Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-06-07


Salta, 07 de Junio de 2013.- AUTOS Y VISTA: Esta causa N°C01 106.369/12 del Tribunal de Impugnación Sala I, originaria del Juzgado en lo Correccional y de Garantías 5ª Nominación s.c. "ARANDA, Juan Carlos por Amenazas, en perjuicio de Cruz, Analía Rosana", Expte. N°COR - 106.369/12, y CONSIDERANDO El Dr. Abel Fleming, dijo:

Que arriban los presentes obrados a esta alzada en virtud del recurso de apelación impetrado a fs. 104 y vta. por la Agente Fiscal Penal Nº 1, contra el auto resolutivo de fs. 102/103 que dispone el sobreseimiento a favor de Juan Carlos Aranda de conformidad con lo dispuesto por el art. 326 inc. 3º del C.P.P. El recurso es promovido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

Que ante el pedido de sobreseimiento por atipicidad solicitado por la Defensora Oficial Penal Nº 5, con fundamento en la falta de idoneidad, serie-dad, inminencia del supuesto anuncio verbal proferido en medio de insultos y reproches por celos, el a-quo emite el decisorio apelado por considerar que los dichos atribuidos al causante en la denuncia de fs. 01 y de la entrevista a Ma-ría Cecilia Ferrari y Silvia Agañaraz, obrante a fs. 06 no alcanzan la idoneidad suficiente que requiere el ilícito tutelado por el art. 149 bis del C.P., por cuan-to las supuestas amenazas proferidas por el acusado se habrían vertido como resultado de una voluntad viciada por la ira y la ofuscación del momento, por lo que tales expresiones carecen de la seriedad que el ilícito requiere para su configuración, de modo que corresponde dictar el auto de sobreseimiento a favor del imputado Aranda, de conformidad a lo dispuesto por el art. 326 inc. 3º del C.P.P.

Por su parte el recurrente -en apretada síntesis- se agravia del deci-sorio referido por no compartir en modo alguno los argumentos esgrimidos por el instructor como fundamento de su decisión, entendiendo que para valo-rar la situación anímica del acusado en el momento de proferir las amenazas se debería contar con un informe psicológico, extremo que no se verifica en autos. Además solicita un informe ambiental a fin de conocer la situación ac-tual, en tanto de la Planilla Prontuarial de fs. 69 surge que la víctima habría realizado otra denuncia en contra del imputado.

Expuestos los fundamentos de la resolución criticada y los agravios del apelante, corresponde resolver el fondo de la materia traída a revisión y anticipo que debe acogerse el planteo apelativo, revocando en consecuencia el auto de fs. 102/103 en virtud de las siguientes consideraciones.

En el sistema acusatorio en que se enmarcan el Procedimiento Su-mario y el Juicio Correccional, no hay labor jurisdiccional del juez investiga-dor, sino que la actividad preparatoria de la acusación es llevada a cabo y diri-gida por un Fiscal Correccional quien en una segunda etapa requiere juicio cuando estima la concurrencia de elementos de convicción suficientes a tal finalidad.

El Fiscal Correccional en tanto representante del Ministerio Público Fiscal en el marco del Procedimiento Sumario, es el titular de la acción penal pública. Así lo establecen los arts. 71 del C.P. y 6 del C.P.P. Es el funcionario directo de este Nuevo Procedimiento -Art. 69 C.P.P.-; además ostenta la fa-cultad de acusar y requerir juicio ante el Juez Correccional ante quien actúa, con los fundamentos y formalidades del art. 184 C.P.P. y en base al Acta Úni-ca Policial. Frente a la inexistencia de labor jurisdiccional, tampoco estamos en presencia de pruebas jurisdiccionales propiamente dichas, sino solamente de un conjunto de elementos de convicciones para promover el acto acusatorio que posibilitarán el ingreso o la producción ulterior de medidas de prueba du-rante el desarrollo del juicio correccional.

El material con aptitud probatoria, habrá de ser objeto de producción recién en el Juicio Correccional, es decir, una vez abierto el proceso, previa acusación y requerimiento de juicio por parte del Fiscal Correccional.

Con posterioridad al acto acusatorio a cargo del Ministerio Público Fiscal, y al avocamiento jurisdiccional, el imputado goza de las facultades procesales previstas en el art. 359 del código de rito, entre ellas instar el sobre-seimiento -Art. 326 incs. 1º y 3º CPP- y oponerse a la acusación fiscal me-diante excepciones.

En el sub-judice frente al requerimiento de juicio por el delito de Amenazas, la defensa en el marco del art. 359 C.P.P. arguyó falta de tipicidad encuadrando el pedido en el art. 326 inc. 3º del C.P.P., petición que tuviera acogida favorable en el auto en crisis.

El hecho como aparece denunciado en autos configuraría prima fa-cie un hecho encuadrable y típico, constitutivo de un delito. Por lo tanto, la responsabilidad es un elemento distinto que habrá de dilucidarse en el desarro-llo del Juicio Correccional mediante el dictado de la respectiva sentencia defi-nitiva que ponga fin al proceso.

Debe señalarse que le asiste razón al apelante toda vez que la proce-dencia del sobreseimiento por la causal de que "el hecho no encuadra en una figura penal", importa o sugiere un análisis de la tipicidad como elemento del delito, lo cual en autos arroja resultado positivo, es decir el hecho denunciado por Analia Rosana Aranda encuadra en la figura penal del art. 149 bis primer párrafo segundo supuesto del C.P., por cuanto denuncia que el día 29/01/2012 a las 19.00 hs. aproximadamente, cuando Analía y su concubino Juan Carlos Aranda se encontraban en la esquina del barrio, mantienen una discusión por celos del acusado, quien comenzó a gritarle "que querés, a que te fuiste a la otra cuadra, vos estabas con tu macho"; luego le propinó tres golpes de puño en la nuca, luego le tiró la motocicleta de la dicente, le sacó la manguera de combustible para que saliera toda la nafta, mientras la amenazaba diciendo "yo te voy a prender fuego a tu moto"; por lo que no procede la desincrimina-ción por la causal invocada por el recurrente, imponiéndose en consecuencia se haga lugar a la apelación impetrada.

Las circunstancias que señala el Juez de grado en orden a que el de-lito de Amenazas se encuentra previsto y penado por el art. 149 bis, primer apartado, primer supuesto del Código de Fondo, del cual surge definido como hecho punible el anuncio de un mal futuro que provoque estado de temor en la víctima que deviene de aquel anuncio, de modo tal que dicho anuncio es ten-diente a limitar psicológicamente al damnificado en algunas de sus libertades, y es por ello que las amenazas proferidas deben ser creíbles y posibles; pero mal podemos considerar como posible, la concreción de epítetos que se dicen en el calor de una discusión, descriptos por la denunciante como vertidos "ce-los del acusado"; siendo menester señalar que los dichos atribuidos al causante no alcanzan la idoneidad suficiente que requiere el ilícito tutelado por el art. 149 bis del C.P. no son compartidas en modo alguno por este Tribunal. Para ello es necesario arribar a la etapa del juicio propiamente dicho, período en el se que rendirán las probanzas ofrecidas por cada una de las partes del proceso, luego de lo cual podrá emitirse un pronunciamiento que determine o no la res-ponsabilidad del imputado por el hecho típico denunciado.

No cabe en estas instancias la posibilidad de emitir un juicio de cer-teza que desvincule definitivamente al encartado del proceso, toda vez que ante el análisis de tipicidad positivo, la etapa prevista por el art. 359 del C.P.P. debe superarse y avanzar en el trámite, ya que es preciso abrir el debate para probar o no los extremos contenidos en el acto acusatorio. Las argumentacio-nes arriesgadas en el exordio de ritos, no pasan de ser en estas instancias me-ras suposiciones, muy alejadas por cierto del valor y efecto que con él se pre-tendió alcanzar.

Por las consideraciones expuestas, voto por hacer lugar a la apela-ción articulada y en su mérito revocar el auto de fs. 102/103.

El Dr. Julio Pancio, dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por su fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, La SALA I DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN, RESUELVE:

I) HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto a fs. 104 vta. por la Agente Fiscal Penal Nº1, Dra. María Inés Loyola REVOCANDO el sobreseimiento de Juan Carlos Aranda dispuesto a fs. 102/103.

II) PROTOCOLÍCESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN los autos al Juzgado de origen.-