Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27


SENTENCIA DEFINITIVA N° 63910 SALA VI Expediente Nro.22570/10 (Juzg. N°16) AUTOS:"DUCASSE JUAN HECTOR Y OTROS C/TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. S/DAÑOS Y PERJUICIOS" Buenos Aires, 27 de ABRIL de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda interpuesta viene en apelación el Estado Nacional -Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- a fs. 723/732, agravios que no fueron replicados.

Asimismo, la codemandada Telefónica de Argentina SA presenta su queja a fs. 734/746, la que fue replicada por el Estado Nacional -Ministerio de Economía- a fs. 767/773 y por el Estado Nacional -Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- a fs. 783/789.

Por su parte, el actor Marcelo Rodriguez apela la sentencia de grado a tenor del memorial recursivo obrante a fs. 747/749, contestado por la codemandada Telefónica de Argentina SA a fs. 775/777, por el Estado Nacional -Ministerio de Economía- a fs. 767/773, y por el Estado Nacional -Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- a fs. 783/789.

En primer lugar examinaré la queja de la demandada Telefónica de Argentina SA, en relación a lo decidido respecto de la excepción de prescripción opuesta.

Que en lo referente al plazo de prescripción la cuestión ha quedado zanjada por el fallo plenario nro. 327 del 14/2/2012 in re "Medina Nilda Beatriz c. Telecom Argentina S.A. y otro s/ part. Accionariado obrero", en el que esta Cámara estableció la siguiente doctrina: "El plazo de prescripción que corresponde a la acción por los créditos a favor de los trabajadores que establece el art. 29 de la ley 23696 es el previsto en el artículo 4023 del Código Civil".

Por ello, corresponde acatar esa doctrina (art. 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y, en consecuencia, confirmar lo decidido en primera instancia respecto del plazo prescriptivo.

Corresponde examinar seguidamente los agravios vertidos tanto por el Estado Nacional -Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- como por la demandada Telefónica de Argentina S.A. en cuanto a la procedencia del reclamo.

La cuestión fundamental traída a consideración en autos ha sido objeto de examen por el Alto Tribunal en la causa "Gentini, Jorge Mario y otros c. Estado Nacional -Ministerio de Trabajo y Seguridad Social s/ part. Accionariado Obrero"; como así también por esta Sala -con fundamento en lo allí decidido por el Alto Tribunal-, en las causas "Fonzo", SD nro. 62472 del 20/10/2010 y "Espósito", SD 62471 del 20/10/2010.

Que en dicho pronunciamiento, con argumentos que comparto y a los que cabe remitirse por razones de brevedad, la Corte ha entendido que resulta inconstitucional el decreto 395/92 -reglamentario de la ley 23.696, puntualmente del art. 29- que estableció que "la Sociedad Licenciataria Norte (hoy Telecom Argentina Stet France Telecom S.A.) y la Sociedad Licenciataria Sur (hoy Telefónica de Argentina S.A.) no estaban obligados a emitir bonos de participación en las ganancias para el personal".

Sobre tal base, se consideró que la exención obtenida por las empresas privadas las colocaron en una situación de privilegio respecto de los restantes emergentes del proceso de privatización que debieron emitir los bonos en cuestión y responder en consecuencia.

En consecuencia declaró que ambos demandados (empresa privada y el Estado Nacional) tienen responsabilidad por la exclusión de los actores del programa de bonos de participación en las ganancias previstos por el art. 29 de la ley 23.696 y en este sentido, se advierte que las críticas que se esbozan al respecto son repeticiones de términos ya expuestos en anteriores presentaciones sin que los términos del memorial en examen aporten elementos suficientes que controviertan los argumentos que en torno a la cuestión debatida fueron expuestos en la sentencia de grado.

En el presente caso, el Estado Nacional -Ministerio de Economía y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- no se encuentran demandados sino que fueron citados como terceros por la demandada Telefónica de Argentina SA.

En este sentido, el sentenciante de grado consideró que no correspondía extenderle la condena al Estado Nacional -a pesar de la modificación introducida en el art. 96 CPCCN, con la ley 24588- puesto que la empresa había citado a los terceros no para que se evaluara su responsabilidad ni se les extendiera la condena, sino al solo efecto de evitar la oposición de la excepción de negligente defensa en un eventual juicio de repetición.

Del escrito de fs. 159 surge que la demandada Telefónica de Argentina SA solicita la citación como tercero del Estado Nacional por cuanto sostiene estar ajena completamente a la implementación del Programa de Propiedad Participada, argumentado al respecto que la actora ha dirigido la acción erróneamente contra su mandante, toda vez que el ente a privatizar y no la licenciataria era la responsable de emitir los bonos de participación en las ganancias.

Por otra parte, la sentencia interlocutoria de fs. 232 por la cual esta Sala admitió el pedido de citación en calidad de terceros del Estado Nacional, se fundó en la invocación por parte de la demandada de circunstancias sucedidas con anterioridad a la privatización de la empresa ENTEL, ".que constituyen hechos controvertidos relevantes en orden a la preservación de una acción regresiva, ya que en el reclamo, se plantea que es el Estado Nacional quien estaba obligado a emitir bonos." Por lo demás, considero que los términos en que dicha citación fue contestada tanto a fs. 292/306 como a fs. 315/322, dan cuenta de una actitud similar a la de una parte en la controversia. Así las cosas, teniendo en consideración tal como lo ha dispuesto la Corte Suprema en la causa "Gentini" que ambos demandados tienen responsabilidad por la exclusión de los actores del programa de bonos de participación en las ganancias previsto por el art. 29 de la ley 23696; esta Sala ha sostenido que corresponde la condena solidaria del Estado Nacional por el total del crédito que se reconoce en autos, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 699 y 700 del Código Civil Esta condena es procedente en atención a que el art. 96, C.P.C.C.N. (texto según ley 25.488) dispone en lo pertinente:

".En todos los supuestos, después de la intervención del tercero, o de su citación en su caso, la sentencia dictada lo alcanzará como a los litigantes principales".

"También será ejecutable la resolución contra el tercero, salvo que, en oportunidad de formular el pedido de intervención o de contestar la citación, según el caso, hubiese alegado fundadamente la existencia de defensas y/o derechos que no pudiesen ser materia de debate y decisión en el juicio".

En cuanto al cálculo de la reparación, adelanto mi opinión coincidente con la solución a la que se arriba en primera instancia (computando el 0,50 % de las utilidades de cada ejercicio obtenidas por la empresa demandada, cantidad que deberá distribuirse entre los demandantes en función del porcentaje de participación accionario que corresponda a cada uno de ellos según las pautas fijadas en el respectivo Programa de Propiedad Participada), que no encuentro eficazmente controvertida por los apelantes (agravios de fs. 728 vta. y de fs. 740 vta.).	Ello pues si bien no existe norma alguna que determine sobre qué porción de las utilidades de la empresa demandada corresponde calcular la suma a la que tienen derecho los actores en concepto de bonos de participación en las ganancias; considero correcto el establecido en consideración a los parámetros objetivos tenidos en cuenta por otras empresas privatizadas.

En cuanto a los agravios vertidos por Telefónica de Argentina SA en relación con el rechazo de la defensa de cosa juzgada administrativa, cabe señalar que los mismos no controvierten eficazmente los argumentos esgrimidos en el pronunciamiento de grado. En el caso, no corresponde extender los efectos de la cosa juzgada (acuerdos rescisorios, art. 241 LCT) pretendidos puesto que los acuerdos en cuestión en modo alguno se vinculan con los créditos que aquí se ventilan.

Por su parte, el actor Marcelo Rodriguez a fs. 747/749 cuestiona que a su respecto se haya rechazado la demanda por haber ingresado a laborar a la demandada en 1992.

En mi opinión, adelanto que la queja en examen no tendrá favorable acogida puesto que, la normativa en la que se basa la pretensión articulada en la demanda resulta clara en cuanto a que los beneficiarios de los programas de propiedad participada son aquellos trabajadores que al momento de la privatización se encontraban laborando al servicio de Entel y pasaron a desempeñarse bajo la dependencia de la empresa adjudicataria, luego de concluido el proceso de privatización. Se trata de un sistema de participación específico emergente del sistema de privatización implementado con sustento un una normativa particular y atípica, vinculado con el sistema de reforma del Estado, que se suscitó en el marco de las leyes de emergencia.

El art. 9 del decreto 731/89 tanto en su texto original cuanto con la modificación introducida mediante el decreto 59/90, aludió a los empleados de Entel que pasen a desempeñarse en las empresas adjudicatarias, sociedades licenciatarias y en las sociedades prestadores del servicio internacional, a efectos de prescribir la reserva de un porcentaje del capital accionario, por lo que resulta claro que solo aquellos empleados podían ser beneficiarios del programa.

Considero indudable que el legislador decidió beneficiar al personal dependiente afectado por la Reforma del Estado otorgándoles, no sólo acciones de las sociedades anónimas a conformarse, sino también participación en las eventuales ganancias obtenidas por ésta por el período posterior a la privatización mientras perdure el vínculo laboral.

Por lo expuesto y argumentos propios del fallo apelado que no encuentro conmovidos eficazmente, propongo confirmar lo decidido en primera instancia en este aspecto.

En atención al modo en que se resuelve, de prosperar mi voto, propongo se modifique el fallo apelado y se extienda la condena al Estado Nacional.

En virtud de lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, corresponde imponer las costas de primera instancia a las vencidas (art. 68 CPCCN), con excepción de la acción interpuesta por el actor Marcelo Rodriguez respecto al cual las costas serán soportadas por su orden (art. 68 2do párrafo, CPCCN). La regulación de honorarios se difiere al momento procesal previsto por el art. 132 LO, de conformidad con lo decidido en relación con el monto de condena en primera instancia.

Las costas de esta alzada serán soportadas por su orden en atención al modo en que han quedado definitivamente resueltas las cuestiones planteadas (art. 68, 2do párrafo, CPCCN. La regulación de honorarios por la actuación profesional ante la alzada se difiere de conformidad con lo precedentemente expuesto.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 ley 18345) EL TRIBUNAL RESUELVE: I)Modificar la sentencia apelada extendiendo la condena al Estado Nacional. II) Imponer las costas de primera instancia a las vencidas (art. 68 CPCCN), con excepción de la acción interpuesta por el actor Marcelo Rodriguez respecto al cual las costas serán soportadas por su orden (art. 68 2do. párrafo, CPCCN). III) Confirmar en lo restante que decide el fallo de grado. IV) Diferir la regulación de honorarios al momento procesal previsto por el art. 132 LO, de conformidad con lo decidido en relación con el monto de condena en primera instancia. V)Imponer las costas de esta alzada por su orden en atención al modo en que han quedado definitivamente resueltas las cuestiones planteadas (art. 68, 2do. párrafo, CPCCN). VI) La regulación de honorarios por la actuación profesional ante la alzada se difiere de conformidad con lo precedentemente expuesto.

Regístrese, notifíquese y vuelvan	Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345, el Tribunal RESUELVE:

GRACIELA L.CRAIG	JUEZ DE CAMARA	LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA