marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Escritos judiciales, copias, desistimiento, abogado apoderado, facultades de las partes
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ García Gutiérrez, Alejandra Raquel c/ GCBA s/ amparo - empleo público - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-17

Corresponde tener al GCBA por desistido de la presente queja. Ello así, dado que el poder que se le otorgó a la abogada de la Procuración General de CABA contempla aquellos actos que, dentro de la competencia del órgano otorgante -el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires-, posibilitan optar ampliamente entre medios procesales para obtener el reconocimiento judicial a los derechos cuya tutela hay sido confiada al apoderado. En ese contexto, la facultad de recurrir implica la de no hacerlo y ambas en conjunto conllevan, la de desistir del recurso articulado. Desde luego, ello no significa hacerlo caprichosamente. Aun en este caso, corresponde distinguir entre los efectos procesales del acto y sus consecuencias disciplinarias para quien ejerce el mandato. En cambio, el apoderado no puede ejercer igual discrecionalidad respecto de los derechos confiados como materia del proceso. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere la juez Inés M. Weinberg).
Medidas cautelares, medida de no innovar, inconstitucionalidad, fraccionamiento de vinos
Materia: PROCESAL
Carátula: RICCIO, FRANCISCO c/ ESTADO NACIONAL s/ INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-29

Si bien el cumplimiento de las pautas establecidas resultan obligatorias en virtud de la vigencia de la ley, la circunstancia de que mediante acción ordinaria se ataque la constitucionalidad del art. 1 de la ley 23.149 y que el Poder Ejecutivo haya enviado un mensaje a la Cámara de Diputados de la Nación con un proyecto de ley por el cual se lo sustituye propiciando que se amplie al 31 de diciembre de 1985 el plazo a partir del cual entre en vigencia la norma, permite apreciar el "fumus bonis juris" necesario a la concesión de la medida cautelar intentada, habida cuenta asimismo del peligro que la demora pudiera ocasionar.
Recurso contencioso administrativo, prueba, recurso de reposición (procesal), plazo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: PERLO, RAFAEL ALBERTO c/ COMUNA DE BIGAND s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 306 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-03-19

No corresponde hacer lugar a la revocatoria contra el decreto que ordenó la clausura del período probatorio, cuando lo ordenado por el Tribunal, a instancias de la demandada, fue la suspensión del término previsto en el artículo 47, segunda parte, de la ley 4106, a los fines de que, acompañadas las copias de la prueba documental ofrecida por su contraria, pueda, en su caso, utilizar la prerrogativa consagrada en esa norma.

Como se observa, el decreto cuestionado estaba circunscripto solamente al plazo señalado y alcanzó únicamente a la demandada, todo con el fin de no afectar su derecho de defensa, por lo que no ha acontecido la suspensión del proceso de conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 del Código Procesal Civil y Comercial (supl. aplic. art. 23, ley 4.106) -los términos judiciales "no se suspenden sino por fuerza mayor declarada discrecionalmente por el juez o por acuerdo de partes"-.
Postulación como candidato, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sobre Incidente de Apelación - Causas Electorales - Reconocimiento de Alianza/Oficialización de Candidatos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-21

Si bien no comparto la visión del TE acerca de la exigencia de radicación del precandidato prevista en el art. 97 de la CCBA, el referido tribunal optó por la más favorable a la participación, aunque no la que mejor expresa la sistemática del texto constitucional interpretado. El pronunciamiento recurrido se apoya en la inexistencia de la palabra "inmediata" en el art. 97, incluida, en cambio, en los arts. 70 y 112 de la CCBA para el cómputo de los años de residencia en la Ciudad. Sin embargo, esa interpretación soslaya que en los artículos en que aparece la palabra "inmediata" no se habla de "años anteriores", sino solamente de años de residencia. Tampoco da respuesta a una observación adelantada por comentaristas serios: no podrían ser posteriores. La CCBA acude a formulaciones alternativas de las que no cabe extraer conclusiones como las que postula el pronunciamiento impugnado y la auténtica guía es el propósito, que hay razones para estimar común a los tres artículos comentados: adoptar una pauta objetiva para establecer el vínculo de la candidata o el candidato con la Ciudad. Por otra parte, bien pudieron entender los redactores que sería un mero pleonasmo decir "los años inmediatamente anteriores". (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Transporte por agua, prorrateo
Materia: NAVEGACION
Carátula: Plus Ultra CompaÑía Argentina de Seguros. c/ Cap y/o Prop. y/o Bq. Lady Isabel. s/ Faltante y Avería de carga Transporte Marítimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-16

En supuesto en que se trata de mercaderías homogéneas e indivisa, cargada a granel y con destino a una pluralidad de consignatarios corresponde prorratear el faltante entre todos ellos.
Partidos políticos, distritos electorales, elecciones, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - ELECTORAL
Carátula: Partido Obrero s/ art.  50  inc.  c).  Ley  23.298  (Expte.  N 1661/90 CNE. - Neuquén).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

Una interpretación que permitiera la subsistencia de un partido de distrito que no hubiera obtenido voto alguno por el solo hecho de conformar un partido nacional que en otro distrito hubiera alcanzado el porcentaje mínimo y no de aquél que, actuando exclusivamente como partido de distrito estuviere en idéntica situación u obtuviera votos en número inferior al previsto legalmente, resultaría francamente violatoria de la garantía de la igualdad ante la ley.
Jubilaciones, pensiones, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Abdala, Gerardo Leonel c/ Provincia de Buenos Aires (Inst. de Previsión Social) s/ Demanda contencioso Administrativa Soria, Domingo Leonardo c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa Napoleone, Palmira Lina c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Suárez, Félix Raúl c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-04|1996-10-15|1993-11-09|1998-02-17

El derecho a la prestación jubilatoria móvil, adquirido conforme a la categoría alcanzada en actividad, queda ligado a las variaciones que experimenta la remuneración del cargo otrora desempeñado.
Encargados de casas de renta, indemnización por despido, preaviso, aplicación de la ley, estatuto profesional
Materia: LABORAL
Carátula: SENA, ALBERTO A. c/ CONSORCIO PROPIETARIOS EDIFICIO JORGE NEWBERY 3627/9/31 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-30

La indemnización por despido y el preaviso, respecto de un trabajador encargado de casa de renta, se debe ajustar a lo prescripto por el estatuto que rige la actividad, ley 12981.
Responsabilidad del Estado, liquidación de sociedades, ejecución de honorarios, sentencia arbitraria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Colombres, Federico José y otro c/ Estado Nacional - M° de Economía s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-08

Es arbitraria la sentencia que rechazó la demanda promovida por el actor en su carácter de cesionario de honorarios regulados, pues la decisión se fundó en que el actor tenía un crédito por honorarios contra la Compañía Azucarera Bella Vista S. A. -en liquidación en los términos de las leyes 17.122, 21.550 Y 21.976- cuya personalidad jurídica no se modificaba por la circunstancia de que el Estado Nacional haya devenido en accionista mayoritario, pero de las constancias de la causa surge que el actor no demandó a la compañía en liquidación sino que decidió promover juicio contra el Estado Nacional en su carácter de liquidador a fin de obtener la reparación de los daños ocasionados por el accionar irregular durante la liquidación, lo que habría impedido el cobro de los emolumentos, por lo cual carece de incidencia la composición del paquete accionario, la distinta personalidad jurídica y la separación de los patrimonios, en tanto la imputación al Estado Nacional se sustenta en su presunta actuación irregular al no haber efectuado las previsiones correspondientes para el pago de los honorarios que se generaron en un juicio por escrituración vinculado al proceso liquidatorio (art. 1112 del Código Civil entonces vigente). -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Pena privativa de la libertad, prisión perpetua, reclusión accesoria por tiempo indeterminado, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: B., D. A. c/  s/ Homicidio calificado" carpeta judicial nro 6688 Comodoro Rivadavia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-12-11

La imposición accesoria de la pena de reclusión constituye una posibilidad del tribunal que fija la pena, mas no una obligación.
Recurso de casación, error de derecho, apreciación de la prueba, calificación legal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cañete, Domingo Miguel s/ Homicidio simple- casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-05-09

Lo único que está sujeto a control por la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba (art. 495 inc. 4º del C.P.P.) en el Recurso de Casación, es la corrección del proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento con los elementos de hecho y de derecho que él ha elegido para llegar a una conclusión determinada y siempre que este proceso errático lesione el orden normativo.

Se produce un error de derecho con ocasión de valorar la prueba cuando: todo el proceso valorativo del juzgador descripto en la sentencia, estaba encaminado a la inimputabilidad del enjuiciado en los términos del art. 34 inc. 6º del C.P.P.), no obstante, concluye estableciendo una responsabilidad penal con un atenuante, precisamente apoyándose en un proceso de valoración que es inherente a un ítem que si se mantiene consecuente desemboca en una desincriminación absoluta.

La calificación legal constituye la última etapa en el proceso de apreciación de la prueba, es el objeto de tal proceso, aunque para que este error en el orden lógico tenga relevancia recursiva, debe provocar además, en última instancia, un error de derecho, una errada aplicación de la norma legal. (Del voto del Dr. Domingo Carlos Tulián.)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, defensa en juicio, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Descalzi, Héctor Alberto y otros s/ injurias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Si bien las cuestiones que se suscitan en torno a los hechos, prueba y derecho procesal, son ajenas, como regla, a la vía del art.

14 de la ley 48, ello no es óbice para que la Corte pueda conocer en los casos cuyas particularidades hacen excepción al principio, con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Relación de dependencia, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Garbino, Inés Carolina c/ Colegio San Agustin s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-09-18

Las comunicaciones en el procedimiento laboral tienen carácter recepticio. A partir de esa conclusión, no estando la parte patronal obligada a hacer lo que la ley no manda e imposibilitada de adivinar que la dependiente le había remitido una carta, es verdad para ella, que el día que recibe la carta documento, habían transcurrido dos meses de silencio de la dependiente. Capaces de dar lugar a la aplicación del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo último párrafo alude a la voluntad concurrente de las partes, que asumen comportamiento de desinterés que traducen inequívocamente al abandono de la relación.
Recurso de casación, procedencia del recurso, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: CAMUZ ANGEL ARISTOBULO c/ RIACHI Y/O CUALQUIER OCUPANTE s/ DESALOJO -CASACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-11

El recurso de Casación solo resulta viable en el casos de que se atraviesen dos clases de vallas, una de ellas de carácter formal y la otra de índole substancial. Esto es, que la vía impugnaticia que se trata debe cumplir tanto los requisitos que hacen a su admisibilidad, como los que se refieren a su procedencia, pues, de otro modo su tratamiento deviene formalmente inadmisible o substancialmente improcedente.
Recurso de inconstitucionalidad, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: ELECTRICIDAD R-D S.R.L s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-05-27

La característica específica del recurso de hecho es su finalidad cuestionadora de la denegación del recurso extraordinario, y su ausencia obsta a la concesión de la queja, pues es esencial que ella contenga claros argumentos convincentes de la inexactitud de los fundamentos esgrimidos por el a-quo al rechazar la viabilidad del recurso.

El recurso de inconstitucionalidad solamente procede respecto de pronunciamientos definitivos, siéndoles asimilables los que imposibiliten la continuación del proceso, provoquen agravios de imposible o insuficiente reparación ulterior, o cuando lo decidido en ellos revista gravedad institucional.

No reviste carácter de sentencia definitiva la resolución dictada en un juicio ejecutivo, mediante la cual se rechaza la excepción de inhabilidad de título y se manda llevar adelante la ejecución.

En principio, el recurso extraordinario no procede respecto de las sentencias dictadas en juicios ejecutivos, incluso las que resuelven excepciones, ya sea que las admitan o denieguen.

Luego del rechazo por el banco, todos los efectos que se pueden producir con los sucesivos traspasos del cheque, retrotraen sus efectos cambiarios al momento de su rechazo, de modo que los sucesivos adquirentes reciben un derecho como existía en poder del último endosatario regular, siendo su derecho derivado del sujeto que lo transmite. La transmisión posterior al rechazo produce la transferencia de la acción ejecutiva inherente a los derechos cambiarios incorporados al cheque, y si el último endoso anterior al rechazo fue en blanco, ello permite negociar el cheque con la simple entrega del documento, y quien lo recibe podrá ejercer todos los derechos inherentes al título.
División de condominio, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: DE LA CRUZ RODOLFO ANTONIO c/ AMARILLO ELVIRA HORTENSIA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-03-21

El proceso de división de condominio destinado a poner fin al estado de indivisión de una cosa, ocurre en beneficio de todos los condóminos y no de alguno en particular, razón por la cual, en principio, ningún condómino tiene obligación de pagar los honorarios profesionales del otro, ya que ello importaría obligarlo a recibir mermada su porción una vez liquidado el condominio. En rigor, el condominio puede ser disuelto por acto privado como a través de un proceso judicial, y en ambos casos los costos generados deberían ser soportados por todos los comuneros.
Contratos, locación, contrato de obra, construcción de gasoducto, subcontratación de servicios, sociedades comerciales, aplicación de la ley, tratados internacionales, derecho extranjero
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Vitale, Guillermo Augusto c/ Espasa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

3 - Sin embargo a diferencia de nuestro ordenamiento que impone en el ilícito de origen contractual que el deudor responda por los daños que resultan consecuencia inmediata y necesaria de la obligación (CCIV 511 y 520), y de las mediatas en caso de dolo (CCIV 521), en la legislación Boliviana aun cuando exista dolo del deudor el resarcimiento solo comprenderá "en cuanto a la pérdida experimentada por el acreedor y la ganancia de que ha sido privado", lo que sea consecuencia inmediata y directa del incumplimiento (Código Civil Boliviano 346).
Medidas cautelares, derecho a la salud
Materia: PROCESAL-CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Arzone, María Elena Rosa c/ I.N.S.S.J.Y.P. s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-05-13

Corresponde confirmar la providencia que admitió la medida cautelar peticionada por la actora, ordenando al INSSJYP otorgar a la amparista la cobertura total de los gastos del acompañamiento de asistencia de enfermería o auxiliar de enfermería durante las 24 hs. del día, en tanto el "fumus bonis iuris" se encuentra acreditado a "prima facie" por el diagnóstico, la condición de discapacitada, las prestaciones indicadas, y el reclamo cursado ante la demandada, mientras que, en relación con el peligro en la demora se encuentra demostrado en que el supuesto perjuicio es inminente y responde a una necesidad efectiva y actual, ante la gravedad del caso que presenta.
Recurso extraordinario federal, improcedencia del recurso, cuestión no federal, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: O., Y. c/  s/ internación - habeas corpus s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-05-16

La recurrente no logra exponer claramente cuál es la cuestión federal planteada, teniendo en cuenta que ello implica la indicación precisa de su configuración y la demostración del vínculo existente entre ella y los hechos relevantes de la causa, limitándose a enunciar principios constitucionales y convencionales. No ha demostrado la necesaria e insoslayable existencia de "relación directa e inmediata" entre los derechos constitucionales invocados y la cuestión objeto del pleito (art. 15 Ley 48). Ello, en la medida que "la sola mención de preceptos constitucionales no basta para aquél fin" (cf. Fallos 165:62; 181:290; 266:135). (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Menores, régimen penal de la minoridad, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: C., E.E.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-04

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la sentencia que condenó al imputado a una pena igual al mínimo de la escala penal aplicable al delito atribuido, reducida conforme el art. 4 de la ley 22.278 pues, el recurrente no ha logrado rebatir las razones en la cual el tribunal a quo sustentó su decisión acerca de la necesidad de imponer una pena ni demostró error o defecto en el cálculo de esa reducción. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Municipalidad, personal municipal, personal contratado, personal de planta permanente, acto administrativo, nulidad absoluta, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Modica, Juan c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 10-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-05

Al momento en que fue dictado el Decreto Nº 4582/77 -que fue el que implicó la transformación del cargo del recurrente de contratado a permanente- regía el Decreto-Ordenanza 46675/72, que es por lo tanto el Estatuto con el que se debe confrontar ese acto administrativo para determinar su legitimidad, y el grado del vicio que en su caso pueda haberlo afectado, para analizar a su vez si su gravedad autorizaba la anulación de oficio del nombramiento. En esta tarea, se advierte que el recurrente, para su ingreso, no realizó concurso, examen o competencia previa, y que ingresó en una categoría superior a la inicial del escalafón, lo permite afirmar que se vulneró el Estatuto del Personal de la Municipalidad de Rosario mencionado. En consecuencia, habiéndose incorporado el actor a los cuadros del personal municipal sin cubrirse tales recaudos insoslayables, el decreto de ingreso aparece inficionado por un vicio insalvable, que lo descalifica.
Participación en las ganancias, facultades delegadas
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Morales, Elizabeth del Rosario c/ Minera Argentina Gold S.A. s/ Apelación de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-04-14

La condena o exhortación a la Legislatura provincial tendiente a que dicte una norma reglamentaria de la participación en las ganancias que prevé el art. 14 de la Constitución Nacional, resulta improcedente e importaría reconocer que el Poder Judicial tiene facultades para otorgar competencia legislativa a un Estado local, en violación a la Constitución Nacional, en cuanto se trata de una de las facultades delegadas al Congreso Nacional - artículo 75, inciso 12 de la Carta Magna-.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, cuestión de derecho público local, competencia, competencia contencioso administrativa, competencia ordinaria, incompetencia, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: DUNDA, SAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO POR ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL  - QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -  ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO.  548 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-03

Los vicios imputados decisorio no revisten naturaleza constitucional ni configuran una cuestión federal, puesto que refieren a una temática procesal y de derecho público local que, como es sabido, escapan al ámbito del remedio articulado. A ello puede agregarse, a mayor abundamiento, que la Corte local -al declarar la competencia contencioso administrativa y consecuente incompetencia de los tribunales ordinarios- decide, invariablemente, que las cautelares que se hubieran despachado quedan sin efecto, per se, por ser conculcatorias de lo establecido en el artículo 93, inciso 2 de la Constitución de la Provincia.
Cuestiones de competencia, lugar del hecho, competencia por la materia, competencia penal, defraudación, prenda con registro
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Pintar, Arturo y otra s/ infracción decreto-ley 15.348/46. Chemín, Horacio Antonio s/ Defraudación prendaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-19|1992-08-19

Resulta relevante para decidir sobre la competencia en el delito de defraudación prendaria, el lugar en el que se dispuso del bien gravado, sustrayéndolo, sin conocimiento del acreedor, de su esfera de control y, en ausencia de prueba concreta en ese sentido, se debe presumir por tal el domicilio del deudor.
Cesión del establecimiento, salarios adeudados, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: PUJADAS, HECTOR C. c/ BILZ FABRICA DE BEBIDAS SIN ALCOHOL s/ GRATIFICACIONES, VACACIONES Y AGUINALDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-08-25

Es Bilz, Fábrica de bebidas sin alcohol, y no la Comisión Administradora de Bienes de la ley 14122, de la cual dependía, la obligada al pago de remuneraciones de un subordinado separado de su cargo con anterioridad a la devolución de la primera nombrada a la sociedad anónima en liquidación a la que le fueron transferidos los bienes de la empresa.