Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-22


Expte. n° 14125/16 "Baffigi, Fabricio c/ Colegio de Escribanos de la CABA s/ acción meramente declarativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" Buenos Aires, 22 de agosto de 2018 Vistos: los autos indicados en el epígrafe;

resulta:

1. Fabricio Baffigi, a través de su apoderado, interpuso recurso extraordinario federal (fs. 488/509 vuelta) contra la decisión de fecha 7 de marzo de 2018 por la que este Tribunal resolvió -por mayoría-rechazar su recurso de inconstitucionalidad (fs. 480/484).

2. Corrido el traslado pertinente, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires solicitó su rechazo, con costas (fs. 512/524).

Fundamentos:

Las juezas Ana María Conde y Alicia E. C. Ruiz dijeron:

1. El recurso extraordinario federal fue interpuesto en tiempo y forma. Sin embargo, no puede prosperar.

2. La decisión del Tribunal que ahora se cuestiona -por mayoría- rechazó el recurso de inconstitucionalidad del actor por considerar, en apretada síntesis, que no se había logrado rebatir el fundamento central que había dado sustento al pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones en cuanto a la razonabilidad de la exigencia relativa a que la antigüedad de siete años en el ejercicio de la función en un máximo de tres registros debía cumplirse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Ahora bien, las objeciones vertidas en la pieza recursiva de fs. 488/509 vuelta relativas, básicamente, a la prohibición de barreras jurisdiccionales, a la irrazonable e ilegal discriminación hacia los escribanos que se han desempeñado en otras jurisdicciones, a la introducción de distinciones cuando la ley no las hace, al valor de las escrituras públicas realizadas en otras jurisdicciones, a la igual idoneidad y funciones de escribanos adscriptos y titulares, a la violación del principio pro homine no se hacen cargo de valorar concretamente las premisas que llevaron a la mayoría de este Tribunal a decidir como lo hizo. Las consideraciones que formula la parte recurrente no son nuevas, sino reiteración de las expuestas en presentaciones anteriores que ya fueron analizadas y desechadas en el pronunciamiento de fs. 480/484.

En definitiva, sólo repite conceptos y jurisprudencia que ya fueron, como se dijo, sopesados y desestimados por el pronunciamiento que ahora se ataca. Así, pues, el recurrente insiste en cuestionar la interpretación de una ley de evidente contenido local -que, en cuanto aquí interesa, se limita a establecer los procedimientos para evaluar la idoneidad de los aspirantes a acceder a la titularidad de un registro notarial en la ciudad- sin aportar fundamentos sólidos que permitan cuestionarla en el orden federal, ni que se aprecie la irrazonabilidad que le adjudica.

Esto sella la suerte adversa del recurso intentado, pues nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado en su constante jurisprudencia que "el recurso extraordinario federal es improcedente si no cumple con el requisito que exige el art. 15 de la ley 48 y para ello es preciso que el escrito en que se lo dedujo contenga una crítica concreta y razonada de todos los argumentos en que se apoya el fallo que se impugna" (Fallos: 314:440, entre muchos otros).

También ese Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente que "para la procedencia del remedio federal no basta con la invocación genérica y esquemática de agravios o sostener un criterio interpretativo distinto del seguido en la sentencia, sino que es preciso formular una crítica prolija, concreta y razonada de todos y cada uno de los argumentos expuestos en la misma" (Fallos: 319:123 y 320:769, entre muchos otros).

Además, la pretensión recursiva se enfoca en cuestionar 4. En virtud de lo expuesto precedentemente se advierte que la invocación de preceptos constitucionales (arts. 1, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 22 CN) y convencionales (arts. 8, 5, 24 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) efectuada por la parte recurrente para justificar la existencia de cuestión federal carece, en el caso, de relación directa e inmediata con lo decidido conforme lo exige el artículo 15 de la ley 48.

Cabe agregar a este respecto, que la jurisprudencia inveterada de nuestro Máximo Tribunal ha establecido que la relación directa que la ley exige sólo existe cuando la solución de la causa requiere necesariamente la interpretación del precepto constitucional aducido (Fallos: 187:624; 248:129, 828; 268:247). En otras palabras, la sola mención de preceptos constitucionales no basta para abrir la vía extraordinaria (doctrina de Fallos: 165:62; 181:290; 266:135; 310:2306; entre muchos otros) pues, de otro modo, la jurisdicción de la Corte Suprema sería indebidamente privada de todo límite, en tanto no habría derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (doctrina de Fallos: 295:335; 310:2306, entre otros).

5. El planteo de arbitrariedad de sentencia esgrimido por la parte recurrente, como principal causal de impugnación, no va a correr mejor suerte pues, por regla general, no corresponde al tribunal emisor del fallo objetado pronunciarse respecto de la invocada arbitrariedad de su decisorio; y, por lo demás, a partir de los términos del presente recurso, no se justifica aquí hacer excepción a la regla por no advertirse relación directa entre lo decidido y los preceptos agitados en esta apelación extraordinaria.

Ello, desde ya, no impide recordar que la admisibilidad del recurso por esta causal es estricta según lo señala la CSJN, creadora de esta doctrina: "La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia, ni corregir fallos equivocados (...), sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la sentencia fundada en ley a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional" (Fallos: 312:246; 389, 608; 323:2196, entre otros).

6. Finalmente, cabe señalar que la parte actora tampoco dio cumplimiento a los recaudos exigidos por los artículos 3 y 8 del reglamento aprobado por la Acordada 4/07 de la CSJN.

En particular, se advierte que: (i) el escrito no consigna (ni podía hacerlo por la índole de la cuestión decidida) "la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas" (art. 3º, inciso d), ii) ni la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por la apelante con fundamento en aquéllas (art. 3º, inc. e).

A su vez, también incumplió con la carga de transcribir o adjuntar copia de las normas locales invocadas -arts. 13, inc. 3, 11 y 43 CCABA; ley nº 404, en especial, arts. 1, 2, 3, 29, 34, 35, 46, 117, 119, 120, 123, 124 172; art. 6 del Reglamento del Ciclo de Perfeccionamiento Profesional"; y art. 277 del CCAyT- y expresarse sobre su vigencia.

Por lo expuesto corresponde denegar el recurso extraordinario federal deducido a fs. 488/509 vuelta, con costas a la vencida (art. 68 CPCCN).

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

La decisión cuestionada encontró apoyo en la interpretación de normativa local (v. gr. la ley 404).

En esas condiciones, las cuestiones que pretende llevar a la Corte en relación con la supuesta violación a los 1, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 28y 75 inc. 22 CN; 8, 5, 24 y 29 CADH; art. II DADDH; art. 7 DUDH; y art. 26 del PIDCyP carecen de relación directa con lo resuelto.

Por otro lado, respecto de la arbitrariedad que la recurrente endilga a la sentencia, no cabe a este Tribunal, como emisor del fallo, expedirse al respecto para defender o mejorar su pronunciamiento.

Por las razones expuestas, voto por denegar el recurso extraordinario federal interpuesto, con costas.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El recurso extraordinario federal fue interpuesto tempestivamente (cfr. constancia de fs. 486 y vuelta, cargo de fs. 509 vuelta y artículos 257 y 124 del CPCCN) y debe ser concedido.

2. El remedio se dirige contra una sentencia definitiva del tribunal superior de la causa y el recurrente plantea adecuadamente una cuestión federal (artículo 14, inciso 2º de la ley 48) relacionada con la validez constitucional de la ley local nº 404 -por contravenir el principio de igualdad y razonabilidad contenidos en los artículos 16 y 28 de la Constitución Nacional-.

A ello cabe agregar que este Tribunal se expidió en favor de la validez de la norma local indicada, por lo que existe resolución contraria al derecho que el señor Fabricio Baffigi funda en la Constitución Nacional.

3. En una causa análoga, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 334:434), compartió el criterio ?sobre la admisibilidad formal del remedio federal? de la Procuradora Fiscal Laura Monti, quien señaló: "Estimo que los agravios fundados en que la ley provincial 6486 viola el principio de igualdad son aptos para habilitar la instancia extraordinaria, pues en ellos se ha cuestionado la inteligencia otorgada por el a quo al art. 16 de la Constitución y la decisión ha sido contraria a las pretensiones de la recurrente (art. 14, inc. 3°, ley 48) (doctrina de Fallos: 320:52).// Asimismo, V.E. ha declarado que la presunta colisión entre preceptos constitucionales y normas locales que integran el ordenamiento legal del notariado constituye cuestión federal bastante (Fallos: 315:1634), como también ha considerado que es formalmente admisible el recurso extraordinario, si se planteó la inconstitucionalidad de la norma local que regula dicha actividad y la decisión ha sido en favor de su validez (Fallos: 318:259).

En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde conceder el recurso extraordinario federal.

Por ello, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Denegar el recurso extraordinario federal planteado por Fabricio Baffigi, con costas.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita como está ordenado a fs. 484, punto 2.

La jueza Inés M. Weinberg no suscribe la resolución por estar en uso de licencia.