marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Novación, sustitución del deudor
Materia: CIVIL
Carátula: GILOTAUX S.A c/ INDUSTRIALES UNIDOS S.A. Cía. Arg. de Segs s/ LOCACION DE OBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

Si bien para el perfeccionamiento de una delegación de deuda con efecto novatorio, el art. 815 del Código Civil depone que el acreedor debe expresar su voluntad de desobligar deudor primitivo en forma clara, ello no significa que para exonerar a dicho deudor deba emplear términos sacramentales o deba recurrir a instrumento público o privado, bastando a los fines indicados que la exteriorización de su voluntad en el expresado sentido, se concrete por signos inequívocos.
Acto administrativo, presunción de legitimidad, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "CNC  -Resol.  690/04 (Expte. 6705/03) c/ CTI PCS SA s/ Proceso deEjecución".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-03

Si bien es cierto que en virtud de la potestad de autotutela que el ordenamiento confiere a la Administración Pública, sus actos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, por lo que, en principio los recursos administrativos o judiciales mediante los cuales se instrumenta la discusión de su validez no suspenden la ejecución de tales actos (Sala III, "Pulichino, Roberto Martín c/ E.N. s/ Empleo Público", 10/5/95), también lo es que tal principio cede cuando una norma expresa establezca lo contrario (esta Sala "C.N.C. -Resol. 3432/04 y otras (expte. 4627) c/Telecom Argentina SA s/proceso de ejecución", 13/08/2009) (Cons. V).
Locación de inmuebles, vencimiento del plazo, continuación de la locación, fianza, extinción de la fianza
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO RODRIGUEZ PEÑA 2067 c/ HOPP JONNY y otro s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-17

Aun cuando los fiadores se obliguen a mantener la garantía hasta el momento de la desocupación del inmueble, debe interpretarse que dicha fianza se extiende hasta el término del contrato originario, con más el tiempo razonable que necesita el locador para obtener el desalojo del inmueble. Disidencia del Dr. Kiper
Mediación obligatoria, convocatoria judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Toca Maria Del Carmen Y Otro c/ Alcaracito S.C.A. Y Otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-15

Por imperio de lo normado en la Ley 26.589 inciso 5:f., la convocatoria judicial de asambleas se encuentra excluida del procedimiento obligatorio de la mediación, en tanto no es un procedimiento contencioso sino voluntario, frente al cual el juez ordena -luego de verificados ciertos recaudos- la realización del acto.
Prescripción, cómputo del plazo, cobro de sumas de dinero
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES c/ FALLAS, Alberto s/ s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-15

El plazo de prescripción para reclamar el cobro de sumas de dinero derivadas de los gastos de internación en un establecimiento asistencial es de dos años conforme lo dispuesto por el art. 4032, inc. 4° del Código Civil. Están comprendidas dentro de esta norma las cuentas de los sanatorios que incluyen honorarios médicos, intervenciones quirúrgicas, etc. así como también los gastos de los medicamentos suministrados, ya que al ser éste el término expresamente establecido en la ley para su provisión por los boticarios no hay motivos para aplicar otra prescripción a este último supuesto.

(Sumario N°18078 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil Boletín N°4/2008).
Prueba, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSS, ALICIA c/ HSBC BANK ARG. S.A. y otro s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - (Expte. C.S.J. nro. 88, año 2009)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-09-13

En materia probatoria la Corte ha afirmado que no pesa sobre el sentenciante el deber de respaldar su decisión en la totalidad del material probatorio, sino que puede escoger aquél que estime adecuado en orden a lo decidido finalmente;

por ello no puede descalificarse lo resuelto aunque la Sala no haya analizado, una por una, la prueba aportada, ni haya extraído de ella todas las conclusiones posibles, en la medida que la lectura de su pronunciamiento revela que está fundado en aquéllas que juzgó decisivas a la hora de resolver.

(Citas: CSJStaFe AyS T 128 p 263; T 160 p 68)
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, culpa concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CZYBUK, ENRIQUE O c/ MIODOWSKY, S s/ SUMARIO. DAÑOS Y PERJUICIOS. INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-02-28

Frente a la culpa probada y objetiva del conductor de un vehículo, que en su maniobra de retroceso- admitidas en las excepcionales circunstancias-, embiste a un menor de edad, ocasionándole la muerte, en cuanto no ejercieron sobre el niño el cuidado y la vigilancia activa que impone los poderes-deberes de la patria potestad.
Prescripción, ejecución de sentencia, homologación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: BACHI, NORMA ELSA. s/ HOMOLOGACION JUDICIAL DE CONVENIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-19

En cuanto a la referida "actio judicati" el profesor Jorge Joaquín Llambías sostiene que "cualquiera haya sido el término de prescripción de una acción deducida en juicio, si ella origina una sentencia de condena, de ese pronunciamiento de la autoridad judicial surge una pretensión que prescribe en el término ordinario de 10 años".

Así, y con relación al supuesto de sentencias homologatorias que contienen obligaciones (en la especie, de desocupación de un inmueble), la jurisprudencia señaló que "la prescripción opuesta en un proceso sobre alimentos alcanza a los créditos anteriores a los diez años previos a la demanda, pues, el plazo quinquenal de prescripción del Art. 4027 inc. 1° del Código Civil no es de aplicación cuando existe sentencia homologatoria firme, ya que por vía de principio, a la ejecución de una sentencia y al derecho a reclamar lo que ella manda cumplir, se aplica el plazo decenal de la actio judicati o iudicata -Art. 4023 del Código Civil-".

Sin embargo, y como lo sostiene el pronunciamiento de Cámara en su análisis ad eventum, el plazo de prescripción de la actio judicati recién inicia a partir de quedar firme la sentencia en cuestión.

En igual sentido lo interpreta Moisset de Espanés, cuando señala que "a) No hay cosa juzgada mientras exista un recurso pendiente de trámite; b) Una sentencia impugnada, no está firme, ni concede a la parte la 'actio res iudicata'; c) El plazo de diez años de la 'actio res iudicata' comienza a correr cuando 'hay sentencia firme'".

Por su parte, también los pronunciamiento judiciales interpretaron que el inicio del plazo de prescripción de la actio judicati se ubica en el momento en que la sentencia quedó firme, así se dijo que "el derecho del acreedor para obtener la ejecución de la sentencia que declaró verificado su crédito, está sujeto al plazo de prescripción de diez años previsto en el art. 4023 del Cód.

Civil, el cual comienza a correr una vez firme y pasada dicha sentencia en autoridad de cosa juzgada".

DRES.: ESTOFAN - GANDUR - POSSE.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Blanco, Alfonso c/ Aeropak S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Incurre en absurdo el fallo que fija arbitrariamente la indemnización absteniéndose de suministrar los necesarios elementos que permitan deducir las razones tenidas en cuenta al efecto. (Minoría u opinión personal)
Crédito laboral, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Bastías Amanda Gloria c/ Arizu S.A. Bodegas y Viñedos s/ Ordinario (LIBRO: S074 - 247)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-09-25

Al existir reclamo administrativo, el plazo de prescripción es de dos años y seis meses, (arts. 256 y 257 L.C.T.). Conforme a ello, si la demanda es interpuesta en marzo de 1989, los creditos anteriores a setiembre de 1986 se encuentran prescriptos.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, acción de amparo, juicio, sentencia, costas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BASSI, OMAR ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-AMPARO - MEDIDA INNOVATIVA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 409 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

La Corte provincial ha señalado que en la hipótesis de "ius superveniens" las costas deben recibir una regulación especial, y que lo determinante es que, admitida procesalmente la posibilidad de que concurriendo "ius superveniens" el Juez puede apartarse del sistema objetivo de imposición de costas y no está constreñido a imponer, fatalmente, costas al vencido y que, por otro lado, tratándose de una regulación que no reposa inexorablemente en las previsiones de los artículos 250 y siguientes del Código ritual, es imprescindible que en el pronunciamiento se dé adecuada respuesta jurisdiccional a la condena que se impone.

En el caso, la Sala, frente a la sustracción de materia, consideró que fue la conducta de la Administración la que dio lugar a la promoción del amparo en la inteligencia de que había incurrido en mora en la resolución del pedido de habilitación del amparista, mora que, aclaró, recién culminó más de un año después de la promoción del amparo. Por tanto, el Tribunal ha dado satisfacción al imperativo impuesto por el artículo 95 de la Constitución provincial, toda vez que brindó razones que no se exhiben como irrazonables o absurdas para sustentar su decisión de que, no obstante la desaparición del objeto litigioso, era la accionada la que debía hacerse cargo de los gastos causídicos.
Accidentes de trabajo, ley de accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Decima, Pedro Jesús c/ Fate S.A. s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

El art. 5° de la ley 24.028 habilitaba al trabajador y sus causahabientes para reclamar, sin perjuicio de los derechos conferidos por la ley especial, la reparación a los terceros responsables del daño causado, de acuerdo con las normas de derecho común.
Excarcelación, caución juratoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Claudio César Toledo López s/ Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-11

Resta ahora analizar si de los antecedentes personales del incausado y de las circunstancias del hecho (art. 382 del C.P.M.P , ley n. 931), surge una peligrosidad procesal de tal naturaleza que si bien no impida la excarcelación haga aconsejable la aplicación de una caución real o personal.

De la lectura de la causa y del presente incidente, surge que el encartado no solo no registra antecedentes, sino que además se presentó en forma espontánea ante las autoridades prevencionales, lo que en principio echan por tierra toda presunción que se den las condiciones que viabilizen un acondicionamiento real o personal.
Nulidad del acto jurídico, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Adrián Eduardo c/ Municipalidad de Basavilbaso s/ Acción de tutela sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-22

Constituye un axioma jurídico que con el pronunciamiento y notificación de la sentencia se extingue el ejercicio de la jurisdicción respecto del objeto del juicio, no pudiendo sustituirlo o modificarlo, sin perjuicio de las atribuciones contenidas en el artículo 163 del Cód. Procesal Civil y Comercial. Bajo tales preceptivas, no puede aceptarse que el mismo Juez que dictó la sentencia que se encuentra firme, luego la deje sin efecto por la resolución recurrida; con mayor razón cuando al momento de así decidirlo no existían hechos distintos a los evaluados en aquélla.

Tal proceder, al violar formas esenciales del juicio, lesiona la garantía constitucional del debido proceso, por lo que corresponde declarar la nulidad de la resolución impugnada y lo actuado en consecuencia.
Accidente de tránsito, falta de transferencia del automotor, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villegas Roberto c/ Nicolás Zárate y Ots. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S143 - 073)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-07-03

La inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, tiene la virtualidad de ser constitutiva del dominio (ar. 1º, decreto-ley Nº 6582/58), debiendo en consecuencia responder su titular registral, a los términos del art. 1.113 del C.Civil, en su carácter de dueño, aunque pruebe que ha transmitido la posesión (art. 27, ley 22.977).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, transporte aéreo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: American Jet S.A. c/ Formosa, Provincia de y otros s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

Es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional) el reclamo contra el Estado Nacional y la provincia de Formosa por el pago del servicio de traslado aéreo sanitario de dos bebés en grave estado desde el aeropuerto de Formosa hasta el de Buenos Aires, pedido que fue conformado mediante un facsímil proveniente del Centro de Comunicaciones de la Provincia de Buenos Aires, en el cual se transcribía un cablegrama enviado por el gobierno de Formosa al de aquella provincia.
Rendición de cuentas, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BADESSICH, HUGO ALBERTO Y OTRA c/ JOSE ORLANDO FIGUEROA s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-24

La segunda etapa del proceso de rendición de cuentas se abre con la sentencia que condena a rendir cuentas al accionado, es éste el momento de la rendición propiamente dicha; teniendo por objeto la presentación de las cuentas, su justificación y la formulación de eventuales impugnaciones. La sentencia que las aprueba, en tanto las repute exactas, determinando en su caso el saldo activo, concluye esta segunda fase del juicio.
Daño resarcible, daño moral, reconocimiento de hijo extramatrimonial, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: S., S. R. c/ M., R. A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2012-05-03

Así como resulta procedente la reparación del daño moral ante la omisión voluntaria del reconocimiento del hijo, también resulta procedente la reparación del daño moral en los supuestos de reconocimiento tardío. En tal sentido se destaca que "...es indigno de suceder al hijo, el padre o la madre que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la menor edad..." (art. 3296 bis. Cód. Civ.), es decir, "...el reconocimiento tardío del hijo merece la sanción de indignidad, pues durante años y pese a haber tenido conocimiento de su existencia, el progenitor ha incumplido el deber jurídico de otorgar al niño un emplazamiento filial coherente con su realidad biológica. En concordancia con ello, puede afirmarse que cabe también la responsabilidad por los daños y perjuicios emanados de la falta de reconocimiento en tiempo oportuno. En el reconocimiento tardío "...se dan los dos elementos de la responsabilidad civil: antijuricidad y daño, de modo que probado el factor de atribución subjetivo y la relación de causalidad, no cabe duda acerca de la procedencia de la reparación" (conf. Famá María Victoria, ob. cit., pág. 697).-
Contrato de obra pública, mayores costos, renuncia de derechos, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONOBRES  S.A.  y otra c/ EMPRESA  NACIONAL  DE  CORREOS  Y TELECOMUNICACIONES  E.N.C.O.T.E.L. s/ ORDINARIO - OBRA PUBLICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

No corresponde en esta instancia el tratamiento de la pretensión de la demandada en cuanto a hacer valer la "renuncia" ("...a cualquier reclamo que pudiera corresponderle a concepto de variaciones de mayores costos o acopios de materiales anteriores a este convenio..

") comprometida por el contratista en un convenio de renegociación pues debió ser planteada por vía de reconvención atento que lleva implícita la impugnación del acto administrativo que la desestimó.

En virtud de la calidad (de orden público) de la ley 12.910; la irrenunciabilidad a los mayores costos el conocimiento pleno de la demandada de la actividad de la actora que permanentemente evidenció su voluntad al reajuste de los mayores costos; la exigencia de un reclamo previo con las formalidades de la ley 19.549 y decreto 1759/72, anterior al decreto 2348/76 implica, por principio, una actividad administrativa reprochable por ser Estado productor de ello.- El "reclamo" exigido en el art. 3 del decreto 2348/76 frente a la obligatoriedad del reconocimiento (ley 12.910), que hasta puede ser de oficio, no puede tomarse como un requisito que, de no cumplirse formalmente, desconozca el derecho del contratista. Sólo podría entenderse que tal exigencia en el orden temporal va dirigida para evitar la aparición tardía de contratistas que quieran efectuar por primera vez "reclamos" por hechos anteriores a aquella fecha, según la interpretación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y, no para las empresas como las de autos que no necesitan reclamo formal alguno ni peticiones expresas cuando han sido en buena parte con su misma actividad artífices del reconocimiento para el período crítico.
Despido, ausencias injustificadas
Materia: LABORAL
Carátula: VILDOZA, JUAN HERMUNDO c/ CALANCO S.A. s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO.- VILDOZA JUAN HERMUNDO c/ CALCANO S.A. s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-10-31|1995-10-31

El acto de incumplimiento que valida el despido se configura solo cuandoel dependiente guarda silencio a la interpelación del empleador y no pretende justificar su ausencia.-
Recurso extraordinario, plazo, plazo de gracia, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sade, Adrian D. c/ Dirección Provincial de Obras Sanitarias s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Avocación. Acción declarativa (Expte. CSJ Nº 621-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-14

Para el recurso extraordinario federal rigen los plazos establecidos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y ellos se cuentan según las normas de ese ordenamiento. Por ende, por aplicación del artículo 124 del citado cuerpo legal el tiempo para presentar el escrito introductorio fenece en las dos primeras horas del despacho del día correspondiente. El punto de arranque de esas dos horas de gracia debe regirse por la ley local, que establece que es facultad de la Corte provincial fijar el horario de las oficinas judiciales y el de su atención al público (Ley 10160, artículo 19 inciso 8). En uso de tales atribuciones, el Alto Cuerpo, en Acuerdo de fecha 21 de marzo de 1984, resolvió establecer que el horario de atención al público se cumplimentará de 7:15 a 12:45 horas; por tanto, el plazo de gracia establecido en el artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación expira a las 9:15 horas del día respectivo.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, carga de la prueba, carga probatoria dinámica, juicio, partes, lealtad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KINSELLA, JOSE ALBERTO c/ LA SEGUNDA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-19

Si bien no se escapa al presente análisis que el actor tenía a disposición la posibilidad de producir prueba para probar de manera directa sus tareas de chofer -como ser: informativa a su empleador, testimoniales-, lo cierto es que de similar tenor resultó la orfandad probatoria de la aseguradora, quien no brindó su versión de los hechos, ni acompañó la documental intimativa, ni acreditó por ningún medio que el actor estuviera inscripto en una categoría distinta a la denunciada, por lo que en definitiva, las especiales particularidades descriptas exigían en el caso un necesario distanciamiento de las reglas tradicionales del onus probandi y la consideración por parte de los magistrados de la teoría de las cargas probatorias dinámicas prevista en el artículo 59 del CPL, el cual se funda en el deber de colaboración procesal entre las partes. (Del voto del Dr. Falistocco, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Spuler y Gutiérrez) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral de Santa Fe, artículo 59
Personal penitenciario, haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: REARTE JESUS JOSE c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-16

Resulta evidente el carácter general de la suma que, en concepto de "casa habitación", se abona a distintos funcionarios del Servicio Penitenciario conforme lo dispuesto por el Dec. 1058/89. Ello así, dado que conforme el art. 3 de la norma referida lo hace extensivo inclusive a quienes utilizan casa propia. En consecuencia, ha de concluirse que se trata de un aumento en la remuneración de dichos funcionarios, cuyas sumas han de ser incluidas en el cálculo del pertinente haber jubilatorio.
Leyes, jerarquía de las leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Labinca S.A. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 11.405
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

La ley 11.405 no se superpone ni, por ende, colisiona con la nacional invocada por los actores -ley de medicamentos Nº 16.463-, dado los distintos ámbitos de aplicación de una y otra, ya que en el primer caso -ley 11.405- se regula la comercialización en jurisdicción provincial, mientras que en el segundo -ley 16.463-, la comercialización en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, agravio extemporáneo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, PAOLA c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO-APELACION DEFENSA SENTENCIA CONDENATORIA DE GONZALEZ; APELACION QUERELLANTE Y FISCAL SENTENCIA ABSOLUTORIA DE BRUNO Y MONTO DE LA PENA IMPUESTA A GONZALEZ-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-23

La interesada se conforma con cuestionar la valoración que durante el proceso los Magistrados hicieran de ciertas probanzas, invocando genéricamente arbitrariedad y afectación de garantías constitucionales (centralmente, derecho de defensa, debido proceso e in dubio pro reo), mas sin demostrar la necesaria relación directa e inmediata entre el derecho o garantía invocado y lo ocurrido en la causa, quedando reducidos sus planteos a una mera disconformidad con la interpretación que los Jueces efectuaran de los hechos y el material probatorio; y si bien en el escrito introductor de la vía directa se evidencia un intento de la compareciente de mejorar su ineficaz planteo inicial -mediante un breve relato histórico de los hechos y la presentación de novedosas críticas a la valoración probatoria-, lo cierto es que el mismo no ha de alcanzar su cometido, no sólo por resultar tardío, sino también en tanto exhibe similar déficit argumentativo al ya apuntado, evidenciando con ello un nuevo intento de imponer la solución que a su juicio correspondería al caso, mas sin el anclaje constitucional necesario para habilitar la vía intentada al no delinear idóneamente un vicio propio del pronunciamiento impugnado tendente a configurar algún supuesto hábil para franquear la instancia. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 99, p 393; T 117, p 296; T 138, p 433; T 226, p 50; T 227, p 495; T 97, p 156; T 128, p 382.