Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-23


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17.693 EXPTE. N° 41.850/2010. SALA IX. JUZGADO N° 77.

En la ciudad de Buenos Aires, el 23 de marzo de 2012, para dictar sentencia en los autos: "ROVIRA VIVIANA GLADYS C/CONSOLIDAR A.R.T. S.A. S/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL", se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I. La sentencia de primera instancia de fs. 156/8 que hizo lugar en lo principal a la demanda, ha sido apelada por las partes actora y demandada, a mérito de los recursos que lucen agregados a fs. 195/7 y fs. 198/207, respectivamente. Hay réplica de las contrarias, a fs. 210/1 y fs. 212 y vta. en ese orden. Los letrados de la parte actora, recurren sus honorarios por considerarlos exiguos (v. fs. 194).

II. El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, de prosperar mi voto, no ha de tener resultado positivo.

Dicha parte, en su primer agravio, sostiene que se omitió considerar el pago efectuado por prestaciones dinerarias de conformidad con la incapacidad determinada por la comisión médica y solicita el descuento de lo percibido por dicho concepto. Esta queja ha de ser desestimada ya que la cuestión señalada no fue introducida de manera oportuna por la parte interesada, por lo que su tratamiento en esta instancia resultaría innovativo y contrario al principio de congruencia y al derecho de defensa en juicio (arts. 277, CPCCN y 18 de la Constitución Nacional). No soslayo que si bien la demandada ofreció como punto pericial contable que se determine si se le otorgó a la reclamante prestación dineraria a raíz del infortunio reclamado (v. fs. 43/vta.), dicha prueba fue declarada innecesaria por la Sra. Jueza de Grado (v. fs. 51/vta.) extremo que arriba firme a esta alzada, de modo que sugiero confirmar este aspecto del decisorio de la instancia anterior.

III. Luego se agravia la demandada porque se declaró la inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1694/09 en cuanto limita su aplicación a las consecuencias dañosas derivadas de infortunios producidos a partir de su vigencia y consecuentemente se condenó a la demanda a abonar las prestaciones indemnizatorias referidas en la sentencia a fs. 183/191.

Este agravio no ha de prosperar.

Digo ello por cuanto resulta acertado, y en mi opinión no ha sido rebatido por lo argumentado en el recurso, lo establecido por la Sra. Jueza "A quo" en cuanto a que si bien el accidente se produjo con anterioridad a la publicación del decreto 1694/2009 debe tenerse presente que las prestaciones derivadas del hecho dañoso aún se encuentran pendientes de producción, de acuerdo al correcto análisis efectuado en la anterior sede.

De conformidad con lo resuelto acertadamente en la sentencia de Grado (v. fs. 186/7) con cita de un antecedente de la Sala II de esta Cámara y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Camusso, Vda. de Marino, Amalia c/Perkins SA" ".con arreglo a lo dispuesto en el art. 3° del Código Civil no implica retroactividad la inmediata aplicación de una norma (.) a una relación jurídica existente, si al entrar en vigor aquélla, no se había satisfecho el crédito.".

En dicho marco, tampoco se desvirtuó lo resuelto en lo atinente a que la ART demandada deberá resarcir las consecuencias dañosas de acuerdo a lo establecido por el decreto 1694/09 pues, en la medida que no fueron canceladas en forma inmediata al infortunio, deben ser calculadas con fundamento en el nuevo régimen normativo establecido en el decreto aludido.

Por lo expuesto, sugiero confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1694/09 en tanto limita su aplicación a las consecuencias dañosas derivadas de infortunios producidos a partir de su vigencia.

IV. El agravio articulado por la demandada en relación con el cálculo del ingreso base tenido en cuenta en la sentencia de Grado a los fines del cómputo indemnizatorio practicado en el decisorio de origen, tampoco ha de prosperar.

Digo ello por cuanto el disenso en cuestión no cumple con el requisito de la debida fundamentación previsto en el art. 116 de la ley 18.345, lo que sumado a que en la queja no se indica cuál sería la medida del agravio debido a que la recurrente no dice cuál sería el ingreso base que debería tenerse en cuenta el lugar del cuestionado, me lleva a confirmar la sentencia de primera instancia en el segmento objeto de debate.

V. El recurso articulado por la parte actora en cuanto a que se aplicaron intereses recién a partir de la fecha de interposición de la demanda y no a partir de la fecha del infortunio, en mi opinión, ha de prosperar.

Ello es así pues durante el tiempo transcurrido entre el nacimiento del derecho y el momento en que éste es reconocido administrativa o judicialmente se devengan intereses compensatorios que deben ser soportados por el deudor ya que una interpretación contraria implicaría beneficiar a la deudora a costa del acreedor, en este caso, la trabajadora, por lo que en este marco discrepo con lo resuelto en la instancia anterior y en consecuencia, se han de aplicar intereses a partir de la fecha del accidente (17/10/2008) y hasta su efectivo pago.

A todo evento, es dable señalar que en el presente caso, la declaración de inconstitucionalidad tiende al reconocimiento de un derecho que debe ser ejercido en forma amplia. Aún cuando en este voto se propone confirmar el progreso de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 16 del decreto 1694/09, por el fundamento expuesto recientemente se arriba al mismo resultado en lo relativo a la fecha a partir de la cual se aplican los intereses.

VI. Finalmente, la demandada apela la totalidad de los honorarios fijados a la representación letrada de la parte actora y al perito médico por considerarlos elevados. Los letrados de dicha parte, recurren los suyos por entenderlos reducidos.

Teniendo en cuenta el mérito, labor e importancia de los trabajos profesionales desarrollados, evaluados en el marco del valor económico del litigio, constituido en la especie por el capital e intereses de condena, entiendo que los honorarios fijados a la representación letrada de la parte actora lucen adecuados y los regulados al perito médico no son altos, por lo que propicio confirmarlos (conf. arts. 6, 7 y concs. de la ley 21.839 y 38 Ley Org.).

VII. En consecuencia, las costas de alzada se han de imponer a la demandada vencida (conf. art. 68 del CPCCN). A tal fin, por los trabajos profesionales efectuados en esta alzada, sugiero regular a la representación letrada de cada una de las partes por los trabajos efectuados en esta alzada, en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir a cada parte, por los trabajos desarrollados en la instancia anterior (conf. art. 14, ley 21.839). El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto precedente.

El Dr. Gregorio Corach no vota (art. 125 de la L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de primera instancia en lo que decide sobre la fecha a partir de la cual se han de aplicar los intereses los que correrán a partir del momento del accidente (17/10/2008) y hasta su efectivo pago; 2) Confirmar la sentencia recurrida en lo demás que decide y ha sido materia de apelación; 3) Imponer las costas originadas en esta alzada a la demandada; 4) Regular por los trabajos profesionales efectuados en esta sede, a la representación letrada de cada una de las partes, el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir a cada una de ellas por las labores realizadas en la anterior sede.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Ante mí: