marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aplicación temporal de la ley, reglamentos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PAVITEC s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-11

El período de "vacatio legis" establecido por el art. 108 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, tiene una importante finalidad: la de que conozcan las normas quienes tienen que aplicarlas y los interesados en su aplicación.

Cuando se trata de normas emanadas de la propia Administración normalmente parte en las relaciones que regula- la posibilidad de suprimir la "vacatio legis" amenaza seriamente una garantía tan conveniente como es la de que los particulares interesados dispongan de un plazo adecuado para conocer lo que deben cumplir.

Por ello toda interpretación que se aparte del principio general establecido por el art. 108 debe ser restrictiva. A no ser que expresamente y en forma indubitable el acto de alcance general determine otro plazo, la fecha de vigencia del mismo es a los ocho días de su publicación.

En el caso, el art. 2 del dec. 1938/79 expresa: "Los contratistas...

deberán hacerlo dentro de los sesenta días hábiles contados a partir de la fecha...". Siendo que el acto tiene vida jurídica independiente de su publicación, desde que ésta solamente afecta a la vinculación o sujeción del particular al acto, más no a la existencia de éste, no cabe duda que la intención de la Administración fue contar los sesenta días a partir de la fecha de existencia del acto, desde que éste se perfeccionó -lo que es distinto a su eficacia- y ello ocurrió, tal como lo menciona el propio decreto el 9 de agosto de 1979.

No puede ser otra la interpretación, toda vez que la única fecha que aparece en el texto es la indicada; si, en cambio, hubiera querido referirse a la fecha de publicación así debió consignarlo.
Regulación de honorarios, base regulatoria, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: REPRESENTACION BELGRANO  S.R.L. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ HONORARIOS  -  ESTIMACION  POR  FALTA DE INDICES - BASE REGULATORIA -  INCIDENCIA,  INSUSCEPTIBLE  DE  SER    EQUIPARADA   A  UN  INCIDENTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-22

No cabe contabilizar en la base regulatoria los intereses devengados durante la sustanciación del proceso, pues a este respecto resulta aplicable la jurisprudencia de esta Cámara que los había excluido por ser ellos el resultado de una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad de los profesionales, jurisprudencia compartida por la Corte Suprema in re "Gobierno Nacional (Ministerio de Defensa) c. Della Valle de Palma, Josefa", de 25.10.85, LL., 1986 B,540,f.84.823.
Procedencia del recurso, queja por denegación del recurso extraordinario, remisión del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia del Chubut c/ A., D. G. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-03-22

Procede hacer lugar a la queja por denegación del recurso extraordinario, remitiendo los autos a la Oficina Judicial a fin de que el Tribunal actuante emplace a las partes y proceda según el trámite respectivo -CPP de la Provincia de Chubut, art. 388-, ello pues, el recurso desestimado posee fundamentos adecuados, lo cual significa que era apto para superar el examen preliminar acerca de su admisibilidad.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Granday, Fernando Daniel c/ Unión Transitoria de Empresas Alesia-Suipacha y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-02

Teniendo en cuenta que la víctima a la fecha del accidente tenía treinta y nueve (39) años de edad; que es de modesta condición económica, como que litiga con beneficio de pobreza; que trabaja por horas como doméstica en casas de familia, y que como consecuencia del accidente ha sufrido una incapacidad parcial y permanente del veinte (20) por ciento de la total, resulta justo y razonable fijar la indemnización por este rubro en la suma de A 7.500.000 al 31/I /90.
Locación, depósito en garantía, obligaciones en moneda extranjera, teoría de la imprevisión
Materia: CIVIL
Carátula: SUAREZ, ROSA CLARA c/ VILL PELL  S.C.A. s/ RESTITUCION DE DEPOSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-02

Si se admite expresamente que se recibieron dólares como depósito en garantía de la locación, no puede entonces invocarse la prohibición de exigir la garantía en moneda extranjera que dispone el art. 4 de la ley 23.091, cuando se ha aceptado y posiblemente impuesto que el depósito se hiciera en moneda extranjera. Si se percibió la suma en dólares para garantizar el cumplimiento de las cláusulas del contrato de locación, por tratarse de un depósito irregular, debe restituirse otro tanto de la suma depositada u otro tanto de la cantidad de cosas depositadas (art. 2220 Código Civil).

De acuerdo con lo preceptuado por el art. 617 del mismo código, en el caso de obligación de dar moneda que no sea de curso legal en el país, debe considerársela como obligación de dar cantidades de cosas, regida por los arts. 606 y sgtes. del código citado.

Carece de relevancia la proporción que señala la ley 23.091 en su art. 7, inc. b, entre la garantía y el importe de un mes de alquiler por cada año de duración de la locación, toda vez que los dólares fueron entregados y no se discute si es exigible o no la garantía, sino de devolver el importe cuando se ha concluido el contrato en cuya garantía se realizó el depósito.

Saldrá mucho más oneroso el cumplimiento para la locadora ante la notoria alza de la cotización del dólar pero eso es producto de la conducta asumida y del carácter aleatorio que implicaba contraer obligaciones en moneda extranjera, en razón del probable encarecimiento de la moneda estadounidense, que no es más que consecuencia de la paralela depreciación de nuestro dinero. Esta realidad es la que lleva comúnmente a utilizar en los contratos la moneda extranjera, como forma de mantener una estabilidad en las prestaciones. No puede entonces alegarse la imprevisión cuando se trata de devolver el depósito, porque no se dan las condiciones que exige el art. 1198 del Código Civil. Precisamente, la previsión de que el proceso inflacionario reduciría el valor de lo depositado, llevó a depositar moneda estadounidense y no puede entenderse como extraordinario, la producción de aquéllo que habría provocado las previsiones contractuales.
Prescripción adquisitiva, legitimación pasiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mollar Alberto c/ Rosemberg Leon s/ Posesión veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Si quien resulta demandado en el juicio de usucapión no es titular registral del bien que se pretende usucapir, carece de la cualidad necesaria para sostener la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión accionada, con prescindencia de su fundabilidad.
Desistimiento, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: J. B. P. M. S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-08-03

"Cuando un litigante se allana o desiste su letrado carece de derecho a un honorario, con independencia del que le corresponda por su intervención en el juicio, según las etapas cumplidas hasta que su parte decidió desistir o allanarse".
Acción de amparo, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: LEZANA EDUARDO Y OTRO c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-22

No es admisible que se resuelva en un proceso de amparo la indemnización reclamada por el actor en la demanda. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad del abogado, obligaciones del abogado
Materia: CIVIL
Carátula: A., M. L. c/ C., G. A. s/ SUMARIO (rendición de cuentas)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-18

Cuando al abogado se le encarga una gestión, el vínculo jurídico principal sigue siendo el de la locación de servicios operando el mandato como un vehículo para la concreción del servicio, sólo que en este caso existirán además deberes y obligaciones encomendadas al abogado para el cobro de los documentos comerciales entregados en la confianza propia del cliente hacia su letrado, lo que no se ve conmovido por las declaraciones testimoniales a las que hace referencia el demandado, ya que no aportan indicios que lleven a concluir otra situación distinta.
Juicio unipersonal, fundamentación insuficiente, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Roldán, Brian Marcelo y otro c/  s/ encubrimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-31

Es inadmisible el cuestionamiento relativo a la integración unipersonal del tribunal a quo -de conformidad con lo establecido por la ley 27.308-, en tanto carece de una fundamentación adecuada y suficiente, a punto tal que aparece estructurado sobre la base de una alegada violación al principio constitucional de legalidad sin que el impugnante se haya hecho cargo, ni siquiera mínimamente, de la cuestión vinculada al carácter puramente procedimental de lo establecido por la norma, así como tampoco ha logrado alcanzar una sustanciación suficiente en torno a la pretendida violación del principio fundamental del "juez natural" que, dogmáticamente, afirma quebrantado, pues no explica por qué razón el juzgamiento llevado a cabo por parte de un órgano permanente del poder judicial supondría la pretendida violación a esa regla (voto del juez Magariños al que adhirió el juez Huarte Petite).
Sentencia definitiva, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD  DE CIPOLLETTI (QUEJA EN MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI C/ COMPAÑÍA TODDY S.A.). s/ EJECUCIÓN FISCAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-12-04

LA SENTENCIA RECAÍDA EN UN JUICIO EJECUTIVO, POR LA QUE SE ACOGE LA EXCEPCIÓN DE INHABILIDAD DE TÍTULO INTERPUESTA POR EL CONCURSADO, NO ES DEFINITIVA A LOS FINES DEL RECURSO DE CASACIÓN, MÁXIME CUANDO EN EL CASO LA CÁMARA ESTABLECIÓ LA NECESIDAD DE QUE LA ACREENCIA SE INSERTE EN EL TRÁMITE DEL CONCURSO.
Gerentes, absolución de posiciones
Materia: PROCESAL
Carátula: MERLO, CARLOS c/ ORGANIACION COORDINADORA ARGENTINA  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-25

Los requisitos de designación que exige la ley de sociedades comerciales para los gerentes entendidos como órgano social no deben aplicarse cuando se trata de gerentes en cuanto empleados jerárquicos de la empresa con facultades para absolver posiciones.

En tal sentido si el socio gerente que tiene a su cargo la representación y administración de la sociedad declara en escritura pública que una persona reviste el carácter de gerente y lo faculta para absolver posiciones, debe entenderse que medió delegación de funciones que son propias del otorgante del acto, tal como lo autoriza expresamente el art. 87 LO.
Daños y perjuicios, contratos bancarios, tarjeta de crédito, responsabilidad contractual
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO LINIERS SUDAMERICANO SA c/ ORLANDO, DANIEL s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-06

Resulta improcedente la acción por la cual una entidad bancaria persigue obtener el cobro de una suma proveniente del saldo deudor por el uso de una tarjeta de crédito de parte del defendido cuando, -como en el caso-, surge que al no haberse acreditado la entrega del plástico al accionado, solo puede tenerse por autentica la firma inserta en la pertinente solicitud, ya que para que el contrato tuviera nacimiento faltaba la aceptación del pretensor, la que obviamente concreto, pues de lo contrario no hubiera emitido los resúmenes; empero no obra elemento alguno que demuestre que la aceptación fue conocida por el reclamado, ni que este fue habilitado para la utilización del sistema. No empece lo expuesto, la circunstancia de que obren agregados resúmenes correspondientes a determinado periodo, puesto que en ninguno de ellos consta la realización de pagos, lo que hubiera al menos constituido un indicio demostrativo de la operatividad del contrato.
Tribunal colegiado, fundamentación de sentencias, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: A., C.N. c/ Q., J.E. s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-20

La mayoría de los votos concordantes debe coincidir en la solución de cada uno de los puntos o capítulos que integran la litis, no necesariamente debe exigirse la existencia de fundamentos iguales, sino cada juez debe dar sus fundamentos aunque no sean los mismos o difieran de los dados por los otros miembros. Es que si fuera necesaria la coincidencia de fundamentos la exigencia de votos individuales resultaría un requisito sin sentido, pues no sería otra cosa que exigir una reiteración de fundamentos por cada miembro del tribunal.
Admisibilidad del recurso, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Expte. Nº 424-STJ-2013 - Instituto de Previsión Social de Misiones S/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y Nulidad en Autos: "Expte. Nº 4076/2006 - Giménez, Fernando Arturo C/ Instituto de Previsión Social y/o Quien se considere con derecho S/ Prescripción Adquisitiva" c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2015-02-02

En lo que respecta a los requisitos sustanciales, las cuestiones propuestas por el recurrente crean una situación de duda razonable acerca del carácter de hecho y de derecho de las mismas, razón por la cual en un todo de conformidad con lo establecido en el art. 298 in fine del CPC y C corresponde abrir la instancia extraordinaria.
Competencia, competencia del Superior Tribunal de Justicia, partidos políticos
Materia: POLITICO-PROCESAL
Carátula: Partido Justicialista y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura) s/ Nulidad. de Buenos Aires (Legislatura) s/ Nulidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

La competencia originaria del Tribunal Superior para entender en un conflicto respecto de la integración de un órgano del gobierno de la Ciudad se funda en el art. 113 inc. 6 de la CCBA, pues comprende toda cuestión que involucre a los partidos políticos y al régimen republicano de representación en el Gobierno de la Ciudad.
Sociedad anónima, debentures, obligaciones negociables
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARIN,   ELIDA c/ CCI   CONCESIONES   Y   CONSTRUCCIONES   DEINFRAESTRUCTURA SA S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-03

La obligación negociable es un valor mobiliario emitido en masa por una persona jurídica, representativo de un empréstito a mediano y largo plazo, que, para el caso de ser convertible en acciones de la sociedad emisora, adita al suscriptor la opción de pasar de acreedor a socio, conforme se ejercite tal opción (cfr. kenny, Mario "Obligaciones negociables", ED. Abeledo Perrot, Bs.As., 1996, p. 9; Alemandi, Miguel - Gómez Bausela, Silvia, "Obligaciones negociables", ED. Rubinzal Culzoni, Bs.As., 1991, p. 81). De ello se infiere como nota caracterizante de las obligaciones negociables convertibles en acciones (onc) la de otorgar al obligacionista la opción de canjearlas por una cantidad de acciones representativas del capital social de la sociedad emisora según una relación de conversión previamente estipulada (ley 23576: 5). Ha sido esta una innovación trascendente de la lon respecto de los regímenes preexistentes sobre debentures y bonos convertibles, toda vez que el procedimiento de emisión de obligaciones convertibles contiene en si todos los presupuestos del aumento de capital, y es posible -a diferencia de aquellos- la conversión fluida, automática, sin que sea necesaria una nueva actividad deliberativa de la asamblea (kenny, ob.cit. p. 38).
Adicional por dedicación exclusiva, falta de prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Cabeza Meckert, Julia Alejandrina c/ Provincia del Neuquén s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-11-23

De las constancias adjuntadas a la causa, no surge acreditada la razón por la cual se le denegó el pago de la bonificación por tiempo pleno -al momento de reintegrarse la de dedicación exclusiva-, bajo la aplicación del Decreto 1589/93. Primero se limitaron ambos adicionales; luego, el acto administrativo que aquí se impugna -que restableció solo la bonificación por dedicación exclusiva- y rechazó la de tiempo pleno se funda en un acta de Junta Médica en el que, si bien indica horario laboral completo, parece haber adecuado las tareas que la accionante prestaba (no guardias; solo consultorios externos y centros periféricos y actividad docente). Es decir, no hay dudas que el horario que la actora debía cumplir era el de la jornada completa (tanto así, que se estimó innecesario realizar una nueva junta médica), la cuestión radica en establecer si la adecuación de tareas -que evidentemente cumplió, pues de las testimoniales surge la actividad desarrollada en centros de salud y docente- justificaba la limitación del adicional por tiempo pleno. Y es aquí donde no logra justificarse la decisión de la Administración, toda vez que no surge acreditado de las constancias de la causa que, efectivamente, la adecuación de tareas haya implicado una reducción horaria. Entonces, de cara a los argumentos contenidos en el responde de la demandada y la prueba reunida, no hay modo de convalidar la decisión plasmada en el Decreto 2223/3.
Competencia, cuestiones de competencia, juicio de menores, medidas tutelares, víctima del delito
Materia: PENAL
Carátula: MAGGIOLO, LUIS s/ COMPETENCIA - HERENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-07-21

La circunstancia de que aparezcan como indirectamente damnificados de un delito menores de 18 años, respecto de los cuales no procede aplicar las medidas tuitivas que contempla la ley 10.903, no implica que deba intervenir el Juez de Instrucción de Menores. La expresión "damnificados", -a que hace referencia la Acordada del 30 de junio de 1976, ratificada por la del 18 de mayo de 1978, sólo puede interpretare como equivalente a "víctima".-
Honorarios, monto del juicio, demanda, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Alvarez, Francisco Baltasar c/ Celsur Logistica SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-27

En los casos de rechazo de la demanda la base de cálculo de los honorarios está dada por el monto reclamado, solución admitida bajo la vigencia del anterior arancel (conf. CSJN, Fallos 293:65) y expresamente reconocida en el nuevo, bien que con las modificaciones, en lo pertinente, a que hace referencia el art. 22, segundo párrafo, de la ley 27423
Habilitación de día y hora, per saltum, denegatoria del recurso, indemnización por accidente de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruiz Díaz, Mónica Beatriz por sí y en representación de sus hijos menores c/  s/ recurso de salto de instancia (per saltum)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-04-25

Deniegan el pedido de habilitación de día y hora y rechazan sin más trámite el recurso de salto de instancia presentado ya que, el fundamento es insuficiente para la habilitación pretendida, no logrando diferenciarse del fondo de la pretensión intentada, toda vez que se está discutiendo sobre los intereses del capital homologado en concepto de indemnización tarifada (el capital ya fue pagado a la parte) sin que se denuncie ni se insinúe siquiera, que exista una situación de insolvencia de la Aseguradora que se hizo cargo del pago correspondiente, que torne incierto o imposible que la parte puede cobrar -si así correspondiere- los intereses reclamados.
Competencia, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Producciones 9 S.A. c/ Vilches, Juan Carlos s/ Resolución de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02

Para decidir cual es el juez competente no cabe atenerse a la ley que pueda resultar en definitiva realmente aplicable, sino a la que se invoca como fundamento de la acción entablada. Este criterio está incorporado como pauta objetiva y subordinante de atribución de competencia en el ordenamiento procesal nacional (ley 22434, art. 5) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trabajadores rurales, enfermedades inculpables
Materia: LABORAL
Carátula: Cáceres, Zacarías Alonso y otros c/ Frigopap S.A. s/ Cobro de salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08

Para el cálculo del salario diario del trabajo no permanente comprendido en el régimen nacional de trabajo agrario (ley 22.248) deben computarse todos los días comprendidos en el período de que se trate y no solo los hábiles.
Accidente de tránsito, destrucción total del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: España, Cornelio Atilano c/ FLECHA DE ORO S.R.L., Línea 520 y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-03

No resulta óbice al reclamo indemnizatorio por los gastos de reparación del automotor la circunstancia de no haberse acreditado concretamente dicha reparación, pudiendo ello no obstante, frente al daño inequívocamente probado (art. 260, 261, 266 del C.P.C.C.) fijarse un monto indemnizatorio, pues el reclamante puede optar por el ejercicio de la pretensión indemnizatoria, substitutiva de la reparación del vehículo (art. 1083 del C. Civil).
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador, seguros, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Troncoso, Rodolfo Octavio c/ Martínez, Aldo y otro s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-12

Cuando la compañía aseguradora comparte con el asegurado el pago de la indemnización al sujeto pasivo del siniestro cubierto con el contrato pertinente, debe hacerlo en un pie de igualdad con éste en relación con la incidencia de aquellos factores que -en determinadas circunstancias históricas- imponen la necesidad de recomponer los créditos de que se trata, si bien ello ha de acaecer en la medida de la obligación contraída.
Seguros, consentimiento, prueba del contrato, póliza, valor probatorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: HOLLENDER TEODORO c/ LA  DEFENSA - COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIM s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-01

Si bien es cierto que el contrato de seguro es consensual, conforme lo establece el art. 4 de la ley 17.418, no es menos exacto que con posterioridad al consentimiento prestado exista la obligación de emitir la póliza conforme al art. 11 aún cuando la demora en cumplimentar este hecho por la aseguradora no la liberará de la indemnización en caso de ocurrir el siniestro en el plazo fijado para la garantía.

La póliza presupone la perfección del contrato, del cual es una consecuencia, su prueba capital y guía de interpretación. Si bien es el instrumento probatorio por excelencia del contrato, no es el único; la ley autoriza a probarlo por escrito, o por otros medios si concurre comienzo de prueba por escrito (art. 11).