Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1939-03-17


Opinión del procurador General de la Nación La jurisdicción originaria de V. E. procede en el sub judice por haber sido demandada una provincia y estar en tela de juicio, la constitucionalidad de una ley de impuestos provincial.

En cuanto al fondo del asunto, este caso ofrece características muy distintas del resuelto por V. E. en el fallo 177:103. La ley nacional 12.139 sobre unificación de impuestos internos, previno en su art. 19, inc. f) que la provincia de Jujuy, para adherirse a dicho sistema, debería derogar su impuesto a la coca. Pocos días mas tarde, al sancionar la nueva ley de impuestos internos (12.148), el Congreso prohibió en todo el territorio de la Nación el expendio libre de hojas de coca (art. 55).

La provincia de Jujuy, adhiriéndose al plan de unificación, dejó sin efecto con fecha 10 de enero de 1935, el gravamen sobre dicho producto (ley 1155, art. 3º); pero el 25 del mismo mes, cambiando de criterio sancionó otra ley (la 1162), que establecía:

"Mientras subsista su libre expendio y no sea gravado con impuesto nacional, fíjase al consumo de coca un impuesto de ochenta centavos moneda nacional por kilogramo".

En cumplimiento de esta última disposición legal, el señor Blas González Diez, pagó a las provincias diversas sumas, cuya devolución con intereses y costas reclama ahora fundado en que tal gravamen es inconstitucional no sólo por haberse desprendido, la provincia de la facultad de establecerlo, sino también porque para su percepción se utilizaron procedimientos que equivaldrían a implantar una aduana provincial.

A mi juicio, basta cotejar los textos y las fechas de las disposiciones legales transcriptas para advertir que la provincia de Jujuy renunció espontáneamente al derecho de cobrar impuesto sobre la coca, y es obvio que no puede ahora, por acto de su exclusiva voluntad volver sobre lo convenido. El arreglo entre la Nación y las provincias, a que se refiere la ley de unificación se hizo a base de compensaciones motivadas precisamente por la supresión de ciertos impuestos locales; y supuesto que entre ellos figura en términos inequívocos el relativo a la coca, carece de objeto discutir si hubo o no motivos bastantes para incluirlo en la lista. Tampoco se modifica la situación legal por haber dado al nuevo gravamen el carácter de provisorio mientras subsista el libre expendio de un producto que, según acabo de expresarlo; estaba prohibido expender en tales condiciones.

En cuanto al segundo argumento -existencia de una aduana provincial- resulta innecesario analizarlo, atento lo que acabo de expresar.

A mérito de ello considero que la provincia de Jujuy ha excedido sus facultades constitucionales al dictar la ley 1162, corresponde, entonces, hacer lugar a la demanda en cuanto la prueba rendida en estos autos apoye las pretensiones del actor. - Buenos Aires, marzo de 1939. - Juan Alvarez.

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación El doctor Jorge A. Minutti como apoderado de don Blas González Diez demanda a la provincia de Jujuy para que se la condene a devolver a su mandante, la suma de pesos 55.708,80 m/n., que ha pagado bajo protesta en concepto del impuesto establecido por la ley 1162 y su reglamentación, y ha resarcirle los daños y perjuicios que ascienden a $ 4.444,65 m/n., o sean los intereses que tuvo que pagar a lo bancos que le facilitaron en préstamo, el dinero necesario para abonar el impuesto.

Fundando la demanda, manifiesta que González Diez es comerciante establecido en La Quiaca y para el giro de sus negocios, introduce coca, ya de la República de Bolivia, ya de. otros puntos de nuestro país. Conforme a lo dispuesto en la ley 1162 conexas y su reglamentación; la provincia demandada le ha cobrado impuesto de $ 0,80 por cada kilogramo de coca que a introducido, valiéndose para ello del siguiente procedimiento, que, a juicio del actor, no difiere del que emplean las aduanas exteriores. Todo introductor de coca estaba obligado a solicitar previamente, los respectivos valores fiscales, indicando los datos necesarios para la identificación de la mercadería; efectuada esta operación por el receptor de rentas en la estación del ferrocarril o en los galpones de la aduana nacional, según los casos, se despachaban los valores fiscales y después de adheridos a cada bulto, es decir, pagado el impuesto, se permitía retirar la mercadería.

Afirma el actor que ese impuesto es típicamente aduanero y violatorio de los arts. 9, 10, 11, 67 inc. 12 y 108 de la Constitución nacional; y que también lo es de lo establecido en la ley nacional 12.139 sobre unificación de impuestos internos que en el art. 19 expresamente dispone que se tendrá por derogado el impuesto a la coca.

Invoca la sentencia de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de la ley 886 de la provincia de Jujuy en el caso de Pereyra y López, y formula luego diversas consideraciones para demostrar el derecho a cobrar la cantidad de $ 4.444,65 m/n, a la que se ha hecho referencia anteriormente. Termina pidiendo que se haga lugar a la demanda, con intereses y costas y en un otrosí, solicita que se comunique por oficio al señor Ministro de Hacienda de la nación que la provincia de Jujuy ha violado la ley 12.139, a la cual adhirió por la ley local 1155 -anterior en pocos días a la 1162 impugnada- y que se dirija oficio al Presidente del Banco de la Nación Argentina para hacerle saber lo mismo y para que ordene "la interdicción de las sumas que corresponden del producido de la ley 12.139 a la provincia de Jujuy", medida que considera autorizada por los arts 23 y 24 de esa ley.

Se dispuso dar traslado de la demanda y se rechazó el pedido formulado en el otrosí de ella por no encuadrar el caso en los previstos en los arts. 23 y 24 de la ley 12.139.

Don Jaime Malamud en representación de la provincia de Jujuy, contesta la demanda y solicita su rechazo con costas.

Afirma que la- ley 1162 no viola ningún principio legal, pues, las provincias pueden gravar las mercaderías que se consuman dentro de su territorio cuando se hallen incorporadas al movimiento comercial.

Manifiesta que el actor ha vendido la mercadería a comerciantes locales incluyendo en el precio de venta el monto del impuesto, que ha sido devuelto a aquéllos por la provincia, ya porque han exportado la coca fuera del territorio de aquélla, ya porque el gobierno, acatando la jurisprudencia de la Corte Suprema o aplicando el decreto de abril 29 de 1937, ha consentido la restitución de las sumas a quienes las pagaron; de manera que si la demanda prosperase, la provincia, se vería obligada e devolver dos veces el impuesto y el actor cobraría lo que ya cobró a los compradores.

Agrega el representante de la demandada, que ello explica por qué el actor no ha recurrido a la autoridad local, de conformidad a lo que establece el art 12 del decreto reglamentario de la ley 1162 que entrañaría la incompetencia de la Corte para entender en este juicio, para obtener lo que pretende haber pagado indebidamente.

Sostiene por otra parte, que no existe violación de la ley 12.139 porque si bien el art. 19 de ésta derogó el impuesto local que afectaba a la coca cuando fue sancionada, esa mercancía no fue gravada por aquella, ni por la ley 12.148, cuyo art. 55 esta prácticamente derogado, pues conforme a instrucciones del Poder Ejecutivo de la Nación, las autoridades aduaneras permiten la entrada al país, de hojas de coca. En esas condiciones fue dictada la ley 1162, en ejercicio de facultades propias de la provincia, que por la ley 12.139 (art. 20), sólo se ha obligado a no gravar los productos que soporten impuestos internos nacionales.

El impuesto cuestionado, prosigue la demandada, no es contrario al art. 19 de la ley 12.139 porque no afecta al régimen de la unificación, porque la Nación no grava a la coca y porque ésta no es un producto alimenticio; y por otra parte, tiene carácter transitorio, pues solo subsistirá mientras se halle permitido el libre expendio de la coca y ésta no sea gravada por un impuesto nacional.

Termina la demandada oponiéndose también al reclamo del actor referente a los intereses que pretende haber pagado a los Bancos.

Considerando:

Que siendo el actor, vecino de la provincia demandada, la jurisdicción originaria de la Corte no puede fundarse sino en la transgresión constitucional que se imputa al impuesto a la coca, materia del pleito y establecido por la ley jujeña 1162, en razón de la forma de su percepción como un impuesto aduanero de importación, prohibido a las provincias por los arts. 9, 10, 67 inc. 1º y 108 de la carta Fundamental de la República. En efecto: la primera parte del art. 100 de la misma establece que, "corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, etc. ...; de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadanos extranjeros"; y en el art. 101 se preceptúa la jurisdicción originaria y exclusiva en los casos en que "alguna provincia fuese parte". A su vez, las leyes 48 y 4055, en sus arts. 1 y 2 respectivamente, dicen que la jurisdicción originaria procede en las causas que se susciten entre dos o más provincias "y las civiles que versen entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra, o ciudadanos o súbditos extranjeros".

Que la Corte ha interpretado los textos transcriptos favorablemente a su jurisdicción originaria, en los casos en que una provincia sea parte, aunque el actor sea su vecino, siempre que se cuestione en el pleito directa y fundamentalmente la inteligencia y aplicación de principios, derechos y garantías de la Constitución nacional Todo ello, sin perjuicio del derecho de la parte a iniciar su litigio ante la jurisdicción provincial y traerlo luego, en instancia extraordinaria, a la Corte, de acuerdo con el art. 14 de la ley 48. En efecto, en la demanda de don Felipe López, vecino de la ciudad de Paraná contra la provincia de Entre Ríos, por inconstitucionalidad de la ley que gravaba con impuesto el tránsito de ganado de una provincia a otra (Fallos: 21, 498), la Corte dijo: "Que la resolución depende de la inteligencia y aplicación de una cláusula constitucional y corresponde, por tanto, a la jurisdicción nacional, por la naturaleza del asunto e independientemente de la vecindad, o nacionalidad de los litigantes; que si las cuestiones de este género son, en general, de la competencia de los jueces de sección, cuando es parte una provincia, como en el presente caso, su conocimiento corresponde originariamente a la Corte; y la forma en que ha sido traído ante ella enteramente legal y arreglada, aun cuando hubiera podido usarse también el recurso del art. 14, arriba mencionado, si hubiera habido juicio radicado legalmente ante la jurisdicción provincial ... "Esta sentencia, que en lo fundamental reafirmaba la doctrina de la del t. 1 p. 485 (Mendoza c. San Luis), fue, a su turno ratificada por la del t. 97, p. 177 en la que se entendió con la mayor amplitud y precisión, el punto debatido; y desde entonces frecuente y constantemente la Corte asumió jurisdicción originaria en asuntos en que una provincia ha sido demandada por sus propios vecinos "en causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución nacional".

Que diversa tiene que ser la conclusión en lo referente al segundo fundamento de la demanda, es decir en lo atinente al compromiso legal de Jujuy con la Nación de abstenerse de todo gravamen fiscal a las hojas de coca (ley nacional 12.139, arts. 19,20 y 21; y ley provincial 1155, arts. 1, 2 y 3) porque los arts. 23 y 24 de la primera confieren solamente a las otras provincias y a la Nación el derecho de demandar, en los casos de infracción, la nulidad del impuesto cuestionado. El señor González Diez carece pues de personería para actuar bajo ese concepto ni siquiera en la forma subsidiaría que resulta del otrosí.

Que la ley 1162, de febrero 11 de 1935 de la provincia de Jujuy, establece, en su art 1º que: "Mientras subsista su libre expendio y sea gravado con impuesto nacional fíjase al consumo de coca un impuesto de $ 0,80 m/n por kilogramo"; y de tal redacción surge, "prima facie", un gravamen que las provincia pueden poner dentro de las facultades que le reconocen los arts. 104 y 105 de la Constitución nacional, en tal concepto, lo tenía establecido la demandada con antelación a las leyes: nacional 12.139 y provincial 1155 que concretan el acuerdo sobre modificación de impuestos internos. Cualquiera sea procedencia de la coca, una vez incorporada a la riqueza de Jujuy puede ser gravada en su consumo o en su comercio interior. (Conf. Fallos: 67, 373; 105, 373; 108, 5; 114, 282; 128, 124; 141, 260; 137, 212; 150, 419; 151, 92; 152, 24 y muchos otros).

Que, sin embargo, se ataca el impuesto a la ley jujeña 1162 como contrario a la Constitución nacional por la forma y oportunidad que se cobra, que lo caracteriza como un verdadero impuesto aduanero de importación, lo que se ha tratado de probar con la ley 1163 coetánea de la 1162 y cuyo art. 1º dice así: "Mientras exista la vigencia de la ley 1162, el recaudador fiscal de La Quiaca, percibirá una comisión de 3% sobre el impuesto a la coca"; y con otros elementos legales de juicio que se examinarán más adelante. Es muy claro que si el recaudador de La Quiaca es el único empleado o funcionario que la ley contempla en lo atinente al impuesto de coca es porque es solo él quien lo cobra y percibe, lo que, por lo demás no ha sido negado por la demandada y como por ese pueblo, fronterizo, de Bolivia y sede de la aduana nacional, se introducen las mercaderías o productos procedentes de esa nación, quiere decir que Jujuy cobra el impuesto discutido al entrar el producto al país y a la provincia, como una aduana prohibida por los arts. 4, 9, 10, y 108 de la Constitución nacional, así declarado por la constante jurisprudencia de esta Corte (Fallos: 159, 23; 173, 329 y otros).

Los testigos Antonio Espí, Pascual Navarro, Angel Maidana, corroboran la afirmación de que de tratarse de un impuesto a la introducción que posteriormente se modificó la forma y oportunidad de percepción como aseveran los testigos Espí y Navarro, contestando a la pregunta 9º del interrogatorio, es asimismo cierto que las cantidades que pagó el actor y que ahora repite, lo fue ante el recaudador de La Quiaca por introducción de coca y en la primera forma de verdadera aduana. La provincia, por lo demás, no negó la forma de cobro del impuesto.

Que carece de trascendencia legal, a los efectos del presente juicio, la circunstancia alegada por la provincia y reconocida por el actor, de cargar este a sus compradores de coca el importe proporcional del impuesto pagado; así se declaró en el caso "Gianserra c. Tucumán", que el actor cita (Fallos: 173, 329 y varios otros anteriores y posteriores).

Por lo demás, el representante de González Diez afirma que su representado hará las devoluciones según acuerdo que ha celebrado con sus compradores. La única devolución hecha por el gobierno al actor, es la que se consigna a fs. 124, es decir, $ 54.40 m/m., cantidad que debe descontarse de lo reclamado como principal impuesto pagado y justificado.

En su mérito y de conformidad en lo pertinente con lo pedido por el procurador general de la Nación, se declara que el impuesto a la coca, establecido en Jujuy, por ley 1162, en la forma y oportunidad cobrada al actor, es contrario a los arts. 4, 9, 10 y 108 de la Constitución Nacional; y que dicha provincia debe devolver al actor, dentro del plazo de 30 días, después de notificada la presente sentencia, la suma de $ 55.708,80 m/n., menos $ 54,40, que fueron oportunamente devueltos; con intereses a estilo de los que cobra el Banco de la Nación Argentina desde la notificación de la demanda; sin costas, atenta la aludida circunstancia de haber obtenido devolución de impuestos sin mencionar el hecho y de declararse improcedente lo que se refiere a aplicación del acuerdo sobre unificación de impuestos (otrosí de la demanda) - Antonio Sagarna. - Luis Linares. - Benito A. Nazar Anchorena. - Francisco Ramos Mejía.