Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-02-10


En la ciudad de Trelew, a los 10 días de febrero del año dos mil cinco, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut bajo la Presidencia del Dr. Carlos Alberto Velázquez y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Dante Ferrari y Juan Humberto Manino, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "T., N. B. y Otro s/ TERCERIA en autos: "G. S. M. c/ S., G. E. s/ COBRO DE PESOS" (Expte. nº 19978 - año: 2004). Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es técnicamente suficiente la expresión de agravios de fs. 125/126 vta.?; SEGUNDA: Caso afirmativo de la anterior, ¿se ajusta a derechos la sentencia apelada? Y TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 131.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Velázquez expresó:

I..- La sentencia de esta tercería de mejor derecho ha llegado apelada por la embargante vencida, quien al fundar su recurso expresó, en síntesis, los siguientes agravios:- A) Destinada la tercería de mejor derecho a hacer efectiva la prelación con que un acreedor ha de percibir su crédito respecto de otro, ella no es vía idónea para, basándola en un boleto de compraventa e invocando el derecho a obtener la escrituración, procurar el levantamiento del embargo trabado sobre un inmueble, objetivo este perseguible sólo a través de la tercería de dominio.

B) Falto el mentado boleto de compraventa de fecha cierta anterior al embargo, ésta no puede ser suplida por declaraciones testimoniales acerca de la posesión de los terceristas, medio probatorio inhábil para alterar el régimen estatuido por los arts. 1034 y 1035 Cód. C y desplazar la anotación registral de un embargo.

C) Asignar a un boleto de compraventa inmobiliaria preeminencia sobre un embargo debidamente inscripto, importa violar el sistema de publicidad registral organizado por la ley 17.801.

II.- Tales objeciones encontraron a fs. 128/129 respuesta de la adversaria, quien tachó de insuficiente la pieza de agravios por entender que no contenía una crítica concreta y razonada de los argumentos expuestos en el fallo a propósito de la habilidad de la tercería de mejor derecho para cuestionar el embargo trabado sobre un inmueble y de la sustitución de la fecha cierta del boleto por la certidumbre de su existencia anterior al embargo derivada de la probada posesión, añadiendo que la acusada violación del sistema de la ley 17.801 no pasó de ser una afirmación dogmática..- III.- Cierto es que la expresión de agravios que he sintetizado no encierra un ataque frontal contra algunos de los fundamentos dirimentes precisamente desarrollados por la Señora Magistrado de la previa instancia, por caso el relativo al modo de suplir la inexistencia de fecha cierta del instrumento privado de fs. 5/6. Pero no lo es menos que las argumentaciones desplegadas por la apelante en punto a la pretensa inhabilidad de la vía procesal electa para cuestionar el embargo y a la conmoción del sistema registral por preferencia reconocida a un derecho no inscripto sí constituyen objeciones precisas y fundadas en derecho.

Hay pues en la aludida pieza de agravios un mínimo de crítica contra el decisorio cuestionado, bastante para satisfacer en líneas generales los requisitos de admisibilidad fijados en el art. 265 C.P.C.C., así sea por aquello de que en caso de duda ha de estarse a favor de la suficiencia de los agravios (este Cuerpo, causas 15.132 S.D.C. 46/98, 16.166 S.D.C. 29/00, 17.242 S.D.C. 29/01, 19.006 S.D.C. 49/03). No cabe entonces acoger el planteo de íntegra deserción recursiva formulado por la tercerista.

Consecuentemente, me expido en esta primera cuestión por la AFIRMATIVA.

A ESTA MISMA CUESTION, dijo el Dr. Ferrari:

La reseña argumental efectuada por el colega preopinante acerca de los agravios propuestos permite inferir que, más allá de la atendibilidad o no de las objeciones de la apelante al fallo en cuestión -aspecto que será abordado a su debido turno-, la pieza recursiva contiene al menos una crítica que abastece parcialmente los requisitos básicos exigidos por el art. 265 del C.P.C.C., por lo que la tacha de insuficiencia técnica efectuada por la contraparte a fs. 128 -ap. II- no ha de prosperar.

En consecuencia, voto a esta cuestión por la AFIRMATIVA.- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Velázquez expuso:- Trataré las impugnaciones de la recurrente en el mismo orden en que ella las vertiera..- I.- No es la vez primera que topamos con este arduo tema, dentro del cual entran en tensión valores jurídicos distintos y parecen colisionar normas aparentemente antitéticas, cuales las de los arts. 1185 bis y 2505 Cód. Civ., de la ley 17.801 y de los arts. 97, 99 y 100 C.P.C.C. Ya en varios precedentes debimos abocarnos a él, declarando la procedencia o improcedencia de tercerías similares a la aquí deducida -según las circunstancias fácticas que enmarcaban cada especie (v. gr., c. 14.512 S.D.C. 10/99, c. 17.509 S.D.C. 13/02)-, mas precisando siempre algunos conceptos que, por fuerza, habremos de reiterar aquí.- Por imperio del art. 1185 bis Cód. Civ. los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado el 25% del precio, supuestos estos en que el juez puede disponer se otorgue escritura traslativa de dominio al comprador. Tal norma es plenamente coincidente con la consagrada por el art. 146, párr. 2° de la ley 24.522.- Al margen de consideración debe dejarse en la actualidad el destino asignado al inmueble, porque ninguno de los dos citados preceptos requiere para su aplicabilidad que él sea dedicado a vivienda personal del comprador por boleto, cual exigía el art. 150 de la ley 19.551, hoy reemplazado por la última disposición recordada, la que extiende la protección a todo inmueble "cualquiera sea el destino".- Con fundamento en ambos artículos hemos de concluir que el adquirente por boleto dispone de una suerte de acción de oponibilidad de su derecho (confr.: Bustamante Alsina, "Derechos reales: la posesión. Eficacia del boleto de compraventa...", E. D. 25-837), que si puede hacer valer en el concurso o quiebra del vendedor, "a fortiori" también esta facultado a hacerlo en la ejecución individual que contra éste haya sido deducida (confr.: López de Zavalía, "Derechos reales", Zavalía Ed. 1989, pág. 437; Do Campo y Forte, "El artículo 1185 bis del Código Civil; su ámbito de aplicación. El boleto de compraventa y la quiebra", L. L. 1988-D-881; S.C.B.A., J. A. 1987-I-227, con aprobatoria nota al pie de de Lázzari, "Conflicto entre el adquirente por boleto de inmueble y el acreedor embargante del vendedor. Tercería de mejor derecho"). Es que si bien los arts. 1185 bis Cód. civ. y 146 párr. 2° de la ley 24.552 aluden sólo a la oponibilidad del boleto en el concurso y la quiebra, se trata de normas de singular importancia para interpretar el sistema general y a poco que se lo analice resulta patente lo disvalioso de la solución contraria, porque ceñirse estrictamente a la letra de los preceptos, sin consultar su espíritu y finalidad, conduciría a que el adquirente se viera en la necesidad de peticionar la quiebra de su vendedor como alternativa única para oponer su derecho al resto de los acreedores.

El cauce procesal para hacerlo en la ejecución individual es la tercería de mejor derecho. El comprador tiene, en efecto, un derecho mejor que el del embargante, el de ser pagado con preferencia a él (art. 97, párr. 1° "in fine" C.P.C.C.), debiéndose entender ese pago en el concepto amplio del art. 725 Cód. Civ., es decir como el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, sea ésta de dar o de hacer, cual lo es la de otorgar escritura traslativa del dominio (confr.:

S.C.B.A., L. L. 1.994-C-208).

Por cierto que, en tanto la preferencia para ser pagado es lo debatido en ella, el efecto típico de la tercería de mejor derecho sobre el proceso principal es la suspensión de los pagos al ejecutante y no de la subasta; de allí que "el juez podrá disponer la venta de los bienes", según dispone el art. 100 C.P.C.C.- Pero no es casual que el legislador haya contemplado la orden de subasta como una potestad y no como un deber del magistrado ("podrá", reza el precepto). Ocurre que esa regla general reconoce excepción en supuestos como el de la especie.-- La preferencia que el art. 1185 bis Cód. Civ. consagra en beneficio del adquirente de inmueble por boleto tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la obligación de escriturar pendiente y no su solución en daños y perjuicios. El crédito del tercerista, tratándose de una compraventa inmobiliaria en parte cumplida con la entrega de la posesión, consiste sólo en la obtención de la escritura integrativa de la transmisión del dominio (arts. 577, 1184 inc. 1°, 2609 "in fine" cód. cit.).

La preferencia accesoria de dicho crédito no puede hacerse efectiva, como en otras tercerías de mejor derecho, sobre el precio del inmueble obtenido en su subasta, pues ésta haría imposible el cumplimiento de la prestación principal de hacer de la que el tercerista es acreedor. No es procedente sustituirla por el equivalente dinerario -prestación subsidiaria cuando corresponde la conversión de la principal en la de indemnizar los daños (arts. 505 inc. 3° y 1187, últ. parte, ídem)-, porque ello, al no haber sido reclamado, no fue tema de la litis. A la par, dicha sustitución carecería de utilidad para la embargante, pues por efecto de la mentada preferencia el comprador por boleto recibiría la totalidad del producto de la venta forzada, sin remanente alguno para el acreedor que esgrime en su favor una obligación fungible de dar suma de dinero (confr.: Cám. Apel. C. y C. Mar del Plata, 23/5/64, c. 12.083, cit. por Morello en "El boleto de compraventa inmobiliaria", 2da. ed., págs. 766/767).- Así pues, este tipo de tercería es vía idónea para oponer el derecho emanado para el comprador de un boleto de compraventa inmobiliaria y el levantamiento del embargo trabado puede resultar procedente.- II.- No es cierto que la Señora Juez "a quo" intentara suplir la falta de fecha cierta previa al embargo del boleto de compraventa con la sola argumentación que estampara a fs. 112 vta. párr. 4°, donde hizo referencia a que la prueba testifical rendida acreditaba una posesión pública y pacífica de los terceristas muy anterior a la traba de la medida cautelar.

Para fundar este aspecto de su fallo la juzgadora del otro grado desovilló un prolijo y coherente hilo argumental. Partió de señalar que la ausencia de fecha cierta del boleto de compraventa podía ser suplida por la certidumbre fáctica de su preexistencia al embargo, subrayando allí mismo que la posesión pública y pacífica del bien raíz era un elemento trascendente para adquirir tal certidumbre (fs. 112, párr. 5°, n° 1).

Luego, en el apartado al que se refiriera la recurrente, concluyó que los dichos de los testigos demostraban en la especie esa posesión pública y pacífica de los terceristas sobre el inmueble previa a la cautelar (fs. 112 vta., párr. 4°). Añadió la sentenciante más todavía: tras recordar que las declaraciones de los contratantes en materia de dar y recibir la posesión resultan "res inter alios" para los terceros, a quienes les es dado probar la inexactitud de ellas sin precisión de acudir a la redargución de falsedad, puso de relieve que en autos esas probanzas contrarias no las aportaron (fs. 113, párr. 2° "in fine").- Es incorrecto pues que para sustentar la conclusión el decisorio haya sido apoyado en el solo y endeble argumento de que la testifical podía desplazar el régimen establecido por los arts. 1034 y 1035 Cód. Civ. Tal manifestación de la apelante demuestra que ella ha desinterpretado los argumentos dados por la Señora Magistrado de la anterior instancia. Lo que ésta sostuvo fue que la falta de fecha cierta era sustituible por la certidumbre fáctica de la preexistencia del boleto al embargo y que a dicha certidumbre podía arribarse mediante el trascendente elemento de juicio configurado por una posesión pública y pacífica del inmueble como la acreditada en el pleito a través de la prueba testimonial.- No constituye así la crítica concreta y razonada que el art. 265 C.P.C.C. requiere para la suficiencia técnica de la expresión de agravios el aseverar que las declaraciones testificales no son hábiles para desplazar el régimen del Código Civil en materia de fecha cierta, en tanto con ello la apelante no se hizo cargo de las conclusiones de la Señora Juez "a quo" en torno a la posibilidad de remediar esa carencia con la certeza fáctica de la existencia del boleto previa al embargo, a la probabilidad de adquirir esa certeza por el concurso de una posesión pública y pacífica del fundo, a la testimonial acreditante de tal posesión por los terceristas y a la ausencia de pruebas demostrativas de la inexactitud de las declaraciones de los contratantes relativas a la toma de posesión consignadas a fs. 5, cláus. 3era.- Allende la parcial deserción del recurso que esta insuficiencia técnica de la pieza de agravios conlleva (art. 266 C.P.C.C.), resaltaré, así sea a mayor abundamiento, que la argumentación sentencial que vengo de sintetizar cuenta con sólido apoyo en doctrina y jurisprudencia. Efectivamente, si bien en principio es exigible que el boleto cuente con fecha cierta (confr.: Gatti-Alterini, "Prehorizontalidad y boleto de compraventa", 2da. ed., pág. 35; Forte y Do Campo, "El artículo 1185 bis del Cód. Civil. Los requisitos necesarios para la oponibilidad del boleto a los terceros", L. L. 1990-B-916), se ha declarado que, en tanto la enumeración del art. 1035 cód. cit. no constituye un "numerus clausus", ella no impide "el reconocimiento judicial de otros casos en que la certidumbre fáctica se impone fuertemente a la conciencia de los jueces y el negarlo importaría hacer prevalecer el formalismo hueco, violatorio de la justicia frente a la verdad real" (voto del Dr. Pliner en Cám. Apel. C. y C. Bahía Blanca, transcripto por Palmieri en "El poseedor con boleto en la tercería de dominio", E. D. 135-309), añadiéndose que esta certidumbre es posible alcanzarla cuando se acredita la posesión pública y pacífica previa al embargo (confr.: C. N. Civ., sala "B", J. A. 1977-II-76; S.C. Mendoza, en pleno, L.L. 1992-B-163).

Y la posesión de marras en verdad fue probada en el subexamen, pues los testimonios no sólo dieron cuenta de la ocupación del inmueble por los terceristas durante más de diez años anteriores a la cautela, sino que también la testigo C. G. R. refirió la realización por ellos de reformas en la vivienda (fs. 55 vta., resp. a la preg. 11era.), actos todos calificados de posesorios por el art. 2384 Cód. Civ. III.- Verdad es que con la reforma introducida por la ley 17.711 al art. 2505 Cód. Civ. y la sanción de la ley 17.801 fue instaurado en nuestro país un preciso régimen registral tendente a lograr una mayor seguridad del tráfico. Pero no es menos exacto que los de marras no son textos legales aislados, sino que se hallan incluidos en un sistema jurídico completo con el contexto general del cual han de ser armonizados.

Así es que dicho régimen registral debe ceder cuando entra en colisión con valores superiores por cuya protección el legislador se ha inclinado, cual declaráramos en diversas ocasiones (c. 10.068 S.D.C. 31/93, en Boletín Judicial del S.T.J. Chubut n° 11, págs. 81 y sgts., y las ya citadas c. 14.512 S.D.C. 10/99, c. 17.509 S.D.C. 13/02).- Y, precisamente, el art. 1185 bis Cód. Civ. es precepto que suministra el medio para enervar el efecto de la publicidad registral en ciertos supuestos. Él crea un privilegio, una preferencia, atendiendo a la necesidad de brindar una tutela especial y fuertemente potenciada, por razones sociales, al comprador de inmuebles; es un beneficio acordado al acreedor (comprador), como accesorio de su crédito, para su cobro en especie con marcada preferencia, adquiriendo virtualidad al entrar en concurso con otros créditos (confr.: Morello, ob. ind., pág. 87, n° 1 y nota 70, con oportuna cita de Puig Brutau esta última).- Por tanto, en el conflicto entre el adquirente en las condiciones del art. 1185 bis. Cód. Civ. y un tercero, acreedor del vendedor por obligación de dar suma de dinero, la prioridad estará dada por la anotación del acto jurídico en cuya virtud ese tercero particularizó sobre la cosa la genérica afectación del patrimonio del deudor como prenda de los acreedores; concretada tal individualización por el asiento del embargo del ejecutante con fecha posterior a la enajenación por boleto, la prelación cede y el boleto de compraventa resulta oponible al acreedor de dinero embargante (confr. Cám. Apel. C. y C. San Martín, sala II, L.L.B.A. 1996-107).

He de destacar a esta altura que ni ese tantas veces mentado art. 1185 bis Cód. Civ., ni tampoco el art. 146 párr. 2° de la ley 24.522, requieren siquiera la posesión del inmueble por el adquirente por boleto (confr.: Gatti-Alterini, opus cit., pág. 36; S.C. Mendoza, en pleno, fallo ind., L. L. 1992-B-170, pto. XI, n° 4), pero es el caso que aquí, reforzando todavía si cabe la posición de los terceristas, éstos la ejercieron.- Es sabido que la publicidad registral incorporada por las leyes 17.711 y 17.801 no eliminó totalmente la publicidad posesoria. No obstante la superioridad técnica de la primera, debe destacarse que la posesión constituye la exteriorización de una situación jurídica real, de innegable trascendencia publicitaria, cuando es apreciada no desde el punto de vista fugaz del acto de la tradición, sino desde el ejercicio de ella prolongado en el tiempo durante un plazo razonable (confr.: Recomendación del Segundo Encuentro de Abogados Civilistas, Santa Fé 1988, Comisión 4ta., transcripta y comentada por Andorno, en "Vigencia de la publicidad posesoria en materia de derechos reales", Zeus 50-D-193).

Sobre esa base se ha sostenido que cuando entran en colisión la publicidad posesoria y la publicidad registral inmobiliaria, triunfa la primera en el tiempo siempre que sea de buena fe (confr.: Recomendación aprobada en las VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, La Plata 1981, Comisión 4ta., pto. 4, publicada en J. A. 1981-IV-778), doctrina la a que adhiriéramos en el antes recordado fallo de la causa 10.068, S.D.C. 31/93, para decidir en el conflicto entre un acreedor hipotecario y el adquirente por boleto del inmueble gravado con posesión del mismo.

IV.- Las razones expuestas me conducen a desechar los agravios vertidos por la recurrente. Por ende, y puesto que han ganado firmeza, por falta de todo agravio a su respecto, las demás conclusiones de la juzgadora del grado anterior acerca de la concurrencia en la especie de los restantes requisitos establecidos por el art. 1085 bis Cód. Civ., la sentencia que acogió esta tercería de mejor derecho merece, en mi concepto, ser confirmada.- De compartirse esta tesitura, las costas de Segunda Instancia habrán de imponerse a la apelante vencida en ella (art. 68 C.P.C.C.).

Los honorarios de los Dres. R. N. C. y E. A. F.L., por sus labores de Alzada y atendiendo a la extensión, calidad y resultado de ellas, propondré regularlos en la sumas respectivas equivalentes al 4,20 % y al 3,40 % del monto del proceso que se determine por aplicación del art. 34 del dec.-ley 2.200, texto del dec. 138/99 (arts. 6, 7, 9, 14 ídem), con más el I.V.A. pertinente (leyes 23.849 y 23.871).

Voto entonces esta cuestión segunda por la AFIRMATIVA.

A ESTA SEGUNDA CUESTION, el Dr. Ferrari expresó:

I. Idoneidad de la vía elegida:

El primer motivo de queja ha sido ya objeto de pronunciamiento por este Cuerpo en precedentes análogos, como bien lo rememora el Dr. Velázquez.

En el abordaje preliminar del tema, cabe recordar que, en principio, la tercería de dominio sólo podría oponerse válidamente sobre la base de un derecho real adquirido de conformidad con las exigencias de la normativa civil, esto es, en el caso de una compraventa inmobiliaria, mediante escritura pública, tradición e inscripción (arts. 577, 1184 inc. 1º, 1185, 2505, 2524, 2601, 2602, 2603 y 2606, Cód. Civil).

De tal suerte, siendo que el boleto de compraventa -por más que exista pago total del precio y buena fe en la posesión del comprador- no basta por sí solo para transferir el dominio irrevocable al comprador, claro está que dicha vía procesal no tendría ninguna posibilidad de prosperar en supuestos como el aquí tratado.

Por otra parte, como ya es sabido, dado que un apego estricto a esta normativa, con la exigencia del requisito indispensable de inscripción en el Registro, aparejaba soluciones notoriamente disvaliosas -por ejemplo, en los supuestos en que se había verificado la ulterior situación falencial del enajenante- la reforma de la ley 17.711 optó por brindar respuesta a las exigencias de la justicia y solidaridad social introduciendo el art. 1185 bis del Cód. Civil, que establece que los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe serán oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiere abonado el 25 % del precio.- Sin embargo, la solución legal no agotaba todo el espectro de circunstancias potencialmente injustas, presentándose asimismo, con suma frecuencia, situaciones atendibles como la que aquí se ventila. A partir de esta premisa, se planteaba entonces el interrogante acerca de cómo pueden defender sus derechos los adquirentes por boleto que han pagado el precio y son poseedores de buena fe del inmueble, frente a la traba de un embargo del bien por parte de terceros.

Y en este orden, como bien se ha resuelto en forma reiterada, nada impide que, con idéntico propósito tutelar al que inspirara la citada norma, se aplique una solución analógica (art. 16, Cód. Civil) a las situaciones en que, frente a una ejecución individual contra el obligado a escriturar, el inmueble haya sido embargado posteriormente por un tercero acreedor, a condición de que queden acreditados los extremos de la norma y el crédito del comprador sea anterior al del embargante, consagrándose, en tal caso, un mejor derecho de aquél a ser pagado con preferencia a este último (art. 97 párr. 1° in fine, Cód. Procesal); pago que -como obligación de hacer- debe ser entendido en el concepto amplio dado por el Cód. Civil en su art. 725.

En consecuencia, la vía elegida ha sido adecuada para encaminar la pretensión del tercerista, debiendo confirmarse el decisorio en este aspecto.

III. Posesión, buena fe y fecha cierta:

A partir de numerosos litigios similares, la jurisprudencia nacional ha ido robusteciendo el criterio según el cual la prueba de la fecha cierta del instrumento privado de compraventa inmobiliaria anterior al embargo no se agota en el catálogo enumerado por el art. 1035 del Código Civil, sino que también puede ser acreditada por otros medios idóneos. Esta postura también ha sido sustentada por el Cuerpo en casos análogos (entre otros, Expte. 17509 C.A.N.E.; S.D.C.13/02).- En la especie, la sentenciante a quo tuvo por demostrado este hecho, así como la posesión pacífica e ininterrumpida del inmueble, a través tres testimonios precisos y concordantes (Cayul, fs. 53/vta.; Rogel, fs. 55/vta. y Barbudo, fs. 56/vta.) que permitían formar suficiente convicción al respecto, dado que por otra parte no existía en autos ninguna probanza en contrario. Dicha conclusión -como bien lo señala el colega que me precediera en el voto- no ha sido desmerecida por las críticas del apelante, quien incurrió así en parcial insuficiencia técnica del recurso acerca de este aspecto del fallo (arts. 265, 266, C.P.C.C.; su doctrina).

En cuanto a la buena fe del poseedor, ya he tenido oportunidad de sostener que ella se presume, siendo a cargo de quien eventualmente la cuestione el aporte de la prueba destinada a demostrar lo contrario (ppio. Art. 4008 del Código Civil; SCBA, Ac. 50.166, DJBA. Del 20 y 21/12/93, pág. 284 - Expte. 14512 C.A.N.E. - S.D.C. 10/99).

En síntesis, puede observarse que en este proceso el tercerista coronó la carga probatoria de los extremos necesarios para estimar favorablemente su pretensión, de manera que deben desestimarse los agravios vertidos y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera motivo del presente recurso, con costas en la Alzada a la parte apelante (art. 68, C.P.C.C.), tal como lo propone el Dr. Velázquez.

Por último, en lo atinente a la retribución profesional por las tareas de Alzada, comparto las regulaciones propuestas por el colega preopinante- las que doy aquí por reproducidas, brevitatis causae-, en tanto ellas se ajustan a la eficacia, extensión y complejidad de las respectivas tareas letradas y resultados obtenidos en cada caso, según las escalas arancelarias vigentes (arts. 6, 14, 47 y conc., Ley 2.200).

A mérito de lo expresado, voto a esta cuestión por la AFIRMATIVA.

A LA TERCERA CUESTION el Dr. Velázquez respondió:

Visto el acuerdo al que arribáramos al tratar las cuestiones precedentes, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto fuera materia de agravios, con costas de Segunda Instancia a la recurrente y regulando los honorarios de los Dres. R. N. C. y E. A. F. L., por sus labores de Alzada, en la sumas respectivas equivalentes al 4,20 % y al 3,40 % del monto del proceso que se determine por aplicación del art. 34 del dec.-ley 2.200, texto del de. 138/99, con más el I.V.A. pertinente.- ASI LO VOTO.- A ESTA ULTIMA CUESTION, dijo el Dr. Ferrari:

Tal como ya lo anticipara, comparto la resolución propuesta por el Dr. Velázquez en todos sus términos, votando en idéntico sentido.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. de la ley 4550).- Trelew, 10 de Febrero de 2005.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A: - CONFIRMAR la sentencia apelada en cuanto fuera materia de agravios, con costas de Segunda Instancia a la recurrente y regulando los honorarios de los Dres. R. N. C. y E. A. F. L., por sus labores de Alzada, en la sumas respectivas equivalentes al 4,20 % y al 3,40 % del monto del proceso que se determine por aplicación del art. 34 del dec.-ley 2.200, texto del de. 138/99, con más el I.V.A. pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

l.

CARLOS DANTE FERRARI CARLOS A. VELAZQUEZ REGISTRADA BAJO EL Nº 05 DE 2.005 - SDC.- Conste.-