Consejo de la Magistratura, designación de jueces, subrogancia del juez, nulidad procesal, inconstitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: FERNANDEZ, Gastón Adrián. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-11

Dado que se detectaron demoras en la designación de magistrados desde la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que a su vez generaron diversos problemas, y aun cuando no se pueden alterar principios constitucionales, la gravedad de la situación impone que el rigor en la interpretación de principios constitucionales sea analizado bajo la real situación de gravedad en la que se encuentra el fuero criminal local que puede continuar.

Esto sumado a la demora del Poder Ejecutivo para implementar los resortes legales para cubrir las vacantes producidas, que se ha visto extendido luego de la incorporación de nuevas disposiciones que, si bien son adecuadas para los candidatos a ocupar cargos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se justifican frente a los cargos que constitucionalmente define el Consejo.

Por ello, la ley que posibilita la designación de jueces mediante la subrogación de abogados y/o funcionarios judiciales que, si bien reúnen los requisitos previstos en el art.

13, inc. b) de la ley 24.937, no cuentan con el acuerdo correspondiente para ser jueces nacionales conforme los mecanismos establecidos en la Constitución Nacional, debe ser advertida como un instrumento útil al que debe necesariamente apelarse ante situaciones de extrema necesidad y gravedad o, directamente, emergencia.

No obstante, la utilización de la resolución n° 76/04 debe ser acotada a los casos estrictamente necesarios por situaciones de notable gravedad o emergencia, debiendo ser exhortados los otros poderes de la república para obrar en consecuencia, a efectos de que la utilización de las facultades que surgen de la resolución sea la excepción y no se convierta en la regla, atento a la manifiesta demora evidenciada por las diferentes instancias constitucionales que tienen bajo su responsabilidad designar a los jueces nacionales.

La celeridad en la designación de los magistrados es el compromiso indispensable que los otros poderes del Estado deben asumir, como mínimo, para colaborar con el adecuado servicio de administración de justicia, y no transferir esa responsabilidad al Poder Judicial para que se encargue de sanear un déficit que se ubica, por fuera de sus atribuciones constitucionales, porque tanto el Consejo de la Magistratura como el Poder Ejecutivo y la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, son los responsables naturales, cada uno en su competencia constitucional, para cubrir las vacantes de jueces.

Por todo ello, y dado que por razones de economía procesal, se deben convalidar las designaciones efectuadas, debe rechazarse la nulidad interpuesta por la defensa del imputado .

La Carta Magna nada expresa ni prescribe sobre la forma en que se habrán de nombrar a los jueces subrogantes. La disposición transitoria décimo tercera de la C.N. de 1994 sólo se refiere a cuándo habrá de comenzar el nuevo sistema después de un período de transición y no puede asignársele un sentido que vaya más allá de su significado literal y, por ende, ninguna interpretación extensiva, esto es, que se refiere a la forma de designación de jueces subrogantes puede derivarse de ella.

Es evidente que el constituyente ha dejado a prudencia del legislador establecer las normas legales para designar jueces subrogantes que no gozan de inamovilidad, sin ser, por tanto, las normas legislativas inconstitucionales.

Por ello, las designaciones efectuadas conforme los procedimientos utilizados por el Consejo de la Magistratura y por los legisladores nacionales, amén de las ternas propuestas por la Cámara, no son inconstitucionales .

Así, debe rechazarse el planteo de falta de jurisdicción por inconstitucionalidad presentado.