marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derechos y garantías constitucionales, prescripción, facultades tributarias, competencia, ejecución fiscal
Materia: COMERCIAL-CIVIL-DERECHOS HUMANOS-TRIBUTARIO
Carátula: PROVINCIA DE RIO NEGRO (FISCALIA DE ESTADO) c/ MORCOL S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-20

Los arts. 2532 y 2560 del Código Civil y Comercial aprobado por Ley 26.994, dictado a la luz de una facultad delegada por las provincias (art. 75, inc. 12º C.N.), aportan respuestas a las potestades tributarias locales. Es que, en rigor, se trata de un reconocimiento que el Congreso de la Nación ha efectuado de una competencia preexistente de las provincias, cuyas legislaturas pueden establecer no solo el modo de nacimiento de las obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también los medios para tornarlas efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Ello, además, por las especificidades propias de la materia tributaria, que también en el orden federal cuenta con una regulación distinta y por fuera de las disposiciones del Código Civil y Comercial. De igual modo, entendemos que tampoco corresponde aplicar las normas del derecho privado a los aspectos complementarios o instrumentales de dichos plazos de prescripción (entre otros, los concernientes a su cómputo, suspensión, interrupción etc.), en cuanto estén previstos en modo expreso y diverso en las disposiciones tributarias de la Provincia. En definitiva, si el Estado Nacional se encuentra habilitado para legislar el instituto de la prescripción, en todos sus aspectos, por fuera de las disposiciones del Código Civil y Comercial por ser una materia ajena a su contenido sustancial, igual temperamento corresponde adoptar en relación a las provincias; máxime cuando se está ante un supuesto -como en la especie- de ejercicio razonable de potestades reservadas en el reparto competencias que surge de los arts. 75, inc. 12º, 121 y 126 de la Constitución Nacional. (Voto de la Dra. Piccinini, Dr. Apcarian y Dra. Zaratiegui por la mayoría)
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: UTRERA ARALDA c/ COVERS HAUSE  S.R.L. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-11-14

Del precepto del art. 243 de la L.C.T. resulta que existe una suerte de fijeza prejudicial cuando de las causales de trabajo se trata, estándole vedado al juzgador analizar la existencia de un motivo no invocado por el principal en la comunicación del despido (SCBA, 10/8/82, FERRARI, J. A. c/ METAL TANDIL S.A. ). En consecuencia resulta improcedente la pretensión esgrimida en la contestación de la demanda acerca de los rubros "nuevos hechos comprobados con posterioridad al rompimiento" (del vínculo laboral) -
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Héctor Omar s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que impugna la prueba indiciaria y no determina cuáles serían las transgresiones legales en que habría incurrido la Excma. Cámara al invocar las cinco presunciones en cuestión.
Proceso penal, admisibilidad de la prueba, juicio oral
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: PETROLI, DAVID EXEQUIEL c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-28

Siendo que tanto las denegatorias de prueba como las admisiones pueden ser nuevamente solicitadas en la etapa de juicio oral, no corresponde superar el recaudo de admisibilidad previsto en el artículo 1 de la ley 7055; tampoco resulta aconsejable desde la perspectiva de la centralidad del proceso oral, la proliferación de instancias de apelación en las etapas anteriores a la del debate, salvo cuando se constituya una situación de gravamen irreparable, generalmente vinculado a las medidas de coerción personal. (De la disidencia parcial del Dr. Falistocco).
ENCOTEL, rescisión del contrato administrativo, rescisión por la administración, culpa del contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VALADO, ROBERTO J. c/ EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-03

Los motivos por los cuales E.N.Co.Tel, rescindió el contrato con anterioridad al tiempo estipulado originariamente, fueron acorde a las atribuciones emergentes de una de las cláusulas del mismo, sin que al contratista le asista el derecho a indemnización alguna cuando incurre en transgresiones que demuestren incumplimiento culpable y reiterado por su parte.
Inimputabilidad, ebriedad, robo de automotor, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: LAGO, H s/ IMPUTABILIDAD - EBRIEDAD - ROBO AUTOMOTOR - ARMAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-11

Si bien hay datos de que los procesados al ser detenidos presentaban signos de intoxicación, ello no se concilia con la conducta desplegada durante el evento en que por alrededor de 40 minutos mantuvieron amenazados y bajo control a un grupo de jóvenes, a quienes luego de hacerlos desvestir, se los distribuyó en baños, obteniendo por medios violentos las llaves de un automóvil en el que huyeron llevándose dinero y otros objetos; habiendo tenido tiempo los prevenidos de llegar al estado de aparente alcoholización por la ingesta -posterior al hecho- del whisky que llevaban, pudiendo ser ésta la etiología de su estado.

Pudo la droga significar un estímulo, un sedante, una necesidad por el hábito; el alcohol en ciertas circunstancias obra como elemento que potencia ciertos efectos, pero no dejaron rastros en los exámenes de sangre y orina, ni impidieron desplegar conductas como las descriptas, por cuya razón deben ser condenados por el delito de robo de automotor a mano armada.
Recursos, recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia, facultades del Superior Tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: F., J. O. c/ P. A. S.R.L. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-09-16

Teniendo en cuenta que la tacha de arbitrariedad no comprende las discrepancias del recurrente con la valoración y selección de la prueba efectuada por los jueces de la causa resulta improcedente respecto de sentencias que al margen de su acierto o error, están suficientemente fundadas aún cuando se alegue error en la solución del litigio.
Reclamo administrativo previo, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gordillo, Victor Hugo y Otros c/ Municipalidad de Pozo del Tigre s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-06-14

La actividad administrativa previa a la instancia judicial revisora no es optativa ni alternativa para el administrado, pues el régimen del reclamo administrativo previo conforma en la provincia de Formosa un presupuesto de admisibilidad de la pretensión contencioso-administrativo, impuesta por el artículo 112 del Decreto Ley 971 concordante con el artículo 7º del Código de Procedimiento Administrativo, exigencia que tiene particular significación en tanto constituye un límite infranqueable al actuar del Tribunal que no puede extender su competencia revisora a un tema no propuesto en sede administrativa.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, PERÚ, explotación de minerales, mercurio, medidas cautelares, pueblos originarios
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 38/2017 - Medida cautelar No. 113-16 -- Comunidad Nativa "Tres Islas" de Madre de Dios respecto de Perú c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-09-08

Se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, requiera a la Republica de Perú la adopción de las medidas necesarias que permitan garantizar la vida e integridad de los miembros de la Comunidad de referencia, en razón de la grave situación de riesgo en la que se encontrarían por la presencia de mercurio en sus organismos, debido a su uso en actividades extractivas de minas de oro realizadas en la zona.
Recurso de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso, ejecución hipotecaria, tasa de justicia, base imponible, monto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: TECROSOL S.A. c/ GIL FERNANDEZ, Dámaso s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-16

Disidencia del Dr. Kiper:

La contradicción relativa a si en el trámite de la ejecución hipotecaria especial, previsto en el art. 53 de la ley 24441, la tasa de justicia a abonar debe calcularse sobre la base del monto reclamado o como si se tratase de un proceso con monto indeterminado, determina la procedencia del recurso de inaplicabilidad de la ley
Contratos bancarios, cuenta corriente con saldo deudor, fianza, fianza bancaria, obligaciones del fiador
Materia: COMERCIAL
Carátula: HSBC  BANK  ARG.  SA c/ FERNANDEZ  ESCUDERO,  JORGE  Y OTROS s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-24

Procede hacer lugar a la ejecución de la fianza otorgada por los ejecutados con el fin de cobrar las sumas adeudadas por el deudor principal conforme al certificado de saldo deudor de la cuenta corriente de este último, acompañado, toda vez que siendo este instrumento título ejecutivo conforme la normativa del CCOM art. 793 y habiéndose constituído los ejecutados en solidarios, lisos, llanos y principales pagadores de las obligaciones del afianzado frente al ejecutante, la aptitud del título respaldatorio de la referida deuda para ser reclamada por esta vía, es extensible a la fianza; además, dado el alcance de la obligación asumida por los garantes el crédito puede ser demandado directamente a ellos, pues no surge del texto legal -CCOM art. 480-, ni del contrato la exigibilidad del reconocimiento judicial respecto de la deudora principal -fallida-, como recaudo para habilitar el cobro a los fiadores; ello, sin perjuicio de que éstos puedan concurrir, en su caso, a verificar ante la quiebra.
Régimen de consolidación de deudas, obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones en moneda extranjera
Materia: CIVIL
Carátula: RICCA, Ramón R. c/ E.N. s/ JUICIO DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-26

La deuda constituida en una obligación en moneda extranjera genuina que tiene por objeto restituir cantidades de cosas recibidas o dar cosas inciertas fungibles con el fin de restituirlas a su dueño no escapa al régimen de la ley de consolidación que establece los arts. 1 y cctes. de la ley 23.982 ya que -de conformidad con lo dispuesto en el art. 617 del C.C. (texto según ley 23.928)- debe ser considerada como una obligación de dar sumas de dinero y, en el caso, de causa o título anterior al 1 de abril de 1991. (Se revocó la sentencia de primera instancia que consideró que la obligación no consistía una obligación de dar sumas de dinero sino una obligación de dar cosa dineraria.
Daños y perjuicios, obligación de seguridad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, Fernando c/ Roll S.R.L. y/o Soul Train s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

No siempre las obligaciones tácitas de seguridad se traducen como una obligación de resultado, aunque por lo general así resulta.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Instrucción, prórroga de la instrucción, plazo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de reposición en causa: ALMADA, María Mabel s/ Homicidio E.S.P.' (solicitud de prórroga)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2007-03-20

Corresponde hacer lugar al recurso de casación y casar la sentencia que denegó la solicitud de una nueva prórroga de instrucción por considerar que fue formulada una vez vencida la prórroga anterior, máxime cuando se trata de una causa por un delito gravísimo (homicidio) en la que no hay procesados y la investigación no languidece; antes bien, se encuentra en plena actividad en el marco de la obligación estatal de investigar los ilícitos.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, cheque, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: H, E A s/ Recurso de Inaplicabilidad doctrina legal (Expte.. Nro. 8-86) -Tribunal  plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-15

Siendo inherente al cheque su condición de orden de pago, ésta permanece para el banco girado, permitiendo comprender la alternativa que brinda el Código Penal de darlo "en pago" (cancelación parcial o total) o "por cualquier otro concepto" (donación, garantía, perfeccionamiento de un contrato de mutuo, etc.) y diferenciar lo que es relativo al título con la causa de la obligación. De aceptar que el cheque recibido "en garantía" y presentado al cobro por su originario receptor carece de entidad para configurar delito en el librado -al no vulnerarse la fe pública-, estaríamos supliendo el valor que intrínsecamente le adjudica la ley, alterando simultáneamente su calidad circulatoria. (Del Voto del Dr. Vecchioli que hace Mayoría). En el caso, la cuestión a resolver era:

¿Constituye el objeto típico contemplado por el artículo 302, inciso 1 del Código Penal el cheque que habiendo sido recibido por su originario tenedor, desnaturalizando su finalidad jurídica, es presentado por él mismo al banco girado para que sea atendido?
Daños y perjuicios, daño estético
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Violante Laura Inés c/ Tomasini Miguel y Otro. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-18

Las lesiones estéticas pueden ser contempladas desde dos vértices de apreciación; el de la faz moral por los padecimientos y mortificaciones espirituales que aparejen y desde el de las afecciones patrimoniales que produzcan, en tanto limiten las posibilidades económicas o laborales del damnificado.
Habeas corpus, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: Moreno Bergeon, Pedro Aníbal s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

En el Código sancionado por la ley 3589, el hábeas corpus aparece con funciones diversas al régimen actual, pudiendo ser articulado como recurso contra decisiones en materia de medidas de coerción personales, aunque con un procedimiento acotado que termina en la Cámara de Apelaciones, sin perjuicio de que por medio de los recursos extraordinarios previstos en la Constitución y en la ley 48, eventualmente puede arribarse a instancias superiores.
Derecho ambiental, acción de amparo, ombudsman, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensora del Pueblo de la Provincia de Chubut s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-28

La Defensoría del Pueblo, debe fundar, como primer recaudo para la admisión de su pretensión, la propia legitimación sustantiva para accionar: la relación existente entre el acto atacado y el riesgo de una lesión que debe definirse. Lo contrario, asevera, sería conferir un privilegio de acción sin concurrencia de sus presupuestos básicos, ejerciendo de ese modo una función exorbitante y abusiva, consintiendo que actúe fuera del Estado de Derecho que a él mismo incumbe. Añade el Alto Tribunal, que tal como viene fallando, también para este caso cabe estimar que "la razón de ser del amparo no es la de someter a supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos ni el contralor del acierto o error con que ellos cumplen las funciones que la Ley les encomienda, sino la de prever un remedio contra la arbitrariedad de sus actos que puedan lesionar derechos y garantías de la Constitución".
Sociedades comerciales, participación de una sociedad en otra, balance
Materia: COMERCIAL
Carátula: CORDOBA, HORACIO c/ CAPUTO  S.A.I.C.F. s/ SOCIEDADES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-31

La transgresión de lo dispuesto por la ls.31 presupone la existencia de un balance aprobado y, en consecuencia, resulta improponible accionar por lo que se dice transgredido y, a la vez, pretender que o se apruebe el balance que le da sustento a la acción.

Dicha transgresión tiene una sanción prevista en la propia ley, y consiste en la pérdida del derecho de voto y a las nulidades que correspondan a esas participaciones (ls.31). Pero ella se aplica, precisamente, cuando el exceso admitido legalmente no es liquidado en plazo legal, que se computa a partir de la aprobación del balance. Al perseguirse la nulidad de la resolución asamblearia que aprobó el balance, se produciría la extraña circunstancia de que el plazo no se encontrara vencido y que, entonces, no se pueda determinar si la tenencia en exceso impide el ejercicio del voto o el cobro de los dividendos.

La transgresión a la LS.31 no acarrea la nulidad del balance, sino que impone la necesidad de que la sociedad se desprenda de aquellas tenencias que, de acuerdo con el balance aprobado, excedan el límite legal.
Honorarios del perito, peritos, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: TOBARES, Ramón Gregorio c/ E.N. s/ HABER DE RETIRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-28

Como se expresó en los fundamentos del fallo plenario Agua y Energía c/ Oliver Ind. y Com. , del 16 de sept. de 1976, en atención a la naturaleza de la función del perito -auxiliar de la justicia que asesora al juez sobre cuestiones técnicas-, y a la nota de imparcialidad que la caracteriza es que éste puede cobrar sus honorarios de cualquiera de las partes, e incluso de la vencedora en costas, y resulta irrelevante el hecho de que los haberes previsionales sean inembargables toda vez que el perito ha contribuido al logro de la verdad sustancial posibilitando al cobro de aquellos. Más esta doctrina debe acotarse pues ha de existir para el cobro un orden de prelación según cual sea la imposición de costas. Si no se ha establecido una obligación solidaria, al acreedor sólo podrá accionar contra la parte vencedora en costas cuando habiéndolo hecho previamente contra el principal obligado, su resultado hubiera sido infructuoso.
Caducidad de instancia, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: SOLDA MARIA ELENA s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-09-05

Teniendo en cuenta las argumentaciones desarrolladas y lo que resulta de autos, caducidad declarada de oficio, previa solicitud de parte de que se proceda al dictado de sentencia, permiten afirmar la procedencia de la apelación deducida (conf. art. 291 inc. 3 del C.P C.C.), y en consecuencia deberá revocarse el decisorio cuestionado en todos sus términos, con costas en el orden causado en atención a las características procesales del acto en estudio, que no han merecido oposición por parte de la demandada (conf. art. 68 del C.P C.C. segundo párrafo).
Ejecución de sentencia, condena a escriturar, facultades del juez, sanciones conminatorias
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CAVALIERI DE IANNUZZI, Idea María c/ DE VITO, Silvina Laura s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-27

Sin perjuicio del apercibimiento de la norma contenida en el art. 512 del Código Procesal en sentido de que el juez suscribirá la escritura en caso de no realizarlo el obligado dentro del plazo pertinente, como las partes deben cumplir con los términos de un procedimiento que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, el juzgador está autorizado a dictar las medidas complementarias que correspondan a los fines de ejecutar el mandato judicial, tales como la imposición de la sanción conminatoria contenida en el art. 37 del código citado, cuando media una conducta obstruccionista injustificada que impide la escrituración.
Daños y perjuicios, indemnización, incapacidad sobreviniente, daño estético
Materia: CIVIL
Carátula: JIMENEZ, Segundo Antonio y otra c/ CENTRO MATERNO INFANTIL MARIA EVA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-08

En cuanto a la reparación por los conceptos de incapacidad sobreviniente (daño físico y psíquico) y lesión estética, lo importante es evitar, por un lado, la duplicación del resarcimiento y que se indemnicen los daños efectivamente sufridos y, por otro, también evaluar si las secuelas físicas antiestéticas justifican la existencia de un daño distinguible de la incapacidad sobreviniente, que merezca un resarcimiento específico.
Gravedad institucional, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramos, Julio Alfredo s/ artículo 109 y 110 del Código Penal Causa N. 37.717.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

No existe gravedad institucional, si no se advierte que se encuentren afectados principios de orden social vinculados con instituciones básicas del derecho, ni que la intervención de la Corte tenga otro objeto que el de revisar, eventualmente, intereses particulares.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, incidente de impugnación, excepciones procesales, legitimación pasiva, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAGNASCO, MARIA ENRIQUETA c/ INVERBOL SA DE FINANZAS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-17

Procede rechazar la excepción de legitimación pasiva opuesta por la demandada. Ello por cuanto, la acción de nulidad de decisiones asamblearias debe ser promovida contra la sociedad (LGS 251 in fine), lo cual descarta que la sociedad no cuente con legitimación para ser traída a juicio. Sin embargo, una cosa es tener la aptitud para demandar o ser demandado en un juicio y otra distinta es tener razón, la falta de legitimación concierne a la primera cuestión, pues se configura cuando alguna de las partes del litigio no es titular de la relación jurídica sustancial que da origen a la causa, sin perjuicio de que la pretensión tenga o no fundamento. Se trata de una excepción que, por ende, no tiene relación con los argumentos que podrían invocarse para admitir o rechazar la procedencia sustancial de la acción, de lo que se deriva que, si la acción de nulidad promovida en la especie debe o no ser desestimada, es aspecto que deberá ser valorado y decidido en la sentencia que ponga fin al pleito.
Vicios redhibitorios, vicio oculto, vicio aparente, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: POLO MARGARITA c/ JUAN DONATO s/ acc - Quanti Minoris (LIBRO: S083 - 418)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-11-10

La determinación de si un vicio o defecto es o no oculto es cuestión de hecho, sujeta a la apreciación judicial, pero debe entenderse que no son ocultos aquellos defectos que pueden descubrirse mediante un examen atento y cuidadoso de la cosa, practicado en la forma usual para ese negocio y para esa mercadería. Aquellos defectos que podría advertir un propietario diligente y que sólo pueden escapar a una persona inhábil, inexperta o ignorante no son vicios redhibitorios, pues esas personas, si son prudentes y diligentes, antes de comprar se hacen asesorar por alguien entendido.
Declaración de inconstitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: RUGGERI, ERNESTO c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-21

Los cuestionamientos referidos a la admisión por la Alzada de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo no resultan idóneos a fin de conmover el sustento de la sentencia como acto jurisdiccional, desde que la solución propiciada en el fallo se ajusta a la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional (Aquino y fallos consecuentes) en el cual se remarcó el agravio que tal disposición causa a las garantías constitucionales que se derivan, por tratarse -como lo afirman los juzgadores- de un precepto regresivo y discriminatorio en perjuicio de los trabajadores. (Del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler).