Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-11


Salta, 11 de mayo de 2018.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "Queja por apelación denegada interpuesta por Pérez Lidia en autos Pérez, Lidia Marcela vs. Secretaría de Asuntos Agrarios del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta - Expte. Nº 318-275919/16; Expte. Nº 622210/18 de Sala, y C O N S I D E R A N D O I) Por Resolución Nº 058/18, (fs. 4/7), la Secretaría de Asuntos Agrarios del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable rechazó el recurso de apelación deducido por la señora Lidia Pérez -cfr. fs. 22/36 vta. de estas piezas-, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 de la Ley 6902 y 203 del Decreto Nº 2017/97.

El Dr. Julio César Brogin en representación de la señora Lidia Pérez, invocando personería de urgencia, deduce queja a fs. 37/42, en contra de dicha resolución, en tanto se agravia del rechazo con argumento en la falta de pago de la multa impuesta en la resolución recurrida de manera previa a su impugnación. Señala, que pese a reconocer la Administración que no puede derogar ni declarar la inconstitucionalidad de las leyes, -en tanto atribución propia del Poder Judicial-, se pronunció igualmente sobre la materia, por lo que entiende, el acto administrativo impugnado se encuentra viciado por falta de competencia, en tanto la Secretaría se arrogó facultades que no le correspondían y se expidió en forma ilegitima sobre la procedencia del recurso.

Alega que el Organismo, confunde requisitos de admisibilidad con requisitos de procedencia. Sostiene que el planteo de inconstitucionalidad del pago previo de la multa hace a la fundabilidad del recurso, y se trata por lo tanto, de un aspecto de la procedencia relacionado con el fondo del asunto, que excede el marco formal de la admisibilidad y por lo tanto -alega- es ajeno a las facultades de la Secretaría. Considera contradictorio que la administración se considere inhábil para tratar la cuestión constitucional y a la vez obstaculice su tratamiento por el Tribunal Judicial competente. Dice que esta conducta revela la tendencia del organismo a impedir el control judicial de sus actos, que es un derecho del administrado. Se agravia, en cuanto considera que la resolución le impide acceder a la tutela judicial efectiva, y que en exceso de las facultades que tiene, rechazó el recurso deducido. Manifiesta que la potestad conferida al órgano administrativo se refiere únicamente a la de verificar si el recurso fue interpuesto contra una resolución que agota la vía administrativa, y si se ha dado cumplimiento a los requisitos de tiempo, forma, lugar y si ha sido deducido por el legitimado para ello. Cita jurisprudencia, hace reserva del caso federal y pide se haga lugar a la queja a fin de que se resuelva la apelación interpuesta.

A fs. 45 evacua la vista conferida el señor Fiscal de Cámara, quien dictamina que el la queja devino en un acto procesal inexistente en tanto fue suscripta solo por el letrado patrocinante y sin invocar personería de urgencia. II) Atento el dictamen del Señor Fiscal, cabe destacar que, conforme surge del propio encabezado del escrito de queja, el Dr. Brogin invocó personería de urgencia para estos autos en ausencia de la señora Lidia Pérez, y al momento del dictado de la presente, se encuentra aun en plazo de acompañar la ratificación correspondiente o el poder requerido de a cuerdo a lo dispuesto por el artículo 48 del CPCC, por lo que corresponde examinar la queja deducida.

En materia de recursos directos, el máximo tribunal local sostuvo de manera reiterada, que esta modalidad procesal particular que viabiliza en ciertos supuestos el control judicial sobre la actividad administrativa, se trata de verdaderos juicios o procesos cuya misión principal es examinar las pretensiones de invalidez del acto donde el impugnante de la decisión administrativa debería revestir la calidad de actor y la entidad estatal que dictó el acto, la de demandada. No puede identificarse el acto de administrativo de imposición de multa que se cuestiona, con una sentencia apelada. Dijo también, que la Cámara de Apelaciones resulta ser la primera y única instancia judicial ordinaria que conoce de la sanción aplicada, por lo que cabe inferir que los recaudos para ingresar a esa instancia deben ser interpretados en sentido amplio para asegurar al justiciable el acceso a la revisión de la declaración adoptada por la administración (cfr. CJS, Tomo 205:263/276) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras reconocer la existencia y la constitucionalidad de diversos organismos administrativos dotados de facultades jurisdiccionales, sostuvo en diversos precedentes que, la actividad de tales órganos se encuentra sometida a limitaciones de jerarquía constitucional, que desde luego no es lícito transgredir. Entre esas limitaciones preestablecidas, figura ante todo, la que obliga a que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos quede sujeto a control judicial suficiente (CSJN, fallos, 247:646; 328:651).

III) La resolución que motiva la presente queja constituye un acto administrativo conclusivo -Resolución Nº 058- que deniega el recurso de apelación deducido por la quejosa contra la Resolución Nº 167/17 que decide aplicarle, como sanción, el pago de una multa de $ 25.243,05 por reincidir en el incumplimiento de los arts. 16 y 20 de la Ley 7.361. La Secretaría de Asuntos Agrarios funda el rechazo del recurso en lo dispuesto por los artículos 7 de la Ley 6902 y 203 del Decreto Nº 2017/97, que disponen, como uno de los requisitos para su admisibilidad, el previo pago de la multa impuesta. En el sub-lite, ha sido cuestionado por el recurrente la propia norma que regula los requisitos formales para la admisibilidad del recurso, deduciendo en forma conjunta con la apelación, la inconstitucionalidad de la disposición que establece el previo pago de la multa como condición para deducir el recurso -art. 7 de la Ley 6902 y el art. 203 del Decreto Nº 2017/97. De los argumentos expuestos en la resolución por la que se rechaza el recurso surge, que si bien el órgano administrativo reconoce que es facultad privativa del Poder Judicial efectuar el control de constitucionalidad de las leyes, entiende que también, dicha repartición está obligada a ejecutarlas y cumplirlas. Dice además, que en el caso, la violación constitucional no aparece de un modo indudable y manifiesto.

Le asiste razón al recurrente entonces, cuando se agravia de que la propia resolución denegatoria cita el criterio de la Corte Suprema respecto de que cualquier declaración de inconstitucionalidad que realice la Administración constituye una indebida asunción de facultades, pese a lo cual, deniega el recurso aplicando la normativa cuya validez se cuestiona, en un marco que excede el control de admisibilidad formal del recurso, ante el planteo efectuado.

En atención a ello, viéndose cuestionada la propia constitucionalidad de las normas que disponen el requisito de admisibilidad conocido como "Solve et repete", el órgano administrativo carece de facultades para rechazar el recurso de apelación deducido con fundamento -precisamente- en el sostenimiento de la validez de la norma, que como bien señala el quejoso, integra un fundamento para el agravio que deduce (CApelCCSalta, sala IV, t. XXXIX-I, fº 363, íd., sala V, t. XXXVII-I, fº 1493, íd., íd., fº 1525, íd., íd., fº 1531). IV) Corresponde, entonces, examinar la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 6902 y el art. 203 del Decreto Nº 2017/97 en cuanto establecen, el previo pago de la multa impuesta como recaudo de admisibilidad del recurso deducido.

Doctrina y jurisprudencia han debatido largamente sobre la aplicación del principio de origen pretoriano "solve et repete" y que en la actualidad, ha sido recogido por algunas legislaciones tributarias, tal como sucede en las normas bajo análisis. Este recaudo procesal, exige que la impugnación judicial o administrativa de cualquier acto administrativo que contenga o implique la liquidación de un crédito a favor del Estado, sólo sea posible si el particular se aviene previamente a realizar su pago. Rodolfo Spisso hace notar que muchas han sido las fundamentaciones teóricas, entre ellas que se trata de un privilegio del fisco instituido con la finalidad práctica de asegurar la normal percepción de la renta pública, es decir de los recursos por parte del Estado y evitar que su recaudación quede demorada o trabada ante la promoción de causas judiciales por los obligados al pago mientras que, para otros, se ha dicho que resulta una consecuencia de la presunción de legitimidad y de la ejecutoriedad de los actos administrativos (Derecho Constitucional Tributario, Cuarta Edición, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, pág. 421).

Sin embargo, se trata de un principio que no ha sido recogido de manera pacífica por los tribunales del país ni por la doctrina especializada en la materia, más aún, en los casos en los que se discute la aplicación de sanciones por parte de la Administración, en tanto lo consideran incompatible con la Convención de los Derechos Humanos, en cuanto afecta la tutela judicial efectiva, el principio de inocencia y el derecho de defensa (cfr. Rodolfo Spisso, ob. cit. pág. 422 y ss; Juan M. Álvarez Echagüe, "Las sanciones tributarias frente a sus limites constitucionales, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004; Tribiño, Carlos R. "La Exigencia del `solve et repete´ en el Régimen Contencioso-Administrativo Bonaerense", Jurisprudencia Argentina, 1985-III, pág. 631; Giuliani Fonrouge, Carlos M., obra actualizada por Susana Camila Navarrine y Rubén Oscar Asorey, "Derecho Financiero", Vol. I, 6º ed., Depalma, Buenos Aires, 1997, págs. 255/256 ).

Precisamente, en materia de multas impuestas por la Administración, y acogiendo muchos de los argumentos señalados por estos autores, la Corte Suprema Local, adhirió al criterio de la Corte Federal respecto de la aplicación del principio para los impuestos y tributos, no así respecto de las multas. En cuanto a estas sostuvo, en su composición mayoritaria, que no integran los recursos corrientes del fisco y por lo tanto escapan al presupuesto de ingresos ordinarios dada su eventualidad. Por ende, que no se paguen en el momento en que la administración las aplica, y se permita su impugnación judicial sin previo pago, no destruye el equilibrio funcional del presupuesto, no urgiendo exigir el inmediato pago de ellas. La exclusión que se postula es la que mejor se concilia con la naturaleza penal de la sanción de multa y el principio de inocencia garantizado constitucionalmente. Se dijo también, que es un estándar del derecho internacional de los derechos humanos que "las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio 'pro actione', hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción" (Tomo 181:493, 185:689; 198:473 y 783, 211:187, 213:127, entre otros).

En base a lo expuesto, el pago de la multa impuesta, como recaudo previo a fin de poder ejercer el derecho a recurrir ante esta instancia, conforme lo disponen los artículos 7 de la Ley 6902 y 203 del Decreto Nº 2017/97 resulta incompatible con los principios y derechos de jerarquía constitucional previamente referenciados, por lo que cabe declarar respecto de tal exigencia, su inconstitucionalidad para el caso que aquí se resuelve.

Por lo expuesto corresponde declarar mal denegado el recurso y admisible la queja deducida.

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) HACE LUGAR al planteo de inconstitucionalidad respecto del pago previo de la multa dispuesta en los artículos 7 de la Ley 6902 y 203 del Decreto Nº 2017/97, conforme considerando IV y, en consecuencia, HACE LUGAR a la queja deducida a fs. 37/42 y CONCEDE el recurso de apelación interpuesto, agregado en copia a fs. 22/36 vta.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y vuelvan los autos a despacho.

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. SALA IV. VOCALES: JOSÉ GERARDO RUIZ - MARÍA ISABEL ROMERO LORENZO. SECRETARIA: DRA. EUGENIA MARÍA CORNEJO. SALA IV T. XL-I Fº 243/245. 11/05/18.