marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, tercera instancia, accidente in itinere, relación de dependencia, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MOREYRA, GUILLERMO ESTEBAN c/ ZABDO, ALEJANDRA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-20

En relación a la homologación del acuerdo transaccional entre el actor y la ART, la Sala fue conteste al afirmar que en nada incidía en los presentes, desde que no se produjo en dichos caratulados prueba alguna que pueda ser utilizada en estos autos -no lo es la pericial médica, que más allá de constatar lesiones se sustenta únicamente en el relato del actor-; mucho menos es posible afirmar que el hecho de que la ART decidiera poner fin al pleito abonando una suma de dinero constituye prueba o indicio de que el vínculo laboral existió, desde que se trató de un acuerdo liberatorio a los fines de extinguir el litigio sin que implique reconocimiento o admisión de los hechos, el derecho y pretensiones invocados por el accionante; por lo que revisados así los argumentos traídos por el quejoso ante este Cuerpo, es forzoso concluir que la impugnación planteada traduce la mera intención de que se reanude una controversia ya agotada en la instancia ordinaria, lo cual no se compadece con la naturaleza propia del recurso de inconstitucionalidad, que -como reiteradamente se ha sostenido- no tiene por objeto corregir en tercer nivel sentencias equivocadas o que se estimen tales según las divergencias de los recurrentes, sino que sólo encuadra en aquellos casos en que media carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución prevista para los mismos, ya que lo contrario importaría exceder la jurisdicción de esta Corte. - CITAS: CSJStaFe: AyS, T 62, p 366; T 65, p 40; T 83, p 112; AyS, T 58, p 307; T 59, p 319; T 134, p 294; T 141, p 330.
Expropiación, honorarios del perito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Prov. de Bs.As. c/ Campana, Vicente o quien resulte propietario s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-25

El art. 32 de la ley 5708 establece que la no concurrencia del perito a la audiencia allí prevista le ocasiona a éste la pérdida de "los derechos a percibir honorarios". No otra es la solución adoptada por el Código Procesal (arts. 36 inc. 5 y 473 párrafos 1ro.

y 2do.). Ahora bien: su citación debe notificarse por cédula o personalmente (arg.art.135 inc. 10 del C.P.C.C.), lo cual resulta de aplicación en el ámbito del proceso expropiatorio en mérito a lo preceptuado por el art. 52 de la ley citada.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción declarativa de inconstitucionalidad, aborto no punible
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Civil Pro Amnistía y otros contra s/ acción declarativa de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-12

Si bien es cierto que con posterioridad al inicio de la presente acción declarativa de inconstitucionalidad se ha dictado la ley nacional n° 27610 -que tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto y a su vez modifica los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal-, y la resolución n° 1535/2021 del Ministerio de Salud -que establece el Protocolo para la Atención Integral de personas con derecho a la interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo-, no es menos cierto que ello no implica la pérdida de vigencia de la ley n° 6312 (que adhiere a la resolución n° 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación y adopta para el sistema de salud, el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de Buenos Aires), ni tampoco de las resoluciones 1722/MSGC/20 y 1723/MSGC/20 del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y sus Anexos. Ello así, dado que, como ya ha dicho este Tribunal, la norma que integra el derecho público local, aunque derogada en la Nación, conserva su vigencia mientras no se regule de un modo diverso por normas constitucionales o legales emanadas de las autoridades de la ciudad. En efecto, se trata de un supuesto de reenvío receptivo, procedimiento que incorpora en un grupo normativo (reclamante) el contenido de otra norma (reclamada), de acuerdo con su redacción en un momento dado ("GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Moreira Suquilvide, Eduardo c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'", expte. n° 8896/12, sentencia del 12/10/2012; "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Anganuzzi, Mario Lucio y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'", expte. n° 3926/05, sentencia del 28/9/2005). (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretación de la ley, ley federal, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Levin, Mario c/ Banco Central de la República Argentina s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

En la tarea de establecer la inteligencia de las normas federales que le asigna el inc. 3°, del art. 14 de la ley 48 la Corte no está limitada por las posiciones del a quo y del recurrente sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que ella rectamente le otorga.
Estafa procesal, perjuicio económico, excepciones procesales, falta de acción, escritos judiciales, prueba falsa, acta notarial, falsedad ideológica, recurso de apelación (procesal), presentación extemporánea
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ MADERO, Jaime s/ exc. de falta de acción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-05

"La estafa procesal es un caso de desdoblamiento entre la víctima del engaño y el ofendido por la estafa: la víctima del engaño es el juez, y el ofendido por la estafa es la persona a la que afecta la sentencia o resolución judicial dispositiva de la propiedad" (conf. Gladys N.Romero, El Tipo de Interpretación del Delito de Estafa. 1999, Ed. FD).

En consecuencia, describe una conducta engañosa tendiente a motivar al juez a dictar una decisión perjudicial para la contraparte, consistiendo la acción típica en engañar al juez sobre el objeto en el que recae dicha acción. Así se ha dicho que "...en este caso se utiliza al Juez o Tribunal como un instrumento de comisión del delito de estafa".

No se discute en la actualidad que la estafa procesal es una estafa común, con la única particularidad de que se desarrolla en el ámbito jurisdiccional y que el sujeto engañado es el juez, siendo la posición dominante en la doctrina, que cualquiera de las partes del juicio pueda engañar al magistrado y lograr así una decisión dispositiva patrimonial perjudicial para la contraparte o para un tercero.

El daño patrimonial o perjuicio constituye uno de los elementos del tipo objetivo de la estafa y conforme sostiene la doctrina, es la consecuencia de la disposición efectuada por el engañado.

Entonces, siguiendo la teoría personal del patrimonio, la determinación del perjuicio debe realizarse mediante la comparación del patrimonio antes y después de la disposición, valorando las circunstancias en que ésta fue realizada.

Por ello, si se aduce que la presentación de un escrito conteniendo una actuación extraprotocolar suscripta por escribano, hipotéticamente falsa, sólo tuvo por finalidad obtener la declaración de falsedad de un cargo judicial, que tornaba extemporáneo un recurso de apelación contra una sentencia definitiva de primera instancia, se cumplen los requisitos típicos de la figura en cuestión en tanto imposibilita que la contraparte pueda cobrar sus honorarios, ocasionándole un daño patrimonial representado por la pérdida de un derecho adquirido mediante sentencia firme, que con el transcurso del tiempo se ha tornado ilusorio en razón de un concurso preventivo De esta manera, se pone de manifiesto, a esta altura procesal, que la atipicidad de la conducta atribuida no es evidente como para que prospere la excepción planteada.
Ejecución fiscal, oficial de justicia, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: DGI c/ HE SA s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-18

De conformidad con lo resuelto por la Sala I en la causa 4248/93 del 23.9.93 la designación de oficiales de justicia ad hoc, por la actora, a los fines de diligenciar los mandamientos de la intimación de pago, embargo y citación de venta librados en estas ejecuciones, art. 18 de la ley 18820 y dec. 507/93, es una herramienta eficaz orientada a lograr una mayor economía procesal, art. 34, inc. 5 apartado "e" del C.Procesal, sin que por ello el juez deje de ejercer, en plenitud, las facultades que le competen como director del proceso, resultando pertinente señalar que el funcionario administrativo que el juez designe a propuesta de la actora, deberá aceptar el cargo conferido y comprometerse a cumplir legalmente la función encomendada.
Inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, responsabilidad internacional del Estado, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, libertad de circulación, arraigo, estado de derecho
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay S/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-08-31

Resulta ilegal e inconstitucional, abiertamente arbitraria e injustificable, a la luz de lo normado por los artículos 41 y 22 de la Convención Americana, la actitud de los agentes judiciales del Paraguay que negaron en forma reiterada el permiso de salida del país -con grave restricción a la libertad personal y particularmente a la de tránsito-, solicitado por el candidato electoral que, en el marco de la campaña presidencial, vertió información de interés público respecto de su contrincante, pues queda demostrado con creces su arraigo cuando se trata de un concejal municipal, candidato a Presidente a la República, con ejercicio profesional y con toda su familia viviendo en el Paraguay, conductas que un Estado de Derecho no puede permitir en sus funcionarios (Del voto concurrente razonado del juez ad hoc Emilio Camacho Paredes).
Inadmisibilidad del recurso, suspensión del juicio a prueba, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: FARÍAS, Ricardo Alberto y otros c/  s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-09

Es inadmisible el RE interpuesto contra la decisión que -al hacer lugar al recurso de casación- dejó sin efecto la concesión de la suspensión del juicio a prueba por entender la oposición del MPF resultaba suficientemente fundada, pues lo resuelto no constituye sentencia definitiva, no se ha demostrado la existencia de cuestión federal o la configuración de arbitrariedad. (Dres. Hornos, Borinsky).
Juicio de desalojo, locación de inmuebles
Materia: CIVIL
Carátula: PALACIOS, VICTOR AVELINO c/ CAJAL, HILDA ESTER s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-07-07

El adquirente de un inmueble locado, para sostener su legitimación para accionar por desalojo, debe haber recibido la tradición del inmueble (CSJT en ? Petroil S.A. vs. López A. s/ Desalojo? en sentencia: Nº 690 del 03/10/1996; Nº 171 en ? Vitalone María Florencia vs. Wadi Reimundo Rodolfo y otro s/ Desalojo? , del 13/3/2006; Nº 567 en ? Robles Roldán Guillermo Oscar y otra vs. Martínez Norma Susana y otros s/ Especiales fuero de atracción? del 23/6/2008; Nº 570 en ? Finca San Antonio S.R.L. vs. Carvajal Damián s/ Desalojo? del 09/8/2010; S.C. Buenos Aires, agosto 9-1988, ED, 131-360, La Ley, 1988-E, 200).

La tradición significa la entrega de la cosa, que dene hacerse por alguna de las formas autorizadas por el Código (art. 2378). Una de las formas previstas por el Código Civil para hacer efectiva la tradición, es la llamada "traditio brevi manu", cuyo objetivo es evitar el cumplimiento de actos materiales innecesarios que se traducirían en sucesivos desplazamientos para finalizar volviendo la cosa a manos de quién la detentaba.

Al reconocer el demandado la condición de propietario del actor, se produce la llamada "traditio brevi manu", que prevé la última parte del art. 2387 del Cód.Civil, ya que quién era tenedor a nombre del locador original -anterior propietario- pasa a ser tenedor a nombre del adquirente ? nuevo titular de dominio (cfr.Llambías Jorge-Raffo Venegas, Patricio en ? Tratado de Derecho Civil-Obligaciones? cita online Lexis N.7007/001145;

Papaño, Kiper, Dillon y Causse en ? Derechos Reales? t.1, p.88, Depalma;

Salvat, ? Derechos Reales? tomo I, Nº 155; Lafaille ? Tratado de los Derechos Reales? tomo I Nº 235 y ss; Laquis, Manuel A., ? Derechos Reales? , t.7 p.

393, Depalma, Buenos Aires, 1975; Julio-Vera Villalobos, Enrique; ? Manual de Derechos Reales? , p.80, Editorial Tea, Buenos Aires, 1962; Highton, Elena I., ? Derechos Reales, Posesión, p.114, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1986, Flah, Lily R., LA LEY, 1991-E, 245; S.C. Buenos Aires, setiembre 11, 1984, ED, 117-653). Si quien ocupa el inmueble objeto de la tradición es un simple tenedor, no hay oposición en los términos del art. 2383 (cfr. Papaño Ricardo;

Kiper, Claudio Marcelo,; Dillon, Gregorio Alberto y Causse, Jorge Raúl, ? Derechos Reales? . t.I, p. 86, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1989).
Reclamo administrativo previo, demanda, plazo legal
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA GRACIANO Luis c/ M.C.B.A s/ RECLAMO A LOS AGENTES MUNICIPALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-28

Denegado por el Intendente Municipal un recurso administrativo, el reclamante deberá promover la demanda judicial dentro del plazo establecido por el art. 100 de la ley orgánica municipal que corre a partir de la notificación de la denegatoria a sus pretensiones;

vencido dicho plazo sin haber promovido la demanda judicial, cabe considerar que el reclamante ha consentido el acto que lo agravia.
Superior Tribunal de Justicia, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Mattesz, Jacobo c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego y el I.P.P.S. s/ Contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-11-22

La parte no invoca ninguna omisión en la consideración de las pretensiones debatidas, por lo que el recurso resulta manifiestamente improcedente. Igualmente, cabe señalar que el art. 178 de la ley ritual que exige el voto fundado de cada uno de los integrantes de los tribunales colegiados debe interpretarse en conjunto con el art. 73 de la ley nro. 110 (Orgánica del Poder Judicial) que establece que el tribunal se integra con jueces subrogantes hasta el número legal para fallar en caso de licencia de alguno de sus miembros. El número indicado legalmente es aquel que forma mayoría en el tribunal, a saber: dos.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, llamado de atención
Materia: PROCESAL
Carátula: RISSO, FRANCISCO c/ MONTIEL, JUAN CARLOS s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

El llamado de atención no es susceptible de recurso de apelación por no tratarse de una sanción de las expresamente previstas.
Concubinato, sociedad de hecho, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LATANZI YOLANDA MAFALDA c/ SUCESION DE ARTURO CASTELLANO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CONCUBINATO - SOCIEDAD DE HECHO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-08-27

El concubinato no supone la existencia de una sociedad de hecho entre los concubinos, ni origina presunción alguna en su favor, pero tampoco la excluye, debiendo quién la invoca probarla con prescindencia de tal antecedente, acreditando la existencia de aportes y trabajos comunes, que acrecienten el caudal económico, formando un capital mediante el esfuerzo personal de ambos, que no puede estar constituido por el cumplimiento de tareas domésticas por parte de la concubina.
Prueba testimonial, privación ilegal de la libertad, torturas, coautoría, crímenes de lesa humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Petra Recabarren, Guillermo Max y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-05

Si bien la defensa enfatiza que los testigos no les enrostraron directamente la comisión de propia mano de los tormentos a los que fueron sometidos, no puede pasarse por alto que mediante su comportamiento contribuyeron decisivamente tanto al mantenimiento de la privación ilegal de la libertad que sufrieron las víctimas, como a la perpetración de las torturas que ellos padecieron, adquiriendo de ese modo el co-dominio funcional de una porción de los hechos, que ciertamente basta para fundamentar la atribución de responsabilidad por coautoría. Independientemente de que los imputados conocieran su origen espurio o no, las propias circunstancias en las que tuvieron lugar -i.e., condiciones infrahumanas de alojamiento, uso de tabiques, vendas y capuchas, imposición sistemática de tormentos- resulta evidentemente irreconciliable con cualquier concepción razonable de detención lícita. El cuestionamiento formulado por la defensa de acuerdo con el cual "la Policía de Mendoza carecía de medios económicos para efectuar las tareas de inteligencia que se le atribuyen al imputado resulta una afirmación carente por completo de asidero en las constancias del caso. No es el cargo funcional que desempeñaba el imputado aquello que constituye el fundamento de su reproche, sino que éste permite inferir su involucramiento, conjuntamente con la prueba de los hechos en concreto, que no fue discutida por el recurrente.
Juicio ejecutivo, contratos electrónicos, título ejecutivo hábil
Materia: COMERCIAL
Carátula: HSBC Bank Argentina S.A.  c/ Escudero, Gabriela Elisabet  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-12

El reconocimiento de la plena eficacia jurídica de los títulos ejecutivos electrónicos es una derivación natural de los profundos cambios que viene atravesando la legislación argentina, en aras de dar cobijo a los nuevos hábitos sociales que ya son parte de la sociedad moderna y que no pueden quedar huérfanos de regulación, ni mucho menos pueden recibir la espalda del derecho o de sus operadores.
Derechos reales, automotores, autorización judicial
Materia: CIVIL
Carátula: NUÑEZ José Manuel c/ Laplagne Sarmiento María Cristina s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-12-17

A partir de la vigencia del Decreto-Ley 6582/58, la inscripción registral posee carácter constitutivo y publicitario de dominio en tanto establece, que la transmisión del dominio automotor sólo producirá efecto entre partes y en relación a terceros desde la fecha de dicha inscripción; por lo tanto, si no se inscribe la transferencia aunque se haya hecho la entrega del vehículo, no se opera la transmisión del derecho real de dominio.

Ser pertinente el actor promueve la demanda que corresponda, pero con la intervención en el juicio del titular registral del vehículo; resguardando así no sólo la seguridad jurídica, sino también el derecho de propiedad y la garantía constitucional del debido proceso.

Este procedimiento no se puede soslayar, pues implicaría un trastocamiento de todo el sistema legal y la seguridad que requiere, en materia del dominio de los automotores.- Por consiguiente el actor no puede apartarse de ese régimen solicitando directamente la transferencia judicial.

La admisión de su pretensión significaría un desviamiento del régimen legal aplicable, sin que medie una impugnación concreta al respecto.

Debe ser objeto de un proceso judicial autónomo -con intervención o citación del titular registral- que, precisamente, tenga por finalidad la atribución de la propiedad. Y solo en el supuesto de que triunfe en dicha acción seria pertinente ordenar a las autoridades registrales la inscripción o modificación de que se trate.

Dicho esto de otro modo: no se puede pretender exigir que se inscriba a nombre de quien dice que es un simple tenedor, la titularidad de un bien al margen de las previsiones atinentes, por ejemplo: a la prescripción adquisitiva dirigida contra el titular registral del automotor.
Eximición de prisión, procesado, imputado
Materia: PENAL
Carátula: ROBERTO, O. L. C. s/ EXIMICION PRISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-07-11

... la eximición de prisión no es concebible a quien ha sido procesado, puesto que solamente quien revista calidad de mero imputado puede gozar de ella...".
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, crédito laboral, aplicación de la ley, actualización monetaria, Ley de desindexación
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Bolaño, Miguel Angel c/ Benito  Roggio  e  Hijos  S.A.  -  c/ Ormas S.A. Unión Transitoria de Empresas Proyecto Hidra. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

Es admisible el recurso extraordinario contra la sentencia que resolvió que la ley 24.283 no era aplicable a las obligaciones de pagar sumas de dinero emergentes de las relaciones laborales.
Robo calificado, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: MIGUEL ANGEL BARRIONUEVO y FRANCISCO RAMON MEDINA s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-07-16

Se trata de un robo simple en los términos del artículo 164 del Código Penal, toda vez que no se encuentra acreditado el poder vulnerante del arma en lo que respecta a su funcionalidad, ya que aquella no fue peritada.
Honorarios del perito, perito de parte, regulación de honorarios, costas al vencido
Materia: CIVIL
Carátula: FORESTADORA MARKO c/ VELLEZ HNOS s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-25

Los honorarios regulados al perito y a los consultores técnicos, en tanto forman parte de las costas judiciales, deben ser pagados, en definitiva por la parte que resulte vencida en el juicio, salvo que medie alguna de las excepciones establecidas respecto de ese principio. La ley, no obstante, cuando la prueba pericial reviste carácter común, legítima al perito y a los consultores técnicos para reclamar el pago de sus honorarios y el reintegro de los gastos en que hayan incurrido, con prescindencia de la forma en que imponga el pago de las costas del proceso, y sin perjuicio, naturalmente, de los eventuales reclamos que, con motivo de tal imposición, puedan formularse las partes.-