Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-02-17


--- En la ciudad de Trelew, a los días de febrero del año dos mil doce, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos A. Velázquez y Marcelo J. López Mesa y, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "M., V. A. c/ S. C. D. S. L. s/ cobro de pesos" (Expte. 331 - Año 2011) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 205.

--- A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo López Mesa, dijo:------- --- Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 189 que fuera concedido libremente a fs. 190, contra la Sentencia Definitiva 58/11 de fs. 181-185 vta. que rechazó la demanda entablada por la señora V. A. M. contra S. C. D. S. L., imponiendo las costas, con las limitaciones contenidas en el art. 505, último párrafo del C. Civil -agregado por la ley 24.432, a la actora vencida, y regulando los honorarios de su letrado patrocinante Dr. A. M., en el 8%; de los letrados patrocinantes de la demandada, Dres. A. A. F. y J. M. F. C., en conjunto, en el 13%, y los de su apoderado, Dr. R. J. L., en el 40% de dicho porcentual, para todos los casos, del monto que resulte del proceso, con más IVA.------------- --- Los agravios vertidos por la apelante lucen a fs.195-197 vta.--------------------------------- --- Sostiene la apelante que se agravia de la Sentencia de Juez de grado teniendo en cuenta que el decisorio se basó al sostener que la aseguradora se comprometió a pagar la indemnización en el caso de que la asegurada sufriera un accidente que fuera la causa originaria de su muerte, entendiéndose por tal toda lesión corporal que pueda ser determinada por los médicos de una manera cierta, sufrida por la asegurada independientemente de su voluntad, por acción repentina y violenta de o con un agente externo, ocurrido en el ejercicio de su profesión o actividad, dentro del horario y ámbitos habituales de tareas donde se desempeña. Alega que el concepto de accidente no exige la acción de un tercero, y que la contratante no podía conocer los alcances de las limitaciones de la póliza toda vez que carecía de instrucción primaria. Sostiene que en caso de dudas se debe interpretar a favor del asegurado porque es una contratación predispuesta. Afirma que no se consideró la capacidad de negociación de las partes, y el mandato que impone tener por no convenidas todas las cláusulas que limiten la responsabilidad por daño, que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o que impongan inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, tal lo establecen los artículos 3 y 37 de la ley 24.240. Señala que la accionada tenía mayor capacidad para probar, y que debía aplicarse al caso la teoría de las cargas dinámicas probatorias. Cita jurisprudencia y doctrina. Solicita que se revoque la sentencia definitiva que ha sido recurrida en todas sus partes, con costas.---------------- ---Corrido traslado a la contraria a fs. 200 fue contestado a fs 201-202 vta. Solicita que se confirme el decisorio y sostiene que el concepto de accidente requiere una causa externa, que ello constituye la delimitación del riesgo, de tal suerte que lo excluido de cobertura, constituye un no seguro. Cita doctrina. Alega que la interpretación amplia para el consumidor-asegurado no tiene asidero porque son cláusulas de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Señala que tampoco resulta atinada la queja relacionada a la teoría de las cargas probatorias dinámicas ya que quien estaba en mejores condiciones para producir prueba era la actora. Cita jurisprudencia. Solicita que se confirme la sentencia, con costas.----------------------- --- Ingresando al tratamiento de los agravios traídos, comenzaré por abordar el agravio relativo a la interpretación de los denominados contratos de adhesión.------------------------ --- Esta Sala, a pocos días de mi incorporación como juez tuvo ocasión de dictar un fallo luminoso en materia de interpretación de este tipo de contratos, anulando una cláusula abusiva presente en uno de ellos.------ --- Dijimos allí que el contrato base de disputa era un contrato instrumentado en un formulario, encuadrable arquetípicamente dentro de los denominados "contratos de adhesión" o contratos con cláusulas predispuestas o condiciones generales negociales, en terminología más propia (Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, 20/06/2008, "H., M. N. c/ M., J. R. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 22.546 - año 2008), en sist. Eureka; REZZÓNICO, Juan Carlos, "Contratos con cláusulas predispuestas", Edit. Astrea, Bs. As., 1987).--------------------- --- El contrato paradigmático de nuestro Código Civil, el contrato suscripto entre partes libres e iguales, luego de un período de "forcejeo" o "tironeo" contractual, desde comienzos del siglo XX y cada vez con mayor intensidad va siendo reemplazado por una serie de prácticas contractuales o paracontractuales: el tráfico de ventanillas, la contratación electrónica, las cartas reversales y el llamado "contrato de adhesión" (cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo, "Hacia la reconsideración de algunas ideas en materia de contratos" (Con referencia a las obligaciones contractuales fácticas, el tráfico de ventanillas y otros nuevos fenómenos paracontractuales"), Revista El Derecho T. 175, págs. 990 y ss.).----------------------------- --- Por eso algunos autores como DÍEZ PICAZO han hablado de la "fuga", la "huída" o la "erosión" del contrato, es decir, la desaparición gradual del molde contractual clásico y su sustitución por prácticas que reducen la consensualidad del contrato y donde la participación de una de las partes suele limitarse a la aceptación de lo impuesto por la otra.------ --- Así la negociación individual que caracterizó a los contratos típicos ha quedado sustituida en innumerables supuestos de la vida moderna por la contratación de adhesión. El tratamiento de los contratos por adhesión adquiere significativa importancia en el derecho de consumo porque la aplicación lisa y llana de los principios de autonomía de la voluntad y libertad de contratación podría conducir a notables injusticias. ------------------------------------- --- El problema en autos radica en que se da aquí un supuesto radicalmente diverso del que originara el pronunciamiento anterior de esta Cámara. No se aprecia en el caso de autos ni violación de la moral y buenas costumbres, ni afectación de derechos de la personalidad, ni trato desigual, ni abuso de ningún tipo.----- --- El actor no ha logrado probar que el contenido del contrato predeterminado o, lo que es lo mismo, la condición general segunda del contrato, fuera lesivo, abusivo, desproporcionado, etc. Y ese abuso o desproporción no surge tampoco in se ipsa del contrato o de la prueba de autos, lo que impide al juez tomarlo por cierto, o tenerlo por acreditado.------------------------------------ --- El actor apelante hace una serie de alegaciones emotivas, pretendiendo tocar fibras sensibles de los juzgadores de alzada con sus agravios. El problema es que los argumentos utilizados son falaces y, por ende, inadmisibles.-------------------------------- --- Es que, la mera forma predeterminada del contrato de adhesión no puede llevar a crear la presunción de abuso en todo contrato celebrado por adhesión a condiciones negociales generales, lo que equivaldría o tendría el efecto indirecto de proscribir de hecho su utilización.------------------------ --- El juez debe estar ante estos contratos más atento y vigilante que en otros, en la faceta hermenéutica, pero ello no puede llevar a que el magistrado se valga de preconceptos al interpretarlos o que aplique una suerte de presunción hominis de abuso en contra del predisponente en todos ellos.--------------------- --- Bien se ha dicho que los contratos de adhesión, que son una instrumentación jurídica necesaria en el derecho moderno, no son una categoría distinta de los demás contratos ya que el acto reglamentario del que realiza la oferta no tiene validez alguna antes de la adhesión de la otra parte, con lo que, como en todo contrato, lo que engendra la relación y debe presidir su interpretación es la voluntad común de las partes. Por ello es que en este tipo de contratos el principio contra proferentem debe limitarse a la hipótesis de cláusulas imprecisas, ambiguas o contradictorias, mas no cuando aquéllas no requieren ninguna interpretación ya que no es aceptable que so pretexto de ella se altere su sentido o se pugne contra la economía del contrato (conf. CNCom. Sala B, mayo 31-1988; idem Sala C, noviembre 18-1988; C. Nac. Civ., sala M, 26/10/1993, "ANHANG, Silvio Alfredo H. v. CATARINEU Y NEIRA INMOBILIARIA S.R.L. s/ ESCRITURACIÓN", AP online).--------- --- Indudablemente en los contratos de adhesión rige el principio "contra proferentem", pero el mismo no se aplica indiscriminadamente, ni significa una suerte de plano inclinado, adverso al predisponente, que le obliga a éste a remontar una cuesta empinada en todo supuesto, sino que el mismo se aplica en caso de oscuridad, duda o vaguedad, no siendo aplicable tal principio cuando la cláusula es clara. Fuera de tal principio, la interpretación del contrato de adhesión debe hacerse como la de cualquier otra convención.----------------------------- --- Acertadamente se ha indicado que en la interpretación de las cláusulas de un contrato de adhesión, en tanto resulten oscuras, contradictorias, incompletas, ambiguas o defectuosas, rige el principio contra proferentem, debiendo ser interpretadas como el predisponente o contra el autor de la uniformidad de las cláusulas de los módulos o formularios impuestos al otro contratante (C. Nac. Com., sala C, 13/02/1998 -Lucca, Inés B. v. Autoplan Círculo de Inversores S.A. de Ahorro para fines determinados) JA 2002-II-síntesis; en similar sentido, C. Nac. Com., sala C, 13/02/1998 -Lucca, Inés B. v. Autoplan Círculo de Inversores S.A. de Ahorro para fines determinados) JA 2002-II-síntesis).--- Tal criterio es una consecuencia directa de la falta de deliberación y regateo de las cláusulas de este particular tipo de contrato. En tanto el adherente no tuvo oportunidad de pretender la corrección de los términos del contrato de adhesión al celebrarlo, debe tener las más amplias posibilidades de obtener esa corrección en sede judicial, y esas "amplias posibilidades" incluyen un criterio de interpretación favorable al adherente (C. Nac. Com., sala D, 19/10/1987 -Banco Liniers S.A. v. Chirón, Julio A., JA 1989-I-665).------ Pero, el principio contra proferentem no tiene efectos mágicos, ni él puede ser utilizado para que el juez se inmiscuya en toda negociación celebrada sin negociación o en base a condiciones uniformes.--------- Es doctrina legal vigente de esta Cámara que no cabe echar mano de una cláusula pactada por las partes, para interpretarla de un modo distorsionante, para aplicarse a supuestos que las partes no tuvieron en mira al contratar (C. Apelaciones Trelew, Sala A, 20/09/2010, "B. G., L. M. c/ I. SRL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", AP online y Eureka, voto Dr. López Mesa).---------------------- --- Agregué en mi voto de esa causa que interpretar es reconstruir la intención, significa colocarse en un punto de vista que esté por encima del interés de cada una de las partes y efectuar la investigación definitiva, la única apta para reconstruir, en sus términos efectivos, el contenido del contrato (C. Nac. Civ., sala D, 5/12/83, Jersonsky, Mario c/ Edificio Colonial 2 S.R.L, JA 1984-III-242; ídem, 17/10/79, Torres, José M. c/ Kanmar S.A. y otra, JA 1982-III-584; ídem, sala B, 30/3/90, Ortiz, Susana c/ Giménez, JA 1990-IV, síntesis).-------------------------- Y que "revisar un contrato es más grave que resolverlo, pues: a) resolverlo tiene el efecto -en general, y dejando de lado precisiones innecesarias- de volver al statu quo ante, de modo que las partes estarán en la misma situación en que se hallaban antes de celebrar el contrato, en tanto que, b) revisar el contrato y modificar sus prestaciones o alguna de ellas, significa mantener el contrato "pero en términos diferentes" a los inicialmente querido por las partes. a más: a) el afectado por la onerosidad sobreviniente tiene derecho a reclamar la resolución del contrato, para volver las cosas a la situación anterior, pero b) para mantener el contrato pero "modificado" es menester que "la otra parte consienta la modificación", y exprese su consentimiento mediante el ejercicio del "contra-derecho" que le concede el cciv. art. 1198 in fine -cuyo ejercicio depende, claro, de la voluntad del interesado, de modo que no puede serle impuesto por el órgano jurisdiccional-" (C. Nac. Com., sala D, 13/5/02, COLUMBIA CÍA. FINANCIERA S.A. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S/ORD., en AbeledoPerrot online; C. Apelaciones Trelew, Sala A, 20/09/2010, "B. G., L. M. c/ I. SRL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", AP online y Eureka, voto Dr. López Mesa).---- Dije también que era aplicable -como aquí- el criterio de que si bien la voluntad es el alma del contrato, esa voluntad sólo puede ser apreciada a través del prisma de su declaración. La simple intención no manifestada carece de virtualidad jurídica, porque para anudar la compleja y sutil trama de sus relaciones jurídicas, los hombres necesitan de una base cierta, segura, concreta, que no puede ser otra que su declaración. Los hombres deben poder confiar en lo que ven escrito y firmado y no es posible que a su conducta legítima y de buena fe se oponga más tarde una supuesta intención o voluntad distinta.--------------------- -------------------------------------- Y, lo que es más importante todavía, que no corresponde que el juez pretenda tomar el lugar de las partes y alterar lo indudablemente convenido, para satisfacer la pretensión de uno de los contratantes que pretende dar a alguna de las cláusulas del contrato un sentido que su prístina interpretación no admite. Esta tesitura que criticamos produce la "judicialización del contrato" en palabras del maestro CATALA, quien en el Avant Propós de su monumental Anteproyecto de Reforma al Código Civil francés, manifiesta su disconformidad en este aspecto con la propuesta del "Proyecto Lando" de principios contractuales uniformes europeos, que propone conferir a los jueces prácticamente el poder de rehacer el contrato. Afirma CATALA que "estas soluciones, potencialmente peligrosas en materia civil, se ajustan a la judicialización del contrato, criterio que inspira dudas y reservas a los civilistas franceses" (Cfr. Avant-Projet de Réforme du Droit des Obligations (artículos 1101 a 1386 du Code civil) et du Droit de la Prescription (arts. 2234 a 2281 du Code civil), Informe al Sr. Ministro de Justicia, Mr. Pascal Clément, 22 Septembre 2005, Exposición de Motivos del Prof. Pierre Catala, numeral Nro. 8, p. 16) (C. Apelaciones Trelew, Sala A, 20/09/2010, "B. G., L. M. c/ I. SRL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", AP online y Eureka, voto Dr. López Mesa).---- Aseveré luego que no puede olvidarse que el juez no es parte en el contrato y que las partes gozan de autonomía en sus negociaciones dentro del marco de los derechos libremente disponibles. No tratándose de cuestiones donde esté comprometido el orden público las partes son libres para pactar las condiciones que mejor les convenga a sus intereses. Y, nunca es sobreabundante recordar el principio de que los jueces no tienen por misión corregir malos negocios, inmiscuyéndose en un contrato para auxiliar a una de las partes (cfr. Cám. Apels. Trelew, Sala A, 8/7/09, "P., A. R. C/ L., B. I. s/ Rescis. Contrato - daños y perjuicios" (Expte. 170 - Año 2009 CANE), en La Ley online, voto del Dr. López Mesa, que hiciera acuerdo unánime con el emitido por el Dr. Carlos D. Ferrari; ídem, 20/09/2010, "B. G., L. M. c/ I. SRL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", AP online y Eureka, voto Dr. López Mesa).------------- Agregamos allí que si el contrato no es abusivo, si no es usurario, si no está comprometido el orden público -ninguna de esos supuestos se evidencia en el caso que nos ocupa- el juez no puede prescindir de los términos del contrato al momento de fallar una cuestión derivada de su incumplimiento. Lo contrario no es interpretar el contrato ni apreciar la prueba sino, todo lo contrario, es prescindir de uno y de otra (C. Apelaciones Trelew, Sala A, 20/09/2010, "B. G., L. M. c/ I. SRL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", AP online y Eureka, voto Dr. López Mesa).--------------------------------- --- Dijimos luego que la medida de la intervención de los jueces en los contratos es la regla de la mínima intervención posible. Sólo ante supuestos de ineficacia -total o parcial- del contrato los jueces deben intervenir, para restablecer el equilibrio negocial roto. Pero, si no se ha planteado nulidad alguna -ni siendo absoluta, ella surge manifiesta de la causa-, el juez no puede apartarse de los términos del contrato, aunque ellos sean más o menos favorables para alguna de las partes. El juez no es componedor de malos negocios ni un árbitro de lo que es lucrativo o conveniente para las partes. Entre partes adultas y respecto de derechos libremente disponibles y sin negociaciones viciadas, ellas pueden consentir lo que les parezca adecuado, aún si se trata de un mal negocio. Lo contrario sería establecer una especie de tutela o curatela judicial por sobre los contratantes, lo que resulta inadmisible e ilegal, en aras del texto y el espíritu del art. 1197 C.C.. (cfr. Garrido Cordobera, Lidia, nota al art. 1197 C.C., en LÓPEZ MESA, Marcelo y colaboradoras, "Código Civil y leyes complementarias. Anotados con jurisprudencia", Edit. Lexis Nexis SA, Buenos Aires, 2008, t. II, p. 883, Nro. 1) (C. Apelaciones Trelew, Sala A, 20/09/2010, "B. G., L. M. c/ I. SRL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", AP online y Eureka, voto Dr. López Mesa).------------- Y ello es todavía más así, cuando las cláusulas negociales uniformes han sido aprobadas por la Administración, a través de la Superintencia de Seguros, que ha homologado las cláusulas del contrato de seguro, juzgándolas correctas.----------------------- Y, si bien esta homologación no sería óbice para declararlas abusivas, si lo fueran, ella significa que las mismas han superado un primer test de regularidad jurídica, lo que lleva a mirar con detenimiento las mismas y a no guiarse por argumentos emotivos o generalizaciones indebidas de los litigantes.----------------------- El apelante debió haber demostrado que la puntual cláusula segunda de las condiciones generales del concreto contrato esgrimido en autos era abusiva, lesiva de los derechos de su parte, no siendo admisible el argumento que pretende asentarse sobre la irregularidad jurídica de todo contrato de adhesión. No habiendo demostrado el apelante tal concreto carácter abusivo, no corresponde acoger su agravio liminar, el que debe rechazarse, lo que propongo al agravio.------------------ --- Entrando al segundo agravio, relativo a la particular interpretación que el apelante pretende dar al concepto de "accidente", cuestionando el que se encuentra descripto en la condición negocial segunda del contrato, pretendiendo hacerse fuerte en el significado que el Diccionario de la Lengua Castellana da al vocablo, y buscando desplazar el que obra en el contrato y que exige la participación causal de un hecho externo.- --- Debo anticipar que el agravio no puede ser acogido, en primer lugar porque no ha logrado desvirtuar o conmover el fallo de grado en este punto, quedándose en la exteriorización de una opinión divergente a la del juez, pero sin afectar las bases de sustentación de la misma.---------------- --- Independientemente de ello, es dable aseverar inicialmente que el derecho es un lenguaje técnico que a veces coincide, y otras no, con el lenguaje coloquial; de ello se deriva que no es sustentable una afirmación, desprovista de fundamentos suficientes, que sostenga enfática pero infudadamente, la supremacía de la significación coloquial sobre la técnica.----------------------------- --- Sin entrar en la polémica sobre la naturaleza normativa o no de las definiciones contenidas en las leyes -y por carácter transitivo, en las pólizas uniformes de seguros-, lo cierto es que, cualquiera sea la postura que se sustente, es indudable que el uso de definiciones por parte del redactor de normas es un derecho suyo indiscutible que, salvo abuso o exceso evidente, tangible, objetivo, que desnaturalice la realidad descripta, la descripción hecha en las definiciones legales constituye un razonable ejercicio de las facultades con que cuenta el legislador o el reglamentarista, el que salvo prueba de abuso, no genera la posibilidad de cuestionar la definición receptada.------------------------- --- Por otra parte, lo que el apelante pretende implicaría un entrometimiento indebido del juez dentro de la economía del contrato, que llevaría a alterar indirectamente la ecuación del mismo y a extender la órbita de cobertura prevista por las partes y tenida en mira al momento de definir la prima del seguro, lo que claramente no procede en este tipo casos, donde no existen abusos ponderables ni tanbigles, sino opiniones en contra de la cláusula, que no logran plasmarse en una crítica razonada, suficiente y compartible al fallo de grado.------------- --- Acoger la pretensión revisora del apelante implicaría directamente reescribir el contrato suscripto por las partes, en base a un formulario uniforme aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y sin que se evidencia causa admisible para ello.------- --- Por otra parte, el apelante evidentemente ignora o soslaya que existen precedentes fallados por los tribunales nacionales en casos idénticos o equiparables al suyo en que se rechazó la pretensión del reclamante sobre la base de argumentos similares a los utilizados por el a quo.--------------------- --- Puntualmente, en uno que es casi idéntico al sub lite se resolvió que "procede rechazar la demanda contra una compañía de seguros con fundamento en que el fallecimiento del asegurado por paro cardiorrespiratorio no traumático fue un accidente amparado por la cobertura asegurativa contratada, cuando -como en el caso- de las pruebas producidas en el proceso no se encuentra acreditada la configuración del invocado "accidente" amparado por la cobertura. Es que de la pericia surge que el paro cardiorrespiratorio no traumático -de acuerdo al certificado de defunción- es un producto endógeno que puede ser consecuente tanto de una alteración anatómica o funcional como una aparición súbita y repentina, pero que no pueden descartarse concausales externos y a más, no se puede descartar la preexistencia de una enfermedad que hizo eclosión con agentes externos... Y la prueba testimonial tampoco permite corroborar la alegación en punto a que el fallecimiento aconteció como producto de un supuesto de golpe o caida..." (C. Nac. Com., sala B, 22/11/2007, "CAPUZZI, MARIA INES v. CAJA DE SEGUROS DE VIDA SA s/ SUMARIO", AP online).----- --- Por si alguna duda quedara, la Excma. Cám. Nac. Com. dijo allí que "es precisamente la falta de certeza la que obsta la admisión de la pretensión, por cuanto nada indica que ese lamentable deceso haya sido producto de un "agente externo". No obsta a lo expuesto la circunstancia de que no se haya dilucidado el estado de salud del occiso en forma previa a la defunción, o a la de la contratación del seguro, ante la carencia de exámenes médicos. Ello por cuanto, lo relevante para la pertinencia de la indemnización es la determinación indubitable de la ocurrencia del riesgo cubierto por la póliza -la aludida "muerte accidental"- y no aquella producida por la preexistencia de alguna enfermedad de la víctima al momento del siniestro" (C. Nac. Com., sala B, 22/11/2007 - CAPUZZI, MARIA INES v. CAJA DE SEGUROS DE VIDA SA s/ SUMARIO", AP online).-------------------- --- Todo ello, a mi juicio, lleva a la necesaria desestimación del agravio, lo que propongo al acuerdo.------------------------------------ --- En cuanto al tercer agravio, relativo al cuestionamiento de la imposición de la carga de la prueba sobre el actor, sosteniendo el mismo que se aplica la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, el mismo se encuentra lisa y llanamente desierto, dado que el agravio no tiene el mínimo de crítica razonada y concreta, que como recaudo formal de admisibilidad del embate exige el art. 268, Ley XIII, Nro. 5, ex art. 265 CPCC.- --- Independientemente de ello y, cualquiera sea la opinión que se tenga de esa teoría, lo cierto es que ella no significa una derogación lisa y llana de la norma procesal que establece la carga de la prueba en cabeza del accionante y que exige a éste probar la plataforma fáctica en que basa sus reclamos (art. 377 CPCC).---------------------------------- --- La mentada doctrina es de aplicación, en todo caso, a supuestos excepcionales, en que una de las partes tiene una preponderancia tal sobre la otra, que sin la colaboración de ésta sería difícil probar lo realmente sucedido, por lo que se exige a quien tiene tal facilidad probatoria, que colabore con el juzgador para acreditar la verdad de los hechos. Ello podría ser predicable en un caso de simulación o de algún tipo de fraude o en supuestos equiparables.-------------- --- Pero pretender aplicar la llamada doctrina de las cargas probatorias dinámicas -que no es un invento argentino ni pertenece a quien se le suele adjudicar, pues ya la empleaba el Tribunal Supremo de España hacia 1935 y era llamada allí "principio de facilidad" - constituye una tentativa de revertir sobre el asegurador una carga que es -en casos como el de autos- una incanjeable labor que debe ejercitar el accionante.------- --- Alegremente el apelante indica que la aseguradora debe probar que lo afirmado por su parte no es correcto; y funda tal particular asignación de la carga probatoria en que la aseguradora tiene más elementos y capacidad económica", lo que constituye una generalización que encubre la falta de asidero del planteo.

--- El art. 377 CPCC -actual art. 381, Ley XIII, Nro. 5- asigna la carga probatoria a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el Tribunal no tenga el deber de conocer, estableciendo luego que cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.- --- No advirtiéndose en autos ninguna situación que constituya causa eficiente de desplazamiento de esta norma -lo que de por sí debe analizarse muy restrictivamente-, simplemente corresponde considerar que el agravio está desierto, porque no contiene otros fundamentos que la subjetiva y particular opinión del apelante sobre el desacierto del juez de grado, lo que no basta para tener por fundado al embate.-------------------------- --- V. Por tales fundamentos, habré de proponer al acuerdo la confirmación del decisorio impugnado en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, imponiéndose las costas de alzada a la apelante vencida en esta instancia (cfr. Art. 69 Ley XIII Nro. 5, ex art. 68 CPCC).-- --- En cuanto a los estipendios profesionales, propondré la determinación de los de alzada correspondientes al Dr. R. L., letrado de la demandada, en el 28% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado; y para el Dr. A. M., letrado de la actora, en el 25% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado; tales porcentuales se corresponde con la importancia, mérito, trascendencia, calidad y resultado de las labores profesionales cumplidas en la alzada (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4).-------------------------------- --- Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.-------------------------------- ----A ESA MISMA CUESTIÓN PRIMERA el Dr. Velázquez expuso:	- ----Por acatamiento al principio procesal de economía, en su vertiente de tiempo, me remito a la sinopsis que de la decisión impugnada y de los agravios vertidos por la recurrente realizara el ponente.	-	Poco añadiré a la sólida y detallada motivación que el preopinante ha desarrollado en sustento de su voto. Contrario a dicha economía de tiempo, por alongar innecesariamente este acuerdo, sería el realizar un nuevo tratamiento "in extenso" de todas las razones dadas, repetitivo de lo ya bien expresado por el colega. Para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exige la manda del art. 169 de la Const. Prov., bastarán las consideraciones siguientes.	-	I.- No me parece que la definición del término "accidente" recogida por el Diccionario de la Lengua Española, que no exige para la configuración del siniestro la intervención de un agente externo, haya de predominar sobre la descripción del suceso incluida en la cláus. 2da. de las condiciones generales de la póliza del seguro, que sí reclama a ese fin la participación de una causa externa.	-	Hemos de tener en cuenta que numerosas palabras poseen varias significaciones posibles y, "por tanto, ninguna efectiva", porque "la significación que el diccionario atribuye a cada vocablo es sólo el esqueleto de sus efectivas significaciones" o, más precisamente, "la matriz maleable en la cual las palabras, cuando realmente lo son, por tanto, cuando son dichas a alguien, en virtud de unos motivos y en vista de determinada finalidad, reciben un primer moldeo", ya que un vocablo sólo y como tal vocablo no tiene propiamente significación y para poder cumplir la función de significar, tener sentido, "necesita de los seres humanos que lo emplean, que lo dicen en una determinada situación", desde que "las llamadas palabras son sólo un componente de ese complejo de la realidad y sólo son, en efecto, palabras en tanto funcionan en ese complejo, inseparables de él" (Ortega y Gasset, "Obras...", Rev. de Occidente 1964, VII-244/246).-	Por cierto que el art. 217 Cód. de Com. determina que las palabras de los contratos deben entenderse en el sentido que les da el uso general, pero esa norma genérica ha de ser matizada con alguna excepción para los supuestos especiales en que medió acuerdo de los contratantes acerca de la significación asignada a determinado término. Bien señalaba Von Thur que en esos casos sobre el sentido general debe prevalecer el sentido real más o menos oculto cuando la otra parte del negocio jurídico tuvo conocimiento de la voluntad verdadera ("Derecho civil. Teoría general del derecho civil alemán", Depalma 1946, vol. II-2, págs. 218 y sgts.). Tal el caso de autos, donde a la asegurada le fue dado conocer exactamente la significación que al término "accidente" le era atribuida en el contexto de la convención a través de la precisa redacción de la cláus. 2da. de marras.	-	Por lo demás, ante lo equívoco de una cláusula contractual corresponde interpretarla por medio de los términos claros y precisos utilizados en otras porciones del instrumento "cuidando de darles, no tanto el significado que en general les pudiere convenir, cuanto el que corresponda por el contexto general" (art. 218 inc. 2° Cód. de Com.). Así entonces, el sentido general de la palabra "accidente" según el Diccionario de la Lengua Española o el uso corriente debe ser pospuesto al preciso significado que las partes pactaron en la cláus. 2da. de fs. 6 para el contexto del contrato todo.	-	II.- Concuerdo con el Señor Magistrado prevotante en que no por pertenecer el contrato de esta litis a la especie de los de adhesión ha de presumirse sin más el carácter abusivo de sus estipulaciones, pues para concluirlo de ese modo es menester el análisis particularizada de cada una de ellas.	-	En la especie, bien apuntó el Señor Juez "a quo" -apreciación que ganó firmeza por ausencia de todo ataque- que la cláusula en cuestión no fue impresa como un agregado más o menos disimulado en letra pequeña buscando sorprender al cocontratante, sino que fue incluida dentro de la numeración correlativa, al inicio casi del instrumento y estampada con idéntica tipografía al resto de las estipulaciones. Súmese a ello que no cabe presumir la calidad de abusivas de condiciones generales que han sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, toda vez que, precisamente, el contralor de tal autoridad administrativa importa un primer filtro que diluye en buena medida las posibilidades de abuso por el predisponente.	-	No veo tampoco que el subexamen resulte subsumible en las disposiciones de los arts. 3 y 37 de la ley 24.240.	-	No en el primero de los preceptos citados porque aquí no hay duda acerca de la interpretación de principios o normas que deba ser despejada inclinándonos en favor del consumidor; en la especie la diáfana cláus. 2da. de fs. 6 definió por anticipado el riesgo cubierto por el contrato de seguro.	-	Tampoco en el art. 37 inc. "a" de dicha ley, pues la referida estipulación no desnaturalizó obligaciones o limitó responsabilidades por daños, sino que trazó las fronteras dentro de las cuales la responsabilidad de la aseguradora nacería.-	-	Menos todavía en el inc. "b" del citado artículo, porque la mentada norma contractual no consagró renuncia o restricción alguna de los derechos del consumidor, en tanto ella se ciñó a marcar el supuesto fáctico para que tales derechos surgieran.-	-	Inaplicable es así mismo el precepto del art. 37 inc. "c" de la Ley 24.240, ya que la cláusula de marras no contiene disposición ninguna que invierta la carga de la prueba. En cualquier reclamo judicial de cumplimiento de un contrato de seguro formulado por el asegurado, sobre él pesa la carga de acreditar la concreción del riesgo cubierto, que determina el nacimiento de exigibilidad de la prestación comprometida por el asegurador, por ser ese dato fáctico el supuesto para la aplicabilidad de la norma fundamento de la pretensión, cual prevé el art. 381 párr. 2° C.P.C.C.	-	Tocante a la invocación por la recurrente para definir en la especie el "onus probandi" de la teoría de las cargas dinámicas, entiendo que ella no es aquí de aplicación. Es que tal teoría tiene rol a cumplir cuando la parte sobre la que, en principio, no pesaba la carga de la prueba, se encuentra en mejores condiciones de suministrarla en razón de disponer del medio de acceso a la fuente más adecuado y directo. Mas en esta especie, cual correctamente indicó la demandada en su responde a los agravios, quien se hallaba en más favorables condiciones para aportar las probanzas demostrativas del acaecimiento del siniestro previsto en el contrato era la actora, que conoció cómo acaeció el luctuoso suceso.	-	III.- Tales fundamentos, coincidentes con los vertidos por el colega antes sufragante, me llevan a concluir que el fallo atacado debe ser confirmado en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia al recurrente vencido en ella (art. 69 C.P.C.C.) y regulando los honorarios profesionales, por las labores de alzada, en las sumas propiciadas por el Señor Magistrado prevotante, acordes a la extensión, calidad y resultado de las tareas cumplidas (arts. 5, 6, 8,13, 18, 46 de la Ley XIII n° 4).	-	Me expido en esta cuestión entonces por la AFIRMATIVA.	- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: --------------------------------- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente: ---------------------- --- 1) CONFIRMAR el decisorio impugnado en cuanto ha sido materia de recurso y agravios.

--- 2) IMPONER las costas de alzada a la apelante vencida.-------------------------------------- --- 3) REGULAR los estipendios profesionales de alzada correspondientes al Dr. R. L., letrado de la demandada, en el 28% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado; y para el Dr. A. M., letrado de la actora, en el 25% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado.----- 4) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.--- Tal mi voto.-------------------------------- ----A ESTA ÚLTIMA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:------------------------------------	El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. López Mesa, ajustado al acuerdo alcanzado.	- --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (art. 8 Ley V - Nº 17).------ Trelew, de febrero de 2012.--- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:--------- S E N T E N C I A: --- --- CONFIRMAR el decisorio impugnado en cuanto ha sido materia de recurso y agravios.

--- IMPONER las costas de alzada a la apelante vencida.-- --- REGULAR los estipendios profesionales de alzada correspondientes al Dr. R. L., letrado de la demandada, en el 28% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado; y para el Dr. A. M., letrado de la actora, en el 25% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado.-------------------------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.------------------------ MARCELO J. LOPEZ MESA CARLOS A. VELAZQUEZ JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.012 - SDC.- Conste.- JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA.