Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, derechos y garantías constitucionales, libertad corporal
Materia: PENAL
Carátula: " Pereira de Gutierrez, Paulina s/ excarcelación ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-24

"En materia de libertades este Tribunal ha recordado, a través de varios precedentes, que la Constitución Nacional consagra categóricamente el derecho a la libertad física y ambulatoria, atributo fundamental de todos los hombres. Asimismo, ella impone el deber de considerar y tratar a todo individuo como inocente hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme -art. 14 y 18 CN- (de esta Sala, causa n°37.956 "Mendoza", rta el 14/7/05, reg n°719; causa n°41.976 "Soliz", rta. el 17/7/08, reg n°812 y causa 37.964 "Renduelles, Fabiana Andrea s/ excarcelación", rta.

el 8/9/05, reg. n° 703, entre otras)". "Sin embargo, y así como no existen derechos absolutos, también estas libertades pueden verse relativizadas si se comprueba la existencia de causas objetivas que hicieren presumir al juez que la persona sometida a proceso criminal intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer el curso de las investigaciones judiciales". "Precisamente ese fue el criterio adoptado por el legislador en el artículo 280 del CPPN, mediante el cual estableció los principios generales que deben observar todas las medidas de coerción, y en particular la restricción a la libertad personal, la cual sólo podrá ser coartada "en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley". "En razón de lo expuesto es que entendemos que el encierro preventivo de una persona sólo puede estar justificado cuando su libertad implique un peligro cierto que impida la realización del proceso o la aplicación de la ley sustantiva, y en tanto ello se sustente en elementos que permitan acreditar esos riesgos (ver de esta Sala, causa nro. 37.788, "Páez", reg. nro. 345, rta. el 29/4/05)". "Teniendo en cuenta los conceptos expuestos, las prescripciones legales de los artículos 316 y 317 del CPPN no pueden representar más que un parámetro relevante (o si se quiere una presunción iuris tantum) para evaluar la existencia de riesgos procesales. Y no obstante su configuración, pueden existir circunstancias que permitan descartar esos riesgos aun frente a una elevada amenaza de pena. Esto es así porque sólo los elementos de cada caso concreto pueden fundar válidamente en tanto permitan presumir de modo razonable la existencia de esos peligros procesales- el encarcelamiento preventivo de una persona". "Es por tal motivo, entonces, que no resulta posible admitir el primero de los argumentos invocados por el juez de grado para denegar el pleno ejercicio de la libertad ambulatoria a la imputada en tanto este se funda, con exclusividad, en las escalas penales previstas para los delitos cuya comisión se atribuye a la nombrada. Este criterio, si bien netamente objetivo y neutral, por cuanto apela a cifras que vienen impuestas en abstracto por el legislador, es incapaz de evidenciar, en el caso a decidir, la existencia de un riesgo que, aún cuando hipotético, siempre debe encontrar su sustento en motivos que sí han de ser reales y concretos". "Al respecto, y más allá de innumerables precedentes que la temática registra, entre los cuales se destaca la decisión plenaria N° 13 dictada por la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa "Díaz Bessone", no puede soslayarse aquello que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuviera al entender en el caso "Peirano Basso", donde señaló que "...el riesgo procesal de fuga o de frustración de la investigación debe estar fundado en circunstancias objetivas. La mera alegación sin consideración del caso concreto no satisface este requisito. Por ello, las legislaciones sólo pueden establecer presunciones iuris tantum sobre este peligro, basadas en circunstancias de hecho que, de ser comprobadas en el caso concreto, podrán ser tomadas en consideración por el juzgador para determinar si se dan en el caso las condiciones de excepción que permitan fundamentar la prisión preventiva. De lo contrario, perdería sentido el peligro procesal como fundamento de la prisión preventiva" (Informe n°35/07, del 14 de mayo de 2007, párr. 85)". "Es por ello entonces que, al menos examinada desde esta arista estrictamente objetiva, no se advierten razones que permitan mantener el temperamento recurrido, si no lo es bajo el riesgo de quebrantar los principios que deben guiar la actuación de los tribunales argentinos, por lo cual deviene ineludible atender al segundo de los motivos invocados en la resolución apelada"."Ha quedado afirmado que sólo cuando sea razonable presumir que el imputado, si se encuentra en libertad durante la sustanciación de la causa, adoptará conductas concretas cuyo fin sea obstaculizar los cauces del proceso o eludir los alcances de la ley penal, es que aquellas elementales garantías que la Ley Fundamental consagra deberán ceder frente a otras de las aspiraciones que ella misma se encarga de amparar (ver de esta Sala, causa nro.

42.412, "Escobar Sanabria", reg. nro. 1298, rta. el 31/10/08)".