Intervención de entidades financieras, nulidad del acto administrativo, saneamiento del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ODDONE, LUIS ALBERTO Y OTROS c/ BANCO CENTRAL s/ APELACION - ENTIDADES FINANCIERAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-25

Un acto administrativo irregular por falta o vicio de uno de sus requisitos, puede adquirir existencia o validez respectivamente, si fuera ratificado (en el caso, la intervención fue solicitada y ratificada por Luis Alberto Oddone (h)) ya que mediante la ratificación queda subsanada la incompetencia del Banco Central para dictar el acto de marras, sin que resulte objetable acordarle retroactividad a la ley 22.267 que lo hizo, puesto que no se afectarán en el caso derechos adquiridos, según la terminología utilizada por el art. 13 de la ley nacional de procedimientos administrativos Nro. 19.549.

Con el art. 1 de la ley 22.267 quedaron ratificadas la totalidad de las intervenciones decretadas con anterioridad y se instrumentó para el futuro un régimen que contemplaba la posibilidad de dictar ese tipo de medidas (art. 4 de la ley 22.267).

La circunstancia de hallarse sujeta a revisión judicial la decisión, impide su descalificación constitucional, toda vez que la Corte Suprema ha reconocido, desde antiguo, la posibilidad de reconocer al Poder Ejecutivo la atribución de actuar como juez administrativo, siempre que contra sus resoluciones se deja expedita la instancia judicial, cuyo control debe ejercitarse para proscribir la discrecionalidad y prescindencia arbitraria de la ley.

La índole transitoria de la intervención y el hecho de tratarse de una restricción emanada de la institución colocada legalmente como eje del sistema financiero, desvirtúan en la especie la posibilidad de hallarse afectado el derecho de propiedad consagrado por el art. 17 CN, máxime si se anota que las relaciones jurídicas existentes entre el Banco Central y las entidades financieras sujetas a su fiscalización, se desenvuelven en el marco del derecho administrativo y esa situación particular es bien diversa al vínculo que liga a todos los habitantes del territorio nacional con el Estado.

Conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema la declaración de inconstitucionalidad de un dispositivo legal constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, por la que se requiere no sólo el aserto de que la norma impugnada cause agravio, sino también la demostración de tal agravio, que sirve de fundamento a la impugnación en el caso concreto.

Los elementos tomados en cuenta para disponer la revocación de la autorización para funcionar, que luego resultaron corroborados por los informes de la síndico designada obrantes en estas actuaciones, no han sido objeto de la impugnación concreta ni mucho menos han quedado rebatidas sus conclusiones en esta instancia judicial.

Tales fundamentos, en tanto traducen las conclusiones que alcanzara la autoridad administrativa competente, como culminación de las actuaciones labradas a través del expediente Nro. 100.532/80 en las que la entidad tuvo actuación a través del interventor designado sin que su comportamiento y sus informes hubieran dado lugar a impugnación concreta anterior, impiden descalificar con el tilde de arbitrario el proceder adoptado en la emergencia por el Banco Central dentro del límite de sus facultades legales.

La actividad financiera, en tanto reviste el carácter de un servicio público de los denominados "propios" que el Estado presta de manera indistinta, directamente o a través de entidades particulares en quienes por motivos de eficiencia y funcionalidad delega atribuciones que se ha reservado públicamente (art. 67 inc. 10), se encuentra sometida, por lógica consecuencia al poder de policía de aquél, ejercido por medio del Banco Central quien ostenta la facultad no sólo de reglamentar esta materia sino también de ejercer la vigilancia en la aplicación de las normas que regulan, sancionando las transgresiones que se produzcan.

Para disponer revocar la autorización para funcionar una entidad financiera y liquidarla, por parte de las autoridades de control, en uso de sus facultades de superintendencia no es requisito la previa instrucción de sumario administrativo (Cfr. art. 24 de la ley 22 529, 3 párrafo), sin perjuicio, claro está, de asegurar el derecho de defensa, frente a una medida que, si bien desvinculada del régimen punitivo, no es óbice para la garantía constitucional correspondiente, si no que implica sólo que la adecue a la necesaria celeridad que requiere la protección de los intereses generales y particulares que se encuentran en juego -que se vinculan con la existencia en el mercado financiero de entidades sólidas y solventes , finalidad legal a la que se confirió adecuada prevalencia sobre aspectos formales que atañen el derecho de defensa, lo que no significó, empero, desconocerlo.