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Lesiones culposas, accidente de tránsito, exceso de velocidad, responsabilidad del conductor, revocación del sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LOPEZ, Fabián Jorge. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-25

La ley 24.449 establece en su artículo 39, inciso b, que "los conductores deben ... b) en la vía pública circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito", así como también que "en las autopistas, además de lo establecido para las vías multicarril, rigen las siguientes reglas: a) El carril izquierdo se utilizará para el desplazamiento a la máxima velocidad admitida por la vía y a maniobras de adelantamiento (...) los vehículos de pasajeros y de carga, salvo automóviles y camionetas, deben circular únicamente por el carril derecho, utilizando el carril inmediato a su izquierda para sobrepasos" (arts. 45, inciso e, y 46, inc. a).

Inclusive, dicha ley determina que "el desarrollo de velocidades superiores o inferiores a las establecidas, significará que el conductor ha desarrollado una velocidad peligrosa para la seguridad de las personas y en caso de accidentes la máxima responsabilidad recaerá sobre él" (art. 50, 2do. párrafo).

En las lesiones culposas, "...la esencia del delito culposo reside en la valoración sobre la clase y modo de ejecución de la acción (desvalor de la acción)... Se intenta determinar la relación entre la acción imprudente y el resultado, concluyendo que "el núcleo del tipo de injusto del delito imprudente consiste en la divergencia entre la acción realmente realizada y la que debería [haber] sido realizada en virtud del deber de cuidado que, objetivamente, era necesario realizar...".

Por tanto, si se encuentra comprobado que el imputado circulaba a una velocidad superior a la autorizada, corresponde revocar el sobreseimiento decretado y disponer su procesamiento en orden al delito de lesiones culposas (artículo 94 del Código Penal), lo que resulta procedente en esta instancia por mediar recurso de apelación habilitante (del voto del Dr. Bunge Campos al cual se adhirió el Dr. Elbert).
Cómputo de servicios, aplicación de la ley, licencia gremial, conservación del empleo, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: RUAU, ENRIQUE CARLOS c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-09

Las disposiciones de la ley 23.278 (de aplicación tanto a quien ocupa un cargo o empleo público como privado) no efectúa distingo alguno entre estabilidad propia o impropia, razón por la cual no puede considerarse como transitoria y que por su naturaleza no gozaba de estabilidad, la prolongada relación (en el caso, más de ocho años) que vinculó al peticionante con la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; máxime cuando la estabilidad en el empleo tiene raigambre constitucional (art. 14 bis C.N.)
Eximentes de responsabilidad, delitos, robo, fuerza mayor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ECO SATELITAL S.R.L. c/ R.F. TRANSPORTE S.A. s/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-08-30

La empresa demandada para eximirse de responsabilidad debió demostrar no solo el acto delictivo que le impidió entregar la mercadería trasladada a modo de "fuerza mayor", sino además que esa situación fue irresistible e inevitable, configurando un incumplimiento inimputable (arts. 170 y 172 CCom). Bajo esa perspectiva, quien pretendía desobligarse debía dejar expuestas las acciones de prevención del daño que materializó para cumplir con su obligación, ya que la circunstancia de un robo, no es en sí misma imprevisible, y en el caso de una empresa dedicada a la actividad de transporte y distribución, debe ser prevenida con medidas de seguridad idóneas.
Queja por apelación denegada, admisibilidad del recurso, designación del síndico del concurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Sevillano, Ana Maria c/  s/ quiebra s/queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-06

Corresponde conceder el recurso de queja contra la resolución que denegó la apelación de la designación del síndico en el cargo. Ello así, toda vez que la providencia es susceptible de causar gravamen en tanto refiere a la incorporación de la recurrente en la lista de síndicos titulares. Y no obsta a esta solución, la mentada aceptación del cargo, pues el error en la apreciación del modo en que fue designada, no aventa la existencia de un eventual perjuicio en su trayectoria laboral, lo cual no puede ser desatendido.
Acción de amparo, medidas cautelares, prejuzgamiento
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Rubiolo, Adriana Delia c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-29

Las expresiones del Sr. Juez de Primera Instancia en el sentido de que el dictado de la medida cautelar resultaría altamente oneroso en la eventualidad de que la demanda sea finalmente rechazada, en modo alguno pueden considerarse un adelanto de criterio por parte del sentenciante. Se trata simplemente de una evaluación de los intereses en juego en la especie, la cual, por otra parte, se revela pertinente a poco que se repare en que al analizar la concesión de una medida cautelar debe tenerse especialmente en cuenta el riesgo de provocar un perjuicio de entidad igual o superior al supuestamente generado por el acto calificado de lesivo. (Del voto de los Dres. Weinberg de Roca y Balbín).
Competencia por el territorio, certificado de defunción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M., J.A. s/ Sucesión Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-11-12

La partida de defunción no constituye por sí sola prueba suficiente a efectos de acreditar el último domicilio del difunto, para decidir si el juez resulta competente para entender en el sucesorio, sino que sólo sirve como antecedente susceptible de desvirtuarse por otros medios.
Pericia médica, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: SANRAME CLARA ENRIQUETA c/ EMPRESA DE TRANSPORTE OCA  S.R.L. s/ DEMANDA POR DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-07-03

Respecto a los porcentajes de incapacidad atribuídos, el perito se limita a decir que ha utilizado para la cuantificación de la incapacidad el método AFPES y la tabla estimativa de porcentajes, sin dar ninguna otra explicación sobre el particular que permita evaluar la corrección o razonabilidad de los porcentajes atribuídos, lo que hace insuficiente el informe pericial en este aspecto.-
Honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: NIZ DE JOBSON, BEATRIZ c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-09-09

En materia de honorarios profesionales corresponde indagar en cada supuesto el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esta circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable; en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación, que sólo agrega un reconocimiento y cuantificación de un derecho preexistente. Es a partir de allí que nace una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida o modificada por ley posterior sin agravio al derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional.
Recurso de apelación (procesal), honorarios, facultades de las partes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PESCADOR, Jorge Ricardo c/ BLOIS, Alejandra y/o responsable s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-05

Se ha dicho al respecto que " De acuerdo a las disposiciones de los artículos 874 y 1627, la intención de renunciar a los honorarios profesionales no se presume y al mismo tiempo en los servicios profesionales se presume onerosidad (C.N.Apel.Civil, sala B, Ufi Aguirre, Miriam I. C ATSA, 30/08/91, AR/JUR/1029/1991, La Ley Online).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad, derivación razonada del derecho vigente, leyes, interpretación de la ley, principio de legalidad, jueces, Estado Provincial, división de poderes, cómputo privilegiado de la privación de libertad, proceso penal, imputado, prisión preventiva, personas privadas de la libertad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: R., O. E. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Robo simple, homicidio. Aplicación   del dos por uno - Ley 24390 (Expte. CSJ Nº 802-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-15

Considerando que el derecho a la jurisdicción presupone el de obtener una decisión que se adecue razonablemente al ordenamiento jurídico vigente, resulta esencial interrogarse acerca de si el Tribunal a quo ha desbordado el límite de las posibilidades hermenéuticas, otorgando a las normas en cuestión una extensión incompatible con el principio de legalidad (artículo 18 de al Constitución Nacional) o si, por el contrario estamos ante una solución que resulta razonable o posible; y, más allá de su grado de acierto o error, la resolución del recurso en estudio exigirá, consecuentemente, determinar si los juzgadores al reducir la pena impuesta al recurrente por aplicación del cómputo previsto en el artículo 7 de la ley 24390, realizaron una interpretación razonable o si, por el contrario, modificaron la citada norma, atribuyéndole una inteligencia que desvirtúa o desnaturaliza su sentido arribando así a una decisión que directamente contradice o prescinde de la ley aplicable, lo cual importa, asimismo, una palmaria violación del principio de la división de poderes, fundamental en nuestro sistema republicano de gobierno, donde los jueces deben interpretar la ley, pero carecen de autoridad para reformarla o derogarla. Tal examen de constitucionalidad supone, ineludiblemente, contestar negativamente al siguiente interrogante: la reforma que la ley 24.390 introduce al artículo 24 del Código Penal, en cuanto al sistema de cómputo de la prisión preventiva, ¿es aplicable a los condenados que se encuentren cumpliendo condena en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia?. Dicho de otro modo, ¿cumple las exigencias mínimas que impone la adecuada satisfacción del derecho a la jurisdicción un pronunciamiento que extiende los efectos del artículo 7 de la ley 24390 a los condenados por sentencia firme al tiempo de la vigencia de la ley que continúan privados de su libertad?. (Del Voto del Dr.

Ulla al que Adhiere la Mayoría).
Doctrina de los actos propios, revisión judicial de actos administrativos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D'Anbar S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-16

Si existe un voluntario sometimiento a un régimen jurídico específico, no resulta procedente el procedimiento de su impugnación ulterior. Ello no implica en modo alguno dejar indefenso al contratista ante los avatares del alea económica, sino por el contrario, se trata en definitiva de distinguir entre quien tolera un régimen general que le es impuesto y quien aprovecha los beneficios que un régimen optativo le otorga, para luego pretender evadir las cargas que él correlativamente impone.(doctor Negri, sin disidencia)
Juez de instrucción, auto de procesamiento
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: N s/ JUEZ DE INSTRUCCION - PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-08-23

El art. 306 C.P.P. prescribe que uno de los requisitos que, bajo pena de nulidad, debe contener el auto de procesamiento, es una suscinta enunciación de los hechos, suficiente para concretar con precisión y claridad, las circunstancias relevantes en que el delito aparece consumado y la participación que se imputa (Velez mariconde, derecho procesal penal, t. Ii, pág. 464).

Conforme a ello si el Juez ha omitido toda referencia a la fecha en que el acusado se habría apoderado de la máquina de calcular,cabe concluir entonces en que se ha inobservado el art. 306 del C.P.P., pues al no consignarse las circunstancias de orden temporal, de indudable significación en el caso, el auto recurrido carece de la suscinta enunciación del hecho, que por imperio de la ley debe contener. Ello impregna al procesamiento dictado de atípicos ingredientes generadores de inseguridad procesal y por ello, directamente lesionadores de la suprema garantía defensiva a que alude la Constitución Nacional en su art. 18. Y esto resulta tan palmario, en tanto y en cuanto el imputado debe conocer con precisión los perfiles nítidos de la acusación como presupuesto necesario de la eficacia defensiva.-
Sistema integrado previsional argentino, cuenta de capitalización individual, derecho de propiedad, inconstitucionalidad, aportes voluntarios, Constitución Nacional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Goñi, Cristino Javier c/ Estado Nacional y otros s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-11

Sin perjuicio de señalar que la opción prevista en el art. 6 de la ley 26.425 no ha sido reglamentada hasta la fecha, lo que genera incertidumbre al respecto, tal premisa no puede condicionar la libre disposición de los fondos por parte de los beneficiarios. En efecto, la C.N. en su art. 14 prevé la obligación del Estado de otorgar los beneficios de la seguridad social, y en tal sentido los aportes al sistema son obligatorios e irrenunciables. Pero, en la medida que tal obligatoriedad ha sido superada, los montos excedentes constituyen un derecho patrimonial de los beneficiarios, cuya direccionalidad les compete directamente, no encontrando sustento constitucional la opción acotada establecida por la ley. Por tal razón, a quien es propietario de aportes realizados en forma voluntaria se le debe reconocer la libre disponibilidad de los mismos, porque media una reglamentación excesiva, al limitar su disposición, que colisiona con el principio de razonabilidad que establece el art. 28 de la C.N. (cfr. Juz. Fed. de 1ra. Inst. de la Seg. Social nº 1, "Arcal, Roberto c/ E.N. - M.T.E. y S.S.", sent. del 13.05.09). (Del voto del Dr. Poclava Lafuente).
Seguros, caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Izurieta Luis Jorge c/ Cooperación Mutual Patronal s/ Cobro de pesos-Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-18

La caducidad se halla constituida por la pérdida o decaimiento de un derecho del asegurado y correlativamente, a la liberación por parte del asegurador del pago de la indemnización de un siniestro correspondiente a un riesgo cubierto.-
Ejecución de sentencia, emergencia económica, ley de emergencia, facultades del Poder Legislativo, facultades del Poder Judicial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MILANO, ANTONIO c/ D.G.I. s/ INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Las leyes que aluden a emergencias son la expresión jurídica de un estado de necesidad generalizado cuya existencia y gravedad corresponde analizar al Congreso, de manera privativa, sin que los órganos judiciales puedan revisar su decisión ni la oportunidad de la medida que se escoja para remediar aquellas situaciones, siempre que los métodos resulten razonables
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, reglas de la sana crítica, abuso de autoridad
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: R, J O s/ ABUSO  DE  AUTORIDAD Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD EN CONCURSO  MATERIAL     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-27

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad intentado alegando un supuesto soslayamiento de lo relativo a la meritación realizada del plexo probatorio en desmedro de la sana crítica racional, atento que no se compadece con la realidad del fallo, de cuya simple lectura se infiere que la solución propiciada por la Cámara en orden a tener por configurada en la especie los tipos previstos en los artículos 248 y 144 bis del Código Penal, deriva razonadamente de la aplicación del derecho común a los hechos probados de la causa sin que pueda hacerse pasible de reproche constitucional alguno.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, distinta vecindad, domicilio real
Materia: PROCESAL
Carátula: Merlo, Lilian M. c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección de Hidráulica) (DPV.) Municipalidad Cap. Sarmiento ACRE S.A. y Furlong C. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

La "vecindad" exigida por el art. 11 de la ley 48 a los efectos del fuero es la constituida por la residencia caracterizada como domicilio real o voluntario conforme al Código Civil (arts. 89, 91 y sigs.) que no depende de declaraciones hechas por el interesado con fines electorales o de otra índole, ni de las certificaciones de autoridades públicas, sino de las circunstancias de hecho que permitan comprobarla con los caracteres que le ley exige: residencia efectiva y ánimo de permanecer.
Acción de amparo, ejercicio profesional, kinesiólogos
Materia: PROCESAL
Carátula: G., C. B. c/ IPROSS s/ AMPARO S/ APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-03-17

No se presenta una palmaria restricción a la garantía constitucional invocada, sino sólo diferencias de criterios respecto de cuál especialista es más idóneo para realizar las sesiones de kinesiología solicitadas.

En el caso, la mayor o menor experticia de los profesionales pretendidos por una y otra parte hace menester una prueba que excede el estrecho margen de la acción incoada, sin que hubiere merecido ninguna acreditación para que debamos inclinarnos por quien reclama el amparista (STJRNS4 Se. 136/13 "MENDEZ").

En el sub examine no se alega, mucho menos se prueba, que la pretendida atención sea la mejor y única manera de afrontar su dolencia Cf. STJRNS4 Se.

59/14 "BRONZETTI"). (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Tutela, satisfacción inmediata de la pretensión
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CAUCETE c/ Gazzo Andrés y Otro s/ Varios - Satisfacción Inmediata de la Pretensión
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-05-23

La prudencia judicial debe ponderar la urgencia y trascendencia del interés jurídico en peligro, sin perder de vista la prohibición constitucional de la indefensión, evitando que se lesione el derecho al debido proceso y el derecho de defensa de ambas partes.

A tal fin debe considerarse que debe tratarse de una pretensión no declarativa de derechos, y cuyo objeto resulte circunscripto de manera evidente a la cesación inmediata de conductas o vías de hecho, producidas o inminentes, contrarias a derecho según la legislación de fondo o procesal.

Es que el interés del postulante debe limitarse a obtener la solución de urgencia no cautelar requerida, sin extenderse a la declaración judicial de derechos conexos o afines.

Debe estar acreditada de una fuerte probabilidad de la existencia del derecho del solicitante de la medida, lo que implica una mayor exigencia que la representada por la "verosimilitud" propia de las cautelares típicas, como la demostración -prima facie- de la concurrencia de una situación urgente que de no ser conjurada puede irrogar un peligro de daño irreparable, y se podrá exigir a la parte solicitante una garantía suficiente, valorando motivadamente las circunstancias del caso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Concurso civil preventivo San Gustavo Sociedad en comandita por acciones c/ Cuello, Arturo y otro s/ Acción real. Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19|1984-08-28

Si bien la Suprema Corte ha decidido que si se trata del sentido jurídico de la norma que rige la regulación de honorarios, esto es de su interpretación, el análisis cabe holgadamente en el recurso previsto en el art. 149 inc. 4º "a", de la constitución provincial, cuando -como ocurre en el caso- se trata no ya de esa hipótesis sino de pronunciamientos que fijan el monto de los honorarios o determinan las pautas regulatorias seguidas, no procede su revisión en sede extraordinaria pues el art. 57, segundo párrafo del decreto ley 8904, establece que las regulaciones efectuadas por los tribunales que menciona, son irrecurribles.
Medidas cautelares, inhibición general de bienes, fianza, cumplimiento de la obligación
Materia: COMERCIAL
Carátula: LLOYDS  TSB  BANK  PLC c/ ESPOSITO,  ALDO s/ ORD.  S/ INC. DEAPELACION (ART. 250).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

Resulta improcedente que un banco solicite que se decrete la inhibición general de bienes de quien se constituyó en fiador cuando, -como en el caso-, se verifica que si bien en el pertinente contrato de fianza (instrumento privado mediante el cual aparece concertada la fianza lleva firmas certificadas por notario) se habría garantizado el cumplimiento de las obligaciones de la afianzada en favor del pretensor, sin embargo, la documentación arrimada resulta insuficiente al fin perseguido por el accionante, puesto que los resúmenes de la cuenta corriente abierta por la afianzada, constituyen papelería emitida unilateralmente por el reclamante, no subsumible, por cierto, en ninguna de las previsiones legales de los incisos del CPCCN art. 209
Régimen penal de la minoridad, recurso de revisión (procesal), procedencia del recurso, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: R, M.R. s/ RECURSO - REVISION SENTENCIA CONDENATORIA - MENORES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-15

Corresponde hacer lugar al recurso de revisión y dejar sin efecto la sentencia condenatoria impuesta al menor, absolviéndoselo en consecuencia por aplicación de lo dispuesto por el art. 4 de la ley 22.278, por cuanto surge de autos que la evolución del menor ha sido favorable, ya que se encuentra trabajando bajo la dependencia de su hermano mayor que lo aconseja y controla sus amistades y a quien obedece y respeta; se halla integrado al medio familiar.

En consecuencia puede considerarse que la vida del causante se ha encausado satisfactoriamente, superando los problemas de conducta que motivaron este proceso, razón por la cual corresponde que sea beneficiado con una solución liberatoria que ha de servirle de sano estímulo para que prosiga por el camino de la enmienda, que al parecer, ha comenzado a transitar.
Accidente de tránsito, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LEAL JOSE ARNULFO c/ SCHNNER JUAN C. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

Si el demandado por daños y perjuicios admitió que la sociedad a quien se atribuye la propiedad del colectivo es inexistente, que él es propietario de la empresa, y que el vehículo es de la sociedad fantasma en cuestión, transitivamente se ha reconocido una propiedad de la cosa que no puede venirse luego a negar, siendo su legitimación pasiva indudable, y acertada la sentencia en tanto lo condena (Código Civil, art. 1113).