal, o la adecuada prestación de los servicios a su cargo, contrarrestando, asimismo, las restantes consecuencias disvaliosas que podría causar a la sociedad. Es por ello que, el mencionado dispositivo constitucional sólo resulta aplicable en el supuesto de que el monto de la condena a pagar sumas de dinero este determinado, a fin de que el Estado pueda prever los recursos a utilizar para su pago.
Ius variandi, accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Bellesi, Pascual Humberto c/ SOMISA s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

No es absurda la decisión que considera -a los efectos del conocimiento de la concausalidad de la incapacidad con las tareas desarrolladas- que el cambio de tareas aceptado por el trabajador indica que las que efectuaba eran perjudiciales para su salud.
Ministerio Público Fiscal, requisitoria fiscal, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: García, Luis Eduardo s/ P.S.A.MALVERSACIóN    DE   CAUDALES  EN  CONCURSO  IDEAL  CON  ESTAFA  S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-11-09

El Ministerio Público Fiscal tiene presencia necesaria e insustituible en el juzgamiento de los delitos de acción pública, reconociendo su actividad raigambre constitucional pues se encuentra íntimamente vinculada con el principio que impone la inviolabilidad de la defensa, de tal manera que el imputado no se podría defender si el juicio penal no reposara en una acusación formal que describa el hecho delictuoso que se le atribuye, puesto que nadie puede defenderse decididamente de algo que ignora.
Cómputo de servicios, plazo, caducidad, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CABICHE, ROBERTO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-14

La ley 23.278, apartándose de sus precedentes en la materia -la última ley que posibilitó reconocimientos fictos fue la ley 20.505- acotó tanto el período por el cual se podría solicitar dicho reconocimiento como el plazo dentro del cual había que hacerlo (arts.

1 y 2). El no ejercicio del derecho en el plazo que la misma asigna para hacerlo, o en el peor de los suspuestos, desaparecidas las causales objetivas que hubieran impedido su ejercicio, produce la caducidad del derecho que dicha norma de excepción consagra.

C.N.A.S.S, Sala I.
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo, acompañamiento terapéutico
Materia: LABORAL
Carátula: Mases, Sabrina Alejandra  c/ Asociación Argentina de Padres de Autistas APADEA  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-24

La actora se agravia pues el magistrado de grado rechazó la acción iniciada contra APADEA, en la cual pretende demostrar la existencia de una relación de dependencia. La accionada -Asociación Argentina de Padres de Autistas- es una asociación sin fines de lucro, que se vincula con distintas obras sociales quienes derivan pacientes que sufren autismo. Contacta a profesionales independientes con el objeto de que estos presten servicios cuyos honorarios son abonados por las obras sociales. La accionante- licenciada en psicología- se desempeñó como maestra de apoyo e integración de los pacientes con autismo derivados por OSDE y OSPE, función que no llevó adelante en las instalaciones de la accionada sino en las instituciones educativas elegidas por los padres de los pacientes. Los honorarios los abonaba la accionada, con los fondos que provenían de las obras sociales que efectuaban la auditoría y control de las facturas -para luego cancelarlas- circunstancia que descarta la existencia de subordinación económica entre de la actora respecto de la accionada. Asimismo, las facetas jurídica y técnica de subordinación se encuentran desvirtuadas, toda vez que la accionante no se encontraba sujeta al poder disciplinario de la demandada y no recibía indicaciones respecto a cómo llevar adelante su labor. En esta línea, cabe destacar que no existió entre las partes una relación laboral en los términos del art. 21 de la LCT, y la pluralidad de entidades contratantes (Obras sociales) impide suponer que la entidad hubiera sido creada al solo efecto de vulnerar lo dispuesto en la ley laboral (cfr. arts. 14, 21, 22, 23 y 29 LCT). En consecuencia, se confirma el decisorio de primera instancia.
Viajantes de comercio, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: GARAY, Reinaldo c/ SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-30

La circunstancia de que los actores se hayan desempeñado para una empresa elaboradora de productos de consumo masivo, no los excluye de su calificación de placistas, dentro de la ley 14546.

Toda vez que éstos pusieron su capacidad de trabajo a disposición de aquella para la realización de sus fines propios y la obtención de un rédito económico.
Cómputo privilegiado de la privación de libertad, crímenes de lesa humanidad, facultades del Poder Legislativo
Materia: PENAL
Carátula: Lanzón, Oscar Rubén y otros s/ sustracción de menores de 10 años (art. 146) texto original del CP ley 11.179 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-06

El art. 3 de la Ley 27.362 expresa un razonable ejercicio de la potestad interpretativa auténtica del Congreso de la Nación, motivo por el cual, entre otros fundamentos, no resulta aplicable al recurrente el cómputo especial (2x1) de la prisión preventiva previsto en el derogado art. 7° de la Ley 24.390.- (Del precedente "Hidalgo Garzón", sentencia del 04/12/2018, al que remitió la mayoría de la Corte)
Homicidio, dolo
Materia: PENAL
Carátula: DEL CASTILLO HUGO OMAR Y OTROS s/ HOMICIDIO   SIMPLE,  TENTATIVA  ROBO  CON  ARMA,  AMENAZAS  AGRAVADAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-04

Se encuentra acabadamente acreditado el dolo de homicidio existente en el imputado, en oportunidad del incidente en que perdiera la vida un oficial de policía y otro resultara herido, y no es admisible otra conclusión, a poco que se advierta que el o los disparos efectuados contra el primero, lo fueron contra una persona inerme, que se presentaba desarmada y en la oscuridad solamente velada por las luces traseras del vehículo policial, debiendo agregarse a ello, la corta distancia a que fueron efectuados los disparos, estimada entre tres y cuatro metros de donde se encontraban las víctimas, con lo que el resultado posible no podía, en la mente del heridor, pasar por el amedrentamiento o las lesiones.
Cuestiones de hecho y prueba, estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Páez, Pedro Tomás s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-19

La ausencia o presencia del elemento subjetivo que exige la ley 23.737 (art. 5, inc. c) cuando hace referencia a los "fines de comercialización" se vincula con una cuestión de hecho y prueba ajena a los motivos legales del recurso de casación que el tribunal oral a resuelto de acuerdo con sus facultades propias, con la salvedad de que ese elemento subjetivo se ha de examinar cuando se denuncien y demuestren acabadamente violaciones a las reglas de la sana crítica o un razonamiento viciado que revele una conclusión arbitraria.
Derecho penal, amenazas, competencia por conexidad, improcedencia del recurso, archivo del expediente, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Zerpa, Santiago c/  s/ Coacción (art. 149 bis) s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-14

Corresponde que continúe interviniendo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional si los hechos denunciados se adecúan al tipo previsto por el art. 149 ter inciso 2.b del Código Penal y la competencia para el juzgamiento de dicha figura no ha sido transferida. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Principios del derecho internacional de los derechos humanos, responsabilidad internacional del Estado, daño resarcible, sentencia de la Corte Interamericana, obligaciones del Estado miembro, Pacto de San José de Costa Rica, competencia contenciosa de la Corte Interamericana
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fontevecchia y D'Amico c/ Argentina s/ supervisión de cumplimiento de sentencia de cumplimiento de sentencia de cumplimiento de sentencia de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2015-09-01

Según los principios del derecho internacional de los derechos humanos y lo afirmado por la Corte Interamericana, cuando a un Estado se le atribuye un hecho ilícito, surge su responsabilidad internacional por violación de una norma internacional, lo que motiva una relación jurídica nueva que consiste en la obligación de reparar -artículo 63.1 de la Convención Americana-, lo que representa uno de los pilares fundamentales del derecho de la responsabilidad internacional de los Estados.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, indicación de la causa, impuestos, alumbrado, barrido y limpieza
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRYDLEWSKI  GRACIELA  ADRIANA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTEDE VERIFICACION (PROMOVIDO POR GCBA).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

Corresponde admitir un crédito al pasivo concursal con base en la falta de pago del impuesto de ABL toda vez que, el crédito fue rechazado en consideración al desistimiento de la ejecución fiscal seguida contra la concursada. Dicha actuación no pudo interpretarse como un desistimiento del derecho sino de la acción entablada, puesto que frente al estado concursal de la deudora, la acreedora debía ocurrir al proceso universal en los términos del artículo 32 LCQ o, en su defecto, según lo prevé el artículo 56 del mismo ordenamiento, tal como efectivamente lo hizo. En consecuencia, no cupo desestimar la pretensión con tal fundamento y, encontrándose probada la legitimidad y existencia del crédito insinuado en tal concepto, corresponde proceder a su admisión en el pasivo concursal.
Seguro de caución, derechos del asegurador, pago, falta de pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: Alba  Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ Cielmec S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-08

Resulta improcedente en un seguro de caución que una compañía de seguros pueda validamente cobrar primas relativas a un riesgo que no existió, por cese de la responsabilidad contratada, situación que se configuró - en el caso - con la toma de conocimiento de la aseguradora respecto a la conclusión de las distintas obras involucradas en los seguros, más allá que no se devolvieran materialmente las pólizas oportunamente entregadas.
Leyes, razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hernández, Alicia Esther y otros c/ Municipalidad del Partido de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-31

La "razonabilidad" constituye un principio general de derecho -creación doctrinaria y jurisprudencial, con fundamento en los arts.

28  y 33 de la Constitución nacional-, aplicado específicamente como límite de la discrecionalidad administrativa. Su control, implica verificar -además de los requisitos ineludibles de fin público, medio adecuado y ausencia de iniquidad manifiesta- la existencia de "circunstancias justificantes", es decir, que la restricción impuesta a los derechos ha de hallarse fundada en los hechos que le dan origen, procurando que las normas aplicables mantengan coherencia con las reglas constitucionales, de suerte, que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido por la ley fundamental.
Procedimiento administrativo, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Transportes Comodoro S.A. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-12-29

El reclamo administrativo previo es un presupuesto procesal para iniciar demanda. Es un medio para satisfacer pretensiones.", resaltando que: "...es un remedio que se acuerda al particular, distinto pero semejante al de los recursos pues como estos: a: se orienta a lograr el restablecimiento de la juricidad en la administración; b: es un presupuesto procesal para iniciar la demanda; c: es un privilegio hacia fuera de la administración."
Recurso extraordinario de nulidad, escritos judiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Manfredi, Miguel Angel y otro c/ Cía. de Colectivos Costera Criolla S.A. s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

No puede considerarse cuestión esencial la omisión del contenido de un escrito esgrimido como "prueba" y que no forma parte del recurso de apelación, aun cuando revista importancia por contener la ratificación de la gestión efectuada.
Empleo público, remuneración, reducción salarial, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ASOCIACION  DEL  PERSONAL  DE  LA  UNIVERSIDAD  TECNOLOGICA  NACIONAL s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17

Ante todo, debe precisarse que una vez que, conforme reiterada doctrina en la materia, el progreso de la vía excepcional utilizada en la emergencia requiere, de modo necesario, que el acto de autoridad pública impugnado esté viciado de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (art. 1 de la ley 16.986), individualizándose con precisión el o los derechos lesionados, resulte verosímil su existencia y pueda evidenciarse con nitidez en el curso de un breve debate cuando no existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección o garantía constitucional que se trate (art. 2).

No puede estimarse configurado el requisito del art. 1 de la ley, toda vez que no se percibe en el acto impugnado, resolución sobre descuento de haberes del personal de la U.T.N. que no hubieren cumplido con sus tareas.
Proceso penal, actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CARRANZA ENRIQUE FELIX s/ PROCESO  PENAL  -  QUEJA  POR RETARDADA JUSTICIA - ENJUICIAMIENTO DE  MAGISTRADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-05-11

La instancia de nulidad, es el instrumento idóneo para hacer operativa la mas importante sanción de los actos del proceso. El proceso penal es una serie gradual, progresiva y concatenada de actos disciplinarios en abstracto y cumplidos por órganos públicos predispuestos y por particulares obligados o autorizados a intervenir, mediante la cual se procura investigar la verdad y actuar concretamente la ley sustantiva.
Recurso extraordinario, ley federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Tobar,  Leónidas c/ Estado  Nacional  -Ministerio  de  DefensaContaduría  General  del  Ejército  -  Ley  25.453 s/ amparo ley16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-22

En la tarea de esclarecer la inteligencia de normas federales, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por las de las partes.
Accidente de tránsito, cosa riesgosa, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D'Luca, Jacinto c/ Diaz, Ledo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-15

En el supuesto del ciclomotor y/o motocicleta, al margen del daño que puede provocar a su usuario, es un medio de transporte que crea riesgos a los componentes de la sociedad. Es verdad que el riesgo no es igual al del automotor, pero la velocidad que puede desarrollar en cortos espacios y la mayor inestabilidad, producen también diferentes formas de riesgo que impiden entender que sólo puede valorarse el creado por el otro vehículo. Y es precisamente a causa de esa escasa estabilidad y su mayor peligrosidad que los conductores de tales móviles están obligados a adoptar precauciones aún mayores que los automovilistas.-
Recurso de casación penal, prisión domiciliaria, resoluciones equiparables a definitiva, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: Barda, Alberto Pedro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-29

No procede el recurso de casación contra la decisión de la Cámara de Apelaciones que confirmó la decisión del juez de instrucción que concedió la detención domiciliaria al imputado toda vez que no ha sido invocada por el recurrente ni se advierte una cuestión de índole federal y la resolución no es de aquellas contempladas en los art. 457 y 458 del CPPN. (Dres. Hornos, Diez Ojeda, González Palazzo).