Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-11


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 11 días del mes de marzo del año dos mil cinco, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"G., G. L. c/ G., C. N. s/ SUMARIO", Expte. No. 14.583/04, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería No. 3 (Expte. No. 62/02), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 423), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 389/390? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelada la sentencia definitiva de fs. 389/390 por honorarios de la actora a fs. 3391 y por la demandada a fs. 392, habiéndose concedido dichas apelaciones libremente y con efecto suspensivo a fs. 393.

El fallo en crisis, en la parte cuestionada, determinó: "1) Rechazando la demanda interpuesta por la actora, en mérito a la procedencia de la caducidad de la acción societaria, por haber sido interpuesta fuera del término de fijado por la ley;

2) Las costas del juicio serán soportadas por la actora...regúlanse los honorarios de los Dres. F. E. P., M. A. M. D. P. y J. A. G. H., en forma conjunta, en la suma de pesos dos mil ($2.000), los de los Dres. N. L. D. E., F.

L. G., G. A. B. y N. M., en forma conjunta, en suma de pesos un mil cuatrocientos ($1.400), los del Dr. C. I. J. en la suma de pesos doscientos ($200)...".

I.a) A fs. 406/412 expresa agravios la parte apelante actora por el rechazo de la demanda en base a entender el a-quo la procedencia de la caducidad de la acción societaria.

Previo al análisis del fallo determina a grandes rasgos el objeto del proceso, las defensas alegadas por las partes, en su pto. IV (fs. 407/410) se agravia que el a-quo en ningún momento define cuál es el momento a partir del cual correspondería contar el plazo de 90 días para arribar a dicha conclusión.

Transcribe el razonamiento del a-quo, aduce que el magistrado interpreta que existiendo reuniones convenidas cada quince días para seguir la marcha del negocio son estas verdaderas oportunidades para ejercer el control suficiente para detectar la irregularidad en que se basa la promoción de la acción, no considerando lógico que a tal conocimiento se arribe en oportunidad de practicar una diligencia de constatación notarial en la sede de la empresa sino en un período de tiempo indeterminado anterior, imputándole la omisión de constatar anteriormente a la accionante por no haber asistido a la reuniones o haciéndolo no efectuando el control debidamente.

Ataca el fallo por entender que ha afectado los sistemas y principios generales de la apreciación de la prueba al someter los requisitos exigidos por la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales a extremos extraños.

Expresa que su afirmación la realiza en la convicción que la determinación del momento en que la socia minoritaria actora efectivamente tomó conocimiento de la irregularidad es un punto de hecho a acreditar mediante prueba directa y dirigida a establecer un hecho positivo teniendo en cuenta las distintas fechas alegadas por las partes las cuales transcribe.

Considera que el juez se apartó del sistema de la sana crítica basándose en un criterio de íntima convicción prescindiendo totalmente de una apoyatura probatoria.

Alega como prueba corroborante de sus dichos la escritura pública nro. 307 del 17/10/01 y nro. 117 del 21/11/01 así como los informes de dominio de las unidades origen de la discordia expedidos el 14/02/02 y la pericial contable efectuada en autos.

Fundamenta como otro argumento a su favor que para resolver cuál de los dos fechas es la auténtica y si la acción deducida lo fue en tiempo y forma, se basa en valorar cuál de los litigantes pudo aportar medios de prueba suficientes y convincentes para afianzar sus dichos.

Reitera análisis de las pruebas precedentemente detalladas, solicitando el rechazo de la excepción y la resolución del fondo del asunto. Peticiona asimismo la reducción de los honorarios regulados.

A fs. 413/415 contesta el traslado de los agravios la parte demandada.

I-A-1) En cuanto a los agravios planteados por la apelante actora cabe determinar en primer lugar que el mismo incurre en un error sobre a cuál parte le corresponde la carga de probar el hecho que alega (argumento defensivo de la apelante actora (fs. 409 últ. parte), ello es así, ya que coincido con el criterio establecido por la doctrina (citado por la parte demandada en su conteste del traslado de los agravios (fs. 414vta.) que el art. 91 3err. párr. es un plazo de caducidad y se computa de acuerdo con el art. 28 del Código Civil (días corridos a contar del día en que se produjo la exteriorización por cualquier medio de la causal de exclusión), correspondiendo probar tal exteriorización a quien la alegue (actora) siguiendo una elemental norma probatoria (conf. Zaldívar y otros, "Cuadernos", T.III, vol.IV, p. 217).

La circunstancia de que algunos de tales hechos y actitudes hayan persistido en el tiempo hasta la iniciación del juicio y, hasta después, no es suficiente para desvirtuar el criterio expuesto, pues para ello debió probarse que se ha conocido recientemente el hecho justificativo de la separación en tales momentos y no con mucha anterioridad, cuando se los exteriorizó por primera vez.

En este sentido se ha expedido la jurisprudencia cuando dice que: "El plazo de caducidad que prescribe el art. 91 de la ley 19.550, comienza a computarse a partir del día en que se exteriorizó por cualquier forma el hecho que configura la causal de exclusión, careciendo totalmente de relevancia la persistencia de actitudes derivadas de la primigenia causa de exclusión para modificar le "dies a quo" para el cómputo del plazo de caducidad de la acción (SCBA, "I. E. S. S.R.L. c/ T., G. E. s/ Exclusión de socio" - CC0203 - LP 93000 RSD-66-00 S - 4-4-2000; elDial - W1341F).

Es dable aclarar que es distinto el momento en que empieza a correr el plazo de caducidad para cada uno de los sujetos de derecho interesados (sociedad y socio); así, para la sociedad empezará a correr desde el momento en que lo conozca alguno de sus órganos, sea el de gobierno, sea el de representación y administración y, para los socios, desde el momento en que ellos individualmente lo conozcan, sea directamente, o por medio de la sociedad (conf. Escutti (h), "Receso, exclusión y muerte del socio", p. 75 y 76 citado por Verón en "Sociedades Comerciales ", T.2, pág. 162, Edit. Astrea).

Entrando a analizar las pruebas obrantes en autos cabe considerar que en cuanto al valor del acta de constatación de fecha 21/11/01 (fs. 9/10) y de la escritura nro. 307 -Acta- del 18/10/01 (fs. 11/12) dicha prueba instrumental, como actos que emanan de una autoridad pública -escribano- constituyen un instrumento público en el que, a petición de parte, se hizo constar circunstancias vinculadas con un hecho jurídico, del que se informó al escribano al cumplir su comisión.

La diferencia fundamental pues con la escritura pública radica en que la primera autentica hechos jurídicos en tanto que la segunda da fe de actos jurídicos. La ley supone que al otorgarse un instrumento público no se obra con la intención de hacer depender la eficacia de la prueba de la validez de dicho instrumento, sino simplemente con la intención de suministrar una prueba, lo más perfecta posible, del hecho o acto jurídico realizado (Salvat-Olaci Regui, II-1997: Civil y comercial común, - "N. E. C. c/ Banco E. D. T. C. L. s/ Cobro de pesos por Daños y Perjuicios" - 15/06/89, elDial - BB1B4).

En sentido similar se ha expresado que el acta notarial que constata un hecho no es una escritura pública; que no pasa de ser uno de los tantos medios probatorios de que pueden valerse las partes; que su eficacia es susceptible de apreciación y de quedar enervada por prueba en contrario (Corte en Pleno, Suprema Corte de Justicia de Mendoza, expedien-te: 64242 - Ubicación: S153-220, en "Z., D. c/ A. A. M. s/ Ordinario" - Fallo: 95190056 - Primera Cámara Civil - Circunscripción: 1 - Mendoza -1995/08/07.

Del análisis y confrontación integral de la siguientes pruebas, a saber: acta nro. 7 de la asamblea efectuada el día 23/06/01 (fs. 138/140), confesional prestada por la actora (fs. 227/228 contestación a la 4ta., 7ma, 9na., 11era, 24ta. a 26ta y 35ta.), reconocimiento de recibos de pago por renta de explotación de micros -doc. res. por Sría. de esta Cámara de fecha 23/09/04- 160/04 efectuado por Custodia D. A. de G. (fs. 229), informativa prestada por C.

(fs. 235 respecto del contenido y la recepción de las Cartas documentos nros. 32.390.473 5 Ar de fecha 31/08/01 -fs. 240. 324037105AR de fecha 05/09/01 - fs. 242), informativa prestada por S. P. H. UTE (fs. 250), las declaraciones testimoniales que en forma coincidente fueron prestadas por J. D. A. (fs. 260/261 contestación a la 2da. a 4ta., 6ta. 7ma., 9na., 10ma. 12da., 14 a 16ta., 19na, pregunta), A. N. A. (fs. 262/vta. contestación a la 2da., 6ta., 7ma, 10ma., 13era., 15ta., 16ta. pregunta y 2da. repregunta y razón de sus dichos), C. A. B. (fs. 269/270 contestación a la 3era., 4ta., 6ta. a 8va., 10ma, 13era, 14ta. pregunta, 1era., 7ma. y 8va. repregunta y razón de sus dichos), J. B. G. (fs. 271/272 contestación a la 6ta., 7ma., 10ma., 11era, 15ta. pregunta 2da., 3era, 9na, 10ma. repregunta, razón de sus dichos) emerge clara y contundentemente que con fecha 23/06/01 se trató como puntos del orden del día tanto la aprobación del balance como la cesión de cuotas partes del Sr. I. G. a favor de sus hijas G. L. e I. A. G. efectuada en fecha 12/03/01 y convalidada e inscripta en fecha 19/06/01 quedando en dicha reunión aprobados y saldados los movimientos de la cuenta particular del socio cedente; que la actora junto con su hermana I. intentó vender las cuotas sociales que su padre les había cedido por problemas familiares en un monto de US 400.000, cumpliendo tareas administrativas que incluían la venta de Bonos escolares y boletos obreros desde hacía ocho años, habiendo pasado a ser socia gerente y estando presente en dos reuniones de la sociedad E. R. T. SRL, siendo los ómnibus domino ... - ... y ...-... vehículos apropiados para viajes de media y larga distancia difiriendo de los servicios que la empresa podía ejecutar con sus propios rodados, habiendo recibido por la explotación de dichos micros la abuela de la actora y madre del demandado en fechas 21/05/01, 08/09/01, 15/12/01 y la suma de pesos un mil ($1000) por cada período y la suma de pesos un mil doscientos ($1.200) el día 10/11/01; que con fecha 31 de agosto del 2001 la actora intima - en la parte que aquí interesa- la presentación de documentaciones respaldatorias con relación a vehículos propios y ajenos al patrimonio del E. de R. T.; concordando los testigos en que la actora tenía conocimiento de la existencia de dichos vehículos atento la realización que en dicha empresa realizaba en la parte administrativa, siendo los ómnibus domino ... - ... y ...-... manejados por personal distinto a la de la empresa E. R. T. SRL.

Asimismo, de la declaración testimonial prestada por el Contador M. F. (fs. 275/277 contestación a la 2da., 4ta., 6ta., 9na, 10ma., 11er., 12da., 16ta., 24ta, pregunta 1era. a 3era., 5ta. y 7ma. repregunta y razón de sus dichos) -testimonial a la que valoro atento haber estado presente ambas partes, haber sido repreguntado y no haber sido impugnado- surge que el mismo se encuentra vinculado a la empresa desde mediados del año 1998, reuniéndose los socios de la empresa los días sábados, después de las tres (3) o cuatro (4) hrs. de la tarde, habiendo asistido la actora en la mayoría de las reuniones en que participó el testigo, estando presente en el primero y principios del segundo semestre del año 2001, estando presente en la reunión de la aprobación de balances o estados contables del ejercicio número veinte (20), desarrollando la actora tareas administrativas como socia desde su incorporación como tal, estando la información contable de la empresa disponible para cualquiera de los socios, documentación que se guardaba sin llave.

En cuanto a la declaración testimonial de O. E. V. (fs. 279/280 vta.) no he de valorar la misma atento la subjetividad y animosidad demostrada por el mismo especialmente en las contestaciones a las generales de la ley y las preguntas 18va. a 21era.).

En lo atinente a la prueba pericial contable (fs. 315/316) de la merituación de la misma se evidencia que la perito contadora verificó la documentación y registro de la sociedad en el período enero del 2000 a Octubre del 2002 de la empresa E. R. T. SRL informando que la misma facturó servicios de transportes de personal a la empresa J. O. e h. - S. P. H. H. SRL en fecha 15/03/01, 24/03/01, 24/04/01 y 23/05/01, todos ellos por el importe de la suma de pesos cuatro mil ciento noventa($ 4.190), acreditando dicha información lo expresado por la demandada en su conteste a fs. 160 vta.

De los elementos probatorios precedentemente detallados surge claramente que la actora atento el trabajo que realizaba en la empresa desde antes de adquirir su calidad de socia, así como su expreso reconocimiento de haber asistido a reuniones de la empresa y las constancias documentales, actas nro. Nros. 1 del 17/03/01 (fs. 135/137) y nro. 7 del 23/06/01 (fs. 138140) acercadas por la demandada como la coincidencia de las testimoniales prestadas por operarios de la empresa y el propio contador auditor de la empresa, son elementos por los cuales considero que la actora tomó conocimiento de la situación que detentaban los micros dominio ...- ... y ...-... con mucha anterioridad a las actas de constatación de fecha 21/11/01 considerando que la misma estaba en condiciones para interponer la acción que aquí deduce el día 31/08/01 atento que expresamente en su CD. nro. 32.390.473 5 Ar de fecha 31/8/01 (fs.240.) intimó a la exhibición de documentaciones con relación a vehículos propios y ajenos al patrimonio del E. R. T. .

Teniendo en cuenta la fecha establecida como toma de conocimiento de los hechos aducidos por la actora como causal de exclusión y remoción del socio gerente C. N. G., el plazo dispuesto por el art. 91 3er. párr. de la Ley 19.550 de las Sociedades Comerciales y la fecha en que la actora interpuso la demanda - 18/02/02 (fs. 99vta. Cargo Sria. de Archivo y Adjudicación de causa) arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios expuestos por la actora y confirmar, por distintos argumentos la sentencia apelada.

I.b) Los apoderados de la parte demandada a fs. 391 y la parte actora a fs. 392, se agravian de la regulación de honorarios, el primero por bajos y el segundo por altos.

Teniendo en cuenta cómo se ha resuelto la presente cuestión, siendo intensa y eficaz la tarea efectuada durante el desarrollo del proceso por parte de los apoderados de la parte demandada considero que debe readecuarse la regulación de honorarios efectuada por el a-quo y fijar los mismos en la suma de pesos cinco mil ($.5000), en forma conjunta, para los Dres. F. E. P., M. A. M. D. P. y J. A.

G. H., razones todas estas por las cuales corresponde revocar la sentencia en este sentido haciendo lugar a los agravios planteados por los apoderados de la parte demandada a fs. 391 (arts. (6, 7, 9, 22, 39, 47 y ccdtes. del Dto. Ley Pcial 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335), rechazando los agravios planteados por la parte actora a fs. 392.

I.c) Las costas de la Alzada son impuestas a la parte actora vencida (art. 68 del CPCCCH). Difiero para el momento del acuerdo la regulación los honorarios de los profesionales intervinientes, la que se efectuará de conformidad a la labor desarrollada, el mérito y extensión de la misma, la trascendencia para las partes según las pautas del Dto. Ley Pcial Nro. 2000 y su modificatoria Ley Pcial 4335 art.14 y ccdtes.).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para la momento del acuerdo, la siguiente:

1) Rechazar los agravios expuesto por la parte actora a fs. 406/411, confirmando sentencia de fs. 389/390, por los argumentos transcriptos en el considerando respectivo.

2) Hacer lugar a los agravios planteados por los apoderados de la parte demandada a fs. 391, revocando la sentencia y regulando los honorarios de los Dres. Dres. F. E. P., M. A. M. D. P. y J. A. G. H. en la suma de pesos cinco mil ($ 5.000) (arts. 6, 7, 9, 22, 39, 47 y ccdtes. del Dto. Ley Pcial 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335).

3) Costas de la Alzada a la parte actora vencida (art. 68 del CPCCCH). Diferir para el momento del acuerdo la regulación los honorarios de los profesionales intervinientes.

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación de la sentencia de fs 389/390, que rechaza la demanda interpuesta por la actora, le impone las costas y regula los honorarios. Estos últimos por considerarlos altos.

A fs 391 los abogados de la parte demandada apelan los honorarios regulados por bajos.

A fs 392, la actora apela la sentencia y se agrega la expresión de agravios a fs 406/411.

Comienza narrando el objeto de la demanda, la contestación y la admisión por parte del aquo de la excepción de caducidad de la acción societaria opuesta por el accionante.

Dice que en ningún momento el Juez define cuál es el momento a partir del cual correspondería contar con el plazo de noventa días, y que entiende que habiendo reuniones convenidas cada quince días para seguir la marcha del negocio, eran estas las oportunidades para detectar las irregularidades.

Considerando la quejosa que se trata de presunciones y que se ha apartado de las constancias de la causa, afectando los sistemas y principios generales sobre la apreciación de la prueba, que convierten la sentencia en arbitraria, pues ante la controversia, cuando tomó conocimiento del hecho, debía recurrirse a la valoración científica y razonada de la prueba rendida en autos.

Hace referencia a la prueba rendida y que no fue valorada; instrumentos públicos relevantes y suficientes para determinar la fecha en la que toma conocimiento del abuso del gerente, así como la pericia contable.

Sostiene que es el demandado quien no aporta pruebas de lo que manifiesta.

A fs 413/415 la demandada contesta los agravios.

He de tratar en primer término, la caducidad que interpusiera el demandado y que fuera admitida por el Sr Juez, fundado en el art. 91 LS.

Conforme lo establece el artículo de mención en el inciso 3ª, "el derecho de exclusión se extingue si no es ejercido dentro de los 90 días siguientes a la fecha en la que conoció el hecho justificativo de la separación".

La ley es precisa en cuanto determina claramente el momento a partir del cual debe computarse el plazo de caducidad que fija.

Ante ello corresponde determinar cuál es la fecha en que la actora ha tomado conocimiento de los hechos que hacen procedente la exclusión del socio gerente, Carlos Nicolás G..

De fs 242, surge que el apoderado del demandado, contesta la carta documento que fuera enviada por la Srta G. G.; en fecha 31 de agosto de 2001, donde le requiere la documentación respaldatoria con relación a vehículos propios y ajenos al patrimonio del E. R.. T.; a las Srtas I. y G. G., donde le manifiesta que "La disposición de bienes de la sociedad E. R. T., se ha efectuado y se continuará efectuando de conformidad con las disposiciones pertinentes del contrato social y las normas aplicables a la ley de sociedades comerciales.

A todo evento se rechaza que se hubiera ejecutado, se ejecute o se planee ejecutar disposición irregular alguna de los bienes de la sociedad. se niega asimismo que se promoviere o promueva o se hubiese inferido o infiera daño o perjuicio alguno a vuestro patrimonio, carta documento que fuera recibido por I. G. de acuerdo al informe de fs 235 del C. A.

Asimismo a fs 141 con fecha 30 de agosto de 2001 el Sr I. G., solicita informe sobre los vehículos Mercedes Benz dominio ... ...,... ..., y advierto que el mismo, con fecha 12 de marzo de 2001 cedió las cuotas, por escritura 264, a sus hijas, prestando conformidad el resto de los socios quienes se encuentran presentes (fs 15/126), "En consecuencia el cedente subroga a las cesionarias en su mismo lugar, grado y prelación a todos los efectos. (cláusula segunda), de allí que entienda que la demandada, tenía conocimiento de la situación, con anterioridad a la fecha que esgrime.

Es preciso señalar que la documental de fs 9, que la actora considera decisiva para tener por acreditada la fecha en que toma conocimiento, por ser escritura pública, no he de coincidir.

Surge de la misma que el día veintiuno de noviembre de 2001, se constituye la actora, con la socia I. A. G., el Sr V., junto con la escribana P., en la empresa, siendo las 23 hs a fin de cumplimentar el objeto de la misma, constatación que los socios C. N. G. y Olga G., utilizan las instalaciones de la empresa para el uso y mantenimiento de unidades particulares y que constaten que las unidades identificadas como dominio ... ... y ... ... y la unidad de dominio ... se encuentran en las instalaciones de la empresa. Agregan las fotografías del lugar en el momento en que constituyen.

Lo consignado en la Escritura, Nº 117, hace fe en cuanto a los actos pasados ante el escribano, pero no de las manifestaciones de las partes; y mucho menos de lo que no se ha alegado en ella, como es sobre la situación que se debate, fecha en que tomó conocimiento sobre los motivos que le permiten solicitar la exclusión del socio "La plena fe de que goza el instrumento público no se extiende a todas las afirmaciones del oficial público, sino solamente a lo que él ha hecho, visto u oído suceder en su presencia y en el ejercicio de sus funciones" "El funcionario no garantiza la verdad del contenido de las exposiciones que hacen los interesados "La fe otorgada por el derecho objetivo al instrumento público se refiere solamente a los hechos materiales percibidos o comprobados por el notario que han pasado ante él" (Bueres-Higthon, "Código Civil, en comentario a los arts. 994 y ss. CC).

He de agregar que de la absolución de posiciones de la actora surge que la desempeñaba tareas administrativas en la empresa, así como que la Empresa puso a su disposición toda la contabilidad y libros de la empresa (fs 227/228); a fs 279 el testigo F., relata que G. realizaba tareas administrativas y que la documentación estaba disponible para cualquiera de los socios, indicios que corroboran mi convicción que la demanda debe rechazarse atento la caducidad del derecho que pretende ejercer.

Con relación a los honorarios regulados y que también se quejara el demandado, he de coincidir con la Sra. Juez, preopinante, que la suma fijada por el a-quo, no es el reflejo de la tarea que los profesionales efectuaran, que trajo aparejado el rechazo de la acción por la caducidad interpuesta.

Ello y teniendo en cuenta lo que determinan los arts 6, 7, 9 de la ley de aranceles, es que los fijo, conjuntamente para los letrados intervinientes en la suma de $5.000 (cinco mil pesos).

Costas a los vencidos.

A fin de regular los honorarios de esta instancia, que los difiero para el momento del acuerdo, merituaré la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los arts 6 y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Rechazar los agravios de la parte actora y confirmar el punto 1º) de la sentencia de fs 389/390.

2) Admitir los agravios de los letrados apoderados de la parte demandada y revocar parcialmente el punto 2º) de la sentencia de fs. 389/390, con relación a los honorarios regulados a los Dres F. E. P., M. A. M. D. P. y J. A. G. H., los que se fijan conjuntamente en la suma de CINCO MIL PESOS ($5.000).

3) Costas a los vencidos.

4) Difiero la regulación de los honorarios de la segunda instancia para el momento del acuerdo.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/XII/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. García Blanco no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar los agravios de la parte actora y confirmar el punto 1º) de la sentencia de fs 389/390.

2) Admitir los agravios de los letrados apoderados de la parte demandada y revocar parcialmente el punto 2º) de la sentencia de fs. 389/390, con relación a los honorarios regulados a los Dres F. E. P., M. A. M. D. P. y J. A. G. H., los que se fijan conjuntamente en la suma de CINCO MIL PESOS ($5.000).

3) Costas a los vencidos.

4) Regular los honorarios profesionales de los Dres. F. E. P., M. A. M. D. P. y J. A. G. H., conjuntamente, en la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500) y del Dr. C. I. J. en la suma de PESOS CUATROCIENTOS ($400).

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS (Presidente) NÉLIDA SUSANA MELERO (Juez de Cámara) REGISTRADA BAJO EL nro. 15 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS