Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11


En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de julio de dos mil seis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "Huayun Xie c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones",- Expediente Nº RDC 796/0, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la disposición apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores Esteban Centanaro, Nélida Mabel Daniele y Eduardo Ángel Russo. A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: RESULTA: 1. El 21 de febrero de 2002, funcionarios de la Dirección de Lealtad Comercial inspeccionaron el local de la recurrente, situado en la calle Cuenca nro. 2730 de esta ciudad. En esa oportunidad, pudieron constatar que en dicho local se exhibían y ofrecían a la venta diversos productos (detallados en las actas N° 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83 agregadas a fs. 2/9) que no contaban con sus respectivos indicadores de precio. En consecuencia, los mentados funcionarios procedieron a labrar las actas arriba mencionadas, en la que se dejó constancia de una presunta infracción al art. 2º de la Resolución 434-SCI-94 (reglamentaria de la ley 22.802). 2. Previo al dictamen emitido por la Procuración General -en el que se propuso tener por no presentado el descargo de fs. 10- (ver fs. 15/6), la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la disposición Nº 970-DGDYPC.-03 (fs. 19/20vta.), resolvió imponer al comercio que funciona con el nombre fantasía "Supermercado Villa del Parque" de Huayun Xie, una multa de pesos diez mil ($ 10.000) por presunta infracción al art. 2° de la Resolución 434-SCI-94 y de acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.344. 3. Contra la mencionada disposición, la denunciada interpuso recurso de apelación (fundado a fs. 25/6vta.), el que fue concedido a fs. 28vta. En su memorial, la recurrente sintéticamente señaló: a) que existe una contradicción en los argumentos de la resolución recurrida, toda vez que dispuso tener por no presentado el descargo de fs. 10 por resultar extemporáneo, pero sí se lo tomo en consideración para fundar el agravamiento de la multa aplicada; b) que jamás faltó exhibir ningún precio de los productos a la venta, cumpliéndose en todo momento con las normas reglamentarias; c) que el monto de la multa no sólo es excesivo teniendo en cuenta la i mprocedencia de la agravación aludida por la administración, sino que además no se ha tenido en cuenta que jamás se la sancionó por infracción alguna; y d) expresó que " ...sin la existencia del elemento intencional no puede existir una acción típica y sin la acción típica no hay infracción y sin tal no puede haber sanción" (fs. 26, punto IV). 4. A fs. 39/1vta., el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contestó los agravios expuestos por la sancionada, presentación a la que cabe remitirse por razones de brevedad. CONSIDERANDO: 5. Liminarmente, estimo necesario analizar el régimen legal aplicable a la presente controversia. El art. 12 de la ley 22.802, de Lealtad Comercial, dispone en su inc. i) que la autoridad administrativa de aplicación tendrá la facultad de "[o]bligar a exhibir o publicitar precios". A su vez, la resolución Nº 7-SCDyDC-02, reglamentaria de la ley 22.802, establece que "quienes ofrezcan directamente al público bienes muebles o servicios deberán exhibir precios con sujeción a lo establecido en la presente resolución". Su art. 5 dispone que [l]a exhibición de los precios deberá efectuarse por unidad, en forma clara, visible, horizontal y legible. Cuando se realice mediante listas, éstas deberán exponerse en los lugares de acceso a la vista del público, y en los lugares de venta o atención a disposición del mismo". Por su parte, el artículo 2º de la Resolución 434-SDC-94 estipula que "[e]n caso de bienes, la exhibición [de precios] se hará sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público. Y el art. 6 de la primera resolución citada, en parte final expresa: "[c]uando por la naturaleza ubicación de los bienes no fuera posible, deberá utilizarse lista de precios". Asimismo, cabe señalar que el art. 3º de la ley 24.240 establece que "[l]as disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas, en particular las de Defensa de la Competencia y de L ealtad Comercial. En caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor" 6. En atención a la cuestión central aquí planteada, cabe advertir que el Tribunal no está obligado a seguir a la recurrente en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que fueran conducentes para dirimir el tema en debate (conf. C.S.Fallos 330:584, entre otros). 7. Detallados los hechos y el marco legal aplicable, cabe destacar que la recurrente no ha impugnado las actas labradas por los inspectores de la Dirección de Lealtad Comercial, sino que en su memorial sólo intenta justificar la omisión de precios detectada por la administración. En ese orden de ideas, la firma sancionada expuso que "no se puede obviar que en algunos casos los clientes al tomar los productos mueven las etiquetas de lugar, lo cual implica una tarea permanente para recomponerlos, hecho que se realiza en forma constante en el negocio. También cabe recordar que al momento de la inspección (21/2/2002) padecí amos un proceso inflacionario que obligaba a una continua actualización de los precios" (fs. 25/6). Ahora bien, resulta oportuno señalar que el art. 2º de la Resolución 434-SDC-94 así como el art. 5º de la Resolución 7-SCDyDC-02, tiene por objeto garantizarle al consumidor su derecho a ser informado de una de las características esenciales del producto exhibido, en este caso, su precio. La razón de proteger este derecho -que encuentra base en el art. 42 de la Constitución Nacional, en cuanto consagra el derecho de los consumidores a una información adecuada y veraz; notas que son complementadas por el art. 46 de la Constitución local cuando agrega que, asimismo, debe ser transparente y oportuna- se halla en la necesidad de suministrar al consumidor conocimientos suficientes, al efecto de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto de un determinado bien o servicio. En este sentido, se ha afirmado que corresponde multar a un supermercado por infracción a la ley de lealtad comercial si se compr obó que tenía mercadería lista para la venta sin la exhibición del precio, pues tal incumplimiento atenta contra el fin mismo de la reglamentación vigente, consistente en proteger al público consumidor permitiéndole la comparación de precios y productos en forma inmediata (cfr. CNPenal Económico, Sala A, in re "Supermercados Ekono S.A.", sentencia del 18 de septiembre de 2.002). En consecuencia, es evidente que para cumplir con el objetivo de esta resolución se hace indispensable que el precio de los bienes ofertados se exhiba en todo momento, sin que sean atendibles las razones que invoca la recurrente para fundar la imposibilidad material de controlar esa circunstancia. En esa misma dirección y en especial referencia a la constante variación que -según la recurrente- sufren sus precios, la firma denunciada podría adecuarlos durante las horas en que el comercio permanece cerrado y, para el supuesto de que la modificación se lleve a cabo mientras el supermercado se encuentra abierto al público, deberá arbitra r los medios pertinentes a fin de que sea realizada en forma tal que no se viole el mencionado derecho de los consumidores. En síntesis, los motivos alegados por la recurrente para justificar la infracción (no desconocida) en la que incurriera, no resultan suficiente ni verosímil fundamento para decretar la improcedencia de la multa impuesta. 8. Con relación al agravio detallado en el considerando 3), segundo párrafo, inciso d), es preciso señalar que "Lo que sanciona la ley de defensa del consumidor es la omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios que fueron impuestos como forma de equilibrar la relación prestatario-consumidor. Se trata de infracciones formales donde la verificación de tales hechos, hace nacer por sí la responsabilidad del infractor. No se requiere daño concreto sino simplemente el incumplimiento de los prescripto por la ley..." (cfr. "CAPESA S.A.I.C.F.I.M. c/ Sec. De Com. E inv.", C. Cont. Adm.Fed., Sala III, 18/12/97). Sobre este aspecto, considero que, para brindar una respuesta adecuada a los planteos de la recurrente, es necesario agregar algunas consideraciones básicas. Las infracciones administrativas no exigen, por lo general, la presencia de dolo, entendido, de forma elemental, como la voluntad de realizar el supuesto de hecho típico. Esto significa que no es necesario que la conducta derive de la decisión consiente de afectar el bien jurídico protegido, sino que basta el obrar con mera culpa para que, en general, se configure la conducta típica. Es suficiente entonces la negligencia, la imprudencia, el descuido, la ligereza en el comportamiento para que se configure la conducta descripta por la ley. Así, por ejemplo, para que se verifique la infracción imputada en esta causa, no se exige que quien ofrece un bien tenga la voluntad de incumplir con las formas exigidas por las normas, pues basta solo con realizar de forma descuidada su tarea, a la luz de los deberes que la ley fija para equilibrar la relación de consumo. En defi nitiva, se está ante ilícitos que sólo exigen un obrar culposo, donde resulta claro que aquél que realiza la acción prohibida no tiene, para decirlo de forma sencilla, una "voluntad maliciosa" (Sala I, in re "Día Argentina S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara", expte. Nº 482, sentencia del 18/10/04). Tal como se expone en el ámbito penal, en términos que aquí son plenamente aplicables: "La voluntad de realización del autor culposo no se dirige al resultado jurídico-penalmente relevante, de manera que la relevancia jurídica de su voluntad no surge directamente de lo querido, sino de una comparación con respecto al comportamiento debido" (cfr. Stratenwerth, Gûnter, Derecho Penal. Parte general, Edersa, Madrid, 1982, pág. 321). Como señala Zaffaroni. "El tipo culposo no puede explicarse desde el resultado, puesto que no se halla estructurado de este modo, toda vez que la conducta culposa es tal en la medida en que la programación de la causalidad dentro de la finalidad es defectuosa re specto del deber de cuidado exigido" (cfr. Zaffaroni, Eugenio R.; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, Derecho Penal, Parte General, segunda edición, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2002, pág. 554). Efectuadas estas aclaraciones sólo resta señalar que estas características de las infracciones administrativas nada tienen que ver con negar la reprochabilidad de la conducta o, en otros términos, con suponer que tales infracciones no requieren la existencia de culpabilidad. Más allá de los matices que haya que reconocerle a la culpabilidad en el ámbito del derecho sancionador administrativo, lo cierto es que se trata de una dimensión del ilícito que prima facie no puede negarse. En el marco de las ideas expuestas, considero que el hecho de que la recurrente alegue que " ...sin la existencia del elemento intencional no puede existir una acción típica y sin la acción típica no hay infracción y sin tal no puede haber sanción ..." (fs. 26), no tiene incidencia para desvirtuar la infracción imputada. 9. Finalmente trataré los agravios reseñados en el considerando 3), segundo párrafo, incs. a) y c) por encontrarse íntimamente relacionados. La recurrente se alza contra la disposición de la administración por el hecho, de que allí se señala que para fijar el criterio de graduación de la multa impuesta la administración tomó en consideración para agravar la misma, manifestaciones referidas en la presentación de fs. 10 -que se la tuvo por no presentada por ser extemporánea- en descargo al expte. Nro. 15.236/2002 que tramita en la Sala I de esta Cámara. Ahora bien, cabe señalar que, aunque la ley 22.802 no contiene criterios para graduar la sanción, esa normativa conforma un sistema protector en conjunción con la leyes de Defensa de la Competencia (ley 22.262) y de Defensa del Consumidor (ley 24.240). Así debe entenderse el citado art. 3º de esta última (ver quinto párrafo del considerando 5º). Señalado ello, y sobre este punto en particular, como sostuviera el Dr. Corti, (in re "BBVA Banco Francés S.A. c/ GCBA s/ otras causas con t rámite directo ante la cámara de apel.", expte. Nº RDC 680, sentencia del 16 de febrero de 2003), voto al que adherí como integrante de la Sala I de este Tribunal, respecto de las facultades sancionatorias de la administración en este tipo de procesos, que la resolución que aplica una sanción en el marco de la ley 24.240, como todo acto administrativo, debe reunir para su validez los requisitos esenciales enunciados en los arts. 7º y 8º de la LPA de nuestra Ciudad de Buenos Aires (in re "Auto Generali S.A. y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la autoridad administrativa", expte. Nº 5740, sentencia del 24 de junio de 2003; "Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la cámara de apel.", expte. RDC nº 184/0, "Viajes Ati S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la cámara de apel.", Expte. RDC nº 101/0, sentencias del 23 de septiembre de 2003; y "Alfacar S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la cámara de apel.", expte. RDC 224, sentencia del 11 de noviembre de 2003). La ley local de procedimientos administrativos (al igual que la ley federal sobre la materia) exige, como condición de validez de los actos administrativos, su causa, motivación y procedimiento. De acuerdo al art. 7º, "son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes: ...b) Causa. Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable ... ce) Motivación. Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inc. B) del presente artículo". Expuesto este claro marco jurídico, es preciso destacar que en el caso de hallarse en el acto sancionatorio que aquí se recurre irregularidades en el cumplimiento de tales recaudos, deberá ser declarado nulo por contener vicios esenciales (arts. 7 y 14 LPA). Así, se ha señalado, respecto de la causa, que debe ser entendida como los antecedentes de hecho y de derecho que sirven de sustento al acto adm inistrativo. En consecuencia, cuando tales circunstancias fácticas son inexistentes, o bien distintas a las invocadas, entonces el acto se encuentra viciado y corresponde su declaración de nulidad (Sala I, entre otros, "Auto Generali S.A. y otros c/ GCBA s/ otras demanda contra la Autoridad Administrativa", expte. Nº 5740, sentencia del 24 de junio de 2003). En este contexto, considero que la multa impuesta carece de adecuado sustento fáctico. Estas irregularidades, a su vez, demuestran la existencia de vicios en la motivación del acto recurrido. Corresponde destacar que los actos administrativos deben estar precedidos por un razonamiento que incluya un análisis fáctico y argumentos de carácter jurídico adecuados (ver, por todos, el comentario de Comadira, Julio Rodolfo: Procedimientos administrativos, Ley nacional de procedimientos administrativos, anotada y comentada, t. 1, La ley, Buenos Aires, 2002, pág. 201 y ss. Punto 6.1.5). Al respecto, se ha expresado que "la exigencia legal de fundar el acto adminis trativo, a través de la motivación, tiene por objeto garantizar los derechos de los particulares y, en especial, la garantía de defensa, al permitirles conocer las razones que indujeron a la administración a dictar el acto. Asimismo, la motivación constituye un elemento de esencial trascendencia para el juez llamado a controlar la actividad administrativa, toda vez que le permite revisar acabadamente su legitimidad" (in re "Quiroga Estela Julia c/ GCBA -Secretaría de Hacienda y Finanzas- Dirección de Medicina del Trabajo s/ Amparo", expte. 3906). En igual sentido, se ha dicho que la motivación, en cuanto importa la exteriorización de las razones que justifican el dictado del acto, "tiende a cumplir tres finalidades: a) que la Administración, sometida al derecho de un régimen republicano, de cuenta de sus decisiones; b) que éstas pueden ser examinadas en su legitimidad por la justicia en caso de ser impugnadas; c) que el particular afectado pueda ejercer su defensa" (S.C.J. de Mendoza, in re "Aguilar", sentenc ia del 16/05/84, voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, cfr. Comadira, Julio R., ob. Cit., pág. 203). En suma, como ya señaló, en su momento, Bartolomé Fiorini: "el recaudo amplio de la motivación se sustenta en el valor republicano de la publicidad de los actos estatales; en el dato esencial de toda actividad administrativa como es la razonabilidad y la moralidad; coadyudando para le ejercicio de un derecho humano judicial para que plenamente pueda juzgar los actos administrativos. Esto último es tanto más justificable después de la conquista sobre el control de la finalidad y razonabilidad de los motivos que justifican el acto" (Derecho Administrativo, segunda edición actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 423). Expuesto lo que antecede, considero que, de la lectura del acto referido y las constancias de las actas de fs. 2/9, surge que la autoridad de aplicación ha incurrido en una evidente contradicción al considerar "[q]ue el descargo del imputado, por ser extemporáneo se lo tienen por no presentado. No puede obviarse que en él menciona la existencia de "mercadería vencida" lo que constituye un elemento agravante para la graduación de la multa a aplicarse ya que el consumidor no sólo no conoce el precio sino que se encuentra en riesgo su salud". Por todo ello, siendo que el acto aquí impugnado es parcialmente nulo y el criterio de graduación de la sanción no está suficientemente fundado, estimo pertinente y propongo al acuerdo reducir la multa impuesta a la recurrente en un cincuenta por ciento (50 %). Por las razones expuestas, voto por confirmar la Disposición Nº 970-DGDYPC-2003 en cuanto a la verificación de la infracción al artículo 2º de la Resolución 434-SIC-94 y revocarla en cuanto al monto que se ha fijado, debiendo reducirse el mismo en un cincuenta por ciento. En cuanto a las costas, atento el resultado que obtuviera el recurso deducido, corresponde imponerlas por su orden (arts. 62, segundo párrafo, CCAyT). A la cuestión planteda la Dra. Nélida Mabel Daniele dijo: 1. Coincido con el relato de los hechos de mi distinguido colega preopinante y con la solución que propone. No obstante, sistematizaré, por razones metodológicas, mi voto. Preliminarmente, deseo destacar, por ser fundamental para decidir la razonabilidad del monto de la multa impuesta, que el GCBA inicia el sumario infraccional porque diversos productos que la actora tenía dispuestos para la venta no contaban con los indicadores de precio (conf. actas de fs. 2/9). A fs. 10, al presentar su descargo la accionante -textualmente- dijo que "Con relación a la mercadería vencida corresponde destacar que la misma no se encontraba a la venta, sino separada del resto, para ser cambiada a los proveedores, razón por la cual no he cometido infracción alguna que merezca sanción". Al momento de decidir, la accionada sostuvo que el descargo del comerciante, por ser extemporáneo, no sería tomado en consideración. Sin embargo, dando un peculiar alcance a la afirmación que la actora hizo en el mismo descargo (sobre que la mercadería vencida no se encontraba para la venta) agravó la multa impuesta (v. fs. 19, último Considerando). 2. La actora en su primer agravio (v. fs. 25, último párrafo) postula la existencia de términos contradictorios en la resolución impugnada. En tal sentido, manifiesta que, por un lado el acto puesto en crisis desestima su descargo por extemporáneo, y, por otro, se lo toma en cuenta para agravar la sanción por la supuesta existencia de mercadería vencida. A su citerio, tal proceder lesiona la garantía del debido proceso, toda vez que se considera su descargo para perjudicar su situación, pero no en aquéllos puntos que pueden llegar a favorecerla. Más allá que la administración tiene facultades para indagar y resolver las cuestiones en base al principio de la verdad jurídica objetiva (conf. art. 22, inc. a y f ap. 2, LPACABA), cierto es que -en autos- aquélla no ajustó su conducta a tal postulado. Ello así lo pienso, habida cuenta que la actora no expresó en el líbelo obrante a fs. 10 que la mercaría vencida se encontraba a la venta, sino todo lo contrario. Por ello, si el GCBA entendió que podía llegar a mediar otra conducta que implicase una violación a la normativa vigente, debió probar tal extremo, circunstancia que, en la emergencia, no aconteció. Así las cosas, no puede tomarse como agravante un hecho que no está siquiera minimamente acreditado. En suma, no hay prueba alguna que acredite que la actora tenía mercadería vencida para la venta. Es más, de su propia declaración se desprende todo lo contario, con lo cual la accionada otorga un alcance incorrecto y desmesurado a la pieza procedimental de fs. 10. Este aspecto, lesiona la proporción que debe guardar para sí el acto sancionatorio, no obstante lo cual me referiré al punto mas adelante. 3. Por otro lado, -textualmente- expresa la agraviada que "jamás faltó exhibir ningún precio a los productos a la venta, cumpliéndose en todo momento con las normas reglamentarias, no se puede obviar que en algunos casos los clientes al tomar los productos mueven las etiquetas de lugar , lo cual implica una tarea permanente para recomponelos, hecho que se realiza en forma constante en el negocio. También cabe recordar que al momento de la inspección (21/2/2002) padecíamos un proceso inflacionario que obligaba a una continua actualización de precios" (v. fs.25 vta., último párrafo). Tal aseveración, como lo sostiene con buen criterio mi colega preopinante en el Considerando 7 de su voto, implica -de por sí- reconocer la configuración de la sanción imputada. En efecto, la responsabilidad del empresario por cumplir con los mandatos legales, no puede allanarse porque los clientes muevan los precios al comprar sus productos o en razón que por un proceso inflacionario deba actualizar los precios continuamente. En rigor, tales manifestaciones carecen de sustento jurídico, toda vez que es obligación de aquél arbitrar los medios -por cierto, posibles- para dar cumplimiento a la exigencia de que los precios se encuentren fijados en los productos. 4. Señala, de igual manera, que la sanción dispuesta e s improcedente, por cuanto sin intención no puede existir una acción típica, y sin ello no hay infracción (v. fs. 26, pto. IV). Sin perjuicio de las fundadas observaciones del Dr. Estebán Centanaro en el Considerando 8 de su voto, creo oportuno señalar que los tipos infraccionales no requieren, para su configuración, que necesariamente exista la intención en el infractor de incumplir la obligación legal, basta con que el mismo sea consecuencia de un proceder negligente, es decir culposo. En el caso, de los propios términos del libelo de fs. 25/26 -en definitiva- se deprende una conducta imprudente en quien acciona, ya que él mismo hace hincapié en precisar que "en algunos casos los clientes al tomar los productos mueven las etiquetas de lugar" y a la existencia de un "proceso inflacionario que obligaba a una continúa actualización de precios". Tales enunciaciones, ciertamente lacónicas para fundar su parecer, no acreditan que los hechos constatados por las actas obrantes a fs. 1/9 no hayan existido. Desde tal aspecto del asunto, considero que la infracción imputada se cometió, al margen del dolo o culpa que pueda atribuirse a la demandante. Tales pautas, son -a mi juicio- suficientes para desestimar el temperamento propiciado por la agraviada. 5. Por último, expresa la actora, que el monto de la multa es desproporcionado, al tomar en cuenta -para agravar el quantum de la sanción- la existencia de mercadería en mal estado, cuando -como se dijo- no se encuentra acreditado que la misma se haya encontrado para la venta. De igual manera, no se tuvo en consideración, como atenuante, que su parte no había sido sancionado con anterioridad (v. fs. 26, 2º y 3º párrafo). Al tener como acreditado que la mercadería vencida estaba para venta, y agravar por ello el monto de la multa, se ha viciado el parecer del órgano administrativo, careciendo -de tal forma- aquélla de sustento fáctico. En tal orden de ideas, si bien es facultad discrecional del órgano administrativo determinan el quantum de la sanción entre el mínimo y el má ximo, lo cierto es que tal actividad no escapa al control judicial en cuanto a su razonabilidad (CSJN, in re "Gallero, Luis y Otro", de fecha 28.02.83, entre muchos otros). A mi modo de ver, la falta de sustento del hecho tomado por el GCBA como agravante en la causa para decidir el monto de la multa, quita proporción y legitimidad al parecer de aquélla, debiendo reducirse su monto tal como lo propone el Dr. Esteban Centanaro en un 50 %. En efecto, los hechos acreditados en la causa, quitan proporcionalidad al criterio jurídico de la autoridad administrativa, tornando su juicio arbitrario, toda vez que la circunstancia de que el actor no sea reincidente y mismo la falta de certeza, existente en estos obrados, sobre la existencia de mercadería vencida para la venta, imponen reducir la sanción a la suma de $ 5.000 (conf. CSJN, in re "Demchenko, Iván", de fecha 24.11.98). Por las razones expuestas, adhiero a la solución que propone el colega preopinante. El Dr. Eduardo Ángel Russo, por los fundamentos expuestos por la Dra. Daniele, adhiere a su voto. En virtud de los motivos vertidos, el Tribunal por unanimidad, RESUELVE: Confirmar la disposición Nº 970-DGDYPC-2003 en cuanto a la verficación de la infracción de la infracción de la Resolución 434-SIC-94 y revocarla en cuanto al monto fijado, debiendo reducirse el mismo en un cincuenta por ciento. En cuanto a la costas, atento el resultado que obtuviera el recurso deducido, corresponde imponerlas por su orden (art. 62, segundo párrafo, CCAyT). Regístrese en el libro de recursos directos, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-