Salarios adeudados, verificación de créditos
Materia: PENAL-COMERCIAL
Carátula: Sosa, Walter Enrique c/ Avian Líneas Aéreas SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-23

La actora apela sentencia de grado toda vez que desestimó su reclamo por deuda salarial correspondiente al período julio 2019 a junio 2021. El cuestionamiento gira en torno a la afirmación de la a quo en cuanto sostuvo que durante dicho lapso existió una suspensión fáctica del contrato de trabajo, circunstancia que impediría la configuración del devengamiento salarial. La apelante, por el contrario, sostiene que el vínculo permaneció incólume, que el empleador no lo extinguió ni lo suspendió legalmente, y que, en consecuencia, resultaba procedente la condena al pago de los salarios correspondientes a ese tramo temporal. No le asiste razón. Ello así, toda vez que ha sido corroborado por los propios testigos propuestos por el accionante que la empresa de aviación para la que trabajara la accionante, cesó en sus operaciones en junio de 2019, lo cual importó no sólo la interrupción de toda actividad económica, sino también la imposibilidad objetiva de brindar tareas a los dependientes. Esa circunstancia no fue controvertida por la parte actora, quien además verificó su crédito en el concurso preventivo de la empleadora, dejando sentado así -por vía judicial- la existencia de una deuda salarial y la crisis empresaria que afectaba a la relación. Ante una situación en la que la empresa dejó de operar, no puede válidamente sostenerse que el trabajador hubiera puesto su fuerza de trabajo a disposición, cuando no existía ningún ámbito organizacional o estructural en el cual pudiera cumplir su prestación. La disponibilidad que exige el art. 103 LCT no se satisface con una ficción formal ni con una permanencia pasiva del vínculo en términos registrales. Para que proceda el derecho al salario sin prestación efectiva es menester que el trabajador haya manifestado concreta y oportunamente su voluntad de laborar, y que tal voluntad sea jurídicamente relevante y materialmente posible de satisfacer, lo que no ocurrió en el caso. Durante más de veintitrés meses, el actor permaneció en absoluto silencio, sin promover acto alguno tendiente a reanudar la relación ni a obtener la regularización de su situación. Esa inacción no puede interpretarse como modo válido de cumplimiento contractual, ni habilita el posterior reclamo de salarios caídos. La mera registración en la AFIP no prueba por sí sola la puesta a disposición del trabajador, especialmente si este no realiza actos positivos para cumplir con su prestación. La omisión de requerir tareas, en advertir sobre la situación irregular o intimar su regularización por un lapso tan extenso, debilita la pretensión de haber estado disponible, aún en el marco de un vínculo técnicamente subsistente. El actor no podía emplearse en otra aerolínea sin renunciar a aquélla para la cual laboraba. Ese impedimento, derivado de normativas aeronáuticas específicas, refleja una consecuencia de su mantenimiento como trabajador registrado, pero no alcanza a probar que efectivamente se encontraba dispuesto y en condiciones reales de prestar servicios. La "disponibilidad" exigida por el ordenamiento laboral no se agota en un obstáculo reglamentario para emplearse en otro sitio, sino que exige una manifestación clara, eficaz y susceptible de concreción de su voluntad de trabajar para su empleadora. Y si ésta, no se encontraba en condiciones de operar ni tenía estructura para prestar servicios, resulta claro que no había dónde ni ante quién poner a disposición fuerza de trabajo alguna. La posición del apelante desatiende el principio de buena fe, y así el trabajador tenía a su alcance los mecanismos habituales de comunicaciones laborales para reclamar tareas, exigir pagos o advertir sobre su voluntad de continuar vinculado. La falta absoluta de esos actos durante casi dos años, incluso a pesar de que conocía la situación crítica de la empleadora, no puede sustituirse por una presunción favorable ni habilita una condena por salarios devengados. La pasividad prolongada del actor, combinada con la imposibilidad fáctica y jurídica de prestar tareas ante una empresa que cerró sus operaciones, torna inadmisible el reclamo de haberes por el período cuestionado, por lo que cabe confirmar lo decidido en grado.