Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-11-25


La Plata, noviembre 25 de 2009.

Antecedentes La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó la sentencia que había hecho lugar a la pretensión.

Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia.

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? El doctor Genoud dijo:

1. La Cámara confirmó, en lo principal la sentencia que había rechazado la excepción de prescripción y acogido parcialmente la demanda.

Basó su decisión, en lo que interesa al recurso, en que:

El plazo de prescripción comienza a correr desde que el acreedor tiene expedita la acción, por lo que -al haber sobrevenido el daño tiempo después- aquél debe comenzar a computarse desde que aparece el mismo y sólo entonces queda configurado el hecho ilícito que da derecho al reclamo.

La primera rajadura advertida en la pared surge del escrito postulatorio, la que dio origen a un reclamo administrativo para prevenir los perjuicios, suspendiendo la ejecución de la obra, por lo que los detrimentos no se habían conocido concretamente, solamente se podían prever (fs. 668).

La experticia del ingeniero es contundente cuando afirma que a la época de la realización de la misma -14 de noviembre de 1997- los daños observados eran recientes (uno o dos años), no habiendo mérito para apartarse del dictamen evaluado a la luz de la sana crítica (fs. 668).

La prescripción es de apreciación restrictiva (fs. 668 vta.).

2. Contra esta decisión se alzó la parte accionada, denunciando la conculcación de los arts. 4037 del Código Civil; 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional; 10, 11, 15 y 31 de la Constitución Provincial. Aduce la existencia de absurdo en el pronunciamiento. Hace reserva del caso federal.

Expresa que el plazo debe contarse desde el conocimiento del hecho ilícito y del daño proveniente de él, siendo que conforme lo reconoce la actora en su demanda, tomó conocimiento de los daños en 1994, lo que resulta corroborado por los testigos deponentes en autos (fs. 683 vta.).

La aplicación indebida del derecho se da por considerar, de manera errónea, que los detrimentos se produjeron luego de julio de 1995, lo cual es contrario a lo que surge de la propia demanda, de la prueba documental, testimonial y de las presentes actuaciones (fs. 684).

El plazo de prescripción de la acción tendiente a obtener la reparación del daño causado por un acto ilícito comienza a correr desde la fecha en que el damnificado tuvo o pudo tener conocimiento del acto y del daño subsiguiente (fs. 684 vta.).

El dictamen pericial es evaluado de manera parcial, ya que no se hace mérito de los movimientos de suelo que generan los daños, los que fueron conocidos al efectuar la denuncia municipal en diciembre de 1994.

3. El recurso es procedente.

He dado ya mi opinión en el sentido que determinar el inicio del plazo de prescripción, su interrupción o cómputo, son típicas cuestiones de hecho que -en cuanto tales- se encuentran exentas de censura en esta instancia, salvo el supuesto excepcional del absurdo (conf. C. 94.359, sent. del 8/XI/2006; entre otras).

Considero que tal vicio invalidante efectivamente se encuentra denunciado y demostrado por el recurrente.

Para valorar el inicio del plazo prescriptivo, el a quo se fundó en el dictamen emitido por el perito ingeniero, donde fue señalado que a la fecha de realización de la pericia (14/XI/1997) los daños observados "... son recientes (uno a dos años)". La Cámara consideró que dicho dictamen es "contundente" y no encontró mérito para apartarse de sus conclusiones (v. dictamen a fs. 110/113, en especial fs. 111; argumento de la sentencia de Cámara a fs. 668).

Teniendo presente los fundamentos de la sentencia impugnada, bueno es recordar que esta Corte ha sostenido que el término para prescribir comienza a correr cuando el acreedor estuvo en posibilidad jurídica de ejercer su potestad, o sea cuando cuenta con acción expedita y además con la posibilidad de ejercerla, más esa posibilidad jurídica no se subordina a la ejecución de actos formales: basta la existencia de una razonable accesibilidad al conocimiento del hecho que viabiliza la acción (B. 58.135, sent. del 12/IX/2001).

En mi opinión, el a quo incurrió en absurdo al no considerar el expreso reconocimiento efectuado por la actora en su demanda con relación al momento en el cual tomó conocimiento del daño que le produjo la conducta de los demandados. En dicho escrito postulatorio la actora sostuvo que "... hacia fines de Diciembre de 1994 aparece la primera rajadura en una pared -cuarto de huéspedes, localizada desde el alféizar hacia abajo-. De ahí en más, cada nueva rajadura, le es puesta en conocimiento al arquitecto a cargo en ese momento..." (v. fs. 71).

Frente a tan lacónica manifestación (de la cual la actora intenta escapar alegando un supuesto error material al responder el traslado que le fuera conferido con motivo de la excepción opuesta por lo demandados, v. fs. 178 vta.), la solución brindada por la Cámara carece de asidero y resulta absurda por apartarse de las constancias de la causa. Máxime cuando: (i) a pesar de la ya señalada afirmación efectuada por el a quo respecto del carácter "contundente" del dictamen, este último resulta por lo menos vago y carece de fundamento científico alguno que sustente la conclusión relativa a la antigüedad de las rajaduras; y (ii) la manifestación de la actora en su escrito de demanda se encuentra corroborada con el testimonio de la señora Cortegoso, ofrecido por aquélla como prueba, quien refiere que los deterioros comenzaron aproximadamente "... por el año 93 ó 94" (fs. 500 vta./501).

4. En razón de lo expuesto, acreditadas que fueron las violaciones legales denunciadas (art. 279 del C.P.C.C.), doy mi voto por la afirmativa.

La doctora Kogan, por los mismos fundamentos del doctor Genoud, votó la cuestión también por la afirmativa.

El doctor Pettigiani dijo:

Por los mismos fundamentos adhiero al doctor Genoud.

Ello así pues si bien al enunciar las infracciones que fundan su agravio refiere errónea aplicación del art. 4037 del Código Civil, doctrina y jurisprudencia concordante, manifestando una calificación equivocada de los hechos de autos y violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional y 10, 11, 15 y 31 de la local, en el desarrollo de los fundamentos claramente hace denuncia del apartamiento de la Cámara de los hechos postulados por la parte actora al contestar el traslado de la prescripción liberatoria articulada por la contraria, lo que importa absurdo por desinterpretación de los escritos postulatorios que demarcaron las cuestiones de hecho admitidas, que así quedaron ajenas al laboreo probatorio por aplicación del principio dispositivo.

Voto por la afirmativa.

El doctor de Lázzari dijo:

Debo disentir con mis colegas preopinantes.

Debatiéndose nítida cuestión de hecho, no advierto que la vía del absurdo se haya planteado por parte del recurrente. Menos aún advierto que el mismo haya desarrollado argumentos dirigidos a demostrarlo, desde que la mera afirmación referida a que el a quo se apartó de los hechos no resulta suficiente por sí sola para habilitar ese camino excepcional. Tampoco se denuncia quebrantamiento alguno de las normas que disciplinan la apreciación probatoria, ni las referidas a los medios pericial y testimonial. Finalmente tampoco estimo que dicho vicio se haya plasmado en autos.

Debo recordar aquí que el concepto de absurdo, tal como ha ido elaborándose por esta Suprema Corte, hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado (conf. causas Ac. 75.789, sent. del 23/V/2001; Ac. 78.318, sent. del 19/II/2002; entre otras). No cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, etc., alcanzan para configurar tal absurdo (causas Ac. 71.765, sent. del 23/II/2000; entre muchas), sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado (causa L. 70.295, sent. del 12/III/2000). Y ello, por supuesto, debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (causa L. 67.515, sent. del 4/V/1999).

En definitiva: al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la interpretación de los hechos probados, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, etc., pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable; en cambio, le resulta indispensable demostrar que, de la manera que lo afirma la sentencia, no pudo ser.

Nada de lo dicho se ha desarrollado en el recurso traído. Tampoco se advierte en la sentencia un desvío que permita ingresar en materia ajena a esta instancia extraordinaria. Las referencias a que el actor admitiera en su demanda que en diciembre de 1994 advirtió una primera rajadura en su inmueble han sido suficientemente desarrolladas por la sentencia restándole valor a tal afirmación en cuanto a la efectiva toma de conocimiento del daño aquí reclamado, mensurando tal hecho en conjunto con otras pruebas colectadas que inclinan el parecer de la Cámara a sostener la pervivencia de la acción. Podrá o no discreparse con ese criterio mas, indudablemente, su apreciación no es absurda.

Voto por la negativa.

El doctor Negri dijo:

Adhiero al voto del doctor de Lázzari efectuando la siguiente consideración.

La Cámara concluyó que los deterioros advertidos en la pared por la actora (1994) y expresados por ella en el escrito postulatorio, habían dado oportunamente origen a un reclamo administrativo como prevención. Entendió entonces, que los daños no pudieron ser conocidos efectivamente por la accionante sino solamente presumidos.

Asimismo, determinó que no encontraba mérito para apartarse de la pericia del ingeniero civil Carna la que resultaba ser "contundente" al expresar el profesional a la fecha de su producción (1997) que "... los daños observados son recientes ... (uno o dos años)", por lo que confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la excepción de prescripción.

No advierto así absurdo en el razonamiento efectuado por la alzada, siendo que en el caso la actora no tuvo hasta entonces (1997) el conocimiento cabal de la situación y por ende la posibilidad jurídica de ejercer y hacer efectiva su acción (B. 58.135, sent. del 12/IX/2001).

Finalmente, tiene dicho esta Suprema Corte que, la cuestión vinculada con el cómputo de la prescripción, interrupción o punto de arranque de la misma, alude a un aspecto circunstancial y casuístico extraño a la competencia de la instancia extraordinaria (Ac. 54.162, sent. del 19/IV/1994; Ac. 62.742, sent. del 18/II/1997; Ac. 72.635, sent. del 23/VIII/2000).

Voto por la negativa.

El doctor Soria dijo:

1. El recurso no puede prosperar atento su manifiesta insuficiencia técnica.

a. En la causa L. 72.336, "Iommi", sent. del 14/IV/2004 esta Corte sostuvo, por mayoría, que para la suficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a los fines de la revisión de las cuestiones fácticas de la causa basta la identificación del contenido de la norma que regula la labor axiológica de los magistrados, seguida obviamente de la alegación y demostración del vicio de absurdo al que se atribuye dicha infracción (v. asimismo L. 78.926, "Marasca", sent. del 30/III/2005).

En tal oportunidad, recordé la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Carlos Alberto Peralta y otros v. Dirección de Energía de Buenos Aires" (Fallos 318:1581), donde se consideró que "importa una restricción indebida a los derechos de defensa en juicio y propiedad la exigencia de la mención expresa de la ley cuando, en el mismo escrito recursivo, se reclamó la admisión de la doctrina del absurdo, que importa -de por sí- la denuncia de la existencia de infracción a las leyes de prueba o interpretación absurda".

b. Sentado lo anterior, si bien entiendo que la falta de cita legal no afecta la aptitud técnica del recurso intentado en autos, no ocurre lo mismo respecto a la omisión de denunciar la existencia del vicio de absurdo en que incurriera el impugnante (art. 279 del C.P.C.C.).

2. En consecuencia, y con el alcance indicado, voto por la negativa. Con costas al vencido (art. 68 del C.P.C.C.).

El doctor Hitters dijo:

1. Adhiero al voto de mi distinguido colega, el doctor de Lázzari, con las siguientes precisiones adicionales.

2. La denuncia de absurdo, en virtud del carácter excepcional y restrictivo con que la Suprema Corte concibe a este instituto, exige una técnica recursiva severa, aunque no rigorista (conf. mi voto en C. 85.701, sent. del 22/XI/2006).

He dicho en reiteradas oportunidades que cuando la Suprema Corte rompe la barrera del derecho y entra a analizar los hechos por la vía del absurdo, no corresponde pedirle al impugnante la cita de las normas legales, desde que en este caso la Corte no se avoca a controlar el derecho, sino la apreciación de los hechos y de las pruebas aportadas a la causa. Cuando se llega al absurdo, la valla del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial desaparece, y corresponde que el órgano jurisdiccional lo trate sin necesidad de cita legal alguna (mi voto en causas L. 61.525, sent. del 30/IX/1997; L. 72.889, sent. del 4/IX/2002; L. 70.146, sent. del 4/IV/2001; entre otras; conf. C.S.J.N., Fallos 318:1581, 321:1592).

Sin embargo, ello no exime al quejoso de plantear claramente la existencia del desvío notorio y evidente que ponga en juego la potestad de este Tribunal de revisar aspectos fácticos o probatorios, ajenos -por regla- a su competencia casatoria.

3. Las precisiones del Ministro al que adhiero, apoyadas con las opiniones coincidentes de los doctores Negri y Soria, permiten advertir que la pieza abordada no autoriza a ejercitar dicha atribución excepcional en el sub lite.

Voto por la negativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

El depósito previo de $ 3.200, efectuado a fs. 681, queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/2002 (texto resol. 870/2002). - Luis Esteban Genoud. - Hilda Kogan. - Héctor Negri. - Eduardo Julio Pettigiani. - Eduardo Néstor d e Lá zzari . - Daniel Fernando Soria. -Juan Carlos Hitters.