Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-07


NEUQUEN, 7 de mayo de 2013.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "SASTRE ROSANA EDITH C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ D. Y P. POR RESP. CONT. ESTADO" (EXP Nº 418806/10) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERIA Nº 6 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

I.- A fs. 234/238 se dicta sentencia y se condena a la Municipalidad de la ciudad de Neuquén al pago de la suma de $10.000,00 con más sus intereses en concepto de daño moral, imponiéndose las costas a esa parte.

A fs. 239 se intima a la actora a abonar la tasa de justicia y la contribución al Colegio de Abogados, bajo apercibimiento de ejecución.

A fs. 242 dicha parte apela la sentencia recaída y la intimación de fs. 239.

A fs. 244 se concede el recurso de apelación contra la sentencia definitiva y contra el auto de fs. 239. No obstante ello, se deja sin efecto esa última intimación.

Elevadas las actuaciones, se expresan agravios a fs. 255/258.

En primer lugar se indica que la magistrada le impone en forma errónea el pago de la tasa de justicia y la contribución, toda vez que ha resultado vencedora en el pleito y las costas se encuentran a cargo de la demandada. También se agravia de que la determinación se efectúe sobre el monto de demanda y no por el importe por el que ella prospera.

En segundo lugar se agravia en cuanto a la cuantificación del daño moral.

Dice que reclamó la suma de $15.000,00 y que, conforme las pruebas acompañadas, debe ser reconocido con el alcance pretendido. Se explaya sobre los sufrimientos padecidos, la pericial psicológica y arguye que la magistrada no ha brindado los elementos que ponderó para acordar una suma inferior a la solicitada.

Se queja por el rechazo de los rubros daño psicológico, daño emergente y lucro cesante.

Con relación al primero, expone que reviste connotaciones de índole patológica y que, por lo tanto, no puede ser confundido con el daño moral. Agrega que el daño psicológico apunta a las efectivas disfunciones y trastornos que alteran la personalidad integral de la víctima y su vida de relación. Dice que a través de la prueba testimonial y pericial psicológica se acreditó la angustia causada, la que sólo podrá ser superada con asistencia psicológica, por lo que se solicita que se haga lugar a dicho rubro por la suma de $15.000.

Finalmente y en cuanto al daño material, se refiere al concepto de pérdida de chance con transcripción de varias citas jurisprudenciales.

Concretamente y en lo que al caso analizado importa, sostiene que "habiéndose probado en autos el gran valor de venta de las prendas y elementos entregados por la actora a la demandada, su valor ronda en el mercado si se quisieran vender, en un alto precio, más aún subastar los mismos. Dado su reconocida trayectoria como deportista internacional".

Sustanciada la presentación, la demandada guarda silencio.

II. En primer término abordaré el tratamiento del agravio relativo a la intimación del pago de la tasa de justicia y la contribución al Colegio de Abogados y la base tomada para su determinación.

En este punto, más allá de reiterar que la intimación al pago fue dejada sin efecto a fs. 244, lo cierto es que la decisión de estos aspectos no corresponde a esta Alzada.

En efecto, tal como ya tuviera oportunidad de señalar, entiendo que ".las cuestiones atinentes al pago de la tasa de justicia, no pueden ser canalizadas por vía del recurso de apelación, en tanto excede las facultades jurisdiccionales revisoras de esta Alzada, siendo su tratamiento propio de la instancia administrativa, ante la Oficina de Tasas del Poder Judicial. De hecho, su determinación debe ser hecha por la actuaria, correspondiendo únicamente al magistrado, intimar al pago en las oportunidades debidas.

Si contra esta determinación existiere un reparo, corresponderá formar incidente y la cuestión será analizada en vía administrativa, la cual, agotada, permitirá el control jurisdiccional, pero por vía de las acciones de naturaleza procesal administrativa.

Como se advierte, todo ello excede el ámbito de conocimiento de esta Alzada, el cual, insisto, se circunscribe a la posibilidad de revisión en materia de imposición de costas.

En apoyo de lo expuesto, me permito remitirme al Reglamento aprobado por Ac. 4701, punto 6, conforme al cual, la Oficina de Tasas Judiciales tiene como funciones y responsabilidades, la de ".Recibir las actuaciones originadas en la oposición al pago o a las determinaciones de las tasas de justicia realizadas de conformidad con el artículo 307 del Código Fiscal y otorgarles el trámite previsto en el presente reglamento. Dirigir el trámite de las actuaciones administrativas que se produzcan con motivo de la oposición al pago o a las determinaciones de las tasas de justicia, de conformidad con la Ley 1284 y el presente reglamento. Controlar las gestiones concernientes a la correcta determinación y percepción de las Tasas de Justicia por parte de los organismos jurisdiccionales y registros públicos respectivos, velando por el estricto cumplimiento de las normas fiscales."	En el Título Segundo, se fija el procedimiento de impugnación, estableciéndose que la interposición del recurso administrativo produce efectos suspensivos con relación al pago de la tasa de justicia y disponiéndose la formación de un incidente, el que debe remitirse a la Oficina de Tasas Judiciales, hasta agotarse la vía: "La resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia causa estado y agota la vía administrativa, conforme al art. 188 de la Ley 1284. Para la interposición de la acción procesal administrativa se debe dar cumplimiento con lo prescripto por el art. 101 del Código Fiscal".

Se insiste, entonces, en que la cuestión debe canalizarse por dicha vía, lo que así deberá realizarse." (cfr. Sala I, "ROJAS SANDRA MONICA Y OTROS C/ RETHANZ ARTURO ANDRES Y OTROS S/ D. Y P. POR USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE", EXP Nº 367872/8, 24/07/12. En igual sentido se ha expedido el TSJ con relación a la contribución al Colegio de Abogados; ver Ac. 29/13 "FALCIONI BAUER GUILLERMO S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO", Expte. Nro. 84-año 2009).

III. Sentado lo anterior y en punto al agravio relativo al daño psicológico, he de recurrir a Matilde Zavala de González, en cuanto explica que el daño requiere "algo" susceptible de menoscabo: así, el daño patrimonial repercute sobre lo que el sujeto tiene (empobrecimiento o pérdida de enriquecimiento pecuniario, comprendiendo menoscabo de aptitudes útiles para la vida práctica, aun en tareas no remuneradas) y el tradicionalmente denominado como moral incide sobre lo que la persona es, como defecto existencial en comparación con el estado precedente al hecho.

Las nociones sobre daño-lesión y daño-consecuencia se complementan, con tal de que se acepte (según doctrina absolutamente mayoritaria) que la cuantificación se decide por los efectos nocivos, no por la pura lesión a un interés.

Siempre que se enfoque la responsabilidad en su función de reparación y, por eso, necesariamente traducida en una obligación resarcitoria, tendremos que: la indemnización es la consecuencia jurídica -en el sentido de efecto de derecho- de una consecuencia fáctica, la cual precisamente versa sobre un daño resarcible. (cfr. Zavala de González Matilde, Relevancia cuantitativa del daño, RCyS 2012-II, 95).

En esta línea, como ha señalado la Sala II, "el daño psíquico y otros cuya autonomía parte de la doctrina reclama -los daños estéticos, sexuales "al proyecto de vida"- encuentran adecuada proyección al ámbito de lo patrimonial o de lo moral, sin que para su justa compensación se requiera su conceptuación autónoma.

Así: "La pretendida autonomía de estas categorías deviene (en nuestra opinión) de una incorrecta valoración del concepto de daño, ya que apunta a la entidad de los bienes menoscabados más que a los intereses conculcados y, especialmente, a las consecuencias que genera la lesión" ("Daño Moral" Ramón Daniel Pizarro- Hammurabi- pág. 71).." (cfr. autos "Defrini" 19/08/2008).

Desde esta perspectiva, la pretensión recursiva en el sentido de que se indemnice el daño psicológico en forma autónoma no puede prosperar. Pero, además y fundamentalmente, nada se ha acreditado en cuanto a la existencia de una patología, repercusión psicosomática ni tampoco sobre la necesidad de tratamiento alguno relacionado con una dolencia de este tipo.	El agravio, entonces, no podrá prosperar.	IV. Y desde el vértice del daño patrimonial, limitado el agravio al desconocimiento de la pérdida de chance, debo señalar que los argumentos expuestos no constituyen una crítica fundada a lo resuelto.

En este punto, es necesario remarcar que el daño debe ser cierto y no puramente eventual o hipotético, pues no cabe acordar resarcimientos por daños probables, meras presunciones o posibilidades.

La certidumbre o realidad del daño atañe no sólo a su existencia sino también a su composición, es decir, a las circunstancias, modalidades y gravedad que pueda el mismo revestir, de forma tal que la carga probatoria sobre el daño debe satisfacerse en concreto y no de un modo vago, genérico o impreciso.

En efecto: si, como se señalara más arriba, debe resarcirse el daño verdaderamente causado, interesa conocer en qué consiste el mismo; en otros términos, el resarcimiento del daño supone que se tenga certeza de su existencia.

Le corresponde al accionante la prueba de sus daños y no simplemente que ha sido víctima de una situación perjudicial, no siendo suficiente acreditar una lesión a determinados intereses del afectado sino que es preciso que se aporten suficientes elementos de juicio sobre sus específicas repercusiones patrimoniales.

Y en las particularidades de este caso, el defecto de la adecuada acreditación del daño conduce al rechazo de la pretensión de resarcimiento de la pérdida de chance, la que se presenta en el contexto de esta causa como meramente conjetural.

En efecto: si la pérdida de chance es definida como un daño patrimonial que es indemnizable cuando implica una probabilidad -no sólo posibilidad- suficiente de obtener un beneficio económico que se frustra por la actividad del autor del perjuicio, exige para su procedencia, que se acredite inequívocamente la existencia de esa probabilidad (Cám. C.C. 1° Nom., 08/10/98, "Bruno c/ La Voz del Interior S.A., L:L.C., 1999-78, citado por TRIGO REPRESAS F. - LOPEZ MESA M., "Tratado de la Responsabilidad Civil, T. I, Ed. La Ley, pág. 468).

Ahora bien, he transcripto en el inicio, en forma textual, la que sería la crítica concreta a la decisión, porque de su misma formulación se advierte el déficit probatorio apuntado: lo afirmado al expresar agravios tampoco encuentra sustento probatorio alguno en esta causa.

Nótese que la premisa expuesta en los agravios para demostrar el error en la conclusión de la magistrada es que se ha acreditado "el gran valor de venta de las prendas y elementos entregados por la actora a la demandada, su valor ronda en el mercado si se quisieran vender, en un alto precio, más aún subastar los mismos. Dado su reconocida trayectoria como deportista internacional.".

Sin embargo y sin desmerecer la trayectoria y los logros deportivos de la actora, los que son de público y notorio, lo cierto es que el gran valor de reventa de la camiseta sustraída no ha sido acreditado; ninguna prueba se ha arrimado al respecto (nótese que, por el contrario, de las testimoniales y de lo manifestado frente a la perito, se pone énfasis en el valor afectivo y no en el material).

Desde esto, el razonamiento empleado por la magistrada en su sentencia para desestimar el rubro, no ha sido contrarrestado.

En rigor, en este aspecto la recurrente no cumplimenta el requisito del art. 265 del código procesal, por cuanto su agravio no conforma un ataque concreto y razonado al fallo recurrido, sino que, por el contrario, sólo trasluce una disconformidad con lo decidido.

V. Corresponde por último abordar el tratamiento del rubro daño moral, punto en el cual sí habré de hacer lugar al agravio formulado.

En efecto: no desconozco que cuando la responsabilidad tiene naturaleza contractual, este perjuicio debe ser considerado con rigor y, por lo tanto, es a cargo de quien lo reclama su prueba, no bastando el incumplimiento de las obligaciones contraídas. (cfr. Cám. Nac. Apel. Comercial, Sala B, 9/12/1980, "Terrén de Céspedes c/ Even S.A.", LL 1981-B, pág. 409).

Por ello es que se ha señalado que "no cualquier molestia, desagrado o aflictiva situación derivada del solo incumplimiento de un contrato puede generar de por sí un resarcimiento por daño moral a favor de la víctima, si no se demuestra clara y concretamente que dicho incumplimiento ha producido una lesión directa en los valores más hondos de la personalidad humana, que hacen al mundo de sus afectos íntimos. lo menos que legítimamente puede pretender cualquier persona es vivir con básica normalidad, sin otros inconvenientes que los aparejados por su naturaleza humana y la convivencia. Bastante difícil es ya afrontar esa vida en sociedades fríamente impiadosas para que, además, deban soportarse sin remedio agresiones externas que desbordan una elemental tolerancia y que frecuentemente pudo evitar el dañador. Nunca es jurídicamente minúscula la nocividad injusta, porque tampoco es mínima humanamente. Gran parte del discurrir personal transita en pequeñas cosas ¿Por qué desestimar lo exiguo si es valioso?..." (Zavala de González, Matilde; "Los daños morales mínimos" en A.A. V.V., "Responsabilidad Civil. Doctrinas esenciales", La Ley, Bs. As., T. III, p. 97 y ss.).

En este aspecto debo también señalar que es cierto que, cuando se trata de cosas materiales, su simple detrimento o el cercenamiento de los derechos de sus titulares, en principio no daría derecho al daño moral. Sin embargo, este criterio cede cuando las cosas mismas tienen un valor afectivo o simbólico, o paralelamente surgen agresiones espirituales que perturban la sensibilidad de los afectados (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, voto del Dr. Hugo Molteni, en Libre n° 235.832 del 24/3/98, entre muchos otros y sus citas).

Y esto es precisamente lo que sucede en este caso, en el que, tal como surge de la prueba rendida, el objeto en cuestión tenía un peculiar valor sentimental, en tanto representaba el fruto y el reconocimiento público a los sacrificios y disciplina de toda una vida deportiva. Su pérdida generó los consiguientes padecimientos espirituales a los que contribuyó la falta de recaudos de seguridad y de respuesta posterior.

Tenemos entonces que si el daño moral se configura a partir del sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial (conf. Llambías, J. J., op. cit., T. I, p. 297/298 n° 243), se advertirá la dificultad para cuantificar el dolor humano. "El juzgador debe fijar una pauta o parámetro para medir lo que a primera vista aparece como inabarcable, por lo que se hace necesario objetivar de alguna manera la dolorosa situación, pues al ser el sufrimiento humano una circunstancia de suyo subjetiva, conforme a la sensibilidad de cada persona, se podría llegar a desconsiderables desproporciones. Es por ello que aquí resulta adecuado trazar analogías con casos similares para, de esta manera, crear cierta uniformidad que no deje librada la indemnización a variables que dependen de los más íntimos afectos de la persona (conf. esta Sala, Libres n° 167.763 del 27/6/95; n° 176.732 del 15/9/97, entre muchos otros)." (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A "Gómez Alzaga, Carlos Indalecio María y otro c. Kuntz de Dándolo, Olga Victoria Mercedes 10/09/2002 Publicado en: ED 25/03/2003, 2 ED 201 , 532 Cita online: AR/JUR/6200/2002).

En esta línea, ponderando las particularidades del caso a la luz de las justipreciaciones que ha efectuado esta Cámara al cuantificar el daño moral, considero que es adecuado y equitativo elevar su importe a la suma de $15.000.

La prueba rendida en autos deja traslucir el fuerte impacto negativo que ha tenido la pérdida del objeto en su valor simbólico para la actora. Es clara la testigo Fabiana Molina al indicar: "Mucha angustia, verla fue muy angustiante porque estaba muy apenada por sus cosas robadas. tenía demasiada angustia, muy apenada. Era su vida, su carrera como deportista." (fs. 138); en igual sentido, la testigo Suarez "eran cosas muy valiosas para ella porque son cosas que se logran y se obtienen con muchísimo esfuerzo y no tienen un valor monetario sino más bien afectivo. mucha tristeza una gran desilusión porque son elementos muy valiosos, aparte no se recuperan nunca más, no hay forma de reemplazarlos." (fs. 152), indicando a su vez el testigo Etman: "me acuerdo vagamente que estaba muy mal, consternada porque son cosas que no se repiten.". La pericia psicológica, luego de hacer alusiones a las manifestaciones de la accionante, hace referencia a la "vivencia de sentimientos ofensivos de desvalorización hacia su persona. Es por esto que, tal vez, evita involucrarse emocionalmente en determinadas situaciones, debido al daño sufrido."	En estos términos, propongo que se haga lugar al recurso: se eleve el importe por daño moral a la suma de $15.000, confirmándose la sentencia en todo lo demás. Las costas de la Alzada serán impuestas a la demandada (art. 68 del C.P.C.C.) TAL MI VOTO.

El DR. JORGE PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos por mi colega preopinante, adhiero al mismo expidiéndome en igual sentido.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1.- Modificar la sentencia de fojas 234/238, elevando el monto de condena por daño moral a la suma de pesos QUINCE MIL ($15.000).

2.- Imponer las costas de Alzada a la demandada (art. 68, Código Procesal).

3.- Regular los honorarios de los letrados de la actora en el 30% de lo que corresponda por la labor en la instancia de grado. (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y a la parte demandada al no haber constituido domicilio electrónico y atento la disposición transitoria 11.3 del Acuerdo 4955, en la casilla asignada por el Poder Judicial. Oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.