Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-03


SANCHEZ, Alicia del Carmen contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 195 p 90-99.

En la ciudad de Santa Fe, a los tres días del mes de marzo del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "SANCHEZ, Alicia del Carmen contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 649, año 1995), de conformidad con el acuerdo celebrado el día veinticinco de febrero del corriente año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo: 1. Alicia del Carmen Sánchez deduce recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe, tendente a obtener la anulación de las disposiciones nro. 767/92 y 762/93, y, en consecuencia, se condene a la demandada al pago de las diferencias salariales correspondientes al cargo efectivamente desempeñado, con más actualización monetaria hasta la ley de convertibilidad e intereses, y desde allí los intereses tasa activa que fija el Banco de Santa Fe S.A. para descuento de documentos, desde la toma de posesión del mismo y hasta el efectivo pago; y se ordene el dictado del acto administrativo que disponga su traslado definitivo al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (I.A.P.O.S.), en cumplimiento de la resolución ministerial nro. 3627/86, ratificada por decreto nro. 4804/91.

Relata que revistaba como agente de planta permanente del Ministerio de Salud y Acción Social, en la Sección Personal; y que por resolución ministerial nro. 3627/86 -de fecha 18.12.1986- se la trasladó al cargo de "encargada de personal" en el I.A.P.O.S. Sección Rosario, tomando posesión del mismo el 5.1.1987.

Argumenta que el órgano competente para disponer traslados es el Ministro, mientras que el Gobernador lo es para efectuar designaciones; de ello concluye que la resolución nro. 3627/86 resulta un acto administrativo legítimo, que no adolece de ningún vicio y emanó de autoridad competente.

Afirma ser titular de un derecho adquirido, como consecuencia de los actos administrativos mencionados; y se agravia de que la Administración no haya todavía efectivizado la reubicación escalafonaria correspondiente, para encasillarla en la categoría relativa a las funciones efectivamente desempeñadas.

Sostiene que con ello se le ocasiona un perjuicio económico, ya que percibe un salario inferior al que le corresponde, y se lesionan derechos subjetivos adquiridos -a la carrera, estabilidad en el cargo alcanzado, remuneración justa, igualdad ante la ley-.

Dice que dedujo varios reclamos que no tuvieron respuesta efectiva, a pesar del dictado del decreto nro. 4804/91, cuya planilla anexa incluye la función que desempeña como "categoría 17, Sección Personal, Función 231 - Encargada de Personal". Destaca que la designación y el traslado no importan modificación presupuestaria ni de la estructura funcional del I.A.P.O.S.

Expresa que: el 18.9.1992 efectuó reclamo tendente a lograr el pago del cargo desempeñado y la reubicación escalafonaria definitiva, exigiendo igual remuneración por igual tarea; dicho reclamo fue denegado por disposición nro. 767/92, contra la que interpuso revocatoria y apelación en subsidio; por disposición nro. 762/93 se rechazó la revocatoria y se concedió la apelación; y expresó agravios, consistentes en que este último acto vulneraba derechos subjetivos adquiridos por decreto nro. 4804/91 y resolución nro 3627/86, con base en un dictamen que aconsejaba rechazar la revocatoria en virtud de lo dispuesto por el artículo 9 del decreto nro. 23/93, mas sin otro fundamento.

En relación al decreto nro. 23/93, postula su inconstitucionalidad -por violar el derecho de propiedad y la estabilidad del empleado público-, y su inaplicabilidad al caso, esta última, por diversas razones: en primer lugar, porque su derecho adquirido data de 1986; en segundo lugar, porque no estaba en juego la modificación del presupuesto, tal como surge del decreto nro. 4804/91, en que dicha modificación ya fue efectuada; en tercer lugar, porque en el organigrama del I.A.P.O.S. cumple la función que aquí reclama como titular del derecho -por traslado y no por adscripción-; y en cuarto lugar, porque los actos reglamentarios requieren previa notificación para su aplicación a los casos concretos.

Invoca el dictamen nro. 741/94, en el que Fiscalía de Estado aconseja dictar el acto administrativo que ratifique la resolución nro. 3627/86 a los efectos del traslado definitivo al I.A.P.O.S., con el reconocimiento de las funciones desempeñadas y derecho a los haberes debidos.

Continúa relatando que -previa interposición de pronto despacho-, dedujo recurso jerárquico y nuevo pronto despacho, sin obtener resolución expresa.

Solicita, en definitiva, se haga lugar al recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso (foja 45), comparece la demandada a estar a derecho (foja 51) y contesta la demanda (fojas 54/61).

En su escrito de responde niega -entre otros aspectos- que: la actora tenga derecho a cobrar las diferencias salariales que reclama; haya tomado posesión de cargo alguno en el I.A.P.O.S.; tenga derecho a que se la a. En relación a la resolución nro. 3627/86, expresa que mediante dicho acto el Ministro de Salud y Medio Ambiente dispuso, a pedido de la actora -que se desempeñaba como "auxiliar de administración, categoría 10", en la Dirección de Personal-, trasladarla para cumplir funciones en la Delegación Rosario del I.A.P.O.S.

Postula que el Ministro no tenía competencia sino para adscribirla para que prestara el servicio "...en el lugar, condiciones de tiempo, forma y modalidad" que determinase, de conformidad con el artículo 13 inciso "a" de la ley 8525; norma que -destaca- no fue reformada por la ley de Ministerios nro. 8882 ni sus modificatorias.

De ello extrae que, cualquiera haya sido la terminología empleada en la redacción del acto, no puede interpretarse sino dentro del ámbito de competencia material que concernía al Ministro.

Invoca además el hecho de que la actora percibe su remuneración en el Ministerio de Salud y Medio Ambiente, por ser ésta la Jurisdicción a la que pertenece presupuestariamente el cargo por el que se la remunera mensualmente.

Agrega que el decreto de designación de la recurrente en el I.A.P.O.S. Delegación Rosario no se ha dictado aún, dando cuenta del trámite respectivo la nota de foja 349 del expediente administrativo 15301-0075745-V, notificada al apoderado de la actora el 9.9.1995, según constancia de foja 349 vta.

Afirma que ningún derecho puede corresponderle hasta el momento en que el Gobernador emita el acto administrativo de rigor, toda vez que antes debería producirse una modificación presupuestaria, ya que la actora pasaría al ámbito de otra Jurisdicción, y esa modificación no puede efectuarse sino por decreto del Gobernador.

Concluye que la resolución nro. 3627/86 no produjo cambio alguno en la situación de revista de la agente; sólo se trató en el caso de la utilización del mecanismo de la "adscripción" en virtud del cual el titular de la Jurisdicción involucrada produce movimientos internos de su personal al efecto de que a exclusivo pedido de la agente -como en el caso- o de oficio, los empleados cumplan funciones en el lugar que se disponga, conforme a las necesidades del servicio.

b. Respecto del decreto nro. 4804/91, sostiene que no es dirimente en relación a la situación planteada en estos autos.

Invoca el Anexo I de dicho acto, que se titula "Asignación de Funciones personal adscripto al I.A.P.O.S. con trámite de traslado definitivo al Instituto", en el cual aparece, entre otros, el nombre de la actora, con descripción de su situación escalafonaria (categoría y agrupamiento), y de la situación escalafonaria funcional al momento de su dictado (categoría, agrupamiento y función según estructura).

De ello, las disposiciones antes mencionadas y el concreto y preciso pedido de la recurrente de que se dicte el decreto merced al cual el Gobernador disponga su traslado definitivo al I.A.P.O.S. Delegación Rosario, extrae que la real situación escalafonaria de la actora es la de una mera adscripción al I.A.P.O.S. porque ella, oportunamente, lo solicitó y el titular de la Jurisdicción a la que presupuestariamente está asignado su cargo lo concedió, respecto de otro organismo que en aquel entonces dependía de su cartera.

Remarca que Sánchez lo tiene consentido, y lo demuestra el hecho de que recién en julio de 1991 habría, por primera vez, efectuado un pedido de que se la retribuya según el principio "igual remuneración por igual trabajo".

Entiende que el único reclamo legalmente admisible que podría haber efectuado si entendía conculcado algún derecho adquirido con base en principios de raigambre constitucional era pedir el cese de la adscripción en el I.A.P.O.S. y su regreso al lugar de trabajo del que se alejó por propia decisión.

c. En cuanto al decreto nro. 23/93, postula que la tacha de inconstitucionalidad es infundada, al menos en lo que a este caso concreto toca, porque su dictado no produjo efectos jurídicos en relación a las previsiones del decreto nro. 4804/91, y además porque en el Anexo I del último, la situación escalafonaria de la actora en el I.A.P.O.S. aparece condicionada a la circunstancia de que se dicte el decreto que la nombre allí por traslado definitivo, acto que todavía no se emitió.

A ello añade que en la demanda la recurrente se limitó a invocar que el trámite de nombramiento en el I.A.P.O.S. no conllevaba modificaciones del presupuesto jurisdiccional en el rubro "Personal", supuesto en el que no hubiese correspondido dejar la gestión sin efecto, conforme lo establecido por la resolución nro. 46/93 del Secretario de Estado General y Técnico de la Gobernación; mas sin probarlo, ni surgir ello de las actuaciones administrativas.

Agrega que este aspecto no se explica en el dictamen nro. 741/94 de Fiscalía de Estado, de manera que este parecer, en tanto emanado de un órgano de consulta, en modo alguno es vinculante para el órgano de administración activa, que es en definitiva el competente para dictar la concreta decisión.

d. En suma -destaca- la actora está adscripta al I.A.P.O.S. porque ella lo solicitó y el pedido se le concedió.

Explica que el empleo de este mecanismo de la adscripción de los agentes públicos a efectos de producir movimientos internos, no puede generar derecho alguno a que se modifique la estructura de la planta de personal permanente de los órganos o sujetos públicos, por cuanto esta atribución concierne exclusivamente al Poder Ejecutivo y para ello debe contarse con la consiguiente asignación presupuestaria que apruebe el traslado.

Advierte que si llegara a dictarse el decreto de designación de Sánchez en la Delegación Rosario del I.A.P.O.S., trasladándola definitivamente a esa repartición, la actora empezará a cobrar la retribución asignada al cargo en el que se la nombre, desde la fecha del acto o desde aquella que en el acto se fije.

Señala que el carácter de adscripta que ostenta, concedido a su exclusivo pedido y por motivos particulares, llevó implícita, según afirma la actora, la asunción de funciones distintas que las que cumplía en el Ministerio de Salud y Medio Ambiente, y que a su propio criterio quedó librada la decisión de tomarlas o no; habiendo optado por lo primero, dentro de un marco regulatorio legal y reglamentario que no le otorga derecho a reclamar nada que no sea la remuneración que actualmente percibe, y menos arrogarse derechos adquiridos, supuestamente conculcados por la Administración. No hay norma - remarca- que determine que después de cierto tiempo de adscripta, tenga derecho a ser designada en el Ente.

e. Para el supuesto de que se considere procedente el recurso, opone defensa de prescripción respecto de los montos correspondientes a períodos anteriores al 23.3.1992 ó 10.7.1991, conforme resulte de la prueba relativa a la precisa fecha del reclamo inicial de la actora.

Asimismo, para la misma hipótesis, plantea, en relación al rubro intereses, que éstos deberán computarse desde la fecha del reclamo administrativo y no por períodos mensuales anteriores no alcanzados por el instituto de la prescripción liberatoria, y que desde el 31.3.1991 debe computarse la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nro. 941/91, o la que en su caso se demuestre pueda corresponder.

Solicita, en suma, se rechace la demanda por improcedente, con costas.

3. Abierta la causa a prueba, producida la misma y agregados los informes de las partes (fojas 221/224 y 225/232), se dicta el llamamiento de autos (foja 233). Firme dicha providencia, se halla la causa en estado de ser resuelta.

4. La resolución del recurso en estudio exige pronunciarse acerca del carácter en que la actora pasó a desempeñar funciones en el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (I.A.P.O.S.) a partir del dictado de la resolución nro. 3627/86, esto es, si lo hizo como "trasladada" -como ella lo sostiene- o como "adscripta" -tal la postulación de la demandada-.

Y que la norma del artículo 13 inciso "a" de la ley 8525, al establecer el deber de los agentes de prestar servicio en el lugar, condiciones de tiempo, forma y modalidad que determine la autoridad con competencia para ello, legitima a disponer adscripciones.

Asimismo, en la causa "Chiesa" (A. y S. T. 119, págs. 179/185), el Tribunal expresó que, en la práctica administrativa provincial, el traslado en principio implica el pase a otra dependencia, con la consecuencia de que el sueldo se paga en esta última y el agente deja de pertenecer a la repartición originaria, mientras que en la adscripción ocurre lo contrario.

A la luz de tales pautas, pues, se analizará la cuestión propuesta.

a. Surge de las constancias de la causa que, por resolución nro. 3627/86, de fecha 18.12.1986 (v. f. 23, expte. adm. nro. 16301-0-075745, año 1992), el Ministro de Salud, Medio Ambiente y Acción Social resolvió -textualmente- "trasladar a la Delegación Rosario del Instituto Autárquico Provincial de Rosario -sic-, a la señorita Alicia del Carmen Sánchez (M.I. nro. 13.759.248 - Clase 1959), Auxiliar de Administración (Categoría 10) en la Dirección de Personal". En los "vistos" del acto se menciona el pedido de traslado a la Delegación Rosario del I.A.P.O.S. formulado por la propia agente, y en los "considerandos" se expresa que "las razones expuestas por la nombrada son justificadas y atendibles, por lo que se estima procedente acceder a lo solicitado".

Por Disposición Interna nro. 46 del 29.1.1987 (v. f. 128 de estos autos), el Director Provincial del I.A.P.O.S. dispuso "afectar por traslado" a la aquí actora "a prestar servicios en la Delegación Rosario del Instituto ..., sin cargo de abonar remuneración alguna al mencionado agente, a partir del día 5.1.1987".

Asimismo, obra en autos el certificado de prestación de servicios de Sánchez (v. f. 111), extendido por el Ministerio de Salud, en el que consta que, revistando desde el 1.1.1985 en categoría 10, Auxiliar de Administración, de la Dirección General de Personal de ese Ministerio, en fecha 18.12.1986 es "adscripta" al I.A.P.O.S., habiendo sido promovida automáticamente a sucesivas categorías hasta alcanzar la 14, Auxiliar de Administración, en fecha 1.4.1995.

A foja 112, la Dirección de Personal del Ministerio informa que dicho cargo "no fue ocupado por ningún otro agente", y que la Sra. Sánchez "continúa actualmente percibiendo sus haberes en la Delegación Rosario de este Ministerio, planilla de pago nro. 10-001".

A foja 134 obra fotocopia de la planilla de liquidación del sueldo de la actora correspondiente a diciembre de 1996, en el que consta que éste se le liquidó en el Ministerio por una "categoría 14".

En sentido coincidente, la Dirección de Administración del I.A.P.O.S. informa a foja 135 que los haberes de Sánchez "son abonados por el Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Acción Social" (v. punto "a").

Por su parte, la testigo Patricia Iturraspe -Jefa de Personal del I.A.P.O.S.-, en su declaración de foja 214/215, expresó que: "por no tener asignado funciones específicas, la actora no percibe más que su sueldo con el plus previsional que tiene el personal de I.A.P.O.S. y sin otro adicional" (respuesta a la tercer pregunta del pliego agregado a foja 65 vto.); "tiene conocimiento que le paga el Ministerio de Salud y de acuerdo a su último conocimiento es sobre la categoría 14" (respuesta a la segunda pregunta de la demandada); preguntada para que diga "por qué la actora percibe sus haberes del Ministerio cumpliendo funciones en el I.A.P.O.S.", dijo que "se trata de una adscripción y como tal se hace cargo la repartición de origen, estando a cargo únicamente del I.A.P.O.S. toda erogación que sea como consecuencia la prestación de servicios, como por ejemplo en este caso el suplemento previsional".

Y bien: de los elementos de prueba mencionados surge que -a pesar de la literalidad de la resolución nro. 3627/86- el régimen jurídico al que inequívocamente se halló sujeta la relación existente entre la actora y el I.A.P.O.S. fue el de la adscripción.

En efecto: se halla acreditado en autos que la recurrente es retribuida mensualmente por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente (v. informe de la Dirección de Personal del Ministerio de Salud, f. 112; fotocopia planilla liquidación haberes, f. 139; informe Dirección de Personal del I.A.P.O.S., f. 135, punto "a"); al respecto, el Director del I.A.P.O.S. dejó expresa constancia al disponer la afectación de la agente a la Delegación Rosario de que lo era "sin cargo de abonar(le) remuneración alguna" (v. Disposición Interna nro. 46, f. 128); también, que su promoción en la carrera se produjo -entre las categorías 10 y 14- en la estructura orgánica del Ministerio (v. certificado prestación servicios, f. 111).

Además, que su cargo en la misma nunca fue ocupado por otro agente (v. informe f. 112), lo que resulta coherente con el hecho de que el supuesto traslado no generó en verdad vacante alguna en esa estructura.

Asimismo, diversos órganos calificaron de "adscripción" a la figura utilizada en la presente causa, entre ellos, el propio Poder Ejecutivo provincial (v. informe de la Dirección de Administración del I.A.P.O.S., foja 135, punto "a"; certificado de prestación de servicios, foja 111; declaración testimonial de Patricia Iturraspe, Jefa de Personal del I.A.P.O.S., respuesta a la segunda pregunta del pliego, y respuesta a la tercer pregunta de la demandada, fs. 214/215; decreto 4804/91, fojas 43 y ss). Este último, se destaca, incluyó a la actora en el Anexo "I" del decreto nro. 4804/91 (titulado "asignación funciones personal adscripto al I.A.P.O.S. con trámite de traslado definitivo al Instituto", v. f. 74), referente, conforme surge del artículo 7, "a los agentes adscriptos de otras Reparticiones que prestan servicios en el I.A.P.O.S." (v. f. 45).

Como único elemento para sustentar la tesis contraria puede mencionarse la mera literalidad de la resolución nro. 3627/86, que utiliza el término "traslado"; mas éste no basta por sí solo para concluir en la aplicación de un régimen que, conforme las pruebas agregadas a autos, resulta por completo extraño al caso.

Antes bien, corresponde entender que en el caso se trata de una mera imprecisión terminológica, no resultando al respecto irrazonables las explicaciones que brinda la demandada a foja 226 vto./227, en cuanto a que la utilización del vocablo "traslado" podría guardar vinculación con el hecho de que la agente mudaba su lugar de trabajo y residencia de la ciudad de Santa Fe a Rosario -como consta lo hizo en varias oportunidades más, v. fs. 129/130 e informe de foja 122, 3er. párrafo-; o que podría también atribuirse al hecho de que en ese acto el Ministro utilizó el término "traslado" no en su sentido técnico jurídico, sino en su acepción común referente a "acción y efecto de llevar a alguien o algo de un lugar a otro" (v. Diccionario de la Lengua Española, Vigésimo Segunda Edición, Buenos Aires, 2001, T. II, pág. 2217).

La conclusión de que pese al empleo del término "traslado" lo que se disponía era en verdad una adscripción, se afirma aun en el mismo contexto de la resolución nro. 3627/86, pues en su misma parte resolutiva, al individualizar a la agente, se alude a "Alicia del Carmen Sánchez (M.I. nro. 13.759.248 - Clase 1959), Auxiliar de Administración (Categoría 10) en la Dirección de Personal", esto es, se menciona solamente la función, categoría de revista y dependencia de origen.

Ello, además, permite desvirtuar la afirmación contenida en la demanda (v. f. 31/31 vto.), en cuanto a que "por resolución ... nro. 3627 se procede al traslado de la actora ... al cargo de encargada de personal en el I.A.P.O.S. Sección Rosario", ya que no surge del acto que se haya dispuesto "traslado" a cargo preciso alguno de la estructura del I.A.P.O.S..

En definitiva, por resolución nro. 3627/86, la actora fue adscripta al I.A.P.O.S., por lo que resulta legítimo que hubiese continuado percibiendo haberes de conformidad con su situación escalafonaria de origen; y, si entendía que las funciones atribuidas en el nuevo destino no resultaban adecuadamente retribuidas de esa forma, pudo solicitar el cese de la adscripción, mas no pretender consecuencias en verdad reñidas con el régimen jurídico aplicable a su situación.

b. No podría tampoco sustentarse la procedencia del presente recurso en lo dispuesto por decreto nro. 4804/91, de fecha 31.10.1991, por el que se aprobó la estructura orgánico funcional del I.A.P.O.S. (v. art. 2), se modificó el detalle analítico de las plantas de personal permanente y temporaria y el Presupuesto reconducido para el año 1991 del Instituto (v. arts. 3 y 4), se designó por revalorización de funciones, cambio de agrupamiento y/o pase a planta permanente a otros agentes (v. art. 5), y, en lo que aquí interesa, asignó funciones de planta permanente aprobadas en la nueva estructura orgánica a agentes "adscriptos de otras reparticiones que prestan servicios en el I.A.P.O.S.", entre los que figura la recurrente (art. 7), a quien, conforme surge del Anexo "I" (v. f. 74) -bajo el título "asignación funciones personal adscripto al I.A.P.O.S. con trámite de traslado definitivo al Instituto"-, se le atribuyó la función nro. 231, "Sección Personal", categoría 17.

Surge diáfano del contenido del acto bajo análisis que, como se dijo, Sánchez revistaba como adscripta, que su traslado definitivo al Instituto se hallaba en trámite y que, por ende, no se la designaba por ese decreto en el cargo categoría 17 -Jefe Sección Personal, Dirección General de Prestaciones Área Sur- cuya remuneración, en definitiva, pretende.

Por el contrario, de otras constancias de la causa puede extraerse que, tiempo después de su dictado, ese cargo aún permanecía vacante, y sin asignación presupuestaria.

En tal sentido, puede mencionarse el informe de la Dirección de Administración del I.A.P.O.S. de foja 135, según el cual "en la estructura orgánica funcional del I.A.P.O.S. aprobada por decreto 4084/91 se encuentra previsto un cargo categoría 17, agrupamiento administrativo en las funciones de Jefe Sección Personal, dependiente de la Dirección General de Prestaciones Área Sur, vacante" (v. punto "b", primer párrafo); y "...si bien el cargo correspondiente al programa 001 - categoría 17 - Función 231 - Sección Personal se encuentra vacante, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda, no se le asignan a partir del Presupuesto del año 1993, crédito a los cargos vacantes" (punto "b", segundo párrafo).

Asimismo, la testimonial de Patricia Iturraspe de foja 215, quien expresó que el cargo categoría 17 previsto para la ciudad de Rosario en el área de Personal en la nueva estructura orgánica "no estaba adjudicado a la actora" (respuesta a la pregunta nro. 7 del apoderado de la actora); que al año 1998 "presupuestariamente no tiene respaldo el cargo que por estructura está previsto en la ciudad de Rosario" (pregunta nro. 8); y que la actora "no cumple con la totalidad de las funciones asignadas a la categoría 17..., que las demás funciones, algunas no se realizan y las otras se centralizan en la ciudad de Santa Fe" (pregunta 9).

No invoca la actora ni se advierte del régimen jurídico aplicable norma alguna que permita sostener que, en la situación descripta, la actora sea titular de un derecho subjetivo a la designación en dicho cargo.

Por último, cabe señalar que no mejora la posición del recurrente el dictamen de Fiscalía de Estado nro. 741/94 (v. fs. 336/337, expte. adm. nro. 15301- 0071519), ya que tal parecer, no plasmado en acto de administración activa alguno, se sustentó en la postulación de que cabía asignar a la resolución nro. 3627/86 los alcances de un traslado, tesis ésta rebatida en los párrafos que anteceden.

Lo expuesto hasta aquí basta para rechazar el presente recurso, tornándose inoficioso pronunciarse sobre el planteo vinculado con el decreto nro. 23/93.

El recurso interpuesto es, pues, improcedente.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Vigo, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos que los expuestos por el señor Ministro doctor Gutiérrez y en consecuencia votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde adoptar?- el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo: Conforme el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Vigo, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Gutiérrez y en consecuencia así votaron.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO- Fernández Riestra (Secretaria)