Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-08


SENT Nro. 121 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 08 DE MARZO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el codemandado en autos: "Campos de Moya, Antonia y otros vs. El Productor de Trancas y otro s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- El codemandado, El Productor de Trancas SRL, a fs. 429/435, plantea recurso de casación en contra de la sentencia Nº 223 dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 30 de diciembre de 2002, obrante a fs. 386/389 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 11-7-2003 (cfr. fs. 448). Sólo la parte codemandada, El Productor de Trancas SRL, presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 137, primera parte, del CPT, conforme surge del informe actuarial de fs. 461.

II.- Sostiene el recurrente, para fundar su recurso de casación, que la sentencia viola, a contrario sensu, el principio de solidaridad laboral y/o responsabilidad solidaria de los codemandados al momento de la ruptura del vínculo.

Luego de transcribir lo que entiende es el fundamento del fallo condenatorio a su parte por vía de la responsabilidad solidaria laboral, manifiesta que yerra el tribunal al considerar que existió de su parte el propósito de eludir toda responsabilidad indemnizatoria, haciendo mención seguidamente a los antecedentes de la vinculación con los accionantes (cfr. fs. 430/431).

Asevera que por un error involuntario, al efectuar la renovación del contrato, se omitió efectuar la formalidad de la notificación a los coactores, de que al momento de la finalización del contrato volverían a estar en relación de dependencia de la cooperativa, situación ésta que se subsana con la notificación y/o acta que se realiza ante el Juez de Paz de Trancas, en donde aquéllos declaran conocer y aceptar esta situación.

Arguye que de las constancias de autos, de las cláusulas contractuales, se desprende que ya en el año 1996, al momento de renovar el contrato, que a su culminación los actores volverían a estar bajo la égida laboral de la Cooperativa, y que tampoco resulta lógico afirmar que el acta complementaria realizada antes de la culminación del contrato les impidiera averiguar los alcances de la conformidad, toda vez que los demandantes, de acuerdo al contrato originario, posteriormente renovado, conocían perfectamente dichos alcances.

Expresa que no existe solidaridad entre cedente y cesionario, por lo que los actores carecen de acción en su contra, habida cuenta que al producirse la expiración del plazo de los contratos, los mismos volvieron a estar bajo la dependencia exclusiva y excluyente de la Cooperativa.

Indica que en el marco de los artículos 225 al 229 de la LCT, es impensable extender la solidaridad a su parte, en tanto la cesión es conocida y aceptada por los accionantes; tanto así, que estos últimos a la finalización del contrato se reintegran a las órdenes de la Cooperativa, y es ésta la que los despide por falta o disminución de trabajo.

Destaca que la ley es clara (artículo 225 de la LCT) en cuanto prescribe que cedente y cesionario son solidariamente responsables por las obligaciones laborales contraidas antes de la transmisión o cesión. Aduce que el cesionario (El Productor de Trancas SRL) no puede ser responsable por la ruptura de la relación laboral que efectúa el cedente (Cooperativa Mixta de Tamberos Trancas Ltda.) una vez que ha finalizado la cesión y los trabajadores han vuelto por expiración del plazo a la esfera de control de la Cooperativa, porque la responsabilidad solidaria duró mientras el contrato estuvo en vigencia, fenecido el cual, desaparece.

En su criterio, cedente y cesionario devienen solidariamente responsables por las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes, tanto a la época de la celebración como de la extinción del arriendo o cesión, es decir que, en este último caso, por las obligaciones laborales contraidas por el arrendatario durante el término de la cesión o arrendamiento. Añade que El Productor de Trancas SRL ha cumplido con todas las obligaciones laborales al momento de la cesión, y que no corresponde responsabilizarlo por situaciones que se han producido con posterioridad, habiendo fenecido la cláusula de solidaridad establecida en la ley por la expiración del plazo del contrato. Por lo tanto, a su juicio, el único responsable por los despidos en cuestión es la otra codemandada.

Por último, señala que esta limitación de la solidaridad es de ley expresa (artículo 228, tercer párrafo), por cuanto opera también con relación a las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes al tiempo de la restitución del establecimiento, de lo que se sigue que nunca ella se extiende más allá de dicha restitución.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 398, 414 y vta., 422, 425 y 435); el acto judicial atacado constituye una sentencia definitiva en los términos del artículo 130 del CPT; se dio cumplimiento con el afianzamiento previsto en el artículo 133 del mismo digesto de rito (cfr. fs. 428); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos, y la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por tales motivos juzgo admisible al recurso de marras; voto porque así se declare.

IV.- De la lectura del fallo en recurso surge que la Sala a quo, en lo que aquí interesa, condenó solidariamente a los coaccionados -El Productor de Trancas SRL y Cooperativa Mixta de Tamberos Trancas Ltda.- con relación al crédito reclamado por los coactores Antonia Campos de Moya y Ramón Rogelio Moya (punto Iº, parte dispositiva de la sentencia cuestionada -cfr. fs. 389-), versando justamente sobre este punto el planteo fundamental traído a conocimiento de este Tribunal en la instancia casatoria. Dejo aclarado, además, que la codemandada Cooperativa Mixta de Tamberos Trancas Ltda. no dedujo recurso de casación, habiendo quedado firme el fallo a su respecto, siendo materia de discusión solamente lo relativo a la responsabilidad solidaria o no del otro codemandado.

Ahora bien; la sentencia en crisis sostuvo que las cuestiones a decidir eran dos: la ruptura del contrato o legitimidad del despido y su causa y, por ende, la procedencia o no de las indemnizaciones y demás rubros, y la responsabilidad solidaria de los codemandados. .

En lo que atañe a la primera cuestión, concluyó que era injustificado el despido de los accionantes dispuesto por la Cooperativa Mixta de Tamberos Trancas Ltda. y justificado el auto despido de dichos trabajadores con respecto a su último empleador, El Productor de Trancas SRL En sustento de tal criterio, valoró esencialmente como tardía la comunicación a los mencionados empleados, relativa a la "conformidad" prestada por los mismos en fecha 26-5-99, considerando que ellos quedaban sin reparación por parte de las dos empresas; se detuvo en las circunstancias de fuerza mayor y disminución o falta de trabajo invocadas por la Cooperativa como fundamento del despido, aduciendo que la inactividad o falta de funcionamiento de este establecimiento no resultaba eficaz a la intención de la empresa de soslayar la responsabilidad indemnizatoria establecida en el artículo 245 de la LCT. También sostuvo que debían darse puntualmente los requisitos del artículo 247 de dicha ley, especialmente en lo que se refiere a la inimputabilidad fehacientemente justificada del empleador en la alegada causal de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo; que en la situación en examen debía evaluarse si la falta o disminución de trabajo se había producido por causas ajenas a la voluntad del empleador, quien debía acreditar esta circunstancia, arribando a la conclusión que tal extremo no había sido probado por los demandados, quedando sin develarse si hubo o no procedimiento preventivo de crisis ante la ausencia de remisión de los autos de la quiebra de Cootam; y que tampoco se había producido la pericial contable ni se había exhibido en su totalidad la documentación contable requerida, por lo que no podía inferirse el cumplimiento de las exigencias previstos en la norma invocada.

A continuación afirmó que, ante ello, la interpretación no podía ser otra que la denunciada por los actores; esto es, el deliberado propósito de eludir toda responsabilidad indemnizatoria en el cese del vínculo, sobre todo teniendo presente lo normado en la cláusula quinta del contrato de locación celebrado entre la Cooperativa Mixta de Tamberos Trancas Ltda. y El Productor de Trancas SRL (cfr. fs. 387 vta.).

Finalmente, adujo que esta última empresa había guardado silencio ante la intimación realizada por los accionantes en los despachos que cita, de tal suerte que correspondía hacer efectiva la presunción del artículo 57 de la LCT en favor de lo afirmado por aquéllos, en el sentido de habérseles impedido el acceso a su lugar habitual de trabajo, lo que importaba injuria con la entidad establecida en el artículo 242, que resultaba impeditiva de la prosecución del vínculo.

Y a renglón seguido, habiendo ya declarado injustificado el despido dispuesto por la Cooperativa y justificado el auto despido de los actores, el tribunal de grado terminó diciendo que "Si a ello añadimos la actitud de ambas accionadas en la notificación tardía a los actores de la transferencia en cuestión y el modo en que se procede para disponer y motivar la ruptura del vínculo, es claro que le son aplicables las normas previstas en la LCT que contempla la responsabilidad solidaria de la cedente y cesionaria en el pago de las INDEMNIZACIONES por DESPIDO y DEMAS RUBROS consecuentes por éstos reclamados" (cfr. fs. 388).

De lo que antecede se aprecia que la sentencia nada dijo acerca de los argumentos de la codemandada relativos a la ausencia de solidaridad esgrimidos en el responde y alegato (los que son reiterados en la presentación recursiva de marras), y no ha dado razones suficientes de la conclusión a la que arriba, de tener por responsables solidarios a los codemandados, siendo de toda evidencia que lo considerado por la Cámara sobre el particular a fs. 388, tercer párrafo (reproducido ut supra), en manera alguna constituyen la motivación suficiente requerida, teniendo en cuenta las propias consideraciones, sustrato fáctico y conclusiones formuladas en el pronunciamiento impugnado, y consecuentemente lo planteado oportunamente sobre el punto por el recurrente en su responde, en el sentido de que la responsabilidad solidaria de su parte no puede extenderse más allá de la extinción de la cesión.

En esta inteligencia, no puede tampoco dejarse de advertir que el tribunal de grado ha hecho referencia de manera genérica a la aplicación a la causa de "...las normas previstas en la LCT que contempla la responsabilidad solidaria de la cedente y cesionaria en el pago ..." (cfr. fs. 388), sin ninguna precisión ni especificación al respecto, con total prescindencia de todo lo referente a la concurrencia en la especie de la concordancia necesaria de la situación fáctica y jurídica existente en el caso con la norma pertinente de la legislación laboral de la que se desprendería la solidaridad alegada entre las demandadas.

Por consiguiente, al carecer de la debida fundamentación lo resuelto en el tópico sub examine (solidaridad entre los codemandados), se ha conculcado el deber de motivación exigido por los artículos 272, del CPCC, de aplicación supletoria en el fuero, y el artículo 28 de la Constitución de la provincia. Por lo tanto, el nuevo pronunciamiento deberá contar con fundamentos suficientes que avalen lo decidido, cualquiera fuere el sentido de las conclusiones a que arribe en el tema señalado.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación articulado por el codemandado El Productor de Trancas SRL en contra de la sentencia Nº 223 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 30 de diciembre de 2002, obrante a fs. 386/389 de autos. Por consiguiente, casar parcialmente la misma dejando sin efecto los puntos I (únicamente en lo que se refiere a solidaridad de la condena impuesta al recurrente El Productor de Trancas SRL), III y IV de la parte resolutiva, conforme a la siguiente doctrina legal: "Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que resuelve sin motivación suficiente el tema referido a responsabilidad solidaria de los codemandados". En consecuencia, por los fundamentos prolijamente expresados en sentencia nro. 759 del 29-9-97, corresponde disponer la remisión de los presentes actuados a la Excma. Cámara del Trabajo a los efectos de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo considerado, dejándose debidamente aclarado que lo resu elto en modo alguno significa señalar el sentido u orientación que deberá observar el nuevo pronunciamiento en lo relativo al tópico anteriormente aludido.

V.- Acorde al resultado a que se arriba, las costas de esta instancia casatoria se imponen por el orden causado (artículos 49, del CPT y 106, inciso primero, del CPCC).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el codemandado El Productor de Trancas SRL, en contra de la sentencia Nº 223 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 30 de diciembre de 2002, glosada a fs. 386/389 de autos. Por consiguiente, casar parcialmente la misma dejando sin efecto los puntos I (únicamente en lo que se refiere a solidaridad de la condena impuesta al recurrente El Productor de Trancas SRL), III y IV de la parte resolutiva, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos, y disponer la emisión de las presentes actuaciones a la Excma. Cámara del Trabajo a fin de que, por intermedio de la Sala que corresponda, dicte nueva sentencia con arreglo a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS