marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Exclusión de socio, intervención de sociedades
Materia: COMERCIAL
Carátula: MELO PACHECO PATRICIA C/ HERRERA JOSE MARIA S/ EXCLUSIÓN c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-05-19

En sociedades integradas por dos socios que cuentan con el 50% del capital y de los votos cada uno, la situación de paridad entre los socios da lugar al gran problema del empate, que no tiene solución prevista en el ordenamiento, y deriva en la imposibilidad de tomar decisiones. "El empate da lugar al bloqueo y el bloqueo lleva a la paralización de la sociedad inmediata cuando se refiere al órgano de administración y mediata cuando se produce en el órgano de gobierno pero, en ambos casos, conduce primero a la intervención judicial de la sociedad y luego a su disolución y liquidación, con enorme destrucción del valor.
Actualización monetaria, derecho de propiedad
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Molinos Río de La Plata c/ Fisco Nacional (DGI.) s/ repetición (ley 11.683).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

La doctrina según la cual el reconocimiento del reajuste monetario deriva de la variación del valor de la moneda y se da con independencia de la mora, se funda en la inviolabilidad de la propiedad garantizada por el art. 17 de la Constitución Nacional.

(Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Antonio Boggiano)
Honorarios, honorarios del perito, regulación de honorarios, aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pluspetrol  S.A. c/ Estado Nacional (D.G.I.) s/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

Si bien la regulación del perito contador se rige por el decreto-ley 16.638/57, esta norma prevé que las cuestiones profesionales derivadas de actuaciones judiciales no previstas expresamente, serán resueltas por aplicación analógica de las disposiciones de la ley 21.839.
División de poderes, distribución de competencias, acción de amparo, tarifa de servicios públicos, tarifa telefónica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional - s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Teniendo en cuenta que el art. 2 del decreto 92/97 del Poder Ejecutivo Nacional aparece inscripto en el ejercicio privativo de las funciones propias de uno de los poderes del Estado, sin exceder el marco en que constitucional y legalmente éstas se insertan, no resulta judicialmente revisable el modo en que ese poder ha sido ejercido y corresponde la desestimación liminar de la demanda de amparo, por lo que resulta inoficioso pronunciarse acerca de las restantes cuestiones propuestas.
Recusación, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: R., J. E. s/ Legajo de Evaluación Nº 10/09 C. M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-15

Desde una perspectiva normativa la Ley V N° 80, art. 11, resulta lapidaria respecto de las recusaciones. Y si algún reparo cabría, y razono hipotéticamente, las causales de excusación (y pongo sobre el foco el inciso 4° del C.P.P, aplicable por remisión) no contemplan la situación que se denuncia; los tipos procesales de mención conciernen a la vinculación entre el Juez y los "interesados." que la propia ley define con precisión: "el imputado, la víctima, y quienes pudieren intervenir en el procedimiento, aunque no se hubieren constituido en él, a sus representantes y defensores".
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, sociedad de hecho, liquidación, juicio de apremio, contestación de la demanda, incongruencia, lucro cesante, depreciación monetaria, actualización monetaria, costas
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALANIZ, MARGARITA c/ ACENALOZA DE PETTINARI, M s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 164-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-03-13

Es definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad la sentencia que ordena la disolución de una sociedad de hecho y dispone la liquidación por vía del trámite de ejecución de sentencia, ya que en la etapa liquidatoria no podrán ser modificados ni objeto de nuevo debate y decisión los aspectos resueltos que se impugnan.

En el caso, apartamiento de las pretensiones de las partes, de los hechos del caso y del respectivo régimen normativo, al decidir sobre el contenido de la litis y el alcance de la sentencia a dictarse; fallas lógicas de razonamiento y autocontradicción con relación a la participación de la actora en la rentabilidad social, lucro cesante, en materia de indexación y de costas.
Policía, personal policial, ascenso laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Del Pozo, Rafael c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 86-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-04

Si bien corresponde el acogimiento de la pretensión anulatoria de la calificación otorgada al actor, ello no le da derecho a que se le reconozca que le corresponde ser ascendido al grado de Comisario Inspector pretendido; ello al no concurrir -en el caso- las circunstancias consideradas en autos "Mendoza", "Pallavidini" y "Adrover" en los que de la anulación del acto, se extraía el automático reconocimiento del derecho al ascenso, por no depender -tal reconocimiento- de valoraciones en principio extrañas a la jurisdicción del Tribunal y privativas de la Administración.
Daños y perjuicios, publicidad engañosa, lealtad comercial, responsabilidad del organizador, sorteos, menores
Materia: CIVIL
Carátula: MARTÍNEZ,  Marisol  y  otro c/ CARREFOUR ARGENTINA SA s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-30

Es responsables de los daños y perjuicios ocasionados el organizador de un concurso -supermercado- por la no entrega del premio comprometido, si fue confusa la publicidad respecto de quienes podían participar en el sorteo (mayores de 21 años). Pues los requisitos deben ser dados a conocimiento del público de manera clara y precisa. Máxime cuando por las características de la promoción el premio era un viaje a Disney y los productos a comprar para obtener los cupones a fin de participar en el sorteo y las gráficas de la promoción estaban identificados con personajes infantiles en virtud del público al que estaba dirigida la publicidad. Es que, la publicidad de un concurso y la difusión de sus bases, condiciones y reglamentos -requisitos completos de participación- deben ser transparentes y reflejar realmente la oferta (ley 22.802, decreto 1153/97, resolución 89/98 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, Lealtad Comercial), además de exhibirse en forma destacada y fácilmente visible para el consumidor. De lo contrario el organizador debe asumir las consecuencias. De tal manera, es insuficiente la publicación de las condiciones del certamen en un diario de amplia circulación en la que se destaca en un gran espacio el premio y en letras pequeñas de difícil lectura las bases y condiciones. Ello por resultar poco claro y porque además cabe tener en cuenta que no todos los clientes del supermercado pudieron haber leído ese día el periódico.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Bustamante, Héctor H. y otro s/ Robo y homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Es insuficiente la denuncia de violación de los arts. 191, 196, 198 del Código de Procedimiento Penal si no se ha evidenciado que en las cuestionadas actas de detención y allanamiento no se haya dado cumplimiento a lo preceptuado por las citadas disposiciones legales, las que conforme lo consignado en ellas si lo han hecho.
Derecho administrativo, hospitales públicos, prestaciones de la obra social, certificado de deuda, aplicación de la ley, prescripción, código tributario, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO-ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA c/ Medin SA de Servicios Médicos y Asistenciales por ejecución multas previstas en la Ley 265 s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-03

La cuestión a resolver en el marco del presente recurso consiste en determinar cuál es la normativa aplicable y, en consecuencia, el plazo de prescripción de las acciones para el cobro ejecutivo de prestaciones brindadas a personas con cobertura social o privada por la red de efectores públicos de salud del GCBA (previsto en la ley n° 2808). La "compensación económica" reclamada en este proceso no constituye un tributo pues no se configuran los elementos esenciales que caracterizan a la relación jurídica tributaria, sino el cobro de un servicio efectivamente prestado por el sistema de salud público local, que no impacta en el paciente sino en el ente que le otorga cobertura en dicha materia. Al consagrar - válidamente o no, cuestión que no corresponde analizar en esta oportunidad por no estar en debate- esta obligación de pago en ejercicio de las prerrogativas de poder público que le asisten a la Ciudad, sus distintas facetas también se encuentran reguladas por el ordenamiento jurídico público local, y en particular, por el Código Fiscal. Y es que la ausencia de "naturaleza tributaria" no implica que el cobro de esta compensación resulte completamente ajeno al Código Fiscal local, pues esta normativa no se aplica únicamente a tributos, sino también a otro tipo de recursos públicos. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Accidentes de trabajo, lugar de trabajo, enfermedad profesional, falta de examen preocupacional, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Cayupan, Irene del Carmen c/ Asociart ART S.A. s/ indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-04-30

[.] el hecho que el actor haya sufrido un shock cardiogénico irreversible en circunstancias de haber concurrido al establecimiento a percibir los salarios por licencia mientras se encontraba con licencia por accidente- no permite establecer, asumir o cuanto menos presumir que el hecho haya ocurrido en el hecho u ocasión del trabajo. Consiguientemente, la ubicación circunstancial del trabajador en el establecimiento no permite enlazar, en términos jurídicos, la condición fulminante que generó el fallecimiento con los elementos de subsunción que requiere el artículo 6° de la LRT para conceptualizarlo como accidente de trabajo.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Silva, Ana Bonifacia y otros s/ Incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1999-03-01

Tratándose de demanda de inconstitucionalidad, en principio no corresponde la admisión de medidas cautelares, que deben ser examinadas con mayor rigor, porque las normas pasibles de ser atacadas por la vía intentada, gozan de presunción de legitimidad.

Máxime cuando en autos se ataca una ley provisional, por tanto debe extremarse el rigor en la apreciación de los presuntos exigidos para su procedencia, en resguardo del orden jurídico y del interés público. La regla sólo debe ceder excepcionalmente cuando se presenta una situación con fundamento en cláusulas constitucionales operativas, a efectos de evitar que la acción de inconstitucionalidad pierda virtualidad jurídica.
Expropiación irregular, indemnización expropiatoria, monto de la indemnización, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOUTO, ENRIQUE CARLOS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ Expropiación irregular.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-11

Antes del alza desmesurada de proceso inflacionario, a los efectos de establecer el monto indemnizatorio en una expropiación, se tomaba generalmente el valor vigente a la fecha en que se transmitía la posesión, porque este es el más lógico en base al principio "res perit domine" y porque la indemnización se mantenía inalterable debido a la poca incidencia de la depreciación monetaria. Luego, razones de equidad y el empinamiento de las curvas de la inflación obligó, entre otros casos y para evitar ingentes perjuicios que se producían al expropiado, a tomar el valor más próximo a la sentencia (conf. C.S.J.N. Fallos 268-112, 268-238, 271 292).

Al redactarse la ley 21.499 deben haberse enfrentado sus autores a la alternativa de optar por alguno de estos dos momentos para establecer la retribución, y apartándose de la jurisprudencia entonces dominante establecieron a la fecha de la desposesión, con su posterior reajuste (conf. Maiorano. "La expropiación en la ley 21 499", ed. 1978, p. 69).

De la interpretación del texto legal se desprende que el avalúo fijado en el momento de la desposesión, sólo puede modificarse por la incidencia de la depreciación de la moneda que se usa para medirlo, no correspondiendo apreciar la devaluación que hubiera podido experimentar la plaza inmobiliaria posteriormente.
Procedimiento administrativo, silencio de la administración, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Lobo, Catalina Cleotilde del Valle c/ Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología s/ Acción de Amparo por Mora en la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-06

En autos, el administrado ha optado, luego de oponer pronto despacho, por el procedimiento que le brinda nuestro ordenamiento jurídico, el amparo por mora de la administración, por no resolverse su pedido, solicitando en este caso el pronto despacho al Tribunal.

En autos Corte Nº 68/07-Sentencia Definitiva Nº15 de fecha 24/09/08, este Tribunal resolvió que: ".Atento a las constancias de autos, el administrado en esta causa no ha optado por asignarle sentido al silencio administrativo para agotar la vía que le habilite la instancia jurisdiccional mediante la articulación de las acciones contencioso administrativas, sino que ha optado por otro procedimiento que le brinda el ordenamiento jurídico, reencaminada como la acción de amparo por mora de la administración, que conforme se reseñara reviste características perfectamente diferenciadas. En tal sentido deben entenderse encaminadas las sucesivas peticiones de la accionante tendientes a lograr un pronunciamiento expreso de la administración, sin que hasta la fecha de interposición de la demanda -01/11/07-, y presentación de la accionada de fecha 23/05/08, medie decisión alguna".
Recurso contencioso administrativo, caducidad, confirmación del acto jurídico, impulso procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carbajal, Alberto Luis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción -Perención   de instancia (Expte. C.S.J. Nro. 644 Año 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-19

Corresponde declarar la caducidad de instancia ya que en el régimen del Código Contencioso Administrativo -Ley 4106-, la carga de impulsar el trámite pesa sobre la parte actora, no pudiendo alegarse -como lo pretende ésta- que al ordenarse el cumplimiento de una diligencia previa a la producción de la prueba pericial ofrecida, ésta se transformó en una prueba de oficio, en una condición previa a la prosecución del trámite de instancia y en una causal independiente de su voluntad, que torna ineficaz todo acto impulsorio de parte. En definitiva, si lo que pretendía era mantener vivo el proceso, a ella le incumbía instar la realización del acto procesal adecuado al estado del mismo e idóneo para hacerlo avanzar hacia su fin.
Daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Juana Ahumada Vda. de Fernández c/ Carlos  Costa y/o Carlos Costa  S.R.L.  y/o quien resulte propietario del inmueble s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-19

Con relación al reclamo en concepto de lucro cesante, no existe en autos prueba acerca de la oportunidad en que el inquilino procedió a retirarse ni siquiera surge de autos elementos para merituar el valor lucrativo del inmueble, reclamo que por otra parte tampoco ha merecido una estimación por la actora, y si bien no se requiere prueba concluyente de la entidad del daño, deben al menos aportarse pautas o indices para estimarlos. No pudiendo extenderse la facultad de los jueces a suplir la actividad de las partes, por lo que se impone el rechazo del rubro en análisis.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (ETA) GENERAL MOSCONI S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-11

La queja interpuesta no puede prosperar, toda vez que los agravios vertidos por la compareciente en el recurso de inconstitucionalidad sólo muestran su particular apreciación, sin entidad constitucional, de lo acontecido en autos y de la normativa aplicable, evidenciando un simple desacuerdo con la decisión de la Cámara de declarar parcialmente procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto, por considerar que existieron modificaciones unilaterales en la prestación del servicio, con carácter general para todas las empresas concesionarias, que por su naturaleza pudieron generar alteraciones en la economía de cada contrato o de la posterior relación entre las partes hasta el final del vínculo, y concluir del examen del informe pericial producido en autos, que la Municipalidad obró con morosidad en la fijación de las tarifas, teniendo en cuenta la fecha de los estudios de costos y su vigencia; que impuso a la actora la obligación de incorporar un guarda para el expendio de pasajes, circunstancia que no estaba prevista en la concesión original; que dispuso la modalidad de pasaje prepago mediante la utilización de tarjetas magnéticas y estableció el expendio de las mismas por personal a bordo de las unidades; y determinó que dicho sistema prepago sería instalado, implementado, administrado y explotado por cuenta y cargo de las empresas concesionarias. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Velozo, Demetria Flora c/ Carreiro, Nélida Fernanda s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-09

Resultan inabordables las argumentaciones que se exponen por primera vez en el recurso de inaplicabilidad de ley y que necesariamente debieron formularse en la jurisdicción ordinaria.
Accidente de tránsito, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GATTO Carlos Humberto c/ AMERICA LATINA LOGISTICA MESOPOTAMICA S.A. (ALL) y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-10-03

Una formación ferroviaria en movimiento es una cosa riesgosa por excelencia y, por lo tanto, en casos de daños causados con su intervención resulta aplicable el artículo 1113, 2do. párrafo, 2da. parte del Código Civil, riesgo que resulta evidente cuando se acreditan deficientes condiciones de seguridad en el lugar donde ha ocurrido el siniestro.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Mattos, Félix Santiago s/ Asociación ilícita. Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna el testimonio hábil invocado por la Excma. Cámara como integrante de la prueba compuesta si -más allá de no advertirse el contenido de su reclamo- omite invocar norma legal alguna para fundarlo y no se ocupa tampoco de un indicio incluido en dicha prueba.
Pérdida de la chance, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Martínez, Raquel del Valle y Baca, Hugo c/ Hospital Subzonal de Balcarce y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-28

En lo concerniente a la realización de la chance el obligado puede descargar su responsabilidad de dos formas: puede alegar que ha prestado los cuidados debidos (es decir, que ha cumplido su obligación, art. 512 del C.C.), o puede sostener que a pesar de no haberlo hecho, el daño hubiera ocurrido de todos modos. Si el obligado no alega o no prueba ninguna de estas dos cosas, entonces su responsabilidad es inexcusable, y por el todo.(doctor Pettigiani, minoría)
Ahorro obligatorio, depreciación monetaria, ley reglamentaria, interpretación de la ley, mora, procedimiento tributario
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Industria Argentina de la Indumentaria SA. c/ DGI. s/ AHORRO OBLIGATORIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

Debe revocarse la sentencia que efectuó una errada interpretación de la ley 23.256 puesto que soslayó la clara remisión que su art. 23 efectúa respecto del régimen de la ley 11.683, pues la ley citada en primer término no contiene una regulación sobre el punto en disputa - determinar si la actualización del importe adeudado por el contribuyente en concepto de ahorro obligatorio -dispuesta por el art. 14 del decreto 2073/85 - cuenta con sustento legal que otorgue validez a la exigencia del fisco - que torne inaplicable el envío al sistema de la ley de procedimiento tributario, por lo que nada obsta a que ante la mora en la constitución del ahorro, el importe adeudado se actualice según el sistema general previsto en los arts. 115 y sgtes. de la ley 11.683 (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno y Carlos S. Fayt).
Enriquecimiento ilícito de funcionario público, delito de comisión, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Alsogaray, María Julia s/ recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-09

El delito de enriquecimiento ilícito previsto en el art. 268, 2° del Código Penal no violenta las garantías ni los derechos protegidos en la Constitución Nacional, en la medida en que se lo interprete como un tipo penal autónomo, que define un delito de comisión, cuya acción típica consiste en enriquecerse patrimonialmente de manera apreciable e injustificada tras asumir un cargo o empleo público. (Del voto del Dr. David).
Locación de servicios, profesor particular, remuneración, mora automática, plazo indeterminado, interpelación
Materia: CIVIL
Carátula: UNIDAD EDUCACIONAL INSTITUTO SARMIENTO c/ ALESSANDRI, ALDO s/ LOCACION DE SERVICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-07

Tratándose del vencimiento de las cuotas mensuales por retribución de servicios de enseñanza, no existiendo plazo expresamente convenido o determinado por reglamentación de autoridad, el caso encuadra en lo preceptuado en el segundo párrafo del art. 509 del Código Civil: interpelación al deudor para ponerlo en mora; debiendo correr los intereses desde esa intimación y no desde el vencimiento de las cuotas.
Culpa civil, culpa grave
Materia: CIVIL
Carátula: G. D. A. y otra c/ T. G. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-03-18

La culpa grave a que alude el art. 70 de la ley 17.418 puede ser descripta como aquella imprudencia o negligencia extrema, desorbitada respecto del comportamiento medio habitual del grupo social en el cual tiene lugar y que culmina siendo la causa del siniestro como consecuencia de una intensificación desmesurada de la probabilidad siniestral.... Para poner en funcionamiento la exclusión de la cobertura, la culpa grave del asegurado debe ser de carácter excepcional, configurada por una negligencia o imprudencia que revista una magnitud caracterizada por la desmesura e imprudencia.
Contratos, consentimiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fauez, Abraham s/ Solicita Venia Supletoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-08

La venia supletoria debe ser otorgada con sujeción a las limitaciones establecidas en el art. 1277 C.C., que se hubiere demostrado que puede prescindirse del bien y que la disposición no compromete el interés familiar.