marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, pagaré
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Maldonado, Hugo Luis c/ Gamarra, Martín s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-03-25

El documento traído a la causa a los efectos de la ejecución fue enmendado (en la moneda en que debía efectivizarse la deuda), e interlineado el año (1994), sin que se hubiera salvado; y al efecto hay que tener presente que la letra de cambio -a la que está asimilado el pagaré- es un instrumento rigurosamente formal, para asegurar la fe que debe merecer para su rápida circulación. Si bien todas las inscripciones no son esenciales y la ley admite que sean suplidas o contempladas por el tomador, no ocurre así con las alteraciones no salvadas para las que debe regir la sanción del artículo 211 del Código de Comercio. Lo exigen los fundamentos mismos del derecho comercial, para los que la seguridad y rapidez de la circulación son objetivos especiales y el rigor de las formas un medio para lograrlo. Cabe concluir que la enmienda efectuada (tachadura) en el documento base de la ejecución, sin haberse procedido conforme a lo dispuesto por el art. 211 del Código de Comercio, priva al pagaré de su fuerza ejecutiva.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, historia clínica
Materia: CIVIL
Carátula: TESONE DE BOZZONE, Marta Patricia c/ KREUTZER, Guillermo y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-25

Si en un caso sobre responsabilidad médica, no se pudo incorporar la historia clínica por negligencia en su custodia por parte del ente asistencial, y tal circunstancia privó al paciente de un elemento de juicio imprescindible para resolver la causa, cabe responsabilizar al establecimiento accionado por incumplimiento en la guarda del referido documento. De ahí que, corresponde fijar a modo de sanción ejemplar para la clínica demandada, un monto global único a favor del actor, en función del tipo y características particulares de la enfermedad padecida, representativo del daño causado y medido en razón de las circunstancias que impidieron determinar la existencia o no de la mala praxis invocada.
Empleo público, sanciones disciplinarias administrativas, suspensión del trabajador, suspensión preventiva, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Califano Mario c/ CONICET -Resol. 715/97 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-22

El agente sólo tendrá derecho a la percepción de los haberes devengados durante el lapso de la suspensión, cuando de conformidad con las conclusiones del sumario no resultara sancionado. (Consid. 3º).
Falsificación de instrumento público, fotografía, participación necesaria
Materia: PENAL
Carátula: BANCO FEDERAL ARGENTINO s/ denuncia por estafa Causa nro. 10.940
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

El haber aportado su fotografía implica su cooperación en la falsificación del instrumento público, de manera tal que sin su colaboración el delito no se habría cometido, por lo que su grado de participación se equipararía al de complicidad necesaria.
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la vida, personas por nacer, anencefalia, parto inducido
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: T., S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-11

El hecho de que la criatura por nacer sólo cuente con la posibilidad de sobrevivir extrauterinamente por un lapso no superior a doce horas no autoriza el adelantamiento del parto porque la vida de la persona por nacer no se protege únicamente bajo la condición de que pueda alcanzar algún grado de autonomía vital y no hay en las normas que rigen el caso previsión alguna en ese sentido (art. 2 de la ley 23.849 y art. 75, inc. 23, de la Constitución Nacional, art. 4.1. del Pacto de San José de Costa Rica, art. 6.2. de la Convención sobre los Derechos del Niño y arts. 70 y 72 del Código Civil) (Disidencia del Dr.Antonio Boggiano).
Libertad de cultos, educación religiosa
Materia: CIVIL
Carátula: CASTILLO, CARINA VIVIANA; REBULLIDA CARRIQUE, MARÍA LAURA; ALANIZ, MARÍA SOCORRO DEL MILAGRO; FERNÁNDEZ, ADRIANA MARIEL: FERNÁNDEZ GÓMEZ, NANCY; GLIK, ALEJANDRA; SIMÓN, MARÍA NATALIA; VILLAREAL CANTIZANA, CLAUDIA SUSANA; LEONARD, ANDREA MARIANA; ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS CIVILES (ADC) c/ PROVINCIA DE SALTA; MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROV. DE SALTA s/ AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-07-12

La libertad religiosa, aplicada al ámbito de la enseñanza escolar, no debe ni puede ser entendida en el sentido de la exclusión de todo lo religioso, pues la libertad se centra en la aptitud de elegir sin presiones físicas, morales o psíquicas el camino que lleve a la plenitud del ser y no en la imposición a todos los alumnos de una visión atea o agnóstica del mundo.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, ius variandi, cambio de lugar de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Contreras, Magaly Emilce c/ Alliance One Tobacco Argentina S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-06-25

El art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo estableció la facultad del empleador de variar unilateralmente la forma y modalidad del trabajo para responder a las necesidades de la empresa, en tanto tales modificaciones no importen un ejercicio irrazonable de tal potestad, ni se alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material o moral al trabajador.

No procede el recurso de inconstitucionalidad al tener en cuenta que la demandada explicó adecuadamente los motivos del cambio de lugar de trabajo, ofreció mantener las restantes condiciones y modalidades laborales haciéndose cargo del traslado e incluso otorgando la posibilidad de consensuar una solución a la situación planteada, cabe concluir que la empleadora actuó con la debida prudencia y razonabilidad en el ejercicio del poder de dirección que le confiere la normativa laboral, mientras que la trabajadora no logró probar el daño alegado en su demanda. (Del voto en Minoría de los Dres. Vittar, Bonari y Cornejo).
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rayo, Enrique Ramón c/ Velez, Antonio Andrés s/ Desalojo Bello García, José c/ Andueza, Adolfo y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-25|1994-07-07

La acción de desalojo, de acuerdo a la segunda parte del art. 676 del C.P.C.C. "se podrá dirigir... contra el locatario, sublocatario, tenedor precario, intruso o cualquier otro ocupante cuya obligación de restituir o entregar sea exigible". Como se ve, la norma citada no se refiere al poseedor, contra quien puede intentarse otro tipo de acciones.-
Responsabilidad de la provincia, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DEL ACUERDO S.A. c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-14

La responsabilidad del Estado Provincial deviene de lo preceptuado por el art. 112 de Código Civil, en concordancia con lo normado por el art. 1209 del mismo cuerpo legal.

La obligación de indemnizar, por la omisión de informar acerca de un embargo trabado, resulta de la culpa del funcionario público en el cumplimiento de sus funciones y se extiende a la provincia conforme lo dispone el art. 1113 primera parte del mismo ordenamiento.

Lo atinente a la reparación del perjuicio ocacionado, está regulado por las disposiciones relativas a los delitos del derecho civil los que mandan reponer las cosas a su estado anterior, excepto si fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se fijará en dinero.

Para establecer la procedencia de la acción y el resarcimiento que corresponde ordenar, conviene analizar lo relativo a los presupuestos de la responsabilidad civil.

La irregularidad culposa - no se puede, en el caso, determinar que sea intencional o dolosa - debida a la negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo, del dependiente estatal, que provocara la información errónea, acarrea para la Provincia la imputación objetiva de la responsabilidad derivada del hecho de aquél.

El estado responde por los daños causados culposamente por los agentes públicos. La conducta de éstos hace nacer, al menos, dos tipos de acciones: una de carácter administrativo (para ser juzgada la responsabilidad en esa sede) y otra de carácter civil (la recursiva).

En cuanto al presupuesto de la causalidad adecuada entre la omisión registral y el daño causado, los preceptos legales que la regulan se encuentran en el art. 901 del C.C..

Con la inscripción registral del embargo, el acreedor lo único que se garantiza es el cobro de lo que ha embargado, de ahí entonces, que lo que sobrepase esa cifra carece de garantía alguna de satisfacción.

Ese daño se produce en el momento mismo en que el Registro de la Propiedad da a conocer una información equivocada, anunciando que el inmueble embargado estaba libre de todo gravamen.

La Provincia tiene la obligación de mantener indemne al embargante y por tal razón debe resarcir al perjuicio abonándole la suma actualizada por la que tenía una garantía que se le frustró.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Sosa, Arturo Aníbal c/ Cartontécnica  SRL s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Es descalificable la sentencia que elevó el monto de la indemnización por accidente de trabajo, y se expidió respecto de una pretensión no deducida.
Acción de amparo, carácter excepcional, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I. J. I. V. c/ Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-28

La acción de amparo es, como se sabe, un dispositivo excepcional, destinado a brindar remedio rápido y eficaz para aquellas situaciones que en forma clara y evidente indiquen la imprescindible necesidad de evitar la lesión o amenaza actual o inminente de derechos o garantías de rango constitucional.

Esta regla, consagrada particularmente en los arts. 43 de la Constitución Nacional, 54 de la Carta Magna Provincial y 3° de la Ley N° 4572, tiene como requisito básico de procedencia que se trate de actos, hechos u omisiones de una autoridad pública o de particulares que indiquen la esa probable afectación con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas.

Esto significa que si el acto hipotéticamente lesivo no exhibe esas características en forma palmaria, ostensible, indudable, el amparo no resulta ser el arbitrio adecuado para debatir la cuestión litigiosa.

Así lo vienen sosteniendo en forma pacífica la doctrina y jurisprudencia mayoritarias al interpretar los textos legales ya citados, y lo ha refrendado una vez más la propia Corte Suprema de la Nación en fallos recientes, al expresar: "La apertura de la acción de amparo exige la presencia de circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expedita".
Representación procesal, acreditación de la personería
Materia: CIVIL
Carátula: INCIDENTE DE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL DR. JORGE DEL VALLE SALOMON EN AUTOS EXPETE. Nº394/89 PERA HECTOR S. LESIONES E.P. ELPIDIO ISMAEL GOMEZ s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-24

Si no se justifica la personería en la oportunidad que determina el art. 46 del código de forma, corresponde que el órgano jurisdiccional exija de oficio el cumplimiento de dicho requisito, fijando un plazo para que se satisfaga, bajo apercibimiento- entonces si- de tenerlo por no presentado.
Escritos judiciales, copias, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: B. de P., M. del C. c/ P., M. o P.; I. M. s/ Divorcio - Separación de Bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1976-09-30

"La disposición del artículo 120 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cuanto establece que se tendrá por no presentado el escrito que tenga por objeto ofrecer pruebas si no se acompaña copia o no se subsana la omisión dentro del día siguiente, no afecta la garantía de la defensa en juicio". Producida esa situación, queda sin efecto el ofrecimiento de prueba sin perjuicio de que, de conformidad con lo que dispones el artículo 36 del mismo Código, el juez en la oportunidad pueda decretar las medidas y diligencias que considere necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Dianda, Claudio Martín s/ Robo calificado de automotor y en despoblado Freccero D'Stéfano, Nicolás Víctor s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-03|1996-06-12

No puede tratarse en la instancia extraordinaria la calidad de agravante de una circunstancia que fue expresamente valorada en primera instancia y que no fue sometida a la Cámara en la expresión de agravios (art. 342, C.P.P.).
Acción declarativa de inconstitucionalidad, fiscal general, admisibilidad formal
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-18

Si bien la Ley nro. 402 (art. 21, párr. 4) es clara al indicar que el Fiscal General debe tomar intervención una vez declarada admisible la acción, corridos y contestados los traslados pertinentes, las facultades instructorias del juez de trámite comprenden la de decidir una vista previa en caso de que lo considere necesario, vista previa que no es obligatoria según la ley y que, por ello, representa tan sólo una facultad para el juez de trámite, de ejercicio eventual como toda facultad. (Voto del Dr. Julio B. J. Maier).
Obligaciones del Estado miembro, trabajador migrante, personal de casas particulares, agencias de colocaciones, cooperación internacional, equidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares - Observación general No. 1 - Trabajo doméstico y migrantes - Obligaciones de los Estados de origen, de tránsito y de empleo c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2011-02-23

Los Estados de origen, los Estados de tránsito y los Estados de empleo comparten la responsabilidad, en el marco de la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de regular y vigilar los procesos de contratación a fin de evitar abusos, debiendo cooperar -artículos 64 y 65 de la Convención aplicable -, en la elaboración y adopción de acuerdos que presten la debida atención a su protección y transparencia, usando contratos de empleo estandarizados, unificados y vinculantes, con cláusulas que definan condiciones de trabajo equitativas, indicando los servicios a los que podrían recurrir en busca de orientación, denuncia y/o protección.
Sociedades comerciales, intervención de terceros, partes, competencia por conexidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: VALLE  DE  LAS  LEÑAS  SA c/ SZPOLSKI, SERGIO BARTOLOME Y OTRO s/ ORDINARIO S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-28

Procede desestimar la solicitud de citación de tercero formulada por un codefendido cuando, -como en el caso-, se verifica que la demanda esta dirigida contra dicho accionado y contra otra persona en su calidad de presidente y vicepresidente -respectivamente- de la sociedad pretensora y, los defendidos solicitaron la mentada citación de los restantes miembros del directorio y de la sindicatura de la entidad al tiempo de su gestión, argumentando que si los reclamados habrían manejado discrecionalmente el giro social, la ausencia de control por parte de los terceros en cuestión compromete su propia responsabilidad en la eventual sentencia a dictarse, como así también, que tales personas debieron tener conocimiento de los actos que se reprochan. Ello así, toda vez que en la especie no se advierte que exista conexidad relevante entre la relación controvertida en el proceso y otra relación existente entre el tercero y alguna de las partes originarias (confr.

Fenochietto-Arazi, "Código Procesal", t. i, p. 384, ed. Astrea, Bs. As., 1993); por cuanto, según la versión del defendido, la asamblea desaprobó únicamente la gestión de los aquí accionados, convalidando la del resto de los órganos de administración y fiscalización (arg. L.S. art. 275).
Medidas para mejor proveer, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JATON EDUARDO L c/ INGENIERO NORBERTO LUIS ALVAREZ CONSTRUCCIONES s/ ORDINARIO - QUEJA INTERPUESTO POR DR. BONFILS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-31

No obstante en virtud del principio dispositivo del ordenamiento procesal, sean las partes quienes con su iniciativa deben aportar las pruebas que hacen a la cuestión litigiosa, lo cierto es que la mayoría de los códigos procesales contienen una disposición idéntica a nuestro artículo 33 inciso 2º previendo el ejercicio de facultades instructorias por el juez o tribunal cuando sea necesaria la complementación o integración de una prueba rendida en el proceso para engendrar su pleno convencimiento sobre la verdad de los hechos controvertidos. Y en ese orden tales medidas resultan irrecurribles.
Responsabilidad extracontractual, responsabilidad objetiva, ausencia de culpa, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Roberts, Ansel c/ Zabala, José Horacio y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-07-16

Existe responsabilidad objetiva toda vez que la prueba de la diligencia debida es insuficiente para liberar al sindicado como responsable. En la órbita de la responsabilidad extracontractual objetiva existen supuestos en los que la prueba de la inculpabilidad no libera, siendo menester acreditar la causa ajena del deudor.
Prenda con registro, caducidad de la inscripción, reinscripción registral
Materia: COMERCIAL
Carátula: ADACAR  SACIFIA c/ FERNANDES  RODRIGUEZ,  ARMANDO s/ EJECUCIONPRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-05

Habiéndose iniciado una ejecución prendaria, el actor tiene derecho a que el juez ordene la reinscripción por el término de cinco años, todas las veces que fuera necesario, conforme lo establecido por la ley 12962: 23-in fine, más ello es así siempre y cuando esa reinscripción fuera solicitada y concretada antes del vencimiento del plazo.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, contratos administrativos, Provincia de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Indicom S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-10

Corresponde hacer lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta por la Provincia de Buenos Aires si la pretensión se basa en obligaciones que derivarían de un supuesto contrato que no fue celebrado de conformidad con las formas establecidas por el derecho administrativo local.
Competencia, trámites judiciales
Materia: PENAL
Carátula: Seta, F. Formula denuncia. s/ Cuestión de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

El juez que recibe la causa por declinatoria, al no aceptar la competencia atribuida, debe dirigirse por oficio a la Alzada sin más trámite, no correspondiendo la devolución de las actuaciones al magistrado que primero se inhibiera (art. 22 CPP). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: Danas, Jorge y otros s/ Abandono de persona seguido de muerte y violación de los deberes de  funcionario público
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se sostiene que el proceso "debió ventilarse en sede correccional" y que "no se compadece con la garantía del debido proceso" que se haya abrogado "la doble instancia judicial" si sus argumentos traducen meras discrepancias respecto del trámite del "proceso" que de manera alguna evidencian la conculcación de la garantía constitucional denunciada.
Relación de dependencia, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Cocchia, José Eugenio c/ Banco del Chaco SEM. s/ Indemnización por antigüedad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-06-28

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo que hace lugar al despido sin causa. Ello así, ya que en autos se advierte el exceso en el lapso que va de la infracción al contrato hasta el despido. La demandada no actúa en forma oportuna transcurriendo un año y siete meses desde que la empleadora tomó conocimiento de la falta que se le imputa, con lo que mantuvo en el empleo por ese lapso a un dependiente supuestamente infiel; es así que cabe admitir que el hecho, o fue consentido por el principal o no revestía la gravedad que tornaba imposible la continuación del vínculo.
Quiebra, locación, continuación de la locación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: E.F.A. c/ PESCASUR S.A. s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-15

Como la decisión de continuar con los contratos de locación genera la obligación para la quiebra de hacerse cargo del pago de los alquileres y demás previsiones, esta decisión, por disposición de la ley, debe ser expresa (art. 148, ley 19.551). Así se ha dicho que no ejercida la opción prevista por el art. 148 de la ley 19.551, no puede sostenerse ya que la quiebra haya proseguido con la contratación, pues esta falta de ejercicio exhibe el propósito de no confirmar la locación (CNCom. Sala E, 16/5/89, "Cavili S.A. quiebra s/ inc. de rest. por Karadajián", en LL. 1991-B, 175).
Acción de amparo, ejecución de sentencia, asistencia odontológica, prestaciones de la obra social, obras sociales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MANGE  CARMEN  CRISTINA c/ OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL DE LANACION S/ s/ MPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

En el estado en el cual se encuentra el proceso de ejecución de sentencia, se advierte que el profesional inicialmente designado (Dr. Ferrería) ya no puede realizar las tareas comprometidas. En ese contexto, y a los efectos de ejecutar la sentencia firme dictada en autos, corresponde designar otro profesional odontólogo idóneo para que realice el tratamiento que requiere la paciente. En esas condiciones, debe estarse en primer término al profesional sugerido por la obra social (Dr. Diamante) para que, previa consulta de la paciente, elabore un plan de trabajos, el cual deberá ser presentado sin demoras por la obra social ante el Juez de la causa a fin de que el magistrado pondere su adecuación con los términos de la sentencia a ejecutar.