marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación, extinción de las obligaciones
Materia: ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: SARABIA ROBERTO c/ EFA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-02

El actor transitó la totalidad de la ejecución de la sentencia sin formular objeción alguna al método de cancelación de pasivos del Estado Nacional (leyes 23.982, 25.344 y concordantes), inclusive hasta la efectiva acreditación de los bonos en su cuenta personal. El accionante no puede retrotraer las etapas ya cumplidas y firmes de la ejecución de la sentencia y de la efectiva acreditación y percepción de los respectivos bonos emitidos a su favor en virtud de su sobreviviente desacuerdo con el régimen de consolidación. El art. 17 de la ley 23.982 prevé que "la cancelación de obligaciones con cualquiera de los Bonos de Consolidación creados por la presente ley extinguirá definitivamente las mismas" y que "la consolidación legal del pasivo público alcanzado por la presente implica la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios.".
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: La Nona c/ Elva de Zerda s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-05-29

La apreciación de la prueba consiste en la actividad intelectual que realiza el juzgador para determinar la fuerza probatoria que tiene cada uno de los medios de prueba en comparación con los demás.

Nuestro código impone el método de la sana crítica para su valoración, o sea que el juzgador tiene el deber de apreciar la prueba, lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, sino la de seleccionarlos a fin de fundar el fallo en las más eficientes o esenciales, en las que hará descansar sus conclusiones.
Lealtad comercial, infracciones formales
Materia: PENAL
Carátula: CASA DAMI s/ Lealtad Comercial Causa Nro. 36018.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-19

1-"La ley de Lealtad Comercial tiene como finalidad evitar inconvenientes a los consumidores, a fin de no inducirlos a error o engaño al momento de comprar productos que se encuentran a la venta" (Del voto del Dr. Grabivker).- 2-"Si bien la mercadería en infracción era ínfima, esta circunstancia no libera de responsabilidad pues como regla general, este tipo de infracciones son de las llamadas "formales", que no requieren la producción de resultado alguno, y no se evalúa si hubo la intención, o no de infringir las normas" (Del voto del Dr. Grabivker).
Cuestiones de competencia, divorcio, domicilio conyugal, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: Cavura de Vlasov, Emilia c/ Vlasov, Alejandro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1960-03-28

Son competentes para conocer en el juicio de divorcio los jueces del último domicilio conyugal anterior a la separación de los esposos. Se trata del último lugar de efectiva convivencia indiscutida de los cónyuges, sin que importe, a los fines de la competencia, la calificación de su separación, y, menos aún, la oportunidad en que sobrevino a ella el quebrantamiento definitivo de la armonía conyugal. Estos son puntos propios de la sentencia final de la causa. Esta doctrina evita discusiones minuciosas, impide prejuzgamientos en causas fundadas en el abandono del hogar, conviene a la seguridad jurídica sin desmedro de la justicia y, además, encuentra fundamento normativo en el art. 104 de la Ley de Matrimonio, incluso si se lo vincula con el art. 94 del Código Civil
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, locación, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cobro de sumas de dinero
Materia: COMERCIAL
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en TISVA SOCIEDAD ANÓNIMA  c/ GCBA  s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

Corresponde rechazar la queja porque el recurrente no demuestra que la Cámara haya incurrido en las arbitrariedades que le imputa. Ello así, en tanto no se hace cargo del argumento dado por el a quo según el cual el contrato locativo cuyo incumplimiento por parte del GCBA aquí se discute no estaba sujeto a las reglas del procedimiento administrativo y que por lo tanto, para instar la acción, no era un requisito que la parte actora hubiera acudido a un procedimiento administrativo previo. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, lesiones
Materia: PENAL
Carátula: Aguilo, Miguel Aníbal y otros s/ Robo agravado - Privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-05

Constituyen agravante las lesiones producidas en la comisión del delito previsto en el art. 142 inc. 2 del Código Penal, pues las mismas no forman parte del tipo descripto en esa norma.
Cheque sin fondos, extravío del cheque, contraorden indebida para el pago del cheque
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, SERGIO MIGUEL s/ Cheque sin fondos, incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-28

No basta invocar un extravío para dar una contraorden de pago válida sino que se requiere acreditar la existencia del hecho como una de las causales autorizadas por la ley a aquel efecto, de modo que dicha invocación no se constituya en una artimaña urdida para obstaculizar el pago del cheque.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: CECCHINI, GERARDO ARTURO c/ MUSELLA, MARIA C. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30

No procede hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título cuando el excepcionante no niega la existencia de la deuda y se limita a denunciar la diferencia de su monto con el correspondiente a lo recibido por el mutuo hipotecario pactado, dado que ninguno de los extremos de idoneidad del título a cuya protección tiende esta excepción se encuentra involucrada por esa circunstancia. Sucede lo propio en torno al aprovechamiento de la necesidad de la deudora que pudo haber hecho el acreedor, incurriendo eventualmente en el vicio de lesión (art. 954 del Código Civil), o la configuración de un supuesto que permita aplicar la teoría de la abusión (art. 1071), desde que éstas circunstancias apuntan a la validez y exigibilidad material del contrato y no a la eficacia ejecutiva del título, razón que impide su tratamiento en el estrecho marco de la ejecución hipotecaria sin que ello implique la afectación del derecho de defensa.

Queda para el juicio ordinario el tratamiento de estos planteos así como lo referido a la causa del contrato.
Pacto de San José de Costa Rica, tratados internacionales, facultades del juez, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R. , A. H.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-09-14

la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como el Pacto de San José de Costa Rica, sus jueces también están sometidos a él, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también "de convencionalidad" ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.
Intervención de terceros, intervención obligada, interpretación restrictiva
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Lombardi, Sebastian Ricardo c/ Coto Centro Integral de Comercializacion SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-05

La admisibilidad de la intervención obligada requerida queda supeditada, a la existencia de la conexión que pueda mediar entre la relación jurídica que vincula a quien se pretende citar con alguna de las partes originarias y los elementos objetivos (objeto y causa) de la pretensión, y para cumplir con alguna de las siguientes finalidades: 1) evitar la deducción por el tercero de ciertas defensas en juicio que eventualmente se inicie en su contra; 2) lograr que el tercero asuma la defensa del citante en el pleito pendiente y que eventualmente se haga cargo de las condenaciones que contenga la sentencia que allí se emita; 3) lograr que el tercero sustituya al citante en el pleito pendiente; o 4) lograr la deducción de la demanda que el citante teme potencial o eventualmente del tercero (conf. Palacio, Lino E., Alvarado Velloso, Adolfo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tomo III, págs. 314 y 498, 1997). Resta señalar que, la verificación de esa "comunidad" debe apreciarse con carácter restrictivo y excepcional para evitar desnaturalizar el proceso, de modo que, para justificar la intervención, no basta con que el tercero tenga un mero interés en el resultado del pleito (CSJN, Fallos: 326:3530; y CNCom, Sala B, 1.6.90, "Instituto Torcuato Di Tella c/Banco del Interior y Buenos Aires S.A. s/ordinario s/ incidente de apelación", entre muchos otros; Fassi, Santiago C., Yañez, César D., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tomo I, pág. 511, Buenos Aires, 1988).
Recurso extraordinario, gravedad institucional, jurisdicción y competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Suárez Mason, Carlos Guillermo s/ homicidio, privación ilegal de la libertad, etc.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-01

La existencia de aspectos de gravedad institucional puede justificar la intervención de la Corte Suprema superando los ápices procesales frustratorios del control constitucional confiado a ella.

Se trata de condiciones pertinentes para la eficiencia del control de constitucionalidad y de la casación federal que la Corte debe cumplir, cuya consideración ha guiado tradicionalmente la interpretación de las normas que gobiernan la jurisdicción del Tribunal.
Martillero, corredor, inscripción en la matrícula
Materia: COMERCIAL
Carátula: PANERO FERNANDO DARIO s/ SOLICITA  INSCRIPCION  MATRICULA  DE  MARTILLERO   Y CORREDOR PUBLICO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-04

Se da en autos un caso especial en donde para la obtención de la matrícula tendiente a ejercer las funciones de martilleros y corredores, existe una ley nacional y otra ley provincial y que ambas tienen disposiciones reglamentarias procesales a tener en cuenta para solicitar al tribunal competente la autorización de matrícula para ejercer la profesión.

Las leyes, tanto nacionales como provinciales deben ser interpretadas en su integridad, sin compartimientos estancos, mirando siempre la finalidad perseguida por el legislador.

La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción.

Hallándose en juego la interpretación de normas procesales, que pueden o no estar en dos disposiciones legales que traten o tengan un mismo objeto es aplicable el principio con arreglo el cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que la informan, en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o espíritu del precepto que rige el caso.

En cuanto a los requisitos exigidos para obtener matrícula de martillero y corredor público, la ley nacional primera en el tiempo respecto de la ley provincial, requiere en su art. 1ro, un examen de idoneidad del aspirante, y la ley provincial, probablemente con mala práctica legislativa, al referirse simplemente a las condiciones de la ley nacional incorpora un requisito que es de mayor exigencia de capacidad teórica del postulante, como es el de tener aprobado ciclo terciario (arts. 2 y 12 inc. B ley 7191).

Ambos puntos se refieren al requisito de idoneidad que se requiere para tener las bases teóricas necesarias para ejercer en el futuro su actividad. Dado el espíritu de ambas leyes sobre el particular, es decir, capacidad teórica y su demostración ya sea en el examen ante Tribunal Judicial competente, o nivel terciario y excluyente para habilitarlos como postulantes a martilleros y corredores públicos, es evidente que teniendo cumplida esa habilitación, la misma supera en calidad y temporaneidad la exigencia de la ley nacional Nro 20.266, por lo que se tiene por cumplido, con una interpretación lógica legislativa, haber obtenido el título terciario universitario, lo que hace innecesario el examen de idoneidad exigido por el art. 1ro inc. C de la ley 20.266.-
Daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ JORGE LUIS c/ CARVALLO ERNESTO ALFREDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-08-23

La circunstancia de poseer otros vehículos no autoriza a presumir el no uso del siniestrado cuando se han presentado facturas de gastos efectivamente realizados por transporte escolar, es decir, los gastos han existido, y la circunstancia de que la factura se extendiera a nombre de otra persona, tampoco autoriza a considerarla "tercero" cuando de la prueba rendida por el demandado a fin de acreditar la titularidad del dominio de los restantes automotores, surge precisamente como cónyuge del actor la persona nombrada, por lo que el apelante no puede alegar tal circunstancia como desconocida y, en cuanto a la diferencia de grafía, habiendo sido reconocida como auténtica por el propietario de la empresa de transportes, la queja al respecto debe ser desestimada.
Preaviso al empleador, falta de preaviso, renuncia al empleo, incumplimiento del contrato, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: LOMBARDO, Alberto c/ OMAGI SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

Si bien la obligación de preavisar es bilateral, no debe olvidarse que no sólo el empleador cuenta con mayores medios para paliar en forma inmediata la ausencia del trabajador, sino que en casos en que a la renuncia le anteceden incumplimientos contractuales graves del empleador - como ser el adeudamiento de salarios -, la misma a los efectos pretendidos, resulta asimilable al despido indirecto.
Ejecución de honorarios, empleador fallido, competencia comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: ALMEYRA, CARLOS c/ AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. s/ COBRO DE SALARIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-26

El art. 135 de la L.O. hace cesar genéricamente la competencia de esta Justicia Nacional del Trabajo en la etapa de ejecución cuando el sujeto pasivo está en proceso universal, ya sea concursal o de quiebra y liquidación. La mera apertura de dicho juicio impone abstenerse de toda medida ejecutiva aún en la etapa avanzada de cobro compulsivo, y en consecuencia, las peticiones deberán efectuarse ante el Juzgado Comercial correspondiente. Y aunque en el presente caso la obligación (honorarios) es de causa anterior a la apertura del concurso de la accionada, como el fallo que los confirma quedó firme con posterioridad al inicio del proceso universal, no corresponde la formación de incidente de ejecución en sede laboral. (del dictamen de la Fiscal Adjunta nº 33351 del 11/3/02, al que adhiere la Sala).
Indemnización por despido, mora del empleador, pago, pago parcial
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: C. J. P. y Otros c/ I. S.A. y Otra s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-28

Paga quien cumple la prestación que hace el objeto de la obligación y para ello debe entregar al acreedor lo adeudado en su integridad y no parcialmente, de manera que si lo entregado es algo incompleto habrá incumplimiento (arts. 725, 742 Cód. Civ., su doc.); la inejecución relativa, parcial, de la obligación no por ello deja de ser inejecución.

Ello se vigoriza si cabe en la esfera del derecho laboral, en la que la integridad de los montos a abonar es especialmente considerada (arts. 130 a 135, 260 L. C. T.), disposiciones para las remuneraciones aplicables por analogía a las indemnizaciones (Art. 16 Cód. Civ.) y que tienen carácter imperativo por ser de orden público y, en consecuencia, resultan irrenunciables por el trabajador y no discrecionales para el empleador.
Bienes públicos del Estado, dominio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legajo de juicio en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

Un vagón de un tren se encuentra destinado, tarifa mediante, a prestar un servicio público a todos los usuarios que diariamente lo utilizan para llegar a sus domicilios o empleos y allí radica -precisamente- la relevancia de su conservación, en adecuadas condiciones, para que todos ellos puedan aprovecharlo conforme a su destino específico. (Del voto de la jueza Ana María Conde).
Acuerdo de juicio abreviado, responsabilidad penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CANTERO, ARIEL MAXIMO, CHAMORRO, JOSE MANUEL Y VILCHES, LEANDRO ALBERTO c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-09

En nuestro sistema penal la condena sin juicio -producto de una abreviación de trámite fundado en el acuerdo- puede admitirse sólo si el imputado reconoce libremente su responsabilidad penal en el suceso delictivo -y en su caso en cada uno de los atribuidos- y existen evidencias suficientes que confirmen la existencia del o de los hechos y la culpabilidad del autor y/o partícipe; conclusión a la que no obsta la reforma introducida al régimen de la acción penal por la ley 27127, ya que si bien esta regulación relativizó en la ley de fondo nacional el modelo rígido vinculado a la obligación de la persecución penal mediante la flexibilización del régimen de la acción, la disponibilidad y discrecionalidad reconocen, a diferencia de los sistemas anglosajones, límites propios de la legalidad y la razonabilidad de su ejercicio. (Del voto del Dr. Erbetta).
Plan de ahorro previo, responsabilidad solidaria, prueba, defectos de fabricación, concesión para la venta de automotores
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ricardo, Aldo Abel  c/ Fiat Auto SA de Ahorro para fines determinados y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-14

Corresponde admitir la demanda promovida por el adquirente de un vehículo nuevo, y por lo tanto cabe condenar solidariamente a la administradora del plan de ahorros, la concesionaria y el fabricante codemandados, a sustituir la unidad adquirida por el actor (cfr. LDC 17-a), quienes además habrán de cumplimentar las gestiones tendientes a la inscripción dominial del nuevo rodado. Ello así, pues surge de la prueba rendida en autos, que a quince días de entregado el vehículo comenzaron las fallas, y que el rodado registró al menos siete ingresos al taller y/o intervenciones durante los primeros dos años de uso, y a pesar de todo ello la pericia mecánica corroboró que el rodado aún registraba encendido un aviso de falla en el tablero. En razón de todo ello, no hay dudas que los continuos y repetidos desperfectos del automotor se debieron a una falla de fabricación.
Prueba, videofilmación, falta de orden del juez, nulidad procesal, intervención de línea telefónica
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PACHE, Juan A. s/ Inc. de nulidad -    Causa 15.106
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-30

La videofilmación de una conversación no guarda paralelismo con la intervención telefónica, no correspondiendo, por tanto, su validez por falta de control judicial, mas bien, guarda parangón con la grabación de una comunicación por parte de uno de los interlocutores, que no invade la esfera de las prohibiciones probatorias.
Daños y perjuicios, contrato de servicios, responsabilidad médica, mala praxis
Materia: CIVIL
Carátula: D. D. M. M. D. V. c/ A. C. R. Y. O. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-28

Las conclusiones a que arriba la Sala a quo, en tanto afirma que la responsabilidad contractual que se ha puesto en juego en el caso es una responsabilidad directa tanto en el caso del médico como en el del establecimiento de salud, no resultan arbitrarias o irrazonables. En ese sentido se ha dicho que no existe una relación de dependencia o subordinación entre el ente asistencial y el médico, toda vez que el galeno en el ejercicio de su actividad (y en el cumplimiento de su deber medical) goza de independencia o autonomía técnica y científica, actuando -por tanto- en calidad de sustituto, auxiliar, o copartícipe del deber asumido en forma directa por el ente, que se sirve de su actividad para el cumplimiento de la prestación de un servicio consistente en la asistencia médica. Así, frente al daño sufrido, la víctima tiene ante sí dos responsables directos: el médico y el ente (cfr. en tal sentido, Trigo Represas, Félix y López Mesa, Marcelo, "Tratado de la Responsabilidad Civil", La Ley, año 2004, Tomo II, pp. 462 y ss.; Bueres, Alberto, "Responsabilidad civil de los médicos", 3ª edición renovada, Hammurabi 2006, p. 308, y jurisprudencia citada en Trigo Represas-López Mesa, ob. cit., p. 463, nota 1043). En sentido similar tiene dicho la Corte de Justicia de Tucumán que "Los establecimientos asistenciales prevén y desarrollan una organización para la prestación del servicio de salud. A su vez, las obras sociales tienen la obligación de asegurar la asistencia médica directa a sus afiliados. Sobre ambos entes pesa la obligación de seguridad consistente en evitar toda deficiencia en el servicio médico prestado. En consecuencia, con relación a ambos codemandados, por la falla médica en el procedimiento de la anestesia practicado en el Sanatorio...surge responsabilidad por la infracción a la obligación tácita de seguridad. Y en consecuencia cabe desestimar el recurso interpuesto por el sanatorio condenado" (CSJTuc., sentencia Nº 233 del 30/3/2009).
Delitos contra la salud pública, moral y buenas costumbres, orden público, tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal
Materia: PENAL
Carátula: Caporale, Susana y otros s/ infracción ley 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

Entre las acciones que ofenden el orden, la moral y la salud pública se encuentra sin duda la tenencia de estupefacientes para uso personal.
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, ley nacional, convenios colectivos de trabajo, Administración Pública, empleados públicos
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Delmonte, Irma Cristina c/ Dirección General Impositiva s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

La ley 21.418 no pudo excluir al personal de la Administración Pública de las convenciones colectivas de trabajo, por resultar violatoria del art. 14 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a este tipo de contratación.
Ley de accidentes de trabajo, carga de la prueba, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Barcelona, María del Rosario c/ Vaccaro, Marcelo y-o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-11-10

La prueba que el art. 4 de la ley 9.688 pone en cabeza del empleador producir es la del dolo o culpa grave de la víctima o la de la fuerza mayor extraña al trabajo, pero siempre en relación con un accidente acaecido al tiempo de la prestación de servicios, por el hecho o en ocasión de la labor. En cambio, que el infortunio ocurrió en ocasión del trabajo toca justificarlo a quien lo alega, por ser ese dato integrante de la causa petendi de su pretensión y supuesto para la aplicación del precepto a cuyo amparo demanda la intervención jurisdiccional.