Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-02-28


SENTENCIA NUMERO: UNO En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia de Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 67/10, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. José L. Berber en Expte. 015/09 "Incidente de Excepción de Falta de Jurisdicción presentado por el Dr. Ramón P. Acuña en Expte. Rosales, Cristian s/Lesiones Culposas y Lesiones Culposas en concurso ideal - Capital"; el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber incurrido en una errónea aplicación de los arts. 1, 18, 24, 33, 75 inc. 12 y 22 y 118 de la C.N.? 2º) Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto a fojas 1/5 vta. en contra del Auto Interlocutorio Nº 249/09, dictado en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 12, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; y en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 249/09, dictado el 11/11/09, el Juzgado Correccional de Primera Nominación, resolvió: "1- No hacer lugar a la Excepción de Falta de Jurisdicción planteada por la defensa técnica del prevenido Cristian Andrés Rosales. 2- Continúe la causa según su estado...".

II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. José L. Berber -en adelante el recurrente-, en su calidad de asistente técnico del imputado Cristian Andrés Rosales, e interpone recurso de casación esgrimiendo el motivo previsto en el inciso 1º del art. 454 del C.P.P.

II. a. El recurrente cuestiona la denegación de la Excepción de Falta de Jurisdicción planteada ante el Juez Correccional de Primera Nominación. Sostiene que ha existido una errónea aplicación de los arts. 1, 18, 24, 33, 75 inc. 12 y 22 y 118 de la C.N. por entender que la omisión de conformar el tribunal con los jurados populares configura una violación a la garantía constitucional de Juez Natural. Finalmente, formula expresa reserva del caso federal.

II. b. El planteo traído a estudio radica en analizar si el Tribunal Correccional que debe juzgar al imputado Rosales, debe integrarse con jurados populares y no como lo resolvió el a quo, quien entendió que para la implementación del mencionado instituto se necesita de una ley que reglamente su ejercicio.

Ingresando al punto bajo examen, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción, en cuanto se traduce en la posibilidad de acceder a un órgano judicial, presupone que dicho órgano sea el Juez Natural; es decir, un tribunal judicial, cuya creación, jurisdicción y competencia, provengan de una ley anterior al hecho que origina la causa. Desde los orígenes de nuestra República, la garantía en cuestión se encuentra protegida a través del art. 18 de la Constitución Nacional en cuanto prescribe que "Ningún habitante de la Nación puede ser... juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa...". El bloque constitucional que ampara la garantía del Juez Natural se completa con la regulación establecida en los arts. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (incorporados a nuestra Carta Magna por imperio del art. 75 inc. 22) y 27 de la C. Prov., reglamentando la misma nuestra ley de rito en su art. 1°.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que el propósito de la mentada seguridad constitucional es el de "asegurar a los habitantes de la Nación una justicia imparcial, cuyas decisiones no pudieran presumirse teñidas de partidismo contra el justiciable, completando así el pensamiento de implantar una justicia igual para todos, que informara la abolición de los fueros especiales" (fallos 310:804, "Sueldo de Posleman"). Asimismo, señaló que también procura impedir la intromisión del Poder Ejecutivo en la administración de justicia, por sí o mediante la designación de comisiones especiales (fallos: 306:2101, "Videla"), meta en función de la cual ha prohibido expresamente al Presidente de la Nación el ejercicio de facultades judiciales como conocer de las causas pendientes o restablecer las fenecidas (arts. 109, C.N. y 138 Const. Pcial.).

En esta dirección, se ha sostenido que el Juez Natural es, en principio, aquél que ha sido designado conforme a la ley y cuenta con competencia para resolver un caso según la distribución de causas entre la Nación y las Provincias, todo ello antes de los hechos del proceso (Cfr. Sagüés, Néstor P., Elementos de Derecho Constitucional, Astrea, 2da. Ed., Bs. As., 1997, T. II, p. 639).

Aplicando tal hermenéutica, nuestro máximo Tribunal ha descartado que hubiere violación alguna a la garantía bajo examen en los siguientes casos: a) Cuando un nuevo juez, con posterioridad al hecho de la causa, asumiera la función que correspondía al anterior, por renuncia, fallecimiento, jubilación o circunstancia similar que hubiera afectado a éste último (fallos 310:2184, "Catuzzi"; 310:2845, "Magín Suárez"; 310:804, "Sueldo de Posleman"). Ello es así, porque constantemente se ha entendido que la palabra "Juez" no alude a la persona física, sino al tribunal u órgano judicial (Cfrs. Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, Ediar, Bs. As., 2004, T. II, p. 318; Cafferata Nores, José I.-Tarditti, Aída, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Comentado, Mediterránea, Córdoba, 2.003, T. I, p. 20). b) Cuando por ley, se modifica la competencia o jurisdicción de un tribunal en términos generales. Sobre ello, invariablemente el Alto Tribunal ha entendido que las normas modificatorias de la jurisdicción y competencia, aún en caso de silencio de ellas, se aplican de inmediato a las causas pendientes (fallos: 17:22, "Severo Chumbita"; 24:432, "Contienda de competencia negativa entre el Juez del Crimen de Corrientes y el Federal de dicha sección, en la causa criminal, por homicidio cometido en el territorio de Misiones"; 281:92, "De Molina" -entre otros-), toda vez que "nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes y reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos" (C.S.J.N., in re "Ghiggi Galizzi" del 28/09/82, L.L., 1982-D625); como "tampoco a ser definidos sus derechos con arreglo a un determinado procedimiento" (C.S.J.N., Fallos: 181:288; 249:343). Por ello, ha expresado que "no cabe objeción válida, desde el punto de vista constitucional, respecto de las nuevas leyes de competencia que impliquen cambiar la radicación de causas después de los hechos que les hayan dado origen" (fallos: 310:2845, "Magín Suárez").

Al respecto, Néstor Sagüés, señala que un argumento al que recurrentemente ha acudido la Corte en estos casos, es que -de no aceptarse esta tesis-, el Congreso se vería obstaculizado para crear nuevos tribunales, suprimir otros o reformar los existentes (ob. cit., p. 640). El límite estará dado en cuanto a que el proceso no se retrotraiga a etapas válidamente cumplidas, perjudicando la estabilidad de los actos judiciales firmes (CSJN, "Hussar Otto", 10/10/96, L.L. 1996-E-575), lo que se encuentra justificado en virtud de que tales actos se hallan resguardados por la preclusión, principio que es de orden público (Cfr. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, sala III, causa 8639/93 del 6/9/95).

Contrariamente, la C.S.J.N. consideró que la garantía del Juez Natural sí se vulneraba en los siguientes casos: a) Con la creación de comisiones especiales, esto es, de órganos instituidos para juzgar una o más causas concretas al margen del Poder Judicial (C.S.J.N., "Magín Suárez", antes citado). b) Por la asignación de la causa a Jueces Especiales, privando a un Juez de su jurisdicción en un caso concreto y determinado, para conferírsela a otro que no la tiene, en forma tal que por esta vía indirecta se llegue a constituir una verdadera comisión especial disimulada bajo la calidad de Juez permanente de que se pretende investir a un magistrado de ocasión (CSJN, "Magín Suárez y "Catuzzi", ya citados). c) A través de detracciones generales ilegítimas, lo que ocurre cuando una ley, con fines espurios, despoja de jurisdicción a ciertos órganos y se la confía a otros, no ya en relación a un caso concreto sino en términos genéricos pero con el fin de sustraer determinadas causas a los primeros y derivarlas a los segundos. d) Cuando se desfigura el órgano competente; es decir, sin quitar jurisdicción a un tribunal, se altera su composición con propósitos tendientes a desvirtuar su imparcialidad. Ello ocurriría, a modo de ejemplo, si se amplía el órgano, integrándoselo con nuevos magistrados vinculados con un poder determinado; o si se remueve mediante procedimientos arbitrarios a los jueces y en su lugar se designa a otros cuya ecuanimidad para decidir es dudosa (Sagüés, ob. cit, pp. 642/644).

Conforme lo analizado precedentemente, puede advertirse que para reputar transgredida la garantía del Juez Natural no bastará que el órgano jurisdiccional que finalmente entienda en el caso sea creado con posterioridad al hecho, sino que ello debe haberse provocado arbitrariamente, no para juzgar imparcialmente, sino para perjudicar al justiciable (para "sacar" el caso del Juez Natural), afectando la independencia e imparcialidad que son, precisamente, las condiciones que se procuran asegurar con el principio analizado (Cfr. Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal I - Fundamentos, Ediciones del Puerto, Bs. As., 2da. Ed. 2002, p. 769 y Cafferata Nores -Tarditti, ob. cit., p. 17, T. I).

En contraste con tal estándar, es claro que el planteo defensivo acerca de la violación del derecho fundamental de Juez Natural no puede sostenerse en el caso.

En primer término, destáquese lo previsto por el art. 24 de la C.N. en cuanto dispone que el Congreso promoverá el establecimiento del juicio por jurados. Luego, el art. 75 inc. 12 manda dictar leyes generales para toda la Nación respecto a distintos asuntos y las que requieran el establecimiento del juicio por jurados. Finalmente, el art. 118 dispone: "...todos los juicios criminales ordinarios... se tramitarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución...". De lo expuesto, se advierte que las normas relativas al jurado popular son programáticas -como la ha señalado el resolutorio en crisis-, ya que disponen que el Congreso promoverá su establecimiento (quien todavía no se ha expedido al respecto, situación ésta expresamente reconocida por el impugnante); es decir, que requieren una reglamentación por parte de normas infraconstitucionales, y en caso de ausencia de éstas, el instituto no puede aplicarse. En efecto, cabe destacar que, si bien el instituto bajo examen ha sido creado por mandato constitucional (art. 118), tampoco puede soslayarse que las provincias se reservaron -sencillamente no la delegaron (arts. 5, 121 y 126 C.N.)- la facultad de organizar su administración de justicia; es decir, la de dictar las leyes orgánicas judiciales y las procesales o de enjuiciamiento y que tienen derecho, entonces, a establecer los alcances y organización de su administración de justicia y de regular cada juicio, con las limitaciones que les impone el artículo 5° de la C.N. En consecuencia, adviértase que en nuestra provincia, como en casi todas las del país (a excepción de la provincia de Córdoba -ley n° 9182, la única que estableció un tribunal escabinado) el juicio por jurados aún no ha sido reglamentado ni implementado, lo cual obstaculiza su aplicación.

Sumado a lo expuesto, no puedo dejar de mencionar que el planteo resulta, además, notoriamente extemporáneo teniendo en cuenta que la integración del tribunal (art. 358 C.P.P.) se notificó a la defensa técnica del acusado con fecha 02/12/08, que no efectuó recusación alguna y el 23/02/09 ofreció prueba (art. 360 C.P.P.), y recién el 16/03/09 planteó la Excepción de falta de jurisdicción por incumplimiento del mandato constitucional de integración del tribunal de juicio por jurados, cuyo rechazo dio origen a la vía recursiva intentada. También el planteo es evidentemente dilatorio, si se analiza que la pretensión del recurrente es que se suspenda el proceso hasta tanto se dicte la ley que ponga en vigencia en la jurisdicción el juicio por jurados.

Sostengo esto ultimo, porque la presente causa se trata de un delito de lesiones culposas (2 hechos, en concurso ideal) cuya gravedad no puede asemejarse a las que dan lugar a la realización en la Provincia de Córdoba, del juicio por jurado, el que fue implementado para delitos graves o de gran trascendencia pública, fundamento que radica en lo costoso y engorroso que significa organizar un juicio por jurado (Cfr. Sabsay, Daniel A., "Constitución de la Nación Argentina", Hammurabi, 2009, pp. 1040/1041). En tal sentido, la mencionada ley cordobesa ha instituido el jurado escabinado integrado por ocho jueces accidentales que se agregan a las cámaras en lo criminal (integradas por tres jueces permanentes y profesionales), para el juzgamiento de los delitos comprendidos en el fuero penal económico y anticorrupción administrativa previsto en el art. 7º de la ley 9181, a los que se agregan los delitos de homicidio agravado (art. 80 C.P.), delitos contra la integridad sexual de los que resultare la muerte de la persona ofendida (art. 142 bis C.P.), homicidio con motivo u ocasión de tortura (144 tercero, inc. 2º C.P.) y homicidio con motivo u ocasión de robo (art. 165 C.P.).

En definitiva, considero que corresponde confirmar el rechazo de la excepción de falta de jurisdicción opuesta por la defensa del imputado, por lo que voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión; por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/5 vta., por el Dr. José L. Berber, asistente técnico del imputado Cristian Andrés Rosales. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.) IV) Téngase presente la reserva del caso federal.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión; por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/5 vta., por el Dr. José L. Berber, asistente técnico del imputado, Cristian Andrés Rosales.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente- José Ricardo Cáceres - Luis Raúl Cippitelli ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.-