marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Convenios colectivos de trabajo, aplicación de la ley previsional
Materia: PROCESAL
Carátula: SUPINO, IRMA NEFI Y OTROS c/ ENTEL. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-06-29

Al concertar un convenio colectivo, la asociación profesional tiene en mira favorecer y proteger a los trabajadores de la actividad. Pero dicha protección no se agota necesariamente en lo referido al salario y a las condiciones de trabajo a que deben someterse los contratos individuales, también puede proyectarse hacia el estado pasivo del trabajador. No resulta entonces evidente que una estipulación de tipo previsional se encuentre excluída del ámbito propio de una convención colectiva, por lo que las contiendas que se susciten quedan incluídas en la normativa del artículo 20 de la ley 18345. (En disidencia votó el Doctor Antonio Vazquez Vialard).
Jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, reducción del beneficio, derecho de propiedad, confiscatoriedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALVAREZ, RODOLFO s/ JUBILACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-01

Si bien la Corte confirmó en la causa que se cita la resolución de la alzada que había considerado confiscatoria la reducción del haber que superara el 30%, tal decisión no importó convalidar ese porcentaje como pauta definitiva para evaluar las consecuencias de los cambios de sistema de movilidad de los beneficios. Tal conclusión se impone, pues las modalidades de cada caso han de servir como indicios decisivos para demostrar si media o no el agravio que se invoca, siendo particularmente relevante la consideración de las fluctuaciones económicas por las que atraviesa el país y, desde ese ángulo, sin perder de vista que -es el caso- el peticionario obtuvo un beneficio que le aseguraba el 82%, móvil, del sueldo que percibiría el agente en actividad del mismo cargo, corresponde aceptar que la reducción convalidada en autos, derivada de la aplicación del sistema de coeficientes, se presenta como irrazonable, por excesiva.
Excarcelación, caución real, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Doris Norla Paredes Silva s/ Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-09-30

El instituto de la caución real debe ser utilizado con sentido restrictivo y basándose en parámetros que surjan de autos y que sean los previstos por la norma específica (Art. 382 Ley Nro. 1.638). No debemos perder de vista que la "peligrosidad" a que hace referencia la norma citada, es a la especie "peligrosidad procesal" en cuanto haya circunstancias objetivas que fundadamente hagan presumir que el solicitante ha de evadirse de la acción de la Justicia, tornando ilusorio el presunto pronunciamiento a dictar. La prudencia que se recomienda, se halla vinculada a que un uso abusivo de este Instituto de la libertad caucionada realmente, torne en algunos casos virtual la excarcelación concedida, prolongando el cautiverio por razones estrictamente económicas, cuando por otra parte su estado de sospecha no alcanza a un grado tal que de por conformados los requisitos del art. 366 del adjetivo.
Facultades de la Municipalidad, facultades tributarias municipales, elaboración de productos alimenticios, Salud pública, control de productos alimenticios
Materia: SALUD PUBLICA-TRIBUTARIO
Carátula: Granja Tres Arroyos SACAFEI  c/ Municipalidad de Río Cuarto  s/ acción meramente declarativa de Derecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-03

La creciente sofisticación de las técnicas de elaboración alimenticia exige como condición de validez a los municipios que pretendan ejercer el contralor -y, eventualmente, percibir una tasa-, actualizar y desarrollar sistemas de fiscalización que impliquen una verificación científica orientada a la protección efectiva de la salud pública; en caso contrario, la competencia local, legítima cuando se funda en la prestación de un servicio de igual carácter, se convierte en una excusa con meros fines recaudatorios (Voto de los jueces Rosatti y Maqueda).
Accidente de tránsito, peatón distraído
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sequeira, Faustino c/ Benesperi, Humberto J. S. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-10

Si el peatón en horas de la noche, con luz artificial que no posibilita la misma visibilidad que la luz natural, fuera de la senda peatonal, cuando el tránsito tenía habilitado el paso por la luz verde del semáforo, teniendo él vedado el paso por tener a su frente el semáforo con la luz roja, se lanzó "corriendo" al cruce de una avenida de intenso tránsito de vehículos, en el cual existían tres vehículos que ocupaban íntegramente el ancho de la mano de circulación, son circunstancias que en su conjunto ponen en evidencia una conducta en extremo imprudente y temeraria por la peligrosidad que presentaba el cruce en las condiciones aludidas, por lo cual no puede sino admitirse que el peatón ha sido el único y exclusivo culpable en la producción del hecho ilícito, al no haber obrado de acuerdo a lo que exigían las circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de adecuar la conducta a lo que le imponían las normas reguladoras del tránsito (arts. 512 y 902 Cód. Civil; 71 inc. 1 y 76 inc. 1 Ley 5800).
Sanciones conminatorias, astreintes
Materia: CIVIL
Carátula: LEIVA, Francisco R. y OTROS c/ E.N. s/ EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-19

Las astreintes son un medio de compulsión al deudor para que cumpla con las resoluciones judiciales. Se trata de sanciones procesales impuestas a título condicional y como medida de coacción sicológica destinada a vencer la resistencia del obligado, que si bien benefician a la parte interesada, se dirigen a salvaguardar la vigencia del principio de autoridad y de justicia. Cumplen una doble función conminatoria y sancionatoria.
Recurso de apelación (procesal), competencia previsional, ejecución de sentencia, competencia por la materia, segunda instancia, fallos de la Corte Suprema, acordadas
Materia: PROCESAL
Carátula: AVALOS, Yolanda c/ INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL s/ ejecución previsional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-12

La Resolución n° 14 del 11/5/95 pronunciada por la Cámara Federal de la Seguridad Social ha sostenido la competencia de ese fuero para conocer en la segunda instancia en las apelaciones deducidas en expedientes de ejecución de sentencias dictadas por dicha Cámara y que tramitan por ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo. Esta interpretación se compatibiliza con el criterio de asignación de competencia en función de la especialización que procura asegurar una mejor administración de justicia (Conf. CSJN "Colegio Público de Abogados de la Capital Federal C/ Martínez Echenique" 1/9/92) y con la inteligencia que surge de la Acordada 75/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cual, en los términos de la ley 24655 sólo desplaza la competencia material en la temática que refiere de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social a sus similares del Trabajo, pero en modo alguno lo extiende a los de Segunda Instancia.(Del dictamen de la SGT n° 23584 del 17/10/97, al que adhiere la Sala).
Recurso de queja (administrativo), empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Carracedo, Hugo Luis s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" y su acumulado expte. nº 2578 "GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" ambos en: "Carracedo, Hugo Luis c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) inconstitucionalidad denegado" y su acumulado expte. nº 2578 "GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" ambos en: "Carracedo, Hugo Luis c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-20

Al prever la norma un reescalafonamiento de quienes "prestan servicios en el ámbito de la Procuración General" al 1 de julio de 1994 con su aplicación agotó su vigencia normativa, que se materializó en la reubicación de los agentes listados conforme lo ordenado en el art. 2 del decreto 922/94, que dio origen a la resolución 178 DGRH-94.

En consecuencia, al no prestar servicios el actor en la dependencia comprendida en el decreto a la fecha de su aplicación, debe atenerse a las pautas previstas en los regímenes generales.
Recursos, recurso de apelación (procesal), monto de la demanda
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARLOS  ALBERTO  SOSA  Y  OTRA c/ ALAVECINO HECTOR A. S/ EJECUTIVO S/ QUEJA. s/ TERCERIA  EN AUTOS BBVA BANCOFRANCES C/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-09

Siguiendo el temperamento del Alto Tribunal en el precedente del 10/11/92, in re "Koch" (Lexis Nexis, n° 2/4342, JA 1993-III, pág. 486, Fallos 315:2679 ) se ha puntualizado que el gravamen de los apelantes queda configurado por el monto "disputado en último término", el cual no necesariamente se condice con la cuantía económica involucrada en la demanda (cfr. 28/12/09, "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Guastella, Sebastián Antonio s/ ejecutivo"; íd. 24/8/10, "Insua, Alicia Beatriz s/ quiebra s/ inc. de revisión por AFIP-DGI s/ queja", entre muchos otros). Al amparo de tal criterio interpretativo, debe ponderarse que el monto por el que trasunta el agravio -en el caso- resulta inferior al límite de apelabilidad establecido por artículo 242 Código Procesal, -$ 18.000- que, a la fecha en que fue interpuesto el recurso ascendía a $ 20.000. Por otra parte, no se aprecia que la solución adelantada pueda provocar, en el particular, una situación de frustración del derecho a obtener una respuesta expedita por parte del órgano jurisdiccional (conf. 14 y 43 CN), puesto que han ofrecido un bien a embargo para satisfacer la fianza exigida por el artículo 98 Cpr. Disidencia de la Dra. Tevez:. El monto comprometido en el recurso debe vincularse necesariamente con el valor del bien que es objeto de la tercería, que es el parámetro que definirá la audibilidad del recurso conforme la previsión del art. 242 Cpr (conf. "Lissman, Carlos s/ Tercería de dominio en Lloyds TSB Bank PLC c/ Welschen Héctor y ot. s/ ejec.).
Costas, exención de costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Aníbal Nogueira y otros s/ Sumario por Cobro de Dólares Estadounidenses
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-08-17

Como ya lo tiene dicho reiteradamente esta Sala, el artículo 65 del Código Procesal Civil y Comercial ha receptado el principio generalmente admitido por la doctrina y jurisprudencia de que el fundamento de la imposición de las costas es el hecho objetivo de la derrota.La excepción consagrada en el segundo párrafo de dicha norma, ha de ser de aplicación e interpretación restringida, para evitar desnaturalizar las fundadas razones que tuvo el legislador para sentar el principio general. Ello así, la doctrina en general entiende como suficiente el exhibir una "razón probable para litigar" para eximirse de la imposición de costas.
Alimentos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Bangher, Leticia Beatriz c/ Carlos Alberto Vesconi s/ Alimentos. Bangher, Leticia Beatriz c/ Carlos Alberto Vesconi s/ Alimentos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-29|1996-02-29

La cuota alimentaria no puede prescindir de la realidad económica del alimentante, así como tampoco su fijación puede realizarse con abstracción de dicha circunstancias determinantes de las necesidades que se pretenden satisfacer, tales como la edad, condición de los alimentos, etc.. Cuando los ingresos del demandado provienen de su trabajo sin relación de dependencia, la presunción de su caudal económico se hace imprescindible, toda vez que no es posible aportar pruebas directas de lo que percibe según su actividad. Surge así, la necesidad de contar con elementos mínimos que permiten inferir su situación patrimonial, y además que resulta evidente que la labor judicial tendiente a la determinación de la cuota alimentaria, está dotada de características propias e inherentes al proceso alimentario, que permite a los jueces, en los casos donde hay ausencia de pruebas directas tendientes a la demostración de los ingresos del alimentante, estarse a lo que resulte de los indicios o pruebas indirectas o presuntas, que den una idea aproximada del caudal económico del obligado al pago de la pretensión alimentaria.
Quiebra, conservación y administración de los bienes, fondos del concurso, bonos externos
Materia: COMERCIAL
Carátula: KESTNER  SACIFIA s/ CONC.  MERCANTIL  LIQ.  ACTUACIONES PARA ELEVACION A LA EXCMA. CAMARA   PROM. POR BANCO CENTRAL DE LA REP. ARG.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-15

El quantum que corresponde restituir a la quiebra con motivo del deposito de ciertos fondos en una entidad bancaria oficial, se refiere a fondos y no a títulos de la deuda pública (bonos externos 1989), siendo por ello válidas las disposiciones de la corte suprema que decidió "que corresponde sean restituidos a la quiebra los fondos invertidos en la compra de los títulos en cuestión, con la cantidad que resulte de calcular la depreciación de la moneda desde que esas sumas fueron indebidamente afectadas por la aplicación del régimen de emergencia, que alteró los efectos de las operaciones concertadas. En tal caso, el comienzo del cómputo de la desvalorización monetaria es la fecha fijada en el decreto 36/90 para determinar la existencia de las obligaciones alcanzadas por el régimen de excepción (dec. 36/90: 3.)", CSJN, "Kestner SA s/ conc.

Mercantil liq. S/ inc.", 24.5.93.
Recurso extraordinario, ley federal, interpretación de la ley, decretos
Materia: PROCESAL
Carátula: Machado,  Pedro  José Manuel c/ E.N. - Mº de Justicia s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-05

Es formalmente admisible el recurso extraordinario si está en juego la interpretación de normas de naturaleza federal -decretos 2260/91, 2505/91, 756/92 y 2807/93- y la decisión recaída ha sido adversa al derecho que el recurrente funda en ellas.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, juicio ejecutivo, excepción de incompetencia, acción cambiaria, títulos ejecutivos, contrato de obra pública, jueces, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Ingeniero Pell Construcciones S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecutivo (Expte CSJ Nº 713-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-06

No puede prosperar el planteo del recurrente consistente en que los pagarés emitidos por entes públicos serían títulos ejecutivos de imposible ejecución, "por la sola circunstancia de tener como causa un contrato administrativo". Es que no fue precisamente "la sola circunstancia" de la existencia de un contrato de obra pública subyacente el punto que generó la ordinarización del juicio, sino la discusión sobre un complejo cúmulo de cuestiones -vinculadas, sí, con aquel contrato- pero que superaban ampliamente su sola existencia, tales como las referidas a los términos en que se habían refinanciado diversas deudas contractuales, a la legitimidad de los actos en los que se fundaban los títulos, a las condiciones mismas en que esos títulos habían sido emitidos, etc., habiendo admitido la propia actora no sólo que se discutiera sobre esos extremos, sino que también, mediante su conducta procesal, generó materia de debate y decisión para los jueces intervinientes. Conclusión de lo expuesto es que, en las condiciones del caso, era obligado para los jueces pronunciarse sobre la causa de la obligación y, en general, sobre muchos otros aspectos cuya dilucidación claramente constituye ejercicio de jurisdicción contencioso administrativa. Haberla ejercido, sí habría importando violación al juez natural. (De los Fundamentos del Dr. Gutiérrez)
Tribunal administrativo, recurso de apelación (procesal), revisión judicial de actos administrativos, control de legitimidad
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Productos La Vascongada  S.A. s/ ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

Las facultades que la ley 11.683 otorga al juez administrativo se entienden como conferidas a los magistrados judiciales atento el carácter del recurso instituido por el art. 78 bis de dicha ley, comprensivo de la revisión del acto administrativo sancionatorio y del control de legitimidad que le compete a los jueces ordinarios, en la especie, referido a la denominada "proporcionalidad" del acto respecto de la finalidad propuesta en la ley.
Reajuste jubilatorio, liquidación, impuesto a las ganancias, beneficios previsionales, período fiscal de liquidación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fagioli, Carmen Ana c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-22

La ley 20.628 establece que deberá retenerse el impuesto a las ganancias a las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal (arts. 18, 20, 73 y cc). Sin embargo, siendo la cuestión a dilucidar si le corresponde aportar al titular -teniendo en cuenta los mínimos no imponibles- respecto de las retroactividades que percibe, es de señalar que la Res. 213/00 estableció la imputación de las sumas resultantes de la liquidación de sentencias judiciales en concepto de capital, según las fechas en que hubieren sido devengadas, a los fines del cálculo del Impuesto a las Ganancias regulado por la ley antes referida (t.o. por ley 25.057), correspondiendo respecto de los intereses reconocidos en sede judicial, la afectación según el ejercicio fiscal de su percepción (art. 1), y aclarando que ello no obsta al ejercicio de la opción del titular del beneficio de jubilación o pensión por la elección de la imputación del capital según el ejercicio fiscal de su percepción. Es decir que, al momento de poner al pago las sumas retroactivas, el organismo previsional deberá analizar sobre el monto total de las mismas, lo que hubiera correspondido deducir por cada período devengado, y si cada una de esas sumas agregadas al haber mensual alcanzarían la cifra establecida por la norma para ser sujeto de retención. Ello en virtud que la imputación de las sumas resultantes de dichas liquidaciones deberá efectuarse según las fechas devengadas y no en concepto de lo percibido (cfr. art. 7 y cc. de la Res. Gral. 2437/08). (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, honorarios del perito, honorarios del abogado, aplicación analógica de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: BANCO "EL HOGAR DE PARQUE PATRICIOS" c/ AUTOMOTORES AVENIDA s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que prescindió de aplicar las previsiones contenidas en el arancel específico para peritos calígrafos (arts. 29 y 30 de la ley 21.243) sin que tal omisión se subsane con la referencia a otra norma cuya aplicación analógica se sostuvo (art. 33 de la ley 21.839) ni se excusa con la mención a una adecuada relación entre los honorarios de los profesionales del derecho y el auxiliar de la justicia mencionado, toda vez que tal correspondencia no ha sido ignorada por el legislador, cuyas atribuciones el a quo se arrogó.
Libertad asistida, Ley de Ejecución de Pena Privativa de Libertad, progresividad del régimen penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: Porqueres, Walter Fabián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-22

El voto concurrente agregó que la intención del legislador al incorporar el instituto de la libertad asistida, ha sido la de evitar que un condenado obtenga la libertad por agotamiento de la condena sin haber pasado previamente por un periodo de libertad bajo ciertas condiciones, para ello, la ley de ejecución de la pena, en su artículo 6º, consagra el principio de la progresividad (que es una de las formas en que se materializa el mandato constitucional de "readaptación social"). (Dres. Figueroa y Hornos).
Desindexación, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARRIZO MANUEL ANTONIO c/ OSCAR ALFREDO TORALES Y OTROS s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-09

La ley 24.283, puede ser aplicada a pedido de parte y nunca ex -officio por los Tribunales. Es que estamos frente a una verdadera pretensión (desindexatoria) que como toda pretensión debe ser propuesta por la parte interesada. Por otro lado, se deberá respetar el principio de bilateralidad, abriéndose un incidente en el cual seguramente se deberán ofrecer pruebas tendientes a acreditar el valor real, actual de la cosa o bien. En esta tarea muchas veces será necesario recurrir a la opinión de los expertos contables, en tasación o ingenieros financieros. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARAY HNOS.SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO DE AMPARO"
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-19

Ante la renuncia del apoderado de la actora a la caución ofrecida como contracautela de la cautelar decretada se intimó al actor, bajo apercibimiento de ley, a sustituir la misma sin que dicho acto se hubiera verificado; con lo cual se debe entender pues que la cautelar de referencia ha quedado sin uno de las exigencias que habilitan su concesión.-
Alimentos, sanciones conminatorias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Q.de S.M. c/ S.O. s/ Alimentos - Litis expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-17

En materia de alimentos no hay razón para supeditar la aplicación de astreintes al fracaso o esterilidad de otras pedidas encaminadas al cumplimiento del deber incumplido por el alimentante, como podrían ser las propias del procedimiento de ejecución de la obligación incumplida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Participación necesaria, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Bertoncelo, Margarita Irene; Chiri, Julio Santiago; Andino, Aldo Alberto s/ Homicidio agravado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Las presunciones que no pudieron invocarse con vistas a la calificante de "por precio o promesa remuneratoria" (art. 80 inc. 3, C.P.) son en cambio hábiles para acreditar que las entregas de dinero efectuadas por la procesada -cuya existencia como hechos probados no fue cuestionada- constituyeron una cooperación "necesaria" (art. 45, C.P.) que acreditan su carácter de partícipe primaria o necesaria en el homicidio simple (art. 79, C.P.).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Valor, Víctor Hugo s/ Violación. Robo calificado. Privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Es insuficiente el agravio relativo a la utilización de los dichos de un testigo si la Cámara fundó con ellos una presunción y el recurrente no enjuicia tal conclusión ni vincula sus argumentos con las normas que regulan este tipo de prueba.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, fundamentación del recurso, fundamentación suficiente
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Electores  y  apoderados  de  los partidos Justicialista,Unión civica Radical y Democracia Cristiana s/ nulidad de elección de Gobernador y Vicegobernador.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

El recaudo de fundamentación autónoma del escrito de interposición del recurso extraordinario no constituye una formalidad vacía de contenido que pueda pasarse por alto por la circunstancia de que el tribunal estime que así lo justifique la importancia de la causa, puesto que constituye el escrito introductorio de la instancia cuyos alcances limitan la jurisdicción de la Corte.