Delitos contra la humanidad, derecho de gentes, imprescriptibilidad de la acción penal, principio de legalidad, cosa juzgada, jueces naturales, ley penal más benigna, in dubio pro reo, autoría mediata, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-22

La circunstancia de que los hechos sean analizados desde el más reciente desarrollo de la categoría jurídica "delitos de lesa humanidad" no importa asentir que al tiempo en que habrían ocurrido los hechos, crímenes de tal entidad no formaran parte del derecho internacional o no fueran receptados por el ordenamiento jurídico doméstico y que sus consecuencias, como la imprescriptibilidad, no tuvieran plena vigencia, más allá del distinto nivel de positivización de sus normas respecto del alcanzado hoy en día, en la comunidad internacional o en el ámbito penal nacional, pues tan sólo se reconoció una norma que se encontraba vigente -ius cogens- en función del derecho internacional público de origen consuetudinario. Las normas que describen y condenan una acción que atenta contra el llamado "derecho de gentes", son de carácter imperativo, de ius cogens, pudiendo emanar de cualquier fuente de derecho internacional, toda vez que constituyen valores fundamentales de la comunidad internacional y que ningún Estado puede dejar de lado excepto por otra norma de igual carácter. Se ha rechazado, en la aplicación del derecho doméstico, la retroactividad de disposiciones penales posteriores al hecho que impliquen un empeoramiento de las condiciones de los ncausados, pero se ha declarado que la excepción a esta regla está configurada para aquellos actos que constituyen crímenes contra la humanidad, ya que se trata de supuestos que no han dejado de ser vivenciados por la sociedad entera dada la magnitud y la significación que los atañe. La imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los delitos de lesa humanidad no deriva de una categorización ad hoc y ex post facto sino que conlleva a descartar tanto los planteos de prescripción como el de violación al plazo razonable en atención al derrotero legislativo que culminó con el dictado de la ley 25.779 -cuya constitucionalidad se ratifica- y las consideraciones acerca de la afectación al principio de legalidad, de cosa juzgada y de aplicación de la ley penal más benigna - corresponde rechazar el planteo formulado en torno a la violación a la garantía de juez natural si el impugnante no logró rebatir en el caso los argumentos de la Corte Suprema. Tanto los crímenes comunes como los crímenes contra la humanidad tienen la peculiar característica de atentar contra bienes jurídicos individuales, sin que la asignación de la tipificación "lesa humanidad" importe una doble calificación o doble agravamiento respecto de la tipificación en el orden nacional. Los hechos del caso deben ser calificados como delitos de lesa humanidad e individualizados en el ordenamiento interno, de conformidad a las tipificaciones que, respecto de cada uno de los imputados, corresponda asignar teniendo en cuenta el plan criminal estatal acreditado en el juicio desarrollado en la causa 13/84 de la CNCCF, en tanto se ajustan a la metodología señalada. Más allá de la invocación de garantías constitucionales invocadas, corresponde rechazar la recusación, si no se han señalado concretamente ni han sido advertidas irregularidades en el trámite de la causa que demuestren que el integrante del tribunal de juicio pudiese incurrir en parcialidades. Los hechos que se investigan se condicen con el sistema criminal implementado por el último gobierno militar a partir del 24 de marzo de 1976, es que a partir del relevamiento, descripción y prueba legal de la causa 13/84 CNCCF se tuvo por comprobada la existencia y organización del aparato de poder estatal que, a partir del plan criminal sistemático fundado en una doctrina de actuación, utilizó la fuerza pública del Estado en su conjunto para el logro de los propósitos ideológicos y políticos que la inspiraban. Quien introduce un planteo nulificante debe invocar el concreto interés que persigue con su declaración no bastando la referencia genérica a la afectación de garantías constitucionales ya que de lo contrario la nulidad se declararía sólo en el interés del formal cumplimiento de la ley, lo que implica un manifiesto exceso ritual incompatible con el buen servicio de la justicia. Si los testimonios vertidos son contestes al declarar la inusitada violencia desplegada por el imputado sobre la víctima, ello nos permite tener por acreditados los adecimientos que sufrió antes de morir y atribuírselos como causa de su muerte, por tal motivo resulta inconducente y sobreabundante llevar a cabo la exhumación del cadáver, puesto que no hay dudas sobre las causas del fallecimiento. La sola identificación de un timbre o tenor de voz, por parte de una sola persona que está vendada y por lo tanto no puede ver quién habla, no parece suficiente para determinar con certeza la participación del inculpado en el traslado de las víctimas al lugar del crimen. Si se desconoce si las muertes fueron llevadas a cabo mediante la realización de un acuerdo previo en el que el imputado formara parte o con posterioridad a que él se retirara de la dependencia del Comando IV de la Brigada de Infantería donde dejó a los detenidos, el tema debe resolverse aplicando el art. 3 CPPN. Corresponde desestimar las críticas contra la valoración de los testimonios rendidos en la audiencia oral y pública, pues resulta razonable que entre las declaraciones prestadas por distintas personas existan matices diferentes, al igual que puede ocurrir al comparar las declaraciones de una persona, màxime cuando entre ellas medió un lapso considerable, ya que los hechos se desarrollaron hace más de treinta años, y la autenticidad de las declaraciones fue evaluada por los jueces del tribunal oral, por lo que en función del principio de inmediatez no corresponde efectuar una valoración distinta. El plan para la lucha contra la subversión fue llevado a cabo bajo las órdenes impartidas por el imputado, quien conforme a su legajo personal se desempeñaba al tiempo de los hechos investigados, como Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y Comandante del Área 311, creada para la "guerra contra la subversión", que abarcaba toda la provincia de Córdoba y Comando Radioeléctrico, el Campo La Ribera y la UP 1. El accionar clandestino -al margen del sistema jurídico vigente"por izquierda", se efectuaba como práctica habitual para reprimir los elementos estimados subversivos y conseguir así su fin último, que no era otro que lograr su aniquilamiento. El a quo entendió que el imputado tenía el control absoluto de todo lo que sucedía en el Área 311, lo que abarca estructuralmente el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, que no sólo encuentra su correlato en la prueba testimonial y documental, sino en la propia lógica de la estructura castrense, donde rige un claro ejercicio de la autoridad vertical que coloca al imputado como el máximo responsable de los sucesos delictivos que se producían en el centro clandestino de detención. Resulta palmaria la evidencia que incrimina a los imputados, quienes a la época de los hechos ostentaban cargos completamente funcionales al quehacer represivo. En tanto todos los hechos imputados a los recurrentes fueron debidamente probados por el tribunal, no son suficientes los esfuerzos defensistas para desvirtuar los argumentos esgrimidos por el a quo en torno a las reglas sobre autoría y participación. Con respecto a la prisión domiciliaria, se dispuso la remisión al tribunal de origen a fin de que adecuen -en cada caso- la sentencia a la doctrina sentada por la CFCP excepto respecto de uno de los imputados, que se encuentra cumpliendo condena firme en otras causas lo que le impide acceder a la modalidad solicitada. La disidencia parcial sostuvo que la concesión del arresto domiciliario produciría un incremento del riesgo de fuga que, en causas relativas a delitos de lesa humanidad, configura un supuesto del cual podría derivarse una sanción para el Estado argentino. (Dres. Madueño, Cabral y Borinsky).