marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), habeas corpus
Materia: PENAL
Carátula: CUENCA PABLO s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS- APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-06-25

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos parte de la base de que" la razonabilidad y proporcionalidad de una medida se puede determinar únicamente por la vía de examen de un caso específico.

Ello encuentra anclaje ante una situación de encarcelamiento preventivo con aristas especiales: veinte meses de prisión preventiva sin resolución judicial y entorpecimiento de lazos familiares, debido a una arbitraria resolución administrativa que imponía condiciones vulnerables de garantías constitucionales.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

Un Juez, desnudado de su esencial tarea interpretativa, se asemeja a la alondra sin voz y al pájaro sin alas: nostálgico del vuelo que le otorgaba sentido justificante y enriquecedor de su existencia, y enmudecida la libertad de su expresión artesanal y creadora. El Juez que no puede interpretar la ley ya no es Juez; se ha convertido en amanuense que reproduce una sentencia ajena. (Del Voto del Dr.

Ríos). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Extinción de la acción penal, muerte del imputado, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Díaz Bessone, Ramón Genaro c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-27

La garantía de examen del pronunciamiento que pone fin al proceso también corresponde al querellante y se encuentra íntimamente vinculada a su respecto, con la obligación del estado argentino de investigar los hechos, identificar, juzgar y, eventualmente, sancionar a los responsables, y de esta manera garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.

Fuente del sumario: OFICIAL
Contrato de trabajo, lugar de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Castaño, Pedro Félix  c/ Importadora Exportadora Avanti SRL; y Rafaelli, Enzo Gabriel s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2023-09-08

Se recordó que, en tanto la Ley de contrato de trabajo define al establecimiento como la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, no debe confundirse el establecimiento con el ámbito físico donde el mismo se asienta, ya que muchas veces la actividad laboral puede carecer de un establecimiento físico de actuación, como resulta justamente en el transporte de mercadería. Es por ello que la ley caracteriza al establecimiento como un espacio productivo determinado por la existencia de una unidad técnica o de ejecución que incluso puede desarrollarse en un espacio virtual.
Desistimiento de la acción, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: MEDINA, MARIA T. Y OTROS c/ CAJA DE RETIROS, JUBL Y PENS. DE LA POLICIA FED. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

Procede en el desistimiento de la acción por los actores (art. 304 C.P.C.C.) que las costas sean impuestas por su orden cuando por un fallo de la C.S.J.N., análogo al que originó el presente proceso, el máximo tribunal rechazó la pretensión de los accionantes y por otros impuso las costas por su orden atento a que en la especie, quien demandara, pudo considerarse con derecho.
Contrato de trabajo, prueba del contrato de trabajo, trabajo ad honorem, trabajo benévolo, carga pública, contrato de trabajo eventual, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: RICHARD, MAURICIO RAMON c/ LOPEZ, HERNAN s/ RECLAMOS RUBROS LABORALES      EXPTE NRO 19-92
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-08

Frente a dos posturas antagónicas, una que afirma y otra que niega la relación laboral, el intérprete sólo debe indagar si existe o no subordinación jurídica, de allí en más la profundización del caso lo llevará a encontrar notas tipificantes como la voluntariedad del trabajo prestado y la retribución. Reconocida la dación del trabajo por hora y semana cumple el demandado con su deber de dar ocupación (artículo 78 Ley de Contrato de Trabajo) y a partir de ello se presume la onerosidad del vínculo (artículos 74 y 115 Ley de Contrato de Trabajo), lo que correlatado con los artículos 4, 21 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo da la pauta de trabajo dependiente. Siendo el empleador un empresario irregular por la falta de llevado de documental obligatoria y por su negativa a incorporar al personal a un empleo registrado, ofreciendo trabajo marginal, ese fraude no impide el juego de las presunciones del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que determina la existencia de un contrato de trabajo y por exclusión, no siendo un trabajo gratuito, benévolo o carga pública, endereza a la tesis del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y a la existencia de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, encuadramiento que no resulta enervado por una labor reducida o discontinua, pues esto apunta al vínculo y no a la dación del servicio, de donde siempre habrá trabajo si el trabajador está a disposición del dador de empleo y éste puede requerirle su actividad cuando lo necesite.
Defensa del consumidor, competencia, sociedad cooperativa
Materia: CIVIL
Carátula: Vicoer Coop. Ltda. de Viv., Consumo, Serv. Soc. y Cred. c/ Cabral, Lucía Vanesa y Otros s/ Ordinario - Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-02-24

Corresponde la aplicación del art. 36 de la LDC aunque el acreedor sea una cooperativa.
Tribunal colegiado, voto de los jueces, resoluciones judiciales, sentencia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bco. Francés del Río de la Plata S.A. c/ Canero, Arturo y Otra s/ Ejecutivo Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-08-05

El texto del art. 169 de la Constitución Provincial se refiere a las sentencias definitivas, que son las que requieren voto individual y fundado del órgano colegiado, y lo que se procura con esta nueva normativa constitucional es evitar la adhesión de los integrantes del cuerpo a los votos precedentes permitido y contemplado en el art. 30 -conf. Ley 1343- de la Ley 37.
Resoluciones judiciales, segunda instancia, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: Youssefian, Martín c/ E.N. -Secr. de Comunicaciones s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23

Es posible hacer excepción a la irrecurribilidad de las resoluciones del tribunal de alzada con fundamento en sus facultades propias, cuando la resolución atacada se funda en circunstancias erróneas, o contiene evidentes errores materiales que justifican el apartamiento de aquella solución para evitar cercenar el derecho de defensa en juicio, preservar a buena disposición del proceso y evitar dilaciones y remedios por otras vías más complicadas (confr.

esta Sala, 7/3/95, "Mirella Taller Electromecánica c/ S.E.G.B.A.", entre muchos otros).
Revocación de sentencia, excesos u omisiones en el pronunciamiento, fallos de la Corte Suprema, registro de la propiedad automotor
Materia: PROCESAL
Carátula: Roldán, María Silvia c/ Registro de la Propiedad Automotor n° 9 s/ apel. de res. denegat. del registro prop. autom.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que decidió por remisión al criterio establecido por la Corte en los precedentes "Gandaria" y "Haedo", pues omitió considerar que en esos antecedentes expresamente se excluyó un pronunciamiento respecto del agravio referente a la falta de competencia de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios para exigir la licencia de configuración de modelo, por considerarse que tal planteo resultaba extemporáneo, circunstancia que no se configura en la causa en tanto dicha cuestión fue oportunamente propuesta por la actora.
Concurso preventivo, informe individual del síndico, síndico del concurso, letrado del síndico del concurso, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: JOSE DESALVO SOBRE SUCESION s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-29

Es exacto que los informes deben ser elaborados por el propio órgano del concurso. Sin embargo, si el informe individual exigió el tratamiento de materias específicamente jurídicas -como la relativa al privilegio prendario pretendido por diversos verificantes, cuyo rechazo se aconsejó con argumentos de derecho-, debe estimarse que lo actuado superó la incumbencia profesional del síndico, tornando viable la regulación al letrado con cargo a la masa.
Empleo público, derecho de huelga
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires c/ Dirección General de Cultura y Educación s/ Pretensión cesación vía de hecho administrativa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-09

En las relaciones de empleo público -tales, por caso, las que motorizan la prestación del servicio educativo de gestión estatal o la atención de la salud pública-, la valoración acerca del marco de desenvolvimiento de la actividad sindical o del ejercicio y efectos del derecho de huelga, ha de nutrirse de una mirada de contexto, pues la entidad "empleadora" en la Administración pública (o un poder estatal), a cuyo cargo se halla la realización del interés general; es decir, una organización de base democrática que, a diferencia de una empresa mercantil, no persigue la maximización de las utilidades, sino la mejora continua de los bienes públicos (doctor SORIA, sin disidencia).
Competencia contravencional, costas, principios procesales, ley supletoria, facultades del juez, juicio abreviado
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: D., S. L. R. s/ Artículo 73
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-05

Existe un principio general que no tiene carácter de riguroso pero que manda aplicar las costas del juicio a quien resulte vencido. Así lo expresan el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, congruente con el establecido en el derecho punitivo, artículos 403 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación y 14 del Código de Procedimiento Contravencional, todos disponen la aplicación de las costas al condenado.

Sin embargo, en el caso esta condena se da en el marco de un juicio abreviado y por lo tanto la imposición se resuelve en el marco de la aceptación de su responsabilidad característica fundamental de este tipo de juicios.

La aceptación de la contravención por parte del imputado que implica el reconocimiento de la comisión del hecho punible permite el acuerdo entre el acusador y la defensa (artículo 14 de la Ley de Procedimiento Contravencional y 431 inciso 1 del Código Procesal Penal de la Nación), sin embargo ninguna de las normas citadas disponen sobre la concreta imposición de las costas.

Frente a esta situación, el artículo 403 del Código Procesal Penal de la Nación dispone que es el Juez actuante quien debe resolver sobre las costas poniéndolas a cargo del condenado.
Aborto calificado por muerte, aborto con consentimiento, delito preterintencional, indemnización, daño material, daño moral
Materia: PENAL
Carátula: CONTRERAS, SUSANA. s/ TENTATIVA  ABORTO  SEGUIDA  MUERTE. ACCION CIVIL- DAÑO MATERIAL- DAÑO  MORAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04

1) Habiéndose acreditado en autos que la muerte de la damnificada se produjo a consecuencia de las maniobras abortivas a que fuera sometida, -sin que se halle probada la efectiva interrupción del embarazo antes del fallecimiento de aquélla, surgiendo la muerte del embrión como consecuencia del deceso de aquella de quien dependía-, el hecho encuadra en la norma del art. 85 inc. 2do. C.P., que es un DELITO PRETERINTENCIONAL, figura compleja en la que una acción dolosa se complementa con un resultado culposo, pero ello con clara vigencia del principio de culpabilidad.

Cuando, como en el caso, el delito básico, aquél constituido por la acción dolosa, ha sido tentado y a dicha tentativa se une, con necesaria relación de causalidad, el llamado "delito preterintencional"queda configurado, ya que en el suceso de autos, la incuestionable tentativa de ABORTO fue seguida por la muerte de la mujer, provocada como inmediata consecuencia de la práctica de aquel accionar enderezado a lograr la interrupción del embarazo.

2) Si bien no procede la indemnización por DAÑO MATERIAL, en cambio sí corresponde la indemnización por DAÑO MORAL puesto que siendo la reparación pedida de índole no patrimonial, no puede ser óbice para su admisión que no se haya expresado cuantitativamente la indemnización pecuniaria pedida, ya que de tal manera se estaría obligando al actor a evaluar en moneda sus sufrimientos psíquicos y afectivos y a entrar en un debate inadmisible, cuya solución sólo debe provenir del prudente arbitrio judicial, a la luz del material allegado al proceso, que permitan inferir esas consecuencias del hecho delictuoso.
Procedencia del recurso, nulidad de sentencia, celeridad procesal, disminución de la pena, sentencia arbitraria, salud del imputado, coronavirus
Materia: PROCESAL
Carátula: Risso, Juan Nazareno c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-07

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, anular la resolución impugnada y reenviar a la Cámara a quo a fin de que, con la celeridad que el caso impone, previa vista a las partes y en cumplimiento de lo prescripto en el art. 5, inc. "k" de la ley N° 27372, dicte un nuevo pronunciamiento, imponiendo una medida cautelar personal menos lesiva, a la luz de los parámetros establecidos en el nuevo Código Procesal Penal Federal que resguarde los fines procesales (arts. 456, 530 y cc. del CPPN y 210 del CPPF). Asiste razón a la defensa en torno a la alegada falta de fundamentación de la decisión en crisis, al omitir analizar adecuadamente la edad de Risso (77 años), su estado de salud (presenta diversas y complejas patologías, entre ellas: arritmia, insuficiencia cardíaca, HTA y se encuentra anticuagulado) y especialmente el peligro concreto que genera su reingreso a la unidad carcelaria, al ser diagnosticado como portador del virus de COVID-19 (luego de ser diagnosticado positivamente debió ser trasladado al Hospital Penitenciario Central I de Ezeiza y posteriormente al Hospital Muñiz -Unidad 21, SPF- donde se encuentra internado). Cobra especial relevancia para la hipótesis que en las recientes intervenciones de esta Sala que derivaron en las remisiones al a quo (Reg. N° 637/20 y 888/20) ya se había verificado el riesgo concreto para la salud de este detenido por el contagio del virus COVID-19 de otro interno de la Unidad N° 34 donde se encontraba alojado. Peligro que se concretó definitivamente ante su propio diagnóstico positivo semanas después y que no puede descontextualizarse del desenlace fatal de otros internos de aquella unidad luego de su diagnóstico positivo, entre ellos el consorte de causa, Velasco (de 72 años). En este sentido, la resolución recurrida carece de un fundamento discursivamente sustentable y congruente con los deberes que pesan sobre los magistrados de garantizar la salud de quienes se encuentran privados de su libertad. Lo hasta aquí expuesto impone dar una inmediata respuesta a fin de resguardar adecuadamente el derecho a la salud que el Estado debe garantizar a las personas en condición de encierro, ante su situación de vulnerabilidad para hacer cesar esta actual y excepcional situación de riesgo. Por lo demás, esta decisión en el marco del estado procesal incipiente de las actuaciones a su respecto -fue procesado como partícipe necesario penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas el 10/12/19- tampoco exterioriza una expresión de impunidad por el grave hecho que se le imputa y que, en casos como el presente, debe ser evaluado con particular atención, conforme las obligaciones del Estado Argentino en la materia.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, acción civil en el proceso penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dr.Luis M.RODRIGUEZ SEIN. s/ Causa "Bosio, A.A y otros-Asociación Ilícita."
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1993-02-10

El actor civil sólo puede recurrir en casación de la sentencia absolutoria, únicamente en lo concerniente a la acción por él interpuesta, ya sea para la restitución de la cosa obtenida por el delito,ya sea para el resarcimiento del daño causado por el mismo;el recurrente en autos carece de toda facultad para impugnar una sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento que no habiendo sido recurrido por el Ministerio Público, ha quedado firme sin necesidad de declaración alguna; en consecuencia la Corte de Justicia resuelve no hacer lugar, por ser formalmente improcedente el recurso de casación interpuesto.
Honorarios del perito, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lell Benito c/ Banco de la Provincia de Misiones s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-31

Los parámetros para establecer la base arancelaria a fin de regular los honorarios de un perito como el sueldo mínimo o la importancia de la labor sólo resultan ser complementarias, cuando el proceso o la incidencia no contienen pretensiones con valor económico en si mismos.
Marcas, nulidad de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION ARGENTINA DEL KIWI c/ CONFORTI OMAR R. s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-14

El fruto de que aquí se trata es conocido en nuestra república como "kiwi" y no bajo las denominaciones que el demandado invoca en su escrito de contestación de demanda. En fruterías o supermercados que venden este producto se lo identifica como tal y no bajo la denominación científica "actinidia chinensis". En numerosísimas oportunidades hemos dicho que la experiencia es un elemento de primer orden a los efectos de resolver los conflictos marcarios.

Pero al margen de esa notoriedad, la palabra "kiwi" es una de las que utilizan en la Argentina según el informe de autos, lo que se corrobora por el titulo de la obra en español que cita el propio demandado, "kiwi", el fruto del futuro. Posibilidades del cultivo en Galicia. Por lo tanto lo que importa realmente es que constituye la designación habitual del producto, en los términos del art. 2 inc. a de la ley 22362. Siendo así, y por aplicación de esta norma legal, la nulidad perseguida por la asociación actora debe prosperar, por cuanto el signo en cuestión no debió ser registrado, art. 24 inc. a de la misma ley.
Concursos, quiebra, conclusión de la quiebra, avenimiento, pago, costas, gastos del proceso, contratos, leasing, autorización judicial, deudas impositivas, incidente de oposición, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: OPS SACI  c/  s/ incidente de transitorio s/incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

Corresponde admitir la oposición formulada por el acreedor de un contrato de leasing celebrado con la concursada -hoy fallida-, que fuera oportunamente autorizado en los términos de la LCQ 20, contra la resolución que declaró la conclusión de la quiebra por avenimiento, esgrimiendo para ello los cánones adeudados con posterioridad al concursamiento.

Ello así, pues el art. 11 (in fine) de la ley de leasing 25248, faculta al dador a reclamar la falta de pago de los cánones devengados hasta la devolución de los bienes. Asimismo, estos cánones deben ser considerados como gastos de conservación y justicia (LCQ 240), cuando el contrato ha sido autorizado de conformidad a la LCQ 20; situación que no se ve afectada por la posterior quiebra indirecta del tomador, ni tampoco porque ésta hubiera ocurrido una vez vencido el plazo del contrato (cfr. LCQ 239, 2° párrafo).

En definitiva, como la resolución de conclusión por avenimiento queda sujeta a que la deudora, en el plazo establecido por el juez, concrete el pago de los gastos causídicos -LCQ 240- o deposite el importe de éstos u otorgue garantía suficiente de que va a cumplir con la carga de abonar esos gastos y las costas (Junyent Bas - Molina Sandoval; "Ley de Concursos y Quiebras Comentada", pág. 462, tomo II, año 2003), se debe concluir que la oposición que formuló la acreedora resultó procedente.
Medidas cautelares, contracautela, caución juratoria, curador público
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMJI EZEQUIEL ALBERTO c/ SWISS MEDICAL s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-07

Acerca de la insuficiencia de la caución juratoria decretada, resulta oportuno recordar que si bien es cierto que el asesor de menores y el curador público oficial protegen el interés particular de los individuos aisladamente -representando en definitiva la suma de intereses de la colectividad-, también lo es que el Estado y sus reparticiones se encuentran eximidos de prestar contracautela, al pedir una medida precautoria -en virtud de lo dispuesto por el art. 200 del Código Procesal-, por lo que resulta extensiva dicha normativa a esa representación. (conf. Belluscio-Zannoni, "Código Civil y Leyes Complementarias" Tº 1, pág. 305, nº 5, asimismo, Cam.Civ. Sala D, causa "Marigliano Luis N. c/ Bonetto Ycoccoz Mario B. y o. s/ ejecución hipotecaria" del 26.09.1989).
Requerimiento de instrucción, dictamen fiscal, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RIOS RIQUELME, José s/ REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-01-17

Si el requerimiento de instrucción, no cumple con los requisitos previstos por el art. 188, C.P.P., corresponde declarar la nulidad del dictamen y de todo lo actuado en su consecuencia, debiendo expedirse al respecto, el fiscal interviniente en los términos del art. 180, C.P.P.
Caducidad de instancia, suspensión del proceso judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO FRANCES SA c/ TERSOPIEL SA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-05

Resulta improcedente declarar ex officio la caducidad de la instancia, con base en que desde que se retiro un mandamiento de intimación de pago hasta la fecha de la resolución impugnada había transcurrido objetivamente el plazo previsto en el C.P.C.C. art. 310; 2ª cuando, -como en el caso-, el accionante sostuvo que la presente ejecución se halla comprendida dentro de la suspensión establecida por la  Ley 25563 art.16, y que ello obsto a la declaración de la perención.

Ello pues, el pretensor pudo -atento los precedentes jurisprudenciales discordantes que se suscitaron en primera instancia con relación a ese tema- entender que el proceso se encontraba suspendido, frente a la ausencia de previsión legal en orden a la necesidad de instancia de parte o de declaración oficiosa del tribunal interviniente, para la operatividad de aquella preceptiva.
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Console de Ulla, Angela Marta c/ Universidad de Buenos Aires - Carrera de psicología. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Los agravios contenidos en el escrito por el que se deduce el reurso extraordinario fijan la competencia de la Corte Suprema en la materia.