Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-09


SENT Nro. 432 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 09 DE JUNIO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Sandoval, Juan Pedro vs. Comuna Rural de Santa Rosa de Leales y/u otro s/Indemnización de daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 557/569 vta. de autos, plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 6 de mayo de 2002, obrante a fs. 548/553 vta., que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 5-9-2002 (cfr. fs. 579 y vta.), habiéndose dado cumplimiento en forma previa al trámite previsto en el último párrafo del artículo 816 del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Al respecto, advierto que ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 554 y del cargo actuarial inserto a fs. 569 vta.; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva en los términos de los artículos 813, inciso a y 814 (a contrario) del CPCC; no corresponde efectuar el depósito que marca la ley del rito en razón de que el recurrente actúa con el beneficio de litigar sin gastos conferido por Resolución Nº 292, del 6-6-94 (cfr. fs. 62); el escrito casatorio se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone doctrinas legales, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por ello, el recurso es admisible; voto porque así se declare.

III.1.- Sostiene el recurrente que la sentencia atacada resulta arbitraria y transgrede los artículos 33, 34, 40 y 273 y concordantes del CPCC; 979 a 996 y 1113 del Código Civil, y 16 a 19 del Constitución Nacional. Del mismo modo, estima que medió en el sub iudice una interpretación errónea de los artículos 16 de la Ley Nº 24.028 y 1113 del Código Civil.

En esta dirección esgrime, como primer agravio, que el pronunciamiento considera que no se acreditó la existencia del accidente -cuya prueba, afirma, se trató infructuosa e intencionadamente de ocultar- sin tomar en cuenta prueba pertinente para la composición de la controversia. Así, señala que se prescindió de valorar instrumentos públicos o documentos agregados a fs. 265, 266, 267 y 268 de autos (rectius fojas 268, 269, 270 y 271), a cuyos respectivos contenidos hace alusión pormenorizadamente los que, manifiesta, vienen a evidenciar con toda claridad que el accidente traumático denunciado en la demanda aconteció efectivamente el 24-01-92, durante las prácticas de capacitación realizadas en los predios del ejército situados en Villa Mariano Moreno, para incorporarse a los cuadros de la policía.

El segundo agravio se circunscribe a imputar al fallo, por las razones que desarrolla el recurrente a fs. 563/567, haber efectuado una meritación parcial y no integrada de las pruebas y constancias de autos.

III.2.- A fin de establecer si, en la especie, se prescindió de valorar prueba relevante para la resolución de la litis, resulta conveniente reparar, preliminarmente, en los argumentos exteriorizados por el tribunal para no hacer lugar a la pretensión articulada en autos por la parte actora.

En esta perspectiva cabe poner de relieve que el acto jurisdiccional en crisis, luego de explicitar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 308 del CPCC, la prueba del hecho causativo del daño se encontraba a cargo del accionante, y de hacer referencia a distintas circunstancias fácticas de la causa y diligencias probatorias cumplidas en ella, arribó a la conclusión que de la documentación a la que había aludido precedentemente y demás constancias de autos -valoradas conforme a las exigencias de las normas civiles-, no surgía que el actor hubiera sufrido un accidente traumático el día 24-01-92, mientras realizaba las prácticas de capacitación en el campo de instrucción, y que le hubiera ocasionado las dolencias a las que aludían los distintos facultativos; máxime, dijo, teniendo en consideración que ya con anterioridad a aquella fecha, es decir, el 03-12-91, presentaba un cuadro de convulsiones, encontrándose bajo tratamiento neurológico.

Sostuvo también que no obstaba a la antedicha conclusión, el dictamen del perito médico corriente a fs. 406/407 -impugnado por la Provincia de Tucumán-, habida cuenta que el mismo partía de la base de la existencia del accidente en cuestión, cuando ello no había sido demostrado en el sub examine, por lo que el perito había exorbitado sus facultades al no advertir que el juzgamiento acerca de la existencia o inexistencia del hecho era tarea propia y exclusiva del sentenciante.

Finalmente, puntualizó que si verdaderamente existió un traumatismo el 24-01-92, o con posterioridad, no se había acreditado que el mismo se produjera durante las prácticas de capacitación, estando ello a cargo del demandante.

Ahora bien; la documentación a la que recurrente considera no valorada por el a quo, es la que obra a fs. 268/270 y 322 y 323 de autos, según fuera puesto de manifiesto con anterioridad.

La primera de ellas consiste en un "Memorandum" el que, en su parte pertinente, expresa: "Informo a Ud. que las actuaciones instruidas en primera instancia en esta Jefatura de estudios relacionados con las lesiones sufridas por los aspirantes a agentes SILVIO CLAUDIO DIAZ Y JUAN PEDRO SANDOVAL en circunstancias que participaban en la clase correspondiente a la materia 'Instrucción Policial Especial', a cargo del Cuerpo Guardia de Infantería en los predios del Ejército, situados en Jurisdicción de la comisaría de Villa Mariano Moreno, dependientes de la Unidad Regional Norte ocurrido en los días 23 y 24 del mes ppdo., respectivamente, por disposición de Sub-Jefatura de policía, y teniendo en cuenta razones de Jurisdicción, el día 24 del corriente, y año, fueron elevadas a la dependencia mencionada anteriormente, a los efectos de que se aboquen a la sustanciación del sumario de rigor tendiente a dejar debidamente esclarecido estos hechos..." (cfr. fs. 268).

El segundo documento es también un "Memorandum", que lleva la firma del Subcomisario Faustino Pacheco, Jefe de Cursos Superiores, y se encuentra dirigido al señor Jefe de Policía, en el que se informa lo siguiente: "1. El 24 Ene 92 el Aspte JUAN PEDRO SANDOVAL resulta golpeado a la altura del oído izquierdo, en circunstancia que realizaba ejercicios físicos aplicativos al Tiro y al Combate, no identificando al otro aspirante; aclarando que del hecho no resultó lesionado ni contusionado. 2. El 30 de Ene 92 se expide nota médica, por manifestar el causante imposibilitado para realizar actividades físicas a raíz de la situación vivida el 24 Ene 92. 3. Al examen Dir Sanidad, dispone su derivación a Servicio de Neurología y suspender al mismo en la ejecución de actividades físicas, fecha 30/01/92. 4. El 06 Feb 92 y como consecuencia de la conducta observada en el Aspte SANDOVAL, esta Dirección solicita un nuevo examen, del cual surge 'EXAMEN SIQUIATRICO': pérdida de líquido auditivo por oído izquierdo y perforación timpánica en cuadrante antero superior, se indican estudios complementarios; EXAMEN PSIQUICO: Manifiesta frecuentes cefaleas, mareos, pérdida de líquidos propios de oído, inestabilidad motriz, vértigo, defraudado por no poder continuar con el curso. Psíquicamente confundido no estando el paciente en condiciones de continuar con el Curso de Capacitación. Segundo examen a quince días. Es por ello que esta dirección estima conveniente desafectar al causante de las actividades del Curso, disponer su posterior examen y con los informes respectivos resolver de manera definitiva esta situación" (cfr. fs. 269 y 322).

En este punto, viene al caso hacer notar, tal como lo hace la Excma. Cámara a fs. 551 y vta., que el "accidente traumático" invocado en la demanda, según la denuncia formulada ante la autoridad administrativa del trabajo, reconoce su causa en un golpe de puño propinado por un compañero de instrucción (cfr. fs. 1 vta. del expediente Nº 0564/181, letra S, año 1992, que tengo a la vista).

En el tercero de los mencionados instrumentos constan los resultados de los exámenes (psiquiátrico y psíquico) practicados al actor por la Psicóloga de la policía María Teresa Fajre y por el Médico de la misma repartición, doctor Ricardo Luis Pascual Durango, que fueran reproducidos en el punto 4° del informe anteriormente transcripto, y que dan cuenta del estado psicofísico del actor al 6 de febrero de 1992 (cfr. fs. 270 y 323).

Por último, en el punto 3º del escrito de fs. 271 dirigido al jefe del Departamento Judicial, el Comisario Lucio René Miranda informa acerca de las actuaciones (21 fojas) que se remiten a la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, precisando que a fs. 18 obra transcripto un "memorandum" del que se desprende que por las lesiones sufridas por el ciudadano Juan Pedro Sandoval, en circunstancias en que participaba en la clase de instrucción policial especial, en fecha 24-02-92, se remitieron tales novedades para que la Comisaría de Villa Mariano Moreno se aboque a la sustanciación del sumario para esclarecer el hecho; a renglón seguido, en el punto 4º, se hace alusión al "memorandum" de fs. 269, y en el apartado 5º se refiere al examen médico que se practicara al actor en la Dirección Sanidad de la policía por los profesionales mencionados ut supra (cfr. fs. 271).

De la simple confrontación de los fundamentos del fallo con el contenido de la documentación de marras se desprende que esta última constituye un elemento pertinente para la solución sentencial del litigio, y de cuya ponderación no debió prescindir la Sala a quo a la hora de decidir el rechazo de la demanda. Es que si el argumento central para dicho rechazo, en la estructura de la sentencia impugnada, se asentó en la falta de acreditación de la existencia del accidente traumático que el actor alega como sufrido el 24-01-92, haciéndose mención, además, a que tampoco se había demostrado que el mismo se produjera durante las prácticas de capacitación -todo en los términos vistos-, va de suyo que el pronunciamiento no pudo dejar de valorar documentos en los que expresamente se hacía referencia a estas cuestiones. Este déficit acarrea indefectiblemente la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido, debiéndose dejar perfectamente aclarado que lo dicho, en manera alguna, significa adelantar opinión acerca de los tópicos en examen.

En concordancia con lo expuesto, interesa recordar que si bien los jueces de grado no están obligados a ponderar una por una, exhaustivamente, todas las pruebas agregadas a la causa, sí les está vedado prescindir, en la línea argumental del pronunciamiento, de material probatorio admisible y pertinente. Ocurre que el tribunal de mérito tiene la más absoluta libertad para escoger los caminos que considere más convenientes para abordar y resolver el litigio llevado a su conocimiento, siempre que no queden al margen de su decisión elementos que, por su relevancia, se presenten necesarios para emitir un juicio sobre el tema en discusión, debiendo el discurso sentencial, en última instancia, expresar las razones por las que una determinada diligencia de prueba reputada esencial por uno de los litigantes, no resulta tal o, en su caso, expresar los motivos por los cuales se ve desvirtuada por los demás elementos probatorios obrantes en autos. Nada de esto ha sucedido en la causa, ya que la única alusión que el tribunal realiza vinculada a la citada documentación, es la contenida en el punto 16, a fs. 552 vta., en la que únicamente se limita a apuntar que "A fs. 265 (rectius 268) obra memorandum donde se señala que se iniciaron actuaciones en la Comisaría de Villa Mariano Moreno", pero sin que se verifique ningún análisis del contenido de dicho "memorandum", en punto a la cuestión en disputa.

Por lo tanto, en el nuevo pronunciamiento a dictarse el tribunal deberá hacerse cargo expresamente de la referida documentación, exteriorizando argumentos suficientes en apoyo de lo que decide, con estricto apego a los principios de la sana crítica y a las constancias de la causa en orden a la valoración integral e integrada del material probatorio a los efectos de determinar si, en el sub lite, se encuentran adecuadamente cumplimentados o no, todos y cada uno de los requisitos en que se sustenta la responsabilidad civil.

Lo hasta aquí considerado torna inoficioso ocuparse de las demás cuestiones planteadas por el agraviado en el escrito casatorio.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia Nº 165, de fecha 6-5-2002, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, obrante a fs. 548/553 vta. de autos; en consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto los puntos II y III de su parte resolutiva, conforme a la siguiente doctrina legal: "Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que omite hacerse cargo de prueba conducente para la resolución de la litis". Por consiguiente, disponer la remisión de los presentes actuados al mencionado tribunal a fin que, por la Sala que corresponda, dicte nueva sentencia, dejándose debidamente aclarado que lo resuelto en modo alguno significa señalar el sentido u orientación que deberá observar el nuevo pronunciamiento en lo concerniente a las cuestiones precedentemente referidas.

IV.- Acorde al resultado a que se arriba, las costas de esta instancia casatoria se imponen por el orden causado (artículos 89 del CPA y 106, inciso primero, del CPCC).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conforme con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia Nº 165, de fecha 6-5-2002, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, glosada a fs. 548/553 vta. de autos; en consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto los puntos II y III de su parte resolutiva, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos, y disponer la remisión de los presentes actuados al mencionado tribunal a fin que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO