Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-10-11


AUTOS N°149197 (C.C.Nº22406) DEL Primer Juzgado Civil, Caratulados: "CASTAN Jorge Domingo C/ Esteybar Electromecánica S.A. y Otro - Ejecutivo".

PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2017- del TºII -Fº84/88- En la Ciudad de San Juan a Once (11) días del mes de octubre de 2017, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y el Sr. Vocal Dr. Roberto M. Pagés Lloveras, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. 66 y 136, contra las sentencias de fecha veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis y ocho de febrero del año dos mil diecisiete, recaídas en los presentes autos Nº149197 (C.C. Nº22406) caratulados: "CASTAN JORGE DOMINGO C/ ESTEYBAR ELECTROMECANICA S.A. Y OTRO - EJECUTIVO -", dictadas por el Sr. Juez titular del Primer Juzgado Civil, obrantes a fs. 54/57 vta. y 130/132.- EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Venidos estos autos a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 65 contra la resolución de fs. 54/57 vta. y el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 135 contra la resolución de fs. 130/132.

El llamamiento de autos obra a fs. 154, encontrándose el mismo firme y consentido.

Recurso parte demandada:

Esta parte interpone recurso de apelación contra la resolución de fs. 54/57 vta. por la cual el Sr. Juez a quo hace lugar a la sustitución de embargo ejecutivo solicitado por la parte demandada previa acreditación de titularidad del bien, existencia de alguna cautelar que recaiga sobre el mismo y libre deuda de pago de impuesto automotor. Además se desestimó la oposición a la sentencia monitoria rechazando la excepción de inhabilidad de título interpuesta por la demandada. Para así decidir, el Sr. Juez a quo consideró improcedente la excepción interpuesta ya que el título cuyo cobro se persigue reúne todos los requisitos formales para ser ejecutado. Que se está frente a un instrumento autónomo, de ejecución forzosa, que reúne los requisitos del art. 54 y cc de la Ley N°24.452. Que lo relativo a la relación causal de la deuda no incumbe tratarlo en este proceso quedando los demandados facultados para iniciar juicio ordinario posterior. Que más allá de todas las alegaciones teóricas del demandado no invoca ni acredita haber iniciado denuncia penal contra el tenedor del título ejecutivo como para dar seriedad a sus expresiones ni acredita su defensa mediante la vía excepcional que prevé el art. 507 inc 4° del CPC: instrumentos públicos, informe de entidades públicas o bancarias o documentos emanados del ejecutante; habiéndose limitado a ofrecer prueba informativa a la Afip y DGR la que nunca solicitó producir consintiendo el llamamiento de autos. Impone las costas del incidente de sustitución de embargo por su orden considerando el Sr. Juez a quo que ambas partes tuvieron razones valederas suficientes para litigar. Las costas por la excepción de inhabilidad de título las impone al ejecutado vencido en virtud del principio de la derrota. Regula honorarios en forma definitiva (18% para el abogado de la parte actora y 12% para el abogado de la demandada) y por el incidente de sustitución de embargo ($1.500 para ambos profesionales).

Apelada dicha resolución por la parte demandada funda la misma a fs. 109/112 y vta. de la siguiente manera. Que se está frente a una sentencia arbitraria debido a que el juez obvió la producción de prueba admitida por el Código de Procedimientos. Que su planteo estriba en una excepción de inhabilidad de título fundada en la ilicitud e ilegitimidad de la causa obligacional. Que ofreció acreditar la ilegitimidad causal con la única prueba admitida, la informativa. No obstante ello, el sentenciante se negó a proveer la prueba ofrecida. Que no se han aplicado los arts. 507 inc 4 y 512 del CPC. Se agravia también de la regulación de honorarios determinados a favor del abogado de la parte actora por el rechazo de la excepción, ya que son superiores a la escala prevista por el art. 189 del C.P.C. Se agravia asimismo de que la costas del incidente de sustitución de embargo se hayan impuesto por su orden ya que la contraria perdió la incidencia al haberse opuesto férreamente al pedido de sustitución. Por este motivo corresponde se lo considere perdidoso al ejecutante condenándolo en costas. Apela también sus propios honorarios por bajos en dicho incidente.

Corrido el traslado pertinente es contestado por la parte actora a fs. 114/117 y vta. En primer lugar observa que el libelo recursivo no rebate en forma razonada y crítica los fundamentos en los que se apoya el a quo a la hora de emitir sus conclusiones. Que la apertura a prueba en esta Alzada y producción de prueba denegada se advierte ostensiblemente improcedente en este tipo de procesos. Que la supuesta ilicitud alegada no surge del propio título y al no haberse fundado la excepción en los supuestos taxativos del art. 507 inc. 4 la misma debe ser desestimada. Con respecto a los honorarios de su parte, aduce que la regulación se encuentra dentro de los parámetros previstos de la ley arancelaria. Finalmente, y ante el cuestionamiento respecto a las costas por el incidente de sustitución de embargo considera debe ser rechazado en tanto la petición de sustitución resultó desprovista en ese momento de documentación crucial, como ser el informe de dominio del vehículo ofrecido en sustitución; por lo que su parte tuvo razones suficientes para oponerse a la misma.

Entrando en el tratamiento de este primer recurso y analizando el memorial presentado advierto que el mismo no cumple acabadamente con el art. 253 del nuevo C.P.C., el cual regla con toda claridad los requisitos mínimos que la expresión de agravios debe contener. El contenido de las expresiones de agravios ha sido materia de copiosa jurisprudencia de los tribunales del país y los fallos también han sido coincidentes en el tema. Sabemos que "Todo lo que no sea objeto de agravio concreto y haya sido motivo de decisión del a-quo gana firmeza y constituye un ámbito que no alcanza la jurisdicción de la Alzada a tono con el aforismo "tantum devolutum, quantum apellatum"(conf.J.A. 1963 - T.IV,p.411; conc. Adolfo Riva, Tratado de los Recursos Ordinarios T2 pág.856). Del análisis del memorial solo puedo extraer la disconformidad reiterativa con el Sr. Juez a quo de que el mismo no proveyó la prueba ofrecida por su parte, cuestión que ya ha sido objeto de estudio y resolución por este Tribunal a fs. 150/151 y vta.; encontrándose la misma firme y consentida. En dicha resolución destacamos que la hoy apelante no solicitó la producción de la prueba ofrecida, la que tampoco fue denegada, habiendo quedado firme la providencia de fs. 52 que la accionada consintió (teoría de los actos propios). Bien enseña Devis Echandía en el tema de prueba, que no se trata tanto de quien debe llevar la prueba al proceso, sino quien asume el riesgo de que falte. Y en autos puede evidenciarse que la apelante con su accionar demostró querer asumir dicho riesgo.

A mayor abundamiento sabemos que con esta excepción sólo se puede cuestionar la idoneidad jurídica del título si la misma afecta su fuerza ejecutiva, pero no así las cuestiones que excedan este análisis como por ejemplo la exigibilidad de las prestaciones como pretende el apelante. El debate sobre la ilegitimidad de la causa es improcedente; a menos que surja en forma palmaria de las mismas actuaciones. Lo que excede a las actuaciones es incompatible en este proceso. La única salvedad es la que dispone el art. 507 inc. 4 con su remisión al art. 468, salvedad taxativa en la materia; y que no ha sido cumplida por el apelante. No hallando otras razones atendibles en el memorial, que carece de fundamentos legales sólidos para conmover el fallo recurrido voto por su rechazo.

Con respecto al agravio de que las costas del incidente de sustitución de embargo hayan sido impuestas por su orden, considero que debe tenerse en cuenta en estos casos la fundabilidad de la pretensión pero también la fundabilidad de la oposición; y en el sub examen la actora tuvo un derecho más que razonable al oponerse atento a que el pedido de sustitución efectuado por la demandada se vio desprovisto en su momento de documentación crucial (informe de dominio) por lo cual no garantizaba al actor debidamente su derecho. Rechazo este agravio, manteniendo las costas del incidente en el orden causado. También debe ser rechazado el agravio concerniente a la regulación de honorarios efectuada al abogado de la parte actora por el rechazo de la excepción intentada. Aduce la demandada que los mismos resultan exhorbitantes; lo que no es así ya que los mismos se ajustan a la escala prevista y retribuye con equidad la labor desempeñada en autos; razones que hago extensivas para los honorarios del incidente de sustitución de embargo. Así voto.

Recurso parte actora:

La parte actora interpone a fs. 135 recurso de apelación contra la resolución de fs. 130/132. En la misma el Sr. Juez a quo desestimó el incidente de perención de segunda instancia deducido por la parte actora. Impuso las costas a la parte actora incidentista vencida y reguló honorarios: al abogado de la parte actora perdidosa en esta incidencia en $1.500 y al abogado de la parte demandada gananciosa $2.000. La parte actora apela las regulaciones de ambos profesionales por altas. Teniendo en cuenta que es un incidente sin contenido económico y la trascendencia del mismo, voto por la disminución de dichos emolumentos a PESOS UN MIL ($1.000) para la demandada gananciosa y PESOS SEISCIENTOS ($600) para la actora perdidosa.

EL DR. ROBERTO PAGES LLOVERAS DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE: 1- Rechazar en su totalidad el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la resolución de fs. 54/57 vta. que se confirma con costas a la vencida regulando los honorarios de Alzada a los profesionales intervinientes en un 30% de lo regulado en primera instancia.

2 - Acoger el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la resolución de fs. 130/132 modificando los honorarios allí regulados que se reducen a PESOS UN MIL ($1.000) para la parte demandada y PESOS SEISCIENTOS ($600) para la parte actora.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

SECRETARIA DE CAMARA:DRA.ELVA ALVAREZ DE CAIROLI.

siguen / / / / / / firmas