Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-08-14


AUTOS 98346.2 (C.C.Nº21752) DEL Noveno Juzgado Civil, CARATULADOS: "MOLINA, Alfredo Gustavo y Otros C/ Pepa, Agustín Daniel y Otro - Daños y Perjuicios - Ejec. de Honorarios".- PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2014- del Tº I -Fº198/202.- En la Ciudad de San Juan a 14 días del mes de agosto de 2014, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y el Sr. Vocal Dr. Roberto M. Pagés Lloveras, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. 71, 78 y 127, contra la resolución de fecha 28 de febrero del año dos mil trece y aclaratoria de fecha 30 de septiembre del año dos mil trece, recaídas en los presentes autos Nº98346.2 (C.C. Nº21752) caratulados: "MOLINA, ALFREDO GUSTAVO Y OTROS C/ PEPA, AGUSTIN DANIEL Y OTRO - DAÑOS Y PERJUICIOS - EJEC. DE HONORARIOS", dictadas por la Sra. Juez titular del Noveno Juzgado Civil, obrantes a fs. 64/67 y 117/119 vta.- EL DR.OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Vienen estos autos para resolver sendos recursos deducidos a fs. 69 por los Dres. Castro Baños y Castro Gabaldo recurriendo por bajos los honorarios regulados a su favor, a fs. 124 por los mismos letrados contra la sentencia de fecha 30/9/13 y a fs. 73 por los demandados en el incidente.- Agravios de los demandados: Contra la sentencia de fecha 28/2/2013 que rechaza la excepción de inhabilidad de título alegan que es evidente el vicio de la misma pues su parte no fue notificada en el domicilio real del proceso para la determinación de la base ni de la sentencia que fija los honorarios a ejecutar por lo que es inhábil el título de la ejecución siendo la sentencia un exceso de rigor formal.- Cita jurisprudencia e insiste en que lo resuelto es una injusticia que se apoya en doctrina referida a la ejecución de sentencia que es distinta de la ejecución de honorarios, más cuando en este caso se cuestiona la exigibilidad de la deuda y en que la sentencia que regula honorarios debe notificarse en el domicilio real de la parte, lo que omitido hace que no se encuentre firme y no es título hábil para ejecutar. Hace reserva de los recursos de las leyes 2275 y Federal 48.- LA SENTENCIA: Afirma que la excepción de inhabilidad de sentencia sólo resulta procedente por no estar ésta ejecutoriada, o por no haber vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o no resultar de ella los montos reclamados, la calidad de acreedor del ejecutante o la de deudor del ejecutado (art. 467 inc. 3º del C.P.C.).- Sigue diciendo el fallo que en el caso en estudio, los excepcionantes alegan como argumento de su defensa, que no fueron notificados en su domicilio real de todo lo atinente a la determinación de la base regulatoria, como así tampoco de la sentencia que determina los honorarios a ejecutar. Además, expresan que su abogado nunca les comunicó el estado de la causa.- Destaca que no corresponde examinar el trámite o proceso de determinación de base regulatoria, o regulación de honorarios, que no ha sido atacado de nulidad y por ende, se encuentra firme y consentido pues importaría desconocer el principio de preclusión y analizar la causa que dio origen al título ejecutivo que se pretende ejecutar, cuestión ajena a este proceso de ejecución.- En este sentido cita jurisprudencia: "Constituye, a su vez, en la materia, un principio de orden procesal indiscutible, que en el trámite de ejecución de sentencia no pueden oponerse en ningún supuesto defensas, fundadas en hechos anteriores al fallo que se ejecuta, ya que de lo contrario se reabriría la discusión y se desvirtuarían los efectos del fallo definitivo" (Conf. Morello, A., Cod. Proc. Civil, Tomo IV, pág. 133).- A mayor abundamiento aclara que de los autos principales, surge que los actores comparecieron a fs. 1/21 mediante su apoderado Dr. Walter J. Retamar constituyendo domicilio legal en el estudio jurídico del citado profesional y tanto los trámites correspondientes a la instancia principal como a los incidentes, y sus respectivas sentencias (incluyendo las que se ejecutan), fueron comunicados mediante cédulas diligenciadas en el domicilio de su ex apoderado Dr. Walter J. Retamar. Ello, encontrándose plenamente vigente el poder otorgado por los excepcionantes a su ex mandatario. Todo esto, conforme las copias obrantes a fs. 5, 9 y 20 del presente incidente	recordando que las cédulas glosadas al expediente principal, son instrumentos públicos expedidos por Oficiales de Justicia en ejercicio de sus funciones y su contenido goza de plena fe.- Que recién el día 04/10/12 los ejecutados comunicaron al Dr. Retamar la revocación del mandato otorgado a su favor; y constituyeron nuevo domicilio legal. Es decir, con posterioridad al planteo del incidente en estudio.- Concluye que todas las notificaciones efectuadas en el domicilio legal anteriormente constituido son válidas.- En este sentido se ha expedido nuestra jurisprudencia: "Si los honorarios estaban a cargo de la parte contraria condenada en costas, las cédulas dirigidas al domicilio ad litem de ella están bien diligenciadas" (conf. Maurino Alberto, NOTIFICACIONES PROCESALES, pág. 309).- Puntualiza especialmente que los autos regulatorios cuyas copias obran a fs. 3/4, 8, 10/12 y 14/15 fueron debidamente notificados, y dado que no existe la posibilidad de un nuevo recurso que modifique las resoluciones pertinentes, corresponde tener por ejecutoriadas las sentencias cuyo cumplimiento se persigue.- Agrega por último que: "El art. 460 habla de sentencia ejecutoriada, que lo es cuando ya no existe la posibilidad de plantear recursos. La ejecutoriedad proviene cuando recurrida una sentencia, el tribunal superior la confirma, o bien la revoca total o parcialmente, manteniendo una condena o revocando una sentencia absolutoria y condenando a alguna de las partes. De donde una sentencia definitiva que adquirió firmeza será ejecutoria, a los fines de sustentar el pedido de ejecución forzosa" (conf. Velert J. - Pagés Lloveras R. - Velert Baistrocchi G., CODIGO PROCESAL CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERÍA, Tº 3, pág. 125).- Regula los honorarios de los Dres. Roberto H. Castro Baños y Martín Castro Gabaldo, por su actuación profesional por derecho propio, como vencedores y en forma conjunta, en un 6,6% de la liquidación a aprobarse y los de los Dres. Oscar S. Oropel y Nicolás A. Oropel, por su actuación profesional en carácter simple, como vencidos y en forma conjunta, en un 3,08% de la liquidación a aprobarse.- Recurso de los Dres. Castro Baños y Castro Gabaldo contra la sentencia de fs. 117/119: En síntesis hacen referencia a los términos de la sentencia para concluir que los ejecutados han logrado su cometido de trabar y demorar la ejecución por dieciséis meses con verdadero abuso temerario y malicioso del derecho. Citan doctrina sobre el tema y piden se revoque lo resuelto imponiendo el máximo de la multa correspondiente.- En cuanto al recurso de los demandados en el incidente, en primer lugar advierto que los recurrentes omiten cuestionar el argumento central del fallo en lo pertinente, en cuanto refiere que las resoluciones ahora en ejecución fueron notificadas, como correspondía al caso, al domicilio procesal constituido - extremo que garantiza suficientemente el ejercicio real del derecho de defensa en juicio - a lo que agrego que en su oportunidad no hubo cuestionamiento alguno ni de las cédulas correspondientes ni de las resoluciones que ellas notificaban y menos razonable aún aparece la imputación a su apoderado Dr. Retamar de no haberles comunicado la situación - inherente solo al vinculo entre la parte y su letrado - de donde, como lo sostiene el Inferior ha precluido la posibilidad de hacerlo.- Ello resulta decisivo y más que suficiente, en mi criterio, en función de las previsiones de los arts. 253 y conc. de la ley ritual para resolver el rechazo del recurso con costas, toda vez que en la práctica corresponde su deserción pues la expresión de agravios no satisface los recaudos inherentes a la crítica concreta y exhaustiva de los puntos de la sentencia que pudieren resultar erróneos.- De lo que llevo dicho se desprende también la procedencia del recurso de los ejecutantes atento que a la luz de la normativa citada es notoria la improcedencia del recurso de los ejecutados aludido supra y a que no puede hesitarse de la conciencia de la sin razón del planteo, esto es, que en el caso no podía ignorarse que la notificación en el domicilio constituido de las resoluciones dictadas en autos resultaba suficiente noticia para que la parte ejerciera adecuadamente el derecho de defensa, resultando infructuosa, como he dicho supra, la sola mención de que su apoderado Dr. Retamar no les hubiera comunicado la situación y por tanto manifiestamente dilatoria, maliciosa y temeraria la actitud de la demandada que debe sancionarse con la multa que establecen los arts. 44, 548 y conc del C.P.C. imponiendo la misma en el 10% de los honorarios de primera instancia correspondientes a la incidencia, ello porque no obstante la dilación producida sus efectos resultan atenuados en relación a la cuantía de la multa por el incremento de los intereses compensatorios pertinentes generados por el transcurso del tiempo.- Corresponde en consecuencia admitir el recurso deducido por los Dres. Castro Baños y Castro Gabaldo revocando en lo pertinente la resolución de fs. 117/119 esto es, admitiendo el pedido de sanción y dejando sin efecto la regulación practicada a favor de los Dres. Oropel dada la modificación que se dispone.- Resta tratar el recurso contra los honorarios regulados a fs. 67 a favor de los Dres. Castro Baños y Castro Gabaldo. Entiendo que la proporción referida se adecua perfectamente a las previsiones de la ley 2150 y retribuye con equidad la labor profesional llevada a cabo por lo que debe confirmarse.- En cuanto a las costas de Alzada por los recursos resueltos en la presente respecto de la ejecución se imponen a los ejecutados vencidos regulando los honorarios de los Dres. Castro Baños y Castro Gabaldo en el 30% de los regulados en primera instancia. Las costas por el incidente relativo a la sanción se imponen a la parte vencida regulándose los honorarios de Alzada en el 40% de los que por dicha incidencia se regulen en primera instancia.- Así voto.- EL DR.ROBERTO PAGES LLOVERAS DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

Rechazar los recursos concedidos a fs. 71 y 78 contra la resolución de fecha 28 de febrero de 2013, obrante a fs. 64/67.- Hacer lugar al recurso concedido a fs. 127 contra la resolución aclaratoria de fecha 30 de septiembre de 2013, obrante a fs. 117/119 vta., que se revoca en lo pertinente y en consecuencia declarar maliciosa y temeraria la actitud de la demandada, a quien se impone una multa consistente en el 10% de los honorarios de primera instancia correspondientes a la incidencia, dejando asimismo sin efecto la regulación practicada a favor de los Dres. Oropel.- Imponer las costas de Alzada por los recursos resueltos en la presente respecto de la ejecución a los ejecutados vencidos, y regular los honorarios de los Dres. Castro Baños y Castro Gabaldo y Oscar S. y Nicolás A. Oropel en el 30% de los regulados en primera instancia. Las costas por el incidente relativo a la sanción se imponen a la parte vencida regulándose los honorarios de Alzada de los Dres. Roberto Castro Baños y Martín Castro Gabaldo en el 40% y los de los Dres. Oscar S. y Nicolás A. Oropel en el 30% de los que por dicha incidencia se regulen en primera instancia.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS:DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.