marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, seguro colectivo, accidentes de trabajo, responsabilidad solidaria, empleador, pago total, asegurador por riesgos del trabajo, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Swiss Medical ART SA c/ Adecco Specialties SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-19

Cuando, como en el caso, en el fuero del Trabajo ha sido dictada una sentencia condenatoria que reconoció un resarcimiento a favor de la empleada para ser abonada en forma conjunta y con carácter solidario por los aquí tres justiciables; dicho pronunciamiento pasó en autoridad de cosa juzgada, pero tal solidaridad fue calificada respecto de la pretensión de la allí actora, sin que se haya precisado el alcance de la relación interna de los deudores; lo cual sí es materia de este proceso. En efecto, en el proceso seguido en sede laboral se analizó la responsabilidad de cada una de las demandadas en la acción de daños de la empleada y se determinó que: (a) la aseguradora de riesgos fue condenada por incumplir su actividad tendiente a evitar eficazmente el riesgo generado por el desarrollo de las tareas asignadas a la empleada y su obligación de asesoramiento específico, de conformidad con lo dispuesto en el CCIV 1074 y 902; (b) la empresa de trabajo eventual, fue responsable por ejercer la guarda sobre la actividad cumplida por aquella en virtud del CCIV 1113; y (c) la empresa a la que prestaba servicios, por incumplimiento como empleadora de las obligaciones a su cargo según las leyes 19587 y 24557 y en función de lo dispuesto en el CCIV 1109 y 1074. Ello así, de no aplicarse las pautas de los incs. 1° y 2°, para reglar las relaciones de los acreedores o deudores conjuntos entre sí, se entenderá que son interesados por partes iguales, y que cada persona constituye un acreedor o un deudor" según el CCIV 689-3° (CNCom, esta Sala, "Ferrosider SA C/ CNA Art SA", del 14/07/10).
Imputado, defensa en juicio, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LOPEZ, LINO FRANCISCO s/ PRUEBA - SENTENCIA - IMPUTADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1958-08-28

La ley procesal ha concedido al imputado inestimable reguardo de ser formalmente indagado sólo por el juez de instrucción (CPP,art 243 y ssg.) no ha querido asegurarle únicamente que, como relato directo y personal de su posición en la causa, sólo podrán ser llevadas al proceso sus manifestaciones ante ese magistrado. Esto no importaría para el imputado una garantía, sino una formalidad insustancial y, por ello innecesaria.

El art. 243 tiene el claro objetivo de poner al imputado al resguardo, precisamente, de una prevención policial promovida y presidida, en lo que a la dirección de la imputación se refiere, sólo por los cargos e indicios de su propia confesión.Para excluir esta fuente de tanta arbitrariedad y error y para llevar a la práctica sin hipocresías el principio superior de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo,no se puede interpretar la ley procesal en el sentido de que sólo le niega validez a la documentación formal de los resultados de los actos sustancialmente indagatorios practicados por los oficiales de policía. Para no incurrir en una interpretación de este tipo y no destruir en su esencia la seguridad que implica que la ley le reserve al juez el derecho de indagar con la amplitud que una confesión extrajudicial importa, es necesario admitir que aquí también rige, como respecto de las garantías lo que ha declarado reiteradamente la C.S. respecto de otras materias, el principio de que lo que no puede hacerse directamente a causa de una prohibición legal, tampoco puede hacerse de manera indirecta.-
Suspensión del juicio a prueba, enfermeros, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: MARTÍNEZ, Rubén Darío s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Se ha verificado una errónea interpretación de la ley sustantiva al denegar la suspensión del juicio a prueba, si de la propia plataforma fáctica de la tesis de la acusación, no se desprende que el imputado, en ocasión de desempeñarse como enfermero de un hospital público, haya tenido una posición de garantía, o posición de deber, que lo obligara a velar por la preservación de los objetos cuyo apoderamiento ilegítimo se le pretende atribuir. En prueba de ello, aparece la imposibilidad de imputarle la comisión por omisión en el hipotético caso en que terceros desconocidos hubiesen cometido el injusto contra la propiedad, puesto que velar por la protección o tuición de esos objetos no constituía algo propio o relativo a sus funciones. Pues entonces, si ello es así, no aparece ningún quebrantamiento de deberes especiales por dilucidar en este caso, ni se satisface el requisito funcional característico del concepto de funcionario público que en los términos del art. 76 bis antepenúltimo párrafo del Código Penal, veda la posibilidad de conceder la suspensión del juicio a prueba a aquellos funcionarios públicos que, en ejercicio de sus funciones, hubiesen participado del hecho. Asimismo, no existe ninguna razón de orden público que obligue a la realización de un Debate oral en este caso, por lo que la fiscalía obró arbitrariamente al oponerse al instituto sin un motivo plausible, y el tribunal con errónea interpretación de la ley sustantiva al denegarlo (voto del juez Días).
Contratos administrativos, licitación pública, competencia contencioso administrativa, competencia civil, recurso de casación
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Kaswalder, Antonio c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Cobro de pesos - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-04-04

Como principio general receptado por la doctrina y la jurisprudencia en forma unánime, la competencia que surge en materia de contratos administrativos es amplia y comprende el contrato en su faz estática y dinámica y por lo tanto atrapa aquellas contiendas surgidas en torno a la celebración, ejecución, interpretación, cumplimiento, modificación etc.

En el caso, la competencia es contencioso administrativa por las siguientes razones: el cobro de pesos que se reclama proviene de un contrato típicamente administrativo, -licitación pública-realizado por el municipio a los fines de un servicio público-servicio de barrido y limpieza de calzadas-. Es decir que tanto por su origen y objeto, cuanto por su cumplimiento o incumplimiento debe regirse por las normas administrativas.

Pero además, no surge que el cobro que se persigue sea una deuda reconocida por la demandada y que la cuestión se refiera únicamente a una discrepancia sobre el monto.

En efecto, el pliego de condiciones del contrato de licitación impuso la aplicación de un convenio colectivo para los trabajadores de la adjudicataria. Luego de la intervención del ministerio de trabajo, se produjo otro encuadramiento sindical que generó mayores costos para la actora. La municipalidad demandada reconoció su error y le pagó a la actora la diferencia desde la firma del convenio colectivo aplicable.

Ciertamente nada hasta ahora a dicho el municipio en relación a los 23 meses anteriores y que es lo que por esta causa se pretende cobrar. Entonces la cuestión va mas allá de lo puramente patrimonial o económico, limitado a una simple liquidación del monto como asevera el recurrente. El caso excede el marco del derecho privado por lo que es el fuero contencioso administrativo el llamado a conocer en la causa, no obstante ello para habilitar la competencia de éste Tribunal es necesario por cierto el agotamiento de la vía administrativa, con la obtención de una decisión administrativa expresa o tácita, pero definitiva, firme y que cause estado. No existiendo en el caso acto administrativo que revisar la instancia no se encuentra habilitada.

En conclusión debe rechazarse el recurso de casación articulado, por improcedente.
Accidente de tránsito, gastos de reparación del automotor, falta de prueba, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: SANCHO, Jorge c/ COLACELLI, Horacio s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-27

Cuando el damnificado por un accidente de tránsito no prueba concretamente el desembolso efectuado por el pago de las reparaciones del automotor, ni la fecha en que éste se ha efectivizado, los intereses del rubro deben comenzar a correr desde la fecha de la sentencia de primera instancia.
Fundamentación del recurso, discrepancia del recurrente, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: "RAMIREZ, JUAN EDGAR S/ EXCARCELACIÓN", Expte. P- 5135/11-2 (R-718/12/TSJ) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2012-05-09

Nuestra legislación provincial, al igual que en la mayoría de los demás códigos procesales provinciales y de la Nación, el imputado y su defensor sólo pueden deducir casación contra las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción, a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones, o denieguen la extinción de la acción, conmutación o suspensión de la pena (art. 440 del C.P.P.), enunciado genérico respecto de las resoluciones recurribles por la parte acusada de delito, en función del detalle efectuado en los arts. 442, 474 y 492 del C.P.P. En la resolución atacada se constata que han sido merituadas y valoradas todas las cuestiones relativas a la materia de del Juez de Recursos, pronunciándose razonablemente, contando el interlocutorio con suficiente fundamentación para dar adecuada respuesta al proceso, no se verifica la desviación en el razonamiento o absurdo en la conclusión, resultando el planteo casatorio una mera discrepancia con la decisión judicial.-
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., R. D.- S. R. O.- s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-30

En el universo probatorio, los hechos indicativos desde los que se formulan operaciones intelectuales son de particular importancia.

Es así que deben analizarse cuidadosamente para procurar su enlace, pues aquellos que resultan insignificantes aislados son todo lo contrario cuando se estudian entramados.

Unívocos, concordantes, concurrentes, los indicios son portadores eficaces de convicción y no los perjudica la posibilidad de alguna anfibología que se resuelve en el mayor valor de la hipótesis más poderosa o potente.
Honorarios, monto del juicio, monto indeterminado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OTAÑO MORENO LUISA MARIA c/ LA LUISA DE SUIPACHA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

Cuando, como en el caso, se solicita la declaración de nulidad de distintas resoluciones adoptadas en las Asambleas Generales Ordinarias, ante ese escenario, no existe monto del proceso en los términos previstos por el artículo 6, inc. a y 19 de la ley de arancel. Mas esta expresión no quiere predicar que la cuestión involucrada carezca de absoluta incidencia respecto del patrimonio de los involucrados en el trámite, sino que intenta poner en evidencia una circunstancia de carácter objetivo, cual es, la imposibilidad de evaluar su entidad en concretos y precisos términos (Esta Sala, 23.5.08, "Lagarcue S.A. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/incidente de medidas cautelares s/incidente transitorio"). Es por ello que a los fines de regular el emolumento correspondiente a los profesionales intervinientes se tendrá en consideración una base regulatoria que se adecue a las circunstancias del caso concreto y se aplicará un criterio objetivo, no susceptible de apreciación pecuniaria en los términos del art. 6 inc. a, ley cit.; ello sin perjuicio de lo que cuadre evaluar en orden a lo dispuesto en los inc. b) a f) de la norma legal citada (CNCom, B, in re:

"Otero, Alberto Martín c/ Jorge Mella SAIC s/ Ordinario", del 6.7.90; íd., "Salcido, Marcela c/ Microsoftware S.A. s/ Sumario", del 22.12.95; íd., "Lavaisse, Juan José c/ La Carolina S.C.A s/ Sumario", del 19.8.98 y jurisprudencia allí citada).
Imprescriptibilidad, acción confesoria, juicio ordinario, terminación del proceso, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguilar, Raymundo Nicanor c/ Velásquez, Calixto y otros s/ ordinario (civil) (acción confesoria)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-27

Si bien el deceso del actor primigenio de la acción puede dar lugar a la suspensión del procedimiento en los términos del art. 40 o art. 154 -último párrafo- del CPCC a los fines de la citación de sus herederos y/o sucesores, ello requiere una expresa resolución judicial en tal sentido. Y aunque hubiese sido fijado un plazo de suspensión, éste tiene un límite que es la obligación de la parte actora de activar la tramitación del juicio mediante la realización de todas las gestiones necesarias a fin de que los herederos de la causante comparecieran a estar a derecho.
Juicio de apremio, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Tordillo c/ Varas, Elbio Dugan s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-08-07

Aún cuando debiera interpretarse que una excepción de pago respecto de una cuota adeudada se trata de un pago parcial opuesto respecto del total reclamado por todo concepto por la parte actora en su demanda, y no pudiera ser considerado en un juicio de apremio ante la clara disposición legal que rige la materia, lo pagado por el demandado deberá necesariamente ser considerado en oportunidad de practicarse la respectiva liquidación de la deuda
Competencia contencioso administrativa, docentes, inadmisibilidad formal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gerván, Nélida Norma c/ Estado Provincial (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-08-05

Comparece la actora, por intermedio de letrado apoderado, incoando acción de amparo en contra del Estado Provincial, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Persigue que se declare la inconstitucionalidad del Decreto EC y T Nº50/11 y se ordene su titularización en un cargo docente.

Del memorial introductivo, confuso y con profusión de citas doctrinarias impropias de la instancia, se puede extraer, ante la falta de precisión discursiva, que la accionante impugna el acto administrativo reputándolo arbitrario, ilegal y discriminatorio, por establecer que la persona que posea un cargo docente en el cual sea titular no puede acceder al beneficio de titularización.

Por otro lado, destaca que la actora desde el año 2001 es titular en un cargo docente de preceptora en el Colegio Polimodal Nº31 de la localidad de Santa Maria, peticionando en definitiva se ordene su titularización en el cargo al que aspira.

Este proceso constitucional de excepción circunscribe su procedencia al amparo de derechos constitucionales explícita o implícitamente reconocidos por el ordenamiento constitucional vigente, exigencia de orden normativo que exige la precisión en términos claros y concretos de los derechos fundamentales conculcados por la actividad administrativa de los Poderes del Estado.

En orden a lo expresado, las políticas de estado no pueden suplirse ni enmendarse mediante pronunciamientos jurisdiccionales, so pretexto de protección a derechos constitucionales.

Esta aseveración cobra singular relevancia a poco que se advierte que el acto cuestionado -Decreto Nº50/11- se encuentra dirigido a un sector de la docencia.

En efecto, en el "Visto", del mentado acto, se consigna textualmente: "El Expte. S/17867/2010, por el que se tramita la titularización de docentes interinos del Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología", de lo que indubitadamente se infiere que se encuentra dirigido a ese estamento docente que reviste en calidad de interino. Ergo, no al que invoca la actora, que reviste como titular en un cargo docente.

Conforme a ello, lo previsto en el Art.3 de la Ley 4642 y normas concordantes, se impone declarar la improcedencia formal de la acción de amparo interpuesta, con imposición de costas, Art.17 de igual plexo normativo.
Velocidad reglamentaria, exceso de velocidad
Materia: CIVIL
Carátula: T., A. P. y otra c/ P., V. L. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-09

El número de kilómetros en la marcha no es determinante por sí mismo para establecer una conducta imprudente. Esto es, será una falta reglamentaria susceptible de sanción administrativa y eventualmente será susceptible de operar como presunción hominis para atribuir responsabilidad por los daños sufridos por terceros, pero no es determinante por sí sola para establecerla como causa adecuada del daño sufrido. Lo realmente determinante del carácter excesivo de la velocidad desarrollada con un móvil se encuentra vinculado a la posibilidad de detener el vehículo ante cualquier contingencia en el tránsito lo que importa inferir que aún cuando ésta fuere reglamentaria no significa en todos los casos que no sea excesiva según las circunstancias ni que exima de ser potencialmente causa del accidente.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, doctrina de la arbitrariedad, competencia laboral, relación de dependencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Souto, Gladys Nancy. c/ Herederos y Suc. de Angel Giacinto. s/ Haberes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-27

Las cuestiones entre empleados y empleadores que atañen a derechos que emanan de la relación laboral y debatidas ante los tribunales del fuero respectivo, no dan lugar, en principio, por ser extremos de hecho prueba y derecho común, al recurso extraordinario, aun cuando, como en el caso, se invoque la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que en definitiva, la impugnación se ciñe a la crítica respecto a la forma de apreciar los elementos de juicio incorporados a la causa y sobre cuya base el tribunal a que consideró que había existido el vínculo laboral en que la demanda se fundó.
Recurso de reposición (procesal), honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: C.J.E. Y L.B.A. s/ DIVORCIO VINCULAR - RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-02-12

Se podrán corregir las faltas de disciplina de las personas que actuaren en los juicios por medio de apercibimientos, sin perjuicio del recurso de reposición. La vía recursiva pertinente en los apercibimientos ordenados por los jueces es el recurso de reposición ante el aquo.

La Ley 8226 contempla qué actividades judiciales son merecedoras de regulación de honorarios profesionales. Los escritos presentados por el recurrente no reúnen las condiciones técnicas para generar un beneficio a su favor. Dichos escritos, no generan actividad judicial, sea para impulsar el procedimiento, para defender eficazmente el ejercicio de un derecho, o en su caso para ilustrar al juzgador para llegar a la solución del caso.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, ejecución de sentencia, resoluciones judiciales, control de razonabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Vekselman de Kaminsky S. c/ Silvo, Eva s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-04

Es admisible el recurso extraordinario contra la resolución recaída en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando lo decidido aparece privado de razonabilidad e importa un apartamiento de lo establecido en aquella, por no considerarse los valores reales tenidos en cuenta al dictarla.
Contrato de ajuste, navegación interprovincial, competencia federal
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: HERRERA RUBEN ALEJANDRO c/ CONARPESA S.A. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-12-15

Este Alto Cuerpo comparte la doctrina que sobre la materia de competencia que ha sentado nuestro máximo Tribunal, la que debe aplicarse al caso de autos por tratarse de un contrato de ajuste que se cumplía en una embarcación de bandera nacional destinada a la navegación interjurisdiccional, ya que la nave tenía permiso de pesca en aguas nacionales como de las provincias de Chubut y Santa Cruz, y recorrió -durante el período en que el actor se desempeñó en ella- aguas pertenecientes a las tres jurisdicciones.

Sobre este último punto debemos agregar, además, que la ley de navegación (nro. 20.094), tiene una previsión expresa en su artículo 515, que justifica la competencia federal, cuando, como en el sub lite, las embarcaciones estaban destinadas a la navegación interjurisdiccional.

Reza la norma citada que "Los tribunales federales son competentes para entender en las causas emergentes de la navegación interjurisdiccional, o que puedan considerarse conexas a ésta".

Como el trabajador desarrolló sus tareas para la demandada en un buque que recorrió aguas de distintas provincias, el litigio no puede ser resuelto por la justicia provincial y necesariamente debe intervenir la justicia federal, debido precisamente a esa interjurisdiccionalidad.

No importando a los efectos de la aplicación de esta disposición, el puerto desde donde zarparon y al que arribaron los buques, sino si estos realizaron navegación entre distintas jurisdicciones, lo cual aconteció en el sub judice.
Menores, bien jurídico protegido, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: Jardines José Antonio y otra c/ Nuevo Diario de Santiago del Estero y José Cantos s/ Daños y Perjuicios - Casación Civil".
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-02-20

Si bien resulta de interés el conocimiento por parte de la sociedad de la existencia de un abusador a fin de tomar las medidas de protección que se estimen oportunas, ello puede concretarse sin necesidad de afectar la privacidad de las víctimas, sobre todo, cuando se trata de menores.
Transferencia del automotor, tercería de dominio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pasaretti, Carlos R. s/ Tercería de Dominio. Pasaretti, Carlos R. s/ Tercería de Dominio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1990-07-16|1990-07-16

Desde la vigencia del Decreto Ley 6582/58, ratificado por ley 14467 y modificado por ley 22977/83, el régimen de dominio se rige por sus propias disposiciones y no por las del Código Civil referidas a cosas muebles. En virtud de ello la propiedad de un vehículo se adquiere por la formalización e inscripción registral del respectivo instrumento -art.1-, requisito indispensable para que se opere la transferencia, tanto entre las partes como en relación a terceros.

La inscripción del automotor en el Registro de la Propiedad tiene definitivos rasgos constitutivos que determinan el traspaso de la titularidad en el momento de la inscripción y sirve a la vez de prueba del dominio; en base a esto el pretendido dominio alegado sobre la base de la venta y posesión, no es oponible al tercero embargante si se omitió la inscripción registral de la transferencia.