marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cesantía ilegítima, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moresino, Alberto Enrique c/ Municipalidad de San Vicente s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

Las pretensiones del actor -en tanto reclama el resarcimiento de la lesión que invoca como consecuencia de la cesantía ilegítima en calidad de daños y perjuicios y solicitando luego que se le pague la totalidad de los salarios caídos- no resultan acumulables, porque el daño no se compadece con la remuneración que resulta consecuencia de la relación de empleo. Hay en ello contradicción porque una de las pretensiones excluye a la restante, salvo en cuanto una de ellas se refiera sólo al daño moratorio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, indemnización por despido, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Colman,  Jorge  Daniel c/ Ferrarotti,  Julián Eduardo s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-28

El incremento indemnizatorio del art. 16 de la ley 25561 debe aplicarse a todos los rubros indemnizatorios originados en la extinción del contrato de trabajo, y no sólo a la indemnización del art. 245 L.C.T.. Ello es así, toda vez que el espíritu de la ley 25972 no fue el de circunscribir el incremento indemnizatorio exclusivamente al rubro "antigüedad", sino que se orientó a prorrogar la suspensión de los despidos sin causa justificada y demás disposiciones contenidas en la última parte del art. 16 de la ley 25561 (cfme. Dec. 264/02), máxime, cuando aún regía el Decreto 2014/04 que disponía en su art. 2 que a los efectos del cálculo de las sumas referidas en el art. 1, el porcentaje adicional comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo, y no sólo la indemnización del art. 245 L.C.T.. (Del voto de la Dr. Ferreirós, en minoría).
Competencia penal, ejecuciones especiales, contrabando de estupefacientes, excarcelación, prisión domiciliaria, medidas de seguridad, facultades de control, derecho a la salud, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Rigoletti, Ariel Alejandro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-20

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra el rechazo de la excarcelación y de la prisión domiciliaria del encausado toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que permita hacer excepción al principio general, pues se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el tribunal a quo considero relevantes para denegar la excarcelación y la? prisión domiciliaria del nombrado, el cual, al fundar su resolución argumentó que la solicitud de excarcelación no era procedente, en virtud de la gravedad de la pena en expectativa, (con un mínimo de 4 años y 6 meses de prisión y un máximo de 18 años de prisión), en función del delito que se le atribuye, en calidad de autor, -art. 864 en función del art. 866, con las agravantes previstas en el art. 865 inc. a) y g) de la ley 22415. Asimismo, ponderaron la magnitud del delito, en el que se investiga el contrabando de 1000 kilos de cocaína desde el país a Canadá, y el estado procesal en el que se encuentran las actuaciones, con debate oral en curso, el que tuvo que ser suspendido por la emergencia actual.
Recurso de casación, procedencia del recurso, resoluciones equiparables a definitiva, inmunidades parlamentarias
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Inc. de excep. de falta de acc. y juris. interp. por la defensa de Domingo CAVALLO., Causa nro. 13.720
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

El recurso de casación procede contra una de aquellas resoluciones cuyo cuestionamiento, si bien no se halla expresamente contemplado en la enumeración del artículo 457 del ordenamiento formal, ha de ser equiparada a definitiva en la medida que el pronunciamiento rechaza la posibilidad de discutir si la inmunidad que consagra el artículo 68 de la Constitución Nacional respecto de los legisladores resulta aplicable a los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional en la medida en que sus opiniones se viertan en el marco de los debates desarrollados en el seno del Congreso .
Acción dependiente de instancia privada, nulidad procesal, declaración espontánea
Materia: PENAL
Carátula: GUERCIA, L. s/ ACCION DEPENDIENTE INSTANCIA PRIVADA. NULIDAD PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-11

Si bien la promoción de la acción por parte de o de las víctimas de delito dependiente de instancia privada no requiere fórmulas sacramentales que impidan tenerla por instada, no lo es menos también que no cualquier acto puede tener ese carácter y en ese sentido, las imputaciones vertidas en las manifestaciones "espontaneas" carecen de valor a los fines del penúltimo párrafo del art. 72 C.P.
Daño material, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: Almada, María Mercedes c/ Osecac y Otros s/ Responsabilidad Médica
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-29

Al haberse demostrado que una terapia psicológica es necesaria para que la víctima mejore su calidad de vida, los responsables del daño deben afrontar el costo del tratamiento, conforme con los principios generales estructurados por la normativa civil. La procedencia de la reparación del rubro de gastos de atención psicológica resulta insoslayable. Ahora bien, interrogada la perita sobre el tratamiento apropiado para paliar las patologías descriptas en su informe, aquella advirtió la necesidad de un tratamiento psicológico individual, con una duración aproximada de un año y una frecuencia de una sesión por semana con un costo de $70 por cada sesión. En consecuencia, y siendo que dichos términos y valores no han sido cuestionados, corresponde condenar a las demandadas al pago de $ 5.000 a favor de la accionante.
Recurso de casación, pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: CORREA ROBERTO HORACIO S.D. ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL E.P. VAQUEZ MARIA DE LOS ANGELES s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-07-27

Corresponde habilitar esta instancia casatoria toda vez que las genéricas consideraciones efectuadas por el a quo para cuantificar la respuesta punitiva y la ausencia de argumentos que justifiquen haber fijado una cuantía de pena igual a la que pedía el fiscal, configuran un supuesto de arbitrariedad -por falta de fundamentación suficiente- que vicia la sentencia como acto jurisdiccional.-
Asociaciones sindicales, representación legal
Materia: LABORAL
Carátula: Guelfo, Fabián y Otro c/ Asociación de Obras Sociales de Comodoro Rivadavia s/ Demanda Laboral -Diferencia de Haberes-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-03-31

La ley 23.551 no faculta en modo alguno a las asociaciones sindicales para defender por sí los intereses individuales de los afiliados; la denuncia frente a las autoridades de contralor sólo podía ser cumplida por los propios dependientes, por cuanto configuraban actos personales o en todo caso por quien tuviera la debida e idónea representación jurídica para efectivizarlo en el marco legal estatuido, esto es, conforme la ley precitada y su decreto reglamentario.
Mutuo comercial, contratos onerosos
Materia: COMERCIAL
Carátula: NEP SA c/ IATE SA s/ EXHORTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-06

La onerosidad consignada en el contrato de mutuo no lo torna de manera indefectible en un contrato comercial desde que para ello resulta necesario el acaecimiento de alguno de los supuestos previstos por el artículo 558 del Código de Comercio
Costas, costas en el orden causado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sberna, Daniel Ernesto y otro c/ Basilio Domansky SACIFIA s/ Cumplimiento de contrato - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01

Cuando la cuestión decidida resulta de dudosa solución jurídica, dado que del contrato que sirve como base a la presente acción no surge en forma indubitada el tipo de cotización que deberá aplicarse a los fines de la conversión de la moneda extranjera, como asimismo los constantes cambios de política económica sobre la materia, corresponde establecer las costas en el orden causado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Defraudación en perjuicio del asegurador, falsa denuncia, concurso aparente de leyes, principio de especialidad (penal), concurso ideal, denuncia policial
Materia: PENAL
Carátula: Alanis, Gustavo J. s/ Concurso de delitos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-29

a) La falsa denuncia de un robo, formulada ante la autoridad policial con posterioridad a la denuncia del siniestro ante la aseguradora, y dadas las exigencias formales de ésta, significan un claro intento de ocultar el propio delito, y por razón de especialidad, queda atrapado en la figura de la estafa como un concurso aparente de leyes.

b) Si la denuncia policial se hubiera efectuado previamente, constituiría el ardid esencial para la conducta de conato de estafa y, en tal sentido, se trataría de un concurso ideal (art. 54 del C P. porque integra una única conducta.
Concursos, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Muravchik, Eduardo s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

Teniendo en cuenta que no existió cancelación del crédito del acreedor apelante porque no llegó a concretarse la imputación del pago antes de que se declarase la apertura del concurso, todas las cuestiones suscitadas y aún pendientes deben resolverse concursalmente. Ergo, tanto los fondos depositados y dados en pago como el crédito deben ser tratados a partir del principio básico de la concursalidad: los fondos integran el patrimonio cesante y el crédito del recurrente debió insinuarse en el pasivo a través de las normas específicas (art. 33, ley 19551).
Protección de personas, restricción de acercamiento, interés superior del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: A. N. C. c/  s/ abrigo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-05-22

En el marco de una causa sobre abrigo corresponde ordenar al presunto agresor de una menor de edad cesar la realización de todo acto violento sea de carácter físico, psicológico o emocional, debiendo abstenerse de tener contacto con la víctima por toda vía posible, incluso redes sociales o por interpósitas personas, y debido a que se desconoce su domicilio, procede ordenar la notificación de la prohibición de contacto a través de la red social Facebook, pues en virtud del aislamiento social por COVID-19, se fomenta la propensión de la utilización de redes sociales elevando así el riesgo y si bien no es el objeto principal de los presentes actuados, corresponde asegurar y fomentar el bienestar integral de la menor en todos los aspectos que sea posible, máxime lo informado por la perito en cuanto al contacto por redes sociales del presunto agresor.
Concursos, quiebra, efectos entre partes, actos perjudiciales a los acreedores, actos ineficaces de pleno derecho, actos nulos, actos anulables
Materia: COMERCIAL
Carátula: Mer Infraestructura SA S/ Quiebra c/ CYLP SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-17

La ley concursal no impone un conocimiento técnico por parte del tercero respecto de la solvencia del deudor. Solo requiere que, aun conociendo que el deudor tiene problemas económicos (incluso sólo financieros), sea indiferente a tal situación y genere de todas formas el acto (inoponible). Lo que el plexo normativo pretende es la acreditación de un juego -siempre dinámico y concreto- de "presunciones" e "indicios" de que el deudor (luego fallido) se hallaba cesante en sus pagos. De otro modo, la cuestión se llevaría al difícil extremo de probar una imposibilidad. En términos de Maffía, "la imposibilidad de probar una imposibilidad" o, como dice Ribichini, "la imposibilidad de probar el conocimiento de una imposibilidad" (cfr. JuNyent Bas, F. y Molina Sandoval C. A., "Sistema de ineficacia concursal, la retroacción en le quiebra", Ed. Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2002, pags. 236/7).
Pago con subrogación, intervención de terceros, obligaciones propter rem
Materia: CIVIL
Carátula: CAPUSSOTO CARLOS c/ FERNANDEZ Y ROBAINA S.C.A s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

Si bien el subrogante tiene la posibilidad de intervenir en el juicio en el que el deudor es demandado por el acreedor primitivo, ello no es óbice, ni se trata del cobro de una obligación "propter rem", para que se demande por separado al propietario de la cosa.
Violencia de género, remise, ordenanzas municipales
Materia: PENAL
Carátula: R. C. M. c/ C. Z. H. M. s/ violencia de genero - LEY 2786
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-28

Adhiero al voto del señor Vocal preopinante, destacando que el art. 26 de la Ordenanza n° 12.703/2013 determina que los choferes de remisses deben llevar una vestimenta específica, detallando la indumentaria permitida para el personal masculino, y delegando en la potestad reglamentaria el detalle de la indumentaria permitida para el personal femenino, lo que ha sido cumplido por el órgano ejecutivo conforme surge de (.). Las infracciones labradas a la denunciante refieren a la falta de adecuación de su vestimenta a las disposiciones legales, y si bien el denunciado tendría que haber indicado concretamente cuál era la indumentaria que llevaba la chofer en oportunidad del control y que entendía no se ajustaba a la reglamentación -para permitir el correcto ejercicio del derecho de defensa-, no puede entenderse que ello constituya una manifestación de violencia de género. (Del voto de la Dra. Patricia CLERICI).
Contrato de obra pública, mayores costos, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SENTRA SA Y SITRA SAICFIC c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 286-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-19

Es preciso diferenciar Mayores Costos e Indexación. En la Indexación se toma en cuenta el valor del dinero al momento de la oferta, por ejemplo, o al momento en que determinada obligación es exigible, o de plazo vencido, o el momento que la ley determina luego de transcurrido determinado plazo legal. En el mayor costo se toma en cuenta la diferencia en el precio de los materiales y mano de obra (y todo otro elemento que se juzgue representativo) entre la fecha de oferta y la fecha de inversión en obra; no se toma en cuenta, en cambio, la diferencia en el valor de la moneda.
Expropiación, indemnización, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arias, Alejandro y otros c/ Dirección de Vialidad s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

El plazo de prescripción decenal referido a la obligación de pagar el precio convenido en los términos del art. 17 de la ley 5708 y las disposiciones del dec. ley 7823/56, debe computarse desde que -en el planteo de los accionantes no controvertido por la autoridad demandada- dicho pago se hizo imposible, configurando la conducta de incumplimiento de la obligación convencional realmente asumida (en el caso: la Provincia valoró expresamente la circunstancia de que la legislación que consagró la contribución por mejoras quedó derogada, como antecedente suficiente para considerar incumplido el pago del precio y reconocer su importante a valores nominales.
Costas, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: V., E. c/ B.V.G.S. SA s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-22

"En la distribución de costas el juez debe guiarse por un criterio jurídico y no aritmético, tomando en cuenta que en materia laboral las disposiciones procesales sobre la materia deben interpretarse conforme el principio protectorio".
Sociedad de hecho, poder especial
Materia: COMERCIAL
Carátula: QUIROS, Moisés Antonio y otro. c/ VARGIU Y ASOC. J.A.P.A. S.R.L. Empresa Constructora y otro. s/ Contratos (ordinarios).
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-03

Si bien es cierto que la mera existencia de un poder especial otorgado no constituye comprobación suficiente que permita tener por acreditada la existencia de una sociedad de hecho entre los mencionados co-accionados, tal mandato puede resultar indiciario de la demostración de otro tipo de vinculación asociativa entre los co-demandados.

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GANDUR - POSSE.
Recurso de casación penal, facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: CARANTE, Sergio Walter, en causa nº C 547/06 (reg. J.I. y C. nº 3 de la IIª C.J.) s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-10-15

El Tribunal explica que no puede, al resolver, condenar por la figura que entendía aplicable, cuando ello implique vencer el límite infranqueable que marca lo preceptuado por el art. 418 del ordenamiento instrumental, no admite ninguna otra posibilidad.

En efecto, el recurso atribuye conocimiento al Tribunal de Alzada en los puntos a que se refieren los agravios, y la resolución no puede modificarse en perjuicio del imputado. Por lo tanto, esa disposición, no permite otra solución distinta a la absolución del imputado.-
Divorcio contradictorio, reconvención, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, presentación extemporánea, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: B., E. c/ N., M. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-23

La facultad que otorga el art. 356, inc. 1° in fine del Código Procesal al Defensor Oficial, de reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba, no lo autoriza a introducir una extemporánea reconvención, dejando de lado el principio de preclusión procesal, que constituye un impedimento para considerar pretensiones o alegaciones no invocadas en la etapa pertinente.
Accidente de tránsito, culpa penal, imprudencia
Materia: PENAL
Carátula: B.A.F. - V.V.S. s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-11

El automóvil circulaba de noche, sin luces exteriores, violando las más elementales normas de cuidado de un conductor prudente y responsable y fue la cocausante al realizar una maniobra invasiva, correctamente descripta y ponderada por el a-quo, que significó invadir el carril contrario, sin además tomar los debidos recaudos para evitar lo que en definitiva ocurrió. La mera invocación de culpa del coimputado realizada por ambos apelantes, no desicrimina su propia conducta imprudente, y es sabido que en materia penal no se da la compensación de culpas como ocurre en materia civil.
Jueces, control de constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Enrique Alberto c/ Ignacio F. Kasserman S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

El control de constitucionalidad que les incumbe a los Tribunales se reduce al examen de si la ley es o no razonable, pero no llega a la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción, interrupción de la prescripción, interposición de la demanda
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: E.L.M.A. c/ Regunaga Triguis, Federico Ramón s/ Cobro u$s1.653
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-07

El efecto interruptivo de la demanda se prolonga todo el tiempo que dura el proceso, aún cuando haya sido tramitado con lentitud, en tanto no se declara la caducidad o perención de la instancia según lo dispone el art. 3987 del Código Civil, que dice que la interrupción de la prescripción, que es consecuencia de una demanda se tiene por no sucesiva si el juicio perime.
Transacción, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Milanini, Gabriel c/ Sejas, Crisostomo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21

No habiéndose pactado expresamente en la transacción arribada la cuestión vinculada sobre la forma como serán soportadas las costas, es aplicable la norma supletoria del art. 73 del ordenamiento ritual, en cuanto dispone que, mediando transacción, las costas se imponen en el orden causado. (Minoría u opinión personal)
Conflicto de poderes, competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de Comodoro Rivadavia c/ Gobierno de la Provincia del Chubut s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-12-14

La atribución conferida por el mismo al Superior Tribunal para dilucidar Conflictos de Poderes, es de índole extraordinaria y excepcional de lo que necesariamente ha de deducirse, que debe ser explícita y concretamente incitada para habilitarla. Asimismo -y en relación con el artículo 179 inc. 1.4 y 1.1 de la Constitución Provincial- es jurisprudencia asentada de este cuerpo, que se trata de una acción autónoma, y que el acudimiento a esta vía -o a otra de las previstas dentro del marco del control difuso de constitucionalidad que nuestro derecho recepta- es opcional para el que se estima damnificado.
Derecho a ser oído, aplicación de la ley, derechos de la víctima, interés superior del niño
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación: "López, Víctor Antonio s/ art. 13944:1 LN 13.944 (Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar) p/ L 2303"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-13

Las reglas de un sistema adversarial conllevan la carga de probar aquello cuanto se alega. Si el MPF contaba, como fundamento para oponerse a la realización de la mediación penal, con algún elemento del cual inferir un estado de vulneración de la denunciante en cuanto al manejo de los asuntos con su ex pareja que repercutiera negativamente en un posible acuerdo respecto de los intereses de sus hijos, víctimas del hecho objeto del proceso, no lo aportó. Eventualmente, para despejar cualquier duda sobre este aspecto, el titular de la acción podría haber abordado a la denunciante mediante un cuerpo interdisciplinario que lo determinara o que permitiera obtener un consentimiento plenamente informado, que se erigiera como producto de una auténtica voluntad basada en el conocimiento de las consecuencias de esa decisión. (Del voto del juez Santiago Otamendi).