Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-21


NEUQUEN, 21 de Junio de 2011.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "ANTUNEZ PERCINCULA DAVILE C/ STAICOS CLAUDE CRISTIAN S/ D. Y P. POR USO AUTOMOTOR C/ LESIÓN O MUERTE", (Expte. Nº 349.191/7), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 6 a esta Sala III integrada por el Dr. Marcelo Juan MEDORI y el Dr. Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo:

I.- La sentencia del 23 de junio del 2010 (fs. 313/319), hace lugar en menor medida a la demanda entablada, condenando a Claude C. Staicos, Aguila S.R.L., y Federación Patronal Seguros S.A., (ésta última en la medida del seguro contratado), a abonar a la actora la suma determinada como reparación del daño moral, más la dispuesta para gastos terapéuticos, con sus respectivos intereses.

El decisorio aludido es apelado por ambas partes: por la actora a fs. 320 y vta., y por los demandados a fs. 329.

Asimismo, a fs. 322, el letrado de la actora apela la regulación de sus honorarios por bajos, solicitando que se incluyan los intereses en la base regulatoria de los mismos. Apelan también los emolumentos por altos.

II.- 1) Agravios de la parte actora (349/362 y vta.): Manifiesta en primer lugar que, agravia a su parte el rechazo de la incapacidad física reclamada, y que no se ha tenido en cuenta la contradicción en que incurre la pericial médica obrante en autos. Asimismo, critica el rechazo del rubro incapacidad psicofísica de la accionante respecto del cual aduce que, aún cuando se admita el criterio según el cual, el daño psíquico no es autónomo, éste por su entidad debe ser indemnizado cuando tiene influencia en la vida laboral o en la faz espiritual de la víctima.

Señala que en el caso, conforme surge de la pericial psicológica, la actora padeció trastorno por estrés postraumático y que, conforme surge del informe pericial psicológico, presenta una incapacidad del 8%, por lo que -entiende- debe ser indemnizada.

Añade que la Jueza de grado omitió -a los fines de cuantificar el daño- considerar la incapacidad transitoria total que padeció la actora luego del infortunio, y que dicha disminución, merece también resarcimiento. Cita Jurisprudencia, y solicita se acoja el agravio esgrimido.

En segundo lugar, se agravia por el rechazo de los gastos de farmacia y considera que el criterio de la a-quo respecto del mismo, es desacertado. Argumenta que, en atención a la dificultad de prueba que presenta la acreditación de tales erogaciones, resulta injusto que se le exija probar a su parte que dichos gastos no fueron costeados por el nosocomio público o por la obra social.

Dice que es indiscutible que por más que la actora haya sido atendida en un hospital público y que no haya acompañado a la demanda órdenes para la compra de medicamentos, las lesiones padecidas originaron la necesidad de consumir anti-inflamatorios, analgésicos y ansiolíticos para calmar los dolores.

En tercer lugar, manifiesta que resulta bajo el monto otorgado en concepto de tratamiento psicoterapéutico, y que la suma de $500 fijada en la sentencia de grado para atender tal rubro resulta escasa ya que, como es de público conocimiento, actualmente una consulta con un psicoterapeuta asciende a la suma de $100.

Afirma por otra parte, que el hecho de que la actora posea obra social, no es prueba de que la misma cubra todos los tratamientos que deba realizar. Por lo que entiende que, habiendo determinado el perito un tratamiento de cuatro meses, con una sesión semanal, el monto que corresponde fijar por tal concepto asciende a $1.700.

En cuarto lugar, se agravia por el rechazo del rubro tratamientos médicos futuros. Dice que con la prueba pericial médica, se demuestra que la Sra. Antunez debió realizar tratamiento a consecuencia del evento dañoso.

En quinto lugar, considera insuficiente el monto fijado por el a-quo en concepto de daño moral por cuanto fue víctima de un tremendo accidente que le ocasionó graves lesiones, y secuelas aún más profundas. Que ha padecido intensas dolencias y angustias, al encontrarse disminuida en sus aptitudes.

En sexto lugar, califica de infundada la imposición de costas en un 20% a cargo de su parte, pues entiende que aún cuando el monto de sentencia sea menor al solicitado, si prospera la pretensión resarcitoria, no le quita la calidad de vencedora, debiendo en tal caso, aplicarse el art. 68 del CPCyC que impone el principio general de la derrota, regla que el juez debe aplicar aún cuando las partes no lo hubieran solicitado en forma expresa.

En séptimo lugar, se agravia por la tasa de interés que ordena aplicar la Jueza.

Afirma que debido a la inflación y duración de los pleitos, la tasa mix del Banco Provincia de Neuquén, no cumple adecuadamente con el concepto de reparación integral, por lo que solicita se aplique la activa de dicha institución bancaria.

Por otra parte, respecto a la regulación de honorarios, aduce que la base regulatoria debe realizarse teniendo en cuenta el verdadero monto reclamado en el juicio, es decir, el capital con más sus intereses. Cita Jurisprudencia en apoyo de su postura.

III.- Agravios de la parte demandada y la citada en garantía (fs. 364/368 y vta.): Se agravian por la atribución de responsabilidad que se le adjudica al Sr. Claude Staicos en el accidente que motiva estos autos.

Considera que en la sentencia atacada, no se ha ponderado la declaración de la única testigo del hecho, Sra. María Victoria Fernández, quien iba en la camioneta como acompañante; y, sin dar fundamentos, interpreta que este testimonio no alcanza para acreditar el incumplimiento -por parte de la transeúnte- de los deberes que le son propios para circular en la vía pública, sin acarrear peligro para sí, ni para terceros.

Añade que la circunstancia de ser peatón, no la exime de cumplir con las normas de tránsito y que debe tomar los recaudos necesarios para emprender el cruce de la artería, máxime cuando la misma es de fluido tránsito, como la Avenida Olascoaga.

Dice que se encuentra probado en autos que el vehículo del demandado, se encontraba realizando la maniobra de giro a paso de hombre, cuando la Sra. Atunez debido a su distracción por encontrarse hablando por el celular, no lo advirtió, interponiéndose en el carril de circulación. Por lo que -aduce- ha sido su conducta la exclusiva causa del accidente, y a todo evento, ha sido la que mayor incidencia ha tenido en el resultado dañoso, fracturando el nexo de causalidad entre el actuar del demandado y los perjuicios ocasionados.

De manera subsidiaria, se agravia en lo que respecta a la correspondencia y cuantificación del rubro por daño moral, peticionando que se revoque el mismo. A su vez, se agravia por la determinación del impuesto de justicia y contribución al Colegio de Abogados. Se disconforma por cuanto la a-quo tomó como monto para la determinación del impuesto de justicia y sellado de actuación, el estimado en la demanda, es decir, $168.500, siendo que la misma prosperó por la suma de $4.500, vulnerando lo establecido en el art. 505 del Código Civil.

Corrido los pertinentes traslados, a fs. 373/375 contesta la actora, y a fs. 378/380, hacen lo propio los demandados.

IV.- Responsabilidad: Por una cuestión metodológica corresponde comenzar por analizar si existe en el caso concreto, responsabilidad de la actora en la producción del evento dañoso, y en este punto, adelanto mi opinión en sentido de confirmar el fallo apelado.

Ello así, toda vez que al determinarse en la sentencia que ambos (peatón y conductor del rodado) estaban habilitados uno para cruzar la calle y otro para circular, ante la igualdad de condiciones, la prioridad en éste caso es a favor del peatón.

El art. 41 inc. e) de la Ley N° 24.449 establece expresamente que: "Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y solo se pierde ante: e) Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón." Es decir, que el sólo hecho que la actora estuviera habilitada para cruzar por la senda peatonal, tal cual como ocurrió en autos, es suficiente para que los conductores de los vehículos -también habilitados para efectuar la maniobra de giro- ante la presencia de algún peatón, deban detener inmediatamente su vehículo otorgándoles la prioridad de paso.

Y, tal circunstancia, no exime de responsabilidad al conductor del automóvil, pues más allá de que el peatón haya estado o no distraído, se encontraba habilitado para cruzar por la senda peatonal, por lo que tal distracción ante la prioridad de paso que le otorga la legislación en la materia, no exime al conductor que realiza el giro y que va atravesar con su rodado la senda peatonal, extremar todos los cuidados necesarios para evitar colisionar con su vehículo a algún peatón.

La imprudencia del transeúnte resulta relevante cuando cruza por lugares no habilitados, o lo hace en lugares habilitados pero sin esperar la señal lumínica que lo autorice a cruzar, pero generalmente no juega un papel trascendental cuando lo hace en un lugar permitido, con luz que autoriza el cruce y sobre la senda peatonal. En tal caso, debe ser el conductor del vehículo quien debe extremar todas las precauciones para evitar embestir al peatón que cruza por la senda peatonal, inclusive detener completamente su marcha ante la presencia de ellos.

En tal sentido la Jurisprudencia ha dicho que: "El automovilista al aproximarse a la senda peatonal debe reducir la velocidad, y hasta detenerse para ceder el paso a los peatones, ya que éstos tienen prioridad sobre los automotores para atravesar la calzada por esa senda. La circunstancia de que en el interín se produzca un cambio de señal lumínica que favorezca al automotor, no constituye un derecho absoluto, ni tampoco la facultad para arrastrar con cuanto se encontrase a su paso". (L.D.T: Autos: Martínez Raquel Gregoria C/ Ramón R. Bustos S/ Sumaria Ds. Ps. - Nº Fallo: 03190171 - Ubicación: SC06-065 - Nº Expediente: 6152).- "Si ha quedado probado que la víctima cruzó por la senda de seguridad imaginaria, que es la parte de la calzada que prolonga la acera en sentido longitudinal, lo que le ha otorgado prioridad de paso al peatón sobre el vehículo (arts. 50, 57 inc. 1ro. ley 11.430), el hecho de que el menor cruzara corriendo o desde atrás de un colectivo, no era óbice para que el conductor tuviera la prudencia necesaria para no embestirlo, ya que estaba atravesando 'la parte de la calzada que prolonga la acera', debiendo por ende 'reducir la velocidad' (art. 57 inc. 1, a ley 11.430). Asimismo debía circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias de tránsito (art. 51 inc. 3 ley 11.430)." (L.D.T: Carátula: Martínez Omar C/ Salomene Antonio S/ Daños Y Perjuicios Mag. Votantes: Reidel - Manzi - Cassanello).

Por lo expuesto y conforme lo adelantara, corresponde rechazar el presente agravio, confirmándose la sentencia de grado en cuanto a la responsabilidad de los protagonistas en el accidente.

En lo que respecta al daño moral, teniendo en cuenta las lesiones sufridas por la actora como consecuencia del accidente (golpes lumbares y cervicales), susceptibles de producir sufrimiento físico y espiritual, condiciones personales de la damnificada, corresponde confirmar la procedencia del rubro en cuestión.

Así pues, sin perjuicio de que el daño moral en la esfera extracontractual no requiere de prueba específica, entiendo que la pericial psicología obrante a fs. 166/170 resulta por demás ilustrativa sobre el cuadro de angustia que experimentó la actora con posterioridad a la producción del accidente.

En la prueba aludida, la perito Psicóloga (fs. 168) manifestó que: "... al momento de ocurrido el accidente y como consecuencia inmediata la actora curso un cuadro de Estrés post traumático, frente al acontecimiento del accidente caracterizado como amenaza a su integridad física y a su continuo vital con duración de 60 días aproximadamente donde la actora como consecuencia del quantum de angustia. se traslada a otra ciudad en compañía de su hermana...".

Lo reseñado, a mi entender, denota una situación de angustia por parte de la accionante experimentada con posterioridad, y a raíz del accidente ocurrido en autos, por lo que juzgo procedente el daño moral reclamado.

En tal sentido se ha dicho que: "Los dolores sufridos, trastornos de la curación y la angustia propia del evento que vivió la víctima como consecuencia de un accidente de tránsito afectan su patrimonio moral, procediendo en consecuencia su indemnización". (L.D.T: Autos: TRONCOSO TORO MARIA INES C/ COOPERATIVA DE TRABAJO TRANSPORTES AUTOMOTOR CUYO-TAC LTDA. S/ SUMARIO. - Sala: E - Mag.: RAMIREZ - ARECHA - GUERRERO - Fecha: 25/10/1991).

"El resarcimiento por daño moral está dirigido a compensar los padecimientos, molestias, angustias sufridas por la víctima a consecuencia de un accidente, máxime desde el plano espiritual mientras que el psicológico apunta a efectivas disfunciones y trastornos de orden psíquico que alteren la personalidad integral de la víctima y su vida de relación". (L.D.T: Autos: GOMEZ BEATRIZ C/ GIOVANNONI CARLOS S/ SUM. - Sala: A - Mag.: JARAZO VEIRAS - MIGUEZ DE CANTORE - VIALE - Fecha: 16/12/1992).

"El agravio moral se presume in re ipsa cuando la fuente de la responsabilidad es un ilícito. La dimensión que le asigne el juzgador, dependerá de un conjunto de circunstancias, entre las que cuenta la misma personalidad y situación del afectado, edad, ocupación, trances que se vio necesitado de afrontar y sobrellevar, como lesiones, heridas, tratamientos cruentos o no, perspectivas de recuperar la salud si es que ha sido comprometida por efecto del perjuicio, y como ingrediente complementario la alteración de la armonía del cuerpo, comprendiendo lo anatómico y lo funcional".(p. 236, sum 33, t.2, Hernán Daray, obra citada).

En conclusión, habrá de rechazarse el agravio relativo a la procedencia del daño moral, confirmándose en tal sentido, la sentencia de grado. Por su parte, y en cuanto al cuestionamiento efectuado en relación al quantum del daño moral, el mismo será tratado de manera conjunta con los agravios expuestos por la actora.

V.- Agravios de la Actora: En primer lugar, vale dejar a salvo que el hecho de que la Sra. Antunez haya tenido que tomar medicación para calmar los dolores producidos por el accidente, no implica existencia de contradicción alguna en la pericial, como indica la misma parte en su memorial.

En segundo lugar, la accionante no expone, argumentos de peso que habiliten modificar lo dispuesto en la instancia de grado, a fin de revocar la sentencia, en lo que hace al rechazo de la incapacidad pretendida.

La circunstancia de que en la pericial psicológica de fs. 166/170 se haya señalado que: "De acuerdo ha esta observación pericial, se localiza que con posterioridad al accidente y como consecuencia del mismo la actora padeció TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMATICO..." no autoriza a concluir que padezca algún grado de incapacidad.

Ello así, máxime cuando de la mencionada pericial se desprende que: "No presenta indicadores de funcionamiento fóbico, al momento de realizada la pericia. No presenta indicadores de incapacidad psíquica".

Si bien en oportunidad de evacuar el pedido de explicaciones de la actora (fs. 173 y vta.), la experta a fs. 187/188 manifestó que: "Tomando como referencia la clasificación que realiza el Baremo mencionado, se estima que durante el período critico de estrés postraumático aparecen manifestaciones que impidieron en forma transitoria el continuo vital de la actora, cuyo baremo impide determinar incapacidad dado que ésta perito no estima crónico el diagnóstico, pero si localiza en un período posterior a esta situación aguda de estrés postraumático, le sigue esta ansiedad de recuperación que se traduce en sintomatología de TAG, donde se localizó malestar: Ansiedad expectante sobre el rendimiento motriz e intelectual con dificultades en la concentración y como recidiva la queja y la ansiedad de recuperación de su autonomía motriz como trastorno. Por lo tanto esta perito estima que los indicadores de incapacidad se aplican sobre el trastorno de ansiedad generalizada y agrego que el mismo es de tipo Muy leve, y se cuantifica en 8%.

Desde mi punto de vista, dichas conclusiones, no ameritan otorgar la indemnización que pretende la reclamante sobre la base de un diagnóstico que se caracteriza por ser transitorio, y que es consecuencia propia del proceso de recuperación que debe llevar adelante la actora.

En tal sentido ésta Sala ha dicho que: "La incapacidad resarcible es la permanente, que importa una merma para producir recursos o para todas las consecuencias que afecten a la personalidad, o sea, que mira hacia el futuro; en cambio, la incapacidad transitoria, esto es, la que se cura sin dejar secuelas, no genera daño resarcible con carácter autónomo, pudiendo ser resarcida sólo por vía del lucro cesante." (PS-2007-T° IV-F° 666/669).

Es decir que, en este punto coincido con la a quo, en cuanto a que no existen elementos que permitan afirmar la configuración de la incapacidad psíquica con el alcance pretendido por la reclamante. Por lo tanto, no existiendo en el caso disminución o secuela alguna, debe confirmarse el rechazo de la incapacidad psíquica pretendida.

En lo que respecta a los gastos de farmacia y tratamiento médico, reseñaré a continuación jurisprudencia que comparto, y sobre la cual juzgo procedente la viabilidad de estos dos rubros.

"Los gastos médicos deben presumirse inevitables una vez determinadas las lesiones sufridas, aunque su entidad no esté cabalmente demostrada, siempre que guarden relación adecuada con las lesiones y el tratamiento prescripto. Lo mismo ocurre con los gastos de farmacia aunque no se acredite fehacientemente la erogación, ya que son una consecuencia directa e inmediata del daño producido". (L.D.T: Autos: ALABISO MIRTA CONCEPCION c/ PIZZOLA PEDRO ROBERTO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - Nº Sent.: 49512- Magistrados: STAVO BOSSERT - Civil - Sala F - Fecha: 18/09/1989).

"No es obstáculo para la procedencia del rubro gastos de medicamentos y movilidad, la asistencia médica brindada por la obra social de la actora, dado que para el caso que dicha obra social suministre gratuitamente las medicinas durante el período de internación, no resulta frecuente que lo haga una vez cesada la internación. Lo que sí puede presumirse es que los medicamentos durante la curación externa se obtuvieran a un precio menor por el descuento que suelen realizarse a los afiliados a obras sociales, lo que no significa que no se incurriera en gastos por medicamentos. Si previo al hecho ilícito, la víctima había contratado un seguro médico, y si por las lesiones sufridas en el accidente obtuvo la prestación médica y farmacéutica a través de este seguro médico, entonces nada cabe reparar por estos conceptos por cuanto el contrato de seguro ya existía y aunque no se hubieran producido lesiones en el hecho, igual se encontraba obligado al pago de la cuota. Ello no significa desconocer la onerosidad del contrato de seguro médico, al igual que los que reciben prestaciones de las obras sociales, que no son prestaciones de beneficencia ya que suponen un aporte mensual consistente en un porcentaje del sueldo que se percibe y que se efectiviza siempre independientemente de que se requieran los servicios médicos o no". (L.D.T: Autos: ESCALES Augusto Samuel c/ BAULEO Natalio s/ SUMARIO - Nº Sent.: 61766- Magistrados: VAREZ - Civil - Sala M - Fecha: 27/03/1991).

"La circunstancia de que la víctima sea afiliada a una obra social no es óbice para limitar la reparación por gastos médicos y de farmacia, puesto que es de público conocimiento que ellas no cubren la totalidad de los servicios y que a lo sumo se logra un descuento, pero no la gratuidad en las compras de remedios". (L.D.T: Autos: BARBIERI Máximo c/ RUARO Cristian P. s/ ORDINARIO - Nº Sent.: 29891 - Civil - Sala D - Fecha: 02/11/1993).

"Los gastos médicos y de farmacia no exigen necesariamente la prueba acabada de su existencia si luego de las pericias técnicas se evidencia su ocurrencia a través de la naturaleza de las lesiones experimentadas y del tratamiento al que fuera sometido la víctima y la circunstancia de haber sido atendida en centros asistenciales públicos no es óbice a la procedencia del rubro toda vez que no se desvanece aún la atribución de elegir otro servicio médico que se considera con más condiciones para atender una posible interconsulta". (Autos: SEYGAS NORMA I c/ TRONCOSO SERGIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - Nº Sent.: 33877 - Civil - Sala K - Fecha: 17/12/1993).

"Para la concesión de los rubros, gastos de farmacia, kinésicos, de traslado y propina procede estimar una suma indemnizatoria prudente por estos conceptos aunque no se hayan acreditado, cuando se trata de las lesiones sufridas por la víctima (conf., C. N. Civ. , Sala F, L. 67.070 del 21/12/90; íd., L. 61.092 del 22/2/91; íd., L. 107.799 del 12/11/92), no siendo obstáculo para ello la circunstancia que aquella contara con asistencia gratuita de un hospital público, por cuanto, sabido es, que siempre exceden los que suministran en dichos nosocomios a través de la asistencia médica que prestan". (L.D.T: Autos: PAEZ IRAMENDY Carlos Alberto c/ MARTINO Mario Rafael s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - Nº Sent.: 14069 - Civil - Sala F - Fecha: 12/04/1994).

Teniendo en cuenta los lineamientos jurisprudenciales reseñados, como así la realización de los estudios solicitados por el Dr. Roberto Suárez (conforme surge de la pericial médica obrante a fs. 224/227), justifica, aunque no en la extensión pretendida, el reconocimiento de una serie de gastos que ha tenido que afrontar la actora, aún cuando hayan tenido por objeto descartar la existencia de alguna lesión producto del accidente.

Por lo tanto, en función de lo dispuesto por el art. 165 del CPCyC, corresponde hacer lugar a los rubros: gastos de farmacia y médicos, los que se fijan en la suma de $1.200, con más sus intereses desde la fecha del siniestro (tasa promedio hasta el 31/12/07 y activa desde el 1/1/08).

En lo que respecta al rubro "gastos psicoterapéuticos", como vimos, el apelante se agravia por considerar bajo el monto que por tal concepto fija la a-quo ($500).

Trayendo a colación lo expuesto en la jurisprudencia transcripta y teniendo en cuenta los parámetros otorgados en el informe pericial psicológico obrante a fs. 165/169, el que da cuenta que la Sra. Antunez debe concurrir a cumplir un tratamiento psicológico de una sesión semanal durante cuatro meses y que el valor de la consulta rondaría entre $60 y $100; estimo prudente, conforme facultades que me otorga el art. 165 del CPCyC, elevar tal rubro a la suma total de $1.280 (16 sesiones por $80 cada una), con más intereses a partir de la fecha del hecho.

En lo que respecta al agravio sobre el quantum correspondiente al daño moral, advierto que el mismo en función de lo expuesto en oportunidad de tratar su procedencia, resulta bajo, por lo que conforme lo preceptuado por artículo mencionado, considero que dicho rubro deberá ser elevado a la suma total de $8.500.

En cuanto a la imposición de costas de Primera Instancia, diré que en función de haberse decretado en esta Instancia la procedencia de los rubros gastos de farmacia y médicos, como la elevación de los importes correspondientes al daño moral y tratamiento psicológico, estimo justo propiciar su modificación, imponiendo las mismas en su totalidad, a las accionadas, conforme art. 68 del CPCyC.

Idéntica suerte correrán las costas correspondientes a ésta Instancia.

En cuanto a los intereses que corresponde aplicar en la sentencia, en este punto me remito en honor a la brevedad a los argumentos vertidos in re "SORRENTINO HECTOR HORACIO C/ SORRENTINO TERESITA ESTELA S/ DIVISIÓN DE CONDOMINIO", (Expte. Nº 333.617/6) en la que reexaminando la cuestión, ésta Sala modificó su postura considerando la procedencia de la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Provincia del Neuquén, a los fines de ajustar el crédito reconocido en la sentencia definitiva. La que deberá aplicarse desde el 1° de Enero de 2008 y hasta el efectivo pago, manteniéndose hasta dicha fecha el criterio que veníamos sosteniendo con anterioridad (promedio entre la activa y la pasiva), de conformidad a lo resuelto por el TSJ in re "ALOCILLA LUISA DEL CARMEN Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA" expte. N° 1701/2006.

En lo que respecta a la apelación de honorarios efectuada por el letrado de la actora, mediante la cual solicita se consideren a los fines regulatorios los intereses de capital, esta Sala tuvo oportunidad de pronunciarse en autos: "Ponchiardi Juan José c/ José Cartellone Construcciones S.A. s/ ejecución de honorarios" (ICL N° 431/4) diciendo que los intereses sí deben incluirse en la base de cálculo para la regulación de los honorarios, máxime cuando se advierte como el tiempo transcurrido puede afectar el valor intrínseco de las tareas llevadas a cabo por el profesional sino se incluyen los accesorios en la base regulatoria.

Ello así, y atento a que por el presente se modifica el monto de condena y la formula que se adoptará para la base regulatoria, déjase sin efecto los honorarios fijados, deviniendo abstracto los recursos que a su respecto interpusieran actora, su letrado y el perito médico.

En consecuencia, tales retribuciones habrán de ser determinadas al tiempo de practicarse la planilla correspondiente, oportunidad en que se aplicarán los siguientes porcentajes: del 4% a cada uno de los peritos actuantes, del 16% más el 40% de ese resultante para el apoderado de la actora, y del 70% de las sumas que de allí resulten para los Dres. Justo Epifanio, Joaquín Garro y Hugo Epifanio, respectivamente. Por la actuación que les cupiera en esta Alzada deberán regularse los honorarios profesionales con ajuste al art. 15 de la ley arancelaria.

Que frente al cuestionamiento de la imposición del pago de la tasa de justicia por la demandada, resulta que la decisión en crisis señala que "la misma deberá ser abonada por la demandada en el porcentaje de ley sobre el total de su condena y lo aquí resuelto, quedando el pago del saldo de dicho sellado, a cargo de la demandada con el límite y el alcance de los arts. 84 del CPCC y 3900 del C.Civ." (fs. 318 último párrafo).

Que si bien se advierte contradictoria la distribución del pago de la tasa de justicia al aparecer como única responsable la demandada, sin embargo, al citar la norma que prevé los alcances del beneficio de litigar sin gastos, ciertamente se pretendió consignar a la parte actora como responsable del saldo o diferencia entre el monto de demanda y el de condena, al no comprobarse su inicial integración ni que se le haya concedido al reclamante el beneficio de litigar sin gastos conforme se certifica a fs. 313 (18/06/2010).

Que tal es el criterio que viene sosteniendo esta Sala al interpretar la previsión de los arts. 298 y 301 del Código Fiscal vigentes al momento de interposición de la acción, sentada en re "VAZQUEZ C/ ULLOA S/ DAÑOS", expte. nº 375.850/08 y "ASOCIART ART S/INC AP", expte. nº 42.201/10 y más recientemente en un caso semejante: FERRARO C/ DONGHI S/ DAÑOS", expte. nº 281004/2, por el que tales gabelas fijadas siguiendo la base económica que señala la ley, es decir el monto de demanda, debe ser soportados por las partes en forma proporcional, evitando exigir a la vencida más allá de la condena judicial, lo que implicaría transgredir los efectos de la propia disposición y lo normado en los arts. 299 y 301 del citado cuerpo normativo.

Que en atención a los términos en que se planteó el recurso, corresponde hacer lugar a la apelación, quedando a cargo de la demandada el pago de la tasa de justicia por $ 219,60 y la contribución al colegio de abogados en $ 109,80, es decir, en proporción al monto de la condena establecido en este pronunciamiento ($10.980), y supeditarse la integración del actor por la diferencia entre aquel y lo reclamado en la demanda ($168.000 fs. 4/10) al resultado del incidente de beneficio de litigar sin gastos, como bien lo señala la aquo al citar el art. 84 del CPCyC.

Por su parte, habrá de hacerse lugar parcialmente a los agravios expuestos por la actora, elevándose en consecuencia el importe correspondiente a daño moral, a la suma de $8.500 y el correspondiente a tratamientos psicológicos a la suma total de $1.280. Asimismo, corresponde acoger favorablemente los rubros: "gastos médicos y de farmacia" los que en su conjunto se fijan en la suma de $1.200, con costas de ambas instancias a cargo de los demandados, debiéndose diferir la regulación de los honorarios de ésta instancia para su oportunidad.

Tal mi voto.

El Dr. Medori dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede adhiero al mismo, expidiéndome en igual sentido.

Por ello, esta Sala III RESUELVE:

1.- Confirmar en lo sustancial la sentencia del 23 de junio del 2010 (fs. 313/319), modificándola en lo concerniente a, la tasa de justicia y contribución al colegio de abogados, y en lo que hace al monto de condena, el que se eleva a la suma total de $10.980, con más los intereses; conforme lo expuesto en los considerandos que anteceden y que forman parte integrante de éste pronunciamiento.

2.- Imponer las costas en ambas instancias a cargo de las demandadas.

3.- Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en la anterior instancia, debiéndose efectuar una nueva regulación teniendo en cuenta para ello el capital con más los intereses que surjan de la planilla de liquidación a practicar, una vez que se encuentre firme; fijándose los mismos en los siguientes porcentajes: del 4% a cada uno de los peritos (Rios y Elena); del 16% más el 40% de este resultante para el apoderado de la actora y del 70% de las sumas que de allí resulten para los Dres. Justo Epifanio, Joaquín Garro y Hugo Epifanio, respectivamente y en forma conjunta.

4.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia, en el 30% del monto resultante de los de primera instancia, fijados precedentemente a los profesionales que actuaron por cada parte (art. 15 L.A.).

5.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 112 - Tº III - Fº 443 / 452 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A III- Año 201