marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, facultades del juez, intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Villagara, Martín Federico  c/ Surace, Santo Diego Leonardo  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-14

La prerrogativa de los magistrados a fin de reducir los réditos tanto para los casos en que sea abusiva la tasa fijada como para aquellos en que su aplicación evidencie una clara desproporción de los valores económicos en juego, prescinda de la realidad económica y arribe a resultados que quiebren toda norma de razonabilidad y violenten los principios establecidos en el CCCN 10 y 279, se encuentra actualmente regulada en el artículo 771 del mencionado código.
Perito ingeniero, honorarios, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Vázquez Automotores SA c/ Chery Socma Argentina SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-19

Cabe confirmar la providencia que intimó al demandado no condenado en costas al pago del 100% de los estipendios regulados a la perito ingeniera, bajo apercibimiento de ejecución. Ello por cuanto, en el caso, resulta de aplicación la ley 27423: 59-h).
Profesor universitario, carrera de investigador, incompatibilidad de ejercicio, facultades reglamentarias, remuneración, control de razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: E.N. - CONICET (Expte. 7334/98) y otro  c/ Andereggen, Ignacio Eugenio y otro  s/ proceso de conocimiento, y Andereggen, Ignacio Eugenio María y otro e/ EN - CONICET - resol. 583/01 y otros s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-10-15

Supera el control de razonabilidad el segundo párrafo, punto 13, anexo I, del decreto 1572/1976, pues los criterios expuestos en el citado decreto a fin de determinar la remuneración de los agentes del CONICET, ingresan dentro de una materia en la cual, con excepción de aquellas hipótesis de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta, procede respetar las opciones valorativas y el margen de discrecionalidad indispensable de las autoridades administrativas, cuando actúan válidamente en la esfera de sus potestades constitucionales (Disidencia parcial del juez Lorenzetti). -Del dictamen de la Procuración General al que la disidencia remite-
Juicio ejecutivo, moneda extranjera
Materia: PROCESAL
Carátula: Villagara, Martín Federico  c/ Surace, Santo Diego Leonardo  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-14

En este marco, y habiéndose reclamado una deuda en moneda extranjera -que cuenta con cierta estabilidad por no encontrarse, en principio, en un proceso de desvalorización de importancia-, la tasa pactada (24% anual) resulta exorbitante debiendo, por ende, ser reducida a un 15% anual (CNCom, Sala B, "Diament, Sergio David c/ Mottura, Héctor Oscar y otro s/ ejecutivo", del 29/10/09, "Delaico, Juan Manuel c/ Abal Moreno, Gustavo s/ Ejecutivo", del 09/10/19; "Garantizar SGR c/ Della Giustina, Roberto Manuel s/ Ejecutivo" del 19/08/22).
Honorarios, mediador
Materia: PROCESAL
Carátula: Ureta, Claudia Patricia y otros  c/ Caja de Seguros SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-19

Resulta improcedente la inclusión del honorario del mediador en el cálculo, y eventual prorrateo, del tope del 25% del monto en los términos del CCCN 730. Y ello porque aquella norma refiere expresamente a su aplicación a honorarios correspondientes a la "primera o única instancia", lo que obsta introducir los propios del ámbito de una actuación en etapa prejudicial, teniendo en cuenta que la mediación constituye un modo alternativo para la solución de conflictos al que las partes deben someterse obligatoriamente, como condición previa para habilitar el proceso judicial (v. Gouvert, "Actualidad jurisprudencial sobre aplicación del prorrateo a la retribución del mediador", Diario de Doctrina y Jurisprudencia, "El Derecho" del 9/8/18). Disidencia parcial del Dr. Bargalló
Sentencia, indemnización, tasas de interés, intereses moratorios, tasa activa, reparación integral, vicio de irrazonabilidad, retención indebida
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la citada en garantía en la causa Barrientos, Gabriela Alexandra y otros  c/ Ocorso, Damián y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-10-15

Si la sentencia fijó las indemnizaciones a valores actuales carece de razonabilidad aplicar intereses moratorios según la tasa activa desde el hecho con fundamentos relacionados con la incidencia del tiempo trascurrido desde ese momento hasta la sentencia, y con la necesidad de evitar una reparación menguada, pues no resulta adecuado aplicar una tasa como la activa, que entre sus componentes contempla el factor inflacionario, al lapso que transcurre desde la fecha del ilícito al dictado de la sentencia, en tanto no hay durante ese tiempo una deuda de dinero determinada o una retención indebida de dinero por parte del deudor, que justifique imponer una tasa equivalente a aquella necesaria para hacerse de tal capital en el mercado financiero (Voto del juez Lorenzetti).
Profesor universitario, carrera de investigador, remuneración, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-EDUCACION
Carátula: E.N. - CONICET (Expte. 7334/98) y otro  c/ Andereggen, Ignacio Eugenio y otro  s/ proceso de conocimiento, y Andereggen, Ignacio Eugenio María y otro e/ EN - CONICET - resol. 583/01 y otros s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-10-15

Es nula la resolución del CONICET 583/01 -por la que se determinó el perjuicio económico del organismo y la suma de dinero que debía devolver el investigador- pues el monto al que arriba ha sido calculado sobre la base de una comparación entre lo que el investigador percibió por sus tareas académicas y el sueldo que cobró en el organismo, cuando conforme la norma aplicable debía tomar en cuenta la retribución del aquél por su actividad académica y el salario de un profesor titular con dedicación simple de una universidad pública, a fin de determinar si percibió por el desempeño de actividades docentes una retribución superior y, en consecuencia, descontar la diferencia del haber que recibe del ente, con lo cual el acto aparece desprovisto de los elementos causa y objeto (Disidencia parcial del juez Lorenzetti).-Del dictamen de la Procuración General al que la disidencia remite-
Honorarios, cómputo de intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Red Celeste y Blanca SA c/ Grupo Syg SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-26

Los intereses deben calcularse desde la fecha en la que el deudor incurrió en mora en el pago de los honorarios, consecuentemente, asiste derecho al letrado acreedor a percibir los intereses devengados entre el pronunciamiento regulatorio de primera instancia y la fecha del efectivo pago de esa retribución profesional (conf. CNCom, Sala D in re "Groiso, Luis s/ quiebra s/ incidente de apelación", del 06/07/23; entre otros).
Profesor universitario, carrera de investigador, remuneración, restitución de sumas de dinero, sentencia arbitraria
Materia: ADMINISTRATIVO-EDUCACION
Carátula: E.N. - CONICET (Expte. 7334/98) y otro  c/ Andereggen, Ignacio Eugenio y otro  s/ proceso de conocimiento, y Andereggen, Ignacio Eugenio María y otro e/ EN - CONICET - resol. 583/01 y otros s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-10-15

Es arbitraria la sentencia que consideró válida la resolución 583/01 del CONICET por la que se determinó el perjuicio económico del organismo y la suma de dinero que debía devolver el investigador, toda vez que exhibe defectos graves de fundamentación que afectan en forma directa e inmediata las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (Disidencia parcial del juez Lorenzetti). -Del dictamen de la Procuración General al que la disidencia remite-
Tasas de interés, facultades del juez, realidad económica, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la citada en garantía en la causa Barrientos, Gabriela Alexandra y otros  c/ Ocorso, Damián y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-10-15

Si bien la tasa de interés a aplicar queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa, los arbitrios utilizados a fin de obtener una ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento no deben lesionar garantías constitucionales (Voto del juez Rosenkrantz y del juez Lorenzetti).
Profesor universitario, carrera de investigador, incompatibilidad de ejercicio, facultades reglamentarias, vicio de irrazonabilidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-EDUCACION-CONSTITUCIONAL
Carátula: E.N. - CONICET (Expte. 7334/98) y otro  c/ Andereggen, Ignacio Eugenio y otro  s/ proceso de conocimiento, y Andereggen, Ignacio Eugenio María y otro e/ EN - CONICET - resol. 583/01 y otros s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-10-15

El segundo párrafo del punto 13, anexo I, del decreto 1572/1976 (texto según el decreto 429/1987) es inconstitucional al incurrir en una reglamentación irrazonable de la ley 20.464, pues no existe una tajante y abrupta división e incompatibilidad entre la actividad de investigación y la docencia universitaria; antes bien, la ley las entiende relacionadas (arg. arts. 4, inciso b, 32 y 34) y si bien el precepto legislativo es concluyente al estatuir como deber en la carrera de investigador la dedicación exclusiva (arts. 2 inc. a y 33 inc. b), también lo es al considerar compatible con dicho deber el ejercicio de la enseñanza superior dentro de ciertos límites (Voto de los jueces Rosatti y Maqueda).
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad civil, deber de prevención de la aseguradora de riesgos del trabajo, relación de causalidad, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por La Segunda ART S.A. en la causa Machado, Juan Carlos  c/ Superintendencia de Riesgos del Trabajo y otros  s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-10-15

Es arbitraria la sentencia que condenó a la ART, con fundamento en el derecho civil, a reparar los daños que dijo padecer el actor en su espalda como consecuencia de un accidente laboral, pues el tribunal de alzada solo sustentó la responsabilidad de aquella en el resultado adverso a la salud del trabajador, extremo que atribuyó dogmáticamente a presuntas inobservancias pero sin examinar la existencia de vinculación causal con el siniestro denunciado.
Revocación de sentencia, mediación, caducidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Able SA c/ Centromet SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-26

Cabe revocar la decisión mediante la cual el a quo rechazó la demanda promovida por encontrarse caduca la mediación celebrada; ordenando al interesado, en su caso, promover una nueva y resortearla para una nueva asignación. Ello así, esta materia está en debate en el marco de un recurso de inaplicabilidad de la ley concedido. Es sabido que de acuerdo a lo dispuesto en el CPR 301, la concesión de aquel recurso tiene efecto suspensivo, no solo con relación a la causa en donde fue pronunciada esa resolución sino también respecto de aquéllas otras donde se debaten las mismas cuestiones de derecho fundadas en hechos iguales o similares. No obstante, la suspensión de las causas no se produce cuando existe "plenario virtual"; es decir, cuando la mayoría de las Salas que integran la Cámara tienen una opinión en determinado sentido respecto de la cuestión de derecho debatida, supuesto en el cual no se suspenden los pronunciamientos y se dicta sentencia conforme a esa doctrina.
Profesor universitario, carrera de investigador, incompatibilidad de ejercicio, facultades reglamentarias, remuneración, control de razonabilidad, acción de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: E.N. - CONICET (Expte. 7334/98) y otro  c/ Andereggen, Ignacio Eugenio y otro  s/ proceso de conocimiento, y Andereggen, Ignacio Eugenio María y otro e/ EN - CONICET - resol. 583/01 y otros s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-10-15

El segundo párrafo, punto 13, anexo I, del decreto 1572/1976 supera el control de razonabilidad, pues el medio escogido por el precepto impugnado -que establece que la remuneración que perciban los investigadores no podrá exceder a la correspondiente a un profesor titular con dedicación simple de una universidad nacional y que, en caso de ser superior, la diferencia se descuenta del haber de investigador- tiene una relación proporcionada con el fin y la función que desempeña el CONICET, esto es, favorecer el quehacer investigativo y la formación integral del investigador (Disidencia parcial del juez Lorenzetti). -Del dictamen de la Procuración General al que la disidencia remite-
Facultades reglamentarias, derecho a la privacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: E.N. - CONICET (Expte. 7334/98) y otro  c/ Andereggen, Ignacio Eugenio y otro  s/ proceso de conocimiento, y Andereggen, Ignacio Eugenio María y otro e/ EN - CONICET - resol. 583/01 y otros s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-10-15

En nuestra arquitectura constitucional es el Congreso de la Nación el poder llamado a reglamentar los derechos constitucionales, a punto tal que, por principio, la zona de reserva es de ley en sentido formal y material (arts. 14, 19, 28 y 75, inciso 32, de la Constitución Nacional); es así que la potestad reglamentaria prevista en el art. 99, inciso 2°, de la Constitución Nacional, se debe entender siempre subordinada a la ley y su sentido no ha de ser otro que el de estatuir los medios -proporcionales y razonables- para el mejor cumplimiento de aquella, mas nunca ser una vía por la cual se desnaturalice la finalidad de la norma de rango superior (art. 31, Constitución Nacional) (Voto de los jueces Rosatti y Maqueda).
Rechazo de la demanda, pago por consignación, intereses, dólares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pachamama Products SRL y otro  c/ Ruiz de Olano Marcelo y otro  s/ ordinario (acumulados a la causa n° 37350/2013 ruiz de olano marcelo javier c/boffi, santiago enrique y otros s/ordinario)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-21

Cabe rechazar la demanda de pago por consignación intentado por el actor, en tanto no fue, en cuanto a su objeto "íntegro", ya que no contempló la cancelación de los intereses devengados a partir de la indicada fecha de mora hasta el día en que hizo el correspondiente depósito judicial (CCIV 744 y 758). Es que si bien surge evidente que la carta documento -en la que se la intimó a que procediera a reintegrar, mediante depósito en el estudio, la suma de dólares invertidos-, fue remitida por quien, en verdad, no tenía en ese momento representación alguna del demandado (extremo corroborado incluso por el silencio observado por la letrada en el escrito al contestar agravios), podría ser primariamente concluido que tal acto de comunicación no debería ser tenido como una interpelación moratoria eficaz (conf. Borda, G., Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, Buenos Aires, 1998, T. I, p. 70, n° 61); sin embargo, esa primaria conclusión no reflejaría todas las circunstancias del caso y, por ello, sería expresiva de una injusta respuesta jurisdiccional. Es que al promover la demanda la accionante nada dijo sobre la cuestión de la falta de representación de la doctora. Antes bien, refiriéndose específicamente a la citada carta documento, la consignante calificó a la recordada profesional remitente como "mandataria". De tal suerte y solo con relación a esa comunicación extrajudicial cabe entender que aceptó la presencia de una actuación representativa en el envío de la carta documento y, al ser ello así, es de todo punto improcedente que vuelva contra sus propios actos negando ahora una representación que previamente reconoció. En afín pero diverso orden de ideas, todavía puede ser señalado a mayor abundamiento que, en su caso, debe asumir el riesgo de su falsa creencia en cuanto al carácter de "mandataria" que la letrada invocó en la carta documento.
Principio de igualdad de armas, debido proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Laprovitta Iguri, Mónica Lourdes  c/  s/ homicidio con dolo eventual, lesiones leves -tres hechos-, lesiones gravísimas, estafa -cinco hechos-, ejercicio ilegal de la medicina -cinco hechos-, ejercicio ilegal de una profesión -cinco hechos
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-05-03

El principio de igualdad de armas y el derecho a un debido proceso exigen que todas las pruebas sean presentadas dentro de los plazos legales y que cada parte tenga igual oportunidad de argumentar y responder. Cuando se producen errores en la admisión de pruebas que afectan esta igualdad, es necesario corregirlos a través de la nulidad de los actos procesales afectados para garantizar un juicio justo.
Prescripción, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sobieraj, Mónica Mabel y otros  c/ Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-25

Si se acepta que la derogación del plazo de prescripción previsto en la LDC 50 dio paso a la aplicación del CCCN 2560, forzoso es concluir que esta es la norma que se ocupa del asunto cuando nos hallamos ante acciones derivadas del derecho del consumo. A más, aplicados los principios de la LDC 3 al caso, es claro que, aun si se aceptara que la LS 58 regula esta materia, ese artículo no podría considerarse parte del sistema, toda vez que el CCCN 2560 también regula lo mismo y lo hace en términos que superan el test que aquella norma exige efectuar. Voto del Dr. Machin
Revocación de sentencia, excepción de prescripción, seguros
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Barrese, Miguel Angel y otro  c/ Federación Patronal Seguros SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-26

Cabe revocar la resolución que rechazó la excepción de prescripción opuesta por la aseguradora. Ello por cuanto, la cuestión propuesta exige recordar que la prescripción liberatoria no puede separarse de la causa de la obligación jurídicamente demandable. Y así, se advierte que -en el caso- la de la obligación jurídicamente demandable respecto de la aseguradora no es otra que el contrato de seguro; y no hay, ciertamente, respecto de aquella otra causa de la obligación jurídicamente demandable que no sea la indicada (v. CNCom, Sala D, "Canepa Ana Maria c/ Mapfre Aconcagua Cia. De Seguros SA y otro s/ ordinario", del 26/10/09). Por lo tanto, no puede sostenerse que el plazo de prescripción anual que establece una norma especial, pueda considerarse ampliado por otra que tiene un carácter general. Por cierto, cabe también descartar como plazo prescriptivo aplicable el quinquenal del CCCN 2560, con el cual ninguna integración normativa es posible. A poco que se repare que el citado art. está previsto como plazo genérico aplicable a las acciones que no tienen fijado un plazo diferente por otra norma del ordenamiento jurídico, situación que no es la del caso pues la ley 17418, como ley especial, es la que define en su art. 58 ese plazo diferente del genérico. Definido lo anterior, y dado que desde la fecha indicada por los propios actores como denuncia del siniestro a la aseguradora demandada y el día en que se llevó a cabo la correspondiente audiencia de mediación transcurrió objetivamente el plazo establecido en la LS 58, fatal resulta concluir que la acción se hallaba prescripta al momento de su promoción.
Ley de defensa del consumidor, prescripción
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Sobieraj, Mónica Mabel y otros  c/ Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-25

Si bien con anterioridad he considerado que, en virtud de la modificación sufrida por la LDC 50 (introducida por ley 26994), el plazo de prescripción aplicable a estos supuestos resultaba aquel previsto en la LS 58; un nuevo análisis de la cuestión sometida a decisión persuade a modificar aquel temperamento. Es que si bien no se ignora lo que dispone el CCCN 2532 y que ello podría dar lugar a interpretar que la LS 58 se trata de una norma específica que desplaza la regulación del citado CCCN 2560; no obstante, ha de considerarse que dicha hermenéutica desatiende los principios y normas del CCCN, cuando afirma a través del art. 1094 y de los Fundamentos que las normas del Código son el "piso mínimo" y el "núcleo duro" de protección al consumidor. De ahí que las pautas de las disposiciones específicas solo resultan aplicables cuando respeten ambos lineamientos (conf. Sobrino, Waldo "Seguros y el Código Civil y Comercial" T. I, pág. 744, ed. Thomson Reuters La Ley, Bs. As., 2016) circunstancia que no ocurre con la regulación de la LS 58, razón por la cual habrá de estarse al plazo establecido en el CCCN 2560. Voto de la Dra. Ballerini
Seguros, incumplimiento del contrato, indemnización, prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ayala, Sixto Marcelino  c/ Agrosalta Cooperativa de Seguros Ltda. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-26

Cabe condenar al pago de la indemnización debida por la empresa aseguradora derivada del incumplimiento del contrato de seguro que vinculase a las partes. Ello en función que no logró acreditar en la causa que haya requerido fehacientemente información complementaria al asegurado con motivo de la ocurrencia del siniestro oportunamente denunciado. En efecto ante la ausencia de prueba del requerimiento formulado en los términos de la LS 56 cualquier defensa que intente la aseguradora para justificar el incumplimiento carece de razón; menos sustento encuentra la supuesta obligatoriedad de cursar intimación exigiendo el cumplimiento del contrato de parte del asegurado luego de la denuncia del incontrovertido siniestro.