Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-15


SENT Nro. 605 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 15 DE AGOSTO e dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Barrionuevo, Oscar Jorge vs. Provincia de Tucumán s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 248/262 de autos, plantea recurso de casación contra la sentencia Nº 237 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 26 de junio de 2002, obrante a fs. 241/245 vta., que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 25-10-2002 (cfr. fs. 269 y vta.), habiéndose dado cumplimiento en forma previa al trámite previsto en el último párrafo del artículo 816 del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Así, ha sido deducido en término, conforme surge de lo actuado a fs. 247 y del cargo actuarial inserto a fs. 262 vta.; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva en los términos de los artículos 813, inciso a) y 814 a contrario sensu, sin que corresponda la realización del depósito previsto en el artículo 817, puesto que el recurrente actúa con el beneficio de litigar sin gastos conferido por Resolución Nº 419, del 10-10-2000 (cfr. fs. 31 y vta. del incidente sobre el beneficio de litigar sin gastos que tengo a vista). No obstante ello, del contenido del escrito casatorio se desprende que existe un agravio que resulta inadmisible.

En efecto; la sentencia impugnada, preliminarmente, precisó la fecha de inicio del plazo de prescripción de 2 años (20-5-91), dando las razones de ello. A renglón seguido, se hizo cargo del tema si existieron o no actos suspensivos o interruptivos de dicho plazo. En esta dirección puntualizó que en la causa "López, Agustín Jorge y otros vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Amparo", el actor reclamó únicamente la nulidad del decreto que dispuso su cese y su reincorporación al cargo; dijo que así también lo entendieron este Tribunal en sentencia Nº 458, apartado IV, del 12-6-97, y el mismo accionante en la demanda interpuesta en los autos del rubro. En mérito a ello estimó que la acción de amparo no tuvo por efecto interrumpir el curso de la prescripción de la acción de daños y perjuicios incoada en esta litis por actividad legítima del estado, en los términos del artículo 3986 del Código Civil; que no podía predicarse tampoco que aquélla revistiera el carácter de defectuosa, ya que se trató de una nueva pretensión no deducida, máxime si se tenían en cuenta los efectos que le otorgaba el artículo 3987 del Código Civil a lo s supuestos de demandas rechazadas, y que el efecto interruptivo de la prescripción, derivado de una demanda, no se extendía de una acción a otra, cuando diferían en la causa petendi, el objeto, o en ambos elementos a la vez. Por último, señaló que en el recurso de reconsideración articulado el 20-5-91, las pretensiones allí planteadas fueron idénticas a las de la demanda de amparo, haciéndose solamente reserva de demandar, por la vía y forma que correspondiera, la reparación de todos los daños y perjuicios que se le ocasionaran, no teniendo tal reserva entidad suficiente para interrumpir o suspender el plazo de prescripción; y añadió que, aun en el supuesto de considerar que la referida reserva tuvo efecto interruptivo o suspensivo por un año, igualmente, al interponerse la demanda, el plazo de prescripción ya se encontraba cumplido.

Sobre el particular, la crítica del recurrente se circunscribe a aseverar que no se reparó en el carácter suspensivo que, con relación al curso de la prescripción, tuvo la demanda de amparo deducida por su parte en contra de la Provincia, tendiente a lograr su restitución en el cargo, y que la misma fue incoada el 20-5-91 -vale decir, ni bien se operó el cese-, concluyendo recién al quedar firme la sentencia de esta Excma. Corte por el rechazo del recurso extraordinario federal y la queja respectiva (cfr. fs. 261).

Así formulado el agravio, es incuestionable que no cumple con el requisito de autosuficiencia, al desentenderse de las concretas razones que dieron sustento a la solución adoptada por la sentencia en el tópico, quedando patentizado, de esta manera, que la pretensión impugnativa no se ajusta desde la perspectiva técnico recursiva a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 816 del CPCC. Es que no basta que se sostenga una determinada solución jurídica, sino que es necesario que se exponga una crítica puntual y razonada de los fundamentos del fallo.

En el sub examine, el actor prescindió por completo de los argumentos relativos a la falta de efecto interruptivo o suspensivo de la demanda de amparo y de lo dicho con relación al recurso administrativo de reconsideración, limitándose a insistir dogmáticamente, con omisión absoluta de las consideraciones sentenciales sobre el punto, en el efecto suspensivo o interruptivo de aquella demanda. El recurrente debió exponer concretamente los motivos por los que, a su entender, acreditaban que lo expresado en la sentencia no resultaba ajustado a derecho, y rebatir de forma circunstanciada cada uno de sus razonamientos a fin de demostrar su desacierto, cosa que no hizo.

Es doctrina reiterada de este Tribunal que la ausencia de análisis de los argumentos del fallo torna inadmisible el recurso, toda vez que no se expone una crítica razonada de la sentencia, conforme a la exigencia del artículo 816 del CPCC (cfr. sentencia Nº 518, del 15-8-96; 525, de la misma fecha, entre muchas más); y "...que quien intenta este remedio extraordinario, debe rebatir puntualmente los argumentos de la sentencia impugnada, y no limitarse a pronunciar una tesis diferente a la de ésta. Para cumplir con el recaudo de suficiencia del recurso, no basta aseverar una determinada solución jurídica, sino que es menester exponer claramente las normas que se consideren violadas, las razones en que se basa dicha afirmación, todo con referencia a las circunstancias específicas y particulares del caso y los términos del fallo que lo resuelve, de modo que la presentación contenga una crítica puntual a la sentencia impugnada, para lo cual el recurrente tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el fallo atacado para arribar a las conclusiones que motivan el agravio (sentencia Nro. 295, del 6/6/95)" (sentencia Nº 694, del 7-10-96).

En consecuencia, y atendiendo a la circunstancia que los restantes cuestionamientos esgrimidos en el escrito recursivo contienen la cita de las normas que se pretenden infringidas y el desarrollo de las razones fácticas y jurídicas que los fundamentan habiéndose, asimismo, propuesto doctrinas legales, juzgo parcialmente admisible el recurso de casación intentado en autos; voto porque así se declare.

III.- Abordaré ahora, como segunda cuestión, la procedencia de los agravios que se reputan admisibles.

Sostiene el recurrente que la sentencia en crisis resolvió, sin mayores fundamentos, dogmáticamente, que en el presente caso se estaba en presencia de una demanda de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual del estado por su actuación legítima.

Alega que ello comporta un agravio a los principios, derechos y garantías consagrados en la ley Fundamental de la Nación (artículos 16, 17 y 18), a los artículos 28, 100 y 101, de la Constitución de la provincia, y a las disposiciones de la Ley Nº 6238 (artículos 65 y concordantes).

Manifiesta que se ignora la naturaleza del vínculo que unió a su parte, en su carácter de funcionario, con el estado provincial, para luego considerar que se trata de un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, esto es, que Oscar J. Barrionuevo no tenía nada que ver con el estado provincial, y declarar prescripta la acción.

Recuerda que funcionario y empleado público es toda persona que ejecuta funciones esenciales y específicas del estado, en el sub iudice, el servicio de justicia, y que el contrato de empleo es una relación de subordinación del sujeto particular respecto del estado, que cumple las funciones asignadas al órgano institución, sin tener en cuenta la jerarquía, importancia o responsabilidad del cargo que ocupe.

A continuación, refiere a los artículos 36, 105 y 110 de la Constitución Nacional y al artículo 1º de la Ley de Etica Pública, precisando que pasar por alto los postulados de estas normas implica un agravio a las mismas.

Cita en apoyo de sus pretensiones la opinión de Dromi y Marienhoff (cfr. fs. 251/253), y transcribe parte de la sentencia de esta Corte recaída en los autos "Pont, José Antonio vs. Provincia de Tucumán s/Daños y perjuicios", del 22-3-93, la que, a su entender, reconoce el carácter de función o empleo público al ligamen, no ya de un juez de paz, al cabo un inferior jerárquico, sino de un magistrado con el estado.

Indica que en el caso se incurrió en una verdadera rescisión unilateral del contrato administrativo que vinculaba a su parte, sin que deba perderse de vista que percibía un sueldo como contraprestación de sus servicios, el que no es otra cosa que la obligación que el contrato de empleo público pone a cargo del estado, y que durante el ejercicio de sus funciones estuvo sujeto al contralor disciplinario de sus superiores y percibió el correspondiente escalafón.

Apunta que el acto de nombramiento del juez de paz por parte del Poder Ejecutivo, previo acuerdo de esta Corte, no es otra cosa que un acto administrativo complejo, para luego, con cita de Jorge Joaquín Llambías, entre otros autores, afirmar que toda acción de daños y perjuicios que no provenga de un hecho ilícito prescribe a los 10 años.

Tacha de arbitraria a la sentencia por insuficiente e inadecuada apoyatura jurídica, y por sustituir con motivación muy general, normas inmediatamente aplicables al litigio.

Arguye que se incurre en contradicción debido a que se afirma "...por un lado que los jueces de paz cargo que ocupaba el actor al cese son Funcionarios (Funcionario, cargo, cesantía o cese: todos presupuestos y requisitos ineludibles de toda relación de empleo o función pública); pero por otro lado sostiene que estamos en presencia de una responsabilidad extracontractual del estado y por lo tanto la acción está prescripta" (cfr. fs. 258). Añade que la sentencia reconoció que su parte, como juez de paz, fue un funcionario judicial del estado provincial, para después desconocer tanto el carácter contractual de la relación como el plazo de prescripción de 10 años aplicable a la misma.

Entrando al análisis de estos agravios, interesa poner de relieve que, contrariamente a lo afirmado por el impugnante, la sentencia cuestionada se encuentra debidamente motivada y no luce incongruente.

Ello así, porque como se sigue de su simple lectura, la Sala a quo expuso las razones en que fundó el resultado a que llegó, y en tal sentido hizo alusión a distintas normas de la Constitución local, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a opiniones doctrinarias, de tal suerte que sobre la base de estos antecedentes forjó su posición en la cuestión (cfr. fs. 244 y vta.).

Tampoco se advierte la incongruencia que se le adjudica, desde el momento que del texto del fallo no surge que se hubieran sentado proposiciones contradictorias entre sí, habida cuenta que nunca se afirmó que la vinculación del juez de paz con el estado fuera una relación contractual de función o empleo público para luego contradecirse mediante la asunción de una tesis opuesta. Y ello se infiere claramente con sólo detenerse en el contenido de las normas citadas y demás consideraciones que se efectúan en el pronunciamiento en recurso, frente a lo cual mal puede esgrimirse como prueba de la alegada incongruencia, el hecho que se considere comprendido a los jueces de paz en el término "funcionarios judiciales" que menta el artículo 101 de la Constitución de la provincia, atento a la promiscuidad que exhibe el texto constitucional en cuanto en aquel vocablo resultan incluidos camaristas, jueces de primera instancia y miembros del ministerio fiscal y pupilar; más allá de que tampoco el constituyente en dicha norma, ni en cualquier otra, haya entendido por el solo hecho que pudiera asociarse el término funcionario con el de juez de paz, por ese único motivo, pronunciarse acerca de la naturaleza jurídica de su vinculación con el estado.

En cuanto a lo expresado por esta Corte en sentencia Nº 56, del 22-3-93, lo cierto es que el Superior Tribunal de la Nación ya se expidió acerca de la situación de los jueces (Fallos: 314:1862) y esta es, por consiguiente, la posición que se recepta en este pronunciamiento, como se verá infra, lo que cierra definitivamente toda discusión sobre el tema y torna inoficioso discurrir, en esta oportunidad, acerca del alcance de lo resuelto en aquella resolución que, por lo demás, se dictó a propósito de una cuestión de competencia.

También propugno la desestimación del argumento del recurrente en cuanto, a partir de un concepto amplísimo de funcionario y empleado público -entendido como el "...que ejecuta funciones esenciales y específicas del Estado" (cfr. fs. 250), pretende hacer derivar de él la naturaleza contractual de la vinculación en examen, sin percatarse que de ser correcta esta postura, hasta la relación de los jueces con el estado, en todos los casos, debería poseer idéntica naturaleza, al igual que la de los legisladores y los miembros superiores del departamento Ejecutivo, contrariando de esta forma la posición doctrinaria (Marienhoff, Miguel S.: "Tratado de Derecho Administrativo", T°. II, pág. 767 y T°. III-B-, pág. 196, nota 1217) y jurisprudencial (Fallos: 314:1862) existente en la materia, todo lo cual demuestra la impertinencia de dicho razonamiento.

De otra parte, es importante para la correcta decisión del tópico traído a conocimiento y decisión de esta Corte, tener en cuenta lo considerado por el más Alto Tribunal de la Nación en los autos "Astuena, Norman Juan c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional)", de fecha 19-12-91 (Fallos: 314:1862), a la que me referí anteriormente.

En efecto, allí sostuvo: "4º) Que la relación entre el Estado y los jueces es de naturaleza institucional, y no contractual, ya que los segundos son integrantes de uno de los poderes del Gobierno Federal estatuidos por la Constitución (art. 94 y concordantes), lo que claramente los excluye de la órbita de los contratos de derecho público, sin perjuicio de que los principios relativos a estos pudieren ser aplicables analógicamente para la resolución de algunas cuestiones en especial. 5º) Que, por consiguiente, es de aplicación al caso la constante jurisprudencia de esta Corte en el sentido de que la prescripción de la acción de responsabilidad civil extracontractual del Estado se rige por el art. 4037 del Código Civil que le aplica el plazo bienal (Fallos: 300:143; 307:771 y 821; 308:337 y 661; 310:1932). 6º) Que, en consecuencia, la sentencia ha prescindido de la aplicación de una norma legal, apartándose inmotivadamente del derecho vigente con la consiguiente violación de garantías constitucionales, por lo que corresponde su descalificación como acto judicial válido, en los términos de la doctrina del Tribunal sobre arbitrariedad".

De lo que antecede, surge que el fallo transcripto reitera la posición que ya había desarrollado más ampliamente en Fallos: 300:143 (entre otros), en el sentido que la responsabilidad de las personas jurídicas es contractual o extracontractual, según que ella, respectivamente, obedezca o no al incumplimiento de obligaciones convenidas (considerando 4°); que después de la reforma introducida por la ley 17.711 al artículo 4037 del Código Civil, el nuevo texto legal es más amplio que el anterior, pues abarca no sólo la responsabilidad por hechos ilícitos sino también todos los supuestos posibles de responsabilidad civil extracontractual (considerando 5°); y "Que, no existiendo contrato, a efectos de considerar la prescripción de la acción del particular para demandar al Estado por los daños causados por hechos o actos administrativos no cabe actualmente distinguir los supuestos en los cuales las consecuencias dañosas son productos de la actividad lícita o ilícita del poder público. En consecuencia, el término para interponer la acción es de dos años a partir del momento de producido el daño, conforme al art. 4037, según la ley 17.711 modificatoria del Código Civil, que es aplicable supletoriamente en el campo del derecho administrativo" (considerando 6°).

Estas apreciaciones del máximo Tribunal me relevan de mayores comentarios sobre el punto, y son demostrativas de su apartamiento, a partir de la reforma introducida por la Ley Nº 17.711 al artículo 4037 del Código Civil, del criterio que postula que la responsabilidad extracontractual es una responsabilidad proveniente exclusivamente de acto o hecho ilícito. Es que, desde su perspectiva, la distinción entre ambas órbitas de responsabilidad radica en la existencia o no de contrato. Por lo tanto, al ser éste el criterio jurisprudencial adoptado por la Corte Federal, no corresponde sino acatarlo, y sustentar en él la conclusión a que se arriba, más allá de cualquier opinión en contrario que se pudiera llegar a esbozar sobre el particular. De allí, entonces, que deba desecharse el agravio del recurrente al respecto, en cuanto traduce una posición que no se compadece con la jurisprudencialmente asumida, en los términos vistos.

Sentado lo anterior, y a la luz de lo considerado por la Excma. Corte Suprema de la Nación en la causa "Astuena" a la que hice alusión más arriba, considero decisivo para la resolución del presente recurso advertir que existen una serie de circunstancias que, conjuntamente valoradas, permiten descartar la naturaleza contractual que le atribuye el agraviado a la relación que se verifica entre el estado y los jueces de paz. A ellas paso a referirme a continuación.

La Constitución de la provincia, en su artículo 100, deja librado a la ley los requisitos que deberán reunir los jueces de paz para ser nombrados y el régimen general al que se sujetarán (artículo 100, segunda parte), como bien lo resalta el acto jurisdiccional impugnado.

Ahora bien; de las normas pertinentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial -siguiendo la terminología allí empleada-, resulta que los jueces de paz no están incluidos dentro de los "funcionarios" (artículo 2º, segunda parte) ni de los "funcionarios de ley" (artículo 3º), sino que se hace referencia a ellos en el artículo 1° -bajo el título de "Organos judiciales"-, cuando se alude a los jueces ("El Poder Judicial de la provincia de Tucumán es ejercido por (...) los jueces (...) de Conciliación y Trámite y de Paz....").

Asimismo, en el artículo 65, parágrafo I, del mismo texto legal, expresamente, "En tanto jueces", se le asignan una serie de atribuciones a lo largo de seis incisos, lo que evidencia la presencia de actividad jurisdiccional que es propia y característica de los jueces letrados, a la que resulta ajena, obviamente, cualquier nota de dependencia o subordinación. Y este aspecto relevante de su actividad, en orden al esclarecimiento de la cuestión que es objeto de análisis, se ve reflejado en otras disposiciones normativas, como son, por ejemplo, los artículos 62, incisos c, d, e y f, de la Ley Nº 6238; 33 de la Ley Nº 5480 y disposiciones de la Ley Nº 4814 que regula el procedimiento de la justicia de paz lega. Sin embargo, conviene dejar perfectamente establecido que aquella condición de jueces, tratándose de los de paz, adquiere ribetes particulares que no es del caso analizar aquí, que marcan diferencias con los jueces letrados.

Por otro lado, también se puede destacar que su forma de designación, al igual que la de estos últimos, se materializa a través de la intervención de dos órganos, por una parte, esta Corte, quien les presta acuerdo y, por la otra, el Poder Ejecutivo quien los designa (cfr. artículo 100, primera parte, de la Constitución provincial), lo que le confiere un matiz particular y distinto a esta relación, denotando su importancia y especialidad. Concordantemente, la significación de este modo de designación resulta de la sentencia Nº 458, del 12-6-97, de este Tribunal recaída en los autos "López, Agustín Jorge y otros vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Amparo", en la que precisamente el actor fue parte, y en la que se destacó que, tanto del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 103, del 15-1-91, que dispuso la intervención federal a la provincia, como del Decreto Nº 5/1, del 18-1-91, dictado por el entonces Interventor Federal, surgía que la puesta en comisión de los miembros del Poder Judicial alcanzaba a los jueces de paz (cfr. fs. 49 vta. y 50).

Del mismo modo, merced a lo imperado en el último párrafo del precitado artículo 100 de la Carta Magna, les alcanza la forma especial de enjuiciamiento que prevé el artículo 5 de la misma, cual es la aplicable a los funcionarios no sujetos a juicio político que violen "...las garantías de esta Constitución...". Y en coincidencia con lo expresado por el tribunal a quo, podría admitirse que lo dispuesto en el artículo 101 sea igualmente extensible a los jueces de paz.

A mi modo de ver, todas estas características, en especial las funciones jurisdiccionales judiciales atribuidas en "En tanto jueces" por la Ley Nro. 6238, particularizan su situación jurídica haciendo ostensible que no se está en presencia de un mero contrato administrativo de función o empleo público, como lo sugiere el agraviado, lo que permite subsumir el caso, en orden a la prescripción de la acción, en lo preceptuado en el artículo 4037 del Código Civil, es decir, como un supuesto de responsabilidad extracontractual.

Que este Tribunal tenga superintendencia y poder disciplinario sobre los jueces de paz, no constituye obstáculo alguno al resultado que se llega, por cuanto dicha prerrogativa no solamente se tiene con relación a los empleados y funcionarios integrantes del Poder Judicial, sino también sobre todos los magistrados, más allá de la intensidad o alcances que la misma pudiera llegar a tener en un caso y en otro.

Atendiendo a las peculiaridades de la vinculación de marras resaltadas precedentemente, tampoco es dato relevante que avale la condición contractual administrativa que se esgrime, las opiniones doctrinarias que transcribe el recurrente acerca de la relación de función y empleo público, y mucho menos la referencia al hecho que el juez de paz exhibe una relación preexistente con el estado, percibe un sueldo del mismo, y se le liquida bonificación por antigüedad o escalafón, desde que tales circunstancias, en sí mismas, son inidoneas e insustanciales como nota definitoria de la naturaleza contractual que se invoca.

Finalmente, y a mayor abundamiento, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes se ha pronunciado, por Acuerdo Nº 8/96, en el sentido de la equiparación de los jueces de paz legos a los letrados de primera instancia.

En suma, todos los desarrollos que anteceden patentizan que no media en la especie, por parte de la sentencia en recurso, la transgresión a las normas que enuncia el recurrente en su escrito casatorio sino que, por el contrario, algunas de ellas, en realidad, concurren en apoyo de una solución distinta, conforme quedó considerado.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación articulado por la parte actora en contra de la sentencia Nº 237 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 26-6-2002, obrante a fs. 241/245 vta. de autos; en tal sentido mi voto.

IV.- Atento al resultado a que se arriba, y teniendo en cuenta las peculiares circunstancia de la causa y la naturaleza de la cuestión debatida, las costas de esta instancia casatoria se imponen por el orden causado (artículos 106, inciso primero, del CPCC y 89 del CPA).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE, en relación al agravio tratado en el apartado II de los considerandos y, en consecuencia, mal concedido a su respecto, el recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 26-6-2002, glosada a fs. 241/245 vta. de autos. En lo relativo a los restantes agravios, NO HACER LUGAR al mencionado recurso, todo conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO