Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19


TS07D44254 PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA N°: 44254 CAUSA N°: 38.762/10- SALA VII- JUZGADO N° 70	En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de abril de 2012, para dictar sentencia en los autos " MORANDI JUAN PABLO C/ SEGAR SEGURIDAD S.R.L. Y OTRO S/ DESPIDO" se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO:

I A fs. 5/25 se presenta el actor Juan Pablo Morandi e inicia demanda contra Segar Seguridad S.R.L. y contra Asociart ART S.A.

Explica que ingresó a trabajar a las órdenes de Segar Seguridad SRL el 20 de noviembre de 2004, desempeñándose como empleado de seguridad, cumpliendo una jornada de trabajo de lunes a viernes de 10 a 19 hs , con una remuneración mensual de $ 1500.

Relata que el 25 de mayo de 2008 cuando se dirigía a prestar servicios a favor de la demandada Segar Seguridad SRL fue asaltado en la vía pública y durante el episodio le arrojaron un ladrillo contra su mano derecha, por lo que se trasladó por sus propios medios al Hospital Finocchietto de la localidad de Avellaneda, en el que le realizaron radiografías y lo inmovilizaron con valva de yeso. Afirma que le dio aviso a su empleadora, quien le comunica el accidente a ASOCIART ART derivándola ésta para el tratamiento de la lesión al Centro Médico Asociart; como consecuencia de ello, permaneció inmovilizado durante 30 días, otorgándosele el alta médica el día 31/07/2008, señalando que a raíz del accidente sufre una limitación funcional de la muñeca que estima en el 10 %.

Expresa que en razón de no haber encontrado cura para su mano , con fecha 7 de octubre de 2008 en momentos en que procedió a bañarse, perdió estabilidad física, se resbaló y ocasionó un traumatismo de coxis, por lo que mediante el envío de fascímil de los certificados médicos correspondientes, le dio aviso a su empleador, quien le remitió TCL que recibió el 10 de octubre de 2008 intimándole a retomar tareas atento sus faltas injustificadas, y otro, el 16 de octubre de 2008, en el que lo consideran incurso en abandono de trabajo, dado que no se había reintegrado a las mismas; en razón de ello, el 20 de octubre de 2008 responde mediante despacho telegráfico que transcribe.

Expresa que se vio obligado a solicitar audiencia de conciliación ante el SECLO respecto de Asociart ART y de su empleadora, las que se celebraron los días 7 y 10 de octubre de 2008, no reconociéndose su reclamo por accidente laboral cuando el dictamen de la comisión médica en su informe del 27/10/2008 manifestó que el actor tenía traumatismo de mano derecha.

Plantea la inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1° de la ley 24.557. Reclama sumas en concepto de incapacidad laboral ( que estima en el 10 % de la T.O) y demás daños que señala.

A fs. 43/57 contesta Asociart SA ART quien opone excepción de falta de legitimación pasiva y falta de seguro, para luego efectuar los desconocimientos de rigor.

En especial, niega que el accidente hubiera perjudicado la salud del actor en tanto luego del mismo, se le dio intervención a su representada quien brindó las prestaciones en especie y médicas que el actor requería, hasta otorgársele el alta en fecha 30 de julio de 2008. Afirma que el trabajador en divergencia con lo resuelto, recurrió ante la Comisión Médica , la cual se expidió con fecha 27/10/08 en expte. 101-L-02678/08, determinando que el trabajador sufrió un accidente de trabajo sin secuelas incapacitantes derivadas del siniestro en cuestión.

Por su parte, a fs. 84/86 responde Segar Seguridad S.R.L. Afirma que el actor desarrolló sus tareas de vigilancia de lunes a lunes con un franco semanal rotativo. Relata que nunca recibió denuncia alguna le constó el hecho delictivo denunciado en la demanda ni relación alguna con el actor, pero que sin perjuicio de lo cual, se consultó a la ART a fin de que tome intervención si así correspondía y la misma informó que el actor fue atendido hasta que se le dio el alta por no padecer dolencias serias, por lo que continuó laborando normalmente. Pide el rechazo de la demanda con la declaración de la existencia de pluspetición inexcusable.

En la sentencia de primera instancia ( 249 I/260 I ) tras el análisis de los elementos de juicio aportados a la causa, la " a quo" decide rechazar la demanda por accidente y despido interpuesta por el actor.

Hay recurso de la parte actora ( fs. 270/I/282 I), de los letrados de la demandada ( fs. 263 I), perito médica ( fs. 267 I)y de la perito contadora, éstos últimos por considerar reducidos los honorarios que le han sido regulados.

II El primer agravio vertido torna en alusión al desconocimiento efectuado en la sentencia del accidente " in itinere" denunciado en autos.

A fin de revertir lo así decidido, argumenta que la existencia del siniestro ocurrido con fecha 25/05/2008 surge a través de la denuncia efectuada por la empleadora ante Asociart que obra en autos como así también de la pericia contable.

Pues bien, para comenzar debo resaltar que si bien la codemandada Asociart ART en su contestación de demanda ( fs. 46) no reconoció expresamente la existencia del accidente, sí lo hizo en forma tácita, en tanto admitió haberle brindado al actor las prestaciones en especie y médicas que el actor requería.

Digo ello, partiendo de la premisa que de la "nada, nada proviene" ( conf. Santo Tomás de Aquino)y que me lleva a la siguiente deducción: si el actor no sufrió ningún siniestro, ninguna prestación debía brindársele.

Por su parte, la empleadora en su responde( fs. 85 in fine) manifestó que nunca le constó el hecho delictivo causante del siniestro del actor, pero que sin perjuicio de ello, se le consultó a la ART a fin que tome intervención si así correspondía; siguiendo el mismo razonamiento que en el párrafo anterior, dicha afirmación debe interpretarse como que si nada le ocurrió al actor - en la especie si no tuvo ningún accidente laboral- ninguna consulta debió efectuarse a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo.

Así las cosas, la ART brindó las prestaciones y la empleadora le consultó a la ART , ello no puede tener otra causa que un accidente de trabajo, dado que " No hay obligación sin causa, es decir, que no sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos , de las relaciones de familia , o de las relaciones civiles " ( conf. Art. 499 C. Civil).

Se infiere entonces, que las demandadas sí tenian conocimiento del accidente ocurrido el día 25 de mayo de 2008, afirmación que se ve corroborada por las constancias de autos.

En efecto, de la documental acompañada por la parte actora ( obrante en el sobre de fs. 3) se desprende que el actor fue asistido por el Centro Médico Asociart el 26 de mayo de 2008 ( Constancia de Asistencia Médica) y se consigna como motivo de la consulta un accidente in itinere a raíz de un intento de robo ( el 25 de mayo de 2008 a las 13.15 hs) y se diagnostican " Traumatismos superficiales Múltiples de la muñeca"; asimismo, se indica como fecha de fin del tratamiento el 30/07/2008.

De igual manera, informa la Superintentencia de Riesgos de Trabajo respecto del actor: un Accidente con incapacidad registrado por Asociart ( fs. 183), fecha de alta el 30/07/2008 y la declaración " sin incapacidad" ( fs. 184).

Vistas las constancias de la pericial contable, observo que a fs. 316 se informa el pago del rubro " siniestros en especies total" por la suma de $ 1062,1 desde el 2/07/2008 al 01/12/2008 y a fs. 317, " Gastos de Siniestros ILT/ILP" por la suma de $ 2782,63 entre el 05/06/2008 al 30/07/2008; asimismo, en el punto 6)- fs. 322- informa que la empleadora le exhibió la constancia de la denuncia efectuada a Asociart ART el 25/05/2008, fecha en que ocurrió el accidente in itinere- intento de robo- en la calle Madariaga y Agüero, Sarandí, a las 13.15 hs, precisando así datos del accidente que no habian sido detallados en el escrito de demanda por el propio protagonista. Advierto también, que a fs. 320 vta. punto 7) la contadora informó que el 25/05/2008 el actor se encontraba con licencia por el accidente sufrido.

Por todo lo expuesto, observo que en relación a la conducta de las demandadas resulta aplicable la doctrina de los actos propios en tanto una de las consecuencias del deber de obrar de buena fe y de la necesidad de ejercitar los derechos observando tal pauta, es la exigencia de un comportamiento coherente. Por ello, resulta inadmisible la pretensión , que en realidad importa ponerse en contradicción con sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. Los comportamientos incompatibles con la conducta idónea anterior, violentan el principio que impide ir contra los propios actos. La regla venire contra factum ropium nulle conceditur expresión latina que define sintéticamente la denominada " teoría de los actos propios", se funda en la inadmisibilidad de una postura que contradiga una conducta válidamente asumida por el litigante pues el mentado principio de buena fe, también se aplica al proceso en el que se ventila la controversia, con la finalidad de preservar la seguridads jurídica ( en igual sentido ver , de la Sala II de esta Cámara S.I. N° 39.847 del 28/03/96, " Cabrera, Carlos c/ Aballay Mario s/ despido).

A mayor abundamiento debo señalar que coincido con la parte actora en tanto manifiesta que la demandada es una empresa y no una institución de caridad.

En efecto, esa afirmación enmarcada jurídicamente puede traducirse como que siendo que la empleadora le dio intervención a la ART y ésta brindó las prestaciones en razón del contrato comercial que las une, en virtud de éste, estos actos no se presumen gratuitos ( conf. art. 3° y concs. Código de Comercio). En cuanto a la existencia misma del accidente denunciado en la demanda, ésta se desprende de otras constancias de autos.

En efecto, la perito contadora a fs. 320 vta. punto 4) informó que el actor se desempeño desde el 26/03/08 en Loterking ( San Martin 4502 de Capital Federal) de 14 a 22 hs, cuando el accidente fue denunciado por el actor en el horario de 13.15 hs., esto es, antes del horario de trabajo.

Asimismo, del mismo informe se desprende ( fs. 322) que el actor denunció a su empleadora que el accidente ocurrió en la calle Madariaga y Agüero, Sarandí, localidad de Avellaneda, lugar en el que el actor manifestó domiciliarse tanto en la presente demanda como en todas las actuaciones acompañadas: acta del Seclo, constancia de asistencia médica de Asociart, piezas telegráficas y pericial médica)	Así también, a fs. 219 contesta el Hospital Interzonal Presidente Perón - sito en la localidad de Avellaneda - informando que el actor fue asistido en ese nosocomio el día 25/05/2008 y acompañando copia del libro de guardia en el que se consigna como diagnóstico " tx mano derecha" ( fs. 218).

Sentado ello, cabe ahora determinar si a raíz de este accidente el actor padeció algún daño, esto es, una incapacidad.

En este sentido, el 27/10/2008 la Comisión Médica Nro. 101 de la Capital Federal dictamina que el actor no posee incapacidad alguna.

Sin embargo, el informe pericial médico ( fs. 285/286) da cuenta que el actor padece una incapacidad parcial y permanente del 15 % ( 12 % más ponderación de mano hábil ) ello basado en el baremo de la ley 24.557, dictaminando además una neurosis postraumática de 5 % , lo que hace un total del 20 %.

A mi juicio la Dra. Varese realizó un informe fundado, en tanto tuvo en cuenta el estudio más reciente, esto es una resonancia magnética del 25 de marzo de 2011 obrante en el sobre N° 3499, cuyo diagnóstico -es notorio - resulta más preciso que el que puede brindar una radiografía, y por lo tanto, mejor testimonió el estado de salud del trabajador al momento de examinarlo y luego dictaminar. En virtud de ello, sus conclusiones no logran ser desvirtuadas por la impugnación efectuada por la codemandada ASOCIART ART a fs. 302/303, en la que - cabe resaltar - sí expresamente reconoce que el actor sufrió un esguince de muñeca, para luego apoyarse el dictamen de la comisión médica de la que surge que el actor no presentaba limitación alguna en la movilidad. Sin embargo, en dicho informe advierto que en el ítem " Estudios y Documentación Solicitados por Comisión Mëdica" se informa que:" Se solicitó a la aseguradora aporte de la documentación correspondiente al siniestro que nos ocupa, la que no fuera remitida en los plazos establecidos" y luego consigna una RX del 2/10/2008. Es por ello, que considero que la prueba pericial médica efectuada al actor resultó idónea (art. 386 del C.P.C.C.N.).

Del análisis que antecede, concluyo que las afecciones físicas que padece el actor, tuvieron su causa en el accidente in itinere ocurrido el 25/05/2008.

Sentado ello, cabe ahora determinar el marco jurídico aplicable a fin de reparar el daño sufrido.

Para comenzar, debo señalar que por aplicación del principio "iura novit curia" este caso concreto debe encajarse en la ley de riesgos, no obstante que se ha planteado y resuelto su inconstitucionalidad en grado.

En efecto, la función del juez que se enuncia con el adagio latino "iura novit curia", es suplir el derecho que las partes no le invocan o que le invocan mal. Es consecuencia de ello, que los hechos del proceso, deben ser invocados y probados por las partes, pero en lo atinente al derecho aplicable el juez debe fallar, conforme a lo que él considera y razona como conducente a la decisión del proceso. Lo dicho ha llevado a Bidart Campos a sostener que "el juez depende de las partes en lo que tiene que fallar, pero no en cómo debe fallar".

En el caso de autos, el Sr. Morandi ha sido víctima de un intento de robo (acontecimiento súbito y violento) en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo, no advirtiéndose en la especie que el actor haya interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo, consecuentemente, lo sucedido se enmarca en el art. 6° de la ley 24.557, razón por la cual, para el cálculo de la indemnización cabe puntualizar que la misma lo será en el marco de la Ley Especial (art. 14 inc. a) LRT).

A tal fin, conforme guarismos que informa el peritaje contable (fs. 322 punto V. 3.), el actor tiene derecho al siguiente resarcimiento: 1334,93 x 53 x 20 % x 65/29 años , lo que arroja la suma de $ 31.716,09, importe que se le aplicará la tasa de interés prevista en el acta 2357 de esta Excma. Cámara desde la fecha del infortunio ( 25/05/2008) y hasta el momento de su efectivo pago ( Res. 8/02). Esto último, en la especie, estado actual y trámite que precede al recurso, se adecua -como tasa variable- a la índole de la cuestión que se resuelve ( esta Sala VII en " Rivas c/ Taym S.A.", sent. 36.178 del 31/05/02; " Larrosa c/ Seg. y Custodia SRL" sent. 36.309; cfr. Art. 622 del Código Civil).

Cabe delimitar ahora el sujeto pasivo de la reparación.

Pues bien, ha quedado demostrado en autos el acaecimiento del accidente in itinere denunciado por el actor (art. 6°Ley 24.557) y como consecuencia de ello, se ha establecido la indemnización proveniente de ese marco legal ( art. 14 inc. a) LRT), ello en coincidencia con lo sostenido en la contestación de demanda de ASOCIART ART, en tanto manifestó que el caso de autos se trata de un supuesto abarcado en la normativa y ámbito de aplicación de la ley 24.557 ( fs. 44).

En efecto, cabe señalar que entre los objetivos de la Ley de Riesgos se encuentra la de reparar los daños derivados de accidentes de trabajo ( conf. art. 1° inc. b).), recayendo dicha obligación en la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (arts. 4 y 26 LRT); para ello, se le impone al empleador la carga de contratar un seguro con alguna entidad de esa especie.	En el caso de autos, la misma ART reconoció ser aseguradora de la codemandada Segar Seguridad SRL, por lo que corresponde entonces que quien repare los daños causados por causa del accidente en itinere sufrido por el actor, sea el sujeto pasivo que prevé ese marco legal, esto es, la Aseguradora de Riesgos de Trabajo.

A mayor abundamiento cabe señalar, que no advierto en la especie ninguno de los supuestos que puedan extender esa obligación sistémica al empleador, por lo que el reclamo deducido por causa del accidente in itinere denunciado en autos respecto de Segar Seguridad SRL, debe ser rechazado, dejando así propuesto mi voto.	IV Se agravia también la parte actora, en tanto la " a quo" desestimó su reclamo por causa del despido directo.

Pues bien, ha quedado demostrado que el actor sufrió un accidente in itinere el día 25 de mayo de 2008 y que fue dado de alta el 31 de julio de 2008.

Así también se ha acreditado, que el 10 de octubre de 2008 la demandada lo intimó a retomar tareas en los términos del art. 244 LCT y el 16 de octubre lo consideró incurso en abandono de trabajo, atento no haberse el actor reintegrado a su trabajo.

En este escenario, coincido plenamente con los fundamentos fácticos vertidos por la señora juez de grado en tanto, el actor ninguna prueba produjo a fin de justificar esas inasistencias, no siendo suficientes para revertir lo así decidido, las referencias probatorias que señala ni las citas jurisprudenciales que formula la actora en defensa de su postura.

Por todo ello, propicio la confirmatoria del fallo en este punto.

V. En relación al reclamo por horas extras, adelanto que esta pretensión no ha de tener favorable acogida, ya que la sola inclusión del rubro en la liquidación o en la enunciación de una cantidad correspondiente a un concepto de los rubros invocados, carece de sentido si no tiene sustento en un relato circunstanciado de los antecedentes fácticos del reclamo.

En efecto en el escrito de inicio no solo no se ha justificado de modo alguno dicha pretensión, sino que sólo fijó una cuantía calculada entre horas al 50 % y al 100 % .

Concluyo entonces, que la parte actora incumplió con lo prescripto por los inc. 3 y 4 del art. 65 de la L.O., que exigen que la demanda contenga la cosa demandada designada con precisión y los hechos en que se funda, explicados claramente, pues no cumple dicha carga procesal la sola mención de la cantidad correspondiente a tal concepto al practicarse la liquidación ni la mera enunciación de sumas globales puede considerarse que cumple el requisito enunciado en último término (esta Sala "Di Grande, José c/ Fono Center S.A." S.D. 37.443 del 16/04/04).

Por los argumentos expuestos propicio la confirmación del fallo en este punto.

VI La nueva solución del pleito impone dejar sin efecto lo dispuesto en materia de costas y honorarios de grado, (art. 279 CPCC), lo que torna de tratamiento abstracto los recursos interpuestos al respecto.

Los honorarios de primera instancia sugiero regularlos para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 13 %, los de la parte demandada ( Segar y ASOCIART) en el 12 % y los de la perito médica y contadora en el 7 %, respectivamente, a calcularse sobre el monto definitivo de condena más sus intereses ( art. 38 L.O. y demás normas arancelarias) y las costas, propongo sean impuestas a la codemandada ASOCIART ART vencida ( art. 68 CPCC).

VII De tener adhesión mi voto, los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada ASOCIART ART S.A. por la actuación en segunda instancia propicio regularlos en el 25 % para cada uno de ellos, a calcularse sobre lo que en definitiva les correspondiere por la actuación que les cupo en la instancia anterior ( art. 14 Ley del arancel). Costas a la demandada ASOCIART vencida ( conf. art. 68 citado).

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

La sentencia de primera instancia que rechazó la demanda incoada, viene apelada por la parte actora.

Analizada la forma en que quedó conformada la materia litigiosa, las pruebas producidas y la presentación recursiva de la parte actora, adelanto que he de disentir respetuosamente con la propuesta de mi distinguida colega Dra. Estela Milagros Ferreirós.

Es cierto que el primero de los accidentes a los que alude el actor en su demanda fue objeto de asistencia por parte de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, como lo es que llegó incluso a ser objeto de dictamen por la Comisión Médica.

Pero no creo posible dejar de ponderar que de la demanda de autos no se desprende ni siquiera en forma subsidiaria la pretensión de una condena fundada en la Ley 24.557.

Por el contrario, la parte actora reconoce tanto en el relato de los hechos como en la calificación del accidente, que se trató de un siniestro ocurrido en el trayecto hacia su trabajo.

A partir de esos hechos, demandó con fundamento en las normas del Código Civil, reclamando la reparación integral conforme los rubros que componen el daño cuyo resarcimiento se perseguía.

En ese marco se corrió traslado de la acción y se dio lugar a las defensas esgrimidas por las co demandadas, sin que se contemplara en modo alguno, reitero, la posibilidad de un encuadre del presente caso dentro de la Ley 24.557.

Coincido en que según la máxima latina "iura novit curia" que significa que los jueces conocen el derecho, es posible en determinadas circunstancias a partir de los hechos invocados y probados, dictar sentencia encuadrando el caso en cuestión en normas jurídicas distintas de las invocadas por las partes.

Pero en mi opinión, esa posibilidad debe en todo caso resguardar debidamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa, cuidando de no alterar la igualdad de las partes en la tramitación de la causa.

En lo que hace a los accidentes de trabajo, desde antaño la legislación en la materia previó la posibilidad de un reclamo por una ley especial o la opción por la via del derecho común (conforme los sucesivos textos de la Ley 9688), opción que jurisprudencialmente ha vuelto a tener vigencia a partir de la doctrina de la Corte Suprema en el precedente "Aquino c. Cargo", donde consideró inconstitucional el art. 39.1 de la Ley 24.557 precisamente por impedir la misma.

Es decir que desde siempre se tuvo conocimiento también de las diferencias entre uno y otro reclamo, especialmente en lo que hace a los factores de atribución de responsabilidad cuando la demanda se aparta de la ley especial.

Siendo ello así, en mi opinión no es posible en el presente caso sentenciar con fundamento en la Ley 24.557 ello por cuanto no solamente no fue peticionado en la demanda ni aún en forma subsidiaria; sino además porque tampoco ha sido objeto de recurso por parte de la actora, en tanto esta última se ha limitado a cuestionar que luego de decretada la inconstitucionalidad del art. 39.1 LRT, se rechazara la acción por considerar que no estaba probado el siniestro invocado, punto sobre el que se explaya largamente la recurrente.

Pero lo cierto es que, más allá de tener por ocurrido y reconocido el hecho, lo que no se cuestiona en el recurso es que tratándose de un accidente "in itinere" no se han probado los extremos requeridos para establecer la responsabilidad pretendida tanto respecto de Segar Seguridad S.R.L. como de la ART co demandada. En efecto, este aspecto de la sentencia no ha sido en mi opinión objeto de controversia eficaz, y al respecto destaco que incluso al mencionar la recurrente el principio iura novit curia, lo hace para insistir en que proceda su reclamo de reparación integral tal como se desprende de fs. 275-I/276-I.

A mayor abundamiento, en mi opinión tampoco se ha logrado acreditar en autos la incapacidad denunciada por el accionante.

En ese sentido, creo importante destacar que mientras la pericia de parte que acompañó el actor con su demanda hace referencia a "traumatismo de la mano derecha, con esguince del dedo pulgar", la pericia de fs. 285/286 se refiere a un "esguince de muñeca", mientras que el informe de la RMN obrante en el sobre 3499 solamente alude a pequeña imágen quística (respecto de la cuál la perito afirmó en sus explicaciones de fs. 314 que no se tuvo en cuenta para determinar incapacidad), manifestando "No se observan otras alteraciones".

Por ello, ante la insuficiencia del relato de los hechos en la demanda, que en este punto no cumple con el art. 65 L.O.; teniendo en cuenta que el hecho habría ocurrido el 25 de mayo de 2008, y que el actor recibió la atención de la ART con alta médica el 31 de julio de 2008, decisión corroborada en septiembre de ese mismo año por la Comisión Médica; atendiendo al informe médico de parte que no tiene fecha pero que es anterior al 23 de septiembre de 2010 en que se inició la demanda, del que se desprende la existencia de un "esguince de pulgar"; y la pericia médica de fs. 285/286 que, con base en la Resonancia Magnética antes referida de fecha 25 de Marzo de 2011, afirma que padece secuelas de "esguince de muñeca derecha", sin que ello se desprenda del informe de aquélla, en mi opinión no puede considerarse acreditado en modo alguno ni la efectiva dolencia en la que pudiera fundarse el reclamo, ni mucho menos la relación entre la misma y los vagos relatos de la demanda.

Por todo ello, atendiendo a la forma en que quedó conformada la materia litigiosa, los considerandos de la sentencia, el contenido de la presentación recursiva de la parte actora y las pruebas valoradas supra, he de proponer rechazar en este aspecto la apelación intentada por la parte actora.

Con relación a los demás agravios vertidos por la actora vinculados con la decisión de rechazar su acción por despido, adhiero por sus fundamentos al voto que antecede.

Las regulaciones de honorarios que se cuestionan resultan en mi opinión adecuadas a la extensión de la labor cumplida, resultados alcanzados y demás pautas arancelarias aplicables, por lo que propongo confirmarlas (conf. art. 38 L.O.).

Atento la solución que propongo considero que las costas de alzada deben ser soportadas por la parte actora vencia (conf. art 68 CPCCN). A ese efecto, propongo regular los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% de lo que les corresponde por lo actuado en primera instancia (conf. art. 14 Ley 2.839).

Por lo expuesto, y de prosperar mi voto, propongo: 1) Confirmar la sentencia en lo que decide y fuera materia de recurso. 2) Imponer las costas de alzada a la parte actora. 3) Regular los honorarios de los letrados que intervinieron en la alzada en el 25% de lo que les fue fijado en primera instancia.

EL DOCTOR NESTOR RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Que adhiere al voto de la Dra. Estela Milagros Ferreirós.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada y condenar a ASOCIART ART S.A. a pagar al Sr. MORANDI JUAN PABLO dentro del quinto día la suma de $ 31.716,09 (PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS CON NUEVE CENTAVOS), más sus intereses conforme lo ya explicitado en el considerando III del compartido primer voto. 2) Confirmar en lo demás que decide la sentencia de grado. 3)Costas en ambas instancias a la codemandada ASOCIART ART vencida. 4) Regular los honorarios por su actuación en primera instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora, codemandadas Asociart y Segar Seguridad, peritos médica y contadora en el 13% (TRECE POR CIENTO), 12% (DOCE POR CIENTO), 7% (SIETE POR CIENTO) y 7% (SIETE POR CIENTO), respectivamente, para cada una de ellas, a calcularse sobre el monto definitivo de condena más sus intereses, conforme lo ya indicado en el considerando III del compartido primer voto. 4) Regular los honorarios por la actuación en segunda instancia para la representación y patrocinio letrado de la partea actora y codemandada Asociart en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) para cada una de ellas , de lo que en definitiva les correspondiere por la actuación que les cupo en la primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.