Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-04


"Muñoz, Elsa Alicia c/Vázquez, Luis Javier s/acción declarativa" Buenos Aires,4 de Septiembre de 2000.- I.- Se agravia el demandado de la sentencia de fs. 225/228 mediante la cual se hizo lugar a la pretensión articulada en el escrito de demanda de fs. 20/24, por lo que se dispuso la desafectación como bien de familia del inmueble sito en la calle General Manuel A. Rodríguez 1286/90, de esta Capital Federal; a su vez, la cónyuge de aquél apeló -a fs. 272- la resolución de fs. 269 en la que el magistrado que intervino en la anterior instancia desestimó el incidente de nulidad procesal que la misma había deducido en la presentación de fs. 256/259, fundada en que no se le dio intervención en autos cuando ella tenía interés en la cuestión aquí suscitada, atento su carácter de beneficiaria del bien de familia constituido por el accionado sobre el referido inmueble.- II.- Sabido es que corresponde a los suscriptos, como jueces del recurso, examinar de oficio su procedencia, pues sobre el punto no resulta vinculante la conformidad de las partes, la resolución del juez de primera instancia, ni el dictado de las providencias de mero trámite que permitieron su sustanciación, sino que el Tribunal de Apelación -en ejercicio del deber de dirección y saneamiento del proceso atribuido los jueces (conf. art.34 Cód. Procesal)- puede pronunciarse sobre la admisibilidad formal del recurso hasta el momento del acuerdo respectivo (conf. CNCiv, sala I, del 07.6.96, publicado en diario La Ley del 04.11.96, pág. 7).- En lo que atañe a la apelación introducida fs. 272, cabe recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 244, párrafo primero, del Código Procesal, el plazo para interponerla es de cinco días, los que ya habían transcurrido al tiempo de presentarse dicho escrito, el 26 de abril del corriente año (conf. cargo de fs. 272), pues, contrariamente a lo allí afirmado por la nulisdicente, ésta no se notificó de la providencia de fs. 269 en el acto de interposición del recurso sino el 24.3.2000 con la cédula agregada a fs. 270, conforme resulta del informe emitido por la Oficial Notificador que intervino en dicha diligencia, de lo que se deriva la extemporaneidad del planteo formulado a fs. 272.- En consecuencia, se declarará mal concedido el recurso deducido a fs. 272.- III.- De conformidad con lo dispuesto por el art. 38, primera parte de la ley 14.394, a partir de la afectación de un inmueble al régimen del bien de familia el mismo "no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal, ni aun en caso de concurso o quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven directamente el inmueble, gravámenes constituidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37 (con la conformidad del cónyuge o la autorización judicial supletoria fundada en causa grave o manifiesta utilidad para la familia), o créditos por construcción o mejoras introducidas en la finca", por ello, siendo que el crédito de titularidad de la accionante es de fecha ulterior a la anotación del referido inmueble al beneficio regulado en el art. 34 y sgtes. de la ley mencionada, corresponde verificar si dicho acto produjo sus efectos propios respecto de la acreedora o, por el contrario, si se encuentra configurada alguna circunstancia que obste a la aplicación de la normativa del precitado art. 38.- El art. 34 de la ley 14.394 autoriza a toda persona a "constituir en bien de familia un inmueble urbano o rural de su propiedad cuyo valor no exceda las necesidades de sustento y vivienda de su familia, según normas que se establecerán reglamentariamente"; debiendo entenderse por familia -a los fines de esta ley- a "la constituida por el propietario y su cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos; o, en defecto de ellos sus parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad que convivieren con el constituyente" (conf. art. 36). - Como quedó expuesto en el párrafo precedente, el régimen legal nacional pone como presupuesto de la afectación de un inmueble como bien de familia que su monto no sea mayor que los requerimientos de alojamiento y sostén de la familia, según establezca la reglamentación, por lo que algunos regímenes locales lo han tarifado con referencia al avalúo fiscal determinado por la autoridad para el pago de los impuestos que pesan sobre el inmueble, sin embargo, dado que las valuaciones fiscales muchas veces se encuentran desactualizadas respecto del valor de mercado, se ha considerado que aquéllas no pueden constituir una barrera infranqueable para la adhesión al instituto en estudio, sino como presunciones legales de valor, por lo que una estimación fiscal mayor a la tarifada reglamentariamente no puede impedir la inscripción postulada por el titular de dominio, debiendo en tal caso el registrador evaluar en concreto cada situación particular, esto es, a partir del concepto establecido en el art. 34, las características propias del inmueble, condición social y económica del grupo familiar, etc. (arg. conf. Capel.CC Rosario, sala I, E.D. 148-258; Julio Chiappini, "Bien de familia y "montos máximos"", E.D. 148-256).- Ahora bien, dentro de la órbita nacional, el art. 168 del decreto 2080/80 no establece límite máximo alguno para la afectación del inmueble destinado a vivienda, más ello no significa que entonces resulte procedente adscribir un inmueble que no cumpla con los requisitos establecidos en el art. 34, extremo que habrá de presentarse si la cosa supera los requerimientos de vivienda del constituyente y su familia, pues por la vía reglamentaria no puede ampliarse el beneficio establecido en la ley más allá de las propias previsiones de esta última, por ello, no obstante la postura asumida en la reglamentación local, si el inmueble excede las necesidades contempladas en el art. 34 debe procederse a su desafectación judicial, a cuyo fin -correlativamente a lo que sucede en los ordenamientos locales que fijan concretamente un tope para afectar una vivienda que lo exceda- deberá evaluarse el juzgador cada situación particular (núcleo familiar, posición social, económica, etc.), con límites lo suficientemente amplios como para amparar con este instituto a la clase media (conf. Julio Chiappini, ob. cit.; v. CNCiv, sala B, R. 290.349 del 23.8.2000).- En tal sentido, el art. 49, inc. d), de la ley 14.394 contempla la posibilidad para que -de oficio o a instancia de cualquier interesado- se disponga desafectar el inmueble inscripto como bien de familia, entre otros supuestos, cuando no subsistieren los requisitos previstos en el art. 34, esto es, en caso de que exorbite las exigencias de sustento y vivienda del propietario y su familia.- Quiere decir entonces que no obstante que por aplicación de la reglamentación en el orden nacional de la ley 14.394, el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal inscriba como bien de familia un inmueble destinado a vivienda sin verificar su avalúo y demás características del mismo, ello no impide que cualquier interesado -por ejemplo, un acreedor del propietario- plantee en sede judicial la desafectación en los términos del art. 49, inc. d), por no verificarse el extremo exigido en el art. 34 de la ley de marras.- En el caso de autos, el demandado constituyó en su oportunidad como bien de familia la finca sita en la calle Gral. Manuel A. Rodríguez 1290, con destino exclusivo de vivienda suya y de su cónyuge, María Francisca Francia.- Siendo así, atento los alcances de la afectación realizada por el Sr. Luis Javier Vázquez no caben dudas a los suscriptos de que el referido inmueble superaba -y supera- holgadamente las necesidades de habitación de los nombrados, a poco que se repare en las características del mismo informadas por el perito arquitecto designado en autos en el dictamen no impugnado de fs. 147/148, en cuanto a que se trata de un edificio en el que existen, en planta baja, con entrada por el número 1286 de la calle mencionada supra un local comercial de una superficie aproximada de 90 m2 (7m de frente, que luego se angostan a 4m, por 15m de fondo), con un taller anexo; y una construcción en estado de abandono de alrededor de setenta a ochenta años de antigüedad, de tres habitaciones, baño, cocina y un patio, por el que se accede, por una escalera, a una habitación, de cerca de 70m2; que por el 1290 de Gral. Manuel A. Rodríguez se ingresa a un hall de 1,60 m por 11 m y por una escalera al primero y segundo pisos donde existen sendas unidades de vivienda, la del piso uno dispone de living comedor, dos dormitorios, balcón a la calle, baño, cocina, lavadero, comedor de diario, con una superficie de unos 90m2, y si bien no pudo acceder al departamento del segundo piso porque la Sra. Vázquez no tenía las llaves de la puerta de ingreso al mismo, le informó que era igual al departamento del primer piso, lo que a criterio del experto se compadece con la apariencia exterior.- Cabe señalar que si bien el memorial de fs. 283/288 se pretende descalificar la validez sentencia de fs. 225/228 con el argumento de que no se notificó al accionado el traslado de la pieza de fs. 147/148 y las aclaraciones de fs. 153, tal cuestionamiento resulta tardío al haber consentido el quejoso el llamamiento de autos para sentencia de fs. 244 -previamente, a fs. 208, se le había hecho saber por cédula la inexistencia de pruebas pendientes de producción-, circunstancia que impide alegar presuntos vicios de trámites anteriores a su dictado (conf. CNFedCivCom, sala II, del 18.5.93, diario La Ley del 15.12.93, fallo 91.834; y del 07.5.96, La Ley del 09.9.96).- Adujo también el quejoso, como fundamento de su pedido de revocación de la sentencia recurrida, la circunstancia de que la misma se dictó sin merituar la situación de los beneficiarios de la afectación de su inmueble al régimen del bien de familia.- Cabe recordar que existe litisconsorcio necesario "cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes", por lo que "éstas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso" (conf. art. 89, párr. 1, cód. proc.), esto es, la eficacia de la sentencia está subordinada a que la pretensión procesal sea compuesta por o frente a varias personas, hipótesis que se configura cuando la ley lo establece expresamente o resulta de la naturaleza de la relación o situación jurídica controvertida (conf. CNCiv, sala I, "Urquiza de Giménez, M. c/Brezin, G.", del 28.5.98).- En el sub lite el Tribunal no observa que debieran haber sido necesariamente convocados a la causa los hijos del accionado, en tanto que su cónyuge se apersonó voluntariamente habiéndose desestimado el incidente de nulidad que promovió a fs. 256/259. Ello por cuanto la pretensión de la accionante no se encuentra fundamentada en una circunstancia posterior a la inscripción registral, sino que -como resulta de las consideraciones efectuadas precedentemente- en realidad impugnó que el Sr. Vázquez estuviera legitimado por la ley para anotar como bien de familia el inmueble de General Manuel A. Rodríguez 1286/90, en razón de no configurarse el requisito establecido por la ley 14.394 para que proceda la afectación, razón por la cual en el debate suscitado en autos no resultaba imprescindible la intervención de los demás beneficiarios.- IV.- En consecuencia de lo expuesto, Resuelve: confirmar la sentencia apelada de fs. 225/228. Con costas (art. 68, párr. 1, cód. proc..Notifíquese y devuélvase.- Fdo: Luis López Aramburu - Gerónimo Sanso - Félix de Igarzábal