marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia por la materia, competencia civil, sucesiones, domicilio del causante
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Read, Enrique Hermenegildo s/ sucesorio ab - intestato. Competencia n° 1089XXXII
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Si el causante contaba con lugares alternativos de habitación, para determinar el lugar de su domicilio, y por lo tanto, el de radicación definitiva del proceso, cabe considerar aspectos objetivos y aún subjetivos de preponderancia en el plano familiar y comercial - laboral, que evidencian que, en el caso, la ciudad de Formosa era el centro principal de sus intereses, desde que allí residía su familia legítima y se encontraba el asiento principal de sus negocios.
Daños y perjuicios, daño material, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: VALENTINI,  Francisco c/ TRENES DE BUENOS AIRES S.A. s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

No existe incompatibilidad entre los gastos de tratamiento psicológico futuro y la inclusión del daño psíquico como integrante de la incapacidad. El hecho de que se haya reconocido la indemnización por daño psíquico, no obsta la del tratamiento psicológico y viceversa, ya que se trata de indemnizar diferentes daños. El tratamiento psicológico apunta a evitar que la dolencia psíquica se agrave, o en todo caso, a mejorar sus síntomas, pero resultando del hecho dañoso una incapacidad permanente, no puede asegurarse su recuperación total.
Sucesiones, legítima
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Thenee de Casas, isabel c/ Thenee, José s/Sucesión s/ Nulidad de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

Las disposiciones contenidas en el Capítulo 6 del Título 9, del Código Civil, "Sucesión de los parientes colaterales" (arts. 3585 y sgtes.), configuran normas supletorias de la voluntad del causante, de aplicación a las sucesiones intestadas. De tal modo, estos parientes no se encuentran amparados con la protección de una porción legítima sobre los bienes de su causante, que sí resulta prevaleciente para el testador en el caso de contar con herederos forzosos, e impediría aún a éste, en vida, efectuar liberalidades que la afectaran (doct. arts. 3476, 3604 última parte del Código citado).
Queja por denegación del Recurso de inaplicabilidad, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: Leitao, Eduardo c/ Municipalidad del Partido de General Pueyrredón y otro s/ Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Queja por denegación de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-08-22

En el ámbito del recurso extraordinario federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado que no cabe hacer lugar a la invocada existencia de "gravedad institucional", si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia.
Abuso de firma en blanco, cheque, librador, Derecho penal, causas de justificación, error (penal)
Materia: PENAL
Carátula: D., N. s/ Libramiento cheque sin fondo (Expte Nº 24-94, Resolución Nº 32, Tomo  2, Folio 192)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-07

Si bien la negativa al pago del cheque firmado en blanco fue antijurídica, en el caso, el titular habría actuado bajo el firme convencimiento de que no debía soportar las consecuencias del abuso de confianza (en el erróneo convencimiento de que ejercía un legítimo derecho o tal vez, de que se defendía legítimamente de una agresión injusta contra su patrimonio), lo que en otros términos significa que obró bajo un error, un error que podríamos denominar "error de derecho extrapenal", tolerable por ende en nuestro ordenamiento jurídico como exclusorio de la culpabilidad ya que no se trataría de un error acerca de la existencia o inexistencia de una causa de justificación (llamado error de puro derecho) error de prohibición al revés, o error sobre la existencia de una permisión) sino meramente un error acerca de una de las circunstancias que fundamentan la existencia de la causa de justificación.
Embargo, prohibición de salida del país, responsabilidad del organizador, espectáculos públicos
Materia: PENAL
Carátula: Peuscovich, Marcos y Otro c/  s/ Embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-03-17

Debe rechazarse la solicitud de medida cautelar de embargo y prohibición para salir del país, efectuada por una fiscal contra dos productores que organizaron un recital de rock que dejó un saldo de dos personas muertas y más de veinticinco personas heridas, habida cuenta que se desprende que no se ha precisado cual sería el delito aplicable, con lo cual se determinaría en su caso la medida cautelar que resulte proporcional, ello en atención a que quien impulsa la medida es el Ministerio Público Fiscal y no aquellas víctimas con derecho resarcitorio o que se hayan presentado con calidad de actor civil. Con respecto a la petición de prohibición de salida del país, dicha medida restrictiva queda comprendida en iguales términos a lo referido anteriormente, habida cuenta que la misma fue impulsada sin dar razón de cuáles son los elementos, motivos o fundamentos por los cuales las personas mencionadas vayan a entorpecer el accionar de la justicia.
Beneficios previsionales, reciprocidad jubilatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Serqueira, Julio C. c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Maldonado, Dionisio c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25|2000-06-07

El convenio por el que se reglamentó la adhesión provincial al sistema nacional de reciprocidad jubilatoria constituye una "ley contrato" que conjuga dos voluntades, una federal y otra provincial y no puede ser modificado por normas provinciales en perjuicio de los derechos de aquéllos que se beneficiaron con su celebración.
Honorarios del martillero, subasta
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Rodríguez Egaña de Corti, Maderma S. c/ Larroude, Juan s/ Cobro Alquiler
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

Se ha interpretado que el derecho de los peritos a reclamar sus honorarios a cualquiera de las partes, con independencia de la carga de las costas, es aplicable al martillero que realiza la subasta. De igual modo, los gastos del remate deben ser soportados por las partes en juicio, ante quienes puede reclamarlos el rematador. Ello sin perjuicio, de que al existir condena en costas de la ejecutada, sea ésta quien deba pagarlos en definitiva por ser gastos propios del proceso de ejecución.
Derecho Aduanero, nulidad procesal, actos consentidos, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zamparo, Carlos Juan (T.F. 7553-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-22

Se entiende que existe consentimiento tácito al no promoverse incidente de nulidad dentro de los cinco días de conocido el acto que pretende observarse (art. 1051, ap. 2 del C.A.).
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Vecinal "Barrio Alvear" c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo. Admisibilidad (Expte. CSJ Nº   93-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-28

Debe declararse inadmisible el recurso contencioso administrativo interpuesto cuanto el mismo se intenta contra un acto confirmatorio de otros anteriores ya firmes (artículo 12, inciso d, ley 4106 -aplicable a esta causa en virtud de lo dispuesto por el artículo 38 de la ley 11330-). En el caso, la actora impugna el decreto, por el cual el Intendente municipal dejó sin efecto su reconocimiento como entidad vecinalista, y la resolución mediante la que el mismo órgano -en lo que aquí es de interés- rechazó el recurso de reconsideración interpuesto, con fundamento en que la vía administrativa previa se había ya agotado con el dictado de otra resolución anterior de similar contenido.
Haber jubilatorio, prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GÜEMES, Jesusa s/ Recurso de Apelación contra Resolución Nº2108-92 del ISSyS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-03-15

El ejercicio del derecho de accionar por el acreedor, frente a la inercia del obligado, pone en movimiento el aparato jurisdiccional para obtener el amparo de ese derecho; supone realizarlo dentro del plazo que la ley le acuerda, ya que todas la acciones son prescriptibles, salvo los supuestos que la ley prevé e independientemente de la buena o mala fé del deudor. La falta de ejercicio del derecho de accionar dentro del término prescriptivo, acarrea la carga de soportar consecuencias legales: la aplicación del término de prescripción y pérdida del derecho, ya que lo contrario implicaría aceptar la ignorancia del derecho, como eximente de una carga procesal. Es de aplicación al presente caso, lo resuelto por este Tribunal en autos anteriores, en los que se resolvió considerar como haberes devengados los reajustes de prestaciones previsionales adeudados, correspondiendo aplicar el plazo de prescripción de dos años, previsto en el art. 82 de la Ley 18037.
Recursos, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: AVICOLA MONTECARLO S.A. c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-14

Cualquier medio recursivo que se intente no sólo debe revestir los requisitos formales y fundamentación suficiente, sino que quien los plantee haya sufrido un perjuicio o gravamen con la resolución que se impugna, es decir, debe existir relación directa e inmediata entre la materia del pronunciamiento y la cuestión que, a su criterio, habilitaría la revisión del mismo. De allí que no es suficiente el agravio meramente conjetural o hipotético, cuya finalidad sea obtener un pronunciamiento general o abstracto de quien debe resolverlo.
Proceso judicial, medidas cautelares
Materia: PENAL
Carátula: VICENTE A. GEREZ c/ SUAREZ, MARIO ALBERTO Y OTROS s/ ROBO CALIFICADO CORONEL, JOSE ANTONIO c/ BARRERA, ROBERTO ALEJANDRO; TABOADA, JUAN JOSE; GOMEZ DANIEL ARMANDO s/ ROBO EDUARDO RAUL ARCE c/ SUAREZ, RODOLFO RAFAEL s/ ROBO CALIFICADO DANIEL ARMANDO s/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-11-29|2001-02-19|2003-06-17

Toda medida de coerción personal no puede ser pena y por el contrario, para justificarse constitucionalmente, tiene que ser cautelar de un proceso, y respetar los distintos "presupuestos" exigidos para la concesión de ese tipo de medidas. Dichos presupuestos son principalmente: a)APARIENCIA DE RESPONSABILIDAD:

aquello que los romanos llamaban como fumus boni juris, es decir, que debe existir una determinada apariencia de responsabilidad del imputado, ya que sería ilógico que a cualquier persona se le aplique una medida cautelar personal si previamente no hay "una valoración probatoria" de los elementos recogidos en la causa que lleve a concluir que alguna apariencia de responsabilidad existe en relación al hecho que motiva al proceso. b) PROPORCIONALIDAD: aquella apariencia de responsabilidad debe ser "proporcional" a la gravedad de la medida. c)PELIGROSIDAD PROCESAL: tiene que existir el "peligro" de que se frustre el juicio o la sentencia, durante el tiempo que este demande porque en ese lapso el demandado puede perjudicarlo realizando conductas que perturben el proceso o conviertan en incumplible el fallo que se dicte; es lo que se conoce como "periculum in mora", es decir, peligro en la demora. Esto significa lisa y llanamente que el imputado en libertad se convierte en un peligro para su enjuiciamiento. Siendo esta circunstancia conceptuada como "peligrosidad procesal", diferenciándose este tema de la "peligrosidad social".
Corrupción de menores, violación con fuerza o intimidación
Materia: PENAL
Carátula: GUASTELLA, N. Y OTRO s/ CORRUPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-07-13

Configura el delito de corrupción de una menor de 14 años, la acción de los encausados que contemporáneamente sometieron a la víctima a manoseos en las zonas pudendas; debiendo descartarse la figura de violación, por cuanto no está acreditada la violencia e intimidación que alega la víctima; más aún, no resulta creíble el relato de ésta en el sentido de haber sido obligada, si se tiene en cuenta que, según sus propios dichos, antes de penetrar en el inmueble a que fuera conducida, estuvo en una confitería con los acusados, habiendo podido pedir auxilio.
Residencia médica, consentimiento informado
Materia: CIVIL
Carátula: JAQUIERS, JAVIER EN J°  94.013/38.353 JAQUIERS (EXPTE. N°  88.223 ) c/ ZALDÍVAR s/ D. Y P S/ INC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-07-26

Sin perjuicio de la conveniencia de la forma escrita, la validez del consentimiento informado para una práctica médica, por parte del paciente, no exige requisitos especiales de índole formal, pudiendo ser prestado en forma verbal, y nada hay de arbitrario en valorar la historia clínica como medio de prueba del consentimiento informado, ya que la historia clínica o ficha médica del paciente es el documento por excelencia para instrumentar el consentimiento informado.
Defensa del consumidor, multa, obligaciones en moneda extranjera
Materia: CIVIL-COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Zurich Internacio-nal Life Limited Sucursal Argentina c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-26

El TSJ se expidió así al revocar un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que confirmó la decisión de la DGDyPC de imponer una multa a una empresa de seguros por considerar que no había brindado la información adecuada a un cliente al momento de celebrarse un contrato para un plan de ahorro en dólares en el exterior y porque el mismo contenía una cláusula que, a su criterio, resultaba abusiva al permitirle a la compañía realizar cambios de forma unilateral y sin previa notificación al asegurado.
Lucro cesante, accidentes de trabajo, Derecho laboral, trabajador, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: CARLACCHIANI, ENIO PRIMO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 31-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-05

El nivel remunerativo que tenía el actor en actividad, es representativo del daño por privación de ganancias que afecta al trabajador como consecuencia del accidente invalidante.
Docentes, concursos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CUADERNILLO DE APELACION EN AUTOS: CAMPOS HUGO R. c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO(EXPETE.Nº99658)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-09-01

La prioridad argüida por el Actor para reintegrarse en el cargo de Vice-rector en el cuál se desempeñó como suplente no se verifica palmariamente, ya que Estatuto del Docente cuya aplicación sugiere es para las suplencias e interinatos a horas cátedras y no para cargos directivos, porque el acto emanado de la Autoridad administrativa es plenamente válido.- (Minoría u opinión personal)
Caducidad de instancia, actos y diligencias procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ c/ SFREDO DE YULIANO s/ Ordinario (LIBRO: A108 - 094)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-05-16

Para que un escrito, diligencia o actuación pueda ser considerado como interruptor del curso de la perención, debe ser "util" para impulsar el desarrollo de la instancia, y se aprecia que el sorteo de la causa, dejado luego sin efecto por inadecuado, no condensa o cumplimenta tal requisito.-
Daños y perjuicios, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FERNÁNDEZ, ANDREA SOLEDAD (por derecho propio y en representación de sus hijos menores) C/ BENTANCOURT, JOSÉ GUILLERMO S/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS (- TPRO: ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS) - Expt. N° 7135/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-25

El principio que sienta la norma del art. 1774 CCC es el de independencia sustancial de la acción civil y la penal que nacen del mismo hecho ilícito, facultando al damnificado para promover ambas acciones bien en sede penal o bien autónomamente en ambas jurisdicciones. El art. 1775 CCC que consagra la prejudicialidad contempla sólo que la precedencia o contemporaneidad de la acción penal respecto de la civil suspende el dictado de la sentencia civil hasta tanto concluya el proceso penal, previendo tres excepciones a dicha suspensión. La suspensión entonces, sólo se refiere a la sentencia pero no al trámite del proceso civil.
Diputados, lista de candidatos, plazo
Materia: POLITICO - ELECTORAL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: SUB-LEMA    DEL    PARTIDO   JUSTICIALISTA  "UNIDOS  VENCEREMOS"  -Z- s/ SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO VENCEREMOS"  -Z- s/ SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-08-20

Incurrió en "exceso ritual" la Junta Electoral Provincial que dió por perdido el derecho a oficializar candidatos por el solo vencimiento del plazo previsto en el art. 9 de la Ley 653, desde que el mismo ha sido fijado para registrar ante ella la lista de candidatos públicamente proclamados a los fines de su pronunciamiento sobre la calidad de los mismos, y en el caso, en tiempo propio fueron proclamados los candidatos y oficializadas las listas por el sub lema apelante, omitiendo en razón de un traspapelamiento involuntario la perteneciente a la comuna por cuya oficialización de candidatos se recurre. Todo aquello que restrinja derechos políticos de los ciudadanos debe interpretarse restrictivamente y resolverse con amplitud desechando el extremo formalismo procesal en casos en que están en juego de modo inmediato y directo el ejercicio de derechos constitucionales. En tales condiciones, resulta no perentorio el plazo del art. 9 de la Ley N.

653, y la última presentación complementaria de la efectuada ante la Junta, cuando oportunamente se nominó a los candidatos por el sublema recurrente, correspondiendo revocar el resolutorio apelado.
Derecho procesal, prueba, facultades del juez, prueba pericial, dictamen pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: TRANSPORTES "LA CAPITAL" S.A. c/ NUÑEZ, MARCELO RAMON s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-22

El juez es soberano en la apreciación de los hechos, dentro de los cuales se encuentra el dictamen pericial. Pero esta interpretación tiene una valla, pues para apartarse de las conclusiones deberá aducir razones fundadas. El magistrado no puede apartarse o desvincularse arbitrariamente de la opinión del experto, debiendo en todos los supuestos fundar su discrepancia en elementos de juicio que permitan desvincular el informe, concluyendo fehacientemente en el error, o el inadecuado uso que el experto hubiere hecho de los conocimientos científicos y técnicos, de que su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado.
Poder de policía, actividad comercial, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, límites jurisdiccionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Responsable local JET LOUNGE s/ Infr. Art. 73 ley 1472 - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-09

En el caso, resulta claro que el local ubicado en la costanera norte de esta ciudad se encuentra dentro de los límites territoriales de la ciudad, y por esta misma razón la ciudad posee el poder de policía sobre las actividades allí desarrolladas, situación que no se modifica por el hecho de que las actividades comerciales de dicho local se produzcan en una zona portuaria, pues sólo puede existir una concurrencia de jurisdicciones siempre y cuando la actividad del local tuviera alguna relación con la actividad portuaria y/o el local fuere un establecimiento de utilidad nacional. Ninguno de ambos supuestos se verifican en el presente caso.

Corresponde recordar que el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad establece que "Los límites territoriales de la Ciudad de Buenos Aires son los que históricamente y por derecho le corresponden conforme a las leyes y decretos nacionales vigentes a la fecha. Se declara que la Ciudad de Buenos Aires es corribereña del Río de la Plata y del Riachuelo, los cuales constituyen en el área de su jurisdicción bienes de su dominio publico (...).

En su carácter de corribereña del Río de la Plata y del Riachuelo, la Ciudad tiene plena jurisdicción sobre todas las formaciones insulares aledañas a sus costas, con los alcances permitidos por el Tratado del Río de la Plata(...) El Puerto de Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad, que ejerce el control de sus instalaciones, se encuentren o no concesionadas".

En este sentido, esta Sala ya se ha pronunciado afirmando que "[r]esulta indudable que la Ciudad tiene el poder de policía sobre las actividades desarrolladas en todo su territorio y, por tanto, respecto de las actividades comerciales que allí realiza el recurrente. La conclusión antedicha no sufre variación alguna si se considera que la actividad comercial es desarrollada en una zona portuaria.

Ello así pues el art. 75 inciso 30 CN establece que es facultad del Congreso Nacional ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la Capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República.

Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines. En el caso, el recurrente no ha demostrado ni intentado demostrar el modo en que el ejercicio del poder de policía local sobre la actividad comercial que despliega interferiría con los fines específicos de la zona portuaria, que el Estado Nacional debería cumplir, según opina el recurrente, por medio del territorio en cuestión" (Causa 85-00/CC/2004, "Muelle del Plata SRL s/ falta de habilitación y otra. apelación, rta. 29/04/05 -el destacado obra en el original-).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, juicio ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Banco Suquia S.A. y como tercero coadyuvante Bica Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Ltda. c/ Saranz, Gabriel, Albandea, María G. y Sola de Saranz, Zulema M. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Ejecutivo   (Expte.: C.S.J. Nro. 349 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-10

Los procesos de ejecución se cierran con una sentencia contra la que el Código de rito abre la vía ordinaria prevista en su artículo 483, y por ende, no reviste en principio la calidad de definitiva. A su vez, cabe poner de relieve si una decisión esta sometida a un pronunciamiento posterior que pueda disipar el agravio que ocasiona, no es definitiva para la apelación Extraordinaria. De acuerdo con esta pauta rectora, dable es sostener que, en el caso, no corresponde apartarse del principio general expuesto, ya que no justifica la quejosa la imposibilidad de acudir al referido trámite ordinario, ni acredita que lo resuelto le provoque un perjuicio o gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, por lo que debe reputarse insatisfecho el requisito de definitividad establecido en el artículo 1 de la ley 7055.