Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-11


BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA contra OLIMPIA BASKET BALL Reg.: A y S t 206 p 451-453.

Santa Fe, 11 de mayo del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco Central de la República Argentina contra la resolución 20, del 21 de febrero del año 2002, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto en autos "BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA -Incidente de Revisión en OLIMPIA BASKET BALL -Concurso-" (Expte . C.S.J. n 537, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. El pronunciamiento impugnado, en lo que aquí concierne, confirmó el fallo de baja instancia que había impuesto las costas del incidente de revisión al aquí recurrente (fs.

1/3). Contra dicho decisorio interpone el Banco Central de la República Argentina su recurso de inconstitucionalidad tachándolo de arbitrario, como lesivo de las garantías de defensa en juicio, debido proceso y del derecho de propiedad. Invoca el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055. Le imputa al Tribunal no atender los datos relevantes de la causa, a la vez que incurrir en exigencias rituales ajenas y no previstas por el expreso dispositivo legal.

En tren de fundar la procedencia de la impugnación, asegura que la carga de las costas dispuesta en su contra no constituye derivación razonada del derecho vigente en tanto la Cámara no apreció correctamente los hechos que determinaron que debiera interponer el recurso de revisión en el que resultó parcialmente ganancioso. Sostiene, en esa línea, que existieron vencimientos recíprocos.

Cuestiona, desde distintos enfoques, el razonamiento sentencial según el cual el acreedor no había aportado la documentación respaldatoria del crédito y de su exigibilidad en el momento de presentar la solicitud de verificación, lo que derivó en la imposición de costas ahora objetada.

Dice, en ese sentido, que el A quo no tuvo en cuenta que: a) al presentar el pedido de verificación no pudo adjuntar (el B.C.R.A.) la documentación respaldatoria de su crédito y de su exigibilidad, pues el documento había sido acompañado y se encontraba reservado en la Secretaría del Juzgado Federal N 2B, ante el cual se estaba ejecutando; b) dicha circunstancia fue puesta de manifiesto en el pedido de verificación; c) en dicho pedido se denunció expresamente la promoción del juicio ejecutivo contra el concursado; d) el síndico no tuvo en consideración la denuncia del proceso referido, ni indicó qué diligencias realizó a los fines de verificar la veracidad de su aseveración; e) el Juez de baja instancia hizo suyo el dictamen sindical sin efectuar consideraciones acerca de la prescripción alegada por el Síndico y del juicio denunciado por su parte; f) el incidente de revisión fue admitido -parcialmente porque se redujo el monto-.

Le achaca también a los Juzgadores dejar de lado su propia jurisprudencia, toda vez que -asevera- en anteriores pronunciamientos había sostenido que en la etapa de verificación bastaba con la indicación de la causa.

Finalmente, afirma que la arbitrariedad se patentiza toda vez que el Tribunal no formuló ninguna consideración respecto al recurso de revisión que se vio precisado de interponer, no reparando en que el síndico incumplió sus obligaciones normales como era verificar si se había promovido el proceso que denunció en el pedido de verificación.

A su turno, la Cámara denegó la impugnación deducida (fs. 19/20). Tal decisión motivó la presentación directa del interesado ante esta sede en la que, además de instar la apertura de la instancia excepcional, se agravia de la imposición de costas contenida en el auto denegatorio (fs. 26/33).

2. La presente queja debe desestimarse.

Como reiteradamente ha dicho la Corte nacional refieriéndose a la imposición de costas en las instancias ordinarias del proceso "...la cuestión implica una materia procesal, de hecho y de derecho no federal, accesoria, extraña al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria contemplada por el artículo 14 de la ley 48..." (Fallos: 240:28); y que "...es una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, a la vía prevista en el artículo 14 de la ley 48..." (Fallos: 308:1076).

Asimismo, este Cuerpo ha sostenido que la condena por los gastos causídicos no es, como regla, susceptible de impugnación con alcance constitucional -según criterio reiteradamente expuesto por este Tribunal- (A. y S., T. 44, pág. 349; T. 47, pág. 355; T.

81, pág. 273; T. 111, pág. 392; T. 143, pág. 82).

Y en el "sub lite" la impugnante no logra perfilar un supuesto que permita excepcionar el principio general enunciado en los párrafos anteriores, toda vez que la postulación recursiva sólo traduce el disenso del recurrente, sin entidad constitucional, para con la decisión de la Sala de mantener la carga en costas dispuesta por el Juez de baja instancia.

Obsérvese que el A quo, en lo esencial, reputó que la decisión de baja instancia se ajustaba a derecho desde que el acreedor, en la etapa de verificación tempestiva, no había acompañado la documentación justificatoria de su crédito, dando lugar de esa manera a la promoción del incidente de revisión. Aclaró, en consecuencia, que dicho remedio no se debió a una oposición infundada del deudor o de la Sindicatura sino, precisamente, a la ausencia de documentos que recién fueron producidos durante el trámite de revisión; abonando su decisión con citas doctrinarias.

Frente a esa línea de razonamiento la recurrente procura imponer la suya, intentando demostrar que la Cámara no valoró diversos hechos que demostrarían la imposibilidad de adjuntar la documentación, cuestionando también la actuación del órgano sindical y alegando un cambio de criterio en la jurisprudencia del Tribunal.

Pero esa tesitura en manera alguna ostenta matiz constitucional ni tiene entidad para convencer de que el A quo, al reputar que el revisionista había sido el causante del desgaste jurisdiccional y de consiguiente imponerle las costas, hubiera marginado las circunstancias que se dicen preteridas, máxime cuando las alegaciones de la recurrente no resultan, "prima facie", convincentes para evidenciar la efectiva imposibilidad de acompañar la documentación del caso. Otro tanto ocurre con el proceder de la Sindicatura el que, al contrario de lo postulado por la quejosa, fue ponderado por la Cámara, sólo que en un sentido diverso al pretendido en el recurso. Adviértase que el Tribunal juzgó que no se trata de una oposición infundada puesto que el órgano concursal sólo había planteado la falta de prueba sobre actos interruptivos de la prescripción.

Tampoco puede correr mejor suerte el invocado cambio jurisprudencial pues, además de tratarse de transcripciones fragmentadas que impiden confrontar las plataformas fáctico - jurídicas del antecedente con las del "sub examine", es sabido que el apartamiento de precedentes jurisprudenciales, aunque emanen del mismo tribunal, no es causal, per se, de arbitrariedad (Fallos: 267:59; 279:16; 289:403; 311:105 y 1855; 307:2124, etc. y de esta Corte A. y S., T. 79, pág. 224; T. 102, pág. 190; T. 103, págs. 399 y 407; T. 169, pág.

213, etc). Por último, habrá de desecharse el agravio esgrimido en torno a la imposición de costas en el auto denegatorio. Para arribar a tal conclusión, basta advertir que no necesariamente la interposición de un recurso extraordinario ante el Tribunal a quo implica de manera inexorable que el expediente llegue por vía de queja a este Cuerpo, desde que el recurrente perdidoso podría desistir de hacerlo. Por otra parte, de no darse esta última circunstancia, es lógico que tanto la imposición de costas como la regulación de honorarios que, en su caso, haya efectuado la Cámara queden siempre sujetas a lo que esta Corte resuelva al tratar la queja y, eventualmente, el recurso de inconstitucionalidad (cfr. A.

y S., T. 65, pág. 148; T. 127, pág. 107; etc.).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)