Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-01-20


En la Ciudad de San Juan, a veinte (20) días del mes de enero del año dos mil once, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Carlos Eduardo Balaguer y José Abel Soria Vega, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal.

No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal -ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente:

¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?-- EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO:

Contra la resolución dictada en fecha 09/09/2.010 por la Sala Tercera de la Cámara Penal interponen recurso de casación las defensas técnicas de los detenidos Federico Arnaldo Villalba y Cristian Gastón Rodríguez.-- La decisión impugnada, que obra glosada a fs. 523/527 vta., dispuso prorrogar la prisión preventiva dictada en fecha 23/04/2.009, en contra de los inculpados Federico Arnaldo Villalba, Cristian Gastón Rodríguez y Leonardo Emilio Rodríguez, por el término de un año, a partir de la fecha de vencimiento del plazo previsto en el artículo 1º de la ley 24.390 y artículo 368 del Código Procesal Penal.-- En los fundamentos de dicha sentencia se expresa que ". el tiempo insumido al proceso durante la etapa de investigación jurisdiccional tuvo como razón la abundante prueba producida por decisión de la magistrado interviniente, como a petición de las defensas y el agente fiscal.

A ello, debe añadirse los cuestionamientos formulados por la defensa del imputado Leonardo Rodríguez al auto de procesamiento, que culminó con un fallo del tribunal de apelaciones confirmando el auto impugnado y admitiendo sólo parcialmente lo solicitado por la defensa, lo que insumió un importante lapso.

También atentaron contra la celeridad del proceso la petición de pedido de modificación del procesamiento y sobreseimiento formulada por la defensa de Leonardo Rodríguez cuando ya existía fallo confirmatorio del tribunal de alzada; como también el recurso sin mayores fundamentos del propio incuso. Las sustituciones de letrados defensores coadyuvaron a la demora.- A ello, debe considerarse el peligro que para los fines del proceso constituye la especial gravedad de hecho imputado, que puede llevar a los inculpados frente a la gravedad de la amenaza que significa para su libertad la pena conminada en abstracto para los delitos atribuidos, en la presunción que si fueran puestos en libertad, tratarían de sustraerse al accionar de la justicia, atentando contra el principio constitucional de afianzar la justicia. La prórroga de la prisión preventiva tiene en este caso la finalidad de asegurar no sólo la realización del juicio previo, sino el eventual cumplimiento de pena".-- En ambos recursos interpuestos, tanto el de la defensa de Federico Arnaldo Villalba (fs. 536/540 vta.), como el de la defensa de Cristian Gastón Rodríguez (fs. 542/545 vta.) se esgrime -de modo casi idéntico- como motivo del recurso la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva al aplicar arbitraria e ilegalmente la condición prescripta y establecida en el artículo 1º de la ley 24.390 y el artículo 368 del C.P.P..- Al momento de concretar los agravios expresan que la presente causa no es compleja, pues se detuvo oportunamente a tres personas sospechadas de la comisión de un delito, se los indagaron, se colectaron las pruebas, en definitiva se realizó toda la actividad que conlleva un proceso de investigación. Lo que no se tuvo en cuenta para nada fue el tiempo que se utilizó para ello, Casi dos años de instrucción.

Tras reseñar las principales actuaciones obrantes en el expediente, los recurrentes destacan que la Sra. Jueza de Instrucción se tomó seis meses para resolver la situación procesal de los detenidos, cuando el artículo 357 del C.P.P. prescribe un término de 10 días a partir de la declaración indagatoria donde debe decidir el procesamiento del imputado.

De igual modo resaltan que durante la tramitación del recurso de apelación contra el auto de procesamiento (que duró un poco más de cinco meses) en el juzgado de instrucción no hubo ninguna actividad significativa de investigación y prácticamente el expediente estuvo inactivo. Que el trámite de clausura y elevación de la causa a juicio también insumió un lapso de tiempo mucho más de los habitual.

Finalmente peticionan se case sin reenvío la resolución recurrida.

A fs. 547/548 vta. y 550/551 los recursos articulados fueron concedidos y, una vez radicadas las actuaciones en ésta instancia, las partes fueron debidamente citadas para la presentación de sus respectivos informes.- A fs. 566/569 vta. y 570/573 vta. las partes recurrentes reiteraron su pretensión casatoria.

Finalmente a fs. 576/578 el Sr. Fiscal General Subrogante se pronunció por el rechazo de los recursos intentados al no advertir inacción ni demora del tribunal inferior.-- Así las cosas y dispuesta la habilitación de feria judicial conforme lo establecido por el artículo 124 inciso "g" de la ley 5.854, corresponde abordar la cuestión.

Ante todo resulta conveniente consignar lo dicho por ésta Corte de Justicia en el Fallo Plenario dictado en Expte Nº 2017, "C/Rodríguez, Mauricio Eduardo por Robo Agravado" (Protocolo de Fallos Plenarios de la Corte - Fº 9/14- Año 1999), en el sentido de que ". la libertad prevista implícitamente en el art. 1º de la Ley nº 24.390 constituye técnicamente un caso de cesación de la prisión preventiva de naturaleza sustancial y no un supuesto meramente procesal de excarcelación, por lo que no está sujeta a las condiciones y trámites establecidos por la ley provincial nº 5.929, debiendo declararse de oficio.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antiguo (1968) ha afirmado -como derivación de la garantía constitucional de la defensa en juicio- el derecho a un pronunciamiento que ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal (C.S.J.N in re "Mattei" FALLOS 272:188; reiterado entre otros en "Aguilar" 298:50 y "Mozzatti" 300:1102) .

En el orden público provincial, en ese mismo sentido, se establece que la prisión preventiva no puede prolongarse "más allá del término fijado por la ley para la finalización del procedimiento" y que, caso contrario, el encausado recupera inmediatamente su libertad" (art. 31 de la Constitución Provincial) .

Así, en aras de preservar el principio de inocencia, el que se vería fatalmente conculcado si dentro del término razonable de dos años no tuviera un pronunciamiento judicial de condena, la ley prevé que esa persona debe recuperar su libertad, en la forma y bajo las condiciones que cada situación exija o requiera, por lo que la cesación de la prisión preventiva deviene como corolario lógico para evitar el cumplimiento de penas anticipadas .

Las excepciones previstas en el art. 1º de la Ley nº 24.390 que permiten la prórroga de la prisión preventiva por un año más, son de interpretación restrictiva porque tal carácter tiene cualquier limitación a la libertad personal que no esté basada en penalidad por sentencia firme y así también resulta del principio constitucional de inocencia.

Tanto la cantidad de delitos cuanto la evidente complejidad de las causas, serán pautas que, como ya se ha dicho al responder las cuestiones anteriores, deberán someterse al prudente arbitrio judicial, analizando en cada caso cuál es -en concreto- el plazo razonable de duración del encarcelamiento preventivo, evitando una prisión cautelar sin una necesidad genuina que comporte -en los hechos- la aplicación antijurídica de una pena anticipada.".

En ésta misma directriz cabe reafirmar que aun cuando la constitución permita la coerción personal sobre la libertad durante la sustanciación de la causa a título de cautelar, ello es sólo como excepción (racional y necesaria), y a su vez el encarcelamiento de esta naturaleza no puede prolongarse irracionalmente.

Este principio deriva del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, en suma, que en un período de tiempo adecuado se decida su situación frente al orden jurídico, porque es un esencial trato humanitario para el imputado y un deber para la comunidad resolver los procesos judiciales con eficacia pero dentro de un tiempo prudente, de modo tal que no se dilate cruelmente la angustiosa incertidumbre del justiciable ni el apetito de seguridad jurídica de la comunidad.

Así lo consagra explícitamente el artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su inciso 5º enunciando que: "Toda persona detenida o retenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso".

La legislación argentina reglamentando la CADH estableció mediante la ley 25.430 que la prisión preventiva o podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia, pudiendo prorrogarse por un año más sólo cuando por la cantidad de los delitos atribuidos o la evidente complejidad de la causa haya sido imposible el dictado de la sentencia en aquel plazo.

Normativamente, y en idéntica sintonía, en el orden provincial se cuenta además con las previsiones contenidas en el artículo 368 del Código Procesal Penal, en cuanto contempla la cesación de la prisión preventiva, y solamente autoriza su prórroga cuando se trate de causas de evidente complejidad y de difícil investigación.-- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que de la Convención se deriva "la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia .

En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado." (caso Suárez Rosero del 12/11/97).

Al respecto, es oportuno citar lo expresado por Ferrajoli cuando dice que "la prolongación indeterminada del procedimiento, cuando conlleva la detención del imputado, vulnera garantías procesales penales fundamentales, y a causa de esto, traspuesto cierto límite temporal absoluto, sino la persecución a lo menos la prisión preventiva del imputado, en todos los casos debe cesar" (Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón, trad. de Andrés Ibáñez, Perfecto y otros Ed. Trotta. Madrid 1995 ps. 537 y s.s. y 770).

Ahora bien, tras el pertinente análisis de la resolución impugnada, de los agravios de los recurrentes, constancias de autos y disposiciones legales de aplicación, considero -adelantando opinión sobre el fondo de la cuestión debatida- que deben admitirse los recursos deducidos por los siguientes fundamentos.

Advierto del propio relato cronológico, fáctico y jurídico efectuado por el Tribunal inferior, de los actos procesales llevados a cabo en la causa (véase fs. 523/525), y a los que me remito en honor a la brevedad, que no se encuentran configurados ninguno de los dos supuestos de excepción en orden a sustentar la prórroga de la prisión preventiva más allá del vencimiento de los dos años, tales como: 1º la cantidad de los delitos atribuidos al procesado; y, 2º la evidente complejidad de la causa. Todo lo contrario se evidencian importantes lapsos de inacción que atentaron con el normal y pronto desarrollo y culminación del debido proceso.

Conforme se desprende de las constancias de autos la causa se inició el día 12/09/2.008, y ese mismo día fueron detenidos los presuntos autores del hecho perpetrado en la Compañía de Seguros San Cristóbal, donde tras llevarse una importante instrucción policial, el sumario de prevención fue elevado al Quinto Juzgado de Instrucción el 22/09/2.008.

El 24/09/2.008 se les recibió declaración indagatoria a Federico Arnaldo Villalba y a Cristian Gastón Rodríguez. Mientras que a Leonardo Emilio Rodríguez se le recibió indagatoria el 26/12/2.008.

Desde el 26/09/2.008 y hasta el 5/03/2.009 se llevó a cabo la instrucción judicial, ordenándose oficiamientos, allanamientos, declaraciones testimoniales y reconocimientos en rueda de personas. En ninguna de estas probanzas se advierte complejidad o dificultades tales que hayan tenido entidad para retrazar la culminación de la investigación y la elevación de la causa a juicio.

Recién el 23/04/2.009 se dictó el auto de procesamiento contra los tres detenidos, es decir casi siete meses después de haber sido indagados y en abierta contraposición a lo dispuesto por el artículo 357 del C.P.P.

Entre las necesarias notificaciones de la cautelar dictada y la elevación de las actuaciones, con motivo del recurso de apelación interpuesto por una de las defensa, se insumió casi un mes y medio. Es de destacar que el expediente original quedó radicado en el Juzgado a fin de continuar la instrucción judicial, elevándose a la alzada copias certificadas.

El trámite de la apelación (véase fs. 331 a 373) demoró casi seis meses, tiempo durante el cual se llevaron a cabo escasas medidas probatorias en el Juzgado de Instrucción.-- El 23/02/2.010 se dispuso correr vista al Ministerio Público Fiscal a los fines del requerimiento de elevación de la causa a juicio. A instancias del Sr. Agente Fiscal interviniente, se dispusieron distintas diligencias probatorias que se prolongaron desde el 05/03/2.010 hasta el 08/04/2.010.

Conforme obra a fs. 444/460, el 12/04/2.010 se requirió la elevación de la causa a juicio, y el 04/05/2.010 (véase fs. 471/472) se declaró clausurada la instrucción, disponiéndose la elevación de la causa a juicio. Recién el 8/07/2.010 -es decir dos meses después- la causa fue elevada a juicio (ver fs. 477).

La Sala Tercera de la Cámara Penal, el 04/08/2.010 dispuso anular el auto de clausura y elevación de la causa a juicio, devolviendo las actuaciones al Juzgado de origen.- Dicha declaración de nulidad irrogó un tiempo de 20 días más, mientras que se adecuó el proceso a derecho, puesto que debió declararse -previa vista fiscal- el sobreseimiento parcial y definitivo de Federico Arnaldo Villalba y Cristian Gastón Rodríguez por el delito de Atentado y Resistencia a la Autoridad por el que fueran oportunamente indagados.

Una vez radicadas las actuaciones definitivamente en la Sala de Juicio, se dispuso la prórroga de la prisión preventiva que ahora su análisis nos ocupa.

Efectuada esta breve reseña se advierte sin lugar a dudas que ha existido un importante y significativo derroche de tiempo en la actividad investigativa desplegada por la Sra. Jueza de Instrucción, sumado a que tanto el auto de procesamiento y la resolución de la apelación fueron dictados mucho más que sobrepasado el término que prevén los artículos 357 y 573 del Código Procesal Penal, también quedaron patentizados diversos períodos de casi total inactividad procesal, lo cual impidió que la causa tuviera sentencia definitiva en tiempo oportuno; no encontrándose razones valederas que permitan justificar la demora en la tramitación, como complejidad de la causa, cantidad de delitos atribuidos, número de personas vinculadas al proceso, etc..

Ello hace que no pueda justificarse una privación de libertad como la experimentada por los imputados Villalba, Rodríguez y Rodríguez que permita autorizar razonablemente prórroga alguna, más allá del término de los dos años previstos por la ley 24.390 y su modificatoria 25.430.- La meta de averiguar la verdad no puede desequilibrarse a costa del ser humano; frente a lo cual es menester afirmar que si bien la averiguación de la verdad -como base para la administración de justicia penal- constituye una meta general del procedimiento, ella cede hasta tolerar la eventual ineficacia del procedimiento, frente a ciertos resguardos para la seguridad individual que impiden arribar a la verdad por algunos caminos posibles, reñidos con el concepto de Estado de derecho, puesto que el derecho constitucional vigente obliga a que -luego de un tiempo razonable de prisión preventiva- el individuo deba ser dejado en libertad no obstante la continuidad del proceso.

La causal que establece el Art. 1 de la ley 24.390, ha llevado a decir que el término utilizado como "complejidad de las causas" debe entenderse como "investigación dificultosa", por el tipo de delito que se investiga, o por la cantidad de imputados que registre el sumario, complicación que puede proyectarse sobre el plenario, por la cantidad de pruebas que deben producirse, o por cualquier otra circunstancia dificultosa, exigiendo la ley además, otro requisito: que ello sea "evidente".

Ciertamente que dichos condimentos no se encuentran presentes en el sub exámine; y la resolución de prórroga -que debe ser debidamente fundada- tampoco los pone de manifiesto adecuadamente, ya que los fundamentos dados no versan sobre la única cuestión a ponderar a efectos de determinar si debe o no prorrogarse el plazo de prisión preventiva, como es la dificultad para el esclarecimiento de la verdad, como consecuencia de la complejidad de los hechos pesquisados.

Desde el día en que se efectuó el inicio de la investigación y la privación de la libertad de los imputados hasta la fecha, no se han tomado las medidas tendientes a dilucidar el hecho del delito en forma pronta, continua y diligente. De los autos surge claramente que es un expediente que estuvo demorado considerables periodos de tiempo, además de que no estamos frente a una causa compleja que exija una labor investigativa acabada y profunda.

Considero además que las demoras atribuibles a los planteos presentados por las partes y al ejercicio por éstas de los derechos procesales que les competen, como las sustituciones de los letrados defensores, no impidieron juzgar y tramitar el proceso en debida forma y tiempo razonable.- Así entonces corresponde casar el decisorio por el cual se resolvió prorrogar la prisión preventiva, por inobservancia de la ley sustantiva y falta de fundamentación suficiente, ya que ni del expediente surge ni el tribunal A quo no se ha hecho debido cargo de demostrar ninguna de las excepciones autorizadas por la ley, específicamente la complejidad de la maniobra delictiva investigada, como tampoco existe cantidad de delitos o número considerable de imputados involucrados que hubiesen impedido llegar a una resolución definitiva antes de los dos años.

Consecuentemente debe disponerse la inmediata libertad de los acusados Federico Arnaldo Villalba, Cristian Gastón Rodríguez y Leonardo Emilio Rodríguez, bajo caución.

A los fines de ejecutar la libertad deberán bajarse los presentes autos, y los principales que fueran requeridos, al Tribunal inferior competente, para que allí se determine el tipo y en su caso monto de la caución y disponga las restricciones adecuadas y pertinentes y reglas de conducta a observar por los procesados durante el tiempo que demande la finalización del proceso, a los fines de asegurar la comparencia de los nombrados a juicio, no frustrar los fines del proceso y el descubrimiento de la verdad real.

Asimismo, y también a través del Inferior, hacer conocer la presente resolución a la Sra. Jueza Titular del Quinto Juzgado de Instrucción exhortándola para que a futuro evite situaciones como las aquí analizadas y haga todos los esfuerzos posibles en resolver las cuestiones de su competencia en tiempo y forma, tal como ya se le hiciera saber por ésta Corte en Expte. Nº 325 "Denuncia formulada por Jaime Ariel Rodríguez ? Queja por retardo de justicia" (Protocolo de causas de Superintendencia, año 2.009, Fº 08), y cumpla con los términos establecidos por el Código Procesal Penal.

Así voto.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. CARLOS EDUARDO BALAGUER Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I) Hacer lugar a los recursos de casación interpuestos y casar la resolución dictada por la Sala Tercera de la Cámara Penal en fecha 09/09/2.010, y obrante a fs. 523/527 vta.- II) Disponer la libertad de los acusados Federico Arnaldo Villalba, Cristian Gastón Rodríguez y Leonardo Emilio Rodríguez, de demás circunstancias personales consignadas en autos, bajo caución.

A los fines de la ejecución inmediata de la libertad dispuesta deberán remitirse los presentes autos, y los principales que fueran requeridos, al Tribunal inferior competente, para que allí se determine el tipo y en su caso monto de la caución y disponga las restricciones adecuadas y pertinentes y reglas de conducta a observar por los procesados; todo ello, de acuerdo a lo dispuesto en los considerandos.

III) Asimismo, y también a través del Inferior, hacer conocer la presente resolución a la Sra. Jueza Titular del Quinto Juzgado de Instrucción exhortándola para que a futuro evite situaciones como las aquí analizadas y haga todos los esfuerzos posibles en resolver las cuestiones de su competencia en tiempo y forma, y cumpla con los términos establecidos por el Código Procesal Penal. IV) Protocolícese, notifíquese y bajen.- Fdo. Doctores: Juan Carlos Caballero Vidal, Carlos Eduardo Balaguer y José Abel Soria Mega - Ministros, Ante mí: Héctor Fabián Meló - Prosecretario Letrado.- Cp-5343 P.R.E. S.2ª 2011-I-01