Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-08


Salta, 08 de febrero de 2013.

AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados "ALTAMIRANO, GLADYS BEATRIZ c. MAROCCO, OSCAR ÁNGEL y/o MOSELE de MAROCCO, MARIA ESTER - ORDINARIO", expte. de Sala nº EXP 20756/12, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 5, para resolver la apelación interpuesta a fs. 168/173 vta., y C O N S I D E R A N D O El dijo: la parte demandada interpone recurso de apelación, en contra de la sentencia de primera instancia, obrante a fs. 160/66, expresando que le agravia el análisis parcial y equivocado que realiza la sentenciante, de los hechos y de la prueba documental acompañada por su parte, lo que a su entender configura arbitrariedad manifiesta y conduce a resolver injustificadamente, haciendo lugar parcialmente a la demanda, incoada maliciosamente por la actora. Sostiene además, que el juzgador omitió valorar adecuadamente las pruebas incorporadas por ambas partes. Cita doctrina y jurisprudencia.

Señala como agraviante, lo decidido sobre la fecha de ingreso de la dependiente, pues considera que la señora juez se equivoca, cuando tiene por cierta la denunciada por la actora, basando su decisión en la falta de presentación por su parte de la documentación laboral intimada y que, habiéndola desconocido, le correspondía a la actora demostrar que era cierta la fecha por ella denunciada (27/9/98), sin perjuicio de la presunción a su favor por la falta de presentación de la documentación laboral.Sostiene que las testimoniales ofrecidas por la contraria, no resultaron suficientes a los fines de aclarar la fecha de ingreso y reitera que el agravio se configura, por la decisión de considerar como tal la denunciada, la que no se corresponde con la real prestación, iniciada en el año 1999 los días domingo únicamente y, a partir del año 2006, de manera permanente lunes a sábado, lo que fuera debidamente acreditado por la prueba testimonial.

Al segundo agravio, lo configura la valoración de los recibos de haberes, efectuada por la juzgadora a quo. Señala, que su parte reconoció que la actora no se encontraba debidamente registrada, por lo que el hecho de que no se presentara la documentación laboral requerida, resulta irrelevante ante una relación marginal e inaplicables, por ende, las previsiones del art. 55 LCT. Que le agravia la posición adoptada por la sentenciante, de quitarle eficacia probatoria a los recibos acompañados por su parte y agrega que la actora, durante el intercambio epistolar, nunca denunció la existencia de recibos firmados en blanco, como maliciosamente sostuvo posteriormente, mediante esta estrategia procesal, de desconocer los pagos efectivamente percibidos durante la prestación laboral. Efectúa consideraciones sobre la conducta de la actora y el reconocimiento de firmas de los recibos. Refiere a la cuestión de la firma en blanco y efectúa comentarios reiterando argumentos ya expuestos.

El tercer agravio, se centra en los montos de condena. Considera que al determinar los mismos, la sentenciante debió haber tomado como a cuenta, los pagos acreditados con los recibos acompañados, toda vez que existió de parte de la actora, el reconocimiento de las firmas insertas en ellos y que ésta también incurrió en contradicciones, al afirmar que los mismos fueron suscriptos en blanco.

Sostiene que la sentenciante hace lugar, equivocadamente, a las diferencias salariales, puesto que las mismas fueron reclamadas por una suma única y global en la planilla de fs. 15, lo que importa un defecto en la petición y, la condena, una lesión a su legítimo derecho de defensa, por cuanto el vicio de la demanda no puede ser subsanado por el juzgador. Agrega que le incumbía al actor, una exposición clara y concisa de los rubros y montos reclamados. Cita jurisprudencia y concluye, afirmando que al no contener la demanda pautas mínimas para conocer el reclamo por diferencias salariales, su parte no pudo efectuar un análisis completo y exhaustivo de las diferencias reclamadas por la actora. Las que debieron ser rechazadas, por haber sido articuladas de manera defectuosa, quedándole vedado al sentenciante resolver tal petición. Solicita se tenga presente el criterio del propio Juzgado al respecto, que fuera confirmado por esta Sala I, en autos "Guante c. Terrazas", expte. nº 11.002, caso en el cual se decidió el rechazo de las diferencias salariales, por haberse formulado el reclamo por un monto global. Agrega que la señora juez, para determinar la procedencia de tales diferencias salariales, debía analizar la pretensión con los datos precisos que se le proporcionaran y no considerar que el solo hecho de haber desconocido la trabajadora el contenido de los recibos, resultaba suficiente para condenar a su parte al pago de esas diferencias, beneficiando al trabajador con un rubro que debió haber sido rechazado.

Señala, como otro agravio, la incongruencia de los fundamentos de la sentencia, cuando rechaza aguinaldos y vacaciones no gozadas, en el enten-dimiento de que fueron reclamados en forma global, cuando ello se contrapone con lo resuelto respecto de las diferencias salariales y que explicara más arriba. Sostiene, que resulta inexplicable esta disparidad de criterio, cuando en la planilla formulada por la actora tanto las diferencias salariales como de aguinaldo, fueron reclamadas de manera global, por lo que merecían ser tratadas con idéntica modalidad.

Finaliza, calificando a la sentencia de arbitraria, por violación del principio de congruencia, apartamiento de las constancias de la causa, fundamentación voluntarista y ausencia de motivación, señalando afectación del derecho de defensa de su parte. Solicita se haga lugar al recurso y se tenga presente la reserva del caso federal formulada a fs. 48. A fs. 179/82, obra responde de la contraria, solicitando el rechazo del recurso deducido, con costas, Iniciando el análisis de la apelación deducida, y considerando el primer agravio formulado por la parte, se observa que los argumentos expuestos por el recurrente resultan inconsistentes para conmover lo decidido en 1ª instancia al respecto. Ello es así dado que, en atención a las constancias y pruebas de la causa, le asiste razón a la sentenciante, cuando hace efectiva la presunción del art. 55 LCT y tiene por cierta la fecha de ingreso denunciada por la trabajadora, es decir el 27/9/98; pues quedó demostrada en autos, la falta de presentación de la documentación laboral debidamente intimada, según constancias de fs. 65, 77 y ello como consecuencia de la presentación extemporánea de los mismos (ver fs. 99/102). Se suma a lo expuesto, la categórica manifestación de la patronal, de que la actora no se encontraba registrada en el Libro Especial del art. 52 de la LCT, tal como lo manifestara ante el requerimiento de la Perito Contadora, como se comprueba a fs. 94/95. Respuesta que también resulta conteste, con el constante reconocimiento de una relación laboral no registrada por parte de la propia empleadora y de su expresa resistencia a la registración reclamada por la empleada (ver absolución de posiciones del codemandado Marocco, fs. 118 vta.). Por otra parte, la demandada no aportó prueba eficiente, que neutralizara la presunción "iuris tantum" contenida en el art. 55 LCT.

Cabe agregar a lo expuesto que, pese a lo argumentado por la demandada, el reconocimiento de la existencia de una relación "marginal" (ver fs. 171) por su parte y en su condición de empleadora, no lo exime de responsabilidad frente al trabajador, ni obsta a la aplicación de la presunción del citado art. 55 LCT, pues como dice la contraria, la registración laboral de un dependiente constituye una obligación ineludible para el empleador. Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia que "ante la falta de toda registración del contrato de trabajo, cobra operatividad en el caso la presunción del art. 55 de la LCT, por lo que se tendrá por veraz la fecha de ingreso denunciada por el actor" (CNTrab. Sala III, autos "Peña c. Odontología de Avanzada SRL", 24/6/05). El agravio debe rechazarse.

Los argumentos que se formulan como sustento del segundo agravio, resultan, a la luz de las constancias de la causa, inconsistentes para conmover lo decidido en 1ª Instancia. La cuestión del reconocimiento de la falta de registración de la trabajadora, su relación con la falta de presentación de la documentación laboral y la aplicación de la presunción del art. 55 de la LCT de la empleadora, ya mereció tratamiento, por lo que sólo reiteramos su improcedencia a los fines exculpatorios de la responsabilidad que le corresponde al empleador.

En lo atinente al reconocimiento de firma de la documentación, ordenado a fs. 65 vta. de autos, puede comprobarse en la audiencia realizada a tal fin (fs.91), que de los recibos que se le exhibieron, la trabajadora ha reconocido algunas firmas como suyas y expresamente ha desconocido otras, como así también ha desconocido el contenido de todos los recibos de sueldo.

En el caso, se pueden apreciar dos cuestiones: una, el desconocimiento del contenido de todos los recibos y, la otra, de la firma de algunos de ellos. El reconocimiento de la firma inserta en un recibo, no implica necesariamente la validación de su contenido, en caso de recibos firmados en blanco, en los cuales el trabajador asienta su intervención suscribiéndolos, pero sin estar informado de su contenido, lo que puede ser agregado con posterioridad a la suscripción. Ello demuestra la independencia existente entre el contenido y la firma. Al respecto surge una contradicción de la propia norma, pues el art. 60 de la LCT, prohíbe expresamente que se suscriba el recibo sin estar consignado su contenido pero luego, si éste se opone al contenido del acto, debe demostrar que las declaraciones insertas en el documento no son reales. Sostiene Ackerman, en Tratado de Derecho del Trabajo (T. IV, pág. 575) que "...luce disfuncional al ordenamiento protector supeditar la invalidez del acto a la prueba que pueda aportar el trabajador sobre ambos aspectos, como actualmente lo requiere el art. 60 de la LCT." y que "...corresponde que ante el planteamiento de la cuestión se efectúe un análisis por demás exhaustivo de las constancias de la causa, de modo que permita llevar al ánimo del juzgador la certeza total, no dejando resquicio de duda alguno, ya que la posición contraria llevaría a un fin no querido, jurídicamente agraviante al principio de seguridad".

Por ello, si bien es cierto que, conforme al art. 138 de la LCT, el recibo firmado por el trabajador es el único medio idóneo para instrumentar los pagos realizados a éste, de acuerdo al art. 142 de la misma norma, como señala la a quo, los jueces se hallan facultados para apreciar su eficacia probatoria y es justamente lo acontecido en autos. Proceso en el que la orfandad probatoria, originada en la falta de producción de la pericial caligráfica y la frustración de la contable, por ausencia de presentación de la documentación laboral por parte de la empleadora, a lo que se suma lo aseverado en las testimoniales producidas respecto de la "costumbre" de la firma en blanco de los recibos (Castillo fs. 121) o de que los mismos se confeccionaban todo en computadora (Gutiérrez, fs. 105 bis), cuando puede apreciarse en los aportados su llenado a mano; resultan elementos suficientes para sustentar, en el presente caso, la decisión de la sentenciante de privar de eficacia cancelatoria a los recibos acercados por la demandada; ante la firme alegación de la trabajadora, de la firma en blanco de algunos de ellos, como así de la falta de reconocimiento como suya, de la firma que luce en otros. Como ha sostenido la jurisprudencia, el juzgador puede privar de eficacia cancelatoria al recibo cuando su exámen, correlacionado con otros elementos, genere dudas acerca de la realidad del pago (CNTrab. Sala II, "Torrico, Ramiro c. Tocker, César y otro, 22/2/01), que es justamente lo ocurrido en el presente. El agravio debe desestimarse.

Igual suerte debe correr el tercero. Lo decidido más arriba, demuestra la improcedencia de una parte de la pretensión del agravio, referida a la consideración de los supuestos pagos efectuados por la patronal. La otra, (es decir la alegada improcedencia de la condena, toda vez que las diferencias salariales se peticionaron de modo defectuoso), no puede tener acogida, pues como se comprueba, a fs. 16 rola como Anexo II, una planilla de cálculo de diferencias salariales, que especifica la pretensión cuantitativa y se corresponde con el contenido de la demanda. A su vez, no existe la mentada contradicción y diversidad de criterio por parte de la sentenciante, como alega el recurrente, en relación a los conceptos aguinaldo y vacaciones, pues ellos sí fueron reclamados de modo global (ver escrito de demanda de fs.17/25, en especial, planilla de fs. 15), como afirma la señora juez Inferior al rechazarlos. Corresponde también desestimar este agravio.

Por lo expuesto, voto por el rechazo de la apelación intentada por la demandada y, en su mérito, por la confirmación de la sentencia de primera instancia, con costas (art. 67 del CPCC). Asimismo por que se tenga presente la reserva del caso federal formulada por el recurrente.

La Dra. María de las Mercedes Domecq, adhiere al voto precedente.

Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, FALLA I) Rechazando el recurso interpuesto y en consecuencia confirmando la sentencia de primera instancia en lo que fue materia de agravios; con costas.

II) Difiriendo la regulación de honorarios hasta que se practique en 1ª Instancia, teniendo presente la reserva formulada y mandando registrar, notificar, reponer y, en su momento, devolver los autos al Juzgado de orígen.