Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-01


Expte. n° 7633/10 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Sur Insurance Brokers SRL s/ ejecución fiscal'" Buenos Aires, 1 de junio de 2011 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ("GCBA") inició ejecución fiscal contra Sur Insurance Brokers S.R.L. ("SIB") por $ 27.286,92 (pesos veintisiete mil doscientos ochenta y seis con noventa y dos centavos) en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a las posiciones 12/2000; 1 y 8 a 12 del 2001; 1 del 2002; 5 a 12 del 2004; y 1 a 11 del 2005, todo ello por aplicación del artículo 154 del Código Fiscal texto ordenado para el año 2006 (fs. 1/4 de las actuaciones principales, a las que en adelante -salvo indicación en contrario- corresponden todas las fojas mencionadas).

2. La ejecutada opuso excepción de pago total documentado (fs.536/538 vuelta). Afirmó:

(i) que se dedica a la producción de seguros, "por lo cual sus ingresos consisten exclusivamente en comisiones que son pagadas por las compañías de seguros cuyos productos comercializa" (fs. 536 vuelta, subrayado en el original); y (ii) que (fs. 536 vuelta) "(.) en su carácter de agentes de retención y percepción, las compañías de seguros retienen el 100 % del impuesto a los ingresos brutos que le corresponde tributar.".

Por lo demás, acompañó prueba documental (certificados de retención y declaraciones juradas correspondientes a los períodos ejecutados) y ofreció prueba informativa y pericial contable.

3. Al contestar el traslado de la excepción articulada por SIB (fs. 541/544), el GCBA expresó:

(i) que la demandada no había adjuntado ningún acto administrativo que acreditara la extinción de la obligación; (ii) que en sus registros (carpeta interna nº 82419/DGR/2007) no constaba el pago alegado por la accionada; (iii) que como la empresa no presentó en legal tiempo y forma sus declaraciones juradas ni tampoco ingresó el tributo, tuvo que recurrir al procedimiento establecido en el artículo 154 del Código Fiscal texto ordenado para el año 2006; (iv) que su contraria se inscribió voluntariamente en el impuesto, con lo cual no podía desconocer que era responsable de su pago y que tenía a su cargo deberes formales; y (v) que el trámite breve y de limitado ámbito de conocimiento que caracteriza al proceso ejecutivo impedía tratar la causa de la obligación reclamada.

Por fin, el ejecutante rechazó la prueba documental aportada por SIB porque -a su criterio- era improcedente y no acreditaba el pago de la deuda. Asimismo, se opuso a la producción de la prueba ofrecida por la demandada por considerarla vinculada a la causa fuente de la obligación y ser ajena, pues, a la presente ejecución fiscal.

4. El magistrado interviniente no hizo lugar a la oposición del GCBA respecto de la prueba documental acompañada por la empresa. Por otra parte, denegó la producción tanto de la prueba pericial contable como de aquella prueba informativa que había sido ofrecida por la accionada para el caso de desconocerse la autenticidad de los certificados de retención (fs. 553).

5. En primera instancia se rechazó la excepción opuesta y se mandó llevar adelante la ejecución (fs. 566/567).

El juez citó el artículo 154 del Código Fiscal texto ordenado para el año 2006 -que prevé el emplazamiento y posterior ejecución de los contribuyentes que no hubieran presentado declaraciones juradas- y examinó la prueba obrante en el expediente. Señaló (fs. 566 vuelta):

(i) que el examen del procedimiento llevado a cabo por la Administración para emitir el título ejecutivo excedía el marco cognoscitivo del juicio de apremio; (ii) que la circunstancia invocada por la ejecutada en cuanto a que los importes que debe tributar son retenidos por las aseguradoras, debía discutirse en otro proceso; y (iii) que de las constancias de autos no surgía que se hubiera abonado el monto reclamado.

6. SIB apeló el pronunciamiento de grado (fs. 575/581 vuelta). En lo relevante, expresó (fs. 578) que "(.) el a-quo omitió considerar los más de 200 certificados de retención acompañados y cuya autenticidad fuera reconocida".

7. La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad revocó el fallo apelado y rechazó la ejecución fiscal (fs. 589/590).

Los magistrados explicaron:

(i) que -por aplicación del principio iura novit curia- la defensa planteada por la accionada debía ser entendida como una excepción de falta de legitimación pasiva porque la empresa había manifestado que al ser productora de seguros, el impuesto era retenido en el 100 % por las compañías de seguros, que actúan como agentes de retención; (ii) que los certificados de retención acompañados en autos acreditan que las sumas incluidas en aquéllos fueron retenidas "por los agentes fiscales correspondientes, de las comisiones percibidas por el demandado" (fs. 589 vuelta); (iii) que (fs. 589 vuelta) "(.) la falta de ingreso del pago del impuesto no puede ser imputada al ejecutado, toda vez que el ejecutado no es quien ha omitido el pago del tributo; sino que se trata de una cuestión que debe suscitarse entre el organismo fiscal y el agente de retención"; (iv) que (fs. 589 vuelta) "(.) el decreto nº 356/78 dispuso que 'Las Compañías de Seguros, sin perjuicio del impuesto que les corresponda abonar por el ejercicio de su propia actividad, deberán actuar como agentes de retención del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, en los casos, modos y formas que establece el presente Decreto'(art.

1º)"; (v) que el artículo 2 del decreto nº 356/78 estableció que "[l]as retenciones a que hace referencia el artículo anterior procederán cuando se efectúen pagos a personas de existencia física, sucesiones indivisas o sociedades.";

(vi) que (fs. 589 vuelta) "[l]a retención se efectúa sobre, entre otros conceptos, las comisiones o cualquier otro tipo de retribución efectuados a productores de seguros que no actúen bajo relación de dependencia, cuando el seguro cubra bienes o personas domiciliados en la Capital Federal o fuera de ella";

(vii) que (fs. 589 vuelta) "(.) exigir el pago del impuesto sobre los ingresos brutos al ejecutado cuando -conforme surge de las constancias de la causa- dicho impuesto ya fue descontado por los agentes de retención de las comisiones que constituyen la base de las ganancias obtenidas por su actividad empresarial, conduce a consecuencias injustas, esto es, compeler a pagar dos veces el tributo y obligar presumiblemente al accionado a iniciar un proceso de repetición a fin de recuperar las sumas pagadas en exceso"; y (viii) que como el Fisco empleó el procedimiento del "pago a cuenta", debía tenerse presente que la facultad de requerir el pago provisorio de impuestos vencidos a quienes no presenten declaraciones juradas es de interpretación restrictiva.

Por fin, los sentenciantes concluyeron que correspondía declarar la falta de legitimación pasiva de la demandada "(.) siendo que el impuesto a los ingresos brutos en los casos de los productores de seguros (actividad desarrollada por el accionado) es deducido en el 100% por las compañías de seguros (que operan como agentes de retención) de las comisiones que aquél percibe".

8. Contra el fallo de segunda instancia el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 600/612).

En cuanto al requisito de sentencia definitiva, el recurrente sostuvo que el a quo "(.) decidió sobre el fondo de la cuestión litigiosa en debate" y de ese modo agotó su jurisdicción (fs. 600 vuelta).

En relación con la existencia de un caso constitucional, la Procuración afirmó que el pronunciamiento impugnado vulneró los artículos 16, 17, 18, 19, 28, 31, 99 y 129 de la CN y los artículos 10, 12, 13, 51, 102 y 104 de la CCBA. Manifestó:

(i) que (fs. 602) "[d]eterminar si la actividad desarrollada por la contribuyente se desarrolla o no en relación de dependencia, y si se encuentra sujeta a la retención por parte de la Cia. de Seguros, excede el marco de la ejecución fiscal." (subrayado en el original);

(ii) que no está demostrado "(.) si los ingresos [de SIB] provienen o no de una actividad desarrollada autónomamente" (fs. 602);

(iii) que (fs. 602 vuelta) "(.) la Sala se basa en las meras manifestaciones de la contraparte que alega no estar en relación de dependencia y/o en simples constancias de retenciones." cuya autenticidad fue cuestionada por el GCBA;

(iv) que la Cámara modificó los términos en los que había quedado trabada la litis al interpretar que la excepción de pago opuesta por la ejecutada debía ser tratada como una de falta de legitimación pasiva, lesionando así el derecho de defensa del Gobierno;

(v) que (fs. 603) "[s]i no obstante intimado por el art. 154 del Cód. Fiscal t.o. 2006 a presentar declaraciones juradas por tal período no lo hizo en tiempo y forma, resulta operativo el apercibimiento previsto en esta norma, que prescribe la procedencia de la ejecución fiscal";

(vi) que la compañía de seguros es un tercero por el cual el Fisco no debe responder, "(.) y si el contribuyente pagó mal como parecería, deberá pagar dos veces y luego reclamarle a la Cia. por lo que le retuvo y no ingresó" (subrayado y destacado en el original, fs. 603 vuelta);

(vii) que los camaristas analizaron "(.) la causa del gravamen, pero sin el debate correspondiente que sólo tiene cabida en el marco de un proceso de conocimiento."; y (viii) que en la decisión atacada se desnaturalizó la facultad prevista en el artículo 154 del Código Fiscal t.o. 2006, máxime teniendo en cuenta que luego de ser emplazada la demandada no ingresó el pago, ni presentó las declaraciones juradas, ni efectuó aclaración alguna respecto de la existencia de un agente de retención.

9. El a quo no admitió el recurso de inconstitucionalidad del ejecutante (fs. 627/628).

10. Contra la resolución de fs. 627/628, el Gobierno dedujo la queja de autos (fs. 1/14 vuelta).

11. A fs. 23 del expediente de la queja se requirió a la Cámara la remisión de los autos principales caratulados "GCBA c/ Sur Insurance Brokers S.R.L s/ ejecución fiscal" (EJF 820652/0), los que se tuvieron por recibidos a fs. 26.

12. El Fiscal General Adjunto propicia que se rechace el recurso directo intentado por falta de sentencia definitiva (fs. 28/30 del expediente nº 7633/10).

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja del Gobierno cumple con sus correspondientes requisitos de tiempo y forma. Sin embargo, no puede prosperar.

2. La Cámara no concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA contra el pronunciamiento de la Sala I que revocó la decisión del juez de grado y rechazó la ejecución fiscal intentada.

Los magistrados expresaron que, en principio, las decisiones adoptadas en el marco de procesos ejecutivos no son definitivas y que la Ciudad no demostró que la sentencia impugnada pueda equipararse a tal.

Por otra parte, los jueces afirmaron que no se estaba frente a un supuesto de arbitrariedad ni de gravedad institucional.

3. De los fundamentos del auto denegatorio que fueran motivo de crítica del quejoso, consideraré inicialmente el vinculado a la falta de sentencia definitiva o equiparable, por cuanto la ausencia de dicho recaudo de admisibilidad formal define el rechazo por el Tribunal del recurso deducido por el Gobierno.

El actor manifiesta que "(...) al haberse expedido el sentenciante con respecto al fondo de esta ejecución fiscal, no existe ninguna instancia ni judicial ni administrativa, por la cual pueda mi parte reclamar o debatir sobre el crédito fiscal adeudado..." (fs. 5 del expediente nº 7633/10).

El argumento del ejecutante no se sostiene. El GCBA no explica por qué el análisis efectuado por el a quo respecto de la excepción opuesta en estas actuaciones le impide iniciar un juicio posterior contra los agentes de retención y debatir allí la procedencia de la deuda.

La Cámara se limitó a evaluar si SIB tenía legitimación pasiva y concluyó que no. Y el Fisco no demuestra que para así decidir los magistrados hubieran avanzado sobre aspectos que excedieran el marco de la excepción introducida por la ejecutada como así tampoco que se hubieran expedido respecto de la existencia o no del crédito del que dice ser titular.

Aquí es oportuno destacar que al contestar el traslado de la excepción de pago (fs.

541/544) el Gobierno no desconoció la autenticidad de los certificados de retención acompañados por su contraria y tampoco puso en cuestión que la empresa fuera productora de seguros.

En lo que resta del capítulo V a) del escrito en examen, el accionante transcribe fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por el Tribunal en los que resoluciones dictadas en juicios ejecutivos fueron asimiladas a sentencias definitivas. No obstante, no indica cuáles son las similitudes entre tales antecedentes y los hechos de este caso ni por qué dicha jurisprudencia debería ser aplicada en el marco de la presente ejecución fiscal.

En síntesis, los señalamientos de la Procuración no son suficientes para acreditar la existencia de un gravamen irreparable que permitiera equiparar la decisión recurrida a una sentencia definitiva.

Como he señalado in re "Club Atlético River Plate Asociación Civil s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Club Atlético River Plate s/ ejecución fiscal" (expte. n° 2690/03) "corresponde exigir un mayor énfasis en la carga de alegación que pesa sobre quien deduce el recurso, pues debe aportar argumentos suficientes respecto de por qué la decisión que se pone en crisis priva al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, le impide el replanteo de la cuestión en otro juicio o le causa un gravamen de imposible o insatisfactoria reparación ulterior.

El recurrente no cumple ninguna de estas cargas y esa omisión, en función del principio dispositivo, no puede ser suplida por este Tribunal." 4. Por lo expuesto, voto por rechazar la queja de fs. 1/14 vuelta.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Las sentencias dictadas en juicios ejecutivos no son definitivas ni, por tanto, revisables por vía de recurso de inconstitucionalidad, salvo supuestos excepcionales en los que el pronunciamiento recae sobre una cuestión que no podrá ser revisada ulteriormente en un proceso ordinario o aquellos en que la cuestión debatida excede el interés individual de las partes y afecta al de la comunidad en razón de que implica un entorpecimiento evidente en la percepción de la renta pública (cf. TSJ in re "GCBA c/ Constructar SA s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte.

nº 3275/04, resolución del 23/2/05 y mi voto en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "GCBA c/ Sr. Propietario s/ ejecución fiscal", expte.

nº 3374/04, sentencia del 18/5/2003 y mutatis mutandi Fallos 326:4240 entre muchos otros).

2. El primero de los supuestos de excepción se verifica en autos por cuanto, la sentencia que rechazó el juicio de apremio, tuvo por probado que la obligación fiscal perseguida habría quedado satisfecha a través del régimen de retención estimado aplicable.

Al margen del acierto o error de la calificación jurídica utilizada por el a quo para fundar la solución adoptada, lo cierto es que lo resuelto significa haber declarado la inexistencia de deuda a cargo del demandado por el concepto identificado en el título ejecutivo. La discusión a ese respecto quedará entonces clausurada en este proceso y no podrá ser objeto de análisis en un juicio ordinario posterior.

Ello así, lo relevante no es que el pronunciamiento de la Sala I CAyT sea compatible con un futuro reclamo del GCBA al agente de retención involucrado, sino que el accionante pretende darle pleno efecto a la fuente de la obligación consignada en el título ejecutivo (art. 154 del CF, t.o por decreto 246/2006) y el modo en que fue rechazado el apremio, según quedó dicho, impide cualquier debate ulterior a ese respecto.

Por eso, ésta sería la oportunidad disponible para el GCBA en cuanto insiste en postular que, hasta que no se desvirtúe la certificación que consigna la boleta de deuda, la falta de presentación de DDJJ, le acuerda la potestad de utilizar la vía ejecutiva a fin de cobrar la deuda reclamada en autos.

3. De cualquier modo, la verificación anterior, aunque necesaria para posibilitar la revisión pretendida, no es suficiente para suscitar la competencia de este tribunal en la vía intentada, dado que los agravios esgrimidos por el recurrente (GCBA) no ponen en juego la inteligencia de cláusulas constitucionales ni comprometen alguna cuestión federal como resulta exigible (art.

27 de la LPT y Fallos 306:480 y 311:2478).

4. En tal sentido, basta señalar que las objeciones vinculadas con el menoscabo del derecho de defensa invocado por el GCBA, se reducen a expresar el desacuerdo del recurrente con el modo en que fueron valoradas las pruebas en que el a quo apoyó el rechazo de este juicio.

Cualquiera fuera el mérito de los fundamentos brindados para justificar el mencionado rechazo, el recurrente no explica por qué los certificados de retención carecerían de aptitud para generar las consecuencias postuladas por los jueces de la Sala I CAyT.

Lo anterior también basta para señalar que, el agravio destinado a denunciar que la sentencia impugnada ingresó en el análisis de capítulos ajenos al ámbito propio de los juicios ejecutivos, no demuestra que la prueba documental mencionada sería insuficiente para acreditar un caso de inexistencia manifiesta de deuda; supuesto pacíficamente abarcado en procesos como el de autos (cf. TSJ en "Cohen Alvarez, Edgardo A. s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'GCBA c/ Cohen Alvarez, Edgardo A. s/ ejecución fiscal'", expte. n° 6175/08, 20/8/2009 y CSJN en Fallos 315:1916; 302:861, 322:2559 entre otros).

A mayor abundamiento, vale destacar que el aprovechamiento de la vía ejecutiva, reivindicado por el GCBA, exigiría acreditar que el procedimiento del art. 154 del CF al que remite la boleta de deuda e invoca el GCBA para sostener que el contribuyente pese a haber sido intimado no cumplió la obligación de presentar DDJJ (fs. 607 de los autos principales), se concretó mediante una actuación que al emitirse el título ejecutivo estuvo a la vista del funcionario que lo suscribió.

Sólo ello justificaría que en el proceso de apremio se presumiera que la deuda resulta, acorde a la ley, exigible y se postergara el debate en torno a la causa de la obligación a un juicio posterior, a fin de permitir la oportuna percepción de la renta pública (para un desarrollo en extenso ver mi voto en "Diversas Explotaciones Rurales SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Diversas Explotaciones Rurales SA s/ ejecución fiscal'", expte. nº 4635/06, sentencia del 20/11/2006).

Sin embargo, la certificación inserta en la boleta de deuda se limita a identificar como fuente de la obligación adeudada la simple mención del art. 154 del CF ya citado. Esa referencia sería insuficiente para hacer valer la presunción, iuris tantum, de que el procedimiento se habría cumplido de modo válido y, a su vez, ello impide considerar que el accionante se ha puesto en las condiciones que la normativa exige para aprovechar los beneficios de la vía ejecutiva de los que pretende valerse en autos.

Finalmente, en el contexto descripto, asiste razón al GCBA cuando postula que no esta controvertido en autos que el demandado se inscribió como responsable frente al ISIB y presentó DDJJ extemporáneas en las que no formuló las aclaraciones que ahora integran su defensa (fs. 603 de los autos principales).

Sin embargo, las consecuencias que podrían derivarse de ello, como por ejemplo, constatación de incumplimientos formales o necesidad de litigar con impacto en la imposición de costas, no son las que reclama el demandante que, en cambio, insiste en su pretensión original de ejecutar por apremio una deuda sin haber rebatido los argumentos que llevaron al a quo a declararla inexistente.

Por las razones dadas, oído el Sr. Fiscal General Adjunto, voto por rechazar la queja planteada por el GCBA.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Participo, en lo sustancial, de los lineamientos argumentales y la solución propuesta por mi colega el doctor Luis Francisco Lozano, en cuanto estima que, en el sub examine, la resolución objetada por el GCBA debe ser equiparada a una sentencia definitiva, en tanto lo decidido por la anterior instancia -con relación a la falta de legitimación pasiva de la aquí ejecutada- no podrá ser revisado en un proceso ordinario ulterior.

2. A pesar de ello, la queja incoada no puede tener acogida favorable debido a que los agravios que pretenden ser traídos a esta instancia -más allá del acierto o error de la decisión emitida por el tribunal a quo, particularmente, al asignar a las empresas aseguradoras una categoría casi equivalente a la de los sustitutos tributarios- no guardan relación directa con los principios, declaraciones, derechos y garantías constitucionales invocados en la apelación, sino que remiten al examen de disposiciones de derecho público local infraconstitucional y circunstancias de hecho y prueba, cuestiones que -por regla- resultan ajenas al marco cognoscitivo que caracteriza a la vía recursiva intentada.

3. Por otra parte, no han sido eficazmente rebatidos los argumentos brindados por la Cámara en cuanto a que: a) de prosperar la ejecución ella podría conducir a una condena por deuda inexistente, habida cuenta de los numerosos comprobantes de retención incorporados como prueba documental a la causa por la accionada -cuya autenticidad no fue cuestionada oportunamente por el fisco-;

y b) el cobro provisorio de impuestos vencidos constituye un procedimiento excepcional, en tanto deja de lado el ordinario de determinación de oficio, circunstancia que conduce a efectuar una interpretación restrictiva a la hora de evaluar su implementación por parte de la administración.

4. En suma, lo aquí resuelto no importa de modo alguno objetar en términos constitucionales el mecanismo de cobro provisorio de impuestos vencidos ni mucho menos relevar a los contribuyentes de la obligación de presentar las respectivas declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos si han practicado ingresos a cuenta o experimentado retenciones o percepciones, sino tan solo descartar la consideración del recurso de inconstitucionalidad articulado en el caso, al no encontrarse suficientemente fundado para conmover los razonamientos expresados por la Cámara que la condujeron a rechazar la ejecución fiscal promovida contra la contribuyente.

En consecuencia, corresponde rechazar la queja interpuesta por el GCBA.

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. En primer lugar, debemos analizar si se constata en autos la existencia de una sentencia definitiva o equiparable.

En este caso el GCBA persigue el cobro del pago a cuenta del ISIB devengado por la actividad productora de seguros realizada por la ejecutada correspondiente a las posiciones 12/2000, 1 y 8 a 12 del 2001, 1/2002, 5 a 12 del 2004 y 1 a 11 del 2005.

Conforme la normativa tributaria pertinente (ver, entre otros, arts. 13, 14 inc. 6 y 17 inc. 3 del CF año 2006 -t.o. por decreto 246/2006-, y decreto 356/1978) resultan solidariamente responsables por dicha deuda el contribuyente (Insurance Brokers) y los agentes de retención (compañías de seguro que retienen el porcentaje aplicable al ISIB de las comisiones que le pagan a Insurance Brokers).

Pues bien, la forma en que fue resuelta esta causa no impide que el GCBA, si constata la existencia de una deuda por la falta de pago del ISIB devengado por el concepto y períodos mencionados ut supra, pueda reclamársela a los respectivos agentes de retención, incluso por la vía de la ejecución fiscal.

Por lo tanto, respecto de la deuda impositiva perseguida no existe una decisión judicial que clausure definitivamente su posibilidad de cobro, al menos respecto de los agentes de retención.

Sin embargo, en lo relativo a la relación jurídica tributaria establecida entre contribuyente y fisco local, la decisión impugnada determina la inexistencia de deuda a cargo de Insurance Brokers por los ingresos brutos originados en los períodos fiscales controvertidos, y dicha decisión sí reviste carácter definitivo ya que no puede replantearse en ningún juicio posterior.

En conclusión, y en lo relativo al concepto y períodos cuestionados en autos, la sentencia de Cámara no resulta equiparable a definitiva respecto de la eventual deuda que pueda reclamarle el GCBA a los agentes de retención, pero sí en lo referido al deber de pago del contribuyente, y como en autos se persigue el cobro del tributo por parte del contribuyente (ejecutado) y no de los agentes de retención (que no son parte), podemos afirmar que se cumple el aludido requisito de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad.

2. Sin embargo, la queja no puede prosperar ya que no rebate otro de los argumentos en que se basó la Cámara para denegar el recurso de inconstitucionalidad del GCBA: la ausencia de un genuino caso constitucional.

Como atinadamente han desarrollado los Dres. Lozano y Casás en sus votos, la impugnación del recurrente constituye una mera discrepancia con la fundamentación del fallo de Cámara, que involucra el análisis de cuestiones de hecho, prueba y derecho infraconstitucional, todas ellas ajenas -en principio- al ámbito cognoscitivo de la presente vía recursiva extraordinaria.

Más allá de su acierto o error, la decisión impugnada presenta fundamentos serios que la sostienen en cuanto acto jurisdiccional, y que no fueron adecuadamente rebatidos por el recurrente, lo que permite descartar la existencia de un supuesto de "sentencia arbitraria".

Es por ello que resulta aplicable la doctrina de este Tribunal, según la cual la referencia a principios y preceptos constitucionales, sin un adecuado desarrollo que los vincule con las cuestiones debatidas en el proceso, carece de entidad para que se considere que la controversia trata sobre la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución (art.

113, inc. 3, CCBA), pues "si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional, este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad" (cf. "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. nº 131/99, sentencia del 23/02/00, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. II, ps. 20 y siguientes).

3. En virtud de lo expuesto, voto por rechazar la presente queja.

Por ello, oído lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja planteado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita el principal con la queja.