Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-21


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 21 de 2006.

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? El doctor Marcó dijo:

I. La Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura (FECIC) promovió demanda contra la Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI) y contra el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a fin de obtener el desalojo del inmueble sito en la calle 12 de Octubre nº 1842 de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, invocando para ello el cumplimiento de la condición pactada en el art.3 del convenio de cooperación celebrado el 17 de mayo de 1977, conforme con el cual le había cedido dicho bien para construir su sede provisoria y el uso del respectivo edificio, hasta que tuviera su sede definitiva en el Centro Regional de Investigaciones Básicas y Aplicadas que el CONICET tenía a estudio en ese entonces, afirmando que ese "Centro" está en condiciones de alojar al PLAPIQUI.

Tal pretensión fue resistida tanto por el CONICET como por la Universidad Nacional del Sur en su condición de creadores del instituto carente de personería jurídica denominado PLAPIQUI, argumentando en lo sustancial que la condición aludida no se ha cumplido aún, toda vez que algunas dependencias del referido ente continúan cumpliendo sus funciones en el inmueble en cuestión, ante la imposibilidad de trasladarse al Centro Regional de Investigaciones Básicas y Aplicadas de Bahía Blanca (CRIBABB).

II. La sentencia dictada en primera instancia a fs. 581/3 rechazó la presente acción por entender que la cláusula 3a del convenio mencionado importa una condición resolutoria potestativa, que si bien anula la obligación debe tenerse por válida pues la parte actora no la invocó como defensa; y entendiendo que FECIC no aportó prueba alguna para demostrar que dicha condición está cumplida, desestimó con costas el desalojo pretendido en esta litis.

Apeló la actora a fs.585 expresando agravios mediante el escrito de fs.610/615, replicado por la accionada en fs.617/ 622, sosteniendo entre otros extremos que si el a quo estimó que la cláusula en cuestión importaba una condición resolutoria potestativa, debió declarar su nulidad de oficio por ser manifiesta y absoluta, ya que lo contrario implica desconocer el derecho de propiedad de su parte consagrando el de la demandada a permanecer en el inmueble sine die.

III. Que atendiendo a la naturaleza de las cuestiones traídas a conocimiento de la alzada, no es dudoso sostener como lo expresa el señor magistrado de la anterior instancia, que el quid de la presente causa consiste en determinar si la accionada está o no obligada a restituir el edificio que fue objeto del convenio suscripto el 17.5.77, cuyo original obra a fs.8, a cuyos efectos señalo que analizaré los extremos y pruebas que conceptúo necesarios para la debida resolución del litigio; esto así, pues sabido es que el juez no está obligado a seguir a las partes en todos sus razonamientos, ni examinar los argumentos que estime no sean decisivos, ni ponderar cada una de las probanzas aportadas a la causa, sino sólo aquellas consideradas conducentes para fundar la decisión que en definitiva se adopte (Fallos: 272:225; 276:132; 280:320, entre otros); precisiones éstas que son necesarias atendiendo al enfoque sostenido por cada una de las partes, como así también a las conclusiones que ellas extraen de los distintos temas y elementos que conforman este pleito.

Al respecto, es menester destacar que el fallo de fs. 581/3 consideró que la ocupación del inmueble disputado está supeditada a una condición resolutoria potestativa que si bien anula la obligación en razón de lo dispuesto por el art.542 del Código Civil, debe tenérsela por válida pues la demandante no planteó esa defensa; esa afirmación motiva los agravios de FECIC sosteniendo que por tratarse de una nulidad manifiesta y absoluta, el a quo debió declararla de oficio.

En ese sentido, es oportuno recordar que dentro de las condiciones potestativas -es decir, en las que el hecho condicional depende de la voluntad del obligado- existen las denominadas potestativas puras, y las simplemente potestativas; las primeras son aquellas en las cuales la existencia de la obligación queda sujeta al exclusivo arbitrio de una de las partes, con lo cual el vínculo pierde validez pues se está en presencia de una obligación jurídicamente inexistente, sin que ello importe nulidad ya que ésta es una sanción legal que recae sobre un acto existente; las segundas, también llamadas potestativas impropias, se caracterizan por ser en las que aun cuando su realización depende del libre albedrío del deudor, el hecho condicionante no esta subordinado exclusivamente a su arbitrio por existir factores externos que escapan a su propia voluntad pues no los controla por entero; siendo preciso agregar que en caso de duda sobre si la condición en análisis es potestativa pura o impropia, corresponde admitir la validez de la obligación ya que lo habitual es que se celebren actos jurídicos de contenido real y no ilusorio (confr. Llambías, J. J., "Código Civil Anotado", T. II-A, pág. 221/3; Belluscio-Zannoni, "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", T.2, pág.776/7).

IV. Sobre tales bases, atendiendo a que la determinación de una condición como puramente potestativa, sea pura o impropia, es una cuestión de hecho librada al criterio de los tribunales en cada caso en particular (conf. Belluscio-Zannoni, ob. cit., T. 2, pág.779, nº 10), considero que la cláusula tercera del convenio del 17.5.77 exterioriza una condición simplemente potestativa, toda vez que el traslado del PLAPIQUI al CRIBABB no es un hecho librado al solo capricho de esa entidad, pues la prueba informativa que la accionada produjo en autos conduce a sostener -en ausencia de otros elementos probatorios de signo contrario que debió aportar la parte actora- que el mantenimiento por su parte de la ocupación del edificio de la calle '12 de Octubre' nº 1842 de la ciudad de Bahía Blanca, tiene origen en la existencia de diversas actividades que en la actualidad desarrolla dicho instituto en el mencionado inmueble, originadas en distintos convenios suscriptos con terceros vinculados al desarrollo de la actividad científica que constituye uno de sus fines esenciales (ver convenio de fs.210/2 no desconocido en autos).

Por lo expuesto, destacando igualmente que según la caracterizada doctrina citada precedentemente, la norma del art. 542 del Código Civil se refiere sólo a las condiciones suspensivas y no a las resolutorias (confr. T. II-A, pág. 222, nº 6, y T.2, pág. 779, nº 9, respectivamente), fuerza es concluir -aunque por razones diversas a las expuestas en el pronunciamiento recurrido- en la validez de la cláusula materia de análisis, circunstancia que pone de manifiesto la falta de adecuados fundamentos de los agravios elaborados por la parte actora conforme con los cuales el a quo debió declarar de oficio la nulidad de la referida condición.

V. Sentado lo que antecede, corresponde dilucidar aquí si la condición pactada en la cláusula tercera del convenio agregado a fs.8 se encuentra cumplida o no, por ser ello el punto esencial a resolver en este pleito como resulta de los términos establecidos en ocasión de celebrarse la audiencia prevista por el art.360 del Código Procesal, oportunidad en la que las partes y el juez fijaron como hecho controvertido "si la demandada tuvo o no posibilidad de trasladar sus instalaciones a otro edificio", consintiendo que para acreditar ese extremo se produjera la prueba informativa ofrecida por los litigantes (conf. fs. 403).

Las constancias aportadas por ese medio probatorio se limitaron a los informes producidos por la demandada que obran agregados en fs.441, 460, 560 y 572, respectivamente, respecto de los cuales quedó dicho en este voto que ponen de manifiesto la existencia de diversos convenios celebrados por PLAPIQUI con terceros relacionados con la actividad específica a su cargo, y que prima facie justifican la continuidad de su ocupación del edificio origen de este proceso; dicha circunstancia no ha sido desvirtuada en forma alguna por la demandante, quien no produjo la única prueba que en ese aspecto ofreció a fs.10, consistente en un oficio a la Municipalidad de Bahía Blanca para que informara si el Centro Regional de Investigaciones Básicas y Aplicadas dependiente del CONICET se encuentra en condiciones de funcionamiento y/o si cuenta con habilitación municipal (ver fs.10, punto VI, apartado 3, párrafo segundo).

Que independientemente de la eficacia probatoria que pudo haber tenido la prueba que en su momento propuso la parte actora -por cierto dudosa ya que no guardaba adecuada relación con el hecho controvertido fijado en fs.403, ni con su afirmación inicial según la cual el mencionado Centro estaba "en condiciones de alojar al PLAPIQUI" (ver fs.9, punto IV, párrafo primero)- lo trascendente es que estando a su cargo la demostración de ese extremo fáctico, tanto por lo dispuesto en el art.377 del Código Procesal, como por la negativa que sobre el particular formulara su contraria (ver fs.303 vta., punto V, párrafo tercero), ninguna actividad probatoria cumplió a los fines indicados; de manera que cualquiera sea la naturaleza jurídica que pueda atribuirse al convenio del 17.5.77 -contrato innominado, de locación, de comodato, o algún otro-, lo cierto es que FECIC no demostró en este proceso el punto esencial aquí planteado, esto es que el CRIBABB está en condiciones de alojar al PLAPIQUI, o bien, como se dispuso en la audiencia previa de fs.403, que la demandada tenía la posibilidad de trasladar sus instalaciones a otro edificio.

VI. Las consideraciones que anteceden evidencian que los agravios de la actora, conforme con los cuales la sentencia de fs.581/3 importa desconocer el derecho de propiedad de su parte consagrando el de la accionada a permanecer en el inmueble indefinidamente, aparecen desprovistos de adecuados fundamentos pues tiene origen en su conducta discrecional, particularidad que, como es sabido, no puede tener amparo en sede judicial (confr. Fallos: 275:218; 280:395; entre otros).

Para finalizar este aspecto de la cuestión traída a conocimiento del Tribunal, importa destacar que tampoco es atendible el agravio cimentado en que una nueva pretensión que con el mismo objeto intente en el futuro la accionante, pueda ser rechazada bajo el pretexto de la cosa juzgada; esto es así, pues tratándose en el sub lite de una acción personal, la interesada tiene a su alcance el ejercicio de las acciones reales que sean pertinentes derivadas de la invocada titularidad de dominio del inmueble, hecho éste sobre el que nada corresponde decidir aquí a pesar de la medida para mejor proveer que a los efectos de demostrar ese hecho FECIC requiere a fs.611, párrafo tercero, siendo menester recordar que esas medidas no son admisibles para suplir la negligencia de la parte que no aprovechó la oportunidad brindada por la ley para ofrecer su prueba (conf. Fassi, S. C.,"Código Procesal Civil y Comercial Comentado", 2a ed., T. I, pág. 129, nº 270; en igual sentido, esta Sala, causa nº 7655/99 del 18.3.03; Sala III, causa nº 2032/98 del 11.6.03).

VII. Que la sentencia de fs.581/3 origina los agravios que la actora concreta a fs.615, párrafo segundo, relativos a la imposición de costas a su cargo dispuesta por el a quo, y al cómputo del valor del inmueble como base regulatoria.

En lo concerniente a la primera queja, aduce FECIC que teniendo en cuenta la complejidad de las situaciones planteadas en autos y al hecho de que ambas partes son entidades sin fines de lucro, es adecuado distribuir las costas en el orden causado.

Estimo que no asiste razón a la apelante pues su primer argumento pone de manifiesto una contradicción que, como ya quedó dicho en este pronunciamiento, no debe ser amparada judicialmente desde que no puede ponerse en pugna con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (confr. Fallos: 315: 1738; 317:1759, entre otros); en efecto, adviértase que en su presentación de fs. 593 al contestar el traslado de la valuación que la demandada y sus letrados hicieron del inmueble materia de este proceso, sostuvo que la naturaleza de las cuestiones debatidas "carecen de entidad compleja", circunstancia que justifica desestimar sin más trámite el agravio ahora considerado.

Igual conclusión se impone frente al segundo fundamento de la queja analizada, toda vez que la calidad de entidad sin fines de lucro que pueda tener la demandante, no justifica apartarse del principio general que en esta materia consagra el art.68 del CPCC, pues ninguna otra norma hace excepción al mismo basada en aquella condición; y en este punto, no es superfluo señalar que esta Sala ha decidido que el criterio objetivo de la derrota, no implica una penalidad para el litigante vencido sino que tiene por objeto resarcir al adversario los gastos en que incurrió para obtener el reconocimiento de sus derechos, exceptuando de ese principio, con carácter excepcional, las situaciones conflictivas originadas en circunstancias de hecho de significativa complejidad, o en aspectos jurídicos particularmente novedosos cuya definición provoca seria duda reflexiva, o sobre los cuales existen graves discrepancias en doctrina y en jurisprudencia, ya que tal excepción debe ser interpretada restrictivamente y sobre la base de particularidades objetivas y fundadas que demuestren la injusticia de aplicar el mencionado principio a los efectos de no desnaturalizar el fundamento objetivo del vencimiento (confr. causas nº 2424/97 del 18.11.03; nº 8434/04 del 15.12.05 y sus citas, entre otras); y como ninguno de los extremos antes señalados se configuran en este proceso, corresponde desestimar el presente agravio sin que sea menester abundar en mayores consideraciones.

VIII. En lo concerniente a la base regulatoria considerada en la resolución de primera instancia obrante a fs.596, debe tenerse en cuenta que la sustancia del proceso promovido por la parte actora se encuentra vinculada a la restitución del inmueble que, según su propia postura, diera en comodato a PLAPIQUI, y con ella la del edificio construido en el terreno que cediera en préstamo a ese instituto; así lo manifiesta en fs. 611 vta., párrafo 1º del "Tercer Agravio", oportunidad en la cual expuso que debe ponderarse el valor del terreno y el de la edificación de éste, conducta que persuade acerca de que hizo bien el a quo al encuadrar el supuesto de autos en la previsión de los arts. 23 y 32 del arancel respectivo y adoptar como monto a los fines regulatorios la valuación del terreno y del edificio disputado, estimada en fs. 589 por los letrados de la accionada, sin oposición de la actora, en $ 496.632,50.

En este punto, es útil señalar que el sujeto pasivo de la presente relación procesal ocupa el inmueble referido sin pagar alquiler, de modo que mediando la imposibilidad de dar un contenido económico al juicio pues ese uso no devenga renta, corresponde atenerse al valor del bien tasado conforme al trámite del citado art.23 (conf. Serantes Peña - Palma - Serantes Peña, "Arancel de Honorarios para Abogados y Procuradores", 3a ed., 1987, pág. 114/5, f); en consecuencia, esta queja de la recurrente tampoco debe prosperar.

IX. Voto, en definitiva, para que se confirme la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso y agravios, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada por haber sido sustancialmente vencida (conf. art. 68, párrafo 1º, del Código Procesal).

El doctor Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por el doctor Marcó, adhiere a las conclusiones de su voto.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso y agravios, con costas de ambas instancias a la demandada (conf. art.68, párr. 1º, del CPCC).

Advirtiéndose en este acto que el Dr. H. J. R. no se encuentra notificado de la regulación de sus honorarios practicada a fs.596, corresponde diferir el tratamiento de los recursos articulados por los demás profesionales intervinientes para el momento en que se cumpla la diligencia pendiente, a cuyos efectos deberán adoptarse en primera instancia las medidas que sean pertinentes a esos efectos.

Cumplido, se practicarán también las regulaciones correspondientes a los trabajos realizados en alzada.

El doctor Kiernan no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art.109 del Reglamento para la Justicia Nacional). -Hernán Marcó. -Eduardo Vocos Conesa.