Excarcelación, duración del proceso, prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "RIVEROS, Omar s/ denegatoria excarcelación".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-07

De acuerdo con el artículo primero de la Ley 24.390, la prisión preventiva no podrá ser superior a los dos años, sin que se haya dictado sentencia. A su vez, y como excepción se estipula que el encierro podrá extenderse por un año más cuando la cantidad de delitos imputados o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de una sentencia en el plazo de dos años.

Conforme parece surgir de esta norma, siempre que se mantengan los motivos que justifican todo encierro preventivo, la restricción de la libertad de un imputado debería cesar a los dos años, salvo que las circunstancias señaladas hayan obstaculizado la normal culminación del proceso, caso en el cual ésta podría prorrogarse hasta los tres años. Ahora bien, detallado el marco normativo y habiéndose descartado jurisprudencialmente la posibilidad de resolver este tipo de casos apelando al solo paso del tiempo del detenido en prisión preventiva, corresponde ahondar en las características de la instrucción.Dado el caso de quien ha cumplido más de cinco años de encierro preventivo y que a la luz de las prescripciones de la ley 24.390 (artículos 7 y 8), el tiempo de encarcelamiento preventivo del nombrado debe computarse como aproximadamente 8 (años) años y 4 (cuatro) meses de prisión. En virtud de este último extremo pierde entidad toda presunción relativa a la existencia de riesgos procesales en autos. Adviértase en este sentido que el largo tiempo de detención que corresponde computarle al nombrado atenúa los riesgos procesales que emergen de una alta amenaza de pena.Por otra parte, y si por hipótesis se mantuvieran las presunciones de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, las características de esta instrucción tampoco permiten ya prorrogar la prisión preventiva en estudio. En este sentido, y si bien no desconozco la multiplicidad de ilícitos que comprende esta investigación, ni tampoco su complejidad -características que, de hecho, no desaparecen con el tiempo-, lo cierto es que tales extremos ya no son suficientes para que el plazo del encierro preventivo mantenga su carácter de razonable (en los términos del artículo 7. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). (Del voto del Dr. Cavallo). A fin de evaluar la razonabilidad del tiempo que lleva un proceso y de la detención de un imputado, esta Cámara ya ha decidido en anteriores pronunciamientos (C. N° 29.796 "Fridman", Reg. N° 813 del 25/09/98 y C. N° 32.999, "Vázquez", Reg.N° 490 del 28/06/01) seguir las pautas fijadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos "Genie Lacayo" del 29/01/1997 y "Suárez Rosero" del 12/11/1997.

Este órgano ha afirmado, a su vez, compartir el criterio seguido por la Corte Europea de Derechos Humanos en los casos "Motta" del 19/01/1991 y "Ruiz Mateos" del 23/06/1993, en los cuales se ha analizado el concepto de "plazo razonable", estableciendo que se deben tener en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y, c) la conducta de las autoridades judiciales (ver también voto en minoría de los Ministros de la C.S.J.N. doctores Carlos Fayt y Gustavo Bossert en el precedente "Kipperband" (Fallos; 322:306) respecto al criterio sentado por el Tribunal Europeo en el caso "König"). Estos supuestos excepcionales que habilitan la prórroga de la prisión preventiva, no han instaurado sin embargo, un sistema de libertad automática a su vencimiento. Tiene dicho el Alto Tribunal de Justicia de la Nación que, "...la validez del art. 1° de la ley 24.390 se halla supeditada a la circunstancia de que los plazos fijados en aquella norma no resulten de aplicación automática por el mero transcurso de los plazos fijados, sino que han de ser valorados en relación a las pautas establecidas en los arts. 380 y 319 del Código de Procedimientos en Materia Penal y Código Procesal Penal, respectivamente, a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable" (in re "Bramajo, Hernán Javier s/incidente de excarcelación", causa n° 44.891, rta. 12/09/1996, Fallos; 319:1840 y más recientemente "Sánchez Reisse, LeandroA.

S/excarcelación", rta. 07/05/1998, Fallos; 321:1328; en el mismo sentido esta Sala I, C. N° 27.507, "Merkin", Reg. N° 278 del 02/04/96 y sus citas). Esta doctrina de la Corte -que consiste en la posibilidad de negar la libertad de un imputado, aún después de los dos o tres años de prisión preventiva, cuando continúan existiendo en el caso riesgos procesales- fue reiterada en el precedente "Trusso" (Fallo 326:2716).Por otra parte, la eventual pena a imponer al imputado en caso de obtener una condena por los hechos aquí investigados, considerando el largo plazo de detención, ya no permiten afirmar como sí aconteció en la primer etapa de la instrucción que, de recuperar la libertad el imputado vaya a eludir el accionar de la justicia, toda vez que tal parámetro cede luego de transcurridos holgadamente los plazos legales establecidos por la normativa (del voto del Dr. Vigliani).