marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, accidentes de trabajo, contrato de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - LABORAL
Carátula: Diaz, Luis Antonio c/ M.C.B.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-24

Cuando el vínculo entre las partes resulta calificable como de empleo público, no cabe considerar que la demanda esté fundada en un contrato de trabajo o que la causa sea relativa a un vínculo de esa especie. Declarado por el actor el ejercicio de una "acción de derecho común", ello importa someter a las normas civiles como base fundamento de la pretensión, de donde resulta que la referencia al art. 17 de la ley 9688 -que confiere a obreros y empleados una acción de indemnización especial- se limita a reconocer las acciones genéricas "que pudieran corresponderles según el derecho común..." no autoriza a considerar la demanda como "fundada" en "disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo" (art. 20 de la ley 18.345).
Enfermedad accidente, ley de accidentes de trabajo, prescripción, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: IBARROLA, Manuel c/ ELMA S.A. s/ accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-28

Con el dictado de la ley 24028 - art.12, inc."E" - la voluntad del legislador fue la de considerar prescripta toda acción que se inicie después de dos años de finalizada la relación laboral, con la clara intención de que en los supuestos comunes de enfermedades accidentes no se admita la posibilidad de que muchos años después de terminado el contrato, el empleador se vea enfrentado a la obligación de reparar un daño supuestamente atribuible a las tareas cumplidas en su favor.
Prueba confesional, retractación, jueces, deberes del juez, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, Juan Carlos s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-05

Cuando el procesado retracta su confesión judicial denunciando que la ha producido por violencia o intimidación, la omisión por parte del Estado de formar causa para investigar la existencia o no de esos delitos impide que la confesión pueda tenerse por libremente prestada (art. 238, CPP).
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: G.C., E.H. c/ C., G. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-16

1- Demandado por uno de los cónyuges el divorcio vincular basado en la separación de hecho sin voluntad de unirse, mediando oposición del otro, pero no discutida la causal objetiva invocada y siempre que hayan transcurrido tres años, ello constituye motivación suficiente para que la pretensión sea admitida. No es aceptable la oposición al divorcio si el plazo legal de separación de hecho se encuentra cumplido.- 2- La pasividad mantenida por el cónyuge abandonado durante cierto tiempo, sin que exteriorice la voluntad de reanudar la convivencia, debe ser interpretada, en principio, como adhesión y aceptación de la situación existente, convirtiéndose en copartícipe del estado de separación de hecho.-
Acción de amparo, sumario administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BUSTOS DE MINATTA ESTHER MARIA c/ CONSEJO PROVINCIAL DEL MENOR s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1985-08-16

La recién dispuesta iniciación de un sumario administrativo, no puede constituír motivo suficiente para la admisión de recurso de amparo y ello es obvio, si se tiene presente que en el ámbito del derecho administrativo están contempladas las posibilidades en derecho, de exponer las defensas que se estimaren,ofrecer pruebas e interponer recursos,inclusive en lo jurisdiccional. Cabe entonces deducir que de recepcionar la acción de amparo, estaríase concentrado y absorviendo prácticamente por un medio o instituto jurídico excepcional y de naturaleza extraordinaria como es el amparo, a las vías ordinarias propias de la esfera administrativa
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reyna, Roberto Antonio c/ Bragagnolo, Edith Esther s/ Cobro de pesos Iacono, Rita Ana c/ Empresa de Transportes Línea 580 s/ Daños y perjuicios Zampelunghe, Félix Adolfo y otro c/ Ruétalo, Juan Roberto y otros s/ Daños y perjuicios Márquez, Norberto y otra c/ Ercolano, Antonio Vicente s/ Daños y perjuicios Navar, Jorge Justino c/ Rey Iraola, Jorge Pedro y otro s/ Servidumbre de tránsito Manasse, Laura Margarita c/ IOMA s/ Amparo Clemente, Esther Romina c/ Municipalidad de Lomas de Zamora y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-17|1992-03-03|1995-02-21|1994-08-02|2002-02-19|2004-12-01|2005-02-23

Resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que replantea los agravios desarrollados al fundamentar su apelación ante la alzada, sin impugnar la declarada ineficacia de ellos en función de los arts. 260 y 261 del Código Procesal Civil.
Violación de secretos, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Echegaray, Ricardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-03

Si para el delito de violación de secretos se requiere que se la revele a sujetos que no estaban obligados a mantener dicho secreto, no basta, entonces, como lo sostuvo la cámara a quo, que la noticia haya tomado estado público. Esa circunstancia no eximía al entonces titular de la AFIP de mantener en secreto del público en general, los datos obtenidos en virtud del Convenio, en el caso, referidos a los sujetos denunciados y a las conductas que se presumían delictivas.
Careo, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Linares, Gerardo Antonio s/ Robo calificado y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-26

El careo, es un derecho que le asiste al imputado conforme lo dispone explícitamente el art.7 del C.P.P. que solo podría ser denegado por el Juez cuando mediare un reconocimiento cumplido en los términos del art.139 del mismo cuerpo legal. Si no concurre tal excepción, la petición del procesado a carearse con los testigos de cargo debe ser materia de expresa resolución judicial. Su omisión constituye una evidente violación de la norma de procedimiento establecida en el art.130 del código ritual, en cuanto dispone que en el acto de indagatoria "se permitirá al declarante manifestar cuanto tenga por conveniente para su descargo o para la explicación de los hechos, evacuándose con urgencia las citas y demás diligencias que propusiese por sí o por su letrado asistente o defensor, si el Juez las estimare conducentes para la comprobación de las manifestaciones efectuadas.
Acción contencioso administrativa, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, fiscal de Estado, pronto despacho, gobernador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Botto, José Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nº   368-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-25

Para que se configure el supuesto de "denegación tácita" y pueda tenerse por agotada la vía administrativa, no basta interponer el recurso jerárquico sino que es preciso que la cuestión se encuentre en estado de ser resuelta, lo que requiere, de acuerdo a lo exigido por el artículo 62 del decreto-acuerdo 10204/58, que haya opinado el Fiscal de Estado, pues sólo con dicho dictamen la cuestión se halla "en estado de resolverse" por el Gobernador y comienza a correr el plazo legal estipulado (artículo 6, segundo párrafo ley 4106), o en su caso, anoticiar al Poder Ejecutivo de la mora de sus inferiores jerárquicos mediante la interposición de un pronto despacho. Por lo tanto -en el caso- deviene inadmisible el recurso interpuesto si de las actuaciones administrativas no surge que el recurrente haya llevado a cabo tal diligencia. En efecto ante la inacción del "Comité de Emergencia Hídrica 1992" en resolver la revocatoria deducida contra la resolución atacada, instó el procedimiento ante dicho órgano y, luego de un tiempo, interpuso recurso jerárquico ante el Gobernador, el cual, no fue resuelto. Es decir que, encontrándose el expediente recién en la Dirección General de Despacho del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda a los fines de que, una vez agregados los antecedentes "vuelva para la prosecución del trámite", el actor recurre ante la Corte Suprema de Justicia en el entendimiento que se hallaba habilitada la instancia judicial.
Accidente de tránsito, falta de transferencia del automotor, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: LINKER BERNARDO c/ VALLS CAMILO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-26

Si bien de acuerdo a jurisprudencia plenaria no subsiste la responsabilidad de quien figura en el registro nacional de la propiedad automotor, como titular del vehículo causante del daño, cuando lo hubiese enajenado y entregado al comprador con anterioridad a la época del siniestro, es necesario para que así ocurra que la circunstancia de la venta y entrega del rodado al adquirente resulte debidamente acreditada en el proceso.-
Depreciación monetaria, tipo de cambio, banco central, liquidación de divisas, exportaciones, moneda extranjera, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - COMERCIAL - CIVIL
Carátula: Witcel S.A.C.I.F.I.A. c/ Banco Central de la Rep. Argentina s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

La admisión del reclamo por actualización monetaria es la que mejor consulta los intereses en juego, en tanto que preservando la validez de la comunicación A-86 del Banco Central, evita ocasionar un daño injustificado en el patrimonio del exportador, quedando así incólume su derecho de propiedad, garantizado por el art. 17 de la Constitución Nacional.
Certificado de trabajo, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: V., M. M. c/ S. S. S.A. y otro s/ Cobro de Pesos Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-09

No todos los empleados cuentan o conocen las nuevas vías informáticas, a partir de la obligación del empleador derivada del Art. 80 de la LCT de entregar el "Certificado de Trabajo" como deber de su parte, es evidente que complementar el Form. PS. 6.2 que no tiene el detalle de los aportes, con copia de la "Declaración nominativa del mes" o el que eventualmente la sustituya y copia del pago realizado, tiene por tanto cabida y camino de fácil solución como lo comentara Livellara en "Las certificaciones del Art.80..." , en el sentido que no resulta por tanto necesario que la empresa deba entregar documentación expresa o ya no usada como era -anteriormente- copia de las boletas de depósito. Pero el formulario en sí, único, es incompleto a los fines del Art. 80 por cuanto y lo reitero, deviene así al no poder hacerse constar en él la cuestión de los aportes previsionales efectuados.
Circulación aérea, decreto reglamentario, depósito de la carga, depósito aduanero, tasa por servicios aeronáuticos, aeropuertos, aeródromos, tasas portuarias
Materia: COMERCIAL
Carátula: INDUSTRIAS H.A. BARONE LTDA. S.R.L. c/ EMPRESA DE CARGAS AEREAS DEL ATLANTICO SUD s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

El decreto 3509/75, referido específicamente a los servicios aeronáuticos, dispuso en su art. 2° que el comando de la fuerza aérea establecerá el régimen de tarifas para los distintos servicios que presta. Poco tiempo después fue sancionado el decreto 3434/76, cuyo objetivo fue poner orden en el régimen de las tarifas portuarias en general, mas sin incluir en sus términos a los depósitos fiscales de mercaderías llegadas por vía aérea; estableciendo la uniformidad tarifaria del servicio de almacenaje al disponer: las mercaderías depositadas en depósitos fiscales o habilitados como tales por la administración nacional de aduanas, cualquiera fuere la cantidad que cumpliera las funciones de depositario, serán equivalentes a aquellas que se hallaran vigentes para ese servicio en el cuerpo tarifario aplicado por la administración general de puertos. Coexistieron, de tal manera, ambos decretos (3509/75 y 3434/76), reglamentando los servicios en sus respectivos ámbitos. Y que dichos decretos coexistieron, y no que el segundo derogó al primero, surge con toda claridad del dictado del decreto 2128/80; pues éste último introdujo modificaciones al 3509/75 y esto no hubiera sido jurídicamente posible si hubiese sido derogado por el 3434/76. Lo cual demuestra, evidentemente, que el poder ejecutivo nacional estimaba que coexistían dos sistemas regulatorios distintos: a) el propio de los puertos, sujeto al decreto 3434/76; y b) el particular de los aeropuertos y aeródromos nacionales, sometido al decreto 3509/75 y a las modificaciones aclaratorias del decreto 2128/80 (tesis que se refuerza considerando que el decreto 151/85 también aporto nuevas modificaciones al régimen especial aeroportuario).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, comercio interior, comercio exterior, contrato de trabajo, competencia provincial
Materia: NAVEGACION - PROCESAL - DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO - LABORAL
Carátula: Lucero, Daniel Aurelio c/ Transnave S.A. s/ reinstalación ley 23.551 - sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Toda vez que puedan verse comprometidos servicios empleados en el comercio interprovincial o internacional, la sujeción al ámbito local de la causa a que pudiere haber lugar, derivada de un contrato de trabajo, afectaría intereses que exceden los tribunales provinciales y que, de acuerdo con los arts. 2 , incs. 8 a 10 de la ley 13.998, art. 111 inc. 9 de la ley 1893, y 42 inc. b) de la ley 48, se encuentran reservados a la jurisdicción federal.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rizzo Nerea y Laciar, Alfredo c/ Coarfe S.A. s/ Ejecución de honorarios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

La decisión que decreta la subasta de determinados bienes, recaída en el trámite de cumplimiento de la sentencia firme dictada en un incidente de ejecución de honorarios, no reviste para el ejecutado carácter definitivo en los términos del art.278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iñiguez, Ismael L. y otros c/ Rebol, Lorenzo s/ Cobro de pesos por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-23

El absurdo sólo se configura por el razonamiento viciado de tal modo que lleve a conclusiones incongruentes y no cuando aquél aparezca discutible, objetable o poco convincente.
Derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social, normas programáticas, ley reglamentaria
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

El art. 14 bis de la Constitución Nacional es un enunciado puramente programático, que requiere para su funcionamiento del dictado de disposiciones concretas por parte del legislador quien, consecuentemente, está habilitado para fijar sus alcances y modalidades (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Monserrat c/ Grefar S.A. s/ Ejecución Prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Habiendo dispuesto el juez del concurso la suspensión del secuestro de bienes, conforme facultades que le dispensan los arts.22 inc.4º y 25 de la Ley 19551 (texto Ley 22217 en el primer caso) tal medida es revisable por vía apelatoria en el marco y por los órganos de revisión competentes en dicho proceso concursal. De tal modo no se encuentra habilitada para analizar la corrección de tal medida en virtud de la apelación interpuesta por el ejecutante contra lo resuelto por la magistrada a cargo del proceso de ejecución prendaria y mediante lo cual efectivizó aquella decisión dictada en el citado concurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Robo en poblado y en banda, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ALEMAN, María Isabel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-01-07

Si se encuentra acreditado que en el hecho investigado intervinieron tres personas (*), debe confirmarse el procesamiento decretado en orden al delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido con la participación de menores de dieciocho años de edad (del voto del Dr. Barbarosch al cual se adhirió el Dr. Piombo dejando a salvo su opinión contraria a la doctrina del Plenario "Quiroz").
Honorarios, monto del juicio, monto indeterminado
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (Aduc)  c/ Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-27

Cuando, como en el caso, no existe una base patrimonial cierta y determinada para fijar los honorarios, siendo que la acción tuvo por objeto que se ordene el cese del cobro de cargos o comisiones encubiertas en la operatoria de adquisición de dólares con finalidad de ahorro, y la restitución a los clientes afectados de las sumas por ese concepto percibidas -con más sus intereses-, y lo señalado por esta Sala respecto a que las pruebas producidas en autos resultaron insuficientes para acreditar la existencia de las comisiones encubiertas alegadas por la accionante; tal circunstancia, determina que, a los fines arancelarios, deba considerarse a esta litis como un proceso de monto indeterminado.
Seguros, ley de defensa del consumidor, relación de consumo, accidente de tránsito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mateo Patricia Elisabet  c/ Hirache Ninacondor Abaad Y Otros s/ Daños Y Perj.Autom. C/Les. O Muerte (Exc.Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-18

Es indudable los contratos de seguro deben ser incluidos dentro de los denominados contratos de consumo y por tanto analizarse bajo la normativa tuitiva del consumidor. A partir de allí, éstos se encuentran amparados por sus principios y leyes, en virtud a la relación de consumo habida (arts. 42 CN; 38 CPBA; 7 CCyC; ley 24240). Ahora bien, ello no implica de modo alguno desnaturalizar o desoír las características propias del contrato, sino que éste debe integrarse con los principios tutelares del ordenamiento consumeril. Así, al asegurado le alcanzarán los principios interpretativos de su condición de consumidor, tutela adicional frente a cualquier forma de abuso y le jugará la interpretación en su favor en caso de duda, pero la naturaleza y esencia del seguro no cambiará, pues éste ha sido el propósito al asociarlo al consumo. Consecuencia necesaria interpretación es que la cláusula opuesta no resulte de modo alguno abusiva. Nótese que la misma tiene su correlato en la ley Nacional de Tránsito la que en su art. 73 al referirse al control preventivo pero que es de aplicación para los supuestos de accidentes de tránsito como el presente. En este sentido la norma dispone que "Todo conductor debe sujetarse a las pruebas expresamente autorizadas, destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica o por drogas, para conducir. La negativa a realizar la prueba constituye falta, además de la presunta infracción al inciso a) del artículo 48. En caso de accidente o a pedido del interesado, la autoridad debe tomar las pruebas lo antes posible y asegurar su acreditación.", mientras que el art. 48 inc. a) reza que "Queda prohibido conducir. Cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. .la autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario". A partir de ello es dable concluir que no se trata de un límite descabellado que se traduzca en el abuso de la posición dominante por parte de la aseguradora o resulte de su mayor su fortaleza negocial. Muy por el contrario, es una típica cláusula de contrato de seguro que encuentra su fundamentación en la normativa de tránsito vigente (arts. 48 inc. "a", 73 de la Ley 24449). Además, esa falta se traduce en una conducta antijurídica y de mala fe mediante la cual el asegurado intenta desentenderse de sus responsabilidades y que por lo tanto no debe ser amparada por el régimen tuitivo del consumidor ni debe ser objeto de protección por parte del seguro, ya que constituye una delimitación objetiva del riesgo, lo que significa que el asegurador no habrá de afrontar el amparo de conductas prohibidas, en contradicción con el ordenamiento legal.
Cuestiones de competencia, Municipalidad, impacto ambiental
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Etulain, Viviana c/ Municipalidad de Mar Chiquita  s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-13

Si se advierte que en el caso, la actora promovió el juicio ante la presunta omisión incurrida por la Municipalidad de Mar Chiquita en el cumplimiento de la normativa que recepta y regula la tutela ambiental en el ámbito local, persiguiendo que se realicen las pertinentes evaluaciones de impacto ambiental con carácter previo a cualquier ejecución o puesta en marcha de los trabajos de pavimentación en la referida localidad, conforme lo normado en los arts. 34 y 35 de la ley 11.723 -y más allá de lo que quepa decir respecto de la competencia en materia de acceso a la información pública ambiental- es dable que en la contienda continúe interviniendo el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo.
Periodistas, indemnización por despido, tope indemnizatorio, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CALZON NEBER c/ LA PRENSA S.A. s/ Diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-17

Para liquidar las indemnizaciones por despido de los trabajadores amparados por el Estatuto del Periodista no corresponde tener en cuenta lo dispuesto por el art 245 LCT sino lo determinado por la norma específica (art 43 de la ley 12908) la cual no dispone la aplicación de tope alguno. Por ello, pese a que el Ministerio de Trabajo haya publicado un tope correspondiente a la actividad, corresponde el cálculo de la indemnización pertinente de conformidad con la ley especial que no fue derogada.
Concursos, verificación de créditos, crédito verificado, emergencia económica, pretensión
Materia: COMERCIAL
Carátula: NATHAN,  JURGEN  MANFRED s/ CONCURSO PREV. S/ INC. DE VERIFIC. DECREDITO (CARLOS A. CONY FERNANDEZ MADERO Y OTRO).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-17

Resulta improcedente solicitar reajuste por depreciación monetaria de los créditos verificados con base -como en el caso-, en que se trata de cuentas pactadas en un concordato celebrado en vigencia de la ley 23928 de convertibilidad -hoy derogada- que no podía prever forma de ajuste. Ello pues, media error en cuanto a la invocación de la ley 23928, pues la ley 25561 art. 4, modificó la redacción original de esa regla legal y no mutó la prohibición de la actualización monetaria, que continua vigente. En tanto subsiste la prohibición de actualización, el fundamento basal de lo alegado aparece huérfano de sustento, máxime, si no media objeción a la constitucionalidad del dispositivo hoy vigente.
Cuestiones de competencia, competencia de la Corte Suprema, economía procesal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Zubieta, Norma Beatriz y Casenave, Pedro Antonio s/ estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-14

No obstante que la contienda de competencia ha quedado irregularmente trabada, corresponde prescindir de ese reparo formal y dirimir el conflicto cuando así lo aconsejan razones de economía procesal.