marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, exención de costas, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: J. MAROT c/ E.N. (A.N.A.) s/ ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

El art. 70 del C.P.C.C.N. posibilita dispensar al demandado que se allana al pago de las costas en la medida que se encuentren reunidos todos los requisitos que la misma norma estipula, ya que la exención allí contemplada se debe interpretar en sentido estricto, pues, por principio, la circunstancia de allanarse a las pretensiones del adversario, no significa que no medie un vencido (confr. Fenochietto-Arazi, Cód. Proc. , T. I, pág. 275 y Morello Sosa-Berizonce, Cód. Proc. , T. II-B, pág. 202).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Villanueva, Juan E. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

Es insuficiente el agravio fundado en una norma no actuada por la Cámara.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AFIP-DGI c/  s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

Las costas se impondrán en el orden causado toda vez que, en oportunidad de contestar el traslado del artículo 4 de la ley 7055, la concursada no se opuso a la procedencia del recurso de inconstitucionalidad por la razón por la que en definitiva se lo acoge, a la vez que reiteró su postura -concordante con la postulación recursiva de la A.F.I.P.- en orden a que el objeto del presente incidente ha devenido abstracto por haber sido condonadas todas las multas e intereses por haberse acogido la concursada a la moratoria. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 4
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, derivación no razonada del derecho vigente, prueba, sociedad de hecho
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: A., D. A. c/ A., P. M. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-21

La Alzada se autoimpuso la severidad e interpretación restrictiva en la apreciación de los elementos probatorios, careciendo tal proceder de todo sustento normativo y basándose exclusivamente en jurisprudencia desactualizada que no respeta los parámetros de análisis vigentes para estos casos, sin considerar que la distribución del trabajo en el hogar y las tareas de cuidado están atravesadas por construcciones sociales de género vinculadas a roles que históricamente se le han atribuido a las mujeres, que acarrean fuertes desigualdades entre los géneros, y que son esenciales para el desarrollo económico de la familia, por lo que cabe valorarlas en función del papel primordial que desempeñan para el mantenimiento, la prosperidad y el bienestar de las sociedades, por lo que corresponde concluir que la solución de la Cámara, en la medida en que desconoce el valor que para el grupo familiar importó el trabajo realizado durante años por la actora, tanto en el centro de estética como en el hogar, a cargo de tareas de cuidado del hijo en común y hasta, por un período, de la propia madre del demandado, no resulta una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa, debiendo anularse el pronunciamiento impugnado, en el entendimiento de que los encargados de decidir no pueden desconocer la existencia de patrones socioculturales y abordar este tipo de casos como si se tratara de supuestos en los que se definen los derechos de dos hombres o de dos empresas, pues, de ese modo, se seguirá fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres, dado que no basta con legislaciones supranacionales y provinciales de última generación si a la hora de aplicarlas se ignora la cuestión de género y su problemática. (Del voto del Dr. Gutiérrez, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Netri, Erbetta y Falistocco) - DOCTRINA: Organización Internacional del Trabajo: Las Mujeres en el Trabajo, Tendencias 2016, Resumen Ejecutivo, pág. 12, disponible en: https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/wcms_457094.pdf [Accesado el 15 Diciembre 2022]; Medina Graciela y Yuba Gabriela, "Protección integral de las mujeres. Ley 26485 comentada", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2021, pág. 9/60.
Despido con causa, despido por huelga, discriminación laboral, reincorporación preferente
Materia: LABORAL
Carátula: BUJAN CELSO M. c/ SOLANO TOBIAS Y COMPAÑIA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1960-07-14

Despedido el personal de una empresa invocándose como única razón su renuencia a reanudar las tareas después de declarada la ilegalidad de una huelga, no obstante la intimación previa para que lo hiciera, la reincorporación parcial levantando el paro importa discriminación arbitraria que lo autoriza a reclamar las indemnizaciones legales.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, avenida, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL
Carátula: Maglietti, Alberto R. y otra c/ Arevalo, Victor Heraldo s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-10-04

La maniobra de girar hacia la izquierda en una avenida de doble mano, interponiéndose en la línea de marcha del otro vehículo; sin cerciorarse debidamente que no circulan vehículos por la contramano, es una conducta imprudente que provoca el accidente de tránsito, pues es una norma de prudencia esperar a que se produzca una interrupción en el tránsito a fin de realizar el giro a la izquierda sin riesgo para el automovilista que intenta doblar y para los que conducen por la mano contraria.
Responsabilidad del escribano, obligaciones de resultado, eximentes de responsabilidad, caso fortuito
Materia: CIVIL
Carátula: MARINO, Juan c/ DI NUNZIO, Beatriz s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-11

Los escribanos de registro, en su labor profesional, se comprometen a obtener un resultado; si éste se frustra, el notario, para eximir su responsabilidad, debe demostrar la existencia del caso fortuito.-
Bienes muebles, presunción legal, escritura pública, título de dominio
Materia: CIVIL
Carátula: ZAMPETTI ROMELIO c/ ZAMPETTI ATILIO s/ ACCION POSESORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-26

Tratándose de bienes muebles no registrables, la posesión vale por título -presunción legal que deriva del art. 2412 del Código Civil -no alcanzando el accionado a desvirtuar dicha presunción, pues la mera escritura pública de más de cuarenta años de antiguedad sin que haya demostrado que en algún momento entro a poseer los bienes muebles, persuade que no es título suficiente para acreditar que es propietario.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: LABORAL
Carátula: Montañez, Marta Noemí c/ Fundación médica de Mar del Plata - Hospital privado de comunidad s/ Indemnización por antiguedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

Es inadmisible la pretensión de atribuir un alcance más preciso a lo expuesto en el escrito de demanda mediante argumentaciones que se introducen por primera vez en el recurso de inaplicabilidad de ley.
Daños y perjuicios, indemnización, desvalorización del automotor, falta de reparación del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PAIS ALBERTO. c/ DIAZ JOSE HUGO Y OTRO. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-18

Cuando ocurren siniestros de gran magnitud y las reparaciones se encaran con criterio de economía, difícilmente pueden ser ocultadas a un eventual adquirente posterior del rodado, aparte que el principio de buena fe impone al propietario advertir esa circunstancia que, como es lógico impondrá una quita en el precio.
Salud pública, medidas cautelares, tratamiento médico
Materia: PROCESAL
Carátula: BUELA DE ALVAREZ MARIA ROSA c/ OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA METALURGICA DE LA REP. ARG. s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-20

Cabe remitirse al informe del Cuerpo Médico Forense, que, luego de explicar el funcionamiento de las distintas bombas de suministro de insulina existentes en el mercado y las bondades o defectos de cada una, concluyó lo siguiente: ". de acuerdo a las constancias médicas aportadas en autos. si bien existen distintos tipos de bombas de infusión de insulina, consideramos, salvo pruebas en contrario, que la prescripción de los médicos tratantes se presenta, en caso de garantizar a la enferma todas las recomendaciones señaladas, como la alternativas más conveniente para el tratamiento de la diabetes Tipo I lábil que padece.". Dicha conclusión sumada a los certificados médicos en los que se indican la necesidad del aparato con especiales características requerido por la actora conforme la afección que padece resultan suficientes, en este estado liminar del juicio y a los fines de tener por acreditados los requisitos de procedencia de la medida cautelar, pues dicha prescripción, efectuada por los médicos (clínicos especialistas en diabetes) no permiten descartar, en orden al peligro en la demora invocado, los eventuales riesgos perjudiciales para la salud de la actora si no se cumpliera con ella. Ello así, la mera invocación por parte de la demandada de que la bomba de infusión de insulina prescripta no resulta ser la adecuada para la enfermedad de la actora, no alcanza -prima facie- para revocar la medida cautelar, desde que no ha brindado fundamentos médicos ni científicos suficientes para demostrar que resulta equivocada la prescripción efectuada por el médico especialista en diabetes.
Acción de amparo, procedimiento administrativo, licitación pública
Materia: CIVIL
Carátula: S.A.D.O.C. c/ UNIDAD COORDINADORA PCIAL., DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA, PACTO FEDERAL EDUCATIVO PLAN SOCIAL EDUCATIVO., GOB. DE LA PROVINCIA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-02-11

La exigencia de transparencia en los procedimientos administrativos como es el caso de una licitación pública por el interés público en juego, requiere de procesos más amplios que el Amparo, pues existen cauces ordinarios aptos para discutir la legalidad del procedimiento de selección cual es el contencioso administrativo, a fin de salvaguardar los derechos que el apelante reputa conculcados, que impiden, por sí sólo acceder a la protección solicitada y excluye la procedencia de la acción de amparo. (Minoría u opinión personal)
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, recusación con causa
Materia: PENAL
Carátula: ROMANO Martín y otro s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Resulta inadmisible acceder al pedido de reemplazo del Defensor Oficial que hace el imputado, fundado en su personal insatisfacción, pues a más de no encontrarse prevista tal situación dentro de los supuestos enumerados por el art.24 del Código de Procedimiento Penal, se dejaría en sus manos la elección del funcionario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrabando de estupefacientes, prisión preventiva, alimentos afrontados por la madre, prisión domiciliaria
Materia: PENAL
Carátula: RUSSO, LOURDES VERONICA. s/ Contrabando de estupefacientes, incidente de solicitud de arresto domiciliario de la imputada.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-06

Los supuestos de excepción previstos por el Art. 33 de la ley 24660 tienen por sustento situaciones particulares vinculadas en forma directa con la persona del imputado privado de la libertad y, en principio, no están dirigidas a tutelar otras circunstancias que puedan ser derivación indirecta de aquel estado de detención (Sala B, Reg. 543/2006).-
Intereses, tasa activa, tasa pasiva
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ MIGUEL c/ ANGEL BRUZZO s/ INDEMNIZACION LOPEZ MIGUEL c/ ANGEL BRUZZO s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-08-24|1994-08-24

La determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del art. 622 del C.C., como consecuencia del régimen establecido por la Ley 23928-, queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión.
Seguros, tarjeta de crédito, prima, pago, falta de pago, suspensión de la cobertura, interpretación restrictiva
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: PEREZ  LINARES,  MONICA c/ MAPFRE  ACONCAGUA  CIA. ARGENTINA DESEGUROS SA S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-29

Cuando en un contrato de seguro existe un intermediario -emisora de tarjeta de crédito- encargado de debitar al asegurado las primas correspondientes a cada período, siguiendo directivas del asegurador, la suspensión de la cobertura por falta de pago, debe interpretarse con criterio restrictivo, ya que su aplicación automática e irrestricta puede conducir a resultados disvaliosos al favorecer a la entidad aseguradora en detrimento del asegurado.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dycasa Dragados y Construcciones SAICI c/ Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de laProvincia del Chubut y Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-05-06

El riesgo de no haber admitido la forma de cancelación estipulada, fue de quien lo tomó; si no quiso presentarse a obtener los TIDEP (o certificados provisorios) no puede acusar -desde la consolidación- mora del Estado.
Concursos, demanda de verificación, responsabilidad solidaria, cesión del establecimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: GRUPO  PROVINCIAL  SA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/  INCIDENTE DEVERIFICACION DE CREDITO POR FRANCHINO, EDUARDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-15

No corresponde atribuirle la responsabilidad solidaria que regulan la ley 20744: 225, 228 y ccdtes. A la concursada, toda vez que si ella fue una simple locataria del inmueble y no adquirente del establecimiento -conforme la definición que brinda la lct: 6- no puede considerarsela incursa en esa causal; pues, para que exista transferencia de establecimiento y que resulten aplicables las normas supra referidas, no basta el mero hecho material de que un nuevo empleador aparezca ejerciendo la misma actividad que realizaba el anterior, sino que es necesario que exista un vínculo de sucesión directa o convencional entre el transmitente y el adquirente (cntrab, sala iii, 5.3.99, "arancibia, rafael c/ deposito fama srl y otro s/ despido"); la sucesión debe ser jurídica y no simplemente cronológica.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12


Causa nº 33.435 "Botta, Miriam s/ casación". Sala IV. Juzgado de Instrucción nº 15, sec. nº146.- ///nos Aires, 12 de febrero de 2008.- Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

Convoca la atención del tribunal los recursos de casación interpuestos por la defensa de Miriam Andrea y Oscar Raúl Botta a fs. 875/876vta. y 878/879vta., contra el auto dictado por la Sala que confirmó el rechazo al planteo de nulidad formulado por aquellos -ver 868.- En el análisis de viabilidad de los remedios procesales intentados, corresponde señalar que las impugnaciones fueron deducidas en forma temporánea -ver cédula de fs. 871/871vta y 872/872vta.- (art. 463, del C.P.P.N.).- Sin perjuicio de ello, los suscriptos entienden que la vía articulada no resulta procedente para cuestionar el interlocutorio dictado por esta alzada.- Ello pues, el rechazo a una nulidad no es una sentencia definitiva o equiparable contra la que procede el recurso de casación, ya que no pone fin a la acción, o a la pena, ni hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena (Cfr. C.N.C.P., Sala I, "Gutiérrez, J. " rta. 7/7/99; c/nº 7822 "Goñi, Diana Cecilia", rta 6/10/06, Sala III, c/nº 7553 "Valenti, Carlos Alberto" rta: 17/11/06; entre otras tantas).- Por ello, habremos de rechazar sendos recursos de casación, con costas (art. 531, CPPN).- En tal sentido, el tribunal RESUELVE:

Rechazar los recursos de casación deducidos por la defensa de Miriam Andrea y Oscar Raúl Botta a fs. 875/876vta. y 878/879vta., con costas (arts. 457 " a contrario sensu" y 531 del C.P.P.N.).- Notifíquese a las partes y devuélvase a la instancia de origen.Sirva la presente de atenta nota de envío.- Alberto Seijas.- Mariano González Palazzo.- Carlos Alberto González.

Ante mí: Erica M. Uhrlandt- Secretaria de Cámara.
Sentencia, voto de adhesión, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Borone, Armando. c/ Blanco Crespo. s/ Acción   de  Restitución.  Casación.  Sentencia.  Voto  de  Adhesión.  Fundamentación. Sepúlveda, José A. c/ Tres Ases SA. s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY. Montelpare, José G. y Vera, Miguel Angel s/ EXTENSIóN  CERTIFICADO  MéDICO  FALSO  (ARTíCULO  295  1eR.  PáRRAFO)  S/CASACIóN. Lejarraga, Martín A; c/ Kugler, Ricardo W. s/ SUMARIO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-05-28|1989-03-30|1989-09-20|1990-11-23

Es lícito para el Tribunal expedirse con un solo voto fundado y el o los restantes de adhesión (artículo 39 y 46 de la Ley 1115) y la circunstancia de haberlo hecho de tal modo no es motivo de casación ni por error in procedendo ni por error in iudicando. Es más, nada significa por cuanto del recurrente dependió la utilización del remedio procesal que el artículo 266 CPC le confería.
Universidades, nulidad del acto administrativo, apoderado, falta de legitimación para obrar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: WAINSTEIN, MARIO c/ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-11

Para accionar o excepcionarse la Universidad por la invalidez de un acto propio es menester que previamente sus órganos lo declaren inválido o autoricen a obrar en juicio de tal modo, pues el apoderado judicial, carente de atribuciones de autoridad pública, no puede, sin tal recaudo, contradecir actos de su mandante.
Depreciación monetaria, mora, compraventa mercantil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GRAZIOTIN AGUSTIN ROBERTO c/ ESTANCIA DON FELIPE Y/O RESPONSABLE CIVIL s/ Sumario (LIBRO: S129 - 064)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-02

Si el ajuste monetario en épocas de inflación no pretende sino mantener el equilibrio de las prestaciones, sin beneficiar ni perjudicar a ninguna de las partes de la relación obligacional, su aplicación no puede encontrarse condicionada a un estado de incumplimiento (mora) de una de esas partes, frente al cumplimiento de la otra. Su aplicación no reviste un carácter sancionatorio hacia el incumplidor, sino solamente contrarestar o paliar la variación de la moneda producida por efecto de procesos inflacionarios. La mora se produjo automáticamente, pues valoro que en el caso de marras nos encontramos ante una compraventa mercantil, en la cual si no se pacta un plazo para el pago del precio, se presume que la venta fue al contado, en cuyo caso el comprador gozará de un término de 10 días para efectivizarlo.

Nuestro más alto Tribunal, quien ha dicho que cuando el art. 464 del C.C.O. confiere al comprador el término de 10 días para pagar el precio de los efectos establece un plazo cierto legal que subordina su situación al primer párrafo del art. 509 del C.C., razón por la cual el incumplimiento del deudor produce su constitución automática en mora, sin necesidad de interpelación.-
Pago, recibo
Materia: LABORAL
Carátula: TOLEDO, Ramon Rosa c/ PRIMO S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-09-05

Sólo se otorga valor probatorio a las constancias de pago obrantes en el cuaderno que firmaba el actor. Los restanes pagos en el mismo cuaderno carecen de imputación clara, otros de firma o se consignan a nombre de otras personas, por lo que no se los considera con valor probatorio de pago conforme artículo 142 de la Ley de contrato de Trabajo.
Trabajadores portuarios, remuneración, equiparación salarial
Materia: LABORAL
Carátula: UGARTE REY, FRANCISCO DE PAULA JANES c/ ELMA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-28

La equiparación a que hacen referencia los artículos 25 y 31 de la CCT. 37/75, no implica igualdad matemática en los jornales que se laboren, sino existencia de proporción debida entre los mismos.
Principio de congruencia, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: A., M. y Otros s/ Robo Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-21

No hay disvalor procesal en que se hubiera constreñido la base de hechos de la imputación si así sobrevenía del debate y de la deliberación ulterior, sencillamente por que no causaba gravamen alguno. Empero que lo grave -y sancionable- habría sido expandir el aspecto atinente a los hechos sin que se dieran las previsiones del Código Procesal, por que ello sí vulneraba, sin dudas, el derecho a defenderse que posee el imputado.
Administrador del consorcio, cobro de expensas comunes
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Consorcio de Copropietarios Edificio Lanin y Misiones de Neuquen  c/ Miguel, Héctor Alberto s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-24

La discusión sobre el alcance temporal del desempeño como administradora de quién en este proceso se presentó en tal carácter y suscribió el certificado de deuda, como también el alcance y vigencia del mandato otorgado por algunos propietarios como nuevo administrador, resultan cuestiones que deben ventilarse en un juicio de conocimiento, y no en esta ejecución.
Estabilidad impropia, extinción del contrato de trabajo, despido sin causa, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Russo, Javier Alberto c/ Transal S.R.L. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-09

Corresponde rechazar el recurso de apelación de la demandada puesto que ninguna de las causales invocadas para justificar el despido del trabajador tuvo entidad suficientemente injuriante para ello.

Nuestro sistema es el de estabilidad impropia, en virtud del cual, el despido tiene efecto extintivo, pero la ley impone al empleador limitaciones que, sin privar a la cesantía de su carácter extintivo, la convierten en un acto gravoso. Ello, por cuanto la integración del trabajador en la empresa supone contrataciones realizadas con vínculo de perdurar en el tiempo. Por ello, invocada una injuria -de cualquiera de las partes- ella debe ser valorada prudencialmente por los jueces; tal el proceder que impone el art. 242 LCT. La justa causa invocada debe ser grave y el incumplimiento debe ser proporcionado a la sanción. La denuncia efectuada por el trabajador en su comunicación intimatoria, merecía, cuanto menos, ser escuchada y valorada por la patronal previo a proceder al despido.

De los términos en que se encuentra redactada la intimación del actor, no surge que las expresiones utilizadas al formular la petición sean gravemente injuriosas o innecesarias para la defensa del derecho a mantener su contrato de trabajo. Adviértase que el trabajador perseguía que cesen los actos que denuncia en su comunicación. Conducta mínima requerible a la patronal, era escuchar al dependiente en sus requerimientos; luego, recién tomar la decisión más grave en una relación laboral, cual es proceder al despido. El art. 10 LCT impone resolver las situaciones dudosas por la continuidad o subsistencia del contrato.