marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), efecto devolutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Amico, Leonardo N. c/ Fábrica de Ladrillos de J. Cuello y ot. s/ Resol. contractual. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-08

Es menester señalar, que el recurso llamado de "efecto devolutivo", más apropiadamente: "con efecto no suspensivo", se desvirtuaría en la práctica si el Tribunal debiera requerir los autos principales, con la consiguiente suspensión del proceso, por no bastarse a sí mismo el cuadernillo que dispone el artículo 250 del Código Procesal: (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Propiedad horizontal, violación del reglamento de copropiedad, obra antirreglamentaria, obras nuevas y modificaciones, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: SANCHEZ, Emilio c/ FIORENTINO, Susana s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-05

El consorcio de un edificio de propiedad horizontal o los propietarios de las unidades respectivas afectados por una construcción antirreglamentaria están autorizados a dirigir contra el infractor, sea o no propietario, las acciones tendientes a hacer cesar el factor de perturbación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), ley de defensa del consumidor, derechos del consumidor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BLANCO, LUCIANA Y OTROS c/ WALMART ARGENTINA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-05-21

El impugnante se limita a efectuar postulaciones genéricas y a reiterar los planteos ya esgrimidos en oportunidad de enderezar el recurso de inconstitucionalidad local -en donde alegó prescindencia de prueba decisiva; tener por acreditado un hecho sin elemento de confirmación alguno; y una indebida aplicación del plexo consumeril- sin hacerse cargo de lo expresado por la Cámara, que -luego de invocar doctrina autorizada y jurisprudencia de alto valor orgánico- concluyó que al demostrarse la normal y razonable utilización del producto sin que las accionadas colaboren adecuadamente incorporando elementos para desacreditar el factor de atribución o que el motivo le ha sido ajeno, no se satisfizo la garantía de inocuidad del estatuto consumeril, debiendo responder las demandadas por aparecer cumplido el otro elemento de la responsabilidad objetiva, a saber el nexo causal, ya que los daños de acuerdo a lo probado se manifiestan como la consecuencia directa del vicio o defecto de la cosa o servicio prestado. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24240, artículos 5, 40 y 53
Juicio de apremio, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco Pcia.Bs.As. c/ Empresa La Gioconda s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-07

El reparo que se formula respecto a que el título es inhábil por ser una fotocopia que está certificada solamente por uno de los funcionarios que suscriben el original, deviene inaudible. Sobre la base de lo dispuesto en el art. 979 inc. 2º del Cód. Civil, la copia fotográfica constituye uno de los instrumentos hábiles para promover la presente acción cuando ha sido debidamente autenticada por funcionario público competente como acontece en el "sub judice" (arts. 980 C.C.; 2 dec. ley 9122/78).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), gravedad institucional, Municipalidad, procedimiento tributario, derecho de registro e inspección
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de San Lorenzo c/ ESSO SAPA S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Apremio   Municipal (Expte. C.S.J. Nro. 483 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-20

Debe entenderse superado el recaudo formal de la definitividad, teniéndose por cumplido, asimismo, el oportuno planteo de la cuestión constitucional cuando -desde la apreciación mínima y provisoria que corresponde a este estadio- la postulación de "gravedad institucional" del recurrente cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa y supone articular con seriedad un planteo que exige examinar si la sentencia reúne o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial. Ello así, desde que en su presentación directa la quejosa afirma que "...la pretensión de un municipio de gravar más ingresos que los que se generan en su jurisdicción importa una clara extralimitación en pugn a con la Constitución de la Nación, y de la Provincia, al pretender el pago de un monto fijo por Derecho de Registro e Inspección apropiándose así de mayor base imponible que la que le corresponde por aplicación del Convenio Multilateral, cuestión ésta de innegable raíz constitucional". (Del Voto de la Mayoría, en Disidencia el Dr.

Gutiérrez)
Intereses, regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: SOCIEDAD ITALIANA c/ GUASTAVINO, CARLOS M. s/ COBRO SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-10

La naturaleza accesoria de los intereses respecto del capital, así como su carácter esencialmente indemnizatorio de la privación temporaria de aquél, impiden considerarlos integrativos del valor del pleito.
Obras sociales, aportes a obras sociales, títulos ejecutivos, certificado de deuda, competencia, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Fatsa c/ Sanatorio Pasteur s/ BENEFICIOS LABORALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-02-06

Debe confirmarse el fallo del Aquo que rechaza la excepción de incompetencia articulada por el accionado, quien entiende que al haberse demandado el cobro judicial de aportes y contribuciones a la Obra Social corresponde la aplicación del art. 24 de la ley 23.660; normativa que para ser operativa exige como requisito ineludible la existencia del certificado de deuda expedido por la Obra Social -título base para la ejecución. No constituyendo título ejecutivo el acta de inspección y planilla de deuda, al encontrarse desprovista de todas las exigencias requeridas a tal fin, razón por la cual resulta de aplicación el art. 13 del Código Procesal del Trabajo y competente la Justicia Provincial.
Prescripción, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: PAZ, MEDINA MYRIAM SILVIA Y OTROS c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA PROVINCIA s/ REAJUSTE DE PRECIO DE COMPRA-VENTA,ETC.-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-06-13

Para decidir la procedencia de la excepción de prescripción liberatoria, por configurar un medio de extinción de derechos, la inacción del titular durante el lapso de tiempo fijado por la ley cumple un papel fundamental, dependiendo la determinación del período computable del tipo de acción que le corresponda a la relación que se trate. Por esta razón, ante la invocación de la falta de aplicación de normas de derecho especial, resulta imperioso establecer el correcto encuadre normativo de la acción entablada a efectos de comprobar la adecuada correspondencia del ordenamiento al caso en estudio.
Recurso de inconstitucionalidad, recusación con causa, Ministerio Público, fiscal de Cámara, Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: M, J O s/ HOMICIDIO Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 329-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-14

La intervención como Fiscal de Cámaras de quien en su momento hubiera actuado como Secretario del Juzgado de Instrucción, no extraña cuestión constitucional alguna que habilite la instancia extraordinaria, toda vez que no se demuestra que encuadre en ninguna de las causales previstas en la ley de acuerdo a lo normado en el artículo 609 del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales, que extiende a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal las causales de recusación previstas para los jueces, salvo las de haber dado recomendación u opinión extrajudicial dentro del proceso. No se persuade tampoco que -como consecuencia de esa intervención-, sufra menoscabo la imparcialidad e imparcialidad con que deben conducirse jueces y funcionarios.
Despido, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: García, Carlos Rodrigo c/ Remisses Mitre S.R.L. s/ Diferencias Remuneratorias e Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-10

La denuncia del contrato de trabajo es un acto jurídico unilateral de una de las partes que pone fin a la relación de trabajo; y tiene carácter recepticio, por lo que se perfecciona con la entrada de la notificación en la esfera de conocimiento del denunciado.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, jubilaciones, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Magaldo, Víctor s/ Jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-18

Corresponde dejar sin efecto la sentencia, si el sistema implementado para reajustar el monto del haber jubilatorio no resulta apto para corregir el deterioro que sufrió al cambiarse el régimen de porcentajes por el de coeficientes, al que fue sometido por una norma dictada luego de finalizada la actividad laboral.
Derecho laboral, contrato de trabajo, personal contratado, subcontratación laboral, trabajadores gastronómicos, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Suares, Paola Jimena Nahir c/ Instituto de las Siervas de Jesús Sacramentado y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-27

La actora fue despedida luego de enviar una carta documento al coaccionado, para que registrara adecuadamente el vínculo y abonara sumas adeudadas y diferencias salariales, y el reclamo fue receptado parcialmente en la anterior instancia. Se agravia porque no fue extendida la responsabilidad al instituto educativo demandado. El art. 30 de la LCT, dispone la responsabilidad solidaria de la empresa principal en dos hipótesis diferentes: a) cuando le cede a otra organización empresarial su establecimiento, o parte de él, para que desenvuelva su actividad; y b) cuando la empresa principal encomienda a otra la realización de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento. Cabe memorar que la sola circunstancia de que la explotación comercial del empleador de la actora, se haya desarrollado dentro de un espacio cedido por el instituto demandado en el establecimiento que explota, activa la responsabilidad solidaria del art. 30 LCT. De allí que carece de relevancia comparar las actividades desarrolladas por ambos codemandados, puesto que el caso se enmarca en las primera de las hipótesis previstas por la norma en análisis, y sabido es que se trata de dos supuestos independientes y que no requieren concurrir. Corresponde condenar solidariamente al instituto educativo demandado en los términos del art. 30 de la LCT. (Del voto de la Dra. Pinto Varela, en mayoría)
Sentencia, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Gaillard, Enrique Alberto c/ Municipalidad de La Matanza s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

La desestimación del reclamo sobre la base de defensas no articuladas es manifiestamente conculcatoria de la congruencia de la decisión, principio consagrado por el art. 163 del Código Procesal Civil y Comercial.
Prueba, prueba de informes
Materia: PROCESAL
Carátula: Cantos, José María c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ COBRO DE PESOS - ORIGINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-08

La parte que pretendiera la agregación de documentos que se hallan en poder de terceros, debe asumir la carga procesal de individualizarlos, indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública y personas en cuyo poder se encuentren, al momento de interponer la demanda o su contestación en toda clase de juicios: art. 333 del Código Procesal; tal concepto guarda la debida coherencia con la prescripción del art. 397, de tal modo que en lo relacionado a la documental, impide que se supla por medio de la prueba de informes la omisión de asumir en forma oportuna la carga mencionada precedentemente.
Sanciones disciplinarias, jueces, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Rizzi, Luis María y otro c/  s/ recurso Res. 337/2023 Plenario del Consejo de la Magistratura
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-16

La sanción disciplinaria de multa y a que den cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 1° de la ley 27.499 impuesta a los jueces recurrentes debe ser confirmada, pues éstos no han logrado demostrar la arbitrariedad manifiesta de los fundamentos que sustentan en forma independiente la sanción de la comisión de actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto de las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometen la dignidad del cargo (artículo 14, inc. a, ap. 4°, de la ley 24.937, texto según ley 26.855).
Archivo del expediente, representante de la víctima, daños y perjuicios, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, REPÚBLICA ARGENTINA, Pacto de San José de Costa Rica, proceso penal, acceso a la justicia, debido proceso
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Grande c/ Argentina s/ Sentencia de excepciones preliminares y fondo
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-08-31

Puesto que ni la Comisión Interamericana ni el representante de la víctima -quien interpuso ante los tribunales argentinos demanda de daños y perjuicios por considerar que hubo error judicial en su contra, habiendo sido oído por un juez competente y gozando de la oportunidad de interponer todos los recursos disponibles en jurisdicción interna-, presentaron alegatos ni hechos específicos ocurridos durante la tramitación del reclamo indemnizatorio, que pudieran configurar violaciones al debido proceso y garantías judiciales -artículos 8 y 25 de la Convención Americana-, no se encuentra probada la responsabilidad internacional del referido Estado, correspondiendo, en consecuencia, el archivo del expediente.
Concursos, fallido, legitimación procesal, bienes, desapoderamiento, síndico del concurso
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: ESACON SA c/ BARSEAN, JORGE s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 265-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

El fallido desapoderado deja de estar facultado para actuar judicialmente en defensa de sus bienes desapoderados, siendo inadmisible reconocerle el derecho de iniciativa, es decir de provocar la acción frente a la actividad del Síndico. Es así porque el desapoderamiento implica la pérdida de recurribilidad de todas las soluciones o providencias que se dicten con relación a los referidos bienes desapoderados. Sólo puede ser oído cuando se demuestra que los actos que se impugnan son manifiestamente contrarios al patrimonio en concurso o cuando suple la inactividad de la sindicatura en situaciones en que ésta cae en incumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes al cargo.
Prueba confesional, notificación por cédula
Materia: LABORAL
Carátula: Mogni, Leticia Isabel c/ Legaria, Ricardo Ernesto y otra s/ Cobro de haberes y entrega de certificaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-06-03

La citación respectiva con la anticipación de dos días es el requerimiento dispuesto por el artículo 81 del Cód. Procesal Laboral como necesaria condición para la aplicación del apercibimiento allí establecido, ya que el citado debe invocar la justa causa de su incomparecencia un día antes de la audiencia para evitarlo.

Tratándose de un plazo procesal, debe computarse en días hábiles por lo que, si la citación de los demandados a absolver posiciones no se cumplió con la antelación prevista por la norma señalada, no correspondía que se los tuviera por confesos a tenor del pliego presentado por la parte contraria, no pudiendo, en consecuencia, valorarse tal medio probatorio.
Acción de amparo, personas con discapacidad, certificado de discapacidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Mosquera de Rueda María Blanca c/ OSDE s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

El art. 10 del decr. reglam. 1193/98 prevé que el Ministerio de Salud y Acción Social será la autoridad encargada de establecer los criterios y la normativa de evaluación y certificación de discapacidad, y que el respectivo certificado se otorgará previa evaluación del beneficiario por un equipo interdisciplinario constituido a tal fin y comprenderá como información el diagnóstico funcional y la orientación prestacional que se incorporará al Registro Nacional de Personas con discapacidad. Asimismo, establece que la información identificatoria de la población beneficiaria deberá estructurarse de forma tal que permita su relación con el Padrón Base del Sistema Nacional del Seguro de Salud. El requisito del certificado de discapacidad lejos está de constituir un requisito meramente formal, sino que tiende a organizar el Sistema de Prestaciones Básicas instrumentado por el Estado, y a incluir a las personas afectadas por alguna incapacidad dentro de ese Sistema (cfr. esta Cámara, Sala 1, causas 6743/00 del 12-9-2000 y 6795/00 del 21-9-2000). De ese modo, no es atendible el argumento de la recurrente en el sentido de que la discapacidad de su hija debe presumirse, máxime cuando en el caso concreto no se ha invocado ninguna circunstancia razonable para justificar la omisión del referido certificado.
Violación, víctima menor de edad, tentativa, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Veira, Héctor R. s/ Violación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

La conclusión inequívoca de que el acusado consiguió una penetración en el ano, no constituye una derivación razonada del examen del material probatorio reunido en el proceso, porque no se ha tenido en consideración sobre ese punto la inexperiencia sexual del menor. La dubitativa conclusión a la que arribaron los peritos respecto del tema, el altísimo grado de improbabilidad de que se consumase la violación en la posición referida por la víctima la incompatibilidad de la nimina lesión física comprobada en relación con el escaso relajamiento del esfinter declarado por el menor. Por ello califícase la conducta del acusado como constitutiva del delito de violación, en grado de tentativa.
Decomiso, pena accesoria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: JOHNSON, I y otros s/ infr. ley 23737 Causa nro. 28.217
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

EL "comiso" del artículo 30 de la ley 23.737 no es más que la previsión especial del "decomiso" general del artículo 23 del Código Penal. Se trata por lo tanto de una pena pecuniaria accesoria de la condena y no de una medida cautelar. En tal carácter precautorio sólo resulta procedente el embargo previsto por el artículo 518 del Código de Procedimiento Penal, cuya finalidad, huelga decirlo, no es otra que garantizar las consecuencias pecuniarias de una posible condena, es decir, entre otras, el decomiso.
Recurso extraordinario, cuestión de derecho común, privilegios (comercial), quiebra, verificación de créditos, impuestos
Materia: COMERCIAL - TRIBUTARIO - PROCESAL
Carátula: CIGAIF S.A. s/ QUIEBRA - CREDITOS FISCALES.    PRIVILEGIOS.    DEPRECIACION MONETARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-11

Los agravios motivados en el rechazo del privilegio que invocó con fundamento en el art. 270, inc. 4to, de la ley 19.551 y normas del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, remiten al análisis de cuestiones de derecho común no revisables por la vía del art. 14 de la ley 48.
Arraigo, prueba, bienes inmuebles
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA MARTINEZ, BENITO c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ DEMANDAS CONTRA EL  B.C.R.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

La excepción de arraigo previsto en el art. 348 del C.Procesal sólo procede cuando el actor no tiene su domicilio en la república, salvo que aquí poseyera bienes inmuebles. Desde esta perspectiva, la petición de constitución de arraigo deducida fue correctamente acogida por el señor juez ya que correspondía a la actora probar, ante la circunstancia de haber mudado su domicilio al extranjero, la propiedad de bienes inmuebles en el país; empero, sólo invocó su calidad de accionista en tres sociedades.
Licitación pública, pliego de bases y condiciones, pliego de especificaciones técnicas, incumplimiento del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FIAT AUTO ARGENTINA S.A. (EXPTE. Nro.  78.497) c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2008-07-11

El Ministerio de Hacienda de la provincia de Mendoza, llama a Licitación Pública para la adquisición de vehículos utilitarios tipo furgón con destino a la Policía de Mendoza, al redactar el pliego, que es ley para las partes, se precisó que estos vehículos debían contar con algunas especificaciones técnicas, que la adjudicataria al hacer entrega de los mismos no cumplió, pero que fue salvada sin costo para la administración, lo que evidencia el actuar diligente y la evidente responsabilidad de la empresa. En consecuencia son inadmisibles y merecen sanción de nulidad absoluta, los vínculos contractuales que se negocien con el adjudicatario sobre bases no sustentables en el pliego original, ya que implican violar la igual debida a los restantes oferentes e, incluso, a los autoexcluidos con sustento en las condiciones establecidas en la licitación. Así las cosas las sanciones previstas en el Pliego de Bases, por incumplimiento de las obligaciones contraídas, en este caso una multa del veinte por ciento sobre el valor de los bienes no entregados y adjudicados, no luce reprochable, inadecuada o irrazonable.
Jubilación por invalidez, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Sifuentes, Hernán c/ LA PRADERA y Otro s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-19

La eventual obtención de la jubilación por invalidez no impide la percepción de la indemnización por incapacidad absoluta, siempre que ésta incapacidad se haya concretado durante la vigencia del contrato.
Caducidad, plazo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Garay, Juan Domingo c/ Municipalidad de General Urquiza. s/ Contencioso Administrativo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-06-12

El art. 24 de la Ley 3064 modificada por la Ley 3213 señala que "la acción que tenga por objeto pretensiones establecidas en el art. 22 inc. a) b) c) y d), caduca en un plazo de sesenta días". Por el art. 25 (Cómputo de Plazos) se establecen que "los plazos de caducidad serán computados de conformidad con el art. 25 del Código Civil. No se computarán las ferias judiciales". Esta norma, innova sustancialmente el anterior sistema de la Ley 52 (art. 107) en el cual, por imperio de la ley procesal administrativa se computaban únicamente los días hábiles por el nuevo régimen, al remitirse al Código Civil, se adopta el sistema del denominado "plazo continuo" significa que se computan tanto los días hábiles como los feriados; el plazo no se interrumpe por los días feriados, y puede inclusive terminar en uno de ellos". La única excepción está dada por los días comprendidos en las ferias judiciales exclusivamente, que no se computan a los efectos del plazo.
Proceso contravencional, medidas cautelares, facultades del juez, impugnación de la providencia
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, de V, G. L. s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-01

Las medidas coercitivas que pueden recaer sobre las personas o los bienes sólo pueden disponerse con carácter excepcional, son de interpretación restrictiva, deben ser graduales, ordenadas por el juez, de carácter provisional y sujetas a controles jurídicos. (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira)