marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ministerio Público Fiscal, recurso de apelación (procesal), imputado, defensor, auto de procesamiento, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: González, Heriberto s/ corrupción - casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

No se advierte que la falta de intervención del Ministerio Fiscal en el trámite del recurso de apelación deducido por la defensa del imputado contra el auto de procesamiento, lesione los derechos de defensa y del debido proceso, máxime cuando todas las partes tenían conocimiento de ello y ninguna formuló observaciones.
Conflicto de poderes, gobierno municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Concejo Deliberante de Chascomús c/ Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Chascomús s/ Conflicto art. 196. Constitución provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Lo que define a los conflictos producidos entre los departamentos ejecutivo y deliberativo de una municipalidad es la efectiva contienda entre esas autoridades en cuanto respecta a sus facultades. (En el caso, el Intendente Municipal declaró nula una ordenanza dictada por el cuerpo deliberativo mediante la cual se creó una partida denominada "Garantía Salarial Provisoria" para cubrir la diferencia por supresión y/o reducción de bonificaciones y el Concejo Deliberante sostiene que debió vetarla -no declarar su nulidad- que es para lo que está facultado). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: De la Fuente, Alejandro Antonio s/ Robo agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia la violación del art. 159 del Código de Procedimiento Penal y la garantía de defensa en juicio al utilizarse el examen pericial sin haberse notificado al detenido para que usara de los derechos que conferían los arts. 158 y 159 del ordenamiento procesal, si dicha pericia no fue impugnada por nulidad ni sometida la cuestión a debate judicial en las instancias ordinarias.
Testigos, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: B., C. N. c/  s/ corrupción de menores
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-13

Al sopesar las informaciones de un testigo, debe examinarse la existencia de razones objetivas que quiten valor convictivo al testimonio. En la crítica del testimonio se han de observar, al menos, tres abordajes: a) la veracidad, entendida como ausencia de indicios de mendacidad, que podrían sospecharse, por ejemplo, de las relaciones de interés del testigo, o de relaciones de amistad, enemistad, ánimo de favorecimiento o de perjuicio; b) la verosimilitud, que debe ser investigada en el examen intrínseco del contenido de la declaración en la medida de las posibilidades por su confrontación con otros elementos de prueba o de otros datos o informaciones disponibles que pusieran ser corroborantes o poner en duda la exactitud de lo declarado; y c) la persistencia o las vacilaciones en la incriminación (voto del juez García).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, leyes, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: PAGANI, TERESA GAY DE Y OTROS c/ TORRES, DARDO IGNACIO s/ DESALOJO. REVOCATORIA CONTRA EL AUTO DE PRESIDENCIA QUE ORDENA   CUMPLIMENTAR ARTICULO 8 LEY 7055. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO   DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 164-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-11

La obligación de cumplir el depósito no reconoce otras excepciones que las expresamente comprendidas en la legislación pertinente (para el caso, artículos 227/230 del Código Fiscal, por disposición del artículo 8 de la ley 7055). En consecuencia, el hecho de haberlo efectuado en otra queja no excusa el cumplimiento de tal exigencia en el ulterior, no obstante la vinculación que pueda existir entre ambas.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Ballesteros, Enrique Daniel; Décima, Agustín Humberto s/ Robo calificado Hang, Guillermo Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22|2000-08-30

Si el fundamento de la calificante del inc. 2° del art. 166 del Código Penal fuera -teoría subjetiva- "el poder intimidante" del "arma" entonces los despliegues argumentales de dicha teoría subjetiva no lograrían salir de un encierro insuperable: si a la ley le interesó calificar el robo cuando se produce dicha intimidación, no pudo restringir la calificante al liso y llano concepto de "arma" sino que debió agregar lo que parezca un arma, que intimida igual que ésta.
Concesión de servicio público, energía eléctrica, obligaciones del concesionario (administrativo)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pérez c/ Edenor S.A. s/ Ds. y Ps.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-10-14

El daño provocado por el peligro o defecto de la cosa debe ser soportado por quien mantiene con aquélla algún nexo en cuya virtud puede servirse de la misma. Tal ocurre con el cableado de media tensión que atraviesa los espacios aéreos públicos y es de propiedad de la respectiva compañía de electricidad -en el caso Edenor S.A.-, quien además detenta su guarda -hace empleo útil de ella, sirviéndose y aprovechándose, siendo indiferente a tal fin que la razón de ello haya obedecido a necesidad o simple comodidad- y está obligado a arbitrar medidas de seguridad con respecto al elemento de riesgo. Por otra parte el hecho de que un tercero -usuario o no- incurra en conductas negligentes peligrosas o ilegales respecto de las instalaciones externas de electricidad -tendido de la línea-, con o sin conciencia cabal de ello, no neutraliza la responsabilidad de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en su calidad de guardadora de dichas instalaciones y en tanto obligada a mantener en todo tiempo las condiciones de total seguridad para los terceros.
Tasa de justicia, integración de la tasa de justicia, falta de pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sanym S.A. c/ Patrimonio Permanente de la Priv. de Tandanor Soc. del Estado s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-07

Cuando el juez intima a la actora a practicar liquidación del monto de su pretensión e ingresar el 3% del total en concepto de tasa judicial, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 11 de la ley 23.898 y dicha intimación no fue cumplida por la parte dejando vencer el plazo de cinco días que a tal fin dispone la citada providencia; en estas condiciones y a tenor del art. 11, segunda parte, de la ley 23.898 la parte obligada al pago debe integrar la tasa de justicia pertinente con más el 50% del monto no ingresado en concepto de multa, sin resultar ya procedente formular oposición a su pago en virtud que el término de cinco días otorgado es tanto para efectuar el pago como para manifestar la oposición fundada en caso que así se estime.
Recusación sin causa, notificación, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: MASCIARELLI, Francisco Alejandro c/ COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE SALTA - C.O.P.AU.P.S. - s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-18

La falta de notificación personal de la integración del Tribunal en Feria previo al dictado de la sentencia, no ha sido impugnada eficazmente por la quejosa, toda vez que debió manifestar concretamente la causal de recusación respecto de UNA DE LAS MAGISTRADOS DE LA CAMARA la que supuestamente se vio impedido de articular, requisito exigible en virtud de lo dispuesto por el art. 172 del Código Procesal, máxime teniendo en consideración que el art. 14 de dicho cuerpo normativo (texto según Ley 7566) y el art. 47 de la Ley Orgánica de Tribunales (Nº 5642), excluyen expresamente la posibilidad de recusar sin causa a los Magistrados de Feria.

De todas maneras, la Corte de Justicia de la Provincia, adhiriendo al criterio de la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha dicho que los funcionarios públicos, tales como el Fiscal de Cámara, no pueden recusar a los miembros de la Suprema Corte.

El caso versaba sobre el recurso de nulidad planteado por el Fiscal de Cámara, en su condición de Procurador General interino, contra una acordada de la Corte bonaerense.

En sentido análogo, la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de La Plata ha sostenido que "el Fiscal de Estado, como representante de uno de los poderes, no puede recusar a los jueces dado que éstos son miembros de otro poder" (L.L. t, 110, pág. 421). Sigue diciendo la Corte local que, en doctrina, Jofré enseña que "los funcionarios públicos no pueden recusar, porque es inaceptable que pongan en duda la imparcialidad de los jueces (Manual de Procedimiento, t. III, pág. 29).
Sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, contrato de trabajo, deber de ocupación, silencio del trabajador, renuncia al empleo, renuncia de derechos
Materia: LABORAL
Carátula: Danielli, Miguel Angel c/ Fate S.A.I.C.I. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

La sentencia que consideró que la falta de reclamo por parte del actor durante un extenso período, anterior al distracto, en que la empresa no le proporcionó ocupación efectiva, implicó el consentimiento de la situación por parte del trabajador no hizo sino asignar al silencio del trabajador el valor de una renuncia, consecuencia reñida con la que emana de las normas que rigen la cuestión (arts. 12 y 58 de la Ley de Contrato de Trabajo) (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Caducidad de instancia, plazos procesales, recurso de queja (procesal), deberes procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Guerreño, Gustavo Javier c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-05-02

Corresponde declarar la caducidad de instancia -arts. 308, inc. 2° y 314 del CPCC-, pues luego de presentar el recurrente el escrito recursivo de la queja y las pertinentes piezas procesales exigidas por la ley de rito, se le hizo saber que en el término de cinco (5) días presente en debida forma copia de la pieza procesal que acompaña por no respetar el margen para su agregación en el expediente, todo en función de lo dispuesto en los arts. 34 inc. 5 b) del CPCC y 92 del Reglamento Interno de la Administración de Justicia -RIAJ-. Ello así, el interesado no dio cumplimento a lo ordenado y además, se encuentra vencido el plazo previsto en el art. 308, inc. 2º del CPCC.
Obligación tributaria, prescripción tributaria, facultades delegadas, Poder Legislativo Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo - medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-07

La prescripción de las obligaciones tributarias locales tanto en lo relativo a sus plazos, como al momento de su inicio, y a sus causales de interrupción o suspensión, se rigen por lo estatuido por el Congreso de la Nación de manera uniforme para toda la República.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa, Nieves C. y otro c/ Baigorria, Virgilio M. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

La decisión de la Cámara que, al revocar la personería reconocida al apelante, deja firme la decisión de primera instancia respecto de los honorarios regulados que fueran impugnados invocando violación de la ley de convertibilidad 23.928 y de los arts. 31 y 67 inc. 28 de la Constitución Nacional, tiene efectos de sentencia definitiva a los fines de la interposición de los recursos extraordinarios (art.

278, C.P.C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pérdida de la chance, prueba, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Martínez, Raquel del Valle y Baca, Hugo c/ Hospital Subzonal de Balcarce y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-28

Determinar si se verificó la pérdida de chance y su valoración en concreto como quiera que se tratan de cuestiones circunstanciales- constituyen una facultad privativa de los jueces de grado, inabordable en Casación mientras no se demuestre absurdo.(doctor Pettigiani, minoría)
Juicio de desalojo, desocupación del inmueble, ejecución de alquileres, canon locativo
Materia: COMERCIAL
Carátula: PROBIET SA c/ FARMACIA MITRE SCS Y OTRO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-22

La obligación de abonar el canon locativo cesa con la desocupación de la cosa (arg. artículos 1611 y 1622, Cciv), ya que a partir del momento en que el locador exige y obtiene la devolución de aquélla, ya no rige el alquiler anterior ni ningún otro, por lo que las eventuales sumas que pudieran adeudarse por la ocupación indebida no pueden solicitarse a título de alquileres, sino en todo caso, si así correspondiere, como indemnización de pérdidas e intereses. En este contexto, en el caso, no cupo ampliar la ejecución por las sumas reclamadas en concepto de cánones locativos adeudados con posterioridad a que se hiciera entrega del inmueble a la actora. A todo evento, cabe aclarar que esta solución en nada se ve afectada por la circunstancia de que la desocupación haya tenido lugar en el marco la cautelar a la que alude el art. 684 bis Cpr, puesto que esa medida tiene por finalidad, precisamente, simplificar y agilizar el trámite de los juicios de desalojo.
Culpa penal, responsabilidad penal, principio de confianza, accidente de tránsito, exceso de velocidad
Materia: PENAL
Carátula: Konigseder Alberto Ismael s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2001-06-05

La culpa en material penal encierra un doble criterio, en primer lugar requiere que la acción lesione en forma general (Objetiva) un mandato de cuidado, y en segundo término, que el autor haya podido dar cumplimiento al cuidado exigido según sus capacidades individuales. Para atribuir responsabilidad, se debe determinar si entre la conducta y el resultado existe un nexo de causalidad, es decir, la violación del deber de cuidado debe ser determinante del resultado; la moderna ciencia penal acude al "principio de confianza", resultando conforme al deber de cuidado la conducta del individuo que en cualquier actividad compartida mantiene la confianza en que el otro se comportará conforme al deber de cuidado, obrando con prudencia y diligencia en el caso concreto, como también que cuente con capacidad para prever las consecuencias de la actividad riesgosa que desarrolla, dentro de los parámetros del riesgo permitido por el ordenamiento jurídico, en el caso que nos ocupa que imputado condujera el automóvil dentro del máximo de velocidad permitido para conducir en el ejido urbano, y que contara con la comprensión adecuada para discernir la peligrosidad de su actuación al momento del ilícito.

Luego, ¿cómo definimos si existió nexo de causalidad entre la violación del deber de cuidado y el resultado típico?, aplicando la hipótesis mental de conducta cuidadosa en el caso concreto, y si el resultado no hubiese sobrevenido, habrá una relación de determinación entre la violación del deber de cuidado y el resultado. Efectuando la supresión mental hipotética de la conducta disvaliosa, siguiendo la teoría de equivalencia de las condiciones, si el resultado típico no se concreta está acreditado el nexo de causalidad. No corresponde, achacar responsabilidad a la víctima al resultar embestido, con el argumento que intentó cruzar la calle por un lugar no permitido, omitiendo el deber de cuidado de cruzar por la senda peatonal.

Cabiendo fijar un orden de mandatos de cuidado, siendo de mayor entidad el referente a no conducir vehículos por encima del tope máximo de velocidad reglamentaria, por el peligro que encierra hacia los bienes jurídicos de terceros; analizando las circunstancias de autos, cruzar un peatón la calle por lugar no permitido no produce daño a terceros, en cambio, de verificarse el exceso de velocidad en la conducta del imputado (70 km/h velocidad inicial; 56 km/h velocidad de impacto), resulta una violación del deber de cuidado jurídicamente relevante. Cabe agregar sobre tal aspecto, que en materia penal no se aplica la compensación de culpas, debiendo responder cada agente en la medida de su responsabilidad.
Impuesto sobre los ingresos brutos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, facultades tributarias municipales, importaciones, comercio interior, Constitución Nacional, gobierno nacional, facultades del gobierno nacional
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: SCHUCHARD S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ REPETICION DE IMPUESTOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-06

La obligación de satisfacer un gravamen sobre los ingresos brutos ante la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por quien importa mercaderías que luego revende dentro del territorio cuyas autoridades le imponen su pago, no genera perjuicios al comercio interjurisdiccional, habida cuenta que los tributos no han sido exigidos con motivo de la introducción de los bienes en la Capital Federal ni de la salida de ella; las normas por los que se los ha sancionado no contienen discriminación concreta fundada en el orígen foráneo de la mercadería, ni se ha invocado que su cobro resulte incompatible con determinadas metas adoptadas por el Gobierno Nacional en uso de sus facultades constitucionales.
Contrato de trabajo, jornada de trabajo, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Sanaberon  Manuel c/ Maxiconsumo  Sa s/ diferencia de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-03

Cuando todos los empleados de la empresa contaban con una hora para almorzar, ésta no puede considerarse como tiempo trabajado, ya que el actor no estaba efectivamente a disposición del empleador, sino que podía gozar del mismo en beneficio propio.

Por ello a las horas extra calculadas debe deducirse la que se empleaba con motivo del almuerzo. (Del voto de la Dra. Fontana, en minoría).
Sentencia absolutoria, acción civil
Materia: PENAL
Carátula: QUERELLA PROMOVIDA POR EL DR. LUIS A. GARCIA OLIVERA C/JULIAN DE DRUBE NILDA SUSANA Y ALIA SUSANA ABDALA DE JULIAN S/CALUMNIAS E INJURIAS - CASACION CRIMINAL. s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-24

El carácter de accesoria de la acción civil impulsada en el proceso penal no obliga a desechar la responsabilidad civil por inexistencia de responsabilidad penal. La decisión sobre la responsabilidad civil no esta ligada a la absolución si la misma se fundó en la falta de culpa penal del acusado, ya que se reconoce que en muchos supuestos la responsabilidad civil puede ser más extensa que la penal por requerir ésta mayores presupuestos de procedencia.
Embargo, bienes inembargables, bibliotecas
Materia: COMERCIAL
Carátula: RIOS EREÑU HECTOR G. s/ QUIEBRA    S/  INC.  DE  DESAFECTACION  DE  BIENES  POR  LA  FALLIDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-28

El mueble biblioteca de dos cajones, debe ser desafectado por resultar de indispensable uso (cpr 219 inc. 1).
Unificación de penas, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: FRASCELLA, Hugo s/ PENA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-27

La unificación de penas a que se refiere el art. 58 CP procede aún en el caso de que para ello sea necesario dejar sin efecto la condicionalidad de una de las penas sin haberse dado el requisito del art. 27 del mismo cuerpo de leyes.
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, demolición de obra, nulidad de asamblea de copropietarios, litisconsorcio pasivo, litisconsorcio necesario
Materia: CIVIL
Carátula: ENGELBRECHT PEDRO c/ OCAMPO JOSE s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-26

Quien pretende la demolición de la obra nueva realizada con la autorización de la asamblea de copropietarios, debe demandar la nulidad de la asamblea que concedió la autorización, integrando la relación procesal con el consorcio e individualmente con los copropietarios, pues estando en juego derechos individuales de los propietarios, se trata de un caso de litis consorcio pasivo necesario.
Emergencia económica, ley de emergencia económica, cosa juzgada
Materia: ECONOMIA
Carátula: Grillo, Vicente c/ Sparano, Claudio Rafael.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

El carácter de orden público de las leyes de emergencia no alcanza para modificar los efectos de la cosa juzgada que también reviste dicho carácter y goza de plena protección constitucional.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ CARLOS ALBERTO c/ DECRETO ACUERDO Nº 147 SERIE "B" s/ JUICIO POR INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-07-15

Los haberes de la administración pública pueden ser reducidos en ciertas circunstancias y bajo ciertas condiciones sin que ello implique menoscabo del derecho amparado por el Art.17 de la C.N.

siempre que, a partir de las quitas que se efectúen se les permita a los asalariados continuar con un razonable nivel de vida en relación a los otros trabajadores.
Procedimiento laboral, excepciones procesales, competencia por la materia
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez Claudia Rosana c/ Provincia ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-31

La parte actora deduce recurso contra la resolución según la cual, la magistrada de grado declaró la incompetencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en el caso. Así, de acuerdo a lo invocado al inicio, todas las facetas a las que alude el art. 2 de la ley 27.348, se configurarían en la Provincia de Buenos Aires, y lo cierto es que, este Estado local, aún no ha emitido la adhesión que exige el art. 4 de la mencionada ley, ni se habrían habilitado las Comisiones Médicas jurisdiccionales, en los términos del art. 38 de la Resolución 298/2017 de la S.R.T.. Tal circunstancia implica que no podría imponerse al actor un diseño de acceso a la jurisdicción con una competencia que presupone la vigencia de las referidas comisiones. No se encuentra desplazado el art. 24 L.O., por lo que, en este caso, y ante la denuncia del domicilio de la demandada en la Ciudad de Buenos Aires, corresponde revocar lo resuelto en primera instancia, y declarar la competencia de la J.N.T..
Prescripción, plazo, mutuo, pagaré
Materia: COMERCIAL
Carátula: AÑASCO CAJA DE CREDITO COOP. LTDA. (EN LIQ.) c/ CALVENTE, FRANCISCO s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

No obstante encontrarse la deuda documentada en un pagaré si la acción intentada no es la cambiaria sino la derivada del contrato de mutuo resulta inaplicable el plazo de prescripción propio de aquel título por lo que a falta de previsión expresa debe utilizarse en tal supuesto el plazo previsto por el ccom 846.
Juicio de apremio, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Prov. Buenos Aires c/ Camuffo de Jauma, Alicia s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Dado que cuando el texto de las normas es claro y expreso debe aplicárselo estrictamente y en el sentido que resulta de sus propios términos, lo dispuesto por el art. 622 del C. Civil, y la falta de cuestionamiento idóneo en forma alguna por la parte demandada, es que se concluye que deben fijarse los intereses a la tasa del siete (7) por ciento mensual establecido en la Resolución del Ministerio de Economía Pcial. nº 391/91 por autorización acordada por el art.

1º del Dec. 1751/91. (MINORIA U OPINION PERSONAL)