Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-12


Reg.: A y S t 282 p 456/459.

Santa Fe, 12 de junio del año 2018.

VISTOS: Los autos "GUALDASSI, Gabriela F. contra COLEGIO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE SANTA FE Sede Rosario y OTROS -Amparo- (Expte. 271/15) (CUIJ n° 21-04956433-0) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ nro. 21-01447284-0), venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por la actora para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia de fecha 05.12.2017 (fs. 263/269); y,	CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que por resolución registrada en A. y S. T. 279, págs. 444/450, en fecha 5 de diciembre de 2017, esta Corte resolvió declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe -Sede Rosario- demandado, anulando la sentencia impugnada y, de tal modo, disponer la remisión de los autos a la Sala subrogante que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada, con costas.

Es el pronunciamiento de este Cuerpo el que ahora se objeta a través de la vía prevista en el artículo 14 de la Ley 48, alegando la recurrente que la decisión que impugna es inconstitucional y arbitraria.

Afirma que la sentencia pese a que al anular la dictada por la Cámara y disponer el reenvío a un tribunal subrogante, es definitiva a los efectos del recurso extraordinario federal que deduce, puesto que causa a su parte un gravamen que resultará de tardía e imposible reparación ulterior. En este orden explica que el hecho de tener que esperar que se dicte nueva resolución -sabiendo que será conforme los lineamientos de esta Corte- y eventualmente acudir por vía del recurso de inconstitucionalidad local, determinará que este Cuerpo confirme esa sentencia, produciendo así aquel perjuicio que equipara la resolución que ahora impugna a definitiva.

Sostiene que frente a este fallo el Colegio de Corredores Inmobiliarios indefectiblemente revocará a nuestra representada la matrícula otorgada, impidiéndole a la actora trabajar y ejercer su profesión, pese a la arbitrariedad e inconstitucionalidad que encierra al haber desestimado su acción de amparo, por privilegiar una norma provincial por sobre la Constitución provincial y nacional.

Expresa que la Corte provincial incurrió en apartamiento de la Ley 7.055 y de su propia doctrina desde que el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Colegio demandado debió declararse inadmisible en tanto no había cumplimentado con el recaudo de oportuno planteo y mantenimiento de la cuestión constitucional y los cuestionamientos que había esgrimido sólo denotaban su disconformidad.

Asevera que no es cierto lo sostenido por este Cuerpo respecto a que la Cámara se hubiera apartado de la normativa aplicable (artículo 60, Ley 13.154) y que el presente caso sea análogo a los precedentes "Crisafulli" y "Rocha", desde que el a quo declaró la inconstitucionalidad de la norma citada en función de facultades propias a tenor de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 10.456, efectivizando una tarea de interpretación de derecho común y procesal, reservada a los jueces de la causa y, por ende, ajena a la instancia de excepción.

Agrega que la Alzada descartó el recurso dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10.160 por entender que la hipótesis recursiva prevista en esa norma cede ante la necesidad de una protección cautelar y de fondo distinta a la dispuesta en la misma, siendo el amparo la vía utilizable frente a un caso de excepción que no encuentra vía de solución en el proceso ordinario, dado que "los daños concretos y graves son solamente reparados por esta vía urgente y expedita".

Considera que la Corte incurrió en dogmatismo y falta de sustento en los argumentos vertidos en cuanto entendió que no se había acreditado que el amparo era la única vía eficaz con que contaba Gualdassi al no verificarse la arbitrariedad ni la ilegalidad manifiestas en los preceptos de aplicación, cuando la propia Ley 13.154 dispone la salvaguarda de los derechos adquiridos, ya que el Tribunal no fundamentó el descarte de aquéllas y que su parte invocó, no respondiendo -según entiende- a los hechos introducidos en la demanda de amparo y a los hechos nuevos alegados.

Advierte que en ningún caso el artículo 62 de la Ley 13.154 podía preservar derechos adquiridos de su parte ya que dicha norma se contradice esencialmente con lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la Ordenanza 9156 en cuanto exigen la constancia de matriculación habilitada y vigente emitida por el Colegio de Corredores Inmobiliarios, y por lo tanto, la solicitud de matrícula y la interposición del recurso del artículo 47 de la Ley 10.160 carecería de idoneidad para evitar los efectos dañosos de la resolución denegatoria de la matrícula.

Señala que la Corte ni siquiera mencionó cuáles son esos derechos adquiridos; seguidamente los enumera: la equiparación universitaria en los términos del artículo 3 de la Ley 25.028; la autorización legal a los martilleros para ejercer el corretaje conforme el artículo 57 de la Ley 13.154 al modificar el artículo 46 de la Ley 7.547 que incorporó el inciso e), y finalmente la habilitación municipal vigente para operar como inmobiliaria, que de cancelarse la matrícula como consecuencia de la anulación del fallo de Alzada, generaría su caducidad.

Cuestiona por contradictorios los artículos 5 y 57 de la Ley 13.154, desde que interpreta que se debió exceptuar del recaudo de título habilitante como corredor inmobiliario a los martilleros desde que se les está exigiendo un requisito que la ley no establece.

2. En el examen de admisibilidad que debe efectuar este Órgano a fin de conceder o no -según corresponda- el remedio intentado, es de ver que se presenta decisiva la falta de cumplimiento del recaudo establecido por el artículo 3 inciso a) del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En efecto, la impugnación interpuesta se dirige contra un pronunciamiento que dispuso el reenvío de la causa a una instancia inferior y, por lo tanto, no constituye "sentencia definitiva" o equiparable de acuerdo a la interpretación que ha efectuado al respecto el Alto Tribunal de la Nación (cfr. Fallos 311:1601; 324:541, entre otros).

Y no empece a esta solución los argumentos traídos por la impugnante alegando el gravamen irreparable que el fallo le causa al afectar derechos que esgrime como adquiridos, y el dogmatismo en que habría incurrido este Tribunal al considerar que no estaba acreditado que fuera el amparo la única vía eficaz para deducir su pretensión.

Y ello es así en tanto mediante estas alegaciones la recurrente sólo demuestra su insistencia en cuanto a entender que es el amparo el medio para hacer valer sus derechos, desde que frente a lo puntualizado en el fallo respecto a que no se verificaban en el caso la arbitrariedad e ilegalidad manifiestas en los preceptos de aplicación al caso y que es la propia Ley 13.154 la que salvaguarda los derechos adquiridos, invoca ausencia de motivación y afirmaciones meramente dogmáticas, mas desconociendo que son justamente los precedentes citados y la normativa que se aplicó los que dan sustento a la desestimación de su pretensión de fondo.

Es que, no puede considerarse que deba admitirse la misma por haberla justificado mediante la vía del amparo si no se verifican las pautas tenidas en cuenta para su andamiaje y, en el caso, estrechamente vinculadas a la cuestión ya resuelta por esta Corte en los antecedentes mencionados, atinente a que la solución normativa inequívoca para la situación presentada era la regulada en el artículo 60 de la Ley 13.154, no advirtiéndose la vulneración de los derechos invocados puesto que los mismos se gozan y ejercen conforme a las leyes que los reglamentan, prescribiendo el artículo 62 que la ley no implica modificación alguna en los derechos adquiridos y en las obligaciones nacidas con anterioridad.

Debe recordarse que la jurisprudencia citada de la Corte nacional conforme la cual casos como el presente se evalúan como sentencias no definitivas ni equiparables a tal, es compartida por este Cuerpo ("Bartolotta"; "Copes"; "Cancellieri"; A. y S. T. 9, pág. 414; T. 117, pág. 157; T. 118, pág. 187, y más recientemente "Marelli" y "Bensabath", A. y S. T. 263, pág. 402 y T. 265, pág. 264, respectivamente), correspondiendo en consecuencia, la denegación del remedio federal deducido.

Por lo expuesto, y resultando innecesario formular mayores consideraciones de conformidad con lo ordenado por el artículo 11 del reglamento antes citado, al no advertirse la configuración de algún supuesto que permita excepcionar la aplicación de lo dispuesto en dicha acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas a la vencida.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ - FALISTOCCO - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).