Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2010-09-02


Santiago del Estero, septiembre 2 de 2010.

El Sr. Vocal, Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo dijo:

Y Vistos: Para resolver en los autos del epígrafe, los recursos de casación deducidos por las defensas técnicas de los imputados Jorge Pablo Gómez, Héctor Bautista Albarracín, Francisco Daniel Mattar, José Patricio Llugdar y Musa Azar; Y Considerando: I) Que, a fs. 26.421/26.427 la defensa técnica del imputado Jorge Pablo Gómez, interpone Recurso de Casación contra la sentencia de fecha 07/08/08 (fs. 26.140/26.296), emanada de la Excma. Cámara de Juicio Oral en lo Criminal y Correccional de 2da. Nominación, la que resuelve condenar al mencionado encartado a la pena de prisión perpetua por considerarlo responsable de los delitos de Homicidio Doblemente Calificado con Enseñamiento y Alevosía (arts. 80 inc. 2º en función del art. 45 del Código Penal) en perjuicio de Patricia Fernanda Villalba, y Asociación Ilícita (art. 210, 1º párrafo del Código Penal) en perjuicio del Orden Público, todo ello en Concurso Real de Delitos (en función del art. 55 del Código Penal), en carácter de coautor -conjuntamente con el acusado Héctor Bautista Albarracín-. La recurrente manifiesta agraviarse de la referida sentencia por considerarla violatoria de la garantía constitucional de la defensa en juicio, del debido proceso y del principio de inocencia, como así también resultaría contraria a lo establecido por el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8). Cuestiona que el Tribunal de mérito haya otorgado validez a la declaración indagatoria prestada por su defendido ante la Instrucción, ya que su parte durante todo el debate sostuvo que dicho acto procesal fue violatorio de la defensa en juicio por haber sido obtenida mediante apremios, en horarios absolutamente inadecuados y sin la asistencia letrada de un abogado al imputado, por todo lo cual tacha de nula a dicha indagatoria. Que los defectos señalados no han sido justificados en modo alguno en los argumentos del fallo, y que nos encontramos ante una nulidad absoluta, ya que no es cierto que su pupilo haya aceptado declarar sin la presencia de un defensor, sino que su voluntad se encontraba totalmente viciada por la coacción sufrida, además de remarcar que la garantía violentada (presencia de un defensor durante la indagatoria) resulta irrenunciable para el imputado. En lo que atañe a la desestimación y archivo de las denuncias por apremios, sostiene que no existían garantías de que las mismas pudieran prosperar, en tanto los operadores jurídicos ante quienes se presentaron, eran los mismos que intervenían en la instrucción de la causa. Además, a pesar de que los informes médicos indicaran que no existieron lesiones, la impugnante entiende que ello es lógico por cuanto los apremiadores eran expertos en torturas y saben cómo no dejar marcas o señales de ellas. También se agravia la recurrente, de lo merituado por el Tribunal en torno al careo entre las testigos R.V. y N.L., en tanto se consideraron creíbles los dichos de esta última, no así los de la primera; expresa que Vergara no reconoció a su defendido en rueda de reconocimiento de presos y que nunca dijo que se trataba de Gómez la persona que señaló. Otra crítica de la casacionista, se dirige hacia la afirmación del Tribunal a-quo respecto a que Gómez no se encontraba trabajando la noche del 5 y madrugada del 6 de febrero del año 2003. En relación a ello, estima que el fallo da crédito a testigos que deponen en contra de constancias documentadas claramente absolutorias de su defendido, y que el mismo contiene apreciaciones incriminatorias sin sustento fáctico. Considera que el testigo Comán mintió acerca del llamado telefónico supuestamente realizado por Albarracín diciendo que Musa necesitaba a Gómez, ya que dicha llamada nunca existió; como también mintió el testigo Filadelfio Juárez acerca de que recibió la guardia del Cabo Arias, cuando se corroboró por el informe de la Policía que Arias se encontraba de licencia, mientras que el Tribunal afirma que Juárez se confundió. Expresa que, con el informe realizado por Luis Felipe Santillán en base al Libro de Novedades, quedó demostrado que Gómez sí estuvo trabajando, y que además no tiene importancia la fecha en que depositaron los haberes en los cajeros automáticos (si fue el 5 o el 6 de febrero de 2003), ya que el acusado no tenía por qué saber esto y simplemente hizo una consulta y efectuó una extracción del cajero ubicado en la Jefatura de Policía. En lo que respecta a la pericia caligráfica mediante la cual se acredita que lo escrito y firmado en el Libro de Novedades de la Guardia de Infantería por Gómez es de su puño y letra durante la guardia de la noche del 5 a la mañana del 6 de febrero de 2003, la impugnante cuestiona que tal elemento de prueba haya sido descalificado bajo la excusa de que no existe nada escrito entre las dos y las cinco de la mañana, y sobre que Gómez llegó después de las 6 y antes de las 8 horas y escribió las novedades de los adicionales, debería haber sido vidente para poder registrar lo que sucedió en el horario en el que no estuvo presente. Sostiene que todo esto a lo que el Tribunal llamó "la coartada de Gómez", son las pruebas de las cuales debió valerse su defendido para acreditar su inocencia, cuando en realidad él no tenía nada que probar; por ello, afirma que el principio de inocencia no fue tomado en cuenta, habiéndose invertido la carga de la prueba, configurándose otra causal de nulidad. Reprocha, asimismo, que en el debate se haya negado a Gómez el examen mental o pericia psicológica solicitada por la Fiscal y por la defensa, violándose un derecho constitucional y en base a un excesivo rigorismo formal. La casacionista cuestiona, también, que el Tribunal haya recurrido, en su argumentación, a los testimonios de Dolores B. y Néstor P., ya que éstos nada aportaron acerca de la presencia de Gómez en Árraga, sólo vieron un auto y no precisaron el color del mismo. En igual sentido, respecto al testimonio de la señora Abed de Bustamente, señala que, al relatar quiénes frecuentaban la Subsecretaría, fue concreta al afirmar que a Gómez lo vio porque trabajaba en la Unidad Regional I que se encontraba al lado de donde funcionaban las oficinas de la Subsecretaría. Por otra parte, cuestiona la recurrente que, si a lo largo del debate se acreditó que Gómez no conocía personalmente a Musa, cómo es que integraba una banda para cometer ilícitos, como así también, cómo es que estaban asociados si no era un negocio rentable, y si el líder retribuía con dinero, dónde está la ganancia de los partícipes coautores. Entiende que estas contradicciones sustentan la nulidad de todo lo actuado, en resguardo del debido proceso. En base a estos fundamentos, solicita acogimiento favorable de su planteo casatorio. II) A fs. 26.428/26.432 se encuentra agregado el recurso de casación incoado por la defensa técnica del acusado Héctor Bautista Albarracín, contra la sentencia de fs. 26.140/26.296, en cuanto por dicha resolución se condenó a su representado a la pena de prisión perpetua por considerarlo responsable de los delitos de Homicidio Doblemente Calificado con Enseñamiento y Alevosía (arts. 80 inc. 2º en función del art. 45 del Código Penal) en perjuicio de Patricia Fernanda Villalba, y Asociación Ilícita (art. 210, 1º párrafo del Código Penal) en perjuicio del Orden Público, todo ello en Concurso Real de Delitos (en función del art. 55 del Código Penal), en carácter de coautor -conjuntamente con el acusado Jorge Pablo Gómez-. Al fundar su presentación, el impugnante invoca inobservancia de la ley sustantiva. Luego de transcribir las disposiciones legales procesales referidas a las formalidades que deben cumplirse en una declaración indagatoria, señala que se tomaron como válidas algunas declaraciones indagatorias o testimoniales recolectadas en la instrucción, aunque en forma fraccionada, rescatándose algunas partes y descartándose otras. Así también, sostiene que dichas indagatorias, en especial las de Albarracín, Mattar y Gómez, donde éstos se declararon culpables, fueron obtenidas sin la presencia de los abogados defensores de los imputados, y bajo apremios, circunstancias que pasaron desapercibidas para el Tribunal, al entender que no eran válidas las denuncias incoadas por apremios, a pesar de haber sido corroboradas por los dichos de testigos. Recalca que, los defectos señalados, configuran una nulidad insubsanable, y transcribe fragmentos de declaraciones testimoniales de Gustavo Humberto Cabrera, Raúl Llugdar y Omar Castillo, en las que relatan los supuestos apremios a los que fueron sometidos. Por el mismo carril, el recurrente cuestiona el fundamento del fallo mediante el cual se consideró que las defensas direccionaron la declaración del testigo Llugdar para confundir la fecha en la que se llevó a cabo la reunión con Musa Azar, y que la motivación tenida en cuenta para el sobreseimiento de aquél -Raúl Llugdar- no se ajusta a derecho. En referencia al testimonio prestado por R.V., el casacionista entiende que, la conclusión a la que arriba el Cuerpo sentenciante respecto a que, por los dichos de aquélla, en el auto que vio la testigo en La Dársena se conducían Gómez y Albarracín, resulta temeraria e inadmisible. En función de los argumentos expuestos, el impugnante solicita se declare la nulidad de la sentencia dictada, y el sobreseimiento de su defendido. Concluye formulando reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ante las instancias que le habilita la legislación vulnerada, y solicitando se haga lugar al reclamo casatorio incoado por su parte. III) A su turno, la defensa técnica de Francisco Daniel Mattar, interpone recurso de casación (fs. 26.433/26.444) contra la referida sentencia, en cuanto se lo condena a aquél a la pena de prisión perpetua por considerarlo responsable de los delitos de Homicidio Doblemente Calificado con Ensañamiento y Alevosía, en carácter de Partícipe Primario (art. 80 inc. 2º, en función del art. 45 del Cód. Penal) en perjuicio de Patricia Fernanda Villalba, y Asociación Ilícita (art. 210, 1º párrafo del Cód. Penal) en perjuicio del Orden Público, todo ello en Concurso Real de Delitos (todo en función del art. 55 del Cód. Penal). Asimismo, ataca la casacionista la imposición de costas por su orden resuelta en dicho fallo en relación al desistimiento de la acción civil instaurada por Olga Díaz de Villalba, Juan Domingo Villalba, Juan Guillermo Villalba, Carina Villalba por sí y en representación de Aylen Gómez Villalba y Karin Martinez Villalba, en contra de Francisco Daniel Mattar; el acogimiento de la acción civil instaurada por Olga Díaz de Villalba y Juan Domingo Villalba contra su defendido, y el monto fijado en concepto de indemnización por daño moral, con costas. Entiende la recurrente, que la sentencia en crisis ha incurrido en una manifiesta inobservancia de la ley adjetiva, por cuanto en el proceso de valoración de la prueba ha violado expresas prohibiciones de la ley ritual, definidas como motivación contradictoria o falta de fundamentación y que conllevan a la nulidad del decisorio. Sostiene que éste se apoya en conjeturas subjetivas y que no se ha arribado a un estado de certeza para imponer la condena. Critica, fundamentalmente, la merituación de la prueba que condujo al Tribunal a tener por acreditada la participación de Mattar en el delito de homicidio en perjuicio de Patricia Villalba, como así también que, dicho Cuerpo sentenciante, a causa de una antojadiza y arbitraria selección y valoración de la prueba, no logra establecer los hechos en forma razonable y coherente. Centrando su reproche en el fallo atacado, la recurrente se agravia de la validez otorgada por el Tribunal de Juicio a las declaraciones indagatorias de los acusados, descartando la existencia de los apremios ilegales y desestimando los respectivos planteos de nulidad efectuados por las defensas de éstos. Asegura que a la defensa de Mattar, no se le permitió el ingreso al Juzgado ni ejercer la debida asistencia letrada el día en que se le recibió declaración indagatoria al mismo. Respecto al certificado médico que da cuenta que Mattar no presentaba signos de lesiones físicas, la impugnante advierte que, si bien el primer examen médico efectuado el día 2/11/2003 no constata lesión alguna, el realizado el día 3/11/2003 solicita "examen médico legal para constancia", y considera la casacionista que dicha solicitud de revisión médico forense sugiere ya la existencia de por lo menos una situación irregular, lo cual se refuerza con la medicación indicada horas después; sin embargo, estas circunstancias pasaron desapercibidas para el Tribunal. En la misma línea de análisis, señala (con transcripción del fragmento pertinente) que el certificado médico correspondiente al examen realizado a Mattar el 5/11/2003, indica la presencia de lesiones dos días después de haber prestado declaración indagatoria, lo cual fue ratificado durante el debate por la profesional actuante (Dra. Schmidt), quien expresó, al ser interrogada, que las lesiones constatadas eran compatibles con la forma de las torturas referidas por el paciente; no obstante, ello fue obviado por el Tribunal de mérito. La casacionista considera que los términos de la denuncia por apremios efectuada por el Dr. Artaza (ex defensor de Mattar), fueron caprichosamente interpretados por el Tribunal, y que éste se equivoca al afirmar que el acusado nunca advirtió haber sido obligado por la Juez de Instrucción a consignar lo supuestamente declarado, puesto que su parte repitió hasta el cansancio dicha circunstancia. Por otra parte, en lo que respecta a la desestimación del planteo de nulidad de las indagatorias, por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la impugnante se queja en cuanto en dicha oportunidad se realizó únicamente un análisis formal del acta de indagatoria, que desde luego no contiene constancia de los vicios apuntados por su parte. Asevera que el Tribunal de Juicio tampoco consideró las declaraciones testimoniales que han referido un idéntico modus operandi de los torturadores, y entiende que la tortura fue el método utilizado en la instrucción para imponer declaraciones a los imputados y testigos, lo cual quedó probado, sobre todo, con las testimoniales de los peones de Árraga, quienes aseguraron haber sido obligados a declarar en el sentido que lo hicieron, y que ni siquiera llamó la atención del Tribunal lo coincidente de sus relatos falsos. Igualmente, en el caso de los testimonios de los policías, advierte la recurrente que los mismos resultan coincidentes porque son parte de la misma historia armada y tienen como común denominador la imposición de tales declaraciones mediante torturas o amenazas. Refiere como otra causal de nulidad de las indagatorias, la presencia de personas ajenas al proceso, como así también de personas que momentos antes habían sido torturadas. Desde otro ángulo, se agravia de la valoración que el Tribunal hizo del entrecruzamiento o vínculo de llamadas telefónicas, incorporado al final del debate en forma irregular; en torno a ello, asegura que, una vez ingresado al debate a raíz de la declaración de uno de los acusados por apremios -Ledesma-, quien presentó ante el Tribunal una copia de la impresión de dicho elemento, se advirtió en el mismo graves falencias e indicios de manipulación, razón por la cual algunas partes solicitaron su exclusión, y otras -como la suya- peticionaron se citara a la persona encargada de cargar el sistema o base de datos correspondiente, a fin de que brindara explicaciones sobre situaciones que denotaban la mencionada manipulación. Indica que, concretamente, se observan muchas llamadas superpuestas en tiempo, se omite consignar la referencia geográfica de algunos de los teléfonos celulares, y disimulación de la titularidad de varios teléfonos. Considera que se ha efectuado un análisis tendencioso de las comunicaciones de su cliente, pretendiéndose adjudicarle comunicación con personas determinadas y dándose incluso un contenido a las supuestas conversaciones. En relación a ello, estima que no es posible fundar una sentencia en supuestas comunicaciones que, de haber existido, no se puede acreditar entre quiénes se ha producido ni el objeto de las mismas. La casacionista también critica que el Tribunal de mérito haya tenido por acreditada la degradación del cuerpo de Leyla en Árraga, dejando de lado los testimonios de las personas que estuvieron presentes en el hallazgo en La Dársena, los cuales son coincidentes al señalar los rastros de la degradación del cadáver de la joven en ese lugar. Remarca que injustificadamente se han dejado de lado las claras afirmaciones realizadas por la testigo R.V. respecto al hallazgo de los huesos de Leyla, ocurriendo lo mismo con el testimonio de Dionisio Arias y con la declaración de Juan Domingo Pereyra sobre idéntico aspecto. Asimismo, la impugnante indica otros testimonios (de Duarte, Marcelo Alfredo Cameranesi, Sergio Daniel Comán, Humberto Palavecino, Roque Antonio Martínez, Juan Domingo Villalba, Carlos Argentino Banegas) que han sido coincidentes respecto a la mancha dejada por los restos óseos de la víctima en el lugar en que fueron hallados, lo que demuestra que el cuerpo de Leyla se ha degradado en La Dársena y no en Árraga como pretende la sentencia. Cuestiona que en el fallo se haya eludido enunciar los reconocimientos efectuados por R.V. tanto de Patricio Llugdar como de su auto. Sostiene que, el análisis tendencioso de la prueba producida, lleva al Tribunal a graves contradicciones que nulifican la sentencia. Continúa la casacionista expresando como otro agravio, la ubicación temporal de la reunión mantenida por Raúl Llugdar, Walter Castillo, Talavera y Orpi en la oficina de Musa Azar, ya que el Tribunal entendió que la misma se realizó a fines de enero, mientras que la recurrente estima, a partir del análisis de las llamadas telefónicas, que esa reunión pudo haberse llevado a cabo el día 22 de febrero, y afirma que su cliente estuvo de vacaciones en Córdoba con su familia durante la última semana de enero. Entiende, además, que no se puede refutar la prueba que acredita que Gómez estuvo en su puesto de trabajo la madrugada del 6 de enero del 2003, pues ello surge del libro de guardia peritado y del testimonio de Filadelfio Juárez. Por otra parte, la impugnante reprocha la desincriminación de Musa Azar Cejas, en el voto de la Dra. Montoto, bajo el argumento de que no existiría elemento alguno para considerar que Azar Cejas se conocía con Llugdar y Silvero. A continuación, sustenta el recurso en una serie de interrogantes que no han sido respondidos -según su criterio- conforme la hipótesis volcada en el fallo respecto a cómo ocurrieron los hechos. En relación a la imposición de costas por su orden en los desistimientos formulados por los actores civiles, expresa la recurrente que el argumento utilizado por el Tribunal es inaceptable, además de aplicar erróneamente el derecho, por cuanto se basa en el art. 73 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, cuando en realidad rige el art. 55 del Código de Procedimiento en lo Criminal y Correccional que resuelve la cuestión obligando en costas al actor civil que desiste, y sin contemplar excepción. Finalmente, formula reserva del caso federal. IV) Por su parte, a fs. 26.445/26.463, deduce recurso de casación la defensa técnica del acusado José Patricio Llugdar, contra la condena del Tribunal de Juicio a purgar veintidós años de prisión por resultar responsable de los delitos de Homicidio Simple en perjuicio de Leyla Fátima Bshier Nazar y Homicidio Simple en grado de Partícipe Primario en perjuicio de Patricia Fernanda Villalba, todo ello en Concurso Real de delitos. En su planteo, el recurrente, tras referirse al alcance de la revisión casatoria, estima formalmente admisible el remedio intentado, e invoca como motivo del recurso la configuración de un supuesto de sentencia arbitraria por fundamentación aparente, no sólo en cuanto a la valoración de la prueba producida en el debate, sino también en la determinación del hecho que se le endilga a su cliente, su responsabilidad y el quántum de la sanción que se le impuso. Señala, puntualmente, que el fallo adolece de una estructura lógica sustentable, conteniendo conclusiones que no son posibles de derivar de las premisas antepuestas como antecedentes, importando ello una injusta valoración de los elementos arrimados al proceso; que falta una debida fundamentación para desestimar la actividad probatoria de las partes; que no se ha motivado la determinación de la pena, apartándose injustificadamente de los mínimos legales y haciendo uso de un artero concepto de derecho penal de autor; que se ha privado el ejercicio de la defensa en juicio al denegarse el ofrecimiento de prueba que hacía al sustento de dicha defensa; que se ha tergiversado el concepto de peligrosidad a que se refiere la norma sustantiva; que se ha subsumido arbitrariamente en la norma del art. 45 del Código de fondo la intervención de su pupilo; y que se han utilizado medios probatorios obtenidos en desmedro de garantías procesales, como así también se ha valorado deficitariamente las exclusiones probatorias deducidas. Respecto a lo que califica de injusta, ilegítima y antojadiza valoración probatoria, el recurrente afirma que el Tribunal ha acomodado la prueba a la decisión impuesta, lesionándose gravemente derechos subjetivos de raigambre constitucional, y que el pronunciamiento en crisis conspira contra la correcta administración de justicia. En primer lugar, considera que el fallo contiene una contradicción, al efectuar el Tribunal una introducción teórica referida a los principios que rigen a la prueba de indicios y presunciones, para luego continuar teniendo por acreditada la responsabilidad de su cliente en pruebas directas. Ahora bien, en relación a dichas pruebas directas, el casacionista analiza cada una de ellas, del siguiente modo: a) el encuentro de Leyla Bshier Nazar y Patricio Llugdar en el cumpleaños de Walter, no resulta suficiente para deducir la autoría material del homicidio de aquélla; además, surge de las constancias de autos que ninguna persona de sexo masculino estuvo con Leyla entre los días 8 y 16 de enero de 2003, ni ha sido requerida por esa circunstancia, a pesar de admitir el Tribunal que la víctima ejercía la prostitución, que salía con Cristina Juárez todos los días a buscar clientes, y que no obstante haber estado en los hoteles, no se ha documentado ninguno de esos encuentros ni las personas que han participado. b) El intercambio de números telefónicos entre Leyla y Patricio para tener una cita posterior, tampoco constituye prueba directa del homicidio de la joven, existiendo un vacío en la descripción de los eventos previos y concomitantes a la muerte, lo que demuestra la insuficiencia de argumentos para sostener la condena. c) La presencia de Leyla en la madrugada del 16 de enero en el boliche Saravah, tampoco tiene entidad para concluir que la autoría material de la muerte de Leyla le corresponda a Llugdar, ya que la misma estuvo también otros días en el lugar, y en ninguno de ellos se encontró con éste, como tampoco hay datos de que ella fue a buscarlo a él o viceversa. d) La circunstancia relativa a la vestimenta que llevaba Leyla, no es argumento que derive inexorablemente en la responsabilidad de su cliente. e) Que no es carga del imputado la de probar que esa noche estuvo con su novia, y que el Tribunal no ha cumplido con su obligación de determinar la manera en que sucedió el hecho, el lugar en que el mismo ocurrió, la presencia de Llugdar en ese contexto y su intervención en el evento dañoso. f) De las pericias no es posible concluir la causa de la muerte de Leyla, por lo que no es posible reconstruir los momentos que derivaron en el deceso de la víctima, y respecto a la afirmación de que "la causa de la muerte fue violenta", aunque ello constituya un indicio, abona el argumento de que ni la instrucción ni el Tribunal han podido determinar la manera en que sucedió el hecho, además de ser inadmisible que se deduzca la responsabilidad penal de Llugdar como indicio de otros indicios. El impugnante critica, en este punto, que la sentencia no es coincidente con el requerimiento fiscal de elevación a juicio ni con el dictamen fiscal al momento de los alegatos, lo cual autoriza a plantear la nulidad del fallo por la atribución de un hecho diverso. g) Si bien Leyla y Cristina salían juntas, quedó acreditado que no en menos de tres oportunidades Leyla salió sola o no estuvo con Cristina, y no se documentó sus actividades en esas eventualidades, lo cual surge de los relatos de Cristina Juárez y Nicolás Antonelli, siendo arbitraria la afirmación del Tribunal de que esa noche la víctima tenía una cita con Llugdar en Saravah a las cuatro de la mañana, a la vez que se pone en boca de una testigo (Juárez) expresiones que ésta nunca ha vertido, incurriendo en una notoria falta de correspondencia con las constancias de autos. Entiende el recurrente que, si Cristina hubiera tenido conocimiento que Leyla y Patricio Llugdar iban a encontrarse la madrugada del 16 de enero, éste hubiera sido la primera persona a quien la muchacha habría interrogado acerca del paradero de la desaparecida; sin embargo, conforme el entrecruzamiento de llamadas, no existe vínculo anterior ni posterior al hallazgo de los cuerpos, entre Cristina y su cliente. h) En relación a lo declarado por el remisero C. sobre que vio en cercanías de Saravah un automóvil senda color bordó de similares características al que pertenecía a Llugdar, destaca el recurrente que dicho testimonio fue prestado en dependencias de la Unidad Regional nº 2 de la ciudad de La Banda, y que el Tribunal no se hizo cargo de la inconsistencia de la declaración brindada por este testigo durante el debate, donde modificó su declaración sosteniendo que en ningún momento dijo que vio tal vehículo; entiende que ello desvirtúa el principio de inmediación, y sostiene que ese testimonio no tiene credibilidad atento las sospechas que arroja. A más de ello, el impugnante estima que la presencia de un auto "de similares características" (no el mismo) al de Llugdar en inmediaciones de Saravah, no autoriza a pensar que su cliente estuvo en el auto ahí esperando a Leyla y que luego consumó el homicidio. i) Que el Cuerpo sentenciante no señala cuáles son los testimonios que indican que Leyla no ingresó a Saravah, ni tampoco cuál es el criterio de credibilidad atribuido, a la vez que destruye de un plumazo la persistente postura que, durante más de cinco años de instrucción, sostuvo que la chica estuvo dentro del boliche. Por otra parte, el impugnante señala que la declaración del señor C., que incrimina a personas allegadas a Musa Azar Cejas y a éste en el ocultamiento y destrucción de los restos de Leyla, no fue valorada por el Tribunal, y que el cassette que contenía lo declarado por el mencionado testigo no fue incorporado a la causa, privándose a su parte de un extremo probatorio desincriminante para su cliente. Expresa que ese soporte técnico desestimaba el contenido de la declaración de C. extraída con apremios ilegales; que, a más de ello, el sistema Vaic (de entrecruzamiento de llamadas) confirmaba algunos de los extremos sostenidos por C. en esa declaración, la cual es corroborada a su vez por las pericias que han permitido determinar que los cuerpos estuvieron en la reserva de Árraga. j) Que otra demostración de la arbitrariedad del Tribunal, se encuentra en la conclusión de dicho Cuerpo respecto a que Llugdar no acreditó a quién correspondía la sangre humana encontrada dentro de su auto, lo que autoriza a pensar que la misma pudiera ser de Leyla. Señala que el acusado no tiene la obligación legal de acreditar ese extremo, sino a la instrucción la de comprobar que la sangre se corresponde a alguna de las víctimas, lo cual no ha ocurrido en autos. En base a todo ello, el casacionista considera que no es posible concluir que la atribución de responsabilidad en el hecho a su cliente se derive de prueba directa, como injustificadamente lo sostiene el fallo. Asevera que no se ha acreditado el lugar en que sucedió la muerte de Leyla, por lo que la supuesta y no comprobada presencia de su defendido en las inmediaciones de Saravah, no autoriza a pensar que ese ámbito es el lugar de consumación del supuesto hecho ilícito. Recuerda que nadie vio subir a Leyla al auto de Llugdar, y que el testigo C. dijo que no vio un senda bordó en dicho lugar; que la madrugada del 16 de enero no ha sido indicado por el Ministerio Público como el momento en que se produjo la muerte de la joven, evento que se ubica sin determinar con precisión, con posterioridad, a la tarde de ese día, en razón de la llamada que se recibió en la casa de Lucrecia Luna. Considera el impugnante que, la discrepancia entre el Tribunal y el Ministerio Público sobre el momento consumativo del homicidio, afecta el principio de correspondencia entre acusación, defensa, prueba y sentencia, en claro perjuicio de los intereses de su cliente. Continuando con su crítica, el casacionista ataca lo que se han dado en llamar "indicios de personalidad", es decir, aquellas características de la personalidad del sospechado que sirvan para demostrar su proclividad hacia la autoría del hecho investigado; con ello -entiende- se estaría abonando un derecho penal de autor. En el informe socio ambiental de la Lic. Ledesma, se extrae como referencia la declaración de una persona con quien Llugdar había tenido un incidente, y no el criterio de los otros entrevistados que en su mayoría aportan elementos de juicio que no son tenidos en cuenta para analizar la conducta previa del imputado. En idéntico sentido, cuestiona las referencias a los testimonios de los vecinos de Llugdar, estimando el impugnante que las circunstancias descriptas en sus dichos no resultan suficientes para relacionar la muerte de Leyla con su defendido. Desde otro extremo, afirma que las declaraciones de su cliente han sido corroboradas por Griselda y Walter, y sin embargo el Tribunal ha efectuado una valoración antojadiza y tergiversada de las mismas, en desmedro de los intereses de su parte. En relación a la muerte de Patricia Villalba, considera que el Tribunal, livianamente, ha sostenido que de la reunión mantenida por Musa Azar y Raúl Llugdar, se determinó la causa de dicha muerte; ante ello, el recurrente recalca que tal reunión se celebró con posterioridad al hallazgo de los cuerpos y no antes, por lo que mal pudo haberse determinado en ella la muerte de Patricia. Al respecto, señala que las declaraciones de Pena y Talavera desestiman el criterio del Tribunal, por cuanto confirman la circunstancia detallada por su parte acerca de la referencia del Dr. Cavallotti, y que además no existe vínculo telefónico alguno entre los autores de la muerte de Patricia y su defendido, como para que éste pudiera haberla entregado, como se sostiene en el fallo. Critica que se hayan utilizado como fundamento las declaraciones de tres testigos -todos ellos familiares de Patricia- que mencionan que se conocían, mientras que Cintia Díaz y Yanina Rodríguez expresaron que Patricia fue presentada a José Llugdar supuestamente en Árbol Solo, y que ella nunca comentó que conociera al acusado. Al mismo tiempo, Karina Villalba y su hermano han sido coincidentes en afirmar que no conocían a José (Llugdar) no obstante haber vivido con su abuela y haber concurrido al negocio que se encuentra al lado de la casa de la familia de éste. Sin embargo, el conocimiento o no entre su defendido y Patricia Villalba, no resulta ser, a juicio del impugnante, un elemento incriminante. Por otra parte, entiende el casacionista que otra muestra de arbitrariedad se encuentra en el relato de cómo sucedieron los hechos, puesto que las conclusiones a las que arriba el Tribunal no se compadecen con las constancias del expediente, a la vez que se ha modificado el sustrato fáctico de la acusación. Así, se menciona que Llugdar esperó a Leyla fuera del boliche Saravah, a partir de lo declarado por el remisero C., conclusión que resulta desestimable por tratarse de un testigo que se desdijo de sus dichos. Que tampoco existe constancia objetiva alguna de que con posterioridad la haya llevado a Leyla a su departamento del barrio Misky Mayu, ya que los testimonios de los vecinos de Llugdar no son coincidentes sobre lo que escucharon, pero sí sobre la época en que sucedieron los hechos, lo cual no concuerda con el día de la desaparición de la joven; asimismo, éstos coinciden en afirmar que no vieron a José con otra mujer distinta de su novia Griselda. Que tampoco es posible atribuir a su cliente la presencia de droga en los restos de Leyla, puesto que aquél no es consumidor. No hay ninguna constancia en el expediente que pruebe la entrega del cadáver de Leyla, por Llugdar a Musa Azar, ni siquiera la sangre humana encontrada en el auto del primero, por cuanto no se comprobó que correspondiera a la muchacha. En torno a la afirmación de la sentencia sobre que José señaló a Patricia a Pablo Gómez, refiere el impugnante que el fallo no abunda en la descripción de ese señalamiento, como tampoco indica cuándo sucedió ni el motivo para que el mismo se consume, a la vez que recuerda que no existe constancia alguna que indique contacto, vínculo o comunicación telefónica entre Llugdar y Gómez, ni con el resto de los colaboradores de Musa Azar. Desde otro enfoque, considera lesionado el principio de congruencia, desde que el decisorio no ha valorado los fundamentos incorporados por las partes en el debate, ni ha explicitado los argumentos por los cuales se desestiman los mismos. Cita numerosa jurisprudencia en abono a su criterio, y sostiene que el fallo en crisis, al constituir una sentencia arbitraria, ha violentado el art. 18 y concordantes de la Constitución Nacional, el art. 8 inc. 1º y 2º f) y concordantes del Pacto de San José de Rica, y los arts. 8, 10, 11 y concordantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que debe acogerse el recurso incoado. Así también, considera que se ha subsumido arbitrariamente la conducta de su defendido en las normas de los arts. 79 y 45 del Código Penal, ya que no se ha probado cuándo, dónde ni cómo murió Leyla Nazar, mucho menos la intervención de su cliente en lo sucedido. Que ello se agrava cuando se analiza la responsabilidad de Llugdar en la muerte de Patricia Villalba, ya que se justifica la atribución del hecho en carácter de partícipe primario, calificándose a aquél de entregador sin indicarse pruebas que lo acrediten, y no obstante aclararse a posteriori que no existe convicción suficiente para pensar que señaló a Patricia para indicar su muerte, tornándose así atípica la supuesta entrega. Puntualiza el casacionista, como vicios nulificantes del fallo, la falta de congruencia entre el hecho que sustenta la sanción impuesta a su cliente, y el impuesto al comenzar el debate mediante el requerimiento de elevación a juicio; la denegatoria a su parte de la posibilidad de citar a determinadas personas como testigos, bajo el fundamento de impertinencia y sobreabundancia, como así también la denegatoria del pedido de reconstrucción del hecho endilgado a su pupilo. Agrega a su crítica, lo referido a la nulidad de las indagatorias tomadas a su cliente, por no ajustarse a derecho tales piezas procesales. Al respecto, reseña que se atribuyó a su defendido un delito y no un hecho -como debió ser-, y que en esta causa no existe auto de imputación, la detención de su cliente fue irregularmente consumada y notificada luego al Juez de Instrucción. Que, además, se ha variado la acusación hecha a su cliente en ese primer momento (indagatoria) y la contenida en el requerimiento de elevación a juicio. Entiende que Llugdar debe ser sobreseído del hecho que le es imputado, declarada la nulidad de las indagatorias y del auto de procesamiento. Por último, plantea la exclusión probatoria de ciertas piezas procesales incorporadas durante el debate, tales como los testimonios no producidos en el juicio oral (del Dr. P. y de la Lic. M.), por haberse privado a su parte del examen y control de la prueba, como así también de articular oposición a las conclusiones arrimadas por los mismos. También pretende se excluya el supuesto reconocimiento fotográfico cumplido en dependencias del D-6 por Yanina Rodríguez y Cintia Díaz, por no constituir una facultad delegada por el juez al personal policial, por no ser medio idóneo, y por no estar producido en un ámbito en que la parte pueda efectuar el debido control del mismo. Bajo estos argumentos, el casacionista peticiona se acojan favorablemente los términos de su presentación. V) A fs. 26.464/26.467, articula recurso de casación la defensa técnica de Musa Antonio Azar, contra la resolución condenatoria dictada en autos, por violación del debido proceso y errónea aplicación del derecho. El mencionado acusado fue condenado por el Tribunal de Juicio a la pena de prisión perpetua por el delito de Homicidio Doblemente Calificado con Ensañamiento y Alevosía en perjuicio de Patricia Fernanda Villalba, y Asociación Ilícita en carácter de jefe u organizador en perjuicio del Orden Público, en Concurso Real de delitos. En su planteo, el impugnante aduce que en la sentencia no está determinada la responsabilidad de su defendido en el hecho juzgado. Cuestiona que se haya negado a su parte, como así también a otros defensores, la presencia de determinados testigos en el debate, que de alguna manera podrían haber cambiado el rumbo del juicio y encaminarlo hacia la verdad. En esa dirección, indica que hay un único testigo que vio a Leyla Nazar en el local "El Viejo Molino", y no se lo citó; que por rara casualidad murieron ciertas personas involucradas y que podrían haber servido para aclarar el caso. Sostiene que, a partir del testimonio de R.V., es innegable que el cuerpo de Leyla Nazar se degradó en el lugar en el que fueron encontrados sus restos, sin haber pasado por la reserva de Árraga. Por otra parte, expresa que no se tomaron en cuenta los certificados de los médicos forenses que comprobaron lesiones en las personas que declararon bajo apremios. Alega violación a normas de raigambre constitucional y, en referencia concreta a aspectos fácticos y probatorios, considera acreditado que Pablo Gómez estuvo trabajando el día del hecho; que la violencia sobre Patricia Villalba no pudo haber sido propinada por las personas indicadas en el fallo; y que Muza Azar no tenía ningún vinculo ni con Gómez ni con la víctima, por lo que debió habérselo desvinculado de la causa. Concluye solicitando la absolución de su defendido, por falta de relación efectiva con la víctima Patricia Villalba; por falta de pruebas; por violación a los derechos humanos, al debido proceso, a las garantías de juicio, y por inobservancia de las pruebas que hacen al derecho de su parte. VI) Concedidos los diversos recursos (fs. 26.708/26.709), las actuaciones son corridas en vista de ley al Fiscal General del Superior Tribunal, quien se expide a fs. 26.867/26.878. En el mencionado dictamen, se examina cada uno de los recursos planteados por las defensas de los acusados, tratándose en primer término el deducido por la defensa de Musa Antonio Azar, y respecto del cual se expresa que no contiene una crítica autosuficiente y debidamente fundada del fallo atacado; no obstante ello, el Ministerio Fiscal emite opinión acerca de la decisión adoptada por el Tribunal de mérito en relación a este acusado, entendiendo que la misma se ajusta a las probanzas obrantes en autos, por lo que corresponde que el remedio intentado sea rechazado. Respecto al recurso incoado por la defensa de Jorge Pablo Gómez, estima el Fiscal General que, basándose el planteo en la nulidad de la indagatoria prestada por el acusado, no procede la crítica atento no haberse comprobado los supuestos vicios invalidantes de dicho acto; además, la condena impuesta por el Tribunal se apoya no sólo en la indagatoria, sino en un cúmulo de pruebas de diversa índole que aportan sólidos elementos para confirmar los hechos relatados en la indagatoria cuestionada, mereciendo el recurso, en consecuencia, su desestimación. Pasando al análisis del remedio intentado por la defensa de Héctor Bautista Albarracín, opina el representante del Ministerio Público que, encontrándose controvertida también la validez de la indagatoria prestada por aquél, los argumentos recursivos demuestran una mera opinión subjetiva y abstracta del presentante sobre la valoración de las pruebas contenida en el fallo, lo cual no amerita la revisión de éste. En cuanto a la casación deducida por la defensa de Francisco Daniel Mattar, como cuestiona, igual que los anteriores, la declaración indagatoria prestada por el acusado, el Fiscal General se remite a lo considerado precedentemente en relación a este tópico; luego, advierte que las críticas del recurrente en torno a la muerte de Leyla, resultan inapropiadas puesto que el imputado sólo fue condenado por la muerte de Patricia Villalba, como así también recalca que, al plantear las distintas hipótesis, la defensa no explica de qué modo favorecerán a su pupilo. En consecuencia, opina que la decisión cuestionada debe ser mantenida en lo que fuera motivo de agravio. Seguidamente, y entrando a expresar su criterio acerca del recurso articulado por la defensa de José Patricio Llugdar, el Fiscal General estima que el recurrente, al calificar de arbitraria la sentencia en crisis, no identifica el punto concreto del laudo que configura dicho vicio, cayendo en una fundamentación deficiente de su planteo. Además, considera que la supuesta contradicción existente en el fallo acerca de la valoración de indicios y presunciones, y la afirmación de que se sustenta la condena de Llugdar en pruebas directas, no es más que una estimación del impugnante vacía de contenido y sin asidero en las constancias del expediente, ocurriendo lo mismo con el análisis aislado e individual de diversos indicios o presunciones merituados en la resolución en forma conjunta, armoniosa y relacionada. En cuanto a otros indicios ponderados por el Tribunal, y que el casacionista cuestiona, entiende el Ministerio Fiscal que éste unicamente demuestra una distinta y subjetiva opinión, que no invalida ni transforma en arbitrario el relato de los hechos y su argumentación jurídica hecha por los sentenciantes. Por otra parte, considera que no se ha violentado el principio de congruencia, y que las pruebas que pretende incorporar el recurrente no modificarían la estructura fundacional del fallo, por lo que deviene improcedente el remedio intentado. Concluye el Fiscal manifestando que en la sentencia venida en recurso, no se advierten los vicios y fundamentos alegados para la viabilidad de las revisiones pretendidas, por lo que corresponde confirmar dicha resolución en lo que fuera materia de agravio para los impugnantes. VII) Comprobada la concurrencia de los presupuestos que permiten admitir formalmente los recursos impetrados -atento a que los mismos han sido deducidos oportunamente, en debida forma, contra sentencia definitiva emanada del Tribunal competente, y por quienes se encontraban legitimados para hacerlo-, corresponde ingresar al tratamiento de dichos remedios extraordinarios, en forma separada para cada uno de ellos, a fin de dilucidar si los agravios expuestos por los impugnantes resultan atendibles en esta instancia y si la decisión cuya revisión se pretende, contiene vicios en la interpretación y/o aplicación de las normas sustantivas y adjetivas, como así también si se han sopesado debidamente las constancias obrantes en la causa. En ese rumbo, es preciso el análisis de la resolución venida en casación, de lo que resulta que el Cuerpo sentenciante tuvo por acreditado que la madrugada del 16 de enero de 2003, José Patricio Llugdar esperó a Leyla Bshier Nazar en inmediaciones del boliche Saravah, para llevarla en su auto a su departamento del Barrio Misky Mayu, lugar en el que le dio muerte; que luego, para ocultar el homicidio, y habiendo tomado conocimiento del ilícito la joven Patricia Fernanda Villalba, entregó a ésta a Pablo Gómez, quien en connivencia con Francisco Mattar, Héctor Albarracín y Musa Azar, torturaron a Villalba en la finca de Árraga (de propiedad de Azar); que el día 6 de febrero de 2003, aquéllos arrojaron el cuerpo agonizante de Patricia y los restos de Leyla en el paraje de La Dársena, donde se produjo la muerte de Patricia y finalmente fueron hallados. El Tribunal tuvo por comprobada la muerte de las jóvenes Bshier Nazar y Villalba, como así también las causas determinantes de los decesos y el origen de los mismos. Señaló que Patricia Villalba fue torturada en la finca de Musa Azar en Árraga, agonizó y luego murió en La Dársena, lugar donde fue arrojado su cuerpo aún con vida; y según las constancias e informes agregados a la causa, falleció por "asfixia por estrangulación", que "...las heridas sufridas por la occisa en el cráneo tienen identidad por sí mismas para producir el óbito en un tiempo más prolongado", y que "...la occisa presenta lesiones de defensa en ambas manos". Mientras que de Leyla Nazar, se estimó (fs. 26.213) que "no murió de causas naturales, sino por causas violentas, por un lado la ingesta de cocaína... Por otra parte, la existencia de [...] un golpe vital observado en el arco superciliar izquierdo..., una mancha pardorojiza, que por sus características macroscópicas es compatible con las improntas dejadas por los hematomas" y por "el estado en que estaba la ropa interior de la víctima". La atribución de responsabilidad penal a cada uno de los imputados que ahora se presentan en recurso, se realizó de la siguiente manera: a) Respecto de Musa Antonio Azar, el Tribunal lo consideró responsable del homicidio de Patricia Fernanda Villalba, por haber actuado motivado por un interés material y económico que lo llevó a comprometerse en dicha muerte con la finalidad de favorecer a José Patricio Llugdar. Así, se entendió que Azar participó de una reunión con Raúl Llugdar, Walter Castillo, Antonio Orpi, Angel Talavera y otros, ocurrida a fines de enero de 2003; que en dicho encuentro, le exigió a Llugdar -primo del acusado- una suma de dinero a cambio de solucionar la situación judicial de José Patricio Llugdar, y que cumplido ello, impartió instrucciones, a través de Mattar, a Héctor Albarracín y Jorge Pablo Gómez para que procedieran al secuestro de Patricia, la torturaran en la finca de Árraga y le dieran muerte posteriormente. b) En cuanto a Jorge Pablo Gómez, se consideró que éste es responsable de la muerte de Patricia Fernanda Villalba, junto a Albarracín, por cuanto ambos, en acuerdo previo con Mattar y por instrucciones recibidas de Musa Azar, torturaron a la muchacha y la llevaron agonizante hacia La Dársena, donde la dejaron y luego murió. Además, en contra de su coartada, se comprobó que dicho funcionario policial no estuvo presente en su puesto de trabajo el día 6 de febrero de 2003 -fecha en que fueron hallados los cuerpos de las víctimas-, y que el libro de novedades de la guardia que debió haber cumplido esa madrugada, fue completado con posterioridad por el acusado, a fin de cubrir su falta. c) De Héctor Bautista Albarracín, se tuvo por acreditado, en base al plexo probatorio, que éste, por orden de Musa Azar y en connivencia con Mattar, dio muerte a Patricia Fernanda Villalba, junto a Gómez, luego de torturarla en la finca de Árraga, abandonando su cuerpo en La Dársena, lugar en el que fue hallado sin vida con posterioridad. d) Respecto a Francisco Daniel Mattar, entendió el Tribunal que éste participó de las reuniones con Raúl Llugdar y Musa Azar, actuando de intermediario y negociador entre ellos, y ante Albarracín y Gómez, para que éstos dieran muerte a Patricia Villalba. e) En relación a José Patricio Llugdar, los magistrados dijeron que era el responsable de la muerte de Leyla Bshier Nazar, como así también que fue el entregador de Patricia Fernanda Villalba a Gómez para que éste le diera muerte. En función de un considerable cúmulo de pruebas reunidas durante la instrucción y el debate, analizadas puntualmente respecto de cada uno de los acusados y sus conductas, el Cuerpo sentenciante resolvió encuadrar la conducta de Musa Antonio Azar en la figura de Homicidio Doblemente Calificado con Ensañamiento y Alevosía en perjuicio de Patricia Fernanda Villalba, y Asociación Ilícita en carácter de jefe u organizador en perjuicio del Orden Público, en Concurso Real de delitos (arts. 80 inc. 2º, y 210, en función del 55 del C.P.), y condenarlo a la pena de prisión perpetua; las de Jorge Pablo Gómez y Héctor Bautista Albarracín, en la figura del Homicidio Doblemente Calificado con Ensañamiento y Alevosía (arts. 80 inc. 2º en función del art. 45 del Código Penal) en perjuicio de Patricia Fernanda Villalba, y Asociación Ilícita (art. 210, 1º párrafo del Código Penal) en perjuicio del Orden Público, todo ello en Concurso Real de Delitos (en función del art. 55 del Código Penal), en carácter de coautores, imponiéndoseles la pena de prisión perpetua; la conducta de Francisco Daniel Mattar fue tipificada como Homicidio Doblemente Calificado con Ensañamiento y Alevosía, en carácter de Partícipe Primario (art. 80 inc. 2º, en función del art. 45 del Cód. Penal) en perjuicio de Patricia Fernanda Villalba, y Asociación Ilícita (art. 210, 1º párrafo del Cód. Penal) en perjuicio del Orden Público, todo ello en Concurso Real de Delitos (todo en función del art. 55 del Cód. Penal), imponiéndosele la pena de prisión perpetua; y José Patricio Llugdar fue condenado a veintidós años de prisión por resultar responsable de los delitos de Homicidio Simple en perjuicio de Leyla Fátima Bshier Nazar y Homicidio Simple en grado de Partícipe Primario en perjuicio de Patricia Fernanda Villalba, todo ello en Concurso Real de delitos (arts. 79, 79 en función del 45, y 55 del C.P.). VIII) Corresponde ahora avocarse al examen de los recursos traídos a conocimiento y decisión de esta Sala, no sin antes recordar que el recurso de casación es una institución jurídica que, en tanto permite la revisión legal, por un tribunal superior, del fallo y de todos los autos procesales importantes, constituye en principio un instrumento efectivo para poner en práctica el derecho reconocido por el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto no se regule, interprete o aplique con rigor formalista, sino que permita con relativa sencillez al Tribunal de Casación examinar la validez de la sentencia recurrida en general, así como el respeto debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa en juicio y debido proceso. Este Órgano Superior, a partir del precedente "Pellizari" (Resol. Serie "B" Nº 427 del 13/12/06), ha adoptado el criterio de revisión amplia e integral de los fallos jurisdiccionales, mediante la apertura de la casación a cuestiones de hecho y prueba -antes vedadas a esta instancia-, haciéndose eco de la doctrina legal sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Casal", considerándose como únicos límites a dicha facultad, aquellos impuestos por el principio de inmediación que rige en el proceso penal, y por la estructura de los agravios denunciados por los impugnantes. "Que en los precedentes de esta Sala, "Pellizari José Alberto s.d. Lesiones Graves Calificadas por el Vínculo e.p. de Salomón Silvia - Casación" (sent. del 13/12/06); "Navarro Walter María s.d. Homicidio Simple e.p. Coria Luisa Andrea - Casación Criminal" (sent. del 09/05/07), entre otros, siguiendo los lineamientos trazados por la C.S.J.N. en autos "C.1757XL, Casal, Matías Eugenio y Otros s/ Robo Simple en grado de Tentativa", se sostuvo que se debe apartar del molde tradicional del recurso en análisis y actuar a modo de un tribunal de apelación, con las limitaciones y alcances establecidos en los precedentes mencionados, a efectos de garantizar, el derecho a una doble instancia de conformidad a la prevención dispuesta por el Pacto de San José de Costa Rica." (S.T.J. - Expte. Nº 16.044/2007 - "Bracamonte Martín Osvaldo; Bracamonte Daniel Oscar; Quinteros René Roberto y Otros s.d. Homicidio Calificado y Robo Calificado en Concurso Real, etc. e.p. Gutierrez Mario Antonio - Casación Criminal", Resol. Serie "B" Nº 411 del 26/12/07).- Por ello, a partir de esta posición, el análisis de las constancias de autos es un condimento necesario que requiere el juzgador para adquirir una visión global de los elementos aportados por el recurrente para resolver la cuestión planteada, pues de ese análisis primario e inevitable, surgen los vectores que orientarán, objetivamente, la resolución casatoria. De lo expuesto deriva que, en autos, el análisis de las circunstancias fácticas del expediente permitirán advertir si concurren los elementos denunciados por los recurrentes, y en cada caso, proceder o no a la apertura del recurso, evaluando los agravios que cuestionan la valoración que de la prueba producida se ha realizado, analizándolos desde la óptica del decisorio venido en casación. IX) A fin de definir un orden en la exposición, he de referirme primero al remedio articulado por la defensa técnica del acusado Musa Antonio Azar, en tanto dicho planteo evidencia, prima facie, una carencia absoluta de fundamentación técnico jurídica que permita inmiscuirse en una revisión integral del fallo en crisis. Las expresiones vertidas en el libelo recursivo, no rebaten en forma concreta ni con la firmeza suficiente los argumentos contenidos en la decisión acerca de los ilícitos cometidos por dicho encausado, el encuadre legal de los mismos y la pena impuesta por el Tribunal actuante. La expresión de agravios no cuenta con un mínimo de crítica razonada a los considerandos y fundamentos de la sentencia pronunciada por el inferior. "Si la expresión de agravios esbozada por el recurrente, no llega a constituir una crítica pormenorizada de los fundamentos del fallo que ataca careciendo de la mínima suficiencia técnica, articulación razonada, fundada y objetiva sobre los eventuales errores de la sentencia, ello imposibilita al Superior Tribunal como órgano revisor pronunciarse con respecto al recurso de casación intentado." (S.T.J. Sgo. del Estero, 23005 S 15-6-2006, "D.J.S.H.S.E.D.R.J.A. s/ Casación Criminal").- Este defecto en la articulación del remedio casatorio, se manifiesta como un cuestionamiento genérico y desvinculado de los fundamentos del fallo, que no logra demostrar de qué manera agravia al acusado las afirmaciones que sustentan la resolución atacada, ni cuáles son las pruebas desincriminantes que lo benefician, ni cómo o por qué razón el Tribunal debió analizar las pruebas de cargo de manera distinta a la efectuada. "La mera discrepancia con las decisiones del tribunal de grado dista de configurar el supuesto excepcional del absurdo que da lugar a este remedio, reproche cuya admisión sólo procede cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve el error palmario y fundamental que autoriza la apertura de la casación para el examen de las cuestiones de hecho y prueba." (Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Buenos Aires ò 24/05/2006 ò Ferzzola, Elida Esther y otros c. Albano, Ricardo Horacio ò AR/JUR/10578/2006).- Los reproches que el impugnante efectúa acerca de la valoración probatoria vinculada a la muerte de Leyla Nazar, en nada modifican la situación del prevenido, desde que él fue juzgado y encontrado responsable de la muerte de Patricia Villalba, no de aquélla. Por otra parte, si bien el recurrente pretende la total desvinculación de su defendido de la causa, no hace más que aseverar que éste no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, y que no existía vínculo alguno de él con el asesino ni con la víctima, pero no indica qué elementos de prueba abonan tal postura, ni de qué manera debieron haber sido ponderados por el Tribunal para arribar a la solución favorable que él anhela. Tal como lo indica el Ministerio Público Fiscal en su dictamen, el fallo condenatorio, en lo que a Azar se refiere, se apoya en la reunión que éste mantuvo a fines de enero de 2003 con Raúl Llugdar y otros funcionarios policiales, donde acordaron, a cambio de dinero, la muerte de Villalba para beneficiar a Patricio Llugdar, quien se encontraba implicado en la muerte de Leyla Nazar. El acusado no negó durante el proceso su vinculación con los encausados Mattar y Albarracín, como tampoco la existencia de la mencionada reunión y las personas que participaron de la misma. Además, el Tribunal tuvo por acreditado que Gómez trabajaba bajo las órdenes de Musa Azar. Por lo tanto, la responsabilidad penal que le cupo al acusado en los hechos investigados, y conforme la determinación de ella hecha por los juzgadores, no se desploma ante los débiles cuestionamientos expuestos en el recurso bajo examen, siendo procedente, en consecuencia, su desestimación.

En lo que respecta a la casación interpuesta por la defensa de Jorge Pablo Gómez, la misma se centra en la nulidad de la declaración indagatoria prestada por el acusado, elemento que fuera sustancial en la decisión arribada por el Tribunal para encontrarlo responsable de la muerte de Patricia Fernanda Villalba. La recurrente afirma que dicho acto procesal (indagatoria) es nulo por haber sido obtenido mediante apremios ilegales y sin la presencia del abogado defensor, y que ello no fue justificado por los sentenciantes en su fallo. Al respecto, del análisis de la resolución atacada, como así también de las constancias obrantes en autos, surge que el prevenido Gómez prestó declaración indagatoria judicial en fecha 2/11/03 ante la Juez de Instrucción de la ciudad de La Banda (fs. 6092/6095), habiendo en dicho acto designado abogado defensor al Dr. L.C., aunque aceptando declarar sin la presencia del mencionado letrado, además de habérsele hecho saber que le asistía el derecho de abstenerse de declarar. Es decir, que dicha indagatoria fue recibida en legal forma, pues no obstante la ausencia del abogado defensor, el imputado consintió declarar sin su presencia, lo cual resulta perfectamente ajustado a derecho desde que el art. 192 del Código de forma lo permite, por cuanto establece que "...el Juez procederá a interrogarla en presencia del defensor, si así lo pidieren éste o el imputado". Respecto a la existencia de apremios ilegales como medio para obtener la declaración del acusado en un determinado sentido, es dable remarcar dos cuestiones. Primero, que la indagatoria no constituye un medio de prueba, sino que, esencialmente, es un medio de defensa, que únicamente puede ser utilizado con finalidad probatoria, cuando su contenido se encuentre avalado por otros elementos de prueba que coadyuven en la ponderación que el juzgador efectúe. Segundo, que cuando es tomado como dato probatorio en conjunción con otros -como ocurre en el presente caso-, para que dicha declaración caiga y carezca de valor presuncional, los apremios que se denuncien como causas de invalidez del acto, no sólo deben ser invocados sino que además deben ser demostrados mediante prueba fehaciente que los constate. Las denuncias por apremios ilegales, hechas por los abogados defensores en la presente causa, han sido desestimadas tanto en primera como en segunda instancia, conforme lo resuelto en fecha 16/07/04 por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (Expte. Nº 1886/05), donde se estableció que las indagatorias -entre ellas la de Gómez- cumplieron con todos los recaudos legales, lo cual se apoya en los certificados médicos obrantes en autos, que constatan la inexistencia de lesiones en los acusados, además de entender que no se ha menguado el derecho de defensa, conforme lo preceptuado por los arts. 70 y 196 del C.P.C.C.. Esa decisión del Tribunal de Apelación, que la impugnante agrega como uno de los reclamos fundantes de su presentación recursiva por ser motivo de agravio para su parte, se refiere a una cuestión que ya ha merecido pronunciamiento judicial (tanto en grado de apelación como por el Tribunal de Juicio Oral, ante los planteos de las partes), es considerada por este Órgano Superior como una resolución ajustada a derecho y a las constancias obrantes en la causa, por lo que nada conduce a opinar con diverso criterio como lo hace la casacionista. Los certificados médicos glosados en autos rezan, en relación al estado físico del encausado, lo siguiente: "al momento del examen no presenta ningún signo de lesiones físicas" (fs. 6277); "no se observan signos externos de lesión física reciente. No refiere síntoma alguno" (fs. 6281); "no presenta signos de lesiones físicas" (fs. 6740/6741); "no presenta lesiones físicas visibles" (fs. 7259). Y si bien la recurrente aduce que la inexistencia de lesiones en su pupilo se debió a la experiencia de los supuestos torturadores en no dejar señal alguna de los ataques, ello no ha sido demostrado, debiendo el juzgador ceñirse a los datos aportados al proceso y que surjan de sus constancias. Amén de ello, y surgiendo del examen médico forense realizado el 5/11/03 que "el examinado... presenta lesión eritematosa en cara interna de muñeca izquierda" (fs. 7016), tal dato resulta irrelevante a los fines de invalidar sus indagatorias, puesto que el tipo de lesión comprobada resulta perfectamente compatible con las dejadas por las esposas que coloca el personal de seguridad y, por sobre todo, porque sus declaraciones indagatorias fueron prestadas con anterioridad a dicha revisación médica (2/11/03, tanto en sede policial como judicial), y en la ampliación de fecha 13/11/03 (fs. 7260) el imputado se abstuvo de declarar. En torno al cuestionamiento que hace la casacionista del careo entre las testigos R.V. y N.L. respecto a si la primera reconoció o no a Gómez en rueda de presos, cabe destacar que durante el debate aquélla se contradijo reiteradamente (conforme surge de las constancias obrantes a fs. 24.730/24.734, 24.739 y vta.) en torno al mencionado punto de careo, mientras que L. se mantuvo en sus dichos, siendo tal circunstancia determinante para considerar más creíbles los relatos de ésta que los de Vergara en la cuestión de referencia, además de haber influido en la decisión atacada la impresión personal que los mencionados testimonios y el careo dejaron en el ánimo de los juzgadores, aspecto que excede los límites del control casatorio. Lo mismo puede decirse en lo que respecta a los testimonios de Dolores B., Néstor P., B. y A.A., en el sentido de que las críticas recursivas sólo demuestran una valoración subjetiva y distinta a la efectuada por el Tribunal de Juicio, pero que no logran derribar las razones expuestas por dicho Cuerpo para considerar creíble y consistente lo relatado por ellos y de qué manera esos testimonios han servido para construir el escenario fáctico de la causa. Desde otro punto, en lo referido a si Gómez estuvo o no trabajando la madrugada del día en que aparecieron los cuerpos de las víctimas, el análisis efectuado por el Tribunal de mérito no resiste crítica alguna, desde que se tuvo por comprobado en base a lo válidamente declarado por los compañeros policías de Gómez, P.T. (fs. 13.377, 23.724 vta./23.725 vta., 23.837 vta./23.846), E.R. (fs. 13.384, 23.762 vta.), R.B. (fs. 13.557, 13.705, 23.762 vta./23.763 vta., 24.089), A.C. (fs. 13.839, 23.880 vta./23.881, 24.160), A.G. (fs. 13.756, 23.763 vta./23.765), C.J. (fs. 13.988, 24.162), L.S. (fs. 13,705) y S.Ch. (fs. 24.541), que Gómez no estuvo trabajando en esa fecha, puesto que dichos testigos coincidieron en poner en duda, e incluso en negar algunos de ellos, la presencia del acusado en el servicio de guardia de esa noche. No obstante que la pericia caligráfica constate que lo plasmado en el Libro de Novedades de la Guardia de Infantería correspondiente a la noche del 5 y madrugada del 6 de febrero de 2003, es de puño y letra de Jorge Pablo Gómez, y ello sea reconocido por el Tribunal actuante, no prueba a qué hora se hizo cada anotación, si fue o no a la hora exacta consignada, o si lo hizo con posterioridad, una vez que llegó al servicio por la mañana (después de las 6 hs. y antes de las 8 hs.), como una forma de cubrir su falta. Tampoco consta en dicho Libro de Novedades firma alguna perteneciente al acusado, lo que constituye una irregularidad, ya que debe suscribirse el libro tanto al recibir como al entregar la guardia, cosa que Gómez no hizo. El comprobante de consulta y extracción de dinero de un cajero bancario, tampoco es suficiente para demostrar que quien realizó tales operaciones hubiera sido el acusado. Lo apuntado, permite concluir, junto a la demás prueba referida y concordantemente analizada por el Cuerpo sentenciante, que Gómez no estuvo en su puesto de trabajo esa noche. Contrariamente a lo que afirma la impugnante, no se advierte que se haya violentado el principio de inocencia, ni que se haya invertido la carga de la prueba poniéndosela en cabeza del acusado, sino que existe un cúmulo de pruebas, perfectamente relacionadas en el fallo, que conducen a tener por acreditada su participación en los hechos endilgados. Por otra parte, en relación al agravio surgido a raíz de la supuesta negación al pedido de la defensa de que se realizara un examen mental a su representado, tal afirmación no responde a lo que verdaderamente surge de autos, pues este Alto Cuerpo comprueba que tal solicitud fue efectuada durante la audiencia de debate de fecha 29/11/07 (fs. 21.805), y denegada (fs. 20.778 y 21.932) atento a que oportunamente, en la etapa de ofrecimiento de prueba, la parte no ofreció tal pericia psicológica (conforme surge claramente de fs. 18.530/18.531 vta.), habiendo la defensa admitido en dicha audiencia el error en el que había incurrido. En función de todo lo considerado dentro del marco de los agravios esgrimidos por la casacionista, constancias examinadas y la manera en que la situación de Jorge Pablo Gómez es definida por el Tribunal de Juicio Oral, estima este Organo Superior que la declaración indagatoria de aquél ha brindado la plataforma a partir de la cual se ha elaborado, con el aporte indiscutible de otros elementos probatorios, la hipótesis que compromete al acusado en el ilícito que se le atribuye, por todo lo cual el recurso en estudio debe rechazarse. XI) Dirigiendo el análisis ahora hacia el recurso de casación deducido por la defensa técnica de Héctor Bautista Albarracín, se desprende de la sentencia en crisis que éste fue condenado a purgar prisión perpetua por considerárselo responsable del Homicidio Doblemente Calificado con Enseñamiento y Alevosía en perjuicio de Patricia Fernanda Villalba, y de Asociación Ilícita en perjuicio del Orden Público, en Concurso Real de Delitos, en carácter de coautor junto a Jorge Pablo Gómez, al entender que ambos dieron muerte a Patricia Villalba, y dejaron su cuerpo en La Dársena, luego de torturarla en la finca de Árraga, de propiedad de Musa Azar, quien les encargó dicha muerte a fin de beneficiar a José Llugdar por pedido de su primo, Raúl Llugdar, a cambio de dinero. Basándose el planteo recursivo, al igual que el anteriormente tratado, en la pretendida nulidad de la declaración indagatoria prestada por el prevenido en sede judicial, invocando la existencia de supuestos apremios ilegales que tornarían inválido dicho acto procesal, como así también el haber sido realizada sin la presencia del abogado defensor, cabe hacer las mismas consideraciones a las efectuadas al expedirme respecto del recurso articulado por la defensa de Gómez, atento la identidad de sus planteos, fundamentos a los cuales me remito brevitatis causa a fin de no ser reiterativo en la consideración de dicho agravio, puesto que no se advierte en las indagatorias obrantes en autos (fs. 6735, 6060/6064, 7145/7146) que evidencien defecto formal alguno que amerite su anulación como acto procesal. Además, no obstante que el recurrente indique declaraciones de otros testigos que manifestaron haber recibido apremios, ello no ha sido acreditado, ni tampoco puede servir para deducir o presumir que también Albarracín haya sido víctima de tales sometimientos, puesto que no existe prueba alguna que demuestre lo contrario. Los certificados de exámenes médicos obrantes en autos nada confirman acerca de los apremios invocados: "... al momento del examen no presenta ningún signo de lesiones físicas. Clínicamente normal." (fs. 6278); "no se observan signos externos de lesión física reciente. No refiere síntoma alguno" (fs. 6282); "... al momento de su examen no presenta lesiones físicas" (fs. 6734). Y si bien, a raíz de una nueva revisación médica, la Dra. Schmidt y el Dr. Ramírez constataron "congestión equimótica en cara anterior de muñeca derecha" (fs. 7017), durante el debate la mencionada profesional refirió que el "... tipo de lesión consignada en el informe es compatible generalmente con traumatismo producido por las esposas" (fs. 23.403 y vta., 23.435 vta./23.438 vta.). En consecuencia, el referido agravio, no resulta procedente. Continuando el tratamiento, cabe considerar lo atinente a la afirmación del casacionista de que el sobreseimiento de Raúl Llugdar no se ajusta a derecho; sobre ello, es preciso remarcar que, existiendo un pronunciamiento judicial firme al respecto, no compete a este Órgano Superior ingresar en el tratamiento de dicha cuestión. Por otra parte, en relación a que el testimonio de R.V. ha sido tomado como indicio por el Tribunal para afirmar que en el auto que vio ésta en La Dársena se conducían Gómez y Albarracín, y habiendo calificado el impugnante de temeraria e inadmisible dicha conclusión, estimo que lo declarado por Vergara durante el debate en este tópico únicamente incrimina y compromete al acusado Gómez, por lo que no puede la defensa de Albarracín invocar agravio que se relacione con ello. A más de lo expuesto, y notándose en el recurso bajo examen una pretensión de valoración probatoria acomodada a los intereses del acusado, que no logra echar por tierra la merituación en que se apoya el fallo, cabe poner de resalto que surgen de las constancias de marras otras pruebas que conducen a incriminar a Albarracín, tales como los testimonios de M.C. (fs. 9.405; 13.840; 23.352), R.C. (fs. 23.363/23.366 vta.), A.B. (fs. 22.126 vta./22.129; 22.131/22.132; 22.133/22.135); M.O. (fs. 23.355/23.357 vta.), y J.G. (fs. 22.171); como también los datos que surgen del sistema de entrecruzamiento de llamadas, que indica las llamadas telefónicas entre aquél y Musa Azar. Este plexo probatorio tiene el peso suficiente como para rechazar el recurso articulado y confirmar la decisión de condena adoptada por el Tribunal de Grado. XII) Pasando al tratamiento del remedio casatorio impetrado por la defensa técnica de Francisco Daniel Mattar, el mismo se sustenta, al igual que los anteriores, en la nulidad de lo declarado por el mencionado acusado durante la indagatoria prestada en sede judicial, por presuntos apremios ilegales y falta de asistencia letrada, agravio que merece la misma consideración sobre el tema en cuestión efectuada en los acápites precedentes, a cuyos fundamentos nos remitimos en homenaje a la brevedad, puesto que no surge de la indagatoria judicial obrante en autos (fs. 6301/6303) defecto alguno que la descalifique como acto procesal válido, además de haber sido desestimadas las denuncias por apremios radicadas por las defensas técnicas. Y en lo que respecta al rechazo del planteo de nulidad de las indagatorias, por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones, expresando la recurrente que en dicha oportunidad sólo se hizo un examen formal del acta respectiva, resulta ser una cuestión ya resuelta, firme y sobre la cual este Superior Tribunal ya ha vertido opinión ut supra. En cuanto a la interpretación que el Cuerpo sentenciante hizo de la denuncia por apremios formulada por el ex abogado defensor de Mattar, no considera este Órgano Superior, analizado que fuera el respectivo argumento sentencial, que tal entendimiento sea antojadizo o caprichoso -como lo califica el impugnante-, sino que responde a una lógica interpretación de los términos de la denuncia. A más de ello, el tema de la validez de las declaraciones judiciales del acusado, es una cuestión ya resuelta, conforme lo expresado anteriormente.- Se agravia la casacionista, también, de que el Cuerpo sentenciante no tuvo en cuenta testimoniales que refirieron las torturas como modalidad para imponer las declaraciones de los imputados y de ciertos testigos, dando como ejemplo de ello lo expresado por los peones de Árraga, y lo coincidente de los relatos de los policías que depusieron en la causa. Sobre el particular, cabe decir que, las coincidencias apuntadas por la recurrente, no pueden ser tenidas como material suficiente para afirmar sin hesitación alguna que el acusado también ha sido objeto de apremios o torturas, sobre todo cuando de las constancias agregadas a la causa surge lo contrario, es decir, cuando no existen elementos fehacientes, tales como informes o certificaciones médicas, que demuestren la existencia de tales tormentos. Como otro motivo de agravio, se señala la valoración del sistema VAIC, por haber sido irregularmente incorporado al debate, además de contener graves falencias e indicios de manipulación. En torno a ello, se advierte que el argumento brindado por la impugnante para cuestionar dicha prueba, resulta impreciso, en tanto aduce superposición de llamadas, denuncia falta de indicación de la referencia geográfica de algunos teléfonos celulares y disimulación de la titularidad de varias líneas, pero no arriesga puntualizar e identificar las supuestas llamadas superpuestas y de qué manera ello perjudica a su cliente. En igual sentido, sostiene que se adjudican tendenciosamente a su defendido comunicaciones con personas determinadas y un contenido a las presuntas conversaciones, pero tampoco indica quiénes serían esas personas ni cuál es el contenido de las llamadas que se le atribuyen, situación que carece de un encuadre fáctico específico que autorice a este Alto Cuerpo a emitir opinión al respecto. También cuestiona la recurrente, la ponderación de ciertos indicios y pruebas que permitieron a los sentenciantes entender que el cuerpo de Leyla Nazar no se degradó en el mismo lugar en el que fueron encontrados sus restos óseos; sostiene, además, que ha existido una defectuosa valoración de pruebas que vinculan a Patricio Llugdar y a Jorge Pablo Gómez; como asimismo se agravia de la desincriminación de Musa Azar Cejas. Estos reproches, de plano, no ameritan su aceptación, desde que en nada se vinculan con la génesis del recurso impetrado por la defensa de Mattar, puesto que dicha parte encamina su planteo contra la condena impuesta a éste como partícipe primario de la muerte de Patricia Villalba, y ninguna trascendencia tienen para su situación jurídico procesal los argumentos brindados en el fallo referidos al homicidio de Leyla Bshier Nazar. Por otra parte, en lo que respecta a la fecha de la reunión mantenida por Raúl Llugdar, Castillo, Talavera, Orpi y Musa Azar, aunque la casacionista se encuentre "persuadida" de que la misma se produjo el 22 de enero, y aunque asegure que su cliente se encontraba de vacaciones con su familia la última semana de enero del 2003, ello resulta ser una interpretación subjetiva, que no presenta la consistencia necesaria como para derribar los pilares argumentativos que la resolución en crisis brinda al respecto. Existen suficientes indicios que conducen a entender que la mencionada reunión, en la que se trató la comprometida situación de Patricio Llugdar y se acordó la muerte de Patricia Villalba, se produjo a fines de enero del 2003, antes de los bailes de carnaval, puesto que tal encuentro tenía por finalidad acordar los adicionales policiales a cubrir en dichos bailes. Así se desprende de las contradicciones advertidas durante el debate (conforme surge de las respectivas actas de audiencia) en los relatos de Musa Azar (fs. 20.803/20.806 vta.), Raúl Llugdar (fs. 23.089/23.094 vta.) y Walter Castillo (fs. 23.096/23.099 vta.), y en los careos realizados entre ellos (conforme fs. 23.403 vta./23.404); y lo manifestado por el propio Mattar en su indagatoria (fs. 6301/6303), a pesar de que tales declarantes hayan intentado, infructuosamente, confundir la fecha de la reunión en cuestión, ubicándola en el mes de marzo del 2003.- Trasladando ahora el tratamiento hacia el agravio que se apoya en la imposición de costas por su orden en el desistimiento formulado por los actores civiles Olga Díaz de Villalba, Juan Domingo Villalba, Juan Guillermo Villalba, y Carina Villalba por sí y en representación de sus hijos, del reclamo indemnizatorio por el rubro daño material, observamos que la casacionista pretende la aplicación del art. 55 del Código de Procedimiento en lo Criminal y Correccional, considerando errónea la subsunción del caso en lo normado por el art. 73 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Al respecto, del examen de la resolución venida en recurso, surge que el desestimiento del reclamo indemnizatorio por el rubro daño material, demandado oportunamente por Díaz de Villalba y Juan Domingo Villalba, fue acogido por la Excma. Cámara de Juicio, indicándose en forma expresa la aplicación de los artículos 55 y 56 del Código de Procedimiento en lo Criminal y Correccional, imponiéndose las costas por el orden causado, brindando como argumento de tal decisión, que las particulares características de la presente causa, y la falta de actuaciones profesionales que generen gastos por parte de los demandados, facultan al Tribunal a apartarse fundadamente del principio general de la derrota y entender, en cambio, que se tornaría injusto imponer las costas en su totalidad a la parte que desiste. Lo mismo ocurre respecto del desistimiento total de la acción civil instaurada por Juan Guillermo Villalba, Carina Villalba por sí y en representación de A.G.V. y K.M.V., demanda que se tuvo por desistida, con expresa aplicación de las normas citadas, imponiéndose las costas por su orden. Por otro lado, al admitir la demanda civil de Olga Díaz de Villalba y Juan Domingo Villalba en torno al rubro daño moral, se impusieron costas a los accionados. En ese estado, no se advierte razón al argumento recursivo utilizado por la casacionista en este punto, desde que, si bien al emitir sus fundamentos, la Vocal preopinante sostuvo que debía aplicarse el art. 73 del Código de rito en materia civil por tratarse de una cuestión meramente civil, al volcarse la decisión final en la parte resolutiva, expresamente se indicó la aplicación de los arts. 55 y 56 del Código Procesal Penal. A más de ello, tanto el art. 73 de la legislación procesal civil local, como el art. 55 del cuerpo adjetivo penal, disponen de igual manera, es decir, que las costas generadas son a cargo de quien desiste. Sin embargo, en materia de costas, el juzgador se encuentra facultado a apartarse de las disposiciones procesales, siempre que exprese sobrados motivos y funde adecuadamente su decisión. Así ocurre en la presente causa, en la que los sentenciantes han optado por apartarse del principio general de la derrota, dando las razones en las que se apoya su fallo, al considerar que sería injusto para la parte que desiste -actores civiles- tener que soportar la totalidad de las costas y gastos generados por el juicio, cuando la contraria no realizó actividad profesional alguna, y la abdicante se creyó oportunamente con derecho a accionar. "No obstante la plena vigencia del criterio objetivo para la imposición de costas, en cuya virtud corresponde que ellas sean soportadas por quien sucumbe en sus pretensiones, no es posible desconocer que el hecho de la derrota no es siempre expresivo e indicativo de dicha pauta objetiva instituida por el legislador, habida cuenta que el resultado ocasionalmente no traduce la procedencia o improcedencia de un temperamento propuesto oportunamente" (C.N.Civ., sala D, diciembre 18-984, de, 124-218; sala B, mayo 6-986, ED, 124-219).- "... ante la existencia de situaciones excepcionales el juez encuentra facultades para eximir al perdedor, total o parcialmente, cuando exista mérito para ello... La razón por la cual se procura evitar un criterio amplio en estos casos, estriba en el hecho de impedir que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño a quien se ve obligado a accionar o a defenderse en un expediente para pedir justicia" (Gozaíni, Costas Procesales, pág. 77/78, Ed. Ediar S.A.).- En consecuencia, estima este Alto Cuerpo que la imposición de costas por el orden causado en lo que fuera materia de desistimiento de los actores civiles mencionados ut supra, no resulta caprichosa ni antojadiza, ni tampoco apartada del derecho ni de las constancias de la causa, por lo que no cabe admitir el agravio esgrimido al respecto por la impugnante. Por lo expuesto, atento las consideraciones hechas precedentemente, el remedio incoado por la defensa del acusado Mattar, no merece prosperar. XIII) Continuando en el examen, atañe ahora el tratamiento del recurso de casación impetrado por la defensa técnica del acusado José Patricio Llugdar, contra la condena impuesta a éste, entendiendo el impugnante que la sentencia en crisis deviene arbitraria por contener una injusta valoración de la prueba, como así también en cuanto a la determinación del hecho endilgado a su cliente y el monto de pena fijado. En primer lugar, en cuanto a la ponderación probatoria efectuada por el Tribunal de Juicio, el casacionista cuestiona que se haya hecho referencia a la validez de indicios y presunciones como medios de prueba, para luego concluir que existen pruebas directas que comprometen a Llugdar, encontrando en ello una grosera contradicción. Sin embargo, del cotejo de la resolución venida en recurso, se observa que el Cuerpo sentenciante no incurre en contradicción alguna, desde que se analizan ciertas pruebas que funcionaron como indicios y presunciones que sirvieron para sostener determinados hechos, mientras que se consideraron otros elementos que pesaban como prueba directa de la participación de Llugdar en los ilícitos que se le atribuyen. A modo de ejemplo de lo expresado, tenemos que los testimonios de W.I. (fs. 87, 121, 15.181, 22.249), Griselda Soria (fs. 233, 595, 718, 744, 22.259), los informes de los exámenes psicológicos practicados al acusado (fs. 101, 112, 16.061, 16.202, 800/802), y lo declarado por L.C. (fs. 24.838 vta./24.840 vta.), y por los vecinos de Llugdar del Bº Misky Mayu, en armoniosa relación, actuaron como indicios graves de la conducta de aquél respecto del homicidio de Leyla Nazar. Al tratar la prueba indiciaria, el Tribunal no se refiere a los hechos que tomó como ciertos y probados, sino a datos que fueron válidamente incorporados a la causa y que condujeron indiciariamente a afirmar la autoría y responsabilidad criminal del acusado. Lo citado y enumerado por el recurrente en torno a ciertos fragmentos de la merituación probatoria del fallo atacado, constituyen indicios que se conjugan con otros y, en esa sumatoria, permitieron a los juzgadores arribar a las conclusiones expuestas en la sentencia respecto de la responsabilidad de Llugdar en los delitos investigados. Tal como lo remarca el Ministerio Fiscal, lo referenciado por el impugnante sobre el encuentro de Leyla y Llugdar en el cumpleaños de W.I., el intercambio de números telefónicos entre ellos, la presencia de la muchacha en Saravah, y la vestimenta que ésta llevaba la noche en que desapareció, no dirigen a afirmar que Llugdar la mató, sino que sirvieron para tener por acreditado que ambos se conocían y que estuvieron juntos esa noche. En idéntico sentido, en cuanto a la causa de la muerte de Leyla, el Tribunal tuvo por probado, en base a los indicios reunidos, rescatados de las numerosas pericias practicadas sobre los restos de aquélla, que falleció en forma violenta, a causa de la ingesta de cocaína y de un fatal golpe recibido. Este razonamiento deviene ajustado a las constancias obrantes en autos, sin que se advierta que se trate de una valoración arbitraria o absurda que amerite ser desvirtuada. Por otro lado, en lo que respecta a la afirmación del Tribunal sobre que Leyla tenía una cita con Llugdar la noche en que desapareció, ello no surge únicamente de lo atestiguado por Cristina Juárez (fs. 531, 553, 21.825/21.840 vta.) y por Nicolás Antonelli (21.806/21.815 vta.) -conforme la crítica del recurrente-, sino que se complementa con otras pruebas indiciarias que permiten arribar a tal conclusión, tales como el testimonio de L.C. (fs. 533, 727, 834, 3.127, 13.712, 21.820/21.825), W.I. (fs. 87, 121, 15.181, 22.249), Alejandra González (fs. 25.003), G.S. (fs. 233, 595, 718, 744, 22.259) y lo declarado por el propio acusado (fs. 540, 560/561, 751/754, 20.779 vta./20.782, 20.786/20.797). Y no obstante que la defensa entiende que, si realmente Cristina Juárez hubiera sabido de dicho encuentro, habría empezado la búsqueda de su amiga Leyla justamente por Llugdar, esto es una mera consideración subjetiva del casacionista que no encuentra asidero y que es contrariada por las pruebas reunidas. Lo mismo puede decirse de la crítica que efectúa el recurrente respecto de la valoración del testimonio del remisero Marcos C., puesto que el Tribunal mismo tomó a dicha declaración como dudosa, por haber sido tan repentina su aclaración durante el debate, sobre que el color del vehículo que vio esa noche era rojo y no bordó como manifestó en anteriores declaraciones, durante el careo mantenido con el remisero Ch. (fs. 2.192), y al efectuar el reconocimiento judicial del automóvil (fs. 2.552); por lo tanto, y muy al contrario de lo que opina el impugnante, se ha dado prioridad al principio de inmediación, sopesándose la credibilidad de lo afirmado por dicho testigo durante el juicio, en contraposición con otras pruebas que sustentan lo declarado en un primer momento, escapando del examen casatorio tales apreciaciones subjetivas de los juzgadores. Como se observa, la defensa del acusado cae en el error de merituar cada indicio por separado, en forma individual, cuando en puridad deben ser ponderados en forma conjunta, relacionada, coherente, de manera tal que entre todos conduzcan a una conclusión lógica y razonable, tal como surge del análisis contenido en el fallo. Los indicios de personalidad valorados por los sentenciantes, no hacen gala de una postura de "derecho penal de autor" -como subjetivamente sostiene el recurrente-, sino que, a la par de otros indicios y medios de prueba, son ponderados en conjunto para determinar de modo objetivo cuál es el perfil psicológico del acusado, pero no se tiende a determinar con ellos la responsabilidad penal de éste en el hecho juzgado. Lo atestiguado por los vecinos de Llugdar del Bº Misky Mayu, no sirve como pruebas aisladas de la autoría del ilícito, pero sí pesan como piezas de la construcción lógica desarrollada por el Tribunal de mérito en relación a ello, es decir, que el encartado estuvo con Leyla en su departamento la noche en que ésta desapareció, y que allí se le dio muerte. Por su parte, si bien el recurrente afirma que lo declarado por G.S y W.I. ha sido valorado en forma antojadiza y tergiversada, no indica cuál es la interpretación que pretende de tales elementos de prueba. Ahora bien, con respecto a la fecha en que se llevó a cabo la reunión entre Musa Azar y Raúl Llugdar, en la que éste gestionó el "desprendimiento" o desvinculación del acusado de la muerte de Leyla Nazar, cabe remitirse a lo expresado en los considerandos que anteceden sobre dicho punto de cuestionamiento, fundamentos a los que me remito brevitatis causa. Pero en lo que hace a la relación entre Patricia Villalba y José Patricio Llugdar, las pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal de Juicio en tal cuestión, resultan contundentes y permiten, en forma relacionada, entender que efectivamente la víctima y el acusado se conocían (conforme testimonios de F.D., S.D., A.S., G.D., Y.R. y C.D.J., M.R., N.C., A.H., J.C.), y aunque el recurrente estime que tal circunstancia no constituye un elemento incriminante, sí resulta ser un indicio conducente que surge en forma válida de la prueba indicada.- En torno a la falta de coincidencia entre el requerimiento fiscal de elevación a juicio, el alegato fiscal y la sentencia, cabe decir que, sin perjuicio de que el impugnante omite señalar e identificar de qué manera la resolución en crisis incurre en dicho vicio, este Órgano Superior no advierte la violación al principio de congruencia que denuncia el casacionista, en tanto existe identidad entre los hechos contenidos en la acusación, y los comprobados por los magistrados sentenciantes al emitir su fallo, plataforma fáctica a la cual arribaron luego de valorar el arsenal de pruebas producidas durante la instrucción y el debate respecto de esos mismos hechos, no habiéndose afectado para nada, tampoco, la garantía de defensa en juicio que le asistía al encausado. No obstante que el recurrente invoca arbitrariedad de la sentencia atacada por no haberse considerado los fundamentos brindados por las partes en sus alegatos, es preciso recalcar que la válida motivación de un fallo exige que los magistrados den razón y argumento de la decisión a la que arriban, explicando de qué manera las pruebas de las que se valen han servido para elaborar el juicio lógico fáctico y de derecho en que se apoya su decisión final; pero ello no implica, necesariamente, la obligación de admitir o desechar cada uno de los fundamentos expuestos por las partes para sustentar sus respectivas posturas. Desde otro ángulo, el casacionista entiende que se ha efectuado una inadecuada subsunción legal de la conducta de su defendido. Sobre el particular, y mereciendo el agravio invocado un análisis jurídico por parte de esta Sala, ya que se trata del encuadre jurídico legal de los hechos, cabe expresar, en primer lugar, que la muerte de Leyla Nazar por parte de José Llugdar, en función de los datos colectados y de acuerdo a la manera en que han sido merituados en la instancia inferior -valoración probatoria que este Superior Tribunal aprueba desde que, revisada que fuera, no advierte defecto alguno que la descalifique o la convierta en arbitraria o caprichosa-, ha quedado debidamente acreditada. Es decir, se ha comprobado la realización de la acción típica descripta por el artículo 79 del Código Penal, "el que matare a otro", y ha surgido su autoría en cabeza del acusado. Asimismo, de la muerte de Patricia Villalba, ha quedado acreditado que Llugdar la entregó para lograr la impunidad del asesinato por él cometido, ya que ésta tomó conocimiento que el encartado había matado a Leyla Nazar; ello surge de la prueba obrante en autos, aunque no en forma directa, sino del contexto fáctico y probatorio concordantemente evaluado y tenido como cierto por parte del Tribunal sentenciante a lo largo del fallo. Así ello, la aplicación del artículo 45 del Código de fondo es correcta, por cuanto es dable entender que la conducta de Llugdar respecto de la muerte de Patricia Villalba encuadra en dicho dispositivo. Las razones que brinda el casacionista no logran demostrar que el accionar del encausado en este hecho quedaría al margen del tipo penal utilizado, ya que la participación de Llugdar fue necesaria por las características del aporte prestado a los ejecutores del delito, habiendo su conducta tenido influencia en el modo y circunstancias como se cometió el homicidio. Conforme la postura expuesta por calificada doctrina, "dos son los elementos característicos de la complicidad primaria: a) la intensidad objetiva del aporte al delito: sin éste el hecho no hubiera podido cometerse; b) el momento del aporte: la contribución debe tener lugar durante la etapa preparatoria, por cuanto si se da durante la ejecución el agente pasaría a ser coautor debido a que un aporte decisivo le suministraría el dominio del hecho. En cuanto al primer requisito, se adscribe a quienes utilizan la fórmula de la supresión mental de la condictio sine qua non. Sin embargo, aclara que no es preciso una necesidad absoluta sino que es suficiente con que el aporte sea "difícilmente reemplazable" en las circunstancias concretas de la ejecución" (Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal, p. 199). Esta es, precisamente, la situación que se plantea en el presente caso, donde Patricio Llugdar brindó un aporte indispensable y, a la vez, difícilmente reemplazable, desde que sólo él sabía en quien había depositado la confidencia del homicidio cometido. En consecuencia, estimo que la cuestión puntual traída a conocimiento, ha sido correctamente resuelta por el Tribunal inferior. No le asiste razón al impugnante cuando considera que la "entrega" se convierte en atípica si el entregador no conocía que la conducta de los demás culminaría en la ejecución del homicidio, ya que Llugdar, con su accionar, tuvo un cuasi dominio -sin llegar a ser un codominio- de la acción delictiva que mediante el "modus operandi" desplegado, creó el riesgo que se concretó en la muerte. Claramente, prestó una ayuda o colaboración indispensable sin la cual el delito no se habría cometido, por lo que su conducta, en este punto, ha sido debidamente encuadrada. Otro fundamento del recurso, se ubica en la denegación de determinadas pruebas -solicitadas por la defensa- que supuestamente desincriminarían a José Llugdar; sobre tal cuestión, este Superior Tribunal ya se ha pronunciado, sosteniendo al respecto que "La no admisión de algunas medidas probatorias propuestas por una de las partes -en el presente caso, testimoniales, informativa y pedidos de reconstrucción del hecho-, no siempre conculca insubsanablemente el derecho de defensa en juicio, puesto que, al haberse admitido otras pruebas que el Tribunal estimó admisibles, pertinentes y conducentes, no es posible sostener que dicha garantía constitucional se encuentra menoscabada." (conf. Resol. Serie "B" Nº 108 del 14/04/08), criterio que cabe mantener en torno al punto debatido. Por otra parte, el reproche recursivo que se apoya en la nulidad de las indagatorias de Patricio Llugdar como así también del auto de procesamiento de éste, merece la siguiente consideración: respecto de lo primero, independientemente de lo ya resuelto en torno al planteo nulificante de las indagatorias de los acusados, el agravio denunciado en nada modificaría la decisión condenatoria del Tribunal de mérito, puesto que ésta se sustenta en las indagatorias prestadas por el acusado en fechas 12/02/03, 13/03/03 y 12/11/03, mientras que las que el casacionista señala como enviciadas son las correspondientes a las prestadas ante las autoridades policiales los días 7 y 11 de febrero de 2003. Respecto de lo segundo (nulidad del auto de procesamiento), ello no es materia revisable en la presente instancia. Por último, el recurrente pretende la exclusión probatoria de determinadas piezas procesales incorporadas durante el debate, por haberse privado a su parte del control y oposición a las mismas. Sobre tal cuestionamiento, cabe tener presente la normativa del Código formal (arts. 308, en función del art. 305, y 335 del C.P.C.C), que otorga al Tribunal de Juicio la facultad de ordenar los actos de instrucción indispensables que se hubieren omitido o fuere imposible cumplir en la audiencia, o si tuviera conocimiento de nuevos medios de prueba, manifiestamente relevantes. Es por ello, que no encuentra asidero lo expuesto por el casacionista, en tanto no se ha producido ningún desmedro de la garantía constitucional de defensa en juicio del imputado, ni lo alegado sobre la pretendida exclusión probatoria logra demostrar que, pese al diferente encuadre del enfoque legal, el acusado hubiera sido condenado a tenor de una plataforma fáctica diversa de aquella que sirvió de base a la sentencia.- Por lo tanto, a consecuencia de todo lo considerado, el recurso traído a estudio debe ser rechazado. XIV) Analizados que fueran los remedios extraordinarios sometidos al tratamiento y decisión de este Órgano Superior, no cabe más que entender que los mismos, a través de los distintos argumentos utilizados por las defensas técnicas de los acusados, no logran derribar aquéllos que sustentan el fallo atacado, ni destruir la construcción de certeza en que se enmarcan las afirmaciones del Tribunal de Juicio. La valoración probatoria practicada por los sentenciantes, al margen de lo apreciado por ellos a la luz de la inmediación, no resulta apartada de las reglas de la lógica y la sana crítica, encontrándose plenamente ajustados a las numerosas constancias de tan extensa causa judicial, la que, sin duda alguna, se ha visto obstaculizada en su etapa instructoria como en la de juicio oral, y no obstante ello, se ha logrado, a través de los razonamientos y merituación efectuados, estructurar una decisión que no admite invalidación alguna. Los fundamentos esgrimidos por las defensas recurrentes, en sus respectivos planteos, no alcanzan para descalificar el pronunciamiento condenatorio como acto jurisdiccional válido, puesto que no se ha demostrado arbitrariedad en la estimación de los medios de prueba con los que se contaban. Por el contrario, los jueces, de un modo razonable, prudente y lógico, analizaron cuidadosamente todo el plexo probatorio, y luego de una prolija crítica, lograron determinar la concatenación de hechos en que se sustentan las condenas aplicadas. Se desprende del fallo una ponderación lógica de la prueba reunida, que aparece ante la vista de este Alto Cuerpo como un encaje de rompecabezas ante tan complicado proceso, el que se ha ido conformando con un arsenal de pruebas, y en el que se han ido sucediendo un sinnúmero de planteamientos. Resulta indiscutible que la mayor parte del factum se asienta en una interrelación de indicios y presunciones, siendo que, ante situaciones similares, la jurisprudencia ha entendido que "Para el juzgamiento de delitos de esta naturaleza, el juzgador debe casi inevitablemente recurrir a los indicios -autorizados como prueba legal válida- para la búsqueda y determinación de la verdad real de los hechos sometidos a su juzgamiento, sin que se encuentre constreñido en su valoración por la vieja máxima de apreciación que exigía que éstos fueran vanos, graves, directos, inequívocos y concordantes, bastando solamente que éstos, en función de las demás probanzas de autos, formen en el magistrado un criterio de convicción." (C.S.J.N., L. 223. XXXIV Recurso de Hecho - "Luque, Guillermo Daniel y Tula, Luis Raúl s/ homicidio preterintencional -causa Nº 117/94" - 26/11/2002).- Además, se observa que cuando el Tribunal de Juicio se tuvo que enfrentar con testimonios contradictorios, hizo adecuada utilización de las percepciones recogidas en función de la inmediatez del debate, dando explicación acabada de los motivos que tuvo para sospechar, relacionar, desechar o dar credibilidad a unos o a otros. "Y no puede exigirse que las distintas razones o consideraciones tengan la misma fuerza de convicción o que los razonamientos sean en todos los casos impecables, o que algún defecto no haya podido deslizarse en algún giro verbal; ello en la medida que se hayan observado las reglas del "correcto entendimiento humano". (C.S.J.N., jurisp. citada). No se observan defectos fácticos ni jurídicos que justifiquen la casación del fallo atacado, sino que, por el contrario, lo que se advierte es un evidente esfuerzo del Órgano sentenciante por dilucidar dos aberrantes muertes, traduciéndose dicho afán en la condena de quienes, a la luz de los hechos comprobados, han resultado ser sus autores y partícipes. Por ello, los recursos examinados deben ser desestimados, correspondiendo, en consecuencia, la confirmación de la sentencia en crisis en todo lo que fuera materia de revisión. En mérito a los fundamentos expuestos, y oído el Ministerio Fiscal, Voto por: I) No Hacer lugar a los recursos planteados por las respectivas defensas de los acusados Jorge Pablo Gómez (fs. 26.421/26.427), Héctor Bautista Albarracín (fs. 26.428/26.432), Francisco Daniel Mattar (fs. 26.433/26.444), José Patricio Llugdar (fs. 26.445/26.463) y Musa Azar (26.464/26.467). En su mérito, II) Confirmar la sentencia dictada en fecha 07/08/08 (fs. 26.140/26.296) por la Excma. Cámara de Juicio Oral en lo Criminal y Correccional de 2da. Nominación, en todo lo que fuera objeto de recurso.

A estas mismas cuestiones, el Dr. Armando Lionel Suárez dijo:

Que comparte los argumentos esgrimidos por el Vocal preopinante, Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo, emitiendo su voto en idéntico sentido.

A las mismas cuestiones, el Dr. Raúl Alberto Juárez Carol, dijo:

Que se adhiere en un todo a lo sustentado por el Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo votando en igual forma.

En mérito al resultado de la votación que antecede, la Sala Criminal, Laboral y Minas del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, Resuelve: I) No Hacer lugar a los recursos planteados por las respectivas defensas de los acusados Jorge Pablo Gómez (fs. 26.421/26.427), Héctor Bautista Albarracín (fs. 26.428/26.432), Francisco Daniel Mattar (fs. 26.433/26.444), José Patricio Llugdar (fs. 26.445/26.463) y Musa Azar (26.464/26.467). En su mérito, II) Confirmar la sentencia dictada en fecha 07/08/08 (fs. 26.140/26.296) por la Excma. Cámara de Juicio Oral en loCriminal y Correccional de 2da. Nominación, en todo lo que fuera objeto de recurso. - Agustín Pedro Rímini Olmedo. - Armando Lionel Suárez. - Raúl Alberto Juárez Carol.