Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-05-09


A C U E R D O En la ciudad de La Plata, a 9 de mayo de 2012, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, de Lázzari, Pettigiani, Soria, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 97.480, "Maciel, Magdalena contra SanCor Cooperativas Unidas Ltda. Despido".

A N T E C E D E N T E S El Tribunal del Trabajo nº 5 del Departamento Judicial San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada.

Ésta interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente C U E S T I Ó N ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? V O T A C I Ó N A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. El tribunal a quo admitió la demanda promovida por Magdalena Maciel contra SanCor Cooperativas Unidas Limitada, condenando a ésta a abonar el monto indicado en la sentencia en concepto de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido y la prevista en el art. 14 de la ley 14.546, haberes adeudados de los meses de abril y mayo de 2001, aguinaldos correspondientes al segundo semestre de 1999, al año 2000 y proporcional del 2001, vacaciones del 2000 y proporcionales del 2001.

Para así resolver la contienda, tras ponderar las pruebas arrimadas a la causa, concluyó que la vinculación que unió a las partes fue de linaje laboral.

II. Contra la decisión de grado se alza la legitimada pasiva mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que invoca violación de los arts. 163 incs. 5 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 17 y 18 de la Constitución nacional (alegando quebrantados el principio de congruencia y el derecho de defensa); 44 de la ley 11.653; 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; 10 , 11 y 14 de la ley 14.546 y su doctrina legal. Asimismo, denuncia absurda valoración de las probanzas (v. fs. 476, 480 vta./481 y 484 vta./485).

Por razones de metodología expositiva y con el propósito de facilitar luego el tratamiento de los agravios traídos, habré de sistematizar su reseña en dos apartados. El primero, referido al absurdo que se imputa al fallo y al planteo de infracción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; y el otro, a las críticas por conducto de las cuales se pretende evidenciar el error iuris incurrido por el tribunal al juzgar los hechos de la causa que hubo de considerar demostrados.

Bajo el señalado esquema, los cuestionamientos que -en sustancia- estructuran la pieza recursiva son los siguientes:

1. a) Conforme lo adelantado, el impugnante censura la conclusión fáctica acerca de la existencia de una relación de dependencia entre las partes, sobre la cual reposan las motivaciones esenciales del pronunciamiento.

En este marco, controvierte la ponderación de la prueba documental, argumentando que tanto el contrato instrumentado por carta documento, como el reconocimiento de deuda de fs. 58/60, dan cuenta de la existencia de un contrato comercial.

Asimismo, puntualiza que la reseña de los telegramas que efectúa el a quo conduce a una errónea definición acerca de cuál fue la real causa de extinción del contrato que ligó a las partes, ya que -según argumenta- el vínculo se disolvió con motivo de la rescisión dispuesta por SanCor en febrero de 2001 y no por despido indirecto.

También discute la valoración de la prueba informativa, apuntando que el tribunal de grado soslayó evaluar el oficio de la A.F.I.P. y valoró erróneamente las constancias de las dos causas judiciales agregadas a las presentes, ya que -a su criterio- tales piezas dan cuenta de la actividad comercial de la actora, quedando -por sí- excluida la relación habida del ámbito laboral.

b. Cuestiona las conclusiones extraídas por el juzgador de los dictámenes contables producidos.

Partiendo del planteo de que de una de las pericias se desprende que la demandante no figura inscripta en los libros laborales de la empresa traída a juicio y que -en paralelo- el informe realizado en extraña jurisdicción da cuenta -en su opinión- de la existencia de una relación de índole comercial entre las partes, sostiene que la conclusión del fallo situada en las antípodas constituye el fruto de un notorio desvío en la tarea axiológica desarrollada por el tribunal del trabajo.

De seguido, se dirige a evidenciar el error valorativo del tribunal a través de una nueva ponderación de la prueba en cuestión, ocupándose de hacer referencia a los tópicos que considera útiles para avalar su alegación de que las partes se encontraron ligadas por un vínculo estrictamente comercial.

c. Asimismo, pretende desvirtuar la apreciación de los testimonios recibidos en la causa.

De un lado, asevera que las consideraciones formuladas en el decisorio respecto de las declaraciones testimoniales se encuentran desprovistas de fidelidad pues -argumenta- el juzgador prescindió hacer referencia a algunas manifestaciones relevantes para la correcta elucidación de la litis. Del otro, tacha de parciales a los testigos, por comprenderlos en las generales de la ley.

d. Por último, luego de formular una propia y personal valoración de los elementos probatorios arrimados por su parte, alega que el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo no resulta aplicable, toda vez que -afirma- se demostró en autos que las partes se vincularon a través de un contrato comercial, que no se utilizaron figuras no laborales para encubrir una relación de trabajo y que Maciel no formuló reclamo alguno durante el transcurso de la vinculación.

En este orden de consideraciones, aduce que en casos como el presente no es de aplicación el principio de primacía de la realidad, al cual el juzgador ajustó su decisión a la hora de resolver el pleito.

2. Para el caso de mantenerse la decisión de contornos fácticos adoptada en la instancia de grado, el recurrente formula las siguientes críticas:

a. Asegura que, toda vez que el contrato comercial que unió a SanCor con la actora fue disuelto en febrero de 2001 por rescisión motivada en la falta de pago de esta última, el despido indirecto dispuesto meses después devino incausado.

b. Afirma que la condena en concepto de sueldo anual complementario proporcional del 2001 y vacaciones proporcionales de ese mismo año se aparta de la congruencia decisoria a la que debe ceñirse toda sentencia puesto que asevera- dichos rubros no conformaron la pretensión que constituyó el objeto de la litis.

c. También destina un pasaje de su réplica a controvertir la determinación de las comisiones.

Destaca que para que en la materia opere la inversión de la carga de la prueba, el régimen de viajantes de comercio exige que el reclamante preste el juramento del art. 11 de la ley 14.546 e individualice todas y cada una de las operaciones que dieron andamiaje al promedio mensual denunciado, lo cual -sostiene- se encuentra incumplido en autos (v. fs. 480 vta./481).

d. Con relación al art. 14 de la ley 14.546 ensaya dos cuestionamientos.

(i) En primer lugar, refiere que en el escrito de demanda se hizo mención a la indemnización del art. 8 de la ley citada, titulándola "comisiones por clientela", no habiéndose reclamado -desde su punto de vista- el rubro del art. 14, por lo que su inclusión en la sentencia se encuentra despojada de sustento.

(ii) En segundo término, para el supuesto de considerarse procedente dicho ítem, señala que el tribunal lo liquidó de manera errónea. Argumenta que tal concepto debe ascender al 25% de la indemnización que le hubiera correspondido al trabajador para el caso de despido intempestivo, no debiendo tenerse en cuenta como pauta de cálculo -tal y como lo hizo el a quo- los demás rubros integrativos de la condena.

e. A su criterio, también carece de fundamento la condenación al pago de los salarios de abril y mayo de 2001, por dos motivos: (i) porque el contrato se extinguió en febrero de 2001; (ii) porque la actora no dio cumplimiento con el juramento previsto en el art. 11 de la ley 14.546, individualizando las operaciones para determinar el valor de las comisiones reclamadas.

f. Se agravia de la aplicación del tope establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. En este marco, argumenta que el cálculo en base al porcentual de afectación del 33%, siguiendo los lineamientos del fallo "Vizzoti" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sólo alcanza a los trabajadores excluidos de convenio. Desde esta perspectiva, plantea que no configurándose en el sub lite dicho supuesto, el juzgador debió aplicar lisa y llanamente el tope correspondiente.

g. Cierra su embate destacando las razones por las cuales considera que la disidencia formulada por el magistrado que sufragó en segundo término (referida a los alcances de la condena en lo relativo al art. 15 de la ley 24.013) y que hubo de concitar la adhesión del juez que votó en tercer lugar, formando así mayoría, contribuye a revelar la carencia absoluta de sustento que -en su opinión- contiene el decisorio atacado.

III. El recurso prospera con los alcances que de seguido expondré.

1. a. De modo preliminar, he de señalar que la existencia o inexistencia de un vínculo laboral subordinado es una cuestión que depende de la configuración de ciertos presupuestos fácticos que en un todo habilitan al juzgador a decidir si entre las partes medió o no un contrato de trabajo (conf. L. 72.768, sent. del 3-X-2001; entre otras), conclusión esta que la Corte sólo puede revisar si el impugnante alega y demuestra que tal conclusión es absurda.

En este contexto, me permito agregar -a tenor de los hechos debatidos en el presente caso- que la calificación del trabajador como viajante de comercio constituye, asimismo, una típica cuestión de hecho reservada a la instancia ordinaria e inabordable en casación, a menos que se demuestre la existencia de absurdo. Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. L. 92.294, sent. del 4-VI-2008; entre otras).

En la especie, no encuentro verificado el vicio invocado por el recurrente.

Desde la lectura del decisorio se avizora que, en el desarrollo del cometido axiológico propio e inherente a su función jurisdiccional (art. 44 inc. d, ley 11.653), el tribunal a quo no sólo valoró las pruebas documental, informativa y pericial contable, sino también los testimonios arrimados a la causa (v. veredicto, fs. 434/447).

Bajo esta plataforma de análisis, se observa que los datos aportados por los testigos formaron en el juzgador de mérito el convencimiento acerca de la naturaleza laboral de la relación que unió a las partes del juicio. En este sentido, se hizo referencia en el fallo a las siguientes circunstancias: i) que los clientes directos (supermercados) e indirectos (minoristas) eran de SanCor, no de los supuestos concesionarios; ii) que los precios de venta los sugería la empresa; iii) que los cheques librados se depositaban en una cuenta a nombre de la demandada; iv) que el camión utilizado para el reparto era pintado en el lugar determinado por la accionada, oportunidad en la que se le colocaba un logotipo; v) que existía un horario de carga estipulado por SanCor y que quienes oficiaban de concesionarios debían sujetarse a la organización del trabajo dispuesta por aquélla en lo atinente a la distribución de los productos; vi) que el supervisor de zona asignaba nuevos clientes y controlaba la labor de los concesionarios.

En ese trance, subrayó el tribunal de origen que si bien algunos de los testigos tenían juicio pendiente con la demandada, "... del contexto de sus declaraciones las mismas han resultado ser objetivas y en cuanto a la metodología de trabajo corroborada con los dichos de los demás testigos..." (v. veredicto, fs. 442 vta./443).

En esta línea de enfoque, conviene recordar que evaluar el mérito, la habilidad y, por lo tanto, la eficacia de la prueba testimonial producida en la vista de la causa, constituye una atribución privativa de los tribunales del trabajo que no puede ser revisada por la Suprema Corte (conf. L. 84.348, sent. del 21-II-2007). Pues, por imperio del sistema oral que rige en el fuero laboral, esta Corte se encuentra impedida de examinar la decisión fáctica del juzgador de grado basada en el material probatorio colectado en la audiencia de vista de la causa. Por lo que las conclusiones resultantes de la ponderación de este medio de prueba han de permanecer incólumes.

Teniendo en cuenta que esta esencial motivación del fallo hubo de gravitar de modo tal en el ánimo del a quo, al grado de formar su íntima convicción en el sentido expuesto, se torna fútil e insustancial el análisis de los demás reproches fincados en la valoración del resto de las pruebas producidas, pues su hipotética recepción no resultaría útil para alterar el núcleo medular de la conclusión que le causa agravio al recurrente. Ello es así, a pesar de los reparos que -justificados o no- la ponderación de los demás elementos de prueba pudiese generar.

Por lo demás, sabido es que la apreciación opinable, discutible u objetable o la posibilidad de otras interpretaciones, no habilita para tener por configurado el vicio de absurdo (conf. causa L. 94.964, sent. del 5-XI-2008; entre otras), ni tampoco puede esta Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (conf. L. 92.936, sent. del 23-VII-2008).

b. Cerrada de este modo la reedición de las cuestiones de hecho y prueba, corresponde abordar en este acápite la pretensa violación del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En mi opinión, el discurso sobre el cual se halla cimentada la crítica no es atendible. Me afirmo en esta conclusión, toda vez que, a criterio del quejoso, lo que inhabilita la aplicación de la norma de marras es precisamente- la existencia de un vínculo comercial entre las partes, la ausencia de utilización de figuras no laborales para encubrir un contrato de trabajo y la falta de reclamos por parte de Maciel durante el transcurso de la relación, argumentos todos que -a tenor de las inmutables conclusiones fácticas- descartan su análisis.

c. Para concluir, corresponde recordar en este punto que, por imperio del principio de primacía de la realidad que rige en materia laboral, deben prevalecer los hechos verificados en la causa sobre las formalidades o apariencias, más allá de lo que las partes hayan pactado o entendido convenir y aun sin necesidad de examinar el grado de intencionalidad o responsabilidad de cada una de ellas (conf. L. 50.911, sent. del 3-VIII-1993; L. 90.373, sent. del 1-X-2008), lo cual destierra los demás planteamientos que porta este pasaje del recurso.

2. Sentado lo anterior, seguidamente abordaré las críticas reseñadas en el segundo apartado del punto II.

a. El acuse fincado en la decisión que estimó fundado el despido indirecto dispuesto por la actora no es de recibo.

El soporte argumental que le da sustento se asienta en una premisa (disolución contractual por vía de la rescisión unilateral de la demandada) cuyo contenido ha quedado neutralizado a la luz de los postulados fácticos adoptados por el tribunal de grado y que -como se ha visto- no han logrado ser conmovidos ante esta instancia extraordinaria.

Por lo demás, el interesado no cuestiona la valoración de la injuria en sí misma ni invoca vulnerado el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.

b. En cambio, en lo concerniente a la violación del principio de congruencia, la prédica del impugnante conduce a revelar eficazmente el yerro que porta el pronunciamiento.

Desde este mirador, corresponde recordar que esta Corte tiene dicho que se quebranta dicho principio cuando no media conformidad entre la sentencia y el pedimento respecto de la persona, el objeto y la causa (conf. L. 93.296, sent. del 30-IV-2008; entre otras).

Bajo este prisma, reitero, acierta el recurrente en poner en evidencia el absurdo y la trasgresión que denuncia (fs. 476, pto. IV.A.), en tanto la disparidad de la condena contenida en el fallo con la pretensión articulada en la demanda se exhibe nítida.

En efecto, la demasía decisoria en que incurrió el tribunal de origen al condenar a la demandada al pago del sueldo anual complementario proporcional del 2001 y las vacaciones proporcionales correspondientes a ese año salta a la vista, toda vez que tales rubros no conformaron el objeto del reclamo (v. demanda, fs. 26/38 vta., especialmente fs. 26 vta. -objeto-, fs. 31/31 vta. -liquidación-).

Como corolario de lo expuesto, corresponde casar este segmento del fallo en la medida que el juzgador de la instancia ordinaria dictó una decisión extra petita, debiendo dejarse sin efecto la sentencia en cuanto declaró la procedencia de los mentados conceptos.

c. La conclusión vinculada a la determinación de las comisiones que conformaron el salario de la actora no puede ser revisada por esta Corte a tenor de la insuficiente fundamentación que porta la réplica.

De la lectura del fallo se observa que el tribunal del trabajo no sólo sustentó su decisión en lo dispuesto por los arts. 10 y 11 de la ley 14.546, sino que también aplicó los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653, normas estas últimas que el recurrente prescinde denunciar infringidas, lo que sella sin más- la suerte del cuestionamiento bajo examen.

En otras palabras, la notoria insuficiencia de la réplica la torna estéril para desbaratar la conclusión que el interesado censura, no pudiendo ser remediado por este Tribunal el déficit técnico que reside en el incumplimiento de la carga de invocar la violación de la totalidad de las normas actuadas por el tribunal de grado y que dieron debido sustento a la definición objetada.

En este sentido, se ha establecido que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que carece de la indispensable denuncia de infracción de los preceptos actuados en el pronunciamiento impugnado, vinculados a los agravios que en él se exponen (conf. causas L. 82.918, sent. del 19-IV-2006; L. 91.071, sent. del 28-V-2008), no pudiendo ser suplida esa deficiencia de oficio por esta Corte, por vía de inferencias o interpretación (conf. L. 74.038, sent. del 31-X-2007).

d. (i) La primera de las críticas que gira en torno al art. 14 de la ley 14.546 se encuentra desprovista de sustento atendible.

Al respecto, corresponde recordar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y, en general, de cualquier escrito judicial, resulta una cuestión de hecho, reservada a la opinión de los jueces de las instancias ordinarias, quienes tienen amplias facultades para establecer el ámbito litigioso y las cuestiones que integran la relación jurídico procesal, principio que sólo reconoce una excepción para que pueda atenderse en casación: el absurdo (conf. causas L. 92.421, sent. del 2-VII-2008; L. 88.143, sent. del 23-VII-2008), anomalía esta cuya omisa denuncia y demostración conduce -sin más- al rechazo del embate traído.

(ii) No corre igual suerte la segunda, referida a la efectiva aplicación de la norma vinculada a la determinación del monto de la indemnización por ella contemplada.

Este Tribunal tiene establecido que la indemnización por clientela regulada por el art. 14 de la ley 14.546 está conformada por un monto equivalente al veinticinco por ciento de lo que le hubiera correspondido al viajante en caso de despido intempestivo e injustificado, refiriéndose dicho porcentual a las indemnizaciones por antigüedad y -si se diere el caso- sustitutiva de preaviso y los haberes de integración (conf. causas L. 57.060, sent. del 18-XI-1997 y, en igual sentido, L. 82.048, sent. del 24-V-2006).

Desde esta óptica, lo cierto es que el quantum liquidado en el fallo por el concepto en cuestión no se compadece con el cálculo aritmético que resultaría de aplicar los lineamientos trazados por la doctrina legal citada.

En consecuencia, siendo notorio que al hacer lugar a la indemnización por clientela el a quo se apartó de lo establecido en el precepto de marras, deberá modificarse el pronunciamiento de la instancia ordinaria en este aspecto, debiendo calcularse nuevamente el monto de la indemnización por clientela en base a las pautas indicadas.

e. El tramo de la réplica que discurre sobre la condena a abonar los salarios correspondientes a los meses de abril y mayo no merece acogida favorable.

De un lado, a tenor de la propuesta fáctica del decisorio que el recurrente no logró derribar, resulta insustancial el argumento vinculado a la afirmación acerca de que la finalización del contrato entre las partes se produjo en febrero de 2001.

Del otro, el planteo relativo a la determinación de las comisiones percibidas en concepto de salario resulta inabordable a la luz de lo establecido en el punto III.2.c.

f. El agravio que versa sobre el tope de la indemnización por despido es insuficiente, toda vez que el impugnante incumple con la carga de mencionar la o las normas así como -en su caso- la doctrina legal que reputa violadas o erróneamente aplicadas en el fallo (art. 279, C.P.C.C.; conf. arg. causa L. 82.292, sent. del 17-X-2007; entre otras).

g. Por último, no vislumbra agravio digno de atención el reproche destinado a criticar el pasaje del fallo vinculado a la disidencia expuesta por los magistrados votantes en segundo y tercer término, toda vez que por conducto de su decisión mayoritaria se desestimó la procedencia del art. 15 de la ley 24.013, en uso de la facultad reconocida en el art. 16 de la normativa citada (v. sentencia, fs. 458/459 vta.).

IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido con los alcances determinados en los puntos III. 2.b. y III.2.d.(ii) y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto condenó al pago del sueldo anual complementario proporcional de 2001 y vacaciones proporcionales de 2001 y en lo concerniente al monto liquidado en concepto de indemnización por clientela.

Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, renovando los actos procesales necesarios, establezca el monto resarcitorio pertinente por el rubro del art. 14 de la ley 14.546, conforme lo establecido en el punto III.2.d.(ii) y practique nuevamente las regulaciones de honorarios en base a lo que aquí se decide.

Las costas de esta instancia se imponen por su orden atento el progreso parcial del recurso (art. 289, C.P.C.C.).

Con los alcances expuestos, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

1. Adhiero al voto del doctor Genoud, aunque en relación al agravio vinculado al tope de la indemnización por despido, lo hago por los fundamentos que expongo a continuación.

El demandado se agravia por el cálculo de la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre la base del porcentual de afectación del 33% siguiendo los lineamientos del Fallo "Vizzoti" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación toda vez que, en su opinión, ese modo de resolver sólo se aplica a los trabajadores excluidos del convenio colectivo.

2. Como dije en otras ocasiones, si la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exigen, la deficiencia técnica del recurso intentado por las partes mal puede ser obstáculo que interfiera en la actividad el juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso (conf. causas L. 78.604, sent. del 21-V-2003; L. 78.229, sent. del 14-IV-2004).

Sin embargo, en ese contexto, no puedo omitir considerar que la ausencia de impugnación de la parte actora en relación al alcance con que se decidió la inconstitucionalidad en la instancia de origen (nada dijo tampoco en su memoria, relativa al recurso deducido por la contraria -fs. 512/517-), inevitablemente se proyecta sobre el principio de la reformatio in peius de jerarquía constitucional que prohíbe la posibilidad de agravar o empeorar la situación del recurrente (conf. causas L. 56.742, sent. del 17-XII-1996; L. 58.473, sent. del 22-IV-1997; entre muchas otras).

Por ello y pese a que como lo he hecho en numerosas causas en las que se ha ventilado cuestión similar a la aquí planteada, correspondería dejar -lisa y llanamente- sin efecto el tope, puesto que no sería óbice la condición de trabajador no convencionado del actor (lo que derivaría, en definitiva, en que el cálculo de la indemnización debiera ser realizado sobre la base de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador sin límite alguno); ello no es factible en la especie atento que, como lo he destacado, la accionante consintió el alcance patrimonial que el a quo confirió a su petición.

3. Con la salvedad apuntada adhiero, como dije, al voto del doctor Genoud.

Voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores de Lázzari y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. A excepción de lo señalado en el apartado III. 2.b, habré de compartir lo expuesto por el colega doctor Genoud en su voto.

La salvedad anterior la hago pues entiendo que la queja orientada a neutralizar lo juzgado en la instancia, en cuanto se condenó a la accionada al pago del sueldo anual complementario proporcional del año 2001 y de las vacaciones proporcionales de idéntico año, porta el mismo defecto técnico que se le reprocha a aquel cuestionamiento -el primero de ellos- vinculado con la indemnización receptada con fundamento en el art. 14 de la ley 14.546.

En efecto, al afirmar que se violó el principio de congruencia en tanto -alega- los rubros arriba mencionados no fueron reclamados en la demanda, el interesado sitúa su agravio en el marco de lo que constituye una labor privativa del tribunal de la instancia como es aquélla que hace a la interpretación de los escritos constitutivos del proceso; sin embargo, omite denunciar la eventual existencia de absurdo, recaudo necesario para lograr la revisión de este tipo de cuestiones en sede extraordinaria (conf. doct. causas L. 102.553, "Romeros", sent. de 9-XII-2010; L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010; L. 94.076, "Aguilar", sent. de 2-IX-2009).

Luego y a tenor de su insuficiencia, opino que la impugnación en estudio tampoco merece favorable acogida.

II. Conforme lo anterior, suscribo la solución que el colega ponente eleva a este acuerdo, si bien ello, acotado a lo concerniente al monto de la indemnización por clientela, el que deberá ser nuevamente establecido de acuerdo a lo allí resuelto.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, por mayoría, se revoca la sentencia impugnada en cuanto incluyó en la condena el sueldo anual complementario y las vacaciones proporcionales -en ambos casos, del año 2001- e, igualmente, por unanimidad, en lo relativo al quantum de la indemnización por clientela prevista en el art. 14 de la ley 14.546.

Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, previa renovación de los actos procesales que estime necesarios, establezca el importe de la indicada indemnización, practique la liquidación que corresponda y efectúe una nueva regulación de los honorarios de conformidad a lo que aquí se ha resuelto.

Costas de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (art. 289, C.P.C.C.).

Regístrese y notifíquese.

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI	HECTOR NEGRI	DANIEL FERNANDO SORIA	LUIS ESTEBAN GENOUD	HILDA KOGAN	EDUARDO JULIO PETTIGIANI	GUILLERMO LUIS COMADIRA	Secretario