Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30


AVENDAÑO, Ramón contra COOPERATIVA DE CARNICEROS ROSARIO Reg.: A y S t 203 p 166-169.

Santa Fe, 30 de noviembre del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia nro. 145 del 3.8.2001 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, en autos "AVENDAÑO, Ramón contra COOPERATIVA DE CARNICEROS ROSARIO -Cobro de Pesos- (Expte. 225/97)" (Expte. C.S.J. nro. 465, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de autos que el juez inferior hizo lugar a la demanda, condenando a Cooperativa de Carniceros de Rosario, de Provisión y Transformación Limitada a abonar a Ramón Rosa Avendaño en el término de cinco días la liquidación del rubro admitido a practicar por las partes o perito contador con las pautas de intereses indicada en los considerandos, con costas a la demandada, haciendo extensiva la condena a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro con las limitaciones de cobertura insertas en la póliza respectiva. Apelado dicho pronunciamiento por ambas condenadas, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario desestimó el recurso de nulidad interpuesto por la citada en garantía (Caja Nacional de Ahorro y Seguro), receptando la apelación de dicha parte, declarando prescripta la acción planteada, revocando así el fallo venido en revisión, sin perjuicio de lo expresado respecto a la aplicación de las leyes 24.283 y 24.432.

Contra esta última decisión dirige Ramón Rosa Avendaño el recurso de inconstitucionalidad normado por la ley 7055 (artículo 1, inciso 3).

En la pieza de interposición del memorial recursivo le endilga al fallo prescindir del régimen jurídico aplicable al plazo de prescripción de la acción indemnizatoria especial, es decir, de lo normado por el artículo 19 de la ley 23.643, el que dispone "las acciones emergentes de esta ley prescriben en el plazo de dos años, para los derechohabientes desde la muerte de la víctima y, para el siniestrado, desde la toma de conocimiento de la incapacidad. La toma de conocimiento de la incapacidad se produce cuando el incapacitado conoce el grado definitivo de la incapacidad, las causas laborales que la determinaron, la irreversibilidad del proceso incapacitante y ha culminado el proceso de agravamiento de la incapacidad progresiva".

Afirma que los sentenciantes se apartaron de la citada normativa con la sola expresión de que "contrariamente las acciones serían imprescriptibles", no obstante que la demandada al absolver posiciones reconoció que no le había determinado incapacidad laborativa a Avendaño.

Sostiene que la sentencia se funda en pautas de excesiva latitud y argumentos de autoridad para marginar la aplicación de la ley regulatoria del instituto prescriptivo.

Expresa que la determinación del inicio del plazo es el grado de incapacidad fijado en sede administrativa y no la denuncia y exteriorización del daño, como equívocamente lo interpretan los juzgadores con cita del artículo 26 de la ley 23.643 referida a la asistencia médico farmacéutica y la entrega de aparatos de prótesis y ortopedia. Tal prescindencia lesiona los derechos de propiedad y defensa en juicio, garantidos constitucionalmente.

Aduce que el pronunciamiento cuestionado prescinde de lo normado por el artículo 3992 del Código Civil, en tanto dispone el aprovechamiento de la prescripción por la oponente.

En tal sentido, señala que la Cooperativa de Carniceros de Rosario Limitada no dedujo excepción de prescripción al contestar la demanda ni coadyuvó al asegurador ante la Alzada al expresar agravios por el rechazo decidido por el juez de grado a la prescripción opuesta al contestar la citación en garantía (sic).

Expresa que la Sala, al declarar prescripta la acción, excepción que fue articulada únicamente por la citada en garantía, aparejó la revocación de la la sentencia inferior, conculcando de tal suerte el principio sentado por el Código Civil (artículo 3992).

Manifiesta que la intervención de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro no obedece a un hecho derivado de la solidaridad en el daño, sino a consecuencia de una póliza de seguro contratada en los términos de la ley 17.418. Por ende, no tratándose dicho tipo de obligación la que hesita la intervención del asegurador, por el artículo 3994 del Código Civil la norma del artículo 3992 de ese digesto normativo debe entenderse que la prescripción aprovecha sólo a quien la opuso y no a quién no la hizo valer.

Por ende, la sentencia al extender los efectos de la prescripción a la demandada, quien no la invocó, evidencia la preterición del derecho de fondo aplicable y de la norma consagrada por el artículo 512, inciso 2 del Código Civil. Seguidamente señala que el artículo 514, inciso 5 del citado digesto normativo consagra el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación civil convertida en natural por la prescripción.

La Sala a quo, por auto 101 del 17.10.2003 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa del quejoso ante esta sede.

2. Aún cuando se considerara cumplido el recaudo formal juzgado insatisfecho por la Sala (artículo 1, in fine de la ley 7055), cabe señalar que el recurso de inconstitucionalidad igualmente no puede prosperar, pues pese al matiz constitucional que el recurrente aspira otorgarle a sus planteos, los mismos tan solo denotan su disconformidad para con la solución jurídica a que arribaran los jueces de la causa en ejercicio de funciones privativas, lo que resulta ajeno a esta instancia excepcional.

Así, la alegada prescindencia de la normativa aplicable resulta insusceptible de impugnación constitucional, pues bajo dicha tacha el recurrente disiente con el cómputo del tiempo efectuado por los sentenciantes a fin de declarar prescripta la acción a la luz de la ley 9688 (modificada por ley 23643, artículo 19), norma vigente al finalizar el crédito.

En efecto, la Sala tras referir a los requisitos propios del instituto prescriptivo, analiza las constancias de autos (demanda y contestación), de las que surge que al accionante, en febrero de 1990 se le exteriorizaron intensos dolores cervical y lumbar, por lo que realizados estudios por la empresa, le detectaron pinzamientos de C-4 C-5 y C-6 y pinzamiento del quinto espacio lumbar, pasando por consiguiente a laborar en tareas de limpieza, como así también, que Avendaño manifestó tener conocimiento que aquellas dolencias fueron denunciadas por la empresa ante la autoridad administrativa (10.4.1990) y aseguradora, como infortunios laborales pasibles de generar incapacidad. Pese al conocimiento de tal situación, el actor no realizó ninguna conducta diligente, como obraría un "buen trabajador", tendente a conocer el real esta Y si bien reconoce la Alzada que el artículo 19 de la ley 23.643 dispone que la denuncia administrativa produce la interrupción de la prescripción por seis meses a partir del alta médica por autoridad pública, al no existir la misma -tal como se señalara- , considera justo y razonable computar dicha interrupción a partir del año de efectuada la denuncia.

Por consiguiente, habiéndose producida la denuncia administrativa el 10.4.1990, la consolidación jurídica del daño aconteció el 10.4.1991 y la interrupción por seis meses culminó el 10.11.1991, por lo que computando el plazo de dos años de prescripción la demanda debió iniciarse el 10.11.1993, pero resultando que la misma se interpuso en diciembre 21 de dicho año, la Cámara juzgó prescripta la acción, aún tratándose de enfermedad accidente.

Esta ha sido la línea de razonamiento seguida por el Tribunal a quo al juzgar prescripta la acción, criterio frente al cual el actor a través de genéricas alegaciones, las que no fueron seguidas de fundamentación suficiente pretende oponer su particular apreciación de la causa, más sin lograr conmover los sólidos y razonados argumentos, que respaldados en la legislación vigente al momento del reclamo, brindara la Sala; por lo que mal puede descalificarse el pronunciamiento como acto judicial.

Tampoco han de prosperar los reparos del perdidoso que -achacando al Juzgador haber prescindido de lo normado por el artículo 3992 del C.C.- critican al Tribunal por entender que la defensa de prescripción opuesta por la aseguradora aprovecha también a la demandada aunque ésta no la invocara.

Y es que, más allá de que la cuestión pueda resultar opinable, lo cierto es que la posición asumida por la Sala no aparece ilógica, ni irrazonable, y además, cuenta con respaldo doctrinario y jurisprudencial, circunstancias éstas que dan por tierra la posibilidad de descalificarla desde el plano constitucional. Al respecto se ha sostenido que cuando intervienen como demandados el empleador y el asegurador, en tanto se da un litisconsorcio pasivo, las defensas opuestas por uno de ellos benefician al otro, inclusive, con referencia a la prescripción (cfr. en tal sentido Vazquez Vialard, "La responsabilidad en el derecho del trabajo", pág. 493, edit. Astrea, año 1988).

Frente a lo expuesto, los reparos del quejoso no pasan de ser una simple manifestación de una postura diversa a la de los Juzgadores, sin entidad constitucional y por ello no pueden merecer acogida en esta instancia. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)