Unificación de penas, recurso extraordinario federal, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bustos, Héctor Raúl s/ Recurso Extraordinario deducido por la Defensora Penal Nº 2, Dra. Mercedes G. de Morcos contra Sentencia Nº 40/13 de Expte. Corte Nº 60/13 - Recurso de Casación in pauperis (...) en representación de Bustos, Héctor Raúl
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-06-30

Por sentencia Nº 52/2005, la Cámara en lo Penal condenó al imputado B. a sufrir la pena de 21 años de prisión, por los siguientes delitos: robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo, en grado de tentativa, y portación de arma de guerra, agravado, en concurso real (Primer Hecho), y privación ilegítima de la libertad, agravado (Segundo Hecho), en concurso real, con más accesorias de ley, declarándolo reincidente por 3º vez.

Por sentencia Nº 11/2006, el mismo tribunal condenó al nombrado B. a sufrir la pena de 20 años de reclusión, por los siguientes delitos: robo doblemente calificado, por el uso de armas y por cometerse en lugar poblado y en banda, y privación ilegítima de la libertad, agravado, en concurso real.

En esta última oportunidad, el tribunal unificó las condenas referidas en una única pena de 25 años de reclusión, y mantuvo la declaración de triple reincidencia.

Contra esa respuesta punitiva, fue deducido recurso de casación, al que esta Corte no hizo lugar mediante Sentencia Nº 40/2013.

En contra de la referida Sentencia de esta Corte, es deducido el presente recurso extraordinario.

Si bien los agravios que postulan el desarreglo del régimen de la reincidencia previsto en el Código Penal con principios de rango constitucional, como el "non bis in idem" y el principio de igualdad, plantean una cuestión federal susceptible de ser revisada por la vía intentada, ellos carecen de fundamento suficiente.

En cuanto a los argumentos recursivos según los cuales la ponderación de la reincidencia como agravante vulnera el principio de igualdad (art. 16 de la CN), este tribunal considera que tampoco tienen fundamento suficiente. Sobre la cuestión, la Corte, máximo intérprete de la Constitución y de las garantías constitucionales, reiteradamente ha dicho que la vigencia de dicho principio no veda el distinto tratamiento que merecen situaciones diferentes, salvo que la distinción importe una persecución ilegítima o un privilegio indebido para alguna o algunas personas (CS: Fallos: 299:146; 300:1049 y 1087; 301:1185), lo que la recurrente no demuestra. En los precedentes, la Corte estimó razonable la distinción efectuada por el legislador en el tratamiento aplicable a las personas que, en los términos del artículo 50 del Código Penal, cometen un nuevo delito, respecto de aquellas que no exteriorizan esa persistencia delictiva; y justificó el mayor reproche, no en el hecho anteriormente cometido, en la anterior condena impuesta ni en la personalidad del condenado, sino en los actos posteriores del que ha sido anteriormente condenado, por el desprecio que con la comisión de un nuevo delito manifiesta hacia la pena, no obstante haberla sufrido por otro anterior. Por ende, en atención al valor institucional que revisten los fallos de la Corte, con arreglo a la doctrina del leal acatamiento de su jurisprudencia y dado que no son ofrecidos argumentos diversos a los rechazados en los precedentes mencionados, el planteo sobre la cuestión carece de idoneidad a los fines del recurso intentado.

En las condiciones apuntadas, los argumentos recursivos no revelan el apartamiento inequívoco de lo resuelto de las constancias del principal o de lo previsto por la ley para el caso, ni defecto alguno de pareja gravedad. Por ello, no justifican la pretendida aplicación al caso de la doctrina de la Corte sobre la sentencia arbitraria y sólo evidencian el desacuerdo del condenado y de la recurrente con el mérito efectuado en la sentencia impugnada. Sin embargo, ese desacuerdo es insuficiente para tener la atención de la Corte, dado que ella no está llamada por esta vía para superar las meras discrepancias de las partes con lo resuelto por los tribunales (Fallos 326:613, 621,1458) sino a garantizar la vigencia de la Constitución; cuyo compromiso no es demostrado en las presentes (Fallos 326:107, 326:613, 621,1458). Por ende, en los términos del art. 15 de la ley 48, el recurso carece de fundamento suficiente y ello es un obstáculo insalvable para su concesión.