Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-11


Salta, 11 de Marzo de 2013.- AUTOS Y VISTO: La causa Expte. Nº 4146/12,caratulada "Incidente de Suspensión de Juicio a Prueba, solicitado por el Dr. Jorge Antonio Causarano, a favor de Ramón Orlando Romero ", y;

CONSIDERANDO Que a fs. 01 y vta. el Dr. Jorge Antonio Causarano, defensor del imputado Ramón Orlando Romero, solicita suspensión de juicio a prueba a favor de su defendido, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 76 bis del C.P. y el art. 281 bis del C.P.P. A tal fin ofrece la realización de trabajos comunitarios y/o donaciones que este Tribunal estime, teniendo en cuenta las posibilidades materiales de su defendido, y si la parte lo peticiona el resarcimiento económico de los daños y perjuicios materiales efectivos que se acrediten como derivados del accionar del mismo (art. 76 bis párr. 3º). Así mismo el imputado comparece por ante el Tribunal, ratificando el contenido de la presentación de su defensa a fs. 06, hacer entrega como reparación de daños a la victima la suma de $200, (doscientos pesos), pagaderos en cuatro cuotas iguales y consecutivas de $50, (cincuenta Pesos) cada una y como reglas de conductas, ofrecer hacer entrega de donaciones, por la suma de $50, (cincuenta pesos), en insumos hospitalarios y durante el lapso de 4 (cuatro meses), al Hospital Dr. Joaquín Castellano de la localidad de Gral. Güemes de esta Ciudad.

Corrida vista a la Sra. Fiscal de Cámara del Crimen Nº 3, a fs. 36, expresa que, del principio de oportunidad en el ejercicio de las acciones penales, introducido en la legislación sustantiva, está dada por el instituto de la Probation. Con potencialidad extintiva del ejercicio de la acción penal y limitada a determinados delitos y determinados acusados de ser sus autores.

Lo que se señala porque la Suspensión de Juicio a Prueba es un instituto de derecho material, con lo que se imposibilita la aplicación de una condena y esta previsto para "el Imputado de un delito de acción pública reprimido con la pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda los tres años", según comienza la redacción del art. 76 bis del C.P. en cuyo segundo párrafo se establece este máximo también para el caso de concurso de los delitos; y en el cuarto párrafo, por otro lado, el que el Tribunal podrá concederlo "si las circunstancias del caso permitiera dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento fiscal.

Manifiesta la representante del Ministerio Público Fiscal, que conforme a la interpretación de la norma del art. 76 bis del C.P, realizada por la Corte de Justicia de la Nación en el caso "Acosta" (C.S.J.N., fallo A.2186. XLI del 23/04/08) y, concordantemente, en la Resolución Nº 36 del Sr. Procurador General de la Provincia de Salta de fecha 23/09/08 por la que instruye aplicar tal jurisprudencia, este requisito se cumple cuando se evalúa que la pena en concreto que podría surgir de una eventual condena aplicable al imputado no sería superior a los tres años de prisión, circunstancia que se encuentra en directa relación con la posibilidad de concesión del beneficio previsto en el art. 26 del C.P.- Sentado ello, se debe considerar que, en los actos acusatorios de fs. 289/292 del expte. principal Nº 4146/11 y el de fs. 54/55 del expte. principal Nº 4147/11, se detallaron y fundamentaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo ocurrieron los hechos que dieron origen a las causas Nº 60.616/06 y Nº 77.843/10 del Juzgado de Instrucción Formal Nº 4, respectivamente, precisándose el accionar concreto desplegado por el incuso, en la autoría responsable oportuna y debidamente intimada al mismo, efectuándose el encuadre jurídico en de los delitos de Robo en Despoblado en Concurso Real, (tres hechos) y Robo Calificado en Despoblado en Concurso Real con Amenazas con Arma, previsto y reprimido por los arts. 167 inc. 1º, 55, 167 inc. 1º, 149 ter y 55 del C.P.

En aquellas piezas procesales, la Sra. Fiscal Penal Nº 4, efectuó en cada uno de ellas el concreto pedido de pena, (cuatro años y dos meses de prisión efectiva), dando sus fundamentos en las pautas que fijan los arts. 40 y 41 del C.P., lo que no mereció, en su momento, por parte de la Defensora Técnica, objeción alguna. Luego el pronostico de pena, quedo asentado, resultando improcedente la concesión del instituto, por superar los tres años de prisión.En consecuencia, la Sra Fiscal de Cámara no presta consentimiento para que se recepte la solicitud de suspensión de juicio a prueba, por entender que en el debate los referidos hechos, por su gravedad, ameritan el pronostico de que Ramón Orlando Romero pueda ser condenado en el plenario a una pena superior a los tres años.

Analizada la cuestión a efectos de resolver la suspensión del juicio a prueba solicitada, a fs. 01 y vta., por la defensa del acusado, primeramente debe señalarse que la suspensión del juicio a prueba es un instituto de derecho material por el que se suspende el progreso de la acción, con lo que imposibilita la aplicación de una condena y está previsto para "el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años", según comienza la redacción del art. 76 bis del C.P., en cuyo 2do. párrafo se establece este máximo también para el caso de concursos de delitos y, en el 4to. párrafo se instituye que el Tribunal podrá concederlo "si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso del cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal".- Conforme lo expuesto precedentemente y teniéndose en cuenta de que la pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto de la probation, es de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda los tres años; en el hipotético caso que resulte condenado el imputado por este hecho, le correspondería una pena superior a tres años de prisión y, por lo tanto, de cumplimiento efectivo, razón que imposibilita la aplicación del instituto solicitado y, a más atendiendo la oposición fundada del Ministerio Público Fiscal, corresponde NO HACER LUGAR al pedido de suspensión del juicio a prueba, conforme lo previsto en el art. 76 bis y ssgtes. del C.P.

Por todo ello la CÁMARA TERCERA EN LO CRIMINAL RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al pedido de Suspensión del Juicio a Prueba formulado por la Defensa Técnica, Dr. Jorge Antonio Causarano, a favor de su defendido Ramón Orlando Romero conforme a considerandos, de conformidad a lo dispuesto en el art. 76 bis y ssgtes. del C.P.

II) COPIESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y PROTOCOLÍCESE.-