marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de nulidad, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Tamame, José c/ Hernández, Carlos R. y Costa, Roberto C. s/ Demanda por Simulación de Cesión de Derechos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1975-06-11

Si los "agravios que sustentan el recurso de nulidad, pueden repararse por medio de la apelación, aquél debe desestimarse".
Recursos, recurso de queja (procesal), recurso de inaplicabilidad de ley, competencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ASESORÍA TUTELAR N° 1 ANTE LA CÁMARA CAYT c/ GCBA  s/ ACCESO A LA INFORMACIÓN (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-08

Corresponde rechazar la queja si se advierte que la recurrente no cuestiona la denegación del recurso de inconstitucionalidad, sino que dirige sus críticas contra el pronunciamiento de Cámara que habría declarado admisible el recurso de inaplicabilidad de ley cuando, en realidad, la resolución de la Cámara se limitó a aceptar su competencia para resolver respecto de ello. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: F., M. M. E. c/Ministerio de Salud s/acción de amparo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-08-10

La acción de amparo en cuanto al recaudo de la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, supone que el acto lesivo debe mostrar fehacientemente, en su primera apariencia la violación grosera y ostensiblemente visible del derecho subjetivo de quien promueve el amparo.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, reparto a domicilio, supermercado, responsabilidad solidaria, actividad normal y específica propia del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: Ponce Fernando Ariel c/ Recorridos SRL y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-24

El reparto a domicilio de los productos comercializados por el supermercado constituye un servicio inescindible de la comercialización en sí misma, teniendo en cuenta las preferencias y costumbres de los consumidores que eligen -si lo consideran de mayor comodidad- que las mercaderías que adquieran les sean entregadas en sus domicilios en lugar de llevarlas consigo al momento de efectuar las compras. Por ello, el supermercado resulta solidariamente responsable frente al trabajador, en los términos del art. 30 L.C.T., junto con la empresa contratada a efectos de llevar a cabo las entregas a domicilio.
Superior Tribunal de Justicia, martillero, leyes, aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas c/ Interquímica S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecución   Fisacl. Honorarios Martillero (Expte CSJ Nº 1222-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-22

Habiendo conferido la Corte Provincial plena validez al artículo 361 de la ley 10160 -anterior 522 o 343 de dicha ley, según texto ordenado por decreto nro. 3012, año 1993- al establecer topes en los honorarios de los peritos, no cabe duda que su criterio inspirador resulta trasladable al tope fijado a la regulación de los honorarios de los martilleros por el artículo 89 de la ley 7547.
Sentencia arbitraria, recurso de inaplicabilidad de ley, plazos procesales, presentación extemporánea, sentencia condenatoria, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Maidana, Ricardo Alejandro c/  s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-24

Es arbitraria la sentencia que consideró extemporáneo el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el condenado, pues resultaba conducente para la adecuada solución del caso dilucidar si la tardía impugnación del nombrado, a través del recurso de inaplicabilidad de ley, se debió a un desconocimiento de su derecho que no le es imputable, o bien a su comportamiento responsable, lo cual no implica que se deje librado al capricho del interesado el plazo para ejercer su derecho a ser oído y acceder a una instancia superior en las formas previstas por la ley, sino evitar que el derecho constitucional al recurso resulte ilusorio ante la posibilidad de que no se haya cumplido, con los recaudos que la ley procesal exige para garantizar su ejercicio eficiente. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite
Base regulatoria, valuación del bien
Materia: CIVIL
Carátula: Cornejo, Fernando Reyes s/ Declaratoria De Herederos (Expdte. Nro. 399936, 21/6/12)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-04-15

Corresponde tomar como base regulatoria de los estipendios profesionales correspondientes a las tareas desarrolladas para la venta en subasta pública de un bien de carácter ganancial del acervo hereditario, el total del valor del inmueble, y no el de venta, pues tratándose de un acto de beneficio común procede la aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la ley 9.450 de la provincia de Córdoba que refiere al valor del activo a dividir.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, indemnización por incapacidad, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: DELFINO, JULIO CESAR c/ COMISION MEDICA PROVINCIAL 007 s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

La Sala juzgó que -por el contrario a la tesis de la recurrente- mediaba cosa juzgada en cuanto a la aplicación de pautas de adecuación de la indemnización a abonar, cuestión que -conforme reiterada doctrina- resulta propia del ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa y como tal ajena a la órbita del recurso de inconstitucionalidad intentado; y dicha conclusión podrá o no ser compartida por el recurrente, pero en la medida en que no se demuestre un apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional. (De la disidencia de la Dra. Gas aldi)
Procesos de ejecución, juicio ejecutivo, apertura a prueba
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO DEL BUEN AYRE SA c/ AON, JORGE ELIAS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-23

Resulta improcedente denegar la apertura a prueba en un proceso ejecutivo cuando, -como en el caso-, surge que ello conduce al menoscabo de la admisión de la verdad jurídica objetiva, que posibilite una efectiva certeza en los derechos cuya tutela es la razón de la existencia de la jurisdiccion, y conlleve al desconocimiento de derechos de fondo o a soluciones notoriamente disvaliosas. Lo expuesto, implica que el juzgador debe determinar la verdad en sustancia por encima de los excesos rituales pues el logro de justicia como valor fundamental en la actividad de aquel requiere que la misma sea entendida como lo que es, o sea una virtud al servicio de la verdad sustancial, ya que lo contrario implicaría que la sentencia no sea la aplicación de la ley a los efectos del caso sino precisamente, la frustración ritual de la aplicación del derecho.
Cargos gremiales, estabilidad del delegado gremial, notificación al empleador, notificación por telegrama, notificación por carta documento
Materia: LABORAL
Carátula: ZEA, MARGARITA c/ BETTER CLEARING  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-14

El hecho de que surja de los libros de la demandada que al actor se le otorgó licencia o permiso gremial, no es sustento suficiente para acreditar su condición de delegado, ni se determina mediante esas constancias, el período de cumplimiento del mandato. El art. 40 de la ley de asociaciones profesionales establece que para que la garantía de estabilidad gremial surta efecto es necesario que la designación se haya efectuado cumpliendo los recaudos legales y que haya sido comunicada al empleador. Dicha comunicación se probará mediante telegrama o carta documento u otra forma escrita.
Caducidad de instancia, feria judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nuñez, Fernando Ernesto y otra c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

La ley 12.357, al disponer que las ferias judiciales no se computarán en el plazo de la caducidad, en los hechos ha producido una ampliación del plazo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Elecciones nacionales, partidos políticos, fondos del partido, subsidio estatal
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Comunista s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-26

La celebración de una elección o su declaración de validez, no hace nacer ningún derecho en cabeza de los partidos en orden a su financiamiento con miras al siguiente acto eleccionario. La ley que rige la cuestión no es la vigente en el momento de aprobarse la anterior elección nacional, sino la que tenga vigencia temporal en el único momento que interesa, esto es, al tiempo de iniciarse una campaña para elecciones nacionales.
Homicidio criminis causa, robo calificado, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: Muray, Pablo Daniel y otro c/  s/ homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-06-22

Corresponde aplicar al acusado las figuras de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y homicidio agravado por su comisión criminis causa, en concurso real, porque quedó demostrado que efectuó los disparos hacia el rodado que huía luego de ver frustrado el desapoderamiento, siendo esa resistencia dinámica del conductor del automóvil la que produjo su conexión ideológica sin que la figura típica requiera preordenación, por lo que luego el dolo de matar aparece como suficientemente demostrado en la pluralidad de disparos que efectuó apuntando al vehículo con claro designio de matar. Asimismo, cabe destacar la declaración de un testigo que manifestó que el acusado disparó apuntando hacia el rodado, en una clara exteriorización de su estado de ánimo e intencionalidad ante la frustración del delito previo, el robo.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: HILANDERIA OLMOS S.A. s/ REGULACION DE HONORARIOS DE VEEDORES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-28

Para que proceda el recurso ordinario de apelación en causas en que la Nación es parte, se requiere que esté comprobado y resulte de los autos, que a la fecha de su interposición la suma cuestionada excede el mínimo legal, establecido por el art. 24, inc. 6, ap. a), del decreto ley 1285/58, según las leyes 21.708 y 22.434 y Resolución 165/83 de la Corte Suprema.
Enfermedades inculpables, certificado médico
Materia: LABORAL
Carátula: Caballero, Marcelo F. c/ Frig. Avícola Basavilbaso s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-11-22

Ante la existencia de certificados médicos contradictorios de la actora y de la demandada, la cuestión debió dirimirse a través de un tercer dictamen, no pudiendo desconocerse e invalidarse, por decisión unilateral, una constancia médica como la aportada por el trabajador. Se trata de una de las situaciones en las que se contradicen constancias médicas y, si bien es cierto que la ley 21.297 derogó la solución normativa, en virtud de la cual se designaba un médico oficial, por la vía administrativa, por lo cual existe un verdadero vacío legislativo en relación al artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, ello no implica desistir de una salida razonable y objetiva, cual es la de obtener un tercer criterio, opinión o dictamen médico.
Recurso de apelación (procesal), denegatoria del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Coronel, Ramona Dominga c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. Médica) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-13

Las extensas consideraciones vertidas en el recurso ordinario de apelación no hacen más que reiterar cuestiones ya abordadas y resueltas por el a quo con un sentido adverso a las pretensiones de la recurrente, mas no exponen una refutación concreta y razonada de aquellas motivaciones fácticas y jurídicas desarrolladas por la alzada para desestimar cada uno de los agravios esbozados en su oportunidad. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Recurso de casación, solicitud de excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Britez, Sergio Ramón c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-03-15

No admite un recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado que pretende desacreditar la constitucionalidad y parcialidad de la decisión de grado que deniega el beneficio de la excarcelación del encartado. Considera que la omisión del recurrente de poner en evidencia el supuesto equívoco de los Magistrados que intervinieron al aplicar las normas de derecho para resolver o de dar motivos válidos y atendibles que expliquen por qué razón en el presente caso debe hacerse una excepción a las mismas y habilitar la instancia casatoria, constituye un obstáculo insalvable de procedibilidad, lo que impone fatalmente la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto (conf. artículo 410 aplicable por reenvío del artículo 430, ambos del Código Procesal Penal).
Recurso extraordinario, interposición del recurso, servicio militar, conscriptos, tribunales militares, sentencia condenatoria, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: HUGO ALBERTO CAYETANO GIUSTI s/ ASOCIACION ILICITA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-17

Los óbices formales sobre la procedencia del recurso extraordinario derivados de la inobservancia del término previsto por el art. 257 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación no pueden frustrar el acceso a la revisión judicial de la condena, habida cuenta de las características peculiares que guarda el juicio instruído a soldados conscriptos -en cumplimiento del servicio militar obligatorio- ante los tribunales castrenses, y a las deficiencias que pudiera haber en lo relativo al derecho de defensa.
Despido, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Julián, Juan c/ Automóvil Club Argentino s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

Es injustificado el despido del trabajador al que se le imputó grave irregularidad en el manejo de vales de combustible emitidos por el principal si no resulta del expediente que éste hubiera prohibido o limitado su uso, ni que la conducta del dependiente -tolerada en cierta manera y hasta felicitado por el principal- hubiera causado perjuicios económicos a la firma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño moral, indemnización, intereses moratorios
Materia: CIVIL
Carátula: Wolosowicz, Pamela Yamila c/ Cooperativa de Servicios Publicos ACA Salud s/ cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-29

[.] teniendo en cuenta lo expuesto respecto a los valores en base a los cuales se determina la indemnización por daño moral y que, en autos, son los correspondientes a la fecha de la demanda (ya que en este aspecto la a quo se atuvo al monto pretendido por la accionante), el interés moratorio respecto de la indemnización por daño moral comprendido entre el 1 de agosto de 2015 - desde el primer día en que la actora fue excluida de la cobertura de forma ilegítima- y el 1 de septiembre de 2016 se ha de liquidar de acuerdo con la tasa pasiva del Banco Provincia del Neuquén, y a partir del 2 de septiembre de 2016 (...) y hasta su efectivo pago, de acuerdo con la tasa activa del mismo banco.
Empleados públicos, remuneración, cargo, salarios caídos, sumario administrativo, proceso penal, sentencia absolutoria, docentes, enriquecimiento sin causa, Administración Pública, culpa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MONCHAMP, MIREYA EDEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 230-78
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1981-08-26

El principio de enriquecimiento sin causa puede invocarse para no pagar por servicios no prestados pero no lo puede ser en forma tan absoluta que impida la retribución en los casos en que la propia administración -a pesar de no haber cesado la relación de empleo-, ha impedido el normal ejercicio de las funciones, desde que "la suspensión no implica sino una separación provisoria, una solución de continuidad en el ejercicio del cargo..." y ya se trate de un proceso penal o uno administrativo, la absolución produce en ambos idénticas consecuencias jurídicas (el agente tiene derecho a la revocación de la suspensión y al pago de los sueldos y accesorios del mismo que dejó de percibir).
Competencia, perpetuatio jurisdictionis, exhortos
Materia: CIVIL
Carátula: V., A. s/ ADOPCIÓN s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-26

Para desplazar la competencia de un juez respecto de un proceso adjudicado por sorteo no opera el principio de la "perpetuatio jurisdictionis" fundado en que otro juzgado ya habría intervenido en una causa conexa por haber tramitado un exhorto con anterioridad. Es que la rogatoria dirigida a un juez no le delega competencia, sino que le requiere colaboración para el cumplimiento de medidas instrumentales que no pueden colisionar con las decisiones adoptadas en el proceso que las requiere y que tramita en otra jurisdicción, ni implica de parte del magistrado oficiado el conocimiento de cuestiones sustanciales de la causa.
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, condena condicional, unificación de penas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ GRANTHON, JULIO ANDRES c/  s/ QUEBRANTAMIENTO DE INHABILITACION JUDICIALMENTE IMPUESTA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-17

Esta Corte, con distinta integración, ha dicho que la dogmática penal conceptúa al instituto de la condena de ejecución condicional como una forma de sentenciar que deja en suspenso la ejecución de la pena de prisión por determinado lapso, de modo que solamente comience a ejecutarse si se produce cierta condición, que consiste en la comisión de un nuevo delito, y siguiendo la línea de tal doctrina, en lo que aquí interesa, el artículo 27 del Código Penal establece que cuando se hubiere impuesto una pena de prisión de ejecución condicional la condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el condenado no cometiere un nuevo delito, y si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre acumulación de penas; por lo que de tal lectura se advierte que la norma condiciona la ejecución de la pena de prisión a que en el término de cuatro años computado a partir de la firmeza de la sentencia que la ha impuesto de modo condicional, el condenado cometa un nuevo delito, si no comete un nuevo delito en ese tiempo, la ley declara que la condena se tendrá por no pronunciada, lo que significa que la pena no podrá ya ser ejecutada y no la extinción de la condena, que seguirá produciendo efectos, es decir, no cometer un nuevo delito es una condición para que la pena no se ejecute, pues si lo cometiese en ese tiempo la pena de ejecución condicional ha de ejecutarse, y además habrá de dictarse una pena única conforme el artículo 58 del Código Penal. (Del voto del Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 27 y 58
Medidas cautelares, derechos personalísimos, transfusión de sangre, testigos de Jehová
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A.N.J.W. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-17

1- Resulta improcedente la medida cautelar tendiente a realizarle una transfusión de sangre a un testigo de Jehová que se encuentra en terapia intensiva, debiendo primar la decisión por él adoptada en el testamento vital o directivas anticipadas, las cuales se encuentran fundadas en el principio de autodeterminación y de libertad de conciencia y religiosa, y a su vez reguladas en el art. 11 de la ley 26.529. 2- Las directivas anticipadas resguardan el principio constitucional de libertad de autodeterminación, entendido como soporte de conductas autorreferentes. 3- No se trata de un supuesto de eutanasia la objeción a someterse a una transfusión de sangre fundada en convicciones íntimas de carácter religioso, toda vez que con tal accionar no se busca el suicidio, sino que tan sólo se pretende mantener incólumes las ideas religiosas que profesa el individuo. Por lo que la dignidad humana prevalece frente al perjuicio que posiblemente causa la ausencia de transfusión sanguínea. 4- La libertad de conciencia consiste en no ser obligado a un acto prohibido por la propia conciencia,, sea que la prohibición obedezca a creencias religiosas o a convicciones morales. 5- Cuando se encuentran comprometidas las creencias religiosas, la salud, la personalidad espiritual y fisica y la integridad corporal, deviene la aplicación del principio asentado en el art. 19 de la Constitución Nacional, el cual otorga al individuo un ámbito de libertad en el cual éste puedo adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su persona, sin interferencia alguna por parte del Estado o de los particulares, en tanto dichas decisiones no violen derechos de terceros. 6- La posibilidad de que los individuos adultos puedan aceptar o rechazar libremente toda interferencia en el ámbito de su intimidad corporal es un requisito indispensable para la existencia del derecho a la autonomía individual.
Mandato, personas jurídicas, extinción del mandato, muerte del mandante
Materia: CIVIL
Carátula: Cloro, Jorge c/ Arzobispado de Bs. As. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-08

El poder conferido por el representante de una persona jurídica no se extingue por haber fallecido aquél.
Ministerio de Menores, conflictos interadministrativos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cabiche Roberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

Tanto la CCBA como la ley 402 depositan en este Tribunal la máxima autoridad para restablecer la vigencia de la primera. En el caso, esa vigencia queda vulnerada cuando la extralimitación del poder judicial interfiere de modo actual con las competencias de otros órganos cuya actuación no puede ser revisada en un proceso judicial de las características del presente.

En tales condiciones, debe ponerse fin a la intervención judicial exorbitante de modo inmediato, puesto que postergar una decisión al respecto, tras haber sentado la conclusión de que la materia de estas actuaciones no reúne los extremos de una causa, supondría no disponer en plenitud los efectos de esta determinación en el proceso, dejando librado a los jueces inferiores, que no pueden revisar el pronunciamiento del Tribunal que la establece, la extracción de sus consecuencias.