Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2011-05-23


En la Ciudad de Santiago del Estero, a los veintitrés días del mes de mayo de dos mil once, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, integrada por el Dr. Eduardo José Ramón Llugdar, como Presidente, y los Dres. Sebastián Diego Argibay y Raúl Alberto Juárez Carol, como Vocales y, a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, con los Dres. Armando Lionel Suárez y Agustín Pedro Rímini Olmedo, asistidos por la Secretaria Judicial Autorizante, Dra. Isabel Mercedes Sonzini de Vittar, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 546/547 del Expte. Nº 16.935 - Año 2009 - caratulado: "Palavecino Juan Carlos c/ Cortes Julio A. y/u otros s/ Daños y Perjuicios - Casación Civil". Establecido el orden de pase a estudio, resultó designado para hacerlo en primer término el Dr. Sebastián Diego Argibay y en segundo y tercer lugar, los Dres. Raúl Alberto Juárez Carol y Eduardo José Ramón Llugdar respectivamente; y a los efectos del art. 188 de la Constitución Provincial, los Dres. Armando Lionel Suárez y Agustín Pedro Rímini Olmedo.

El Sr. Vocal, Dr. Sebastián Diego Argibay dijo:

Y Vistos: El recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 555/558, de las presentes actuaciones. Y Considerando: I) Que contra la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación, de fecha 6 de noviembre del 2.008 (fs. 546/547), que al admitir el recurso de apelación incoado por la actora, revocó el fallo de Primera Instancia, en virtud del cual se dispone consolidar la deuda reconocida a favor del actor por la suma de doce mil pesos ($ 12.000), con mas los intereses de la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina, liquidados desde el 30-11-00 hasta su efectivo pago, la accionada dedujo el presente recurso que fue concedido a fs. 569 y vta. II) Que para resolver de ese modo la Cámara consideró, que asistía razón al recurrente en cuanto a las refutaciones vertidas en torno al alcance de las previsiones de la Ley Provincial Nº 6.546, atinentes a las fechas de corte, así como las relativas a la naturaleza misma de su derecho reconocido por sentencia judicial de fecha 8-11-05. En ese orden estimó, que el daño que originó la pretensión esgrimida en el presente juicio tuvo lugar el 30-11-00, de lo que derivaba la inaplicabilidad de la legislación nacional o provincial de adhesión, atento que las mismas comprendían a aquellas sentencias que reconocían la existencia de obligaciones anteriores al 1-01-00. Asimismo sostuvo que no podía soslayarse la notable deflación y devaluación de la moneda, que lógicamente implicaba un perjuicio para quien reclamaba en este juicio, a mas de afirmar, que el valor de la condena no constituía una suma de significativa importancia en relación con los recursos con que cuenta el Estado. Finalmente expresó que atento la fecha de corte establecida en la norma provincial de adhesión, así como la jurisprudencia sentada por este Alto Cuerpo al respecto, correspondía acoger el agravio del actor y revocar la sentencia de fs. 513, rechazando, en su mérito, el pedido de consolidación articulado por Fiscalía de Estado. III) Que el casacionista entiende que la sentencia atacada ha incurrido en una errónea aplicación de la ley, al haber sustentado su resolución en la Ley Provincial Nº 6.546 y no en el artículo 58 de la Ley Nº 25.725 -que prorroga el régimen de consolidación fijado por Ley Nº 25.344- , a la cual la Provincia se encuentra adherida según surge de la Resolución Serie "B" Nº 140. En razón de ello afirma que la deuda reclamada, por tener su origen en fecha 31-11-00, queda inexorablemente comprendida dentro del régimen de consolidación. Sostiene que el sentenciante no consideró los argumentos vertidos por su parte al contestar los agravios de la actora, fundamentando su decisión en la aplicación parcial de la legislación, circunstancia que trae aparejada su arbitrariedad. Alega que no pueden soslayarse los graves perjuicios que el fallo podría causar a la política económica del Poder Ejecutivo, atento que el mismo "tira por el suelo" todo el régimen de consolidación de pasivos que se aplica en la actualidad, es decir, para deudas no previsionales anteriores al 1-01-02, habiéndose confeccionado además, los formularios correspondientes conforme lo dispuesto en la resolución mencionada. IV) Que a fs. 598/601 vta. la contraria contesta el traslado conferido a su parte solicitando el rechazo del remedio incoado, atento considerar que el fallo cuestionado no reviste el carácter de definitivo. Asimismo sostiene que la Resolución Serie "B" Nº 140 del Ministerio de Economía de la Provincia, en la que la accionada sustenta sus argumentos, resulta ser un mero acto administrativo por el cual se aprueban los formularios diseñados por Contaduría General de la Provincia, referidos a la Ley Nº 6.546. En base a ello aduce, que no existe una ley de adhesión al art. 58 de la Ley Nº 25.725 sino que la Provincia se encuentra adherida a la Ley Nº 25.344 mediante la Ley Provincial Nº 6.546. V) Que a fs. 608/609 vta. obra dictamen del Ministerio Público Fiscal quien aconseja el rechazo del remedio casatorio incoado por entender, que si bien el plazo para aplicar el régimen de consolidación de deudas se habría extendido con la sanción de la Ley Nº 25.725 y por lo tanto resultaría aplicable al crédito reconocido por la sentencia que obra en autos, ello no puede acontecer, atento que la aprobación de dicha norma no se realizó mediante la sanción de una ley o un decreto de necesidad y urgencia, sino por medio de una resolución ministerial, violentando lo dispuesto por nuestra Constitución Provincial en los artículos 136 y 137. VI) Que corresponde en este punto analizar la concurrencia de los requisitos exigidos por el Código ritual en orden a la admisibilidad del recurso de que se trata. Así, de las constancias de autos surge que el mismo ha sido deducido dentro del plazo legal fijado por el art. 297 (cfr. constancia de cédula de notificación a fs. 552 vta. y cargo del escrito postulatorio a fs. 558 vta.) y que la recurrente se encuentra exenta del pago del depósito pertinente de acuerdo al art. 315 inc. a) del Código Fiscal de la provincia. Ahora bien, con respecto al recaudo de definitividad de la sentencia atacada, resulta dable destacar que no obstante en principio, "las decisiones que se dictan en materia incidental y en la etapa de ejecución de sentencia -por tratarse de meros autos interlocutorios- no ostentan dicho carácter, siendo por lo tanto ajenas a la instancia extraordinaria de la casación" (S.T.J., sent. del 22-09-09, en autos: "Nor-Cen S.R.L. c/ Gobierno de la Provincia s/ Cobro de Pesos - Casación Civil"), en el presente caso, cabe hacer excepción a dicha regla, por tratarse de un pronunciamiento con aptitud de causar un gravamen que por su magnitud resulta de insuficiente, tardía o imposible reparación ulterior, pues la cuestión que lo motiva -aplicación de la ley de consolidación al crédito reconocido en autos- no podrá debatirse nuevamente en una etapa posterior o ser subsanada por otra vía. En este sentido se ha sostenido: "La resolución que decide acerca de cuestiones procesales suscitadas en el trámite de ejecución de sentencia, es equiparable al pronunciamiento definitivo exigido por el art. 14 de la ley 48 si el recurrente se encuentra impedido en el futuro de replantear la aplicación al caso de la ley 23.982, lo que ocasiona un agravio de imposible reparación ulterior" (fallo cit.). Por lo tanto, si bien la desición impugnada, no reviste el carácter de definitiva, resulta equiparable a una de tales características, además de referirse a cuestiones que trascienden el mero interés particular por tratarse de normativas de orden público, razón por la cual corresponde analizar los agravios expuestos por el recurrente. VII) Que el casacionista denuncia la errónea aplicación de la ley en la que habría incurrido el A-quo al revocar el fallo apelado -que reconoció la consolidación de la deuda condenada en autos-, con fundamento en la Ley Provincial Nº 6.546, por considerar que resulta aplicable al caso sub-examine la Ley Nacional Nº 25.725, a la cual nuestra provincia se encuentra adherida mediante Resolución Ministerial Nº 140. En ese contexto y de manera liminar, cabe recordar que este Superior Tribunal de Justicia ha sido conteste en afirmar: "El recurso de casación es ineficaz si no cita como violado o erróneamente aplicado ninguno de los preceptos legales actuados por el juzgador, o en que se apoya la sentencia, o bien cuál es la doctrina legal transgredida" (S.T.J., sent. del 25-09-06, en autos: "Clínica Termal Rio Hondo S.R.L. c/ Sanatorio San Francisco S.R.L. s/ Cobro de pesos - Casación civil"). Teniendo ello presente, y de una atenta lectura del escrito recursivo, surge evidente que la demandada ha cumplimentado con dicho recaudo, razón por la cual corresponde verificar la normativa que debe regir la materia analizada, a fin de determinar si el crédito que se pretende ejecutar (de fecha 30-11-00, cfr. resolución de fs. 419/425), se encuentra comprendido dentro del régimen de consolidación solicitado por la impugnante. VIII) Que puestos en esa tarea corresponde señalar, que la errónea aplicación de la ley denunciada por la demandada, tiende a cuestionar en definitiva, la fecha de corte relativa a las obligaciones consolidables aplicada por la Cámara, al revocar el fallo de Primera Instancia y declarar excluido de dicho régimen a la deuda condenada. Dentro de ese contexto no puede dejar de señalarse que tanto la Constitución de la Nación, como la de la Provincia, establecen que el Órgano Legislativo -representado en el primer caso por el Congreso y en el segundo por la Cámara de diputados-, es quien se encuentra dotado de la facultad de sancionar las leyes, prohibiéndose, según lo normado por los artículos 76 y 137 respectivamente, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo casos excepcionales, en los que puede ser admitida para atender materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública. En tales condiciones y en el marco del tema analizado no cabe duda que compete a los órganos legislativos provinciales ejercer dicha función, ya que según lo expresado por el art 19 de la Ley Nacional Nº 23.982 y el 24 de la Ley 25.344 -relativas a la consolidación de deudas-, las provincias se encuentran invitadas a adherirse a las mismas y a legislar, en el ámbito de su competencia sobre los aspectos incluídos en aquéllas. IX) Que sentadas tales premisas, resulta necesario efectuar una breve reseña de las normas que regulan la cuestión controvertida, a efectos de constatar si la sentencia dictada por el tribunal A-quo ha incurrido en el vicio que le imputa el casacionista. Abocados a dicha misión, y dentro del ámbito nacional surge que la primera ley de consolidación de deudas dictada para el Estado Nacional, fue la Nº 23.982, que establecía como fecha de corte, a las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 01-04-91, disponiendo su carácter de orden público (art. 16) y la facultad de las provincias de dictar las normas respectivas, sin introducir mayores restricciones a las contenidas en ella (art. 19). Dicho régimen fue acogido en nuestra provincia por la Ley Nº 5.962, derogada por Ley Nº 5.986, que se adhirió a lo dispuesto por la Nación, pero modificando la fecha de corte al 31-12-92 (art. 4). Posteriormente se promulgó la Ley Nº 25.344, que en su art. 13 consolida en el Estado Nacional, con los alcances y en la forma dispuesta por la Ley Nacional Nº 23.982, a "las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 01 de Enero del 2.000" y "...extiende a la presente ley el carácter de orden público en los términos y con los alcances previstos en el art. 16º de la ley 23.982...", invitando, a su vez, en el art. 24 -como se dijo-, a las provincias a adherirse y legislar sobre las materias incluidas en ella. Es así, que en uso de dicha prerrogativa se sancionó la Ley Provincial Nº 6.546, que en su art. 1º, adhiere a la Provincia de Santiago del Estero, a las disposiciones contenidas en el capítulo V (arts. 13 y conc.), y en consecuencia, consolida en el Estado Provincial, con los alcances y en la forma dispuesta por la Ley Nacional Nº 23.982, a "las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 01 de Enero del 2.000". Finalmente dicha legislación nacional fue modificada parcialmente por la Ley Nº 25.725, que establece, en su artículo 58, la prórroga al 31 de diciembre del 2.001 de la fecha de consolidación de las obligaciones de carácter no previsional a que se refiere el art. 13 de la Ley Nº 25.344. Delimitado así el marco normativo dentro del cual debe analizarse la materia sub-examine, puede concluirse en la sin razón de la petición de consolidación pretendida por el recurrente. En efecto, y de un cotejo de las fechas de corte establecidas por las leyes mencionadas, en consonancia con la fecha de la causa o título de la obligación cuya ejecución se persigue mediante la presente vía ejecutiva -el 30-11-00-, surge claro que la misma se encuentra excluída de las disposiciones contenidas en la Ley Provincial Nº 6.546, de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.344 y por lo tanto resulta ajena al régimen de consolidación reclamado. En ese orden, no puede soslayarse que si bien el plazo fijado por las normas mencionadas fue prorrogado -según lo expuesto-, por Ley Nacional Nº 25.725, nuestra legislatura provincial no emitió ninguna norma de adhesión a la misma, razón por la cual la aplicación de dicho término resulta improcedente en el orden local. De ese modo, pretender -tal como lo sostiene el recurrente- la aplicación al caso sub-examine de la Resolución Ministerial Nº 140, en virtud de la cual nuestra Provincia se encontraría adherida por su art. 4, a la prórroga fijada por la Ley Nacional mencionada, resulta a todas luces inadmisible, atento que dicha norma no resulta idónea para provocar tales efectos, en el orden legislativo local. En ese sentido, no puede dejar de señalarse, que la disposición cuya aplicación se requiere, se trata de un acto administrativo dictado dentro del ámbito de competencia del Ministro de Economía, mediante atribuciones otorgadas por el Poder Ejecutivo a través del Decreto Serie "B" Nº 1.038/02, y por lo tanto carente -según lo dispuesto por los textos constitucionales citados y la invitación efectuada en el art. 24 de la ley 25.344- de aptitud para constituir un acto de adhesión legislativa, facultad que únicamente puede ser ejercida por el órgano constitucional competente (Poder Legislativo), so pena de afectar los principios de división de poderes y jerarquía normativa. En tales condiciones, cabe concluir que no se advierte en la especie un supuesto de errónea aplicación de la ley que permita descalificar el fallo recurrido como acto jurisdiccional válido, toda vez que la norma que invoca el casacionista (Resolución Ministerial Nº 140) para incluir al crédito reclamado dentro del régimen de consolidación, adolece del vicio de nulidad por resultar incompetente para adherirse a una prórroga establecida por ley nacional, resultando, por lo tanto inconstitucional en dicho aspecto. Por lo expuesto, normas legales citadas, jurisprudencia reseñada y conforme lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal a fs. 608/609 vta., Voto por: I) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, y en su mérito, confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación, de fecha 6 de noviembre del 2.008 (fs. 546/547). II) Con costas.

A estas mismas cuestiones, el Dr. Raúl Alberto Juárez Carol dijo: Que comparte los argumentos esgrimidos por el Vocal preopinante, Dr. Sebastián Diego Argibay, emitiendo su voto en idéntico sentido.

A las mismas cuestiones, el Dr. Eduardo José Ramón Llugdar, dijo: Que se adhiere en un todo a lo sustentado por el Dr. Sebastián Diego Argibay votando en igual forma. Con lo que se dió por terminado el Acto, firmando los Sres. Vocales, por ante mí, que doy fe. Fdo: Sebastian Diego Argibay - Raúl Alberto Juárez Carol - Eduardo José Ramón Llugdar - Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe.

Expte. Nº 16.935 - Año 2009 - caratulado: "Palavecino Juan Carlos c/ Cortes Julio A. y/u otros s/ Daños y Perjuicios - Casación Civil".

*-*-*-* Santiago del Estero, veintitrés de mayo del año dos mil once.- En mérito al resultado de la votación que antecede, la Sala Civil y Comercial del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, Resuelve: I) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, y en su mérito, confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación, de fecha 6 de noviembre del 2.008 (fs. 546/547). II) Con costas. Protocolícese, expídase copia para agregar a autos, hágase saber y oportunamente archívese. Fdo: Sebastian Diego Argibay - Raúl Alberto Juárez Carol - Eduardo José Ramón Llugdar - Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe.