Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-02-15


BIAGIONI, Amadeo Alcides Fidel contra HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE y/o la PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 211 p 376-382.

En la ciudad de Santa Fe, a los quince días del mes de febrero del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BIAGIONI, Amadeo Alcides Fidel contra HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE y/o la PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 555, año 1990), de conformidad con el acuerdo celebrado el día ocho del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Amadeo Alcides Fidel Biagioni promueve -por apoderado- recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe y/o la Provincia de Santa Fe, con el objeto de que se anule el decreto 111, del 28.8.1990, que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra el decreto 74, de fecha 2.7.1990, por el cual la Comisión Permanente de Gestión y Administración y el Presidente Provisional de la Cámara de Senadores dispusieron su baja de la planta de personal permanente de dicha Cámara; y, en su lugar, se ordene su reincorporación en la categoría 23, como así también el pago de los haberes devengados, debidamente actualizados conforme el índice de costo de vida suministrado por el I.N.D.E.C. hasta la fecha de su efectivo pago, con más un interés del 8% anual, además de la indemnización que por daño moral corresponda.

Relata que ingresó a prestar servicios en la Legislatura de la Provincia en fecha 12.12.1983, alcanzando la categoría 23 en la Honorable Cámara de Senadores.

Señala que fue cesanteado por considerárselo incurso en la causal prevista en el artículo 52, inciso e), de la ley 10023.

Manifiesta que durante el período comprendido entre el 11.12.1987 y el 30.6.1989, haciendo retención del cargo administrativo en la Legislatura, pasó a desempeñarse como Sub Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Santa Fe.

Añade que por esa gestión se lo sometió a proceso penal, no habiéndose dictado, aún, sentencia condenatoria.

Sostiene que la ausencia de sentencia penal definitiva permite concluir que no existe causal alguna que justifique la sanción, por lo que la medida dispuesta es atípica.

Indica que el decreto 74/90, que dispuso su separación del cargo de la planta de personal permanente, constituye una decisión viciada por su ilegalidad.

Considera que, al no haber sentencia penal condenatoria, se halla incólume su estado de inocencia, pero la Administración, sin tenerlo presente, procedió a dictar su cesantía condenándolo anticipadamente, lo que torna ilegal el acto.

Entiende que, para que sea aplicable una cesantía de conformidad con el artículo 52 inciso e) de la ley 10023, debe necesariamente existir una resolución judicial firme.

Dice que el acto de cesantía -al cual califica de "infundado, malicioso y arbitrario"-, no solamente lo perjudica en su honor, sino que también lo desprestigia en su actividad profesional, daño respecto del cual ya no hay forma de reparación, por lo cual también solicita el resarcimiento moral.

Agrega que el acto impugnado vulnera su derecho a la estabilidad en el empleo público, como así también el debido proceso y la libre defensa en juicio -que, expresa, se conculcó como paso previo a su remoción-.

Solicita, en suma, se declare procedente el recurso interpuesto, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad formal del recurso interpuesto (f. 20), comparece la Provincia (f. 25) y contesta la demanda (fs. 28/29 vto.).

En el esc Expone que el recurrente fue cesanteado como consecuencia de que, durante el período comprendido entre el 11.12.1987 y el 30.6.1989, ejerció funciones como Sub Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Santa Fe, con retención del cargo que desempeñaba en la Cámara de Senadores.

Señala que dicha actitud hizo tipificar la inconducta que se le adjudicó, lo que culminó con el acto que dispuso la cesantía.

Agrega que el hecho de que aún no se haya dictado sentencia definitiva en sede penal, no impide que se tipifique la contravención administrativa.

Manifiesta que existe independencia entre los procesos penales y administrativos, por lo que sin perjuicio de la sanción penal que en su momento pueda corresponder, es posible la tramitación del proceso administrativo.

Consigna que la inconducta o falta administrativa nada tiene que ver con el aspecto penal.

Refiere que la Administración dicta sus leyes a fin de salvaguardar las conductas de quienes desempeñan cargos en ella, y más estrictas son dichas normas cuanto más altos son los cargos y la jerarquía que el interesado ostenta.

Postula que luego de haberse constatado la inconducta administrativa y haberse probado sus extremos, no quedó a la Administración otra solución que la de aplicar la sanción, pues, aún en el caso de que penalmente se lo absuelva, ello no borra ni hace desaparecer la grave conducta administrativa que fue comprobada, siendo incluso diferentes ambos procesos y sus respectivas penas.

Apunta que en el caso de contravenciones administrativas graves como la presente, sólo cabe aplicar la sanción impuesta, es decir, la cesantía del agente.

Concluye diciendo que no puede hacerse lugar al planteo del recurrente de pretender que, a pesar de reconocer su inconducta, se le abone durante "un tiempo más" la remuneración en el cargo que desempeñaba, además de una indexación absurda y un daño moral inexistente.

Solicita, en suma, se rechace el recurso, con costas.

Abierta la causa a prueba (f. 30) y producida la que consta en el expediente, informan las partes sobre el mérito de la misma (fs. 83/88 vto. y 89/90). Dictada (f. 91) y consentida la providencia de autos, se encuentra la causa en estado de ser resuelta.

3. Esta Corte ha resuelto invariablemente que el acogimiento del recurso en su aspecto formal hecho en la ocasión prevista por el artículo 25 de la ley 4106, no impide volver sobre la cuestión en el acuerdo definitivo (A. y S. T. 12-13, pág. 35: T. 14, pág.

372; T. 16, págs. 19, 30, 47 y 290; T. 42, pág. 228; T. 56, pág. 177; T. 109, pág. 198).

En primer término, es menester señalar que la pretensión de pago de haberes devengados y de resarcimiento de daño moral, no han sido postuladas en sede administrativa.

Sobre tal aspecto corresponde recordar el carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa (que, conforme se señalara in re "Gravina" -A. y S. T. 63, pág.

94- y se precisara luego en autos "Gatti" -A. y S. T. 71, pág. 133- y "Laraia" -A. y S.

T. 93, pág. 294-) supone someter a consideración de la Administración la materia que luego se trae ante este Tribunal, pues lo que la ley exige es que no se planteen pretensiones distintas de las allá invocadas, aunque no prohíbe que se aduzcan nuevos argumentos jurídicos, consistiendo la regla, pues, en que no se puede demandar judicialmente lo que no haya sido pedido en aquella instancia -A. y S. T. 112, pág. 435-.

Por tales razones, ambas pretensiones son inadmisibles.

En segundo lugar, el examen de las actuaciones administrativas, premite advertir que: Por decreto 74, del 2 de julio de 1990, la Comisión Permanente de Gestión y Administración y el Presidente Provisional de la Cámara de Senadores, considerando que había agentes que se hallaban privados de su libertad y por tal razón eran pasibles de cesantía, dispuso dar de baja a -entre otros- Amadeo Biagioni (f. 31, expte. Poder Legislativo, Cámara de Senadores, nro. 1161, año 1990, incorporado al expte. 1281 del año 1990).

Con posterioridad, en fecha 26 de julio del mismo año, la Cámara de Senadores de la Provincia, ordenó la cesantía del agente Biagioni -entre otros- (f. 50), lo que le fue notificado a éste en fecha 10.8.1990, según consta a foja 57 de las actuaciones administrativas.

Finalmente, en fecha 28 de agosto de 1990, la Comisión Permanente de Gestión y Administración y el Presidente Provisional del Senado, mediante decreto 111, rechazaron el recurso de revocatoria que el agente había interpuesto el 31.7.1990 contra el decreto 74/90 (fs. 7/8).

Así las constancias del expediente administrativo, se observa que si bien el artículo 210 del Reglamento de la Cámara de Senadores dispone que "Contra los actos firmes del Presidente o de la Cámara, que dispongan la cesantía o exoneración de algún funcionario o empleado, se podrá recurrir a la justicia ordinaria, en la forma y modo establecido en el Código Contencioso Administrativo", no puede soslayarse que el numeral 206 de idéntico cuerpo legal prevé que los funcionarios y empleados serán nombrados por el Presidente pero no podrán ser separados de sus puestos sino "por votación de la Cámara de dos tercios de votos de los presentes".

También se advierte que el artículo 55 de la ley 10023 (Estatuto para el Personal del Poder Legislativo de la Provincia) contiene previsión similar, al reglar el procedimiento para las causales de cesantía y de exoneración previstas en los artículos 52 y 53, en tanto exige de la Cámara para remover al agente "dos tercios de votos de los presentes".

No es ocioso señalar que este Tribunal, en el precedente "Musuruana" (A. y S. T. 71, pág. 159), en que se analizó cuál era el órgano competente para disponer la separación de sus puestos de los agentes de la Cámara de Senadores, concluyó que el mencionado artículo 206 del Reglamento no deja dudas acerca de que quien debía disponer la cesantía era la Cámara, por constituir una decisión de los órganos máximos del Poder Legislativo (en el caso, la Cámara de Senadores).

En virtud de las consideraciones que anteceden, mal podría considerarse que el decreto 74/90 de la Comisión de Gestión y Administración y del Presidente Provisional del Senado hubiera sido el acto que según las transcriptas normas era el susceptible de ser impugnado ante esta sede, ya que ninguna constancia existe en él acerca de que hubiese sido precedido de la votación a la que aluden, apareciendo, más bien, como una etapa previa en la formación de la voluntad final del Cuerpo.

Concluir que el acto objeto del recurso no es el de la Cámara significaría que la cesantía es dispuesta por la mencionada Comisión y el Presidente Provisional, contrariando lo establecido legalmente en cuanto a que es el Cuerpo, por mayoría especial, quien debe tomar la decisión, por lo que hasta que ello no sucede no podemos entender que exista la sanción ni el agravio jurídicamente constituido. En todo caso, el decreto 74/90 puede ser considerado como un acto no definitivo, previo a la decisión final, pero no vinculante para la Cámara, quien puede, como en autos, seguir lo aconsejado por tales órganos o, contrariamente, apartarse de lo por ellos dictaminado.

Adviértase en ese sentido que al rechazarse la revocatoria interpuesta por el recurrente contra el decreto 74/90, se dijo que el acto motivo del recurso había sido "expresamente ratificado por la Honorable Cámara en fecha 26 de Julio de 1990 por Resolución del citado Cuerpo Colegiado, haciendo inconsistentes las pretensiones del recurrente..." (f. 7, expte. adm.). Y Asesoría Jurídica había concluido en que no correspondía analizar la cuestión sustancial en virtud de que "El Cuerpo -órgano superior- en ejercicio de facultades que le son propias ... ha dictado resolución sobre el tema" (fs.

4/5).

De todo lo anterior debe concluirse que el acto susceptible de impugnación ante esta Sede no era el de la Comisión Permanente de Gestión y Administración y el Presidente Provisional del Senado, sino la resolución del 26 de julio de 1990, emanada de la Cámara de Senadores.

Aclarado ello, debe recordarse en este aspecto que el plazo de interposición del recurso contencioso administrativo es el previsto en el artículo 5 de la ley 4106, y que esta Corte en numerosos antecedentes consideró aplicables tanto la duplicidad de plazos (ver, por todos, "Contreras", A. y S. T. 98, pág. 185) como el denominado "día de gracia" ("Monsalvo", A. y S. T. 39, pág. 20; "Odena", A. y s. T. 109, pág. 259; entre muchos otros).

Teniendo en cuenta tales pautas, es menester concluir que, habiendo sido notificado el recurrente de la resolución de la Cámara de Senadores que dispuso su cesantía en fecha 10.8.1990 (según consta a foja 57 de las actuaciones administrativas), y atendiendo a la fecha de interposición del recurso contencioso administrativo ante esta sede (cargo de foja 9 vto. de autos), se advierte con evidencia que al momento de la presentación había transcurrido el término previsto a tales efectos, por lo cual el recurso intentado deviene extemporáneo.

Tampoco cambiaría la suerte del recurso si se entendiera que dicha decisión era susceptible de impugnación mediante recurso de revocatoria, dado que ninguna constancia existe en tal sentido.

En virtud de lo expuesto, el recurso es inadmisible, con costas al actor (art. 84, ley 4106).

Voto, pues por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Gastaldi y Vigo expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, dijo: Surge de las actuaciones administrativas que, en fecha 2 de julio de 1990, la Comisión Permanente de Gestión y Administración, y el Presidente Provisional de la Cámara de Senadores, decidieron, mediante decreto 74, dar de "baja" a, entre otros agentes, Amadeo Alcides F. Biagioni (f. 31, expte. Poder Legislativo, Cámara de Senadores, nro. 1161, año 1990, incorporado al expediente nro. 1281, del año 1990).

Interpuesto contra ese acto recurso de revocatoria por parte del agente (f. 1, expte.

adm. 1281, cit.) tal remedio administrativo fue rechazado por la Comisión Permanente de Gestión y Administración y el Presidente Provisional del Senado, mediante decreto 111, del 28.8.1990 (f. 7, expte. adm. cit.).

Finalmente, la Cámara de Senadores resolvió, en fecha 26 de julio de 1990, disponer la cesantía de Biagioni -entre otros agentes-, "sirviendo la presente de ratificación expresa de lo actuado por la Comisión Permanente de Gestión y Administración y el Presidente del Senado mediante Decretos 74 y 75 del 2.7.1990" (f. 50).

En virtud de las relatadas vicisitudes del trámite administrativo, y teniendo especialmente en consideración que la cesantía dispuesta por la Comisión de Gestión y Administración y el Presidente del Senado fue luego ratificada expresamente por la Cámara -tal como surge de la pertinente transcripción en el párrafo precedente-, no parece razonable exigir del agente la impugnación también del referido acto ratificatorio y el posterior agotamiento de la vía administrativa a su respecto, cuando ya cumplimentó la impugnación y trámite administrativo respectivo en relación con el mencionado acto de la Comisión y del Presidente, de similar contenido y alcance.

Debe recordarse en tal sentido el principio "in dubio pro actione", aplicado por el Tribunal en casos en los que se verificaban dudas razonables en torno a la admisibilidad del recurso contencioso administrativo (A. y S.; T. 50, pág. 323; T. 56, pág. 350; "Bilicich", T. 109, pág. 198; "Odena", T. 109, pág. 259; "Rojas", T. 115, pág. 16; "Yebra", T. 126, pág. 992; entre otros).

Desde luego, la solución postulada no debe hacerse extensiva a la pretensión de pago de haberes devengados y de resarcimiento de daño moral, en tanto estos rubros resultan inadmisibles, dado el carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa (que, conforme se señalara in re "Gravina" -A. y S. T. 63, pág. 94- y se precisara luego en autos "Gatti" -A. y S. T. 71, pág. 133- y "Laraia" -A. y S. T. 93, pág. 294-, supone someter a consideración de la Administración la materia que luego se trae ante este Tribunal, pues lo que la ley exige es que no se planteen pretensiones distintas de las allá invocadas, aunque no prohíbe que se aduzcan nuevos argumentos jurídicos, consistiendo la regla, pues, en que no se puede demandar judicialmente lo que no haya sido pedido en aquella instancia -A. y S. T. 112, pág. 435-).

En virtud de las consideraciones que anteceden, estimo que el recurso es parcialmente admisible.

Así voto.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde no expedirse sobre esta cuestión y pasar a la siguiente.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Gastaldi, Vigo y Falistocco expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde adoptar?-, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas al actor.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Gastaldi, Vigo y Falistocco dijeron que la decisión que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso interpuesto. Costas al actor.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)