Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-05-05


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Seis (06) de Mayo de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Daruich, Víctor Hugo vs. EDET S.A. s/ Diferencia de indemnización".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo el 23/4/2004 (fs. 372), la parte demandada dedujo recurso de casación, que fue concedido por resolución del 06/7/2004 (fs. 387). Consta en informe actuarial de fs. 407 que únicamente el perito CPN Roque Ricardo Sarco ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- La Cámara hizo lugar a la demanda por la suma de $33.744,42 y dispuso que el actor soporte sus propias costas con más el 30% de las ocasionadas por la demandada, correspondiendo a la accionada hacerse cargo del 70% de las propias con más el 100% de los honorarios del perito contador. Seguidamente, en la regulación de honorarios practicada tomó como base el 60% de la demanda ($514.747,41) equivalente a la suma de $308.848, y reguló honorarios al Dr. Rubén Sergio Coronel por $47.870, al Dr. Juan José Avellaneda por $67.019 y al CPN Roque Ricardo Sarco en $12.345.

La parte demandada interpuso recurso de revocatoria en contra de aquél pronunciamiento, invocando que los montos regulados exceden con creces el porcentaje de ley sobre el monto de condena, pues de acuerdo al agregado que se introdujo al art. 505 CC por ley 24.432 la suma de $8.436,10 correspondiente al 25% del monto de condena debería haber sido el importe tope a repartirse entre los profesionales actuantes, y ésta suma resulta sensiblemente inferior a los $12.345 regulados únicamente al perito contador.

La Cámara dispuso el rechazo del recurso intentado, en cuanto consideró que para la regulación de honorarios se tomó el 60% del reclamo originario -es decir $308.848-, y de las regulaciones practicadas en el proceso de conocimiento el demandado debe abonar $12.345 al Sr. Perito Contador y $46.907 al Dr. Juan J. Avellaneda correspondiente al 70% de las costas propias por el que fue condenada la accionada, lo que totaliza $59.252, concluyendo que ello es un monto menor al 20% de la base de regulación.

3.- El recurrente efectúa una reseña de las razones que fueron esgrimidas en el recurso de revocatoria. Seguidamente, sostiene que de acuerdo a la ley 24.432 la suma de $33.744,42 debió haber sido la base regulatoria de los distintos profesionales, y en virtud de ello el importe tope a repartirse entre los profesionales actuantes por su actuación en el pleito debió ser la suma de $8.436,10 que resulta sensiblemente inferior a la tenida en cuenta por el Tribunal.

Afirma que la reforma del art. 505 CCiv. fija un límite o tope a la aplicación a este caso del inc. b del art. 50 CPL, pues prevé expresamente que la base regulatoria a cargo del responsable de las costas no puede superar el 25% del monto de condena, debiendo los honorarios de los letrados y peritos ajustarse a la norma prescripta.

Denuncia que la base liminar de la revocatoria radicó en que el Tribunal no tuvo en cuenta al momento de regular honorarios la aplicación de la ley 24.432, y que al resolver dicho recurso nada se dijo sobre ésta ley, obviando todo comentario sobre sus agravios.

4.- La casación ha sido deducida en el término que prevé el art. 132 CPTT, invocándose suficientemente los motivos previstos por el art. 131 inc. a) CPTT, la sentencia cuestionada es definitiva en los términos del art. 130 CPTT, y no es exigible el afianzamiento contemplado en el art. 133 del ritual laboral. Habiéndose cumplido con la totalidad de los requisitos de admisibilidad de la casación, corresponde abordar el análisis de procedencia del recurso.

5.- Lo sostenido por la Cámara en torno a que las regulaciones practicadas son menores al 20% de la base de regulación y la mención del recurrente respecto de que por aplicación del tope previsto en la ley 24.432 no puede superarse el 25% del monto de condena, nos subsumen en el análisis de un tema central, cual es el de determinar sobre qué monto se aplica el tope porcentual que establece el art. 277 LCT (modif. por ley nº 24.432).	Conforme lo dispone literalmente la norma, considero que a los fines de fijar el tope previsto por el art. 8 de la ley 24.432, el porcentual del 25% debe aplicarse sobre el monto por el cual prospera la demanda, y no sobre la suma que sirvió de base regulatoria -el 60% del reclamo originario- como erradamente lo asume el Tribunal al resolver el recurso de revocatoria.

En esta dirección, se ha sostenido que no se toma el monto reclamado, como tampoco el discutido o resistido por la parte demandada, sino aquél que el juzgador o árbitro determine que en justicia debe abonarse y así se encuentra afirmado en el acto culminante de la litis, laudo, transacción o cualquier documento por el que se concluya el conflicto. Esto incluye, por supuesto, todos los accesorios que el sentenciante determine que deben abonarse, es decir los intereses de todo tipo, ya que si lo accesorio sigue la suerte de lo principal y los intereses son un accesorio de la deuda principal que se ordena pagar, deben sumarse al monto de esta última para encontrar la suma exacta sobre la cual extraer el 25% del que habla la ley 24.432 (cfrme. Gandolla, Julia E., Honorarios Profesionales, Bs. As. Rubinzal Culzoni 1998, p. 103, cit. En Digesto Práctico La Ley, parág. 135).

La circunstancia de que la base tomada para la regulación de honorarios sea en el presente caso un porcentual del monto demandado (art. 50 inc. b CPTT), no altera la solución adoptada, pues la ley no efectúa distinción alguna, sino que en todos los casos determina que los honorarios 'no excederán del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo'.

Esta Corte tiene dicho que cuando las partes no han contratado el precio de los servicios profesionales, y las regulaciones de honorarios, practicadas de conformidad a las leyes arancelarias correspondientes a todas las profesiones y especialidades, a cargo del condenado en costas, excluidos los de los propios profesionales de esa parte, superan el 25% del monto de la sentencia, es aplicable el procedimiento previsto en la norma del art. 277 LCT introducido por ley 24.432, a la que la Provincia adhirió por ley 6715 (CSJT, sent. nº 559 del 28/8/96).

En el caso, la parte recurrente fue condenada en costas por el 70% de las propias con más el 100% de los honorarios del perito contador, a quien se le reguló la suma de $12.345, y el tope constituido por el 25% del monto de la sentencia es de $8.436. De allí que por aplicación del artículo 277 LCT, reformado por ley 24.432 a la que la Provincia adhirió por ley 6715, los honorarios regulados al perito CPN Roque Ricardo Sarco no pueden exceder la suma de $8.436.

Consecuentemente, corresponde CASAR el pronunciamiento conforme a la siguiente doctrina legal: "El tope máximo del 25% que establece el artículo 277 (cuarto párrafo) LCT, debe ser determinado aplicando dicho porcentual sobre el monto de la sentencia y no de la base tenida en cuenta para la regulación de los honorarios", disponiéndose sustitutivamente a los puntos I y II resolutivos lo siguiente "I. HACER LUGAR al recurso de revocatoria deducido por la parte demandada, y en consecuencia revocar parcialmente el punto V resolutivo de la sentencia de fecha 31/5/2002 (fs. 334/338) en cuanto regula los honorarios del CPN Roque Ricardo Sarco en $12.345, limitando la regulación efectuada a $8.436 (Pesos ocho mil cuatrocientos treinta y seis). II.- Costas al vencido. III.- Regular honorarios a los letrados Juan José Avellaneda y José Antonio Waunous en las sumas de $1.000 (PESOS MIL) y $500 (PESOS QUINIENTOS) respectivamente".

6.- Atento al resultado arribado, las costas del recurso de casación deben ser soportadas por la vencida (arts. 49 CPTT y 106 CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Alfredo Carlos Dato, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo el 23/4/2004 y en consecuencia, CASAR la misma conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos, disponiéndose sustitutivamente a los puntos I y II resolutivos lo siguiente "I. HACER LUGAR al recurso de revocatoria deducido por la parte demandada, y en consecuencia revocar parcialmente el punto V resolutivo de la sentencia de fecha 31/5/2002 (fs. 334/338) en cuanto regula los honorarios del CPN Roque Ricardo Sarco en $12.345, limitando la regulación efectuada a la suma de $8.436 (Pesos ocho mil cuatrocientos treinta y seis). II.- Costas al vencido. III.- Regular honorarios a los letrados Juan José Avellaneda y José Antonio Waunous en las sumas de $1.000 (PESOS MIL) y $500 (PESOS QUINIENTOS) respectivamente".

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANEANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA