Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-31


COMITE DE CUENCA ZONA OESTE contra DAVICINO, Elena Isabel ARIAS de Reg.: A y S t 216 p 396-399.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta y un días del mes octubre del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "COMITE DE CUENCA ZONA OESTE contra DAVICINO, Elena Isabel ARIAS de -Ejecución Fiscal- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 268, año 2006).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Netri, Vigo y Spuler.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T.213, pág.219, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado contra la sentencia 95, del 6 de abril de 2005, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, por entender que los reproches de la recurrente ostentaba entidad constitucional y contaba con suficiente asidero en las constancias de la causa.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar dicha conclusión de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 338/340).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: La materia recursiva puede resumirse así:

1. El Comite de Cuenca Zona Oeste promovió demanda de ejecución fiscal por cobro de la suma de $44.765,93 con más accesorios legales contra Elena Isabel Arias de Davicino en concepto de tasa retributiva por canalización con fundamento normativo en la ley 9830 y su decreto reglamentario 4960 (fs. 6/7).

La demandada opuso al progreso de la pretensión excepciones de falta de personería e inhabilidad de título.

La primera la sustentó en que los otorgantes del poder especial (Presidente, Secretario y Tesorero, del Comité Ejecutivo) no estaban habilitados para conferirlo, en tanto el otorgamiento de mandatos era una atribución exclusiva de la Asamblea Plenaria y no del Comité, además de que este último había sido constituido en infracción a la ley 9830 (fs. 6/7).

La segunda la encuadró en un supuesto de inexistencia de deuda por cuanto se reclamaban períodos (cuyos vencimientos habían operado el 05.06.1991 y 16.10.1991) en los cuales no era titular registral del inmueble (a partir del 11.11.1991); asimismo, sostuvo que el título no traía aparejada ejecución atento a la ausencia de un requisito inexcusable de la previa interpelación judicial (art. 24, ley 8930)y la ausencia de especificación del tributo (fs. 33/38).

El Juez de baja instancia hizo lugar a la excepción de falta de personería (fs. 162/169).

Apelado ese decisorio, la Cámara admitió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y, en consecuencia, revocó el fallo impugnado, acogiendo la demanda y mandando llevar adelante la ejecución fiscal impetrada por el capital e intereses reclamados.

Para así decidirlo juzgó que el Presidente del Comite Ejecutivo -erigido por la norma aplicable como representante legal del ente- contaba con las atribuciones para promover acciones judiciales para el cobro de tributos en el ejercicio normal y ordinario de representación del Comité de Cuenca, descartando, así, que fuera menester contar con una autorización expresa de la Asamblea desde que no estaba alcanzado por la competencia residual consagrada en el inciso h) del artículo 7 de la ley 9830, precepto reservado para el "cumplimiento de los fines del Comité de Cuenca" (arts. 2, ley cit. y 2, decreto reglamentario 4960).

Por lo que -concluyó- el poder que el mandato había conferido estaba circunscripto a los que los mandantes podrían hacer, si éstos trataran u obraran personalmente (art. 1872, C.C.).

2. Contra ese pronunciamiento interpuso la ejecutada su recurso de inconstitucionalidad con base en diversas causales descalificantes, a saber: a) Omisión de considerar cuestiones oportunamente planteadas.

Aduce que el Tribunal soslayó pronunciarse acerca de la excepción de "inhabilidad de título", a pesar de que había sido materia de juzgamiento en la instancia revisora (art. 246, C.P.C. y C.).

Añade que ni siquiera indicó los motivos de la preterición y/o quién debería haber entendido en dicha cuestión.

Hace hincapié en que las defensas cuya omisión acusa revestían importancia decisiva para el pronunciamiento.

b) Prescindencia del texto expreso de la ley.

Expresa que el Sentenciante excluyó tratar la norma jurídica que rige el caso; no indicó cuál ha sido el criterio para variar el acabado estudio del Juez inferior con relación al ordenamiento legal aplicable.

Entiende que la Sala incursionó erróneamente en proposiciones vinculadas con la omisión de designación del representante legal de la Provincia (arts. 3 y 11, ley 9830), apartándose -sin brindar motivo alguno- de lo dispuesto por los artículos 7 y 13 de la ley 9830 c) Falta de motivación.

Afirma que la Cámara no realizó un concreto análisis del derecho aplicable, ni de las constancias de la causa, ni de las proposiciones de las partes, habiendo incurrido en voluntarismo judicial; que se omitió cualquier consideración con respecto a lo afirmado por la accionada acerca de que el escrito de expresión de agravios no se podía sustentar técnicamente; que el voto del doctor Genesio se apartó inconsistentemente de lo que las partes llevaron a decisión, en cuanto aseveró que la cuestión pasaba por analizar si los poderdantes en ejercicio de sus cargos sociales podían ejercer "per se" y válidamente la representación de la actora al punto de obligarla o si para ello era menester contar con la delegación de facultades de la Asamblea.

d) Autocontradicción.

Manifiesta que el A quo incurre en inconsecuencia lógica pues, por un lado, sostiene que el Comité Ejecutivo tenía funciones acotadas y limitadas y, por otro, le otorga facultades al presidente de un órgano del Comité que están fuera de las contempladas por el artículo 13 de la ley 9830.

Agrega que ni por vía analógica ni interpretativa podía el Juez conceder más atribuciones que las previstas legalmente.

3. Le asiste razón a la recurrente.

Del relato de las constancias de la causa surge que la ejecutada opuso al progreso de la ejecución excepción de falta de personería e inhabilidad de título.

El Juez de baja instancia hizo lugar a la primera de las defensas enunciadas, rechazando, por ende, la ejecución.

Ambas partes apelaron el decisorio y -en lo que aquí es de interés- la demandada al contestar la expresión de agravios dejó constancia que si la Sala "...hiciera lugar a los agravios en cuanto al acogimiento de la excepción de falta de personería, deberá disponer lo conducente a los efectos que se aborden el tratamiento de la totalidad de las excepciones interpuestas (a fojas) 19/29 de autos..." (vid. f.202 v.).

Al resolver la causa, el Órgano revisor abordó sólo el análisis de la defensa de personería, concluyendo en su desestimación y mandó llevar adelante la ejecución.

En tales condiciones, la omisión de todo pronunciamiento sobre la excepción de inhabilidad de título interpuesta por la demandada y mantenida en la instancia de grado configura un típico defecto de arbitrariedad, que la hace pasible de descalificación constitucional por cuanto el decisorio lesiona el derecho de defensa y no es derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa (Fallos:266:246; 274:413; 276:261; también de esta Corte A. y S., T.170, pág.336; T.177, pág.117, entre muchos otros).

Lo expuesto baste para anular la sentencia atacada y exime de tratamiento los restantes planteos impugnativos.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada.

Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa.

Con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada.

Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa.

Con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)