Empleo público, sanciones disciplinarias administrativas, funcionarios judiciales, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, procedimiento administrativo, recursos administrativos, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rius Guillermo Clemente c/ Provincia de Córdoba s/ Contensioso Administrativo - Plena Jurisdicción - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-12-07

1- La imposición de una sanción presupone el respeto ineludible del principio fundamental del debido proceso (descargo o sumario, según el caso).

Si el procedimiento administrativo constituye siempre una garantía jurídica, este carácter adquiere especial importancia cuando se trata del trámite cuyo objeto es la imposición de una sanción administrativa. En efecto, la Administración no puede sancionar sin previa instrucción de un procedimiento encaminado a comprobar la infracción que respete el principio axiológico fundamental del debido proceso adjetivo del art. 18 de la Constitución Nacional, concordante con el art. 23 inc. 13 de la actual Ley Fundamental de la Provincia de 1987.

2- Exista o no una norma que establezca el descargo en ausencia de ella, el debido proceso constituye un principio constitucional de obligatorio acatamiento. El descargo presupone un procedimiento reducido tendiente a tutelar el derecho de defensa y a facilitar nuevos elementos de juicio a la Administración. Empero, si bien no requiere la formalidad propia del procedimiento sumarial, sin embargo, debe resguardar aunque mínimamente el cumplimiento de los siguientes aspectos: derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y a una decisión fundada. Todo ello en el marco sumarísimo que la naturaleza de ese trámite implica.

3- El recurso es una impugnación de un acto administrativo ante un órgano de ese carácter que obviamente se interpone a posteriori de la imposición de la sanción. Su objetivo es agotar la vía administrativa como paso previo a la judicial procurando, generalmente sin sustanciación, la revisión de un acto ya dictado. Nada tiene que ver con el debido proceso que procura tutelar una garantía constitucional clarificando la comisión de los hechos y la determinación de las responsabilidades. Lo que pretende el debido proceso es el respeto de su contenido con anterioridad a la sanción misma. De allí que la Constitución alude expresamente al " sumario previo". En definitiva, no es lo mismo garantizar el debido proceso previo que el acceso al control administrativo a través de la vía recursiva. Son dos temáticas diferentes. Ello armoniza con los principios del derecho disciplinario moderno, enmarcados en los postulados contenidos en las nuevas constituciones, que distinguen entre vía recursiva y descargo o sumario previo, como dos garantías independi entes e igualmente valiosas, la primera instituida para posibilitar el efectivo control de legalidad de la actividad administrativa y la segunda como concreción de la garantía constitucional del debido proceso legal. Así las cosas, la omisión de al menos un mero descargo, no puede en modo alguno considerarse suplida por la posterior instancia recursiva.

4- Si con posterioridad a la sanción de suspensión, se produjo una postergación ilegítima en su derecho a la carrera, derivado del antecedente desfavorable de una sanción de suspensión, el interesado debió al menos hacer valer dicha objeción contra el acto que a su entender consumó una lesión a sus derechos o intereses legítimos, pues de lo contrario, dicho acto que ha producido efectos jurídicos vinculantes respecto de terceros y del propio actor quien con ello estimó frustrada su expectativa a un ascenso, han devenido firmes, y por lo tanto exentos de control judicial.