Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-08-06


AUTOS 88.083 (C.C.Nº19.826) DEL Quinto Juzgado Civil, CARATULADOS: "CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS C/ Guevara Jorge Alberto - Ejecutivo".- PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2009- del Tº II- Fº148/152.- San Juan, 06 de agosto de 2009.- Y VISTOS: Estos autos Nº 19.826 "CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS DE SAN JUAN C/ GUEVARA JORGE ALBERTO - EJECUTIVO", para resolver el recurso deducido por la demandada a fs. 67 contra la sentencia de fs. 62/65 vta. que rechaza la excepción de inhabilidad de título e inconstitucionalidad y ordena continuar la ejecución hasta el íntegro pago de lo reclamado con más intereses legales y costas.- El recurrente expresa agravios a fs. 69/80 vta. solicitando que se declare la nulidad del fallo, si se considera que no puede repararse mediante la apelación, revocando el mismo, con costas.- En primer lugar acusa de arbitrariedad lo resuelto en cuanto se rechaza la excepción de inhabilidad de título sin haberse referido a la cuestión planteada, esto es a que el título no resulta hábil por no haberlo otorgado el órgano de administración, que el supuesto reglamento de la ley no ha sido publicado, por lo que carece de existencia y consecuentemente no puede aplicarse, términos que reitera.- Sostiene seguidamente que en el caso de autos no se está discutiendo la causa de la obligación sino los presupuestos del título hábil, del que no surge que haya sido creado o expedido por el órgano administrativo de la institución demandante.- Invoca al efecto el art. 7º y alega que no surge que sea la asamblea de profesionales la que haya intervenido en la creación del título, ni de la ley surge otro órgano de administración, como tampoco que se haya regulado o normado los requisitos del título ejecutivo.- El título base de esta acción lo suscriben el Presidente y Secretario de la Caja mencionando en su parte final que se expide conforme ley 6.352 art. 13 y reglamento art. 35.- Niega que el certificado se haya expedido por el órgano administrativo de la Caja en los términos de dicho artículo 13 sin que exista norma alguna que establezca quienes deben suscribir el certificado, más cuando se trata de un acto unilateral del acreedor, de donde, dice, estamos ante un vacío legal y una manifiesta irregularidad.- Concluye que no emitido por el órgano administrativo ni suscripto por quienes corresponden no hay legitimación activa.- En cuanto al basamento legal que según afirma el apelante es el supuesto reglamento de la ley, dice haberlo conocido ante la demanda entablada y no por la publicación en el Boletín Oficial en el que nunca ha sido publicado, ello en clara violación del art. 2 del C.C., por lo que no es válido como tal ni puede obligar ni regular derechos ni deberes a nadie y menos a los afiliados obligatoriamente a la Caja, a lo que agrega que no ha sido acompañado a la causa.- En su caso pide se oficie al Boletín Oficial para que informe respecto de dicha publicación.- En función de lo que establece el art. 15 de la ley 6352: "La Asamblea de profesionales del Foro de Abogados dictará la reglamentación a los fines de la aplicación de la presente ley", alega que es incongruente que la Caja pretenda hacer cumplir normas cuando no cumple la propia ley, por lo que, desconociendo el reglamento, se opone a su aplicación en el caso por entender que se conculcan derechos de raigambre constitucional, sin perjuicio de negar la existencia de deuda alguna por los conceptos reclamados.- En contra del argumento de la sentencia, que entiende falto de congruencia, argumenta que en el caso no se han cumplido los presupuestos del art. 505 del C.P.C. y que no existe legitimación activa pues el título no se ha otorgado por el órgano de administración, por lo que debió admitirse la excepción.- Solicita se revoque lo resuelto por ser arbitrario y violatorio del derecho de defensa, debido proceso y propiedad.- En el siguiente agravio que titula "deuda no exigible" remite al texto del art. 5 de la ley para sostener que al no haber plazo definido no existe mora automática debiendo encuadrarse en el art. 509 del C.C. que exige la interpelación para constituir en mora, extremo que niega se haya cumplido en el caso, rechazando para el supuesto de que prospere la ejecución la aplicación de interés o multa devengados antes de la demanda.- Sin perjuicio de vincular el instituto de la mora con el de la prescripción y la necesidad de interpelación previa para interrumpirla, concluye que el certificado traído a juicio contiene una deuda que no es exigible en cuanto incluye capital e intereses y el título deviene inhábil, encontrándose además viciado en su confección al incluir una liquidación que tiene intereses y ejecuta la deuda capitalizada, lo que estima improcedente pues debía indicarse solamente lo que corresponde en concepto de capital y en su caso practicar la liquidación con más intereses en la ejecución de sentencia conforme lo indica el fallo.- Afirma que con ello se violan los arts 544; 574 y 486 del C.P.C. como también el art. 623 del Código Civil que prohíbe el anatocismo, quedando manifestada dicha ilegalidad en el propio mandamiento donde se reclama una deuda capitalizada más intereses presupuestados para responder a intereses y costas, por lo que también corresponde se admita la excepción de inhabilidad de título.- Por su similitud con el caso de autos cita fallos referidos a los certificados por deudas fiscales expedidos por la D.G.R., municipalidades, etc..- Respecto al planteo de inconstitucionalidad que el Sr. Juez A Quo rechaza por tratarse de un juicio ejecutivo, porque importa entrar en la causa origen del título y porque debe formularse en juicio ordinario posterior, entiende el recurrente que carece de fundamentación, citando casos en que se ha admitido su tratamiento en juicio ejecutivo y dentro de la excepción de inhabilidad de título cuando se atacan los presupuestos del mismo y su idoneidad jurídica.- Concluye que el caso de autos encaja en los casos de excepción según el criterio de la CSJN en cuanto se pretende aplicar un reglamento que no ha sido publicado para dar exigibilidad a un seudo certificado donde se atribuye un crédito a favor del actor lo que ciertamente importa revertir el orden constitucional. "Un título de ribetes inconstitucionales no puede en derecho ser hábil para impetrarse su cobro, de suerte que resulta inidóneo a los fines de la ejecución".- Reitera su ofrecimiento de prueba.- Señala que siendo la afiliación obligatoria formula el planteo de inconstitucionalidad de la ley 6.352 en sus arts. 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13 y 15 y reglamentación año 1.994 en lo que concierne a las normas de los arts 8; 21; 23 f, 26 primer párrafo e inciso fs. 33; 34; 35; 36 y 37 y del decreto por el que se da curso a la demanda librando mandamiento de ejecución y embargo en base a dicho título violando sus derechos al debido proceso, de defensa, propiedad e igualdad.- Para el caso de un pronunciamiento adverso hacer reservas de la cuestión constitucional local de ley 2.275 y del caso federal, solicitando se haga lugar al recurso y declare la nulidad del fallo por falta de fundamentación sino pudiera repararse mediante la apelación, revocando el mismo, con costas.- Y CONSIDERANDO:

Dice la actora para contrarrestar el recurso y el Tribunal comparte esta afirmación, que el demandado conoció, aceptó e hizo uso de créditos otorgados por la Caja - hipotecario por un lado y préstamo para cubrir deuda previsional por otro (de setiembre/93 a junio/2000), solicitando que la Caja certificara su calidad de afiliado, de donde hoy no puede adoptar una posición contraria a sus propios actos (conf. documentación de fs.33/45).- En efecto de la documentación referida surge sin hesitación alguna que el Dr. Jorge Guevara conocía de la existencia y funcionamiento de la Caja, su ley de creación y Reglamento desde que en el año 1997 accedió a un importante préstamo en dólares conforme surge de la escritura pública de mutuo con garantía hipotecaria de fs.33/38 cuya validez resulta evidente y luego al acuerdo de fs. 39 fechado en diciembre de 1998 donde el hoy demandado reconoce la existencia de deuda con la Caja por cuotas de afiliación, habiendo obtenido de la Actora tres certificaciones de su carácter de afiliado desde el año 1996 ( ver fs. 45) circunstancias que aventan toda duda al respecto y que empiecen el planteo de su parte por resultar contrario a los propios actos.- A propósito hemos dicho sobre el tema de los actos propios que: en materia de actos propios aunque no estén teóricamente consagrados surge implícito de la doctrina de los arts. 953, 16, 1198 y concordantes del Código Civil, tal como lo sostuviera el propio Codificador siendo asesor del Estado de Buenos aires en 1856 cuando dijo: "eos qui diversa inter se testimonia prebuerunt cuasi falsum prescrint, et prescripto legis teneri pronuntiat", esto es que, quien cumple contradictorias conductas ante la autoridad debe ser reputado como falsario y ser penado en consecuencia (Colección de textos y documentos para la historia del Derecho Argentino pags. 122 y ss. dictamen n° 63 del Instituto de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho y ciencias sociales de Buenos Aires - Ed- de J.M Mariluz Urquijo y Eduardo Martire 1982).- En virtud de ello y del insoslayable principio de lealtad y buena fe (L.L. 1984 - A - 865 E.D. 91 - 250) que obliga a mantener una conducta coherente, es que no puede permitirse la conducta contradictoria de quien después de una declaración o acto, pretende modificarlo o cambiarlo en su provecho frente a intereses legítimos de otro u otros (conf. Peyrano y Chiappini E.D. 119 -927).- En cuanto al título entendemos que resulta hábil a tenor de lo previsto por los arts. 7, 8, 9, 13 y 15 de la ley y 21 y 23 del Reglamento y la mora de pleno derecho de los arts. 34 y 35 de este último, que los intereses son consecuencia de la mora y por tanto el anatocismo no se da.- Tampoco resulta claro, menos aun de gravedad tal - antes bien es poco serio - que justifique la declaración de inconstitucionalidad, que unánimemente se ha calificado por la jurisprudencia como remedio de última ratio legal, el fundamento por el que se pide tal declaración de inconstitucionalidad cuando el demandado había aceptado e incluso válido de la normativa pertinente en su beneficio, desde antes de la demanda que nos ocupa.- Así las cosas deviene ineludible concluir acerca de la improcedencia del recurso deducido por la demandada que debe rechazarse confirmando la sentencia de primera instancia con costas.- Por todo ello, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso deducido por la demandada.- Confirmar la sentencia de primera instancia.- Imponer las costas de Alzada a la vencida.- Diferir las regulaciones correspondientes para su oportunidad.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.