Caducidad de instancia, constitucionalidad, control de constitucionalidad, costas
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: NAVARRO Osvaldo R. c/ Villa del Sol y Otra s/ Esc. Escrituración - Sumario Escrituración - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-06-15

Entrando al análisis de la norma en cuestión el artículo 72 del C.P.C. cuyo título expresa: Transacción. Conciliación. Desistimiento. Perención. en su último párrafo prevé que: "Declarada la perención de la primera instancia, las costas del juicio deberán ser impuestas en el orden causado, en tanto las del incidente se regirán por lo dispuesto por el art. 67." Se establece así el principio según el cual sólo si la causa resulta extinguida por haber caducado la instancia esta serán impuestas por el orden causado.

La norma que estamos analizando se encuentra contextualizada en el CAPITULO V -COSTAS dentro del código de procedimientos de nuestra Provincia y tiene por objeto regular la forma en que ha de disponerse la condenación en costas, estableciéndose en el art. 66 de dicho ordenamiento un principio general para luego legislar en particular sobre determinadas situaciones de excepción, en donde se dispone el apartamiento a dicho principio, es decir se estable una regla y sus correspondientes excepciones. Dicha normativa fija pautas procesales para la determinación de las costas en los procesos sometidos a la jurisdicción de nuestros tribunales.

Es así que, en lo referente a la imposición de costas en la perención de la primera instancia, nuestro código produce una innovación tanto en relación al código anterior, como también con respecto al Código de Procedimientos Nacional y de los códigos de la mayoría de las provincias argentinas, lo que no implica que la normativa en cuestión resulte inconstitucional.

Así normas similares son acogidas por los ordenamientos procesales de Santa Fe en su artículo 241, la Rioja, Jujuy art. 204 y Entre Ríos art. 401.

De igual forma, se sigue el mismo criterio en la legislación comparada, tales como en España e Italia.

La innovación comentada tiene su basamento en la circunstancia de que al finalizar el proceso por este medio anormal de terminación- incidente de perención- en el principal, no ha habido triunfante ni vencido.

Ahora bien, en lo que hace al planteo específico de inconstitucionalidad, hay diversos aspectos que deben tenerse en cuenta para recién decidir respecto de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, entre otros que: a) la violación de la Constitución sea de tal entidad que justifique la abrogación de la norma en desmedro de la seguridad jurídica, ya que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad; b) cuando la repugnancia a la Constitución sea manifiesta e indubitable, ya que en caso de duda debe estarse por la constitucionalidad; c) cuando la incompatibilidad sea inconciliable, o sea, cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones distintas que las constitucionales comprendidas en la causa.

Pero además, corresponde al interesado demostrar claramente la inconstitucionalidad invocada, no siendo suficiente su mera alegación.

Así, la Corte Suprema de Justicia si bien ha admitido la declaración de inconstitucionalidad de oficio -a la que adhiero-, no ha dejado por ello de lado el criterio según el cual "la declaración de inconstitucionalidad de una ley no debe hacerse en términos genéricos o teóricos (tal la pretensión que nos ocupa).

No basta en consecuencia con la aserción de que la norma impugnada pueda causar agravio constitucional sino que debe afirmarse y probarse que ello ocurre en el caso".

Es que, a decir de la Corte, no basta con aducir vulneración de principios o garantías constitucionales por la aplicación de una determinada normativa, sino que se debe probar en qué medida tal inconstitucionalidad causa el perjuicio que se manifiesta.

Siguiendo este criterio, es que entiendo que el régimen instituido por el art. 72 último párrafo del C.P.C. no afecta el derecho a la igualdad ante la ley establecido por la Constitución Nacional en su art. 18, por cuanto rige para ambas partes independientemente el lugar de actor o demandado que eventualmente ocupen en la acción, por lo tanto las mismas se mantienen en igualdad de condiciones frente al proceso. "El principio de igualdad ha sido claro, reiterado y correctamente entendido como igualdad en iguales circunstancias.

Trato que en el caso es igual para ambos litigantes, no configurándose en consecuencia lesión alguna a la garantía constitucional".

Por otro lado, tampoco quebranta el derecho de propiedad (art. 16 de la Constitución Nacional) del obligado al pago, ya que el hecho de que tenga que abonar los honorarios del profesional que le prestó el servicio, no implica la confiscación de sus bienes, ni violenta el derecho de propiedad de los profesionales que representan a las partes quienes no se ven privados de cobrar la retribución de sus correspondientes actuaciones.

"Hoy no admite discusión el alcance constitucional otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al término "propiedad", en cuanto comprende todos los bienes apreciables en dinero; pero tampoco existe debate respecto que los derechos reconocidos por la constitución "no son absolutos", ya que se encuentran sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio.

En la causa en estudio, y siguiendo los lineamientos antes vertidos que rigen la materia enunciados anteriormente no se advierte que exista inconstitucionalidad en la norma bajo estudio. Por lo dicho propicio por el rechazo de este agravio, e imponer las costas de esta Alzada, al apelante vencido conforme el hecho objetivo de la derrota, art. 66 del C.P.C.