Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-27


0///la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 27 días del mes de marzo de 2012, se reúne la Sala I de la Cámara Na-cional de Casación Penal, integrada por el doctor Raúl R. Madueño como Presidente y los doctores Luis María Cabral y Mariano H. Borinsky como Vocales, a los efectos de examinar y resolver el recurso de ca-sación deducido por el Dr. Sergio A. Paduczak, De-fensor Público Oficial de Gustavo Adolfo Balderramo en esta causa n° 13.608 caratulada "Balderramo, Gus-tavo Adolfo s/ recurso de casación", de cuyas cons-tancias RESULTA:

1°) Que el Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 resolvió condenar a Gustavo Adolfo Balderramo a la pena de doce años de prisión, acce-sorias legales y costas por considerarlo autor pe-nalmente responsable del delito de homicidio simple, manteniendo la declaración de reincidencia que pesa sobre el nombrado y absolverlo en orden al delito de amenazas (arts. 445/460 vta.)	2°) Que contra ese pronuncia-miento interpuso recurso de casación el Dr. Sergio A. Paduczak, Defensor Público Oficial de Gustavo Adolfo Balderramo.	La defensa cuestionó la conclu-sión relativa a que su pupilo causó las lesiones que provocaron la muerte de "Héctor William De la Fuente el 14 de julio de 2009, alrededor de las 20 hs., en el predio ubicado en la calle White y Cajaravilla, debajo de la autopista, valiéndose de un palo, gol-peándolo en la cabeza y distintos sectores del cuer-po causándole fractura de cráneo, contusión y hemorragia meningoencefálica, que le provocaron la muerte a las 15:30 hs. del día siguiente" (fs.456). Sostuvo que la sentencia cuenta con una fundamentación contradictoria que inobservó lo dispuesto en lo arts. 3, 398 y 404 inc. 2° del C.P.P.N.	Argumentó que no se ha acreditado que su asistido haya sido el autor de los golpes que le provocaron la muerte a De La Fuente y que la noche del hecho su asistido pasó a buscar a su novia, Fabiana Alejandra Bletter, "en la intersec-ción de las calles White y Cajaravilla, para luego dirigirse hacia la casa de la nombrada, donde se se-pararon, para luego volver a encontrarse en la esta-ción de servicio ubicada a unas cinco cuadras del lugar desde donde se dirigieron a un hotel y pasaron la noche juntos" (fs. 467 vta.).Impugnó la valoración de los dichos de los testigos Antonio Daniel Vilanova y Juan Domingo Chamorro, apuntando que se expresaron con mendacidad y que ninguno presenció el hecho. Pu-so de resalto que Vilanova se encontraba ebrio al momento en que habría ocurrido el suceso, y que mientras que en la etapa de instrucción declaró que "vio a Balderramo golpear a De la Fuente con un palo así como también darle patadas, mientras éste estaba acostado", al ser interrogado en el debate dijo "no haber presenciado el momento del hecho" y que "segu-ramente fue mal interpretado porque no estuvo pre-sente cuando su amigo recibió los golpes ya que como dijera se había alejado del lugar, y se enteró de lo sucedido por dichos de este" (fs. 473 y vta). Alegó que la afirmación del a quo relativa a que el testi-go "'no afirmó que había presenciado ese momento, sino simplemente dijo que ello había ocurrido cuando él se alejó del lugar', no se condice con lo mencio-nado por éste ya sea en la etapa de instrucción como en el debate oral, sobre todo porque al haberle hecho notar estas diferencias no pudo explicar de manera coherente las razones de esta modificación" (fs. 476).	En relación a los dichos de Chamorro indicó que el testigo en sede de instrucción manifestó que "Vilanova le comentó que lo había agredido Balderramo" y en la etapa de juicio refirió que "De la Fuente, le dijo que mientras estaba acos-tado en el predio, Balderramo, sin motivo alguno lo había atacado y golpeado en la cabeza con un palo. Que luego lo había arrastrado unos metros hasta de-jarlo sobre la vereda". Agregó el recurrente que "[r]esulta extraño que alguien que dijo ser amigo de De La Fuente, supuesta víctima del hecho investiga-do, frente a las lesiones que tenía y que según re-firiera eran evidentes en la cara y en cabeza, no lo hace ingresar en su domicilio, por un supuesto temor a que lo comprometa" (fs. 474) y que "por otro lado también resulta cuestionable su actitud en cuanto a que simplemente se limitó aconsejarles que se di-rijan hacia la Seccional nro. 40 de la P.F.A. a rea-lizar la denuncia pertinente, sin siquiera acompa-ñarlos hasta la comisaría de la forma más rápida po-sible para luego dirigirse al hospital más cercano, dada la situación en la que en principio se encon-traba De la Fuente" (fs. 474). También se preguntó la defensa, por qué Chamorro "no hizo la denuncia a la policía inmediatamente de haber tomado conoci-miento del deceso de De La Fuente" (fs. 576 vta.).	Asimismo se agravió de que se haya considerado "indicio de mala justificación" a los dichos de Balderramo respecto a que "nunca dur-mió en el playón de la calle White y Cajaravilla, ya que no tenía ninguna necesidad de hacerlo", y cues-tionó que se haya dado credibilidad a "los testimo-nios de Vilanova y Chamorro antes referidos, así co-mo también los de Ariel Alberto Amarilla y los poli-cías Gustavo Gauna y Walter Gómez" (fs. 478). Alegó al respecto que Vilanova refirió "haber visto luego de llamar al 911 a Balderramo y su pareja en la vereda de enfrente" y que "no resulta ser una actitud lógica de quien supuestamente acaba de cometer un homicidio la de permanecer en las inmediaciones ex-puesto a ser denunciado y detenido" (fs. 478).	Por otra parte indicó que el testimonio de Amarilla "no goza de la certeza y con-sistencia que debe gozar todo testimonio para ser valorado como prueba de cargo en contra" del imputa-do pues "únicamente es un testigo de oídas que no estuvo en el lugar de los hechos el día que supues-tamente ocurrió y que simplemente reproduce los di-chos de Chamorro" (fs. 478). En esta misma dirección agregó que el testimonio de los policías Gauna y Gómez "en el sentido de que Balderramo era una persona prepotente" no indica que el encartado haya sido el autor de las lesiones que causaron la muerte de De la Fuente.	Alegó también que no se valoró que la versión de Alejandra Fabiana Bletter, ha si-do conteste con las explicaciones de su defendido.

En esta misma línea de cuestio-namientos señaló que no resultan creíbles los dichos de los preventores Néstor Pablo Louzan y Carlos Al-berto Muñoz "que afirmaron que en dicha ocasión no habían hablado con persona alguna, a diferencia de lo sostenido por Balderramo y su novia, Fabiana Bletter, quienes fueron contestes en afirmar que el móvil policial se había detenido para hablar con ellos quienes les refirieran que alguien había soli-citado la intervención policial por incidencia". En cuanto al punto conjeturó que "[d]e esta situación se pueden extraer varias conclusiones. La primera y la más importante es que los hechos no sucedieron como los denuncia Vilanova. Otra conclusión es que los policías al ver la situación tranquila y bajo control, no hayan informado nada, lo que se aleja absolutamente de la hipótesis de que en ese lugar se haya querido cometer un homicidio" (fs. 479 vta Entendió que también se verifi-ca una incongruencia entre la descripción del hecho efectuada en el requerimiento de elevación a juicio en cuanto se señala que la conducta imputada a Bal-derramo se habría llevado a cabo alrededor de las 21 hs. del día 14 de junio y los dichos de Vilanova "que fue convincente al declarar que habían regresa-do del bar a las 21 hs.". Afirmó la defensa que los sentenciantes toman de las testimoniales sólo aque-llos tramos "que les sirven para arribar a un pro-nunciamiento condenatorio" y que la mencionada in-congruencia en el horario de ocurrencia del hecho afectó el derecho de defensa de Balderramo "quien tenía que haber planificado su defensa justificando dónde y con quien se encontraba a las 20 hs. y no a las 21 hs." (fs. 480 vta./fs. 481 vta.).

Asimismo planteó que se omitió valorar que el encartado, de haberse encontrado en el predio, se encontraba en un estado de alcoholiza-ción pues Vilanova mencionó en la audiencia que "Balderramo cuando no estaba bebido era manso como un cordero y que la bebida lo volvía agresivo" (fs. 481 vta.).

En cuanto al planteo subsidia-rio por errónea aplicación de la ley sustantiva pos-tuló que por virtud del art. 3 del C.P.P.N. se debió haber encuadrado la conducta como homicidio preterintencional. Argumentó que no hay elementos que de-muestren con certeza el dolo de matar que requiere el homicidio simple pues si "Balderramo hubiera tenido la intención de matar no se hubiera quedado en el lugar viendo como De la Fuente se levantaba y volvía a ingresar al predio como si no hubiese pasa-do nada". Añadió que con posterioridad al hecho "Vi-lanova junto con De la Fuente, por sus propios me-dios se dirigen hacia la casa de Chamorro, y de ahí a la Comisaría y al Hospital, a realizarse las cura-ciones, siendo que al día siguiente fallece" y que ello demuestra "que los golpes que le efectuara Bal-derramo a De la Fuente no tuvieron como fin produ-cirle la muerte, sino causarle un daño para alejarlo del lugar" (fs. 488). Afirmó que "los propios sen-tenciantes han descartado la posibilidad de que el palo que ha sido secuestrado haya sido el elemento contundente con el que se han producido las lesiones a De la Fuente" por lo que "no se puede sostener la razonabilidad por la capacidad del medio empleado, por la inexistencia del mismo" (fs. 489 vta.). En esta misma línea argumental cuestionó que el "Hospi-tal Piñero careciera de un neurocirujano, ya que conforme los dichos del médico que lo atendió en di-cho nosocomio, no se descarta que, una intervención quirúrgica tiempo podría haber descomprimido el cerebro, la cual hubiera evitado el desenlace fatal" (fs. 489 vta.).

En relación al agravio dirigido contra el monto de la pena impuesta sostuvo que si se valoró como agravante las características del hecho y que "estas circunstancias excedían las que surgen como inherentes al tipo penal del delito en cuestión, ello debió fundamentarse en la sentencia, cosa que no se hizo" (fs. 491). Cuestionó lo apunta-do en el pronunciamiento en cuanto a que "la multi-plicidad de golpes que aplicó al damnificado en dis-tintas partes del cuerpo" "fue demostrativo de una agresividad singular", señalando que las caracterís-ticas del delito que se imputa a su asistido "supone un hecho que de por sí encierra un despliegue de violencia y no por ello puede considerarse en forma aislada como un agravante de la pena" (fs. 491 vta./492). Asimismo impugnó que se haya considerado como agravante "la diferencia física" entre el impu-tado y la víctima, alegando que no se encuentra de-mostrado ni probado "que esto haya influido notable-mente como una cuestión de inferioridad para ejercer una efectiva defensa" y concluyó que el "suceso pudo haber acontecido más por una simple discusión o insistió en que resulta ajeno al hecho que se le imputa.

En la oportunidad prevista por el art. 466 del C.P.P.N., el señor Fiscal General ante esta instancia Dr. Pedro Narvaiz, propicio el rechazo del recurso de casación por considerar que la prueba testimonial ha sido adecuadamente valora-da; que resulta ajustada a derecho la subsunción legal del hecho efectuada por el a quo "toda vez que mediante la lógica y el sentido común es fácilmente comprobable que analizando el contexto en que se produjo el ataque, el elemento y el modo como fue utilizado éste para materializarlo, así como también el tipo de heridas, permiten concluir que son circunstancias reveladoras de la intención no sólo de lesionar gravemente a la víctima, sino de cegar su vida" (fs. 515), y que no se advierten vicios en la fundamentación de la pena.

Por su parte la señora Defenso-ra Pública Oficial, Dra. Eleonora Devoto, insistió en los planteos efectuados por su colega de la ins-tancia anterior, poniendo de resalto que "[e]n nin-gún momento Vilanova expresó durante su declaración que Balderramo quiso matar a De la Fuente" y conclu-yó que teniendo en cuenta que su defendido "nunca tuvo dolo de matar, sino que solamente quería alejar a De la Fuente y a Vilanova del lugar porque estaban en estado de ebriedad" el hecho "sólo puede subsu-mirse en el tipo penal establecido en la norma del art. 81.b del CP" (fs. 519 vta./520).

En otro orden de ideas añadió que "no puede descartarse que la intervención a tiempo de un neurocirujano le hubiera salvado la vi-da" y que "la razonabilidad del medio empleado no sólo debe ser analizada desde lo contundente del ob-jeto empleado sino también en cuanto al modo en que sucedieron los hechos" (fs. 520).

De modo subsidiario insistió también en el agravio por arbitrariedad de la san-ción impuesta al haberse incurrido en un supuesto de doble valoración, y planteó la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia.

6°) Que superada la etapa prevista en el artículo 468 del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del C.P.P.N.).

Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó de-signado para hacerlo en primer término el doctor Ra-úl R. Madueño y en segundo y tercer lugar los docto-res Luis María Cabral y Mariano H. Borinsky, respec-tivamente.

El señor juez doctor Raúl R. Madueño dijo:

I- Liminarmente cabe recordar que el Tribunal Oral tuvo por acreditado "que el 14 de julio de 2009 alrededor de las 20 hs., en el pre-dio ubicado en la intersección de White y Cajaravilla, debajo de la autopista, Gustavo Adolfo Balderramo, valiéndose de un palo, golpeó en la cabeza y distintos sectores del cuerpo a Héctor William de la Fuente, causándole, entre otras lesiones, fractura de cráneo, contusión y hemorragia meningoencefálica, que le produjeron la muerte a las 15:30 hs. del día siguiente.II- De la precedente reseña de agravios se advierte que la defensa cues-tionó esa conclusión señalando que es producto de una arbitraria valoración de la prueba.

Respecto a las reglas que mode-ran el mérito del plexo probatorio, en anteriores oportunidades he señalado que nuestro Código Proce-sal Penal ha adoptado el sistema de la sana crítica racional art. 398, 2° párrafo del C.P.P.N, que con-forme al precepto constitucional que exige que toda sentencia debe ser fundada, requiere que las conclu-siones a las que se arriba en el veredicto deben ser consecuencia de una valoración racional de los elementos de juicio colectados, respetándose las leyes de la lógica, principios de identidad, tercero ex-cluido, no contradicción, razón suficiente, de la psicología y de la experiencia común.

Esta es por otra parte la pauta que impera en los tribunales internacionales en el sentido de que tienen la potestad de apreciar y va-lorar las pruebas según las reglas de la sana críti-ca evitando adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para sustentar un fa-llo (cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos in re: Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003 parág. 42; Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sentencia del 25 de noviembre de 2003, parág. 120; Maritza Urrutia vs. Guatemala, sentencia del 27 de noviembre de 2003, párag. 48; y "Herrera Ulloa v. Costa Rica" sentencia del 2 de julio de 2004, parág 57).

El principio de razón suficien-te implica que las afirmaciones a que llega una sen-tencia deben derivar necesariamente de los elementos de prueba que se han invocado en su sustento. Son pautas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia (cfr. mi voto in re: "Di Fortuna, Juan Marcelo s/ recurso de casación", causa n° 3714, rta. el 20/5/02, reg. n° 4923 de la Sala II).

El razonamiento empleado por el juez en su fallo debe ser congruente respecto de las premisas que establece y las conclusiones a que arriba, debiendo expresar por escrito las razones que condujeron a su decisión para posibilitar el control de legalidad.

En este orden de ideas la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puntualizado que si se verifica que se han ponderado testimonios, prueba de presunciones e indicios en forma fragmen-tada y aislada, incurriéndose en ciertas omisiones en cuanto a la verificación de hechos que conducen a la solución del litigio, sin haberse efectuado una visión de conjunto ni una adecuada correlación de los testimonios y de los elementos indiciarios, ello constituye una causal de arbitrariedad que afecta las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso (L.478.XXI, "Liberman, Susana por sus hijos menores c/Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI ", del 28 de abril de 1988 y J.26.XXIII, "Jaurena, Ramón Avelino s/homicidio cul-poso" causa n° 1192, del 2 de abril de 1992).

En esta línea de pensamiento, Pietro Ellero en sus reflexiones acerca de la certi-dumbre en materia criminal explica que la certeza es la persuasión de una verdad, la convicción de que la idea que nos formamos de una cosa corresponde a la misma, puesto que siempre que se tiene por verdadera una cosa, hay certeza de ella, pues se trata de una verdad de tal naturaleza que se impone a la mente sin discusión. Así, la certeza constituye aquel es-tado del ánimo en virtud del cual se estima una cosa como indudable (Pietro Ellero, De la certidumbre en los juicios criminales, Tratado de la prueba en ma-teria penal, Buenos Aires, mayo de 1998, págs. 21, 33 y 318).

De ahí entonces que si de los elementos de prueba reunidos no se puede llegar in-exorablemente a la conclusión descripta en la sen-tencia, significa una afectación al principio de ra-zón suficiente, lo que provoca su nulidad.

Los preceptos "sentencia funda-da en ley", "defensa en juicio" y "presunción de inocencia" que consagran los arts. 18 de la C.N. y 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos como derecho fundamental, comprenden el de obtener una resolución motivada, que incluye tanto la moti-vación jurídica, como la que se refiere al análisis y valoración de la prueba como exteriorización del fundamento de la decisión adoptada, a la vez que permite un eventual control jurisdiccional; por lo tanto, si el proceso lógico que sirve para fundamentar una conclusión carece de apoyo en las propias circunstancias de la causa, configura un supuesto de arbitrariedad que compromete el veredicto con afec-tación de la garantía de defensa en juicio en su más amplio contenido (conf. mi voto en la causa n° 1800, "Venezia, José Luis s/rec. de casación", reg. n° 2315, del 3 de diciembre de 1998).

En coincidencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos "es conveniente recordar que el acervo probatorio de un caso es úni-co e inescindible" (cfr. casos "Maritza Urrutia su-pra cit,. Parág. 52; Myrna Mack Chang parág. 128, Bulacio parág. Parág. 57 y Herrera Ulloa parág. 68), y por tal motivo la valoración debe realizarse sobre los particulares elementos de prueba incorporados al caso.

III- Analizado el razonamiento expuesto en la sentencia con arreglo a los paráme-tros que anteceden, no se verifican los vicios pre-dicados por la recurrente que invaliden la conclu-sión de que Balderramo fue el autor material de los golpes que a la postre ocasionaron la muerte de De la Fuente.

En efecto, la defensa ha cen-trado sus críticas en la valoración de los dichos de los testigos Vilanova y Chamorro. Al respecto, más allá del estado de ebriedad de Vilanova a partir del cual la defensa pretende cuestionar sus afirmacio-nes, en el caso se tuvo en cuenta la congruencia en-tre los relatos de ambos testigos y que esas expre-siones guardan coincidencia con las razones del de-ceso que surgen de la autopsia.

En cuanto a los dichos de Vila-nova sostuvo el tribunal que el "testigo fue preciso al describir las instancias previas al hecho, es de-cir cuando Balderramo les exigió que se retiraran del lugar, golpeándolo de forma leve dos veces en el codo con un palo para convencerlo que así debía hacerlo. También lo fue cuando relató haber observa-do desde cierta distancia al imputado arrastrar a De la Fuente y desvanecido dejarlo en la vereda. La realidad de esta circunstancia fue corroborada al comprobarse en el damnificado excoriaciones en las rodillas que, según el forense, pudieron ser produ-cidas por arrastre. Claro que la reacción de reco-rrer unas cuadras hasta un teléfono para llamar de manera inmediata a la policía, también constituyó una actitud propia de quien acababa de asistir a un hecho de singular gravedad. Además fue coherente cuando decidió trasladarse con De la Fuente, una vez que éste se hubo recuperado, hasta el domicilio de Chamorro, que era una persona de la confianza de am-bos para imponerlo de lo que había sucedido. Ningún aspecto de su conducta delató que pudiera haberse encontrado en un estado de ebriedad tal que le hubiera impedido comprender lo que estaba ocurrien-do, sobre todo que desde lo de Chamorro, pudo acom-pañar a su amigo a la Comisaría 40 y desde allí al hospital Piñero. Por todo eso fue creíble cuando ex-presó su total convencimiento acerca de que el impu-tado, que era la única persona que quedó en el in-terior del predio con De la Fuente, había sido el autor de las lesiones" (fs. 458 vta.).

En cuanto a lo declarado por Chamorro, se valoró que su testimonio "fue convin-cente no sólo por la seguridad de sus afirmaciones al relatar el estado físico que presentaba [De la Fuente] y cuanto le escuchara decir respecto de la conducta del imputado, sino también porque sus di-chos armonizaron con los de Vilanova y, fundamental-mente, porque después de lo sucedido tuvo actitudes que fueron coherentes con aquello que había escucha-do, es decir, fue al predio y buscó el palo que su-ponía era el utilizado, y más tarde, al ver al impu-tado caminar por calle Medina, llamó a la policía, lo hizo detener denunciando que había sido el autor de la muerte de su amigo, y entregó dicho palo" (fs. 458 vta./459).

Junto a la mentada coherencia entre las expresiones de ambos testigos que dijeron haber escuchado "de boca de De la Fuente, que éste había sido golpeado con un palo, que también momen-tos antes el primero, con un objeto de esas caracte-rísticas había recibido dos golpes leves en uno de sus codos" (fs. 458), hay que tener en cuenta tam-bién la ausencia de indicadores de animosidad de los declarantes hacia el imputado. En tal sentido observaron los sentenciantes que "no estaba en el ánimo de Vilanova cargar las tintas contra el impu-tado, actitud que quedó patentizada cuando minimizó lo relativo a las amenazas que lo habrían tenido por víctima"(fs. 458 vta.).

Se advierte entonces que los dichos del imputado, que pretenden sustento a su vez en los de su pareja Alejandra Fabiana Bletter, re-sultaron desvirtuados por las contestes declaracio-nes antes aludidas a las que cabe adunar la de Ariel Alberto Amarilla quien contrariando la versión del encartado refirió que Balderramo pernoctaba debajo del puente ubicado en White y Cajaravilla y que Cha-morro le comentó que Baldaerramo había matado a "Wi-llie".

Completan el panorama probato-rio las declaraciones de los preventores Néstor Pa-blo Louzan y Carlos Alberto Muñoz dando cuenta que Chamorro les refirió que Balderramo "había matado a un amigo suyo golpeándolo con un palo" (fs. 451). Las expresiones de los preventores demuestran que el relato de los testigos Vilanova y Chamorro se mantu-vo en lo sustancial coherente desde un inicio y lo largo de las distintas oportunidades en que tuvieron que narrar el suceso.

En este contexto y acreditada como está la autoría material del ataque sufrido por De la Fuente, resulta irrelevante la cuestión rela-tiva a la diferencia horaria que plantea la recu-rrente, no advirtiéndose cuál sería el menoscabo concreto que podría haber sufrido al pleno ejercicio de derecho defensa.

De otra parte y en relación a la conjetura de que la intervención a tiempo de un neurocirujano pudo haber salvado la vida de la víc-tima, cabe señalar que en la sentencia se respondió a la cuestión señalando que de acuerdo al dictamen forense de fs. 394/402, el pronóstico fatal no se hubiera modificado aunque la interconsulta neuroqui-rúrgica se hubiera efectuado en forma inmediata (fs. 459 vta.).

En suma, tengo para mí que la conclusión relativa a que Balderramo ha sido el au-tor material de la muerte de De la Fuente, se en-cuentra precedida de un adecuado razonamiento sus-tentado en los elocuentes elementos de prueba antes referidos.

IV- Tampoco se advierte el ye-rro en la calificación legal, propiciado por la par-te recurrente. Los golpes con un palo en la cabeza y otros sectores del cuerpo de la víctima, constituyen un medio que razonablemente pudo haber desencadenado el resultado que finalmente se produjo. En este pun-to, la circunstancia que el imputado hubiera perma-necido en las adyacencias del lugar donde previamen-te habría tenido lugar la golpiza o que eventualmen-te hubiera visto como De la Fuente se retiraba luego de la agresión, no alcanza para asignarle a la con-ducta reprochada la significación que pretende su esforzada asistencia técnica, pues las característi-cas de la agresión demuestran con suficiente clari-dad la concurrencia al momento de la agresión, del dolo, si no es que directo aún en una modalidad eventual, requerido por la figura por la que resultó condenado.

Así se ha dicho que "[s]i el agente utilizó un medio apto para causar la muerte con conocimiento de su aptitud y con la finalidad de dañar a la víctima, estaremos en presencia de un do-lo eventual de muerte, que excluirá la figura del homicidio preterintencional; distinta es la situa-ción si el medio no era precisamente idóneo para causar el resultado, caso en el cual no estaremos necesariamente en presencia de un homicidio prete-rintencional" (Cfr. Fellini, Zulita, en Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y ju-risprudencial. Dir. Baigún, David y Zaffaroni, Euge-nio R., Buenos Aires, 2007, pág. 352).

En autos ha quedado demostrado que la víctima fue apaleada encontrándose acostada y que ya desvanecida fue conducida por el encartado fuera del predio donde la agresión tuvo lugar. Todo ello, resulta demostrativo que la conducta de repro-che reúne los elementos típicos del delito previsto en el art. 79 del C.P..

V- En cuanto al monto de la pe-na impuesta a Balderramo tengo para mí que la san-ción de doce años de prisión impuesta al encausado para un delito cuya escala penal tiene como márgenes los ocho y los veinticinco años de prisión resulta ajustada a las pautas de mensuración establecida por la ley sustantiva. En tal sentido, no es dable sos-layar como circunstancia agravante las característi-cas de la agresión y en particular lo apuntado por el Tribunal en cuanto a que el encartado luego de haber agredido a la víctima y no obstante las serias lesiones que presentaba y encontrarse desvanecida, la arrastró por los pies abandonándola en la vereda, "lo que evidenciaba un total desprecio por la perso-na que había atacado". Asimismo el a quo tuvo en cuenta "la carencia total de motivos serios que pu-dieran haberlo determinado o impulsado a actuar como lo hizo" (fs. 460). A ello cabe adunar que en la sentencia se "concluyó que constancia alguna había permitido siquiera inferir con grado aceptable de probabilidad, que el imputado pudiera haber actuado en estado de ebriedad, más porque éste ninguna men-ción hizo al respecto que pudiera conducir a la pre-sunción de que las cosas habían ocurrido cuando es-taba en ese estado" (fs. 459 vta.).

En tanto que como elementos de morigeración "se evaluó la dedicación que demostraba hacia su hija de diez años de edad, así como también la circunstancia de que colaborara en forma volunta-ria con un comedor comunitario" (fs. 460 vta.).

Así las cosas, la pena se en-cuentra adecuadamente individualizada y en conse-cuencia corresponde en esta instancia confirmarla.

VI- Por último y previo a abor-dar el planteo de inconstitucionalidad de la reinci-dencia, corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución Nacional gozan de presunción de le-gitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, y sólo declarar la inconstitucionalidad cuando la aversión de la norma con la cláusula constitucional sea mani-fiesta, clara e indudable (cfr. Fallos 226:688; 242:73; 263:309; 300:241 y 1087; 305:1304). Por ello, la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucionalidad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, ejerciéndose únicamente cuando la repug-nancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (Fallos: 303:625).

La Constitución Nacional, a través del artículo 75 inciso 12, otorga al Poder Legislativo la facultad de declarar la criminalidad de las acciones, desincriminar otras, imponer penas, aumentarlas o disminuirlas, y el único juicio que le corresponde hacer al poder judicial es el referente a la constitucionalidad de las leyes sin examinar el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, pues no son puntos sobre los que al poder judicial le quepa pronunciarse, salvo en aquellos casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario (Fallos: 313:410; 318:1256), que por cierto no se advierte.

En el mismo sentido, y como el derecho penal representa la última línea de defensa en contra de la lesión de valores jurídicos funda-mentales y es tarea del legislador articular los li-neamientos generales de la política criminal, la apreciación que realiza el legislador involucra una esfera de decisión política sobre la que no cabe mo-dificación por parte de los jueces, ya que represen-ta facultades específicas de aquél sobre la política criminal, la que sólo tendría lugar en el caso de que se lesionen garantías fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional o Tratados Internacio-nales en que la República sea parte (cfr. Sala II, in re:"Carnovali, Alfredo s/ recurso de casación e inconstitucionalidad", causa n° 2845, reg. n° 3696, rta. el 23/11/00).

Tal como lo expusiera in re: "Corpus, Diego Fernando y otros s/recurso de casa-ción", causa n° 7271, reg. n° 9798, rta. el 16/11/06, el planteo de inconstitucionalidad de la reincidencia interpuesto por la Defensora Pública Oficial ante esta instancia, no ha de tener acepta-ción.

Cabe señalar que ese fue el temperamento seguido por la Corte Suprema de Justi-cia de la Nación en los precedentes "Gómez, Dávalos" y Gelabert, Rubén R. (Fallos 308:1938 y 311:1209), cuando señaló que el instituto de la reincidencia se sustenta en el desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el de-lito. Lo que interesa en ese aspecto es que el autor haya experimentado el encierro que importa la conde-na, no obstante lo cual reincide demostrando su in-sensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza, cuyo alcance ya conoce. Se manifies-ta, así, el fracaso del fin de prevención especial de la condena anterior, total o parcialmente padeci-da. Criterio jurisprudencial que ha sido seguido por esta Cámara (cfr. Sala II, "Acosta, Marcelino s/ re-curso de casación", causa n° 4047, reg. n° 5385, rta. el 19/12/02 y "Soto, Norambuena, Evelin s/ re-curso de casación, causa n° 4619, reg. n° 6021, rta. el 6/10/03; Sala I, "Lerda, Ana María s/recurso de casación", causa n° 3789, reg. n° 4639, rta. el 4/10/01 y "Collia, Damián Joaquín y Krebs, Marcelo s/recurso de casación e inconstitucionalidad", causa n° 4594, reg. n° 5680, rta. el 28/2/03; Sala IV, "Ortíz, Juan Carlos s/ recurso de inconstitucionali-dad", causa n° 1837, reg. n° 3047.3, rta. el 11/12/00 y Sala III "Grimaldi, Oscar s/ recurso de inconstitucionalidad", causa n° 1066, reg. n° 262/97, rta. el 26/6/97, entre muchas otras).

Con relación a la transgresión al principio que veda el reproche "por la comisión de hechos anteriores ya sancionados", alegada por la recurrente, cabe señalar que esa garantía prohíbe que una misma persona pueda ser sometida nuevamente a proceso por el mismo hecho o que se le aplique nuevamente pena por el mismo delito, si esas señala-das identidades no están presentes no habrá viola-ción al principio constitucional. No obstante ello, el legislador puede tomar en consideración la con-dena anterior, como un dato objetivo y formal, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamien-to penitenciario adecuado para aquellos supuestos en que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal. Ello es así, porque evidencia un mayor desprecio por la pena quien pese a haberla sufrido antes, recae en el delito. Resultando evidente que esa insensibilidad ante la eventualidad de un nuevo reproche penal, no formó parte de la valoración in-tegral efectuada en la primera sentencia condenato-ria, por lo que mal puede argüirse que han vuelto a juzgar y sancionar la misma conducta (cfr. Fallos 308:1938; 311:1451 y C.N.C.P., Sala I, "Collia, Da-mián Joaquín; Krebs, Marcelo s/recurso de casación e inconstitucionalidad", causa n° 4594, reg. n° 5680, rta. el 28/2/03 y "Bonfanti, Oscar Roberto s/ recur-so de casación", causa n° 6634, reg. n° 8635, rta. el 23/3/06).

En torno a la presunta viola-ción del principio de culpabilidad, cabe afirmar que el instituto de la reincidencia previsto en el artí-culo 50 del Código Penal no reposa en una presunción de que el sujeto mantiene una inclinación continua negadora del derecho, porque no se identifica con la reiteración delictiva ni con la habitualidad, inclu-so quedan excluidas del supuesto de la reincidencia las conductas antijurídicas que merecieron penas distintas de las privativas de libertad, pues la norma en cuestión exige en todos los casos que se trate de penas de tal naturaleza; en ese sentido, para ser consecuente con un reproche por el modo de vida del autor, el sistema jurídico tendría que to-mar en cuenta todos los puntos de conexión con la forma en que aquél se ha conducido, y ello no acon-tece en el derecho argentino vigente.

En ese sentido, para el Código Penal resulta irrelevante la historia criminal del individuo, incluso un delincuente ocasional puede llegar a caer bajo la calificación de reincidente, en la medida en que le sea reprochable su insensibi-lidad a la amenaza penal, no obstante que conoce concretamente los padecimientos que la ejecución de esa amenaza acarrea (cfr. Fallos 308:1938). Es el conocimiento de la criminalidad del acto, con el agregado de que conoce lo incisivo de la consecuen-cia jurídica, lo que funda una mayor reprochabilidad por ese acto (cfr. Sala II in re: "Lapalma, A. D. y Lloveras, M. F. s/recurso de casación", causa n° 2723, reg. n° 3708, rta. el 30/11/00 y sus citas).	Con relación a la supuesta afectación al principio de igualdad ante la ley, nuestro más Alto Tribunal tiene dicho "que el dis-tinto tratamiento dado por la ley a aquellas perso-nas que, en los términos del artículo 50 del Código Penal, cometen un nuevo delito, respecto de aquellas que no exteriorizan esa persistencia delictiva, se justifica por el desprecio hacia la pena que les ha sido impuesta. Y, si como se vio, existe un funda-mento razonable para hacer tal distinción, el legis-lador se encuentra facultado para establecer, dentro de un amplio margen que le ofrece la política crimi-nal, las consecuencias jurídicas que estime conve-nientes para cada caso" (cfr. Fallos 311:1452).

Por último, cabe recordar que si bien la Corte sólo decide en los procesos concre-tos sometidos a su conocimiento y que sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, es cierto también que los tribunales inferiores tienen el de-ber de conformar sus decisiones a aquéllos en virtud de la autoridad institucional que los mismos revis-ten, y en consecuencia carecen de fundamento las sentencias de tribunales inferiores que se apartan de su doctrina sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar aquellos sentados por la Corte en su carácter de intérprete supremo de la Constitu-ción Nacional y de las leyes dictadas en su conse-cuencia (confr. Sala II in re "Malatesta, Patricia A. s/ recurso de casación", causa n° 3957, reg. n° 5386 rta. el 19/12/02; "Carabajal Cejas, Mario H. y otro s/ recurso de casación", causa 5804, reg. n° 7910 rta. el 7/9/05 y "Mazzeo, Julio y otros s/ re-curso de casación", causa n° 5837, reg. n° 840 rta. el 21/10/05; Sala IV in re "Calatayud, Roberto Car-los s/recurso de casación", causa n° 1146, reg. n° 1664 rta. el 22/12/98 y sus citas y "Aleman, Juan Ignacio y otros s/ recurso de casación e inconstitu-cionalidad", causa n° 5023, reg. n° 7641 rta. el 14/7/06; Sala I in re "Del Cerro, Juan Antonio s/ recurso de casación" causa nº 3977, reg. n° 8163 rta. el 14/10/05, "Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/recurso de casación e inconstitucionalidad", causa n° 6708, reg. n° 9427, rta. el 14/9/06).

En esta dirección, ha señalado nuestro más Alto Tribunal que el leal acatamiento de sus fallos resulta indispensable para la tranquili-dad pública, la paz social y la estabilidad de las instituciones (Fallos 212:160 y 251; 321:2114; 323:555 y 326:417).

Con arreglo a lo expuesto, y atento a que la defensa no ha aportado nuevos argu-mentos que permitan apartarse de la doctrina sentado por el Alto Tribunal en relación al instituto de la reincidencia, corresponde rechazar el recurso incoa-do.

Por todo lo expuesto, voto por rechazar el recurso de casación intentado, con cos-tas.

El señor juez doctor Luis María Cabral dijo:

Adhiero al voto que antecede por compartir sus fundamentos.

En relación a la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del art. 50 del Código Penal agregaré que resulta conveniente seña-lar que en cuanto a la supuesta lesividad al princi-pio de culpabilidad baste señalar que la pena tiene por límite y condición el reproche a esa culpabili-dad, no pudiendo excederla. En ese sentido, la pena impuesta siempre debe responder al acto de la perso-na y no por lo que la persona es. Ahora bien, esta-blecida la medida de la pena privativa de libertad, ésta tiene un determinado régimen que incluye las características de su tratamiento penitenciario.

Quien accede a la libertad con-dicional, no ve modificada la pena, sino que se mo-difica la forma de su cumplimiento, a punto tal que puede darse su revocación y continuará el tratamien-to penitenciario.

El art. 14 en juego con el art. 50 del C.P. establece una forma para el tratamiento penitenciario, pero no modifica ni incrementa la pe-na que como reproche se ha impuesto al condenado (cfr. Argumentos voto Luis M. García in re "Actis, M.A.", Sala II, reg 17892, rta. El 9/2/11).

Tal es mi voto.

El señor juez doctor Mariano Borinsky dijo:

Coincido con el voto del distin-guido colega, doctor Raúl R. Madueño, en punto a la so-lidez jurídica de los fundamentos brindados por el a quo en la resolución puesta en crisis y a la valoración con-junta de la prueba producida, a la calificación legal asignada a la conducta endilgada a Balderramo y al monto de la pena impuesta, todo lo cual me permite concluir que el fallo impugnado constituye un acto jurisdiccional válido, imponiéndose así el rechazo del recurso de casa-ción deducido.

De otra parte, respecto al planteo de inconstitucionalidad de la reincidencia -introducido durante el término de oficina por la doctora Eleonora Devoto-, ya he tenido oportunidad de expedirme al respecto in re: "Uliassi, Martín s/recurso de casa-ción", causa nº 14.663, reg. nº 15.984 de la Sala IV, rta. el 21-11-11, en la que sostuve que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es una de las funcio-nes más delicadas del ejercicio de la jurisdicción y por su gravedad debe estimarse como última ratio del orden jurídico (cfr. Fallos 305:1304), toda vez que, las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la Constitución Nacional, gozan de una presunción de legi-timidad que opera plenamente y que obliga a ejercer di-cha atribución, únicamente cuando la contradicción con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indu-dable.

Para un mejor entendimiento de la cuestión sometida a estudio, estimo oportuno señalar que existe una estrecha relación entre los artículos 50 y 14 del Código Penal y que, el análisis acerca de la validez constitucional del art. 14, no puede desligarse del ins-tituto de la reincidencia (art. 50, del C.P.). Ello es así, toda vez que, la consecuencia más grave que trae aparejada la declaración de reincidencia es la imposibi-lidad de obtener la libertad condicional.

La cuestión de la constituciona-lidad del instituto de la reincidencia y su vinculación con lo dispuesto por el art. 14 del C.P., ya había sido zanjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en distintos precedentes en los que se había descartado ex-presamente la vulneración de los principios mencionados por la defensa.

Así, lleva dicho nuestro Máximo Tribunal que "el principio non bis in ídem, en lo que al caso interesa, prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal-, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere ade-cuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal" y que "la mayor severidad en el cumplimiento de la sanción no se debe a la circunstancia de que el sujeto haya cometido el delito anterior, sino al hecho de haber sido condena-do en esa oportunidad y obligado a cumplir pena privati-va de libertad, lo que pone en evidencia el mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior a raíz del des-precio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito." (cfr. causa "L´Eveque, Ramón Rafael", Fallos: 311:1452, sentencia del 16-08-88).

Ahora bien, las consideraciones introducidas por la señora Defensora Oficial en esta instancia son formalmente improcedentes. Ello es así, especialmente, en atención a la posición que sostienen las cuatro Salas de esta Cámara con respecto a la cons-titucionalidad del art. 50 (Sala I, c. nº 6634, "Bonfan-ti, Oscar Roberto s/rec. de casación", reg. nº 8635, rta. el 23-03-06; Sala II, c. nº 5379; Sala III, c. nº 5106, "Salas, Gabriel Darío s/rec. de casación", reg. nº 238.05, rta. el 05-04-05).

En síntesis, la discusión plan-teada por la doctora Eleonora Devoto durante el término de oficina, debe ser rechazada en esta instancia. Ello, toda vez que el defensor no trajo nuevos fundamentos que logren conmover la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a la constitucionalidad del art. 14 del C.P. (cfr. Fallos: 311:1452).

En efecto, no sólo comparto la doctrina establecida por el más Alto Tribunal en el fallo mencionado, sino que, además, corresponde su acata-miento en el caso, en atención a la autoridad institucional que revisten sus fallos, dado su carácter de último intérprete y salvaguarda de la Constitución Nacio-nal (Fallos: 245:429; 252:186; 255:119; 270:335; 307:1779; 312:2007).

Sobre la base de tales consideraciones, en mi leal y firme convencimiento, adhiero al voto que lidera el acuerdo.

Por ello, y en mérito al acuer-do que antecede, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de casación deducido por la defensa de Gus-tavo Adolfo Balderramo, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530, 531 y 532 del C.P.P.N.). De conformidad con el art. 475 del C.P.P.N. corresponde declarar la constitucionalidad del art. 50 del C.P.

Regístrese, notifíquese en la audiencia del día 30 de marzo de 2012, a las 2:00 horas, designada a los fines establecidos en el artículo 400, en función del 469 del Código Procesal Penal de la Nación. A tal fin líbrense cé-dulas y oportunamente devuélvase al tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Fdo. Raúl Madueño, Luis M. Cabral y Mariano H. Borinsky Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretaria de Cámara.