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Daños y perjuicios, indemnización por muerte, valor vida, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: GODINO  DE  MASTRICOLA  LILIANA  DEL  VALLE c/ ESTADO  NACIONALMINISTERIO  DE  DEFENSA  EJERCITO  ARGENTINO s/ accidente en elambito militar y fzas. de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-01

Respecto al "valor vida" que se reclama en autos, sabido es que bajo esta expresión -sólo admisible por una licencia del lenguaje, porque el valor de cualquier vida humana es inconmensurable- se computa, en verdad, la pérdida económica que sufren quienes dependían de los aportes económicos del causante para su propia subsistencia, es decir que se trata de establecer el daño que con motivo de la muerte han sufrido quienes reclaman la pertinente reparación. Es decir que el derecho manda indemnizar la repercusión patrimonial negativa que experimentan los damnificados indirectos del daño a raíz de la muerte (arts. 1084 y 1085 del Código Civil) y no la extinción de la vida como tal (conf. Sala I, causa 3755/93 del 27/06/96; causa 5842/94 del 28/11/00; Sala II, causa 4804/97 del 20/11/01; Sala III, causa 2481/99 del 5/10/04; causa 211/01 del 21/03/05).
BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, transformación, transferencia del personal, ENTE DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE SANTA FE, empresas del Estado, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, leyes, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Espinosa Pascual, Jorge Arturo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 797-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-06

Analizando el régimen jurídico aplicable al personal que pasó de desempeñarse en el Banco Provincial de Santa Fe a hacerlo en el ENFIRE SAPEM, y de allí a la API, debe mencionarse que la ley 10582 (sancionada el 27.12.1990 y promulgada el 17.1.1991), dispone, entre otras medidas, la creación de una sociedad del Estado -posteriormente llamada SEFYR- y la transformación en sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y privatización parcial del hasta entonces Banco Provincial de Santa Fe. Esta norma establece, en lo que ahora es de interés, que "operada la transformación o creación dispuestas por esta ley, el trabajador continuará rigiéndose por las normas y convenciones que se refieren al trabajador bancario sin mengua de los derechos que hasta el presente detentan los trabajadores del Banco. El derecho a la estabilidad queda garantizado a todo el personal del Banco de Santa Fe SA y a todas las sociedades o empresas con participación mayoritaria, hasta la categoría de Sub Gerente Departamental inclusive. Asimismo mantendrán sus derechos y obligaciones en materia previsional y de obra social y las obligaciones patronales pasan a las Sociedades que se creen o transformen, según corresponda" (artículo 31).
Seguros, asegurador, citación en garantía
Materia: LABORAL
Carátula: ARRIOLA ANGEL ANDRES c/ OPERACIONES ESPECIALES ARGENTINAS  S.A. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-05-03

En autos no se ha negado el carácter de aseguradora, por lo que la intervención de la compaÑía aseguradora, es de las llamadas por la doctrina, adhesiva simple o intervención asistente de terceros, pues no ostenta un derecho (no puede ser actora ni demandada originaria) sino un simple interés jurídico para defender un pleito toda vez que debe mantener indemne al asegurado de cualquier eventual condena, abonando la misma en la medida del seguro. En el caso, la aseguradora no ha desconocido su carácter. Luego la actuación de la citada en garantía, solo tiende a mantener indemne a la demandada y afrontando el pago de la eventual condena en la medida del seguro.
Sentencia arbitraria, recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Avalo, Abrahan G. s/ en Expte Corte Nro. 02/05 s/ Casación s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-05-10

El recurrente impugna el pronunciamiento con apoyo en la doctrina de la CSJN en materia de arbitrariedad de sentencia, pues sostiene que este Tribunal ha resuelto contra legem, sin fundamento normativo, basándose en afirmaciones dogmáticas, omitiendo decidir sobre cuestiones propuestas, lesionando con ello la garantía constitucional del debido proceso, solicitando en definitiva la nulidad del acto electoral.

La CSJN ha sostenido que " la alegación de arbitrariedad no autoriza a prescindir de los extremos legales para la procedencia del recurso extraordinario" ( 247:386).

En el caso, la crítica al Fallo remite al estudio e interpretación de normas de derecho local, materia que por regla constituye facultad propia de los jueces de la causa, lo cual, no obstante ello, no sería óbice para su admisibilidad si la decisión impugnada hubiere afectado las garantías constitucionales invocadas , lo que en autos no aconteció, debiéndose rechazar el recurso extraordinario federal por resultar formalmente inadmisible.
Derecho penal, Derecho procesal, graduación de la pena, imputado, situación del imputado, derechos y garantías constitucionales, clasificación de delitos, delitos contra la propiedad, agravantes de la pena, armas
Materia: PENAL
Carátula: LEONARDO PABLO MANZINI c/ JULIO CÉSAR FRENEGAL, PABLO ALEJANDRO ENRIQUEZ, JOSÉ ALBERTO PALLARES s/ ROBO DOBLEMENTE CALIFICADO POR EL USO DE ARMA Y COMISIÓN EN POBLADO Y EN BANDA (DOS HECHOS) y  ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA AGRAVADO POR LA PATICIPACIÓN DE MENOR DE 18 AÑOS; ROBO DOBLEMENTE CALIFICADO POR EL USO DE ARMAS y por COMISIÓN EN POBLADO Y EN BANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-28

En orden a la individualización de la pena que corresponde aplicar se tiene presente la naturaleza de las acciones, en todos los cuales los inculpados se desenvolvieron en conjunto y mediante la utilización de arma, lo que ya quedara comprendido en la tipificación y calificación establecida - ROBO DOBLEMENTE CALIFICADO POR EL USO DE ARMA Y POR COMISIÓN EN POBLADO Y EN BANDA EN CONCURSO IDEAL- , pero que ahora se valora por la forma y oportunidad en que fueron esgrimidas, con lo que se hace evidente el grado de peligrosidad desenvuelto, no habiéndose logrado recuperar la mayoría de los elementos sustraídos, con lo que el daño se evidencia como importante, destacándose el daño material y psicológico ocasionado.

También deben valorarse las condiciones físicas de los encausados y de las víctimas, la edad y educación que alcanzaran, las conductas precedentes, los vínculos personales existentes, la calidad de las personas y todas las otras circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que se consideraran, así como la falta de antecedentes condenatorios.
Depósito, obligaciones del depositante, gastos de conservación, depositario
Materia: PENAL
Carátula: MONELOS, J. s/ DEPOSITO - GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-02-03

Si bien de acuerdo a la interpretación armónica de los arts. 2 185 y 2.224 del Cód. Civil es posible el resarcimiento al depositario de lo gastos que hubiere efectuado para la conservación de la cosa, el pedido en tal sentido, con posterioridad a la liquidación aprobada, no sólo se hizo fuera de oportunidad, sino que tampoco fue acompañado de justificativo alguno de los gastos invocados, -que, además, lo fueron en beneficio de la parte representada por el reclamante-.
Estafa, abuso de confianza, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: JERONIMO, Maximiliano A. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

Si bien no existe constancia documental que acredite la entrega del dinero al empleado de "delivery" de la pizzería, lo cierto es que lamodalidad adoptada por el comercio para tomar los pedidos de envíos a domicilio, torna verosímiles las explicaciones dadas por su encargado respecto a la ausencia del dinero, pues es sabido que la necesidad de atender con celeridad los encargos recibidos aconsejan establecer menores formalidades o recaudos, máxime si el normal desarrollo de las tareas necesariamente implicaba el control del efectivo ingreso a la caja del comercio del dinero recibido por el imputado por parte de los clientes.

El delito de estafa comprende la conducta del agente que se vale de la relación de confianza que supone la relación laboral para lograr el desprendimiento patrimonial perjudicial del sujeto pasivo .

En consecuencia, debe confirmarse el procesamiento del encausado en orden al delito de estafa.
Cuestiones de hecho y prueba, planteo en segunda instancia, recurso de casación
Materia: PROCESAL-LABORAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Q.M.A. c/ Dirección de la Obra Social de la Provincia de San Juan - DOS- Amparo s/ INCONSTITUCIONALIDAD González Martín Francisco c/ Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) s/ apelación de sentencia s/ INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACIÓN (acumulados 7204 y 7205)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-12-12|2021-12-21

Las conclusiones sobre las circunstancias fácticas de la causa resultan inconmovibles por vía del recurso de casación en tanto este recurso impone a la instancia extraordinaria sujetarse estrictamente a los hechos fijados por el tribunal a quo.
Sentencia, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: M., G.B. c/ R., W.I. s/ División de Condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-18

La procedencia de la tacha de arbitrariedad requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación. "...es de carácter estrictamente excepcional y no autoriza la sustitución del criterio de los jueces de la causa en la interpretación de las normas y preceptos comunes, ni en la apreciación y valoración de los hechos y pruebas del proceso...", "aún cuando se pudiera extraer otra conclusión con fundamentos igualmente razonables, no es ello suficiente para impugnar de arbitraria una sentencia, cuando la misma cuenta con fundamentos bastantes que obstan a su descalificación como acto jurisdiccional...".
Secuestro de bienes, automotores, depósito judicial, restitución del automotor, buena fe
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "SANCHEZ PEREYRA, Luis E.". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-20

No corresponde la entrega de un automotor a quien no siendo el titular registral solo puede alegar su adquisición de buena fe.
Tribunal administrativo, juicio de árbitros, laudo arbitral, revisión judicial
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Meller   Comunicaciones   S.A.U.T.E. c/ Empresa  Nacional de Telecomunicaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-05

Conforme a lo establecido por el art. 17 de la ley 19.549 corresponde dejar sin efecto las resoluciones del Tribunal Arbitral de Obras Públicas que -sin atender a las numerosas irregularidades verificadas en el procedimiento administrativo ni lo expresado por el Procurador del Tesoro- reconocieron el reclamo de la contratista y la consecuente regularidad de la resolución que lo dispuso (Disidencia de los Dres. Carlos S.

Fayt y Enrique Santiago Petracchi).
Acción de amparo, obras sociales, jubilados, cobertura médica, cese en la afiliación
Materia: CIVIL
Carátula: Barral, Humberto José c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación s/ Amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-08

La jubilación del señor BARRAL afiliado a la obra social durante su etapa laboral activa, no significó que el vínculo antedicho debiera finalizar de manera forzosa, sino que subsistía en la esfera de la autonomía de su voluntad el derecho a permanecer bajo la cobertura de la accionada, tal como lo ha señalado el magistrado preopinante, y lo ha decidido este Tribunal en la citada causa nº 39.356/95 y en numerosos casos resueltos con posterioridad, habiéndose pronunciado en idéntico sentido tanto las restantes salas de esta Cámara como la Corte Suprema (Fallos: 324:1550; Sala 3, causa 5899/01 del 26.10.04; Sala 1, causa 10.844/05 del 14.3.06, entre muchos otros). Las objeciones de la recurrente en torno a la aplicación de este criterio devienen insustanciales ante la ausencia de argumentos concretos que de algún modo puedan erigirse en obstáculo a la fundamentación normativa que antecede. Por lo demás, esa conclusión se ve confirmada por el art. 20 de la ley 23.660 y su reglamentación, al disponer que los aportes a cargo de los jubilados y pensionados nacionales serán deducidos de los haberes jubilatorios, de pensión o de prestaciones no contributivas que les corresponda percibir por los organismos que tengan a su cargo la liquidación de dichas prestaciones, debiendo ser transferidos a la orden de la respectiva obra social dentro de los quince días corridos posteriores a cada mes vencido.
Juicio de apremio, pago parcial, reservas, acuerdo de partes, transacción, recurso contencioso administrativo, sentencia, ejecución de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: IRIBAS, JORGE ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE APREMIO      CSJ EXPTE NRO 218-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-14

Si la Provincia dio en pago fuera del plazo estipulado y sin actualizar, una suma inferior al monto resultante del acuerdo homologado por el Tribunal, que fue cobrada por la actora haciendo reserva de acrecidos, no puede invocar, en el apremio iniciado, "excepción de pago o extinción parcial" de la obligación, con fundamento en el artículo 508 del Código Procesal Civil y Comercial, que no establece dicha excepción.
Indemnización, aplicación de la ley, indemnización tarifada
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: GUTIERREZ, ERMELIO c/ TRANSPORTES 9 DE JULIO SA Y OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - LABORAL (CSJ EXPTE NRO 495-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-23

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que el fallo judicial que impone el pago de una indemnización por un infortunio laboral, sólo declara la existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento. Por ello, la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito, que persigue el reconocimiento de esta situación y sus efectos en el ámbito jurídico.
Superior Tribunal de Justicia, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal), recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: A., G. H. s/ Recurso Extraordinario. Revisión penal. Homicidio y robo simple con   violencia física en las personas en concurso real (Expte. CSJ Nº   2056-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-23

El medio para atacar un decreto de Presidencia de la Corte, de ninguna manera puede ser el recurso extraordinario contemplado en la ley 48.
Promoción de la corrupción, facilitación de la corrupción
Materia: PENAL
Carátula: Hartenau, Alfredo Guillermo s/ Corrupción calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

La propia objetividad de los hechos puede configurar un comienzo de corrupción que se corresponda con la descripción legal del art. 125 del C.P..
Intimación de pago, usos y costumbres, interpretación del contrato
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Karp, Damián Ariel c/ Honda Motor de Argentina S.A. y Otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-26

Cuando, como en el caso, se ha constatado que el accionante remitió intimación a devolver el monto dado por las reservas a la accionada y la referida misiva no mereció réplica de la concesionaria, el silencio permite inferir que se admitió la procedencia sustancial del reclamo (cfr.arg.919). En este marco dispone el CCIV 919 -y en el mismo sentido se sitúa el actual art. 263 del código unificado- que "el silencio opuesto a actos, o a una interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación, sino en los casos que haya una obligación de explicarse por la ley o por las relaciones de familia, o a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes". Esta última es la hipótesis aplicable en la especie. En principio se dice que quien calla no confiesa, sin embargo es cierto que no niega. Una de las tres excepciones a que se refiere la norma, hace hincapié en la obligación de explicarse "a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes"; porque si existen antecedentes entre las partes, relaciones exteriorizadas, y una de ellas, en el encadenamiento lógico de esas relaciones calla, el silencio resulta comprometedor (cfr. Belluscio, A.C. - dir.-, "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado", T° IV, Astrea, 1988, pág. 135). De modo que, quien teniendo la concreta posibilidad, el interés y el deber de hablar, y en especial de contradecir, omite conscientemente hacerlo frente a aquellos a quienes debería declarar su oposición, hace una declaración silenciosa de consentimiento o manifiesta indirectamente su asentimiento (cfr. esta Sala, "Beller, Liliana Leonor c/ Provincia Seguros SA", del 23.5.08, "Castelo, A. c/ Plan Rombo SA y otro", del 19.3.10, "Diperk Argentina SA c/ Cencosud SA y otros" del 27.8.15, entre otros). Merece la pena remarcar que "el hombre de negocios se mueve en una atmósfera en la que domina soberana la buena fe, y la buena fe no tolera que nadie se atrinchere detrás de un silencio cuando su silencio puede tener apariencia exterior de consentimiento" (Belluscio, A.C. - dir.-, "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado", T° IV, Astrea, 1988, pág. 135). De lo expuesto se advierte que la demandada ha incurrido en culpa o negligencia desde que, a pesar de haber recibido las sumas de la reserva de los automóviles nada responde a la intimación recibida. De este modo, debe afrontar la responsabilidad por los daños ocasionados.
Acción de amparo, actos jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañía de Perforaciones Río Colorado  S.A. c/ Dirección General Impositiva. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

La acción de amparo no puede ser utilizada como accesorio para obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales, porque mediante esta indirecta vía se soslayaría la inadmisibilidad del amparo contra decisiones adoptadas por el Poder Judicial, establecida en el art. 2, inc. b), primera parte, de la ley 16.986.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, concursos, incidentes, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria, ley nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: B.C.R.A. s/ LEGAJO DE FOTOCOPIAS PERTENECIENTES A LOS AUTOS B.C.R.A. -INCIDENTE  DE REVISION EN BID -QUIEBRA- RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-14

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la Alzada no brindó respuesta alguna sobre la pretendida aplicación del artículo 13 de la ley 24432, pues su discurso argumental transitó en torno a que en la regulación de honorarios en los incidentes de revisión concursales correspondía recurrir a las pautas previstas en las leyes arancelarias locales, tomándose como monto del proceso principal el del crédito verificado (art. 287 L.C.Q.), y al aludir a la ley 24432, lo hizo al sólo efecto de fortalecer la aplicación de la ley 6767 al caso de autos.
Recurso de inconstitucionalidad, incongruencia, caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, incidentes, trámites judiciales, aplicación de la ley, ley procesal, LEY DE CONCURSOS
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: VITA, ZOE NELIDA c/ REGUNASCHI, FRANCISCO C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-03-18

Es admisible el recurso de inconstitucionalidad desde que la sentencia bajo análisis incurre en una contradicción lógica, desde que reconoce la suspensión del procedimiento por el pedido de caducidad formulado por el letrado de la contraparte- para luego declarar "oficiosamente" la perención analizando actuaciones ocurridas con anterioridad a la recepción de la causa ante el Juzgado de la quiebra, y aplicando a tales etapas procedimentales los términos perentorios de la ley 24522.

Es que, si en el caso se encontraba pendiente el planteo de caducidad, al efectivizarse la devolución de los autos y su remisión al Juzgado de la quiebra, no resultaba viable ni la resolución del planteo de caducidad formulado por el Órgano sindical, ni la declaración oficiosa de la perención, sino, en todo caso, la sustanciación de aquel planteo en debida forma -a fin de asegurar el debido proceso y el adecuado derecho de defensa de las partes- y, oportunamente, el dictado de resolución de tal incidencia, planteada antes de la remisión al Juzgado de la quiebra, y por ello no alcanzado por la normativa de la ley 24522. ( De la disidencia del Dr. Erbetta a la que adhiere el Dr.

Netri).
Pensiones, cónyuge, concubinato, acto administrativo, consentimiento
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sánchez, Ramona Zulema c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 803-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-04

Si bien la Administración entiende que la prueba definitiva para excluir a la viuda del beneficio de pensión fue la sentencia judicial a través de la cual se la excluyó a -su vez- de la declaratoria de herederos del causante, tomando por ello esa fecha como punto de partida para el reconocimiento del 100% de la pensión a la conviviente, tal argumentación no puede prosperar si se tiene presente que el carácter de esa sentencia no es constitutivo, sino declarativo de una causal de exclusión preexistente, en razón de que antes de la referida fecha y al tiempo del fallecimiento del causante, éste vivía en concubinato y había tenido cuatro hijos de dicha unión, lo que sin duda alguna impide inferir la voluntad de unirse. Sin embargo, si bien no corresponde considerar como fecha de inicio la de aquella sentencia, tampoco se puede tener en cuenta la del fallecimiento del causante que pretende la actora a los fines del reconocimiento de su derecho al 100 % de la pensión desde esa fecha, pues ésta sólo recurrió oportunamente la resolución administrativa en lo que respecta al porcentaje del beneficio y no en lo referente a la fecha de otorgamiento que la Caja había establecido y que, por tanto, fue consentida.